marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Iriarte, Pedro Luis c/ Umarán, María Evangelina y otra s/ Cumplimiento de contrato-Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

La condena en costas a varias personas impuesta en sentencias o resoluciones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada no crea una obligación solidaria a cargo de los litigantes a quienes se impone. Por el contrario, las mismas deben distribuirse entre los litisconsortes, lo que significa que cada uno de ellos debe responder por una parte de las costas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Deuda previsional, medidas cautelares, medida de no innovar, compensación, deudas impositivas, competencia, Cámara Federal de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: CORRALÓN PARANA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. FASCIOLO - ETALA - HERRERO s/ DEUDAS CON LAS CAJAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-21

Más allá del teórico estudio que pueda realizarse sobre la naturaleza tributaria de las deudas previsionales, si la cautelar que se discute en autos lleva necesariamente a analizar y resolver la viabilidad de la compensación de créditos fiscales con deudas previsionales, debe concluirse que no se está ante el cuestionamiento de una resolución administrativa definitiva en una impugnación de deuda atinente a la seguridad social, ni ante una ejecución fiscal que amerite el planteamiento de excepciones y consiguiente definición judicial. Por ello, la medida de no innovar pretendida supone adelantar la opinión judicial respecto de la compensación de créditos y deudas de índole previsional y tributaria, sin discutir previamente la real existencia de ambas obligaciones y las normas que rigen uno y otro sistema, aspecto que excede el marco procedimental encarado y que escapan a la competencia de la C.F.S.S.
Responsabilidad contractual, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: ROFFE, VANESA IRMA Y OTRO c/ SEDARQUI S.R.L. RESTAURANTE CASIMIRO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-05

Si bien la elaboración jurídica de la "obligación de seguridad" nació a propósito del contrato de transporte de personas, a través de la famosa sentencia de la Corte de Casación francesa del 21 de noviembre de 1911, "Zbidi Hamida Ben Mahmoud c. Compañía General Transatlántica", luego se fue extendiendo paulatinamente a todos los contratos en los que durante su cumplimiento pueden producirse daños físicos o morales al beneficiario de la prestación principal, de modo que esa obligación consiste en el deber de arbitrar lo necesario para resguardar la integridad corporal del referido beneficiario.

Este deber que pretende mantener la incolumidad de los contratantes, se suma al resto de las obligaciones y tiene su fuente en lo dispuesto en el art. 1198 del Cód. Civil, que impone el vigor y vigencia de la buena fe antes, durante y después de la relación contractual (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Transportes Automotores Lanús Este S.A. c/ Paz Gascón, Luis y Línea 582 (Expreso Urbano) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

No basta con el reconocimiento de un presupuesto para demostrar la entidad de los daños, ya que es necesario acreditar su importe con la correspondiente prueba pericial, carga que pesa sobre quien reclama el daño, más aún si el demandado negó expresamente el valor de las reparaciones. Como el actor no produjo esa prueba, acreditada la existencia del daño, debe recurrirse a lo dispuesto por el art.

165, último párrafo "in fine", CPCC., resultando justo en consecuencia reducir el monto pretendido en un cuarenta (40) por ciento.
Régimen de consolidación de deudas, pago, bonos de consolidación
Materia: COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Casco, Romelia Ermelinda c/ E.N.  (E.M.G.E. s/ Haber de retiro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Compete al acreedor - como titular del derecho judicialmente reconocido - la obligación de solicitar la cancelación de su crédito (art. 5 de la Ley 23.982 y arts. 9 y 15 del Decreto 2.140/91) - conforme modelo de nota de solicitud de liquidación de deuda "B" del Anexo II de la Resolución (M.O. y S.P.) 1463/91, la que debe dirigirse al Area de Asuntos Judiciales, y a la cual debe adjuntarse la liquidación judicial aprobada y firme expresada al 1/4/91, optando por alguna de las formas de cancelación que contempla el art. 18 del decreto citado - reglamentario del art. 10 de la ley -, correspondiendo al organismo público deudor de la obligación consolidada formular - a través de la autoridad que corresponda según la resolución (M.E.O. y S.P.) 1108/92, y bajo el procedimiento que hubiere establecido (art. 8 del Decreto) o, en su defecto de él, ajustándose al esquema básico previsto en el art. 3 de la resolución (M.E y O. y S.P.) 437/92 - el requerimiento de pago a la Secretaría de Hacienda (art. 6 de la ley) en las condiciones que - en uso de la facultad acordada por el art. 9 del decreto - se establecieron por la citada resolución 1463/91 - que por su art. 1 aprueba el formulario de requerimiento y el instructivo para confeccionarlo que constituyen su Anexo 1 -; paso a partir del cual surge la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda en la atención de ese requerimiento de cancelación de la deuda (art. 6 de la Ley y 10 y 18 del Decreto), el cual, de solicitarse en Bonos de Consolidación, se efectúa por intermedio del Banco Central de la República Argentina (art. 7 de la Resolución 1463/91).
Competencia contravencional y de faltas, evasión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de Incompetencia en Autos Burgos, Matías Julián  c/  s/ Sobre 280 - Evasión de Pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Corresponde radicar las actuaciones ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas, en tanto no se encuentra discutido que aquí se imputa la evasión de una pena impuesta por un juez con asiento en la Ciudad, en ejercicio de competencias locales. Resulta aplicable la doctrina que surge del precedente de este Tribunal in re "García", en el que se interpretó qué debía entenderse por "tribunales locales" a los fines del convenio de transferencia de competencias jurisdiccionales aprobado por las leyes N° 26.702 de la Nación y N° 5935 de la CABA. En él se concluyó que "tribunales locales" eran todos los que con asiento en la Ciudad ejercen competencias jurisdiccionales locales. Si bien en "García" la conducta imputada era, según había sido caracterizada por los jueces contendientes, la tipificada por el art. 239 del CP, lo cierto es que tanto la jurisdicción para juzgar esa conducta, como la que aquí se imputa, evasión de pena (cf. el art. 280 del CP), ha sido devuelta sujeta a los mismos términos. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Elevación a juicio, requerimiento de elevación a juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: " Alsogaray, María Julia s/ rechazo de nulidad ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-28

"El Dr. Gerardo Di Masi ha hecho una introduccción general a modo de contextualización para luego identificar concretamente los actos reprochados a la Ingeniera María Julia Alsogaray.

Luego ha enumerado la prueba de cargo y, finalmente, ha encuadrado las conductas bajo una calificación legal. En otras palabras, ha hecho "una adecuada descripción del modo en que acontecieron los sucesos investigados, su calificación jurídica, como así también un correcto señalamiento de las circunstancias relativas a la intervención por la cual se responsabiliza penalmente al autor" (c. 41732 "Incidente de nulidad del auto de elevación a juicio de Miguel Angel Brun", reg. 1114, rta.

25/9/08)"."Es pertinente señalar que "La ley no pretende bajo sanción de nulidad que la acusación sea un medio hábil para quebrantar la defensa sino que exprese una imputación que pueda ser contestada por ella en ejercicio de su derecho a ser oída.

Es la razón por la cual debe ser clara y precisa la relación de los hechos y respetarse el principio de correlación Refiriéndose al artículo 347 in fine del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal ya ha dicho: ´la norma ofrece pautas claras. En primer lugar, se exige un detalle de las condiciones personales del sujeto a quien se atribuye la conducta disvaliosa, para evitar cualquier tipo de confusión (ha de ser la misma persona que se indagó y luego procesó). En segundo término, deberá identificarse qué se atribuye, mediante la descripción del sustrato fáctico que hallará encuadre en la calificación jurídica. Por último, la atribución habrá de reposar en un por qué, traducido en las razones que a esa altura justifican el reproche y el mérito para inaugurar la siguiente etapa´ (c. 37.717 "Cavallo, Domingo F. s/ rechazo planteo de nulidad", rta. 26/8/05, Reg. 899)" (c. 40.042 "Incidente de Teller, Valentín", reg. 745, rta. 11/07/07)".
Excepción de prescripción, contrabando
Materia: PENAL
Carátula: SARTINI, ALBERTO s/ Contrabando, Inc. de prescripción Causa 32717
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-04

Discutir en la etapa previa al debate las razones de la tenencia de la mercadería presuntamente en infracción, lo que hace al objeto mismo del proceso, implicaría penetrar en la cuestión de fondo antes de la oportunidad debida, por lo que corresponde confirmar la providencia apelada que no hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por la defensa.
Empleados públicos, reescalafonamiento, control de legalidad, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, SINAPA
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Santiago,  Manuel  Jorge c/ Ministerio de Relaciones Ext y CultoEstado Nacional s/ empleo público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-13

El reencasillamiento de los agentes que integran la dotación del personal de la Administración Pública constituye un ámbito propio y exclusivo de la autoridad administrativa por estar dentro de su zona de reserva. Empero, ello no impide la intervención del Poder Judicial cuando se verifique -sobre la base de los elementos aportados a la causa- la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (esta Sala "Centeno, Ángel Raúl", 2/2//99 y "Abello Clarence", 14/9/2000).
Concursos, quiebra, fallido, actos y diligencias procesales, nulidad de la notificación, domicilio erróneo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: DE RAICES SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION ART. 250 CPR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-13

Resulta improcedente desestimar la declaración de nulidad solicitada por el fallido, con base en que ciertas notificaciones efectuadas -bajo responsabilidad de la actora fueron dirigidas a un domicilio distinto de la sede social inscripta. Ello pues, resultó prematuro el rechazo liminar de la pretensión, toda vez que corresponde sustanciar el planteo con la emplazada y con su resultado discernir la procedencia o improcedencia del pedido. En tal sentido cabe precisar, que la notificación bajo responsabilidad procede ante la sola solicitud de la parte interesada sin exigirse recaudos previos, en tanto se presume que el pedido esta precedido de una investigación privada del litigante que lo requiere. En tales circunstancias y considerando las graves consecuencias que importa el decreto de quiebra para el defendido que puede permanecer ajeno al proceso, es prudente oír a la contraparte frente al mentado planteo nulificatorio.
Municipalidad, permiso de uso, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Encontrándose pendiente un trámite administrativo ante la Municipalidad tendiente a obtener el "permiso de uso" y, no habiendo cumplido los actores con los recaudos emanados de normas locales, pese a ser intimados a ello, no parece que la resolución de clausura del local aparezca como manifiestamente ilegítima, lo que obsta a la admisibilidad de la vía del amparo intentada.(Del voto del Dr.

Falistocco).
Pena privativa de la libertad, sufragio, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-06

El hecho de que una persona, al estar privada de su libertad, necesariamente vea restringidos algunos de sus derechos fundamentales, no supone la innecesaria limitación de otros, que no se encuentren relacionados con la pena a cumplir como una parte de ella y que, en tanto no sean exigidos para el cabal cumplimiento de la condena o para mantener el orden o la seguridad del lugar, no pueden ser suspendidos puesto que se encuentran bajo el amparo de la Constitución Nacional y de instrumentos jurídicos internacionales incorporados a ella. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, bienes propios, divorcio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., F. J. R. c/ M., M. S. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-31

Conforme las constancias de la causa, y las probanzas rendidas, la Alzada consideró que debía admitirse la existencia de recompensa en favor de los gananciales, con base en lo preceptuado en el artículo 1266 del Código Civil -hoy artículo 464, inciso k del Código Civil y Comercial-, por los fondos con los que la demandada afrontó el pago de las 2/3 partes indivisas del inmueble en litigio, disponiendo que la cuantificación y liquidación de dicho crédito se hiciera en el marco del procedimiento de partición de la sociedad conyugal ya iniciado y aplicando las reglas previstas en ellos artículos 493 y 495 del Código Civil y Comercial -pese a la fecha del divorcio- en tanto la cuantificación es una situación no consolidada antes de la entrada en vigencia de este último ordenamiento; y frente a tales consideraciones del Tribunal a quo, los pretendidos agravios con que se cuestiona el pronunciamiento deben ser desestimados, en tanto la recurrente no hace sino reiterar su propio criterio hermenéutico respecto de la valoración fáctica de las constancias de la causa y del derecho que estima aplicable, mas sin lograr persuadir a este Cuerpo de que el A quo al fallar en el sentido en que lo hizo se haya apartado de los parámetros fácticos, elementos probatorios y adecuada interpretación jurídica a que debía atenerse para resolver el caso. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículos 1266; Código Civil y Comercial; artículos 464, inciso k, 493 y 495
Intereses, transporte por agua, mora
Materia: PROCESAL
Carátula: "Bayer Argentina SACIFI y de M c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. "Sirus" s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-03

La falta de arribo de la carga no constituye una imposibilidad de cumplimiento análoga a la que se origina en el contrato del transporte de personas cuando sufren lesiones los pasajeros, en cuyo caso la mora se produce sin necesidad de interpelación, pues los efectos transportados bien pueden ser posteriormente encontrados y entregados. El supuesto de autos se refiere al transporte de ácido ascórbico granulado acondicionado en bolsas de nylon por lo que a la fecha de la llegada del buque la obligación no se había convertido de cumplimiento imposible.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, derechos del consumidor, Constitución Nacional, incumplimiento del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sanchez, Rodrigo Nicolás c/ Vía Cargo S.A. s/ daños y perjuicios (sumarísimo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-10-14

Procede rechazar el recurso incoado por la parte demandada, pues al cuestionar la aplicación del sistema protectorio de los consumidores -art. 42 CN, Ley 24.240 y arts. 1092, 1093, 1094 y 1095 y cctes. del CCyC-, resulta que el actor está amparado por el mencionado artículo 42 y las leyes que se han dictado en su consecuencia, así como los principios propios del microsistema de protección de los consumidores. En suma, los argumentos del recurrente para enervar el reproche que le formula la juzgadora por incumplimiento del contrato y del trato debido al consumidor, no cumplen la carga de fundamentación prevista por el art. 265 del CPCyC.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título, sentencia, juicio ordinario posterior
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION OSPECON c/ Pedro PODESTA S.A. s/ cobro de portes y contribuciones
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

No son subsumibles en la excepción de inhabilidad de título las objeciones que no se refieran a la regularidad externa del instrumento, sino que se proyectan sobre su contenido o sobre el origen y cuantía de la obligación, facetas que exceden el marco adjetivo y no pueden ser debatidas en este tipo de procedimiento, sin perjuicio, obviamente, de la facultad que le asiste al presuntamente afectado, de acuerdo a lo establecido en el art. 553 del CPCCN.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, concurso preventivo, verificación de créditos, recurso de revisión (procesal), tributos, AFIP DGI, crédito fiscal, Tribunal Fiscal de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: A.F.I.P.- D.G.I. c/ Curtidora del Oeste Santafesino S.A.I. y C. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Cobro de  pesos- Incidente de revisión promovido por la A.F.I.P. -D.G.I.  (Expte.: C.S.J. Nro. 601 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-19

Carece del recaudo de definitividad exigido por el artículo 1 de la ley 7055, el decisorio impugnado confirmatorio del inferior que, a su turno, había rechazado el incidente de revisión en lo relativo a la determinación de tributos que se encontraba apelada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, toda vez que la acreedora podrá -en caso de obtener resolución favorable ante los órganos pertinentes-, reeditar su planteo en el proceso colectivo y obtener la admisión en el pasivo concursal de la parte de su acreencia impugnada en sede administrativa.
Delito culposo, imprudencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Jorge Ruben Zárate Contreras s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-06-26

Si el encartado -oficial de la policía- efectuó disparos a escasos metros de las víctimas, en circunstancias de su detención, por más que los haya efectuado contra el piso o apuntado a la motocicleta en que se conducían, cometió un acto de imprudencia. La imprudencia es el defecto de prudencia y ésta es una de las cuatro virtudes cardinales, que enseña al hombre a discernir lo bueno de lo malo, para actuar en concordancia. Es sinónimo de cordura, templanza, moderación en las acciones. Supone sensatez, tacto, tino y, sobre todo, reflexión.

En la conducta disvaliosa del prevenido no hubo tales cuidados ya que, en su afán de lograr la detención de las víctimas, ante la desobediencia a la voz de alto dada, ingresó en el peligroso terreno de la imprudencia.
Reglamentación de la ley, Constitución Nacional, decreto reglamentario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cocchia, Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

El decreto 817/92 es una norma reglamentaria, que ejecuta la ley en las materias queridas por el Congreso y que encuentra su fundamento constitucional en el juego armónico de los arts. 67, inc.

28 y 86, inc. 2. de la Constitución Nacional.
Intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL
Carátula: F. SA c/ Municipalidad de Rawson s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-05-07

La llamada intervención obligada de terceros, que tiene lugar cuando el juez, a pedido de las partes o de oficio, ordena la citación de un tercero, a fin de que la sentencia que vaya a dictarse produzca para él efecto de cosa juzgada. En principio procede en los casos en que está permitida la acumulación subjetiva impropia pasiva de acciones.
Despido, invenciones del trabajador, conciliación laboral, cosa juzgada, fallo plenario
Materia: LABORAL
Carátula: PUYOL, ORLANDO c/ ENCOTESA Y OTRO s/ IND. ART. 82 LC
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-08

La ley 24481, en su art. 10, inc. a y b, establecen que aquellos trabajadores que han realizado invenciones durante la relación laboral y que tengan que ver con la labor llevada a cabo por la empleadora (art. 82 de la LCT) serán acreedores a una remuneración suplementaria por tal motivo. Pero si el vínculo entre las partes terminó por mutuo acuerdo ante el Ministerio de Trabajo omitiéndose tal reclamo y consignándose que el actor no tenía más nada que reclamar por cualquier concepto de su empleadora, no procede el reclamo posterior por dicho rubro en virtud de la doctrina sentada en el fallo plenario de esta Exma Cámara in re: Lafalce, Ángel c/ Casa Schuster SA del 29/9/70.
Requerimiento de elevación a juicio, oralidad del debate
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de sobreseimiento por prescripción a favor de José Naranjo  c/  s/ casación Marcelo Jorge Lima - Adriana Verónica García Nieto - Juan José Victoria
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-08-07

El requerimiento fiscal de elevación a juicio es, la pretensión formulada por el fiscal ante el juez a fin de obtener de éste un acto procesal que permita la apertura del juicio propiamente dicho. De tal forma, esa diligencia se erige en la base jurídica del debate oral a desarrollarse (cfr. artículo 450 del C.P.P.), dado que allí resulta delimitado el contenido de la pretensión punitiva.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: CARDINAUX, Hugo David s/ HURTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-05

Si los elementos probatorios meritados por el aquo acreditan en realidad un solo hecho -la tenencia o posesión de la cosa hurtada por parte del procesado-, es inaceptable descomponerlo en varios indicios, no pudiendo conformarse plena prueba presuncional.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Provincial, libertad de cultos, educación pública, principio de no discriminación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-12

El texto del art. 49 de la Constitución de la Provincia de Salta que establece que "(.) los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones", replica casi literalmente las normas del derecho internacional de los derechos humanos sobre la materia, y - entendida como comprensiva de todos los establecimientos educativos reconocidos por las autoridades salteñas - en nada modifica las normas del bloque de constitucionalidad federal, razón por la cual cabe afirmar que respeta los principios de neutralidad del Estado en el ámbito religioso y de igualdad y no discriminación tal como fue receptado en el art. 75, inciso 19 de la CN