Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-10-28


ACUERDO N° 33/2008: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil ocho, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. RICARDO TOMAS KOHON, integrado por el señor Vocal, Dr.

EDUARDO FELIPE CIA, y como Vocales subrogantes los Dres. FERNANDO MARCELO GHISINI, MARCELO JUAN MEDORI y HÉCTOR GUILLERMO RIMARO, con la intervención del señor Secretario, Titular de la Secretaría Penal, Dr. ANDRÉS CLAUDIO TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos caratulados "G. M. S/ HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE PARTICIPE NECESARIO - V. D. R. Y. S/ HOMICIDIO CALIF. EN GRADO DE AUTOR Y ROBO SIMPLE" (expte. n° 169 - año 2006) del Registro de la mencionada Secretaría; se procedió a practicar la pertinente desinsaculación, resultando que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente:

Dr. Eduardo F. Cia, Dr. Ricardo T. Kohon, Dr. Héctor G. Rimaro, Dr. Fernando M.

Ghisini y Dr. Marcelo J. Medori.

ANTECEDENTES: por Sentencia N° 122/2003 (fs. 1288/1305), la Cámara en lo Criminal Segunda absolvió de culpa y cargo a R. J. V. D. y a M. G. por el delito de Homicidio Calificado (art. 80.2 C.P.). Dicho pronunciamiento fue recurrido en casación por el ministerio fiscal y por la parte querellante;

impugnaciones a las que este Tribunal hizo lugar por Acuerdo n° 25/2004, declarando la nulidad del pronunciamiento, así como del debate que lo precedió, enviando los autos a la Cámara Primera para la celebración de un nuevo juicio (cfr. fs. 1381/1388 vta.).

En contra de lo decidido, el señor Defensor Oficial de Cámara, Dr. Gustavo Vitale, dedujo recurso extraordinario federal a favor de R. J. V. D.; haciendo lo propio el Dr. ... como letrado de confianza de la coimputada M. G.. Éstos sostuvieron -como agravio común- que no obstante el texto de los arts. 417 y 418 bis del C.P.P. y C., ni el ministerio fiscal ni la querella se hallarían facultados para recurrir una sentencia absolutoria, planteando de manera sincrónica la inconstitucionalidad de las normas procesales habilitadoras de dichos recursos.

Este Tribunal Superior, por mayoría, resolvió declarar inadmisible el remedio federal intentado por los señores Defensores, lo que motivó la presentación directa de su parte ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras se tramitaba la queja ante ese Máximo Tribunal Federal, por sentencia N° 49/2006, dada por la Cámara Criminal Primera, se absolvió una vez más a M.

G. y a R. J. V. D. en orden al delito por el cual resultaron indagados (homicidio doblemente calificado por alevosía y por precio o promesa remuneratoria, previsto en el art. 80, incs. 2° y 3° del C.P.); disponiendo su inmediata libertad (fs. 2.366 / 2.402 vta.).

En contra de tal resolución el señor Fiscal de la instancia anterior, Dr.

Alfredo Velasco Copello, conjuntamente con la titular de la Agencia Fiscal de Graves Atentados Personales, Dra. Sandra González Taboada, prepararon el correspondiente recurso de casación (fs. 2.417/2.426).

Lo mismo hizo el apoderado de la querella, Dr. ..., con su propio patrocinio letrado, aunado al del Dr. ... (fs. 2.428/2.483).

Dichos recursos fueron declarados admisibles por resolución n° 115/07 (fs.

2.511/2.522).

Por aplicación de la ley 2.153 de reformas del Código Procesal (ley 1.677), y lo dispuesto en el art. 424, párrafo 2°, del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, el señor Fiscal ante el Cuerpo no hizo uso de la facultad allí acordada; sustituyendo, en su lugar, el originario pedido de informe "in voce", por la ampliación de fundamentos que se glosa a fs. 2.528/2.532. Por su parte, el representante de la querella, si bien en su momento solicitó también informar oralmente (fs. 2.503), desistió de tal pretensión y se remitió a los argumentos contenidos en su recurso de casación (cfr. fs. 2.539).

El 15 de febrero del corriente año la Corte Suprema de Justicia de la Nación comunicó (con copia de lo resuelto) el rechazo de la presentación directa deducida a favor de los imputados (fs. 2.544/2.546), validándose así el procedimiento del juicio oral y de la sentencia dictada por la Cámara Primera, por lo que a fs. 2547 se dispuso el llamado de autos para sentencia.

Cumplido el proceso deliberativo en la forma prevista en el art. 427 del código de rito, el Tribunal se plantea las siguientes CUESTIONES: 1°) ¿Es procedente el recurso de casación deducido?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión el Dr. EDUARDO F. CIA, dijo: I.- en contra de la sentencia dictada por la Cámara en lo Criminal Primera de esta Ciudad, que desvinculó a los únicos imputados -M. G. y a R. J. V. D.- del cargo de homicidio calificado (art. 80, incs. 2° y 3° del C.P.), las partes acusadoras presentaron sendos recursos de casación, cuyo detalle -en prieta síntesis- resulta ser el siguiente:

A) RECURSO DEDUCIDO POR LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL:

Afirman que, de manera contraria a lo que enuncia la sentencia, nada habría de reprobable o de sospechoso en que la pesquisa se haya servido del testimonio de M. Á. S. practicado en la sede prevencional a instancias de su apersonamiento; y que si bien su aporte al debate fue escaso, éste reconoció en tal instancia el contenido de sus anteriores declaraciones que sindicaban a V.

D. como autor del crimen, aspecto que resultó soslayado por los judicantes.

También rechazan la aseveración hecha por el tribunal de juicio, respecto a que aquella declaración y la de su hermana A. M. S. conformaban una prueba de escaso valor para el otorgamiento de la orden de allanamiento, pues además de haber sido una medida que ratificó la Alzada durante el trámite de la instrucción, tales relatos eran "ab initio" suficientes para justificar su libramiento.

Objetan además que el fallo recelase de la actividad policial por no producirse, en la primera oportunidad posible, el secuestro del anillo; pues en primer lugar la hipótesis de que S. R. no lo tuviera consigo por un desapoderamiento (dato inferido de lo declarado por su padre respecto a que era su costumbre llevarlo permanentemente puesto) era solamente eso: una posibilidad; y además, tampoco se pudo saber si hubo ocasión por parte de los preventores de lograr la búsqueda de dicho elemento en su vivienda para superar esa duda. Desde otro lado, tampoco los funcionarios policiales practicantes del registro en la casa del imputado V. D. tenían una correcta descripción de dicho elemento, lo que pudo haber contribuido a que no se percataran de su existencia cuando aquél resultó trasladado a la alcaidía policial.

Al propio tiempo, rechazan la afirmación de los juzgadores en cuanto a que la policía carecía de facultades para privar de libertad a V. D. por falta de atestamiento de esa prerrogativa en la orden de registro; ello en tanto no sólo se descubrieron elementos vinculados a la investigación que hacían procedente su apresamiento, sino otros que, aún sin conexión con la pesquisa, lo hacían susceptible de ser encausado por quebranto de normas contravencionales y penales, extremos que tornaban igualmente prudente su traslado hasta la Comisaría (esto último en concreta referencia a la verificación irregular de un arma de fuego y de una munición que se incautaron durante el registro de su morada).

Rechazan también la conceptuación hecha sobre el efectivo policial J. A. R.

así como la desconfianza depositada en su relato por el solo hecho de no recordar, en amplio detalle y luego de cuatro años, la modalidad del retiro de los efectos personales que llevaba consigo el imputado.

Censuran además que no se haya ponderado el cuadro de situación que describieron los policías R., B. y M., vinculado a la necesidad del rápido traslado del incuso hacia otra dependencia policial para el resguardo de su integridad física, lo que explicaría, junto a la propia inexperiencia de B. en este tipo de trámites, la omisión de generarse un recibo de sus efectos personales entre los que se hallaba aquel anillo.

Destacan que el término "gabinete" empleado en las declaraciones originarias de B. y de M. se refiere más bien a la sala o al conjunto de mobiliario (de acuerdo al significado real del término), que a un objeto propio para la guarda de efectos; razón por la cual, la negativa de B. ya sea sobre la existencia de un "gabinete de cuartelero" o de haber deslizado una expresión semejante durante su relato solo permitiría suponer el uso de una terminología propia de quien volcó sus dichos en el acta, pero nunca inferirse a partir de allí declaraciones inducidas y armadas por los pesquisantes para hacer ingresar aquel efecto como prueba de cargo, tal como supone la sentencia. Repulsan igualmente el razonamiento que lleva a justipreciar negativamente la testificación de J. D. T. hecha en la prevención, bajo el argumento de que la madre de sus hijos (presente en el mismo inmueble) no ratificó su versión, pues el propio T. sugirió la posibilidad de que ésta no hubiera escuchado el diálogo que mantuvo con el imputado, extremo que ella confirmó.

Igual déficit le atribuyen al descreimiento y descarte de lo testimoniado por D. V. S., sea porque no saludó a M. G. dentro del locutorio; porque rectificó parcialmente (en el juicio) la forma en que escuchó accidentalmente la conversación telefónica de aquélla con V. D., o por una supuesta contravención a la garantía constitucional que protege la privacidad de las comunicaciones.

También afirman desoído sin un fundamento válido lo narrado por M., en tanto la prohibición de denunciar (prevista para la persona que le transmitió a dicho testigo la confidencia del imputado sobre la autoría del crimen), es legítima únicamente para el sujeto abarcado por esa prohibición y siempre que se trate de un acto procesal de tales características; lo que no se dio en el caso.

Critican además el razonamiento del tribunal de instancia por el cual resta valor indiciario a los objetos que se secuestraron en el domicilio del imputado durante el segundo allanamiento. En el tópico del gorro, porque contrario a lo sostenido, sus características se cohonestarían con los dichos de la niña, evocadas a su vez por uno de los testigos (C.); sobre la pañoleta -reconocida por los padres de la occisa- los impugnantes repulsan el argumento de que dicha individualización carecería de gravitación por tratarse de un elemento de fabricación masiva, pues bajo tal tesis sería inútil la previsión procesal para este tipo de diligencias en tanto la mayoría de los objetos que nos rodean resultan derivados de la producción industrial; y sobre los rastros de calzado, descartados por presentar sólo cinco coincidencias con el borceguí del imputado y ser también un elemento de fabricación en serie, le achacan una crítica similar.

Destacan también que, ante la incapacidad de J. S. T. para declarar en el juicio, lo hizo oficiosamente su esposa, A. C., quien corroboró lo dicho oportunamente por éste, en cuanto al intento de V. D. de venderle el anillo.

Discrepan con lo sostenido por los juzgadores en el tópico de la falta de acreditación del vínculo entre ambos encausados (por la desestimación de la prueba testifical que así lo señalaba y por la falta de investigación y posterior cruzamiento de sus llamadas telefónicas), pues durante el allanamiento realizado en el domicilio de V. D. se secuestró una tarjeta de colectivo de la línea "Centenario" en cuyo dorso aparece manuscrita la leyenda "M." y dos números de teléfono: uno fijo y otro móvil que se corresponden con los de la coencartada. Destacando sobre esto último que V. D. se comunicó con ella el 24 de mayo de 2002 a las 19.35 hs., conforme el ticket agregado a fs.

273 desde el locutorio que habitualmente utilizaba, y que en el dorso de un comprobante de pago de una comunicación realizada el 21 de mayo de 2002 luce anotado el número telefónico de la occisa, ".luego del llamado a ella desde el mismo lugar y fecha pero instantes después y a fs. 360 y del mismo lugar, pasadas las 22.00 por el término de seis segundos, coincidente con la hora de lo denunciado y el plazo para expresar las amenazas.".

Por lo demás, también objetan la credibilidad asignada al descargo de G. bajo la explicación de que ésta no tendría aptitud económica para afrontar el pago del crimen, pues de hecho la imputada estaba en una posición suficiente para mantener a su hija, estudiar, alimentarse, poseer y mantener un vehículo, además de proyectar la edificación de una vivienda. Lo mismo cuando se afirma que durante el encuentro casual con B. ésta no parecía estar desaliñada, pues pudo haber tenido tiempo suficiente para arreglarse.

Conforme a todo ello, concluyen, se intentó destruir, ilógicamente, cada uno de los elementos de cargo; pues, de suponerse -como lo dicta el fallo- que la actividad policial tendió a la búsqueda de "chivos expiatorios", no se explica porqué se limitaron a colocar un anillo y una pañoleta, cuando nada los limitaba a introducir otras pertenencias de la víctima con mayor peso acriminador; incluso, si ese era el fin, nada obstaba a fraguar el recibo de las pertenencias de V. D. para su incorporación al legajo en lugar del atestamiento hecho en el acta de secuestro que evidenciaría olvido, torpeza o malas artes de la prevención.

En síntesis, afirman que no se ha valorado debidamente la prueba; contrario a ello se la ha desestimado, partiendo del preconcepto de que toda o gran parte de ella ha sido obtenida en forma ilegal.

B) RECURSO DEDUCIDO POR LA PARTE QUERELLANTE:

La acusación particular, por su parte, cuestionó los mismos fundamentos en idéntico orden.

En tal sentido, expresa que si bien el voto de apertura catalogó a M. Á. S.

como un "testigo desmemoriado", desconoce la lógica limitación mnemónica que produjo en el testigo el paso del tiempo (más de cuatro años); y de que aún así, ratificó plenamente sus declaraciones y firmas de fs. 186, 187 vta. y 188, expresando en reiteradas oportunidades durante el debate que, más allá de no recordar lo preguntado, ".si está escrito en la declaración lo debo haber comentado.". Destacando a la vez que en la audiencia hizo alusión a la relación previa entre ambos incoados (V. D. y G.) señalando que ".los vi juntos andando en la moto.". Recordando la Querella además que, sobre M. G., ya existía sospecha en el crimen por haber sido vista en predios colindantes de la víctima en fecha y hora aproximada al deceso, de quien poseía con ella diferencias por el vínculo sentimental que las unía a C. A. F. Lo cual justificaba plenamente - contrario a lo sostenido por el tribunal de instancia- (y aunado al testimonio de A. M. S.) el allanamiento de la morada de R. V. D. Máxime cuando de acuerdo al primer testimonio el imputado, en el asado que compartieron en la casa de J.

D. T., se manifestó inequívocamente como autor del asesinato de S. R.

Asimismo repulsa el querellante la afirmación hecha por el tribunal de juicio en torno a que la detención de V. D. sería ilegítima. A ello le opone idéntica argumentación que la contenida en el recurso fiscal, agregando que al tener el imputado objetos vinculados al hecho se verificaba sobre él la situación de flagrancia prevista en el artículo 261 del C.P.P. y C., situación que imponía su detención sin orden judicial conforme lo dispuesto en el artículo anterior (art. 260, 4° supuesto, del C.P.P. y C.). Y añade también que para sostenerse la nulidad de todo lo actuado a partir de la detención de V. D. (reputada como ilegítima por falta de orden judicial), el tribunal omitió considerar la certificación policial de fs. 281 vta. de la cual surge -como instrumento público no controvertido- la orden de su privación de libertad, emanada del propio magistrado instructor.

El tercer embate se dirige a cuestionar el nulo peso acriminador que la sentencia otorgó al secuestro del anillo de la víctima en poder de V. D. Al respecto, el recurso señala que "(.) luego del ingreso del señor V. D. a las dependencias de la Comisaría 5ta. de la localidad de Centenario, se procedió a trasladarlo al sector que rutinariamente es utilizado para extraer las pertenencias de los detenidos, que precisamente es el de la cocina, teniendo en cuenta que -como igualmente lo manifestaron los testigos a los que hace mención el vocal preopinante- no existe en ninguna dependencia policial de la provincia del Neuquén un sector que se lo denomine 'gabinete de cuartelero'. Es que el testigo expresamente aludido en el decisorio -B.- reconoció que al momento de ser demorado V. D. llevaba colocado dos anillos en su mano, '.que en ningún momento le retiraron las esposas . que el lugar al que lo llevaron (cocina) es amplio, y que hay un termotanque . que V. estaba parado mientras entregaba sus pertenencias . que las iba colocando en el piso . que le retiraron los cordones de zapatillas y unos anillos que tenía puestos . le decían que vayan dejando pieza por pieza . que dadas las 'circunstancias' no pudieron hacerle el recibo.

que las cosas quedaron en la cocina.'. Precisamente, las razones por las que se tuvo que trasladar -en forma URGENTE- a esta persona a la ciudad de Neuquén se vinculaban precisamente con que en las inmediaciones de la dependencia policial se iba reuniendo personas la '.situación se estaba desbordando' (al decir del testigo R.), '.el público que estaba afuera de la Comisaría quería accionar contra esta persona.' (según los dichos de B.), aclarando esta misma persona que por ese motivo '.no hubo tiempo de alojarlo.' naturalmente en la Comisaría 5ta. de dicha localidad. Concordantemente el testigo M. -que cumple las funciones de 'cuartelero' en dicha unidad policial-, aclaró que '.lo llevaron a la cocina, que es el lugar en el cual se verifican las pertenencias de los detenidos . que es el modo habitual en que se hace . que es así porque no hay espacio para hacerlo en otro lugar.' Que '.en el exterior de la Comisaría había mucha euforia, gente que se estaba juntando y reclamaba . que aproximadamente entre las 17.30 a 18.00 hs., realizando la limpieza de la cocina, pasando el lampazo, encontró unos elementos que se encontraban abajo del termotanque .que los guardó en una bolsa. que cuando encontró los efectos, había transcurrido una hora desde que se fueron con el detenido . que el detenido siempre estaba con una custodia.' [.] De tal forma, resulta irrazonable, ilógico, inconsistente y desvirtuador de los antecedentes fácticos que se han acreditado, el sostener que se evidencien falsedades en las explicaciones que el personal policial nos proporciona de lo que ocurrió en aquella oportunidad, no alcanzándose a justificar -en el marco del principio de razón suficiente- en mérito a que criterio valorativo resultan incongruentes. Por el contrario no puede caber dudas que el anillo cuyo secuestro se documenta con el acta de fs.

250, fue el que el Sr. V. D. dejó en el piso de la cocina de la Comisaría 5ta.

de Centenario -más allá de que al vocal de mérito le 'llame la atención' esa circunstancia, que frente a la urgencia' a la que ya hicimos mención, el personal policial priorizó el traslado del demorado para preservar su integridad física, y que más luego disponen 'formalizar' su ingreso como 'prueba' en el proceso" (cf. fs. 2448/2449).

Asimismo, concatenado con lo anterior, señala el recurrente que el anillo fue reconocido inequívocamente por los padres de la víctima y que resulta incorrecto sostener que solo a partir del acta de secuestro dicho elemento brota como evidencia cargosa, pues existe prueba independiente que corrobora la tenencia de esa joya en poder de V. D. mucho antes de su secuestro (en referencia a la declaración de J. D. T., quien afirmó que el encausado intentó venderle el anillo y la pañoleta). Y además, tampoco se trata (la incautación del anillo) de un problema de legalidad o ilegalidad, como se plantea en el fallo, sino simplemente del valor que, en términos de credibilidad, puede concederse a tal evidencia. Y al respecto, recuerda el acusador particular que las actuaciones policiales constituyen instrumentos públicos que hacen plena fe hasta que sean argüidos de falsos, lo que no ocurrió en el caso. Sobreañadiendo que si los hechos no ocurrieron como enuncia la prevención, no se explicaría de qué forma otra persona diferente al imputado pudo hacerse de dicho bien y dejarlo dentro de la dependencia policial sin ser observado; y si se trata de un complot -como sugiere el fallo-, necesariamente debería haber tenido la complicidad no sólo del personal policial actuante, sino también de la propia familia R. y de los magistrados y fiscales que actuaron en las instancias previas al juicio.

Rechaza a su vez la falta de credibilidad asignada a los dichos de J. D. T.

bajo el argumento de no recordar sustancialmente lo declarado en la instrucción, lo que tendría explicación -al ver del ocurrente- en el tiempo que transcurrió desde aquella primera declaración hasta su deposición en el juicio.

Y desde este plano, dice, son más confiables los dichos volcados en la prevención e incorporados por lectura al debate por su cercanía temporal con el evento evocado.

Objeta la valoración y análisis de lo testimoniado por D. V. S.. En primer término, porque contrario a lo que se sostiene en el decisorio, éste no cambió sustancialmente lo sostenido en la instrucción y sólo alteró un nimio detalle de cómo ocurrió la escucha accidental de la conversación telefónica entre ambos incoados; y en segundo lugar porque nada impide -contrario a lo enunciado por los judicantes- que quien de manera casual y por un déficit técnico en el sistema telefónico logra enterarse de la comisión de un delito, pueda revelarlo válidamente ante las autoridades policiales y judiciales. Recuerda al respecto que este caso no remite a la actividad estatal destinada a la intromisión en esfera de la intimidad de las personas y tampoco de actividad privada con ese fin específico, se trata simplemente de que en forma casual -aunque el tribunal no lo crea posible- el señor S. resultó testigo involuntario de una conversación telefónica entre terceras personas que más tarde relacionó con el hecho bajo investigación y que tomara estado público por los medios periodísticos.

El siguiente punto de crítica atiende a las consideraciones hechas sobre el testimonio de M. H. M. y su descarte como prueba de cargo por referir un comentario que le hiciera el hermano del incoado, respecto a que este último le confesó su participación en el crimen. Razona en este tópico que ha sido malinterpretada la garantía contra la auto incriminación, pues si el hermano de un asesino le cuenta a un amigo suyo el episodio criminal, este tercero -salvo que se trate de un sacerdote y haya recibido el secreto en confesión- no está impedido de contárselo a otro o a la justicia. Es que si bien la declaración testimonial de un hermano contra otro está vedada (art. 218 del C.P.P. y C.), no lo está la surgida de un tercero que no tiene vínculo con el imputado. Añade el acusador particular que en nada empaña su testimonio la situación de desempeñarse como policía, y a su vez, no puede reputarse ilógica su versión de que haya visto y oído durante la mañana del día en que ocurrió el suceso a ambos encartados y que G. le dijo a V. D. "quedamos así" (como infiriéndose algún acuerdo entre ellos), pues aquella precaución que se dice debieron guardar ante un acuerdo de tamaña envergadura no era del todo necesaria y razonable considerando que el propio V. D., ya después del homicidio, se ocupó de confesar abiertamente el hecho a familiares, amigos y hasta a un medio periodístico.

Ocupándose luego de los secuestros del gorro del club Boca Juniors, el barbijo, la pañoleta y el tiket telefónico reputados en poder de V. D., la acusación particular señala en primer lugar que las diferentes versiones recogidas de la pequeña hija de la víctima (presente durante el homicidio) se debe a la diversidad de contextos y de personas que evocaron sus comentarios, pero que aún así "(.) interpretando los 'dichos' de una niña de tan corta edad, padeciendo un suceso traumático de características como el que nos ocupa, resulta razonablemente convictivo sostener que las referencias a 'duendes', 'capuchas', 'viejos', se corresponden con que los autores de la muerte violenta tenían en la ocasión los 'rasgos fisonómicos' que el 'sentido común nos indica' relacionados con aquellos, y mal puede afirmarse -claro está sin desmerecer el principio de 'razón suficiente' que los hallados en el domicilio de V. D. - especialmente la 'barba postiza tipo Papá Noel' como reza el Acta de Allanamiento de fs. 275/276 vta. y el Secuestro de fs. 318, omitida en el párrafo transcrito de la sentencia, se corresponden en 'términos generales' con aquéllos.". En torno a la pañoleta, destaca que el tribunal de juicio estuvo igualmente predispuesto a su descarte bajo consideraciones tales como la falta de credibilidad de T. y la mención de que se trata de un producto de fabricación en serie, soslayando que en el debate mismo, los padres de R.

individualizaron dicho elemento sin dubitación, frente a otras pañoletas de gran parecido, que a tal efecto se le exhibieron; a lo que se añadió la duda de que efectivamente hubiera estado en la vivienda el imputado, sugiriendo la posibilidad de que fuera "prueba plantada" pero sin exponer qué motivos podrían haber tenido los pesquisantes para tal proceder.

En torno al comprobante de pago del llamado telefónico habido en la casa de V.

D., cuestiona los argumentos del voto ponente bajo la siguiente retórica: "(.) qué importancia tiene que la llamada haya sido de dos minutos o de menos ¿Cómo no advierte que lo trascendente es que el ticket, fue hallado en el allanamiento practicado en la casa de V. D. y coincide con el número de teléfono del locutorio y con el del servicio instalado en la casa de S. R., correspondiendo a la misma fecha en horario nocturno? Y sobre el particular nos preguntamos, no es probable -con la misma fuerza inductiva- que haya habido un error en el horario de la supuesta llamada o de la agresión recibida; no es igual de probable que la duración de la llamada cuyo ticket fue habido en el domicilio del imputado tuviera espacios de silencio, u otro tipo de manifestaciones que la Sra. R. no manifestó en su denuncia y sobre lo cual no podemos profundizar frente a la muerte violenta que le fue anunciada y que efectivamente padeció?. Porque lo que la conclusión convictiva del Tribunal deja sin respuesta es de qué hacía ese ticket en el domicilio del sospechado.".

En torno a la impresión parcial de calzado hallada sobre una fotografía observada en la casa de la víctima, estima la querella que las cinco coincidencias encontradas sobre los borceguíes de V. D. son suficientes para otorgarle el correspondiente peso indiciario y que su validez no puede descartarse al amparo de una supuesta detención ilegal, remitiéndose para ello a los argumentos bajo los cuales el recurrente lo reputa legítimo.

Censura también que el tribunal de juicio no haya conceptuado como otro elemento indiciario las propias manifestaciones auto incriminantes de V. D.. En este punto el documento recursivo señala lo siguiente: "(.) la 'auto- incriminación' no está siempre fulminada de nulidad. Salvo que haya sido forzada. Si una conciencia culpable -como parece haber sido el caso de V. D.- busca alivio confesándole a amigos, conocidos, la verdad de lo sucedido, tales manifestaciones -ni aún aunque hubiesen sido precedidas del pedido de mantenimiento de secreto- no hubieran invalidado el valor incriminante que tienen las manifestaciones testimoniales de tales personas. Y ello porque solamente la revelación del secreto profesional, es decir, el definido en el tipo penal del art. 156 del código respectivo, y sin justa causa, es el que - violentado- viciaría la divulgación original de lo confiado. Produciendo la 'contaminación' de ese material probatorio. Pero quien elige mal al confidente, nada tiene para reclamarle a nadie, si lo confiado es puesto en conocimiento de las autoridades -policiales y judiciales- y ulteriormente provoca su condena.

Fundada en su perfectamente válida auto-incriminación [.] respecto de los testimonios de terceros (no policías intervinientes en la investigación) a quienes el imputado -espontáneamente- les confesó la comisión del asesinato de la causante y su arrepentimiento ulteriores, ya sea que estuviese en libertad (caso de los testigos.) o ya detenido (caso de los cronistas del diario "La Mañana del Sur" que recogieron sus declaraciones volcadas en su edición del 26 de junio de 2002), ningún impedimento existía para tomarlas en cuenta como elemento de prueba testimonial y documental, respectivamente, toda vez que tales manifestaciones no fueron hechas en los modos típicos, descriptos en el art. 156 del C.P., único caso en el cual tendrían un origen ilegítimo, que no permitiría incorporarlas como pruebas.".

El Dr. ... también rebate la argumentación que diera credibilidad al relato exculpatorio de M. G. En tal faena, transcribe cierto tramo de la sentencia, contraviniéndolo, en lo medular, de la siguiente forma: "(.) el vecino niega que le haya mencionado que su esposo, al que se supone haber visto ingresar a la casa de la Sra. S. R., la hubiera golpeado y que por esa razón le solicitaba que la acompañara, o que las supuestas 'cosas' que estaba buscando se encontraran en dicho inmueble; pero muy especialmente que 'se haya acercado' a dicha persona, sino que por el contrario dicho encuentro resultó absolutamente 'inesperado' para la sospechada -recordemos- '.si no se hubiera movido, no la hubiera visto.', frente a lo cual ensayó la 'explicación' que nos ocupa, destacando -adicionalmente- que en ningún momento le mencionó al Sr. B. nada acerca de haber sido golpeada, o de estar 'buscando sus cosas'. Por el contrario, ulteriormente, cuando ella regresó en la motito, le manifestó ante su notoria desconfianza -circunstancias todas que no constan en el acta de Debate, pero que están en las testimoniales mencionadas y en la grabación del Debate- que 'no estaba robando'. De tal forma, que corresponde preguntarse ¿puede 'sostenerse lógicamente' el 'relato' de M. G.? ¿es razonable aceptar que a altas horas de la noche, ingresando a un inmueble por la parte posterior, a través de alambres rotos, atravesando terrenos en los cuales luego se advierte la presencia de 'caballetes' (de ambos lados de la propiedad contigua a la de la Sra. R.) -como dato inequívoco de haber sido colocados para sortear su altura- con signos en el paredón-- de rozamiento a la misma altura, se encontraría 'buscando' a su esposo?. O -contrariamente- ¿no resulta más plausible el considerar que de resultar cierta su narración en cuanto a que su ex amante hubiera ingresado al domicilio de la Sra. R., pretendiera 'descubrirlo' (si pudiera ser un motivo) llamando a la puerta de ingreso del inmueble, buscando ayuda de alguna de las personas de su confianza con las cuales dice haber estado instantes antes y no de un 'desconocido' que para colmo la encuentra en una 'actitud sospechosa' sorteando obstáculos en las propiedades en tales condiciones?. En cuanto a la versión sobre su presencia en la dependencia policial y ateniéndonos a lo manifestado por el propio testigo V. acerca de que '.en los 16 años que lleva en la Policía (es Of. Ppal.) nunca escuchó que a una persona en un Juzgado le dijeran que tenía que seguir a su esposo.' y ello luego del 'encuentro' con el testigo B. ¿Por qué razón no manifiesta los mismos antecedentes que arguye haber comentado con el vecino ya mencionado, es decir, por qué razón al personal policial no le informó que tenía temor porque ya la había golpeado antes?, ¿por qué razón no aclaró que había estado por los fondos de la propiedad colindante tratando de ubicarlos (según sus dichos)? sencillamente porque 'sintiéndose descubierta' ensayó su 'coartada' concurriendo a dicha unidad, con la clara pretensión de 'desligarse' de lo que sabía había sucedido dentro del inmueble de la Sra. R., precisamente en los instantes previos a cuando fue 'descubierta' por el testigo B. ya citado. Pero -además- y esto nos parece lo esencial, porque ella, como lo dijésemos en el debate, sentía celos no de S. R., sino más precisamente de su hija, ya que F. se negaba a reconocer el hijo de él que llevaba en su vientre, mientras había asumido la paternidad con el hijo de S. Y por ello, su plan criminal, era matar dos pájaros de un tiro por un lado el homicidio de S.. A quien sobre su cadáver, le fueron esparcidas fotografías de su hija y de C. .Y a éste, porque si B. le hubiese hecho caso, y hubiese aceptado 'acompañarla' hasta la casa de S., se hubiere encontrado con ésta, yaciendo en el piso y muerta. Con lo cual la imputación contra F. hubiese sido la culminación de la maniobra. Sólo que ella ignoraba que F. había viajado -providencialmente- a Picun Leufú, poco antes.", remitiéndose por lo demás a las versiones de la hija de R. y destacando nuevamente la relación probada entre ésta y V. D.

Denuncia la omisión de prueba dirimente que fortalecerían los indicios ya apuntados. Se refiere puntualmente a las condiciones en que fue hallado el cuerpo y el orden de su mobiliario, que permiten descartar una motivación sexual o con fines de robo, particularmente, en función de que ningún objeto faltó a excepción de aquellos dos que orientaron la pesquisa (el anillo y la pañoleta) y que, por el contrario, las fotografías esparcidas alrededor del cuerpo de R. (una de ellas dobladas como si hubiera sido refregado en el rostro de la antedicha) denotarían una connotación pasional; a la vez que la puerta trasera del inmueble de la víctima, al momento de ingresar el personal policial se encontraba abierta, lo que reconduce una vez más a G. en tanto esta abertura se comunica con el patio posterior del predio en el que se hallaron los caballetes y donde fue vista la encausada por el vecino B. Extremos todos estos que se enraízan con los reiterados conflictos que arrastraba aquélla con R. por su relación de pareja con F. En este sentido, recuerda la denuncia por amenazas que radicó la fallecida en contra de M. G.; la copia de su segunda denuncia; el incendio provocado por la incusa en el domicilio que R. compartía con C. F., durante el año 1997; las "agresiones" y "amenazas" reiteradas de su parte hacia la víctima referidas por S. R., Y. R., M. G. y la Sra. L.; las anotaciones y demás elementos encontrados en el domicilio de V. D. que permitieron vincularlo con la susodicha y el informe de las llamadas telefónicas desde y hacia el domicilio de la fallecida que guarda correspondencia con aquel ticket ya referido.

Por último, ya como vicio atinente a la sustanciación del trámite del legajo, deducido de manera subsidiaria, sostiene que ante la nulidad de la primera sentencia y del debate que lo antecedió, debió retrotraerse el proceso al auto de citación a juicio inclusive, ya que el ofrecimiento de prueba y demás actos preliminares forman una unidad no escindible del debate mismo. El perjuicio concreto traído a esa parte, según refiere el recurrente, habría consistido en la imposibilidad de contar con el testimonio del Comisario A. y de otras pruebas ofrecidas durante el debate; destacando ya, como aspecto que hace a la procedencia formal de la censura, que hizo la oportuna reserva de casación, la que fue renovada en las actas de fechas 29 de junio y 10 de julio del 2006, extremo éste tenido presente por el tribunal sentenciador.

II.- Que luego de analizados los recursos, la sentencia y las demás constancias del legajo que se vinculan con los agravios articulados, considero - y así lo propongo al Acuerdo - que las casaciones deducidas deben ser declaradas improcedentes. Doy mis razones:

Los escritos, por ceñirse a un mismo motivo y tener un denominador común (más allá de su diversa redacción), merecerán una respuesta conjunta de mi parte, con excepción a las contestaciones puntuales que otorgaré a cada una de las partes en aquello que se planteó de modo distinto o en subsidio.

También como aclaración previa, pero ya dentro del análisis propio de los recursos presentados, es del caso señalar que las sentencias absolutorias parten de afirmar la prevalencia de la garantía de presunción de inocencia sobre el valor acriminador de las pruebas que las acusaciones hayan aportado al juicio oral. De esta forma, quienes resultan acusados están colocados inicialmente en una posición en la que se afirma su inocencia, razón por la cual, para el dictado de una sentencia condenatoria, es preciso demostrar su responsabilidad más allá de toda duda razonable. Como complemento de esta afirmación, el in dubio pro reo impide que el tribunal, al valorar las pruebas, resuelva las dudas -cuando pueda llegar a tenerlas- en contra de los imputados.

Es por ello que en un Estado democrático de Derecho, basado en principios que reconocen derechos individuales (entre ellos el de la presunción de inocencia) no puede asumirse la condenación de personas inocentes, aún cuando ello sea a costa de arribar en ocasiones a la absolución de algunos que pudieran ser culpables. Si bien la falta de identificación de los autores de un delito, y más aún cuando se trata de un delito grave, puede considerarse en principio como un fracaso del sistema represivo, la absolución de los acusados, una vez descartada la arbitrariedad y el error no puede valorarse como fracaso, sino como una consecuencia de la reafirmación de la garantía antes aludida.

Bajo este marco, es claro que las sentencias absolutorias no necesitan motivación sobre la valoración de las pruebas que enerven una presunción a favor del acusado; antes bien, cuentan con dicha presunción. De modo que, para considerar suficientemente justificada una absolución, debería bastar con la expresión de la duda acerca de si los hechos ocurrieron como se sostiene en la acusación.

Esta afirmación, no obstante, debe ser tamizada; pues aunque la absolución se justifica simplemente con la duda, ésta no debe surgir de manera arbitraria en el pronunciamiento.

Dicho de otro modo: cuando exista prueba de cargo objetivamente consistente, no puede aludirse a la simple incertidumbre para absolver, ya que para hacer valer aquella garantía debe explicitarse de manera inteligible el carácter racional o razonable de la duda para alejar cualquier atisbo de arbitrariedad del fallo.

Bajo estos principios es que habré de evaluar los planteos de las partes y los fundamentos que llevaron a la absolución de M. G. y de R. V. Delgado. Veamos:

a) El legajo, a falta de pruebas acriminadoras directas (salvo las expresiones recogidas de la hija de la víctima, presente en el lugar, cuya limitación por su corta edad resulta clara), se ha nutrido de elementos indiciarios. Entre estos últimos se destaca la prueba testifical obtenida en la instrucción y luego rendida en el juicio, así como ciertos elementos hallados en poder de V.

D. que resultarían de vinculación al crimen, algunos de ellos, a su vez, susceptibles de conexión con su consorte de causa, quien no sólo tuvo reiterados problemas con la fallecida, sino que además resultó verificada su presencia en un contexto témporo-espacial cercano al homicidio.

b) Ahora bien, el voto inaugural (con las adhesiones de sus colegas), ha hecho un doble análisis referido a los objetos validos para el reproche del hecho, en especial sobre el anillo y la pañoleta de la víctima cuya tenencia le fue achacada al incoado; arribando a su descarte, tanto por originarse en la ilegítima detención de éste, como por el descreimiento de las circunstancias que hicieron a su obtención (cfr. fs. 2.379, y en especial fs. 2.385/2.388 vta.).

Sobre lo primero, y en ello asiste razón a las partes recurrentes, nada habría de objetable en que la pesquisa se orientara a partir de lo testificado por M.

Á. S. ante la prevención. Y es que las razones de su pertinencia dimanan explícitamente del informe que precede al acta testimonial que concretamente remite a su aptitud como fuente probatoria, evaluada 'ab initio' por la comisión del Departamento Seguridad Personal que se hallaba a cargo de la investigación y que se constituyó al efecto dentro de esa seccional (cfr. fs.

186); siendo por lo demás este tipo de informes (con referencias o no sobre el aporte potencial del testigo aclaración por demás innecesaria), de práctica común a la mayoría de las testificales recibidas por los funcionarios policiales (cfr. fs. 14, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 29, entre muchas otras).

Por lo demás, dicha línea investigativa no fue la única intentada por los pesquisantes a poco de repararse que dos días antes (también fundado en múltiples testimonios), se practicó un registro domiciliario y una requisa personal sobre quien resultó a la postre convocado al juicio como testigo: el Sr. C. F. (cfr. fs. 207, 209 y 2.281 vta.).

Conforme lo hasta aquí analizado, es claro que la declaración del testigo S., hecha en la dependencia policial, a instancias de una somera evaluación previa por parte de la División Seguridad Personal bajo la cual se reputó pertinente su aporte, ha resultado una de las tantas recibidas por la policía para solventar una hipótesis y por lo tanto no es pasible de abrigar desconfianza.

Aclarado el punto, como corolario de este análisis, tampoco son alcanzados por una supuesta nulidad los elementos incautados a instancias de aquella prueba de cargo, en especial los obtenidos al amparo de las órdenes de registro dictadas por el juez de instrucción. Y lo mismo sobre el anillo, cuya ineficacia propugna el fallo absolutorio bajo el argumento de un traslado ilegítimo de V. D. hasta la Comisaría.

En efecto, cabe recordar que surge de las constancias obrantes en la causa que a resultas del allanamiento logrado en dicho domicilio se verificaron y se secuestraron diversos efectos de evidente enlace con la investigación en curso que hacían prudente el traslado de su morador hasta la seccional policial para su fehaciente identificación y para el requerimiento de directivas a su respecto por el magistrado instructor, lo que se efectivizó prontamente, avalando el Dr. José Cartolano (a pocos minutos de culminado el registro) lo actuado por el personal policial, disponiendo el arresto preventivo de V. D.

(cfr. fs. 276 vta. y 281 vta.), su inspección corporal (cfr. fs. 293/294 vta.), y finalmente su detención preventiva (fs. 297).

Para que quede más claro: la directriz de privación de libertad, no contenida originalmente en la orden de registro, resultó suplida por la instrucción verbal que en tal sentido hizo el Magistrado a-quo, a escaso tiempo de su traslado a la Comisaría, tal como se desprende de la constancia asentada en el legajo; extremo que otorga plena validez al proceder policial.

Pero la validez intrínseca del modo en que operó la detención de V. D., así como de la incautación de efectos derivados de su requisa y registros domiciliarios no llevan sin más al despeje de la duda abrigada por los sentenciadores a poco de repararse en que, precisamente, el otro punto de análisis se circunscribió a la calibración del valor de convicción de esos y de otros indicios de cargo.

Y en esta línea, ha de ponerse en relieve que el mayor peso acriminador lo constituía, presumiblemente, la prueba testifical propuesta para el juicio; sin embargo, al rendirse, se fue depreciando, tanto por olvidos, rectificaciones y contradicciones verificados durante el debate. A guisa de ejemplo, en lo que atañe a M. Á. S. (conforme lo recuerda el vocal ponente), contrariamente a lo que afirmó de manera inicial ante la prevención ".No recuerda que en alguno de los asados se hubiera comentado de la muerte de S. R. [.] no recuerda si V. D.

salía con M. G. .", señalando a su vez (como circunstancia en la que los judicantes apoyan su recelo en la actividad policial) que ".fue llamado para prestar declaración .y De entrada fue intimidado, después se cambiaron las cosas [.] No le leyeron previamente lo que firmó." (cfr. fs. 2.380 y vta.). Y por el lado de T., aún cuando en el acta levantada por los funcionarios policiales fue contundente en torno a que V. D. le confió que había ido hasta la casa de una maestra y la había matado -en inequívoca referencia a R.-, y que inclusive le exhibió un anillo de oro y que M. G. le había ofrecido dinero para cometer el hecho, como así que ella también estaba presente durante la matanza, etc., conforme lo evocado en el pronunciamiento objetado "(.) al comparecer al debate el testigo T. al iniciarse el interrogatorio fue totalmente dubitativo, expresó que no se acordaba, dijo que no se acordaba lo que había declarado en la Comisaría [.] Fue necesario leerle la totalidad de su declaración a fin de auxiliar a su memoria, y no obstante ello no brindó un testimonio espontáneo, sino que a cada trozo de la declaración que se le leía, decía sí eso fue así o repetía la frase que se le había leído instantes antes. Se apreció que sus dichos no eran espontáneos y que simplemente fue asintiendo o diciendo que no recordaba a medida que se le fue leyendo la declaración prestada en sede policial, salvo algunas rememoraciones un tanto confusas. Entiendo que la declaración de este testigo resulta de escaso valor probatorio, y las dudas actuales no pueden deberse a la explicación que dio en el sentido que quiso olvidarse de lo acontecido [.] Da la impresión que lo volcado en la declaración prevencional, no haya sido percibido por los sentidos del testigo, y que la declaración haya sido confeccionada por el personal policial para involucrar a V. D., sin que en realidad T. haya manifestado lo allí asentado." (cfr. fs.

2380 y 2389/90).

Si bien a esta falencia, propia de los testimonios apuntados (y de otros a los que más adelante habré de referir), los ocurrentes le oponen el argumento de que resultaron ratificados, y fundamentalmente, que aquellas declaraciones originales (policiales) fueron incorporadas por lectura, este argumento tampoco lo entiendo próspero. En efecto:

1) Ha descripto Jorge A. Clariá Olmedo al acto del debate como "(.) el momento más culminante de todo proceso." (Derecho Procesal Penal, t. IV, pág.

231, citado a su vez por Raúl Washington Ávalos en "Derecho Procesal Penal", t.

III, Ed. Jurídicas Cuyo, Sgo. de Chile, 1993, pág. 308); así, en el sistema de juzgamiento vigente, los principios de oralidad e inmediación inherentes a éste sólo pueden ser restringidos en casos de excepción (cfr. arts. 356 y 357 del C.P.P. y C.).

2) Ello no significa, claro está, una lisa y llana descalificación de las declaraciones testimoniales receptadas en oportunidades anteriores al juicio (en tanto su incorporación, en ciertas condiciones, es excepcionalmente factible), sino simplemente una imposición (derivada de aquellos principios) de la comparecencia personal de los declarantes para que tanto los magistrados sentenciadores como las partes tomen conocimiento directo de ellos: de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y demás circunstancias que sirven para evaluar su veracidad y eficacia, y por sobre todo de ello, para que puedan contar con la potestad de interrogación libre y directa, indagando de este modo el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener.

3) Desde este punto de mira, y adentrándonos a la crítica recursiva; esto es la arbitrariedad del fallo por inobservancia de lo expresado por los testigos en la etapa instructoria, es claro que su lectura durante el juicio lo ha sido como una herramienta idónea para poner en evidencia posibles desavenencias, y para que las partes y los juzgadores les exijan las aclaraciones correspondientes (vgr. ".para refrescarle la memoria le fue leída la parte pertinente del acta." (en referencia a S.); ".fue necesario leerle la totalidad de su declaración a fin de auxiliar a su memoria." (en referencia a T.); cfr.

fs. 2380 vta. y 2389 vta.), mas no como forma de reemplazar unas por las otras.

Una interpretación contraria supondría -conforme el análisis esbozado- la desnaturalización del debate oral.

Sobre este tópico, la doctrina más calificada, coincidentemente, ha sostenido que "(.) La lectura en este caso tiene sólo como finalidad poner de manifiesto las contradicciones a los fines de que el testigo efectúe las aclaraciones correspondientes, lo que luego será revisado mediante el interrogatorio. Pero cabe aclarar que lo leído no integra el material probatorio del debate, sólo cumple aquella función, en consecuencia no puede ser tenido en cuenta por el tribunal al dictar sentencia." (Eduardo M. Jauchen - "Tratado de la Prueba en Materia Penal", Ed. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2002, págs. 571 y 572).

Sentado ello, es claro que la única sustancia de la prueba testifical está dada por la que ellos mismos expusieron en el juicio, y tal inspección, por su propia naturaleza, está seriamente restringida al trámite casatorio (C.S.J.N., C. 1.757. XL, "Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa", causa n° 1681, considerando 24, del voto de los Dres. Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda, E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Luis Lorenzetti).

Claro está que los magistrados del juicio no resultan excusados de dar cuenta circunstanciada en el fallo de la impresión personal que tales testimonios pudieron haberle causado; así como tampoco este Cuerpo resultaría exento de su control, pues a este respecto el tribunal de casación puede revisar dichos criterios ponderativos (cfr. José I. Cafferata Nores "¿Un nuevo recurso de casación? Reflexiones sobre el caso 'Casal' de la Corte Suprema" en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Ed. Lexis Nexis, n° 9/2006, pág. 1683).

Y una atenta lectura del fallo venido en recurso, señala -con corrección, según aprecio- el tamiz por el cual el magistrado ponente pasó la prueba testimonial objetada. Adviértase, por ejemplo, que al analizar los dichos de T., se indica que "(.) las dudas actuales no pueden deberse a la explicación que dio en el sentido que quiso olvidarse de lo acontecido. Tal respuesta es inexplicable, no resulta lógico que el individuo se olvide de un hecho extraordinario confiado por un tercero, máxime si tal hecho se trata del homicidio de una persona, suceso que había tenido gran trascendencia y difusión en la localidad a través de distintos medios. Da la impresión que lo volcado en la declaración prevencional, no haya sido percibido por los sentidos del testigo [.] esto no resulta ser una simple aseveración subjetiva de este juzgador, sin ningún sustento fáctico. En primer lugar, de acuerdo con sus dichos originales, M. A. S. se encontraba presente en el asado donde V. D.

efectuara tales manifestaciones, y éste si bien admite haber estado presente, no confirma los dichos de T. [.] Tampoco los dichos de T. son corroborados por su pareja J. B. ." (cfr. fs. 2389 vta./2390); y a dicha conclusión no resulta oponible -como argumentos suficientes para desvirtuarla- la explicación sugerida por los recurrentes, en cuanto a que su total limitación mnemónica resultó producto del paso del tiempo (cfr. fs. 2.426, segundo párrafo y 2.454), puesto que ni siquiera esa fue la razón que ensayó el testigo y, por lo demás, la explicación de éste, de que su olvido se basa en su propio deseo de no memorar, tampoco aparece como una respuesta razonable, tal como concluye el voto ponente. Lo mismo cuando las partes impugnantes sugieren a su vez su relato oral como un intento de favorecer al imputado por su grado de amistad y su condición de ex policía (cfr. fojas citadas de los recursos), pues en tal caso no se hallaría explicación (y los recursos tampoco la intentan) el por qué, a pesar de darse esa situación, habrían intentado involucrarlo tempranamente a la investigación policial.

En cuanto al acta de fs. 250 y vta. bajo la cual se documenta el secuestro del anillo en el predio de la Comisaría Quinta, se acompaña a las acusaciones en que resulta regularmente confeccionada; tanto porque el procedimiento de aprehensión de V. D. resultó legítimo -como ya lo analicé 'ut supra'-, como por cumplir dicha acta con los formalismos procesales (arts. 121 y ss. del C.P.P. y C). Lo mismo en el tópico de la pañoleta obtenida a instancias del segundo allanamiento practicado en el domicilio del incoado.

Adhiero así a lo señalado oportunamente por la querella en el juicio, cuando expresó que el problema de aquellas pruebas no radica en su legalidad sino en su "bajo nivel informativo y bajo nivel de credibilidad" (fs. 2.332 vta.).

Para suplir tal limitación probatoria, es que se recurrió a diversa prueba corroborante, principalmente a declaraciones testificales susceptibles de confirmar que V. D. tuvo en su poder, antes o durante su aprehensión, aquellos objetos. Para intentar lo primero, se acudió a los dichos de J. D. T., quien como ya se dijo en párrafos anteriores manifestó no recordar ninguno de los detalles sustanciales asentados en sede policial, especialmente y en lo que aquí concierne, a la exhibición del anillo y de la pañoleta por parte del imputado. (cfr. fs. 2389 y vta. y 2394 vta./2395). Lo mismo respecto de J. S.

T., quien no obstante comparecer al juicio, por razones salud, se desistió de su comparendo con la conformidad de las partes (cfr. fs. 2281 y vta.).

Para lo segundo, se analizaron las declaraciones del personal policial encargado de los procedimientos de aprehensión y de secuestro, ponderándose a su vez dos fotografías (exhibidas en el matutino "La Mañana del Sur" de fecha 26 de junio de 2002, que se aceptó como prueba de cargo a instancia del pedido hecho por la querella y que documentarían el momento del traslado de V. D.

vistiendo en una de sus manos el anillo en cuestión).

Sobre estas declaraciones -dichos de los policías M., B. y R.-, rendidas en el juicio y apreciadas en el contexto propio de la inmediación (que remiten en lo sustancial al hallazgo accidental del anillo de la víctima en la Comisaría 5° durante un lampaceo en el sector de la cocina y que atribuyen al conjunto de los efectos personales de V. D.), merecieron el descreimiento de los judicantes, entre otras razones, a causa de evidentes contradicciones surgidas entre ellas (cfr. fs. 2.388 y vta.). Y si bien la Fiscalía asevera que ello no es más que la dificultad de memorar detalles luego de cierto tiempo e incapaces de despertar suspicacias (fs. 2421 vta.), el fallo resalta contradicciones, no ya sobre lo ocurrido en tal oportunidad (donde es factible que puedan éstas originarse), sino ya al describir la modalidad habitual para la colección y resguardo de esos objetos personales. Por lo demás, es legítima la sospecha del tribunal de juicio si, además de no secuestrarse aquel anillo en los momentos iniciales y de la forma corriente, las pertenencias entre las que -se dice- estaba dicha joya, no se verificaron ni en el propio sitio afirmado por B. ni en el lugar en que -según M.- pudieron depositarse sus efectos, pues se dijeron observados accidentalmente debajo de un termosifón durante las tareas de limpieza, conforme los dichos de este último. Lo mismo con la pañoleta, que no obstante no advertirse su existencia durante el primer registro domiciliario, se la encontró ostensiblemente expuesta al producirse el segundo. Por lo demás, la crítica fiscal volcada a fs. 2.425, primer párrafo en su última parte, soslaya que los recibos de efectos personales de las personas privadas de libertad son hechos por duplicado, quedando siempre un comprobante en poder del detenido para su posterior reclamo, por lo que, de haberse intentado el agregado del anillo en un documento semejante, tal irregularidad -contrario a lo que conjetura el recurrente- se hubiera detectado rápidamente. A ello se suman contradicciones sobre las razones que motivaron la omisión de su confección, y aún cuando se reputen como ciertas las razones de premura, es claro que ello no obstaba a la consignación -bajo recibo- de unas pocas pertenencias que, en su detalle más meduloso, sería de unos pocos renglones y de rápida hechura (cfr. vista fotográfica de fs. 251 y del acta que la precede).

La fotografía del matutino introducida como prueba, tampoco arrojó mayor precisión, en tanto "(.) si bien es cierto que se distingue un anillo en uno de los dedos del imputado, no se puede colegir que se trate del anillo dorado que le faltara a la víctima de autos. Por otra parte cabe hacer notar, como bien lo señala el Dr. Vitale, que B. expresó en su declaración que fueron extraídos dos anillos de la mano izquierda, y al no distinguirse tal circunstancia en las fotos aportadas, mal puede tenerse por acreditado el extremo cargoso." (fs.

2388 vta./2389).

Desprovisto así el legajo de aquellos indicios, originalmente de cargo, resta por analizar otros susceptibles de vincular a V. D. y a G. con el homicidio.

Sobre el primero, resta aún considerar: a) el ticket telefónico; b) la impronta parcial de calzado en una fotografía cercana al cadáver, de cierta correspondencia con uno de sus borceguíes; c) la declaración testimonial de S.

(que alude a la escucha accidental de una conversación entre él y M. G., de la que infiere un acuerdo entre ambos) y d) la declaración testimonial del efectivo policial M. (quien dijo -en lo sustancial- haber escuchado, de boca del hermano del imputado, que este último se atribuyó el homicidio de R.).

Ahora bien, invirtiendo el orden de la prueba indiciaria señalada en el párrafo anterior, es menester señalar que las prohibiciones de denuncia y de testificación, como bien señalan las partes acusadoras, no son trasladables por vía de transitividad a terceros no comprendidos por esa proscripción; razón por la cual, lo declarado por M. es perfectamente válido y computable, contrario a lo sostenido en el voto inaugural.

No obstante ello, sí es acertado el restante análisis del fallo que desecha su aporte, en tanto resulta lógica la desconfianza depositada en la declaración del testigo M. a la vista de las falencias descubiertas en la restante prueba testimonial, rendida ante la vista de los Juzgadores. Más aún si se pondera que a M. siquiera le consta aquella presunta confesión, en tanto jamás la percibió por sí mismo. Por lo demás, aquella frase que dijo haber escuchado de boca de M. G. ("quedamos así"), dirigida a V. D. en ocasión en que lo dejaba en su domicilio, podría ser pasible de una multitud de interpretaciones; y desde este punto de vista, ello no se presenta como un indicio de cargo.

En cuanto a los dichos de S., más allá de las objeciones que podrían caberle a los argumentos del tribunal de juicio en torno a la presunta afectación de la garantía constitucional referida al secreto de las comunicaciones, tampoco es un elemento acriminador. Adviértase que sólo aseveró que dentro de su propio compartimiento del locutorio, accidentalmente (con abstracción de la duda que podría abrigar ello desde el plano técnico y a partir de ciertas rectificaciones en el juicio), oyó una conversación que mantenía M. G. con V.

D. (en otro box del locutorio), donde se hablaba de términos como "el filo", de "hacer un trabajo", de "seis mil y lo otro después del trabajo", etc.; lo que tampoco permite conjeturar, seriamente, aún bajo la consideración conjunta del indicio anterior, un pacto entre ambos para la concreción de un homicidio por dinero.

Los restantes elementos son, sino los únicos, los de más peso acriminador:

concretamente, la huella parcial de calzado y el ticket telefónico. Sobre ello, la sentencia también se explaya y las partes ensayaron parcialmente su refutación (cfr. fs. 2395 vta./2396 vta.; 2423 vta./2424 vta. y 2465/2467).

En torno al primer elemento de cargo, el voto de apertura lo desestimó por ser la impronta dejada por un objeto fabricado en serie y por verificarse tan solo cinco coincidencias con el calzado del imputado. Dicho razonamiento, la Fiscalía, no obstante mencionarlo como antecedente en el recurso, no lo controvirtió (cfr. fs. 2.423 vta./2.424). Mientras que la querella, sólo hizo un realce del número de coincidencias halladas y sobreañadió que resulta un indicio más, computable a los anteriores (cfr. fs. 2.467).

Esta observación, por sí, no empaña la conclusión del tribunal a-quo, pues aún otorgando razón a la afirmación de la querella de que se trata de un indicio de cargo más, es lógico que su peso probatorio connatural se halle visto afectado por la depreciación de los restantes elementos mencionados. Y desde otro lado, la huella (parcialmente obtenida), no necesariamente llevaría a concluir, con un grado de certeza propio para desmerecer el pronunciamiento, que su traza sea exclusiva de un tipo de marca o modelo de calzado, por lo que tampoco desde este punto de vista se sostendría que tal estampado resulte propio del borceguí utilizado por V. D..

En lo que refiere al comprobante de pago del locutorio, cierto es que la respuesta del tribunal de instancia ha sido inconclusa, pues no obstante descartarlo como prueba de la amenaza anónima denunciada por R. (al amparo de confrontar los términos de su denuncia con los márgenes temporales de la recepción y duración de esa llamada), nada ha explicitado en el campo de los indicios, pues aquel otro ticket hallado en la vivienda de V. D. es susceptible de relacionarlo contingentemente con la prenombrada, en tanto demuestra -sin margen de duda- un telefonema dirigido desde el locutorio que usaba habitualmente V. D. al domicilio de S. R., poco tiempo antes de ocurrida aquella otra llamada intimidante (surgida del mismo locutorio). Sin embargo, sin desmerecer ello como un "elemento presuncional", resulta sí un indicio remoto en tanto la posesión del talón (por parte de V. D.) no revela a ciencia cierta que fueran él y R. los respectivos interlocutores.

Resta ahora evaluar la motivación del decisorio en lo que atañe a la duda sostenida por los magistrados de instancia sobre la instigación o participación de M. G.

El fallo tuvo por verificada la presencia de la nombrada en un predio cercano al de la víctima y en la víspera del homicidio; circunstancia que, además de ser admitida por ella, resultó corroborada por el relato del testigo J. M. B. y la cónyuge de este último.

Al respecto, el pronunciamiento destaca que "(.) el testigo antes mencionado la observó saliendo de un baldío colindante con la casa de la hermana de S. R., predio éste último a su vez, que lindaba con el de la occisa. En dicha ocasión la mujer le manifestó al testigo que andaba buscando a su marido y que éste se encontraba en la casa de S. R. Dijo que había visto entrar allí a una persona y quería ver si era su marido. Le dijo también que andaba buscando pertenencias y quería ver si estaban dentro de la casa. A preguntas de la parte querellante, expresó que no recuerda haber declarado con anterioridad que esta mujer le expresara que había recibido una llamada telefónica en la que le decían que allí se encontraba su marido. Esa mujer le pidió que lo acompañara a la casa de S., el señor B. le sugirió que fuera a hacer una exposición a la policía. Luego refiere el testigo que esa persona a los minutos, no aclarando cuántos, pero sí luego de llamar por teléfono a la señora R., aparece nuevamente y golpea las manos en el exterior para que el testigo saliera. En esa segunda ocasión arribó en una moto color azul. Que B. salió y en ese momento pasó un móvil de la Comisaría Quinta y le sugirió que siguiera al móvil y con ellos fuera a verificar si estaba su marido en la casa de S. R. ."; "(.) la presencia de esta mujer se ve corroborada por los dichos de la esposa de B. la señora Z. H., quien fuera la que atendiera la llamada telefónica efectuada por la vecina quien le expresara que había escuchado ruidos [.] También confirma que esta persona se hizo presente esa noche, por segunda vez, arribando en una moto tipo Scooter [.] es así que a través de los testigos B. y H., se encuentra acreditado que M. G. se hizo presente en dos oportunidades en cercanías al predio de S. R., en la primera oportunidad habiendo ingresado en forma clandestina a un baldío colindante a la casa de B., y una segunda vez, en la vereda de la casa de B., llamándolo golpeando las manos. A su vez ello se encuentra confirmado a través de los propios dichos de M. G., quien en su declaración indagatoria expresa que efectivamente estuvo presente en dichos lugares. También el efectivo E. E. V.

confirma la presencia de M. G. en la Comisaría quien le refirió que andaba buscando a C. F. en el domicilio de S. R., que lo había visto entrar en esa casa, y que solicitaba que la acompañaran para verificar tal extremo." (cfr.

fs. 2397 vta./2398 vta.).

Al dar por cierto todos y cada uno de estos extremos, en particular la justificación dada por G. sobre su presencia en el lugar, el voto de apertura lo fundamentó del modo siguiente: "(.) Cabe preguntarse, si las normas de la experiencia y el sentido común, nos pueden hacer concluir que una persona que se encuentra involucrada en un hecho de características tan terribles como las que nos ocupan, puede insistir a la policía de ser acompañada la noche del crimen al lugar de los hechos, cuando este se está cometiendo. Digo cuando el hecho se está cometiendo, pues de acuerdo a lo declarado por la testigo R., y su esposo, después de observar que la mujer (la que evidentemente se trataba de M. G.) se retirara de la casa de B., se escucharon golpes fuertes contra un tabique de madera, lo que me hace pensar, que aún los homicidas se encontraban probablemente en el lugar, y golpeando a la víctima de autos. No se compadece con el sentido común, ni con el propio instinto de conservación que tienen las personas, que si M. G. hubiera estado involucrada en el hecho insistiera en volver con la policía a ese lugar. [.] la versión proporcionada por la imputada resultó coherente, y verosímil, en el sentido que creyó ver a F. y por tal razón siguió a esa persona para comprobar si era él. También se encuentra comprobado que creía que F. seguía visitando a S. R., tan es así que creía de acuerdo a los dichos de la testigo L. C. que M. le había comentado que en lo de R. era donde estaban los muebles que F. se había llevado. También la circunstancia que andaba buscando los muebles se encuentra probada por la testigo B. R., quien depuso en la audiencia y recordó haberlo mencionado en sede policial [.] A mayor abundamiento la sospecha que tenía G. de que F.

habría reanudado la relación con S. R., surge de la propia denuncia formulada por ésta que obra glosada en copia a fs. 165 en la que expresa que había llamado a su casa preguntando por C. F.. Es evidente, que existían problemas entre S. R. y M. G., pero ello no constituye un elemento de juicio suficiente, para concluir que haya estado involucrada en su muerte, máxime si tenemos en cuenta que la víctima también tenía problemas con F., contra quien en enero del 2000, había formulado una denuncia por amenazas. Dichos problemas fueron señalados también por el padre de la víctima quien dijo que amenazaba a su hija, que le iba a quitar a la nena [.] Entiendo que no se encuentra debidamente acreditado de ninguna forma la participación de M. G. en el hecho, desde ya no se encuentra probado que haya instigado a alguien a cometerlo, por los mismos argumentos que he utilizado para desvincularlo a V. D.. En efecto, los indicios sobre los que se basa la acusación para tener por acreditada la instigación y el acuerdo por un precio o promesa remuneratoria, son precisamente los testigos que he descalificado, a saber J. D. T., M. A. S. y D.

V. S.. Por otra parte, no se encuentran acreditadas las posibilidades económicas con las que habría contado M. G. al momento del hecho, no siendo contestes tampoco las cifras ofrecidas para realizar el 'trabajo' [.] Por otra parte, no se encuentra acreditado el vínculo existente entre M. G. y V. D. [.] Finalmente, párrafo aparte, merece la nueva versión sostenida en el juicio respecto a que M. G. ingresó efectivamente a la casa y estuvo presente mientras se le daba muerte a S. R., saltando sobre un sillón diciendo 'Matala, matala'.

Ello se desprendería de los supuestos dichos vertidos por la niña en el sentido que estaba presente una mujer. Cabe hacer notar, que ello no se había mencionado en el curso de la investigación y resulta ser una circunstancia nueva cuya ocurrencia no se encuentra acreditada atento la imposibilidad que existió de escuchar a la niña, a lo que ya hemos aludido al referirnos a la probable participación de V. D.. Por otra parte, ante las versiones divergentes que se le atribuyen a la niña no sabemos cual responde a la realidad [.] Ahora bien la hipótesis acusatoria es que M. G. estuvo en el lugar del hecho, incitando al ejecutor material [.] y luego salió al exterior y distrajo la atención del vecino B.. Tal razonamiento carece de sentido lógico, ya que en primer lugar no existe prueba directa de ello, por otra parte no resulta lógico que M. G. hubiera salido de la escena del crimen para distraer a B., ya que no había forma que supiera que B. se encontraba afuera [.] Por otra parte, no advirtieron, ni B., ningún signo de desaliño en su ropa, máxime que tendría que haber sorteado un paredón de dos metros de altura, donde de acuerdo al acta prevencional se observaron signos de arrastramiento o roce en la parte superior de la pared, lo que hubiera sido lógico que manchara la ropa que vestía.". Por lo demás, la sentencia cuestiona que la investigación se haya apartado de la hipótesis inicial, erigida sobre la sospecha de autoría de F..

La Fiscalía, al contravenir dicha argumentación, sostuvo escuetamente que ninguna sospecha cabía sobre F. pues al momento del homicidio se hallaba de viaje en Picún Leufú; que la imputada se hallaba en una situación económica apta para pagar los servicios de un sicario y que el ingreso a la casa de la víctima no necesariamente le hubiera producido algún tipo de desatavío, pues tuvo tiempo suficiente para salir del lugar y arreglarse antes de ser vista por B. y por el personal policial ante el cual se presentó (fs. 2.424 vta. y 2.425).

La Querella, por su parte, centró su censura en supuestas divergencias entre el relato exculpatorio de ésta y del testigo B., que pondría en evidencia su falsedad. Esencialmente, al negar el testigo diversos comentarios que ella afirma haberle hecho; entre ellos, que su esposo la haya golpeado y que por esa razón le solicitaba que la acompañara, o que las supuestas cosas que buscaba se encontraban en dicho inmueble, etc.. Destacando además que B. negó que M. G.

haya salido a su encuentro y que, por el contrario, su presencia en ese sector resultó notada por él de forma imprevista y en circunstancias tan poco habituales que llevó a que ésta le expresara, espontáneamente, que no estaba robando nada. A partir de allí presupone el recurrente que, al sentirse descubierta, M. G. ensayó esa coartada y concurrió a la unidad policial con la clara pretensión de desligarse de lo que había sucedido dentro del inmueble.

También propone que los celos que tenía por la hija de S. R., producto de la negativa de F. a reconocer al hijo que llevaba en su vientre la determinaron a ejecutar un plan multipropósito: por un lado el designio de darle muerte a R., sobre cuyo cadáver resultaron esparcidas las fotografías de su hija y de C. F.;

y por el otro, la provocación de un estado de sospecha sobre este último, capaz a su vez de eximirla de toda responsabilidad en el crimen, lo cual se hubiera concretado de no haberse hallado F. de viaje y fuera de la ciudad.

Ahora bien: del confronte de la sentencia parcialmente transcripta anteriormente y los términos de la casación traída por la Fiscalía, se advierte que esta última no se ha hecho cargo de todos y cada uno de los razonamientos que la nutren, soslayando cuestiones de igual o de mayor trascendencia para el arribo a la solución absolutoria, como ser la inferencia lógica en torno al sinsentido que supondría -de ser M. G. instigadora o partícipe del homicidio- su deseo de arribar al domicilio de la víctima con el personal policial durante el momento consumativo; o bien la veracidad asignada a su descargo a partir de su justipreciación con los dichos de las testigos L. C. y B. R., cohonestado ello a su vez con el contenido del acta de denuncia glosada a fs. 165 y vta.;

así como también la falta de prueba sobre un acuerdo sicario con V. D. basado, fundamentalmente, en la descalificación de la prueba testifical de J. D. T., M.

A. Se. y J. D. S..

La revisión minuciosa del fallo en este tópico me lleva a descartar cualquier atisbo de error o de arbitrariedad, en tanto las múltiples razones transcritas anteriormente son susceptibles de confluir, válidamente, en la incertidumbre que invocó el tribunal de juicio para dictar su absolución. Adviértase que, si la acusación no logró probar de forma convincente la responsabilidad en el hecho de V. D., y menos aún un acuerdo dinerario entre éste y M. G., poco importaría el mejor o el peor pasar económico de esta última y la consiguiente aptitud para afrontar o no los servicios de un asesino a sueldo, máxime cuando el precio de este acuerdo, si verdaderamente existió, ni siquiera se sabe.

La Querella se hace cargo del primer argumento y propone la explicación alternativa que ya se mencionó, referido a un plan criminal con objetivos múltiples, montado por la propia incoada para desligarse del hecho y traspasar su responsabilidad a su ex pareja (fs. 2.475, segundo párrafo), pero su hipótesis colisiona con el hecho apuntado previamente por dicha parte, en cuanto a que el encuentro con el vecino B. fue casual e inesperado, y por lo tanto ajeno a cualquier tipo de planeamiento.

Por lo demás, aunque el Dr. ... sostenga que la actitud más corriente frente a la excusa que ensaya G., hubiera sido pedir ayuda a personas de su confianza y llamar a la puerta principal del inmueble para descubrir a F.; desde ese punto de análisis, asumiendo la hipótesis del crimen por encargo traída por la acusación, tampoco resultaría lógica la presencia de la encartada en el sitio verificado; pues de haber encomendado el homicidio a un tercero, ¿qué explicación tendría su acercamiento hasta el domicilio de la víctima y porqué asumiría el riesgo, absolutamente innecesario, de ser vista en ese lugar?.

Finalmente, las cuestiones que la querella menciona como "omisiones dirimentes", como ser las amenazas y agresiones que M. G. le profiriera a R.

con las consecuentes denuncias derivadas de ello (ordinales VI. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 y 10 del recurso, fs. 2476/2478)); así como el ticket telefónico secuestrado a V. D. (ordinal VI.12) y los restantes efectos incautados como ser el gorro con pompón, el barbijo con bigote tipo "papá noel"; etc. (punto VI.11); contrario a lo afirmado por esa parte, resultaron mencionadas y desarrolladas en el fallo recurrido (cfr. fs. 2399 y vta.; 2395 vta./2396 vta.

y 2394 y vta., respectivamente).

Hemos de concluir, por lo tanto, en que no se aprecia arbitrariedad o error por parte de los judicantes en la apreciación y valoración de la prueba. Y si bien las partes acusadoras cuestionan en forma general una predisposición del tribunal "a-quo" a la absolución (cfr. fs. 2425 y 2467), desde la perspectiva de los principios que rigen el sistema penal, no es censurable que dicho tribunal se haya situado, como punto de partida, en la presunción de inocencia del acusado, pues no hace otra cosa que respetar un mandato constitucional.

El motivo planteado en subsidio por la querella -se recuerda- refiere a la supuesta nulidad del fallo por no retrotraer el proceso (ante el reenvío producido por la nulificación de la sentencia anterior) a la etapa de citación a juicio y al ofrecimiento de la prueba, en franca colisión con lo dispuesto por este Cuerpo en el Acuerdo n° 25/2004.

Para ello, transcribe el punto dispositivo de otro Acuerdo dictado en otra causa (sin ninguna vinculación a ésta ["Olmos."]), que dicta: "(.) Gírense las presentes actuaciones . para que la Cámara, con otra integración, previa sustanciación del debate, dicte nuevo pronunciamiento". A partir de allí, desarrolla la significación que la doctrina le asigna al término "debate", bajo el cual postula que la instancia de citación y ofrecimiento de prueba que se le vedó, estarían englobadas en dicha etapa de trámite.

El agravio, así expuesto no resulta formalmente atendible desde varios planos.

En efecto: el artículo 155 del C.P.P. y C. señala que "Al declarar la nulidad, el tribunal establecerá, además, a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanza la misma, por conexión el acto anulado.".

En respeto a esta manda, al dictarse el Acuerdo n° 25/2004 dictado en estos autos se dispuso: "(.) III.- DECLARAR LA NULIDAD de Debate que precediera a la sentencia (art. 155, 2° párrafo, del C.P.P. y C.). IV.- ENVIAR los actuados a la Cámara en lo Criminal Primera para que, previa audiencia, dicte nuevo pronunciamiento.".

Para intentar sortear la evidente extensión de la nulidad asignada al proceso, el esforzado acusador particular transcribió la parte dispositiva de un expediente diferente a éste, como con franqueza lo señala a fs. 2.479, e intentó asignarle al término "debate" un alcance amplio con base en citas doctrinales; sin embargo, como explícitamente surge del párrafo anterior (omitido en el recurso) lo único nulificado a excepción de la sentencia, lo fue la audiencia de debate que lo precedió.

Una interpretación como la que propone el recurrente resultaría de neto corte extensivo, inaceptada por el artículo 3° de nuestro rito, ya que dicha norma, destinada a la preservación de las Garantías Fundamentales, la Interpretación y Aplicación de la Ley (cfr. título I del C.P.P. y C.) dispone expresamente lo contrario: "Toda disposición que [.] establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente.".

A mayor abundamiento, este Cuerpo ha señalado reiteradamente que: "(.) la declaración de nulidad de una sentencia se halla subordinada al principio de interés. Ello es así, por cuanto nuestro sistema procesal no admite la declaración de nulidad de los actos procesales por la nulidad misma, sino cuando lesiona el interés de las partes. Tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que, por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés. La exigencia de un interés directo estatuida para los recursos (art. 392 del C.P.P. y C.), no sólo es una condición para la procedencia formal sino también para la procedencia sustancial de la impugnación (...)" (R.I. n° 26/2004, "Carrasco, Jorge Rodolfo...", entre otros). Y lo dicho precedentemente cabría para que no prospere el agravio propuesto en tanto el recurso no explicó ni desarrolló en qué pudo haberse beneficiado con la prueba vedada, cuál en concreto ha sido y qué grado de incidencia pudo haber tenido en el pronunciamiento objetado.

Creo así haber demostrado las razones por las cuales -como ya anticipara- los recursos de casación deben ser declarados improcedentes. Tal es mi voto.

El señor Vocal Dr. RICARDO T. KOHON: dijo: Respetuosamente, he de disentir con la solución a la que arriba el distinguido colega que abre el Acuerdo por las razones que a continuación habré de exponer:

Mediante sentencia n° 25/2004, dictada en el presente legajo, este Cuerpo dispuso anular el pronunciamiento liberatorio dictado por la Cámara en lo Criminal Segunda a favor de M. G. y de R. J. V. D. por entender que existían vicios inherentes a su fundamentación, ordenándose el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que, con nuevos magistrados y previa audiencia, sea dictado un nuevo fallo.

Ello derivó en la reedición del juicio oral; en la emisión de una nueva sentencia (también absolutoria), y en la actividad recursiva que elaboraron las partes acusadoras (impugnaciones promovidas nuevamente por la Querella y por el Ministerio Público Fiscal).

Entiendo importante, por lo que más adelante diré, recordar las razones que llevaron a este Tribunal Superior a nulificar aquella primera decisión de la Cámara. Ellas fueron, en prieta síntesis, las siguientes: a) que el tribunal de juicio descalificó, sin una explicación racional, ciertos elementos obtenidos por la autoridad prevencional a instancia del segundo allanamiento practicado en el domicilio del imputado (en el que se halló, entre otros efectos, una pañoleta perteneciente a la víctima); b) que esos mismos judicantes incurrieron en el vicio de fundamentación omisiva al no valorar (o hacerlo de manera insuficiente) el hallazgo de un ticket, también en el domicilio del imputado, que acreditaría la realización de una llamada telefónica al domicilio de la fallecida en la misma fecha y en un momento cercano a cuando resultó amenazada por ese mismo medio; y c) que, inclusión hipotética mediante, la valoración de ese ticket y de la pañoleta, aunada a otros indicios (apreciados de manera global); podría hacer variar la conclusión postulada en el fallo. Destacándose además la situación de conocimiento probada entre dicho imputado y M. G. y la presencia de esta última en cercanías de la vivienda de la víctima, en circunstancias temporales coincidentes a las del homicidio.

Del cotejo de dicho Acuerdo con la sentencia venida en recurso, se concluye que el tribunal sentenciador no se ajustó a las pautas fijadas por el Tribunal Superior, padeciendo así el mismo déficit de motivación que tuvo el primer pronunciamiento censurado. Ello es así por cuanto:

a) no obstante la validez del secuestro de la pañoleta (así declarada por este Cuerpo al dictar el Acuerdo n° 25/04), el voto de apertura suscripto por el Dr. Fernández -al cual adhirieron los restantes colegas de Sala- le negó todo tipo de efecto probatorio y postuló en su lugar que su secuestro resultó ilegal.

b) ha existido un análisis sólo aparente del ticket telefónico hallado en la morada de V. D. Me explico.

En el Acuerdo n° 25/2004 se señaló sobre este tópico que:

"(.) en el legajo en estudio, existe, al menos, una prueba que, el sentenciante, no le ha acordado trascendencia y que -ambas partes recurrentes- se han encargado de señalar. Me refiero al secuestro, en el domicilio del imputado, del ticket expedido por un locutorio. En ese ticket (que obra a fs.

373) se puede apreciar que, el día 21 de mayo se realizó una llamada (cuyo ingreso se constata según el informe de fs. 360) al domicilio de la víctima.

Dicha llamada tuvo una duración de un minuto con cincuenta y un segundos, a las veinte y treinta y siete horas. Este dato que por sí sólo es sugestivo, adquiere un carácter de indicio cargoso fuerte si se tiene presente que, el mismo 21 de mayo, S. S. R. radicó una denuncia en donde puso en conocimiento de la autoridad policial que, esa noche, a las veintidós horas, escuchó un 'piedrazo' en su casa y, minutos más tarde, recibió una llamada telefónica en la que, una voz masculina le decía '.S., estas dos piedras no son nada con lo que te va a pasar esta noche, c. de tu madre.' (ver fs. 165 y vta.). Es cierto que, existe una discordancia horaria entre la realización de la llamada que registra el ticket y el que denuncia la víctima, pero ello también pudo deberse a la falta de precisión de la deponente al momento de radicarla. De cualquier forma, es un indicio que merece un análisis más exhaustivo, detallado; lo cual no ocurre con la sentencia en recurso.".

La sentencia, por su parte, indica en resumidas cuentas que:

"(.) la misma [en referencia a la llamada telefónica] fue efectuada a las 20.40 hs., de acuerdo al ticket y a las 20.34 hs. según el informe de fs. 360.

Tal llamada tuvo una duración de 111 segundos, es decir un minuto y cincuenta y un segundos [.] Ahora bien ello no se compadece con lo expresado por S. R. en su denuncia, en efecto, en primer lugar no coincide el horario y tampoco aparentemente la duración. Cabe hacer notar, que se desprende de la denuncia que la llamada amenazante se produjo después de las 22.00 hs. [.] De acuerdo a ello la duración de dicha llamada jamás pudo haber durado casi dos minutos a lo sumo breves segundos, razón por la cual la posesión del ticket por parte del imputado no constituye indicio de haber efectuado tal llamado amenazante, por no corresponderse con ella dado el horario y la duración." (fs. 2395 vta./2396 vta.).

Se colige así que los magistrados desestimaron su peso indiciario con base en esas dos variables: el horario y la extensión de la llamada; siendo que estas cuestiones ya habían sido advertidas por este Cuerpo al analizar la importancia de aquel elemento. De tal suerte que aquel estudio exhaustivo requerido de parte de los judicantes no se produjo y dejó inexplicadas cuestiones elementales como, por ejemplo, ¿qué hacía V. D. con un comprobante de una llamada telefónica al abonado de la víctima con la cual supuestamente no la unía ningún tipo de vínculo o de trato?; o, lo que es tal vez más importante:

¿por qué intentó introducirse en el baño y ocultar ese papel de la vista de los policías que realizaban el allanamiento? (cfr. fs. 275).

c) Finalmente, la sentencia bajo recurso carece de una ponderación conjunta de todos los indicios obtenidos. En efecto:

A través del procedimiento policial que hizo a la aprehensión de V. D. y a su requisa personal (más allá del valor probatorio intrínseco por el modo en que se llegó a su incautación), se halló entre sus efectos personales un anillo de la víctima, el que -según sus familiares directos- R. siempre llevaba consigo.

En el primer allanamiento efectuado en su morada se encontraron, entre otros efectos, no sólo aquel ticket telefónico y la anotación manuscrita con el nombre de la coimputada, sino otros elementos que por su clase y por el modo en que se hallaban ocultos resultaron llamativos: un barbijo, con barba y bigotes adosados a modo de disfraz y un gorro de tres puntas escondidos en un altillo, junto a guantes diversos, pasamontañas; etc.

En el mismo registro domiciliario se ubicaron y se secuestraron un par de borceguíes cuya impronta de suela resulta parcialmente coincidente a la dejada en la fotografía encontrada junto al cadáver.

En el segundo, también hecho en la casa de V. D., se incautó la pañoleta que -como se dijo- perteneció a la víctima.

J. D. T., no obstante su reticencia a testimoniar (cfr. fs. 2297 vta.), ratificó la rúbrica de su declaración policial luciente a fs. 270 vta., de cuyo contenido, en el anverso, se menciona que V. D. le confesó el crimen (que la ahorcó [fs. 270]; que además la golpeó [fs. 270 vta.] y que "adentro de la casa habían desparramado unas cosas"; que lo hizo junto a M. G. y que ésta le compró un revólver treinta y dos largo, usado [fs. 270 vta.]). También, según sus dichos, observó en uno de los dedos de V. D. un anillo de oro que intentó venderle a su padre y que lo vio llevando luego del hecho un pañuelo que, según dichos del propio imputado, "se lo había sacado a la mujer muerta de la casa".

Esas manifestaciones tienen pleno respaldo con constancias objetivas anexadas al legajo. Así, por ejemplo, la modalidad empleada para ejecutar el crimen que le confesara V. D. (golpe y ahorcamiento) se corresponde con las conclusiones del acta de autopsia de fs. 43; el revólver que describió resulta similar al incautado en el primer allanamiento según consta a fs. 275 vta.; la relación de conocimiento entre V. D. y M. G. se condice con aquella anotación que llevaba el primero en su billetera y con prueba testifical rendida en el juicio; el desorden que le confesó haber hecho en casa de la víctima tiene anclaje con la descripción hecha en el acta policial de fs. 1/3 y lo que muestran las vistas fotográficas de fs. 7; el anillo y el pañuelo fueron encontrados y secuestrados en los procedimientos ya referidos y, finalmente, M. G.z, que (según dichos del propio encausado y memorados por T. intervino en el hecho), fue vista por un vecino, escondida detrás de la vivienda en la víspera en que ocurrió el suceso.

Además, a través de la declaración de D. C. R. (fs. 20/21, incorporada por lectura a fs. 2325 vta.), evocada someramente en la sentencia a fs. 2276, surge que de acuerdo a comentarios hechos por la propia R., tenía con la encausada un conflicto de larga data por la existencia de una pareja en común (C. A. F.) y que en una oportunidad, por celos, M. G. llegó al punto de incendiar la casa del prenombrado; expresándole además que recibió en días más recientes el impacto de una piedra en la ventana de su vivienda e inmediatamente una llamada anónima dirigida en contra su integridad física; comentarios todos éstos que no pueden suponerse exagerados, si se tiene en cuenta la abundante prueba que hacía a tal situación conflictiva, la denuncia penal por ella radicada con motivo de las amenazas y la violenta forma en que culminó su vida.

Frente a todo este cúmulo probatorio los magistrados del juicio indicaron, o bien que todo el procedimiento policial que derivó en la aprehensión de V. D. y en los sucesivos allanamientos de su morada resultaron ilegales (fs. 2379, 2381 vta.; etc.); lo que no resultaría así conforme los argumentos dados por el distinguido colega que me precedió en la votación y a los que me remito por razones de extensión. O que, por provenir de un locutorio, cualquier persona pudo haber hecho la llamada al abonado de la víctima (fs. 2396 vta.), soslayando que el comprobante telefónico lo tenía el propio imputado en su billetera y que inclusive quiso quitarlo de la vista de los policías a poco de allanada su vivienda (cfr. nuevamente fs. 275); o que la explicación dada por M. G. para justificar su presencia en ese lugar resultaba coherente y verosímil, en el sentido de que creyó ver a su ex pareja F. ingresando a la casa de S. R. y que su intención era simplemente confirmarlo y eventualmente recuperar ciertos muebles que habría llevado a ese domicilio. Lógica en el relato que el suscripto no aprecia si se repara en que, de estar a dicha hipótesis, era mucho más fácil dirigir una imputación penal (a través de una denuncia radicada ante la Policía o la Fiscalía) y constatar -allanamiento mediante- la existencia de sus pertenencias en la casa de R.. Siendo que además, las veces que quiso comprobar si su marido se hallaba en el lugar, lo hizo por teléfono y no espiando desde el exterior; y por otro lado, estando ya presente en el lugar, bastaba con llamar a la puerta y entrevistar a su moradora para saciar su curiosidad.

Y sobre esto último cabe una aclaración: tal como precisó la parte querellante, el vecino B. sorprendió a M. G. escondida en un baldío lindero a la propiedad de S. R. A punto tal, que ella espontáneamente atinó a decir que no estaba robando y que solo estaba observando hacia la casa de R. para saber si estaba su marido (por F.); volviendo una vez más para explicar que sus intenciones no eran deshonestas.

A partir de esas dos presentaciones sucesivas de M. G. en el lugar, como también su comparencia en la Comisaría Quinta para realizar una "exposición" (todo ello tenido por probado en el juicio); los magistrados razonaron que carece de todo sentido común que quien hubiera estado involucrada en un hecho de tal tenor insistiera en volver con la policía al lugar de su consumación.

Sin embargo la hipótesis no resulta descabellada si se parte de que M. G. tenía presente, a ese momento, que: 1) el descubrimiento del homicidio era inminente;

2) resultaba altamente posible que B. la identificara, acreditándose así su presencia en un sitio próximo al homicidio, en un horario coetáneo a su consumación y en una situación confusa, tal como finalmente sucedió; 3) que los términos expuestos por ella ante el Oficial V. en el parte que consta a fs. 17 y vta. difícilmente hubieran dado lugar a un despliegue policial en el domicilio de S. R. (no imagino como factible la designación de una comisión policial para determinar si F. y parte de su mobiliario se hallaban en la casa de su eventual amante); y 4) que, aún ante esa remota posibilidad, el tiempo que podía tardar en presentarse en la seccional, practicar su "exposición" y regresar al lugar con los agentes del orden, eran más que suficiente para que su compañero culminara su accionar y fugara.

En definitiva, por defectos de razonamiento y de interpretación normativa, se desconoció el valor de las pruebas indiciarias desarrolladas a lo largo del presente; las que, integradas en su conjunto, podían ser decisivas para la resolución de la causa. En su lugar, los magistrados del debate hicieron un análisis fragmentado de la prueba de cargo, recelaron de prueba obtenida de modo legítimo y desestimaron indicios de neto corte cargoso; llevando así a una fundamentación tan sólo aparente de su fallo.

Creo así haber demostrado las razones por las cuales, las casaciones deducidas, deben ser declaradas procedentes. Mi voto.

El Dr. HÉCTOR GUILLERMO RIMARO, dijo: Los extremos que determinaron, oportunamente la admisibilidad formal del recurso de casación fueron expuestos con supina claridad por las partes recurrentes y examinados en profundidad por los señores Vocales que me preceden en el voto.

Anticipo compartir el tratamiento efectuado y la resolución propiciada por el Dr. Ricardo T. Kohon. Sólo, respetuosamente, me permito efectuar una breve acotación sobre el mérito de una prueba que considero de singular gravitación.

Concretamente aludo al testimonio brindado en sede judicial, específicamente en audiencia de debate, por J. D. T.

Cierto es que el nombrado al testificar, conforme las constancias del acta de debate, no se expidió con la espontaneidad deseable, debiendo ser reiteradamente interrogado con la asistencia de la lectura de constancias de su declaración policial. Por tal razón, el grado convictivo de su soporte, individualmente considerado, queda resentido por la circunstancia apuntada.

Empero, no es menos veraz que ese valor, depreciado en su credibilidad, resurge si se pondera el testimonio en armonía con las diligencias de prueba llevadas a cabo en su consecuencia y que arrojaron resultado positivo.

Si esto es así, entiendo que la ponderación probatoria que le resta eficacia en su contenido francamente incriminante trasciende el marco de discrecionalidad del Tribunal de Juicio y no se compadece con cánones de razonabilidad.

Esta particular razón, aunada al cúmulo de motivos claramente expuestos por el Dr. Kohon al tiempo de emitir su voto, me llevan a coincidir con él en que el fallo recurrido contiene sólo aparente fundamentación. Ergo, propicio que el mismo sea casado y el consecuente reenvío al Tribunal pertinente.

El Dr. FERNANDO MARCELO GHISINI, dijo: Adhiero a los fundamentos y a la solución propuesta por el señor Vocal del primer voto, Dr. Eduardo Felipe Cia.

Como bien lo señaló dicho magistrado, la prueba testimonial rendida en el juicio ha resultado determinante para arribar a la solución objetada.

La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que seis magistrados, en dos oportunidades diferentes (en dos juicios orales consecutivos), por unanimidad y bajo los principios de contradicción e inmediación han evaluado a los mismos testigos y han llegado a la misma impresión personal.

En la sentencia que aquí se recurre, los tres jueces que componen el órgano colegiado han descreído de las actas de la prevención que receptan los dichos de J. D. T., M. Á. S. y A. M. S., pues al confrontarlos en el juicio, aquellos no han podido expresar las circunstancias que se reputan volcadas en esos documentos.

Si bien podría llegar a admitirse que el paso del tiempo influiría en no memorar ciertos pasajes de una declaración anterior, nunca llevaría a una ignorancia total de su contenido, máxime tratándose de un caso en extremo grave y de gran repercusión como el que motivó estas actuaciones; lo que me llevaría a inferir que, lamentablemente y no se por qué motivos, en el debate esa prueba testimonial ha perdido contundencia y calidad para generar convicción respecto de la responsabilidad de los imputados.

En síntesis: aquellos relatos obtenidos durante la etapa instructoria y que 'prima facie' aparentaban ser determinantes para el dictado de un pronunciamiento condenatorio, perdieron toda fuerza de convencimiento; y no imagino como un tercer juicio oral, con la participación de los mismos testificantes, podría hacer torcer la solución que, de forma repetida, se ha arribado en esta causa.

Creo así haber fundado las razones por las cuales ambos recursos de casación deben ser rechazados. Mi voto.

El Dr. MARCELO JUAN MEDORI, dijo: Adhiero en todo a los fundamentos y a la solución del magistrado que abrió el Acuerdo y sufrago en igual sentido.

Solo me permito agregar, en atención al estado en que ha quedado la votación a esta primera cuestión, otros aspectos que se proyectan hacia la tesitura que acompaño. En efecto:

La reedición de un tercer juicio oral (con base en la progresión de los nuevos recursos articulados por la querella y por el Ministerio Público Fiscal) sería capaz de poner en tensión la garantía del 'non bis in ídem' (artículos 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) y del juzgamiento en un plazo razonable (artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional); las que, en este caso, están en extremo ligadas. Veamos:

A modo de introducción, destaco que el efecto del reenvío a instancia de un recurso de casación deducido por la parte acusadora resulta cada vez más resistido en la doctrina, precisamente por la afectación de la garantía contra la persecución penal múltiple.

Al respecto, con eco en destacadísimos precedentes de nuestro Cimero Tribunal y jurisprudencia comparada se ha señalado que "(.) La garantía contra el ne bis in idem protege también al imputado absuelto contra la posibilidad de que el acusador -sea por deficiencias propias o del tribunal- logre la realización de un nuevo debate. No se puede permitir al Estado que, con todos sus recursos y poder, haga repetidos intentos para condenar a un individuo por un invocado delito, sometiéndolo así a perturbaciones, gastos y sufrimientos y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad, así como acrecentando la posibilidad de que por más que sea inocente, pueda llegar a ser encontrado culpable. Protección que va más allá de lo errónea que pueda resultar la sentencia absolutoria." (D'Albora, Nicolás F. D., "El Fallo 'Kang': ¿Hacia una visión amplia del ne bis in idem en el ámbito recursivo?", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. Casación, Ed. Ad Hoc, Bs. As., n° 6, julio 2008, pág. 348, con cita de los precedentes "North Carolina v. Pearce", 395 US 711 del 23/6/69; "Green v. United Stated", 355 US 184, del 16/12/1957, citado por Petracchi y Bosert en "Alvarado", C.S.J.N., Fallos, 321:1173).

El voto mayoritario de la Corte Suprema en aquel precedente de cita ("Kang, Yong Soo s/ causa n° 5742", rta. el 15/5/07), si bien no abrió juicio sobre el fondo del asunto y simplemente dispuso devolver los autos a origen para que sea analizada la materia federal alegada (el ne bis in idem), el precedente tomado de base para fijar aquella postura resultó ser el voto de la minoría en el caso "Garófalo" (C.S.J.N. G.1870.XLI, "Garófalo, Franco y otro s/ robo agravado por el uso de armas", causa n° 5420, rta. el 10/04/2007), que remitió a su vez al voto del Dr. Petracchi en el caso "Alvarado", donde se sostuvo que aquella regla constitucional no sólo veda la aplicación de una segunda pena por un mismo hecho sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra; situación que no debe perderse de vista, en tanto podría significar una toma de postura del Máximo Tribunal Nacional en torno al derecho al recurso del Ministerio Fiscal y de la querella.

En esta línea, los proyectos legislativos más modernos, intentando conciliar aquel principio constitucional con la garantía a la tutela judicial efectiva de la víctima (art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), prevén por única vez el reenvío con motivo de las impugnaciones articuladas por las partes acusadoras. Un ejemplo de ello es el Proyecto de Reforma Procesal Penal Nacional efectuado por la Comisión Asesora para la Reforma de la Legislación Procesal Penal (coordinada por el Dr. Carlos A. Beraldi), que en su artículo 368, bajo el título "Límites del reenvío", en su última parte, expresa a tenor literal lo siguiente: "Si en el nuevo juicio se obtiene una segunda absolución, esta decisión no será susceptible de impugnación alguna".

En base a este desarrollo y sin enrolarme en una tesis extrema que tache de inconstitucional la potestad otorgada por los artículos 417 y 418 del C.P.P. y C. (por vicios inherentes a la fundamentación del fallo), creo que en este caso específico, en el que se han celebrado dos juicios orales, en los cuales los magistrados de ambos tribunales colegiados, por unanimidad y en aplicación del beneficio de la duda (art. 4° del C.P.P. y C.), absolvieron a los aquí imputados; la factibilidad de un tercer debate en aras a quebrar dicho criterio afectaría, sin lugar a dudas, la defensa en juicio al contravenir el ne bis in idem o, a esta altura del proceso, para representarlo en palabras de Nicolás D' Albora, el "ne ter in idem".

Para culminar, y tal como lo expresé párrafos antes, la retrogradación sucesiva del procedimiento, afecta además la garantía que tienen los imputados a ser juzgados en un plazo razonable. Adviértase que el hecho bajo investigación ocurrió el 21 de junio de 2002; el primer debate oral transcurrió durante el mes de diciembre del año siguiente; la sentencia se dictó el 18 de ese mes y año; la anulación de ese primer juicio ocurrió el 30 de septiembre de 2004; el segundo debate oral recién se pudo efectivizar casi dos años después (los días 26, 27, 28, 29 y 30 de junio del 2006); viendo difícil, no sólo una rápida concreción de este tercer juicio (máxime teniendo en cuenta la vía recursiva que aún le quedaría a las respectivas defensas contra este mismo pronunciamiento), sino también que las conclusiones de la prueba testifical a obtenerse de esta tercera convocatoria (que, como se vio, era de mayor envergadura en el contexto probatorio general) pudieren resultar fiables, en razón a las lógicas y naturales falencias mnemónicas que podrían presentarse por el largo tiempo transcurrido.

Creo así haber demostrado las razones por las cuales los recursos no pueden prosperar. Mi voto.

A la segunda cuestión, el Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Atento al modo en que resolviera la cuestión precedente, el tratamiento de la presente deviene abstracto. Mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: En virtud del resultado arribado por mayoría a la primera cuestión, y dejando a salvo la opinión del suscripto, adhiero al voto del señor Vocal preopinante en primer término, a esta segunda cuestión.

Así voto.

El Dr. HÉCTOR GUILLERMO RIMARO, dijo: Por haberse fijado por mayoría, el rechazo de los recursos presentado, adhiero al voto del Dr. Eduardo F. Cia. Mi voto.

El Dr. FERNANDO MARCELO GHISINI, dijo: Atento la respuesta negativa dada a la primera cuestión, corresponde omitir pronunciamiento sobre este tema, puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente el anterior. Tal mi voto.

El Dr. MARCELO JUAN MEDORI, dijo: Siendo negativa la respuesta propiciada a la cuestión anterior, se torna innecesario el tratamiento de la presente. Así voto.

A la tercera cuestión, el Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Corresponde imponer las costas a los recurrentes perdidosos (arts. 491 y 492 del C.P.P. y C.). Mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Adhiero a lo propuesto por el Dr. Eduardo F.

Cia. Así voto.

El Dr. HÉCTOR GUILLERMO RIMARO, dijo: Comparto lo manifestado por el señor Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

El Dr. FERNANDO MARCELO GHISINI, dijo: Corresponde imponer las costas como lo expresa el Dr. Eduardo F. Cia. Así voto.

El Dr. MARCELO JUAN MEDORI, dijo: Debe imponerse las costas a los recurrentes de conformidad con los arts. 491 y 492 del C.P.P. y C. Mi voto.

Se deja constancia que el señor Vocal subrogante, Dr. Héctor Guillermo Rimaro, quien participó de la deliberación, no suscribe el presente Acuerdo por encontrarse en uso de licencia (art. 364 C.P.P. y C.).

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- RECHAZAR el Recurso de Casación deducido por el señor Fiscal de Cámara, Dr. Alfredo Velasco Copello, en forma conjunta con la Titular de la Agencia Fiscal de Graves Atentados Personales, Dra. Sandra González Taboada. II.- RECHAZAR el Recurso de Casación deducido por el letrado apoderado de la querella, Dr. .... III.- Con costas (arts. 491 y 492 del C.P.P. y C.. IV.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones a la Cámara de origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación, por ante el Actuario, que certifica. Dr. RICARDO TOMÁS KOHON - Presidente. Dr. EDUARDO FELIPE CIA - Dr. MARCELO JUAN MEDORI - Dr. FERNANDO MARCELO GHISINI Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario.