marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen de visitas, obligación alimentaria, incumplimiento de la obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: N.S. c/ J.DE N.P. s/ REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-19

Se ha sostenido la conveniencia de dejar en suspenso el régimen de visitas a favor del padre, cuando éste no cumple con el deber de alimentar a sus hijos, por resultar un medio eficaz de compulsión.

No obstante, dicho criterio tiene el inconveniente de que no sólo perjudica al deudor de la obligación, sino que afecta también a los hijos cuyos derechos a mantener trato frecuente y fluido con sus progenitores podría verse cercenado. Si se elige dicho criterio, los hijos además de dejar de percibir los alimentos respectivos, están impedidos de ver al padre. Si se permite al padre ver a sus hijos no es tanto porque se lo merezca -la reticencia en el cumplimiento de la prestación más bien hace pensar lo contrario-, sino porque parece lo mejor para los segundos, quienes, sin duda, son inocentes de la situación creada, y es de presumir que tal relación beneficia principalmente a los menores. Estos principios en modo alguno revisten caracteres absolutos y aún más, la propia naturaleza de la cuestión, la hace estar desprovista de soluciones estrictas y todo ello obliga a extremar la cautela, cuando la medida priva al padre del trato con el hijo y de la mínima comunicación que debe existir entre ambos.
Secreto del sumario, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RIVERA, Jorge y otra s/ Proc. y prisión preventiva, Causa nro. 29.381
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-01-15

Esta Sala, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que el secreto del sumario no afecta la garantía de la defensa en juicio.
Accidentes de trabajo, desempleo, daño psíquico, relación de causalidad, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CORRADO, FRANCISCO c/ AUTOLATINA  SA s/ ACCIDENTE-9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-17

El desempleo prolongado puede originar depresiones, úlceras, hipertensión, problemas cardíacos, incluso daños irreparables para la confianza del individuo, ya que el temor a quedar desempleado puede constituir un factor detonante o coadyuvante para las depresiones nerviosas. Empero no estamos ante lesiones que puedan atribuírse al trabajo en sí, sino a los problemas sociales derivados del sistema económico vigente que presiona a determinados individuos a enajenar sus servicios en beneficio de terceros, o en su caso, a intentar terciar como autónomos en un mercado altamente competitivo en el que deben correr el riesgo del peligro que supone quedar en la indigencia. Pero tales daños no son patrimoniales y por lo tanto resultan ajenos al ámbito indemnizatorio de la ley 9688 y no son resarcibles por el empleador.
Requisa personal, falta de orden del juez, medidas urgentes, comunicación al juez
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ROBLEDO, Elvira s/ nulidad Causa nro. 27.250
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

El hecho de que se tratara de dos personas, en lugar y horario de gran circulación de peatones y vehículos, configuran el supuesto de urgencia por el que se faculta a la policía a realizar requisa personal sin orden judicial (art. 184, inc. 5. del C.P.P.N.). El requisito de aviso inmediato al órgano judicial competente que prevé tal norma, también fue cumplido.
SECLO, suspensión de la prescripción, plazo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Fossati, Enrique José c/ Filtros Mann S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-26

Es criterio de esta Sala que la presentación que se efectúa ante el SECLO, suspende el curso de la prescripción por el término que establece el art. 257 LCT, esto es mientras dure su tramitación pero nunca por un período mayor a seis meses. Esta interpretación deriva del texto expreso del art. 257 y del art. 7  de la ley 24.635 que deben ser examinadas para dilucidar la cuestión. Mientras el art. 257 LCT establece que la reclamación administrativa interrumpirá el curso de la prescripción durante el trámite, pero en ningún caso por un lapso mayor a seis meses, el art. 7 de la ley 24.635 dispone que la presentación obligatoria ante el SECLO "...suspenderá el curso de la prescripción por el término que establece el art. 257 de la Ley de contrato de Trabajo".

De esta última norma se desprenden dos conclusiones: 1) la presentación ante el SECLO suspende y no interrumpe el curso de la prescripción ; y 2) lo hace por el término que establece el art. 257 LCT; y como este lapso consiste en la duración del trámite con un máximo de seis meses, resulta corolario de todo ello, que la reclamación ante el SECLO suspende el devenir de la prescripción por todo el tiempo que dure su tramitación y hasta un tope máximo de seis meses. Boletín Nro. 251. Toq. 1179.
Tasa activa, tasa pasiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Regional de Cuyo S.A. c/ Oviedo, Jorge Matín s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-07-03

Corresponde sustituir la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. dispuesta por el juez a-quo por la tasa activa que cobra el Banco Nación en sus operaciones de préstamo, conforme los fundamentos de RRC 424/94, 545/92 y RLC Nº 6/98 "Klush c/ Banco de Galicia" a los que se remite por razones de brevedad.
Tratados internacionales, aplicación de tratados internacionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barcena, Alicia Susana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconsitucionalidad art. 18, dec. 7881/84
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-20

Resulta evidente que en la segunda mitad de este siglo ha tenido concreción una nueva disciplina jurídica, ésto es el derecho internacional de los derechos humanos, que a nivel convencional ha generado una serie de instrumentos y tratados internacionales que han servido para "oxigenar" al derecho interno, confiriéndole pautas abarcadoras a nivel universal y regional, desplegando una pantalla protectora para el ser humano en cualquier lugar donde se encuentre, lo que se ha dado en llamar la dimensión transnacional del derecho y la justicia. (Minoría u opinión personal)
Simulación, actos ilícitos, actos lícitos
Materia: CIVIL
Carátula: Appliance  SA c/ Otero,  Osvaldo  Daniel;  Díaz,  Héctor  Rubén  y  Abeleira,  Alberto s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-03

En todo acuerdo simulatorio se insinúa una finalidad de ocultar la realidad, sea la verdadera naturaleza del negocio, sea su inexistencia; si esa finalidad es inocente, la simulación es lícita;

más si tiende a violar la ley o perjudicar a terceros, es ilícita (arts. 957 y 958, in fine, Código Civil).
Acta judicial, lectura del acta, instrucción, declaración testimonial, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Herranz, Pablo D. s/ conflicto. Causa: 443
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

Son nulas las lecturas de las actas de las declaraciones recibidas durante la fase instructoria, salvo los supuestos de excepción previstos en los incisos del art. 391 del C.P.P.N.
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: L., Y. I. c/ D. L. SRL s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-04

Ha resuelto el Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia que en materia de costas, en los casos en que se rechazan rubros y se admiten otros, o aún en que se disminuye el resarcimiento pedido por el rubro que se admite, resulta válido ocurrir a la tesis que propugna la distribución proporcional que prevé que en casos de vencimientos parciales recíprocos -pretensión acogida con alcance limitado-, las costas deban distribuirse entre las partes atendiendo a la proporción de aquellos.
Alimentos, juicio de alimentos, jurisdicción y competencia
Materia: CIVIL
Carátula: G., M.I. c/ G., J. s/ Alimentos y Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-07

A los efectos de la jurisdicción cabe distinguir si la cuestión de alimentos se plantea existiendo ya entablado un juicio de separación, de divorcio o de nulidad, o si se plantea de manera autónoma, como cuestión principal. En el primer caso es competente el juez que entiende en la causa, que puede ser el del último domicilio conyugal efectivo o el del domicilio del cónyuge demandado, conforme el art. 227, Cód. Civil.

En cambio, cuando el juicio de alimentos se plantea como cuestión principal, se amplían notablemente las opciones del actor, ya que además de las jurisdicciones mencionadas puede acudir ante el juez de la residencia habitual del acreedor alimentario, o ante el juez del lugar de cumplimiento de la obligación o ante el del lugar de celebración del convenio alimentario si lo hubiere y coincidiere con la residencia del demandado.
Competencia, nulidad del acto jurídico, falsificación de instrumento público
Materia: PROCESAL
Carátula: Dávalos, Gerardo c/ Rojas Miriam; Gimenez Domitila y Rojas Ovando, Erick s/ Conflicto negativo de competencia (Sala III Cámara Civil y Comercial y Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nro. 1, Secretaría 2) suscitado en el Expte. Nro. B-102.588/03: Ordinario por nulidad de acto jurídico. L.A. N 52 F 114 N 71 Rojas Ovando, Erick s/ Conflicto negativo de competencia (Sala III Cámara Civil y Comercial y Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nro. 1, Secretaría 2) suscitado en el Expte. Nro. B-102.588/03: Ordinario por nulidad de acto jurídico. L.A. N 52 F 114 N 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-09-30

Corresponde se declare competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, toda vez que la acción principal incoada y que se dirige en contra de los tres demandados (nulidad de acto jurídico y falsedad de instrumento público) es materia que debe tramitarse conforme las reglas del juicio ordinario escrito (artículo 288 inciso 5) para lo cual resultan competentes los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial (artículo 81, inciso 1 de la ley 4055 -Orgánica del Poder Judicial-).
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: M., E. J. s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

Se ha señalado, por la doctrina nacional, que nuestros constituyentes no siguieron al pie de la letra el modelo estadounidense en materia de prerrogativas en general, sino que se apartaron, reforzándolo en número y contenido, por lo cual adquieren mayor amplitud en nuestro ordenamiento. Los constituyentes de 1853 "les reconocieron una dimensión mayor, una más acentuada eficacia protectora".
Títulos ejecutivos, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Caja De Ahorro S.A. c/ Páez, Salvador Nicolás s/ P.V.E.
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-04-24

La doctrina y la jurisprudencia no admiten que el acreedor unilateralmente puede transformar en título ejecutivo lo que según la ley no lo es, pero si admite que las partes puedan convenir que una deuda de suma de dinero pueda ser cobrada por la vía ejecutiva aunque no se cumplan los requisitos que la ley exige para ello (art.1197 C.C.)Habiendo comparecido fuera de término el demandado, se despacha la ejecución, quedando constituido el título ejecutivo con: el documento en que el demandado acordó con el actor (una de las cláusulas de las consideraciones Generales), que este podía proceder por la vía ejecutiva para el cobro de saldos deudores de la tarjeta de crédito cuya emisión allí se acuerda, sirviendo a tales efectos como suficientes constancias del mismo el certificado que se expidiera con la firma de Gerencia y responsable del Area Contable; y con el certificado de deuda que en original se reserva en Secretaría y que coincide con la copia obrante en autos. Dada la naturaleza abstracta del título que se ejecuta (certif. Bancario de saldo deudor) y del procedimiento en el juicio ejecutivo, resulta que no solo se ha convenido una inversión en la carga de la prueba, sino que, lo que es más gravoso para el consumidor (usuario titular de la Tarjeta de Crédito), lisa y llanamente se ha convenido la prohibición al consumidor de probar lo que hace su derecho (no podrá ni siquiera cargar con la prueba de no ser deudor de la suma demandada). Corresponde hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título que se ejecuta y rechazar la demanda por improcedente.
Superior Tribunal de Justicia, recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: PLANCICH, JORGE A c/ BELTRAME Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES     RECURSO  EXTRAORDINARIO  PARA  ANTE  LA  CORTE  SUPREMA  DE JUSTICIA  NACIONAL (CSJ EXPTE N. 51-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-05-22

Choca contra el buen sentido que se dicte una ley para privilegiar a los litigantes de una determinada ciudad -en el caso Rosario- que, no obstante tener a su disposición una Mesa de Entradas en la sede local de la Corte Suprema, contarían con un plazo de diez días para presentar sus quejas, mientras los litigantes de la ciudad capital de la Provincia sólo dispondrían de tres. Obviado el traslado al lugar de residencia del superior para los litigantes de Rosario, no se advierte el motivo de este privilegio para quienes disponen de una Mesa de Entradas en la sede de la residencia local de la Corte.
Condena penal, apreciación de la prueba, facultades del juez, sana crítica racional, fundamentación de sentencias, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Escalante, Dardo Rubén s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Guillermo Castro en contra de la Sentencia en causa 45/07 "Escalante, Dardo Rubén s.a. Abuso Sexual"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-06

La defensa técnica interpuso Recurso de Casación en contra de la sentencia que declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (arts. 119 tercer párrafo en función del primer párrafo y 45 del Código Penal) y lo condenó a once años de prisión con más accesorias de ley.

Aduce la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, sosteniendo que se debió encuadrar la conducta de su defendido en la figura del abuso sexual simple prevista en el primer párrafo del art. 119 del Código Penal, por haber habido tocamientos de las zonas pudendas, sin penetración, según la declaración de la víctima, menor discapacitada mentalmente.

Las pretensiones del recurrente en cuanto a que el tribunal dio mayor valor convictivo al informe técnico médico, realizado por el médico de policía, que a los dichos de la víctima discapacitada, no pueden encontrar acogida favorable en esta instancia.

En primer lugar, no se infiere de los testimonios de la víctima, sus hermanas y progenitora, que no haya existido penetración.

En efecto, si la menor tiene una discapacidad mental del 90%, mal puede entender o expresar si hubo o no penetración peniana, en los señalados términos. Además, el a quo ha efectuado un pormenorizado análisis conjunto de todas las constancias presentadas en la causa -informes médicos, psicológicos, declaraciones testimoniales, inspecciones oculares, etc.-, material probatorio que resulta suficiente para dar fundamento a las conclusiones alcanzadas y, consecuentemente, para acreditar la existencia del hecho traído a estudio y la responsabilidad del imputado.

En definitiva, el impugnante se limita a rechazar el valor convictivo otorgado por el sentenciante al informe técnico médico, analizándolo de manera aislada, disgregado del conjunto, poniendo acento únicamente en el testimonio de la víctima, sin reparar en el estudio integral y concatenado del fallo de los diferentes indicios, a partir del cual se pudo concluir que es correcta la calificación legal impuesta y el imputado fue autor responsable del hecho que se le endilga.

El razonamiento del tribunal de juicio resulta lógicamente ajustado y su conclusión no ha sido eficazmente conmovida por las críticas del recurrente, por lo que corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto por este agravio.
Pago indebido, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Baldi de Perversi, Luisa Elena y otro c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-07-10

El pago indebido no impide repetir lo abonado sin causa, pues de lo contrario se estaría convalidando un enriquecimiento ilícito en detrimento del organismo público, pero queda sujeto como toda deuda exigible al instituto de la prescripción liberatoria (del voto del doctor PETTIGIANI).
Indemnización, expropiación, valor del bien, reparación integral
Materia: COMERCIAL
Carátula: Libertad S.A. c/ Municipalidad de Córdoba s/ expropiación - expte. N° 1636635/36
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-04-22

Lo indemnizable es el valor objetivo del bien, por lo que la expropiación no puede ni debe empobrecer o enriquecer al propietario, sino dejarlo en igual situación económica, lo cual supone que la indemnización sea objetiva, actual e íntegra. Es así que para determinar la justa indemnización expropiatoria se ha de estar a los daños que sufra la expropiada como consecuencia directa e inmediata de lo ocurrido, atendiendo a la situación particular y concreta y sin tomar en cuenta ganancias hipotéticas o eventuales beneficios, ni el resarcimiento del lucro cesante. En este sentido, como lo expresa la Corte Suprema, significa restituir integralmente al propietario el mismo valor económico de que se le priva, cubriendo los daños y perjuicios que sean consecuencia de la expropiación.
Contratos, compraventa, efectos entre partes, factura, prueba, valor probatorio, falta de prueba, resoluciones judiciales, rechazo del reclamo, presunciones, AFIP
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Gestión Logística y Distribución SA c/ Metanoia Eq SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

3 - Es que si no se prueba el envío, esto es, la salida de la factura vía e-mail del servidor propio, mal puede ser aducido que se ha hecho entrega de ella, siendo obvio que la falta de acreditación de tal extremo -que obviamente incumbe a quien reclama el pago de las facturas- no admite reemplazo por una presunción construida sobre la base de haber omitido el supuesto destinatario la exhibición de sus propios registros informáticos.
Costas, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ, SERGIO ALBERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-05-16

Como principio, la cuestión de costas es ajena al recurso extraordinario, por cuanto remite al examen de cuestiones fácticas y procesales, ajenas a dicho remedio.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad
Materia: PENAL
Carátula: Bustos Pedro Nolasco; Olivier Jose Filiberto y Worona Jorge Vicente s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-15

Corresponde descartar el planteo de prescripción, teniendo en cuenta que la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los delitos de lesa humanidad no deriva de una categorización ad hoc y ex post facto. El requisito más relevante para que un hecho pueda ser considerado delito de lesa humanidad consiste en que haya sido llevado a cabo como parte de un ataque que a su vez sea generalizado o sistemático. Los homicidios, detenciones ilegales y ejecuciones de las víctimas por parte de los imputados, realizados dentro del contexto del ataque generalizado y sistemático contra la población civil, perpetrados contra jóvenes militantes políticos, constituyen graves violaciones de los derechos humanos y deben ser considerados delitos de lesa humanidad, ya que los hechos se ajustan al plan criminal estatal acreditado en el juicio desarrollado en la causa 13/84 de la CNCF.
Jubilación de magistrados, intangibilidad de la remuneración, movilidad del haber jubilatorio, transacción, acuerdo de partes, plazos para resolver
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sosa Carlos Hugo y Otra c/ Caja de Jubilaciones, pensiones y retiros de Córdoba s/ Plena Jurisdicción - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-03-14

1- No se puede invocar un derecho subjetivo administrativo preexistente (art. 1 inc. "c", Ley 7182), con fuente en un acuerdo transaccional homologado judicialmente, del que no fue parte. Los magistrados que gozan de los beneficios previsionales ostentan un status jurídico diferente ya que no perciben una "compensación intangible". Antes bien, su derecho consiste en una compensación previsional móvil, irreductible y proporcional a la "remuneración" del trabajador en actividad (art. 57 Const. Pcial.). El carácter resarcitorio de la "única y total indemnización", que no fue otorgada en condiciones de "generalidad", percibida por los Magistrados activos, veda su consideración como un suplemento remunerativo, y por tanto es insusceptible de ingresar al cómputo del haber previsional con base en los principios de "movilidad", "irreductibilidad" y "proporcionalidad", que la ley previsional reglamenta, y que presuponen una relación del haber del pasivo con la "remuneración" del activo.

La circunstancia que sobre esa suma las partes involucradas hayan pactado ingresar a la Caja de Jubilaciones un monto equivalente a los aportes previsionales (art. 115 incs. "a" y "b", Ley 8024), no muta la naturaleza "resarcitoria" por incumplimiento de la obligación extinguida, importando en definitiva una "quita" sobre el monto indemnizatorio que fue objeto de transacción, extendido luego a los magistrados activos no amparistas, en idénticas condiciones a las pactadas en el acuerdo, y que de algún modo reflejó el deber de solidaridad del que -aún con la garantía de intangibilidad- no son ajenos los jueces.

2- El art. 22 del C.P.C. no es aplicable a la causal de recusación reglada en el inciso 14 del artículo 17 ib. Ello así por cuanto la solución contraria conduciría al absurdo de "obligar" a los litigantes a incoar el pedido de recusación por mora en el dictado de la sentencia, dentro de los tres días de vencido el plazo para emitir pronunciamiento aún en contra de la voluntad de quien no tiene agravio o interés en que el Tribunal haya excedido dicho plazo, lo que por lo demás luce como una finalidad que aparece incompatible con la voluntad expresa del legislador que en la reforma introducida por la Ley 8465 no ha previsto la pérdida de jurisdicción como una sanción procesal que opere de pleno derecho, sino que deja librado al razonable arbitrio de la parte interesada solicitar o no la "recusación" por mora.
Faltas, revisión judicial
Materia: PENAL
Carátula: J., C.A. s/ infracción art. 77 inc. 2 ley 11.430
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

Es admisible que cierto tipo de infracciones sea juzgado por organismos administrativos, ( p.e. Juzgado de Faltas Municipal ) en la medida en que por tratarse de pronunciamientos jurisdiccionales emanados de órganos administrativos se garantice su sujeción a un control judicial suficiente, a fin de impedir que aquellos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior.