Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-15


2º Instancia. - Buenos Aires, febrero 15 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta el Señor Juez de Cámara Doctor Kölliker Frers dijo:

I. Los hechos del caso 1) "Castagnino Construcciones S.R.L." promovió demanda contra "Mataro S.A.", a quien reclamó la suma de $ 39.084,95 (pesos treinta y nueve mil ochenta y cuatro con noventa y cinco centavos), con más intereses y las costas del proceso.

Dijo haber celebrado con su contraria un contrato de "locación de obra" por el cual se habría comprometido a construir, en un plazo de 210 días corridos, un edificio en la calle. Blanco Encalada 3085, Ciudad de Buenos Aires.

Manifestó que los trabajos a realizar, su plazo de entrega y el precio final de la obra quedaron exteriorizados en el contrato suscripto, así como en el "Pliego de Especificaciones Particulares y Técnicas" y en el "Reglamento General de Contratista" añadidos a aquél. Explicó que, de conformidad con el "Acta de Iniciación" firmado por ambas partes (v. fs. 55), los trabajos comenzaron el 15/07/98.

Sostuvo que la ejecución de la obra se realizó en los términos previstos, más allá de cierta demora que habría sido consecuencia de la ausencia de personal, la falta de materiales que debía proveer la demandada, ciertas modificaciones en los planes de trabajo, la falta de definición de colores de revestimientos, el requerimiento de trabajos adicionales por parte de "Mataro S.A." y el producto de algunas lluvias.

Señaló que la obra fue terminada y entregada el 03/05/99, fecha en la que la demandada habría suscripto, sin reserva alguna -más allá de la referencia a pequeños detalles de terminación-, el "Acta de Recepción Provisoria" obrante a fs. 534.

Finalmente, tras detallar los pagos afrontados por su contraria, apuntó que, por permanecer impagas una parte de las sumas expresadas en la factura Nº 0001-00000019 y la totalidad de las consignadas en la Nº 0001-00000022, correspondía a la demandada abonarle, en concepto de saldo del precio de la obra, los $ 39.084,95 reclamados en autos.

2) A fs. 657/661 se presentó "Mataro S.A.", solicitando el rechazo de la demanda y reconviniendo por la suma de $ 42.943,56 (pesos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y tres con cincuenta y seis centavos).

Tras reconocer la existencia del contrato celebrado con la actora, puso de resalto que, precisamente por así desprenderse del convenio suscripto, la obra debía ser realizada dentro de los 210 días desde el 15/07/98 -es decir que debía ser concluida antes del 07/02/99-, plazo con el que no habría cumplido la accionante.

Indicó que, con el objetivo de destrabar un conflicto generado a partir de la amenaza de la actora de abandonar la obra en el estado en que se encontraba, se habría visto obligado a conceder una prórroga de dicho plazo hasta el 31/03/99, fecha en la cual tampoco habría sido entregada la obra, tal como se desprendería del "Acta de Recepción Provisoria" de fs. 534, suscripto treinta y tres (33) días después.

En este marco, expresó que, amén de imponerse el rechazo de la demanda impetrada, el referido atraso en la finalización de la obra lo habría habilitado a exigir de "Castagnino Construcciones S.R.L." el pago de la multa prevista en el artículo 6 del contrato de locación de obra que los vinculara -y en el artículo 18 del "Pliego de Especificaciones" integrado a dicho contrato-.

Precisó en tal sentido que la multa acordada fue fijada en $ 1.301,32 (pesos mil trescientos uno con treinta y dos centavos) por cada día de atraso en la entrega de la obra, cifra que, multiplicada por los 33 días transcurridos entre la fecha de vencimiento de la última prórroga -31/03/99- y la de la firma del aludido "Acta de Recepción Provisoria -03/05/99-, arroja la suma de $ 42.943,56 reclamada en la reconvención.

Final y subsidiariamente, para el caso de que fuera admitida tanto la pretensión del actor como la reconvención opuesta, solicitó la compensación de los montos reclamados en los términos del art. 818 y ss. del Código Civil.

3) Abierta la causa a prueba, y producidas las probanzas oportunamente ofrecidas por las partes, se dio por concluida dicha etapa procesal. Puestos los autos para alegar y habiendo hecho uso de ese derecho tanto la parte actora cuanto la demandada (v. fs. 946/948 y fs. 950/956, respectivamente), se dictó sentencia a fs. 960/964.

II. La sentencia apelada La sentencia de primera instancia: (a) admitió íntegramente la demanda instaurada por "Castagnino Construcciones S.R.L."; (b) condenó a "Mataro S.A." a abonar a la actora la suma de $ 39.084,97, con más intereses; (c) rechazó la reconvención deducida por "Mataro S.A."; (d) impuso las costas del proceso a la demandada reconviniente en su condición de vencida en el litigio.

El magistrado de grado juzgó que los trabajos realizados por la empresa constructora accionante se encontraban debidamente finalizados, así como que el saldo de las facturas, reclamadas fue eficazmente acreditado con la prueba pericial contable producida en autos, circunstancias que estimó suficientes para dar favorable acogida a la pretensión que dio origen al sub lite.

Por su parte, en apoyo de su decisión de desestimar la reconvención deducida por la demandada, manifestó que la omisión de "Mataro S.A." de hacer reserva de su derecho al cobro de la multa, en el momento de suscripción del "Acta de Recepción Provisoria" de la obra, importó una renuncia tácita a cualquier reclamo posterior. Sostuvo en tal sentido que, transcurridos cuatro (4) meses y seis (6) días desde la recepción de la obra hasta la fecha en que la accionada exigió por primera vez el pago de la multa a la actora, dicho reclamo resultó extemporáneo. A mayor abundamiento, puso de relieve que, vencido el plazo de entrega de la obra, todavía restaba la entrega de materiales solicitados por la actora con anterioridad, lo cual explicaría -y justificaría- el atraso invocado por la reconviniente en apoyo de su pretensión.

III. Los agravios Contra la sentencia de primera instancia se alzó la parte demandada, cuyo recurso fue concedido a fs. 977, fundado a fs. 997/1033 y contestado a fs. 1035/1045.

En su memorial, la recurrente controvirtió los siguientes aspectos del pronunciamiento recurrido: 1) el rechazo de la reconvención intentada; 2) la admisión del reclamo deducido por la actora; 3) el modo en que fueron calculados los intereses añadidos al capital de condena; y 4) el criterio utilizado para distribuir las costas del proceso.

1) En lo tocante al rechazo de la reconvención intentada, la quejosa sostuvo que: a) la propia documentación acompañada por su contraria daría cuenta del alegado atraso en la entrega de la obra, evidenciado por el hecho de que, habiéndose concedido a "Castagnino Construcciones" una prórroga hasta el 31/03/99, la obra recién fue entregada el 03/05/99; b) para eximirse del pago de la multa convenida, la actora debió acreditar la concurrencia de alguna de las únicas dos causales justificativas de su demora contempladas en el contrato: el caso fortuito o la fuerza mayor; c) la accionante nunca habría solicitado la extensión del plazo de la prórroga que le fuera concedido; d) el argumento de la extemporaneidad del reclamo de la multa expuesto en la sentencia de grado no habría sido planteado como parte de la defensa de la reconvenida, de modo que el a quo no habría ajustado su decisión al "principio de congruencia" receptado por el art. 34, inc. 4, CPCC; e) no habiéndose previsto en el contrató ningún plazo de prescripción para el reclamo de la multa, resultaría aplicable lo normado por los arts. 652 y ss. del Código Civil; f) la recepción provisoria de la obra implicó el comienzo del plazo de garantía de 180 días, momento hasta el cual su parte habría tenido derecho a retener el precio de garantía pactado y descontar el importe de la multa, de modo que, aun cuando se decidiera desprender del contrato la existencia de un plazo de prescripción menor al legal, el reclamo de la multa debería igualmente tenerse por formulado en término; g) el silencio al momento de la suscripción del "Acta de Recepción Provisoria" de la obra no habría implicado renuncia tácita alguna al posterior reclamo del pago de la multa; h) de conformidad con el art. 1 del contrato, los materiales que según el sentenciante no habían sido aún entregados al tiempo del vencimiento del plazo de la prórroga otorgada debían ser adquiridos por la propia actora reconvenida; i) los únicos materiales que le habría solicitado su contraria, y que debían ser entregados por su parte, eran los correspondientes al rubro "revestimiento", que habrían sido entregados cinco (5) días después del vencimiento de la prórroga, por haber sido requeridos recién en esa fecha; j) el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la entrega de dicho material -una semana- resultaría el habitual para este tipo de actividad; k) en cualquier caso, desde la fecha de dicha entrega hasta la finalización de la obra habría transcurrido más de un mes; y l) no correspondería exigir a "Mataro S.A." la acreditación de una merma en el número de empleados afectados a la obra, ni la de la existencia de trabajos adicionales, pues -según el contrato- la procedencia del reclamo de la multa no se hallaría sujeta a la prueba de perjuicio alguno.

2) En cuanto a la decisión del magistrado de grado de hacer lugar a la demanda incoada por "Castagnino Construcciones S.R.L.", la recurrente objetó, en primer término, la omisión del a quo de admitir como prueba documental las cartas documento de fechas 25 y 27 de octubre de 2000, así como el aviso de recibo del 18/10/00 (todos documentos acompañados al pleito en la presentación de la demandada de fs. 674/676).

Adujo, al respecto, que la documentación fue presentada con posterioridad a la reconvención intentada por su parte, lo cual implicaría, a tenor de lo dispuesto en los arts. 335 y 357 CPCC, que aquélla debió ser admitida al proceso como elemento probatorio. Puso de manifiesto, asimismo, que la actora habría reconocido tanto la autenticidad como el contenido de las misivas acompañadas, al no haber procedido a negarlas en el momento procesal oportuno, lo cual obligaría a tener por reconocidos los incumplimientos contractuales mencionados en aquellas misivas -habiendo recaído sobre la accionante, en tal contexto, la carga de demostrar, previo al reclamo de las facturas, el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas-.

De otro lado, cuestionó la decisión del sentenciante de aplicar al caso lo dispuesto en el art. 474 CCom. Sostuvo, en relación con ello, que dicha previsión legal sólo sería aplicable a supuestos de compraventas, y no a locaciones de obra como la del sub lite.

A todo evento, argumentó que, aun cuando el aludido art. 474 CCom. fuera aplicable a casos como el de marras, lo cierto es que la actora habría omitido acreditar la alegada entrega de facturas a "Mataro S.A.". Refirió que las facturas presentadas en autos no contienen el correspondiente recibo de su parte y que, además, habrían sido emitidas con posterioridad al reclamo extrajudicial formulado por intermedio de las cartas documento nros. 27.962.335 y 28.824.556.

Seguidamente, enumeró una serie de defectos que emanarían de las facturas que su contraria dijo impagas (vgr., falta de correlatividad numérica con el talonario fiscal, irregularidades en su fecha de impresión, etc.).

Por otra parte, sostuvo que fue la injustificada demora en la entrega de la obra construida la que provocó la desatención de tales facturas, e indicó qué, en cualquier caso, la actora no habría dado cumplimiento a los procedimientos contractuales necesarios para que proceda su efectivo pago.

Asimismo, realizó un detalle de los desperfectos que exhibiría el edificio cuya construcción encomendara a la actora, puntualizando que ellos habrían sido corroborados por los testigos Passarelli y Ospal.

Por último, a propósito de la prueba pericial contable ofrecida por su contraria, sostuvo que: a) el propio perito contador habría constatado que la actora no llevaba sus libros en forma regular; b) el hecho de que la accionante haya sido declarada negligente en la producción de este elemento probatorio obligaría a restarle todo valor; c) a pesar de que el experto presentó igualmente su informe contable, la prueba no debería tenerse por concluida, en tanto no habrían sido atendidas las explicaciones e impugnaciones presentadas por las partes; y d) habiéndose equivocadamente asignado valor probatorio a la pericia, al menos habrían debido tenerse en cuenta las impugnaciones y pedidos de explicaciones planteados en su oportunidad.

3) Como agravio subsidiario -planteado para el supuesto de que los anteriores sean desestimados-, la apelante también controvirtió el dies a quo de los intereses fijados en el pronunciamiento recurrido.

Arguyó, a este respecto, que dichos accesorios no debieron comenzar a correr en las fechas de pago previstas en cada una de las facturas reclamadas, sino una vez cesada la mora de su contraparte -es decir, una vez terminada la obra- o, "en el peor de los casos, una vez emitidas por la actora y recibidas por (su) parte las facturas pertinentes", ya que "mal puede sentenciarse al pago de intereses a partir de condiciones de pago establecidas en los falsos y (como mínimo) defectuosos instrumentos antes señalados" (fs. 1032 vta.).

4) Finalmente -y también en forma subsidiaria-, la recurrente solicitó que las costas de ambas instancias sean distribuidas en el orden causado.

Invocó, en apoyo de este último planteo, al presunta existencia de "razones fundadas para considerarse con derecho a litigar" (fs. 1033).

IV. La solución propuesta Estudiado el memorial de la demandada reconviniente, y teniendo en cuenta que no se encuentra controvertida la existencia del contrato de "locación de obra" que vinculaba a los contendientes, ni el hecho de que, concedida una prórroga a la actora para la conclusión de sus trabajos hasta el 31/03/99, la entrega de la obra tuvo lugar el 03/05/99 -fecha de suscripción del "Acta de Recepción Provisoria" de fs. 534-, he de ingresar al tratamiento de los agravios que motivan la intervención de esta Alzada en el orden en el que fueron expuestos.

1) Reconvención Una lectura integral del fallo atacado revela que la razón principal y casi excluyente por la cual el a quo resolvió desestimar la reconvención intentada por "Mataro S.A." fue el silencio de esta última al momento de la recepción de la obra; el hecho de que no formulara una "protesta en tiempo y forma a fin de hacer efectiva la responsabilidad del locador", incurriendo así en una omisión que habría importado "una renuncia tácita a toda reclamación por la demora en que pudiera haber incurrido éste" (fs. 962).

Los restantes fundamentos utilizados por el "a quo" se circunscribieron sintéticamente a: (i) la demora en la entrega de los materiales solicitados por la actora con anterioridad al plazo de vencimiento de la obra; (ii) la orfandad probatoria atribuida al demandado en lo referido a la disminución en el número de empleados afectados a la obra y a la afectación de empleados de la obra a la realización de trabajos adicionales; y (iii) "el plazo prolongado" (fs. 962 vta.) transcurrido desde la recepción de la obra hasta la intimación al pago de la multa reclamada en autos.

Pues bien, examinados tanto los argumentos desarrollados en el pronunciamiento recurrido cuanto las objeciones de la apelante dirigidas a desvirtuarlos, considero que, aun en la hipótesis de que resultaran atendibles los agravios relativos a las cuestiones enumeradas en el párrafo anterior, la fuerza del argumento medular en el que se apoyó el a quo para rechazar la reconvención intentada -a saber, el silencio del dueño de la obra como renuncia tácita a todo reclamo ulterior- sellaría igualmente la suerte adversa de este aspecto del memorial.

En efecto, a pesar de que asiste razón a la recurrente en cuanto a que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 919 CC, "el silencio opuesto a actos, o a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad", no menos cierto es que, de acuerdo con la segunda parte del mismo precepto legal, ello deja de ser así "en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes." En el sub lite, los contendientes acordaron expresamente, en la cláusula 9º del contrato copiado a fs. 7/9 (cláusula titulada "Recepción Provisoria"), que "una vez finalizada la totalidad de los trabajos, los mismos serán inspeccionados íntegramente por el propietario, (quien), de encontrarlos de conformidad, efectuará el Acta de Recepción Provisoria" (fs. 8).

Esta disposición contractual halla pleno correlato con lo establecido en el art. 1647 bis del Código Civil, según el cual "recibida la obra, el empresario quedará libre por los vicios aparentes, y no podrá luego oponérsele la falta de conformidad del trabajo con lo estipulado..." En este marco, es claro que tanto la cláusula contractual referida -ley para las partes en virtud de lo dispuesto en el art. 1197 CC- cuanto el citado precepto legal aparecen como causa fuente de la obligación -rectius: carga- de pronunciarse a la que alude el citado art. 919 del mismo cuerpo legal, cuando se ocupa de los supuestos en los cuales el silencio sí importa una manifestación de voluntad.

En rigor, el art. 1647 bis CC dispone expresamente que -a salvo el posterior descubrimiento de vicios ocultos- el locatario no podrá válidamente atribuir incumplimientos al locador de la obra una vez producida su recepción -entendida como "el acto jurídico bilateral en el que una de las partes, el locador, entrega el resultado de su trabajo (opus), y la otra parte, el locatario o comitente, la recibe, acto que tiene los efectos del pago (art. 725, Cód. Civil) con relación a la obligación del primero" (Belluscio-Zannoni, "Código Civil Comentado. Anotado y Concordado", t.8, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2001, pág. 242), mientras que la cláusula 9º del contrato aclara que, en el caso de autos -y en consonancia con lo que es práctica común en la materia-, esa recepción de la obra debía instrumentarse mediante la suscripción de un acta de "Recepción Provisoria".

Así las cosas, es evidente que, para conservar su derecho a efectuar reclamos vinculados con el tiempo y/o la forma de conclusión de la obra, "Mataro S.A." debió, cuanto menos, dejar constancia de ello en el aludido "Acta de Recepción Provisoria", en el que -revelando su conocimiento de que esa era la oportunidad para plantear cualquier reserva vinculada con lo obrado por su contraparte- se encargó de formular "observaciones relacionadas con detalles de terminación" (véase copia del acta a fs. 534), omitiendo -en cambio- toda referencia a algún atraso que pudiera ameritar el reclamo de la multa pactada en el contrato.

De esta manera, es el claro contexto normativo en el que se desenvolvió el vínculo entre los contendientes el que impone la conclusión, postulada por el magistrado de grado y controvertida por la recurrente, de que el silencio de "Mataro S.A." al momento de suscribir el "Acta de Recepción Provisoria" de la obra importó una renuncia tácita, en los términos del art. 918 CC, a reclamar posteriormente la multa por atraso cuyo pago pretende en estos autos.

En este sentido, tiene dicho la jurisprudencia que "la recepción de la obra, sin las reservas pertinentes en cuanto a la supuesta demora en la ejecución, debe considerarse como una renuncia tácita al derecho de percepción de la penalidad convenida a esos efectos" (conf. CNCiv, Sala G, "Zucchellini Juan Carlos c/ Casado Francisco y otro s/ ordinario", del 18/04/88; íd. Sala F, "Peso, Rogelio c/ Gancedo Héctor y otra", del 15/11/73).

En la misma línea, también la doctrina más autorizada ha tenido oportunidad de destacar que "la recepción de la obra con posterioridad a la fecha estipulada en el contrato, sin que haya mediado, por parte del comitente, protesta en tiempo y forma a fin de hacer efectiva la responsabilidad del locador de la obra, importa una renuncia tácita a toda reclamación por la demora en que pueda haber incurrido éste" (conf. Spota, Alberto G., "Tratado de locación de obra", Vol. 1, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1952, pág. 508).

A esta altura del análisis, no está de más aclarar que el carácter "provisorio" del acta de recepción suscripto por la demandada no implicó, como asevera esta última en su expresión de agravios, que la posibilidad de efectuar reclamos -como el de la multa- a la locadora haya subsistido hasta la fecha de emisión del "Acta de Recepción Definitiva" de la obra.

En efecto, tanto el juego armónico de los arts. 1646 y 1647 bis del Código Civil, cuanto lo expresado en las cláusulas 9 y 10 del contrato que vinculaba a "Castagnino Construcciones S.R.L. y "Mataro S.A.", revelan claramente que la existencia de dos actas, separadas por un significativo período de tiempo, respondía únicamente a la posible aparición de vicios ocultos, insusceptibles de ser advertidos en el momento de finalización de la obra. De otro modo, el "Acta de Recepción Provisoria" carecería de todo sentido, por cuanto ningún efecto se derivaría de su emisión.

En definitiva, la omisión de la reconviniente de hacer reserva, al momento de la recepción de la obra -coincidente con la suscripción del "Acta de Recepción Provisoria" copiado a fs. 534-, de su derecho a percibir la multa prevista en el contrato, obliga a descartar la procedencia del reclamo objeto de la reconvención intentada, máxime cuando: (a) la cláusula 6º de dicho convenio circunscribió la aplicación de la multa a los casos de demoras "por causas imputables al contratista", y no se desprende de las constancias de autos ninguna probanza en este sentido; y (b) existen, por el contrario, fuertes indicios de que el atraso de treinta y tres (33) en la entrega de la obra no respondió a causas imputables a "Castagnino Construcciones".

Entre estos indicios, cabe destacar: (i) el contenido de las "órdenes" y "pedidos" emitidos entre la fecha de vencimiento de la prórroga -31/03/99- y la efectiva entrega de la obra, documentos en los que no consta ninguna referencia al supuesto atraso de la actora en sus trabajos (v. copias a fs. 168/172); (ii) la realización de pagos de facturas -también con posterioridad al vencimiento de dicha prórroga (v. recibo de fs. 198)- sin proceder a su compensación con el crédito por multas del que supuestamente ya era titular la recurrente, a pesar de que la cláusula 6º del contrato autorizaba expresamente a retener la multa "de cualquier crédito a que el contratista tuviere derecho" (fs. 8); (iii) la existencia de diversas modificaciones ordenadas por "Mataro S.A." durante la ejecución de la obra (véanse, entre otras, Comunicaciones Nº 26 y 101 a fs. 81 y 162, respectivamente); y (iv) la circunstancia de que el primer reclamo del pago de la multa por parte de la recurrente se produjo el 20/09/99 -casi seis (6) meses después del supuesto primer día de atraso-, precisa y sugestivamente a través de la misiva que remitiera a la actora en respuesta a la intimación formulada por esta última para obtener el pago de lo adeudado por la construcción de la obra.

Evaluadas a la luz de los principios de la lógica y máximas de experiencia, constitutivos de las reglas de la sana crítica a la luz de las cuales debe merituarse la prueba producida (art. 386 CPCC), las circunstancias apuntadas no hacen más que corroborar, entonces, la total improcedencia de lo peticionado por la demandada en su escrito de reconvención.

Sentado ello, sólo resta señalar que no obsta a esta solución el planteo de la recurrente referido a la violación del principio de congruencia que atribuyó al a quo, sencillamente porque es falso que los fundamentos en que se apoyó la desestimación de la reconvención no fueron oportunamente invocados por la actora reconvenida.

En efecto, el magistrado de grado sustentó su decisión, esencialmente, en la circunstancia de que, no habiendo formulado reservas al momento de suscribir el "Acta de Recepción Provisoria" de la obra, la demandada habría renunciado tácitamente a reclamar la multa por demoras prevista en la cláusula 6º del contrato, de manera tal que la exigencia del pago de esa multa, dirigida a la actora el 20/09/99, habría resultado extemporánea.

Contrariamente a lo sostenido en el memorial de fs. 997/1034, esta solución halla pleno correlato con la defensa esgrimida por la accionante reconvenida en su escrito de fs. 691/698, del que se desprende expresamente que "el Acta de Recepción Provisional de la obra es la oportunidad para que las partes formulen las observaciones y reservas sobre los trabajos que se reciben y las Obligaciones contractuales" (fs. 692 vta.), así como que "(l)a reconviniente pretende, violando la teoría de los actos propios, desconocer los alcances del Acta de Recepción Provisional de la obra, de la cual surge que la demandada recibió la obra de acuerdo a las condiciones pactadas y fundamentalmente sin objeción alguna al momento de terminación de los trabajos" (fs. 691 vta.), y que "(l)a pretensión recién se exterioriza el 20 de septiembre de 1999 al contestar la Carta Documento -CD 27.962.335 0 AR de (su) mandante-, cuando en los meses de marzo y abril de 1999 había medido y certificado los trabajos realizados, que alcanzaban la totalidad de la obra (...), sin observación alguna" (fs. 696 vta.).

Descartado, entonces, el último de los planteos de la recurrente dirigido contra la decisión del juez de primera instancia de rechazar la reconvención deducida -decisión cuya confirmación habré de propiciar-, sólo resta pronunciarse, en lo que sigue, acerca de los agravios referidos al otro aspecto central de la sentencia recurrida: la admisión de la demanda impetrada.

2) La acción incoada por "Castagnino Construcciones S.R.L." a) Estudiados los agravios vertidos en el memorial de fs. 997/1034 en relación con esta segunda parte del fallo apelado, se advierte rápidamente que muchos de ellos involucran cuestiones que no fueron introducidas en la anterior instancia -es decir, que no fueron sometidas a consideración del juez de grado-, circunstancia que veda a esta Alzada la posibilidad de darles tratamiento.

En efecto, no surgen del escrito de contestación de demanda de fs. 657/661 -y fueron invocados por primera vez en la expresión de agravios bajo análisis-: (i) el alegado hecho de que las facturas reclamadas en autos nunca fueron recibidas por "Mataro S.A."; (ii) los defectos específicos que habrían exhibido dichas facturas, supuesta razón suficiente para no abonarlas; (iii) el argumento de que fue la demora en la entrega de la obra la que provocó la desatención de las facturas; y (iv) la afirmación de que la actora no dio cumplimiento a los procedimientos contractuales necesarios para que proceda su pago.

Es de aplicación a estos aspectos del memorial de la demandada, pues, lo dispuesto en el art. 277 CPCC, según el cual "el tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia", así como lo previsto en el art. 271 del mismo cuerpo legal, del cual se desprende que, en la Alzada, "se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios".

Estos límites a la potestad revisora del Tribunal tienen íntima vinculación con la actividad previa del impugnante, ya que el contenido del recurso debe enmarcarse dentro de una esfera previamente limitada, cual es el planteo introductorio que tiende a la determinación del thema decidendum, toda vez que, si el Tribunal se excediera del marco del recurso, su apartamiento importaría desconocimiento de la ley y de la garantía de "defensa en juicio" consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado", t. I, pág. 851; Alsina, Hugo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal", t. IV, pág. 415; Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", t. V, pág. 267; CSJN, Fallos, 298:492; esta CNCom., Sala A, en autos "Rusconi, Luis c. Garage Concordia", del 29/05/78; íd. "Lew, Marcelo y otro c. Savoia, Roxana V", del 03/03/95; íd. "Coello, Christian A. c. Caja de Seguros SA s. sumario", del 27/12/00; íd. "Calcagno, Eduardo R. c. Industrias Audiovisuales Argentinas SA s. ordinario", del 10/07/01, entre muchos otros).

Adviértase que pronunciarse en esta instancia acerca de cuestiones introducidas por primera vez en el escrito de expresión de agravios importaría una flagrante violación del principio de congruencia, receptado por el art. 163, inc. 6º, CPCCN, y apoyado en la necesidad de garantizar el antes aludido derecho constitucional a la defensa en juicio de los contendientes (art. 18 CN), circunstancia que corrobora, definitivamente, la total improcedencia de estos tardíos planteos de la accionada.

b) Lo expuesto en el punto anterior obliga a asumir, como presupuesto para el análisis de los hechos del caso, que las facturas reclamadas por la actora fueron efectivamente recibidas por "Mataro S.A.", cuya negativa a abonarlas halló sustento, tal como se desprende del escrito de contestación de demanda y reconvención de fs. 657/661, en los incumplimientos contractuales imputados a "Castagnino Construcciones S.R.L.", y no en la falta de entrega de tales instrumentos, que fue alegada, por primera vez, en el memorial de fs. 997/1034 -obsérvese que, al contestar demanda, la accionada se limitó a negar, por imperativo procesal y sin añadir ninguna consideración al respecto, "la autenticidad en sus formas y contenido y eficacia de las facturas 0001-00000019 de fecha 31 de marzo de 1999 y 0001-00000022 de fecha 28 de abril de 1999" (fs. 658), mas nunca la efectiva recepción de esos instrumentos-.

Desde este prisma, juzgo aplicable al sub lite, en consonancia con lo resuelto en la anterior instancia -y en contra de lo pregonado por la recurrente-, lo normado por el art. 474, tercer párrafo, del Código de Comercio, en cuanto a que, no siendo reclamadas dentro de los diez (10) días siguientes a su entrega, las facturas se presumen cuentas liquidadas.

No paso por alto, para así decidir, que la aludida disposición está referida expresamente al caso de la compraventa. Sin embargo, es doctrina de este Tribunal que la solución legal allí contemplada resulta aplicable, por analogía, a los supuestos de locación de obra, en los que el silencio posterior a la recepción de la factura también debe considerarse una manifestación de conformidad del locatario contratante (conf. CNCom., esta Sala, en autos "Sebastián de Amorroru e Hijos SAICF c/ Centro Editor Maderero Argentino S.R.L.", del 28/09/89; íd. "Román SAC Olega Saciia y F. s/ ordinario", del 09/06/95, entre muchos otros).

En concordancia con esta línea jurisprudencial, juzgo desatinadas las manifestaciones vertidas en el memorial bajo examen en punto a que la disímil naturaleza de los contratos de compraventa y locación debería impedir toda aplicación analógica de una norma que se ocupa de uno de estos contratos a un supuesto que involucra al otro. Ello, sencillamente, porque no se trata aquí de equiparar la naturaleza de los contratos de compraventa y locación, sino meramente los efectos de la recepción de facturas, medio probatorio genérico de los contratos comerciales, en uno y otro caso.

Así las cosas, el silencio que nuestro Código de Comercio guarda ante la posibilidad de emitirse facturas que no conciernen a la compraventa debe necesariamente suplirse, recurriendo a razonables analogías que atiendan a la función de dichos instrumentos en el marco del contrato de que se trate. Por ello, en el supuesto de un contrato de locación de obra, celebrado -como en el caso de autos- por comerciantes cuyos actos deben siempre presumirse comerciales, no puede el locatario que recibe la factura omitir su manifestación de aceptación o rechazo sin que de ello se deriven consecuencias jurídicas y patrimoniales (conf, CNCom, Sala C, in re "A.E.I. S.A. c/ Tecne Fidias S.A. s/ ordinario", del 18/04/95), máxime cuando fueron las partes las que decidieron sujetarse voluntariamente a este sistema comercial, acordando documentar el precio estipulado mediante facturas emitidas por el locador y aceptadas por el locatario (CNCom, Sala B, "haba Publicidad y Selectora S.A. c. Ramírez MT", del 27/03/91; íd. "Román S.A.C. c. Olega S.A.", del 09/06/95; íd. "Metalúrgica Tucumán S.A. c. Ingenio Río Grande S.A.", del 08/11/02, entre otros).

En este marco, toda vez que las facturas reclamadas en la especie fueron recibidas y no impugnadas por la demandada, debe concluirse que es de aplicación al caso la presunción iuris tantum (conf. CNCom., Sala B, "Canilla, Jorge G. y otros c/ Argente, Juan C.,", del 04/03/83; íd., Sala C, "Hotel Presidente S.A. c/ Sanelco S.A.", del 03/07/03; íd., Sala E, "Dedey Producciones S.A. c/ Saúl Altehim Agencia de Publicidad", del 11/09/98) que trae el art. 474 CCom., presunción en virtud de la cual pesaba sobre "Mataro S.A." la Carga de demostrar la improcedencia de la pretensión de "Castagnigno Construcciones S.R.L." que dio origen al sub lite.

Desde esta óptica, sólo resta determinar si la accionada aportó a la causa elementos suficientes para desvirtuar la presunción de legitimidad del crédito reclamado por su contraparte o si, por el contrario, las probanzas producidas en este sentido resultaron insuficientes a tal fin, lo cual impondría la derecha confirmación del aspecto de la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda impetrada.

c) Establecido entonces que, por no haber impugnado en término las facturas reclamadas, correspondía a la accionada desvirtuar la presunción de legitimidad del crédito de su contraria, advierto que las pruebas producidas por "Mataro S.A." nada aportan en este sentido, circunstancia que habrá de sellar, definitivamente, la suerte adversa de su planteo defensivo.

Como primera medida, obsérvese que, en lo que a las facturas reclamadas atañe, la accionada limitó su contestación de demanda a una negativa pormenorizada de los hechos reseñados por su contraparte en el escrito inaugural, sin desarrollar los motivos por los cuales no adeudaría las sumas consignadas en tales instrumentos.

En particular, la mera negativa de la autenticidad -"en sus formas y contenido" (fs. 658)- de las facturas, sin la más mínima referencia a los defectos que aquéllas habrían exhibido, revela una actitud especialmente reprochable, incompatible con un elemental deber de lealtad en el proceso, que impide refugiarse detrás de una cómoda negativa con el fin de poner a cargo de la contraria la prueba de los extremos invocados (conf. CNCom., Sala D, "Astorgano, Luis c/ Honestidad y Futuro S.A. s/ Sumario", del 29/11/95).

A todo evento, aun cuando las facturas cuestionadas hubieran efectivamente exhibido defectos -que, insisto, no fueron siquiera individualizados por la demandada-, lo cierto es que "Mataro S.A." procedió igualmente a su pago parcial (véase recibo de fs. 198, no desconocido por la accionada), lo cual revela la absoluta irrelevancia de estos supuestos defectos en lo que a la resolución del sub lite concierne.

A la luz de lo expuesto, pues, debe juzgarse incontrovertida la documentación de la que se desprende la existencia del crédito reclamado, de manera tal que la producción de la pericia contable ofrecida por la actora, sobre la cual me pronunciaré a continuación, no hace más que corroborar la legitimidad de la pretensión de "Castagnino Construcciones S.R.L." d) En contraposición con la manifiesta orfandad probatoria de la demandada, la actora efectivamente acompañó a la causa las facturas reclamadas (copiadas a fs. 184/185) y ofreció, además, una prueba pericial contable sobre los libros de ambas partes.

De esta probanza se desprende, según lo consignado en el informe de fs. 794/795, que la deuda reclamada se encontraba debidamente registrada en el libro "IVA ventas" de "Castagnino Construcciones S.R.L.", así como que el crédito pretendido provenía de un saldo correspondiente al certificado Nº 9 y de la falta total de pago del certificado Nº 10 (v. fs. 794, ap. 3), lo cual fue sostenido por el experto designado en autos a lo largo del litigio (y fs. 822 y 830/2).

El perito omitió referir si el crédito de la actora se encontraba también registrado en los libros de "Mataro S.A." y, antes de que un segundo experto pudiera comprobar dicho extremo, la parte actora fue declarada negligente en la producción de esta probanza, a instancias de la demandada.

De esta manera, fue precisamente la parte sobre la que recaía la carga de demostrar la improcedencia del reclamo de la accionante la que obstaculizó, mediante un recurso procesal, la producción de una prueba decisiva para la dilucidación de las cuestiones ventiladas en la causa, lo cual ha de configurar una nueva presunción en contra de "Mataro S.A.", más allá de las razones procesales valederas que pudieran haber justificado la declaración de negligencia de su contraparte.

En rigor, el hecho de que la demandada haya dedicado sus esfuerzos a evitar que el experto contable determine si el crédito reclamado se encontraba registrado en sus libros -sumado a su omisión de ofrecer otras probanzas al respecto (y de exponer, al menos, una explicación convincente sobre la cuestión en su contestación de demanda)- torna evidente el incumplimiento de la carga de "Mataro S.A." de demostrar los hechos sobre los que descansó su frágil defensa.

Recuérdese que, en el ámbito del derecho comercial en general -y más aún en casos como el de autos en los que existía una presunción en contra de su posición-, el demandado no puede limitar su defensa a una simple negativa, sino que debe demostrar a través de sus libros la improcedencia del reclamo que se le formula, respaldando de esta manera su postura con la instrumentación pertinente requerida por la ley mercantil (conf. esta CNCom., Sala A, 20.6.97, "Talleres Gráficos Didot S.A. c. Codeigraf S.A."; íd., Sala B, 31.10.85, "Diafin SA c/ Manzoli, Edgardo L." íd. 23.12.88, "Molino Chacabuco S.A. c. Della Role"; íd., 14.4.92, "Gil, Francisco c. Mapral S.R.L."; íd., Sala C, 12.10.94, "Conindar San Luis S.A. c. Bordón"; íd., Sala D, 4.10.91, "Daniszewski Hnos. S.A."; CNCiv., Sala D, 23.5.60, "Domancic, Miguel c. Fernández, Lucio s. suc.").

En el sub lite, si bien es cierto que, mediante decreto de fecha 10/06/03, se declaró negligente al actor en la producción de la prueba contable por él ofrecida (v. fs. 866), no menos cierto es que el nuevo perito designado en la causa completó su informe, concluyendo que en los libros contables de la demandada se encontraba efectivamente registrada la deuda que aquí reclama la accionante (v. fs. 867, punto 2).

Así, sin soslayar la extemporaneidad de este último informe pericial, pero haciendo también hincapié en que la providencia de fs. 868 lo tuvo por presentado y que el certificado actuarial obrante a fs. 748/9 dio cuenta de él, cabe tener esta probanza en cuenta como indicio corroborante de la legitimidad del reclamo de la actora -y como elemento revelador de los verdaderos motivos por los cuales la demandada intentó evadir, mediante recursos procesales, la constatación de la deuda en sus registros contables-.

Y es que, como expresara la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Colalillo" (Fallos: 238:550 -LA LEY, 89-412-), el proceso tiene como "norte" el establecimiento de la verdad jurídica objetiva, entendida como la obtención de la certeza positiva o negativa sobre el material fáctico en que las partes han fundado sus respectivas pretensiones (conf. Clariá Olmedo, Jorge, "Derecho Procesal", Buenos Aires, Depalma, 1982, t. I; íd. "Conceptos fundamentales", pág. 140, nº 125). En esa línea, ha añadido el Máximo Tribunal, en la causa "Baracco de Perdomo c. Banco del Acuerdo", que los procesos judiciales no pueden ser conducidos en términos estrictamente formales, pues la renuncia consciente a. la verdad es incompatible con el adecuado servicio de justicia (conf. esta CNCom, Sala A, "Aprigliano, Antonio c. Paraná S.A. de Seguros y otro s. ordinario", del 13/06/03; íd. "Chapiro y Asoc. Consultores Económicos S.A. c. Famax S.A.", del 06/08/70; íd. "E.C.E.O. S.C.A. c. Paraná S.A. de Seguros", del 04/10/71; íd. Sala B, "Antokolec y Reizner S.A. c. Blanco Villegas, Jorge A. s. ordinario", del 17/10/03; íd. Sala C, "Sucesión Claro Amaro Stafuza c. Sur Seguros de Vida S.A. s. ord.", del 08/07/97; íd. "Mamo, Sergio Alfonso c. Caja de Seguros de Vida S.A. s. ordinario'', del 31/10/00; íd. "Grasso, Adriana c. Paz, Gladys s/ ejecutivo", del 04/06/04).

En definitiva, y como corolario de lo hasta aquí expuesto, no sólo resulta evidente que la accionada no ha dado cumplimiento a su carga de desvirtuar la presunción de legitimidad del crédito reclamado por la actora, sino que esa legitimidad se desprende de los registros contables de ambas partes, lo cual ha de sellar, definitivamente, la suerte adversa de los agravios de "Mataro S.A." dirigidos contra la decisión del juez de grado de hacer lugar a la demanda impetrada por "Castagnino Construcciones S.R.L." 3) Los intereses En lo tocante al agravio de la accionada relativo al dies a quo de los intereses fijados en la anterior instancia, advierto que, confirmadas la admisión de la demanda impetrada y la desestimación de la reconvención intentada, en los términos expuestos supra, las consideraciones vertidas en el memorial de fs. 997/1033 en relación con esta cuestión carecen de toda virtualidad.

En primer término, la recurrente expone el modo en que debería reformularse el cálculo de los intereses en la hipótesis de que esta Alzada decidiera hacer lugar tanto a la acción incoada cuanto a la reconvención intentada. Este escenario ya ha sido descartado, de modo que nada cabe expresar al respecto.

Seguidamente, la apelante sí parece contemplar la eventual confirmación tanto de la decisión del a quo de admitir la demanda cuanto de la de rechazar la reconvención, pero lo argumentado en este contexto toma como base la supuesta omisión de la actora de entregar a "Mataro S.A." las facturas reclamadas -así como las alegadas deficiencias de estos instrumentos-, lo cual también ha sido examinado -y descartado- en los puntos anteriores.

Así las cosas, lo cierto es que, al confirmarse la sentencia recurrida, no cabe más que admitir el devengamiento de los intereses desde la fecha de vencimiento de cada una de las facturas reclamadas, tal como lo dispuso el magistrado de grado. Teniendo en cuenta que dichas facturas contenían una cláusula que establecía el plazo de pago correspondiente a cada una de ellas, pues, es al vencimiento de esos términos que, de acuerdo con lo establecido en el art. 509 del Código Civil, debe considerarse operada la mora de la demandada, a partir de la cual el capital de la deuda ha de devengar intereses (art. 508 CC).

Por tales motivos, estimo que también debe confirmarse lo resuelto por el juez de grado en cuanto al dies a quo de los intereses que decidió añadir al capital de condena, debiendo rechazarse, por añadidura, los agravios expresados a este respecto por la accionada.

4) Las costas del proceso Desestimados los agravios de la demandada relativos a la admisión de la acción incoada en su contra, la reconvención por ella intentada y la fijación de intereses dispuesta en la anterior instancia, sólo resta dar tratamiento al último planteo -subsidiario- de la apelante, dirigido a obtener la revocación de la imposición de costas dispuesta en el fallo recurrido y la "aplicación de la regla del párrafo 2do. del art. 68 del ritual, en tanto que tenía razones fundadas para considerarse con derecho a litigar..." (fs. 1033).

Pues bien, estudiados los antecedentes del proceso, entiendo que no existen en la causa razones suficientes para apartarse de la regla general postulada en materia de costas por nuestro sistema procesal, en el marco del cual los gastos del juicio deben ser satisfechos -en principio- por la parte vencida (art. 68, primer párrafo, CPCCN).

Es cierto que la ley también faculta al Juez a eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss). Pero ello -la imposición de las costas en el orden causado o, en su caso, su eximición-, sólo procede en los casos en que, por la naturaleza de la acción deducida, la forma en que quedó trabada la litis, su resultado, o la conducta de las partes, su regulación requiera un apartamiento de la regla general (cfr. Colombo, Carlos - Kiper, Claudio, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº I, p. 491).

De los antecedentes de este litigio no se advierte fundamento que se aprecie suficiente a los fines de desvirtuar el principio general antes apuntado, por lo que estimo que la imposición de costas a la demandada reconviniente, en su calidad de vencida en el proceso, resulta ser la solución más adecuada a las circunstancias del sub lite.

En estas condiciones, pues, también propiciaré el rechazo de este agravio de la accionada y, consecuentemente, la confirmación de la imposición de costas dispuesta en la anterior instancia.

V. Conclusión Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo:

(a) Rechazar el recurso de apelación interpuesto.

(b) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue motivo de agravio.

(c) Imponer las costas de alzada a la demandada en atención a su condición de vencida en esta instancia (art. 68 CPCC).

Así voto.

Por análogas razones la Señora Juez de Cámara Doctora María Elsa Uzal y la Señora Juez de Cámara Doctora Isabel Míguez adhieren al voto precedente.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

(a) Rechazar el recurso de apelación interpuesto.

(b) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue motivo de agravio.

(c) Imponer las costas de alzada a la demandada en atención a su condición de vencida en esta instancia (art. 68 CPCC). -María Elsa Uzal. -Alfredo Arturo Kölliker Frers. -Isabel Míguez.