marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, Poder Judicial, gobierno de facto, suspensión de la prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Ricardo AVALOS c/ ESTADO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - IMPROCEDENCIA - PRESCRIPCION -   RESPONSABILIDAD  DEL  ESTADO  -  DETENCION  DE  PERSONAS - QUERELLA -  RESPONSABILIDAD EXCONTRACTUAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-29

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que -al hacer lugar a la excepción de prescripción- entendió que, aún de aplicarse el art. 3980 del Código Civil la acción debió ser interpuesta en el término de tres meses contados desde que hubo cesado el impedimento, para lo cual no era requerible- contrariamente a lo sostenido por el recurrente- la integración conforme a la previsión constitucional de todo el Poder judicial de la Nación, atento al principio de continuidad jurídica del Estado.
Concursos, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Corallo, Cancela W. c/ Pesquera San Andres S.A.I.C. s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

El pedido de suspensión de la subasta debe tramitarse ante el Juez del concurso y ser resuelto por éste, aunque los remates o medidas precautorias cuya suspensión se pretenda hayan sido ordenadas por otros jueces; sólo el juez del concurso está en condiciones de apreciar si se reúnen la "necesidad y urgencia evidentes" para el concurso y si resulta imprescindible para la continuación de las actividades del deudor o en resguardo de los intereses del concurso.

El juez de la ejecución hipotecaria es incompetente para disponer la suspensión de la subasta, facultad que solo cabe al magistrado del concurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento administrativo, Dirección Nacional de Migraciones, detención, extranjeros ilegales, defensa en juicio
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MAMANI PACOMPIA, Roberta y otros s/ HABEAS CORPUS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-16

El procedimiento administrativo llevado a cabo por la Dirección Nacional de Migraciones (detención de indocumentados, etc.), está avalado por las disposiciones de la ley 22.439 en plena vigencia. La garantía de la defensa en juicio fue debidamente observada en las actuaciones sin vulnerar norma de rango constitucional alguna o convenciones internacionales que amparen los derechos humanos.
Tarifa de servicios eléctricos, cooperativas eléctricas, derechos de incidencia colectiva, amparo colectivo, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: López, Rodolfo Osvaldo c/ Cooperativa Eléctrica de Pehuajó s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-03-26

La acción de amparo iniciada por un usuario "afectado" para lograr la cesación de la actitud de la cooperativa demandada que como prestadora del servicio de electricidad ha impuesto una tarifa más cara a los usuarios que no son socios de la misma, en tanto ha sido promovida no sólo en su interés particular, sino además en defensa de los restantes sujetos servidos por la demandada, encuadra en el ejercicio de la legitimación que el art. 43 segundo párrafo de la Constitución nacional reconoce a los afectados para la defensa de derechos de incidencia colectiva.
Depreciación monetaria, honorarios, honorarios del abogado, derecho de propiedad, Constitución Nacional
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CAMILO NEBHEN c/ BANCO DE JUJUY s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

En aquellas circunstancias en que los bienes sufren una distorsión por influjo del envilecimiento del signo monetario, se impone como exigencia para asegurar una adecuada contraprestación de los servicios profesionales, considerar los valores según estimaciones actualizadas al tiempo de la sentencia, pues tales apreciaciones constituyen la forma más adecuada para respetar el principio de justicia conmutativa y el derecho de propiedad garantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Derecho civil, interpretación de la ley, error conceptual, acervo sucesorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Freile, Alfredo c/ Costa, Mario César y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-04-19

El plazo a que hace referencia el art. 55 de la Ley de Arancel de Honorarios, Ley 1519 de esta Provincia, estable una limitación, no a beneficio de las partes o terceros, sino exclusivamente a beneficio de los señores abogados y procuradores, con trabajos en el expediente de que se trate, y serían ellos únicamente, los que pueden invocar la protección que otorga, tendiente a garantizar el cobro de honorarios, no se compadece la finalidad tuitiva de la norma y su razonable aplicación, con la pretendida inclusión de la misma para definir el concepto de "juicio terminado" respecto del bien sucesorio que se rige por principios distintos y de distintos y de distinta naturaleza jurídica.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Montalvo, Ernesto Alfredo. s/ INF. LEY 20.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

La garantía de igualdad ante la ley importa el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales condiciones.
Seguros, seguro de vida, seguro colectivo, seguro por accidente de trabajo, incapacidad total, incapacidad permanente, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, derechos del asegurador, régimen de contralor, revisión judicial de actos administrativos, siniestro, investigación del siniestro
Materia: COMERCIAL
Carátula: CANTERAS MALAGUEÑO SAICF c/ C.N.A.S. s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-12

En todos los contratos de seguro de vida colectivo, en los que uno de los riesgos cubiertos es la incapacidad total y permanente, la Caja se reserva siempre la facultad de determinar si el riesgo se concretó en siniestro según el dictamen de su cuerpo médico. Ello constituye una medida de prudencia elemental, de un control indispensable, tendiente a verificar la seriedad de la denuncia del siniestro. Más, de allí no se sigue que la decisión de la Caja tenga el rango de un acto no justiciable pues, salvo el caso de una renuncia expresa al derecho constitucional a la jurisdicción, no parece de buena doctrina dejar librado a la discrecionalidad de uno de los contratantes la existencia del derecho del otro. No es ese el alcance del art. 12 de la póliza, cuyos términos sólo consagran la necesidad de que el siniestro pueda ser objeto de adecuada comprobación administrativa, como lo exige una actividad aseguradora seria y eficaz. Ello no impide, en absoluto, que en caso de discrepancia con el asegurado este pueda llevarla a decisión de la justicia. Y tan no lo impide que, en la propia póliza, está previsto que "toda cuestión judicial de cualquier naturaleza que pudiera suscitarse con motivo de la presente póliza" será sometida a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Capital Federal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, interpretación de normas y actos locales, acción de amparo, existencia de otras vías, sociedad cooperativa, consejo de administración, designación de consejero
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SERAFINI, AGUSTIN PEDRO Y NESTOR RICARDO SERAFINI. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-13

Lo decidido acerca de la existencia de otra vía legal apta para la tutela del derecho invocado por quien promueve el remedio de amparo constituye, como regla, una cuestión de hecho y de derecho local reservada a los magistrados de la causa y ajena a la instancia del art. 14 de la ley 48, máxime si se tiene en cuenta que los agravios del apelante -atinentes a la exclusión de su candidatura a consejero titular de una sociedad cooperativa- sólo traducen una mera discrepancia con los fundamentos de orden no federal que sustentan suficientemente el pronunciamiento.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: DETONA LUIS MARIA c/ INTERNACIONAL PINE PRODUCTS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-09-06

La interpelación para tener efecto en el curso del plazo de la prescripción, debe referirse con claridad y precisión a la concreta prestación requerida, de modo tal que al interpelado no le queden razonablemente dudas, según las circunstancias de cada caso, sobre la obligación cuyo cumplimiento se le exige -cftar. "Arguello, S. c/ Ava, A. y/o Responsable Establecieminto Rural La Marta s/ Laboral", LAS 1999, T. I, fº 202/5-.

Dichos requisitos no fueron observados por el actor a la hora de formular su interpelación telegrafica, razón por la cual ello no puede admitirse como causal suspensiva en los términos del artículo 3986 del Código Civil.
Ejercicio profesional, médicos, relación de dependencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Acción Social de La Universidad Nacional de Tucumán c/ A.F.I.P. -D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-21

La presunción debe ser el punto de partida de un procedimiento de investigación exhaustivo, donde todas las pruebas necesarias para su comprobación se lleven a cabo. La garantía del debido proceso impone la mayor amplitud probatoria en la búsqueda de la verdad real, y en ella debe estar empeñada la administración, más allá de lo que lo que el propio interesado pretenda o alegue. De esa manera, sobre su accionar no habrá duda y su decisión será formalmente inobjetable, sin perjuicio de la labor interpretativa que, en última instancia, asiste al Juzgador.
Daños y perjuicios, asistencia médica, responsabilidad médica
Materia: CIVIL
Carátula: C., M c/ A., C.B. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-02

1 No comete el delito de calumnias quien no imputó concretamente a una persona un determinado delito si nunca la identificó y ni siquiera la denunció en la causa penal iniciada para su investigación. Ello aunque en la conferencia de prensa que brindara en su carácter de director médico respecto de la salud de un paciente de notoria fama aquél aludiera a una situación irregular por la que un individuo ingresara a la clínica sin autorización, vestido de médico y bajo la sospecha de proveer de droga al enfermo.

2 Las notas televisivas y periodísticas posteriores a la conferencia de prensa y en las que se identificó el actor, en el caso que hubieran ocasionado un daño, no resultan jurídicamente imputables al director médico y a la clínica demandada por faltar el nexo adecuado de causalidad al no poder adjudicárseles las consecuencias casuales. Aunque las notas referidas aprovecharan la oportunidad y lograran la identificación del actor nada tienen que ver con la conferencia del médico en la que se habló en general sin identificar a persona alguna.

(Sumario N°18095 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil Boletín N°4/2008).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, síndico del concurso, crédito verificado, trámites judiciales, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ Primera ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la   verificación concursal -tempestiva y tardía- de créditos?. Segunda   ¿Corresponde regular honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante, distinguiendo según aquel sea contador o abogado y   según se impongan o no las costas al tercero verificante?. Tercera   ¿Cuál es la base regulatoria? ¿Se computa la desvalorización   monetaria y los intereses? Cuarta ¿Corresponde reducir la escala   arancelaria en función del trámite seguido y de las etapas cumplidas?   Auto sprint sobre quiebra. Incidente verificación crédito (Expte.   Nro. 128-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

El título profesional diferente, abogado o contador, exigido según la índole del concurso (artículo 277, Ley Concursal), no influye sobre los roles idénticos a cumplir por uno u otro síndicos. El síndico no aboga, ni lleva pleito adelante, lo que no le está permitido y comprometería su imparcialidad de manera reñida con la objetividad que debe caracterizar su misión, sin que pueda modificar ni aun influir en el criterio señalado la circunstancia relativa al título profesional (abogado - contador). La retribución se practica por la misión cumplida y no en función de los títulos que se ostenten. (De los Fundamentos del Dr. Rouiollón).
Procedimiento administrativo, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Lobo, Catalina Cleotilde del Valle c/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología s/ Acción de Amparo por Mora en la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-06

La actora inicia acción de amparo por mora de la administración, en contra de la Dirección Provincial de EGB, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Señala que con fecha 12/07/07 solicitó licencia por el término de doce (12) meses en el cargo que actualmente desempeña, para concluir la Tesis Doctoral en Docencia Universitaria. Argumenta que la licencia solicitada nunca fue considerada, y ante dicha circunstancia instó pronto despacho, haciendo reserva de acudir ante la jurisdicción por la presente vía.

Cabe ahora resolver si existe la mora invocada, conforme con las actuaciones acompañadas y si del informe resulta la existencia o no del presupuesto fáctico que prevé el Art. 2° de la Ley Provincial. En esta tarea, se desprende de lo analizado, que si bien el trámite administrativo no se ha encontrado paralizado, el pedido no ha sido contestado, teniendo en cuenta las peticiones de la interesada tendientes a lograr un pronunciamiento expreso de la administración, habiendo esta última, encaminado al tratamiento de otras cuestiones relacionadas con la situación de revista de la interesada, sin que a la fecha medie decisión alguna sobre el pedido de licencia. En virtud de ello debe tenerse por configurada la situación objetiva de demora administrativa, toda vez que se evidencia que ha transcurrido un tiempo prudencial para que la administración se expida acerca de lo peticionado por la accionante, encontrándose el expediente administrativo con dictamen incorporado y remisión de las actuaciones a la Directora de Asuntos Jurídicos y Legislación, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y sin resolución por parte de la autoridad denunciada en estos autos -por la propia demandada-, como competente para la emisión del acto. Por ello, corresponde hacer lugar a la acción entablada y, en consecuencia, ordenar pronto despacho judicial para que, en el plazo de 10 diez días, la Subsecretaría de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo se expida respecto del pedido de la licencia prevista en el Art. 45 del Dcto. Acuerdo Nº1875/04 por el término de doce (12) meses, en el cargo que actualmente desempeña, de Asesoramiento y Apoyo Técnico Pedagógico en la Coordinación del Tercer Ciclo de esta Dirección Provincial, solicitado por la Actora y tramitado en Expte. Adm. Letra "L" Nº 16754/2007, -Art. 13 inc. e) de la ley de rito-, bajo los apercibimientos de ley. Con costas a la accionada- Art. 14, de la Ley 4795-.
Absolución de posiciones, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: BOCCARDO NILDA c/ STRASNON NESTOR LUIS Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-11

Cuando la parte actúa por medio de apoderado, la audiencia de posiciones debe notificársele en el domicilio real y no en el constituido.

La procedencia de dicha solución ha sido consagrada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", T.IV, p.526, nro.456; Morello, "Códigos Procesales.

.", T.V, p. 349 y sus citas; Fassi, "Código Procesal...", T.II, p 54, nro.1468) y surge, además, "a contrario sensu", del nuevo texto del art. 409 del Código Procesal (conf. Palacio, "Estudio de reforma procesal civil y comercial", p.147).-
Derecho procesal, expresión de agravios, carga procesal, crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL
Carátula: BRAVO DE PACHECO, HERMINIA c/ BAEZ, CARLOS MARIO Y OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-08

No basta sostener que la sentencia del juez es errónea, injusta o contraria a derecho, sino que hace a la esencia del cumplimiento de la carga procesal de expresar agravios, demostrar de acuerdo con la lógica y en concierto con la ley por que el juez yerra o incurre en error al juzgar.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, falta de acción
Materia: LABORAL
Carátula: Gentil, Carlos Alfredo c/ Uranga Hnos. y/u otro s/ Indemnización por despido. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

La cuestión que se trae en el recurso de queja, referida a la legitimación procesal de la demandada para intervenir en la causa, no puede ser abordada por esta Corte desde que importa volver sobre un tema que conforme surge de las presentes actuaciones se encuentra precluido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Gobierno de facto, remoción de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO
Carátula: Estevez Brasa, Teresa M. c/ Estado Nacional (Mx de Justicia de la Nación). s/ COBRO DE PESOS - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-01

Lo atinente a determinar la justicia, el acierto o la eficacia de las medidas de remoción de magistrados está al margen de las facultades de la justicia, por tratarse de actos eminentemente políticos de un gobierno de facto.
Estafa, tarjeta de crédito
Materia: PENAL
Carátula: V., M.A. - B., R.A. s/ Estafas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-11-14

Se advierte de la reiteración del "modus operandi" implementado por los encartados, en forma similar en todos los hechos, haciéndose pasar como titulares de una tarjeta de crédito que se encontraba inhabilitada, el dolo o la intención para conseguir sus propósitos, para lo cual por medio de un ardid idóneo lograron engañar a sus víctimas.
Prueba confesional, apreciación de la prueba, absolución de posiciones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R., A. S. c/ L., M. y/o q´ rlte. prop. y/o resp de la confiteria G. s/ Diferencia de haberes e indemn. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-25

Resulta un exceso ritual otorgar el carácter de confesión a una respuesta brindada por una parte en oportunidad de absolver posiciones cuando la respuesta se halla en colisión con el resto de las probanzas y ha sido producto evidente de un error. No cabe otorgar plenos efectos a la absolución de posiciones cuando ésta no armoniza con el resto de los elementos de convicción producidos en la causa, ni con la postura asumida por el absolvente antes y durante el litigio, resultando evidente que el mismo se confundió o incurrió en algún error sobre el alcance de la pregunta o sobre la forma en que debía responder.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, pagaré, endoso, título ejecutivo hábil, mercado cambiario, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABRERA, MARIO ANDRES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -EJECUTIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 335 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-01

No cabe hacer lugar al agravio vinculado con el arbitrario tratamiento que, a juicio de la Provincia, le habría conferido la Alzada al planteo de que los títulos ejecutados no eran instrumentos públicos ni pagarés hábiles, punto con relación al cual aquélla destaca la invalidez de los documentos ejecutados de conformidad a los artículos 101 a 103 del decreto ley 5965/63, toda vez que ellos indican como beneficiario al Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, que no es sujeto de derecho y carece, por ende, de personalidad jurídica diferenciada de la Provincia de Santa Fe, por lo que -alega- tales documentos no constituyen "pagarés" dada la identidad entre suscriptor y beneficiario. Ello, por cuanto la Provincia recurrente no ha logrado poner en cuestión la aceptabilidad de lo decidido al respecto por la Sala cuando, en el ejercicio de facultades propias vinculadas con la calificación de la materia fáctica del caso, entendió razonablemente que los agravios de la Provincia no podían prosperar porque "las razones de organización interna que el propio ente estatal establece como modalidad y contralor de los pagos que efectúa (...) no pueden servir como fundamento para restar validez a documentos emitidos de acuerdo con las normativas reguladoras establecidas por el propio Estado librador" -debiendo tenerse presente al respecto lo dispuesto en el decreto 5153, del 30.XII.1974, conforme al cual, para efectuar pagos mediante documentos, "éstos se extenderán invariablemente a la orden de la jurisdicción respectiva" (art. 1)- y, en particular, la tesis, con asidero suficiente en doctrina, de que la forma de giro a la orden del suscriptor, prevista para la letra de cambio en el artículo 3.1 del decreto-ley 5965/63 "no es incompatible con el pagaré", debiendo ser el mismo librador, en oportunidad de transmitirlo, el primer endosante.
Falsificación de documentos, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ, PEDRO c/ GOMEZ, LUISA s/ NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-01

No se puede impugnar en sede civil un documento discutido en sede penal donde se decidió por falta de prueba que no era falso.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: LOBARRO GUMERSINDA c/ LAMBERT JUAN s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

Cabe atribuirle la responsabilidad del ilícito al conductor que, por su falta de precaución, embiste a un transeúnte en la senda peatonal,incluso teniendo la luz verde a su favor, pues tal autorización de paso no le inhibe de seguir observando todas las normas de prudencia a las que se halla sometido, ya que siempre debe conservar el dominio pleno del rodado, atento su carácter de cosa eminentemente peligrosa.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ, MARCOS HORACIO c/ LIZARRAGA, REMIGIO DEL CARMEN Y OTROS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-27

El hecho que el socio mayoritario y gerente de una SRL. asuma frente al trabajador y terceros actitudes de empleador no basta para responsabilizarlo en forma personal a efectos de cobrar indemnizaciones por accidentes del trabajo toda vez que actuaba por la sociedad.
Prescripción adquisitiva, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marchescri, Armando Adolfo s/ Usucapion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Es improcedente la imposición de costas a los titulares de dominio ausentes, representados por el Sr. Defensor Oficial.
Despido con causa, injuria laboral, despido por imputación de delito
Materia: LABORAL-PENAL
Carátula: "Ramírez, Vicente c/ Leopardo Roberto Damian s/ despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-12

Cuando la injuria laboral invocada por la empleadora para proceder al despido del actor no fue la pérdida de confianza sino la comisión de un delito, al quedar extinguida la acción penal se ha cerrado definitivamente la posibilidad de condenar criminalmente al trabajador y, en consecuencia, no se podrá tampoco alegar en juicio civil o laboral la existencia de un hecho principal sobre el cual hubiere recaído la absolución (en sentido análogo, Sentencia Nest 65.535 del 24.8.89 en autos "Casadidio Juan c/ Quickfood Alimentos Rápidos s/ despido", del registro de la Sala II).