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Recurso contencioso administrativo, juicio de apremio, sentencia, ejecución de sentencia, Estado Provincial, deuda previsional, interpelación, defensa en juicio, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tuljak, Trinidad Domínguez de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción-Incidente  De apremio (Expte.: C.S.J. Nro. 27 año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-28

Corresponde el rechazo de la demanda de apremio desde que la ejecutante no cuenta con una acreencia que ostente el carácter de exigible para permitir hacer operativa la ejecución forzada.

Concretamente, al interponerse la demanda de apremio ya había entrado en vigencia la reforma que la ley 12.036 le introdujo a la ley 7.234 de Defensa en Juicio del Estado en sentido de que cuando los entes allí contemplados sean condenados al cumplimiento de sentencias que se resuelvan en el pago de una suma de dinero, éstas "serán satisfechas dentro de la autorizaciones para efectuar gastos contenidas en las distintas jurisdicciones y entidades de los respectivos presupuestos, sin perjuicio del mantenimiento de los regímenes de emergencia" y que, "En caso que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero, en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo o titular del Ente, deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin las jurisdicciones y Entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto".
Empleados públicos, remuneración, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, comuna, personal municipal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TORRES, ROSALINO c/ COMUNA DE COLONIA ALDAO s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ Expte  N. 250-82)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-08

El personal no permanente de una Comuna goza de los derechos enumerados en el artículo 15, párrafo final de la ley 7519, entre los que se encuentran los derechos a una retribución justa, a indemnizaciones por accidentes de trabajo, y a licencias (incisos b, c y g).
Derecho tributario y aduanero, aduanas, importaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Cortese,  Rubén   Oscar c/ E.N.  -DGA-   Resol  174/04 (Expte601613/00)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-01

Se encuentra perfectamente configuradas la conducta descripta en el art. 954, inc. b) del Código Aduanero si el documentante comprometió la importación de una mercadería que conforme a su propia manifestación, se encontraba clasificada en una partida sobre cuyo ingreso no pesaba restricción alguna y como tal podía ser despachada sin limitación alguna y sin embargo, ello no era así pues se trataba de una mercadería cuya introducción estaba sujeta al cumplimiento de un requisito que hacía a la protección de la salud y cuya omisión importaba la prohibición de su entrada al territorio aduanero.
Traslado de la demanda, notificación bajo responsabilidad, nulidad de la notificación, prueba de informes, registro nacional de las personas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Verón, Julián David  c/ Arneson, Walter Daniel y otros  s/ daños y perjuicios (acc.tran. c/les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-05

Disidencia de la Dra. Lorena F. Maggio: Debe rechazarse la nulidad de notificación de demanda, dado que el actor obró con la máxima diligencia posible con el objeto de averiguar el domicilio de demandado. La modalidad de notificación "bajo responsabilidad" importa considerar que quien la efectúa asume haber tomado todos los recaudos para establecer que el demandado vive en ese domicilio. De ello se deriva que reposa sobre el actor dicha carga probatoria para llegar a esa conclusión (art. 377 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Los mismos se encuentran cumplidos, con la respuesta agregada del RENAPER informando el domicilio al cual se notificó la cédula en cuestión y oficio a la Cámara Electoral con el mismo objetivo. Dichas acciones son idóneas para cumplir con los recaudos exigidos para efectuar la notificación bajo responsabilidad de la parte.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, intereses
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: ALVAREZ,  Angeles  Carlos  Edgardo c/ BELOQUI, Ramón Armando s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-23

A efectos de fijar la regulación de honorarios profesionales, la esencia fundamentalmente accesoria de los intereses, permite que su incorporación a la base regulatoria resulte procedente únicamente en la hipótesis de admisión de la demanda, pero no cuando se la rechaza.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D. de M. c/ M. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

El apercibimiento contenido en el apartado 2do. del art. 637 del Cód. Procesal, no importa que la sentencia deba ser necesariamente favorable al alimentado si éste no ha probado la concurrencia de los requisitos a los cuales la ley condiciona la procedencia de la obligación. De allí la referencia de la norma a las "constancias del expediente" como factor determinante de la fijación de la cuota pertinente.
Falsificación de instrumento privado, estafa, uso de documento adulterado, tarjeta de crédito, concurso real, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: WASENCH DE BENGHIAT s/ TARJETA    DE   CREDITO.  ESTAFA.  FALSIFICACION  DOCUMENTO  PRIVADO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-28

La adulteración de una tarjeta de crédito por su titular para ocultar su caducidad ante los comercios donde adquirió diversas mercaderías, no configura solamente el delito de estafa reiterada, sino el de uso de documento privado adulterado reiterado (arts. 296 y 55 CP), en concurso ideal (art. 54 CP) con estafa reiterada (arts.

172 y 55 CP), pues, la tarjeta de crédito, además de ser un 'documento meramente probatorio a cuyo través el titular puede pretender la prestación del vendedor', es un 'documento de identificación, intransferible, insuficiente, e incompleto, necesario para ejecutar el haz de derechos que surgen con motivo de la relación trilateral', conformada sobre las base de dos contratos, el que celebra la emisora con las personas propietarias de los negocios mercantiles y el que se celebra entre la deudora con la persona a quien se le entrega la tarjeta de crédito.
Prueba, sana crítica racional, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ LUIS ALBERTO s/ ROBO CALIFICADO REITERADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-04-11

Si el acusado sostiene que cuando se encontraba repartiendo soda en el rastrojero de su padre por la "Villa de Nylon", fue obligado e inclusive golpeado con armas por sujetos desconocidos para que les hiciera un flete,transportándolos hasta un lugar próximo a donde fue interceptado, donde procedieron a cargar garrafas en el acoplado del rastrojero, oportunidad en que fueron sorprendidos por personal policial; del informe médico obrante en la causa surge que al ser examinado el imputado, a las veinte horas del día del hecho, presenta lesiones de carácter leves, consistentes en equimosis de 3x1 cm. en región lateral izquierda de tórax, que tienen un tiempo de evolución de once horas aproximadamente, un testigo proporciona los motivos de la presencia del imputado en el lugar, señalando que éste había concurrido al kiosco que explota a llevarle soda en hora temprana y el testimonio del policía, cuyas manifestaciones constituyen el pilar fundamental donde se asienta el auto sometido a control, contiene impropias apreciaciones subjetivas y, en definitiva en modo alguno invalida lo argumentado por el imputado, quien según el funcionario no opuso resistencia alguna "debido a la sorpresa que tenía...que sólo como unos veinte minutos después de la detención, manifestó lo habían amenazado con un arma los sujetos que huyeron, negando participación en el hecho, el material probatorio no permite, atribuirle participación al prevenido en el hecho que se investiga, toda vez que la prueba de la causa no revela que haya existido una intención determinada de coadyuvar en el proceso ejecutivo del desapoderamiento violento, ya que participar es concausar o cooperar en la causación de un resultado delictivo, jurídicamente unitario, mediando convergencia intencional".-
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez, Luis y otros c/ De Marco, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

No corresponde declarar la nulidad del fallo si de la sentencia surgen elementos que permiten individualizar sin dificultad las disposiciones procesales aplicadas por el juzgador, y su falta de mención concreta no ha impedido al recurrente exponer los agravios por vía de inaplicabilidad de ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho bancario, responsabilidad del banco, cheque de dudosa autenticidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAPDEVIELLE  KAY  Y  CIA. SACFM c/ SA DEL ATLANTICO CF Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-16

En una acción judicial en la que se reclama de una entidad bancaria el resarcimiento del daño que se aduce padecido por consecuencia del proceder seguido con relación al cobro indebido de un cheque, aún cuando el mismo contuviera alteraciones visiblemente manifiestas, procede que el banco responda por el cincuenta por ciento del monto del título indebidamente pagado cuando, -como en el caso-, se verifica que el titular de la cuenta contribuyo a causar la concreción del daño en una medida equivalente al restante cincuenta por ciento, por causa del inferible proceder de sus dependientes.
Prescripción adquisitiva, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Artuso, Luis c/ Sainz, Florencio s/ Posesión Veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

Los planos de mensura aprobados constituyen uno de los recaudos que debe cubrir el pretendido usucapiente -art. 24 inc. b) de la Ley 14159 y 679 inc. 3 del C.P.C.C.-, pero, los mismos, por sí solos, no son idóneos para acreditar la posesión "animus domini" durante el lapso legal -art. 4015 del C. Civil-.-
Alimentos, obligación alimentaria, alimentante de escasos recursos, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: F. DE N.S. c/ N.J. s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-28

El derecho alimentario de la mujer separada de hecho está regido por el art. 51 de la ley de matrimonio civil, por lo cual no cabe retacearlo. La mera invocación de la hipotética insuficiencia de recursos no puede tener virtualidad como para relevar al alimentante de la obligación alimentaria, ni para aliviarla pues a él corresponde arbitrar los medios conducentes a la satisfacción de los deberes adquiridos por el matrimonio (art. 51 de la Ley de Matrimonio Civil). Las manifestaciones del alimentante de que sólo existe una separación de hecho y que su cónyuge hizo abandono del hogar conyugal, carecen de la relevancia frente a la inexistencia de un juicio de divorcio, donde se dilucidaría la culpabilidad y hasta tanto ello no ocurra, no pueden admitirse afirmaciones unilaterales sin sustento, para restringir el derecho alimentario de la cónyuge.
Tercería de dominio, boleto de compraventa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tallarico, Francisco A. s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Si los derechos de los terceristas nacieron con mucha antelación a los del embargante y se mostraron a los ojos de las gentes a través de la fuerza y eficacia publicitaria de la posesión traditiva (única publicidad que podía gestar el adquirente, desde que no siendo comprador bajo el régimen de la ley 14.005 ni de la ley 19.724 no podía pretender la registral reglada por el Decreto-Ley 17.801), los mismos son oponibles y han de prevalecer frente al acreedor embargante posterior.
Prescripción de la pena, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: PIOMBINO, D.H. s/ PRESCRIPCION PENA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-07-24

No obstante haberse dictado el fallo plenario "Barba, H.D." -ver "L L." del 9/4/79- con posterioridad a la fecha en que la prescripción se habría operado, computando el plazo desde la notificación al defensor, es procedente su aplicación en razón de que el mismo no ha hecho más que ratificar el claro texto del art. 66 del Cód. Penal, sin que la anterior interpretación jurisprudencial de dicha norma, que no era pacífica, impida se aplique al caso lo que expresamente dispone la ley vigente al tiempo de concretarse la situación que se juzga.
Fianza, extinción de las obligaciones, dación en pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Oricchio, Carlos Eduardo c/ Leglise, Inés Graciela s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

Dación en pago consiste en una sustitución en el acto del pago, de la prestación debida por otra distinta, con consentimiento de las partes (art. 779, Código Civil). Desde que la dación en pago se equipara a la novación por cambio de objeto en la obligación (arts. 801, 812, Código Civil), el fiador ha quedado liberado de sus responsabilidades, por el cumplimiento de la obligación efectuada por la deudora principal (arts. 707, 810, 2005 Cód. Civil). De todas formas, se admite o no tal equiparación, hay consenso en nuestra doctrina en que, pese a no estar la dación en pago mencionada en el art. 707 del Cód. Civil, ella también produce la extinción de la obligación respecto de todos los deudores solidarios.
Proceso penal, situación del imputado, sentencia, juicio abreviado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MARIO FRANCISCO CABRERA s/ Recurso de Apelacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-01

Debemos tener en cuenta que con la reforma del C.P.P. (ley 7690), si bien no se encuentra vigente su aplicación a los Tribunales de juicio, debemos tener en consideración que el mismo al tratar el Instituto del Juicio Abreviado, en su articulado no se establecen límites en cuanto al monto de pena para su viabilidad.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, proceso penal, imputado, prueba de cargo, apremios ilegales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: PUGH, JONATAN LEONEL Y ROSETTI, MARTIN c/ GONGORA, JONATAN EZEQUIEL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-06

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que luce incuestionable que los sentenciantes valoraron, con un sentido incriminante, las declaraciones de los imputados en sede policial y-considerando que se ha denunciado la existencia de apremios ilegales al momento de recepcionar estos interrogatorios- no puede perderse de vista el informe 175/10 (informe "Godoy" del 2.11.2010) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 8.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos que destaca que "La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza", en coincidencia con la prohibición de coacción para obtener una declaración contra sí mismo del artículo 18 de la Constitución nacional, resultando decisivo en este punto que nos encontremos con una resolución en la que si bien el Juez de Primera Instancia ordena la investigación sobre los apremios -situación avalada, de alguna manera, por la Cámara- no se verifica que tal mandamiento se haya ejecutado en manera alguna , estimándose incumplida la exigencia de una investigación diligente por parte de las autoridades, extremo necesario para poder valorar cualquier declaración brindada por el imputado, ante una denuncia verosímil de apremios.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, juicio pendiente
Materia: PROCESAL
Carátula: GEREZ, CESAR c/ I.C.A.S.A.  IND. CURTIDORA ARG. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-30

Si bien en numerosas oportunidades se ha sostenido que tener juicio pendiente con la demandada no constituye por sí misma una circunstancia inhabilitante del testimonio, cabe considerarla al efectuar la apreciación de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Esta pauta ha de considerarse acentuada cuando las situaciones del declarante y del reclamante son asimilables. en supuestos de esas características no es posible dejar de apreciar que la similitud podría obstar a la independencia imprescindible para que el testimonio resulte convincente, por lo que cabe apreciarlo con mayor estrictez
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guatto de Minchín, Olinda Josefina c/ Maidana, Pablo Damián y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

No parece correcto el excesivo apego a "objetivizar" a ultranza la teoría de la responsabilidad, pues de ese modo se llega a resultados que a veces son injustos, como hacerle caer sobre las espaldas del vendedor la reparación de los daños producidos por el adquirente del automotor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Representación procesal, gestor
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ SERGIO GUILLERMO c/ DIFUSORA ENTRERRIANA S.A. DE RADIO Y TELEVISION s/ COBRO DE PESOS (DIF.SAL., SAC, VAC., INDEMNIZACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-10-31

Los entes societarios pueden otorgar poderes a letrados para que los representen pero lo que les esta vedado es otorgar mandatos a terceros no letrados para que a su vez estos los representen en causas judiciales, como ocurre en este caso, ya que desde que se admite que el interviniente no posee la calidad de profesional ni es el demandado -quien podría actuar por derecho propio y con patrocinio de letrado- no puede actuar en el proceso en nombre de una de las partes. Por lo que la representación invocada careció de toda eficacia no pudiendo ser tenida sino como un simple hecho carente de consecuencias jurídicas en la litis.
Sociedades comerciales, pequeña y mediana empresa, sociedades de garantía recíproca, obligaciones de las partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARANTIZAR  SGR c/ GEL  DE  WAINSTOCK GABRIELA LORENA Y OTRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-15

Con el objeto de puntualizar la relación negocial subyacente en la operatoria de garantía recíproca, apuntase que, a través de esta contratación, la sociedad de garantía recíproca asume el carácter de fiador o deudor solidario frente a un acreedor (generalmente una entidad financiera) de la Pyme y se compromete a abonar a aquél, a su requerimiento, el crédito otorgado a esta última en caso de que ella no lo abone. De modo que las modalidades que deben seguir las relaciones existentes entre la sociedad de garantía recíproca y la entidad financiera que otorga la financiación al socio partícipe y en caso de que esta última pretenda ejecutar a la sociedad de garantía recíproca, están regladas por el artículo 70 de la Ley 24467. Por tanto, cabe sostener que la exigencia allí establecida de justificar el crédito conforme al procedimiento previsto en el artículo 793 del Código de Comercio hace al derecho del acreedor financiero contra la sociedad de garantía recíproca y, por ende, no es aplicable cuando la SGR reclame la restitución de lo pagado por ella a la entidad financiera, contra el socio partícipe y/o quienes hayan afianzado la obligación de éste (cfr. arg. CNCom., Sala B., in re: "Garantizar SGR c/ Diaz Oscar s. ejecutivo", del 08.06.07; Sala C., in re: "Garantizar SGR c/ Romay Pablo s. ejecutivo" del 19.07.07; Sala E., in re: "Garantizar SGR c/ Noli Carlos y otros s. ejecutivo", del 15.5.09).
Pensiones, opción jubilatoria, acumulación de beneficios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERNANDEZ, PILAR MARIA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-03

El art. 39 de la ley 18.037 se limita a fijar las condiciones dentro de las cuales es factible acordar el beneficio a quienes hayan superado la edad establecida en el inc. 5) de art. 38 de la referida ley; pero de ninguna manera establece exención alguna a la necesaria opción prevista en ésta norma. Por ello corresponde denegar el beneficio de pensión a quien no cumple con la mencionada opción, ya que si bien no escapa al juzgador el escaso monto de las prestaciones, tampoco puede dejar de percibir la crisis económica en que se debate el sistema previsional, donde los recursos deben ser compartidos entre millones de beneficiario dentro de un marco de solidaridad social. (Del voto del Dr. Laclau).
Jueces, garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, jubilaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fabris, Marcelo H. s/ Jubilación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Toda solución que permita a los jueces demandar la tutela prevista por el artículo 96 de la Constitución Nacional y desconozca igual facultad en cabeza de los jubilados convierte en letra muerta las previsiones contenidas en los artículos 4, 7, y 14 de la Ley 18 464.
Libertad condicional, revocación de la libertad condicional, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: GUNDIN, J. s/ LIBERTAD CONDICIONAL. UNIFICACION PENA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-27

"Que la libertad condicional pretendida contraría la estricta indicación del art. 17 del Código Penal en cuanto debe entenderse que aún enfrentados a una nueva y distinta pena estamos precisamente ante lo que justificó la revocatoria de la libertad condicional anterior y a la vez la exigencia del cumplimiento total de la sanción. Por tales fundamentos debe confirmarse el auto apelado".
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por la materia, medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros c/ Ministerio de Seguridad de la Nación s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-21

Al margen de que ni siquiera se encuentre establecido que las autoridades a cargo de la seguridad del acto sean de orden nacional y no de orden local, y que tampoco se puede presumir que la autoridad administrativa no haya de atenerse a las pautas legales vigentes para el ejercicio de funciones que, en principio, integran el abanico de facultades privativas del poder del Estado que tiene bajo su responsabilidad el control de la seguridad en la vía pública, lo cierto es que no se encuentra en la órbita de un tribunal de trabajo el establecer pautas atinentes a la implementación de medidas de seguridad relativas a un acto de orden político a realizarse en espacios públicos y con la eventual participación o afectación de terceras personas, ni de ejercer el control de la actuación de las fuerzas de seguridad durante su desarrollo, ni de condicionar la eventual verificación de conductas de carácter delictivo como las que, en términos generales, se imputan presuntivamente al accionar del Poder Ejecutivo. (Del voto del Dr. Perugini, en mayoría).

Fuente del sumario: OFICIAL