Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-09-25


L. DE A. T° 168, F° 70/73 SAN JUAN, 25 de septiembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Para resolver en estos AUTOS N° 20.175 (91808.1 9° CIVIL) caratulados "PELLICER JOSÉ VICENTE Y OTRO C/ BERÓN JUAN ANTONIO Y OTRO COBRO DE PESOS ACT. PARA RESOLVER", el recurso de apelación subsidiaria interpuesto por la demandada a fs. sub 17/18 contra la resolución de fecha 04 de septiembre de dos mil ocho, dictada por el Noveno Juzgado Civil.

Y CONSIDERANDO:

1. La señora jueza de primera instancia resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto por la demandada, el mismo tuvo por finalidad revertir la ampliación del embargo preventivo decretado en autos sobre los haberes o remuneraciones que tenga a percibir Martín Juncosa como empleado del Instituto Provincial de la Vivienda.

2. Con los argumentos volcados en el recurso de reposición, útiles para la apelación subsidiaria, la demandada trata de hacer ver que la ampliación del embargo es un exceso de la tutela originariamente garantizada con la afectación sobre un automotor del codemandado Juan Antonio Berón. Apunta como error in procedendo que se haya decretado sin demostración alguna, ni ponderación que indique la insuficiencia de los bienes para cubrir el crédito pretendido. Alega que la acción está basada en un contrato de arrendamiento rural, donde el precio del arriendo se encuentra establecido en especie. Por tanto, si lo reclamado versa en torno a una obligación de dar cantidades de cosas (art. 606 del C.C.), "la sanción que, en tal caso, correspondería aplicar al deudor por la falta de entrega de la cosa en tiempo y forma debidos, es la indemnización de los daños y perjuicios, siendo en el caso, no se encuentra efectuado dicho reclamo, ni mucho menos probados los daños y perjuicios". La cláusula tercera del contrato -aduce crea un derecho facultativo en beneficio exclusivo del deudor (arrendatario), lo cual es totalmente extraño al supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.

La actora, peticionante de la ampliación del embargo, contestó agravios y pidió el rechazo del recurso de reposición.

3. La ampliación del embargo preventivo fue solicitada luego de haber recaído sentencia condenatoria contra los demandados, con el objeto de garantizar la ejecución forzosa de sentencia en donde el crédito insinuado está determinado en su real dimensión, resultando insuficiente el bien embargado para satisfacerlo.

4. En la sentencia interlocutoria donde se rechaza la reposición y confirma la ampliación de embargo, fueron objeto de tratamiento estas cuestiones y hubo una explicación sumamente clara al respecto. El discernimiento siguió la línea doctrinaria dibujada en innumerables precedentes jurisprudenciales. En este sentido memoró: "Las medidas cautelares, por su propia naturaleza, no requieren una prueba terminante y plena del derecho; quien las pide solo debe acreditar su verosimilitud y el juez la otorga sin prejuzgar sobre el fondo del asunto". También hizo mérito de las propias constancias del expediente, al quedar señalado: "Así, a fs. sub 13 (fs 220 autos principales) obra liquidación practicada a los fines de aclarar el monto de la ampliación del embargo preventivo que solicita. En la confección de la liquidación ha considerado el valor de los terneros conforme a su peso y una estimación de actualización, considerando a los fines de la ampliación la diferencia del valor de actualización y el monto del embargo existente en autos. Sin perjuicio de la liquidación a practicarse en autos en la etapa procesal oportuna, la misma fue orientadora para el sentenciante a los fines de determinar inaudita parte la procedencia de la ampliación de cautelar peticionada por la actora". Esto desmiente que la jueza tomara una decisión inconsulta y arbitraria, sin ponderar los elementos que proporcionan las propias actuaciones de la causa, más allá de que es correcto decir que su juicio no está sometido a prueba o demostración ninguna.

5. Sometida la causa al procedimiento pertinente en segunda instancia, el recurrente denunció como hecho sobreviniente de especial relevancia para resolver este recurso, la anulación de la sentencia definitiva en el principal por este tribunal de apelación, en fallo dictado con fecha 18 de mayo de 2009. Supuso por ello que la ampliación de embargo quedaba sin sustento.

6. No obstante, la anulación de la sentencia definitiva en la alzada, está lejos de ser una vicisitud procesal que configure hecho constitutivo, modificativo o extintivo en los términos del art. 168, inc. 6° del CPC, ni ha de catalogarse como hecho nuevo que tenga incidencia en la decisión del recurso como supone el apelante. El fallo de este tribunal que anuló la sentencia definitiva tuvo lugar porque el pronunciamiento de primera instancia omitió resolver sobre la reconvención, dicha irregularidad transgredió lo expresamente establecido en la misma norma citada, que impone al juez el deber de expedirse expresamente en forma positiva y precisa sobre las pretensiones deducidas en el juicio, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención; pero la decisión tomada no da por terminado el pleito, simplemente obliga al dictado de una nueva sentencia por otro Juzgado competente. A tales efectos la Cámara ordenó la remisión conforme a la ley orgánica y reglamentación pertinente. Los efectos del embargo y su ampliación, no quedan perjudicados en lo más mínimo en tanto no devenga ese nuevo fallo debido a que la pretensión cautelar se concreta en un proceso distinto, aunque vinculado a otro principal. Tan es así que puede interponerse antes o después de promovido el proceso principal. De tal suerte, anulada la sentencia, pero subsistente el proceso principal a la espera de la resolución definitiva, perdura la razón de ser de la cautelar y de su ampliación que es, precisamente, garantizar efectivamente el cumplimiento de la sentencia en caso de ser reconocido el derecho de fondo. No hay que olvidar los requisitos de procedencia de la medida cautelar, especialmente la verosimilitud del derecho y no la plena certeza del derecho, que solo encontrará cuando quede firme o consentida la sentencia definitiva. Luego de ella, si fuere declarado positivamente, el embargo preventivo se convertirá en embargo ejecutorio. Como puede advertirse, la anulación solo implica la necesidad de un nuevo fallo, pero no acarrea el efecto de hacer caer el embargo preventivo y su ampliación. La señora jueza hallo causas suficientes que justificadas sobre la marcha del proceso daban pié para ampliar el embargo. Desde un inicio estuvo fundada la cautelar en una acción de cumplimiento de contrato bilateral (art. 215, inc. 3°, CPC). Aunque el pago del arrendamiento rural fuera pactado en especie (entrega de terneros), nada obsta a la ampliación del embargo desde el momento que todo es traducible a dinero y no existe impedimento alguno para hacer aproximaciones en cuanto al monto tomando los mismos datos que proporciona la pretensión. No acierta entonces el apelante con el argumento de querer reducir todo a la indemnización de daños y perjuicios, que según él, por no estar reclamada, haría impracticable la ampliación de embargo. Si bien lo demandado gira alrededor de obligaciones de entregar cantidades de cosas, siempre habrá posibilidad de referirlo a valores económicos estimativos para llegar a un monto razonable del embargo y su ampliación. Esta valoración queda al arbitrio judicial y en tanto no sea groseramente desviada ha de entenderse que el mismo fue estimado con prudencia para no superar los límites de afectación a sólo los bienes necesarios para cubrir el crédito con las costas (conf. art. 218, CPC). De momento no hay motivo para modificar la resolución apelada.

Por ello, SE RESUELVE:

No hacer lugar al recurso de apelación, confirmándose el fallo impugnado. Imponer las costas a la parte vencida (art. 74 y 75 del CPC).

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas por encontrarse el Dr. PASCUAL E. ALFERILLO en uso de licencia (art. 40 Ley 5854).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.