Contratos administrativos, mora, contrato de suministros, reajuste de precios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Establecimientos Mirón S.A. c/ E.P.E.C s/ - Contencioso Administrativo - Plena Jurisdicción - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-12-20

1- En todo contrato administrativo que vincula al cocontratante particular con la Administración Pública, subyace un interés general que se vincula al interés público en que el objeto del contrato se cumpla, a la vez que es innegable el propósito de beneficio económico que guía la actuación del contratista particular, y que es estimado desde el inicio mismo del proceso de formalización del contrato, sujeto a un alea "normal" o "regular".

2- En el caso del contrato de suministro, que es de carácter sinalagmático conmutativo, existe desde el inicio un equilibrio en la ecuación económico-financiera del contrato, pautándose las normas reglamentarias y convencionales que garantizan ese equilibrio sobre la base de la ejecución regular del contrato.

3- En materia de contratos, la regla rebus sic stantibus es la que habilita una compensación al contratista solamente cuando se han producido alteraciones económicas extraordinarias, que admiten su calificación como aleas "anormales" e "imprevistas" y que afectan sustancialmente el equilibrio económico-financiero del contrato.En este punto de la cuestión, convergen dos principios enfrentados en una contradicción que es sólo aparente: mientras la justicia del caso concreto reclama el equilibrio razonable de las prestaciones, la seguridad jurídica exige, en cambio, la intangibilidad de lo convenido, atendiendo al principio pacta sunt servanda y al de la igualdad de los oferentes en la contratación pública.

Ello se complementa con los principios de la buena fe que significa que la Administración no puede aprovecharse de situaciones legales o fácticas que la favorezcan en perjuicio del contratista y el principio de equidad que impone a la Administración mitigar los efectos de pérdidas extraordinarias que exceden el margen de razonable previsibilidad y de la propia voluntad real manifestada por las partes al contratar.

4- El precio que las partes fijaron de común acuerdo, en la medida que ha sido libremente convenido y aceptado por los cocontratantes, traduce la idea de precio justo. Si circunstancias económicas desventajosas, insusceptibles de ser previstas en su real configuración al formalizar el acuerdo, menguan sustancialmente el precio convenido, la recomposición de ese elemento por razones de justicia y equidad, implícitas en la voluntad de las partes, no se presenta como una "modificación" de las condiciones del contrato, sino que por el contrario, persigue el mantenimiento del equilibrio originario de las prestaciones, teniendo en consideración esa voluntad expresa o razonablemente implícita de las partes, frente a la cual deviene incompatible una excesiva onerosidad, producto de un alea económica extraordinaria, que los contratantes no pudieron prever.

5- La idea que subyace en esa recomposición, no es la de mantener una equivalencia objetiva de las prestaciones en términos aritméticos o absolutos, sino que se trata de salvaguardar la voluntad contractual "real" que las partes solidificaron en el contrato.

6- Entre la desvalorización monetaria y la pérdida del equilibrio del sinalagma contractual, media una relación de causalidad adecuada, frente a la cual, la conducta negligente de la contratista morosa, sólo tiene relevancia jurídica para morigerar los alcances del reajuste del precio pretendido, sin quebranto al principio de igualdad de los oferentes en la contratación pública, mas este último principio no puede erigirse en fundamento desestimatorio de la pretensión de un reajuste -al menos parcial- pues su negativa comprometería el derecho de propiedad, representado por el precio justo, pactado libremente por los contratantes.

7- Si las partes previeron y convinieron la posibilidad de reajustar el precio del contrato por aleas económicas "normales", a fortiori, si las mismas son "extraordinarias" o "anormales", no podría desestimarse una razonable recomposición equitativa del precio, sin contradecir la verdadera voluntad de los sujetos de la contratación.

8- La pretensión de reajuste, frente a la demora en que incurrió el contratista, resulta evidentemente incompatible con una recomposición integral del equilibrio primigenio, desde que el comportamiento moroso del obligado en la entrega de los materiales eléctricos, aún cuando es irrelevante frente a los factores causales de la depreciación monetaria, sin embargo, ha contribuido eficazmente a "agravar" esa situación de desequilibrio comparativo entre las prestaciones.- 9- De allí que si bien no es justo que la Administración esté exenta de participar en las "pérdidas" sobrevenidas por la depreciación monetaria, tampoco sería equitativo que asuma la totalidad de ese monto, en razón que en su producción si bien fue determinante el proceso hiperinflacionario registrado durante la ejecución del contrato, ha sido la morosidad de la cocontratante particular la que ha coadyuvado a "agravar" esas pérdidas por el mayor tiempo empleado para el cumplimiento -en sus genuinos términos- del contrato.