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Iura novit curia, accidentes de trabajo, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: P., V. D. c/ E. A.R.T. SA s/ Accidente de Trabajo (sistémico)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-10-31

Es deber del juez decidir de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio calificadas según correspondiere por ley. El aforismo iura novit curia significa que el tribunal no se halle atado por los errores o las omisiones de las partes. La aceptación de ese principio se traduce en la libertad con que cuenta para subsumir los hechos alegados y probados dentro de las previsiones normativas que rigen el caso. Esto es, requerido el cálculo del IBM conforme al texto legal vigente a la fecha del siniestro, su concreción de acuerdo a la prueba producida es potestad del juzgador.
Contrato de trabajo, empleo público, Derecho administrativo, acto administrativo expreso
Materia: LABORAL
Carátula: KOPPIUS ALEX c/ ESTADO NACIONAL EJERCITO ARGENTINO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-08

La protección que otorga la Constitución Nacional al trabajo en sus diversas formas no debe buscarse en un plexo jurídico extraño a aquel dentro del cual se desenvolvió la relación, sino en el marco del derecho administrativo destinado a regular las relaciones -regulares o no- que establezca el Estado con las personas. Desde esta perspectiva, esta Sala, con su anterior integración, ha señalado que existe una tajante y excluyente diferenciación entre el sector público y el privado en orden a la prestación de servicios dependientes, pues ambos regímenes jurídicos actúan paralelamente sin colisionar en diversos campos de aplicación material; y no puede habilitarse la irrupción del derecho del trabajo en aquellos sectores en los cuales no medie expresión formal y expresa de las personas públicas que dispongan la aplicación de la norma laboral a sus empleados, ya sea por estipulaciones especiales o por haber suscripto un convenio colectivo de trabajo". (Del voto del Dr. Pirolo en mayoria). (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Konrad, Carlos Alberto c/ ESEBA S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-12-20

El vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1113 y 1114 del Código Civil).
Ley penal, robo calificado, robo en banda, recurso de casación penal
Materia: PENAL
Carátula: AGUERO HECTOR OSVALDO s/ ROBO CALIFICADO - LEY PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-09-06

Es un principio de interpretación de la ley penal que si una palabra tiene dos acepciones, una popular o corriente y otra técnica, debe prevalecer esta última, porque importa una interpretación auténtica, es decir, dada por el mismo legislador Esto es, si la asociación ilícita reprime la "banda", cuando la ley, en otras figuras, habla de banda, se refiere necesariamente a asociación ilícita y para que esta se de se requiere cierto elemento de permanencia.

Si, en el caso, el Tribunal de sentencia, en la estructuración objetiva y subjetiva del hecho por el que se impuso condena a los acusados, como coautores de robo calificado (art. 167 inc. 2do. C.P )no tuvo por acreditada la existencia de permanencia e indeterminación delictiva de parte de los sujetos intervinientes, no se da la circunstancia "en banda" integrativa de la figura penal aplicada por el juzgador y, por tanto, nos encontramos frente a un caso de errónea aplicación de la ley sustantiva (C.P.P. art.490 inc. 1ro.).-
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, fiscal general, remoción de funcionarios públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Molinas, Ricardo Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

La forma y las causales de remoción del Fiscal General de Investigaciones Administrativas previstas por el legislador tienen la obvia finalidad de preservar su independencia, único modo posible de garantizar el cumplimiento de la delicada tarea que le ha sido encomendada.
Prueba de la filiación, prueba de histocompatibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAREDES ESTELA GENOVEVA c/ CHIECHER GUILLERMO JOSE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-29

La mera afirmación del demandado de no encontrarse en condiciones de trasladarse hasta el lugar donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos (B.N.D.G.) no resulta suficiente por sí para tener por configurada la negativa a someterse al examen pertinente (dando lugar a la conformación de la prueba indiciaria en contra de su posición), pues ello no impedía la realización de la prueba, la que podía ejecutarse en el lugar asiento del Tribunal para lo cual el instituto mencionado había proporcionado las indicaciones y recaudos necesarios a tener en cuenta en la toma de las muestras.-
Recusación con causa, incidente de nulidad, recusación por prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Adidas Argentina S.A. y otros -Incidente c/ E.N. -Mº de E. Y O.S.P.- Dto. 1059- s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

La recusación de los jueces, concretada al deducir el incidente de nulidad de su propio pronunciamiento, por haber emitido opinión al dictar este último, resulta manifiestamente improcedente -Fallos: 306:2070-.
Agente de transporte aduanero, verificación de la carga, verificación conjunta, validez del acto jurídico, acta de verificación, transporte aéreo de carga, mercadería deteriorada, depósito de la carga, depósito aduanero
Materia: AERONAUTICO
Carátula: BOGUÉ EDUARDO c/ STAF (SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO FUEGUINO S A s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-14

La revisación se llevó a cabo en los depósitos aduaneros, en presencia de un agente de la aduana y en el acta se dejó específica constancia -lo que hubiera sido inexplicable si no se hubiesen presentado los respectivos apoderamientos- que, en la ocasión, operó como "Agente de Transporte Aduanero" la firma "Servicios Patagónicos", Registro N° 302, cuyo representante -aunque con rúbrica ilegible- firmó el acta "por agente T. A.". Atestación semejante, no hubiera sido consentida por los restantes si ello no se hubiese adecuado a la realidad. No es presumible, en situación semejante, una dolosa colusión de intereses con la finalidad de perjudicar al transportista, tesis que ni siquiera esta parte ha insinuado. Así las cosas, se impone concluir en que Staf fue representada en el acto por su "Agente de Transporte Aduanero", el que es la persona que en representación del transportista tiene a su cargo las gestiones de presentación del medio de transporte y de sus cargas ante el servicio aduanero (art. 57 del Código Aduanero -Ley 22.415-). De donde se sigue que, en la aludida revisación bilateral el porteador estuvo representado y le son oponibles, en consecuencia, las comprobaciones hechas con intervención del agente de la aduana, del despachante y del importador, comportando esa verificación multilateral un acto que cumple acabadamente con la finalidad de la protesta a que se refiere el art. 26 de Varsovia.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silva, Alcira y otra c/ Furnari, Francisco s/ Nulidad de venta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-28

Debe rechazarse la pretensión de enervar sólo con testigos, una prueba pericial caligráfica de la Oficina Departamental ofrecida por ambas partes. A menos que se demuestre la total irrazonabilidad y absurdidad de la pericia, no puede tener éxito cuando se la ataca desde la prueba más falible que tiene el proceso escrito que es la declaración testimonial, donde son vulnerables los sentidos en cuanto a la apreciación de los hechos, la percepción en cuanto a la valoración de ellos, y la memoria de su acaecer en la historia.
Prisión domiciliaria, enfermo terminal, edad avanzada
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TORRES, Adolfo Alfredo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-06

Se aplicará la prisión domiciliaria sólo en el caso en que ésta no contradiga el principio de inocencia y resulte más favorable y útil para el resguardo de la personalidad del imputado.

Procederá este beneficio para el caso en que se compruebe uno de los dos supuestos del art. 33 de la ley 24.660 -que el condenado tenga más de 70 años o que padezca una enfermedad incurable en período terminal-, y que no existan pautas objetivas que permitan presumir que el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación (art. 280, C.P.P.N.) (*).
Accidente de tránsito, daño causado con la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Sole, Servando c/ García, Angel Mario s/ Sumario -Indemnización Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-05-12

El nuevo artículo 1113 del Código Civil, establece que en los supuestos e daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa, o sea, que estatuye el principio de la inversión de la prueba.

En el caso que ninguno de los conductores consiga demostrar que, de su parte, no hubo culpa en el choque, o sea, que ambos resultan responsables en la proporción del 50% cada uno.
Juicio ejecutivo, excepción de pago, pago parcial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fideicomiso Suquia c/ Godoy Alberto Rodrolfo y Otra . s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-12-15

El requisito de admisibilidad de la excepción de pago parcial radica en la obligación del ejecutado de acompañar documentación que acredite en forma concreta y circunstanciada que esos pagos corresponden a la deuda que se ejecuta.

No hay siquiera duda acerca de la verosimilitud de los documentos, toda vez que no fue negada la autenticidad de los mismos, ya que el silencio del ejecutante cuando se le corrió traslado de la excepción y de los documentos acompañados significó un reconocimiento de los instrumentos privados agregados por el deudor en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1031 del Código Civil.
Derecho ambiental, combustibles, acción de amparo, orden público, desechos nucleares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Schroder, Juan c/ INVAP S.E. y E.N. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar al amparo y declaró inconstitucional la intención de ingresar al territorio del país combustible quemado, de un reactor nuclear vendido a Australia, residuos y desechos radiactivos ya que resulta legítima la declaración de nulidad de una cláusula contractual cuando se demuestre con evidencia clara y concreta que ésta se opone al ordenamiento ambiental que es de orden público, pero no cabe hacerlo respecto de una intención que indica que un acto puede o no llevarse a cabo, y en el estado actual de la causa no se verifica un supuesto en que sea aplicable el principio de precaución en tanto no existe prueba alguna sobre la existencia de un peligro de daño grave o irreversible derivado de estos combustibles.
Tasa de justicia, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: SCRIMINACI  ALFREDO  AGUSTIN c/ GIRASOLE S.A. s/ CESE DE USO DEMARCAS - DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-19

La ley 23.898 establece como parámetro para determinar el monto de la tasa de justicia un porcentaje que se debe calcular "sobre el valor del objeto litigioso que constituye la pretensión" (confr. art. 2, ley citada). La valoración económica de un proceso no se circunscribe a los casos en que la demanda tiene por finalidad el cobro de una suma de dinero, sino que corresponde determinar si el derecho que se invoca es susceptible de apreciación pecuniaria, en cuyo caso a ella cabe acudir, más allá del contenido de las acciones que se pretende ejercitar. En este orden de ideas, cuando la ley menciona el objeto litigioso hace referencia al valor comprometido en el proceso, y dado que un contrato tiene un valor pecuniario, a los fines que aquí interesa es irrelevante si se persigue su cumplimiento o su extinción (confr. Sala 1, causa 2262/04 del 3.2.05 y sus citas).
Impugnación del acto administrativo, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legaria, María Cristina c/ GCBA y otros s/ impugnación de actos administrativos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-11

Corresponde declarar la caducidad de instancia de la queja puesto que desde el primer día hábil posterior a la fecha en la que se notificó la providencia mediante la cual el Secretario Judicial reiteró el requerimiento de copias hasta la fecha en la que pasaron los autos al Acuerdo transcurrió en exceso el plazo de caducidad de tres meses previsto en el art. 260, inc. 2 del CAyT sin que mediara acto que impulsara el proceso por parte del recurrente. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de casación, autosuficiencia, falta de fundamentación, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: A.G.A S/ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.). s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-08-19

Este Alto Cuerpo advierte que la presentación no satisface el requisito de "autosuficiencia" que caracteriza a todo recurso extraordinario, pues la vía impugnativa debe bastarse a sí misma para situar a los magistrados en condiciones de resolver sobre la admisibilidad de la instancia cuya apertura se pretende.

El recurrente debería haber fundamentado sólidamente su impugnación si pretendía la apertura en casación de modo excepcional, frente a la hipótesis de un notorio apartamiento de normas sustanciales para encuadrar el hecho delictivo que se haya probado, o la afectación de garantías o preceptos constitucionales que resguardan la defensa en juicio y el debido proceso legal.- El planteo de la querella deviene improcedente por fundamentarse en extremos que no se encuentran acreditados.
Infracciones aduaneras, autodenuncia, verificación de la carga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAFRA   S.A.  FRANCO ARGENTINA DE AUTOMOTORES, COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA Y OTROS. c/ TRIBUNAL FISCAL s/ ADUANA- AUTODENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

En el texto del art. 171 de la ley de la materia, se entendía por verificación oficial, cualquier "comprobación" relacionada con la naturaleza, calidad, especie, cantidad o valor de la mercadería, realizadas con la "intervención" de la aduana, y si bien dicho texto fue suprimido, coexistió con la norma que contenía el art.

178. Esta última (conf. actual art. 917, del Cód. Ad.) si bien desarrolla el concepto, no se aparta de él, en el sentido de resultar necesario para evitar los beneficios de la presentación espontánea, la posibilidad de advertencia por una comprobación oficial. En el caso aunque es cierto que ya se había producido el libramiento de los bienes cuando la autodenuncia tiene lugar, no es menos cierto que la aduana no acreditó la existencia de la posible comprobación; todo lo contrario, el transcurso de un largo término sin trámite del despacho concluido, indica que aquella no tuvo lugar con anterioridad a la gestión del propio interesado.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sartor Ana y otro s/ Incidente de redargución de falsedad en autos Bazoberri c/ Sartor s/  ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Si el accionado arguye un supuesto de falsedad ideológica del instrumento, no figurando huellas visibles de alteración, el portador se encuentra amparado por la presunción de regularidad del documento. (Minoría u opinión personal)
Incumplimiento de los deberes del funcionario público, estrago culposo
Materia: PENAL
Carátula: López Mazzeo, Luis Enrique y otros s/averiguación de delito querellante: Gomez, Ruth Graciela y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2020-01-31

Corresponde ordenar el procesamiento sin prisión preventiva por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado, de seis oficiales de la Armada Argentina a raíz del naufragio del submarino ARA San Juan, en la que murieron sus 44 tripulantes, toda vez que en mayor o menor medida todos los imputados estaban en conocimiento, en virtud de los cargos que ocupaban, de que el submarino no se encontraba en condiciones óptimas para hacerse a la mar y que todos desoyeron el planteo respecto al funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19 lo que presuntamente habría sido el factor determinante de la tragedia.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Arredondo Juana de Jesús c/ Ricardo Brixner, propietario de la Gomería 17 de septiembre e Instituto Provincial del Seguro y/o quien resulte responsable s/ Laboral por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-18

La Ley 24028 a diferencia de la Ley 23643, contiene una norma expresa sobre su aplicación temporal, aunque limita a determinados aspectos que hacen a la faz procesal de su vigencia como ser las costas, las formalidades requeridas por el pago en juicio, las reglas de protección de la indemnización, fondo de garantía y la norma transitoria del art. 18. Si utilizamos un método de interpretación a contrario sensu, nos llevaría a entender que en lo sustancial la Ley 24028 no sería de aplicación a los juicios pendientes, en definitiva regiría tan solo para aquellos accidentes producidos con posterioridad a la fecha de su entrada en vigencia o sea al 26 de Diciembre de 1991. Puedo verificar a través del razonamiento efectuado y del texto de los artículos comentados que la intención del legislador plasmada en el art. 19 es imponer su aplicación inmediata a los aspectos formales de los procesos ya iniciados, en lo demás debería estarse a la ocurrencia de los hechos en el tiempo y este momento sería el determinante de su aplicación.
Medidas cautelares, cese de uso de marca, propiedad intelectual, tratados internacionales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sattvica SA c/ Electronic Arts Inc s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-05

La medida prevista el art. 50 del Convenio Internacional Trip-Gatt -ratificado por la Ley 24.425- se encuentra destinada a evitar que se produzca la infracción de algún derecho de propiedad intelectual, cuando exista la probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular de los derechos, y entiende que el mismo no puede descartarse frente al uso que la accionada efectúa del signo cuestionado, el cual es coincidente con las marcas de la accionante.
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: WILKENLOH PABLO F. c/ SUPERIOR GOBIERNO DE ENTRE RIOS Y OT. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-28

La determinación de la situación de abondono y peligro para las menores, la determinación y alcance de la manifestación de voluntad, como la valoración del silencio en los supuestos en que este es susceptible de considerarse como expresión tácita de un querer individual constituyen cuestiones de hecho cuya dilucidación compete exclusivamente a los jueces de grado y están exentas de censura de casación salvo absurdo en la valoración de los hechos y violación de las reglas que gobiernan la evaluación de la prueba.
Subasta judicial, embargo, bienes embargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cappelletti, Carlos Florencio y otra c/ Martina, Nora Beatriz s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Aún cuando la naturaleza de los bienes embargados (TV, cama, heladera, etc.) sugerirían el levantamiento del embargo recaído en autos, lo cierto es que los mismos se encuentran al servicio de una vivienda -también embargada- destinada a veraneo de su titular registral. Y por ello razonable, desde el punto de vista económico, la subasta en bloque (vivienda y muebles), a los fines de la obtención de un mejor precio.
Derecho procesal, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMIREZ, JUAN ANTONIO c/ CORSUNSKY, JORGE s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-24

Es temerario el litigante inconsiderado, imprudente, arrojado a los peligros sin medir sus consecuencias, carente de fundamentos, razón o motivos. Es malicioso el que litiga convencido de su falta de derecho. Para llegar a tener el pleno convencimiento de la sin razón y de la falta de derecho de litigar por quien pierde el juicio, son necesarias pruebas que obren en autos.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictamen pericial, orden público, ius cogens, interrogatorio de testigos
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Mendoza y otros c/ Argentina s/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana c/ Argentina s/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana c/ Argentina s/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana del Presidente de la Corte Interamericana
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-08-01

Conforme lo establecen los artículos 50.5 -ofrecimiento, citación y comparecencia de declarantes-, y 52.3 -facultad de la Comisión para preguntar durante los debates-, del Reglamento de la Corte Interamericana, corresponde al citado organismo internacional el fundamentar en cada caso la vinculación tanto con el orden público interamericano como con la materia sobre la que verse un peritaje ofrecido por la Comisión, para que la Corte Interamericana o su Presidencia pueda evaluar la solicitud y, si corresponde, autorizar la posibilidad de que la Comisión haga su interrogatorio.
Acceso a la justicia, Constitución Nacional, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dahlgren, Jorge Eric c/ Cáceres, Raúl Edgardo y/o ATECH. s/ querella.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

El derecho a la jurisdicción, consagrado implícitamente en el art.

18 de la Constitución Nacional y expresamente en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, importa la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional y obtener de ellos sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes.
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, negligencia, sanciones procesales, multa procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: CURTIEMBRES AVELLANEDA SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-11

Procede imponer una multa al síndico concursal y a su letrado patrocinante cuando, -como en el caso-, surge que presentó un proyecto de distribución de fondos, mas omitió incluir en este a los ex letrados de la concursada, desatendiendo de esta forma lo decidido previamente por la alzada. No obstante, dicho proyecto fue puesto a consideración de los acreedores y luego aprobado por el magistrado, lo cual ha provocado un importante dispendio jurisdiccional. Por ende, la conducta reseñada no guardo relación con el deber de colaboración que debió mantener el funcionario concursal para quien lo designa y que su actuación negligente importo que el a quo dictase ciertas medidas con el fin de impedir que se vean vulnerados los derechos de los acreedores con derecho a cobro, lo cual,implico el retardo procedimental de las actuaciones.