Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-06


Trelew, 06 de abril de 2.006.- VISTO: - El recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la resolución de fs. 1.406/1.409, concedido que fuera el mismo a fs. 1.500, fundado mediante el memorial de agravios de fs. 1.508/1.513, corrido traslado a la contraria a fs. 1.514, contestado el traslado conferido a fs. 1.530/1.535 y la apelación interpuesta y fundada a fs. 1.414/1.415 por el Dr. A. H. G., por su propio derecho, concedida que fuera ésta última a fs. 1.416. - Y CONSIDERANDO:

I.- Resuelve el Sentenciante de Grado: "I. Determinar que los honorarios regulados al Dr. A. H. G. por sentencia Nro. 506/90, obrante a fs. 185/187, con más sus intereses al 15-11-05, asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.845.226,56).

II.- Regular honorarios al Dr. A. H. G., por su actuación como apoderado de la actora, en la etapa de ejecución de sentencia en la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SESCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 317.643) ... III. Téngase presente el embargo peticionado por el Dr. A. H. G. para el momento que quede firme el presente pronunciamiento.

IV. Intímase a la Municipalidad de Rawson, a que en el plazo de CINCO días, indique el plazo de cumplimiento de la presente, bajo apercibimiento de que si no contestare o indique un plazo irrazonable conforme las circunstancias de la causa, el término será fijado por el suscripto, en la oportunidad prevista por el art. 7 de la ordenanza 5750.

V. Imponer las costas de la incidencia a la Municipalidad de Rawson, regulando los honorarios de los Dr. H. A. G., por su propio derecho, en la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), teniendo en cuenta lo señalado en el considerando respectivo. Respecto a los Dres. M. A. A. y M. M., apoderados de la Municipalidad de Rawson, deberán previamente manifestar si se encuentran comprendidos en la disposición del art. 2 de la Ley 2.200". - II.- A fs. 1.508/1.513 expresa agravios la demandada apelante. Puntualiza los siguientes agravios: a) Determinación de honorarios. Consolidación. Tasa de interés.

Invoca que la sentencia dictada en fecha 17/04/02 aprobó en cuanto ha lugar por derecho la liquidación practicada correspondiendo $ 770.800,71 a honorarios y $ 1.156.854,70 a intereses, y que atento el modo en que fuera aprobada su parte peticionó la aplicación al capital de condena de la tasa prevista por el Régimen de Consolidación de Deudas del Estado (art. 6, ley 23.982), norma en virtud de la cual, afirma, la deuda debe liquidarse conforme los parámetros indicados mediante la aplicación de la tasa prevista en la Comunicación A 1828 BCRA.

Afirma que por ser normas de orden público, aplicables aún de oficio, no puede el Sentenciante apartarse de las tasas establecidas por las leyes 23.982, 3.798, el Decreto 571/93 y la Ordenanza 3.415.

Detalla presentaciones efectuadas por el Dr. G.. Esgrime que el Juez de la causa se pronunció sobre la consolidación en Sentencia N° 192/02. b) Acciones de la Municipalidad de Rawson, cumplimiento de la sentencia:

señala que su parte puso en conocimiento del Tribunal y de P. S.A. de la adhesión al régimen de consolidación en el año 1.993 (fs. 300/301), puntualiza que surge del expediente administrativo que el Dr. G. inicia diez años mas tarde un ambiguo pedido de consolidación sin sujeción a los parámetros indicados por la legislación vigente y practica liquidación de intereses con la tasa mas conveniente a sus intereses apartándose de la impuesta legalmente, cuestionando luego el proceso de cancelación al tomar conocimiento a través de los diarios de la zona acerca de la contratación por parte de la Municipalidad de Rawson de la Consultora E. para diagramar los bonos con los que se pretendía cancelar sus acreencias.

Esgrime que cuando el interesado inició el trámite de consolidación contrató en forma casi inmediata los servicios de una Consultora con la finalidad de diagramar los bonos que tendrían como destino la cancelación de las deudas y que al darse a publicidad las características de los bonos proyectados el Dr. G. realizó observaciones y amenazó con iniciar planteos judiciales.

Reseña que al asumir la nueva gestión de gobierno, las nuevas autoridades municipales resolvieron dejar sin efecto el proyecto de emisión de bonos y afrontar el pago de las deudas consolidadas en dinero en efectivo y previo acuerdo con los acreedores.

Recalca la buena voluntad de su parte y la poca predisposición del Dr. G.. Detalla las condiciones en las que le fuera ofrecido al Dr. G. un acuerdo de pago, los sucesivos rechazos y los depósitos concretados. Insiste en que no hay duda en que la deuda se encuentra consolidada y que incluso en caso de duda debe optarse por esta conclusión.

c) Emergencia Económica. Intimación: se agravia de que el 'a quo' la intime a que en el término de cinco días indique el plazo de cumplimiento. Aclara que la Ordenanza imperante es la 5.750.

Sostiene que la exhortación resulta prematura puesto que conforme lo expresado en el art. 7° de la norma mencionada, vencido el plazo del art. 5° el juez fijará el término de cumplimiento de la sentencia previa vista a la Municipalidad, ello así, afirma, el plazo del art. 5° vence el 31/12/05 y pasado el término quedará facultado el Juez para efectuar la intimación.

Señala que deberá tenerse presente que las razones que motivaron la Declaración del estado de emergencia económica, financiera y administrativa en la Municipalidad de Rawson aún se mantienen y que por ello mediante Ordenanza N° 5.970 se prorrogó hasta el 31/12/06 la mencionada declaración. d) Regulación de Honorarios del Dr. G. como apoderado de la actora: se agravia de la regulación de honorarios que se realizara en el punto II de la sentencia recurrida a favor del letrado apoderado de la actora por la etapa de ejecución de sentencia. Cuestiona la base regulatoria.

Señala que el acuerdo de pago no es un acuerdo transaccional, sino simplemente un acuerdo de pago en cuotas de la deuda consolidada y que aún para el caso que pudiese tomarse como transacción del art. 832, C.C. debió ser ese mismo capital el que el Juez tomara para la regulación de honorarios. Efectúa valoraciones relativas a la actuación del profesional a favor del cual la regulación de honorarios fue resuelta.

Resume el agravio afirmando que para la regulación de los honorarios del profesional por su actuación durante la etapa de ejecución debe tomarse la fecha en que el letrado inición la ejecución de sentencia. e) Embargo solicitado por el actor: agravia finalmente al Municipio apelante el punto III. del decisorio apelado. Sostiene que por Ordenanza 5.845 adhirió al Régimen de Inembargabilidad de fondos Públicos establecido en la ley nacional 25.973. Peticiona se haga lugar a la apelación deducida y se revoque en todas sus partes la sentencia recurrida, con costas a la actora.

Contesta a fs. 1.530/1.535 el Dr. A. H. G., por su propio derecho, los agravios vertidos. Comienza señalando que el recurso ha sido mal concedido, por ser lo resuelto consecuencia de una sentencia anterior firme -efectivización del apercibimiento anticipado a fs. 918/922- y por aplicación de lo dispuesto por el art. 509 in fine que prevé para estos supuestos únicamente la concesión del recurso de apelación con efecto diferido.

Subsidiariamente peticiona se declare desierto el recurso, ya que, a su criterio, el memorial de fs. 1.508/1.513 no cumple con la carga de fundamentar el recurso ordinario de apelación. Ingresa luego en la respuesta de los agravios vertidos. Invoca la aplicación de la doctrina de los actos propios respecto del Municipio deudor.

Esgrime que ningún análisis puede considerarse serio en la medida que no se demuestre que antes del 31/12/03 el Municipio dio cumplimiento a lo dispuesto en sentencia interlocutoria 192/2003 y que en tal sentido el 'a quo' se habría equivocado, circunstancia no demostrada en el memorial de agravios.

Señala que está demostrado que el Municipio no dio curso a su debido tiempo y dentro del plazo perentorio fijado por el Sentenciante de Grado al trámite requerido por su parte, ya que el plazo fijado se cumplió sin que el ente Municipal haya dictado reglamentación alguna y sin que los bonos fueran creados. Puntualiza que no se crearon los bonos anteproyectados ni ningún otro.

Señala que el régimen que la Municipalidad implementara para dar cumplimiento a la orden judicial no podría ser más severo que el instituido a nivel nacional. Cita jurisprudencia. Sostiene que por el art. 7 de cualquiera de las Ordenanzas a esta altura del proceso corresponde que el condenado fije el plazo razonable de cumplimiento bajo apercibimiento de fijarlo el Juez de grado.

Señala que aún en estado de emergencia no puede el Estado disponer a su libre albedrío de los derechos de los particulares. En lo que refiere a los honorarios a su favor regulados, con cita de jurisprudencia sostiene el monto que se utilizara como base. En lo que refiere al embargo señala que su pedido no fue aún resuelto por el Magistrado de Grado. Reserva caso federal. III.- A fs. 1.414/1.415 interpone recurso de apelación el Dr. A. H. G., por estimar bajas las regulaciones de honorarios contenidas en los puntos II y V del decisorio en crisis. En lo que refiere a los honorarios regulados por la ejecución de sentencia como letrado de la actora, señala que se han aplicado los mínimos arancelarios sin evaluarse la profusión de trabajos inusuales en una simple ejecución de sentencia.

Invoca que no se ha ponderado adecuadamente la naturaleza alimentaria del crédito y la complejidad de la labor cumplida, como así tampoco la eficacia de la labor desarrollada (arts. 6, incs. b, c y d, ley 2.200). Afirma que el monto regulado aparece manifiestamente bajo frente al monto del proceso. Se agravia también de los honorarios que le fueran regulados por la incidencia sobre diferentes tasas de interés esgrimidas por las partes. Esgrime que su trabajo fue por demás eficaz y fue receptado en un todo por el Magistrado de Grado.

Señala que se imponía una regulación que aún cuando no fueren los $ 63.257, 56 de frío resultado matemático, fuera muy superior a los $ 5.000 que apela por bajos. - IV.- Consolidación. Intereses. Liquidación. - Como fuera señalado, mediante el decisorio de fs. 1.406/1.409, el Sentenciante de Grado resolvió determinar que los honorarios regulados al Dr. A. H. G. por sentencia nro. 506/90, con más sus intereses al 15/11/05, ascienden a la suma de $ 2.845.226,56.

Fundó lo resuelto en la falta de cumplimiento por parte del Municipio de lo dispuesto por la sentencia interlocutoria nro. 192/03, en cuanto se hacía saber a la Municipalidad de Rawson que debía arbitrar los medios necesarios para la consolidación de la deuda reclamada en autos con anterioridad al 31/12/03 y bajo apercibimiento de vencido ese plazo proceder a la ejecución en la forma establecida por la Ordenanza 5.326; y en que el Municipio dejó transcurrir el plazo acordado sin efectuar manifestación alguna que permitiera eximirlo del cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia interlocutoria nro. 192/03, en el plazo fijado. Valoró para así resolverlo lo actuado en el expte. administrativo nro. 6.688.

Ello así, la resolución de fs. 1.406/1.409 no se limita a ser una ratificación de lo resuelto a fs. 918/922. Basta señalar para ello que funda el 'a quo' su decisión en la actitud asumida por el ente Municipal con posterioridad al dictado de la sentencia nro. 192/03.-- Además, el recurso deducido lo es contra la sentencia que determina definitivamente los honorarios regulados al Dr. A. H. G. por sentencia nro. 506/90, obrante a fs. 185/187, con más sus intereses al 15/11/05, no encontrándose, en consecuencia, comprendido en el segundo párrafo del art. 509, ya que se trata de un pronunciamiento final sobre la liquidación realizada. - La directiva del art. 509 CPCC de postergar el tratamiento de la apelación, persigue el objetivo de evitar la paralización de la ejecución de la sentencia mediante sucesivas apelaciones y/o remisiones del expediente a la Cámara, afectándose los principios de celeridad y de economía procesal sobre los que se asienta este tipo de procesos, siendo que ese efecto, en el particular supuesto en estudio, lo produce precisamente el tratamiento actual del recurso en cuestión y no su postergación. Entrando al análisis de los agravios vertidos por la Municipalidad de Rawson cabe señalar que el memorial de fs. 1.508/1.513 no se dirige directamente, sino sólo indirectamente, a refutar las conclusiones de hecho o derecho que vertebran la decisión del "a quo" -falta de cumplimiento por parte del Municipio de lo dispuesto por la sentencia interlocutoria nro.192/03, procedencia del apercibimiento dispuesto-, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento. Y, criticar importa un ataque directo y objetivo a la fundamentación, procurando la demostración de los errores cometidos en la misma. - No obstante este señalamiento, la particularidad que presenta el caso traído a resolución y en un entendimiento proclive a habilitar el conocimiento del recurso en la Alzada ha de ingresarse al tratamiento del mínimamente suficiente cuestionamiento esbozado.

Máxime cuando, atendiendo a los graves efectos que prevé la ley ante la insuficiencia técnica de los agravios, ha de preferirse una posición "tolerante" más acorde con la garantía constitucional de defensa en juicio (Conf. Morello - Sosa - Berizonce, "Códigos procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, ed. año 1.988, T. III, pág. 362, jurisp. cit; íd., CNCom, Sala C, 22/09/78, L.L., 1978-D-674). Mediante el pronunciamiento de fs. 918/922 el Juez de la instancia antecedente resolvió: "Hacer saber al Municipio de Rawson que deberá arbitrar los medios necesarios para la consolidación de la deuda reclamada en autos, para el caso que así lo solicite la actora, con anterioridad al 31/12/03, y bajo apercibimiento de vencido ese plazo proceder a la ejecución en la forma establecida por la Ordenanza 5.326".

Fundó dicha decisión en que el crédito reclamado se encontraba comprendido en el régimen establecido por la ley nacional nro. 23.982, al que la Provincia adhiriera por ley nro. 3.798 y el Municipio por la Ordenanza nro. 3.415; y en que el actor no acreditó la alegada imposibilidad de percepción de su crédito conforme las normas de consolidación.

Con base en ello entendió el 'a quo' que el actor debía ocurrir ante el Municipio de la ciudad de Rawson y solicitar que se aplique a su crédito el régimen de consolidación al que adhirió la Municipalidad de Rawson por Ordenanza 3.415 y el Municipio debía arbritrar los medios necesarios para proceder a dicha consolidación con anterioridad al 31/12/03, bajo apercibimiento de proceder a la ejecución en la forma determinada por la Ordenanza 5.326. - Y, dicha resolución ganó firmeza al declararse a fs. 953 la deserción del recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de la ciudad de Rawson a fs. 935.

Lo que actualmente resuelve el Sentenciante de Grado, haciendo efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 918/922, es precisamente la inaplicabilidad del régimen de consolidación de deudas al que adhiriera el Municipio de Rawson, debido a que éste último no dio adecuada respuesta al pedido del actor de percibir la deuda dentro del régimen de consolidación, conclusión esta que el Municipio apelante vagamente parece advertir ya que centra sus agravios en señalar que la deuda se encontraría consolidada, sin concretar sólidos fundamentos tendientes a demostrar el error en el razonamiento del 'a quo'.

No resuelve el Juez de la instancia antecedente que la deuda se encuentra fuera del régimen de consolidación, sino que el régimen de consolidación resulta inaplicable a la deuda reclamada debido a que el Municipio no arbitró los medios necesarios para pagar la deuda en tal marco. - Y, el memorial de agravios de fs. 1.508/1.513 poco refiere a que efectivamente se hayan arbitrado esos medios.

Es que, no basta con adherir al régimen de consolidación, si el acreedor luego se encuentra impedido de cobrar su acreencia a la luz de tal normativa; la actitud asumida por el Dr. A. G., sus pedidos y sus cuestionamientos, no exime al Municipio apelante de su obligación de reglamentar el régimen de consolidación al cual adhiriera; manifiesta el propio ente apelante que al asumir la nueva gestión se dejó sin efecto el proyecto de emisión de bonos; y, no son actos eficaces con el objeto de reglamentar el régimen de consolidación al que el Municipio adhiriera haber recurrido en auxilio de los gobiernos nacional y provincial.

Se centra el apelante en insistir en la aplicación del régimen de consolidación y sus tasas de interés sin cuestionar el fundamento por el cual el 'a quo' lo declaró inaplicable.- La expresión de agravios refiere que el Juez de la causa aprobó la liquidación con la expresa reserva que lo efectuaba en cuanto ha lugar por derecho, haciendo mención de lo resuelto por sentencia dictada el 17/04/02, registrada bajo el nro. 92/02 (fs. 598), cuando lo actualmente resuelto no es consecuencia de la firmeza de aquélla resolución sino de la de fs. 918/922, registrada bajo el nro. 192/03.- Además el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el apelante invocara, nada resuelve sobre el punto, limitándose a señalar que la cuestión debía ser sometida a los jueces naturales, sin perjuicio de que la cuestión federal planteada pueda eventualmente ser sometida a conocimiento de la Corte por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48.- Los ajustes presupuestarios invocados lo son para el pago de la deuda que el Municipio mantiene con P. S.A. y no con el Dr. G.. - Recién propuso el Municipio deudor un acuerdo de pago con fecha 08/02/05, posterior al término acordado por el Sentenciante de Grado mediante el pronunciamiento de fs. 918/922, pronunciamiento que se encuentra agregado en el expediente administrativo a fs. 14/18, acuerdo propuesto por el Municipio por un monto inferior al reclamado por el Dr. G. (ver fs. 2/4, Expte. 6.688), aprobado mediante sentencia judicial que acogiera las impugnaciones que el Municipio planteara, ninguna de ellas referida a la tasa de interés (ver fs. 578/600), resolución que al tiempo de la propuesta no había sido modificada, propuesta que extiende los pagos hasta el mes de junio del año 2.007, aún con posterioridad al plazo máximo establecido por la ley a la que adhiere el Municipio (01/04/2.007). Tal como lo señala el Sentenciante de Grado, lo único que resolvió el Municipio con anterioridad al 31/12/03 fue un pase a la Asesoría legal (ver fs. 24, Expte. 6.688), pese a haber consentido que con anterioridad a dicha fecha debía arbitrar los medios para la consolidación de la deuda reclamada en autos, bajo apercibimiento de vencido ese plazo proceder a la ejecución en la forma establecida en la Ordenanza 5.326, no habiendo, con anterioridad al 31/12/03, más allá de la ausencia de bonos emitidos, ni siquiera propuesto un acuerdo de pago en efectivo. Y, la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia de orden público y tiene jerarquía constitucional (Corte Sup., 12/09/1996, Trozzo, José R. y otro v. Banco Central de la República Argentina, JA 1997-II-56, Lexis Nº 1/16934; en igual sentido, 06/10/1992, Noguera, Carlos J. v. Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, JA 1996-III, síntesis, esta Sala, SIC 204/05).

El respeto de la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y, por ello, no es susceptible de alteración ni aún por invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior (Corte Sup., 27/12/1996, Chocobar, Sixto Celestino v. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad, JA 1997-II-557, Lexis Nº 1/16933; en igual sentido, 12/04/1988, Rocca, Licio. JA 1988-IV-627, Lexis 2/27361, esta Sala, SIC 204/05).

De nada vale aducir que las leyes son de orden público, porque la estabilidad de las sentencias judiciales es también exigencia del orden público con jerarquía, además, de carácter constitucional (Corte Sup., 13/08/1985 - F. H., J. A. / suc., JA 1986-IV-134, Lexis Nº 2/34856, esta Sala, SIC 204/05). - Cabe señalar asimismo que, el Municipio mediante presentación de fs. 1.219/1.221, denuncia el procedimiento administrativo de consolidación de la deuda iniciado por el Dr. A. H. G. y el acuerdo de pago, peticionando: "1) Tenga por cumplido el procedimiento administrativo de consolidación de la deuda mantenida con la Empresa P. S.A.", presentación que fuera proveída en los siguientes términos: "... Por presentado Acuerdo de pago.

Al punto 1) de fs. 1221: No habiéndose cumplimentado con el procedimiento previsto en la Resolución de fs. 918/922 a lo solicitado no ha lugar". Esta última resolución, al no haber sido recurrida por el Municipio de Rawson también ganó firmeza, sin que haya aportado el Municipio apelante elementos muy distintos a fin de evaluar el cumplimiento de lo dispuesto a fs. 918/922.

El Municipio de la ciudad de Rawson no demostró voluntad de cumplimiento alguno de la deuda reclamada, no emitió bonos, no ofreció entregarlos, ni siquiera ofreció la posibilidad de pago en efectivo con anterioridad a la fecha en la que fuera intimado.- Ello así, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no existen razones para exigir al actor que se someta a un régimen de consolidación que no se ajusta a las disposiciones en vigencia (CSJN, Fallos 322:1050; 323:1187). Son las razones superiores que inspiran su existencia como la necesidad de preservar el equilibrio del sistema federal las que impiden la aplicación de normas que obsten a la ejecución, toda vez que la adopción de un temperamento distinto traería aparejado que el derecho del acreedor particular no tuviese "más eficacia que la que voluntaria y espontáneamente quiera acordarle el Gobierno deudor..." (Fallos: 137:169; 171:9 y 431).

En efecto, "cualesquiera que sean las disposiciones que contengan las leyes locales tendientes a sustraer de la acción de los acreedores los bienes, recursos y rentas del Estado contrariando los derechos y garantías que acuerda la ley civil, no pueden ser válidamente invocados, pues las relaciones entre acreedor y deudor son de la exclusiva legislación del Congreso Nacional" (Fallos: 61:19; 113:158; 119:117; 121:250; 133:161; 171:431; 172:11; 176:230; 182:498 Ver Texto ; 188:383; 198:458; 275:254; 284:458; F.578 XIX "F. B. S.A.A.C.I.F.I. c/ Río Negro, Provincia de s/ daños y perjuicios", pronunciamiento del 29 de septiembre de 1987; Fallos: 311:1795 Ver Texto ; 318:2660; 321:3508) (CSJN, Fallos 322:1050, Lexis 04_322v1t158).-- Ello así, ha de confirmarse el decisorio de fs. 1.406/1.409 en lo que fuera materia del presente agravio.

Emergencia económica. Intimación. - Al primer párrafo de la crítica vertida a fs. 1.511vta. da respuesta la sentencia aclaratoria de fs. 1.423. En lo que resta el Municipio apelante califica de prematura la intimación en invoca la Ordenanza nro. 5.970 que prorrogara hasta el 31/12/06 la declaración del Estado de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa en el ámbito del Estado Municipal. - No cuestiona el Municipio apelante un fundamento central en el que el Sentenciante de Grado apoya la intimación resuelta, cual es que "teniendo en cuenta los sucesivos estados de emergencia declarados por el Municipio de Rawson, los que sumados a diversas etapas de intento de llegar a un acuerdo que resultaron infructuosas, la existencia de un estado de emergencia económica, puede postergar por un plazo razonable la percepción por parte del acreedor de su crédito, pero ello no puede constituirse en fundamento para que se postergue "sine die", o que el acreedor se vea obligado a percibir una suma sensiblemente inferior a la que corresponde".

Ninguna crítica intenta el Municipio apelante sobre tal argumento dirimente que esgrimiera el Juez de la instancia antecedente.

Y, la ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, importan consentimiento tácito y determina la inexistencia de agravio.

Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen a la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (conf. Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente).- En consecuencia, la demandada apelante incurrió así en deserción parcial del recurso en esta porción de la queja por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del CPCC).

Regulación de honorarios a favor del Dr. G. como apoderado de la actora.

El art. 244 del Código Procesal Civil y Comercial prevé un procedimiento autónomo para los recursos de apelación de las regulaciones de honorarios al establecer que "el recurso de apelación deberá interponerse y podrá fundarse dentro de los cinco (5) días de la notificación".

La apelación sobre honorarios es una vía recursiva autónoma, regulada por el art. 49 de la Ley arancelaria, debiendo ser interpuesta y concedida en forma específica.

En tales condiciones, toda vez que el Municipio apeló lo resuelto a fs. 1.406/1.409 mediante la presentación de fs. 1.473/1.478, presentación que fuera desglosada por encontrarse fundada (ver fs. 1.479 y 1.500), habiendo sido concedido un único recurso de apelación -"concédase en relación y con efecto suspensivo el recurso de apelación deducido contra la resolución de fs. 1.406/1.409vta.", fs. 1.500- no consta la deducción y concesión del recurso autónomo de apelación por honorarios, tratándose de cuestiones procesales diferentes sometidas a distinto régimen, por lo que éste último tópico no puede quedar comprendido en la apelación concedida.

Por otra parte, la fundamentación vertida lo es al expresar agravios del recurso concedido a fs. 1.500, con fecha 21/02/06, fecha muy posterior al transcurso de cinco días desde que el Municipio fuera notificado de los honorarios que pretende apelar, notificación que se cursara el 16/12/06.

Por ello, no habiendo la Municipalidad de la ciudad de Rawson deducido en forma oportuna recurso de apelación contra los honorarios regulados a favor del Dr. G. en la sentencia que luce a fs. 1.406/1.409 y vta. no corresponde atender a la queja vertida en tal aspecto en el memorial de agravios de fs. 1.508/1.513.

Es criterio invariable de esta Cámara, ya en su composición de sala única, a partir de la c. 9039, S.D.C. 20/91, también S.D.C. N° 15/96; esta sala "B", S.D.C. N° 02/2002, S.I.C. Nos. 116/00, 19/2001, y 172/2002, S.I.L. 18/2004, entre otros pronunciamientos.

Sí corresponde, en cambio, ingresar al tratamiento del recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 1.414/1.415 por el Dr. A. H. G..

En lo que refiere a los honorarios regulados a favor del profesional apelante por su actuación en la etapa de ejecución de sentencia como letrado de P. S.A., los que fueran establecidos en la suma de $ 317.643, entiende este Cuerpo que remuneran adecuadamente la extensión, calidad y eficacia de la labor profesional cumplida, respetando las pautas establecidas por el ordenamiento arancelario.

En lo que respecta a la apelada regulación de honorarios por la incidencia cabe destacar que es criterio sostenido por este Cuerpo que el artículo En atención a las pautas indicadas, la naturaleza de la labor a retribuir, labor que es consecuencia de muchas otras ya remuneradas y el monto del presente proceso, llevan a este Tribunal a confirmar la decisión del Sentenciante de Grado de apartarse de los porcentuales establecidos en la ley 2.200, ya que la aplicación de los mismos conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la tarea profesional realizada y la retribución que debería fijarse en función de las pautas previstas por los artículos 6, 7, 9, 19 y 33 de la ley de arancel. - Embargo. - Carece de interés el Municipio apelante a los fines de cuestionar el pto. III del pronunciamiento apelado, pues se limita a tener presente el embargo peticionado por el Dr. A. H. G. para el momento en que quede firme la sentencia dictada, sin resolver nada sobre el punto, ni a favor, ni en contra.

Y en tal sentido, el agravio para justificar el recurso de apelación debe ser actual (Conf. Loutauf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Ed. Astrea, 1.989, T. I, par. 73, pág. 202). - En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE:

I.- Confirmar el decisorio de fs. 1.406/1.409 en todo cuanto ha sido materia de agravios por parte de la Municipalidad de la ciudad de Rawson. Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 558, CPCC), regulándose los honorarios del Dr. A. H. G., por su actuación ante esta Alzada, en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida y al resultado obtenido, en un 30 % de los que a su favor han sido regulados a fs. 1.409 vta. pto. V, sin regular honorarios a favor de los Dres. M. F. y M. D. B., hasta tanto no se resuelva la regulación en la instancia antecedente como consecuencia de la intimación resuelta en el punto citado y cumplan a su vez los citados profesionales con dicha intimación.

Tener presente la reserva de caso federal.- II.- Confirmar la regulación de honorarios resuelta a favor del Dr. A. H. G. mediante la sentencia interlocutoria registrada bajo el nro. 539/05, puntos II y V. Sin costas de Alzada dado que en materia de honorarios los memoriales y sus contestaciones en principio no devengan costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. - DE LA FUENTE VERGARA LUCERO REGISTRADA BAJO EL NRO. 32/06