marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de obra pública, actualización monetaria, moneda, contratos administrativos, Dirección Nacional de Vialidad, equidad, enriquecimiento sin causa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VICENTE ROBLES  S.A.M.C.I.C.I.F. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-07

La equidad a que se refiere el art. 6 de la ley 12.910 como principio rector de cualquier mecanismo de variación de costos a implementar -subráyese: variación y no sólo mayores costos- elimina las posibles dudas sobre los alcances del sistema establecido por los decretos 2875/75 y 2348/76 e indica que el corrector resultante deberá acompañar la evolución ascendente o descendente de los rubros que determinan el precio de la obra cuya intangibilidad se procura preservar, de modo de no provocar un enriquecimiento indebido de una de las partes con el consiguiente empobrecimiento de la otra.
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE RECUSACION EN LA CAUSA CORONEL DELFOR URBANO s.d ABUSO SEXUAL s/ INCIDENTE DE RECUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-02-08

Las causales recusatorias son de interpretación taxativa y restrictiva, lo que determina que las hipotesis legales han de entenderse formuladas en forma rigurosa, no siendo viable su ampliación por vía analógica.
Pena privativa de la libertad, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: MEDINA, JORGE A. c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-04

Las decisiones que en el ámbito político puedan adoptarse para atender de mejor modo la situación de aquellas personas que afrontan la privación de la libertad no inhiben ni se oponen, de modo alguno, al conocimiento directo que, por esta vía extraordinaria, están llamados a tener los magistrados como garantes de la CN.
Leyes, retroactividad de la ley, divorcio, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C., G. c/ T., A. M. s/ Divorcio contradictorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-21

La ley 23.515 es de aplicación inmediata a las situaciones en juzgamiento, porque el artículo 3 del Código Civil, consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción. Los hechos que dan sustento a la demanda de divorcio constituyen "hechos continuos", o en otros términos, que se desarrollan sin solución de continuidad, por lo que corresponde juzgarlos conforme a la ley vigente al tiempo de la sentencia.
Recurso de casación penal, denegatoria del recurso, excepción de incompetencia, remisión del expediente, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín s/ causa nº 12.942
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-10

Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que desestimó los recursos de casación deducidos contra la resolución que admitió la excepción de incompetencia planteada por la defensa y dispuso la remisión de la causa al juzgado federal local con el objeto de que se aplique en lo sucesivo el procedimiento establecido por la ley 2372 -procedimiento penal ya derogado-, pues la interpretación que efectuó el a quo acerca de la norma transitoria del artículo 12 de la ley 24.121 -según la cual las causas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación proseguirán sustanciándose de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimientos en Materia Penal-, es el producto de la irreflexiva consideración de los términos de la ley, que tampoco fue acompañada por una razonable apreciación de las circunstancias de la causa.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.

-El juez Petracchi- en disidencia- declara inadmisible el recurso extraordinario (art.280 CPCCN).
Superior Tribunal de Justicia, competencia, policía, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAR, RICARDO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03

La Corte puede juzgar acerca de la importancia que tienen para el ordenamiento jurídico los distintos rubros a considerar por las Juntas para la Calificación del Personal Policial, pero no podría determinar en qué medida debieron incidir en el caso concreto.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, excusación, recusación, gravedad institucional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: B, S s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA     INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03

Si bien en principio, las resoluciones que deciden sobre excusación o recusación de los jueces, no constituyen sentencia definitiva y, además aparecen en ellas comprometidas normas de derecho procesal cuya interpretación corresponde a los jueces de la causa y no son controlables por esta Corte, salvo que se viole el derecho a la jurisdicción, debe hacerse excepción a tal principio cuando los planteos en análisis permiten inferir una cuestión de gravedad institucional que supera los meros intereses de las partes, puesto que la intervención de la Corte se justifica y la superación de los obstáculos formales se torna insoslayable.
Administración fraudulenta, subversión económica
Materia: PENAL
Carátula: HORACIO FERNANDO ALONSO s/ INFRACCION LEY 20.840 ARTICULO 6.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-08

Para configurar el delito previsto en el art. 6 de la Ley 20.840, se ha exigido que la acción de los imputados haya producido riesgo para un establecimiento que pueda llegar a afectar intereses generales de la Nación, lo que no se suple con la sola relación de la empresa con la actividad financiera que el Estado Nacional controla. El hecho constituye prima facie, administración fraudulenta.
Plazo, caducidad, procedimiento contencioso administrativo, derecho tributario, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Edreira, Norma Beatriz c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 260, inciso 2° del CCAyT, computado conforme el artículo 261 de dicho Código (aplicables supletoriamente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la ley n° 402, texto consolidado según ley n° 6017), corresponde declarar la caducidad de la instancia de la queja. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, preparación de la vía ejecutiva, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: EQUIPAMIENTOS RADIOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA c/ FRENKEL, Julio s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-14

El hecho de que el ejecutado haya reconocido la autenticidad del instrumento no obsta a que el juez examine su contenido y juzgue si el mismo reúne los requisitos que la ley determina para traer aparejada ejecución, conforme con las facultades que expresamente le confiere el Código Procesal: 531.

En tal sentido, cabe puntualizar que el pacto de la vía ejecutiva que el instrumento eventualmente pudiere contener no basta para determinar por sí solo la existencia de un título ejecutivo válido.
Violencia de género, abuso sexual, prostitución
Materia: PENAL
Carátula: Nadal, Guillermo Francisco s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-05

Constituye una gravísima situación de violencia de género la conducta de un imputado quien, además de abusar sexualmente de una menor de edad con la cual convivía aprovechándose de su condición de padrastro, obligaba a la madre de la víctima a prostituirse.
Suspensión de la prescripción, alimentos atrasados
Materia: CIVIL
Carátula: D. V. G. J. B. C/ D. V. M. L. S/ INC. ELEVACIÓN c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-12-09

Me enrolo en la postura que considera inaplicable la causal de suspensión de la prescripción a las cuotas devengadas y no percibidas, a partir de un conjunto de argumentos que pasaré a exponer enseguida. Es importante discernir una cuestión que está brumosa y relativamente indefinida en la interpretación antes desarrollada en cuanto a determinar ¿De quién son las cuotas devengadas y no percibidas? Tal como lo señaló Marisa Herrera en el fragmento anteriormente indicado -(cfr. Marisa Herrera, en "Código Civil y Comercial de la Nación", Dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, tomo III, p. 414, ed. Rubinzal Culzoni), ello sirve para dar pie a la presunción que indica que el hijo subsistió gracias al esfuerzo exclusivo del progenitor que los prestó, de manera que el titular, es éste último.
Mala praxis, médicos, carga probatoria dinámica
Materia: CIVIL
Carátula: QUIROGA VDA. DE GONZALEZ, LILIANA E. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ORDINARIO QUIROGA VDA. DE GONZALEZ, LILIANA E. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-05-24|2005-05-24

En el tema de mala praxis médica debe acatarse -en principio- el antiguo aforismo procesal onus probandi incumbit actore, así como que le son aplicables las normas de la culpa subjetiva, no obstante, como en la mayoría de los casos se trata de situaciones extremas de muy difícil comprobación, cobra fundamental importancia el concepto de "la carga dinámica de la prueba" o "prueba compartida" que hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo.
Contratos comerciales, interpretación del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DALVIAN S.A. c/ MONTERO CUERVO RODOLFO s/ Ordinario (LIBRO: S154 - 366)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-03-10

El art. 218 inc.2º del Código de Comercio determina que las expresiones usadas por las partes, no deben entenderse aisladamente, sino en función del contexto. Ello significa que las cláusulas ambiguas o equívocas deben interpretarse a través de los términos claros y precisos del contrato, cuidando de darles el sentido que corresponda por el contexto general. Las partes no pueden ampararse en cláusulas que las favorecen y desechar las perjudiciales.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: R, J L s/ HOMICIDIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 297-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-25

Mediante la "motivación suficiente", el tribunal muestra a los interesados en general que ha estudiado acabadamente la causa; que ha respetado el ámbito de la acusación; que ha valorado las pruebas sin descuidar los elementos fundamentales; que ha razonado lógicamente y ha tenido en cuenta los principios de la experiencia, y en fin, que ha aplicado las normas legales conforme a un justo criterio de adecuación. Y si bien esta exigencia tiene la expresada amplitud como garantía para una más justa realización del derecho, desde el punto de vista de la investigación integral adquiere mayor relieve por cuanto permite el control público del convencimiento de la certeza alejando al juez de sus conocimientos personales, o de sus conclusiones puramente personales o particulares.
Recurso contencioso administrativo, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LARAIA, ALEJANDRO DANIEL c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-20

Se ha respetado el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa, al someter a consideración de la Administración la materia que luego se trae ante este Tribunal, desde que coincide la pretensión del actor, en el escrito que originó el procedimiento administrativo con la que concretó en el petitum de la demanda contencioso administrativa. La ley exige que en sede jurisdiccional no se planteen pretensiones distintas de las invocadas en sede administrativa, pero en modo alguno prohibe que se aduzcan nuevos argumentos jurídicos.
Responsabilidad médica, carga de la prueba, carga probatoria dinámica
Materia: CIVIL
Carátula: TOLABA, Ana María; Rodríguez, Jorge Luís c/ Estado Provincial Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-08-30

"Por regla general, en materia de daños la prueba de la relación causa a efecto incumbe a quién sostiene la pretensión -actor- no obstante y especialmente en los casos de responsabilidad médica, la doctrina ha reconocido que la acreditación del nexo causal es tarea difícil por múltiples y diversos factores que no es del caso enumerar, lo que ha llevado tanto a ésta como a la jurisprudencia, a elaborar la teoría de las cargas probatorias dinámicas, a través de la cual se flexibiliza el principio, para concluir en que quién se encuentre en mejores condiciones -sea actor o demandado- debe probar la existencia o, en su caso, la inexistencia del nexo causal adecuado, sin descontar la prueba de indicios, cuando éstos resulten numerosos, graves, precisos y concordantes, aunque con criterio de excepción (cft. Las dificultades de la prueba en los juicios de mala praxis médica, Compiani, María Fabiana, publicado recientemente en La Ley, 13/02/2007, comentario al fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, 2006/09/08, M.M.E. c. Sanatorio Colegiales y otros; L.A. Nº 50, Fº 504/509, Nº 167).

En el actuar médico, la ponderación de la prueba es tarea extremadamente dificultosa, porque de ordinario se suman diversos hechos con conexión causal y no es tarea sencilla precisar con exactitud cuál de ellos fue finalmente el generador directo del daño cuyo resarcimiento se procura.(Sumario confeccionado por el SAIJ)
Comisiones médicas, muerte del trabajador, asegurador por riesgos del trabajo, admisibilidad formal, sucesores, acceso a la justicia
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Villalba Meza, Jorgina y otro  c/ Provincia ART S.A  s/ accidente- ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-15

La actora se agravia de la resolución dictada en la sede de grado anterior, mediante la cual la Sra. Juez "a quo", declaró formalmente inadmisible la acción por no verificarse habilitada la instancia jurisdiccional. Manifiesta que el trámite previo ante las comisiones médicas -en los que se produjo la muerte del trabajador- solo puede ser iniciado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, razón por la cual, ante el impedimento de dar inicio a la actuación administrativa y la inactividad de la accionada, solicitan se de curso a la instancia jurisdiccional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en forma reciente sobre la validez constitucional del trámite previsto en la ley 27.348 ("in re" "Pogonza Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente -ley especial" (CNT 14604/2018/1/RH1) de fecha 2 de septiembre de 2021). Aun partiendo de la premisa de su validez constitucional, la admisibilidad formal de la instancia jurisdiccional, debe ser declarada. En el caso se reclama la reparación pecuniaria prevista en la ley 24.557 a favor de los derechohabientes de un trabajador fallecido como consecuencia del hecho y en ocasión de su prestación laboral. El accidente y su consecuencia fatal, han sido debidamente anoticiados a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, extremo que luce corroborado a través de la misiva de intimación acompañada al escrito de inicio. El fallecimiento en virtud del cual se acciona, ha sido oportunamente puesto en conocimiento no sólo de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo accionada sino además, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sin que, a la fecha del dictado de la resolución de alzada, se hubiere dado inicio y trámite a la actuación administrativa tendiente a posibilitar la liquidación y cobro de la prestación prevista en el art. 18 de la ley 24.557. La resolución N° 298/17 SRT en su art. 19 debe ser revocada. Ello así, a fin de posibilitar el acceso de los derechohabientes al trámite tendiente a obtener el reconocimiento de los eventuales derechos que invocan y a fin de evitar que sean conculcadas las garantías constitucionales de acceso a la jurisdicción.
Presupuestos de responsabilidad, responsabilidad profesional, relación de causalidad, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Castro, Oscar Alfredo c/ Abrany, Fortunato y Otra-s s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-29

En la actualidad, con sensibilidad y sentido de justicia muy plausibles, se tiende a aligerar la prueba de la interconexión entre el hecho o factor eficiente y el daño. Este aligeramiento de la carga probatoria que alcanza a la denominada "cargas probatorias dinámicas", nos lleva a la necesaria colaboración del profesional en aportar todos los elementos a su alcance para demostrar su no culpa, cuando alega un actuar diligente y pretende que se acepte; una conducta pasiva en la materia probatoria constituiría una violación a elementales principios de buena fé que los jueces no podemos dejar de valorar al momento de dictar sentencia.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, sentencia, sentencia de trance y remate
Materia: PROCESAL
Carátula: Freyberguer, Priscila Ayelen c/ Lo Franco, Domingo Roque s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

Cabe revocar la sentencia de trance y remate en cuanto mandó llevar adelante la ejecución por el monto reclamado en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al momento del pago. Ello por cuanto el presente caso se rige por lo dispuesto en el Dec. Ley 5965/63: 44, que es la norma que específicamente se ocupa del pago de los pagarés que hayan sido librados en moneda sin curso legal en el lugar del pago. Allí se establece que el importe debido puede ser pagado en moneda nacional, salvo que se haya establecido la obligación de pagar una moneda determinada, insertando al efecto la cláusula de "pago efectivo en moneda extranjera" formulada de manera indubitable (Cámara Héctor, "Letra de Cambio y Vale o Pagaré", tomo II, página 353, editorial LexisNexis, año 2005) y dicha cláusula fue agregada a los pagarés objeto de esta ejecución.
Error material, recursos, aclaratoria (procesal), cuestiones de competencia, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Bimonte, Marcela Claudia c/ Universidad de Buenos Aires y otro s/ Daños y perjuicios s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde declarar inadmisible el pedido de aclaratoria pues la presentante no ha sido parte en la contienda que suscitó la decisión del Tribunal cuya aclaración solicita. (v. art. 149 inc. 2 y 243 CCAyT y 166 inc. 2 y 272 CPCCN). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Competencia de la Corte Suprema, agentes diplomáticos extranjeros, accidente de tránsito
Materia: CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Menato, Giulio s/ art. 94 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

Si el tiempo transcurrido desde el libramiento del oficio sin que se haya recibido respuesta de la Delegación de la Comunidad Económica Europea autoriza a considerar tácitamente denegada la solicitud, la Corte Suprema se encuentra impedida de ejercer su jurisdicción originaria en la causa que tiene por objeto investigar la posible infracciòn al art. 94 del Código Penal con motivo de las lesiones y daños sufridos por quien fuera embestido por un automóvil con patente diplomática.
Opción de competencia, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chávez de Laguna, Alicia c/ Municipalidad de Rawson s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-13

Es principio general del Derecho Administrativo que toda duda debe resolverse en favor del administrado, y consecuente con ello, y sin abrir juicio sobre la bondad del art. 131 in fine de la ley 3098, su coherencia o conveniencia al sistema -aspectos reservados a la potestad legislativa- este Superior Tribunal interpreta que la opción reconocida, admite que el interesado demande por vía de la acción ordinaria, ante el juez civil, en cualquier tiempo y hasta la prescripción, la pretensión que es propia de la acción contenciosa de plena jurisdicción: la nulidad del acto lesivo y la reparación consecuente.
Recusación, recusación con causa, recusación por enemistad
Materia: PROCESAL
Carátula: Obra  Social  para  la  Actividad  Docente  (OSPLAD) c/ San Luis,Provincia de s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

La causal de enemistad, odio, o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos, debe tener apoyo en circunstancias objetivamente comprobables, con aptitud para justificar el apartamiento de los jueces por hallarse comprometida su imparcialidad, y surge con absoluta evidencia que esos extremos no concurren si quien formula tales alegaciones sólo infiere la parcialidad, de las dogmáticas conclusiones que extrae de un examen fragmentario y aislado que realiza del proceso en trámite que menciona.
Cuestiones de competencia, acción de amparo, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, competencia laboral, improrrogabilidad de la competencia, principio de especialidad
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL-PROCESAL
Carátula: E.N. - Jefatura de Gabinete de Ministerios c/ Confederación General del Trabajo de la República Argentina s/ inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-23

La circunstancia que se demande a la Nación o a un ente autárquico o descentralizado o que se discuta el alcance de un acto administrativo o de lo resuelto en el marco de un procedimiento administrativo, no define la competencia del fuero contencioso administrativo porque la misma requiere que, además de ser parte en el pleito una persona aforada, la pretensión esté regida preponderantemente por el derecho administrativo y, tanto el derecho en que se sustenta como la normativa para resolver la cuestión son de naturaleza laboral, por lo cual la controversia, vinculada con la aplicación del tramo laboral del DNU 70/2023, debe tramitar ante la Justicia Nacional del Trabajo, atendiendo a los principios de improrrogabilidad y especialidad que prescriben los arts. 19 y 20 de la Ley 18.345