Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-17


Buenos Aires,17 de febrero de 2006. VISTOS: los autos individualizados en el epígrafe con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto y fundado (fs. 182/191) por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la sentencia de fs. 176/179 que hizo parcialmente lugar a la acción de amparo solicitada, y CONSIDERANDO:

1. Que la empresa Eficast S. A. promovió acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries con el objeto de que se abstenga de exigir los comprobantes de pago del impuesto sobre los ingresos brutos y cargas sociales devengados durante agosto de 2002 como condición de pago de las facturas 5458 y 5459 que la demandada le adeudaría.

Además, solicitó que se ordenara a la demandada que se abstuviera de rescindir el contrato celebrado con fundamento en la falta de presentación de los comprobantes mencionados. Relató que en 1997 resultó adjudicataria de la licitación pública 190/97, cuyo objeto era la contratación de servicios de seguridad y vigilancia.

En el año 2001 se le concedió una prórroga y ante la falta de una licitación posterior su contrato seguiría vigente. Sostuvo que la aludida relación contractual se desarrolló con relativa normalidad hasta su presentación en concurso preventivo, el 10 de septiembre de 2002. A partir de ese momento -señaló- la demandada le exigió la presentación de los comprobantes de pago de las cargas sociales, ART e impuesto sobre los ingresos brutos devengados durante agosto de 2002.

Informó que la empresa acompañó sólo los comprobantes del pago de la ART y manifestó, respecto de los otros comprobantes exigidos, la imposibilidad de presentarlos con sustento en lo dispuesto en los artículos 16 y 32 de la ley de concursos. Refirió que la demandada como respuesta dictó la disposición 122/DGCG/2004, a través de la cual se la intimó a presentar las aludidas constancias, bajo apercibimiento de rechazar el pago de las facturas en cuestión y rescindir el contrato.

Expresó que el recurso que interpuso fue rechazado por la demandada mediante el dictado de la disposición A 010/DGCG/2005. Contra esa decisión se encontraría pendiente de resolución un recurso jerárquico interpuesto, cuyos argumentos amplió el 1º de febrero de 2005. Afirmó que de conformidad con los artículos 16 y 32 de la ley de concursos se encontraba impedida de abonar deudas devengadas con anterioridad a la fecha de su presentación en concurso preventivo. Destacó que tanto la demandada como la AFIP se habrían presentado ante el juez del concurso con el objeto de verificar sus créditos.

2. Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires produjo el informe previsto en el artículo 8 del decreto- ley 16.986 (fs. 109/126 vta.). Se opuso a la procedencia de la acción con fundamento en su extemporaneidad y la falta de agotamiento de la vía administrativa. Controvirtió las alegaciones de la actora y pidió que se rechazara la demanda.

3. Que el juez de grado hizo lugar parcialmente a la acción de amparo y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstuviera de exigir la presentación de los comprobantes de pago de los impuestos sobre los ingresos brutos y cargas sociales correspondientes a agosto de 2002, como condición previa al pago de las facturas 5458 y 5459. Impuso las costas en el orden causado.

Fundó su decisión en que la acción se dirigía a cuestionar la negativa de la demandada plasmada en las disposiciones A 122/DGCG/2004, del 29 de junio de 2004 y 010/DGCG/2005, que al momento de sentenciar no eran actos firmes o consentidos debido a la falta de resolución del recurso jerárquico; por ello el plazo de caducidad establecido en el artículo 2º, inciso e, del decreto-ley 16.986 no se habría excedido. En su criterio no existía un punto de partida cierto para empezar a contar el mentado plazo.

En cuanto a lo demás, agregó que la claridad del antepenúltimo párrafo del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires lo eximía de todo comentario respecto al argumento relativo a la falta de agotamiento de la vía administrativa. Una vez que consideró despejados los óbices formales, deslindó las pretensiones contenidas en la demanda, y rechazó lo relativo a la prohibición de rescisión del contrato por cuanto -en su criterio- la vía utilizada no era la idónea para discutir lo relativo a cuestiones contractuales que exigen un ámbito de debate más amplio. Afirmó que este agravio resultaba hipotético y que, de verificarse, nada impedía su planteo por las vías procesales pertinentes.

En cuanto a lo demás, señaló que el pago de las facturas exigidas por la actora podría importar una cuestión que requiere tratamiento expedito y rápido si se toma en cuenta que se trataría de una empresa que avizora una posible quiebra. Recordó que si bien el cesante conserva la administración de su patrimonio bajo la supervisión del síndico, a fin de evitar que el concursado realice cualquier tipo de acto en fraude de sus acreedores por deudas de causa o título anterior a la apertura del concurso tiene prohibida la realización de actos "...que importen alterar la situación de los acreedores".

Esto último sin perjuicio de admitir la realización de ciertos actos que en principio estarían prohibidos, siempre que medie una previa autorización judicial. Indicó que en el artículo 32 de la citada ley se ha previsto que todos los acreedores por deudas de causa o título anterior a la presentación del concurso debían presentarse a verificar sus créditos ante el síndico.

Reseñó que de acuerdo a la jurisprudencia para el cobro de las deudas por impuestos devengados en un período anterior a la fecha de petición de apertura del concurso debía seguirse la vía señalada por el artículo 32 de la ley 24.522 y que, adoptar un criterio distinto iría en desmedro de la pars conditio creditorum, pues a diferencia de otros supuestos, no existe norma que imponga la percepción inmediata de tales eventuales créditos.

En su criterio no parece irrazonable que la demandante no podría pagar esas deudas por cuanto ello implicaría realizar un acto prohibido de conformidad con las previsiones del artículo 16 mencionado. Señaló que conforme lo informado por el juzgado comercial tanto la AFIP como el ente recaudador se habrían presentado ante el síndico a reclamar el cobro de sus créditos, la primera por deudas correspondientes a cargas sociales por los períodos julio y agosto de 2002 y el segundo por el impuesto sobre los ingresos brutos por el período enero a agosto de 2002.

Mencionó que el artículo 20 dispone que el deudor puede continuar con el cumplimiento de los contratos en curso de ejecución cuando hubiese prestaciones recíprocas, previo pedido de autorización al juez del concurso, y en caso de accederse a dicha continuación, se permite al cocontratante exigir el cumplimiento de las prestaciones adeudadas a la fecha de la presentación en concurso bajo apercibimiento de resolución. Por lo tanto, lo relativo a la continuación del cumplimiento de dichos contratos depende de un acto opcional del deudor, sujeto a autorización judicial.

En el mismo artículo se establece que el acreedor queda facultado para resolver el contrato cuando no se le hubiese comunicado la decisión de continuarlo dentro de los treinta días de abierto el concurso, debiendo notificar esa decisión al deudor y al síndico, todo lo cual, en el caso de autos, -dijo- no ha sido alegado ni probado. Agregó que si opta por el cumplimiento, el acreedor debería acudir al proceso de verificación, tal y como habría ocurrido en el sub examine, de conformidad con lo informado a fs. 141 por el juzgado comercial donde tramita el respectivo concurso.

4. Que la Procuración del Gobierno de la Ciudad apeló la sentencia reseñada. Señala -en síntesis- que en el caso operó el plazo de caducidad, el que debe ser computado desde el acto impugnado y no desde la denegatoria en el trámite administrativo. En cuanto a la cuestión principal debatida, alegó que el pago del gravamen requerido no excedía el normal de administración, ni importaba connivencia, fraude, o mejora de un acreedor con relación a los demás.

Indicó que su posición tiene asidero en lo expresamente dispuesto en el contrato que vincula a las partes y que concursarse no significa perder la administración ni dejar de cumplir los contratos pendientes, como pretende la actora. Señaló que resulta más apropiado discutir acerca del pago y la rescisión en un juicio de conocimiento con amplia posibilidad de debate y prueba.

5. Que con el objeto de resolver la cuestión cabe recordar que la Corte Suprema precisó que siempre que aparezcan de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas así como el daño grave e irreparable, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo; sin embargo agregó que "... en tales hipótesis, los jueces deben extremar la ponderación y prudencia "lo mismo que en muchas otras cuestiones propias de su alto ministerio" a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional, cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponda resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios" (Fallos: 241:291).

Es que la amplia recepción constitucional del amparo no puede engendrar la falsa creencia de que cualquier cuestión litigiosa tiene solución por esta vía; o, peor aún, que mediante ella es dable obtener precipitadas resoluciones para casos sumamente complejos.

6. Que desde antiguo se debate si el Fisco está obligado, como los demás acreedores, a someterse a las reglas de la verificación tempestiva de los créditos. Militan en este sentido las disposiciones del artículo 32 que indica que "Todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes, deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos..." y 200, ambos del a Ley de Concursos y Quiebras que reproduce textualmente la frase del artículo 32. La doctrina y la jurisprudencia se han inclinado en forma mayoritaria en el sentido de que el Fisco está sometido a la carga de la verificación (ver, Hector Alegría, "La relación fisco concurso", en LL 2002-E-648, y sus citas, en particular 7 y 8).

Pero el caso a resolver no se limita a esa puntual cuestión sino que es aún más complejo. No basta para resolverlo con admitir el deber del Fisco de verificar su crédito, sino que también debe examinarse el derecho de la actora a exigir el cumplimiento de prestaciones a cargo del GCBA en un contrato en curso de ejecución posterior al concurso, cuando, por su parte, ella no ha demostrado cumplir las obligaciones a su cargo.

En el caso distintas órbitas se oponen casi inevitablemente, y ambas llevan la carga del interés público -aún de diverso tipo- y convergen sobre la plataforma común del patrimonio del deudor contribuyente. La confrontación de los distintos intereses en juego y la necesidad de encontrar el equilibrio entre las fuerzas en tensión exceden las posibilidades de este proceso abreviado.

La gestión tributaria eficiente, el resguardo a los derechos de los acreedores y el debido cumplimiento de los contratos en curso de ejecución como fundamento necesario a la exigencia de las contraprestaciones pactadas requiere un examen complejo y profundo, en el que la vía intentada no se presenta como la mas apta. 7. Que de acuerdo a la orden de compra 161-98 acompañada como prueba por la parte actora a fs. 10/11, estaba claramente convenido que la tramitación de las facturas requería obligatoriamente de una fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos. Además, la solución del caso requiere la debida compulsa del incidente de verificación de crédito del GCBA en el concurso preventivo de Eficast (exp. 50.639), en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nº 20, Secreatría 40. 8. Que las circunstancias comprobadas en la causa no evidencian en forma nítida una lesión cierta o ineludible causada por la autoridad con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, sino que el asunto versa sobre una materia compleja y opinable que exige una mayor amplitud de debate y prueba para la determinación de la eventual invalidez del acto. En el caso, al momento de interposición de la demanda y de acuerdo a las afirmaciones de las partes, la cuestión estaba siendo debatida en vía administrativa. Nótese que esta acción fue iniciada en febrero de 2005, y que, en ese mismo mes y año, la actora amplió los fundamentos de su recurso jerárquico ante la autoridad administrativa (ver fs. 84/86). Parece razonable esperar la resolución de la cuestión planteada ante la autoridad contratante, y en su caso, cuestionar en vías ordinarias el desacuerdo nacido durante la ejecución del contrato. Por lo demás, la actora ha omitido demostrar que s u pretensión -de carácter estrictamente patrimonial- no pueda hallar tutela adecuada en los procedimientos ordinarios ni que se encuentre impedida de obtener, mediante ellos, la reparación de los perjuicios que eventualmente pudiera causarle la posición asumida por el gobierno. 9. Que, en esas condiciones el pronunciamiento debe ser revocado, sin que ello implique emitir juicio alguno respecto de la legitimidad o ilegitimidad de la conducta cuestionada. En efecto, en palabras de la Corte Suprema cabe señalar que "si bien la ley de amparo no es excluyente de las cuestiones que requieren trámites probatorios, descarta a aquellas que son complejas o de difícil acreditación y que, por lo tanto, exigen un aporte mayor de elementos de juicio que no pueden producirse en el breve trámite previsto en la reglamentación legal" (Fallos: 307:178). Tal doctrina no ha sido alterada, sin más, por la inclusión en la reforma constitucional de 1994 del artículo 43, o el dictado de la constitución local. El artículo 43, al dispo ner que "toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo" mantiene el criterio de excluir la acción cuando por las circunstancias del caso concreto se requiere mayor debate y prueba y por tanto no se da el requisito de "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" en la afectación de los derechos y garantías constitucionales, requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (Fallos: 275: 320; 296:527; 302:1440; 305:1878; 306:788; 319:2955 y 323:1825 entre otros). 10. Que es constante jurisprudencia de la Corte Suprema que la acción de amparo no constituye el medio adecuado para dilucidar el sentido último de preceptos legales complejos y encontrados (confr. Fallos: 311:1313, y 319:2955, entre otros), ni remediar todos los males que pudieran surgir del desconocimiento del derecho constitucional de propiedad; sino tan solo los que impliquen un desconocimiento grosero y patente de tal garantía; es decir, los casos en qu e su vulneración supere, claramente y sin necesidad de mayor examen, lo meramente opinable en materia de interpretación de las normas concretamente involucradas (confr. Fallos: 293:133, considerando 17). Pues si, contrariamente, se admitiera que el amparo procede cada vez que en el marco de un contrato en curso de ejecución las partes disienten sobre la conducta a seguir ante posibles incumplimientos parciales y mutuos, con el desmedro patrimonial consiguiente, dicho remedio constitucional quedaría desnaturalizado para cumplir el fin para el que fue específicamente concebido, que es el de tutelar de manera inmediata y efectiva la violación palmaria de los derechos humanos y las garantías constitucionales básicas e impedir así toda amenaza contra los fundamentos esenciales del Estado de Derecho. Por las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación, revocar la sentencia apelada y rechazar la acción de amparo. Con costas en el orden causado (art. 14 CCABA). El Dr. Esteban Centanar o no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese -en el libro de amparos y medidas cautelares- notifíquese y devuélvase.