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Sentencia condenatoria, transporte de estupefacientes, cantidad de estupefacientes, prevención del delito, denuncia anónima
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LEDESMA, Adrián Fabio s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-06

El hecho de que la noticia criminis haya llegado a la prevención a través de una denuncia anónima no desmerece la fundamentación de las medidas.

La sentencia condenatoria se encuentra al amparo de la tacha de arbitrariedad, ya que la detención y requisa, cuestionadas por la defensa, no exhiben las irregularidades que se aducen y el pronunciamiento está suficientemente fundado. Ha quedado demostrada la consumación del hecho que se adscribió correctamente al delito de transporte de sustancias estupefacientes, pues el a quo logró acreditar el conocimiento y voluntad para la traslación del material estupefaciente -citando los dichos del remisero, quien indicó el recorrido y la conducta del imputado y los dichos de éste, en el sentido de que reconoció haber sido quien llevaba el bolso, de su pertenencia, dentro del cual estaban los paquetes con la sustancia ilícita-, y ponderó para llegar a la calificación legal de transporte de estupefacientes, la cantidad y calidad del material transportado, como indicios inequívocos de que la actividad se enmarcaba en una cadena de tráfico. La disidencia parcial consideró que la total ausencia de explicitación, respecto de la ultrafinalidad de la tenencia, imposibilita subsumir el suceso en el tipo penal estipulado en la sentencia. (res. Ledesma -en disidencia parcial-, David y Slokar).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre, José Carlos c/ Rosmafer SRL s/ Salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-29

Una de las garantías del debido proceso lo constituye el límite que tiene la judicatura para no resolver sobre alegaciones no formuladas por las partes y que no han sido materia de la controversia esencial del litigio y así se viola el principio de congruencia cuando en la sentencia se soslaya la cuestión esencial discutida configurándose la transgresión de los arts. 47 del decreto ley 7718/71 y 163 inc.

6º del Código Procesal Civil y Comercial.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, autopistas, concesionario (administrativo), responsabilidad del concesionario (administrativo), obligaciones del concesionario (administrativo)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROJAS SANTOS c/ ADI CARLOS Y OTROS. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-06-18

La concesionaria es responsable por los daños sufridos con motivo o en ocasión de su uso, siempre que la causa del siniestro radique en algo inherente a la ruta misma Cmal estado del pavimento, roturas, baches, montículos, etc.-, o en la falta de indicaciones, señalización, iluminación u otros elementos que ordinariamente posibiliten la normal circulación de automotores (CNCiv., sala D, LL 1998-F-1013).

En otros términos, las cargas y facultades asumidas por el concesionario aluden específicamente al tránsito de la ruta, y a los factores que puedan alterarlo, para lo cual el concesionario debe velar por el uso apropiado y resolver los obstáculos que presenta atribuyéndole la potestad de funcionar como autoridad dentro de ese ámbito y respecto de los usuarios, quienes deben obedecer por la delegación operada que alcanza a la aplicación de sanciones. El objeto principal de la concesión apunta, precisamente, a la preservación de las condiciones aptas para el tránsito normal (esta Sala 10, causa 87.629).(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Representación procesal, acreditación de la personería, poder, escritura pública
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Syngenta Agro S.A. c/ Cuneo Castro Rappa, Leandro Mariano  s/ cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-05

Del juego armónico del artículo 47 y 85 del Código Procesal, ambos preceptos no fueron derogados por la sanción del nuevo ordenamiento de fondo, se deduce que el poder para estar en juicio debe ser hecho por escritura pública. Es que no podría ser otra la solución si se presta especial atención a la trascendencia del negocio jurídico. La exigencia de este requisito formal se sustenta en razones que hacen a la seguridad jurídica que, como regla, protege el acto público.
Retención indebida, cajero, empleados de banco
Materia: PENAL
Carátula: GUERRERO, HILDA E. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-15

Constituye el delito de defraudación por apropiación indebida (art. 173, inc. 2 C.P.) la acción de la procesada que en su carácter de cajera de un Banco, abusando de sus funciones, retuvo para sí el dinero que debía rendir a su empleadora.

La figura de la apropiación indebida se encuentra insita dentro del inc. 2 del art. 173 del C.P.
Resistencia a la autoridad, robo de automotor, tentativa, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: RACIGH, JULIO. s/ RESISTENCIA AUTORIDAD. ROBO AUTOMOTOR. TENTATIVA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-25

si bien la violencia que ejerciera sobre el sargento César Felipe Reiteno-acusada por éste y por el comisario Alberto González-integra el mismo hecho, cae bajo la sanción del delito de resistencia a la autoridad previsto en el artículo 239 del Código Penal que se enlaza idealmente con el robo de automotor que quedara tentado (artículos 42, 54 y 164 del Código Penal, y 38 del decreto ley 6582-58, ratificado por la 14467. La circunstancia de que Recigh despues de haber sido detenido por Retano se hubiera escapado, y que se le resistiera cuando tras perseguirlo, trataba de aprehenderlo episodios entre los cuales no hubo solución de continuidad-, hacen que esa activa oposición, aún bajo otra denominación legal forme parte de un mismo acontecer.-
Concursos, facultades del juez, dirección del proceso, medidas cautelares, medida de no innovar, cuota Hilton, cupos a la exportación
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSLINK  SA s/ CONCURSO  PREV.  S/ INC. DE EXPLOTACION "CUOTAHILTON" DE LA CONCURSADA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

Resulta improcedente disponer mantener la matricula de una sociedad concursada y autorizar a otro ente societario a explotar el cupo de cuota hilton asignado a la fallida y ampliar la medida cautelar solicitada por el siguiente período, oficiándose en consecuencia a la secretaria de agricultura, ganadería, pesca y alimentación de la Nación. Ello pues, si bien esta sala en anteriores oportunidades consideró que en casos de quiebra corresponde reconocer al magistrado concursal facultades para disponer medidas de no innovar tendientes a resguardar el derecho del titular a un cupo de exportación para proceder a su venta, siempre que ello no importe el mantenimiento sine die de la cautelar (cfr. 15.12.98, en "Frigorífico Guardia Nacional s/ Quiebra s/ inc. de Realización de Bienes", id. 16.4.99 en "Industrias Frigoríficas Nelson SA s/ quiebra s/ Inc. de Apelación Previsto en el art 250 del CPCCN", id. sala b, 31.8.92 en "Barreca Hnos. SA s/ quiebra s/ Inc. de Venta Cuota Hilton"), corresponde modificar esa postura en razón del criterio sentado por la csjn el 4.5.00, in re "Industrias Frigoríficas Nelson SA s/ Quiebra s/ Inc. de Apelación previsto en el art. 250 del CPCCN", que resolvió que "... la circunstancia de que el organismo encargado por las leyes de la policía del comercio de carnes no haya ejercido concretamente sus atribuciones antes de que el juez de la quiebra dictara la medida de no innovar en cuestión no constituye razón para prohibir que las ejerza en lo sucesivo, y, si eventualmente las ejerciera de una manera irrazonable o arbitraria, resultara demandable ante los jueces competentes para entender en la materia ..." puesto que "el carácter universal del juicio de quiebra .... no puede ser usado para extender la competencia del magistrado a los reclamos que el fallido o la masa de acreedores pudieran tener contra las autoridades administrativas, motivados en el ejercicio ilegitimo de las atribuciones que las leyes les han conferido". Así cabe concluir, por elementales razones de seguridad jurídica y economía procesal en torno de la uniformidad de las decisiones judiciales, que adquiere mayor relevancia cuando existe doctrina del mas alto tribunal al respecto.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-27


Salta, 27 de abril de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "SAAVEDRA, SILVIA vs. GALLI, EMILIO - DIVORCIO" - Expte Nº 189.990/07 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil de Personas y Familia 2º Nominación (Expte. N° CAM 274.953/9 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

I.- Vienen éstos autos a la Alzada en virtud del planteo de caducidad de la 2º instancia introducido por la actora a fs. 90 y reiterada en sus términos a fojas 103/104; con sustento en que el apelante no ha instado el recurso interpuesto y se encuentra vencido el plazo del art. 310 inc 2º del CPCC.

Encontrándose debidamente notificado el demandado no contestó el traslado que le fue conferido, teniéndose por decaído el derecho dejado de usar (fojas 109 y 110).

A fojas 116/117 obra dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara quien aconseja la declaración de caducidad de la instancia recursiva.

En igual sentido, en presentación de fojas 119, dictamina la Sra. Asesora de Incapaces nº 6 interviniente en autos.

II.- Las actuaciones dan cuenta que luego de interpuesto recurso de apelación por el demandado y concedido por el juzgado actuante (fojas 32 y 34) la última actuación impulsoria del recurso, está constituida por la providencia del juzgado que dispone correr traslado del memorial de agravios presentado por el apelante que data de fecha 9 de abril de 2008 (ver fojas 49).

A partir de allí no hubo actividad alguna de la parte tendiente a impulsar el procedimiento y poner los autos en estado de dictar sentencia, obrar que pesa sobre quien abre la instancia recursiva. No hay circunstancias que lo eximan de la carga impulsora en el sentido de mantener viva la instancia por el iniciada, debiendo desplegar una actividad conducente a esos efectos; cuestión que no ha sido materializada en autos.

Consecuencia de ello, y habiendo transcurrido en exceso el plazo previsto por el art. 310 inc. 2do del CPCC, entre la última actuación idónea (9 /Abril/08) y la presentación del incidente que nos ocupa (fojas 90 y 103/104), corresponde declarar la caducidad de segunda instancia.

Por ello y lo dispuesto por el art. 316 del mismo cuerpo legal, se declara la caducidad de segunda instancia respecto del recurso interpuesto a fs. 32. Con costas al vencido (arts. 67, 68 y 73 del CPCC).

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.
Violencia familiar, leyes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: N. N. c/ N. N. s/ Violencia Familiar (Ley 7943) - Copias de Apelacion sin Efecto Suspensivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-03-22

Corresponde definir que el objetivo principal de la leyes de violencia familiar es crear un marco procesal que permita adoptar las medidas urgentes tendientes a neutralizar las crisis familiar existente, evitando el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato, para lo cual se necesita de adopción de medidas eficaces, urgentes y transitorias.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, competencia por el territorio, gravamen irreparable, gravamen eventual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIACION MUTUAL CLUB COLON DE SAN JUSTO c/ RODRIGUEZ, HUGO Y ANICETO S.H. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-05-28

No puede constituirse en objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad la resolución de alzada que, revocando la de primera instancia, hizo lugar a la excepción de incompetencia por razón del territorio, por no tratarse dicho pronunciamiento de sentencia definitiva sobre el fondo del asunto ni de auto que haya puesto fin al pleito o que impida su continuación; sin que se advierta la existencia en el caso de razones de excepción que permitan superar el mentado recaudo formal, toda vez que la argumentación sobre el pretendido agravio irreparable -en el sentido de que la decisión sobre la competencia condicionará inexorablemente el futuro resultado del debate sobre el fondo del asunto- luce como meramente eventual o conjetural. - CITAS: CSJN: Fallos 302:417; 256:474; 302:555; 304:479; 311:455; 308:2230; 311:2701; CSJStaFe: AyS T 144, p 450; T 188, p 181; T 199, p 265; T 63, p 111. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Empleados públicos, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tissembaum, Isaac c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 595-92) Encina, Claudio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 551-87) ROSSINI, REYNALDO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 238 AÑO 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-07|1999-12-01|2004-10-19

Los suplementos que se abonan a los empleados públicos, se pueden agrupar en dos categorías, a saber: a) suplementos que retribuyen el trabajo o servicio bonificable con un porcentaje mensual fijo sobre la asignación de categoría del agente, con prescindencia de la acreditación de la efectiva prestación del servicio; y, b) suplementos cuya liquidación y pago depende de los días y horas efectivamente trabajados por el agente o del cumplimiento de determinadas condiciones exigidas por la ley, por lo cual son variables mes a mes en cuanto a su monto, e incluso es posible que no se perciban durante los períodos en que el agente no cumplió con la tarea específica bonificable o no reunió las condiciones exigidas por la ley.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, vocal del Tribunal, sufragio, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

Si para dictar sentencia válida se requiere el voto totalmente concordante de dos (2) Jueces pero el Tribunal debe estar integrado con los tres que se exige como mínimo (artículo 24, Ley Orgánica del Poder Judicial), facultándose al tercero a abstenerse de votar, tendremos como resultado que indefectiblemente cada Sala de la Cámara debe estar integrada con sus tres miembros mínimos al momento de dictar sentencia, situación que se debe asimilar a la del Tribunal Plenario ya que, la ley no convoca a los Jueces integrantes de todas las Cámaras de la Provincia en forma individual, sino que la convocatoria lo es a las "Cámaras con idéntica competencia material con asiento en las cinco circunscripciones judiciales...".

(Del Voto del Dr. Bassó -En Disidencia-). En el caso la cuestión a resolver es: ¨Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en una Sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido del Tribunal Plenario?
Recurso de casación penal, acción penal, acción pública
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: H., C. S. s/ Homicidio agravado por el uso de arma de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-14

A un rol pasivo y limitado a la condición de sujeto hablante acerca del hecho que lo damnificara, el afectado por el delito ha escalado posiciones hasta ser reconocido como un sujeto procesal con capacidades que le permiten actuar, incluso con autonomía, en el ejercicio de la pretensión penal en los delitos de acción pública.

Sin embargo, esta nueva condición no implica ni teórica ni normativamente, la sustitución del monopolio estatal en materia penal o, desde otra perspectiva, la entronización de la venganza privada como -a decir de Julio B. Maier- la "...solución incivilizada de un conflicto social...".

Es más, importa -y de ello parece ejemplo nuestro novel Código Procesal (Ley 5478) que sirve de parámetro interpretativo- un intento de buscar soluciones menos drásticas que la aplicación de una pena, frente a la afectación o lesión de ciertos bienes jurídicos protegidos penalmente.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pacheco Eduardo c/ Dulce Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

Admitida la procedencia de la indemnización por privación de uso, el período indemnizable está enmarcado por el lapso de la imposibilidad de uso, el que queda limitado al tiempo necesario para efectuar la reparación.
Recurso de casación, insuficiencia del agravio, falta de fundamentación autónoma
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Brito, Raúl Angel c/ Estado Provincial s/ Acción Autónoma de Nulidad - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-05-02

Ante la declaración de su incompetencia por el juez de primera instancia, se dedujo recurso de apelación. A su turno, la Alzada rechazó el recurso de apelación, con fundamento en que la apelación carecía de una crítica fundada, tenía insuficiencia argumentativa, y por considerar que la cuestión que se pretende debatir pertenece al ámbito de lo contencioso administrativo.

Contra dicha resolución se deduce recurso de casación, señalando el recurrente que la cuestión pertenece al fuero civil y no al contencioso administrativo y que, además, este Tribunal -con competencia originaria y exclusiva en dicha materia- ha declarado su incompetencia, por lo que no existiría tribunal para entender en la causa. Surge del memorial de agravios que el recurrente no efectúa una crítica clara, precisa y circunstanciada de los fundamentos de la sentencia, por lo tanto no alcanzan a constituir una réplica adecuada contra las fundadas razones dadas, deviniendo en consecuencia en un desarrollo argumental de carácter general, que no satisface el requisito de fundamentación autónoma. Asimismo, el recurso no especifica sobre cuál o cuáles de las causales contenidas en la norma de rito y aceptadas como motivos del recurso pretende asentar la crítica del fallo, y no es factible que el Tribunal supla dicha omisión o realice la tarea de deducir a cuál de ellas pretende referirse.

Por otra parte, el recurrente tergiversó los términos en que se resolvió en la causa contencioso administrativa que él invoca, puesto que en ella este Tribunal no expresó que es incompetente en razón de la materia, sino que la incompetencia devino de la falta de recaudos de la demanda contencioso administrativa para habilitar la instancia revisora. Es decir que no sólo no impugnó debidamente los fundamentos del fallo sino que el discurso argumental está basado en hechos que no acontecieron, puesto que este Tribunal no se expidió sobre la competencia en razón de la materia sino por la falta de agotamiento de la vía administrativa y la temporalidad de la acción. En conclusión, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso de casación intentado.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, oportunidad procesal, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sanitek c/ Municipalidad de Santo Tomé s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de suspensión de medida administrativa (Expte CSJ Nº 741- 94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-21

Al margen del alcance que corresponda darle al artículo 29 de la Ley 4106 -en cuanto prevé la posibilidad de pedir la suspensión "en el escrito de la demanda"-, corresponde desechar la pretensión de la demandada de que se declare inadmisible la suspensión solicitada por cuanto, si bien fue presentada después de incoada la demanda, como ampliación, y su parte se había presentado con anterioridad a ésta, por cuanto aún no se había trabado la litis, por lo que la actora podía ampliar la demanda mediante escrito que -desde luego- integra aquélla.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de reunión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

Cuando la libertad de reunión o de asociación están en juego, la mera intolerancia o la animosidad no pueden servir de fundamento para una restricción. En este contexto, el Estado no puede limitar la libertad de aquéllos cuyas ideas, forma de vida o aspecto físico sean rechazados por la mayoría de sus conciudadanos.
Recurso de casación, sentencia definitiva, excarcelación, resolución denegatoria
Materia: PENAL
Carátula: ARGANARAZ ALCORTA, CARLOS s/ RECURSO DE QUEJA POR CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS:  PALIZA CESAR L. s.d. de HOMICIDIO Y TENTATIVA DE HOMICIDIO  CALIFICADO e.p. de MARIA ROXANA PALMAS Y OTRAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-11

Las decisiones que deniegan el beneficio excarcelatorio de raigambre constitucional, en tanto restringen la libertad del imputado, ocasionando un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior, deben equipararse a las sentencias definitivas, por afectar un derecho que requiere tutela inmediata.
PERÚ, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones internacionales, obligaciones del Estado miembro, remoción de jueces, principio de reciprocidad
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso del Tribunal Constitucional c/ Perú s/ Competencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1999-09-24

La Corte Interamericana resuelve asumir el conocimiento del caso en que resulta demandado el Estado Peruano por las presuntas irregularidades acaecidas durante el proceso de remoción -en mayo de 1997-, de tres magistrados integrantes del Tribunal Constitucional, pues el Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978, aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 1981 como obligatoria de pleno derecho, sin convención especial, por plazo indeterminado y bajo condición de reciprocidad.