Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-08


Comodoro Rivadavia,OCHO de marzo de 2007.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "R, J L c/ E D S.R.L. s/ PEDIDO de QUIEBRA", Expte. Nro. 16.170/2006, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Secretaría N° 1 (Expte. Nro. 66/2005).- Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada, por haber interpuesto la parte actora, a fs. 150, recurso de apelación contra la providencia de fs. 147 que declara extinguido el proceso por caducidad de instancia.- Se agravia la recurrente a fs. 153/154 por entender que no se han cumplido los plazos que habilitan la declaración de caducidad de la instancia.

Señala como primer agravio que el 25 de septiembre de 2006 presentó un escrito de impulso del procedimiento que no se encuentra agregado al expediente, cuya copia acompaña; y por ello solicita se deje sin efecto el decreto que declara la perención de la instancia.

En segundo término aduce que el art.277 de la ley 24.522, no resulta aplicable a la instancia preconcursal, siendo el plazo de caducidad de seis meses de conformidad con lo dispuesto en el art.310 inc.1 del C.P.C.Ch.

Por último agrega que corresponde la aplicación restrictiva del instituto en cuestión y hace una referencia secuencial de todo lo actuado en el expediente.- I.- A fin de resolver la cuestión traída a esta Alzada corresponde señalar que la caducidad de la instancia supone el abandono voluntario del trámite procesal durante los lapsos que la ley determina y precisamente la inactividad que configura uno de los presupuestos de la misma se exterioriza en la no ejecución de acto alguno por ambas partes o por el órgano judicial, o por la realización de actos carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento (Cfme. Palacio "Derecho Procesal Civil", T.IV, pág. 221).

La parte que da vida a un proceso debe asumir la carga de urgir su desenvolvimiento y decisión, porque de lo contrario expone a la otra parte a la pérdida de tiempo y dinero que implica una instancia indefinidamente abierta e impone a los órganos judiciales una actitud de incierta expectativa, con respecto a los deberes que les conciernen (aut. y ob. cit. T. IV, pág.217/218).

II.- Sentado ello cabe puntualizar en primer término que la normativa aplicable a la perención de instancia en trámites como el presente es el art.277 de la ley 24.522, y no las normas del código de procedimientos local, como invoca el quejoso.

Ello atento que el caso está expresamente previsto en el texto mencionado.

Y en ese orden de ideas se ha dicho que: "En el proceso concursal deben aplicarse, en primer término y de manera excluyente, las reglas procesales previstas en la ley de Concursos y Quiebras.

En defecto de norma expresa -y es obvio que hay numerosas situaciones no previstas- debe acudirse a la aplicación analógica de otra norma procesal concursal, si existiera.

Y, en último término, si la cuestión no puede solucionarse dentro del ordenamiento concursal, ha de acudirse a las leyes procesales del lugar del juicio, en la medida de su compatibilidad, con la rapidez y economía del trámite concursal (Cf. Cita doctrinaria en LL-2001 A, 637- LL Litoral 2000-1278).- A mayor abundamiento se ha dicho que: "El plazo de caducidad de instancia aplicable al pedido de quiebra formulado por acreedor es el trimestral del art.277 de la ley 24.522" (Adla, LV-D, 4381).

"Los pedidos de quie-bra también caducan a los 3 meses de inactividad procesal.

Así había sido resuelto durante la vigencia de la ley 19.551 y esta solución tiene más razón de ser en el régimen actual que autoriza la perención de todos los incidentes y además admite el desistimiento." (Concursos y Quiebras, ley 24522, Rivera-Roitman-Vitolo, Ed. Rubinzal Culzoni, pág.420).- Lo expuesto permite desestimar en este punto los agravios del apelante.- III.- Cabe analizar ahora los argumentos invocados respecto de la presentación agregada en copia a fs.152.

Al respecto y de conformidad con lo ordenado por esta Alzada a fs.157, el Juzgado de origen ha informado que no existen actuaciones para agregar; que el sello de cargo impuesto en el escrito presentado a fs.152 no se corresponde con el utilizado por la Secretaría N° 1 de dicho Juzgado; que ningún empleado reconoce la letra del cargo, y que el sello de errose puesto encima de una firma ilegible fue inserto cuando la Prosecretaria firmó equivocadamente el cargo al acompañarse el escrito con la expresión de agravios.- De conformidad con el informe referenciado utsupra y obrante a fs.159, no puede acreditarse que la presentación de fs.152 fuere efectuada en la mesa de entradas de la Secretaría N° 1 del Juzgado Civil y Comercial N° 1 el día 25 de Septiembre de 2006; y en consecuencia atribuírsele efecto interruptivo alguno.

Evidentemente en el escrito en cuestión luce sello de cargo similar al de alguna dependencia judicial, pero no es del Juzgado donde tramita el pedido de quiebra por diferir notoriamente en su forma a los utilizados en el resto del expediente, además del informe de fs.159., y esa circunstancia impide que pueda tenerse en cuenta como acto impulsorio de este proceso.

Con cita de jurisprudencia Roberto G. Loutayf Ranea y Julio O. López han dicho que: "No interrumpe la caducidad el escrito presentado en un Juzgado distinto del que conocía del juicio.

Cuando el escrito fue dejado en otro juzgado distinto del que tramita la causa, tal error no resulta excusable y, por lo tanto, no puede considerárselo como acto susceptible de interrumpir el curso de la caducidad". (Caducidad de la instancia, ed. Astrea, pág.255).- Atento ello, el último acto interruptivo del curso de la perención de la instancia que surge de las actuaciones es la recepción de la cédula de notificación sin diligenciar, agregada a fs. 146 de fecha 22/05/06, como bien lo señala el a quo; por lo que al momento de dictarse la providencia de fecha 23 de octubre de 2006 (fs.147), había sobrepasado el lapso máximo de tres meses en el cual el accionante debió activar la instancia.

Nada de lo argumentado puede tenerse en cuenta contra ese dato que, fatalmente, sella la suerte del recurso.- Sumado a lo expuesto, cabe recordar lo dicho en orden a que: "La caducidad de la instancia es un instituto procesal que tiende a sancionar la falta de diligencia o actividad de las partes, pues su fundamento radica en la necesidad de evitar la duración indefinida de los procesos.

Es por ello que los litigantes tienen la carga de impulsar el trámite del juicio hasta ponerlo en condiciones de ser decidido, pues a partir de allí -autos pendientes de sentencia- concluye su obligación.

En anterior composición, el tribunal ha señalado que la doctrina procesalista se ha ocupado de este tema, definiéndose tres posiciones: a) una exige que "los actos interruptivos para ser tales, deben ser útiles, idóneos, adecuados al estado del proceso y efectivamente eficaces para alcanzar su cometido de hacer avanzar el proceso"; b) la opinión opuesta considera que "es suficiente que el acto ponga de manifiesto la voluntad del litigante de mantener vivo el proceso, haciendo saludo de presencia y existencia, aunque no sólo conduzca hacia adelante, sino que ni siquiera tenga aptitud virtual de pretenderlo"; c) y en medio de ambas existe un criterio estático y moderado que considera actos interruptivos los que "tengan dirección apta para comunicar un adelanto al estado del juicio y la fuerza necesaria para obtenerlo, aunque de hecho tal finalidad se frustre o quede postergada" (cf. Loutayf Ranea, R. y Ovejero López, G., "Caducidad de instancia", Ed. Astrea, pg. 98).

La última de las posturas y las que se le acercan en grado inmediato, es la prevaleciente y debe ser tenida por atendible para reconocer eficacia interruptiva del curso de la perención.

En concordancia, se ha dicho que es acto interruptivo de la caducidad de la instancia, conforme lo normado por el art. 311 del Código Procesal (ADLA, XXVII- C.2649), aquél que tuviere por efecto impulsar el procedimiento", es decir, aquél que tiende a que el proceso avance, o a activarlo en forma directa e inmediata y resulte adecuado al estado de la causa, con prescindencia del resultado o eficacia de la actuación o pedido (CNEsp.C.y Com., Sala I, 6.8.79, Malineverni J.M.).

En esa línea de pensamiento, "cabe entender por impulso procesal toda actividad de las partes o del juez tendiente a hacer avanzar el proceso, cumpliéndose diferentes estadios que integran su contenido, a fin de que adquieran su completo desarrollo.

Debe tratarse de una actividad idónea y adecuada -de conformidad con el estado de la relación en definitiva- para alcanzar el fin querido por el litigante, que es la sentencia, luego de transitar las diferentes etapas que integran cada proceso (cfr. CSJTuc., autos "R, D R y otros vs. S Ob. y E M de T s/ Cobro de daños y perjuicios", sentencia del 11/9/95; "M, J O. vs. U del P C de la Nación s/ Cobro Ejecutivo de Pesos", sentencia del 25/4/97; autos "G, N y otro vs. G, H F. y otro s/ Simulación", sentencia del 22/02/99).

DRES.: AREA MAIDANA - BRITO - DATO.

En igual sentido Sent. Eº 899 "A H T Vs. G S.A. s/ Indemnizaciones" del 24/10/01.En igual sentido Sentencia N° 106 "V Vda. de J M Vs. D P de V y Otro s/ Daños y Perjuicios" del 10/03/03.Sentencia N° 464 - " B DE C D T c/ L J C Y OTROS s/ ACCION DE SIMULACION" - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal - 11/06/2001).- IV.- Atento lo consignado en el informe de Secretaría referenciado en el considerando III, corresponde la remisión de las actuaciones a la justicia penal a los fines que se investigue la posible comisión de algún delito.

Por Secretaría extráiganse las fotocopias pertinentes a los fines de su remisión a la Fiscalía que corresponda.- Por todo lo expuesto deben desestimarse los agravios vertidos y confirmar la sentencia venida en apelación.- V.- Sin costas atento que la controversia fue suscitada por la decisión del a quo (arts. 68 y 69 del CPr.).

La regulación de los honorarios del profesional interviniente en esta Alzada se efectuara teniendo en cuenta el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada, todo de acuerdo a las previsiones de ley arancelaria (arts. 6, 7, 14, 33, 42, 47 y ccs. de la Ley 2.200, t.o. Ley 4335).- Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 150 confirmando la providencia de fs. 147.- 2) Sin costas conforme lo señalado en el considerando respectivo.

Los honorarios de esta instancia correspondientes al Dr. J J E se fijan en el ocho coma veinticinco por ciento (8,25%) de lo que le correspondan por su actuación en el principal.- 3) Dese cumplimiento con lo dispuesto en el considerando IV.

A cuyo fin líbrese el correspondiente oficio a la Fiscalía que corresponda.- 4) Regístrese, notifíquese, devuélvase.

Fdo.:

Graciela Mercedes García Blanco, Presidente;

Marta Susana Reynoso de Roberts, Juez de Cámara;

Nélida Susana Melero, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL NRO.34 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS