Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-07


Esquel, 07 de marzo de 2007.- Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 272 por la apoderada del actor, contra la resolución obrante a fs. 266/271, de fecha 13/11/06 y que fuera registrada bajo el N° 377/06;

Y RESULTANDO:

Que mediante la resolución atacada el judicante declaró la caducidad de la instancia planteada por la codemandada Provincia del Chubut.

Que a fs. 274/281 expresa agravios la recurrente, quejándose por que: a) La petición de caducidad fue extemporánea; b) No se ha producido caducidad pues obran actos impulsorios; c) Hay incongruencia entre los considerandos y la parte dispositiva.

Corrido traslado de ley, la accionada Provincia del Chubut contesta a fs. 284/290 vta. oponiéndose al progreso del recurso.

Y CONSIDERANDO:

Debemos advertir que el fundamento del instituto de la perención o caducidad de instancia puede apoyarse principalmente en dos motivos: uno de orden subjetivo, que ve en la presunta intención de las partes de abandonar el proceso la razón íntima de su extinción, y otro de orden objetivo, que se fija -por el contrario- en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el peligro que esto lleva consigo para la seguridad jurídica (cfr GUASP, Jaime; "Derecho procesal civil"; Tº I; p. 539/540).

También FASSI destaca que "la finalidad de la perención de la instancia no consiste tanto en la necesidad de sancionar al litigante moroso como en la conveniencia pública de facilitar el dinámico y eficaz desarrollo de la actividad judicial." (aut. cit.; "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes, comentado, anotado y concordado"; Tº I; p. 771).

Dicho ello, corresponde a esta alzada analizar si concurren en este proceso los presupuestos en los que se sustenta la caducidad o perención de la instancia, ellos son: la instancia propiamente dicha, la inactividad procesal y los plazos de caducidad.

No existe duda alguna respecto de la existencia de la instancia, atento la promoción de la presente litis que tramita por las normas del procedimiento sumario "...y está constituida por el conjunto de actos que se suceden desde la interposición de la demanda hasta el llamamiento de autos" (cfr. LL 1985-A-415), por lo que en este proceso resulta de aplicación el instituto en cuestión, en función de lo prescripto en el art. 310 inc. 1º del ritual provincial.

Que corresponde luego analizar la oportunidad en el planteo de caducidad. Al respecto resulta que la Provincia de Chubut se presenta, constituye domicilio y pide expediente en préstamo (fs. 225) retirándolo el 29 de septiembre de 2006, entretanto (conforme cargo de fs. 227 vta.) el 20 de septiembre de 2006 recibe traslado de demanda otorgándosele treinta días, más seis por razón de la distancia para que "comparezca a estar a derecho y contestar la acción, bajo apercibimiento de rebeldía".

El tema decidendum radica entonces en determinar -primero- a partir de qué fecha comienza a correr el plazo para plantear la caducidad y -segundo- si este último goza de la ampliación por distancia dispuesta para la contestación de demanda.

El art. 315 C.P.C.y C. establece que ".la petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal". No puede haber consentimiento del interesado sino a partir de que ha tomado conocimiento de la causa, mas este conocimiento debe ser pleno, no basta con anoticiarse de la existencia de la acción sino que resulta necesario el acceso a las actuaciones pues no se puede consentir lo que no se conoce.

Es así que la presentación de fs. 225 y vta., solicitando préstamo de expediente, no es hábil para hacer correr el plazo dentro del cual se ha de plantear la caducidad pues no implica conocimiento suficiente. Es recién con el traslado de la demanda cuando la demandada se encuentra en condiciones de plantear caducidad de instancia y en consecuencia se debe tomar como inicio del computo el día 20 de septiembre de 2006.

La ampliación del plazo para contestar demanda por razón de la distancia debe entenderse otorgado no sólo para el acto de responde sino para todas las defensas que pueda oponer el citado pues se trata de un recaudo que hace a la defensa en juicio (art 18 C.N.) y que -obviamente- abarca todas las negaciones al progreso de la acción, concepto este último que engloba no sólo la contestación de demanda sino también las excepciones o como bien dice COUTURE "El -ejercicio- del poder jurídico de que se halla investido el demandado y que le habilita para oponerse a la acción promovida contra él .... Mediante ellas el demandado pretende que se le libere de la pretensión del actor..." (COUTURE, Eduardo J., "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", 3ª ed. Póstuma,. Depalma, Buenos Aires, 1966, pág. 89/90). No caben dudas que entre las defensas y oposiciones aludidas se encuentra la de perención de instancia y en consecuencia se ha de tener por ampliado el plazo también para ella.

Dicho lo precedente, la Provincia del Chubut, podía plantear caducidad a partir del 20 de septiembre de 2006 y durante once (11) días hábiles -cinco por aplicación analógica del art. 170 C.P.C.y C. más seis en razón de la distancia- con término a las dos primeras horas hábiles del 6 de octubre de 2006.

El escrito de fs. 233/236 conforme cargo obrante a fs. 236 fue presentado el 5 de octubre de 2006 a hs 10:14 y debe tenérselo por tempestivo.

Corresponde analizar ahora si efectivamente se ha producido en la causa el plazo de inactividad que el art. 310 inc. 1º prevé en este tipo de procesos.

Conforme constancias de fs 73, el seis de octubre de 2004 se ordena traslado de la demanda desde allí solo puede considerarse impulsorio el decreto del 12 de mayo de 2005 (fs. 191) donde se decide agregar actuaciones reservadas pues no tienen tal carácter las actuaciones de fs. 77, 78, 188/190.

En efecto, la presentación de un nuevo apoderado no tiene -en principio- efecto impulsorio del procedimiento ya que hasta ese momento la parte pudo instar el procedimiento mediante su anterior apoderado o patrocinante sin que la nueva representación coadyuve en nada al avance de la causa hasta una próxima etapa preclusiva, coincidentemente la jurisprudencia ha dicho que "Tampoco interrumpe -la perención- la renuncia al mandato, su notificación y la presentación de un nuevo mandatario (CNCom. B, 22/12/67).

Por lógica derivación, el decreto donde se tiene a la Dra. C por presentada y se le autoriza la consulta de las actuaciones mediante préstamo también carece de virtualidad impulsoria y es que el préstamo del expediente sólo puede ser considerado tal cuando a la vez implica tomar conocimiento de un auto cuya notificación era necesaria para el avance de la causa situación que no se da en el supuesto en examen.."... La notificación de un auto -que en si misma no es idónea para impulsar el procedimiento- es un acto que impulsa el procedimiento si constituye un trámite necesario -condición- para que las actuaciones sean elevadas al tribunal que debe intervenir en la apelación concedida" (CNECC, IV, 11/775 BJ 600).

Por último, el escrito de fs. 188/190 así como también la voluminosa documentación con él adjuntada pretende la instrumentación de medidas cautelares que no hacen avanzar el proceso ni tienen, en consecuencia, efecto interruptivo de la perención pues "Los trámites relacionados con las medidas precautorias son independientes de la sustanciación del juicio principal, cuyo desarrollo no afectan y por consiguiente carecen de eficacia interruptiva de la perención de dicho juicio principal" (CNECC I 12/7/71 ED 41-539).

En el mencionado escrito de fs. 188/190, la actora solicita "se ordene iniciar las actuaciones peticionadas en el expediente".

Aplicando el principio según el cual, en caso de duda habremos de estar a la subsistencia de la acción, podríamos interpretar que la parte solicita se corra traslado de la demanda, sin embargo dicho traslado había sido dispuesto ya a fs. 73 y resulta superfluo pedir lo ya ordenado pues en nada se hace avanzar con ello el proceso no pudiendo ser considerado un instar pues "... para ser interruptivos, los actos deben ser útiles y acordes con el estado de la causa, de suerte que se traduzcan en hechos que tengan virtualidad en tal sentido, guardando relación directa con la marcha del proceso" (CNCiv. F 15/3/78 ED 79-382).

De lo dicho se concluye que desde el 6 de octubre de 2004 al 12 de mayo de 2005 no ha habido instancia y tratándose de un plazo mayor a seis meses (arts. 310º, inc. 1º y 311 del ritual) corresponde confirmar la caducidad dispuesta en la sentencia recurrida.

En cuanto al tercer agravio de los mencionados, la mentada incongruencia de la sentencia radicaría en que mientras el a quo reconoce la existencia de actos interruptivos anteriores al traslado, igualmente hace lugar al planteo de caducidad. No existe tal incoherencia.

Si después de estar inactivo el proceso durante el término de ley, la parte insta, impide con tal actividad que la caducidad sea declarada de oficio, mas nada obsta a que la contraria lo plantee en la oportunidad que la ley de rito dispone, de allí que aun cuando hubiera actos interruptivos puede declararse la perención de instancia a pedido de la parte que no los consintió.

La recurrente parece creer -según sus propias afirmaciones- que la pretensión perentiva de parte sólo puede ejercerse durante la inactividad de la contraria sin embargo no es eso lo que dice la ley y nada permite aceptar tan original hermenéutica.

En síntesis, dentro de los cinco días de notificada de la demanda, la parte puede plantear caducidad de instancia si en algún momento el proceso ha permanecido inactivo durante seis meses aún cuando con posterioridad se hubieren realizado actos impulsorios que el peticionante no consintió por no encontrarse apersonado en la causa.

Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, R E S U E L V E 1°) CONFIRMAR la sentencia nº 377/2006 de fecha 13 de noviembre de 2006 (fs. 24/25 y vta.).

2º) IMPONER las costas de esta instancia a la recurrente vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 del C.P.C. y C.).

3°) REGULAR los honorarios del Dr. J N en la suma de $230.- y los de las Dres. N G M y M T H, en conjunto y proporción de ley, en la de $85.-, ambas sumas con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14, Dec. Ley 2.200).

4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente resolución es dictada por dos Jueces de Cámara por encontrarse en uso de licencia anual compensatoria el Dr. Benjamín Moisá y haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550).

JORGE LUIS FRÜCHTENICHTGÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL N° 29 DEL AÑO 2007. CONSTE. Norma Marrero Secretaria.-