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Medidas cautelares, secuestro de bienes, sociedad conyugal, bienes propios
Materia: PROCESAL
Carátula: G., L.M. c/ R. de G., D.E. s/ Medidas Precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

El art. 221 del Código Procesal permite el secuestro de otros bienes de los que constituyen el objeto específico del proceso, cuando su guarda o conservación sea indispensable para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. Trasladado este concepto al tema de la sociedad conyugal, se trata de los bienes propios de cualquiera de los esposos.

Cuando el bien propio es de quien reclama la restitución, se cumple tal finalidad por medio del secuestro. En tal caso, pedirlo no importa otra cosa que requerir aquella, lo que se materializa con la entrega del bien.

Dado que se presume la ganancialidad de los bienes que componen la sociedad conyugal (arts. 1271 y 1272 del Código Civil), debe demostrarse que son bienes personalísimos de carácter propio y, además, la insuficiencia del embargo para garantizar los derechos de quien reclama.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, pena, prisión domiciliaria, coronavirus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALARCON, DIEGO EXEQUIEL c/  s/ DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD ROBO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-03

Teniendo presente que este Tribunal debe atender a las circunstancias existentes al momento de resolver, aunque las mismas sean sobrevinientes, cabe justipreciar el comportamiento seguido por el imputado en el cumplimiento de la prisión domiciliaria otorgada; y así, de las constancias agregadas al expediente con posterioridad a la decisión de la Cámara, surge que aquél ha incurrido en un reiterado incumplimiento del régimen de prisión domiciliaria dispuesto en su favor, exponiéndose a los riesgos que pretendió evitar y/o minimizar para su salud en su condición de enfermo de asma frente al Covid-19 y que la propia circulación y contacto con otras personas aumentan en este contexto sanitario, lo que torna aún más arbitraria la decisión venida en recurso en función de las motivaciones tenidas en cuenta al disponerse la misma.
Acción de amparo, padrón electoral, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cichello Carlos R. G. c/ Junta Electoral del C.P.A.P.F. y Otro s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-11

Corresponde hacer lugar al amparo deducido y ordenar a las demandadas que al confeccionar el padrón electoral definitivo para los comicios lo hagan teniendo en cuenta que los plazos fijados en el art. 53 de la ley 23.187 deben computarse en días hábiles judiciales.
Divorcio, adulterio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., A. M. c/ G. F., C. s/ Divorcio - Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Importa el adulterio un apartamiento de la exclusividad del trato sexual impuesto a los cónyuges por el matrimonio monogámico, constituyendo una violación del deber de fidelidad expresamente consagrado por el art. 198 del Cód. Civil. La dificultad de la prueba del adulterio constituye uno de los aspectos principales de la causal que consagra el inc. 1ero. del art. 202 del Código Civil. Ante los inconvenientes de la prueba directa del adulterio, la jurisprudencia fue coincidiendo en admitir la prueba de presunciones, ello sí siempre que fueran graves, precisas y razonablemente a la convicción de que se está en presencia de una relación adulterina.-
Juicio, arraigo, fianza, caducidad, cargo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: VAN DEURS, ESTELA ELAINE BELL DE c/ CASTAGNINI, HUMBERTO Y OTROS s/ SIMULACION ORDINARIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD     EXPTE NRO 364-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-03-29

Habiéndose presentado el pedido de caducidad del proceso y el acta constitutiva de la fianza exigida en idéntica fecha -aunque en el primer caso consta la hora de su realización y en cambio, en el segundo, no consta la hora en que fue labrada-, existe una razonable duda que lleve a optar por la conservación del proceso, postulada por el recurrente, puesto que no hay elementos que permitan afirmar que en verdad, la constitución de la misma haya sido posterior en el tiempo a la solicitud de declaración de caducidad, aunque en el orden de incorporación a los autos ésta la haya precedido. Ello es así, porque el cargo puesto ante la presentación del pedido de caducidad no sólo es insuficiente a los fines de dar la certeza de que el pedido fue formulado con anterioridad a la constitución del arraigo, sino que ni siquiera da fe de que esa fue la hora en que la misma se solicitó, atento a la omisión por parte de la actuaria de suscribirlo. Y aunque pueda suponerse que fue presentado ese día, ya que el proveído correspondiente lleva la misma fecha, respecto del horario de presentación permanece la duda que determina la solución que se postula.
Organización de la justicia, doble instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: G., P.P. c/ L., D.F. s/ Ejecutivo/Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-21

La existencia de distintos grados de jurisdicción responde a fundamentos de política institucional y depende del criterio del legislador respecto de la forma de lograr una mejor y más eficiente justicia y una mayor protección de las leyes. A este efecto, debe alcanzar a equilibrar ciertos principios procesales -seguridad jurídica, celeridad y economía procesal-, en un marco social, económico y jurídico determinado, en función de lo cual adoptó el sistema que estimó más adecuado.
Excepciones procesales, falta de acción, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: TERZA, José s/ EXCEPCIONES - FALTA ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-07-11

La excepcione de falta de acción no puede fundarse en la inexistencia del delito imputado, porque está referida a su ejercicio por parte del acusador o sus representantes.
Recurso extraordinario, universidades, revisión judicial de actos administrativos, interpretación de la constitución, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Hamilton, Dalton Mario c/ U.B.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Es admisible el agravio referido a que los pronunciamientos de la universidad en el orden interno, disciplinario, administrativo y docente, no podrían ser revisados por juez alguno sin invadir atribuciones propias de sus autoridades, pues involucran la inteligencia de clausulas constitucionales referentes al principio de division de poderes (art. 14, inc.3-, de la ley 48).
Declaración de inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema, recurso de casación, monto de la pena, doble instancia, derecho al recurso, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramos, Néstor Horacio s/ recurso de queja. Causa: 593
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el inciso 2do. del artículo 459 del C.P.P.N., en cuanto veda la admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias de los tribunales en lo criminal en razón del monto de la pena, como la forma más adecuada para asegurar la garantía de la doble instancia en materia penal prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones de competencia, honorarios, arquitectos, juicio de apremio
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 372-85 CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 373-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-20|1988-04-20

Es admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la resolución que desconoció, según se afirma, la competencia de esta Corte para entender en causas de naturaleza contencioso administrativa, por tratarse de honorarios originados por un contrato de obra pública, desde que no se encuentran motivos válidos que permitan declarar su inadmisibilidad en el dictamen del Señor Procurador General, en lo que hace a la irrecurribilidad que nace del artículo 509 del Código Procesal Civil y Comercial desde que no alcanza al recurso de inconstitucionalidad; y en cuanto a la carencia de cosa juzgada material, si bien ello es así en lo que hace al apremio, tal norma debe entenderse acorde a la primera parte del artículo 483 del Código Procesal Civil y Comercial.
Notificación por nota, notificación por cédula
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LEVIS, ALCIDES EUGENIO s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-17

De no haberse designado expresamente los días en que las partes deberán concurrir a tomar conocimiento de las resoluciones que recaigan en la causa, sumado a la existencia de cédulas que evidencian la adopción de un distinto sistema de notificación, verificable aún ante la expresa orden de notificar que hace como último párrafo del auto en cuestión, resulta un inequívoco mandato a notificar personalmente o por cédula.
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Araujo, Carlos c/ Psettouras, Demetrio V. s/ Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

No invalida la sentencia la circunstancia de que uno de los integrantes del tribunal que figuraba como votante no lo hizo, si media voto coincidente de los restantes integrantes.
Acción reivindicatoria, nulidad del acto administrativo, adjudicación de tierras, tierras fiscales, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: Aguirre, Angel Francisco. c/ Fernández Leal, Pedro Juan. s/ Acción reivindicatoria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-08-19

Habiéndose dispuesto la anulación al acto administrativo que otorgó el dominio del inmueble fiscal al actor con posterioridad a la iniciación del petitorio pero con anterioridad al dictado de la sentencia, resulta aplicable lo dispuesto por el art. 2774 del cód.civ., conforme cuya norma no procede la acción de reivindicación a quien no tenga derecho a poseer "al tiempo de la sentencia, aunque lo hubiese tenido al comenzar la acción".

No se trata en la presente de interdicto u acción posesoria, en que pudiera invocarse la legitimación que otorga el art. 2467 y cctes. del cód. civ. contra el mero tenedor de la cosa, sino de una acción real "que nace del dominio" de que deriva el derecho a recuperar la posesión legítima (art. 2758 cód. civ.).

Surge en la especie el conocimiento por parte del recurrente de la radicación de la acción procesal administrativa en sede del TSJ enderezada a la declaración de nulidad de la adjudicación del inmueble fiscal por incumplimiento imputable a su parte de las condiciones impuestas por la ley 263, por lo que debió prever que la suerte de la presente acción se supeditó al resultado de la anterior, en la que se le dio participación.

Siendo ello así, mal puede pretender el recurrente hacer valer el derecho real que le reconoce el Título de Propiedad ignorando la revocación del acto constitutivo dispuesta por sentencia firme cuya cosa juzgada le es oponible.
REPÚBLICA ARGENTINA, medidas urgentes, gravamen actual, medidas de seguridad y protección, policía, daño irreparable
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 34/20165 - Medidas cautelares No.700-15 -- Asunto F y Familia respecto de Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2016-05-23

Resulta acreditada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación de extrema gravedad y urgencia en la que se encuentra el menor que padeció atentados contra su vida por parte de agentes de la policía de una provincia del Estado Argentino, al sufrir disparos que impactaron en su espalda por "los ruidos que hacía el escape de su moto" pues, luego de sobrevivir al estado comatoso que esto provocara, sufrió graves represalias encontrándose en una situación de riesgo inminente tanto su vida e integridad personal como la de su familia directa.
Contratos, teoría de la imprevisión
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ Fernando D. y Otra c/ R.F. S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-03-08

La teoría de la imprevisión contractual contenida en la segunda parte del art.1198 del Cgo. Civil, permite obtener la resolución o modificar los contratos cuando circunstancias extraordinarias e imprevisibles tornan las prestaciones, a cargo de una de las partes, excesivamente onerosas.- Por sus efectos constituye un remedio excepcional en razón de que restringe la libertad contractual consagrada en el art.1197, "los contratos se hacen para ser cumplidos.

Los acontecimientos a que hace referencia la norma son graves, excepcionales e inevitables, que "no entran en el área o riesgo propio del contrato", por el contrario, se deben tratar de causas extrañas al riesgo del mismo.

Las crisis económicas y la inflación, en la opinión de la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, es un fenómeno crónico en nuestro país y por lo tanto previsible, lo que debe llevar a los contratantes "a tomar precauciones que entran en el deber de previsión".

Por otra parte, para la aplicación de la teoría invocada por la parte demandada, es necesario que el supuesto afectado no hubiere obrado con culpa o estuviere en mora.

La teoría en análisis presenta como uno de sus requisitos que el interesado no se encontrara en mora, por cuanto, uno de los efectos de la mora es el desplazamiento de los riesgos a cargo de quien se coloca en tal situación.- El hecho extraordinario o imprevisible debe ser extraño a su persona.

Tampoco se puede invocar la crisis económica como un caso fortuito o de fuerza mayor, por haberse encontrado en mora el vendedor al producirse la situación indicada (art.513 del Código Civil).
Honorarios, transacción
Materia: PROCESAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: EXHORTO  JUEZ  PASO  DE  LOS  LIBRES  EN  RODEYRO  TEJERINA  DE B. M. c/ ROUX Y SAN CRISTOBAL S.M.S.G. s/ ORDINARIO    -    EXHORTO  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-11

El art. 19 de la ley 7.269 no exige que el abogado haya sido separado del juicio o que haya cesado como mandatario para que la transacción le sea inoponible. De cambio de patrocinio o representación sólo habla el primer párrafo de esa norma, para atribuir al abogado excluido del juicio legitimación para actuar en el en resguardo de sus derechos a una regulación futura. Pero este problema es ajeno a la transacción cuyos efectos serán regulados en el párrafo siguiente sin referencia alguna a la revocación del mandato o a la separación del patrocinante, lo cual es natural, porque el acuerdo de las partes sobre el valor del juicio no podría oponerse al abogado que no lo ha aceptado sin violar la ley civil y sin afectar el derecho de propiedad que no debe estar a expensas de la voluntad de terceros.
Derecho procesal, competencia por la materia, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, cobro de sumas de dinero
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Aidar, José Lara Antonio c/ Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz s/ Demanda contencioso administrativa s/Promueve incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-09-13

La pretensión dirigida a obtener el cobro de un crédito reconocido en el ámbito administrativo no es competencia del Tribunal Superior de Justicia en virtud de la limitación contenida en el art. 20 de la Ley 22.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), autosuficiencia, demanda, despido indirecto, notificación, empleador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TEJARA MERCADO, CARLOS ANDRES c/ SEMINARA, EDUARDO MAURICIO Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-15

Al momento de denegar el recurso directo, los Jueces señalaron que el compareciente no había dado cumplimiento al requisito de autoabasto, al omitir efectuar un relato objetivo y completo del expediente; y que sus planteos revelaban tan sólo su disconformidad con lo resuelto por la Alzada, sin lograr acreditar los supuestos de arbitrariedad endilgados, puesto que el Tribunal entendió que el rechazo de la demanda por despido indirecto en que se había colocado el actor tenía su fundamento en la errónea notificación previa al demandado por cuanto no era su empleador formal, lo que era de conocimiento del trabajador desde su ingreso a la empresa donde trabajaba; y en que era contra esta firma contra la cual debió enderezar sus reclamos antes de darse por despedido; y sosteniendo asimismo que más allá del fracaso de la primera intimación, debió insistir en notificar a la empresa en lugar de optar por comunicar al ingeniero accionado con sustento en que era el dueño y su empleador, por cuanto tal calidad no sólo no se había demostrado en autos sino que además el mismo accionante había confesado ser empleado de la sociedad, haber cobrado y firmado los recibos de la firma.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Derecho laboral, relación de dependencia, despido indirecto
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: LEONTIUK, MARIO ALFREDO c/ PINCEN SA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA LABORAL (EXPTE.: C.S.J.NRO. 127 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-12

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que sólo por conducto de incurrir en arbitrariedad normativa pudo concluir el A quo que la ausencia de impugnación por el actor de la primera suspensión constituía un obstáculo para considerarse en situación de despido indirecto.

En efecto, el consentimiento del trabajador a suspensiones anteriores no obsta al cuestionamiento de las nuevas que se le impongan, ya que para considerar excedido el plazo máximo legal pueden tomarse en cuenta las suspensiones no impugnadas.

La impugnación de la medida es un requisito "sine qua non" para ejercer el derecho de reclamar los salarios caídos, pero no para reclamar la rescisión del contrato por exceso de los plazos fijados.
Poder Judicial, política salarial, jueces, remuneración, Estado Nacional, transacción
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Bitetti, María Crisitna Malpeli de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 224-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-20

El análisis de las disposiciones del decreto nacional 1770-91 permite afirmar que el mismo contiene una propuesta de acuerdo, dirigida a sujetos determinados -magistrados y funcionarios equiparados- que importa un reconocimiento de derechos supeditado al cumplimiento de ciertas condiciones que implican concesiones recíprocas de las partes, y que tiene como finalidad la extinción de obligaciones litigiosas o dudosas. Puede afirmarse, por tanto, que se trata de una propuesta de transacción, conforme a lo previsto en los artículos 832, siguientes y concordantes del código civil. Por otra parte, del propio articulado puede extraerse que quienes aparecen como destinatarios del reconocimiento en él formalizado no se encontraban obligados a aceptar la propuesta transaccional, pudiendo continuar o, en su caso, iniciar reclamos o demandas tendientes a lograr, si resultare procedente, un restablecimiento pleno de la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados que se consideraba vulnerada. En este sentido, se ha sostenido que "...ningún cambio se verificó en los haberes de quienes -aun incluidos en las previsiones del decreto 1770/91- no dedujeron reclamo administrativo o judicial; y que fueron distintas las sumas percibidas por los que accionaron judicialmente con fundamento en el artículo 96 de la Constitución Nacional (en su redacción anterior a la reforma) y no desistieron de su proceso".
Recurso de casación penal, interposición conjunta de recursos, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Abel Segundo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-16

Ante la tensión entre el derecho a designar defensor y la necesidad de hacer efectivo el derecho a una defensa adecuada, corresponde declarar la nulidad del auto de concesión del recurso de casación, interpuesto antes de que se dieran a conocer los fundamentos del fallo y sin que se cumpla mínimamente la carga de fundamentación técnica legalmente exigible -esbozando una pretensa afectación del principio in dubio pro reo-. Las excepcionales circunstancias del caso -la defensa particular a dos días de conocida la parte dispositiva de la sentencia presentó recurso de apelación y cuatro días después de esa presentación, el mismo letrado interpuso el recurso de casación en cuestión - y la errónea habilitación de la jurisdicción del tribunal en esas condiciones, obliga a declarar de oficio la nulidad del auto que concede el recurso de casación; a apartar al letrado particular que representa al imputado y a ordenar al a quo que ponga en conocimiento del nombrado su derecho a designar un nuevo defensor o, en su caso, se asigne la asistencia técnica de la Defensa Pública Oficial.

(Dres. Hornos, Diez Ojeda y Gonzalez Palazzo).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Vázquez, Alberto S. c/ González, Ramón s/ Consignación de haberes Lanza, Juan Carlos c/ Aut.tores Monte Berico SACIFI y A. s/ Indemnización por despido, etc. Barrios, Juan Carlos c/ Mataderos y Frigoríficos Guillón SACIA s/ Cobro de salarios Farías de López, Laura del Carmen y en nombre de sus hijos menores de edad c/ Bernardo Duggan S.A. s/ Cobro de pesos Colonello, Héctor Ernesto c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Indemnización por enfermedad Milostic, Nicolás c/ Induwagner S.A. s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-30|1985-06-04|1985-07-30|1986-04-08|1987-06-23|1989-05-09

No media violación de la regla de congruencia si el Tribunal del Trabajo ha circunscripto su actuación jurisdiccional a las cuestiones oportunamente propuestas por las partes interesadas.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, incapacidad laboral, daño psíquico, relación de causalidad, reclamo administrativo previo
Materia: LABORAL
Carátula: P., F. E. c/ Galeno ART S.A. s/ recurso ley 27348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-19

Corresponde modificar el fallo de la instancia anterior y determinar que el trabajador es portador en la actualidad de una incapacidad psicológica, en relación al accidente in itinere que sufriera, a pesar de que dicho rubro no fue reclamado en sede administrativa, puesto que las secuelas psicológicas comprobadas por el perito médico se produjeron como consecuencia del infortunio que sufrió el trabajador y los elementos probatorios permiten concluir que el actor es portador de la secuela incapacitante psíquica con causalidad adecuada en el marco de la Ley 24.557