Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-16


SENT Nº 23	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciseis (16) de Febrero de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Abdala Martín Eugenio vs. Farall Jorge Daniel s/ Cobro de honorarios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán Daniel y Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte actora a través de su representación letrada (fs. 29/31) contra la sentencia Nº 97 de fecha 2 de mayo de 2011 (fs. 26 y vta.), dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones. La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 5 de agosto de 2011 (fs. 36) del referido Tribunal de Alzada.

II.- En autos, el letrado Martín Eugenio Abdala inicia -mediante su representación letrada- juicio por determinación de honorarios profesionales y cobro de los mismos en contra de Jorge Daniel Farall. Manifiesta que se "desenvolvió como abogado del demandado en múltiples cuestiones judiciales y extrajudiciales" y que pese a sus reclamos para acordar el importe de sus honorarios, no obtuvo respuesta. Aclara que su pretensión de cobro de honorarios por la actividad profesional judicial realizada como apoderado del demandado se canalizó en los respectivos expedientes judiciales, por lo que sólo se encuentra comprendido en autos su reclamo por la actuación como asesor jurídico en asuntos extrajudiciales.

Señala el actor, que cuenta con documentación que probaría el derecho que reclama, pero que no fue agregada porque podría ser interpretado como una violación del secreto profesional. En este marco, solicita como medida previa, que se lo dispense de la obligación de guardar el secreto profesional.

Frente a ello, el juzgado de primera instancia (en forma previa a ordenar el traslado de la demanda) rechaza el pedido de "medida previa" consistente en la dispensa del deber de guardar el secreto profesional, mediante providencia de fecha 20 de diciembre de 2010 (fs. 19), aduciendo que "no encuadrando la medida peticionada, en los supuestos previstos en los arts. 213 y sgtes. del CPCC -aseguramiento de pruebas-, ni en las medidas preparatorias (art. 277 Procesal): a lo solicitado: no ha lugar".

Interpuesto recurso de revocatoria con apelación en subsidio por el actor (fs. 20), se rechaza el mismo por providencia de fecha 11 de febrero de 2011 (fs. 21), por la cual se confirman los fundamentos y la decisión adoptada por providencia de fs. 19 (en cuanto a que el carril procesal elegido para canalizar su pedido de dispensa de guardar el secreto profesional no constituye una vía idónea) y, a mayor abundamiento, se agregan fundamentos de fondo que justificarían el rechazo de la "medida previa" peticionada por la parte actora. A su vez, concede el recurso de apelación interpuesto en subsidio. El referido recurso de apelación, fue resuelto por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, sentencia Nº 97 de fecha 2 de mayo de 2011 (que obra a fs. 26 y vta.).

La referida sentencia de Cámara sostiene que el anticipo preventivo de prueba debe ser interpretado en forma restrictiva a los efectos de no vulnerar la igualdad de las partes en el proceso. A partir de allí, afirma que la pretensión del actor como "medida previa" implicaría una violación no sólo al principio amplio de la defensa en juicio sino también de los derechos a la privacidad e intimidad de su cliente.

Asimismo, la Cámara cita un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del cual surge que sólo existe autorización de relevar de la obligación de guardar el secreto profesional en casos de altísima peligrosidad para el futuro. En consecuencia, tratándose el presente caso de la determinación de un supuesto crédito por honorarios, la Cámara interpreta que puede descartarse el supuesto de altísima peligrosidad futura, por lo que rechaza el recuro de apelación.

III.- Contra el pronunciamiento de Cámara de fecha 2 de mayo de 2011 (fs. 26 y vta.), la parte actora interpone recurso de casación a fs. 29/31vta., invoca infracción a normas de derecho, aduce la referida sentencia afecta el principio de razonabilidad y que constituye un enriquecimiento sin causa. A su vez, la parte recurrente realiza un repaso de los antecedentes del caso y expone los motivos por los que considera que su recurso debe ser declarado admisible.

En lo referido a los agravios que contiene el recurso de casación deducido por la parte actora, se advierte que cuestiona que la sentencia impugnada haya interpretado que estemos ante un "anticipo preventivo de prueba", señala el recurrente que su pretensión de dispensa de la obligación de guardar el secreto profesional no persigue el adelantamiento de la producción de un medio probatorio que corra riesgo de perderse o de ser modificado, sino que solicita se le permita cumplir con la carga procesal de adjuntar la prueba documental sin violentar el secreto profesional que protegería la información que posee y que, a su vez, acreditaría su derecho a percibir honorarios. Expresa el recurrente que, ante la negativa del demandado de dispensarlo de guardar el secreto profesional (mediante carta documento), sólo el órgano jurisdiccional puede relevarlo de su obligación.

A su vez, señala que la medida que solicita tampoco consiste en una medida preparatoria de juicio, sin embargo destaca que sí cuenta con un margen de vinculación con aquella, referida a la determinación del objeto litigioso. Cita normas y precedentes judiciales que consagrarían la obligación del órgano jurisdiccional de administrar justicia con equidad.

Por su parte, aduce que los derechos a la intimidad y a la privacidad no son absolutos y que no pueden interpretarse de modo que afecten los derechos alimentarios. Asimismo, señala que no comprende cuál es el contenido que tendría un supuesto de "altísima peligrosidad para el futuro" y cual es el justificativo para que se desvalorice su pretensión de cuantificar su crédito por honorarios.

De conformidad a las consideraciones reseñadas, propone doctrina legal, solicita se haga lugar al recurso tentado, y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

IV.- Por providencia de fecha 18 de mayo de 2011 (fs. 33) se dispuso que pasen, directamente, los autos para resolver la admisibilidad del recurso de casación, en atención a que la pretensión de la actora se tramita "inaudita parte" y, a su vez, por auto interlocutorio de fecha 5 de agosto de 2011 la Sala II de la Excma Cámara Civil en Documentos y Locaciones concede el recurso de casación (fs. 36), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad del recurso, se verifica el cumplimiento de los requisitos de depósito (fs. 28) y presentación tempestiva, el escrito se basta a si mismo, propone doctrina legal y, lo referido a la vía procesal elegida para canalizar la petición de dispensa de guardar el secreto profesional, no podrá ser revisado en un juicio de conocimiento posterior, por lo que -en ese aspecto- la sentencia resulta definitiva, correspondiendo declarar admisible la vía extraordinaria local y examinar su procedencia.

VI.- En primer lugar, cabe destacar que el actor reconoce que cuenta con información referida al demandado por haber asistido a éste último, en carácter de profesional letrado. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Rossi, Domingo Daniel s/enriquecimiento ilícito de funcionario publico, resolución 330, L.XCIII" de fecha 22 de febrero de 2008, sostiene que la violación del secreto profesional tiene lugar cuando el hecho o documentación que pone de manifiesto el letrado le ha sido confiado por su cliente con motivo o en el ejercicio de su profesión de abogado.

En igual sentido, se dijo que "el secreto profesional que debe guardar el abogado abarca no sólo el secreto confiado por su cliente, sino también aquel que haya conocido en el desempeño de su actividad, pudiendo tratarse tanto de un secreto comunicado como de uno advertido" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, 09/6/2005, in re "S., C. L. y otro c. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal", LA LEY 09/12/2005, 09/12/2005, 7; AR/JUR/4483/2005).

A su vez, la posibilidad de relevar al profesional del deber de guardar el secreto profesional, debe ser objeto de un análisis estricto, dado que la consagración del referido "secreto profesional" obedece a la necesidad de protección de los importantes valores que se encuentran en juego (derecho a la intimidad, privacidad, defensa en juicio, entre otros), y que permite, precisamente en la naturaleza de la labor profesional, el ingreso a un ámbito de reserva como consecuencia del poder que le confiere el saber especializado del profesional interviniente.

Sobre esta plataforma, se observa que el actor peticiona que, mediante una "medida previa" (es decir, como paso previo al traslado de la demanda -ya que pretende posteriormente ampliar demanda y adjuntar nueva prueba documental-), el órgano jurisdiccional, sustituyendo la voluntad de su ex cliente, lo dispense de su deber de guardar el secreto profesional. Cabe aclarar aquí, que su ex cliente (el demandado Jorge Daniel Farall) rechazó la petición de dispensa de guardar el secreto profesional mediante carta documento remitida en forma previa al inicio del presente proceso y obrante a fs. 2 de autos.

A partir de allí, se observa que el recurso de casación deducido por la parte actora no puede prosperar, por los fundamentos que se exponen a continuación.

Del análisis de la petición del actor (consistente en ser dispensado del deber de guardar el secreto profesional) se advierte que la misma, de ningún modo puede ser tramitada mediante una medida previa al traslado de la demanda y sin haber sido escuchado -en el marco del proceso judicial- el interesado, es decir, la persona a la cual podría afectar la eventual decisión sobre la petición de dispensa de guardar el secreto profesional. Es que, más allá de la ausencia de elementos que permitan inferir el valor de la información que el actor pretende revelar en autos, la dispensa del deber de guardar el secreto profesional exige -como dijimos- un análisis estricto, y en su debate no puede encontrarse ausente la persona a la que eventualmente se afectaría con la revelación de la información protegida.

Cabe recordar en esta instancia que el inciso 4º del artículo 6º de la ley 5.233, consagra que es obligación del abogado "guardar el secreto profesional de los hechos conocidos con motivo del asunto que le hubiere encomendado o consultado el cliente, con las salvedades establecidas por ley". En efecto, el carril procesal mediante el que se tramite una petición de dispensa del deber de guardar el secreto profesional, debe necesariamente respetar el ejercicio del derecho de defensa a la persona que brindó la información en el marco de protección de la mencionada norma legal.

De conformidad con lo analizado, cabe resaltar que la participación de ambas partes de la relación que involucra a cliente y profesional, resulta necesaria en el proceso en que se discuta la posibilidad de dispensar al letrado de guardar el secreto profesional, toda vez que no puede el juzgador analizar la preponderancia de los valores e intereses en juego en abstracto (v.gr. secreto profesional vs. derecho al cobro de honorarios) como lo pretende el recurrente, en tanto que aquello constituiría una petición meramente consultiva (y por lo tanto ajena a la competencia natural del órgano jurisdiccional), sino que deberá valorarse la factibilidad de dispensar el deber de guardar el secreto profesional, a partir de las concretas y específicas circunstancias del caso llevado a su conocimiento.

Es por ello, que el juzgador encargado de resolver un pedido de dispensa de guardar el secreto profesional, deberá contar con los elementos que le permitan conocer cual son los bienes jurídicos que se pretenden proteger mediante la utilización de la información resguardada (v.gr. el cobro de honorarios, posibilidad de instrumentar la persecución penal, el derecho a la vida, etc.) y que clase o tipo de información pretende develar el profesional y cual es el valor de la misma, a los fines de poder determinar, si concurren los presupuestos que justifiquen tal dispensa, dado que no todo tipo de información merece similar protección (CSJT, sentencia Nº 32 de fecha 18/02/1999, in re Laboratorio Apolo S.A. vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios"). Así, el análisis sobre la prevalencia de los valores en juego cuando la información que pretende exponer el profesional refiere a cuestiones que en nada afectarían la responsabilidad de su ex cliente, es distinto al supuesto en el que la información que se pretende develar, permite seriamente inferir que comprometerá -en algún modo- la responsabilidad del interesado (ex cliente), en éste último caso, sólo será factible analizar la dispensa cuando existiera un peligro "contra la vida o la integridad física o que estuviesen ante la necesidad de evitar un mal mayor" (CSJN, de fecha 20/4/2010 in re "Baldivieso, Cesar Alejandro", Fallos 333:405, del voto de la Dra. Carmen Argibay).

En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que la denuncia de supuestos hechos ilícitos, efectuada por los abogados de quienes serían partícipes en ellos, y de los que habrían tomado conocimiento en razón de su vínculo profesional, "implica una violación no sólo al principio amplio de la defensa en juicio, sino de los derechos a la privacidad e intimidad de sus clientes, garantías, que deviniendo del artículo 19 de la Constitución Nacional, se cristalizan en normas tan claras y específicas como el artículo 244 del Código Procesal Penal de la Nación y del artículo 156 del Código Penal, y en otro orden no menos importante, en las disposiciones que regulan el ejercicio de la profesión de abogado, artículos 6º inc. f) de la ley 23.187 y 10 inc. h) del Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Si el deber de denunciar decae (aun en delitos contra la vida) cuando los hechos son conocidos bajo el amparo del secreto profesional, con mayor razón merece censura una presentación espontánea de quienes sin estar obligados a denunciar y en violación de la prohibición de hacerlo, ponen en manifiesto hechos secretos que están obligados a guardar." (CSJN, sentencia de fecha 17 de abril de 2007, in re "Clementi, Edgar Omar y otro vs. Embajada de Rusia y otros s/ Cumplimiento de convenio de honorarios", del dictamen de la Procuración General, al que remitió la CSJN; Fallos 330:1804). En la referida causa, el dictamen del Procurador General, también señala que "al respecto, Lenkner (Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch Kommentar, Munich, 1991, p.1484) afirma que si el obligado a confidencialidad obtuvo el conocimiento del hecho porque el autor es su paciente o mandante, sólo existe una autorización para revelar el secreto en casos de altísima peligrosidad para el futuro, y ello tampoco procede si el autor se dirigió al abogado (asunción de la defensa) o al médico (por ejemplo, para el tratamiento de una anomalía de los impulsos) a causa de ese hecho (del dictamen de esta Procuración General en autos: 'Baldivieso, César s/ causa Nº 4733', B. 436, L. XL del 8 de agosto del corriente año)".

Por todo lo expuesto, se advierte que -conforme a lo resuelto en las anteriores instancias de éste proceso-, la vía elegida por el actor a los fines de peticionar la dispensa del deber de guardar el secreto profesional, resulta violatoria del derecho de defensa del interesado y, por ello, no constituye un carril procesal idóneo para obtener lo peticionado. Por su parte, no se advierte la existencia de los supuestos puntos de contacto que invoca el recurrente entre la "medida previa" peticionada en autos y las medidas preparatorias de juicio (reguladas en el artículo 277 del CPCCT), por lo que tampoco corresponde aplicar el trámite dispuesto para éstas últimas.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la parte actora, la que deberá -en el supuesto que interprete esencial la peticionada dispensa de guardar el secreto profesional- iniciar un proceso tendiente a tal fin, en donde el demandado tenga la oportunidad de ejercer plenamente su derecho de defensa en juicio.

En atención a la ausencia de sustanciación, no corresponde un pronunciamiento sobre costas con relación al recurso que aquí se resuelve.

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur, votan en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia Nº 97 de fecha 2 de mayo de 2011 (fs. 26 y vta.), dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

II.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030572-04.