Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14


Buenos Aires, octubre 14 de 2003.

Considerando: I. Que a fs. 18/23 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones de fecha 23 de junio de 2003 suscriptas por la Jefa de la Agencia Nº 6 de la AFIP- Dirección General Impositiva, por las que se comunica la caducidad del plan de facilidades de pago establecido por el dec. 93/00 a cuyos beneficios se habría acogido la actora, liquidándose e intimándose el ingreso de los conceptos adeudados.

II. Que a fs. 26 se elevan los autos a esta sala "A", a fin considerar la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para entender en los mismos.

III. Que en primer término, en cuanto a la caducidad de planes de facilidades de pago en materia de aportes y contribuciones de Seguridad Social cabe señalar que la materia traída a litigio resulta extraña a los supuestos que abren la competencia de este organismo jurisdiccional, como se ha expuesto, entre otros, en la sentencia recaída el 17/09/97 en los autos caratulados: "Consorcio de Copropietarios Edificio Rivadavia s/apelación", en la que invocando lo resuelto en igual sentido por la sala "B" de este Tribunal in re "Visus, Eduardo" el 7/12/94, se dijo oportunamente en su parte pertinente: "Que del juego armónico del art. 29 del dec. 507/93, el que textualmente dice: 'serán asimismo de aplicación, con relación a los recursos de la seguridad social, las normas de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, que por vía reglamentaria determine el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los ciento ochenta días. No serán de aplicación supletoria otras normas de la citada ley', y del art. 1º del dec. 2102/93, el que expresa: 'serán de aplicación en relación con los recursos de la Seguridad Social... los arts. 16, 17, 18 -excluido el inc. f)-, 39, 55, 56, 58 -en lo que correspondiere-, 92 -excluido el séptimo párrafo y la remisión al art. 82 del noveno párrafo-, 95, 96, 98, 99, 103, 105 y 109 -excluido el tercer párrafo de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y sus modif.)-; cabe concluir que se excluyen de la competencia de este Tribunal las cuestiones relativas a los recursos de la seguridad social, no siendo de aplicación supletoria ninguna otra norma de la ley 11.683, si no ha sido prevista en los precitados decretos".

IV. Que en lo que respecta a la caducidad del plan relativo a deudas en concepto de Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado, cabe destacar que el art. 159 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) establece, en lo que aquí interesa, que "El Tribunal Fiscal será competente para conocer: a) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva o ajusten quebrantos por un importe superior a pesos dos mil quinientos ($ 2500) o siete mil pesos ($ 7000), respectivamente; b) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que impongan multas superiores a pesos dos mil quinientos ($ 2500) o sanciones de otro tipo, salvo la de arresto; c) De los recursos de apelación contra las resoluciones denegatorias de las reclamaciones por repetición de impuestos formuladas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y de las demandas de repetición que se entablen directamente ante el Tribunal. En todos los casos siempre que se trate de importes superiores a pesos dos mil quinientos ($ 2500); d) De los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, en los casos contemplados en el segundo párrafo del art. 81; e) del recurso de amparo a que se refieren los arts. 182 y 183...".

Analizados los actos venidos en recurso, los mismos no habilitan la instancia de este Tribunal en tanto no resultan determinativo de la materia imponible o sus accesorios en forma cierta o presuntiva, ni ajustan quebrantos, ni por lo demás imponen sanción alguna. Asimismo, debe destacarse que los actos apelados tampoco modifican el impuesto autodeclarado por el propio contribuyente, refiriéndose solamente a un aspecto vinculado con la forma de pago del mismo.

Debe tenerse presente que la Dirección General Impositiva no realiza sólo funciones "determinativas", ya que estando a su cargo la "aplicación, percepción y fiscalización de los tributos" ejerce para ello un cúmulo variado de funciones que se materializan, a su vez, en una variedad de actos jurídicos administrativos relativos ya sea a la percepción, a la recaudación, a la ejecución, a la devolución o a la determinación de los tributos, sea asimismo a la interpretación de normas que le atañen.

V. Que tal como lo ha decidido este Tribunal en reiteradas resoluciones, los actos que reúnen las características expresadas en el parágrafo anterior y que no se encuentren comprendidos en los incisos del art. 159 de la ley procedimental, como claramente ocurre en el sub lite, resultan ajenos a su competencia (vid. entre otros, "Microfon Argentina S.A.", sala B, 23/11/82; "Todolan Textil S.A.", sala A, 30/11/83; "Dopchiz, Alberto", sala B, 11/5/90; "Márquez, Guillermo César", 25/8/92).

Puede afirmarse desde ya que no todo conflicto tributario entre la Administración y los particulares es materia que permita un pronunciamiento válido de este Tribunal Fiscal.

Del conjunto de actos que continuamente produce la Dirección General Impositiva sólo un número determinado de ellos habilitan a los contribuyentes a iniciar una discusión en un órgano administrativo jurisdiccional como es este Tribunal Fiscal y que se encuentran expresa y explícitamente enumerados en el art. 159 de la ley de rito. Al respecto, los suscriptos consideran que la competencia adjudicada por la ley se relaciona con actos emanados de jueces administrativos y en funciones de tales, donde se ha querido excluir de esta instancia a las cuestiones relativas a la administración activa o meramente recaudatoria.

Por cierto que lo manifestado supra no implica de por sí que en aquellos casos en que no sea posible acudir a esta instancia, no existan remedios recursivos, pues en virtud de lo normado por el art. 74 del decreto reglamentario de la ley de rito, se establece un recurso específico para aquellos casos, al disponer que "cuando en la ley o el presente reglamento no se encuentre previsto un procedimiento recursivo especial los contribuyentes o responsables podrán interponer contra el acto administrativo recurso de apelación para ante el Director General". A su vez, el resultado de tal procedimiento revestirá el carácter definitivo y podrán impugnarse por la vía judicial, conforme lo dispone el art. 23 de la ley 19.549. De tal forma cualquier acto de la administración tributaria puede resultar, por una vía expresa o por una vía complementaria, impugnable tanto administrativa como luego, judicialmente (conf. TFN, sala B, "Cresol S.A.", 1/3/93).

Por lo demás el procedimiento de determinación de oficio se encuentra suficientemente reglado por la ley 11.683, estableciéndose un conjunto de reglas que hacen a los derechos de los responsables y contribuyentes, procedimiento nítidamente distinguible de aquellos actos que hacen a la actividad recaudatoria del ente fiscal; tales actos, según jurisprudencia constante de este Tribunal, no abren la competencia del mismo. Dentro de tal tipo de actos, se encuentran las notas que comunican la caducidad y/o el rechazo de un plan de pagos, que son resultado de aquella actividad de recaudación tributaria que se realiza a través de actos que por simple oposición terminológica pueden catalogarse como "no determinativos" y cuya impugnación, si no hay recurso previsto explícitamente, se encuentra reglada por el art. 74 citado.

En consecuencia, los actos apelados en autos por los que se disponen la caducidad y/o rechazo de planes de facilidades de pago presentados por la actora, intimándose en consecuencia impuesto y accesorios, son indudablemente de naturaleza no determinativa y por lo tanto inhábiles para abrir la competencia de este órgano jurisdiccional.

VI. Que no puede tampoco asignarse a los actos apelados naturaleza sancionatoria para poder encuadrarlos en el art. 159, inc. b, de la ley 11.683 (t.v.).

Y ello porque las intimaciones allí contenidas tienen su origen en la anulación de un beneficio, lo que no permite confundirlos con una "sanción". Esto es así porque tal consecuencia no es sino el resultado de no haberse observado el orden u oportunidad dado por la norma para la realización de un acto o hecho esto es, la consecuencia riesgosa o adversa para quien no cumple con un imperativo establecido en su propio interés. De este modo, incumplido aquel recaudo reglamentario, el objeto del vínculo jurídico entre el responsable y la administración fiscal no sufre un incremento cuantitativo, sino tan sólo el producto ordinario de la mora derivado de aquel incumplimiento.

Por ello, se resuelve: Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en el presente recurso. Sin costas, atento no haberse trabado la litis. Ernesto C. Celdeiro.- Ignacio J. Buitrago.- José E. Bosco.