Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 328/333. En la ciudad de Santa Fe, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, bajo la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "VALDEZ, SEFERINO PABLO contra PREVENCIÓN ART S.A. -SENT. ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD TRABAJO- (CUIJ: 21-04619658-6) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-04619658-6). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? Y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores: Netri, Gastaldi, Falistocco, Spuler y Gutiérrez. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Mediante resolución registrada en A. y S. T. 276, págs. 495/497, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada Prevención A.R.T. S.A., por entender que la postulación de la recurrente cuenta "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa, e importa articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. El examen de admisibilidad que corresponde realizar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055 y lo dictaminado por el procurador general, efectuado con los principales a la vista y después de considerar cumplidos los recaudos de índole formal, me conduce a propiciar esa conclusión. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. La materia litigiosa -en lo que aquí concierne- puede resumirse así: 1.1. Según surge de las constancias de la causa, Seferino Pablo Valdez promovió demanda contra Prevención A.R.T. S.A., a fin de obtener la diferencia entre la indemnización por incapacidad laboral (10,9% t.o.) ya percibida y la que a su entender le correspondía por un mayor porcentaje de minusvalía (47,31% t.o.), como consecuencia del accidente de trabajo que denunció haber sufrido el 04.06.2009. En tal sentido planteó la inconstitucionalidad de los artículos 12, 14.2.a y 46 de la Ley 24557 y solicitó la aplicación del decreto 1694/09, sancionado con posterioridad al siniestro (b.o. 06.11.2009; cfr. fs. 2/9v.). 1.2. Tramitada la causa, el Juez de grado hizo lugar parcialmente a la demanda. En consecuencia, si bien rechazó -por no surgir acreditado- lo pretendido por el accionante en cuanto a una incapacidad mayor a la que había sido reparado, igualmente condenó a la demandada a abonar la diferencia indemnizatoria que deriva de la aplicación del decreto 1694/09 y de la ley 26773 (R.I.P.T.E.); y de la inconstitucionalidad del decreto 472/14, que declaró (cfr. fs. 170/173). 1.3. Contra dicho pronunciamiento, ambas partes interpusieron recursos de apelación (cfr. f. 183). 1.4. Por su parte, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe -en lo que aquí resulta de interés-, hizo lugar a la apelación interpuesta por la aseguradora, revocó lo decidido por el Juez de grado en cuanto había determinado la aplicación inmediata de la ley 26773 al caso (R.I.P.T.E. y adicional del 20%) y, en su lugar, declaró de oficio la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557, determinando como base de cálculo indemnizatorio la remuneración correspondiente al momento de la liquidación. Por último, fijó la tasa de interés en un 12% anual desde que las prestaciones dinerarias fueron debidas hasta la liquidación conforme lo expuesto en el acuerdo y, a partir de allí, la tasa de interés y sistema de capitalización que determinara en el precedente "Ibarra", que citó (cfr. fs. 246/257). 2. Contra este último pronunciamiento la aseguradora interpuso recurso de inconstitucionalidad, aludiendo el supuesto previsto en el artículo 1, inciso 3, de la ley 7055 (cfr. fs. 260/266). Como fundamento, adujo que la Cámara prescindió del texto legal sin dar razones que fundamenten el pronunciamiento impugnado, limitándose tan sólo a transcribir antecedentes jurisprudenciales, omitiendo -dijo- justificar en el caso concreto y aplicar la ley vigente. En el mismo orden, cuestionó al Tribunal de haberse arrogado facultades legislativas de modo arbitrario, soslayando que en el "sub lite" se está condenando -a la A.R.T.- a quien cumplió en tiempo y forma con la reparación que, conforme a la ley, correspondía brindar al actor; y, aún más, tomando como base de cálculo un ingreso base mensual mayor al indicado por el perito contador en autos. En tal sentido, realizó un análisis de variación salarial entre la fecha en que se produjo el accidente (junio 2009) y la del momento de pago de la prestación dineraria (enero 2011) a los fines de demostrar la ausencia de confiscatoriedad alegada para declarar la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Asimismo, criticó a la Cámara por haber omitido decidir sobre cuestiones planteadas, explicando al respecto que no tuvo en cuenta el rechazo en primera instancia de la pretensión inicial de la actora respecto a un porcentaje mucho mayor de incapacidad (37 puntos más) al otorgado (10,9%) -desestimación jurisdiccional, agregó, consentido por el accionante, ante la falta de cuestionamientos-; la excepción de pago deducida por su parte, que demuestra la ausencia de incumplimiento de la aseguradora; y el ritmo procesal "cansino y especulativo" que el actor imprimió a estos actuados. Finalmente, citó precedentes del Alto Tribunal ("Jawetz", entre otros) y de esta Corte provincial ("Ferrando") que avalan su postura respecto de los principios de no retroactividad de la ley y de la inviolavilidad de la propiedad que deben garantizarse frente a una situación jurídica consolidada como la del "sub examine". Finalmente, manifestó como conclusión que el grado de apartamiento de la ley, doctrina y jurisprudencia aplicable a la materia en que ha incurrido la Sala, y su fundamentación irrazonable y aparente, contradiciendo las constancias de autos son de tal magnitud y significación que descalifican la sentencia impugnada como respuesta jurisdiccional adecuada. 3. Del estudio del expediente, se desprende que el "sub lite" gira en torno a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557, que fija las pautas para el cálculo del valor del "ingreso base mensual", a los efectos de actualizar la cuantía indemnizatoria de la incapacidad laboral permanente (parcial leve del 10,9% de la t.o.), que la aseguradora demandada reconoció y abonó oportunamente en su totalidad, conforme a la normativa vigente en aquel entonces (ley 24557 y dec. 1278/00). Se adelanta que la resolución impugnada no puede convalidarse por cuanto su contenido denota a todas luces la cuestión constitucional aludida por la recurrente, no satisfaciendo los niveles mínimos del derecho a la jurisdicción. 3.1. En efecto, la Sala declaró la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, en remisión al criterio sustentado en un precedente anterior ("Gianastacio"), en cuyo caso existían prestaciones pendientes de reparación. En relación a ello, se colige que en el "sub examine" el Tribunal omitió considerar que la aseguradora obligada saldó la totalidad de la deuda que surgía de la liquidación practicada conforme a la normativa legal vigente al momento del pago (cfr. fs. 2v., escrito de demanda). Y que, con posterioridad a ello, el trabajador decidió cuestionar mediante una acción legal en sede judicial la constitucionalidad del "Ingreso Base Mensual" previsto por la normativa para efectuar el respectivo cálculo indemnizatorio, es decir, artículo 12 de la ley 24557; además de reclamar la aplicación de mejoras normativas sancionadas con posterioridad al accidente (dto. 1694/09 y ley 26773); y la determinación de un mayor grado de incapacidad (47,31% de la t.o.) al fijado por la Comisión Médica y abonado por la aseguradora (10,9%). En ese contexto fáctico y legal, la suerte de la referida pretensión -cuyo porcentaje mayor de incapacidad en el caso no prosperó- no puede verse mejorada y/o actualizada muchos años después de que el deudor cumpliera con la cancelación total de la obligación indemnizatoria calculada conforme a la normativa legal aplicable al momento del pago. Ello, puesto que no existe mora o conducta reprochable a la aseguradora, que justifique la necesidad de actualizar el monto abonado en tiempo y forma y sin que el Tribunal sentenciante diera fundamentos para no considerar esa circunstancia, lo que revela que asiste razón a la impugnante en orden a la arbitrariedad invocada, ya que -en la especie- el razonamiento expuesto por la Sala evidencia una fundamentación tan sólo aparente. Respuesta jurisdiccional, que no puede tolerarse desde el linaje constitucional. Esta Corte, anteriormente se pronunció respecto a un planteo similar al aquí esgrimido en la causa "Sayavedra" (A. y S. T. 272, págs. 398/404) y descalificó la decisión de la Sala de actualizar la indemnización, en el entendimiento de que los créditos por prestaciones sistémicas dinerarias ya habían sido satisfechos por la aseguradora de riesgos del trabajo con anterioridad a la incoación de la referida demanda. 3.2. A lo que cabe señalar, que aún cuando por vía de hipótesis se entendiera que la pretensión del accionante -sin perjuicio de la inexistencia de mora por parte de la aseguradora- haya consistido en la determinación de un mayor grado de incapacidad -circunstancia que, se reitera, tampoco se ha acreditado en autos-, la decisión del Sentenciante carecería igualmente de motivación razonada y suficiente, desde que se inserta en un supuesto de prescindencia de valoración de las circunstancias de la causa y de criterios lógicos y jurisprudenciales que ostentan el carácter de conducentes para una solución ajustada a derecho. Es que, en atención a la postulación efectuada preliminarmente por esta Corte en el presente Acuerdo, en la causa "OJEDA, Olga A. c/ Asociar A.R.T. S.A. - accidente de trabajo - Expte. 22/16" - CUIJ: 21-05166941-7 sobre Recurso de inconstitucionalidad" - CSJSF CUIJ: 21-05166941-7), luego de las pautas de interpretación normativa estipuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en "Espósito" (Fallos:339:781), cualquier hermenéusis que sea utilizada para declarar "la inconstitucionalidad referida no puede tenerse por válida, toda vez que no se condice con los criterios establecidos por la Corte nacional para el ejercicio del elevado control de constitucionalidad, a la vez que se contrapone con las pautas trazadas en "Espósito" (Fallos:339:781) y en "Britos" (A. y S. T. 275, pág. 346)". Al referido déficit de hermenéutica interpretativa en que incurrió el Tribunal, se le suma la ausencia de motivación reprochada, desde que si bien invoca como fundamento de su conclusión un antecedente de esta Sala ("Antuña"), se advierte que lo allí decidido no resultaba solución trasladable a la presente litis, por tratarse de un caso en la cual el deudor era moroso en el cumplimiento de su obligación; y anterior al criterio constitucional adoptado por esta Corte a partir del precedente "Britos", que hoy puede considerarse consolidado atento su reiteración en numerosos pronunciamientos posteriores donde se descalifican todos aquellos fallos cuya interpretación no se condice con las pautas establecidas por el Más Alto Tribunal en "Espósito". Las consideraciones hasta aquí expuestas resultan suficientes para descalificar el pronunciamiento impugnado, declarar del mismo modo procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo del A quo con el alcance antes referido. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Coincido sustancialmente con lo fundamentado y con la solución propuesta en orden a declarar procedente el recurso interpuesto. Ello conforme lo expuesto por el señor Ministro doctor Netri en el punto 3.1. de su voto. A lo que cabe agregar que, en relación a la declaración de inconstitucionalidad, que tratándose la misma de un remedio admisible sólo como "última ratio" (Fallos:247:387; 249:51; 303:248; 304:849; 311:394), lucen suficientemente demostrados los reproches de apartamiento normativo y falta de fundamentación invocados por la compareciente. Lo cual basta para admitir el remedio extraordinario. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votó en igual sentido. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para que juzgue nuevamente la causa conforme las directivas trazadas en los considerandos precedentes. Así voto. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para que juzgue nuevamente la causa conforme las directivas trazadas en los considerandos precedentes. Registrarlos y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Segunda Nominación de Santa Fe.