marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia por la materia, competencia civil, cuestión de derecho común, publicación de fotografía, propiedad intelectual, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: IRSISA SRL c/ EDITORIAL ATLANTIDA SA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Se ha demandado la indemnización de los daños y perjuicios que la actora manifiesta haber padecido como consecuencia de "la publicación de un almanaque con la imagen de Luis Miguel", lo cual -a su criterio- violaría los derechos que ella había adquirido mediante un contrato de licencia, que la autorizaría a producir almanaques con la imagen de dicho artista, los que bajo esa forma fueron editados. A pesar de la fundamentación normativa que la accionante desarrolla, esta Sala entiende -sobre la base de la descripción de los hechos- que la controversia no guarda inmediata vinculación con el régimen de marcas, como para determinar la competencia del fuero civil y comercial federal. Pero tampoco comparte la atribución de su conocimiento a la justicia comercial, sino a la civil, atendiendo a los hechos relatados y a la naturaleza de la pretensión deducida, que reclamaría, en principio, la aplicación de normas de derecho común, para ser ventiladas ante la justicia de ese carácter (cfr. CSJN, Fallos:310:1621; 313:522). Más aún si se tiene en cuenta que entre las partes enfrentadas en este proceso no existe una vinculación comercial.
Indulto, inconstitucionalidad, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad -Riveros-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

Los indultos a personas procesadas son inconstitucionales porque implican una injerencia del Poder Ejecutivo en la jurisdicción exclusiva del Poder Judicial, lo cual atenta contra la división de poderes que sustenta nuestro sistema republicano de gobierno (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).
Cuestión abstracta, elecciones nacionales
Materia: ELECTORAL
Carátula: José Fernando Daniel Giménez s/ Cuadernillo de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

Sin perjuicio de que la cuestión planteada resulta sustancialmente análoga a la tratada y resuelta en la causa "Dras. Gabriela Ortiz y Verónica Larcher interponen recurso de apelación contra las actas N° 16 y 17 dictadas por la Junta Nacional Electoral" (Expte. N° 5565/13 CNE), mediante sentencia recaída en Fallos CNE 5159/13; con anterioridad a que los presentes autos quedaran en condiciones de ser resueltos, se celebraron los comicios nacionales, por lo que la cuestión planteada en estas actuaciones ha perdido virtualidad, careciendo de interés jurídico actual pronunciarse al respecto.
Resolución administrativa, resoluciones recurribles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VAULET, MARIO RAUL c/ DCTO. SERIE "A" Nº 705 DEL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-18

Toda resolución administrativa atacada por medio de un Recurso Contencioso Administrativo debe necesariamente producir efectos jurídicos individuales, siendo para ello requisito que lesione derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados.
Recursos, recurso de apelación (procesal), trámites judiciales, plazo, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERRER O. c/ CARAGONOPULOS s/ Ejecutivo (LIBRO: A069 - 211)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-11-04

La apelabilidad del incidente de nulidad dentro del proceso ejecutivo, es uno de los casos especiales donde el plazo es de TRES DIAS y no cinco como lo determina el art. 133 del C.P.C. Al respecto, el art. 94 no determina plazo para la apelacion.-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, conflictos interadministrativos, interpretación de la ley, ley federal
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOC PARA EL PERS FERROVIARIO s/ INCIDENTE DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Si se encuentra debatida la aplicación e interpretación de la ley 19.983 (De Resolución de Conflictos Interadministrativos) - de carácter federal -, y los alcances que a ella fueron otorgados en el pronunciamiento apelado contrarían las pretensiones del recurrente, se halla habilitada la instancia extraordinaria prevista en el art. 14 de la Ley 48 (cfr. CSJN fallos: 306:1650).
Daños punitivos, empresa telefónica
Materia: CIVIL
Carátula: uan José Montaldi c/ Telecom Argentina SA s/ amparo amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-12-18

El incumplimiento por parte de la prestataria del servicio de telefonía de realizar el cambio de domicilio de la línea, reclamado por el usuario en reiteradas ocasiones, durante un lapso de tiempo prolongado, constituye una violación palmaria de sus obligaciones legales, por lo que corresponde que responda por los daños punitivos sufridos por el usuario.
Recusación con causa, inconstitucionalidad, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: LA INVERNADA S.A. c/ IKAGRO S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-02

El estado de apasionamiento adverso -para que adquiera virtualidad en el proceso- debe provenir del juez hacia las partes, y si el magistrado niega encontrarse en esa situación, y aquellas no justifican cuales son los hechos conocidos en que se manifiesta el sentimiento adverso hacia su persona que le atribuyen, es dable concluir que en esas condiciones el derecho de defensa y la garantía del debido proceso legal de los presentantes en la especie se encuentra debidamente resguardado.

Por lo que al no estar probado el presupuesto en que la cuestión ha sido fundada, la presunta inconstitucionalidad del art. 21 CPCC resulta improcedente por tratarse de una situación abstracta.
Querellante particular, desistimiento
Materia: PENAL
Carátula: Garese, R. s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-10

Corresponde tener por desistido el recurso interpuesto por el querellante particular que no se presenta dentro del término del emplazamiento a fin de manifestar fundadamente si mantiene o no el recurso, con costas a su cargo -artículos 95 sexto, 472, 474, 547 y 548 del Código Procesal Penal-. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acciones reales, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FUNES DE LUCERO c/ MACHUCA s/ Desalojo (LIBRO: S066 - 439)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-07-09

La mera declaración en el boleto de compraventa de la tradición y entrega de posesión, no suple la realización de esos actos materiales, los que tienen valor probatorio entre las partes, pero no frente a terceros. No procede por tanto la defensa de falta de legitimación sustancial activa.
Jubilación por invalidez, aplicación de la ley, cuerpo médico forense, denegatoria del beneficio, Centro Nacional de Reconocimientos Médicos, recursos, incapacidad permanente, nulidad procesal, debido proceso adjetivo, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SAEZ, DOMINGO RAFAEL c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-06

La ley 24.241 impone la intervención obligada del Cuerpo Médico Forense cuando se recurre de la resolución que denegó el beneficio de retiro por invalidez. Si pese ello la Sala requirió informe al Centro Nacional de Reconocimientos Médicos (delegación Tucumán), de cuyo dictamen surge que el peticionante padece de un alto grado de incapacidad (75%) permanente e irreversible, y ello fue impugnado por el organismo, a fin de evitar eventuales nulidades, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa en juicio, con estricta sujeción a lo dispuesto por la referida ley 24.241 y sin que ello implique juicio de valor alguno sobre sus disposiciones, corresponde requerir informe del Cuerpo Médico Forense, a fin de que determine en base a las constancias de autos o, de corresponder, previa revisación y realización de los exámenes que juzgue pertinente a quien demanda, su estado de salud (incapacidad a la fecha de solicitud y denegatoria del beneficio y en la actualidad; grado de minusvalía y compatibilidad o no entre la incapacidad constatada y las tareas denunciadas). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Recurso de casación, improcedencia del recurso, aplicación errónea de la ley, abigeato, requerimiento de elevación a juicio, defensa en juicio
Materia: Penal
Carátula: M., A. E. s/ Hurto Calificado Reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-09-24

Si la a-quo valoró soberanamente el plexo probatorio y concluyó con certeza invulnerable que la camioneta propiedad del imputado fue utilizada por él para consumar el apoderamiento ilegítimo de una ternera, de tal suerte que ese instrumento permitió al acusado sacar furtivamente la cosa del lugar donde se hallaba, su decisión debe mantenerse: no sólo porque actuó en perfecta armonía con la manda sustantiva en cuestión, sino porque es injustificada la crítica del casacionista tendiente a derribar el fallo a causa de carencia de correlación entre hechos imputados y por los cuales se sanciona al prevenido: Que el requerimiento fiscal omitiera individualizar el detalle técnico del vehículo a la postre decomisado, pero al que involucra -enlazado al procesado- con probabilidad dentro del delito, no equivale a retacear ni mutar la base fáctica del plenario y de la sentencia, menos aún cuando las mismas razones que adujo el Ministerio Público resultaron confirmadas y perfeccionadas por los Camaristas al momento de señalar participación unívoca e idéntica al dueño del rodado y a su automotor.
Procedimiento laboral, medidas cautelares, intereses, bienes inembargables
Materia: LABORAL
Carátula: MOTTI  GRACIELA  ISABEL c/ SENA  AUTOMOTORES  S.A.  Y  OTROS s/ DESPIDO S/ RECURSO DE HECHO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-05

Si bien el Dto. 487/87 no contiene previsión alguna acerca de los intereses devengados por los créditos cuya inembargabilidad regimenta, se estima que en cuanto éstos revisten el carácter de accesorios del capital -arts. 1458 y 3111 del C.C.- deben seguir su misma suerte de acuerdo al principio que lo accesorio sigue la suerte del principal, es decir que resultan inembargables en la misma proporción que el crédito principal de naturaleza alimentaria.
Servicio público, audiencia pública, información al consumidor, participación del consumidor
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Unión de Usuarios y Consumidores -Incidente med.- c/ E.N. -Secretaría de Transporte y otros s/ amparo -proceso sumarísimo-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Lo insoslayable es la necesaria participación de consumidores y usuarios con carácter previo a la toma de decisiones. El instituto de la audiencia pública no es sino uno de los medios a través de los cuales podría tener lugar dicha participación.
Delitos contra la fe pública, cheque sin fondos, nombre del beneficiario
Materia: PENAL
Carátula: M., M. C. s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-10-21

Si el acusado emitió una orden de pago pura y simple con la modalidad de que el nombre del beneficiario sería un detalle que podría ser precisado convenientemente antes de la presentación al pago, pero eliminó cualquier posibilidad saneadora alertando malamente al Banco de que el cheque había sido extraviado, esta actividad obtura sin remedio al pago y daña a la fe pública.
Divorcio, injurias graves, alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: O. de S., N.M. c/ S., L.L. s/ Divorcio - Separación de bienes - Tenencia K. de G., Z.M. c/ G., H.T. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-01|1995-04-04

La violación por el esposo de su obligación alimentaria implica la omisión de un deber de asistencia y constituye injurias graves. Si la esposa ha demostrado el hecho objetivo del incumplimiento, es a cargo del marido probar lo que es fundamento de su defensa (en el presente, el caso fortuito o de fuerza mayor de carecer de trabajo).
Competencia, acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ Crediahora SRL s/ Ejecución fiscal s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Si se ha suscitado una contienda negativa de competencia entre un Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un Juzgado Nacional en lo Comercial, este Tribunal debe dirimir la contienda en atención a la doctrina establecida por la CSJN en el precedente "Bazán" (Fallos: 342:509). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, al que adhiere el juez Luis Francisco Lozano).
Costas, amparo por mora
Materia: PROCESAL
Carátula: FERRARIO DE PANTI, GRACIELA AMERICA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO) s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-26

Aún cuando no puede, en principio calificarse de moroso al proceder observado en la especie -demora por esta pendiente, una causa que resolverá el procedimiento administrativo a seguir- la elevación de un expediente ajeno a la causa, en el que se fijaba el criterio a seguir en la situación de las causantes tuvo lugar luego de iniciadas las actuaciones, mientras que los expedientes relativos a aquellos se hallaban a la espera de lo que allí se decida con lo que los accionantes no han alcanzado todavía el propósito aquí perseguido, siendo por ende, precedente la distribución de las costas por su orden.
Crédito laboral, pago, orden de prelación
Materia: LABORAL
Carátula: BUSTOS PERFECTO DIONISIO c/ EMPRESA PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS s/ DEMANDA LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-02-16

El art. 8 de la Ley 8250, señala: "Orden de Prelación: Los recursos que anualmente se asignen en la Ley de Presupuesto para atender el pasivo consolidado del Estado Provincial, se imputarán al pago de los créditos reconocidos, de acuerdo al siguiente orden de prelación: a) toda prestación de naturaleza alimentaria, créditos laborales o nacidos con motivo de la relación de empleo público, hasta la suma de pesos Diez Mil ($10.000) por persona y por única vez. En el mensaje dirigido a la Honorable Legislatura Provincial se expresa: "La Provincia consecuente con un espíritu de autonomía y sana administración, ha dispuesto proponer este proyecto adaptado a nuestra realidad, pero en forma congruente con el espíritu de la Ley Nacional. Esta normativa tiene como objetivo que el acreedor reconocido como tal, judicial o administrativamente, aguarde a que su derecho pueda ser satisfecho con recursos fiscales genuinos votados especialmente a ese fin".

Más adelante se agrega: "El objetivo que se pretende con el presente proyecto de ley es claro: procurar el saneamiento del Estado de manera tal que no haga peligrar el cumplimiento de las más altas misiones para las que ha sido creado y sostenido por generaciones enteras de ciudadanos que apostaron a la democracia como la forma más íntegra de vivir, desarrollarse y educar a sus hijos".

Naturalmente compartidos esos conceptos y objetivos, resta analizar si resulta razonable que la postergación dispuesta para el acreedor laboral tenga el límite o cupo de Pesos Diez Mil.

En efecto, estamos hablando de un orden de prelación en la asignación de recursos trasladados en el tiempo a través de la sanción de las diversas leyes de presupuesto que se dicten en el futuro. Si bien es cierta y conocida la situación de crisis, también es real que el sacrificio individual que realiza el acreedor, al ver postergado el cobro de sus acreencias, debe exigir del Estado la mayor premura en la satisfacción de dichos créditos judiciales, por principios de equidad, justicia y esencialmente de respeto a las decisiones del Poder Judicial, en un esquema republicano de división de poderes, que impide justamente la suma del poder público, expresamente vedado por nuestra Constitución Nacional. Siendo así no se advierte la razón de ser de esta limitación cuantitativa para el orden de prelación, apareciendo en consecuencia la misma como arbitraria y contraria al mismo espíritu de la ley, de sanear la economía provincial ya que una de esas formas indudablemente será la más rápida cancelación de las deudas judiciales por medio de recursos genuinos, cuyo control corresponderá a la Honorable Legislatura conforme arts. 12 y 20 de la Ley 8250, que determinará hasta que monto anual podrá asignarse para este objetivo. Consagrar lo contrario significaría otorgarle al Estado un derecho a la emergencia abstracto, desde ya extendido a 16 años, sin ningún tipo de consideración acerca de situaciones futuras.-
Robo de automotor, bienes privados del Estado, bienes mostrencos
Materia: PENAL
Carátula: G.R.C. s/ Infracción Art. 289 del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-06

Desde el punto de vista del Derecho Civil, coincidimos con la opinión del Dr. Jorge Horacio Alterini, que considera que estos vehículos bienes mostrencos, art. 2342, inc. 3º del Código Civil, y por ende, pertenecientes al dominio privado del Estado general y de los Estados particulares pues tienen propietario desconocido (la numeración está erradicada y resulta imposible individualizar al titular registral). No se trata de una cosa perdida, ni abandonada, ni carente de dueño: tiene dueño, pero no es conocido.

Paralelamente, desde el punto de vista penal, estos vehículos tienen origen ilícito, ya por ser robados o hurtados, ya por las maniobras realizadas en su motor, carrocería y chapas patentes. De modo tal, están sujetos a secuestros y eventual decomisos y posterior remate judicial, pues el delito no puede rendir beneficios.
Estafa, línea telefónica, conexión clandestina de teléfono, aplicación de la ley penal, tipo penal, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: RAMIREZ DE SARMIENTO, CARMEN s/ LEY PENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

No pudiéndose dejar impunes conductas que evidentemente son típicas, ante la lentitud legislativa, no por mero arbitrio de los jueces, sino por una agiornada interpretación de la ley, frente a una realidad que se torna cada vez más diferente, compleja y la necesidad de otorgar mayores márgenes de seguridad y protección a los bienes jurídicos, no puede mantenerse el viejo esquema rector del procedimiento fraudatorio, engaño-error disposición, del art.

172 del CP, siendo válido interpretar que dentro de las modalidades comisivas de la estafa tienen cabida los mecanismos no humanos, que si bien no se dirigen a provocar un acto de entrega bajo engaño, sí genera como inmediata y desconocida consecuencia, sin el concurso de la voluntad viciada de la víctima, un perjuicio en su patrimonio. La conexión clandestina de una línea telefónica, a través de la cual se hace disponer de valores económicos, como el pago de pulsos al titular del aparato, sin su consentimiento y contra su voluntad, o mejor, contra su viciado acto dispositivo de abonar el plus por ignorancia, debe calificarse como constitutiva del delito de estafa, art. 172 del CP.
Recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional, acción de amparo, bien jurídico protegido, derecho de propiedad, Poder Judicial, jueces, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rogiano, Julio César y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación (Expte. CSJ Nº 59-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-08-25

La resolución de la Corte Provincial recurrida -si bien dictada en el marco procesal de un pedido de avocación articulado por la accionada (artículo 2, ley 11330)- no se circunscribe exclusivamente a una cuestión concerniente a la distribución de la competencia entre los tribunales permanentes de la Provincia, lo que se verifica al advertir que en dicho decisorio se reconoció que la materia en debate es de aquellas asignadas a la Corte por el artículo 93, inciso 2), de la Constitución Provincial. Ello así en cuanto a que el núcleo central del decisorio finca en la operatividad de la garantía de intangibilidad salarial y en su decisiva incidencia sobre la situación de los actores en orden a la vía excepcional del amparo por ellos escogida, extremos que se proyectan al ámbito de vigencia de la Constitución nacional en virtud de lo normado por su artículo 5. De allí que los planteos de la accionada, no pueden considerarse solo referidos al derecho de propiedad de los actores como particulares y a título privado, sino que, antes bien, guardan directa relación con temas regidos por la Constitución ligados a la independencia de uno de los poderes del Estado y al marco, también constitucional, seleccionado para discutir sobre el punto.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, subasta, acción de nulidad, redargución de falsedad, acta de constatación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ital Monterubbianesi SACICI c/ Quiebra s/ incidente de venta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

Corresponde confirmar la resolución de grado que admitió la redargución de falsedad incoada por los ocupantes de un inmueble de la fallida, contra el acta de constatación efectuada por el martillero designado, y consecuentemente decretó la nulidad de la subasta en los términos del CPR 593. Ello así, toda vez que el auxiliar informó que se trataba de un terreno baldío y desocupado, sin embargo, en el lugar hay una casa ocupada por una familia, un silo y una cantera.

En ese marco, las omisiones incurridas por el martillero produjeron una deficiencia insalvable en la publicación edictal, pues el CPR 566 exige que en los edictos que publicitan el remate de un inmueble se indique el estado de ocupación.

Asimismo, resulta irrelevante la discusión en torno a la legitimación de los denunciantes, pues las inconsistencias en la constatación del inmueble y la deficiente publicidad son "irregularidades que comprometen gravemente la actividad jurisdiccional" y por tanto, admiten la declaración oficiosa de la nulidad de la subasta en los términos del citado art. 593 (conf. Roland Arazi y Jorge Rojas; "Código Procesal Civil y Comercial Comentado", tomo II, pág. 169, año 2015).
Pago de tributos, anticipos impositivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FISCO NACIONAL  D.G.I. . c/ HUTTIN FABRIL  S.A.C.I.F.I. Y M. s/ EJECUCION FISCAL- IMPUESTOS-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Cuando media certeza sobre la existencia, o magnitud de la obligación en concepto de gravamen, por haberse determinado ésta, o sea susceptible de determinación, a través de alguno de los procedimientos que se instituyen en el título I, capítulo IV, de la ley 11.683, cesa la función de los anticipos como pagos a cuenta del tributo, por ausencia del presupuesto de su exigibilidad.
Transporte, ferrocarriles, concesión de servicio público, rescisión del contrato administrativo, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Transportes  Metropolitanos Gral San Martin S.A. inc. med. c/ ENdto 479/94 y 1418/99 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-16

En el régimen del servicio ferroviario se encuentran en juego dos valores: por un lado, el interés público involucrado en su prestación adecuada, eficiente y segura y por el otro, el interés particular de la concesionaria de ese servicio de no verse perjudicada ecónomicamente por la decisión de la rescisión.

En esa pugna, en cuanto al dictado de una medida cautelar que impida durante el curso del proceso hacer efectiva la rescisión de la concesión y ante la ausencia -preliminar- de arbitrariedad manifiesta en la actuación de la Administración, cobra clara primacía el primero de dichos valores.