Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-09


NEUQUEN, 09 de Febrero de 2015.­ VISTO: El presente caso judicial caratulado "C. V. N. S/ABUSO SEXUAL", Legajo identificado como MPFNQ 11249/2014, que llega a conocimiento del Tribunal de Impugnación.

En la audiencia prevista por el art. 245 del C.P.P. intervino el Sr. Defensor oficial Jefe, Dr. Gustavo Vitale, patrocinando al imputado V. N. C., D.N.I. N° , soltero, de ocupación ..., con domicilio en calle ..., casa..., Plan ......de la ciudad de...; la Sra. Defensora de los Derechos del Niño Dra. Silvia Acevedo en representación de los derechos de la menor y por el Ministerio Público Fiscal, la Dra. Claudia Rangone.

Practicado sorteo para establecer el orden de votación resultó que en primer término debe expedirse la Dra. Liliana Deiub, luego el Dr. Héctor Rimaro y, finalmente, el Dr. Héctor O. Dedominichi.

CONSIDERANDO:

Que conjuntamente la Defensora de los Derechos del Niño y la Fiscal formularon impugnación ante la decisión de la Juez de Garantías dictada el 11 de Junio de 2.014, mediante la cual dictó el sobreseimiento del imputado por extinción de la acción penal; decisión ésta que recobró vigencia ante la nulidad dispuesta por este Tribunal que alcanzó a la revocatoria del sobreseimiento ordenada por la misma juez.

En tal sentido se agravian las acusadoras por entender que la decisión de la Sra. Juez de Garantías es errónea al atribuirle al cumplimiento del plazo del art. 129 una sanción no prevista en la norma, que resulta ser el sobreseimiento por extinción de la acción penal, sin perjuicio de lo cual aseveran que dicho término no se encuentra vencido ante lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo 21/2014 que se encuentra firme.

A su turno el Defensor expuso que debe confirmarse el sobreseimiento dictado por la Dra. Malvido atendiendo a que se encuentra vencido el plazo dispuesto por el art. 129 del C.P.P. ya que nunca hubo formulación de cargos en una investigación cuyos hechos fueron cometidos en el año 2.009, que se encontraba con la prueba reunida -Cámara Gesell­ en Noviembre de 2.013, por lo que se ha vulnerado el plazo razonable.

Del mismo modo considera que dicha resolución debe ser confirmada atento que igualmente se encuentra vencido el término estipulado por el artículo 158, teniendo presente que la etapa preparatoria comienza desde la apertura de la investigación que debió efectuarse el 14 de Enero de 2.014 mediante la formulación de cargos y que finaliza con la presentación de la acusación la que fue efectuada después de los cuatro meses. Considera nula la acusación por cuanto fue presentada sin realizarse previamente y en tiempo oportuno la formulación de cargos.

En relación al recurso de las partes acusadoras considera que debe rechazarse ya que no puede otorgarse a las mismas la posibilidad de impugnar cuando no lo hicieron en su oportunidad, lo que implica retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, en violación a lo establecido en el artículo 20 y 96 del procedimiento vigente.

Sostuvo que debe rechazarse el recurso de las acusadoras y de no ser así, subsidiariamente peticionó que se trate el agravio formulado oportunamente sobre el vencimiento de los cuatro meses de la investigación preparatoria, debiendo confirmarse el sobreseimiento de su asistido.

Oídas las partes intervinientes y cumplido que fuera el proceso deliberativo que emerge de los arts. 246 y 193 -de aplicación supletoria­ del Digesto Adjetivo, se ponen a consideración las siguientes cuestiones.

PRIMERA: ¿Es procedente desde el plano formal la impugnación ordinaria deducida? La Dra. LILIANA DEIUB, sostuvo: En tal dirección cabe considerar que el escrito fue presentado ante la Oficina Judicial respectiva en el término estipulado en la Sentencia 120/14 dictada por este Tribunal el 5 de Noviembre de 2.014, y por quienes se encuentran legitimadas para ello; tratándose asimismo de una decisión impugnable en los términos del art. 233 del rito, toda vez que ante la nulidad dictada por este Tribunal mediante la sentencia antes mencionada, recobró validez el Sobreseimiento dictado el día 11 de Junio de 2.014 por la Dra. Malvido.

De igual modo, la impugnación resulta autosuficiente por cuanto de la audiencia celebrada (art. 245) fue posible conocer cómo se configuran ­a juicio de las recurrentes­ los motivos de impugnación aducidos y la solución final que proponen.

Por lo expuesto, considero que el recurso de impugnación deducido debe ser declarado formalmente admisible.

El DR. HÉCTOR RIMARO, expresó que comparte los argumentos esgrimidos por la Juez del primer voto y adhiere a sus conclusiones.

El DR. HECTOR DEDOMINICHI, dijo: que adhiere a la solución propuesta por el Sr. Vocal del primer voto.

SEGUNDA: ¿Qué decisión corresponde adoptar? La Dra. LILIANA DEIUB, dijo: Que en el marco de la audiencia celebrada en fecha 19 de diciembre del año 2014, ambas impugnantes expresaron verbalmente los agravios que les ocasionaba la decisión dictada por la Juez de Garantías el 11 de Junio de 2014, en cuanto dispuso el Sobreseimiento de V. N.C..

El agravio central de las partes acusadoras se dirige a cuestionar lo resuelto por la juez de garantías, toda vez que entienden que el plazo estipulado en el art. 129 del C.P.P. no ha transcurrido.

I.­ En forma previa a ingresar en el agravio, corresponde analizar la petición formulada por la defensa encaminada a considerar inadmisible la impugnación formulada por la Fiscal y la Defensora de los derechos del niño por considerar que el tiempo que se les otorgó para que recurrieran violenta el art. 20 y 96 del C.P.P. ya que no se puede retrotraer el procedimiento en perjuicio del imputado.

Cabe destacar que mediante Sentencia 120/2014 del 5 de Noviembre pasado este Tribunal con idéntica integración resolvió declarar la nulidad de la resolución de revocatoria de Sobreseimiento dictada por la Dra. Malvido el 13 de Junio pasado. Por ello y restablecida en su vigencia la resolución de Sobreseimiento, advirtiendo que debía garantizarse el derecho a la tutela judicial efectiva, se otorgó a las partes (a todas) la posibilidad de cuestionar dicho Sobreseimiento si lo estimaban pertinente.

Vale destacar que la sentencia de este Tribunal no mereció recurso alguno de las partes y si bien le asiste razón a la Dra. Acevedo al sostener la firmeza de dicho pronunciamiento y por ende la imposibilidad formal de discutir lo resuelto en el mismo, las especiales circunstancias del caso que llevaron a la Juez de Garantías a revocar el sobreseimiento que ella misma había dispuesto; y el posterior recurso de la defensa que concluyó con la nulidad ya mencionada no puede perjudicar los derechos de la víctima a la tutela judicial efectiva (Art. 13 C.P.P.).­ En ese sentido, pueden mencionarse, entre muchos, el precedente "Bulacio", en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el Estado Argentino debe garantizar a la víctima el acceso a la justicia; del mismo modo, en la causa "Barrios Altos" (2001), se reconoció el derecho a la verdad; y en el Informe 28/92 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que el derecho a querellar en Argentina es un derecho fundamental del ciudadano.

Nuestro máximo Tribunal Provincial recientemente se ha expedido en el punto al sostener que: ".por lo que aún bajo el nuevo esquema procesal la legitimación procesal de la parte querellante y la competencia de aquel órgano colegiado para resolver el litigio mantienen plena vigencia.

b) Que la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional ampara a toda persona a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos (C.S.J.N., Fallos, 268:266), la cual no se reduce al otorgamiento de facultades por el ejercicio del poder de defensa, sino que se extiende - según los casos a la provisión por el Estado de los medios necesarios para que el juicio a que se refiere el art. 18 de la Constitución Nacional se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar la imputación mediante la efectiva intervención del defensor (C.S.J.N., Fallos 308:1557).

ACUERDO N° 11/2014 del 1 de Septiembre del año dos mil catorce, Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, "M.,C. M. S/ ABUSO SEXUAL (IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA)" (expte. n° 62 año 2014).

En similar sentido se sostuvo: ".

Consecuentemente, la controversia gira entre las hipótesis defensista y la de los acusadores, conflicto a resolver por el a quo; que de otro modo, si una de las partes -en este caso, la acusadora­ no tuviera la posibilidad de ser escuchado entonces se vulneraría el principio de contradicción y el debido proceso.

Al respecto, la doctrina sostiene que "...[c]omo es fácil imaginar, y por importante que sea la afirmación [...], el juez no puede resolver sin escuchar previamente la versión de los hechos por parte del resistente, que puede ser por completo diferente..." (ALVARADO VELLOSO, Adolfo: "SISTEMA PROCESAL. GARANTÍA DE LA LIBERTAD". Tomo I. Ed. Rubinzal­ Culzoni. 1º Edición. Santa Fe. 2009, pág. 42).ACUERDO N° 21/2014, del 30 de octubre del año dos mil catorce, Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, "C., V. N. S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL (IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA)" (Expte. N° 67 ­ Año: 2014).

Por lo considerado, la queja de la defensa ante el tratamiento de la impugnación formulada por las partes acusadoras debe ser rechazada.

II.­ Ingresando ahora en el agravio formulado por la Sra. Fiscal y Defensora de los Derechos del Niño, y tal como lo sostuvo esta última en la audiencia; lo resuelto por nuestro máximo Tribunal Provincial mediante Acuerdo 21/2014 de fecha 30 de Octubre pasado zanjó la situación concluyendo que no había expirado el plazo de 60 días estipulado en el art. 129 del código de procedimientos para la duración de la Investigación Preliminar en el presente legajo.

Sin perjuicio que ello resulta suficiente para receptar el agravio de las impugnantes, vale destacar y ante lo planteado por el Sr. Defensor en la audiencia, que no corresponde computar dicho plazo desde el año 2013, fecha a partir de la cual consideró que se encontraba concluida la investigación ante la recopilación de la prueba. En ese sentido es clara la postura de nuestro Tribunal Superior al establecer que: "A su vez la norma contenida en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal (L. 2891) no hace más que reforzar el concepto antes señalado en cuanto al modo de computar el plazo para las causas en trámite bajo el anterior orden procesal, es decir, "desde la entrada en vigencia de la nueva Ley", no existiendo previsión legal alguna que permita inferir un modo de computación temporal diferente." ACUERDO N°6/2014 del 3 de junio de 2014, Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia,"COMISARÍA SEGUNDA S/INVESTIGACIÓN HOMICIDIO(IMP.FARÍA, VALERIO)"Expte. Nro.22/2014.­ Recientemente y en estos actuados se expuso que:

".Además, descarto la interpretación que propone el recurrente respecto al modo de computar los plazos atendiendo al tiempo transcurrido durante la vigencia de la Ley Nº 1677, ya que la Ley Nº 2891 contempló expresamente el procedimiento que debía imprimirse a las causas en trámite al momento de la entrada en vigencia del nuevo código procesal provincial.

Así sobre dicha cuestión ya se expidió esta Sala en el sentido de que el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal prevé el modo de computar el plazo para las causas en trámite bajo el anterior orden procesal, "desde la entrada en vigencia de la nueva Ley" -esto es, 14/01/14­ no existiendo previsión legal alguna que permita inferir un modo de computación temporal diferente (cfr. Acuerdo Nº 6/14).

ACUERDO N° 21/2014: del 30 de octubre del año dos mil catorce, Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, "C., V. N. S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL (IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA)" (Expte. N° 67 ­ Año: 2014).

En esa dirección, el plazo de la investigación Penal Preparatoria debe comenzar a correr a partir de realizarse la audiencia de formulación de cargos, que en el caso se fijó y no pudo formalizarse como consecuencia del planteo de la defensa, a partir de cual la Juez ordenó el sobreseimiento del imputado, situación que ahora nos ocupa.

Concatenado con lo anterior, el Sr. Defensor Dr. Vitale también sostuvo que había expirado el plazo máximo de duración de la etapa preparatoria previsto en cuatro meses por el artículo 158 del ordenamiento procesal actual.

En esa dirección el art. 158 del procedimiento actual establece que la etapa preparatoria tendrá una duración máxima de cuatro meses desde la apertura de la investigación, previendo que ante el transcurso de dicho plazo se producirá la extinción de la acción penal debiendo dictarse el sobreseimiento del imputado.

Ante ello y no habiéndose concretado aún la formulación de cargos prevista en el art. 133 que determina la apertura de la investigación preparatoria, el término de cuatro meses no comenzó a correr, por ende la queja de la defensa no tiene asidero alguno.

Paralelamente, no comparto que nos encontremos en un legajo en el que el proceso ha durado de una forma desmesurada que permita sostener que se ha vulnerado el derecho a obtener una decisión judicial definitiva en un tiempo razonable.

Vale destacar y a título de ejemplo, que el legislador provincial refiriéndose al plazo razonable y a las sanciones ante su incumplimiento fue muy específico al prever en el artículo 87 como duración máxima del procedimiento, el término de tres años contados desde la apertura de la investigación penal preparatoria, estableciéndose como sanción ante el transcurso de dicho plazo, la extinción de la acción penal y la obligación de dictar el sobreseimiento del imputado.

Del mismo modo, el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal prevé que para las causas en trámite bajo el sistema anterior un máximo de duración del proceso de dos años computados desde la entrada en vigencia de la nueva Ley.

En consonancia con ello lo resuelto por nuestro Tribunal Superior en este punto, me exime de mayores consideraciones.

Para sostener lo anterior tengo presente que: ". En ese orden de ideas y teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso, tal como lo expresa la Defensa, se trata de una causa en la que el 16/08/13 la Fiscalía habría resuelto que se instruyera la investigación preliminar fiscal conforme al régimen procesal anterior y que corresponde adecuar el trámite al C.P.P.N. a partir del 14/01/14, en consecuencia, desde la primera fecha mencionada al presente ha transcurrido un (1) año, dos meses y días en que se encuentra imputado CASTRO en el presente caso, tiempo considerado razonable conforme a los estándares internacionales.

Al respecto, los precedentes jurisprudenciales en los que se determinó que se trataba de un plazo irrazonable, en realidad, hacían referencia a una gran cantidad de años sin que se realizara un juicio y con restricción de la libertad física al estarse cumpliendo una medida cautelar -prisión preventiva­; así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en el caso "BAYARRI v. ARGENTINA", "...que se violentó el límite temporal del encarcelamiento preventivo (art. 7º.5, C.A.D.H.), pues Bayarri estuvo privado de la libertad durante el proceso por trece años, luego absuelto en una causa donde se investigaban secuestros extorsivos reiterados..." (PITLEVNIK, Leonardo G. "JURISPRUDENCIA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN". Tomo 15. Ed. Hammurabi. 1º Edición. Bs. As. 2013, pág. 276. Lo resaltado con negrita me pertenece).ACUERDO N° 21/2014: del 30 de octubre del año dos mil catorce, Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, "C., V. N. S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL (IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA)" (Expte. N° 67 ­ Año: 2014).

Por ello entiendo que no ha existido una demora grosera en la sustanciación del proceso imputable al órgano estatal; lo que habilita el rechazo de la pretensión defensista.

Atendiendo a lo considerado, debe hacerse lugar al agravio formulado por las partes acusadoras y como consecuencia de ello, revocar el Sobreseimiento ordenado por la Dra. Malvido.

El DR. HÉCTOR RIMARO, manifestó: Que comparte la solución a la que ha arribado el voto precedente.

El DR. HECTOR DEDOMINICHI, expresó: que comparte lo manifestado por los Vocales preopinantes.

TERCERA: ¿Corresponde la imposición de costas? La Dra. LILIANA DEIUB, dijo: Que sin perjuicio de resultar vencedoras las partes impugnantes, entiendo que existen razones suficientes para que se exima de costas al imputado art. 268 segunda parte, segundo párrafo del C.P.P.).

El DR. HÉCTOR RIMARO, manifestó: que comparte lo resuelto por la Vocal el primer voto en lo relativo a las costas.

El DR. HECTOR DEDOMINICHI, sostuvo que comparte la decisión propuesta por los vocales preopinantes para eximir de costas al acusado.

De lo que surge del presente, el Tribunal de Impugnación Provincial por unanimidad, RESUELVE: I.­DECLARAR ADMISIBLE DESDE EL PLANO ESTRICTAMENTE FORMAL el recurso de Impugnación interpuesto en forma conjunta por la Sra. Defensora de los Derechos del niño Dra. Silvia Acevedo en representación de los derechos de la menor y por el Ministerio Público Fiscal representado por la Dra. Claudia Rangone.

II.­HACER LUGAR A LA IMPUGNACIÓN DEDUCIDA y, en consecuencia, REVOCAR la resolución impugnada en todas sus partes, sin costas en virtud a lo considerado.

III.­ Regístrese, notifíquese a las partes en forma electrónica por medio de la oficina judicial a sus respectivos correos, conforme fuera acordado en la audiencia.