Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-02-18


NEUQUEN, 18 de febrero de 2014. Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "CORREA CARLOS OSCAR C/ BARONE ADRIAN LUCIO Y OTRO S/ COBRO DE ALQUILERES" (EXPTE. 418561/10)" y sus acumulados: "MORENO PABLO CESAR Y OTRO C/ CORREA CARLOS OSCAR S/ CONSIGNACIÓN" (EXPTE. 419166/10) y "CORREA CARLOS OSCAR C/ MORENAO PABLO CÉSAR Y OTRO S/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO" (EXPTE 429917/10), venidos en apelación del JUZGADO DE JUICIOS EJECUTIVOS NRO. 2 a esta Sala I integrada por los Dres. JORGE D. PASCUARELLI y CECILIA PAMPHILE con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1.- Vienen estos autos a estudio en virtud del recurso de apelación deducido por el ejecutante contra la sentencia de fs. 292/316, por la cual la Sra. Juez de Primera Instancia: a) hace lugar parcialmente a la acción de consignación por los meses de abril a octubre del año 2010, rechazándola por los restantes meses; b) hace lugar a las excepciones de inhabilidad de título y pago, y manda llevar adelante la ejecución por la suma de $160.000,00.- por los períodos locativos comprendidos entre los meses de noviembre de 2010 a junio de 2012, más intereses; y c) declara abstracta la cuestión en el juicio por desalojo.

Critica el apelante que en la sentencia se dispusiera que es el locador quien debe asumir el pago del Impuesto al Valor Agregado, dada la falta de previsión contractual. En tal sentido indica que las partes acordaron posteriormente que los locatarios asumirían el pago, tal es así que éstos abonaron el sellado de ley ante la Dirección Provincial de Rentas, tomándose como base el alquiler mensual más I.V.A.

Refiere que, analizando las intimaciones cursadas, los propios locatarios efectuaron un reconocimiento que eventualmente asumirían el pago del 50% del I.V.A.

También lo agravia que no se diera validez a la actualización pactada en la cláusula 4ta. Alega que si bien lo acordado en dicha cláusula no resulta válido de conformidad a lo dispuesto por el art. 7 de la ley 23.928, considera justo y equitativo que se determine un nuevo valor locativo tomando como parámetro, por ejemplo, el costo de vida del INDEC. De lo contrario se está frente a una sentencia que ha incurrido en un excesivo rigor formalista.

Seguidamente cuestiona que se acogiera la consignación por los meses de abril a octubre de 2010, ya que los locatarios en ningún momento pusieron en mora al locador, resultando los depósitos realizados totalmente extemporáneos. De ello se deriva -según entiende- la improcedencia de la excepción de inhabilidad de título y pago parcial y la conducencia del desalojo oportunamente iniciado por su parte.

Por último, se agravia de la imposición de costas impuesta en los tres expedientes acumulados.

2.- Corrido el traslado de ley, la contraria guarda silencio.

3.- El tratamiento de los agravios traídos a consideración de la Sala exige recordar que a través de las modificaciones operadas a la Ley de Impuesto al Valor Agregado por los decretos n° 493, 615, 616 y 733 de 2001, y Resolución General 1032/01, resultaron alcanzadas por el gravamen determinadas locaciones de inmuebles que con anterioridad se encontraban exentas, tal el caso de los inmuebles destinados a actividades comerciales respecto de los cuales el monto del alquiler superara los mil quinientos pesos ($ 1.500) por unidad, por locatario y por período mensual.

Como se aprecia del resumen de los cuestionamientos vertidos por el apelante, el primer tema a dilucidar radica en establecer si resulta correcta la decisión de grado en punto a que es el locador quien, en este caso, debe asumir el pago del I.V.A.

Ahora bien, dirimir cuál era el precio de la locación y si éste incluía el I.V.A., nos lleva a interpretar el contrato de locación firmado por las partes.

Y para ello debe tenerse en cuenta: ".si hablamos de momentos en la interpretación de los contratos, frente a la norma jurídica concertada, se trata en este primer momento hermenéutico de esclarecer o develar lo efectivamente acordado o convenido entre las partes, o para decirlo con las palabras del artículo 1198: "lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión". Las manifestaciones de voluntad contractuales son recepticias, están dirigidas a la otra parte y, en consecuencia, para poder delimitar lo concertado, el intérprete debe prestar atención -en cuanto reconocibles por los destinatarios- a los comportamientos y palabras de las partes, y, en definitiva, fijar o precisar la norma jurídica acordada por ellas o, como expresa el artículo 1137 del Código Civil: la "declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos".." (cfr. Müller, Enrique C. "INTERPRETACIÓN LITERAL Y CONTEXTUAL").

Por ello, cuando Borda se pregunta si el juez debe indagar la intención íntima de las partes o sólo el significado de la declaración de voluntad, sostiene "que los jueces no pueden sino guiarse por la declaración de la voluntad. La intención íntima, la que no ha trascendido externamente en las relaciones entre las partes, no cuenta en materia de contratos. Es más, en su Tratado sostiene que "es jurídica y moralmente inaceptable que las partes pretendan probar una voluntad verdadera distinta de la manifestada. Ello -dice el maestro Borda- legitimaría la reserva mental, el dolo, la mala fe; daría lugar a una gran incertidumbre en las relaciones contractuales" (BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Parte general, Perrot, Buenos Aires, 1976, t. II, p. 134, N° 890).

Betti, por su parte, señala que "la interpretación no aspira tampoco -como frecuentemente se dice, en homenaje al dogma de la voluntad- a acertar, de hecho, qué haya pensado, creído y querido esta o aquella parte en su interior, al momento de emitir o recibir la declaración. En efecto, las suposiciones, las creencias y las intenciones puramente interiores que las partes puedan haber concebido y alimentado en el acto del negocio no tienen trascendencia jurídica o para determinar el sentido y la interpretación de aquél; sólo pueden ser operantes al tratarse de la prueba de un vicio de la voluntad en orden a una impugnación de los efectos del negocio" . Dicho de otro modo, las reglas de interpretación de los negocios no tienen como finalidad indagar, descubrir o atribuir sentido a una voluntad subjetiva cualquiera sino a una voluntad en su forma exterior, como fenómeno físico que, de alguna manera, ya es ajeno al individuo y se encuentra fuera de su control volitivo. Es decir, a la voluntad que se ha patentizado a través de la misma. Sobre esta entidad objetiva en que consiste la expresión de voluntad es sobre la que recae la tarea de la interpretación, no sobre la voluntad en sí misma como conclusión de un devenir psicológico. Ni al Derecho en líneas generales ni menos a la dogmática del negocio jurídico le interesa el querer interno y no evidenciado". (cfr. Cornet, Manuel "INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. SUBJETIVA. OBJETIVA. VENTAJAS E INCONVENIENTES).

Traídos todos estos conceptos al caso analizado, tenemos que los términos en que se celebrara el contrato, no permiten interpretar sus alcances en la forma en que lo propone el recurrente.

Así, toda la normativa referente a la imposición fiscal de que se trata, se asienta en la persona del locador. Es, pues, la persona que da la locación y no el locatario que la recibe, quien ha sido identificado por la normativa fiscal como el sujeto contribuyente y/o responsable del ingreso del I.V.A. (cfr. CNACom, sala D, Junin 1721 S.R.L. c. Nusbaum, Rolando Josué, 18/02/2010 La Ley Online, AR/JUR/4962/2010).

Y si bien el I.V.A. es un impuesto general al consumo que asigna la carga a través de un mecanismo de traslación directa a los precios para captar en definitiva la capacidad contributiva de los consumidores finales (cfr. De Juano, M., Tributación sobre el valor agregado, Buenos Aires, 1975, p. 73 y ss.; CNFed. Civ. Com. en pleno 7/6/90, "Goffre, Carbone & Cía. S.A. c/ buque Cabo Santa Ana s/ cobro de australes"), en este caso puntual, y tal como lo entendiera la jueza de grado, el locador no hizo uso de esa posibilidad de traslación al locatario, por no haberlo así consignado en el contrato.

Además, contrariamente a lo que afirma el quejoso, no surge de los antecedentes obrantes en autos que en forma concomitante o con posterioridad a la firma del contrato de locación, las partes hubiesen acordado que el locatario afrontaría la carga económica en cuestión.

Este pretendido "acuerdo posterior" no puede derivarse del importe abonado por el locatario ante la Dirección Provincial de Rentas en concepto de impuesto de sellos.

Obsérvese que en la constancia de determinación del impuesto, inserta en el margen superior del instrumento (fs. 286/7 del expte 418561 y fs. 220/221 del expte 419166) sólo se indica el número de trámite y la suma total a abonar, sin que obre detallada o discriminada la base imponible, la alícuota ni los rubros que conforman la liquidación respectiva.

Y si bien parte de esos datos fueron informados por la D.P.R. a fs. 157/8 del expediente sobre consignación, no surge que se le haya hecho saber al contribuyente -cuando afrontó el pago- el modo en que se liquidaba el impuesto.

Más allá de lo cual, tampoco resulta razonable que la conducta del locatario ante el organismo recaudador pueda tener por efecto la aceptación del pago del gravamen en otro ámbito diferente, tal como lo es el atinente al vínculo contractual que lo uniera con el locador, máxime cuando -y esto no está discutido- tal aspecto no había sido estipulado en forma expresa en el contrato.

Tampoco se observa que en el intercambio epistolar que precediera a este pleito, los locatarios se hubiesen comprometido a solventar el 50% de la obligación tributaria. En este punto, considero que la crítica del apelante es insuficiente, toda vez que ni siquiera indica concretamente cual es la misiva que alega y de la que se extraería tal promesa. Por lo demás, la copia de los correos electrónicos acompañados por el ejecutante, fueron desconocidos e impugnados por la parte contraria, sin que se hubiese producido prueba corroborante a dicho respecto.

No obstante agrego (solo a mayor abundamiento porque, en rigor, no constituye un punto invocado por el recurrente) que las manifestaciones que pudieran haber hecho las partes en el contexto conciliatorio (cfr. fs. 61 y 69), de ningún modo pueden influir o condicionar la decisión que en definitiva se adopta al sentenciar la causa.

Pero más allá de que las críticas analizadas no pueden tener curso favorable, lo cierto es que el recurso deja en pie, por falta de ataque, argumentos centrales del decisorio, tales como: la preeminencia de la interpretación objetiva del contrato (que enfatiza el sentido relevante de las declaraciones), el sujeto pasivo de la obligación tributaria previsto en el art. 4, inc. f), de la ley 23.349, la posibilidad de traslación del tributo al consumidor -impuesto indirecto-, la falta de previsión contractual expresa y la imposibilidad de resolver en sentido desfavorable al locatario, en los términos del art. 218, inc. 7, Cód. Com.

Por estas razones, considero que este tramo del recurso debe ser desestimado.

4.- Sentado ello, cabe señalar que el segundo agravio no cumple el recaudo de suficiencia recursiva previsto en el art. 265 CPCC.

Nótese que el apelante admite que la actualización pactada en la cláusula cuarta del contrato no resulta válida por contrariar el art. 7 de la ley 23.928 ratificada por la ley 25.561. Sin embargo pretende, en la instancia recursiva, se aplique alguna fórmula que pueda compensar el desfasaje producido en el año, cuando la economía y el costo de vida se han incrementado considerablemente.

Dicho pedido, a más de apartarse de lo convenido en el contrato e implicar una modificación a su pretensión concreta en el proceso (con la consecuente afectación del derecho de defensa en juicio), en definitiva, no representa otra cosa que una cláusula de ajuste o de actualización del precio locativo comprendida en la prohibición indexatoria de la ley de convertibilidad. Prohibición cuya constitucionalidad no cuestiona el recurrente en su escrito, por lo que el planteo resulta endeble.

Se ha dicho sobre el punto: "es posible establecer dentro de los términos del art. 1137 del Cód. Civil, y concordantes, la libertad de fijar las condiciones en las cláusulas relativas al precio, instrumentando las variantes que las partes crean convenientes. Pero ello es, sin dejar de lado las normas de orden público, que regulan este contrato, entre ellas el beneficio del plazo mínimo para el locatario, y la prohibición de indexar que prevé la ley de convertibilidad (Confr. Albano Carlos, "El precio en la locación. Variantes", DJ 2005-2, 973).

5.- Seguidamente, el recurrente objeta que se haya admitido parcialmente la acción de consignación.

Al respecto, cabe considerar que "la eficacia del pago por consignación, en cuanto al objeto, requiere la concurrencia de los principios de identidad e integridad del pago. Si bien es cierto que el deudor moroso se encuentra habilitado igualmente para consignar, ello es a condición que a la prestación debida se le sume el complemento del daño moratorio, esto es, los intereses correspondientes, y es que ello hace a la integridad del pago (art. 744 del Código Civil)." Cc0101 Mp 115692 Rsd-179-1 S. 16/08/2001. Juez: Cazeaux (sd) Di Marco Karina C/ Gómez Angélica S/ Consignación de Alquileres. Mag. Votantes: Cazeaux-Font-de Carli. Cc0101 Mp 116127 Rsd-122-2 S. 30/04/2002. Juez: Cazeaux (SD) Carátula: Wagner, Patricia C/ Blas, José S/ Pago por Consignación. Mag. Votantes: Cazeaux-Font-de Carli. Cc0101 Mp 105467 Rsd-250-6 S. 08/06/2006. Juez: Font (sd) Carátula: Xavier Lázaro, Rodolfo C/ Banco del Buen Ayre S/ Pago por Consignación. Mag. Votantes: Font-Azpelicueta-Cazeaux. (Sala III, "VADILLO MARIELA LUISA C/ BENDER NOEMI PAOLA S/ CONSIGNACION", (Expte. Nº 371789/8).

En autos, ha quedado acreditada la negativa del acreedor a extender facturas sin adicionar el porcentual correspondiente al I.V.A. Por ende, atento lo resuelto en cuanto a la improcedencia de que el locatario afronte el pago de la obligación tributaria, es claro que la resistencia del acreedor resultaba injustificada.

Tal como lo señalara esta Sala, en su anterior composición: "debe tenerse en cuenta que el deudor moroso puede intentar exitosamente el pago por consignación, siempre que integre en el monto ofrecido, lo que surgiese como resultado de su demora imputable -lo que generalmente se traduce en intereses-".

"Esa conclusión puede observarse en muy numerosas sentencias. Véase por caso, Cámara Nacional en lo Comercial, autos: "QUARTULLI, MIGUEL C/ RUBBIANI, HUGO S/ SUM.- Mag.: MORANDI - WILLIAMS - CARVAJAL - 12/08/1986; Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata CC0101 115692 RSD-179-1 S 16-8-1, "Di Marco Karina c/ Gómez Angélica s/ Consignación de alquileres". MAG. VOTANTES: Cazeaux-Font-De Carli; ídem CC0101 116127 RSD-122-2 S 30-4-2, "Wagner, Patricia c/ Blas, José s/ Pago por Consignación" MAG. VOTANTES: Cazeaux-Font-De Carli; Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, voto del Dr. Moisset de Espanes en "RUESCH Y CIA. S.A.A.I.C. C/ BANCO ROELA S.A. S/ INCIDENTE DE CONSIGNACION - RECURSO DIRECTO - Id. del fallo: 94160002, del 09/05/1994 Firmantes: MOISSET de ESPANES, Luis - KALLER ORCHANSKY, Berta - PETITTO, Venancio Luis; Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Córdoba fallo n° 98160362, de 10/02/2000 "Zavala Juan Carlos C/ Elizabeth E. Cruceño y Otros S/ Consignación" Firmantes: ALVAREZ DE VARAS - RAMPINI - BRIZUELA)" ("RODRIGUEZ MARIANI CARMEN C/ DEL HOYO PATRICIA S/ CONSIGNACION", EXP Nº 289676/2).

Y bien, acorde a estas pautas, la decisión en crisis tuvo en cuenta que los intereses abonados por el actor en el juicio de consignación cubrían adecuadamente la mora en que se incurrió en cada uno de los depósitos, sin que este razonamiento mereciera un ataque concreto por parte del apelante.

Así: "si el deudor procura liberarse de su deuda, el acreedor no podría lícitamente impedirlo si el concreto ofrecimiento de aquél satisface plenamente su interés y realiza el fin del contrato que anudara a ambos cocontratantes. De lo contrario se estaría apañando un caprichoso y abusivo incumplimiento del deber de colaboración que pesa sobre el acreedor para permitir la liberación del deudor como derivación vivificante que sobre la vida del contrato tiene el principio de la buena fe contractual" (Ibíd.).

Tampoco resulta fundada la mera afirmación del quejoso en punto a que su parte no tenía conocimiento de los depósitos, toda vez que ello se contrapone a lo manifestado en el acta de fs. 69 donde se indica que los letrados podrán requerir medidas sobre la disponibilidad de los fondos ya depositados en sede civil por los demandados, a fin de que no se desvalorice, así como también, con lo afirmado al contestar la excepción de pago, inhabilidad de título y pago parcial, cuando afirma que "los demandados han ido a su criterio depositando los alquileres sin que esta parte pueda aceptarlo o no, es decir los demandados han realizado pagos en forma unilateral" (fs. 118 vta.) y finalmente con lo aseverado en su presentación de fs. 129/130, en el que pide se tenga por ampliada la consignación intentada por la contraria toda vez que de la certificación bancaria surge que "la parte actora ha ido depositando en consignación mes a mes todos los importes del contrato locativo que el mismo entiende ajustado a su derecho".

De modo que, estando justificado el inicio del juicio por consignación ante la resistencia infundada del acreedor en recibir el pago de los alquileres mediante la confección de la factura pertinente sin incluir el I.V.A. y habiendo depositado el consignante los montos mensuales adeudados más intereses por mora, de todo lo cual estuvo anoticiado el ahora recurrente, el agravio formulado a este respecto debe ser desestimado.

Tengo en cuenta, además, que con respecto a aquellas sumas que, aunque figuraban en la cuenta judicial, no fueron denunciadas por los deudores como efectivamente depositadas -mediante escrito judicial y adjunción de la constancia pertinente-, la magistrada señaló la imposibilidad de examinar su oportunidad e integridad. Por ende, rechazó la consignación en toda la extensión pretendida por los actores, todo lo cual tuvo su correlato en la consecuente imposición de costas.

El rechazo de los agravios hasta aquí analizados determina que igual suerte corra el correspondiente al acogimiento de las defensas de inhabilidad de título y pago parcial y en lo relativo al desalojo.

En cuanto a la distribución de las costas dispuesta en el decisorio, entiendo que refleja correctamente el resultado del pleito y respeta las pautas legales (art. 71 y 558 CPCC), de modo que no encuentro motivos para su modificación en esta instancia.

Por todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 323/329 y confirmar la sentencia de grado en todo lo que ha sido motivo de agravio, con costas al apelante vencido. MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fojas 292/316 en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68, Código Procesal).

3.- Regular los honorarios de Alzada para el Dr. ..., letrado apoderado de la actora, en la suma de pesos ... ($...).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.