marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Conciliación, contestación de la demanda, abogados, gestor, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: IBAÑEZ CELSO MARCIAL c/ BAR CALIFORNIA Y SR. HORACIO DIAZ s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-05-05

Del acta de conciliación y contestación de la demanda, se advierte que a la audiencia asistió el demandado, asistido por su letrado. Luego que las partes rechazan la gestión conciliatoria del Juez, el letrado de la demandada, en cumplimiento de instrucciones de la misma, procede a contestar, en el mismo acto la demanda, sin perjuicio de manifestar que actuará como "gestor" y que en el plazo de ley presentará el testimonio de mandato correspondiente. Como consecuencia de ello el acto procesal de conciliación y contestada la demanda, es un acto completo, legítimo, y procesalmente inatacable, por lo que las manifestaciones efectuadas por el demandado, pueden integrarse como elemento de hecho, en la argumentación desarrollada por el Señor Juez"a-quo" al resolver definitivamente la causa. La nulidad referida por la actora, sólo puede afectar a los actos de procedimientos posteriores que pudiere haber efectuado el letrado, sin ser tenido por parte en carácter de representante del demandado.
Rebelión, evasión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Criminal c/ Aracena, Vicente y otro s/ rebelion y otros crimenes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1868-08-13

El reo que alega evasión, debe probarla.
Defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Rivera, Benito. c/ Compañía Naviera Pérez Companc SC. s/ Alegato.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-09-10

Para la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley, basta que el recurrente no haya oído en la forma y oportunidad legalmente prescripta ya que toda consideración sobre la viabilidad sustancial de lo alegado corresponde al Tribunal de grado, dentro de las reglas del debido proceso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Crespo, Norberto Antonio s/ Lesiones culposas Cabrera, Pedro Pablo s/ Robo calificado por el empleo de armas en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23|2000-09-13

El art. 357 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- no amplía el catálogo de casos en que el recurso de inaplicabilidad es formalmente viable sino que sólo tiene por objeto -en su carácter de primera de las "Disposiciones comunes" a que se refiere el Capítulo III- precisar el concepto de "sentencia definitiva" reiteradamente mencionado en los Capítulos I y II dedicados a los recursos extraordinarios, y esa única condición no basta para que resulte habilitado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley pues deben mediar las restantes impuestas en el Capítulo II del Título III del citado Código de Procedimiento Penal.

Con esta interpretación, que no es restrictiva sino declarativa de la ley, el recurso que no cumpla con las mentadas condiciones no se halla legalmente previsto -art. 161 inc. 3 letra a) de la Constitución de la Provincia-. (Minoría u opinión personal)
Régimen jubilatorio, jubilaciones, determinación del haber jubilatorio, aplicación temporal de la ley, cómputo de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Santana, Carlos Alberto c/ E.N. (M° de Educ. y Justicia) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

Ya ha sostenido con anterioridad esta Sala que es principio aceptado en materia previsional el criterio de que la ley aplicable en relación a la determinación de los beneficios es la vigente a la época de la cesación de los servicios, salvo que otra norma disponga expresamente lo contrario o se violen derechos adquiridos (8/3/88, "Miles Guillermo Ismael c/ Caja de Ret.Jub.y Pensiones de la Policía Federal").
Accidentes de trabajo, indemnización por incapacidad, lucro cesante, indemnización insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: EXPTE. N° 78059 - RODRIGUEZ, MANUEL EN J° 8876 RODRIGUEZ M.A. c/ ALDO MONTEVERDI C.C. S.A. Y OT. P/ACC. S/ INC. CAS." Y SU ACUMULADO N° 78061 " LA SEGUNDA A.R.T. S.A. EN J° 8876 RODRIGUEZ M.A. C/ ALDO MONTEVERDI C.C. S.A. Y OT. s/ ACC. S/ REC.INC
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-06-15

Al determinar las ganancias dejadas de percibir hay que tener en cuenta que el actor es una persona sin capacitación profesional y que al momento de sufrir el daño tenía 55 años, dado que ambos factores se potencian en la restricción de las posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral. En efecto, al no tener capacitación, normalmente las tareas a desempeñar exigen, al menos, integridad física; por otro lado, a los 55 años, la reinserción es difícil para cualquier persona. O sea, que mirada la situación en la que el actor queda, con visión de futuro el daño es grave y por eso la indemnización fijada es manifiestamente baja.
Indemnización, daño moral, monto de la indemnización
Materia: PENAL
Carátula: TOBAL, ELISA s/ ACCION CIVIL. DAÑO MORAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-08

Procede la condenación al pago de DAÑO MORAL cuando así es reclamado, dado que ese daño se ocasiona siempre a quien se ve obligado a recurrir a la justicia en resguardo de sus derechos y para conceder tal indemnización no es necesaria la prueba de su efectiva existencia o existensión pues siempre es indemnizable en dinero.

Para fijar la indemnización por daño moral, debe tenerse en cuenta la gravedad objetiva del perjuicio material causado, las personalidades de las víctimas, los sufrimientos psíquicos y afectivos padecidos, y la naturaleza del interés moral afectado;

todo ello observado a la luz del criterio rector de que dicho monto no debe constituirse en un beneficio inesperado o en un enriquecimiento injusto, tratándose ésta más bien de una sanción moral que material.
Transacción, transacción de derechos litigiosos, forma ad solemnitatem
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (CNAS) c/ A.C.I.R. S.A. s/ RENDICION DE CUENTAS A.C.I.R. S.A. c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29|1997-04-29

La presentación al juez de la causa, se impone como requisito sustancial de la transacción de los derechos litigiosos, enfrentándonos a una solemnidad absoluta que hace a la perfección y eficacia de la transacción como acto jurídico y cuya inobservancia acarrea la nulidad de la transacción por no concurrir "la forma exclusivamente ordenada por la ley", impidiendo que las partes se exijan recíprocamente su cumplimiento (arg. Arts. 838 Y 1944, código civil; cfr. Llambías, J.J., Tratado de derecho civil, obligaciones, 2da. Ed. Actualizada, t. III, n° 1812; Salvat, R. - Galli, R., Tratado de derecho civil argentino, obligaciones en general, 6a. Ed., T. III, n° 1846,3; Cazeaux, P. - Trigo Represas, F., Derecho de las obligaciones, ed. 1972, T. II, vol. 2, P. 354/355; Borda, G., Tratado de derecho civil, obligaciones, 4a. Ed., T. I, n° 935;

Belluscio, A. - Zannoni, e., Código civil, comentado, anotado y concordado, ed. 1981, T. 3, P. 716/717).
Locación de inmuebles, vencimiento del plazo, juicio de desalojo, traslado, demanda
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Carregio Simionini , Jorge Víctor y otro. c/ Sallustio, Miguel. s/ Desalojo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-19

La notificación del traslado de la demanda de desalojo es un claro requerimiento (el requerimiento judicial) exteriorizador de la voluntad de poner fin a la relación locativa. El pago del alquiler por el uso de inmueble con posterioridad no es más que la contraprestación (sea total ahora sólo parcial) por el uso indebido del inmueble después de haber fenecido el contrato.
Cuestión abstracta, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreno, Oscar J. y otros c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de inconstitucionalidad, Expte. nro. 239/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-05-29

Asiste razón al ponente en cuanto sostiene que el dictado de las leyes 349 y 353, a lo que debe agregarse el vencimiento del plazo de vigencia de la ley 278, torna insustancial la decisión acerca de la inconstitucionalidad del art. 10 de ella, por cuanto dicha cuestión se ha tornado abstracta. Consecuentemente, siendo abstracta la cuestión antedicha, lo es la del art. 11 (reducción adicional). Lo propio cabe decir del cuestionamiento al art. 5°, pues las cuotas del aguinaldo ya fueron percibidas (del voto del Dr.

Hutchinson).
Responsabilidad médica, relación de causalidad, medios de prueba, insuficiencia del agravio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Juárez Jorge Adrián Marcelino y Otros  c/ Fierro Jorge y Otr s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-08-16

De las pericias y las declaraciones testimoniales como de los restantes elementos probatorios, no surgen elementos que permitan afirmar con certeza suficiente el nexo causal requerido para atribuir a la parte demandada la responsabilidad que se pretende. Así las cosas, los agravios expuestos no resultan suficientes para revertir las conclusiones del a quo, en tanto que no lucen demostrativas del error en la apreciación y/o valoración efectuada de las conclusiones expuestas por los especialistas en los informes periciales. A ello se agrega que fueron especialistas en diversas ramas específicas de la medicina que han coincidido en que la atención médica recibida por el paciente fue correcta, sin que puedan imputarse las secuelas que experimentó a una conducta negligente, imprudente, defectuosa o en modo alguno reprochable a los médicos accionados.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Ministerio Público
Materia: CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: Edificio Torre del Centenario SA s/ art. 72 -medida cautelar- apelación s/ conflicto de competencia cautelar- apelación s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-01

La competencia del fuero contravencional y de faltas fue consentida por la parte actora al interponer el recurso de apelación que habilitó la segunda instancia, cuestionando la decisión de la jueza de grado pero no la competencia del fuero contavencional y de faltas que ella había elegido para entablar su demanda y que había intervenido hasta ese momento. También fue consentida por el fiscal de primera instancia -aunque en su primer dictamen se opuso a la competencia del fuero en lo contravencional y de faltas- que en sus reiteradas intervenciones posteriores no cuestionó la competencia de la jueza contravencional en el proceso cautelar. El fiscal ante la Cámara no estaba autorizado a replantear la incompetencia del fuero pues la división de funciones entre quienes ejercen el Ministerio Público de acuerdo a la instancia judicial ante la cual actúan, no altera el principio de unidad e indivisibilidad de su actuación (art. 5, ley nro. 21)
Despido sin causa, enfermedades, padecimientos mentales, prueba, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: BRAVO DE CISNEROS, Angélica Milagros c/ Bettina Creaciones S.H. y/o COCILOBO, Cristina Graciela y/o ARAMENDI, Roberto s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-06-09

Habiendo acreditado la actora su dolencia psíquica con certificado expedido por psicóloga, el cual se adecúa a tal fin; al ser negado por la empleadora, que requirió certificado médico, entendiendo que se encontraba, la trabajadora, en condiciones de trabajar, debió acreditar tal extremo, pero no habiendo acompañado certificado del médico de contralor, ni compareciendo éste como testigo, ni haberse producido prueba alguna que acredita su posición, corresponde acoger las indemnizaciones reclamadas por la trabajadora.-
Jurisdicción y competencia, competencia federal, juicios en que es parte una provincia, beneficios previsionales, entes autárquicos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Flores,  Carmen  Natalia c/ Entre  Ríos,  Provincia de y otro /acción de amparo. s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-11

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos es una entidad autárquica con personalidad jurídica propia e individualidad financiera, según el art. 2° de la ley local 5730, por lo que se diferencia del Estado provincial y no se identifica con él.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Impuestos, IVA, intereses, pago diferido
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Angulo José Pedro (TF 21.995-I) c/ DGI".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

La tesis sostenida por el organismo recaudor -en el sentido de que los intereses correspondientes a la financiación otorgada directamente por el vendedor recibe un tratamiento impositivo autónomo- no condice con la circunstancia de que pese a haberse sujetado a la tributación en el IVA a las colocaciones y prestaciones financieras, se mantuvo en la ley del impuesto al principio según el cual los intereses percibidos o devengados con motivo de pagos diferidos o fuera de término son integrantes del precio neto gravado (art. 10, párrafo quinto, punto 2). Esta norma implica que cuando el vendedor -o quien realice la locación o la prestación de servicios- financia directamente al comprador el precio convenido, o parte de éste, los intereses no son escindibles de la operación principal a la que acceden, por lo cual su tratamiento impositivo es el mismo que el otorgado por la ley a esta última. De tal manera, si la operación principal se encuentra exenta -como ocurre en el caso de autos cabe concluir que también lo están los intereses porque integran desde el punto de vista de la ley tributaria, el precio de dicha operación. Y si estuviese gravada también lo estarían los intereses -no como prestación sujeta al tributo- sino porque el mencionado art. 10 dispone que integran la base imponible del mismo hecho gravado. La norma incorporada por el decreto 2.633/92 (art. 1 punto 1) en el reglamento de la Ley del IVA, en cuanto dispone que "los intereses originados en la financiación o en el pago diferido o fuera de término del precio correspondiente a las ventas, obras, locaciones o prestaciones, resultan alcanzados por el impuesto aun cuando las operaciones que dieron lugar a su determinación se encuentren exentas o no gravadas", debe entenderse circunscripta a los casos en que la financiación sea prestada por un tercero, ya que tales supuestos resultan ajenos al principio de unidad que surge de lo prescripto por el art. 10 de la ley. Con este limitado alcance -único que permite guardar la compatibilidad de la norma reglamentaria con la ley y preservar su validez constitucional- es fácil concluir que dicha diposición resulta inaplicable sub examine (C.S.J.N. "Chryse" Fallos: 329:963, disidencia de los jueces Lorenzetti y Highton de Nolasco).
Prueba pericial, nulidad absoluta, falta de notificación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Barbieri, Roberto Mario s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-06

La prueba pericial que impugna la defensa -peritaje scopométrico de un recibo de pago- está viciada de nulidad ya que, al no haberle sido oportunamente notificada, no pudo ser controlada, circunstancia ésta que se torna decisiva cuando la prueba -como en este caso- deviene irreproducible por la desaparición de dicho recibo. La nulidad es absoluta e insanable por derivar de la inobservancia de una disposición que concierne a la intervención del imputado en un acto establecido por la ley (arts. 167, inc. 3° y 168 del C.P.P.N.). Es que la notificación prevista por el art. 258 del C.P.P.N., como así también la posibilidad de proponer otro perito a la que alude el art. 259 del C.P.P.N., tienen por fundamento el carácter esencialmente contradictorio de la prueba pericial y la necesidad de que, con arreglo al mismo, las partes tengan la oportunidad de intervenir en la operación que realice el perito nombrado por el juez y de fiscalizar sus comprobaciones y conclusiones mediante el asesoramiento técnico de otro experto de su confianza. (Voto del Dr. Fégoli -en mayoría-).
Accidente de tránsito, peatones
Materia: CIVIL
Carátula: ZALAZAR, JULIO MIGUEL Y OTRA c/ BENITEZ, CARLOS AUGUSTO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-07-02

El peatón no puede constituirse en una suerte de presencia pasiva entre las crecientes dificultades que el transito actual origina, y debe obrar en consecuencia a fin de colaborar para que los accidentes no se produzcan.
Procedimiento tributario, caducidad, pronto despacho
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Transportes Automotores Plusmar SA (TF 25.878-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-29

El cuarto párrafo del art. 17 de la Ley de Procedimiento Tributario prevé que si transcurrieran 90 días desde que se contestara la vista sin que se dictara la resolución, el contribuyente o responsable podrá requerir pronto despacho y si pasados 30 días de tal petición la resolución no se hubiere dictado, caducará el procedimiento.

Sin embargo, el párrafo citado debe interpretarse en concordancia con el primero de la norma, y por ende, en casos como el presente en que se ofreció prueba, dicho plazo comienza a contarse desde que la misma se encuentra producida, o bien desde que se venció el plazo para ello.

El pedido de pronto despacho en la ley procedimental funciona como "un medio para instar al juez a dictar resolución..." (Giuliani Fonrouge y Navarrine "Procedimiento Tributario", pág.

129, E. Depalma 1984). Es decir, logra que quien conduce las actuaciones active la resolución que se encuentra demorada, lo que no impide a la Administración que dentro del plazo de 30 días disponga las medidas para mejor proveer que estime necesarias y dicte resolución definitiva. (Cons. V).
Sucesiones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rey, José Benito Pascual s/ Suc. Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

Partiendo del principio que indica que a los fines de la regulación judicial de los honorarios de los profesionales debe tenerse en cuenta las etapas efectivamente cumplidas de acuerdo a la naturaleza del proceso de que se trate (art. 28 dec. ley 8904/77) y que en la especie el letrado ha realizado las tareas correspondientes a la iniciación del sucesorio y solicitud de dictado de declaratoria de herederos inclusive (art. 28 inc. c., ap. 1 y 2 dec. ley 8904/77), se echa de ver que la ampliación de regulación efectuada a su favor, importa una doble remuneración por el mismo trabajo, toda vez que, cuando no hay denuncia de nuevos bienes relictos, solo corresponde regular por las etapas en que se ha intervenido (arts. 28 y 35 dec. ley citado). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, ciclista, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Crupi, Colacero c/ Gallotti Jorge s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-11

La sensible diferencia entre un automóvil y una bicicleta en movimiento, en cuanto a su peligrosidad, obsta a la neutralización de presunciones generalmente admitidas cuando se trata de otros vehículos cuya circulación genera una potencialidad dañosa semejante, de modo que para eximirse de responsabilidad es el demandado quien debe demostrar que el hecho ocurrió por culpa de la víctima y, de ese modo, que de su parte no hubo culpa, siendo de aplicación lo dispuesto por el art.

1113, 2da. parte del Cód. Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, beneficio de litigar sin gastos, leyes, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: CHIOZZI, EDUARDO ARMANDO c/ CUDUGNELLO, OSCAR EDUARDO Y-O TERCEROS OCUPANTES s/ DEMANDA DE DESALOJO. SUMARIO. RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA DECRETO   DE PRESIDENCIA. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 1185-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-11

Si bien el inciso e) del artículo 228 del Código Fiscal exceptúa de dicha tasa a las actuaciones y diligencias para obtener carta de pobreza, a su vez, el artículo 334 del Código Procesal Civil y Comercial impone considerar pobre al peticionario al sólo efecto de solicitar medidas urgentes o de seguridad o formular pedidos que deban interrumpir la prescripción o la perención de la instancia, sólo cuando la declaratoria de pobreza hubiera paralizado el procedimiento del principal. De lo expuesto, y el carácter restrictivo que merece la interpretación de toda excepción, surge que el recurrente no se encuentra exento de efectuar el depósito exigido por el artículo 8 de la ley 7055.
Cesión del establecimiento, falta de legitimación para obrar
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Juan Nicolás c/ Bar-Beas otra y/o quien resulte responsable s/ Salarios Adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-04-27

No es procedente el agravio de la parte demandada contra la sentencia del a-quo, que desestima la excepción de falta de legitimación pasiva. Ello así, toda vez que la modificación de la situación jurídica en orden a la titularidad del establecimiento donde prestara servicios al actor, no afectó la continuidad de su contrato de trabajo, en tanto siguió laborando sin solución de continuidad.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Quinteros, Miguel Angel c/ Federación Patronal Seguros S.A. y Otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-28

Con respecto a la aplicación al caso de la fórmula Balthazar (método de incapacidad restante) considero que en virtud de lo dispuesto en art. 8 apartado 3 de la ley 24.557 y el art. 9 de la ley 26.773, corresponde su aplicación conforme las disposiciones del Decreto 659/96, el cual no formula distinción, según se trate de siniestros sucesivos o en su caso de la evaluación de la incapacidad en un gran siniestro producto de un único accidente, pues en ambos casos se parte del 100% de la capacidad y se comienza la evolución por la secuela de mayor magnitud continuando de mayor a menor con el resto de las incapacidades atendibles.(Del voto del Dr. Corach que adhiere por economía procesal).
Derecho procesal, ejecución de sentencia, liquidación, recursos, embargo, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Masterfoods Argentina Ltda. Sucursal Argentina c/  s/ incidente de ejecución de sentencia por distribuidora abril srl
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

Procede confirmar la resolución que rechazó el levantamiento del embargo decretado sobre los fondos depositados a favor de la actora. Ello por cuanto, en el caso, la actora resulto vencida en ciertas apelaciones interpuestas con anterioridad y por ello esta Sala impuso las costas a su cargo. En tales condiciones, se debe atender a los honorarios que generaron la incidencia, de lo cual resulta que, aunque el crédito respectivo no se halle tienen cuantificado, los letrados tienen derecho a oponerse al retiro de fondos y a obtener una medida cautelar que les garantice el cobro. Y, si bien esa oposición debía ser sustanciada, no era menester hacer lo propio con la traba del embargo, dado su carácter de precautorio. Sin perjuicio de ello, y dado que los fondos no pueden mantenerse indisponibles sine die, los interesados deberán urgir la regulación respectiva a fin de que se pueda determinar la suficiencia o el exceso de tal cautela.