Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-24


NEUQUEN, 24 de febrero de 2009.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "CANTERA CARLOS ALBERTO C/ CADBURY STANI ADAMS ARG. S.A. S/ COBRO DE HABERES", (Expte. Nº 318599/4), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 3 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO e Isolina OSTI DE ESQUIVEL, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Norma AZPARREN y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

I.- A fs. 456/460 se dicta sentencia rechazando la demanda por cobro de haberes, interpuesta por Carlos Alberto Cantera contra Cadbury Stani Adams Arg. S.A., con costas a su cargo.

Contra dicho fallo apela el actor a fs. 467/475, expresando allí los agravios, cuyo traslado ordenado a fs. 476, es contestado por la demandada a fs. 478/480 vta.

II.- Se agravia el actor por cuanto considera que la jueza ha violado las reglas de la lógica al sustentar su decisión en la presunción del art. 23 de la ley 921 en contra de la pretensión del actor, en cuanto considera que la omisión de desconocer la documental agregada por la demandada, importa un reconocimiento de los hechos expuestos por la misma, cuando del contenido de esos documentos se exterioriza el primer antecedente de que la renuncia efectuada por esta parte careció de discernimiento, intención y libertad.

Se queja de que haya valorado como neutralizador de la acción intimidatoria el hecho de que el actor se haya reunido con representantes de la demandada para percibir la liquidación final sin considerar el carácter alimentario de las sumas que la integran y que era el sostén de familia con cinco hijos menores de edad.

En el mismo sentido, el hecho de haber conseguido trabajar en octubre de 2002 con otro empleador, o sea, a más de un mes de haber sufrido intimidación para renunciar y en consecuencia cuando el distracto ya se había operado.

Se agravia de que el a-quo haya sustentado su decisión en la inmediatez -7 días después- del envío postal que denunciara intimidación cuando conforme surge del precedente "Rodríguez Germán c/ Mora Cid Sucre Hernán s/ despido (expte. Nº 625-CA-I), fallo de la Sala II, ni siquiera haría falta el cuestionamiento aludido.

Califica de arbitrario la valoración de la declaración del testigo A. (fs. 275) y absurdo probatorio la de B. (fs. 341 y vta.).

Sostiene que el juez infringió el art. 417 del Código Procesal, dado que desestimó el resultado de la prueba confesional, cuando surge del absurdo probatorio que la misma debió adquirir especial relevancia.

Se agravia que el juez haya concluido que no se probaron los extremos invocados en la demanda, considerando que la renuncia efectuada fue eficaz en los términos del art. 240 de la LCT.

III.- Entrando al estudio de los agravios, y pese al esfuerzo argumental del apelante, adelanto mi opinión en el sentido de que el recurso no habrá de prosperar.

En efecto, el tema en discusión en esta litis ha sido la supuesta intidimación a presentar la renuncia y como lo señala Pose "En principio el trabajador es un ser que se presume que goza de pleno discernimiento para emitir declaraciones de voluntad, por lo que la prueba tendiente a conmover los alcances de su renuncia debe ser lo suficientemente convincente. En el supuesto que un funcionario de la empresa acompañe al dependiente a la oficina de Correos para suscribir su renuncia pareciera que, prima facie, lo que ha existido es una negociación para lograr ésta. Este negocio es de discutible validez pero no tiene por sí, afectación de la libertad para emitir la renuncia y, por ello, sólo podría atacarse la declaración unilateral de voluntad acreditando la existencia de error o dolo, más no de violencia moral sobre el sujeto" (Pose Carlos en "Supuesta renuncia al empleo bajo vicio de intimidación", DT 1994-A, 342).

Ahora bien, traspolando estos conceptos al caso de autos y eximidas todas las constancias obrantes en la causa, coincido con el análisis al que arriba el juez de grado, el que a mi juicio ha efectuado una correcta valoración de la prueba producida conforme las reglas de la sana crítica, y la pieza recursiva adolece de una crítica concreta e idónea, ya que no logra desvirtuar los fundamentos con los que justificó el a-quo el rechazo de la demanda.

Es así, ya que a través de sus agravios, el actor, cuestiona la valoración que ha hecho el juez de la documentación agregada por la demandada, criticando que no haya meritado el a-quo, que esa documentación exterioriza el primer antecedente de que la renuncia efectuada por su parte careció de discernimiento, intención y libertad, debo señalar que no encuentro el punto de relación entre el contenido de tales instrumentos y las carencias apuntadas por el quejoso.

Más allá de que la documental referida por el juez, no resulta ser la misma que acompañara el actor, ya que la única similar es la denominada "chequeo informe diario N°2" (el resto fue arrimado por al demandada y de su contenido "nada dice el apelante"), y de ella no puede extraerse ninguna intimidación.

Por otra parte, a través de este agravio, el actor introduce una serie de acontecimientos (irrupción en su vivienda por parte de su superior jerárquico, falta de respeto a su estado de salud, etc.), que no fueron esgrimidas al demandar, razón por la cual al no haber sido materia de debate en la instancia de grado, no pueden discutirse en esta instancia.

IV.- Otro agravio se refiere a que el magistrado no ha considerado el carácter alimentario de las sumas que integran la liquidación final y que el actor es sostén de familia con cinco hijos menores de edad.

En efecto, la pobreza argumental de este agravio, emerge por sí sola, advirtiendo que el apelante no se hace cargo de sus propios actos, es decir, cómo fue que envió el telegrama de renuncia el 29/08/02, se retractó por TCL 05/09/02 y concurrió el 17/09/02 (conf. CD de fs. 211 y lo manifestado por el propio actor a fs. 172 vta., sexto párrafo), por ante quienes lo habrían intimidado, a recibir liquidación por los servicios prestados (suma que por otra parte, no fue declarada ni deducida al momento de reclamar los rubros indemnizatorios).

Aunque parezca ocioso, es preciso recordar que en una causa judicial, se debaten cuestiones fácticas dentro de un marco jurídico, por lo que corresponde encuadrar jurídicamente todas las conductas de las partes, y evidentemente estos sucesos concatenados, alejan más la idea de la supuesta intimidación que dice el actor sufriera por parte de sus superiores jerárquicos.

Tampoco el actor, ha especificado en qué consistió la supuesta intimidación, ya que describe genéricamente que la reunión se desarrolló en un clima de amenazas y presión hacia su persona, acusándolo de haber infringido reglas de competencia, pero no en qué consistieron tales amenazas.

Es que una cosa resulta ser la intimidación, definida por el art. 937 del Código Civil: "cuando se inspire a uno de los agentes por injustas amenazas, un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de su cónyuge, descendientes o ascendientes.." y otra muy distinta, son las explicaciones que puede exigirse al trabajador por parte del empleador, en uso de las facultades de información y de organización que están instituidas en la LCT a su favor.

V.- Otro tanto puede decirse de los agravios referidos a la valoración de la prueba testimonial de los testigos A. y B., ya que si bien el juez subraya la falta de razón de los dichos del primero, en cuanto declara que "sé que lo hicieron renunciar", y aparentemente esto es lo que provoca la queja del actor, endilgándole que no le haya preguntado por la razón de sus dichos, a poco más que se lee su declaración, surge que el testigo manifiesta que "no se las razones por las que renunció, no me preocupé de averiguar mucho del tema", despejándose con ello toda duda de que si el testigo se enteró de la renuncia, desconoce las razones que la precedieron.

La misma suerte ocurre con la queja sobre la valoración de la declaración de B., ya que si bien reconoce que acompañó al actor al Correo, en función de lo señalado anteriormente, nada pone ni quita, su acompañamiento, a la acreditación de la intimidación invocada por el actor, máxime si se tiene en cuenta que conforme declara el mencionado testigo, empleado y supervisor se reunían para realizar controles de rutina, cada tres semanas. Además, debe valorarse la circunstancia de que este testigo a la fecha de su declaración, hacía cuatro años que ya no laboraba para la demandada, así que no se explica, contrariamente a lo que sostiene el actor, que se abstuviera de dar mayores precisiones.

VI.- La misma surte correrá el agravio sobre la errónea valoración de la prueba de confesión ficta, ya que a pesar de la incomparecencia del representante legal de la accionada a absolver posiciones y al reconocimiento ficto de los dichos de los actores asentados en el pliego de fs. 290, no entorpece la posibilidad de revisar en la Alzada la veracidad de lo allí expuesto y el respaldo probatorio con que cuentan los accionantes a la luz de la prueba recolectada en autos.

Al respecto, esta Cámara ha dicho que ".La confesión ficta constituye plena prueba siempre que otros elementos de convicción la corroboren (Fenochieto-Arazi, "Código Procesal.", II-425), es decir, que la confesión ficta carece de un valor absoluto y debe ser apreciado en su correlación con el resto de las pruebas atendiendo a las circunstancias comprobadas en la causa. El valor de la ficción no puede ser mayor que la realidad y nada obsta a que el perjudicado por la presunción la destruya mediante prueba en contrario, sino la decisión podría alejarse de la verdad objetiva." (Conforme OBS del SUMARIO P.S. 1995 -III- 583/589), también ha sostenido que ".La confesión ficta por incomparecencia del demandado a la audiencia de posiciones no tiene valor absoluto, y su eficacia como prueba debe ser apreciada en función de todos los demás elementos de juicio que obren en el proceso." (Conforme OBS del Sumario P.S. 1986 -IV- 750/751, Nro. 235, RSI- 750-86 I 12.6.86).

En función de lo expuesto diré que del plexo probatorio de la causa no surge acreditada, ni siquiera mínimamente, probanza alguna que respalde las posiciones de fs. 290, que por otra parte y en función de lo señalado anteriormente, requería prueba evidente que debía aportar a la causa el actor.

VI.- Advierto que el apelante, reitera en varios pasajes de su pieza recursiva, que la decisión a la que ha arribado el juez de grado, choca con el criterio establecido por esta Sala II, en los autos "Rodríguez Germán contra Mora Cid Sucre Hernán s/ despido (PS 2001-T°V- F° 844/847- N° 240, 14/11/01), pero debo señalar que la situación fáctica allí planteada, era diametralmente distinta a la que nos ocupa, ya que en ese caso, se trataba de un empleado que había realizado aparentemente un uso abusivo en los bienes de la demandada, y con la prueba producida, quedó acreditado que el trabajador fue puesto en la disyuntiva de renunciar o ser detenido por su responsabilidad en un presunto ilícito.

En definitiva, resultando la cuestión a decidir, huérfana de pruebas que demuestren que realmente existió un vicio en la voluntad del actor, y que la decisión de la renuncia, tuvo que ver más, con la elección de una entre las opciones que se presentan dentro de un ámbito de libertad que nunca es absoluto y evidentemente, el accionante ha balanceado las distintas alternativas que tenía (documentar su situación de relación laboral, pedir asesoramiento sindical, etc.), optando por lo que en ese momento le pareció o creía que era lo más le convenía, por lo que su posterior retractación resulta totalmente extemporánea, alegando su nulidad, no puede ser motivo suficiente para afirmar que en su momento, careció de libertad para tomar tal decisión.

VII.- En consecuencia, propongo al Acuerdo, se rechace el recurso interpuesto por el actor, confirmándose la sentencia dictada a fs. 456/460, en todo lo que ha sido motivo de agravio y recurso. Costas de Alzada al actor en su calidad de vencido (art. 17 de la Ley 921), debiéndose regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta etapa, de conformidad a las pautas establecidas en el art. 15 de la L.A.

Así lo voto.

La Dra. Isolina Osti de Esquivel dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello esta Sala II RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 456/460 en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios.

II.- Imponer las costas de Alzada a la actora vencida (art. 17 ley 921).

III.- Regular los honorarios correspondientes a esta Instancia ... (art. 15 L.A.).

IV.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Isolina Osti de Esquivel Dra. Norma Azparren - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 26 - Tº I - Fº 135/139 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2009.