marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones del Estado miembro, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de la Corte Interamericana, sentencia definitiva
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa c/ Paraguay s/ convocatoria a audiencia pública
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2009-05-20

Conforme lo establece el artículo 68.1 de la Convención Americana, los Estados Parte deben cumplir lo resuelto por la Corte Interamericana en todo caso en que sean parte, asegurando la implementación de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones, las cuales deben ser cumplidas íntegramente y gozan del carácter de definitivas e inapelables.
Seguro de vida, saldo impago
Materia: LABORAL
Carátula: Espíndola, Pedro Santos c/ Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (S.E.CH.E.E.P.) y/o Caja Nacional de Ahorro y Seguros s/ Indemnización por invalidez
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-08-19

No es procedente el agravio del actor, fundado en que no se hace lugar a la demanda por saldo impago de seguro de vida colectivo con más intereses y costas. Ello así, ya que el seguro de vida colectivo, que da cuenta la póliza emitida por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, no es sino un contrato que, como tal, tiene reglas precisas de las que no cabe tener en cuenta el interés de la víctima; ni tampoco tal como alguna vez se ha dicho, al fin social y del seguro, puesto que tales consideraciones, por cierto extrajurídicos, no pueden ir más allá de las condiciones generales y especiales de la póliza y de las leyes 2512, 2744 y Decreto 1725/88, menos aún si como acontece en la especie dicha normativa no ha sido tachada de inconstitucionalidad.
Asociaciones sindicales, prácticas antisindicales, decretos provinciales, afiliación sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación de  Trabajadores del Estado c/ Corrientes, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

Exigir, la "expresión actualizada de la voluntad de agremiarse de los trabajadores", como lo hizo el decreto de la Provincia de Corrientes 2361/94, significa desconocer las disposiciones vigentes e invadir la esfera interna del sindicato, al entrometerse en las relaciones entre la entidad gremial y sus agremiados, lo que importa interferir en su funcionamiento, conducta que se subsume en uno de los tipos previstos en el inc. b) del art. 53 de la ley 23.551.
Locación de obra, responsabilidad del director de obra, responsabilidad del arquitecto, presunción juris tantum
Materia: CIVIL
Carátula: EMPRESA MARINUCCI S.A. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-15

Tratándose de la actuación de los arquitectos resulta verdad que hay una presunción de responsabilidad cuando se les ha encargado la dirección de la obra, pero dicha presunción es "juri tantum" y cede ante las circunstancias de cada caso.-
Aportes previsionales, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barragan, Federico Anselmo c/ Clínica Bartomomé Mitre y otros s/ Tercería de dominio en autos: Clínica Mitre c/ Barragan, Damián y  otros s/ Cobro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-25

Los aportes y contribuciones previstos por el artº 12 de la ley 6716 deberán abonarse dentro de los 60 días de quedar firme el auto regulatorio, y una vez transcurrido ese plazo, sólo se tendrá por cumplido una vez revaluados de acuerdo a los índices de precios al consumidor (INDEC), no debiéndose incluir el aporte sobre los intereses devengados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actualización monetaria, períodos inferiores a un mes
Materia: PROCESAL
Carátula: Repetto, Inés María c/ Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad de normas legales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

No procede calcular la depreciación monetaria por períodos inferiores al mensual.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: "MELI, ESTANISLAO S/ HOMICIDIO Y ABUSO DE ARMAS", Expte. Nº 3215/08 (M-613/09) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-08-12

De los requisitos formales del recurso de casación, se advierte que la parte recurrente no adjunta boleta de depósito por suma alguna en concepto de depósito, para satisfacer la exigencia establecida en el art. 4 inc. d) de la Ley 1687, como consecuencia de lo expresado, el no cumplimiento por la defensa de la expresa disposición contenida en el art. 4to. inc. d) de la Ley 1687, constituye un impedimento que en principio obstaría a la admisibilidad de la instancia recursiva.

La exigencia de depósito previo para la viabilidad de un recurso, no es violatoria del art. 18 de la Constitución Nacional, pues no importa una alteración reglamentaria de la garantía de la defensa en juicio.
Ley sobre riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: López, Ubaldina c/ Balpala Construcciones SA s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-10

La proximidad temporal entre el accidente de trabajo y el deceso del trabajador, no habilita a presumir sin más acerca de la incidencia del primero sobre la última, en tanto en orden a lo concerniente al nexo causal, la doctrina más destacada ha señalado que para que surja la responsabilidad de alguien es menester que exista conexión causal jurídicamente relevante entre el hecho del que aquél es autor y el daño sufrido por quien pretende la reparación (Conf. Llambías, Jorge J. en Tratado de Derecho Civil Tomo III pág 713 y sgts) y que la teoría de la causalidad adecuada (art. 901 del C. Civil, complementario de los arts. 902/906) conduce a determinar si la acción u omisión a la que se le atribuye el daño era normalmente capaz de producirlo (conf Borda, Guillermo "Tratado de Derecho Civil T. II pág 241 y sgts). En el caso concreto, no surge de las constancias de la causa (pericial médica e historias clínicas) que la causa del accidente de trabajo pueda ser reputada como condición relevante en el iter que llevara a la muerte al causante.
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, accidente de tránsito, muerte, menores, obras en la vía pública
Materia: CIVIL
Carátula: Bogado, Juan Jorge y otro c/ Toledo, Víctor Adrián y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-07-15

Resulta responsable la empresa constructora a cargo del plan de reconstrucción de calzada, bacheo y mejoramiento del entoscado de ruta, por el fallecimiento de un menor que mientras conducía su bicicleta por la banquina fue embestido por un camión que transportaba y descargaba materiales para dicha obra vial, dado que la empresa demandada reviste el carácter de guardián del vehículo embistente en los términos de lo dispuesto en el art. 1113 primera parte del Código Civil, y no acreditó que hubiera existido culpa de la víctima o de un tercero por quien no debiera responder.
Etapas del proceso, integración de la litis
Materia: PROCESAL
Carátula: B., C.B. c/ V., J.R. y Otros s/ Demanda Laboral -Diferencia Haberes e Indemnización-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-01

"La integración de la litis con respecto a una persona que antes no había sido suficientemente individualizada ni por tanto regularmente citada al proceso, no implica una ampliación de demanda".
Defensa del consumidor, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Supermercados Lorena s/ apelación (Ley Pcial Nº 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-09

Dado que debe existir adecuación entre la multa aplicada con fundamento en la Ley de Defensa del Consumidor y la infracción cometida, corresponde reducir la sanción cuando al imponerla no se ha considerado, como lo dispone el artículo 47 de la misma ley 24240, parámetros de obligatorio análisis, como son la posición en el mercado del infractor, los potenciales daños producidos, la intencionalidad o no de la exhibición para venta al público de productos vencidos, ni se ha considerado la versión del infractor ante la autoridad de aplicación, evaluando asimismo la ausencia de antecedentes del infractor.
Declaración de inconstitucionalidad, interpretación de la constitución, decreto de necesidad y urgencia, Constitución Nacional, reforma de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional - Administración Nacional de Aduanas s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

El decreto 770/96, dictado de acuerdo con la regulación introducida en el art. 99, inc. 3(, de la Ley Fundamental, por la Reforma Constitucional de 1994, debe ser invalidado por no ajustarse a las exigencias de ésta (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Injuria laboral, sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Licitra Juan Manuel c/ Miluplast SA y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-21

La injuria laboral tiene tres parámetros de evaluación, la causalidad, la proporcionalidad y contemporaneidad. Éste segundo requisito está referido a que la sanción debe ser proporcionada con la falta cometida, es decir que debe mediar una grave inobservancia del contrato que impida su continuación. La falta que se le imputa al accionante (fue sorprendido durmiendo en el piso de la empresa) carece de la gravedad suficiente como para imposibilitar la continuidad del vínculo laboral, ya que en su lugar se podría haber dispuesto una sanción disciplinaria de menor gravedad.
Desistimiento, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: EL MALEK S.R.L. c/ GALERIA EL PALACIO S.A. s/ INCIDENTE DE RECUSACIÓN CON CAUSA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-05

El desistimiento expreso formulado por el recurrente importa poner de manifiesto su voluntad clara e indudable de abandonar el desarrollo de la pretensión que interpuso. Se trata de la renuncia o abdicación de la facultad de llevar adelante una instancia promovida mediante recurso (Tomo 76:405; 78:479; 89:91; 162:157, entre muchos otros).

Como el desistimiento puede presentarse en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia (art. 304 CPCC), no estando comprometido el orden público en la materia a la que se circunscribe el recurso, siendo la cuestión apelada materia disponible por la parte, corresponde hacer lugar al desistimiento del recurso interpuesto y disponer que bajen los autos al Juzgado de origen.

Respecto de las costas de esta instancia, conforme lo acordado en la presentación referida y lo dispuesto por el artículo 73 último apartado, corresponde imponerlas por el orden causado.
Notificación, validez de los actos procesales, sociedades comerciales, domicilio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jorge Rodolfo Lagostena S.R.L. s/ Quiebra solicitada por OSRAM Argentina S.A.C.I.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-11

Es válida la notificación efectuada en el domicilio que la sociedad tiene inscripto en el Registro Provincial de las Personas Jurídicas, que reviste el carácter de "real" a que alude el art. 338 del Código Procesal y pervive hasta que sea cambiado, conforme el procedimiento que cumpla con el recaudo de la publicidad, sin importar que la sociedad despliegue o no actividad. (Minoría u opinión personal)
Recurso directo, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GARCIA CASTELLANOS LUIS MARIA c/ MARIA CRISTINA GARCIA MONTAÑO s/ DIVORCIO - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-12-20

Las cuestiones que hacen a la inestabilidad del menor, su derecho prevalente, la aplicación de la ley 10903 y 4873, no pueden en modo alguno ser objeto del recurso directo, que sólo puede deducirse en contra del proveído que deniega la apelación, ya que su objeto es que el Tribunal de Alzada se pronuncie sobre la denegatoria de ese recurso, más allá de las oscuridades o ambigüedades que puedan predicarse de los proveídos del Juez de Primera Instancia.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ejecución fiscal, leyes, competencia contencioso administrativa y tributaria, voluntad del legislador, Poder Legislativo, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Abogados. Honorarios. Ejecuciones fiscales (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es si el art. 7 de la ley 11.257, que modifica la ley 6767 (Aranceles Profesionales -   Abogados y Procuradores), agregando el inc. 5) a su art. 7, importa   una vigencia material y temporal limitada sólo a los procesos de   ejecución fiscal instaurados en relaciones especiales comprendidos   en ella -regímenes de regularización impositiva provincial- o bien   debe entenderse de alcance general y permanente para todo tipo de   ejecución fiscal en el territorio provincial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-15

Surge de la misma intención del legislador (su voluntad o finalidad) la imposición de reducción del llamado "coste judicial" en materia de ejecución fiscal al entender, la autoridad constitucional competente, la concurrencia de ciertos desajustes producidos en las deudas tributarias (impuestos, tasas, contribuciones, etc.) llevadas a juicio y la enrostrada alta incidencia de los honorarios de los profesionales en la determinación final de la deuda. Esta política legislativa de reducción de los llamados costos y costas judiciales no es nueva (v.g.: en el ámbito nacional ley 24.432, 24.522; en el ámbito provincial leyes 10.787, 11.089 en materia de desregulación y la eliminación del orden público arancelario). La Ley 11.257 que modifica la ley 6767 con un nuevo agregado al art. 7 (inc. 5) se inscribe en tal línea de cierta política legislativa de la que la jurisdicción no debe calificar su acierto o error, equidad o no, más aún cuando no hubo ataque o impugnación de inconstitucionalidad contra la norma últimamente citada. (Del Voto del Dr. Silvestri).
Ejecución hipotecaria, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Suárez, Juan Antonio s/ Concurso preventivo. Incidente de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

La ejecución hipotecaria debe radicarse ante el juez del concurso del demandado aún cuando se encuentre en etapa de cumplimiento de sentencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión de derecho común, apartamiento de las constancias de la causa, defensa en juicio, acuerdo de partes, homologación judicial, relaciones de familia, menores
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Fiorillo, María Julia s/ autorización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

Aunque el pronunciamiento que rechazó el pedido de homologación de un convenio celebrado con respecto a la radicación de dos menores en el extranjero remite al examen de temas de derecho común, ello no obsta a la procedencia del recurso extraordinario cuando la alzada se ha apartado de las constancias de la causa y la decisión se presenta como un acto de mera voluntad de los jueces que suscriben el fallo, con menoscabo de la defensa en juicio.
Responsabilidad del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carré de Altuzarra, Elda L. c/ Policía de la Provincia de Bs. As. s/ Daños y perjuicios - cuestión de comp. art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

No obstante tratarse de una relación de derecho administrativo la que ha dado origen al juicio, si el fundamento de la pretensión no estriba en la vulneración de los derechos emergentes de esa relación sino que, a partir de su reconocimiento se imputa a la demandada un cumplimiento negligente y culpable de las obligaciones emergentes de aquél, el caso resulta de la competencia originaria y exclusiva sobre la materia contencioso administrativa, por perseguir actuar la responsabilidad aquiliana de la administración, imputando a ésta los daños ocasionados por el obrar negligente o culposo de sus agentes.

En el caso la actora imputa a la demandada un cumplimiento negligente, pues habiendo podido ordenar la inversión de las sumas debidas en concepto de indemnización en alguna cuenta que resguardara el valor del dinero optó por un sistema que en poco tiempo impidió que éstos gozaran de la indemnización (arts. 1112, 1113 y conc. cód. civ.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, costas al demandado, sentencia no firme, exención de tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: SANATORIO MORANO S.A. c/ INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

La circunstancia de que la sentencia -que condena a la demandada al pago de las costas- aún no se encuentre firme, impide tener por operada la subrogación subjetiva alegada por aquélla a fin de liberarse del pago de la tasa de justicia, tal como se lo impone el art. 9 de la ley 23.898.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-07


Salta, 07 de junio de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CHAVEZ, LUIS BENJAMIN -S/SUCESION - QUIEBRA (grande)" - Expte Nº 59.058/02 del Juzgado de 1ra. Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 1º Nominación (Expte. N° CAM 104.338/4 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

A fojas 1400 el señor Síndico de la Quiebra CPN Néstor Roberto Bixquert con el patrocinio letrado de la Dra. Ana María Montenegro de Rumi, plantea caducidad de segunda instancia respecto de la apelación deducida por el Dr. José Luis Criado, en contra de la resolución de regulación de honorarios de fojas 1307. Manifiesta que el último acto impulsorio ha sido el proveído de fojas 1.398, por lo que se encuentra vencido el plazo que prevé el art. 310 inc. 2º del CPCC:

Sustanciado el incidente con el apelante -v. cédula de fojas 1406, el mismo no contesta, por lo que se tiene por decaído el derecho dejado de usar.

Del análisis del expediente resulta que, el proveído de fojas 1.398 donde se hace conocer la radicación del expediente en la Sala, del 22 de junio de 2009, fue notificado el 15/03/10 (fs. 1.399) cuando ya se había cumplido el plazo de perención de instancia.

Ahora, siendo que el escrito de fojas 1400 es de fecha 22 de marzo de 2010, o sea presentado dentro de los cinco días de la fecha de dicha cédula resulta que el incidentista no consintió dicho acto (art. 315 CPr.).

De conformidad al art. 315 del CPCC Salta, la petición de caducidad debe formularse "antes de consentir el solicitante cualquier acto que tenga por efecto impulsar el proceso, posterior al vencimiento del plazo legal"; y si, por el contrario, el acto de impulso posterior al vencimiento de plazo legal es consentido por la otra parte, con ello se opera la purga, o subsanación o convalidación de la caducidad; tal consentimiento si no surge en forma expresa o tácita de actitudes de la parte, lo presume la ley cuando no se deduce la caducidad dentro del plazo de cinco días a contar del conocimiento de este acto de impulso, que es el plazo que el art. 170 del CPCC establece para el consentimiento de un acto o procedimiento viciado (CNCom. Sala B, L.L.1980-C460; CNCiv., Sala F, E.D. 65-438; 69-200; Id. Sala C, E.D. 21-328, etc.) La jurisprudencia ha señalado que constituyen actos de impulso aquellos que hacen avanzar el procedimiento hasta la sentencia (CNCom.,Sala C,E.D. 23-461, nº 45; Id.Sala A, L.L: 1975-A-401; SCBs.As., J.A. 1968-V-433,nº31); deben servir para que el mismo de un paso hacia adelante de acuerdo a su estado (Trib.Coleg. Juicio Oral, Santa Fé, Zeus 1-417, nº21), es decir, el acto de impulso ha de ser adecuado al estado del proceso (CNCiv. Sala B, E.D. 32-41; Id.Sala C, L.L. 1976-A-491, 33.211-S; Id. Sala F, E.D. 48-691;Id. Sala A, L.L. 125-763,14.776-S).

Por lo expuesto, y habiendo dictaminado en igual forma la señora Fiscal de Cámara a fojas 1409, se declara la caducidad de la segunda instancia respecto del recurso de apelación interpuesto a fs. 1308. Con costas (arts. 67,68 y 73 del Cód.Proc.).

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.
Docentes, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Roulier Gutiérrez de Manso, Ana Alicia c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

Si el acto ejecutorio de la sentencia reincorpora al agente desconociendo los ascensos ocurridos, vulneran su derecho a la carrera emergente de la relación jurídica con la demandada legitimándola para acudir nuevamente a esta instancia.
Derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, residencia habitual del niño, menores
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: R., G. D. - M., V.  c/  s/ Divorcio vincular - No contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2019-12-02

En respuesta al principio de autonomía progresiva, no puede soslayarse que la opinión del hijo adquiere protagonismo y preponderancia en una materia en la cual está en juego el desarrollo de su vida cotidiana. Precisamente, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce y legitima a las personas menores de edad como seres humanos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar sus opiniones. Aunque es sabido que resulta insuficiente justificar una decisión por mera referencia a la opinión del hijo, es imprescindible apreciar su voz en los conflictos familiares que los involucran directamente.
Prueba pericial, carácter vinculante
Materia: LABORAL
Carátula: ZANONI, Jorge Leandro c/ INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-03-21

Si bien la opinión de los peritos carece de valor vinculante para el órgano jurisdiccional, para que éste pueda apartarse de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los peritos se encuentra reñida con principios lógicos o máximos de experiencia; o de que existan en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia. La sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos de este tipo, de mayor valor, aceptar las conclusiones dadas por el perito.
Daño punitivo, ley de defensa del consumidor, seguro colectivo, incapacidad permanente, siniestro, vejaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL-PENAL
Carátula: Reyes, Pedro Mariano  c/ Nación Seguros de Vida SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

Corresponde rechazar la pretensión de imponer una multa en concepto de daño punitivo (LDC 52 bis) a una aseguradora con motivo de la falta de pago de la suma asegurada en el contrato de seguro colectivo, con motivo del accidente que le causó una incapacidad total y permanente a la accionante. Ello así, pues si bien la accionada se expidió fuera de término rechazando la cobertura; sin embargo, esa sola circunstancia no configura un accionar doloso o configurativo de una culpa grave de la aseguradora; por el contrario, de semejante inobservancia se deriva exclusivamente la consecuencia prevista por la LS 56, esto es, la aceptación tácita de la denuncia del siniestro, sin que ello suponga sin más una particular subjetividad de la aseguradora o un trato vejatorio para con el asegurado con aptitud para desencadenar la sanción punitiva, desde que solamente se trata del normal juego de la ley de seguros; por lo demás, no concurren elementos de juicio de excepción que autoricen pensar otra cosa, ni el actor los ha identificado.