marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, principios procesales, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: Acción Chaqueña s/ oficialización lista de candidatos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-29

No cabe invocar agravios de carácter constitucional, cuando ellos provienen de la propia conducta discrecional del recurrente.
Defensa en juicio, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: Garcia, Rodolfo Baltasar s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

No hay violación del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución de la Nación si la jurisdicción de la Cámara se ha abierto ante la apelación de la sentencia de primera instancia por la defensa con las limitaciones del art. 310 -n.a.- del C.P.P. La potestad de conocimiento de la Cámara no puede verse limitada, en el caso, por el reconocimiento de las pretensiones de la defensa formulado por el Señor Fiscal de Cámaras en su contestación de agravios.
Derecho procesal, competencia ordinaria, competencia por el territorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DI  MENNA BEATRIZ CRISTINA c/ BANCO GALICIA URUGUAY SA Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

Si las reglas de competencia contenidas en el Cpr: 5 - 5º tienen por objeto localizar las relaciones jurídicas en cuanto a la jurisdicción competente dentro del propio Estado, no se advierte por qué razón habría de variar tal criterio por el hecho de que el caso tuviese elementos internacionales. Es cierto que determinar si un tribunal argentino tiene jurisdicción internacional para conocer en un caso es una cuestión de carácter general, diversa a la de saber cuál tribunal interno será competente para conocer en él; mas el principio de extender al orden internacional las reglas argentinas (en nuestro caso) de competencia interna en caso de laguna de la ley, reposa en un criterio de equivalencia funcional que autorizaría la bilateralización propuesta, como recurso subsidiario. Por lo general, sin embargo, el carácter internacional de las situaciones requerirá de adaptaciones o, incluso, modificaciones, en estas reglas (conf. Uzal, María Elsa, "Solución de Controversias en el Comercio Internacional", página 24/5). Ello así, estímase clara la posibilidad de bilateralizar la norma interna de jurisdicción que proporciona el artículo 5, inciso 5 Cpr, al encontrarse integrado un litis consorcio pasivo, y admitir la competencia de nuestros tribunales en el caso, acogiendo el criterio de que la accionante puede demandar ante el tribunal competente del domicilio de cualquiera de los litisconsorcistas como interpretación integradora del artículo 56 del TDCM 1940.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, imprudencia, reglas de tránsito, obligaciones del conductor, peatón distraído
Materia: CIVIL
Carátula: BOLDRER MARIA c/ RASIC EMILIO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

El peatón distraído y aún el imprudente constituyen un riesgo inherente al tránsito, por lo que los conductores deben extremar la prudencia en el manejo de sus vehículos.
Mandamiento de ejecución, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Medina, Elías José s/ Mandamus conf. art. 33 de la Const. Prov. Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-16

La acción conferida por el art. 33 de la Const. Pcial. Por su analogía con el instituto del amparo por mora configura una acción judicial brevisima y simple de carácter excepcional cuyo único objeto es ordenar a la administración el cumplimiento de sus obligaciones, generando consecuentemente la carga de soportar las costas al ente administrativo que con su comportamiento negligente obligo al beneficiario de un derecho reconocido a accionar judicialmente por vía de la invocada norma constitucional.
Cuestiones de competencia, defensor general de la Nación, defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensor General de la Nación y el Defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. s/ Conflicto de competencia entre el Defensor General de la Nación y el  Defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

El Defensor General de la Nación carece de facultades para desplazar al funcionario habilitado legalmente para actuar ante la Corte Suprema, lo cual no implica afectación de sus atribuciones constitucionales (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Adolfo Roberto Vázquez).
Defensa en juicio, agravio hipotético, cuestiones de hecho y prueba, valor probatorio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Cordero Álvarez, M. A. s/ infr. art(s) 81, oferta y demanda de sexo en espacios públicos, CC'".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-07

Los agravios de la defensa están dirigidos a controvertir cuestiones de hecho vinculadas al valor probatorio que los jueces de mérito dieron a las constancias de la causa, de las que extrajeron como conclusión que la consulta requerida por el art. 81 del CC había sido debidamente formulada mediante un planteo que no muestra involucrar un problema distinto a uno de sincronización de relojes, en lugar de uno relativo a la legítima sujeción a proceso; e interpretación que los jueces de mérito hicieron del segundo párrafo del art. 81 del CC, artículo cuya constitucionalidad no viene discutida. (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Seguros, seguro de responsabilidad civil, cobertura, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, citación en garantía, seguro marítimo, seguro de protección e indemnidad, denuncia del siniestro, falta de prueba, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, principio de congruencia, ley de seguros
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ACONCAGUA CIA. DE SEG. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. MISIONES II s/ FALTANTE DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

En el precedente de la Sala III al contestar la citación, la CNAS manifestó que "a la fecha del siniestro no existía cobertura del riesgo de responsabilidad civil frente a terceros, motivo por el cual no cabe el reclamo ni su citación al proceso, ya que no existe en el caso seguro alguno que pueda hacer funcionar la garantía prevista por el art. 118 de la ley 17.418". Por el contrario, en este caso y en los tres precedentes de esta Sala, la situación es otra la CNAS. fue citada en los términos del art. 118 de la ley de seguros, pero nada objetó en ese sentido. Se limitó a contestar su citación, reconociendo la emisión de una póliza de protección e indemnidad según las Reglas del Gard, objetando su procedencia no porque fuera inaplicable al citado art. 118, sino por no tener constancias de la denuncia del siniestro, sosteniendo que desconocía si éste había ocurrido. Importa puntualizar que consideró como siniestro a la producción del faltante que motivó el juicio y no al previo pago al armador. Cabe concluir entonces que lo relativo a si el consignatario contaba o no con una acción directa contra el asegurador del armador, no fue un tema sometido específicamente a la litis, más aún cabe considerarlo claramente excluido de la controversia, al no proponerse objeción alguna a la aplicación del art. 118 en el que se fundó la citación. Esta es razón suficiente para el rechazo del planteo de la apelante, conforme con el principio de congruencia (arts. 34, inc. 4, 163, inc 6, 271 y 277, Cód. Proc. Civ.).
Recurso de casación, accidentes de trabajo, daño moral
Materia: Laboral
Carátula: Crespo, Miguel Angel c/ Empresa Río Colorado S.A. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-07-02

...El sufrimiento moral: angustia, inseguridad, desubicación temporal, climática, vergüenza al tener que depender de otros, miedo por el futuro mediato, ansiedad por conocer el diagnóstico definitivo que demoró alrededor de cinco meses, hasta que se decidió la derivación al Británico en Bs. As.; su internación, doce días lejos de su ambiente familiar, su operación, el injerto, el pronóstico laboral derivado de su situación de inferioridad. El acomodamiento a una nueva realidad cotidiana, al haberse convertido en un discapacitado permanente. La nueva relación familiar, el trato con los hijos, la convivencia con su esposa, etc., repercuten a su vez en otros de sus bienes más valiosos, como lo son la paz y armonía conyugal y familiar, frente a un futuro inesperadamente oscuro en la faz laborativa, ya que conforme a la pericia médica, no podrá realizar las tareas que desarrollaba antes del accidente. Y hay, por fin, algo más, la lesión llamada estética, consistente en las cicatrices, en las dificultades funcionales de dos miembros, en particular la marcha "stepage", que afecta -sin que sea necesaria prueba para ello- la esfera psíquica, provocando timidez o vergüenza, alterando su comportamiento habitual.

Frente a este cuadro, la reparación pecuniaria no podrá volver las cosas al "statu quo ante", sino que servirá como una manera de compensación por el agravio inferido, y el sufrimiento futuro.
Proceso penal, simple damnificado, capacidad procesal, Estado Nacional, empresas del Estado
Materia: PENAL
Carátula: PERNA, Antonieta s/ rechazo de ser tenido como parte querellante Causa nro. 26.775
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-22

Como acertadamente lo señaló el a-quo en la resolución impugnada, el derecho de propiedad de la empresa presuntamente afectada pertenece al Estado Nacional, persona jurídica cuya existencia es distinta de quienes la componen y que cuenta además con la suficiente capacidad procesal como para tomar parte en el juicio. Los arts. 14 y 170 del ordenamiento ritual, prescriben los requisitos que debe reunir quien pretende promover y estimular el proceso penal, de modo coadyuvante con el Ministerio Fiscal, esto es, la persona particularmente ofendida por el ilícito.
Gravamen irreparable, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: T., L. R. c/  s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-16

Explicaron que la decisión podía causar un gravamen de imposible reparación ulterior debido a que la asignación jurídica que proponía la defensa en su apelación, de resultar procedente, habilitaría al imputado a acceder a la extinción de la acción penal mediante el pago voluntario de la multa (art. 64 CP).
Recurso de queja (procesal), privación de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Orozco, Haydee Susana s/ queja por denegación de justicia en 'GCBA c/ Bellmunt Salmeron, Pedro y González Méndez Graciela s/ ejecución fiscal' justicia en 'GCBA c/ Bellmunt Salmeron, Pedro y González Méndez Graciela s/ ejecución fiscal'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-08

No se configura un supuesto de denegación de justicia porque la recurrente compareció ante los estrados judiciales y su caso fue fallado en dos instancias -aunque en forma adversa a su interés-. La lectura del petitorio que formula en esta queja demuestra que, en verdad, plantea su disconformidad con esas decisiones. Además, porque la queja, en el caso particular en que se invoca denegación de justicia, no tiene por finalidad sustituir las vías recursivas previstas en la Constitución y en las leyes locales para que las partes planteen ante el Tribunal los agravios de índole constitucional que pudieran haberse generado durante la tramitación del proceso en anteriores instancias.
Derecho a la imagen, publicación de fotografía, consentimiento, carga de la prueba, derecho a la intimidad, presunción legal
Materia: CIVIL
Carátula: ORTIZ MIGUEL ANGEL Y OTRA c/ LA GACETA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-10

Ahora bien, la ley 11.723 expresamente establece que el retrato de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma (art. 31). Se prohibe, por consiguiente la publicación de retrato sin consentimiento de la persona. De allí que, en principio, la mera publicación sin consentimiento del retrato de una persona sin causa que la justifique, es un acto indebido que, como tal, genera responsabilidad.

La ley no confunde la tutela que proyecta con la del honor, desde que no exige algún ataque a la estima, fama o respetabilidad, y menos un delito de injuria o calumnia. Basta, objetivamente, la utilización. Tampoco requiere que quede herida la vida íntima o peace of mind -paz interior-. Respecto a lo que se considera interés general que justifique a la comunidad reivindicar cierto derecho a esta clase de publicación, cabe expresar que el derecho sólo encuentra su límite cuando se enfrenta a un "bien superior colectivo", razón por la cual, cuando la reproducción de la imagen no es necesaria para el cumplimiento de las finalidades tenidas en mira por el legislador para consagrar las excepciones -previstas en su articulado-, se requiere el consentimiento del retratado, o bien el arbitrio de los medios que impidan que éste sea reconocido.

A su vez, la carga de la prueba sobre el consentimiento, en virtud de que es una defensa y una excepción de responsabilidad, recae sobre quien la alega para evitar las reclamaciones del titular de la imagen. Frente al hecho violatorio del derecho personalísimo, entonces, la autorización o la excusa debe ser probada por quien la alega como defensa. La jurisprudencia dominante ha entendido que la intromisión en la vida de otro debe ser arbitraria pero que, en el caso de la publicación de retratos, la ley presume "iuris et de iure" que siempre se viola la intimidad. La sola prueba de la publicación sin la autorización correspondiente deviene arbitraria porque expresamente una previsión legal lo impide y sanciona, a menos que exista una excepción legal, la que debe ser probada por el que la afirma.
Accidente de tránsito, responsabilidad del peatón, presunción de culpa
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Sara c/ Mayo  S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-21

Si bien la violación de las disposiciones relativas al cruce de calzadas origina la presunción de culpa del peatón (art. 49, ap. a) ley 13.893), no excluye la del conductor imprudente, pues ambos tienen la obligación de observar correctamente los reglamentos de tránsito.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, pena, graduación de la pena, monto de la pena, facultades del juez, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Mareco, German Jesús c/  s/ falsedad ideológica de documento publico agravado por ser funcionario publico-
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-03-05

La suerte de la presente impugnación no puede variar a la luz de las postulaciones recursivas vinculadas con la pena, por cuanto la interesada se limita a tildarla de excesiva, reclamando la imposición del mínimo legal, mas sin hacerse cargo de acreditar por qué considera que la sanción aplicada resulta en el caso de una magnitud irrazonable o desproporcionada, sin siquiera intentar rebatir las circunstancias tomadas por la Cámara como agravantes; en consecuencia, la cuestión apunta exclusivamente a discutir en esta instancia la interpretación efectuada por la Alzada de las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal tenidas en cuenta para graduar la respuesta punitiva, asunto que en la medida que fue decidido con suficientes fundamentos dentro de los límites establecidos por las leyes respectivas, por opinable que resulte, no habilita la apertura de esta instancia de excepción. - CITAS: CSJN: Fallos 312:551; 315:807 y 324:4170; CSJStaFe: AyS T 204, p 224; T 219, p 131. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 40 y 41
Derecho laboral, recurso de apelación (procesal), contrato de trabajo, ley de contrato de trabajo, presunciones, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: ABRAHAM, Mabel Del Huerto. c/ PARQUE S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-14

Un hecho significativo es el reconocimiento por la demandada de la prestación de servicios por la actora, lo que lleva a considerar a la Sra. Juez a-quo -con cita de jurisprudencia-, que la carga de la prueba se invierte, debiendo el demandado acreditar que el vínculo o nexo que los unía con el actor, era de naturaleza distinta a la relación laboral subordinada
Instrucción, secuestro de bienes, restitución del automotor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Inc. de rep. y apel. en subsidio prom. querella. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

Si aún no se ha concluido con la investigación de los hechos, no corresponde hacer lugar al pedido de entrega del automóvil al querellante, en tanto quien detenta la titularidad del rodado ha negado su venta y que la adquisición de buena fé alegada por el requirente aún no ha quedado fehacientemente demostrada.

Por ello, corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar a la entrega del vehículo.
Trabajadores de Luz y Fuerza, suspensión del convenio colectivo, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: FEDERACION DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-22

El laudo arbitral 22/90 que suspende ciertas cláusulas normativas de la CCT 36/75 no altera las condiciones de ejecución de las prestaciones laborales de los trabajadores, ni afecta su actual nivel remuneratorio, lo que excluye la hipótesis de que pueda generar perjuicios irreparables que justifiquen el dictado de una medida de no inovar.
Marcas, uso indebido de marca o designación
Materia: PENAL
Carátula: Levy, Elías s/ Infr. Ley 22.362
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-03

El art. 31 inc. "b" de la ley 22.362 sanciona la simple aplicación de una marca falsificada, esto es, cualquier empleo que se haga de ella, desde la simple tenencia de etiquetas sueltas sin autorización de sus dueños hasta el hecho de hacerlas figurar en anuncios, afiches, circulares, etc.
Regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Sydall, Miguel R. c/ Sydall Erico y otros s/ cancelación aumento de capital y rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-14

Tratándose de un proceso complejo con diversos asuntos societarios en conflicto, en el que no existe un monto concreto y determinado, a fines de regular los honorarios de los abogados intervinientes no cabe atenerse solamente a los estados contables, sino también deben estimarse los intereses pecuniarios disputados en la litis, teniendo en cuenta no sólo el patrimonio neto de la sociedad, sino también la participación del socio actor en el ente, su valoración del monto comprometido, y el giro empresario.
Impuesto sobre los ingresos brutos, prescripción
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: YPF S.A. c/ DGR s/ s/ recurso apelación judicial c/ decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

En materia de tributos, la regulación de la prescripción no parece que pueda escindirse del sistema de recaudación tributaria, dado el tipo de obligaciones de que se trata, directamente implicadas en el sostenimiento básico del Estado, sus funciones y el cumplimiento de sus deberes (vg.: art. 2.1, PIDESC). La prescripción liberatoria disminuye la incertidumbre del sistema jurídico, fija con certeza el tiempo en el que puede ser reclamado el cumplimiento de la obligación, luego del cual, el supuesto deudor puede oponerla como defensa.
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: C., M. A. s/ Tercería de Mejor Derecho en Autos "S., J. O. c/ M., A. R.  y/u otro s/ Demanda de Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-16

"La expresión utilizada por el art. 68 "in fine" CPCC., no debe sobredimensionarse, porque si la verdad propiamente jurídica es un tipo de verdad eminentemente esquemática que no debe confundirse con la certeza ni con la veracidad, la duda como fenómeno que oscila entre dos proposiciones no concordantes resulta una constante en la controversia judicial y esto sólo no justifica la eximición en la imposición de las costas, conforme al principio general que gobierna la materia".
Recurso extraordinario federal, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, razonabilidad, gas, relación de causalidad, gasista
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARCIA, CARLOS OSVALDO c/  s/ ESTRAGO CULPOSO AGRAVADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

La reedición de las postulaciones de la impugnante no alcanzan a persuadir sobre la irrazonabilidad de la motivación brindada ni tuercen la suerte del remedio intentado, puesto que la insistencia de su tesis acerca de la supuesta inoperabilidad de la válvula reproduciendo idéntico razonamiento al expuesto en el remedio reglado por la ley 7055, arrastra la misma carencia de decisividad sobre el resultado final de la causa, habida cuenta que la Alzada tuvo por acreditado la existencia de una desviación del curso causal provocado por el propio gasista matriculado -quién había mentido al decir que cerró la válvula de bloqueo-, y la tesis acusatoria, de tinte conjetural, se basaba en un presupuesto no verificado. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055
Inhabilidad de título, intereses, aportes a obras sociales
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Provincia de Jujuy s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-12

No procede la excepción de inhabilidad de título si la ejecutada no acreditó con la documentación correspondiente que haya abonado los intereses cuyo cobro y que se devengaron como consecuencia de que los aportes y contribuciones se efectuaron fuera de término.
Competencia, competencia por el territorio, defensa de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SURGAS SA s/ Recurso de queja por rec. directo denegado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-04

Esta Sala mantiene su decisión, en el entendimiento de que en este caso -en el que el recurso de queja fue deducido en el marco de una investigación de oficio en el mercado de GLP envasado de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe-, resulta sustancial para determinar la competencia territorial, de acuerdo con el art. 53 de la ley 25.156, el lugar en el que tuvieron lugar los hechos, por cuanto tal circunstancia es la que va a definir el mercado geográfico relevante dentro del cual se medirá la gravedad y efectos de la conducta que se considera restrictiva de la competencia (cfr. arts. 1 y 2 de la ley 25.156). Atento el conflicto negativo de competencia suscitado entre este Tribunal y la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, se remiten las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del art. 24, inc. 7, de la ley 25.156