Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-08-20


///MA, 20 de agosto de 2014.

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. APCARIÁN, Lilina L. PICCININI, Sergio M. BAROTTO, Adriana C. ZARATIEGUI y Enrique J. MANSILLA, con la presencia del señor Secretario doctor Gustavo GUERRA LABAYEN, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: CARBALLO, EDGAR EDUARDO C/ LA CAJA ART S.A. S/ APELACION S/ INAPLICABILIDAD DE LEY (Expte Nº 26188/12-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la Ia. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en esta ciudad, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 282/290 por la parte demandada, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

- C U E S T I O N E S- 1ra.- ¿Es fundado el recurso- 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde- V O T A C I Ó N- A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:

1.- Antecedentes de la causa: Mediante el pronunciamiento de fs. 266/268 vlta., la Cámara Laboral de Viedma fijó la condena a cargo de La Caja A.R.T. S.A. en la suma de $83.461,07 al 30/06/12-, tras declarar la inconstitucionalidad del art. 16 del Decreto 1694/09.

Tuvo presente que el actor impugnó por inconstitucional el tope resarcitorio del art. 14 apart. 2 inc. a) de la L.R.T., pero consideró eliminada su aplicación por el Decreto 1694/09, pese a que su art. 16 dispuso que regiría para los casos sobre contingencias cuya primera manifestación invalidante se /// ///-2- produjera a partir de su publicación oficial, ocurrida el 06/11/09.

Consideró así la aplicación inmediata del decreto aun sobre los efectos en curso de relaciones jurídicas previas pues, sin perjuicio de la irretroactividad legal, entendió que solo la consumación del pago resarcitorio excluía la aplicación de una nueva norma.

Así lo juzgó en el entendimiento de que tal interpretación se hallaba de acuerdo con el art. 3 del Código Civil, en tanto dicha norma dispone que, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Destacó que es criterio de la C.S.J.N. que la aplicación inmediata de la ley a los hechos que están en curso de ejecución no significa su aplicación retroactiva, en correlato con la regla del art. 3 del Código Civil, en pos de una mayor equidad y en sintonía además con el principio de progresividad receptado en el art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, reconocido también por la Corte en el caso Aquino.

El tribunal de grado defendió su postura afirmando que la decisión no alteraba el principio de congruencia, en tanto mediaba identidad sustancial entre el objeto reclamado indemnización por incapacidad laboral- y la prestación otorgada en definitiva por dicho concepto, que no excedía los límites cuantitativos ni cualitativos de la pretensión, porque solo se otorgaba una indemnización tarifada, sin incluir rubros que la excedieran.

Finalmente, reputó oportuno el planteo de inconstitucionalidad, pues fue formulado por el actor al contestar el pedido de aplicación del tope efectuado por la A.R.T., y concluyó que el citado art. 16 resultaba inconstitucional en el caso porque obstaba a la proyección de la norma más favorable Decreto 1694/09- sobre los siniestros ocurridos con anterioridad al momento de su entrada en /// ///-3- vigencia, pero aún no cancelados a esa fecha.

2.- Los agravios del recurso: La Caja A.R.T. S.A. se agravia porque el fallo de grado la condenó por prestaciones dinerarias de la L.R.T. al margen del Decreto 1278/00 y conforme con la modificación dispuesta por el Decreto 1694/09, es decir, sin atender al tope establecido por la normativa vigente al momento del accidente, tras declarar arbitrariamente la inconstitucionalidad del art. 16 del último de los decretos precitados, mediante la habilitación de un pedido extemporáneo e improcedente del actor.

Reivindica en tal sentido la validez del contrato de afiliación celebrado con la empleadora, que considera fuente de la relación jurídica generadora del derecho a reclamar por el accidente del 28/10/08, mientras resultaba aplicable insiste- el Decreto 1278/00.

Estima que se ha efectuado una aplicación retroactiva del Decreto 1694/09, porque dice- no hay en el caso un hecho que esté en curso de ejecución, sino un hecho que se configuró con anterioridad y quedó, por tanto, sujeto a la norma anterior.

Se agravia también porque los intereses de condena, relativos a la prestación dineraria habilitada con fundamento en el Decreto 1694/09, fueron fijados por el a quo a partir de la fecha del siniestro, lo que sería contradictorio con el carácter accesorio de estos respecto de aquella cuantía crediticia nacida con el decreto, el 6 de noviembre de 2009.

Critica el fallo porque no declaró extemporáneo el planteo de inconstitucionalidad introducido por el actor al momento de contestar el traslado del escrito en el que la aseguradora había impugnado la liquidación previamente practicada por aquel, lo que vulnera la preclusión procesal, el debido proceso, la defensa en juicio, la igualdad entre las partes y la seguridad jurídica.

3.- Análisis y solución del caso: /// ///-4- Como cabe apreciar de lo expuesto, aun cuando el actor impugnó la constitucionalidad del tope resarcitorio del art. 14 ap. 2 inc. a) de la L.R.T. (que impone un límite de $ 1.800 por punto de incapacidad conf. Decreto 1278/00-), la Cámara no abordó formalmente su tratamiento porque arribó al mismo resultado pretendido al asumir que la eliminación del referido tope por medio del Decreto 1694/09 resultaba automáticamente aplicable al presente caso. Para esos fines, declaró la inconstitucionalidad no ya de la norma que imponía la aplicación del tope, sino de aquella otra que limitaba la vigencia del decreto posterior solo a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiera producido a partir de su publicación oficial, el 06/11/09 (art. 16 del Decreto 1694/09).

Respecto de lo así resuelto, estimo pertinente señalar que la Cámara fundó su decisión sin haber merituado la doctrina seguida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de aplicación temporal de las sucesivas reformas al régimen de accidentes de trabajo.

En efecto, en el caso Caja Nacional de Ahorro y Seguro en J: Nº 17830, Escudero Adolfo c. Orandi y Massera S.A., sentencia del 28/05/1991 (Fallos 314:481), la Corte sostuvo refieriéndose en particular a la entrada en vigencia de la Ley 23643- que cuando una ley ha optado por omitir toda referencia a su aplicación al juzgamiento de los hechos ocurridos bajo la vigencia de la ley anterior, aquellos deben quedar sometidos a los preceptos legales imperantes en el momento en que se produjeron, ya que en esas condiciones, el nuevo ordenamiento no tiene efecto retroactivo, no se proyecta hacia atrás en el tiempo, ni altera el alcance jurídico de las consecuencias de los hechos y actos realizados en su momento bajo un determinado dispositivo legal (Fallos 299:132), pues de lo contrario podría afectar derechos adquiridos bajo el régimen anterior.

Y /// ///-5- sobre el particular, seguidamente aclaró: ... esta Corte también ha sostenido que no es admisible exigir indiscriminadamente el requisito de sentencia firme anterior a la nueva ley para tener un derecho como irrevocablemente adquirido bajo la vigencia de la ley anterior.

En el mismo precedente, y con cita de su doctrina en la causa Luna, Juan Carlos y otros c. Cía Naviera Perez Companc SACIMFA (Fallos 312:1234), la Corte agregó que a estos principios generales no se oponen principios laborales como el in dubio pro operario o el de la norma y de la condición más beneficiosa, los cuales exigen para su aplicación que se esté en presencia de una colisión normativa que cree dudas fundadas acerca de la ley aplicable.

Al respecto, precisó que el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral, solo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento.

Por ello, la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito.

Asimismo, cabe destacar que la doctrina del precedente Caja Nacional de Ahorro y Seguro fue aplicada años más tarde en la causa Mendoza Reyes, Rigoberto Eduardo c. Rest Services S.R.L. s/accidente-ley (Fallos 321:45) para descalificar la sentencia de un Superior Tribunal provincial que había establecido que la norma aplicable para la determinación de la indemnización por accidente de trabajo era la Ley 24028 y no la 23643, a pesar de que el accidente que produjo la incapacidad del actor había ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la primera.

Tras reiterar que cuando una ley ha optado por omitir toda referencia a su aplicación al juzgamiento de los hechos ocurridos bajo la vigencia de la /// ///-6- ley anterior, aquellos deben quedar sometidos a los preceptos legales imperantes en el momento en que se produjeron ya que, en esas condiciones, el nuevo ordenamiento no tiene efecto retroactivo-, la Corte federal precisó que el modo como había decidido el a quo implicó la aplicación retroactiva de la ley nueva a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser dictada (v. Mario S. Fera, Máximos Precedentes: Derecho Laboral, 1ra. ed., Buenos Aires, La Ley, 2013, v. 2, págs. 450 y sgte.).

Esa misma doctrina también fue convalidada por la Corte al fallar en la causa Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/ accidente acción civil del 17.08.10 (Fallos 333:1433), donde la mayoría compartió e hizo propios los fundamentos del dictamen en el que la señora Procuradora Fiscal, al tiempo que propiciaba la declaración de inconstitucionalidad del art. 15 de la L.R.T. por considerar que la indemnización resultante no reparaba a la viuda del trabajador fallecido y afectaba la dignidad de la persona y el derecho de propiedad, dejaba expresamente a salvo que el planteo referido a la aplicación del decreto 1278/00, en cuanto incrementó el tope indemnizatorio y fijó un pago directo a los derecho- habientes no es aplicable al presente caso ya que no estaba vigente al momento de ocurridos los hechos que dieron motivo al reclamo.

A ello agregaba: ... el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por infortunio laboral solo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento; por ello, la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito que persigue el reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el ámbito jurídico (Fallos 314:481; 315:885); /// ///-7- sostener lo contrario conllevaría la aplicación retroactiva de la ley nueva a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser sancionada (Fallos 314:481; 321:45).

En definitiva, y en función de los antecedentes antes reseñados, tengo para mí que lo decidido por la Cámara en el sentido de declarar aplicable el Decreto 1694/09 (B.O. 06.11.09) para resolver en la presente causa promovida a raíz de un siniestro ocurrido el 28.10.08 supone un supuesto de aplicación retroactiva de la ley, en franca violación al debido proceso y la defensa en juicio.

Si bien lo antes expuesto permite avizorar que el recurso planteado por la aseguradora habrá de tener acogida favorable, ello de ningún modo significa convalidar la pretensión de la demandada tendiente a que el monto resarcitorio que efectivamente debe pagar en estos autos quede reducido como consecuencia de la aplicación del tope del art. 14, ap. 2, inc. a) de la L.R.T., pues para ello resta aunque la Cámara se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de esa norma, tal como fue requerido por la parte actora a fs. 218/224. VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Liliana L. PICCININI y Sergio M. BAROTTO dijeron: ADHERIMOS a los fundamentos vertidos por el señor Juez preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana C. ZARATIEGUI y Enrique J. MANSILLA dijeron: Atento a la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión.

A la segunda cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo: En mérito a lo expuesto al tratar la primera cuestión y en los estrictos límites de la materia que llega planteada /// ///-8- a esta instancia-, corresponderá hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la A.R.T. a fs. 282/290, revocar el punto dispositivo primero de la resolución de fs. 266/268 y vlta. en cuanto declara la inconstitucionalidad del art. 16 del Decreto 1694/09 y remitir los autos al Tribunal de origen para que proceda a dictar un nuevo pronunciamiento en el que deberá abordar el planteo de inconstitucionalidad del tope del art. 14, ap. 2 inc. a) de la Ley 24557 formulado por la parte actora a fs. 218/224 de las presentes actuaciones.

Atento al modo como se decide, y teniendo en cuenta que el recurso en examen ha sido consecuecia de la inconstitucionalidad declarada de oficio por la Cámara, propicio que las costas de esta instancia se impongan en el orden causado. MI VOTO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Liliana L. PICCININI y Sergio M. BAROTTO dijeron: ADHERIMOS a la solución propuesta en el voto que antecede.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana C. ZARATIEGUI y Enrique J. MANSILLA dijeron: NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).

Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la A.R.T. a fs. 282/290, revocar el punto dispositivo primero de la resolución de fs. 266/268 y vlta. en cuanto declara la inconstitucionalidad del art. 16 del Decreto 1694/09 y remitir los autos al Tribunal de origen para que proceda a dictar un nuevo pronunciamiento en el que deberá abordar el planteo de inconstitucionalidad del tope del art. 14, ap. 2 inc. a) de la Ley 24557 formulado por la parte actora a fs. 218/224 de las presentes actuaciones (arts./ ///-9- 296 y ccdtes. del CPCCm. y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P N° 1504).

Segundo: Imponer las costas de esta instancia en el orden causado por las razones expuestas supra.

Tercero: Registrar, notificar y oportunamente devolver.

RICARDO A. APCARIAN Juez- LILIANA LAURA PICCININI Jueza- SERGIO M. BAROTTO Juez- ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI Jueza en abstención- ENRIQUE J. MANSILLA Juez en abstención- ANTE MI: GUSTAVO GUERRA LABAYEN Secretario.