Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-29


AUTOS 142325 (C.C. -SALA IV- Nº 431) DEL Décimo Primer Juzgado Civil, Caratulados: "CONTURSO Julio Ernesto C/ Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San Juan - Amparo".- En la Ciudad de San Juan a 29 días del mes de abril del año dos mil catorce, reunido el Tribunal bajo la Presidencia de la Dra. Estela Zorrilla y los Dres. María Josefina Nacif y Juan Jesús Romero como Vocales, a fin de resolver en los presentes autos N° 142325 (C.C. Sala IV Nº 431) caratulados "Conturso Julio Ernesto C/ Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San Juan S/ Amparo", el recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 217/226 vta. contra la sentencia de fecha 21 de marzo del año en curso, dictada por el Sr. Juez titular del Décimo Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería que luce a fs. 209/216 vta.; que fuera concedido a fs. 227 sin efecto suspensivo.

EL DR. JUAN JESUS ROMERO, DIJO:

Mediante el decisorio apelado el Sr. Juez admitió la acción de amparo interpuesta por el actor -Dr. Julio Conturso- contra el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San Juan, ordenando que se deje sin efecto la Resolución N° 0191-MSP-2014; impuso las costas a la accionada vencida y reguló honorarios a favor del Dr. Persichela, quien actuó como patrocinante del actor, en la suma de $ 2000 (cfr. arts. 188, 186 y 222 de la Ley N° 2150).

Fundamentos de la sentencia apelada Para así resolver el Sr. Juez, luego de llevar a cabo la reseña de la presente causa -a la que me remito por razones de economía procesal- se avocó a tratar lo relativo a la procedencia de la vía del amparo.

Hizo referencia a lo dispuesto por el art. 40 de la Constitución Provincial y por el art. 43 de la Constitución Nacional -los que transcribió en la parte pertinente- aduciendo que dichos dispositivos descartan de plano la exigencia del agotamiento de la vía administrativa. Citó doctrina en apoyo de tal postura y expresó que el art. 565 del C.P.C. prevé la procedencia del amparo cuando fuera necesaria la reparación urgente del perjuicio, la cesación inmediata de los efectos del acto o impedir que se realice un acto ilegal y la cuestión, por su naturaleza, no tuviere un tratamiento más idóneo a través de alguno de los procedimientos establecidos por el Código de Procedimientos u otras leyes. Destacó -en base a doctrina y jurisprudencia que citó- que el art. 43 de la Carta Magna no exige a los fines de la admisibilidad del amparo el agotamiento de vías administrativas, que la existencia de medios judiciales descarta en principio la acción de amparo y, que tal principio cede cuando la existencia y empleo de los remedios judiciales impliquen demoras o ineficacias que neutralicen la garantía; lo que debe ser analizado en el caso concreto.

En relación al objeto puntual de la acción de amparo, afirma que con motivo de habérsele aplicado al accionante una suspensión preventiva - con goce de haberes por el término de 120 días en virtud de la Resolución Nº 0191-MSP-14 - dictada a consecuencia del sumario administrativo iniciado en su contra; el actor solicita copias del sumario y las mismas fueron negadas por el instructor. En base a ello el juez de grado considera que ante la irrecurribilidad de la suspensión aplicada y su imposibilidad de acceder al sumario administrativo, la única vía que le quedaba expedita para la defensa de sus derechos era el amparo.

Asimismo sostiene que aún cuando se pudiese plantear un recurso administrativo no resultaría la vía idónea porque mientras sea resuelto, al actor se le haría efectiva la suspensión impuesta.

A tenor de las argumentaciones reseñadas el juez de grado consideró que en la especie se encuentran comprometidos los derechos constitucionales del debido proceso, defensa en juicio y el derecho a trabajar y que, en el ámbito de los sumarios administrativos los mismos deben ser respetados.

Así las cosas entiende que la resolución que dispone la suspensión preventiva no ha sido debidamente fundada, en cuanto no se ha explicado en que forma el actor puede entorpecer la investigación y dispersar la prueba, utilizando el fundamento aparente del artículo 59 de la ley 7856, por lo que considera que la resolución, objeto de amparo, es arbitraria y por ende descalificable como acto jurisdiccional válido.

Agravios de la parte demandada La accionada de manera previa a expresar los agravios que le causa el fallo dictado lleva a cabo una reseña de los antecedentes del proceso y hace referencia a los fundamentos en los que el Sr. Juez sustenta la decisión adoptada (fs. 217/219 vta.).

Luego expresa agravios, los que pueden sintetizarse del siguiente modo: I) Le agravia que el Sentenciante, al analizar la procedencia del amparo, descarte por completo la exigencia del agotamiento de la vía administrativa, omitiendo considerar lo dispuesto por el art. 565 in fine del C.P.C. en el sentido de "...la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes...". Sostiene que la suspensión preventiva debió ser dilucidada mediante el procedimiento que marcan las leyes que no es otro, que el administrativo que dio origen a la medida. El actor debió cuestionar la medida en el propio sumario o mediante el ejercicio del trámite administrativo que lo permite, o en su defecto, a través de la acción contenciosa administrativa pero jamás, por la acción de amparo como lo ha hecho. Cita doctrina en apoyo de su postura y sostiene que este Tribunal, al fallar sobre la medida cautelar, avala lo expuesto por su parte.

II) Le agravia que el Sr. Juez considere que la Resolución N° 0191-MSP-14 no está debidamente fundada. Aduce que el conflicto se suscitó por la conducta violenta, irrespetuosa e ilegítima del actor hacia su superior directo. Continúa diciendo que de la denuncia formulada por el Director del Hospital Marcial Quiroga surge que el actor lo agredió verbalmente, lo amenazó impidiéndole ingresar al Servicio de Urología, que incumplió con sus deberes laborales, que desconoció la autoridad superior -entre otras- inclusive que, algunas de las conductas desplegadas por el actor dieron origen a la denuncia penal que tramita por ante el Primer Juzgado Correccional en Sumario N° 69141/14 caratulados: "C/ Conturso Julio S/ Actuaciones por denuncia en perjuicio de Enzo Marcelo Gonzalez". Sostiene que los hechos han sido corroborados por los testimonios recogidos en el sumario (ver fs. 105, 106 y 108), por el informe del Servicio de Seguridad Privada (folio 19 del sumario) y por la declaración informativa obrante en el folio 21 del sumario.

Expresa el recurrente que la resolución, objeto de amparo, se encuentra debidamente fundada conforme lo expresado por el tercer y cuarto considerando. Agrega que la actitud del sumariado justifica la separación temporal del cargo con goce de haberes ya que, la demostración previa en los hechos, hace presumir un actuar similar en el sumario administrativo.

Dice que debe tenerse en cuenta que las medidas de prueba del sumario obedecen a declaraciones informativas de personas que presenciaron los hechos algunos de ellos, dependientes del propio denunciado.

Expresa que el Sr. Juez no ha considerado que la presencia del actor en su lugar de trabajo resulta inconveniente porque podría entorpecer la investigación administrativa, la reunión de prueba y lo más grande, poner en riesgo físico a su superior. Que la posición que asume el Sr. Juez resulta un tanto irrazonable en cuanto, ante una mera suspensión preventiva provisoria y precaria -por su propia naturaleza-, se imponga la obligación de describir detalladamente las conductas, los dichos y hechos del imputado. Tal exigencia importaría alterar el orden del proceso sumarial, adelantando consideraciones que serían materia de la investigación y se produciría un prejuzgamiento irregular que induciría a quienes deben labrar y concluir el sumario.

Manifiesta que el Sentenciante no tuvo en cuenta que la suspensión preventiva del imputado es una facultad legítima de las prerrogativas discrecionales del funcionario que hace la merituación de la oportunidad, mérito y conveniencia y que, resolviendo como lo ha hecho invade de manera arbitraria la esfera propia del poder administrador.

III) Ataca el fallo por cuanto el magistrado entiende que la Resolución N° 0191-MSP-14 es arbitraria al violar el derecho de defensa del actor. Expone que el Sr. Juez omite considerar que la medida adoptada no afecta su salario ni su situación de revista sino que es temporal y tiene como único objetivo el evitar cualquier situación que perjudique la investigación del sumario, ámbito donde el accionante podrá ejercer su derecho de defensa y ser oído. Alega que en el sumario el actor podrá ofrecer y producir prueba, fiscalizar el contenido del mismo y, eventualmente si obtiene un fallo adverso, utilizar la vía recursiva administrativa o judicial.

Destaca el recurrente que el juez a-quo no ha considerado que en el presente caso rigen los principios de las medidas cautelares es decir, no se requiere traslado ni discusión o manifestación alguna de parte del destinatario de la medida; se deciden sin sustanciación puesto que por su limitación temporal no lesionan derechos personalísimos laborales o patrimoniales del sujeto. Continúa diciendo que la suspensión preventiva no debe ser interpretada como una sanción y que ha sido tomada en el marco del art. 59 de la Ley N° 2580 -modificada por la Ley n° 7856-.

Sostiene que el Sr. Juez se contradice en el fallo, al decir que la medida impugnada, por ser preparatorio es irrecurrible, y no obstante ello resuelve lo contrario revocándola. Reitera que en la instancia preparatoria del sumario, el sumariado no tiene derecho a ser oído. Dicho derecho, se materializará al recibir el traslado pertinente del capítulo de cargos siempre que ello acontezca en el presente caso porque aún puede derivarse de la etapa preparatoria investigativa, que no existe mérito suficiente para endilgar cargo alguno al sumariado. Destaca que la Administración ha actuado dentro del marco de la legalidad, que la medida adoptada resulta legítima y que de ninguna manera justifica la interposición de la presente acción porque el derecho de defensa del accionante no se encuentra vulnerado. El mismo puede ser ejercido en el sumario administrativo promovido en su contra.

IV) También agravia al recurrente que el Sr. Juez afirme que la suspensión preventiva ha causado un daño al actor, aún cuando tal medida haya sido dispuesta con goce de haberes, porque se vio privado a ejercer su derecho constitucional de trabajar. Expone que tal postura echa por tierra la basta legislación laboral referida a las facultades disciplinarias del empleador previstas en el art. 224 de la Ley N° 20744, art. 80 de la Ley N° 3816 -entre otras-.

El magistrado olvida que la medida adoptada deviene de una actitud grave del empleado que violenta sus obligaciones laborales y que el empleador siguió el procedimiento previsto por las leyes en la materia y en especial la Ley n° 7856, evitando provocar un daño patrimonial al empleado ya que la misma fue dispuesta con goce de haberes. Lo afirmado por el Sentenciante es ambiguo, arbitrario, subjetivo y no está avalado por ninguna prueba.

Aduce que el daño moral que refiere el Magistrado, causado por una supuesta aflicción o detrimento en la persona del accionante, no está acreditado, obviándose que en materia de daños ello es indispensable. Agrega que el daño debe ser concreto y tangible, lo que no acontece en el caso de autos.

Por último la apelante expresa que el Sr. Juez se contradice; por un lado, afirma que no es necesario agotar la vía administrativa y por otro, se apoya en lo dispuesto por el art. 565 del C.P.C. -ratificando lo establecido por tal norma con respecto de la procedencia del amparo siempre y cuando la cuestión, por su naturaleza, no tuviere un tratamiento más idóneo a través de alguno de los procedimientos previstos por el Código u otras leyes- y, en el art. 43 de la Constitución Nacional -en lo referente a que toda persona puede interponer acción expedita y rápida siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo-.

En definitiva solicita la admisión del recurso impetrado, con costas. Para el caso de fallo adverso a sus pretensiones, mantiene las reservas formuladas para interponer los recursos extraordinarios de la Ley Nº 2275 y el caso federal del art. 14 de la Ley Nº 48. Al responder la parte actora el traslado conferido a fs. 227, peticiona la declaración de deserción del recurso de apelación por falta de crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la recurrente considera equivocadas. Sin perjuicio de ello, responde los agravios solicitando su rechazo, por los argumentos que expone a fs. 232/238, con costas. Formula reserva para ocurrir por ante las vías extraordinarias locales y la federal para el caso que se dicte un pronunciamiento que revoque lo resuelto por el Sr. Juez. Entrando en el análisis de los agravios diré que en relación a la vía elegida por el actor, esta Sala en ocasión de expedirse en autos Nº 136318 (C.C. -SALA IV - Nº 102) caratulados "SECURITAS ARGENTINAS S.A. C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - AMPARO- " (PROT: L. DE SENT. T1 F°93/99); adhirió a la posición doctrinaria dominante que entiende que: "El instituto del amparo constituye un procedimiento excepcional, residual y de concesión restrictiva, sólo viable en aquellos supuestos de ilegitimidad y arbitrariedad evidentes, que no requieran amplitud de debate y prueba, ni admitan otra vía legal apta, lo que exige, por su parte, especial criterio de los jueces y letrados para impedir que pueda llegar a desnaturalizárselo. El amparo no resulta un medio versátil de procurar solución jurisdiccional a una gama indiscriminada de conflictos, sino una garantía a derechos de raigambre constitucional amenazados o vulnerados en forma manifiestamente arbitraria. Un ensanchamiento indebido del cauce del amparo provocaría sin dudas su deformación, con el consecuente menoscabo -por la cognición ilimitada del trámite- del principio del debido proceso y el descalabro de todo el mecanismo jurisdiccional..." (Trib. Dres.: Garros Martínez, Posadas, Puig, Silisque, Vicente. - Doctrina: Dra. Von Fischer. - Causa: MECLE, DOLLY YANET. AMPARO. RECURSO DE APELACIÓN. Expte. Nº 24.628/02 de Corte FECHA: 12/03/03. L. 83: 805/812. CORTE DE JUSTICIA). Idéntico temperamento ha adoptado la Corte de Justicia de San Juan al sostener que: "Esta Corte tiene dicho que aún luego de la vigencia del art. 43 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994, la procedencia del amparo está condicionada a la inexistencia de otras vías establecidas por la propia ley ritual u otras leyes aptas para proteger lo derechos que se dicen conculcados. (PRE S2ª 1995-II-55). También tiene dicho el Tribunal que cuando el art. 43 de la Constitución Nacional condiciona la procedencia del amparo a la inexistencia de "otro medio judicial más idóneo" no ha hecho sino consagrar a nivel constitucional, como presupuesto de admisibilidad del amparo, aquello que ya existía como tal en las normas locales (en nuestro caso el art. 582 del C.P.C.) y también en la doctrina y jurisprudencia: que es condición de viabilidad de la acción de amparo que el interesado acredite que no tiene opción por otras vías procesales más adecuadas, apropiadas, aptas para lograr la restitución del derecho constitucional menoscabado (P.R.E. S.2º 1996- I- 27).- (AUTOS: Nº 2478/00 CARATULADOS: "RIVAS, CLAUDIA ALEJANDRA - ACCIÓN DE AMPARO - CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD".- P.R.E. S. 1º - 2001- II- 256.-). (autos Nº 136318 C.C. -SALA IV - Nº 102).

A tenor de los postulados precedentemente señalados es que corresponde analizar la procedencia del recurso de apelación impetrado en autos, adelantando mi opinión en que debe acogerse la apelación impetrada en autos en razón de las consideraciones que a continuación paso a exponer.

En primer término debo decir que la resolución atacada por vía de amparo (Res. N° 0191-MSP-14) constituye un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad, cuyo contenido es revisable judicialmente cuando medie la hipótesis de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

Al respecto la Corte de Justicia de la Provincia ha sostenido: "La arbitrariedad o ilegalidad manifiesta constituye presupuesto esencial y necesario para la procedencia de la acción de amparo, y que ello se da en casos de actos u omisiones manifiestamente opuestos a la ley (P.R.E. S. 2º 11994-I-7) y que el criterio restrictivo con que debe juzgarse la procedencia de la acción de amparo debe incluso acentuarse cuando se dirige contra actos emanados de la Administración Pública, en tanto rige respecto a ellos la presunción de legitimidad establecida en el art. 12 de la ley 3.784 (P.R.E. S.2º 1995-I-192). Mas allá de este criterio imperante no debemos soslayar que cuando se pretende cuestionar la validez de un acto administrativo, existe una vía especifica de impugnación de tales actos y que esta dada por el proceso contencioso administrativo, circunstancia que descarta de plano la vía intentada.

No obstante lo expresado en el párrafo precedente y que de por sí torna inviable atacar un acto administrativo por esta vía, resulta necesario reiterar - como ya se sostuviera en ocasión de revocar la medida cautelar dictada en autos -, que el amparista no ha agotado la vía administrativa, siendo que tal omisión impide que el planteo del administrado sea resuelto por el mismo poder que dictó el acto cuestionado brindando de este modo la posibilidad de enmendar cualquier eventual falla o error en el acto administrativo cuestionado, y por otro lado habilita al reclamante a fijar su posición sobre la cuestión debatida a los fines de una eventual acción judicial, cuyo requisito de admisibilidad esta dado justamente por la exigencia contenida por el artículo 766 del C.P.C.- Otra cuestión que a mi entender resulta determinante para descartar la acción intentada esta dada por la ausencia de ilegalidad manifiesta en la resolución atacada; en efecto y conforme surge de su contenido, ésta ha sido dictada por la autoridad competente en el legítimo ejercicio de sus funciones con el objeto de facilitar la colección de pruebas dentro de un sumario iniciado a los fines de investigar la conducta de un agente de su planta; ello con respaldo en una expresa disposición legal que claramente fija, a los fines de su procedencia, los límites que deben ser observados por el empleador, esto es, que la suspensión preventiva sea con goce de haberes, no altere la situación de revista del agente y no exceda el plazo de 120 días (artículo 59 in fine ley 7856).

Conforme lo que se viene sosteniendo advierto ciertos defectos argumentales en los fundamentos dados por el a-quo para tachar de arbitraria la resolución cuestionada. Así por ejemplo considera como conductas arbitrarias cuestiones tales como no haber facilitado copias de las actuaciones sumariales al actor, cuando la suspensión que se impone es por el máximo de tiempo previsto por el artículo 59 de la ley 7856, por lo que ante su irrecurribilidad, la misma se torna de cumplimiento efectivo. Al respecto cabe señalar que la negativa a extender copias de las actuaciones no cercena el derecho de defensa del agente sumariado, habida cuenta que la medida contemplada por el artículo 59 de la ley 7856 no es una sanción disciplinaria y ha sido dispuesta precisamente a los fines de posibilitar una adecuada investigación, que puede o no concluir en una sanción disciplinaria; este es precisamente el fundamento de su irrecurribilidad (artículo 80 de la ley 3734). La ley - no la administración - presume que tal medida, aplicada bajo las condiciones establecidas en la norma no provoca agravio alguno al agente afectado.

Sin lugar a dudas en el contexto de una investigación sumarial siempre van a existir intereses y derechos en pugna, así el investigado pretende que no sea conculcado su derecho de defensa y por otro lado, a tal pretensión se contrapone el derecho del empleador a investigar y eventualmente sancionar las posibles inconductas en que incurran sus agentes. Tal dialéctica resulta compatibilizada en el sumario administrativo por la existencia de dos estadíos perfectamente diferenciado, a saber: la fase investigativa que lleva adelante la administración - con prescindencia de la intervención del agente investigado - que tiene por objeto colectar toda la prueba inherente al hecho investigado. Una vez concluida esta etapa es que se le concede participación al agente investigado, en la forma modalidad y condiciones que fija el artículo 53 del la ley 7856. Conforme lo señalado y a tenor del estado embrionario en que se encontraba el trámite sumarial, al momento en que el actor pretende copias del sumario, no procedía acceder a su petición. Amén de esta consideración cabe destacar que la falta de intervención del actor en la suspensión aplicada, no afecta su derecho de defensa en cuanto se trata de una medida cautelar que consabidamente es impuesta inaudita parte.

" ..No siendo la suspensión aplicada una medida de carácter definitivo y naturaleza sancionatoria, sino solo preventiva y cautelar (...) lo que la norma del artículo 18 de la Constitución nacional prohíbe es que se aplique una pena antes del proceso, pero no impide la aplicación preventiva de medidas cautelares que tiendan asegurar el objeto y fines del proceso sumarial, cual es la efectiva realización del derecho material que se debate en el". ("REVISTA DE DERECHO PUBLICO 2012-1 Pag. 377 Rubinzal Culzoni) También creo oportuno destacar que asiste razón al recurrente en cuanto considera que la suspensión aplicada se encuentra debidamente fundamentada en cuanto tiene por objeto evitar que la permanencia en sus funciones del agente involucrado, obstruya, dificulte o perjudique la sustanciación del sumario; en efecto y si nos atenemos a que la investigación sumarial obedece a un enfrentamiento producido dentro del ámbito laboral, entre el actor que ostenta el cargo de jefe sección urología del Hospital Marcial Quiroga, con el jefe del referido nosocomio; elementales razones de sentido común permiten advertir sobre la necesidad de aplicar la medida dispuesta a fin de evitar que el agente investigado obstaculice la investigación, ya que por razones obvias, con su sola permanencia en el lugar podría condicionar el resultado de la investigación. Bajo estas condiciones no resulta razonable que el juez de grado exija, como recaudo previo a la cautelar, la previa producción de pruebas que sirvan de fundamento a la suspensión aplicada. Tal postura, importa sin más, "colocar el carro delante de los caballos", ya que justamente el objetivo de la medida cautelar consiste en facilitar a la instrucción la colección de la prueba tendiente a la investigación de que es objeto el actor.

Demás esta decir que si bien es cierto que la intervención de esta Sala, al momento de resolver sobre la apelación de la cautelar decretada en autos, tuvo por objeto analizar la suspensión de los efectos de la resolución N° 0191-MSP-14 mientras que ahora nos ocupa su revocación, no es menos cierto, que la plataforma fáctica y jurídica existente al momento de resolver la cautelar no ha variado en nada respecto de la actual situación, en la que se resuelve sobre el fondo de la cuestión, por lo que indefectiblemente se impone adoptar idéntico criterio.

La facultad valorativa que la ley acuerda al sumariante y que debe necesariamente ser compartida por el Secretario de Salud, a la luz de las circunstancias y antecedentes analizados en autos, me lleva a la convicción que la suspensión dispuesta a través de la resolución N° 0191-MSP-14 se ajusta a derecho y es razonable. Tal conclusión se apoya en que las condiciones que deben ser acreditadas para que el acto administrativo sea despojado de su presunción del legitimidad, esta dada por la acreditación del daño proferido, por parte del destinatario del acto cuestionado, y que el mismo haya sido dictado sin apoyo jurídico alguno o contraviniendo una expresa norma legal. Así esta Cámara reiteradamente ha sostenido que:? "El amp0aro es una acción de carácter excepcional, cuyo objeto es corregir los excesos o desbordes en que se hubiera incurrido por organismos estatales, particulares o personas alterando el orden jurídico al turbar el ejercicio de aquello reputado lícito o autorizado indiscriminadamente, de modo que al violarse derechos fundamentales la reparación no sea posible por otra vía, o sea ilusorio acudir a los procedimientos comunes. (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, Sala III, autos Energía San Juan Amparo; Prot. Sent T° I; F° 85/90; año 2003) . "No puede calificarse de arbitraria o exorbitante la separación del cargo del actor, si su conducta fue susceptible objetivamente de originar la desconfianza de sus superiores en cuanto a la correcta prestación del servicio, y en lo que hace al cumplimiento del deber que expresamente estatuye el art. 27, inc. b, del régimen jurídico básico de la función pública (Adla, XL-A, 21). "(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala I o 30/05/1986 o Gatti, Humberto R. c. Gobierno Nacional o o LA LEY 1987-A , 282 o DJ 1987-1 , 537 o AR/JUR/627/1986).

En mérito a los fundamentos expuestos propongo que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionada a fs. 217/226, revocándose, en lo que se tiene a la materia de este recurso en todas sus partes la sentencia obrante a fs. 209/216, rechazando en consecuencia la acción de amparo impetrada en autos y que tiene por objeto revocar la resolución administrativa N°0191-MSP-14 de fecha 27 de Enero de 2.014.

En relación a las costas, teniendo en cuenta el resultado del proceso y el principio general previsto por el artículo 66 del C.P.C. corresponde que sean impuestas, en ambas instancias, al actor. Asimismo y en función de lo dispuesto por el artículo 800 inc. 10 - modificatorio del artículo 222 de la ley 2150 - y artículo 196 inc. a de la ley 2150, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes en autos, por su actuación en esta instancia, fijándose en favor del Dr. Pascual Daniel Percichela la suma de Pesos: Seiscientos ($600); asimismo y atendiendo el resolutivo arribado se regulan los honorarios correspondiente a los apoderados de la accionada, Dres. Guillermo Horacio De Sanctis; Facundo Rojas Claría; Marcelo Luis Saffe, Claudio Marcelo Alvarez y Eduardo Yanello, en forma conjunta por su intervención en esta instancia en el 50% del monto de los honorarios que oportunamente le sean fijados por su intervención en 1° instancia.

LA DRA. MARIA JOSEFINA NACIF DIJO: Por sus fundamentos adhiero al voto precedentemente el que doy por reproducido.

LA DRA ESTELA ZORRILLA, DIJO: Por sus fundamentos adhiero al voto de los Magistrados que me preceden.

Por el mérito de la votación que instruye el acuerdo que antecede el Tribunal, RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 217/226, revocando la sentencia, en lo que es objeto de este recurso (pto. 1° y 2° - primera parte), obrante a fs. 209/216, rechazando en consecuencia la acción de amparo impetrada por el actor. II) Imponer las costas en ambas instancias al actor vencido, regulando los honorarios de los profesionales intervinientes por su labor en esta instancia en el modo explicitado en los considerandos.

Protocolícese, déjese copia autorizada en autos y notifíquese.

DRA. ESTELA ZORRILLA. PRESIDENTE. DR. JUAN JESÚS ROMERO Y DRA. MARÍA JOSEFINA NACIF. VOCALES. ANTE MI: OSCAR ROLANDO CABRERA.- SECRETARIO.-