marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Desechos peligrosos, plaguicidas, daño ambiental
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gabrielli, Jorge Alberto y otros s/ p.ss.aa. infracción Ley 24.051 -Recurso de Casación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-09-17

El contenido de este tipo de peligro abstracto o daño hipotético en lo relativo al elemento normativo referido a qué se entiende por residuos peligrosos, debe realizarse conforme a la complementación normativa que conforma el bloque normativo integrado por la Convención de Basilea y las disposiciones legales tanto nacionales, como provinciales y municipales que en el ámbito de las competencias concurrentes posibilitan interpretar el sentido y alcance de aquello que configura un residuo peligroso como objetos peligrosos que deben ser eliminados y no deben ser utilizados, con potencial afectación del medio ambiente de un conjunto poblacional especialmente vulnerable por encontrarse en emergencia sanitaria.
Emergencia económica, intereses, tasas de interés, inflación, daños y perjuicios
Materia: ECONOMIA
Carátula: "Naveda  Jorge Adrián c/ Estado Nacional -M° de Justicia s/ Daños y Perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-13

Tratándose de intereses moratorios y teniendo en cuenta el voto minoritario expresado en la sentencia plenaria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil "Alaniz Ramona E. y otro c/ transportes 123 S.A.C.I.", del 23-3-04 que sustancialmente aprecia la variación de las bases que oportunamente fundaron la aplicación de la tasa activa a raíz de la emergencia, la pesificación de las obligaciones, la autorización de índices de actualización en algunos supuestos y la devaluación de la moneda, factores que impactaron en el sistema financiero y en las tasas de interés, es apropiado, ante la imposibilidad de aplicar mecanismos de actualización monetaria para mantener el capital de condena, aplicar una tasa de interés que no sólo compense la falta de uso del dinero sin que también atienda la expectativa inflacionaria y asegure al acreedor la integridad de su crédito, fines que sólo se pueden satisfacer mediante la liquidación con la tasa activa debiendo aplicarse la tasa de interés pasiva capitalizable que publica el B.C.R.A. que solicita el actor, salvo que la activa arroje un resultado menor, desde el momento del evento dañoso hasta el de la entrega de los Bonos de Consolidación y hasta el momento del efectivo pago para las sumas no consolidadas (del voto del juez Grecco, cons. 5).
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, lugar de emisión
Materia: PROCESAL
Carátula: Llosa, Cecilia Eva c/ Huerta, Alfredo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-06-25

La actora inicia el proceso ejecutivo sobre la base de un documento que califica como pagaré. Del análisis del contenido del instrumento, conduce al Tribunal a la conclusión de que se hallan ausentes los presupuestos que condicionan la admisibilidad de la vía ejecutiva.

El documento carece de la expresión del lugar de creación del título, es decir, que no cumplimenta la totalidad de los requisitos extrínsecos esenciales que exige la ley cambiaria, sin que dicha omisión pueda ser subsanada por el lugar o domicilio que aparezca al lado del nombre o de la firma del suscriptor.

Claro está, sin perjuicio de que queda a la ejecutante la decisión de intentar explorar la vía ordinaria, ámbito en el que se ensancha (cuantitativa y cualitativamente) el espacio del debate litigioso respecto de la presunta deuda que esgrime.
Delito de acción privada, querellante, domicilio
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA, H s/ Querella
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1965-12-17

El querellante por delito de acción privada, domiciliado en el país, puede querellar, no obstante no estar sometido a la jurisdicción del Juzgado.
Recurso de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: L., J. G. c/ XHARDEZ Y COZZI S.R.L. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-03-17

Lo relativo a la selección y prelación del material fáctico - probatorio conducente resulta una materia reservada al tribunal de grado, exenta en principio de control mediante recurso extraordinario, ya que este Superior Tribunal no constituye una segunda o tercera instancia, sino que tiene a su cargo la revisión de legalidad de los fallos de las Cámaras de grado. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Causales de divorcio y separación personal, injurias graves, malos tratos
Materia: CIVIL
Carátula: B. C. E. c/ G. E. A. s/ DIVORCIO VINCULAR (ORDINARIO).
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-16

En el caso, la actora invoca la causal de injurias graves frente a los malos tratos que sufre de su cónyuge. Para que su pretensión sea acogida debía allegar elementos que creen la convicción de que el accionado incurrió en actos u omisiones que lesionaran a la actora, no dejando dudas sobre la imputación de la causal subjetiva invocada.

En la etapa probatoria se observa orfandad al respecto pues las denuncias policiales como reiteradamente lo sostienen la jurisprudencia son solo unilaterales y sin contralor de parte, por ello no constituyen prueba idónea para el resultado pretendido debiéndose así examinar pruebas que lleven a la causal de divorcio sanción.

Asimismo el juicio de depósito de persona que se tiene a la vista no revierte lo aseverado precedentemente pues tiene como base una constancia policial y tratarse la causa de una cautelar que no permite tener probado la causal de injurias graves motivo del divorcio intentado. El silencio del demandado no hace cambiar el criterio sustentado pues correspondía a la actora la prueba de sus afirmaciones.

Se trata en el caso del orden público familiar cuyo interés excede del marco individual ante la institución del matrimonio por lo que la actora debía ofrecer y producir pruebas tal como se adelantara que lleven al Sentenciante a decretar el divorcio sanción por culpa del accionado.

En el caso debió actuarse en razón de lo afirmado no pudiendo el juez crear la causa de la ruptura matrimonial por la sola inactividad del accionado.

(C.C.F.S., Sala 2, Sent. N° 44, fecha: 11/03/2003).

DRES.: SANTANA ALVARADO - AGUILAR DE LARRY.
Terminación del proceso, caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Luis Mariano Stacchiola y otro c/ Empresa Nort-Instalaciones s/ RECURSO DE CASACION Nort-Instalaciones s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-02-15

Resulta atinado reiterar la doctrina que sentara el Tribunal, en orden al valor del instituto de la caducidad de la instancia.

Esta doctrina puede resumirse así: "el instituto de la caducidad de la instancia reconoce como fundamento el interés público comprometido en el desenvolvimiento normal del proceso evitando su prolongación indefinida en detrimento de una buena administración de justicia y se apoya en una presunción tácita de su abandono por el accionante.Ese interés público, debe resguardarse más por el órgano jurisdiccional que por los litigantes, según la misión que les ha sido confiada por nuestro ordenamiento procesal (conf.art.3º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria).Por ser un modo anómalo de terminación del proceso, es de aplicación excepcional y sus normas de interpretación restrictiva.Es al órgano jurisdiccional a quien le corresponde impulsar el proceso, debiendo adoptar todas las medidas apropiadas para evitar su paralización" y que luego cobró mayor relevancia tras la reforma de nuestra Constitución en 1986, en la que se estableció como un principio procesal rector, la obligación para los magistrados de evitar la paralización de los juicios.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, sociedad prestadora de servicios médicos, responsabilidad médica, asistencia odontológica, improcedencia del recurso, falta de prueba
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Silvero, Marcia c/ Cj & F SA (antes Odonto Group SA) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-06

Procede rechazar la demanda que tuvo por objeto la resolución contractual y el cobro de cierta suma en concepto de reparación de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de cierta prestación médica odontológica a partir del cual se atribuyó responsabilidad a la entidad demandada. Ello por cuanto, en el caso, si bien no se reprocha en sí el obrar de los profesionales que atendieron a la accionante por una configuración de mala praxis, sino que la queja giró en torno a la presunta demora excesiva y falta de avance en tiempo prudencial del tratamiento contratado, a los variables escenarios que podían acontecer durante el transcurso del tratamiento, se agrega la ausencia de estipulación contractual de un plazo exacto de finalización, así como de una cantidad precisa de sesiones, desde que sólo figura contemplado el compromiso de la clínica "a asignar los tiempos suficientes para cada prestación a fin de resguardar las buenas prácticas profesionales. En ese marco, no resulta posible atribuir al centro demandado una conducta reprochable susceptible de comprometer la responsabilidad de ésta en los términos reclamados por la recurrente y, consecuentemente, no se advierte causal objetiva que amerite disponer la resolución contractual y la admisión de los daños reclamados.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, productos alimenticios, comercialización
Materia: LABORAL
Carátula: MEZA, JORGE c/ ADOLORATO, JUAN Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-20

En los contratos de concesión, distribución y franquicia, la actividad normal del fabricante o concedente, excluye las etapas realizadas por el distribuidor o concesionario, por lo que no existe contratación de servicios en los términos del art. 30 LCT. En tal sentido, debe aplicarse al caso lo decidido por la CSJN en la causa "Rodríguez, Juan C/ Cía Embotelladora Argentina" (R 317 XXIII 15/4/93) en virtud de la actitud de seguimiento que corresponde adoptar respecto de los fallos del Superior (SENTENCIA 71.358 del 30/4/96 in re "Hernández, Osvaldo C/ Seven Up Concesiones SA S/ despido" ). (Del voto del Dr. Eiras, en minoría).
Locación de cosas, compact disc, abuso del derecho, regalías comerciales, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES c/ COMPACT DISC s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-09

En una acción que verso sobre la posibilidad de alquilar compact disc, resulta improcedente que el accionado postule -tal como aconteció en el caso-, que medio abuso de derecho por parte de la pretensora (S.A.D.A.I.C.) Por el mero hecho de negarse a fijar retribución o regalía respecto de la utilización secundaria de las obras grabadas, pues, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad que consagra nuestro ordenamiento legal, es permitido elegir a los contratantes y determinar con libertad la regulación de sus respectivos derechos y obligaciones, acuerdo al que deben sujetar su conducta. Por tanto, procede destacar que nadie esta obligado a contratar en oposición a su propia voluntad; consecuentemente, si el pretensor decidió no otorgar permiso, ni fijar el monto de regalías, actuó dentro de la esfera de su libertad, aun cuando desde fuera pudiera no alcanzarse a visualizar la razón de tal negativa.
Estado de necesidad, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: V, J J s/ HURTO      EXPTE NRO 286-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-13

La dificultad de ganarse el sustento no es eximente de responsabilidad. El artículo 41 del Código Penal lo admite como una circunstancia atenuante, que deberá contemplarse en concurrencia con otras que evalúan sobre la calidad y condición del inculpado. La prueba del estado de necesidad incumbe al imputado.
Empleo público, derechos de los agentes de la administración pública, estabilidad del empleado público
Materia: LABORAL
Carátula: LOBO LUIS ROBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ NULIDAD/REVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-21

La estabilidad del agente público, constituye un derecho y también una garantía frente a la Administración que nace de un ordenamiento jurídico determinado, generalmente estatutos de los agentes públicos, vale decir que su reconocimiento supone el cumplimiento de las exigencias que al respecto establecen dichos cuerpos legales, para acceder a cargos de planta permanente con estabilidad. Ello supone, que por el sólo transcurso del tiempo o la circunstancia de haber sido designado y luego confirmado en un cargo de planta permanente, no se adquiere estabilidad como lo pretende el actor, pues el incumplimiento de normas expresas establecidas para acceder a los cargos en propiedad no puede subsanarse por el transcurso del tiempo ni opera automáticamente ante la inactividad de la administración para llamar a concurso. Si un agente ingresa o es promovido a un cargo superior, mediante una designación que no observa las exigencias previstas normativamente para adquirir la estabilidad, aunque se trate de un cargo de planta y cualquiera sea el tiempo transcurrido, la calidad de transitorio o interino (en el mejor de los casos), no muta.
Prueba pericial, pedido de explicaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: OLIVERA, RAMON BARTOLO c/ SEITOUR, ADOLFO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-08-21

Aún siendo común la prueba pericial, quien pidió explicaciones a los peritos después de la presentación del informe, debe urgir la realización de las explicaciones, ya que la prueba estaba producida, y las aclaraciones corren por cuenta de quién las requiera, aún cuando incidan sobre la pericia en sí.
Condominio, gastos de conservación
Materia: CIVIL
Carátula: P.E. c/ G.C. s/ División de condominio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-21

Tanto el artículo 2685 del Código Civil en relación a los gastos de conservación o reparación, como el artículo 2687 del Código citado respecto de las deudas contraídas en pro del condominio, facultan al condómino para repetir a sus copropietarios los desembolsos que hubieren efectuado por dichos conceptos, en proporción a la parte de cada uno.
Cuota alimentaria, enfermedades
Materia: CIVIL
Carátula: J.,F.D. c/ J.,S.M. s/ Alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-08

Se confirma la sentencia recurrida en cuanto fija la cuota alimentaria a favor del ex-cónyuge (ex - marido) de la demandada, quien padece una enfermedad grave acreditada en autos. En este sentido, se ha demostrado mediante la prueba reunida en autos, que la demandada posee diversidad de bienes y goza de un muy alto nivel de vida; lo cual la obliga a asumir el deber de solidaridad para colaborar con la cobertura de las necesidades de su ex - marido en aplicación del artículo 434 apartado "A" del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece que aquéllos podrán ser fijados a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio.
Jubilaciones, haber jubilatorio, leyes, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TISSEMBAUM, MABEL GARCIA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 484-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

El hecho que el artículo 14 de la ley 6915 remita a otra norma para establecer los porcentajes para determinar el haber jubilatorio, no autoriza a interpretar que el legislador quiso condicionar la posibilidad de intimación y la consecuente pérdida de la estabilidad, a la obtención del beneficio con el monto máximo a que puede accederse.
Consejo de la Magistratura, jueces, procedimiento de selección
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maida, Juan Adolfo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

El Consejo de la Magistratura ha establecido, en orden a lo dispuesto en el art. 178 de la Constitución de la Provincia, una presunción iuris et de iure en el sentido de que sólo los abogados matriculados o que desempeñan cargos letrados en el Poder Judicial practican la abogacía.
Recursos, interposición del recurso, acción de amparo, medidas cautelares, medida de no innovar, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo, intervención federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rossi Cibils, Miguel Angel y otros s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Si con posterioridad a la interposición del amparo tendiente a prevenir el dictado de un decreto por el que el Poder Ejecutivo habría de extender la intervención a una provincia a sus poderes legislativo y judicial y a haberse solicitado una medida de no innovar, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1447/92 ampliando la intervención federal al poder judicial provincial y dispuso dar cuenta al Congreso de la Nación, se ha tornado abstracta la medida cautelar y ha perdido virtualidad la pretensión sustancial deducida por vía del amparo, pues la cuestión ha sido ubicada dentro de la órbita del Congreso de la Nación, poder al cual los peticionantes atribuyen competencia exclusiva en la materia.
Daños y perjuicios, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIL DE COZZA NELIDA CELIA. c/ ADAN JOSE ROSELLI Y OTROS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-30

Dado que el conductor del transporte público ha participado activamente en los hechos y es una de las personas sobre quien recae la responsabilidad de los mismos, la versión que del suceso pueda ofrecer reviste una relativa gravitación. (Sala 1,2039,300983)
Compraventa mercantil, aplicación supletoria de la ley, nota de débito, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: PVC TECNOCOM SA c/ SITRA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-21

Procede la aplicación supletoria a las notas de débito del régimen del CCOM art. 474 (CCIV art.16), de manera que no siendo reclamadas por el destinatario dentro de los diez días siguientes a su recibo, se presumen cuentas liquidadas, y dicha presunción que acarrean es necesario desvirtuarla con prueba que debe aportar quien les niega eficacia.
Domicilio denunciado, investigación a cargo del juez, orden de captura, declaración de rebeldía
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PERE, Alfredo s/ DOMICILIO DENUNCIADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-13

El tribunal de grado debe extremar los recaudos para determinar el domicilio del imputado cuando sólo se cuenta con aquél expresado por la denunciante.

En caso de ordenar la captura del imputado, art. 283, C.P.P., ésta no debe ir acompañada de la declaración de rebeldía ya que ello presupone la violación de deberes procesales de los que hubiera sido legalmente impuesto.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, sentencia, principio de congruencia, jurisdicción, responsabilidad de los padres, emancipación por habilitación de edad, abuso del derecho
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CAIRO, FRANCISCO c/ PECCIOLONI, DARIO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- -DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 203 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-22

No cabe hacer lugar al planteo de la recurrente basado en que la Cámara se extralimitó en su competencia funcional al introducir la temática del "abuso del derecho" en el otorgamiento de la emancipación dativa.

Ello así, por cuanto, mientras que los Jueces de ambos grados de conocimiento entendieron que el "abuso del derecho" importaba la aplicación del derecho al caso o, dicho en otras palabras, el ejercicio del principio procesal del "iura novit cuariae", la recurrente se aferra a que se trata de un planteo "ex novo" ajeno a la litis, disenso interpretativo que no entraña cuestión constitucional.

Pero hay un dato más que termina por sellar la suerte adversa de esta postulación, cual es: que el "abuso del derecho" -en el caso- era una cuestión jurídica absolutamente ligada con los efectos de la emancipación dativa a los fines de la aplicación -o no- del artículo 1114 del Código Civil.

Y es en este marco de derecho por donde transitaron los razonamientos del Tribunal Colegiado y la Sala, independientemente de las conclusiones opuestas a que arribaron. (De la Disidencia del Dr. Netri)
Incapacidad sobreviniente, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: D'ANGELO VDA. DE GAROFALO CATALINA c/ KOSELINSKY EDGARDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Lo que se trata de resarcir bajo el concepto incapacidad sobreviniente es el perjuicio de orden patrimonial que indirectamente pueda derivar del daño a la persona que supone la disminución de las aptitudes psico-físicas, determinante de la incapacidad, y que, si bien este debe ponderarse atendiendo no sólo a la incidencia en las actividades laborales de la víctima, sino también en tanto se afecte su vida de relación en general, ello es así con vistas a la apreciación del referido perjuicio patrimonial.
Ejecución fiscal, medidas cautelares, acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo, suspensión de la ejecución, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvear Palace Hotel c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de Actos Administrativos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-28

La normativa local resulta de singular claridad al establecer que el sistema tributario se basa en el principio de irretroactividad.

Así, verificándose prima facie la ilegalidad manifiesta del acto administrativo generador de la obligación tributaria corresponde declarar la procedencia de sus suspensión. Por ende, al suspenderse los efectos del acto, deben necesariamente correr la misma suerte las ejecuciones por él motivadas. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro)
Ley de contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, club de campo, restaurantes
Materia: LABORAL
Carátula: Soliz Flores, Néstor c/ Rasger, Ariel y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-26

Existe solidaridad en los términos del art. 30 LCT a los fines de afrontar las obligaciones derivadas de la relación laboral existente entre el actor, trabajador que prestaba servicios para el concesionario, como cocinero en el restaurante que funcionaba en el complejo urbanístico residencial "San Jorge Village", y la codemandada que se encargaba de administrar dicho complejo. Ello así por cuanto no pueden considerarse secundarias ni eventuales las tareas realizadas por el accionante pues el servicio gastronómico en estas instituciones integra su actividad normal y habitual y coadyuvan a su objetivo final. Máxime cuando de las pruebas rendidas surge que dicha codemandada ejercía control sobre la actividad desarrollada por el trabajador y que el servicio gastronómico era utilizado exclusivamente por los socios del country, invitados y personal de mantenimiento.