Conciliación, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CUELLO MARCELINO NOE c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-22

En el caso, el acuerdo celebrado se refiere a un reclamo indemnizatorio sobre la base de una ley tarifada (ley 9688, reformada por la ley 23643), donde se reajustan los montos demandados a satisfacción de la accionada, tanto en lo que se refiere al monto como al plazo estipulado para su pago.

El mismo se celebró y debía cumplirse con fecha anterior a la vigencia de la ordenanza que adhiere a la ley provincial 8250. El incumplimiento a las obligaciones allí contraídas se produce por culpa exclusiva de la demandada, quien incurre injustificadamente en mora en la fecha de pago acordada, lo que trajo aparejado la iniciación de la ejecución de la sentencia.

Efectuada la consignación del monto del acuerdo por parte de la Municipalidad, la misma implica lisa y llanamente el cumplimiento de lo convenido, lo que presupone necesariamente la existencia de la partida presupuestaria suficiente para afrontar el pago convenido, ya que en su defecto, no podría haber la Municipalidad celebrado el convenio comprometiéndose al pago en dinero, so pena de incurrir en irresponsabilidad institucional grave, por cuanto se celebrarían convenio sobre la base de montos reducidos, no presupuestados y cuyo pago, obviamente la parte demandada conocía que no iba a efectuar, lo que constituiría una violación a la buena fe, equidad, igualdad y demás principios protectorios que integran el Derecho Laboral y el orden público legal y constitucional.

La Municipalidad obró de buena fe y con todos los recaudos legales y presupuestarios, como que en definitiva consignó la suma y de esa manera cumple con lo previsto en el art. 20 de la ley 8250, que solamente declara comprendido en la situaciones jurídicas de la consolidación a aquellas deudas de causa o título posterior al primero de abril de mil novecientos noventa y uno que carezcan de crédito presupuestario, lo que naturalmente no ocurre en el presente caso, siendo además el sentido de la norma, que establece un procedimiento de comunicación al consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, a fin de incluir dicha deuda en el presupuesto del año inmediatamente posterior (art. 20 ley 8250 concordado con el art. 2 de la ordenanza 8914). No obstante ello, resulta comprensible para el Tribunal el planteamiento que efectúa la Municipalidad, por medio de su apoderado, ante situaciones como éstas, especialmente cuando no se ha dictado el decreto reglamentario a que refiere el art. 3 de la ordenanza 8914 y sólo recientemente se ha producido la reglamentación dispuesta por el art. 6 de la ley 8250 y teniendo estado parlamentario un proyecto de reforma de la referida norma, remitida por el propio Poder Ejecutivo Provincial, la cual simplificará las reformas de actuar ante la diferencia casuística que se pueda presentar.

En consecuencia, debe declararse inaplicable a la situación jurídica planteada en autos, la ordenanza 8914 y en consecuencia, una vez firme el presente auto interlocutorio disponer el libramiento de las órdenes de pago pertinentes, todo ello de conformidad al art. 20 de la ley 8250, arts. 509, 512, 1197, 1198 y concordantes del C. Civil, y arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional.