Improcedencia del recurso, principio de congruencia, insuficiencia del agravio, calificación legal, sentencia condenatoria, estupefacientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Coppede, Eugenio Ramiro y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

No habrá de prosperar el planteo relacionado con la supuesta vulneración al principio de congruencia toda vez que, frente a la plataforma fáctica que precede al debate, no se advierte de qué manera la expresión del fiscal general referida a las teorías doctrinarias sobre la figura del art. 5 de la ley 23.737 pudo haber afectado el principio de congruencia cuando el Tribunal se expidió sobre el mismo hecho durante el desarrollo de todo el proceso, no variando el sustrato material del reproche. Ello así, pues surge de la resolución impugnada que al momento de alegar el Fiscal General mantuvo la descripción de los hechos y la calificación legal de la pieza acusatoria. En este sentido, en las piezas procesales pertinentes obrantes en autos -indagatoria, procesamiento y requerimiento de elevación a juicio- la descripción de los hechos imputados no evidencian vulneración al referido principio, ni al derecho de defensa en juicio. Aunado a ello, tampoco se constata una posición desincriminante por parte del fiscal ni un "límite" concreto al ejercicio de la función jurisdiccional como alega la defensa. En esta línea, la asistencia técnica particular tuvo diversas oportunidades para oponer defensas en torno a la finalidad de la adquisición de los precursores químicos que se le imputa a los encartados. Corresponde rechazar la nulidad de la sentencia condenatoria esgrimida por la defensa por considerar que: aplica una pena agravada no estando incluida en el "hecho sexto" la pertinente circunstancia de agravamiento; por apartamiento del precedente judicial "Pineda" del propio TOF N° 1 y por violación al principio de inocencia y al in dubio pro reo en torno al "hecho undécimo", pues si bien la parte recurrente intenta esforzadamente la declaración de nulidad, se trata únicamente de agraviarse por una decisión del tribunal contraria a sus intereses. La respuesta dada por el tribunal de la instancia anterior a la acreditación de los hechos imputados, la calificación de los hechos y, consecuentemente, a la escala penal aplicada, se encuentra suficientemente fundada, sin que se advierta -ni la defensa ha explicado- cuál es el perjuicio concreto que le habría generado a los encartados las nulidades alegadas.La alegada errónea aplicación art. 5 inc. c de la ley 23.737 no tendrá favorable acogida, pues la interpretación brindada por el a quo se encuentra fundada y exenta de la tacha de arbitrariedad alegada; se trata de una cuestión que fue resuelta por el tribunal de juicio, y la defensa no ha formulado argumentos novedosos o disímiles a los que planteara oportunamente ante el tribunal de juicio. Sobre este punto el tribunal afirmó que la figura legal bajo estudio exige para su configuración el elemento normativo de falta de autorización o destino ilegítimo. El sentenciante consideró que la fijación de los hechos imputados a los encartados en la acusación describió el modo en que fue realizada la adquisición, en cada caso. Concretamente, el a quo destacó que la imputación expresa que el acusado utilizó "para tal fin" nombres y títulos falsos, actuación en representación de empresas, así como certificados de inscripción ante la Sedronar falsificados. Por ello, sostuvo que aquella descripción de los hechos da cuenta de que quien ejerció la acción típica lo hizo sin autorización. En base a ello, descartó el agravio referido a que la descripción de los hechos omitía la enunciación del elemento normativo exigido por el tipo penal, pues ".la plataforma fáctica autoriza a subsumir la conducta en un supuesto de "falta de autorización". Por otra parte, en cuanto a la objeción formulada por la defensa respecto de la atipicidad de las conductas endilgadas a uno de los encausados en razón del verbo empleado en la enunciación de los diversos hechos "adquirir", el tribunal a quo explicó que el mismo conforma una de las conductas propias del tipo de comercialización. Sobre este punto, el tribunal realizó un detallado análisis sobre la definición del vocablo comercializar. Por un lado, destacó que el Diccionario de la Real Academia Española entre las acepciones de comercializar se encuentra la de "comprar", y por ello, consideró que el término utilizado por la acusación constituye una conducta abarcada por el tipo penal bajo análisis. Corresponde rechazar el planteo de la defensa en cuanto alegó que los precursores químicos no son "materia prima" en el régimen de la ley 23.737 vigente al tiempo de los hechos, toda vez que el a quo razonablemente consideró que el tipo contemplaba la conducta de comercialización, tanto cuando los objetos eran estupefacientes como cuando lo eran materias primas. Agregó el sentenciante que ".ha quedado acreditada la adquisición de precursores químicos por parte de los acusados, lo que obliga a establecer si estas sustancias resultan comprendidas en la expresión utilizada por la norma "materias primas". Sobre ello la doctrina ha postulado que la alusión del legislador a "materias primas" refiere tanto a precursores como al resto de las sustancias químicas necesarias para la elaboración de estupefacientes" y que "más allá de la incorporación posterior del término "precursores químicos" a la norma del artículo 5 inciso "c" de la Ley 23 737, lo cierto es que el espíritu de la ley penal vigente al tiempo de los hechos castigaba ya la comercialización de precursores químicos, como clase de materia prima para la elaboración de estupefacientes". En consecuencia, de la lectura de la decisión recurrida se detecta que los planteos de la defensa sobre el alcance del término materias primas, fueron introducidos en el debate y fueron analizados y despejados de manera fundada por el tribunal oral. Es así que la nulidad por el alegado apartamiento del antecedente "Pineda" tampoco puede prosperar en tanto el a quo en el presente caso desarrolla los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes para fundamentar la calificación escogida para los hechos imputados en estas actuaciones, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido. la comercialización de precursores químicos tales como éter etílico y ácido clorhídrico durante los meses de abril a diciembre del año 2010 con stituye el delito de comercialización de materias primas destinadas a la producción o fabricación de estupefacientes (art. 5º incisos c, ley 23.737), ilícito que no puede dejar de ser analizado bajo el prisma de la persecución del tráfico de estupefacientes. En cuanto a la aplicación del agravante previsto en el art. 11 inc. c cabe agregar que se trata de un agravante de carácter objetivo que de ninguna manera exige otros extremos. En efecto, de las constancias obrantes en autos se desprende el actuar coordinado de los imputados en el marco del tipo penal de comercialización atribuido, con acuerdo previo y distribución de tareas para desarrollar la empresa delictual, tal como lo desarrolla el tribunal. En este sentido, los argumentos de la defensa deben ser desechados, por lo que la calificación legal de los hechos efectuada en el fallo debe ser confirmada. Por lo demás, es conveniente destacar el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino en la persecución del tráfico internacional de estupefacientes, mediante la aprobación de la Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Ley 24.072, B.O. 14 de Abril de 1992). En dicha Convención, los Estados Partes reconocieron que la erradicación del tráfico ilícito es responsabilidad colectiva de todos los Estados y que, a ese fin, es necesaria una acción coordinada en el marco de la cooperación internacional. A su vez, establecieron también que el tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional, cuya supresión exige urgente atención y la más alta prioridad.