marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso aparente de leyes, estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bossio, Silvio Guillermo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-16

Las normas contenidas en el Código Aduanero son específicas respecto a los tipos contemplados en la ley 23.737. En la ley aduanera se trata de los casos de importación o exportación de sustancia estupefaciente, mientras que la ley 23.737 prevé otros supuestos (como los adecuados al caso, esto es, transporte y tenencia con fines de comercialización). Entre los tipos establecidos en el Código Aduanero y los referidos de la ley 23.737 existe una concurrencia aparente por especialidad. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que existe concurso aparente de delitos cuando el contenido íntegro de ilicitud -objetivo y subjetivo- de uno de los tipos implicados ya se encuentra contenido en el otro, y por ello, causará una sola lesión a la ley penal; esa circunstancia ocurrirá cuando se dé entre las figuras que se trate una relación de especialidad, de consunción o de subsidiaridad. Asimismo, la especialidad importa que uno de los delitos concurrentes en apariencia contenga todos los elementos del otro, pero además que el específico precise mejor el hecho o el autor por medio de otros adicionales. (Voto del Dr. David -en mayoría-).
Competencia, inhibitoria, juicio de árbitros, tribunales arbitrales, perpetuatio jurisdictionis
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: De la Vega, José Alberto y otro c/ America In SA s/ inhibitoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

1. Toda vez que no se encuentra controvertido que las actuaciones concluyeron como consecuencia del desinterés por su continuidad, que expresó el mismo actor, pendiendo de tratamiento una cuestión referida a las costas y los honorarios del veedor, no se justifica la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis, para que proceda el desplazamiento de la competencia del Tribunal Arbitral hacia la Sra. Juez que interviene en estas actuaciones, en tanto ellas se encuentran ya concluidas (CNCom, Sala B in re "Pérez Pal, Luis Manuel c/ Televisora Privada del Oeste SA y Otros s/ Ordinario" del 23/07/2008), lo que aventa cualquier posibilidad de resoluciones contradictorias sobre una misma cuestión. 2. A ello cabe agregar que no existe controversia entre las partes en relación a la jurisdicción del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para entender tanto en la acción principal como en la nueva medida cautelar que allí se pidió.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Rivero, Pedro Osvaldo s/ Incidente por infracción art. 18, dec. ley 10.067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia la omisión de tratamiento de hechos cuestionados por la defensa, si tales cuestiones carecen de toda entidad frente a la línea argumental del fallo que sostiene la inapelabilidad del de primera instancia, resolución que conduce lógicamente a no tratar las cuestiones que se dicen propuestas.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, violación de la ley o doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Delgado Uribe, Florentino c/ Empresa TAPKO S.A.M.S.I.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-05-28

Acusa el recurso, violación de la doctrina legal por el fallo recurrido en cuanto a costas, a cuyo efecto ha de reiterarse el criterio, de que los agravios en la materia, tampoco son en principio, materia del recurso de casación, amén de que el Tribunal tiene dicho, que para admitir el recurso por la causal contemplada en el art. 288 inc. "a" del CPCC "ha de haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina y la del que se pretende hacer valer".
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Olazabal, Oscar Daniel c/ Ianelli, Carlos Daniel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

Cosa productora del riesgo, en el concepto del art. 1113 del Cód.

Civil, debe considerarse aquella que en función de su naturaleza o según su modo de utilización genera peligro para terceros, enfatizando que el juez en cada oportunidad debe preguntarse si la cosa, por cualquier circunstancia del caso, genera un riesgo en el que pueda ser comprendido el daño sufrido por la víctima.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ, JOSE LUIS; SANCHEZ, JOSE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE CLODOMIRA Y GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-02-17

El más Alto Tribunal ha precisado que no cabe admitir recursos basados en cláusulas constitucionales pero referidas a cuestiones no regidas por normas federales, habida cuenta que en definitiva no hay derecho que no tenga raíz y fundamento constitucional, aunque esté regido por el derecho común o local (Fallos: 238-488-268-147), salvo supuestos excepcionales que no se advierten en la causa.
Constitución Provincial, interpretación sistemática, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

La exégesis de cada párrafo del artículo 51 debe coordinarse con los demás, ya que no existen párrafos solitarios en la Constitución, insulas normativas separadas en compartimientos estancos del cuerpo constitucional; y en esa tarea, corresponde considerar que la inmunidad de proceso consagrada en el segundo párrafo de la norma antes mencionada reconoce un soporte o antecedente necesario, que es el ejercicio de sus funciones que prescribe el primer párrafo al regular la inmunidad de opinión; y de ello es lógico y consecuencial derivar que el alcance de la inmunidad de proceso está determinado por los hechos atribuibles en el ejercicio de la función de legislador y hasta tanto no haya renuncia a ese fuero, no opere el desafuero previsto por la norma o finalice el mandato, no puede haber sometimiento del legislador al proceso penal, de modo que esta prerrogativa de proceso exige entonces una lógica conexión entre el acto que se le reprocha al legislador y su función, porque es ésta y no otra actividad la que la prerrogativa protege a fin de garantizar la independencia de la Cámara a la cual pertenece. Así, extender el alcance del artículo 51 de la Constitución provincial a cualquier acto o hecho significaría convertir la prerrogativa en un privilegio y ello no se conjuga con la finalidad que se persigue. (Del voto del Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 51
Impugnación del acto administrativo, Dirección Nacional de Vialidad, contratos administrativos, mayores costos, equilibrio económico financiero, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Dos Arroyos  SCA c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de acto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Dado que la acción para impugnar la resolución 4633/83 de la Dirección Nacional de Vialidad y sus complementarias y para que se incluya el contrato de la demandante en los términos de la especificación A-3-XX, con el consecuente pago de los mayores costos así calculados, es de sustancia diversa a aquella que persigue la recomposición de la fórmula, por haber devenido inequitativa, mediante el procedimiento previsto en el decreto 2875/75, el rechazo de la segunda de esas acciones, por haberse intentado la primera, no constituye un exceso de rigor formal.
Aumento salarial, pago a cuenta, aplicación de la ley, derechos adquiridos
Materia: LABORAL
Carátula: MATTEUCCI, JUAN c/ CIRCULO DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-20

La aplicación de decreto del año 1978 que establece el descuento de los aumentos dados a cuenta de salarios en el caso de incrementos posteriores tiene limitaciones temporales, debe ser juzgado en el contexto de esa época y no excluye que en situaciones particulares por la forma y reiteración del aumento y por haber sido mantenido después de fijados los básicos de convenio se establezca que ha existido un derecho adquirido por la parte no sujeto a disminución alguna.
Segunda instancia, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Gallego Soto Víctor Julio c/ E.N. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

La apertura a prueba del juicio en segunda instancia tiene carácter de excepción: las situaciones que la autorizan son expresadas por la ley de modo limitativo, y dentro de las hipótesis planteadas la procedencia de la medida debe encararse en criterio estricto, para no convertir la segunda instancia en una faz de dilatación del proceso o desequilibrar la igualdad de las partes (C.N.Com., Sala B, in re "Farinelli José c/ Testa Carlos A.", del 11/9/84).
Cosa juzgada, ejecución de sentencia, liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: UOCRA e ISTIC. c/ Lantschner SCA. s/ Reclamo  de  Aportes.  Inaplicabilidad  de Ley. Sentencia Definitiva.  Ejecución de Sentencia. Cosa Juzgada.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-05-27

Las resoluciones aprobatorias de liquidaciones no adquieren eficacia de cosa juzgada, son rectificables aún de oficio, siempre que ello no importe modificar las bases establecidas en la sentencia para practicarlas.
Revocación de sentencia, interrupción del embarazo, víctima menor de edad, abuso sexual
Materia: PROCESAL
Carátula: F. A. L. c/  s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-02-25

Procede revocar la sentencia atacada y, en consecuencia, conceder autorización para la interrupción del embarazo de la menor, pues mucho mayor sería el daño psíquico que se le causare negando dicha autorización, siendo contrario a la dignidad personal de la futura madre de quince años, al obligarla a soportar un embarazo derivado de una violación, que al prescindir de su consentimiento se la estaría considerando un mero instrumento o incubadora; y si bien es cierto que la interrupción del embarazo no ha de borrar el trauma de la violación, tampoco permitirá la presencia y continuidad de las consecuencias del hecho no deseado, por lo tanto se encuentran reunidos todos los requisitos para la aplicación de la norma de excepción -art. 86 del Código Penal-, considerar que el aborto no punible no pueda ser llevado a cabo implicaría que otras jóvenes en la misma situación no denuncien el delito y concurran a lugares clandestinos al efecto de concretar el aborto, situación ésta, generadora de innumerables riesgos para la salud de las madres. (del voto en disidencia de la Dra. Melero)
Inhabilidad de título, instrumentos públicos, segundo testimonio
Materia: PROCESAL
Carátula: Teppa de Mongilardi, Elena c/ Lif Fruchtenicht, Hernán Carlos s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-02-22

Es procedente la excepción de inhabilidad de título opuesta, fundada en que se promovió la acción en base a un segundo testimonio de una escritura extendida sin haberse cumplimentado los recaudos de los artículos 1007 y 1008 del Código Civil, ya que el Tribunal se pronunció en el sentido de que dicho testimonio aparece como insuficiente e inhábil para constituir título que traiga aparejada ejecución por sí mismo.
Acto administrativo, notificación, publicidad de los actos de gobierno
Materia: Administrativo
Carátula: L.A.L., S.A.C.I.F.I.A. c/ Administración de Vialidad Provincial y Pcia. del Chubut s/ Demanda Resarcitoria y Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-12-04

Tampoco puede sostenerse que se produjo la caducidad porque la actora no promovió este juicio dentro del plazo de veinte días posteriores a la publicación del decreto 851-82, toda vez que de autos no surge fehacientemente en que fecha tomó conocimiento del mismo la firma actora. La publicación del decreto, en este caso, no es suficiente para tener a la actora por notificada del mismo.
Prescripción, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Jara, Ramón. c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por accidente de trabajo (ley 9688)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-05-28

El instituto de la prescripción como modo de liberarse de las obligaciones por el transcurso del tiempo, debe admitirse con carácter restrictivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de obra pública, desagio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sacoar S.A.I. y C. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Si la mera incorporación, en la oferta, de valores superiores a los de plaza fuera suficiente para decidir que se contemplaron expectativas inflacionarias, entonces la conjunta presencia de cotizaciones menores que las de plaza induciría a resolver que se previó deflación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: GAITAN, Luis Alberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1979-06-04

A mi juicio, el deber de obrar con prudencia del encausado está cubierto por la actitud asumida. La exigencia de que la puerta estuviera totalmente cerrada antes de emprender la marcha excede los marcos de una conducta obligatoria y pone a cargo del chofer riesgos ínsitos en una actividad permitida por los que no debe responder.-
Importación por tercero, permiso de importación, derechos de importación
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: HENRY HIRSCHEN Y CIA.  S.A. c/ FISCO NACIONAL  A.N.A. s/ REVOCACION DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

El régimen de la ley 20.545 autorizaba al beneficiario (usuario) a valerse de un importador para ingresar la mercadería, la cual no podía ingresar al stock de éste, pues la licencia acordada implicaba pagar menos derecho que los que deberían pagarse de acuerdo al régimen general. Las licencias deberían, así, intransferibles pues, en caso contrario, habría una extensión implícita del régimen de excepción.
Cuestiones de competencia, derechos de las niñas, niños y adolescentes, responsabilidad parental, guarda del menor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D.F.A. y otro-a c/  s/ Guarda de personas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-08-09

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el Título VIII comprensivo de los procesos de familia, delinea reglas directrices en cuanto a la competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese orden, regula el art. 716 del citado régimen normativo que en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. La noción de centro de vida asigna las causas de esta índole al magistrado que luce mejor posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la problemática de los niños en salvaguarda de sus derechos fundamentales (arg. arts. 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y ccdtes. Constitución nacional; arts. 2, 3 y ccdtes., Ley 26.061; art. 3, Dt. 415/2006; arts. 1, 11, 15, 36.2 y ccdtes. Constitución provincial; arts. 4, 5, 6, 7, y ccdtes., Ley 13.298). Y es la misma pauta con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene la regla atributiva de competencia forum personae.
Asociaciones profesionales de trabajadores, asociaciones sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: Federación De Obreros Y Empleados De La Carne Y Sus Derivados De La República Argentina c/ Ministerio De Trabajo Empleo Y Seguridad Social s/ ley de asoc. sindicales Rueda Silva, Gustavo Fernando c/ Panatel S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-27|2020-05-08

Conforme lo dispuesto por la Ley de Asociaciones Sindicales sobre el pedido de una inscripción gremial, cuando la autoridad de aplicación guarda silencio por un extenso e inexplicable lapso y no se observan motivos que justifiquen su inacción siendo que es su obligación expedirse, corresponde sin más ordenar al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad social proceder conforme lo peticionado.
Daños y perjuicios, indemnización, culpa concurrente, colectivo de línea
Materia: CIVIL
Carátula: Silva, Jorge c/ Borelli, Raúl Federico y/o Ataco Norte y/o L.U.A. compañía de seguros y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-06-19

Por mas que le asistía el derecho de paso, esa preferencia no lo autorizaba a dejar de lado elementales normas de prudencia, y al aproximarse a una bocacalle el conductor debió disminuir la velocidad y extremar sus cuidados tomando los recaudos necesarios a fin de poder llegar a detener su rodado, evitando la pérdida del dominio sobre el mismo.
Doctrina de la arbitrariedad, fiscalización estatal, intervención judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Club Atlético Gualeguay Central s/ apelación resol. DIPJ
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-03-22

Si la comunicación de la celebración de la asamblea general ordinaria, lejos de haberse efectuado 15 días antes del fijado para la reunión conforme lo impone la norma del art. 21 del decreto 1863/82 MGJE, se efectivizó diez días después de celebrado el acto, un correcto cuestionamiento de lo decidido en la resolución apelada, imponía atacar, en primer lugar dichas circunstancias pues, la intervención del Poder Judicial se encuentra limitada a la demostración de la arbitrariedad e ilegitimidad de la decisión, que en principio corresponde al poder administrador con restricción de intervención de los restantes poderes del estado.
Mobbing, derechos y garantías constitucionales, maltrato laboral, hostigamiento o maltrato, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, empleo público, Estado Nacional, violencia institucional
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: G., M. C.  c/ Estado Nacional SENASA y otro  s/ amparo Ley 16986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

Resulta acreditada la situación de arbitrariedad que prima facie habilita la acción de amparo incoado contra el Estado Nacional y un jefe de oficina, -en dependencias del Senasa-, por la empleada que sufrió hostigamiento, maltrato y acoso psicológico, dada la ausencia total de tratamiento de la situación oportunamente planteada al empleador, al supervisor del demandado y posteriormente elevada a la máxima autoridad de SENASA, por cuanto dicha omisión no sólo es desconsiderar la violencia y discriminación denunciada, sino también es una depreciación de los derechos infringidos, con reconocimiento constitucional y legal -Artículos 5,2, 4 y 6 de la Ley 26.485-, pudiendo asimismo encuadrarse en una violencia de tipo institucional frente al apañamiento-, por la omisión de acciones tendientes a lograr una solución-, por parte de la empleadora que ha impedido ejercer el derecho afectado (Del Voto de la Jueza Silvia Mónica Fariña).
Contratos administrativos, reajuste de precios, acción, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hormigovial S.A, c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-27

No se ha logrado en la presente causa acreditar la irrepresentatividad de la cláusula de reajuste de variación de precios original. Por ello, pese a haberse demostrado un incremento descontrolado de los precios relativos a materiales, mano de obra, amortización de equipos, etc., durante los meses de febrero a septiembre de 1989, la empresa constructora no ha podido acreditar que de tal alza anormal en los precios haya derivado un perjuicio efectivamente sufrido por la parte, ni que dicha alza haya sido imprevista, como así tampoco que no fuera recompuesta por la fórmula polinómica obrante en los pliegos de la licitación.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: AGÜERO, JESUS DANIEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-11-25

No ha habido ausencia de valoración y de motivación en la individualización de la pena desde que no se advierte en las manifestaciones la carencia alegada por parte del Tribunal, ni el vicio del pronunciamiento que autorice o demuestre la existencia o configuración de supuestos que habiliten franquear la instancia extraordinaria; debiendo recordar que es doctrina mayoritaria que una primera pauta es a partir del punto medio entre el máximo y el mínimo de las penas contenidas en el tipo penal respectivo contenedor y con ello variar hacia uno u otro extremo, atendiendo a criterios que emergen de la consideración del daño ocasionado por el delito, las repercusiones en la vida de la familia de la víctima, hecho o consecuencia conectada objetivamente imputable con la realización del tipo y residiendo dentro del ámbito de protección de la norma infringida, también con relación de la personalidad, que habiliten el criterio preventivo (Del voto del Dr. Crippa García. En disidencia parcial: Dres. Erbetta, Gutiérrez y Spuler)
Asesores de gobierno, personal transitorio, cambio de categoría, reducción salarial, protección de la madre trabajadora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZEBALLOS ALFREDO c/ HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2001-09-17

En referencia a una funcionaria de confianza o política, quien por naturaleza no tiene derecho a la estabilidad del cargo y por ende tampoco al nivel remunerativo obtenido, como Secretaria del Bloque del Partido Justicialista, con una clase presupuestaria fuera del nivel escalafonario, y que es designada luego, en otro cargo de menor nivel remunerativo y sin estabilidad. Esta es una relación jurídica absolutamente precaria por su propia naturaleza de persona de confianza del político, que asume para irse junto con el funcionario que la designa. El art. 56 Ley 5811, es generoso en su aplicación hasta para los agentes transitorios, pero siempre que se encuentren amparados por el ámbito de aplicación del estatuto del empleado público o similar. En consecuencia, el espíritu protector de la mujer embarazada, se ha transmitido, aunque se haya modificado abruptamente su nivel de ingresos, situación que no está expresamente contemplada por el art.54 y 56 ley 5811. No se violan las normas internacionales protectoras de la maternidad, porque la relación jurídico laboral no se ha interrumpido y ha mantenido el empleo en un escalafón menor. La protección es contra el despido y el desamparo de la mujer.
Sentencia, acción de amparo, carácter alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Pereira, Daniela Andrea y otro c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-29

En atención a la naturaleza alimentaria de los derechos en juego, el agravio producido por la sentencia que rechazó la acción de amparo intentada aparece como de muy dificultosa reparación ulterior. Al respecto, cabe recordar que el Alto Tribunal ha sostenido que si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias (Fallos 300:1033), su exclusión por la existencia de otros recursos administrativos y judiciales no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos, más que una ordenación o resguardo de competencias (Fallos 299:358, 417; 305:307; 307:444, entre otros).