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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, sentencia, fundamentación de sentencias, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: VERDUGO, ISABEL Y OTRO c/ VERDUGO MANUEL Y OTRO s/ INC BIENES SUC VERDUGO, MANUEL RUPERTO     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 250-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-09

La falta de motivación suficiente de la sentencia impugnada, ante el voto autocontradictorio de uno de los vocales de la mayoría, que pretende además basarse en hechos que resultarían de su conocimiento privado, reviste jerarquía constitucional suficiente para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte.
Procedencia del recurso, progresividad del régimen penitenciario, remisión del expediente, cómputo de la pena, dictamen fiscal, readaptación del condenado, derecho de enseñar y aprender, estímulo educativo
Materia: PENAL
Carátula: Noriega Narro, Mamfer Abel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-10

Corresponde casar el decisorio recurrido y reducir nueve (9) meses el plazo para que el interno transite el régimen de progresividad de la pena, remitiendo las presentes actuaciones al tribunal de origen para que efectúe el cómputo pertinente de conformidad con la doctrina aquí sentada toda vez que el órgano jurisdiccional excedió el límite para el que estaba habilitado a expedirse. En efecto, el representante de la acusación pública dictaminó que correspondía efectuarse una reducción de seis meses del plazo previsto por el art. 140 de la Ley 24.660 por los cursos que realizó el encausado, si bien limitando el plazo solicitado por la asistencia técnica, lo que sella la suerte de este recurso atento a la inexistencia de controversia entre las partes, en lo referente al plazo temporal coincidente -seis meses-. No obstante, el Tribunal resolvió apartarse de lo dictaminado por el Fiscal General, En función de lo expuesto, se advierte una vulneración al modelo de proceso acusatorio que diseña nuestra Constitución Nacional (arts. 18, 75 inc. 22 de la CN, 26 de la DADDH, 10 y 11.1 de la DUDH, 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCyP -que expresamente ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los considerandos 7° y 15° del precedente "Casal" Fallos 328:3399-), cuyo paradigma esencial consiste en la separación de las funciones de enjuiciamiento y postulación. Desde otro ángulo, corresponde recordar que a través de la ley 26.695, que relaciona el derecho a la educación con el principio de reinserción social, se incorporó en el régimen de ejecución de la pena, el denominado "sistema de estímulo educativo", que permite acortar los plazos para acceder a las distintas etapas del régimen penitenciario a las personas privadas de su libertad que hayan logrado determinados objetivos.
Defensa del consumidor, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Arbach, Ana María c/ Volkswagen Argentina SA y otro s/ recurso apelación exped. interior
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-05-09

El régimen del consumo reposa en la imputación objetiva como factor de atribución. Desde esta perspectiva las transgresiones al régimen de defensa de consumidores y usuarios no requieren la existencia de intencionalidad fraudulenta del infractor, bastando la mera comprobación fáctica de la inacción. Si el vehículo adquirido funcionó mal desde el primer momento hace nacer la responsabilidad del fabricante y vendedor, quienes deben responder por las consecuencias lesivas, salvo que acrediten un eximente de responsabilidad.
Honorarios, obligación subsidiaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Mancilla, Angélica del Carmen c/ Teledata S.A. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-03-22

Precisamente el artículo 49 de la norma arancelaria aplicable en las presentes actuaciones (ley 21.839) establece que los honorarios deberán pagarse por la parte condenada en el término de treinta días, si no se fijare uno menor. Sin perjuicio de ello, en su segundo párrafo, dispone que en el supuesto que dicho pago no se efectúe, el profesional podrá reclamárselo a su cliente. En consonancia, el art. 50 establece el procedimiento para el supuesto en que el cliente no condenado en costas deba asumir dicho pago. En tal sentido, la jurisprudencia ha reiterado que De acuerdo a lo establecido por el artículo 49, segunda parte, de la ley 21.839, el profesional puede cobrar sus trabajos no sólo al condenado en costas, sino también a su propio cliente. (del voto del Dr. Carranza).
Tasa de justicia, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: ALMENARA, Ana María c/ CASTILLO DE RAMOS, Ofelia s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

Las actuaciones correspondientes a la ejecución de honorarios no se encuentran alcanzadas por la obligación de tributar el gravamen judicial, dado que ello agravaría la obligación fiscal al incluirse rubros no gravados, por cuanto los mismos constituyen una derivación del proceso, posterior al hecho imponible, e integran las costas de aquél, categoría excluida de los rubros objeto de imposición en los términos del art. 4 de la misma ley 23898, máxime cuando la intervención de la justicia civil lo es respecto del cobro compulsivo de los estipendios establecidos por la justicia criminal que se encuentra prevista en el art. 516 del Código Procesal Penal para el supuesto en que el deudor no hubiere dado cumplimiento a la orden de pago emitida por el tribunal que los fijó.
Divorcio, adulterio, deber de fidelidad
Materia: CIVIL
Carátula: A.M.C. c/ G.N.E. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-21

Corresponde rechazar la demanda de divorcio vincular con fundamento en la causal de adulterio, pues no se demostró la existencia de una unión sexual o carnal voluntaria entre el cónyuge demandado con un tercero al tiempo que se concretó la separación de hecho. En efecto, la prueba que acredita el nacimiento de una hija extramatrimonial refiere al período posterior a la separación, y el deber de fidelidad no era exigible en tal oportunidad.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, reformatio in pejus, honorarios, regulación de honorarios, nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Bilbao de Cherouvrier, Marta O. y otros y Eduardo Vega y Víctor Ocariz (En nombre propio y representación de la actora) c/ Fernández y sust. Tabacos Colón S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de australes (EXPTE CSJ Nº 112-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

Carecen de sustancialidad para operar la apertura de la instancia de excepción, los reparos vertidos respecto de que el A quo vulneró la prohibición de "no reformatio in pejus" -al colocar a los recurrentes en peor situación que aquella a que podía llegarse en base a los términos de la litis- si con la lectura de la sentencia atacada se puede aventar dicha falencia, habida cuenta que no se avizora que se hubiese incurrido en la mentada violación, desde que en el auto denegatorio el Tribunal sostiene que al disponer la nulidad de oficio del auto regulatorio lo hace de conformidad con los artículos 124 y 125 del Código Procesal Civil y Comercial -de aplicación integrativa- ajustando su resolución a lo preceptuado por el artículo 361 del mismo cuerpo legal, también de aplicación integrativa.
Proceso penal, non bis in ídem, sentencia absolutoria, deberes del juez
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Kang, Yoong Soo s/ rec. extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-27

La regla adoptada por el a quo que establece un supuesto de ne bis in idem que impide el reenvío contenido en el artículo 451 del Código Procesal Penal de la Nación cuando el defecto que generó la absolución fuera consecuencia de un error del Estado, se aparta del "principio primario de sujeción de los jueces a la ley, con arreglo al cual no deben sustituir al legislador para crear excepciones no admitidas por la norma ni efectuar una interpretacón que equivalga a su prescindencia, en tanto no medie una concreta declaración de inconstitucionalidad.

- De la disidencia de los jueces Highton de Nolasco y Raúl E. Zaffaroni).

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Daños y perjuicios, incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAMOS RAMON L. c/ LEDESMA ROBERTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

Las secuelas, aunque parciales, habrán de acompañar siempre a la víctima del accidente, produciéndole una minusvalía que la indemnización pecuniaria tratará de remediar en una suerte de equivalencia, sobrellevando de tal manera el menoscabo de su plenitud física y psíquica, que la víctima solía gozar con la debida amplitud y libertad.-
Accidente de tránsito, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMPOS CAMACHO, SALVADOR c/ RAUL BENITO Y OTRO s/ INTERDICCION-DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-14

El sentenciante puede y debe resolver lo atinente, a la responsabilidad del accidente, ya que cuenta con todos los elementos a su alcance para ello. Sólo por un prurito excesivamente formalista, puede estimarse que tal cuestión debe ser ventilada en un juicio aparte entre los codemandados, lo que evidentemente resulta atentatorio a la economía procesal en la que están interesados no sólo las partes, sino una bien entendida administración de justicia, más esta circunstancia no impide la condena solidaria sino que, en todo caso, tendrá efecto en la acción de recupero que podrá entablarse entre ambos codemandados.
Relaciones de familia, resoluciones apelables
Materia: PROCESAL
Carátula: MOYANO, LAURA EN J.245/6 SILNIK EN J.1963/04 MOYANO (EXPTE. Nro. 32144) c/ SILNIK POR DIV. VINCULAR C/MOYANO s/ INCIDENTE P/RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-12-15

La ley 6354 no invierte el sistema recursivo del CPC, y lejos de ello, lo adopta, por aplicación supletoria, pues no otra cosa puede extraerse de la fórmula del art. 108 en cuestión al estatuir que los recursos contra las decisiones de los jueces de familia deben adaptarse a ..... los modos, tiempos, formas y con los caracteres prescriptos por el Código Procesal Civil. (voto del Dr. GIANELLA)
Poderes del Estado, prueba, deberes de la administración, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M, M. M. c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-13

Hay un conjunto de condiciones sustanciales y procesales que deben satisfacerse para poder tener en cuenta la falta de recursos como un razón legítima de un Estado a fin de justificar la ausencia de protección adecuada de un derecho.

Y es que la limitación de recursos debe estar fundada y probada. Es decir, un gobierno demandado debe probar, en primer lugar, que efectivamente carece de recursos suficientes, y, luego, en segundo lugar, que realizó todas las acciones a su alcance para obtenerlos. No bastan las consideraciones genéricas, o la remisión a la cláusula de disponibilidad de recursos como tal, como si ella fuese de aplicación automática.

Tampoco es suficiente decir que la decisión judicial tiene impacto presupuestario o que implica el uso de recursos. Es ésta una consecuencia habitual de innumerables decisiones judiciales. Cuando los jueces hacen lugar a una demanda por daños y perjuicios como consecuencia de un acto estatal, lícito o ilícito; cuando se hace lugar a una demanda patrimonial referida al empleo público (vgr. diferencia de haberes), o cuando se dispone devolver un tributo ingresado sin causa, se está tomando una decisión, típica en el debate contencioso, que tiene efectos presupuestarios.

Es de advertir que en todos estos casos (donde en alguno de ellos sólo hay comprometido un derecho patrimonial) sería inimaginable que se pretendiera alegar la limitación de recursos, más allá de la eventual incidencia del principio de reserva de ley en materia presupuestaria en el trámite de ejecución de la sentencia que condena al Estado a pagar una suma de dinero, tal como lo hace nuestro Código ritual, que contiene, como se sabe, un trato especial y más diligente para los derechos de carácter alimentario.
Sistema federal, autonomía provincial, competencia provincial, interpretación de normas y actos locales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Orsini, Salvador c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

El sistema federal y las autonomías provinciales exigen que se reserve a los jueces locales, el conocimiento y decisión de las causas que en lo sustancial, versan sobre aspectos propios de su derecho público, sin perjuicio que en las cuestiones federales que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del art. 14 de la ley 48.
Incompetencia, cuestión constitucional, Subterráneos de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Metrovías SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Metrovías SA c/GCBA y otros s/otros rec. judiciales c/res. pers. públicas no est.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-19

El planteo referido a la incompetencia del EURSPCABA para aplicar la sanción de autos involucra una genuina cuestión constitucional, en tanto obliga a interpretar el alcance de las facultades reconocidas por el art. 129 CN y la CCABA al Estado de la Ciudad de Buenos Aires para ejercer el poder de policía en cuanto al control y fiscalización del servicio público de transporte subterráneo, así como también las competencias conferidas en la materia al EURSPCABA por el art. 138 CCABA. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Muerte de las partes, admisión del querellante, conviviente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "Incd. de falta de acción interpuesto por los Dres. Roberto Durrie... s/ Incd. de falta de acción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-07

No resulta acertado negarle el derecho a ser parte querellante a la persona que, sin ser cónyuge de la víctima -muerte por accidente aéreo- ocupó sin dudas ese papel en los hechos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inhabilidad de título, título ejecutivo hábil, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: NUEVO BANCO DE SANTA FE c/ LAREDO, CARLOS A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA EJECUTIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 518 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-11

Corresponde admitir la queja interpuesta contra la decisión de la Alzada que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título desde que la postulación del recurrente - quien sostiene que el ordenamiento jurídico creó la presunción de legitimidad del certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria firmado por gerente y contador, y tal presunción es desvirtuada por los Juzgadores quienes, partiendo justamente de la subjetiva concepción de que no subsistían las condiciones que llevaron al legislador a crear aquella presunción legal, sostienen que el Banco debía probar que al momento de la confección de aquél los firmantes cumplían dichas funciones- cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción, con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria, propia de esta instancia y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. (De la Disidencia de los Dres. Falistocco y Spuler)
Medicina prepaga, obras sociales, derecho a la salud
Materia: CIVIL
Carátula: Cairo, Angela Nelly c/ Osde s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

En supuestos particulares se han admitido excepciones al principio general en el que se asienta el sistema de salud (obras sociales y planes cerrados de medicina prepaga), cuando se acreditan en forma suficiente especiales circunstancias que las justifiquen, o en el supuesto de que el agente de salud no tenga entre sus prestadores profesionales idóneos o instituciones adecuadas para la atención del beneficiario (esta Sala, doctrina de las causas 5450/06 del 20.07.2006, 2179/07 del 17.05.2007, 9043/01 del 4.09.2007, 3742/08 del 13.08.2009, 1233/07 del 7.10.2009, 8728/09 del 1.12.2009 y 6041/11 del 6.10.2011). Es de destacar la necesidad de la actora de recibir asistencia geriátrica de tercer nivel en virtud de la dependencia para las actividades de la vida diaria en función de la patología discapacitante crónica y progresiva que padece.
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Durrieu  Vidal  y Compañía Sociedad de Responsabilidad Limitada yotro c/ Buenos Aires, Provincia de s/ indemnización por daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

El hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa de justicia es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión aducida y pesa sobre quien inicia las actuaciones la carga de afrontarla, más allá de que la interesada pueda reclamarle a su contraria el reintegro de las sumas pagadas y que sea ella la que las soporte en definitiva en la proporción que corresponda.
Grupo económico, impuesto a las ganancias, determinación de impuestos, multa, aplicación de la ley tributaria, principio de la realidad económica
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BJ Services SRL (TF 22.368 - I) c/ DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

Cabe confirmar la sentencia que ratificó la resolución por la cual el organismo recaudador impugnó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas por la actora, determinó de oficio su obligación por tal tributo, liquidó intereses e intimó al pago- aplicando una multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683-, ya que no son atendibles las argumentaciones del apelante relativas a que, por aplicación del principio de la realidad económica (art. 2° de la ley 11.683), la disposición de fondos efectuada debe ser considerada como una distribución de dividendos, dado que aquél se ciñe a indicar que la sentencia utiliza un razonamiento puramente formal, sin refutar concretamente las conclusiones de los tribunales de las instancias anteriores, en el sentido de que no han sido cumplidos los recaudos exigidos por la ley de sociedades 19.550 (arts. 68 y 234) para proceder a aquella distribución, pues teniendo en cuenta el tipo societario adoptado por la actora en esa época -sociedad anónima-, el único órgano habilitado para decidir el destino de los resultados no asignados era la asamblea de accionistas, en tanto los fondos no pertenecen a éstos sino a la sociedad.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, doctrina de la arbitrariedad, concurso preventivo, crédito verificado, trámites judiciales, recurso de apelación (procesal), notificación por cédula, notificación automática
Materia: PROCESAL
Carátula: Colussi, Astrid B. de y otros s/ Incidente de revisión del crédito de la D.N.R.P. Concurso   preventivo. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 731-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-01

Respecto de la forma de notificación de la resolución que pone fin a un incidente de revisión concursal, se plantea la siguiente alternativa: dar prioridad al artículo 296, inciso 5, de la ley concursal (conforme al cual, la resolución que pone fin al incidente de revisión debe notificarse automáticamente, en defecto de disposición en contrario), o estar a los artículos 60 y 62, inciso 7 del código de rito (aplicables en virtud de la remisión del artículo 301 de la ley 19551) que ordenan la notificación por cédula "...si el litigante no concurre a hacerlo a la oficina... las sentencias definitivas y los autos interlocutorios con fuerza de tales...". Si bien la Corte -con distinta integración- en la causa " De Lajonquiere", escogió la regla de la notificación automática, tal interpretación no puede ser aceptada a la luz de las exigencias impuestas por la Constitución Provincial para asegurar la adecuada satisfacción del derecho a la jurisdicción.
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.S.R. c/ N.J.G. s/ Aumento cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-10

Cuando la sentencia guarda silencio sobre las costas debe entenderse que las mismas han sido impuestas en el orden causado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución de la pena, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Cáceres, Raul. s/ Apelación de sanción disciplinaria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-10-29

Ahora bien la ley 24.460 en su art. 3 consagra la nota esencial durante la etapa ejecutiva de la pena en los siguientes términos: "La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades estará sometida al permanente control judicial. El Juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o la ley."
Aplicación temporal de la ley, in dubio pro operario
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Genaro y Fernández S.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

La aplicación del artículo 9 de la L.C.T. que establece el principio "in dubio pro operario", tiene su campo de aplicación en la interpretación que debe darse a dos o más normas vigentes en el mismo momento y no a situaciones referidas a la aplicación temporal de una u otra norma.
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, sentencia definitiva, resoluciones inapelables, obligaciones del Estado miembro, competencia contenciosa del tribunal internacional
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Maritza Urrutia c/ Guatemala s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-09-21

Conforme las atribuciones otorgadas por los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana y 29.2 del Reglamento de la Corte Interamericana, resulta una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales del Tribunal, la supervisión del cumplimiento de sus sentencias, las que gozan de carácter definitivo e inapelable, debiendo ser prontamente cumplidas por el Estado y en forma íntegra.
Asociaciones profesionales, llamado a licitación, estabilidad laboral, establecimientos educacionales
Materia: LABORAL
Carátula: Hamilton,  Richard  Wiliam c/ Gobierno  de  la Ciudad de buenos Aires s/ Juicio sumarísimo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

La decisión de la demandada referida al llamado a concurso del cargo que desempeñaba el actor (rector de un centro educativo, quien gozaba de garantía de estabilidad gremial) no vulnera el principio de libertad sindical pues éste se desempeñaba en un cargo que, de acuerdo a la Resolución Nest 425/83 y Resolución Nest 816/01 duraba tres años con la posibilidad de que el agente pudiera, en su caso, continuar dictando clases. La tutela de los arts. 48, 52 y concs. de la ley 23.551 debe entenderse ceñida, en situaciones como la presente, a la permanencia durante el lapso correspondiente al período en que se desempeñaba como rector.