Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-02-07


AUTOS Nº 7440 "ARIAS, Lucia Beatríz C/ Costa de Oliver, Ofelia S/ Apelación de Sentencia"	En la ciudad de San Juan, a los siete días del mes de febrero del año dos mil ocho, reunidos en su sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Miguel Ernesto Novoa, Hermes Francisco Carrera y José Dionisio Castro, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 7440, caratulados: "ARIAS, LUCIA BEATRÍZ C/ COSTA DE OLIVER, OFELIA S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

I.-Que por sentencia de fs. 127/133 de autos, el Sr. Juez del Sexto Juzgado del Trabajo, resolvió hacer parcialmente lugar a la demanda, con costas a la demandada.

II.-Que contra dicho fallo se alzan la demandada y actora, mediante los recursos de apelación de fs. 135 y 134; expresando agravios a fs. 137/140 y 147, los que fueron respondidos a fs. 143/144 y fs. 151, respectivamente.

III.-Que a fs. 156 obra el dictamen fiscal; a fs. 159 el llamamiento de autos para resolver; y a fs. 157 el sorteo practicado para la emisión de los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Novoa; 2) Dr. Castro; y 3) Dr. Carrera.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la demandada?.

Segunda cuestión: Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la actora?	Tercera cuestión: Costas?	SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

I.-Que en la sentencia de primera instancia se admite la existencia de la relación laboral y la fecha de ingreso afirmada por el actor, con fundamento en que: 1) El demandado ha negado la vinculación dependiente, con sustento en la existencia de una de naturaleza civil, pues la actora se habría desempeñado en períodos inferiores a los establecidos por la legislación aplicable - Dto. 326/56. 2) Dicha circunstancia no ha sido acreditada en autos, pues si bien los testigos expresan que vieron a la actora algunos días, no aclaran porque causa no la veían los restantes, sin aseverar que era porque no concurría al trabajo. 3) De todos modos, la existencia de la vinculación laboral, tal como ha sido afirmada por el demandante, resulta del propio texto del telegrama que envía la demandada a la actora en contestación del remitido por ésta y que obra a fs. 5 de autos. 4) La fecha de ingreso de dicha vinculación laboral, que la accionante afirma que se produjo en octubre de 1001, resulta también acreditada, pues se ha admitido en la confesional de la demandada que la relación existía antes con su esposo, con quien convivía; por lo que no puede entenderse que la vinculación no existiera también con aquélla, pues los servicios domésticos no pueden prestarse para uno solo de los integrantes de la casa. 5) No se ha probado en modo alguno, que no existiera continuidad en la vinculación, por viaje de la accionada, lo que de todos modos se ve descartado por los testimonios de Villarroel, Sánchez y Lucero, al responder a la 8º pregunta y a la 6º repregunta. 5) Sin perjuicio de ello, en la primera misiva que envía la actora recalca que el ingreso se produjo en octubre de 1991, sin que la demandada al responderle, nada dijera o lo negara, por lo que hay que entender que lo consintió. 6) A ello hay que agregar que la empleadora no ha acompañado la documentación que el régimen legal le impone llevar y exhibir, ni siquiera un recibo o a través de una pregunta a los testigos, por lo que debe estarse a lo afirmado por ésta.

Que contra esta parte de la decisión se alza la demandada en el recurso de apelación antes indicado, disintiendo con la conclusión del Inferior, con sustento en que: 1) Se ha admitido la continuidad de la vinculación, sin tener en cuenta que la misma se extinguió con el fallecimiento del Sr. Oliver en octubre de 2001,esposo de la accionada. 2) No se ha valorado que luego de dicho acontecimiento, la demandada se fue a vivir con su nieta - tal como resulta de la prueba - y no necesitaba de personal doméstico. 3) Se ha valorado la prueba con manifiesto favoritismo de los testimonios de la actora y omitiendo lo expuesto por los de la demandada.

Que resumidos sintéticamente los antecedentes de la sentencia y del agravio, corresponde avocarse al examen y decisión de éste último.

Que con relación a la expresión de agravios, este Tribunal ha sostenido, siguiendo la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal provincial, que: "Si el recurrente se desentiende totalmente del principal argumento de la sentencia y dada la autonomía y definitividad que tiene la cuestión tratada en él, resulta innecesario tratar el agravio traído en recurso, por cuanto aún cuando fuese procedente, la sentencia sería válida (P.R.E. 1988-Sala Segunda, T.1) y es que el fin del recurso extraordinario (el de apelación también) es la sentencia definitiva (J.S.J. 1981 - 129/130) y el recurrente debe hacerse cargo de todas las motivaciones y fundamentos que sustenten la conclusión, bajo el riesgo de considerar firmes, con la inmutabilidad de la cosa juzgada, esos puntos de la sentencia o consideraciones no rebatidas. (P.R.E. 1968 - 121/123).

Que haciendo aplicación de la doctrina judicial mencionada al caso de autos, se advierte que la apelante no se ha hecho cargo del principal argumento de la sentencia, cual es: que ha reconocido la existencia de la relación laboral en la comunicación que cursa al actor, sin negar la fecha de ingreso, la cual el demandante había indicado con precisión en su intimación.

Que siendo así, resulta evidente que ese fundamento resulta suficiente para sostener la decisión, que por falta de agravio concreto ha pasado en autoridad de cosa juzgada, pues le proporciona por sí solo, sustento suficiente al fallo de primera instancia.

Que también ha sostenido este Tribunal, en diversas oportunidades, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta y razonada de la sentencia, de forma que a través de la misma pueda el Tribunal Ad-quem, conocer cual es el error del A-quo en la valoración de la prueba, en la aplicación o interpretación del derecho y, por ende, la condición de injusta de la decisión.

Que haciendo así mismo aplicación de dicha doctrina al caso concreto en estudio, se advierte que la parte no ha cumplido con la exigencia mencionada, que surge de la disposición del art. 265 del CPC, de aplicación en virtud de lo establecido en el art. 161 del CPL, pues se ha limitado a manifestar su discrepancia con la valoración de la prueba o interpretación del derecho. Así por ejemplo: se queja, porque entiende que con el fallecimiento del Sr. Oliver quedó extinguido el vínculo laboral, pero olvida criticar y demostrar el error del razonamiento del A-quo, cuando sostiene que en el caso de servicio doméstico la vinculación no puede entenderse mantenida con uno solo de los miembros de la casa o esposos convivientes; se queja, porque entiende que el contrato se extinguió al viajar la demandada luego del aludido fallecimiento, pero no critica ni demuestra el error del Magistrado cuando afirma que no se produjo prueba alguna de tal hecho, que la continuidad surge de los testimonios y de la falta de aportación de prueba, como serían los recibos o libros de sueldos o alguna pregunta a los testigos; se queja de la valoración de la testimonial que hace el sentenciante, pero no indica donde reside el error o el vicio, ni de que otra prueba resulta lo contrario.

Que conforme lo dicho, estimo que no cabe mas que el rechazo del recurso de la demandada.

II.-Que en la sentencia se imponen la costas a la empleadora, lo que provoca el agravio vinculado con dicho tema, que fundamenta ésta en el hecho de no haber progresado la totalidad del reclamo ni los rubros, en tanto los conceptos admitidos deben serlos conforme la retribución convenida y no la pretendida en la demanda y en cuanto se desestimaron las diferencias salariales.

Que atento que en la decisión se manda calcular los rubros adeudados conforme al sueldo convenido y se rechazan las diferencias aludidas, estimo justo y adecuado a lo dispuesto por los arts. 125 del CPL y 77 del CPC, imponer las costas de primera instancia en el 80% a la demandada y en el 20% a la actora; haciendo lugar parcialmente al recurso en este punto.	SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

Que en la sentencia se desestima la pretensión de la actora, de que se apliquen las escalas salariales fijadas en las resoluciones 172/91, 566/02 y 21/03 del Ministerio de Trabajo, Empleo y La Seguridad Social, por cuanto la Provincia no se ha adherido a dicha reglamentación.

Que contra esta parte del fallo se alza la demandante en el recurso mencionado, discrepando con la decisión, en tanto entiende que de conformidad con lo dispuesto por el Dto. Ley 326/56, arts. 1 y 13, el mismo rige en todo el territorio de la Nación y es al Poder Ejecutivo al que corresponde la fijación de los salarios mínimos del personal doméstico comprendido en dicha norma legal; lo que el mismo ha hecho, conforme resoluciones aludidas y resultan de aplicación mientras la Provincia no legisle particularmente sobre el tema.

Que resumidos sintéticamente los antecedentes del fallo y del agravio, corresponde avocarse a su examen y decisión.

Que sin bien es cierto que el art. 1º y 13 del Dto. Ley 326/56 disponen que el mismo rige en todo el territorio de la Nación y que es al Poder Ejecutivo a quien corresponde la fijación, de los salarios mínimos del personal del servicio doméstico, "por zonas" de acuerdo a las circunstancias que se mencionan; no advierto que dicho poder del Estado haya ejercido la facultad que resulta de la norma legal mencionada, para otros lugares que no sea la Capital Federal y que el Ministerio de Trabajo haya dictado resoluciones para las cuales estuviera autorizado legalmente.

Que con respecto a lo primero, adviértase que el P. Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Reglamentario Nº 7979/56, en cuyo artículo 20 estableció las remuneraciones y categorías del personal doméstico de la Capital Federal, solamente. De tal modo, tales regulaciones no son de aplicación a la Provincia de San Juan o alguna otra.

Que con relación a lo segundo, si bien las Resoluciones del Ministerio de Trabajo que se citan por el apelante, como las sancionadas con posterioridad (134/04, 76/05, 314/06), disponen en su artículo primero que se fijan las remuneraciones de las categorías laborales establecidas en el Dto. 7979/56 y en el segundo, que la resolución es de aplicación en todo el país, mientras las provincias no legislen en forma particular sobre la materia; lo concreto es que no se advierte cuál es la norma legal que autoriza al citado Ministerio a dictar una disposición de carácter general para todo el país.

Que si bien es cierto que en las resoluciones se citan como fundamento legales que autorizan su dictado, el art. 13 del Dto. Ley 326/56, el Decreto 7979/56, el Dto.1347/03 y el inciso 13 del art. 23 de la Ley de Ministerios Nº 22.520, texto ordenado por Dto. 438/92; lo concreto es que ninguna de dichas disposiciones autoriza al Ministerio de Trabajo a establecer las categorías y remuneraciones del personal doméstico que se desempeña en las provincias. En primer lugar, porque la norma aludida al inicio de este párrafo, no contiene delegación alguna a dicha dependencia, por más que integre el Poder Ejecutivo, que es el único delegado. En segundo lugar, porque en la segunda disposición, éste poder ha ejercido la facultad limitándola a la Capital Federal y no ha autorizado a Ministerio alguno para disponer las remuneraciones en las provincias. En tercer lugar, en tanto el Dto. 1347/03 fija una asignación no remunerativa, que nada tiene que ver con el tema en estudio, pues no es aplicable a los trabajadores del servicio doméstico y tampoco contiene delegación alguna. Finalmente, en cuarto lugar, porque la ley 22.520, en su art. 23, inc. 13, sólo autoriza al Ministerio del Trabajo a fijar la política salarial del sector público nacional, pero no del sector privado, respecto del cual sólo se le permite la elaboración y ejecución de "pautas que orienten" la política salarial.

Que además, no se ha cumplido en todo caso, con la norma del art. 13 del Dto. Ley 326/56, que impone la obligación de fijar las remuneraciones por "zonas", de acuerdo a la importancia económica, las condiciones de vida de cada una de ellas y las modalidades del contrato; por lo que habría un exceso reglamentario al uniformar las remuneraciones de todo el país, lo que torna a las resoluciones como violatorias de la disposición legal de jerarquía constitucional superior, a la que hay que estar. (Art. 31 Constitución Nacional).

Que conforme lo dicho, resulta claro que las resoluciones carecen de toda validez en la Provincia de San Juan, pues el Poder Ejecutivo (Presidente de la Nación) no ha ejercido la facultad conferida legalmente y el Ministerio de Trabajo no se encuentra facultado para legislar sobre el tema, ni se le han delegado facultades para hacerlo.

Que por todo ello, voto por el rechazo del recurso de apelación de la actora.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

En cuanto a las costas de esta instancia, atento la solución que propugno, voto porque se impongan a la demandada en el 95% y a la actora en el 5%, en el recurso deducido por la primera y en el orden causado en la apelación promovida por la última, en cuanto las circunstancias especiales (dictado de resoluciones), ponen de manifiesto que ha litigado con buena fe. Arts. 125 CPL y 77 CPC.

LOS DRES. JOSÉ D. CASTRO Y HERMES FRANCISCO CARRERA DIJERON:

Que por sus fundamentos adhieren al voto del Dr. Novoa.

Por todo ello, el Tribunal:

RESUELVE:

I.-Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación deducido por la demandada, de conformidad con los considerandos precedentes.

II.-Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora, en un todo de acuerdo con los fundamentos de la presente.

III.-Imponer las costas de esta instancia de acuerdo con las consideraciones de esta resolución.

IV.-Tener presente las reservas efectuadas.

V.-Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.-