marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho contravencional, uso indebido del espacio público, transporte de pasajeros, falta de certificado habilitante, sentencia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Uber y otros c/  s/ s/ 83 - usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) (art.86 según TC Ley 5666 y modif.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

El art. 86 del Código Contravencional sanciona, en su segundo párrafo, a "Qu ien organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, en volúmenes y modalidades similares a las del comercio establecido", mientras que la expresión "comercio establecido" no reduce el universo alcanzado a las actividades comerciales que requieran local habilitado para funcionar, sino que basta que la actividad organizada no esté autorizada y compita con una comercial autorizada (establecida). La norma se refiere a "comercio", no a la modalidad mediante la cual él se ejerce y sanciona a quien organiza una actividad en el espacio público -la calle lo es- para competir con otra similar establecida, pero a costos menores al hacerlo por fuera de la ley. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Caso fortuito, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL
Carátula: Acosta Eleuterio y otra. c/ Y.P.F. s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

En tanto en la órbita aquiliana el caso fortuito no obsta a que se configure la obligación de reparar, en el área contractual desliga al deudor de una obligación -dar, hacer o no hacer, art.

495- preexistente. Esta es la regla general: "el deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuando estos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor y " caso fortuito es el que no ha podido preveerse, o que previsto, no ha podido evitarse".
Daños y perjuicios, prescripción, resolución denegatoria, Comisión Municipal de la Vivienda, deberes del juez, agregación de la causa penal, interrupción de la prescripción, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Quiroga Rondal, Julia c/ Banco Hipotecario Nacional y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

Corresponde dejar sin efecto la decisión que revocó la que había desestimado la defensa de prescripción opuesta por la Comisión Municipal de la Vivienda, ya que la cámara debió examinar si los instrumentos de la causa penal agregada, emitidos con anterioridad al vencimiento del plazo del art. 4023 del Código Civil, contenían o no un reconocimiento de la obligación con eficacia interruptiva de la prescripción a la luz de lo dispuesto por los arts. 718 y 3989, teniendo en cuenta que no bastaba para dar base jurídica al fallo la aseveración de no compartir el criterio del magistrado anterior al respecto, máxime cuando el tratamiento que se hiciese sobre el punto podría tener incidencia en la solución del caso.
Competencia, prevención, determinación de la incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: R. ,M. F. c/  s/ Internación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-06-13

En tanto no se puede afirmar que la persona tenga su actual y consolidada residencia en el último lugar donde está internada, ni en ninguno de los domicilios en los que circunstancialmente se alojó, se debe declarar competente al órgano jurisdiccional que previno (arts. 35, 36 y 42 del C.C.C., Acordada 1902).
Estafa, ardid, empleados de banco, perjuicio económico, firma falsa, títulos públicos
Materia: PENAL
Carátula: TOROK, Juan C. s/ I.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

Constituye ardid la conducta del jefe de contabilidad de la Sección Inversiones de la entidad bancaria que desplegó su conducta a fin de convencer a conocidos suyos, aconsejándoles efectuar por su intermedio inversiones en títulos públicos muy redituables, concretando el ardid, al suscribir y entregar certificados con firmas apócrifas de operaciones en desuso y por ende inexistentes;

obteniendo así la disposición patrimonial para sí y el consecuente perjuicio para el inversor.
Competencia por el territorio, Estados extranjeros, inmunidad de ejecución, contrato de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: STOCKMAYER, ROBERTO Y OTROS c/ EMBAJADA DE PORTUGAL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-06

No basta la formulación de pretensiones fundadas en normas de derecho privado nacional para conferir a la causa la calidad de reclamo por cuestiones laborales, obtativo a la invocación de la inmunidad de jurisdicción en los términos del art. 2º inc. d, de la ley 24488, cuando no se han articulado como fundamento la celebración de un contrato de trabajo, o una prestación de servicios personales en el marco de un emprendimiento industrial o comercial de un Estado extranjero (Gerini, Marta Elisa c/ República de Honduras sent. def. 21894 del 29/2/01).(Del voto del Dr. Morando, en disidencia).
Multa penal, clausura del establecimiento, agencia de turismo, publicidad turística, certificado habilitante, falta de certificado habilitante
Materia: PENAL
Carátula: OFELIA BONINO. s/ Ley de Agentes de Viajes.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

Corresponde confirmar la sanción de multa y clausura del local o lugar en el que se encuentre operando la persona física sumariada por infracción al Art. 1 de la Ley 18829 y por aplicación del Art. 11 de dicho cuerpo legal, en tanto está comprobado que la sumariada ofertó públicamente la realización de una indudable actividad turística (en el caso, viajes) para lo cual es requisito la obtención de la licencia pertinente de agente de viaje, encontrándose acreditado que la recurrente carecía de tal licencia.
Rehabilitación (penal), aplicación de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ NOVOA, EMILIO s/ PENA- REHABILITACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-04-21

Si el procesado fue juzgado y condenado por la legislación anterior a la ley 21.338, el pedido de rehabilitación debe ser rechazado por aplicación de la misma legislación por la que fue condenado. Caso contrario se contrariaría la prohibición para los magistrados de invadir la esfera propia de otro poder, creando una nueva ley al aplicar conjuntamente a un supuesto disposiciones aisladas de otras dos.
Indemnización por accidente de trabajo, incapacidad temporaria, feriados
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ, ROBERTO c/ FABRICA ARGENTINA DE ALPARGATAS s/ SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1967-05-12

"El artículo 15 del Convenio colectivo de empresa suscripto en el aÑo 1949 entre la Fábrica Argentina de Alpargatas S.A. y la entidad sindical que agrupa a los dependientes no establece la obligación de liquidar el salario de los días no laborales al personal accidentado".
Empleados públicos, cesantía, indemnización, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez, Carlos María c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 568-88) Rucci, Daniel Antonio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 570-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-26|1995-05-17

Se ha sostenido con reiteración que el daño moral está constituido por la lesión a las afecciones legítimas del sujeto, entendidas por lo general como el dolor o padecimiento experimentado y el Código Civil dispensa una tutela amplia al patrimonio moral a través de los artículos 1069, 1075 y 1078. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Personal civil de las Fuerzas Armadas, Dirección General de Fabricaciones Militares, jornada de trabajo, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Díaz Leoncio Delfín y otros c/ Dirección General de Fabricaciones Militares s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

El Estatuto para el Personal de la Dirección de Fabricaciones Militares, establece que se entiende como jornada normal de trabajo la que no excede de 8 horas diarias o de 48 hs. semanales en un ciclo de seis días consecutivos de labor (art. 284), considerando horas de trabajo diurno las comprendidas entre las 6:00 y las 21:00 (art. 285). La labor puede ser realizada en horarios discontinuos por la mañana y por la tarde (art. 46). De acuerdo a la modalidad de la tarea realizada por el agente, éste tendrá derecho a la suma del art. 46 si la tarea -de 40 a 48 hs. semanales de duración- es discontinua. (Del voto del juez Damarco, cons. 5).
División de poderes, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

La esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución. Ningún departamento del Gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas.
Remuneración del juez, recomposición salarial, legitimación procesal, jubilados
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Benítez  Cruz, Luis Carlos y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28

En tanto los pagos ordenados por el decreto 1770/91 formaron parte de una política de recomposición salarial para el Poder Judicial de la Nación, no cabe constreñir el reconocimiento de la deuda con los magistrados en actividad al limitado marco civilista de las transacciones habidas con cada uno de los interesados (arts. 832 y sgtes. del Código Civil), toda vez que aquellos actos fueron sólo medios instrumentales para la efectivización de los pagos (arts. 4° y 5°, del citado decreto), y que no podían ser óbice para el reclamo de otros interesados, como los magistrados y funcionarios en situación de retiro.
Personal militar, adicionales de remuneración, liquidación de haberes
Materia: LABORAL-MILITAR
Carátula: Cornejo, Alberto c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

A fin de liquidar los adicionales establecidos en los decretos 2000/91, 628/92 y 2701/93, éstos deberán ser incorporados al concepto "haber mensual" en el cual también están incluídos los rubros denominados en la reglamentación de la ley "sueldo" y "reintegro de gastos por actividad de servicio". -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Juicio ordinario, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: PULVEMAQ SRL c/ ARPON SRL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

Es sabido que la prueba es indispensable y su importancia es fundamental pues sustrae al derecho del arbitrio de la probabilidad y lo coloca bajo la égida de la certeza (CNCom., Sala B, in re: "Roldán, Angela R. c. Savaso, Gabriel H. s. sumario", 26.4.93). Por ello, en principio, y dejando a salvo los casos expresamente previstos por la ley en los que esta última dispone la inversión del onus probandi, quien alega un hecho debe demostrar su existencia. La carga de la prueba es por cierto una distribución, no del poder de probar, que lo tienen las dos partes, sino una distribución del riesgo de no hacerlo. No supone pues ningún derecho del adversario sino un imperativo de cada litigante (Chiovenda, Giuseppe, "Instituciones de Derecho Procesal", T. III, pág. 92, 1954). Es, como principio, un imperativo del interés de cada litigante, dado que el juez realiza a expensas de los elementos probatorios aportados a la causa la reconstrucción de los hechos invocados, descartando aquéllos que no hayan sido objeto de demostración en la medida necesaria (Sala C, in re: "Fábrica de Implementos Agrícolas S.A. c/ Kohler Company s/ordinario", del 31.5.05; ídem, in re: "Pérez Camps, Sergio c/ Dealers", del 27.04.99; Palacio, "Derecho Procesal Civil", Bs. As., 1972, T. IV, nº 408, pág. 361). Cierto es que tal esquema conceptual no exhibe carácter dogmático. Y puede decirse que en el mosaico de posibilidades que la realidad presenta a diario al juzgador, corresponde exigir de las partes en el juicio que asuman una carga de colaboración activa concerniente a la prueba que ha de instruirse; sin que ello implique, claro está, desvirtuar el principio indicado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, depreciación monetaria, pago, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Javil, Jorge Antonio c/ Tata Rápido S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda cobro de pesos. Cautelar  (Expte. CSJ Nro. 147-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-21

Más allá de los reparos que puedan merecer las afirmaciones efectuadas por el Tribunal a quo con relación a los alcances del artículo 624 del Código Civil en materia de créditos por desvalorización monetaria, es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto cuando el recurrente no ha logrado aportar razones que pongan verdaderamente en cuestión el fundamento definitivo del fallo, esto es, la conclusión a la que arribó la Alzada cuando, a partir de una lectura posible de los hechos del caso, atribuyó importancia decisiva a la "fuerte presunción" de que los pagos correspondían a lo pretendido por el actor, presunción de consentimiento asentada en la ausencia de una conducta que evidenciara oportunamente ("en forma anterior, simultánea o inmediata", y no como una "reflexión tardía", habiendo dejado transcurrir un tiempo considerable sin efectuar ningún reclamo) la insatisfacción del actor por los montos percibidos.
Privatizaciones, empresas del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sociedad anónima, propiedad participada, extinción por mutuo acuerdo, fallos de la Corte Suprema, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: LANFRANCO, Roberto y otro c/ YPF S.A. Y OTRO s/ part. acc. obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-31

Considerando que el más alto Tribunal ha reconocido recientemente in re "Albornoz, Domingo Acencio C/ YPF S.A. y Otro S/ Proceso de Conocimiento" del 17/11/98- doctrina que debe ser lealmente acatada en resguardo de la seguridad jurídica (cfr. CSJN in re "Rolón Zappa, Victor F." del 25/8/88, R-586 XXI)- la autonomía propia de las acciones impetradas por los trabajadores en los que se ventilan reclamos referidos al Programa de Propiedad Participada de YPF S.A. , desvinculándolas de la relación laboral habida entre las partes, no cabe sino concluir que resulta improcedente la aplicación al caso de la doctrina plenaria emanada del fallo "Lafalce, Angel y otros C/ Casa Schuster S.A." dado que aun cuando el trabajador haya suscripto un acuerdo con su empleador manifestando que nada más tendrá que reclamar por ninguna causal ni derecho que le pudiera corresponder derivado de la relación laboral, al no reconocerse al contrato de trabajo como origen o causa fuente del efectivo derecho a participar en el Programa de Propiedad Participada implementado en el caso por YPF S. A., no puede concluirse que el referido acuerdo conciliatorio homologado por la autoridad de aplicación haya pasado en autoridad de cosa juzgada respecto del reclamo de marras, que como lo ha expresado la CSJN, es ajeno a la naturaleza laboral.
Mediación, registro de mediadores
Materia: PROCESAL
Carátula: Baterías Sil-Dar S.R.L. c/ Barbeito, Walter s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La mediación constituye una actividad que desarrollan aquellos abogados de la matrícula que han adquirido la capacitación pertinente, cumplen los requisitos que la reglamentación establece y se han inscripto en el registro de Mediadores, cuya organización, actualización y administración es responsabilidad del Ministerio de Justicia (arts. 16 de la ley 24.573 y 16, inc. 2 del decreto 91/98) (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O' Connor y Guillermo A. F. López).
Legitimación activa, derechos patrimoniales, derechos de incidencia colectiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Colegio de Abogados de Jujuy y otros c/ Estado Provincial (Ley 5301 - 5302) s/ Acción autónoma de inconstitucionalidad. L.A. Nro.  51 F. 295/298 Nro. 127. Provincial (Ley 5301 - 5302) s/ Acción autónoma de inconstitucionalidad. L.A. Nro.  51 F. 295/298 Nro. 127.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-12-30

La sola invocación de la defensa de la Supremacía de la Carta Magna y la de la legalidad resulta estéril para el fin pretendido si no está acreditada. La existencia de un derecho subjetivo o colectivo, de un interés directo o difuso, de una afectación individual o común en cabeza del actor, que le confiera el necesario soporte de legitimación".
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Abaco Compañía Financiera  SA c/ Resolución  Nx  509  del  Banco  Central  de  la  República Argentina s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

La imprecisión terminológica de la sentencia, por sí sola, no invalida la solución adoptada, en tanto lo decidido no debe examinarse en forma fragmentaria, sino que corresponde hacerse cargo de la totalidad de los argumentos expuestos sobre el punto por la sentencia.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, quiebra, crédito fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: TELL, MONICA ADRIANA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR LA ADMINISTRACION FEDERAL DE  INGRESOS PUBLICOS PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION- QUIEBRA- INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR  A.F.I.P.-D.G.I. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 236 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-06-27

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario desde que no puede sostenerse que esta Corte al confirmar el criterio sustentado por el a quo, desconoció los lineamientos vertidos por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación en "Casa Marroquín" y "Cosimati", sino que evaluó que la sola presentación de la determinación de oficio por parte del organismo fiscal no era suficiente para acreditar la causa del crédito, señalando que su facultad para efectuarlas no lo releva de expresar en el concurso una adecuada justificación de aquéllas, exponiendo sus fundamentos y cuáles fueron las pautas utilizadas para la determinación, circunstancias éstas, que al no cumplirse imposibilitaron conocer la real existencia y alcance del reclame, sin que ello obste a la presunción de legitimidad que la ley otorga a tales certificaciones'.

Consecuentemente, esta Corte no se apartó de las directrices sentadas por la Corte nacional ni de la normativa invocada, sino que le otorgó una interpretación y alcances distintos a los pretendidos por la recurrente, circunstancia que no autoriza en el caso la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión, libertad de prensa, delito civil, delito penal, daños y perjuicios, delitos cometidos por medio de la prensa
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Rudaz Bissón, Juan Carlos c/ Editorial Chaco S.A. s/ indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

Las responsabilidades ulteriores por los delitos y daños cometidos en ejercicio del derecho de expresión de ideas u opiniones se hacen efectivas mediante el régimen general vigente en nuestra ley común, que tiene su fuente sea en la comisión de un delito penal o de un acto ilícito civil (art. 114 del Código Penal; arts. 1071 bis, 1072, 1089 y 1109 del Código Civil).
Robo calificado, robo con perforación o fractura
Materia: PENAL
Carátula: Paniagua, Alberto Ricardo y otro s/ Robo con efracción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

Existe la "fractura" prevista en el tipo del inc. 3° del art. 167 del Código Penal si existió separación violenta de las partes que componen el sistema (puerta y marco) sin que importe cuál fue la cantidad de fuerza o eventualmente el medio utilizado, si ha sido el necesario para vencer la defensa preconstituida e ingresar al lugar donde se consumó el hecho.
Honorarios, regulación de honorarios, resoluciones inapelables, sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FISCO NACIONAL - D.G.I. c/ Consorcio de Propietarios Julián Alvarez 1449/6
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-28

El art. 92 de la ley 11.683, determina expresamente la inapelabilidad de la sentencia de ejecución. En consecuencia, inapelable resultan también los accesorios a dicho decisorio (en sentido concordante, C.N.A.Cont.Adm.Fed., fallo plenario del 11.04.96, Fisco Nacional - D.G.I. c/ Banco de Quilmes S.A.). La apelabilidad de la regulación de honorarios -que como regla determina el art. 244 del código de rito- no empece a lo expuesto, en tanto una norma especial fija y determina un procedimiento también especial, con pautas propias a las que dicho código remite (art. 605 C.P.C.C.). (Disidencia del Dr.

Fernández)
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, memorial, traslado
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ  REINALDO  VICTORIO c/ ESTADO  NACIONAL MINISTERIO DELINTERIOR   POLICIA  FEDERAL  S/ s/ INCIDENTE  DE  CADUCIDAD  DE  LAINSTANCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la carga de remitir la causa al tribunal superior correspondiente no releva a las partes de realizar los actos necesarios para urgir su cumplimiento ante la omisión del órgano respectivo (conf. Fallos 310: 928; 313: 986; 314: 1438; 327: 5194; 228: 3380), por lo que el planteo formulado por la recurrente sobre este punto debe ser desestimado. Ante la interposición de un recurso, la parte recurrida se encuentra facultada para acusar la perención, lo que a su vez significa que es la recurrente quien debe instar el trámite a los efectos de obtener el envío a la Alzada (conf. causa 6.033/06 del 11.8.09, Sala II, causa 2.633/04 del 13.3.07). Teniendo en cuenta que desde el vencimientodel traslado del memorial -que fue ordenado en la providencia del 9.12.09-, hasta el acuse de perención del 28.6.10, ha transcurrido el plazo establecido en el art. 310, inc. 2°, del Código Procesal, corresponde declarar la caducidad de esta instancia, con costas a la vencida.
Acción de amparo, plazos procesales, recurso de apelación (procesal), aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación del Personal Aeronáutico (APA) -Rqu- c/ E.N. (Mº de E. y O.S.P.) -ORSNA- y otro s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-30

El carácter restrictivo con el que deben ser aplicadas las normas que restringen derechos obsta a que su aplicación se extienda a casos para los cuales no han sido dictadas, y esta situación se da, por ejemplo, con los plazos exiguos para apelar.
Despido con causa, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cabeza, Lucía Beatriz c/ Claverie, Nelly Haydée s/ Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-25

El artículo 244 L.C.T., precepto que impone la intimación en forma fehaciente a reintegrarse al trabajo como paso previo ineludible para que el abandono-incumplimiento se configure. Ese requerimiento previo resultaba elemento indeficiente para demostrar la voluntad de la empleadora de darse por injuriada ante el incumplimiento de la prestación laboral, que se torna grave y calificado, además de por su propia magnitud, por el desdén hacia la intimación.