marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas para mejor proveer, contadores públicos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Rojas, Francisco Ramón c/ Administración General de Juegos y Seguros y Poder Ejecutivo s/ Acción Contencioso Administrativa de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-22

La autonomía de la acción ejecutiva se funda en el título, el que delimita y concreta la realización del derecho a fin de que se cumpla la sentencia, quedando cerrada en forma imperativa toda discusión, planteamiento, etc. que no se hallare resuelta y comprendida en el título judicial que marca los límites objetivos de la cosa juzgada. En esta etapa del proceso corresponde fijar el monto por el que debe prosperar la ejecución de sentencia -proceso ejecutorio- de conformidad a los alcances del pronunciamiento condenatorio, que resuelve: "1) Rechazar la acción contencioso administrativa de nulidad interpuesta en contra de la Administración General de Juegos y Seguros; 2) Hacer lugar a la acción interpuesta en contra del estado Provincial, según considerandos; 3) Con costas al Estado Provincial que resulta vencido". Conforme a lo expresado, se debe estar al informe pericial del contador público, perteneciente al Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial, ordenado como medida para mejor proveer.

Dichas conclusiones, basadas en elementos objetivos de valoración y razones técnicas que se explicitan, realizadas por un perito designado de oficio, son extremos que garantizan la imparcialidad de su dictamen, que se remite a pautas objetivas para la elaboración de conclusiones verificables.

En consecuencia, corresponde fijar el monto por el que debe prosperar la ejecución de sentencia en la suma de pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro con quince centavos ($47.434,15 ), que incluye el total de lo adeudado, de conformidad a lo resuelto en la sentencia definitiva.

Por ello, debe estarse a lo prescripto por el Art.64 del Código Contencioso Administrativo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Camponovo de Mura, Luciana y otro c/ Cherchi, María s/ Simulación Ruders S.A. c/ Consorcio de Propietarios Club de Campo "El Cardenal del Monte" s/ Autorización Belvedere, Antonio c/ García Hnos. o García Hnos. S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios Almada, Hugo Néstor c/ Copetro S.A. y otro s/ Daños y perjuicios Quipildor, Héctor y otra c/ Microómnibus Sur S.A.C. y Pérez, Eduardo y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios Vera, Juan José y otro c/ Grasso, Carlos Ernesto s/ Daños y perjuicios Portugal, Raúl Saúl c/ Compañía Colectiva Costera Criolla S.A. y otros s/ Daños y perjuicios Tomas Hermanos y Cía. S.A. c/ Fuentes, Julio C. y otra s/ Escrituración Berti, Pedro Baldomero y otro c/ Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Mayor Buratovich Ltada. y otra s/ Daños y perjuicios Vetrano, Héctor. c/ García, Alejandro y otro. s/ Escrituración. Bramajo, Griselda Mabel c/ Riglos de Gowland, Angélica y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-09|1995-12-12|1993-05-04|1998-05-19|1999-05-18|2000-04-05|2001-03-21|2002-02-19|2003-03-05|2004-03-03|2006-03-22

Es ineficaz el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a oponer a la valoración de la prueba efectuada por el juzgador, en función que en principio se le reconoce como privativa, argumentaciones basadas en el propio criterio del recurrente y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas del interesado, insuficientes para conducir en la instancia extraordinaria a la revisión de conclusiones derivadas de la apreciación de circunstancias de hecho y prueba.
Materia: CIVIL
Carátula: AZAR MUSA ANTONIO, GOMEZ JORGE PABLO Y OTROS S.D. DEFRAUDACION CALIFICADA, ENCUBRIMIENTO AGRAVADO, ETC. E.P. DE SEGGIARO OSCAR EDMUNDO Y OTROS s/ INCIDENTE DE RECUSACION - CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-01

Debe descalificarse como acto judicial válido, la sentencia que interpreta las normas aplicables de modo no valioso.-
Despido sin causa, indemnización agravada, ley de empleo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Lugo, Roxana Mabel c/ Wang Qinq s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-17

Las indemnizaciones por antiguedad y preaviso son las únicas que pueden ser objeto de duplicación, de conformidad a lo normado por el art. 15 ley 24013, en cuanto son las que corresponden "como consecuencia del despido".

(En el caso, se excluyeron de dicha duplicación los rubros correspondientes a vacaciones y la indemnización del art. 182 LCT).
Impuesto sobre los ingresos brutos, aplicación de la ley, ejercicio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Locurscio, José A. s/ Demanda de inconstitucionalidad de la ley 9006
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

La libertad de trabajo no aparece conculcada por la consagración en la ley 9006, sus modificatorias y en la posterior ley 10397, del impuesto sobre los ingresos brutos por el ejercicio de la profesión de abogado. Ello así, en tanto como los restantes derechos se encuentra sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio, sin que sufra alteración por la imposición de condiciones o gravámenes de poca entidad (en el caso: el 2,5 por ciento como imposición mínima) aparece como razonable.
Honorarios del perito, cobro a las partes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lavié, Horacio c/ Juárez, María s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-05

Por la función que corresponde al perito en su carácter de auxiliar del tribunal, puede perseguir el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes y con abstracción del resultado del pleito, sin perjuicio de repetir la parte que los abonó contra la contraria, de acuerdo con la forma en que se hubieran impuesto las costas.
Proceso judicial, acumulación de acciones, litispendencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gonzalez   Sasso,   Federico   José c/ E.N. s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

La ley nº 24.434 suprimió la excepción de litispendencia como uno de los modos de obtener la acumulación de procesos (art. 190 del C.P.C.C.) y ésta es un caso de excepción que debe apreciarse con carácter restrictivo (C.N.Civ.,Sala A, 30/3/93 Carrefour Arg. S.A.).
Régimen penal cambiario, banco central, autorización para viajar
Materia: PENAL
Carátula: DAVIDSON, MARIO SAMUEL s/ Control de cambios, Recurso de apelación Causa 30345-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

El posible levantamiento temporario de la restricción para salir del país, debe plantearse ante el Banco Central, el que en determinados supuestos especiales debe expedirse con celeridad a efectos de garantizar el derecho del imputado a obtener una resolución rápida en tan trascendente situación.
Daños y perjuicios, actualización monetaria, índices de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: Ricciardi de Capano c/ Garlasco, Hugo Oscar y/o propietario s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-17

Las indemnizaciones de daños y perjuicios deben actualizarse por depreciación monetaria con aplicación del índice de precios al consumidor - nivel general - según el INDEC, por ser el que refleja las variaciones del valor de la moneda que interesan a los particulares litigantes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, prueba testimonial, relación de dependencia, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Prunello, Leonardo Joel c/ Orlando Manuel Ageno E Hijos S.R.L. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-15

En cuanto a los achaques sobre la falta de valoración de la prueba testimonial, es de ver que el impugnante no se hace cargo de lo argumentado por el A quo, respecto a que la copia de las declaraciones de testigos obrante en el cuerpo del recurso de apelación y los propios términos invocados por el demandado no hacían más que poner de manifiesto el reconocimiento de la existencia de una típica relación de dependencia y que, en virtud de ello, el accionado debió haber presentado documentación que acreditara un tipo especial de jornada -como por ejemplo a tiempo parcial- para alegar en su defensa, y no lo hizo, todo lo cual resultaba contrario a su argumento de la inexistencia de relación laboral.
Robo con armas, arma impropia
Materia: PENAL
Carátula: L., W.D. y Otros s/ Robo Doblemente Agravado por el Uso de Armas y en Poblado y  enBanda
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-16

"Constituye robo agravado cometido con armas y no robo simple si el atraco se efectuó con revólver, aunque éste no tenga carga de proyectiles, si el hecho de encañonar a las víctimas cumplió su función intimidatoria".
Funcionarios judiciales, secretario judicial, deberes del secretario
Materia: PROCESAL
Carátula: ESCUDERO, MARCELO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-02-26

Los Secretarios tienen el deber de ordenar, instruir y ordenar el procedimiento, conforme la facultad del artículo 38 inciso 8 del C. Pr.

Pueden dictar y firmar providencias simples que hagan al desarrollo normal del proceso, quedando excluídas aquellas que causan gravamen irreparables, las que deben ser firmadas por el Juez y por ende deben ser fundadas (Sala IV, T. X, fs. 146, 1988).-
Derecho laboral, empresas de servicios eventuales, responsabilidad solidaria, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Decima, Sara Herminia c/ Clean Group S.R.L. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-24

En el caso, la actora prestó servicios de limpieza de las unidades vehiculares dentro del establecimiento de Autotransportes Andesmar S.A. ingresando a aquella suministrada por Clean Group S.R.L. La recurrente Autotransportes Andesmar S.A. no probó que el vínculo entre las empresas constituía un verdadero contrato comercial y no una intermediación fáctica, de grado primario, alcanzada por el art. 29 L.C.T. Dada la situación procesal de la otra codemandada y la declaración de innecesaridad de la prueba contable, sumado a la orfandad de otros elementos probatorios, se concluye que la actora era dependiente de la apelante en los términos del art. 29 de la L.C.T., condenándola en forma solidaria.
Transporte aéreo, tarifa de transporte, Malasia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Malaysian  Airline System Berhad c/ Dir.Nac.de Migraciones -Disp.7029/00 (Expte. 200.112-0/98)". s/ sanción. multa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-27

Del texto del art. 9 del acuerdo celebrado entre la + República Argentina y el Gobierno de Malasia que fue ratificado por la ley 24.613 resulta claramente que la voluntad de los dos + Estados es definir a la tarifa de un modo determinado reservándolo a la + decisión originaria de las compañías designadas por las Partes Contratantes,+ con el requisito de su registro en cada oportunidad en que se las+ modifique y sin intervención alguna de la I.A.T.A. y es sobre esa base que ha+ de fijarse el monto de la multa en los términos del art. 62 de la ley 24.393. (De la disidencia del Dr. Galli).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo, Silvestre c/ Catcher S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Los agravios vinculados con la apreciación de los dichos de los testigos no pueden ser examinados por la Suprema Corte como consecuencia de la oralidad que le impone el procedimiento laboral en la provincia (art. 44 incs. "b" y "e", dec.ley 7718/71).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sindicato de Empleados de Comercio Capital Federal s/ SOLICITA  NULIDAD XXIV CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS - CONFEDERACION  GENERAL  DE    EMPLEADOS  DE  COMERCIO  DE  LA  REPUBLICA  ARGENTINA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-01

La doctrina de la arbitrariedad atiende sólo a supuestos de extrema gravedad, en los que se evidencie que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, concursos, prenda con registro, recurso de revisión (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Orlando Garaffa y Cía.  S.C.C. c/ Coviar  S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

Vedó el acceso a la superior instancia provincial sin una apreciación razonada de una articulación seria, con grave lesión del derecho de defensa, la resolución del superior tribunal provincial que declaró inadmisible el recurso de revisión extraordinaria de la acreedora prendaria contra la decisión que declaró mal concedida una apelación en el concurso especial del art.203 de la ley 19.551, fundada en los alcances del art. 296, inc. 3x de dicha ley, siendo que el planteo de la acreedora prendaria sustentado en una norma expresa (art. 308, primera parte) importaba la excepción al principio allí consagrado.
Oportunidad procesal, cuestiones de competencia, presentación extemporánea, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: Brizuela Rissi, Daniel Ramón s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-06-28

El actor en los principales, ahora casacionista, acudió en forma voluntaria a esta instancia y no opuso objeción alguna al desarrollo de la misma; y recién en el momento procesal cuando se encuentra con un fallo que le es adverso, produce el cuestionamiento de la competencia. Ello implica una contradicción muy grande, por cuento a nadie le es ilícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta. De esta manera, la doctrina de los actos propios constituye la valla infranqueable que descalifica el recurso de casación impetrado.

Además, debe sostenerse el principio de la validez temporal de los actos procesales atendiendo también al principio de economía procesal, y en el punto, a la actitud asumida por las partes.
Violación de medidas sanitarias contra epidemias, tipo penal
Materia: PENAL-SALUD PUBLICA
Carátula: Incidente de incompetencia en autos The Senior Home, NN y otros sobre 205 - violación de medidas contra epidemias c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

El delito previsto en el art. 205 del Código Penal -que sanciona a quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia-, es un tipo penal en blanco y, entonces, para determinar la justicia competente para su juzgamiento, es necesario analizar la normativa específica y complementaria incumplida, así como la autoridad que la expidió, para dilucidar cuál es el interés afectado. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, por remisión al dictamen fiscal).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, tribunal colegiado, tribunal plenario, recurso de reposición (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VELAZQUEZ, OSCAR FABIAN c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ APREMIO (HONORARIOS) EN MEDONE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-21

Esta Corte ha reiteradamente sostenido que es sentencia definitiva a fin de habilitar la vía prevista en la ley 7055 la resolución que hace lugar al apremio cuando el perdidoso es el demandado, toda vez que para dicha parte ya no resulta susceptible de impugnación por los remedios ordinarios en virtud de lo dispuesto por el art 509 del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe; mas en el caso, al haberse deducido revocatoria ante el Tribunal Pleno, es este pronunciamiento el que goza de definitividad a los fines de la interposición del recurso extraordinario provincial. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 509; Ley 7055. - Jurisprudencia Vinculada: Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, AyS T 223, p 268/270, sumario J0035435.
Marcas, identificación de mercaderías, defensa del consumidor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Anne Klein International  LTD. c/ Heffesse, José e Hijos s/ Ret. Opos. Reg. Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-21

El público consumidor, a quien en definitiva está destinada la adecuada identificación de los productos en salvaguarda de sus legítimos intereses, toma buen recaudo de estar adquiriendo aquellos artículos que usa habitualmente o conoce por consejo, recomendación o propaganda, máxime en la época que se vive en la cual los costos de estos artículos suelen ser altos.
Cuestiones prejudiciales, archivo del expediente, culpa de la víctima, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Ledesma, Miguel Gustavo c/ Arcor S.A.I.C y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-12

La acción incoada por los daños y perjuicios derivados de la muerte de un trabajador cuando hacía tareas de mantenimiento en una planta industrial de propiedad de los demandados, debe ser rechazada si en sede penal de acuerdo a la fijación del hecho principal se concluyó que existió culpa grave de la víctima y se ordenó el archivo de las actuaciones por falta de tipicidad penal, pues al no haber sido revocado este decreto el mismo mantiene su vigencia en calidad de cosa juzgada y ello impide fijar el hecho en sede civil en sentido distinto a los resuelto en el fuero criminal.
Competencia, contienda negativa de competencia, declinatoria, juzgado de menores, tribunales de familia, responsabilidad parental
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ASESORA DE MENORES - PLANTEA DECLINATORIA DE COMPETENCIA s/ DECLINATORIA DE INCOMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-29

Lógicamente y jurídicamente la declinatoria de jurisdicción sólo puede y debe plantearse ante un Juez que asume una competencia que no tiene y no ante quien, manifiestamente, le está declinando.

La competencia de los Tribunales de familia en materia de patria potestad les está expresamente asignado por el art. 16, inc. 10 de la ley 7676 y, complementariamente, a contrario sensu, por la nueva redacción del art. 1ro., inc. g. de la ley 4873, conforme a lo dispuesto por el art. 185, f. de la ley 7676 que establece la competencia del Juez de Menores para conocer y resolver la guarda de menores sometidos al patronato.

Si una cuestión de guarda fue dirimida frente al respectivo magistrado, y fue sustanciada y resulta por sentencia que declaró el estado de peligro material y moral de los menores y determinó las medidas tutelares de prevención, no puede luego, invocarse continuidad o accesoriedad del pedido de pérdida de patria potestad con respecto a aquel, por cuanto la intervención del tribunal de menores, en tal materia, excedería los límites de la tutela establecida, para avanzar sobre cuestiones que, por su naturaleza, exigen ser objeto de un proceso de carácter civil que asegure también al progenitor, inmediato interesado, su legítimo derecho de defensa en juicio.

En razón de lo expuesto, el conocimiento del asunto corresponde a la Sra. Juez de Familia de Primera Nominación, sin perjuicio del análisis oportuno que la Sra. Magistrado efectúe de los requisitos y presupuestos de la cuestión planteada.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, acumulación de penas, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Walter Cristian s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-08-24

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la recurrente cuestiona la metodología utilizada por el tribunal para unificar las penas, si la alzada individualizó la pena única dentro de la escala penal aplicable al caso (arts. 166 inc. 2, 55 a 58 del Cód. Penal); y la quejosa no intenta evidenciar que en dicha individualización el Tribunal hubiera transgredido los arts. 40 y 41 del Código Penal cuya violación también denuncia, pues al respecto se limita a requerir que el monto de pena única sea una verdadera evaluación de la responsabilidad integral del encausado, a fin de que la sanción pueda cumplir sus fines específicos, consideraciones genéricas que no guardan relación con los preceptos legales que invoca.
Expropiación, anotación de la litis, despojo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ "Los Sauquitos S.R.L." s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-08

La anotación preventiva, si bien afecta la disponibilidad del bien, no impide al expropiado, mientras se encuentre en posesión de la cosa, realizar actos posesorios. Habitar en ella, cosechar los frutos para consumirlos o venderlos, percibir las rentas y disponer de ellas, etc. Por tanto, la anotación preventiva no significa desposesión, ni puede asimilarse a ella. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Establecimientos educacionales privados, razonabilidad del acto administrativo, matrícula escolar, derecho de enseñar y aprender
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Fidel, Luis Samuel y otro c/ Instituto S. Chamberlain de Eccleston s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-24

La inscripción de un alumno en un colegio no estatal, no significa un contrato que vincule a las partes durante todo el ciclo de estudios porque el vínculo educativo rechaza la idea de partes con intereses enfrentados, y acepta la de que los sujetos (padres - instituciones educativas) participan en una finalidad común vinculada a la formación del educando.

Una tarea tan delicada como la que se propugna no puede realizarse eficazmente en el corto del año que dura la matriculación, por ello, al final del él, renace la manera irrestricta la facultad de denegar la reinscripción.

El "servicio educativo" se brinda durante un año, renovable por otro, salvo que el establecimiento decida ejercitar la facultad absoluta, "incausada" e ilimitada de no reinscribir que faculta la Resolución Nro. 641/81 del Ministerio de Educación, pues de lo contrario se violarían los derechos constitucionales de propiedad, de trabajar y ejercer toda industria lícita.

La existencia y alcance del derecho de no rematriculación debe ser analizado en cada caso concreto interpretando cual ha sido la intención del legislador y los fines que tuvo en mira al determinar el contenido de esa facultad.

Cuando el establecimiento educacional exteriorizó su negativa a la rematriculación sin expresión de causa, pero lo cierto es que existió una causa oculta consistente en una represalia por el legítimo reclamo que el padre había efectuado al colegio por los elevados aranceles que cobraba, habiendo quedado probado en el expediente que dicho reclamo fue razonable y reconocido por la propia entidad, que le reintegró al padre las diferencias cobradas en demasía, aquella decisión revela una suerte de sanción familiar por motivos no imputables al menor. En tal situación, su exclusión del colegio al que había concurrido durante varios años, el forzado desarraigo del ambiente al que se hallaba habituado, y su separación de las amistades logradas, constituye una lesión moral que le debe ser resarcida, porque el derecho de admisión o el derecho a la permanencia más allá de todo reglamento, por el efecto normativo de la costumbre (art. 17, Cód. Civil) debe ser ejercido por las instituciones educativas en forma razonable, respetando la rematriculación de aquellos alumnos que no alteran el normal desenvolvimiento del colegio ni otras circunstancias objetivamente comprobables.