Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-18


Buenos Aires, septiembre 18 de 2009.

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I. En autos, la actora reclamó el pago de la suma de $21.251 por los conceptos detallados en la liquidación de fs. 11vta./12, con sustento en el despido indirecto en el que se colocara el 05-03-2003 por una presunta negativa de tareas que tuvo lugar en el marco de un contrato de trabajo no registrado por los codemandos quienes, según sostuvo, explotaban una escuela de conducción de vehículos.

Los coaccionados Leonel Procopuk y María del Carmen Ben Suarez comparecieron a estar a derecho en autos afirmando haber sido socios de la coaccionada Eurovial S.A. hasta el 15-12-1997, oportunidad en la que vendieron sus acciones y renunciaron al directorio de la empresa.

Héctor Alberto Gravagna negó todo vínculo con la actora y adujo ser ex compañero de la Marina Mercante del Sr. Alejandro Procopuk a quien visitaba una o dos veces al mes en la escuela Eurovial.

Patuana Europea S.R.L., Eurovial S.A., Gonzalo Gerardo Ojarguren y Alejandro Procopuk fueron declarados rebeles en los términos del art. 71 inc. 3 LO. (fs. 167).

Contra la sentencia de grado dictada por el Dr. Mario Ernesto Zuretti a fs. 336/340 que hizo lugar parcialmente a la demanda contra los accionados (a excepción de Hector Gravagna) se alzan la parte actora y los codemandados Ben Suarez y Procopuk.

La actora, Sra. Morel, lo hace en los términos de su presentación de fs. 345, mientras que Leonel Procopuk y María del Carmen Ben Suarez recurren el decisorio de grado con los alcances de su presentación de fs. 348/353, replicado a fs. 364/365 por la accionante.

II. Cuatro agravios componen el recurso de las demandas. El primero de ellos cuestiona el pronunciamiento del a quo que extendió la responsabilidad a los recurrentes. El Sr. Juez de grado consideró que la venta de acciones y la renuncia al directorio de la empresa Eurovial S.A. no operó el 15-12-1997 según lo afirmado por estos, sino en el mes de abril de 2000, conforme surge de lo informado por la IGJ.

En primer lugar debo señalar que conforme se desprende de los términos de la demanda, los codemandados Leonel Procopuk y María del Carmen Ben Suarez no fueron traídos a juicio imputándoseles una responsabilidad específica, sino que fueron demandados en forma genérica con sustento en los arts. 54 y 274 de la LSC.

En este sentido, memoro que conforme tiene dicho esta Sala en reiterados pronunciamientos (in re "Franchi, Daniel Omar y otros c/ Indublas SA y otros s/ despido", Expte. Nº11.218/04, SD Nº 95363 del 06-11-07; "Flores, Claudia María C/ Medical Power SA y otros s/ Despido", Expte. Nº 8168/07, SD Nº 96568 del 08-04-09, entre otros) la penetración societaria constituye una solución excepcional que exige la prueba acabada de un uso abusivo o desviado de la sociedad, es decir que se trata de casos en los que el ente societario sólo enmascara la responsabilidad de sus integrantes frente a terceros cuyos intereses se intenta defraudar. Como señala Carlos San Millán, el tercer párrafo del art. 54 LSC, modificada por la ley 22.093, no está previsto para responsabilizar a los socios por los incumplimientos de los actos de la vida societaria, tales como los que se ventilan en el subjudice, sino para los supuestos de uso desviado de la sociedad ("Responsabilidad personal de los socios por deudas laborales", TSS 1999-1028).

En punto a ello, memoro que el 59 de la ley 19.550 establece que los administradores y representantes son responsables ilimitada y solidariamente con la sociedad por los daños que causen con sus acciones u omisiones dolosas o aún negligentes.

Es decir que alude a supuestos de irregular comportamiento de los directores sobre el presupuesto de la validez de la sociedad.á En efecto, el párrafo inicial del art. 274 (ley 19.550) -que reza así: "Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del art. 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave..."- permite hasta responsabilizar a los directores frente a la sociedad misma o ante sus accionistas, con lo que resulta evidente que esta responsabilidad excepcional y especial no requiere, para su viabilidad, la puesta en cuestión de la sociedad.

El precepto es de alto contenido moral y, precisamente por ello, resulta guardián del inveterado principio remarcado por la Corte de la personalidad diferenciada de la sociedad y sus socios administradores como herramienta que el orden jurídico provee al comercio en su papel de ser uno de los relevantes motores de la economía.á Es que, para que la legislación pueda sostener esta artificiosidad útil al comercio, a la aventura empresarial y al progreso -ya que las personas jurídicas son, no debe olvidarse, artificiosidades instrumentales- es menester que sus órganos actúen con respeto por la ética, la moral y el orden jurídico en el que se desenvuelvan.á Por eso, disposiciones como las de los arts. 59, 274 y concordantes resultan funcionales y necesarias.

La sociedad regular y absolutamente lícita en su fundación y funcionamiento debe ser defendida de representantes, socios y administradores que mal usen a la sociedad y por eso normas como la analizada permiten a los perjudicados (sociedad misma, sus accionistas o cualquier tercero) demandar la responsabilidad plena de esas personas físicas.

Me parece interesante reflejar la opinión de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, vertida en ocasión de resolver el caso "Alarcón, Miguel Ángel c/ Distribuidora Juárez SRL y otros", el 17/06/2003, que efectúa esta misma distinción.

Allí, se dijo que corresponde diferenciar entre la responsabilidad de los administradores de la sociedad (cfr. arts. 59 y 279 LSC) y la responsabilidad de los socios en caso de actuación extrasocietaria sancionada mediante la desestimación de la personalidad (cfr. art. 54 ter L.S.C.), ya que la aplicación del artículo 54ter de la L.S.C. es una cuestión diferente a la responsabilidad de los administradores por aplicación de los arts. 59, 274 y 279 de la L.S.C. ya que en el primer caso se requiere la acreditación del vicio en la causa del negocio societario (cfr. Junyent Bas, Francisco, "Responsabilidad de los administradores societarios por fraude laboral", Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2000-1, pág. 183 y SS.), requisito que no debe concurrir en el segundo supuesto.

Y en el mismo caso, dicho tribunal comercial se expidió sobre irregularidades como las aquí analizadas admitiendo que activan la responsabilidad personal de los directores, señalando que "el administrador societario al desempeñar funciones no regladas de la gestión operativa empresaria, debe obrar con la diligencia del buen hombre de negocios.á Y ésta deberá apreciarse según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (Cód. Civ. 512), y la actuación presumible de un buen hombre de negocios, o sea de un comerciante experto (Cód. Civ. 902).á La omisión de tal diligencia hace responsable al administrador por los daños y perjuicios generados, y ello lo obliga a responder por aquellos causados por la omisión de cuidados elementales, configurando responsabilidad por culpa grave y, obviamente el dolo (cfr. C.N.Com., Sala B, 5-11-1993, in re, "Paramio, Juan c/ Paramio, Pascual s/ sum.")".

Más precisamente declaró dicho tribunal que los fraudes a la ley laboralá hacen responsables a los administradores codemandados ante el tercero (en el caso el dependiente) quien como consecuencia del incumplimiento sufrió un daño: "La responsabilidad se generó ante la falta de pago en término, "pago en negro", no inscripción de la relación en los respectivos registros, etc." y por eso sostuvo la Sala B que "La responsabilidad directa que le cabe a la sociedad como empleadora se extiende al administrador que motivó la comisión del ilícito ya que incurrir en las prácticas de contratación clandestina contravino los deberes de conducta que configuran el paradigma que impone el actuar con buena fe, como un buen hombre de negocios y como un buen empleador (arts. 62 y 63 de la L.C.T.)".

En ese marco, no tengo dudas de que la Sra. María del Carmen Ben Suarez en su calidad de Vicepresidente del directorio de la empresa Eurovial S.A. (conforme surge de fs 264) es responsable en los términos de la L.S.C. en tanto por su rol relevante en la sociedad ha violado radicalmente las leyes laborales de orden público al omitir registrar el vínculo que la sociedad mantenía con la accionante, incurriendo de este modo en un ilícito que se encuentra previsto en la ley penal tributaria (ley 24.769) soslayando obligaciones patrimoniales frente al sistema de seguridad social mediante un actuar ilícito.

No advierto que esta actitud haya podido ser involuntaria o provocada por algún error, y sólo cabe presumirla -salvo una alegación y prueba en contrario que no se verificaron en autos- como intencional.

En síntesis, sostengo que los arts. 59 y 274 LSC -aplicables al sublite en razón del papel de vicepresidente de la sociedad demandada, desempeñado por la codemandada Ben Suarez, permiten imponer responsabilidad solidaria e ilimitada a los socios y directores de sociedades comerciales que, violando la ley, perjudican los intereses de otros, sin necesidad de apartar la persona jurídica cuya validez, existencia y regularidad no resulta cuestionable (en similar sentido me he expedido como vocal de esta Sala in re "Grossetti Gómez, Silvina c/ Kurba S.R.L. y otro" Sent. Nº 94.834 del 12 de Marzo de 2007).

Por aplicación de las normas de imputación subjetivas de responsabilidad,á propicio confirmar el fallo de grado y rechazar por los argumentos expuestos la pretensión de la codemandada María del Carmen Ben Suarez, en función de su participación personal en la dirección de la sociedad a partir de la cual ha pergeñado la sustracción del empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales, siendo responsable en los términos de los arts. 59 y 274 de la LSC.

Distinta suerte correrá el reclamo articulado por el Sr. Leonel Procopuk, respecto del cual solo se acreditó su designación en la sociedad demandada en calidad de Director Suplente (ver fs. 265) sin que se adviertan presentes en la causa elementos de juicio que den cuenta de su efectiva participación en las decisiones del directorio en momento alguno, menos aún de haber ocupado efectivamente ese lugar por vacancia del Director titular (Sr. Alejandro Procopuk, cfrme. fs. 264) de tal modo que permita imputarle la titularidad de algún acto o decisión empresaria vinculado con la clandestinización de la relación que la sociedad mantuvo con la accionante.

En consecuencia, propicio receptar el primer agravio articulado por el codemandada Leonel Procopuk y rechazar la queja de María del Carmen Ben Suarez.

III. El segundo agravio, que será analizado sólo en relación a la codemandada Ben Suarez en atención al resultado que dejo propuesto para resolver la primer queja, cuestiona el alcance de la responsabilidad atribuida considerando que corresponde se la exima de las obligaciones emergentes de la extinción del vínculo en tanto a esa fecha la titularidad del vínculo se encontraba en cabeza de otro codemandado.

Sobre el particular, considero que no resulta atendible el agravio de la codemandada toda vez que, aún sosteniendo la hipótesis de la recurrente, carece de asidero jurídico pues la clandestinidad registral de la accionante se mantuvo durante todo el tiempo que duró su mandato. Ello me lleva a concluir que la sociedad de la cual la Sra. Ben Suarez era Vicepresidente incorporó y mantuvo el contrato bajo examen en autos en la irregular situación declarada precisamente cuando la apelante era directivo principal. De ello se sigue que fue esta quien diera lugar a la conducta societaria legalmente cuestionada, por lo que debe responder por sus actos perjudiciales para el ente societario, para la accionante y para terceros.ááááááááááááááááááááááááááááá áIV.áEn lo que respecta a la tercer queja deducida, a mi juicio, esta no cumplimenta el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art. 116 de la LO, porque se basa en consideraciones de carácter genérico que no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas. Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, mediante la invocación de la prueba cuya valoración se considera desacertada o a la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art. 116 LO). A tal fin, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: "Tapia, Román c/ Pedelaborde, Roberto", S.D. Nº73117, DEL 30/03/94, entre otras). La insuficiencia formal puntada basta para desestimar -sin más- la procedencia del agravio, en tanto se limita a cuestionar la apreciación de los testigos efectuada por el sentenciante de grado, cuestionando la eficacia probatoria atribuida a dicha prueba, pero en modo alguno sugiere cual sería a su juicio la conclusión que correspondería extraer de dichos testimonios, por lo que no se advierte cual es la medida del agravio ni la solución que considera correcta a partir de los elementos de juicio invocados.

Por último, y en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos precedentes, resulta inoficioso analizar nuevamente los dichos de los testigos que declararon en autos y sopesar, nuevamente, su alcance y eficacia probatoria toda vez que la confirmación que dejo propuesta encuentra fundamento en el análisis de otros elementos probatorios que ninguna relación guardan con las declaraciones testimoniales rendidas en la causa.

V. Lo mismo sucede con la cuarta queja deducida a fs. 351/vta., toda vez que la mera invocación de un fallo de la C.S.J.N. que, a mi juicio, no resulta aplicable por analogía al caso de autos ni constituye, su mera transcripción, fundamento concreto y razonado para solicitar la modificación del decisorio de grado, máxime teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando II (verificación de los presupuestos para establecer la solidaridad en los términos de los arts. 59 y 274), lo que me conduce a concluir que el planteo efectuado resulta inatendible y no reúne las exigencias del art. 116 de la L.O. dado que ninguna de las manifestaciones vertidas cumple con los requisitos establecidos en la norma para la admisibilidad de los recursos.

Tampoco modifica la solución propuesta el precedente invocado por los accionados a fs. 352 por contemplar situaciones disímiles, toda vez que conforme surge de los términos del fallo que transcribe el accionante en dicho proceso ingresó a laborar en el año 1998, mientras que llega firme a esta instancia que la pretensora de autos, Sra. Primitiva Morel, ingresó a laborar en 1993 y continuó haciéndolo para Eurovial S.A. hasta Marzo de 1999 (cfrme. ap. 17 de fs. 9vta.), encontrándose acreditado en autos la participación de la codemandada Ben Suarez desde 1996 y hasta la inscripción de su renuncia en Abril de 2000 (cfrme. fs. 268/271) como integrante del Directorio de Eurovial S.A. en su calidad de Vicepresidente.

VII. Por último, resta analizar la crítica de la parte actora, que pretende la extensión de condena contra el codemandado Gravagna.

Lo señalado en el considerando IV. del presente pronunciamiento resulta aplicable al recurso de apelación de la accionante, toda vez que la jurisprudencia con la que coincido ha determinado que no reúne las exigencias del art. 116 de la L.O. el escrito de expresión de agravios que trasunta exclusivamente una mera disidencia con la forma en que el sentenciante ha analizado las constancias probatorias de la causa (CNAT, Sala VIII, del 11/07/96 "Alvarado c/Metrovías", DT 1997- A-317) o una simple disconformidad con lo resuelto (CNAT Sala I, del 20/02/97 "Nodar c/Agrocom S.A." DT 1997-B-1376, entre otros).á Desde esta perspectiva, es claro que ninguna de las manifestaciones contenidas en la presentación de fs. 345/vta. cumple con los requisitos establecidos en el art. 116 de la L.O, puesto que la quejosa se limita a disentir en forma genérica con la evaluación de las pruebas -que no individualiza ni analiza- sin dar base jurídica a su contrario punto de vista, lo cual no condice con los lineamientos que determina el ya mencionado art. 116 de la L.O.

Sin perjuicio de lo expuesto, y dado que la accionante refiere en forma genérica -y como único elemento de juicio- que de las declaraciones testimoniales se desprende que el accionado Gravagna "controlaba los vehículos, las libretas de mantenimiento, daba órdenes e instrucciones", considero que aún cuando de los testimonios rendidos en la causa surgiera lo expuesto, lo cierto es que esa prueba se advierte insuficiente para condenarlo como "empleador" (tal como pretende la accionante) dado que las conductas atribuídas a este no lo definen ni lo erigen por sí en empleador.

Por otro lado, huelga memorar que la actora señaló que "al momento en que se le negaron tareas a la accionante hubo un nuevo "cambio de firma" a favor del codemandado Héctor Gravagna" extremo no acreditado en autos, por lo que no corresponde endilgarle responsabilidad como empleador con anterioridad a esa fecha en tanto no fue denunciado como empleador por otro período.

Por lo expuesto, propicio el rechazo del recurso deducido por la demandante.

VII. El resultado que propicio implica una modificación del decisorio atacado, circunstancia que -de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN- conduce a reexaminar las costas allí determinadas.

Con relación a la distribución de las costas del proceso relativas al progreso de la acción contra los codemandados rebeldes y la Sra. María del Carmen Ben Suarez, no encuentro fundamentos para apartarme del principio general establecido en el art. 68 del CPCCN, motivo por el cual propongo imponer las mismas a su cargo.

Los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora se imponen a cargo de los demandados vencidos en autos (art. 68 CPCCN).

Respecto del codemandado Hector Alberto Gravagna y Leonel Procopuk, teniendo en cuenta las particularidades del caso, la participación e intervención activa de estos codemandados en la relación laboral de la actora, estimo que esta pudo considerarse con mejor derecho a reclamar como lo hizo, por lo que propicio que los honorarios regulados a su representación letrada sean impuestas por su orden (art. 68 parr. 2 y 71 CPCCN).

En orden a ello, estimo que deben regularse los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de los codemandados Leonel Procopuk, María del Carmen Ben Suarez y Hector Alberto Gravagna en el 16%, 12%, 10% y 12% respectivamente del monto total de condena -capital mas intereses- y los del perito contador y la perito calígrafa en la suma de $ 300 cada uno, calculados a valores actuales (cfr. arts. 38 LO, 6, 7, 9, 19, 37, y 39 de la ley 21.839, dto. 16.638/57 y ley 20.243).

Las costas de alzada estimo deben ser impuestas en el orden causado (cfrme. art. 68 inc. 2 y 71 CPCCN) de conformidad con el resultado obtenido, los vencimientos parciales y mutuos y las respectivas proporciones de éxito obtenido por las partes.

Por ello, propongo fijar los emolumentos de los letrados de la parte actora y de los demandados María del Carmen Procopuk y María del Carmen Ben Suarez en forma conjunta por sus trabajos en este tramo procesal en el 25% y 30% -respectivamente- de las sumas que deban percibir cada uno de ellos por los de primera instancia, teniendo en cuenta la importancia y extensión de las labores profesionales (art. 14 ley 21.839).

La Dra. Graciela A. González dijo:

Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia de grado y rechazar la acción deducida contra el Sr. Leonel Procopuk; 2) Imponer las costas de instancia anterior a cargo de las codemandadas vencidas, y las correspondientes a la representación letrada de los codemandados Hector Alberto Gravagna y Leonel Procopuk por su orden; 3) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, codemandados María del Carmen Ben Suarez, Leonel Procopuk y Hector Alberto Gravagna en el dieciséis por ciento (16%) doce pro ciento (12%), diez por ciento (10%) y doce por ciento (12%) respectivamente del monto total de condena -capital mas intereses- y los del perito contador y la perito calígrafa en la suma de $ 300 cada uno calculados a valores actuales. 4) Imponer las costas de Alzada en el orden causado; 5) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de los codemandados María del Carmen Ben Suarez y Leonel Procopuk en forma conjunta en el veinticinco por ciento (25%) y treinta por ciento (30%) respectivamente de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Graciela A. González.- Miguel Ángel Maza.