Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-08


--- En la ciudad de Trelew, a los 08 días de septiembre del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Dante Ferrari y Marcelo López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "A. N. R. c/ A. I. E. SRL y/o quien resulte resp. s/ Cob. de hab. e indem. de ley" (Expte. N° 22.912 - Año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y, SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 41.--------------------------------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: ------------------------------------ I. A modo de reseña introductoria estimo conveniente mencionar que el actor, en su carácter de dependiente de la demandada, reclamó el pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena del mes de enero de 2007, los haberes completos de febrero y primera quincena de marzo del mismo año. En su demanda relató que, tras haber intimado extrajudicialmente al pago de dichos créditos remuneratorios con resultado infructuoso, se consideró despedido en forma indirecta, por lo que solicitó asimismo el pago de las indemnizaciones respectivas y de las multas previstas en los arts. 18 y 19 de la Ley 22.250.----------------------------- II. Al contestar el traslado pertinente en el carácter de gestor procesal, el Dr. G. V. afirmó que el vínculo laboral se disolvió el 05/02/2007 y que la empresa oportunamente abonó la segunda quincena de enero de 2007 y la liquidación final, aportando como prueba de ello un recibo y dos vales, en base a lo cual solicitó el rechazo de la demanda incoada.----------------------------------------- ----- III. A fs. 14 vta. el Dr. G. V. acreditó personería mediante copia del poder pertinente (fs. 15/16 vta.) requiriendo se lo tuviera por presentado como letrado apoderado y por ratificada su gestión. Este pedimento fue rechazado a través de la providencia de fs. 17, mediante la cual no se hizo lugar a la ratificación solicitada por extemporánea y se declaró la nulidad de todo lo actuado en el escrito de fs. 9. Por tal motivo se ordenó el desglose de dichas actuaciones, teniéndose por incontestada la demanda y por no ofrecida la prueba a la que hubiere lugar y dándose por decaído el derecho de hacerlo en lo sucesivo.--------------------------------- IV. Tramitado el proceso, a fs. 27/28 vta. se dicta la sentencia definitiva de primera instancia que hace lugar parcialmente a la pretensión deducida, condenando a la empresa demandada a abonar al actor la suma de $ 5.148.- con más sus intereses, con costas a la parte vencida.---------------------------------------------- IV. Los lineamientos del fallo, sintéticamente, son los siguientes: 1) el silencio de la demandada a la intimación cursada por el actor implica el tácito reconocimiento de que la relación laboral se hallaba vigente al momento de efectuarse dicho despacho, por lo que se le adeudaban los haberes correspondientes a la última etapa de las tareas cumplidas; 2) con el recibo de fs. 6 cabe tener por cancelado el reclamo correspondiente a los haberes de la segunda quincena de enero; 3) No puede acordarse validez cancelatoria a los vales de fs. 4/5 atendiendo a las fechas de emisión y a la de la disolución del vínculo, además de que ellos no contienen imputación a ningún concepto; 4) con la remisión del telegrama de fs. 3 debe tenerse por cumplida en debida forma la intimación fehaciente establecida en el art. 18 de la Ley 22.250, por lo que la multa establecida en dicha norma debe prosperar por la suma de $ 1.872.-; 5) corresponde declarar procedente asimismo la indemnización del Art. 19 por un monto de $ 1.638.-; 6) el reclamo debe concederse, en definitiva, por la suma de $ 5.148.- con más el interés que fije el Banco del C. S.A. en sus operaciones de descuento de documentos comerciales, con costas a la demandada vencida.--------- --- V. La parte actora solicita aclaratoria a fs. 33 señalando que se ha acogido parcialmente la defensa de pago de haberes correspondientes a la 2da. quincena de enero 2007 en base al recibo acompañado por la demandada, sin tener en cuenta que a fs. 17 se declaró la nulidad de lo actuado por el gestor, por lo que corresponde corregir el error incurrido. A fs. 34 el a quo no hace lugar a la aclaratoria solicitada por considerar que no se dan los presupuestos previstos en los arts. 36, inc. 3° y 166, inc. 2° del C.P.C.C.---------------------------------------------------- VI. La parte actora interpone recurso de apelación en forma tardía, ordenándose el desglose y devolución del memorial a fs. 35.---------------------------------------------- También apela el fallo la representación letrada de la demandada a tenor de la pieza recursiva obrante a fs. 36/vta. -respondida por la contraparte a fs. 38/vta.-, en base a los siguientes motivos de agravio: 1) en lo referente a la extensión de la relación laboral, era carga de la actora probar la duración alegada, así como que el telegrama de fecha 19/03/2007 llegó a conocimiento de la demandada, y ninguno de dichos extremos ha sido probado; 2) en cuanto a los vales que se adjuntaran como prueba documental y que se imputan a la liquidación final, resulta obvio -afirma- que los conceptos liquidados son los correspondientes a haberes adeudados, fondo de desempleo y aguinaldo proporcional, debiendo efectuarse dicha imputación por parte del tribunal por aplicación de las reglas de del pago establecidas en el Código Civil, pues lo contrario importaría un enriquecimiento sin causa; 3) en relacion a la aplicación de las sanciones contempladas en los arts. 18 y 19 de la Ley 22.250, en función de la prueba documental aportada por la apelante -sostiene- no existían salarios impagos, y por ende las mismas no resultan procedentes.-------------------------------------------------------------------- --------- Por todo ello solicita se revoque la sentencia en todas sus partes, con costas al actor.-------------------------------------------------------------------------- ---------------------- VII. A título preliminar estimo imprescindible poner de resalto que según se desprende del sumario precedente, el a quo basó su decisión en elementos probatorios (prueba documental aportada por la demandada) que en rigor no podían ser válidamente justipreciados, por cuanto ya habían sido excluidos del plexo probatorio con el dictado la resolución firme que dispuso la nulidad de la contestación de la demanda y de las probanzas ofrecidas con ella, ordenándose su oportuno desglose (conf. auto de fs. 17 ya reseñado).------------------------------------ --- Esta falencia, debida a un error evidentemente involuntario del sentenciante, priva de adecuado fundamento al progreso parcial de la defensa de pago opuesta por la ex empleadora. Sin embargo, visto que el interesado no ha apelado el fallo en tiempo oportuno, se presenta en la especie un claro supuesto de consentimiento tácito del actor parcialmente vencido que impide modificar este aspecto del decisorio en perjuicio de la única parte apelante. Ello así por cuanto los principios de congruencia y de la non reformatio in pejus, de base constitucional (conf. arts. 34, inc. 4°, 163, inc. 3° y 4°, 271, C.P.C.C.; art. 18, Const. Nacional; su doctrina - conf. esta Cámara, Exptes. 10468; 10894; 12561; 15870; 19103; 22322; entre muchos otros), determinan que no pueda agravarse la situación obtenida a su favor por la recurrente en la anterior instancia, estándole vedado a esta alzada modificar en consecuencia la suerte del rubro acogido.-------------------------------------------------- VIII. Hecha esta necesaria salvedad, puede apreciarse que los agravios vertidos por la apelante son decididamente inatendibles, dada la situación procesal ya sintetizada. En efecto, la nulidad decretada a fs. 17 determinó que se tuviera por incontestada la demanda, con las consecuencias emergentes de ese statu quo, regulado específicamente por el art. 56 de la ley procesal del fuero N° 69 y supletoriamente por las reglas de los arts. 59, ss. y conc. del C.P.C.C. en lo pertinente (art. 76, Ley N° 69).------------------------------------------------------------------ IX. De tal modo, en la faz probatoria, la primera de las normas citadas (art. 56) establece como principio interpretativo ante la incontestación de la demanda la presunción de certeza de los hechos invocados por el actor, salvo la existencia de prueba en contrario. El principal efecto del silencio del demandado, por tanto, es la consolidación del marco fáctico que informa el caso, en tanto delimita los hechos sobre los que ha de versar el análisis y consideración de las pretensiones deducidas. Ello no significa -me apresuro a aclararlo- prescindir totalmente de las exigencias primordiales en materia probatoria, puesto que el actor deberá en todo caso acreditar básicamente los hechos constitutivos sobre los que procura asentar de su demanda; mas sí reduce drásticamente el ámbito concreto de esa exigencia procedimental.------------------------------------------------------------------ ---------------- --- En este sentido, la jurisprudencia nacional se ha ocupado en señalar que "El tribunal del trabajo no está obligado a acceder por la sola incontestación de la demanda automática o mecánicamente a las pretensiones deducidas, ya que tal incontestación no exime a la parte actora de aportar a la causa los elementos de convicción necesarios que justifiquen la legitimidad del reclamo" (conf. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires o 20/08/1991 o Pueblas, Pedro A. y otro c. Frigorífico Mellino S. A.; id. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala I o 16/03/1988 o Velázquez, Alberto R. c. Paravicini, Juan C. o DJ 1988-2, 605; id. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F o 13/05/1985 o Basterrechea, S. A. c. Conterno, Mario J. o LA LEY 1985-D, 74 - DJ 1986-1, 589; id. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba o 06/06/1985 o Montenegro, América c. Viñedos Argentinos, S.A. o id. Cámara de Apelaciones del Trabajo y Minas de 1a Nominación de Santiago del Estero o 10/03/2006 o Díaz, Juan A. c. Neder, Emilio y/u otros o La Ley On Line; entre muchos otros), concepto dimanado de la regla sentada por el art. 919 del Código Civil, ratificado asimismo por la doctrina más caracterizada (cfr. Devis Echandía, H., Teoría General de la Prueba Judicial", t. I, pág. 642 - Ed. Zavalía, 1970; id. Colombo, C.J., "Código Procesal...", t. III, pág. 296 y ss., con citas de Carnelutti, Furno y Mortara - Ab. Perrot, 1969; entre muchos otros).-------------------- XI. Así las cosas, recordemos que el actor alegó: 1) haber trabajado en relación de dependencia con la demandada bajo el régimen del personal de la construcción (Ley 22.250); 2) que adeudándosele los haberes correspondientes al período comprendido entre la segunda quincena de enero y la primera quincena de marzo de 2007, el 19 de marzo del mismo año cursó una intimación a la empleadora a fin de que se le abonaran los salarios adeudados, y al no recibir respuesta, luego cursó el telegrama colacionado TCL 69359685 considerándose indirectamente despedido e intimando al pago de los diversos rubros emergentes de dicha extinción; 3) que la empresa jamás respondió a dichas comunicaciones, lo que determinó la necesidad de acudir a esta vía judicial (conf. demanda, fs. 3).------------------------------------ ------ XII. Debo anticipar desde ya que, en mi opinión, no existe en autos ninguna prueba útil que contraríe la presunción de verdad de las afirmaciones precedentes (art. 56 ya cit., Ley N° 69).---------------------------------------------------------------------- En primer lugar, la existencia e índole de la relación no sólo no fue cuestionada, sino que además resultó admitida implícitamente en el memorial de la apelante, quien sólo se ha limitado a desconocer la procedencia de los créditos reclamados.----- Luego, tampoco los créditos salariales invocados han recibido probanzas que desvirtúen su cuantía ni su subsistencia, más allá de la errónea imputación parcial efectuada en el fallo respecto de la segunda quincena de enero con base en el recibo desglosado, aspecto que -como se ha dicho- no puede ser modificado en esta instancia, por lo que el agravio fundado en la fuerza probatoria de los vales debe ser completamente desestimado.--------------------------------------------------------- XIII. Me referiré ahora a la argumentación de la apelante referida a la apreciación de la carta documento emitida por el actor y a sus efectos probatorios. En este orden, a la presunción de verdad establecida por la regla procesal laboral (art. 56, Ley N° 69) se le añade la regla interpretativa específica del art. 356, inc. 1° del C.P.C.C. en materia de autenticidad y recepción de documentos, aplicable supletoriamente en este fuero por expresa remisión de los arts. 45 y 76 de la Ley N° 69.----------------------------------------------------------------------------- ------------------ Según dicha norma, el silencio de la demandada conlleva como efecto iure et de iure que deba tenerse a dichas comunicaciones por recibidas, ya que el artículo citado así lo determina en forma categórica al expresar: "En cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso"; por lo que la falta de negación expresa implica que no sea necesario probar la recepción de las cartas y telegramas acompañados por el actor con su demanda (conf. FALCÓN, E.M., "Código Procesal...", t. III, pág. 81 - A. Perrot, 1984 y jurisp. allí citada).------- XIV. En consecuencia, dado que con la pieza postal de fs. 2 (documental reservada en la caja de seguridad que en este acto tengo ante mi vista) se verificó la intimación prevista en el art. 18, 2do. párrafo de la Ley 22.250, sin merecer debida y temporánea respuesta de la patronal, el actor estuvo legitimado para considerarse indirectamente despedido y con derecho a reclamar las indemnizaciones y multas pertinentes (arts. 18, 19 y conc., Ley 22.250 - cfr. Vázquez Vialard, A. A., "Tratado...", t. 6, pág. 80 y ss. - Astrea, 1985), por lo que el fallo se encuentra ajustado a derecho al acordar la sumas acogidas, sin perjuicio de la salvedad ya expresada en el apartado VII.---------------------------------------------- XV. Conclusiones: --------------------------------------------------------------------------- A mérito de todo lo expresado, opino que debe confirmarse el decisorio en todo cuanto ha sido materia de recurso, con costas en la alzada a la demandada apelante (art. 59, Ley N° 69). De compartirse esta solución, propongo regular los honorarios por las actuaciones profesionales cumplidas en esta instancia en términos porcentuales a calcular sobre el monto de la condena debidamente liquidado -atendiendo a su extensión, calidad, eficacia y a los resultados respectivamente obtenidos- como sigue: a) para el Dr. J. G. V., en el 2,8%; b) para el Dr. A. Y., en el 5,3% (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec.Ley 2.200).-------------- Voto entonces a esta cuestión POR LA AFIRMATIVA.--------------------------- --- A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo:--------------------------------------------------------------------------- ---------------------- Que a fs. 3/vta. el actor, invocando su carácter de dependiente de la demandada, reclamó el pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena del mes de enero de 2007, los haberes completos de febrero y la primera quincena de marzo del mismo año. Indicó que luego de haber intimado extrajudicialmente al pago de dichos créditos remuneratorios con resultado infructuoso, se consideró despedido en forma indirecta, por lo que solicitó el pago de las indemnizaciones respectivas y de las multas previstas en los arts. 18 y 19 de la Ley 22.250.---------------------------- --- Que corrido traslado de la demanda, es contestada por el Dr. J. G. V. en el carácter de gestor procesal, quien afirma que el vínculo laboral de la demandada con el actor se disolvió el 5/2/07 y que la empresa oportunamente abonó la segunda quincena de enero de 2007 y la liquidación final, agregando como prueba de ello un recibo y dos vales, en base a lo cual solicitó el rechazo de la demanda incoada ---------------------------------------------------------------------------<#LIN E> --- Que a fs. 14 vta. el Dr. G. V. acreditó personería mediante copia del poder pertinente (fs. 15/16 vta.) requiriendo se lo tenga por presentado como letrado apoderado y por ratificada su gestión. Dicha solicitud fue rechazada por providencia de fs.17, en la que se tuvo por extemporánea la ratificación de su gestión y se declaró la nulidad de todo lo actuado a consecuencia del escrito de fs. 9, ordenándose el desglose del mismo, teniéndose por incontestada la demanda y por no ofrecida la prueba a la que hubiere lugar, dándosele por decaído además el derecho de hacerlo en lo sucesivo.---------------------------------------------------------- --- Que a fs. 27/28vta. se dictó la sentencia de grado, la que hizo lugar parcialmente al reclamo actoral, condenando a la demandada a abonarle al actor la suma de pesos cinco mil ciento cuarenta y ocho ($ 5.148), con más sus intereses, imponiendo las costas a la parte vencida.--------------------------------------------------- --- El juez de grado basó su decisión en que el silencio de la demandada a la intimación cursada por el actor implicaba el tácito reconocimiento de que la relación laboral se hallaba vigente al momento de enviarse tal misiva, por lo que se le adeudaban al actor los haberes correspondientes a la última etapa de las tareas cumplidas; manifestó además el a quo que con el recibo de fs. 6 cabe tener por cancelado el reclamo correspondiente a los haberes de la segunda quincena de enero y que no podía acordarse efecto cancelatorio a los vales glosados a fs. 4/5, en atención a sus fechas de emisión y al día de la disolución del vínculo, fuera del hecho de que los vales no contienen imputación a ningún concepto, lo que no puede soslayarse tampoco. Adujo el a quo que con la remisión del telegrama de fs. 3 debía tenerse por cumplida satisfactoriamente la intimación fehaciente establecida en el art. 18 de la Ley 22.250, por lo que la multa establecida en dicha norma prosperaba por la suma de $ 1.872.-.--------------------------------------------------- Siguió diciendo el juez de grado que correspondía declarar procedente la indemnización del art. 19 por un monto de $ 1.638, debiendo concederse, en definitiva, indemnización al actor por la suma de $ 5.148 con más los intereses que fije el Banco del C. S.A. en sus operaciones de descuento de documentos comerciales, imponiendo las costas a la demandada vencida ------------------------------ Que la accionante interpone aclaratoria a fs. 33 apuntando que el acogimiento parcial de la defensa de pago de haberes correspondientes a la segunda quincena de enero 2007 tuvo por base al recibo acompañado por la demandada, lo que implicó no tener en cuenta que a fs. 17 se declaró la nulidad de lo actuado por el gestor, por lo que corresponde corregir el error incurrido.------------------------------------------------ Que a fs. 34 el a quo no hizo lugar a la aclaratoria impetrada por considerar que no se daban los presupuestos previstos en los arts. 36, inc. 3° y 166, inc. 2° C.P.C. y C.------------------------------------------------------------------------------ ------------- --- Que, a consecuencia de tal rechazo, la parte actora interpuso recurso de apelación, aunque en forma tardía, ordenándose por ello el desglose y devolución de su memorial a fs. 35 .---------------------------------------------------------------------- --- Que también apela el fallo la demandada mediante los agravios de fs. 36/vta., que fueron oportunamente contestados por la contraparte a fs. 38/vta..------------------- El recurso de la demandada incluyó diversos motivos de agravio; el primer de ellos, referente a la extensión de la relación laboral, adujo que era carga de la actora probar la duración alegada, así como que el telegrama de fecha 19/03/2007 llegó a conocimiento de la demandada, y ninguno de dichos extremos ha sido probado. En segundo lugar, referente a los vales que se adjuntaran como prueba documental y que se imputan a la liquidación final, apuntó que los conceptos liquidados son los correspondientes a haberes adeudados, fondo de desempleo y aguinaldo proporcional, postulando que debía efectuarse dicha imputación por parte del tribunal por aplicación de las reglas de del pago establecidas en el Código Civil, pues lo contrario importaría un enriquecimiento sin causa. Después en cuanto a la aplicación de las sanciones contempladas en los arts. 18 y 19 de la Ley 22.250, en función de la prueba documental aportada por la apelante, sostuvo que no existían salarios impagos, y por ende las mismas no resultan procedentes. Con pie en tales alegaciones, solicitó la revocación de la sentencia apelada en todas sus partes, con costas al actor. ---------------------------------------------------------------------- Ingresando al análisis del recurso con virtualidad en esta instancia, al haberla perdido uno de los dos en su momento interpuestos, cabe manifestar liminarmente que el juzgador de grado apoyó su decisión en prueba documental aportada por la demandada que no podría haber sido válidamente considerada, al haber sido previamente excluida del plexo probatorio mediante el dictado de una resolución que dispuso la nulidad de la contestación de la demanda y de las probanzas ofrecidas con ella, ordenando su desglose (cfr. fs. 17), providencia que al momento del dictado de la sentencia, se hallaba firme y consentido, habiendo ella producido la inertización de la prueba tenida en cuenta por el juez de grado.---------------------- --- Surge de ello un vicio procesal, posiblemente originado en un yerro involuntario o inadvertencia del juzgador de grado, que al considerar prueba irregularmente obrante en el proceso, produjo que el progreso parcial de la defensa de pago opuesta por la demandada carezca de una apoyatura regular o base de sustentación sólida.------------------------------------------------------------------------- ------ No obstante ello, es dable recordar que la competencia de la alzada está limitada a la consideración de los agravios (art. 271, Cód. Procesal), pues ése es el ámbito de su actuación jurisdiccional y responde al principio "tantum devolutum quantum apellatum" (CNCom., sala B, 20/7/79, "Solimo, Carlos A. c. Ruta Coop. de seguros", La Ley 1980-A, 232; en similar sentido, CSJN, 14/10/82, "Gómez, Julia E. c. Lanaco S. A.", en LL online; SCBA, 13/10/98, "Roburu, Néstor R. u otro", en LL online).------------------------------------------------------------------------ ------ En tal situación, el juez de la apelación, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso, a mérito del principio procesal "tantum devolutum quantum apellatum" (Cám. Fed. de Apelaciones de Córdoba, sala A, 31/10/97, "Torres, Delicia y otra c. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación", LLC 1998- 186; Cám. Civ. y Com. 5ª Nom. Córdoba, 9/6/98, "O., J. R. c. U., S. del V.", La Ley 1999-B, 816 y LLC 1998- 1449).--------- --- En otros precedentes se dispuso que el tribunal de segunda instancia no puede fallar sobre ningún capitulo ni respecto de ninguna pretensión que no se le hubiere propuesto en el correspondiente recurso, por aplicación de la máxima romana "tantum apellatum quantum devolutum". El interés es la medida de la acción y él se pone de manifiesto en los recursos (CNCrim. y Correc., sala III, 11/3/80, "Rodríguez, Ramón", La Ley 1980-C, 408; en similar sentido, Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, sala criminal y penal, 4/4/97, Avila, Carlos E. c. Soraire, Carlos P. y otros", LLNOA 1998, 825; LÓPEZ CARUSILLO, Magdalena - MARTÍNEZ, Verónica, "El principio iura novit curia: límites", en LLC 2006 - 881).--------------------------------------------------------------------------- --- --- Y en otro pronunciamiento, la Corte Suprema indicó que es descalificable la sentencia que se aparta de la regla "tantum devolutum quantum apellatum", pues provoca un flagrante agravio a los principios generales que rigen el proceso, con el consiguiente menoscabo de la garantía de la defensa en juicio (CSJN, 20/8/96, "Eliaschev, José R. c. Argentina Televisora Color L.S. 82 Canal 7 S. A.", La Ley1996-E, 666).--------------------------------------------------------------------------- ------ Es así que está vedado a este Tribunal dejar sin efecto tal irregularidad cometida en la instancia de grado, por cuanto el actor no apeló el fallo en tiempo oportuno, presentándose en la especie un supuesto arquetípico de consentimiento tácito del actor parcialmente vencido, el que impide modificar este aspecto del decisorio en perjuicio de la única parte apelante. -------------------------------------------- Resulta de necesaria aplicación al caso el principio de congruencia y una derivación directa de él, la prohibición de reformatio in pejus, limitación -que tiene un cimiento lógico y jurídico- y se erige como una manifestación de la garantía constitucional de la defensa en juicio (arts. 18, Constitución Nacional; 8º del Pacto de San José de Costa Rica; 75 inc. 22, Constitución Nacional) (SCBA, 25/8/98, "Rodríguez, Julio R.", en LL online, voto del doctor Juan Carlos Hitters).-------------- Respecto de esta figura, ha dicho el maestro FAIREN GUILLÉN que "la reformatio in pejus es la posibilidad (si se concede) del tribunal "ad quem" de dictar sin iniciativa ni excitación de parte interesada, "ex officio", una sentencia que grave al recurrente aún más que a la recurrida" (FAIREN GUILLÉN, Víctor, "Doctrina general del derecho procesal", Ed. Bosch,. Barcelona, 1990, p. 508).-------- Y sigue diciendo el mencionado maestro español que "las comunes prohibiciones impuestas a los tribunales "ad quem" de reformar en perjuicio de los recurrentes y sin su iniciativa, las sentencias recurridas (a menos, decimos y repetimos, que medie petición en tal sentido, de la parte contraria), es una derogación del sistema oficial intra-procesal del dispositivo extra-procesal... Tal como el Juez que descubre un defecto en la sentencia después de ser ésta firme... no puede corregirla de oficio... por consideraciones procesales que se sobreponen a las consecuencias lógicas del sistema de construcción de los recursos..." (FAIREN GUILLÉN, Víctor, "Doctrina general del derecho procesal", cit, p 508, Nº XIII).----- Dada la vigencia de la prohibición de reformatio in pejus o reforma en perjuicio, no puede este Tribunal de Alzada ingresar al análisis del vicio apuntando, el que resulta irrevisable aquí, dada su falta de cuestionamiento temporáneo por la parte interesada.------------------------------------------------------------ Sentado ello, cabe afirmar seguidamente que los diversos agravios esgrimidos por el apelante son inacogibles, dada la vigencia del principio procesal supra referido. Toda vez que la nulidad dispuesta a fs. 17 provocó que se tuviera por incontestada la demanda, con todos los efectos de esa disposición (arts. 56, 76 y cctes. Ley N° 69).--------------------------------------------------------------------------- --- El art. 56 Ley 69 dispone textualmente que "Si el o los demandados, debidamente citados para la audiencia a que se refiere el artículo 48, no concurren sin justa causa, o se negaren a contestar la demanda, se presumirán como ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos alegados por el actor".------------------------------ El art. 76 de la misma norma establece la aplicación supletoria en el proceso laboral del Código de Procedimientos en materia civil y comercial.---------------------- Y el art. 356 primer inciso CPCyC faculta al juzgador a tener por probados los hechos no negados por su parte a tenor del desglose practicado: dicho norma establece que el silencio del demandado "...sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso".------------------------------------------ Interpretando esta norma enseñaba el maestro PALACIO que ".la falta de contestación a la demanda no es equiparable a la rebeldía, pues constituyendo nota esencial de ésta, con respecto al demandado, su incomparecencia, en el caso de que comparezca dentro del plazo correspondiente pero se abstenga, no obstante, de contestar, resulta excluida la posibilidad de declararlo rebelde, sin perjuicio, naturalmente, del que dicha abstención, o el cumplimiento extemporáneo del acto., determine la pérdida de la facultad no ejercida. . La distinción reviste importancia, fundamentalmente, porque, aparte de otros efectos que se estudiaron oportunamente, mientras la declaración de rebeldía autoriza a prescindir de la apertura a prueba . y engendra, en caso de duda, una presunción de verdad de los hechos articulados por quien la obtuvo, tales posibilidades no concurren frente a la falta de contestación a la demanda" (PALACIO, Lino E., "Derecho procesal civil", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, Tomo VI, Nº 762, b).--------------------------- Y agregaba el citado maestro que "Pero la rebeldía y la falta de contestación guardan sustanciales analogías en lo que atañe a la apreciación de los hechos, ya que tanto una como otra constituyen fundamento de una presunción simple o judicial, de modo que incumbe exclusivamente al juez, en oportunidad de dictar sentencia, y atendiendo a la naturaleza del proceso y a los elementos de convicción que de él surjan, establecer si el silencio del demandado es o no susceptible de determinar el acogimiento de la pretensión deducida por el actor.. De allí que, para arribar a una conclusión positiva sobre este último aspecto, la presunción desfavorable que engendra el silencio derivado de la falta de contestación a la demanda debe ser corroborada por la prueba producida por el actor . y por la falta de prueba en contrario producida por el demandado ., operando esta última actitud como elemento tendiente a fortalecer la fundabilidad de la pretensión ." (PALACIO, Lino E., "Derecho procesal civil", cit, Tomo VI, Nº 762).--------------- --- Es claro que la incontestación de la demanda no produce el efecto de dar al demandado por conforme con lo expuesto en el escrito inicial, pero crea una presunción favorable a las pretensiones del actor y faculta al juez a tomar el silencio como reconocimiento de los hechos afirmados, siempre que esas aseveraciones no resulten desvirtuadas por prueba alguna en contrario (DE SANTO, Víctor, "El proceso civil", Ed. Universidad, Buenos Aires, 1982, T. I., p. 698).--------------------------------------------------------------------------- --------------------- En similar sentido, se ha decidido que si bien es cierto que la incontestación de la demanda no altera la secuencia regular del juicio, y el pronunciamiento jurisdiccional debe hacerse según el mérito de la causa, no lo es menos que dicho evento procesal origina una presunción favorable a la pretensión del accionante, adquiriendo la misma un valor decisivo si no existe otro elemento probatorio o si resulta corroborada por las restantes constancias de autos (CNEsp. CC, Sala IV, 10/10/77, Rep. LL t. 1978, p. 672, Nº 22).------------------------------------------------- --- En el caso que nos convoca la accionada al desglosarse su contestación y, por ende, tenérsele por incontestada la demanda, no ofreció prueba ni consecuentemente arrimó probanza alguna a la litis que revirtiera los efectos de la admisión ficta de las alegaciones de la actora. Y, por otra parte, obran en estos autos constancias y pruebas que corroboran la versión del actor.----------------------- --- Y además, los términos del art. 56 Ley 69 son todavía más desfavorables para el demandado que no contesta la demanda, toda vez que dicha norma establece que los en tal situación, los hechos alegados por el actor se presumirán como ciertos, salvo prueba en contrario. Y en autos no existe tal prueba contraria.------------------- --- Es así que la existencia e índole mismas de la relación laboral no fue cuestionada por la accionada, habiendo resultado por otra parte admitida implícitamente en el memorial de la apelante, quien se contrajo a desconocer la procedencia de los créditos reclamados.------------------------------------------------------- Tampoco las acreencias reclamadas han sido desvirtuadas por prueba contraria ni de su existencia ni de su quantum, amén del yerro de la imputación parcial practicada en el decisorio de grado con relación a los estipendios de la segunda quincena de enero con base en el recibo desglosado, tópico que no puede ser modificado en esta instancia, por lo que el agravio fundado en la fuerza probatoria de los vales debe ser rechazado, al ser irrevisable aquí.---------------------------------- --- Con relación a la carta documento enviada por el actor y a sus efectos, debe ser ella tenida por reconocida, a mérito de lo dispuesto por el art. 56 de la Ley 69, con todas las consecuencias que ello comporta.------------------------------------------------ --- Ello así, la comunicación postal de fs. 2 de la documental reservada que tengo a la vista, produjo la intimación contemplada en el art. 18, 2do. párrafo de la Ley 22.250; ella no fue contestada temporánea e idóneamente por la demandada, con lo que cabe concluir que el accionante estaba en condiciones de producir su despido indirecto, con el correlativo derecho a reclamar las indemnizaciones y multas derivadas de esa situación de despido indirecto (arts. 18, 19 y conc., Ley 22.250), por lo que cabe confirmar el fallo apelado, al estar éste -en lo que en esta instancia interesa- ajustado a derecho.-------------------------------------------------------------- --- En virtud de lo anteriormente expuesto, concuerdo con la propuesta del Dr. Ferrari de confirmar el fallo de fs. 27/28vta. en cuanto ha sido materia de recurso, con costas de alzada a la demandada apelante (art. 59, Ley N° 69).----------------------- Asimismo concuerdo con el Dr. Ferrari en su propuesta de regulación de honorarios correspondientes a esta instancia en los siguientes porcentajes: para el Dr. J. G. V., el 2,8% del monto del proceso que se determine en etapa de ejecución y para el Dr. A. Y., el 5,3% del monto del proceso a determinarse (arts. 6, 14, 47 y conc.,.Ley 2.200), regulaciones efectuados en atención a la extensión, calidad, eficacia y a los resultados obtenidos respectivamente por cada uno de los letrados.-------------------------------------------- --- Por lo anteriormente expuesto, a la PRIMERA CUESTION, VOTO POR LA AFIRMATIVA.--------------------------------------------------------------------- ----------- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: -------------------------------- En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso. II) Con costas en la alzada a la demandada apelante, fijándose los honorarios por las actuaciones profesionales cumplidas en esta instancia en términos porcentuales a calcular sobre el monto de la condena debidamente liquidado, como sigue: a) para el Dr. J. G. V., en el 2,8%; b) para el Dr. A. Y., en el 5,3%.--------------------------------------------------------------------------- --------------------- Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ----- --- A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo: -------------------------------------------------------------------------------- ------------ --- Los desarrollos realizados respecto de la primera cuestión planteada, convencen de la pertinencia del rechazo del recurso de fs. 36 vta., y correlativamente de confirmar la sentencia de fs. 27/28vta. en cuanto fuera materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas de alzada al apelante vencido (art. 68 CPCyC).----- En cuanto a la regulación de honorarios por las labores de Alzada, se fijan los siguientes emolumentos: para el Dr. J. G. V., en el 2,8% del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia y para el Dr. A. Y., en el 5,3% del referido monto del proceso (arts. 6, 7, 9, 14, 19 y 47, Ley 2.200), concordando en tal sentido con la propuesta del Dr. Ferrari.------------ Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por licencia del Sr. Juez de Camara Dr. Carlos A. Velázquez (art. 8 de la ley 1130, Texto s/ ley 4550).----------------------------------- Trelew, 08 de septiembre de 2.008.--------------------------------------------------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:---------------------------------------------- S E N T E N C I A: ---------------------------------- --- I) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso.-------- II) IMPONER las costas en la alzada a la demandada apelante.------------------------ III) FIJAR los honorarios por las actuaciones profesionales cumplidas en esta instancia en términos porcentuales a calcular sobre el monto de la condena debidamente liquidado, como sigue: a) para el Dr. J. G. V., en el 2,8%; b) para el Dr. A. Y., en el 5,3%.----------------------------------------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------------------------------------------------- FDO.: CARLOS DANTE FERRARI - MARCELO J. LPEZ MESA --- REGISTRADA BAJO EL Nº 57 DE 2.008 - SDL.- Conste.---------------