Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-06


---- En la ciudad de Trelew, a los días de abril del año dos mil diez, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S., O. G. c/ B., E. J. s/ Cobro de pesos" (Expte. nº 78 - año: 2010) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 76.--- ----A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:	--	I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar a la totalidad de los reclamos salariales, indemnizatorios del despido indirecto y de asignaciones familiares formulados en la demanda, en razón de haber tenido la Señora Jueza "a quo" por ciertos todos los hechos alegados en el escrito liminar a tenor de la confesión ficta en que incurriera el demandado, elemento de juicio no desvirtuado por probanza en contrario alguna, sino que, antes bien, resultó ratificado por la documental acompañada por la actora.	-	Apeló tal decisión el demandado, quien al fundar su recurso expuso que la confesional ficta suya fue conmovida por los documentos que de su lado anejara, de los que surge el pago de haberes reclamados, documentos esos no desconocido por la adversaria y que la Señora Jueza "a quo" omitiera valorar.	-	Con referencia a las asignaciones familiares, sostuvo el recurrente que la actora no demostró haber puesto a disposición del empleador la documentación pertinente al efecto. Añadió que, además, frente al egreso de la trabajadora anterior al día 10 del mes no le correspondía percibir las asignaciones de la mensualidad de la denuncia del contrato.	-	II.- Es por completo inexacto que los recibos de fs. 23/25, acompañados por el demandado con su responde a la pretensión, hayan resultado hábiles para echar por tierra, ni en todo ni en parte, la presunción "iuris tantum" generada por la ficta confesión en que él cayera (fs. 35 y 43; art. 24 de la Ley XIV n° 1, ex art. 25 de la Ley 69). La autenticidad de esos documentos fue concreta y categóricamente desconocida por la actora al evacuar el traslado que de ellos le fuera corrido, en especial la de las firmas que aparecen al pie de los mismos a ella atribuidas (fs. 29, pto. I), sin que luego el demandado aportara prueba alguna de dicha autenticidad controvertida; es más, él ni tan siquiera ofreció la producción del cotejo imprescindible para la comprobación de la misma (arts. 1033 Cód. Civ., 394 C.P.C.C., ex art. 390).	-	Harto sabido es -y este tribunal se ha visto en la necesidad de reiterarlo hasta el hartazgo- que sólo cabe juzgar la atendibilidad o poder convictivo de un documento cuando previamente haya sido reconocida o demostrada su autenticidad (arts. 1026, 1033 Cód. Civ.; confr.: S.C.B.A., Ac. y Sent. 1960-V-225, 1966-I-250; esta alzada, c. 17.903 S.D.L. 25/01, c. 20.538 S.D.L. 40/05, c. 22.142 S.D.L. 48/07, c. 22.676 S.D.L. 34/08, c. 22.805 S.D.L. 70/08, c. 366/09 S.D.L. 70/09, entre varias).	-	Así pues, los documentos de marras, de autenticidad desconocida y no acreditada, resultaron inatendibles y no cabe reprochar a la juzgadora de origen el que no expresara su apreciación de ellos en la sentencia.. Recuérdese que los jueces "no tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa", cual reza el art. 390, parte 2da., C.P.C.C., ex art. 386).	-	III.- Tocante a la entrega al empleador de la documentación necesaria a los efectos del cobro de las asignaciones familiares, ese hecho fue específicamente alegado por la actora en su demanda (fs. 17 párr. 2°), de modo que quedó abarcado por los efectos de la ficta confesión del demandado, sin que le fuera menester entonces a la actora el producir sobre ese punto otra probanza distinta.	-	Cual muy reiteradamente hemos tenido precisión de declarar -lo recordó la "a quo"-, la confesión ficta produce los mismos e idénticos efectos que la expresa en cuanto al reconocimiento de la verdad de los hechos que han sido objeto de ella, estribando la única diferencia entre ambas especies en que mientras la segunda constituye "plena prueba" según el art. 427 C.P.C.C. (ex art. 423), la primera crea una presunción "iuris tantum", desvirtuable por ende mediante pruebas en contrario ("salvo prueba en contrario", reza el art. 24 de la Ley XIV n° 1, ex art. 25 de la ley 69; esta alzada, c. 675/09 S.D.L. 85/09, c. 22/10 S.D.L. 5/10, por citar sólo los últimos precedentes en que así lo señalamos).	-	A partir de dicha presunción se invirtió entonces sin más la carga de la prueba, porque en nuestro sistema procesal la "ficta conffessio" no requiere de corroboración por ninguna otra probanza para erigirse en elemento de convicción que el juez tiene el deber insoslayable de atender, cual con meridiana claridad y en modo imperativo la citada norma establece al disponer que el incompareciente sin causa justificada a la audiencia "será tenido por confeso".	-	IV.- En cuanto atañe al derecho a percibir o no las asignaciones familiares por la data de egreso de las labores, dos coincidentes argumentos militan a favor de la desestimación del agravio.	-	De una parte, mal puede hoy la sala dirimir ese capítulo no planteado en su ocasión (art. 280 C.P.C.C., antes art. 277). En nuestro sistema procesal, caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, la primer limitación impuesta a las potestades del tribunal de alzada viene dada por la relación procesal trabada con la demanda y su contestación. Juegan en ello liminares principios que hacen, de un lado, al derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes, evitando sorpresas causídicas y efectivizando el orden en la tramitación de los procesos, y, del otro, a la esencia misma del régimen de la doble instancia, pues en el sistema escriturario la apelación no configura un nuevo juicio que posibilite que las partes incorporen nuevas pretensiones, cuestiones y oposiciones. El cometido del órgano "ad quem" se limita a verificar, sobre el piso de marcha de la sentencia de mérito impugnada y siguiendo el hilo conductor de los agravios, el acierto o error en que haya incurrido el juzgador de la instancia de origen en ese acto procesal decisorio, mas, desde luego, sin incursionar en tópicos que el juzgador de origen no resolvió por la sencilla razón que no le fueron sometidos. Tal lo he señalado en mis votos desde antaño ( c. 11.684 S.D.L. 119/95, c. 11.702 S.D.L. 115/95, c. 11.885 S.D.L. 53/96, c. 12.316 S.D.L. 53/97, etc.).	-	Desde antiguo hemos declarado asimismo que también en esta segunda instancia rige el principio de congruencia, pauta general establecida para la totalidad del proceso, y no es dado en consecuencia extralimitar la relación procesal diagramada con los escritos constitutivos, para cuya modificación no es pieza idónea la expresión de agravios, que no brinda ocasión para la introducción al proceso de nuevos temas de debate, como lo son las defensas extemporáneas, opuestas fuera de la oportunidad reglada en el art. 360 párr. 1° C.P.C.C. -antes art. 356-, al que remite el art. 48 de la Ley XIV n° 1 -ex art. 49 de la Ley 69- (arts. 244 y 280 C.P.C.C., anteriormente arts.242 y 277; esta alzada, precedentes ya cits. y c. 11.571 S.D.C. 35/95). No en vano el art.274. cód. cit. (ex art.271) establece que en los votos pronunciados por los jueces en el acuerdo "se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravio".	-	Así pues, exponer quejas sobre un capítulo que el sentenciante del previo grado no falló, en tanto no le fue sometido a decisión, y respecto al cual, por ende, no pudo cometer errores, no constituye la crítica concreta y razonada que el art. 268 C.P.C.C. (antes art. 265) requiere como carga que el apelante ha de satisfacer para la suficiencia de su recurso, so pena de deserción del mismo (art. 269 ídem; ex art. 266).	-	La segunda razón que confluye para el rechazo de este agravio consiste en que la resolución del contrato de trabajo tuvo lugar el día 10/9/07, esto es antes del vencimiento del plazo alegado a cuya conclusión pierde el trabajador el derecho a percibir las asignaciones familiares.	-	V.- Por los motivos expuestos entiendo que la decisión en crisis debe ser confirmada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia al apelante vencido en ella (art. 57 de la Ley XIV n° 1, ex art. 59 de la Ley 69) y regulando los honorarios de su patrocinante, Dr. J. G. V., por sus tareas de alzada y atendiendo a la extensión, calidad y resultado de ellas, en la suma equivalente al 2 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse (arts. 5, 6, 13, 18, 46 de la Ley XIV n° 4, ex arts. 6, 7, 14, 19, 47 del Dec.-ley 2.200).	-	Me pronuncio aquí en consecuencia por la AFIRMATIVA.	- ---- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo López Mesa expresó:------- --- Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por el colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Velázquez. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos relevantes traídos a revisión de esta Sala.- --- En primer término cabe consignar que sostiene el apelante que los recibos de fs. 23/25, acompañados por el demandado en su contestación, han resultado idóneos para revertir la presunción que surge de la confesión ficta de su parte. No es admisible tal alegación.----- --- Es que se trata de instrumentos privados. Y es sabido que tales instrumentos de por sí, a diferencia de los instrumentos públicos, carecen de autenticidad, es decir del elemento indispensable para que su contenido pueda valer como prueba, consistente en la demostración de que el instrumento emana de la persona a quien se le atribuye. Tal demostración es requerida y se obtiene -a falta de una presunción legal- por vía del reconocimiento de la firma (art. 1028) o bien de ser negada, por la comprobación judicial (Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª, 5/5/78, "CHIAPERO, BARTOLO M. EN SAN JULIÁN, CÉSAR R. v. BARTOLO M. CHIAPERO / POR RESCISIÓN DE CONTRATO. DAÑOS Y PERJUICIOS. CASACIÓN", en AbeledoPerrot online).--------- --- Y respecto de los instrumentos esgrimidos por el apelante, ninguno de estos medios de contrastación de su autenticidad ha sido producido y ello era requisito insoslayable de su idoneidad, como que la autenticidad de tales documentos fue desconocida por la accionante al contestar el traslado que se le corriera. Y luego de tal negativa de su autenticidad, así como la de la firmas obrantes al pie de tales documentos (cfr. fs. 29, pto. I), el accionado no aportó ninguna prueba de la autenticidad de éstos, no habiendo tampoco ofrecido producirla, lo que deja sus aseveraciones carentes de toda apoyatura probatoria.---- --- Bien se ha resuelto que en materia de instrumentos privados, si la parte demandada negó autenticidad a la documentación acompañada por el actor, éste último debe traer la prueba para acreditar dicha circunstancia -autenticidad- desde que se trata de un hecho que hace al presupuesto de su derecho (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 19/12/01, "Rada, Claudia v. Pehuamar S.A. s/ Daños y Perjuicios", en Juba sum. B1351751).--- --- Y que cuando no se trata de documentos atribuidos a la contraparte, y que por sí solos no traen aparejada o demostrada su autenticidad, es necesario ofrecer y producir la prueba consiguiente para que ese instrumento posea efectos respecto de terceros -ya que es evidente que no se puede reconocer documental en cuya formulación no se ha intervenido o la cual que ni siquiera ha sido suscripto-, prueba que incumbe a quien intenta valerse de la misma pues es obligación producir en el proceso elementos probatorios formalmente auténticos (Sup. Corte Bs. As., 16/7/03, "Arriaga, Mirta y otros v. Banco Velox s/amparo", en Juba sum. B26802, voto del Dr. Pettigiani).--------- --- En tal situación, los instrumentos privados esgrimidos por el apelante, cuya autenticidad fuera desconocida y no probada luego, constituyen documentos que carecen de toda fuerza convictiva, como que se parte de una situación de inatendibilidad a su respecto, por lo que la a quo no ha cometido ningún yerro al desconocerlos o hacerlos a un lado en su decisorio.---- --- Es que los jueces no tienen el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa, conforme establece el art. 390 C.P .C.C., numeración según el Digesto Provincial. Y, además, los magistrados no tienen el deber de seguir a las partes en todas sus alegaciones. Ergo, no advierto yerro alguno en este aspecto del fallo atacado.------- --- En cuanto al tópico relativo a la entrega al empleador de la documentación necesaria a los efectos del cobro de las asignaciones familiares, tal extremo fue alegado por la actora en su demanda (cfr. fs. 17), por lo que quedó incluido dentro de los efectos de la confesión ficta del accionado, no siéndole exigible a la actora que produzca prueba sobre un hecho que su contraria ha reconocido fictamente.------ --- Como dijera en mi voto de la causa "F., A. S. y Otros c/ F., A. A. s/ Demanda por Indignidad Hereditaria" (Expte. 22913 - Año 2008), en sentencia de esta Sala del 11/11/08, para hacer a un lado los efectos de la confesión ficta, deben existir en autos elementos de juicio que probaran hechos contrarios a las presunciones que de ella surgían, desvirtuándolas.------ --- Respecto de los efectos de la confesión ficta, sostuve en un voto de mi autoría (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 8/9/08 dictada in re "S., J. G. c/ S. I. A. S.R.L. s/ COBRO DE PESOS - LABORAL" (Expte. Nro. 22896/08, sentencia registrada bajo el Nº 56 de 2.008 - SDL). que "Coincido con la prestigiosa SCBA sobre que "la confesión ficta debe apreciarse en su correlación con el resto de las pruebas atendiendo a las circunstancias de la causa, pues de lo contrario se haría prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión podría alejarse de la verdad material" (SCBA, 14/6/96, "Ugarte y Compañía S.A. c/ Valente S.R.L. s/ Cobro ordinario de pesos", DJBA 151- 177; ídem, 2/3/99, "Pérez Rojas, Roberto c/ Yoldi, Víctor Alberto y otro s/ Daños y perjuicios", AyS 1999-I- 373; ídem, 18/9/02, "Varano, Marcelo Eduardo c/ Alfaro, Jorge Daniel y Comp. de Transp. 506 s/ Daños y perjuicios" e ídem, 24/3/04, "Ferro, Ada María c/ Patrone, Reynaldo y otro s/ Daños y perjuicios", ambos en Juba sum. B23744).---------- --- Agregué (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 8/9/08 dictada in re "S., J. G. c/ S. I. A. S.R.L. s/ COBRO DE PESOS - LABORAL" (Expte. Nro. 22896/08, sentencia registrada bajo el Nº 56 de 2.008 - SDL) que bien ha dicho el maestro PALACIO que "la jurisprudencia se presenta dividida en cuanto a los efectos que corresponde acordar a la confesión ficta cuando los hechos sobre los cuales versa el pliego de posiciones han sido expresamente negados en el escrito de contestación a la demanda, pues mientras algunos fallos exigen, en esa hipótesis, la existencia de prueba corroborante., otros consideran que aquella negación no altera la eficacia de la referida modalidad de la confesión. En apoyo de este último criterio -al que cabe adherir- basta fundarse en el raciocinio de que un mero acto de alegación, cual es la negativa de los hechos en el responde, carece razonablemente de entidad para neutralizar la eficacia de un medio de prueba al cual rehúsa someterse el autor de aquél, y de cuya actitud dependería, en el caso de aceptarse la solución contraria, gravar a la otra parte con una carga adicional que la ley no le impone" (PALACIO, Lino E., "Derecho procesal civil", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, Tomo IV, Nº 461).---------- --- Sin duda se trata de la posición correcta. La mera negativa de los hechos no puede prevalecer sobre los efectos de una confesión, ni expresa ni ficta; la opinión contraria no pasa de un mero voluntarismo, carente de razones de peso que lo sustente. Por otra parte, tal opinión implica confundir etapas procesales. Un hecho realizado en la faz postulatoria del proceso -negativa de los hechos en el responde de demanda- prevalecería sobre un hecho realizado - u omitido, en rigor- en plena etapa probatoria. No me parece razonable. No lo es (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 8/9/08 dictada in re "S., J. G. c/ S. I. A. S.R.L. s/ COBRO DE PESOS - LABORAL" (Expte. Nro. 22896/08, sentencia registrada bajo el Nº 56 de 2.008 - SDL.).-------- --- En esta línea ha resuelto la Excma. CNCom. que lo confesado en la absolución de posiciones predomina sobre las afirmaciones y negaciones efectuadas en el escrito inicial. Así, cuando existe contradicción entre aquélla y el escrito de demanda, debe otorgarse mayor valor probatorio a la confesión ficta (C. Nac. Com., sala C, 3/7/95, "Hotel Presidente S.A. v. Sanelco S.A.", JA 1998-I, síntesis).---- --- A tenor de estos antecedentes jurisprudenciales resulta claro que a criterio de esta Sala no cabe crear una ficción a partir de la confesión ficta, lo cual es lógico, si las presunciones que emanan de ella son contradichas por prueba efectiva y concordante que las desvirtúe. Pero también surge manifiesto de tales antecedentes que un juez no puede apartarse, sin especificar perfectamente por qué y con total alegría, de la aplicación de una norma clarísima como el viejo art. 417 CPCyC, actual art. 421 CPCC, según Digesto provincial (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 8/9/08 dictada in re "S., J. G. c/ S. I. A. S.R.L. s/ COBRO DE PESOS - LABORAL" (Expte. Nro. 22896/08, sentencia registrada bajo el Nº 56 de 2.008 - SDL). --- Como mínimo, la confesión ficta crea una situación desfavorable al absolvente que puede ser destruida por los demás elementos obrantes en el expediente, pues el valor de la ficción no puede ser mayor que el de la realidad y nada obsta a que el perjudicado por ella la destruya mediante la producción de prueba en contrario (CNCiv., sala A, 27/12/96, "Abadi, Raúl v. Aquino, César B.", JA 1998-I, síntesis).- Pero esta presunción rige en tanto no sea destruida por la contraria, sobre la que pesa un deber probatorio de importancia, el que hará sucumbir su pretensión en la litis, de mantenerse la presunción en pie y de haber sido el pliego redactado correctamente y contener afirmaciones sobre hechos personales, extremos ambos que se evidencian en autos, sin que la presunción haya sido ni destruida ni menoscabada (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 8/9/08 dictada in re "S., J. G. c/ S. I. A. S.R.L. s/ COBRO DE PESOS - LABORAL" (Expte. Nro. 22896/08, sentencia registrada bajo el Nº 56 de 2.008 - SDL).---- El criterio correcto en la materia no es otro que el de que la confesión ficta produce los mismos efectos que la confesión expresa, en cuanto hace a la admisión de los hechos contenidos en la posición de que se trate; pero, a diferencia de aquélla, es susceptible de desvirtuarse por prueba en contrario. De tal modo que, constituyendo una presunción iuris tantum en contra del absolvente, si el resto de la prueba no le resulta categóricamente favorable, la duda debe resolverse en su contra (C. Nac. Civ., sala E, 16/5/92, "Pereira, Fabio y otro v. Morales, Juan F.", JA 1994-III, síntesis; mi voto, en sentencia de esta Sala del 8/9/08 dictada in re "S., J. G. c/ S. I. A.S.R.L. s/ COBRO DE PESOS - LABORAL" (Expte. Nro. 22896/08, sentencia registrada bajo el Nº 56 de 2.008 - SDL).- --- En similar sentido se ha dicho que la confesión ficta admite prueba en contrario y se encuentra limitada a aquellos hechos que sean del pleno conocimiento del absolvente. Cumplidos tales requisitos (falta de prueba en contrario y referencia a hechos de pleno conocimiento), adquiere igual validez procesal que la confesión expresa, no pudiendo el juzgador apartarse de ella (C. Nac. Civ., sala L, 15/10/93, "Baucia, Carlos y otra v. Di Martino, Néstor", JA 1994-II-349, disidencia del Dr. Polak).--------- En igual senda, en otros precedentes se ha dejado sentado, con toda corrección, que la confesión ficta goza de plena eficacia probatoria si no está desmentida por constancias que la contradicen (C. Nac. Civ., sala C, 24/12/96, "Suárez, José M. v. Tsai Chi Li", JA 1998-I, síntesis).--- --- Y en autos no existen constancias que contradigan lo reconocido fictamente. A partir de la presunción de verdad de las afirmaciones procesales de la parte contraria al que ha caído en confesión ficta, queda invertida la carga de la prueba, debiendo tenerse por confeso a quien, estando debidamente citado, no compareciese a un acto trascendente en el proceso como es la declaración confesional. Ello basta para el rechazo del agravio.-------- --- En cuanto al argumento relativo al derecho a percibir o no las asignaciones familiares por la data de egreso de las labores, también habrá él de ser hecho a un lado.-- --- Es que se trata de un tópico no planteado a la consideración del juez de grado, lo que torna aplicable a su respecto la valla procesal insuperable del art. 280 C.P.C.C. (numeración según Digesto, ex art. 277 CPCC).--------- --- La instancia revisoria de la Alzada, no se instituyó para producir un segundo juicio independiente del formalizado en el juzgado de origen (Cám. CC San Martín, Sala 1ª, 7/10/03, "Jakim Pedro c/ Huart Jorge Ruben y otros s/ Desalojo por falta de pago y vencimiento del contrato", en Juba sum. B1950865).---- --- Ello así, por aplicación de lo dispuesto en el art. 280 CPCC (según Digesto, ex 277 CPCyC) resulta inaudible el agravio, cuando el apelante pretende hacer ingresar al ámbito de revisión de la alzada hechos no alegados idóneamente en la etapa postulatoria del proceso (Cám. Apels. de Trelew, Sala A, 26/3/09, voto del Dr. López Mesa in re "C. de W., D. E. c/ C. DE O. y M. T. o C. DE O. T. S.R.L. y otros s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 30 - año: 2008), en elDial).-------- --- Las facultades de los Tribunales de Apelación sufren una doble limitación, la que resulta de la relación procesal y la que el apelante haya querido imponerle en el recurso. Ello es así porque no deben expedirse respecto de capítulos no invocados ni propuestos a su consideración, porque de hacerlo producirían el menoscabo de los límites de su propia competencia, conculcando también los derechos de propiedad y de defensa en juicio (Arts.17 y 18 de la Constitución Nacional) (Cám. CC Quilmes, Sala 2ª, 2/5/01, "Amondarai Oscar Antonio c/ Nuñez Edgardo Hilario s/ Daños y Perjuicios", en Juba sum. B2950928).---------- --- En nuestro sistema procesal, caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, la primera limitación impuesta a las potestades del tribunal de alzada viene dada por la relación procesal trabada con la demanda y su contestación. Juegan en ello principios liminares que hacen, de un lado, al derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes, evitando sorpresas causídicas y efectivizando el orden en la tramitación de los procesos; del otro, a la esencia misma del régimen de la doble instancia, porque en el sistema escriturario la apelación no configura un nuevo juicio que posibilite a las partes la incorporen de nuevas pretensiones y oposiciones. También en alzada rige el principio de congruencia, pauta general consagrada para todo el proceso, y, por lo tanto, las cuestiones que no han sido materia del litigio, porque en la demanda y su contestación no fueron introducidas, no pueden ya ser incorporadas en la alzada, ante la que resulta inadmisible la ampliación de un debate cuya continencia quedó fijada al trabarse la litis. En suma, la expresión de agravios no es pieza que brinde ocasión para modificar la demanda o su responde con la proposición de nuevos capítulos (Cám. Apels. de Trelew, Sala A, 18/12/08, voto del Dr. Velázquez in re "A., O. R. c/ ASOCIACIÓN CIVIL A. C. y/u otro s/ daños y perjuicios" (Expte. Nº 22.842 - año: 2008), en elDial).----- --- La competencia del tribunal de alzada se encuentra acotada por una doble línea demarcatoria: por un lado, no puede transponer los agravios de los apelantes, salvo que se encuentren comprometidos aspectos de orden público y surjan manifiestos supuestos de nulidades inconfirmables. Por otra parte, si en los agravios se incluyeran cuestiones no propuestas al juez de grado, tampoco podrá inmiscuirse en ellas. Para ponerlo en palabras precisas, la competencia de un tribunal de alzada se extiende a todo lo largo y ancho de los agravios que se someten a su criterio, siempre y cuando ellos no excedan la competencia habilitada en la faz postulatoria del proceso al juez de grado (Cám. Apels. de Trelew, Sala A, 18/11/08, "G. C. M. c/ A. P. P. S.A. s/ Cobro de Pesos - Laboral - Ficha 9264" (Expte. 101 - Año 2008), conforme mi voto.----- --- Los apelantes, no pueden en la Alzada hacer valer los argumentos que no han sido sometidos al Juez de la instancia ordinaria , porque los límites de la jurisdicción abierta por el recurso, están dados por los capítulos litigiosos propuestos al inferior y no por la sentencia apelada (Cám. CC 1ª La Plata, Sala 3ª, 23/6/92, "Zendri, Horacio c/ Autobus Dardo R. s/ Daños y Perjuicios", en Juba sum. B200444; Cám. CC 1ª Mar del Plata, Sala 1ª, 6/2/91, "Marra, Fidel c/ Pagliere, Eduardo y otro s/ Ejecución" ídem, 18/9/03, " Rodriguez, Alfredo c/ García Medina s/ Daños y Perjuicios" e ídem, 21/9/06, " Melograno, Nélida c/ Larrosa, Juan Carlos y Ot.", todos en Juba sum. B1350107; Cám. CC Morón, Sala 1ª, 25/8/92, "Empresa de Transportes San Pedro c/ Poliszuck s/ Resolución de contrato", en Juba sum. B2300163; Cám. CC Quilmes, Sala 2ª, 11/12/97, "Castillo Javier Antonio c/ Telefónica de Argentina y Otro s/ Daños y Perjuicios", en Juba sum. B2950288).------ --- Es criterio inveterado de esta Sala que exponer quejas sobre un capítulo que el sentenciante del previo grado no falló, en tanto no le fue sometido a decisión, y respecto al cual no pudo entonces cometer errores, no constituye la crítica concreta y razonada que el art. 265 C.P.C.C. requiere como carga que el apelante ha de satisfacer para la suficiencia de su recurso, so pena de deserción del mismo (art. 266 CPCC) (Cám. Apels. de Trelew, Sala A, 17/9/09, "P., J. C. c/ S. S.A. s/ cobro de haberes e indemnización de ley", causa 261/08 S.D.L. 65/09, voto del Dr. Velázquez).--- ---- El art. 280 CPCC tiene una directa relación con el art. 274 del mismo (ambas numeraciones según el Digesto provincial, ex 277 y 271 CPCC). Ambas normas levantan una empalizada que el tribunal no puede saltar para ingresar al tratamiento de cuestiones que no fueron objeto de oportuno debate en el grado. Es que sería en extremo peligroso, además de profundamente fatigoso, procesalmente antieconómico y ética y jurídicamente cuestionable que en cada grada de un proceso se abriese un nuevo debate, que pudiese sorprender a las partes o afectar decisivamente sus derechos. Principos procesales axiales como el de preclusión y el de congruencia tienen directa relación con los arts. 280 y 274 CPCC (núm. Según Digesto).------ --- Por dura que parezca la norma, ella tiene una finalidad trascendente que es salvaguardar el derecho de defensa de las partes, evitando que las mismas sean sorprendidas por la alzada con el tratamiento y resolución de temáticas que no han sido objeto de debate, lo que podría lesionar gravemente el derecho de defensa en juicio de los derechos de la parte perjudicada, ya que ésta no tendría posibilidad de rebatir argumentos que sorpresivamente pretenden introducirse en la alzada.-- --- Por tal motivo, habiendo expresado el recurrente agravios atinentes a un capítulo que el sentenciante de instancia no resolvió, al no haberle sido puesto a consideración, y respecto del cual, por lógica, no pudo equivocarse, el agravio deviene inaudible al transponer la línea demarcatoria que a la jurisdicción de alzada traza el art. 280 CPCC según Digesto, ex 277.--------- --- Por tales razones, habré de acompañar -bien que por mis propios fundamentos- la propuesta del Dr. Velázquez de confirmar el decisorio impugnado en cuanto fuera materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas de alzada a la apelante vencida en esta instancia ella (cfr. art. 57 de la Ley XIV N° 1).--- --- También propiciaré la regulación de los emolumentos de los honorarios del patrocinante de la accionante, Dr. J. G. V., por sus labores de alzada, teniendo en vista su extensión, calidad, mérito, trascendencia y el resultado de éstas, en la alícuota del 2 % del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución (cfr. arts. 5, 6, 13, 18, 46 y cctes., Ley XIV N° 4).--------- --- Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.---------- ---- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:	-	Ante el acuerdo antes alcanzado, corresponde confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia al apelante y regulando los honorarios del Dr. J. G. V., por sus tareas de alzada, en la suma equivalente al 2 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse.

---- ASÍ LO VOTO.----- ---- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo López Mesa expresó: --------- --- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. Velázquez en su voto a esta cuestión. --- --- Tal mi voto.---------- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos Dante Ferrari (Art. 6º Ley V Nº 17; antes art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550).

--- Trelew, de abril de 2.010.------ En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:--------- S E N T E N C I A: ---------- --- CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios; -- IMPONER las costas de segunda instancia al apelante;---------- REGULAR los honorarios del Dr. J. G. V., por sus tareas de alzada, en la suma equivalente al 2 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse.--- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.010 - SDL.- Conste.- cg JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA