marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Filiación, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: B.O. c/ P.G. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-14

La admisión de la filiación -o modificación del estado de familia- es el presupuesto necesario para el progreso de la acción por daño moral, pues no es posible jurídicamente que ésta sea receptada sin la previa certeza de aquélla, por cuanto el falso estado de familia es la "génesis" misma del daño moral o material pretendido.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, nulidad de sentencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Sergio Miguel y Otro c/ Llamazares, Angel Agustín s/ Demanda Laboral Tirpak, Hugo Néstor c/ Campos, Luis y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-06|1997-08-08

Cuando la Cámara no se pronuncia en alzada, sino de oficio al ejercer el control de admisibilidad del recurso, concuerdo en que ya no se trata de una arbitrariedad en la revisión de lo actuado por un juez inferior, sino de algo más grave: lisa y llanamente la nulidad del fallo por el vicio de actividad que supone el ejercicio impropio y desviado de su finalidad, de una atribución que le asiste, con resultado de desmedro de garantías constitucionales de los afectados.
Procedimiento administrativo, aplicación de la ley, sanciones conminatorias, Administración Pública, mora
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PIÑEIRO DE SUAREZ, AMELIA ALICIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

El art. 666 bis del Código Civil faculta a los magistrados a imponer, en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Ello sucede cuando el organismo administrativo cumplió con el compromiso asumido en una audiencia conciliatoria ante la juzgadora y su contraparte, pero lo hizo tardíamente -incurriendo en mora- lo que justifica una sanción.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, asignación de funciones, Poder Ejecutivo Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARTINEZ, ANA MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE: C.S.J. NRO. 293 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-06

No puede prosperar lo alegado por la actora en el sentido de que con el dictado del decreto 3279/94 desaparecieron todas las restricciones que existían para hacer lugar a su pretensión, desde que si bien dicho decreto dispuso dejar sin efecto el artículo 1 in fine del decreto 3924/87, suprimir los párrafos segundo in fine y tercero del artículo 18 del decreto 877/90 y derogar el decreto 3959/92; el mismo se integró con una serie de instrucciones sobre su aplicación, de las cuales el punto 1 expresa: "El reconocimiento de la asignación de funciones mayores y del beneficio remuneratorio que ellas conllevan se hará por resolución dictada por el titular de la jurisdicción conforme dictamen 1825/94 de Fiscalía de Estado" y en tal aspecto, esta Corte tiene dicho que "...tal decisión refleja por vía reglamentaria la atribución del Poder Ejecutivo, conferida constitucionalmente por el artículo 72, inciso 6 de la Constitución provincial, de designar y remover empleados la cual incluye, obviamente la de asignar funciones, único modo de garantizar la mejor prestación del servicio y su funcionamiento organizado. Lo contrario permitiría a cualquier funcionario arrogarse facultades qu e no le son propias e imponerle luego a la Provincia las consecuencias de su acto, desplazando esa atribución constitucional del Poder Ejecutivo".Y en el caso bajo examen, se observa que la asignación de funciones fue efectuada por quien no tenía competencia para ello, sin que se hubiera dictado resolución alguna por el Ministro del área -titular de la jurisdicción, que apruebe la asignación de funciones efectuada en favor de la agente, razón por la cual corresponde desestimar el planteo.
Constitución Provincial, régimen penitenciario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MAC LEOD, Sandra Noemí s/ Solicitud de rebaja de pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-12-17

Debemos decirlo con todas las letras: el Estado puede o no construir rutas, puertos, aeropuertos, constituir empresas, etc., pero debe - inexorablemente, porque la Constitución así lo ordena - contar con un sistema carcelario adecuado a las pautas constitucionales y de los convenios internacionales constitucionalizados.
Juicio de desalojo, intimación previa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Antonio c/ Villate, Mirta R. y/u otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-13

A los fines del art. 5 de la ley 23091, es irrelevante el otorgamiento de un plazo de 5 días solamente, si la acción se promueve, como en el caso casi dos meses después de la recepción de la intimación respectiva.-
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, admisibilidad del recurso, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Mazzanti S.A. -Soley, Ramón Esteban e Instituto Provincial del Seguro Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-02-27

La simple referencia formulada - "el monto mínimo requerido por el art. 295 del C.P.C.C. , es ampliamente superado en el caso de autos sic - , no resulta suficiente para satisfacer la carga procesal del quejoso de demostrar acabadamente la concurrencia del tal extremo. Máxime que, como lo señala la doctrina en forma pacífica y uniforme y lo sostuvo reiteradamente este Superior Tribunal, cuando se habla del "monto del litigio" se está haciendo referencia al "monto del agravio", es decir, la diferencia entre lo que se rechaza y lo que se pretende. Reiteradamente se ha resuelto que no es función de este Alto Cuerpo suplir las omisiones de los recurrentes investigando y tratando de desentrañar si en definitiva se observó o no el monto mínimo exigido por la ley, ya que la demostración del cumplimiento de tal recaudo procesal es tarea propia e inexcusable del interesado y debe surgir del propio memorial en forma clara y categórica (conf. Resols. Nros. 310/88; 179/89; 158/90; 149/91;

285/93; entre otras).
Competencia contencioso administrativa, tribunal colegiado
Materia: Administrativo
Carátula: Nozijkoswki, Adán s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-12-10

El planteo en autos se circunscribe a lo establecido en el art. 70 de la Ley Nacional Nro. 13273, a la que adhiere nuestra Provincia mediante la Ley Nro. 124 en el art. 3ro. que dispone la apelación de las resoluciones emanadas de la autoridad forestal ante el Juez competente; esta norma efectúa una remisión a nuestra ley 37 que determina la competencia, atribuyéndola al Superior Tribunal de Justicia en las causas o recursos contencioso-administrativos.
Pago, depósito judicial, notificación al acreedor
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA, JULIO E. c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

El requisito del consentimiento del auto que ordena la extracción de fondos impuesta en el art. 3 de la ley 9699 no es un presupuesto que deba operar necesariamente con anterioridad de su dictado. Si en el acto de comunicar el depósito el obligado manifiesta expresamente que da en pago la suma depositada y consiente expresamente su extracción el auto que así lo dispone puede ser inmediatamente ejecutado en tanto la suma en cuestión se encuentra librada a disposición del acreedor.
Empresas de servicios eventuales, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: BRITO, ADOLFO ALBERTO c/ IÑIGUEZ ORTIZ DE REPETTO, MARIA Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-27

Cuando el trabajador presta servicios que en sí mismos no son eventuales, sino permanentes, la relación cae bajo el principio del artículo 29 Ley de Contrato de Trabajo estableciéndose una relación directa y permanente con el empresario que utiliza sus servicios, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del intermediario (conforme Justo López, en Ley de Contrato de Trabajo Comentada, de López Centeno y Fernández Madrid, Tomo I, página 253/4).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad indirecta, fuga del enfermo, dementes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: KLEIN, ANSGAR c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-17

Cuando se repara que se trata de un "sujeto peligroso, (en el caso se trataba de un sujeto que padecía de esquizofrenia paranoide), no tanto para sí como para los otros internados, máxime cuando siguiendo el impulso de fugarse puede resultar peligroso para el desprevenido ciudadano del ambiente exterior o de quien se le oponga en ese acto" no es dudoso que cabe declarar la responsabilidad refleja de la persona que tenía al enfermo bajo su cuidado (conf. arts. 908, 1109, 1112, 1113 y concordantes del Código Civil). Conclusión que, en el caso, resulta todavía predicable con mayor fundamento, en tanto la personalidad del insano imponía las máximas precauciones conducentes a impedir su fuga. El enfermo se hallaba internado en la Colonia Nacional de Rehabilitación Mental de Diamante dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, de la que se fugó, provisionándose de un rodado volcándolo sobre el alambre divisorio de un campo con los daños consiguientes.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Edificio Avda. 1 Nº 4569 de Villa Gesell c/ Acosta, Nélida Teresa s/ ejecucion de expensas Consorcio de Propietarios Edificio Atlántico III c/ Lavenia, José Antonio s/ Ejecución de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-01|1998-09-23

En la ejecución de expensas comunes, en razón de la particular naturaleza del crédito reclamado, el examen del título no debe ser extremadamente riguroso.
Indemnización, daño material, gastos de sepelio, homicidio culposo, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL PENAL - CIVIL
Carátula: ANDRADA ARMANDO RUBEN s/ INDEMNIZACION - HOMICIDIO CULPOSO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-03-30

El art. 1084 del C. Civil establece que si el delito fuere de homicidio, el autor tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del muerto y su funeral. Este tipo de gastos se presumen realizados, aún cuando no hubieren acreditado fehacientemente.
Falsificación de documentos, tentativa inidónea, falsificación de instrumento público
Materia: PENAL
Carátula: Colabello, Carlos A. y otra s/ Falsf.de doc. público. Causa 25554
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-21

Resulta importante poner de resalto la diferencia entre la tentativa inidónea y la atipicidad. En el primer supuesto el medio empleado por el autor son notoriamente incapaces para lograr el resultado típico, en el segundo elimina un elemento del tipo.
Acción revocatoria, fraude
Materia: CIVIL
Carátula: Geiringer, Enrique Leopoldo c/ Fainbrum, Edmundo Damián s/ Simulación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Si el deudor sólo quiso mejorar su posición o beneficiar a un tercero, haciéndolo en detrimento de otros, el conocimiento de la obligación de conocer la impotencia, la insolvencia patrimonial que provocó su acto, perjudicando al acreedor legitimado, lo calificarán de fraudulento, independientemente del aspecto subjetivo y la ley no parece distinguir entre los actos que han sido otorgados en perjuicio o en fraude de los acreedores.
Daño moral, legitimación activa
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Estevarena, Auroroa y otro c/ Abraham, Elena Gabriela s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-21

Respecto de la procedencia del reclamo por daño moral hecho por un pariente que no es heredero forzoso y con fundamento en la muerte del causante, luego de la reforma introducida por la ley 17.711 al art. 1078 del Código Civil, al limitar a los herederos forzosos la legitimación para incoar la acción pertinente en las hipótesis de fallecimiento de la víctima, no deja margen a una interpretación que extienda a otras personas la posibilidad de obtener una indemnización por el concepto indicado. Ello es así por cuanto - más allá de la injusticia que pueda representar la solución legal en algunos casos particulares - la claridad del texto impide hacerlo, marcándose una notoria diferencia entre el daño material y el moral, puesto que en el primero se admite el derecho resarcitorio de los damnificados indirectos, no así en el segundo que sólo compete al damnificado directo con la única excepción del caso de homicidio, supuesto en el cual lo poseen también los herederos forzosos.
Compraventa inmobiliaria, precio, pago
Materia: CIVIL
Carátula: SARETZKY DE ROSENVASER, AMALIA c/ ALVIMAR  S.R.L. s/ RESTITUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

Si hubo reiteración de expresiones de voluntad claras y concluyentes respecto de la forma de liquidar el precio del inmueble adquirido, por los accionantes mediante la construcción al costo no puede pretenderse la restitución de parte de lo pagado si se ajusta a las previsiones contractuales, si no se ha invocado ni probado que mediara vicio alguno de la voluntad de la compradora al otorgarse los sucesivos actos que concluyeron con la tradición del inmueble, por lo que no se trata de un pago por error, ni de un pago sin causa, puesto que lo abonado es consecuencia de lo libremente convenido entre las partes y por tratarse de la consecuencia de un acto jurídico no cuestionado tampoco puede hablarse de enriquecimiento sin causa de la vendedora, porque falta el beneficio injustificado.
Ley laboral, derechos y garantías constitucionales, interpretación sistemática
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, ROBERTO ADAN c/ MAYA, ANTONIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-09

Si bien el artículo 30 de la L.C.T. es de aplicación a casos de solidaridad laboral en los cuales no se requiere la existencia de fraude, en los que la actividad lícita genera responsabilidad, como así también que el fin perseguido es la tutela de los derechos del trabajador, ello es así, siempre y cuando el supuesto de hecho caiga dentro de la previsión legal, dado que no corresponde ampliar ilimitadamente los alcances de la norma, de manera tal de afectar sin justificación debida otros derechos también garantizados constitucionalmente, porque sin lugar a dudas la protección del trabajador debe ser armonizada con otros bienes, valores y principios, como la propiedad, la seguridad jurídica y libertad de ejercer una industria lícita.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Fundación Centro Latinoamericano de Derechos Humanos  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en fundación centro latinoamericano de derechos humanos sobre incidente de queja por apelación denegada - otras demandas contra autoridad administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

Corresponde rechazar la queja por privación, denegación o retardo de justicia toda vez que la presentación no encuadra en los supuestos que prevé el art. 113, inc. 4 de la CCBA, al no reunir los requisitos de admisibilidad que exige el art. 36 de la ley n° 402. En el caso, el actor denunció el retardo o la denegación de justicia con fundamento en que el juez no se había pronunciado sobre su pedido, aduciendo que así se afectaba su derecho de defensa. Sin embargo, el juez interviniente informó que había proveído la solicitud difiriendo el tratamiento de las pretensiones del actor para el momento del dictado de la sentencia definitiva y que dicha decisión no había sido objetada. Tal circunstancia inhabilita la competencia del Tribunal en la vía elegida pues no se aportaron justificadas razones que impidan, por inexistencia o ineficacia, acudir a otra vía procesal, conforme lo exige el art. 36, inc. c) de la ley n° 402. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi, y Marcela De Langhe).
Contratos de adhesión, revisión judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Parras, Oscar A. c/ Viviendas LOS ANGELES s/Nulidad de contrato s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

El control judicial sobre condiciones negociales abusivas ("contrato de adhesión") puede, en casos, limitarse a pronunciar la ineficacia parcial de una o más cláusulas dentro de la idea de conservación del contrato del art. 218 inc. 3º, Cód. de Comercio.
Defensa de la competencia, turismo, locación de cosas
Materia: COMERCIAL
Carátula: COLEGIO   DE  MARTILLEROS  Y  CORREDORES  PUBLICOS  DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MAR DEL PLATA. s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO-  COLEGIO  DE MARTILLEROS Y  CORREDORES PUBLICOS- TURISMO- LOCACION DE COSAS-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-31

Corresponde revocar la sentencia que confirmó la multa impuesta por infracción a la ley 22.262 al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata, en virtud del informe elevado por el Colegio apelante a la Secretaría de Turismo de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, relativo a los precios "tentativos" de las locaciones por temporada, en la Ciudad de Mar del Plata y para el período de verano de 1982-1983. Ello es así, pues la labor cumplida por el Colegio fue de colaboración con el municipio -de acuerdo con la ley 7021 de la Provincia de Buenos Aires- para la promoción del turismo en la zona y tuvo un carácter meramente indicativo de los posibles precios a ofrecerse en la temporada por los alquileres en esa zona balnearia, por lo que la acción reprochada se encuentra comprendida en el art. 5to. de la mencionada ley, que excluye de su ámbito a las conductas convalidadas por el Estado.
Plan de parentalidad, abuelos, interés superior del niño, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, derecho a la identidad
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: S.M.B. c/ A.C.  s/ régimen de comunicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2024-02-14

Corresponde rechazar la petición formulada por la actora -que se establezca un régimen de comunicación con su nieta-, pues si bien los niños tienen el derecho a una plena vida familiar y es así que el art. 8.1 de la CDN refiere el compromiso de los Estados parte en respetar el derecho del niño a preservar su identidad incluyendo "las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas", tal contacto incide en el pleno goce de otro derecho reconocido por dicha Convención -y otras Convenciones Internacionales-: el derecho a la identidad, sin embargo ha de acontecer siempre y cuando no existan circunstancias que desaconsejen o tornen perjudicial el bienestar de la menor. En el caso, vale señalar que al ser oída, la niña ha sido clara al manifestar su negativa a mantener contacto con su abuela, máxime que resulta ser víctima de las conductas desplegadas por la accionante vulnerando gravemente su derecho a la intimidad mediante su actividad en redes sociales, dando notas periodísticas, etc., todo lo cual evidencia un fuerte desprecio en priorizar el interés superior de su nieta. En consecuencia, al no encontrarse reunidas las condiciones para que el contacto entre la actora y la niña garanticen y preserven la integridad psíquica de ella, y conforme lo dictaminado por la Sra. Defensora de Menores, es que se rechaza la acción.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, lugar del hecho, aborto
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Salto, María Antonia. s/ AVERIGUACION DE ABORTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-01

Es competente para conocer en el delito de aborto el juez del lugar donde al practicarse las maniobras abortivas se produjo la muerte del feto, y no el juez de la jurisdicción donde se extrajeron sus restos con la finalidad primordial de preservar la salud de la mujer.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, Ministerio de Trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Estevez García, Josefina. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

No se encuentra eximido del depósito previo el Ministerio del Trabajo cuando actúa como consecuencia de sus facultades de fiscalización.
Sociedades comerciales, sociedad de hecho, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: MACCHI, JOSE LUIS c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-12

La sociedad de hecho es una sociedad irregularmente constituida, donde todos los socios son sus representantes y responsables (cfr.

art. 21, Ley de Sociedades). La doctrina y la jurisprudencia es uniforme al otorgar una amplia posibilidad de medios para probar su existencia en tanto estos sean idóneos y convincentes para ello;

previsión, por otra parte, expresamente consagrada en el art. 25 de la ley referida. En consecuencia, frente al expreso reconocimiento de las partes en el que dan cuenta de la existencia de la sociedad, los demás elementos probatorios que se pretendan hacer valer no son suficientes para desvirtuarlo.
Declaración indagatoria, calificación legal, nulidad procesal, robo simple, apoderamiento, tentativa, consumación del delito
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ROMERO, MARCELA s/ DECLARACION INDAGATORIA    ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

1) La omisión de calificar el hecho durante el acto de la indagatoria (art. 255 C.P.M.P.), no es óbice para su validez cuando de la lectura del acta se desprende que se ha preguntado sobre el hecho concreto que se imputa.

2) La disponibilidad real y no ficta de la cosa sustraida permite dar por realizado en plenitud el delito, debiendo considerarse autor del apoderamiento a quien ejerce un dominio efectivo del bien de manera ilícita ingresado a su patrimonio.

Debe entenderse que se frustró el fin perseguido, cuando el autor es apresado en las inmediaciones del lugar, pocos minutos después de ocurrido el hecho por agentes policiales alertados por la víctima.

El delito debe reputarse tentado si se ha ejercido un señorío efímero sobre la cosa sustraida, debido a la inmediatez de la detención y recupero de la cosa.
Juicio de desalojo, nulidad procesal, contestación de agravios, gestor judicial
Materia: CIVIL
Carátula: GUTIERREZ ROCIO DAIANA c/ CENTENO RAMONA s/ DESALOJO SIN EXISTENCIA DE CONTRATO DE LOCACION (COMODATO, OCUPACION, ETC)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-12

Corresponde decretar la nulidad de la contestación de la expresión de agravios en donde la representación invocada lo fue en carácter de gestora procesal, no siendo ratificada la gestión en tiempo oportuna, por cuanto el plazo otorgado por el art. 48º de la Ley de Procedimiento Civil y Comercial (60 días) es insusceptible de compurgación por consentimiento expreso o tácito de las partes, ya que la automaticidad con que se opera la nulidad de todo lo actuado, indica que dicha nulidad no desaparece aún mediando conformidad de la contraria. Asimismo sobre el particular, se ha sostenido que: "La nulidad contemplada en el art. 48 del Cód. Procesal (Adla, XXVII­C, 2649), se opera de pleno derecho por el mero transcurso del término pertinente y sin necesidad de sustanciación, pudiendo ser declarada de oficio" (CNCom., sala C, octubre 26 ­ 979 ­ Lefevir, S. A. c. Sloane, S. R. L. y otros), LA LEY, 1980­B, 523).