Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-01


Comodoro Rivadavia, uno de diciembre de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados "D. A., V. c/ P., J. C. s/ VIOLENCIA FAMILIAR -Legajo Copias art. 250 inc. 1° del CPr.", Expte. N° 16.093/2006, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia (Expte. N° 1391/05).

I.- Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala por haber interpuesto el demandado a fs. 53 y 82, recursos de apelación, contra la sentencia de fs. 42/45 y su ampliación en orden a la prohibición de acercamiento a "C. d. N." de fs. 74.

El recurrente se agravia a fs. 88/91, en cuanto sostiene que la magistrada analiza el caso erráticamente y ordena medidas de extrema gravedad, como son la exclusión y prohibición de acceso y acercamiento del Sr. P. al domicilio y lugares donde la Sra. D. realiza sus trabajos u otras actividades, por el término de ocho meses, atendiendo a la injusta y parcializada versión de los hechos realizada por la actora. Sostiene que el informe del Equipo Técnico Interdisciplinario no corrobora los hechos denunciados, sino que lo único que hace es transcribir las referencias fácticas narradas por la Sra. D. durante la entrevista, tampoco se efectúan entrevistas con los niños ni con el Sr. P. que validen o no la versión de la Sra. D.. Señala que la magistrada funda la sentencia exclusivamente en las manifestaciones vertidas por la accionante, quien atribuye al Sr. P. conductas que nunca desplegó y que tampoco fueron corroboradas por prueba alguna. Agrega que existe una contradicción entre las afirmaciones realizadas por la magistrada en la resolución de fs. 42/45 por la cual ordena la exclusión de P. y la prohibición de acceso y acercamiento, sin perjuicio del derecho de comunicación que le asiste al progenitor no conviviente respecto a sus hijos menores de edad y la resolución de fs. 74 que ordena la prohibición de acercamiento a "C. d. N.". Hace reserva del caso federal.

A su turno (fs. 93/97) la parte actora, procede a contestar los agravios que han sido vertidos, solicitando que sea confirmada en todas sus parte la resolución atacada.

II.- De las constancias del expediente surge que con fecha 22 de noviembre de 2005 (fs. 11/14 la Sra. D. denuncia al Sr. J. C. P. por violencia familiar, y requiere medidas urgentes -exclusión y reintegro al hogar- prohibición de acceso y acercamiento y custodia provisoria.

El 28 de noviembre de 2005 mediante Acta Nº 135/05 (fs. 20), la Sra. D. y el Sr. P. deciden poner fin a la convivencia atento las graves desavenencias que tornan imposible la vida en común, comprometiéndose el Sr. P. a retirarse del hogar.

Con fecha 09 de febrero de 2006 se designa audiencia a la cual no concurrieron ninguna de las partes según informa la Lic. E. G. A. (fs. 28).

El 31/05/06 la parte actora manifiesta que el demandado con fecha 27 de mayo ingreso al domicilio alcoholizado y comenzó a insultarla y amenazarla, arrojándole una jarra y luego un hacha lo que motivo que buscara ayuda en la policía. Atento lo manifestado se designa nueva fecha de audiencia (fs. 35) para el día 13 de junio de 2006.

Según acta de fs. 36 el Sr. P. no concurre a la misma.

A fs. 37/38 se adjunta el informe de Equipo Técnico Interdisciplinario. Con fecha 16 de junio de 2006, se dicta sentencia (fs. 42/45) mediante la cual se ordena provisionalmente y por el término de 8 meses la exclusión del hogar del Sr. P. y el reintegro de la Sra. D. y sus hijos menores y la prohibición de acceso y de acercamiento.

El 25 de agosto, Acta Nº 5526/06 (fs. 71/72) la Sra. D. A. concurre a la Asesoría Civil manifestando nuevos hechos de violencia y amenazas contra ella y sus hijos niños.

A fs. 73 la actora solicita la ampliación de la sentencia Nº 225/06 y se ordene la prohibición de acceso y acercamiento del denunciado a la vivienda en la que habitan los menores.

Con fecha 04/09/06 se ordena dicha ampliación, prohibiendo el acercamiento del Sr. P. a "C. d. N.", por el término de cinco meses. III.- Adentrándonos en la cuestión a resolver, corresponde señalar que la violencia familiar ha sido definida como cualquier acción u omisión cometido en el seno de la familia por uno de sus miembros y que menoscaba la vida, la integridad física o psicológica o incluso la libertad de otro de los miembros de una familia o que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad (Cfr. Recomendación R 85-A del Comité de Ministros del Consejo de Europa 26/3/85).

Huelga destacar que desde el punto de vista jurídico, se hallan encuadrados dentro de la categoría de maltrato "aquellos hechos que causen un daño físico o psíquico, el abandono físico y emocional de la persona, la negligencia, todo acto de obstaculización o negación de un normal y pleno desarrollo personal social e intelectual de quien está sujeto a este tipo de violencia. Se refiere a todas la formas de abuso que se dan en las relaciones entre los miembros de una familia (Conf. Corsi, Jorge cit. por Silvio Lamberti y Aurora Sánchez "Régimen Jurídico de la Violencia Familiar").

Las normas específicas previstas para la protección de las víctimas de la violencia familiar, en nuestra provincia se hallan contenidas en la ley 4118 (BO 15/9/95), que dispone la facultad del juez de decretar como medida cautelar de oficio o a pedido del damnificado la exclusión de la vivienda del denunciado, decretar la tenencia, alimentos y régimen de comunicación, entre otras estableciendo la duración de dichas medidas, que podrán ser modificadas en caso de corresponder o cuando cambien las circunstancias que motivaron su dictado.

Atendiendo a tales premisas corresponde indicar que estamos en presencia del trámite de una medida de naturaleza cautelar (art. 4 ley 4118) y como tal, no es necesario que se requiera una prueba acabada de la verosimilitud del derecho invocado, sino que debe entenderse como un juicio de probabilidad de que éste existe.

El informe presentado por el Equipo Técnico Interdisciplinario (fs. 37/38) del cual claramente emerge que ".existe una violencia crónica conyugal disfuncional vincular que compromete seriamente el vinculo paterno y materno filial." ."que los niños se encuentra en grave riesgo permaneciendo con el padre - se hace necesaria la urgente restitución al hogar de la Sra. D.- previa exclusión del Sr. P. y restricción de acceso a la vivienda, y a señora e hijos.", resulta de fundamental importancia en cuanto brinda al Tribunal la cooperación interdisciplinaria indispensable en casos como el de marras, dada la especial naturaleza del conflicto familiar.- En este sentido, el diagnóstico emitido por las profesionales de ese equipo, así como las sugerencias realizadas para la protección de los derechos en pugna, constituyen elementos de análisis que en ningún caso pueden ser ignorados y se tornan herramienta fundamental para arribar al decisorio apelado (Cfme. Jorge L. Kielmanovich, "Procesos de Familia", Ed. Abeledo-Perrot en comentario a la "Cooperación Interdisciplinaria" pag. 31 y sgtes.). De las constancias del expediente, surge que el decisorio en crisis es aplicación razonada del derecho, sin que ello signifique adelantarse sobre el fondo de la cuestión, sino que el procedimiento implementado por la ley no importa el dictado de un decisorio de mérito que declara a alguien como autor de los hechos que se le atribuyen. Basta la sospecha del maltrato, ante la evidencia psíquica o física que presente la víctima y la verosimilitud de la denuncia que se formule, para que el juez pueda ordenar medidas que, en su esencia, son verdaderas cautelares, como lo es la exclusión del hogar del denunciado como agresor, o el sometimiento de la familia a un tratamiento bajo mandato judicial.

En tal sentido, no se presentan viables las quejas del recurrente en cuanto a que no se ha escuchado al Sr. P. toda vez que el mismo fue citado como se señaló precedentemente (fs. 27, 35) y no se presentó. Concurre también a lograr convicción el peligro que evidencia la conclusión a la que arriba el Equipo Técnico Interdisciplinario: "que los niños se encuentra en grave riesgo permaneciendo con el padre -se hace necesaria la urgente restitución al hogar de la Sra. D.- previa exclusión del Sr. P. y restricción de acceso a la vivienda, y a señora e hijos." y los hechos sucedidos con fecha 13 de agosto (Acta Nº 5526/06 (fs. 71/72).

Tales conclusiones y los hechos acaecidos demuestran prima facie la situación de violencia que autoriza la imposición de medidas que tiendan a evitar mayores perjuicios y que este Tribunal no puede desoír.

Asimismo, se impone realizar una consideración especial al interés superior del niño (art. 3º de la C.I.D.N. , art. 75 de la C.Nac ) y al carácter hermenéutico que lo caracteriza.

El principio supone se pueden producir situaciones que hagan incompatible el ejercicio conjunto de dos o más derechos consagrados en la Convención para un mismo niño. En el caso lo son el derecho a la comunicación con los progenitores y el derecho al resguardo de la integridad psicofísica y obviamente debe primar éste último al establecerse en virtud del principio del interés superior, un orden de prelación. De modo tal que, en forma provisoria, y hasta tanto se considere beneficioso para el menor de edad el restablecimiento del contacto y la comunicación paterno-filial, conforme dictaren de las profesionales psicólogas intervinientes.- Por todo ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 53 y 82 y confirmar lo resuelto por la magistrada en la sentencia de fs. 42/45 y su ampliación de fs. 74.

IV.- Costas de la Alzada al apelante vencido (cfr. art. 68 y cc. del CPPCh). A los fines de la regulación de honorarios por los trabajos realizados en esta instancia se tendrá en cuenta el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada, de conformidad a lo previsto en el Decreto Ley 2200, modificados por ley 4335 (arts. 14 y 33).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 53 y 82, y confirmar la sentencia fs. 42/45 y su ampliación de fs. 74.

2) Costas de la Alzada al apelante vencido. Regúlanse los honorarios profesionales por los trabajos realizados en esta instancia a las Dras. M. A. C. y V. A. R. conjuntamente en la suma de pesos ciento veinte ($120) y los de los Dres. H. G. Á. y M. C. R. conjuntamente en la suma de pesos ciento ochenta ($ 180).

3) Téngase presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 91.

4) Regístrese, notifíquese y devuél-vase.

Fdo: Fernando Nahuelanca -Presidente-; Julio Antonio Alexandre -Juez de Cámara-; Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 239 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCURIAS