Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2011-04-19


Resistencia, abril 19 de 2011.

1º ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos en autos? 2º En su caso ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Toledo dijo:

1. Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos a fs. 525/537 vta. por la parte actora contra la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de esta ciudad que obra a fs. 509/514. Elevada la causa, la misma se radica a fs. 546 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 585. A fs. 560/563 obra dictamen Nº 1124/09 del Sr. Procurador General Subrogante y a fs. 587 se llama autos para sentencia, quedando la cuestión en estado de ser resuelta. 2. A los fines de la consideración de los recursos incoados, comenzaré, en orden a su jerarquía y efectos, por el de inconstitucionalidad. a) Recurso de inconstitucionalidad: En el análisis de los requisitos que hacen a la admisibilidad formal del recurso en trato, advierto que el mismo ha sido interpuesto en término, por parte legitimada, quien oportunamente ha planteado la cuestión constitucional y la impugnada es una sentencia definitiva. Sostiene el recurrente que la Alzada no explica las razones por las cuales se afirma que el dominio público puede cesar de manera tácita por la conducta inequívoca y categórica del Estado, pero no concluye que esto se verificó en el caso, cuando hay constancias de que la Municipalidad aprobó un plano de luz para que otra empresa del Estado (SECHEEP) provea el servicio en forma pacífica, pública y no interrumpida por más de 20 años a un modesto trabajador y su familia que se asentó en una calle. Advierte que la persona que aprobó el plano de luz con su firma (funcionario público), no sólo da fe que el plano es instrumento público, sino que representa la voluntad misma del propio Estado-Municipio. Critica a las sentenciantes porque para rechazar la acción sostuvieron que en el inmueble hay una sala de bombeo, desagües y control de bombas pertenecientes al Municipio cuando es evidentemente su error. Explica que el terreno que describe el plano de luz tiene una superficie de 20 metros de frente por 25 metros de fondo y la bomba se encuentra ubicada a partir de los 35 metros de fondo, es decir, fuera del plano invocado para usucapir. Aduce que tanto si la bomba estuvo antes o después de que se le haya aprobado el plano de luz, mal puede la justicia desconocer la decisión política de que se le haya dado el lugar para que construya su casa. Alega la teoría de los actos propios. Reconoce que el plano es del año 1946, dado lo cual entiende que ya no se ajusta a la realidad porque existe otro posterior, año 1985, que reconoce su derecho. Inicialmente debo señalar, en cuanto a la impugnabilidad de la decisión, que los temas planteados por esta vía, atento su naturaleza fáctica, probatoria y de derecho común, se encuentran excluidos, en principio, de revisión en sede extraordinaria, por no guardar relación directa e inmediata con norma constitucional alguna, salvo la existencia de un vicio de naturaleza tal que haga descalificable lo decidido con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad (conf. Sent. Nº 444/02, entre muchas otras de esta Sala). A la luz de tales directrices y del examen de los agravios formulados, adelanto mi opinión en el sentido de que el recurrente no ha logrado demostrar la existencia de los vicios que denuncia, de entidad tal que hagan descalificable lo decidido en base a la doctrina precedentemente referida, apareciendo el pronunciamiento apoyado en fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios que -más allá que puedan o no ser compartidos- lucen suficientes para sostenerlo como acto jurisdiccional válido. Por tal motivo, voy a propiciar la desestimación del recurso, conforme los motivos que expondré a continuación. En efecto, del examen de la sentencia en crisis se advierte que la Alzada tuvo como principales fundamentos para confirmar la sentencia de grado los siguientes: a) "...la pretensión que el actor introduce en su demanda es obtener el dominio por prescripción veinteñal del inmueble en Cacique Ñare 173, Barrio Miranda Gallino, el que dice se identifica catastralmente como: s/p 20- 428, Manz. 1, Parc. 6, inscripta al Tº 2, Fº 362 año 1959 Dto. San Fernando. Con posterioridad amplia la demanda señalando que el inmueble está empadronado a favor de Juan Sosa Pinilla y que la Nomenclatura catastral es Circunscripción 2, Sección B Chacra 116, Manz. 92, Parc. 35, pero que en el Registro de la Propiedad está inscripto a nombre de Magdalena Elisabeth Jacobo. La demandada -Municipalidad de Resistencia- en su presentación de fs. 35/37 hace notar la confusión que existe en cuanto a quien es el legitimado pasivo contra quien dirigir la acción. A fs. 41/44 vta. introduce el tema de que el bien -confusamente individualizado- se ubica en una calle pública y que se encuentra afectada al uso público de acuerdo a las normas que regulan su ejercicio y plantea como defensa central, la imprescriptibilidad del mismo. Entre las pruebas agregadas se encuentra el informe de la Dirección General de Catastro (fs. 153/155) que hace conocer que 'el inmueble sito en calle Cacique Ñaré Nº 173 corresponde a calle pública según fuera creada por la Urbanización del sector ejecutada por Plano Mensura Nº 20-35-R'. A fs. 245/269 se glosa el informe pericial presentado por la Arquitecta B. G. M., que da cuenta de que el inmueble habitado por el actor conforme los datos del organismo antes mencionado, no se registra catastralmente, por lo que considera que presumiblemente la construcción esté asentada en la calle pública, calle que divide las manzanas 94 y 95. Seguidamente, manifiesta que de la lectura del Plano de mensura 20-15 R, se desprende que la vivienda en cuestión se halla erigida sobre calle pública, utilizándose la Parcela 001 de la Manzana 95, propiedad del Sr. Raúl Cerrutti, para acceder a la Sala de Bombeo, desagües y control de bombas (Conf. fs. 268 párr. 2do.). De lo expuesto se puede concluir que efectivamente la porción de terreno ocupada por el Sr. Duarte se halla emplazada sobre una calle pública" (fs. 512 y vta.) y b) "No se puede discutir el uso público que de ese predio, porque por él no sólo se accede a la ribera del Río Negro, si observa el plano (fs. 257) se puede apreciar que en el frente están instaladas las rejillas de desagüe pluvial, detrás de la casa del Sr. Duarte se encuentra ubicada la Sala de Bombeo, desagües y control de bombas" (fs. 513 vta.).Con dichos fundamentos, las sentenciantes entendieron aplicable al caso lo establecido por el ar. 2340 inc. 7 CC poniendo énfasis que los bienes de dominio público están sometidos a un régimen diferenciado cuyas notas más salientes son: "...la inalienabilidad -de lo que se deriva su inembargabilidad-, imprescriptibilidad y las reglas de policía de la cosa pública (autotutela del dominio público) (fs. 512 vta.). Coincide el representante subrogante del Ministerio Público, al opinar: "... los sentenciantes han efectuado una interpretación razonable de la normativa que estimaron de aplicación en la especie, conforme a las constancias de la causa y sus agregados por cuerda. De allí, que considero que las quejas formuladas por el recurrente sólo trasuntan su discrepancia con la solución a la que arribaron los camaristas, sobre la base de una inteligencia posible de disposiciones de derecho común y procesal, pues el pronunciamiento apelado, conforme el análisis efectuado precedentemente, contiene fundamentos suficientes que despejan la tacha de arbitrariedad endilgada por la quejosa" (fs. 561 vta./562). Cabe agregar que la pretensión del agraviado de fundar su queja en que la Alzada no valoró el plano de electricidad acompañado con la demanda resulta improcedente porque si de las constancias de la causa surge que dicho plano no permite determinar la situación del inmueble en cuanto a superficie, medidas, linderos y ubicación, tampoco expresar con toda exactitud la cosa demandada en los términos del artículo 310 inc. 3 CPCC (tal como lo pusieron de manifiesto los jueces de Alzada), menos aún puede servir de único fundamento para el dictado de la sentencia de prescripción adquisitiva y escrituración como se pretende. De allí que si de la prueba producida en el expediente se determinó fehacientemente la superficie, medidas, linderos y ubicación del inmueble (fs. 256/257), lo que determinó el derecho aplicable, no puede ahora el recurrente agraviarse con fundamento en un plano de electricidad que ni siquiera al inicio de la acción pudo determinar estos extremos, simplemente porque no fue hecho para ese fin. Las razones expuestas hacen improcedente la pretendida aplicación de la teoría de los actos propios. Como se puede apreciar con meridiana claridad, todas las aludidas circunstancias colocan lo fallado fuera del campo de revisión del recurso extraordinario, no advirtiéndose excesos que justifiquen tal intervención. Sobre el particular, esta Sala, ha sostenido reiteradamente que si lo resuelto por la Cámara cuenta con el adecuado sustento y se encuentra dentro del marco de facultades decisorias que les son propias, ello impide su revisión por parte de este Tribunal pues de lo contrario importaría incurrir en exceso de atribuciones que le son conferidas por vía del recurso extraordinario (conf. Sent. Nº 335/00, entre otras).En tal sentido cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia tiene decidido que "La tacha de arbitrariedad reviste carácter estrictamente excepcional y no tiene por objeto corregir en tercera instancia decisiones equivocadas o que se reputen tales, sino que atiende a supuestos de gravedad extrema en los que media un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación" (Fallos 307:75 y Sent. Nº 180/96 y Nº 123/98, entre otras); como así, que no resulta procedente la tacha de arbitrariedad si los fundamentos dados por los sentenciantes tienen como base los hechos de la causa y el derecho estimado aplicable, lo que confiere a la decisión cuestionada sustento suficiente, sin que resulte eficiente la discrepancia del recurrente para otorgar vida a la arbitrariedad (conf. Sent. Nº 301/95). b) Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal: también este remedio fue interpuesto en término, por parte legitimada para recurrir y la decisión impugnada es definitiva. Sostiene el casacionista que la Alzada hizo una errónea calificación de los hechos, lo que determinó que incurra en una errónea aplicación e interpretación del derecho, esto es, los artículos 3952 y 2340 de CC. Aduce que si pudo hacer su casa en una calle pública y que se le instale la luz, es porque cesó el dominio público de la Municipalidad. Pretende que este Alto Cuerpo haga ver a las instancias de mérito que el municipio cesó en su dominio público en forma tácita, pero inequívoca y categóricamente, cuando otorgó el plano de luz. Conforme los agravios expuestos, coincidiendo con la opinión del representante del Ministerio Público, voy a propiciar la desestimación de la queja, por cuanto las fallas que se le imputan al pronunciamiento se encuentran excluidas de revisión a través del recurso que nos ocupa. Ello así, toda vez que el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal no ha sido creado para revisar cuestiones de hecho, como las denunciadas, pues éstas son privativas de consideración de los jueces de mérito salvo, claro está, arbitrariedad, en cuyo caso igualmente resultan inatendibles por la vía del recurso extraordinario escogido, y materia del recurso de inconstitucionalidad. Reflexionando acerca de la naturaleza, fines y contenido del medio impugnativo intentado, cabe poner de relieve que el recurso de inaplicabilidad de ley procede contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones, a las que se atribuye violación de la ley o doctrina legal, a fin de que el tribunal superior declare cuál es el correcto derecho aplicable, es decir, cuál es en definitiva la solución jurídica que corresponde al caso, y tiende, fundamentalmente, a un problema de inteligencia jurídica, con exclusión de hechos y pruebas. Se ocupa y se hace cargo de los vicios in iudicando. Su finalidad es juzgar la legalidad de la sentencia y la justicia del caso, garantizando la uniforme aplicación de la ley y asegurando a las partes la más correcta aplicación del derecho positivo a los hechos de la causa. Sin constituir una tercera instancia ordinaria, su competencia se abre con el objeto primordial de lograr, en base a una revisión de los errores de juicio contenidos en la decisión definitiva de la última instancia ordinaria, la justa y uniforme interpretación del derecho. Siguiendo estos principios, observo que la crítica de la recurrente traduce la divergencia con la valoración de los hechos y el ejercicio de potestades inherentes al juzgador, lo que determina su crítica a la supuesta errónea aplicación de los artículos 3952 y 2340 del CC respecto de lo cual esta Sala ha venido sosteniendo que si no obstante la invocación de normas legales (pretendidamente inaplicadas o erróneamente aplicadas) el recurso gira sustancialmente sobre consideraciones de hecho declarados por los jueces de segunda instancia, las que precisamente en razón de su naturaleza están exentas del control de este Tribunal a través de la vía de inaplicabilidad de ley, forzoso es concluir que el recurso no puede prosperar (conf. Sent. Nº 164/00, entre otras), pues los agravios en que se funda el recurso de inaplicabilidad de ley devienen inaudibles, cuando para ello es preciso una revalorización de elementos probatorios, ya que la base fáctica consolidada en las instancias ordinarias resulta irrevisable en casación, que se encuentra rigurosamente limitada a la aplicación del derecho. También constituye causal de inoperancia técnica, que los agravios se sustenten en temas de arbitrariedad, ya que los mismos escapan al reducido ámbito del recurso de inaplicabilidad de ley, admitiéndose sólo su examen a través de la vía de inconstitucionalidad. En el caso, se aprecian en el temario propuesto por el recurrente, cuestionamientos sobre la valoración de la prueba (incluso ya expuestas al fundar el recurso de inconstitucionalidad) el que no puede prosperar en el marco del remedio impugnaticio elegido, en razón de la distinta naturaleza y fines de la inaplicabilidad de ley, que no es otra que aplicar el derecho a los hechos definitivamente valorados en la sede de grado. Las razones invocadas impiden a este Tribunal la consideración de tales agravios, toda vez que el vicio denunciado presupone la violación de algún derecho de raigambre constitucional, razón por la cual su corrección debe buscarse en nuestra sistemática recursiva por vía del recurso de inconstitucionalidad (Vanossi, "Temas de Casación y Recursos Extraordinarios", Editorial Platense, La Plata, 1982, cit. en Sent. Nº 66/00, entre otras, de esta Sala). En esa dirección afirmó el Sr. Procurador General: "... la recurrente pretende traer a consideración de ese Alto Cuerpo cuestiones procesales, que se encuentran excluidas del remedio en trato, como ser la interpretación de la conducta procesal de la demandada que hiciera la Cámara, aspecto del fallo recurrido cuyo tratamiento no corresponde abordar por esta vía, debido a que es materia del recurso de inconstitucionalidad" (fs. 563). Por último, en relación a este aspecto de la mecánica del recurso, hemos precisado con énfasis los requisitos que hacen a la interposición de cada uno de los recursos extraordinarios permitidos por nuestra regulación procesal, los que a su vez suponen la satisfacción de diversas exigencias formales en orden a quiénes pueden interponerlo, ante qué órganos, plazo, forma y fundamentos, estos últimos técnicamente distintos conforme la vía elegida. Tales principios contienen pautas que deben ser estrictamente observadas por el profesional al tiempo de elaborar el recurso. Cuando, como en el caso, se advierta la inobservancia de aquellos requisitos que el propio Tribunal ha venido marcando y que condicionan, en concreto, la viabilidad formal de la impugnación, queda descalificada la vía recursiva. Ello no es un mero capricho de los jueces; por el contrario, esa carencia es ya insuperable para los magistrados, toda vez que la competencia de la Sala queda fijada con las cuestiones articuladas al interponer el recurso. Si el memorial no cumple, en grado mínimo, con el requisito de fundamentación idónea, las implicancias prácticas son muy graves, puesto que el recurso se torna inoperante y sella la ineficacia del memorial para acceder a la instancia de excepción. En virtud de ello, entiendo deberán desestimarse los recursos en trato, votando negativamente a esta primera cuestión. Así voto.

La doctora De La Vega dijo:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. Es mi voto.

2º cuestión.- El doctor Toledo dijo:

En virtud de la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestimen los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos a fs. 525/537 vta. por la parte actora contra la sentencia que obra a fs. 509/514, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad. Las costas de esta instancia, dado el resultado que propicio y lo normado por el art. 68 del C.P.C.C., deberán imponerse a la parte recurrente vencida. La regulación de los honorarios profesionales se difiere para la oportunidad en que exista base (art. 5, 4º párrafo Ley Nº 2.011 t.o Ley Nº 5.532). Así también voto.

La doctora De La Vega dijo:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del colega preopinante respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y diferimiento de la regulación de los honorarios profesionales. Es también mi voto.

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, resuelve: I. Desestimar los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos a fs. 525/537 vta. por la parte actora contra la sentencia que obra a fs. 509/514, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad. II. Imponer las costas de esta instancia al recurrente vencido. III. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en el Acuerdo que antecede.- Marta A. De La Vega.- Rolando I. Toledo.

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