Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-29


Salta, 29 de Junio de 2011.

AUTOS Y VISTO: Este Expte. Nº 101-29.616/11 de la Cámara de Acusación, Sala II, originario Nº 3.201/11 del Juzgado Correccional y de Garantías 5ta. Nom. Caratulado: "EXIMICION DE DETENCION SOLICITADO POR LA DEFENSORA CORRECCIONAL Nº 5 A FAVOR DE SOTO, OMAR FERNANDO EN GAR Nº 3201/11 DEL JUZGADO CORRECCIONAL Nº 5 POR AMENAZAS A BALDERRAMA, VALERIA ROCIO, del Distrito Judicial del Centro, y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. LUIS FELIX COSTAS dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 27 y vta. por la Sra. Defensora Oficial Penal contra el resolutivo de fs. 22/23 por el que se califica provisoriamente la conducta desplegada por Omar Fernando Soto como configurativa del delito de amenazas previsto y reprimido por el Art. 149 bis- 1er apartado- primer supuesto del CP y se deniega la exención de detención del imputado conforme a lo normado por el Art. 305 del CPP.Que sustanciado el trámite de la apelación en legal tiempo y forma, corresponde proceder al análisis de la cuestión de fondo objeto de revisión.A fs. 22 y vta. el A-quo deniega la exención de detención del imputado Omar Fernando Soto, toda vez que afirma que de la planilla prontuarial del imputado, surge que el mismo registra condena, con unificación de penas impuestas a ocho años y seis meses de prisión, habiendo cumplido la condena el 27/5/11, por lo que en caso de recaer condena, la misma no sería de ejecución efectiva. Refiere que en autos no ha transcurrido el mínimo de la pena previsto por la ley para el delito de Amenazas, la que se encuentra conminada con una penalidad de seis meses a dos años de prisión, que el encierro preventivo se encuentra admitido constitucionalmente en el Art. 18 de la Constitución Nacional, no afectándose por ende el principio de inocencia .A fs. 27 y vta. se agravia la recurrente respecto al resolutivo puesto en crisis, toda vez que afirma que la trasgresión penal por su naturaleza y modo de comisión no causó un perjuicio material por lo que no es necesario una investigación ni una reparación que requiera la presencia del causante. Señala que en autos no se advierte la indispensabilidad de la privación de la libertad del encartado, la que reviste la naturaleza jurídica de ser una medida cautelar para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva, que en el caso bajo análisis, no se advierte que el acusado eludirá el objetivo procesal a través de rebeldía o de fuga, ello entre otros argumentos apelativos a los que por razones de brevedad tenemos por reproducidos.Planteada la cuestión a resolver, en forma previa, debemos de fijar cual es el alcance del concepto de peligrosidad procesal dado por la doctrina y la jurisprudencia como justificativo de la privación de libertad del imputado, toda otra pretensión de justificación es inconstitucional.El derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal emanado de los Arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, solo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideran que existen causas ciertas, concretas y claras en orden a que el encausado eludirá la acción de la justicia. De allí que entre los caracteres de las medidas privativas de la libertad se encuentre la necesidad de un mínimo de prueba, la interpretación restrictiva, la subsidiariedad de la medida y el favor libertatis, como fundamento de la previsión constitucional antes mencionada.A la hora de decidir la existencia de peligro procesal el Juez no debe limitarse a un enunciado dogmático de la causal, sino que se debe comprobar de manera figurada sobre la base de las pruebas obrantes, de suerte que debe atenderse a las circunstancias objetivas y ciertas que en el caso concreto, permitan formular un juicio sobre la existencia del peligro que justifique la necesidad de la medida de coerción. La existencia de peligro no se presume, correspondiendo al tribunal acreditar tal circunstancia y no al imputado demostrar que no hay peligro procesal.Ahora bien, comprobado en la causa, la misma debe ser debidamente fundada mediante la expresión de las razones que sustentan tal juicio, de lo contrario la decisión se torna arbitraria. Además por el carácter instrumental y excepcional, la medida cautelar debe aplicarse cuando sea imprescindible o cuando el aseguramiento de los objetivos procesales no pueda alcanzarse por otra medida de igual eficacia pero menos gravosa.En el sub-judice, el A-quo considera indispensable restringir la libertad personal de Omar Fernando Soto, toda vez que registrando en su planilla prontuarial de fs. 17, 18 y 19 antecedentes condenatorios, en el caso de recaer condena en el presente proceso, la misma no sería de cumplimiento condicional, razón por las que deniega el beneficio solicitado por la defensa.Si bien es cierto que el solo hecho de registrar condena anterior por si solo no puede ser tenido como presunción en contra del imputado, toda vez que debemos de tener en cuenta que la peligrosidad procesal se mide, a los fines de su merituación, más allá del parámetro que fija la clara disposición del Art. 305 del CPP, normativa constante que se reitera en los Arts. 272 y 300 del mismo cuerpo legal, en cuanto la presunción que frente a la improcedencia del beneficio condicional el imputado estando en libertad intentará evadir el respectivo juicio.Con ello queremos significar que no resulta desacertado suponer que Omar Fernando Soto tendrá un fuerte incentivo para fugarse en caso de otorgársele la libertad en el presente proceso, atendiendo a la expectativa de cumplimiento de una futura condena efectiva, pero el criterio precedente necesariamente debe ser ponderado también con los elementos objetivos y subjetivos concretos de la causa, que permitan presuponer peligrosidad procesal entendida como peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.Así, cobran relevancia como pautas para ponderar la existencia de peligro de fuga, cual fue el comportamiento observado por el prevenido en el presente proceso. Al respecto advertimos en el imputado Fernando Soto una actitud díscola lo que se evidencia a partir de la persistente amenazas proferidas en perjuicio de Valeria Balderrama, el operativo policial que tuvo que desplegarse para lograr su detención (ver fs. 06 y 09), actitud que también se infiere de las capturas recomendadas que registra en su planilla prontuarial, y de los numerosos antecedentes por delitos de coacción y amenazas, registrando la imposición de dos condenas de cumplimiento efectivo, siendo que al día siguiente del agotada la condena unificada de penas impuestas el encartado Soto vuelve a encontrarse nuevamente involucrado en el hipotético delictual ahora denunciado.También debemos de tener en cuenta que de los elementos de convicción que son recogidos en estas actuaciones por medio de lo declarado por Valeria Balderrama, Marcela Alejandra Balderrama y Juan Segundo Díaz, podemos apreciar que de los mismos surge una sólida imputación respecto a un hecho de características violentas, factor que coadyuvaría a contribuir en el imputado el incentivo de querer eludir la acción de la justicia.Por las razones expuestas, voto por desestimar el recurso de apelación interpuesto a fs. 27 y vta. por la Sra. Defensora Oficial Penal y en su mérito confirmar el auto resolutivo de fs. 22/23 por el que se deniega la exención de detención de Omar Fernando Soto.El Dr. ENRIQUE GRANATA dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _________LA SALA II DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs.27 y vta. por la Sra. Defensora Oficial Penal y en su mérito CONFIRMAR el auto resolutivo de fs. 22/23 por el que se deniega la exención de detención de Omar Fernando Soto conforme a lo normado por el Art. 305 del CPP.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.