Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-06-15


Expte. Nº 4847 "C/ M. R. por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar- Casación" En la Ciudad de San Juan, a quince días del mes de junio del año dos mil diez, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?.

EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:

Contra la resolución de fecha 03/10/2008 dictada por el Sr. Juez del Primer Juzgado de Menores interpone recurso de casación la parte querellante constituida en autos, Sra. Adriana Vanesa Quiroga con el patrocinio del abogado Martín Castro Gabaldo.

El decisorio atacado (fs. 282/284 vta.) dispuso suspender a prueba el juicio seguido contra Raúl Horacio Moreno por el término de tres años y bajo una serie de condiciones allí consignadas, según lo previsto por el artículo 76 bis del Código Penal.

En el recurso articulado (fs. 292/296 vta.), en cuanto a la casación, básicamente se esgrimen los siguientes agravios: 1) Se habría omitido considerar que el damnificado es un menor de edad (a quién se le adeudan los alimentos) y ello conlleva necesariamente a la intervención de la asesora letrada de menores, a quién no se le ha dado ninguna intervención y menos aún en la audiencia, en violación a lo dispuesto por el artículo 59 del Código Civil, lo que tornaría nulo todo lo actuado y nula la sentencia. 2) El A quo habría concedido indebidamente el beneficio de la suspensión del juicio a prueba sin haber oficiado al Registro Nacional de Reincidencia, de donde habría surgido la cantidad de procesos penales y ejecuciones civiles existentes contra el encartado. 3) Se habría concedido el beneficio de la suspensión del juicio a prueba sin cumplimentarse los requisitos exigidos por la norma, tales como la reparación integral del daño (por cuanto el Juez ha obligado a recibir en pago un automóvil de menor valor que la deuda por alimentos existente en el Juzgado de Familia), el pago del mínimo de la multa correspondiente al delito, lo reglado por el artículo 27 bis del Código Penal, y las normas de conductas del imputado. 4) El Inferior habría desconocido los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20/11/1989.

En virtud de ello, el recurrente solicita se decrete la nulidad de la sentencia que concede indebida e ilegítimamente el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, ordenado continuar el juicio.

Con motivo de la queja por recurso denegado interpuesta por la querellante en Expte. N° 4675 del registro de la Sala Segunda de esta Corte -el cual se encuentra glosado a partir de fs. 309- la casación fue concedida y los autos elevados a esta instancia.

Es de destacar que -conforme constancias de fs. 333/350-, durante la tramitación de la queja y ante el juzgado de menores, la defensa de Raúl Horacio Moreno acompañó un depósito judicial de $ 20.000 en carácter de sustitución del vehículo automotor que fuera ofrecido como reparación del daño. Ante ello el apoderado de la querellante manifestó que retiraba la suma depositada en concepto de pago a cuenta de lo adeudado por alimentos (fs. 337 vta.). A fs. 343/345 obran presentaciones de la querellante donde manifiesta que la suma percibida ha sido imputada en concepto de pago de los alimentos atrasados.

A fs. 349 la Dra. Samira Berbari, en su carácter de asesora letrada de menores e incapaces, expresó que "en este juicio por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, siendo el imputado mayor de edad, no corresponde en principio la intervención de este Ministerio de Menores".

Convocadas las partes para presentar informes, a fs. 357 compareció la defensa quién manifestó que de las constancias de autos surge con claridad que el interés legítimo que motivó el recurso de casación se ha extinguido, la parte querellante ha omitido de manera grave y maliciosa comunicar a la Corte de Justicia, que con posterioridad a la interposición del recurso, ha procedido a consentir la sentencia recurrida y sus efectos, mediante el retiro de la suma de dinero ofrecida por el imputado como reparación integral del daño. También expresó que el presente es un proceso penal no civil por lo que la intervención de la Asesora de Menores no resulta necesaria, tampoco tiene por objeto garantizar la ejecución de cuotas alimentarias.

A fs. 359/361 tomó intervención el Sr. Fiscal General de la Corte, quién se pronunció fundadamente por el rechazo del recurso traído por la parte querellante.

Así las cosas corresponde expedirse sobre la cuestión planteada.

Y en tal sentido tan solo afirmar, como lo hace la defensa, que la actuación de la parte querellante con posterioridad a la interposición del recurso de casación demuestra claramente su falta de interés legítimo en sostener los agravios que oportunamente vertiera y que motivaron la apertura de esta instancia extraordinaria.

Efectivamente la única explicación lógica y jurídica para justificar el proceder de la recurrente es concluir que ha consentido tácitamente la resolución de suspensión de juicio a prueba oportunamente atacada, y los efectos de la misma; puesto que resulta inimaginable suponer que sus quejas se mantienen vigentes cuando finalmente se ha prevalido de la sentencia -que criticó e intentó nulificar sus efectos- para llevar a cabo una actuación procesal que el mismo resolutorio preveía.

Debe quedar en claro que el letrado de la querellante no puede sostener por un lado que lo actuado en el proceso y la sentencia dictada resultan nulos de nulidad absoluta y luego, por otro lado y con posterioridad a ello, retirar el dinero depositado por el imputado -en cumplimiento de lo decidido por el magistrado en su resolutorio- en carácter de reparación del daño ocasionado por el delito. Es oportuno preguntarse sólo hipotéticamente qué ocurriría procesalmente o bien en qué situación se encontraría la querellante -respecto del dinero depositado en cumplimiento de lo resuelto y luego retirado- si la sentencia fuese casada con motivo de la vía recursiva intentada oportunamente ¿?. Creo que la única respuesta posible es afirmar que la querellante con su accionar ha consentido en todos sus términos la sentencia dictada. Resulta más que evidente la posición del letrado de la querellante en colocarse en plena contradicción con su comportamiento anterior.

Así las cosas no procede la casación por falta de interés legítimo de la recurrente, ello en tanto el interés es la medida de las acciones y de los recursos.

En tal sentido esta Sala tiene dicho invariablemente que el gravamen que genera la interposición de un recurso debe ser actual, y de no ser así, la impugnación no es viable, desde que la decisión judicial sería inoficiosa o inútil atento a que, al no mediar gravamen suficiente, la cuestión termina por resultar abstracta (cfr. P.R.E. S.2ª. 1998-III-430/432 y P.R.E. S.2ª. 2005-II-305).

Fuera de todo lo dicho, y tras analizar detenidamente todo el expediente, no queda mas que decir que en el sub examine no se advierten vicios de envergadura tal que ocasionen nulidad alguna o descalifiquen de modo esencial el fallo dictado. Considero que ninguna de las partes intervinientes ha visto cercenados sus derechos de modo que resulte algún perjuicio.

Propugno entonces que el recurso de casación sea desestimado y, en atención al proceder de la parte recurrente -de deslealtad hacia el tribunal- que con su accionar ha ocasionado un evidente dispendio jurisdiccional, se le formule un severo apercibimiento al letrado de la querellante (art. 17 Inc. I de la Ley 5854).

Así voto.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar el recurso de casación interpuesto. II) Formular un severo apercibimiento al abogado Martín Castro Gabaldo, letrado de la querellante (art. 17 Inc. I de la Ley 5854). Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.- Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega. Ante mí: María Graciela Aguilar de Fornés-Secretaria Letrada.

NIL Cp-4847 P.R.E. S.2ª. 2010-II-328