Interpretación de la ley, reparación integral, conciliación, fraude a la Administración Pública, extinción de la acción penal, oposición del fiscal, principio de legalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Loyola, Verónica. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-14

El voto concurrente señaló que si bien de una interpretación literal del art. 59 inc. 6° del Código Penal -a partir de la utilización de la disyunción "o"- se advierte que la reparación integral del perjuicio ha sido legislada como un instituto diferente de la conciliación, lo cierto es que ambos mecanismos refieren a la participación de la víctima. Los hechos que se le imputan a Verónica Loyola fueron calificados tanto por la querella como por el representante del Ministerio Público Fiscal como constitutivos del delito de defraudación a la administración pública (art. 174 inc. 5° del CP), ilícito en el que el sujeto afectado es la administración pública. En el particular caso de autos se evidencia necesaria la conformidad del Ministerio Público Fiscal para tener por extinguida la acción penal respecto de Loyola, en virtud de ser el encargado de "promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad" y "representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera" (arts. 120 de la C.N. y 1 y 25 incs. "a" y "b" de la ley 24.946 -Ley Orgánica del Ministerio Público-), circunstancia que no se verifica en el caso a partir de la oposición formulada por la representante de la Fiscalía, la cual entiendo fue arbitrariamente desatendida por el Tribunal a quo. La oposición de la fiscalía actuante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz se motivó -fundamentalmente- en la calidad de funcionaria pública que revestía Verónica Loyola al momento de los hechos y en que los mismos fueron cometidos en el ejercicio de su función, circunstancias que el Tribunal de juicio consideró no se encontraban previstas como impedimentos en el propio art. 59 inc. 6° del Código Penal. Asimismo el a quo precisó que si bien los impedimentos referidos por la representante del Ministerio Público Fiscal fueron establecidos en la nueva normativa procesal (ley 27.063), la misma se encontraba suspendida, por lo que adoptar el temperamento de la Fiscal implicaría una afectación al principio de legalidad. La oposición de la titular de la vindicta pública se encontró debidamente fundada, habiendo efectuado el Tribunal de juicio una interpretación sesgada de la normativa bajo estudio, omitiendo interpretarla de manera armónica y conjunta con el resto del derecho positivo interno y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino mediante convenios internacionales. Los principios de oportunidad, economía, celeridad y eficacia, deben conjugarse, en los casos donde se investigan delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, con el derecho de la sociedad, como víctima indirecta de este tipo de delitos, a esclarecer las acciones que despliegan aquellos vinculadas con asuntos públicos. En las presentes actuaciones deviene improcedente la aplicación del art. 59 inc. 6° del Código Penal en cuanto prevé la extinción de la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio. En atención a que los hechos que se le imputan a Verónica Loyola habrían ocurrido en el ejercicio de su función como empleada de la sucursal Río Gallegos del Banco de la Nación Argentina, la calidad de funcionaria pública asignada en las actuaciones resulta de una correcta aplicación del derecho sustantivo y como consecuencia del análisis de las circunstancias del caso y de los elementos probatorios incorporados al expediente. Dres. Petrone, Barroetaveña y Figueroa -voto concurrente-.