marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Embargo, cancelación del pagaré, falta de prueba, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL
Carátula: Pucheta Jorge Eduardo c/ Paradi Juan Carlos s/ embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-03-19

La parte actora no acreditó el efectivo cumplimiento de su obligación (pago del precio), por lo cual el caso no encuadra en el supuesto de hecho establecido en el art. 231 inc d (CPCCT), atento a que se adjuntó un pagaré, pero sin haber acreditado que el mismo haya sido abonado o cancelado. Por otro lado, en lo que se refiere a la verosimilitud del derecho y la urgencia en la medida exigida por el art. 218 del CPCCT, si bien la parte actora adjuntó un documento en que se vislumbraría un acuerdo de voluntades entre las partes, al no haber acreditado el cumplimiento de su obligación, entendemos que no existe verosimilitud del derecho, por lo que la medida cautelar instaurada (embargo) resulta improcedente.
Acción, cuestión constitucional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casparius, Joaquín Esteban c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

Admitir en un proceso contencioso administrativo el debate sobre la validez de la norma -único tema planteado en la demanda- implica confundir -sustituyéndolas- las vías originarias que establecen los arts. 161 inc. 1º y 215 de la Constitución provincial.
Concursos, protección de la vivienda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Larrate Hnos.S.H. Larrarte José H-Larrarte Luis A. y Soc. Civil Cabaña Avícola S. Carlos s/ CONCURSO PREVENTIVO (HOY QUIEBRA) S/INCIDENTE DE DESAFECTACION BIEN  DE FAMILIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-09-14

No corresponde desafectar un bien de familia a pedido del síndico de una quiebra invocando la conformidad de un acreedor cuya acreencia se había originado antes de la inscripción pero que no hizo valer su derecho, pues de tal modo se beneficiará a los acreedores que no ostentaban ese derecho invocando el criterio igualitario de los acreedores concursales, principio que debe ceder ante la existencia de la norma del artículo 38 de la Ley 14.394 de mayor jerarquía que las normas contenidas en la ley de concursos.
Tributos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Compañía Casco S.A.I.C. c/ Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-14

Las resoluciones que con relación a pedidos de exención y repetición del impuesto creado por la ley 8474, dicta la Dirección de la Energía como órgano de aplicación del tributo, no son directamente impugnables ante la Suprema Corte, sino que previamente debe agotarse la instancia de apelación ante el Tribunal Fiscal prevista por los arts.73 y 86 del Código Fiscal (decreto-ley 9.2-4/78 t.o.1980 por resolución 71 del Ministerio de Economía).
Condena anterior, excarcelación, resolución denegatoria, libertad condicional
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, Daniel Eduardo. s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-27

El antecedente que involucra dos condenas y a su vez comprende varios acontecimientos delictivos y que el incusado hubo de gozar de libertad condicional permite apartarse del principio mantenido por la sala que la mera aplicación de pena de efectivo cumplimiento no entorpece sin más la pretensión, por lo que la resolución que denegó la excarcelación bajo cualquier tipo de caución debe homologarse.
Acción de amparo, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: Margarita Navarro c/ Banco de la Provincia de Santa Cruz s/ Amparo s/ Incidente de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-02-25

La medida de no innovar genéricamente se limita a establecer que mientras ella subsista se mantenga la situación de hecho existente al momento de ser dictada.

En autos, esa situación de hecho esta dada concretamente por la resolución de adscripción, no dependiendo de en qué oficina se cumple materialmente la misma, ni percibiéndose que perjuicio irreparable causa al actor la subsistencia de la resolución patronal impugnada, durante el breve plazo que implica la tramitación del amparo, en caso que éste prospere; o que el mantenimiento del acto que motiva la queja importe solución anticipada del litigio, requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar, tanto en los juicios entre particulares como contra el estado y tanto en los de derecho común como en aquéllos en que se impugnan actos del poder público.
Sentencia, sentencia de primera instancia, nulidad de sentencia, falta de pronunciamiento, reglas para dictar sentencias, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: LA MERIDIONAL CIA DE SEGUROS SA Y OTRO c/ BQ DR. JUAN B. ALBERDI s/ FALTANTE DE CARGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

El recurso de diferir la decisión para la etapa de ejecución de la sentencia sólo es aceptable cuando existe un impedimento para emitir un pronunciamiento completo. Y, en cualquier hipótesis, el Tribunal debe dar las pautas básicas para que esa determinación se pueda realizar más adelante, extremo que en el caso no se ha cumplido, ya que ni siquiera hay una decisión sobre la indemnización básica a que tienen derecho las actoras, tema que mereció el no objetado peritaje de tasación. Lo propio cabe decir respecto del modo de repotenciar ese monto y de la moneda en que el pago se debe concretar.

Aparte de ello, la economía procesal es un principio muy valioso para el adecuado servicio de justicia, de tal manera que, sin detrimento del resguardo del derecho de defensa, los jueces deben procurar la más rápida y eficaz definición de los conflictos judiciales. Por consiguiente, toda vez que no existe un pronunciamiento sobre aspectos esenciales del litigio, propicio que se declare la nulidad de la sentencia de primera instancia, debiéndose, en consecuencia, analizar el fondo de la cuestión debatida (cfr. esta Sala, Causa 575, párrafo 7, de 7.4.82 y sus citas; arts. 163, Inc. 6 y 253, párrafo segundo, del Código Procesal).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Modarelli, Norberto P. y otra c/ Gelves, Hilda Ester s/ Daños y Perjuicios Nakandakare, Masafumi c/ Mariscotti, Carlos Alberto y otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19|1996-10-15

El principio de congruencia consiste en la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición y oposiciones en cuanto delimitan ese objeto (art. 163 inc. 6º, C.P.C.C.).
Confirmación de sentencia, clausura del procedimiento, conclusión de la quiebra
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Tete, Gabriel Miguel  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-04

Procede confirmar la resolución mediante la cual el magistrado de grado dispuso la clausura del procedimiento por distribución final en los términos de la LCQ 230 primer párrafo. La LCQ 230 1° párrafo establece que el juez resuelve la clausura del procedimiento una vez realizado totalmente el activo y practicada la distribución final. Ello se explica porque sería imposible proseguir un trámite sin objeto (una liquidación sin bienes a liquidar). Su importancia radica en que a partir de esta resolución comienza a correr el plazo de conclusión de la quiebra regulado en el último párrafo de la LCQ 231 (Rouillon Adolfo A, "Régimen de Concursos y Quiebras" pág. 374, Astrea, 2016). Por ello, clausurado el procedimiento, se mantienen los efectos de la declaración de quiebra (LCQ 230 in fine). En ese marco, si bien el proyecto de distribución final de fondos fue aprobado hace varios años y que en ese momento la sindicatura efectuó una reserva para afrontar ciertos gastos del proceso; el magistrado, sin embargo, no decretó de oficio la clausura del procedimiento de la presente quiebra por distribución final (LCQ 230). Así, más allá del tiempo transcurrido y las diversas presentaciones efectuadas por el deudor lo cierto es que el juez a quo dispuso recién con fecha 05/04/22 la clausura del procedimiento por distribución final en los términos de la LCQ 230 primer párrafo. Así, los agravios del fallido no pueden ser admitidos, pues recién desde dicha fecha comienza a correr el plazo de dos años para concluir la quiebra.
Revocación de sentencia, notificación, acreedor laboral, quiebra
Materia: PENAL
Carátula: TRANSPORTE 8 DE JULIO SA c/  s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-02

Procede revocar la resolución que denegó la notificación personal o por cédula de los acreedores laborales -previo al cobro de la distribución de fondos aprobada- con sustento en que el cumplimiento de esas diligencias imposibilitaba la conclusión falencial, porque conllevaría una tarea investigativa por parte del síndico que habría sido saneada, en definitiva, con la publicación edictal oportunamente realizada. Ello por cuanto, si bien, en principio imponer al funcionario concursal agotar las vías para ubicar a cada acreedor a través de los certificados extendidos -por ejemplo- por la Cámara Electoral y/o el Registro Nacional de las personas, máxime si se piensa en procesos con cientos o incluso, miles de acreedores laborales, ciertamente, resulta una pretensión desmesurada y que exorbita el marco de las obligaciones legalmente impuestas que se ciñen a lo previsto en la LCQ 218. Ello no quita que en ciertas ocasiones excepcionales, tal como en la especie, se atienda a la admisibilidad de un mecanismo alternativo razonable, máxime que se trata de cuatro (4) acreedores laborales que nunca fueron anoticiados del trámite de esta quiebra en torno a la distribución de fondos aprobada y contemplando la circunstancia excepcional de que este proceso falencial data de más de veinte (20) años). Ello así, resulta procedente procurar que los citados acreedores sean notificados por cédula de los dividendos que están a su disposición y de que su derecho a retirarlos caducará en el plazo de un (1) año -cfr. arg. LCQ 224 y esta CNCom, Sala C, in re:"Clarfix SA s/ quiebra" del 22.2.08, íd. in re: "Sanatorio San Patricio SA s/ quiebra" del 3.11.09; "Dolce Pasti s/ quiebra" del 07.11.13; Sala F., in re: "Aesa Aceros Especiales SA s/ quiebra s/ inc. de apelación (art. 250 CPCC)" del 21.11.13; Sala A, in re: "HH Casano s/ quiebra" del 11.4.14).
Medidas cautelares, suspensión del acto administrativo, cesantía, recurso de inconstitucionalidad, incidentes
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Pietranera, Lucía c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Pietranera, Lucía c/ GCBA s/ incidente de medida cautelar - recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art.464 y 465 CAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Para definir una posible práctica discriminatoria, la primera reflexión es preguntarse cuáles cuerpos e identidades están siendo involucrados en el escenario denunciado. El enfoque sobre las injusticias que reciben las personas con discapacidad no puede limitarse a cuestiones o exigencias formales que ignoran los marcos jurídicos contemporáneos que - internacionalmente- se han ido construyendo con el fin de proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Daños y perjuicios, delitos contra el honor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendoza, Juan c/ Sánchez, Bernardo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-20

Ninguna variante se suscita con respecto a la exceptio varitatis, según que la acción resarcitoria haya sido o no precedida por la querella criminal.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, procedimiento laboral, indemnización por despido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASTBURY, EDGARDO ALBERTO c/ FUNDACION IBEROAMERICANA s/ PROCEDIMIENTO ABREVIADO -PRONTO PAGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-03

La Jueza preopinante entendió que tanto la comunicación del actor a su empleador de su condición de jubilado como la toma de conocimiento de tal circunstancia por la empleadora tiempo después, planteaban interrogantes que debían ser dilucidados mediante debate y prueba para determinar la procedencia del rubro de la indemnización por antigüedad, lo cual en consecuencia excedía el acotado marco cognitivo del trámite breve previsto en el art. 122 del Código de Procedimiento Laboral, a diferencia de la pretensión del preaviso por no depender de prueba ni debate; y frente a ello, el quejoso no alcanza a demostrar suficientemente un supuesto de arbitrariedad, en tanto sus cuestionamientos sobre la respuesta dada por los magistrados se desvanecen al dejar incólumne el argumento central de la sentencia atacada y sin persuadir que la respuesta hubiese traspasado el marco de la normativa procesal aludida ni acreditar un supuesto de afectación del derecho a la jurisdicción. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículo 122
Intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL
Carátula: Huayqui, S.A. de Construcciones c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

El instituto de la intervención obligada de terceros a que se refiere el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es de carácter excepcional y su admisión debe ser interpretada con criterio restrictivo.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Gutierrez Rocha, Hilario s/ Tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

Transgrede el art. 249 (n.a.) del C.P.P. el fallo que, para descartar el elemento valorativo de la figura privilegiada del art.

81 inc. 1 letra a) del C.P., estimó probados hechos en base a un solo testimonio.
Seguridad social, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CIRILLO, RAFAEL c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-27

En el precedente "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 26.11.07), el Superior Tribunal de la Nación señaló que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación permanente que aseguren el objetivo constitucional de salvaguardar el derecho del titular a que su haber de pasividad se mantenga dentro de valores aceptables y acordes al nivel de vida que mantuvo durante su desempeño laboral, lo cual permitiría -además- reducir la litigiosidad y redundaría en beneficio del adecuado funcionamiento del Poder Judicial, por lo que formuló una nueva exhortación a las autoridades responsables a fin de que examinen esta problemática. No obstante ello, el Congreso de la Nación a través de la Ley 26.337 -Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2008-, nada decidió al respecto, limitándose sólo a encomendar al Poder Ejecutivo Nacional la elevación "de un proyecto de ley referido a la movilidad de las prestaciones previsionales".
Recurso de inaplicabilidad de ley, error de derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: Cabaleiro José R. y Santa Isabel S.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

La admisión del remedio intentado, surge de la invocación de errores de derecho en la sentencia apelada y que eventualmente cabría un análisis más profundo del fallo, por el beneficio de la duda. (Dr.

Silveira Márquez: En disidencia).
Pacto de San José de Costa Rica, estado parte, obligaciones internacionales, terceros, efectos erga omnes
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Penitenciarías de Mendoza s/ medidas provisionales
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-03-30

Conforme lo establece el artículo 1.1 de la Convención Americana, los Estados Parte tienen la obligación general de respetar los derechos y libertades consagrados en la Norma Internacional y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción y, en cumplimiento de esa obligación erga omnes, la protección del Estado Parte se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Fabris, Marcelo H. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

Existen actos no judiciales de la Corte cuya revisión no puede someterse a los tribunales de justicia, pero ello no constituye una regla general que cubra cualquier actividad del referido órgano, sino que debe atenderse a cada caso en particular para determinar qué tipo de autoridad ha ejercido y si tal actuación, de acuerdo con su naturaleza, puede o no ser revisada judicialmente.
Robo calificado, robo con armas, cómputo de la pena, escala penal, constitucionalidad, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Jorge, Héctor Mario y Serpa, Luis Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-21

El legislador puede válidamente, en el ejercicio lícito de su facultad legislativa, ir agravando las penas del robo de acuerdo con distinciones de carácter objetivo y que se refieren únicamente a hechos, sin imponer tratos desiguales para las personas que ejecuten la acción tipificada, en la medida que las agravaciones dispuestas lo hayan sido sin transgresión manifiesta a los principios de proporcionalidad de la pena o de prohibición del exceso que constriñen la libertad del legislador. Así entonces no se discute que el legislador pudo válidamente decir que el robo sería sancionado con una pena determinada, que ésta se elevaría si el delito de cometiera con armas, y que la sanción se aumentaría aún más si esas armas fueran de fuego. Y no podría verse ahí un problema de doble agravación como el que ha venido a introducir el agraviado.

Si bien el principio de non bis in idem prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho, ello no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal- a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal.

El monto de la pena requerida por al acusación no limita al tribunal. (Dres. Madueño -en disidencia parcial-, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, pagaré, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Macro S.A. c/ Perea, Humberto s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. 7048/03 Ejecutivo.L.A. N 47 F 1135/1136 N 493 Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. 7048/03 Ejecutivo.L.A. N 47 F 1135/1136 N 493
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-08-13

Aún cuando pudiera sostenerse que el pagaré no reunía los requisitos legales para ser ejecutado, lo cierto es que la pretensión ejecutiva igualmente devenía admisible porque a raíz del reconocimiento, el instrumento -que, ciertamente, constata la existencia de una obligación de dar una suma líquida de dinero, exigible con la presentación al cobro- había adquirido fuerza ejecutiva en los términos del artículo 472 inciso 2 del Código Procesal Civil. En consecuencia, es dable afirmar que el rechazo de la ejecución -fundado en un examen excesivamente formal e irrazonable de las constancias del caso- aparece como una desviación del recto sentido de hacer justicia atendiendo a la verdad jurídica objetiva de los hechos relevantes de la causa. Y tal circunstancia descalifica al fallo en los términos de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, rendición de cuentas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Agüero, Eduardo E. c/ Ballerio, Graciela s/ Rendición de cuentas. Recurso de queja Banco del Sud S.A. c/ Musali, Alberto J. s/ Incidente de rendición de cuentas. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15|1995-04-25

No reviste carácter de definitiva (art. 278, C.P.C.) la decisión dictada con posterioridad a la sentencia definitiva que determinó la obligación de rendir cuentas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Objeto de la demanda, monto de la demanda, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: I.B.M. Argentina S.A. c/ Entel s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

Cuando se demanda el cobro de una suma de dinero, la indicación siquiera aproximada de la cantidad que se pretende resulta imprescindible, a fin de permitir al demandado ejercer adecuadamente su derecho de defensa (confr. art. 330 del código procesal; esta Sala, "Industrias Mancini S.A.C.I.A. c/ Dir.Nac. de Vialidad s/ cobro", del 17/10/91, entre otros).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco del Sud S.A. c/ Bensak, Edgardo Juan s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

El valor del presente litigio está representado por la valuación fiscal del inmueble embargado. (Minoría u opinión personal)
Acción de amparo, representación procesal, facultades jurisdiccionales, gestor judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Flores, Tomás c/  s/ piezas pertenecientes - amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-10-26

El acta donde el actor designa al letrado como su abogado patrocinante para que lo asista "en todo lo relacionado a su presentación", configura una ratificación tácita en los términos de la normativa citada. Cabe otorgarle validez a esa actuación pues la exigencia de una adecuación exacta entre los términos de la ratificación y los actos cumplidos podría constituir un exceso ritual perturbador de la verdad jurídica objetiva e incompatible con un adecuado servicio de justicia.

En caso de dudas sobre la virtualidad de la declaración del actor en sede judicial, se debe optar por una interpretación favorable a la conservación de los derechos pues es la que mejor armoniza con la garantía de defensa en juicio. En consecuencia, corresponde tener por ratificada la gestión habilitándose, de esa forma, el tratamiento del ejercicio recursivo. (Del voto de los Dres. Posadas, Samsón, Vittar, Dra. Bonari)
Honorarios del abogado, base regulatoria, tercera instancia, convertibilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Dr. Lopez Rubén Ignacio s/ Regulación de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-09-13

La regulación de honorarios profesionales efectuada en segunda instancia cargada de ingredientes inflacionarios incompatibles con la ley de convertibilidad, no puede servir de parámetro para la determinación de los mismos en instancia extraordinaria, resultando en consecuencia pertinente regular los honorarios de los letrados recurrentes en el equivalente al 30% del que se estableciera en primera instancia, tal lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 607.
Interpretación de la ley, lenguaje jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARENTE, LUIS CARLOS c/ VERDECCHIA, ISMAEL s/ COBRO DE PESOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   RECURSO EXTRAORDINARIO.     CSJ EXPTE NRO 193-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-06

Debe recordarse en relación a referencias, a veces obligadamente ambiguas del lenguaje jurídico, que no deben ser sacadas de su contexto, deben ser examinadas en su obligada relación con el trasfondo de condiciones "normalmente presentes cuando se emite la expresión".