Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-07-16


SENTENCIA NUMERO: VEINTISIETE En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 10/10, caratulado: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto y Soledad del C. Rodríguez, en causa Nº 219/08 - 'REYES, Enzo Rubén y ARROYO, Luis Marcelo - Homicidio Calificado Críminis Causa, etc.", contra la Sentencia Nº 77/09, dictada con fecha diez de noviembre de dos mil nueve por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto? ¿Es procedente la pretensión recursiva del acusador particular pese al pedido de absolución del Ministerio Público Fiscal? 2º) ¿Es nulo el fallo impugnado por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas?.

3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 31, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 77/09, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P..- II. Por Sentencia nº 77/09, del 10/11/09, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, por mayoría, resolvió: "1). Absolver por el beneficio de la duda a Luis Marcelo Arroyo, de condiciones personales ya mencionadas en la causa, del delito de Homicidio calificado 'criminis causa' en concurso real con Robo agravado por el uso de arma de fuego, por el que venía incriminado...".- III. Contra el decisorio aludido, comparecen los Dres. Víctor M. Pinto y Soledad del C. Rodríguez -en adelante los recurrentes-, en calidad de representantes del querellante particular -Nieves Asunción Díaz- e interponen recurso de casación invocando el motivo formal previsto en el art. 454 inciso 2º del C.P.P..- III. a. Los recurrentes denuncian inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas. Aseveran que a consecuencia de ello, se ha ocasionado una grave situación de indefensión a la víctima y a sus familiares, razón por la cual solicitan la nulidad absoluta del fallo en cuestión. Critican la brevedad con la que el tribunal fundamentó la absolución de Arroyo, manifestando que existen tantos elementos para condenarlo, como los hubo para condenar a Reyes, llamando la atención -enfatizan-, que no hayan sido valorados de igual manera. A continuación, ponderan los distintos elementos probatorios que, a su entender, debieron ser tenidos en cuenta por el a quo, para arribar a la conclusión que se pretende, es decir, la condena del imputado Arroyo. En esta dirección, analizan los distintos testimonios brindados por Héctor Gustavo Fernández y su participación en la reconstrucción del hecho (fs. 750/751), manifestando que la colocación de Arroyo en el escenario de los hechos, aún con un dejo de dudas, debe ser complementada necesariamente con otros elementos, a fin de extraer si se trataba definitivamente de Arroyo el que estaba con Reyes la noche fatídica. En efecto, considera que se deben valorar otros testimonios, tales como, los de Nieves Asunción Díaz (madre del occiso), quien refiere a la habitualidad con que Reyes, Arroyo y la propia víctima se frecuentaban; que el día miércoles cuando su hijo fue a trabajar fue llevado por Arroyo y Reyes en la estanciera de este último. Asimismo, lo expresado por Guillermo Gerardo Batallán, Nelson Saracho; Mary Isabel Contreras y César Aníbal Nieto, concluyendo que los citados testimonios adunados al de Fernández, se direccionan en un mismo sentido y van reforzando aquel testimonio. De igual modo, refieren a los testimonios vertidos por Carola Aybar -pareja de Arroyo-; por su padre, Pedro Virgilio Aybar; y por sus hermanos: Ana Luz Aybar y Pedro Wilton Aybar, relatando lo dicho por cada uno de ellos y resaltando las contradicciones en las que, a entender de los casacionistas, incurrieron cada uno de los nombrados. Acto seguido, transcriben lo informado en la Planilla de Antecedentes del imputado Luis Marcelo Arroyo (fs. 840/841 vta.); las conclusiones del Informe Psiquiátrico (fs. 938); como así, lo plasmado en el Informe Psicológico de fs. 957. Todo lo cual les llevó a concluir que, de los argumentos vertidos no caben dudas de que los hechos narrados e investigados existieron y que los prevenidos Enzo Rubén Reyes y Luis Marcelo Arroyo participaron en los mismos como coautores y que las pruebas aportadas y valoradas sirven para ubicarlos en el lugar del hecho, por lo que las circunstancias de tiempo, modo y lugar se ven plenamente confirmadas.

Finalizan su escrito recursivo, formulando expresa reserva del caso federal y de los recursos contenidos en el Art. 2, apartado 3, inc. b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.- IV. Expresados los agravios esgrimidos por los casacionistas, corresponde ahora ingresar al tratamiento de los mismos, esto es, analizar si efectivamente el a quo ha incurrido en inobservancia de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas lo que le permitió arribar a la absolución de Luis Marcelo Arroyo. No obstante ello cabe advertir que, conforme ha quedado planteado el interrogante formulado para el estudio de la primera cuestión, liminarmente se impone analizar si es procedente la pretensión recursiva del acusador particular pese al pedido de absolución del Ministerio Público Fiscal. En tal sentido, destáquese que en el caso bajo examen, nos encontramos frente a la siguiente situación: el Fiscal de Cámara, en el debate, al momento de exponer sus conclusiones, solicitó la absolución por el beneficio de la duda para el imputado Luis Marcelo Arroyo, mientras que el querellante particular formuló requerimiento de condena. El tribunal, acogió la petición del acusador público, absolviendo en consecuencia al imputado de mención.

Al respecto debo decir, que no resulta óbice para ingresar al tratamiento de la pretensión recursiva del acusador particular, el pedido de absolución formulado por el Ministerio Público. En esta dirección, cabe recordar lo sostenido en el precedente "Santillán, Francisco Agustín" (13/08/98), en donde la Corte, por mayoría, sostuvo que estas circunstancias difieren sustancialmente de aquellas que dieron origen al precedente "Tarifeño" (29/12/89) conforme al cual el tribunal no puede condenar si no hay petición en tal sentido del Ministerio Público. Explicó que "la exigencia de acusación, como forma sustancial en todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal requisito tenga otro alcance que el antes expuesto o contenga distingo alguno respecto del carácter público o privado de quien la formula". Refutó la opinión contraria, esto es, aquélla que postula la improcedencia de la condena en función del veredicto absolutorio del Ministerio Público atendiendo a la falta de autonomía de la actuación del querellante particular, por estimar que la misma no se sustenta "en una adecuada hermenéutica de las normas en juego, con serio menoscabo de los derechos asegurados por la Constitución Nacional al privar al particular querellante, a quien la ley le reconoce el derecho a formular acusación en juicio penal, de un pronunciamiento útil relativo a sus derechos, pues esta interpretación dejaría a aquél vacuo de contenido" (C.S.J.N., "Santillán", cit.).

En consonancia con lo expresado, considero que cabe hacer aplicación de esta doctrina de la C.S.J.N. al caso, para el cual afirmo que no perjudica el derecho al recurso del querellante particular, la absolución peticionada por el Fiscal de Cámara, en la medida en que los apoderados del querellante particular han propiciado la solución contraria.

En razón de lo expuesto, voto afirmativamente a la presente cuestión.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

V. Sentado lo anterior, corresponde ingresar a lo que específicamente constituye materia de agravio. En primer término debo decir que, tratándose de un recurso deducido en contra de una sentencia que absuelve al imputado por aplicación del principio in dubbio pro reo, corresponde señalar los límites dentro de los cuales resulta revisable en casación. En tal sentido, se ha sostenido que la conclusión dubitativa puede ser objetada si el Tribunal no ha proporcionado fundamentos, o bien si la fundamentación se ha basado en prueba ilegal o ha omitido prueba decisiva. No forma parte de los motivos la revisión del valor convictivo de la prueba invocada en sustento de la conclusión dubitativa, salvo que la valoración efectuada por el Juzgador haya sido absurda.

Estimo que tales supuestos no se configuran en el caso bajo examen. La conclusión relativa a la certera participación de Arroyo en el hecho que se le endilga, conforme intentan demostrar los recurrentes, no se compadece con las constancias de la causa.

En efecto, la Cámara entendió que la presencia en la escena del crimen del imputado Luis Marcelo Arroyo, no ha sido debidamente acreditada. Para llegar a esta conclusión, el a quo ponderó el testimonio vertido por Héctor Gustavo Fernández, resaltando que éste sólo se ha referido de modo fehaciente a Enzo Rubén Reyes, no así, en relación al co-imputado Arroyo. Destáquese además que el sentenciante consideró a este testigo, fundamental para arribar a la conclusión de la certera participación criminal del imputado Reyes, y descartar la participación de Arroyo en el endilgado evento criminoso. De la pieza sentencial se advierte que, Fernández, entre otras cosas, declaró haber visto a Reyes a las 02:40, desde una distancia no mayor a veinte metros; relató que cerca de los surtidores se encontraba la estanciera de Enzo Reyes quien estaba parado con los brazos apoyados sobre el capot de la misma, mirando hacia el interior de la estación. También dijo, que estaba con otro muchacho, aunque aclaró no estar seguro de quien se trataba. De igual modo, refirió que años atrás había tenido un incidente en un partido de fútbol en el cual él había actuado como árbitro, por lo que pensó que mejor sería no cargar combustible ante el temor de que estos sujetos estuvieran alcoholizados y ser agredido por ellos.

En idéntica dirección, se debe poner de resalto que tanto el voto mayoritario como el voto en disidencia -póngase de resalto que en el mencionado voto, también se postuló la absolución por el beneficio de la duda en relación al incoado Arroyo-, coincidieron en reconocer que no existen pruebas directas que incriminen al acusado, tornándose necesario recurrir a la prueba indiciaria. En consecuencia, reconocieron el resultado negativo al que arrojaron las distintas pericias efectuadas durante el curso de la investigación, las que además, fueron debidamente incorporadas a debate. Es decir, que ante la ausencia de pruebas directas, el tribunal de mérito partió de analizar una serie de indicios tomando como punto de partida lo relatado por el testigo Fernández quien categóricamente afirmó haber visto a Reyes en la estación de servicios en el horario de 02:40, descartando la presencia en dicho lugar del imputado Arroyo.

Reitérese la eficacia convictiva de este testimonio, ya que ninguna duda ocasionó al tribunal, puesto que tanto el voto minoritario como el que conformó la mayoría, coincidieron en sostener su veracidad y solidez. En efecto, sostuvieron que Fernández declaró en diversas oportunidades y siempre expresó lo mismo en cuanto al aspecto esencial de su testimonio, el cual fue coherente, firme y convincente al sostener que vio a Enzo Reyes en la estación de servicio a las 02:40, dando las razones de por qué estaba seguro de que se trataba de dicho encartado, explicando además, que reconoció el vehículo en el que siempre circulaba aquél, señalando que era difícil de confundirlo con otro, dado las características del mismo relacionadas con la pintura y otros detalles que lo hacían inconfundible, por ser el único en la zona.

Cabe destacar aquí, lo sostenido por esta Corte en numerosos precedentes (S. nº 6, 15/03/2010, "Agüero y Herrera"; S. nº 22, 06/11/99, "Frías"); en donde se dijo que los principios de inmediación y contradicción imponen que los órganos de prueba que hayan de producirse en el debate deban comparecer personalmente a fin de que, precisamente, tanto el tribunal como las partes, tomen conocimiento directo de los mismos, de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y demás circunstancias que sirven para evaluar su veracidad y eficacia, y por sobre todo ello, de interrogar directa y libremente a los testigos a fin de indagar sobre el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener. También, se han señalado con claridad los límites que tiene el tribunal de casación en el contralor lógico de la motivación de las sentencias a través del recurso de casación. En tal sentido, se ha expresado que a la casación llegan los relatos que de la prueba efectúa el tribunal de juicio "pero no le llegan ni las pruebas testimoniales originales, ni las impresiones originales de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el curso del debate", por lo cual el contralor no puede ni debe invadir el ámbito que configura la competencia reservada precisamente a los jueces del mérito, porque son quienes tienen la inmediación en la recepción de la prueba, les corresponde apreciar libre y prudencialmente la eficiencia probatoria (Núñez, Ricardo C., "El contralor de las sentencias de los tribunales de juicio por vía de la casación", Opúsculos de Derecho Penal y Criminología, n° 40, Ed. Lerner, p. 30). En idéntica dirección, se ha sostenido que el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada a aquellos por la ley, quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos, salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano, lo que no ha ocurrido en el caso bajo examen con relación al testimonio vertido por Héctor Gustavo Fernández.

Distinto es lo que sucede, con respecto a otros testimonios -Nieves Asunción Díaz (madre de la víctima); Nelson Saracho (comisionado policial); César Aníbal Nieto (hermano de la víctima); Carola Aybar (concubina de Arroyo), Pedro Wilton Aybar (hermano de Carola) y Pedro Virgilo Aybar (padre de Carola y Pedro)-, cuyo análisis proponen los casacionistas, los que, a su entender, evidenciarían otra solución más acorde con una correcta interpretación y aplicación de las reglas de la sana crítica. Interpretan así, que la colocación de Arroyo en el escenario de los hechos, aún con un dejo de duda, debe ser complementada necesariamente con otros elementos a fin de extraer definitivamente si era Arroyo el que se encontraba con Reyes aquella noche.

No obstante el esfuerzo argumental efectuado por los recurrentes, entiendo que el mismo no alcanza para desvirtuar las conclusiones a las que arribó el tribunal. En definitiva, estimo que los reproches de los casacionistas se apartan de los argumentos del fallo sin procurar refutarlos hábilmente, intentando sólo discutir el valor convictivo otorgado a las distintas probanzas, por resultar adversas para su asistido, sin reparar que el análisis integral de este conjunto de elementos permitió al tribunal de juicio sustentar válidamente la decisión incriminante en contra del acusado Enzo Rubén Reyes.

En tal sentido, destáquese que el a quo, si bien reconoció que tanto la concubina de Arroyo, como los familiares de aquella, ensayaron una coartada, la misma fue desmoronada -aclaró- por un examen riguroso de distintos testimonios, enfatizando que el hecho cierto y veraz que fluye del testimonio de Fernández, le impide al tribunal llegar a la certeza de que la persona que acompañaba a Reyes, era precisamente Arroyo.

En consonancia con lo expresado, cabe concluir entonces que la absolución dictada en los presentes se fundó en el beneficio de la duda, dado que los indicios recolectados en el proceso penal resultaban insuficientes para una sentencia condenatoria o para determinar la culpabilidad criminal del imputado en cuestión.

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.- A Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/12, por el Dr. Víctor Manuel Pinto y Soledad del Carmen Rodríguez, en su carácter de apoderados de Nieves Asunción Díaz. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y la de los recursos contenidos en Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/12, por el Dr. Víctor Manuel Pinto y Soledad del Carmen Rodríguez, en carácter de apoderados de Nieves Asunción Díaz.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y la de los recursos contenidos en Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del Valle Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.