marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, delitos contra el honor, lugar del hecho
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: REVISTA EL MEDICO CONURBANO. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-29

Los delitos de calumnias e injurias deben considerarse cometidos en el lugar en el que se exteriorizaron los términos presuntamente agraviantes y, cuando ellos son reproducidos por la prensa, corresponde atribuir la competencia al magistrado del lugar donde se realizó la impresión de las expresiones cuestionadas.

Por ello, y toda vez que se advierte que la impresión de la revista fue realizada en este ámbito capitalino, es esta jurisdicción la que resulta competente para entender en las actuaciones.
Sistema de gobierno, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., H. R. c/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-08-16

La organización del estado federal,... implica un estado plurilegislativo, en el cual coexisten diversos ordenamientos jurídicos emergentes del ejercicio de potestades normativas propias. El ámbito de cada uno de ellos puede ser analizado a través del prisma de su dimensión espacial - principio de territorialidad -, de su dimensión material - principio de competencia - y de su dimensión jerárquica - principio de supremacía.
Automotores, responsabilidad civil, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Sánchez, Guillermo Catalino c/ Guerrero, Nelson Hernán s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-31

La posibilidad de ser destinatario de acción judicial por responsabilidad, con independencia del hecho de la posesión, tiene correlato en su faz activa, con el facultamiento para accionar por daño a la cosa, también con independencia de la actividad que pueda desplegar un eventual poseedor.
Universidades, subcontratación laboral, empresas de servicios eventuales, empresa de limpieza
Materia: LABORAL
Carátula: ACOSTA, ERNESTO c/ MERGALLI, RICARDO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-16

La limpieza que se realiza en un establecimiento universitario es un servicio imprescindible que se efectúa por personal que trabaja en el ámbito físico de la universidad. Muy distinto es el caso de las comunicaciones o de la energía o de cualquier otro servicio, como el mantenimiento y vigilancia de las calles de acceso al establecimiento que también es imprescindible para que lleguen alumnos y profesores.
Entidades financieras, banco central, régimen de garantía de los depósitos
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: SIMONETTI, CESAR FRANCISCO c/ B.C.R.A.  Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

La Corte Suprema de Justicia sostuvo que la obligación que como garante asume el Banco Central no deriva del contrato de depósito bancario, sino de la ley. Ella ha sido impuesta con fines de regulación económica, no tratándose de una garantía personal constituida para asegurar el pago de una obligación concreta a favor de un determinado acreedor, sino que es una responsabilidad de carácter general e indeterminado para el caso de liquidación de la entidad depositaria adherida al sistema, en suma, no participa de las características que configuran a la fianza regulada en el derecho común (arts. 1.986/2.050 del C. Civil y 478/483 del C. de Comercio).
Procedencia del recurso, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Alucin, Alejandra Graciela c/  s/ Recurso de Queja 6261
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-03-26

Cabe hacer lugar a la queja articulada, admitiendo el recurso extraordinario por sentencia arbitraria deducido, dado que la recurrente ha brindado argumentos suficientes que permiten abrir la vía extraordinaria, al explicar y detallar que los extremos exigidos se encuentran acreditados en la causa.
Extinción de la fianza, fiador, prórroga del plazo, contratos, compraventa de acciones, doctrina
Materia: CIVIL
Carátula: D., J. C. c/ EMPREDIMIENTOS BARILOCHE y Otros (CUMPL. CONTRATO Y COBRO PESOS) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

Así, conforme a la posición doctrinaria adoptada respecto al art. 2005 y a tenor de lo dispuesto por el art. 2046 del Código Civil, resulta que en el caso de autos, se produjo inexorablemente la extinción de la fianza ofrecida.
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NIETO, HECTOR HUGO s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-06

El recurso de casación debe tener fundamento en la inobservancia de las normas que el código de rito establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad.
Accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SIMONET ANTONIO c/ GOMEZ MARIO OSCAR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-13

Contribuye culposamente en un accidente de tránsito el conductor que no se informó lo suficiente y que reanudó la marcha luego de haberse detenido para dejar pasar a otro vehículo, embistiendo a quien pretendió pasarlo aprovechando tal situación.
Concursos, beneficio de litigar sin gastos
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUAREZ,  ANTONIO  MARTIN c/ LOTO, MIGUEL s/ BENEFICIO DE LITIGARSIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

Cabe revocar la resolución de grado, en cuanto otorgó el beneficio de litigar sin gastos solicitado por el actor, toda vez que éste promovió mediante los autos principales, una acción de responsabilidad en los términos de la LCQ: 173, fundando su legitimación en la LCQ: 120. Es claro este último artículo al establecer la imposibilidad de quien promueve esta acción, de requerir beneficio de litigar sin gastos.
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, principio de legalidad, fiscalización de sociedades, INTERÉS PÚBLICO
Materia: PROCESAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Arte Inmobiliario SAS s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

A los fines de esclarecer cuando o ante qué hipótesis la IGJ tiene funciones de fiscalización habrá que partir de lo dispuesto en la ley 22.315: 3, del que resulta que dado el principio de legalidad que rige la competencia de los órganos administrativos (ley 19.549: 3), esa Inspección tiene a su cargo las funciones que le son "...atribuidas por la legislación pertinente...". En el marco de la función de fiscalización que cabe atribuir a la IGJ sobre las sociedades, forzoso es concluir que las normas a considerar a estos efectos son las que se hallan en la LGS 300 y siguientes, que es la ley que se ocupa de las sociedades cuando son cerradas. De dichas normas societarias surge la necesidad de distinguir entre dos tipos de controles del Estado: el control permanente y el control limitado, los que guardan entre sí dos diferencias fundamentales: la primera radica en su ámbito subjetivo, mientras el control permanente se extiende al funcionamiento, disolución y liquidación de las sociedades, el limitado afecta a estas pero de modo ocasional, esto es, circunscripto a la constitución, a las reformas y a ciertas variaciones de su capital (art. 300). Este régimen rige de pleno derecho, es decir, sin necesidad de ninguna comprobación adicional, no obstante, no es inmutable, pues, si se dan las circunstancias previstas en la ley (art. 301), el control que nace limitado puede devenir permanente, extendiéndose a esos casos a otras sociedades, aun no comprendidas en el art. 299. En tal supuesto, el control deja de ser ocasional -esto es, limitado a la constitución, a la reforma y a aquellas variaciones de capital-, para pasar a extenderse a todos los actos realizados "durante el funcionamiento, disolución y liquidación" de la sociedad de que se trate. Esa mutación puede suceder sea a instancias de un legitimado -accionista que represente el 10% del capital o cualquier sindico, dice la ley-, sea porque la autoridad de control decida actuar de oficio, ejerciendo esa atribución de intensificar el control cuando lo considere necesario, según resolución fundada, en resguardo del interés público (art. 300-2°). La mutación del régimen restringido al más intenso implícito en el control permanente nunca es automática, requiriendo, en cambio, una decisión administrativa expresa de alterar el sistema de control; decisión que debe ser fundada y de la que debe resultar la necesidad de proteger el aludido interés público, ya que someter a un sujeto a la fiscalización del Estado en tutela de un interés privado sería injustificado.
Concesión comercial, servicio de agua corriente, deficiencias en el servicio, funcionamiento irregular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGAS CORDOBESAS S.A. c/ PROVINCIA DE CÓRDOBA s/ PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-04-13

El reconocimiento de deficiencias en el servicio no autoriza a inferir, sin más, que la actora haya admitido la concreción del puntual presupuesto de hecho sancionado por la normativa reglamentaria, es decir, el corte imprevisto de primer orden por más de veinticuatro horas, frente a una negativa oportuna y expresa de su parte en tal sentido, que no le quita a aquél su cualidad de hecho controvertido.

Las expresiones utilizadas por la actora no pueden suponer por sí solas una eficacia probatoria prevalente, frente a otros elementos de convicción, que excluyan la trascendencia de su defensa en la que rechazó la existencia de hechos sancionables, máxime cuando en la instancia de revisión judicial ha podido rebatir los hechos que se le imputan.

En síntesis, del análisis de los elementos probatorios efectuado precedentemente es dable concluir la falta de acreditación suficiente del hecho imputado, con la certeza jurídica necesaria que se derivaba de su tipificación normativa contenida en el numeral 13.5.2. inc. "f2" del Pliego de Licitación, concordante con el Contrato de Concesión.
Consorcio de propietarios, acción reivindicatoria, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: ZINGHINI,   Domingo c/ CIANI,   Myriam   Rosana   y  otro s/ REIVINDICACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-25

1- No obstante que un consorcista inicie contra otro una acción reivindicatoria con el objeto de restituir y reconectar los caños de suministro de agua que este último cortó y taponó y que este pedido se rechace porque no puede caracterizarse como acción reivindicatoria, ya sea porque el demandado dejó de ser propietario de su unidad y no citó a los nuevos adquirentes o ya sea porque el titular de la acción real es el consorcio como dueño de esos caños, corresponde admitir los daños y perjuicios derivados del obrar ilícito de la accionada.

2- Más allá de quien resulte ser propietario de la cañería sustraída o de quién tenga la posesión lo cierto es que quien sufrió un daño injusto por el corte de suministro tenga un resarcimiento, cuyo reclamo es legítimo frente al anterior consorcista que violó la ley 13.512 y el Reglamento y provocó perjuicios de los que es damnificado directo.

3- Rechazar la demanda porque el inmueble se vendió es un inmerecido premio para quien obró en forma ilegítima y causó un daño por lo que debe obligárselo a pagar las reparaciones necesarias para volver las cosas al estado anterior (materiales y mano de obra)y rembolsar el pago de facturas del servicio de aguas abonado pese a que el perjudicado no recibía el servicio.

(Sumario N°19072 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Daño moral, banco de datos
Materia: CIVIL
Carátula: Silva Alicia Raquel c/ Banco De Galicia Y Buenos Aires S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-13

Corresponde hacer lugar al resarcimiento por el daño moral derivado de la errónea calificación del actor como deudor moroso en la base de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a raíz de un obrar negligente de la entidad financiera demandada, lo que fue divulgado a través de empresas de información de riesgo comercial, provocando en el demandante zozobras, angustias de espíritu y temores que afectaron su integridad moral.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: F.E c/ C.A.E.E. s/ Divorcio Contradictorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

La probada desantención alimentaria del esposo hacia con la esposa, configura la causal de injurias graves, con base en la falta de la debida asistencia material a la cónyuge (arts. 198, 202 inc. 4, 214 inc. 1, Código Civil).
Contrato de obra pública, pliego de bases y condiciones, recepción definitiva de la obra, pago, contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 789 año 1990) Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 789 año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-07-02

Respecto del reajuste de los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, no pueden perderse de vista las expresas disposiciones que contienen tanto el Pliego énico de Bases y Condiciones como la ley 5188, las que establecen que los importes respectivos deben quedar "retenidos" hasta la fecha de recepción definitiva de los trabajos (artículos 51 del pliego y 68 de la ley). A ello debe agregarse que, de conformidad con el artículo 68 de la ley 5188, "producida la recepción definitiva, se procederá dentro del plazo de sesenta días a hacer efectiva la devolución de las retenciones en garantía que correspondan", y que "en caso de mora atribuible a la Administración, el contratista tendrá derecho a percibir únicamente intereses sin necesidad de constituir en mora a la Administración, ni de formular reserva alguna". En consecuencia, el acogimiento de la pretensión de actualización implicaría admitir que la Administración es deudora de los fondos de reparos desde el momento en que estos se deducen de cada uno de los certificados, solución que, claramente, no es la que resulta del régimen del contrato, por lo que no resulta procedente el reajuste de los importes tal como se peticiona en autos, sino, en todo caso, a partir del momento en que la Administración acepta la póliza presentada para la sustitución respectiva.
Recurso extraordinario, cuestión federal, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Carlos Francisco RUIZ VARGAS y otros c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ RECURSO   EXTRAORDINARIO  -  CUESTION  FEDERAL  -  PODER  JUDICIAL  -  REMUNERACIONES  -  DERECHO PUBLICO LOCAL - INTERPRETACION DE LA LEY - RECUSACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

Si no se encuentra controvertida por la apelante la inteligencia que la Suprema Corte de Tucumán atribuye a las normas y acordadas nacionales que rigen las retribuciones de los ministros de la Corte Suprema de la Nación, a las que se remite el art. 1 de la ley 5663 no se advierte la configuración de cuestión federal que habilite la vía del art. 14 de la ley 48.
Competencia contencioso administrativa, caducidad de instancia, feria judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: UGOZZOLI MARIO RAEL c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-13

Efectuando una adecuada interpretación de las normas que regulan el instituto de la caducidad de instancia, de las mismas no surge referencia alguna a la inclusión en el plazo del período comprendido en la feria judicial, por lo cual no cabe efectuar una distinción donde la ley no lo hace; debiendo por otra parte atenderse al principio de vigencia de los procesos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sistema republicano, inconstitucionalidad, ley vigente, principio de legalidad, división de poderes, tipo penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: LUCERO JAIME, Alejandro Javier c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-28

En un sistema republicano corresponde al Congreso de la Nación determinar la política de estado sobre la criminalización de conductas y el sistema represivo legal, no debiendo el Poder Judicial arrogarse funciones legislativas y no estando dentro de sus competencias valorar el acierto o desacierto del sistema, sino que sólo es competente para resolver su inconstitucionalidad cuando la misma surge del análisis del sistema jurídico vigente, no configurando la reforma legislativa introducida mediante ley 27.302 una violación a los estándares constitucionales ni convencionales. Bajo las circunstancias señaladas, dicha remisión legislativa no vulnera el principio de legalidad, pues los subprincipios que lo dotan de contenido (ley previa, escrita, estricta, formal) se encuentran satisfechos. En este sentido, la modificación operada por el artículo 9 de la ley 27.302 (B.O. 08/11/2016) al artículo 45 de la ley 23.737, no transgrede la garantía de división de poderes, toda vez que la norma cuestionada ha sido dictada por el órgano legislativo llamado constitucionalmente a hacerlo. Sujetar el monto de la multa prevista para los tipos penales descriptos en el art. 5° de la ley 23.737 a unidades o valores fijos de referencia, los que se traducirán y actualizarán en pesos conforme el valor del formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos, no transgrede los principios convencionales y constitucionales invocados por la parte, en la medida que ello ha sido decidido por el Poder Legislativo de la Nación, sobre la base de las motivaciones de los legisladores que explicaron la necesidad de mantener actualizados los montos en atención a los vaivenes económicos de nuestro país, ello así, a propuesta, incluso, del Poder Ejecutivo. Dres. Petrone, Barroetaveña y Figueroa -voto concurrente-
Quiebra, recurso de inconstitucionalidad, cuestión abstracta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LAGUZZA, RODOLFO A s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - CONCURSO PREVENTIVO (HOY QUIEBRA)  - INCIDENTE SOBRE LA CALIFICACION DE CONDUCTA (CSJ EXPTE N 97-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-29

La Ley Nacional 24522 -Ley de Concursos y Quiebras-, en su artículo 290, establece que "...en los procesos en trámite en los cuales no hubiere promovido incidente de calificación de conducta, o habiéndose promovido no se contare con sentencia firme, dichos incidentes caducarán de pleno derecho...". Por lo tanto, en el presente caso, el agravio que constituyó materia del recurso de inconstitucionalidad no subsiste, habiéndose convertido en abstracta.
Intervención de terceros, interpretación restrictiva, interés legítimo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Acosta, Guillermo José c/ Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-22

Dado el carácter excepcional del instituto, la solicitud de intervención debe ser analizada con criterio restrictivo, exigiéndose siempre un auténtico interés legítimo a fin de evitar situaciones procesales absurdas, capaces de entorpecer los procesos judiciales -estructurados esencialmente y en principio en torno a dos partes (actora y demandada)-, y de alterar el buen orden en el proceso, su economía y celeridad (del voto en disidencia del Dr. Posse).
Comodato, prueba, juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silvero Raúl-s/Sucesión- y otra c/ Camejo Irma y/o cualquier otro ocupante s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-29

El concubinato entre el causante y la demandada y la convivencia conjunta que supone descarta la existencia de un comodato, -y con ello la procedencia del desalojo- en cuanto no se efectivizó la entrega cabal de la cosa del comodante a la supuesta comodataria en el marco de una vinculación contractual que parte de la nítida diferencia entre quién da y recibe y las posteriores y consecuentes obligaciones de la comodataria de conservar la cosa, asumir sus deterioros y a la postre restituirla (arts. 1131, 2255, 2256, 2266, 2267, 2271 y cdts. C.C.).
Recurso extraordinario, apartamiento de las constancias de la causa, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, incapacidad sobreviniente, daño moral, perito médico, dictamen pericial, indemnización, reparación integral
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Mahdjoubian, Romualdo Juan y otro c/ Aquino, Arturo y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Corresponde hacer lugar a los agravios relacionados con la reparación de la incapacidad sobreviniente y del daño moral, si la alzada se apartó injustificadamente de las conclusiones de los peritos médicos y efectuó un examen pericial de la prueba testifical e informativa, sin integrarla ni armonizarla debidamente en el conjunto, lo que la ha conducido a fijar sumas que desvirtúan el principio de la reparación integral y sólo satisfacen en apariencia la exigencia constitucional de la adecuada fundamentación.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arreguez de Ludvik, Dominga c/ Arias, Ruben Ramón y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

No resulta necesaria la incorporación de nuevos elementos de prueba en el juicio civil para arribar en esa sede a una conclusión distinta a la establecida en el juicio penal, en tanto no se hubiera decidido en ella la inexistencia del hecho principal o la falta de autoría del acusado.
Despido por huelga, declaración de ilegalidad, intimación a reintegrarse al trabajo, asociaciones sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: GALEANO, RITO c/ MASSUH SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-25

La declaración de ilegalidad de una medida de fuerza autoriza a despedir al trabajador que persiste en su observancia, pero no determina "ipso facto" la extinción de la relación laboral; es imprescindible constituir en mora al remiso mediante una intimación, que no deje dudas de la intención del empleador de no consentir la continuación de la conducta, que a partir de la declaración de ilegalidad, se ha tornado ilegítima. No cumple tales requisitos un hipotético requerimiento de la entidad sindical, que sólo es eficaz en el plano colectivo. (Del voto del Dr. Morando).
Concursos, principios procesales, competencia, domicilio fiscal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Sansogne, Elisa Claudia le pide la quiebra Bonfiglio, Oscar Alberto c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-15

Del Dictamen Fiscal N° 156313:.

A los fines de definir la competencia del juez que debe entender en un pedido de quiebra, por sobre el domicilio real del presunto insolvente, se encuentra el domicilio fiscal, es decir, el fijado ante el órgano recaudador a los efectos tributarios, pues implica reconocer que es en esa jurisdicción donde se generan los ingresos gravados en función de cierta actividad económica (CNCom, Sala D in re "Velazquez, Miguel Ángel s/ pedido de quiebra por Ramos, Gabriel Humberto", del 10/05/2016).
Legitimación activa, daño moral, damnificado directo
Materia: CIVIL
Carátula: AGUILAR Héctor V c/ ORESTEIN Juana s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

Conforme el art. 1078 del Código Civil, reformado por la Ley 17111, la acción por daño moral sólo compete al damnificado directo, o sea, quien resulta la víctima del hecho ilícito por haber incidido este hecho de un modo inmediato en desmedro de su persona o bienes.-