Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-12


DOROÑUK, Oscar Alberto contra ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S.A. (O.C.A.) Reg.: A y S t 193 p 208-210.

Santa Fe, 12 de noviembre del año 2.003 VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el apoderado de la actora contra la sentencia 43 del 26 de mayo de 1999, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, en autos "DOROÑUK, Oscar Alberto contra ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.A. (O.C.A.) -Cobro de Pesos- (Expte. 214/97)" (Expte. C.S.J. nro. 524, año 1999); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante la decisión impugnada, la Sala a quo rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la demandada, e hizo lugar al de apelación de la misma parte, revocando el auto recurrido en cuanto aprobara la planilla de astreintes calculada a partir de la sentencia de primera instancia -por cuanto ésta estaba sujeta las resultas del recurso de apelación interpuesto por ambas partes-, con costas (f. 11).

Contra dicho pronunciamiento dedujo su impugnación extraordinaria el apoderado de la actora (fs. 14/20).

En el memorial recursivo, tildó de arbitrario al fallo de la Alzada y violatorio de los derechos constitucionales de propiedad, debido proceso, defensa en juicio, razonabilidad y del principio de la cosa juzgada.

Refirió que el pronunciamiento del Juez de grado de fecha 26.02.1997, en lo que aquí concierne, ordenó a la demandada en la parte final de los considerandos que "...deberá extender el certificado previsto en el art. 80 LCT bajo apercibimiento de astreintes, que correrán desde la notificación de los presentes y consistirá en una salario mínimo vital móvil por mes de retardo (art. 666 bis C.Civil)"; y apelado parcialmente por ambas partes -no habiendo sido materia de agravios de la demandada el rubro astreintes acogido por el sentenciante-, fue confirmado por la Sala a quo mediante acuerdo del 06.04.1998. Al respecto, remarcó que el 28.05.1998 el mencionado decisorio adquirió la calidad de cosa juzgada y en consecuencia los rubros declarados procedentes quedaron firmes e inamovibles.

Asimismo, continuó diciendo que practicada liquidación, el Juez de baja instancia por decisión del 07.12.1998 dispuso aprobarla respecto del rubro astreintes, calculados desde la notificación del fallo de primera instancia; y que la Cámara, sorpresivamente, revocó la resolución desconociendo el principio de la cosa juzgada.

Arguyó que resulta -a su juicio- incomprensible que mediante el cuestionamiento de una planilla que se lleva a cabo solamente cuando los rubros que se deben abonar se encuentran firmes por ser cosa juzgada, se anule un rubro que había sido acogido por el propio Tribunal al confirmar la sentencia de primera instancia; añadiendo a ello que una liquidación es la traducción en números de los rubros reclamados en una demanda que se declararon procedentes.

La referida impugnación fue denegada por el a quo (fs. 27/28), motivo por el cual el interesado acudió por vía de queja ante esta sede (fs. 32/34).

2. Liminarmente, ha de señalarse que la presente impugnación no ha de merecer favorable acogida, habida cuenta que, amén de que de la compulsa del auto denegatorio con el escrito de queja, surge que el cometido que impone al quejoso el artículo 8 de la ley 7055 -de rebatir y neutralizar cada uno de los motivos expuestos por la Cámara para cimentar su decisión de denegar el recurso, trayendo razones de peso en orden a destruir la referida fundamentación- no puede reputarse idóneamente asumido por aquél, quien en un intento de satisfacer formalmente tal exigencia, se limita tan sólo a reiterar sus argumentos en contrario, el elemental análisis del memorial introductorio en confrontación con lo resuelto en la sentencia impugnada, permite advertir que los planteos del recurrente, pese al matiz constitucional que aspira otorgarles, carecen de consistencia y no alcanzan a demostrar la configuración de los pretendidos vicios imputados, traduciendo tan sólo el cuestionamiento de aquél a la labor jurisdiccional cumplida por el A quo en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias y sobre materia -en principio- extraña al contenido del recurso de inconstitucionalidad intentado.

En efecto, tal como surge de la lectura del escrito de interposición, el pivote sobre el cual apoyó el recurrente su discurso argumentativo, radicó en la existencia de cosa juzgada con respecto a los rubros reclamados en la demanda y declarados procedentes -entre ellos las astreintes- por el Juez de Primera Instancia por sentencia de fecha 28.02.1997 y que, tras haber sido confirmada in totum la decisión por la Sala a quo mediante acuerdo del 06.04.1998, aquéllos quedaron firmes e inamovibles.

Dicha cuestión concierne indudablemente a aspectos relacionados con la exégesis del derecho aplicable a las circunstancias comprobadas en el caso, la cual -como es bien sabido- constituye, por regla, facultad que se encuentra reservada a los jueces de la causa y, por ende, no resulta susceptible de revisión por medio de la vía excepcional intentada, a menos que se demuestre arbitrariedad, es decir, una hermenéutica irrazonable de las normas en juego, circunstancia que en modo alguno el recurrente logra demostrar que haya acontecido en el sub discussio.

En tal sentido, repárese en que la Sala señaló, tras evaluar la tesis sostenida por la demandada en la apelación, que debían acogerse los agravios expresados por aquélla en torno al rubro astreintes y por ende revocarse la resolución de baja instancia en cuanto aprobara la planilla relativa a dicho rubro calculado a partir de la sentencia de primera instancia, habida cuenta que atento que tal decisión se hallaba sometida a las resultas del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, tal circunstancia "conlleva la falta de firmeza de conceptos necesarios para la confección del certificado conforme lo dispone la sentencia"; dejando en claro el Tribunal a quo que "la cosa juzgada se concreta con la sentencia de Cámara, y vencido el término para interponer recurso extraordinario de inconstitucionalidad, al no existir -recién en ese momento- medios de impugnación que permitan modificarla" (f. 11).

Empero, lo cierto es que frente a lo argüido por la Sala en pos de justificar dicha tesitura, la formulación del quejoso aludida ut supra deviene inconsistente en orden a convencer a este Tribunal acerca de que la Alzada hubiese propiciado una hermenéutica de la normativa aplicable que resulte, en las circunstancias del caso, irrazonable o ilógica, excediendo los márgenes de logicidad y razonabilidad tolerados, con la consecuente conculcación de los derechos y garantías consagrados en la Ley Fundamental.

Como puede verse, sin abrir juicio respecto del acierto o error de la decisión, el Tribunal de segundo grado escogió un temperamento que, en el caso, no se advierte pueda ser tildado de arbitrario, habiendo esgrimido suficientes razones, que, más allá de ser o no compartidas, lucen acordes con la exigencia del artículo 95 de la Constitución provincial, y en un todo de conformidad con lo sustentado por este Cuerpo en diversas oportunidades en punto a que "la exigencia constitucional de que los fallos se motiven, no impone al juzgador desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga a sí misma, como pronunciamiento razonable y objetivo, o lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación dogmática caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial" (Cfr. A. y S. T. 65, p. 424/428; T. 99, p. 195/1976; T. 102, p. 236/241, entre muchos otros).

En suma, pues, la cuestión no resulta idónea para franquear la vía extraordinaria instaurada, desde que queda comprendida dentro del marco de la ponderación que efectuara el Tribunal a quo en torno a cuestiones de derecho común, materia que ingresa en la esfera de las facultades de los jueces del proceso al decidir las causas sometidas a su decisión y, por ende, a menos que se demuestre arbitrariedad -lo que no acaece en el sub examine- no resultan susceptibles de ser revisadas por la vía de excepción intentada, desde que no compete a esta Corte al ejercer su jurisdicción extraordinaria, erigirse en una tercera y ordinaria instancia.

De allí que -como reiteradamente se ha dicho- no deba perderse de vista que mediante el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad, se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción, mas no autoriza a sustituir a las instancias ordinarias en la interpretación del derecho sustantivo o procesal o en la ponderación del material fáctico del litigio.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)