marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, acción de amparo
Materia: PENAL
Carátula: Asesoría General Tutelar s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ALJ y otros c/ GCBA sobre incidente de apelación - amparo - habitacionales y otros subsidios y sus acumulados s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde rechazar las quejas interpuestas por un grupo de personas que se presentan como integrantes del colectivo trans/travesti, cuya finalidad es recurrir, en último término, la decisión de la Cámara que revocó la asistencia habitacional que, cautelarmente, les había otorgado el juez de primera instancia. Ello así, dado que el tribunal a quo afirmó, entre otros argumentos, que no se había probado, con la certeza requerida en esta instancia del proceso, un peligro en la demora que justificara la protección anticipada. Esto, al valorar que la parte actora no se encontraba en efectiva situación de calle, ni había aportado pruebas que permitieran corroborar la supuesta intención de desalojarlas del lugar en el que habitaban. A esto debe sumarse que el pronunciamiento fue dictado en la inteligencia de que las decisiones en esta especie de procesos sólo causan estado con relación a aquellas cuestiones que se mantienen inalteradas. Por ello, la parte actora podrá insistir ante el juez de grado, si entendiera que se han modificado las condiciones sobre cuya base se resolvió. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, coincidente del juez Santiago Otamendi).
Inhabilidad de instancia, declaración de oficio, caducidad del procedimiento administrativo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: AGUILAR, AMANDA ROSALIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-13

El rechazo de oficio de la habilitación de la instancia judicial altera el equilibrio procesal de los litigantes y produce indefensión al obstruir el pleno derecho a la jurisdicción resultando, por ende, incompatible con las garantías del art. 18 de la C.N. (cfr. Bidart Campos, "Rechazar de oficio la habilitación de la instancia judicial produce indefensión", E.D. 138, pág. 317). En igual sentido la C.S.J.N. sostuvo que el examen de oficio o a instancia de los fiscales del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción procesal administrativa con anterioridad a la traba de la litis resulta incompatible con el carácter de renunciables de tales defensas e implicaría, por parte del tribunal, suplir la actividad de las partes en desmedro de la garantía de defensa no sólo de la parte actora, sino también de la demandada (cfr. Cohen, Rafael c/ Instituto Nacional de Cinematografía", sent. del 13.03.90; "Construcciones Taddía S.A. c/ Estado Nacional", sent. del 06.10.92).
Funcionarios judiciales, remoción del personal judicial, Cámara de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación administrativa, superintendencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cousillas, Marta Susana s/ avocación (cesantía).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

En principio, es privativa de la cámara de apelaciones la atribución de separar del cargo a los funcionarios y empleados de su dependencia, y la intervención de la Corte por vía de avocación procede únicamente cuando media manifiesta extralimitación o arbitrariedad, o cuando razones de superintendencia general lo hacen pertinente.
Interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva s/ casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

La interpretación y aplicación de las leyes requiere no aislar cada norma sólo por su fin inmediato y concreto, sino que debe procurarse que todas se entiendan teniendo en cuenta los fines de las demás y considerárselas como dirigidas a colaborar, en su ordenada estructuración, para que las disposiciones imperativas no estén sujetas a merced de cualquier artificio dirigido a soslayarlas en perjuicio de quien se tuvo en mira proteger. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Cobro de sumas de dinero, AFIP, honorarios, costas
Materia: CIVIL
Carátula: AFIP c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-06

Este Tribunal ha sentenciado reiteradamente que la modificación introducida por la ley 24.432 al art. 505 del Código Civil (actual art. 730), no implica ninguna limitación al monto de los honorarios a regular judicialmente, sino que alude exclusivamente al alcance de la responsabilidad por las costas. La condena en costas comprende, además de los honorarios regulados, todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito -art. 77 del Código Procesal- (cfr. Fenocchieto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Editorial Astrea 1983, págs. 289/291). Cabe interpretar que si los honorarios regulados, más los demás gastos, superan el 25%, ello determinará que la condenada en costas no debe soportarlos sino hasta ese límite, pero no es óbice para que --si correspondiera-- los profesionales de la vencedora los reclamen a su patrocinada (arts. 49 y 50 de la ley 21.839) y los peritos a la no condenada en costas, en los términos del art. 77 del Código Procesal, párrafo incorporado por la ley 24.432 (cfr. esta Sala, causa 11.775/04 del 7.10.10 y sus citas).
Notificación, validez de la notificación
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Álvarez, Griselda Andrea y Otra c/ Estado nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y S.P.F. s/ Ordinario s/ Incidente de apelación de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-24

Si el juez, que concedió el recurso de apelación en relación y con efecto devolutivo, decretó la intimación al recurrente a presentar las copias -art. 250 del CPCCN- y dispuso la notificación por cédula de dicha providencia, debe estarse a la misma.(del voto del Dr. Candisano Mera)
Empleo público, adicional por zona
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: F. P., A. M. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-08-07

Cuando quienes accionan aseveran que cobran el ítem zona fijado en los artículos 5 y 6 de Ley N° 5718 (ahora Ley I N° 355) pero intentan esta acción a fin de percibir también idéntico adicional establecido en el artículo 151 primer párrafo in fine del Decreto Ley N° 1561/77, conforme lo analizado, se trata de distintos métodos de pago que no pueden coexistir por incompatibilidad. Entonces, encuentro que se activa el artículo 21 de la referida Ley Nº 5718, que expresamente derogó toda otra norma que se le opusiera. Por lo analizado arribo a la conclusión de que ambos artículos que sustentan las pretensiones que trato, se encuentran derogados y no debieron ser incluidos en el texto de la Ley XIX N° 8 que trae el Digesto Jurídico provincial. Asimismo, encuentro desacertado el Informe que se acompaña, emanado de la Oficina del Digesto Jurídico, además de aclarar que la interpretación última de las leyes se encuentra reservada al Poder Judicial.
Instrucción sumaria, opción del imputado, acta policial, nulidad procesal, flagrancia, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: MUSSI, Silvia (Dra.) s/ INSTRUCCION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-17

No resultan nulas las actas labradas conforme al art. 353 bis, C.P.P., aun cuando los imputados no contaron con asistencia letrada, pues la ley pone a su alcance continuar con ese procedimiento o elegir el ordinario, siendo además que el contralor es ejercido por el juez de instrucción en su función de juez de garantías.

Tampoco se violenta el principio de igualdad, art. 16, C.N., cuando la discriminación no es arbitraria ni responde a un propósito de hostilidad contra determinados individuos o clases de personas, ni encierra indebido favor o privilegio personal o de grupo.
Programa Nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados, cosa juzgada, ejecución de sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Santi, María Estela c/ A.N.Se.S. s/ acuerdo transaccional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-06

Habiéndose extinguido el proceso con la homologación del acuerdo en los términos de la Ley 27.260 y, ante un eventual incumplimiento del mismo, las partes deben recurrir al procedimiento de ejecución de sentencias; y es en dicho marco que cualquier planteo posterior deviene improcedente. Pues, atender dicho planteo formulado tardíamente, atentaría contra el instituto de la cosa juzgada que ha adquirido el acuerdo desde su homologación judicial y cuya consecuencia fue, no sólo la extinción de derechos personales sino también la extinción del proceso.
Fallos de la Corte Suprema, régimen jubilatorio, aplicación de la ley previsional, ley vigente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CIVIL
Carátula: BELGRANO RAWSON, GUILLERMO Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/ LEGISLADORES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-30

Conforme el criterio impuesto por la C.S.J.N.

mediante Resoluciones Nros. 112, 421, 616 y 674-todas del año 1994-y más recientemente, a raíz de la sanción de la ley 24.463, por Resoluciones Nros. 723, 899 y 1105 del año 1995, ante la existencia de pronunciamientos de instancias inferiores contrarios a la validez constitucional del Dec.

78/94, y mientras no recayera pronunciamiento definitivo sobre la materia, la ley 24.018 ha de ser aplicada tanto para el cálculo de aportes y contribuciones cuanto para la determinación de las prestaciones. Concordantemente con ello, en el fallo recaído en la causa "Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos" (27.12.96), el Máximo Tribunal sostuvo, al interpretar los alcances del art. 160 de la ley 24.241 y del Dec. 2433/93 que la reglamenta "que se mantienen en vigencia las movilidades establecidas por las leyes 21.121, 21.124, 22.731, 22.929, 22.940, 22.955, 23.632, 23.895, 24.016, 24.01, 20.019 y ... cualquier otra ley anterior que contemplara una fórmula de movilidad distinta a la de la ley 18.037", es decir, de los regímenes especiales que adoptaban un sistema de movilidad atendiendo a la retribución del personal en actividad correspondiente a la categoría con la cual se obtuvo el beneficio (cfr. considerandos 31 y 32 del voto de los Drs.

Nazareno, Moliné O'Connor y López, 18 del voto del Dr.

Boggiano y 24 del voto del Dr. Vázquez). Y es precisamente entre aquéllas leyes que se encuentra comprendido el régimen previsional para legisladores nacionales (ley 20.572 y sucesivas), cuyos mecanismos de determinación y movilidad de haberes, según se desprende de lo afirmado por el Alto Tribunal, preserva su vigencia.
Condena condicional, inhabilitación especial, imputado
Materia: PENAL
Carátula: F, A E s/ HOMICIDIO CULPOSO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 245-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-02-28

Se dirá que el artículo 26 del Código Penal para negar la condena condicional respecto de las penas de inhabilitación no se refiere para nada a la peligrosidad, pero es indudable que, si bien en la discusión de la ley 17567 que agregó el último párrafo del artículo 26, como en la 23057 que lo mantuvo, no se enunció la ratio legis de ese precepto, la privación de la condicionalidad se funda en razones de seguridad y tiene el objeto de preservar a la comunidad del peligro que puede representar quien por su culpa originó un accidente o cometió algún otro delito que merezca dicha pena anexa.

Pero tal afirmación importa atribuir al autor una peligrosidad juris et de jure, por imperio de la ley de tipo objetivo, relevando al juzgador de su indispensable análisis subjetivo para individualizar la pena.
Costas, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Azpeitía, Gustavo Alberto s/ ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY PROVINCIAL 2298) Moldes, Alejandro s/ ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY PCIAL. 2298) Perlinger, Carlos Eduardo s/ ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY PCIAL. 2298) Cabello, Cecilia s/ ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY PCIAL. 2298) Municipalidad de Viedma s/ ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY PCIAL. 2331/89) Santander, Rodolfo Antonio y Cortés, Alberto Ramón Juan s/ ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY PCIAL. 2298) Goyena, Carlos A. c/ Provincia de Río Negro s/ ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY PCIAL. 2298) Barrutia, Marcelo s/ ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY PCIAL. 2298)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-12-20|1990-02-22|1990-02-22|1990-02-22|1990-07-03|1990-09-21|1990-10-04|1990-12-19

Corresponde imponer las costas en el orden causado cuando -como en el caso- el dictado de la ley cuya inconstitucionalidad parcial se propone declarar, obedeció a poderosas razones de emergencia económica de público y notorio conocimiento, previéndose el destino de los fondos recaudados en un marco de solidaridad social, que pudo inducir al legislador a su sanción obviando la inconstitucionalidad que se declara.
Competencia, prórroga del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bodega Alberto Javier c/ Falco, Irene María y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

Si bien es cierto que la determinación de la competencia por razón de la materia, monto y fuero no puede quedar librada a la espontánea inclinación de los litigantes, toda vez que se encuentran comprometidas razones de justicia distributiva y bien común provincial, no es menos cierto que dicha prohibición no alcanza a los supuestos en que la competencia le es asignada a un determinado tribunal por "razón del territorio". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ, CARLOS GUILLERMO s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-27

El imputado, conocedor de la zona, pudo y debió haberse comportado de otra manera; venía por un camino principal, por la ruta nacional Nro. 12, sabía que detrás suyo venía por lo menos otro rodado a mayor velocidad y lo lógico y elemental era permitir el sobrepaso para recién después de ocurrido esto, girar a la izquierda; al omitir este accionar está violando un deber de cuidado e identificando el resultado producido con una conducta típica culposa que viene a cerrar el tipo abierto del artículo 94 del Código Penal.
Hábeas data, información errónea o desactualizada, derecho al olvido, banco de datos personales, información crediticia, supresión de datos, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Catania, Américo Marcial c/ BCRA - (Base de Datos) s/ hábeas data.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-08

Resulta incorrecta la interpretación de la cámara en el sentido de negar la aplicación del art. 26, punto 4, de la ley 25.326 a la acción de hábeas data iniciada por el actor a fin de que se elimine la información sobre su carácter de deudor incobrable sobre la base de considerar que las deudas eran aun exigibles por no haberse cumplido con el pago respectivo y no haber transcurrido el plazo de prescripción que pudiera liberarlo de su carácter de deudor, ya que no resulta del texto de la ley -ni puede inferirse de su génesis- que el plazo de cinco años deba quedar pospuesto mientras la deuda sea exigible, habiendo sido la intención del legislador consagrar un plazo más breve (de 5 años) que el originariamente propuesto (de 10 años) y que había respondido al propósito de hacerlo coincidir con el plazo de prescripción.
Convenios colectivos de trabajo, viáticos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: EDUKIT S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-17

Las cláusulas insertas en un Convenio Colectivo de Trabajo sólo tienen alcance para las partes, y de ningún modo pueden afectar los derechos e intereses de terceros -en el caso, los beneficiarios del sistema de seguridad social-. Subsiste la obligación de aportar para el fondo de dichos organismos, más allá del encuadre estrictamente laboral del rubro que se cuestiona -viáticos-. La regla "res inter alios acta", según la cual las convenciones entre las partes no engendran para los terceros derechos ni obligaciones, surge de la ley 23.546 y normas reglamentarias, y así lo ha sostenido la Sala II de la C.N.A.T., en los autos "Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/Amorrortu Editores S.A." del 30.11.94, quedando claro que el reconocimiento de la capacidad de los sujetos del derecho colectivo no implica extender el ámbito de aplicación más allá de los intereses de los representados. (Del voto del Dr. Wassner).
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: Fischer, Enrique Daniel c/ Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. s/ RECURSOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Las excepciones de los preceptos generales de la ley, obra exclusiva del legislador, no pueden crearse por inducción o extenderse por interpretación a casos no expresados en la disposición excepcional.
Embargo preventivo, Constitución Nacional, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Guillermo NIELSEN c/ Angel C. TILLI MAZA y otra s/ EMBARGO PREVENTIVO - DEPRECIACION MONETARIA - CONTROL DE   CONSTITUCIONALIDAD  -  INTERES  PARA  IMPUGNAR  LA CONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

No puede invocar agravios de carácter constitucional contra la resolución que hizo lugar al pedido de levantamiento de embargo formulado por el tercero adquirente del inmueble gravado que depositó en pago el importe nominal consignado en la traba, el ejecutante que omitió durante siete meses ampliar el embargo con la comunicación al registro de que la condena era por un monto sujeto a reajuste por depreciación monetaria, a pesar de haber podido hacerlo.
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cardozo Raúl Faustino c/ Dávila Juan Carlos s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Es incuestionable y evidente la inferioridad o desventaja que padece el ser humano cuando exhibe cicatrices o secuelas físicas que, alterando su armonía corporal, afectan el sentido estético propio y ajeno. Esa vulneración de la integridad del aspecto habitual y normal se adscribe en la órbita del daño patrimonial y como toda disminución de la plenitud física es materia obligada de indemnización.
Persona humana, domicilio
Materia: CIVIL
Carátula: Glagovsky, Isaac c/ Quintana, Sara Mercedes s/ Demanda Ordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-02-26

Acepto el criterio respecto a la prueba del domicilio real, de que no pueden darse normas rígidas, sino simplemente guías, para que en concreto pueda determinarse dónde está el domicilio de una persona atendiendo a las circunstancias de cada caso, sin excluir, por cierto, entre ellas, las manifestaciones expresas que haya hecho el propio interesado (en bancos, oficinas, etc...), o en sus actos jurídicos; el lugar donde usa, a su nombre, el teléfono, electricidad, gas, donde recibe la correspondencia, sus amigos, etc... .
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Mazzieri, Carlos Alberto y otros. s/ Malversación de caudales públicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

Corresponde declarar de oficio la nulidad de la sentencia, si se aprecian contradicciones entre la parte dispositiva y el acuerdo que le precede, pues tales irregularidades constituyen casos excepcionales de incompatibilidad con el debido proceso que descalifican el pronunciamiento como acto jurisdiccional.
Superior Tribunal de Justicia, tasas de interés, intereses, tasa activa, tasa pasiva, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, SIXTO Y OTROS c/ ORTIZ, DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 114-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-08

La Corte Suprema de Justicia Provincial sostuvo que "YPF" justificaba -en base a cuestión constitucional- la adopción de la tasa pasiva. En consecuencia, extinguida aquella causa legitimadora de la jurisprudencia propiciada en la causa "Plucci", se hace necesario establecer la nueva pauta jurisprudencial a partir de la fecha en que se dictara resolución en los autos "Banco Sudameris" y por el período posterior. Entendiendo que procede que esta Corte fije una nueva pauta en cuanto a "tasa de interés", propongo se opte por fijar un límite a la discrecionalidad de los jueces ordinarios.
Depósito previo, recursos, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: CHEUQUEMAN, MANUEL ALEJANDRO S/ HOMICIDIO CULPOSO s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2006-07-28

La exigencia de depósito previo para la viabilidad de un recurso no es contraria a la garantía constitucional de igualdad, salvo en los supuestos de desproporcionada magnitud de su monto, o la falta comprobada e inculpable de los medios para hacer frente a la erogación, tal exigencia no es violatoria del Art. 18 de la Constitución Nacional, pues no importa alteración reglamentaria de la garantía de defensa en juicio, en consecuencia el recurso presentado por la defensa resulta inadmisible por no haber dado cumplimiento a la expresa disposición contenida en el Art. 4to. Inc. d) de la Ley Nro. 1687, pues la suma depositada no alcanza a satisfacer el monto mínimo requerido.
Donación, Poder Ejecutivo Nacional
Materia: CIVIL
Carátula: MARIN, EDGARDO RENE c/ FIGUEROA, NELIDA E. s/ ORDINARIO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-08-21

Los servicios que se quieren remunerar por medio de la donación, deben ser clara y concretamente determinados al realizarla, lo cual es indispensable para poder apreciar su naturaleza y calidad, como así tambien el valor de ellos. La naturaleza y calidad se requieren para saber si entran o no en la categoría de servicios que la ley contempla; si del instrumento de la donación no constare designadamente lo que se tiene en mira remunerar el contrato se juzgará como donación gratuita.
Jueces, justicia, Constitución Nacional, bien común
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Agosti, Orlando Ramón s/ incidente de excarcelación-causa N 20.129.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-11

El aspecto primordial de la tarea de los magistrados es la preocupación de la justicia, así como el deber de atender, en la realización del derecho, antes que a un criterio excesivamente formal, a la vigencia de los principios amparados por la Constitución y que surgen de la necesidad de proveer al bien común.
Daño moral, carácter resarcitorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LANYI LADISLAO. c/ RIQUELME ROBERTO Y OTRO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-29

Independientemente de que la obligación de reparar el daño moral derive de un incumplimiento contractual o de la comisión de un hecho ilícito, su naturaleza es resarcitoria y no ejemplarizadora.
Recurso de casación, examen preliminar, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Mateos, Manuela. c/ Blanco, Miguel y Botbol, Marcos. s/ Recurso de Casación. Cuestiones de Hecho.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-05-05

La interpretación de cláusulas contractuales que establecen honorarios profesionales, es una cuestión de hecho exenta de revisión por vía de casación, correspondiendo declararlo inadmisible.