Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-15


CONSORCIO PROPIETARIOS YATAY II contra KOLEDESKY, Aída E.

Reg.: A y S t 203 p 446-448.

Santa Fe, 15 de diciembre del año 2004.

VISTOS: los autos "CONSORCIO PROPIETARIOS YATAY II contra KOLEDESKY, Aída E. y/o Responsable -Ejecutivo- (Expte. 206/03) sobre RECURSO DE QUEJA" (Expte. C.S.J. nro. 558, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. A fojas 48/49 el quejoso dedujo nulidad del decisorio de fecha 19.05.04 por el que esta Corte rechazó el recurso de revocatoria articulado contra el proveído de la Presidencia que lo intimó a cumplimentar con el depósito establecido en el artículo 8 de la ley 7055.

Asimismo, solicitó el apartamiento de los Señores Ministros del Tribunal por cuanto afirmó que "... exijo que cumplimente con el art. 120 de la C.N. porque con la acción de nulidad estoy atacando vuestra competencia porque los recuso a todos por el acto de nulidad que han efectuado, con pleno conocimiento y convencimiento y en forma reiterada." (sic) Agregando que "además han atentado contra la Constitución y el art. 25 inc. g de la ley 24946, L.O. estatuye que ello está a cargo del Ministerio Público."(sic) 2. Por proveído de Presidencia que tuvo por interpuesta nulidad articulada y pasó los autos a la Corte para resolver la recusación deducida, el quejoso interpuso recursos de revocatoria y nulidad (fs. 53/54).

Fundó su postulación en que el pase de la causa a resolución es inconstitucional por atentar contra normas expresas de la Constitución nacional.

Entendió que la reforma constitucional ha instituido al Ministerio Público, independiente de los otros poderes y estando a su cargo la autonomía funcional en materia de legalidad.

Dijo que la ley 24.946 legisló sobre su autonomía estructural, debiendo velar por el debido proceso según el artículo 25 -inc. h)- y defender la competencia en los Tribunales atento el inciso j) de igual norma.

Asimismo, consideró que en su artículo 28 se establece que los jueces están obligados a solicitar al Ministerio Público el dictamen respectivo con respecto a los puntos que afectan la legalidad y lo dictaminado debe ser considerado por las autoridades judiciales.

Evaluó que la Constitución provincial quedó rezagada en relación a esas disposiciones nacionales y resaltó que de no aplicarse los preceptos aludidos el acto sería inconstitucional e inválido por afectar disposiciones superiores en la pirámide jurídica.

Por último, manifestó que "como en la resolución que se ha dictado se prescinde del dictamen del Ministerio Público, de por sí determina que es nula y si ello le adiciona que no tenemos Ministerio Público en la Provincia que sea autónomo habrá, a los efectos de solucionar la laguna legal que se presenta, nombrar un representante de un Ministerio Público ad-hoc." 3. Habrán de rechazarse los recursos articulados.

Echa de verse, que la súplica del quejoso radica en que se dispuso el pase de los autos al Tribunal para resolver la recusación articulada sin previa sustanciación con el Ministerio Público.

Liminarmente corresponde señalar que en sí misma, la disposición administrativo- judicial de la Presidencia no genera al impugnante ningún perjuicio y eso basta para rechazar la nulidad interpuesta pues la existencia de un gravamen, que no pueda ser reparado sin la declaración de nulidad, es un presupuesto ineludible en cualquier tipo de postulación nulificatoria, de conformidad a lo claramente normado por el artículo 126 del Código de rito (Cfr. A. y S., T. 182, págs. 73/76).

A mayor abundamiento, y aún en la mejor hipótesis para el recurrente, esto es, considerando admisible el planteo de nulidad, igualmente debe ser rechazado. Es que para que resulte procedente la declaración de nulidad de un acto es menester que se haya incurrido en un vicio de procedimiento que de manera específica tenga contemplada como sanción esa declaración; y es el caso que, el modo de tramitación de la recusación de los miembros de la Corte no contempla la sustanciación con el Ministerio Público.

Asimismo, resta decir que el Ministerio Público tiene reglada su función en la Provincia (ley 10.160), tornando inaplicable la normativa nacional alegada (Cfr. A. y S., T. 192, págs. 426/427).

Por su parte, los fundamentos expuestos también resultan suficientes en orden a desestimar la revocatoria deducida por cuanto, como se dijo, no se observa anomalía procesal alguna en el trámite dado a la incidencia como para que sea corregida mediante el remedio articulado.

4. Atento a lo resuelto en el ordinal anterior, corresponde expedirse respecto de la recusación articulada a fojas 48/49, debiendo adelantarse que la misma será desestimada.

En efecto, en numerosas oportunidades (ver por todos A. y S., T. 114, págs. 427/431), se ha expresado que "conforme pacífica y reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 244:506; 247:285; 270:415; 274:86; 280:347; 303:1943) y de este Tribunal (A. y S., T. 41, págs. 207/208; T. 56, págs. 461/463; T. 68, págs. 173/174; T. 75, págs. 180/181, 266 y vto.), las recusaciones manifiestamente improcedentes deben desestimarse de plano".

Ello así resulta por cuanto, como se expresara en la causa "Strembel de Lanzillotta" (A. y S., T. 101, págs. 351/353) "la recusación de los miembros de esta Corte, en la medida que se plantee invocándose una causal notoriamente improcedente, debe asimilarse a la recusación sin causa, y de ahí que, en esos supuestos, proceda el rechazo in limine", sentándose un criterio que ha recibido, ahora, consagración legislativa por medio de la reforma que introdujera, al artículo 12 de la ley 10.160, la ley 11.427. Evidentemente, el planteo del quejoso basado en una supuesta nulidad del decisorio dictado por esta Corte importa una causal palmariamente improcedente, a la vez que, si lo pretendido es atacar ese hipotético vicio resultan idóneas otra vías, tal la nulidad, remedio que, como surge de autos, ha sido articulado por el propio recusante. Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar los recursos interpuestos a fojas 53/54 y la recusación articulada a fojas 48/49.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)