Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-30


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100.350 SALA II Expediente Nro.: 11.574/10 (Juzgado Nº 22) AUTOS: "AGUIRRE, JUAN CARLOS C/ MERLUCCIO, ROQUE AMABILE Y OTROS S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	30/03/2012 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continua-ción.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de primera instancia se alzan la parte actora y el codemandado Roque Amabile Merluccio a tenor de los memoriales que lucen a fs. 267/72 y fs. 265/66, respectivamente, mereciendo sendas réplicas de las contrarias. Asimismo, el perito contador apela los honorarios regulados a su favor por reputarlos insuficientes.

El codemandado Merluccio se agravia por cuanto la judicante de grado consideró que el actor había estado incorrectamente encuadrado en el régimen de la construcción y, en su mérito, lo condenó al pago de las in-demnizaciones por despido contempladas en la LCT. Asimismo, cuestiona que no se descontaran las sumas abonadas al trabajador bajo tal régimen.

A su turno, la parte actora critica el rechazo de la demanda dirigida contra Argencobra S.A. y Edenor S.A., el monto por el que prospe-ró el incremento indemnizatorio previsto en el art. 2º de la ley 25.323, el rechazo de la sanción reclamada con fundamento en el art. 9º de la ley 25.013 y la falta de aplica-ción de astreintes para el supuesto de incumplimiento en la entrega del certificado de trabajo.

Delimitados de este modo los temas traídos a conocimiento de este Tribunal, razones de orden metodológico imponen dar trata-miento, en primer lugar, a los reparos recursivos del codemandado Merluccio en orden al encuadramiento de la relación laboral.

La Dra. Montero consideró acreditado que el ac-tor realizaba tareas de atención de urgencias eléctricas, cambio de tomas y placas en la vía pública, cambio de cables y mantenimiento de redes eléctricas de Edenor. Asi-mismo, tuvo en cuenta lo dispuesto por el art. 4º del CCT 220/75, así como el art. 5º del CCT 85/73 (sustituido por el primero) relativo a la actividad de "electricistas de obras y afines", regulaciones que resultan complementarias de la normativa colectiva aplicable a la construcción en general. También destacó que el régimen especial esta-tuido por la ley 22.250 se compadece con la transitoriedad de la actividad, vinculada a obras o lugares mencionados en el inciso a) del art. 1º, que fundamenta la institución del fondo de desempleo, pues de lo contrario se trataría de una actividad estable am-parada por el régimen general de finalización del contrato de trabajo. En tal contexto concluyó que, aún cuando Merluccio y Argencobra estuvieran inscriptas en el IERIC como empleadoras de la construcción, las tareas desarrolladas por Aguirre no estaban comprendidas en la calificación del estatuto de la construcción, por lo que resultaba aplicable el régimen general del contrato de trabajo.

Tal decisión motiva la queja del codemandado Merluccio, quien sostiene que se encuentra inscripto en el IERIC como empresario de la construcción, con actividad general en obras civiles y específica en montaje y man-tenimiento de redes eléctricas, la que se encuentra encuadrada en la industria de la construcción (CCT 76/75, 220/75 y ley 22.250). En tal marco, expone que el art. 4º del CCT 76/75 dispone que se encuentran alcanzados por dicha normativa ". 9) electricistas de obra (trátese de tareas en instalaciones de alta tensión o no, en elec-trificación rural, etc.) para ´atender reclamos´".

En otro orden de ideas, arguye que las órdenes de trabajo eran emitidas por Edenor, indicando tareas a realizar y que se encuentra acreditado que las mismas no eran conocidas por los empleados sino hasta la llegada de las órdenes de trabajo. Asimismo, agrega que la remuneración no era constante, sino que se ajustaba a la cantidad de horas trabajadas, es decir, que el pago era por "obra realizada". Arguye que Edenor y Argencobra contratan y subcontratan -a modo de locación de obra- las tareas referidas en varias empresas por lo que su asignación resulta aleatoria y no contempla, por tanto, la continuidad temporal. Así, sostiene que no se trata de una actividad estable pues las características señaladas implican la tran-sitoriedad vinculada a las "obras o lugares" mencionados en el art. 1º de la ley 22.250, por lo que se encuentra comprendida en el régimen de la construcción.

La crítica en análisis no puede prosperar por las razones que seguidamente se exponen.

El art. 1º de la ley 22.250 dispone que están comprendidos en dicho régimen "a) el empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate excavaciones, de construc-ciones nuevas o de modificación, reparación, conservación o demolición de las exis-tentes, de montaje o instalación de partes ya fabricadas, o de vías y otras.". Asi-mismo, los incisos b) y c) hacen referencia a su aplicación a otros trabajadores, siempre que se hubiesen desempeñado en las "obras o lugares" referidos en el inciso a).

El ámbito personal de aplicación de la normativa en cuestión importa las labores desarrolladas por las categorías de trabajadores allí contemplados, en una "obra o lugar" mencionados en el inciso a). Ahora bien, como puede apreciarse, el actor desarrollaba sus labores ante urgencias eléctricas que se suscitaban en forma constante (de otro modo no habría trabajado en forma ininterrumpida por casi tres años), en la vía pública y, también en los lugares mencionados por el testigo Zárate. En tal contexto, el demandante no trabajaba como medio oficial electricista en una obra de ingeniería o arquitectura, sino que desarrollaba tales tareas en el lugar en el que se ocasionara la emergencia eléctrica.

Por otro lado, no es cierto que el hecho de que sus tareas estuvieran sujetas a la orden de trabajo de Edenor implique la transitoriedad propia de la construcción, pues esta última se limita al comienzo y finalización de la obra propiamente dicha, extremos en los que radica la transitoriedad. En cambio, el actor desempeñaba constantemente sus funciones en las urgencias que se iban susci-tando, por lo que no cabe duda que la actividad era, como expuso la judicante de gra-do, "estable". Acoger la pretensión de la demandada implicaría predicar que Aguirre trabajó en tantas obras como urgencias acaecieron, razonamiento que no resiste el menor análisis.

En tal contexto, ya sea por la inexistencia de "obra de ingeniería o arquitectura" como por la ausencia de la nota característica de "transitoriedad", cabe concluir que el actor se encontró incorrectamente encuadrado en el régimen de la construcción, por lo que propongo confirmar el decisorio de grado en cuanto de tal modo dispone y en tanto, consecuentemente, establece la aplicación del régimen general.

La parte actora se agravia por el rechazo de la demanda dirigida contra Argencobra y Edenor. Sostiene que, contrariamente a lo sos-tenido por la Sra. Juez a quo, los controles previstos por el art. art. 30 de la LCT no se encuentran cumplidos desde el momento en que el trabajador sostuvo incorrectamente encuadrado en el régimen de la construcción. Señala que el actor se desempeñó en ta-reas que hacen a la actividad normal y específica propia de las codemandadas, que re-sulta aplicable el art. 30 de la LCT y que, al haber sido contratado para ser provisto a las mismas, también debe encuadrarse el caso en el art. 29 de dicho cuerpo legal.

En mi opinión, no se encuentran reunidos en el sublite los presupuestos de aplicación de la figura prevista por la última de las normas señaladas.

Ello por cuanto no se ha demostrado que Merluccio y Argencobra hubiesen contratado a Aguirre con el único objeto de "pro-veerlo" a Edenor. En efecto, el testigo Zárate (fs. 140/42), compañero de cuadrilla del actor, declaró que Merluccio les entregaba los materiales de trabajo y elementos de seguridad, que los insumos se los daba Edenor pero a su vez pasaban primero por Electronor, que iban cuando les faltaba insumos en el obrador, que al demandante le pagaba Merluccio, que cuando trabajaban en la calle supervisaba el trabajo Edenor, que hacían todo lo que era baja tensión, que primero estuvieron en la guardia de Edenor, iban y reponían la electricidad de los clientes, iba a casas particulares, cole-gios, edificios, hospitales, que la base de operaciones pertenecía a Electronor (Mer-luccio),	A su vez, se encuentra acreditado -y reconocido- que Edenor contrató los servicios de Argencobra para el montaje y mantenimiento de redes de energía eléctrica en la vía pública, y que esta última subcontrató a Merluccio, en cuyo marco prestó servicios el accionante.

Por otro lado, no ha quedado demostrado que Edenor o Argencobra no hubiesen recurrido a una empresa real (en los términos del art. 5 LCT) a fin de encomendarles tareas en el marco de los contratos de colaboración inter-empresaria.

Ello impone el análisis del caso desde la óptica del art. 30 LCT al que me referiré a continuación, pues no se demostró que, en lugar de actividad contratada, haya habido una mera "cesión de mano de obra", todo lo cual torna inaudible la queja vertida por la parte actora en torno a la no aplicación por parte del judicante de grado del art. 29 de la LCT.

Ahora bien, para establecer la responsabilidad que el art. 30 de la L.C.T. le atribuye a quien contrata o subcontrata servicios que ha-cen a la actividad normal, específica y propia de su establecimiento no basta con ana-lizar el objeto descripto en el estatuto de las sociedades comerciales ni con definir el aspecto central o medular del proceso productivo de la contratante principal porque no siempre tales datos permiten discernir qué aspectos o facetas integran el "estable-cimiento" entendido éste en los términos del art. 6 de la L.C.T., es decir como "la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa".

Cabe precisar que no se trata de un supuesto que presuma la existencia de fraude en la contratación y siempre requiere la participación de por lo menos dos empresas distintas, por lo que queda fuera del dispositivo legal en cuestión, la mera provisión de mano de obra (prevista específicamente en los arts. 14 y 29 de la L.C.T). Desde esta óptica se ha considerado que toda empresa puede adoptar el procedimiento que considere apropiado para realizar sus negocios, pudiendo asumir sólo algunas actividades del proceso productivo, contratando otras con terceros, lo que queda dentro del legítimo ámbito de su libertad, y no la exime de responsabilidad si la tercerización de servicios involucra aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento, en tanto se trata de una imputación objetiva de responsabilidad.

Desde tal perspectiva, para definir el ámbito de aplicación del art. 30 LCT antes mencionado, debe considerarse que una actividad re-sulta inescindible de la principal si integra la definición del producto (bien o servicio) ofrecido o esperado por los destinatarios, según las expectativas del mercado o que se trata de aspectos o facetas de la misma actividad que se desarrolla en el estableci-miento principal (conf. esta Sala in re "Barrios Villalba, Carmen R. c/Sodexho Argen-tina S.A. y otro s/despido", sentencia 95381 del 9/11/07). También cabe reputar acti-vidad normal, específica y propia a aquella que resulta indispensable para la operatoria de la principal en sus aspectos medulares (conf. Rainolter, M.- García Vior, A. en Solidaridad laboral en la tercerización, Ed. Astrea, Bs. As. 2008, págs. 150 y ss). Desde tal directriz, para analizar la atribución de responsabilidad prevista en el art. 30 de la L.C.T., debe tenerse en cuenta no solo el modo en que se estructura la actividad de la prestataria, sino la índole de la actividad por la que se reconoce a la usuaria en el mercado (con igual criterio, esta Sala in re "Francese, Pablo Emmanuel c/Servicemaster y otro s/despido", sent. 94730 del 13/2/07).

A su vez, debe considerarse que para que resulte de aplicación el supuesto atributivo de responsabilidad en cuestión, es necesario determinar que dentro de la actividad subcontratada, el trabajador (no ya la actividad) cumple su tarea en beneficio directo del principal. Esta condición aparece en el cuarto párrafo del artículo 30 de la LCT, donde la solidaridad generada por las condiciones anteriores queda limitada al grupo de beneficiarios conformado por el 'personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios'. Ergo, aun cuando la subcontratista lleve a cabo una tarea normal y específica propia respecto del contratista principal, la solidaridad no podría ser invocada por un trabajador del subcontratista cuyos servicios no hubieren sido aprovechados exclusivamente por el principal (ver CNAT, Sala I, in re "Biolante, José María c/Grina SA y otros s/despido", SD 84.052 del 27/2/2007).

De las pruebas colectadas en la causa así como de los propios reconocimientos de las partes se extrae que Edenor contrató los servicios de Argencobra para la realización de tareas de montaje y mantenimiento de redes eléctricas, que esta última contrató a Merluccio y que en tal marco prestó servicios el actor.

En el caso, la actividad desplegada por la contra-tista y la subcontratista resulta integrativa de la desarrollada por Edenor, en tanto son, sin lugar a dudas, inescindibles del servicio que presta dicha empresa e indispensables para la operatoria de la principal. Asimismo, surge acreditado en la causa que, las ta-reas desempeñadas por el actor se encontraron destinadas a la satisfacción de los fines empresarios tenidos en miras por esta última, todo lo cual sitúa el caso bajo las reglas del art. 30 LCT.

Ello por cuanto, tal como sostuve al votar en un caso de aristas similares al presente -con la adhesión del Dr. Miguel Ángel Maza-, de acuerdo con la redacción del art. 30 de la L.C.T., resulta esencial para establecer la existencia de solidaridad entre comitente y contratista, que se ceda total o parcial-mente la actividad normal y específica del primero (cfr. autos "Loza, Héctor Luis c/ Edesur S.A. y otros s/ despido", SD 96270 del 12/12/08, y en igual sentido, "Díaz, Adrián Marcelo c/ Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. y otro s/ Despido", SD 96744 del 03/06/09, del protocolo de esta Sala, entre otros).

En el caso, Edenor es una reconocida empresa dedicada a la prestación del servicio público de distribución y comercialización de electricidad, y no cabe duda que cedió la realización de una parte de su actividad normal a Argencobra quien, a su vez, contrató a Merluccio.

Párrafo aparte merece la crítica vertida en orden al cumplimiento de las exigencias del art. 30 y al respecto considero que, contraria-mente a lo expuesto en el decisorio en crisis, no ha quedado cabalmente acreditado el mismo respecto del primer párrafo de la norma. En efecto, éste dispone que quienes contraten los servicios "deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los organismos de la seguridad so-cial".

En el caso de marras, no puede concluirse que Edenor hubiese exigido el cumplimiento de la normas relativas al trabajo, como refiere en su memorial, pues basta con advertir que el trabajador figuraba encuadrado en un régimen que no resultaba aplicable (construcción).

Desde tal perspectiva, cabe concluir que Edenor y Argencobra no efectuaron el debido control que alegan, por cuanto aún de haber solicitado la acreditación del pago de cargas sociales y salarios, ello no da cuenta del efectivo cumplimiento de las "obligaciones laborales", teniendo en cuenta la irregula-ridad recién descripta.

Sin perjuicio de lo expuesto, estimo conveniente aclarar que, aún cuando se hubiese verificado en la lid el cumplimiento fehaciente de los controles previstos en el art. 30 de la LCT, modificado por la ley 25.013, considero que el cumplimiento de tales deberes formales no neutraliza la responsabilidad so-lidaria dispuesta en la ley.

En efecto, el art. 17 de dicha ley sustituyó el se-gundo párrafo del art. 30, incorporando la obligación de los empresarios que cedan to-tal o parcialmente su establecimiento a otros empresarios y de aquellos que contraten o subcontraten trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y específica propia -es decir, los afectados por la norma bajo análisis- de exigirle a las empresas cesionarias, contratistas y subcontratistas una serie de controles formales atinentes al cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales en relación al personal ocupado por estas últimas.

Asimismo, dispone la norma en su cuarto párra-fo- que importa en el caso bajo análisis- que "el incumplimiento de algunos de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación la-boral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social".

Este aspecto de la norma ha dado lugar a debate. Así, para un sector de la doctrina, si el empresario principal (cedente o contratante) ha cumplido con esos requisitos formales del segundo párrafo, no respondería solidaria-mente aunque haya cedido total o parcialmente su establecimiento o aunque haya en-comendado al contratista o subcontratista la realización de tareas o servicios que for-men parte de la actividad normal y específica propia de su establecimiento. De este modo, la reforma habría agregado un elemento más que debería concurrir para que se de la solidaridad: además de los ya mencionados (cesión total o parcial del estableci-miento o encomienda de tareas o servicios que formen parte de la actividad normal y específica propia del establecimiento), tendría que mediar también incumplimiento de los deberes formales. Otro segmento de la doctrina y de la jurisprudencia mayoritaria, en cambio, no le ha concedido a esta nueva reforma la operatividad restrictiva. Quie-nes se postulan en esta línea de pensamiento entienden que la intención del legislador no fue condicionar la solidaridad a que se produzcan estos incumplimientos sino que, meramente, buscó establecer con claridad el rol vigilante que le cabe al empresario principal (cedente y/o contratante), así como a darle derechos para defenderse ante la posible responsabilidad vicaria o en garantía, que podría tener que asumir.

Comparto esta última posición interpretativa, que, además, ha sido seguida por los mis colegas, los Dres. Maza y Pirolo, al expedirse in re "Cevallos, Marcelo Enrique c/ Ener S.R.L. y otros s/ despido" (SD 95398 del 16/11/07), de similares aristas al presente. Ello por cuanto no me parece factible ex-traer del texto legal que se exima de responsabilidad solidaria al empresario que dele-gó tareas atinentes a su objeto propio y específico que cedió su establecimiento, por la mera circunstancia de que haya efectuado controles formales.

En base a todo lo dicho, teniendo en cuenta la cesión parcial de la actividad normal, propia y específica dispuesta por Edenor a favor de Argencobra y Merluccio apuntada precedentemente, las labores desempeñadas por el reclamante y el incumplimiento señalado concluyo que, se encuentran reunidos los presupuestos previstos en por el art. 30 de la LCT declarado aplicable, para decretar la existencia de responsabilidad solidaria entre las codemandadas.

Por lo expuesto, propongo revocar este aspecto del decisorio de grado y hacer lugar a la demanda incoada contra Argencobra S.A. y Edenor S.A., quienes deberán responder en forma solidaria con el codemandado Mer-luccio por las acreencias determinadas a favor del actor.

En referencia a este último punto, concretamente al monto de condena- se impone dar tratamiento a las quejas vertidas por las partes en orden a su cuantificación.

La parte demandada solicita se descuente del monto diferido a condena la suma de $ 4.188,40 depositadas en la Libreta del Fondo de Cese Laboral que el actor retiró y cobró en el Banco Provincia de Buenos Aires (conforme constancia de fs. 49 reconocida a fs. 105), sosteniendo que deben ser impu-tadas a indemnización por despido incausado y sustitutiva de preaviso.

El planteo en tales términos formulado no tendrá favorable acogida, por cuanto el perito contador informó que habían sido depositados a favor del actor el S.A.C. 1º semestre/09 y vacaciones proporcionales/09 (fs. 214vta. y 211), sumas que, por tal motivo, no integran el monto diferido a condena.

Si bien el perito contador informó que el deman-dado Merluccio acreditó el depósito en tiempo y forma de los aportes mensuales al IERIC y al Fondo de desempleo, y a fs. 49 obra la constancia de recepción de la Li-breta de Fondo de Cese Laboral, considero que tales elementos no resultan suficientes para demostrar en forma concluyente que el actor hubiese percibido el monto referido por la demandada, por lo que el planteo no puede ser acogido ni tampoco, consecuen-temente, el de suprimir o reducir el monto del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2º de la ley 25.323.

En relación a este último rubro le asiste razón a la parte actora en cuanto critica su fijación en la suma de $1.210,55. En efecto, teniendo en cuenta los montos de las indemnizaciones por despido ($5.848,10) y sustitutiva de preaviso con incidencia del S.A.C. ($1.961,05), el mismo debió ascender a $3.904,57, por lo que propongo modificar este aspecto del decisorio de grado y proceder a su fi-jación en la suma indicada.

La queja vertida por la accionada en orden a la sanción aplicada con fundamento en lo dispuesto por el art. 80 de la LCT no tendrá favorable acogida. Ello por cuanto, si bien la quejosa arguye que en oportunidad de celebrarse la audiencia ante el Seclo acompañó el certificado de trabajo y que el mis-mo fue rechazado por el demandante, circunstancia omitida en la demanda, lo cierto es que, la demandada acompañó a estas actuaciones el formulario Anses PS.6.2 (fs. 50/51vta.) que, como reiteradamente he sostenido, no cumple acabadamente con los requisitos que exige el art. 80 de la LCT. En cuanto a la constancia de aportes, no sos-layo que el actor recibió la libreta del fondo de cese laboral, pero lo cierto es que aún teniendo en cuenta este instrumento tampoco puede reputarse cumplida la obligación mediante su expedición.

En efecto, tal como lo postulara el Dr. Maza en Ley de Contrato de Trabajo Comentada ( -Ed. La Ley, Bs. As., 2006, pág. 133), "la certificación que es obligatorio entregar a la extinción del contrato debe contener cinco datos: a) la indicación del tiempo de prestación de los servicios (fecha de ingreso y egreso); b) naturaleza de los servicios (tareas, cargos, categoría profesional, etc.); c) la constancia de los sueldos percibidos; d) la constancia de los aportes y contribuciones efectuados por el empleador con destino a los organismos de la seguridad social (constancia o descripción que efectúa el principal y que no debe confundirse con la "constancia documentada" que el mismo artículo prevé en el primer párrafo como po-sibilidad de excepción); y e) la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de ca-pacitación (conf. ley 24.576)" -conf. sentencia 95314 "Maffei, Marcelo Luis c/Supervielle Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos de Inversión s/despido", y, con similar criterio, "Smolarczuk, Mariano Javier C/ Actionline S.A. s/ certificado de Trabajo", SD 95.320 del 22/10/07, "Pacienza, Ricardo c/International Collection Management s/ despido", SD 95.035 del 08/06/07 del protocolo de esta Sa-la, entre otros).

Sobre tales premisas, cabe concluir que la em-pleadora no cumplió acabadamente con la obligación impuesta por la normativa en cuestión, motivo por el cual, sin perjuicio de que no se haya condenado a la entrega de un nuevo certificado sino del desglose del obrante a fs. 51//52, considero que se encuentran reunidos los presupuestos de viabilidad de dicha sanción, por lo que pro-pongo su confirmación.

Igual solución propiciaré respecto del cuestio-namiento efectuado por la parte atora en orden al rechazo de la sanción solicitada con fundamento en lo dispuesto en los arts. 275 CPCCN y 9 de la ley 25.013.

En primer término, porque la condena incluye la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323 y, en reiteradas oportunidades he sostenido que la aplicación acumulada de ambas disposiciones legales violaría el principio "non bis in idem" en tanto se estaría propiciando castigar al empleador dos veces por la misma inconducta, lo cual deviene a todas luces irrazonable.

Pero, aún soslayando este aspecto, considero que la presunción impuesta en dicha normativa se encuentra desvirtuada en el sublite, toda vez que la conducta asumida por la empleadora no puede considerarse dilatoria u obs-truccionista sino que, por el contrario, ejerció válidamente su derecho de defensa en juicio frente a la controversia suscitada en torno al encuadramiento del trabajador que, si bien no justifica el no pago de las indemnizaciones -motivo por el cual se la con-denó al pago de la indemnización prevista en el art. 2º de la ley 25.323- tampoco im-plica considerar que hubiese incurrido en una conducta temeraria y maliciosa.

En tal orden de saber, no corresponde -a mi jui-cio- la aplicación de la de la multa prevista en el art. 9 de la ley 25.013 por lo cual cabe confirmar el decisorio recurrido, en cuanto así dispone.

Con referencia a la crítica vertida por la parte ac-tora ante la omisión de fijar astreintes para el caso de que la demandada vencida no hiciere entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la LCT, cabe efectuar al-gunas consideraciones.

La parte actora manifiesta que apela "la cuestión relativa a la entrega de certificación de servicios y remuneraciones que la sentencia ordena.". Ahora bien, en el decisorio atacado se resolvió el desglose del certificado obrante a fs. 51/52 mas no la entrega de un nuevo certificado.

Sin perjuicio de ello, de la queja esgrimida se ex-trae que lo que se cuestiona es que no se ordenara la entrega de un instrumento que dé cuenta del vínculo habido con los parámetros dispuestos en el decisorio de grado, agregando que los aportes y contribuciones deben efectuarse conforme la LCT y no el régimen de la construcción.

En atención a lo expuesto al tratar el agravio ex-hibido por la accionada en relación con la multa prevista por el art. 80 de la LCT, propongo condenar al codemandado Merluccio a entregar al actor, dentro del quinto día de notificada la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O., el certificado de tra-bajo previsto en el art. 80 de la LCT conforme los parámetros determinados en el de-cisorio de grado, que aquí se propone confirmar, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que en función de las circunstancias del caso, decidiere imponer el Juez de primera instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (conf. arts. 37 CPCCN y 666 bis del Cód Civil).

En cuanto a los aportes y contribuciones, cabe aclarar que la obligación se reputará cumplida con la constancia señalada, pues la norma no implica el cumplimiento de las obligaciones previsionales en relación con el trabajador sino la emisión de un certificado en el que conste su cumplimiento o in-cumplimiento.

Sin perjuicio de la modificación propuesta en orden al quantum de la indemnización prevista en el art. 2º de la ley 25.323, no corresponde modificar el monto de condena determinado en grado por cuanto el mismo en su cuantificación ha incluido el monto correcto de la misma, que es el fijado en el pre-sente.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la impo-sición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto pa-ra resolver la apelación, por lo que devienen abstractos los recursos impetrados por la parte actora y el perito contador al respecto.

En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art. 68 del CPCCN, propongo im-poner las costas de ambas instancia a las codemandadas Roque Amabile Merluccio, Argencobra S.A. y Edenor S.A. en forma solidaria, por haber resultado vencidas en lo principal de la contienda.

A tal fin, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo re-sultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandado Roque Amabile Merluccio, codemandada Argencobra S.A. y codemandada Edenor S.A. en el 14%, 11%, 11% y 11%, respectivamente, y los del perito contador en el 6%, a calcularse sobre el monto de condena con intereses.

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandado Roque Amabile Merluccio y codemandada Edenor S.A. propongo que se regulen sus ho-norarios en el 25% para cada una, de las sumas que les corresponda percibir respecti-vamente por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Gra-ciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Revocar parcialmente al sen-tencia de grado y hacer lugar a la demanda incoada contra Argencobra S.A. y Edenor S.A., las que deberán abonar en forma solidaria con el codemandado Roque Amabile Merluccio el monto de condena en el plazo y con los intereses fi-jados en el pronunciamiento de origen, y condenar al codemandado Roque Amabile Merluccio a entregar al actor el certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la LCT conforme lo dispuesto en el considerando respectivo; 2º) Dejar sin efecto la distribución de las costas y las regulaciones de honorarios efectuadas en la anterior instancia; 3°) Imponer las costas de ambas instancias a las demanda-das en forma solidaria; 4º) Regular los honorarios de primera instancia de la re-presentación y patrocinio letrado de las partes actora, demandado Roque Ama-bile Merluccio, codemandada Argencobra S.A. y codemandada Edenor S.A. en el catorce por ciento (14%), once por ciento (11%), once por ciento (11%) y once por ciento (11%), respectivamente, y los del perito contador en el seis por ciento (6%), a calcularse sobre el monto de condena con intereses; 5º) Fijar los honora-rios de Alzada de las partes actora, demandado Roque Amabile Merluccio y co-demandada Edenor S.A. en el veinticinco por ciento (25%) para cada una, de las sumas que les corresponda percibir respectivamente por la totalidad de lo ac-tuado en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-	Miguel Ángel Maza	Graciela A. González	Juez de cámara	Juez de cámara