Proceso penal, prisión preventiva, excarcelación, cuestiones procesales, derecho a la salud, falta de agravio concreto, cuestión no federal, inadmisibilidad del recurso, medidas de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: BAEZ, Martín Antonio s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-26

Corresponde hacer lugar al recurso y reenviar para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, pues la resolución recurrida no cuenta con la fundamentación suficiente para considerarla motivada en los términos del art. 123 del C.P.P.N., razón por la cual debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido. En efecto, por un lado, se advierte que el a quo prescindió de atender -más allá de una alusión formal sobre la temática- los agravios que postulaba el recurrente sobre las medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva, cuyo análisis se impone desde la entrada en vigencia del artículo 210 del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Dicho déficit derivó de uno anterior, relacionado con la argumentación de la existencia misma de riesgo procesal en la causa. Nótese que, más allá del nomen iuris utilizado por el a quo, asiste razón a la defensa al sostener que las referencias sobre los movimientos de flujo de dinero que se habrían verificado en la instrucción no implican per se la existencia de riesgo de entorpecimiento del proceso. Asimismo, dichas referencias tampoco se encuentran suficientemente conectadas con el riesgo de que no pueda asegurarse el producto del delito para un eventual recupero de activos. Es decir, la resolución impugnada no fundamenta por qué la conducta referida podría implicar un riesgo actual como el señalado y, menos aún, por qué considera que la prisión preventiva podría evitarlo. Por su parte, el propio tribunal indica que ".actualmente se encuentr[a]n en trámite los incidentes CFP 3017/2013/TO2/32 y CFP 3017/2013/TO2/12 donde se llevan a cabo medidas tendientes a detectar el patrimonio aún oculto para así evitar el provecho de los delitos investigados y asegurar el eventual recupero de activos" y, sin embargo, no expone los motivos por los que dicha actividad jurisdiccional resultaría insuficiente para lograr su cometido y justificar así la detención preventiva, máxime teniendo en cuenta el avanzado estado del trámite de la presente causa, lo que coadyuva a la inconsistencia del aludido peligro de entorpecimiento del proceso. En relación al peligro de fuga, el a quo adoptó una solución antagónica al criterio formulado por esta Cámara Federal de Casación Penal en el Plenario N° 13 "Díaz Bessone" y soslayó el reciente fallo dictado por de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Medina", de fecha 18/02/2020, en base al cual la consideración de la escala penal con que se conmina el delito atribuido y la gravedad del hecho no puede ser considerada condición suficiente para descartar el derecho del imputado de transcurrir el proceso en libertad. En lo que a este extremo refiere, tampoco ha tenido debida respuesta el argumento de la defensa relativo a la inexistencia de poder de disponibilidad de fondos por parte de Martín Báez, en atención a los embargos sobre su patrimonio y el congelamiento de las cuentas bancarias del nombrado, ya dispuestos en autos, con posterioridad a la circunstancia que motivó la detención aquí cuestionada. La falta de abordaje y consecuente consideración de este agravio contribuye a determinar la arbitrariedad del resolutorio en crisis, sumado a la ausencia de interés de la U.I.F. (parte querellante) en la permanencia de la medida cautelar criticada. Dres. Borinsky y Carbajo -voto conjunto-.