marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba pericial
Materia: PENAL
Carátula: Pavón, Oscar Victoriano s/ Abuso deshonesto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-09

Es ineficaz la denuncia de violación de los arts. 255 y 226 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- alegando que la Excma. Cámara ha meritado en carácter de circunstancia agravante la extensión del daño causado a la menor víctima sin que tal extremo fáctico haya sido acreditado, en tanto se ha realizado un solo informe pericial, si el recurrente no explica por qué el tribunal debía realizar -además del mencionado informe- estudios complementarios para determinar la real entidad del daño sufrido por la víctima, y tampoco expresa de qué modo se habrían transgredido las normas cuya violación denuncia.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, automotores, licencia de conducir
Materia: CIVIL
Carátula: M.G., H. c/ G., L. y/u Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-03

"La falta de carnet habilitante crea en contra del infractor la presunción de inhabilitación para conducir y, por ende, la de su culpabilidad en el accidente, de manera que es el infractor quien -en su caso- debe acreditar que, pese a no contar con registro habilitante posee idoneidad para conducir automotores".
Costas, costas en el orden causado, tercerías
Materia: COMERCIAL
Carátula: PECULO, ALFREDO s/ TERCERIA  DE  DOMINIO  EN:  BANCO DE CATAMARCA C/ GUTIERREZ, OSVALDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-09

Si bien las costas del proceso debían ser impuestas al actor del juicio principal en virtud de su allanamiento, luego de haberse previamente opuesto al levantamiento del embargo sin tercería, tal solución no puede prosperar si se tiene en cuenta que el tercerista promovió la acción luego de once meses de estar notificado del rechazó de la pretensión que intentara en los autos principales, tendientes a que se le reconociera el dominio de los bienes embargados; por lo que las costas deben ser impuestas en el orden causado.
Defraudación, competencia por la materia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aparicio,José Alberto s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-16

Es competente la justicia federal si se investigan los delitos de defraudación cometida mediante la utilización de DNI apócrifo, y la investigación vinculada a la falsificación de documento de identidad no ha sido agotada, pues la coincidencia entre el número del documento y su titular no implica de suyo que no haya existido una adulteración, en la medida que la foto obrante en el documento correspondería a otra persona. (Dres. Tragant, Riggi y Ledesma).
Universidades, concursos docentes, revisión judicial de actos administrativos, control de razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tandecarz Juana Sara y Otros c/ Universidad de Buenos Aires (UBA) Res. 3397/3398/96 2662/95 Adrogue Manuel Ignacio c/ U.B.A. (Res. 6663/97) Exp. 693531/96 Nuta Ana Raquel c/ Universidad Nacional de Buenos Aires (Resol. 6663/97)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-02|1998-11-25|1998-12-07

El control judicial de las decisiones que se adopten en el orden interno de las universidades en punto a la selección del cuerpo docente y de los procedimientos seguidos al efecto se limita al examen de la razonabilidad de los actos respectivos, es decir, a verificar la ausencia de arbitrariedad manifiesta, por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno de la Universidad (Fallos: 307:106; causa "Legón", del 8/10/91; "Menvielle Sánchez", del 21/4/92; Sala IV del fuero, in re: "Goyena Copelo, Héctor R. c/ U.B.A. s/ nulidad de resolución", del 12/8/93). (Consid. V).
Encargados de casas de renta, tareas de limpieza, encuadramiento sindical, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, ROSA BEATRIZ c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS MEXICO 474 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

El trabajador que únicamente cumple tareas de limpieza (en el caso de escaleras, pasillos y bruñido de bronces) en un edificio no se halla comprendido en la ley 12981, ni el convenio colectivo de trabajo 398/75, debiendo concluirse que la vinculación se rige exclusivamente por la ley de contrato de trabajo.
Contrato de obra pública, trabajos no previstos, contratista, obligaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonfanti Di Biasio S.C. - Enrietto E.C. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 135-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

No pueden prosperar los reclamos efectuados por las actoras por trabajos de movimiento de suelos ejecutados y no certificados ni abonados, si a simple vista se advierte que respecto de algunos períodos transcurrieron varios años desde que las contratistas realizaron los trabajos hasta que intentaron hacerle saber a la Administración que a su juicio no fueron correctamente certificados dichos ítems. Ello así, por cuanto dos informes emitidos en cada uno de los reclamos por el funcionario que se desempeñara en la Inspección de la obra demuestran que no se puede comprender por qué motivo, si existía una discrepancia profunda en la certificación de los trabajos o se intentaba la aplicación de un criterio distinto de medición, no se lo hizo conocer a medida que avanzaba la ejecución de la obra. Y ello es menos comprensible si se repara en que sobre el punto hubo especial atención de las contratistas.
Docentes, movilidad del haber jubilatorio, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mina, Aída Candelaria c/ A.N.Se.S. y otro s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

La vigencia del régimen especial para docentes ha sido enfáticamente sostenido por la jurisprudencia del Tribunal, y expresamente avalada por la C.S.J.N. en autos "Gemelli, Esther Noemí" (sent. del 28.07.05) -entre otros- al afirmar que "el régimen de la ley 24.016 ha quedado sustraído de las disposiciones que integran el sistema general reglamentado por las leyes 24.241 y 24.463, con el que coexiste, manteniéndose vigente con todas sus ca-racterísticas, en las que se encuentra su pauta de movilidad .", lo que se vio confirmado ". por el tratamiento parlamentario dado a la propuesta de supresión de estatutos especiales enviada por el P.E.N. al Congreso en el año 2002, que incluía a la ley 24.016 entre las normas derogadas, y que concluyó con la sola eliminación de las jubilaciones para los funcionarios políticos de los poderes legislativo y ejecutivo (ley 25.668 y Dec. 2322/02)". (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).
Impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Piantoni Hnos. SACIFI y A c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-12

Debe confirmarse la sentencia que declaró la validez constitucional de las disposiciones de la Ley 25.413, el Decreto 380/01 y la Resolución General (AFIP) 1135/2001, relacionadas con el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones, habida cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Nacional, el Congreso es quien tiene la facultad de crear o modificar impuestos y los elementos esenciales del tributo cuestionado fueron expresamente establecidos por una ley emanada del órgano legislativo. Asimismo, tanto el decreto reglamentario como la resolución general mencionada, no modificaron ni alteraron ni ampliaron elementos del impuesto con el fin de abarcar situaciones nuevas o no previstas en la ley, por lo que se cumplió plenamente con la manda constitucional.
Honorarios del abogado, base regulatoria, acción revocatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: THE ROYAL BANK OF CANADA c/ CLEMENTE, FRANCISCO JOSE s/ REVOCATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-22

La sustancia económica del proceso de acción revocatoria a los fines regulatorios, está dada por el valor real y actual de los bienes que se pretendían reingresar al patrimonio del demandado, a fin de que constituyeran garantía suficiente de los créditos debidos a la actora, cuyo monto era significativamente superior. Para determinar ese valor no cabe sino acudir a la mecánica estimatoria de los valores venales que establece el art. 23 de la ley 21.839, sin que pueda pretenderse hacerlo mediante el histórico de la transferencia que se juzga fraudulenta y actualizada mediante un índice matemático -
Docentes, inhabilitación profesional, actividades subversivas, daño moral, falta de daño material
Materia: CIVIL
Carátula: GAREIS, ARTURO JORGE c/ E.N.  MINISTERIO DE EDUCACION s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-29

Procede reconocer el daño moral, al docente que fue declarado ilegítimamente inhabilitado por el estado para ejercer la docencia privada con fundamentos en actividades subversivas o disociatorias, por el sufrimiento, las molestias y los agravios que le fueron infringidos a través de la conducta estatal sin que tal daño se relacione con el patrimonial.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, autopistas, mantenimiento de autopistas
Materia: CIVIL
Carátula: FERNÁNDEZ  LLERENA  RODRÍGUEZ,  Martín c/ AUTOPISTAS DEL SOL S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-14

1- Ante un accidente ocurrido en una autopista a causa de una inundación provocada por intensas lluvias, la concesionaria no puede exonerar su responsabilidad atribuyéndola a un tercero, porque no se puede descartar que la obra tuviera vicios constructivos.

2- Es que aun cuando el diseño encomendado fue un proyecto elaborado y aprobado por el Estado Nacional, y la obra no contó con desagües pluviales porque se usaban los existentes en el área de influencia, no se puede descartar el defecto de construcción si no probó falencias en los desagües de las zonas aledañas ni que en ellas se hubiese acumulado el agua como en la autopista.

(Sumario N°19148 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Aportes y contribuciones previsionales, deuda previsional, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: De Donato, José c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-20

El debate acerca de los aportes y contribuciones que se estiman adeudados al sistema previsional nacional excede la competencia de los tribunales locales e involucra un insuperable problema de legitimación, no controvertidas por la parte recurrente, que llevan a tener por insustanciales a los planteos mediante los cuales la parte actora busca obtener de este Tribunal un pronunciamiento acerca de quién sería el obligado a hacer frente al pago de los "aportes" que, estima, no le fueron retenidos adecuadamente; y cuál sería el plazo prescripción para perseguir el cobro de esa obligaciones. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Derecho civil, daños y perjuicios, privación del uso del automotor, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: PALACIOS Herrada Eugenia del Pilar y Otros c/ Daroni Recabarren Sergio Agustín s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-17

Si no se acompañó ninguna constancia de los gastos en transporte que debió realizar ante la imposibilidad de utilizar su propio rodado, el criterio para la fijación del quantum del rubro "privación de uso" debe ser estricto, máxime ponderando que dicha privación conlleva la eliminación de gastos de combustible, lubricantes, estacionamiento, desgaste de neumáticos, lo cual determina una compensatio lucri cum damno, que no puede dejar de ser apreciada, para no agravar indebidamente la situación del responsable, quien debe pagar sólo por el perjuicio efectivamente sufrido por el damnificado.
Convertibilidad, obligaciones, recurso extraordinario, cuestión no federal, facultades discrecionales del juez, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Amelia Trinidad Campos en la causa Banco Sudameris s/ Belcam S.A. y otra
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-17

La determinación de la tasa de interés a aplicar como consecuencia del régimen de la ley de convertibilidad 23.928, según se trate de obligaciones civiles o comerciales, no constituye cuestión federal susceptible de habilitar la instancia extraordinaria, sino que queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dicho ordenamiento, sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión.
Recurso de casación, cosa juzgada, violación, irretroactividad de la ley, despido, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: GUYON LUIS RAMON c/ ARCOR  S.A.I.C. s/ RECUSACION - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-28

No vulnera la cosa juzgada el pronunciamiento de la a quo que reafirmó la doctrina legal de la irretroactividad de la ley nueva.

El interlocutorio atacado no alteró la sentencia original, sino que se limitó a interpretarla de acuerdo con los términos en que oportunamente quedara trabada la litis. La sentenciante al expresar que la indemnización debía calcularse tomando en consideración "la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida por el actor en el último año de trabajo", solo reprodujo los términos del art. 245 ley 20744. No resultaba menester invocar expresamente el tope desde que el mismo debía aplicarse forzosamente al caso por tratarse de un límite legal imperativo. De haberse procedido de otra manera se habría violado el principio de "irretroactividad" consagrado en el art. 3ro. C. Civil, desde que sin duda la norma a aplicar (art. 245 ley 20744) era la vigente a la fecha de la extinción del contrato de trabajo. (Vto en minoría del Dr. Luis Moisset de Espanés).-
Honorarios, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARELLI MIGUEL Y OTRO c/ MURATORI s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: A149 - 011)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-11-30

La Corte Suprema de Justicia ha señalado que no viola el principio de cosa juzgada, la sentencia que revocó lo resuelto en la instancia anterior y corrigió en consecuencia el monto definitivo de la condena, por entender que existía una grave equivocación aritmética.- Asimismo, agrega que el efecto de la cosa juzgada busca amparar, mas que el texto formal del fallo, la solución real prevista por el Juez (ver C.S.N. 18-04-85 - "Sosa Roberto c/ Coca Cola S.A. y ot. y fallos: 297/383; 299/35;

300/611).- En consecuencia, resulta procedente la apelación debiendo corregirse el error material en que se ha incurrido.-
Ahorro obligatorio, interpretación de la ley, aplicación de la ley tributaria, Constitución Nacional, facultades del Poder Legislativo
Materia: TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Morixe Hnos. SACI. - T.F. 10460 - I - s/ res. apel. de la DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

La ley 23.549 define un presupuesto de hecho que al verificarse en la realidad del caso concreto da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones que establece el texto legal. Tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado - justificado por el poder tributario que la Constitución Nacional otorga al Congreso - y su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia.
Medidas cautelares, reordenamiento del sistema financiero, depósito bancario, disponibilidad de los depósitos
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: "Cheppi  Isabel  y  otros c/ PEN -Ley 25.561 Dto. 1570/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-27

El art. 1 del decreto 739/03 dispuso la liberación de los depósitos reprogramados de hasta $42.000, a solicitud del titular, medida que se fundó -según la exposición de motivos del citado decreto- en el crecimiento verificado de los depósitos en el sistema financiero. Tal disposición coincide con la autorización otorgada al Poder Ejecutivo para reestructurar las obligaciones originarias de modo compatible con la evolución de la solvencia del sistema financiero, establecida en el art. 6 de la ley 25.561
Prescripción, sentencia absolutoria, falsedad ideológica
Materia: PENAL
Carátula: Dalfaro, Carlos Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-07

Resulta evidente que la fragmentación de las cuestiones a decidir ha llevado al tribunal a tratar la figura prevista en el art. 248 CP en dos oportunidades diferentes, arribando a diferentes conclusiones, pues si la acción estaba prescripta como se sostuvo, así debió decirlo en lugar de absolver por la misma figura en otra oportunidad.

No debió haberse declarado la prescripción de la acción omitiendo todo análisis respecto de que los delitos fueron cometidos por los imputados en el ejercicio de la función pública y que si bien fueron destituidos, debieron recabar la información necesaria para determinar si continuaron ejerciendo cargos públicos dentro o fuera de la universidad.

La ley reprime las falsedades concernientes a un hecho que el documento deba probar y ello es lo que ocurrió en el caso donde los títulos universitarios ya perfeccionados y expedidos por las autoridades competentes, estaban destinados a certificar la finalización de los estudios en la carrera de "Licenciados en Sistemas" de alumnos que en realidad no habrían sido tales.

La invocada intención de recuperar fondos injustamente retenidos, no autorizaba a que los funcionarios públicos falsearan datos para recuperar el 13% abonado por la UNaF, tras obtener una respuesta negativa por parte de la Coordinadora General Económica, ya que no se puede justificar que los funcionarios públicos recurran a maniobras aviesas para acortar los plazos de las vías legalmente establecidas para hacer valer sus derechos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas provisionales, Pacto de San José de Costa Rica, actuación de oficio, daño irreparable, protección de personas
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Ivcher Bronstein s/ Medidas Provisionales Respecto Del Estado Del Perú
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2000-11-21

Conforme lo dispuesto por el artículo 63.2 de la Convención Americana y su par 25 del Reglamento del Tribunal, ante situaciones de extrema gravedad y urgencia, y se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte podrá de oficio ordenar la adopción de las medidas provisionales que considere pertinentes.
Expropiación, declaración de utilidad pública
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Lecturia de Iglesias, María J y otros c/ Estado Nacional (Mrio de Educación). s/ EXPROPIACION IRREGULAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-17

La declaración por el Estado de que un inmueble se encuentra sujeto a expropiación no crea un derecho a favor de su propietario para obligar a aquél a hacerle efectiva, sino que es potestad del expropiante elegir el momento para ello, salvo que medie ocupación efectiva del inmueble, privación de uso o restricción del dominio, aspectos de hecho y prueba que no se desprenden de la mera existencia de una norma que califique de utilidad pública el bien.
Actos y diligencias procesales, cédula de notificación, notificación en el domicilio, fijación en la puerta
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Ruiz, Carlos Adolfo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-05-19

El oficial notificador no sólo ratifica la materialidad del acto a su cargo sino que con la variación formal que consigna, introducir la cédula por debajo de la puerta en vez de pegarla en ella, cumple la voluntad real de la ley de un modo aun más garantizador que la vetusta forma (adherir a la puerta) que la ley ha usado para describir la conducta exigible al notificador como mínimo, como extremo inferior, para que la notificación sea formalmente válida.

Es decir que si en vez de fijarse la cédula se la deja en el domicilio por debajo de la puerta, la notificación es válida.
San Luis, beneficios previsionales, convenios con las provincias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Blanco de Mazzina, Blanca Lidia c/ ANSeS s/ Inconstitucionalidades varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19

El reconocimiento pleno de los beneficios que pasaron al manejo jurisdiccional de la ANSeS encuentra su expresión más clara en lo dispuesto por la cláusula tercera del convenio, que garantiza la intangibilidad de las situaciones alcanzadas por la ley 3900 de la Provincia de San Luis cuando han sido cumplidos todos los requisitos exigidos durante su vigencia, norma a la que corresponde asignar la prioridad necesaria para dar solución al problema, pues de otro modo dicho instrumento aparecería como una vía para limitar beneficios, prescindiendo de los principios propios de esta materia que imponen no llegar a su desconocimiento sino con extrema cautela.
Indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: V.G. O. y Otra c/ T., H. y/u Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-10

Nuestro Código Civil declara resarcible el daño moral (art. 1078), y cabe entender que tal resarcimiento, aunque sea de modo pecuniario -a falta de otro mejor- no es materializar los intereses o sufrimientos morales, sino espiritualizar el derecho en cuanto éste no se limita a la protección de los bienes económicos y rodea también de seguridad aquellos otros bienes no económicos, que son inseparables de la persona humana.
Doctrina de la arbitrariedad, defensa en juicio, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Doldán, Sebastián Maximiliano y Lifman, Mariel Clarisa s/ robo de automotor - Causa N. 4349 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-05

Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Sociedades comerciales, nulidad de asamblea
Materia: COMERCIAL
Carátula: REMONDA LUIS EDUARDO Y OTRO c/ LA VOZ DEL INTERIOR s/ IMPUGNACION DE ASAMBLEA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-19

Para que las deliberaciones en la sociedad tengan validez, es necesario que puedan intervenir o estén representadas en ese medio de expresión de voluntad el número de acciones que exija la ley o los estatutos, independientemente del quorum que pudo haberse formado al constituirse el cónclave. Lo que interesa no es la constitución sino la presencia numérica requerida al tiempo de debatirse y votarse cada uno de los temas de la orden del día.
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Glasman, Guillermo Daniel c/ Orsini, Virgilio Francisco s/ Daños y Perjuicios Vargas, Oscar Raúl c/ Semacendi, Carlos Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13|1995-05-02

Los intereses de la indemnización de los daños causados por un hecho ilícito, corren desde la fecha del evento dañoso, sin que obste a ello la falta de interpelación ni la iliquidez de la deuda, porque tales intereses son de carácter compensatorio y no moratorio y se deben a partir de la producción del hecho ilícito.