Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-11-04


Plata,á 4 de noviembre de 2009.

á A N T E C E D E N T E S La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó la sentencia de primera instancia que había removido al Síndico designado en la quiebra.

El referido funcionario interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente C U E S T I O N ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I O N A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

1) La sentencia recurrida confirmó la de primera instancia que había removido al Síndico designado en la quiebra. Cabe aclarar que la decisión originaria de fs. 49 fue complementada a fs. 57, al advertirse en la primera instancia que había un escrito sin despachar de la Sindicatura. De este modo, la sentencia de la alzada tuvo en cuenta ambas decisiones.

Para fundar el rechazo del recurso, la Cámara afirmó que si bien era cierto que el primero de los incumplimientos invocados en la interlocutoria de fs. 49 ya se había subsanado con el escrito que había quedado sin despachar, quedaba en pie la segunda de las omisiones, la referida a la obtención del certificado de dominio necesario para subastar un inmueble en la quiebra. Al respecto, coincidió la alzada con lo afirmado por la señora Jueza de Primera Instancia a fs. 57 y vta., señalando que ni siquiera se había intentado acreditar el cumplimiento de las diligencias respectivas. Fuera de ello, la sentencia tuvo en cuenta pasadas omisiones del Síndico, que a juicio de la Cámara daban fundamento a la sanción contra él dispuesta.

2) Contra esa decisión, el funcionario removido ha interpuesto recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Comienza por señalar que la sentencia que lo agravia es definitiva, pues no tendrá otra oportunidad de plantear la cuestión. Cita al respecto precedentes de la Corte Suprema de la Nación, y de esta Suprema Corte (fs. 110/111). Pasando luego a la cuestión de fondo, estima que ambas instancias ordinarias han incurrido en un excesivo rigor formal, y que no han sopesado debidamente el hecho reconocido ya desde la primera instancia de que el primero de los incumplimientos imputados al Síndico no era tal, pues ya había agregado la documentación que se decía faltante (fs. 111 vta./112).

Tras hacer una enumeración general de las normas constitucionales y concursales que estima violadas, afirma que a su juicio cumplió íntegramente con lo dispuesto por la señora Jueza de Primera Instancia (fs. 117). Describe las múltiples gestiones y viajes que debió realizar para ejercer su cometido, y señala que es de público conocimiento que los trámites registrales provocan frecuentes demoras, lo que se ha visto reflejado en solicitadas publicadas por los colegios de escribanos. Esto demuestra a su entender que hay demoras que no son imputables a quienes impulsan esos trámites (fs. 119).

3) Critica el recurrente que la Cámara haya afirmado que el certificado de dominio fue agregado al expediente al sólo efecto de acreditar la inscripción de un segundo testimonio del bien a subastar (fs. 120). El fundamento es a su juicio descabellado, pues si se admite que el certificado se agregó, no se puede sostener al mismo tiempo "que el mismo no cumple con la función de acreditar en autos el estado dominial del fundo" (fs. 120, en negrita y subrayado en el original).

Ya en lo que hace al aspecto procesal de la cuestión, destaca que su remoción se dispuso sin siquiera darle un traslado previo que le permitiera defenderse (fs. 122 vta.). Culmina su recuso reiterando la existencia de un exceso formal, la violación del principio de inocencia, y la falta de fundamentos concretos en la decisión que lo agravia.

4) Adelanto que a mi juicio el recurso debe ser rechazado. Fuera de su admisibilidad formal, que no cuestiono, es claro que el tema planteado es eminentemente de hecho. Se trata de evaluar si se acreditaron las faltas imputadas al Síndico, y si su gravedad justifica la sanción dictada. Ambos aspectos, el probatorio y el de valoración de la conducta, nos remiten a la apreciación de hechos. Delimitado tal marco de conocimiento, la única revisión posible en esta instancia extraordinaria es la que se encamina a descartar o comprobar la existencia de absurdo, es decir, de un razonamiento viciado lógicamente, o que desconoce de modo manifiesto las constancias de la causa (C. 92.630, sent. del 10 IX 2008).

Estimo que más allá de la mayor o menor severidad con la que se pueda juzgar la actuación del Síndico, la sentencia atacada no incurre en absurdo. Reconoció cosa que ya había hecho la señora Jueza de Primera Instancia que el funcionario había cumplido con una de las tareas que se le habían encomendado. Sin embargo, ambas instancias ordinarias advirtieron que faltaba todavía el certificado de dominio, exigencia lógica pues no era posible realizar la subasta sin tener constancia de la condición del bien.

5) En este aspecto fundamental, el Síndico parece no haber siquiera advertido la omisión que se le reprocha. En efecto, obsérvese que él agregó a fs. 50/55 constancias referidas a la inscripción de un segundo testimonio, entre las que se cuenta (fs. 55) una fotocopia de una hoja del certificado de folio real, precisamente la que contiene el asiento de ese dato. Sin embargo, fuera de que es una mera fotocopia, falta además la primera parte del certificado de folio real, pues no hay descripción del bien, y el primer registro dice "Asiento 2". La columna siguiente, la de gravámenes, indica "viene de b 1" (fs. 55).

Se comprende entonces el sentido de la afirmación de las dos instancias ordinarias, y que aparentemente el recurrente no ha comprendido: la fotocopia de fs. 55 no sirve como certificado de dominio, no meramente por carecer de autenticidad, sino por que es sólo una parte de un documento más extenso. Lo que se ha acreditado es la inscripción del segundo testimonio, pero falta lo demás requerido al Síndico.

En cuanto a la posibilidad de que el certificado de dominio o el de folio real quedaran desactualizados, no puede invocársela para justificar la omisión de procurarlo.

6) Fuera de ello, la Cámara ha fundado su decisión también en previas omisiones del Síndico (fs. 104 y vta.), en valoración que no puede reverse en esta instancia ante la ausencia de absurdo.

7) Finalmente, si bien es cierto que la medida se dictó sin previa vista al sancionado, no hay que olvidar que había un apercibimiento previo al que se remite la sentencia. Más importante todavía: si acaso hubo una irregularidad procesal en la resolución oficiosa de esta cuestión en primera instancia, el recurso ordinario primero y luego el extraordinario han permitido que la parte exponga con amplitud sus razones, y el examen que de ellas se ha hecho descarta que el derecho de defensa haya sido afectado (arts. 18 de la Constitución nacional; 15 de su par provincial).

Si lo que digo es compartido, deberá rechazarse el recurso, con costas al vencido (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Pettigiani, de Lázzari y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la cuestión planteada también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

El depósito previo de $ 2500, efectuado a fs. 140, queda perdido para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002).

Notifíquese y devuélvase. LUIS ESTEBAN GENOUD. EDUARDO JULIO PETTIGIANI. EDUARDO NESTOR DE LAZZARI. DANIEL FERNANDO SORIA á á