Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-06


Causa Nº 1343-00-CC/2002. Sala II.

En nos Aires, 6 de febrero de 2006.

I.- Atendiendo a la descalificación dispuesta por esta Sala en la causa Nº 1558-00-CC/2003 respecto de la unificación de condenas allí practicada (vid. copia certificada de fs. 968/974), la Paz requirió a fs. 976 que se resolviera su planteo de fs. 938/940 dirigido a que se declare la prescripción de las penas de tres días de arresto, 5 años de interdicción en los términos del art. 6, ley 255, más el comiso de los efectos secuestrados impuestas a Carlos Alberto Oniszczuk en la sentencia de condena (vid. fs. 383/392 y 424/431).

A fs. 978, el Durante consideró que desde el 18/9/03 -oportunidad en que esta última quedó firme- y pese a los "cíclopes esfuerzos realizados", transcurrió el lapso del art. 32 CC sin haberse logrado ejecutar el arresto. Resolvió, en consecuencia, declarar extinguida por prescripción esta sanción.

La Millán entendió que el magistrado había omitido pronunciarse sobre idéntica cuestión respecto de las demás penalidades -pretensión contenida en el escrito que generó aquel resolutorio-, por lo cual solicitó la aclaración de la decisión en los términos del art. 126 C.P.P.N. (fs. 983).

Sin embargo, el "a quo" sostuvo que "...teniendo en cuenta que las penas de interdicción y comiso fueron debidamente ejecutadas luego de que la sentencia condenatoria adquiriera firmeza y que, por lo demás, el planteo defensista es extemporáneo (art. 126 CCPN), resulta ineludible no hacer lugar al recurso de aclaratoria deducido a fs. 983..." (fs. 984).

Contra este decisorio la Paz dedujo la apelación que nos ocupa (fs. 985/989) y declaró que el objeto de su embate consistía en el rechazo, por extemporáneo, del remedio de aclaratoria interpuesto. Argumentó que si bien no constituye sentencia definitiva, genera a su parte un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior por enfrentarse al principio de legalidad -interpretación restrictiva "in malam partem"- y al derecho de defensa en juicio. Motivó tales perjuicios en el error del magistrado en calcular el cómputo del lapso para articular la solicitud de rectificación a partir de la fecha de la resolución y no desde la notificación a su parte -cfr. arts. 142 y 161 CPPN-. El judicante concedió la impugnación a fs. 990.

La Guagnino estructuró su dictamen de fs. 994/995 a la luz de dos órdenes de argumentos. El primero, relativo a que el auto por medio del cual se deniega la aclaratoria no genera un agravio de la especie pretendida por lo que propugna la inadmisibilidad de la apelación. El segundo se refiere a que, sin perjuicio de lo expresado en el anterior, la defensora ha malinterpretado el objeto de su crítica. Aquello que el Durante consideró extemporáneo fue el planteo de fondo de esa parte -habida cuenta de que las penas de interdicción y comiso habían sido debidamente ejecutadas-, pero de ninguna manera la presentación del recurso de aclaratoria. Más allá de que la Paz no demostró el desmedro de las garantías invocadas, aparentemente el ataque se dirige, en verdad, contra el resolutorio de fs. 978 el cual, a la fecha de la interposición del remedio, se encontraba firme.

Por último, la apelante reafirmó a fs. 1001/1002 que el objeto de su impugnación radicaba en la denegatoria de la rectificación solicitada y la pretensión subyacente, en que sea debidamente tratada. Para ello, reeditó los argumentos sobre los que motivó el perjuicio que ese rechazo le irrogó y por lo demás, a modo de contestación subsidiaria, estimó errada la afirmación de la Sra. Fiscal en punto a la firmeza del auto de fs. 978. Sostuvo que es la instancia de aclaración la que suspende los términos para apelar (art. 126, in fine CPPN). Ella incluye, además del pronunciamiento del "a quo", la decisión acerca de su procedencia por parte de la Cámara de Apelaciones. En consecuencia, aún se encuentra vigente el lapso del art. 51 LPC.

II.- Más allá de las inadecuadas consideraciones -a las que luego nos referiremos- que el Juez filtró al expedirse a fs. 984, lo cierto es que el objeto de su pronunciamiento residió en el formal rechazo del remedio de aclaratoria. No sólo así lo declaró expresamente, sino que al motivar dicho temperamento razonó -independientemente de su acierto o error- acerca de la extemporaneidad del planteo en función de lo normado por el art. 126 CPPN. En virtud de lo expuesto y sin perjuicio de la inconveniencia de la interpretación propugnada por la Sra. Fiscal -según el criterio que analizaremos infra-, es factible sostener que ella carece de asidero en las constancias del expediente. Cabe adunar, por lo demás, que una solicitud de prescripción de la pena mal puede ser catalogada de "inoportuna" desde el momento en que puede presentarse en cualquier estado del proceso y aún ser declarada de oficio. En consecuencia, para que funcionara la propuesta alternativa de la Guagnino, la conclusión del juzgador debió consistir en una decisión acerca de la vigencia de las sanciones previo acogimiento de la instancia de rectificación.

Causa Nº 1343-00-CC/2002. Sala II.

De conformidad con los alcances apuntados, entendemos que si bien la apelación ha sido interpuesta en debido tiempo ante el órgano jurisdiccional correspondiente y por escrito fundado, la resolución que desestima el recurso de aclaratoria es insusceptible de otras impugnaciones.

En efecto, esta Sala ha dicho en reiteradas oportunidades que los interlocutorios que causen gravamen irreparable aunque formalmente no constituyan sentencia definitiva pueden ser equiparados a ellas a los fines del remedio previsto por el art. 50 LPC -arts. 6 LPC y 449 CPPN-. En sentido similar, la Corte Suprema ha realizado esta asimilación en punto al recurso extraordinario federal, estimando que un perjuicio de esa especie se encuentra configurado: 1) Ante la ausencia de otra oportunidad procesal útil para obtener el amparo del derecho que se trate; 2) Teniendo en cuenta la magnitud del perjuicio económico que lleva aparejado el cumplimiento de la decisión; 3) Atendiendo a las dilaciones y trastornos que ésta es susceptible de ocasionar.

Sin embargo, el Durante no ha decidido sobre el fondo del litigio ni acerca de los asuntos que, a juicio de la defensa, fueron omitidos en la resolución de fs. 978. Por ello, la cuestión relativa a la vigencia de las penas puede ser reeditada oportunamente. Al no verificarse, en consecuencia, un agravio de imposible o tardía reparación ulterior, ha de declararse mal concedida la apelación deducida a fs. 985/989.

III.- Sin perjuicio de ello, cabe aún descartar una hipótesis de interpretación alternativa conformada a partir de ciertas consideraciones del segundo orden de argumentos de la Guagnino.

Sería factible sostener que si bien el "a quo" repelió formalmente la aclaratoria, al haber deslizado razones que podrían entenderse conectadas al planteo subyacente de la defensa, integró, de algún modo, el resolutorio de fs. 978. Esta línea de intelección conduciría a tomar la apelación sub-examine como un embate de dicha decisión -compuesta de la manera especificada-, en lugar de estimarla dirigida contra el temperamento que declara como objeto de crítica.

Si bien a la luz de este supuesto desaparece el obstáculo de admisibilidad señalado en el acápite precedente, se alza, en cambio, el relativo a la tempestividad del remedio.

Atendiendo a que la interposición de una aclaratoria suspende -no interrumpe- el término para interponer los demás recursos procedentes contra la decisión cuya rectificación se solicitó, la apelación -desde la perspectiva evaluada- resultaría extemporánea. En efecto, el plazo del art. 50 LPC se habría disparado a partir de la notificación de fs. 980 vta., deteniéndose el 5/10/05 (ver fs. 983vta.) para luego reactivarse el 18/10/05 (vid. asiento de fs. 984). De allí que habría fenecido con holgada antelación a la presentación del escrito de fs. 985/989.

En este sentido, se ha dicho que "...Correlativamente a lo que ocurre en el derecho privado respecto de la suspensión e interrupción de los plazos de prescripción, mientras la suspensión de un plazo procesal importa su inutilización temporaria pero no compromete la aptitud del tiempo transcurrido hasta que ella se produce, la interrupción de aquél neutraliza en forma total ese tiempo, al que corresponde tener como no sucedido" (conf. Palacio, L. y Alvarado Belloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. IV, 1989, Ed. Rubinzal-Culzoni). Por ello, a los efectos de la interposición del recurso de casación, el tiempo hábil transcurrido con anterioridad al pedido de aclaración debe adicionarse al que se desarrolló a partir de la notificación. Ello así, en tanto no se advierta la excepción a la que hace referencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación para considerar a la instancia aclaratoria con efecto interruptivo, esto es, cuando del mencionado remedio procesal resulta una alteración de la decisión, esta resolución modificada será la que deberá considerarse a los efectos de la interposición del recurso de que se trate, en tanto el plazo `no se interrumpe por la presentación de recursos declarados improcedentes por razones formales, como ocurre en el caso en que la aclaratoria interpuesta fue denegada´(Fallos 307:1739 y 307:2061, entre otros)..." Antes de concluir el análisis de esta perspectiva, corresponde efectuar Causa Nº 1343-00-CC/2002. Sala II.

dos especificaciones. La primera, que resulta ocioso en el sub-lite emitir un pronunciamiento acerca de la configuración o no del supuesto de excepción antedicho. El propio rechazo del ángulo de estudio propuesto -al que nos abocaremos enseguida- descartará toda cuestión que pudiera introducirse sobre el punto. La segunda, que carece de todo asidero la argumentación subsidiaria de la defensa (ver fs. 1002) en el sentido de que el término suspendido debería reactivarse a partir de la decisión de este Tribunal sobre la aclaración, por cuanto dicha intelección implica desnaturalizar el instituto del art. 126 CPPN que, por definición, no constituye una instancia autónoma -a excepción, por supuesto, de que el temperamento adoptado en función de su interposición hubiese excedido el marco propio del remedio-.

En suma, de ser correcto el enfoque estudiado, la apelación tampoco resultaría admisible por no haber sido articulada en tiempo oportuno y carecer de la debida fundamentación -adviértase que la defensa, consecuente con su afirmación relativa al objeto de su embate, delineó sus agravios contra el rechazo formal del remedio del art. 126 CPPN, sin realizar crítica alguna a la eventual denegatoria de su pretensión de fondo-.

Sin embargo, son básicamente dos las razones que nos conducen a desechar esta hipótesis alternativa de interpretación a la luz del criterio de conveniencia adelantado supra.

Por una parte, de acuerdo con lo expresado en el punto II, la lecturadel dispositivo de fs. 984 sólo admite inteligirlo -sin forzar su alcance- como una denegatoria de la rectificación intentada que, como tal, no genera autónomamente un gravamen de imposible reparación ulterior. Por la otra, de seguirse la óptica de la Sra. Fiscal, se provocaría un perjuicio de imposible reparación ulterior -ya, ni siquiera, a través del remedio del art. 50 LPC en orden a los defectos formales apuntados-, colocando a la recurrente en un estado de indefensión a causa de confusas manifestaciones no atribuibles a esa parte.

Por ello, se resolverá acorde con el entendimiento que hemos considerado correcto. En consecuencia, atendiendo a que la defensa cuenta con oportunidades procesales útiles a los efectos de insistir con el planteo que no ha sido resuelto -y que, habida cuenta de lo que se decidirá, esta Sala se ve desprovista de jurisdicción para estudiarlo de oficio-, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por la Paz a fs. 985/989.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las actuaciones a primera instancia, quien deberá practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Ante mí:

NOTA: Para dejar constancia de que el Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. CONSTE.--------------------------------- C. Nac. Com., sala E, 15/09/2000- Serafini y Cía. S.A.; "Da Costa, Mario F.", 6/4/1995; Sala A, "Tela Constantino s/ Tercería de dominio en Trasitube S.A. v. Difusora Mediterránea SRL, 9/10/85; entre otros.

Palacio, Lino E., "El recurso extraordinario Federal", Ed. Abeledo Perrot, 2001, Lexis Nexis Nº 2501/000819. Ver c/nº Causa Nº 085-01-CC/2004, del 11/6/04 entre muchas otras.

"Si no obstante que el pedido de aclaratoria fue desestimado formalmente, la decisión respectiva contiene fundamentos que deben considerarse integrantes del pronunciamiento impugnado, desde que en ellos se explica el motivo por el cual se elevó el monto de los honorarios en perjuicio del actor, debe concluirse que el recurso de hecho fue deducido dentro del plazo previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación..." (CSJN, "Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria v. Sabattiello, Gerardo y otros", 17/11/1987, Fallos 310:2313).

C. Nac. Crim. y Corr. Fed.,sala I, "Garayalde, Juan C. s/ recurso de casación", 11/11/2004. En el mismo sentido se ha expedido la CNCC, Sala VII, in re: "Garlan, Jorge A.", rta. 31/3/05.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas