Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-06-16


(Libro de Acuerdo Nº 54, Fº 1240/1241, Nº: 337). En la ciudad de San salvador de Jujuy, República Argentina, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil once, los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores José Manuel del Campo, María Silvia Bernal, Sergio Marcelo Jenefes, Sergio Ricardo González y Clara D. L. de Falcone- bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el expediente Nº 7605/10, caratulado "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expediente Nº B- 213463/09 (Sala III Cámara Civil y Comercial) caratulado: Incidente de ejecución de honorarios en expediente Nº 5910/96: Lascano, Cruz c/ Sanatorio Quintar S.R.L." del cual:

El doctor del Campo, dijo:

Que la Sala III de la Cámara Civil y Comercial (fs. 47 y vta.), al rechazar las excepciones interpuestas mandó llevar adelante la ejecución en contra del sanatorio Quintar S.R.L. por la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3750).

Respecto de la excepción de incompetencia, expresó que solo cabía su rechazo habida cuenta de la Resolución de fecha 13 de octubre de 2006 dictada en expediente Nº B-96187/02 que dio por concluido el concurso Preventivo de la demandada.

Asimismo juzgó que merecía idéntica solución la prescripción invocada en tanto la sentencia cuya ejecución se persigue quedó firme el 30 de agosto de 2004 debiendo aplicarse el artículo 4023 del Código Civil que establece el plazo de diez años para el cobro de los honorarios profesionales.

Disconforme con el pronunciamiento, el doctor Oscar Matías Diez Yarade en representación del Sanatorio Quintar, interpuso recurso de inconstitucionalidad.

Manifiesta en suma, que la acreencia es de naturaleza concursal habiéndose violado las disposiciones legales que rigen la materia concursal conforme sus dichos a los cuales remito en honor a la brevedad (fs. 6/13).

Corrido el traslado de ley concurre a evacuarlo el doctor Lisandro Lazcano, apoderado de la parte actora, solicitando su rechazo (fs. 31/35).

Integrado el Tribunal, emitido el dictamen por el Fiscal General Adjunto quien se expide en sentido adverso al recurso articulado (fs. 57/58), los autos quedaron en estado de ser resueltos.

Que cabe hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Conforme surge de las constancias de la causa el crédito ejecutado tuvo su origen antes de la presentación del concurso del Sanatorio Quintar, cuando el ejecutante realizó la pericia. Cabe destacar que nuestro máximo Tribunal tiene establecido "que la causa de la obligación de pagar honorarios profesionales está dada por el servicio prestado por el profesional en el marco de un proceso judicial por lo que no resulta del objeto de la obligación ventilada en la litis ni de la relación con el sujeto pasivo de aquella" (CS, Fallos 317:778, entre otros). Al respecto ver L.A. Nº 50, Fº 811/813, Nº 280).

En el caso, si bien la suma reclamada quedó firme el 30 de agosto del año 2004, fecha posterior a la apertura del concurso (10/12/2002), ello no significó que la deuda sea post-concursal como pretende. La actuación profesional, que resulta ser la causa de la obligación, es claramente anterior cayendo bajo la orbita de lo dispuesto por la ley 24.552 y sus modificatorias.

Es más, a la época en que quedaron firme los estipendios ejecutados, el concurso no había concluido (Ver fs. 46 del incidente de ejecución, donde consta la declaración de la conclusión del concurso de fecha 13 de octubre del 2006) desvirtuándose por ese sólo hecho los argumentos insertos por la recurrida, en consecuencia si optó por ejecutar al Sanatorio Quintar S.R.L. debió requerir la acreencia en los términos de las normas especificas que reglaban la materia y no mantenerse alejado del concurso. La inactividad de ese momento y la contemporánea ejecución (28 de julio 2009) acarreó la posibilidad de oposición del plazo de prescripción abreviado, y la consecuente extinción de la obligación.

En consecuencia la acción intentada debe rechazarse por estar prescripta con relación a la demandada (Sanatorio Quintar S.R.L.).

Teniendo en cuenta que el actor pudo creerse con derecho a litigar en función de las particularidades de la causa, propongo que las costas sean impuesta por el orden causado en ambas instancias -artículo 102 segundo párrafo del Código Procesal Civil-.

Los doctores Bernal, Jenefes, González y de Falcone adhieren al voto que antecede.

Por ello:

El Superior Tribunal de Justicia RESUELVE:

1) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el doctor Oscar Matías Diez Yarade en representación del Sanatorio Quintar S.R.L. y en consecuencia corresponde hacer lugar a la prescripción planteada por la demandada y rechazar la ejecución de honorarios profesionales instaurada por el doctor Cruz Lazcano.

2) Imponer las costas por el orden causado en ambas instancias.

3) Regular los honorarios profesionales a los doctores Oscar Matías Diez Yarade y Lisandro Lascano en la suma de pesos mil ($ 1000) y ochocientos ($ 800) respectivamente, para cada una de las instancias, con más el impuesto al valor agregado si correspondiera.

4) Registrar, agregar copias en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. José Manuel del Campo; Dra. María Silvia Bernal; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dr. Sergio Ricardo González; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Sr. Omar Gustavo Acosta - Prosecretario - Por Habilitación.

Dictamen Expte. nº 7605/10. Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. nº B- 213463/09 (Sala III- Cámara Civil y Comercial) Incidente de ejecución de honorarios en expte nº 5910/96:Lascano, Cruz c/ Sanatorio Quintar S.R.L.- SUPERIOR TRIBUNAL:

I La Sala III de la Cámara Civil y Comercial, en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diez, resolvió no hacer lugar a las excepciones incoadas en autos.- Respecto de la excepción de incompetencia entendió que sólo cabía su rechazo habida cuenta la resolución de fecha trece de octubre del año dos mil seis que da por concluido el concurso preventivo de Sanatorio Quintar dictada en el expediente nº B- 96.187/02.- Idéntica solución respecto a la prescripción invocada en tanto la sentencia cuya ejecución se persigue ha quedado firme el treinta de agosto del año dos mil cuatro debiendo aplicarse el artículo 4023 del Código Civil que establece el plazo de diez años para el cobro de honorarios que pretende el ejecutante (conf. nota art. 4023 pto. 5B a) Salas Trigo Represa, Código Civil comentado, pag. 346).- II Disconforme con lo resuelto, el Dr. O. Matías Yarade en su carácter de representante legal del Sanatorio Quintar S.R.L., interpone recurso de inconstitucionalidad, lo que determina mi intervención como Ministerio Público Fiscal, en los términos del art. 9, inc. 4º de la ley nº 4346.- III Dice que la sentencia recurrida se encuentra teñida de arbitrariedad al violar de modo expreso disposiciones de raigambre constitucional, afectando la garantía de intangibilidad patrimonial de su representada, así como los principios de competencia en materia concursal y por sobre todo la igualdad de los acreedores en dicha sede. Dice de errónea aplicación del derecho y afectación a la garantía del debido proceso.- Formula reserva del Caso Federal.- IV Sustanciado que fuera el recurso (fs. 22) el mismo es evacuado a fs. 31 por el Dr. Lisandro Lascano en su carácter de apoderado del Dr. Cruz Lascano con el patrocinio letrado de la Dra. Analía Correa, oponiéndose a su progreso, por las razones que esgrime, a las que me remito.- V En opinión de este Ministerio Público Fiscal, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto no puede prosperar.- Ello así por cuanto el recurrente, en su memorial de agravios, expresa críticas sustentadas solamente en un criterio dispar, por ende incumple con la carga de refutar los argumentos brindados para resolver como se hizo, motivo por sí suficiente para declarar formalmente inadmisible el recurso deducido en autos.- La vía o instancia recursiva resulta inadmisible además, atento a la posibilidad que le cabe -en el caso al accionado- de promover el juicio ordinario, y además porque no concurre en el caso un supuesto de privación de justicia que afecte en forme directa el derecho de defensa en juicio, ni tampoco tal derecho exige una consideración inmediata que permita al presente recurso extraordinario constituirse en la única oportunidad para su adecuada tutela.- Así, el fallo atacado no ocasiona un perjuicio irreparable y de una magnitud, que por razones de justicia exija quebrar el principio de revisión de autos no definitivos o revisables en juicio posterior (L.A. nº 34 nº 110).- VI Por lo antes expuesto, este Ministerio Público Fiscal es de opinión que el recurso deducido debe ser rechazado.- Costas a la vencida (art.102 del Código Procesal Civil).- FISCALIA GENERAL, 30 de diciembre de 2.010.-