Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-12


Salta, 12 de Febrero de 2016.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "CANELADA, VICTOR ADRIAN POR HOMICIDIO CULPOSO EN PERJUICIO DE SOTO, ELISA GLADIS - PRORROGAS DURACION PROCESO JUICIO", Expte. Nº JUI 104203/15 del Juzgado de Garantías 4ta Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº JUI 104203/15 de la Sala II del Tribunal de Impugnación y, CONSIDERANDO El Dr. Edgardo Francisco Albarracín dijo:

1º) Que a fs. 121 y vta. el Dr. Diego N. Rodríguez Pipino, Juez del Juzgado de Garantías Cuarta Nominación, solicita a este Tribunal Ad-quem la prórroga del periodo para la realización del Juicio en las presentes actuaciones a tenor del Art. 219 del C.P.P.

Argumenta que en atención al tiempo transcurrido desde el decreto requisitorio de elevación a Juicio de fecha 17/09/2013 (v. fs. 32/34 y vta.) se encontraría próximo a vencer el plazo estipulado por el código adjetivo sin que la presente causa haya avanzado hasta la etapa de poder fijarse audiencia de debate.

Agrega que de las compulsas de las actuaciones surge en primer lugar que la causa ha tramitado en el marco temporal de vigencia de diversos ordenamientos jurídicos procesales, de tal manera que el trámite se ha visto demorado a razón de las vicisitudes que ello conlleva. Asimismo señala distintas contingencias procesales que han demorado la consecución normal de la causa.

2º) Que atento a la naturaleza del planteo formulado resulta oportuno destacar, en lo pertinente, las consideraciones desarrollada por este Tribunal de Alzada Sala II en los Fallos L 2R/15 219:647 y L3R/15 653:1379 (entre otros), en el que se comparte el criterio sustentado por la Sala I (precedentes de L I/15, Fallos 188: 566 y L I/15, Fallos 288:835, por el voto minoritario del Dr. Luciano I. Martín en el Fallo L I/15, Fallos 52:250), el cual finalmente fue ratificado por la Corte de Justicia local.

3º) Que concretamente, en su calidad de máximo intérprete del derecho público provincial (art. 153 ap. I in fine, ap. II inc. a y ap. III inc. a de la Constitución Provincial y arts. 554 y cc del C.P.P.), dicho tribunal ha precisado que por imperio del art. 24 de la Ley 7716 -posterior a la Ley 7690- el plazo de dos años a que el art. 219 del C.P.P. supedita la caducidad de la etapa de juicio "? sólo puede computarse a partir de que el expediente ha culminado con los trámites preparatorios y se encuentra efectivamente a disposición del tribunal que entenderá con competencia para dictar sentencia definitiva" (cfr. CJS, "Humano", Tomo 201:201).

Al tratarse de materia procesal, ese pronunciamiento posee los alcances del art. 40 de la Ley 5642 y modificatorias y, por ende, define la concreta solución del caso traído a consideración.

4º) Que sin perjuicio de ello, es oportuno resaltar que la correcta solución hermenéutica brindada por dicho Tribunal reviste inestimable importancia, pues, lejos de toda otra inteligencia parcializada del ordenamiento jurídico vigente en nuestra Provincia -que por supuesto incluye a las modificaciones de la ley 7690-, resulta ser que ese es el único plazo entre los que regulan las etapas del proceso -es decir el de dos años del art. 219 del C.P.P.- cuyo carácter perentorio no ha sido alterado por una ley posterior.

En efecto, en virtud de las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal por la Ley 7799 el término máximo de la Investigación Penal Preparatoria y sus prórrogas -sea de cuatro o de seis meses- e incluso, el tiempo preprocesal del que goza el ministerio público fiscal, ahora revisten carácter meramente ordenatorio.

Por lo tanto, dada su distinta naturaleza y los efectos notoriamente diferentes que uno y otro producen a la prerrogativa constitucional del plazo razonable, no pueden formar parte de idéntica sistemática que aquél o condicionar su inicio.

Por otra parte, es del caso resaltar que el mentado art. 219 del C.P.P. establece una concreta sanción procesal -caducidad-, a la que particularmente le adicionaría la calificación de gravísima (la sanción); pues ello trae aparejado nada más y nada menos que la extinción de la acción penal, ya que obligaría al dictado del sobreseimiento de acuerdo a lo dispuesto por la misma norma; de cuya constitucionalidad tengo mis serias dudas.

Ergo, no es posible separar entre sus efectos y/o destinatarios, pues los dos años son perentorios, lo cual necesariamente repercute en la noción de plazo razonable, amén que lógicamente su cumplimiento sea un deber de los órganos predispuestos para actuar el proceso; esto es, naturalmente el juez y también el ministerio público fiscal en virtud de sus atribuciones de impulso y el deber de control que le asignan la Constitución y las leyes procesales (arts. 166, inc. "d" de la Const. Prov., 85 inc. "d" y cc del C.P.P., 38, 43, 45 inc. 1º y cc de la Ley 7328).

4º) Que en virtud de lo expuesto y conforme a la interpretación racional del art. 219 del C.P.P., de la compulsa de las constancias del proceso puede verificarse que el término legalmente establecido empezó a correr desde fecha 29/04/2015, conforme se desprende del cargo de recepción impreso a fs. 95, encontrándose, en consecuencia, a partir de ese momento a disposición efectiva del tribunal con competencia para dictar sentencia definitiva.

Por ende, a tenor del tiempo transcurrido a la fecha, ello torna por lo menos prematuro considerar la prórroga instada por el Sr. Juez de Garantías Cuarta Nominación; ergo, tratarla en este momento resulta abstracto (cfr. CSJN, Fallos, 298:84; 301:947; CJS, Tomo 114:381; 115:1081; 120:469, entre muchos otros)".

El Dr. Luciano Martini, dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y al acuerdo que antecede, LA SALA II DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, RESUELVE:

I) DECLARAR ABSTRACTA la cuestión planteada a fs. 121.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y bajen, oportunamente, los autos al Tribunal de origen.