marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Falsificación de instrumento público, acta de examen, universidades privadas, instrumentos públicos, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: MATA, Emilio H. s/ FALSIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-02

Las actas de examen no constituyen instrumentos públicos, pues no están comprendidas en las disposiciones del art. 979, Cód. Civil, ni siquiera a través de la remisión prevista en su inc. 2. No pueden calificarse de funcionarios públicos a quienes suscriben las actas de una universidad privada, ya que su intervención se encuentra legitimada por un acto ajeno al nombramiento inherente a los funcionarios o empleados del Estado, sea nacional, provincial o municipal. Los examinadores y el personal administrativo que los secunda se encuentran sometidos a las normas de la respectiva universidad privada, tanto en lo concerniente a su designación, como en los distintos aspectos de su específica actividad, retribución y remoción.

La naturaleza jurídica de tales cargos docentes y administrativos, obviamente privada, no se transforma en pública por los efectos que el orden jurídico otorga al resultado evaluativo de los exámenes celebrados en tales casas de estudios, ni tampoco por la habilitación que aquél concede a los títulos logrados a través de cada proceso curricular.

Si bien el citado art. 979, Cód. Civil, incluye en su enumeración de los instrumentos públicos a documentos emanados de particulares, incs. 3, 6 y 8, la misma es inevitablemente taxativa, pues a diferencia de la regla del inc. 2, prevista para cualquier otro instrumento originado por funcionario público instituido por ley, no hay posibilidad de incluir otros de naturaleza privada que aquellos ya mencionados.

La punibilidad de la falsificación de instrumentos públicos, requiere que la conducta reprochada se refiera a tal tipo de documentos, no a otros parecidos, pues en este último caso, su inclusión importaría una aplicación analógica y, por lo tanto, antijurídica del ordenamiento legal.

Al no tratarse de instrumentos públicos, la conducta atribuida al procesado no debe adecuarse a la figura de falsificación de tales documentos, prevista en el art. 292, C.P.
Facultades tributarias provinciales, impuestos provinciales, Impuesto sobre los ingresos brutos, coparticipación federal, pasaje aéreo, doble imposición
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD DEL ESTADO c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ REPETICION DE IMPUESTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-13

Si el impuesto provincial a los ingresos brutos no es susceptible de traslación por no estar contemplada su incidencia en el precio oficial del billete aéreo y cuya determinación conduce a que sea inexorablemente soportado por la actora, ello excluye al caso de la previsión del art. 9, inc. b), párrafo 4, de la ley 20.221 (texto según la ley 22.006), y lo encuadra en el supuesto que contempla el párrafo 2, en cuyo texto se plasma el principio básico que privilegió el legislador, consistente en "la imposibilidad de mantener o establecer impuestos locales sobre la materia imponible sujeta a imposición nacional coparticipable".
Observancia de tratados internacionales, obligaciones del Estado miembro
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Almada Martínez, Rosa Romana c/ GCBA. s/ Amparo (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-27

Las medidas que deben adoptar los estados en el marco del PIDESC deben ser las mejores que permitan los recursos de que se dispone, y corresponden en buena parte a los poderes legislativos (OG3 puntos 3, 4, 6, 8, 11 y 15), pues incumbe primariamente al poder legislativo establecer cuáles son los recursos disponibles y, además, nada asegura mejor que una medida legislativa la igualdad en la distribución de beneficios (punto 3; voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Recurso de reposición (procesal), facultades del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: García de Hoberg, Elba C. y Norma A. Hoberg s/ Divorcio por Mutuo Consentimiento. García de Hoberg, Elba C. y Norma A. Hoberg s/ Divorcio por Mutuo Consentimiento.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-02-17|1992-02-17

El art. 238 del Código Procesal Civil y Comercial admite el recurso de reposición respecto de las providencias simples (las que sin sustanciación tienden al desarrollo del proceso u ordenar actos de mera ejecución y no requieren otras formalidades que su expresión por escrito, fecha, lugar y firma del Juez. La providencia que dispone correr traslado de la planilla practicada es sin duda una providencia simple. Mediante la misma no se decide artículo (lo cual requiere sustanciación con la contraria). Es un error declarar inadmisible el recurso de reposición de este caso, declinando la responsabilidad -deber de pronunciarse conforme a las normas procesales respectivas y conceder el recurso de apelación- que no tiene ya carácter subsidiario sino directo. Se produce una omisión sustancial en el debido proceso, al no pronunciarse el a-quo sobre el fondo del planteamiento efectuado en un recurso notoriamente admisible (más allá de su procedencia o improcedencia) lo que implica una declinación de competencia que altera el curso del juicio, privando a la parte interesada de una decisión que pudo evitar un dispendio inútil y excesivo de tiempo y actividad jurisdiccional, contrariando los principios de celeridad y economía procesal.El pronunciamiento sobre el fondo es, para el recurso de apelación en subsidio, un presupuesto procesal ineludible que habilita la intervención del tribunal de Alzada. La propia naturaleza de la apelación subsidiaria obsta a que dicho tribunal encuentre expedita su intervención cuando el a-quo omitió dictar la decisión condicionante de la apelación.
Intimación de pago, liquidación, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Sociedad del Estado) s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-02

Una vez aceptada por el juez la cuenta, el deudor debe ser intimado de pago, porque sólo entonces, si no lo hace efectivo, debe intereses sobre la liquidación impaga como consecuencia de la mora derivada de la nueva interpelación.
Sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mesik, Elda y otro c/ Gowlad Moreno, Daniel I. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

Si quienes vendieron la propiedad cuya escrituración se reclama fueron los sucesores del causante, en sentido estricto no se da ninguno de los supuestos previstos en el art. 3284 del C. Civil como para justificar la radicación de los autos por ante el Juzgado donde tramita el sucesorio, en función del fuero de atracción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, resoluciones apelables
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: O.M.S. S.A. c/ EDECAT s/ Prepara vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-08-06

El proveído del Inferior que considera reconocidos los documentos y ordena la ejecución-mandamiento de intimación de pago y/o embargo mediante- no es susceptible de recurso de apelación, por lo que el Inferior debió rechazarlo, porque,si bien lo concedió con efecto diferido, conforme lo dispone el artículo 528 del C.P.C., tal disposición corresponde a otra situación distinta.

En efecto, al prepararse la vía ejecutiva, cuando es desconocida la firma por el ejecutado citado a tal fin y el actor opta por insistir en el juicio ejecutivo, debe pedir al juez la realización de una pericia caligráfica que es la única prueba que puede producirse en esa etapa del pronunciamiento. En tal circunstancia si el dictamen pericial caligráfico es favorable a la autenticidad de la firma y así lo declara el juez, despachando la ejecución, esa providencia sí es apelable con efecto diferido.

En autos, simplemente se tienen por reconocidos los documentos por aplicación del apercibimiento establecido por el artículo 526 del C.P.C., decisión contra la cual no procede el remedio procesal; siendo así, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, demanda, objeto de la demanda, obligaciones de hacer
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MENDEZ DE LERTORA SUSANA c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-08

La demanda persigue la rehabilitación del servicio telefónico. El objeto de la pretensión, más allá del interés económico subyacente, se vincula con el cumplimiento de una obligación de hacer. Ello así el reclamo no involucra directamente el cobro o el pago de una suma de dinero, razón por la que no recibe aplicación al caso lo dispuesto en el art. 242, última parte, código procesal, y, por tanto, la causa esta sujeta a la instancia de revisión.
Honorarios del perito, regulación de honorarios, regulación provisoria, proceso en trámite, ejecución de honorarios, gravamen irreparable, fallos de la Corte Suprema, régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación
Materia: PROCESAL
Carátula: SUDAMERICANA DE INTERCAMBIO SACI Y F c/ A.N.A. Y OTRO s/ INCIDENTE DE HONORARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-22

Asiste razón a la actora en su pedido de aplazamiento, pues la obligación de pago "en efectivo" que tiene respecto de los honorarios de los peritos, resultaría exigible en tanto exista la posibilidad de que eventualmente pueda recuperar de la demandada ese pago en la misma especie, lo que eventualmente no ocurriría si, obtenida condena contra la A.N.A. en el proceso de conocimiento, esta última cumpliera sus obligaciones entregando bonos de consolidación y no dinero circulante, produciéndose con ello el perjuicio y la desigualdad señalados por la Corte Suprema (cfr.

Corte Suprema, in re "Aslana SA c/Estado Nacional - Ministerio de Economía - y Banco Central" del 7.5.95, espec. Considerandos N° 10 y 11, La Ley 1995-C, 119).
Medidas cautelares, contaminación ambiental
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Berazategui c/ Aguas Argentinas S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-28

Cabe revocar la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por una municipalidad y ordenó a la empresa de servicios de agua, que adopte las medidas pertinentes para realizar las obras necesarias para la construcción y puesta en marcha de una planta depuradora de líquidos cloacales y la prolongación del emisario cloacal existente en la localidad, pues la omisión de examinar cuestiones sustanciales que resultaban relevantes para disponer la ejecución de dichas obras, impide tener por acreditados los requisitos de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, máxime si no se advierten las razones por las cuales el mantenimiento de la situación existente con anterioridad a la adopción de la medida podría tornar ineficaz la decisión a dictarse en la cuestión de fondo, y al apoyarse el fallo en argumentos insuficientes para sostener la solución adoptada, corresponde su descalificación con sustento en la doctrina de la arbitrariedad.
Regímenes jubilatorios especiales, ingenieros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Policicchio, Antonio c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

La ley 5920 exige que se cumpla con tres recaudos para la obtención del beneficio jubilatorio para los profesionales de la ingeniería:

edad, años de ejercicio y acreditación de que dicho ejercicio es continuo y permanente, dato éste último que surgirá del monto de los aportes efectuados. Acreditados edad, y años de servicios, aún queda pendiente el tema vinculado al cumplimiento de un mínimo de aportes cuyo monto el legislador autoriza fijar al Directorio del organismo previsional.
Alimentos, divorcio del 67 bis, obligación alimentaria, alimentado de escasos recursos
Materia: CIVIL
Carátula: M. de R.J.A c/ R.C. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-24

El art. 80 de la ley 2393 admite la posibilidad de que el cónyuge culpable del divorcio reclame alimentos al otro, aunque limitada al supuesto de que éstos le fueren de toda necesidad. En tal sentido, se ha interpretado que el aludido estado de necesidad no sólo implica que el solicitante carezca de recursos, sino que -además- se encuentre imposibilitado de obtenerlos con su trabajo, sea el habitual o cualquier otro, siempre que sea compatible con su sexo, condición y estado físico (conf. Belluscio, "Derecho de Familia", t.

III, p. 547, Nro. 872 y "Código Civil..." t. I, p. 749; Borda, "Tratado de Derecho Civil -Familia", 5a. ed., t. II, p. 400: CNCiv.

Sala A, E.D., 51-444; id. Sala D, L.L. 1979-D-92; id. Sala F, c.

8879 del 17/10/84; id., c. 12.855 del 29/4/85 y sus citas).

Si se encuentra acreditado que la cónyuge padece de espondilopatía, afección que la limita en forma manifiesta para la realización de cualquier tipo de tareas y que determina una incapacidad laboral del 66% de la total obrera a lo que se agrega su deficiente estado de salud, que determina una seria limitación a sus posibilidades de ejercer alguna actividad remunerada y obtener, de tal manera, los recursos necesarios para su subsistencia, sumado a la carencia de otros bienes materiales procede admitir el reclamo alimentario (conf. CNCiv. Sala C, E.D. 17-175; id., Sala A, L.L. 139-795; id., Sala E, L.L. 93-558).

El hecho de que el divorcio se haya decretado con los alcances del art. 67 bis de la ley 2393 y no por culpa exclusiva de la esposa, configura un factor que coadyuva a la procedencia de la pretensión (conf. C.N.Civ. Sala F, c.8879 del 17/10/84 y sus citas; id. id., c.

12.855 del 29/4/85).

En los supuestos regidos por el art. 80 de la citada ley, el monto de la cuota no se determina de acuerdo a la condición social de las partes, ni al patrimonio de quien deber prestar los alimentos, como en el caso del art. 79, sino que se limita a lo que sea de estricta necesidad para el peticionante, es decir, a la cantidad que sea indispensable para su subsistencia (conf. Belluscio, op. cit. t.III p. 549; Borda op. y loc. cita., Nro. 400; Llambías, "Código Civil Anotado", t. I, p 687; CNCiv. Sala A, E.D. 30-577; id. E.D. 51-447;

id., Sala D, L.L. 1979-D-92; id. Sala F, E.D. 63-229).
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, trabajador autónomo, prestación básica universal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BRUZZO ROMILIO AMARIO c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-28

A partir de la indiscutible naturaleza sustitutiva que reviste la prestación previsional, la problemática referida a la cuantía inicial del beneficio acordado en atención al desempeño autónomo del trabajador, gira en torno a las dificultades para lograr que su importe exprese una adecuada proporcionalidad con el esfuerzo contributivo mantenido durante el período de actividad, fruto de las inequidades producidas por las modificaciones de categorías y obligadas recategorizaciones (como la dispuesta en el Dec. 1361/80), por un lado, cuanto por la dispar evolución del valor de las rentas presuntas por las que se hicieron las cotizaciones en relación con la del haber mínimo de la jubilación y la adición de suplementos -en determinados momentos- para asegurar un piso de subsistencia (vbgr. lo establecido por el Dec. 2627/92), por el otro. Dicha cuestión ha sido objeto de reiterados pronunciamientos de la Sala, y el criterio discernido en esos casos (computar el total de las categorías aportadas aún cuando el régimen aplicable era el de la ley 18.038 y sus modificatorias que sólo mencionaba los últimos 15 años de aportes) fue avalado por la C.S.J.N. in re "Makler, Simón" (sent. del 20.05.03). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Acción de amparo, medidas cautelares, resoluciones apelables
Materia: CIVIL
Carátula: DI PIETRO LUIS ALBERTO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y OTROS s/ ACCION DE AMPARO - APELACION LLUGDAR WALTER MARCELO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ AMPARO - CUADERNILLO DE APELACION LLUGDAR, WALTER MARCELO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ AMPARO-CUADERNILLO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-06-21|2007-07-27|2007-07-27

La ley de amparo 16.986 establece que sólo son apelables las resoluciones que disponen medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado. En consecuencia, si el juez no dispuso esa medida sino que la rechazó, este pronunciamiento es inapelable pues, en tal materia, están taxativamente determinadas las cuestiones que resultan apelables.-
Contrato de trabajo, sociedad de responsabilidad limitada, empleo no registrado, responsabilidad solidaria, socio gerente, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Bullrich  Lucía  Julia c/ Aviatel  Electrónica  SRL  y  otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-17

En materia de condena solidaria al socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada, cabe destacar que en aquellos casos en que se constata la deficiente registración de contrato con la consiguiente evasión de aportes y contribuciones derivados del carácter laboral de la vinculación habida entre las partes -tal como sucede en autos-, se encuentran configurados los extremos requeridos por el artículo 54 de la ley de Sociedades, puesto que se verifica de esta forma el fraude a la ley, la violación de normas de orden público y de la buena fe a que alude la referida norma. Asimismo, esta solución tiene apoyo en el art.

59 de la misma ley. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación suficiente, apreciación de la prueba, faltas del servicio, responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: LUDUEÑA, LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-03-29

El recurso de inconstitucionalidad no ha de prosperar pues, pese a la tacha de arbitrariedad fáctica y normativa en lo resuelto, la recurrente omite hacerse cargo de la respuesta adoptada por la Sala relativa a que los sentenciantes del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual brindaron las razones que los condujeron a otorgar decisividad a la prueba colectada para inferir de la misma que se configuraba la idea objetiva de la falta de servicio del artículo 1112 del Código Civil, siendo inconcebible que se argumente que lo que padeció el recurrente es el costo inevitable de una adecuada administración de justicia, por lo que se daban los presupuestos necesarios para que sea procedente indemnizar al actor ya que sufrió un daño injusto que naturalmente afectaba su honor al estar privado de su libertad por delitos que no cometió (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Beneficio de litigar sin gastos, contrato de trabajo, Derecho laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Utrera Paula Elizabeth c/ Romero Mónica María Teresa s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-03

La norma tiene una finalidad tuitiva de la vivienda del trabajador o quien se dijo tal o se creyó tal. Por ello debe tenerse presente en la hermenéutica la función social del Juez, de acuerdo a las reglas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 456). Además, debe armonizarse con el art. 14 bis de la CN que consagra el principio protectorio. El art. 20 LCT es una norma operativa de dicho principio de consagración constitucional, una disposición reglamentaria del mismo, por ello la protección a la vivienda debe entenderse abarcativa de todos los derechos fundados en normas laborales en el juicio de que se trate, aun cuando el resultado deviniese desfavorable al actor (Voto Welp en adhesión a Romero)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: SCHULZ  ALBERTO  ERICH  Y  OTROS c/ ESTADO  NACIONAL MINIST. DEECONOMIA  Y  OBRAS  Y  SERVICIOS  PUBLICOS  Y  OTRO S/ s/ ROCESO DECONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

Las circunstancias valoradas por los jueces de la causa para determinar la fecha de la mora y la tasa de interés aplicable a la deuda reclamada constituyen una cuestión de hecho, irrevisable en instancia extraordinaria (Fallos: 248:819;

255:52; 246:266). El cuestionamiento del demandado no versa sobre el alcance e interpretación de las leyes 25.344 y 25.725, sino sobre los aspectos fácticos relacionados con su aplicación, referidos al examen de cuestiones de hecho y prueba (fecha de mora, de corte y tasa de interés aplicable) que son exclusivo resorte de los jueces de la causa (Fallos: 307:244; 313:510;

315:724 entre otros). No se advierte que la consolidación del crédito implicada en el fallo le cause un gravamen que tenga relación directa e inmediata con las normas federales invocadas.
Concursos, efectos entre partes, actos perjudiciales a los acreedores, actos ineficaces de pleno derecho, declaración de ineficacia, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Productos de la Patagonia SRL c/  s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-01

Procede confirmar la resolución que declaró la ineficacia de cierto contrato celebrado entre la concursada y un tercero. Ello por cuanto, en el caso el contrato no se está ejecutando, ni hay visos de que ello pueda ocurrir en el futuro, al punto de que las partes no sólo no han exteriorizado su intención de cumplirlo, sino que es este mismo expediente la recurrente requirió la devolución de los efectos que en su virtud había entregado. En consecuencia, la ineficacia declarada no es susceptible de generar a la nombrada ningún agravio, dado que dicha declaración no incide en la validez, ni en la aptitud del contrato para recobrar sus efectos una vez terminado el concurso y sólo importa la inoponibilidad frente a los terceros acreedores concurrentes; por lo que solo podría afectar un interés actual de la concursada en tanto y en cuanto ella quisiera hoy ejecutarlo, lo que no sucede.