Sentencia definitiva, condena penal, admisibilidad formal, recurso de nulidad, cuestiones procesales, contrabando calificado, estupefacientes, concurso ideal, recursos, código aduanero, asociación ilícita
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Lucas Matías Jesús c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-24

No se configura ninguna de las previsiones de los arts. 167, 168, siguientes y concordantes del CPPN, ni se advierte afectación de los principios generales de validez de los actos regulados hoy también por el art. 129 del CPPF. No se advierten irregularidades de las que puedan inferirse violaciones al debido proceso legal ni a la prohibición de autoincriminación, en tanto el comportamiento de los preventores se desarrolló en el marco de las amplias facultades que el Código Aduanero les atribuye para el control y prevención de delitos en zonas de alto riesgo (arts. 5° inc. b, 112, 114, 119, 120, 121 y 122, CA). No se evidencia que los oficiales de la PSA se hayan excedido en sus funciones al dirigir preguntas tendientes a conocer qué llevaban consigo, verificar su itinerario e identificar a las personas con quienes viajaban. No puede soslayarse el lugar y el contexto en que se llevó adelante el procedimiento, a saber: en la zona de pre-embarque internacional del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde las tareas de vigilancia y control de las fuerzas de seguridad son de mayor intensidad, en función de los especiales peligros y riesgos que pueden llegar a producirse. Ninguno de los recurrentes sostiene que las preguntas hayan versado sobre una materia distinta al destino del viaje y las personas junto a quienes se disponían a salir del país; ni toman a su cargo explicar por qué sus manifestaciones resultan autoincriminantes. A lo que cabe agregar que los interrogatorios se realizaron en un espacio público, a la vista de cualquier persona, ante las cámaras de seguridad del aeropuerto y que ninguno de los involucrados aludió a coacción alguna. Las requisas se hicieron por disposición judicial y en presencia de dos testigos; al igual que sus detenciones, que, además, se realizaron previa notificación de los derechos y garantías que les asisten. Por otra parte. para que se configure el delito tipificado en el art. 210 del CP, debe haber un número mínimo de tres autores, que, previo acuerdo (expreso o tácito), tomen parte en una asociación o sociedad criminal. Se exige cohesión u organización del grupo en orden a la consecución de fines delictivos comunes y permanencia en el tiempo. En el caso se demostró la existencia de una estructura organizada, con división de roles y tareas para el éxito de los fines delictivo de la asociación, vinculados al tráfico ilegal de clorhidrato de cocaína en Tierra del Fuego y España. Para transportar y contrabandear la droga a los lugares de mención, la asociación criminal se valía de distintas personas que oficiaban de correo humano, que viajaban en avión y llevaban oculta en los zapatos la sustancia ilícita, previamente acondicionada en paquetes termosellados, envueltos en cintas adhesivas. Para concretar los planes delictivos, la asociación no sólo se encargaba de abastecerse de clorihidranto de cocaína y acondicionar la sustancia para su traslado y/o exportación (en plantillas de zapatos), sino, también, de reclutar personas para que oficien de "mulas", del trámite de sus pasaportes, la elaboración de las rutas y la adquisición de los pasajes aéreos. Con relación a la continuidad temporal, si bien es incierto el preciso momento de su origen, se pudo determinar que ya existía para el 5/6/15 (fecha del hecho que dio inicio a la investigación) y que permaneció en actividad hasta el 26/2/16 (fecha en que resultó detenido Cettu). Sobre el reparto de tareas, se comprobó que cada uno de los imputados realizó un aporte efectivo a la empresa criminal, requisito indispensable para afirmar que "tomaron parte" en la asociación ilícita investigada. Sobre el aspecto subjetivo del tipo penal, se advierte que, en el caso, la concatenación de las conductas llevadas a cabo por cada uno de los imputados, dirigidas al éxito de los mismos fines delictivos revelan la existencia del acuerdo asociativo. La circunstancia de que la mayoría de los imputados solo conocieran al coordinador, no puede servir como fundamento para derribar el cargoso cuadro probatorio analizado por el Tribunal, pues expone el conocimiento por parte de cada uno de ellos de la finalidad ilícita perseguida, de la complejidad logística que requería y de que sus aportes se articulaban a otros distintos al de Cettu. El delito de asociación ilícita concurre idealmente con los delitos atribuidos a Cettu, González y Gutiérrez (contrabando de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas y por su destino inequívoco de comercialización, en grado de tentativa), dado que fueron producto de la asociación ilegal conformada (art. 54, CP). Por lo que corresponde casar parcialmente el pronunciamiento impugnado, en cuanto dispuso que ambas figuras concurren de forma real y no ideal, como 79 acontece. De otra parte, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 872 de Código Aduanero en el caso. La imposición de la pena medida desde la escala prevista para el delito consumado, aparece claramente desproporcionada al igualar esa circunstancia con el hecho de que efectivamente la droga haya arribado al país extranjero. La desproporción entre una y otra escala se observa sin mayor esfuerzo, pues en caso de aplicar la regla general prevista en el art. 42 del CP, la pena mínima se reduciría a la mitad. Así, la pena es cruel por no superar el test de proporcionalidad, ya que a los nombrados se los condenó por un delito consumado, cuando, en realidad, sólo alcanzó un principio de ejecución. Por las razones expuestas, junto a los demás fundamentos y citas desarrollados al votar en la causa "Silva" (Reg. N° 56/17 del 21/2/17), el agravio debe tener favorable acogida. En cuanto al decomiso, el Tribunal resolvió conforme a derecho, sobre la base de los elementos de cargo que presentó la parte. El fiscal motivó el pedido de decomiso del vehículo únicamente en base a que fue utilizado por el imputado en la comisión de los hechos reprochados. Resulta apropiada la respuesta del Tribunal de no decomisar el automóvil para garantizar el derecho de propiedad (art. 17 de la CN) de una persona ajena al suceso juzgado, pues el fiscal siquiera insinuó que el imputado utilizó a su madre para ocultar su condición de verdadero propietario del vehículo o que fue adquirido con dinero producto del ilícito, ni presentó pruebas a fin de demostrar que su madre no era completamente ajena a los hechos. En definitiva, no explicó cómo superar el obstáculo de que estaba registrado a nombre de otra persona. Asimismo, para pedir el decomiso del vehículo de Pozas Iturbe, el fiscal se limitó a enunciar que estaba vinculado a la comisión del hecho y que fue ganancia del mismo. En ese contexto, luce razonable la decisión del Tribunal de rechazar lo peticionado, máxime cuando los argumentos esbozados para hacerlo, vinculados a que el vehículo no fue un verdadero instrumento del delito, encuentran sustento en lo discutido en el debate, donde se hizo hincapié en que Pozas Iturbe esencialmente se valía de su motocicleta para perpetrar los hechos, al punto de que Cettu y Dodero lo apodaban "el motoquero". La disidencia parcial con respecto a la relación concursal entre las figuras de contrabando y asociación ilícita, afirmó que la asociación ilícita refleja su intensidad como tipo de injusto a partir de la puesta en crisis de un bien jurídico de tipo macro, colectivo o comunitario -orden público, paz o tranquilidad social- que se integra, en cierto modo, como condición del desarrollo o ejercicio de bienes de naturaleza personal. Su dañosidad social surge de la conformación de una estructura organizativa con fines ilícitos extendidos y futuros. Se trata, pues de un delito autónomo independiente de la comisión de los delitos-fines que, desde el punto de vista subjetivo, requiere la conducta asociativa misma -en tanto expresión de voluntad de pertenencia grupal admitida por los otros- y conocimiento de la ilicitud de la agrupación. La finalidad de los tipos penales asociativos permite imputar a los sujetos el delito mismo de constituir la asociación criminal y, según los casos, aquellos cometidos por la organización. Por eso, es factible escindir la asociación ilícita como hecho diferente de los concretos delitos perpetrados por sus miembros. En estos términos, no todos los miembros de la asociación ilícita responden por todos los delitos que ésta efectivamente cometa, sino por aquellos que según los criterios de imputación subjetiva y objetiva les resulten reprochables. Desde el punto de vista subjetivo, se necesita un conocimiento del delito fin que se cometa y una intervención o aportación cuantificable para que la imputación alcance el concurso real entre las dos figuras. Desde esta perspectiva, la relación concursal establecida en la sentencia (real) entre las figuras de asociación ilícita y contrabando deviene acertada. Por otra parte, sostuvo que la equiparación de penas entre el contrabando y su tentativa que establece el art. 872 del Código Aduanero no vulnera ninguna de las garantías que consagra nuestra Carta Magna. Dres. Ledesma, Yacobucci -en disidencia parcial- y Slokar.