Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-13


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 13 días del mes de mayo del año 2009, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrado con los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Daniel Alejandro Rebagliati Russell y Jorge Pfleger, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en la causa caratulada "B., J. A.; C., R. A.; C.. J. L.; S., R. s/ privación ilegal de la libertad coactiva agravada por resultar una de las víctimas mujer embarazada y otra mayor de setenta años. Privación ilegal de la libertad coactiva agravada por resultar dos de las víctimas menores de 18 años de edad todo agravado por la participación de mas de tres personas y la utilización de armas de fuego en lugar en poblado y en banda, dos hechos -asociación ilícita, los que concurren materialmente entre sí..." (Expediente N° 21.022 - F°21 - Letra "B" - Año 2007).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 3610: Rebagliati Russell, Pfleger y Panizzi.

El Juez Daniel A. Rebagliati Russell dijo:

I. La Cámara en lo Criminal de la ciudad de Esquel, mediante sentencia del día cuatro de junio del año 2007, decidió: -rechazar los planteos de nulidad articulados por las defensas técnicas de los coimputados J. A. B. y R. A. C., por improcedentes; -sobreseer a C. A. T. de los hechos aquí investigados que se le adjudicaran en calidad de partícipe secundario; -sobreseer a R. A. C. de los hechos que se le adjudicaran en el presente en calidad de coautor; -condenar a J. A. B. a la pena de 16 años de prisión, accesorias legales y costas como coautor material y penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva, agravada por resultar una de las víctimas mujer embarazada y otra mayor de setenta años, privación ilegal de la libertad coactiva agravada por resultar dos de las víctimas menores de 18 años de edad; todo, agravado por la participación de tres personas y la utilización de armas de fuego y robo calificado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego, todos ellos en concurso real; -condenar a J. L. C. a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas como partícipe secundario en los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva, agravada por resultar una de las víctimas mujer embarazada y otra mayor de setenta años, privación ilegal de la libertad coactiva agravada por resultar dos de las víctimas menores de 18 años de edad; todo, agravado por la participación de tres personas y la utilización de armas de fuego y robo calificado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego, todos ellos en concurso real; - condenar a R. S. a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, como partícipe secundario en los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva, agravada por resultar una de las víctimas mujer embarazada y otra mayor de setenta años, privación ilegal de la libertad coactiva agravada por resultar dos de las víctimas menores de 18 años de edad; todo, agravado por la participación de tres personas y la utilización de armas de fuego y robo calificado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego, todos ellos en concurso real; - absolver a J. A. B., R. A. C., J. L. C. y R. S. del delito de asociación ilícita; -sobreseer a J. A. B., J. L. C. y R. S. del delito de robo calificado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego, en lugar poblado y en banda, por el hecho ocurrido en la localidad de El Maitén, los días 22 y 23 de mayo de 2005, en perjuicio de M. A. R. y S. E. V..

Que el hecho objeto del juicio se describió en el requerimiento de elevación a juicio, el cual indica: "...ocurridos en la localidad de El Maitén el día 22 de mayo de 2005, en un horario cercano a las 23.00 hs. en circunstancias en que dos de los imputados, identificados como J. A. B. y R. A. C., acompañados por C. G. A. -el que no pudo ser habido, manteniéndose prófugo hasta la actualidad-, ocultando sus rostros con capuchas (dos con unas tipo pasamontañas, una color negro y otra del mismo tono, pero más clara, que descubrían sólo la boca y ojos, y el restante con una de tela, color roja, tipo máscara, emulando el personaje conocido como "hombre araña"), los tres con guantes de lana en sus manos y portando sendas armas de fuego de puño, irrumpieron en la vivienda sita en X., propiedad del Sr. R. S., a la sazón Gerente de la Sucursal del B. C. S.A. de dicha localidad, habitada en ese momento por su grupo familiar integrado por su madre de ** años, Sra. E. R., su esposa E. J., su hijo, A. M. S. y la esposa de éste, L. B. quien se encontraba en avanzado estado de gravidez. Para ello, contaron con la cooperación externa de otros dos de los imputados, J. L. C. y R. S., prestándoles éstos la ayuda prometida conforme el plan trazado, consistente en poner a disposición del grupo al menos de dos vehículos marca Volskwagen Gol, dominios nros. ***** y ******, ambos pertenecientes a la flota de la empresa que gira bajo la denominación de "B. R. a C.", de la que S era titular, para que antes o después de cometido el hecho, lograran el éxito o la impunidad y ejercieran presunta vigilancia, tanto física como de comunicaciones, montada a los mismos fines y efectos. En esas condiciones, ingresados a dicha vivienda, procedieron con intimidación -ejercida mediante la portación y exhibición de las armas de fuego referidas- y violencia sobre las personas, a reducir a la Sra. E. R. -a quien previamente la habrían tomado del cuello y le habrían producido una lesión ósea en uno de los dedos de su mano derecha-, al Sr. A. M. S. -a quien le aplicaron varios golpes de puño en su rostro-, privándolos de su libertad ambulatoria, y manteniéndolos en esa situación previa colocación de precintos plásticos en sus manos para inmovilizarlos y trasladarlos en esas condiciones hasta la habitación matrimonial de la vivienda. En este estado de cosas, y pasadas las 23.00 hs., al arribar el Sr. S. a su domicilio y pretender ingresar al interior de la vivienda por la puerta posterior de la misma, los imputados procedieron a aplicarle un golpe de puño en el rostro, para luego privarlo también de su libertad personal, saliendo reducido y trasladado al sector del living de la casa. Y todo ello, con el objeto de obligar a R. S. para que, en su calidad de gerente de la entidad crediticia mencionada, extrajera las sumas de dinero existentes en el tesoro del Banco y procediera a entregárselas, objetivo éste que le fuera explicitado verbalmente a S., quien les indicó la imposibilidad de acceder a tal exigencia, sin contar con la presencia del tesorero de la entidad bancaria citada, Sr. M. R., por lo que obligaron a aquél a requerir por vía telefónica la inmediata presencia de éste al domicilio de S., la que se concretó minutos después, lo que fue aprovechado por los citados imputados (A., B. y C.), para reducirlo en el living de la casa y privarlo de su libertad personal, también mediante intimidación, realizada exhibiéndole las armas de fuego que portaban y ejerciendo violencia física sobre él al aplicarle diversos golpes en su cuerpo. Posteriormente, en el contexto fáctico descripto y un horario cercano a las 00.00 hs. del día 23/05/05, los encartados, obligaron a R. S. a trasladarse al domicilio de R. -quien permanecía privado de la libertad, comos se viera-, ubicado en calle X. de la localidad referida, acompañados por dos de ellos, para que ocultando la verdad de lo que estaba ocurriendo, convocara a la esposa de R., Sra. S. E. V., quien al acceder al llamado, también fue reducida rápidamente, ingresando los dos citados encartados al interior de su vivienda, con el empleo de las armas de fuego de puño que portaban, para una vez allí apoderarse ilegítimamente de $ 1.500,00 (Pesos un mil quinientos) y U$S 47,00 (Cuarenta y siete dólares estadounidenses), dinero de propiedad de la familia R.. Luego, procedieron los dos referidos imputados a trasladar a la Sra. V., junto a sus dos hijos menores, F. R. (de * años de edad) y T. R. (de * años de edad), hasta el domicilio de S. -donde se encontraba el grupo familiar de éste y el propio R., en las condiciones antes mencionadas-, en cuyo interior fueron finalmente también privados de su libertad, maniatados con precintos y colocados en el dormitorio matrimonial, donde permanecía el resto de las víctimas, donde permanecieron en esas condiciones por espacio aproximado de ocho horas, hasta un momento posterior a la hora 07.30 del día 23/05/05, hora en que, por indicaciones de los propios empleados cautivos, era posible abrir el Banco, debido al funcionamiento de los mecanismos de alarma y seguridad instalados allí; agregó la Fiscalía que durante todo el lapso en que permanecieron privados de libertad -aproximadamente ocho horas-, las víctimas fueron sometidas por los imputados, en forma permanente y continua a extrema presión psicológica, mediante amenazas de muerte de sus familiares directos que, sumados al contexto global de la acción, influyeron decisivamente en la ya menoscabada voluntad psicológica de ellas. En esas condiciones, los tres individuos referidos, obligaron al Gerente y al Tesorero citados, bajo amenazas de provocar en sus familiares un mal futuro e inminente, a que en contra de su voluntad, concurrieran como era habitual y aparentando normalidad, a la sucursal bancaria referida, para que bajo mandato coactivo, extrajeran el dinero existente en el tesoro -cuyo monto total aproximado conocían por revelación de dichas víctimas, bajo las exigencias intimidantes de aquellos-, lo colocaran en un bolso de tela negra -de propiedad de S.-, y munido del mismo, éste último, procediera a regresar a la casa, haciéndoles entrega del bolso con el dinero referido a los autores del hecho, lo que se produjo siendo ya alrededor de las 08,00 hs. del día de autos, debiendo el Gerente regresar a su lugar de trabajo por expresas indicaciones de éstos, estableciéndose que el monto del dinero sustraído se elevó a $ 356.300,00 (Pesos Trescientos cincuenta y seis mil trescientos) y U$S 13.100,00 (Dólares Estadounidenses trece mil cien), dándose seguidamente a la fuga.

II. Contra esta sentencia, interpusieron recurso de casación el Ministerio Público Fiscal y la Defensa.

a.- A fs. 3289/3314 vta. interpusieron un recurso de casación los Fiscales Generales, doctores M. E. Z. y F. L. R., contra el sobreseimiento dictado a favor del acusado don R. A. C..

Sostienen que en el trámite de este proceso se han ido tomando decisiones que afectaron el debido proceso, las reglas del debate, el principio de igualdad de armas y sobre todo el ejercicio de los deberes y facultades legales del Ministerio Público Fiscal.

Estas cuestiones tienen que ver con la nulidad parcial de la requisitoria fiscal de elevación a juicio (en lo relativo a la imputación alternativa); negativa a la petición de subsanación (intimación previa al debate) y nulidad de la acusación que en definitiva se sostuviera.

Oportunamente, sostiene, la defensa atacó el requerimiento de elevación a juicio y el juez de instrucción no hizo lugar a la nulidad planteada. Contra esta decisión la defensa no presentó ningún recurso.

Posteriormente, continúa diciendo, en la ocasión prevista en el artículo 335 del C.P.P. (Ley 3155) los señores defensores vuelven a solicitar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, en relación a la imputación alternativa. Esta vez, el tribunal se expide en el sentido enunciado y le cercena a las Fiscalía la posibilidad de sostener en el debate ambas acusaciones.

Fue así que el Ministerio Público Fiscal pretendió subsanar el acto defectuoso y solicitó que se intime al imputado a tenor de la imputación alternativa que se basa sobre el mismo hecho histórico pero coloca el centro de imputación no ya en la conducta achacada en la principal, sino al momento de la recepción del bolso que contenía los instrumentos indispensables para cometer el delito y parte del botín.

Sostienen que ante el pedido de subsanación, el Tribunal dijo que era improcedente porque no se daban los supuestos del artículo 340, por lo que no correspondía retrotraer el procedimiento e intimar al coimputado Cámara en este estadio del proceso.	De esta manera, en los alegatos finales, no lo acusa como coautor, pero sí como que intervino en los hechos en carácter de partícipe secundario, y sostiene que esta acusación fiscal no debe asimilarse a la imputación alternativa propuesta en forma anticipada, ya que esta era una acusación concreta y se basa en la prueba producida durante el debate.

Entendieron que la mutación de coautor a partícipe secundario no afectaba el principio de congruencia y se hallaba plenamente habilitado el tribunal para el dictado de la condena que se peticionó.

En definitiva, se agraviaron por las resoluciones dictadas por la Cámara en lo Criminal de Esquel, que son: - Haber decretado la nulidad parcial de la requisitoria de elevación a juicio; - No admitir la posibilidad de sanear el acto procesal tildado de defectuoso; y - Decretar la nulidad de la acusación fiscal efectuada en la discusión final. Así argumentan que todas estas decisiones son fruto de la inobservancia de las normas del Código establecidas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, violándose las disposiciones de los artículos 305, 309 y cctes., y fundamentalmente el principio procesal de igualdad de las partes.

Reiteran que el hecho no se modificó sino que se cambió la participación que tuvo en el mismo, y que la nulidad decretada no tuvo la finalidad de proteger el sistema de garantías, sino que se hizo simplemente por respeto a las formalidades rituales, es decir, la nulidad por la nulidad misma.

Por otro lado, continúan diciendo, esta imputación alternativa se sostuvo al momento de requerir la elevación a juicio, y no importó para el imputado sorpresa alguna toda vez que la actividad de la defensa en la etapa preparatoria estuvo dirigida a demostrar la presencia del imputado en la localidad del El Bolsón y las circunstancias relativas a la recepción del bolso conteniendo los instrumentos del delito (testigos propuestos por caso). A ello se suma el ofrecimiento de prueba efectuado ante el Tribunal, y la propia declaración de Cámara en el debate.

En otro punto plantea la violación de las formas esenciales del procedimiento y la intervención del Ministerio Público Fiscal, lo cual se revela cuando la Cámara impide a la Fiscalía perfeccionar el acto, es decir intimando al encartado en base a la imputación subsidiaria.

En el último tópico, identificado como c), critican la resolución de nulidad respecto de la acusación Fiscal efectuada en la etapa de discusión final del debate.

Así y, luego de realizada la audiencia, entendieron que al no poderse comprobar la coautoría en cabeza de R. A. C., es decir la presencia del mismo en el interior de la vivienda de R. S. entre las 23 horas del 22 de mayo de 2005 y las 8.00 horas del día siguiente, el Tribunal decidió erróneamente sobreseerlo por falta de acusación al respecto, entendiendo que la opción propuesta por el Ministerio Público Fiscal en el alegato de clausura en el juicio, importaba reeditar la cuestión preliminar, la cual ya había sido resuelta -nulidad de la imputación subsidiaria o alternativa-.

En base a todo lo expuesto solicitan que se declare la nulidad parcial de la sentencia atacada por violación de las formas esenciales del procedimiento y las normas que regulan la intervención del Ministerio Público Fiscal, revocando el decisorio atacado en relación al sobreseimiento de R. A. C. como partícipe secundario en los delitos oportunamente imputados.

b) A fs. 3315/46 vta. obra el recurso de casación interpuesto por la defensa de J. L. C. y R. S..

El primer planteo se relaciona con la composición del Tribunal, solicitando la nulidad del debate y la sentencia por violación del principio del debido proceso y el derecho a ser juzgado por el juez natural.

Sostiene el defensor que la jueza de refuerzo Graciela Anabel Rodríguez, al momento de celebrarse el debate, no reunía los requisitos del artículo 164, inc. 2° de la Constitución Provincial (diez años de antigüedad en el título), y esta irregularidad convierte en nulo, de nulidad absoluta, tanto el debate como la sentencia.

A su juicio se han violado los principios de juez natural, imparcialidad, debido proceso y defensa en juicio.

El segundo punto ataca la sentencia por falta de motivación.

Denuncia que los jueces no contestaron ni evaluaron los argumentos de la defensa, lo cual también provoca la nulidad del fallo.

Así, continúa diciendo, la motivación de este fallo no es legal porque no se encuentra fundada en prueba válida sino en meras conjeturas. Sostiene que a pesar del esfuerzo intelectual puesto en la lectura y comprensión del fallo, no existen argumentos serios que puedan autorizar el contradictorio. No se acreditó "aporte alguno" de J. L. C. y R. S. para la consumación del hecho, ya que no se les encontró ningún elemento que pudiera tener relación con el suceso.	Luego denuncia inobservancia de la ley sustantiva, ya que a su juicio erróneamente le adjudican una participación secundaria a sus asistidos, sin haberse determinado con certeza que habían actuado dolosamente.

Prosigue en que el Tribunal debió fundar la participación, y nunca señaló las acciones concretas que habían desarrollado los imputados para favorecer el hecho.	Sus pupilos han sido condenados, sigue, a la pena de nueve y diez años de prisión porque el tribunal dijo que arribó a la convicción de su responsabilidad como partícipes secundarios de los delitos de referencia, empero, en ningún pasaje de los tres votos de los magistrados, pudo obtener certeza.

Dice además que el a-quo invirtiendo la carga de la prueba, partió de la convicción de que S y C. tenían pleno conocimiento y consintió participar del plan para realizar el atraco en la casa de S.. Esto indica que el tribunal condenó fundado en una presunción irrefutable de culpabilidad que imposibilitó ejercer el derecho de defensa.	Concluyendo con este acápite afirma que en cuanto a la participación secundaria atribuida a los acusados la Cámara no describió las conductas de cada uno de ellos que habrían determinado el grado de responsabilidad, sino que se limitó a sostener en forma genérica la participación, sin precisar qué acciones efectuaron para favorecer el hecho.

En este mismo punto, relacionado con la calificación legal, sostiene que la figura de la privación ilegal de la libertad agravada, no cuadra sobre los hechos descriptos en la presente.

A su criterio no se contempló la figura principal que es el robo agravado por el uso de arma. La privación de la libertad sufrida por la víctima, continúa, se inscribe dentro del robo -concurso aparente- que se llevó a cabo, pues durante el lapso que han sido privados de su libertad los autores exigían la entrega del dinero del B. C., por lo que la privación ilegal de la libertad se ejercía para cometer el robo.

Que si se analiza la figura de robo, dice la defensa, se evidencia que ésta desplaza la de la privación ilegal de la libertad.

De esta manera también se agravia en forma residual, por el encuadramiento efectuado, ya que debió circunscribirse en la figura del artículo 141. Así, los autores, mediante el acto material de retención del menor, de la mujer embarazada y de la persona mayor, procuraron condicionar subjetivamente para que no opusiera reparos a su conducta delictiva, que claramente se orientó al ilegítimo apoderamiento furtivo de los mencionados efectos que se encontraban en el interior del banco.

Continuando con el análisis de la calificación legal escogida, ahora en relación al concurso de delitos, dice, luego de citar doctrina, que queda probado que en el caso de autos la interpretación que hizo la Cámara en este sentido también es errónea.

Por último se agravia por la aplicación de la agravante del artículo 41 bis, ya que la Fiscalía no había solicitado su aplicación.

En la última parte del recurso se agravia por el quantum de la pena impuesta, sosteniendo que la misma es arbitraria y que los jueces no han dado fundamento alguno al seleccionar la misma.

c) Que a fs. 3349/73 se encuentra agregado el recurso de casación interpuesto por la doctora V. H., defensora de J. A. B..

En los fundamentos de la impugnación, indica como primer tema la inobservancia de las formas sustanciales de la ley procesal, y dice que la sentencia recurrida se encuentra viciada, ya que los jueces han valorado en contra de B. toda la prueba arrimada al proceso, siendo esta nula e ineficaz, y legitimó prácticas inconstitucionales, todo porque partió de la presunción de culpabilidad no de su estado de inocencia.

Por otro lado sostiene que se ha aplicado un derecho penal de autor, y prueba de ello es que C. G. A., actualmente rebelde, ha sido nombrado a lo largo de todo el juicio, y que esto es suficiente para nulificar el decisorio.

A continuación agrega que la condena se basa en prueba que no ha sido controlada por la defensa. Así dice que se tuvo por acreditado todos los datos consignados por las víctimas. Con ello apunta a que ninguna de las víctimas vio a B. fumar dos cigarrillos, y sostuvieron que se convidó a uno de ellos un solo cigarrillo.	Esta introducción es para reiterar en esta instancia la nulidad oportunamente solicitada del acta de fs. 5/6, en la que consta el secuestro de cuatro colillas de cigarrillos de la vivienda, de las que dos de ellas dieron positivo al exámen de ADN compatibles con B..

Y esta ha sido la única prueba de cargo contra su asistido, prueba que a su juicio es ilegal porque el procedimiento policial efectuado para levantar las colillas violentó lo dispuesto en artículo 121 del C.P.P.

De esta manera solicita se aplique la regla de la exclusión o de la ineficacia probatoria conforme lo dispone el artículo 46 de la Constitución Provincial.

Además argumenta que con este proceder se menoscabó el derecho de defensa, por violarse la paridad de armas, ya que el M.P.F. estuvo presente en el domicilio de S. cuando se levantó la prueba y la defensa no.

Siguiendo el análisis del recurso dice que si este Cuerpo aplica la regla de exclusión en relación a las dos colillas de cigarrillos, resta como prueba en su contra los antecedentes que se tuvieran en cuenta a la hora de dictar sentencia.

No existe en toda la causa ninguna incriminación directa contra B. -continúa-, y se lo somete a proceso a raíz de la información suministrada por el personal de la policía de Río Negro.

Acto seguido sostiene que se violó el principio de congruencia porque al momento de la acusación no se mencionó el perjuicio ocasionado al B. C. y fue condenado finalmente por haber ocasionado dicho perjuicio.

El segundo punto del recurso, bajo la denominación "Violación de la Ley", denuncia que los jueces no han aplicado el principio pro homine, y muestra de ello es el incumplimiento del artículo1 21 y todas las actuaciones cumplidas en su consecuencia, al reproche contra A., la valoración de antecedentes según prontuarios policiales, y de condenar por un perjuicio por el cual no se acusó.

Seguidamente analizó la violación a este principio en los distintos aspectos de la sentencia recurrida.

En cuanto a la calificación legal dijo que desde un primer momento quedó acreditado que el hecho investigado era un robo y que la privación de la libertad de todas las víctimas empezó y terminó una vez concretado ese objetivo. Así, y rigiendo el principio constitucional pro homine debe entenderse como la violencia ejercida en el robo esta privación.

Solicita entonces se descarte la figura del artículo 142 bis, entendiendo que la privación de la libertad tuvo un único y solo objetivo: robo al banco y un mismo comienzo -al ingresar al domicilio de la familia S.- y un mismo y único final.

También se debe eliminar, a su juicio, la existencia del concurso -artículo 55-y de la agravante del artículo 41 bis.	Por último hace una crítica a la imposición de la pena, la que considera inconstitucional.	III. Planteados los motivos de agravio, corresponder ingresar directamente al análisis de la sentencia y al tratamiento de las cuestiones planteadas en los recursos.-	En primer término, y salteando el orden fijado previamente, he de referirme a una cuestión de previo y especial y pronunciamiento, ya que se relaciona con la composición del tribunal, de cuyo resultado, dependería el tratamiento ulterior de las demás cuestiones.

En ese sentido cabe expresar que la Dra. Graciela Anabel Rodríguez fue designada por el Consejo de la Magistratura el 26 de octubre de 2006, por Acordada N° 821/06 como Juez de Refuerzo Penal de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Esquel, cumpliendo los requisitos constitucionales previstos en el artículo 164, párrafo 3° de la Constitución Provincial. Su convocatoria a integrar el Tribunal de Juicio lo fue en calidad de subrogante, y habilitada por lo dispuesto en la Acordada N° 42/2007.

En consecuencia, va de suyo que no le era exigible a la citada juez que cumpliera con las condiciones para ser designada como Juez de Cámara, pues no era necesario, bastaba con que lo fuera para ser Juez Penal, dado que en ése carácter es que se la convoca y concurre a subrogar la ausencia del Juez titular de la Cámara respectiva. Ergo, la integración y competencia del Tribunal es plenamente legítima y válido su pronunciamiento, motivo por el cual el agravio formulado en este sentido debe ser rechazado.

En cuanto los agravios del Ministerio Público Fiscal destaco que todos ellos se centran en una cuestión ya planteada durante la etapa de instrucción y el debate y que le fuera reiteradamente rechazada.

Esto es, proponer una plataforma fáctica inicial en la conducta a unos de los enjuiciados (Cámara) y reservarse la posibilidad de acreditar otra con distinta calificación jurídica en carácter subsidiario, siguiendo en ello el criterio de alguna doctrina y a la que se ha denominado "acusación alternativa".

He tenido oportunidad de decir en anteriores pronunciamientos que se tramitaran ante la Cámara del Crimen de Trelew, que esto no es posible ni aceptado por el ordenamiento ritual que rige esta causa.

El artículo 305 del C.P.P. exigía que el Ministerio Fiscal produzca su requerimiento haciendo una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos o de las probanzas en que fundaba dicha imputación. Y esta exigencia se vincula directamente con la garantía de la defensa en juicio, pues el imputado tiene derecho a conocer plenamente este reproche.

En síntesis, es lo uno o lo otro, pero no las dos cosas a la vez, pues como en el caso de autos, ambas se excluyen entre sí.

En realidad la estrategia de la Fiscalía se desnuda fácilmente, pues el núcleo fundamental en que fincó la imputación se vincula directamente con el hallazgo en su domicilio -allanamiento mediante- de objetos que se vincularían con el robo. Es en virtud de contar con este dato objetivo, en que la parte acusadora no dudó en reprochar la co-autoría de aquél al nombrado Cámara en compañía de otro consorte de causa en la localidad de El Matién.

Ahora bien, obsérvese que luego de oír la explicación del imputado, pretendió construir dos acciones imputativas diferentes, una principal y otra accesoria, con serias deficiencias y endeblez probatoria, esto último emana precisamente del no tener claro que cosa va a reprochar con los elementos que ya había tenido oportunidad de reunir.

Es claro y razonable que ante la oposición fundada de la Defensa, el Tribunal de juicio, con buen criterio, no lo haya permitido y sus reiterados fundamentos los comparto.

El acusador había gozado de la oportunidad de reunir las pruebas durante la investigación, era su deber poner en claro ante la Defensa cual era su pretensión. Para ello detalló circunstancias que vincularían a Cámara con el hecho en calidad de coautor, destacando entre ellas el secuestro de los elementos relacionados con el ilícito, guantes, armas, un pasa-montaña, una máscara y el arma de fuego perteneciente a una de las víctimas, a lo que agregó, el particular caminar de Cámara, destacado por testigos del hecho y que podría ser consecuencia de una dolencia lumbar padecida por éste.

Pero esto no le fue suficiente y en el alegato adelantó la posición desincriminatoria, pues carecía de los elementos suficientes como para acreditar dicha vinculación, y esto lo fue, sencillamente, porque el imputado argumentó una disculpa que el acusador no pudo desvirtuar, es decir, la entrega del bolso por parte de A. sin que Cámara tuviera conocimiento de su contenido.

Entonces, por arte de birlibirloque el representante del Ministerio Fiscal esfuma la necesidad de desvirtuar esta alegación y convierte ahora el dato brindado por el propio imputado en su contra, para de esta manera, sustentar válidamente no ya una co-autoría, sino una participación secundaria, bajo circunstancias de tiempo, lugar y modo disímiles y ausentes en su reproche original, sin haberlo indagado previamente. Y de que modo lo hace?, tomando en consideración precisamente la explicación que diera el incuso al ser intimado por el primer hecho (la receptación de las cosas), circunstancia que -de no haber sido confesada por aquél- el acusador no lo hubiera podido conocer de ningún modo, al menos no surgió del debate ningún elemento probatorio que así lo estimara.

Independientemente de que la explicación dada por aquél respecto de la receptación no fue desvirtuada, tampoco lo fue la prueba de la existencia de promesas anteriores al hecho que sustentaran la participación secundaria elucubrada.

Por todo lo expuesto propicio en esta instancia se adopte igual resolución que la del tribunal de mérito, y por ende el rechazo del recurso incoado.

En cuanto a los agravios referidos por los Sres. Defensores respecto del coimputado J. A. B., ha de expresarse en primer lugar que no ha existido reparo alguno en el debate ni ha sido materia de recurso alguno los extremos relativos a la acreditación de la materialidad delictiva, toda vez que aquellos han sido debidamente acreditados a través de la abundante prueba señalada prolijamente en la sentencia, constituido principalmente por los rastros hallados en el lugar, los múltiples testimonios de aquellos que resultaron damnificados por el accionar de los atracadores, tanto en su libertad ambulatoria como en las lesiones físicas padecidas. En esa misma línea ha de destacarse también las probanzas relativas al desapoderamiento del dinero del Banco, cuya documental así lo acredita y finalmente la utilización y posterior abandono del vehículo del gerente -Sr. R. A. S.-, con el que se dieron a la fuga en un primer momento.

En cuanto a los fundamentos que han dado los magistrados para vincular a B. como autor de los delitos enrostrados, los mismos han sido debidamente consignados en la sentencia y no se aprecia en ello una valoración arbitraria del modo en que lo pretende la Defensa.

Así el hecho de que se haya nombrado a uno de los imputados que se encuentra en rebeldía (A.), en nada afecta el decisorio dictado, pues tal indicación no puede ser suprimida de las constancias donde surge la nominación de aquél, incluso de los dichos de unos de los coimputados (Cámara), cuya referencia fue acogida como válida por los magistrados.

En la queja refiere que no se ha atendido en todo su contexto los dichos de las víctimas, dado que una sola admite haber convidado un cigarrillo, pero ninguna refiere haberlo visto fumar a B., cuyo rastro de ADN aparece en dos colillas. La cuestión no aparece como muy relevante pues si se atiende a los testimonios de los damnificados en cuanto indican a quienes podían visualizar y las horas en que los atracadores permanecieron en el interior de la vivienda, bien pudo haber fumado un cigarrillo más y en ambos casos sin estar frente los ocupantes de la casa.

Lo concreto es que Reyes pone el dato de haber suministrado un cigarrillo, y en el interior de la casa fueron encontradas colillas, comprobándose la vinculación de ellas con B..

Por lo demás, los jueces han señalado la cuestión relativa a las características físicas de quien poseía la máscara del "hombre araña", que fuera a quien le diera el cigarrillo R., características que se compadecen con las antro-pometricas informadas pericialmente y con las que observaron los magistrados en el juicio.

La incautación de estos elementos (colillas), que arrimaron un dato trascendental para estimar la presencia de B. en el teatro de los hechos, conforme acta de fs. 5 y vta., no fue producto de un procedimiento ilegal, y por ende ese aporte no puede ser excluido del contexto probatorio.

La pretendida nulidad del instrumento por parte de la Defensa, es una reedición de lo ya invocado en el juicio y ha sido objeto de análisis por parte de los jueces, quienes fundaron su rechazo.

De esta manera, es este razonamiento el que debe ser atacado y superado para ser atendido por un Tribunal Superior, cuestión que no ha sucedido en este caso.

Es oportuno señalar que esta Sala Penal ya se ha expedido en este sentido en una cuestión similar planteada en autos "C., C. J.-E., C. s/ robo calificado..." (Expte. 20.708-255-2006).-	Asimismo ninguna igualdad de armas se ha vulnerado, al no encontrarse la Defensa en el sitio dónde se levantaron los rastros del ilícito, pues tal noticia no podía ser suministrada a quien aún no había sido arrimado como imputado y cuya participación se desconocía.

Tampoco merece ser atendida la referencia a la valoración de los antecedentes de B., pues los jueces han explicado claramente que tales datos suministrados por registros oficiales o por información policial, solo eran útiles para establecer cierta vinculación de B. con el sistema judicial y con ello por ejemplo, dar razón a los dichos del testigo R., que es quien sí ha hecho referencias concretas de tales actividades. Dicho análisis es pertinente como una forma más de valorar la prueba testimonial rendida.

La circunstancia de no haberse mencionado el perjuicio sufrido al tiempo de la acusación y sí valorado en la condena es una queja que no se comprende, toda vez que en el hecho imputado se ha dicriminado el valor de lo sustraído en moneda nacional y extranjera, habiéndose aportado además la documental presentada por la entidad bancaria a los fines de acreditar el dinero faltante.

En relación a J. L. C. entiendo que el tribunal utilizó pluralidad de indicios en su contra, partiendo de un hecho concreto, debidamente acreditado, e hicieron una elaboración mental razonada y acorde con el sistema de la sana crítica, explicando en el fallo su razonamiento.

En efecto, se ha explicado acabadamente las razones por las cuales aquél ha participado en el atraco, destacándose entre otros datos;

La acreditada verificación del nombrado a bordo del vehículo WW Gol *******, en compañía del coimputado B., por un control policial luego de haberse dispuesto un operativo cerrojo;

Las condiciones bajo las cuales ingresó en posesión del rodado, contemporáneo con el alquiler de otro, al que también se lo señala como de concurrencia en el lugar de los hechos a los fines de asegurar la huída de los autores del ilícito;

La devolución de ambos rodados antes de la fecha del vencimiento de la supuesta locación;

La circunstancia de ser vecino del lugar y por ende con conocimiento de los movimientos que las personas vinculadas a la entidad bancaria podrían realizar;

El haber sido visualizado el citado vehículo estacionado de forma irregular frente a la vivienda de C., por parte del gerente S. al tiempo de transportar el dinero exigido, y;

Posteriormente -en horas del mediodía- registrado su paso y consecuente conducción del mismo con destino a la ciudad de San Carlos de Bariloche, en compañía -como se dijera- de uno de los autores del atraco;

La disculpa alegada por el incuso ha sido debidamente rechazada, pues no podía ser recogido en el camino B. haciendo "dedo", pues el mismo figuraba rentando un rodado, el que casualmente circulaba detrás de ellos con otros ocupantes vinculados también al robo;

- Su presencia en Bariloche fue observada por la policía, mientras a bordo del mismo vehículo Wolskwagen Gol ********, siendo las 15.30 hs, se encontraba en cercanías del domicilio del restante imputado prófugo -A.- de donde se alejó a gran velocidad;

Se agrega la circunstancia de su pronto retorno a El Maitén con otro vehículo dado por S y antes alquilado a B., lo que como bien lo han destacado los jueces, constituía un uso comunitario de tales vehículos y otorgados por un sujeto (S) al que luego se analizará también su vinculación y concurrencia al mismo suceso.

Los magistrados, a su vez, han puesto en duda la real contratación de los rodados, pues los montos no se compadecen con el modo de vida modesto de C. e incompatible con la entrega de una supuesta suma de dinero como la dada en depósito a S.

Respecto de R. S. el Tribunal no ha ignorado la situación comercial que aquél desarrollaba como lo ha pretendido la Defensa, sino que por el contrario, entiendo que ha sido receptado por los jueces sufragantes la actividad comercial de aquél vinculada al alquiler de vehículos en la ciudad de Bariloche y, por ende, normal la realización de tales operaciones con terceros.

Empero en lo que aquellos han hecho especial hincapié es en la conexión entre un hombre que posee la facultad de poner a disposición un determinado número de vehículos para que otros lleven a cabo un robo del cual aquél ha estado en conocimiento y los ha facilitado para que el ilícito se lleve a cabo con eficacia.

Para tal conclusión ha de seguirse el orden lógico en que han sido explicadas las cosas, tales como la simultaneidad del alquiler de los vehículos, a dos sujetos cuya vinculación con el delito y entre sí, también fue demostrada conforme a los fundamentos antes reseñados.	En efecto, en el caso de S la Defensa no contrarresta adecuadamente los argumentos del tribunal cuando indica los claros indicios referidos a la modalidad de la facilitación y entrecruzamiento de los automóviles, que revelan un uso comunitario de los mismos, con la clara finalidad de lograr el objetivo planeado previamente.	Por último los jueces utilizaron el testimonio de R. O. R., testigo que efectuó el llamado anónimo a la comisaría de El Maitén y aportó importantes datos a la investigación en cuanto a los contactos que mantenía S -ex empleador suyo- con un grupo de personas consideradas vinculadas al ambiente delictivo. Dijo conocer a los imputados S y B., a Gustavo A., y que a Campos sólo lo había visto dos o tres veces en la casa del mencionado en primer término.

Destacó asimismo el tribunal el conocimiento que tenía el testigo de las actividades de S, lo cual le era contado por él mismo dada la confianza que existía. Remarcó, en este sentido, que escuchó decir a S que existía la expectativa de ´un golpe´ o ´asalto´ a un banco.

Asimismo manejaba información que colectaba a través de sus sentidos, y sostuvo	que para la actividad delictiva desplegada por este grupo, sabía que S ponía a disposición de B. y A. los vehículos pertenecientes a la flota y a cambio recibía una contribución por la colaboración prestada.

Este testimonio ha sido uno de los pilares fundamentales que utilizó el tribunal para sostener la participación de S en el evento, y junto con los demás indicios, completaron un cuadro probatorio que logra la certeza exigida en esta etapa.

Además, este testimonio ha sido debidamente evaluado por los jueces, indicando el tribunal la situación personal del testigo y su relación con uno de los imputados. Sin embargo, y luego de este análisis, decidió creerle, y contra esta apreciación no puedo emitir juicio alguno, ya que no advierto arbitrariedad en la valoración -límite a la inmediación-.

Por lo expuesto y, respondiendo a los planteos de la defensa, diré que la Cámara logró demostrar con certeza la participación de cada uno de los sometidos a proceso, individualizando en el fallo la participación de cada uno, utilizando para ello los medios de prueba legítimamente incorporados al debate, y un razonamiento que se apega a las reglas de la sana crítica racional.

Desarrollada y analizada la participación adjudicada a cada uno de los imputados en el hecho, ingresaré al tema concerniente a la calificación legal impuesta, que también ha sido atacada.

En este sentido diré que coincido con la calificación legal escogida, pues de acuerdo a la mecánica del hecho que ha sido descripta en la sentencia, es fácil concluir que los autores retuvieron a las víctimas en el domicilio particular de S. con el propósito de garantizar la sustracción del dinero existente en el tesoro de la Sucursal del B. C., y de esta manera, viciando la voluntad del gerente (S.) y el tesorero (R.) -quienes en forma mancomunada tenían la posibilidad de abrir el tesoro-, los obligaron a concurrir a la entidad y retirar el dinero existente en lugar. Que la retención se prolongó hasta asegurarse su retirada, toda vez que efectivizado el desapoderamiento, conminaron a los empleados bancarios a que regresen a su lugar de trabajo para fingir normalidad.

Lo dicho permite sostener que la postulación efectuada por la Defensa es errónea, ya que en el caso de autos no se privó de la libertad a las víctimas para anular la resistencia que pudieran ejercer, sino que, reitero, se utilizó como medio coactivo para viciar la voluntad de los empleados y obligarlos a ejecutar el desapoderamiento, situación que se prolongó por más de nueve horas, plazo en el que los imputados tuvieron una total libertad de acción para dominar a las víctimas.

En consecuencia, entiendo que la elaboración jurídica efectuada en el pronunciamiento es correcta, describiéndose claramente el elemento subjetivo requerido por el tipo.

Por todo lo expuesto, teniendo en consideración las características del hecho y las circunstancias agravantes valoradas en la anterior instancia, corresponde declarar improcedentes los recursos de casación interpuestos, y confirmar la sentencia en todos sus términos, con costas.

En cuanto a la regulación de honorarios de los doctores D. A. S. y V. H., estimo adecuados fijarlos en el 25 % de lo que se regule en primera instancia.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I.- La relación acabada de las causas por las que el legajo ha llegado a esta Sala ha sido formulada, con prolijidad, por el colega preopinante.

El se ha ocupado con esmero de sintetizar el decisorio atacado y el contenido de los recursos deducidos a su turno.

Tal proceder me exime de repetir estas particularidades pues, como suelo afirmar, ingresaría en la peligrosa, que sino inaceptable, geografía de la redundancia.

Iré pues sin más a emitir mi voto.

II. Magüer de lo que ya tiene resuelto el pleno de éste Superior Tribunal de Justicia, tengo la obligación intelectual de referir que, en función de la pena de dieciséis años de prisión aplicada a J. A. B., resulta operativo el instituto de la Consulta (179 punto 2 de la Constitución Provincial, art. 391 del Código Procesal Penal, Ley 3155, aplicable en la especie) y por consecuencia ha de ser el Cuerpo en su totalidad quien debe decidir en la cuestión.

A pesar de que en pronunciamientos recientes la cuestión ha sido zanjada de manera adversa por la mayoría de los integrantes del Alto Cuerpo, prosigo en la prédica de lo que, para mí, resulta la solución adecuada.

Los argumentos que he vertido otrora- que pueden consultarse en los anales- los reitero ahora, no obstante mi actitud, también pertinaz, de avocarme a la solución del caso para el que he sido llamado.

II. Adelantaré, para dar inicio al trabajo, que mi opinión, salvo en un punto, no será diferente que aquella que expusiera el Ministro Rebagliati Russell.

Es que a excepción de lo que atañe a cuanto fuera materia del recurso deducido por el Ministerio Fiscal, coincido plenamente con sus apreciaciones y con la conclusión que propone en lo que concierne a las demás objeciones. Las razones que he de expresar de continuo lo explicarán.

III. El tema atinente a la constitución del Tribunal.

Al respecto, poco puedo agregar al voto que lidera el Acuerdo.

La vocal cuya capacidad para ser miembro del Tribunal de Juicio ha sido puesta en crisis ejerció sus atribuciones en el marco de la condición de subrogante que le cabía en virtud del nombramiento oportunamente sucedido.

Y allí terminaría con el asunto si acaso no creyera menester aprovechar la circunstancia para que, a modo de complemento, quedaran expuestas las razones que condujeron a los nombramientos de Magistrados de la condición de la que se discute, tema que, desafortunadamente, ha sido objeto de algunas críticas que, aún aceptables como tales como toda opinión diversa, no logran conmover la convicción que la que se ha actuado.

Este tema fue materia tratado en la Sala mediante la Acordada 068/08 y en la nota de elevación al Consejo de la Magistratura de las proposiciones para cubrir los cargos de Juez de Refuerzo en distintas circunscripciones, instrumentos que exponen acabadamente acerca del sentido y fin de los órganos jurisdiccionales de que se trata.

La proposición y asignación de tareas a los jueces de refuerzo resultó de la exhaustiva tarea de campo realizada por este Cuerpo que había permitido conocer - directa e inmediatamente- el estado de cosas en cada una de las circunscripciones judiciales y advertir que resultaba imprescindible echar mano, en algunos casos, de herramientas excepcionales en aras de procurar que la especial etapa de transición fuera fructuosa.

En esa dirección se concluyó en que para evitar que la implementación del Código Procesal Penal deviniera en imposible, era preciso que, con sentido de Estado, se resolviera la emergencia a partir de un instituto de raíz constitucional como lo es el Juez de Refuerzo consagrado en el art. 182 de la Constitución Provincial y regulado por la Ley 4245, cuyo nombramiento, en cada supuesto, debía prohijarse.

Se sostuvo que el Texto Fundamental ha legislado al respecto con el fin de prever situaciones que pongan en peligro el servicio de justicia sea por sobrecarga o desigualdad, y ese mandato fue recogido en la ley reglamentaria cuando ella predica que los jueces de refuerzo tienen carácter excepcional y su fundamento está en la imposibilidad de realizar la ley de modo adecuado (art. 5 de la Ley 4245), mecanismo atinado, si lo hay, de garantizar derechos especialmente reconocidos en la Carta Provincial como lo son el de las personas de acceder a la jurisdicción y a la defensa de sus capacidades en un tiempo razonable (arts 18. 9 y 44 C.P.Ch).

También se señaló que el cuerpo normativo había de interpretarse considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas producto de una comprensión rígida no resultaba compatible con el fin perseguido por el legislador y los jueces no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma al emitir sus fallos.

Bajo estas premisas se diseñó un sistema que permitió cubrir las necesidades inmediatas de la administración de justicia y se aplicó el instituto del Juez de Refuerzo para satisfacerlas, siempre, como ya dije, en el marco de una interpretación dinámica y sistemática del texto constitucional y de las leyes reglamentarias.

Puede entonces ese Magistrado provisional, cumplir acabadamente todas las tareas que son de competencia de sus pares, entre las que se incluye el ejercicio de la subrogación legal correspondiente, tal el caso, lo que no exigía, como no exige, las condiciones del art. 164, párrafo 3° de la Constitución Provincial.

Luego, la integración del Tribunal es acorde a derecho.

IV. El recurso fiscal, el problema de la acusación alternativa.

En este caso me permitiré el ejercicio del disenso.

Estimo que la Cámara no ha decidido acorde a derecho cuando cercenó la capacidad del Ministerio Público para presentar acusación alternativa, anulando, parcialmente, el requerimiento de elevación a juicio y, consecuentemente, el auto que había admitido la propuesta en aquél sentido en la faz crítica.

Las causas de esta divergencia radican en que, a contrario de lo expuesto por el primer votante, soy del criterio de que la aplicación del instituto es aceptable en el ordenamiento penal que rige el caso.

Veamos.

Julio B. Maier "Derecho Procesal Penal" T I (Editores del Puerto), página 568 A 754 enseña que "...La regla de correlación entre el contenido de la acusación y el fallo, fija el alcance del fallo penal, su ámbito máximo de decisión que se corresponde con el hecho descripto en la acusación- eventualmente con el auto de apertura del juicio o procedimiento principal- con todas sus circunstancias y elementos tanto materiales como normativos, físicos y psíquicos. Empero plantea problemas serios en los casos concretos , cuando ella reclama aplicación...".

Señala el autor que "...La base de la interpretación está constituida por la relación del principio con la máxima de la inviolabilidad de la defensa. Todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato con trascendencia en ella, sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir (esto es, cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente), lesiona el principio estudiado. Y esta pauta hermenéutica decide en los casos concretos, cada vez que uno de ellos, por su riqueza infinita de elementos que, por definición, posee, ofrece dudas en relación a la garantía, al punto de que algunos han creído que la variedad de los casos concretos no permite sino esta generalización de la regla...Lo que interesa es el acontecimiento histórico imputado como situación de vida ya sucedida (acción u omisión) que se pone a cargo de alguien como protagonista, del cual la sentencia no se puede apartar porque su misión es, precisamente, decidir sobre él..." Para Maier sorpresa resulta igual a "...lo inimaginable de la situación..." para la defensa.

Reconoce que "...(e)n verdad los casos tratados se refieren a la ley penal que provoca el llamado concurso de leyes o concurso aparente. Lo importante para el principio estudiado, propio del derecho procesal, es comprender que, a pesar de la regla iura novit curia, la sentencia para no provocar indefensión, no puede exceder el marco de las circunstancias fácticas efectivamente descripta en la acusación para ser corroboradas durante el debate; y, más allá de ello, advertir que en estos casos, regularmente jugará un papel esencial el principio ne bis in idem, de manera que si la acusación fracasa u obtiene cierto resultado no será posible perseguir penalmente con posterioridad, introduciendo las circunstancias faltantes en la primera persecución..." Explica Maier (ídem pág. 574) que el mejor remedio para casos en los que resulta menester prevenir el fracaso de la acusación por carecer el acto en el debate de circunstancias faltantes en la primera persecución, "...es acudir a la acusación alternativa o subsidiaria: ella supone que el acusador pondrá en juego las hipótesis posibles, cuidando de describir todas las circunstancias necesarias para que puedan ser verificadas en la sentencia, sin perjuicio de ordenar el escrito de manera que permita entender cuál es la tesis principal y cuál o cuáles las subsidiarias o alternativas. Una acusación construida de esa forma permite la contestación defensiva, la prueba y la decisión; se observa claramente cómo ella es el pilar fundamental que permite el ejercicio idóneo del derecho de defensa....".

La acusación subsidiaria o alternativa, advierte el procesalista, solucionará problemas graves a la sentencia cuando, por ejemplo, a pesar verificar que el imputado tiene una cosa sustraída (dolosamente) no puede establecer que él fue quien se apoderó de la cosa (caso que concierne a la relación entre el hurto y el encubrimiento) y recomienda al acusador el cuidado de describir circunstanciadamente el hecho y cuando duda acudir al recurso del que se habla.

Esta larga cita resulta pertinente, para mí, pues el maestro copiado constituye una guía ineludible a la hora de interpretar las normas progresivamente.

Autor, en el Chubut, del Código que permaneció en vacancia por años, la influencia de Julio B. Maier se ha hecho sentir, sin duda ninguna, en el codificador actual pues, el instituto que acaba de ser presentado, está especialmente regulado en la norma vigente en esta Provincia (art. 291 del Código Procesal Penal, Ley 5478).

Creo que si se observan cuidadosamente los presupuestos que aseguran el ejercicio del derecho de defensa, particularmente aquellos que involucran la contestación material y técnica de la imputación y la posibilidad de ofrecer prueba, no existe obstáculo en el silencio de la ley del caso ( 3155) porque no obstante el haz de protección al imputado que las Constituciones y su reflejo los Códigos imponen, existe también el derecho a la realización de la ley y al afianzamiento de la justicia, que es deber del Estado asegurar.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al respecto, se ha pronunciado por la Constitucionalidad de esta figura procesal cuando, aceptando la opinión del Procurador General de la Nación, ha dejado plasmado que: "...El fundamento de esta institución basada en el hecho diverso, debe buscarse en la razón práctica consistente en evitar que el proceso vuelva a una etapa anterior para que se reformule la requisitoria fiscal y, tal vez, el auto de elevación a juicio, en violación de los principios de preclusión y progresividad y de la garantía del non bis in idem tal como los ha sabido interpretar el Tribunal...No se advierte que se haya violado el principio de la defensa en juicio, pues no hubo una condena sorpresiva sobre hechos y circunstancias de las que el procesado no pudo defenderse debidamente...ni una variación brusca del objeto del proceso....Tampoco se violó la garantía del non bis in idem, pues, justamente no hubo una persecución penal múltiple por el mismo hecho en el sentido de doble riesgo o "double jeopardy" (posibilidad vedada por la V Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos), tal como lo considerara la Corte Suprema de ese Estado. Por el contrario se trató de un hecho diverso (del latín alternus, y este de divertere, llevar por otros lados) debidamente intimado e imputado. Esta posibilidad de distinguir entre ambas hipótesis priva al caso de la "unidad esencial necesaria" para la aplicación de la regla del non bis in idem..." (CSJN en "Luque G.D, 08/05/2001, en JPBA T 121, sumario 160, página 74 a 77).

Creo, entonces, que la Cámara actuó arbitrariamente al obliterar el derecho del Ministerio Público de plantear dos hipótesis en el debate, desconsiderando, inclusive, que la situación no era desconocida para la defensa que se había opuesto a la elevación a juicio; decidió sobre un tema que había sido materia zanjada por el Juez a cargo de la Instrucción al momento de la etapa crítica e impidió que el Fiscal escogiera, en todo caso, la hipótesis que mejor cupiera a su estrategia ya que anuló parcialmente la acusación ( y el auto de elevación) pero prosiguió el trámite asumiendo ella misma la opción.

No percibió, tal vez por exceso de celo, que, en el inicio del debate habría oportunidad de intimar a los causantes del hecho diverso que, por cierto, se embretaba en el acontecimiento histórico que constituyó el objeto del proceso.

Es por esto, que propongo que se acoja el recurso fiscal y se anule parcialmente la sentencia en lo que a ello atañe, debiendo realizarse un nuevo juicio, bajo las premisas aquí establecidas.

V. La crítica formulada en relación con el secuestro de las colillas de cigarrillos, su validez e incidencia las conclusiones de la sentencia.

Antes de comenzar a tallar sobre este punto, estimo pertinente indicar que existe un tema sobre el que nada puede discutirse: el hecho en su objetiva materialidad.

La Cámara de Juicio ha realizado la fijación de modo incontrovertible. El acontecimiento histórico general se encuentra probado y no me parece atinado volver sobre este particular. Al respecto apoyo, sin mayores comentarios, el voto liderante.

En lo que atañe a las quejas de la defensa, seguiré el orden que llevó el doctor Rebagliati en su ponencia, de allí el título que precede.

Creo que es improcedente el reparo formulado por la quejosa en lo que atañe al hallazgo de las colillas de cigarrillos y a la invalidez de ese medio como elemento de convicción imputativo, porque la forma en que los jueces resolvieron el tema es la correcta.

Como se lee en los votos de los doctores Sarquis, Jones y Rodríguez al respecto, se ha tratado adecuadamente el tópico en clave de los hechos mismos y de su validez en contraste con la norma procesal penal aplicable.

Puede corroborarse que las colillas de cigarrillos fueron levantadas por los agentes de la pesquisa en el contexto temporo espacial que certificaron, que no han sufrido mella en punto a su resguardo y que nada indica que fueran diferentes de aquellas encontradas a la sazón.

La denuncia de que se colectó menor cantidad que la peritada ha sido cabalmente respondida en la sentencia y aclarada a la hora del debate.

La confrontación de ese texto con el acta de fs. 5, la certificación de fs. 376, el informe del perito E., fs. 987/988 y la recepción en el Cenpat, fs. 955, quien recibió "...una caja que en su interior contiene una bolsa de nylon con una etiqueta con la leyenda colillas de cigarrillo y un sello que dice R. D. A., Jefe de la Oficina Unica de Secuestros, con una firma ilegible, que contiene en su interior tres tubos de plástico color negro, numerados "1", "2" y "4" de los que toma fotografías, las que agrega al acta suscribe, y en la que se observa que los mismos se encuentran encintados..." persuaden de la identidad que se pone en vilo y de qué, efectivamente, el resultado final es legal evidencia (el encomillado corresponde al sufragio de la doctora Rodríguez) Porque las formas no han sido descuidadas y se ha obrado con tino en la recolección y en la preservación y resultan acertadas las citas legales que evocara la doctora J. para validar procesalmente la actividad cumplida.

La policía actuó dentro de sus capacidades, en el primer momento de la pesquisa.

Como lo manda el art. 165 del C.P.P aplicable (Ley 3155) la fuerza interviniente preservó los rastros materiales del ilícito y, teniendo en consideración las necesidades urgentes de la investigación, hizo constar el estado de cosas en el lugar adonde se había producido uno de los hitos relevantes del ilícito cometido (incisos 2 y 4 del precitado), practicó el secuestro precisamente para resguardar rastros cuya utilidad consideró imprescindible a la hora de develar quiénes podrían resultar autores, y vaya si no estaba justificada su actividad teniendo en consideración las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la perpetración (art. 200, apartado 2° de ídem cuerpo adjetivo).

Y se labró acta (art. 121 del ritual) firmada por testigos policiales, es cierto, pero también por el señor R. S., quien validó con su signatura lo sucedido.

No hay nulidad sin texto; no hay nulidad sin lesión; no hay nulidad basada en el mero interés de la ley, he repicado una y otra vez en mis ponencias.

Las formas existen para resguardar garantías, pero no son un impedimento sino un límite al ejercicio del poder.

La extralimitación se traduciría en la posibilidad de que, furtivamente, el Estado introdujera elementos de cargo falsos o manipulara de modo espurio la evidencia; o se interfiriera ilegalmente en el periplo entre la adquisición procesal y las pruebas científicas sobre el objeto o su presentación en el debate.

Nada de eso parece haber ocurrido. No hay al menos denuncia seria de que un episodio del talante del que podría censurarse hubiera acaecido.

Finalmente, como bien lo refiriera la Juez Jones, si se tratase de una nulidad sería relativa, no habiéndose denunciado en la ocasión oportuna, brindando las pautas que pudieran conducir a los Jueces a expelerla del proceso.

En lo que atañe a la presencia de las colillas en el sitio debo decir, con el primer votante, que es irrelevante la cantidad en relación con lo que se dijo que se había convidado.

Se me ocurre que, como señaló el doctor Rebagliati, el tiempo en que estuvieron en lo de S. y la actividad que allí desplegaron los autores, bien pudo hacer que los cigarrillos consumidos fueran más de uno.

Reyes invitó uno, pero había más colillas señal de que se fumó más cantidad. Una de ellas vinculó al imputado B. y eso es suficiente.

No existe desigualdad de armas frente a la ausencia de una de las partes al momento del hallazgo.

La igualdad de armas debe respetarse cuando se dan las condiciones que la habilitan, y la recuperación de vestigios que carecen, per se, de capacidad de indicación precisa, a menos que se los someta a pruebas, no exige ninguna otra cosa que no sea cumplir con las formas que habiliten el control ex post, tal lo sucedido.

VI. El juicio de autoría acerca del imputado B. La apreciación de la prueba en ese sentido.

Resulta sin dudas un grave elemento de cargo el hallazgo de las colillas de cigarrillos que, al menos en dos casos a la luz de la experticia realizada, permitieron concluir en que los vestigios que había en ellas se correspondían con el perfil genético del atribuido B..

Pero hay más; según el testigo R., la persona que le pidió el cigarrillo fue quien llevaba la careta del hombre araña quién, como se verá, resultó- conforme la prueba rendida- el imputado.

He seguido atentamente el excelente voto del doctor Sarquis quién, con la minuciosidad que lo caracteriza, fue desbrozando el plexo de pruebas que confirmaron el juicio de autoría sobre este encausado.

| Así, no puede objetarse el comienzo de su discurso cuando se relacionó la descripción que los testigos hicieran de los autores, de las máscaras con que ocultaban su rostro y de la particularidad de la vestimenta de uno de ellos, con la morfología del atribuido y la prueba antropométrica a la que fue sometido.

El tema de los coches utilizados en la huida (juicio de certeza al que se arribó de manera impecable) y la determinación de que B. se condujo y "alquiló" uno de ellos al coimputado S es un dato más que relevante. Súmase la sospecha, expuesta por el Juez Sarquis, de que el "contrato" fue simulado.

La certeza, anoto, es el estado del espíritu del Juez caracterizado por la convicción de "estar en lo cierto" acerca de lo que se predica sobre algo que es objeto de análisis, en el proceso penal: la existencia de un hecho delictual y la culpabilidad del imputado. Y ese estar en lo cierto es nada menos que estar en posesión de la verdad; verdad que es tan difícil asequir en el juicio penal en cuyo decurso se intenta la reconstrucción ideológica de un hecho presentado por el Ministerio Fiscal como plataforma o campo de discusión y que - insisto- los jueces sólo podrán configurarlo en su mente, debiendo dar razones fundadas al momento de pronunciarse positiva o negativamente. Como lo he consignado en innúmeras ocasiones, el concepto mismo de verdad no es unívoco.

El vocablo permite variados enfoques pues, desde una primera noción que la describe como la correspondencia entre la cosa y la idea que tenemos acerca de ella, o, acaso, la adecuación entre la idea que se tiene de un objeto y lo que el objeto es en realidad, puede llegarse al concepto que señala que no existen sino criterios o niveles de verdad y que el conocimiento acerca de algo se emparenta con la ética profesional, pues verdad será lo que sabremos luego de un trabajo paciente, sistemático y honesto; reflexión a mi juicio la más atinada si la hay.

Esto es lo que ha sucedido en autos.

Los miembros de la " a quo", valiéndose de las herramientas conceptuales que le brinda la dogmática procesal, la sana crítica racional, han actuado con todo rigor en la valoración de la prueba llegando a ese estadio que justifica la opinión que, en este caso, vincula al sujeto con el episodio.

Coincido con el señor Ministro Rebagliati Russell en que el hecho de que la sentencia haya nombrado a uno de los imputados que está rebelde (A.) en nada afecta lo decidido.

Su ausencia no impide recabar en las constancias que lo mencionan ni aún dejar de atender a la versión del co-imputado que hace mentas de ese sujeto.

Hago mías las expresiones del primer voto en lo que atañe a los antecedentes, a la que nada puedo añadir después del examen efectuado.

VII. La sentencia en relación con J. L. C..

Creo, como lo cree mi distinguido colega de Sala, que los hechos indicativos debidamente consignados en la sentencia son suficientes para acreditar la participación de esta persona en el hecho histórico probado, en la forma reclamada por el Ministerio Fiscal y recogida en la sentencia.

Libre de las ataduras de la prueba tarifada, los hechos indiciarios, fuente de operaciones intelectuales, pueden fundar una condena.

Ello es así cuando resultan múltiples, concordantes, unívocos; cuando conforman un entramado que, a modo de las piezas de un rompecabezas, refleja la figura completa que se reconstruye.

Puedo aceptar que siempre existe la posibilidad de descubrir cierta anfibología en la interpretación de los indicios, pero también debo decir que a esa objeción se responde desde la perspectiva de la lógica prevaleciente.

Es decir, en el juego de las hipótesis ha de primar la que resulta más consistente; y así ha ocurrido.

El indicio de mala justificación, producido al final del proceso, ha sido bien trabajado por los miembros de la "a quo".	Desde la comprobación de su paso junto al co- imputado B. por uno de los controles montados a consecuencia del episodio, no puede extraerse sino la alegada puerilidad de su excusa. No debe olvidarse que aquél había locado un auto, precisamente el otro con que los asaltantes huyeran.

El modo, tiempo y lugar en que los coches fueron obtenidos, y la presencia de este sujeto y de los rodados en la localidad de El Maiten en tiempos contemporáneos al crimen, vinculan al imputado con el hecho criminal.

El extraño intercambio de los móviles y la manera de devolución del primero, otro de los puntos sobre los que se expidiera el voto liderante, son puntos fuertes en donde el juicio de reproche se afirma.

Y la precisa valoración de su condición de habitante de la localidad, la idea de que una operación de tal magnitud debía poseer una conexión local, el conocimiento preciso de la identidad de las personas que fueron coactas para provocar el desapoderamiento, la salida desde el domicilio del sospechado A., la vuelta al pueblo en el automóvil cuyo contrato no expiraba todavía y fuera obtenido por B., el personaje con el cual había viajado, constituyen un plexo difícil de superar por la defensa.

En fin, si se añade a lo expuesto lo que la señora Juez Jones expuso en su meduloso voto, cuestiones verificables de la sola lectura del expediente, no me caben dudas de que la conclusión atributiva es ajustada a derecho.

La lógica del razonamiento de los Jueces, de todos ellos, pero en particular el de la Magistrado que he mencionado, producto de la re-lectura de la sentencia en crisis, me persuade, repito, de que lo decidido es atinado.

No deseo reiterar lo que con esmero está escrito, pero insisto, la crítica, para mí no ha logrado conmoverlo.

VIII. La situación del imputado R. S..

Sobre este particular creo, con base en la prueba rendida, que la operación de asalto que es objeto del proceso, con todos los detalles que fueron referidos en la acusación del Ministerio Público- ponderada en la sentencia- ha sido, como toda "ejecución de algo" complejo (y el juego de palabras no es casual) obra de una pluralidad de autores que, cada cuál, ha realizado aportes que lo permitieron.

No puede concebirse tamaño asalto sin la afinación de un plan, preconcebido tomando en consideración todas las variables posibles que condujeran al éxito no sólo en el desapoderamiento, sino en su consolidación: la fuga con el botín logrado.

Ha sido necesario, y para ello acudo a datos de la experiencia común, realizar trabajos de inteligencia sobre el campo en que se ejecutaría la acción, sobre las víctimas y sobre las fuerzas que podrían desplegarse en retaliación; munirse de los medios para llegar al lugar; fijar puntos de reunión y de despliegue etc. y, fundamentalmente, pergeñar un escape exitoso.

Luego, no es desatinado hablar de un grupo de personas concertadas, con roles, como ya dije, perfectamente distribuidos.

Ya se ha visto al tratar el asunto relativo a B. y C., y creo que es bueno traerlo a la hora de revisar la fuerza de la sentencia que ha tenido a este imputado, R. S., como uno de los partícipes en el delito de que se trata.

Luego de analizar el texto puesto en picota por los recurrentes creo que, otra vez, el trabajo de reconstrucción histórica efectuado es exitoso.

Hay hechos que no pueden controvertirse y el principal es el uso de automotores que pertenecían a la empresa de alquiler del atribuido por otros que fueron protagonistas del hecho bajo juicio.

Pero, sin desconsiderar el giro comercial del incuso, tampoco puede perderse de vista los momentos en los que se materializaron las pseudo- locaciones, el tome y daca con c., la salida desde Bariloche de uno de los sospechosos, A., en un coche de una empresa perteneciente a S y el conocimiento previo que poseía de B., A. y C..

Por otro lado - de allí que utilizara el vocablo "pseudo- locaciones"- las irregularidades que presentaban los papeles en que se cristalizaron los contratos, recurrentemente expuestos en la sentencia, sumado a la disponibilidad de dinero que demostró S contemporáneamente al atraco y a la debilidad de sus excusas, convergen hacia la imputación de suerte tal que, enlazados todos estos hechos, la operación intelectual de cargo es inobjetable. ( Resulta muy prolija la relación que al respecto realizara la Juez Jones)	Es más, el análisis ha sido tan prolijo que, y aunque la advertencia fue parcial, los judicantes reconocieron que aislados los indicios podían dar por resultado razonamientos diversos, explicando el proceso de entrelazamiento que los volvía unívocos(ver el sufragio de la Juez Jones, por ejemplo)	La doctora R., por su parte, efectuó un esmerado trabajo de coordinación de indicios que, en líneas generales, concordó con la de sus colegas, pero me parecen interesantes e irreversibles sus juicios acerca de las negociaciones de S con divisas extranjeras y la venta de otros vehículos, desde lo que pudo inferir que: a. S tenía posibilidades de solventar los gastos que señaló iban a ser pagados con la venta de dólares b. el cambio obedeció a la necesidad de esfumar vestigios de las monedas obtenidas en el asalto y recibidas por él por su participación.

Asimismo comparto la conclusión a la que arribó al señalar que en el allanamiento se secuestró al personaje una fuerte suma que no explicaba la necesidad de cubrir deudas con un activo más seguro, a largo plazo.

La fiabilidad que los Magistrados dieron a R. O. R., cuyo testimonio ha sido compendiando en el acta de debate, ver las hojas 3110 a 3113, no me parece una decisión arbitraria.

Es obvio que ese órgano de prueba pudo haber estado motivado en sentimientos de animadversión en contra del atribuido, pero hay datos relevantes en sus palabras, básicamente cuando admitió haber sido quien, anónimamente, advirtió a la Comisaría de El Maitén refiriéndole a las autoridades quiénes eran los autores del robo al banco. Y esa historia que está documentada y corroborada, y que además sirvió de hilo a la investigación junto a datos precisos, lo ponen en valor pues, a mi entender, terminó de atar la trama de relaciones que otros hechos indicativos habían alumbrado, tal lo consignado en la sentencia que está analizándose.

Ha sido dejado de lado, felizmente, el sistema de tachas, propio de los Códigos Inquisitivos, que permitían la descalificación "a priori" de los testigos.

Hoy es la sana crítica, como método de apreciación de la prueba, aquella por la que se tamizan las evidencias.

La sana crítica que puede definirse, sintéticamente, como método, como camino o modo de conocer, de llegar a la verdad posible, a la certeza, caracterizado por la aplicación de las reglas del recto pensar basadas en la lógica, la psicología y la experiencia, a cuyo través las consecuencias se derivan de sus causas conforme el observador imparcial.

Aquí, los jueces han derivado de la prueba consecuencias inobjetables y, en punto a este tema, la decisión debe ser homologada.

Coincido con el doctor Rebagliati Russell en que el esfuerzo de máxima revisión, propio de la casación moderna en lo que atañe a la sentencia de condena, encuentra límites fácticos y jurídicos.

El primero es que no es posible reemplazar la inmediata relación de los Jueces de Juicio con las pruebas rendidas en el debate.

El segundo es la delgada línea que separa la oralidad y publicidad del debate (garantizada constitucionalmente) con la revisión fuera de ese contexto, lo que sucede en las instancias casatorias.

IX. La cuestión relativa a la nulidad del proceso por actos sucedidos al inicio.

Aún cuando la sentencia no necesariamente debe referirse a todos los puntos traídos a su consideración, pondero del caso abordar esta tópica que fue articulada durante el debate y que mereció una particular atención por los votantes.

Me inclino en ese sentido por confirmar lo resuelto en la sentencia pues, a la luz de los conceptos allí vertidos, verificables mediante los documentos que están adosados a la causa, se tiene que: a. existieron varios cauces de investigación que, en los primeros momentos, se abrieron para intentar develar un caso complejo, b. no existe impedimento en aceptar la cooperación interjurisdiccional (ver art. 2 de la Ley 815) y cada policía actua en el marco de la norma que la rige, c. es posible que la Policía efectúe lo que se denomina tareas de "inteligencia" y que sus frutos sean utilizados en la tarea de prevención del delito, pues el Estado no puede permanecer inerme frente a la actividad ilegal de sus habitantes.

No debe confundirse esa tarea, que implica recopilación de datos, clasificación y sistematización, con el espionaje interno o invasión a la privacidad de las personas, pues - y es larga y triste la experiencia en nuestro país- la palabra "inteligencia" denotó la manipulación del aparato policial con fines estrictamente políticos, de control ideológico o de vigilancia a opositores; pero no por la historia puede vedarse el ejercicio de esa actividad cuando es adecuado al Estado de Derecho y a los fines que lo alientan y justifican.

En este sentido, reitero, los Jueces valoraron en el debate el origen de las pruebas y sus efectos y no hallo óbice ninguno que envenene el razonamiento.

Idéntica opinión me merece la objeción al allanamiento formulado por la defensa del atribuido Cámara que ha sido correctamente respondida en la sentencia.

X. La calificación legal.

Comparto el juicio que mi predecesor en el voto, el Ministro Rebagliati Russell, ha formulado.

La subsunción de los hechos endilgados a cada uno de los sujetos que merecieron condena es adecuada.

Soy de opinión, concordante con la de los Jueces de la Cámara, en el sentido que el "plus" necesario para que la privación de libertad se autonomice de la violencia propia del robo está dado.

La secuencia de hechos y el modo en que los S. y los Reyes fueron cautivos hasta que los bancarios, ambos, fueran a la sede de la institución a tomar el dinero, implican una demasía que, para mí, hace a la concurrencia de figuras del modo en que lo decidieron los Jueces del Juicio.

Ya no se trata, la privación, de un elemento que puede embretarse en el marco de la violencia típica del robo; hay un plus que lo excede cualitativa y dimensionalmente, ya que amén del extremo rigor del encierro de todas las familias, su duración infame trasciende las exigencias de la figura comentada.

Las calificantes de la privación de la libertad han sido debidamente comprobadas como así también aquellas que agravan el robo, de manera que poco queda por decir al respecto.

Así las cosas la sentencia es ajustada a derecho en este sentido.

Las formas de participación endilgadas, pese a las reservas expuestas en la sentencia, tampoco pueden ser censuradas y así también pueden homologarse.

XI. Las penas.

Creo que en este difícil caso el Tribunal encargado del juicio ha procedido con acierto.

Tomó en cuenta, y explicó, las razones que lo motivaban a la aplicación de las penas y fueron prolijos los votantes en dar razones agravantes y atenuantes para justificarlas.

No percibo arbitrariedad ni tampoco afectación del principio de proporcionalidad, por lo que asiento a lo que propone el doctor Rebagliatti Russell en ese sentido.

XII. Los honorarios.

Es ajustada la regulación de honorarios establecida en el sufragio precedente. A ella presto mi consentimiento y acompaño.

XIII. La Consulta.

A salvo de mis previsiones originarias, creo que están satisfechas las exigencias de la Consulta con el examen de la sentencia formulado.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro J. Panizzi dijo:

I) Ante la diferencia de criterios de mis colegas de Sala, me toca arbitrar en el caso bajo examen, sobre la suerte que correrá el remedio deducido por los Sres. Fiscales, doctores M. E. Z. y F. L. R., contra el sobreseimiento dictado por la Excma. Cámara en lo Criminal de la ciudad de Esquel, a favor de R. A. C..

II) No haré repaso acerca de los antecedentes ni de los agravios que mereciera, al titular de la acción penal, la decisión impugnada. Me limitaré a decidir qué posición ha de predominar en el caso.

Ingreso entonces al tratamiento de la cuestión sometida a estudio, y adelanto mi posición coincidente con la solución a la que arribó el Juez Pfleger en su sufragio, pues entiendo que el a quo no actuó correctamente cuando le quitó a los acusadores públicos la posibilidad de ejercer una acusación alternativa con relación al acusado Alejandro Cámara.	La anulación parcial del requerimiento de elevación a juicio, no tuvo un fundamento legal apropiado, puesto que el ordenamiento adjetivo que regía el caso permitía la imputación alternativa o subsidiaria.

Por otra parte, el Tribunal de juicio se expidió sobre un tema que ya había sido resuelto, a instancias de la defensa, por el Juez de Instrucción, impidiéndole con su decisión al Fiscal seleccionar la hipótesis que considerara probable, de acuerdo a los recursos con los que contaba y su propia maniobra acusatoria.

Al revocar parcialmente la acusación (y el auto de elevación a juicio) fue el propio tribunal el que seleccionó la imputación contra el inculpado A. C., asumiendo una potestad propia del Ministerio Publico Fiscal, limitando con ello las funciones acusatorias de éste.

Con tal decisión, los sentenciantes anularon la posibilidad de que en el inicio del juicio se intimara nuevamente a los acusados del hecho diverso, por el cual el acusador público pretendía perseguir penalmente al imputado Cámara.

Por lo expuesto, adhiero a la solución propuesta por el Ministro Pfleger, pues propicio la procedencia -en este punto- del remedio presentado por los Fiscales de la causa, por lo que deberá anularse parcialmente la sentencia en función de lo resuelto y reenviarse la causa para la realización de un nuevo juicio, bajo los parámetros establecidos en este pronunciamiento.

III) Adhiero a la regulación de honorarios fijada en el voto del Ministro Rebagliati Russell(artículos 10, 14, 45 y concordantes de la Ley 2200, artículo 59 de la Ley 4920).

Así voto.

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

------------ S E N T E N C I A --------------	1º) Declarar procedente el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal a fs. 3289/3314 vta.

2º) Declarar la nulidad parcial de la sentencia y de todos sus antecedentes, en relación a R. A. C., revocándose el sobreseimiento dictado a su favor.

3°) Remitir las presentes actuaciones al Tribunal que corresponda y por el término de cuarenta y ocho horas, a fin de que extraigan fotocopias de las piezas pertinentes para la realización de un nuevo juicio -respecto de R. A. C. - (C.P.P. artículo 429)-.

4°) Declarar improcedentes los recursos de casación interpuestos por la defensa a fs.3315/46 vta. y 3349/73, con costas.

5°) Confirmar la sentencia de fs. 3189/3283 vta., y en relación a: J. A. B., J. L. C. y R. S..

6°) Regular los honorarios profesionales de los doctores S. y H., en la suma correspondiente al 25 % de lo que se regule en primera instancia.	7°) Protocolícese y notifíquese.- Fdo:Rebagliati Russell, Pfleger, Panizzi.-