Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-23


SENT Nº 173 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintitres (23) de Abril de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse -por encontrarse en uso de licencia el señor vocal doctor René Mario Goane-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Medina Mario Marcelo vs. Universitario Rugby Club s/ Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor Antonio Daniel Estofán, doctora Claudia Beatriz Sbdar y el doctor Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- Contra la sentencia dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo el 14/4/2010 (fs. 394/395 y vta.), la parte actora dedujo recurso de casación, cuya concesión fue denegada por sentencia de fecha 05/12/2011 (fs. 438 y vta.). Contra dicho pronunciamiento la parte actora dedujo recurso directo de queja por ante esta Corte, que fue declarado procedente mediante resolución del 10/4/2012 (fs. 476/477). Consta en informe actuarial de fs. 500 que, al vencimiento del plazo legal, únicamente la parte demandada ha presentado el memorial del art. 137 CPL.

II.- La Cámara consideró que la cuestión litigiosa fundamental a resolver consiste en definir si existió o no relación laboral entre las partes, llegando a una conclusión negativa sobre este punto, por cuanto sostuvo que de acuerdo con el material probatorio agregado a la causa, la permanencia del actor en el predio del club demandado se debió a un contrato de tenencia precaria y que los servicios prestados por el mismo no estaban relacionados con su condición de casero, ni cuidador del predio. De acuerdo con ello consideró que la presunción del art. 23 LCT no resulta de aplicación al caso, al haberse desvirtuado la misma con las pruebas producidas.

En mérito a ello, la Cámara dispuso no hacer lugar a la demanda promovida por el actor en contra de Universitario Rugby Club, absolviendo al demandado del pago de los rubros y montos reclamados.

III.- El recurrente denuncia la arbitrariedad de la sentencia, centrándose en que ella ignora la prueba documental aportada por su parte y aceptada por la demandada, con la que se acreditaría la prestación de servicios en relación de dependencia.

Indica que la mayor arbitrariedad del fallo consiste en no haber mencionado las más de 15 fotografías acompañadas como prueba en las que Medina aparece trabajando para Universitario Rugby Club en sus instalaciones, sobre lo cual se dictó un decreto señalando que ellas no fueron desconocidas por la demandada, decreto que no fue objetado por la interesada. Expresa que en esas fotos el actor aparece cobrando entradas en un partido a desarrollarse en Universitario Rugby Club, limpiando los caminos que unen las distintas partes del club, cuidando la cancha de rugby, limpiando el quincho, etc., y que inclusive aparece usando la ropa del club en varias ocasiones, por lo que interpreta que sería un absurdo desdecir el peso de las imágenes.

Afirma que el fallo también prescindió del informe brindado por el gremio que nuclea a los empleados de las entidades civiles y deportivas (UTEDYC), cuyo trabajo consiste justamente en saber quiénes trabajan o no en cada una de las instituciones que visitan asiduamente, informe que da cuenta de que el actor figuraba en sus registros como empleado de Universitario Rugby Club. Destaca que ello no se trata de una declaración unilateral del actor como lo considera el Tribunal, sino que estamos ante una información brindada por el gremio que releva a los trabajadores del club.

Asevera que la sentencia se equivoca tajantemente al evaluar el acta de la SET como una manifestación unilateral del actor, siendo que se trata de la constatación por parte de la autoridad de aplicación de la existencia de una persona prestando servicios en relación de dependencia. Expresa que ello fue percibido directamente por los inspectores y sobre tal extremo el acta respectiva hace plena fe.

Cuestiona que la sentencia haya desdeñado el valor de toda la prueba aportada con el argumento de que se tratan de declaraciones unilaterales del actor, advirtiendo que el Tribunal comete el desacierto de tomar por declaraciones unilaterales a diversas pruebas en las que necesariamente intervienen terceras personas, tal como sucedería con las fotografías acompañadas, con el informe brindado y con el relevamiento realizado por la autoridad de aplicación. Agrega que la constancia policial del 27/3/2006 tampoco se trata de una declaración unilateral, ya que en él intervienen dos testigos que dan fe que han percibido lo expuesto como cierto, y que ello tampoco ocurre con la resolución de la AFIP.

Denuncia que el fallo desconoce el principio de primacía de la realidad (arts. 12, 14, 21 LCT), por cuanto no tiene en cuenta que la típica figura utilizada para encubrir un fraude laboral es el contrato de tenencia precaria, lo que obliga a que el mismo sea mirado con el mayor de los celos para evitar su proliferación, señalando que ello es todo lo contrario a lo que hace el Tribunal de mérito. Cuestiona que se le haya dado una gran trascendencia a la nota que se le hiciera presentar a su mandante diciendo que no trabajaba cuando en realidad sí lo hacía, pues entiende que ello constituye una tesitura totalmente permisiva del fraude laboral.

Señala que al considerar la existencia del contrato de tenencia precaria, el Tribunal decide la cuestión a través del testimonio de los viejos socios del club y de sus autoridades, lo que entiende que es arbitrario por cuanto no se imagina cómo los socios, que admiten serlo desde hace muchos años, podrían declarar de un modo contrario a la institución que integran. Indica que, por otro lado, tales declaraciones son contradictorias con otras pruebas y en especial se contraponen lo que demuestran las fotos, pese a lo cual el Tribunal da preeminencia a lo que dicen los propios demandados por sobre lo que demuestran las imágenes declaradas auténticas por el a-quo.

Afirma que se ha infringido el art. 23 de la LCT, por cuanto se encuentra probada la prestación de servicios de su parte en beneficio del actor y éste no ha demostrado que los servicios prestados respondan a un vínculo que no sea el laboral, resultando notoriamente fraudulenta la figura de la tenencia precaria.

IV.- Dado que la admisibilidad del recurso de casación fue decidida por esta Corte al resolver el recurso de queja, corresponde examinar en esta oportunidad si aquél es o no procedente.

Con respecto a los motivos que fundaron el rechazo de la demanda, se constata que la Cámara consideró que en autos la relación laboral fue negada por la accionada, por lo que determinó que correspondía al actor la acreditación de los servicios que dice haber prestado en las instalaciones del club. Bajo este enfoque, luego de enunciar las diversas pruebas producidas en juicio, la Cámara concluyó que las mismas no resultan suficientes a los fines de acreditar la relación laboral invocada; señaló que la permanencia del actor en el predio del club se justifica en razón de un contrato de tenencia precaria, y que los servicios prestados no estuvieron relacionados con su condición de casero ni de cuidador del predio, todo lo cual justificó el rechazo de la demanda.

El recurrente cuestiona la decisión adoptada con fundamento en que se habría producido una arbitraria valoración de las siguientes pruebas producidas por su parte: a) la documental consistente en numerosas fotografías acompañadas, en las que el actor aparecería trabajando para la demandada; b) el informe brindado por UTEDYC, que daría cuenta de que el actor figuraba en sus registros como empleado de Universitario Rugby Club; c) el acta de inspección de la SET, en donde surgiría constatado que el actor se encontraba prestando servicios en relación de dependencia; d) la constancia policial realizada con la intervención de dos testigos; y e) la resolución 56/07 de la AFIP. De acuerdo con ello, procederé a examinar si la sentencia incurre en arbitrariedad en la valoración de las pruebas, en miras a determinar si le asiste o no razón al actor en su planteo.

En primer lugar, se advierte que las fotografías cuya valoración se dice omitida no tienen eficacia probatoria por sí mismas para acreditar que el actor haya prestado servicios en relación de dependencia para la demandada, puesto que ellas sólo representan una situación presentada unilateralmente por el accionante al momento en que fueron tomadas las imágenes, por lo que a todo evento resultaría necesaria la concurrencia de otras pruebas que corroboren de un modo suficiente el valor indiciario que eventualmente podría llegar a reconocérseles a las fotografías, no existiendo en autos ninguna otra prueba que a criterio de la Cámara acredite la relación laboral.

El hecho de que se haya dictado un proveído en donde se menciona que la demandada no desconoció las fotografías acompañadas en la demanda, no resulta una circunstancia atendible para reconocerle a dichos documentos la entidad probatoria que pretende asignarle el recurrente en orden a la acreditación de la relación laboral. No cabe perder de vista que la demandada desconoció expresamente la documentación presentada por el actor (salvo la que coincidiera con la que se adjunte en la etapa procesal oportuna), a la vez que negó que el actor haya desempeñado las tareas que se pretenden probar mediante las fotografías acompañadas con la demanda (ver fs. 62 vta. y 63), por lo que frente a tales circunstancias dicha documentación resulta insuficiente por sí misma para acreditar el hecho principal que se pretende probar.

En cuanto al informe brindado por la UTEDYC (fs. 216), resulta inexacto lo expresado por el recurrente en el sentido de que el mismo daría cuenta de que Mario Marcelo Medina figuraba en los registros del gremio como empleado de la demandada; por el contrario, el informe sólo hace mención que en el Acta de Inspección N° 007382 de la SET y la Planilla de Relevamiento de Personal n° 507 del 06 de mayo de 2004, figuraría relevado el Sr. Mario Marcelo Medina, con ingreso en Noviembre de 2000. De ello se sigue que el informe cuya valoración se dice omitida, carece de valor autónomo como prueba, puesto que la información brindada sólo se limita a reproducir las constancias emergentes del Acta de inspección y de la planilla de relevamiento de la SET, por lo que su entidad probatoria se encuentra vinculada al valor de las actuaciones administrativas a las que dicho informe se remite.

Centrándonos en la equivocada valoración del acta de la SET N° 7382 (fs. 19) y su correspondiente planilla de relevamiento de personal (fs. 20) que denuncia el recurrente, los agravios formulados no logran demostrar arbitrariedad. En efecto, el hecho de que el accionante haya sido relevado en oportunidad de realizarse la inspección, sólo alcanzaría para demostrar fehacientemente su presencia en el predio de la demandada, en el día, lugar y horario en que la misma tuvo lugar, pero no basta para acreditar que aquél efectivamente haya prestado servicios en relación de dependencia para la demandada, debiéndose señalar que la totalidad menciones que contiene la planilla sobre otros aspectos atinentes a la supuesta relación laboral, provienen de manifestaciones unilaterales del trabajador y por lo tanto no constituyen prueba suficiente de la naturaleza laboral vínculo. En relación al valor probatorio de las actas de inspección de la SET, esta Corte tiene dicho que "lo que el instrumento público invocado acredita y no puede ser negado como cierto es la manifestación del actor o empleador, pero no así la sinceridad del contenido de tales dichos, lo cual no necesita de redargución de falsedad para contradecirla" (CSJTuc., sentencias N° 131/2006 y 925/2010, entre otras).

Resulta pertinente señalar que la circunstancia de que el actor haya estado presente en el predio de la demandada al momento de realizarse la inspección no alcanza para desvirtuar la posición asumida en el responde ni la conclusión a la que arriba la sentencia, relativa a que el actor permanecía en el predio del club en razón de un contrato de tenencia precaria, situación que la Cámara tuvo por acreditada en base a prueba suficiente valorada en este sentido. En efecto, tal conclusión se encuentra avalada por el contrato de tenencia precaria agregado a fs. 79 cuya firma fue reconocida por el actor a fs. 224, como así también por la declaración de diversos testigos ofrecidos por el demandado en sus cuadernos n° 3 y 4, cuyas tachas fueron rechazadas por cuanto dieron suficiente razón de sus dichos y fueron considerados testigos necesarios pese a su condición de socios, todo lo cual no logra ser desvirtuado por la crítica del recurrente, quien en este punto sólo evidencia una discrepancia con el criterio interpretativo del Tribunal.

En el caso, lo que resultaba necesario acreditar para el éxito de la pretensión del actor es la prestación de servicios en relación de dependencia para la demandada, extremo fáctico que no emerge acreditado mediante el acta de la SET ni por la demás prueba que se denuncia arbitrariamente valorada.

Por otro lado, la constancia policial del 27/3/2006 (fs. 120) tampoco resulta suficiente para acreditar la existencia de relación laboral, por cuanto lo consignado en ella proviene de una declaración unilateral prestada por el actor en sede policial, debiéndose señalar que la circunstancia de que existan dos ciudadanos que atestiguan lo que declaró el actor, no reviste entidad suficiente para otorgarle un mayor valor probatorio. En efecto, el valor de lo atestiguado por los firmantes de la referida constancia no podría ser asimilado al de una prueba testimonial, puesto que no cumple con las estrictas disposiciones comprendidas en los arts. 364 a 387 del CPCC, que prevén la realización de una audiencia con intervención de autoridad judicial para que los testigos presten declaración y establecen un estricto mecanismo de control de la contraparte mediante pedidos de aclaraciones, repreguntas y tachas, debiéndose señalar por otro lado que tampoco consta que los declarantes hayan sido comparecido en juicio para ratificar lo que atestiguaron en sede policial.

Todas estas circunstancias justifican el escaso valor probatorio que reviste la constancia policial de fs. 120 en orden a la acreditación de la relación laboral, por lo que el agravio formulado en relación a la errónea valoración de esta prueba no alcanza para desvirtuar la conclusión de la Cámara relativa a que la existencia de un vínculo laboral entre las partes no encuentra demostrada en este juicio.

Por último, la resolución de la AFIP N° 56/07 (fs. 138) tampoco tiene entidad suficiente a los fines de acreditar la existencia de relación laboral, puesto que ella sólo reviste efectos limitados que no pueden extenderse al presente juicio, debiéndose señalar que tampoco consta que en estos autos se hayan producido las pruebas que habrían acompañado la denuncia realizada ante el organismo fiscal y que habrían avalado la resolución dictada.

De lo todo lo expuesto se sigue que los agravios formulados en casación no alcanzan para desvirtuar la resolución contenida en la sentencia en cuanto tiene por no acreditada la existencia de una relación de trabajo que haya vinculado a las partes, lo cual justifica suficientemente el rechazo de la demanda dispuesto por el Tribunal.

Consecuentemente, los planteos realizados en esta instancia extraordinaria no logran demostrar la arbitrariedad de la sentencia que se impugna, motivo por el cual se dispone el rechazo del recurso de casación intentado y se confirma el pronunciamiento en cuanto fue materia de agravios.

V.- Atento al resultado arribado, las costas de esta instancia deberán ser soportadas por la parte actora vencida en el recurso (arts. 105 CPCC y 49 CPL).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora, en contra de la sentencia dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 14/4/2010 (fs. 394/395 y vta.).

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.