Derecho administrativo, amparo por mora, plazos administrativos, cómputo del plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sindicato de Luz y Fuerza de La Rioja s/ Cumplimiento de precepto constitucional
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-06-27

El art. 382 del Código Procesal Civil de nuestra provincia (Procedencia Formal del Amparo), contiene dos elementos que adquieren particular relevancia por las consecuencias de su inobservancia: la exigencia de que la demanda sea interpuesta dentro de los quince días de ocurrido el acto u omisión impugnados, y que el accionante no dispusiere de una vía procesal ordinaria, judicial o administrativa, para obtener oportuna reparación. Estos recaudos, previstos en los incs. 1º y 4º, habilitan el rechazo "in limine", según lo dispone el segundo párrafo del mismo artículo en análisis.

Respecto del primero, y en virtud de las peculiares circunstancias que rodean un caso de mora por parte de la Administración, surge el interrogante de la pauta que habrá de tenerse en cuenta para originar el desarrollo del plazo. Este aspecto aparece problemático en cuanto se trata de una omisión, y no de un acto positivo. Frente a esta omisión, el administrador cuenta con dos caminos posibles, excluyentes entre sí, y que dependerán, en cuanto a su viabilidad, de las posibilidades que le otorgue el ordenamiento procesal administrativo. El primero de ellos consiste en la posibilidad de apelar a la vía recursiva, previa interposición de Pronto Despacho y consideración "motu propio" de la denegatoria tácita. Esta derivación es posible cuando se hayan previsto plazos para que la Administración se expida (art. 158 ley 4044); pero no cabe considerarla sólo como una alternativa, sino que, estando prevista por la ley, constituye por sí la vía administrativa pertinente, cuya existencia no autoriza a dejar de usarla para optar por el Amparo (por contraposición con el inc. 4º del C.P.C.), a menos que se argumentare sólidamente la ineptitud del proceso regular para la oportuna subsanación del agravio.

El segundo camino a recorrer por el administrado se presenta sólo a falta de una norma que obligue a la Administración a expedirse en un plazo determinado (o, ante la ineptitud de aquella solución). La indefensión que esta circunstancia provoca al interesado, frente a la posible demora en expedirse por parte de las autoridades requeridas torna indispensable la prevención legislativa, que otorgue alguna posibilidad de reparo. Este reparo, habrá de ser el judicial del Amparo. Sin embargo, es aquí donde se patentiza la necesidad de la imposición de la pauta generadora del desarrollo del plazo. Sin la existencia de un hito que demarque con precisión el momento a partir del cual se puede considerar a la Administración en mora, carecería de respaldo jurídico atendible la pretensión amparista. Si bien la morosidad podrá ser considerada cuando existan indicios fehacientes de que la razonable demora ha excedido los límites de la tolerancia, no puede dejarse librado a una apreciación subjetiva el acaecimiento de un hecho cierto (mora), susceptible de acarrear consecuencias jurídicas de envergadura. Por ende, aún a falta de previsión normativa, deviene necesario que el interesado, habiendo ocurrido ante la Administración, ante la falta de respuesta de ésta (o sin haber comparecido, cuando ella no cumple con un deber implícito), la intime de modo fehaciente por medio apropiado, a que evacue su petición (obligación constitucional art. 41 Const. Prov.), bajo apercibimiento de considerarla en Mora.

Esta sistemática, análoga a la del derecho común (art. 509 C.C.), es la única que permitirá evitar innumerables abusos que acarrearía la posibilidad de declarar la existencia de una Mora "in abstractum", configurada a voluntad del interesado, en el momento que éste lo deseare. Las características, objetivos y naturaleza misma de la actividad de la Administración (con sus consideraciones de mérito, oportunidad y conveniencia, facultades indelegables que han de apreciar las autoridades competentes) no pueden exigir menos que las adecuadas garantías que protejan su labor, sin que pueda admitirse que haya de quedar librada a los sobresaltos ataques judiciales que en muchas ocasiones implican la vedada intención de trasladar el poder de decisión hacia otro órgano, menoscabando (y hasta transgrediendo) el orden de competencia que para las distintas funciones del Estado ha impuesto nuestra preceptiva fundamental.