marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pago, depósito judicial, efecto extintivo del pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Galería Comercial Williams c/ Salerno, Alberto Jacinto s/ Cobro de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

Si el propio ejecutado requiere que se ordene la disponibilidad de los fondos que se encontraban depositados a plazo fijo, ordenando el sentenciante la desafectación de aquellos, sin que el deudor tomara recaudo alguno para proceder a desafectarlos como lo solicitó, ya que es requisito previo, a que estuvieran disponibles, la transferencia de los fondos a la cuenta judicial originaria de autos, para poder luego procederse a su retiro (arts. 32 y 33 inc. 3 Acuerdo 2579/93 de la SCBA), no puede pretender el deudor liberarse de la obligación a su cargo, sin practicar todas las diligencias necesarias para que el acreedor pueda disponer realmente del crédito reclamado, pues de lo contrario no se produciría un pago válido con efecto cancelatorio. Es que a estos efectos interesa la disponibilidad de la suma debida, desde que ella dependía de la actividad diligente del deudor, que debe cumplir con lo que le era exigible, y no puede, eventualmente, perjudicar la situación del acreedor por las secuelas instrumentales del pleito, ante su conducta originariamente incumplidora. Por lo tanto, aunque el deudor haya dado en pago el monto adeudado, si no realiza las diligencias tendientes a obtener la efectiva percepción del importe por el acreedor, no puede decirse que los fondos depositados tengan efecto extintivo de la obligación.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dunda, Saúl c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Acción mere declarativa de  Inconstitucionalidad (Expte.: C.S.J. Nro. 548 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-18

El supuesto regulado por el inciso 2 del artículo 1 de la ley 7055, requiere que se hubiere cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución local y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía fundado en él. Sólo esto. De ningún modo admite ni sugiere la posibilidad de que por esa vía se verifique si una sentencia es compatible con las normas constitucionales. Entenderlo así sería superponer el inciso 2 con el 3, o peor aún, tornar a este último innecesario e inoperante, pues es claro que cuando un pronunciamiento repugna a la Constitución de la Provincia no reúne las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción.
Derecho comercial, concursos, homologación del acuerdo preventivo, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: New Glam SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

En el marco de un concurso preventivo, resulta procedente tener por homologado un acuerdo consistente en el pago del 100% de los créditos en 4 cuotas anuales, con un interés, y con la opción de considerarlo cumplido mediante la mera entrega de pagarés; esto es, antes de que los pagos efectivos sean efectivamente atendidos. Ello así, toda vez que se trata de un pequeño concurso instado por quien se dedica al rubro peluquería, y no hay deudas laborales, sino solo seis acreedores que votaron la propuesta por virtual unanimidad -con excepción de un acreedor que ostenta un crédito de un importe mínimo-.

Asimismo, la modalidad cuestionada no es susceptible de perjudicar a los acreedores que eventualmente pudieran incorporarse con posterioridad pues esa hipótesis fue expresamente descartada al haberse dejado aclarado en la propuesta que quienes se encontraran en esa situación podrían reclamar los pagos en efectivo. En ese marco, no existe ninguna razón de interés público que justifique rechazar aquello que los interesados han coincidido en aceptar.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CONDUCTEC SAIFICC c/ MARTINEZ EDMUNDO ADAN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-28

Si el procedimiento se anulare por una causa imputable a una de las partes serán a su cargo las costas producidas desde el acto que dio origen a la nulidad -conf. art. 74 Código Procesal-.-
Facultades del fiscal, proceso penal, control de constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Núñez, Eduardo Irineo s/ infr. art. 181 inc. 1 CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-14

Dado que la cuestión debatida resulta análoga a la resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'", resolución del 27/09/10, cabe remitir a los argumentos y a la solución expresados en el precedente citado.
Daño moral, responsabilidad contractual
Materia: COMERCIAL
Carátula: Andrade Antonio Juan c/ La Nueva Cooperativa De Seguros Ltda. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28

Si bien es de interpretación restrictiva la reparación del daño moral en materia contractual, para de tal manera excluir las pretensiones insustanciales y basadas en las simples molestias que puede ocasionar el incumplimiento del contrato, esa razonable restricción no puede erigirse en un obstáculo insalvable para su reconocimiento cuando el reclamo tiene visos de seriedad suficientes y encuentra base sólida en los antecedentes de la causa.
Amenazas, competencia federal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N. N. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-04

Tal como lo hubiere expresado anteriormente, el C.P.P. atribuye en su art. 33, inc. 1° apart. e) al fuero federal para entender en la instrucción de los delitos previstos en los arts.149 bis y 149 ter, inc. 1°, C.P., sin hacer distinciones en cuanto a que por medio de tales hechos exista el propósito de atentar o poner en peligro la seguridad del Estado Nacional; por ello debe intervenir, el fuero de excepción. Disidencia del Dr. González Palazzo
Sentencia contra el Estado, Ejército, daños y perjuicios, enfermedad profesional, régimen de consolidación de deudas, indemnización, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C., J. C. c/ E.N. - M. Defensa - Ejército s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-30

Corresponde condenar al Ejército Argentino a indemnizar a un médico que padece un mieloma múltiple con diversas afecciones derivadas cuyo origen se encuentra en la exposición habitual y reiterada a los rayos X que requerían sus prácticas médicas, por los daños y perjuicios sufridos a raíz del cumplimiento de su función en dicha fuerza y declarar que el crédito reconocido se encuentra excluido del régimen del art. 22 de la Ley 23.982, disponiendo su pago inmediato.
Gastos del proceso, tasa de justicia, monto de la demanda, costas, costas al demandado, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: SANSEVERINO DE RACIOPO, Ermelinda c/ EXPRESO LOMAS S.A. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-28

No hay razón para que la parte demandada tenga que soportar el eventual exceso en el reclamo por parte de la accionante, que pleiteó con beneficio de litigar sin gastos, ya que lo contrario, implicaría extender el concepto de costas a rubros no comprendidos en ellas. Es que, si las costas son erogaciones necesarias para que el actor pueda obtener el reconocimiento de su derecho, no pueden abarcar más que aquello que le fue reconocido en la sentencia, por lo tanto, el gasto por tasa de justicia que debe soportar el accionado, debe ser proporcional al progreso del reclamo.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, Poder Ejecutivo, establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AUSEN Juan Pablo c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S072 - 200)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-01

Son improcedentes las alegaciones de "presunción" de mala atención en los hospitales públicos sin ningún apoyo fáctico, y no pueden fundar una indemnización. Ello conduciría a una discriminación arbitraria en base a generalizaciones. Los arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional que tanto fueron invocados justamente para basar la responsabilidad del Estado ante los particulares, con igual justicia deben ser invocados cuando se pretende inclinar la balanza con presunciones no legales en contra del Estado, y en favor de los particulares. Aún cuando resultara estadísticamente que muchos hospitales están sucios, no puede extenderse sin más la conclusión a todos para basar responsabilidades específicas.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, jubilaciones, pensiones, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gastañaga, Ricardo Ernesto s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

Es descalificable la sentencia que hizo lugar al reajuste del haber previsional cuando la diferencia entre lo percibido por el titular y lo que le hubiera correspondido cobrar por aplicación de la ley 14.499, superara el 22%, pues aún cuando la intención de la Cámara haya sido otorgar al jubilado la reparación solicitada, el método propuesto no cumple con el cometido, dado que el monto del haber no tendrá la naturaleza sustitutiva que aconsejan los principios que rigen la materia.
Recurso extraordinario federal, resoluciones equiparables a definitiva, excarcelación, resolución denegatoria, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Domínguez, Ramón Guillermo s/ incidente de excarcelación en autos:"Ruíz, Alberto y otros s/  contrabando - causa nº 39.010 -".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Las decisiones que deniegan la excarcelación, en tanto restringen la libertad de los imputados con anterioridad al fallo final de la causa, ocasionando un perjuicio de imposible reparación ulterior, son equiparables a sentencias definitivas en los términos del art. 14 de la ley 48 por afectar un derecho que requiere tutela inmediata.

Sin embargo, ello no basta para habilitar la instancia extraordinaria, si no se halla involucrada en el caso alguna cuestión federal.
Enjuiciamiento de magistrados, mal desempeño de funciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Denuncia formulada por el Sr. Fiscal de Estado Dr. Guillermo H. de Sanctis y otro c/ El Titular del Juzgado en lo C.C. y M. de Quinta Nominación Dr. Carlos. Macchi
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-12-09

Corresponde destituir a un magistrado por haber incurrido en las causales de mala conducta y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, pues el magistrado, en distintas sentencias y resoluciones, incurrió en un injustificado e inexplicable apartamiento y/o desconocimiento manifiesto y reiterado del derecho vigente aplicable, principalmente de las leyes número 23928 y 25561, normas estas de orden público y en violación de la ley provincial 4119, generando, al disponer el pago de rubros prohibidos, incrementos excesivos e incausados de los montos indemnizatorios.
Sociedad de responsabilidad limitada, responsabilidad del socio, responsabilidad de los directores
Materia: LABORAL
Carátula: BAGNATO LUIS c/ SIGLO XXI S.R.L. Y/U OTROS s/ COMISIONES IMPAGAS, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-11-30

La responsabilidad del gerente de una SRL- (socio o no) debe ser analizada a la luz del concepto del "buen hombre de negocios" en referencia a una responsabilidad de índole técnica o profesional, cuyo centro de imputación difiere del contemplado en el art. 54 de la LSC. En consecuencia resulta directamente responsable, más allá de la responsabilidad del ente ideal que ha incumplido con su obligación.
Contratos civiles, excepción de incumplimiento contractual, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Cáceres Cardozo, Derliz c/ C.M.V. s/ Escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-11

El art. 1201 del Código Civil establece que en los contratos de los cuales nacen obligaciones para ambas partes, una de ellas no puede demandar de la otra el cumplimiento si no hubiera cumplido sus propias obligaciones o no ofreciere cumplirlas. Los contratos que originan obligaciones a cargo de ambas partes importan un trueque, un cambio, una reciprocidad. Hay entre esas obligaciones un nexo de interdependencia, de causalidad recíproca entre las contraprestaciones. No se puede pretender recibir si no se da, quien no cumple no puede exigir el cumplimiento de la contraparte. Media en esto una cuestión de buena fe y moral. Respecto de la carga de la prueba la ley invierte el "onus probandi", haciéndolo pesar sobre quien demanda el cumplimiento; es una solución tradicional, fundada en que es más simple la prueba positiva del cumplimiento que la negativa de la falta del mismo. En otras palabras: el demandado se limita a oponer la excepción; si el actor pretende que ésta es infundada, debe probarlo.
Impugnación de deuda impositiva, vista de las actuaciones, suspensión del plazo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Autolatina Argentina S.A. (T.F. 7878-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

Concedida la vista se suspende el plazo para la impugnación sin que deba "reiniciar" el plazo de 10 días, como erróneamente venía interpretándolo la jurisprudencia administrativa. (Consid.

III).
Acción de amparo, actos de los poderes públicos, políticas sociales, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actos u omisiones de autoridades públicas, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Pérez Víctor Gustavo y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-25

El derecho a condiciones mínimas de asistencia e inclusión social es un derecho fundamental que resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía individual (conforme artículo 19 de la Constitución Nacional). Esta autonomía consiste básicamente en la posibilidad de cada individuo de elegir y materializar su propio plan de vida. El Estado no sólo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales sino que tiene, además, el deber inexcusable de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquéllas no se torne ilusorio. Es cierto que la omisión estatal no es la causa pero si una condición del resultado -estado de indefensión- máxime cuando existe un deber normativo de actuar según surge de la Constitución de la Ciudad. (Del voto de los Dres. Balbín y Centanaro.
Certificado de trabajo, disidencia, sanciones conminatorias
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ, ALBERTO SEBASTIAN. c/ M.L. SERVICES S.R.L. Y OTRO. s/ INDEMNIZACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-09

[...] el objeto de la ley 25.345 (DT, 2000-B, 2397) no es que el trabajador obtenga un resarcimiento indebido, sino castigar al empleador que no dio cumplimiento con las obligaciones contenidas en el art. 132 bis (cfr. CNTrab, sala III, 30/12/2002. "Méndez, Carlos A. c.

Khichfe, Gabriel O. y otro". Publicado en: La Ley Online. Cita online:

AR/JUR/7037/2002). Desde esta perspectiva, no surgiendo que la demandada haya retenido indebidamente los fondos, entiendo que la sanción no puede serle aplicada. (Del voto de la Dra. Pamphile, voto coincidente).
Empleo público, accidentes de trabajo, entes autónomos, competencia federal, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Del Puerto, Norma Cecilia c/ Universidad Tecnológica Nacional y otro s/ Daños y perjuicios (Accidente de trabajo) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde radicar las presentes actuaciones ante el Juzgado Nacional del Trabajo si la actora demanda a la Universidad Tecnológica Nacional procurando obtener la reparación integral de los daños que afirma haber sufrido con motivo de un accidente laboral ocurrido en el campus de la Facultad Regional Buenos Aires. Ello así en tanto, al apoyar su reclamo en el supuesto que prevé la ley n° 24557, cuyos límites pide superar por inconstitucionales, ha optado por instar la acción prevista en la ley de riesgos. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de apelación (procesal), medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL Nº 61 c/ AUTOMOTORES HNOS. BERUTTI Y GOSIO S.A.C.I.F.I.A.M. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-02-21

La revisibilidad del dictado de medidas para mejor proveer debe ser interpretada con criterio restrictivo pero ello no es obstáculo para que ciertos supuestos, ingrese este Cuerpo al tratamiento del recurso de apelación cuando los agravios de la parte recurrente estén jurídicamente sustentados en principios procesales que resguardan garantías constitucionales.
Prescripción, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARANCIBIA MANUEL OMAR Y OTRO c/ FLORENCIO SERVANT Y OTROS s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S147 - 139)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-02-05

El plazo de prescripcion de la accion de indemnizacion por los gastos correspondientes a operaciones futuras, comienza a partir de la realizacion de las intervenciones quirurgicas. O sea en el momento en que el dano se produce, cuando existe la certeza del dano. Concretamente en el caso de autos se computa el termino de prescripcion a partir de la fecha de finalizacion de los tratamientos medicos.- se hace lugar a la apelacion revocando la sentencia en cuanto admite la defensa de prescripcion.-
Proceso judicial, principios procesales, honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Torcivia José c/ Lucero Horacio y otro s/ cumplimiento de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Aunque no sea el condenado en costas, si el cliente puede resultar obligado al pago de los honorarios, la estimación de la base regulatoria debe sustanciarse con él también, puesto que -de otro modo- se estaría violando el art. 53 de la ley 8904 que tiene su apoyo en el principio procesal de "bilateralidad" o "contradicción", e -indirectamente- en el de "defensa en juicio" previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional. De nada serviría enterarse al momento en que se le notifiquen los honorarios, pues en dicho estadio sólo podría cuestionarse el monto en sí de los mismos, sin tener posibilidad de conseguir una modificación en la base regulatoria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo, presunción de legitimidad, cesantía, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: V., J.R. c/ Provincia del Chubut y Otros s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-10

"Si se advierte que la ilegitimidad del acto administrativo (de cesantía) -precisamente en casos de empleo público- resulta ser la causa de la obligación de reparar los daños reclamados, cabe concluir en que el carácter firme e irrevisable de dicho acto constituye un obstáculo insalvable para la procedencia de dicha acción".
Cómputo de intereses, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: INGARAMO, PABLO JOSE c/ AMARILLA AUTOMOTORES S.A. s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-06-16

Por otro lado, tenemos que al pronunciarse en la causa 'Longobardi' a la que venimos haciendo referencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó '...que resulta prudente establecer aquí, para una hipótesis de préstamo, intereses -comprensivos de moratorios y punitorios- del orden del 7,5% anual no capitalizable desde la fecha en que se produjo la mora y hasta su efectivo pago...' .corresponde establecer que la deuda reclamada generará un interés del 7,5% anual, no capitalizable, entre moratorios y punitorios, desde la fecha en que se produjo la mora (vencimiento de cada cuota) y hasta las respectivas fechas de corte establecidas en el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, diferencias salariales, aportes y contribuciones previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado en Roncoroni, Alejo y Otros c/ GCBA  s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-01

Los aportes devengados como resultado de haber declarado como remunerativos determinados rubros, deben ser deducidos de las remuneraciones debidas al trabajador, retenidos por su empleador y luego depositados en el organismo recaudador pertinente, de conformidad con lo dispuesto por las leyes n° 24241 y n° 472. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe, por remisión a los fundamentos brindados en "GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ASTORGA, SILVINA GABRIELA CONTRA GCBA SOBRE EMPLEO PÚBLICO (EXCEPTO CESANTÍA O EXONERACIONES) - EMPLEO PÚBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES", expte. SACAyT n° 37136/18-1; sentencia del 07-06-2023).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, menores, incapacidad laboral, incapacidad sobreviniente, intereses, secuelas, incapacidad permanente
Materia: CIVIL
Carátula: SUAREZ, CARLOS BRAULIO c/ EL PALACIO DE LA LOZA SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18

Si como consecuencia de un accidente de tránsito, una menor queda con una incapacidad laborativa de un diez por ciento de la total obrera según el baremo nacional, es adecuado otorgar por incapacidad sobreviviente la suma de $4.000, con más los intereses correspondientes, desde la fecha del accidente hasta el efectivo pago. Ello así, considerando que por tratarse de una menor que no trabaja debido a su edad, complica la fijación en base a parámetros de incapacidad laborativa, ya que ello dependerá de la profesión o tarea que realice al alcanzar edad suficiente; además, las secuelas que padece (rasgos neuróticos reactivos al accidente) pueden ser tratadas mediante una sesión semanal durante un año, y de tener éxito el mismo, la incapacidad que ahora se valora como permanente podrá desaparecer.
Administración Pública, daños y perjuicios, indemnización, accidentes de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HERNANDEZ, PEDRO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ REVOCATORIA.RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION  (CSJ EXPTE Nº 666-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-06

La Provincia de Santa Fe adhirió a la ley 24028 de Accidente de Trabajo (aplicable a la relación de empleo público, según artículo 1, 2do. párrafo) por la ley 11025 (B.O. 28.9.1993), y estableció la competencia de los Jueces de Distrito de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial para entender en las acciones en las que se reclaman derechos o indemnizaciones que pudieren corresponder según el derecho civil; con lo que actualmente -y aunque esa norma no sea aplicable a esta demanda en virtud de lo dispuesto por el artículo 9 de la ley 11.025-, esa competencia resulta actualmente detraída del conocimiento de esta Corte, por dicha disposición legal.