Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-30


AUTOS N° 20.194 (76.778 - 3° CIVIL) "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ MONTAÑEZ VíCTOR ALONZO Y OTROS - EJECUTIVO" L. DE A. T° 169, F° 1/5 SAN JUAN, 30 de octubre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Para resolver en estos AUTOS N° 20.194 (76.778 - 3° CIVIL) caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ MONTAÑEZ VíCTOR ALONZO Y OTROS - EJECUTIVO", el recurso de apelación impetrado por la demandada a fs. 144 contra la resolución de fecha 01/10/2008(fs. 137/139), dictada por el Tercer Juzgado Civil.

Y CONSIDERANDO:

El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. En primera instancia se resolvió desestimar el planteo de caducidad de instancia articulado por el co-demandado Sr. Víctor Alonzo Montañéz a fs. 123/5.

Apela el demandado y en su recurso cuestiona como inexacto aquello dicho en los considerandos de la sentencia:"...En ese orden de ideas conviene recordar que son tres los requisitos para que sea viable la caducidad de instancia a saber: a)instancia, b)inactividad procesal y c)tiempo. Y continúa en su desarrollo manifestando lo siguiente: En la presente causa no se cumplen todos los requisitos mencionados. En efecto si bien existe una instancia abierta, con la prosecución de la demanda ejecutiva en fecha 01/10/2004 (primer requisito); luego del decreto de fecha 07/12/2006 obrante a fs. 90(última actuación impulsoria del procedimiento señalada por el incidentista) las actuaciones posteriores a dicho decreto: esto es la petición formulada por el ejecutante(fs. 91 del 07/03/2007), el decreto del Tribunal (fs. 92 del 08/03/2007); el diligenciamiento del oficio y sus contestaciones	(fs. 94/118) y la traba del embargo pedida a fs. 119 (26/02/08) y ordenada en fecha 29/02/08 (fs. 120) demuestran claramente que no existió abandono de la instancia por parte del ejecutante, desde que ha existido actividad procesal de su parte que opera como interruptiva del plazo de caducidad, habida cuenta que dichos actos manifiestan interés por acreditar la existencia de bienes del deudor y de esa manera garantizar concretamente el pago del crédito reclamado que es la finalidad buscada mediante el dictado de la sentencia de remate".

Dice que es conocido y reiterado el criterio doctrinario y jurisprudencial actual e imperante, que sostiene que las medidas cautelares no importan una causal suspensiva o interruptiva del curso de la perención de instancia por cuanto las mismas no impiden la realización de actos impulsorios del proceso principal, ni instan ellas el curso de la causa hacia su etapa final, conforme Alsina, Tratado, T° II pag. 173.

Comenta que los trámites relacionados con la solicitud de medidas cautelares (embargos, inhibiciones, anotación de litis etc.) son independientes de la sustanciación del juicio principal, porque los mismos son producidos en el procedimiento cuya efectivización no alteran nada dentro del juicio. Hace citas jurisprudenciales referidas a las medidas cautelares y la interrupción del término de la caducidad de instancia.

A partir del momento en el que el a quo decretó "por devueltos cúmplase" (fs. 96), agrega, las actuaciones quedaron en condiciones de ser impulsadas, porque desde ese momento es que su parte debió reponer el sellado de actuación judicial faltante, dependiendo de esa circunstancia que se hicieran o no efectivos los apercibimientos contenidos en el resolutorio dictado (fs. 41/44) y confirmado por este Tribunal (fs. 83/86).

El ejecutante, después de dictado el decreto "por devueltos cúmplase", realizó actos carentes de impulso procesal e ineficaces para interrumpir la caducidad de instancia del proceso, por ello es que se equivoca la Sra. Jueza a quo cuando considera que el pedido de informes acerca de los bienes del ejecutado y solicitud de embargo operaron como interruptivos del plazo de caducidad.

Efectúa reservas para recurrir a la Corte de Justicia de la Provincia y S.C.J.N. por vía de recursos extraordinarios previstos por ley N° 2275 y art. 14 ley 48.

2. La actora contestó los agravios y pidió la desestimación del recurso interpuesto. Censuró como errónea la interpretación efectuada por el apelante e insistió en la existencia de actos procesales eficaces que impidieron la configuración de la caducidad de instancia.

3. El recurrente admite que "a partir del momento en que el Aquo recobró nuevamente su jurisdicción y dictó el decreto por devueltos cúmplase (fs. 90), las actuaciones quedaron en condiciones de ser impulsadas". Optó por apelar porque la jueza a quo expresó en el fallo, que el trámite de las medidas cautelares en el proceso ejecutivo tienen efectos interruptivos de la caducidad de instancia.

Las argumentaciones con que el quejoso pretende obtener la modificación del fallo dictado el 01.10.08 (fs.127/139) no resultan conducentes a tal efecto.

El recurrente manifiesta que los actos realizados por la actora posteriores al decreto "por devueltos cúmplase" no resultaron idóneos para impulsar el proceso y adecuados al estado del juicio.

En este orden consideramos necesario puntualizar que los actos interruptivos tienen que tener idoneidad de impulso procesal. "En otras palabras - dice PALACIO, Derecho Procesal Civil, Tº IV, p.221; ed. Abeledo-Perrot 1988), la inactividad que produce la caducidad puede consistir en una inacción total o en una acción o acciones inoperantes". De igual modo debe ser considerado -recuerda ALBERTO LUIS MAURINO haciendo cita en diversos fallos jurisprudenciales-, que la inactividad procesal configura uno de los presupuestos de la caducidad de instancia, pero ella no solamente se refiere a una conducta negativa, o sea la abstención de realizar actos procesales, sino también en una conducta positiva ineficaz, como es la ejecución de aquellos que carecen de idoneidad para impulsar el procedimiento (cfr. Perención de la instancia en el proceso civil, p. 35; Ed. Astrea 1991).

Aún admitiendo que es materia controvertida si el embargo es trámite esencial del juicio ejecutivo, en este tipo de procesos debe reconocérsele eficacia interruptiva porque no solo traduce la intención de impulsar el procedimiento, sino que resulta conducente a lo que en definitiva representa el objeto del proceso de ejecución, cual es la venta del bien cautelado. Suscribimos el fallo citado por la Sra. Jueza a quo en cuanto expresa "si bien la corriente doctrinaria y jurisprudencial considera que los trámites relacionados con las medidas precautorias son independientes de la sustanciación del juicio principal y, por tanto carecen de efecto interruptivo de la perención respecto de este, sin embargo este criterio pacífico en materia de juicios de conocimiento no resulta aplicable a los juicios ejecutivos -como el caso- ya que en virtud de su naturaleza, el embargo hace su objeto propio cual es el cumplimiento de la sentencia de trance y remate (CNCiv., sala a, 21.2.74, LL 154-551"Cardaci c/ Hilber)".

Señalamos entonces los actos que tuvieron carácter interruptivo del plazo de caducidad éstos son: La petición formulada por el ejecutante en fecha siete de marzo de 2007 (fs. 91) donde el incidentado se presenta y manifiesta que "atento al estadio procesal de la causa" corresponde se oficie al Registro General Inmobiliario y a todas la entidades bancarias. La simple manifestación de que se viene a instar el trámite demuestra la intención o la voluntad de impulsar el procedimiento. El proveído dictado en fecha 08.03.07 (fs. 92); el diligenciamiento de oficios y sus contestaciones (fs. 94/118); y la traba del embargo pedida 26.02.08 (fs. 119) y proveído dictado el 29.02.08, máxime si se repara en el resultado negativo de la intimación de pago. Esta actividad de la parte actora, que evidencia la intención de urgir el procedimiento, constituyen actos interruptivos del curso de la caducidad que comenzó a correr a partir del dictado del decreto "por devueltos cúmplase" (fs. 96).

Como puede verse, hay varios actos procesales que tuvieron carácter interruptivo del plazo de caducidad, siendo idóneos para mantener viva la instancia.

Por otra parte,	reafirmamos conceptos vertidos en otros fallos de esta Sala I, en la inteligencia que el instituto de caducidad de instancia ha de interpretarse siempre de manera restringida dados los efectos que proyecta la extinción del proceso por esta causa en el derecho de defensa.

5. Las costas generadas en esta instancia, corresponde imponerlas en el orden causado en atención a la naturaleza opinable de la solución acordada; el tema debatido en el incidente es discutible, de tal modo que ello ha podido generar en el demandado creencia de que su pretensión era al menos opinable.

Por ello, propicio:	Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el demandado, con costas en el orden causado. En consecuencia, confirmar el fallo apelado.

En disidencia parcial el Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Si bien concuerdo con el resultado al que llega el distinguido colega, respecto al rechazo del recurso sobre la caducidad; entiendo que las costas de esta instancia deben serle impuesta al incidentista.

A mi criterio, no hay circunstancia relevante que justifique modificar el principio general que indica que debe soportarlas el vencido; ni atenuante para que sea una carga compartida.

Ello, porque no es tema novedoso, opinable, o que genere dudas los argumentos que sostienen la caducidad intentada.

En el caso en estudio el demandado fue citado de remate; intentó introducir defensas sin cumplir con una carga formal de admisibilidad, como es el pago del tributo correspondiente; y sin exceptuarse de ella mediante el beneficio de litigar sin gasto. Tampoco se preocupa de cumplir, estando notificado del requerimiento de sellado, la intimación de fs. 45 (04-04-06), la confirmación de sentencia por parte de este Tribunal.

De tal suerte que quedaba al actuario, sin necesidad de mandato, dejar constancias de la conducta del demandado; y al juez sólo pronunciarse sobre la suerte de esas excepciones; y dictar sentencia, conforme lo dispone el art. 532 del C.P.C., en el supuesto de desestimación. En consecuencia ninguna carga procesal pesa sobre el actor, quien nada debía instar, si las tareas están impuestas al Tribunal o al demandado.

Por otro lado, no queda duda que la medida cautelar en el proceso de conocimiento no importa un impulso para llevar el litigio hasta la sentencia. Pero ello no es así cuando se trata de un embargo en el proceso ejecutivo.

Es que tal medida aparece como un trámite previsto en el art. 516 del C.P.C., y si bien puede reconocérsele alguna naturaleza cautelar (porque tiende a asegurar el resultado) deja de tenerla cuando supera la etapa de conocimiento (en el caso la oposición de excepciones). Entonces adquiere carácter ejecutivo; con lo que pierde toda naturaleza cautelar asegurativa para convertirse en la afectación de un bien, que será realizado, y cuyo producido destinado al pago. Así fue el decretado por la Juez a fs. 120; y tal petición, y providencia aparecen necesarias para la satisfacción del interés perseguido en juicio.

En mérito a ello es que no encuentro causa que justifique la imposición de costas por su orden, por lo que propicio sean cargadas por el demandado vencido.

El Dr. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Ferreira Bustos.

POR ELLO, EL TRIBUNAL POR MAYORíA RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el demandado, con costas en el orden causado. En consecuencia, confirmar el fallo apelado.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.