Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-02-11


L. DE S. Tº 99, Fº 99/105 En la ciudad de San Juan, a 11 días del mes de Febrero del año dos mil ocho, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y los señores Vocales DRES. GILBERTO A. RIVEROS y PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer de los recursos de apelación que se interpusieran contra la sentencia recaída en autos N° 19.230 (54.835 - 4º CIVIL) caratulados "S.E.C. SRL C/ COOP. ELÉCTRICA AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE CAUCETE LTDA. - COBRO DE PESOS - ORDINARIO", dictada en fecha veintinueve del mes de noviembre del año dos mil seis, obrante a fs. 237-240, de estos autos originarios del Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recursos que una vez concedidos tuvieran debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El A quo encontró fundamento suficiente, en la sentencia dictada en fecha 29 de noviembre de 2006, cuya copia obra agregada a fs. 237, para hacer lugar parcialmente a la pretensión incoada por S.E.C. SRL condenando a la Cooperativa Eléctrica Agroindustrial de Servicios de Caucete Ltda. a pagar la suma de $ 24.185, con más los intereses convenidos desde que son debidos y hasta su efectivo pago. Las costas son impuestas por el orden causado.

Contra este decisorio, la parte actora a fs. 241 y la demandada a fs. 244, interponen recurso de apelación que concedido y elevado a este tribunal el expediente quedó en condiciones de sustanciarse.

La parte actora a fs. 259 expresa agravios contra la sentencia en la parte que deniega el reclamo en concepto de daños y perjuicios, argumentando que lo que se reclama era una pérdida de chance y que dicha pérdida sólo era indemnizable en caso de incumplimiento malicioso por tratarse de una consecuencia mediata previsible y al no estar acreditada la malicia, no era indemnizable aquella chance.

Critica a la sentencia sosteniendo que el A quo se ha limitado a transcribir párrafos completos de una obra, sin realizar el menor análisis de estas consideraciones jurídicas referenciadas con relación al presente proceso, lo que invalida como acto jurisdiccional por cuanto es meramente dogmático.

El sentencia se equivoca cuando califica como pérdida de chance cuando en realidad la ganancia dejada de percibir por el incumplimiento se identifica como lucro cesante. En efecto, en autos se reclamó un porcentaje del total que hubiera cobrado su parte hasta la finalización del contrato, que fue considerado como la utilidad que le hubiera significado el cumplimiento del contrato por parte de la demandada y no sólo la pérdida de una oportunidad o chance de permitir obtener ganancia.

Cita doctrina en aval de su posición que enseña que lucro cesante se denomina a la utilidad o ganancia cierta y no puramente eventual o hipotética de la cual es privada la víctima. En autos los daños reclamados son pura y exclusivamente aquellos que surgen de la resolución contractual como consecuencia del incumplimiento, esto es, producido el incumplimiento por parte de la demandada, se resolvió el contrato y su mandante se vió privado de obtener la utilidad que le reportaba aquel, y que la obtendría hasta la finalización del mismo en el mes de noviembre de 2002. El reclamo, insiste, no es ni mas ni menos que la consecuencia inmediata y necesaria de la inejecución del contrato por la demandada y no una pérdida de "chance" como erróneamente califica el A quo.

En segundo lugar, se agravia para el hipotético caso de que se mantuviera la calificación de chance, sosteniendo que en autos ha quedado demostrado que el contrato se había prorrogado automáticamente el 15/11/2000 hasta el 15/11/2002, el monto acordado como pago por lo cual la certeza del daño causado por el incumplimiento surge patente. Asegura entonces que como la demandada no cumplió impidió las ganancias de su parte por el resto del plazo de vigencia del contrato, por lo cual deberá revocarse la sentencia en la parte que impugnó y hacerse lugar al reclamo de daños y perjuicios.

En tercer lugar, sostiene que el A quo se equivoca cuando sostiene que el reclamo por daños de su mandante es una consecuencia mediata previsible del incumplimiento y, por tanto, no resultaría indemnizable ya que se trata de una consecuencia inmediata y necesaria indemnizable. Cita doctrina y el contenido de los art. 216 del Código de Comercio y 1204 del Código Civil donde expresamente se autoriza al acreedor para reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios; a partir de ello, las consecuencias que se derivan o surgen por la no continuidad del mismo contrato por el plazo pactado, sin que medie un hecho o acontecimiento distinto que no esté asociado al hecho originario.

Finalmente descalifica el recurrente las aseveraciones de la sentencia exponiendo que si hubiera continuado con la lectura del libro hubiera encontrado la parte en la cual se le acuerda razón cuando existe incumplimiento del deudor que genera la resolución contractual.

Formula reservas.

Corrido traslado a la contraria, ésta no hace uso de su derecho de defensa.

Por el contrario, a fs. 264, la demandada procede a presentar los fundamentos de su recurso entendiendo que le causa agravio que el a quo haya definido a su parte como la incumplidora y como consecuencia de ello, que haya sido quien motivó la resolución del contrato.

Para sostener su posición sostiene que se negó que se adeude la suma reclamada, pues la cooperativa ha dado cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo, por ende se niega que la resolución del contrato tenga lugar por incumplimiento.

Al absolver posiciones el representante legal de la cooperativa reconoce que el accionante dejó de prestar los servicios de salud a que se comprometiera con anterioridad a que la cooperativa demandada dejará de abonar los importes mensuales.

El resto de la documental como de la prueba testimonial rendida resulta también que es primero el actor quién deja de prestar los servicios médicos a favor de los asociados de la Cooperativa.

Para descalificar la pericial dice que no ha compulsado la documental dado que cita como documento el Libro Mayor el que no es llevado por la Cooperativa demandada. Las manifestaciones del perito, dice son amplias y carentes de nociones técnicas, no individualiza en forma concreta y detallada la documentos que dice que tuvo a la vista.

Cita doctrina judicial.

Más adelante indica que el dictamen del perito habla también de la utilidad que aportada el contrato al actor, asegurando que esa utilidad no es tal, no existe suma fija acordada en el convenio celebrado entre las partes ya que en el contrato se estableció que se abonaría un importe "per cápita" que el término de cada mes daría el importe a abonar, el que variaba según fuera la cantidad de prestaciones que prestara la empresa accionante a favor de su parte.

Formula reserva de derecho.

Corrido traslado a la contraria, la actora se presenta a fs. 268 y sig. y en base a los argumentos que expone solicita la desestimación del recurso con costas.

Planteado del modo antes señalado y por razones de orden lógico corresponde tratar, en primer término, la presentación formulada por la demandada, la cual, sin lugar a duda no cumple con los requisitos exigidos por el art. 265 del C.P.C. dado que no realiza una crítica concreta y razonadas de las partes del fallo que considera equivocado. En reiterados pronunciamiento se ha sostenido que no basta con exponer una mera disconformidad con el contenido del fallo sino que es necesario desmoronar el edificio lógico - jurídico que construyó el A quo para adoptar la resolución que se pone en crisis. Y a partir de ello, exponer los fundamentos en los cuales se estima se debería sostener la nueva resolución.

En autos la demandada solo formula una mera exposición de discrepancia con la decisión de condenarla a abonar la suma de $ 24.185, sin exponer una critica puntual y razonada de las partes de la documental donde queda acreditada sus aseveraciones. Por el contrario, solo realiza cuestionamiento genéricos que de modo alguno constituyen, técnicamente, agravios.

Además de ello, para acreditar el pago de una deuda de cualquier especie existe una prueba ineludible que es el recibo, el cual por cierto no es traído por la demandada.

Es por ello que propongo al tribunal que se declare desierto el recurso.

En cuanto al cuestionamiento realizado por la actora el contenido de los artículos 1204 del Código Civil y 216 del Cód. de Comercio autorizan al acreedor cumplidor para reclamar los daños y perjuicios derivados de la resolución contractual.

En este contexto la damnificada por el no pago de las cuotas reclamó los daños y perjuicios derivados del incumplimiento que como bien califica en su expresión de agravio la actora, no se trata de una "chance" sino de un lucro cesante que se deja de percibir como consecuencia de la resolución contractual.

En autos Nº 14.385 "Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. c/ Provincia de San Juan - Contencioso Administrativo", (L.S. Tº 70, Fº 141/179, 26/06/97), este tribunal dijo que "el rubro lucro cesante indemniza no la pérdida de una mera expectativa o probabilidad de beneficios económicos futuros, sino el daño que supone privar al patrimonio damnificado de la obtención de lucros a los cuales su titular tenía derecho, es decir, título, al tiempo en que acaece el eventus damni (Zannoni, Eduardo, "El daño en la responsabilidad civil" Ed. Astrea, pág. 74)". Este autor agrega párrafos mas adelante que "...la chance es la posibilidad de un beneficio probable, futuro que integra la facultad de actuar del sujeto en cuyo favor la esperanza existe. Privar de esa esperanza al sujeto conlleva daño, aún cuando pueda ser dificultoso estimar la medida de ese daño, porque lo perdido, lo frustrado, en realidad, es la chance y no el beneficio esperado como tal..." (ob. cit. pág. 78)...".

Para completar el deslinde conceptual del lucro cesante, resulta oportuno citar el pensamiento de Mariano Medina Crespo, en su ponencia presentado en el Quinto Congreso Nacional organizado por la Asociación Española de Abogados especializados en Responsabilidad Civil y Seguros, Pamplona nov-2005, denominado "El resarcimiento del lucro cesante causado por la muerte..." donde dijo que "opuestos los conceptos de daño emergente (damnum emergens; quantum mihi abest) y lucro cesante (lucrum cessans; quantum lucrari potui), el primero constituye un empobrecimiento patrimonial, mientras que el segundo constituye una falta de enriquecimiento o falta de crecimiento patrimonial; en el primero, la pérdida o detrimento consiste en algo que sale del patrimonio, mientras que en el segundo consiste en algo que deja de entrar en él; en un caso, hay riqueza perdida, algo que se va, y, en el otro, riqueza inconseguida, algo que no viene; en un caso, hay la disminución de una utilidad integrada de antemano en el patrimonio del sujeto perjudicado, y, en el otro, privación de una utilidad no poseída, pero que se habría poseído y habría formado parte de su activo patrimonial.

El lucro cesante es un daño de relativa certeza, pues se apoya en un juicio de probabilidad y no de seguridad, entendiéndose que es ganancia frustrada la que era de esperar de acuerdo con el curso normal de los acontecimientos o regularidad de las cosas (id quod plerumque accidit),...".

En el caso de autos, la parte actora cuenta con un contrato frustrado por el incumplimiento del demandado, es decir, por culpa de éste.

A partir de ello, la empresa actora pierde efectivamente, y con un alto grado de certeza, una posibilidad cierta de haber ingresado a su patrimonio una ganancia si el contrato se hubiera ejecutado conforme a lo pautado.

En función de ello, cabe acordar una suma en concepto resarcitorio por el lucro cesante o en otras palabras, por las ganancias que se vió privada hasta la finalización del contrato. La cuantificación del resarcimiento debe tener en cuenta la orfandad probatoria, pues se debió producir prueba pericial en la cual se tuvieran en cuenta los costos de la prestación que le correspondía a la actora y en función de ello, precisar el margen o porcentual de ganancia.

La actora reclama el 30% sobre un ingreso mensual pactado de $ 4.837.

Ahora bien partiendo de que en el ámbito comercial no se celebran contratos sin especulación de lucro, sin lugar a hesitación, la empresa actora, debió tener un margen de ganancia que estimo, prudentemente atendiendo los antecedentes de la causa, en el 20% de la prestación mensual a cargo de la Cooperativa demandada. Por ello, propongo al tribunal se conceda la suma de $ 16.445,8, a la cual se le deberán agregar los intereses desde noviembre de 2002, fecha de finalización normal del contrato.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Admitir el recurso interpuesto por la actora a fs. 241, en consecuencia fijar en concepto de lucro cesante a cargo de la demandada la suma de $ 16.445,80 más los intereses desde noviembre de 2002, fecha de finalización del contrato. II) Declarar desierto el recurso impetrado por la demandada a fs. 244. III) Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida.

Los DRES. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS y GILBERTO A. RIVEROS, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Admitir el recurso interpuesto por la actora a fs. 241, en consecuencia fijar en concepto de lucro cesante a cargo de la demandada la suma de Pesos Dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco con ochenta cvos. ($16.445,80) más los intereses desde noviembre de 2002, fecha de finalización del contrato.

II) Declarar desierto el recurso impetrado por la demandada a fs. 244.

III) Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.