Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30


D., M. G.; F., C. A. Reg.: A y S t 198 p 162-195. Santa Fe, 30 de junio del año 2.004.

VISTA: la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de C. A. F. contra la resolución 38, del 30 de junio de 2003, dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal -integrada- de la ciudad de Venado Tuerto, en autos caratulados "D., M. G.; F., C. A. -Homicidio calificado por el vínculo y por alevosía-" (Expte. C.S.J. N° 413, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. La Cámara de Apelación en lo Penal -integrada- de la ciudad de Venado Tuerto mediante resolución 38 del 30 de junio de 2003 confirmó -por mayoría, y en lo que es de interés- el pronunciamiento inferior que, a su turno, había condenado a C. A. F. como coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y por alevosía, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y las costas del proceso (arts. 45; 80 incs. 1 y 2 y art. 29 inc. 3, del Código Penal) (fs. 1/302).

Contra dicho decisorio interpone el defensor del condenado recurso de inconstitucionalidad (fs. 304/383v.).

En su memorial introductor, luego de referir al cumplimiento de las exigencias formales, enuncia que "deduce recurso de inconstitucionalidad contra la resolución 38/03... y contra las resoluciones que seguidamente se mencionarán y que refieren a la denegatoria de planteos recusatorios", las que resultan manifiestamente arbitrarias por lesionar las garantías constitucionales de debido proceso y de defensa en juicio (arts. 18 C.N. y 9 C.P.).

Expone que se le ha "privado o negado" la garantía constitucional de "imparcialidad del juez". Ello, dice, lo acreditará con el desarrollo de los agravios que surgen de la denegatoria de las recusaciones oportunamente deducidas contra los doctores Risso y Burrone de Juri.

A continuación, enuncia los agravios que dirige contra la resolución N 168 del 28.12.2000 de la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto que rechaza la recusación con causa de la doctora Burrone de Juri, fundada en el adelanto de opinión que efectuó la Magistrada en un programa televisivo, cuando su defendido gozaba de inmunidad judicial.

Discurre luego el recurrente sobre "la relación entre la difusión periodística de un caso penal y el temor de parcialidad del tribunal", citando al efecto doctrina y jurisprudencia (fs. 317v./318).

Plantea que en este caso, además de la extraña difusión periodística del hecho, se le sumó lo que podría denominarse una "publicidad negativa" por parte de la gran mayoría de los medios de comunicación social, que presentaron a su defendido desde un primer momento como el autor o partícipe de la muerte de su hija, lo que -a su entender- "ha incidido marcada y decididamente en los jueces que intervinieron en el presente proceso penal, como es el caso de la magistrada recusada y el juez instructor" (f. 318v.).

Consigna que en ese contexto la garantía de imparcialidad se quebrantó totalmente, ya que el excesivo protagonismo mediático de dichos magistrados resultaba incompatible con la mesura, prudencia y recato que debe esperarse de un juez.

En lo que específicamente refiere a la recusación de la doctora Burrone de Juri en razón de las declaraciones efectuadas en un programa televisivo, expone que el Tribunal rechazó su planteo con fundamentos notoriamente violatorios de la garantía de imparcialidad, puesto que no se trató de "una mera mención de un dato objetivo, sin valoración jurídica alguna, sino todo lo contrario, implicaron una verdadera evaluación de la situación jurídico procesal de su parte", efectuando una "declaración de ciencia jurídica" lo que constituye un verdadero adelanto de opinión, un verdadero aporte subjetivo sobre cómo resolvería la situación procesal al colocar a F.icelli en la misma posición jurídico procesal de la imputada D. (fs. 320/321).

En otro orden, señala que también fundó su pedido de recusación contra dicha Magistrada integrante de la Cámara Penal, en que la misma había sido "testigo del hecho objeto de la investigación" (f. 323).

Sostiene sobre el particular que la doctora Burrone de Juri fue testigo en el Jury de Enjuiciamiento, declarando la misma por oficio.

No obstante, dice, la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto rechazó su pedido recusatorio en forma arbitraria, en abierta violación a la garantía de imparcialidad, por cuanto entiende que cuando el artículo 50 inciso 1 del Código Procesal Penal emplea el término testigo "del hecho" del proceso, lo hace "en sentido amplio, comprensivo de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores al acontecimiento que se investiga, en este caso la muerte de N. F." (f. 324v.) En apoyo de su postura, manifiesta que la presente causa se nutre fundamentalmente de numerosos testimonios referidos a sucesos ocurridos antes o después de la muerte de N., en los que se alude a circunstancias acontecidas antes o con posterioridad al hecho.

Así, expresa, la propia Vocal reconoce que concurrió al domicilio de la familia F. el día 20.5.2000, es decir, que estuvo presente en el lugar del hecho investigado en el día en que este ocurrió.

A renglón seguido desarrolla el recurrente los agravios que dirige contra la resolución N 54 del 20.4.2001 por la cual la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto rechaza la recusación con causa contra el doctor Risso.

Enuncia primeramente, que la razón del pedido de apartamiento residía en el adelanto de opinión que efectuara el Magistrado "sobre el valor probatorio de los informes médicos y la causa de muerte de N. F." (f. 327v.).

Añade que lo aseverado por el Tribunal para fundar el rechazo no se compadece con las constancias de autos, ya que por el contrario, existen suficientes elementos fácticos que evidencian la parcialidad del Juez instructor recusado, el que por lo demás, admitió la entrevista periodística y también las expresiones que motivaran su recusación.

Considera que se trató de un verdadero aporte subjetivo por parte del Magistrado, constituyendo esas manifestaciones periodísticas un adelanto de cómo se valorarían los informes médicos producidos y en curso de realización a ese momento, como así también sobre la ingesta de medicamentos por la menor.

Concluye que la resolución de la Alzada que confirmó el rechazo de su postulación resulta arbitraria por no ser una derivación razonada del derecho vigente, incurriéndose en las previsiones de los incisos 2 y 3 del artículo 1 de la ley 7055, al ocasionarle un perjuicio como es que la instrucción fue dirigida por un juez que prejuzgó sobre el valor probatorio de los aludidos medios de prueba, lo cual -dice- solo se puede remediar haciendo lugar al recurso deducido.

Expresa, a continuación, los vicios que contiene el decisorio N 106 del 03.7.2001 de la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto, por el cual se confirma el rechazo al planteo recusatorio contra el doctor Risso fundado en el adelanto de opinión en que habría incurrido dicho Juzgador sobre la participación de su representado en el hecho cuando aludió que al igual que la co-imputada D. "tuvieron un protagonismo directo en la muerte de su hija" y que la causa de la muerte se debía a la "alteración total que padece la familia F.".

Señala que dichas declaraciones fueron efectuadas cuando la instrucción todavía estaba en curso, y lo que es peor, habiendo diversas pruebas en pleno curso de ejecución (fs. 329/330).

Y, añade, que en nada obsta a su presentación el hecho de que al momento de efectuarse dichas declaraciones ya se había dictado el auto de procesamiento.

Ello así, por cuanto como lo tiene dicho la doctrina, el mismo podía ser revocado por la Alzada (art. 328, C.P.P.).

Por tal motivo, considera que el doctor Risso no podía adelantar opinión, cuando se habían producido pericias después del auto de procesamiento que contradecían la causa de muerte que el Juez instructor mencionaba en dicho acto procesal.

Aduce que, en definitiva, a través de esas manifestaciones periodísticas se realizó una verdadera valoración jurídica antes del momento procesal oportuno, con lo que queda evidenciada la parcialidad del instructor.

Por último, refiere a la impugnación deducida contra la decisión N° 177 del 18.12.2001 por la cual la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto rechaza una serie de pruebas ofrecidas por su parte.

Apunta que el agravio consiste en la flagrante violación de las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio (arts. 18 C.N. y 9 C.P.), que comprenden, como presupuesto esencial, el derecho a ofrecer y producir prueba.

Puntualiza que en el caso de autos se denegó la producción de prueba ofrecida por la defensa y que era de suma trascendencia para la dilucidación de la causa.

Tales medios -añade- consistían en la realización de una pericia internacional, el testimonio de María del Carmen Tenaglia y un careo entre su defendido y el doctor Costa.

Puntualmente considera que si bien de las pericias practicadas surgía cual era la causa de la muerte, y que la misma era violenta, de manera alguna coincidían en su etiología por cuanto algunos informes aluden a la existencia de estrangulamiento, mientras que la Morgue de la Nación dictaminó sobre un proceso combinado de asfixia.

Por tal motivo, entiende, su pedido de que se realice una pericia internacional resultaba procedente y pertinente para el caso, por lo que se privó a su parte de una prueba fundamental para esclarecer el hecho.

Señala -en otro orden- que también se incurre en arbitrariedad al denegarse por impertinente la declaración de Tenaglia, cuyo testimonio -entiende- tiene una íntima y relevante vinculación para determinar cómo sucedieron los hechos investigados, en especial, si la menor ingresó o no a una fiesta de cumpleaños, como así también la existencia de otras motivaciones que pudieran haber llevado a N. a "tomar la decisión de suicidarse", como por ejemplo puede ser la rotura de dos cartas de amor escritas por N. a un presunto pretendiente (f. 333).

Concluye en que esta prueba resultaba totalmente pertinente y vinculada al objeto de investigación, esto es, la causa de muerte de la menor.

Lo propio sucede -concluye- con la denegatoria de la Alzada a su pedido de efectuar un careo entre el imputado y el doctor Costa, en lo que refería "a la ubicación de su defendido en la vivienda el día de la muerte de su hija" en relación a lo manifestado por él y lo dicho por Costa (f. 334).

Sin embargo, alega, la Cámara rechazó su pedido con el argumento de que era impertinente, lo que resulta arbitrario al denegar otra prueba vital para establecer cómo fue hallado el cadáver por el doctor Costa y qué le manifestaron los padres, fundamentalmente respecto de la existencia de dos bolsas de plástico y la bufanda (f. 334v.).

Enuncia, a continuación, los achaques que dirige contra la resolución N° 38/03, que por mayoría, confirma la sentencia condenatoria contra su defendido.

Comienza señalando que el agravio constitucional se concreta en la violación de las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio y del principio de legalidad, consagradas en los artículos 18 de la Constitución nacional y 9 de la provincial.

Expone que la arbitrariedad radica tanto en la actividad probatoria como en la decisoria llevada a cabo por la Alzada.

En lo que refiere al primero de los tópicos señala que el voto de la mayoría prescinde de prueba decisiva en todo lo relativo a los informes y pericias médico-forenses que concluyen en que N. no murió por una causa violenta, sino por la ingesta de un medicamento contraindicado por su estado de epilepsia.

Indica -en tal sentido- que se omitió ponderar los distintos informes efectuados por el médico de Criminalística de la U.R. II de Policía -doctor Ulises Cardoso-; como así también los informes de los titulares de las Cátedras de Neurocirugía -doctor Bulacio- y de Farmacología -doctor Grin- de la Facultad de Medicina de la U.N.R. y el informe del anatomopatólogo doctor Monti.

Agrega que una muestra cabal de la fragmentación de la prueba por parte de la Cámara puede encontrarse en el voto en disidencia del doctor Quaglia, para quien "...la causa de la muerte no fue violenta sino como consecuencia de un suicidio, habiendo lógicamente valorado los mismos medios de prueba que los otros integrantes del tribunal de Alzada, pero arribando a una conclusión diametralmente opuesta en razón -dice- de no haber soslayado las pruebas médicas que indicaban la ausencia de muerte por acción homicida" (f. 337).

Acota que le agravia el criterio del voto mayoritario en cuanto alude a que "la ausencia de signos externos no descarta la existencia de un proceso asfíctico".

Dicha aseveración, sostiene, resulta palmariamente arbitraria al prescindir del informe médico forense y de bibliografía médico legal que señalan todo lo contrario, respecto a que "la existencia de esos signos externos es una constante en las asfixias".

Se prescindió -añade- de una prueba decisiva como eran las conclusiones del doctor Cardoso, quien en su tercer informe consigna que "los autores modernos sostienen que en la estrangulación manual la cianosis facial, la inyección conjuntival y las hemorragias petequiales 'se constituyen en una constante' en tanto que otros agregan la protusión de los globos oculares y de la lengua" (f. 338).

Señala que desde una perspectiva médico-forense el informe del citado facultativo dictamina todo lo contrario a lo aseverado en el voto mayoritario respecto a la presencia de dichos signos, apartándose además la Cámara de la bibliografía médico legal que afirma la necesaria existencia de esos signos externos en toda muerte por asfixia como la aquí imputada.

En lo que refiere a las "lesiones internas" considera que el A quo incurre en arbitrariedad al restarle importancia a la cuantificación de las hemorragias que presentaba el cuello de N. F., prescindiendo de distintos informes médico forenses que cuantifican dichas hemorragias y la compatibilización de tal cuantificación con la existencia de estrangulamiento.

Luego de poner de manifiesto lo dictaminado por las distintas pericias sobre la cuantificación de las hemorragias, deduce que "los peritos coinciden en la existencia de hemorragias en el cuello de N.; sin embargo, también sostienen que el origen de las mismas puede ser post-mortem a propósito de la necropsia, como lo afirmado por el doctor Monti. Y en lo referente a la cuantificación, las mismas resultan leves o moderadas, como lo sostuvo el doctor Caputi" (f. 341).

Sostiene que todos los peritos oficiales que practicaron los exámenes anátomo- patológicos son contestes en afirmar la levedad de las hemorragias constatadas en el cuello, las que resultan incompatibles con la intensidad de las lesiones internas que caracterizan al estrangulamiento.

Señala que para el voto mayoritario la cuantificación de las hemorragias no reviste importancia, y que cualquiera sea el grado de las mismas, igualmente demostraban la existencia de estrangulamiento, apartándose así de los distintos informes médicos que señalan el origen post-mortem de las mismas.

Añade que también se omite el análisis de otros elementos de prueba que explican la etiología de esas microhemorragias como son la historia clínica y demás probanzas que indican el cuadro de epilepsia que sufría N. F., de lo que se desprende que esas hemorragias tendrían su origen en la crisis epiléptica.

Sin embargo, expone, el voto mayoritario se apartó de dichas constancias pretendiendo adjudicarle a esas microhemorragias una génesis asfíctica, cuando por su cuantificación resultan incompatibles con el estrangulamiento o cualquier otra modalidad de asfixia.

Concluye en que, de lo expuesto, surge evidente la fragmentación del material probatorio, sin realizar una visión de conjunto de toda la prueba compilada, lo cual lógicamente compromete las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio.

En otro orden, y en lo que refiere al "aspecto toxicológico", le achaca a los Sentenciantes que conformaron el voto mayoritario, prescindir y apartarse de las pruebas producidas en la presente causa.

Postula que "un dato que no ha sido cuestionado es la ingesta por parte de N. F. del medicamento Uxen Retard, que contiene la droga amitriptilina, por lo que se debía analizar los efectos adversos de la misma en el cuadro de la epilepsia que sufría la menor" (f. 343 v.).

Señala que en ese sentido se expidió no sólo el titular de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de la U.N.R. doctor Grin, sino también el informe toxicológico de la Junta Médica del Poder Judicial de la Nación.

Considera que ambos informes resultan coincidentes sobre los efectos adversos de esa droga, principalmente por la posibilidad de provocar una "muerte súbita" en pacientes que presenten una enfermedad miocárdica o un cuadro de epilepsia.

Refiere que si no existen lesiones externas ni internas que acrediten la sofocación o la estrangulación, el aspecto toxicológico cobra un relieve excluyente, al indicar que la causa de muerte de N. se debió a la ingesta de dicha droga, y sobre todo por los efectos adversos de la misma, en razón de la patología cardíaca que presentaba N. y su cuadro de epilepsia.

También le agravia, dice, la valoración que se efectúa en el voto mayoritario sobre la cantidad de cápsulas ingeridas por la menor, por cuanto se prescinde de los informes médicos que indicaban una mayor cantidad a la evaluada por la Cámara.

En tal sentido, manifiesta que en el fallo impugnado se señaló que "nadie se empastilla con diez o doce cápsulas", sin embargo, tanto el informe del doctor Grin como el de la Morgue del Poder Judicial de la Nación surge evidente que esa afirmación deviene dogmática y no se ajusta a las constancias probatorias de esta causa, que especifican claramente la ingesta de entre 22 a 28 cápsulas de Uxen Retard.

Añade que dicha situación es puesta de relieve en el voto del doctor Quaglia, para quien "ha quedado demostrado (en grado de certeza) que la occisa ingirió (de forma hetero o auto administrada) por lo menos 550 MG (22 cápsulas) y no más de 700 MG (28 cápsulas) de amitriptilina (Uxen Retard que en la presentación encontrada significa más de una caja como mínimo y casi una caja y media como máximo) en un período de tiempo determinado no mayor a doce horas (f. 346v.).

Agrega que también resulta arbitraria la valoración efectuada sobre la forma en que se ingirió el medicamento aludido, como así también lo relativo a las comprobaciones efectuadas en forma personal por la Vocal de Cámara sobre tal situación, lo que violenta las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio.

Refiere que dicha comprobación, efectuada por un integrante de la Cámara implica que se han introducido al presente proceso penal diligencias probatorias al margen del momento procesal y del órgano judicial encargado de disponerlas, según lo que establece la ley procedimental.

Señala que tal situación contradice no sólo lo dispuesto por el artículo 414 del Código Procesal Penal de la Provincia en cuanto a la competencia funcional de la Alzada, sino también la realización de operaciones técnicas o de pericias, que solamente pueden ser ordenadas por el juez instructor o el magistrado del plenario, pero nunca practicadas por el mismo tribunal de Alzada (arts. 217 y 273, C.P.P.).

Asimismo, agrega que se ha privado a su parte la posibilidad de participar y controlar las citadas diligencias probatorias efectuadas por la camarista de primer voto, y de alegar sobre las mismas con la consiguiente violación de las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa.

Por tal motivo, sostiene que deberá declararse la invalidez de esa prueba, al tratarse de una nulidad absoluta que violenta garantías constitucionales, declarable -en razón de lo dispuesto en los artículos 162 inciso 3 y 164 del Código Procesal Penal- en cualquier estado y grado del proceso penal.

En otro acápite, alega sobre la arbitrariedad de la sentencia impugnada en cuanto a la omisión de valorar una cuestión decisiva, como era la acción suicida de N. F.

La arbitrariedad -reseña- radica en que el argumento expuesto en el voto mayoritario de que "nadie se empastilla con diez o doce cápsulas", cuando de la prueba colectada se demuestra que no fue tal cantidad la ingerida, sino de 22 a 28 cápsulas, provocando una crisis epiléptica a lo que debe sumarse la autocolocación de la bolsa de nylon, la cual presentaba rastros de saliva conforme el informe respectivo, todo esto coadyuvado -dice- con la ausencia de signos externos e internos que indicaran un estrangulamiento.

Concluye que todas estas probanzas fueron preteridas por la Alzada lo que constituye una manifiesta arbitrariedad, puesto que las que fueron valoradas en el voto del doctor Quaglia, arrojan el resultado de que N. se suicidó (f. 350v.).

En otro orden, apunta que el A quo omitió la aplicación de la ley procesal que consagra el principio de "in dubio pro reo" (art. 5, C.P.P.), por cuanto si existen informes y pericias contradictorias entre sí, el estado intelectual de duda debe jugar en favor del imputado.

Pone de resalto las contradicciones que habría -a su entender- entre los distintos elementos valorativos colectados -informes, pericias- que generan el estado de incertidumbre, por lo que no aplicar dicho principio refleja una arbitrariedad que conlleva la anulación de la resolución impugnada.

A renglón seguido, señala que le agravia la arbitrariedad normativa en que se incurre como consecuencia de la violación al principio de legalidad en materia penal consagrado expresamente en los artículos 18 de la Constitución nacional y 9 de la provincial (f. 354).

Ello, aduce, en cuanto a que se adjudica a su defendido una responsabilidad penal por omisión impropia, categoría jurídica que no se encuentra tipificada en el Código Penal.

Al respecto, expone que dicho digesto normativo no contiene una "cláusula de equivalencia" como sucede en otros ordenamientos de fondo, donde se dispone la equivalencia entre la "acción" y la "omisión".

Agrega que el legislador argentino tampoco ha normado sobre la "posición de garante" a fin de precisar la autoría en esta clase de delitos.

Consigna que si bien hubo algunas proyecciones de incorporar dichos institutos al ordenamiento penal, ninguna de las iniciativas fue convertida en ley, por lo que al no encontrarse tipificadas en la legislación penal argentina y al carecer de una "cláusula de equivalencia" en la parte general del código como sucede en otros países, el fundar una responsabilidad penal en la omisión impropia violenta flagrantemente el principio constitucional de legalidad en materia penal, citando en apoyo de su posición distintos criterios doctrinarios (fs. 356/359).

Pero, agrega que, más allá de la carencia de regulación normativa "desde un punto de vista axiológico y vinculado a la proporcionalidad de la pena, no es lo mismo matar que dejar morir", lo que incluso resulta dudoso de convalidar aún con una "cláusula de equivalencia" que lo prevea.

Dice que por tal motivo el fundamento del voto mayoritario se logra luego de acudir a una interpretación analógica de la ley, lo que está vedado en nuestro derecho penal liberal al violentar el principio constitucional de legalidad (f. 360).

Considera por otra parte, que resulta dogmático y contradictorio el argumento de la Alzada en lo que refiere al accionar de su defendido en el hecho investigado desde que en un punto del resolutorio se alude sobre la participación coadyuvante de F. en el desenvolvimiento de la acción comisiva, y en otra parte refleja la autoría por omisión impropia.

A su entender, resulta ilógico y ajeno a la experiencia común "que una persona que tiene conflictos con su esposa regrese a su hogar, luego de un intenso día de trabajo y de una aventura extraconyugal y se ponga de acuerdo con ella para matar a su hija" (f. 362).

Critica, a continuación, los argumentos expuestos en el voto disidente de la doctora Mir en cuanto endilga a su defendido responsabilidad penal a título de encubridor.

Expresa que dicha afirmación resulta dogmática ya que no se ha incorporado al proceso información alguna que refleje tal situación, sino que todo se edifica en base a conjeturas y sin sustrato probatorio.

Añade que no se demostró que su defendido haya participado "armando o modificando la escena del hecho", pero además, de haberse comportado en tal sentido, no lo habría realizado de forma tan burda.

Seguidamente se explaya el recurrente sobre la prescindencia del Sentenciante en la acreditación del "móvil delictivo" (f. 364v.).

Dice que al efecto se omitió valorar una prueba fundamental como era la de precisar la existencia o no de un móvil en la comisión del delito, aspecto este que no logra desprenderse de ninguno de los argumentos esbozados en el decisorio impugnado, por lo que la sentencia carece de argumentación para sostenerse válidamente, violándose en tal sentido lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución provincial.

Postula que también lucen dogmáticas las afirmaciones efectuadas respecto al "indicio de presencia" de su defendido en el lugar donde se produjo la muerte de N., por cuanto no puede inferirse que por el solo hecho de estar en el lugar, ello resulte suficiente para endilgar responsabilidad penal.

Tampoco se encuentra debidamente fundamentado el razonamiento del A quo para descartar lo argüido por F. respecto a que no sabe cómo ocurrió el hecho.

Arguye que en igual falencia (afirmaciones dogmáticas) se incurre al postularse en el decisorio impugnado que no se dio aviso a la policía en forma inmediata, lo que evidenciaría una actitud negligente en el accionar de su defendido. Sin embargo, expone, no se reparó en otras actitudes del imputado que fueron por demás diligentes, como por ejemplo en llamar por teléfono al médico de la familia, e inmediatamente después al juez subrogante doctor Pautasso.

Expone que tal situación, no puede bajo ningún punto de vista ser utilizada para endilgar responsabilidad penal a F., como así tampoco puede hacerse con la valoración del llamado telefónico que mantuvo con su esposa luego del hecho, por cuanto ningún elemento cargoso puede extraerse de algo tan normal como una charla entre dos esposos, que por lo demás ha sido "un diálogo totalmente fragmentado y equívoco", por lo que -concluye- las expresiones del Sentencinante de que los acusados "quisieron ponerse de acuerdo" resultan carentes de motivación (f. 372).

La misma deficiencia endilga a la Alzada respecto a la valoración del diálogo que se mantuviera en oportunidad de la concurrencia del doctor Costa al domicilio conyugal, por cuanto se aparta de las constancias que reflejan que su defendido "mostró en forma inmediata al médico la bufanda, las bolsas y el pañuelo" (f. 373v.).

Expresa que, de no haberse efectuado tal conversación, tal vez el galeno hubiera firmado el certificado de defunción por muerte natural, pero que en razón de lo explicado por F. sobre los elementos hallados sobre el cuerpo de N., lo llevaron a considerar de que podría tratarse de una "muerte dudosa".

Ello evidencia -dice- la espontaneidad e inmediatez con la que siempre actuó su representado y que para nada se manejó en forma especulativa, sino como un padre que encuentra en esa situación a su hija.

Lo propio sucede, agrega, con la valoración efectuada por la Cámara sobre la ausencia de ladridos por parte del perro que, se acreditó, estaba dentro de la casa en el momento del hecho.

A su entender, ese sólo elemento no puede resultar definitorio para concluir que el imputado tuvo vinculación con un hecho delictivo, por cuanto considera que también puede ser reflejo de que N. murió por una conducta suicida y no por un homicidio como se incrimina.

Concluye -en referencia al dogmatismo alegado- que tal situación refleja la ausencia de certeza sobre la responsabilidad penal endilgada a su defendido, lo que ameritaría la aplicación del principio procesal del "in dubio pro reo".

2. La Sala, por auto 122 del 23 de setiembre de 2003 denegó -por mayoría- el recurso de inconstitucionalidad deducido (fs. 385/421); tal denegatoria motivó la presentación directa del interesado ante esta Corte (fs. 423/455).

3. En primer lugar, corresponde destacar que el recurrente centra sus reproches sobre dos temáticas bien definidas: una, concierne a la garantía del juez natural e involucra toda una gama de recusaciones que se sucedieron en el proceso y, la restante, responde a planteos que encuentran su génesis más próxima en la sentencia condenatoria de la Alzada.

En ese orden se analizarán los agravios endilgados por el impugnante.

3.1. La primera de las postulaciones debe examinarse a la luz del principio rector que rige en la materia, que no es otro que las resoluciones que deciden sobre excusación y recusación de los jueces involucran decididamente normas de derecho procesal, cuya interpretación corresponde a los jueces de la causa y no es controlable por esta Corte, salvo que se viole el derecho a la jurisdicción (A. y S., T. 94, pág. 25; T. 146, pág. 111; T. 159, pág. 269, entre muchos otros).

Y bien, el estudio particularizado de cada una de las articulaciones recusatorias determinará si acontece -o no- un supuesto de excepción a aquella regla sentada.

3.1.1. Comenzando, entonces, con los achaques enderezados por el recurrente, cabe referir -en primer lugar- a la recusación dirigida contra la Vocal de Cámara, doctora Burrone de Juri.

En tal sentido, resulta necesario destacar que, de la lectura de los distintos expedientes que fueron solicitados por esta Corte como medida para mejor proveer del 17.12.2003, se observa que la postulación de separación tuvo base en las manifestaciones vertidas por la Juez en un programa televisivo (art. 50, inc. 4 C.P.P.) y por haber sido testigo del hecho objeto de la investigación (art. 50, inc. 1 C.P.P.).

Esa pretensión de apartamiento fue negada por la Juez; así entonces, se integró la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto para resolver en definitiva sobre el incidente de recusación, que rechazó finalmente mediante decisorio N 168 del 28.12.2000.

Impugnada esa resolución por la vía del remedio previsto por la ley 7055, la Alzada lo denegó por decisorio N 43 del 03.4.2001, circunstancia que motivó la presentación directa del recurrente ante esta Corte, quien rechazó la queja deducida por entender que el fallo no revestía el carácter de definitivo en los términos del artículo 1 del ordenamiento jurídico citado (A. y S., T. 182, pág. 39).

En el presente recurso de inconstitucionalidad vuelve a agraviarse de la decisión de la Cámara que desestimó la articulación recusatoria, reiterando los argumentos que sirvieron de sustento -en su oportunidad- del primigenio remedio extraordinario local.

El reproche -tal como ha sido formulado- debe ser desestimado.

Para así decidirlo, corresponde considerar que del expediente N 247/00 de la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto, se desprende que el A quo rechazó la solicitud de apartamiento con fundamento -en primer lugar- en que las causas de separación de los jueces deben ser interpretadas con carácter restrictivo conforme la jurisprudencia y doctrina imperante en la materia.

Luego, y con respecto al primero de los puntos sobre el que versaba el pedido de separación, el discurso del Tribunal se asentó sobre la hermenéutica que cabe conferirle al artículo 50, inciso 4 del Código Procesal Penal, en estos términos: "...el Juez deberá apartarse de la causa cuando ha emitido opinión sobre el proceso después de conocerlo.

De tal precepto se deduce que no debería admitirse como causal de recusación, aquella opinión que no implique una valoración técnica o jurídica por la que se permita conocer, anticipada y extrajudicialmente, la resolución que habrá de recaer en el proceso..." (fs. 32v./33, expte. cit.).

Este alcance que la Cámara ha asignado al precepto en estudio encuentra aval en jurisprudencia de alto nivel orgánico.

Al respecto, corresponde señalar -tal como lo afirma el Juzgador- que la Corte nacional ha sostenido que el prejuzgamiento consiste en revelar con anticipación al momento de la sentencia una declaración de ciencia en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso, o bien que las expresiones permitan deducir la actuación futura de un magistrado por haber anticipado su criterio, de manera tal que las partes alcancen el conocimiento de la solución que se dará al litigo por una vía que no es la prevista por la ley en garantía de los derechos comprometidos (Fallos:313:1277).

En idéntico sentido, esta Corte ha afirmado que "la opinión constitutiva de prejuzgamiento es aquélla que permite inferir la solución que se dará al pleito efectuada de manera precisa, fundada y comprometida como tal, dado que no cabe fundar la recusación en supuestos preconceptos o inclinaciones subconscientes del juez" (A. y S. T. 139, pág. 443); y que "el prejuzgamiento debe ser expreso y recaer específicamente sobre la cuestión de fondo a decidir; no se configura cuando el Juez se halla en la necesidad de emitir antes opinión acerca de un punto que resulta luego relacionado eventualmente con la materia controvertida, en tanto aquella fundamentación no enerve la defensa propia del proceso ulterior ni preanuncie de modo fatal la suerte de éste, donde pueden incidir múltiples otros temas y aun aquel aspecto que pudiera decirse reiterado, puede ser ponderado con virtualidad diversa". (A. y S.,T 92, pág. 90; T. 150, pág. 301).

Conforme a lo expuesto, cabe concluir que la exegética propuesta por el Tribunal no presenta fisuras que permitan su descalificación, antes bien se ajusta cabalmente a las normas constitucionales en juego.

Es que, en rigor de verdad, la interpretación brindada al artículo 50, inciso 4) del Código Procesal Penal no ha merecido crítica alguna por parte del quejoso, pues recién a partir de su aplicación a las concretas circunstancias de la causa es donde comienza a gestarse el reproche.

Precisamente es en este tramo del discurso de la impugnante donde su queja pierde consistencia.

En efecto, la Cámara en ejercicio de atribuciones propias entendió que las expresiones vertidas por la Magistrada no importaban una declaración de ciencia jurídica, sino que sólo referían a una circunstancia fáctica relacionada con el hecho objeto de la investigación, que por sí misma no permitía anticipar la forma de resolver el proceso.

Frente a esta postura argumental intenta oponer su particular criterio el recurrente respecto de que la afirmación de la Vocal de Cámara implicaba un verdadero aporte subjetivo respecto de cómo se resolvería la situación procesal al colocar al imputado en la misma posición jurídica procesal del restante encartado, pero sin lograr demostrar que la Cámara haya incurrido en algún supuesto de arbitrariedad en la tarea de evaluar la trascendencia que cabía asignarle a aquellas expresiones en relación a si éstas constituían una anticipación al momento de la sentencia de una declaración de ciencia en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso o bien sus manifestaciones permitían deducir la actuación futura del Juez al haber anticipado su criterio.

La temática -así planteada- tiene un neto corte interpretativo, que no depara caso constitucional alguno toda vez que la respuesta de la Cámara se instala dentro de aquellas razonablemente posibles.

Además, no puede dejar de valorase que las afirmaciones en que la recurrente sustenta la causal de prejuzgamiento no son extrañas al contenido del auto de procesamiento de la restante co-imputada, antes bien en diversos pasajes de ese decisorio se alude a la presencia de F. en el domicilio conyugal, tal como el propio imputado lo manifestara en diversas oportunidades, incluso en los primeros momentos de iniciación de la investigación.

Capítulo aparte merece la particular cautela que deben tener los jueces cuando efectúan manifestaciones públicas sobre los casos sometidos a sus estrados.

La buena marcha de los procesos imprime la abstención de emitir, en principio, cualquier tipo de declaración que puedan tener el destino de convertirse en el sustento mismo de planteos recusatorios, como ha ocurrido en el caso.

Se trata de evitar, así, el "strepitus fori" que inexorablemente traen anejas la decisión de los jueces de publicitar cuestiones atinentes a los procesos de su competencia.

De ahí que se reclame suma prudencia cuando por razones excepcionales, los magistrados tengan la real necesidad de formular algún tipo de manifestación ante los comunicadores sociales; prudencia que se traduce en suministrar la información preservando siempre su imparcialidad, impartialidad e independencia interna y externa, el respeto de los derechos fundamentales de las personas, la lealtad debida a las partes, la intimidad de las sujetos involucrados, todo ello en procura de arribar a un justo equilibrio entre la correcta y eficaz administración de justicia y la adecuada información para el ciudadano.

En otro orden, cabe señalar que igual suerte adversa ha de correr el reproche de la impugnante dirigido contra las motivaciones dadas por el Tribunal para rechazar la recusación de la Vocal mencionada "por haber sido testigo del hecho".

Primero.

Porque la afirmación del impugnante respecto de que la Camarista había declarado vía oficio como testigo en el Jury de Enjuiciamiento seguido contra el imputado no encuentra asidero alguno con las constancias de ese proceso de destitución del Magistrado.

En tal sentido, cabe destacar que del expediente N 247/00 de la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto surge que la Juez al contestar el requerimiento formulado por el Presidente de aquel Tribunal, expresó que "...me encuentro en situación de incompatibilidad manifiesta para declarar testimonialmente..., en razón de mi condición de titular del poder de jurisdicción, como miembro de la Cámara de Apelaciones en Penal, puesto que, en calidad de tal, he tenido intervención en el proceso conexo...; en tal sentido, el artículo 250 del Código Procesal Penal limita el aporte del dato testimonial en orden a los supuestos de incompatibilidad, aunque circunscriptos a los casos en que esta resulta notoria.

Se ha interpretado -uniformemente- que tienen incompatabilidad manifiesta los magistrados y/o funcionarios del mismo proceso, o de otro conexo, situación que me comprende en forma notoria..." (fs. 12/12v., expte. cit.).

Estas mismas argumentaciones se iteran en la contestación a la nota n° 3468, agregando la Camarista que "sin perjuicio de lo expuesto, es público que en la tarde del día 20 de mayo de 2000 permanecí durante breve tiempo en la vivienda de la familia F., a la que me dirigí en compañía del Dr. García Méndez, estando presentes también en esos momentos el Dr. Juan Rosso, la Dra. Griselda Mir, el doctor Gastonjáuregui y el Dr. Ferraro -Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial con asiento en Venado Tuerto- que concurrimos al lugar por elementales razones de humanidad, al recibir la noticia del reciente deceso de la niña N. F." (fs. 13/13v., expte. cit.).

Lo expuesto revela que el reproche carece de todo sustento con las actuaciones del procedimiento contemplado por la ley 7050.

Por otra parte, no puede perderse de vista que la situación fáctica descripta por la Magistrada en respuesta a la nota n 3468 había sido examinada por la Cámara de Apelación en lo Penal -integrada- en oportunidad de resolver el apartamiento de los integrantes naturales de dicho cuerpo colegiado ante el pedido de separación efectuado por la defensa de D..

Esa resolución también se constituyó en los motivos fundantes de la desestimación de la recusación, en tanto el Tribunal sostuvo que "...los integrantes de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral..., tuvieron oportunidad de resolver la recusación efectuada por la defensa de la acusada M. G. D. de F., contra la totalidad de los integrantes de la Cámara de Apelación en lo Penal, invocándose el motivo de la visita al domicilio de la familia F. el mismo día de ocurrido la muerte de N. y se decidió que los Magistrados recusados no podían de manera alguna considerarse comprendidos en la causal invocada de haber sido testigos del hecho objeto del proceso, ya que ni lo han presenciado, ni tuvieron conocimiento directo y personal de las circunstancias en que el mismo se cometiera, no pudiendo inferirse su calidad de testigos por su sola presencia después de ocurrido el hecho..." (fs. 6v./7, expte. C.S.J. N 225, año 2001).

Disconforme con esas argumentaciones esboza las suyas el quejoso, en el sentido que "la propia Vocal reconoce que concurrió al domicilio de la familia F. el 20.5.2000, es decir que estuvo presente en el lugar del hecho investigado en el día en que éste ocurrió", por lo que -a su entender- pudo estar en conocimiento de sucesos o circunstancias ocurridos antes o después de la muerte de N.

Se aprecia así, que la postulación intenta ampliar el marco cognoscitivo de la causal de recusación prevista en la última parte del inciso 1, artículo 50 del Código Procesal Penal a límites que excede el precepto en estudio, y que en modo alguno desmerece o pone en crisis la hermenéutica asignada por el Tribunal, mucho más acotada y ajustada a la letra de la ley, pues requiere para la configuración de la causal de separación una presencia directa y personal del juez con el hecho objeto del proceso.

3.1.2. Con relación a los agravios dirigidos contra la decisión de la Cámara en tanto desestimó las pretensiones de separación del doctor Risso por la causal prejuzgamiento (art. 50 inc. 4 C.P.P.), corresponde recodar -brevemente- el origen y desarrollo procesal de esas articulaciones, que tuvieron como soporte las declaraciones efectuadas por el Juez instructor a distintos medios de comunicación.

La primera postulación recusatoria se fundó en el adelantamiento de opinión en que incurriera el Magistrado en la entrevista brindada al diario "La Guía Semanal" de Venado Tuerto, al explayarse sobre el valor jurídico y probatorio de los diversos informes médicos que se estaban produciendo en la causa.

Negada por el Juez instructor la causal de separación, la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto rechazó el incidente mediante auto N 54 del 20.4.2001.

Impugnado el decisorio mediante el recurso previsto en la ley 7055, la Alzada lo denegó por auto N 89 del 11.6.2001, lo que motivó la presentación directa del impugnante ante esta Corte, quien rechazó el remedio intentado por resolución registrada en A. y S., T. 182, pág. 37.

La segunda recusación se apoya en las declaraciones publicadas en el diario "La Nación" de Buenos Aires, en donde se daba cuenta de la opinión del Magistrado sobre el protagonismo que habrían tenido los esposos F. en el desencadenamiento de los hechos.

Negada por el Juez inferior la causal de recusación, la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto rechazó el planteo mediante resolución N 106 del 03.7.2001.

Impugnado el decisorio mediante el remedio extraordinario local, la Alzada lo denegó por auto N 141 del 04.9.2001, lo que motivó la presentación directa del impugnante ante esta Corte, quien rechazó la queja mediante resolución registrada en A. y S. T. 182, pág. 34.

En el presente recurso de inconstitucionalidad se reiteran los argumentos que sirvieron de sustento a los primigenios remedios extraordinarios a los que se aludiera supra.

Ninguno de estos planteos configuran una cuestión constitucional idónea para operar la apertura de esta instancia de excepción.

En efecto, la lectura de las resoluciones 54/01 y 106/01 permite observar que la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto desestimó las pretensiones de apartamiento propiciando una hermenéutica del precepto en cuestión (art. 50, inc. 4 C.P.P.) idéntica a la analizada en el parágrafo 3.1.1., pues se aprecia que en ambos decisorios la Alzada puso particular énfasis en el carácter restrictivo con que deben ser interpretadas las causales de recusación, como así también sobre cuándo debe entenderse la configuración de prejuzgamiento como motivo de apartamiento.

A renglón seguido y con relación al primero de los planteos recusatorios, la Cámara entendió que la nota periodística invocada por los recusantes carecía de la trascendencia que se le había asignado, agregando que "...las explicaciones que brinda el Juez recusado en torno a las manif Mientras que en lo atinente a la segunda pretensión recusatoria, la Alzada Frente a estas líneas argumentales expuestas por la Cámara intenta oponer su particular criterio el recurrente respecto de que los dichos del Juzgador trasuntaban ni más ni menos que un adelanto de opinión sobre el valor probatorio de los informes médicos y la causa de muerte de la víctima, pero sin lograr demostrar que el A quo haya incurrido en algún supuesto de arbitrariedad en la tarea de evaluar la trascendencia que cabía asignarle a aquellas expresiones vertidas por el Juez Instructor con posterioridad al auto de procesamiento a fin de juzgar si ellas constituían una declaración de ciencia.

Aquí lo importante para desterrar la afectación de garantías constitucionales es que las proposiciones formuladas por el Juzgador Inferior no constituyeron un plus de aquellas motivaciones que fueron brindadas por los carriles legales correspondientes.

Pero además, no puede dejar de valorarse que esas expresiones han sido receptadas por un medio de comunicación masiva que interpreta y enfoca periodísticamente las explicaciones brindadas por aquél, cuestiones estas últimas que le son absolutamente ajenas al Magistrado.

Siendo ello así, los planteos quedan reducidos a un disímil enfoque de la cuestión, evidenciando tan solo disconformidad con la solución adoptada más no la configuración de algún supuesto de arbitrariedad fáctica o normativa.

3.2. La segunda postulación refiere a la arbitrariedad en que habría incurrido el A quo en materia probatoria.

3.2.1. Así, afirma el recurrente, en primer lugar, que se afectó groseramente su derecho de defensa al denegársele distintos medios de prueba, entre ellos, la realización de una "pericia internacional" a los fines de determinar con precisión la etiología de la conducta homicida enrostrada.

En primer término, corresponde recordar que dicho planteo ya había sido denegado por la Cámara por resolución N 177 del 18.12.2001 en el entendimiento -en líneas generales- de que esa probanza resultaba sobreabundante a tenor del artículo 387 del Código Procesal Penal.

En la instancia de grado se interpuso recurso de nulidad contra la sentencia de primera instancia, precisamente y entre otros motivos, por la desestimación de ese medio de confirmación, pretensión que fue rechazada por el Tribunal en el decisorio que ahora se impugna.

En el presente recurso de inconstitucionalidad -como ya se dijo- se agravia de esa denegatoria, imputando a los Jueces restricción indebida de la prueba.

Sin embargo, el planteo recursivo -tal como ha sido formulado- no logra desmerecer la solución brindada por los Sentenciantes a través de la aplicación del dispositivo procesal penal en cuestión.

Para así consider Señaló también que las defensas de ambos imputados destacaron las condiciones de capacidad e idoneidad técnico-profesional que les garantizaba el Cuerpo Médico Forense de la Morgue del Poder Judicial de la Nación -su infraestructura y vasta experiencia en casos de gran resonancia- por lo que ahora parecen contradictorias las nuevas apreciaciones de la impugnante..., extendiendo también la descalificación a los Médicos Forenses que integraron la Junta de la Morgue del Poder Judicial de la Nación, empece antes haber insistido en la necesidad de que la causa contara con un informe pericial de ese organismo que les garantiza seguridad y confianza en sus actitudes científicas, además de reconocerle tan calificada especialización siendo el único centro de tanatología que hay en el país (...") (fs. 191/192v.).

Frente a estas argumentaciones de la Cámara, la recurrente solo se limita a afirmar -en rigor, itera el mismo argumento ya expuesto en las instancias ordinarias- que se le privó de una prueba fundamental a los efectos de identificar claramente la etiología de la conducta homicida, pero sin controvertir las circunstancias de hecho, esto es, la cantidad de pruebas producidas en el proceso, detalladas al extremo por la Cámara, a fin de encuadrar la solicitud del peritaje internacional en el artículo 387 del código de rito en lo penal (prueba sobreabundante).

3.2.2. Idéntica solución merece la imputada restricción probatoria al denegársele al quejoso la prueba testimonial -consistente en la declaración testimonial de María del Carmen Tenaglia a fin de develar la posibilidad de que la noche previa a su muerte, la menor haya salido de su casa-.

Ello así, por cuanto, más allá de que dicha cuestión fuera resuelta por auto N° 177 (citado), la formulación de la impugnante no desmerece en ningún momento los presupuestos de hecho en que reposa la aplicación de aquella norma mencionada (prueba impertinente), cuales son: la ausencia de vinculación con el objeto del proceso en razón de no inferirse de la prueba referencias directas o indirectas con el mismo o con un objeto incidental que sea menester resolver para decidir la cuestión, además de haberse rendido numerosas testimoniales sobre el punto en las causas F., D. y en el Jury de Enjuiciamiento del primero de los nombrados (fs. 193/194).

Es evidente, entonces, que los reparos formulados en los parágrafos "ut supra" expuestos, tan solo demuestran mera disconformidad de la recurrente con la aplicación y el alcance asignado por el A quo a las normas procesales glosadas de conformidad a las concretas constancias de la causa, cuestión que, como es sabido, no depara caso constitucional, a menos que medie arbitrariedad o lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio, circunstancias que no acontecen en la especie.

3.2.3. El mismo tenor de respuesta debe otorgársele a la imputada arbitrariedad del Sentenciante al confirmar la denegatoria de un careo entre la ahora recurrente y el doctor Costa a fin de dilucidar la ubicación de F. en su vivienda el día de la muerte de N. como las modalidades en que el facultativo encontró el cadáver, fundamentalmente en atención a las afirmaciones de los padres respecto de las bolsas de plásticos y de la bufanda.

Ello así, por cuanto la impugnante ningún esfuerzo despliega a fin de cuestionar los fundamentos en que se sustentó el rechazo de esa probanza, considerándola -al igual que la anterior- impertinente por carecer de vinculación con el objeto del proceso o con uno incidental (cfr. auto N 177 del 18 de diciembre de 2001).

Ese déficit recursivo (vid. f. 334v.) conduce inexorablemente a que la temática propuesta quede reducida a un mero disenso con la interpretación y el alcance asignado a normas procesales en su aplicación conforme las circunstancias de la causa.

3.3. La última de las postulaciones de la recurrente refiere al absurdo en que habría incurrido el Tribunal tanto en la valoración de los medios de prueba producidos en el proceso como en la atribución de responsabilidad penal por el "delito de omisión impropia".

3.3.1. En lo concerniente al primero de los planteos -ponderación probatoria- le endilga al A quo prescindir de prueba decisiva y apartarse de las constancias de autos en lo relativo a la materialidad del hecho investigado: causa de la muerte; concretamente, aduce que se soslaya meritar los informes de Cardoso, el anatomopatológico del doctor Monti y el de los titulares de las Cátedras de Neurocirugía y Farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, doctores Bulacio y Grin, afirmando que todas esas pruebas descartan la posibilidad de un causa de muerte violenta, tal como lo sustenta el voto minoritario del doctor Quaglia.

Afirma que se omite considerar probanzas que aluden a la ausencia de signos externos, siendo que diversos informes rendidos en el expediente como la bibliografía médico legal son contestes en sostener que "la existencia de esos signos externos es una constante en las asfixias"; idéntico reproche formula respecto a la ausencia de toda verosimilitud de las microhemorragias para tener por acreditada la existencia de estrangulamiento, ya sea porque éstas pudieron tener un origen post-morten (informe del doctor Monti) o porque en su cuantificación solo tienen carácter de leves o moderadas (informe del doctor Caputi); en torno a la cuestión toxicológica alude que se prescindió de analizar los efectos adversos de la amitriptilina en el cuadro de epilepsia que sufría la menor; y, finalmente, entiende que la Cámara olvida analizar la conducta suicida de N.

Ante todo, cabe aclarar que una cosa es la configuración de arbitrariedad en la valoración probatoria, que acontece cuando se omite la consideración de una prueba trascendente, cuando se invoca una inexistente o se contradice con otras constancias de autos, y otra muy distinta es cuestionar los alcances y significaciones de los medios de confirmación producidos, es decir el grado de convencimiento que cada uno de ellos pueda acarrear sobre la causa.

Esto último es lo que acontece en la especie.

Pues, no hay arbitrariedad en la materia, sí disconformidad acerca de su valoración y ello no constituye "per se" cuestión constitucional alguna.

En efecto:

Todos esos medios probatorios fueron merituados por el Tribunal aunque le otorgó un alcance distinto al propuesto por la recurrente.

Pero antes de abordar estrictamente esa temática, se impone destacar que la apelante ninguna objeción formula respecto a todo un acervo probatorio complementario al contenido de las pericias médicas e informes rendidos en el expediente, y a los cuales el Tribunal le asignó significativa importancia.

Véase, que la Cámara refiere a que la pericia -de estricto contenido científico- es una prueba más que integra el plexo probatorio que se reúne en una causa, debiendo ser todo ello valorado puntualmente y, a la vez en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

A partir de esta introducción el Tribunal comienza a valorar los requerimientos de documentales en cuanto al lugar del hecho, las declaraciones de los imputados y los testimonios que aludían a cómo observaron el cadáver, como así también lo relativo a la escena del hecho y a las circunstancias de cómo fue hallado el cuerpo.

Adentrándonos un poco más en la cuestión.

El A quo ponderó los dichos del médico de la familia, doctor Costa, que requerido a instancias de los padres de la menor, describió en forma pormenorizada la situación en la que encontró a N., en estos términos: luego de examinar a la niña, constatar de que estaba muerta y considerar que pudo haber sido "muerte súbita" por algún aneurisma, los progenitores le explicaron la forma en que éstos habrían encontrado a la niña "con una bolsa de polietileno en la cabeza -que F. le mostraba- una bufanda y un pañuelo con el que había tenido las manos atadas", ante lo cual consideró el facultativo que "esto puede ser un homicidio, yo no toco ni modifico nada de lo que hay acá, hay que llamar a la policía y al forense" (fs. 208/209).

También el Tribunal prestó particular atención a los dichos -entre otros- de Viviana Crosa de Pautasso, Javier Hurt, el comisario Villalba, los doctores Orso, Maggi y Bruchman, en tanto refirieron a los primeros momentos en fue hallado el cadáver de la menor.

A partir de estas pruebas el A quo comenzó a descartar -en principio- la probabilidad de una muerte natural.

Asimismo, el Sentenciante consideró las constataciones llevadas a cabo por la labor policial, que no corroboran tampoco las manifestaciones de los integrantes del matrimonio F., a los varios testigos que fueron llegando al domicilio llamados por ellos, acerca no solo de que las versiones expuestas en un primer momento por los integrantes de la familia distaban de resultar verosímiles, sino también que tendían a descartar que alguien extraño habría accedido al lugar donde guardaban el dinero, lo que llevó al A quo a sostener que la afirmación de los imputados, de "haber sido, además, víctimas" de un robo que entonces explicaría el homicidio a manos del autor o autores de la sustracción ilegítima, fue -a medida que avanzaba la investigación- quedando en evidencia su falta de correspondencia con la realidad.

Por supuesto que las conductas de los integrantes de la familia de N. no pasaron desapercibidas por los Jueces de la causa:

Así, ponderó que las aseveraciones de F. no encontraban correlato con lo aseverado por D., en tanto el primero había afirmado que con posterioridad a su llegada al domicilio, revisó las habitaciones comprobando que su hijo no estaba y que la puerta del dormitorio de su hija no la abrió por temor a despertarla, mientras que la segunda aseveró que luego de mirar televisión junto a su hija en el dormitorio de Franco, ésta se había quedado dormida, por lo que apagó el televisor y se dirigió a su cuarto.

Lo propio hizo el A quo con las conversaciones mantenidas entre los esposos ya sea, durante el sepelio de la menor, como con posterioridad a la sepultura y aún en la clínica donde permaneció internado F., en tanto -en todas ellas- hacían alusión a la forma en que debía declarar D. en la causa penal.

Todas estas circunstancias y declaraciones permitieron apreciar al Sentenciante que la conducta de los padres de N. resultaba renuente, con el propósito de ocultar, de confundir.

Remató el Tribunal diciendo que cada dato conforma un elemento de prueba fragmentario, pero si todo se dirige en una misma dirección puede conformar una serie convergente que podría adquirir valor de verdadera prueba; agregando que "...en todo caso, no es la conducta asumida por los F. -a través de las distintas actitudes- la que se espera de padres a quienes la muerte de la hija se les presenta -conforme a sus propios dichos manifestados a sus amigos y personas que concurrían al domicilio- como el resultado de una acción criminal, de las que manifiestan ser ajenos totalmente".

Todas estas argumentaciones brindadas por el Tribunal no son cuestionadas por la recurrente, quedando absolutamente enhiestas, habida cuenta que les resta absoluta importancia por considerar únicamente decisivo en el caso la determinación de la causa de la muerte a través de las pericias médicas o, en todo caso, haciendo referencia a la posible conducta suicida de la menor cuando, en rigor, todos estos elementos referidos por la Cámara coadyuvaron al arribo de la solución: la existencia de un homicidio.

Postular lo contrario implicaría elevar a rango de verdad absoluta la opinión de los expertos siendo, en consecuencia, el único camino posible para desentrañar lo acontecido en un caso.

En este sentido, no puede dejar de señalarse que el propio Tribunal expuso que si bien la prueba científica realizada desde la obducción es en este caso de muy especial importancia no pueden ser evaluadas sin los datos que le preceden, esto es, las referencias al lugar del hecho, el examen del cadáver tal como fue hallado, la recolección de rastros y huellas en el escenario, los relatos que hacen los que concurrieron a la vivienda; y que esas circunstancias conducían indefectiblemente a realizar una valoración de este material probatorio, conformado con elementos de carácter objetivo, directo e indirecto, de importante utilidad e idoneidad para el esclarecimiento del hecho.

Retomando con el achaque de arbitrariedad probatoria invocada por la recurrente (prescindencia de prueba y contradecir las constancias de la causa) debe reiterarse que las causales descalificantes enunciadas no se configuran en la especie.

Para así considerarlo es imprescindible recordar todo el iter del pensamiento del Sentenciante:

En primer lugar, la Cámara expone que al estimarse dudosa la causa de la muerte y sospecharse la existencia de un posible accionar delictivo se dispuso la realización de una autopsia a los efectos de comprobar la causa y el mecanismo de la muerte, examen que se llevó a cabo en el Instituto Médico Legal de Rosario por el doctor Petinari (fs. 226/227v. y 229/230v.).

A su vez, el Tribunal compulsó esos dictámenes con los informes del Gabinete Pericial Policial realizado por el doctor Cardoso (fs. 228/229; 237/240), como así también con el estudio anátomo-histopatológico efectuado por la perito oficial, doctora González García (fs. 233/234); e hizo mérito de los informes elevados a la causa ya sea por el perito de parte doctor Picena y los elaborados por el doctor Monti, referidos, ambos, a la materia (estudios anátomo-histopatológicos) (fs. 235/236 y 244/245v., respectivamente).

Además, el A quo analizó los informes llevados a cabo por las Cátedras de Farmacología y Neurocirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario atinentes, el primero -en líneas generales- a precisar las concentraciones probables de amitriptilina en el cadáver de N. y, el segundo, a especificar -con el análisis de la foto del cerebro de la occisa- si éste podía corresponder al de una persona que había muerto por estrangulamiento.

Seguidamente, la Cámara se avocó extensamente a considerar el informe de la Junta de Médicos Forenses de la Morgue del Poder Judicial de la Nación, el cual se llevo a cabo sobre los siguientes informes y estudios: pericial necrópsica, su ampliación, Finalmente, los Juzgadores ponderaron el dictamen de la Junta Médica Forense - compuesta por médicos forenses, integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, de las circunscripciones Nros. 1, 2, y 5- que efectuaron un análisis del informe -y sus respectivas ampliaciones- del doctor Cardoso y de todos los demás informes técnicos recabados en ambos sumarios penales, incluido, el dictamen de renovación total de pericia llevado a cabo por la Junta de Médicos Forenses de la Morgue del Poder Judicial de la Nación.

En base al análisis de todo este plexo probatorio, incluso los que estima preteridos la recurrente, es que la Cámara sustentó el reproche penal.

Pero más concretamente, corresponde de Además, la Cámara hizo un pormenorizado estudio del informe de la Junta de Médicos Forenses integrantes del Poder Judicial de la Provincia de las circunscripciones N° 1, 2 y 5, poniendo especial énfasis en estas cuestiones también de suma importancia: a) existen elementos concretos y certeza científica para establecer que la causa de muerte de N. se debió a asfixia mecánica por estrangulación (compresión extrínseca del cuello); b) resulta posible que hayan existido maniobras de sofocación o compresión buco-nasal, atendiendo a las razones observadas en la mucosa yugal; c) no puede descartarse, en la muerte por asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello, la concurrencia de mecanismos reflejos inhibitorios; d) pudo haber contribuido, aumentando la vulnerabilidad de la víctima la existencia de patologías crónicas cardio-pulmonar previas; f) por tales razones los hallazgos toxicológicos pierden significación como causal de muerte, frente a la signología tanatológica (fs. 254/254v.) Ante estas conclusiones de los organismos especializados, la Cámara sostuvo que el análisis reflexivo de estos dos dictámenes periciales recién referidos, confrontados y correlacionados con los demás informes técnicos producidos a instancia de la defensa habían ratificado la muerte violenta de la joven N. F., que reconoció como agente etiológico una asfixia mecánica por mecanismo de compresión extrínseca del cuello, a lo que se a Se comprueba, así, que la postulación de la recurrente, en el sentido de que el Tribunal omitió considerar los informes del doctor Cardoso y del anatomopatólogo, doctor Monti, no encuentra una mínima correspondencia con las constancias de autos, antes bien fueron ponderados por el A quo, mas asignándole un valor distinto al propuesto por la impugnante y otorgándole un grado de convencimiento a otras pruebas rendidas, especialmente, a los informes de los Médicos Forenses de la Morgue del Poder Judicial de la Nación y de la Junta de Médicos Forenses integrantes del Poder Judicial de la Provincia, quedando, así, reducido el planteo a una mera disconformidad de la apelante con el mérito arribado por los Jueces de la causa a los medios de confirmación producidos en el proceso.

Menos aun se observa que la Cámara haya omitido considerar el informe de la Cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario producido por el doctor Eduardo Bulacio, aunque, desde luego, no le otorgó la trascendencia que pretende la recurrente atento al mérito asignado por la Cámara al restante material probatorio.

Tampoco se verifica en la especie prescindencia del informe elaborado por el doctor Grin, donde se consignaba la cantidad de pastillas de Uxen Retard que había ingerido la menor en grado suficiente -a juicio de la recurrente- para causar la muerte en razón del cuadro de epilepsia que sufría aquélla; e idéntica respuesta merece el reproche formulado respecto a no ponderar la Cámara el informe toxicológico de la Morgue del Poder Judicial de la Nación.

En efecto:

A foja 312 vuelto el Tribunal alude específicamente al dictamen del aludido profesional de la Facultad de Medicina en el cual se sostuvo que: a) si la ingestión ocurrió cuatro horas antes de la muerte, habría ingerido 22 comprimidos; en cambio si la ingestión ocurrió 12 horas antes de la muerte habría ingerido 28 comprimidos; b) a esas concentraciones plasmáticas, un paciente puede presentar depresión marcada, alteraciones cardiovasculares, convulsiones (que pueden ser más frecuentes si se trata de un epiléptico), lo que podría dejarlo en estado de indefensión.

Pero además, debe remarcarse, la cuestión toxicológica no solo fue tratada en lo que tiene que ver con lo dictaminado por este experto, sino que mereció un tratamiento amplísimo por parte de otros facultativos que también fueron meritados por el Tribunal.

Al respecto, cabe recordar que el A quo valoró el informe del doctor Berman de la Cátedra de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, quien sostuvo que la concentración hallada en sangre de amitriptilina (0,28 ug/ml) es cercana a la llamada ventana terapéutica, y entre tres o cuatro veces menor que la considerada sobredosis.

También se ponderó el análisis efectuado por la Junta de Médicos Forenses de la Morgue del Poder Judicial de la Nación -doctor Roberto Lazcano-, en tanto había concluido que: a) la concentración sanguínea de amitriptilina (0,28 ug/ml) es cercana a la dosis terapéutica; b) de acuerdo a la bibliografía internacional resultaba posible descartar la intoxicación producida por esta concentración sanguínea; c) teniendo en cuenta las lesiones cardíacas halladas en la histología (doctor Caputi) es posible pero no probable la producción de arritmias cardíacas de diverso tipo, como consecuencia de la administración del antidepresivo tricíclico amitriptilina; d) la ausencia de otras causas determinantes de la muerte, podría permitir adjudicar un Finalmente, los Jueces de la causa también meritaron las conclusio En algunos casos se ha producido el óbito con dosis de 1000 miligramos (fs. 313v./314).

En base a todos estos informes, la Cámara brinda respuesta a la defensa de la recurrente respecto de si la cantidad de amitriptilina (0,28ug/ml.) dosada en sangre de la niña pudo haber producido la muerte, contestando por la negativa.

En consecuencia, no es que el Tribunal haya prescindido de prueba como afirma la apelante, antes bien ha meritado todo el plexo probatorio referido a la cuestión toxicológica, arribando a una conclusión diversa a la sostenida por aquélla pero no por ello arbitraria.

No está de más exponer -aunque sea brevemente- la conclusión final arribada por los Jueces respecto de esta temática.

Así, dijo el Tribunal que ("...) no está probado en la causa la crisis epiléptica que se conjetura habría padecido N. la madrugada de su muerte ni que el Uxen Retard ingerido haya provocado reacciones adversas de tan grave consecuencia que la condujeran a la muerte.

Igualmente, la hipótesis que la reacción a ese medicamento hubiere provocado una arritmia cardíaca mortal no hubiera determinado la existencia de lesiones como las halladas en labio, cuello y pulmones.

Pues lo fundamental en el caso es que, frente a los hallazgos tanatológicos que probaron el accionar violento traumático de etiología homicida en la génesis del deceso de la víctima, los hallazgos toxicológicos por elemental consecuencia pierden la relevancia de determinante, no siendo entonces, la causa de la muerte (...")(fs. 325v./326).

Tampoco asiste razón a la quejosa en cuanto a la prescindencia de valorar la combinación que resultaba de la cuestión toxicológica respecto de la epilepsia que sufría la menor.

Ello así, por cuanto la Cámara brindó un expreso tratamiento a lo que dio en llamar la "cuestión epiléptica" cuyos principales fundamentos pueden resumirse así: ("...) no se ha comprobado en autos que esa noche N. haya sufrido una crisis compulsiva terminal, que dice la defensa habr Siendo ello así, otra vez se erige en este reproche solo disconformidad con la valoración probatoria efectuada por los Jueces de la causa, situación muy distinta a tener por configurado la pretensión de omisión probatoria.

Por otra parte, la indefensión probatoria que alude la recurrente respecto de cómo se habría ingerido el medicamento mediante la comprobación personal de la Vocal de Cámara, se desvanece a poco que se tenga en cuenta que no se trató de un medio probatorio ofrecido y ordenado, antes bien se trata de una simple operación del Sentenciante haciendo uso y aplicación de las reglas de la experiencia y de la lógica, que en nada ofenden al derecho de defensa en juicio de la recurrente.

3.3.2. Reputa la recurrente que el Tribunal no consideró la actitud suicida de la niña.

Nada de ello ha acontecido en la especie.

En efecto: esa cuestión fue expresamente abordada por el Juez inferior en tanto sostuvo que ("...) es casi imposible imaginar un suicidio que combine la ingesta de pastillas, la colocación de bolsa en la cabeza y el atarse las manos.

Entiendo que de haber sido así como se halló a la menor -coincidiendo con el relato de los padres ante el Tribunal o ante los testigos acerca de cómo encontraron el cadáver de su hija- surgen dudas tales como: cómo y cuándo se ató las manos; en qué momento pudo colocarse la bolsa, pues entiendo que la misma le habría provocado una asfixia casi inmediata, por lo que si se la hubiese colocado tras ingerir las pastillas hubiese muerto mucho antes del horario estimado por los profesionales y resulta inverosímil suponer que ingirió las pastillas, estuvo esperando sin inquietarse, la muerte y al ver que no sucedía, se colocó una bolsa en la cabeza pese a que estaría sedada y sin fuerzas por el efecto de la droga, y además cabe preguntarse porqué si N. tenía intención de suicidarse porqué no ingirió todas las pastillas que estaban en el mismo lugar y solo lo hizo con el Uxen Retard (...") (fs. 2927v./2929, Expte. N° 231/00).

Frente a la crítica que mereció por parte de la recurrente esta línea de pensamiento trazada por el Juez de Sentencia, la contestación en la instancia revisora discurrió por estos andariveles argumentales: ("...) quedó acreditado fehacientemente y sin margen para la duda que la muerte de N. reconoce como agente etiológico una asfixia mecánica por compresión de cuello y un mecanismo de sofocación por obstrucción de la vía aérea (sin perjuicio que en el mecanismo de producción de la muerte se haya superpuesto un mecanismo de reflejo inhibitorio que acelerara la muerte por un paro cardíaco sobreviniente).

La forma de muerte descripta reconoce un mecanismo homicida, y la ingesta de amitriptilina pudo haber colocado a la víctima en situación de tener disminuida su capacidad de respuesta defensiva por hipersonmia, lo que explicaría que la fuerza ejercida en la compresión externa no haya sido tan intensa y provocar igualmente el resultado querido.

Lo concluido, con sustento en la valoración de las pruebas obrantes en la causa -hallazgos tanatológicos a nivel macroscópico y microscópico con estudios histológicos de rigor científico, los hallazgos toxicológicos, los datos obtenidos a nivel de la actuación de policía criminalística (tales el levantamiento de cadáver, la inspección del lugar, el secuestro de elementos y las declaraciones testimoniales recogidas, de las que surge la historia y circunstancias que rodearon esta muerte- descartan toda posibilidad de suicidio (...") (fs. 351/352).

Por lo demás, en el voto de la doctora Mir se aborda también esta cuestión alegándose que "...la única persona que se encargaba de suministrarle los medicamentos era G. D.... Además debemos recordar que N. no estaba en condiciones de entender si ese fármaco podía matarla.

No debe olvidarse que era una niña que estudiaba peluquería.

Por lo tanto, considero que la tesis del suicidio sostenida con argumentos muy serios por la defensa no es posible, aún cuando sí estimo que le fue suministrada con algún alimento o jugo, etc...., y que le fue dada para colocarla en estado de indefensión y terminar el macabro suceso..." (f. 387).

Se advierte, entonces, que el aspecto que se estima preterido por la impugnante fue expresamente tratado tanto por el Juez de primer grado de conocimiento como por la Cámara, con lo cual, el planteo carece de asidero con las constancias de autos; en rigor de verdad, la postulación sometida en esta instancia es cabal reiteración a la propuesta en la Alzada y sabido es que resulta doctrina del más Alto Tribunal de la Nación que no son aptos para abrir la instancia extraordinaria los cuestionamientos que reproducen dogmáticamente agravios ya vertidos sin plantear una crítica concreta y razonada de todos y cada unos de los argumentos dados para desecharlos (CS, 28.5.1991, "Toledo", citado por esta Corte in re "Cumino", A. y S. T. 147, pág. 291).

3.3.3. También merece ser desestimado el agravio esgrimido por la impugnante en tanto le imputa a la Cámara incurrir en afirmaciones dogmáticas al referir sobre distintas circunstancias en las que se sostuvo su participación en el hecho investigado, tales, las relativas al "indicio de presencia", al diálogo mantenido con el doctor Costa, la ausencia de un llamado a la policía, entre otras cuestiones.

Otra vez aquí se alza una nueva fuente de disconformismo de la apelante con la ponderación de las pruebas efectuada por los Jueces de la causa, aunque ahora se pretende focalizar en torno a la imputación la responsabilidad penal.

Pero debe quedar en claro que los Juzgadores no razonan, tal como lo propone la quejosa, en base únicamente al "indicio de presencia".

Por el contrario, se expone -ciertamente- todo un pensamiento que no podrá conformar a la recurrente, pero que se sustenta lógica y racionalmente en la valoración "in totum" de las pruebas producidas en la causa.

En este aspecto, cabe recordar que los Jueces partieron de la premisa de que -tal como ellos lo reconocieron- ambos progenitores se encontraban en la casa en los momentos previos, concomitantes y posteriores a la muerte de la niña; que se había acreditado en autos que no hubo ningún ingreso subrepticio de terceros a la vivienda, como así tampoco que la menor haya salido de la casa o haya dejado entrar a "alguien conocido"; que no quedaron dudas de la participación de ambos padres en la modificación de la escena del hecho, como así también del acuerdo previo para referir a las demás personas lo que habría ocurrido; que con posterioridad al hecho acordaron sus dichos para no incurrir en contradicciones al declarar (fs. 358/359).

Ponderó también el Tribunal -en relación al ahora recurrente- la conducta desplegada por éste en el curso de la investigación, su falta de colaboración en el esclarecimiento de los hechos, su renuencia a renunciar a los fueros que tenía por su condición de juez, su falta de interés en colaborar con el juez que estaba actuando -empece que se trataba de su propia hija-, el no llamar de inmediato a la policía cuando sabía que su hija estaba muerta y teniendo en cuenta en las condiciones en que dijo encontrarla, las actitudes mendaces al explicar a las autoridades investigativas, sus movimientos al llegar la noche del hecho a su casa -por qué miró en la habitación de Franco, sabiendo que esa noche no dormiría en su casa, por qué no miró en la habitación de su hija, conociendo los problemas de salud-, lo que llevó al Tribunal a considerar acreditada -en grado de certeza- la participación de C. F. en el hecho investigado.

Puso énfasis también el A quo en la actitud de los progenitores al momento de "dar a conocer" el hecho a las personas que iban llegando al domicilio -doctor Costa, Javier Hurt, Bibiana Crosa de Pautasso-, respecto de la forma en que "habrían encontrado" a la menor, cómo habrían entrado y huido los autores del homicidio, la sustracción de dinero y cómo a medida que esas explicaciones no encontraban corroboración en los resultados de la actividad investigativa fueron variando las explicaciones posibles -desde una venganza de un marido engañado, un psicótico novio que N. habría permitido el ingreso a la casa, hasta un kinesiólogo que habría atendido a D. y que mantendría relaciones con la misma vinculado a un dudoso manejo de dinero-.

Siguió la Cámara diciendo que no cabe duda que esos datos comprobados son fuente de prueba indiciaria que se concretan en la obtención del argumento probatorio mediante una inferencia correcta, datos, que no son ni más ni menos que indicios, es decir, detalles reales, ciertos, concretos, probados, con actitud significativa para conducir hacia otro dato aún por descubrir.

A lo que luego agregó el Tribunal que el conocimiento inferido no puede confundirse como pretende la defensa para menoscabar su valor con las suposiciones que constituyen meras conjeturas, pues contrariamente, los indicios presuponen la demostración de circunstancias indispensables, por las que se arguye indirecta, pero lógicamente, el hecho que hay que probar mediante un proceso inferencial, con la misma certeza que da la prueba directa.

En base a todo ello concluyó la Cámara que el Inferior había expuesto en el desarrollo de sus consideraciones el nexo lógico entre los indicios puntualizados y el significado de la prueba indiciaria.

De todo lo expuesto, se colige que la solución brindada por los Jueces -como ya se dijo- podrá no conformar a la recurrente, pero lo cierto es que luce suficientemente fundada en los hechos comprobados de la causa, por lo que no puede afirmarse válidamente que la sentencia atacada no resulte ser derivación razonada del derecho vigente, por sustentarse únicamente en la voluntad del juzgador.

En lo atinente al móvil de la comisión del delito, que la impugnante pone el acento en que se encuentra ausente en la sentencia en crisis, cabe destacar que la Cámara, sin dejar de admitir la importancia de llegar a conocer el porqué de su comisión, se hizo cargo de la cuestión, en tanto afirmó que "...más de una vez un móvil criminal puede permanecer oculto o también puede reducirse a un impulso, lo que no obsta a que el delito puede estar debidamente probado..." (f. 377v.); o en palabras del voto del doctor García Méndez, "...no es necesario probar, ya que aunque el móvil que impulsó a los autores a llevar adelante la acción quede sin establecerse fehacientemente, ello no impide adjudicar la responsabilidad penal consabida, como ocurre en el sub lite..." (f. 385).

Por lo demás, y en coincidencia con el criterio expuesto por la Alzada puede citarse a Francois Gorphe quien expone en su obra que "...sería excesivo deducir de la importancia del móvil que siempre sea indispensable determinarlo con exactitud, cuando el hecho puede llegar a demostrarse en prueba suficientemente establecida de otro modo..." (Autor cit., "La apreciación judicial de la prueba", Ed. La Ley, Bs. As., 1967, pág. 344).

3.3.4. Por último, en lo que respecta a la no aplicación del principio "in dubio pro reo", cabe señalar que el mismo no puede tener acogida, desde que no se advierte en la especie que el Sentenciante haya tenido dudas ya sea en la configuración de la conducta enrostrada como en la participación de los imputados en la misma, a más de que a ese respecto esta Corte tiene dicho en numerosas oportunidades que tal cuestión, "...inexorablemente ligada a la valoración de la prueba, es materia propia de los jueces de la causa..." (A. y S., T. 43, pág. 73; T. 110, pág. 262; T. 119, pág. 329, entre muchos otros).

3.4. En otro orden se queja el recurrente de los argumentos esbozados por el Sentenciante en la atribución de responsabilidad penal con base en la "omisión impropia" conculcando, en ese cometido, el principio de legalidad previsto en el artículo 18 de la Constitución nacional, al no estar regulada dicha categoría jurídica en el Código Penal.

Señala que se incurre en arbitrariedad normativa desde que sólo mediante una interpretación analógica se llega a sustentar una condena en la "posición de garante", tal como lo hizo el A quo para imputarle la responsabilidad penal, lo que configura una grosera violación a garantías de raigambre constitucional.

El agravio, tal como ha sido postulado, debe ser rechazado.

A esos fines cabe recordar que la Cámara sustentó el reproche penal -básicamente- en que: ("...) en el caso del homicidio, la ley pune al que mata, pero 'literalmente' no pune al que no impide la muerte.

Sin embargo, los tipos omisivos aparecen como el agotamiento necesario del contenido prohibitivo del tipo escrito.

Dejar de reconocerlos importaría dejar un amplio margen de permisividad al ataque del bien jurídico que el tipo protege.

Es por ello que el orden jurídico circunscribe el círculo de autores posibles a aquéllos que tengan, respecto del bien jurídico lesionado, una relación muy estrecha.

De lo que es posible inferir que lo que determina la equivalencia entre la producción activa y la omisión de impedir el resultado es la estrecha vinculación del omitente con el bien jurídico protegido.

La persona que se encuentra en esa posición de estrecha vinculación con el bien jurídico es garante, o está en posición de garante frente al orden jurídico y de ello se deduce que su omisión es equivalente a la realización activa del tipo.

En este caso responderá quien se encontró en esa posición, por homicidio (art. 80, inc. 1 C.P.).

En consecuencia, la posición de garante es un elemento de la autoría que caracteriza qué omitentes tienen un deber especial cuya infracción determina la consideración de su omisión dentro del marco penal de los delitos de comisión.

Tampoco cabe dudar que, conforme a las constancias de autos analizadas, F. tuvo conocimiento -y no pudo dejar de tenerlo- de la situación típica generadora del deber de obrar (como padre de quien era víctima de una agresión homicida, estaba obligado a impedir o interrumpir activamente ese ataque) como también ha tenido conocimiento de las circunstancias que fundamentaban su posibilidad de obrar, la capacidad que tenía de realizar la acción mandada, impeditiva del resultado, generadora del deber y la cognoscibilidad de los medios para llevar a cabo la acción impeditiva del resultado y el conocimiento del fin de la acción: impedir o interrumpir el accionar homicida que costó la vida de su hija (...") (fs. 372/376).

Frente a esta línea argumentativa de la Cámara, el impugnante opone la suya pretendiendo cuestionar el razonamiento esbozado por la Alzada, sosteniendo -como ya se dijo- que se rompe el principio de legalidad y se arriba, por ende, a una condena con base en el artículo 80, inciso 1 del Código Penal por vía de una interpretación analógica, mas sin lograr demostrar que los fundamentos esbozados por el Tribunal carezcan de respaldo suficiente en el derecho vigente.

Se advierte así, que los cuestionamientos de la impugnante tienen un neto corte interpretativo respecto de preceptos de derecho común, materia que por principio, y como reiteradamente lo tiene dicho esta Corte en consonancia con el criterio del más Alto Tribunal de la Nación, escapan a la órbita de los recursos extraordinarios, a menos que se demuestra arbitrariedad normativa, situación que, más allá de lo opinable, no acontece en la especie.

Al respecto, corresponde destacar que la Cámara luego de un pormenorizado análisis encontró reunidas en la especie, las exigencias necesarias para la definitiva configuración de un tipo omisivo impropio, esto es: en el aspecto objetivo la existencia de una situación típica, la exteriorización de una conducta distinta de la debida, la posibilidad física de realizar la conducta debida, el nexo entre la conducta y el resultado (relación de causalidad hipotética para Luden, Welzel y Shuleman; nexo de evitación para Zaffaroni, o aumento del riesgo para Gimbernart Ordeig y Roxin), y la posición de garante; y en el aspecto subjetivo: el conocimiento de dichas circunstancias y el querer del resultado.

Es que, en rigor de verdad, la tesis sustentada por la Alzada, en el sentido que el delito de homicidio puede aparecer configurado tanto en su aspecto "comisivo" como "omisivo impropio", encuentra suficiente respaldo autoral y jurisprudencial que pone a la temática en una zona francamente interpretativa, que descarta la hipótesis de arbitrariedad normativa endilgada.

Así, la posición asumida por los Jueces es respalda por Creus, Carlos ("Derecho Penal", Parte Especial, Tomo I, Ed. Astrea, Bs. As. 1983, pág. 8); Donna, Edgardo ("Derecho Penal", Parte Especi Pero quizás el que con mayor claridad aborda el delito de omisión impropia sea Bacigalupo, quien afirma que detrás de cualquier tipo penal existe una norma y no simplemente un mandato o una prohibición y que éstas, a su vez, son las formas instrumentales de llevar a cabo una norma.

La norma en sí no prescribe sino de una manera muy general qué bienes jurídicos no deben lesionarse.

Continúa expresando que la finalidad de la norma no puede ser contradicha por el tipo penal que, por un lado, cumple una función limitativa y garantizadora frente a la libertad de las personas y, por otro, es también instrumento para la realización de la norma.

Por lo tanto, el mandato de acción o la prohibición no tienen por qué estar excluidos entre sí en los tipos penales.

Considera el autor que detrás de un tipo de comisión se encuentra también un mandato de acción para ciertos y determinados casos y que constituyen el fin de la norma en relación a la cual se construye el tipo.

Planteada en estos términos la discusión, lo único que no está contenido en el tipo de comisión es la determinación del círculo de autores de la omisión impropia.

Luego el elemento que no se encuentra en los tipos de omisión es el elemento determinante de la autoría.

Esa es la posición de Welzel y de Kaufmann para quienes los delitos impropios de omisión son delitos especiales.

Es decir -refiere el citado autor- la definición de la posición de garante y el deber de garantía son elementos de la autoría no definidos en forma expresa.

Y esta falta de determinación obedece a la inmensa variedad de situaciones que podrían presentarse, tal como sucede con los tipos abiertos en los delitos culposos, donde en cada caso deberá definirse judicialmente el deber objetivo de cuidado, lo que sin embargo no presenta reparos constitucionales.

Pero, y en esto es estricto, el punto de vista para la determinación del complemento debe surgir, por supuesto, del derecho positivo.

Con estos argumentos queda demostrado que en la medida en que el tipo de comisión no debe frustrar el fin de la norma abarca también las omisiones que representan, en razón de la posición del autor, un ataque al bien jurídico de igual contenido de injusto que el hecho positivo.

La doctrina designa con la expresión "posición de garante" a este elemento característico de la autoría de la omisión impropia y que -tal como lo postulan Welzel y Kaufmann- consiste en una estrecha relación del autor con el bien jurídico (Bacigalupo, Enrique "Delitos Impropios de Omisión", Ediciones Pannedille, Buenos Aires 1970, págs. 95/119; y en "Derecho Penal", Parte General, 2da. edición, Hammurabi, Bs. As. 1999, pág. 534).

Se advierte, así, que la posición en la que se apoya el Sentenciante a la hora de endilgar la responsabilidad penal a los imputados en el presente caso, encuentra adecuado sustento en la doctrina, tanto nacional como extranjera, por lo que la cuestión reviste un neto corte interpretativo.

En esta tesitura no puede dejar de mencionarse que la jurisprudencia ha receptado esta posibilidad de atribución de responsabilidad penal.

Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo de España admitía esta forma de responsabilidad penal con base en la tipicidad de los delitos activos, aún antes de la existencia de un precepto especial que lo autorizara (vid. L.L. 2000-D-274).

En nuestro país, se ha sostenido que para satisfacer las condiciones de aplicabilidad del modo de comisión de los delitos de homicidio y lesiones en la forma de omisión impropia o de comisión por omisión se necesita de que el autor se encuentre en "posición de garante", de que se produzca un resultado jurídicamente disvalioso, de que exista una relación de evitación entre la conducta omitida y el resultado producido y la posibilidad física de realizar la acción mandada.

Verificadas estas condiciones, el autor para actuar con dolo debe conocer en cada caso concreto qué es lo que genera su deber de actuar al momento de que esta situación se produce (vid. fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, en autos: "S., R. y otros s/ procesamiento", sentencia del 26.7.2002; en idéntico sentido del mismo Tribunal, vid. en "H.C., F." del 15.10.2002 y "M., C. J. y otros" del 6.10.1999; "B., R. y otros s/ causa 25499" del 4.5.1995; en sentido concordante, vid Sala III en "E., J. A." del 29.5.1992; también igual criterio, vid. Sala IV en "R., O. A.", del 27.8.1987 y "G., E. s/ causa 21105" del 30.7.2000).

Asimismo, se ha dicho que el deber jurídico que emerge de la posición de garante le exige al autor un comportamiento activo para precaver el inminente riesgo.

Esta exigibilidad deriva del vínculo familiar que le une a la víctima como así también de la obligación inexcusable de protegerla frente al peligro grave, evidente e inminente en que estaba colocada (del voto del doctor Frías Caballero en autos "R., E. y otra", dictado por la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, citado por Bacigalupo en la obra referida en primer término, pág. 160).

En coincidencia con los criterios expuestos pueden mencionarse los casos fallados por la aludida Cámara Criminal y Correccional en "Rivas" (J. A. 1962-I-519); "Aballay" (J. A. 1964-III-564).

Se observa, también que en la misma posición jurisprudencial se enroló el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala Penal en autos "B., R.", del 25.6.1996 y el Superior Tribunal de Río Negro en la causa "San Cristóbal", del 5.8.1998.

Esta breve reseña de la doctrina y de la jurisprudencia de distintos tribunales del país, e incluso del extranjero, pone en evidencia que la sustancia impugnativa expuesta por la recurrente revela tan solo mera discrepancia interpretativa; o, dicho en otras palabras, la atribución de la responsabilidad penal endilgada por la Cámara al ahora recurrente cuenta con suficiente respaldo autoral como jurisprudencial, con lo cual la queja propuesta solo importa disconformidad con la interpretación y aplicación por parte de los jueces de la causa de preceptos de derecho común (art. 80, incisos 1 y 2 C.P.).

Colofón de todo lo expuesto es que los planteos que propone la recurrente, en relación a la apreciación que los jueces tuvieron de la causa, no demuestran que éstos utilizaran afirmaciones dogmáticas contrarias a las constancias de autos y al derecho vigente, ni menos aún que se incurra en apreciación irracional o en prescindencia de la prueba rendida en autos; sino que por el contrario, el planteo es muestra de la disconformidad de la impugnante con la solución arribada al valorar las pruebas colectadas y en mérito a ello precisar los hechos comprobados, su atribución subjetiva y la subsunción en la normativa aplicable; y esas cuestiones, en principio escapan a la materia del recurso intentado, salvo, claro está, la configuración de arbitrariedad, que no aparece configurada en el caso.

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: rechazar la queja interpuesta.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA PARCIAL DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI:

Más allá de mi coincidencia con lo expuesto en el voto de la mayoría de este Cuerpo en lo que refiere a los agravios expresados en relación a las causales recusatorias, considero, en las especiales circunstancias de la causa, que los restantes planteos efectuados por el recurrente cuentan con suficiente entidad constitucional e importan - prima facie- articular con seriedad hipótesis de violación al derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción.

Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

En consecuencia, entiendo que la presente queja debe ser admitida con los alcances que surgen del presente voto.

Fdo.:GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)