marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, tasa de justicia, pago, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: HERLITZKA, MAURO LIRIO JOSE. s/ SUCESION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-02

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que ordenó el pago actualizado de la tasa de justicia. Ello así, pues la interpretación de las normas relativas al tributo mencionado no suscitan cuestión federal cuando se discute su aplicación en procesos sustanciados ante los tribunales ordinarios de la Capital Federal y, por lo demás, la sentencia se encuentra fundada en los principios y disposiciones de la ley 21.859 y atiende suficientemente los planteos de los impugnantes, lo cual basta para sustentarla -al margen de su acierto o error-, y obsta al progreso de la tacha de arbitrariedad.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Mansilla, Guillermo J. s/ QUEJA    EN:'LAMOTA,  MIGUEL  C/MANSILLA,  GUILLERMO  J.  S/EJECUCIóN  HIPOTECARIA'.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-03-16

No es definitiva a los fines del recurso de casación la sentencia de trance y remate en tanto no se demuestre que se encuentra vedada la vía autorizada por el art. 553 CPC. -juicio ordinario posterior-.
Empleados públicos, policía, remuneración, igualdad ante la ley, razonabilidad, Poder Judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. N° 95.619 RICO, CARLOS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA (MINISTERIO DE SEGURIDAD) S/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-04-07

El actor, en situación de retiro concedida antes del cambio del régimen legal. La Provincia en enero del 2006 dictó la Ley 7640 modificada por Ley 7815, ordenando la aplicación de las disposiciones sobre remuneraciones contenidas en la Ley 6722 a los retiros y pensiones del personal policial Cuerpo Comando, haciendo extensivo el beneficio al Cuerpo de Apoyo por Ley 8058.

Así al actor se le liquida actualmente su haber de pasividad aplicando el nuevo régimen, Ley 6722.

En este reclamo el actor pretende que se le abone de la misma manera desde el dictado de la Ley 6722, pero, su aplicación sólo puede ser invocada por quienes ingresaron a la fuerza ya vigente la misma y el actor a esa fecha estaba retirado bajo el régimen de la Ley 5336 conforme lo reconoce expresamente en su demanda, lo ratifica la demandada y surge de las actuaciones acompañadas, por ende su reclamo resulta improcedente.

Resalto que el derecho del administrado a su retiro se consolida por el hecho del cese en la actividad, siendo éste el momento que determina la Ley aplicable y que si bien, a fin de respetar el principio de movilidad reconocido en el art.14 bis de nuestra Constitución Nacional, debe adecuarse el haber de retiro con el del personal en actividad, en la especie esa adecuación desde la época de sanción de la Ley 6722 no resulta posible en tanto a la fecha de su retiro estaba vigente el régimen anterior.
Juicio, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: ABRAHAM, ANALIA BOSCHETTO DE Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - INCIDENTE  DE APREMIO POR HONORARIOS - EXCEPCION DE INHABILIDAD DE TITULO (CSJ  EXPTE N. 415-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-05-29

La acumulación subjetiva de pretensiones (activa o pasiva) efectuada en base a una disposición procedimental general (articulo 134 del Código Procesal Civil y Comercial) responde a exigencias del mejor funcionamiento del servicio judiciario (economía de gastos y esfuerzos) y no precisamente a la solidaridad de la obligación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, responsabilidad médica, asistencia médica, pericia médica, dictámenes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ANSALDI, IRINA c/ DELLISANTI, VANINA ESILDA Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-02

Las tachas de arbitrariedad vertidas por la recurrente en relación a la valoración del aporte causal asignado al médico por cuyo accionar se le adjudicó responsabilidad refleja a la presentante, sólo traducen la insistencia de aquélla en orden a imponer su propia apreciación de las constancias de la causa, con base en su particular enfoque de las mismas, opuesto al del Tribunal que, con apoyo en citas jurisprudenciales, señaló que la obligación de la clínica de prestar asistencia médica lleva implícita una obligación tácita de seguridad; o bien que las clínicas y los sanatorios tienen un deber de garantía frente a los pacientes, por la conducta de quienes se constituyen en los ejecutores de la prestación, y es por ello que responden en caso de no haberse proporcionado al paciente una asistencia médica adecuada; y que establecida la culpabilidad y consecuente responsabilidad de cualquiera de los médicos del plantel de la institución sanatorial, la misma deberá hacerse extensiva a esta última, resaltando que, en el caso, quedó acreditado que los profesionales del sanatorio no estuvieron a la altura de lo que requería la situación de urgencia, esto es, la alteración del bienestar fetal verificado mediante el monitoreo correspondiente, tardando en definitiva un tiempo excesivo en realizar la cesárea que, según el informe pericial, de haberse llevado adelante en término podrían haberse evitado los daños finalmente causados.
Tribunal de cuentas, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sookoian, Simón c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa Sookoian, Simón c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30|1993-03-30

El recurso de revisión contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas si bien no se encuentra impuesto legalmente no merece la calificación de innecesario cuando, por su objeto y contenido, debe equipararse al de revocatoria o reconsideración.
Contrato de trabajo, período de prueba, inscripción registral
Materia: LABORAL
Carátula: PALAIA, Martín c/ DEHEZA S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-18

La finalidad del período de prueba es alentar la contratación y el ingreso de nuevos sujetos al mercado laboral, pero no se encuentra entre los contratos de modalidades promovidas (art 28 de la LNE) por ello no necesariamente debe inscribirse tal contrato en el SURL (Sistema Unico de Registración Laboral), es suficiente que el empleador haya registrado al trabajador en el libro previsto por el art 52 LCT cumpliendo además con las restantes inscripciones del art 18 inc a) de la LNE pues el objetivo de la norma es sancionar la clandestinidad en el mercado de trabajo.
Marcas, oposición al registro de marca, marcas confundibles, superposición de productos, defensa del consumidor, información al consumidor, Ley de Marcas, voluntad del legislador
Materia: COMERCIAL
Carátula: PONTET, OMAR ORLANDO Y OTRO c/ SAENZ BRIONES Y CIA. S.A. IND. Y COM. s/ CESE DE OPOSICION REG. DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

El art. 3, Inc. b), Ley 22.362, dispone que no pueden ser registradas las marcas "similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios". La letra de este artículo exterioriza una exigencia de identidad que no aparecía reflejada en el régimen del art. 6, Ley 3975, que hacía mérito de la directa o indirecta confusión entre los productos. No obstante ello, esta Sala, con distintas composiciones, ha resuelto que la jurisprudencia elaborada durante la vigencia de la Ley 3975 es igualmente aplicable ahora bajo el régimen de la Ley 22.362. Habíamos decidido reiteradamente que el titular de una marca registrada para distinguir productos de una clase determinada, se hallaba facultado para oponerse a la concesión de otra en una clase distinta (o en la misma clase, siendo productos distintos), en aquellos casos en que la semejanza de las clases o de los productos, la difusión de la marca registrada, el hecho de venderse los artículos en el mismo tipo de negocio, u otras circunstancias especiales, fueren susceptibles de confundir al público consumidor acerca de la procedencia de esos productos, aún cuando estos no sean confundibles entre si (Corte Suprema, Fallos: 181:378: 187: 131 y 205; 189:224; 193:92; 209:179;

237:163; 245:287; 248:819; 255: 26 y 104; 280:373; 286:72; 288:444;

302:67; CNFed. Sala 1 Civ. y Com., 16.10.78, en Rev. DNPI, N. 476, pág. 92 y sus citas; it. Causas 8850, de 29.2.80; 839, de 4.12.81;

Sala 2, 26.8.77, Rev. DNPI, N. 472, pág. 438 y sus citas, entre muchas otras).
Trabajadores marítimos, accidentes de trabajo, culpa grave del trabajador, desembarco no autorizado
Materia: LABORAL
Carátula: CARRANZA, ALICIA c/ GALME PESQUERA  S.A. s/ ACCIDENTE-COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-05

El desembarco del trabajador sin la autorización expresa del capitán del buque constituye culpa grave del dependiente en los términos de la ley 9688, por consiguiente, cabe eximir de responsabilidad indemnizatoria al armador, toda vez que no puede calificarse al siniestro como configurativo de un accidente sufrido por el hecho o en ocasión del trabajo; idea esta que se robustece por lo establecido en el art. 1013 inc. 3 del Cód. de Comercio.
Estupefacientes, distribución de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Saguir, José y otro s/ Inf. Ley 23737. Causa 25175
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-25

Distribuir significa dividir una cosa entre varios con arreglo a ciertas normas o discrecionalmente. Dar a una cosa un destino conveniente, etc.

La persona que tiene a su cargo la distribución necesariamente debe tener la posesión de lo que se trate, circunstancia que no reviste quien recibe instrucciones precisas.
Prescripción, cómputo del plazo, actos ilícitos, declaración jurada falsa, asignaciones familiares
Materia: CIVIL
Carátula: M.C.B.A. c/ VENICE PASCUAL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-18

El art. 3956 del Código Civil dispone que la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación, pero este precepto está referido a las relaciones jurídicas puras y simples, es decir a las que no están sometidas a accidente alguno, en las que el titular del derecho puede hacerlo valer desde el instante mismo de su constitución. En cambio, cuando la acción está sometida a un plazo y otra contingencia, que traba el ejercicio actual de la acción, no puede hablarse de prescripción porque la acción aún no ha nacido.

Si se trata de una acción derivada de un hecho ilícito consistente en la doble percepción del salario familiar por parte del accionado, falseando la respectiva declaración jurada, el cómputo del plazo de prescripción comienza desde la oportunidad en que el damnificado tuvo conocimiento del hecho generador.
Daños y perjuicios, daño resarcible, incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OLMEDO DE CORLETTI c/ BLANCO LUCERO s/ (LIBRO: S064 - 346)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-03-26

La incapacidad es un hecho concreto que debe ser acreditado para que proceda la indemnizacion y depende de diversas circunstancias y prueba.- El dano moral se deriva de las lesiones extrapatrimoniales o afecciones legitimas que se le ocasionen a la victima. Se infiere al violarse algunos de los derechos personalisimos o de la "personalidad" que protegen como bien juridico a los atributos de la personalidad del hombre como tal.-
Tercero citado en garantía, fuero de atracción, opción
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: González, Carlos Tomás c/ Federación Médica del Chaco y/o Femechaco Emergencias o Helvetia Argentina S.A. de Seguros y/o quien resulte responsable s/ Accidente de Trabajo Ley 9688-24028.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-02-09

Hasta la entrada en vigencia de la Ley 24522, la opción prevista en el art.137 -1er. párrafo- de la Ley 19551 (hoy art. 133 -1er.

párraf.- de la Ley 24522) daba la posibilidad al actor, en caso de co-demandado fallido, de excepcionar el fuero de atracción mediante el desistimiento a su respecto; sin perjuicio de ello, cuando la co -demandada sea una aseguradora en liquidación, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma unánime y reiterada se pronunció a favor del fuero de atracción del proceso universal. Que, a partir de la vigencia de la Ley 24522, la excepción al fuero de atracción consagrada en el art.133, 3er.párrafo, (ley 24522) respecto a la aseguradora citada en garantía sobre la que se dispusiera su liquidación, torna inoperante y carente de significación en este caso el desistimiento previsto en el párrafo primero, por cuanto su finalidad no es otra que excepcionar el fuero de atracción, excepción ésta que respecto a la aseguradora en liquidación, está expresamente prevista en el párrafo tercero.
Unificación de penas, pena única, condena condicional
Materia: PROCESAL
Carátula: Buccioni, Norma Isabel s/ Falsf. de documento. Causa 25319
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

El proceso de unificación de condenas importa la desaparición de la anterior condenación para integrarse en una única para ambos delitos. Lo único que debe respetar el Tribunal es la materialidad y responsabilidad del justiciable de turno como así también la calificación legal establecida en la sentencia anterior, siendo lógico efecto de la unificación de condenas que desaparezca mediante este método de revisación de sanciones la forma en que fue impuesta y la modalidad en que se ejecutaba la pena que de ella se derivaba.

Consecuentemente, corresponde el cese de la condenación condicional, no por revocación del incumplimiento de la condenación - no cometer nuevos delitos - sino que cesa por aniquilamiento de la condenación misma. sin perjuicio de que pueda imponerse una nueva condena suspensiva si el monto de la composición fuera apropiado.
Recurso extraordinario federal, recurso de casación, nulidad de sentencia, prueba pericial, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PROCESAL
Carátula: S., D. A. s/ Homicidio agravado por ensañamiento - 3 víctimas -; S., J. O. s/ Encubrimiento s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-10-05

La crítica del señor defensor al fundamento de la nulidad cuestionada no podría justificar una excepción a tal principio, dado que aquélla se originó en el análisis de la prueba pericial - que se estimó violatorio del principio de razón suficiente -, cuando tal pauta de análisis es exigida por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en una interpretación exegética del art. 456 inc. 2 del Código Procesal Penal de la Nación (idéntico a nuestro art. 426 inc. 2 C.P.P.) y en armonía con los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto Internacional, no obstante no ser ésta una sentencia condenatoria.
Sentencia condenatoria, notificación personal, notificación por cédula
Materia: PENAL
Carátula: DE MENA, HUGO s/ SENTENCIA. NOTIFICACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-09-02

La notificación de la sentencia condenatoria, incluida la dictada por el Tribunal de Alzada, -ya que el art. 70 del Reglamento no hace excepción alguna- debe ser personal y real, no ficta; razón por la cual carece de validez la practicada por cédula, debiendo por consiguiente, ordenarse la captura del procesado; ello por estricta aplicación del plenario "Barba, Horacio D".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, declaración de puro derecho, ley de desindexación
Materia: PROCESAL
Carátula: ERIDAY-UTE e Instituto Provincial del Seguro. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-05-21

Cuestiones vinculadas a la interpretación y aplicatoriedad de la Ley 24.283, llamada de "desindexación" por su naturaleza, pueden ser definidas como "de Derecho", autorizantes por lo tanto de la apertura de la Instancia Extraordinaria.
Sociedad irregular, sociedad de hecho, representación de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Travail Servicios Empresarios c/ La Vendimia S.A.R.C. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

En las sociedades irregulares o de hecho quien actúa como administrador, representándola, debe cumplir con su obligación de rendir cuentas, liquidación de las operaciones hechas en común y partición de ganancias (art. 1663 del Código Civil)
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piorno, Isidoro Juan c/ Casa Mazzino S.A. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-24

Si los fundamentos de la decisión recurrida no fueron objeto de una crítica concreta y razonada, como es inherente a una recta técnica recursiva, opera el efecto procesal consiguiente, propio del proceso dispositivo, que lleva a considerar firme y -por ende-, exentos de revisión, los aspectos del fallo apelado no impugnados con idoneidad (doct. arts. 260, 261, 266 y conc. del cód. proc.).-
Recurso de apelación (administrativo), medidas cautelares, medida de no innovar, energía eléctrica, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur -Proconsumer- c/ Provincia de Río Negro, Empresa de Energía de Río Negro SA.(EDERSA) y otro s/ Contencioso administrativo S/Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-07-03

La medida cautelar (Prohibición de innovar) dictada, -a la luz de las Resoluciones del EPRE Nro. 42, modificada parcialmente por la Resolución Nro. 178/02, que establecen el Cuadro de Abastecimiento que regirá para el segundo quinquenio Tarifario de la Distribuidora EDERSA- ha perdido en la actualidad toda virtualidad jurídica, resultando consecuentemente que la cuestión sometida a este Cuerpo -en cuanto tiene que resolver acerca del mantenimiento o no de la cautelar dispuesta por la Cámara "a quo"- que la misma ha devenido abstracta. Ello, en razón de que si la Cámara de Apelaciones con competencia contencioso administrativa, hizo lugar a la medida cautelar solicitada, a fin de evitar un daño irreparable que derivaría del peligro en la demora en el reconocimiento del derecho invocado, con fundamento en el principio de tutela judicial efectiva, de base constitucional (conf. art. 8, inc. 1 del Pacto de San J. de Costa Rica y el art. 2, incs. 2 y 3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, directamente aplicables conforme el art. 75 inc. 22 de la C.N.); tal medida cautelar en cuanto pretendía evitar un daño irreparable, atento a las Resoluciones dictada por el EPRE antes citadas (Res. 42 y 178), resulta actualmente inocua. O mejo r dicho, las Resoluciones del EPRE citadas, en tanto actos administrativos, por lo que se presumen legítimas y con fuerza ejecutoria, que han establecido el CUADRO DE ABASTECIMIENTO que regirá para el segundo quinquenio TARIFARIO DE LA DISTRIBUIDORA EDERSA, fijando como tope máximo para la tarifa de abastecimiento, la prevista por el art. 41 inc. c) del Decreto Reglamentario 1291/95, esto es el precio que por igual suministro rija en el Mercado Eléctrico Mayorista para la jurisdicción de Río Negro, al coincidir en definitiva con el mismo tope máximo y referencia normativa fijada por el Tribunal de grado en la medida cautelar (PROHIBICION DE INNOVAR), ha perdido esta última su razón de ser, en tanto el daño que pretendió evitar y/o los derechos de la actora que pretendía proteger, encuentran hoy amparo en las mencionadas Resoluciones del EPRE., deviniendo en consecuencia la cuestión sometida a decisión del Superior Tribunal de Justicia, en cuanto tiene que resolver el recurso de apelación deducido por el apelante, abstracta.
Habilitación de instancia, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: BURGOS, JUAN GUALBERTOS c/ ESTADO NACIONAL (MIN. DEL INTERIOR) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-20

El magistrado interviniente está facultado, como principio, para declarar de oficio, que los requisitos de admisibilidad no han sido alcanzados y que, en consecuencia, ante esa insatisfacción de tales requerimientos disponer que no corresponde habilitar la instancia judicial y por ende, no dar trámite a la causa y evitar tener que expedirse ulteriormente, sobre el fondo de las pretensiones invocadas por la parte demandante.
Despido, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CANDIA DE BOILLAT, EDNA RAQUEL c/ ROSSI PEREZ  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-26

El abandono de trabajo como acto de incumplimiento que valida el despido (artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo) se configura sólo cuando el dependiente guarda silencio a la interpelación del empleador y no pretende justificar su ausencia.
Honorarios del abogado, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Terrier, Francisco José s/ Inc. ejecución de honorarios en "Arruabarrena s/ Sucesión"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-18

La regulación de honorarios no resulta exigible sino desde su notificación, conforme al art. 54 del decreto ley 8904/77, produciéndose la mora del deudor a partir del vencimiento del plazo que dicho precepto fija. Y desde la mora, el deudor debe los intereses contemplados en el citado art. 54.
Ejecución de la pena, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: EP - ABOY LUIS ALBERTO S/ EJECUCIÓN DE LA PENA (EX. OFIZA LEG. 62/14) (A.C.) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-11-29

El a quo aportó las razones por las que consideró que correspondía confirmar la decisión del tribunal de revisión -y en consecuencia, la del juez de ejecución subrogante- sobre el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la ley de ejecución penal - según el texto de la ley 25948-. En ese escenario, se considera que la fundamentación dada por el Tribunal de Impugnación resulta suficiente y traduce una interpretación posible de normas de derecho común, por lo que resulta un acto jurisdiccional válido.
Excarcelación, fianza
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CEJAS, RAUL O. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-26

La fijación del monto de la fianza no es absolutamente discresional, y si bien debe estarse a lo dispuesto en el art. 383 del código de forma, el quantum de la caución debe ser graduado de modo tal que no torne ilusorio el derecho que acuerda la ley.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Carballo, Walter c/ Cantil S.A. s/ Indemnización por despido Balderramo, Hugo A. c/ Consorcio propietarios Edificio Romina III s/ Despido y haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12|1997-07-08

Determinar si entre las partes se configuró un contrato de trabajo subordinado constituye una cuestión de hecho privativa de la instancia ordinaria cuyas conclusiones son irrevisibles, salvo absurdo, vicio que debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca.
Indemnización, daño material, daño físico, intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CORDOBA MANUEL ERNESTO c/ PALACIOS DIEGO ALBERTO s/ D.Y P. POR USO AUTOMOTOR C/ LESION O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-16

Los intereses sobre las indemnizaciones correspondientes al daño físico, a los gastos de farmacia y al daño moral se devengan desde la fecha del siniestro, pero las indemnizaciones correspondientes a daños futuros se computan a partir del vencimiento del plazo otorgado para el pago del capital fijado en la sentencia.