Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02


La doctora Porta dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior se alza la parte actora a tenor del memorial que recibiera réplica de la contraria. La representación letrada de los codemandados María Inés Polledo, Braun Cantilo y Jorge A. Braun Cantilo, de la actora y de la demandada Polledo Agropecuaria S.A. apelan los honorarios.

Los actores se quejan porque consideran errónea la conclusión del sentenciante, en cuanto exime de condena a los codemandados Polledo de Braun Cantilo y Braun Cantilo.

En mi criterio les asiste razón.

Los actores al demandar explicaron que en un inicio se trató de una típica sociedad de familia, perteneciente a la familia Polledo y que de allí recibía su nombre: que en 1979 se resolvió concretar una escisión, constituyéndose como consecuencia de la misma, la sociedad anónima "El Gamoatí", circunstancia que llevó a que la accionada debiera cambiar su razón social (Polledo S.A.I.C.I. y F. por Polledo Agropecuaria Sociedad Anónima); que en 1984 se concluyeron una serie de escisiones para dividir el capital y principalmente los campos de los que era propietaria la sociedad: entre los parientes dueños de las respectivas acciones, se constituyeron varias nuevas sociedades anónimas para hacerse cargo del dominio de fracciones de tierra y hacienda y se mantuvo la operatoria de Polledo Agropecuaria S.A. En 1989 los codemandados Braun Cantilo y Polledo de Braun Cantilo (que son cónyuges), en el reparto antes aludido, se quedaron con la totalidad de las acciones de Petardo S.A. y con la mitad de las acciones de Polledo Agropecuaria S.A.; hacia fines de 1991 convinieron una nueva escisión de la antedicha sociedad con quienes ostentaban la otra parte de las acciones, accediendo el matrimonio Braun Cantilo al 97,8934% del paquete accionario de Polledo Agropecuaria S.A. A partir de entonces, el dominio de la empresa por los codemandados Braun Cantilo se ejerció en plenitud, figurando el señor Braun Cantilo como presidente del directorio, a la vez que se generó una actividad aún más promiscua con la otra sociedad anónima de los codemandados, "Petardo S.A.", si bien manteniéndose la formal apariencia jurídica diferenciada entre ambas. El apelante sostuvo que el predominio absoluto del matrimonio Braun Cantilo, con la inclusión también de un hijo en el directorio, hizo retomar plenamente el carácter de "sociedad de familia", pero que en los años siguientes una serie de desafortunados manejos de la empresa, según la apreciación del actor, acentuados por una conducción gerencial inconveniente, complicaron la situación financiera de la firma, que se sostuvo básicamente recurriendo a préstamos bancarios con el aval personal de los codemandados, que en el año 1993 incumplieron un ¿plan de facilidades de pago" por una deuda con la seguridad social que llegó a alcanzar una suma cercana a los $250.000 y que motivó un expediente administrativo, el que luego se giraría a órbita judicial, tornándose aún más crítica la situación de la empresa. Afirmó que en ese contexto en el que, sin mayores explicaciones y menos aún justificaciones formales objetivas, hacia el mes de diciembre de 1993 se produjo un curioso "pase de manos" en el que se hicieron aparecer como a cargo de los destinos de la empresa a tres personas que hasta entonces habían estado ligadas a Polledo Agropecuaria S.A. por vínculos bien distintos. Jorge Salvador Saviola, bajo relación de dependencia con la demandada, habiéndose desempeñado como gerente, contador y apoderado de la empresa. Mario Manuel López, relacionado como proveedor de algunos insumos y como una suerte de distribuidor de los quesos producidos por la accionada y Héctor Vicente Galíndez, bajo relación de dependencia con la demandada, desempeñándose como administrativo, corredor y cobrador de la empresa, quienes pasaron a figurar como presidente, vicepresidente y director, respectivamente. Señaló que resultaba curioso este negocio que pretendieron formalizar los demandados, luego de los reclamos de blanqueo laboral formulados por los actores, ya que Saviola, López y Galíndez se quedaron con la empresa sin inversión directa alguna y comprometiéndose a sustituir los avales personales de los cedentes del paquete accionario (el matrimonio Braun Cantilo), pero asegurándose que la otra sociedad de los codemandados (Petardo S.A.) mantuviera una que la reservada a otros empleadores respetuosos de la ley.

Ahora bien, el art. 54 de la ley 19.550, en el último párrafo, agregado por la ley 22.903, dispone: " La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fue o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados".

No puede decirse que las actitudes expuestas encubran en este caso la consecución de fines extrasocietarios, puesto que el principal fin de una sociedad comercial es el lucro; pero sí que constituye un recurso para violar la ley (las normas antes citadas), el orden público (el orden público laboral expresado en los arts. 7, 12, 13 y 14 de la L.C.T.) y para frustrar derechos de terceros (a saber, el trabajador, el sistema previsional, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial, según se ha indicado). Por lo tanto, no caben dudas de que en el presente caso es aplicable la norma transcripta (en igual sentido, SD 74.792 del 23-9-97, en autos "Vidal, Miguel Santos c. Mario Hugo Azulay y Asoc. S.A. y otros s. despido", del registro de esta Sala.).

Por otro lado, también cabe extender la condena en forma solidaria teniendo en cuenta que la actora, en principio, parece haber sido contratada por las personas físicas demandadas, según resulta del aviso publicado en el diario Clarín, cuya autenticidad corrobora el informe y el testimonio rendido por Francolino. Asimismo está acreditado que recibía las órdenes de trabajo de ambos codemandados, que ellos realizaban los pagos, por lo que, teniendo en cuenta la falta de registración de la relación y la ausencia de recibos de sueldos, la trabajadora bien pudo considerar que los reclamados eran sus empleadores y accionar contra ellos a fin de obtener las indemnizaciones correspondientes (en sentido análogo, SD 74.080 del 30-5-97, en autos "Agatiello, Andrés Cristian c. Demaría Alejandro y otro s. despido".

Por lo expuesto, propongo revocar la sentencia apelada en el punto y condenar a Gladys Campos y Jorge Mario Levit en forma solidaria junto con el Instituto Oftalmológico Córdoba S.R.L.".

El doctor Guibourg adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

Por lo tanto, el tribunal resuelve: 1) Modificar la sentencia apelada y extender la condena, en forma solidaria, a Jorge Mario Levit y Gladys Campos, juntamente con el Instituto Oftalmológico Córdoba S.R.L. _ . Porta . _ Guibourg.