Denegatoria del recurso, declaración de inconstitucionalidad, confirmación de sentencia, contrabando, tentativa, política criminal, monto de la pena, prisión, fallos de la Corte Suprema, insuficiencia del agravio, escala penal, estupefacientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Iván Gabriel. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-10

Corresponde rechazar el recurso de casación e inconstitucionalidad interpuesto por la defensa pública oficial; declarar la constitucionalidad del art. 872 del Código Aduanero y confirmar la resolución recurrida. Tal como me he expedido en anteriores oportunidades, la equiparación de penas entre el contrabando y su tentativa que establece el art. 872 del Código Aduanero no vulnera ninguna garantía constitucional que consagra nuestra Carta Magna. Ello así, desde que la asimilación punitiva prevista por el ordenamiento aduanero - sustentada en la particular naturaleza del delito de contrabando, en orden a su comprobación- reconoce como fundamento una razón objetiva de tratamiento diferenciado, que no parece arbitraria, sino fruto del uso de la discreción legislativa. Y por lo tanto son cuestiones de política criminal que no resultan materia de pronunciamiento jurisdiccional, sino de debate legislativo, en tanto al Poder Judicial no le es dable invadir la zona reservada a los otros poderes, según la atribución que de sus competencias regula la Ley Fundamental. Con relación a la impugnación dirigida en contra del monto de la pena de prisión dispuesta, en el marco del procedimiento previsto en el art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, cabe señalar que a tenor de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Dapero", el recurrente no consigue demostrar los vicios jurídicos que invoca y tampoco rebate los fundamentos expuestos por el a quo. El tribunal condenó a la pena de prisión que había sido objeto del acuerdo entre las partes, respetando la calificación legal escogida por el fiscal y a la que el nombrado prestó conformidad. A su vez, el monto de pena representa el mínimo de la escala penal aplicable. Lo expresado basta para desestimar los agravios, pero más allá de eso, la defensa no logra demostrar el déficit de fundamentación que alega, pues invocó la supuesta "condición de extrema vulnerabilidad" del imputado; sin embargo, para fundarla alegó circunstancias que ya habían sido consideradas por el a quo como atenuantes (edad, ocupación, instrucción, etc.), motivo por el cual no se advierte cómo tal argumentación podría sostener una eventual reducción de la pena impuesta. Por otra parte, la valoración acerca de la presunta colaboración para individualizar otros partícipes de la maniobra delictiva que la defensa propone no encuentra sustento en las constancias de la causa, en tanto el Juzgado dispuso archivar las actuaciones atento a que los elementos probatorios acercados no significaron un avance de la pesquisa. Por lo demás, frente al intento de minimizar la entidad del ilícito bajo juzgamiento, no está de más agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en diversos precedentes que todos los órganos del Estado Argentino que intervengan en un proceso en el que se investigue el tráfico ilícito de estupefacientes deben comprometer sus mejores y máximos esfuerzos, en el ámbito de sus competencias, para que el enjuiciamiento sea agotado sin que queden impunes tramos de la actividad ilícita por la que la República Argentina asumió jurisdicción (Fallos 330:261 "Cabrera"; 332:1963 "Arriola" y 339:697 "Stancatti", entre muchos otros). Dr. Borinsky.