Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-09-05


AUTOS N° 20.989 (102500 - 9° CIVIL) "CALPENA ARENAS Enrique Ariel C/ La Unión Vecinal de Trinidad - Daños y Perjuicios" PROTOCOLO: L. DE S. T° 111, F° 11/17 En la ciudad de San Juan, a 05 días del mes de septiembre del año dos mil once, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los señores Vocales DRES. PASCUAL E. ALFERILLO y CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.989 (102500 - 9° CIVIL) caratulados "CALPENA ARENAS ENRIQUE ARIEL C/ LA UNIÓN VECINAL DE TRINIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha 25 del mes de febrero del año dos mil once, obrante a fs. 309-323, de estos autos originarios del Noveno Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El a quo, en su sentencia dictada en fecha 25 de febrero de 2011, cuya copia obra agregada a fs. 309/323, encontró fundamento suficiente para hacer lugar a la demanda, condenando a pagar a la Unión Vecinal de Trinidad, la suma de $ 55.000 con más los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago. Se regulan los honorarios de los profesionales actuantes.

Contra este resolutorio, la demandada interpone recurso de apelación a fs. 325, el cual es concedido con efecto suspensivo.

La parte recurrente se presenta a fs. 327 y expresa sus agravios contra la sentencia sosteniendo que le perjudica a sus intereses por cuanto (primera queja) responde la posición asumida por el fallo diciendo que la verdadera relación existente entre el actor y la entidad demandada se define porque el deportista practica su deporte por su cuenta y riesgo, sin percibir remuneración alguna, no ha celebrado con ellos la U.V.T.	contrato alguno que obligue a un deber de seguridad ni a la reparación del daño que cada cual pueda experimentar, pues es el jugador quien asumió voluntariamente las eventuales consecuencias dañosas que pudiere acarrearle la práctica del básquet. En esas condiciones fue que admitió el ingreso de Calpena a la U.V.T. Estas características de la relación se contraponen con el contrato deportivo que sugiere la sentenciante que introduce el tema de la seguridad entre deportista e institución.

Respecto de la dependencia que se menciona, es de hacer notar que en la relación de Calpena y UVT, era muy relativa. Si bien a la hora de competir era necesario una concurrencia puntual, respecto de los entrenamiento la sujeción no era rígida y menos la asistencia a los mismos, conforme lo explicita el propio director técnico, Ríboli, al contestar la pregunta 14 a fs. 130 vta. De tal modo, la mentada dependencia de Calpena hacia la UVT era relativa y variable. La alusión que se hace de la subordinación o dependencia en la sentencia, referido a la subordinación jurídica del deportista, es harto relativo y dudoso.

En el segundo agravio expuesto critica la decisión del a quo relacionado con fundamentar la condena en la existencia de una obligación de seguridad entre la entidad deportiva y la actora. Recuerda que en el caso, un entrenamiento de la primera división del club de básquet de la UVT, el accidente que padeció Calpena Arenas ha sido atribuido a una contingencia propia del juego de contacto ocasionado por una jugada usual de básquet, con otros compañeros, sin que hubiera infracción al reglamento ni por parte de la víctima ni del otro jugador. El daño fue contingencia del juego. Cita doctrina judicial y explica que la circunstancia que sobre el deportista amateur pesen obligaciones que puedan compararse a las de un profesional en orden a la rigurosidad del entrenamiento y fichaje en determinada institución con lo que ello implica, en modo alguno puede llegar a asemejar el vehículo que los liga al que existe entre el obrero y el patrón, el futbolista profesional y el club para el cual presta servicios, etc. Las exigencias en orden al entrenamiento son una lógica consecuencia de la natural aspiración del ser humano insita en su espíritu por alcanzar el mayor grado de perfección en todas las actividades que desarrolla, aún en aquellas que realiza con finalidad recreativa. Cita doctrina.

Párrafos más adelante argumenta que la obligación de seguridad nunca puede ser tan rígida que proteja al deportista y asegure su indemnidad en todo momento y en todos los casos, en perjuicio y a expensas de la institución que los cobija y perfecciona en la práctica del deporte que prefiera, y que satisface sus ansias deportivas poniendo a su disposición el escenario de juego, los elementos o instrumentos de juego, las luces y demás instalaciones del estadio, el control de las instrucción y práctica deportiva mediante un director técnico apropiado, etc. Y menos cuando el daño proviene de la propia culpa o mala suerte de la víctima, habida cuenta que la acción que lo lesionó, es una jugada normal y corriente en la práctica del básquet, sin que haya existido en absoluto dolo o culpa del contrincante.

Por lo tanto le agravia que la sentencia limite la idea de asunción de riesgo y sus consecuencias dañosas solamente a la práctica de actividades como el boxeo, el paracaidismo, automovilismo, etc. Y manifieste que la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional niega la aceptación de los riesgos como eximente autónoma de cualquier tipo de daño. La existencia de lesiones físicas en casi todos los deportes que deja imposibilitados a los deportistas por un lapso de tiempo o de por vida, es una constante diaria que permanentemente ocurre en todas partes. El básquet no escapa al fenómeno de las lesiones y riesgos y por tanto, a ser eximente del daño causado cuando la propia víctima se lo propina a sí mismo.

Luego de transcribir el pensamiento de distintos autores, sintetiza que la conveniencia de la inaplicabilidad de la llamada obligación de seguridad en la actividad deportiva.

En el tercer agravio, se concentra en cuestionar la cuantía fijada por incapacidad sobreviviente, gastos de movilidad y medicamentos, gastos médicos para la atención preoperatorio y por daño moral.

En esa dirección indica que se agravia del porcentaje determinado por la incapacidad total y permanente del 25% conforme el Baremo de Rubistein, cuando el Decreto 659-96 adjudica al menoscabo entre el 10 y 15%. Sobre el particular critica severamente el criterio del sentenciante respecto de que en sede civil la incapacidad abarca aspectos más amplios. Ello es calificado como arbitrario por el recurrente, dado que lo tilda de arbitrario porque el nomenclador informado es consecuencia del registro permanente y actualizado de los valores resultantes de cada lesión y evaluado por personal capacidad e idóneo, que confecciona el baremo. En consecuencia pide se revoque lo dispuesto y se cumpla con lo establecido por el Decreto N° 659-96 que dispone una indemnización para esa lesión, del 10 al 15% que es el que se debe aplicar cuando existe una lesión como la experimentada por el actor.

Introduce cuestión constitucional.

Corrido traslado a la contraria, la actora se presenta a fs. 339/343 y en función de los argumentos que expone peticiona que se dicte sentencia rechazando la apelación en todas sus partes confirmando la dictada por el juez a quo con imposición de las costas.

Planteado de este modo el recurso de apelación, inicialmente se deje dejar fijado que no forma parte de los agravios la interpretación realizada por el a quo de los hechos acaecidos y que se han entendido debidamente acreditado en el expediente.

En ese sentido, y a los fines de precisar la base fáctica sobre la cual desarrollaremos las consideraciones eminentemente jurídicas, el a quo en la sentencia, precisamente a fs. 314 vta., entendió probado que el día 17/04/07, siendo alrededor de las 23,30 horas mientras el actor estaba entrenando al básquet, en el predio de la U.V.T., bajo la dirección técnica de Manuel Ríboli, sufrió un accidente al chocar con otros compañero, al intentar buscar un rebote de la pelota. Se trato de una lesión producida por la práctica normal del juego. También estimó probado que el actor, era un jugador amateur, federado, que jugaba en primera división para la UVT, siguiendo las órdenes e instrucciones del director técnico que fue contratado por el Club a los fines de competir.

Los agravios, de la demandada se focalizan contra la interpretación realizada por el a quo respecto del encuadre jurídico de la relación deportiva mantenida por la UVT con el actor, señor Calpena.

En ese sentido, corresponde tener en cuenta que el art. 253 de la Ley 8037 exige que la expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas sin que sea suficiente remitirse a presentaciones anteriores. Ello es jurídicamente correcto por cuanto resulta ineludible desmoronar la estructura lógica jurídica sobre la cual se sustentó el fallo para luego exponer, las razones en las cuales se debería fundamentar la procedencia de la pretensión recursiva. Es por ello que en reiterados fallos se ha precisado que no basta con exponer una mera disconformidad respecto del fallo y menos aún, reiterar un criterio o hermenéutica realizada por la recurrente en presentaciones anteriores.

En el caso de autos se observa que la deficiencia aconteció por cuanto la centralidad de las discusión litigiosa venida a esta instancia de apelación esta focalizada contra el posicionamiento doctrinario adoptado por el a quo, lo cual impone que la crítica debió contener las razones jurídicas por las cuales se estima equivocada esa posición, no bastando, por cierto, reiterar la posición sustentada originalmente.

Mas allá de la deficiencia apuntada de la expresión de agravios que permite declarar desierto al presente recurso, con el firme propósito de que no se tilde de incurso en exceso ritual al presente decisorio, procederemos a examinar el sustento jurídico del fallo y de la expresión de agravios.

En ese sentido, en concreto, a la recurrente le agravia la posición doctrinaria asumida por el sentenciante que le permite dar sustento a la atribución de responsabilidad para que su parte deba asumir el deber de resarcir el daño.

El a quo, construye su silogismo partiendo de precisar que el daño sufrido por el actor es un supuesto de daño deportivo, entendiendo por tal en daño no intencional ocasionado a otra persona durante la realización de un certamen o competición deportiva por uno de las partícipes (cita en apoyo a Brebbia, Trigo Represas - López Mesa).

A partir de ello describe la relación entre el jugador "amateur", federado, que entrenaba bajo las órdenes del director técnico contratado por el club, cumpliendo horarios de entrenamiento con el fin de participar en justas deportivas, representando a la U.V.T., precisando que dicha institución se beneficiaba con los éxitos que podrían obtener sus equipos representativos. Como contrapartida, brindaba al jugador la posibilidad de perfeccionarse en la práctica del deporte elegido con la supervisión de un técnico, de formar parte de un grupo del mismo nivel y de tener adversarios con quienes competir, así como la utilización de instalaciones adecuadas para la practica deportiva, contribuyendo al mantenimiento de su salud física y moral.

A esta relación la encuadra jurídicamente que el vínculo establecido entre la institución deportiva y el actor, jugador "amateur" federado de básquebol, excede el merco contrato asociativo pues éste debía acatar las pautas de organización y desarrollo de la actividad que el club disponía para su intervención en los entrenamientos y competencias en que participaba representando a la demandada. La a quo, correctamente encuadra la relación jurídica cuando indica, a fs. 316, que el deportista cuando interviene en un partido programado por el club, formando parte de uno de sus equipos, bajo las órdenes de un entrenador o director técnico, media una relación de dependencia manifiesta. El deportista se subordina voluntariamente a su club recibiendo instrucciones, directivas, órdenes acerca de cómo y dónde actuar.

Para sustentar su posición aporta el pensamiento de distintos autores que se han pronunciado en sentido concordante sobre el tema.

Entre ellos, cabe reproducir el pensamiento recientemente expuesto por Jorge Mosset Iturraspe sobre el tema del deportista amateur como dependiente de la institución. En ese sentido, sostiene que "la relación de dependencia puede existir tanto en acuerdos onerosos como gratuitos. Es extraña al tema de la remuneración. La "injerencia" que la caracteriza se da cuando una parte detenta un "poder efectivo o virtual de impartir órdenes o instrucciones" y la otra parte queda sometida al cumplimiento; media una "autorización para obrar", pues el dependiente actúa por cuenta de otra persona que ejerce a su respecto un poder de dirección, de vigilancia y control. En síntesis, no cabe duda de la "dependencia" en que se encuentra el deportista, remunerado o no frente a la institución. Y de esa dependencia nacen importantes efectos que se concretan en derechos y deberes para uno y otro celebrante del acuerdo deportivo" (Deportista no profesional. Jugador amateur o no rentado. Daño sufrido con motivo o en ocasión de la actividad cumplida para el club o institución. Dependencia", publicado en Revista del Derecho de Daños, 2010-2 "Daño Deportivo", Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 11).

El autor citado caracteriza la dependencia civil citando a Kemelmajer de Carlucci cuando dice que "existe dependencia civil cuando media una autorización para obrar proveniente del principal y a condición de que éste detente un poder efectivo o virtual de impartir órdenes o instrucciones; se trate de una situación de hecho o de derecho, técnica o económica" (Mosset iturraspe, Jorge, "¿La lesión sufrida por un jugador no profesional, constituye un daño deportivo indemnizable?", La Ley 2008-D, 350; Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Daño causado a los dependientes", Ed. Hammurabi, Bs.As., 1992, pág. 64).

A partir de ello, y como consecuencia lógica del posicionamiento doctrinal defendido, sostiene que del "contrato de "servicios deportivos", sea oneroso o sea gratuito, hace nacer a favor del deportista un "derecho a la seguridad" que se concreta en la "indemnidad" o "derecho a quedar libre o exento de daño"; deber u obligación que alcanza al principal, el club o la institución, con base, dentro del Derecho privado, en el principio de buena fe" (Mosset iturraspe, ob. cit., pág. 12) Esta conceptualización le permitió a Monasterio sostener que "la distinción entre futbolista profesional y amateur, tal como está planteada tanto en el estatuto de la AFA, como en la Ley 20.160 y el convenio colectivo de trabajo N° 430/75 no es clara, ya que como se analizo en el presente, de las notas distintivas, a saber: existencia de un poder disciplinario doble con respecto al trabajador; limitación temporal de la vida útil del trabajador; notas de exclusividad y modalidad retributiva sólo la última es exclusiva del futbolista profesional, entendiendo así a la retribución como una compensación dineraria que resulte suficiente, sino para constituir el único medio de vida del deportista, al menos para coadyuvar en proporción importante a que lo sea. Se debería entender como profesional a aquel que practica un deporte y recibe una compensación, la cual le sirve como medio de vida" (Monasterio, Rodrigo, "Fútbol amateur o fútbol profesional, una cuestión de perspectiva", LLNOA 2009 (marzo), 129).

En igual sentido, Ghersi opinó respecto de otro deporte cuando dijo que "en el caso de autos se trata de un aprendiz de jockey que realizaba tareas de entrenamiento, lo que acaece en cualquier deporte, constituyendo un todo con la actividad deportiva, es decir, la parte competitiva.

Este concepto resulta ser importante, pues una de las cuestiones que reiteradamente se plantea es la diferencia de ambas actividades, como fragmentadas y estableciendo que el entrenamiento es una cuestión de riesgo para el jugador.

Máxime cuando aquellos entrenamientos muchas veces se producen en lugares distintos a los de competición e incluso el propio jugador realiza actividades extra para mantenerse en estado, etc.

Es, pues, claro que la totalidad de actividades relacionadas con un deporte son anexas (relación de causalidad) a la competición, salvo que el mismo deportista incorpore de su parte una responsabilidad subjetiva (antijuridicidad; imputabilidad y culpabilidad, en relación con un hecho propio, al cual pueda ligarse la causalidad o también denominado auto-daño) que bloquee la responsabilidad por seguridad que debe la entidad que lo afilia, en calidad de profesional o amateur" (Ghersi, Carlos A., "Responsabilidad en la actividad deportiva. La cosa inerte que se torna riesgosa y causa daño", La Ley 2006-F, 173-Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo V, 1289) Como se colige, el pensamiento de la doctrina de mayor actualidad que ha tratado el tema, criterio que compartimos, ve en la relación entre el deportista amateur que actúa en representación de su club en competencias regladas por la federación que agrupa al deporte, tiene una vinculación de dependencia civil que es distinta al deportista profesional que tiene una dependencia laboral.

Allí se encuentra la diferencia en la naturaleza jurídica de la dependencia del deportista, en una está regida por el Código Civil y, en la otra, por la normativa del Derecho Laboral.

A partir de ello, sin duda alguna que la entidad asume respecto de sus deportistas una obligación tácita de seguridad que le impone el deber de resarcir los daños que estos padecieren cuando están realizando actividades bajo sus directivas, como son los entrenamientos.

Parellada y otros definen "a la obligación de seguridad como aquél deber jurídico calificado de protección, complementario, distinto y autónomo de la obligación principal que, expresa o tácitamente, las partes asumen, en ciertos contratos, tendientes a preservar sanos y salvos a las personas y sus bienes de su cocontratante durante la ejecución de la obligación principal con el fin de satisfacer plenamente el interés del acreedor en el cumplimiento del contrato" (Ponencia presentada en las XX Jornadas Nacionales de Derecho Civil Buenos Aires - Set./2005, junto a Cuervo, Furlotti, Apiolada, Martinelli, Quirós, Livellara y Castro (Univ. Nac. De Cuyo Mendoza)).

La demandada para sostener su carencia de responsabilidad, sostiene que existe un solo tipo de la relación de dependencia entre las instituciones deportivas y sus deportistas, la profesional, desconociendo que en la actualidad quienes practican deporte amateur federado tienen dependencia de carácter civil con las entidades, pues deben usar la indumentaria que se les indica, someterse a las reglas del entrenamiento (tiempo y forma) que se dispongan, participar de las competencia exclusivamente para dicho club, no disponen libremente de sus pases, etc.

En función de las razones jurídicas consideradas corresponde en derecho y así propongo se declare, la desestimación de esta queja intentada por la parte accionada, debiéndose confirmar la sentencia en cuanto hace responsable a la entidad demandada del resarcimiento de los daños deportivos sufridos por el actor. En cuanto a la impugnación de la cuantificación de los daños realizados por la sentencia se verifica que el recurrente incurre en el mismo déficit al no realizar una crítica concreta y razonada de los considerandos de la sentencia que valoraron y cuantificaron los rubros reclamados. En ese sentido, cabe declarar desierto estos agravios por cuanto, después de anunciar su disconformidad con los montos definidos para los distintos rubros solo analiza el contenido relacionado la incapacidad parcial y permanente que es precisada en la sentencia en un 25% de la total obrera según el baremo de Rubinstein cuando denuncia que el Decreto 659-96 que el perito cita a la misma lesión (fractura bimaleolar o trimaleolar de tobillo) concede solo el 10 al 15%.

Observado los agravios sobre el punto, se verifica conforme a los antecedentes de la causa dos puntos a definir. El primero respecto del porcentual aplicable, cuando la pericia médica sostiene que el padecimiento del actor conforme al Baremo de Rubinstein oscila entre un 15 a un 25%, cuando el mismo padecimiento en el Baremo definido por el Decreto 659/1996, dado entre el 10 a un 15% con congruencia articular y del 15 al 20% con incongruencia articular. Estos detalles diferenciales no los indica el recurrente, sino que los omite explicar las razones es aplicable un porcentual u otro. Es deber del recurrente descalificar el dictamen del perito en forma concreta no con meras disconformidades, sosteniendo por ejemplo que a pesar del padecimiento del actor mantiene congruencia articular o que estas no han sido afectadas para encuadrar en la primera hipótesis y no en la segunda.

Es por este déficit defensivo que no corresponde atender la queja, pues de otro modo la jurisdicción asumiría un papel institucional que no le corresponde.

En función de las razones apuntadas, corresponde en derecho que se desestime la queja relacionada con la cuantificación del daño realizada por el a quo.

En síntesis propongo la desestimación total del recurso intentado por la demandada, con costas.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: desestimar el recurso de apelación intentado por la demandada, con costas.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación intentado por la demandada, con costas.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 de la ley 8037.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.