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Derecho a la información, publicidad de los actos de gobierno, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Inst.Espec. c/ Munic... s/ Recurso de Inconstitucionalidad Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-04-17

El carácter restrictivo o razonable que debería observarse en la aplicación de la ley, a fin de evitar un dispendio administrativo enderezado a evacuar cualquier tipo de información, no se compadece con el principio de publicidad de los actos de gobierno que sienta el art.13 de la Constitución de la Provincia ni, con el carácter restrictivo de las excepciones a que alude el inciso 3° de ese precepto, así como el art.4 de la ley 4444/89.Tampoco se compadece con el principio de libertad de acceso a la información que sienta el art. 31 inc.1° de nuestra carta Magna local.

La acción de amparo que prevé el art.12 de la ley 4444/89, es una alternativa residual que sólo queda expedita tras el silencio de cinco días hábiles observado por la autoridad de aplicación en punto al requerimiento que le fuera formulado.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria, segunda instancia, incidentes, leyes, interpretación sistemática, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Strembel de Lanzillota, Lidia s/ Declaratoria. Cuestión a resolver: ¿Cuál es el honorario profesional  que corresponde regular respecto a los incidentes articulados en la  alzada atento al régimen de la ley local 6767 de aranceles  profesionales de abogados y procuradores? (Expte. Nro. 163- 83)   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-31

En los incidentes que se planteen en segunda instancia los honorarios profesionales de los letrados intervinientes deben ser del 30 por cierto de los correspondientes al "juicio principal terminado", entendidos estos, como los de primera instancia. Primero, por el claro texto del artículo 16 de la ley 6767, que no distingue entre incidentes de primera y segunda instancia. Segundo, puesto que el artículo 19 de la misma ley, referido al "honorario de segunda instancia", está obviamente aludiendo al concerniente al principal del juicio, puesto que las previsiones específicas en materia de incidentes están enunciadas en el mentado artículo 16. Tercero, porque según la doctrina de la "interpretación armonizante", en caso de duda habrá que realizar una exégesis adaptativa del texto legal a la constitución; y la pauta genérica del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de igual remuneración por igual tarea, como la base de igualdad enunciada en el artículo 16 de la misma ley suprema, aconseja otorgar soluciones similares a situaciones idénticas. Y en principio, un incidente de segunda instancia tiene las mismas características que uno de primera, al revés de la actuación profesional en las dos etapas, que por cierto es -habitualmente- más extensa y trabajosa en la inicial que en la alzada. (Del Voto del Dr. Sagüés).
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ATEGAM S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-28

En diversos fallos dados en materia de deuda pública consolidada se dijo que ésta opera de pleno derecho dado su naturaleza de orden público. La misma Ley n° 25.344 en su artículo 13°, tercer párrafo, expone su carácter de orden público en los términos y con los alcances previstos en el artículo 16 de la Ley n° 23.982 -que así lo prevé y que aclara que la norma ha sido dictada en ejercicio de poderes de emergencia. En consecuencia, sólo corresponde al juzgador verificar si las circunstancias del caso encuadran en esas normas, ante el requerimiento de los oponentes.
Investigación del hecho, plazo, gravamen irreparable
Materia: CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 4 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado Contravencional y de Faltas nº 4 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-10

La recurrente cuestiona el modo en que se aplicó el art. 56, inc. 2 del CPC invocando que la investigación preparatoria en este proceso excedió el plazo legalmente previsto como límite máximo con menoscabo del derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable.

Empero, no es la investigación en el sentido inequívoco de la ley, esto es, como conjunto de actos del fiscal, lo que aqueja al recurrente, sino el muy prolongado lapso que duraron las actuaciones judiciales, en buena medida, consumido para dilucidar una cuestión de competencia territorial pendiente, la cual no demuestra que le haya provocado detrimentos de sus libertades que excedan la normal carga de soportar una investigación estatal.
Preclusión, medida de no innovar, insuficiencia del agravio, seguridad jurídica, plazo perentorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ascoeta, Elba Esther c/ Policastro, Daniel Víctor  s/ juicio ordinario inc. de medida cautelar (Ascoeta, Elba Esther)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-07-05

En el proceso civil rige el principio de preclusión, en virtud del cual les está vedado a los litigantes renovar una cuestión ya debatida, en el caso, pretender impugnar tardíamente una providencia que concedió una medida cautelar, ya que ello afectaría la seguridad jurídica que fundamenta la perentoriedad de los plazos. Entonces, habiendo precluido la oportunidad procesal para recurrir, los argumentos recursivos expuestos en este estadio del proceso -inexistencia de verosimilitud del derecho, del peligro en la demora, de legitimación de la parte incidentista-, son improcedentes y carentes de asidero alguno.
Homicidio, atenuantes de la pena, emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: GEREZ MIGUEL ANGEL S. D. HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO POR EL VINCULO Y CON ALEVOSIA E. P. DE MALDONADO ERMINIA BEATRIZ s/ CASACIÓN CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-16

Las circunstancias extraordinarias de atenuación son todas aquellas que permiten por su génesis, ser determinadoras de un estado de emoción violenta excusable, estado que al no manifestarse en su consistencia e intensidad, lo excluyen e impiden su aplicación. Lo que falta es la emoción violenta; lo presente son las circunstancias extraordinarias que, de producirse, la hubieran justificado.
Actos jurídicos, tercero de buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos, Roberto Martín c/ Bagnardi, Martín s/ Acción reivindicatoria Firinu, Angel Alfredo c/ Frigorífico Alca S.R.L. y otros s/ Reivindicación Cuestas, Norma Beatriz y ot. c/ Ricotti, Juan Carlos y otro s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17|1995-11-07|2002-02-19

El art. 1.051 del Código Civil en su nueva redacción no protege al subadquirente de buena fe y a título oneroso cuando media un acto a non domino, pero no por tratarse éste de un acto "inexistente" (Categoría de orden lógico extraña al sistema jurídico del Código) sino porque la venta en la cual se prescindió de la voluntad del entonces propietario le es inoponible. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Energía eléctrica, generación de energía eléctrica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hidroeléctrica Alicurá S.A. c/ Estado Nacional y otros s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

La valorización de la energía a que alude la resolución 8/94 de la Secretaría de Energía de la Nación admite una interpretación compatible con la inclusión de la potencia en la base para el cálculo de regalías, ya que -entre otros factores- la energía generada se valoriza con la potencia puesta a disposición en el sistema.
Honorarios, doble regulación
Materia: PROCESAL
Carátula: A., L. E. c/ C., A. O. s/ Liquidación de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-09

La posibilidad de una doble regulación de honorarios es un remedio excepcional a aplicarse cuando el monto de condena es ínfimo respecto de los importes reclamados en demanda.
Preparación de la vía ejecutiva, inhabilidad de título, mutuo comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ Fernández, Facundo Carlos y Otro s/ Preparación de la Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-03-07

La documentación ejecutada -solicitud de crédito, contrato de mutuo bancario, garantía de préstamos personales y formulario de datos personales-, carece de idoneidad ejecutiva, pues el título ejecutivo, además de importar el reconocimiento de una obligación líquida y exigible, debe bastarse a sí mismo.

Esta autosuficiencia del título implica la posibilidad de ser intelectualmente aislado de la relación fundamental que le diera origen, pues la relación del vínculo debe resultar del documento mismo.

Los instrumentos que se pretenden ejecutar carecen de los recaudos formales, pues -para dilucidar si ostentan dicha calidad- se exigirá indagar en las estipulaciones continentes de obligaciones recíprocas aspecto que contraría la esencia ejecutiva con que se quieren investirlos.

No obsta la circunstancia de haber cumplido con la etapa de preparación de la vía ejecutiva, ya que esta sólo es útil para constituir título ejecutivo, si el documento -cumplidas las diligencias preparatorias- resulta ser de aquellos que instrumentan obligaciones suscriptas por el demandado, exigibles de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables.

Es inhábil como título ejecutivo el contrato de mutuo en el que no se encuentran claramente dilucidados los recaudos requeridos por la ley procesal, pues es necesaria la sustitución de un proceso de conocimiento para obtener la declaración de certeza de su contenido.

La negativa de la deuda no constituye conditio sine qua non para el éxito de la excepción de inhabilidad de título ni requisito ineludible para su planteamiento (art. 529, inc. 4 del C.P.C.).
Suspensión de la prescripción, querella
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C., J.A. y Otra c/ B.N.L. SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-06-30

"El artículo 3982 bis establece que, en caso de que se haya iniciado una querella, la misma suspende el plazo de la prescripción de la acción civil, cesando la suspensión con la terminación del proceso penal, por lo que el plazo de la prescripción renace con la conclusión del mismo".
Personal municipal, determinación del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LLORENTE, TEODORO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-05

Para la determinación del haber previsto en el artículo 1 de la ordenanza numero 31362 se debe tener en cuenta la remuneración percibida por el trabajador en la categoría, clase, función, etc., En que se haya desempeñado sin que se exija que dicho cargo deba emanar de designación especifica alguna.
Recurso de queja (procesal), pago sin reserva, desistimiento del recurso, desistimiento tácito
Materia: PROCESAL
Carátula: Graf, Rosalía Beatriz c/ Witcel S.A. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

El pago de las sumas determinadas en la sentencia, efectuado con posterioridad a la interposición de la queja y sin reserva alguna de continuar con su tramitación, importa renuncia o desistimiento tácito del recurso, pues media incompatibilidad manifiesta entre ambas gestiones procesales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentos insuficientes, resolución denegatoria, Municipalidad, personal municipal, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: LEZCANO, RUBEN OSVALDO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-02-11

El presente recurso no puede prosperar, pues el quejoso en su presentación directa incumple la carga estipulada en el artículo 8 de la ley 7055 de rebatir cada uno de los motivos expuestos al dirimir la contienda basándose centralmente en que había quedado sin efecto la anterior designación del actor quien había sido nombrado como "Jefe de Sector" en un nuevo Estatuto y Escalafón (ley 9282, "Estatuto y Escalafón de los Profesionales Universitarios de la Sanidad"), constituyendo ello un obstáculo para pretender suplementos, rubros o adicionales que correspondían a otro Estatuto (ley 9286, "Estatuto para el Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia"), al cual el agente ya no pertenecía. Es que, en suma, las alegaciones del quejoso afirmando que la actividad que desempeña resulta por su naturaleza misma una tarea peligrosa y riesgosa, y que no existiría incompatibilidad para acumular la "asignación especial profesional sanitario" de la ley 9282 con el adicional "por riesgo y tareas peligrosas" de la ley 9286 que anteriormente percibía, sólo intentan oponer una singular interpretación de las circunstancias fácticas, de las normas en juego y de las constancias de la causa, no demostrando, en las particularidades del "sub examine", cómo se habría configurado la arbitrariedad que aduce ni tampoco la decisividad de sus planteos, ello a fin de lograr la descalificación constitucional de lo decidido.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Algeri, Ricardo Cayetano s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

El art. 569 del C.Comercio, está referido a los intereses adeudados por un mínimo de un año y con anterioridad a la deducción de la demanda o bien, por convención especial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pensiones, cónyuge supérstite, aplicación de la ley, retroactividad de la ley, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FABREGAT, FRANCISCO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-12

La ley 23.570 subsanó defectos de disposiciones anteriores (leyes 23.226 y 23.380), en cuanto no habían considerado la situación de aquellas personas en cabeza de quien establecían beneficios, pero el o la causante respectiva había fallecido con anterioridad al dictado de dichas normas. En consecuencia, corresponde conceder el beneficio de pensión al viudo a partir de la fecha de vigencia de la ley 23.380, aunque la misma no rigiera al momento del deceso de su cónyuge.
Contratos, locación, contrato de obra, construcción de gasoducto, subcontratación de servicios, sociedades comerciales, aplicación de la ley, tratados internacionales, derecho extranjero
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Vitale, Guillermo Augusto c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

2 - Ello así, pues el interés normado en el Código Comercial Boliviano 798 es de aplicación a otra hipótesis; amén que no ha sido provista tampoco la certificación del órgano administrativo al que hace referencia la norma. Y descartado ello, cabe estar a lo previsto en el código civil del país vecino que dispone que "El interés convencional se estipula por escrito, cualquiera sea la cantidad principal sobre la que deba aplicarse.
Refinanciación hipotecaria, deudor hipotecario
Materia: CIVIL
Carátula: Massola, Hugo Juan y Otro c/ Estado Nacional y Otro s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-10-17

Corresponde rechazar la acción de amparo interpuesta por un deudor hipotecario de una entidad financiera, tendiente a que la ley 25.798 le sea aplicable, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Bank Boston N.A. c/ Gravano, Ariel Rodolfo y otros s/ ejecución hipotecaria" (registrada como B. 952. XLII.), a cuyos fundamentos corresponde remitirse en razón de brevedad (del voto del Dr. Tazza).
Legitimación activa, acción de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALIANI, MARIO FRANCISCO Y OTROS s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-12-27

La legitimación activa no sólo debe acreditarse al iniciar la acción de inconstitucionalidad sino que ésta debe permanecer a lo largo del proceso, manteniendo vivo el interés con que originariamente reclamaron sus derechos, en los presentes autos el interés desaparece al momento de dejar de ser parte interesada, acorde a lo establecido en el art. 207 inc.1 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, el interés es la medida de la acción, al carecer de éste, la acción deviene abstracta.
Recurso extraordinario federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta, Marta Beatriz s/ Recurso de queja por denegación de recurso de casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-12-04

La doctrina de la arbitrariedad reviste el carácter estrictamente excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos equivocados o que el recurrente estime tales en relación a temas no federales, pues su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación.(Dra. Catella: en disidencia).
Restricciones al dominio, ruidos molestos
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE COPROPIETARIOS ARENALES 1590 c/ L'AVANGARDE S.A. s/ ACCIONES DEL ART. 15 DE LA LEY 13.512
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-27

En lo atinente al ruido y a las vibraciones, no es necesario que éstos causen patologías auditivas para que deban cesar. Basta al efecto que provoquen una perturbación que afecte no solo el descanso sino que no permita el desenvolvimiento normal de la convivencia entre vecinos.
Renuncia al empleo, nulidad de la renuncia
Materia: LABORAL
Carátula: Cilia, Ricardo Heraldo c/ Asociación Ayuda Mutual y Acción Social All y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-15

Si el trabajador pretende la invalidación del acto de renuncia deberá alegar y demostrar que éste se encontró afectado por vicios de la voluntad que le restaron idoneidad como libre y espontánea manifestación de su parte.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Flores Patricio Daniel c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-14

El art. 1° de la Ley 27.348 en cuanto impone la instancia administrativa previa ante las C.M. como "obligatoria" resulta inconstitucional porque, conforme lo analizado, cercena el derecho de los trabajadores afectados por un infortunio laboral a un rápido y expedito acceso a la justicia, al debido proceso y al juez natural que consagran el art. 18 de la Constitución Nacional, el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 2.1 del PIDESC, el art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los arts. 8 y 25 de la CADH, y el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como consecuencia y por carácter transitivo, la adhesión de la Ley provincial 10.532 al título I de la Ley 27.348 deviene, también, constitucionalmente inválida (Voto Ronconi)
Alquileres, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: PADILLA Gladys Remedios c/ Alta Tecnología Alimentaria S.A. s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-09-05

Si se declaró rescindido el contrato por voluntad del inquilino, a partir de allí no puede pretenderse el cobro de alquileres posteriores a dicha rescisión. Ello es así, porque la rescisión produce la extinción para el futuro del contrato, motivo por el cual las partes no puede seguir invocándolo y fundar en él pretensiones.

En similares términos, la jurisprudencia ha sostenido: "Tras la rescisión del contrato de locación, -que conlleva la extinción de las obligaciones de las partes para el futuro-, lo que puede reclamar el contratante cumplidor, son los daños y perjuicios emanados del incumplimiento del contratante infiel, pero no los períodos locativos posteriores a la rescisión".
Derecho procesal, recursos, Superior Tribunal de la Causa, sentencia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Camporeale, Esteban s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

La sentencia del juez de primera instancia que, frente a la imposibilidad de notificar al ejecutado, rechazó sin más trámite la ejecución fiscal, invocando las facultades ordenatorias e instructorias previstas en el artículo 29 del CCAyT, no proviene del "tribunal superior de la causa" a que se refiere el artículo 26 de la ley n° 402. Ello así, en tanto la ley n° 5931 (publicada en el B.O. n° 5.286 del 03/01/2018), al introducir la modificación al art. 219 CCAyT, instituye a la Cámara como tribunal superior en todas las causas que puedan ser luego objeto de revisión por este Tribunal a través del recurso extraordinario, sin importar cuál sea el monto comprometido en el pleito. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Menores, representación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., M.A. c/ W., W.C.J.G. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

La incapacidad de hecho trae como consecuencia la inhabilidad para actuar personalmente en el proceso, y los incapaces sólo pueden hacerlo por medio de sus representantes necesarios que les da la ley (Cód. Civil, art. 55). El legislador ha debido, pues, proveer a esa representación, y lo ha hecho valiéndose de dos instituciones: la patria potestad conferida a los padres respecto de sus hijos y la tutela o curatela según se trate de menores o incapaces. Pero al lado de ellas ha establecido otra institución, el ministerio de menores, que representa promiscuamente a los incapaces y es parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa en que aquéllos demanden o sean demandados o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación.-
Tentativa, comienzo de ejecución del delito
Materia: PENAL
Carátula: Galano, Lucas Gastón c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-24

Sobre las discusiones acerca del fundamento penal de la tentativa, cabe considerar a la "teoría objetivo individual", que vincula aspectos objetivos y subjetivos de la conducta, y determina que "la tentativa comienza con aquella actividad con la cual el autor, según su plan delictivo, se pone en relación inmediata con la realización del tipo delictivo (.) Siempre hay que partir de la acción típica del tipo delictivo particular(...) A esto se agrega la comprobación individual de si el autor, de acuerdo a la disposición de su plan delictivo, se puso en actividad inmediata a la realización típica (.) Lo que es siempre importante es que el enjuiciamiento del principio de ejecución resulta sobre la base del plan individual del autor (teoría objetiva individual) y no desde el punto de vista de un observador hipotético que no conoce el plan delictivo (teoría objetiva general). Ya que las vías para la realización del delito son de variedad ilimitada, el principio de ejecución depende siempre del plan individual del autor" (voto del juez Morin al que adhirió el juez Sarrabayrouse).