marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Enrique, Hugo Omar s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-26

Denegada en el procedimiento oral la producción de una prueba, la admisibilidad de los recursos extraordinarios no depende exclusivamente de que se haya hecho la protesta a que se refiere el artículo 271 de la ley procesal, sino también de la concurrencia de los demás requisitos legales que le son propios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tesorieri, Elsa Rosa c/ Fernandez, Héctor Irineo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-26

No puede atribuirse a la intervención del Agente Fiscal en la causa penal, la facultad de suspender el curso de la prescripción en los términos del art. 3982 bis del Código Civil (SCBA, en "DJBA", t.

137, p. 6551).
Cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: PROCESAL
Carátula: P., M. del C. y Otro c/ E. SA y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-16

La sentencia criminal hace cosa juzgada en cuanto a la inexistencia del hecho pero no en cuanto a la inexistencia de culpa.
Prórroga de la prisión preventiva, crímenes de lesa humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Méndez, Emilio Felipe c/  s/ ley 24.390
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-09

Debe confirmarse el fallo que confirmó la prórroga de la prisión preventiva del procesado en el marco de una causa en la cual se investigan secuestros, torturas y homicidios cometidos en un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, dado que los fundamentos y circunstancias que dan sustento a la resolución recurrida se adecuan a la normativa que justifica la prórroga del encierro preventivo (art. 1, Ley 24.390).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, impuestos provinciales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: José Minetti y Cia. Ltda. Sacei c/ Tucumán, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-04

La Corte Suprema es competente para seguir entendiendo en una acción entablada por una empresa con domicilio en Córdoba contra la Provincia de Tucumán a fin que se declare inconstitucional la ley 8573 de dicha provincia, en tanto la demandada no alegó, ni mucho menos demostró, como era menester, que estas actuaciones constituyan la prolongación de una controversia anteriormente radicada ante sus tribunales locales, sino que señaló que la actora había promovido con posterioridad -en dicha sede- tres procesos judiciales contra el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán en los que cuestionaba la constitucionalidad de la citada ley provincial 8573. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Legitimación procesal, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Jujuy y Cámara Jujeña de Empresas de Salud c/ Estado Provincial (Ley Nro. 4.957) s/ Acción de inconstitucionalidad - Medida Cautelar. L.A. N 53 267/277 N 87 Jujuy y Cámara Jujeña de Empresas de Salud c/ Estado Provincial (Ley Nro. 4.957) s/ Acción de inconstitucionalidad - Medida Cautelar. L.A. N 53 267/277 N 87
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-10-13

El reconocimiento en cualquier persona de la titularidad o participación de cualquiera de los derechos -individuales y solidarios o sociales,derechos personalísimos y de incidencia colectiva-, lleva insita la admisión de su acceso a la jurisdicción para su protección, merced al ejercicio de la pertinente acción, sea esta individual o de clase.
Enfermedad profesional, accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: González, Santos Oscar  c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de la Provincia de Entre Rios Art  s/ enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-05

La actuación de la ART luego del primer episodio sufrido por el trabajador, no fue la que le correspondía en derecho, y por ende debe responder en autos. En la especie, no se advierte ninguna conducta de entidad por parte de la aseguradora para prevenir el daño del actor, sobre todo en el caso puntual donde consta el antecedente anterior de la lesión en su columna, que le implicare un importante grado de incapacidad -17,5%.-. No solo no tomó medidas adecuadas, sino que nada efectuó a partir de ello hasta la contingencia sufrida por aquél en marzo del 2017, pudiendo en su caso, dadas las circunstancias y antecedentes sucedidos, haber realizado por ejemplo los exámenes médicos periódicos, estos últimos a cargo de la ART (res. 37/10 SRT), que hubieran advertido de la patología que se venía desarrollando en la salud del actor hasta que finalmente se manifestare en la fecha indicada. Si los exámenes médicos obligatorios se hubieren efectuado al trabajador, las tareas realizadas por motivo o en ocasión de las cuales se lesionó la espalda baja hubieran podido ser cambiadas, aminoradas o aseguradas mediante elementos de protección adecuados. Cabe recordar que se está ante una acción sistémica, donde rigen las presunciones de autoría y causalidad, quedando en cabeza de la ART del empleador "desbaratar la misma" (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Seguros, indemnización, reconocimiento de derechos, destrucción total del automotor, asiento registral, cobro de sumas de dinero
Materia: COMERCIAL
Carátula: Arnedo Barreiro, Juan Manuel c/ Compañia de Seguros La Mercantil Andina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-07

A los efectos de percibir los fondos depositados por la aseguradora demandada correspondientes a la indemnización por destrucción total reconocida a favor del asegurado, éste debía cumplir con el trámite de la baja registral. Justamente la indemnización por destrucción total apunta a compensar al propietario cuyo rodado ha quedado inutilizable e irreparable por resultar la reparación antieconómica. Por lo cual vender los restos y permitir que se realice una reparación y el automóvil continúe circulando, no solo contraria la descripción misma de la destrucción total, sino que además supone la realización de gastos que jamás serán reintegrados para un rodado que deberá ser dado de baja del registro y venido por partes. Súmase a lo expuesto, que la póliza de seguro supedita el pago de la indemnización a la inscripción de la baja definitiva de la unidad. Es decir, el trámite de la baja registral debe cumplirse con antelación al cobro.
Mediación, prescripción adquisitiva, facultades del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: MURATORE,  Pascual  y  otro c/ CHIDE, José y otro s/ PRESCRIPCIÓNADQUISITIVA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-28

El juicio de prescripción adquisitiva como las acciones posesorias y la reivindicación no están excluidos del trámite de mediación previa obligatoria previsto en el art. 1° de la ley 24.573 que sólo admite como excepción a los interdictos por el carácter de remedio policial que le es propio.

Ante la imposibilidad de citar al accionado es el propio actor o su letrado el que debe cumplir extrajudicialmente múltiples averiguaciones en aras de determinar la identidad de la persona a demandar, porque la recolección de los datos necesarios para promover los actos constitutivos del proceso judicial es tarea propia de los interesados. Los abogados cuentan con la posibilidad que les otorga el art. 8° de la ley 23.187 de ejercicio profesional, que los faculta a requerir a las entidades públicas información concerniente a las cuestiones que se les haya encomendado y tener libre acceso personal a archivos y demás dependencias administrativas en las que existan registros de antecedentes. La norma ha exceptuado de tal prerrogativa sólo aquellos datos de carácter estrictamente privados y aquellos registros o archivos cuyas constancias se declararen reservadas por disposición legal, entre los que no se encuentran los que podrían aportar mayores datos orientados a individualizar adecuadamente a los accionados. Sólo ante el eventual fracaso de las estrategias extrajudiciales desplegadas se prevé la posibilidad de plantear las medidas preparatorias del art. 323 del Código Procesal
Plan de ahorro previo, seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROLDAN, ELPIDIO C/PLAN ROMBO SA DE AHORRO P/F DETERMINADOS S/ SUMARISIMO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-07

Ello, revelaría a priori un incumplimiento por parte de la accionada de aquella resolución de la IGJ, así como de las condiciones generales antes referidas y el manifiesto interés del pretensor en obtener la medida solicitada. Por otra parte, la aseguradora seleccionada por el actor también se encuentra dentro del listado ofrecido contractualmente.
Audiencia de debate, principio de oralidad, instrucción, diligencias de la instrucción, prueba, admisibilidad de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: DUME, Marisa Luz s/ Administración fraudulenta (2 hechos) en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-10-24

Se halla fuera de discusión que la audiencia de debate constituye el pilar fundamental del denominado proceso penal mixto pues es allí donde se reivindican los principios de oralidad, publicidad e inmediación. Sin embargo, ello no autoriza a desoír todo lo actuado previamente durante la instrucción; pues así lo establece la propia ley cuando, en el artículo 360 del CPP, taxativamente determina los supuestos en que pueden incorporarse válidamente las piezas procesales labradas durante la investigación, siempre que éstas hubieran observado las formalidades pertinentes.
Insuficiencia del agravio, confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, policía federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Buccilli, Christian Carlos  c/ E. N. -M° Seguridad-PFA s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-15

Se desestiman los agravios ofrecidos por la parte actora y se confirma la decisión de primera instancia que rechazó la demanda promovida contra la Policía Federal Argentina "por despido en virtud de haber sido cedido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin conformidad expresa, sin sumario administrativo y sin autorización expresa de la ley especial que regula la actividad". Se considera que la línea argumental planteada por el actor acerca de que su transferencia desde la Policía Federal Argentina a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires configuró un "despido" no puede ser admitida pues esa transferencia de agentes, por un lado, constituyó la materialización de la voluntad del Constituyente expresada en el artículo 129 de la Constitución Nacional y, por otro lado, implicó la conclusión de todo un proceso complejo, legal y constitucional, de transferencia progresiva de actividades del ámbito federal al local.
Contrato de obra pública, contratista, obligaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COMPAÑIA  ESTUDIOS  Y  CONSTRUCCIONES  INGENIERO RODOLFO JOSE CORNERO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 107-79
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-05-27

La obligación que el co-contratista asume al firmar un contrato de obra es de resultado, y tal naturaleza no varía en la asumida en un contrato de obra pública.
Recurso de casación, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Paredes Ravena, Juan Francisco s/ Querella, Expte. nro. 156/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-06-12

La necesidad que la sanción aplicada se encuentre debidamente fundada (con referencia al caso concreto más que a principios dogmáticos y reglas de carácter general) para tener fuerza como decisión judicial llevan a sostener que la facultad discrecional del tribunal encuentra límite en su correcta motivación, que debe reflejar una relación directa con las constancias del proceso, poseer sustento normativo y ofrecer una exégesis razonable de las normas pertinentes y los hechos probados a lo largo del proceso. La violación a estas reglas torna arbitraria la decisión, siendo de aplicación los principios reconocidos doctrinaria y jurisprudencialmente en la materia (del voto del Dr. González Godoy).
Defensor, aceptación del cargo, derecho a extraer fotocopias, imputado no procesado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SASTRE, Cristina y otro s/ DEFENSOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

No debe hacerse lugar a la extracción de fotocopias solicitada por la defensa si el imputado aún no ha sido convocado al proceso, pues corresponde privilegiar la investigación y prevenir la dispersión de la prueba a colectarse en desmedro del derecho del abogado de conocer el proceso con antelación a la aceptación del cargo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, cheque, delitos, autoría
Materia: PENAL
Carátula: H, E A s/ Recurso de Inaplicabilidad doctrina legal (Expte.. Nro. 8-86) -Tribunal  plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-15

El decreto-ley 4776/63, ratificado por Ley n 16478, prescribe en su artículo 1 que el cheque es una "orden pago pura y simple", o sea incondicionada -de otro modo alteraría la índole de su función-, siendo "pagadero a la vista" (artículo 23), denotativo de una existencia legal que puede llegar a ser casi efímera. El concepto legal de pago, frecuentemente es desvirtuado en su origen al utilizarse al cheque como instrumento de un crédito, tal como hacen los prestamistas en muchas ocasiones, en maniobras francamente dolosas (usura), a cuyo fin exigen, requieren o aceptan cheques postdatados o en blanco. No obstante, ello no quita al título su carácter de "orden de pago" porque en definitiva para el Banco girado -concurriendo los extremos legales- subsiste la obligación de pagar. De allí que quien entrega un cheque al usurero comete este delito -artículo 302 inciso 1 Código Penal- del cual no lo excusa siquiera la circunstancia de que aquel cometa el delito de desnaturalización de cheque -artículo 175 inciso 4 Código Penal- por cuanto no sólo está prohibido entregar el documento en pago sino también entregarlo "por cualquier concepto", ya que el efecto de la última disposición es el de hacer punible "además"al que exigió o aceptó el cheque, sin perjuicio de la aplicabilidad del artículo 302 al librador cuando sea el caso. El giro o cheque se puede entregar en pago de cualquier otro concepto, la ley no hace distinciones y castiga en todo caso el otorgamiento doloso, y nadie puede dudar que quien lo entregó en alguna de esas hipótesis y no lo paga -debiendo hacerlo- comete el ilícito. (Del Voto del Dr. Vecchioli que hace Mayoría). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿Constituye el objeto típico contemplado por el artículo 302, inciso 1 del Código Penal el cheque que habiendo sido recibido por su originario tenedor, desnaturalizando su finalidad jurídica, es presentado por él mismo al banco girado para que sea atendido?
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ, Raúl Angel c/ BIRNAT VERZY W s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-16

El conductor de una máquina peligrosa como es el automóvil, debe tener en todo momento el control de su vehículo, de modo de detenerlo cuando se presenta una contingencia del tránsito, para evitar daños a terceros, importando la omisión de tal deber de vigilancia, una conducta culpable.
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Florenzano Oscar Edgardo c/ Oliveros José Osmar y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-25

La invocación del dispositivo legal inserto en el art. 48 del Código Procesal no reclama su expresa mención ni términos sacramentales, bastando que de la lectura razonable del texto surja la situación de urgencia, el carácter de mandatario del letrado y que acreditaría ello "en forma legal", datos que conducen inexorablemente al instituto reglado por aquella norma.
Competencia criminal y correccional, competencia penal, Derecho contravencional y de faltas, amenazas, calificación legal, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Bazán, Fernando c/  s/ amenazas s/ conflicto de competencia I en/ Bazán, Fernando s/ amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-11

Haciendo primar un criterio que privilegie un servicio de justicia eficiente que atienda a la probabilidad de progreso del encuadre legal discutido (lesiones en riña o lesiones leves) y al grado de conocimiento e intervención ya desplegado por uno de los órganos, resulta conveniente mantener la radicación de las actuaciones en el Poder Judicial de la Ciudad donde tramitó la denuncia por lesiones en riña, que también es competente para entender respecto del otro hecho investigado en autos, cuya subsunción legal no se halla controvertida (daño). Asimismo, resulta propicio remitir las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas para que determine cuál de los juzgados especializados en materia penal juvenil deberá intervenir, en tanto una de las personas sindicadas como posible autor de las lesiones denunciadas era, al menos al momento del hecho, menor de edad. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Prescindibilidad, despido del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, RAFAEL HUGO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-05-08

Las indemnizaciones que establece la ley 21274 no excluyen las previstas por la ley 20615. Ambas leyes corren por carriles diferentes porque distinta es su raigambre. Mientras las disposiciones de la ley 21274 establecen instituciones a favor y en beneficio individual, la segunda legisla para otra esfera del derecho laboral, otro es su ámbito, su objetivo, su materia es el derecho colectivo de trabajo y apunta a la defensa y consolidación de éste. Es por ello que al determinar la indemnización del delegado gremial no tiene en cuenta al agente como tal, sino a la investidura que ostenta. La ley 21274 no incursiona en el derecho colectivo, sobre el que nada dice, por lo que extenderlo en forma que desproteja a un quehacer que la Constitución ampara, es una extensión que la ley no ha previsto en forma expresa y que por vía de interpretación no puede hacerse. (Disidencia del Doctor Emilio Villarroel).
Honorarios, monto de la demanda, monto indeterminado, recurso de apelación (procesal), resoluciones apelables
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez Jacomet, Javier c/ Martínez Jacomet, Rodrigo s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-28

Procede rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución recurrida teniendo en cuenta que las pautas que la ley 27423: 47, había introducido en materia de incidentes fueron observadas por el Dec. 1077/17, dejando de existir una regla específica para fijar la retribución de labores cumplidas en tal marco. En ese contexto, y toda vez que en casos como el de autos, no se configura - como principio - un litigio con monto determinado en los términos del art. 16 Inc. a) de la ley de aranceles, la retribución de que se trata habrá de ser establecida teniendo en consideración las pautas generales contenidas en la ley 27423: 16 y las etapas a las que hace referencia el art. 29 inc. g)
Empleo público, indemnización por despido, fallos de la Corte Suprema, prueba, daño moral, diferencias salariales
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Dobarro, Sergio Nicolás  c/ Estado Nacional Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas de la Nacion y otro  s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-16

La sala tuvo por configurada la existencia de una relación laboral entre las partes sobre la base de un convenio suscripto entre la Universidad Tecnológica Nacional y la Secretaría de Hacienda que se enmarca en la línea jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente "Ramos". En función de ello, reconoció a la parte actora el derecho a percibir una indemnización en los términos del quinto párrafo del artículo 11 de la ley 25.164; pero rechazó la indemnización prevista en el tercer párrafo de la citada norma, al no acreditarse en la causa que la ruptura del vínculo hubiera sido incausada e intempestiva y que exista continuidad en la prestación efectiva de servicios del actor una vez operado el vencimiento del contrato. Como derivación lógica de lo expresado, descartó también la existencia de daño moral. Por último, rechazó la procedencia de las diferencias salariales existentes entre la remuneración percibida por el accionante y la que alegó debió habérsele abonado de conformidad con las tareas realizadas, al no demostrar cabalmente cuáles tareas, funciones y responsabilidades justificarían la equiparación salarial pretendida en el nivel y grado reclamado de acuerdo a la normativa aplicable.
Temeridad o malicia, deberes del juez, deberes procesales, buena fe procesal, apoderado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: PEGASANO, AGUSTIN FEDERICO c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-14

Se torna imperativo reprimir con severidad y eficacia la inconducta procesal, evitando la obstrucción del curso de la justicia, en cuanto la temeridad y la malicia afectan gravemente la función jurisdiccional. "El primer agraviado con la inconducta es el juez, pues trata de desviarlo en su tarea destinada a pronunciar una sentencia justa, mediante el planteamiento de afirmaciones engañosas o incidentes infundados" (cfr. Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T1 I, pág. 186); y tiene el deber de sancionar al improbus litigatur (Fallos 282:356). Por ello, desde el momento que constituye un deber del juez (art. 34, inc. 5 y art. 163, inc. 8 del C.P.C.C.) corresponde castigar el incumplimiento procesal en que incurre el apoderado de la recurrente a los deberes procesales de buena fe, lealtad y probidad; máxime si dicha actividad procesal se verificó a expensas de quien se debate diariamente frente a la necesidad de vivir dignamente, en un estado crítico de salud.
Prueba, segunda instancia, rebeldía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hielkman de Bruno, Elisa Cornelia y otros c/ Castiñeira, Ricardo Manuel y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-22

La accionada interesada en el replanteo de la prueba está obligada a fundar su petición, por cuanto la denegatoria del primer juez no hace automáticamente procedente la admisión de la prueba en Segunda Instancia; por el contrario, una decisión adversa del a-quo crea la presunción de que la medida ha sido justamente deshechada, presunción que debe destruir el interesado conforme a las reglas previstas para el contenido de la expresión de agravios, lo que no acontece en autos, por lo que no procede producir esta prueba en la Alzada. Por otra parte "el rebelde puede ofrecer y producir prueba tendiente a desvirtuar la de la otra parte, pero de ningún modo es admisible que por ese procedimiento pretenda hacer valer hechos que sólo son susceptibles de ser alegados en el momento procesal oportuno - contestación de la demanda-; no es posible que aquél a quien se ha dado por contestada en rebeldía la demanda se halle en mejor situación procesal que el litigante que se aviene a discutir, amplia y cabalmente, los hechos y el derecho, razón por la cual aquella incontestación impide efectuar posteriormente y menos en el escrito de expresión de agravios... tardíos planteamientos".