Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-03


SENTENCIA NUMERO: NUEVE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los tres días del mes de mayo de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 77/10, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ávila c/ Auto Interlocutorio Nº 25/09 de fecha 12.04.10 en Expte. Letra "M" Nº 50/09 - "Martínez, Jorge." dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el fallo impugnado por inexistencia de fundamento suficiente? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 54, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por el Auto impugnado (Nº 25/09), la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos resolvió lo siguiente: " 1) Hacer lugar a los recursos interpuestos respectivamente por el Sr. Fiscal de Instrucción de Quinta Nominación, Dr. Juan Pablo Morales y por el representante de los Querellantes Particulares, Dr. Enrique Lilljedahl, y revocar consecuentemente el Auto Interlocutorio Nº 134/2009 (fs. 1115/1137), emanado del Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, en todo lo que fue materia de agravios. 2) Dictar la Prisión Preventiva de Jorge Enrique Martínez (D.N.I. Nº 7.357.820) por la supuesta comisión de los delitos de Estafa (once hechos, en concurso real) en calidad de Coautor, previsto y penado por los arts. 172, 45 y 55 del Código Penal. 3) Ordenar que la Fiscalía de Instrucción arbitre con carácter de urgente todas las medidas necesarias a los fines de lograr la inmediata detención del imputado, retornándolo a su debido lugar de alojamiento (.)".

II. Contra dicha decisión, los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ávila interponen este recurso invocando los motivos de casación previstos en el art. 460 1ra. p. in fine del C.P.P., y piden al tribunal que deje sin efecto la resolución impugnada y mantenga el estado de libertad caucionado del imputado.

Los recurrentes exponen los siguientes agravios:

Dicen que la resolución es nula por cuanto el a quo ha inobservado las reglas previstas para formar mayoría en un tribunal colegiado, en tanto sólo existe coincidencia en la solución pero no en la fundamentación de la misma (Primer agravio).

Sostienen que la decisión viola la presunción de inocencia y la libertad ambulatoria del imputado debido a que los disímiles motivos expresados por los jueces que concurrieron a formar la mayoría no justifican la existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación o de obstrucción a la acción de la justicia (Segundo agravio).

Alegan que el imputado ha cumplido fielmente las severas restricciones que le fueron impuestas al tiempo de otorgársele la libertad y que ello desacredita la existencia de la peligrosidad procesal invocada en el pronunciamiento impugnado (Tercer motivo de agravio).

Manifiestan que no es clara la redacción de la resolución atacada y que, además, su fundamentación es sólo aparente, distante de los hechos de la causa y desvinculada del fallo apelado, lo que afecta el derecho de defensa del imputado (Cuarto motivo de agravio).

III. Así, se trata en el caso de resolver sobre la procedencia de la impugnación deducida por los accionantes en contra de la prisión preventiva dispuesta por medio de la resolución recurrida y razones estrictamente prácticas determinan al Tribunal a analizar primero y conjuntamente los agravios de tipo sustancial nominados como segundo y tercero, en tanto el eventual acogimiento de éstos tornaría inoficiosa la consideración de los restantes.

En esa dirección, sabido es que el art. 18 de la Constitución Nacional, al disponer que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme, al tiempo que garantiza el derecho a gozar de la libertad durante el proceso.

No obstante, también es sabido que el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte la sentencia de condena no constituye una salvaguardia contra las medidas cautelares como el arresto, la detención o la prisión preventiva, que también tienen respaldo constitucional (Fallos 305:1022; 316:1947) y que, como todo derecho, el referido no es absoluto, sino condicionado "a las leyes que reglamentan su ejercicio" (Fallos 304:319, 1524), para evitar que el imputado obstruya o eluda la acción de la justicia.

Por ello, sólo en la necesidad de evitar que la justicia sea burlada encuentra legítima justificación la limitación de la libertad del imputado antes de la sentencia definitiva declarativa de su responsabilidad penal, a título cautelar, para asegurar la investigación y la aplicación de la ley sustantiva, cuando existieran indicios claros de riesgo concreto para esos fines del proceso penal.

Según el fallo cuestionado, la escala penal conminada en abstracto para los hechos endilgados -constitutivos de 11 delitos de estafa- hace inviable una condena de ejecución condicional. Pero, de conformidad con los conceptos precedentes, la severidad de la pena amenazada para los hechos delictivos atribuidos al imputado Martínez, así como la condena en suspenso impuesta al mismo y las otras causas que se sustancian en su contra -invocadas también como fundamento de la decisión cuestionada-, nada predican sobre el riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación y, de tal modo, no justifican la restricción, a título preventivo, de la libertad ambulatoria del nombrado, sólo autorizada para conjurar dichos riesgos y asegurar el esclarecimiento de los eventos que se le endilgan y su comparecencia al proceso y al juicio propiamente dicho.

En este sentido, la Corte Suprema in re "Estévez", del 3/10/97, sostuvo lo siguiente:"La sola referencia a la pena establecida para el delito por el que ha sido acusado y la condena anterior que registra, sin que precise cuáles son las circunstancias concretas de la causa que permitieren presumir, fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia, no constituye fundamento válido de una decisión de los jueces que sólo trasunta la voluntad de denegar el beneficio" (Fallos 320:2105).

Y ratificó ese criterio en causa T. 513. XXXIX. Recurso de hecho "Trusso, Francisco Javier" y en causa M. 960. XXXVII. "Massera, Emilio Eduardo", oportunidad esta última en la que recordó que la extrema gravedad de los hechos que constituyen el objeto del proceso no puede constituir el fundamento para desvirtuar la naturaleza de las medidas cautelares.

Asimismo, en reiteradas ocasiones ha dicho que la prisión preventiva no tiene más objeto que asegurar la aplicación de la pena atribuida por la ley a una infracción, y si esa seguridad puede en algunos casos obtenerse por otro medio compatible con la libertad del encausado, cabe admitirla, porque nace del espíritu liberal de nuestras instituciones (Fallos: 102:219; 284 XXXII "Nápoli, Erika E. y otros s/ infracción art. 139 bis, CPen.", resuelta el 22/12/1998).

En la causa, surge de lo actuado que el Juez de Control de Garantías entendió que medidas menos gravosas que la privativa de la libertad del imputado podían asegurar los fines del proceso y, por ello, le impuso caución real y la carga de comparecer dos veces por semana a la Fiscalía, bajo apercibimiento de revocar su excarcelación en caso de incumplimiento.

Por ello, y en tanto sabido es que los tribunales deben resolver las cuestiones que se les presenten con arreglo a las circunstancias existentes al tiempo de la decisión, la del caso no podía prescindir del informe actualizado sobre el cumplimiento de las referidas cargas impuestas bajo apercibimiento.

En ese afán, por razones de celeridad y economía procesal, el Tribunal consultó a la interviniente Fiscalía de Instrucción Nº 5, la que (el 17 de febrero de 2011) hizo saber lo siguiente: 1-La causa se encuentra en plena etapa de investigación. 2- El imputado Martínez no cumplió acabadamente con su obligación de presentarse ante la justicia en tanto, desde que recuperó su libertad ambulatoria (10 de junio de 2009) y hasta la fecha, compareció a esa Fiscalía sólo en 2 (dos) oportunidades, el 19 de octubre de 2009 y el 25 de febrero de 2010(fs. 53).

Así las cosas, el informe precedente desacredita categóricamente la presentación periódica del imputado Martínez en la Fiscalía, y de tal modo, la cabal observancia por el mismo de las restricciones que le fueron impuestas al ser ordenada su libertad, invocada por el recurrente como fundamento de irrazonabilidad que predica del Auto recurrido que revoca el del Juez de Control de Garantías que dispuso la soltura del nombrado.

Es que, de las reiteradas incomparecencias del imputado Martínez, sin acercar al Tribunal justificación alguna de ese proceder, se sigue, sin hesitación alguna, que el nombrado ha incumplido inexcusablemente el compromiso asumido de mantenerse a disposición de la justicia, irrespetando de manera intolerable la autoridad del Tribunal que le concedió la excarcelación, defraudando de tal modo la confianza que entonces le fue otorgada por la autoridad.

Considerando, asimismo, el estado de la causa, la referida inconducta procesal del imputado constituye motivo bastante para sospechar que podría entorpecer la investigación en curso, como también que probablemente se sustraiga de la acción de la justicia no concurriendo a las citaciones que se le formulen en este proceso.

Por lo tanto, ante el incumplimiento constatado y el peligro procesal que es dable deducir del mismo, resulta aplicable en el caso el apercibimiento formulado oportunamente al imputado por el Juez de Control de Garantías.

Por las razones dadas, no son de recibo los agravios analizados y resulta inoficiosa la consideración de los nominados primero y cuarto por cuanto, aunque le asistiera razón al recurrente, lo resuelto no podría alterar las conclusiones apuntadas sobre la procedencia de la revocación de la excarcelación del imputado.

Por ello, a la primera cuestión, mi voto es negativo.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo y voto, como consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I- De conformidad con lo resuelto sobre la cuestión precedente y atento al resultado de la votación que antecede, estimo que corresponde dictar la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/13, por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ávila, en su carácter de asistentes técnicos del imputado José Enrique Martínez. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado José Enrique Martínez y, como consecuencia, confirmar el auto interlocutorio impugnado. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.) Así voto.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, y me expido en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo y, como consecuencia, voto de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/13, por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ávila, en su carácter de asistentes técnicos del imputado José Enrique Martínez.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado José Enrique Martínez y, como consecuencia, confirmar el Auto Interlocutorio impugnado.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres Amelia del Valle Sesto de Leiva (Presidente)- José Ricardo Cáceres - Luis Raúl Cippitelli ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.