Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-21


Buenos Aires, 21 de febrero de 2014 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Julio Oreste Testone, a través de su apoderado, promovió acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA), con el objeto de que se ordene a la demandada cesar en su omisión de pago del beneficio conferido en virtud de la ordenanza n° 39.827 (fs. 2/32).

Expresó que desde el 9 de marzo de 1981 y hasta el 5 de julio de 1982 cumplió con el servicio militar obligatorio en el Regimiento I de Infantería Patricios del Ejército Argentino. En su carácter de conscripto, el 2 de mayo de 1982 fue movilizado en virtud del conflicto bélico generado por la recuperación de las Islas Malvinas. Desde el 24 de junio del mismo año permaneció en la ciudad de Comodoro Rivadavia donde custodió el aeropuerto y revisto en los respectivos puestos de radares que se emplazaron en el área de comunicaciones, hasta pasar a la ciudad de Caleta Olivia.

Relató que el 22 de mayo de 1984, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la ordenanza n° 39.827, decidió otorgar un subsidio mensual y permanente a los agentes que, integrando las fuerzas armadas argentinas, hubieran participado de las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante el conflicto por la recuperación de las Islas Malvinas. El actor señala que se acogió a dicho beneficio desde mayo de 1984 hasta enero de 2009.

Manifestó que al mes de diciembre de 2008 su remuneración era de $ 6.034,56 y al mes siguiente -enero de 2009- de forma intempestiva, su salario se redujo a $ 3.055,21, sin ninguna comunicación de la autoridad pública ni acto administrativo que diera soporte a la decisión de privarlo de su subsidio otorgado y percibido en forma pacífica, legal, continua e ininterrumpida durante 25 años.

2. El GCBA contestó demanda (fs. 40/47), criticó la vía procesal elegida por la actora no siendo el amparo la apropiada al considerar que no existían derechos constitucionales vulnerados.

Afirmó que la Administración se limitó a aplicar la normativa en vigencia, en tanto el art. 1° de la ordenanza nº 39.827 otorga el beneficio a quienes hubieran participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (en adelante TOAS), durante el conflicto por la recuperación de Malvinas, y la actora reconoció que permaneció en Comodoro Rivadavia, territorio ajeno al TOAS.

3. La Sra. jueza de primera instancia dictó sentencia rechazando la acción de amparo (fs. 48/49 vuelta).

4. La sentencia fue apelada por el actor (fs. 50/56 vuelta), y sus agravios fueron respondidos por la demandada (fs. 57/60 vuelta).

5. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, resolvió "revocar el decisorio de grado y, por ende, ordenó a la demandada liquidar al actor el subsidio creado por la ordenanza n° 39.827 -modificado por la ley 2304-. Ello sin perjuicio, claro está, de lo que en definitiva se resuelva mediante acto expreso en relación con la situación planteada y la eventual responsabilidad de los involucrados. Costas en ambas instancias al GCBA." (fs. 63).

Para resolver de esta forma, el a quo consideró que la vía escogida resulta adecuada para el tratamiento de los derechos involucrados. Asimismo, tuvo en cuenta que no resulta pertinente analizar la procedencia o no del subsidio, por cuanto esa cuestión es la que se debe debatir en sede administrativa a partir del sumario que se ordenó instruir. Concluyó que la conducta de la Administración es ilegítima e implica una vía de hecho.

6. Contra dicha resolución, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 115/134).

Calificó la sentencia recurrida como arbitraria por prescindir de la normativa directamente aplicable al caso y carecer de fundamentación suficiente, además de subjetiva, equivocada, contradictoria, con una interpretación manifiestamente irrazonable del amparo, violatoria del art. 14 CCABA. Planteó que el fallo atacado afecta gravemente la garantía del debido proceso, la división de poderes, el principio de igualdad y el derecho de propiedad, configurando un caso de gravedad institucional -al arrogarse los jueces facultades propias de los otros poderes estatales, y de renuncia a su jurisdicción en tanto no se adentra a considerar las cuestiones de fondo que hacen al derecho constitucional que el amparista pretende vulnerado-. Señaló, también, que ha omitido considerar si el actor tenía o no derecho a la percepción del beneficio de la ordenanza n° 39.827, y dicha cuestión no podía ser soslayada, pues concluía legitimando la percepción de un beneficio por quien no reunía la calidad de ex combatiente; circunstancia conocida por el amparista. Manifestó que la calificación de ex combatiente no resulta discrecional para la Administración local sino que respondía a las pautas generales que consagraba la normativa nacional y que, no configurándose el presupuesto de hecho para el goce del subsidio, mal podía tenerse por adquirido el derecho. Finalmente destacó que el tiempo no purgaba los vicios y que en este caso, el conocimiento de la nulidad por parte del administrado relevaba a la Administración de emprender una acción de lesividad.

El recurso fue contestado por el actor (fs. 135/142 vuelta), y rechazado por la Cámara (fs. 85/86), que consideró que no había un planteo de naturaleza constitucional, ni arbitrariedad en la sentencia y que los argumentos vertidos por el recurrente se limitaban a disentir con la decisión adoptada y con la interpretación que en el caso se efectuó de las normas de naturaleza infraconstitucional.

La denegatoria del recurso de inconstitucionalidad motivó la presente queja de fs. 88/108 vuelta, articulada por el GCBA.

7. En su dictamen de fs. 149/150 vuelta, el Sr. Fiscal General Adjunto, propició un pronunciamiento que rechace el recurso de queja interpuesto.

Fundamentos:

Los jueces Ana María Conde, José Osvaldo Casás y Luis Francisco Lozano dijeron: La cuestión planteada en autos resulta sustancialmente análoga a la resuelta in re: "Alvarez Juliá, José c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. nº 8319/11 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Alvarez Juliá, J. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'", expte. nº 8354/11, sentencia del 14 de marzo del 2012.

Por ello, en homenaje a la brevedad, nos remitimos a los fundamentos expuestos en aquel precedente -los que deberán ser incorporados como parte integrante de esta sentencia mediante el agregado de copia de esa decisión a este expediente-, sin perjuicio de advertir los matices relativos a la vía procesal por la que en cada caso se habilitó la intervención de este Tribunal.

En consecuencia, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, votamos por rechazar la queja interpuesta por el GCBA.	La Juez Inés M. Weinberg dijo: 1. El recurso de queja ha sido interpuesto en tiempo y forma, no obstante debe ser rechazado.

2. Las circunstancias del caso resultan semejantes a las relevadas en la causa "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Romeo, Carlos Francisco c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 9605/13, sentencia del 13 de noviembre de 2013".

En tal sentido, debe destacarse aquí que el recurrente no logra acreditar la existencia de un caso constitucional -art. 27 ley 402-; ello así, toda vez que la cuestión controvertida remite sustancialmente a la valoración de circunstancias de hecho y prueba, efectuada frente a la regulación de normas procedimentales -arts. 9, 17 y ccds de la LPA-, cuya inteligencia no es controvertida en contraposición con lo establecido por las normas constitucionales.

Asimismo, tampoco la mera denuncia de arbitrariedad en el pronunciamiento habilita esta vía extraordinaria cuando la recurrente no demuestra palmariamente que el decisorio atacado -al margen de su acierto o error- se aparta de los criterios que el ordenamiento jurídico vigente suministra a los jueces para resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción.

En tal sentido, corresponde recordar aquí que la tacha de arbitrariedad "no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales" -conf. Fallos 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584; 294:376 entre otros-.

Los argumentos expuestos alcanzan para decidir que la queja interpuesta por el GCBA no puede prosperar, en consecuencia, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, voto por rechazar el recurso interpuesto.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: El recurso de queja interpuesto en tiempo y forma por el GCBA dirige una crítica concreta contra el auto denegatorio, circunstancia que habilita la consideración del recurso de inconstitucionalidad.

La cuestión de fondo que aquí se debate es sustancialmente similar a la que fuera resuelta en los autos "Álvarez Juliá, José c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expediente n° 8354/11) y su acumulado "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Álvarez Juliá, J. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'" (expediente nº 8319/11), sentencia del 14 de marzo de 2012; oportunidad en la cual compartí los argumentos que expresara mi colega Luis Francisco Lozano.

En consecuencia, por razones de brevedad y con apoyo -en lo pertinente- en los fundamentos expuestos por el juez Luis Francisco Lozano en el antecedente citado voto por: a) admitir formalmente la presentación directa (fs. 88/107 vuelta), b) rechazar el recurso de inconstitucionalidad (fs. 115/134), con costas al GCBA y c) ordenar que se incorpore a estos actuados una copia del pronunciamiento dictado por el Tribunal en "Álvarez Juliá, José c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expediente n° 8354/11) y su acumulado "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Álvarez Juliá, J. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'" (expediente nº 8319/11), sentencia del 14 de marzo de 2012; la que deberá adjuntarse a las notificaciones de este fallo.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja interpuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal el 14 de marzo de 2012, en los autos "Alvarez Juliá, José c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. nº 8319/11 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Alvarez Juliá, J. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'" (expte. nº 8354/11).

3. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior y, oportunamente, se remita a la Sala interviniente para que sea agregada a los autos principales.