marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios entre dos o más provincias, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de usos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

Dirimir no es juzgar, y por ello es función que si el art. 109 de la Constitución Nacional confirió a los jueces lo fue en razón no de la índole de la tarea sino de una preferencia del constituyente en el reparto de tareas que efectuó.
Pensiones, conviviente, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MELO, Dominga Aurora c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-12

Otorgado el beneficio de pensión a quien fuera legítima esposa del causante, corresponde denegarlo a la conviviente ya que, conforme lo normado en la ley 23.570, sólo podría dejar sin efecto aquél en caso de nulidad. Además, de hacerse lugar al otorgamiento del 50% en beneficio de la conviviente, la esposa legítima vería afectado su derecho de propiedad toda vez que semejante porcentaje excede en mucho el mínimo que jurisprudencialmente es aceptado como no confiscatorio.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, percepción de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: SIDERURGIA DEL LITORAL  S.A.  (SIDERAL  S.A. ) s/ APELACION - CAPITALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

La C.S.J.N. ha sostenido que en materia de percepción de tributos corresponde admitir el interés institucional que autoriza apartarse del principio que veda el acceso al Máximo Tribunal, el que se configura cuando está en juego la recaudación de la renta por parte del Fisco o cuando lo resuelto pueda conducir a la frustración de un derecho federal.
Prueba, plena prueba
Materia: PENAL
Carátula: Lizarraga, Julio César s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

El régimen legal de la plena prueba se apoya en un muy alto grado de probabilidad de que hayan ocurrido los hechos que se declaran acreditados.
Defraudación fiscal, declaración jurada impositiva
Materia: TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto del Seguro de Misiones S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-21

La sanción de multa por defraudación al fisco -art. 46 de la Ley 11.683- debe ser mantenida pues aún cuando en su imposición no se desarrollaron argumentos demostrativos de la conducta que tipifica la norma la actora proporcionó toda la documentación sobre la cual se realizó el ajuste, por lo que no existe una imposibilidad total de reconstruir la situación de la contribuyente y queda demostrada la presentación de declaraciones juradas inexactas no constitutivas del dolo.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: ITURRIAGA RICARDO c/ MACERA HUMBERTO s/ COMPETENCIA - CUESTIONAMIENTO - CASOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1936-09-14

La incompetencia de jurisdicción por razón de la materia, salvo el caso de jurisdicción federal (art. 12, ley 48), sólo puede declararse en las oportunidades establecidas por los artículos 3 y 87 del Código de Procedimiento y oponerse en las fijadas por los artículos 83, 84 inciso 1, 87 del Código de Procedimiento, y 7 de la ley n. 4128.
Delitos contra la humanidad, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: MARTÍNEZ, Manlio Torcuato c/  s/ recuurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-29

Ante la no configuración del delito de asociación ilícita, las demás conductas particulares atribuidas al imputado -los presuntos ilícitos cometidos en el marco de la investigación de los homicidios y la privación ilegítima perpetrados- deben ser reexaminadas puesto que, sin fundamento suficiente, el a quo las ponderó y consideró como la expresión de un acuerdo de criminalidad global y sostenida en el tiempo.
Régimen jubilatorio, empleados públicos, jubilaciones, haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOMAQUIZ DE BROGGINI, ANA c/ A.N.Se.S. s/ ESTADO, PERSONAL DEL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Si bien la ley 22.955 -que prescribía un haber de pasividad equivalente al 82% móvil de la remuneración de actividad- fue derogada por la ley 23.966, conforme lo dispuesto por el art. 4 de la ley 24.019, los beneficiarios de los regímenes derogados por la norma antes referida conservarán todos los derechos de las leyes vigentes a la fecha del cese del titular o al 31 de diciembre de 1991, con la salvedad que, por excepción y por el plazo de cinco años a partir de la promulgación, los montos móviles de las jubilaciones no podrán superar el 70% de la remuneración asignada a la categoría, cargo o función que se tuvo en cuenta para determinar el haber de la jubilación. En consecuencia, si pese a encontrarse vencido el plazo previsto, la A.N.Se.S. continuó abonando al titular el 70% del haber de actividad, corresponde confirmar la resolución del "a quo" que hizo lugar a la pretensión de que el organismo cese de aplicar la manda del referido art. 4 de la 24.019, norma que no ha perdido su vigencia con la sanción del Dec. 78/94.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ramallo, María Adela y otro c/ Saint Pierre, Juan José y otro s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a una demanda de desalojo, si omitió tratar una cuestión oportunamente planteada y decisiva para la adecuada solución de la causa.
Contrato de trabajo, trabajador en condiciones de jubilarse, intimación a jubilarse, enfermedades inculpables, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Gonzalez, Jorge Roberto c/ El nuevo Halcon S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28

En atención a los dispuesto por los arts. 252 y 239 LCT, la enfermedad del trabajador intimado a jubilarse suspende el plazo de un año que establece la primera de las normas citadas. En efecto, el art. 252 dispone que la intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por dicha ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo, vale decir, que la intimación efectuada por el empleador al trabajador en condiciones de jubilarse para que inicie los trámites pertinentes reviste el carácter de preaviso, el que en esa especial situación se extiende por el plazo de un año. A su vez el último párrafo del art. 239 establece que si la suspensión del contrato de trabajo o de la prestación del servicio fuese sobreviniente a la notificación del preaviso, el plazo de éste se suspenderá hasta que cesen los motivos que la originaron.

(Del voto de la Dra. Porta, en minoría).
Juicio ejecutivo, excepción de pago parcial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Platense S.A. c/ Lalomia, Clotilde y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-14

Si bien los pagos se efectivizaron luego de producida la mora del deudor, ello no impide su consideración dentro de la excepción de pago parcial y no como sumas a debitar en la liquidación, si -como sucede en la especie- fueron hechos con anterioridad a la promoción de la acción judicial y aceptados por el actor. Ello así, por cuanto hasta ese momento el ejecutante puede -y debe- recaudar cuantitativamente su reclamo, descontado lo percibido, independientemente de la mora, a cuyo respecto, el pago parcial no la purga ni neutraliza sus efectos (arts. 725, 740, 742, del Código Civil, 330, 331, y su doctr., 542 inc. 6, del Código Procesal).
Delitos contra el honor, calumnias, injurias, derecho al honor, daño resarcible
Materia: PROCESAL
Carátula: A., A. E. c/ B., M. L. s/ Sumario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-08-28

"Para la viabilidad de la acción prevista por el art. 1089 del Cód. Civil, no es óbice que no se haya seguido causa penal por los delitos de calumnias e injurias del Derecho Criminal, debiendo por otra parte seguirse un criterio amplio, pues la expresión injuria de cualquier especie utilizada en la norma referida sirve para contemplar las imputaciones que ataquen al honor, aunque no encuadren en el tipo penal".
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Barrientos,  Hugo  Luis  y  otros c/ E.N.Tel. Empresa Nacional de Telecomunicaciones s/ diferencia de salarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

Si la recurrente apeló la sentencia por arbitrariedad en la forma de interpretar el caso por vincularlo con otro precedente que no sería análogo, ello sitúa el debate en primer término en lo que respecta a la arbitrariedad, dado que de existir aquélla, no habría, en rigor, sentencia propiamente dicha.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Costas, embargo, pedido de quiebra, prueba, costas al vencido
Materia: COMERCIAL
Carátula: L.R. 9 RADIO AMERICA s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR SABATINO ARIAS PUB. S.A.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-23

Si la aparente deudora constituyó un embargo, solamente el juicio de cobro determinará si el crédito existió realmente, lo que constituye base necesaria para imponer las costas, pero si la peticionante de la quiebra fue intimada a acreditar la promoción del juicio de cobro y guardó silencio, los fondos quedaron liberados, y debe aplicarse el principio objetivo de la derrota e imponérsele las costas.
Aplicación de la ley, ley de procedimientos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTADORES DE CAUDALES s/ ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-04

No son aplicables en el "sub exámine" las disposiciones de la ley 19.549 que por su art. 1 están reservadas a la actividad de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, que trasunten, obviamente, carácter administrativo.

Por lo tanto tampoco es aplicable su art. 28, que taxativa referencia a la actividad administrativa, y por último, como consecuencia, no sea de la especialidad de este fuero tratar controversias como la aquí originada. No se desconoce que por el art. 96 bis del decreto 1759/72 reglamentario de la ley de procedimientos administrativos de empresas que en sus relaciones con los terceros se rigen de la imprecisión con que lleva designar a esos actos como administrativos, la norma no puede tener otro alcance que el de dar la posibilidad de control de tutela a empresas que, estando fuera de la administración pública, son en definitiva de propiedad del Estado; pero de ninguna manera, esta referencia fuera de contexto puede dejar sin efecto disposiciones expresas como las de la ley 18.360, entre otras razones, por impedirlo el rango normativo.
Divorcio, abandono del hogar conyugal, abandono voluntario y malicioso
Materia: CIVIL
Carátula: A., A.B. c/ A., A.A.M. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-06-23

Para que el abandono del hogar encuadre dentro de la causal prevista en el inc. 5 del artículo 202 del Código Civil es necesario que no haya sido determinado por causas atendibles y ajenas a la intención de quien lo comete.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia federal, cohecho, universidades nacionales
Materia: PROCESAL
Carátula: NAVARRO, SANDRA s/ COMPETENCIA FEDERAL: COHECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-20

Es competente la Justicia Federal para conocer en el cohecho que se imputa a los procesados que corrompieron el buen servicio de una Universidad Nacional con la pretensión de fraguar actas de exámenes.
Sentencia, thema decidendum, principio de congruencia, sentencia ultra petita
Materia: PROCESAL
Carátula: MOLICA BISCI, LUIS c/ REYNALDO IDILIO QUAGLIA s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-23

Debe considerarse que un juez ha fallado en forma ultra petita, cuando su pronunciamiento excede de los límites de las pretensiones deducidas en el juicio, vulnerando el principio de congruencia (cpr 163, 6to.), consistente en la exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definitorios del esquema contencioso (pretensión y decisión), existiendo una necesidad de total correspondencia entre ambos extremos que funciona como condicionante de un verdadero proceso.
Juegos de azar, irretroactividad de la ley, competencia contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: A, C.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Decreto Ley Nro. 6618/57 Decreto Ley Nro. 6618/57
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-22

La Legislatura ha sancionado con fecha 23 de septiembre de 1999 la Ley Nro. 255 que regula los juegos de azar; esta ley fue promulgada por Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 1.984 y rige desde el día 8 de octubre de 1999, fecha en que fue publicada.

Considero que por imperio del principio de irretroactividad de la ley penal, receptada en el artículo 4 de la Ley Nro. 10, la Ley Nro. 255 no puede ser aplicada a las actas en cuestión, puesto que las mismas fueron labradas cuando dicha ley no se encontraba vigente.
Acción, cuestión constitucional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Grecco, Alfredo Carlos c/ Prov. de Bs.As. Coady:Narvarte, Ricardo s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

La acción contencioso administrativa no es a vía idónea para cuestionar la validez constitucional de leyes, decretos y ordenanzas, pero cabe admitir planteos de tal naturaleza cuando los mismos revisten carácter coadyuvante de un planteo de ilegitimidad.
Personal de casas particulares, preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: Gladys Vargas Sangines c/ María Cristina Fabri de Cornejo Costas s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-04-12

El artículo 12 del Decreto 7979/56 reglamentario del decreto 326/56 no modifica sino que complementa el artículo 3º del Decreto 326/56, en cuanto fija como plazos de preaviso 5 días si la antigüedad es menor a dos años y 10 días si fuere mayor y agrega, si el contrato fuera disuelto por voluntad del empleador, los plazos señalados en éste artículo podrán ser suplidos por el pago de la retribución que corresponde a uno u otro período. Resulta así que la antigüedad de la actora era de 3,7 años el plazo de preaviso era de 10 días, correspondiéndole el pago proporcional y no de un mes de sueldo.
Honorarios, incidente de impugnación
Materia: PROCESAL
Carátula: ALONSO DE BUFFO, ELVIRA ELENA Y OTRAS. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN. s/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES S/ESPECIALES (RESIDUAL).
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-14

Esta Corte tiene dicho en materia de honorarios correspondientes a incidentes que es necesario tener en cuenta si se cumplieron todas las etapas prevista en el art. 43, o sólo una de ellas, pues en este último supuesto, la regulación se limita a la mitad de la escala (conf.: Brito A.J. - Cardoso de Jantzon C.: "Honorarios de Abogados y Procuradores", pág.

359; CSJTuc., sentencia N° 796, 13/8/07, "Banco Nación Argentina vs. Legumbres S.C.I.F.I.A. s/ Especiales (Residual)"; sentencia N° 665, 12/9/11, "Azucarera Independencia S.A. s/ Quiebra").

Por otra parte, la división de los procesos en etapas es uno de los aspectos que deben computarse para la regulación de los honorarios (art. 41 Ley n° 5480), y si bien es cierto que la ley no establece expresamente que en los casos declarados de puro derecho deben deducirse una etapa, ésta es la solución que resulta de su interpretación sistemática (arg. arts. 41 y 43 ley arancelaria y 186 CPCCT; sentencia N° 479, 30/6/04, "Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán vs. Sucesión de Terán Juan Carlos s/ Expropiación (Incidente de regulación de honorarios)").

La labor profesional cumplida en autos y que mereciera la regulación de honorarios impugnada se relaciona con la sentencia del 02/6/11 (fs. 647/649) que resuelve no hacer lugar al incidente de impugnación de planilla deducida por la parte demandada.

En dicha actuación profesional se verifica una sola de las dos etapas a que se refiere el art. 43 de la Ley n° 5480, en razón que en el incidente de impugnación de planilla no se verifican actuaciones de prueba. Por lo tanto, el porcentaje del art. 59 de la Ley n° 5480 (10% al 30%) se reduce a la mitad (5% al 15%).

Por las razones dadas, los honorarios regulados al recurrente han sido fijados teniendo en cuenta la labor profesional desarrollada en el incidente de impugnación de planilla, el carácter de la intervención, etapa procesal cumplida, resulta arribado y lo dispuesto por las normas arancelarias que aprehenden el caso, esto es los arts. 14, 15, 38, 39, 43 y 59 de la Ley n° 5480.

Conforme a dichas pautas arancelarias y no resultan bajos como lo afirma el recurrente, sino que han sido fijados en el promedio aproximado de los guarismos calculados por el recurrente, por lo que corresponde rechazar el recurso de revocatoria deducido.

DRES.: GOANE - GANDUR - SBDAR.
Accidente de tránsito, responsabilidad del transportador, circulación con puerta abierta
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ DE CAMINO MARIA ESTHER c/ VIDAL ORLANDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-25

Si se ha acreditado que la víctima sufrió en forma previa a la caída desde el transporte en que viajaba un ataque cerebro vascular, el hecho de que el colectivo se encontrase con la puerta abierta, implico un agravamiento de las consecuencias del accidente, pues tal circunstancia posibilitó que cayera al pavimento ocasionándole un traumatismo de cráneo.
Confesión ficta, carga de la prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TERRERA MIGUEL A. c/ A.E.S.Y.A. s/ COBRO DE PESOS Terrera, Miguel A. c/ A.E.S.Y.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-11-25|1994-11-25

Debe asignarse eficacia probatoria a la confesión ficta al darse los siguientes presupuestos: 1) que el demandado debidamente notificado no comparece injustificadamente a la audiencia fijada a tales efectos; 2) que las posiciones se refieren a hechos personales del absolvente, y 3) no existen en autos pruebas que la contradigan, teniendo en cuenta las circunstancias de la causa.-
Prisión domiciliaria, prueba, interés superior del niño, dictamen fiscal, responsabilidad del Estado
Materia: PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: U., F. J. Cpo. de Ejecución de Pena Privativa de Libertad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2021-06-18

Procede conceder la incorporación al instituto de prisión domiciliaria del interno, toda vez que las situaciones fácticas pueden ser subsumidas en la causal regulada en el art. 10 inc. "f" del CP, primer supuesto y art. 32 inc. "f", primer supuesto de Ley 24660, según redacción por Ley 26472, ello así, de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal, pues luego de reseñar cronológicamente cómo se fueron dando los acontecimientos de abordaje sobre los menores involucrados en el incidente, la intervención de los profesionales de las áreas de desarrollo social, el equipo técnico de nuestra sede tribunalicia y las expresiones de los diferentes familiares implicados en el contexto social que rodea a los menores, es que debe hacerse lugar al beneficio solicitado, teniendo en cuenta la premisa o principio del interés superior del niño. En consecuencia, la limitación etaria y de género impresa en el art. 32, inc. F de la Ley 24660 debe ser entendida y aplicada según el contexto del caso en análisis y no funcionar como una denegatoria automática para quien no tipifique en género y edad, contradiciendo así nuestra Carta Magna y los tratados que nos obligan como Estado. Máxime que con la sanción de la Ley 26472 se han ampliado los supuestos de procedencia de la prisión domiciliaria.
Derecho a la identidad, prueba biológica
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ FILIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-08-25

Entre un posible conflicto entre el derecho a la identidad (art. 7, párr.1 de la Convención del Niño) y a no autoincriminarse (art.18 C.N.) corresponde inclinarse por conceder jerarquía al derecho de una persona a conocer su origen biológico.

Adviértase que con la negativa a someterse a las pruebas biológicas, amparado en el derecho de no estar obligado a declarar contra sí mismo -en el caso no ser obligado a prestar el propio cuerpo para realizar la prueba genética- podría incurrir el demandado en abuso de derecho al perjudicar, con su actitud obstrucionista, a un tercero quien padecería de la falta de precisión en su identidad.-
Derecho laboral, despido, prueba del despido, testigos
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos César Miguel Horacio c/ Frigorífico de Aves SOYCHÚ S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-30

Una discusión o "riña" en el ámbito laboral no constituye "per se" objetivamente una causal de injuria laboral y, para que se justifique la justa causa del despido, el empleador debe acreditar fehacientemente que el trabajador inició o provocó la discusión o pelea, pues la sola participación en un incidente por parte del trabajador no constituye incumplimiento de gravedad suficiente para justificar sin más un despido. Jurisprudencialmente, por la falta de disciplina que significa una riña entre trabajadores de una misma empresa, se exige la prueba de ciertos extremos que deben cumplirse para que resulte justificado el despido, uno de ellos es que se encuentre demostrado quien resultó agresor para no sancionar a quien actuó en legítima defensa (Voto Welp. Adhesión Romero)
Derecho laboral, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: DOMIHUAL FILOMENA c/ MOÑO AZUL S.A. s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-04

[...] Si la relación laboral estaba enmarcada en la Ley 22.248, conforme surge de la documentación laboral acompañada por las partes, mal podía ser periódicamente encuadrada en la LCT, ya que a esa época el régimen de trabajo agrario estaba expresamente excluido de la LCT. Por otra parte la figura laboral que introduce la demandada como perteneciente a la LCT y que considero alude al contrato de trabajo de temporada, tiene como característica la de ser una relación laboral de carácter permanente con prestación discontinua de servicios, por lo que los trabajadores de temporada son trabajadores permanentes.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIL LUIS ANGEL Y OTROS c/ HECTOR ANIBAL CAMUGLIA Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-08-23

Deben resparase todas las consecuencias dañosas que encuentren causa adecuada en el accionar de su responsable, pero ello tiene un límite espresado en fórmula que él o los damnificados no deben experimentar un mejoramiento patrimonial como consecuencia del acto ilícito.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)