marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, relación de causalidad, responsabilidad objetiva, culpa, prueba, culpa de la víctima, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Z, E s/ Recurso de Inaplicabilidad de doctrina legal. Homicidio culposo. El  agente productor del daño -Homicidio culposo por el cual fue  absuelto penalmente por duda sobre su culpa-, demandado civilmente  también por el riesgo de la cosa (artículo 1113 del Código Civil),  debe probar la ausencia absoluta de aporte culposo de su parte, para  posibilitar la morigeración de su responsabilidad por la culpa  coadyuvante, no excluyente, de la víctima? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-16

Aceptar el análisis de la conducta del agente productor como paso previo y condicionante del posterior examen de la conducta de la víctima o bien admitirlo como paso posterior y residual ante la falta de aporte culposo del sujeto pasivo, implicaría consagrar no sólo una solución extra-legem, sino además totalmente contradictoria, no sólo del concepto de indemnización reparadora, sino también con la causa elegida como fuente de atribución. Cabe por tanto sufragar en sentido negativo a la pregunta fijada en la cuestión a resolver; y establecer que en los casos de responsabilidad objetiva por daños derivados del riesgo o vicio de la cosa (artículo 1113 segundo párrafo, segundo supuesto del Código Civil), para morigerar la obligación resarcitoria del daño, no corresponde exigir prueba alguna relativa a la conducta del agente productor, ya que tal disminución sólo puede fundarse en aspectos atinentes a la conducta de la víctima o de un tercero; tal como excluyentemente lo prevé "in fine" la norma citada. (De los Fundamentos del Dr. Ríos). En el caso, la cuestión a resolver era si el agente productor del daño en un homicidio culposo por el cual fue absuelto penalmente por duda sobre su culpa-, demandado civilmente también por el riesgo de la cosa, debe probar la ausencia absoluta de aporte culposo de su parte, para posibilitar la morigeración de su responsabilidad por la culpa coadyuvante, no excluyente, de la víctima".
Materia: LABORAL
Carátula: Toranza, Omar  A. c/ Establecimiento frigorífico Azul S.A. s/ Accidente de trabajo Gallay, María Luisa c/ Hospital Español s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22|2002-06-19

La excepción prevista en el art. 55, ley 11.653/95 -anterior art. 56 del dec. ley 7718/71, t.o. dec. 4444/93-, se refiere exclusivamente a la doctrina legal establecida por este Tribunal en la interpretación de las normas laborales, supuesto éste que no se configura cuando se trae a consideración cuestiones de hecho, como lo es la referida al absurdo en la valoración de la prueba. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), inadmisibilidad del recurso, relación de dependencia, certificado de trabajo, contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: CRUZ, MARCELO DAVID c/ CIACSA  S.A. s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-21

Art. 45 Ley 25345. Este agravio no puede prosperar. La demanda explica cómo se produjo la extinción del contrato, el responde también argumenta al respecto, ello deja sin sustento la argumentación del recurso sobre la inexistencia de extinción del vínculo, como así también sobre la imposibilidad de computar plazos, porque intimada la accionada a hacer entrega del certificado , contestó la demanda acto en el que pudo haber cumplido.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, límites del pronunciamiento
Materia: PENAL
Carátula: Brito, Eduardo Fabio y otro s/ Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

No existe transgresión del art. 342 del Código de Procedimiento Penal si la Cámara se avocó al tratamiento de las cuestiones planteadas por el Fiscal de Cámaras en su expresión de agravios resolviendo así en el marco de su competencia.
Títulos de deuda pública, bonos externos, acción reivindicatoria, proceso penal
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Florestano,  Osvaldo c/ Estado Nacional Ministerio de Economía s/ Acción de Reivindicación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-07

El actor hace fincar el derecho que opone (reclamo a título propio) en que, habiéndose extinguido por prescripción la acción para hacer efectiva la garantía por la deuda tiene derecho a reivindicar los títulos entregados (o, en su caso, a la indemnización sustitutiva), toda vez que el banco nunca aceptó tal garantía y, por ende, no hubo contrato, permaneciendo la propiedad de la "cosa mueble" (art. 2412 del Código Civil) en cabeza de quien los había depositado. En el proceso penal no se pudo comprobar que los títulos fueron entregados por el actor (fue precisamente la causa de su absolución), quien manifestó, por su parte, que "... en ningún momento firmó nada que acreditara que el dicente hacía entrega personal de los referidos valores ...". No puede ahora ponerse en contradicción con tal declaración para fundar su derecho de propiedad por aplicación del art. 2412 del Código Civil.
Nulidad de sentencia, prueba prohibida, apremios ilegales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Gomez, Javier E. y otro. s/ Nulidad de Sentencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Es nula la sentencia que se apoya en una doctrina no aplicable al caso y lo hace en forma genérica, sin relacionarlo con él, por cuanto siguiendo la tesis del Más Alto Tribunal sobre prohibición de prueba, no se deja sentado de cual ilícito sería beneficiaria la administración de justicia en la hipótesis, surgiendo de la causa solo "irregularidades", que no sirven de sustento para la aplicación de dicha doctrina, ya que si bien uno de los detenidos denunció haber sido objeto de apremios, no se acreditó su existencia, ni sirvieron para obtener de él dato alguno, en tanto el restante coprocesado no denunció apremios, brindando datos incriminantes válidos.
Obligación tributaria, prescripción tributaria
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ Seco, Aurelia Elida. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Al haberse operado la prescripción de la obligación tributaria por el transcurso de los tiempos establecidos en la ley, dicho beneficio ha quedado incorporado al patrimonio del contribuyente.
Homicidio en ocasión de robo, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: Meriño, Lucas Hernán  c/  s/ homicidio en ocación de robo agravado por el uso de arma de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-16

Refiere el magistrado al incremento de la culpabilidad por la mayor peligrosidad (como consecuencia del empleo de un arma con mayor poder ofensivo que un arma de uso civil), cuando en el caso, producido el resultado muerte, la peligrosidad respecto de la víctima fatal se encuentra consumada y en consecuencia, carece de incidencia salvo que se hubiesen alegado circunstancias de peligro hacia terceros (transeúntes por ejemplo), no acreditadas en el presente.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, exceso ritual manifiesto, jurisprudencia contradictoria, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comuna de Cañada Rosquin c/ Racciatti, Irene Lucía y otros s/ Recurso Extraordinario - Recurso de Inconstitucionalidad -Apremio  (Expte.: C.S.J. nro. 410 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-05

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la demandada desde que en modo alguno ha acreditado la contradicción del pronunciamiento impugnado con lo resuelto en la causa " Pavía" invocada, desde que ambos pronunciamientos reposan sobre el mismo plafón: que la malla técnica del debate y de sus pasos preclusivos no ahogue el verdadero alcance o sentido de las peticiones o del contenido de los actos procesales a fin de no desembocar en una manifestación jurisdiccional de excesivo ritualismo, donde las formas opaquen la luz propia del asunto a dirimir. Palabras más o menos, la Corte local -en sendos decisorios- ha seguido la paladina jurisprudencia de la Corte Federal sentada a partir del caso "Colalillo" para así no legitimar que las formas procesales sean utilizadas mecánicamente con prescindencia de la finalidad que las inspira y con olvido de la verdad jurídica, pues ello resulta incompatible con un adecuado servicio de justicia. En resumidas cuentas, en las dos resoluciones que se reputan de una irreductible oposición conceptual se tiende a evitar la entronización del rito y esa es la doctrina constitucional que emana de ellos. Por ende, ninguna contradicción puede atribuírsele al Tribunal.
Homicidio, dolo, intención
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Gustavo Adolfo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-02

El dolo no exige la existencia de un motivo que deba acreditarse; la "intención" no es más que la exteriorización de la voluntad que se traduce en la acción, sin importar las motivaciones o los fundamentos que determinaron la intención. Actúa con dolo quien, con intención, discernimiento y voluntad, realiza el hecho típico con total independencia de los motivos o valoraciones de ese querer.
Ejecución hipotecaria, intereses convencionales, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Perlman, Walter Gustavo c/ Miro, Pablo Mariano s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-05

Atendiendo a las directivas de los arts. 21, 656, 953 y 1071 del Código Civil, los magistrados tienen la facultad de morigerar los intereses pactados en cuanto violen la moral y las buenas costumbres por ser excesivos sin, por ello, violar el principìo de congruencia. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Juicio de apremio, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Méndez, Walter s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-11

El art. 43 de la ley 11904 modificó el art 10 del D-L de apremio 9122/78. Luego el art 81 CCA, ley 12008, modificó el art 10 de la ley de apremio, derogando la anterior reforma que estableció la ley 11904, retornando a una redacción similar a la originaria.

Finalmente, el art. 43 de la ley 12.310, derogó el art 81 de la ley 12.008 haciendo una remisión inexacta a la ley 11.796 ya que ésta no dispuso ninguna redacción para el art 10 del D-L 9122/78. Esa remisión debe entenderse dirigida al texto que la ley 11.796 no modificó. El texto vigente del art. 10 es entonces el originario de la ley de apremio.
Prueba confesional, confesión extrajudicial, instrucción
Materia: PENAL
Carátula: Ojeda, Héctor Eduardo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-07-29

El informe médico no suple la obligación de instruir el sumario de ley respecto de la denuncia de haberse obtenido una confesión mediante apremios ilegales.
Reconvención, compensación
Materia: CIVIL
Carátula: Scevola Hnos.S.A.I.C. c/ Losi Luis y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-08-17

El demandado al reconocer la deuda y reconvenir sólo por el remanente y no por toda su acreencia, no puede aspirar a obtener la desestimación de la demanda, y se deberá compensar la suma reclamada,con la peticionada por el demandado hasta ser cubierta.
Transporte por agua, carga
Materia: NAVEGACION
Carátula: Antorcha Cía. Arg. de Seg.  S.A. . c/ Cap.   y/o  Prop. Arm.  Bq.  "Glaciar  Viedma  y/o  Román  Marítima. s/ Cobro de Australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-12

Según el art. 264 de la ley 20.094, si las mercaderías son de despacho directo forzoso y el consignatario no concurre a recibirlas o se rehusa a hacerlo, con notificación al mismo si es conocido o a la persona indicada en el conocimiento, el transportador debería poder cumplir con la entrega descargándola a lanchas o a tierra, por cuenta y riesgo del titular de las mercaderías. A su vez, en el art.

266 se dispone el cese de la responsabilidad del transportador respecto de la carga a partir del momento en que sea entregada a depósitos fiscales, plazoleta o en lugares situados dentro de la jurisdicción aduanera o cuando haya sido descargada a lanchas u otro lugar por cuenta y riesgo de la mercadería y se hubiera cumplido con la notificación establecida en el art. 264.

A la luz de lo expuesto cabe destacar que -contrariamente a lo sostenido en el voto de la mayoría (conf. CNFED. CIV. y COM., es pleno, in re "La Buenos Aires Cía. Arg. de Segs. S.A. c- Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. "Esther Shulte" s/cobro de A48.479, de 21-9-92)- de la normativa fehaciente al consignatario de la descarga de la mercadería.

Que, en efecto, exigir en aquella notificación las precisiones a las que hace referencia la mayoría resulta -en rigor- poner en cabeza del transportista una exigencia en muchos casos de caso imposible cumplimiento, que la tornaría en abusiva y contraria al principio de la buena fe y la lealtad que debe privar en las relaciones comerciales (art. 1198, Código Civil).
Leyes, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARSEU LUIS Y/O MARSEU ATILIO Y OTROS c/ COFIAR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 50 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-07

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable.

De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley", erigiéndose por ello en "la última ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía".
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, pago
Materia: ECONOMIA
Carátula: Sociedad  Italiana  de  Beneficencia en Buenos Aires c/ Direcciónde Ayuda Social Congreso de la Nación s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

Deben descartarse los argumentos relativos a que la accionada acordó la modificación de los cronogramas de pago cuando ya se encontraba vigente la ley 25.344, puesto que, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera atribuirse a sus representantes por haber adoptado tal actitud, prescinden de lo dispuesto por esa ley y su decreto reglamentario, que es un régimen de orden público y prevé un sistema específico para cancelar el pasivo estatal. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Ética profesional, tribunal de disciplina, rechazo de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NN c/  s/ presunta inconducta por denuncia de colegiados
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-03-29

Corresponde rechazar la denuncia presentada contra el letrado por el ofrecimiento de sus servicios profesionales a clientes de los denunciantes, pues el Tribunal de Conducta tiene competencia para evaluar transgresiones a normas éticas, pero no en cuanto a la libertad que existe en la forma de ofrecer sus servicios, en el caso no surge una inconducta ética alguna, debiéndose tener presente que el curial denunciado ha ofrecido las disculpas pertinentes a los letrados denunciantes.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: H, E A s/ Recurso de Inaplicabilidad doctrina legal (Expte.. Nro. 8-86) -Tribunal  plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-15

En principio la fe pública considerada genéricamente se convierte en bien jurídico protegido cuando un sujeto la porta, es decir, parte de ella para programar sus actividades de relación o prever sus consecuencias. Por tanto, si dicho sujeto no existe no se puede pensar en el menoscabo o peligro de la fe pública como bien jurídico. En palabras mas vulgares: si no aparece la posibilidad de que alguien sea "engañado" prestando la fe debida al objeto por su naturaleza y función jurídicas, es prácticamente impensable el ataque al bien jurídico. Es recién a partir del surgimiento concreto de tal posibilidad que se da la antijuridicidad especificada por los tipos del título XII del Código Penal. (De los Fundamentos del Dr. Creus -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era:

¿Constituye el objeto típico contemplado por el artículo 302, inciso 1 del Código Penal el cheque que habiendo sido recibido por su originario tenedor, desnaturalizando su finalidad jurídica, es presentado por él mismo al banco girado para que sea atendido?
Subcontratación laboral, servicios de vigilancia, AFIP DGI, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: MEIRIÑO, ALDO c/ ANDES INVESTIGACIONES  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció la imposibilidad de que se atribuya al Comando en jefe del Ejército Argentino la responsabilidad solidaria, art. 30 de la LCT, con respecto a la subcontratación del servicio de vigilancia realizado en beneficio de lugares estratégicos, tal como puede serlo la D.G.I
Alimentos provisionales, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: R., L. y otros c/ M., M. L.  s/ Alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-02

La fijación de alimentos provisorios tiende a cubrir las necesidades imprescindibles del alimentado hasta tanto se arrimen otros elementos de prueba que permitan determinar la pensión definitiva. Es por ello que su determinación no requiere el análisis pormenorizado de las probanzas producidas, cuestión que habrá de ser materia de pronunciamiento definitivo, ya que lo contrario importaría prejuzgar sobre la atendibilidad.
Recursos, resoluciones inapelables, excepciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ PALACIOS, Claudio c/ Lara, Diana Luz y otro s/ Ejecutivo - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-11-21

La sentencia es inapelable para quien no dedujo excepciones. Ello así en razón de que los únicos casos en que se autoriza la apelación de la sentencia son los previstos por el art. 539 del C.P.C., no previendo sea procedente cuando no se hayan opuesto excepciones.

La inapelabilidad del 539 - a contrario- tiene que ver con la cuestión principal, pero no respecto a cuestiones secundarias o errores o vicios manifiestos (condena por un importe mayor al que surge del título, errores de nombres o domicilios, revalorización de capital, costas, honorarios, etc.).

Al efecto este tribunal también tiene dicho: "La inapelabilidad que surge de la aplicación del art. 539 del C.P.C., está referida a cuando la sentencia resuelve y define la cuestión principal.

No entenderlo y extender la inapelabilidad a otras cuestiones nos llevaría a una violación del derecho de defensa, de raigambre constitucional, pues el ejecutado no podría nunca oponerse a las cuestiones secundarias.
Responsabilidad parental, obligaciones del Estado miembro, derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: C. B. A.  c/ Q. M. s/ cuidado personal de hijos digital
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

El régimen de comunicación debe analizarse desde la perspectiva del niño, siguiendo la lógica de la Convención sobre sus Derechos, que en el art. 9 inc. 3 establece que los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior (conf. art. 11. Ley 26.062; SCBA, Ac. 63.120 sentencia del 31/03/98, Ac. 79.931 del 22/10/03). El punto de partida debe situarse justamente en el "interés superior" de aquel, que, en su más prístina enunciación, quedó expresado en los siguientes términos: "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, como una condición primordial, atenderán prioritariamente al interés del niño" (artículo. 3 párrafo 1°, Convención sobre los Derechos del Niño).
Disminución de la pena, prisión, sentencia arbitraria, medios de prueba
Materia: PENAL
Carátula: Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste c/ B. R. y otro s/ homicidio simple - ley 5020
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-02-11

El yerro del TI radica en la omisión de incorporar ese plus argumental que le exigía la situación novedosa ocasionada por su misma decisión, al estar -a partir del cambio cuantitativo resuelto- ante una pena cuyo nuevo monto habilitaba la posibilidad, antes inexistente, de que su cumplimiento pudiera ser dejado en suspenso. Es que, tratándose de la primera condena para ambos imputados, a pena de prisión igual a tres años, es decir, que no excede de dicho monto, tal como establece el Código Penal en su art. 26, resulta fundamental y es inherente al derecho de defensa de aquellos que la sentencia explique, y así puedan conocer, no solo las razones que existirían para optar por la modalidad más grave sino, particularmente, los motivos que les impiden a cada uno acceder a la alternativa más favorable. En ese sentido, no puede soslayarse, como hizo el TI, la consideración de los parámetros que contempla dicha norma en relación con las circunstancias probadas en la causa, y específicamente respecto de cada una de las personas condenadas. (Voto del Dr. Mansilla, Dr. Apcarian y Dra. Piccinini sin disidencia)
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Corzo, Héctor Rodolfo c/ Sánchez, Miguel Benito y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-10-23

Sin duda, el art. 1113 del Código Civil impone la carga de la prueba a quien hace uso de la cosa riesgosa o es su sueño o guardián si busca liberarse de la responsabilidad objetiva por los eximentes que la norma consagra.

Para lograr eximirse cada uno de los responsables del acto ilícito frente al factor de atribución de la responsabilidad objetiva, no solo debe invocar la culpa de la víctima, o la de un tercero por la que no deba responder, o la situación de caso fortuito ajeno a la cosa, idóneo para fracturar la relación causal, sino, además, demostrarlo acabadamente con todos los medios de prueba que disponen las partes en el proceso.

El demandado carga con la afirmación y prueba de la eximente, y desde luego, ésta no puede consistir en su falta de culpa, pues es sumamente claro que este factor resulta extraño a la imputación objetiva dispuesta por la citada norma legal.

Ello conlleva necesariamente a la inversión de la carga de prueba que genera la responsabilidad objetiva.