marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pericia psicológica, abuso sexual
Materia: PENAL
Carátula: B, F. E. s/ Abuso sexual sin acceso carnal agravado -Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-12-17

Corresponde confirmar la sentencia que condenó al demandado abonar a su nieta una indemnización en concepto de daño psicológico derivado del abuso sexual cometido en su contra, pues la pericia psicológica no desacredita el daño tal como alegó el demandado, sino que refiere que éste no resulta de una magnitud que se haya expresado al momento de efectuar la pericia, y ello encuentra justificación desde que, al describir la estructura de personalidad, el profesional precisó que la organización yoica apela a distintos y variados mecanismos defensivos tales como la represión, la negación, la evitación y los de tipo histero-depresivos, lo que hace que, luego su psiquismo sea invadido nuevamente por la angustia y la desorganización, momentos en donde vuelve a sentir la necesidad de consultar y donde el daño se hace más manifiesto que en otros momentos.
Entidades financieras, Derecho bancario, control de entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRANCIA ADRIANA MONICA c/ HOPE FUNDS SA Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-11

El régimen jurídico aplicable a las entidades financieras, por ser tal, no permite aplicar su patrimonio a ninguna otra actividad que no fuera la bancaria. Se encuentra inmersa en un sistema plagado de exigencias -v.gr. capital mínimo, reservas de capital, cumplimiento de relaciones técnicas, etc.- que se explica por la necesidad del Estado de controlar actividades que, como la financiera, comprometen fuertemente el interés general de la comunidad. Esas actividades sólo pueden ser realizadas por entidades que hayan sido expresamente habilitadas por la autoridad de contralor, a cuya fiscalización quedan sujetas. El objetivo es asegurar, en estos casos más que en ningún otro, una información veraz acerca del estado económico, financiero y jurídico de esos sujetos, a cuyo efecto el legislador concede al ente rector amplias facultades reglamentarias y fiscalizadoras, dotándolo de potestad para aplicar las sanciones que correspondan en el marco que les fija y atribuyéndole facultades que, naturalmente, no pueden suponerse suprimidas justo en el momento en el que la entidad supertintendenciada se halle en una situación crítica. Esas exigencias se aplican durante toda la vida del banco.
Acción de amparo, recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Giribaldi Juan Eduardo c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-02

La tacha de arbitrariedad no se encuentra contemplada en la normativa que habilita el recurso de inconstitucionalidad (Título III de la ley Nro. 402). Esa construcción pretoriana no tiene por objeto corregir en última instancia sentencias equivocadas o que el litigante considere tales, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional y no puede fundarse en la mera disconformidad del apelante con la interpretación que hacen los tribunales de justicia respecto de los hechos y aplicación del derecho que son propias de su función, y cuyo acierto o error en principio no incumbe al superior revisar.
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, sentencia, revocación de sentencia, inconstitucionalidad, fondos comunes de inversión, ejecución del contrato
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: "Borda  Osvaldo  y  otro c/ PEN Ley 25561 Dtos 1570/01 214/02 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-07

Debe revocarse la sentencia apelada y hacerse lugar a la acción de amparo intentada, declarándose la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 1.570/01, de la ley 25.561 en cuanto ratifica tácitamente el mentado decreto y del art. 2 del decreto 214/02, sus modificatorios y las resoluciones y disposiciones dictadas en su consecuencia, ordenándose a las entidades administradora y depositaria del fondo común de inversión que deberán cumplir con el contrato que los vincula al actor de acuerdo con las normas legales aplicables a esa operatoria, prescindiendo en su caso de la normativa que declara inconstitucional, resoluciones y disposiciones dictadas en consecuencia; ordenándose abonar al amparista las sumas representativas de las cuotapartes de las que es titular según las clases y conceptos siempre que no hubiera optado por rescatar sus cuotapartes de conformidad con la normativa vigente.
Riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, rechazo de la demanda, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: Juárez, Luis Antonio c/ Marlew S.A. y otro s/ accidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-14

Cabe dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de accidente de trabajo fundada en los arts. 1109 y 1113 del C.C, y reenviar la causa al tribunal de Alzada a fin de que se pronuncie sobre el derecho que la parte recurrente fundara en el derecho civil a partir de la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, pues la omisión en el tratamiento de dicho punto interfiere en el normal ejercicio de la competencia apelada de la Corte Suprema, tal como ha sido configurada por las leyes 48 y 4055. -Voto de la jueza Arbibay (Doctrina de "Vea Murguía de Achard" Fallos:329:3956).
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banca Nazionale del Lavoro S.A. c/ Valentin Carlos Hector y otro s/ Ejecucion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

La preparación de la vía ejecutiva mediante el procedimiento que la ley adjetiva establece, está condicionada por la circunstancia de que la deuda cuyo pago se persiga por ese medio conste en un instrumento que por si -una vez reconocido- traiga aparejada ejecución. En el caso, no puede ocurrir porque el instrumento reconocido -solicitud de tarjeta de crédito- no hace referencia a deuda concreta alguna, necesitando de un segundo instrumento (el certificado de deuda), que no puede ser sometido a reconocimiento porque no ha sido suscripto por el ejecutado.
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ancel S.A. c/ Alfredo Torasini y/o María Brajovich y/o propietario inmueble sito en Padre Sena 445 -Resistencia- s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-14

Si bien la directriz del vencimiento como pauta reguladora de la imposición de costas, no es absoluta y admite excepciones (ya que por un lado el arbitrio judicial puede así declararlo cuando encontrare mérito para ello, en cuyo caso debe fundamentar expresamente las razones que lo llevan a apartarse de la regla general, y por el otro, existen diversos supuestos de eximición reglados por el legislador,como ocurre con la regulación sentada por el art.70 del C.P.C.C.), lo cierto es que la facultad judicial de eximir al vencido total o parcialmente -retiro-, es de carácter excepcional y además, de interpretación restringida. Por tal motivo es que la valoración de tales excepciones debe revestir carácter objetivo, en consideración al derecho que corresponde al vencedor (en este caso, la co-demandada) para ser indemnizado convenientemente de los gastos motivados por el pleito.
Responsabilidad del Estado, transporte de niños, licencia de conducir, seguro de transporte
Materia: CIVIL
Carátula: EXPTE. 84567 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y OTS. EN J° 37.389 PASCUAL LORENZO c/ MOYANO CLAUDIO Y OTS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-04-06

Resulta responsable el Estado por acto omisivo si un vehículo destinado a transporte escolar provoca daños a terceros y carece del seguro obligatorio determinado por la ley 6082, que, a su vez, impone a la Administración la obligación de realizar los controles tendientes a que cuando habilita anualmente un vehículo destinado a transporte escolar, éste tenga seguro vigente, pagado por un año, hasta el momento en que será nuevamente controlado.
Impuesto sobre los ingresos brutos, hecho imponible de ejercicio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Tejidos Argentinos Noreste  S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto de "ejercicio".
Nulidad procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), gravamen irreparable
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Ibarra, A. S. s/ Denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-09

Si bien no existe en el nuevo ordenamiento procesal el recurso de nulidad, ella puede ser motivo de agravio a considerar en el recurso de apelación, por cuanto la absorción del recurso de nulidad por el de apelación es propio de los código modernos, en los que opera la absorción de la invalidez por la impugnación.
Excepciones procesales, bien de familia, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ARNAUDO    ALBERTO    JAVIER   C/PONTORIERO   FRANCISCO  EDUARDO S/DESPIDO"(INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-26

El diseño de la desafectación del "Bien de Familia", es un supuesto disímil, a la declaración de inoponibilidad de una inscripción respecto de deudas anteriores y excede el marco de competencia previsto por el inciso 1ª del articulo 6ª del CPCCN, pues el pedido formulado por el recurrente debe transitar por las vías administrativas y de la decisión que adopte la autoridad registral a su respecto podrá recurrirse ante el juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil que esté llamado a revisar lo actuado en sede administrativa, como claramente se desprende de la mera lectura del artículo 50 de la Ley 14394. De allí que la Justicia Nacional del Trabajo sea incompetente para entender en la desafectación del "bien de familia". (Del dictamen del fiscal General, al que adhiere la Sala).
Accidente de tránsito, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: BRIZUELA, Aldo Ramón c/ A.C.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-02

La falta de testigos presenciales del accidente de tránsito hace necesario apreciar los demás elementos de convicción que emergen de la causa, como el lugar de la encrucijada donde pudo producirse la colisión, atendiendo no sólo a la localización de los daños en los rodados, sino también en las características del cruce.
Superintendencia, llamado de atención
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Santa Marina, Alberto Patricio s/ Avocación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

El llamado de atención no constituye sanción en los términos del art. 16 del decreto - ley 1285/58; implica sólo una observación o recomendación que no se anota en el legajo personal.
Medidas cautelares, gastos de medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: DICKSTEIN VICTOR c/ RISZOLWESKI ELIAS RICARDO s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-04

Si las medidas precautorias fueron motivadas por la actitud reticente del deudor, en principio es éste quien debe soportar los gastos que de aquéllas resulten (conf. Podetti, "tratado de las Medidas Cautelares", 2do. ed. p. 110 nro. 28; C.N.Civ. Sala E, c.

279.769 del 18-3-82).
Estado Provincial, juicio político, enjuiciamiento de magistrados, facultades del gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Magnin Lavisse, Alberto s/ enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18

A las autoridades locales les cabe -dentro de las potestades que la Constitución Nacional asegura a las provincias- la posibilidad de organizar procedimientos destinados a hacer efectiva la responsabilidad política de sus funcionarios, sin establecer -en cuanto lo contrario no esté expresamente admitido por el ordenamiento local- recurso alguno ante el Poder Judicial (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Monzón, Carlos s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la medida que la denegación en juicio oral de prueba pericial pertinente constituyó una restricción ilegal del derecho de defensa invocado (arts. 18, Constitución Nacional; 270, 271 y 352 inc. 3ro.

del C.P.P.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sistema federal, Constitución Nacional, ley federal, Estado Provincial, facultades concurrentes, preámbulo
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Estado Nacional c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ nulidad    por  inconstitucionalidad  ley  5379  y  decreto  D.  3017
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

La ley 23.056 y sus disposiciones reglamentarias -que tienden a la aplicación de un plan de asistencia social con vigencia en todo el ámbito territorial del país atienden al mandato constitucional que autoriza a las autoridades federales a llevar a cabo planes tendientes a "proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias..todo ello en consonancia con uno de los elevados propósitos contenidos en el Preámbulo de la Carta Fundamental de promover el bienestar general, síntesis que encierra la acción del gobierno dirigida a impulsar el desarrollo de las fuerzas sociales. Tales potestades, explicitadas en el inc. 16 del art. 67 de la Constitución, no excluyen el ejercicio concurrente por parte de los estados provinciales de otras orientadas a satisfacer, en sus respectivos territorios, iguales objetivos (arts. 104 y 107 de la Constitución).
Recomendaciones de organismos internacionales, salud reproductiva y sexualidad, violencia de género, Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, derechos de la mujer, discriminación de la mujer, obligaciones internacionales, ESPAÑA, responsabilidad internacional del Estado Parte
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - S.F.M. Vs. España -  Violencia obstétrica c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2020-02-28

Debe España asegurar que efectivamente se respeten los derechos de la mujer a una maternidad sin riesgo, acceso a una atención obstétrica adecuada conforme los estándares desarrollados por la Recomendación General No 24 sobre Salud Reproductiva y Sexualidad - 02/02/1999-, proporcionando información en todas las etapas del parto, requiriendo su consentimiento libre, previo e informado para todos los tratamientos, especialmente los invasivos, salvo en aquellas situaciones en las que la vida de la madre y/o del bebé se encuentren en riesgo, respetando siempre la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones.
Menores, guarda del menor, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: A., C. s/ Privación patria potestad (Expte Nº122-97, Resolución Nº46, Tomo  4, Folio 431)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-16

En la cuestión de la guarda del menor de los arts. 310, 391 y 392 del C. Civil, como así también del principio rector que ha de primar en materia de menores, esto es el de atender a su "superior interés", resulta que para el otorgamiento de la tutela y así de la guarda, ha de atenderse a la idoneidad del eventual designado. En este sentido idoneidad no me parece que pueda referir exclusivamente -aunque no lo ignore- al afecto o interés emotivo que pueda tenerse respecto a la tenencia del menor, sino que por idóneo ha de tenerse a aquél que pueda cumplir eficazmente con los fines últimos de la patria potestad, esto es con la protección y formación integral del niño (art. 264 C. Civil).
Juicio oral, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Chávez, José Ignacio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la transgresión de los arts. 227 y 271 del Código de Procedimiento Penal, por haber citado la Cámara de oficio a dos testigos para que declaren en la audiencia oral, si el recurrente no ha logrado evidenciar que del texto del citado art.

271 se pueda inferir la prohibición de ordenar la producción de prueba no ofrecida por las partes, ni que su incorporación al margen de los arts. 270 y 271 no sea un procedimiento comprendido -y, por lo tanto, autorizado por el art. 279 in fine del Código de Procedimiento Penal.
Embargo preventivo, verosimilitud del derecho invocado, automotores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Leguizamón Osvaldo C. c/ Clementi Heraldo José s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

La proyección de la absolución del demandado sobre el reclamo efectuado en sede civil debe evaluarse conforme los alcances precisos de la sentencia que lo declara inocente al autor del hecho -juicio emitible en el momento procesal oportuno- pero no significa, en sí, respecto del hecho de autos, el enervamiento del derecho adjudicable "prima facie" al damnificado frente a quien responde objetivamente según lo preceptuado por el art. 1113 del C.C. Lo cual, en consecuencia, hace procedente la cautelar solicitada.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley arancelaria, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: G. de F., E. c/ V., E. y Otro s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-26

Cuando una medida cautelar es una consecuencia de la acción promovida, y para obtenerla no se ha realizado un trámite autónomo ni especial, no es de aplicación el artículo 27 de la ley arancelaria, debiendo reglarse por lo normado en los artículos 33 y 39 de la misma ley, que retribuye las tareas cumplidas en los incidentes.

Es que, la norma contenida en el artículo 27 del Dto. Ley 2200, contempla el supuesto en que las medidas precautorias constituyen el único objeto perseguido, a través de una tramitación autónoma, independiente o aún previa al juicio principal.
Honorarios del contador, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Industrial Thames s/ Incidente de insconstitucionalidad ley 10.620
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

El artículo 212 de la ley 10.620 fija la base para proceder a la regulación de los honorarios de los interventores recaudadores con total prescindencia del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, del monto del juicio y de los emolumentos de los demás profesionales que han intervenido en la causa.
Matrimonio, impedimentos matrimoniales, deber de cohabitación, homosexuales
Materia: CIVIL
Carátula: R.,  M.D.L.C.  y  otro c/ REGISTRO NACIONAL DE ESTADO Y CAPACIDADDE LAS PERSONAS s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

1- La cohabitación estable de homosexuales es una decisión personal de cada uno que atañe a una opción que se desempeña en la esfera de la intimidad y queda amparada por el principio de reserva consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional. Pero la institucionalización del matrimonio trasciende ese ámbito privado porque apunta a la organización social y tiene una serie de requisitos e impedimentos considerados razonable por el legislador al recoger valoraciones socioculturales compartidas por la comunidad en una época determinada y que comprenden al orden público familiar. 2- Los homosexuales no son discriminados a priori por la ley (art. 172 del Código Civil) para acceder al matrimonio en razón de su orientación sexual porque una persona homosexual fuere hombre o mujer, goza de la misma aptitud nupcial que un heterosexual. De ahí que, la orientación sexual no integra el elenco de requisitos para casarse, como sí lo es que sea entre personas de distinto sexo. Por lo tanto no es ilegal el acto administrativo del Registro Nacional de Estado y Capacidad de las Personas que denegó el matrimonio civil a dos personas del mismo sexo. 3- El art. 172 del Código Civil no resulta contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales que disponen que los hombres y mujeres tienen derecho a casarse y a tener una familia (art. 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 17 del Pacto de San José de Costa Rica), pues las locuciones que contienen en tal sentido puntualizan el derecho que toda persona tiene de casarse con otra del sexo opuesto porque es la esencia del connubio que sea formalizado entre un hombre y una mujer. (Sumario N°17634 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2008).
Menores, derecho a la identidad, protección a la familia
Materia: PENAL
Carátula: P. ,R. A. c/  s/ Inscripción de nacimiento fuera de término
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-21

Tratar de restablecer la identidad del menor a través de la función del Registro de la Personas es confundir la función jurisdiccional con la función administrativa delegada en el marco de la acordada 3607.(doctor de Lázzari, minoría)
Cámara de Apelaciones, superintendencia, peritos, registro de peritos, exclusión del registro
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Urwicz, Marcos (contador público); Do Campo, Norberto; Caso, s/ avocación - exclusión de lista de peritos -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

Los indicios graves, precisos y concordantes que llevan razonablemente a la cámara de apelaciones a dudar de la imparcialidad que debe requerir inexcusablemente a los peritos que actúan en el fuero, dan fundamento a la exclusión de un perito de la lista oficial del fuero.
Estado Provincial, deuda pública provincial, régimen de consolidación de deudas, deuda previsional, bonos de consolidación de deudas previsionales, honorarios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Rivera, Gertrudis María Osborne de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción-Incidente  De apremio (Expte.: C.S.J. Nro. 279 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-18

La ley 11.373 y su decreto reglamentario 1413/96 establecen que deben comprenderse como deudas consolidadas las accesorias de una obligación consolidada, por lo que, no caben dudas de que al ser los honorarios profesionales accesorios de una deuda principal consolidada, sujeta en cuanto a su cumplimiento a la emisión de títulos públicos, su cancelación también debe efectuarse de la misma manera que se estipuló para ésta.