marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: PAMPINELLA, JOSE LUIS c/ PRODUMET SACI Y s/ COBRO DE PESOS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     RECURSO EXTRAORDINARIO (CSJ EXPTE NRO 180-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-21

Carece de consistencia el planteo del recurso extraordinario, basado en que el fallo de esta Corte omitió considerar una cuestión planteada, si se efectuó un tratamiento integral de todos los agravios propuestos, y se refirió -al menos implícitamente- a la cuestión supuestamente omitida, descartando la existencia de exceso ritual manifiesto.
Intereses, capitalización de intereses, cuenta corriente bancaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lloyds Bank (BLSA) Limited c/ Gropius S.R.L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

Conforme al título base de la ejecución (cuenta corriente bancaria) y a lo dispuesto por el art. 795 del Código de Comercio, la capitalización trimestral de los intereses es ajustada a derecho.
Leyes, interpretación de la ley, deberes y facultades del juez, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: Brutti, Stella Maris c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

La primera fuente de interpretación de la ley es su letra y las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, y cuando la ley emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: RECURSO DE AMPARO presentado por el DR. MARIO BRAVO a favor del Sr. ANGEL ANTONIO MONTENEGRO y RICARDO MONTENEGRO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-02

Aún cuando el recurrente contaba con la convicción de que el proceso se hallaba bajo la órbita del código de rito y pretendía la declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Ley de Amparo Nro. 6020, igualmente pesaba sobre él la fundamentación del recurso de apelación, cuya sanción es la deserción del mismo.
Reforma del Estado, reglamentación de la ley, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, privatizaciones, propiedad participada, normas operativas
Materia: LABORAL
Carátula: NUÑEZ, Juan y otros c/ YPF S.A Y OTRO s/ Part. Acc. Obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-05

La ley 23696 y los decretos sucesivos sólo establecieron un programa donde resultaba indispensable el dictado de normas operativas posteriores. Para la hipótesis de que alguna de estas normas fuera considerada operativa, esta operatividad en modo alguno podría considerarse configurada antes de concretarse la privatización, hecho que se produjo el 7 de julio de 1993. (Del voto del Dr. Guibourg,en minoría)
Transporte aéreo, responsabilidad del transportador, robo, daños y perjuicios, relación de causalidad, falta de prueba
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Sasson Morhain, Jorge c/ Pan American World Airways Inc. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-18

Los perjuicios supuestamente sufridos por el actor como consecuencia del robo del cual fue objeto, perjuicios que por otra parte no fueron probados, no guardan el menor nexo causal con la demora atribuida a Pan Am en la expedición de un nuevo pasaje sin cargo ni adicional alguno, en sustitución del que le fue robado y es evidente que si los perjuicios no se prueban no se puede hacer lugar al resarcimiento. Es que para que el retraso o la demora origine responsabilidad a cargo del transportista, debe demostrarse que tal hecho se produjo efectivamente, que tuvo lugar en el período del transporte aéreo, que ha producido un daño y que hay relación causal entre aquél y éste porque para que haya responsabilidad debe probarse que el retraso causó algún perjuicio al actor, hecho que no ha sido probado.
Intereses, cosa juzgada, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO MAYO COOP LTDO c/ VADELL GERARDO OSCAR Y OTRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

Toda vez que por la simple vía de activar el proceso, después de aproximadamente 7 años la actora hubiera podido cobrar y no lo hizo, agravando en forma notoria la situación de sus contendientes al pretenderle cobrar hoy una deuda que supera más de dos mil veces su original valor, resulta improcedente la percepción de intereses. Ello así en tanto resulta improcedente aplicar intereses usurarios (capitalizados que había dejado acumuladas durante toda aquella cantidad de años) aun cuando ellos hubieran sido reconocidos en una sentencia firme, evitando abusos. De lo que se trata, por ende, es de aplicar los superiores principios que informan nuestro ordenamiento (artículos 953 y 1071 del Código Civil). No hay en tales casos violación de la cosa juzgada, sino decisión de preservarla, evitando que ella sea vulnerada mediante la alteración de la significación patrimonial de la condena dictada (v. fallos 255-119; 245-429; 252-186; 270-335; 307-468; 316:2054; 317:53;

319:92, entre otros; CNCom, esta Sala in re "Trafilan SA c/ Galvalisi Jose s/ Sumario", del 17.09.90).
Despido con causa, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: G., L.S. c/ M., E.J. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-06-11

"Cuando se omitieren las formas exigidas por el artículo en una denuncia motivada, ella será eficaz como acto unilateral extintivo de la relación, pero no tendrá validez como invocación de justa causa de rescisión contractual".
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, ejecución fiscal, empresa de servicios públicos, EDESUR
Materia: PROCESAL
Carátula: EDESUR SA c/ COMERCIO INTERNACIONAL SA s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Edesur invoca, entre otros preceptos, la Ley 24.073 como normativa especial que contempla exenciones a la obligación de pagar sellado a través de su artículo 37. Que dicho artículo en su punto 2 incorpora el inciso j) al artículo 13 de la Ley de Tasas Judiciales, dejando así incluidas en forma expresa dentro de esta disposición a las ejecuciones fiscales. Es menester precisar que sin bien la empresa ejecutante es de aquéllas que denominan "reglamentadas" en virtud, justamente, de la actividad que desarrollan, considerada por el orden jurídico como de interés público -en este caso, electricidad-, su régimen jurídico público -en tanto satisface un interés público-tiende por lo general a fijarles imposiciones o limitaciones de variada naturaleza, de allí la mayor cantidad de regulaciones existentes (cfr.

Gordillo, A. A., "Tratado de Derecho Administrativo", parte general, T. I, págs. 30 y ss.), Esta circunstancia no significa que se esté en presencia de una empresa estatal, con todas las atribuciones y beneficios que ese carácter pueda traer aparejadas, pues es claro que conserva en sustancia todos aquéllos tintes propios de la empresa típicamente privada. Y es así que no puede hablarse de la percepción de "ingresos fiscales" por su parte, porque no se trata de dinero que entra en el erario o tesoro público. Y tampoco, por ende, puede decirse que se haya incoado en autos una "ejecución fiscal" a los efectos de la exención al ingreso de la tasa judicial.
Portación de armas, agravantes de la pena, inconstitucionalidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Amato, Diego Marcos s/ recurso de revisión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-12

El art. 189 bis inc. 2º último párrafo CP, que establece un agravante a la pena del delito de portación ilegítima de armas de fuego para quien registre antecedentes o se encuentre gozando de excarcelación o eximición de prisión, es violatorio de los arts. 18 y 19 CN en tanto surge del examen de la norma en cuestión, que el mayor castigo no encuentra su fundamento en un "hecho" determinado sino en los "antecedentes" que registre el sujeto.
Contrato de trabajo, accidente in itinere, responsabilidad del empleador
Materia: Laboral
Carátula: Romero, Beatriz Cristina c/ Provincia del Chubut s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-12-24

Según ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires "conforme la naturaleza de la protección dada por Ley 9688, la responsabilidad del empleador tiene lugar desde el momento en que el trabajador comienza a ejecutar su decisión de trasladarse desde uno a otro de los lugares considerados por la ley. El trayecto debe considerarse iniciado con el primer movimiento realizado por el trabajador con el fin de ejecutar aquella decisión y él generalmente tiene lugar en el interior de su domicilio en caso de que reinicie sus labores. La misma letra de la ley impone concluir que el accidente ocurrido en el domicilio, se encuentra comprendido en la previsión de la norma".
Interrupción de la prescripción de la acción penal, ampliación de la declaración indagatoria, secuela de juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Wilhelm, Alberto Antonio y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

En cuanto a la aptitud interruptiva de la prescripción del auto que dispone la ampliación de indagatoria -ya en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional me pronuncié afirmativamente (con la adhesión de los doctores García Berro y Tavares) en la causa nro.

23740 de la Sala I in re "Di Tomasso", rta el 4/9/80-, pero creo del caso diferenciar entre la que se dispone para suplir una deficiencia u omisión del instructor en el acto originario -como, por ejemplo, exhibición de un documento u otro objeto- y la que importa, como en autos, una ampliación de la imputación delictiva o para esclarecer una confusa situación procesal surgida a posteriori. En tal supuesto no hesito en considerarla secuela de juicio (Voto del Dr Mitchell).
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Mahdjoubian, Romualdo Juan y otro c/ Aquino, Arturo y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

La cantidad de $ 15.000, fijada en concepto de daño moral, no alcanza a cubrir mínimamente el menoscabo producido en las afecciones legítimas del actor que, a raíz del accidente, no sólo se ha visto frustrado en el ejercicio de su profesión, sino que a raíz de las secuelas consolidadas de orden neurológico y psíquico ha quedado afectado en diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural y social en el que se desenvolvía, con la consiguiente frustración del pleno desarrollo de su vida.
Síndico del concurso, verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL
Carátula: LAS TRES NENAS S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-12

Las facultades del Síndico, dentro del proceso están regladas en el art. 275 LCQ., entre las que se encuentran librar oficios, cédulas (inc. 1), pedir informes a entidades públicas y privadas (inc. 2), requerir explicaciones al concursado o terceros (inc. 3), examinar procesos judiciales o expedientes extrajudiciales (inc. 4), ... etc.

En dicho sentido, la labor del Síndico en los procesos verificatorios es de tipo técnico pericial, auxiliar de la magistratura, típica de todos los procesos concursales, argumentos que son aplicables aún en las verificaciones tardías.
Entrega del certificado de trabajo, cobro de sumas de dinero, gratuidad del procedimiento
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Galop Norma Liliana  c/ Camera Carlos Roberto  s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-31

Extender el beneficio de gratuidad a aquellas personas que invocan la condición de trabajador y no lo demuestran puede acarrear como consecuencia que proliferen demandas aventureras promovidas por inescrupulosos que nunca faltan (Voto Ronconi, en minoría)
Jubilación por invalidez, interpretación de la ley, cuerpo médico forense, comisión médica central, porcentaje de incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: YACUZZI, JOSE JESUS c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

El punto 4, parágrafo tercero, del art. 49 de la ley 24.241, se refiere en tres oportunidades al Cuerpo Médico Forense, sin efectuar distinciones o discriminaciones concernientes al domicilio real del solicitante, aludiendo a la posibilidad de una nueva revisación -respecto a la cual no señala a cargo de que cuerpo estará- "en casos excepcionales y suficientemente justificados". En consecuencia, desestimada por la Comisión Médica Central la solicitud de retiro por invalidez, corresponde remitir las actuaciones al Cuerpo Médico Forense a fin de que, en la forma de práctica, emita dictamen fundado sobre el porcentaje de incapacidad que afecta al titular en la actualidad y a la fecha de solicitud.

(Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Presunciones, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: TABOADA RAÚL FERNANDO Y OTRO c/ OSCAR SPAINI Y CÍA. S.C. Y/U OTROS s/ 35 DÍAS DE VACACIONES DEL AÑO 2002, ETC. - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-06-25

El valor y la eficacia probatoria de los indicios no están dados tanto por la cantidad de ellos, sino por lo irrefutable o indiscutible que sea la regla o máxima de experiencia, en la que se apoya el indicio o hecho conocido (por haber sido plenamente comprobado) y el íntimo enlace, preciso y directo entre el hecho conocido y el hecho por conocer para permitir por lógica deducción, arribar a la averiguación del hecho cuya existencia o característica se quieren acreditar en el proceso.
Recurso extraordinario federal, Constitución Provincial, ley provincial
Materia: PROCESAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: RIGA A. E. Y OTRO c/ CARRIZO, M. s/ INEVISIBILIDAD  DE  NORMAS  CONSTITUCIONALES  O  LEGALES - LOCALES EN  APELACION FEDERAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-05-13

Lo relativo a las cuestiones sometidas a la decisión judicial, el alcance de las pretensiones de las partes, a las facultades de los tribunales de provincia, el ámbito de su jurisdicción y a la forma que ejercen su misión regulados por normas constitucionales o legales locales -es irrevisable a traes de la apelación federal, en virtud del respeto debido a la atribución de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas. La determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las peticiones de las partes, es insusceptible, como principio, de examen en la instancia extraordinaria.
Querella, delito de acción privada, prueba, prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: S DE R, S s/ QUERELLA POR INJURIAS      EXPTE NRO 133-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-04

Los procesos por delitos de acción privada pueden ser catalogados como "semiacusatorios", no son un "típico proceso de parte" como el civil.

Compete al órgano jurisdiccional proceder a la citación de los testigos ofrecidos y admitidos, no siendo esta actividad una carga de la parte, pero la omisión de aquél no es causal de nulidad según el artículo 162 del Código Procesal Penal.

La negligencia de la parte en el instamiento de la prueba produce el desistimiento táctico de ella.

No es causal de nulidad la falta de informar sobre la prueba, puesto que según el artículo 527 del Código Procesal Penal es un acto voluntario no obligatorio.

La designación de defensor del querellado remiso es un acto destinado a impulsar el proceso por lo que constituye "secuela de juicio" interruptora de la prescripción.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, competencia laboral, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, empleo público, impugnación del acto administrativo, intimación a jubilarse
Materia: PROCESAL
Carátula: Mastrandrea, Lucio Alberto c/  s/ Impugnación de actos administrativos s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

Es competente para conocer en el caso la justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires por aplicación de los arts. 1° y 2° del Código Contencioso Administrativo y Tributario. Ello así, toda vez que los actos administrativos atacados, a través de los cuales se rechazaron los recursos interpuestos contra la intimación para la jubilación y se dispuso la cesantía de la actora, fueron dictados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una relación de empleo público, materia propia del derecho público local. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Derecho procesal, jueces, facultades disciplinarias, multa, juicio ejecutivo, desconocimiento de firma, procedencia del recurso, acción de reducción
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Leo, Osvaldo Gerardo c/ Leo, Oscar Roberto s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-03

Resulta procedente la aplicación de una multa en los términos del art. 551 y 45 del rito, ello con sustento en que el actuar del recurrente importó la innecesaria dilación del pleito con innumerables defensas y recursos, llegándose incluso a negar la firma del documento base de la ejecución, habiéndose comprobado luego -prueba caligráfica mediante- que la firma consignada en él era de su autoría.- En esos términos lo sucedido con la negativa de su firma revela una conducta del apelante reñida con la buena fe que debe imperar en el trámite del proceso, circunstancia que no debe ni puede ser soslayada. Ahora bien, así como esta se considera que la sanción impuesta al demandado debe ser mantenida, estímase también que el quantum de la multa debe guardar adecuada relación con la conducta reprochada.- En efecto, ha de tenerse presente que la inconducta procesal involucrada no puede ser calificada de genérica en el sentido de haberse reiterado durante el desarrollo del trámite de la acción, por ende, en consideración al alcance que se ha dado a aquélla cuadra sostener, como lógica derivación, que el porcentual fijado por el a quo - 10% de la deuda a favor del actor- se evidencia excesivo y amerita su reducción al 5% del monto involucrado en la litis, por guardar dicho porcentual mejor relación con la entidad de la inconducta y los antecedentes del caso.
Costas, honorarios del abogado, IVA, sujetos imponibles, responsables inscriptos, reintegros impositivos
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Corte Nº 188/04 GIMENEZ c/ DECA (Expte Nº 199/94) s/ Ejecución de Honorarios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-02-08

Analizada la cuestión de autos y el voto suscripto por los Señores Ministros preopinantes, coincido con lo expuesto en un primer aspecto, ésto es que: " El impuesto al valor agregado, al no ser integrativo del precio, debe adicionarse a los rubros de condena, toda vez que la base imponible es el precio neto del servicio (honorarios profesionales) y sobre dicha base debe calcularse el porcentaje correspondiente al IVA, que no ha de estar ha cargo del profesional sino de quien debe retribuir su labor". ( C.N. Trab, sala VI, diciembre 9-992 ). Lo dicho, en términos de principio general, sin embargo en autos, el ahora recurrente, no acreditó en tiempo procesal oportuno, su condición de responsable inscripto en relación al impuesto de que se trata, incumplimiento de una carga procesal cuyas consecuencias deben pesar sobre el remiso, quien, como bien dice la Cámara, podrá a posteriori solicitar a la AFIP su reintegro. En tal sentido la Jurisprudencia que dista de ser unánime, tiene dicho que si se incumple el deber de comunicar la calidad de responsable inscripto "redundará en perjuicio de aquél que reviste la calidad de"no inscripto", el que no estando sujeto al impuesto se le retendrá igualmente su importe". (Manuales de Jurisprudencia La Ley-Pag. 226, parágrafo 729 ).En consecuencia, voto por el rechazo del recurso.

Del voto de la Dra. Sesto de Leiva-En Disidencia
Sufragio, voto en blanco, Derecho constitucional, jerarquía constitucional, voto válido
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Gil Domínguez, Andrés c/  s/ formula petición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

La doctrina constitucional de nuestro país coincide en que los votos afirmativos, a los efectos del cómputo previsto en la Constitución Nacional, son aquellos que se pronuncian por una fórmula determinada y que, por consiguiente, los votos en blanco quedan excluidos de dicho cómputo (Voto del juez Rosatti).
Daños y perjuicios, impugnación del acto administrativo, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: La Escalera Norte SA c/ GCBA s/ daños y perjuicios perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-08

Para que progrese el pedido de reparación de daños y perjuicios es necesario, en primer término, desvirtuar la causa que motivó el acto administrativo generador del daño (vgr. culpa del concesionario).

Una solución contraria implicaría admitir que el administrado puede evadir las condiciones de impugnabilidad de los actos administrativos mediante el simple artilugio de calificar el obrar de la Administración como lícito y crear con ello un recurso contra un pronunciamiento administrativo ya firme por falta de impugnación adecuada.

Esto, a su vez, justifica que no se difiera la decisión del punto para el momento en que se dicte la sentencia de fondo. Ello así por cuanto está en juego la observancia de los presupuestos y condiciones de admisibilidad de la acción contencioso administrativa así como la necesidad de evitar la sustanciación de un juicio cuyo progreso, en los términos propuestos, se sabe imposible.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Loscar, Oscar Alfredo y otra c/ Garro, José María y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-05-29

El hecho de que los testigos sean menores no configura tacha o inconveniente alguno que autorice a invalidar sus testimonios, como tampoco razón alguna para que los mismos prevalezcan sobre otras constancias.(doctor de Lázzari, mayoría)
Recurso de queja (procesal), depósito previo, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Maratea, Norma S. s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal está exento del depósito previo.