marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, stress
Materia: LABORAL
Carátula: Guevara Francisco c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ Oordinario (LIBRO: S066 - 146)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-20

Configura una enfermedad causada por el trabajo encuadrable en la ley 23.643, la del trabajador que en época anterior a su enfermedad ha funcionado adaptadamente o sobreadaptadamente a su trabajo, con rasgos caracterológicos de tipo obsesivo, con tendencia al perfeccionismo, al control, al desempeño útil, a la meticulosidad y al formalismo, y a raíz de las prolongadas y progresivas dificultades laborales se han ido anulando sus defensas obsesivas, afectando su autoestima y produciendo un colapso que lo lleva a una situación de stress crónica y depresión grave.-
Notificación, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ SALAS, ELOY c/ GONZALEZ, DIONISIO s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

El criterio jurisprudencial de que el litigante a cuya solicitud se dicta una providencia judicial aunque sea de las contempladas en el art. 135 del C. Procesal queda notificado de ella en la forma que prescribe el art. 133, debe aplicarse únicamente cuando el proveído guarda razonable relación con la petición que se formula, sea acogiéndola, desestimándola o disponiendo el cumplimiento de algún requisito previo.
Recusación sin causa, deber de imparcialidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ARA, GUILLERMO PÍO Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-06

El mecanismo procesal de la recusación sin causa sólo encuentra justificación cuando se persigue el resguardo de la garantía de imparcialidad en el desarrollo del proceso, más no cuando provoca una dilación inútil y deliberada que sólo obsta a la recta administración de justicia. Por ello, la recusación planteada en el escrito inicial a varios jueces, tendrá validez sólo respecto al titular del primer juzgado indicado en la nómina (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 26.05.10, "Ríos, Raúl").
Empleados públicos, indemnización, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Argento, Aureliano Manuel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 199-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-18

No corresponde que los intereses sean reconocidos desde la fecha en que el actor fue dejado cesante por cuanto su pago es una consecuencia de la actitud renuente del demandado a cumplir su obligación no obstante ser constituido en mora, entendiendo que ello se produce recién con el reclamo administrativo.
Cheque, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Controles Argentinos S.R.L. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-03

La alta exigencia que impone el articulo 36 inciso 1 del Dto. Ley 4776/63 debe ser apreciada en el contexto de la celeridad de la actividad bancaria, que hace inoperante el empleo de sofisticados métodos técnicos de detección de deficiencia y que a los operadores del servicio (empleados bancarios) tampoco puede exigírseles conocimientos propios de peritos.
Responsabilidad del socio, responsabilidad de la sociedad, LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAMPER MONCHO, Juan Bautista c/ VIÑAS DE LOS ANDES S.R.L. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-10-13

No puede confundirse la figura del socio con la sociedad, pues ésta es un sujeto de derecho con el alcance fijado en la ley. Los actos realizados por los integrantes de la sociedad no pueden serles imputados a título personal, dada la diferenciación de personalidad que emerge de la ley 19550 y de los arts. 33 y sgtes. del Código Civil.

La eventual responsabilidad de los socios por los actos de la sociedad nace cuando se acredita en forma categórica y contundente que la figura societaria ha sido utilizada como mero instrumento de fraude, para encubrir fines extrasocietarios, o como mero recurso para violar la ley o el orden público o frustrar los derechos de terceros.

No cabe aplicación generalizada y desmesurada del art. 54 de la Ley de Sociedades, pues ello desnaturaliza las reglas relacionadas con la personalidad jurídica de esas sociedades y las más generales del los arts. 33 y sgtes. de Código Civil.
Municipalidad, conflicto de poderes, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Libonatti, Antonio César c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de General San Martín s/ Conflicto art. 196 Constitución provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Corresponde suspender los efectos del decreto por medio del cual el Concejo Deliberante destituyó de su cargo al Intendente Municipal, lo que implica la inmediata incorporación al cargo que ejercía, porque el art. 263 bis del decreto ley 6769/58 prevé, como medida cautelar de pleno derecho la suspensión de la ejecución de la "medida adoptada" que se controvierte por la vía del conflicto previsto en el art. 196 de la Constitución provincial. (Minoría u opinión personal)
Deberes y facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: M., O. R. s/ Homicidio r/víctima s/ impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-09

No es posible exigir del juzgador un juicio de valor que concilie de manera absoluta la noción ideológica con la realidad ontológica, dado que sólo la captación intelectual de los hechos mediante la intuición y la reflexión, le permiten adquirir el estado subjetivo de estar en la creencia de esa conformidad, y esa captación intelectual estará dada en el análisis lógico-racional de la prueba que, desechando aquellas circunstancias que muevan a error o se encuentren desvirtuadas por otras, lo lleven al estado de certeza y de ella al convencimiento judicial de que los hechos han ocurrido de determinada manera y no de otra.
Filiación, prueba biológica, oposición a la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GALAN, ANGEL EN J: CRESPO LACIAR, MARTA c/ ANGEL GALAN s/ Filiación - Inconstitucionalidad (LIBRO: S259 - 077)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-08-29

En los juicios de filiación la negativa a outrance de someterse a las pruebas biológicas supone un ejercicio antisocial del derecho y un fraude a la ley; es reveladora de un afán obstruccionista y de falta de solidaridad y colaboración con la justicia.
Estado de inconsciencia, trastorno mental transitorio, alteración morbosa de las facultades
Materia: PENAL
Carátula: S., A. s/ Homicidio calificado por el vínculo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-07-13

Parte de la doctrina y la jurisprudencia es conteste en que el trastorno mental transitorio se encuentra implícitamente reconocido en la fórmula legal del art. 34 inc. 1 del Código Penal - perturbación grave de la conciencia, asimilable a un estado de inconsciencia. Vicente P. Cabello considera desacertado el empleo en nuestra legislación de dicha expresión, puesto que el contenido conceptual del vocablo "estado de inconsciencia" lo prevé.

Otros prefieren sostener, siguiendo a Jiménez de Asúa, que se trata de una alteración morbosa de las facultades, con la aclaración de que la conciencia no puede mantenerse incólume cuando el resto de la estructura anímica es estremecida por una violenta convulsión. Aquí resta la discusión de si debe tener base patológica - morbosa - o no, requisito que no se exige a los estados de inconsciencia. En rigor, ambos hacen referencia a un enajenamiento en el que quien lo padece "... es un extraño a su mismidad habitual...".
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia definitiva, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO, JORGE FRANCISCO s/ Contrabando, Recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-06

El auto de prisión preventiva no constituye sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, ni equiparable a ella.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, preclusión
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-24

Es infundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, si los agravios en él vertidos y referidos a la constitución del tribunal de alzada, no fueron expuestos en la instancia oportuna, consintiendo su composición. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, interdicto de recobrar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PITON DANTE RIZZIEVE Y OTRO c/ BENEDETTI DE PITON BEATRIZ SANTA Y OTROS s/ INTERDICTO DE RECOBRAR-HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-02-22

Ante la inexistencia de dispositivo arancelario específico que regule el interdicto de despojo -artículo 595 del Código Procesal Civil y Comercial- la fundamentación para la regulación se encuentra en el artículo 3) de la Ley arancelaria, no debiendo tomarse como base el valor del bien por considerar que el interdicto mas que una acción es un remedio policial urgente, sumario en el que no se discute el dominio del bien, dentro de cuyo concepto está comprendido el valor del mismo.
Personal municipal, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Requejo, Hector Elías c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

La Ordenanza General 207 reglamenta el ingreso a la Administración Comunal en la clase inicial que involucra la función a cubrir y destaca que las vacantes del agrupamiento personal jerárquico deben cubrirse con personal de planta permanente.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado por actos lícitos, empleados públicos, Policía Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lozano Gómez, Juan Carlos c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Si los agentes públicos pudieran verse sujetos al juego de acciones indemnizatorias cada vez que ejerciendo regularmente sus obligaciones resultara de su acción un daño, esto alentaría su pasividad, lo que en el caso especial de la policía acarrearía consecuencias sociales desastrosas, además de la iniquidad intrínseca que ello conlleva.
Base regulatoria, sucesiones
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Fernández, José  c/  s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-06-30

Los bienes gananciales de la cónyuge supérstite (que ella no los hereda), los retira en su calidad de socia, por la disolución de la sociedad conyugal producida por la muerte del causante. Por tal motivo debe computarse dicho valor para regular los honorarios de los profesionales, ya que el juicio sucesorio resultó imprescindible a fin de determinar los bienes que le corresponden por dicha disolución y por ello la labor de los letrados beneficia a la cónyuge supérstite tanto como a los herederos y debe ser íntegramente retribuida de conformidad con los porcentuales establecidos como parámetros orientadores por la norma arancelaria.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, daños y perjuicios, derecho de propiedad, derecho a la vida, derecho a la integridad física
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Rebesco, Luis Mario c/ Policía    Federal   Argentina  (Estado  nacional  -  Ministerio  del Interior) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

Del precedente que negó la existencia de responsabilidad estatal por los daños a la propiedad causados por el obrar lícito sobre la base que correspondía asignar a la garantía de la propiedad consagrada por la Constitución Nacional, no puede extraerse la solución para casos en que se encuentre en juego la vida o la integridad física de los miembros de la sociedad y no su propiedad.
Declinatoria de jurisdicción, estupefacientes, costumbre contra legem, sobreseimiento, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Norte de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Lo Tártaro, Antonio Vicente s/ art. 111, conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes, CC c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-17

La resolución de la Cámara cuya fundamentación se sustenta en una interpretación y aplicación contra legem del último párrafo del artículo 45 del Código Contravencional que deriva en el sobreseimiento del imputado, es un pronunciamiento arbitrario, y su cuestionamiento, la exposición de una genuina cuestión de carácter constitucional, al confrontar el recurrente de manera concreta y suficiente la decisión de la Cámara con el principio de legalidad (arts. 13.3, CCABA y 18, CN). (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg, por remisión a los fundamentos brindados en "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Norte de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Legajo de juicio en autos Bayger, Eduardo Rodolfo s/ inf. art(s). 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC'", expte. n° 14409/17, sentencia del 18/10/2017).
Acción contencioso administrativa, subsanación de la falta
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Núñez, Florentín. c/ Municipalidad de Posadas. s/ Acción Contencioso-Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-12-17

De acuerdo al régimen del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, la falta de subsanación adecuada de los defectos u omisiones opera la desestimación de la presentación sin más trámites (art. 51 "in fine"), siendo ello absolutamente compatible con el espíritu de la legislación procesal administrativa, ya que si no se determina con precisión el acto impugnado, no podrá concluirse si lo que se ataca es una decisión administrativa firme y que cause estado (art 8 y ccdtes.) como lo exige el ordenamiento ritual, o si la acción ha sido promovida dentro del término legal (art. Nro. 24 de la Ley 3.064 modificado por Ley 3.213), o inclusive acerca de la naturaleza del objeto de la pretensión articulada (art. 6 y 7 de la ley), entre otras consideraciones que hacen a la viabilidad de la acción y de la vía intentada, ni puede proseguirse con el trámite del art. 52 (requerimiento de expediente) que exige la previa subsanación de las deficiencias u omisiones. (Dr. Dionisi: según su voto).
Asignaciones familiares, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Maldonado, Rabelino c/ Empresa Constructora Carlos F. Yensen y/o resp. y/o prop. s/ Dif. de haberes, etc. PEREYRA, MARIA DELFINA c/ SANATORIO BANDA S.A. Y/O PROP. Y/O RESPONSABLE s/ DIFERENCIAS DE SUELDOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-10-20|1999-05-07

Las asignaciones familiares, tal como están concebidas en nuestro sistema legal, importan un procedimiento para la redistribución de la renta nacional, en interés de la familia y por aplicación del principio de solidaridad. Establece una relación tripartita entre el Estado, el trabajador, y el empleador, que trae consigo derechos, facultades, potestades, obligaciones y cargas. Así, en tanto y en cuanto el trabajador cumpla con las obligaciones que el sistema le impone para la percepción de estos beneficios, podrá acceder a ellos. La principal exigencia constituye la presentación de Declaración Jurada que el trabajador debe presentar ante su empleador y que importa la reclamación de pago. El empleador, en esta relación tripartita, es un obligado al pago, mas no un deudor, por lo que el no cumplimiento de tales recaudos por el trabajador, no habilita el mecanismo de compensación que configura el sistema y por lo tanto carecerá de derecho al cobro de las asignaciones.

(Minoría u opinión personal)
Expropiación, monto de la indemnización, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL  VIALIDAD c/ FRANCISCO ZUBIA s/ Expropiación (LIBRO: S075 - 282)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-10-22

"... debe comenzarse, en la tarea de actualizar el precio fijado al momento del desapoderamiento, haciendo aplicacion de los indices estadisticos oficiales, para luego, establecer las correcciones que se estimen pertinentes, atendiendo a la naturaleza del bien, sus caracteristicas y valor real al tiempo de la sentencia.- Pero tales correcciones, a mi juicio, no pueden fundarse en una simple invocacion a las pautas consideradas, sino que deben explicitarse las razones faticas y economicas que se integran en dichas pautas.- La naturaleza y caracteristicas del bien, sin mas, podrian justificar correcciones, tanto en menos como en mas, de los resultados de aplicar los indices oficiales de desvalorizacion monetaria".- "... si la indemnizacion debe ser previa, no puede fijarse teniendo en cuenta exclusivamente el valor del inmueble al momento de la sentencia, fijado conforme a una apreciacion del juez, pues ello implicaria desvirtuar todo lo actuado para establecer el precio expropiatorio al tiempo del desapoderamiento y por otro lado, en epoca de depreciacion de los valores mobiliarios, importaria otorgar al expropiado una suma suficiente para restituir la cosa al momento del pago, pero no al de la desposesion, que fue cuando debio abonarse en dinero.-
Leyes, interpretación de la ley, ley especial, obligaciones de dar
Materia: LABORAL
Carátula: MOLINA ESTELA GLADYS c/ JAIME ANTONIO CRISANTO s/ LEY - CREDITOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-09

La Ley 24283 establece la obligación de limitar el valor de lo debido, sea una cosa, bien o cualquier otra prestación, en su liquidación judicial o extrajudicial al valor real y actual que la misma posee. Se impone la tarea interpretativa a los fines de fijar el ámbito material de vigencia de la ley, ante la generalidad y ambigüedad de los términos en que ha sido redactada. Resulta útil recurrir a la interpretación auténtica, es decir, bucear en el origen de la ley y la voluntad del legislador explicitada en el debate parlamentario. En la Honorable Cámara de Senadores, el trámite se desarrolla sobre el supuesto de estar debatiendo una norma de derecho civil, decidiéndose la exclusión del Código respectivo por considerarse que su transitoriedad determinada por la afectación de algún tipo de prestaciones que se agotará con el tiempo, aconsejaban que se la mantenga en la esfera de una ley especial. La voluntad de los legisladores, fue la de producir una norma que regulara las obligaciones de dar,que reconocen las fuentes obligacionales propias del derecho civil.
Sentencia, tribunal colegiado, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: D'Alessandro, Zulema c/ Vieytes S.A.C.I.F. y/u otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-10-03

La única forma en que cada uno de los jueces integrantes de un tribunal colegiado pueda encontrarse sometido a la crítica por su accionar (que forma parte de la acción de gobierno en el sentido constitucional) es que se manifieste, en cada caso que así lo requiera, dando las razones eficaces en que apoya su decisión. De lo contrario se corre el riesgo de caer en el ámbito de la arbitrariedad desde que se desconocen cuales han sido los motivos que han generado en cada uno de los magistrados la convicción que se plasmará en la decisión única del cuerpo (del voto del Dr. Carranza, por la mayoría).
Requerimiento de elevación a juicio, delitos aduaneros, fundamentación insuficiente, prueba documental, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Galvarini, Rubén Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-08

Conforme surge de la lectura del requerimiento de elevación a juicio que formulara la AFIP/DGA el hecho acusado fue calificado como un delito aduanero, por lo que su legitimación para intervenir respecto a dicho suceso deviene indiscutible y el planteo que formula la defensa carece de sustento en lo actuado.

En la medida que las actuaciones labradas en los Estados Unidos Mexicanos revisten la calidad de prueba documental, cuyo contenido en modo alguno ha sido puesto en duda de manera exitosa por las defensas que han deducido el planteo bajo análisis. La circunstancia de que el Fiscal Federal a cargo de la instrucción de la causa haya viajado al lugar donde dichas actuaciones fueron confeccionadas, y que le fuera allí entregada, para luego presentarla en el expediente no reviste anomalía alguna que conduzca a considerar afectación a cláusulas constitucionales. Eventualmente, y tal como fuera resuelto por el tribunal de juicio, las críticas que formulan las defensas a la incorporación de la documental al proceso se dirigen a cuestionar en realidad la valoración que de ellas efectuó el tribunal de juicio, lo que será materia de análisis más adelante en ocasión de analizar la fundamentación de la sentencia condenatoria dictada, pero en modo alguno demuestran un obstáculo legal para aquella integre el conjunto de pruebas a valorar por el a quo.
Jubilación por invalidez, indemnización, incapacidad absoluta
Materia: LABORAL
Carátula: Almirón, Ignacio Rafael c/ CIDEC S.A. s/ Enfermedad, accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-14

La circunstancia de que el dependiente estuviera prestando servicios a la fecha del cese ocurrido por denuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación, no es óbice para que pretenda la indemnización a que se refiere el art. 212, cuarto párrafo, de la LCT, siempre que se trate del supuesto de incapacidad absoluta que ineludiblemente origine la disolución del vínculo al imposibilitar su continuación.
Locación, resoluciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iturrieta de Carmisciano, Victoria c/ Rey, Elida s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

Tanto en el caso de incumplimiento del locador de la obligación de entrega, como de la de no perturbar con los hechos personales el disfrute de la cosa (arts.1514 y 1515 Cód. Civil), el locatario hállase facultado para reclamar la resolución del contrato en los términos del art. 1204 del mismo código.-
Tratados internacionales, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

Los Tratados incorporados a la legislación en el art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional resultan constitucionales, pues los derechos consagrados en los mismos son compatibles con los asentados en la primera parte de la Constitución Nacional conforme la revisión que ha efectuado la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la que cabe remitirse. (del voto de la Dra. Liliana Catucci)
Personas con discapacidad, prestación educativa
Materia: CIVIL
Carátula: S.S. c/ O.S.P.A.C.A. y Otro s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-09

De la lectura de la causa que la demandada no demostró en ningún momento que cumplió con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 24.901, muy por el contrario, no puso a disposición de los padres de S.S. el listado de escuelas públicas o privadas que cuenten con vacantes y satisfagan las necesidades educativo terapéuticas de la menor sino que simplemente se limitó a sostener que únicamente se encontraba obligada a cubrir la prestación de educación especial o de apoyo a la integración escolar, desoyendo en todo momento el principio rector de la ley cual es obtener la integralidad en el cumplimiento de la prestación asistencial, que indica que ella debe ser ejecutada del modo más eficaz e idóneo para satisfacer las condiciones mínimas acordes con las necesidades del discapacitado, en un determinado momento histórico, y en relación a la situación particular de cada afiliado.