marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera, J.C.- González, R.D. s/ Lesiones graves y leves. Pergamino
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

La ebriedad incompleta bajo la que actuó el imputado en varios de los hechos juzgados constituye -desde el punto de vista de los arts.

40 y 41 C.P.- un elocuente indicador de peligrosidad.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ BANDERINHA, Héctor s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1980-05-29

La obligación impuesta por el art. 71, inc. 2º de la ley 5800 no es una cortesía y tampoco obedece a la exigencia de una arribada simultánea al cruce, cosa que, por lo demás, en la mayoría de los casos es muy difícil de establecer y que se altera, en fracción de segundos, con un simple bombazo al acelerador. El artículo respectivo establece que, en el cruce, debe cederse espontáneamente paso a todo vehículo que se presente por la derecha.-
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, despido indirecto
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Demonte, Raul R.P. c/ Ramondelli y Cía. S.C.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral   (Expte.: C.S.J. Nro. 103 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

Corresponde rechazar la queja interpuesta por cuanto, respecto al planteo del impugnante relativo a que en autos existió injuria suficiente para justificar la ruptura de la relación laboral, invocando como causa la "falta de pago de las diferencias salariales reclamadas", no reviste entidad suficiente para operar la apertura de esta instancia, por cuanto evidencia el mero disenso para con lo resuelto por el tribunal a quo, en ejercicio de funciones que le son privativas. En el caso, la Cámara consideró injustificado el despido indirecto invocado por el recurrente al verificar la inexistencia de diferencias a su favor, a la vez que señaló que el atraso en el pago de una suma mínima, dentro del contexto en que se desarrollo la relación laboral- dieciocho años-, no justificaba dicha decisión, sobre todo si el empleador los puso siempre a su disposición (circunstancia esta ratificada en la contestación de demanda), no mostrándose tal situación como injuria con entidad suficiente para impedir la prosecución de la relación laboral (artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo). Toma, además, en consideración para arribar a tal conclusión que en el intercambio de telegramas y cartas entre las partes, el actor recién invocó el convenio que considera aplicable con posterioridad a su despido indirecto, pues con anterioridad solo había aludido a "haberes atrasados"..."diferencia de haberes".. "diferencias salariales".. "diferencias salariales reclamadas", lo que no resulta acorde a lo normado por el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, que consagra el principio de buena fe.
Doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria, aplicación de la ley, procedencia del recurso, ejecución de multas
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C & E CONSTRUCCIONES S.A s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en C & E CONSTRUCCIONES S.A.  c/  s/ 23 - EJECUCIÓN MULTA DETERMINADA POR CONTROLADOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde rechazar la queja porque no rebate el auto denegatorio, fundado en la ausencia de una cuestión constitucional. Los agravios expuestos en el recurso de hecho están relacionados con la necesidad de adecuar la sanción de multa, en la etapa del proceso ejecutivo, en virtud de la promulgación de una ley más benigna. Se dirigen a cuestionar la exégesis efectuada en el caso respecto de normas de derecho común: mientras que la Cámara destaca la ausencia de un supuesto de excepción en el art. 451 de la ley n° 189, que permita canalizar la readecuación solicitada, la parte prioriza la aplicación del art. 3 de la ley n° 451, y no consigue demostrar que aquélla no constituya una lectura posible de las reglas en juego. La discrepancia del recurrente con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que la sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Competencia de instrucción, violación de secretos, violación de correspondencia por empleado de correo
Materia: PENAL
Carátula: CONIL PAZ, César s/ VIOLACION DE SECRETO. COMPETENCIA CRIMINAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-28

La inevitable intervención del empleado de una oficina de correos, en los casos en que por la naturaleza de la comunicación que se envía a un tercero debe enterarse de su contenido, no implica una divulgación del presunto propósito difamatorio, desde que tiene la obligación de guardar el secreto acerca de aquello que conoció como consecuencia exclusiva de su actividad funcional; por cuya razón corresponde que entienda en las actuaciones la Justicia de Instrucción.
Honorarios, monto del juicio, derechos patrimoniales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pimentel Marcial c/ Municipalidad de San Isidro s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

Ha declarado la Suprema Corte que cuando se dice que un derecho no es susceptible de apreciación pecuniaria, se está expresando que se trata de un derecho que carece de valor económico y que, por lo tanto, es un derecho extrapatrimonial, y éstos son los derechos subjetivos que no se ejercen sobre cosas o bienes en sentido estricto, sino que tienen como soporte la persona misma o las relaciones de familia. Y decidió asimismo que derechos patrimoniales son los que revisten el carácter de bienes en el sentido conceptual del art. 2312 del Cód.Civil, o sea, los que son susceptibles de tener un valor, los que permiten manifestar la relación de un valor pecuniario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Objeto del proceso, desindexación, preclusión, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Carnero, Francisco y otros c/ CONET s/ empleo publico.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

La pretensión desindexatoria contemplada en la ley 24.283 es de articulación libre, pues su deducción no está sujeta a forma preclusiva alguna y su interposición no reconoce límite temporal alguno (conf. CNCiv., Sala A, in re "Obras Sanitarias de la Nación c/ Asociación Cristiana de Jóvenes", del 24 de abril de 1995; in re "Guevara Irma c/ Wosner Jorge y otro", del 12 de marzo de 1996; e in re "Goldfarb, Samuel c/ Acuña, Juan y otro", del 25 de marzo de 1997; Sala B, in re "Carrefour S.A. c/ Raldúa S.A. del 11 de agosto de 1995; Sala H in re "Consorcio Quintana 386 c/ Agropecuaria Cevis", del 23 de mayo de 1996; CNFed Civ. y Com., Sala II, in re "Caja Nac. de Ahorro y Seguro c/ Científica Argentina S.R.L. y otro", del 20 de marzo de 1997). (cons. IV).
Legítima defensa, eximentes de responsabilidad, amenaza de sufrir un mal grave e inminente
Materia: PENAL
Carátula: Gómez de Gutiérrez, Nancy B. s/ Homicidio agravado por el vínculo el vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-06

La causal de justificación del art. 34 inc. 6º C.P., permite que el agredido asuma su defensa ante la imposibilidad de que lo haga el Estado a través de sus órganos pertinentes; es decir, que ello es excepcional y estrictamente reglado en cuanto a los extremos que deben concurrir. Entre estos, la actualidad o inminencia de la agresión ilegítima y la racionalidad del medio empleado para impedirla o repelerla, son imprescindibles y deben demostrarse.
Nulidad de sentencia, desaparecidos, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Tillería, Fabián Alcides y otros c/  s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-18

El hecho de que los imputados no hayan registrado antecedentes previos o contemporáneos de abusos, no puede configurar per se un elemento determinante para desechar su participación en el evento, ya que consta que eran quienes tripulaban el vehículo policial en el que subieron a la víctima, y lo condujeron a la repartición, de ese modo, habrían asumido una porción del codominio del hecho.Corresponde declarar la nulidad de las absoluciones, si el fallo se ha sustentado, en definitiva, en una valoración fragmentaria y arbitraria de los hechos y las pruebas arrimadas al juicio, referentes al hecho concreto materia de juzgamiento, prescindiendo de una visión de conjunto y de la necesaria correlación de los testimonios entre sí, y de ellos con los restantes elementos e indicios reunidos, que se han evaluado en forma arbitraria.
Excepciones procesales, Convenio sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos, domicilio
Materia: PROCESAL
Carátula: EL PAIS SA. c/ NOBLE GUADALUPE GEORGETTE s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-03

El convenio suscripto con la República Oriental del Uruguay sobre igualdad de trato procesal y exhortos -ratificado por ley 22.410- permite a la actora -atento el lugar de su domicilio-litigar en el país en las mismas condiciones que los en él domiciliados (conf.

art. 1°), razón por la cual no resulta alcanzada por la previsión contenida en el art. 348, Código Procesal.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, cuestión constitucional, leyes, constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: ZAPATA, MARÍA TERESA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-QUEJA POR  DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 230 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-01

No corresponde que esta Corte emita pronunciamiento sobre la postulada inconstitucionalidad del "writ of certiorary" incorporado al artículo 280 de la ley 23.374-Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-, habida cuenta que el mentado artículo establece una herramienta de selección de casos que corresponde evaluar al Tribunal Supremo Federal en orden a establecer la 'importancia', 'relevancia' o 'significancia' de la supuesta cuestión constitucional, por lo que le compete al Alto Cuerpo expedirse al respecto.
Recurso de casación, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SHERIFF, HILDA ETEL c/ PEREIRA, ELISEO GERARDO s/ RENDICION DE CUENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1984-05-10

PARA ABRIR LA INSTANCIA EXTRAORDINARIA EN MATERIA PROBATORIA ES MENESTER DEMOSTRAR QUE EXISTIO ABSURDO EN LA APRECIACION DE LA MISMA, QUE DEBE CONSISTIR EN UN DESVIO NOTORIO QUE CONDUZCA A CONCLUSIONES INCONGRUENTES.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Policía Federal Argentina) s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

La Ciudad de Buenos Aires no resulta aforada a la competencia originaria contemplada en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, conclusión que encuentra apoyo en el propio texto de la Ley Fundamental que a lo largo de varias de sus disposiciones la distingue de las provincias, tratando a ambos sujetos jurídicos en una cantidad importante de oportunidades de manera desigual (Voto de la jueza Highton de Nolasco que remite a su disidencia en el precedente "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (Fallos: 342:533)).
Prescripción de la acción penal, suspensión del proceso judicial, cuestiones prejudiciales, morosidad del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: OSTELETSKY, Nina s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-07

1) La demora en la tramitación del juicio -20 años-, debida únicamente y en forma exclusiva a la decisión de la Justicia, de suspender la tramitación del proceso, como así correspondía, hasta que se dilucidara en sede civil la validez del vínculo matrimonial, no puede llevar sin más, a declarar la prescripción de la acción, por cuya razón deben volver los autos a la Sra. Juez de grado para que dicte sentencia con arreglo a los arts. 495 y sgtes. CPC, dado que no emitió opinión sobre el fondo del asunto.

2) Aun cuando en autos se ha introducido una suerte de cuestión prejudicial no prevista por el ordenamiento legal, la paralización de las actuaciones no puede ser opuesta a quien acciona para operar la prescripción de la acción penal; pues ello implicaría vulnerar la garantía del debido proceso legal al 'restringirse el derecho de la parte por situaciones motivadas por el Tribunal', tal como lo sentó la Corte Suprema in re 'Bencich, J. E., c/Frieboes de Bencich, E.', 24/11/80. ('Fallo' 302:1383).
Superior Tribunal de Justicia, doctrina
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: GUZMAN BASILIO c/ PETRUZZI S.A. s/ INDEMNIZACION    -  CASACION  LABORAL  -  ADMISIBILIDAD  -  T.S.J.  =  MODIFICACION DE SU DOCTRINA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-04-07

Corresponde desestimar el desestimiento del recurso de casación incoado por la actora, motivado por la jurisprudencia de la sala respecto de la improcedencia de la actualización del salario anual al que se refiere el art. 11, Ley 9688, si con posterioridad, el tribunal superior de justicia modificó su criterio sobre el tema, por la aplicación de la doctrina de la excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las razones que lo determinaron han desaparecido por lo que su admisión iría en detrimento de los derechos del trabajador, contrariando el art. 9 de la LCT.
Mandato, manifestación expresa
Materia: CIVIL
Carátula: Benedetti Aldo Pedro Maria c/ Provincia De Entre Rios s/ Ordinario Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-02-07

Aún cuando no siempre es necesaria una declaración solemne o formal de actuar en nombre ajeno, ya que se admite la posibilidad de que esa actuación sea inferible de las circunstancias objetivas y subjetivas que acompañan a la actuación del mandatario, lo lógico y corriente es el empleo de la manifestación de por quien se actúa o bien la firma del celebrante precedida de las enunciaciones "por poder de", "por mandato de", en "representación de" u otras equivalentes, indicando no se lo efectúa en nombre propio, caso contrario se presenta la situación del "mandato sin representación".
Condena a escriturar, legitimación activa, resolución del contrato, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: CONSTANTINO TERRAZA CESPEDES c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-19

Se trata en la especie de la resolución de una obligación escrituraria judicialmente impuesta y, si bien en la exégesis del artículo 1187 del Código Civil se ha admitido que ante el incumplimiento del vendedor en orden a su obligación de escriturar, este trámite puede ser suplido a tal efecto por el Juez, o bien, en otro orden, que el acreedor también cuenta a su disposición con determinados medios compulsivos para obtener el cumplimiento específico, ello no lo ha sido sobre la base de resignar la posibilidad de resolver el contrato y de reclamar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento; potestad que asiste al comprador aun después de dictada la sentencia que acoge la pretensión escrituraria y siempre que, como ocurre en la especie, hubiere vencido el plazo fijado a tales fines, sin que el deudor cumpliere con la obligación a su cargo, si demostrase que es factible hacerlo en un plazo razonable. Por lo demás, habiendo quedado sujeto el cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 512 y 513 del Código Procesal, a los fines de la resolución allí prevista no se requiere que la obligación se hubiere tornado de cumplimiento absolutamente imposible.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: C., J. I. c/ C., M. I. s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-03-08

La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas". Lo "concreto" se refiere a lo preciso, indicado, determinado -debe decirse cuál es el agravio-.

Lo "razonado" indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones -debe exponerse por qué se configura el agravio-. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones.

Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación.
Derecho administrativo, empleados públicos, aplicación de la ley, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Balbuena, Mario y otros c/ Municipalidad de San Francisco de Laishi s/ Demanda Contencioso Administrativa Francisco de Laishi s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-12-11

"La afirmación genérica de que el derecho civil es supletorio del derecho administrativo no tiene otro fundamento que el meramente histórico de raíz romanista, conforme al cual el "ius civile" constituía el derecho común, siendo las demás ramas del ordenamiento jurídico meras excepciones al mismo. Sin embargo, el desarrollo que, desde el último tercio del siglo pasado hasta hoy, han logrado los estudios del derecho público -como categoría histórica diferenciada del derecho privado- permiten caracterizar al derecho administrativo no ya como un conjunto de excepciones al derecho civil, sino como el derecho común del derecho público". Y citando lo dispuesto en el artículo 113 del decreto-ley 971/80 de Procedimientos Administrativos, ...la cuestión de la prescripción de la acción para reclamar haberes adeudados de los empleados y funcionarios públicos, al no tener solución en el ordenamiento local "deberá resolverse conforme a las leyes análogas del orden nacional, lo que no quiere decir, necesariamente, el derecho civil". (Fundamento del Dr. R. Roquel)
Proceso electoral, plazos procesales, boletas de sufragio, actos consentidos, prórroga del plazo
Materia: ELECTORAL-PROCESAL
Carátula: Tribunal Electoral Permanente s/ Antecedentes Integrantes del Consejo de la Magistratura
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-10-31

La presentación de modelos de boletas en un microproceso al que no se aplican las reglas de perentoriedad de los plazos electorales, pues el núcleo de la competencia electoral lo constituye la oficialización de los candidatos, sin que circunstancias secundarias, -como el de acompañar modelos de boletas -, puedan tener la virtualidad de afectar el derecho fundamental a elegir y ser elegido que consagran el Art. 37 de la Constitución Nacional, el Art. 77 de la Constitución Provincial, el Art. 23.1 a), b) y c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, derecho internacional incorporado a nuestra legislación positiva por el Art.75 inc. 22 de la Constitución Nacional, plexo normativo que configura una estructura homogénea destinada a preservar la voluntad popular en la designación de autoridades, a través de elecciones: 1) auténticas; 2) periódicas y universales; 3)preservando la libertad en la expresión de la voluntad del elector. Es deber de este Alto Cuerpo "...procurarse asegurar, en la mayor medida posible, la expresión genuina de la voluntad electoral del ciud adano con relación a todas las categorías de candidatos, evitando todo factor que conspire contra dicho propósito ...". Tales premisas obligan a este Tribunal Electoral Permanente aguardar celo en la protección de los derechos civiles electorales, evitando excesos rituales manifiestos, a favor de la perentoriedad e improrrogabilidad de un término procesal común, cuando según las constancias del acta de audiencia los recurrentes consintieron la postergación de la fecha límite para la presentación de los modelos.
Actualización monetaria, valor real
Materia: PROCESAL
Carátula: Jujuy, Provincia de c/ Estado Nacional. s/ Impugnación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-14

La finalidad de la actualización monetaria consiste en mantener el valor económico real de las sumas en cuestión frente al paulatino envilecimiento de la moneda.
Violencia económica, mutuo dinerario, obligaciones de dar sumas de dinero, carga probatoria dinámica, prueba documental, falta de prueba
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: A.N.C. c/ A.E.J. s/ cobro de pesos y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2022-05-12

La negativa general, de los hechos, por parte del demandado, complementaria, de igual actitud probatoria, debe ser interpretado a la luz de las cargas probatorias dinámicas, que consagra el deber de colaboración y solidaridad en la aportación de la prueba. Por lo que frente a la ausencia probatoria del demando, quien no ha demostrado por ningún medio, que los bienes que detalla la actora, hubieran sido adquiridos por él, la dificultad de la actora de muñirse de pruebas documental al momento de concertante cada operación, en el marco de la relación de noviazgo, cateterizada por factores estereotipado de poder, y en el marco de la violencia domestica de tipo económica que sufrió, tengo por acreditado , el préstamo o ayuda económica que, generaría una obligación de restitución por parte del demandado.-
Ministerio Público Fiscal, ejercicio de la acción pública, elevación en consulta, constitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Capitán  de  Intendencia Silva, Carlos Gustavo s/ recurso del art.445 bis del C.J.M.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-06

Cuando el Juez de instrucción manifiesta su desacuerdo con el pedido de desestimación de la causa presentado por el Fiscal, y eleva los autos en consulta a su superior en los términos del artículo 348 ,segundo párrafo del código adjetivo, no está ejerciendo facultades requirentes del Ministerio Público, sino que está realizando un control formal y sustancial indispensable sobre los actos o requerimientos conclusivos de la investigación, de acuerdo con el referido carácter predominantemente inquisitivo de la etapa instructoria; y está manifestando además, que las razones expuestas por el Fiscal en su pedido no lo han convencido, es decir, no le han dado la certeza de que el hecho investigado no constituye delito, o que el delito no fue cometido por el imputado, o que no se puede proceder, etc. (ver artículos 180 y 336 del ordenamiento ritual). Desde esta perspectiva se advierte que la consulta a Cámara (art. 348 del C.P.P.N.) no constituye un acto de invasión en las facultades del Ministerio Público, sino el legítimo ejercicio de una jurisdicción de mérito expresamente establecida por la ley procesal. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr.

Tragant, Dra. Ledesma en disidencia).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Robledo, Claudio s/ Tentativa de robo - Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

Constituyen cuestión esencial los agravios vertidos en la expresión de agravios referidos al cuerpo del delito, desde que de su resolución depende la existencia de los delitos que se atribuyen al procesado.