Inmunidades parlamentarias, prisión preventiva, Convención Americana sobre Derechos Humanos, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: De Vido, Julio Miguel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-13

La disidencia parcial recordó que en el Estado Constitucional de Derecho la garantía de los legisladores a no ser arrestados no es tratado como un "privilegio" parlamentario, sino constituye un instituto en interés del parlamento o congreso como órgano para asegurar su jerarquía, funcionamiento, eficacia e independencia de los poderes públicos entre sí, con el objeto de preservar la composición plural y representativa de la voluntad popular, que el desafuero es una garantía personal y colectiva porque protege al legislador quien no debe ser arrestado, ordenándose su prisión preventiva o puesto a disposición del juez, sin que previamente se haya cumplido con el trámite parlamentario de obtener su suspensión y sólo después de cumplir con el trámite constitucional podrá ordenarse la privación de la libertad, como el trámite es previo implica que tampoco se podrá ordenar la restricción condicionado su cumplimiento al desafuero, que es arbitraria la inter prestación que si se encuentra desaforado en una causa, no es necesario solicitar el trámite constitucional para causas posteriores, aún cuando puedan ser consideradas conexas pero que tengan objetos procesales distintos, que el desafuero del diputado nacional no fue dispuesto en esta causa y que pretende hacerse valer una decisión ajena a estas actuaciones y dictada con anterioridad incluso a la existencia del presente expediente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica ha afirmado, dentro del contexto general de los instrumentos internacionales vigentes, que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el PIDCyP, que la disposición de una medida cautelar máxima -encarcelamiento- por parte de los jueces requiere la existencia de razones suficientes y acreditadas, que justifiquen la presunción contraria al principio de permanencia en libertad, que en los términos de los arts. 316, 317 y 319 CPPN y 210, 221 y 222 del CPPF, no basta alegar, sin análisis de las constancias del caso o sin fundamentación razonable, que dada determinada circunstancia teórica el imputado evadirá la acción de la justicia y que, sobre la base de ello, a los fines de neutralizar el peligro procesal deba disponerse, como en el caso, la detención preventiva del encausado, inobservando el principio de permanencia en libertad durante el proceso, sino que el tribunal debe atender a las circunstancias objetivas y ciertas que, en concreto, permitan formular un juicio sobre la existencia del peligro procesal (de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación) sobre el cual se funda la exigencia de la implementación de una medida de coerción y, sobre la base de ese peligro, graduar la medida que lo neutralice, en apego a los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesariedad, este deber exige que el juicio acerca de la verosimilitud del peligro esté a cargo exclusivamente del tribunal, que el a quo no ha analizado los elementos de convicción mínimos necesarios para el adecuado tratamiento de la cuestión, y tampoco dio acabada respuesta a las explicaciones brindadas por la defensa en orden a las condiciones personales de su asistido, a que posee arraigo y a la inexistencia de riesgos procesales concretos, que el fallo se ha asentado fundamentalmente en la pena en expectativa prevista para el delito que se imputó y la gravedad de los hechos atribuidos, que una resolución jurisdiccional referida a la situación procesal de un individuo en la que se ponderaron riesgos procesales sobre la base de la pena en expectativa prevista para el delito imputado y cuestiones como la "gravedad" o las "características" de los hechos, exige la evaluación de otros parámetros objetivos concretos que permitan considerar motivado el decisorio, la existencia de una condena que no se encuentra firme y no ha pasado en autoridad de cosa juzgada, no puede vulnerar el status de inocencia que legalmente goza tanto en este como en aquél proceso, y que en todo Estado de Derecho en una sociedad democrática, resulta intolerable que con ritualismo y rigorismo formal no se aborde el tratamiento de instituciones esenciales de la libertad y se abuse en el uso de las prisiones preventivas, violando normas constitucionales y convencionales que rigen la materia, máxime cuando en el caso sometido a control jurisdiccional se ha dado cuenta de manifiestas arbitrariedades. Dres. Barroetaveña, Figueroa -disidencia parcial-.