Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-19


SALA SEGUNDA Expte. Nº 5828 caratulado "GÓMEZ NAVAS, Marcela Cristina y otros c/Ricky Café S.R.L. y otros- Apelación de Sentencia- Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a diecinueve días del mes de mayo del año dos mil catorce, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, en fecha 25 de abril del año dos mil doce, en autos Nº 8651 (18964) caratulados: "Gómez Navas, Marcela Cristina y otros c/Ricky Café S.R.L. y otros- Apelación de Sentencia"; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?-------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO: --------- Mediante la sentencia impugnada, y salvo lo concerniente a las costas, el tribunal a quo rechazó la apelación de la actora. De este modo, y en lo que interesa al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, confirmó la resolución de primera instancia que había desestimado la responsabilidad de los socios de la sociedad demandada respecto del pago de la indemnización reclamada por la trabajadora. ----------------------------- Para fundar su fallo, en lo concerniente a la extensión de responsabilidad a los socios, el a quo consideró que el deficiente registro de la relación laboral carecía de entidad suficiente para aplicar el artículo 54 de la ley 19.550. Se enroló en el criterio restrictivo adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Carballo" y "Palomeque", precedentes en los que el cimero Tribunal del país rechazó la extensión de responsabilidad a los socios, limitando la aplicación de aquella norma a los supuestos en que aparezca configurada una "actividad fraudulenta", con evidente abuso del derecho y propósito de violar la ley. La alzada dijo que, en el presente caso, no podía reputarse configurada aquella conducta reprochable. ------- Contra dicho pronunciamiento la actora deduce recurso de inconstitucionalidad que encuadra en el inciso 3° del artículo 11 de la ley 2275. Le imputa el vicio de arbitrariedad, por considerar que no se han valorado hechos y pruebas decisivas para la solución de la causa, en especial, la conducta de los socios demandados. Dice que el fallo afecta su derecho de defensa y propiedad y expone, como finalidad de su impugnación, que se anule parcialmente la sentencia en cuanto libera de responsabilidad a los socios de la firma Ricky Café SRL, modificándose la imposición de costas en todas las instancias. ------------------------ --- Da inicio a su queja diciendo que la sentencia contiene graves defectos de fundamentación en cuanto no se ha analizado el agravio mediante el cual su parte puso de relieve las pruebas arrimadas a la causa, pruebas que eran conducentes y relevantes para extender la responsabilidad a los socios. Sostiene que el déficit surge palmario atento las escuetas consideraciones de la sentencia que, sobre el punto, sólo expresa: . "carece de entidad la falta de registración o deficiente registración del contrato de trabajo, para que se del supuesto contenido en el artículo 54 de la ley 19.550". También estima insuficiente la referencia genérica a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Carballo y "Palomeque"), por lo que concluye que se trata de una decisión sustentada en argumentaciones dogmáticas. ----- --- Arguye, con mayor precisión, que ante el tribunal de alzada su parte aludió a pruebas concretas, encaminadas a demostrar la conducta reprochable de la sociedad y de sus socios. Dice que en el caso, no se trata de una simple omisión de registración o de una registración defectuosa, y que su parte demostró que existió una sociedad fraudulenta. En ese sentido, apunta a distintos medios ofrecidos por su parte que no fueron valorados: a) informe evacuado por el Registro Público de Comercio, que daría cuenta de que la sociedad fue inscripta en octubre del año dos mil seis, mientras que la trabajadora fue registrada en el mes de junio de ese año, siendo que de la correspondencia epistolar surge que ingresó efectivamente a trabajar en el mes de marzo; b) prueba pericial contable, en la que se consigna que la patronal nunca acompañó los libros de sueldos y la documentación contable, lo que resulta demostrativo del estado de insolvencia patrimonial de la sociedad demandada; c) informe del Registro Público de Comercio, del que surge que la empresa no tiene ningún bien inmueble inscripto a su nombre; d) informe de la AFIP, mediante el cual se hace saber que la sociedad sólo tenía dos de sus empleados debidamente registrados. La quejosa destaca que su parte demostró que los integrantes de la sociedad eran personalmente conocedores de todas estas circunstancias. ------------- --- A continuación expresa que los socios no se comportaron con lealtad y con la diligencia de "un buen hombre de negocios", lo que conduce a responsabilizarlos ilimitada y solidariamente, conforme los artículos 59 y 274, LS. Dice que está demostrado que el socio gerente firmaba los recibos de sueldo y es quien suscribió la misiva en la que se reconoció la categoría y fecha de ingreso de la trabajadora (marzo/2006); que la socia Rago es quien efectivizó el distracto y que el otro socio (Levato), reconoció en la absolución de posiciones que otros empleados no estaban registrados. ------------ --- En definitiva, la actora afirma que ninguna de estas evidencias fueron valoradas por el tribunal, siendo que resultan demostrativas de que los socios -sistemáticamente- no cumplían con sus obligaciones laborales, que infracapitalizaron o descapitalizaron a la persona jurídica (el capital está integrado por $32.000 con documentos de terceros a favor de los socios que éstos endosaron a la sociedad) y que cesaron en su actividad comercial para eludir el pago de la indemnización reclamada. La quejosa concluye que, en esos términos, el fallo resulta claramente desprendido de la plataforma fáctica del caso, puesto que su parte ha demostrado la infracción, el fraude, la violación a la buena fe, la evasión del cumplimiento de normas laborales de orden público y la frustración de derechos de terceros. ------------------------------------------- --- En segundo lugar, la recurrente se queja del modo en que el tribunal inferior ha impuesto las costas. Dice que al hacerse lugar al recurso impetrado, éstas deberán imponerse a la parte vencida. -------------------------- --- Comenzando con el estudio de fondo de la cuestión traída, adelanto mi opinión en el sentido de que voy a propiciar hacer lugar al recurso interpuesto, en tanto juzgo que en el caso se verifica el vicio de arbitrariedad que la recurrente le endilga al fallo. ----------------- Doy inicio a la fundamentación de esa decisión recordando que la actora, al tiempo de demandar, sustentó el reclamo de responsabilidad de los socios de la empresa, por considerar que en el caso se había verificado el supuesto contemplado en el artículo 54, tercer párrafo, LSC (fs. 6/8, de este expediente). Con esa inteligencia, señaló: que había sido registrada defectuosamente, que no figuraba en los libros de sueldos y jornales de la sociedad, que se le habían extendido recibos en fraude de sus derechos laborales y previsionales abonándole un sueldo inferior al que correspondía por ley, todo lo cual resultaba contrario a la buena fe y configuraba una conducta abusiva (art. 63, LCT y art. 1071, CC). Además, en la demanda afirmó que existían otras circunstancias que reafirmaban y convalidaban la aplicación de la teoría del "descorrimiento del velo": que se trata de una sociedad descapitalizada o infracapitalizada ($32.000), que sólo se denunció a un único empleado ante la AFIP y que la SRL no tenía bienes inscriptos a su nombre. ------------ --- En la sentencia de primera instancia la jueza comenzó rechazando la responsabilidad de los socios, en tanto derivada del artículo 59, LSC. Afirmó que esa responsabilidad se refiere a la actuación y repercusión de los actos en la esfera intrasocietaria, aclarando que alcanza exclusivamente a los administradores y representantes de la sociedad. He de advertir que esa consideración fue consentida por la actora al reconocer que su reclamo sólo tenía sustento en el artículo 54 LSC (fs. 78 vta. de este expediente). ---------------------- --- En cuanto a la responsabilidad derivada del artículo 54 de la LSC, la magistrada consideró que la defectuosa registración de la trabajadora, no encuadraba en las conductas previstas en la mentada norma. Dijo que se trataba de una tesis de aplicación restrictiva, reservada para casos excepcionales en que se verificara la utilización de la figura societaria para llevar a cabo actos contrarios a la ley, el orden público o la buena fe. Concluyó que no bastaba con la comprobación de que la trabajadora hubiese sido deficientemente registrada, sino que resultaba necesaria prueba demostrativa que la persona jurídica se había conformado con el evidente propósito de evadir la responsabilidad, con abuso del derecho o que la persona jurídica había sido un mero recurso para eludir la responsabilidad de sus integrantes. --------------------------------------- --- Pues bien, la actora apeló esa faceta de la resolución de primera instancia. Al fundarlo, controvirtió aquella argumentación afirmando que para rechazar la responsabilidad de los socios, la jueza de primer grado había incurrido en un mero dogmatismo, al omitir injustificadamente el análisis de las circunstancias invocadas y probadas por su parte, a saber: a) que la SRL era una sociedad descapitalizada constituida con documentos de terceros a favor de los socios, documentos que a su vez fueron endosados por ellos a la sociedad; b) que tenía sólo un empleado registrado; c) que no poseía bienes a su nombre; d) que no llevaba en regla los libros de sueldos y jornales, ni balances, ni estados patrimoniales ni comprobantes de aportes. Todo lo anterior -según dijo-, sumado a que la actora había sido inscripta erróneamente. En fin, en la expresión de agravios la actora propuso un reexamen de la cuestión fáctica, invocando una serie de hechos -a su juicio, conectados- que postuló como demostrativos del fraude, contrarios a la buena fe y tendientes a violar la ley y el orden público. ----------------------------- --- Es de hacer notar, sin embargo, que para rechazar este agravio, el a quo comenzó diciendo que compartía los argumentos vertidos por la jueza de primera instancia, en el sentido de que "carece de entidad la falta de registración o deficiente registración del contrato de trabajo, para que se dé el supuesto contenido en el art. 54 de la Ley 19.550". A continuación, el tribunal aludió a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Carballo" y "Palomeque"), en los que el Alto Tribunal habría limitado la aplicación de la norma a los supuestos en que aparezca configurada una actividad fraudulenta, con evidente abuso del derecho y el propósito de violar la ley. Dicho ello, la alzada sostuvo: ". en el caso de autos, no aparece justificada una conducta fraudulenta que autorice a extender la responsabilidad de los socios, a los que también se pretende dirigir la demanda". Tal fue la argumentación que se volcó para rechazar el gravamen. ---------------------------------- --- En ese esquema, y según anticipara, entiendo que se configura el vicio de arbitrariedad que la actora denuncia. Ello así, desde que el a quo no ha examinado -con la exhaustividad que el caso requiere- el agravio pertinente, cuya fundamentación apuntaba a una nueva valoración de los distintos medios de prueba, en tanto ellos podían llevar a la convicción de que la SRL fue constituida con el objeto de eludir la responsabilidad que le cabía como empleadora. En otras palabras, además de la deficiente registración, la actora propuso un reexamen del mérito de las pruebas mediante los cuales su parte pretendía demostrar hechos con virtualidad para tornar operativa la aplicación del artículo 54 de la LSC. Tales hechos serían: que la empleadora posdató el inicio de la relación laboral, que la SRL no tiene bienes inmuebles inscriptos a su nombre, los detalles de integración del capital social y su infracapitalización, la ausencia de registración del resto de los empleados, el incumplimiento a llevar los libros en legal forma, etc.. --------------------------- Pues bien, ninguna de las pruebas aludidas por la actora fue valorada por el a quo para resolver el punto. En su lugar, el tribunal sustentó esa faceta del fallo en un mero dogmatismo, invocando el criterio "restrictivo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Carballo" y "Palomeque"), aunque eludiendo el reexamen del mérito de las probanzas arrimadas, análisis que se impone a los tribunales de apelación. Es que si bien resulta válido y apropiado enrolarse en un criterio para la aplicación de la norma, ello no exime a la alzada de evaluar si conforme los otros hechos y pruebas invocadas por la trabajadora la situación de autos podía caer bajo las previsiones del artículo 54 de la LSC. Es decir, los jueces debieron ocuparse del tema, emitir un nuevo juicio respecto del valor convictivo de las pruebas aportadas acorde al agravio propuesto, ya sea para coincidir o disentir con la actora, dando razones fundadas. Pero, reitero, no podían ceñirse a la invocación "en abstracto" de la aplicación restrictiva de la teoría del disregard. ----- --- Conforme lo dicho hasta aquí, propongo hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, anulándose el fallo impugnado en los términos de las consideraciones precedentes. De compartirse mi opinión, deberá disponerse el reenvío de la causa para que por quien corresponda se dicte nuevo fallo. Acorde la solución a la que arribo, el segundo agravio -referido al tema costas- se torna abstracto. ---------------------------- --- En cuanto a las costas de esta instancia, voto para que se impongan a la vencida en el recurso. --------------- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y JOSE ABEL SORIA VEGA, DIJERON:------------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, anular la resolución recurrida y devolver la causa al tribunal de origen para que, previo conocimiento, la remita al que deba entender a fin de que dicte nuevo fallo con arreglo al presente.---- II) Imponer las costas a la vencida. III) Protocolícese, notifíquese y cúmplase. Fdo. Dres. Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega. Ante mí: Jorge Daniel de Oro- Secretario Letrado de la Corte de Justicia".- Ef-5828 S.V.

PRE S 2°- 2014-I-201.