Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-14


SENT Nº 326	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Catorce (14) de Mayo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Rodrigo Diego Blas vs. Domfrocht Manuel y otro s/ Cobro ejecutivo de alquileres".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 268/277), contra la sentencia nº 246 de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala Iª, dictada en fecha 30 de abril de 2010 (fs. 245/246). La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 4 de noviembre de 2010 (fs. 297) del referido Tribunal de Alzada.

II.- En autos, la parte actora inicia juicio por cobro de alquileres, el que conforme a las constancias de autos (fs. 37) se tramitó conforme las normas del juicio ejecutivo. La tramitación del proceso fue regular, los demandados -una vez intimados de pago- se presentaron y opusieron excepciones (fs. 47/54 y 61/68), el actor contestó las excepciones (fs. 90/99), se abrió a prueba (fs. 100), se ofrecieron y produjeron las mismas y se agregaron los cuadernos de pruebas (fs. 135). Posteriormente, existen diversas actuaciones referidas a una medida cautelar y un pedido de sustitución de la misma, simultáneamente, existen solicitudes de la parte actora requiriendo que se forme incidente por cuerda separada a los efectos del trámite de todo lo relativo a la medida cautelar y solicitando que los autos principales pasen a despacho para resolver (conf. fs. 173, 177 y 186). En fecha 18 de diciembre de 2007, se presenta el demandado Manuel Domfrocht y plantea caducidad de la instancia principal.

Sustanciado el planteo, se dicta pronunciamiento de primera instancia, por el cual se rechaza el incidente de caducidad de instancia deducido por el demandado Domfrocht, interpretando que desde la presentación de fecha 25/4/2007 (fs. 173) hasta la presentación de fecha 27/11/2007 (fs. 186) no transcurrió el plazo de caducidad de instancia "por cuanto el mismo fue interrumpido por actos procesales idóneos para impulsar el proceso".

Apelada la sentencia de primera instancia por el demandado Domfrocht (fs. 220) y expresados los agravios a fs. 223/225, la Excma Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala Iª, resuelve el recurso de apelación en fecha 30 de abril de 2010 (fs. 245/246), receptando favorablemente el recurso de apelación y, en consecuencia, haciendo lugar al incidente de caducidad de instancia. Dicho pronunciamiento alcanza la solución señalada, a partir de interpretar que entre el 08/5/2007 (fs. 175) fecha de la providencia que denegara la petición de dictado de la sentencia de fondo formulada por la parte actora y el 27/11/2007 (fs. 186), fecha en que la parte actora reitera tal solicitud, ha operado el vencimiento del plazo de caducidad de instancia (seis meses).

Esta conclusión, alcanzada por el pronunciamiento de Cámara, se complementa con la consideración de que el demandado no consintió la última actuación de la parte actora (referida a la presentación de fs. 186), puesto que dedujo su planteo de perención dentro del plazo de cinco días desde la notificación del acto jurisdiccional que proveyera aquella en fecha 12/12/2007 (fs. 187), impidiendo así la purga de la caducidad operada. Por su parte, interpreta la Cámara, que en el referido periodo de tiempo, no existen actos verdaderamente impulsorios del proceso, en tanto que la actuación de fs. 177 fue dirigida a un juzgado distinto al de la radicación de la causa y no se advierte la existencia de error excusable alguno, por lo que interpreta que no resulta idóneo para interrumpir el plazo de caducidad de instancia. A su vez, el pronunciamiento impugnado transcribe jurisprudencia referida a que resulta necesario que la actividad procesal produzca un avance del proceso a los fines de que interrumpa el plazo de caducidad de instancia.

A partir de lo expuesto, la sentencia de Cámara de fecha 30 de abril de 2010, hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el demandado Domfrocht, revocando el pronunciamiento de primera instancia y disponiendo hacer lugar al incidente de caducidad de instancia deducido por el referido demandado.

III.- Frente a ello, la parte actora interpone recurso de casación contra la sentencia de fecha 30 de abril de 2010 (fs. 245/246), invoca infracción a normas de derecho sustancial y formal, y además, tacha de arbitrario al pronunciamiento impugnado y expresa los motivos por los que considera que el recurso debe ser declarado admisible.

En cuanto a los agravios contenidos en el recurso, el actor sostiene que la Cámara no ha considerado, "puesto que no se encuentra agregada en el expediente" una supuesta presentación de fecha 16/10/2007, cuya copia agrega con el recurso casatorio y que, revestiría, entidad impulsoria del procedimiento. Expresa que la referida presentación se encontraba agregada en el expediente junto a un informe actuarial y que, incluso, se hizo referencia a ella al momento de contestar la caducidad de instancia y la expresión de agravios. Con relación a la misma presentación, aduce que el accionado nunca negó la existencia de esa presentación, lo que -a criterio del recurrente- probaría que la presentación ocurrió, pero que en algún momento se produjo su desaparición de las constancias del expediente.

A partir de allí, el recurrente afirma que la sentencia impugnada ha sido dictada en base a antecedentes adulterados ilícitamente, por lo que interpreta que transforma al referido acto en nulo de nulidad absoluta y arbitrario.

Por su parte, y referido a la presentación de fecha 16/10/2007, el recurrente señala que posee cargo de recepción electrónico y sello de tinta del juzgado de origen, y aclara que si bien carece de firma del secretario, existen elementos suficientes para inferir su existencia y fecha cierta, en especial señala el recurrente, los siguientes elementos, la práctica natural del uso del cargo electrónico, el hecho de que no sea de práctica común que el actuario suscriba todos los cargos y la presencia en el sistema informático de un informe actuarial de la misma fecha de la presentación en cuestión, la que a criterio del recurrente, se encontraría claramente vinculada a la presentación de fecha 16/10/2007.

Asimismo, señala que se acompañó en autos un informe emitido por el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la IIIª Nominación, del cual surgiría que el sello y cargo electrónico que figuran en la presentación de fecha 16/10/2007 (cuya copia se encuentra agregada a fs. 255 y el original se encuentra en Caja Fuerte del éste Tribunal) pertenecerían a ese juzgado y que el informe actuarial referenciado existe en el sistema de Lex Doctor.

Finalmente, señala que la presentación de fecha 16/10/2007 posee efectos impulsivos, en tanto cuenta con los mismos términos que otras presentaciones a las cuales la Cámara que otorgó ese efecto. Por lo que afirma que no han transcurridos los seis meses que requiera la norma procesal.

De conformidad a las consideraciones reseñadas, propone doctrina legal, cita las normas presuntamente vulneradas, solicita se haga lugar al recurso tentado, y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

IV.- Corrido el traslado de ley, el demandado Manuel Domfrotch solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto, por las razones expuestas en su presentación de fs. 286/293. Por auto interlocutorio del 4 de noviembre de 2010 (fs. 297), la Cámara declara concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis definitivo de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de depósito (fs. 267), presentación tempestiva y la sentencia recurrida resulta definitiva en los términos del artículo 748 inc. 1º del CPCCT, en tanto la declaración de caducidad de la instancia pone fin al pleito, impidiendo su continuación (conf., CSJT, sentencia nº 697 de fecha 6 de agosto de 2007; sentencia nº 914 de fecha 15 de noviembre de 2004, entre otras). A su vez, el recurrente invoca infracción a normas de derecho y tacha de arbitraria a la sentencia atacada, por lo que corresponde declarar admisible la vía extraordinaria local y examinar su procedencia.

VI.- La cuestión a resolver, referida a la caducidad de la instancia, exige el examen de los hechos de la causa a fin de constatar si efectivamente se ha verificado la denunciada perención de la instancia. Al respeto la doctrina ha señalado que las facultades del juez "una vez acusada la caducidad del proceso, no se ven restringidas por la alegación de la parte" (conf., CSJT, sentencia nº 560 de fecha 05/8/1999). Es decir, el planteo de caducidad, exige que el tribunal examine -más allá de las alegaciones de las partes- si efectivamente se configuró la perención de la instancia.

En la especie, del análisis de las constancias de autos a la luz de las normas y criterios aplicables, se advierte que no corresponde la declaración de caducidad de instancia, por lo que el recurso sub examine debe prosperar, por los fundamentos que se exponen a continuación.

En primer lugar, cabe destacar que el presente proceso ejecutivo se desarrolló naturalmente hasta el cierre de la etapa de prueba, circunstancia que se operó en fecha 25 de septiembre de 2006 (fs. 135) cuando se agregan los cuadernos de pruebas.

En la referida circunstancia, resulta de aplicación el artículo 521 (ex 538) del CPCCT, en cuanto dispone "Contestado el traslado, cuando no se hubiera abierto la causa a prueba, o vencido el plazo de ésta, el juez dictará sentencia dentro de los ocho (8) días siguientes". En este marco, corresponde tener especialmente en cuenta la interpretación de este Tribunal sobre la referida norma (CSJT, sentencia nº 470 de fecha 29 de junio de 2004, in re "Banco Quilmes S.A. vs. Mendilaharzu, Marcelo y otros s/ Cobro ejecutivo", 14/12/2004). Allí se dijo: "El art. 532 CPCCT dispone que, vencido el plazo para oponer excepciones sin que se lo hubiere hecho, el juez procederá de oficio a dictar sentencia dentro de los tres días siguientes. Asimismo, el art. 538 del mismo ordenamiento menciona que contestado el traslado cuando no se hubiere abierto la causa a prueba o vencido el plazo de ésta, el juez dictará sentencia dentro de los ocho días siguientes. Como bien se advierte, ninguna otra diligencia prescribe el Código Procesal a posteriori del vencimiento del plazo para oponer excepciones o posteriormente a ser contestado su traslado, en caso de que se hubieren opuesto. Si la ley no exige ninguna otra gestión de parte ni del juzgado que no sea la sentencia, no se puede pretorianamente interpretar que la actora debía hacer algo más a los efectos de impedir la caducidad pues el procedimiento a seguir ya está resuelto por la norma: correspondía que se dicte sentencia. Ese era el paso procesal subsiguiente. Es decir que 'los autos estaban pendientes de sentencia', como reza el art. 218 para excluir esta situación de las factibles de padecer caducidad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, principio de raíz constitucional. Nótese que el pedido de dictado de sentencia o de confección de planilla fiscal se encuentra in facultatis solutionis del litigante hacerlo" (en igual sentido, CSJT, sentencia nº 1237, de fecha 20 de diciembre del 2007).

A partir de la doctrina emanada del referido precedente de éste Tribunal, se observa que en autos, una vez vencido el plazo de la etapa probatoria y conforme lo prescripto por el artículo 521 del CPCCT, correspondía al juez el dictado de la sentencia de fondo sobre la instancia principal. Esto implica que no existe carga procesal a cargo del ejecutante de continuar instando la causa y, en consecuencia, la cuestión queda aprehendida en el artículo 211 inc. 1º del CPCCT, de allí que no sea imputable al ejecutante la demora en el pronunciamiento, pues no tiene la carga de impulsar el proceso, resultando improcedente declarar la caducidad.

Por su parte, se advierte que en el presente proceso ejecutivo, no hubo liquidación tributaria, "y no le compete a la parte instarla, por lo que no se puede aducir que hubiese un valladar legal para el dictado de la sentencia" (CSJT, sentencia nº 470 del 29/6/2004). Por lo expuesto, se interpreta que en el trámite del proceso ejecutivo principal, se encontraba pendiente sólo el dictado de la sentencia, es decir, los autos se encontraban pendientes de sentencia, por lo que no se podría producir la caducidad de instancia (conf. artículo 211 inc. 1º del CPCCT). En atención a la solución alcanzada, resulta innecesario analizar los agravios del recurrente referidos a la supuesta presentación de fecha 16/10/2007, presuntamente desaparecida. Por las consideraciones reseñadas anteriormente, corresponde casar íntegramente la sentencia recurrida, conforme a la siguiente doctrina legal: "No resulta arreglada a derecho la sentencia que declara la caducidad de instancia en un juicio ejecutivo, sin considerar que los autos se encontraban pendientes de sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 521 del CPCCT".

Por consiguiente, corresponde revocar el pronunciamiento impugnado y dictar como sustitutiva, la siguiente: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el demandado Manuel Domfrocht, contra la sentencia de fecha 12 de mayo de 2009 (fs. 214/215) y, en consecuencia, se confirma la misma. II.- COSTAS, a cargo del demandado Manuel Domfrocht. III.- RESERVAR, honorarios para su oportunidad".

VII.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención al resultado a que se arriba, corresponde imponerlas a la parte demandada vencida (artículo 105 del CPCCT).

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia nº 246 de fecha 30 de abril de 2010, dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones a fs. 245/246, conforme lo considerado. En consecuencia, casar íntegramente la misma, dejándola sin efecto y disponiéndose sustitutivamente lo siguiente: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el demandado Manuel Domfrocht, contra la sentencia de fecha 12 de mayo de 2009 (fs. 214/215) y, en consecuencia, se confirma la misma. II.- COSTAS, a cargo del demandado Manuel Domfrocht. III.- RESERVAR, honorarios para su oportunidad".

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.