marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RENNA, INES FRANCISCA c/ NITRI, BEATRIZ VILMA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-09-15

Si bien es sabido que las regulaciones de honorarios constituyen materia ajena al recurso extraordinario, cabe hacer excepción a dicha máxima, cuando quien recurre demuestra perfilado con suficiente claridad el agravio que la decisión sobre ese tema le causa, por afectar derechos o garantías constitucionales, o si no reúne las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción; y en este sentido, teniendo en cuenta la escasa extensión de la labor profesional realizada por las curiales en la gestión administrativa (patrocinando dos escritos donde se discutía el precio que debería abonarse por la expropiación del inmueble de propiedad de la recurrente), y que por decreto provincial se dejó sin efecto la declaración de interés general del inmueble en cuestión, la suma regulada por honorarios en primera instancia, y confirmada por la Alzada, surge desproporcionada por excesiva, teniendo en cuenta la extensión y calidad de la labor profesional, su complejidad y el resultado obtenido. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJN: Fallos 310:566; 308:881; 304:501; 283:22; 270:388; CSJStaFe: AyS T 123, p 84; T 159, p 133; T 290, p 1.
Delegación de la investigación, prueba pericial, facultades del fiscal, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "CAVALLO, Domingo F. s/ nulidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

Mas allá de las facultades ejemplificadas en el art. 212 del C.P.P.N. el límite a la actividad probatoria por parte del Fiscal lo fija el carácter y la trascendencia del acto, es decir, que la decisión de la ejecución cede frente a actos definitivos e irreproducibles -aún cuando se trate de aquellos comprendidos en el artículo citado.Además, tratandose el caso de la realización de una prueba pericial, no se advierte que su realización sea privativa del juez de la causa y no facultad propia del Fiscal ni que se le atribuya a otro órgano judicial todo lo cual lleva a concluir que esta se encuentra dentro de las actividades que al fiscal le servirán de base a su requerimiento.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: MENOCHIO, GRACIELA MABEL c/ ZALGADO, OSVALDO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-10-21

La demanda de desalojo interpuesta contra el locatario de una vivienda social debe ser rechazada, aun cuando exista un documento que acredite la locación entre las partes, pues el accionante no acreditó el carácter de adjudicatario del inmueble, ni existe ratificación del adjudicatario respecto de lo actuado por aquél como para tener por conformada la legitimación activa, es que, si bien el locador puede dar en locación un bien que no le pertenece, al resultarle negada la calidad con que lo hace, debe haber una explicación satisfactoria de por qué o en qué carácter se es locador de una cosa, aun cuando fuera un usurpador o condómino.
Competencia contencioso administrativa, empleados públicos, acción de amparo, inadmisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barros, María Mercedes c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-01

La actora, invocando el carácter de agente de la Administración Pública, incoa acción de amparo en contra del Poder Ejecutivo Provincial, -UPE, Centro de Control de Gastos de Personal dependiente de la Subsecretaria de Recursos Humanos-, con el objeto que se declare arbitraria la Nota Nº620/2010 de fecha 09/12/10 que dispuso revocarle el derecho al cobro de dos adicionales por "Responsabilidad Profesional" y "Titulo Profesional", que ascienden a la suma de mil cuatrocientos sesenta y un pesos con cincuenta centavos ($1.461.50); además de retenerle indebidamente parte de su salario en la suma de quinientos doce pesos con ochenta y ocho centavos ($512, 88) en concepto de devolución de las sumas percibidas.

Solicita tutela cautelar, persiguiendo se suspenda la medida y se ordene la devolución de las sumas retenidas, absteniéndose de realizar cualquier descuento. Por imperio de expresas normas constitucionales -Art.204 de la Constitución Provincial-, jurisprudencia sentada a partir del caso "Altamirano" y posterior reforma del Art.4 de la Ley de Amparo por Ley 4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, corresponde se declare la competencia de este Tribunal para entender en autos.

El marco legal vigente aplicable al caso concreto faculta al Poder Administrador para liquidar los haberes de los agentes de la Administración Pública Provincial, de conformidad a los preceptos normativos y pautas establecidas en la legislación aplicable.

Tal actividad contable-administrativa impone un análisis profundo y exhaustivo de actos emitidos en ejercicio de atribuciones propias, cuya revisión excede el estrecho margen cognoscitivo asignado a este proceso excepcionalísimo, evidenciando que -como cuestión jurídica opinable-, requiere de mayor amplitud de debate y prueba, para lo cual existen vías previas y paralelas ordinarias, donde podrá discutirse y probarse la ilegitimidad -o no- del actuar administrativo.

Resulta pertinente resaltar que la parte actora no logra demostrar de manera clara e indubitada la lesión a derechos constitucionales que le causen un perjuicio de imposible reparación ulterior, por cuanto el cuestionamiento realizado en su propio ámbito a la actividad administrativa, que reputa ilegítima y arbitraria, se reduce a cuestionar el descuento de adicionales, que en el supuesto de resultar contrario a derecho, su reparación puede perseguirse mediante la articulación de las acciones pertinentes, pero no resulta hábil para provocar la apertura de este proceso de excepción. Conforme a ello y lo previsto por los Arts.1, 2, 3 y 17 de la Ley 4642, corresponde declarar inadmisible la acción de amparo deducida, con costas a la accionante.
Infracciones aduaneras, transgresión a los regímenes de destinación suspensiva, manifiesto de carga, pérdida parcial de mercaderías
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGENCIA DE TRANSPORTES MOORE MC CORMACK  S.A. c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ ADUANA - APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

El hecho en cuestión se produce con motivo de la descarga del buque "MORMACVEGA", llegado al Puerto de Buenos Aires, donde se comprobaron faltantes respecto a lo declarado en el manifiesto general de carga.

El art. 956, a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el art.

954 del Código Aduanero, preceptúa en su inc. c) que la presentación "del manifiesto general de la carga, del rancho, de la pacotilla y de la relación de la carga, equivale a efectuar una declaración relativa a lo expresado en la misma".

Corresponde eximir de sanción a la causante, toda vez que no existen el caso posibilidad de que se ocasione perjuicio fiscal, pues aún cuando no se hubiere advertido faltante alguno, lo cierto es que deben abonarse los gravámenes por la totalidad de lo declarado (art.

142 del Código de la materia).

La única excepción a la procedencia de tal eximición de responsabilidad dentro de la regulación legal de la infracción analizada, en la legislación vigente, es la prevista en el art. 973 del Código Aduanero, según lo determina el art. 975 del mismo cuerpo legal, supuesto éste que no es el de autos.
Contratos civiles, interpretación del contrato, conducta de las partes
Materia: CIVIL
Carátula: "Joyería Ricciardi S.A. (T.F. 15.499-I) c/ D.G.I.". s/ compraventa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-13

Dentro de la hermenéutica contractual ha de tenerse en cuenta que los hechos de los contratantes subsiguientes al contrato que tengan relación con lo que se discute, sirven para explicar la intención de las partes al tiempo de celebrarlo (Fallos: 181:257; esta Sala, 25/6/98, "Gas del Estado c/Municipalidad del Partido de La Matanza"), dado que dicho comportamiento trasunta la evidencia m s acabada de lo que las partes verdaderamente quisieron al contratar, constituyéndose en la herramienta m s valiosa para descubrir la verdadera intención de los contratantes (C.N.Com., Sala A, 23/4/97 "G.V. y otros c/Canteras Argentinas S.A.", Doc.Jud. 1998-I, p. 297).
Compraventa de automotores, nulidad del contrato, precio, pago, dolo, carga de la prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Di Yorio, Carlos Horacio y otro. c/ Falciglio, Juan Carlos y otro. s/ Acción de nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-08-19

La circunstancia relacionada a la inexistencia del comprobante de cancelación del precio de la compra venta y que el precio reconocido por el comprador diste del valor de mercado o incluso del consignado en el formulario de transferencia, por sí solo no resulta relevante para concluir que se está en presencia de un negocio nulo, o que se pueda inferir ardid de uno de los sujetos, de tal forma de hacer incurrir en error respecto del objeto sobre el que versa el acto, o para contratar una cosa distinta, o de diversa cantidad de la que se pretendía, o tratarse de un diverso hecho, a la luz de las constancias agregadas al proceso, tal el formulario 08 y la denuncia de venta emanado del vendedor y su cónyuge en el que se individualiza el bien objeto del negocio, e incluso en el primero, el monto de la transferencia.
Reposición in extremis, caducidad de instancia, defectos en la fundamentación normativa, impulso procesal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Elgul, Gabriela Noemí c/ Estado provincial y Poder Judicial de la Provincia de Corrientes s/ acción contencioso administrativa c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que al resolver el recurso de revocatoria in extremis no tuvo en cuenta un planteo de la recurrente que resultaba conducente para dirimir la cuestión atinente a la caducidad de la instancia si, al fundar su decisión, omitió las consideraciones prescriptas en los arts. 313, inc. 3°, y 482 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes y en los arts. 31, 77 y 80 de la ley local 4106, de las que surgiría que la clausura de la etapa probatoria era una actividad que le correspondía al tribunal de oficio, precisamente, al oficial primero.
Facultades de la autoridad de prevención, detención sin orden
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corituma Malache, José Luis s/ procesamiento y embargo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

No es la primera vez que el Tribunal debe decidir sobre la facultad policial de requerir documentos a personas en la vía pública (ver en este sentido causas 43.300 "Rojas Seballos" del 7 de diciembre de 2009; registro 1405; causa 43.178 "Gallegos Mendoza" del 25 de marzo de 2010). Hoy, vuelvo a reafirmar que los funcionarios de la Policía no se encuentran autorizados por las leyes a realizar la práctica de identificación que llevaron a cabo los agentes Machado y Velásquez, en un lugar de acceso público no sensible, sin la concurrencia de motivos suficientes que razonablemente permitan inferir la comisión de un acto ilícito" (Del voto del Dr. Jorge L. Ballestero).
Sociedades comerciales, voto mayoritario
Materia: PROCESAL
Carátula: JEREZ, OMAR LUCIANO s/ CONCURSO COMERCIAL PREVENTIVO     EXPTE NRO 7-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-07-22

El poder otorgado por socios gerentes de una Sociedad de Responsabilidad Limitada debe expresar que se exhibió el instrumento público que acredita tal representación. Si no lo expresa, pero luego se subsana tal omisión justificando el carácter que los otorgantes del poder invocaron en la oportunidad mencionada, corresponde rechazar la excepción de falta de personería. Se trataría de un caso análogo a quien presenta en el juicio el instrumento que acredita su personería en forma tardía, pero que estaba otorgado con anterioridad.
Procedimiento contencioso administrativo, procedimiento monitorio, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Brkic Ariel Walter s/ Ejecución Fiscal Monitoria
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-12-20

La facultad de oponerse a la sentencia monitoria no importa reconocer al demandado la posibilidad de solicitar la perención de la instancia, pues como bien se ha dicho, resulta indiscutible afirmar que con la sentencia monitoria concluye la instancia, tan es así que el artículo 279 del C.P.C. veda tal posibilidad al demandado, no obsta a tal razonamiento lo expresado por el último párrafo del artículo en mención que esta referido a los demás procesos judiciales con exclusión del procedimiento monitorio.

Este razonamiento encuentra apoyo en la facultad acordada al actor, ante la oposición a la sentencia monitoria, de peticionar la caducidad de la incidencia planteada a los fines de consolidar la fuerza ejecutoria de la sentencia monitoria, es por ello que el artículo 282 inc. e) del C.P.C. determina como efecto jurídico de la perención de instancia dar fuerza de cosa juzgada a la sentencia monitoria.
Competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Aquino, Virgina Clara c/ Chaco, Pcia. del y otro s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Es requisito de la jurisdicción originaria de la Corte, cuando en la causa es parte una provincia, que en la demanda no se planteen, además de las cuestiones federales, otras de orden local, porque estas últimas son estrictamente ajenas a su competencia.
Instrucción, apertura de la instrucción, facultades de la autoridad de prevención, fiscales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vazquez Ramirez, Carlos s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-23

Es doctrina de esta Cámara la que sostiene la alternatividad de los modos de dar inicio a la instrucción, lo cual surge del artículo 195 del C.P.P.N. que otorga indistintamente al requerimiento fiscal y a la prevención o información policial la eficacia a tal efecto, sustentándose ello en la interpretación armónica de dicha norma y de los artículos 180 y 188 del mismo código. (Voto del Dr. Hornos).
Escritos judiciales, presentación en distinta secretaría, plazos procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: SILBERSTEIN, MARCOS s/ TERCERIA DE DOMINIO EN: LEVY, A. C/ FLORES S/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-26

La presentación en una oficina distinta -en el caso ante el juzgado de origen-, sin que exista constancia de haber ingresado el escrito respectivo temporáneamente en el tribunal de la causa, le resta eficacia.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ROLLA, MIRTA A. c/ CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO. s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-09-08

Determinar las circunstancias de tiempo y modo en que se ha producido la toma de conocimiento de la incapacidad por el trabajador accidentado constituye una típica cuestión de hecho ajena al recurso de inaplicabilidad de ley, salvo que se configure la existencia de absurdo, cuya demostración incontestable se encuentra a cargo de quien pretenda que deba hacerse una excepción al principio.
Medicina prepaga, IVA, promulgación de la ley, veto parcial, facultades tributarias, alícuota
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Iampip Medisur S.A. c/ E.N. -P.E.N.- (Mº de E. y O.S.P.) s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-28

Mediante el decreto 1517/98 por el que se observó el inciso m) del art. 1º de la ley 25.063, el Poder Ejecutivo ha creado un gravamen del 21% sobre los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica brindados o contratados por las cooperativas, entidades mutuales y los sistemas de medicina prepaga -en la medida en que los beneficiarios fueren adherentes voluntarios. Obró de ese modo sin ley formal que lo avalase, en tanto en aquella que fue promulgada parcialmente se preveía originariamente una alícuota del 10,5%.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Gigena, Julio César y otros c/ Provincia de Mendoza. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

La arbitrariedad no constituye un fundamento autónomo de la apelación del art. 14 de la ley 48, sino el medio idóneo para asegurar el reconocimiento de alguna de las garantías consagradas por la Constitución Nacional.
Trabajadores gastronómicos, extra especial, prestación esporádica de servicios, derechos del trabajador, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA, MARIANA c/ CIA. DE SERVICIOS HOTELEROS S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-09

El art. 71 bis, inciso b) del CCT 130/90 define al extra especial o para banquetes y establece que cumplido cada evento para el que fue contratado, cesa de pleno derecho el contrato de trabajo.... Pero esta última característica de la prestación no puede llevar a desconocer los derechos que la ley de contrato de trabajo reconoce a los trabajadores que han prestado servicios en forma habitual durante un prolongado lapso, ya que es sabido que las convenciones colectivas de trabajo (así como cualquier estipulación de partes referidas a los derechos del trabajador) no pueden válidamente reducir aquellos derechos establecidos por la ley. De tal manera que la cláusula convencional sólo resulta legítima en tanto se trate efectivamente de prestaciones ocasionales o eventuales correspondientes a eventos que tengan igual carácter.
Inmunidades parlamentarias, inmunidad de arresto, Parlamento del Mercosur, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sala, Milagro Amalia Angela Y Otros c/  s/ P.S.A. asociación ilícita, fraude a la administración publica y extorsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-05

De la interpretación literal de las normas comunitarias surge que, en el ámbito del Mercosur y respecto de la relación de todos y cada uno de los Estados miembros con todos y cada uno de los parlamentarios, no se previó la inmunidad de arresto en los términos que pretende la recurrente.
Contratos, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gorozurreta, Ariel Martín c/ Hauyqui S.A. Construcciones s/ Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

La demandada que opone como defensa al progreso de la pretensión actora el incumplimiento contractual de ésta, tiene la carga de acreditar tal circunstancia (art. 375, CPCC, art. 1204 C.C.).
Recurso extraordinario federal, notificación
Materia: PENAL
Carátula: AZAR MUSA Y OTROS S.D. HOMICIDIO CUADRUPLEMENTE CALIFICADO POR ALEVOSIA, ETC. E.P. VILLALBA PATRICIA Y BASHIER LEYLA- CUADERNILLO DE APELACION s/ RECURSO EXRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-07-23

Notificada la defensa de la denegatoria del recurso extraordinario, la posterior notificación al procesado de la misma providencia resulta irrelevante para el cómputo del plazo para la interposición de la queja.
Tasas de interés, alimentos, tasa activa, tasa del 6% anual
Materia: CIVIL
Carátula: M., M.P. c/ S., A.S. s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-03

En tanto los alimentos se fijan a valores actuales y libres de deterioro a causa de la desvalorización monetaria, la aplicación de la tasa activa desde la mora, importaría compensar un deterioro inexistente, incrementando en forma indebida el significado económico del capital de condena. En consecuencia y de acuerdo al recurso interpuesto, debe mantenerse la tasa fijada del seis por ciento anual desde la mora hasta la fecha de la resolución del superior y desde ahí la tasa activa cartera general (préstamos)nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
Concurso preventivo, efectos de la apertura, ejecución hipotecaria, fuero de atracción
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ INDUSTRIAS BELL VILLE  SA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-08

Si se denuncio el concursamiento de quien fue accionado en una ejecución hipotecaria, resulta procedente que el tribunal civil en el que tramitaba remita la causa al juzgado concursal. Ello así, toda vez que la ley 24522: 21-1. Impone dicho temperamento con mención de todos los juicios de contenido patrimonial seguidos contra el concursado preventivamente, mientras que el siguiente inciso de la citada norma, establece que quedan excluidos de la radicación los procesos de expropiación y los que se funden en las relaciones de familia. Por tanto, no hay excepción que alcance a las ejecuciones de referencia.
Régimen penal tributario, deberes del juez, actuación de oficio, extinción de la acción penal
Materia: PENAL - TRIBUTARIO
Carátula: INDIK V. L. s/ ley 23.771 Causa nro. 27.007
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-13

Los jueces deberán abstenerse de aplicar la norma en cuestión sin el consentimiento de quien eventualmente resulte imputado, ya que hacerlo de oficio y sin dar posibilidad a éste de demostrar su inocencia y obtener un pronunciamiento de mérito importaría cercenar el derecho que la ley 23.771 concede por única vez a cualquier ciudadano para que al aceptar la pretensión fiscal o previsional con los requisitos y formas que ella establece obtenga la extinción de la acción penal a su respecto.
Notificación por cédula, diligenciamiento de cédulas, nulidad de la notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Senda  SRL c/ Autolatina Argentina  SA  y otro. s/ Cese de uso de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-09

En la diligencia de fs. 37 y vta. el señor oficial notificador ha cumplido con lo dispuesto por el art. 339 del Código Procesal así como los arts. 154 y 155 (espec. art. 155, inc. b) de la Acordada 19 80 modificada por Acordada 9-90 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habida cuenta de que ni siquiera existe en este caso un planteo específico de inhabilidad de la notificación, resulta inadmisible la queja planteada por la recurrente, quien -en definitiva- sería el perjudicado ante un conjetural pedido de nulidad.
Sentencia, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: RIVAS, Omar Cecilio s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-30

La absolución es el resultado de un análisis del mérito, que remata en una aserción de certeza o duda, conformando los requerimientos del art. 263, inciso 4º, C.P.P., de modo que importe una respuesta negativa a alguno de los capítulos esenciales de la imputación penal.-
Proceso penal, plazo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: O, P A s/ CESE DE PRISION DENEGADO      EXPTE NRO 117-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-14

El plazo de dos años establecido por el artículo 208 del Código Procesal Penal para la duración de la instrucción da derecho a la queja.

Dicho plazo opera para procesos sin imputados en prisión preventiva pues se han debido cumplir las disposiciones de los párrafos anteriores de la misma norma.

Nuestro Código Procesal Penal no pone expresamente una duración máxima del juicio o plenario.

El Pacto de San José de Costa Rica tampoco contiene una sanción específica al exigir la racional duración del proceso.