Tribunal: TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nro 2
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2017-05-09


EXPTE. Nº: --269/2016 Voces Jurídicas: ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR EL VINCULO - CONDENA DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO - NULIDAD PARCIAL Tribunal: Tribunal en lo Criminal Nº2 Ex Cám. Penal Sala II Competencia:

Fecha: 09/05/2017 REF.: EXPTE. Nº 269/16 CARATULADO "G., C.: ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR EL VINCULO. CIUDAD. "(EX EXPTE. Nº P-130.892 DE LA FISCALIA DE INVESTIGACIÓN PENAL Nº 8 - JUZGADO DE CONTROOL Nº 2. SUMARIO POLICIAL Nº 3258-G-16).

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los nueve días del mes de Mayo de dos mil diecisiete, siendo horas doce y treinta, se reúnen en la Sala del Tribunal en lo Criminal nº 2 de la Provincia de Jujuy, el Sre. Juez Titular, Dr. Luis Ernesto Kamada, el Dr. Antonio Llermanos y la Sra. Jueza de Instrucción de causas ley 3584 de San Pedro, Dra. Ana Carolina Pérez Rojas, llamada a integrar el Tribunal por habilitación, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, en cumplimiento a lo resuelto en la audiencia de vista de esta causa vieron el expediente de la referencia.

El Dr. Luis Ernesto Kamada dijo:

I.

Según la requisitoria fiscal de citación a juicio, se imputa a C. G., de nacionalidad argentina, de 66 años de edad, estado civil casado, desocupado, domiciliado en ..., Mzna. ..., lote ... del barrio Campo Verde, Jujuy, DNI Nº ..., hijo de F. G. y A. L., nacido el 22-03-1950 en la localidad de Cochinoca, provincia de Jujuy, Prontuario Policial Nº 190.469 R.P.- por los hechos que se relatan a continuación.

El llamado primer hecho, "acaecido a mediados del mes de diciembre de 2015, entre las 19:00 y 20:00 horas, en circunstancias en que el menor L. C. Q., de ocho años de edad, se encontraba en la casa de sus abuelos, ubicada en calle ... nº ..., Mzna. 9, lote 9 del barrio Campo Verde de San Salvador de Jujuy, fue que su abuelo C. G., aprovechando la ausencia de su esposa G. G., y su hija R. J. G., estando a solas con su nieto L. Q., cerró todas las puertas de la casa, y amarrándolo del brazo, lo condujo a la habitación de su abuela y lo sometió sexualmente, introduciéndole el pene en el ano.

El segundo hecho, ". acaecido entre fechas 26 al 29 de diciembre del 2015, sin precisar hora cierta, en circunstancias en que el menor L. C. Q. fue a la casa de sus abuelos ubicado en calle ... nº ...., Mzna. 9, lote 9 del barrio Campo Verde de San Salvador de Jujuy, a buscar la comida, es que al llegar, su abuela G. G. le pidió que cuidara a su primo de un año de edad y vino su abuelo C. G., lo agarró del brazo y diciéndole "vení te voy a dar pan", se lo llevó a su habitación que tiene dos puertas, y lo condujo hacia un sector donde se encuentra un placard viejo, detrás del baño, lugar en que tras bajarle los pantalones, lo accedió carnalmente, introduciéndole su pene en el ano".

Atento a dicha narración de hechos, el Sr. Fiscal de Investigación concluyó que los elementos de pruebas colectados en autos, permiten encuadrar las conductas desplegadas por el imputado C. G., ya filiado, en las prevenciones del ART. 119, 3º párrafo, inc. B, y 55 (dos hechos en concurso real) del Código Penal de la Nación.

II.

Desarrollada la totalidad del juicio y en oportunidad de pronunciar los alegatos, tras haber escuchado a la representante del Ministerio Público de la Acusación, la defensa de C. G. planteó la nulidad de la Requisitoria de Citación a Juicio de fs. 232/237 y de todos los actos que se desprenden de la misma.

El fundamento del planteo de la defensa se apoya, según lo argumentado por el Dr. Valdecantos, en que del expediente no surge acreditado el vínculo que es tenido por cierto por el Fiscal de Investigación, vinculo que califica la figura del Art. 119 tercer párrafo elevando la escala penal a la prevista por el párrafo cuarto del citado artículo.

A criterio de la defensa, la nulidad planteada afecta el acto procesal atacado. Así lo dejó planteado el Dr. Valdecantos en sus alegatos al expresar que "solicita se declare la nulidad de la citación a juicio ya que no está acreditado que sea el abuelo, el certificado de nacimiento se refiere al nacimiento del niño y la madre, pero no acredita el vínculo existente directamente entre los protagonistas" y agrega que "las nulidades absolutas y relativas, pueden ser planteadas en cualquier parte del proceso, en ese aspecto va a señalar también que hace a la defensa, toda vez que no está acreditado el vínculo para encuadrar la pena".

Adelantando opinión, considero que le asiste razón parcialmente al nulidiscente en razón de que se trata de una de las causales invalidantes previstas por el Art. 221 del CPP que en su inciso 3º sanciona con nulidad a la inobservancia de las disposiciones concernientes: ".3. A la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece".

No escapa al conocimiento de este proveyente la circunstancia de que a fs. 14 obra el acta de nacimiento del menor L. C. Q. que da cuenta de que el mismo es hijo de la denunciante R. J. G. pero, como también surge de la compulsa de la causa, no se encuentra agregada documental alguna que pruebe el vínculo entre la denunciante y el encartado C. G. y no se trata de una nulidad de aquellas que pueden ser subsanadas ya que, en el caso, hasta pudo ser declarada de oficio por el Tribunal por lo que aquel intento sólo merece una breve mención.

III.

Ahora bien, el primer obstáculo de índole formal que encuentro para el andamiento de la pretensión impetrada por la defensa de G. y que estimo necesario poner de resalto reside en la extemporaneidad de su interposición.

En efecto, con arreglo a lo normado por el art. 224 del Código Procesal Penal -conforme ley 5623, las nulidades producidas durante la investigación penal preparatoria sólo podrán ser opuestas, bajo pena de caducidad, mientras dure ésta o en el término de citación a juicio.

Basta una somera compulsa de las actuaciones principales para verificar que, habiéndose cumplido la citación a juicio el 26 de Octubre de 2016, según consta a fs. 232, y encontrándose debidamente notificada la defensa técnica del encartado a fs. 238, nada dijo al respecto. Esta conducta procesal revela la ausencia de interés de su parte para promover en tiempo propio el reproche que luego introdujo en oportunidad de los alegatos.

En consecuencia, juzgo que la nulidad articulada en estos autos, en la etapa de producir alegatos, es, en principio, extemporánea.

IV.

No obstante lo expresado en el apartado precedente, y como más de una vez lo tengo dicho, ningún prurito formal puede erigirse -por sí mismo- en valladar infranqueable para examinar un defecto denunciado cuyas consecuencias podrían llegar a afectar derechos constitucionales del imputado. Ello así por cuanto estimo que los obstáculos formales deben ceder frente a la probable gravedad del vicio denunciado en atención a la esfera de garantías titularizada por el acusado.

En virtud de lo anterior, y sin que ello implique o pueda ser interpretado como contradicción con la regla general que entiendo de aplicación en la materia, considero necesario abordar el tratamiento de la materia propuesta por la defensa de C. G.

La razón para ello estriba en que no es posible soslayar la circunstancia que la denuncia de nulidad esgrimida se endereza a denunciar un defecto que, por sus consecuencias, habría resultado susceptible de vulnerar el derecho de defensa del encartado, extremo que, a las claras, autorizaría a poner la cuestión en el ámbito de las nulidades absolutas y, por ende, pasible de ser deducida en cualquier instancia del proceso.

IV.1.

Conforme la inveterada doctrina legal sentada por nuestro Excmo. Superior Tribunal de Justicia sobre el tópico en discusión, deviene menester recordar que el principio general sentado en materia de nulidades procesales está impregnado por el principio de trascendencia. Tiene resuelto sobre esta materia el Tribunal Cimero de la Provincia que "no existe la nulidad por la nulidad misma. Es lo que comúnmente se ha identificado como principio de trascendencia de que debe ir imbuida la nulidad. Así, se ha decidido por este Cuerpo que el principio enunciado significa que, 'para su procedencia no sólo debe mediar la violación a una prescripción legal, sino también debe existir el interés jurídico que se pretende subsanar' (L.A. N° 29, F° 615/618, n° 200)... Las normas que conminan con nulidad los actos procesales deben ser interpretadas restrictivamente" (L.A. Nº 43, Fº 1238/1241, Nº 461)" (criterio reiterado en Libro de Acuerdos N° 52, F° 9/11, N° 6, 13/2/2009).

Entiendo que, a los fines de determinar si una pretensión nulificatoria es absoluta en nada incide que así lo predique la parte que se afirma interesada sino que, en todo caso, debe acudirse a criterios objetivos que permitan entenderlo de esa manera. En otras palabras: no basta que se invoque como absoluta una nulidad para que ésta adquiera ese carácter, sino que debe estarse a lo que objetiva y materialmente represente el vicio que se denuncia. Si se adoptara una interpretación contraria, bastaría, a los fines de instituir como absoluta una nulidad, que se afirme que lo es, extremo que, además de ser irrazonable, no se compadece con las previsiones rituales que regulan el instituto.

Siendo ello así conviene recordar que el art. 220 del Código Procesal Penal (ley 5623) estatuye la regla general en materia de nulidades, determinando la aplicación de esta sanción para aquellos actos que no hayan sido cumplidos en observancia de las disposiciones prescriptas bajo tal amenaza y, en especial, "cuando se violaran los derechos y garantías previstos en la Constitución". Esta definición, adoptada por la norma adjetiva, exige efectuar algunas ineludibles precisiones.

Señala al respecto Nelson Pessoa que estaremos frente a una nulidad absoluta porque "el acto resulta lesivo de una regla constitucional" (Pessoa, Nelson, La nulidad en el proceso penal, tercera edición ampliada y actualizada, p. 448, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2013). Desde luego que esta afirmación exige, a su vez, otro grado de profundización.

Sigue diciendo el autor citado que la regla constitucional puede consagrar tanto un derecho explícito o implícito a favor del acusado, como una obligación al poder punitivo estatal de someter a proceso penal a las personas, o bien, estipular un derecho válido en términos genéricos, denotándose de ellos que tienen en común el imponer un límite al poder punitivo del Estado.

A su vez, en algunos casos se requerirá que el acto produzca un perjuicio, entendido esto "en el sentido de que agrava la situación procesal de un sujeto procesal" (Pessoa, op. cit., p. 449).

Por otra parte, cabe decir que las formas procesales tienen como función ordenar los actos que integran el procedimiento penal. Mas, en este caso debe hacerse una necesaria distinción entre lo que Pessoa denomina "formas procesales realizadoras de derechos constitucionales" y "formas simplemente ordenadoras de los actos del proceso" (Pessoa, op. cit., p. 451).

Quedan comprendidas en la primera categoría aquellas formas vinculadas a las garantías del debido proceso, como lo son, entre otras, las relativas al contenido del acto acusatorio, en tanto que son atrapadas en la segunda las atinentes al modo en que se debe fechar un acto o tomar juramento a un testigo, por ejemplo. Estas últimas sólo revisten la calidad de meras ordenadoras de la actividad procesal (Pessoa, op. cit., p. 453).

Ciertamente que el soslayo de las primeras conlleva un vicio de gravedad tal que autoriza -sin más- el reproche de nulidad, lo que no ocurre imperiosamente en el caso de las segundas.

Debe, ahora, verificarse a qué tipo de nulidad se hacen acreedores los vicios según sean encontrados en una u otra categoría de formalidades.

Para entender acabadamente el asunto, deviene menester constatar que "la nulidad absoluta en el proceso penal está en directa relación con el incumplimiento de formas procesales consagradas para hacer plenamente vigentes mandatos constitucionales. La nulidad absoluta es una sanción que se impone a un acto procesal por incumplimiento de una forma impuesta directamente por la Constitución o de una forma realizadora de una regla constitucional" (Pessoa, op. cit., p. 454). De ello se deriva -a contrario sensu- que si la formalidad incumplida no es de aquellas que permiten la actuación de derechos constitucionales, la sanción aplicable no puede ser absoluta.

Resulta por demás interesante la distinción que propone Pessoa en lo que respecta a la necesidad o no de que la vulneración a las formas represente, a la par de una lesión constitucional, un perjuicio para el encausado. Para clarificar la cuestión, cabe tener en cuenta que por perjuicio se debe entender "un estado de agravamiento de la situación jurídica respecto de un sujeto del proceso resultante del acto cuestionado" (Pessoa, op. cit., p. 482).

Ahora bien, ello en opinión de este autor no implica, per se, un requerimiento ineludible a la hora de determinar la presencia o no de una nulidad absoluta, toda vez que basta, a los fines del andamiento del reproche, la sola inobservancia de la formalidad exigida a título de requerimiento constitucional. Empero, ello no empece a considerar que pueden haber supuestos en los que la falta de cumplimiento de la forma no signifique menoscabo para ninguna de las partes del proceso. Es verdad que la solución que propicia Pessoa para este caso consiste en sostener que, a pesar de la inexistencia de agravio en relación al acto cuestionado, igualmente debe prosperar la nulidad (Pessoa, op. cit., p. 490).

En este aspecto me permito discrepar con la referida postura.

En efecto, el problema no puede ser resuelto en base a un solo criterio interpretativo sino que, a mi juicio, exige ser examinado como un área temática en la que convergen distintas perspectivas, todas de la misma jerarquía y que, por ello mismo, merecen idéntico tratamiento y ponderación. Con arreglo a ello, no puede pasarse por alto que en este tópico concurren, por un lado, la garantía al debido proceso que asiste al acusado y, por el otro, el derecho a la Justicia que titulariza la víctima del delito, sobre todo, tratándose de delitos de la naturaleza de éste ante el cual nos encontramos, a lo que cabe adicionar el interés de la sociedad en su resolución conforme a derecho.

Se trata, en suma, de la aplicación de una perspectiva que busca el equilibrio de los derechos en pugna, que es lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha consagrado como el "balancing test", criterio interpretativo al que no ha sido ajeno la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, "Ponzetti de Balbín c. Editorial Atlántida", considerando 13, LL, 1985-B, 120) y por el que se establecen pautas y variables interpretativas flexibles para determinar si una garantía dada ha sido vulnerada en el caso concreto. Ello deviene exigible en el marco de una interpretación razonable, no siendo posible olvidar que "razonabilidad es el moderno nombre de justicia (.) Razonable es lo que tiene fundamento; lo que guarda relación y proporción adecuada entre beneficios y perjuicios, lo que es legítimo, lo que siendo técnicamente idóneo satisface simultáneamente standards éticos y jurídicos, lo que es acorde a las exigencias de la realidad, lo que tiene una medida adecuada" [Santiago (h), Alfonso, En las fronteras entre el Derecho Constitucional y la Filosofía del Derecho, p. 63, ed. Marcial Pons Argentina, Buenos Aires, 2010].

Despejada, entonces, la perspectiva teórica desde la que cabe abordar el tratamiento de la cuestión y que fija el criterio estricto con el que debe ponderarse el asunto, corresponde ahora ingresar en el examen de la materia postulada por la defensa de G.

IV.2.

En la especie, el planteo nulificatorio articulado se inspiró en la ausencia de la prueba que acredite el vínculo entre el encartado y el menor víctima, extremo que de ser acreditado, agrava sensiblemente la figura penal elevando su escala considerablemente y agravando la situación procesal de G.

Se deberá, entonces, determinar si esta orfandad probatoria tiene la entidad suficiente para nulificar el acto atacado y si esa nulidad, de existir, el alcance de la misma.

Para analizar ordenadamente la cuestión conviene repasar las actuaciones cumplidas en la causa y que se reprocharon en el alegato defensivo.

Luego de recibida la causa por ante la Fiscalía de Investigación nº 8, el Sr. Representante del Ministerio Público de la Acusación dispuso, tal como surge de la constancia de fs. 7, la citación del niño L. C. Q., en compañía de su progenitora, la Sra. R. J. G., al consultorio de la Lic. en Psicología María Silvia Rodriguez Lauandos para ser evaluado a efectos de determinar si se encuentra en condiciones de prestar declaración mediante el sistema de videograbación.

Posteriormente se presenta el Dr. Ariel Roldan en representación de la Sra. G. solicitando copia de las actuaciones y adjuntando Acta de Nacimiento (fs. 14) en la que acredita el vínculo de la Sra. G. con el menor Q.

A fs. 22 obra el acta en la que se transcribe la declaración en Cámara Gesell del menor, ésta vez con la Licenciada Sofía González Peralta, y en varios de sus párrafos sindica al abuelo como autor de dos de los hechos que relata.

Ahora bien, surge de las declaraciones de quienes depusieron como testigos en la causa la clara referencia al parentesco que existiría entre el encartado G. y el menor Q. pero es sabido también que tal circunstancia debe ser acreditada con certeza y la misma necesariamente requiere de prueba documental que en el caso, no existe agregada en autos por lo que anticipo debe hacerse lugar al planteo de la defensa.

En cuanto a la extensión de la nulidad, la defensa solicita que sea total en relación al requerimiento de citación a juicio pero, a criterio del suscripto, el planteo nulificatorio debe prosperar solo respecto al extremo atacado por la defensa, esto es a tener por no acreditado el vínculo entre encartado y víctima y en consecuencia, de ser acreditados los hechos endilgados a G., deberán ser encuadrados en la figura prevista en el tercer párrafo del artículo 119 del Código penal de la Nación. Así lo adelanto.

Finalmente, no prescindo de considerar que en oportunidad de prestar declaración en la causa, a fs. 109/111 vta. la Sra. R. J. G. manifestó ser hija del encartado y si bien es cierto que la mentada declaración pareciera acreditar por si misma el vínculo señalado, la falta de documentación que dé certeza del mismo nos obliga, en una clara aplicación del in dubio pro reo, a tenerlo por incierto. Las constancias del expediente ya referenciadas son claras.

V.

A la luz de estas apreciaciones surge evidente que lo que el legislador procesal local ha propiciado para supuestos como el que nos ocupa es la nulidad de carácter absoluto, toda vez que la ausencia de elementos que den certeza al vínculo que unen a G. con el menor Q., si bien no cambia los extremos fácticos sobre los que se basa la acusación fiscal, reduce considerablemente la escala penal que deberá ser tenida en cuenta a la hora de la condenación como resultado de encuadrar el hecho enrostrado a G. en las previsiones del Art. 119 tercer párrafo y ya no en la figura invocada por el representante del Ministerio Público de la Acusación en su requisitoria de Citación a Juicio.

Estimo que lo planteado y analizado en los párrafos precedentes constituye un motivo suficientemente serio para desvirtuar la circunstancia agravante del tipo penal del Art. 119 tercer párrafo que establece el inc. "b" del cuarto párrafo de la citada norma de fondo y en consecuencia declarar la nulidad de ese extremo dejando a salvo el resto de la pieza acusatoria atacada por la defensa de G.

En su mérito, y en la medida en que, producida la extirpación de lo viciado, ello significa un cambio en la calificación legal, mas no en la base fáctica en razón de que nada en ella fue modificado por la nulidad declarada.

VI.

Ahora bien, siguiendo con el tratamiento de la causa y a mérito de lo que expresamente dispone el art. 431 del Código Procesal Penal (ley 5623), el primer elemento a ponderar estriba en la determinación de la existencia del hecho que se somete a juzgamiento.

Desde esta perspectiva, entonces, corresponde anticipar mi criterio en el sentido de señalar que la ocurrencia del injusto aparece debidamente probada con el grado de certeza requerido para esta instancia procesal.

En efecto, prestó declaración en este juicio el Dr. Constante Bermúdez, médico del Departamento Medico del Poder Judicial, quien, luego de reconocer el informe obrante de fs. 08 en el que da cuenta de haber revisado al menor Q., aclaró que en medicina "eritematoso" significa colorado, rojo.

Explicó que, con respecto al tiempo de ocurrencia del hecho, puede ser diez días o una semana, que no hay un tiempo exacto. Agregó que la dilatación anal es crónica, y que cuando pasa los treinta días, hay signos de penetración más recientes. Señaló que hay divergencias en los tratados de medicina porque hay algunos que dicen diez días y otros, como Rojas, que toman veinte días.

Indicó que cuando habla de dilatación anal hay disfuncionalidad, lo que puede ser un signo de penetración, destacando que en la mayoría de las veces hay pérdida de materia.

Aclaró que no hay contradicción en el informe, que efectivamente no hay desgarro y que puede haber habido penetración igual porque el esfínter es complaciente. Puso de resalto que el esfínter anal tiene una gran cantidad de dilatación por lo que no siempre se produce desgarro en los niños, pero que también hay penetración con desgarro, como por ejemplo si lo hizo con fuerza, si no lo preparó o si hay violencia.

Relató que el ano tiene gran capacidad de complacencia y que además tiene también que ver el tamaño del pene, la posición, por lo que lo que él pone es "signos" de penetración anal.

Testimonió en la audiencia la Sra. R. Y. G., quien dijo que era fin de año; que estaba en su casa con su hijo y como él venía orinándose, decidió lavar el colchón. Relató que vive en Campo Verde, en una casa.

Expresó que a la hora de almorzar le dijo a su hijo que vaya bajando a la casa de su madre a buscar la comida, que queda a una cuadra. Señaló que ella se demoró en tender unas ropas y hasta eso su hijo ya había vuelto.

Recordó que era un día antes de año nuevo y que él regresó a la casa con la comida. Dijo que la dicente había cocinado pero que no había hecho sopa, por lo que entonces lo mandó a retirar. Manifestó que vio que su hijo regresó a la casa, que fueron a comer, pero antes, cuando llegó L. le dijo que quería hacer caca.

Refirió que almorzaron y que cuando terminaron de comer le dijo que de vuelta tenía que ir a hacer caca. Remarcó que ella lo veía bien, pero que al ver que fue cuatro veces al baño a hacer caca, se asustó por lo que le dijo que "si tenés diarrea me tenés que decir". Rememoró que fue otra vez al baño, que dejó la puerta entreabierta y le preguntó qué le pasaba. Señaló que ella vio materia fecal y que era la segunda vez que iba al baño.

Resaltó que como L. iba al pesebre -tenía que ir a las cinco o seis-, pusieron agua para que se bañe, que él jugaba y ella lo miraba por la ventana y que volvió una tercera vez al baño. Aseguró que ella le preguntó de nuevo qué le pasaba, él estaba sentado en el inodoro y ella lo levantó del inodoro. Mencionó que ella lo vio como ido, por lo que le preguntó y con miedo le respondió que nada.

Precisó que ella se puso de rodillas a la altura de él y le volvió a preguntar y ahí le dijo que el abuelo le había tocado la cola. Dijo que ella se enojó y le pidió que le dijera la verdad porque le iba a pegar con la manguera. Relató que ella se puso a llorar y que se fue con el niño a la casa del abuelo.

Sostuvo que en ese momento vivía en esa casa su mamá, su papá, su hermana A. y su hermano J. G. Añadió que un hermano iba a trabajar, a hacer pan, y se iba.

Expresó que le subió el pantalón corto, sin limpiarle, y se lo llevó a la casa de los abuelos. Recordó que cuando le preguntó dónde se lo había hecho, le dijo que en el fondo, en la casa del abuelo, detrás del placar que está cerca del baño. Reseñó que le dijo que le metió el pito en la cola.

Precisó que cuando llegó a la casa de su madre, le preguntó dónde estaba ella cuando fue L. a lo que ella dijo que en el negocio.

Mencionó que su hijito le contó que cuando jugaba su abuelo le dijo "vení que te voy a dar pan"; que él no quería ir pero que lo llevó del brazo. Manifestó que cuando llegó la madre le dijo que estaba en el negocio y que luego le sirvió la sopa y se fue.

Señaló que cuando ella fue a reclamarles también estaba su hermano y su hermana. Destacó que se lo dijo a M. G., que trabaja allí. Dijo que les contó y su madre gritaba, que sus hermanos decían que no podía ser. Afirmó que luego vino el Sr. C. G.

Recordó que ella habló con su mamá y hermanos, mientras su hijo lloraba y contó que ellos lo increparon al niño, que le decían mentiroso, que no tenía nada. Señaló que entonces ella dejó de llorar y les dijo que no se metieran con él nunca más. Agregó que le pidió que dijera la verdad, mientras su papá le decía que no había hecho nada.

Explicitó que sus hermanos le dijeron que lo lleve al hospital, que se saque la duda, por lo que lo llevó, le hicieron estudios, que estaba allí en año nuevo.

Destacó que después volvió a hablar con su hijo, quien le contó que su padre también le había hecho cosas; que como se iba los fines de semana con él, que no le había contado porque tenía miedo.

Expresó que cuando lo revisó el médico le dijo que tenía el ano rojo, que se notaba que era fresco, que si él le dijo que le había pasado eso, el médico le dijo que era reciente. Añadió que él le dijo que ya había pasado anteriormente: una vez, hacia dos meses o un mes y medio, no precisa, no se acuerda, al hacer memoria ella.

Mencionó que un día llegó de estudiar y que él (su hijo) se quedaba en la casa de su madre, donde se lo cuidaban. Dijo que llegó y que estaba todo cerrado, se acuerda que estaba todo cerrado, que tocaba la puerta, gritaba por la ventana y nada, aunque no se acuerda la fecha. Precisó que agarró una piedra y golpeó el portón de chapa y que ahí salió su padre diciendo qué pasaba, que su madre se había ido a Alto Comedero y su hermano ya se había ido a su casa.

Expresó que cuando salió, su padre le preguntó por qué estaba con llave, a lo que le respondió que no quería que se vaya Leo y que no entre nadie.

Refirió que cuando ella entró vio a L. sentado, como ido; agregando que ella lo miraba mientras él estaba viendo tele, pero que no la veía.

Recordó que al preguntarle que le pasaba, le dijo que nada y al seguir interrogándolo, vio que su padre la miraba a ella y su hijo, L. también lo miraba, se lo llevó al baño, ahí se enteró, su hijo le contó, no hizo la denuncia porque tenía miedo, pero le dijo que su abuelo le metió el pito en la cola, que le había hecho, ella le dijo que no iban a venir más ahí, como la dicente estaba estudiando, a veces le alcanzaba a veces no, salió llorando con su hijo y justo entró su hermano J., le preguntó lo que le pasaba, le volvió a preguntar y ella le contó, nadie hizo nada y después pasó lo que contó primero precisando que eso había sido en la pieza de su madre donde veía tele. Expresó que también hubo un hecho con el hijastro de su padre, se lo contó al padre y le recriminó que por qué no lo cuidaba, el niño le dijo que si no se dejaba no le iba a prestar la play, pero no sabe cuántas veces pasó esto con el joven. Manifestó que luego de hacer la denuncia ya sabía lo del niño, que le hizo cosas, ella le había dicho a su padre no le creyó y que pensaba que era mentira, le dijo que no lo iba a mandar más, no hizo la denuncia, no porque era mentira, le tenía miedo al padre. Dice que lo volvió a mandar una vez más cuando era el cumpleaños de su hermanita, ese día se lo devolvió la abuela paterna y la tía, cuando le preguntó cómo le fue le contó que cuando estaban haciendo sándwich, el pelotero estaba afuera, el niño que le había hecho - refiriéndose al joven hijastro del padre de L. - le pidió perdón delante de todos, estaba el padre, la pareja del padre, su abuela materna y la tía, él se quedó callado y se fue corriendo al pelotero. Refirió que ya no tiene ningún trato con su familia, solo su hermano mayor que es padrino de L. lo va a ver, se preocupa, su familia la dejó de hablar directamente, la que la ayuda a ella es una amiga que se queda con L. cuando ella se va a trabajar. Dice que su hijo estaba haciendo tratamiento con la Lic. Avellaneda y pidió traslado para el Centro de salud de Campo Verde, lo dejó de mandar porque le pedían informe y la doctora estaba de vacaciones, ahora recién lo va a pedir de nuevo. A preguntas formuladas por el Dr. Valdecanto, dijo que en el mes de octubre su hijo le dijo que el "B." le había hecho. Su hijo venía con eso de no contener, no le llevó la atención pensó que era que su padre había hecho una nueva pareja, pensó que era eso. El niño (su hijo) iba los fines de semana nada más a la casa de su padre, dormía con el B., a su hijo lo amenazaba con no prestarle la play y que su padre no iba a estar más con él.

A su vez declaró J. M. Q., quien dijo que conoce a G., es el abuelo de su hijo. Aclaró que solo sabe lo que le contó la madre de su hijo, ella le dijo que el abuelo había abusado del niño. Recordó que eso fue a fin de año, ella lo llamó y él fue al hospital, lo vio, pero nunca le preguntó que le había pasado, a su hijo hace bastante que no le ve, la última vez fue el año pasado, cinco minutos, y no recuerda si en el 2016 fue a su casa su hijo.

Precisó que la última vez que recuerda haberlo visto el dicente fue a la salida de la escuela, esa fue la última vez.

Contó que tiene una hija, J. G., que cumpleaños en julio pero no recuerda si fue su hijo L. al cumpleaños. No recuerda bien, pero cree que si lo fue a buscar para llevarlo al cumpleaños de G., no recuerda bien. Expresa que tiene un hijastro de nombre B., el cumpleaños fue en su casa y que no tiene buena relación con la madre de L.

Contó que en ese momento estaban todos mal por lo que le pasó a su hijo, lo llevó al cumpleaños, allí estaba B., sinceramente cree que no habló B. con L., no cree que hayan hablado. Dice con respecto a lo que le pasó con su abuelo, la madre de su hijo lo llamó para decirle que le había pasado algo a L., fue más tarde, en la noche a verlo. Recordó que habló del tema con la madre de Benjamín, pero ella no aceptaba que podía haber pasado. No escuchó que la madre del menor le haya dicho que B. le pido perdón.

A preguntas formuladas por el Dr. Valdecantos dijo que no vio que ellos hubieran hablado, y que B. si tiene play. Recordó que después del cumpleaños no lo llevó más a su hijo a la casa, y que la madre siempre le hace problemas para ver a su hijo, le pedía plata. A preguntas formuladas por la Dra. Cáceres, dijo que: cuando B. iba a dormir con ellos tiraban un colchón al piso y había una cama más.

También declaró M. O. G., hijo de C. G. y dijo que tiene conocimiento de lo que le pasó a L., recordando que fue para año nuevo del año pasado.

Contó que ese día estaba en la casa con su padre, trabajan juntos haciendo bollos en la casa, hacen pan para repartir en el barrio, un día llegó su hermana desesperada le dijo que su papá había abusado de él - de L. - y él se sorprendió, se sorprendieron todos en la casa, eso fue después del mediodía, después de las dos de la tarde.

Dijo que él tiene su pareja, y que siempre se va a almorzar a su casa con ella, llega a la siete de la mañana a la casa de su padre y se va a las trece, regresa a las catorce y se va a la noche. Dice que el niño iba a comer a la casa de su padre, permanecía allí también, ese día si se fue a comer a la casa de su pareja y regresó después de las catorce. Expresó que sus padres se pusieron mal por lo que decía su hermana y empezaron a preguntar porque decía eso, lo seguía acusando. La casa tiene diez metros de frente por treinta, al frente tiene un garaje, después otra entrada, hay un negocito, luego una pieza lado y otro dormitorio más, también una pieza donde trabaja y tiene las maquinas, después otra pieza donde guardan la leña, donde también dejan para que se levante el pan, luego otra pieza donde duerme su padre y otra donde está su madre, hay un baño también, detrás también se tira la leña.

Dijo que trató de hablar con su hermana para ver por qué hace esto, pero ella se cerró, no quería ver a nadie, nunca les quiso atender el teléfono, pasó el tiempo y siguió con esa actitud, él es padrino de L., lo ve de vez en cuando, lo ven en las fiestas, le fue a dejar un par de zapatillas, dice que no le preguntó a L. del tema, lo ve traumado, pensativo.

A preguntas formuladas por el Dr. Valdecantos, respondió que después se enteró que había pasado algo con B., fue meses antes de eso, algo había pasado con Benjamín pero no hablaba mucho con su sobrino, que antes era como un chico normal, se hablaban, se saludaban.

También expuso J. A. G., hijo de C. G. Contó que vive en la Mzna. ..., lote 9 del barrio Campo Verde y que vive allí también A. G. y sus padres, R. y M. G., R., L. G., a veces J. G., su hijo, no vive con él pero su madre se lo presta.

Aclaró que no vio nada, y que cuando llegó del trabajo, su hermana ya estaba con esa cosa, no se acuerda la fecha, fue casi en octubre o noviembre, la vio salir diciendo que había pasado tal cosa, él llegó como a las seis y media o siete, no almorzaba en la casa, eso cuando trabajaba en el puente, llegó cansado, la vio primero, ella estaba en la cocina, solo la saludó.

Describió a su hermana como de carácter fuerte, dijo que trataba mal a su madre, por eso pasó nomás, al rato entró su hermana diciendo eso, le pareció raro que ella entrara así y no antes, lo había visto a L. jugando por ahí. Expresó que no la saludó, que fue directo a su pieza, él fue el primero en llegar a esa hora, la vio cocinando para ella, ella siempre hacia eso, después se juntaron todos, le dijo si estaba segura de eso, que iba a hacer, que de ahora en más cuide a su hijo y no le deje nunca más solos, ella decía que no iba a hacer nada porque no le iban a creer. Aseguró que R. le dijo que no diga nada porque iban a decir que estaba loca, al dicente le pareció no creíble, como iba a estar una hora ahí tranquila, después el dicente viajó a Córdoba y cuando regresó se encontró con el mismo problema, R. lo acusaba a su padre de eso, su hijo le dijo que un hermanastro -hijastro de su padre- lo había abusado dos semanas antes, le dijo esas cosas, ella le dijo que no había dicho eso porque tenía miedo que el padre no le pase plata. Aseguró que su padre le dijo que no le hizo nada, ese día estaban en la casa. Manifestó que el diciente los acompañó al hospital, le dijo que tenía miedo que no le pase alimentos, que no sabe cuanto le pasaba y que cuando se acordaba lo hacía. Refirió que hace mucho no lo ve a su sobrino, solo se saludan, la familia se separó para no tener problemas, él iba a visitarla y ahora no puede porque ella está trabajando, sabe que ella lo llevaba a tratamiento al hospital de niños.

A preguntas formuladas por el Dr. Valdecantos, dijo que cuando llegó de Córdoba el 22 de diciembre, él llegó a la tarde, ella estaba culpando de nuevo a su padre y que R. lloraba. Dijo que ambos escucharon cuando L. contó que su hermanastro le hacía cocas.

Mencionó que todos estaban de acuerdo con que el médico revisara al niño para saber qué había pasado, y que ella no quería hacer denuncia. A preguntas formuladas por el Dr. Montalvetti, respondió que su sobrino le dijo que su hermanastro lo toqueteaba cuando iba a la casa de su padre, se llama B., y que además cuando fueron a un cumpleaños el chico se le acercó y le pidió perdón, y le dijo que nunca más le iba a hacer lo que le hacía antes. Eso fue en un cumpleaños de un familiar de ellos. Su hermana sabe bien eso.

Expuso también L. M. T., actual pareja del padre de L., y dijo que tiene una hija, J., que cumple años el 16 de junio.

Contó que le festejó el cumpleaños a ella y llevaron a L. al cumpleaños, cuando él llegó a la casa, su hijo le pidió perdón nada más. Dijo que ella estuvo presente, ella lo presenció, luego siguieron jugando, se desarrolló todo el cumpleaños normalmente. Aclaró que su hijo tenía doce años, que fue el año pasado. Sabe lo que le pasó a L., se lo contó su marido cuando fue al hospital y cuando llegó a la casa le contó que su hijo había sido abusado por su abuelo.

Finalmente y a preguntas formuladas por el Dr. Valdecantos, dijo que antes de que pase todo esto, L. se quedaba a dormir en su casa.

Con tales extremos, en especial el informe médico y las declaraciones del menor víctima y los demás testigos que depusieron en la causa juzgo probada la existencia del hecho.

III.

Siguiendo la secuencia de análisis que impone el art. 431 del Código Procesal Penal (ley 5623), corresponde ahora ahondar en la determinación de la autoría del injusto.

Para ello, deviene menester glosar los aspectos más relevantes de las pruebas producidas y recibidas en la audiencia de debate para, después, realizar su ponderación.

III.1.

En su declaración en Cámara Gesell L. C. Q. dijo que vivía en Campo Verde con su madre.

Refirió que su abuelo "le ha hecho" cuando se quedaba a dormir en la casa de sus abuelos, en una ocasión cuando su mamá lo llevó a la pieza de su abuelo a dormir, su abuela se fue a un lote y el abuelo cerró las puertas de chapa, las puertas por las que se entra a la casa y la puerta de la pieza. Recordó que entró la madre y le quiso pegar a su abuelo. Posteriormente escribió en el pizarrón refiriéndose a su abuelo "me metió el pito en mi cola" con letra mayúscula de imprenta, - manifestando que no lo dice y prefiere escribirlo porque le da vergüenza - y mientras se lo hacía él no quería pero el abuelo le decía que no le iba a dar más plata para el cole.

Dijo el menor que el apellido de su abuelo es "C." que vive en la casa de su abuela G., una cuadra más debajo de su casa en Campo Verde. Contó que ese día su abuela se había ido al lote y su mamá a hacer una prueba de enfermería, circunstancia que coincide con la declaración de R. G., su madre.

La Sra. G., según la declaración del niño, vio que su abuelo se subía los pantalones ante lo cual ella le preguntó que pasaba y el encartado respondió que nada y se fue a su pieza donde su tío le quería pegar.

También contó el menor que después de Navidad, su mamá estaba limpiando y él se fue a la casa de su abuela a buscar comida y estaban su tío R. y haciendo pan estaba su tío M. Ese día su abuelo le dijo "vení que te voy a dar pan", lo agarró, lo tiró a la cama y después "lo corrió más atrás", ahí está la cama y atrás hay un cajón, lo corrió y le bajó el pantalón, lo hizo atrás del mueble y metió su pito en su cola y el menor después se fue corriendo para su casa, su tío había llegado.

Agregó el niño que cuando fue a su casa no le dijo nada a su mamá porque tenía miedo que le pase algo porque sus tíos a veces la molestaban a su tía y a su mamá.

Más adelante mencionó que cuando la madre vio que iba muchas veces al baño, insistió en que le contara que le pasaba y ahí él decidió contarle la verdad, le contaron la verdad a su abuela y ese día lo llevaron al hospital donde quedó internado.

En la audiencia de debate declaró la Sra. R. G. y sobre éste segundo hecho recordó que era un día antes de año nuevo y notó que su hijo iba mucho al baño por lo que se preocupó pero él no quería decirle que le pasaba pero ante la insistencia de su madre le contó que su abuelo le tocaba la cola y cuando le preguntó dónde se lo había hecho le dijo que en la parte de atrás de un placar que está cerca del baño. Le dijo que le metió el pito en la cola de tallando que cuando le pidió que fueran hacia el lugar, el abuelo le dijo "vení que te voy a dar pan" y aunque el menor no quería lo llevó igual agarrándolo del brazo.

Ese día, agregó, llevó a su hijo al hospital donde le dijeron que tenía el ano rojo, se notaba que era fresco y el médico le dijo que era reciente.

Luego, mientras su hijo miraba tele, le volvió a preguntar qué había pasado y éste le repitió que su abuelo le había metido el pito en la cola.

III.2.

A mérito de la naturaleza de la que participa el material convictivo colectado en la causa cabe tener en consideración que su gran mayoría se encuentra constituido por indicios antes que por prueba directa, lo que demanda un análisis especial y diferenciado.

Bien vale recordar, junto a Luigi Ferrajoli (Derecho y razón, ed. Trotta, séptima edición, Madrid, 2005, p. 130), que "es oportuno ante todo distinguir los hechos o datos probatorios según sean experimentados directa o indirectamente, esto es, según permitan más o menos indirectamente la inducción del hecho-delito". Siendo ello así, propone dicho autor "llamar prueba al hecho probatorio experimentado en el presente del que se infiere el delito u otro hecho del pasado, e indicio al hecho probado del pasado del que se infiere el delito u otro hecho del pasado que a su vez tenga el valor de un indicio". Coincide con esta perspectiva Karl Mittermaier en su clásica obra titulada Tratado de la prueba en materia criminal (ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1993, p. 447; íd., Eduardo Jauchen, Tratado de la prueba en materia penal, ed. Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, p. 585) al señalar que "un indicio es un hecho que está en relación tan íntima con otro hecho, que un Juez llega del uno al otro por medio de una conclusión muy natural. Por eso son menester en la causa dos hechos: el uno comprobado, el otro no manifiesto aún, y que se trata de demostrar raciocinando del hecho conocido al desconocido". Aporta Jauchen (op. cit., p. 585) que "la prueba reside en la inferencia que conduce del elemento probatorio conocido al hecho sometido a prueba".

Ciertamente que la utilidad de la distinción propuesta por Ferrajoli (op. cit., p. 132) estriba en poder diferenciar entre pruebas e indicios como medios de prueba y contenidos probatorios, respectivamente, lo que "es esencial para plantear correctamente la cuestión del tipo de probabilidad que permite, a propósito de una serie más o menos compleja de premisas probatorias e indiciarias, hablar de 'prueba' de la conclusión de una inducción judicial". Por último, destaca que esta distinción "permite elucidar la distinta naturaleza de la probabilidad de las pruebas de la probabilidad de los indicios. La probabilidad o fuerza inductiva de las pruebas afecta a la fiabilidad o crédito subjetivo de la fuente o del medio de prueba (.) La probabilidad o fuerza inductiva de los indicios afecta en cambio a su relevancia o gravedad objetiva, es decir, a su idoneidad para generar explicaciones plausibles o verosímiles de todo el material probatorio en conjunto. Puede haber pruebas fiables de indicios tenues o tal vez irrelevantes y pruebas increíbles o escasamente creíbles de indicios graves y relevantes. En el primer caso el indicio es cierto pero débil, en el segundo es incierto aunque fuerte y tal vez decisivo. Un dato probatorio, en consecuencia, puede ser refutado bien impugnando la relevancia de los indicios inducidos de él, bien desacreditando la fiabilidad de las pruebas de las que ha sido inducido. Y es tanto más fiable cuanto más cercano es a la experiencia inicial (aunque lejano de la conclusión explicativa final) y tanto más relevante objetivamente cuanto más cercano está de la conclusión final (aunque lejano de la experiencia inicial)".

Como se encargaba de puntualizarlo clásicamente François Gorphe (La apreciación judicial de las pruebas, ed. Fedye, Buenos Aires, 1967, p. 262), lo que él llamaba "prueba de indicios" está "basada en la inferencia o el razonamiento, tiene, pues, como punto de partida hechos o circunstancias que se suponen establecidos y cuya relación con el hecho investigado, que es la X del problema, se trata de deducir, ya se trate de una incógnita que debe ser determinada, de un dato que debe completarse o de una hipótesis a verificar, tanto sobre la materialidad del delito como sobre la identificación del culpable y las circunstancias del acto incriminado. La prueba reside esencialmente en la inferencia que induce del hecho conocido el hecho a probar, de donde surge su carácter indirecto: el resultado se obtiene por razonamiento, en lugar de ser verificado o declarado verbalmente o por escrito como en las demás pruebas". Dice que "es una prueba de segundo grado en el sentido de que se apoya sobre los datos de otras pruebas por las que pudo conocerse el hecho indiciario circunstancial: verificaciones, testimonios o peritajes", concluyendo que esta prueba "vale mucho menos por el significado de cada indicio en particular, que por el del conjunto de indicios: allí donde uno solo no alcanza a ser probatorio, una pluralidad concordante es concluyente". Admite que "si bien esta prueba tiene la desventaja de ser indirecta, más o menos compleja y generalmente fragmentaria, tiene en cambio la ventaja de ser objetiva, basada en hechos".

A la hora de inquirir acerca del valor probatorio de los indicios, destaca, siguiendo a Ellero (op. cit., p. 268), que el criterio a aplicar consiste en verificar que "una circunstancia indica tanto más un hecho cuanto menos puede indicar otros hechos diferentes (.). Cuando un hecho sólo puede ser atribuido a una sola causa, constituye un indicio necesario; cuando puede ser atribuido a varias causas no es más que indicio probable y, en este caso, faltará determinar entre las causas posibles la verdadera; ésta se convierte en un indicio necesario cuando se pueden excluir todos los acontecimientos posibles, excepto uno".

Es que, como lo afirma Gorphe, "la prueba indiciaria, por su misma naturaleza, no se comprende casi sin que existan varios indicios más o menos importantes y resulta tanto más completa cuanto más numerosos y variados sean los indicios: cada uno aporta su rayo de luz y une los eslabones de la cadena" (op. cit., p. 288).

III.3.

Así conformado el plexo probatorio, cabe efectuar su valoración integral.

En este orden de ideas, deviene menester partir del testimonio prestado por la víctima, quien refiere la ocurrencia de los hechos, cuya existencia ya ha quedado demostrada, según se dijera en el apartado II de estos considerandos, adjudicando su autoría a su abuelo, C. G.

Según ya he tenido oportunidad de señalarlo en distintos precedentes resueltos por este mismo Tribunal (causas nº 76/09, 61/09 y 145/09, entre otras), debe tenerse en cuenta el valor probatorio que reviste el relato de la víctima, sobre lo cual "se han mostrado contestes distintos órganos judiciales del país, algunos de ellos Superiores en sus respectivas jurisdicciones, admitiendo y valorando la importancia que tienen las expresiones de las víctimas en delitos como el que se investiga. Así lo han hecho, entre otros, la Corte de Justicia de la Provincia de Salta (17/3/2009, "A. J.A.", La Ley On Line), el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis (22/11/2005, "Escudero", LLGran Cuyo 2006, agosto, 942); el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (6/9/2005, "A., M.", LLPatagonia, 2006, 184); la Sala II del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco (14/5/2008, "Marba", La Ley On Line); el Tribunal Superior de la Provincia de Santa Cruz (14/5/2008, "N., J.A.", LLPatagonia, agosto 2008, 361; 8/9/2008, "Vitale", La Ley On Line; 9/12/2008, "B., L.R.", LLPatagonia, junio 2009, 864) y la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba (16/2/2009, "Cisterna", LLC, mayo 2009, 413), entre otros precedentes.

Debe decirse que el niño refirió en su declaración que ello ocurría cuando ambos -el encartado y el- se encontraban solos en el domicilio de G., pues su madre estaba ausente por distintas razones, al igual que su abuela y tíos. Ahora bien, ello se compadece con el relato efectuado por la progenitora, la Sra. R. G., cuando indicó frente al Tribunal que ella lo mandaba siempre a la casa de sus abuelos ya que su madre se lo cuidaba mientras ella estudiaba enfermería.

Las declaraciones resultan temporalmente coincidentes con la fecha aproximada en la que se produjeron los hechos denunciados, a lo que suma su correspondencia con la ausencia materna, tal como da cuenta L. en su narración.

Por otra parte, resulta también importante ponderar que si bien la defensa pretendió atribuir los hechos narrados al hijastro del padre de L., los dichos del menor describen claramente que la plataforma fáctica sobre la que se basa la acusación fiscal señalan a G. como autor de los ilícitos y sobre ellos deberá resolverse.

De este modo, juzgo que le asiste razón a la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal habilitada en cuanto sostiene que G. es autor del delito por el que viene acusado.

III.4.

Se ha reiterado y enfatizado las numerosas dificultades que enfrenta la prueba en materia de delitos contra la integridad sexual, razón por la cual se torna indispensable agotar todas las vías de interpretación de la prueba, enderezadas a despejar cualquier asomo de duda al respecto.

Por ello, también deviene necesario verificar el contexto en el que se produjo el abuso y, en su caso, establecer si las características asumidas por la conducta del encartado y por los demás miembros del entorno familiar se corresponden con las que habitualmente se encuentra en este tipo de conductas.

En relación a este extremo, no es posible soslayar que uno de los rasgos definitorios marcados por Gutiérrez en materia de abuso sexual infantil (Delitos sexuales sobre menores, ed. La Rocca, Buenos Aires, 2007, p. 37 y siguientes) consiste en que "resulta notable, el carácter reiterativo que poseen los sucesos, no apareciendo, en la generalidad, como hechos aislados. El aprovechamiento abusivo, se produce a través de una cadena de episodios, en general de gravedad ascendente y de dilatada trayectoria temporal.". Añade también que "en los casos en que el ofensor es un allegado, la denuncia o puesta en conocimiento de terceros, es tardía". Asimismo, "es infrecuente, en la mayoría de los episodios, hallar un importante despliegue de violencia, asomando por el contrario éste como mínimo (.) El infante, es por demás permeable, por su grado de desarrollo, ante el uso de medios más sofisticados, tales como la amenaza, la seducción, la traición a la confianza, la persuasión, inclusive a actuar por los sentimientos y afectos que supo el otro generar".

Con igual orientación, cabe destacar que existen algunas características propias del ámbito en el que el abuso se produce y que él enumera: el autor "se halla emparentado, o cuanto menos deviene conocido por parte de sus víctimas menores" (Gutiérrez, op. cit., p. 37). Por su parte, aduce BettinaCalvi (Abuso sexual en la infancia. Efectos psíquicos, ed. Lugar, Buenos Aires, 2005, p. 65) que "existen varios aspectos para que la madre desconozca el incesto o el abuso (intrafamiliar, es decir, también incestuoso). Uno de estos aspectos y tal vez el más relevante es que los protagonistas pertenecen a la familia, ámbito privilegiado para la construcción de la realidad de los sujetos. En este caso las estrategias del abusador consistirán en la manipulación y/o distorsión de esa realidad para que no se evidencien las acciones incestuosas. Estas estrategias conducen a que cada uno de los miembros de la familia no confíe en sus propias percepciones".

En este sentido, no puede perderse de vista que, precisamente, esta descripción del contexto en que generalmente se produce el abuso sexual, se adecua a lo descripto respecto de la actitud del acusado por parte de la Sra. G. y de la víctima, compadeciéndose ello con lo puntualizado por la Lic. Sofía González Peralta en su informe de fs. 150/152 vta.. A dicha circunstancia debe añadirse el miedo fundado del niño al agresor, lo que surge de lo referido por ella misma en su declaración en Cámara Gesell. Ambos elementos concurren a conformar un marco propicio a la consumación del acometimiento sexual abusivo, en las circunstancias en que quedó probado que se produjo y que dificultó que pudiera ser advertido tempranamente por la madre del niño, impidiéndole actuar en consecuencia.

Por otro lado, conviene, en pos de no excluir ningún punto de vista sobre la materia, acudir a la revisión de la presencia en autos de los indicadores consignados por Alvaro de Gregorio Bustamante (Abuso Sexual Infantil. Denuncias falsas y erróneas, ed. Omar Favale Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 2004, p. 212 y siguientes), por ser un autor para nada complaciente frente al liminar acogimiento de las denuncias de abuso sexual. Es que el tamiz más riguroso que ofrece su punto de vista crítico resulta el mejor test para confrontar la prueba a valorar.

Estos indicadores, enunciados por este autor, citando a Berlinerblau, son, entre otros, los siguientes: indicadores físicos en zona anal, conocimiento sexual inapropiado para la edad, narración de episodios de victimización sexual en la que ofrece una descripción detallada de particularidades asociadas a dichas vivencias, maniobras coercitivas y amenazas recibidas por parte del presunto agresor destinadas a evitar el develamiento, modos de reacción propios y de terceros, repercusiones emocionales y somáticas de las vivencias, etc. todo lo cual resulta congruente con lo investigado en autos. No hallándose indicadores compatibles con contaminación y/o influencia de terceras personas en su relato, como así tampoco indicadores de fabulación, ni motivación para informar en falso, según lo expresado por la Lic. Gonzales Peralta en el punto 4 de su informe.

Desde el punto de vista de las improntas físicas derivadas del acometimiento sexual denunciado, debe decirse que ello se halla acreditado con el informe médico producido en autos, a fs. 8 y vta., por el Dr. Constante Bermúdez, y las explicaciones que l mismo profesional brindó al Tribunal en la audiencia de debate y del que ya se hiciera mérito al examinar la cuestión relativa a la demostración de la ocurrencia del injusto, en el apartado II precedente.

Asimismo, destaca el autor seguido que constituye un elemento importante a ponderar el relato de abuso sexual consistente en el tiempo: para lo que "deben tomarse las palabras exactas del niño y confrontar sus anteriores declaraciones con las actuales; los detalles pueden variar -especialmente en niños pequeños-, pero la descripción del hecho central debe permanecer básicamente sin cambios".

Este criterio se encuentra cumplido en la causa. Ello es así pues, como surge tanto de la declaración de la progenitora de R. J. G. como del niño, el relato efectuado por este, en oportunidad de prestar su declaración en Cámara Gesell fue coincidente en sus partes esenciales con aquella. En este sentido, debe destacarse, a título de parámetro a tener en cuenta para valorar sus dichos, la continuidad histórica del discurso empleado por la víctima, sosteniendo en todo momento su versión sobre la conducta abusiva asumida por su abuelo.

Dicho extremo resulta, a su vez, objetivamente sustentado, en cuanto se refiere a su entidad como prueba de cargo, en las apreciaciones vertidas por la Lic. González Peralta, tanto como resultado de la entrevista en Cámara Gesell, agregadas a fs. 24 como en la pericia practicada e informada a fs. 150/152 vta, relativa a la observancia, en su relato, de los criterios que afirman su verosimilitud y, por ende, desde el punto de vista procesal, su confiabilidad probatoria.

Asimismo, debe mediar una "descripción detallada", lo que implica que "la declaración debería ser rica en detalles acerca de personas, lugares, tiempos y sucesos específicos", aclarándose que "la simple repetición no significa 'descripción detallada". En este orden de ideas, el relato del niño contuvo las suficientes precisiones relativas a los hechos ocurridos, aun cuando pudieran no ser calificadas de pormenorizadas. En relación a ello debe hacerse mención de la exactitud de la descripción del lugar en el que ocurrieron los injustos, esto es, la vivienda que habitaban sus abuelos junto a parte de su grupo familiar así como la determinación del horario en los que se ejecutaban los injustos, a saber, cuando la progenitora no se encontraba en el inmueble por razones laborales o para asistir a sus clases de enfermería. Con igual orientación debe interpretarse la coincidencia que media entre lo afirmado por el niño y lo denunciado por la madre, al decir que G. aprovechaba los momentos en los que se encontraba a solas con el menor, cerraba las puertas de la casa y de la habitación para poder actuar sobre seguro y abusar de L.

También se requiere que el relato expuesto por la víctima tenga una estructura lógica. Ello significa que "la declaración debe adquirir sentido al ser tomada como un todo, no requiere que la declaración sea lineal. Los detalles inusuales, contenidos peculiares y eventos inesperados no rebajan este criterio en tanto la declaración sea coherente". Sobre este punto, cabe resaltar que la declaración del niño se muestra debidamente correlacionada con lo informado por la Licenciada González Peralta, a fs. 150/152 vta. y de la que ya se ha hecho mérito.

Acerca de los indicadores compatibles con los hechos denunciados por el niño, describió en su pericia la Lic. González Peralta que " se detectan indicadores psicológicos que se hallan en correlación y resultan compatibles con las vivencias reiteradas, disruptivas, de índole sexual descriptas en detalle por el menor durante su declaración." y agrega que presenta " dificultades en la canalización de ansiedades despertadas a partir de la reviviscencia de dichas situaciones, recurriendo al uso rígido y excesivo de la negación, represión y la disociación afectiva, mecanismos psíquicos con los que se sobreadapta (evidenciando estado de anestesia emocional) a sentimientos dolorosos emergentes; asombro y desconcierto frente a la irrupción imprevista de la genitalidad adulta y el contacto inadecuado sobre su corporeidad, situación que aún resulta incomprendida o escasamente asimilada para un niño de su corta edad y la inmadurez correspondiente de su desarrollo psicológico.", circunstancia que se aprecia a la luz del resultado de la pericia practicada por la Lic. González Peralta, a fs. 150/152 vta. En efecto, esta profesional consigna que en el niño se advierte desde el punto de vista del comportamiento y emocional, "recuerdos recurrentes de contenido perturbador que disminuyen su capacidad de concentración y ejecución de tareas.sentimientos de temor y angustia.pesadillas, temores nocturnos, dificultades para mantener y conciliar el sueño." y "desconcierto respecto de las reacciones de figuras afectivas significativas (que ostentan una doble faceta: amor-agresión) incertidumbre y contrariedad, sentimientos de confusión y desconcierto respecto de las reacciones de figuras afectivas que originan sentimientos de culpabilidad y autorreproches por develamiento y por sensación de desintegración familiar." Como deviene sencillo observar, estos extremos, hallados en la evaluación pericial psicológica practicada a la víctima dan cabal cuenta de las razones por las que no se atrevió a develar el hecho a su madre -o a cualquier otro allegado- inmediatamente después de ocurrido, toda vez que ello implicaba, simultáneamente, sobreponerse a las consecuencias minusvalorantes que provocó en su psiquis el acometimiento como, por otro lado, derivaciones identificadas como consecuencias propias de la violencia física con la que era amenazada, extremo que sirviera de marco para la consumación del delito, a tenor de lo descripto por el mismo menor.

Así también, guardan relevancia las circunstancias del contexto, según las cuales, "el o los hechos centrales de la declaración deberían estar situados en lugares y tiempos específicos. Más aún, el evento central debería estar asociado a eventos incidentales tales como ocurrencias cotidianas". Sobre esto, diré que la circunstancialidad con la que L. C. Q. describe témporo-espacialmente el modo en que acontecieran los injustos han sido materia sobradamente examinada con precedencia.

Ciertamente que no puede esperarse -ni resulta imprescindible- que todos los indicadores estén presentes en el caso concreto, resultando, en todo caso, necesario que, por lo menos algunos de ellos se encuentren, teniendo en cuenta el contexto en el que se produce el abuso.

IV.

Corresponde establecer que no se ha alegado ni, mucho menos, probado en esta causa ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 34 del Código Penal, que autoricen a considerar que el encartado pudo haber cometido el injusto adjudicado bajo la influencia de alguna de las causales excluyentes de la culpabilidad o de justificación por lo que su responsabilidad penal por los hechos atribuidos también debe darse por cierta.

V.

Siendo ello así, sólo resta dar cumplimiento a lo prescripto por el art. 432, inc. 3, del Código Procesal Penal (ley 5623).

En su mérito, y con arreglo a los extremos probados en autos, concluyo que en el llamado primer hecho, "acaecido a mediados del mes de diciembre de 2015, entre las 19:00 y 20:00, en circunstancias en que el menor L. C. Q., de ocho años de edad, se encontraba en la casa de sus abuelos, ubicada en calle ..., Mzna. ..., lote 9 del barrio Campo Verde de San Salvador de Jujuy, fue que su abuelo C. G., aprovechando la ausencia de su esposa G. G., y su hija R. J. G., estando a solas con su nieto L. Q., cerró todas las puertas de la casa, y amarrándolo del brazo, lo condujo a la habitación de su abuela y lo sometió sexualmente, introduciéndole el pene en el ano.

El segundo hecho, ". acaecido entre fechas 26 al 29 de diciembre del 2015, sin precisar hora cierta, en circunstancias en que el menor L. C. Q. fue a la casa de sus abuelos ubicado en calle ... nº ., Mzna...., lote 9 del barrio Campo Verde de San Salvador de Jujuy, a buscar la comida, es que al llegar, su abuela G. G. le pidió que cuidara a su primo de un año de edad y vino su abuelo C. G., lo agarró del brazo y diciéndole "vení te voy a dar pan", se lo llevó a su habitación que tiene dos puertas, y lo condujo hacia un sector donde se encuentra un placard viejo, detrás del baño, lugar en que tras bajarle los pantalones, lo accedió carnalmente, introduciéndole su pene en el ano".

Estos elementos, cabalmente acreditados con el material probatorio colectado en la causa, autorizan a tener a G. por autor material del delito de abuso sexual con penetración, dos hechos concursados realmente.

VI.

Así como he llegado al convencimiento de la existencia del hecho que se investigara en este juicio, de la autoría en cabeza del acusado y de la ausencia de causales que permitan no aplicarle punición, corresponde expedirme sobre la pena que consecuentemente cabe disponer a su respecto, aplicando los criterios de ponderación que preconiza la ley que regula la materia.

A estos fines, habrá de valorarse que la Sra. Fiscal de Sala habilitada, en sus alegatos, solicitó la aplicación de una pena de quince años de prisión, mientras que la defensa del encartado peticionó la absolución de su asistido y en subsidio el mínimo de la pena prevista en el tipo penal del Art. 119 tercer párrafo. Descartada esta última propuesta, cabe centrar nuestra atención en el pedido de pena efectuado por la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal habilitada.

Ante las preapuntadas ponderaciones es que se torna necesario cuantificar la pena que se debe imponer a G. Ello así porque, como lo expresa María José García Torres (LA LEY, 2000-D, 1195) "no debe olvidarse que la individualización de la pena es la fijación por el juez de las consecuencias jurídicas de un delito, según la clase, gravedad y forma de ejecución de aquéllas, escogiendo entre la pluralidad de posibilidades previstas legalmente. Es un acto de discrecionalidad, pero se encuentra vinculado jurídicamente, constituyendo sus límites la culpabilidad -que también es su fundamento- y los principios establecidos por el art. 41 del Cód. Penal. Es decir, también el grado de injusto, admitiendo el correctivo de la peligrosidad.- Es decir que este arbitrio no puede ser ejercido arbitrariamente, puesto que está, como se dijo, condicionado. El juez tiene el deber de fundar su decisión también en lo relativo a la determinación de la pena en concreto.- Este deber surge, naturalmente, del art. 18 de la Constitución Nacional (.) y del propio ordenamiento material que en el art. 41 establece las pautas que deben ser meritadas en tal decisión. Y permite que dicha tarea sea controlable, y comprobable desde el punto de vista jurídico, y que por ende, no se pueda afirmar como principio general que la individualización de la pena sea una de esas cuestiones que, por estar referidas a la valoración de los hechos y la prueba, sea privativa del tribunal de mérito, y por ello incontrolable en Casación" (íd., Patricia Ziffer, Deber de fundamentación de las decisiones judiciales y la determinación de la pena, en Contribuciones 3/1996, publicación trimestral de la Konrad Adenauer Stiftung A.C., año XII, nº 3 [51], julio-septiembre, 1996, p. 155).

VI.1.

Según lo dispone el art. 119, primer, tercer párrafo del Código Penal, la pena aplicable al caso va desde un mínimo de seis a un máximo de quince años de reclusión o prisión, habiendo solicitado la Sra. Fiscal habilitada la aplicación de una pena de quince años de prisión, por lo que en este marco cuantitativo es que habrá de determinarse el quántum de punición que le cabe a C. G. por los hechos por los que viene acusado y se lo encuentra autor responsable.

Para ello corresponde acudir a los parámetros imperativamente impuestos por los arts. 40 y 41 del Código Penal.

La mentada previsión legal constituye una verdadera atribución confiada al juzgador para que, a la hora de ponderar si cabe aplicar una sanción al responsable, deba también, al igual que se hace al mensurar su entidad cuando resulta positivamente respondido lo anterior, verificar -como lo manda el art. 41 del Código Penal- cuestiones objetivas, relativas al hecho y aspectos subjetivos del autor, estableciendo límites legales a las penas que Zaffaroni (Tratado, Parte General p. 291) identifica como la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad. Esto es así porque, como lo afirma BerndSchünemann (La función del principio de culpabilidad en el Derecho penal preventivo, publicado en El sistema Moderno de Derecho Penal: Cuestiones fundamentales, ed. Tecnos, Madrid, 1995, p. 173) "la medida de la pena depende, desde perspectivas preventivas, en primer lugar, de la gravedad de la lesión de los bienes jurídicos y, en segundo lugar, de la intensidad de la energía criminal" empleada por el autor en la comisión de la conducta reprochada.

VI.2.

Establecido esto, deviene necesario, ahora, valorar los distintos factores que habrán de incidir en la individualización concreta de la punición a la que se hiciera merecedor G.

VI.2.1.

Respecto de la primera exigencia, a saber, la referida a la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla así como la extensión del daño y del peligro causados, bien vale decir, en consonancia con lo que se concluyera al realizar su oportuna valoración en los parágrafos anteriores, que el delito por el que termina siendo acusado G. es, intrínsecamente, un injusto de gravedad social de alta relevancia, reflejado esto en la importancia de la pena con la que amenaza la norma punitiva.

En este orden de ideas, conviene recordar que el obrar desplegado por el acusado consistió en una conducta sexualmente ofensiva cumplida valiéndose de la naturaleza esencialmente vulnerable del niño L. Q., dada su edad, así como de sus peculiares características personales -descriptas con detalle por la profesional en salud mental interviniente y que pudieron ser cabalmente apreciadas por este Tribunal al presenciar su declaración en Cámara Gesell, documentada en el soporte digital respectivo agregado a la causa. Por otra parte, no debe olvidarse que, en la especie, a la hora de valorar este aspecto de la determinación de la pena, también debe verificarse que el ofensor es considerado su abuelo - recordemos que el vínculo no se encuentra formalmente acreditado en autos -, esto es, una de las personas de las que ésta debió esperar la observancia del deber de protección inherente a su condición, antes que la agresión de la que la hizo objeto. Esta circunstancia trae aparejado un sensible y razonable aumento del sufrimiento experimentado por la víctima por lo que la ofensa sexual inferida se torna aún más gravosa.

De igual manera, corresponde ponderar la ausencia -o, por lo menos, la debilidad- de parámetros autolimitantes por parte del autor respecto de su conducta reprochable para con el niño.

En cuanto se refiere a la necesidad de valoración del peligro causado por la actuación del autor, no puede omitirse considerar que el imputado expuso a la víctima a la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual resultante del acometimiento le acarreara sensibles daños dada su corta edad, sin que le hayan interesado las posibles derivaciones de su conducta, concentrado únicamente en la satisfacción de su propio impulso lúbrico.

Por cierto que estas circunstancias permiten ubicar al caso en un punto superior al mínimo legal permitido VI.2.2.

En lo que interesa al segundo de los aspectos a considerar, con arreglo a lo que manda el art. 41 del Código Penal, cabe poner el acento en el propio acusado en particular. A este fin se requiere la precisa delimitación de los alcances de este examen, en orden a evitar ingresar en el universo de materias a ponderar, facetas inherentes al acusado que, sin embargo, no guardan relevancia puntual para la determinación del monto de pena, evitando, de tal suerte, el peligro de incurrir en la valoración inconstitucional de elementos protegidos por el principio de reserva o excluidos por imperio del derecho penal de acto (cfr. Patricia Ziffer, Lineamientos de la determinación de la pena, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 115 y siguientes; misma autora, comentario a los arts. 40 y 41 del Código Penal, Código Penal y normas complementarias, dirigido por Baigún y Zaffaroni, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2007, segunda edición, T. 2-A, p. 75 y siguientes).

Siguiendo a Claus Roxin (Derecho penal, Parte General, 2ª edición, Civitas, Madrid. 1997, p. 817), ". sólo la culpabilidad existente durante la misma realización del tipo puede convertirse en fundamento de la responsabilidad jurídicopenal. Si falta, no es lícito recurrir en vez de a ella a una 'culpabilidad por la conducción de la vida' o 'culpabilidad por la decisión de la vida' existente en el pasado, y que lo ha convertido al sujeto, por su propia conducta equivocada, en lo que es hoy. Pues una conducción 'culpable' de la vida no es una realización culpable del tipo, y sólo esta es punible (.) También las concepciones de la culpabilidad por el carácter se mantienen sobre la base de la culpabilidad por el hecho individual, al tomar el carácter como fundamento de la constatación de la culpabilidad sólo en cuanto que aquel se haya manifestado en la concreta realización del tipo". Como se encarga de recordarlo Edgardo Donna (Teoría del delito y de la pena, T. 2, Imputación delictiva, ed. Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 185 y siguientes, citando a Jescheck), "el principio de culpabilidad no presupone sólo que el hombre pueda decidir con libertad, sino también correctamente. Junto con la capacidad de querer debe hallarse la capacidad para los valores", traduciéndose en el criterio básico sobre la materia que "consiste en determinar si el sujeto puede comprender el injusto o ilícito de su acción y actuar conforme a esa comprensión" (Donna, op. cit., p. 227).

En este orden de ideas, no puedo permitirme dejar de valorar que G. es un hombre mayor, que carece de antecedentes penales computables, a tenor del informe emitido por el Registro Nacional de Reincidencia a fs. 114, así como cabe destacar que se trata de una persona de escasa instrucción, pues sólo cuenta con escolaridad primaria incompleta, según lo consignado a fs. 136.

Estos elementos autorizan a posicionar la pena aplicable en el mínimo legalmente autorizado.

VII.2.3.

Queda para el final de este análisis lo relativo a la peligrosidad del imputado, toda vez que se trata de la materia sobre la que mayores controversias se han producido. Ello así porque, como bien lo indica Ziffer (Código penal., p. 78), guarda reminiscencias positivistas, inadmisibles dentro del derecho penal de hecho. En este sentido, y admitiendo la imprescindible reductibilidad del criterio de peligrosidad a fronteras más acordes al principio de culpabilidad por el hecho, cabe decir que "es correcto vincular a la peligrosidad con las necesidades de prevención especial y con la necesidad de valorar, al momento de determinar la pena, los efectos posibles sobre el autor en concreto, la posibilidad de trascendencia a terceros y la necesidad de evitar la reiteración" (cfr. Ziffer, op. cit., p. 80).

Desde este punto de vista y sin dejar de reconocer las dificultades que encierra valorar cuestiones relativas a la peligrosidad del sujeto, con la advertencia preapuntada, estimo que la conducta cumplida por el autor en el evento investigado resulta demostrativa de manifestaciones criminales relevantes, en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se cometieron los hechos endilgados y probados. O, dicho en las palabras de Schünemann, su energía criminal puesta al servicio de la ejecución del injusto fue significativa.

Así, cabe considerar que el injusto fue perpetrado aprovechando tanto situaciones que eran de absoluta normalidad en la vivienda familiar, como lo era el hecho de que la Sra. G. debía ausentarse diariamente por razones de estudio. A su vez, debe valorarse que G. ejecutó el injusto valiéndose del temor que su conducta agresiva le generara al niño, tornándolo incapaz de resistir el acometimiento y subordinándolo a convertirse en un medio para su desfogue sexual.

Estas notas caracterizantes de la conducta endilgada a G., convencen sobre la necesidad de imponerle la pena que resulte proporcional a la intensidad de la peligrosidad de la que resultan reveladoras.

VI.2.4.

Es del caso, entonces, avanzar en este análisis para precisar el monto de pena que corresponde aplicar a C. G.

A mérito del complejo examen cumplido en autos, del sentido que corresponde otorgar a las circunstancias objetivas y subjetivas probadas en la causa que inspiraron, condicionaron, motivaron y se derivaron como consecuencias de la conducta del encartado, conforme lo manda el art. 41 del Código Penal; teniendo en particular consideración el margen de valoración cuantitativa que permite al juzgador la normativa aplicable al caso, respecto del delito por el que fuera declarado autor y responsable, así como lo solicitado por la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal habilitado ante esta Sala, juzgo razonable, justo y proporcionado a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió el delito atribuido al acusado y, fundamentalmente, el grado de culpabilidad con el que se desempeñó en la ejecución de la conducta que se le reprocha, su carencia de antecedentes computables y la peligrosidad revelada en el caso -con arreglo a las limitaciones arriba explicitadas-, proponer al acuerdo de mis colegas que se le imponga a C. G. la pena de nueve años de prisión.

Ello así por encontrarlo autor material y responsable del delito de abuso sexual con penetración, previsto y penado por el art. 119, tercer párrafo del Código Penal, accesorias legales y costas conforme arts. 40, 41, 12 y 29 inc. 3º del citado código de fondo.

VII.

En cuanto a los estipendios profesionales correspondientes a los Dres. Sergio Valdecantos y Raimunda Cáceres, en su calidad de codefensores del encartado C. G., estimo justo y proporcionado a la tarea cumplida, fijar la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) y tres mil quinientos pesos ($3.500) respectivamente por la labor desarrollada en la presente etapa procesal en concepto de honorarios profesionales, en conformidad con lo preceptuado por el art. 552 del Código Procesal Penal y 3, 4 inc. c, 5 y 13 de la ley de aranceles para abogados y procuradores nº 1.687/46.

Así voto.

El Dr. Antonio LLermanos dijo:

Adhiero a las conclusiones a que arribara el Sr. Vocal preopinante, por resultar tales apreciaciones coincidentes con las elaboradas al momento de las deliberaciones correspondientes.

Así voto.- Se deja constancia de que la Dra. Ana Carolina Pérez Rojas, habiendo participado de la deliberación y manifestando en esa ocasión que adhiere en un todo al voto de Presidencia de trámite, no suscribe la presente por encontrarse a la fecha en uso de licencia.

Por los motivos precedentemente expuestos, el Tribunal en lo Criminal nº 2 de la Provincia de Jujuy Falla:

"I.- Haciendo lugar parcialmente a la nulidad articulada por la defensa técnica del encartado G..

II.- Condenando al imputado C. G., de las demás calidades personales obrantes en autos, a cumplir la pena de nueve (9) años de prisión, por resultar ser autor material y responsable del delito de Abuso Sexual con penetración, dos hechos en concurso real, previsto y penado por el Art. 119 tercer párrafo del Código Penal de la Nación, accesorias legales y costas, conforme Arts. 40, 41, 55, 12 y 29 inc. 3º del citado código de fondo.

III- Regulando los honorarios de los Dres. Sergio Valdecantos y Raimunda Cáceres, en la suma de pesos cinco mil ($ ..) y pesos tres mil quinientos ($ ...) respectivamente por la labor desarrollada en la presente causa.

Fdo. Ante mi: Dr. JORGE RODRIGUEZ. SECRETARIO.