Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-06-11


SALA SEGUNDA Expte. Nº 5044/09 "INCIDENTE DE EX CARCELACIÓN a favor de Héctor Da-niel Villafañe - Casación" En la Ciudad de San Juan, a once (11) días del mes de junio del año dos mil diez, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?.

EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:-Contra la resolución dictada por la Sala I de la Cámara Penal y Correccional en fecha veintitrés de Octubre de dos mil nueve, interpone recurso de casación la defensa de Héctor Daniel Villafañe.

El auto referido confirmó la resolución dictada por el titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, por el que se le denegaron los beneficios de la excarcelación al nombrado, toda vez que la escala penal resultante de la imputación efectuada impediría - en caso de recaer condena - que fuera de ejecución condicional, ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 375 inciso 1° del Código Procesal Penal.

Al momento de precisar sus agravios el recurrente invocó los dos supuestos previstos por el art. 580 del C.P.P., expresando - con respecto al primero de ellos - que la decisión denegatoria ha sido posible interpretando y aplicando erróneamente las disposiciones que regulan el instituto de la excarcelación, concretamente los arts. 373 inc. 1° y 375 inc. 1° del C.P.P. y que la aplicación efectuada implica desoír los mandatos constitucionales que regulan el derecho a la excarcelación que tienen carácter operativo.

La pretensión recursiva es que este tribunal declare - como doctrina aplicable - que las presunciones establecidas en las normas procesales regulatorias de la excarcelación - temor procesal de fuga o entorpecimiento de la investigación - como la relativa a la posibilidad de que la condena a recaer sea de ejecución en suspenso (conf. Art. 26 del C.P.), tienen carácter juris tantum y por ende pueden ser desvirtuadas cuando no sea posible acreditar la existencia de riesgo procesal en la soltura del imputado.

En relación al segundo sostiene que la resolución impugnada es nula por defecto de fundamentación, al haber omitido expresar las razones que permiten suponer que en caso de concederle la libertad, el imputado podría frustrar la investigación o sustraerse a la acción de la justicia, ignorando de tal modo, la cuestión planteada por la defensa referida a la inexistencia de riesgo procesal.

En este aspecto sostiene que el fallo resulta arbitrario al declarar dogmáticamente que la pena en abstracto del delito enrostrado constituye óbice a la concesión de la excarcelación por aplicación del artículo 375 inc. 1° del C.P.P., omitiendo analizar el planteo excarcelatorio en el que en forma concreta se alegó la inexistencia de elementos que permitan estimar que en libertad, Villafañe podría frustrar la investigación o bien sustraerse a la acción de la justicia, limitándose a declarar que el imputado, dada su condición de miembro de la fuerza policial, podría influir en el desarrollo de la investigación, entorpeciéndola.

Concedido que fue el recurso y elevados los autos a este Tribunal, se notificó a las partes la recepción de los autos a los fines dispuestos por los arts. 582 y 571 primera parte del C.P.P., dándose inicio al plazo de presentación de informes, en cuyo transcurso compareció el recurrente quien ratificó los argumentos vertidos en el escrito de interposición del recurso, haciendo lo propio el señor Fiscal General quien, peticionó la desestimación del recurso a mérito de no adecuarse la situación del imputado al supuesto excarcelatorio previsto por el art. 373 inc. 1° del C.P.P.

En tal sentido citó lo que Fiscalía General expresara en Expte. n° 4180 caratulado "Incidente de excarcelación a favor de Alejandro Agustín Pereyra" sosteniendo que el artículo 375 inciso 1° de la ley ritual ha establecido una valla objetiva y concreta para impedir el beneficio, y es a partir de ella, que deberán evaluarse las pautas subjetivas previstas en el párrafo siguiente, por lo que considera que la pretensión de que se dicte una resolución contrariando el mandato expreso de la ley, constituye una situación de imposible recepción, expresando además que quienes propugnan que los arts. 373 y 375 inc. 1° contemplan una presunción juris tantum que debería ser evaluada en consonancia con los argumentos para justificar el riesgo procesal, sólo constituiría una suerte de profecía o conjetura sobre un hecho futuro.

Por otra parte refiere que sólo efectuando una interpretación contra la ley puede sostenerse que la limitación objetiva es una presunción juris tantum que necesita ser evaluada en consonancia con el peligro de fuga, ya que ello no surge ni tangencialmente del art. 375 inc. 1° del C.P.P., citando en último término la doctrina sentada en P.R.E. S.2ª 2002 - I - 147 en donde se dijo que la valoración a realizarse durante la etapa instructoria a los fines de la concesión o no del beneficio excarcelatorio, sólo debe estar fundada en los criterios objetivos señalados por el ordenamiento procesal, esto es, que, de acuerdo al monto mínimo previsto por la figura penal de que se trate y la ausencia de antecedentes condenatorios, no se pueda descartar que la eventual pena a recaer, sea de ejecución en suspenso.

Que habiéndose efectuado el llamamiento de autos para dictar sentencia, la presente causa ha quedado en estado de ser resuelta.

Tal como lo sostuve en Expte. 3934, debe afirmarse que - de la Constitución Nacional (arts. 14 y 18), de la Constitución Provincial (art. 31), de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la C.N.), particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9.3) no menos que de los arts. 3 y 330 del Código Procesal Penal de San Juan - debe entenderse que la prisión preventiva es, en sustancia, un encarcelamiento preventivo de naturaleza cautelar, sometido a los clásicos requisitos de tales medidas asegurativas previstos en la legislación procesal: la verosimilitud del derecho invocado (en el proceso penal, la acreditación seria de "mérito sustantivo") y el peligro en la demora en tutelar tal derecho (en el ámbito penal el riesgo de fuga y el peligro de que se manipule la prueba entorpeciendo el proceso y el logro de sus fines). Tales extremos deben ser debidamente acreditados por el Estado en su facultad de perseguir el castigo por la comisión de delitos. En conclusión: no estando probados tales extremos, la libertad del encausado se impone pues su encarcelamiento carece de justificación.

La limitación al derecho de la libertad personal, siempre debe ser interpretada a favor de la vigencia del derecho en virtud del principio pro homine, razón por la que deben desecharse todos los esfuerzos efectuados en aras de fundamentar la prisión durante el proceso, basados en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de cometer delitos en el futuro, la repercusión social del hecho, etc., toda vez que se apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva.

La gravedad del delito y el monto de la escala penal prevista, son criterios objetivos y resultan pertinentes para evaluar la existencia de peligrosidad procesal, aun cuando por sí solos no resulten suficientes para fundar una denegatoria de excarcelación.

En efecto, las pautas mencionadas deben ser evaluadas en concomitancia con los dos factores de riesgo de que el imputado se fugue o que en libertad obstruirá la acción de la justicia.

La objetiva y provisional valoración de las características del evento investigado, en cuyo marco la conducta del imputado fue calificada como constitutiva de los delitos de "Privación ilegítima de la libertad"; "Extorsión" e "Incumplimiento de los deberes de Funcionario Público", incidiría en principio desfavorablemente sobre el instituto solicitado por la defensa. Sin embargo, la sola consideración del monto resultante de la escala penal atribuida si no se cuenta con ninguna pauta objetiva que establezca que éste intentará eludir el accionar de la justicia, torna procedente su libertad.

Así, advierto que la resolución denegatoria hizo mérito de su calidad de funcionario policial, del grado de responsabilidad que le atañía en el cumplimiento de sus funciones, de velar por el cumplimiento de las leyes y del abuso que habría hecho de su cargo, omitiendo valorar las pautas que necesariamente deben acompañar a la circunstancia objetiva del monto de la pena a imponer.

En tal sentido es de destacar también lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la invocación del mero criterio cuantitativo de la escala penal presuntamente aplicable en una hipotética sentencia condenatoria futura para justificar la denegación de una excarcelación cuando dijo: "En este sentido, la sola referencia a la pena establecida por el delito por el que ha sido acusado y la condena anterior que registra, sin que precise cuáles son las circunstancias concretas de la causa que permitieran presumir, fundadamente, que el mismo intentará burlar la acción de la justicia, no constituye fundamento válido de una decisión de los jueces que sólo trasunta la voluntad de denegar el beneficio solicitado" (Fallos 320:2109).

De otra manera, la prisión preventiva se convertiría en la aplicación de una verdadera pena anticipada en abierta violación al art. 18 de la C.N. que prohíbe penar sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Se caería en el vicio de que en el proceso penal ". no solamente se hace sufrir a los hombres porque son culpables sino también para saber si son culpables o inocentes. el proceso mismo es una tortura" (CARNELUTTI, Francesco "Las Miserias del Proceso Penal", EJEA, Bs. As., 1959, pág. 75).

Efectuar una interpretación "iuris et de iure" del art. 375 del C.P.P. conculca garantías constitucionales, y la sola sospecha de que el imputado, por el monto de la pena que se espera en caso de recaer condena, intentará eludir la acción de la justicia, no puede justificar ningún encarcelamiento preventivo constitucionalmente autorizado, por ello, si no se encuentra acreditado el peligro de fuga sumado a la escala penal correspondiente al delito que se le atribuye, debe hacerse lugar al beneficio excarcelatorio solicitado.

Por las consideraciones efectuadas, voy a propiciar se admita el recurso interpuesto, casando la sentencia atacada y concediendo en consecuencia los beneficios excarcelatorios a Héctor Daniel Villafañe, en la forma y bajo las condiciones que determine el tribunal de mérito, adonde deberán bajar los autos.- Tal es mi voto.

EL SEÑOR MINISTRO DR. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJO:

Analizadas las constancias del Incidente de Excarcelación a favor de Héctor Daniel Villafañe, como así los autos principales requeridos ad effectum videndi, voy a disentir con las conclusiones a las que arriba el señor Ministro preopinante, propiciando la confirmación del auto impugnado toda vez que las consideraciones efectuadas resultan suficiente y razonable fundamento de la decisión de no hacer lugar al recurso, no advirtiendo tampoco que adolezca de vicio alguno.

En efecto, dentro de aquéllas voy a destacar la que concluye que ". aún en la alternativa que se considerase que aquellos supuestos de improcedencia establecidos por la ley procesal revisten naturaleza de presunción juris tantum y no juris et de jure (art. 3785 inc. 1° ibídem), en la causa existen antecedentes suficientes que hacen presumir que de otorgarse la libertad, aquél eventualmente podrá alzarse contra los fines del proceso." expresando a continuación ". en ese aspecto tengo en cuenta las condiciones personales del prevenido, empleado policial las que, a más de determinar una mayor responsabilidad y deber de obrar conforme a la ley, es dable señalar que teniendo en cuenta dicha condición y el estado por el que transita el proceso - etapa de instrucción - éste en libertad podría influir en la obtención de la prueba, especialmente en los testigos, induciéndolos a falsear su declaración o sustraerse al deber de presentarse al llamado judicial. Conforme a ello, todas esas circunstancias, unidas al monto de la pena mínima probable de imponer (cinco años) que resulta de extrema gravedad, implica que en cualquiera de los casos, la condena a aplicar será grave y de cumplimiento efectivo, vienen a reforzar aquel impedimento legal que fija el art. 375 inciso 1° del Cód. Procesal Penal.".

El análisis que efectúa el a-quo excede el cálculo meramente matemático que impone el artículo 375 inciso 1° de la ley del rito y avanza sobre si existe peligro de que se afecten los fines del proceso concluyendo en que ". existen antecedentes suficientes." en la causa que le hacen presumir que en el caso, tal peligro existe y efectúa algunas consideraciones para apoyar tal afirmación que están transcriptas en el párrafo que antecede.

Tales consideraciones, si bien escuetas, constituyen suficiente fundamentación de la decisión que adopta el fallo recurrido y que - por ende - reúne los recaudos mínimos que deben observarse en estos casos, tal y como lo he sostenido en P.R.E. S.2ª 2006 - IV - 623, es decir que, además del encuadre en el artículo 375 inc. 1° del C.P.P., deben hacerse mérito de circunstancias de la causa que acrediten que ". existen motivos para que el imputado frustre los fines del proceso.".

Al respecto debe aclararse que lo que debe y puede probarse es sólo la existencia de peligro procesal, esto es, la posibilidad de que el imputado - en libertad - pueda frustrar los fines del proceso, es decir, una posibilidad de cometer acciones futuras que pueden o no darse, y es lo que el a-quo con fundamentos que estimo suficientes, ha considerado acreditado en autos, no surgiendo circunstancias obstativas de la conclusión a la que arribo, prueba de ello es la testimonial obrante en autos, la declaración indagatoria rendida por el imputado y el resto de las constancias de la causa que corroboran la razonabilidad del decisorio recurrido, todo lo que me lleva a propiciar el rechazo del recurso interpuesto y la confirmación del auto recurrido.- Tal es mi voto.

EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:

Que adhiere al voto del señor Ministro doctor Juan Carlos Caballero Vidal.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

Admitir por mayoría el recurso interpuesto por la defensa y en consecuencia otorgar los beneficios de la excarcelación a Héctor Daniel Villafañe, de circunstancias personales conocidas en autos, bajo la caución que el tribunal de origen se servirá determinar, a cuyo fin deberán remitirse los presentes autos al tribunal de origen.

Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.- Fdo. Dres.: Juan Carlos Caballero Vidal, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero. Ante mí: Dra. María Graciela Aguilar de Fornés, Secretaria Letrada.

Cp-5044 E.B.T.

P.R.E. S.2ª.- 2010-II-313