marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Charpentier, Julia (prop. de Café Muñoz) s/ Apela sanción de la Dirección Provincial de Rentas en exp. nro. 2306  -352.898/97, B.Bca.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-21

El recurso extraordinario de inconstitucionalidad sólo es admisible cuando en la instancia ordinaria se ha planteado y resuelto caso constitucional en los términos del artículo 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia, es decir, cuando se ha cuestionado la validez de alguna ley, decreto, ordenanza o reglamento con relación a dicha Constitución y la decisión a recaído sobre ello, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, en que se cuestionó la interpretación y la aplicación efectuada del art. 66 del Código Fiscal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hábeas corpus, estado de sitio, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, opción para salir del país, revisión judicial de actos administrativos, control de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ DE FERRO s/ HABEAS CORPUS- PROCEDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-10-31

Es procedente el recurso de habeas corpus interpuesto en beneficio de quien, por decreto 765-75 se halla arrestado a disposición del P.E.N. desde 1975, habiéndosele denegado la solicitud para hacer abandono del país. Ello en virtud de que, si bien en aras de procurar "la paz y la seguridad de la Nación", se originó el aludido decreto, lo que objetivamente guarda conexión con el accionar subversivo que se le imputa al nombrado; no existen en la causa constancias que permitan conocer la existencia de hecho o acontecimiento preciso que lo vincule a tales actividades o revelen "el alto grado de su dependencia ideológica hacia los organismos extremistas", no observándose siquiera "los antecedentes" que junto a "su peligrosidad" se valoran para involucrarlo en la forma en que se indica en los informes.

Teniendo en cuenta además que no registra procesos pendientes, y que han transcurrido cinco años y siete meses desde su detención a disposición del Poder Ejecutivo, las explicaciones dadas para denegar la solicitud de opción no resultan fundamentación suficiente, y por lo tanto carece de razonabilidad la medida dispuesta.

Por otra parte, tampoco surge que se haya procedido como lo prevé el art.3, inc. B del anexo 2do. del Acta de Reorganización Nacional, 2-2-77. En tales condiciones, es evidente que en el caso, la denegatoria al derecho de opción, por lo dicho y en virtud del lapso de detención sufrido, convierte el arresto oportunamente ordenado en una pena corporal y por lo tanto violatoria de los arts.18, 23 y 95 de la C.N.
Concursos, apertura del concurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cavanna Hermanos Sociedad de Hecho y Otros s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-07

El hecho que los requisitos previstos en el art. 11 de la ley 24.522 hayan sido legislativamente calificados como "formales" sólo señala, en un primer aspecto, que los señores Jueces, en el temprano estadio procesal de presentación de un concurso, no deben aún emprender actividad de investigación, más tal circunstancia no significa, de manera alguna, que proceda eximir el cumplimiento de aquellos, pues además de constituir un imperativo legal, tienen tanta importancia como los "sustanciales" pues, bajo un segundo aspecto, cuando la ley da el nombre de "formales" a ciertos elementos que deben acompañar el pedido de concurso, está referenciando las solemnidades que necesariamente deben observarse (Art. 973 del Código Civil), teniendo en cuenta para ello, que el objetivo de la pretensión es la celebración del acuerdo preventivo, que es un contrato "ad- solemnitatem", en el que la inobservancia de las formas esenciales constituye un motivo de impugnación. (Art. 50 inc. 5 de la ley 24.522). (Minoría u opinión personal)
Queja por recurso denegado, existencia del agravio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Google Inc. s/ Recurso de Queja por Recurso Directo Denegado
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-06

El recurso de queja es el remedio procesal tendiente a obtener que el Tribunal competente para conocer en instancia de revisión, tras controlar la decisión tomada por la autoridad de grado, en este caso la CNDC (preliminarmente en orden a si el recurso fue bien o mal denegado) revoque la providencia denegatoria de la apelación, la declare admisible y eventualmente disponga sustanciarla en la forma y efectos que correspondan. La queja exige -como condición básica de procedencia- la existencia de un agravio (Cámara Federal de San Martín, Secretaría Penal nº 2, causa nº 55 "Rius, Roberto s/ recurso de queja") que sea de imposible o tardía reparación (Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II, causa "Cingolani, Jorge s/ susp. Juicio a prueba", del 20.4.05).
Ahorro obligatorio, aplicación de la ley, Ley de Procedimiento Tributario, repetición de impuestos
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: REFLEX  S.A. c/ ESTADO NACIONAL  D.G.I. s/ ORDINARIO Y PROHIBICION DE INNOVAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-01

La ley 11.683 contiene remedios adecuados para hacer cesar un estado de incertidumbre perjudicial ya sea por la vía de la impugnación, en cuyo caso los estrados judiciales actúan como revisores de las decisiones que sobre la materia adopten los organismos administrativos competentes, entre ellos el Tribunal Fiscal de la Nación, o bien, por medio de la acción de repetición que constituye una solución legal apta para que puedan llevar a conocimiento del Poder Judicial los supuestos originados por la ley 23.549, incluso el que motiva las presentes actuaciones.
Accidente de tránsito, principio de confianza
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: R. E. P., s/ presunta comisión del delito de lesiones graves culposas (art. 94 del CP)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-28

Debe revocarse la condena por lesiones graves culposas impuesta al conductor de una camioneta que, en el cruce de dos avenidas, fue embestido por un motociclista, pues la colisión se produjo en la parte trasera del automóvil de modo que, el automovilista, no excedió el riesgo permitido y se valió irreprochablemente del principio de confianza por el cual estimó que podía atravesar la intersección, atento a que había llegado a la misma bastante antes que la víctima, quien se encontraba obligada a disminuir la velocidad aún más o detenerse ante la situación vehicular que se le presentaba.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., N.H. c/ S., I.H. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

La cuota alimentaria es materia que queda librada al prudente arbitrio judicial no pudiendo, en principio, encasillarse en cálculos aritméticos, sino que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de los hijos.-
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, Pacto de San José de Costa Rica, ratificación de tratados internacionales, competencia en razón del tiempo, REPÚBLICA ARGENTINA
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Perrone y Preckel Vs. República Argentina S/ Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2019-10-08

Conforme lo establecido por el artículo 62.1 de la Convención Americana y a los fines de determinar la competencia temporal del Tribunal Interamericano, deben considerarse la fecha de reconocimiento de dicha competencia por parte del Estado, el principio de irretroactividad contenido en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, en el caso de la República Argentina, la declaración interpretativa efectuada por dicho Estado acerca de que la Corte sólo tendría competencia respecto de hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación del Pacto, no pudiendo entonces analizarse la posible violación a normas convencionales si los hechos alegados son anteriores a aquél reconocimiento, excepto que las alegadas violaciones sean independientes, ocurridas dentro de su competencia temporal y configuren violaciones autónomas y específicas derivadas de aquéllos.
Contrato de trabajo, certificado de trabajo, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Rodriguez, María Silvia c/ Wofjet S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-11

Corresponde confirmar lo decidido en primera instancia en relación con el reclamo fundado en el art. 45 de la ley 25345, ya que el recurrente no impugnó en forma concreta y razonada el fundamento principal de dicho rechazo, esto es, no haber cumplido con la intimación en los plazos del art. 3 del decreto 146/01
Interés superior del niño, deberes del juez, grupos vulnerables, derechos y garantías constitucionales, Constitución Nacional, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, código civil y comercial, Convención sobre los derechos del niño, centro de vida de niñas, niños y adolescentes
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: B., E.M.  c/  s/ reservado s/ adopción s/ casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

Los niños tienen derecho a una protección especial que debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que ante un conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los infantes debe tener prioridad por sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso en concreto, aún frente al de sus progenitores; dicho principio encuentra consagración constitucional en la Convención sobre los Derechos del Niño e infra-constitucional en el art. 3 de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en el actual art. 706, inciso c, del Código Civil y Comercial de la Nación, así como en la ley de la Provincia de Rio Negro 4109 (art.10).
Acusación fiscal, insuficiencia del agravio, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: VILLAGRA, Yanina Andrea c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-03

Con respecto al planteo de nulidad integral de la acusación formulado por el recurrente en su impugnación, debe precisarse que el mismo no resulta novedoso, sino que se trata de una reedición del ya deducido frente al tribunal, el que en esa oportunidad ha recibido acabada respuesta por el juez de la instancia anterior respecto de cada una de las objeciones ensayadas por la defensa. En efecto, al abordar el planteo de nulidad en cuestión, el juez señaló que "la Defensa ingresa, en definitiva, en el ámbito de análisis de lo que fue la materialidad y autoría de los injustos que le fueron imputados a su asistida. Es que no puede predicarse que no haya habido una exposición ordenada y detallada de la Fiscalía en orden a las circunstancias de la imputación. Lo que existe, evidentemente, es una distinta valoración de las pruebas en relación al modo, al tiempo, y al lugar en que los eventos han sucedido. Y hay, por cierto, una valoración divergente en cuanto a la extensión del injusto en cada caso, o la ponderación de algunos datos que pueden haber quedado en cierto grado de indeterminación pero que, de ningún modo, alcanzan para invalidar la acusación".
Accidentes de trabajo, acción civil, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Romero Juana Basilia c/ Dirección General de Escuelas Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ Ordinario (LIBRO: S000 - 456)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-10-25

El hecho protagonizado por el actor no ha tenido entidad suficiente para calificarlo de "accidente" y para considerarlo adecuado, en tanto no tiene virtualidad de producir un resultado dañoso según el orden natural y ordinario de las cosas.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, domicilio, allanamiento domiciliario, consentimiento, inviolabilidad del domicilio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DIEGO ENRIQUE FIORENTINO s/ TENENCIA ILEGITIMA DE ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

El sólo consentimiento expreso debidamente comprobado, con conocimiento del derecho a no prestarlo, y previo al ingreso de los agentes del orden a la vivienda puede justificar, si así lo dice la ley procesal, dicho ingreso realizado sin orden de autoridad competente emitida con los recaudos pertinentes y sin mediar situaciones definibles como estado de necesidad de acuerdo con la ley. Asimismo, los medios probatorios incautados mediante un allanamiento ilegal de morada no son admisibles en juicio y determinan la nulidad de la sentencia que se base sustancialmente en ellos (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Principios generales del Derecho, alterum non laedere, derechos y garantías constitucionales, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Morea,  Mariana  Marcela c/ E.N.  -  Mº Justicia y DDH - SPF s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

El mandato del alterum non laedere, vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace a su respecto el Código Civil -en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes- no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Acción de amparo, resoluciones apelables
Materia: CIVIL
Carátula: LLUGDAR WALTER MARCELO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ AMPARO - CUADERNILLO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-07-27

La disposición de la ley 6296 que acota la apelabilidad de las resoluciones en el amparo no confronta negativamente con la norma del art. 43 de la Constitución Nacional, pues dicho dispositivo legal de rango superior no se encontraría soslayado por el hecho de que la legislación local restrinja razonablemente la posibilidad de recurrir las resoluciones que se dictaren en el marco de un proceso de amparo, por lo cual no es procedente llegar a la solución extrema de declarar su inconstitucionalidad.-
Legitimación activa, divorcio, personas con discapacidad, incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: I.L.R. en Representación de A.M.B. c/ M.R.R.V. s/ Por Divorcio Vincular Contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-02-19

El curador se encuentra legitimado para entablar la demanda de separación personal o divorcio vincular, puesto que de lo contrario, se culminaría en una suerte de incapacidad de derecho para esa especie de actos, ya que si no los puede realizar el incapaz por sí al no poder prestar válidamente su conformidad- ni tampoco a través de su representante legal-, ciertamente le estaría vedado el ejercicio del mentado derecho.
Juicio ejecutivo, abuso de firma en blanco
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Asosiación de Cooperativas Argentinas Coop.Ltda. c/ Palermo Francisco Waldemar s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24

La denuncia del abuso de firma en blanco del documento al completárselo por fuera de lo pertinente, como así la supuesta inexistencia del crédito por lo habido en un contrato denunciado como básico, son aspectos extraños al debate ceñido y propio de este procedimiento abreviado, habida cuenta del carácter formal de la cosa juzgada que le atañe. Y aunque se trate de discutir la causa entre beneficiario y obligado cambiario por las relaciones personales entre ellos porque esa posibilidad prevista en la legislación de fondo se supedita a las reglas de la ley adjetiva que, remiten la cuestión a otro proceso y lo vedan en éste.
Ley de obras públicas, contrato de obra pública, contratista, pago, mora, intereses, tasas de interés
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: MALVICINO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 784 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-08

Nuestra ley provincial de obras públicas (5188) prevé en su artículo 71 el derecho del contratista al cobro de intereses ante la mora de la Administración en el pago de los certificados de obra y de mayores costos. Ello se explica a partir de que el pago del precio es la obligación principal de la Administración y responde, a su vez, a la obligación principal del empresario de hacer y entregar la obra.

Luego, resulta lógico que la norma sancione al comitente cuando incurre en retardo respecto de los pagos imponiendo intereses con los que se trata de resarcir los perjuicios que tal retardo produjo al empresario. Tal lógica seguida por nuestra ley de obras públicas encuentra fundamento en un principio adoptado en distintas ramas del derecho.

En efecto, debe tenerse en cuenta que el reconocimiento de intereses derivados de la mora del deudor en el pago de una obligación de dar sumas de dinero, según la doctrina privatista, ha constituido el medio, por excelencia, de resarcir o indemnizar al acreedor por la ausencia de uso de su capital derivada de la morosidad en la devolución del mismo en el tiempo y forma debidos.

Este tipo de intereses tiene su antecedente, como todo el derecho de las obligaciones, en el derecho romano donde las "usurae quae officio iudicis praestantur" constituían lo que hoy se conoce como "interés legal", que se concedían en los juicios de buena fe, tomando en cuenta lo que las partes habían convenido.

También se accedía al reclamo del "id quod interest" que significaba el cálculo de la diferencia entre dos estados de cosas, antes y después de ocurrido el evento que producía una mutación patrimonial en el acreedor, es decir el importe que correspondía indemnizar ante el daño ocasionado por el incumplimiento".
Recurso extraordinario, admisibilidad formal, sentencia firme, falta de impugnación
Materia: PROCESAL
Carátula: BALMACEDA, Jorge Luis c/ Provincia de San Juan s/ Ordinario - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-02-25

No corresponde admitir el recurso extraordinario interpuesto contra una resolución del tribunal de alzada que decreta la caducidad de segunda instancia si el recurrente no interpuso el recurso de reposición previsto por el artículo 281 del CPC. Ello responde a la exigencia prevista en el artículo 4 segundo párrafo de la ley 2275 que impone como requisito ineludible de admisibilidad no haber consentido la resolución que se pretende atacar, como así también a la derivada de los artículos 1 y 5 ibidem, que completan el sentido de la exigencia, en cuanto disponen que los recursos extraordinarios son de interpretación restrictiva y que deberán desestimarse cuando no se han satisfecho los requisitos de forma comunes y especiales.
Tercería de dominio, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: L., R. s/ Tercería de Dominio en Autos:N., L.A. s/Incidente de Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-25

Respecto al art. 377 del C.P.C.C., cabe señalar que tratándose de bienes muebles, la carga de la prueba depende de la circunstancia de que el tercerista se hubiera encontrado o no al trabarse el embargo, en posesión de los mismos.

En el primer supuesto y en tanto el poseedor cuenta a su favor con una presunción de propiedad, al tercerista le basta acreditar el hecho de la posesión, correspondiendo al embargante la carga de probar los hechos tendientes a desvirtuar dicha presunción. En el segundo supuesto, le incumbe al tercerista demostrar su derecho de dominio, y por lo tanto la carga de desvirtuar la presunción contraria a su derecho.
Acuerdo preventivo, propuesta de acuerdo preventivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fimba SA. s/ Acuerdo Preventivo y Resolutorio. Propuestas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-12-31

La propuesta presentada por el deudor en un acuerdo preventivo homologado es una cesión de bienes y no una dación o entrega de bienes cuando -como en el caso- se negoció colectivamente con un conjunto de acreedores que por votación conjunta recepcionaron del deudor un grupo de bienes heterogéneos. Designaron una comisión que se encargaría de la realización según determinadas condiciones, rendiría cuentas de lo actuado y el producido sería paulatina y progresivamente aplicado para saldar la deuda de cada acreedor.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, prescindibilidad, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marotta, Ricardo Norberto c/ Y.C.F. s/ despido - prueba anticipada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-17

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que condenó al pago de la indemnización prevista por el art. 4x de la ley 21.274 toda vez que se halla en juego la inteligencia de normas de carácter federal, cuya validez también se impugnó.
Seguridad social, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "TALADRID, TEOLINDO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-26

Hasta tanto el legislador asuma efectivamente la obligación legal incumplida, corresponde adoptar las medidas tendientes a reparar el desfase producido con posterioridad a marzo de 1995. En cuanto al parámetro a adoptar, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 16 del Código Civil, que ordena la remisión a leyes análogas y principios generales del derecho, resulta prudente ponderar la solución brindada por el propio legislador al sancionar la  ley 18.037. En consecuencia, ha de propiciarse -de aquí en más- el reconocimiento de las diferencias, en lo que excedan del 10%, entre el aumento del índice que arroje el promedio de las remuneraciones declaradas al sistema y el haber que percibe el peticionante, el que se hará efectivo a partir del mes de julio de 2005 y, sucesivamente, en forma semestral. Por tanto, teniendo en cuenta que el promedio señalado en el período 2002-julio 2005 ascendió al 45,50%, el reajuste ha de ser del 35,50%, y a partir de allí y hasta tanto el legislador cumpla la manda constitucional, se le reconocerán en forma semestral las diferencias que excedan la proporción citada. El índice será el del promedio de las remuneraciones declaradas al sistema, parámetro relacionado con los haberes de actividad y la recaudación previsional. Las sumas percibidas no podrán ser objeto de reintegro en el supuesto que el Congreso de la Nación otorgase un incremento menor al señalado, por el lapso comprendido entre la sentencia y la fecha en que cobre vigencia la nueva normativa. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).
Cuestiones de competencia, ejecución fiscal, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres c/ Los Chaguares S.A. s/ apremios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-10-01

El lugar del bien, como el lugar de la actividad gravada (molienda de caña), como el domicilio de la sociedad demandada denunciado en la demanda son coincidentes, y corresponde a la ciudad de Concepción. En virtud de ello y conforme Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 6238 y Acordada 369/02, el juez competente para entender en la presente causa es el Sr. Juez de Cobros y Apremios de la ciudad de Concepción que por turno corresponda.