Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-27


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 27 de 2005.- Considerando: I.- Apeló la parte actora la decisión de fs. 132 que hizo lugar a la defensa de inhabilidad de título y rechazó, consecuentemente, la demanda. Los fundamentos del recurso obran en fs.139/145 los que fueron contestados en fs. 147/150.

II.- Si bien la excepción de falta de legitimación pasiva no esta prevista en el art. 544 del Cód. Procesal, dado que la legitimación es un presupuesto procesal propio de todo proceso, debe entenderse comprendido en la excepción de inhabilidad de título.

A su vez, la defensa de inhabilidad de título solo puede fundarse en lo atinente a las formas extrínsecas del documento, que en el particular, se ajustan estrictamente a la preceptiva del art. 520 del Cód. de Procedimientos.

Prescribe el art. 9, primer párrafo del dec.-ley 5965/63: 9, que quien firma un título cambiario invocando la representación de otro debe hallarse autorizado con mandato especial. De allí que negado por el eventual representado su existencia, incumbe al ejecutante la prueba de su otorgamiento.

Ciertamente, como afirmaron los recurrentes, el mandato puede ser expreso o tácito (arts. 1873 y 1874 del Cód. Civil), y fue la existencia del mandato tácito denunciado cuanto ellos debieron probar.

La prueba ofrecida se enderezó a acreditar la calidad de administradora del consorcio de la libradora de los papeles, así como la causa de la obligación en ellos contenida, pues aún probados ésos extremos, nada predican acerca de la imprescindible existencia del mandato especial otorgado por el consorcio para obligarlo cambiariamente.

Tampoco justifica su otorgamiento, las facultades contenidas en los arts. 39 y 40 del reglamento de copropiedad del consorcio demandado.

El mandato especial debe ser interpretado restrictivamente y limitarse a los actos para los cuales ha sido dado, sin que pueda extenderse a otros análogos, aunque éstos pudieren considerarse como consecuencia natural de los que el mandante ha encargado realizar (CCiv. sala E, 31.12.97, en "Picciafuoco de Fabbro, María Luisa c. Labonia, Herminia Delia y otro s/ desajolo", nº sentencia C-E 228229, ver "Lex-Doctor"). De manera tal que la circunstancia de que en el reglamento de copropiedad se faculte al administrador del consorcio a la contratación de servicios profesionales, no se deriva la facultad de librar títulos cambiarios; la disímil naturaleza de ambas facultades impide admitir la existencia de la manda especial denunciada por los recurrentes.

Por último, no se advierte motivo para apartarse del principio objetivo de la derrota atinente a la imposición de las costas.

Los actores han sido vencidos en su pretensión más allá de los argumentos defensivos expuestos por el accionado, por lo que nada obsta a que carguen con las costas de aquél que ha sido traído a juicio sin derecho.

III.- Por lo expuesto se confirma la decisión recurrida, con costas (art. 68 del Cód. Procesal).

El doctor Monti no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). - Héctor M. Di Tella. - Bindo B. Caviglione Fraga.