marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aplicación de la ley, orden público, control de constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CATENA, FRANCISCO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

No constituye óbice el control de constitucionalidad que la ley de que se trate se autodefina -amén de "federal"- como de "orden público" (art. 10, pto. 1, ley 24.463). Ello así, toda vez que las normas sobre procedimiento, jurisdicción y competencia revisten siempre ese carácter, cuya consecuencia sustancial consiste en limitar la posibilidad de su modificación por la sola voluntad de las parte (Fallos 300:1213), más no al sustraerlas del control aludido (Fallos 270:201, entre otros). (Del voto del Dr. Fasciolo).
Juicio ejecutivo, locación de inmuebles, deudas derivadas de la locación, compensación
Materia: CIVIL
Carátula: CONSTRUCTORA AIBEN  S.R.L. c/ FILIPPA, CARLOS J. s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

La compensación en los procesos ejecutivos, sólo puede fundarse en la existencia de "crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución". Es necesario que a dicho efecto se invoque un documento que sea título ejecutivo por un crédito líquido y exigible del que sea deudor el ejecutante.

Del juego de los arts. 1578, 1581 y 1582 del Código Civil, resulta que la acción ejecutiva por cumplimiento de las deudas derivadas de la locación, es sólo a favor del locador. Por ello, el crédito que proviene del depósito en garantía de la locación, no es título que traiga aparejada ejecución.-
Instigación, falsificación de instrumento público, licencia de conducir
Materia: PENAL
Carátula: AQUINO, VICTOR s/ FALSIFICACION    DELITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Quien entrega su foto para que otro realice en un registro de conducir la falsificación del art. 292, 2da. parte C.P., debe responder como instigador en orden al mencionado delito.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bordegaray, Adelia Soledad c/ Bendaña de Cazzaniga, Marta Susana y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-16

Tratándose de daños involuntarios la distribución del daño es ajena a toda noción de ilicitud, habiendo la ley 17.711 receptado una solución específica conforme la cual aunque no haya mediado enriquecimiento del autor del daño involuntario, puede caber una distribución cuya procedencia queda librada a la apreciación del juez, teniendo en cuenta la condición económica de las partes (art.

907 2da. parte, Código Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Regulación de honorarios, quiebra, auto de quiebra, revocación del auto de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: FELIPE ROSENBERG s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-30

A los efectos regulatorios, revocado el auto de quiebra conforme dispone el lc 100, corresponde revisar los honorarios recurridos en función de la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados por el beneficiario, teniendo en cuenta, además, como pauta referencial el monto de los depósitos efectuados por la deudora al solicitar la conclusión de su falencia.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Claypole, Patricio s/ incidente Nx 17.854 s/ prescripción de la acción penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06

Debe tenerse por satisfecha en tiempo oportuno la intimación a integrar el depósito del art. 286 del Código procesal, si al practicarse la notificación la copia de la resolución acompa$ada no contenía tal intimación.
Regularización impositiva, pago de tributos, renuncia de derechos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Omega Cooperativa de Seguros Limitada (TF 14.771 - I) c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Con respecto al art. 8? de la ley 23.029, la regla de jurisprudencia según la cual el cumplimiento voluntario y sin reservas de una norma es una actitud a la que cabe asignar "el carácter de una renuncia", se basa en una interpretación judicial de la conducta del particular actuante y de ningún modo puede prevalecer contra una prescripción normativa que disponga, inequívocamente, lo contrario (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Bases para la reconstrucción de la economía Argentina, farmacéuticos, medicamentos, derecho a la salud
Materia: CIVIL-SALUD PUBLICA
Carátula: Colegio Farmacéutico de Mendoza y otros c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional)  s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2024-06-25

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Colegio Farmacéutico y ordenar al Estado Nacional abstenerse de aplicar las reformas fijadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en cuanto permite que los medicamentos de venta libre no sean vendidos exclusivamente en farmacias, que no sea necesario que cada establecimiento cuente con un farmacéutico director técnico, quien puede tener varias farmacias a cargo, y que las droguerías puedan vender medicamentos al público, toda vez que la articulación y coherencia de los ordenamientos, tanto provincial (Leyes 5897 y 7303) como nacional (Ley 26567), aparecerían prima facie alterados por las modificaciones del DNU 70/2023 pudiendo menoscabar el derecho a la salud del consumidor de medicamentos, que es un sujeto especialmente vulnerable, pues existe un justificado vínculo entre el rol del farmacéutico y la salud pública, al prescindir de aquél aparece un riesgo potencial de imposible o dificultosa solución en caso de arribar a una sentencia favorable a las pretensiones de la actora.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: González, Fabián Alberto s/ Robo calificado Molina, Juan Carlos; Gómez, Angel Ramón; Alvez, José Héctor s/ Homicidio en ocasión de robo - Asociación ilícita - Robo agravado  reiterado Soto, Jorge Luis; Zorrilla, Néstor Fabián s/ Robo calificado y privación ilegal de la libertad Aguilera, Marcelo Baltazar s/ Robo calificado por el uso de armas Segura, Fermín Miguel s/ Robo calificado por el empleo de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27|1990-04-20|1995-06-27|1994-06-14|1993-02-23

Es el poder intimidatorio que anula la resistencia de la víctima del despojo lo que prevé la norma (art. 166 inc. 2 C.P.) para agravar el robo, resguardándose no sólo el bien jurídico de la propiedad, sino también el de la persona que se ve acometida con un arma, en el supuesto de las de fuego, sin poder indagar si es o no idónea para disparar y si se la utilizará o no "a manera de porra". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil), Constitución Nacional
Materia: CIVIL
Carátula: L., C. c/ A., F. s/ INCIDENTE s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-27

Teniendo en cuenta estas elementales cuestiones que surgen del art. 14 bis y están reconocidas por toda la doctrina, la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los demás precedentes ya referenciados, surgen las siguientes conclusiones:

a) La protección es integral, comprende a los miembros de toda la familia conviviente; b) El ejercicio está en cabeza de los padres - tutores o curadores -, pero ello no excluye la tutela efectiva de parte de los hijos; c) Si hay menores, debe intervenir el Ministerio Público Fiscal en el trámite de desafectación; d) El art. 41 de la Ley 14394, no puede entenderse entonces que confiere una facultad que se otorga al titular del bien y demandado, para decidir por sí (hacer o dejar de hacer) para que caiga la protección constitucional, es un derecho indisponible (bajo pena de nulidad); e) Una interpretación que deja fuera del proceso a los integrantes de la familia que cohabitan o pueden cohabitar hasta la mayoría de edad, es de ningún valor; f) Por eso los jueces no sólo pueden sino que deben suplir cualquier omisión del titular, en aras de no renunciar a la protección efectiva del bien; g) Cuando situaciones de excepción - como la acreditada en autos (residencia temporaria en el exterior justificada por razones laborales) - justifican la falta de habitación permanente, es razonable mantener la protección mientras medien dichas circunstancias; h) En todo supuesto, quien pretenda la desafectación, debe dirigirla a todos los integrantes del núcleo familiar y no sólo al deudor;...
Competencia, tribunal plenario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sobre Incidente de Apelación - Causas Electorales - Reconocimiento de Alianza/Oficialización de Candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-21

Corresponde al pleno del Tribunal la decisión acerca del recurso de reposición interpuesto contra la providencia dictada por la juez de trámite en atención a lo dispuesto por el art. 246 de la ley N° 189 (conforme texto consolidado por la ley N° 6588), de aplicación supletoria en virtud del art. 2 de la ley N° 402 (cf. este Tribunal in re" expte. N° 14.009/16 "Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad Autónoma de Bs c/ GCBA s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido", del 09/09/2020, entre otros). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Luis Francisco Lozano, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Prescripción adquisitiva, actos posesorios, pago de tributos
Materia: CIVIL
Carátula: SIGAL BERKO c/ MUSA DE VILLAR AMELIA Y OTROS s/ prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-22

El pago de impuestos por sí solo no constituye un acto posesorio y consiguientemente nada prueba con relación al corpus posesorio. El hecho de que el usucapiente acredite haber abonado los impuestos durante todo el lapso de la posesión, si no está avalado por otras pruebas, carece de entidad suficiente para tener por demostrada dicha posesión, pues un simple tenedor, como un locatario pueden abonar los impuestos y ello por sí solo no lo convierte en poseedor. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Principios procesales, principio de congruencia, deberes y facultades del juez, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: OMEGA  COOPERATIVA  DE SEGUROS LIMITADA c/ CARREFOUR ARGENTINA SAS/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

El principio de congruencia establecido en el CPCCN art. 163-6 y reiterado por el CPCCN art. 272, significa que como regla general debe existir correspondencia perfecta entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide y sólo sobre lo que se pide, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias. Ello, en tanto si bien es cierto que el juez puede omitir analizar los argumentos de las partes que a su juicio no sean decisivas, no puede otorgar mas que lo que el accionante pidió, ni dar otra cosa distinta, modificando las pretensiones formuladas por las partes, porque una de las garantías del debido proceso consiste en el límite de no introducir aspectos sobre los que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa; la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a persona, objeto y causa, es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio, relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la "litis" fija los limites de los poderes del juez (sala B, 20.5.05, "Banca Nazionale del Lavoro SA c/ Deisernia, Ernesto s/ Ejec."; sala A, "Molica Bisci, Luis y otro c/ Reynaldo, Idilio Quaglia s/ Ordinario", del 23.3.90).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, imputado, prisión preventiva, portación de armas, tipo penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: SANCHEZ, JAVIER FACUNDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-25

El pronunciamiento atacado -que revoca la prisión preventiva del imputado dispuesta en primera instancia y ordena su libertad- no es, en principio, sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, y si bien el actor penal intenta demostrar que por la fundamentación ensayada por la Magistrada a quo para disponer la libertad del imputado -básicamente, que la conducta atribuida no podía encuadrarse en la figura de portación ilegal de armas de fuego- la decisión le irrogaría un agravio al Ministerio Público Fiscal, en tanto vedaría la posibilidad de ejercer correctamente la acción penal, lo cierto es que ello no se corresponde con las constancias de autos, ya que la circunstancia de que considerara que no estaban reunidos los elementos típicos de la portación ilegítima de arma de fuego de guerra no obsta a que, en lo sucesivo y si el actor penal así lo estimase, se puedan evaluar otros encuadres jurídicos de la conducta endilgada.

Por tanto, lo resuelto en modo alguno obsta o imposibilita el ejercicio de la acción penal, diluyéndose de este modo la argumentación ensayada para demostrar la configuración en el caso de un gravamen de imposible reparación ulterior que permita sortear la falta de definitividad de la decisión atacada.
Procedimiento tributario, medidas cautelares, IVA
Materia: PROCESAL
Carátula: ARTIMSA  S.A.I.C. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-16

No corresponde disponer en carácter de medida cautelar, la suspensión de las retenciones al impuesto al valor agregado en las operaciones que se realizaron con la actora, de acuerdo con el régimen establecido en la RG 2782-83, pues no acreditó el perjuicio definitivo e irreparable que ello pudiere causarle. Además tampoco es verosímil su derecho pues la amplitud del recurso previsto por los arts. 164 y 165 de la ley 11.683, no se exime prima facie reñida con la defensa del derecho que pretende la actora, la que cuenta así con vías ordinarias para que la demandada se expida, o incluso se evite el perjuicio aducido.

RG 2782-83
Superior Tribunal de Justicia, competencia, incompetencia, excusación, competencia civil y comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: VILAR, ALBERTO CLAUDIO c/ COMUNA DE GODOY s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-29

No corresponde a este Cuerpo resolver la presente cuestión de competencia suscitada en el sub lite toda vez que, de la compulsa de estos actuados, se desprende que los Órganos jurisdiccionales contendientes poseen como superior común inmediato la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial; y no es obstáculo para ello, que el conflicto se haya suscitado entre órganos judiciales con competencia material en lo civil, comercial y laboral, por un lado, y con competencia en lo penal, por el otro, ya que estos últimos intervinieron en la presente causa, no por su competencia específica, sino en el marco de una causa civil y comercial (ejecución hipotecaria), como reemplazantes legales frente a la excusación formulada por los primeros. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 267, p 373; T 280, p 309. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Provincial, artículo 93, inciso 5; Ley 10160, artículo 6, inciso 2. - Jurisprudencia concordante con Banco de Santa Fe c. Tommassi, AyS T 286, p 125/127, sumario J0044560.
Cónyuge del procesado, arresto domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: Reynoso, Raúl Juan c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

Para la procedencia del instituto en los términos del art. 32 ley 24.660 -en virtud de la discapacidad de la esposa del peticionante- corresponde que el solicitante sea la única persona capaz de hacerse cargo, lo cual no sucede en el caso ya que la familia cuenta con ingresos que le permite tener una empleada doméstica de confianza, sus dos hijas, que viven en el mismo edificio que su madre, y su hijo podían hacerse cargo, sumado a ello la colaboración extra que brinda la empleada doméstica, no siendo determinante que no sea de tiempo completo.
Responsabilidad internacional del Estado, efectos erga omnes, obligaciones del Estado miembro, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Carta de las Naciones Unidas
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - Observación General N° 31 c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2004-03-29

Cada Estado Parte tiene un interés jurídico en que todos los demás Estados Parte cumplan satisfactoriamente las obligaciones impuestas por el Pacto, pues las normas relativas a los derechos básicos de la persona humana son obligaciones erga omnes, debiendo todos -conforme la Carta de las Naciones Unidas-, promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, lo que se encuentra reforzado por la índole contractual del tratado que impone a todo Estado Parte la exigencia de cumplir en relación con otro Estado Parte, los compromisos asumidos en virtud de aquél.
Prueba testimonial, caducidad de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ERNST Y CIA. S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY s/ ORDINARIO - DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-06-07

Es inexcusable la obligación de informar dentro del plazo fijado por el juez sobre el juzgado en que quedó radicado el exhorto y la fecha de la audiencia de testigos. De lo contrario, se tendrá por desistido al actor de la prueba ofrecida.
Impuesto a las actividades lucrativas, base imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA "LAS PAREJAS" LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 142-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-08

La captación del precio de venta de productos entregados a una cooperativa agrícola ganadera por parte de sus socios para que, con posterioridad ésta proceda a la venta de los mismos hacia terceros, es problema vinculado a la determinación de la base imponible para calcular el impuesto que deba el productor, pero no puede transformar a la cooperativa en contribuyente del impuesto, en aras de captar la diferencia entre precio de venta autorizado y precio obtenido. Por ende, resulta ilegítima la determinación impositiva en cuanto tomó como base imponible del impuesto a las actividades lucrativas las ventas de cereales de terceros.
Universidades, docentes, sanciones disciplinarias administrativas, cesantía, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Díaz Melogno, Gustavo c/ Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

La decisión de abonar al actor los salarios caídos correspondientes al período en que estuvo separado de hecho de los cuadros universitarios, sin exponer los motivos que lo justifican, se revela como una expresión dogmática, que no encuentra sustento alguno en el ordenamiento legal que rigió la relación entre las partes, de acuerdo al cual la condena al pago de dichos haberes debió computarse desde la fecha de la cesantía.
Transporte aéreo, pérdida del equipaje, indemnización
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ROMANO  RAFAEL  DIEGO c/ ALITALIA LÍNEAS AÉREAS ITALIANAS SA s/ PÉRDIDA/DAÑO DE EQUIPAJE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-01

La jurisprudencia y doctrina francesa establecen que ya sea que la indemnización sea reclamada a título de perjuicio moral o material o de los dos al mismo tiempo, siempre se encuentra limitada a los topes fijados en la citada Convención (cfr. doctrina y jurisprudencia citada por Henri Zoghbi en "La responsabilité aggravée du transporteur aérien, Dol et faute équivalente au dol, Étude dévoloppé du Protocole de La Haye", L.G.D.J., París, 1962, pág. 45 cit. 55). Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa "Alvarez Hilda N. v. British Airways", del 10/10/2002, (publicado en Jurisprudencia Argentina 2003-I-pág. 445/447; en el mismo sentido, esta Cámara, Sala 3, causa n° 13.632/02 del 1/3/05 "Guitelman Darío c/Alitalia Líneas Aéreas de Italia S.A.").
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisdicción internacional, corte interamericana de derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - INTERNACIONAL
Carátula: Taussig, Jorge F. s/ art. 109 y 110 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

Es inadmisible la pretensión de que la Corte dé intervención al tribunal internacional creado por el Pacto de San José de Costa Rica.
Asociaciones sindicales, despido del delegado gremial, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ ROLDAN, DOMINGO c/ A.M.C.A.P. s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-30

Es procedente la medida cautelar de reinstalación iniciada por el delegado gremial que fue despedido sin seguir el procedimiento establecido por el art. 52 de la ley 23551 toda vez que la subsistencia del acto del principal consolidaría sin remedio la violacion de los derechos del delegado vinculados con la libertad sindical, art. 4 inc. e y 40 a y b, que se materializa en este supuesto, en representar y ejercer esa representación.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, interrupción de la caducidad, proceso penal, sentencia condenatoria
Materia: ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: TESTI, JOSE JUAN D c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   CADUCIDAD DE INSTANCIA.     CSJ EXPTE NRO 34-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-12

No puede sostenerse que la existencia de un proceso penal constituye una causa interruptiva de la perención de la instancia, toda vez que el artículo 1101 del Código Civil, veda solamente la condenación en juicio civil antes de la condenación del acusado en juicio penal, sin suspender el desarrollo del proceso.

En el caso, el actor en un recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción se opone a la perención de instancia alegando la existencia de un juicio penal "de íntima conexión con el presente", sin aportar otros datos.
Sociedad de hecho, representación de la sociedad, socios
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTRAVIZ, ROBERTO c/ POUSA, HECTOR s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Si bien es cierto que el socio de una sociedad de hecho que concluye negociaciones en tal carácter no actúa como mandatario de sus consocios, no lo es menos que en tales casos se desempeña como representante del ente societario que integra con personalidad - si bien precaria - diferente de la que poseen los miembros que la componen.#Ñ Cualquiera de los socios, al representar a la sociedad, y atento a la responsabilidad que la ley consagra, actúa no en sentido orgánico sino por cuenta e interés ajeno.
Policía, pautas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PALLAVIDINI, JORGE CARLOS DANIEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 357-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

La invalidez de las "pautas" para el funcionamiento de las Juntas de Calificaciones, por el solo hecho de que hayan sido dictadas por el Jefe de Policía cuando debieron ser dadas por la propia Junta de Calificaciones, no es suficiente a los efectos del reconocimiento del derecho substancial pretendido por el actor que solicita la anulación de los actos que impidieron su ascenso al grado de Comisario.