marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedad conyugal, cargas de la sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO RIVADAVIA c/ MEDINA, Angélica s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-24

El principio de la irresponsabilidad de uno de los cónyuges respecto de las obligaciones contraídas por el otro con terceros, sentado por el art. 5 de la ley 11.357, tiene una excepción que es la prevista por el art. 6 del mismo cuerpo legal. En él se responsabiliza al cónyuge que no contrajo la obligación cuando ésta ha sido para atender las necesidades del hogar, la educación de los hijos o la conservación de los bienes comunes. Pero, cabe advertir que sólo responderá con los frutos de sus bienes, que se equiparan a los frutos civiles del trabajo.
Obligaciones, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L.O.U.I.S.A. c/ VILLALBA HNOS Y OTRO s/ ORDINARIO-COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1989-05-30

Al deudor le bastaría alegar simplemente el pago para que la posesión del documento representativo del crédito se transforme en un recibo de pago (Colmo, Galli, Borda, Llerena, Machado, Trigo Represas). "Esta comprensión se apoya en la letra de la ley (arg.

art. 877: "no alegare") e invoca la práctica de los negocios según la cual el deudor que paga no exige recibos sino que se contenta con recuperar el comprobante de la deuda". Basta con que el deudor alegue (sin necesidad de aportar prueba alguna) que pagó, incumbirá al acreedor desvirtuarlo probando que ha habido remisión y no pago.
Prueba testimonial, notificación, debido proceso, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EL CHUMILLERO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN - BENEFICIO  DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-08

Si las audiencias testimoniales fijadas en el Beneficio de Litigar sin Gastos se realizan sin la presencia de la demandada por falta de notificación, se infiere que el acto efectuado en las condiciones apuntadas violada el derecho constitucional de defensa en juicio, ante la imposibilidad de control de la prueba producida, como específicamente lo establece el art. 80 del C. P. C. y C, en el marco del Beneficio de Litigar sin gastos, que impone la carga procesal de anoticiar a la contraparte de la prueba ofrecida, quien podrá fiscalizarla.
Sentencia condenatoria, robo simple, delincuencia juvenil, declaración de inconstitucionalidad, juicio abreviado
Materia: PENAL
Carátula: S., A. G. c/  s/ Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-12

Toda vez que los términos en que viene planteada la cuestión exigen, de modo ineludible, el examen y consideración de la lógica jurídica que informa al marco legal en función del cual fue dictada la condena de un menor tras ser declarado responsable del delito de robo simple, reiterado en tres oportunidades, en calidad de autor que la defensa cuestiona por arbitraria, esto es, el procedimiento establecido en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, conforme ley 24.825, corresponde declarar la inconstitucionalidad de tales disposiciones toda vez que lo allí establecido quebranta lo dispuesto en los artículos 1, 18 y 118 de la Constitución Nacional y en consecuencia, declarar la nulidad de todos los actos procesales celebrados como consecuencia de la normativa declarada ilegítima, en particular la propuesta de juicio abreviado y la sentencia de condena (voto del juez Magariños). Con cita de los precedentes "Osorio Sosa, Apolonio", del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 23, resuelta el 23 de diciembre de 1997 y "Barragán", CNCCC 48.341/2013/TO2/CNC1, Sala de Turno, Reg. nro. 157/2015, resuelta el 15 de junio de 2015 -voto del juez Magariños-
Concursos, privilegios (comercial), crédito laboral, convertibilidad, actualización monetaria, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO ODDONE  S.A. s/ QUIEBRA   S/  INC.  DE  VERIF.  DE  CREDITO  POR  TABOADA,  MARIA  S.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-17

La naturaleza alimentaria de los créditos laborales reclamados no obsta a la aplicación de la ley 23928, respecto a la indexación por cuanto ella se funda en principios que trascienden del mero interés particular y no formula distinción sobre el punto, máxime cuando la constitucionalidad de la norma no ha sido objetada; no correspondiendo tampoco la aplicación de intereses a partir del 1/4/91 en razón de que su devengamiento con posterioridad al decreto de quiebra se encuentra vedado por la literalidad de la LC 133.
Prueba pericial, confesión extrajudicial, valor probatorio, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: PELLEGRINO, VICTORIO c/ DANUBIO SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-11-16

Lo expresado en su informe por el perito médico como dicho por el trabajador, y no objetado por este, sobre un hecho discutido, constituye una presunción cierta de la verdad de esa confesión.
Seguro de responsabilidad civil, recurso de apelación (procesal), asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vera, Juan José y otro c/ Grasso, Carlos Ernesto s/ Daños y perjuicios Orellana, Nancy Gabriela c/ Sbaiz, Bruno César s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05|2001-11-28

Las aseguradoras se encuentran legitimadas para recurrir autónomamente.
Falta de legitimación para obrar, Superintendencia de Servicios de Salud, aportes y contribuciones previsionales, recaudación previsional, dictamen fiscal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "SUPERINTENDENCIA  DE  SERVICIOS DE SALUD c/ Obra Social Personalde  Dirección  de  Perfumería  E.  W.  Hope" s/ Cobro de aportes ycontribuciones".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-09

El órgano competente para fiscalizar, recaudar y perseguir el cobro de las cotizaciones correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución, resulta ser exclusivamente la A.F.I.P. - D.G.I., por imperio del Dec. 507/93 (ratificado por ley 24.447) y Dec.

295/95 (art. 4), organismo que se encarga de transferir los fondos correspondientes recaudados, lo cual se observa de manera uniforme en toda la legislación que rige la materia (así, el Dec. 446/00, establece la ampliación y el ejercicio del derecho de opción que poseen los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, y la transferencia de los aportes -en su totalidad- a la entidad elegida la realizará la A.F.I.P. -art. 5 del Dec. 446/00-, reconociendo además que es la A.F.I.P. quien recauda, percibe los aportes y contribuciones de los beneficiarios, ese criterio se mantiene en los Decs. 1867/02 y 741/03). Ello demuestra la voluntad legislativa de concentrar en un solo organismo -A.F.I.P. - D.G.I.- las funciones correspondientes a la recaudación, percepción y fiscalización de la totalidad de los tributos que integran el Régimen Nacional de la Seguridad Social; circunstancia que también se observa en el Dec. 1401/01, "Régimen especial de seguridad social para pequeños contribuyentes eventuales", y en la ley 25.239, Título XVII -modificatoria del Anexo de la ley 24.977- "Régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo)", y en la mismísima ley 25.239, Título XVIII, "Régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico". Esas funciones por parte de los órganos del Estado, solamente pueden ser realizadas si poseen competencia para ello, pues la misma es uno de los elementos esenciales de los actos que realiza la administración (art. 7, ley 19.549), y la ausencia de ese elemento en el actuar administrativo lo tornan en inválido. En consecuencia, corresponde confirmar la decisión del "a quo" que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa de la Superintendencia de Servicios de Salud para accionar persiguiendo el cobro de aportes, contribuciones, recargos, intereses, actualizaciones y multas. (Del dictamen Fiscal al que adhiere el Dr. Laclau, en minoría).
Estado de necesidad, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: CARROZO, PABLO ANTONIO s/ HURTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-20

"El estado de necesidad como causa de justificación sólo puede admitirse en presencia de un peligro concreto, actual e inminente, para el que no haya otro medio de conjurarlo que lesionando el derecho ajeno ( Cám. Nac. Crim. y Correc. Sala VI 15/12/81 SJP. T° 8 Pág. 212 ) requisito este último que algún autor ( Creus "Derecho Penal - Parte General" Pág. 325 2° Edit. Astrea Bs. As. 1990 ) identifica con la "racionalidad" del acto que pretende como salvador, es decir como la relación que debe existir entre uno y otro bien, el salvado, o que se pretende salvar, y el violado ( Criterio este adoptado por esta Cámara en su composición anterior, en las causas N° 3.227 y 3.357"
Divorcio contradictorio, desistimiento de la acción, divorcio del 67 bis, convenio de divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: R.N.A. c/ W.D.A. s/ NULIDAD DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-30

Si el divorcio entre las partes comenzó como controvertido, iniciado por la cónyuge y la conciliación ante el juzgado la llevó a desistir de ese procedimiento y acogerse al que presta el art. 67 bis de la ley 2393, si allí mismo, puestas de acuerdo las partes, judicialmente formularon el acuerdo de voluntades que luego parcialmente el marido ataca por lesivo dicha conversión y el pacto general celebrado es presunción muy fuerte de que en realidad no pudo haber explotación de la necesidad, debiendo considerarse que, por una parte, los cónyuges eran en ese momento patrocinados por letrados de cada uno, y por otra, que se hizo con intervención activa del juzgado. La actuación del juez del divorcio, obligadamente personal, es el principal elemento que destruye por sí la presunción legal del art. 954 del Código Civil. Cabe inducir que el esposo no estaba presionado ni en estado de inferioridad, pues eso no lo habrían admitido su letrado defensor, ni el señor juez actuante, y si ninguna prueba aportó para apuntalar su demanda de nulidad parcial del acuerdo, ésta debe ser rechazada.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, ampliación de la ejecución, pagaré, vencimiento del pagaré
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Maiolino, Susana Beatriz c/ Arcolino, Marcelo Jorge s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-29

Si bien es cierto que las características de abstracción y completividad de los títulos hace que en la ejecución de un pagaré no resulte -en principio- viable la aplicación del procedimiento establecido en el CPR 541, ello habida cuenta la imposibilidad de establecer que los distintos documentos corresponden a cuotas o vencimientos de una misma obligación; sin embargo, concurren en el caso circunstancias que ameritan una solución particular. Véase que, independientemente de que la actora acompañó al promover la ejecución el reconocimiento de deuda del cual surge el libramiento simultáneo de otros 24 pagarés, los títulos tienen, además, la misma fecha de creación y la actora hizo expresa reserva de ampliar la pretensión una vez producido su vencimiento; todo lo cual permite tener por configurado el supuesto previsto en la norma citada, pero sólo en relación a uno de ellos. Es que, los títulos restantes vencieron en fecha anterior a la sentencia dictada.
Robo simple, consumación del delito, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: PALMA MALDONADO s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-10

La sustracción de una cartera, en ocasión en que la víctima pretendía ascender a un colectivo, arrojando el objeto en la vía pública al ser perseguido, constituye el delito de robo, hecho que quedó consumado, al haber dispuesto, aunque por breve lapso del producto sceleris, ya que lo arrojó sin que nadie lo encontrara.
Accidente de tránsito, culpa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TOLOZA, REYNA C. c/ MARCELO A. ROBRES Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-03-13

La culpa de la persona que dirige un automotor entraña un grave riesgo para la seguridad y bienes de los demás, como lo demuestran elocuentemente los estadistas; la culpa del peatón, en cambio -por lo general- no perjudica más que a sí mismo.
Administración Pública, firma, sumario administrativo, trámites judiciales, exceso ritual manifiesto, recurso contencioso administrativo, prueba, verdad formal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREYRA, JORGE HECTOR c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N° 614-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-06

La negativa de la Administración a proveer los escritos presentados por el agente (uno por cuanto faltaba la firma del interesado y el otro -ya con firma- por cuanto se le había dado por decaído el derecho para ejercer su defensa) comporta un exceso ritual que resulta censurable, tanto más si se repara en que la Administración no había dispuesto ninguna diligencia y que, el descubrimiento de la verdad real y la necesidad de una investigación integral, en tales condiciones de orfandad instructoria, exigían, cuando menos, oír al agente. Sobre todo, si en verdad, la Administración pudo señalar al interesado el defecto que contenía la presentación, para que el mismo fuese subsanado (artículos 21, 33 y 35 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable, artículo 74 bis de la ley 2756, texto según ley 7334).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), responsabilidad del Estado, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BRACAMONTE, MARCELO RENE c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-10

Con lo meramente argumentado acerca de la retención por parte de la Provincia de los deberes de control y fiscalización sobre los entes creados por ley 6312 (SAMCO) y del carácter objetivo del factor de atribución de responsabilidad estatal por falta de servicio -sumado al insuficiente detalle del memorial recursivo en torno a los antecedentes relevantes de la causa relacionados con la cuestión constitucional trazada-, el compareciente no consigue persuadir mínimamente que los Jueces de la causa, al descartar que en autos se hubiesen acreditado incumplimientos estatales concretos, se hayan desmarcado de los términos en que había sido propuesta la litis ni de la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la responsabilidad estatal asentada en el artículo 1112 del Código Civil. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1112; Ley provincial 6312
Accidente de tránsito, cosa riesgosa, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: TALLERES METALURGICOS HANNE S.A. c/ BUSTOS, Pedro Ignacio; ORTEGA, Adolfo s/ EMBARGO PREVENTIVO - SUMARIO: Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-07-12

Tratándose de la colisión de dos automotores, la concurrencia de dos comportamientos riesgosos no neutraliza la imputabilidad a ese título, ni autoriza la aplicación del principio de responsabilidad subjetiva de la culpa; sino que se trata de medir cual es el porcentaje de riesgo con el que ha contribuido cada una de las partes en la producción del daño. Indudablemente, para ello será necesario penetrar en la teoría de la culpa, sobre todo si se tiene en cuenta el hecho indiscutible de que las cosas son más o menos riesgosas, de tal modo que la conducta humana viene a tener un papel preponderante en la determinación de la responsabilidad que corresponde asignar a cada uno.
Honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: TOSCANA, Miguel Melchor c/ MEDICUS SA s/ SUMARÍSIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-19

1- A fin de practicar lega y correctamente una regulación de honorarios los intereses deben integrarse a la base regulatoria, pues esta debe guardar una proporción necesaria con los valores en juego. Darle otra inteligencia importaría no atenerse a la realidad económica del litigio ni justipreciar debidamente las actividades profesionales cumplimentadas, no constituyendo los réditos una contingencia ajena a ellas. 2- El carácter de accesoriedad de los intereses en relación al capital no es óbice para que no se incluyan en la base regulatoria de los honorarios, ya que el hecho de ser accesorios no implica su cómputo "automático" sin intervención de quien presta la asistencia profesional letrada.
Responsabilidad del Estado, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kovalskys, Silvio y otra c/ Municipalidad de San Isidro. s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-29

De la omisión ilegítima de la Administración (inactividad formal) no se deriva indefectiblemente la configuración de un supuesto en el que la Administración deba responder por los daños originados en aquella, pues para ello ha de verificarse la observancia de la totalidad de los presupuestos concernientes a la responsabilidad estatal de esa índole.(doctor Pettigiani, mayoría). El silencio o retardación de la Administración pública constituye un instituto que tiene cabida ante la falta de pronunciamiento expreso (o inactividad formal) de la autoridad obligada a pronunciarse en un procedimiento administrativo. Frente a tal circunstancia, cumplidos los presupuestos que le son aplicables, la norma legal sustituye a la voluntad administrativa inexpresada, asignándole un determinado y concreto significado.(del voto del doctor Pettigiani
Recurso de casación, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: SEREN EDUARDO OSVALDO c/ RODRIGUEZ SILVIA Y OTRAS s/ s.d. DE ABUSO DESHONESTO, VIOLACION, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-12-07

El tribunal de casación no puede declarar nula el acta-debate, cuando no se impugna como falsa, sino que se ataca como nulo el acto irregular que documenta. Por lo que corresponde, no hacer lugar al pedido de nulidad interpuesto.
Prórroga de la competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Instituto Obra Social del Ejército c/ Provincia de Santa Fe s/ contencioso administrativo - varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-23

Es válida la prórroga de la competencia originaria de la Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional a favor de tribunales inferiores de la Nación cuando aquella jurisdicción nace rationae personae ya que ella constituye una prerrogativa de carácter personal que, como tal puede ser renunciada expresa o tácitamente (Fallos: 315:2157; 321:2170; 330:4893; 332:1430). (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Contrato de trabajo, programa de participación accionaria, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, daños y perjuicios, pérdida de la chance, lucro cesante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mendoza   Isaac   y  otros c/ Y.P.F.  Yacimientos  PetrolíferosFiscales S.A. y otro s/ Part. Accionariado Obrero.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-26

Para determinar económicamente el resarcimiento de los trabajadores que al momento de la privatización de YPF se hallaban prestando servicios por la falta de implementación del programa de participación accionaria, por medio de una indemnización por daños y perjuicios, el perito contador deberá proyectar el porcentaje que representa la pérdida de chance respecto del valor que correspondía a la cotización de los títulos a esa época, sobre el valor de la acción al momento de practicarse la liquidación y luego multiplicar la suma obtenida por la cantidad de acciones que le corresponda a cada uno de los coactores, siendo la suma obtenida la indemnización a la que resulta acreedor cada uno de ellos. En cuanto a los intereses, la fijación de la reparación pecuniaria por la "pérdida de chance" derivada de no haberse podido acceder al régimen de participación accionaria, los torna procedentes debiendo así integrar el lucro cesante sufrido por el acreedor que, al no poder disponer del capital, se vio privado de invertirlo.
Enfermedad accidente, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Roma, Hugo N. c/ Servicio Correccional de la Prov. de Bs.As. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17

Para que el principal deba demostrar las eximentes de responsabilidad, previamente el actor debe probar el hecho denunciado y que el daño provino del riesgo o vicio de la cosa.
Prueba testimonial, testigo único
Materia: PROCESAL
Carátula: VIVARES, JORGE LUIS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

Aunque sea admisible formar convicción sobre la base de un solo testimonio, la declaración debe ser apreciada con todo rigor y desechada cuando se contradice con otras constancias o cuando dicha condición se enlaza con otras circunstancias que objetivamente le restan vigor. Si a las contradicciones de detalles señalado el hecho de tratarse de un dependiente de la demandada, lo que si bien tampoco sería por sí solo suficiente para descalificar al testigo adquiere relieve la sospecha al anudarse con aquella condición de único.-
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: PENAL
Carátula: COLETTA, H.J  -  FERREYRA, V.S. s/ LESIONES CULPOSAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-02-06

Las reglas de tránsito, conceden prioridad de paso a quien viene transitando por la derecha, pero esto no es de aplicación rigurosa sino que cede cuando por las particularidades de la encrucijada se deben adoptar especiales providencias de atención y cuidado, incluyendo la mayor advertencia en favor del tránsito por la ruta o la carretera, véase apartado d) del art. 49 y en especial el art. 67, todos de la ley de tránsito n°13.893.-
Prescripción, orden público, multa, bancos, banco central, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: "BCRA  RESOL  354/97 c/ García  Montalban Santiago s/ Ejecución Fiscal".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-08

Acreditada la naturaleza penal de la sanción de multa cuya ejecución se persigue, corresponde que en autos se dicte pronunciamiento acerca de la prescripción, debido al carácter de orden público que, en materia penal, ésta reviste, pues se produce de pleno derecho y por el mero transcurso del plazo pertinente (Fallos 304:1395, 305:2089 y 324:2778) por lo que puede ser declarada por el juez aún de oficio en cualquier estado del proceso (Sala II del fuero "Cruzeiro Do Sul S.A. y otro (T.F. 4287-A) c/ A.N.A., 6/10/98; y esta Sala "Pastorino, Carlos María c/A.N.A s/ Habeas Data, 20/10/99; "Banco Central de la Rep. Arg. c/ Ponieman, Alejandro, 6/9/01), aun en la etapa de ejecución (Del voto del juez Galli).
Ius variandi, cambio de lugar de trabajo, opción del trabajador, despido indirecto, gastos de traslado
Materia: LABORAL
Carátula: VERON, NELIDA Y OTRO c/ CLINICA DEL SOL SAN TIMOTEO SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-01

Ante el traslado del establecimiento, decidido por la demandada, los trabajadores pueden negociar con el empleador los mayores gastos o considerarse despedidos si el cambio ha sido unilateral, pero carecen de derecho a exigir tareas en el anterior lugar.Pretender lo contrario no luce adecuado a la realidad y no condice con la facultad del empleador de ubicar el lugar de trabajo de acuerdo a su voluntad, aunque sujeto a posibles demandas por despido indirecto.