Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-07


Expte. Nº 5957/12 "BANCO DE SAN JUAN c/ Lucero Miguel Ángel - Ejecución Hipotecaria (para Juzg. Civil) - Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a siete (07) días del mes de agosto del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá y José Abel Soria Vega, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la resolución dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha quince de octubre del año dos mil doce, en autos Nº 11021 - 45095 caratulados: "Banco de San Juan S.A. c/ Lucero Miguel Ángel s/ ejecución hipotecaria"; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?--------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:

--- En la sentencia impugnada el Tribunal rechaza la apelación de la actora. De esta manera, confirma la resolución de primera instancia que, a su turno, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 8065 y, en consecuencia, ordenó suspender la ejecución hipotecaria hasta el 31 de diciembre de 2012.----------------------- --- Al fundar su decisión, el a quo concluye: Que el recurso concedido tiene por objeto revisar el planteo de inconstitucionalidad de las leyes de emergencia que suspenden las ejecuciones de la vivienda única, familiar y permanente. Que, de conformidad con la línea argumental sentada en la sentencia dictada por el Tribunal en fecha 16 de mayo de 2011, la controversia se reduce a la prórroga dispuesta por la ley provincial 8065 y no abarca la anterior legislación, ley 7955, cuya caducidad se produjo el 31 de diciembre de 2009. Que los agravios deben ser tratados en conjunto, partiendo de la base de considerar que las medidas adoptadas en el marco de la legislación de emergencia no importan un menoscabo de la propiedad, ya que no privan a los particulares de beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, sino que los limitan temporalmente, con la finalidad de suprimir una situación extraordinaria que gravita en el orden económico y social. Que el control de constitucionalidad de la razonabilidad de la norma debe efectuarse verificando la proporcionalidad entre el fin querido y la medida adoptada para lograrlo, cuidando de no invadir la ponderación de los criterios tenidos en cuenta por los otros poderes en ejercicio de facultades que les son propias. Por otra parte, las leyes se presumen válidas y la declaración de su inconstitucionalidad sólo se debe permitir cuando la incompatibilidad con la Constitución es absoluta y evidente. Que, en lo vinculado con el control de legalidad de la norma, nuestro país ha adherido a una serie de tratados de orden internacional -que enumera-, de aplicación obligatoria, los cuales reconocen protección a la propiedad y a la vivienda. Afirma que la normativa cuestionada tiene un sólido sustento legal y de razonabilidad, ya que no restringe el derecho del acreedor, sino que lo pospone en el tiempo. Que no existe intromisión de la Provincia en las facultades delegadas a la Nación, ya que la norma sancionada no regula aspectos sustanciales, sino que irrumpe en el trámite de ejecución que debe cumplirse, lo que está reservado a la Provincia. Agrega que la norma aplicada suspende la ejecución del crédito principal, por lo que lo accesorio, los honorarios, debe correr la misma suerte.------------ --- La recurrente encuadra el recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 1º del artículo 11 de la ley 2275. También imputa arbitrariedad al fallo impugnado, por tratar los agravios en conjunto y omitir la decisión de puntos llevados a su consideración.----------- --- En cuanto a la primera causal, dice que cuestionó la constitucionalidad de la ley provincial 7530 y sus prórrogas, 7583, 7641, 7743, 7860, 7955, 8065, y que la sentencia impugnada rechazó el planteo. Solicita la declaración de inconstitucionalidad de la ley 8065 y de toda otra norma que en el futuro la prorrogue, pues, afirma, vulneran la Constitución Nacional y Provincial.- --- Agrega que la norma es contraria: a) al principio de razonabilidad, toda vez que han transcurrido ocho años sin que pueda ejercer sus derechos, contraviniendo los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en materia de emergencia (fallo "Peralta"); b) al principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución Nacional), desde que se limita a proteger exclusivamente a los deudores del sistema financiero, sin dar ninguna solución a los acreedores; c) al derecho de propiedad (art. 17 de la CN), en cuanto le impide, por un plazo indeterminado, la posibilidad de recuperar su patrimonio; d) al derecho de acceso a la justicia (arts. 18 y 33 de la CN), ya que ha debido esperar más de ocho años para poder hacer efectivo un derecho que le fuera reconocido por sentencia; e) al sistema federal de gobierno (art. 75), por el cual todo lo referido a la regulación de las relaciones obligacionales y de los derechos reales le está vedado a las provincias; f) al derecho a percibir un salario y una justa remuneración (arts. 14 y 14 bis), ya que hace extensiva la suspensión de las ejecuciones a los honorarios profesionales de los abogados intervinientes.-------------------------------- --- En cuanto a la causal por la cual imputa arbitrariedad al fallo, la recurrente dice que el a quo incurre en tal vicio al tratar todos los agravios en conjunto, omitiendo considerar argumentaciones oportunamente propuestas tales como: la irrazonabilidad de la norma atento el plazo que llevan suspendidas las ejecuciones -más de ocho años-, lo que supone apartarse de la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia en el fallo Peralta; la persistencia o no de las circunstancias que motivaron el dictado de la ley; la violación del principio de igualdad, al apartarse de la teoría del esfuerzo compartido sentado por la Suprema Corte de Justicia en materia de emergencia. Afirma que la sentencia se basa en meras abstracciones, en conceptos vacíos de contenido, donde no se evalúan las circunstancias del caso.-------- --- Respecto de los agravios que el quejoso reconoce como tratados, sostiene que es errada la conclusión del a quo cuando afirma que la norma cuestionada no regula aspectos sustanciales o de fondo. Refiere que la ley impugnada es contraria a las disposiciones del Código Civil, puesto que cercena la facultad otorgada al acreedor en el artículo 505 inciso 1º, "de emplear los medios legales a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado". Agrega que el argumento empleado por el a quo para rechazar la inconstitucionalidad de la norma con relación a la suspensión de la ejecución de los honorarios profesionales es lamentable y pobre. Que el derecho a percibir honorarios constituye un crédito autónomo, cuya causa radica en los servicios prestados, y que tiene carácter alimentario porque constituye el medio de vida de los abogados; que tal es el criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia en el caso "Moschini".--------------------------------------------- --- El recurso fue admitido formalmente a fojas 385. Se corrió traslado a la parte demandada, quien contestó mediante escrito de fojas 400/403. También se corrió traslado al Fiscal General de la Corte, quien ha dictaminado a fojas 405/407.---------------------------- --- Expuestos los antecedentes del planteo, paso a examinar su procedencia sustancial. Adelanto que, tras dicho examen, propiciaré la recepción del recurso encuadrado en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275, pues estimo configurada la arbitrariedad que se imputa al fallo.--------------------------------------- --- Memoro que la ley 7530 del año 2004 suspendió ".por el lapso de ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente Ley, los términos procesales de todos los juicios que tengan por objeto la ejecución de una hipoteca que no haya sido incluida en el fideicomiso establecido por la Ley Nº 25.798." (art. 1) y que recaiga ".sobre la vivienda única, familiar y de ocupación permanente, cuyo importe de origen del crédito hipotecario no exceda la suma de pesos cien mil (.) habitada por el deudor." (art. 2). La norma invocó la ley 7459, expresando que dicha ley declaraba en su artículo 6 "la emergencia social".---------------------- --- Sobrevinieron sucesivas prórrogas: la vigencia de la ley 7530 fue prorrogada por la ley 7583 del año 2005 (180 días), esta, por la ley 7641 del mismo año (365 días); la 7641, por la ley 7743 del año 2006 (150 días). Siguieron la ley 7860/2007 y la 7955/2008, que sucesivamente prorrogaron la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009. Posteriormente, la ley 8065/2009 prorrogó la vigencia de la ley 7955 hasta el 31 de diciembre de 2012 y además (art. 2) suspendió ".los procesos de ejecución por cobro de honorarios en los mismos términos que establece la Ley N° 7.955 y sus modificatorias." Actualmente, rige la ley 8330 de 2012, que prorroga la vigencia de la ley 8065 hasta el 31 de diciembre de 2014 y reitera la suspensión de los procesos de ejecución por cobro de honorarios.--------------- --- Al fundar su apelación contra la sentencia de primera instancia, la actora planteó básicamente tres agravios: a) que, en virtud de las sucesivas prórrogas, el plazo transcurrido de suspensión resultaba irrazonable y violaba el artículo 18 de la Constitución Nacional (acceso a la justicia); b) que la suspensión de las ejecuciones afectaba el derecho de igualdad; c) que la Provincia había ejercido competencias del Estado Nacional. También se agravió de lo resuelto sobre la extensión de la suspensión al cobro de los honorarios. En la resolución ahora recurrida el a quo señala que la norma atacada no restringe el derecho del acreedor, sino que lo pospone. En línea con ello, agrega que la Provincia no ejerce facultades delegadas a la Nación, en cuanto la norma no regula aspectos sustanciales. Respecto de los honorarios, dice que son accesorios y deben seguir la suerte de lo principal.----------------- --- Pues bien, entiendo que el fallo cuestionado no examina cabalmente el primer agravio de la apelante. Como se ha visto, en este agravio ella planteó que, en virtud de las sucesivas prórrogas, la suspensión de las ejecuciones había devenido en irrazonable. También dijo que la medida no se adecua al requisito de limitación temporal fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que las prórrogas han convertido el plazo de suspensión en ilimitado e incierto y que ello encubre un verdadero cercenamiento del derecho de propiedad. En fin, que afecta al sistema bancario y además viola el artículo 18 de la Constitución Nacional (esto último, en tanto impide el acceso a la justicia).------------------ --- Así entonces, al decir que la norma no restringe sino que pospone el derecho del acreedor, el a quo se abstrae del referido argumento. Como digo, la recurrente ha aducido que las prórrogas han convertido el plazo en ilimitado y que, transcurridos ocho años, ello resulta irrazonable. El a quo nada dice sobre la cuestión de las prórrogas y el tiempo transcurrido. De hecho, su referencia a que se trata de una mera suspensión evade dicha argumentación. Por otra parte, el a quo tampoco examina la aducida violación al artículo 18 de la Constitución Nacional y el acceso a la justicia.------- --- Cabe agregar que el agravio es conducente a la cuestión planteada y cuenta con entidad suficiente como para ser analizado, por lo que debe considerarse arbitrario el fallo que omite hacerlo. Ha dicho esta Corte al respecto que un pronunciamiento es arbitrario si los jueces omiten decidir una cuestión oportunamente propuesta y conducente a la solución del litigio. También ha dicho que no considerar circunstancias, hechos o defensas conducentes a la solución del litigio significa no escuchar a quien los expuso, lo cual quebranta la garantía de la defensa en juicio. Ha expresado, en fin, que dicha garantía resulta violada cuando las partes no pueden hacerse oír y ejercer sus derechos, pero también cuando se ven privadas de un pronunciamiento que defina su posición; esto es, cuando no se atienden las cuestiones y argumentaciones expuestas, máxime cuando son de entidad suficiente para influir en el decisorio (PRE S1ª, 1990-I-163 y 2003-II-351, S2ª, 2010-III-509).---------------- --- Por todo ello, voto por acoger el recurso de inconstitucionalidad previsto en el inciso 3º del artículo 11, con costas. También voto por anular la sentencia recurrida y disponer que un tribunal subrogante juzgue nuevamente la apelación de la actora. En cuanto al recurso encuadrado en la causal del inciso 1º, voto por declararlo abstracto.---------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Receptar el recurso de inconstitucionalidad previsto en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275, con costas.--------------------------------------------- --- II) Como consecuencia, anular la sentencia impugnada y disponer que un tribunal subrogante juzgue nuevamente la apelación de la actora.------------------------------ --- III) Declarar abstracto el recurso de inconstitucionalidad encuadrado en el inciso 1º del artículo 11.----- --- IV) Ordenar que se protocolice la presente, que se agregue copia al expediente y a los autos principales y que estos bajen al Tribunal de origen.------------------ --- Notifíquese y oportunamente archívese.- Fdo. Dres.: Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá y José Abel Soria Vega. Ante mí: Andrés de Cara, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.- Ef-5957 E.B.T.

PRE S1ª 2013-III-450.