Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15


Expte n° 14976/17 "Vallarino, Miguel Ángel c/ GCBA s/ re-visión cesantías o exoneraciones de emp. publ. s/ re-curso de inconstitucionalidad concedido" Buenos Aires, 15 de agosto de 2018 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe;

resulta:

1. Llega a consideración del Tribunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante: GCBA) a fs. 303/311 vuelta, que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario concedió parcialmente a fs. 317/319.

2. Las actuaciones se originaron con el recurso de revisión (art. 464 CCAT) que Miguel Ángel Vallarino interpuso (fs. 1/10) contra la disposición n° 13/DGRH/2007 que lo declaró cesante ". por jubilación sin gratificación." (fs. 17/19).

El Sr. Vallarino -quien (conforme lo manifestó a fs. 2) hasta su cese había sido Presidente de la Comisión de Discapacidad y Rehabilitación dependiente del Ministerio de Salud del GCBA- explicó que en el marco de lo dispuesto por el decreto n° 584/2005: "Intímase al personal dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires regido por la Ley N° 471 que se encuentre en condiciones de acceder a cualquier beneficio jubilatorio -art. 59 inc. c) Ley N° 471- para que en el término establecido en el art. 61 de dicha norma inicie los trámites jubilatorios" (art. 1), había sido exhortado a jubilarse. Añadió que pese a haber iniciado los trámites previsionales en tiempo oportuno, al vencimiento del plazo fijado al efecto aquéllos no habían concluido por razones que le eran ajenas. Agregó que, aunque el art. 61 de la ley n° 471 autorizaba la prórroga de los plazos cuando mediasen causas no imputables al trabajador, la Dirección General de Recursos Humanos del GCBA había dispuesto su cese.

El peticionario denunció que el acto administrativo que lo había declarado cesante por jubilación también lo había excluido de la gratificación prevista en los arts. 4 y 5 del decreto n° 584/2005 porque había promovido un juicio contra el GCBA para obtener el reconocimiento del carácter remunerativo de algunos de los rubros que integraban su salario, que al momento del dictado del acto administrativo impugnado estaba en trámite. Ello así, de conformidad con el art. 6 inc. c de la norma citada según la cual: "No pueden obtener la gratificación: (.) Quienes hubieren iniciado reclamos administrativos, demandas judiciales contra cualquiera de los Poderes de la Ciudad de Buenos Aires, o sus entes (.) con motivo de su relación laboral y en tanto no desistan de la acción iniciada y del derecho que pretenden ejercer.".

Requirió la declaración de nulidad de la resolución, su inmediata reincorporación a su puesto de trabajo hasta la conclusión de los trámites previsionales y el pago de la gratificación prevista en los arts. 4 y 5 del decreto n° 584/2005. También reclamó una indemnización por los daños y perjuicios producidos por la declaración de cesantía.

3. Contestada la impugnación por el GCBA que defendió la validez de la disposición cuestionada (fs. 97/103) los jueces a quo la admitieron parcialmente (fs. 290/296).

Los camaristas tuvieron en cuenta que, al momento de la sentencia, el Sr. Vallarino había accedido a la jubilación ordinaria. En este sentido, concluyeron que la pretensión referida a su reposición en el cargo que detentaba había devenido abstracta y que su presentación había subsistido en torno a la gratificación prevista en el decreto n° 584/2005 y las indemnizaciones que había requerido (fs. 291).

Declararon la inconstitucionalidad del art. 6 inc. c del decreto n° 584/2005 y la nulidad parcial de la resolución impugnada, y ordenaron al demandado el pago de la gratificación prevista en los arts. 4 y 5 de la norma citada. En cambio, rechazaron la pretensión indemnizatoria del Sr. Vallarino por falta de prueba.

En relación con la inconstitucionalidad del mencionado art. 6 inc. c, explicaron que sus términos eran ". incompatibles con el principio protectorio del derecho laboral, como así también con el derecho de peticionar judicialmente" (fs. 293 vuelta), precisando que ". los requisitos establecidos para acceder a la gratificación -desistimiento de una acción en la que se debaten derechos de naturaleza laboral y previsional- [devenían] una condición irrazonable teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria de los derechos en juego ya que [buscaba] desalentar sin ninguna justificación ponderable el legítimo derecho de tutela judicial efectiva" (fs. 293 vuelta).

4. Disconforme, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 302/311 vuelta).

Denunció que la Cámara había declarado la inconstitucionalidad del art. 6 inc. c del decreto n° 584/2005 sin que hubiera mediado petición de parte al respecto, afectando su derecho de defensa. También invocó la doctrina de la arbitrariedad de sentencia.

El Sr. Vallarino contestó el traslado pertinente (fs. 313/315 vuelta) y la Cámara concedió el recurso parcialmente.

5. Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propició que el Tribunal declarase mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA (fs. 325/326).

Fundamentos:

Los jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde y Alicia E. C. Ruiz dijeron:

1. Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA, pues no logra demostrar una vulneración al principio de congruencia procesal que le hubiera impedido ejercer su derecho de defensa.

2. Debe recordarse que la Cámara concedió el recurso de inconstitucionalidad únicamente en relación con la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 inc. c) del decreto n° 584/2005.

Los jueces aclararon que adoptaban este criterio porque el GCBA había denunciado que tal declaración no había formado parte de la pretensión del Sr. Vallarino, de modo que no había podido ejercer su derecho de defensa al respecto.

3. Sin embargo, la lectura del recurso que dio origen a las actuaciones muestra que los agravios del GCBA están completamente infundados.

Nótese que en esa presentación, el Sr. Vallarino manifestó: "Como el Tribunal podrá observar, es contrario a derecho condicionar la percepción de un 'incentivo' de carácter general a la renuncia de los derechos que le asisten a los beneficiarios del mismo (.). Por lo cual corresponde que se me otorgue el incentivo sin condicionarlo a la renuncia de mis derechos, condición que por otra parte es manifiestamente inconstitucional. Lo que así pido que el Tribunal oportunamente resuelva" (fs. 3 vuelta).

4. Frente a las expresas manifestaciones y peticiones de su contraparte, que con la lectura del recurso directo es sencillo advertir, el recurso de inconstitucionalidad del GCBA -en cuanto fue concedido- aparece falazmente fundado.

Es que la estrategia argumental que allí se despliega se apoya en sostener que la decisión del a quo ". se aparta de las pretensiones del actor, declarando la inconstitucionalidad del art. 6° inc. c) del Decreto N° 584/2005, pretensión no solicitada por el actor, resultando ello ajeno al planteo de autos, y extremo que mi parte no pudo defender en virtud de no haber sido materia de debate" (fs. 304 vuelta, sin el destacado original).

Como se vio, tal afirmación es contraria a las constancias de la causa.

En este contexto, los planteos del GCBA constituyen cuestionamientos sumamente genéricos y desconectados de las circunstancias de la causa sub examine.

5. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las costas se imponen al vencido por aplicación del principio objetivo de la derrota, y por no mediar razones que autoricen a apartarse de él.

Así lo votamos.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. El GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de Cámara que resolvió: "1) hacer lugar parcialmente al recurso del actor y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del art. 6 inc. c) del Decreto Nº 584/2005 y la nulidad parcial de la disposición 13/DGRRH/07 en cuanto deniega al actor la gratificación prevista en el decreto 584/05, en los términos del voto de la jueza FABIANA H. SCHAFRICK DE NUÑEZ; 2) Ordenar al GCBA el pago de dicha gratificación al actor, con intereses calculados con arreglo a lo expuesto en el considerando XI del voto de la jueza FABIANA H. SCHAFRIK DE NUÑEZ; 3) desestimar las restantes pretensiones del Sr. Vallarino; y 4) imponer las costas en el orden causado (conf. Art. 65 del CCAyT)" (cf. fs. 296).

Para decidir de esa forma, los camaristas consideraron que (i) la pretensión consistente en que se reincorpore a la parte actora en su cargo había devenido abstracta porque el beneficio jubilatorio ya había sido otorgado; (ii) la exigencia establecida en el inciso c) del art. 6 del Decreto Nº 584/05, referente al desistimiento las acciones judiciales contra el GCBA como requisito para la procedencia de la gratificación allí prevista era inconstitucional por ser incompatible con el principio protectorio del derecho laboral, el derecho a peticionar judicialmente y la garantía de igualdad; y (iii) la pretensión indemnizatoria de la parte actora no podía prosperar porque las pruebas producidas ante la Cámara no permitían tener por acreditados los daños patrimoniales y morales invocados.

2. La Cámara resolvió cuestiones que no debieron ser tratadas en el marco del recurso directo de impugnación regulado en los arts. 464 y 465 del CCAyT. En efecto, tanto el pedido indemnizatorio como la cuestión sobre la procedencia de la gratificación prevista en el Decreto Nº 584/05, son cuestiones que debieron ser ventiladas en el marco de una acción contenciosa ordinaria.

Sin embargo, más allá de lo señalado y del acierto o error de lo resuelto en esa sentencia, corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 303/311 vuelta porque el único agravio que el GCBA planteó en su recurso de inconstitucionalidad está dirigido -exclusivamente- a sostener que la Cámara resolvió la procedencia de la gratificación y la inconstitucionalidad del art. 6 inciso c) del Decreto Nº 584/05 sin que hubiera sido solicitado por la parte actora en su escrito de inicio y, consecuentemente, sin que el GCBA pudiera ejercer su derecho de defensa. Ese agravio remite, únicamente, a establecer cuál fue el alcance de las pretensiones recursivas ante la Cámara, materia propia de los jueces de la causa; y la parte recurrente no muestra que la Cámara haya obrado arbitrariamente en este punto.

3. Por las consideraciones expuestas, voto por declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con costas.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva a la Cámara remitente.

La jueza Inés M. Weinberg no suscribe la resolución por estar en uso de licencia.