Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-23


Rawson, 23 de Mayo de 2.008.- -- VISTO: -- Estos autos caratulados: "S., J. A. y otro c/ S. C. P. L. de COMODORO RIVADAVIA s/ ACCIÓN DE REINSTALACIÓN (art. 52 Ley 23.551)" (Expte. Nº 21.186-S-2007). -- -- DE LOS QUE RESULTA: - --1.- Vienen estos autos a consideración del Tribunal en virtud de la casación por arbitrariedad de la accionada interpuesta a fs. 140/179 contra el fallo dictado por la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia de fs. 132/138 vta. que confirmó la resolución de Primera Instancia que dispuso la reinstalación de los actores en sus anteriores puestos de trabajo y restableció las condiciones laborales que ostentaban con anterioridad al 1º de Mayo de 2006 en la S. C. P. L. de Comodoro Rivadavia. -- -- 2.- Efectúa la recurrente un relato parcial de los antecedentes de la causa. -- -- Sostiene la casacionista que se han violado los arts. 47, 48, 50 y 52 de la Ley Nº 23.551; y los arts. 1 y 2 de los Convenios Nº 98 y Nº 87 ambos de la O.I.T.. --- -- Entiende que para fundar el decisorio se ha utilizado un dispositivo -el art. 50 de la Ley Nº 23.551- absolutamente extraño a la materia debatida en la causa. -- Argumenta que dicha norma alcanza únicamente a los candidatos y que no teniendo los actores ese "status" debe concluirse que el fallo se ha fundado erróneamente en ese dispositivo. -- -- Señala que contrariamente a lo afirmado por el Tribunal, en cuanto al carácter operativo de la garantía sindical prevista por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y la no sujeción a ninguna reglamentación infraconstitucional limitativa, ella ha sido reglamentada por sucesivas normas que consagraron la estabilidad gremial sólo respecto a los entes con personería gremial. -- Interpreta que en autos, lo único que debe resolverse es si la conducta de la demandada comporta o no violación a la protección sindical consagrada por el art. 48 de la Ley N° 23.551, reglamentación de la garantía prevista por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. -- -- Manifiesta que para que la garantía funcione el sindicato respectivo debía poseer personería gremial (art. 48 L.A.S.) por tal motivo, califica "contra legem" el dictado en los presentes autos con fundamento en el art. 50 de la LAS reservado a los candidatos a cargos gremiales. -- Alega que del art. 48 de la L.A.S. surge que no existe protección sindical si el ente sindical respectivo no cuenta con personería gremial, por tal motivo el fallo fundado en los arts. 47 de la Ley N° 23.551 y el Convenio N° 98 -arts. 1 y 2- de la O.I.T., no puede mantenerse como acto jurisdiccional válido. --- -- Sostiene que los sentenciantes se han desentendido de la contundente línea jurisprudencial invocada que muestra que la existencia de personería gremial condiciona la procedencia de todo planteo vinculado a la protección sindical. -- Ratifica la reserva del caso federal. --- -- CONSIDERANDO: -- -- Conforme lo dispone el art. 292 del C.P.C.C. corresponde establecer si el recurso ha sido bien o mal concedido con arreglo a las normas de los arts. 286, 288 y 289 del mismo código a los que aquél reenvía. --- -- I.- Este Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que "El escrito de interposición del recurso debe bastarse a sí mismo dado el carácter autónomo que posee, su sola lectura tiene que ser suficiente para la comprensión del caso, para lo cual es preciso que contenga un relato claro y concreto de los hechos relevantes de la causa, ello así, a fin de que sea posible advertir el vínculo que guardan con las cuestiones que se quieren someter al Tribunal como de índole excepcional" (Exptes. N° 11.252/86; 11834/87; 12.152/90; 17.989/00; 18.562/02; y S.I. N° 07/S.R.E./05, entre otras). - -- La lectura del aquí promovido y las razones que a continuación se desarrollarán, evidencian su falta de autonomía, su manifiesta insuficiencia técnica y justifican que el mismo se declare inadmisible. - -- En efecto, la accionada omitió describir la nota que el 06 de Febrero de 2006 cursó el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Agua Potable y Servicios Sanitarios, O. P., -recepcionada según cargo obrante al pie el 06 de Febrero de 2006- informándole que mediante Resolución N° 49/06 el Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso la inscripción gremial de la Asociación Sindical constituida el 8 de Septiembre de 2004, la ratificación de la composición de la Comisión Directiva de la entidad (fs. 5). -- -- Tampoco describió la nota dirigida al Señor Gerente de la S. C. P. L., Ing. B. S. de fecha 25 de Noviembre de 2004, que en copia simple se agrega a fs. 6/8, mediante la cual se informó -entre otros ítems- que a raíz de la reunión de trabajadores en asamblea del 8 de Septiembre de 2004, se constituyó una nueva entidad sindical de primer grado denominada Sindicato de Trabajadores del Agua Potable y Servicios Sanitarios, acercando la lista de afiliados y la composición de la Comisión Directiva de la entidad (fs. 88/93). -- Omitió el casacionista describir el texto del telegrama colacionado N° 66010790 remitido el 3 de Mayo de 2006 por O. A. C., rechazando el cambio de sector por infringir lo normado por los arts. 47, 48 y 50 de la Ley N° 23.551 (fs.10); ni del N° 66010789 cursado en la misma fecha y en los mismos términos por J. A. S. al representante legal de la S. C. P. L. de Comodoro Rivadavia (fs.12). -- No relacionó el contenido de la C.D. OCA corriente a fs. 9, ni los términos de la agregada a fs. 94 N° 751762765 del Correo Argentino. --- -- Estas constancias acreditan que entre las partes existió -previo a promoverse la presente litis- un fluido intercambio espistolar que mereció el análisis de los jueces de grado (fs. 107 y 134). --- -- Su incuestionable trascendencia jurídica llevó a la jurisprudencia predominante a sostener que "si el empleador, al tomar conocimiento de la designación del delegado o representante, no formulara en forma inmediata la impugnación correspondiente, consintiendo el ejercicio de funciones representativas por el trabajador designado, no puede posteriormente, cuando se ha producido la ruptura de la vinculación laboral, alegar ese vicio o deficiencia formal para justificar un desconocimiento de la estabilidad gremial del trabajador. Es una consecuencia del principio de buena fe que debe imperar no sólo en las relaciones laborales individuales sino también en las colectivas" (Conf., Néstor T. Corte, "El modelo sindical argentino. Régimen legal de las asociaciones sindicales", segunda edición actualizada, Rubinzal- Culzoni Editores, pág. 469; Trib. Trabajo de Formosa, Sala II 6-4-2005, "Báez, Florentino c/ Frigorífico Norte SRL y/u otro", LL litoral 2005-993 (Octubre); (CL Paz Letr. De Corrientes, 13/10/2004, "Núñez, Nemesia c/ Clínica Santa María SRL y/o q. rr", LL Litoral 2005-250 (abril) y CNAT, Sala X 31/07/2000, "Lires, Jorge O. c/ Papeleras Sur", SCA ll 2001-A- 217, con nota de redacción 2001-1-372) y Cámara Trab. de Resistencia, sala II 12/07/2005, "Conde Olgado, Miguel B c/ Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECEEP)", LL Litoral 2005- 1252(Diciembre)). --- -- Por tal motivo y teniendo en cuenta que las referidas documentales integraron la plataforma fáctica analizada por el Tribunal ad-quem, quien aludió a ellas como "comunicaciones no objetadas" (fs. 134), era exigible al casacionista su acabada descripción, a fin de dar cumplimiento al requisito de autosuficiencia técnica que el recurso que intenta debe cumplimentar y demostrar el vicio que denuncia. -- -- De la lectura del escrito de interposición del recurso no es posible -en consecuencia- discernir sobre los antecedentes de la causa, los hechos controvertidos y la relación entre aquellos, el fallo de Primera Instancia, el de la Cámara y sus ulterioridades, por lo que lejos de autoabastecerse, resulta exiguo y carente de suficiencia técnica (Conf., S.T.J.CH., S.I. N° 219/91; 80/S.R.E./02; 14/S.R.E./03; Corte Suprema de Justicia Nacional, Fallos, 308:2263; 323:2205; Augusto Morello, "El Recurso Extraordinario", pág. 381, Ed. Abeledo Perrot, año 1987 y Néstor Pedro Sagués, en su obra "Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario", 4ta. Edición actualizada, Edit. Astrea, pág. 490). --- -- Por todo lo dicho, el recurso de casación intentado es inadmisible por falta de autonomía. -- II.- A mayor abundamiento corresponde indicar que el escrito casatorio en análisis no contiene una crítica seria y prolija de la sentencia impugnada. El recurrente no rebatió idóneamente la aplicación del art. 47 de la L.A.S., norma en la que el fallo también se apoya, lo que conduce a su rechazo por inadmisible. - -- En los presentes autos, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, rechazó el recurso interpuesto por la accionada, tras interpretar -con fundamento en lo dispuesto por los arts. 47, 50 y 52 de la L.A.S.- que la estabilidad laboral que consagra la Ley N° 23.551, alcanza al empleado que ejerce un cargo electivo en una asociación que hallándose simplemente inscripta, no cuenta con personería gremial. --- -- Sin decir porqué, el casacionista opinó que el art. 47 de la Ley N° 23.551 y los arts. 1º y 2º del Convenio N° 98 de la O.I.T., no dan sustento válido al pronunciamiento. Al desarrollar este agravio, transcribió las normas, criticó las citas efectuadas por el Tribunal por genéricas y porque -a su juicio- ellas, no se corresponden con la multiplicidad de supuestos que tales dispositivos legales contienen; afirmó que la O.I.T. respalda la reglamentación que la Ley N° 23.551 hace de las cláusulas constitucionales en el sentido de que si no hay personería gremial no existe la protección sindical. --- -- Conforme los términos utilizados y los argumentos expuestos por la accionada recurrente, se pone de manifiesto que al plantear la inaplicabilidad del art. 47 de la L.A.S., solo describe una opinión dispar con el fallo atacado que -entre otros- se funda en este dispositivo legal; una mera discrepancia con la solución dada al caso, todo lo cual resulta inadmisible en esta instancia extraordinaria. -- -- A todo evento y en cuanto a la recomendación efectuada por la O.I.T. al Gobierno Argentino en relación a la Ley Sindical debe señalarse que: "El 18 de Febrero de 1998, el Gobierno de Argentina fue denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo por la Central de Trabajadores Argentinos. En su alegato, el Estado Nacional -que ratificó el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (N° 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (N° 98)- explicó que "en cuanto a la protección contra la discriminación antisindical en el ordenamiento jurídico, el Gobierno declara que en el plano constitucional, la Carta Magna consagra expresamente en el segundo párrafo del artículo 14 bis que "los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo", y las disposiciones legislativas, son acordes con este principio. La principal disposición tutelar en lo referente al fuero sindical está dada por el art. 47 de la Ley N° 23.551, que establece: "Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos, ante el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento sumarísimo, establecido en el art. 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los Códigos Procesales Civiles Provinciales, a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical". Esta norma, introdujo un medio ágil y efectivo para garantizar los "derechos de la libertad sindical". El sujeto activo de la acción lo es "todo trabajador o asociación sindical". Este artículo y la protección que él brinda no restringe su ámbito a afiliados, delegados, integrantes de cuerpos representativos, etc., sino que por el contrario, todo trabajador o grupo de trabajadores puede ejercer esta acción en procura de un remedio eficaz. Asimismo, al no realizar distinciones con relación a las asociaciones sindicales, la acción puede ser ejercida tanto por una asociación con personería gremial como sin ella, por una asociación sindical de primero, segundo o tercer grado, e incluso por un grupo de asociaciones sindicales. El objeto de la acción está dado por la tutela al ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que el criterio de interpretación de los derechos de la libertad sindical debe ser amplio toda vez que las previsiones de la ley número 23.551 no son en sí mismas autónomas sino que derivan del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La ley N° 23.592 adopta medidas para quienes arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y su art. 1 expresa: "quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos". El juego de las disposiciones constitucionales citadas, el mencionado art. 47 de la Ley N° 23.551 y la N° 23.592, constituyen una protección adecuada a todo trabajador para el ejercicio de su actividad gremial, impidiendo entre otras cosas, su despido, suspensión o modificación arbitraria de las condiciones de trabajo que se motiven en tal circunstancia.--- -- Además, los artículos 48 y 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, abordan en forma más específica pero no excluyente conforme se ha explicado en párrafos anteriores, la protección con relación a los representantes sindicales en la empresa. Para cumplir esta función, de acuerdo al art. 41 de la ley -además de otras condiciones- se deberá estar afiliado a una asociación sindical con personería gremial, no siendo ello necesario "cuando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar el representante, no existiera una asociación con personería gremial, la función podrá ser cumplida por afiliados a una simplemente inscripta". En virtud de lo expresado en los párrafos anteriores, resulta claro que el derecho argentino brinda protección no sólo a los representantes de las organizaciones con personería gremial, sino que a todos los representantes sindicales en la empresa, y más aún, a todos los trabajadores, estén afiliados o no a una organización sindical, con personería gremial o simplemente inscripta. En tal sentido, es facultad de los hipotéticamente damnificados el recurrir a los tribunales de justicia, a efectos de hacer valer estos derechos cuando son vulnerados, ya que al Estado le está vedado cualquier tipo de intervención conforme el art. 63 inc. c) de la Ley N° 23.551. --- -- En el caso, el Comité de Libertad Sindical, invitó al Consejo de Administración a que apruebe la recomendación de pedir al Gobierno para que tome medidas para que en lo que respecta a la protección legal de los dirigentes sindicales contra los despidos y otros actos perjudiciales, la legislación no discrimine a los dirigentes de las organizaciones simplemente inscriptas con respecto a las que gozan de personería gremial. (Caso Número 1953, Año 2000, Documento Vol LXXXIII, 2000, Serie B, número 1) "Queja contra el Gobierno de Argentina presentada por la Central de Trabajadores Argentinos" (CTA) (http://white.oit.org.pe/sind/ casos/arg/arg32.htm). - -- En definitiva, el 5 de Junio de 2007 la Comisión de Aplicación de Normas y Recomendaciones de la 96º Conferencia de la O.I.T. sobre el tratamiento del caso argentino por violación del Convenio 87 de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo pidió al Gobierno que con el conjunto de los actores sociales y con la asistencia de la O.I.T. elabore un proyecto de ley para plena aplicación al Convenio teniendo en cuenta la totalidad de los comentarios de la comisión de expertos (ver, www.cta.org.ar/base/article6925.html). -- Antecedente que pone en evidencia lo infundado e inadmisible del agravio desarrollado en tercer lugar por el recurrente. --- -- La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene decidido que el escrito casatorio debe contener una crítica seria y prolija de la sentencia impugnada; se deben rebatir y neutralizar cada uno de los argumentos principales (todos los de ese carácter) en los que el fallo se apoya (C.S., Fallos, 296:639; 392:283 y 334; 310:1465; 315:2986, entre muchísimos otros). Así, si no se formulan agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de Primera Instancia, en este caso de la Cámara quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ("Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", Agosto, 29-969, LL 137:538). --- -- En igual sentido, este Superior Tribunal de Justicia, en más de una oportunidad, ha dicho que resultan inadmisibles los recursos extraordinarios en los que no se critican los argumentos sustanciales en los que los Sres. Camaristas fundan sus sentencias.

El recurso extraordinario ante este Cuerpo además de indicar el porqué, las normas aplicadas se interpretaron incorrectamente debe repeler todos los fundamentos del decisorio porque sino deviene inconsistente por parcial y debe referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia, de lo contrario indefectiblemente la casación por lógica, será inadmisible (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", La Plata, 2da. Edición, edit. Librería Editora Platense, pág. 599; este Cuerpo S.I. Penal, N° 13/97; 119/S.R.E./00, 19/S.R.E./02, 109 y 118/S.R.E./04; S.D. N° 19/S.R.E./00, 15/S.R.E./02, 2 y 10/S.R.E./05, entre otras y C.S., Fallos, 279:31; 310:1465; 310:1147; 323:1261; 318:1501; 316:420). -- De lo expuesto se concluye que debe declararse inadmisible el recurso de casación intentado por la accionada contra el pronunciamiento dictado por la Sala "A" de Comodoro Rivadavia fundado entre otros, en el art. 47 de la Ley N° 23.551, por ser insuficiente la crítica dirigida en su contra. --- -- III.- Según el recurrente, el fallo en crisis es arbitrario pues acordó, -indebidamente a su juicio- protección sindical a los actores, integrantes de una asociación sindical sin personería gremial (arts. 47,50 y 52 L.A.S.). -- En relación a la cuestión que se debate en los presentes autos, debe decirse que el 26 de Marzo de 1992, este Superior Tribunal de Justicia (en composición anterior), resolvió que "no poseen estabilidad especial en el empleo los dirigentes de un sindicato que carece de personería gremial en los términos de la ley vigente al momento del distracto" ("M., C. A. c/ Impresora Chubutense S.R.L. s/ Cobro de Haberes" (Expte. N° 13.409-M-1991, S.T.J.Ch., S.I. N° 47/92). -- -- En igual sentido, se pronunció la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, en autos: "J., M. c/ Administración de Vialidad Provincial del Chubut s/ acción sumaria de reinstalación" (Expte. N° 10.460-Fº438-Año 1992, CANE, S.D. N° 94/93; "S., M. A. c/ Administración de Vialidad Provincial s/ acción de reintalación" (Expte. N° 10.126-Fº 413-Año 1992, CANE, S.D. N° 97/93) y "F., M. C. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ sumarísimo" (Expte. N° 14.653/1998, S.D. N° 38/98).--- -- Sin perjuicio de lo expuesto, debe decirse que se abre paso una nueva doctrina según la cual, el art. 47, supone una legitimación amplísima (José Daniel Machado y Raúl Horacio Ojeda, "Nuevos criterios en materia de protección de la libertad sindical individual", Rev. De Derecho Laboral, 2006-2, Derecho Colectivo, pág. 318). -- Que, en el amparo del art. 47 de la L.A.S., no hay presunción legal alguna que asista al trabajador, lo que no significa que no esté sustantivamente tutelado, sino tan sólo que deberá probar el propósito discriminatorio. Éste deberá persuadir de la conexidad efecto-causa entre la medida adoptada y el ejercicio de la actividad sindical". (Conf., José Daniel Machado y Raúl Horacio Ojeda, op. cit., pág. 320). -- -- En igual sentido, se sostiene que el art. 47 de la Ley N° 23.551, es una vía residual, aplicable cuando su titular no se encuentra amparado dentro de las garantías específicas que prevén los arts. 40, 48, 50 y 52 de la L.A.S.. Que, cualquier trabajador se encuentra legitimado para interponer la acción de amparo sindical (Juan Martín Morando "La protección de la libertad sindical: el amparo sindical", pág. 275). --- -- Sobre los alcances de la acción prevista en el art. 47 de la L.A.S., la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se expidió diciendo que "el campo de aplicación del art. 47 de la ley 23.551 está limitado a aquellos casos en que la propia ley 23.551, no haya regulado la defensa de los derechos por ella consagrados mediante requisitos y procedimientos distintos". (Conf., Rodriguez Manzini, "Acción de Tutela por conductas antisindicales", T. y S.S., 1992, pág. 297) (C.N.T., Sala X, 2001/05/09, "UPcivil de la R.A. c/ Estado Mayor de la Fuerza Aérea" (DT 2001-B-2123). -- "El sentido claro e inequívoco del art. 47 de la ley 23.551 es otorgar al trabajador o a la organización sindical afectada en su libertad, un acceso directo e inmediato a una tutela judicial inobjetable y expeditiva" (ST Formosa, 194/04/11. "Heman, Juan I. C/ Junta Electoral del Sindicato de Trabajadores Estatales de la Salud de Formosa (SITEF) S/ ACCIÓN DE AMPARO", Fallo, 333/94, Sec. Civil, Comercial y del Trabajo). -- Ello autoriza a sostener que cuando un mismo tema puede ser resuelto con más de un criterio, la circunstancia de que el decisorio, no se compadezca con el que el recurrente entiende aplicable al caso, no necesariamente lo tiñe de arbitrariedad; ésta última requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación, un desacierto de gravedad extrema, palmaria, patente para tener configurado el vicio que se le endilga al fallo del Tribunal de Alzada y aún cuando el criterio adoptado por el órgano "a quo" tolere discrepancias y se admitan como serias las impugnaciones del recurrente, ello no basta para abrir la casación (S.T.J.Ch., S.I. Nº 58/90, 17/94, S.D. N° 34/99 y 8/04, entre otras). -- -- Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia: --- -- R E S U E L V E -- -- 1º) DECLARAR mal concedido el Recurso de Casación de fs. 140/179. -- -- 2º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. - Fdo. Dres. José Luis Pasutti-Fernando S.L. Royer-Daniel Luis Caneo. - Recibida en Secretaria el 26 de Mayo del año 2008. -- Registrada bajo el N° 40 S.R.E. Conste. --- Fdo. Dra. Carmen Velez - Secretaria. --