Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31


///la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto del año dos mil siete, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Pedro R. David como Presidente y los doctores W. Gustavo Mitchell y Juan E. Fégoli como Vocales, asistidos por la Secretaria, doctora Gabriela García, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la sentencia de fs. 441/442 -fundamentada a fs. 443/450 y vta.- de la causa n° 7290 del registro de esta Sala, caratulada: "F., L. D. y otros s/ recurso de casación", representado el Ministerio Público por el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé y la Defensa Oficial por el doctor Juan Carlos Sambuceti (h).

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Pedro R. David y en segundo y tercer lugar los doctores W. Gustavo Mitchell y Juan E. Fégoli, respectivamente.

El señor juez doctor Pedro R. David dijo:

I- 1°) Que el Tribunal Oral de Menores N° 3 resolvió, declarar penalmente responsable a L. D. F. por considerarlo coautor del delito de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada o con un arma de utilería en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra (arts. 45, 55, 166, inc. 2°,párrafo tercero y 189 bis, inc. 2° párrafo segundo del C.P.) y suspender la tramitación de la presente causa respecto del menor L. D. F., hasta el 31 de marzo de 2007.

Asimismo, condenar a Cristian Jesús Niz y Germán Marcos Gaetán, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas procesales, por considerarlos coautores del delito de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada o con un arma de utilería en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra, agravados por la intervención de un menor de dieciocho años de edad (arts. 41 quater, 45, 55, 166, inc. 2°, párrafo tercero y 189 bis, inc. 2° párrafo segundo del C.P.).

Contra dicha decisión, la Defensa Pública Oficial interpuso recurso de casación a fs. 451, el que concedido a fs. 457 y vta., fue mantenido en esta instancia a fs. 462.

2°) Que la defensa sostuvo que "la conducta que se enrostra a Gaetán y que resulta el sustrato fáctico de la sentencia que se cuestiona, quedarían aprehendidas en el delito de robo simple. Ello, por entender que el tipo penal, enmarcado en el art. 166, inc. 2°, 3° párrafo del C.P. establece específicamente que el arma no se haya secuestrado o que sea de utilería. Ninguno de estos supuestos se da en el caso en análisis. Los señores jueces pese a señalar y admitir la técnica deficiente utilizada por el legislador, fuerzan la letra de la ley, ya que asimilan el arma descargada -caso concreto- con un arma de utilería. Esta aplicación de la analogía in malam partem, resulta contrario a los principios generales del Derecho Penal y Constitucionales que hacen al debido proceso y de defensa en juicio, inaceptable en un estado de derecho".

Asimismo, afirmó que "en cuanto a la calificación de la tenencia compartida del arma secuestrada, ha quedado demostrado que el arma estaba en posesión del menor F., quien en todo momento tuvo el efectivo poder de disposición sobre ella" y que éste "confesó su uso y su abandono en el piso del auto al momento de descender. Nunca estuvo ni en poder ni en posibilidad de disposición de sus consortes".

Por otra parte apuntó que "otro punto en cuestión es la aplicación del agravante de la intervención en el hecho de un menor de edad -art. 41 quáter del mencionado cuerpo legal-", puesto que a su entender "dicha agravante no se aplica de manera automática, sino que debe probarse que el mayor se sirvió del menor en su provecho para la comisión del ilícito".

Por último, y específicamente con respecto a Cristian Jesús Niz, señaló la falta de fundamentación de la sentencia respecto a la participación que le cupo en el hecho. 3°) Que durante el plazo del art. 465 del C.P.P.N. y en la oportunidad del art. 466 ibídem el Defensor Público Oficial, doctor Juan Carlos Sambuceti (h), presentó el escrito glosado a fs. 467/469, reiterando las argumentaciones expuestas en el escrito casatorio.

4°) Que a fs. 475 la defensa renunció a la celebración de la audiencia prevista en el art. 465 del C.P.P.N. a lo que adhirió el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 478, quedando los autos para resolver.

II- Llegadas las actuaciones a este Tribunal estimo que el recurso de casación interpuesto con invocación de lo normado en el art. 456, inc. 1° y 2° del C.P.P.N. es formalmente admisible toda vez que del estudio de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional surge que la defensa invocó la errónea aplicación de la ley sustantiva y procesal; además el pronunciamiento mencionado es recurrible en virtud de lo dispuesto por el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación.

III- Adelanto desde ya que el recurso interpuesto no tendrá de mi parte favorable acogida.

En efecto, en cuanto al agravio relativo a la aplicación al caso de la agravante prevista en el art. 41 quáter, esta Sala ya ha emitido opinión in re: "Umaño, Héctor Abel s/recurso de casación", causa n° 5450, reg. 7270, rta. el 20/12/2004, en el sentido de que la mera intervención en el ilícito resulta suficiente para reforzar la sanción penal contra quienes -con pleno discernimiento y madurez- incluyen a un incapaz en la empresa criminal, resultando indiferente a tal fin su intencionalidad en lo que respecta a un futuro descargo de responsabilidad penal, toda vez que la presencia o ausencia de dicho dolo específico en nada afecta el ya de por sí grave perjuicio que para el menor significa su participación en el suceso; y éste es precisamente el caso de Cristian Jesús Niz y Germán Marcos Gaetán, quienes en el momento del hecho contaban con 25 y 26 años de edad, mientras su consorte de causa tenía 17 años.

En aquel precedente, se afirmó que esta normativa no ofrece mayores dificultades interpretativas pues su redacción resulta clara y precisa, en el sentido que el agravante es de aplicación siempre que se constate la intervención de un menor en la empresa delictiva.

Con cita de nuestro más Alto Tribunal se dijo que "es un principio elemental de hermenéutica jurídica que cuando los términos de la ley son claros no corresponde a los jueces apartarse de sus propósitos, so pretexto de evitar las deficiencias reales o presuntas que podrían resultar de su aplicación, porque cuando ella no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente por los jueces con prescindencia de tesis que podrán ser objeto de consideración por el Congreso pero que son ajenas a la misión de aquellos magistrados. (Fallos 213:405 y 218:56)".

Así, se señaló que el Diccionario de la Real Academia Española define el vocablo "intervenir" -en su décima acepción- como tomar parte en un asunto. (Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, año 2001). En esta inteligrencia el precepto bajo análisis se satisface por la sola circunstancia -debidamente acreditada- de que un menor tome parte en el hecho, sin que a tales fines resulte relevante la intencionalidad del coimputado mayor de descargar en el menor su responsabilidad penal; ello, por cuanto el texto legal no hace referencia alguna -ni puede inferirse válidamente del verbo típico seleccionado por el legislador- acerca de la necesidad de que se acredite un dolo específico por parte del agente mayor de edad.

En aquella oportunidad se mencionaron los fundamentos que acompañaron la presentación del proyecto de ley registrado con Trámite Parlamentario N° 25 elevado mediante nota fechada el 24 de mayo de 2001 y tratado sobre tablas por la H. Cámara de Diputados de la Nación en su sesión ordinaria celebrada el 14/08/02, en donde se afirmó que "el presente proyecto de ley tiene como objetivo desalentar la utilización de menores para delinquir o su intervención en la comisión de delitos".

Se puso de manifiesto además que si bien el verbo "utilizar" admite una interpretación más cercana a la tesis sostenida por el casacionista, lo cierto es que el legislador incluyó -tras la conjunción "o"- el verbo "intervenir", de donde el espíritu de la norma abarcó ambas hipótesis, esto es, tanto la utilización -indicativa de un tipo subjetivo estructurado según la propuesta del recurrente- como así también la mera intervención del incapaz en el hecho.

Se consignó que la razón de ello aparece sintetizada con precisión en el mismo proyecto, cuando párrafos más abajo se hace alusión a la necesidad de proteger a los menores del grave perjuicio al que quedan expuestos en este tipo de actos delictivos, con la consiguiente afección para su desarrollo psíquico y social y su exposición a indudables peligros físicos. En el mismo sentido, en el debate llevado a cabo en la H. Cámara de Senadores de la Nación, el Senador Jorge Agúndez fundamentó su apoyo al proyecto señalando que la inclusión del artículo 41 quater significaba una forma de proteger a los incapaces disuadiendo a los mayores para que no los utilicen en sus delitos. (confr. Orden del Día n° 936). Y que, este fue a no dudarlo, el designio que inspiró el dictado de la norma, desde que el gravísimo perjuicio que significa para un incapaz su inclusión en una empresa delictiva se concreta con su mera intervención, cualquiera sea la intencionalidad de su consorte mayor de edad; o en otras palabras, sin dejar de reconocer la mayor temeridad de quien induce a un menor a delinquir para descargar su propia responsabilidad en un inimputable, lo cierto es que la respuesta penal se refuerza teniendo en mira el grave daño al que es expuesto el incapaz, que se irroga tanto si aquella intencionalidad se encuentra presente como en caso contrario.

Se aseguró que esa interpretación es la que mejor se compadece con los principios consagrados en las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, A.G. res. 45/112, ONU Doc. A/45/49 -1990-), cuyo artículo 53 promueve la promulgación y aplicación de leyes que prohíban la victimización, los malos tratos y la explotación de los niños y jóvenes así como su utilización para actividades delictivas; y cuyo capítulo dedicado a los Principios Fundamentales, señala que en la aplicación de las directrices las medidas a adoptar deben centrarse en el bienestar de los jóvenes desde su primera infancia, siendo que para prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que se procure un desarrollo armonioso de los adolescentes y se respete y cultive su personalidad, velando por el desarrollo personal de todos los jóvenes en particular de aquéllos que están patentemente en peligro o en situación de riesgo social (confr. título I artículos 1° a 5°).

Asimismo que, la Convención de los Derechos del Niño a través de su artículo 36 insta a los Estados Partes a proteger al niño contra todas las formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar; y que es el interés superior del niño -consagrado a su vez por la misma Convención en su art. 3°- el que inspira el dictado de dichas normas de prevención, y el que necesariamente habrá de orientar la interpretación de aquellos preceptos destinados a combatir la delincuencia juvenil; y con ajuste a tales principios de primer rango, se concluyó que el bienestar y el interés superior del menor resultan conculcados a raíz de su participación en actividades delictivas, por la temprana exposición a graves riesgos hábiles para impedir su sano desarrollo.

Por otra parte, se agravia la defensa por cuanto a su entender la conducta enrostrada a los imputados encuadraría en el delito de robo simple, puesto que "el tipo penal, enmarcado en el art. 166, inc. 2°, 3° párrafo del C.P., establece específicamente que el arma no se haya secuestrado o que sea de utilería y ninguno de estos supuestos se da en el caso".

La norma en estudio determina que "si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada o con un arma de utilería, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión".

Los hechos que corresponde determinar si se subsumen en esta normativa fueron redactados por el tribunal oral del siguiente modo: "el día 26 de junio de 2004, alrededor de las 13.40 hs. los enjuiciados L. D. F., Germán Marcos Gaetan y Cristian Jesús Niz se acercaron con fines de robo al comercio denominado "Show del Pollo", ubicado en Avda. Juan B. Justo 4699 de esta ciudad, y mientras Niz quedaba al volante del rodado marca "Fiat", modelo "Tipo", patente SPT-526, con el que llegaran a las inmediaciones del comercio, los enjuiciados Gaetan y F., portando este último un arma de fuego descargada y el primero probablemente otra arma, ingresaron al local y dirigiéndose a Matías Ezequiel La Bella -a cargo de la caja en esos momentos- y al resto de los empleados que atendían el comercio, los intimaron a que entregaran el dinero de la recaudación, apoderándose de dinero en efectivo y "tickets Restaurant", para retirarse de inmediato y caminar por Av. Juan B. Justo hasta su intersección con Donato Alvarez, lugar en que ascendieron al rodado "Fiat" en el que los esperaba Niz, partiendo por Av. Juan B. Justo hacia el este, siendo observados los movimientos de los enjuiciados por Bruno Esteban La Bella, tío del antes nombrado, quien proporcionó a la policía el número de patente en el que huían los enjuiciados, que fueron interceptados y detenidos sobre la Av. Juan B. Justo, luego de cruzar la Avda. Corrientes" (fs. 447 vta.).

Sentado ello, es del caso señalar que la calificación escogida por el tribunal de mérito se encuentra ajustada a derecho, "toda vez que si se acude a las reglas del recto entendimiento humano no resultaría lógico concluir que el legislador decidió agravar el delito de robo para los casos en que no pueda acreditarse la aptitud para el disparo del arma en él utilizado o cuando la empleada fuese de utilería y no para el caso en que el delito contra la propiedad ejecutado se hubiera realizado mediante la utilización de un arma descargada. En efecto, es contrario a la razón que un delito ejecutado en las condiciones descriptas por el último párrafo del inciso segundo del art. 166 del código de fondo prevea un monto punitivo de mayor escala para el caso -como el de autos- en el que el arma incautada no solamente es auténtica, sino que además resulta apta para el disparo. En una palabra, el último párrafo del art. 166, inc. 2° del C.P., contiene, sin duda alguna, el supuesto en el que el atraco -como lo fue el del sub lite- se efectúe mediante el empleo de un arma verdadera que no se halla cargada" (confr.: Sala I de esta Cámara in re: "Moroni, Javier Oscar s/recurso de casación", causa n° 6390, reg. 8161, rta. el 14/10/2005).

Idéntico razonamiento guió al tribunal de mérito, al afirmar que "la circunstancia de encontrarse descargada el arma no excluía encuadrar el hecho en el tercer párrafo del inc. 2° del art. 166 del C.P., pues si tal calificación alcanzaba a un arma cuya aptitud para el disparo no podía probarse de modo alguno, con más razón abarcaba a aquella cuya aptitud para el disparo estaba probada -como la secuestrada en la presente causa (v. fs. 132 y vta.) -pero que no tenía municiones, pudiendo asimilársela, incluso, a un arma de utilería" (fs. 449).

Además, en el relato de los hechos, el tribunal puso de resalto el poder intimidatorio del arma, mediante el cual se lograra el desapoderamiento. En este sentido la doctrina ha señalado que "si entendemos la idoneidad exigida por la ley exclusivamente referida al mecanismo del arma, la circunstancia de que la misma se encuentre descargada o sus proyectiles no sean aptos para el disparo llevaría a encuadrar la conducta en el tipo penal de robo simple, pues aun en aquellos casos sigue siendo idónea. Se ha destacado en este aspecto que 'esta posición no sería, desde luego, lógicamente incoherente. Pero sí axiológicamente incoherente: robar con un arma descargada tendría una pena increíblemente menor que la de robar con un arma rota o de utilería, cuando en realidad esos casos no se diferencian en las circunstancias relevantes, pues el riesgo corrido es idéntico (nulo) y el poder intimidatorio es el mismo" (confr. Gustavo Roerner, coordinador Edgardo A. Donna, "Reformas Penales", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2004, pág. 193).

Por otra parte, y aún cuando la letra de la ley puede prestarse a críticas, no puede decirse que la calificación escogida resulta una analogía in malam parte. En efecto, nuestro más Alto Tribunal ha dicho que "es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que se compadezcan con el resto del ordenamiento jurídico y con los principios y garantías de la Constitución Nacional" (Fallos: 310:937) y que, "la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta su contexto general y los fines que las informan", y "ello comprende no sólo la armonización de sus preceptos sino también su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico" (Fallos: 287:79).

En este entendimiento, comparto lo expuesto por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que ha dicho que "las modificaciones introducidas por la ley 25.882 demuestran que el legislador no sólo ha tenido en cuenta el poder ofensivo de los instrumentos utilizados por el autor para cometer el ilícito..., sino también el temor que dichos instrumentos pueden provocar en la víctima del delito" (confr. causa N° 25.224, "Giménez Saucedo, Roberto y otros", rta. el 27 de diciembre de 2004).

La misma inteligencia propone la doctrina, al poner de manifiesto que "el fundamento -de la reforma- lo constituye la mayor intimidación sufrida por la víctima de un robo, en el que se ha utilizado un arma sin poder ofensivo acreditado o un objeto con la apariencia de aquélla.... No cabe duda de que... la reforma intentó abarcar todos estos supuestos por igual, pues en el mensaje que acompaña el proyecto expresamente se consigna que se remedia un vacío legal y se alude a la doctrina derivada del plenario 'Costas', que se refería precisamente, al supuesto de arma descargada pero apta para el disparo (confr., Gustavo Roerner, op. cit., págs. 192/194).

Desde otro lugar, la defensa se agravia también de que a todos los partícipes se les haya endilgado la tenencia del arma que estuvo, según su criterio, en posesión del menor F., quien en todo momento tuvo el efectivo poder de disposición sobre ella.

Este agravio también habrá de ser rechazado, por cuanto, el tribunal de juicio estimó con acierto que "la tenencia del arma de guerra estuvo, a no dudarlo, compartida por los enjuiciados, toda vez que en el despliegue del hecho tuvieron la libre disposición de la misma, en todo momento" (fs. 449). Esto es así, máxime cuando todos los partícipes, mediando un acuerdo previo de voluntades, tuvieron dominio del hecho, mediante un reparto funcional de tareas (fs. 448 vta.).

Estas consideraciones, permiten acordar que la calificación resulta ajustada a derecho, puesto que "es factible reprochar el delito de tenencia de arma de guerra aún en los supuestos que el objeto prohibido no está en contacto físico con el individuo. Son los casos de 'tenencia compartida', en los cuales dos o más personas son sorprendidas en la posesión o en el dominio del hecho de la cosa..." (CNCrim. y Correc. Sala V, causa n° 22.756, "Roldán, Aníbal y otros", rta. el 8/10/2003). Además, la tenencia compartida "se refiere a los casos en los cuales dos o más personas son sorprendidas en la posesión o en el dominio del hecho de la cosa, no requiriéndose el constante contacto físico con el objeto cuya tenencia sin autorización es vedada por la ley, por lo tanto puede asignarse responsabilidad por el delito de tenencia de arma a los tres sujetos que intervinieron en el hecho investigado" (CNCrim. y Correc., Sala V, causa n° 19.206 "Oyarzu, Néstor A. y otros, rta. el 27/12/1996).

Por último, la defensa sostiene la arbitrariedad del pronunciamiento en torno a la participación en el hecho de Cristian Jesús Niz.

Sin embargo, este agravio también habrá de ser desechado, puesto que teniendo en cuenta las pruebas colectadas en su conjunto, resulta ajustado a derecho el fallo aquí cuestionado en cuanto arribó a acreditar fehacientemente la responsabilidad que le cupo a Niz en el hecho objeto de proceso, puesto que en él se han valorado correctamente a la luz del principio de la sana crítica racional las probanzas incorporadas legalmente a estas actuaciones.

Al efecto, sostuvo el tribunal de juicio que "el plexo probatorio, además, resultó claro y contundente para desmentir los coincidentes dichos de Gaetán y Fernández en cuanto trotaron de desvincular al enjuiciado Niz en la comisión del hecho"; y que "quedó demostrado que no fue casual el encuentro de Niz con Gaetán y F. sino que el primero se encontraba al volante del 'Fiat Tipo' garantizando la salida rápida del lugar luego de concretado el robo".

A mi entender, les asiste razón a los sentencientes, que al momento de sostener tal aserto tuvieron en cuenta los dichos de Bruno Esteban La Bella "quien observó ubicado en la esquina de Terrero y Av. Juan B. Justo, la salida de Gaetán y F. del comercio una vez perpetrado el robo y los siguió a una distancia que calculó en unos quince metros, viendo cuando ascendían al vehículo 'Fiat'; negó expresamente que los sujetos que siguiera abordaran un taxi para descender del mismo unos metros después y ascender luego al 'Fiat' color negro".

En esta línea, la prueba testimonial permitió afirmar claramente que "Niz era quien conducía el rodado y F. -vestido con una campera roja insistentemente señalada tanto por las víctimas como por los policías- lo hacía como acompañante, mientras Gaetán viajaba en el asiento trasero, siendo quien huyó a pie al ser detenido el rodado en el que viajaba hasta que fue alcanzado por el oficial Guzmán en Av. Corrientes y las vías del ferrocarril 'San Martín'".

Por otra parte, el testimonio de Spolidori permitió afirmar que Niz tuvo acceso al arma que apareciera en el automóvil, pues este testigo "detalló que, entonces, se acercó de frente al 'Fiat' pues tenía vidrios polarizados ordenando al conductor que descendiera, advirtiendo que empuñaba un arma de fuego por lo que reiteradamente le gritó que arrojara el arma, al tiempo que daba unos pasos hacia atrás para resguardar su integridad física, abriendo entonces la puerta poniendo sus brazos hacia arriba pero sin que se observara algún arma en sus manos, llegando otro policía que lo reduce" (fs. 446 vta.); este último resultó ser Melgarejo, quien en confirmó la versión de Spolidori, al afirmar que "con el conductor había otro policía, concurriendo el declarante en apoyo de éste pues el conductor no quería bajarse, logrando finalmente sacarlo del vehículo previo a tomarlo del brazo, casi a la altura del hombro" (fs. 446).

Todas estas circunstancias, permiten concluir, tal como lo hiciera el tribunal oral que "el accionar de Gaetán y el menor F. se articuló con el del enjuiciado Niz, quien en el reparto de funciones para consumar el delito era el encargado de asegurar el rápido alejamiento del escenario del robo, tal como lo hizo al volante del automóvil 'Fiat Tipo' en el que fueran finalmente detenidos los tres enjuiciados" (fs. 448).

Es dable poner de manifiesto que, en tanto la duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que ese especial estado de ánimo debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso (confr.: en igual sentido C.S.J.N. Fallos: 312:2507; 313:559; 314:83; 346 y 833; 315:495, entre muchos otros), entiendo que no resulta procedente la aplicación a este caso de la absolución en virtud del principio "in dubio pro reo", ya que el tribunal ha llegado a la sentencia de condena con la certeza requerida para esa conclusión y la solicitud de la defensa se apoya en un cercenamiento del material probatorio que da base a un juicio meramente subjetivo, apartado de las constancias de la causa que fueran reseñadas arriba.

IV- Por lo expuesto, propicio el rechazo del recurso interpuesto por la defensa a fs. 451/455, con costas (arts. 470 y 471ambos a contrario sensu, 530 y 531del C.P.P.N.). Tal es mi voto.

Los señores jueces doctores W. Gustavo Mitchell y Juan E. Fégoli dijeron:

Que adhieren al voto precedente.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE: rechazo del recurso interpuesto por la defensa a fs. 451/455, con costas (arts. 470 y 471 ambos a contrario sensu, 530 y 531del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del artículo 400, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación en función del artículo 469, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal y remítase al tribunal de procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Firmado: señores jueces doctores Pedro R. David, W. Gustavo Mitchell y Eduardo E. Fégoli. Ante mí: Gabriela García.