Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-24


Se transcriben parcialmente los fundamentos de la resolución anotada.

"Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. El pretenso querellante deduce en autos recurso de apelación contra la decisión del Sr. Juez de primera instancia de fs. 41, que desestimó la denuncia que formulara por inexistencia de delito.

Tal como ha puesto de manifiesto el recurrente, la decisión atacada no contiene razonamiento alguno respecto de la falsedad ideológica que se menciona en el escrito inicial y que se relacionaría con el acta en la que se asentara la audiencia celebrada el 31 de octubre de 1997.

Sobre este punto, no corresponde que esta Cámara se expida, lo que deberá hacer específicamente el a quo una vez que se le devuelvan las presentes actuaciones.

Igualmente, deberá expedirse acerca del hecho nuevo denunciado a fs. 79, sobre el que tampoco debe pronunciarse esta Cámara al no haber sido materia del recurso de apelación que enmarca su jurisdicción.

II. Asiste razón al apelante en cuanto a que la existencia de vías recursivas contra decisiones que eventualmente se adecuen a la previsión del delito de prevaricato normado en el artículo 269 del Código Penal, de ningún modo excluyen su antijuridicidad.

Esta Cámara no asignará, por tanto, la trascendencia atribuida en la decisión apelada a la posibilidad que el denunciante tendría en el expediente en que se habrían materializado las conductas de que se agravia, de cuestionarlas y eventualmente lograr que sean dejadas sin efecto.

Tampoco luce relevante -ni exime a los jueces penales de su deber específico de juzgar- la circunstancia de que la Cámara Civil y Comercial Federal no se haya pronunciado de oficio sobre las eventuales conductas delictivas que alega quien allí es el demandado y aquí el denunciante y pretenso querellante.

No se advierte, por otra parte, que exista invasión de facultades jurisdiccionales ajenas, en tanto se examine la actuación de los jueces a la luz del Código Penal, cuya aplicación compete a este Tribunal y que en lo que interesa prevé conductas de jueces y delitos que éstos podrían materializar a través de sus resoluciones.

III. Aspectos relevantes del tipo previsto en el artículo 269 del código Penal.

Tal como se ha puesto de manifiesto desde antaño, "La determinación del prevaricato con referencia al derecho no es fácil de establecer. Los magistrados por lo mismo que tienen libertad de criterio y de interpretación, pueden equivocarse, y si cada vez que incurriesen en errores jurídicos, fueran reos de prevaricato, todos los jueces sin excepción alguna serían delincuentes. Cada vez que a un juez se le revocase una sentencia, ese magistrado sería legalmente un prevaricador. En efecto, los jueces deben fundar sus sentencias en la ley y citar los artículos de la misma, según lo establecen las reglas del procedimiento, de manera que una sentencia revocada significa que el magistrado ha apreciado mal los hechos, ha aplicado mal el derecho o ha incurrido en los dos defectos al propio tiempo".

"Sin embargo, ese no puede ser el concepto. La ley es susceptible de interpretaciones y de opiniones diferentes. Acerca de cada punto jurídico de importancia, existen diferentes doctrinas, y tanto los autores como los fallos proporcionan elementos de juicio divergentes".

"El prevaricato sólo existirá cuando la cita de la ley aparezca hecha de manifiesta mala fe; cuando el argumento sea forzado y no corresponda la conclusión a lo que dice el precepto legal" (conf. Moreno (h.), REV. ASOC. MAG. y FUNC. JUST. NAC. 21/22 P., El Código Penal y sus antecedentes, Tommasi Editor, Bs. Aires, 1923, t. VI, pág. 278/279).

En lo relevante para la decisión que compete a este Tribunal, y en cuanto al tipo objetivo indicado por el recurrente, se ha señalado que debemos hallarnos ante una resolución que mande o prohíbe lo contrario de lo que manda o prohíbe la ley expresa.

Inclusive, se ha señalado que "si no hay una ley que terminantemente mande o prohíba lo contrario de lo que el Juez mande o prohíba, que si no hay una ley que lo diga expresamente -no bastando que lo contenga implícita o virtualmente- no hay imputación de delito" (conf. Rivarola, interpretando la cláusula concordante del Código de 1887, según Gómez, E., Tratado de Derecho Penal, Cía. Arg. De Editores, 1941, t. V, pág. 575).

Más allá del alcance del concepto de "ley", que en principio no abarcaría el texto constitucional, caracterizado habitualmente por una generalidad incompatible con el tipo penal de que se trata y con las consideraciones transcriptas precedentemente, debe repararse en las restantes exigencias del tipo.

Sobre este punto se ha señalado que "La aplicación de la ley violada debe haber sido alegada o citada en su favor (invocada), como aplicable al caso, por alguna de las partes en juicio o por el propio sujeto activo del delito. Sin que alguno de ellos se haya acogido explícitamente a la ley violada, no puede haber prevaricato (conf. Núñez, REV. ASOC. MAG. y FUNC. JUST. NAC. 21/22 P., Derecho Penal Argentino, Lerner, t. VII, pág. 149).

Asimismo, se ha opinado que cuando la norma habla de ley expresa no se refiere a la ley clara, sino a la expresamente invocada como fundamento de la resolución...La contradicción debe darse entre la resolución y la ley que el juez declara expresamente que aplica en aquélla; la expresión ley expresa invocada por las partes de ningún modo significa que el juez esté obligado a fundamentar su resolución en la ley invocada por las partes, sino que da a entender que el prevaricato existe igualmente cuando el juez ha fundamentado contradictoriamente su resolución en una ley invocada por las partes; pero, como es lógico, no es prevaricar dejar, simplemente, de fundamentar la resolución en la ley invocada por las partes por considerar que es otra distinta la que rige el caso".

"Lo punible es la contradicción entre el fallo y la ley que en el mismo se presenta como fundamento de la decisión...." (conf. Creus, C. Delitos contra la administración pública, Ed. Astrea, Bs. Aires, ps. 429 y siguientes).

IV. Procederemos a analizar los diversos hechos denunciados a fin de determinar si su objetividad se ajusta a las exigencias del tipo en cuestión:

1) En primer lugar, se cuestiona la decisión adoptada por el Sr. Juez en lo Civil y Comercial Federal en la audiencia del 31 de octubre de 1997, donde dispuso la expulsión del querellante ante la supuesta interrupción del testigo que se hallaba deponiendo.

Más allá de lo relativo a la discusión acerca de los hechos en los que se basara la decisión y de los que se dejara constancia en el acta -punto sobre el que no ha mediado opinión por parte del a quo y que por tanto no será objeto de tratamiento por esta Alzada, tal como ya se pusiera de resalto-, no se advierte en el caso la concurrencia de la tipicidad que se alega.

En primer lugar, del acta de fs. 81 vta. del cuaderno de prueba de la parte actora correspondiente a las actuaciones "Treviño, José Benigno y otro c. Ramos Padilla, Juan María y otro s/daños y perjuicios varios", que corre agregado por cuerda, no se desprende la invocación de norma expresa alguna en que el Sr. Juez fundara su decisión.

Posteriormente, ante el recurso de reposición entablado por el demandado Ramos Padilla a fs. 105 de las citadas actuaciones, en el que se limitó sobre este punto a invocar vagamente la lesión de sus derechos constitucionales, el Sr. Juez, a fs. 108, aclaró que la expulsión citada se basó en las facultades disciplinarias que le confiere el artículo 35, inc. 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La presente causa penal no es, por cierto, el terreno en el que debe debatirse la corrección del enfoque jurídico del juez interviniente, ni como se ha visto, para determinar si la norma que invoca era la específica aplicable al caso o no o la aplicada era excluyente o complementaria de la invocada por el denunciante, relativa a la previsión para estos casos de la aplicación de una multa -artículo 446 del ordenamiento procesal aplicable- (esta última opinión es sostenida por ejemplo por Fenochietto y Arazi en su Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Buenos Aires, 1987, t. I, pág. 142).

De todos modos, se advierte que -tal como la norma que se cita expresamente establece- el Juez se halla facultado para excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.

Las normas constitucionales que ahora se invocan -las que como se ve tampoco se introdujeron en el debate que concluyó con la decisión que ahora se denuncia- y que no fueron invocadas en absoluto por el magistrado denunciado como fundamento de su resolución no contienen una referencia específica sobre esta materia procesal -ni sería deseable que así sucediera en el contexto de una norma que aspira a sentar principios generales con aspiración de permanencia a través de las generaciones- con la que manifiestamente colisione la decisión del Juez.

Es inapropiado, por otro lado, pretender el análisis del caso a la luz de la figura subsidiaria del abuso de autoridad, dado que se ve desplazada por razones de especialidad, amén de la ya aludida adecuación de la resolución que se cuestiona a la disposición procesal que posteriormente se invocara (conf. Núñez, R. C., Derecho Penal Argentino, Lerner, 1974, t. VII, pág. 77; Soler, S., Derecho penal Argentino, TEA, Bs. Aires, 1992, t. V, pág. 180/182).

2) Se denuncia en autos, asimismo, la decisión del Sr. Juez en lo Civil y Comercial Federal que luce a fs. 92 del citado cuaderno de prueba, mediante la cual, a raíz de "la forma anormal en que se desarrollaran las audiencias" que se señalan, "durante las cuales se suscitaron diversas incidencias que generaron interrupciones que prolongaron los respectivos actos hasta horas impropias", dispuso hacer saber a las partes que concurriría a las audiencias testimoniales pendientes en la medida en que no se afectaren otros actos urgentes, someter a la consideración de las partes antes de las respectivas audiencias los interrogatorios, no tolerar en lo sucesivo la fundamentación de las incidencias y exigir la interposición de recursos por escrito no dejando constancia de ello en el acta respectiva. Allí también se aclara que la exclusión del público en la audiencia que se celebrara el día 29 de octubre de 1997 se refirió a aquellas hipótesis donde por la índole de la pregunta o de la respuesta, pueda verse afectado el honor y pudor de las partes.

Sobre estos puntos, amén de resultar aplicables las consideraciones ya efectuadas en relación con la falta de apoyatura normativa expresa de la decisión, no se advierte tampoco una contradicción manifiesta con norma alguna, ya que en todo caso la disposición del artículo 34, inciso 1, se halla condicionada y prevé la sanción correspondiente a su inobservancia -que por otra parte no se ha verificado en autos-, no existiendo norma constitucional específica y concreta sobre el punto, sin que las facultades ordenatorias que la ley y la doctrina reconocen a los jueces en aras de preservar el derecho a la tutela judicial de todas las partes luzca en pugna con el plexo de garantías de tal jerarquía.

Debe tenerse presente que la ley sólo exige expresamente la presencia del Juez en la audiencia de posiciones y aún en ese supuesto puede ser eximido de tal obligación por la Cámara respectiva cuando las circunstancias derivadas del cúmulo de tareas lo hicieren necesario (conf. artículo 125 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Además, nos hallamos ante una nulidad relativa, que puede resultar convalidada expresa o tácitamente por las partes sin mengua alguna en tal caso del debido proceso (conf. Fenochietto, C. E., Arazi, REV. ASOC. MAG. y FUNC. JUST. NAC. 21/22 P., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Buenos Aires, 1987, t. I, pág. 131).

La resolución que se cuestiona nada anticipa sobre la intención de obtener tal dispensa y, en todo caso, constituyó un intento de ordenar el proceso y un anuncio justificado de la forma en que se introduciría el trámite de allí en más.

Sobre los aspectos relativos a las incidencias y su trámite, el Juez dio razones para fundar su decisión y en todo caso se enmarca en una actitud acorde con las modernas tendencias publicistas del derecho procesal que aspiran a que el Juez encauce el proceso y no sea un mero espectador.

No se advierte que la exigencia de que ellas se sustancien por escrito -en el peculiar contexto del expediente de que se trataba, según las consideraciones que efectúa el Juez denunciado- , comprometa irrazonablemente garantías constitucionales ni que tal decisión constituya delito alguno.

El Juez, por otro lado, al responder a la reposición deducida por el demandado, a fs. 108, apoyó su decisión en las "facultades de dirección y conducción del proceso, en la formación del material de cognición y en la vigilancia de la conducta de los justiciables" que el ordenamiento procesal civil le encomienda.

No se advierte, por último, que la indicación de causales de exclusión de público de las audiencias sea una conducta que se adecue a las exigencias típicas del prevaricato.

En ninguno de estos casos se aprecia contradicción entre aquello que se resuelve y las normas que se invocan como fundamento, en concordancia con la opinión reseñada de Creus en relación al contenido del artículo 269 del Código Penal. 3) Se cuestiona también la decisión adoptada el día 2 de junio de 1998 -fs. 206- en el mismo cuaderno de prueba, mediante la cual se rechazó la negligencia de la parte actora en la promoción de la prueba pericial psicológica-psiquiátrica ofrecida, por considerar que se trataba de una prueba común a las partes actora y demandada.

Es claro que el tipo penal de prevaricato no concurre en casos en que el Juzgador incurra en error, como él mismo admitió y enmendó a raíz del recurso de reposición interpuesto contra la citada decisión por la codemandada, sin que luzca relevante la circunstancia de que el resultado de tal recurso haya sido también desfavorable a las pretensiones del denunciante, aunque con base en otros argumentos (ver decisión obrante a fs. 217 del cuaderno citado).

4) Se denuncia también al magistrado Soto a raíz del rechazo de la negligencia impetrada por el denunciante a fs. 207 del mismo cuaderno de prueba.

A fs. 208 se rechaza tal pretensión con fundamento en la norma del artículo 313, inc. 3, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la que el denunciante estima inaplicable al caso por referirse a una institución - la caducidad de instancia- cuyos alcances eran ajenos a la negligencia en la producción de la prueba que se invocó.

Vale la pena reiterar aquí las consideraciones relativas a la improcedencia de un debate sobre este punto en el presente expediente penal, siendo ajena a la figura del prevaricato la discusión acerca de la corrección del enfoque jurídico del juzgador, máxime en casos como el relativo a este punto, en el que la norma aplicada contendría un principio que el magistrado a cargo del proceso pudo válidamente considerar de aplicación al tema que debía resolver.

Por cierto, tal norma no dispone lo contrario de lo que el denunciado resolvió.

Por todo lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE: ......"