marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, violación de las formas procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Pérez, Mario Antonio y otra c/ Asociación Española de Socorros Mutuos s/ Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-11-14

"...en todos aquellos casos en que el inferior ha negado el acceso a la revisión en la instancia ordinaria de apelación, declarando desierto el recurso, y aún si en ello existiere arbitrariedad -verbigracia cuando la deserción deriva de un análisis que estimó el memorial como insuficiente, o manifiesta incongruencia- en rigor "no hay sentencia" y no cabe atribuir a esa "omisión" un error de derecho en la aplicación de la ley. No se ha juzgado lo que debería juzgarse ...falta decisión formal, el acto -la sentencia- no cumplió su finalidad...y entonces se configura un quebrantamiento de formas, debiendo aplicarse la solución de nulidad y reenvío."
Recurso de inconstitucionalidad, SEGURO NACIONAL DE SALUD, Estado Nacional, acción subrogatoria, obras sociales
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ASOCIACION MEDICA DE ROSARIO c/ O.S.E.C.A.C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE AUSTRALES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 726 AÑO 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-18

La ley nro. 24.070 dispuso, en lo que es de interés, la subrogación del Estado nacional en los pasivos que registraran los agentes del Seguro Nacional de Salud y las obras sociales nacidos con posterioridad al 31 de julio de 1989 y hasta el 1 de abril de 1991, originados en prestaciones médico-asistenciales o destinados a la subsistencia de los afiliados de aquellas entidades (art. 1ro., 3er. párrafo), calificando a sus dispositivos de orden público (art. 5to.).
Juicio oral, audiencia
Materia: PENAL
Carátula: Farías, Ramón Edgardo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

El art. 282 del C.P.P. consagra el principio de la continuidad de los procedimientos del juicio oral, que significa que las "sesiones consecutivas" deben celebrarse diariamente hasta la terminación de los debates orales.
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, inexistencia de cuestión federal suficiente, Ministerio Público Fiscal, caución real, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: Fernando Esteche c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-14

Resulta inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la resolución que rechazó el pedido de excarcelación del imputado toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de esta Cámara Federal de Casación; los sentenciantes tomaron en consideración, además de la pena prevista para los delitos atribuidos al nombrado, la circunstancia de que registra una condena anterior que determina que en caso de ser condenado también en las presentes actuaciones, la pena a imponer sería de efectivo cumplimiento; y si bien se advierte que, en el caso, el representante del Ministerio Público Fiscal de la anterior instancia compartió parcialmente la postura de la defensa en orden a la excarcelación -aunque propiciando que la misma se concediese bajo caución real- lo cierto es que el principio de ausencia de contradictorio derivado del debido proceso legal (art. 18 de la C.N.) no resulta de aplicación al caso de autos, en tanto presupone la existencia de un dictamen fiscal favorable a la pretensión de la defensa.
Certificado de trabajo, reglamentación de la ley, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: González Tomás c/ Vanguardia SA s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-23

No debe perderse de vista el verdadero fin que la normativa del art. 80 L.C.T. trae ínsito en su propia razón de ser. En efecto, en su último párrafo establece como requisito de la indemnización allí prevista la intimación fehaciente al empleador, el cual fue introducido por la ley 25.345, también llamada "Ley de Prevención de la Evasión Fiscal", con el objetivo de combatir la evasión fiscal. Se advierte entonces que lo que busca la norma trasciende el solo resarcimiento económico que pretende el trabajador, pues subyace el interés del Estado de que el empleador no solamente cumpla con la entrega del certificado sino también con las obligaciones fiscales enunciadas en el primer apartado del art. 80 L.C.T.. En esa inteligencia y teniendo especialmente en cuenta el indispensable tiempo que comprensiblemente requiere la emisión por parte del empleador de un certificado con tales implicancias, resulta razonable que el decreto 146/01 otorgue un plazo de treinta días para que el principal pueda cumplir con sus disposiciones. (Del voto de la Dra. García Margalejo, en minoría).
Concursos, pronto pago, privilegios (comercial), prorrateo
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPLEJO TEXTIL BERNALESA S.A. s/ INCIDENTE DE VERIFICACION: CHEANG ISABEL A.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-11

En el caso de deudas susceptibles de 'pronto pago' si concurren acreedores de igual rango y los fondos son insuficientes para satisfacer sus acreencias el pago es 'a prorrata' por aplicación de los principios generales que emanan de la propia ley (19551: 267 inciso segundo; y 274). El pronto pago es sólo una modalidad en el ejercicio del privilegio asignado al crédito.
Honorarios del perito, carácter alimentario
Materia: PROCESAL
Carátula: EXTE. Nro. 38394 D.G.R. c/ Y.P.F. S.A. s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-06-12

Es principio de superior jerarquía el de asegurar a los peritos una retribución jus-ta, teniendo en consideración su carácter de auxiliares de la justicia designados por el juez. Así, el honorario del perito tiene carácter alimentario, desde que se trata de la contraprestación que reciben los profesionales independientes por el ejercicio de su profesión y en este sentido, no difieren en sustancia, de los sueldos y salarios que perciben quienes trabajan en relación de dependencia.
Empleados públicos, estabilidad laboral, procedimiento de selección, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDELA, ANA MARIA (EXPTE. Nro.  84.869) c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-06-24

El escalafón del personal del Ministerio de Bienestar Social, se rige por la ley 5465, que expresamente en aras al ascenso se inclina por el criterio del mérito, la profesionalización del servicio en salvaguarda del derecho a la carrera. Se evidencia que el acceso a la categorización no se funda en el ejercicio de la función sino en la capacidad que se demuestre tras rendir los concursos respectivos cumpliendo así con el objetivo de preservar la carrera y satisfacer los intereses generales con la designación de los agentes más capacitados.

En consecuencia, resulta improcedente la pretendida jerarquización y el pago retroactivo de diferencias salariales por el solo hecho de cumplir funciones superiores a las correspondientes al cargo de la actora, si no impugnó oportunamente el acto administrativo que le atribuyó funciones superiores sin aumento de sueldo o categoría, ante la inexistencia de arbitrariedad, comportamiento irrazonable o desviación de poder por parte de la autoridad administrativa que pudiera haber viciado el accionar discrecional del Poder Ejecutivo.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Herrera, Abel G. s/ Homicidio Valiente, Mónica Alejandro y otro s/ Hurto y estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-15|1995-07-04

Es cuestión ajena al recurso extraordinario de nulidad el cuestionamiento del acierto jurídico de la decisión.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Miguel Angel s/ Violación reiterada y robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de cuyo planteo no resulta qué relación tendría éste con las normas que cita como violadas.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Prieto, Jorge Omar c/ Lazo, Julián Martín y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-17

El daño moral está destinado a compensar la fractura o lesión de los valores o bienes de orden espiritual y superior en la vida del hombre (la tranquilidad de espíritu, la integridad física, la libertad individual, el honor y los más sagrados afectos), evitando que se constituya en una doble indemnización la cual daría lugar a un enriquecimiento sin causa.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Gardey, Jorge Alfredo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-25

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el cual el recurrente alega violación del art. 259 "in fine" del C.P.P., si solamente impugna la inclusión de la imputación extrajudicial en el complejo probatorio aplicado por el juzgador e incurre en la falta de cuestionamiento idóneo de los restantes elementos de la prueba compuesta que resultarían suficientes para formarla según la norma procesal citada.
Recurso extraordinario de nulidad, argumentos de las partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Comercial de Tres Arroyos S.A. c/ Risso Prat, Mario H. s/ Cobro de australes Valdez de Fernandez, Mirta Ester c/ Compañia de omnibus Maipú s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03|1986-09-30

Los argumentos de las partes no constituyen cuestión esencial cuya eventual falta de tratamiento pueda derivar en la anulación del fallo.
Cuestión abstracta, Policía Provincial, adicional por antigüedad
Materia: PROCESAL
Carátula: M., R. R. y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-08-21

Con anterioridad a la contestación de la demanda se dictó el Decreto N° 1453/15, de modo que las cuestiones de derecho quedaron superadas por dicha norma. Por ese instrumento jurídico el propio Poder Ejecutivo ha concordado con el criterio expuesto en las Sentencias Definitivas emanadas de este Superior Tribunal, en anterior composición.
Cuestiones procesales, interpretación de la ley, terminación del proceso, exhortos
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACYMA ASOCIACION CIVIL POR LOS CONSUMIDORES Y EL MEDIO AMBIENTE c/ PERCOMIN ICSA s/ MEDIDA PRECAUTORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-29

Más allá de si resulta, o no, aplicable al trámite de secuestro prendario el instituto de la caducidad de la instancia (véase de CNCom, Sala A, del 7.12.06, "Citibank NA c/ Divina César Alberto s/ secuestro prendario"; íd., íd., del 2.6.11, "Banco Supervielle SA c/ Bernal Daniel Marcelo s/ secuestro prendario"), lo cierto es que, aun de considerarse viable su articulación en este trámite, concurren en el caso circunstancias que evidencian la improcedencia de la caducidad decretada en la instancia de grado. Ello por cuanto, se encuentra acreditado el diligenciamiento del exhorto radicado en extraña jurisdicción a fin de efectivizar el secuestro. Es claro que estas actuaciones cumplidas en extraña jurisdicción tienen carácter interruptivo, toda vez que eran imprescindibles para concretar el secuestro objeto de este trámite.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, recurso contencioso administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, juicio, morosidad del proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAROMET S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-11

El razonamiento de los Sentenciantes sucumbe ante el agravio de la compareciente por cuanto se encuentra desprovisto de la necesaria fundamentación que exige la Constitución al haber prescindido de la debida consideración de las implicancias de anteponer la mencionada exigencia a los efectos lapidarios de impedir la revisión judicial de un acto administrativo enmarcado en un procedimiento tan largo y tortuoso como complejo que en este punto llegó a su fin con el dictado de un decreto por parte del Gobernador que finalmente se pretende revisar ante la justicia especializada; por el contrario, se patentiza el vicio de arbitrariedad invocado al corroborarse que el cumplimiento de tal exigencia no cambiaría la suerte del reclamo sino que, sólo lo dilataría innecesaria y perjudicialmente; máxime cuando la Provincia no sólo ha tomado intervención en la instancia administrativa conduciendo el procedimiento de revisión de los contratos celebrados con la actora, produciendo informes y dictámenes y convocando y participando de audiencias conciliatorias, sino que, ya en la instancia judicial (la que huelga decirlo inició ante un tribunal y concluyó en otro -ambos especializados- por aplicación del artículo 2, ley 13600) compareció en autos, contestó la demanda en términos que no admiten dudas en cuanto a su posición en lo substancial del problema, ofreció pruebas y alegó sobre su mérito, dejando clara su posición contraria a la pretensión de la demandante. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 13600, artículo 2. - Jurisprudencia concordante con Laromet, AyS T 325, p 290/300, sumario J0051235.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, sentencia, apartamiento de las constancias de la causa, ausencias injustificadas, licencia por enfermedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARTIOLI, MIRIAN BEATRIZ c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

La sentencia impugnada no satisface en grado mínimo el requerimiento de fundamentación exigido por el ordenamiento jurídico en tanto, al anudar con error la cuestión relativa a la causa del acto de cesantía a la motivación del mismo deja sin adecuado sustento su anulación, ya que al hacerlo utilizó argumentos que lucen insuficientes y apartados de las constancias de la causa, permaneciendo ajenos a las pautas doctrinarias y jurisprudenciales que refieren a la conceptualización y alcances de las cuestiones debatidas -sobre todo, respecto a que los certificados médicos particulares no son idóneos, en principio para suplir el trámite que ineludiblemente debe cumplir el agente cuando se trata de licencias por enfermedad-; y que no compete a la Administración la obligación de indagar, por sí, las causas de las inasistencias sino que pesa en cabeza del agente el deber de justificarlas siguiendo para ello el trámite establecido en los artículos 15 a 20 de la ley 9256-. (Del voto del Dr. Netri, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco, Gastaldi y Erbetta). - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 157, p. 225; T 188, p. 251; T. 194, p. 414 - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 9256, artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20
Prueba, apreciación de la prueba, libre convicción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lambrechts, María Victoria s/ recurso de casación casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-06

En los delitos contra el honor resulta indispensable para la iniciación del proceso contar con la documentación que contenga la especie ofensiva, debiendo el querellante presentarla junto con la demanda -según las formalidades dispuestas por el art. 418 del CPPN.- en tanto que hace a la existencia misma del hecho. La presentación de la querella con las formalidades ya enunciadas cumple la función del requerimiento de juicio por lo que si no se acompaña el documento original por no obrar en su poder, deberá requerir su incorporación como diligencia preliminar conforme lo dispone el art. 426 del ritual, en tanto que si no cumple con ninguna de estas directivas, acarreará la inadmisibilidad de la querella. (Voto del Dr. Madueño).
Prevaricato del juez, dolo, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: KIPPER, Claudio. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

"Prevarica quien hace pasar como derecho algo que positivamente sabe que no lo es, aquel que funda su decisión en hecho o resolución que sabe falso y quiere hacer pasar por verdadero.

[...] El autor tiene que poseer conocimiento y voluntad de resolver contra lo que dispone la ley invocada como fundamento de su fallo o que los hechos o las resoluciones en las que se basó no existieron o no tuvieron la significación que él les otorgó, independientemente de los resultados perjudiciales o beneficiosos que, para una parte, pueda tener. Como se vienen analizando, es necesario el dolo directo y la existencia de culpa o error excluyen el prevaricato". Solo la malicia o mala fe pueden dar lugar al delito.

Si bien en las resoluciones del juez acusado se llegó a soluciones diametralmente opuestas, si su simple lectura permite advertir que las decisiones se sostienen en una diversa consideración de la base fáctica, corresponde confirmar el sobreseimiento decretado.
Sociedad cooperativa, calidad de socio, actos cooperativos, contrato de trabajo, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CHAVEZ, FACUNDO c/ COOPERATIVA LA UNION Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-20

En aquéllos casos en que se reclame un vínculo típicamente laboral por parte de quién desarrolló sus actividades como socio de una cooperativa de trabajo, la que a su vez cumplió con los requisitos legales de inscripción, de celebración de asambleas, distribución de utilidades y sin merecer objeciones por parte de los servicios de inspección de trabajo, deberá demostrar que efectivamente existió un accionar fraudulento o bien en la constitución de la cooperativa o bien al momento del ingreso a la misma por parte del asociado que alegue dependencia laboral. Planteos como los descriptos, que persiguen en definitiva la caída del acto asociativo con todas las consecuencias legales para los hipotéticos autores del fraude invocado, también exigirán por parte de los tribunales una detenida, prolija y prudente valoración de la prueba. Ello por cuanto, lo contrario implicaría desconocer los principios del cooperativismo y el aporte valioso de éstos a la sociedad toda.
Querellante, querellante particular, personería, debido proceso, representación procesal, patrocinio letrado, Ministerio Público Fiscal, igualdad ante la ley, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: M., E. J. s/ Homicidio culposo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-14

Los intereses del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante no necesariamente son convergentes. Ambos pueden concurrir al proceso por motivos diferentes y el derecho penal debe tutelar sus intereses en condiciones de igualdad.

Así lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente antes mencionado "SANTILLAN": "Todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual, el derecho a obtener una sentencia fundada, previo juicio llevado en legal forma", por lo que está protegido por el derecho a la jurisdicción consagrado en el mismo artículo, esto es, tiene garantizada la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes.
Intereses, tasas de interés, tasa activa, cambio jurisprudencial
Materia: COMERCIAL
Carátula: INTERCLINICAS SA c/ OSPLAD s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

La jurisprudencia que disponía el empleo de las tasas pasivas, fue modificada, estableciéndose que el interés aplicable es la tasa activa (cfr. Sala III, Causa 1.281/93, YPF c/Samarti, del 12.4.96).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), recurso contencioso administrativo, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SEGIEDA, NORMA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-30

Si bien la quejosa aduce ciertos cuestionamientos sobre la declaración de la caducidad de la instancia, quejándose sobre todo que la materia en debate merece una consideración especial según la jurisprudencia y las normas aplicables, lo cierto es que sus argumentaciones no logran traspasar el límite de la mera discrepancia, y mucho menos aún, justifican las razones por las cuales el expediente quedó paralizado más allá del plazo establecido por el ordenamiento jurídico para que se configure la caducidad de la instancia, solución a la que, en definitiva, arribó la Cámara con fundamentos suficientes en su resolución impugnada. - Jurisprudencia concordante con Samaniego, AyS T 305, p 118/122, sumario J0047781.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Gajardo, Bristela Carmen y Otros c/ Ferreyra, Lorenzo y Otro s/ Sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-10-14

Decir que una obligación es solidaria importa afirmar que "la totalidad" de su objeto puede ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores (Art. 699, Código Civil); más claro aún: el acreedor puede "exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos" (Art. 705, Cód. Civil) sin perjuicio de que también pueda exigir a cada deudor, si lo prefiere, la parte correspondiente.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, hábeas data
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Corresponde revocar la sentencia que, para rechazar la acción de habeas data, tuvo por fundamentos una interpretación incorrecta del carácter "público" de los datos indagados y las arbitrarias afirmaciones relativas a una supuesta afectación de la seguridad pública y a ciertas falencias en la descripción en la que se apoyaba el pedido, que ni siquiera fueron especificados (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Procedimiento administrativo, recurso de alzada, habilitación de instancia, juicio de apremio, certificado de deuda, Obra Social Bancaria Argentina
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A. c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-05

La emisión del certificado de deuda y la promoción del apremio aparecen como medidas prematuras, pues dichos actos requerían como condición previa el pronunciamiento del Ministerio de Salud y Acción Social sobre el recurso de alzada interpuesto por la aquí actora; ello, a tenor del criterio ministerial sobre la procedencia formal de la vía de impugnación empleada.
Homicidio simple, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: HERRERA CRISTIAN SEBASTIAN; LEGUIZAMON JOSE ANTONIO Y OTROS S.D. HOMICIDIO SIMPLE; HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE PARTICIPE PRIMARIO, ETC. E.P. DE MALDONADO JAVIER ROBERTO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-21

El ánimo de instar y de reforzar la voluntad del actor se puede concretar de cualquier manera cooperando y contribuyendo (subjetiva y objetivamente) a la producción del hecho, ya sea con colaboración material o puramente moral, transmitidas al autor por la palabra o cualquier medio de expresión de las propias actitudes. Esas contribuciones son prestadas de todas las maneras en que se puede concurrir (con otros) al logro del fin delictivo: con comisiones u omisiones, aportes físicos o morales, directos o indirectos, inmediatos o mediatos, principales o secundarios, anteriores o concomitantes.-