Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-12


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 12 de 2008.

Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara, Doctora María Elsa Uzal dijo:

I.- Hechos del caso.

1) Ivan Cei demandó a Caja de Seguros de Vida S.A. (en adelante "La Caja") la indemnización por daños y perjuicios calculada en la suma de pesos cuarenta mil setecientos ochenta y ocho ($ 40.788) -comprensiva del capital asegurado y daño moral- o lo que en más o en menos surgiere de las probanzas a producirse, con más los intereses indicados infra y costas.

Relató haberse desempeñado laboralmente a las órdenes de Siderca S.A., empresa a la que ingresó el 15/07/1971 estando plenamente capacitado. Señaló que allí debió cumplir horarios rotativos, lo que le causó perjuicios no sólo en el sueño y en su fisiología, sino también en su convivencia social.

Manifestó que en su condición de empleado era beneficiario de dos (2) pólizas de seguro de vida colectivo (nº 13071-03 y 98733-97) contratadas con la contraria, cuyo riesgo cubierto era la incapacidad total y permanente, que no le permitiese desempeñar actividad remunerativa.

Refirió que al tomar conocimiento de que era portador de una incapacidad total y absoluta (originada en una hipertensión arterial, a lo que se sumaban hipoacusia, daño visual y daño psicológico), procedió a efectuar la pertinente denuncia ante el principal.

Así las cosas, entendió que una vez transcurrido el plazo de los arts. 49 y 56 LS, sin que la demandada rechazare el siniestro o al menos hiciese revisar a su parte para comprobar la incapacidad denunciada, "La Caja" había renunciado a su facultad de pronunciarse sobre el estado de incapacidad en cuestión, lo que traía aparejado el reconocimiento del siniestro y la consiguiente obligación de cumplir con el pago de la cobertura contratada, cancelación -ésta- que hasta la introducción de la demanda no había tenido lugar.

Asimismo indicó que -como contrapartida- su parte había cumplido con el pago de las primas de los respectivos seguros, descontadas en su oportunidad de cada remuneración mensual.

Finalmente practicó liquidación en base a un salario de $ 1.030. Asimismo requirió la aplicación de intereses moratorios desde la fecha de cese de la relación laboral, con más intereses sancionatorios.

2) Corrido el traslado de ley, Caja de Seguros de Vida S.A. contestó demanda a fs. 61/63, solicitando su rechazo, con costas.

Opuso excepción de prescripción para el eventual caso en que el actor hubiese dejado transcurrir el plazo del art. 58 LS sin esgrimir su reclamo.

De su lado, negó los hechos referidos en el escrito de inicio, desconoció la autenticidad de la documentación acompañada por su contraria y negó que Cei hubiese padecido la incapacidad total y permanente invocada como sustento de su reclamo. En base a esto último dedujo excepción de falta de legitimación pasiva toda vez que el siniestro previsto y cubierto por el contrato de seguro no habría ocurrido, no correspondiendo -por ende- imputar responsabilidad indemnizatoria a su parte.

Asimismo, explicó que su parte había recibido la denuncia de siniestro firmada por el actor con fecha 24/08/1999, y que en razón de ello, el 01/09/1999 remitió carta documento avisando a Cei que debía presentarse para la revisación médica correspondiente. En tal sentido enunció que el 13/09/1999 el accionante se notificó personalmente ante "La Caja" sobre la suspensión de los plazos legales, hasta tanto se cumpliesen los recaudos médicos del caso, comenzando de allí en más a efectuarse los exámenes médicos respectivos.

Destacó que con base en dichos estudios se emitió el dictamen médico de siniestros de fecha 22/10/1999, arrojando como conclusión que Cei padecía una incapacidad del 12,60% de la T.O. Agregó que, en consecuencia, remitió al actor la carta documento comunicando el rechazo del siniestro, por no representar dicha incapacidad el porcentaje mínimo indemnizable.

Por último, para el eventual caso de acogimiento de la pretensión indemnizatoria, opuso como límite de la cobertura el monto correspondiente al capital asegurado.

II.- La sentencia recurrida.

En su fallo de primera instancia, obrante a fs. 379/389, el Sr. Juez de Grado: i) hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a æCaja de Seguros de Vida S.A.Æ a abonar a Cei el importe de pesos sesenta y ocho mil cincuenta y siete c/22 cvs. ($ 68.057,22), con más los intereses calculados a la tasa activa que cobra el BNA para sus operaciones de descuento a treinta (30) días desde la fecha del rechazo del siniestro y hasta el efectivo pago; ii) rechazó la indemnización por daño moral así como la procedencia de intereses sancionatorios, y finalmente, impuso las costas a la demandada (art. 68 CPCCN).

El a quo, en su sentencia:

a) Desestimó la defensa de prescripción anual (art. 58 LS) opuesta por la accionada, al concluir que æLa CajaÆ había renunciado a aquélla desde el momento en que dispuso la realización de los estudios para verificar el grado de incapacidad del actor, sumándose a ello el hecho de que no se había probado que Cei hubiese conocido con certeza la existencia de la incapacidad cubierta por el seguro con anterioridad a la presentación de la denuncia de fs. 4.

b) Consideró que si bien la demandada había rechazado el siniestro dentro del plazo legal (art. 49 LS) -no existiendo la admisión tácita argüida en su oportunidad por el actor-, lo cierto es que de la peritación médica surgía claramente que el demandante padecía una incapacidad total, permanente y definitiva, lo que imponía acoger su resarcimiento por la suma de $ 68.057,22, emergente de la peritación contable.

c) Finalmente, rechazó la procedencia de los intereses sancionatorios al no haberse probado la existencia de malicia del deudor, y desestimó el resarcimiento del daño moral, al no haberse aportado elementos que brindasen convicción para su concesión, restrictiva en materia contractual.

III.- Los recursos.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron tanto la parte actora, a fs. 390, como la demandada a fs. 401. El accionante fundó su recurso con la expresión de agravios de fs. 414/417 que mereció la réplica de su contraria que luce a fs. 437/439. De su lado, la accionada presentó el memorial que obra a fs. 428/435, cuyo traslado fue contestado por el demandante a fs. 441/451.

La actora se quejó porque: i) correspondió resarcir el daño moral padecido por su parte y ii) asimismo, en atención a la conducta maliciosa observada por la aseguradora, debió condenarse a esta última al pago de intereses sancionatorios.

La aseguradora accionada refirió a su vez: i) que debió hacerse lugar a la defensa de prescripción opuesta por su parte, toda vez que el actor había tomado conocimiento de su supuesta incapacidad con anterioridad al 26/07/1999, fecha en que se labró el informe médico que sirvió de sustento a la denuncia que daba cuenta de la ocurrencia del siniestro; ii) que la peritación médica con base en la cual el sentenciante estimó probada la incapacidad cubierta por los seguros comprometidos, carecía de todo sustento científico y técnico, a lo que se adicionaba el agravante de que no se habían valorado las constancias médicas expedidas por los médicos que intervinieron al analizar la incapacidad de Cei con motivo de la denuncia del siniestro, iii) que, en consecuencia, cabía revocar el fallo apelado, por haberse fundado su procedencia sólo en afirmaciones dogmáticas. Finalmente, la quejosa requirió que esta Alzada ordenase, como medida para mejor proveer, la realización de un nuevo informe pericial médico sobre estado de salud del actor, que respondiese -en concreto- a todos y cada uno de los puntos periciales planteados por su parte (no contestados en su oportunidad por el perito interviniente) y que tuviese en cuenta los estudios médicos y antecedentes obrantes en el legajo de siniestro de "La Caja".

IV.- La solución.

1) El thema decidendum.

Descriptos del modo precedentemente expuesto los reproches de los apelantes y el contenido de sus respectivas apelaciones, razones de orden metodológico imponen determinar, en primer término, lo concerniente a la medida para mejor proveer requerida por la aseguradora, para una vez definida esa cuestión, pasar a considerar lo relativo a la defensa de prescripción deducida por esta última, así como al valor de la peritación médica producida en autos. Una vez examinados tales tópicos restará, en su caso, especificar lo atinente al reconocimiento -o no- de la indemnización por daño moral, así como a los intereses sancionatorios reclamados en la especie.

A dichas cuestiones me abocaré seguidamente.

2) En torno a medida para mejor proveer requerida por la compañía de seguros Sobre la base propuesta, la primera cuestión a resolver es la tocante a la procedencia de la medida para mejor proveer solicitada por "La Caja".

Para fundar su petición, la aseguradora señaló que el a quo basó su pronunciamiento en una pericia que consideró deficiente, más aún -y he aquí el eje de su agravio- al no haber sido respondidos por el experto los puntos de prueba requeridos por su parte.

Pues bien: de un análisis de las actuaciones, se desprende que si bien "La Caja" impugnó la peritación médica cuando se le corrió traslado de la misma (véase fs. 313/315), nunca observó -en dicha oportunidad- la circunstancia de que el perito no se hubiese expedido sobre los puntos de pericia propuestos oportunamente por su parte. Recién introdujo sus observaciones en su alegato (véase fs. 363/368), donde refirió a tal anomalía y solicitó que no se tuviesen en cuenta las conclusiones arribadas por el galeno interviniente.

Al respecto, tengo presente que el art. 473 CPCCN dispone que "la falta de impugnaciones o pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el perito, no es óbice para que la eficacia probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por los letrados hasta la oportunidad de alegar con arreglo a lo dispuesto por el art. 477". Resulta claro, entonces, que al momento de presentar el alegato de bien probado, las partes solo pueden cuestionar la eficacia probatoria de un dictamen pericial, es decir, efectuar consideraciones acerca de si tal dictamen resulta idóneo, o no, para probar determinado extremo y por qué.

Sin embargo, la facultad prevista en el art. 477 no puede ser interpretada como una nueva oportunidad para introducir cuestiones que exceden dicho marco y que -en virtud del principio procesal de preclusión procesal- debieron ser planteadas en la oportunidad prevista en la primera parte del art. 473 (traslado de la pericia), como lo son las observaciones o impugnaciones al dictamen que merecen contestación por parte del perito. De lo contrario, carecería de sentido la primera parte de la norma (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 13/09/2007, mi voto, in re "Gauna, Adelina c. Empresa de Transportes Fournier S.A.").

Así las cosas, entiendo que la medida para mejor proveer peticionada excede el marco previsto por el juego armónico de los arts. 473 y 477 CPCCN, resultando -en consecuencia- extemporánea. Ello, toda vez que la facultad conferida por el art. 36 inc. 4º CPCCN no puede ser ejercida arbitrariamente para subsanar la negligencia probatoria de alguno de los litigantes, pues tal como refiere la misma norma, las diligencias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos debe ser practicada "respetando el derecho de defensa de las partes". En ese contexto, el Tribunal no debe pasar por alto al momento de analizar el grado de procedencia de una medida como la peticionada en la especie, la incidencia que en todo proceso civil y comercial posee el precepto contenido en el art. 377 CPCCN, al erigirse en un justo límite de las potestades del art. 36 de igual cuerpo normativo.

Por lo hasta aquí dicho, corresponde rechazar la medida para mejor proveer requerida por la demandada.

3) Lo relativo a la prescripción Aclarado lo anterior, cabe ahora tratar lo relativo a la defensa de prescripción opuesta por "La Caja".

Al respecto, insiste la accionada en señalar -tal como lo hiciera en su alegato, véase fs. 368- que la toma de conocimiento de las dolencias que originaron la incapacidad reclamada por el actor fue muy anterior a la fecha de denuncia del siniestro, lo que daría cuenta de que el plazo de prescripción -contenido en el art. 58 L.S.- había transcurrido sobradamente para entonces.

Sin embargo, luego de examinar la cuestión, no puedo sino coincidir con lo decidido por el Sr. Juez de Grado.

En efecto: es cierto que el magistrado, munido de los resultados arrojados por la peritación médica, dio a entender que las patologías del actor tuvieron un comienzo insidioso y crónico con varios años de evolución, pero ello de modo alguno implicó sostener que Cei hubiese conocido con antelación el hecho que las enfermedades que lo aquejaban habían dado lugar a la incapacidad cubierta por los seguros en cuestión.

Como es sabido, el término de prescripción discurre recién desde que existe título para accionar, por lo que sólo cabe estimar como fecha inicial de su cómputo el momento a partir del cual la obligación de la asegurada es exigible (esta CNCom., esta Sala A, 30/11/1994, in re "Antártica Cía. de Seguros c. Szczypski, Oscar y otros"). Ello, máxime cuando se trata de un instituto que debe ser de interpretación restrictiva, razón por la cual, incluso en caso de duda debe ser preferida la solución que mantenga vivo, que conserve el derecho (cfr. CSJN, 04/05/1995, in re "Cinturón Ecológico S.E. c. Libertador S.A.", Fallos 318:879; ver asimismo, coincidentemente esta CNCom., esta Sala A. 12/11/1999, in re "Albo, María Alejandra c. Telefónica de Argentina S.A.").

Por ende, para que comience a correr el plazo de prescripción del art. 58 LS en casos de seguros de vida como el que nos ocupa, es menester que el siniestrado tenga un conocimiento cierto de la minusvalía que lo afecta, no bastando el simple conocimiento de padecer una o más dolencias, pues es sólo la certeza de la incapacidad y su carácter de irreversible, lo que coloca al asegurado en condiciones de reclamar la cobertura del siniestro. De lo contrario, estimo que se estaría confundiendo el "riesgo asegurado" -que es suceso incierto contemplado en la póliza como causal de aseguramiento- con el "riesgo ya materializado", que es el siniestro en sí mismo. Ello conduce a aseverar que es a partir de la razonable posibilidad de tomar conocimiento de la correcta siniestralidad, el punto exacto desde donde cabe hacer correr el plazo de prescripción bajo estudio.

Desde esta perspectiva es claro que si bien Cei padecía ciertos males físicos, ello de modo alguno significaba que éste conociera implícitamente la incapacidad que sobrellevaba a causa de los mismos, más aún cuando el actor no era médico, sino empleado de una acería. O al menos, lo contrario nunca fue acreditado en esta causa (cfr. arg. art. 377 CPCCN).

Bajo tales parámetros, y toda vez que la exigencia descripta no puede ser suplida por bases inciertas que no demuestran de manera concluyente que el accionante dejó transcurrir el plazo legal concerniente a la invalidez diagnosticada, no cabe sino rechazar el agravio de la demandada en lo que a este aspecto de la cuestión concierne.

4) El valor de la peritación médica practicada en autos.

Llegado a este punto, cabe analizar si -efectivamente- el a quo efectuó una errónea valoración de la invalidez padecida por Cei, al cimentar su pronunciamiento sobre la cuestionada peritación médica de oficio producida a fs. 303/308.

Antes que nada, traigo a colación que para que las conclusiones emanadas del experto no sean tenidas en cuenta por este Tribunal es de menester arrimar evidencias capaces de convencer de que los datos proporcionados por el especialista son insuficientes. Es sabido que aún cuando los resultados del dictamen pericial no obligan a los jueces en la ponderación de la prueba, para prescindir de ella se requiere, cuando menos, que se le opongan otros elementos no menos convincentes (CSJN, 13/08/1998, in re "Soregaroli de Saavedra, María Cristina c/Bossio, Eduardo César y otros", Fallos, t. 321, p. 2118; en igual sentido, esta CNCom., esta Sala A., 08/11/2007, mi voto, in re "Prensiplast S.A. c. Petri S.A.").

En ese orden de ideas, aprecio que si bien el dictamen elaborado por el perito médico legista R. J. B. no cuenta, en líneas generales, con el grado de detalle y las explicaciones científicas de apoyo usualmente vertidos en casos como el de la especie para ilustrar al Tribunal en torno a los pormenores de los padecimientos físicos que originaron la incapacidad del actor, lo cierto es que tal circunstancia (más allá de incidir ulteriormente en forma negativa en la regulación de los honorarios del profesional interviniente) de modo alguno autoriza a apartarse decisivamente del valor de las manifestaciones del experto, al no haber acreditado el impugnante que las conclusiones así obtenidas hubiesen sido ajenas a la realidad del paciente examinado.

En efecto: la demandada adujo que el perito B. había soslayado abiertamente la opinión de seis (6) colegas que habrían examinado a Cei con anterioridad, atribuyéndole una incapacidad permanente de tan sólo el 12,6% (muy lejana al 71,20% calculado por este perito oficial), pero sin embargo, nunca logró acreditar debidamente la veracidad de tal, extremo. En tal sentido, repárese que el actor desconoció expresamente la autenticidad de la documentación anejada por "La Caja" en su contestación de demanda, y en particular la de los dictámenes y estudios médicos de referencia (véase fs. 77).

En ese marco, y conforme lo sostiene esta Sala junto con conocida y reiterada jurisprudencia, el art. 377 CPCCN pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso (esta CNCom., esta Sala A, 14/06/2007, in re "Delpech, Fernando Francisco c. Vitama S.A.", entre otros). La consecuencia de esta regla es que quien no ajusta su conducta a esos postulados rituales debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (esta CNCom., esta Sala A, 08/11/2007, mi voto, in re "Prensiplast...", cit. supra; ídem, 12/11/1999, in re "Citibank NA c. Otarola, Jorge"; ídem, 06/10/1989, "Filan SAIC c. Musante Esteban"; CNCom., Sala B, 16/09/1992, in re "Larocca, Salvador c. Pesquera Salvador"; ídem, 15/12/1989, in re "Barbara Alfredo y otra c. Mariland SA y otros"; CNCom., Sala E, 29/09/1995, in re "Banco Roca Coop. Ltdo. c. Coop. de Tabacaleros Tucumán Ltda."; en igual sentido, CNCiv., Sala A, 01/10/1981, in re "Alberto de Río, Gloria c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", ídem, Sala D, 11/12/1981, in re "Galizzi, Armando B. c. Omicron S.A."; bis ídem, 03/05/1982, in re "Greco José c. Coloiera, Salvador y otro", entre muchos otros).

La carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos arriesga la suerte del pleito.

Así, pues, frente al desconocimiento del accionante, la demandada debió haber promovido la producción de las pruebas de informes y/o testimoniales pertinentes, a los fines de acreditar la verosimilitud de la supuesta inexistencia de la incapacidad total y permanente denunciada por Cei, con la consiguiente liberación de responsabilidad que tales probanzas -de resultar positivas a sus intereses- hubiesen significado. Sin embargo, dicho extremo no se verificó en la especie, circunstancia que apareja, inevitablemente, u a orfandad probatoria que -a la luz de lo reseñado con prelación- termina por sellar la suerte adversa del recurso de "La Caja".

Habiéndose entonces confirmado la sentencia en punto a la existencia del derecho del accionante a ser indemnizado -como contrapartida al rechazo de la queja de la contraria-, corresponde pues pasar a analizar el recurso deducido por Cei en torno a la procedencia del daño moral y de los intereses sancionatorios reclamados en el escrito de inicio.

5) El daño moral.

El demandante reclamó seis mil setecientos noventa y ocho pesos ($ 6.798) por este concepto, resarcimiento que fue desestimado por el Sr. Juez a quo en su sentencia, motivando ello la queja de aquél por ante esta Alzada.

Sabido es que para que resulte procedente la reparación moral es necesario considerar la repercusión que la acción dañosa provoca en la persona afectada. Las molestias, así como los reclamos extrajudiciales o la necesidad de accionar judicialmente para obtener el reconocimiento de su derecho indemnizatorio, no constituyen daño moral: para que así sea, es menester alegar y probar -razonablemente- la modificación disvaliosa en la capacidad del espíritu de querer o sentir, de la supuesta damnificada para, así, admitir tal rubro indemnizatorio (esta CNCom., esta Sala A, 06/12/2007, mi voto, in re "Valiña, Carlos c. Mercantil Andina Cía. de Seguros S.A."; Sala D, 26/05/1987, in re "Sodano de Sacchi c/Francisco Díaz S.A."). Es que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas: entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, aunque no cualquier inquietud o perturbación del ánimo derivados de la privación de bienes materiales son suficientes para justificarlo (cfr. CNCom., Sala B, 12/08/1986, in re "Katsikaris, A. c/La Inmobiliaria Cía. de Seguros"). Así pues, no existe necesaria vinculación proporcional entre el daño moral y el perjuicio que afecte la persona de la víctima, pudiendo la indemnización variar en razón de las circunstancias de cada caso (cfr. CNCom., Sala D, 28/08/1987, in re "Saigg de Piccione Betty c/Rodríguez, Enrique").

En esta línea de ideas, es claro que el daño moral existe cuando se lesionan derechos de las personas que son extraños a valores económicos y su reparación tiene un carácter resarcitorio y no meramente sancionatorio o ejemplar, en tanto lo que se trata de lograr a través de la indemnización, es una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del agravio moral sufrido (esta CNCom., esta Sala A, 06/12/2007, mi voto, in re "Valiña...", cit. supra; Sala C, 25/06/1987, in re "Flehner, Eduardo c/Optar S.A.").

Como consecuencia de lo expresado, la reparación del agravio moral derivado de la responsabilidad contractual (art. 522 Cód. Civil), queda librada al arbitrio del juez, quien libremente debe apreciar su procedencia. Sin embargo, se debe conceder con cierta estrictez y es a cargo de quien lo reclama su prueba concreta.

Así las cosas, además de probar la existencia del agravio, debe acreditarse, de alguna manera, su cuantía o, cuanto menos, las pautas de valoración que permitan al juzgador proceder a la determinación de conformidad con lo que establece el art. 165 CPCCN: de otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante (esta CNCom., esta Sala A, 06/12/2007, mi voto, in re "Valiña...", cit. supra; Sala E, 06/09/1988, in re "Piquero, Hugo c/Bco. del Interior y Buenos Aires").

Ahora bien, estudiadas las constancias de la causa -y atendiendo a las particularidades de la especie-, la realidad es que el accionante no ha aportado elementos de convicción suficientes que autoricen a considerar configurado el daño moral que alegó haber padecido, no obstante corresponder a dicha parte la carga de la prueba referida a ese extremo por ser quien tenía a su cargo el onus probandi (arg. art. 377 CPCCN; esta CNCom., esta Sala A, 14/11/2006, in re "B.V.R. S.A. c/Banco Itaú Buen Ayre S.A.").

Sentado lo anterior, y toda vez que la pretensión del demandante reside en el incumplimiento contractual de su contraria, cabe reiterar que el mero hecho de tener que demandar no implica la existencia del mentado rubro, que debe apreciarse con carácter restrictivo. Así pues, ante esta convicción, sumada a las deficientes probanzas arrimadas a la causa, corresponde rechazar el reclamo.

6) En punto a los intereses sancionatorios.

Finalmente, respecto a la queja pronunciada por el actor en torno a la aplicación de los intereses sancionatorios como daño punitivo, adelanto que ésta no tendrá favorable acogida.

Ello así, toda vez que en el tráfico comercial sub examine resultan frecuentes este tipo de desacuerdos entre los litigantes, sin que ello implique temeridad o malicia de parte de la compañía aseguradora, máxime cuando se halla acreditado que el rechazo de la cobertura del siniestro tuvo lugar con posterioridad a las revisaciones médicas practicadas sobre la persona del actor, lo que razonablemente justificó la oposición formulada por "La Caja".

Ergo, este agravio del actor también será rechazado, y con ello, su recurso en forma íntegra.

V.- Conclusión.

Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo:

i. - Rechazar los recursos de apelación deducidos tanto por la parte actora como por la parte demandada.

ii. - Confirmar la sentencia apelada en todo lo que se decide y ha sido materia de agravio.

iii. - Imponer las costas de Alzada a cargo de los respectivos recurrentes, dada su recíproca condición de vencidos en esta instancia (art. 68 CPCCN).

He aquí mi voto.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara, Doctores: María Elsa Uzal y Alfredo Arturo Kölliker Frers.

Y Vistos:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

i. - Rechazar los recursos de apelación deducidos tanto por la parte actora como por la parte demandada.

ii. - Confirmar la sentencia apelada en todo lo que se decide y ha sido materia de agravio.

iii. - Imponer las costas de Alzada a cargo de los respectivos recurrentes, dada su recíproca condición de vencidos en esta instancia (art. 68 CPCCN).

La Señora Juez de Cámara, Doctora Isabel Míguez, no interviene en esta resolución por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN). -María Elsa Uzal. -Alfredo Arturo Kölliker Frers.