Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26


SALAS, Sergio Darío y otros contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 251-253. Santa Fe, 26 de mayo del año 2.004.

VISTOS:

los autos "SALAS, Sergio Darío y otros contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. Nro.131, año 1.993), para resolver el planteo de nulidad formulado a fojas 135/137;

y, CONSIDERANDO:

1. A fojas 135/137 la parte actora acusó la nulidad absoluta de todo lo actuado a partir de foja 61. Como fundamentos de su solicitud expresó, en primer lugar, que resulta nulo todo lo actuado por la procuradora Pocoví desde foja 61 en adelante por cuanto el poder le fue otorgado en el año 1994 por el entonces Intendente Obeid, quien a la fecha de presentación del mismo -14.4.00- había cesado en su función ejecutiva, por lo que se trata de un caso de inexistencia de mandato.

En segundo término, acusó la nulidad de la acreditación de la personería de la doctora Gieco por no provenir de su voluntad en razón de que esa justificación la efectuó la profesional citada en primer término.

En este sentido, afirmó que la doctora Gieco en ningún momento acreditó su personería ni ratificó lo actuado en sus actuaciones posteriores.

En tercer lugar, peticionó la nulidad de la resolución del 18.4.01 con base en que las sentencias deben ser fundadas bajo pena de nulidad lo que no sucede cuando se remite a las fundamentaciones de otro decisorio, como el atacado.

Agregó, que no se determinó de qué planteos similares se trataban ni de qué artículo 87 se refería.

Seguidamente, tachó de nulidad el auto del 29.10.03 en razón de que es consecuencia de actos absolutamente nulos y porque la imposición de costas es defectuosa al hablarse de parte actora en singular cuando debió decir "partes actoras".

Asimismo, consideró que existe falta de justicia y equidad en la pretensión de cobro de honorarios de las apoderadas de la demandada.

Por último, dejó planteada la cuestión constitucional.

2. Corrido traslado, lo contestaron las doctoras Gieco y Pocoví solicitando se desestime la nulidad articulada.

3. Debe rechazarse el planteo de nulidad formulado.

En primer término, no puede prosperar la tacha de nulidad de la intervención de las apoderadas legales de la parte demandada.

El agravio dirigido a cuestionar lo actuado por la doctora Pocoví debe desestimarse por cuanto al presentarse a estar a derecho la mencionada letrada lo hizo en virtud de las facultades conferidas por el instrumento de fojas 64/66.

En efecto, el Intendente que otorgó el poder cuya nulidad ahora se cuestiona no lo hizo por sí sino en representación del Ente municipal, que es a quién se le debe imputar dicho acto y no al funcionario interviniente.

Por lo tanto, ese instrumento subsiste más allá de que su firmante haya cesado en sus funciones.

Asimismo, iguales fundamentos determinan que se encuentra debidamente justificada la personería de la doctora Gieco, y no puede invalidar su participación la circunstancia de que quien acompañó a la causa el instrumento de mandato debidamente certificado no haya sido la citada letrada por cuanto lo que realmente interesa a los efectos de determinar la calidad de su intervención es la debida acreditación del carácter en que compareció, tal como se observa del escrito de fojas 70/71, del poder de fojas 75/77, y de lo decretado por el Oficio (f. 72).

En consecuencia, resulta claro que la intervención de las letradas de la parte demandada se ajusta a las normas legales pertinentes y no se advierte la existencia de vicio alguno que pueda nulificarla.

A mayor abundamiento, cabe señalar que la propia accionante, con posterioridad a los actos que ahora ataca, efectuó diversas diligencias sin realizar cuestionamiento alguno.

Además, cabe desestimar la solicitud de nulidad de los decisorios de fechas 18.4.01 y 29.10.03.

Efectivamente, como lo tiene dicho este Tribunal en reiteradas oportunidades, conforme inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este mismo Órgano Jurisdiccional, los fallos y resoluciones de la Corte no son, salvo casos excepcionalísimos, susceptibles de recursos o incidentes de nulidad o revocatoria (Fallos 113:302; 16:179; 178:308; 181:172; 182:557; 189:294; 206:372; 241:248; 244:43; 248:398; 252:21; 252:50; 255:46; 256:601; 262:300; 265:133; 280:347; 291:80; 297:381, 543, 558; 303:240 y A. y S., T. 136, pág. 474, entre otros), por cuanto revisten carácter final y, por ende, no son susceptibles -salvo, como queda dicho, situaciones especiales- de recursos ordinarios ("Vega Milesi", A. y S., T. 144, págs. 236/238).

Si bien, ese consolidado argumento basta para dar por tierra con la admisibilidad del planteo; no resulta ocioso recordar, en cuanto a la queja basada en que no resultan válidas las sentencias que hacen remisión a otra resolución, el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguido por este Cuerpo, acerca de que constituye suficiente motivación la remisión a un anterior precedente jurisprudencial, que guarda analogía con el que se examina.

Integra la argumentación de la sentencia el antecedente del mismo Tribunal, remitido por ella (Fallos: 300:916; 308:1206; 310:195).

Por último, el agravio referido a que la imposición de costas es defectuosa carece de entidad suficiente como para sustentar la viabilidad del recurso deducido habida cuenta de que 'parte' es el sujeto procesal esencial que por sí o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una pretensión, independientemente de que esté integrada por un único o múltiples individuos.

Por todo lo expuesto, y lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 4.106 la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la nulidad articulada, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO- Fernández Riestra (Secretaria)