Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-06-16


Autos N° 22.340 (117.345 - CONT. ADMINIS.) Caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN SA C/ Gemmo América S.A." - Ejecución Fiscal Monitoria" En la Ciudad de San Juan, a 16 días del mes de junio del año dos mil diecisiete, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, los señores Vocales, Dres. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO y JUAN JOSE VICTORIA, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 334 de los Autos N° 22.340 (117.345 - CONT. ADMINIS.) Caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN SA C/ GEMMO AMERICA SA" - EJECUCION FISCAL MONITORIA", contra la resolución dictada en fecha 17 de mayo de 2016 obrante a fs. 327/330 de estos autos originarios del Juzgado Contencioso Administrativo de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. PASCUAL ALFERILLO dijo:

1) El caso.

Vienen estos autos a la Alzada con motivo del recurso de apelación que interpone, a fs. 334, la demandada a través de apoderado letrado Fernando Conte Grand, contra la resolución de fs. 327/330 en la que el juez aquo resolvió. "...I) Rechazar el planteo de perención de la segunda instancia articulado a fs. 315/317 por el apoderado de la parte demandada, por los fundamentos expuestos en el Considerando de esta resolución. II) Imponer las costas de esta incidencia a la demandada vencida, regular los honorarios del Dr. FACUNDO ROJAS CLARIÁ como apoderado de la parte actora gananciosa en la suma de Pesos Un mil ($ 1.000,00) y del Dr. FERNANDO JOSE CONTE-GRAND como apoderado de la demandada perdidosa en la suma de Pesos Seiscientos ($600), a la fecha de esta resolución y conforme la normativa citada en el Considerando 9. de esta sentencia".

Para así resolver, consideró que, la providencia de fs. 314 disponía previo a elevar los autos al Superior debían cumplirse con las notificaciones ordenadas a fs. 295 párrafo 2 y fs. 299, que constituyen carga de los apelantes, conforme el art. 22 párrafo 6 de la Ley 56 O, que prescribe que en todos los casos, la regulación de honorarios, deberá ser notificada por cédula a los mandantes o patrocinados.

También dijo, que el incidentista ha interpuesto recurso de apelación también por su parte, por lo que le correspondía la carga de notificar a su mandante la sentencia definitiva, tal como fue ordenado por el Juzgado a fs 295 y 299.

Si bien los recursos se encontraban fundados, entendió que debía proceder a cumplir con lo requerido por la Cámara de Apelaciones, por lo que la carga no puede endilgarsele al tribunal.

Contra dicha resolución se alzó la parte demandada, a fs. 334. El recurso fue concedido a fs. 339, con efecto suspensivo. Los agravios son expresados a fs. 340/345.

Centra su crítica en que la jueza haya señalado que el art. 22 párrafo 6 de la Ley de aranceles 56-O- sea al recurrente a quien corresponde notificar a su mandante la sentencia definitiva. Señala que el art. 2 del Código Civil y Comercial no expresa quien es el obligado a concretar las notificaciones de los honorarios regulados.

De este modo afirma que la norma arancelaria vigente (art. 22 párrafo 6 ley 56-O) no especifica ni impone categóricamente cual de los letrados intervinientes y/o cual de las partes es la única obligada a concretar la notificación en cuestión a los mandantes patrocinados.

Sostiene que la notificación debe ser realizada por quien tiene directo y verdadero interés jurídico en concretarla.

A ello agrega que la notificación a Gemmo América SA en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, debió ser concretada por la parte actora y/o su letrado, porque es ella quien tenía interés legítimo en realizar tal notificación, por ser la parte que recurrió el fondo de la sentencia.

Pone de manifiesto que cualquiera de las partes podía cumplir con lo dispuesto a fs. 295 párrafo segundo, ya que se proveyeron las presentaciones de actora y demandada en forma conjunta.

En particular remarca que el Acuerdo n° 136 de Cámara de Apelaciones, de fecha 22/12/14, no concluye que sea exclusiva y excluyentemente, el beneficiario del honorario regulado el que tiene la carga de notificarle tales honorarios a su cliente, mandante o patrocinado o sentencia que los contiene.

Agrega que el art. 282 inc. 2 del CPC, dispone que la perención de la segunda instancia importa el desistimiento de los recursos deducidos por quien la pidió. Cita jurisprudencia.

El recurrente, también añade que es la parte actora, (recurrente de la sentencia de fs. 278/286), la que debió concretar la notificación a la demandada de la sentencia recurrida y de los honorarios en ella regulados, mediante cédula ley 22.172.

Por último, solicita en caso que no se haga lugar al recurso se impongan las costas de ambas instancias, en el orden causado.

Los agravios son contestados a fs 356/358 A fs. 366 se adjudica la causa a estudio.

TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS:

I- El instituto de perención de instancia es un modo anticipado de conclusión del proceso, cuyo fundamento radica en la presunción de desinterés que exterioriza la inactividad de los sujetos intervinientes.

También esta Sala ha sostenido, acompañando criterios de la jurisprudencia nacional que "la caducidad de la instancia tiene su fundamento objetivo en la inactividad de los litigantes por un tiempo determinado quienes ante el desinterés demostrado de esta forma tienen su sanción. Persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia. De tal suerte que el único medio adecuado para demostrar la falta de espíritu de deserción de la instancia y destruir la presunción que indica la inactividad de la parte, consiste precisamente en la realización de actos procesales útiles y adecuados al estado de la causa a los efectos de posibilitar el avance del procedimiento" (Autos n° 15.206 caratulados "Montilla, Héctor Eduardo, Medidas Cautelares. Acción de exclusión de socio", L. de A. Tº 101 - Fº 44/47, Fecha: 08/03/99; Autos N° 19.889 (N° 36.228 - 3° CIVIL) caratulados "Fuentes Rosendo Aníbal C/Alamo S.R.L. Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios", L. de A. T° 163, F° 151/156, fecha 20/03/09).

Para que proceda la perención de instancia es necesario la concurrencia de cuatro presupuestos: a) existencia de una instancia; b) inactividad procesal absoluta o actividad procesal jurídicamente inidónea; c) transcurso de determinados plazos de inactividad y d) el pronunciamiento de una resolución que declare operada la caducidad.

El art. 274 inc. 2° del CPC (988-O) establece que se producirá la perención de segunda instancia si no se insta el procedimiento durante el plazo de tres meses y el art. 102 del Código Tributario(Ley . 151-I) dispone que ..."se operará por el transcurso del doble del término fijado por las leyes comunes".

En el presente caso, y conocido el contenido del fallo dictado por la Corte de San Juan, expuesto en autos n° 5853/12 Lozada Ricardo Walter c/ Provincia de San Juan y suc. de Quiroga Pedro Rodolfo. Inconstitucionalidad y Casación, PRE S 1° 2013-III-444, y siguiendo la doctrina mayoritaria, en el sentido que la segunda o ulterior instancia se abre con la concesión del recurso ordinario o extraordinario, aún cuando no se hubiesen elevado los autos supeditado a notificaciones pendientes", o bien con su interposición, con prescindencia de si ha sido concedido o no.

II) En el caso de autos, la segunda instancia se abrió con la interposición de los recursos en fecha 30 de abril de 2015, (fs. 289 y fs. 293/294), momento desde el cual comienza la obligación de las partes interesadas a compulsar el expediente en los días establecidos por el Código, en este caso los días martes (art. 132 del CPC). Es desde ese instante que el régimen procesal hace pesar sobre el solicitante -en el caso quien dedujo la apelación- la carga de impulsar el proceso, pues es obligación de éste activarlo a fin de que el tribunal de alzada se halle en condiciones de pronunciarse sobre el recurso interpuesto.

Cabe recordar, que el instituto de la perención de la instancia es un modo de "conclusión anticipada del proceso" (Título V del CPC), (988-O) cuyo fundamento -en definitiva- radica en la presunción de desinterés que exterioriza esa inactividad, a la vez que su propósito responde a la necesidad de evitar la duración indeterminada de los juicios, como medio de proteger la seguridad jurídica.

Los agravios pueden sintetizarse en que es la parte actora la obligada a notificar, por tener interés en la elevación de la causa y que el Acuerdo 136 de Cámara no especifica si es el beneficiario de los honorarios el obligado a notificar la regulación a su cliente.

Analizadas las actuaciones se advierte a fs. 299, que a pedido de la demandada se ordena girar cédula ley 22.172. La actora expresa agravios a fs 303/305, impulsando el proceso en fecha 1 de julio de 2015. La demandada contesta el traslado a fs. 307/ 313, requiriéndole en fecha 18 de agosto de 2015, previo a elevar los autos cumpla con la notificación ordenada a fs. 295 y 299.

El último acto impulsorio efectuado por la Jueza, fue el decreto de fs. 314, dictado a petición de la demandada, en fecha 18 de agosto de 2015 que tuvo por contestado en tiempo y forma el traslado de la expresión de agravios y ordenó previo a elevar los autos al Superior, cumpla con la notificación ordenada a fs. 295 2° párrafo y 299 2° párrafo. Desde ese momento y hasta que se acusó la perención, es decir hasta el día 8 de abril de 2016, ha transcurrido el lapso de inactividad procesal para que ésta se opere (art. 274 inc. 2° del C.P.C. -Ley 8.037 y art. 102 Código Tributario Ley 151-I), sin que consten durante el mismo, actos interruptivos de la instancia de ningún tipo.

Por ello, corresponde decretar que ha operado la perención de la segunda instancia, dado que ha sido superado el plazo de seis meses previsto por el art. 274, inc. 2°, del C.P.C.M., y art. 102 del C.T, Ley 151 I, sin que el apelante haya impulsado el procedimiento, pues era obligación de éste activarlo a fin de que el tribunal de alzada se halle en condiciones para pronunciarse sobre el recurso interpuesto.

Quien apela y abre la instancia recursiva, en virtud del principio dispositivo que rige en el proceso civil, debe peticionar lo conducente para instar el procedimiento a fin de poner la apelación en condiciones de que el Tribunal de Alzada se pronuncie.

"Y ello así toda vez que abierta la segunda instancia, es obligación del recurrente activar el procedimiento, carga que comprende la de instar, incluso el cumplimiento de las diligencias de notificación pertinente y en general todos los actos tendientes a poner la causa en condiciones para que el Tribunal se pronuncie sobre el recurso" (Loutayf Ranea-Ovejero López, Caducidad de la Instancia, Ed. Astrea, Bs. As. 1986, págs. 48/49. Cita en CApel. CC. Salta, Sala IV, año 1996, Tomo 18, año 1996, fs. 620).

Por lo tanto si el apelante, que es el interesado en que el fallo recurrido sea modificado, no ha instado el procedimiento y dejó vencer el plazo de seis meses establecido por la ley especial para que opere la perención de la instancia, esto es, no realizó actividad alguna idónea en procura que el juicio avance hasta el dictado de la resolución, debe hacerse lugar al incidente opuesto.

En el caso, la falta de notificación, (conforme fue ordenado en decreto de fs. 295) imposibilitó que los autos se encontraren en condiciones para que este Tribunal se expidiese sobre los recursos de apelación interpuestos en principio por las partes y, posteriormente, desistido por la demandada.

El recurrente debió solicitar al Juez, que intimara, en su caso, a la apoderada de la contraparte a notificar a su poderdante en el domicilio real mediante cédula Ley 22.172; y dejar el expediente en condiciones de ser elevado.

Por su parte, el art. 275 inc. 6° del C.P.C. dispone que no correrán los plazos previstos por el art. 274 del C.P.C. cuando "los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al Tribunal; ni cuando la prosecución del trámite esté atribuída según este Código o la reglamentación de superintendencia a una actividad del Juez, del secretario o del prosecretario. En estos casos la omisión de las partes de requerir a los nombrados el cumplimiento del acto pendiente, no dará lugar a la perención".

Como consecuencia de la directriz precedentemente expuesta, se advierte entonces que la caducidad articulada, resulta procedente, pues la orden de notificar de fs.295 no está dentro de los supuesto del art. 274 del CPC.

Por ello, siendo la instancia indivisible y, por lo tanto, la perención de la misma también lo es, corresponde hacer lugar al recurso y acoger el planteo de perención de instancia.

En este sentido la doctrina judicial juzgo que: "La perención de instancia es indivisible, por lo que corre, se suspende o se interrumpe para todas las partes." (SC Buenos Aires-13-8-74- Senatore de Gamele, Letizia y otras c. Bauzas e Miloch, C y otra. Rev. La Ley 156-875 (32.012-S)).

Es decir, que verificado el período de inactividad procesal por el lapso que la ley ritual establece sin que haya mediado acto suspensivo o interruptivo alguno de las partes, no cabe sino decretar la perención de la segunda instancia, pues es un deber procesal del recurrente el de activar el procedimiento para evitar que se produzca la perención de esta instancia. Es que la deducción de un recurso de apelación no impide, de ordinario, la prosecución del proceso. No libera de la carga del litigante de producir actos que conduzcan al proceso al estado del dictado de la sentencia en la segunda instancia. De lo contrario se llegaría al absurdo de que el apelante pueda dejar transcurrir el plazo establecido, (en este caso seis meses) e incluso años sin producir acto impulsorio alguno luego de haber planteado el recurso de apelación, y sin que pueda declarase la perención de la segunda instancia.

Tal como lo señala el recurrente, el modelo de Certificado de Elevación a Cámara, remitido a los Jueces de Primera Instancia, conforme Acuerdo N 136 de Cámara de fecha 22-12-2014, solo señala que "en caso de regulación de honorarios la sentencia deberá estar notificada a la totalidad de los Profesionales beneficiarios de la regulación y los obligados al pago en sus domicilios reales." Es decir, que habiendo quedado condicionada la elevación de la causa a las notificaciones ordenadas en autos, recaía en cabeza de la actora apelante, so pena de que una vez transcurrido el plazo, se declarara la perención.

Por lo expuesto voto por hacer lugar al recurso de apelación y en consecuencia acoger el planteo de perención de segunda instancia. Costas a la vencida. Regular los honorarios por lo actuado en el incidente de perención de instancia al letrado Facundo Rojas la suma de $1.400 y al letrado de la demandada Fernando Conte Grand, como vencedor en la suma de $2000. Regular por lo actuado en segunda instancia en el 30% de lo regulado en primera instancia.

El Dr. JUAN JOSE VICTORIA, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL ALFERILLO dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: hacer lugar al recurso de apelación y en consecuencia acoger el planteo de perención de segunda instancia. Costas a la vencida. Regular los honorarios por lo actuado en el incidente de perención de instancia al letrado Facundo Rojas la suma de $1.400 y al letrado de la demandada Fernando Conte Grand, como vencedor en la suma de $2000. Regular por lo actuado en segunda instancia en el 30% de lo regulado en primera instancia.

El Dr. JUAN JOSE VICTORIA, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación y en consecuencia acoger el planteo de perención de segunda instancia. Costas a la vencida. Regular los honorarios por lo actuado en el incidente de perención de instancia al letrado Facundo Rojas la suma de pesos un mil cuatrocientos ($1.400) y al letrado de la demandada Fernando Conte Grand, como vencedor en la suma de pesos dos mil ($2000). Regular por lo actuado en segunda instancia en el 30% de lo regulado en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A. T° II-2017; F° 20/26; FECHA: 16 de junio de 2017 DRES.ALFERILLO-VICTORIA