marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, inspección impositiva, remuneración, suplemento por inspección
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: COHEN, JACOBO MARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION MANSILLA, SUSANA MAGDALENA MORELLI DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION LOPEZ, ROBERTO ENRIQUE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION GORDUANT, CLARA BLANCA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION CIPITI, CARMEN HERMINIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION ALONSO, BLANCA AMELIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION BOSSIO, LUIS ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION LOPEZ, MARIA HERMINIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-06|1992-05-06|1992-05-06|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-20|1992-05-20|1992-05-20

Si bien la inspección contemplada en el decreto 791-80, a los fines del pago del suplemento por tal actividad, tiene carácter genérico, y sólo recién con el decreto 1800-85 existe una previsión específica para las inspecciones impositivas a cargo del Departamento de Fiscalización de la Dirección Provincial de Rentas; del examen de otras disposiciones legales que facultan a distintos órganos administrativos a realizar inspecciones, nunca surge que esta función se cumpla internamente; por el contrario, siempre se indica que recae en locales o lugares donde se encuentran cosas o se realizan operaciones que se verifican, tratándose de inspecciones "in situ", fuera del ámbito físico de la Administración (v.g inspección del trabajo, artículo 21 inciso j), 38, 39, 41 y 42 ley 6942; artículos 2 inciso c), 29 a 35 y 39 ley 10468; inspección bromatológicas; artículo 1328 y siguientes, ley 2998).
Aportes sindicales, afiliación sindical, falta de afiliación, retención de aportes sindicales, contribuciones patronales
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: UNION OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS c/ ENVASES ARGENTINOS s/ COBRO DE APORTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-16

No procede la retención por parte del empleador de la cuota sindical cuando el trabajador no está afiliado al sindicato, pero la contribución empresarial es debida aunque falte la afiliación, toda vez que este aporte es exigible en virtud de la calidad de trabajador dependiente de la actividad comprendida en el ámbito de aplicación que determina el art. 2 del CCT 189/92.
Juicio ejecutivo, partes
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FASCELLA DE QUAGLIATTO, M c/ MORENO, LEONOR s/ EJECUTIVO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-20

La imposibilidad de articular en un juicio declarativo ulterior, defensas ya articuladas en la vía ejecutiva (artículo 483, Código Procesal Civil y Comercial) es sólo una limitación para el demandado que las planteó en aquel proceso.
Herencia vacante, curador de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: NOGUES BOTTARO EMILIO S-SUCESION c/ O.S.N. s/ PRESCRIPCION (ART. 4027 CODIGO CIVIL) - SUCESION VACANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-07

La reputación de vacancia, por inexistencia o desconocimiento de herederos, lleva a una curatela de las llamadas a los bienes (art.

486 del Código Civil), y designado en tal carácter el apoderado del entonces Consejo Nacional de Educación obra a modo de un representante de la sucesión, que lo administra los bienes que integran el acervo "por cuenta de quien corresponda".

Sus facultades, activas y pasivas, se encuentran equiparadas a las del heredero aceptante con beneficio de inventario (art. 3541 del código citado), todo con el fin de liquidar el caudal relicto y posibilitar la ulterior declaración de vacancia para que el Fisco, a través del organismo correspondiente, pueda recibir el resultado líquido.
Incumplimiento de los deberes del funcionario público, pena
Materia: PENAL
Carátula: French, Horacio Alfredo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-26

La disposición del art. 248 del C.P. se limita a las Constituciones y leyes, no comprendiendo reglamentos, decretos u ordenanzas
Declaración indagatoria, resolución denegatoria, recurso de apelación (procesal), falta de agravio concreto, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Suarez Mason, C. G. s/ apelación Causa 30.546
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

La decisión por la que se dispuso no hacer lugar al pedido del imputado de que se deje sin efecto la declaración indagatoria ordenada, no es de aquellas susceptibles de ser cuestionadas mediante el recurso de apelación ni ocasiona gravamen irreparable, mas allá de las razones en las que el recurrente fundara su pedido, que en todo caso deberá ser objeto de tramitación adecuada a través de las vías establecidas al efecto y que implican la sustanciación del planteo y asegurar la facultad de intervención en ella de todas las partes interesadas.
Recurso de apelación (procesal), revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Allegro, Jorgelina y otro/a c/ Obras Sanitarias S.E. s/ Materia a categorizar - otros juicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-17

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata dictó sentencia en la causa, haciendo lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocando la sentencia de grado y acogiendo la pretensión que da origen al pleito condenando a O.S.S.E. a restituya el sistema de facturación por consumo medido a la cuenta en cuestión.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Chelotti, Daniel Joaquín Zacarías c/ Emp. Provincial de Energía de Entre Ríos Residual s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-12-22

Es aceptado unánimemente por la doctrina y jurisprudencia que la ley 24.028 párrafo segundo del artículo 2), eliminó la teoría de la "concausa", dado que no se presume la responsabilidad del empleador respecto de las enfermedades cuyo origen o agravamiento se imputen al trabajo; en el caso de que concurran factores causales atribuibles al trabajador, sólo se indemnizará la incidencia de estos últimos. En el caso, con respecto a la salud psíquica del actor, ni siquiera podemos hablar de factores atribuibles al trabajo, ya que problemas derivados de una personalidad conflictiva, incentivada por la inactividad forzosa que le produjo el accidente, pero de allí a concluir que la demandada deba afrontar estas consecuencias indirectas del accidente sufrido, es retorcer la interpretación legal a límites inaceptables.
Responsabilidad contractual, contratos
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Relañez Passini, Miguel Angel c/ Consejo de Ingenieros s/ Recurso de inconstitucionalidad - Juicio ordinario - Indemnización de  daños materiales y morales (Expte.: C.S.J. Nro. 52 año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

La responsabilidad contractual supone, obviamente, la existencia de un contrato válido. La necesidad de que exista un contrato señala la presencia de un elemento más estricto en esta responsabilidad que en la responsabilidad extracontractual. Ello es así porque la culpa tiene que ser referida, en cada caso, a la naturaleza de la obligación impuesta convencionalmente, y no ya al genérico e indeterminado deber legal de actuar de tal manera de no causar daño a otro. Queda en claro, pues, que mientras la responsabilidad extracontractual (delictual o aquiliana) nace de la infracción del deber general de no causar daño a otro, en la responsabilidad contractual, en contraposición, se ha dado el incumplimiento de una obligación libremente convenida; aquí no es la ley la que directamente nos impone la adecuación de la conducta a observar, sino que ésta se ha conformado con nuestra voluntad.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, jueces, tribunal colegiado, partidos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: HERMINIO IGLESIAS Y OTRO s/ NULIDAD  DE RESOLUCION DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-18

Son cuestiones propias de los jueces de la causa y ajenas por ende al recurso extraordinario, las que se refieren a la constitución e integración de los tribunales, las vinculadas con las formalidades de la sentencia, y el modo de emitir el voto de los jueces cuando aquéllos son colegiados. Así ocurre en el caso en que -tratándose de la nulidad del acto partidario que había separado de sus cargos a dos miembros de su Consejo Nacional- todos los jueces del tribunal tuvieron conocimiento de la causa, emitieron libremente su opinión y la única circunstancia llamativa consiste en la inusual prolongación del acuerdo, que es explicable si se atiende al interés público puesto en la causa.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Giroldi, Cristian s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-01

Configura resolución equiparable a sentencia definitiva, el auto por el cual no se hace lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba, toda vez que la denegatoria del recurso provocaría un gravamen de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior al derecho del procesado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más breve posible a la situación de incertidumbre y restricción a la libertad que todo proceso penal supone
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, supervisión de cumplimiento de sentencia, COLOMBIA, deber de información, responsabilidad internacional del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso 19 Comerciantes Vs. República de Colombia S/ Cumplimiento de sentencia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-02-02

Los Estados Parte en la Convención Americana que han reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana, tal es el caso de Colombia desde el 21 de junio de 1985 cuya responsabilidad internacional fuera declarada por el Tribunal el 5 de julio de 2004 -Serie C No. 109-, tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por la Corte, lo que incluye el deber del Estado de informar acerca de las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado, a fin de poder evaluar el estado general de cumplimiento del caso.
Intervención del sindicato, intervención de terceros, litisconsorcio necesario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SINDICATO DE PRENSA c/ ESTADO    NACIONAL    (MINISTERIO  DE  TRABAJO  Y  SEGURIDAD  SOCIAL) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

Habida cuenta de lo dispuesto por los arts. 58/60 de la ley 22.269, resulta necesario citar al juicio a la Obra Social del Personal de Prensa de la Capital Federal y del Personal de la República Argentina en los términos del art. 89 del CPCC ya que para establecer la existencia de bienes de la actora -Sindicato de Prensa- indebidamente privados por los interventores militares, es menester oir a la persona jurídica que se pretende habría resultado beneficiario del comportamiento ilegítimo.
Pago de tributos, ingreso tardío del gravamen, remisión de deudas, multa tributaria, sujetos imponibles, facultades de la administración, revisión judicial de actos administrativos, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Giesso S.A. c/ Dirección Gral de Rentas s/ Impugnación Actos Administrativos Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-14

La condonación prevista en el régimen de presentación espontánea y regularización de obligaciones exteriorizadas e impagas (Ley Nro. 671), no opera automáticamente sino que debe ser precedida de una solicitud ante la autoridad de aplicación, tal como ha sido regulado en la Resolución Nro. 5161 DGR 2001 (BOCBA 1356, 10/1/2002).

Ello por cuanto permitir el cumplimiento tardío de obligaciones tributarias por parte de contribuyentes morosos, morigerando las consecuencias para ellos perjudiciales de su incumplimiento, es una facultad que el legislador puso en cabeza de la administración, cuyo control judicial será necesariamente posterior al acto en caso de que el beneficio fuera denegado.

No existiendo un acto administrativo que conceda o deniegue un pedido de condonación de multas, es adecuado acordar la medida cautelar solicitada mientras el apelante diligencie su pedido ante el organismo recaudador.
Daños y perjuicios, responsabilidad del asegurador, seguros, citación en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SALVATIERRA DE TABOADA LEONOR c/ JULIO SAYAGO s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS SALVATIERRA DE TABOADA LEONOR c/ JULIO SAYAGO s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-08-22|1994-08-22

Como consecuencia de que el derecho del damnificado para citar al asegurador del causante del daño nace de la ley, con prescindencia de lo que éstos dos últimos hubieran convenido en el contrato que los vincula, es indudable que el incumplimiento por el asegurado de denunciar el siniestro al asegurador, no puede perjudicarlo, pues lo convenido entre los contratantes en la póliza es para él res ínter alios acta, y no le es por lo tanto oponible. Lo precedente no implica desconocer a la aseguradora el derecho a repetir del asegurado incumplidor lo que deba pagar al tercero damnificado, porque la disposición respectiva de la ley de seguros, tiene sin duda alguna, aplicación con respecto al asegurado que omitió denunciar el siniestro.-
Despido con causa, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: C., P.E. c/ S.I.A. SRL s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-19

Si bien el artículo 242 de la ley 20.744 autoriza que el incumplimiento contractual de una de las partes, cuya entidad y gravedad permitan calificarlos de injuria, admite el poder de denunciar la relación de trabajo, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido contestes en la elaboración de los requisitos de validez de la denuncia por justa causa, como: a) relación de causalidad inmediata entre la injuria y el acto rescisorio; b) oportunidad o contemporaneidad de la denuncia por justa causa, en relación con el incumplimiento contractual de la otra parte; c) proporcionalidad entre la reacción y el incumplimiento (injuria); d) gravedad de la injuria.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Orellano, Elcira s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Tratándose el beneficio de litigar sin gastos de una institución que está destinada a asegurar la defensa en juicio, no es dable exigir la prueba acabada de la carencia de recursos necesarios para hacer frente a los gastos que origine la actividad jurisdiccional.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, regulación de honorarios, intereses moratorios
Materia: PROCESAL
Carátula: DI N., N. M. c/ D., L. I. s/ ejecutivo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-22

Cabe aclarar que no procede tal como estiman los letrados en su liquidación, calcular intereses antes de su regulación, pues "El auto regulatorio de honorarios genera el derecho al cobro de los mismos, y por consiguiente su exigibilidad desde su notificación por lo que a partir de la misma, devengan intereses moratorios, configurándose uno de los supuestos de mora legal que se produce en virtud de disposiciones legales, ajenas a las situaciones previstas en el art. 509, CCiv., de plazo convenido, plazo tácito y carencia de plazo [...] La notificación de la regulación de honorarios es la que le otorga ejecutoriedad, tornando el crédito exigible a partir de la misma. Desde este momento el deudor entra en mora, y por lo tanto comienza el cómputo de los intereses moratorios.
Pensiones, conviviente, aplicación analógica de la ley, ley de contrato de trabajo, indemnización por muerte del trabajador
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: Vázquez, Victorina s/ pensión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

No se advierte óbice para que el derecho a pensión de la concubina sea admitido con fundamento en la aplicación de normas que regulan situaciones semejantes , como lo es la que contempla la indemnización por muerte del trabajador fallecido, introducida por la ley 20.744 y mantenida en sus posteriores modificaciones.
Pagaré, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado departamental Cooperativo Limitado (su quiebra) c/ San Pedro, Ariel y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-18

El plazo de prescripción de tres años de un pagaré librado sin protesto y a la vista corre desde que fue presentado al pago, y la circunstancia de que las partes hubiesen ampliado el término para la presentación o puesta a la vista del pagaré, no incide en el plazo de prescripción (arts. 36 y 96 decreto ley 5965/1963).
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: RIILLO MICCICHE c/ CIA. GENERAL FABRIL FINANCIERA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-16

La injuria siempre es de carácter individual y con independencia de si se la debe valorar desde el punto de vista objetivo o subjetivo, lo cierto y concreto es que cada trabajador ha de ponderar la calidad y categoría de la injuria inferida a sus intereses, no siendo por ello posible que sus compañeros, o los dirigentes de su sindicato, puedan sentirse más afectados que él, por los agravios u ofensas inferidas a su condición de persona, trabajador.
Empleo público, derechos y garantías constitucionales, derechos del trabajador, protección contra el despido arbitrario, empleados de banco, estatuto para el personal del banco de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GRILLE, Graciela Isabel c/ BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-06

En el empleo público no se aplican indiscriminadamente los criterios vigentes para los contratos administrativos en general, y la atribución del Poder Público, de carácter discrecional, queda restringida frente a la disposición de mayor jerarquía, el art. 14 bis de la Constitución Nacional que se refiere a la "estabilidad del empleo público", sin aditamentos, diferenciándola de otras garantías individuales; porque para custodiar la seguridad del trabajador privado promete otro resguardo que es la "protección contra el despido arbitrario", lo cual implica admitir que en este ámbito particular de relaciones laborales, el despido no fundado en causales tipificadas se encuentra habilitado siempre que se preserve los esenciales contenidos del trabajo humano, que como se ha aceptado desde largo tiempo atrás, no es una mercancía, y que generalmente se ha traducido en resarcimientos que recompensan por ejemplo la antigüedad, la falta de aviso previo, las proporciones de compensaciones regulares o excepcionales, los aportes previsionales, etc. En este enfoque, las disposiciones del ordenamiento contenido en el Decreto 1917/91 que sirviera de cimiento al nuevo estatuto para el personal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y las de éste, de ser interpretadas como derogatorias de aquellos ordenamientos que rige el contrato de empleo público, y en especial lo normado por el art. 14 bis quedarían fulminadas por inconstitucionales.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rusansky de Slavobik, Ana c/ Slavobik, Isaac s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

La inhibición general de bienes también es procedente, ante la falta de registración de los bienes inmuebles. Situación esta que en la práctica se asimila a la exigencia contenida en el primer párrafo del art/ 228 del C.P.C.C.. En todos los casos en que habiendo lugar a embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor... podrá solicitarse contra aquel la inhibición general de vender o gravar sus bienes... Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la última parte del mismo párrafo. Además, por tratarse de bienes propios, no es de aplicación el art. 1277 del Cód.Civil.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Declaración de quiebra, concursos, sentencia de quiebra, daños y perjuicios, daño material
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANTONINI  MODET,  MARTINIANO c/ DINERS  CLUB  ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

En una acción deducida contra una entidad administradora de tarjeta de crédito, por la cual el pretensor persigue la reparación de los daños derivados de su declaración en quiebra a instancias de la defendida (la que posteriormente fue revocada -cfr. LC art. 99-) con base en que la deuda mantenida con la accionada fue reconocida previamente en un juicio ordinario, mediente sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada, la cual mientras se encontraba en pleno trámite de ejecución judicial, la defendida solicitó y obtuvo su declaración falencial, razón por la que luego de que el reclamante se negara al pago de la deuda al ser citado en el pedido de quiebra (LC art. 84), el peticionante decidió abandonar el procedimiento concursal -no presentándose a verificar- y continuar con la ejecución individual que se encontraba mas avanzada; procede otorgar al pretensor resarcimiento en concepto de daños materiales y profesionales, por la pérdida de oportunidades laborales a partir del decreto falencial. Ello así cuando, -como en el caso-, se verifica que si bien el mentado decreto no causa, como consecuencia directa o inmediata, la inhabilitación del fallido para el ejercicio de su industria o profesión (LC art. 104), no cabe desconocer que puede provocar, para el ejercicio de determinadas profesiones como la desempeñada por el accionante -abogado-, un descrédito que puede traducirse en la pérdida de oportunidades de trabajo, como consecuencia mediata de dicha declaración (cfr. doct. Cod. Civil art. 901 y ss). Máxime, si tal situación fue acreditada por la declaración testimonial de dos letrados relacionados con el actor, quienes manifestaron haber desistido de contratarlo para diversas tareas profesionales, en razón de la publicidad de su estado falencial. De modo pues, que en tales condiciones, demostrada la existencia de un daño concreto, y ante la falta de prueba respecto de su cuantía, corresponde estimar su valuación pecuniaria en forma prudencial (cfr. CPCCN art. 165-3). (En la hipótesis, se concedió la suma de $10.000 en concepto de daño material y profesional).
Suspensión del juicio a prueba, cuestiones de competencia, juez de ejecución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Teves, Hugo Daniel y Rios, Jorge Rubén s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-28

En los supuestos de concesión de la suspensión de juicio a prueba la competencia que el ordenamiento procesal le confiere al magistrado de ejecución penal se limita al contralor del cumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiado (arts. 293, último párrafo, y 493, tercer párrafo, apartado b) del C.P.P.N.). El Juez de Ejecución es competente aún cuanto entienda que el mentado beneficio fue concedido en transgresión a las normas que regulan la materia; máxime cuando la resolución que lo otorgó quedó firme y en condiciones de ser ejecutoriada. (Voto de los Dres. Hornos, Mitchell y Capolupo de Durañona y Vedia).