Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-23


2a Instancia.-áBuenos Aires, noviembre 23 de 2009.

El doctor Miguel Angel Maza dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia que receptó el reclamo inicial (fs. 48/49) se alza la demandada, a mérito del memorial obrante a fs. 54/55, replicado a fs. 58.

El recurrente se queja del alcance que la magistrado a quo le otorgó a su situación procesal (art. 71 de la LO) cuestionando puntualmente la aplicación lisa y llana de dicha norma, la que a su entender, resulta excesiva y vulnera derechos de raigambre constitucional como el de debido proceso, de defensa en juicio y de propiedad.

Sostiene que si bien se tienen por ciertos los hechos ale-gados en la demanda, la presunción no resulta ser una carta blanca para admitir los he-chos que no resulta lógico tener por ciertos, como ser la remuneración base para el cál-culo de la indemnización por despido, las horas extras supuestamente laboradas, y las multas de los art. 80 LCT y las de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.

II. Anticipo que el recurso - de aceptarse mi propuesta- no tendrá trato favorable.

Ello puesto que, más allá de las cuestiones dogmáticas que esgrime el recurrente, lo cierto es que - al contrario de lo que sostiene en el memorial- en modo alguno advierto que la Dra. Pucciarelli haya vulnerado su derecho de defensa.

En efecto, y aunque parezca una obviedad, atento los términos vertidos por el quejoso parecería que omite considerar que, partiendo de la base de que no ha comparecido a estar a derecho en tiempo oportuno (ver fs. 35), era su parte la que debía enervar su desfavorable situación procesal (conf. art. 71 LO) cosa que no hizo.

La presunción de veracidad que dimana de la normati-va legal aludida se proyecta sobre los hechos lícitos, normales, posibles y verosímiles denunciados en el libelo de inicio, es decir aquellos que se compadezcan con lo que normalmente acontece en el ámbito del vínculo laboral, según las características de la relación concreta invocada, ya que así lo dispone el art. 71 LO, según la concordante interpretación que la jurisprudencia y la doctrina han hecho de su texto.

Es decir que la sentenciante de grado se limitó a cumplir lo establecido en la norma legal aplicable que lleva a presumir la veracidad de los hechos aducidos en el escrito inicial, invirtiendo la carga probatoria.

Ninguno de los hechos afirmados luce ilícito, inverosímil o exagerado, de manera que cabía aplicar la regla del art. 71 como lo hizo la Sra. Jueza a quo y la demandada no neutralizó los efectos de la presunción legal con pruebas en contrario.

En punto a las diferencias salariales, la actora adujo que siempre percibió menos del salario de convenio - por lo que reclamó las consecuentes diferencias - y tales afirmaciones caen bajo las consideraciones ya efectuadas.

La actora adujo que trabajó bajo dependencia de la demandada en el marco de un contrato de trabajo, denunció la remuneración percibida y diferencias salariales sin que estas circunstancias razonables, posibles y verosímiles ha-yan sido puestas en cuestión en autos, en virtud de la falta de oportuna contestación de la demanda ni, como ya dije, de prueba contraria.

Consecuentemente, el decisorio de primera instancia es correcto pues no cabe más que presumir como ciertas aquéllas aseveraciones, las que no han sido desvirtuadas por prueba alguna.

Propicio pues, su ratificación.

III. La demandada también se queja por la procedencia del rubro horas extras sosteniendo que - en este sentido- la sentencia de la instancia precedente resolvió extra petitio y arbitrariamente ya que la actora no detalló exactamente cómo fueron, resultando contradictorio que la Sra. Jueza a quo las calcule y tome un valor dis-tinto del que fuera pedido por la accionante.

Y bien, sin perjuicio de que en este punto el recurrente nue-vamente incurre en una manifestación dogmática carente de fundamento (lo que conduciría a desechar la queja, conf. art. 116 de la LO) diré, merced a los estrictos términos del memorial, que fue correctamente citado y aplicado el art. 71 de la LO por la Dra. Pucciarelli, dado que dicha norma dispone, con absoluta claridad, que si el demandado no contestare la demanda en el plazo previsto en el artículo 68 de dicho cuerpo legal será declarado rebelde, presumiéndose como ciertos los hechos expuestos en ella, salvo prueba en contrario.

Tal como lo sostuve en el acápite anterior, incursa la demandada en la situación procesal prevista en la norma citada, deben presumirse como exactas las aseveraciones del escrito inicial, dentro de las que se encuentra el cumplimiento de horas extraordinarias de labor, excepto que dicha parte demostrara otra cosa, lo cual - tal como lo sostuvo la sentenciante de grado- no ha ocurrido.

Asimismo, dadas las características del trabajo realizado por Aranda - operaria de la demandada - estimo que en modo alguno resulta inverosímil, absurdo o jurídicamente inadmisible que su jornada laboral se extendiera - como lo sos-tuvo al demandar- de lunes a viernes de 7,00 a 17,00 horas y sábado por medio de 7,00 a 17,00 horas, de modo que no median razones para excluir esa aseveración inicial de la presunción del art. 71 de la LO.

En efecto, tal como lo sostuve en la obra Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo Comentada, Anotada y Concordada dirigida por Amadeo Allocati (2º Edición actualizada y ampliada, Tomo 2, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos, año 1999, pág. 135), las horas extras son un hecho más, como cualquier otro, al que se deben aplicar las mismas pautas que a todos los demás.

Por otra parte, nótese que la accionante denunció que trabajó 40 horas extras mensuales al 50% y 8 horas extras mensuales al 100% y la sentenciante de grado sólo reconoció 20 horas extras al 50% y las otras 8 horas al 100%, lo que indi-ca que en modo alguno falló extra petita.

En este punto, tampoco considero que se encuentre vulnerado el derecho de defensa tal como lo aduce ahora el recurrente, ya que ante la injustificada incomparecencia de su parte a estar a derecho, la magistrado a quo no hizo más que aplicar la ley (art. 71 de la LO).

Lo expuesto hasta aquí basta para sellar la suerte de la queja, lo que consecuentemente me conduce sin más a sugerir la confirmación del decisorio ata-cado también en cuanto a este aspecto.

IV. Para concluir y en atención al resultado del recurso interpuesto, propicio imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (conf. art. 68 del CPCCN) y a tal fin, regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada, por sus labores ante esta sede, en un 25% para cada una de ellas de lo que, en definitiva les corresponda percibir por sus actuaciones en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

La Dra. Graciela A. González dijo: Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del Dr. Miguel Ángel Maza.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo que ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de Alzada a la demandada; 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada, por su actuación ante esta sede, en el veinticinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento (25%), respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen. - Graciela A. González.- áMiguel Angel Maza.