marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Autonomía provincial, Estado Provincial, gobierno provincial, juicio político, responsabilidad del funcionario público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Del Val, Ricardo J. s/ H.Cám.  de Dip. Pcia. de Sta. Cruz Sala Juzgadora Juicio Polit. al  S  E. Sr. Gobernador  de  la  Prov. de Santa Cruz (Inc. de Apel.) s/rec.  de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Ref.: Juicio político. En el marco de las potestades conferidas por el art. 105 de la Constitución Nacional, le cabe a los estados provinciales la posibilidad de organizar procedimientos destinados a hacer efectiva la responsabilidad política de sus funcionarios lo cual es una consecuencia implícita de tales atribuciones exclusivas.
Seguros, seguro por accidente de trabajo, enfermedad accidente, incapacidad laboral, contratos de adhesión, interpretación del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUTIERREZ, JUAN c/ LA MERIDIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-31

A los efectos de determinar los alcances de las cláusulas de un contrato de seguro que cubría el riesgo de incapacidad laboral permanente para el desempeño de tareas remuneradas, tratándose de un contrato de adhesión, la inteligencia del alcance de tales estipulaciones debe hacerse en favor de la parte no predisponente (cn 42 y ley 24240 37); máxime cuando, como en el caso, no parece factible exigir a quien trabaja en relación de dependencia la revisión de las estipulaciones que rigen un seguro de vida contratado por su empleador; ello complementa el principio de buena fe con que deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse los contratos (cciv 1198-1º parr.)
Pacto comisorio, incumplimiento del contrato, abuso del derecho
Materia: CIVIL
Carátula: Alfano, Mauricio Daniel c/ Herederos de Melluso Catalina s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-06

La aplicación de la cláusula comisoria estipulada en el contrato de compraventa por parte del vendedor, fundada en el incumplimiento de pago del precio de la parte compradora; cuando ésta ha abonado casi el 92 % del total del precio, constituye un claro abuso de derecho; atento al marco de equidad y justicia consagrados por los principios de moral, buena fe y buenas costumbres contractuales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), doctrina de la arbitrariedad, abuso sexual, víctima del delito, acceso a la justicia, tratados internacionales, aplicación de tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: N., D. H. c/  s/ ABUSO SEXUAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-11

Las alegaciones de la recurrente reprochando al decisorio impugnado arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa y la afectación a la facultad persecutoria del Ministerio Público de la Acusación, argumentando tratarse el caso de un supuesto de retractación de una víctima de abuso sexual en especial situación de vulnerabidad y en contexto de violencia de género crónica, guardan suficiente y mínima conexión con las circunstancias del caso y ostentan entidad como para operar la apertura de esta instancia de excepción; máxime cuando al respecto, pudiera estar involucrado el deber de debida diligencia estatal, de conformidad con los artículos 2, incisos b) y f) y 3 de la ley 26485 y su adhesión provincial por ley 13348; 6 y 7, inciso b) de la Convención de Belém do Pará; 2, incisos c) y d) y 5, inciso a) de la CEDAW ratificada por ley 23179; Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y Guías de Santiago sobre la protección de víctimas y testigos y los artículos 9 y 95 de la Constitución de la Provincia. (Del voto de la Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26485, artículos 2, incisos b) y f) y 3; Ley 13348; Convención de Belém Do Pará, artículos 6 y 7, inciso b); Ley 23179, artículos 2, incisos c) y d) y 5, inciso a); Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de Vulnerabilidad; Guías de Santiago sobre la protección de víctimas y testigos; Constitución provincial, artículos 9 y 95
Indemnización por incapacidad, incapacidad laboral, toma de conocimiento de la incapacidad, período de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: BURLATO, SALVADOR c/ ABB MEDIDORES S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-24

No resulta atendible lo argüido por el apelante acerca de que la declaración del estado que da origen a la compensación del art. 212, 4º párrafo de la LCT debe formularse o ventilarse antes de extinguida la relación laboral, pues tal indemnización no guarda ninguna vinculación con la finalización del vínculo o con la terminación del período de prueba al que alude el artículo, toda vez que el único requisito es que la incapacidad se haya manifestado durante la existencia del contrato de trabajo.
Dolo, culpa
Materia: PENAL
Carátula: Cocco, Daniel E. s/ HOMICIDIO CALIFICADO POR EL VíNCULO S/ CASACIóN. Montelpare, José G. y Vera, Miguel Angel s/ EXTENSIóN  CERTIFICADO  MéDICO  FALSO  (ARTíCULO  295  1eR.  PáRRAFO)  S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-12-21|1989-09-20

Determinar si el autor de un delito actuó con dolo o culpa es una cuestión de hecho, privativa del mérito e irrevisible, -en principio por vía del recurso de casación penal, salvo absurdo.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, daño resarcible
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ LLENTIL, Virginio s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

Resulta imposible cargar la extensión del daño a la culpabilidad del agente conductor del automóvil que, por negligencia o imprudencia, embiste a otro en el que viajaban seis personas las que resultan lesionadas, porque, tanto en el plano subjetivo como en el objetivo, ninguna diferencia hay con un hecho de iguales características en la que el lesionado sea el conductor del vehículo embestido, único ocupante del mismo.-
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO c/ MULLER GUILLERMO A. Y OTROS s/ PROCESO DE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-07

Las cuestiones referidas al monto de la deuda no autorizan a oponer excepción válida alguna (cfr. esta Sala, Causa 4736 del 10.9.87; Sala I, Causa 9019 del 19.1079; Sala II, Causas 3584 del 12.4.85; 3730 del 23.7.85; 7742 del 2.10.90; etc.), toda vez que planteos de tal naturaleza no se refieren a vicios extrínsecos del título ejecutivo (art. 544, Inc. 4 del Código Procesal; Sala II, Causa 3730 del 23.7.85).
SECLO, conciliación obligatoria, suspensión de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: KOZLOWSKI, NORBERTO c/ ASOCIACIÓN COOPERADORA CORONEL MAYOR IGNACIO ALVAREZ THOMAS DE LA ESC. Nº 4 D.E. 16 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-16

Si bien el reclamo formulado ante el SECLO suspende el curso de la prescripción en un lapso no mayor de hasta seis meses (art 7º ley 24635), cuando la tramitación implicó un lapso menor, una vez concluido el proceso de conciliación , comienza a correr el plazo de prescripción bianual (art. 256 LCT) y si el trabajador no realiza algún acto interruptivo o suspensivo del plazo que comenzó a correr, su acción prescribe.
Servicio público, servicio telefónico, defensa del consumidor, derechos del usuario, prestación de servicios, verdad jurídica objetiva
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ANTELO ALVAREZ JUAN JOSE Y OTROS c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

La posición de telefónica de Argentina no debe ser avalada judicialmente, por cuanto al margen de su irrazonabilidad, es contraria a la previsión constitucional en la materia (art. 42) y a la ley de defensa del consumidor en cuanto esta ampara no solo al "titular" del servicio sino también a aquellas personas que por cualquier titulo derivado de aquel lo utilizan como meros usuarios (cfr. art. 11). Y, si bien las empresas prestadoras de servicios públicos tienen el derecho de contar con la información adecuada a efectos de categorizar la prestación del servicio y aplicar a cada usuario la tarifa pertinente, tal atribución no las habilita para desentenderse de la adecuada prestación del servicio y de las responsabilidades que un eventual suministro irregular acarrea, con el pretexto de que solo quien obra en sus registros como "titular del servicio" esta legitimado para reclamar (cfr. Cicero, Nidia Karina, "Los Sistemas de Protección de los Usuarios de los Servicios Públicos", en L.L. 1996-C-420). En definitiva, si bajo una apariencia formal, se clausura la vía procesal intentada por los interesados, llegándose al extremo de frustrar de modo definitivo el derecho que los actores pretendían defender en sede judicial, se desconoce la efectiva primacia de la verdad jurídica objetiva (cfr. Sala 3, doctr. Causa 2897 del 11.4.95).
Tutela ambiental, protección del medio ambiente, acceso a la información pública, activismo judicial, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiscalía Penal, Dr. Gómez Amado, Gonzalo c/ Municipalidad de Joaquín V. González s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-05

El reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente.

La protección eficaz del ambiente no depende exclusivamente de los aspectos normativos, ni de la actuación de los poderes públicos; por el contrario, es indispensable que esta tutela legal se complemente con el activismo judicial ejercido en pos de la salvaguarda de ese derecho, por el diseño de las políticas públicas y, finalmente, por el accionar de cada habitante como parte integrante del ambiente.

El art. 87 de la Constitución Provincial le reconoce al juez del amparo amplias facultades ordenatorias, en atención al principio de informalidad que lo caracteriza en el diseño constitucional local como así también en atención a la materia ambiental.
Aplicación de la ley penal, bien jurídico protegido, interpretación de la ley, aplicación analógica de la ley, tipo penal, tipo penal abierto
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Legumbres  SA . y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

La correlación entre sanción y bien jurídico es la que, con fundamento en la proscripción de la analogía, permite fundar la prohibición de que, so pretexto de interpretación, se amplíen los tipos legales a la protección de bienes jurídicos distintos que los que el legislador ha querido proteger.
Domicilio fiscal, cambio de domicilio, notificación, AFIP DGI
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional (D.G.I.) c/ Muñoz José s/ ejecución fiscal -D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

El cambio de domicilio deberá comunicarse en la forma establecida en el art. 2 (de la Resol. Gral. -D.G.I. 2210/79-), en la dependencia de la Dirección en la que el contribuyente y responsable estuviere inscripto utilizando a tal efecto el Formulario 853/C. Es de destacar que la remisión hecha al art. 2 de la citada resol. general alcanza a los datos que deberán consignarse y a la dependencia en la que deberán realizarse las actuaciones (la de competencia del nuevo domicilio), y no al formulario que ha de utilizarse, que claramente es el 853/C.
Universidades nacionales, nulidad de la resolución, título universitario, médicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP c/ UNLP s/ recurso administrativo directo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-27

Corresponde admitir la pretensión formulada por la facultad y declarar la nulidad de la resolución 300/2012 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata si, no solamente vulnera las previsiones contenidas en las decisiones ministeriales y de la Coneau referentes a la necesidad de modificar gradualmente el régimen de la "Práctica Final Obligatoria" (PFO) dentro del límite temporal que se había fijado, sino que, por otra parte, incurre en el error de sostener que no procede exigir retroactivamente a los alumnos ingresados con anterioridad el requisito de tener aprobados los exámenes finales de todas las materias para poder cursarlo, toda vez que los alumnos no tienen un derecho adquirido al mantenimiento de una determinada relación entre la cantidad de materias aprobadas y la realización de dicha práctica, más aún cuando el cambio de tal relación se sustenta en la necesidad de mejorar la calidad académica de quienes obtengan el título de médico y fue adoptada por el ministerio en cumplimiento de lo previsto en el art. 43 de la ley 24.521.
Intereses, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Sanzi Horacio Alberto c/ MAPFRE ARTSA s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-14

Si se tiene en cuenta la doctrina que irradia del caso "Espósito", "Massolo" y "Belatti" (todos de la C.S.J.N. no resulta procedente efectuar reajuste por actualización monetaria ni un interés distinto al que se prevé en las Actas de la C.N.A.T., sobre todo porque dicha tasa -dados los elementos y variables que se ponderan para su conformación en función, entre otras, de las operaciones financieras a las que está destinada- también refleja la variación que puede experimentar el valor de la moneda sobre la que ha de operar la aplicación del respectivo interés. La tasa de interés que se propicia es la prevista en las respectivas Actas de la C.N.A.T. 2601 y su correlativa 2630, el 36% de tasa de interés anual hasta el 30/11/2017; y a partir de esta fecha y hasta el efectivo pago, los intereses establecidos en el Acta C.N.A.T. N° 2658, por el aporte a la seguridad jurídica, unidad de la jurisprudencia y por considerarlas razonables. (Del voto del Dr. Pérez, en mayoría).
Bancos, responsabilidad del banco, caja de ahorro, pago sin causa, acción de repetición
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO COMERCIAL DEL NORTE SA c/ BLASSI, BASILIO s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-26

No promediando provisión de fondos disponibles (por cuenta cerrada bcra), el banco no se encuentra obligado a pagar los cheques depositados en caja de ahorro por su cliente, ni le asiste a este derecho a reclamar su pago. Y si en virtud de una errónea acreditación de aquellos se concretó el pago por quien no era deudor a quien tampoco resultaba acreedor se configura una hipótesis de pago sin causa. Es la ausencia de título o causa para justificar el pago, el elemento fundante de la repetición a favor de quien lo efectivizó.
Recurso de apelación (procesal), seguro de caución
Materia: LABORAL
Carátula: Monzón, Oscar Rubén c/ Ferrocarril Mesopotámico Gral. Urquiza S.A. s/ Indemnización y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-03-31

Si en la póliza del seguro de caución se consigna como asegurado al propio Juzgado de 1º Instancia y no el crédito del actor para que, en su caso, éste pudiera ejecutar la garantía, el defecto señalado tiene toda la apariencia de ser una equivocación al completar el formulario del seguro, por lo que declarar por ello mal concedido el recurso implicaría caer en un rigorismo formal en desmedro del derecho a la doble instancia que rige la materia lo cual, obviamente, no ha sido la intención del legislador al consagrar la obligación que pone a cargo de la patronal en el artículo 125 inciso a) del Cód. Procesal Laboral. En virtud de ello, corresponde otorgar a la parte demandada un plazo a fin de que aclare o subsane por medio idóneo, la individualización de cada una de las partes intervinientes en el seguro de caución ofrecida por su parte.
Acción de inconstitucionalidad, sentencia, recurso de inconstitucionalidad, rechazo in límine
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SAVINA, FEDERICO ALEJANDRO c/ CARRIZO, ESTEBAN HÉCTOR s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-09-21

Corresponde rechazar "in limine" la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la resolución que confirmó la anterior que hizo efectivo el apercibimiento previsto en el art. 120 CPCC. La demanda de inconstitucionalidad tiene propósitos y fines específicos, que no son comparables ni compatibles con las demás acciones contempladas en el plexo del ordenamiento jurídico, ya que tiende a abatir una disposición de carácter "erga omnes".

En consecuencia, como instituto autónomo y meramente declarativo, no es idónea para cuestionar las decisiones de los tribunales inferiores cuyo control de constitucionalidad está previsto en el art. 153, apartado III inc. a) de la Constitución Provincial y reglamentado por los arts. 297 y ss. del CPCC.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, condena condicional, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MANCILLA, Nora A. s/ recurso extraordinario Causa nro. 26.270
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-21

La decisión atacada no reviste el carácter de sentencia definitiva en los términos exigidos por el artículo 14 de la ley 48, pues es revocable, no dirime la controversia ni pone fin a la causa, no tiene por efecto extinguir la pena ni deniega con carácter definitivo la suspensión, dado que nada impide que, al momento de dictar sentencia, el juez aplique una condena de ejecución condicional.
Contrato de obra pública, multa, plazo, acto administrativo, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEBASTIAN MARONESE E HIJOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 58-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-05

Debe aceptarse -con naturales límites- a fin de preservar el efecto coactivo indirecto, la legitimidad de aplicar multa a pesar de que el incumplimiento haya cesado, pues entender que la potestad de sancionar con multa sólo subsiste en tanto perdura aquél, equivaldría a librar a la contratista de toda consecuencia durante el período que necesariamente requieren los trámites administrativos de comprobación y aplicación de la multa. Porque sin duda, la compulsión derivada de la posibilidad abstracta de sanción contenida en la norma, sólo obrará como tal si existe posibilidad concreta de ser aplicada; y se debilitaría si su ejercicio estuviera indisolublemente unido a la persistencia en el tiempo, del incumplimiento. De allí que este tribunal haya reconocido en anteriores ocasiones, la posibilidad de aplicarla luego de cesada la infracción.
Delitos contra la humanidad, cosa juzgada, non bis in ídem
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín y otro s/ recurso de casación y de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-12

Los principios que, en el ámbito nacional, se utilizan habitualmente para justificar el instituto de la cosa juzgada y ne bis in idem no resultan aplicables respecto de delitos contra la humanidad porque los instrumentos internacionales que establecen esta categoría de delitos, así como el consiguiente deber para los Estados de individualizar y enjuiciar a los responsables, no contemplan, y por ende no admiten, que esta obligación cese por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad de reproche. -Del precedente "Mazzeo", al que remitió la Corte Suprema-.
Proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL
Carátula: CLIMENT JOSE MIGUEL Y OTRO c/ CURI HNOS. S.A. s/ FONDO DE DESEMPLEO, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-10

El formulismo procesal constituye la entronización de la burocracia procedimental. Las formas procesales son medios, cuya finalidad reside en garantizar la más ordenada y justa solución de los litigios, tratando así de evitar un excesivo apego a las formas que conduciría a la desnaturalización del proceso en detrimento indebido de la garantía de defensa en juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Patentes, investigaciones científicas y técnicas, medicamentos
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOVARTIS  PHARMA  AG c/ MONTE  VERDE  SA s/ varios  propiedadindustrial e intelectual.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-01

Novartis sustentó su reclamo en el aprovechamiento, por parte de Monte Verde, de los "datos no divulgados" ("DND") o información confidencial concerniente al "IM". El demandado, según la actora, pudo obtener la autorización de la ANMAT para comercializar LEUCIMAT "sin necesidad de desarrollar estudios pre-clínicos y clínicos que prueben la eficacia e inocuidad de su producto basado" en el mismo principio activo. Los "DND" se refieren a las investigaciones científicas realizadas en distintas etapas a través de las cuales se demuestra la inocuidad, eficacia, seguridad y calidad del producto. La primera es preclínica y comprende las pruebas en animales; la segunda se compone de distintas fases en las que se realizan estudios progresivos sobre un conjunto de personas cuyo número es creciente a medida que se constatan bajos niveles de toxicidad, los efectos colaterales de acuerdo a la población, la efectividad, los antidotismos, etc.
Transporte aéreo, cancelación de vuelo, doctrina
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BLEJER  FEDERICO c/ AEROLINEAS ARGENTINAS SA s/ cumplimiento decontrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Es de la esencia de este tipo de contrato -cualquiera sea el medio que se emplee para llevarlo a cabo- que el transportista lleve al pasajero a su destino final. Tanto la doctrina como la jurisprudencia aceptan pacíficamente que la cancelación formal de un vuelo en forma intempestiva e injustificada configura incumplimiento del contrato (conf. Luongo, Norberto E. "Tratado de daños y perjuicios en el transporte aéreo"; Ad-Hoc, págs. 519 a 531 y esta Sala, causa Nº 3538/98 "Surballe, Rossana Cecilia y otros c/Lufthansa" del 21/12/99); y si bien es cierto que el Convenio no trata en forma expresa esa situación ya que se ocupa del retraso (art. 19), nada obsta a que los tribunales responsabilicen al transportista con apoyo en otras normas, inclusive acudiendo a leyes nacionales tales como el Código Aeronáutico (art. 150). Se trata de una composición heterogénea de disposiciones legales para evitar un vacío jurídico, máxime teniendo en cuenta que la hipótesis de la que me ocupo no está contemplada como una de las causales de exoneración (art. 20 del Convenio), y que el concepto de "remedio exclusivo" (art. 29 del Convenio) no implica la impunidad del transportista frente a normas de rango constitucional que protegen a los usuarios y consumidores (conf. arts. 42, primer párrafo y 43, segundo párrafo de la Constitución nacional, art. 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y art. 12 de la resolución nº 1532/98 del ME y OSP -B.O. 10/12/98).