Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-17


En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Junio de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "González, Abelardo José Luis vs. Atilu Servicios S.R.L. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación deducido por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia de la Cámara de Trabajo Sala VI de fecha 5 de febrero de 2004 en su punto II en cuanto no hace lugar al rubro indemnización arts. 8, 9 y 10 de la Ley 24.013, absolviéndose a la demandada y el punto III respecto a las costas las que fueron impuestas en la forma siguiente: la actora soportará las propias con más el 30% de las de la demandada y la parte demandada soportará el 70% de sus propias costas y en el punto IV con respecto a la regulación de honorarios.- En la demanda se reclama por el art. 8 de la ley 24.013 el 50% de los haberes por las tareas no registradas; por el art. 9 de la misma ley el período desde el ingreso 25-11-95 hasta el momento del registro como empleado en fecha 1-5-96 (6 meses) y por el art. 10 del mismo ordenamiento exponiendo que en los recibos figura el 50% de lo que efectivamente percibía (fs. 8 vta.).

I.- El recurrente luego de exponer que se encuentran cumplidos los recaudos para su admisibilidad y reseñar los antecedentes del juicio, enuncia como normas infringidas lo dispuesto por los arts. 8, 9, y 10 de la Ley 24.013.

Sostiene que la sentencia al expresar que en el presente caso no se cumplieron los recaudos que establece la norma y su decreto reglamentario, no tiene en cuenta que no es posible admitir que un trabajador que pretende mantener su fuente de trabajo intime al empleador durante la vigencia del contrato de trabajo, sin correr el riesgo de ser dejado cesante.- Que resulta claro que si el actor no formulaba la intimación de ser registrado por el porciento del salario que era pagado en negro, era por el temor a ser despedido.

Agrega que el despido se produce el día 29-01-2001 y que el actor por expediente administrativo formula el reclamo el día 5-2-2001.

Que resulta una incongruencia que la sentencia recepte el reclamo por el pago de la indemnización incluyendo en su monto la suma que no se registraba o sea que se reconozca que el demandado infringía la ley y no aplique las sanciones que señala la misma y a su vez castigarlo con las costas.

Sigue diciendo, que la circunstancia de no acoger el reclamo de las indemnizaciones de la ley 24.013 formulado en el primer momento luego de ocurrido el despido significa distinguir entre las distintas causales, lo que viola el principio de igualdad de las partes ante la ley.

Agrega, que la ley 24.013 tenía como uno de los objetivos promover la regulación -debe decir regularización- de la relación de trabajo, desalentando practicas evasoras. O sea que el origen de las indemnizaciones que prevé la ley es una sanción, un castigo al empleador.

Continúa, que las sanciones de los arts. 8 y 9 no exigen el despido.

Con respecto a las costas, el recurrente expone que la forma en que fueron impuestas resulta arbitraria y contraria a lo dispuesto por los arts. 106 y 109 del CPC y C de aplicación supletoria en el fuero. Que la sentencia ha dado más importancia al extremo que al actor no le correspondían las indemnizaciones de los arts. 8, 9 y 10 de la Ley 24.013 que el debate sobre el fondo que se daba por la existencia de la relación laboral y la mala fe demostrada del accionado cuando se prueba que el actor "estaba en negro" y resultó ser un evasor.

Y referido a los honorarios regulados sostiene que se encuentra en presencia de una incongruencia jurídica y que en este punto se debe remitir a la importancia del proceso.

Que para el sentenciante ha sido más importante el rechazo de las indemnizaciones de la ley 24.013 y no el fondo del asunto si el actor era o no empleado o si tenía o no derecho a reclamar el pago de una indemnización.

Por ello pide se revea los montos de los honorarios y que los mismos se adecuen a la importancia del proceso.

II.- La sentencia luego de señalar como fecha de egreso el día 29 de enero de 2001 (vigente la Ley 25.345), sobre las cuestiones planteadas expresa con respecto a la primera o sea las indemnizaciones de los arts. 8, 9 y 10 de la ley 24.013 que el art. 11 del ordenamiento citado determina que para que funcionen las sanciones es necesaria la intimación por treinta días.

Y que a su vez el art. 3 del decreto reglamentario de la ley 24.013 expresa que para que la intimación produzca los efectos que prevén los artículos deberá efectuarse estando vigente la relación de trabajo.

Refiriéndose a las costas la sentencia expresa que tiene en cuenta el resultado arribado y el progreso parcial de la demanda y en atención a lo normado por los arts. 106 y 109 las impone en la forma expresada.

III.- Así expuestas las posiciones, de la sentencia apoyada en el ordenamiento legal y la del recurrente que no la rebate puntualmente, se llega a la conclusión que el recurso debe ser rechazado.

a.- En efecto el art. 11 de la ley 24.013 reformado por el art. 47 Ley 25.345 publicado en el B.O. el día 17 de noviembre de 2000 textualmente dice: "Las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo representen cumplimente en forma fehaciente las siguientes acciones: a. intime al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones y b. proceda de inmediato y, en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior. Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar la inscripción como defectuosa. Si el empleador contestare y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de treinta días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicada. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 de esta ley, solo se computaran remuneraciones devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de entrada en vigencia".

Sin perjuicio de destacar que mientras el art. 8 contempla un supuesto de clandestinidad u omisión total de la registración del empleado, los arts. 9 y 10 contemplan supuestos de clandestinidades u omisiones parciales ( fecha posterior o remuneración menor), pero en todos los supuestos la intimación que debe realizar el trabajador o la organización sindical que lo represente resulta una obligación ineludible y ante su falta, el pago de las multas fijadas no procede.

En este sentido las doctrina y la jurisprudencia son contestes que los propósitos específicos de la ley de empleo es promover la regularización de las relaciones laborales, desalentando las practicas evasoras, por lo que la intimación al empleador no se puede soslayar. Así la Cámara Nacional del Trabajo Sala IV en fecha 30 de agosto de 1994 en autos Marco, Nilda vs. Baires S.A. ha dicho: "La indemnización prevista en el art. 8 de la Ley de Empleo, está destinada a provocar que el empleador que no tenga una relación registrada, regularice su situación y no simplemente a acordar una indemnización adicional al trabajador que se encuentre en ese supuesto.- La norma se complementa con el art. 11 que, entre otras cosas, dispone que el empleador queda eximido de indemnizar, si regulariza la situación dentro del plazo de 30 días y, en consecuencia, si el trabajador disuelve el contrato antes de cumplirse el plazo, por lo menos en cuanto al reclamo de la indemnización del art. 8, su decisión es intempestiva, porque no respetó el plazo legal que tenía la otra parte". Citado Manuales de Jurisprudencia Ley de Contrato de Trabajo La Ley S.A. Edición 2002, pág. 214 punto 13.

"A partir de la entrada en vigencia de la Ley 25.345 ( B.O. 17-11-2000 ) el trabajador no sólo deberá cursar la intimación que establece el art. 11 de la ley 24.013 en su inciso a ) sino también, la que exige el inciso b ): remitir copia de ella a la AFIP, lo que debe efectivizarse no más allá de las 24 horas después de practicada la intimación. En consecuencia, toda vez que el trabajador no dio efectivo cumplimiento con los recaudos dispuesto en el inciso b) de la citada disposición corresponde desestimar la queja articulada y en consecuencia, mantener la improcedencia de las multas de la LNE, dispuestas en grado". Nicolini, Jorge vs. Confitería Ideal S.R.L. s/ Despido de fecha 16 de octubre de 2003.-Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala.

Por ello no tiene cabida la argumentación del actor que no resulta necesaria la intimación mientras regía la relación de trabajo, por considerar suficiente la prueba (ya extinguido el contrato de trabajo) de que se ha percibido un importe mayor en concepto de salario que el registrado, por cuanto no ha dado la oportunidad al empleador de corregir la registración ni tampoco ha tomado el debido conocimiento de la intimación la Administración Federal de Ingresos Públicos.

La necesidad de la intimación al empleador lo señala asimismo el decreto reglamentario de la Ley de Empleo N° 2725/91 en su art. 3 que reglamenta el art. 11 de la Ley 24.013 dice: "1.- La intimación para que produzca los efectos previstos en este artículo deberá efectuarse estando vigente la relación laboral. 2 El plazo de treinta ( 30 ) días es de días corridos. 3.-La eximición de pago comprende exclusivamente las indemnizaciones de los arts. 8, 9 y 10 de la ley 24.013".

b.- La misma suerte o sea el rechazo de los agravios con respecto al modo de imposición de las costas.

Numerosos son los pronunciamientos del Tribunal en el sentido que ante una victoria parcial del actor en un juicio no puede tener como consecuencia la carga de la totalidad de las costas al demandado, quien ha logrado reducir las pretensiones del accionante. Por lo tanto debe participar razonablemente del pago de las mismas. Sentencia 642 de fecha 22-8-1998, publicado en Sumarios Jurisprudenciales año 1998 Tomo I, pág. 287 entre otros.

También se debe tener en cuenta que el actor demanda las indemnizaciones de los arts. 8 , 9 y 10 de la Ley 24.013, cuando el supuesto de clandestinidad total (art. 8) excluye la existencia de clandestinidades parciales (receptadas en los arts. 9 y 10 de la LNE) por lo que no corresponde acumular las indemnizaciones fijadas. Voto del Dr. Capón Filas al que se adhiere el Dr. Fernández Madrid.-C.N.T. Sala VI- 5 de marzo de 1999. Juicio: Albornoz, Graciela E. vs. Sindicato de Empleados de Comercio de Cap Federal. Derecho del Trabajo 1999- B -pág. 1819.

Si se observa que el monto demandado que se rechaza significa el 82% del monto total demandado, se debe concluir que el modo de imposición de las costas es razonable por lo que le cabe su participación en el pago de las mismas. No se está en presencia de arbitrariedad alguna.

c.- Y referente al monto de los honorarios regulados, el recurso de casación resulta inadmisible por no haber cumplido el recurrente con la exigencia del art. 32 de la Ley 5480.

Por lo expresado considero que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, con costas. (art. 106 del CPC y C).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación formulado por la parte actora en contra de la Sentencia de fecha 5 de febrero de 2005 dictada por la Cámara de Trabajo Sala VI, con respecto a los puntos II y III de la misma.

II.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación referido al punto IV de la misma.

III.- COSTAS al recurrente.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA