Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-08-19


S.S. de Jujuy, agosto 19 de 2011.

AUTOS Y VISTOS: los de este Expte. N° B-257.317/11, caratulado: "AMPARO: GERÓNIMO SEVERINO- COMUNIDAD ABORIGEN PIEDRA NEGRA C/ EJESA, de los que, RESULTA:

I.- Que por estos obrados comparece la doctora ALICIA CHALABE en representación del señor GERÓNIMO SEVERINO, conforme carta poder que acompaña, quien dice comparece a su vez en representación de la COMUNIDAD ABORIGEN PIEDRA NEGRA, promoviendo acción de amparo en contra de la empresa EJESA.

El objeto de la presente medida es hacer efectivos los derechos de participación y consulta, a fines de expresar el consentimiento previo, libre e informado, por parte de los integrantes de la COMUNIDAD ABORIGEN PIEDRA NEGRA, con relación a la habilitación, ejecución y funcionamiento para la construcción y operación del Proyecto "Central de Generación Eléctrica a Gas Natural Piedra Negra-La Quiaca".

Fundamenta su acción en las disposiciones del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT) (Ley Nº 24.071) de carácter supralegal en nuestro ordenamiento jurídico. También se invoca las normas que rigen el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia y al procedimiento administrativo y el principio de no discriminación de la comunidad aborigen que representa. Cita las normas constitucionales y Tratados Internacionales que poseen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional).

Sostiene textualmente que pretende que con la presente acción este Tribunal "ordene el arbitrio de los mecanismos judiciales necesarios para procurar la inmediata participación y consulta de la Comunidad Aborigen de Piedra Negra, en las condiciones que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos, en el Expte. Administrativo que se ha iniciado Nº 0646-210-2011. y en cualquier otra actuación administrativa iniciada." Afirma que recure a esta vía por falta de otra estructura procedimental adecuada que atienda a la debida protección de los derechos colectivos de las comunidades indígenas en nuestra Provincia, en forma inmediata, para el ejercicio oportuno de los derechos reconocidos, todo conforme normativa supralegal, que cita.

Destaca que se han iniciado actividades y dictados de actos administrativos, sin que, a la fecha de su presentación, la Comunidad que representa hubiera recibido información acabada y suficiente del proceso que se lleva a cabo en el territorio que les pertenece y que han solicitado al programa de tierras de la Provincia de Jujuy y donde habitan y poseen desde hace centenares de años.

Por capítulo aparte solicita medida cautelar de no innovar, fundamenta la procedencia de la acción, reitera los derechos de las comunidades indígenas conforme fundamentos jurídicos normativos de rango constitucional que cita.

Refiere el cumplimiento de los recaudos del amparo que especifica, así como la inexistencia de otro medio judicial más idóneo, ofrece pruebas y concluye peticionando que oportunamente se haga lugar a la presente acción, con costas.

II. Que a fs. 107 se avoca Presidencia de Trámite -como juez habilitada en la feria judicial de julio del corriente año- y dispone, previa fianza personal de la presentante, hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada, ordenando en consecuencia que la empresa EJESA se abstenga de realizar cualquier actividad y/o movimiento de tierras o cualquier otra tendiente a dar inicio a la construcción de la "Central de Generación de Energía Eléctrica a Gas Natural Piedra Negra- La Quiaca, en le Dpto. de Yavi, hasta que recaiga resolución fundada.

III. Que a fs. 147/164 comparece el doctor FAABIÁN E. LÓPEZ MORAS, como apoderado de la Empresa Jujeña de Energía S.A., interponiendo reclamo ante el Cuerpo en contra de la resolución dictada por el Juez de Feria.

En su reclamo enuncia los agravios que la medida cautelar le trae aparejados a su parte. Opone la falta de personería del amparista, en tanto y en cuanto la Dra. Chalabe se presenta con carta poder otorgada por el Sr. Severino Gerónimo para actuar en su nombre y representación, sin invocar que el poder en cuestión fuera otorgado en su carácter de representante de la Comunidad Aborigen de Piedra Negra, ni que hubiera sido otorgado en nombre y representación de la Comunidad.

Por otra parte sostiene la inexistencia de los presupuestos clásicos exigidos por la ley para la procedencia de la medida cautelar ordenada, así como la falta de afectación a los intereses y derechos invocados, todo conforme fundamentos que esgrime. Afirma que no existe verosimilitud del derecho invocado, así como que la medida dictada resulta carente de fundamentos válidos.

Destaca que la parte actora ha omitido poner en conocimiento de este Tribunal circunstancias fácticas y jurídicas de suma relevancia que evidencian la ilegitimidad e improcedencia de su pedido, esto es que a la fecha de su demanda, el proceso administrativo que tramitaba en el expediente administrativo ya había concluido con el dictado de la Resolución Nº 233/2011, por la Dirección Provincial de Políticas ambientales y Recursos Naturales, quien emitió el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 0043 para la construcción de la Central de Gas.

También hace notar que todos los habitantes de la Provincia, entre ellos los integrantes de la Comunidad Aborigen de Piedra Negra, han tenido oportunidad de participar en dichas actuaciones administrativas, pudiendo realizar las observaciones y comentarios que considerasen pertinentes con relación al Estudio de Impacto Ambiental presentado por EJE SA. Además advierte que el trámite cumplió con todo el marco legal del procedimiento administrativo exigido para obras de la envergadura que nos ocupa, conforme reglamentación que cita.

Destaca especialmente que los días 9, 11 y 13 de mayo del corriente año, se publicó en el Boletín Oficial, la información para todos los habitantes de la Provincia, sobre el proyecto de instalación de la Central a Gas de Piedra Negra, por lo que entiende que la actora tuvo -como el resto de la ciudadanía- la posibilidad de acceder al referido expediente administrativo desde el primer momento y la facultad de realizar las consultas, opiniones y oposiciones a la aprobación del estudio que considerase pertinentes realizar. Sostiene que la actora demostró desinterés, que pretende suplir por esta vía judicial, precisando que el estudio de impacto ambiental presentado por EJE SA, no recibió ningún tipo de consulta.

Agrega que la resolución que otorgó el certificado de factibilidad ambiental fue dictada con la participación previa del Municipio de La Quiaca, por lo que concluye en que se cumplieron todos los pasos que indican las normas aplicables en la materia.

Hace expresa referencia al Decreto Provincial Nº 8205-H/2011, que dispone la afectación del inmueble ubicado e Piedra Negra a la "Unidad de Afectación", en los términos de la Ley Nº 4888, modificada por Ley Nº 4904, otorgando su uso a la Empresa Jujeña de Energía S.A., por el plazo que le resta para finalizar la concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica, con el destino de ubicar en el mismo la Central Térmica que provea al Sistema Eléctrico Aislado de la Puna Jujeña. Afirma que al momento de tomar posesión del inmueble por parte del personal de la Empresa el día 24 de junio del corriente año, se hizo presente juntamente con la escribana pública María Alejandra Mendoza, contratistas de la empresa y personal policial, dejando constancia bajo acta notarial que el inmueble se encontraba absolutamente deshabitado y sin ningún tipo de construcciones a la vista, por lo que concluye en que no se ha producido afectación alguna a los miembros de la Comunidad Aborigen de Piedra Negra.

Da cuenta que adicionalmente a la obtención del certificado de aptitud ambiental referido y a la cesión del inmueble donde se instalará la Central a Gas, también se han realizado los trámites requeridos por las normas pertinentes para obtener el Certificado de Necesidad y Conveniencia de la obra, conforme art. 32 de la Ley 4888, que cita, por lo cual, EJE SA, se presentó ante la SUSEPU en su carácter de organismo competente para expedirse en la materia, solicitando el certificado de conveniencia y necesidad pública de la obra, quien dio inicio al expediente Nº 0630-0357/2011, opinando el Departamento Técnico y Gerencia Técnica de dicho organismo, que la instalación de la Central Piedra Negra traerá beneficios ya que se completaría la matriz de generación con gas natural, se disminuiría la emisión de gases nocivos por cuanto se usará gas natural, el uso de combustible líquido y los ruidos una vez trasladada la central de La Quiaca. Consecuentemente en fecha 18 de julio del corriente año, la SUSEPU dictó la Resolución Nº 231-2011, por la cual decidió otorgar a la Empresa Jujeña de Energía S.A., el certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la concreción de la obra que nos ocupa.

Por sendos apartados fundamenta el carácter firme de los actos administrativos cumplidos, como la inexistencia de vulneración de los derechos emergentes del Convenio 169 de la OIT. Sostiene la inexistencia del peligro en la demora, como la insuficiencia de la fianza otorgada.

Por capítulo aparta destaca la importancia de la obra, sus beneficios técnicos, ambientales y económicos. Solicita que se condene a la actora en los términos del art. 271 del C.P.C., a responder por los daños y perjuicios que la medida cautelar injustamente solicitada ha generado a su representada.

De todo lo expuesto ofrece pruebas, hace reserva del caso federal y concluye peticionando que oportunamente se haga lugar al reclamo interpuesto, con costas.

IV. Que sustanciado el recurso tentado con la actora, comparece la Dra. Chalabe a fs. 173/176, solicitando su rechazo, conforme fundamentos que expone. Acompaña a fs. 170/171, escritura pública de poder general para juicios otorgado por la Comunidad Aborigen de Piedra Negra a su favor.

V. Que a fs. 179 Presidencia de Trámite solicita como medida de mejor proveer, los expedientes administrativos ofrecidos como prueba por ambas partes y cita a las mismas a una audiencia de conciliación, todo con habilitación de días, acto procesal que se cumple conforme las constancias del acta de fs. 191 y vta.; y CONSIDERANDO:

I. Que liminarmente debemos considerar que tal como surge del acta de fs. 191 y vta., la parte demandada ha aceptado que con la presentación de fs. 147/164, se tenga -además de promovida reclamación ante el Cuerpo en contra del decreto que ordena la medida cautelar de no innovar- por contestada la demanda y ofrecida la prueba que hacen al derecho de su parte, así como cumplidos los trámites que prevé el art. 398 del C.P.C., a lo cual la Dra. Chalabe no manifestó oposición, con lo cual, recibidos los expedientes administrativos ofrecidos como prueba por ambas partes, esta causa se encuentra en estado de resolver, además de la reclamación ante el Cuerpo planteada por el Dr. López Moras, el fondo de la cuestión traída a consideración del Tribunal.

II. Que hecha aquella aclaración preliminar, corresponde entrar a considerar las cuestiones en debate.

II.1. De la falta de personería invocada por la demandada.

En primer lugar debemos expedirnos acerca de la falta de personería acusada por el Dr. López Moras, con sustento en que la carta poder acompañada por la Dra. Chalabe a fs. 1, no acredita que el Poder Especial conferido a su favor por el Sr. Severiano Gerónimo, hubiera sido otorgado para actuar en nombre y representación de la Comunidad Aborigen de Piedra Negra.

Al respecto debemos decir que no le asiste razón al reclamante, en tanto y en cuanto dicho instrumento legal ha sido conferido conforme las facultades expresamente previstas por el art. 62 del C.P.C., por ser el otorgante vecino de la Zona Rural de Piedra Negra. A su vez la demandante acompaña copia certificada del acta Nº 9 de la Comunidad Aborigen de Piedra Negra (fs. 5), por la cual se plantea autorizar al Presidente de la Comunidad a buscar al abogado para realizar acciones legales y realizar las acciones ante el escribano en la Ciudad a fin "de dar el poder a la abogada Alicia del Rosario Chalabe (poder general), esto en fecha 06 de julio de corriente año, aclarándose que el Presidente es don Severiano Gerónimo. De ello se infiere que ese pueblo originario de una zona rural de la Puna Jujeña, autorizó expresamente al Presidente de la Comunidad a otorgar poder para juicios a favor de la Dra. Chalabe, para actuar en su nombre y representación, ello en razón de las cuestiones relacionadas con la obra de EJE SA., tal como se infiere del acta Nº 8, acompañada a fs. 3/4. Si ello es así, no se puede cuestionar el acta poder otorgada por el Juez de Paz, de zona rural, por incumplimiento de cláusulas formales o sacramentales, en cuanto a aclarar que el Sr. Gerónimo otorgaba dicho acto por en su carácter de Presidente de la Comunidad Aborigen de Piedra Negra. Es aplicable para esta cuestión el principio de igualdad ante la ley (artículo 16 de la Constitución Nacional), a la luz de los Tratados Internaciones, en cuanto a que dicha normativa "no pretende una igualdad de los desiguales, sino que por el contrario, se trata de dar un tratamiento diverso a quienes se encuentran en una situación distinta. Es que reconocer los derechos de las comunidades aborígenes, implica reafirmar el principio constitucional de igualdad y los tratados internacionales que exigen el respeto a la diversidad étnica y cultural y el favor debilis, si se tiene en cuenta que existe una evidente desigualdad de posibilidades desde los económico, lo laboral, la prestación de salud, seguridad social, etc., en desmedro de los pueblos indígenas diseminados en lo largo y ancho de nuestro territorio" (conf. Caballero de Aguiar, María Rosa, Análisis de la Propiedad Comunitaria a la luz de los Derechos Esenciales, en la obra colectiva "Jornadas nterdisciplinarias de Investigación Histórico Judicial", Poder Judicial de Jujuy, Superior Tribunal de Justicia, S.S. de Jujuy, 2010, p. 179 y ss.).

De todos modos, si alguna duda queda al respecto, ella ha sido zanjada con la presentación del poder general para juicios presentado a fs. 170/171, que otorga la Comunidad Aborigen de Piedra Negra, Departamento de Yavi, a favor de la Dra. Chalabe, debiendo aceptarse la personería invocada por la citada letrada en nombre y representación de la citada Comunidad, rechazándose el planteo de falta de personería invocado por la demandada.

II.2. De la procedencia de la vía tentada.

La garantía del amparo prevista en el art. 43 de la Constitución Nacional, tiene un específico campo de aplicación y no es, por tanto, una vía excepcional y/o subsidiaria; se trata de un camino directo, rápido y expeditivo, despojado al máximo posible de formalismo. En tal sentido, la norma citada, preceptúa: "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta constitución, un tratado o una ley".

De allí, en el esquema abstracto del ejercicio de un derecho, ésta es una vía abreviada, expedita, cuyo ejercicio es brindar a toda persona la posibilidad de acudir a la justicia en resguardo de sus derechos, cuando un acto positivo o de omisión de autoridades públicas o de un particular, lesione, restrinja, altere o amenace, en forma actual e inminente, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley, por lo que corresponde concluir que la vía elegida es procedente.

En autos, la Comunidad Aborigen de Piedra Negra, recurre a estos estrados reclamando la tutela judicial efectiva por lo que considera violación de su derecho de participación y consulta, a los fines de poder expresar su consentimiento previo, libre e informado, con relación a las actuaciones cumplidas en el Expte. Administrativo Nº 0646-210-2011 y en cualquier otra actuación administrativa iniciada, todo con sustento en Tratados Internacionales que poseen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional) y en particular, la Convención 169 de la OIT, OIT que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes (art. 1º).

Si ello es así, esta vía del amparo queda expedita, por lo que cabe entrar a considerar el fondo de la cuestión.

II.3. Del objeto de la presente acción. Fundamentación legal.

Como ya lo adelantáramos, el objeto de este amparo es hacer efectivos los derechos de participación y consulta de la COMUNIDAD ABORIGEN PIEDRA NEGRA, con relación al Proyecto "Central de Generación Eléctrica a Gas Natural Piedra Negra-La Quiaca", fines de que la misma pueda expresar el consentimiento previo, libre e informado.

Si bien la demandada alega -y es cierto- que las tierras en donde se están haciendo las obras son de titularidad del Estado Provincial, así como que por Decreto Provincial Nº 8205-H/2011, se ha dispuesto la afectación del inmueble ubicado e Piedra Negra a la "Unidad de Afectación", en los términos de la Ley Nº 4888, modificada por Ley Nº 4904, otorgando su uso a la Empresa Jujeña de Energía S.A., no se ha discutido autos que la Comunidad actora esté asentada en dichas tierras y que hayan solicitado su propiedad comunitaria al programa de tierras de la Provincia de Jujuy. Así se infiere de la aprobación de su Estatuto Comunitario, con el cual mensuran los territorios en los cuales habita ese pueblo originario (ver fs. 2; fs. 10/19 y fs. 61/93).

El apartado 2. Del art. 13 del Convenio 169 de la OIT, establece que la utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Si ello es así, aparece esta Comunidad, legitimada activamente para reclamar ese derecho de participación y conocimiento informado en la obra planificada dentro de la superficie mensurada.

A tenor de las pruebas producidas en autos, y tal como surge de las constancias del Expte. Administrativo Nº 0646-210-2011, el consentimiento previo no fue requerido expresamente a la Comunidad demandante y a la fecha ya es de cumplimiento imposible, habida cuenta lo avanzado de los trámites, lo que no impide que esa omisión pueda ser reparada por esta vía judicial, haciendo operativo el derecho de la Comunidad a evaluar el impacto que dicho proyecto tiene para sus intereses, expresando su consentimiento libremente y con pleno conocimiento.

Ello tiene sustento legal en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17) y en los Tratados Internacionales, particularmente el Convenio 169 de la OIT, que en sus artículos 6 y 7 garantiza la libre participación de los integrantes de una comunidad en las cuestiones que pudieren afectarlos, para lo cual deberán ser consultados por los gobiernos y a decidir sus propias prioridades, así como de controlar en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Estas disposiciones supralegales, incorporadas a nuestra legislación, exigen que se brinden a los pueblos originarios participación obligatoria en todas las actuaciones administrativas que se refieran a trámites que pudieran afectar sus derechos (art. 15 inc. 2. del Convenio 169 de la OIT).

Ahora bien, como establece el art. 2º del Tratado, los pueblos originarios deben ejercer sus derechos en pie de igualdad que los demás miembros de la población. Ya dijimos que igualdad no es tratar de la misma manera a los desiguales. No puede pretenderse que este pueblo rural, que ejerce el pastoreo en la Puna jujeña, se notifique de las actuaciones administrativas cumplidas en el territorio que habita, a través de edictos, por aquello que anticipáramos del favor debilis.

Entre estos derechos se garantiza el de proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

A su vez la Ley Nacional Nº 25.675 de política ambiental nacional, que se aplica en todo el territorio nacional, siendo sus disposiciones de orden público y operativas (art. 3º), establece la participación ciudadana, disponiendo que toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general (art. 19º). A su vez el art. 20º de la citada norma dispone que las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente, aunque su opinión u objeción, no será vinculante.

Consecuentemente, le asiste a la Comunidad actora el derecho a exigir ese derecho de participación que le garantizan tanto los tratados internacionales como la legislación nacional de fondo, a ser consultados y a opinar, con lo cual esta medida de amparo es procedente, como un modo de tutelar judicialmente sus derechos, supliendo la omisión administrativa incurrida en el caso de autos.

III. Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde admitir la acción de amparo interpuesta, condenando a la demandada a que en el plazo de cinco días, de participación a la Comunidad Aborigen de Piedra Negra y sea consultada de todas las actuaciones administrativas cumplidas y a cumplirse con relación Proyecto "Central de Generación Eléctrica a Gas Natural Piedra Negra-La Quiaca", a cuyos fines deberá poner a su disposición y consulta los expedientes administrativos Nº 0646-210-2011 y 357-2011 de la SUSEPU, sin perjuicio de las demás actuaciones que pudieran cumplirse.

IV. Que corresponde resolver ahora la reclamación ante el Cuerpo planteada con relación a la medida de no innovar ordenada a fs. 107 y al respecto cabe considerar que frente a la vulneración de los derechos de la Comunidad actora antes referido, dicha medida aparecía ab-initio procedente, en resguardo de las normas constitucionales e internacionales incorporadas a nuestro bloque de constitucionalidad, antes referidas, todo lo cual determina la verosimilitud del derecho.

Por otra parte, el peligro en la demora surge del art. 4º de la citada Ley Nacional Nº 25.675, que establece el principio de prevención frente a las causas y las fuentes de los problemas ambientales, que se deben atender en forma prioritaria e integrada, así como el principio precautorio, conforme el cual se dispone que "cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente".

Precisamente esa falta de certeza, al no poder conocer la Comunidad actora las actuaciones administrativas cumplidas, es lo que hacía viable la medida precautoria. De allí que no pueda alegarse que no se presentaba el peligro en la demora.

Por lo hasta aquí expuesto, no corresponde admitir la reclamación ante el Cuerpo articualda. Ahora bien, sabemos que tal como lo prevé el art. 264 del C.P.C., las medidas cautelares pueden morigerase o hacerlas cesar, si aparecen como excesivas o vejatorias.

Del análisis del expediente administrativo Nº 0646-210-2011, agregado por cuerda, surge que obran informes técnicos (fs. 152/157 y fs. 169), así como que se ha otorgado el dictamen de factibilidad ambiental de la obra en cuestión, afirmando el experto que "se han completado satisfactoriamente las observaciones realizadas al mismo, sugiriendo otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental al mencionado proyecto, especificando los monitoreos necesarios a realizar".

A su vez, a fs. 160 de dichas actuaciones rola nota del Intendente Municipal de La Quiaca, manifestando que ese Municipio "observa con agrado y satisfacción este proyecto que representa un avance para la Ciudad, en su desarrollo social, económico y fuerte impacto ambiental positivo, que ya ha percibido nuestra población con la habilitación y puesta en servicio de la Central a Gas Natural en el paraje Miraflores", ofreciendo incluso su colaboración técnica.

Los informes técnicos ambientales cumplidas en esas actuaciones, llevan al dictado de la Resolución Nº 233/2011, por la Dirección Provincial de Políticas ambientales y Recursos Naturales, otorgando el certificado de Aptitud Ambiental Nº 0043 que corre a fs. 174. Dichas actuaciones, sustentaron a su vez, el dictado de la la Resolución Nº 231-2011, por parte de la SUSEPU, por la cual se otorga a la Empresa Jujeña de Energía S.A., el certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la concreción de la obra que nos ocupa (fs. 208/209 del Expte. Nº 357/2011).

Todos esos elementos probatorios demuestran que más allá de la necesaria participación que debe darse a la Comunidad actora, la medida cautelar de no innovar debe cesar, habida cuenta que no aparece fundada la sospecha de algún daño ambiental que pudiera perjudicar los derechos de los habitantes de la zona, y que por sobre las molestias que la obra pudiere estar trayendo a los miembros de la Comunidad Aborigen, para el pastoreo en la zona y su vinculación con su hábitat, debe hacerse primar el posible bien común, que aparentemente trae aparejada la obra para la región de la Puna, a tenor de los informes técnicos antes referidos y opinión del Intendente de La Quiaca (art. 264 del C.P.C.).

V. Que atento la forma en que se resuelve esta acción, así como que la demandada dio motivo a su promoción y al pedido de la medida de no innovar, ante una sospecha fundada, de que se pudiera ocasionar daños graves e irreversibles, habida cuenta la incertidumbre en que se colocó al pueblo originario demandante, las costas deben imponerse a la demandada que resulta vencida (art. 102 del C.P.C.) regulándose los honorarios de los doctores ALICIA CHALABE y FABIÁN E. LÓPEZ MORAS, en las sumas de PESOS UN MIL ($ 1.000) y PESOS NOVECIENTOS ($ 900), respectivamente, conforme doctrina del Superior Tribunal de Justicia sobre honorarios mínimos.

Por todo ello, la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL:

RESUELVE l°) Hacer lugar a la acción de amparo deducida por la COMUNIDAD ABORIGEN PIEDRA NEGRA en contra de la empresa EJE SA, condenando a la demandada a que en el plazo de cinco días, otorgue participación a la Comunidad Aborigen de Piedra Negra y sea consultada de todas las actuaciones administrativas cumplidas y a cumplirse con relación Proyecto "Central de Generación Eléctrica a Gas Natural Piedra Negra-La Quiaca", a cuyos fines deberá poner a su disposición y consulta los expedientes administrativos Nº 0646-210-2011 y 357-2011 de la SUSEPU, sin perjuicio de las demás actuaciones que pudieran cumplirse a tales fines.

2°) Hacer cesar la medida cautelar de prohibición de innovar ordenada a fs. 107, revocando la misma por contrario imperio.

3°) Imponer las costas a la parte demandada, que resulta vencida (art. 102 del C.P.C.).

4°) Regular los honorarios de los doctores ALICIA CHALABE y FABIÁN E. LÓPEZ MORAS, en las sumas de PESOS UN MIL ($ 1.000) y PESOS NOVECIENTOS ($ 900), respectivamente, conforme doctrina del Superior Tribunal de Justicia sobre honorarios mínimos.

5°) Regístrese, agréguese copia en autos, notifíquese por cédula a las partes con HABILITACIÓN DE DÍAS HORAS, dese participación a CAPSAP.