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Recurso de inconstitucionalidad, prueba, contrato de obra, firma, prueba pericial
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Bortoluzzi, Marcelo y otro c/ Barzola, Alicia y otro s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-06-11

La impugnante critica el razonamiento del a quo al considerar acreditados los trabajos adicionales afirmando que el documento acompañado -además de haberse incorporado tardíamente- carece de firma de la demandada y no posee fecha cierta; mas tal reproche no logra traspasar el orden de la mera discrepancia con la valoración de la prueba que hiciera el Tribunal, materia que -más allá de su acierto o error- no incumbe a esta Corte revisar por cuanto la impugnante no alcanza a demostrar siquiera mínimamente la irrazonabilidad del criterio que llevó al A quo a tales conclusiones, desde que la Cámara ponderó los dictámenes periciales que darían cuenta de las modificaciones introducidas respecto al contrato original y la concordancia entre lo construído y los documentos acompañados por la accionante, no logrando frente a ello el planteo de la demandada demostrar la arbitrariedad alegada pues se limita a sostener la falta de firma del documento que forma parte de la pericia, pero omite rebatir los fundamentos de la Alzada para considerar realizados los trabajos adicionales enumerados en el referido documento sustentando su decisión en los informes de los peritos. (Del voto en disidencia del Dr. Erbetta)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, contrato de obra, falta de prueba, daño moral
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bortoluzzi, Marcelo y otro c/ Barzola, Alicia y otro s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-06-11

Resulta arbitraria la argumentación de la Cámara para juzgar procedente la pretensión del actor por trabajos adicionales que fueron desconocidos por la demandada, en tanto tal solución se aparta sin fundamentos suficientes de la solución prevista en el artículo 1633 bis del Código Civil, por cuanto no sólo la Sala tuvo dichos trabajos adicionales acreditados "por descarte" sin mayores precisiones, sino que tampoco menciona sobre qué pruebas funda dichas afirmaciones, no siendo suficiente la simple referencia a los trabajos ejecutados en el informe pericial del arquitecto, ya que omite considerar que algunas reparaciones y trabajos pendientes habían sido ejecutados por terceros; como así también adolece de falta de fundamentación la reducción drástica del rubro daño moral, con la sola referencia a las facultades conferidas por el artículo 245 del Código ritual local y apelando sin más al calificativo de "exagerado", en tanto la Cámara pretirió ponderar debidamente las repercusiones que la falta de cumplimiento con el tiempo de obra pactado le provocó a la demandada reconviniente, valorando puntualmente las aflicciones emocionales causadas por la amenaza de no contar con un lugar seguro donde vivir y trabajar para sostenerse, las condiciones de inseguridad y el peligro de vida constatados por las distintas periciales, derivados de los defectos de construcción y demás incumplimientos graves que surgen de los dictámenes de los peritos eléctrico y arquitecto. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, recurso de queja (procesal), Superior Tribunal de Justicia, doctrina, código civil y comercial, sentencia firme
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Caja de Previsión Social de los Profesionales de Ingeniería de Santa Fe c/ Mikl, Mónica Hilda s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-06-24

Con relación a los planteos dirigidos a cuestionar que la obligación de valor se convierta en dineraria una vez cuantificada en dinero, cabe señalar que el criterio adoptado por los Sentenciantes responde a la tesis del valorismo atenuado, doctrina que fue receptada legalmente por el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 772, y también por esta Corte al pronunciarse sobre la actualización de los honorarios profesionales de los abogados en la causa -Municipalidad c. Bergagna-, con lo cual, al insertarse dentro de las posibilidades hermenéuticas que ofrecen las normas en juego, se trata de una cuestión opinable, y no constituye materia constitucional; situación similar que acontence en lo relativo al momento escogido por el Tribunal para la transformación de la deuda de valor en dineraria, puesto que la respuesta jurisdiccional constituye una posibilidad que resulta razonable en el caso, toda vez que a partir de la firmeza de la sentencia la deuda se torna exigible, y la actora cuenta con la vía del apremio para obtener el cumplimiento de la condena -al tratarse de una suma que puede calcularse mediante simples operaciones aritméticas-. - CITAS: CSJStaFe: Municipalidad c. Bergagna, AyS T 276, p 294; Barrera, AyS T 322, p 149. Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 262
Recurso de inconstitucionalidad, lucro cesante
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alfonso, Héctor Santiago c/ Marcante, Hugo Juan y otros s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-06-11

Asiste razón a la recurrente cuando reprocha arbitrariedad a la Sentenciante por utilizar como pautas de cuantificación para el cálculo del rubro lucro cesante meras afirmaciones dogmáticas y apartándose de las constancias de la causa, determinando de ese modo una suma indemnizatoria exorbitante sin un fundamento válido y en afectación a su derecho de propiedad, en tanto si bien la Sala parte -con acertado criterio- advirtiendo que era menester recomponer la pauta resarcitoria mediante del daño lucro cesante, atento que el Magistrado anterior había tomado como base de cálculo un salario histórico que perjudicaba el crédito del damnificado -al omitir indagar sobre la actualidad de ese parámetro salarial para lograr una cuantificación acertada del rubro en cuestión-, luego, al justipreciar el daño se dirigió a diferenciarlo entre lucro cesante actual (o pasado), asimilándolo a salarios caídos, y en lucro cesante futuro, analizando las probabilidades de su eventual acontecimiento, puesto que el propio Tribunal señaló que no se había aportado ningún margen probatorio al respecto; y frente a lo expuesto, se advierte que el Tribunal soslayó que si la víctima no acreditó las medidas básicas de administración de riesgos en el reclamo por lucro cesante futuro, en rigor, el rubro -erróneamente- cuantificado por la Alzada consistió en una pérdida de chances y no en el lucro cesante reclamado en autos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, excepción de incompetencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Banco Macro S.A. c/ Darío y Gustavo Bergamasco S.A. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-06-03

La resolución impugnada que acogió la excepción de incompetencia planteada por los demandados, no es definitiva en los términos del artículo 1 de la ley 7055 toda vez que no decide sobre el fondo del juicio ni impide su renovación, y si bien es cierto que tal principio admite excepción en los casos en que se demuestre claramente la existencia de un daño irreparable o de una situación que por su incidencia en los derechos del recurrente haga indispensable arbitrar una solución excepcional, esto no es lo que se verifica en el sub judice, toda vez que no se ha logrado demostrar la magnitud del perjuicio o las circunstancias de hecho que pudieran determinar la existencia de un gravamen de imposible o tardía reparación; circunstancia que no puede ser suplida con la mera invocación de derechos o garantías constitucionales supuestamente vulnerados o alegando arbitrariedad de sentencia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no decisiva, proceso penal, imputado, responsabilidad penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: V., M. A c/  s/ abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado -apelación-sentencia-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-06-03

La impugnante se conforma con desarrollar un relato parcializado de lo ocurrido en la causa dando preeminencia a su teoría del caso y a los agravios que sustentaron su recurso de apelación, refiriéndose a las decisiones de los Tribunales intervinientes y omitiendo toda mención de los fundamentos -con excepción a algún párrafo aislado- en que ambos sustentaron sus respectivos pronunciamientos de condena y confirmación de la misma, intentando críticas puntuales al tratamiento que la Cámara le diera a sus reproches en la instancia apelatoria; soslayando efectuar -como era esperable atento al tenor de los agravios- un relato claro, acabado y circunstanciado de lo ocurrido en el proceso en relación a sus cuestionamientos de modo tal que esta Corte pueda comprender su alcance y verificar el nexo entre los vicios acusados y las normas constitucionales supuestamente vulneradas para poder comprobar, sobre todo, la decisividad que los planteos esgrimidos tendrían para variar la solución de la litis; no alcanzando a evidenciar que el resolutorio atacado adolezca de razones suficientes para sustentar su decisión de confirmar la responsabilidad penal del encartado por los hechos endilgados.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, ley orgánica del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Romero, Rodrigo Sebastián c/  s/ homicidio doblemente calificado por el uso de arma de fuego y participación de un menor de edad-
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-06-24

En relación al cuestionamiento de la compareciente en el recurso de inconstitucionalidad, por la invocación del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la resolución del Tribunal de Alzada que revisó la sentencia de sus pares a tenor del recurso de apelación horizontal, esta Corte ya ha avalado la constitucionalidad de la norma e incluso descartado planteos del mismo tenor con posterioridad a la sanción de las leyes 12734 y 13018, concluyendo que ellas no imponían una solución distinta o contraria por no implicar la derogación tácita del precepto cuestionado. - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 174, p 376; T 274, p 398.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), incapacidad laboral, juicio sumarísimo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Lucero, Raúl Facundo c/ La Segunda ART S.A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-06-24

El planteo de la compareciente remite a la valoración efectuada por el Sentenciante en torno a las cargas probatorias y a la inactividad que se imputó a aquella parte, esto al no haber producido prueba alguna que sustentara su pretensión respecto del grado de incapacidad que aducía padecer, respecto de lo cual la Alzada evidenció que había sido la propia actora quien consintiera y convalidara en todo momento el trámite procesal seguido en la causa, pretendiendo recién posteriormente, y luego de resultar perdidosa en primera instancia, alegar una supuesta irregularidad en el procedimiento; y frente a dichos argumentos, desarrollados por la Cámara para confirmar lo decidido en la instancia de grado, la impugnante se limita a insistir en sus reproches aunque sin demostrar un supuesto de arbitrariedad en lo decidido, esto en tanto se omiten aportar argumentos suficientes o elementos probatorios útiles que demuestren que, efectivamente, nos encontramos ante un supuesto que amerite excepcionar la regla antes señalada. (Del voto en disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), accidente de tránsito, asistencia médica
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Zuber, Nanci Esther y otros c/ Vial 3 S.A. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-06-17

La impugnante alega que la Alzada incurrió en arbitrariedad fáctica y normativa por prescindencia de la ley 24240, en especial de lo dispuesto por su artículo 40; omisión de pronunciarse íntegramente sobre el hecho, más allá de que la codemandada hubiese acordado un resarcimiento y se homologara judicialmente, porque determinada la responsabilidad objetiva de esta, correspondía disponer la responsabilidad de la subcontratista; irrazonable valoración probatoria (pericia médica); omisión de considerar constancias relevantes (autopsia judicial y expediente penal) y desenfoque del hecho que determinó el juzgamiento (tardía y deficiente prestación del auxilio médico en la circunstancia de la urgencia); mas se evidencia que, con lo alegado, la compareciente intenta reeditar cuestiones ya ventiladas en las instancias ordinarias (en especial, la incidencia causal del accionar de los Bomberos Voluntarios), y resueltas por los Jueces de grado con fundamentos suficientes de derecho común que no se demuestra que resulten ilógicos, irracionales o desvinculados de las constancias de la causa. (Del voto en disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, derivación no razonada del derecho vigente, contrato de obra, contratos bilaterales, código civil
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bortoluzzi, Marcelo y otro c/ Barzola, Alicia y otro s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-06-11

El A quo fundó su decisión de hacer lugar a la demanda de incumplimiento contractual iniciada por la parte actora en que la retención de las sumas debidas por parte de la accionada reconviniente resultaba ilegítima e inhábil ya que el derecho aplicable no permitía tal acción, o sea, no pagar; según ese razonamiento, cada parte debía cumplir con su parte con independencia de la dinámica y reciprocidad del contrato; y bien, es de notar que dicha argumentación luce desvinculada del derecho aplicable y de las constancias de la causa, lo que determina que el pronunciamiento carezca de motivación suficiente en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial, puesto que en los contratos bilaterales, los artículos 510, 1201 y 1204 del Código Civil autorizan a excusarse del cumplimiento si la otra parte no probase haber cumplido la prestación a su cargo y, tal como surge de las actuaciones acompañadas, la demandada reconviniente no solo exhibió el incumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma por parte de la actora al ser intimada por ésta a abonar el saldo de pesos debido, sino que previno intimando los incumplimientos antes señalados, iniciando incluso medidas de aseguramiento de pruebas tendentes a resguardar sus derechos, de fecha anterior a la interposición de la demanda de cumplimiento por parte de los actores, donde se constató el incumplimiento de los plazos esenciales y las condiciones defectuosas en que fue entregada la obra, las que representaban un peligro y amenaza para la demandada, conforme surge del peritaje efectuado por ingeniero eléctrico. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Recurso de inconstitucionalidad, cámara contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Frutos, Adriana Elisabeth c/ Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad (concedido por la Cámara)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-06-17

Lo señalado por el suscripto en el voto en disidencia in re "Pieroni", coincide con los fundamentos dados por la Cámara en este caso, en el que los Sentenciantes argumentaron que la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores es un ente que administra un sistema de seguridad social autónomo, conformado por un colectivo de profesionales que se agrupan para satisfacer -a través de aquel- las necesidades derivadas de algunas contingencias de la seguridad social en que puedan ellos encontrarse sin recibir fondos estatales de asistencia; de lo que se sigue que la atribución de competencia efectuada por el articulo 63 de la ley 10.727, ampliando la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo a un Ente que no constituye -en los términos de la Corte- un organismo administrativo estatal, atribuye materia que no es contencioso administrativa y por lo tanto resulta ajena a los principios que justifican la jurisdicción especial, privilegiada, revisora y de legitimidad. (Del voto en disidencia del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Weder) - CITAS: CSJStaFe: Pieroni, 2024:968.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, accidentes de trabajo, indemnización, intereses, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Sánchez, Fernanda c/ Experta ART S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (parcialmente concedido por la cámara)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-06-03

La Sala a quo confirmó la aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina desde el accidente sufrido por la trabajadora, al entender que los agravios de la demandada recurrente no cumplían con los requisitos de motivación y demostración de la eventual irrazonabilidad o desproporción que arrojaría tal criterio, entendiendo que resultaba razonable su empleo en tanto el crédito si bien se encontraba potenciado, no había sido calculado a valores actuales; mas con tal proceder se apartó del criterio esbozado por esta Corte en "Ayala", donde se dispuso que para el período transcurrido desde la primera manifestación invalidante (o accidente) hasta el momento de la liquidación, correspondería adicionar una tasa de interés de las denominadas puras, puesto que la indemnización ya se encuentra calculada según el mecanismo establecido por el inciso 2 de la ley 24557, conforme DNU 669/19, sobre el ingreso base mensual; en consecuencia, la aplicación de una tasa pasiva bancaria implicaría una suerte de doble actualización, lo cual distorsionaría el crédito y desconocería el criterio de realismo económico que cuenta con amplia recepción en la legislación vigente y en la doctrina jurisprudencial imperante tornándose reprochable desde el punto de vista constitucional. - CITAS: CSJN: Bonet, Fallos 342:162; Melgarejo, Fallos 316:1972; Segovia, Fallos 317:836; Román Benítez, Fallos 317:989; Escobar, Fallos 319:2420; García Vázquez, Fallos 315:2980; CSJStaFe: Callaci, AyS T 217, p 53; Jaime T 313, p 11; Olivera, T 278, p 295; 2024:718. Ley 24283, artículo 1; Ley 25561, artículo 11; Ley 25820; Decreto 214/2002, artículo 8
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, intereses, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Bovati, Rodrigo c/ Nuevo Banco de Santa Fe S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (concedido por la Cámara)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-06-03

En relación a la aplicación del índice RIPTE como tasa de interés fijado por la Cámara, las cuestiones planteadas por la compareciente guardan sustancial analogía con las que fueron motivo de análisis y resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "García" y en "Lacuadra", donde se señaló que el método de reajuste instituido en segunda instancia implicaba apartarse sin fundamento de las facultades acordadas a los jueces por el inciso c) del artículo 768 del Código Civil y Comercial, ya que comportaba la aplicación de un coeficiente para la actualización del capital y no de una tasa de interés fijada según las reglamentaciones del Banco Central, debiendo interpretarse, en atención a las pautas allí estimadas, que una tasa que no ha sido fijada según las reglamentaciones de este organismo, no se ajusta a los criterios previstos por el legislador en el mencionado artículo, ello en armonía con las pautas de razonabilidad y legalidad señaladas por esta Corte provincial in re "Olivera". - CITAS: CSJN: García, Fallos:346:143; Lacuadra, Fallos: 347:947; CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295. - Jurisprudencia concordante con Servin, AyS 2025:81, sumario J0054081.
Recurso de inconstitucionalidad, contrato de obra, daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bortoluzzi, Marcelo y otro c/ Barzola, Alicia y otro s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-06-11

La Sala se apartó de las constancias de la causa al rechazar el rubro lucro cesante con fundamento en que no existía prueba de la demandada reconviniente de los gastos de estadía en un lugar distinto, ni de las ganancias dejadas de percibir por su trabajo, por cuanto de los elementos probatorios incorporados al expediente (testimoniales, peritajes, constataciones judiciales y notariales), surge que la construcción econmendada era una vivienda con salón comercial y que, ante las deficiencias de las instalaciones, tuvo una pérdida de ocho días sin poder trabajar y desempeñar sus tareas de peluquería y generar ingresos. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, proceso penal, imputado, reincidencia, prescripción, registro de sentencias condenatorias, caducidad, código penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: B., G. I. c/  s/ amenazas coactivas-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-06-03

Si bien la materia se vincula con la interpretación de normas de derecho común, temática que es ajena -en principio- al recurso previsto en la ley 7055, corresponde hacer excepción a dicha regla, dado que lo decidido importó el apartamiento del derecho aplicable, desde que la Cámara modificó la fecha en que debía entenderse prescripta la pena anterior y luego limitó el examen al artículo 50 del Código Penal, concluyendo que no había operado el plazo de caducidad de la reincidencia, correspondiendo confirmar su declaración; mas este razonamiento resulta descalificable, en tanto omitió evaluar una cuestión determinante para la solución del presente al no tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 51 del Código Penal, de decisiva aplicación en el caso, considerando la fecha de prescripción de la pena anterior que fijara, en tanto el inciso 2 de tal precepto establece que el registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos después de transcurridos diez años desde su extinción para las demás condenas a penas privativas de la libertad, por lo que si aplicamos esta norma al supuesto analizado, se advierte que al momento de dictar el fallo de primera instancia -más allá de que se había informado el antecedente por parte del Registro Nacional de Reincidencia- el Magistrado no podía tener en cuenta tal condena por haber operado la caducidad de su registro.