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Recurso de apelación (procesal), apelación en relación, recurso de reposición (procesal), apelación en subsidio, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: AVAL SOCIEDAD ANONIMA c/ JUAN OSCAR DECIMA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-08-31

La norma procesal del artículo 799 de la ley 3621 (Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de Tucumán, reformado por ley 6176), otorgaba al trámite del recurso de apelación en relación, un carácter eminentemente contradictorio. Del memorial de agravios presentado por el recurrente debía correrse traslado por tres días a la parte contraria. En la actual ley procesal (6176) el carácter contradictorio del recurso se mantiene (ver artículo 733: "..del escrito se dará traslado por igual plazo"). Es más, dicho cuerpo legal, con mayor precisión que la ley 3621, determina que si se concedió una apelación deducida en subsidio y no se sustanció con la contraria el recurso de revocatoria desestimado por el a-quo, la providencia que conceda la apelación mandará correr traslado por cinco días del escrito de interposición de la revocatoria (artículo 772, segunda parte). Lo se/alado demuestra que en materia de recursos como el que se trata en todos los casos resulta necesario escuchar a la contraria a los fines de salvaguardar el derecho de defensa y el debido proceso legal.
Tribunal de enjuiciamiento, enjuiciamiento de magistrados, competencia provincial, juicio político, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Superior Tribunal de Justicia c/ Duarte, Graciela Beatriz s/ denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

No resulta excesiva la duración del proceso de enjuiciamiento de la magistrada recurrente, toda vez que desde la resolución que dispuso la apertura del juicio político hasta el dictado de la sentencia que la destituyó transcurrieron -computando la suspensión solicitada -140 días hábiles- lo que puede considerarse como un plazo razonable, atendiendo a la trascendencia institucional que reviste el juicio de responsabilidad política de un magistrado.
Daños y perjuicios, establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Borzi, Carlos Humberto c/ Gallucci, Jorge Luis y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-23

En autos no puede sostenerse que se trate de un acto médico único y, por tanto, liberado de responsabilidad el profesional debe también ello imponer idéntica solución para la entidad sanatorial como sostienen los recurrentes. En efecto, más allá de la correcta actuación del profesional, debidamente ajustada a las reglas del arte de curar y poniendo en forma eficiente los medios necesarios para lograr el resultado esperado (arts. 512 y 902 -textos y doctr.

Cód. Civil), es lo cierto que en autos no es materia de debate -y por ende arriba firme a la alzada (arts- 260 y 261 C.P.C.C.) que la canalización en el brazo izquierdo del paciente mediante un catéter fue efectuada por personal asistente en tareas auxiliares y de los cuales el sanatorio también se vale para el cumplimiento de sus obligaciones.
Prueba testimonial, testigo único, idoneidad del testigo, dependientes, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: DE BENEDETTI EGISTO ORLANDO Y OTRO c/ RADIODIFUSORA DEL PLATA Y OTRO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

Si bien no empece en forma absoluta la calidad de testigo único para la ponderación de sus dichos, porque el sistema de la sana crítica que preside nuestro ordenamiento procesal ritual excluye la aplicación de la máxima latina "testis unus, testis nullus", ésta conserva cierta lógica de verdad, dado que es exigible en tales supuestos, obviamente por parte del juzgador el deber de apreciar el testimonio aportado en la causa, con mayor severidad y valorando todos los elementos en su conjunto; y en particular en el sub-lite, máxime, por cuanto, el testigo tiene la condición de dependiente de la demandada, en carácter de contador.
Nulidad de sentencia, non bis in ídem, declaración de reincidencia, decomiso, ejecución de sentencia, sentencia firme
Materia: PENAL
Carátula: Larriaga, Mauricio Gastón y Otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-01

Corresponde anular la sentencia impugnada en lo que a las sanciones se refiere toda vez que como derivación del principio ne bis in idem, no es posible valorar dos veces las mismas circunstancias. De esta manera, no podrán tenerse en cuenta a tal fin los antecedentes penales (o su carencia) ni su declaración de reincidencia, como así tampoco la existencia de otras causas en trámite.Debe anularse el decomiso de los vehículos dispuesto en la sentencia toda vez que los sentenciantes omitieron toda explicación acerca de la vinculación que esos vehículos tuvieron con los hechos de este caso.La ejecución de la sentencia en materia penal, sólo puede operar cuando el fallo condenatorio quede firme, esto es cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechaza la queja por el recurso extraordinario federal denegado, por imperio del principio constitucional de inocencia (art. 18 CN, 8.2 CADH y 14.2 PIDCyP), por lo que corresponde rechazar el agravio del fiscal relacionado con la omisión del tribunal e disponer la inmediata detención de los nombrados.De la lectura de la sentencia, se observa que los magistrados descartaron adecuadamente la figura típica contemplada en el art. 7 de la ley 23737 -organizador- respecto de uno de los imputados atento a que no se encontraban acreditados suficie ntemente los extremos que señala el fiscal en su planteo, toda vez que dicha figura legal exige como caracteres esenciales una estructura jerárquica, fungibilidad de ejecutores, y la existencia comprobada de un centro de decisiones.
Derecho penal, condena anterior, unificación de penas, condena condicional, suspensión del juicio a prueba, dictamen fiscal, carácter no vinculante, audiencia, defensa en juicio, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cristaldo, César Miguel s/ s/ inf. art. 189 bis CP -Apelación -Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

En el supuesto que el Juez a quo deba determinar la pena y la modalidad de cumplimiento por un hecho delictivo cometido con anterioridad a la existencia del suceso que motivó el dictado de una sentencia condenatoria previa, el eventual segundo acto jurisdiccional debe operar como una especie de revisión del primero, aunque al solo efecto de componer todos los hechos ilícitos que no pudieron sustanciarse en un mismo proceso. Por lo tanto el Tribunal unificador puede adoptar su propio criterio.

La integración de condenas efectuada de acuerdo a los parámetros expuestos autoriza al Juez a imponer tanto una pena de cumplimiento efectivo, como nuevamente una condena en suspenso si el monto por composición así lo permite.

De allí que no resulte acertado sostener que en virtud del antecedente condenatorio registrado por el imputado deviene imposible la aplicación de la condenación condicional según las reglas contempladas en el artículo 26 de Código Penal. Distinto sería si a esa conclusión arribara luego de desarrollada la audiencia prevista en el artículo 293 de Código Procesal Penal de la Nación, fundando adecuadamente las razones que sustentan ese pronóstico de pena a imponer.

Lo propio en sentido contrario, esto es, si teniendo en cuenta las circunstancias del caso considera procedente dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y mediase consentimiento fiscal, podrá suspender la realización del juicio (conf. art. 76 bis, cuarto párrafo, C.P. y al criterio amplio para la concesión del instituto bajo estudio seguido por esta Alzada en la causa nº 408-00/CC/2005 "Aguilera, César Alberto, s/ inf. art. 189 bis, C.P. -Apelación", rta. el 19/12/05).

De ser ese el caso, igualmente deberá verificar la concurrencia de los demás extremos requeridos por el artículo 76 bis del Código Penal y así decidir acerca de la procedencia del instituto solicitado por la defensa, sin que el dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal resulte vinculante.

Para ello, sin perjuicio de la solución que en definitiva se adopte, el a quo no puede omitir la realización de la audiencia prevista en el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación, pues prescindir de su celebración importa negar al encausado la posibilidad de que pueda exponer sus argumentos ante un Tribunal competente, afectando el derecho de defensa en juicio consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, pues el cumplimiento de las distintas etapas procesales es una garantía de las partes y no puede quedar sometido a la discrecionalidad del juzgador (CNCP, Sala II "Mascimo, María Susana s/recurso de casación", rta. el 6/9/99 y "Garcete, Federico s/ recurso de casación", rta. el 12/5/99, entre muchas otras).
Emergencia sanitaria, coronavirus, continuación del proceso judicial, expediente electrónico
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Guido Nicolás y otro c/ Brisighelli, Javier Jorge y otros s/ daños y perjuicios (acc. tráns. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

Resulta imposible soslayar los profundos cambios que la situación derivada de la pandemia por Covid-19 han generado en la vida de la sociedad toda y el impacto generado en la tramitación de los procesos judiciales a partir del mes de marzo del corriente año, y aun habiéndose levantado la feria extraordinaria, la modalidad de trabajo tanto para los tribunales como para los letrados, se ha visto sustancialmente modificada, a los fines de lograr la continuidad de las actividades en el contexto de la crisis sanitaria. Cabe destacar que se ha priorizado el empleo de las herramientas digitales, la modalidad de trabajo remoto, la limitación de la atención al público, y la estricta observancia de las medidas de prevención, higiene y movilidad emanadas de las autoridades competentes.
Personal militar retirado, responsabilidad del Estado, homicidio, arma blanca, uso de armas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Deoca,  Corina  del  Rosario c/ Paredes, Fidel Leónidas y Estado Nacional (M. de Defensa de la Nación) s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

Corresponde revocar la sentencia que señaló el "alto grado de peligrosidad" del sable empuñado por un profesional de carrera, pues al hacer efectivo su pase a retiro, sin advertir el riesgo que representaba para los terceros, dichas constancias sirven para desechar la hipótesis de culpa in eligendo del Estado e impiden advertir qué razones habrían existido para que al hacerse efectivo el retiro la Armada retuviera el sable propiedad del codemandado ya que no pareció ser la causa adecuada del homicidio, según el curso natural y ordinario de las cosas, sino que aquél fue una consecuencia remota de la entrega (art. 906 del Código Civil).
Nulidad procesal, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOJANICH JOSE O c/ COLALUCE OSCAR A s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-15

Consentidas por el ejecutado las actuaciones -dictado de sentencia de remate y declaratoria de firmeza de la misma- no es posible se vengan a opugnar las mismas mediante la mera afirmación de que la firma del patrocinante de la actora, que éste reconociera, sea apócrifa, máxime que la única consecuencia posible, en caso de ser ello cierto, es que se supiera la omisión (art. 57 Cód. Proc.). En tal caso no cabe diferenciar entre acto jurídico y acto de procedimiento pues la cuestión que se plantea con la impugnación de tal firma persigue desconocer el procedimiento que se impugna pidiendo se declare la inexistencia de lo actuado. En consecuencia, son aplicables al caso las disposiciones referidas a la nulidad de los actos personales (art. 169 CPC).
Recurso de queja (procesal), falta de firma, inexistencia del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Lestelle, Manuel Ángel c/ ANSES s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-17

Corresponde desestimar la presentación directa si carece de un requisito esencial, como es la firma de su presentante (conf. arts. 118 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 46 del Reglamento para la Justicia Nacional), en tanto se trata de un acto jurídico inexistente que, como tal, no es susceptible de convalidación ulterior.
Sociedad conyugal, bienes propios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fuentes, Marta G. c/ Garcia, Héctor s/ Incidente de recompensa en auto:Fuentes, Marta Gladi c/ Garcia,  Héctor s/ Liquidación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Al cónyuge que reclama el derecho a recompensas por el producido de las ventas de bienes propios le basta acreditar el carácter del bien, su venta, y que recibió los fondos correspondientes..., corriendo por cuenta de quien se opone a la recompensa acreditar positivamente que el dinero no fue empleado en beneficio de la sociedad conyugal (sea por reinversión, por haberse donado u ocultado).
Responsabilidad de los establecimientos asistenciales, contrato a favor de terceros, responsabilidad médica, obligaciones de medio, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: ANSIN FRANCISCO ROBERTO c/ INSTITUTOS MEDICOS ANTARTIDA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

Entre el sanatorio y el médico se celebra una estipulación a favor de tercero. El ente es estipulante o promisorio, el galeno prominente y el paciente beneficiario (doct. art. 504 del Código Civil). Del doble juego de relaciones apuntado se tiene que el enfermo está asistido de dos acciones que son contractuales y directas: una contra el médico y otra contra la clínica.

En cuanto al fundamento del deber de la institución de salud, él descansa en la existencia de una obligación tácita de seguridad que funciona con carácter accesorio de la obligación principal de prestar asistencia por medio de los facultativos del cuerpo médico.

Dicho deber de seguridad descuenta que entre médico y clínica no hay subordinación en el aspecto técnico científico.
Recurso extraordinario, trámites judiciales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal de alzada, nulidad procesal, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MIGUEL ANGEL RAMON PICON c/ CATAMARCA-RIOJA REFRESCOS  S.A. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11

Si la concesión del remedio federal no aparece debidamente fundada con arreglo a los principios que emergen de la jurisprudencia de la Corte referida al tribunal del cual debe provenir la sentencia definitiva susceptible de recurso extraordinario, corresponde declarar la nulidad de aquél acto procesal al no dar satisfacción a los requisitos idóneos para la obtención de la finalidad a la que se halla destinada (conf. art. 169 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Derecho civil, relación de causalidad, culpabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: MIRANDA CORNELIO RAMON Y OTRA c/ ESTORNELL S.A. s/ PRUEBA ANTICIPADA-HAY SUMARIO-D.S. Y P.S.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-27

Se distingue netamente la cuestión de la causalidad, y la culpabilidad. Son dos cuestiones diferentes. La primera, tiene por objeto establecer cuándo y en qué condiciones un resultado cualquiera -o más concretamente un daño-, debe ser imputado, objetivamente a la acción, u omisión de una persona. Tiene por fin establecer lo que prácticos de la edad media llaman, "imputato facti", y responde a las siguientes preguntas: ¿debe ser considerado tal sujeto como autor del daño?.

La segunda cuestión, la de la culpabilidad, se propone determinar, cuando, y en que condiciones un resultado debe ser imputado subjetivamente a su autor. Se trata ahora de establecer la "imputatio iuris", y responde a esta pregunta: ¿el autor del daño, debe ser considerado también culpable de él, a los fines de la responsabilidad?. La primera cuestión es, como se ve, previa a la segunda, desde que antes de resolver sobre si el daño se debió a la acción culpable de una persona, hay que establecer que fue realmente su acción la que la produjo. El adjetivo, como siempre, presupone al sustantivo.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, cuestiones procesales, costas
Materia: Procesal
Carátula: Valente, Rodolfo y otros c/ Selesk de Valente, Crescencia y otros. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-05-16

La distribución de las costas en las instancias ordinarias es una cuestión propia de los jueces de la causa e irrevisable en la instancia de excepción, no dándose supuestos que alteren este principio ya que remite al examen de cuestiones procesales y accesorias ajenas al remedio extraordinario.
Proceso judicial, principio de congruencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Graña Julio Antonio c/ Palacios Pedro Miguel s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-27

Si bien de conformidad con los términos del artículo 163 del C.P.C. y C. la sentencia debe resolver conforme a los términos de la relación procesal trabada sólo corresponde decretar la nulidad de una sentencia dictada en violación de tal principio de congruencia, cuando esas falencias no pueden ser reparadas por vía de la apelación.
Subasta, usufructo, obligaciones del usufructuario
Materia: CIVIL
Carátula: S., G. H. c/ O., J. E. s/ Alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

En el contexto del derecho real de usufructo existen obligaciones sólo para el usufructuario y el nudo propietario. De ahí que, quien puede perderlo a raíz de una subasta, carezca de derecho a reclamar el cumplimiento de requisitos por parte del adquirente. Se trata de obligaciones que de acuerdo al Código Civil sólo pueden ser exigidas por el nudo propietario y frente al primer usufructuario (artículos 2846 y siguientes del Código Civil).
Ex presidente de la Nación, derechos irrenunciables, jubilación extraordinaria
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-POLITICO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: De La Rúa, Fernando c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social s/ Ley 24.018
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-12

Conforme surge acreditado en autos desde la primera presentación del titular, no puede de modo alguno presumirse que su intención haya sido la de renunciar a la asignación reglada por la ley 24.018 (en el caso, al cumplir los 65 años de edad, el actor solicitó el otorgamiento del beneficio ordinario reglado por la ley 24.241, efectuando expresa reserva de derechos de peticionar en el futuro la pensión no contributiva presidencial contemplada en el Cap. I, Título I de la referida ley 24.018, habida cuenta que, debido a la existencia del Dec. 78/94 -que la derogaba- tornaba administrativamente inadmisible la petición en los términos de la normativa especial). Al respecto, debe recordarse que el art. 14 bis de la C.N. establece que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrán carácter de integral e irrenunciable.
Derecho penal, suspensión del juicio a prueba, clausura de la instrucción, elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: Méndez, E. I. O. c/  s/ suspensión de juicio a prueba (Causa Nº 7.171/2022)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

- Suspensión del juicio a prueba revocada.

- Magistrado que dispuso la revocatoria del beneficio concedido y la consecuente clausura de instrucción y elevación a juicio.

- Probation oportunamente concedida por el término de un año sin que se hubiera dispuesto ninguna prórroga. Plazo de supervisión vencido. Imputado que fue condenado en otro juzgado, a través de la homologación de un acuerdo de juicio abreviado, pero por un suceso que tuvo lugar con posterioridad al vencimiento de la suspensión de juicio a prueba. Alegada interrupción del instituto que no resulta procedente. Necesidad de verificar si las reglas de conducta impuestas fueron cumplidas.

- Revocación.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, aplicación de la ley, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: F, L. R. s/ Ley N° 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-27

Los medios recursivos establecidos por el artículo 50 de la Ley de Procedimiento Contravencional son restringidos, estando limitados en principio solamente a la sentencia. Esta disposición es coherente con las características especiales que reviste nuestro proceso donde rige un sistema acusatorio puro y no mixto como el que existe en sede penal, sin olvidar que se tiene especialmente en cuenta las diferencias de las distintas conductas transgresoras que se juzgan en materia contravencional diferentes a la materia delictual (arts. 36 y 55 de la Ley Nro. 12 y art. 13, inc. 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires).

La limitación que el texto procesal nos impone, motivó a los integrantes de esta Sala la búsqueda de una solución jurisprudencial que evitara situaciones notoriamente injustas por el carácter de irreparables de los posibles perjuicios que ocasionarían a las partes decidiendo, en casos excepcionales, la aplicación supletoria del artículo 449 de la Código Procesal Penal de la Nación (artículo 6 Ley de Procedimiento Contravencional). (Del voto del Dr. Ventureira)
Excepción de cosa juzgada, vicios de la voluntad, violencia, despido por falta o disminución de trabajo, acuerdo no homologado
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: FORTE, REINALDO c/ A Y E s/ indemnización
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-22

No resulta procedente la excepción de cosa juzgada cuando del escrito de inicio se desprende que los accionantes denuncian que su voluntad se ha visto viciada de manera insanable pues se ejerció sobre ellos violencia moral, para obligarlos a firmar bajo la velada amenaza de despedirlos por falta de trabajo. La supuesta existencia de un vicio de la voluntad impide encuadrar el caso dentro de los términos del art. 241 de la LCT, y lo alegado merece ser tratado con el fondo de la litis. Para más, en el caso concreto el acuerdo en cuestión no se había celebrado ante la autoridad de aplicación y no constaba su homologación.
Salud pública, vacunación
Materia: CIVIL
Carátula: Q. K .H. c/  s/ situación (Sentencia no firme)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-05-16

Corresponde ordenar a los padres ajustarse al calendario de vacunación obligatorio de sus hijos, en virtud de lo manifestado por los progenitores que desde hace dos años optaron por la medicina alternativa producto de una vacuna que a una de sus hijas les provocó reacción alérgica que casi la llevó a la muerte, por ello decidió no realizar el esquema de vacunación correspondiente a la edad de los niños, toda vez que la normativa vigente parte de la base de considerar al niño sujeto de derechos y no objeto que debe ser tutelado por sus representantes, esta nueva concepción no puede quedar librada a la voluntad de los particulares, siendo el Estado el garante de su efectivo cumplimiento. Así el derecho a la elección de una forma de vida encuentra su límite en la afectación de la salud pública y el interés superior del niño, que en este caso de acuerdo con la política pública sanitaria incluye métodos de prevención de enfermedades, entre las que se encuentran las vacunas.