marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Improcedencia del recurso, sentencia no firme, arresto domiciliario, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Boccalandro, Roberto Atilio s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-26

El recurso de casación no procede contra la resolución que concede el arresto domiciliario pues no es sentencia definitiva. (Dres. Diez Ojeda, Hornos y González Palazzo).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, apreciación de la prueba, lesiones leves, legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Rizzo Romano, Alfredo Héctor s/ infracción art. 89 del Código Penal - causa nx 36.380.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó por el delito de lesiones leves cometidas con exceso de la legítima defensa prescindiendo de la casi totalidad de los testigos del hecho y sin efectuar el menor examen de la racionalidad del medio empleado para repeler una agresión que se reconoce como ilegítima.
Sentencia, concurso preventivo, acción revocatoria concursal, tercero adquirente de buena fe
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Angaramo, José Luis -Síndico en Magni, Amabelia Agustini de c/ Cereijo, Rogelio F. y Cereijo, Armando r. s/ Quiebra y/o Concurso Civil. c/ Audisio, Marovio Florentino y Moreno de Audisio, Amalia A. s/ Juicio ordinario. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   311-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-22

La acción revocatoria concursal será imprescindible cuando los terceros subadquirentes no intervinieron en el juicio donde se declaró la ineficacia de una relación negocial anterior, toda vez que la sentencia no puede alcanzarlos porque todo lo alegado, probado y resuelto en ese juicio fue realizado sin su contralor. Si los subadquirentes fueron parte del trámite revocatorio seguido contra todos los que se encontraban en la cadena de transmisiones, es evidente que soportarán los efectos de una sentencia revocatoria al haber tenido oportunidad de audiencia y de ejercer su derecho de defensa. Pero, si la acción no fue dirigida contra los actuales titulares del bien, se requerirá otro juicio en el cual se acredite que la acción no sólo es procedente contra éstos (conocimiento del estado de cesación de pagos del fallido) sino, además, que el acto debió nacer impugnable, permitiendo de esa manera ejercer a los terceros su derecho de defensa con la amplitud necesaria.
Encubrimiento personal, policía, falta de denuncia, denuncia obligatoria
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Bazán, C.A. s/ Encubrimiento - Denuncia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

Configura el delito de encubrimiento por omisión de denuncia (art. 277 inc. 1 "in fine" del C.P.) la acción del policía, que encontrándose de franco, toma conocimiento de un hecho ilícito al haberle facilitado un compañero un vehículo proveniente de una sustracción, no cumpliendo con su obligación de denunciar impuesta por el art. 164 del C.P.M.P.

Los términos del art. 164 del C.P.M.P. "en ejercicio de sus funciones" no debe ser interpretado restrictivamente, excluyéndose de la obligación de denunciar a los funcionarios públicos durante los períodos de licencia o francos de servicio, ya que tal obligación es inherente al cargo público, resultado inseparable por su naturaleza.
Tasa de justicia, monto indeterminado, ampliación de la demanda, ampliación del monto, valor nominal, bonos de consolidación
Materia: PROCESAL
Carátula: Gardebled Hnos. S.A. c/ Entel s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-07

Cuando de la demanda surge que lo que se pretende, en definitiva, es el reconocimiento judicial de un crédito y que fue interpuesta con el propósito de interrumpir la caducidad del derecho a demandar judicialmente y evitar la prescripción de las pretensiones patrimoniales, solicitándose además "que no se corra el traslado", hasta tanto se efectúe su ampliación y/o modificación (art. 331 del C.P.C.C.), resulta atendible que no se pueda determinar el monto total reclamado en esta oportunidad, atento que no surge en definitiva cuál es la real y verdadera pretensión económica de la actora.

Por lo tanto, mientras no se produzca la ampliación y/o modificación de la demanda corresponde oblar la tasa de justicia por monto indeterminable, situación que obviamente persistirá hasta esa oportunidad ya que, previo al traslado de la demanda, la actora deberá practicar liquidación detallada del monto total reclamado conforme lo resuelto por la Señora Juez de Primera Instancia e ingresar el 3% en concepto de tasa de justicia, sobre la suma nominal reclamada y no sobre el valor de cotización de los bonos de consolidación tal como lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal en varios pronunciamientos, por resultar dicho valor una contingencia extraña a las circunstancias adjetivas concretas de la causa.
Derechos y garantías constitucionales, garantías procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: León, Eduardo Esteban c/ Saieva Patagónica y Otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-08

El referido principio sólo importa que el litigante debe ser oído y encontrarse en condiciones de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales, mas no exige el ejercicio efectivo de ese derecho sino que se lo ponga en condiciones de efectuarlo.
Interdicto de recobrar, despojo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Navea, José Ramón c/ Municipalidad del Rosario de Lerma s/ interdicto de recobrar y retener la posesion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1867-07-30

No puede intentarse el de recobrar, sino contra el autor del despojo.
Sobreseimiento, instrucción, jueces, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: BUCCHERI, MARIO s/ Régimen Penal Tributario Causa Nro. 36287.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

1-La resolución apelada omite pronunciarse sobre uno de los hechos por el que se sospechó al imputado como autor, por lo que corresponde revocar el sobreseimiento dictado, dado que la atribución que los jueces a cargo de la instrucción tienen de decretar el sobreseimiento en cualquier estado del sumario puede ser ejercitada en forma parcial cuando se trata de discriminar la responsabilidad de distintas personas, pero no puede ser utilizada para dividir uno por uno los hechos materia de averiguación (Del voto del Dr. Repetto).- 2-Corresponde confirmar la resolución que sobreseyó definitivamente al imputado si el monto de la maniobra en fraude al fisco es inferior al que se establece como condición objetiva de punibilidad en la ley 24587 dictada con posterioridad al hecho investigado, de aplicación retroactiva por ser más benigna (Del voto en disidencia del Dr.

Hendler).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, comunicación del despido, despido verbal
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CASTAGNA, MARIANA A. c/ ESTABLECIMIENTO SAN BENITO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

Corresponde rechazar la queja desde que las alegaciones de la accionada sólo traslucen su disconformidad para con un resultado que le ha sido adverso, sin aportar elementos de entidad constitucional que habiliten la intervención de esta Corte, omitiendo controvertir las razones que la Sala brindara al sostener "...que si bien el despido verbal constituye un acto jurídico unilateral no sujeto a formalidad alguna, resulta válido siempre que se acredite fehacientemente en el pleito la voluntad extintiva del empleador comunicada verbalmente al trabajador." (Del voto del Dr. Falistocco)
Derecho procesal, medidas cautelares, cláusula de sustitución, incidentes
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: TMF Trust Company (Argentina) SA Pensionados Provinciales c/  s/ incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

Cabe admitir parcialmente la sustitución de la medida cautelar, con el embargo de dos inmuebles y un seguro de caución. Es que el CPR 203 consagra el principio de la mutabilidad de las medidas cautelares en cualquier estadio procesal, pues la extensión del aseguramiento está condicionada a la trascendencia del interés a salvaguardar y sujeto a sus potenciales alternativas. De tal forma, la posibilidad del cautelado de solicitar la sustitución de una medida precautoria, halla fundamento en la necesidad de evitar una situación más gravosa para el obligado, y como recaudo para su mutabilidad, se requiere que los bienes que se ofrezcan tengan igual o mayor valor que aquellos embargados originalmente. En el caso, si bien la accionada no ha acreditado la existencia de perjuicios insalvables en su liquidez como consecuencia de la medida trabada, no puede soslayarse, sin embargo, que lo cautelado, en tanto se trata de dinero, podría derivar en una afectación de su actividad o giro. Desde tal óptica, lo expuesto constituye una circunstancia que justifica la procedencia de la mutabilidad de la medida cautelar originaria. Máxime atendiendo al tiempo que transcurrirá hasta el dictado de la sentencia que dirima el conflicto suscitado entre las partes.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, novación, novación subjetiva, fondo de comercio, transferencia de fondo de comercio
Materia: PROCESAL
Carátula: Elías,  Carlos  Fabián y otro c/ Asociación de Supervisores de laIndustria Metalmecánica de la República Argentina y otros. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-25

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que entendió dogmáticamente que se había operado una novación subjetiva por delegación imperfecta si el tema de la novación no fue planteado en la causa por ninguna de las partes y no existen elementos que conduzcan a inferir razonablemente que ella existió y, en consecuencia, el único supuesto en que el sindicato comprador podría haber resultado solidariamente responsable, sería si se hubiese verificado una transferencia de fondo de comercio (art. 11, ley 11.867), hipótesis que fue descartada por la propia cámara. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Administración Pública, potestad disciplinaria, Superior Tribunal de Justicia, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUEVA, RAUL JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 521 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

Las restricciones legales para la revisión de la potestad disciplinaria de la Administración pública no responden a que se asigne discrecionalidad en su ejercicio, como pudiera suponerse, sino que viene impuesta por la índole especial y particular de esta potestad de la Administración. Por ello, al ser la realización de una finalidad pública un presupuesto básico de la actuación de la administración y de todos los poderes públicos, cuando se demuestre una manifiesta ausencia de esta finalidad en sus decisiones disciplinarias, procederá a la revisión jurisdiccional en el área normalmente exenta de ésta. (Del Voto De La Dra. Gastaldi Que Hace Mayoría)
Delitos contra la humanidad, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Pedro Santiago y Feito, Alfredo Omar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-30

El efecto principal y necesario que acarrea la calificación de un delito como de "lesa humanidad" es, sin duda, la imposibilidad de ser declarado prescripto, en atención a los instrumentos internacionales que así lo establecen.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: González, Alejandro Fabián s/ Robo calificado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de ley interpuesto por la defensa en cuanto denuncia la violación del art. 149 bis, primera parte, segundo párrafo del Código Penal ya que ha limitado su embate a cuestionar, sopretexto de una presuanta inversión al onus probandi y al principio del favor rei, la conclusión que desplaza esa calificación y adopta la del tipo de los arts. 166 inc. 2 y 42 del Código Penal, sin señalar las normas de prueba que el juzgador ha apreciado erróneamente para acreditar formalmente el cuerpo del delito y decidir de la forma en que lo hizo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Confirmación de sentencia, honorarios, ley arancelaria, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Athanassopoulos, Gabriel Nicolás c/ Dilger, Jacqueline Giselle y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-19

Procede confirmar los estipendios establecidos por el magistrado de grado a favor del ex letrado de la coejecutada, en base a la ley 21839, aunque estos hubieran acordado que la fijación de los correspondientes emolumentos se realizaría de acuerdo a los parámetros previstos por la ley 27423 . Ello por cuanto, en el caso, en el proceso aún no se ha dictado sentencia y, por lo tanto, todavía no existe una base regulatoria cierta ni un régimen de costas firme; en tal marco, siendo que en principio, la coejecutada ha asumido el pago de los honorarios de su ex letrado patrocinante, la aclaración formulada por ella en punto a que, en caso de que en las presentes actuaciones la parte actora resulte condenada en costas, ella podría requerirle la restitución del pago de los emolumentos a ésta última, esta circunstancia, y la existencia de una coobligada por honorarios, impide cualquier clase de apartamiento de la ley arancelaria que objetivamente resulta aplicable en el sub lite en esta sede judicial (arg. CCCN 385). Ello así, las circunstancias de hecho del caso permiten concluir en que las modificaciones introducidas por la nueva ley de honorarios no resultan de aplicación al caso. Es que de aplicarse las disposiciones contenidas en esa normativa se vería afectado el principio de irretroactividad de las leyes consagrado por el art. 7 del mismo cuerpo legal, pues de otro modo se alterarían los efectos de una relación jurídica -la labor profesional ya desarrollada en el expediente-, cumplida con anterioridad a que la ley 27423 se hallase en vigencia, volviendo sobre una relación o situación jurídica ya constituida y consolidada anteriormente con efectos jurídicos propios consumidos en el pasado, atribuyéndole efectos que antes no tenían por la vinculación de esos actos con un período de tiempo anterior a la vigencia de la ley, lo cual no se aprecia procedente.
Sucesiones, división de la herencia, colación, honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BARRUTI, Rodolfo Alfredo y GARCIA GONZALEZ, Rebeca s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-12

Si bien la colación se realiza por medio de una operación matemática, asignándose en ella al heredero donatario una porción menor, de manera de equilibrar su participación en dicho acervo con la de sus coherederos, ello no es óbice para su consideración a los fines regulatorios.
Intervención de terceros, sentencia condenatoria
Materia: CIVIL
Carátula: HERRERA FRANCISCO c/ LOPRESTI MIGUEL ANGEL s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

El art. 96 del cód. Procesal plantea el problema de determinar si el tercero traído a juicio por el demandado puede eventualmente, ser condenado. Debe entenderse que no, pues, si el demandante no pidió la condena contra el tercero, el juez no puede condenarlo ya que si procediera de otra manera, fallaría mas allá de lo pedido de donde se puede concluir que no puede existir condena para el tercero citado, tanto en relación al pago de los daños resarcibles como en lo tocante a las costas, por no ser vencido ni demandado en juicio.
Obligación alimentaria, concurrencia de los padres, separación de hecho, deber de asistencia entre cónyuges, convivencia de alimentante y alimentado, alimentado de escasos recursos
Materia: CIVIL
Carátula: C., D. y otros c/ R., F. V. s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-02

Los alimentos debidos a la cónyuge tienen carácter asistencial.

Estando los esposos separados de hecho basta con que la cuota alimentaria le alcance a la cónyuge para responder a las necesidades primarias de la vida, sin que deba relacionarse con las entradas del marido.

Aún cuando la obligación alimentaria respecto de los hijos pesa sobre ambos padres (art. 271 del C. Civil), pecuniariamente debe ser mayor la carga que pesa sobre el padre desde que existe una suerte de compensación con el cuidado y atención diarias que recaen sobre la madre que tiene la tenencia de los menores.

Pesa sobre el alimentante la obligación de procurar los medios económicos para mantener a sus hijos en el mismo nivel económico que tenían mientras aquél integraba el hogar conyugal.
Eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: S., C. O. c/ H., W. y/u otros s/ Daños y Perjucios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-05-13

En cuanto al hecho de la víctima debe presentar las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito, en caso de liberación total.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Ferrocarriles Argentinos, robo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Florencio Alejandro LLANOS s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA  -  COMPETENCIA  FEDERAL  -  DELITOS  EN  PERJUICIO    DE  LOS  BIENES  DEL  ESTADO  NACIONAL  -  FERROCARRILES  ARGENTINOS - ROBO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-18

Cabe declarar la competencia del fuero de excepción, cuando el daño sufrido por bienes del Estado Nacional -puerta de entrada de un depósito de propiedad de Ferrocarriles Argentinos- se identifica con el previsto en el art. 3, inc. 3, de la ley 48 y su concordante art.

23, inc. 3, del Código de Procedimientos en Materia Penal, por corresponder al resultado directo de la acción típica de que se trata.
Jubilación ordinaria, Poder Judicial
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Storni Lanteri, Gabriel Juan Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción.Impugnación  de liquidación (Expte. CSJ No. 417-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-20

La inteligencia y alcance de la ley nº 9377, hace que se interprete la misma teniendo en cuenta su mensaje de elevación que destaca que:

el sistema o reglamentación proyectada no contradice de ninguna forma el régimen ordinario en la materia, vigente en la provincia y procura afianzar el derecho y respeto a la carrera judicial en beneficio de quienes precisamente han dedicado una buena parte de su vida a ella y se pueden ver apartados de su vocación en forma inculpable.
Libertad condicional, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: Fleitas, Víctor Arnaldo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-11

Sólo puede revocarse la libertad condicional cuando la nueva sentencia condenatoria -que acredita la comisión del hecho ilícito- es dictada dentro del vencimiento de la primer condena. La unificación de penas vencidas sólo procederá como excepción, cuando exista interés legítimo para solicitarla, no pudiendo en ningún momento operar en contra de los intereses del imputado. El voto concurrente agregó que si no se dan las circunstancias del art. 27 del CP, no puede revocarse la condicionalidad de la primera condena al sólo efecto de unificarla con otra posterior -pero por un hecho anterior-, pues ello implica una interpretación extensiva de la norma citada, contraria al principio constitucional de legalidad y que no puede unificarse una condena agotada ante la exigencia expresa de la ley "que se encuentre cumpliendo condena". La disidencia expresó que el art. 15 del CP contempla no solamente que la libertad condicional ha de ser revocada si se cometiere otro delito sino que obsta a computar como tiempo de condena el que hasta ese momento tuvo el condenado en su condición de liberado. En el caso, a la fecha de comisión del segundo hecho no había cumplido la totalidad de la pena, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto. (Dres. Ledesma, Mitchell y Catucci -en disidencia)
Impuestos, régimen penal tributario, competencia por el territorio, domicilio fiscal, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: CIDEC CIA. INDUSTR. DEL CUERO s/ Régimen penal tributario, incidente de traba de competencia  negativa  Causa Nro. 36273.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-12

El domicilio fiscal constituye una regla de determinación de la competencia en razón del territorio en la medida en que se considera que revela el lugar de comisión del presunto hecho que constituye el objeto procesal de la causa.
Aportes previsionales, trabajo insalubre, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GATTI, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-15

La falta de prueba documental y la imposibilidad del actor de aportar otras no debe implicar una lesión de sus derechos previsionales, cuando -como en el caso- se debe a un caso de fuerza mayor no imputable a su parte, generado por el hecho de la quiebra de la empleadora y del consecuente vaciamiento empresario.
Recurso de casación penal, prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: URBANO HUGO CELINO s/ CASACION PENAL - PRUEBA - SELECCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-09-27

El libre ejercicio de las facultades de selección y valoración de la prueba, racionalmente ejercitada, no constituye motivo de casación.
Caducidad de instancia, plazo, suspensión del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PALERO EN J: PALERO s/ Concurso Preventivo (LIBRO: A068 - 332)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-04-24

De acuerdo al art. 79 ap. II del C.P.C, para que no proceda la caducidad, debe dictarse el decreto llamando autos para sentencia, no bastando la posibilidad de que la causa se encuentre en ese estado. Al no contar el efectivo llamamiento, la caducidad es procedente.-
Daños y perjuicios, indemnización, compraventa de automotores, plan de ahorro previo, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOSZENBERG, GREGORIO c/ ALRA  SA  Y AUTOLATINA ARG.  SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Si bien es cierto que no cualquier inquietud o turbación de ánimo originadas en la carencia transitoria de un bien meramente material, puede dar lugar a la reparación del daño moral, sin embargo -en el caso- es procedente esa indemnización en favor del adquirente de un automóvil, otorgado por el sistema de ahorro previo para fines determinados, cuyo motor se hallaba grabado con cuños no originales, lo que motivo el consiguiente secuestro policial y la promoción de un proceso penal por infracción al dl 6582/58, donde revistió la calidad de imputado, no obstante su sobreseimiento, que le ocasiono padecimientos psíquicos y emocionales, presentando, conforme certificados médicos, un "tic hemifacial izquierdo y contracciones fibrilares en el músculo orbicular de los párpados, lado izquierdo", atribuido a tensión emocional y depresión reactiva; por ello es que la indemnización pecuniaria debe graduarse teniendo como centro de consideración a la víctima, que es su beneficiaria, siendo relevante la gravedad objetiva del daño que sufrió.