Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-02-19


L. DE S. Tº 99, Fº 106/118 SAN JUAN, 19 de febrero del año dos mil ocho. VISTO:

Para resolver en estos autos N° 19.461 (101.208 - 1º CIVIL) caratulados "TORO, MARGARITA C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - AMPARO", el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 110 contra la sentencia interlocutoria de fecha 29 de enero de 2008, cuya copia obra a fs. 104/109, dictada por el Décimo Primer Juzgado Civil, Comercial y Minería.

Y CONSIDERANDO:

El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En la resolución el A quo encontró fundamento suficiente para hacer lugar parcialmente a la acción de amparo iniciada por la Dra. Margarita Toro y ordenar a la Fiscalía de Estado se abstenga de efectuar el descuento previsto por el art. 5º de la ley 7314 hasta tanto sea resuelta en sede administrativa la presentación efectuada por la Dra. Margarita Toro el día 13 de abril de 2007. En el punto II no se admite el resto de las pretensiones planteadas en el punto 2 del escrito presentado a fs. 1/6. Impone las costas por el orden causado.

Contra esta decisión, en el punto 2.3. concreta los agravios que le causa la decisión y sus fundamentos. En ese sentido sostiene que por su notoria incongruencia con las pretensiones deducidas, los hechos probados y reconocidos que constituyen el objeto del juicio y lo dispuesto al respecto por los art. 17, 18, 31 y 43 CN. Por otra parte, sostiene que le agravia por la autocontradicción de sus fundamentos con sus conclusiones decisorias y con la resolución del propio tribunal de fecha 18 de enero de 2008 (fs. 81) que denegó su petición de suspensión cautelar de los descuentos efectuados en sus haberes mensuales.

En el punto 3 dice que le agravia el manifiesto error y contradicción con las constancias de autos y la continencia de la acción de sus conclusiones sobre: 1. la existencia y pendencia de resolución por la administración de una petición de su parte que condiciona el pronunciamiento que debe dictarse sobre la admisión de la acción de amparo. 2. que la declaración de inconstitucionalidad y devolución de descuentos solicitada en la demanda requiera un mayor debate.

En el punto 2.4. el recurrente critica que la sentencia no ha respetado el principio de congruencia que obliga al sentenciante a resolver las cuestiones que constituyen el objeto del juicio pronunciándose sobre las pretensiones deducidas.

En el apartado 2.5. entiende, la apelante que el acto arbitrario de la autoridad pública está perfectamente acreditado por los periódicos y reiterados descuentos por el Estado, desde el mes de mayo de 2007, en cada pago mensual, de la mitad de los haberes que le corresponde percibir como abogada de Fiscalía de Estado.

Más adelante sostiene que el carácter confiscatorio y lesivo de las garantías que le otorgan los art. 14, 17 y 18 de la CN, resulta absolutamente evidente e indiscutible, porque se efectúan violando dichas garantías que prohíben la confiscación de la propiedad si no existe sentencia fundada en ley que lo disponga o expropiación declarada por ley previamente indemnizada y sin haberle dado derecho de defensa.

A esa lesión constitucional se añade la que causa a su derecho a la jubilación la disminución a la mitad de los correspondientes aportes como consecuencia de los descuentos, y la negativa a certificar, a tal fin el monto total de los haberes que le corresponde percibir según el cargo que desempeña, impidiéndole de ese modo iniciar el trámite de retiro que requiere la presentación de esa certificación.

El segundo, por las señaladas circunstancias y el expreso reconocimiento por el Estado de que los descuentos realizados son lesivos a su propiedad, defensa y debido proceso por adolecer de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, por infringir directamente las garantías que con relación a la inviolabilidad e integridad de tales derecho y de su defensa le otorgan los art. 14, 17 y 18 de la ley Suprema, que tienen prioridad de aplicación sobre la ley provincial invocada por el Estado para justificarlo.

En el punto 2.6. sostiene que el sentenciante no obstante reconocer la existencia de la lesión constitucional y su manifiesta arbitrariedad (fs. 108),la sentencia desestima, en el punto II del resolutivo, las pretensiones planteadas en el punto 2 del escrito presentado a fs. 1/6 o sea se pronuncia sobre una cuestión distinta de las que constituyen el objeto específico de la acción que es la cesación definitiva de los descuentos, la devolución de los efectuados y la integración de los aportes jubilatorios y la certificación de la totalidad de los haberes que corresponde a su cargo y función y no la suspensión provisoria y temporal de los descuentos que tiene un mero carácter cautelar y había sido solicitada por ella con anterioridad y denegada por el a quo en resolución de fecha 18/01/2008.

En el punto 2.7. sostiene que la sentencia desconoce la autonomía de la acción de amparo en base a la suposición de la pendencia de una resolución administrativa que está descartada de antemano por las manifestaciones del informe del Estado, agregado a fs. 51 a 59 que constituyen una expresa negativa a su requerimiento y una ratificación de los actos cuestionados y que se refiere a una petición distinta de las que constituyen el objeto del juicio definido en el párrafo 2 de la demanda. Asegura que no existe ningún recurso administrativo planteado por su parte porque esa vía es manifiestamente innecesaria e impertinente en los casos de lesión actual y reiterada de los derechos amparados. La presentación del 13 de abril de 2007 es solo un pedido de nueva certificación actualizada sin referencia alguna al descuento de la mitad de los haberes, a su devolución y a las demás peticiones de la demandada que definen el objeto del amparo.

En el punto 2.8, reitera tautológicamente conceptos ya vertidos.

El segundo agravio que expone, punto 2.9., se focaliza en denunciar una patente autocontradicción de los fundamentos de la sentencia con sus conclusiones decisorias y con la resolución del propio tribunal de fecha 18/1/2008 que denegó su petición de que se ordenara la suspensión cautelar de los descuentos efectuados en sus haberes mensuales.

En esa dirección estima que en el considerando 9 in fine de fs. 108 reconoce, el sentenciante, la lesión causada a sus derechos constitucionales por los actos del Estado impugnados y su carácter arbitrario, lo que basta para admitir la acción y disponer el cese inmediato de los actos y el restablecimiento del perjuicio causado conforme a las peticiones de la demanda.

La segunda contradicción de la sentencia se configura por su decisión de hacer lugar parcialmente a la acción y ordenar a la Fiscalía de Estado que se abstenga de efectuar el descuento previsto por el art. 5º de la ley 7314 hasta tanto sea resuelta en sede administrativa la presentación efectuada por la accionante.

La contradicción del A quo es evidente pues en la cautelar denegó la suspensión de los efectos (luego revocada en la instancia recursiva) y en la definitiva lo ordena.

El tercer agravio, se refiere a lo que denuncia como error y contradicción sobre la existencia y pendencia de resolución por la administración de una petición de su parte que condiciona el pronunciamiento que debe dictarse sobre la admisión de la acción de amparo.

También le agravia que la declaración de inconstitucionalidad y devolución de descuentos solicitada en la demanda requiera de mayor debate y prueba.

Con relación al primer punto indica que no ha sido planteado ningún recurso administrativo contra la resolución que dispuso los descuentos de sus haberes. La presentación de fecha 13 de abril de 2007 a Fiscalía de Estado no tiene relación alguna con los descuentos efectuados que lo motivan ya que solo explica los motivos de la demora en iniciar el trámite jubilatorio y pide se expida una certificación actualizada de sus servicios como abogada de esa institución, lo cual nada tiene que ver con la pretensión objeto del amparo.

Propuesto los themas decidendum de este modo por la parte recurrente, corresponde precisar que el objetivo del recurso interpuesto por la profesional afectada, es que se haga lugar a su pretensión deducida y enunciada en el punto 2 de la demanda de amparo.

Es decir, pretende que se ordene al Fiscal de Estado que se abstenga de realizar descuentos de ley, la devolución de los montos descontados desde mayo de 2007, se cumple el pago de los aportes jubilatorios y se expida la certificación correspondiente.

Para ello, 1) impugna de inconstitucional a la normativa aplicable, art. 5 de la ley 7314 y 2) se funda en la autonomía del amparo para dictar las medidas reclamadas.

A partir de ello, y atendiendo a la critica que formula de que el A quo omitió, sin justificación alguna, expedirse sobre la posible inconstitucionalidad de la normativa que justificó los descuentos, este tribunal entiende que acatando el mandato impreso en el art. 11 de la Constitución Provincial a la jurisdicción local, es deber ineludible, en cualquier clase de proceso, analizar la constitucionalidad de la normas aplicables.

En función de ello, cabe recordar que este tribunal en autos Nº 14.468 "Lobos de Doblas, Maria Ester c/ Provincia de San Juan", L. de S. Tº 69, Fº 161/163, 29/11/96, fijó como doctrina, siguiendo el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia que "la declaración de la constitucionalidad de una ley "es un remedio de excepción al que por propia naturaleza cuadra recurrir en última instancia, por lo que en el control de constitucionalidad los magistrados judiciales deben obrar con celo, mesura y prudencia, y en tanto se trata de una de las funciones más susceptibles de ser atribuidas a un tribunal de Justicia, ya que por tratarse de un acto de suma trascendencia y gravedad institucional debe ser considerado como la última ratio del orden publico"(Conf. Fallos: 364-285; 323-263; 285-295; 455 y 850)...".

Este criterio fue reiterado en autos Nº 14.768 "Bco. Crédito Argentino S.A. c/ López Mira, Juan Ángel - Ejecutivo", L. de A. Tº 95, Fº 186/188, 21/08/97, agregándose como doctrina del tribunal que cuando se procede al análisis de la constitucionalidad de la normas cuestionadas "se debe descartar previamente, que el peticionante de la inconstitucionalidad no haya acatado voluntariamente el régimen jurídico que impugna conforme ha establecido la doctrina de la Corte Suprema de Justicia a partir del leading case en la materia "The South American Stores Gath c/ Provincia de Buenos Aires (fallo 149-137) (Bianchi Alberto B., Control de Constitucionalidad, Ed. Abaco, Buenos Aires, 1992, pág. 177)...".

Este criterio fue expuesto con mayor amplitud en autos Nº 13.360 "Ares, Joaquín c/ Guzmán, Nicolás - Desalojo", L. de A. Tº 86, Fº 109/110, 06/09/93, cuando se dijo que "la conclusión a que arriba el Tribunal encuentra claro apoyo en doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, Alberto A. Bianchi señala que la Corte "ha empleado la doctrina del voluntario sometimiento a un determinado régimen jurídico como obstáculo a la legitimidad para ejercitar el control de constitucionalidad y para ello acudió a dos fundamentos. En primer lugar ha empleado el argumento de la renuncia y luego en el caso "Gutiérrez c/Krebs" se acudió a la doctrina de los actos propios. En lo atinente a la renuncia parecería que nadie puede válidamente pretender reflotar los derechos que han sido válidamente renunciados. En ese caso el derecho se ha extinguido y no subsiste ni siquiera una obligación natural. En el segundo de los casos la doctrina de los actos propios nos enfrenta con el problema de la buena fe en el actual, por lo que "acatar un régimen y luego impugnar su inconstitucionalidad parece ser contradictorio" /Conf. Control de Constitucionalidad, pág. 177 y ss, párr. 21 y pág. 182, nº 11, De. Abaco, Bs. As., Mayo de 1992)...".

En autos, la profesional demandante de amparo fue intimada mediante nota de la Dirección Administrativa fechada el 29 de marzo de 2007 para que en el plazo perentorio de cinco días de notificada acreditará constancia de inicio del trámite jubilatorio ante el Organismo al cual se encuentra afiliado o en su defecto acreditar causal que impidan realizarlo, caso contrario se le aplicaría lo dispuesto por el art. 5º de la ley 7314.

Como se colige, en la intimación se le notificó fehacientemente la normativa aplicable y el apercibimiento, por lo cual desde el inició de esta etapa no puede argumentar desconocimiento del régimen al cual era sometida.

Es importante, destacar en este punto que la profesional que requiere el amparo, en fecha del mes de agosto del 2002 se encuentra intimada para iniciar los trámites, conforme lo indica Fiscalía en su informe (ver. fs. 52) y reconoce la actora a fs. 64, donde argumenta que mediante las presentaciones correspondientes expresó su voluntad de hacer valer la opción legal del art. 19 de la ley 24.241, de continuar con la actividad laboral que desarrollaba en Fiscalía hasta los 65 años (ver nota de fs. 61).

De retorno al hilo principal del razonamiento, la profesional actora, respondió a la intimación de la Dirección Administrativa mediante nota fechada en fecha 13 de abril de 2006 responde al emplazamiento que se le hiciera en la cual explica las razones por las cuales no inició el trámite, culpando de la demora a la Municipalidad de Sarmiento. Señala finalmente que no tenía responsabilidad por las complicaciones del trámite y su consiguiente demora que impone la operatoria del ANSES.

Esta nota tiene la siguiente relevancia jurídica para sellar el destino del recurso de amparo y las pretensiones de la actora.

1. Sometimiento al régimen de la Ley Nº 7314 que fuera dictada en fecha 7 de noviembre del año 2002. Ello es así, por cuanto, inicialmente no la impugna de inconstitucional sino por el contrario, trata de dar las explicaciones por las cuales estima que ella no es responsable de la demora en el inicio del trámite ante el ANSES para evitar, justamente, la aplicación de la sanción que estaba prevista en el art. 5 de la antes mencionada ley.

2. Este detalle es suficiente para desestimar el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad que a posteriori realiza la profesional, conforme los dictados de la doctrina fijada precedentemente por este Tribunal plenamente aplicable al caso.

3. A partir de ello, se le desmorona el edificio argumental de la amparista, lo cual justifica en derecho la desestimación del recurso intentado.

Continuando con el análisis y para cerrar el razonamiento, cabe destacar que la profesional actuante, nació en fecha 22/2/1940, conforme figura en los recibos de sueldos. En función de ello y teniendo en cuenta que argumentó que había realizado la opción para continuar trabajando hasta los 65 años, es edad la cumplió el día 22 de febrero del 2005.

Es decir, dos años antes de ser intimada fehacientemente por la Fiscalía, por lo cual no se le puede tildar a este organismo, un ejercicio abusivo y menos aún arbitrario de la facultad acordada por la Ley 7314, sino por el contrario, se advierte una evidente inactividad de la amparista en diligenciar los antecedentes e iniciar el trámite, mas cuando ella misma fijó el régimen al cual se sometía.

Por ello, propicio: Desestimar el recurso de apelación interpuesto a fs. 110.

El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. En primera instancia fue resuelto hacer lugar parcialmente a la acción de amparo que promueve la Dra. Margarita Toro y ordenar a la Fiscalía de Estado se abstenga de efectuar el descuento previsto por el art. 5° de la ley 7314 hasta que sea resuelta en sede administrativa la presentación efectuada por la Dra. Margarita Toro el día 13 de abril de 2007. No admite el juez a quo las demás peticiones del escrito de demanda e impone las costas en el orden causado.

2. Insatisfecha con la resolución, apela y funda el recurso con los agravios que da cuenta la relación del voto del Dr. Pascual Alferillo, quien me precede en el estudio de la causa y doy por reproducida aquí.

La amparista recuerda en la alzada el objeto de las peticiones formuladas en la demanda y lo sintetiza de esta manera: a) Que sea declarada la inconstitucionalidad y consiguiente invalidez de los referidos actos administrativos y del art. 5° de la ley provincial N° 7314 en que tales actos se fundamentan. b) Que ordene al Fiscal de Estado: 1- Se abstenga inmediatamente de disponer o autorizar descuentos en los haberes de la amparista. 2- Disponga la inmediata devolución, con la próxima liquidación de haberes, de los montos descontados indebidamente del sueldo correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2007. 3- Disponga de inmediato se complete el pago de los aportes jubilatorios atinentes a los descuentos referidos. 4- Disponga se le expida de inmediato la certificación pertinente para iniciar e trámite jubilatorio ante la ANSES , incluyendo en ella la totalidad de haber que debe percibir según la asignación presupuestaria correspondiente a la categoría y antigüedad en el cargo que viene desempeñando.

3. Los antecedentes y relaciones que emergen de las actuaciones cuestionadas y documental aportada, me dejan en la convicción que el art. 5° de la ley N° 7314, en el cual están basados los actos administrativos autorizando los descuentos en un cincuenta por ciento (50%) del haber mensual de la amparista, es inconstitucional, porque lesiona el derecho de propiedad (art. 111° de la Const. Prov. y 17 de la Const. Nac. ) al disminuir de manera confiscatoria el sueldo del funcionario todavía en actividad. Los emolumentos deberían quedar intactos, según la asignación presupuestaria correspondiente a la categoría y antigüedad de la lesionada hasta el otorgamiento del beneficio jubilatorio, dado que la disminución de los haberes en tamaña proporción, impuesta como sanción al inicio del trámite jubilatorio fuera del plazo fijado, resulta ser una medida legal más parecida a una extorsión, que tiene los visos de una pena y no de una condición para obtener el beneficio, siendo palmario que hace mella en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional y termina desvirtuando la esencia y espíritu de su artículo 14 bis, que protege el derecho a la jubilación integral y móvil en el 82 % de la remuneración respecto del agente activo.

También afecta la garantía de igualdad ante la ley (art. 16, C .N.) puesto que dicho recorte repercute en el informe de los aportes que recibirá la ANSES para fijar el monto del beneficio. El art. 6° de la ley Nº 24.441, SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES (SIJP), considera remuneración, a todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad personal, en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en las ganancias, habilitación, propinas, gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, y toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia.

4. En la relación jurídica de empleo público, el derecho a la percepción del sueldo nace desde que el agente toma posesión de su empleo y comienza a ejercer las respectivas funciones. El sueldo otorgado significa para el agente un derecho subjetivo al cobro de una suma dispuesta por el Estado y aceptada por aquél, de donde la privación o disminución de la retribución sólo resulta posible con el consentimiento del empleado, o en función de la existencia de alguna causal especial. Claro está, la causal no debe estar en pugna con el orden constitucional; por ejemplo, cuando procede un embargo, en la proporción que autoriza la ley.

5. La incidencia que la aplicación de la ley provincial Nº 7314 tuvo en la remuneración de la amparista, consistente en una disminución que alcanza el cincuenta por ciento (50%) del sueldo, es de tal magnitud que configura una confiscación en la medida que afecta sustancialmente el derecho de propiedad de la actora (art. 111º de la Const. Prov. y arts. 17 de la Const. Nac. ). A la vez resulta repugnante a la Constitución Nacional por repercutir de manera indirecta en el derecho a la seguridad social en la modalidad de prestación provisional que ampara el art. 14 bis de la Carta Magna , al imponer cláusulas reglamentarias restrictivas al derecho constitucional, ya que la coacción jurídica importa, en este caso, una sanción pecuniaria exorbitante contra quien ni siquiera se ha mostrado rebelde en acogerse a los beneficios de la jubilación, sino, por el contrario, demuestra -con prueba documental- haber solicitado a la administración todos los antecedentes necesarios para iniciar el trámite jubilatorio, optando por el retiro a los sesenta y cinco años de edad previsto en el art. 19 de la ley N° 24.241.

Por otro lado, la disposición de pagar solo el cincuenta por ciento del haber mensual, introduce elementos que desvirtúan el aporte medio provisional obligatorio alterando el cálculo que deberá hacerse conforme al art. 21 de la ley N° 24.441, ordenamiento éste, que ha de ser interpretado en forma sistemática con otras normas vinculadas que integran el mismo conjunto legal. La interpretación sistemática se impone, verbigracia, cuando el afiliado de común acuerdo con el empleador "permanece en actividad con posterioridad a la fecha en que cumpla la edad establecida para acceder al beneficio de jubilación ordinaria" (2da. Parte del art. 47), en cuyo caso tendrá derecho a postergar el inicio de la percepción de su jubilación (art. 110 de la mencionada ley). Todo lo cual no condice con las disposiciones de la ley provincial N° 7314, que cierra completa y abruptamente esta opción por la jubilación postergada (concepto utilizado por del legislador nacional), constriñendo a acogerse de inmediato al beneficio de la jubilación, señalando un plazo máximo de treinta días corridos para iniciar el trámite (arts. 1° y 4°). Bien lo dice Bidart Campos: "La doctrina moderna de la supremacía presupone que el orden jurídico no es caótico ni desordenado, sino que su plexo se integra en una gradación jerárquica y escalonada que conoce planos subordinantes y subordinados. Otra vez el descenso piramidal desde el vértice ocupado por la constitución formal hasta la base muestra que hay planos escalonados, en cada uno de los cuales la forma de producción jurídica y el contenido de ésta deben adecuarse a las prescripciones del plano antecedente, que marca las pautas al inferior, desembocando y remitiéndose todos a la instancia última de la constitución suprema" ("La Interpretación y el Control Constitucionales en la Jurisdicción Constitucional", Ediar, págs. 41/42).

6. Juzgo que la lesión a los derechos constitucionales se produjo desde el mismo momento que la Administración dispuso la disminución salarial en el agente y perdura en su continuidad hasta el presente, en la inteligencia que la aplicación de la norma infraconstitucional no es dable interpretarla para justificar el acto administrativo que no está en condiciones de convalidar la legalidad en una norma jerárquicamente superior. En sentido concordante con lo expuesto, enseña Bidart Campos al tratar la supremacía e interpretación constitucional referida a las normas infraconstitucionales "... la Corte presupone lo tantas veces expresado en su jurisprudencia: la declaración de inconstitucionalidad es la "última ratio" del orden jurídico, a la que sólo se ha de llegar cuando el esfuerzo interpretativo no logra coordinar la norma aparente o presuntamente opuesta con la constitución. Hasta arribar a ese extremo, el itinerario deja margen a la interpretación conciliadora, y busca el sentido que permita entender a la norma infraconstitucional con un alcance "no inconstitucional", o sea, a la inversa, con un alcance que la engarce congruente y satisfactoriamente en y con la constitución. Para ello, hay que verificar tanto una interpretación constitucionalmente adecuada de la norma infraconstitucional, cuanto una interpretación similar de las normas de la constitución con las cuales se procura hallar la coincidencia en vez de la colisión" (ob. cit. pág. 210). No encuentro la manera de insertar coherentemente la referida norma del art. 5° de la ley N° 7314 en el plexo jurídico del orden constitucional. Por tanto, ante la disminución confiscatoria del cincuenta por ciento del sueldo de la amparista, ha de valer en la especie la supremacía constitucional para descalificar, tanto la ley como el acto administrativo que vulnera el derecho de propiedad de la amparista.

7. Acerca de si debiera aplicarse al caso la doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el voluntario sometimiento a un determinado régimen jurídico como obstáculo a la legitimidad del control de constitucionalidad, afirmo lo siguiente:

a) La doctrina enunciada nos enfrenta con la teoría de los actos propios y en este sentido solamente hay que interpretarla cuando se ha renunciado válidamente a un derecho que luego se quiere reflotar. No ha de ser entendida como acatamiento a un régimen inconstitucional, pues los jueces no pueden legitimar ni leyes ni actos que estén reñidos con la Constitución. En ello siempre conservan las facultades inherentes a su competencia para así declararlo en sus fallos, incluso de oficio (art. 11, Const. Prov.), desde el momento que las sentencias judiciales, que constituyen normas jurídicas privadas, encajan en el ordenamiento jurídico en la medida que son dictadas conforme a Derecho. La primera potestad jurisdiccional es respetar el orden jerárquico de normas en la pirámide constitucional. Sólo de esta manera es dable fundar con autoridad las sentencias judiciales. De lo contrario, el Poder estará ejercido antifuncionalmente.

b) En el sub judice es evidente que no hubo ningún sometimiento a las disposiciones de la ley Nº 7314 y en los hechos cuadra remarcar la petición cursada en sede administrativa, primero al Director Administrativo de Fiscalía de Estado, Dr. Julio Vergara, fechada en 12/06/2007, donde la Dra. Margarita Toro expresa enfáticamente: "...Aclaro que esta petición no importa aceptación de mi parte de esa legislación (ley 7314), cuyo derecho a impugnarla me reservo atento a su manifiesta inconstitucionalidad y al perjuicio que su aplicación me ocasiona..." (fs. 23). Más tarde insiste, dirigiéndose directamente al Fiscal de Estado de la Provincia, que cesen los descuentos sobre el cincuenta por ciento de sus haberes y se disponga la devolución de los montos descontados hasta la fecha de presentación de la nota. Y textualmente agrega: "Fundo estas peticiones en las siguientes razones. La primera, en que el descuento del 50% practicado en mis haberes en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 5º de la ley provincial nº 7314, por el solo y supuesto motivo de no haber iniciado el trámite jubilatorio en el plazo establecido por el art. 4º de la ley, y no obstante que he continuado prestando normalmente mis servicios al Estado con la dedicación que corresponde a mis funciones, lesiona con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, mis derechos a la integridad y propiedad de la remuneración laboral que reconocen y garantizan los arts. 14 bis, 17 y 31 de la CN y 62 y 111 y 112 de la CP, que, además, prohíben toda especie de confiscación de derechos patrimoniales".

c) En tercer lugar, viene a propósito considerar que la ley Nº 7314 no posee las características propias de un régimen jurídico, ni siquiera desde el punto de vista reglamentario. Entre otros, Walter F. Carnota, refiriéndose a la competencia del régimen instituido por la ley nacional Nº 24.241, denominado SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, hace ver que hasta la puesta en vigencia de este nuevo régimen previsional (01/04/1995), no existía ninguna duda que la seguridad social constituía "derecho común" o "derecho no federal"; pero de ahí en más, y en virtud de esta ley, la materia de seguridad social se "federalizó en bloque", de modo tal que sólamente ha quedado una competencia muy residual a las provincias en esta materia (Derecho del Trabajo, 1999, La Ley). Desde este ángulo, parece más propio hablar de sometimiento al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la Ley Nº 24.441, que sí tiene todas las características de un régimen jurídico completo.

8. Por ello entiendo que el reclamo es justo y los derechos constitucionales vulnerados merecen ser tutelados acogiendo la acción de amparo. En consonancia con este estudio, propicio la siguiente resolución:

I) Hacer lugar al recurso de apelación, revocando el fallo de primera instancia.	II) Acoger la acción de amparo, declarando inconstitucional el art. 5° de la ley N° 7314 y los actos administrativos dictados en su consecuencia que perjudican a la Dra. Margarita Toro.	III) Ordenar que cesen inmediatamente los descuentos autorizados por Fiscalía de Estado que afectan los haberes mensuales de la funcionaria.	IV) Disponer que sean devueltos los importes descontados indebidamente del sueldo de la amparista, durante los meses ya señalados del año 2007 y lo que va del cte. año. Acompañado a esto, deberán completarse los aportes jubilatorios correspondientes a dichos períodos ante la ANSES.	V) Ordenar que se expida de inmediato la certificación pertinente para iniciar el trámite jubilatorio ante la ANSES.	VI) Adecuar la condena en costas a este pronunciamiento (art. 279, CPC), imponiéndolas a la demandada en carácter de vencida (art. 74, CPC).

Así Voto.

El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Ferreira Bustos.

Por ello, y la votación mayoritaria que antecede, EL TRIBUNAL POR MAYORÍA RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación, revocando el fallo de primera instancia.

II) Acoger la acción de amparo, declarando inconstitucional el art. 5° de la ley N° 7314 y los actos administrativos dictados en su consecuencia que perjudican a la Dra. Margarita Toro.

III) Ordenar que cesen inmediatamente los descuentos autorizados por Fiscalía de Estado que afectan los haberes mensuales de la funcionaria.

IV) Disponer que sean devueltos los importes descontados indebidamente del sueldo de la amparista, durante los meses ya señalados del año 2007 y lo que va del cte. año. Acompañado a esto, deberán completarse los aportes jubilatorios correspondientes a dichos períodos ante la ANSES.

V) Ordenar que se expida de inmediato la certificación pertinente para iniciar el trámite jubilatorio ante la ANSES.

VI) Adecuar la condena en costas a este pronunciamiento (art. 279, CPC), imponiéndolas a la demandada en carácter de vencida (art. 74, CPC).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.