marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, orden público, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Establecimiento Delsel SCA s/ Es procedente la Constitución de Tribunal plenario en los juicios de  amparo? (Expte. Nro. 292-89) -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-27

El procedimiento seguido -apertura del pleno para determinar si el plenario es procedente luego de haberse convocado éste en base a resolución de una Sala- vulnera normas de procedimiento que interesan el orden público. En sentido primario, porque ninguna norma faculta a un Tribunal Pleno a juzgar de la procedencia del Tribunal Plenario luego que una Sala lo haya propiciado conforme facultades propias (artículo 375, Código Procesal Civil y Comercial) y de la providencia de Presidencia que lo convoque. En todo caso quien puede resolver una cuestión de esta naturaleza es el propio Plenario en ocasión de tratarse el objeto propio del llamamiento. El trámite dado viene así a cercenar otro ya iniciado dentro de la esfera de competencia de un Tribunal de distinto rango en violación del debido proceso abierto legítimamente. (Del Voto del Dr. Donati -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es la procedencia de la constitución de un tribunal plenario en los juicios de amparo.
Delegado gremial, reincorporación, queja por denegación del recurso extraordinario, denegatoria del recurso
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Almeida, Marcela Silvia c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía y Producción s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-01

La queja por denegación del recurso extraordinario deducida por el Estado Nacional, contra la sentencia que ordenó la reincorporación a su puesto de trabajo de una delegada gremial del INDEC, debe ser desestimada por no cumplir con el requisito del art. 3° de la acordada 38/2011.
Recurso de revisión (procesal), sentencia definitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIZGARRA ROGELIO EN J: MARENTO ADOLFO Y OTROS EN J: D'AMORE Y COMPAÑIA s/ Quiebra Pronto Pago Revisión (LIBRO: A109 - 462)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-11-20

Conforme lo establece el art. 155 del C.P.C., el recurso de revisión sólo procede luego de la sentencia definitiva de la causa, a fin de reparar agravios que no pudieran ser subsanados por otro vía judicial en el mismo proceso. De manera entonces que, mientras exista alguna vía procesal apta para reparar el agravio, o no se haya dictado la sentencia definitiva de la causa, el recurso de revisión deviene inadmisible.-
Prescripción, oportunidad procesal, rebeldía
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Velazquez, Noemí c/ Díaz, Omar s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-12-07

Quien no compareció al proceso en el momento oportuno, -rebelde- no puede articular la prescripción en su presentación posterior.

Máxime, teniendo en cuenta el nuevo párrafo del art. 346 del Código Procesal Civil vigente.
Derecho electoral, elecciones, autonomía provincial, Municipalidad, autonomía municipal
Materia: CONSTITUCIONAL-POLITICO-ELECTORAL
Carátula: Apoderado del Partido Justicialista y otros s/ Amparo e Inconstitucionalidad s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-05-04

Es ajeno a la jurisprudencia de los tribunales la cordura, acierto o conveniencia con que ejercitan sus facultades propias las autoridades provinciales. Pero eso no impide imponer jurisdiccionalmente un criterio firmemente vinculado a la concepción jurídica exteriorizada en los arts. 5 y 122 de la C.N., ello es: la exclusividad en la creación del régimen municipal y en el sistema electoral propio para las autoridades de provincia y la subordinación respecto de dicha normativa de la autonomía municipal ceñida al exclusivo ámbito físico y jurídico de su competencia.
Hipoteca, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Hipotecario Nacional c/ Sanchez,María Victoria s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-11

El artículo 13 de la Ley 24143 no le impone a la entidad acreedora como obligación evaluar unilateralmente si el deudor se encuentra en condiciones de gozar o no del beneficio previsto,sin una petición y trámite previo que debe ser lógicamente iniciado por quien demuestre un interés concreto en su aplicación y que luego torne razonable una posterior resolución concedente o denegatoria comoexige el tribunal sentenciante,sino que sólo se le exige la obligación de destinar los fondos descriptos al subsidio de los servicios de reembolsos de los prestatarios y el dictado de la reglamentación correspondiente.
Accidente de tránsito, culpa concurrente, camión, bicicleta
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ, Hilda Esther c/ Tarabay Acosta Melhe s/ Daños y Perjuicios -Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-08-12

Resulta evidente la imprudencia de los conductores de ambos rodados: a) El del camión que circulando desde atrás de los menores no adoptó las medidas de precaución que requerían las circunstancias y que la ley impone a fin de conservar en todo momento el dominio efectivo del vehículo teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación, debiendo advertir cualquier maniobra previamente realizándola con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito (conf. arts. 39 y cc. de la ley 24.449) y en el caso del adelantamiento constatar previamente que a su izquierda esté libre en una distancia para evitar todo riesgo, advirtiendo la intención de sobrepaso al que le precede por medio de luces o de la bocina (conf. art. 42 incisos a, b y c); b) El menor conductor de la bicicleta también se comportó imprudentemente al tratar de alcanzar y/o sobrepasar a sus compañeros de colegio.

Para hacer responsable a una persona por los daños producidos por su omisión, no es necesario que el mandato de cumplir el hecho omitido esté impuesto de una manera expresa por la ley, bastando que lo sea de una manera implícita en la obligación general que se tiene de obrar con prudencia y conocimiento de las cosas.- Esas omisiones aunque no tomen el nombre de delitos hacen responsables al que por su culpa o negligencia causa un daño a otro.

La omisión de la conducta debida, positiva o negativa, para prever o evitar un daño configura comportamiento culposo.

El artículo 512 del C.C. al referirse a la culpa supone una conducta omisiva aunque no maliciosa por parte del agente, que ante un caso concreto no adopta las previsiones y los cuidados que el quehacer requería, consiste en no comportarse, obrar, actuar o accionar con las precauciones que la situación particular exigía a determinada persona de modo tal que, si en esas precisas circunstancias se hubieran observado las diligencias ordenadas el infortunio no hubiera sobrevenido.
Recurso de inconstitucionalidad, reparación integral, obligaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BRITOS, CLAUDIO OCTAVIO c/ FEDERACION PATRONAL DE SEGUROS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-06

Corresponde desestimar el reproche de la codemandada en torno a que se la responsabilizó arbitrariamente por reparación integral frente al incumplimiento del empleador, toda vez que los jueces intervinientes enumeraron una serie de incumplimientos por parte de la empleadora y de la Aseguradora respecto de las obligaciones a cargo de ambas -especialmente, el deber de la Aseguradora de determinar la existencia de riesgos en el establecimiento y vigilar in situ y mediante personal calificado el cumplimiento de normas de higiene y seguridad laboral- y dichos argumentos permanecen incólumes, desde que la recurrente omite efectuar consideración alguna al respecto, insistiendo en su tesitura de que se encuentra exenta de la obligación de reparar integralmente, mas sin demostrar la irrazonabilidad de la justificación expuesta por la Cámara al concluir como lo hizo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 31; Decreto 170/96, artículos 18 inciso a y 19 inciso a
Seguridad social, jubilaciones, determinación del haber jubilatorio, aportes previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: vigilante Alfonso Adelqui c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de  Córdoba s/ - plena jurisdicción - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-08-01

1- El artículo 50 inciso "f" de la Ley 8024, establece que en la determinación del haber jubilatorio se tomará como base la remuneración actualizada del cargo o función equivalente de mayor jerarquía en la administración provincial o municipal durante dos (2) años corridos o cinco (5) alternados, siempre que el afiliado acreditare treinta (30) años de servicios con aportes de los cuales veinte (20) correspondan al régimen de la Caja. Si el actor no cumplimenta el requisito legal de los veinte años de aportes a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, al no tener acreditado los aportes exigibles no corresponde hacer lugar a lo peticionado.
Contrabando, personas jurídicas, responsabilidad de las personas jurídicas, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: CARBEL, JOAQUIN s/ Contrabando Causa 26518-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

Las personas jurídicas pueden ser procesadas en causa criminal, pues la ley y la jurisprudencia han terminado por admitir que la persona jurídica puede ser responsabilizada jurídicamente en determinados casos. No se puede dejar de admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando los hechos habrían sido cometidos por su representante legal en beneficio de la entidad. Reconociendo la procedencia del juzgamiento de la persona jurídica, y estando acreditada en autos la materialidad de los hechos reprochados, constitutivos del delito de contrabando y habida cuenta que la empresa procesada actuó a través de sus órganos y que estuvo representada a todo lo largo del juicio por su legítima representante, gozó de la debida asistencia letrada, fue oportunamente indagada sobre los hechos a través supuesto de su representante legal, fue acusada y habiendo su defensa técnica contestado el traslado y ofrecido prueba, corresponde dictar sentencia respecto de la misma. (Del voto del Dr. Riggi).
Derecho laboral, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDOIS ERNESTO FABIAN c/ MENDOZA JOAQUIN s/ DESPIDO POR FALTA DE REGISTRACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-06

A diferencia de lo que sucede en torno al contrato de trabajo, donde la ley establece una expresa presunción respecto a su existencia en tanto se acredite la prestación de servicios, la Ley 24.557 no formula una presunción igual en orden a la existencia del accidente laboral. Por ende, quién pretenda haber sufrido un accidente de trabajo, ante la negativa del empleador, debe probar tal circunstancia.La conducta del demandado en torno a los pagos que hizo al actor con posterioridad al accidente no determinan, por si solos, que el evento dañoso tuviera naturaleza laboral, ya que siendo un accidente inculpable también generaba obligación de la empleadora de abonar salarios.
Concurso preventivo, verificación de créditos, honorarios, patrocinio letrado, patrocinante
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALFREDO LEONARDI S/QUIEBRA s/ INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-06

Si bien es cierto que el proceso verificatorio en el concurso preventivo no provoca la declaración de costas cuando tramitó por la vía del art. 33 de la Lc, ello no altera el derecho del letrado del apoderado letrado del insinuante a percibir honorarios fundado en 21839: 31 y a cargo de su cliente, condicionado, atento a la vía elegida por el profesional, a que haya suscripto como tal presentaciones ante la sindicatura o el tribunal.
Declaración indagatoria, falta de firma, firma del secretario, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: RAMOS, OSVALDO s/ DECLARACION INDAGATORIA - NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-21

No es nula la declaración indagatoria en la que falta la firma del Secretario, si la defensa que estuvo presente en este acto, no lo objetó oportunamente sino mucho tiempo después, en abierta violación a lo dispuesto por el art. 513 C.P.C., pues lo contrario sería reclamar la nulidad por la nulidad misma.
Sociedad conyugal, hogar conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nievas c/ Nievas y otros s/ Inc. de desocupación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-28

Aún cuando no medió matrimonio entre las partes, el sentenciante aplicó analógicamente el art. 1277 del Código Civil, imponiendo al incidentista la carga de probar que el bien cuya desocupación persigue, y que fuera el asiento del hogar familiar, es prescindible. Y en esa línea, entendió que el actor no ofreció vivienda de reemplazo a su hijo y la madre que ejerce la tenencia, en condiciones que aseguren para ambos su derecho a la habitación.

De ello se sigue, que aunque efectivamente hubo una oferta de reemplazo de la vivienda, tal como el apelante indica en sus agravios, a la luz de la previsión tuitiva del art. 1277, 2 parte del C. Civil, ello es insuficiente para tener por demostrada la prescindencia del inmueble para el núcleo familiar demandado, en la medida que dicha oferta -que no fue aceptada- estaba y está sujeta a la condición de desalojo y venta de la unidad, lo que no asegura debidamente el derecho del menor tutelado.

Y es que el art. 1277, 2 ap. del C. Civil está destinado a regir la disposición del inmueble en que está radicado el hogar, si hubiere hijos menores o incapaces, trátese de un bien propio o ganancial.

La posibilidad de que el juez supla la voluntad de uno de los cónyuges -o concubinos- está sujeta a las limitaciones establecidas en aquélla norma, es decir, se requiere la demostración de que puede prescindirse del bien y que la disposición que se busca no compromete el interés familiar.

De ello se sigue que debe ser otorgada la autorización -ordenando la consecuente desocupación que se persigue- si la vivienda familiar puede ser instalada en otro lugar.
Imputado, defensor, nombramiento, nulidad del acto jurídico, defensa en juicio
Materia: PROCESAL -PENAL
Carátula: ROMERO, CARLOS LUIS s/ DERECHO DE DEFENSA - NULIDAD - IMPUTADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-02-19

No existe perjuicio real y efectivo para la garantía de defensa en juicio, que justifique la declaración de nulidad, no obstante que la invitación al imputado a proponer abogado defensor y la consecuente designación , fueron extemporáneas (antes de la indagatoria, pero luego de practicada la pericia impugnada) si el abogado que el imputado propusiera en otro proceso, lo asistió efectivamente, ya que al ser notificado del decreto que ordenaba la realización de la pericia balística, tuvo la posibilidad de ejercer el control del acto, por ejemplo haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 261 C.P.P.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lagorio José Luis c/ Lagorio Osvaldo César s/ Sucesión Ab- Intestato. Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-16

El escrito presentado en los autos sucesorios que es calco de la demanda de cobro de pesos y coincide en el objeto perseguido, es interruptivo del curso de la prescripción en los términos del art. 3986 del Código Civil pues pone de manifiesto la voluntad de desvirtuar la presunción de abandono del derecho por parte del interesado.-
Jornada de trabajo, horas extra, personal de dirección y vigilancia
Materia: LABORAL
Carátula: FACCINI, DOMINGO c/ ONS HERMANOS SRL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-25

El supervisor es quien ejerce una inspección superior, quedando encuadrado en la categoría de 'empleado de dirección', esto es, un 'alto empleado técnico' según los términos del artículo 11 del decreto 16115/33, por lo cual, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la ley 11544, carece de derecho a percibir compensación alguna en concepto de horas suplementarias (conforme Sala 7, sentencia número 3517, 29 de octubre de 1982, 'Silva Pérez, Juan L. c/ Somarfin SA.').
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, jueces, remuneración del juez, adicionales de remuneración
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Abalerón, María Isabel y otros c/ Estado Nacional. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

Procede el recurso extraordinario cuando se halla en juego la inteligencia de preceptos cuya naturaleza federal es indudable decreto 2474/85 - y la decisión final recaída en el pleito ha sido adversa al derecho que el apelante funda en tales normas.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA c/ ANDERLIQUE HÉCTOR FABIÁN Y/O POSEEDORY/O QUIÉN RESULTE RESPONSABLE s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2003-03-10

El hecho de no compartir la quejosa las conclusiones del tribunal sentenciante, no reviste entidad suficiente para otorgar vida a la arbitrariedad , ya que ella se configura solo cuando el fallo se encuentra fundado en la sola voluntad de los jueces, sin apoyo alguno en el derecho vigente.Es decir, que no basta sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia, como tampoco la simple mención de incongruencia, sino que es preciso además, formular una crítica concreta, razonada y frontal de los argumentos expuestos.-
Amparo por mora, cuestión abstracta, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Osvaldo Daniel  c/  s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-10

Ante un amparo por mora, no se exige a quien juzga ingresar a evaluar la procedencia o no de la información que se pide (arg. art. 57 Constitución Provincial) sino que ciñe su objeto a elucidar si los plazos con que cuenta la administración para responder afirmativa o negativamente a lo interesado han sido incumplidos por el Estado, municipal en este caso. Sobre esta base, no corresponde hacer lugar al amparo promovido porque la pretensión de información del amparista ha sido satisfecha al día de hoy; y supletoriamente porque se erige sobre un razonamiento lógicamente inválido (una contraditio in términis). El objeto de esta acción se ha vuelto abstracto porque el amparista recibió respuesta a su petición. Así, más allá de la completitud de la misma y de que aquel comparta o no lo argumentado por el Ejecutivo Municipal en los considerandos de la resolución emitida (arg. art. 57 Constitución Provincial), lo cierto es que el acto administrativo dictado -y su notificación- tornó inútil la discusión de autos (Voto Ronconi)
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: PENAL
Carátula: CHAVARRI ENRIQUE VICTOR S.D. HOMICIDIO CULPOSO, ADULTERACION DE INSTRUMENTO PRIVADO EN CONCURSO REAL DE DELITOS E.P. QUIROGA SANDRO HORACIO (CUADERNILLO DE SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA) s/ CASACION CRIMINAL SUAREZ JUAN FELIPE S.D. HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO EN CONCURSO IDEAL E.P. LEGUIZAMON HUGO Y ALLOSA DIEGO MARCELO s/ CASACION CRIMINAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-22|2014-06-27

Si la causa penal seguida contra el accionado concluyó con la suspensión del juicio a prueba y la posterior extinción de la acción penal, no se aplican las reglas de prejudicialidad de los arts. 1101 y 1102 del Código Civil, conforme lo previsto en el art. 76 quater del Código Penal -ley 24.316.-
Fuerzas Armadas, personal militar en actividad, diferencias salariales, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio, carácter bonificable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Luna  Roberto  Angel c/ EN  -M°  Defensa- AA Dto. 1104/05 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-23

Si los incrementos otorgados, en los porcentajes garantizados, los percibe todo el personal en actividad de todos los grados, carecen de limitación temporal y su otorgamiento no presupone la verificación de ninguna circunstancia fáctica particular, accediéndose a los mismos por la sola condición de militar, así las sumas instituídas por los decretos 1.104/05, 1.095/06 y 871/07, son de carácter general y de acuerdo a (Fallos: 326:928) dicho carácter general les "...confiere una indudable y nítida condición remunerativa o salarial, sin que sea óbice a ello su calificación...", en concordancia con una reiterada línea interpretativa (Fallos: 312:787, 312:802, 318:403 y 321:619) (Del voto del juez Fernández, Cons. V).
Defraudación, pagaré
Materia: PENAL
Carátula: PASQUALETTI, Roberto O. s/ Causa 2.973
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

El posterior reconocimiento de deuda documentada a través de pagarés no borra el origen mismo de la obligación incumplida y de ésta podría trasuntarse eventualmente la comisión de alguna modalidad delictiva en los términos del art. 173 del C. P.
Seguros, seguro de vida, rescisión del contrato, plazo necesario
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORSO, FELIPE c/ BBVA BANCO FRANCES Y OTRO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-24

Es ilícita y nula la cláusula incluida en un contrato de seguro de vida colectivo facultativo, que faculta al principal a rescindir el contrato sin limitación alguna después de cierto período, y a la aseguradora en cualquier momento, previo aviso al principal, toda vez que ella contradice una norma legal imperativa enunciada por la  ley 17418: 18 apart. 2 (ley 17418:153-3°, cciv 18 y ley 24240: 37 inc. a y b).
Nulidad procesal, defectos del procedimiento, audiencia de alegar, falta de notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: RONDINELLA, ORLANDO PASCUAL c/ BANCHERO, HECTOR Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-30

La falta de notificación de la audiencia de alegar, al conculcar la igualdad de las partes en el proceso y la garantía constitucional de defensa en juicio, configura una nulidad manifiesta, violatoria del artículo 48, inciso b), LO., que acarrea la nulidad de todo lo actuado a partir de ese momento. A pesar de su carácter facultativo, el acto de alegar puede resultar de utilidad para la situación procesal de las partes.