Administración fraudulenta, recurso de casación, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Baza, José David s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Rodolfo Augusto Baza en contra de la Sentencia Nº 36/12 dictada en autos Expte. Letra 'B' Nº 67/10 - Baza, José David s.a. Defraudación por Administración Fraudulenta - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-04

La Cámara Penal condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de Administración fraudulenta, condenándolo a sufrir la pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso.

Contra la nominada sentencia, el asistente técnico del imputado interpone el presente recurso de casación.

No corresponde acoger las quejas recursivas por las imprecisiones que contiene la formulación de los hechos atribuidos al imputado.

El recurrente dice que, en tanto sólo se refiere a "importantes" sumas de dinero que ingresaron a la sociedad, la imputación no es como debía ser: clara, precisa y circunstanciada.

Sin embargo, ese relato data de la época del decreto de determinación del hecho en la etapa de investigación de la causa y no dice el recurrente haberlo cuestionado entonces ni en oportunidad posterior, con anterioridad al dictado de la sentencia que impugna; y las reiteradas, extensas y detalladas declaraciones del imputado, antes del juicio y en el juicio mismo, demuestran acabadamente que las supuestas imprecisiones no afectaron de modo alguno el ejercicio de la defensa.

En ese marco, encuentro pertinente recordar que el proceso penal se integra con una serie de etapas a través de las cuales y en forma progresiva se tiende a poner al tribunal en condición de dictar sentencia de absolución o condena; por lo que, con arreglo a los principios de preclusión y progresividad, cada etapa constituye el presupuesto necesario de la que le subsigue, en forma tal que no es posible eliminar una de ellas sin afectar la validez de las que le siguen.

De conformidad con esos conceptos, no cabe admitir la declaración de nulidad por la nulidad misma o en el único interés de la ley, sino sólo cuando el defecto apuntado lesiona el interés de las partes, y sólo por su efecto corrector de un perjuicio concreto, es decir, cuando su declaración sea necesaria para enervar los errores perjudiciales a ese interés.

Por ello, en reiteradas ocasiones (S. nº 30, 29/06/2012; S. nº 35, 03/07/2012) este tribunal ha seguido la doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual, aún tratándose de nulidades absolutas, la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (C.S.J.N., Fallos 295:961, 298:1413, 311:2337, entre muchos otros).

Por las razones dadas, estimo que los agravios vinculados con los términos en que ha sido redactado el hecho imputado no son de recibo.

Por una parte, debido a la extemporaneidad del planteo sobre el punto, puesto que antes de ahora ninguna objeción fue presentada ante las autoridades judiciales sucesivamente intervinientes en la causa.

Por otra, no obstante la imprecisión destacada por el recurrente, lo cierto es que las constancias del debate acreditan sin hesitación alguna que la suma de dinero reprochada como administrada fraudulentamente por el imputado, indicada con exactitud en la sentencia, había sido perfectamente determinada y conocida por el imputado y su defensor antes del juicio; como también que la estrategia defensiva del imputado fue ejercida con arreglo a esa precisa cantidad.

De lo que se sigue que los denunciados defectos no afectaron concretamente la defensa del imputado. Así las cosas, lo resuelto no contradice norma alguna y no concurren en el caso motivos que razonablemente justifiquen invalidar el relato de cargo ni los actos procesales que le siguieron.

Por las razones expresadas, estimo que los agravios invocados sobre el relato del hecho carecen de fundamento y, por ende, de idoneidad para conmover lo resuelto en la sentencia impugnada.