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Juicio ejecutivo, falta de legitimación para obrar, pago, depósito en sede administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA PREVISIONAL PARA PROF. EN CIENCIAS ECONOMICAS c/ Cuneo Manuel Gustavo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-25

La queja de la parte recurrente referida a que el ejecutado carece de legitimación pasiva al haberse dedicado "exclusivamente" a la actividad comercial desde el año 1999, debe ser rechazada en razón de que quedan comprendidos en este régimen todos los profesionales matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Juan que ejerzan su actividad sin relación de dependencia en forma exclusiva o en forma "simultánea con otras actividades" (art. 3, ley 6.333), y el ejecutado no acreditó haber cumplido con su obligación legal de informar a la Caja Profesional de que no realizó trabajo alguno (art. 6, ley 6.333) durante el período reclamado (8/2004 - 4/2012), ni haber solicitado la baja de su matriculación en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de San Juan. En efecto, al estar el ejecutado matriculado y no haberse acreditado que haya solicitado su baja de dicha matriculación o la eximisión del pago al órgano de Administración, hace que la Caja de Previsión para Profesionales en Ciencias Económicas de San Juan tenga legitimación para instar en su contra la pretensión de cobro del crédito generado a consecuencia del alegado no pago de los aportes que debía abonar el matriculado. De admitirse el no pago de los aportes al régimen establecido en la ley 6.333, sin haber acreditado que se obtuvo la baja en la matriculación o la eximisión de su pago, llevará al desfinanciamiento de dicho régimen previsional y permitirá que quienes sigan siendo "matriculados" dejen de cumplir con las obligaciones previstas en dicha norma con la sola acreditación de que ejercían otra actividad, tal como pretende la parte recurrente.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, gravedad y repercusión social del hecho, intención de eludir la acción de la justicia, pena máxima eventual
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BURGOS, Nilda. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-18

Si bien las escalas penales previstas para sancionar los delitos no pueden funcionar como parámetros excluyentes para otorgar la libertad de los encausados (*), la gravedad y naturaleza del hecho imputado a la encausada -robo calificado por el uso de armas y portación de arma de uso civil- permiten presumir fundadamente que, de recaer condena en la presente, será de cumplimiento efectivo, en razón de las disposiciones que emanan del art. 26 del C.P. Por ello, y si se advierte que existiría peligro de fuga que podría afectar la realización del juicio (art. 280  y 319 del C.P.P.N.), corresponde denegar la excarcelación de la imputada (del voto del Dr. Bruzzone, al que adhirió el Dr. Barbarosch).
Delitos contra la integridad sexual, error de hecho (penal)
Materia: PENAL
Carátula: A., M. s/ Estrupo (Expte Nº 216-94, Resolución Nº 12, Tomo 3, Folio 61)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-06

Si sobre el concreto individuo operó un condicionamiento de tal intensidad que le hacía imposible -o al menos inexigible en términos humanos- captar el sentido de una prohibición proveniente de una cultura distinta a la suya, podría reconocerse la presencia de un error culturalmente condicionado excusable; mas, esto no es fácil que ocurra donde, como sucede entre nosotros, impera desde largo tiempo atrás una cultura hegemónica que ha establecido firmemente sus valores y desvalores, entre los que se halla la preservación de los menores de edad del trato sexual. En la situación, el error cultural solo podría darse en quien perteneciese a una cultura diversa a la predominante que hubiese mantenido férreamente valores alternativos, mas no en quien como el imputado en esta causa, es una persona nítidamente partícipe de la cultura mayoritaria en nuestro país y a quien por ende le era perfectamente posible comprender el sentido de la prohibición.
Daños y perjuicios, inscripción registral, error registral, hipoteca, indemnización, monto de la indemnización, compraventa, precio, acreedor hipotecario, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Hugo O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Si bien el daño derivado de la irregular inscripción registral está dado por la frustración de la garantía real, corresponde limitar el resarcimiento al precio de venta del inmueble debidamente reajustado si el mismo es inferior al monto del crédito hipotecario (Disidencia del Dr. Julio S. Nazareno).
Régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación, bonos de consolidación de la deuda provincial, fecha de corte, deudas consolidadas, opciones de pago, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: Provincia de Misiones s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-04-03

La sentencia de Alzada debió determinar si la deuda de autos se encuentra o no alcanzada por el Régimen de Consolidación de la Deuda Pública Provincial establecida por la Ley Nº 2913 y su decreto reglamentario Nº 1945/92, pues para el caso afirmativo, no corresponde aplicar tasa de interés alguna con posterioridad a la fecha de corte porque ello dependerá de la opción de pago que formule el acreedor.
Fundamentación del recurso, lealtad procesal, principio de congruencia, recurso de casación penal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C/ M.C.A. c/  s/ C/ M.C.A. - por el delito homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de A.T. sobre Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2019-08-06

Si con el planteo traído se ha novado abruptamente la estrategia y temática defensiva, al esgrimir tópicos que de ningún modo fueron instados o alegados en las etapas anteriores por las cuales transitó la causa -no obstante haber permanecido invariable la misma defensa técnica oficial-, esta circunstancia constituye un accionar al menos desprolijo de la defensa y ciertamente reprochable por resultar una novación contraria o diferente a la de sus actos técnicos anteriores y, de algún modo, un entorpecimiento del debido proceso legal, con serio menoscabo de los principios de lealtad procesal, congruencia y limitación recursiva.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, escrituración, honorarios, base regulatoria, actualización monetaria, bienes inmuebles, valor real
Materia: PROCESAL
Carátula: Passe, Carlos Alberto c/ Cidelo SRL s/ Consignación. Escrituración. Cuestión a resolver: ¨Es posible  computar el valor real de los bienes en litigio como pauta pecuaniaria  para regular honorarios en juicios de escrituración? (Tribunal  plenario) (Expte Nro. 170-79)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1980-08-28

En los juicios de escrituración a los efectos de realizarse la estimación de los honorarios de los profesionales actuantes y siempre y cuando éstos solicitaren previamente su adecuación en tal sentido, debe tomarse como valor del bien el real y no el que figura en el contrato de compraventa. (Del Voto del Dr. Garzón Guerra). En el caso, la cuestión a resolver es la posibilidad de computar el valor real de los bienes en litigio como pauta pecuniaria para regular honorarios en los juicios de escrituración.
Prescripción tributaria, impuestos municipales, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA c/ BELTRAMINO P.A.G s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-06-25

El ámbito de aplicación del Código Tributario Provincial, no tiene el alcance pretendido por el casacionista, conforme lo determina su Art. 1.-: "Las obligaciones tributarias consistentes en impuestas, tasas y contribuciones que establezca la Provincia del Chaco, se regirán por las disposiciones de este Código y Leyes impositivas especiales". La obligación de pago se genera a favor de la Provincia y, en especial, queda también definido, con relación al Impuesto Inmobiliario, (Art. 103.- del Decreto Ley 2.444/62 y sus modif.) que: "Toda propiedad raíz situada en el territorio de la Provincia -fuera de los ejidos municipales- quedará sujeta al pago anual de un impuesto inmobiliario básico que fijará la ley tarifaria". En consecuencia, el régimen citado queda acotado a los supuestos que caen bajo su jurisdicción, ya que para que resulten aplicables las disposiciones de este Código o de las leyes especiales, es necesario que revistan la categoría de contribuyentes o responsables, según las especificaciones que de las mismas resulten. (art. 9º)
Justicia militar, inconstitucionalidad, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: Silva, Carlos Gustavo y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

Atendiendo a la declaración de inconstitucionalidad de los tribunales militares, dictada por la Corte Suprema, corresponde declarar la nulidad de lo actuado en sede militar y absolver al imputado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, proceso penal, imputado, responsabilidad penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, MAURICIO GREGORIO c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-30

Los agravios vinculados con la arbitrariedad en la que habrían incurrido los Jueces de la Cámara en el fallo impugnado, al rechazar las invalidaciones procesales esgrimidas por su parte y al valorar las pruebas producidas para confirmar la declaración de responsabilidad penal del justiciable efectuada por el Tribunal de primera instancia, evidencian un mero disenso con la interpretación que de los hechos y del derecho común efectuó el Tribunal en ejercicio de funciones propias, sin que la interesada alcance a descalificar por ilógico o insuficiente al razonamiento de la Alzada para confirmar la condena del imputado dictada en primera instancia, ni a demostrar la afectación de las garantías constitucionales a las que alude. (Del voto del Dr. Erbetta)
Actos jurídicos, libertad de contratar
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANS ONA SA c/ BUQUE NEPTUNE Y OTRO s/ COBRO DE REMOLQUE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

Que la accionada prefiera contratar el remolque con Transona SA por las condiciones de precio y forma de pago, por calidad del servicio, por la distancia de su cabecera hasta el puerto de Mar del Plata, etc. no constituye más que una manifestación de las reglas del mercado. En consecuencia, no se advierte que haya existido compulsión alguna que afectase la libertad de determinación de Ayasa SA en las contrataciones que aquí se tratan. Recordándose (Llambias, Jorge J.:

"Tratado de Derecho Civil". Parte General, T. II, 12° edic., Ed.

Abeledo-Perrot, N° 1387, p. 267), "Que la libertad absoluta no existe, y que siempre la libertad humana esta condicionada por un cúmulo de factores que restan posibilidades de opción al sujeto ... Por ello para que pueda admitirse la falta de libertad en el sujeto de la actividad, será indispensable probar que el impulso personal del agente ha sido sustituido por una voluntad extraña o un conjunto de circunstancias externas que se han erigido en causa principal de la acción consecuente, y han eliminado enteramente la espontaneidad en la decisión de aquél".
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Rodriguez, Héctor A. c/ Buenos Aires Catering SA s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-23

El art. 39 de la ley 24.557 no compromete garantías, principios o derechos constitucionales, que puedan vedar su aplicación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, primera instancia, sentencia, falta de notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMINO, ALDO L. c/ LABRAN, LUISA Y OTROS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-16

La primera instancia concluye con la notificación del pronunciamiento final a todas las partes interesadas, motivo por el cual es procedente la caducidad de aquélla aún cuando se haya dictado sentencia, si ésta no ha sido notificada y ha transcurrido el plazo que determina la ley.-
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, delito de omisión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Boniolo, Roberto s/ recurso de casación. Causa: 195
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

Es un delito de omisión de carácter permanente, es decir que la comisión misma del ilícito se prolonga en el tiempo. Ello por cuanto el mandato -artículo 1°, Ley 13.944- impone al obligado la presentación de una asistencia económica distinta a la civil, dotada de persistencia temporal, y no sólo el deber de actuar en un momento determinado.
Violencia familiar, medidas cautelares, facultades jurisdiccionales
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: C. M. S.  c/  s/ protección contra la violencia familiar
Jurisdicción:  — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-29

Se ha dicho con respecto a la ley 24417 (igual vale para la jurisdicción local): Vale destacar, una vez más, que el objeto de la ley es la protección familiar y que, por ende, no hay cautelares a dictar, toda vez que el proceso mismo es una cautela. Por ello entendemos que -conceptualmente- es desacertado señalar, como lo hace la ley en el art. 4, que el juez puede adoptar medidas cautelares pues, a diferencia de los restantes procesos de conocimiento, no existe una pretensión principal que deba ser garantizada a través de una cautelar, sino que por el contrario en esos procesos existe una única pretensión: la cautelar. Por tal razón, cuando un juez "ordena la exclusión del autor" (art. 4 inc. a), "prohibe su acceso" (art. 4 inc. b), "ordena el reintegro al domicilio de quien ha debido salir del mismo" (art. 4 inc. c), en realidad lo que está haciendo es atender al único pedido que motivó el inicio del proceso" (VERDAGUER, ALEJANDRO y RODRIGUEZ PRADA, LAURA "La ley 24417 de protección contra la violencia familiar como proceso urgente", en semanario JA del 19/3/97, p. 10; cit. por PEYRANO en "Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: tutela de urgencia. Medidas autosatisfactivas", en Jurisprudencia Argentina 1997-II-934; ver también Sosa, Toribio E. "Medidas pre o subcautelares en materia de violencia familiar", ejemplar de Rev. La Ley, 25-4-2005). Medidas que se sustentan, tanto en las disposiciones citadas, como en la garantía constitucional de una tutela judicial efectiva, que en el orden local consagra explícitamente el artículo 15 de la Constitución bonaerense
Derecho procesal, partes del proceso, beneficio de litigar sin gastos, sociedades comerciales, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Distri-Hur SA y otro c/ Pepsico de Argentina SRL s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-26

Procede confirmar la resolución por la cual se concedió el beneficio de litigar sin gastos a la parte actora. Ello por cuanto, el hecho de continuar comercializando productos de marcas y proveedores diferentes a las de la parte demandada, no es óbice para asumir que la sociedad se encuentra en condiciones de afrontar los gastos del proceso, a poco que se tenga presente que los ejercicios contables acompañados exhiben la pérdida económica invocada por la peticionante.
Cuenta corriente mercantil, cuenta simple o de gestión, novación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ferrocarriles  Argentinos (e.l.) c/ Y.P.F. S.A. s/ incumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-15

La cuenta simple o cuenta corriente impropia, a pesar de ciertas similitudes, se diferencia netamente de la cuenta corriente mercantil, ya que es una mera enunciación contable del debe y del haber y, como tal, los pagos que en ella se contabilicen pueden ser imputados a la satisfacción de determinada deuda, extremo este último inadmisible en la cuenta corriente mercantil; a su vez, los créditos que se incluyen en ella conservan su condición original pues, a diferencia de lo que ocurre con la cuenta corriente mercantil, la admisión de cualquiera que tenga un contratante contra el otro, no produce novación.
Fundamentación de sentencias, situación de vulnerabilidad, prisión, explotación sexual, niños, niñas y adolescentes
Materia: PENAL
Carátula: Morales Mamani, Marcela Gladys c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-18

Está debidamente fundada la sentencia que condenó a la imputada a la pena de diez (10) años de prisión por considerarla autora penalmente responsable de acoger a una persona menor de edad, embarazada y con alto grado de vulnerabilidad, con la intención de explotarla laboralmente (arts. 145 bis y 145 ter, incisos 1, 2 y 6 último párrafo del C.P. -cfr. ley 26.842), ya que se probó -por el informe de la psicóloga, el testimonio de los policías que hallaron a la menor en la vía pública y de los vecinos- que la víctima ingresó al país con su padre y su tía, la imputada, en función de una promesa de trabajo, con un salario que nunca fue abonado, que no podía salir sola, no trató con otras personas y que las prácticas abusivas y malos tratos eran constantes.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PENAL
Carátula: TEXTIL LARREA S.A.C.I. s/ Régimen penal cambiario, incidente de regulación de honorarios,  Causa: 37679.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-05

Para establecer la base económica sobre la que deben regularse los honorarios se deben considerar un conjunto de pautas - cualitativas y cuantitativas - que pueden ser evaluadas con un margen de discrecionalidad. Conforme con el art. 6 de la ley 21839 (texto según ley 24432), aquellas pautas se vinculan con la naturaleza y complejidad del asunto o proceso, el resultado obtenido, la calidad, eficiencia, extensión del trabajo realizado, la relación de esta labor con la aplicación del principio de celeridad procesal, y la trascendencia jurídica, moral y económica de aquél (art. 6, 7, 11 y 59 de la ley 21839 - texto según ley 24432 -).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Herrera Rosa y otro c/ Goroz Tomás y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-06

La enumeración de vías preferentes que contiene la norma (art. 57, ap. 2do. Ley 24449) no puede considerarse como enunciativa, ya que, como tratándose de una excepción al principio que consagra la prioridad de paso a quien llega por la derecha, ella es de interpretación restrictiva. No necesariamente una avenida debe ser considerada de mayor jerarquía y precisamente en la encrucijada del caso -Avenida Savio y de la Nación- la otra calle es una de las dos más importantes de la ciudad, lo cual no exime de un comportamiento que extreme los cuidados correspondientes.-
Instrucción, economía procesal, testigos
Materia: PENAL
Carátula: U., M. S. y otros c/  s/ defraudación a un menor o incapaz
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-07

Bajo el nombre de procedimiento intermedio se conoce a la transición entre la investigación preparatoria (o instrucción) y el juicio oral y público. Se trata de una etapa bifronte porque, para un lado, mira hacia la investigación practicada con el fin de resolver sobre su clausura correcta; y, por el otro, observa el juicio oral y público para establecer si debe realizarse. Representa un control sobre las conclusiones del Ministerio Público (y, eventualmente, del acusador particular) luego de sus investigaciones, en especial, de su ambición de avanzar en el procedimiento. Este control se efectúa, primordialmente, en interés del imputado: se busca evitar la realización de un juicio público sin comprobar, previamente, que la acusación tenga un fundamento serio. De esta manera, el procedimiento intermedio garantiza que nadie sea obligado a comparecer ante un tribunal sin una acusación sensata y adecuadamente fundada. Tangencialmente, se agrega el interés de la administración de justicia en impedir la realización de juicios innecesarios (ahorro de tiempo y recursos), criterio también aplicable a los peritos y testigos que deben intervenir (voto del juez Sarrabayrouse).
Avocación jurisdiccional, destitución, retroactividad de la ley, inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, incompetencia, voto en disidencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SAIN, MARCELO FABIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-03

Corresponde tener en cuenta que el presente se trata de un pedido de avocación efectuado por un diputado en el marco de una causa dentro de la cual el amparista cuestiona el procedimiento que le inició la Legislatura provincial -imputándole distintas faltas relacionadas con su rol de Director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación- y solicita que se declare manifiestamente ilegítimo e inconstitucional la aplicación retroactiva de la ley 14016 modificatoria de la ley 13013 a este caso concreto, requiriendo además a título de cautelar que se ordene a la Comisión de Acuerdos Legislativos de la Provincia de Santa Fe que se abstenga de tomar cualquier medida disciplinaria o precautoria (suspensión preventiva) con fundamento en la mencionada ley y en relación al sumario administrativo iniciado; y que dentro de ese proceso se ha dictado una decisión de primera instancia cuya impugnación ordinaria se encuentra pendiente de resolución ante la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, es decir, que la causa aún se encuentra en trámite y, en consecuencia, esta Corte podría eventualmente intervenir por vía de recurso de inconstitucionalidad contra la eventual decisión que debe dictar la referida Cámara. Por tanto, la pretensión de inconstitucionalidad planteada por el amparista no sólo no ha sido decidida por los Jueces de grado, sino que además ha sido reeditada en otros procesos, otro amparo en sede laboral -encontrándose impugnada ante este Tribunal la resolución de la Sala Laboral dictada en él-; y posteriormente y ante su destitución, la vía contencioso administrativa, que también está pendiente de resolución; por lo que corresponde rechazar el pedido de avocación incoado. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 13013 y 14016.
Acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transportes Olivos S.A.I.C. y F. c/ Municip. de Avellaneda s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

La Suprema Corte debe entender en la demanda tomando como base la exposición de los hechos formulada por la actora (art. 35 del C.C.A.) si la demandada omite remitir los expedientes administrativos en los cuales obrarían, según se denuncia en el escrito de inicio, los antecedentes que acreditan la retardación en resolver (art. 7º C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, facultades del juez, admisibilidad del recurso, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CITICORP BANCO DE INVERSION S.A. c/ Obra Social Bancaria Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

Al conocer la Sala por primera vez en los actuados, es la ocasión de determinar si ha sido correctamente abierta la acción de amparo entablada, en tanto la definición del tema debatido -por su importancia y trascendencia-, excede el marco formal recursivo, ya que el Tribunal en su tarea de interpretar y aplicar las disposiciones no se encuentra limitado por los argumentos de las partes ni de los jueces de grado, sino que le incumbe efectuar una declaración sobre el juicio en disputa, de acuerdo a la inteligencia que tales normas le otorgan. (Disidencia del Dr. Fernández)