marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, derecho de opción
Materia: LABORAL
Carátula: Cardelli, Hugo c/ Ente Administrador del Astillero Río Santiago s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

Lo que en realidad se busca a través de la ley 24.557 es dejar sin efecto la tan temida opción por la legislación civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ordinario, juicio ejecutivo, rechazo de la demanda, inhabilidad de título, rectificación de la demanda, debido proceso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Naftoli Sztejn SCA y otros c/ Navarrete Cornejo, Cristina Marlene s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-05

No existe impedimento alguno para que, como en el caso, frente al rechazo de la vía ejecutiva, pueda adecuarse la demanda para tramitar por la vía ordinaria. Es que si el código contempla la posibilidad de promover una acción de conocimiento basada en un título ejecutivo, con mayor razón debe admitirse el juicio ordinario ante el rechazo de la vía ejecutiva por tratarse de un título ajeno a esa calidad. Además, el propio CPR 331 admite la modificación de la demanda, con antelación a que se haya trabado la litis. En efecto, no otorgarle a la actora la posibilidad de enderezar su reclamo por la vía correspondiente constituiría un excesivo rigorismo formal. En ese orden, no puede obviarse que constituye premisa esencial de la normativa procesal que la forma procesal debe ser contemplada como medio y/o instrumento adecuado para obtener el fin de un verdadero contenido axiológico, cumpliendo entonces con la función de otorgar a los justiciables la tutela jurisdiccional cuando el derecho de ellos pudiera resultar menoscabado y, por ende, asegurar, sin limitación, la garantía del debido proceso. En esa línea de pensamiento, si la parte actora ya pagó el impuesto de justicia, no aceptar su solicitud de enderezar la acción por la vía ordinaria sería en realidad, un desapego al sentido esencial del proceso y sus vicisitudes, lesivo de una adecuada administración de justicia garantizada por la CN 18
Recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: VILAS ARMANDO NICOLAS s/ P/LESIONES CULPOSAS.GOYA."EXPTE.N 8919/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-10-20

La sentencia desestimatoria del recurso extraordinario local se fundó esencialmente en que la excepcionalidad del remedio impedía examinar en instancia de casación las cuestiones de hecho y prueba ya resueltas en las instancias ordinarias, máxime si el fallo atacado contenía una razonable selección y valoración de materia probatoria, y si en el mismo se consideraron las cuestiones conducentes para sustentar la decisión del caso y la norma aplicable...hubo meritación m s no omisión.
Libertad de prensa, injurias
Materia: PENAL
Carátula: PANDOLFI, OSCAR R. c/ RAJNERI, JULIO s/ QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-11-30

La verdadera esencia del derecho a la libertad de imprenta radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa, esto es sin previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir, pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal. Este sería el ámbito de la tarea jurisdiccional donde, exactamente "no hay que preferenciar a la libertad de expresión en desmedro de derechos conectados con bienes mas valiosos (honor, dignidad, intimidad). Pero tampoco hay que valerse en abstracto de la jerarquía mas elevada de los últimos para, con ligereza, cercenar una libertad tan valiosa como es la de expresión"
Sustitución de partes, disolución de sociedades, liquidación de sociedades, publicidad registral, legislación extranjera
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Sanchez, Juan Carlos c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-03

Procede revocar la resolución que tuvo por parte al demandado en sustitución de la sociedad codemandada, por haberse acreditado en la causa que la citada sociedad había sido disuelta y liquidada por imposición de la ley 19288 de la República Oriental del Uruguay. Ello por cuanto, en el caso, no surge de las constancias de autos -ni tampoco fue invocado- que la liquidadora de la sociedad hubiese presentado la clausura por falta de actividades ante el organismo pertinente, de conformidad con lo establecido por la normativa que se juzgó aplicable al caso. Y esa circunstancia, es suficiente para admitir el recurso. Ello pues, la ley uruguaya establece que la publicidad registral de las inscripciones contenidas en la ley 19288 resulta oponible a terceros a partir de su presentación en el Registro (art. 10 de la citada ley, que remite a la ley 16871: 54 - Registro Públicos-). A su vez, lo señalado es congruente con lo establecido por la ley 16060 (Ley de Sociedades Comerciales de la República Oriental del Uruguay), que dispone que respecto de los socios, la disolución de la sociedad producirá sus efectos a partir del acuerdo social de disolución o de su declaración judicial. Y, frente a terceros, desde su inscripción, salvo cuando la causal de disolución fuera por expiración del plazo. Asimismo, prevé que la sociedad disuelta conserva su personería a los efectos de su liquidación (arts. 163 y 167 de la citada normativa). En ese marco legal, la invocada disolución de la sociedad a efectos de que, en su lugar, se tenga por parte demandada al reclamante, no puede ser admitida. Ello pues, de las constancias acompañadas no surge que la sociedad demandada hubiera transitado todo el iter extintivo, que culmina con la inscripción de su disolución y su consecuente oponibilidad a terceros, entre ellos la aquí actora.
Indemnización, rescisión del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ PEDRO RAMON c/ EDESA S.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-09-21

Es improcedente la condena a pagar algunos rubros que se consideran al margen del acuerdo celebrado, en tanto el monto convenido se imputa a todo concepto remuneratorio y,o; indemnizatorio de la relación laboral que se rescinde, frase de interpretación unívoca que alude a todo cuanto al momento estuviera pendiente. El texto debe hacerse completo, no puede obviarse la voluntad de los comparecientes exteriorizada desde la primera frase y que, por clase de acuerdo arribado y la norma legal elegida, artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, se buscaba precisamente una suma global, comprensiva de todo cuanto el trabajador se creyera con derecho a percibir.
Proceso penal, imputado, audiencia de conocimiento personal, declaración indagatoria, leyes
Materia: PENAL
Carátula: F., O. s/ Robo calificado por el uso de arma (Expte Nº 47-99, Resolución Nº  71, Tomo 6, Folio 189)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-08

La audiencia personal no está prevista para viabilizar un debate sobre la prueba -tema propio de la defensa técnica-, sino para posibilitar algún ejercicio directo ante la magistratura del derecho de defensa pero en su aspecto material, y esto se cumple con la audiencia celebrada personalmente para recibir declaración al imputado. En apoyo de esta interpretación, puedo incluso acudir al propio antecedente que se cita de la disposición en análisis y que se halla en la exposición de motivos del proyecto elevado por la Comisión Especial de Legislación Penal y Carcelaria de la Cámara de Diputados (v. Zaffaroni, Tratado, T. V, pg. 335; R.C.Núñez, Tratado, T. II, pg. 465). Dice el precedente: "La Comisión, teniendo en cuenta que entre nosotros es frecuente la delegación de funciones, lo que da lugar a que se condene a penas graves a un sujeto sin que el juez de instrucción o de sentencia haya tenido la oportunidad de verlo, porque deja obrar a la policía, al secretario y a los empleados inferiores, ha creído oportuno exigir la acción directa y personal del magistrado. Establece por eso en la última parte del artículo 41 que el juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho, en la medida requerida para cada caso. No podrá haber así penados que ignoren al juez que los juzgó", y, aunque la última expresión que se transcribe al aludir "al juez que los juzgó" podría llevar a una conclusión distinta, no puedo dejar de subrayar -como lo hice en el texto que la alusión anterior al juez de instrucción parece reclamar un mínimo de inmediatez pero en cualquier instancia del proceso y para asegurar la defensa material. No creo pues que se violente la finalidad del artículo 41 del Código Penal, ni que se vulnere la Convención Americana de Derechos Humanos porque no se oiga al imputado en los momentos finales del debate, ni, por tanto, que de ello pueda seguirse afectación del principio de debido proceso legal ante tal situación.
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires c/ Viñuela y Cía. S.C.A. s/ Constitución de servidumbre de electroducto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Corresponde resaltar la labor del tribunal que realiza un análisis crítico de los informes periciales y evita la salida fácil de promediar los resultados de las pericias cuando no existen coincidencias entre ellas.
Compraventa inmobiliaria, plazo, plazo incierto, escrituración
Materia: CIVIL
Carátula: CAPPELLETTI CARLOS ALBERTO c/ BOLOGNA DIODORO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-23

Si existió un plazo incierto y suspensivo para que el vendedor cumpliera el hecho que le imponía una cláusula del boleto y a la época de la demanda aquel no había fenecido, es evidente que el adquirente no debió demandar la escrituración y los daños y perjuicios, sino la fijación del plazo (arg. arts. 570, 751 y 618 del Cód. Civil).
Nulidad del acto jurídico, verosimilitud del derecho invocado, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: OSSEG c/ Geren Salud S.A. s/ Nulidad de acto jurídico. Y acumulada Causa 13.271/2007
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-27

Tomando en consideración la amplitud del debate habido y la posición asumida por OSSEG en las etapas ordinarias y extraordinarias del procedimiento, en las que hubiera podido desplegar sus defensas para obtener la corrección de los yerros invocados, entiende el Tribunal que no se encuentra apropiadamente demostrada la verosimilitud en el derecho invocado a los fines de que se suspenda la ejecución de la sentencia dictada en la causa n° 13.271/07. Los errores que se alegan en la pretensión de nulidad del acto jurisdiccional atacado, pudieron ser advertidos antes de que el fallo adquiriese firmeza y hubieran encontrado su canal de revisión por las vías recursivas naturales.
Filiación, presunción de paternidad, separación de hecho, divorcio, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: S., E. E. y otro c/ B., A. H. s/ Filiación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-26

La presunción de paternidad para el marido cesa al transcurrir los trescientos días posteriores a la separación de hecho de los esposos, y si bien el divorcio de las partes recién se promovió tiempo después no significa que la separación de hecho no se hubiera producido con mucha anterioridad.
Agentes auxiliares del comercio, agente de bolsa, mercado de valores, recusación con causa, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: POMBO SANTARCANGELO  S.A.  S/SUMARIO s/ INCIDENTE DE RECUSACION DE DIRECTORES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-23

La ley 17.811 no contiene normas específicas relativas a la recusación con causa respecto a los directores sumariantes del mercado de valores, siendo de aplicación analógica las contenidas en el CPR.

Atento a que la instrucción de un sumario tiene el carácter de procedimiento administrativo, cuya tramitación se asigna a un organismo integrado por quienes revisten la misma calidad -agentes de bolsa- que los sometidos a sumario, no se puede ponderar la causal de recusación -tener interés en el pleito (conf. CPR 17-2do )- con las mismas pautas con que se examina respecto de un juez.

El agente de bolsa interviniente en un sumario disciplinario, mantiene su actividad habitual, coincidente con la del sumariado, en virtud de lo cual no resulta excepcional que existan intereses encontrados entre ambos.

(En el caso, la deliberada y abusiva captación de la clientela de los sumariados, en virtud de la existencia de transferencias de la cuenta de los mismos a las de los directores sumariantes -fundamento del "interés"-, no se vio configurada, atento el escaso número de operaciones, discontinuas en el tiempo y no incrementadas con el avance del sumario. Las mentadas transferencias de la cuenta de los sumariados a la de los sumariantes, constituyen en definitiva, una decisión del comitente, por lo que no ha de imputárselas necesariamente a una desleal captación de clientes promovidas por quien se beneficia con ellas).

La recepción del planteo formulado para fundar la recusación ha de ser admitido en forma irrestricta, sería también posible -a través de la clientela- forzar el cambio en la composición del directorio sumariante.
Contrato de trabajo, ley de empleo, AFIP, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: BUSTO OSVALDO VALERIANO c/ FAPROMED SA s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

Si bien el art. 11, inc. b) de la ley 24.013 utiliza el verbo "remitir", ello no basta para cumplir con la exigencia legal de enviar a la AFIP copia de la intimación cursada al empleador acerca de la regularización de su situación registral defectuosa, sino que es necesario que quien ejerza un derecho con invocación de aquella norma, acredita que la remisión pertinente de la notificación llegó a la esfera de conocimiento de la AFIP a fin de que este organismo disponga las medidas pertinentes tendientes a investigar y sancionar la evasión fiscal denunciada.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva, tarjeta de crédito, interpretación del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Mayo Cooperativo limitado c/ Olivares, Hugo Néstor s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

No puede prepararse la vía ejecutiva sobre la base de un contrato con cláusulas predispuestas, donde se conviene a) que se acuerda irrevocablemente el carácter de título ejecutivo y se reconoce como documentación de respaldo al resumen de cuenta, que se integrará con la certificación del gerente y responsable del área contable del Banco, que corroborará la cantidad líquida y exigible adeudada al cierre de las operaciones de la cuenta de esa fecha, cuyo quantum y naturaleza queda reonocido anticipadamente. b) que las firmas del usuario titular insertas en los cupones o comprobantes de venta o entrega de dinero, implica el recibo de dichas contraprestaciones y el reconocimiento de la deuda en ellos consignada. c) que el Banco queda liberado de la obligación de exhibir los mismos judicial o extrajudicialmente, una vez operado el reconocimiento tácito de ellos; d) que el Banco tiene la facultad de emitir facsímiles, fotocopias o reproducción de dichos documentos, con el alcance que constituyen prueba fehaciente de esas operaciones a los efectos legales.
Control de convencionalidad, derecho interno, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, derecho a la libertad, libertad corporal, Derechos humanos, derecho a la vida, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. República Argentina S/Fondo y Reparaciones c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-09-01

Conforme reiterada doctrina elaborada por la Corte Interamericana, la restricción del derecho a la libertad personal sólo es viable cuando se produce por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas -denominado éste como aspecto material- y con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las mismas -aspecto formal-, ya que la propia Convención Americana remite al derecho interno del Estado en cuestión por lo que dicha remisión no supone que el Tribunal deje de fallar de acuerdo a la Convención, sino precisamente que debe hacerlo conforme a ella y no según el derecho interno, pues no es su función efectuar un control de constitucionalidad ni tampoco de legalidad, sino únicamente de convencionalidad.
Infracciones aduaneras, aplicación de la ley, ley penal más benigna
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INDUSTRIAS ALGODONERAS UNIDAS  S.A. s/ ADUANA - REAJUSTE NUMERARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-25

El "no comiso" del bien importado -y perfectamente aprehendible- que se declaró por el señor juez de primera instancia, constituye fuera de su acierto o error- una liberación que ha quedado firme por haber consentido la Aduana el auto que así dispuso, debidamente notificado. Resulta imposible por ende aplicar de modo integral el sistema de la ley de aduana que prevé esta pena -por lo que debería responder la actora con carácter irredimible- para la infracción de que se trata. Procede por tanto hacer gobernar el sub examine por el código aduanero, que hubiera resultado de la hipótesis más benigna, condenando a la actora en los términos de los arts. 970, 916 y 1113 de ese cuerpo normativo.
Tasas retributivas de servicios, acción de inconstitucionalidad, carga de la prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Empresa de Distribución de Electricidad de Salta - Edesa S.A. c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-27

El art. 175 de la Constitución de la Provincia de Salta establece que constituyen recursos tributarios de los municipios, las tasas, las contribuciones por mejoras provenientes de obras municipales, los impuestos a la propiedad inmobiliaria urbana, a la radicación de automotores y aquellos cuya facultad de imposición corresponda por ley a las municipalidades. Los municipios participan, además, de la recaudación de los impuestos nacionales y provinciales, de acuerdo con las alícuotas que fija la ley respectiva.

Esta Corte, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que la imposición de tasas presupone la existencia de un requisito fundamental como es que al cobro del tributo debe corresponder, siempre, la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio al contribuyente, debiendo guardar la recaudación total del tributo proporcionalidad con el costo del servicio público efectivamente prestado por la comuna. En idéntico sentido, el art. 67, tercer párrafo de la Constitución de la Provincia de Salta determina que "Las tasas retributivas de servicios exigen su efectiva prestación". .(Del voto en Minoría del Dr. Vittar)
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUSTAFA RENE EDUARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-14

Si el estado desde el inicio de las actuaciones sumariales no dejo de impulsar el trámite, no puede aplicársele la sanción del art. 61 de la Ley Nº 5642 (imposibilidad de sancionar al personal por caducidad del procedimiento administrativo).
Responsabilidad del Estado, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yabra, Mario c/ Municipalidad de Vicente López s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

La determinación del monto indemnizatorio en el caso de la actividad lícita del Estado es cuestión compleja, por ausencia de norma específica que regule la materia y por inaplicabilidad de las normas sobre "responsabilidad civil" que tiene como presupuesto normal la antijuridicidad. Tal cuestión -resulta anteriormente por aplicación de las normas análogas establecidas para el juicio de expropiación- debe decidirse ahora, siguiendo un reciente precedente de la Corte Suprema Nacional cuyo criterio rector se comparte, admitiendo el derecho a una indemnización plena por parte del damnificado que no puede limitarse al daño emergente con exclusión del lucro cesante, entendido como las ventajas económicas esperadas de acuerdo a probabilidades objetivas debida y estrictamente comprobadas.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jubilación por invalidez, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Battista, Susana c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-03

Siendo doctrina de esta Corte que para la determinación del haber jubilatorio por invalidez deben computarse los servicios simultáneos prestados por el agente en jurisdicción nacional en igualdad de trato con los provinciales, tal interpretación es tanto aún mas aplicable a supuestos como el de autos, en que los servicios simultáneos corresponden a la jurisdicción provincial.
Acción de amparo, improcedencia del recurso, afiliación a obras sociales, planes de cobertura médica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: EPELE, Graciela Blanca Elina c/ IOSPER s/ ACCION de AMPARO y EJECUCION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-16

No nos hallamos ante una omisión grosera al derecho constitucional a la salud que habilite la vía excepcional del amparo, sino ante una conducta auto-responsable de un afiliado desechando la cobertura idónea contemplada por el ente asistencial; supuesto extraño a lo dispuesto en los arts. 1º y 2º de la LPC. Citando precedentes de este Tribunal, la protección constitucional de la salud no ampara al tratamiento en institución de libre elección del paciente, sino uno de razonable idoneidad, sin perjuicio de optarse por el sistema de pago y reintegro, como en los hechos ha terminado ocurriendo en el sub examine, concluyendo que la cuestión debe declararse abstracta.-
Tratados internacionales, interpretación de tratados internacionales, aplicación de tratados internacionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, facultades del Poder Judicial, relaciones diplomáticas
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Juez de Foz de Iguazú - Brasil s/ pedido de extradición del señor Jorge Américo Arena.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La interpretación y aplicación de un tratado internacional en una causa corresponde a los jueces de la Nación y si la jurisdicción de la Corte se encuentra habilitada, ella no está limitada por la circunstancia de que la controversia sea susceptible de afectar las relaciones internacionales, sino que en ese supuesto su jurisdicción debe ser admitida con la mayor amplitud.