marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ASCHKAR, HECTOR E. s/ MEDIDAS CAUTELARES S/COMPETENCIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-10-16

Las medidas precautorias competen al juez dotado de competencia para conocer en la acción principal.
Recurso de casación laboral, competencia laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SIMONETTI,CESAR F. c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. s/ SUELDOS IMPAGOS, VACACIONES, ETC. - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1987-06-12

El ámbito del recurso esta limitado a la aplicación del derecho, siendo preciso señalar que el tribunal de mérito es libre en la valoración y selecciono de las pruebas que han de fundar su convencimento, y en la determinación de los hecho que con ellas se demuestran.
Decretos, banco central, emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Interguglielmo, Vicente, Carlos María y Luis María c/ BCRA. s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

El decreto 36/90 del Poder Ejecutivo Nacional y las comunicaciones del Banco Central con él vinculadas fueron dictados en el contexto de una crítica situación generada por acontecimientos extraordinarios que en su momento dieron lugar a las leyes 23.696 y 23.697 (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A.

F. López).
Acción de amparo, prueba documental
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Asociación de Trabajadores del Estado y otro c/ A.N.Se.S. y otro s/ amparos y sumarísimos Mayer, Nelida Luisa c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-02|2019-05-13

Corresponde en una acción de amparo producir la prueba ofrecida si es principalmente documental e informativa y resulta necesaria a los fines pretendidos por el colectivo accionante, -en el caso, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestiona el accionar gubernamental que pone en riesgo el futuro del goce de sus prestaciones previsionales al disponer una administración de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto creado por el decreto 897/07 que vulnera el fin para el que ha sido creado como garantía de los beneficios de la seguridad social reconocidos por el art. 14 bis de la Constitución Nacional-, pues a fin de verificar la configuración de la inconstitucionalidad alegada, se estima oportuna su producción que fundamentalmente consiste en la información por parte de los organismos involucrados en la administración del Fondo, por lo que no implica mayores erogaciones ni dispendios.
Concursos, quiebra, sentencia de quiebra, administrador de la sociedad, responsabilidad del administrador de la sociedad, correo electrónico
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCOTIABANK  QUILMES  SA s/ QUIEBRA  S/  INC.  DE  INVESTIGACIONPROMOVIDO POR COLONIAL BANK.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-06

Del Dictamen Fiscal 99607:

Si se resolvió admitir medidas de investigación a efectuarse en el servidor de correo electrónico de la fallida, resulta improcedente que ésta se oponga -como en el caso- a la producción de tales medidas con base en que: a) el decreto falencial no se encuentra firme, por lo que resultaría prematura la medida ordenada, que tiende a analizar la responsabilidad de los ex administradores y de la accionista controlante; y b) el correo electrónico es equiparable a la correspondencia epistolar y merece igual protección constitucional, y que puede hallarse información confidencial de terceros que podría afectar su intimidad. Ello pues, en primer lugar, si bien la interposición de recursos contra la sentencia falencial impide comenzar la liquidación, sin embargo, carece de efectos suspensivos sobre el resto de los trámites del proceso de quiebra (ley 24522 art. 97), razón por la que cobro operatividad entonces, desde ese decreto, el desapoderamiento del fallido y resulta necesario tomar la totalidad de las medidas necesarias en protección del activo falencial, y las investigaciones tendientes a determinar la existencia de responsabilidades que puedan ser impuestas a terceros. A mas cabe destacar, que uno de los efectos del decreto de quiebra es la intercepción de la correspondencia del fallido, a la que puede asimilarse el correo electrónico. Tal como dispone la LC art. 114, esa medida debe ser cumplida en presencia del deudor o del juez en su defecto, lo cual, en la especie, se encuentra garantizado a través de la actuación de un consultor técnico autorizado por el a quo. Por su parte, con relación a la eventual existencia de información de terceros que pueda resulta confidencial, la medida deberá practicarse estrictamente respecto de datos comerciales, sociales y que se relacionen con la realización de los bienes de la fallida y la recomposición de su activo, razón por la que la sindicatura, deberá abstenerse de brindar información que exceda el interés de la quiebra y guardar al respecto la debida reserva a fin de resguardar derechos de terceros.
Entes reguladores, demanda, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: aguas de santiago s.a. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y OTROS s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION AGUAS DE SANTIAGO S.A c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y OTRO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-11|2008-03-18

La Ley Nro. 6.225, en su art. 55, crea el Ente Regulador del Servicio de Aguas y Cloacas (E.R.S.A.C) como un organismo autárquico, y establece el mecanismo de revisión de las decisiones adoptadas por la Empresa concesionaria del servicio. Así, estatuye que los usuarios pueden interponer sus reclamos ante la concesionaria, y ante la respuesta denegatoria disponen de un recurso directo ante el E.R.S.A.C. A su vez, agrega que contra las decisiones del Ente Regulador, quedará abierta la vía judicial prevista en las normas procesales de la Provincia (art. 58 de la Ley Nro. 6.625).
Procedimiento administrativo, competencia por la materia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Carrizo, Noemí Beatriz c/ Municipalidad de Tinogasta s/ Acción de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-08-08

En el proceso contencioso administrativo, la competencia del Tribunal no sólo se define por la materia a tratar, sino que el régimen jurídico aplicable impone la concurrencia de determinados presupuestos o condiciones de admisibilidad de la pretensión procesal administrativa, cuya revisión procede ex officio, dado el carácter de orden público que la cuestión reviste.

La falta del reclamo administrativo previo incide en la decisión a tomar, pues la competencia está indisolublemente unida al régimen jurídico aplicable, que exige el cumplimiento de dicho reclamo.
Daños y perjuicios, registro de la propiedad inmueble, embargo, error registral, actualización monetaria, depreciación monetaria, cómputo de la actualización
Materia: CIVIL
Carátula: Industria Textil del Plata  S.C.A c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-15

El reajuste del crédito para compensar la depreciación monetaria debe practicarse desde la fecha en que, al enajenarse el inmueble embargado a causa del desempeño irregular del registro inmobiliario, se ocasionó la efectiva privación de su garantía.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, interposición en subsidio
Materia: PROCESAL
Carátula: Rosario Difusión  SA. c/ Estado Nacional Argentino - Poder Ejecutivo. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

La exigencia de la deducción incondicionada del remedio federal no es un requisito riguroso; de ahí que se haya admitido en circunstancias excepcionales su dispensa, máxime cuando aquel fue deducido en forma subsidiaria a la procedencia del recurso ordinario de apelación y éste fue rechazado.
Recurso extraordinario, cuestión federal, voto de los jueces
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Moldes, Alejandro J.E. c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso administrativo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-08-10

Todo lo atinente a la forma de emisión de los votos de los tribunales colegiados, y lo relativo a las formalidades de la sentencia, constituyen materias de carácter procesal y local, exentas de censura en la vía del art. 14 de la ley 48.
Concursos, privilegios (comercial), acreedores del concurso, honorarios, despido
Materia: COMERCIAL
Carátula: FURLOTTI  S.A. s/ QUIEBRA S/ INC DE PRONTO PAGO POR FRISZMAN Y ROSENFELD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-11

Si el despido del trabajador ocurrió con posterioridad al decreto falencial, impone calificar su acreencia como crédito contra el concurso, por ello si los honorarios acceden a un crédito de tal naturaleza revisten la graduación de la LC: 264.
Prescripción adquisitiva, prueba, pago de tributos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Arturo de Mattar Javiera H. y Otra s/ Sumario-Posesión Veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-07-30

El pago de los impuestos, no constituye un elemento indefectiblemente exigido para admitir la usucapión, estableciendo sólo una pauta para ser apreciada con las demás particularidades del caso.
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, culpa de la víctima, culpa in vigilando
Materia: CIVIL
Carátula: GRILLI, María Silvia c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-22

Si las lesiones que sufrió un menor al caer de un tobogán, no guardan relación con el estado de descuido en que se encontraba este último, sino que obedecieron a los movimientos inadecuados que realizó la víctima, y a la omisión de las diligencias mínimas exigibles a quien estaba a su cuidado, en tanto permitió el uso indebido de la cosa, cabe tener por configurada la ruptura del nexo de causalidad adecuada entre la cosa y el daño. En tales circunstancias, no cabe atribuir responsabilidad al dueño o guardián de la cosa que ha intervenido en la producción del daño de un modo puramente pasivo.
Mediación obligatoria, incomparecencia del actor, habilitación de instancia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: AVACA, Laura Beatriz c/ ALMAFUERTE S.A. (LINEA 55) y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-15

Ante la falta de comparecencia personal del interesado a las audiencias previstas en el art. 11 de la ley 24573 y no tratándose de un supuesto de excepción previsto en la ley, corresponde tener por no habilitada la instancia judicial y suspender el trámite del expediente, hasta tanto se acredite el cumplimiento de la etapa de mediación.-
Entidades financieras, concursos, banco central, privilegios (comercial)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LLAVER SANTIAGO FELIPE Y OTRA c/ BANCO DE LOS ANDES  S.A. s/ QUIEBRA INCIDENTE DE SE ORDENE PAGO - CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-29

El art. 54 de la ley 22.529 abarca en el que denomina "privilegio absoluto" -que sólo reconoce las excepciones que la propia norma consagra- a créditos del Banco Central que, del punto de vista de su naturaleza jurídica, son asimilables, en algunos casos, a deudas del concurso, y en otros, a deudas del fallido. Sin embargo, todos los supuestos son homogeneizados por la ley a los fines de la preferencia de cobro instituida.
Defensa en juicio, acusación fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: M., M. F. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-30

En referencia a la presunta afectación al derecho de defensa por las alegadas erráticas acusaciones fiscales, debe señalarse que tal circunstancia fue tratada expresamente por el A quo y en forma favorable para el justiciable, en tanto se modificó la calificación legal inclinándose por la figura básica en detrimento de la agravante, por lo que no se advierte ni es demostrada por la defensa alguna afectación constitucional sobre el punto que deba ser atendida en esta instancia de excepción. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhirió el Dr. Llaudet Maza)
Pena única, competencia, sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Máximo L. H. Cháves R.M. y ot. s/ Asociación ilícita - Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

Debe anularse de oficio la sentencia si la Cámara no sólo condenó a los procesados por los delitos que fueron materia de la causa, sino que les aplicó penas únicas que incluyeron las originadas en delitos por los que ambos habían sido juzgados en otros procesos y para ello asumió directa competencia, sin que las respectivas cuestiones hubieran sido objeto de juzgamiento por el juez en lo penal interviniente.
Acción de amparo, prestaciones básicas para personas con discapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Incidente de cumplimiento de sentencia en autos XXX c/ SPS Salud s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2024-03-08

En el marco de un amparo instado por la madre de una afiliada menor de edad con parálisis cerebral a la que la obra social le demoró y negó en forma repetida la cobertura de salud, corresponde ordenar a la entidad continuar con la cobertura integral de las cremas solicitadas y reintegrar a la amparista lo abonado tanto por medicación como por los traslados en ambulancia de la niña, y disponer la implementación de un protocolo de capacitación de todo el personal dependiente y fundamentalmente del jerárquico sobre difusión acerca de todas las prestaciones básicas a las que pueden acceder sus beneficiarios con discapacidad, incluyendo el conocimiento básico de las normas convencionales de derechos para la persona con discapacidad y de los derechos del niños, mayormente y específicamente sobre derecho a la salud y trato particular y especial a personas con discapacidad, ello en virtud de la necesidad de prevenir y garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales de los niños y niñas con discapacidad, atento a lo dispuesto por la ley 24901 que establece brindar cobertura integral cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera.
Nulidad de la notificación, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero de Sánchez, Mónica Graciela c/ Mutual del Personal de agua y energía eléctrica. s/ Cobro de pesos (incidente de Ejecución de Honorarios promovido por  la Dra. Martha García de Manini)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-10-21

Quien plantea un remedio procesal, como es la nulidad de notificación, debe tener interés sobre el particular, el que se encuentra determinado por el perjuicio o gravamen que le causa. El Ministerio Fiscal está legitimado para articular incidente de nulidad, solamente en todo lo que está comprometido el orden público, siendo también aplicables a los presupuestos básicos de las nulidades, como es la acreditación del perjuicio.
Lealtad comercial, bien jurídico protegido, organismos del Estado, facultades jurisdiccionales, poder de policía, multa, Dirección Nacional de Comercio Interior
Materia: PENAL
Carátula: MOLFINO HNOS. S.A. s/ Lealtad comercial Causa Nro. 35354.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-12

1-El bien jurídico protegido por la ley de lealtad comercial es la lealtad en las relaciones comerciales, que abarca los derechos del consumidor y los de los competidores, tutelando la libertad, la debida información y la transparencia en tales actividades, motivo por el cual no lleva razón la postura defensiva en cuanto a que la conducta acreditada no configure un ataque o un peligro para bienes jurídicamente protegidos. (Del voto del Dr. Hornos).- 2-La facultad de ciertos órganos administrativos de establecer hechos y aplicar sanciones correlacionadas con la función de policía asignada, no resulta violatoria de precepto constitucional alguno en tanto y en cuanto se garantice la revisión judicial de las decisiones que adopten, tal como en el caso ocurre a partir de las previsiones del art. 22 de la ley 22802. (Del voto del Dr. Hornos).- 3-La actualización de las multas, legalmente previstas al momento de los hechos de autos, es aplicable a las causas en trámite, porque no conforma una situación más gravosa para el condenado, en violación a las previsiones del art. 2 del C.P., sino que implica un adecuado correlato entre la infracción verificada y la sanción al momento de ser impuesta, de forma tal que no pueda verificarse, por el transcurso del tiempo o de artilugios procesales, una situación de irrisoria inadecuación de valores. (Del voto del Dr. Hornos).- 4-La actualización de los montos mínimos y máximos que con carácter general establece la autoridad competente no infringe el principio de la ultra actividad de la ley penal más benigna. La misma ley 22802, en su art. 25, determina dicha variación y esta regla legal no era más ni menos benigna al tiempo de cometerse la infracción (Sala 2, Reg.

209/85, "Famax S.A.", Nov.5.85). (Del voto del Dr. Hornos).- 5-La Dirección Nacional de Comercio Interior ha obrado dentro de los límites de sus atribuciones en tanto por Res. 312/91 (B.O.Oct.28.91) de la ex-Secretaría de Comercio Interior delegó en dicha Dirección Nacional el juzgamiento, en sede administrativa, de las infracciones a la Ley de lealtad comercial (Del voto del Dr. Hornos).
Alimentos, separación personal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: A., A. M. y Otros c/ M., G. A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-04-15

A los fines de reclamar alimentos durante el juicio de separación personal o divorcio, la mujer no puede prevalerse simplemente en este carácter para fundar el reclamo, sino que deberá probar la necesidad que invoca de obtener alimentos del demandado, lo que implica probar los roles desempeñados por las partes durante la convivencia a efectos de que el juez considere el aporte que, conforme a dichos roles, deberá el demandado hacer a su cónyuge, haciendo adecuada aplicación de las pautas enumeradas en el artículo 207 del Código de fondo.
Acción contencioso administrativa, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Piccini, Luis María y otro c/ Municipalidad de Tres de Febrero. Coady.: Obispado de Gral. San Martín s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

A diferencia del usuario con un goce especial sobre la cosa de todos en virtud de un acto administrativo y de quien sí cabe exigir identidad personal, el "frentista" tiene un status particularizado que no proviene de su persona sino del lugar que ocupa su bien frente al dominio público.
Contratos bancarios, defensa del consumidor, instrumentos públicos, consentimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAPON, DIEGO c/ BANCO FRANCES SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-09

Cabe rechazar la demanda promovida contra una entidad bancaria, a fin de que se modifique el plazo de amortización de un préstamo garantizado con hipoteca, que el accionante solicitó con un plazo de 360 cuotas y en la escritura constitutiva se fijó en 240 cuotas; toda vez que, en el acto escriturario el peticionante calló su disconformidad y consintió expresamente los términos en que se concedió el préstamo al percibir los fondos que constituían el principio de ejecución del contrato;

no pudiendo alegar publicidad engañosa, pues la propaganda efectuada por el banco hacia referencia al otorgamiento de créditos de hasta 360 cuotas, lo que no significaba que ese plazo fuera vinculante y su propuesta efectuada a través de la solicitud podía ser aceptada o no por aquella entidad; ni tampoco resulta aplicable lo previsto en la ley 24240 art. 37, ya que el contrato de mutuo se celebró conjuntamente con la constitución del gravamen, concediéndose el préstamo dentro del plazo de 360 cuotas anunciado y se cumplió, en el acto escriturario, con el deber de información al dar íntegra lectura al texto de lo que se llevó a la calidad de instrumento público;

además, si lo que se pretende es la nulidad del acto por haberse incurrido en falsedad ideológica, debió procederse de conformidad con lo previsto por el código civil respecto de estos instrumentos.
Amenazas, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: O, J.J. s/ Agresión (Expte Nº 73-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-08-16

El delito de amenazas contiene un elemento subjetivo en el tipo (la finalidad de alarmar o amedrentar).
Tarjeta de crédito, inhabilitación comercial, daños y perjuicios, banco emisor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Antonino, Juan Alberto c/ Carta Credencial y/o Banco de Catamarca s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-02-10

Ante la demanda por daños y perjuicios del actor, usuario de tarjeta de crédito, en contra del Banco de Catamarca como entidad emisora, que sin razón ni motivo de justificación lo ingresó en el Boletín Protectivo, corresponde hacer lugar limitadamente en cuanto a los montos por rubro, a la apelación incoada. En efecto, de todo el plexo probatorio, se evidencia un manejo cuanto menos negligente del Banco sobre el trámite atinente a las tarjetas de crédito-inclusión en boletín protectivo a casi dos meses después de la supuesta denuncia por extravío-cuando el trámite correcto debió incluirlo en el boletín siguiente a la supuesta denuncia con la emisión del nuevo plástico, pero nada de ello ocurrió; el actor usó y operó con la supuesta tarjeta extraviada, recibiendo sus liquidaciones normalmente y en forma intempestiva se vio privado de ella.

Esta conducta de la demandada, generadora de perjuicios al actor, determina su obligación de indemnizar -art. 505 C.C- al resultar directa la relación de causalidad entre la privación del uso de la tarjeta y el accionar del banco; en lo referente al daño demandado.

Respecto del monto, estimo adecuado y conforme el monto promedio contenido en la demanda, fijar la suma de pesos mil quinientos, con costas a la vencida.
Jubilación por invalidez, interpretación de la ley, comisión médica central, denegatoria del beneficio, cuerpo médico forense, porcentaje de incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: RAMIREZ, JULIO CESAR c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

El punto 4, parágrafo tercero, del art. 49 de la ley 24.241, se refiere en tres oportunidades al Cuerpo Médico Forense, sin efectuar distinciones o discriminaciones concernientes al domicilio real del solicitante, aludiendo a la posibilidad de una nueva revisación -respecto a la cual no señala a cargo de que cuerpo estará- "en casos excepcionales y suficientemente justificados". En consecuencia, desestimada por la Comisión Médica Central la solicitud de retiro por invalidez, corresponde remitir las actuaciones al Cuerpo Médico Forense a fin de que, en la forma de práctica, emita dictamen fundado sobre el porcentaje de incapacidad que afecta al titular en la actualidad y a la fecha de solicitud.

(Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, causas civiles, distinta vecindad
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez Santoyanni de Ramírez, Alicia Lydia c/ Rechiuto, Victorio Juan y otro s/ incidente.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

La jurisdicción originaria de la Corte sólo procede en razón de las personas cuando a la condición de vecino de otra provincia se une el requisito de que el litigio asuma el carácter de causa civil.