marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Multa laboral, audiencia de conciliación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Secretaría de Trabajo c/ O.C.A. y Otros s/ Infracción
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-16

Corresponde revocar la multa pecuniaria impuesta a una empresa que tercerizaba los servicios de un trabajador por su inasistencia a las audiencias de conciliación celebrada ante la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe. En este sentido, la empresa sancionada no pudo configurar los requisitos sancionatorios y fundados en obstrucción a la autoridad de aplicación, ya que ni su incomparecencia, ni su descargo en forma extemporánea resultaban un obstáculo al planteo realizado por el peticionante, atento no ser el empleador en la relación que vinculaba al trabajador con la co-demandada.
Honorarios del perito, perito contador, ejecución de honorarios, embargo preventivo, resoluciones inapelables, apelación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLANUEVA DOMINGUEZ, CARLOS A. c/ FATE  S.A. s/ RECURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

La resolución que aprobó la liquidación del crédito por honorarios de la perito contadora y de su letrado patrocinante, e intimó su pago a las partes, así como la que decretó el embargo preventivo sobre bienes de la accionada por ambas acreencias, son insusceptibles de apelación ordinaria, art. 109 párrafo 1 ley 18345, en razón de haber sido dictadas en el proceso de ejecución, arts.

132 y ss de dicha ley.
Acción penal, interés público, seguridad pública
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BASUALDO JESUS TOMAS s/ ACCION PENAL - LESIONES LEVES - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-31

El art. 72 inc. 2do. del C.P., establece que "son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos: ...inc. 2do.) lesiones leves sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se proceder a de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público..." (texto ley 23487).

No existe fórmula alguna que permita la interpretación auténtica acerca del alcance de la excepción a la procedibilidad de la instancia privada.

Al incorporar al régimen de la instancia privada los delitos de lesiones leves (sean dolosas o culposas), el legislador ha tomado en cuenta el exclusivo interés del agraviado. La ley actual abandona la razón en la que descansaba el texto originario donde la supeditación del ejercicio de la acción a la instancia del agraviado solo tenía por objeto evitar que el striptus fori no agravara la lesión a la honestidad de la que la víctima había sido pasible.

Sin embargo la limitación del ámbito de punibilidad cede cuando median razones de seguridad pública si por su naturaleza o circunstancias el hecho resulta sintomático de un peligro potencial para la incolumnidad de las personas o bienes de los terceros en general. El objeto de la protección pública es la preservación de la seguridad com un frente a los actos generadores de daño o peligro indeterminado para personas o cosas.-
Personas jurídicas, sociedades comerciales, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, leyes, jueces, deberes del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: Secco de Pérez, Rosa c/ José Bacigalupo s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de pesos (Expte. CSJ Nº   218-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-08-18

Las personas jurídicas, por naturaleza -en especial, las sociedades por acciones como las de responsabilidad limitada- se hallan sometidas, desde su nacimiento y hasta su extinción, a un estricto régimen formal que les impone -entre otras obligaciones- el empleo de la forma escrita y la pertinente inscripción de los actos trascendentes que signan su existencia. El régimen de la representación, como el de la adquisición de la calidad de socio, no escapan a ese esquema que prevé el ordenamiento societario (artículos 10, ap. a, incisos 8 y 9; 11, inciso 6; 60; 152; 157 y conc., de la ley 19550). Precisamente, ese marco legal ha sido instituido no solo en protección de los terceros ajenos, sino también de la misma persona jurídica y de sus integrantes. Por tanto, exigir el cumplimiento de los recaudos que estatuye la ley de sociedades a los efectos del ejercicio de los derechos perteneciente s al ente social, no constituye "per se" un rito caprichoso sino, por el contrario, el cabal respeto de las formas consagradas por el legislador.
Prueba de informes, exhibición de documentos, libros de comercio, rechazo de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ALBA DE ESPOSITO Rosa c/ ALBA Antonio s/ COLACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-13

La obligación de exhibir en juicio los libros de comercio se circunscribe a los pertenecientes a la persona que es o habrá de ser parte en aquél, de manera que los terceros ajenos al proceso se encuentran autorizados a oponerse a la compulsa de su documentación contable salvo que hubieren intervenido de alguna manera en la operación que es materia de controversia (conf. Alsina, Tratado...", 2a ed. T. III, p.458; Palacio, "Derecho Procesal Civil" T.IV, p.468, n 436, ap. B); Fassi, "Código Procesal...", 2a ed. T.II, p. 231, n 2347; Fontanarrosa, "Derecho Comercial Argentino-Parte General", 2a ed. ps. 280 y ss., n 241 y 242). Si al tercero se le requieren informes acerca de circunstancias que resulten de sus libros contables, en los términos del art. 396 del Código Procesal, y su respuesta es impugnada por falsedad, se verá obligado a exhibir los respectivos asientos y, en caso de negativa injustificada, puede incluso hacerse pasible de la imposición de sanciones conminatorias (conf. art. 403 del citado código).-
Accidentes de trabajo, incapacidad absoluta, jubilación por invalidez
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, Nilda N. c/ Sanatorio Chaco S.R.L. s/ Indemnización Art.212 Ley Contrato de Trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-12-11

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, que se agravia por que el a-quo considera que la jubilación por invalidez no basta para acreditar la incapacidad absoluta en sede laboral. Ello así, ya que la incapacidad absoluta que exige el art. 212 de la Ley 20744 (Ley de Contrato de Trabajo), debe haberse producido al momento del distracto y debe ser definitiva, permanente y no reversible, no siendo suficiente el otorgamiento de jubilación por invalidez, que a raíz de la intervención quirúrgica a que fue sometida la actora, su incapacidad permanente se ha reducido a un 20% de la total obrera, por lo tanto no es absoluta como exige la ley. Es general, en jurisprudencia y doctrina, que se considera absoluta aquella incapacidad que deja un margen residual escaso que no permite la reinserción del empleado en el mercado laboral.
Sociedad anónima, intervención de sociedades, acciones societarias, designación de veedor, derechos del socio, derecho de voto
Materia: COMERCIAL
Carátula: MACKINLAY, CARLOS c/ D.H.L. INTERNACIONAL  SA s/ SUMARIO S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-03

Encontrándose en litigio la titularidad de cierta cantidad de acciones -en el caso, el 50% de las acciones emitidas por una sociedad- procede hacer lugar al pedido de suspensión del derecho a voto de ellas y designación de un veedor, solicitado por el tenedor de las acciones que aún no figura como socio registrado a fin de que se lo mantenga informado sobre el desarrollo de la actividad de la sociedad.
Quebrantamiento de clausura, tipo penal, dolo indirecto
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ H, S. E. s/ artículo 47
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-18

La conducta tipificada en el artículo 47 del Código Contravencional exige dolo y no contempla la forma culposa; en virtud de lo cual es necesario merituar si el imputado ha actuado dolosamente al entrar al comercio clausurado por la autoridad administrativa.

Al respecto, y siendo que el imputado estaba notificado de la clausura que pesaba sobre el comercio no es posible admitir que el mismo desconociera que al abrir el local -aún sin realizar la actividad comercial en cuestión- la estaba violando. Existiendo clausura del local impuesta por autoridad administrativa vigente, ninguna actividad podía desplegar allí válidamente el inculpado salvo que mediase expresa autorización con carácter previo que permitiera el levantamiento de la clausura impuesta, o al menos el retiro provisorio de las respectivas fajas. Que a la luz de lo expuesto, y a pesar que no puede endilgarse al encausado dolo directo, toda vez que no ha quedado acreditado que el fin perseguido con su accionar haya sido la violación de la clausura; sí en cambio encuadra su conducta en la categoría de dolo indirecto cierto, puesto que a tenor de la actividad -comercial o no - desplegada en el local, la violación de la clausura impuesta constituía un resultado que forzosamente se produciría. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Robledo).
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rey, Horacio F.A. c/ Municipalidad de la Costa s/ Revisión de suspensión disciplinaria- cuestión de competencia art.  6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Si lo que se reclama es un acto típico de un procedimiento investigativo de la conducta de un agente comunal vinculado con la relación de empleo público, la materia corresponde a la competencia originaria y exclusiva que esta Suprema Corte tiene atribuida sobre la materia contencioso-administrativa, pues ella comprende a todas las controversias que se susciten en el marco de aquélla. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Muerte del imputado, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Díaz Bessone, Ramón Genaro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-27

En atención a lo informado respecto del fallecimiento del encausado, las cuestiones deducidas a su respecto en esta causa no deberán ser tratadas y corresponde encomendar al tribunal oral que se pronuncie en los términos de los arts. 59, inc. 1º, CP y 361 CPPN Fuente del sumario: OFICIAL
Excepciones procesales, arraigo
Materia: CIVIL
Carátula: CERCHIARO c/ MORELL s/ DIVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-05

Reconocido en el propio escrito de iniciación de la demanda que el actor se domicilia en el extranjero, corresponde admitir la excepción de arraigo, pues no obsta a su procedencia la circunstancia de que el accionante sea copropietario de un bien inmueble, si éste es precisamente el objeto del litigio (Conf.CNCiv. Sala A 27/3/79 LL 1979-C-355).

A los efectos de la determinación del monto del depósito para el arraigo, si bien ésta es potestativa del Tribunal (conf.CNCom.

Sala A Id. t.70-429), debe comprender los hipotéticos gastos y honorarios que puedan ocasionarse a la parte demandada con motivo de la promoción del juicio (conf.Fassi, Código Procesal Civil y Comercial, comentado al art. 348 y jurisp. cit.pág. 115).
Accidentes de trabajo, presunción de culpa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Siemens Baunion Cía. P. de Construcciones Ente Nac. Sub. de D.I.N.I.E. en j: Petrongari vuida de Chieslicki c/ Siemens Cía. Cons. Industrial s/ Casación (Libro: S060-038)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1955-09-07

El operario puede invocar en contra de la patronal los preceptos que rigen la responsabilidad extracontractual por los daños que sufra con motivo y en ocasión del trabajo. Tiene pues el derecho de alegar la presunción de culpa que establece el art. 1133 y concordante del Código Civil contra el dueño de la cosa inanimada, en la especie, la electricidad.
Prescripción, Derecho comercial, suspensión de la prescripción, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Belray Argentina  S.A. c/ Gray Lube  S.A. s/ Oposición Registro de Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-04

La doctrina elaborada sobre la base del art. 845 del Código de Comercio que sostiene que en el derecho comercial la prescripción no se suspende por las causales admitidas por el Código Civil, lo es en obsequio a los bienes entendidos intereses del Comercio, que requieren seguridad y una pronta consolidación de las situaciones.

Así, en materia comercial quedaban excluidas las causales que el Código Civil había consagrado en razón de las personas: respecto de los incapaces, de los cónyuges entre sí y del heredero beneficiario.
Competencia por la materia, competencia laboral, procedimiento contencioso administrativo y tributario, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ejecución de multas, autoridad administrativa del trabajo, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ c/ Ledezma Fuentes, Clara s/ Ejecución multas previstas en la Ley 265 s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-28

Los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Corrales", Fallos: 338:1517, "Nisman", Fallos: 339:1342, "José Mármol 845", Fallos: 341:611 y "Bazán", Fallos: 342:509, de ninguna manera permiten ni mucho menos contienen un mandato dirigido a los jueces para que interpreten las normas aplicables en cada caso como si la transferencia de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires hubiera ocurrido. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., H.M. c/ O., J.B. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Si existe contradicción respecto del hecho principal -los testigos ofrecidos por la actora relatan una versión, en tanto que los que propusiera la accionada, exponen otra opuesta-, y no es posible acordar mayor credibilidad a un cargo de testigos con relación a otro, debe prescindirse de este medio de prueba (art. 384 del Cód.

Procesal).-
Recurso contencioso administrativo, competencia de la Corte Suprema, cuestión constitucional, leyes, reglamentación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: GAYA, ANDRES c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA.     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.      CSJ EXPTE NRO 624-87 SCANER SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA POR COBRO DE PESOS    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 623-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-07|1988-09-14

Si la Constitución atribuye a la Corte el conocimiento y resolución de los recursos contencioso administrativos, dejando a la ley la determinación de los "casos" y "modos", es obvio que una vez determinada la naturaleza contencioso administrativa de una acción, la ley no puede sustraerla del conocimiento del órgano a la que pertenece esa competencia. De otro modo la ley podría por vía de supresiones casuísticas y modales, eliminar totalmente la competencia contencioso administrativa, con lo cual se daría la aberración de que la norma inferior tendría potestad para derogar la norma constitucional.

En el caso, acción de repetición de pago de impuesto.

De los fundamentos del Dr Iturraspe.
ECUADOR, responsabilidad internacional del Estado, herida de bala, muerte de un hijo, establecimientos penitenciarios, derecho a la integridad física, derecho a la vida, principio de dignidad humana, violación de derechos humanos, tratamiento médico, negligencia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Vera Vera y otra c/ Ecuador s/ Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-05-19

El Estado de Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la integridad física y a la vida -artículos 4 y 5 de la Convención Americana- de quien, estando privado de su libertad, sufrió una herida de bala que culminó con su muerte en razón de la negligencia médica de las autoridades estatales, pues el deterioro padecido en su estado físico pudo haberse evitado con tratamiento médico adecuado y oportuno, configurando tal actitud un trato de tipo inhumano y degradante, expresamente prohibido por las normas internacionales de derechos humanos.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional
Materia: PROCESAL
Carátula: AGENO, ORLANDO c/ AGENO, CESAR s/ ORDINARIO      EXPTE NRO 147-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-21

La diferente interpretación de las pruebas y derecho no posibilitan el recurso de inconstitucionalidad.
Caducidad de instancia, suspensión del proceso judicial, acuerdo de partes, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ LEDESMA MARIA T. Y OTRO c/ GHIOLDI DE ANTONINI ANGELA Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-29

De acuerdo al art. 311 del Código Procesal para el cómputo del plazo de la caducidad se ha de descontar el tiempo en que el proceso hubiere estado suspendido por acuerdo de partes. Una vez vencido el plazo de suspensión acordado por las partes, a partir de ese momento, el procedimiento retoma su cauce normal, por lo que los litigantes a fin de evitar la caducidad tienen la carga de activar el procedimiento.

El hecho de que en el acuerdo se hubiera dejado constancia de que cualquiera de las partes tendría facultad para requerir la reanudación del procedimiento, no significa que si no se formulaba el pedido, la suspensión seguiría indefinidamente. De otro modo por vía elíptica se habría eludido la prohibición expresa del art. 157 del Código Procesal en el sentido de que "los apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de veinte días sin acreditar ante el juez la conformidad de sus mandantes".
Contrato de trabajo, ejercicio profesional, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ZEREGA, ALICIA c/ SBA SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-26

La presunción del art. 23 LCT no es operativa cuando quien alega la condición de trabajador es un profesional universitario ya que en esa hipótesis no se dan las razones que permiten erigir al contrato de trabajo como modelo normal de contratación, desde que tales profesionales pueden comprometer sus servicios tanto a través de contratos de trabajo, como de locación de obra o de servicios, como de mandato y ello determina la inexistencia de un modelo al que remitiese en los casos ambiguos.
Colegio Público de Abogados, integración de los fondos del colegio, derecho fijo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: F.N.  (D.G.I.) c/ ANGEL Y MANUEL FERNANDEZ SOC. DE HECHO s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

La ley 23.187, en su art. 51, al enumerar los recursos que conforman los fondos del C.P.A.C.F. señala, entre otros, el importe proveniente de un derecho fijo que se abonará al iniciarse o contestarse cualquier actuación judicial ante los jueces o tribunales con intervención de abogados (conforme inciso d)).
Error judicial, defensa en juicio, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mitchell, Riggi, Tragant. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-08

Al estar en juego la mala aplicación de una norma de fondo, si se decide que ha habido error in iudicando, debe casarse la sentencia dictada por el tribunal y resolver en definitiva. Sin perjuicio de ello, especiales circunstancias impiden aplicar el principio legal, doctrinariamente llamado "casación positiva", a los fines de aplicar el art. 58 del Código Penal, toda vez que no se garantizaría el contradictorio y podría verse afectado el derecho a la defensa en juicio y la hipotética posibilidad de revisión. Por dicho motivo, corresponde enviar las actuaciones al tribunal de juicio para que previo a todo cumpla con ese cometido. (Voto del Dr. Tragant).
Derecho procesal, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: PROPLAS S.A. c/ RAWSON PLASTICOS S.R.L. Y OTROS s/ EJECUTIVO (TERCERIA DE DOMINIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-11

La condena en costas es la regla, y su dispensa, la excepción cuya apreciación debe hacerse objetivamente. Debe atenderse en forma primordial al derecho que tiene el vencedor del pleito de ser resarcido, solo pueden imponerse en el orden causado, en los casos, en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabo la litis, o la conducta de las partes, y su regulación ejecutarse mediante un apartamiento de la regla general.
Liquidación judicial, aprobación de la liquidación, revisión de la liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: E.N. -Mºde E.y O.S.P. c/ Aerolíneas Arg. S.A. s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-21

Aprobada la liquidación "en cuanto hubiere lugar por derecho", aquella no puede revisarse por cualquier causa, sino solamente en la medida que las cuentas ya aprobadas no reflejen aritméticamente el monto de la condena judicial. Es decir que la revisión se limita a errores de cálculo, pero no los aspectos de fondo que no fueron planteados al momento de sustanciarse la liquidación (confr. esta Sala, C.24.397/93 "Omoldi Goñi, Carlos s/ inc.ej.de sent.", del 21/8/96; C.13.734/93 "Canelo, J.L. c/DNFM", del 22/4/97; C.9415/92 "Sarratea, Héctor c/Mº de E.", del 17/9/97; C.N.Civil, Sala B, in re "Consorcio de Prop. Cangallo 2285 c/ Wedovoy, Enrique y otros", del 23/11/95; Cám.Fed.Civ. y Com., Sala I, causa 1362 "Sud Atlantica Cía. de Seg. c/ Aerolíneas Arg. s/ cobro", del 28/9/90), para lo cual, si suponía incorrectas las operaciones realizadas por su contraria, sus objeciones debieron ser acompañadas de las que a su juicio eran correctas, resultando el tipo de tasa aplicable un aspecto de fondo que no fue planteado al momento de sustanciarse la liquidación.
Entes reguladores provinciales de servicios públicos, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2003-09-23

Luego de la reforma constitucional de 1.994, los entes reguladores fueron incorporados a la ley fundamental del Estado y, consecuentemente la cuestión debe ser abordada a la luz de esa nueva realidad. El nuevo texto constitucional propone un Estado protagonista y responsable en su rol en procura del bienestar general y la exigencia constitucional de los marcos regulatorios.
Materia: CIVIL
Carátula: LUNA PASTOR c/ EMPRESA ESTEROS CONSTRUCTORAS Y /O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S /INTERDICTO DE RETENER LA POSESION.CUADERNILLO DE EJECUCION DE HONORARIOS s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-21

El planteo que formula el recurrente al interponer el recurso de queja, cual es la invalidez de la notificación de la resolución por la que se lo intimó a efectuar el depósito previsto por el art. 280 del C.P.C y C. y a entregar sellos postales, resulta inatendible en esta instancia, desde que el remedio a tal supuesta irregularidad debió buscarse ante la misma instancia de grado, en tiempo oportuno, promoviendo el respectivo incidente de nulidad.
Empleo público, régimen disciplinario administrativo, defensa en juicio, acto administrativo, omisiones administrativas, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saguier, Marcelo H. c/ E.N. -Min.del Interior- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

La C.S.J.N. tiene dicho que las omisiones observables a la tramitación administrativa pueden ser salvadas en la instancia judicial, jurisprudencia que se complementa con la inexistencia de la violación del art. 18 C.N. si el recurrente no indica las defensas o pruebas de que se habría visto privado a consecuencia del trámite impreso a la causa" (Fallos 273:134, ver además C.S.J.N., Fallos 267:393; y esta Sala, "Biondi" del 25/8/87).