Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-02-04


AUTOS Nº 9659 - "TORRES, Hipólito Orlando C/ Viñas Argentinas S.A. S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil quince, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Julio Coll, Miguel Ernesto Novoa y Lucía E. Daroni de Pontoriero, bajo la presidencia a cargo del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 9659, caratulados "TORRES, HIPOLITO ORLANDO C/ VIÑAS ARGENTINAS S.A. S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia dictada a fs. 136/143 por el Sr. Juez del Segundo Juzgado Laboral, se resolvió hacer lugar en los términos indicados, a la demanda promovida por el actor, condenando a la demandada a abonar al mismo la suma que surja de la liquidación que ordena practicar con más sus intereses; y a entregar la certificación de servicios correspondientes, imponiéndose las costas en el 60% a la demandada y en el 40% restante a la actora.

Contra este fallo se alza la última, deduciendo recurso de apelación a fs. 145. A fs. 153/159 expresa agravios, que son respondidos por la contraria a fs. 164/170. Elevados los autos al Tribunal, y puesta en conocimiento de las partes la integración de la Sala, se da vista a Fiscalía de Cámara, quien emite dictamen a fs. 188. A fs. 189 se llama autos a resolver; y a fs. 190 se practica el sorteo para la emisión de votos de los Sres. Camaristas, el que arrojó el siguiente resultado: 1)- Dra. Daroni; 2)- Dr. Novoa y 3)- Dr. Coll.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la parte actora? Segunda cuestión: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

I- Dispuso el sentenciante en el fallo atacado, que por el principio iura novit curia, siendo al órgano jurisdiccional a quien compete calificar la relación sustancial en litis, corresponde en la causa la aplicación de la ley 22. 248, atento fecha de extinción de la relación laboral.

Contra este punto de la sentencia se alza el accionante en su primer agravio. Expresa que el Sr. Juez se expide sobre una cuestión no planteada por las partes en el proceso, surgiendo tanto de los escritos de demanda como de contestación, y los despachos telegráficos remitidos entre las partes, que la relación se regía por la LCT, por cuanto el CCT 154/91 remite a tal normativa. Ambas partes refieren en sus respectivos escritos, a las normas de la LCT. Que el CCT 154/91 suscripto en 1991, y homologado por el Ministerio de Trabajo con posterioridad a la sanción de la ley 22.248, remite a las disposiciones de la LCT. Por lo que el A quo emitió sentencia al margen de las pretensiones de las partes, extra petita, violentando los principios del proceso sustentados en los inc. 4° del art. 33 y 6° del 166, que sustentan el principio de congruencia. Solicita por tanto la revocación del fallo en tal aspecto, y la aplicación al caso de la LCT.

Por su parte la contraria se opone al progreso del agravio, aportando razones en favor de la confirmación del decisorio, que me eximo de consignar, pero que igualmente se toman en cuenta al fallar.

Expuestos suscintamente los antecedentes del agravio, y analizada la cuestión debatida, adelanto opinión en sentido adverso al recurrente, en cuanto considero que el sentenciante ha actuado conforme a derecho, al encuadrar legalmente la situación fáctica expuesta en el proceso, haciendo aplicación del derecho, tal como se lo dispone el art. 20 del CPL.

En efecto, la citada disposición establece que "Corresponde al órgano jurisdiccional calificar la relación sustancial en litis y determinar las normas que lo rigen. Al aplicar el derecho puede prescindir o estar en contra de la opinión jurídica expresada por las partes."La claridad de la norma, prácticamente me exime de mayores comentarios en torno al tema, aclarando al recurrente, que el Juez no sólo tiene el poder, sino también la obligación de calificar la relación y determinar las normas que la rigen, con prescindencia de la que le hubieran acordado las partes, sin que ello implique violentar el principio de congruencia.

Es así, que uno de los deberes del sentenciante, es específicamente, el relacionado con la adecuada subsunción de las circunstancias verificadas en un proceso, a las normas jurídicas apropiadas para una recta solución del caso; cual puede calificarse como una de las tareas más importantes que debe realizar en el proceso de construcción de una sentencia. Tal como se dijo, el Juez debe efectuar el encuadre que considere correcto, con independencia del que hayan hecho las partes y aún en ausencia de él; tarea que se identifica habitualmente con la expresión latina iura curia novit. Es en virtud de dicho principio, que se encuentra autorizado a calificar autónomamente la acción o pretensión, a la luz de los hechos articulados por las partes como fundamentos de sus pretensiones o defensas.

Destacada Jurisprudencia ha sostenido en torno a la temática, que: "La máxima iura novit curia no puede ser entendida como una herramienta que habilite a los jueces a soslayar el relato de los hechos vertidos por cada una de las partes en sus respectivos escritos, ya que de lo contrario se pondría en grave riesgo el respeto a la congruencia, con la consecuente afectación al derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional, pues las partes no sabrían de qué defenderse. Las limitaciones que en orden a la aplicación del brocardo iura novit curia, impone el respeto al principio de congruencia, impide que bajo la presunta reformulación jurídica del caso se produzca una modificación de oficio de la base fáctica que conforma la causa de pedir, supliendo la carga que compete al justiciable de relatar los hechos o causa remota que han dado origen a la demanda impetrada". (TS Córdoba, Sala Civ. Com. 28/03/06, LLC, 2006 (agosto) 803).- Por lo que, surgiendo de la sentencia, que el A quo sólo ha procedido a calificar la situación fáctica expuesta en la causa, sin modificar el relato efectuado por las partes, de modo alguno puede advertirse la existencia de un fallo extra petita, como lo requiere la quejosa. Por el contrario, se ha limitado el juzgador a aplicar el derecho.

Sin perjuicio de lo dicho precedentemente, y en relación a la aplicación de la ley 22.248 al trabajador de viña, entiendo que resulta correcta, pudiendo citarse pronunciamientos de esta Sala en anterior integración, pero cuyos fundamentos comparto totalmente, en los cuales se ha sostenido igual criterio que el expuesto en el fallo apelado. Así en autos N° 7852 caratulados "Cuello, Domingo Manuel c/ Viñas de Alicante S.A. -ordinario-", se expresó, remitiendo incluso a otros antecedentes: "... II) Que con relación al tema a examinar propuesto en el recurso de apelación, este Tribunal en autos N° 7045: "Cortez Juan David c/ Ruiz de Caputo Rafaela Argentina. Apel. de Sentencia" 23-02-07, sostuvo entre otras cosas: Que el art. 4 de la Ley 22.248, dispone en su segundo párrafo: "El presente régimen sustituye de pleno derecho a todas las normas nacionales o provinciales cuyo contenido se relacionare con sus disposiciones". Que por su parte en el mensaje de elevación de la ley se expresa: "El art. 4° del proyecto consagra la autonomía del régimen legal propuesto al establecer que todos los contratos de trabajo agrario se habrán de regir por las normas de esta ley.... Teniendo en cuenta principios constitucionales que establece la potestad exclusiva de la Nación en materia de legislación de fondo y el criterio autónomo señalado, se declaran sustituídas por las normas del proyecto, aquellas disposiciones nacionales o provinciales cuyo contenido se relacione con regulaciones contempladas en el mismo". Que conforme resulta de las citas precedentes, ninguna duda cabe que al trabajador agrario y al actor en particular, le resultan de aplicación las normas de fondo contenidas en la ley 22.248, con exclusión de toda otra, incluso, la propia LCT. No sólo por lo expuesto, sino incluso por expresa disposición de esta última, art. 2°, inc. c). Que en nada empece -a mi criterio- la conclusión precedente, para el supuesto de autos, que el art. 144 del ordenamiento legal citado exprese que: "El régimen de convenciones colectivas de trabajo continuará aplicándose únicamente con relación a las actividades agrarias que se hubiere incluído en aquél con anterioridad a la vigencia de la presente ley". Que ello es así, en tanto lo que la ley ha querido, es que el régimen de las convenciones colectivas de trabajo, que en el proyecto es sustituido por el funcionamiento de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, siga funcionando; pero en modo alguno que el régimen de la LCT regule tales relaciones de trabajo rural. Que la expuesta, es la interpretación que corresponde dar al artículo en cuestión, tal como se desprende de la exposición de motivos de la ley 22.248, arts. 4° y 144°, cuando se expresa: "El sistema que recoge el proyecto, que también contempla una adecuada participación de los sectores interesados, reemplaza en el agro el instituído por la ley 14.250... Sin perjuicio de lo expresado, ha parecido conveniente mantener la aplicación del régimen de la ley 14.250 de convenios colectivos de trabajo, con relación a las pocas actividades agrarias a las que actualmente se aplican sus disposiciones". Que por otra parte, resulta conveniente resaltar que dentro de las cláusulas de un CC. no puede admitirse la validez de norma alguna, ni aún de una prevista en forma expresa, que excluya a la relación laboral de la legislación de fondo aplicable, so pena de admitir la posibilidad de que las partes del acuerdo se arroguen facultades privativas del Poder Legislativo Nacional". III) Conforme lo dicho, no cabe más que rechazar el primer agravio del apelante, ratificando el fallo en cuanto los trabajadores se encuentran comprendidos en la ley N° 22.248...." De acuerdo a todo lo expuesto, propicio el rechazo del agravio, y la consiguiente confirmación del decisorio en el aspecto tratado.

II- En segundo lugar, apela la sentencia el accionante, en cuanto no se ordena indemnizar conforme arts. 232, 233 y 245, sanción del art. 80 de la LCT y art. 2° de la ley 25.323, como corolario de la admisión del planteo anterior.

Atento lo resuelto en el primer punto, el segundo agravio debe seguir la misma suerte del mismo, correspondiendo por tanto, su desestimación.

III- Por el fallo recurrido se decidió asimismo, que las asignaciones no remunerativas no integran la base indemnizatoria, rechazando así, la inconstitucionalidad planteada por la parte actora respecto de las res. 868/2009, 678/09 de la Secretaría de Trabajo del MTE y DD y la Disposición 484 de la Dirección Nacional de Relaciones Laborales del MTEySS en la parte en que se homologa el carácter no remunerativo de los aumentos salariales. Expresa el A quo que en el caso de marras, al momento de la extinción, aún no se había vencido el plazo a partir del cual dichas sumas serían remunerativas. Que por ello, la pretensión del actor de quitar eficacia a lo pactado entre las partes signatarias del convenio, en el cual el trabajador está debidamente representado; la circunstancia que el mismo no participe personalmente no puede aparejar aquella consecuencia, en tanto se ha celebrado de acuerdo al mecanismo implementado por la ley 14.250. Que además, tal declaración importa desbaratar soluciones transitorias que resultan paliativas de la situación del trabajador previniéndose que al transcurrir los plazos allí estipulados, pierdan ese carácter y se convierten en remunerativas. Que además considera que la norma no vulnera la Carta Magna, referenciando sobre el carácter relativo de los derechos, en cuanto a su necesidad de reglamentación y limitación a fin de tornarlos funcionales. Considera que el medio empleado en el caso; esto es, el acuerdo celebrado en el marco de la ley 14.250 para paliar la situación económica, no resulta irrazonable.

Contra este aspecto de la sentencia, se alza también la parte actora. Expresa que las evaluaciones realizadas por el sentenciante, también lo fueron por la suprema Corte de Justicia de la Nación en situaciones similares, en las cuales expresa que nuestro país ha ratificado el Convenio N° 95 de la OIT, adoptando el criterio de salario que determina el mismo, el que se define como "la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar." Cita fallos y pronunciamientos emitidos por el Alto Tribunal en la materia; y en base a lo cual, entiende corresponde revocarse el pronunciamiento y modificarse como se solicita.

Entrando en el análisis de la temática sometida a estudio, considero previo a todo, realizar las siguientes consideraciones. Sabido es que ambos tipos de prestaciones, remunerativas y no remunerativas, se encuentran contemplados y regulados en la LCT. Es así, que no sólo define en su art. 103 a la remuneración:"como toda contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo", sino que a continuación en su art. 103 bis, contempla y define una serie de prestaciones no remunerativas, a las que denomina "beneficios sociales", incluyendo aquellas "prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Resulta de allí claro que este tipo de compensaciones no remunerativas, responden -a diferencia de las remunerativas- a causas diversas de la contraprestación laboral a cargo del trabajador, aún cuando todas ellas nacen de la existencia y vigencia del contrato de trabajo.

Determinado ello, cabe entonces analizar si las sumas pactadas como aumentos no remunerativos resultan inconstitucionales, tal como lo pretende la quejosa; respecto a lo cual, adelanto opinión en sentido favorable, tal como seguidamente lo expongo.

Como surge de autos, las partes signatarias de los acuerdos referenciados, convinieron un incremento sobre las remuneraciones, en carácter de asignación no remunerativa, previéndose que a partir del plazo fijado tendría carácter salarial remunerativo. Cabe destacar, que aún cuando se considere que tales prestaciones no remunerativas pactadas en el marco de los convenios, son obra de la autonomía de la voluntad colectiva, sometidos a controles estatales amplios y restringidos, como es el control técnico jurídico de legalidad, y el discrecional y político de oportunidad y conveniencia, lo que dota a tal instrumento de aplicación obligatoria y de observancia similar al de una ley para todos los comprendidos en el ámbito personal y territorial, tal homologación no tiene efectos saneatorios; aún partiendo de la presunción de legalidad del acto. Ello significa, que aún en tales circunstancias, corresponde al Órgano Judicial efectuar la pertinente valoración, recurriendo a la matriz que conforman la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de rango constitucional, como el Convenio 95 de la OIT, la propia Ley de Contrato de Trabajo, y demás normas de aplicación.- Es decir, tal como lo ha dicho la Corte de Justicia de la Nación, en torno a los decretos de necesidad y urgencia, que contemplaban similares asignaciones no remunerativas, ellos están subordinados al cumplimiento de extremos y condiciones previstos en el marco regulatorio, de modo tal, que de no cumplirse, son inválidos; sea por el no cumplimiento de las normas imperativas de procedencia y legalidad, como por resultar tales prestaciones contrarias a la Constitución y a los Tratados Internacionales; y perjudicar, por ende, al trabajador.Dispone asimismo el más alto Tribunal Federal, que tales prestaciones no remunerativas inválidas, son consideradas en forma automática, remunerativas e integrativas de la base de cálculo que requieren del salario para determinar su monto. ("González c/ Polimat"-CSJN).

Ahora bien, haciendo aplicación de lo expuesto a la situación en estudio, puede advertirse: 1)- Que en los acuerdos mencionados, se contempló una suma no remunerativa hasta una fecha determinada, sin exponerse ningún fin específico que permitiera interpretar que no lo era como una contraprestación del trabajo prestado por el trabajador. Por lo que no es dable atribuir a la misma el carácter de beneficio social que prevé el art. 103 bis de la LCT, ni por su esencia ni por su causa; como serían por ejemplo, aquellos que revisten el carácter de servicios, beneficios, subsidios o daciones mensurables en dinero, compensaciones; que no configuran propiamente una contraprestación.

2)- Que por ello, puede decirse entonces, que aún, cumpliendo dichos acuerdos con los extremos y condiciones previstos en el marco regulatorio, no cumplen con las normas imperativas de procedencia y legalidad, por resultar contrarios a la Constitución Nacional, Convenios de la OIT (95) y la Ley de Contrato de Trabajo; perjudicando al trabajador, al no computar sumas que percibe en contraprestación por sus servicios, como salario a todos los fines dispuestos por la ley. La Jurisprudencia también se ha orientado en tal sentido, decidiendo que: "La calificación como "no remunerativas" formuladas por las partes colectivas, no confiere ese carácter a prestaciones que no encuadran dentro del concepto de excepción contenido en las normas de los arts. 103 bis y 106 de la ley de contrato de trabajo". (CNac. Trab., Sala VI, 22/11/2000, -Coronado M. y otros c. S.A.G.P.yA.- DT , 2001-A-989-La ley online).- "Si bien la resolución 632/2007 del Ministerio de Trabajo que homologó el incremento acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, y por la Cámara Argentina de Comercio en el marco del CCT 130/75, señaló que el mismo no posee carácter remuneratorio, por aplicación del art. 1° del Convenio 95 de la OIT y del art. 103 LCT, corresponde reconocer naturaleza remuneratoria a dicho aumento en tanto, constituye una ganancia que está ligada estrechamente a la prestación de servicios". (CNac.Trab., Sala X, 26/6/2009 -"Giménez c/ Blockbuster Argentina S.A".- DT, 2009, sept. 1051 - La ley on line).

3)- Que por otro lado, debe destacarse, que el hecho de que en los mismos acuerdos se haya previsto que a partir de una fecha determinada, tales sumas pasarán a integrar el salario, implica también, un reconocimiento de su naturaleza remuneratoria.- 4)- Que en virtud de ello, y las normas imperativas en la materia, Constitución Nacional, Convenio 95 de la OIT y Ley de Contrato de Trabajo, específicamente art. 103 que define la remuneración, 103 bis, y arts. 7 y 9, considero que debe hacerse lugar al reclamo formulado por el actor, con respecto a la inclusión de las sumas abonadas en tales conceptos, en la base de cálculo de las indemnizaciones derivadas del despido. Con lo que propicio el acogimiento del agravio, y la consiguiente modificación del fallo apelado en este aspecto.

III- Por la sentencia recurrida se resolvió asimismo, rechazar los rubros diferencias salariales y diferencias de SAC, por falta de liquidación con detalle mes por mes, de lo percibido y lo que se debió percibir, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 67 del CPL y lo resuelto por la Corte de Justicia en la causa "González c/ Martí" (PRE 1979, t.1, f.113/115.

Contra este rechazo se alza la parte actora en su recurso. Expresa que el fallo citado no resulta aplicable a la causa al no configurarse igual situación, en cuanto en aquél la parte actora no había practicado liquidación, y había reclamado un monto global sin imputar a rubros por los que reclamaba, lo que imposibilitó el derecho de defensa de la demandada. Que es distinto al caso de autos, en que se reclamó un monto global pero se practicó liquidación donde se enunciaron los rubros que se reclamaban, se imputaron montos estimativos a cada uno y se dejó sujeta a determinación por el perito, a cuya prueba no se opuso el demandado, y se realizó a fs. 112/115, aclarando que no fue objetada por la contraria, habiéndose determinado en ella las diferencias salariales y de SAC. Considera por tanto que no se ha vulnerado el derecho de defensa de la demandada. Aclara que las diferencias serían aún mayores, al incluir las sumas no remunerativas reclamadas.

Expuesto lo precedente, y evaluadas las constancias de la causa, específicamente luego de la lectura del escrito de demanda, adelanto opinión en sentido desfavorable al recurrente, compartiendo el criterio adoptado por el sentenciante en un todo de acuerdo con el precedente que cita, que considero sí resulta de aplicación al caso de autos.

En efecto, en el escrito de demanda, se limita el accionante a mencionar que En virtud de que la empleadora no le abonaba a la actora el sueldo correspondiente a la categoría que revestía, ni los diversos aumentos fijados por las partes del CCT 154/91, como no abonaba los adicionales de convenio en su totalidad por no contemplarlos sobre los aumentos "no remunerativos" (antigüedad y asistencia), se reclama su pago por el plazo no prescripto, denunciando que la actora perciba sumas mensuales inferiores a las que debía percibir." Las que estima al practicar liquidación a fs. 11 y vta. en el monto global de $ 22.545,38 y $ 3.930,23 respectivamente para cada rubro, aclarando que lo es sin perjuicio de la oportuna determinación por el perito contador.

De lo expuesto surge claramente que el demandante ha incumplido con la disposición del art. 67 del CPL en tanto le impone "la designación de lo que se demanda, discriminando sus rubros y formulando la liquidación en forma clara, expresa y precisa", tal como lo sostiene el sentenciante. Se debieron consignar las sumas percibidas mes por mes por el actor; lo que se debió percibir según lo pretendía por cada concepto que denuncia no abonado, y las diferencias resultantes; operaciones que al no ser formuladas, efectivamente impidió a la contraria a ejercer debidamente su derecho de defensa. Se aclara que resulta intrascendente que el perito contador posteriormente hubiera cuantificado los rubros practicando liquidación, y que de ésta se hubiera notificado la contraria, por ser extemporáneo, en tanto los hechos integrativos de la litis quedan conformados en la etapa oportuna; esto es, en la demanda y su contestación.

Propicio por tanto, la desestimación del agravio.

IV- Apela por último la imposición de costas en un porcentaje a su parte, por considerar que la acción ha prosperado en la mayoría de los rubros, y el rechazo de algunos tiene que ver con la aplicación extra petita que dispuso el Juez de la ley 22.248.

Atento lo resuelto en los puntos precedentes, el resultado del juicio y lo dispuesto por el art. 264 del CPC, propicio que este agravio se admita parcialmente, considerando razonable, que las costas de impongan en el 65% a la demandada y en el 35% restante al actor. Todo conforme arts. 125 del CPL y 70 del CPC. de aplicación supletoria.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

En cuanto a las costas de esta instancia, propicio se impongan en el 50% a cada parte, atento el resultado de la apelación y lo dispuesto por la normativa precedentemente mencionada.

Atento el estado del proceso, y lo dispuesto por el art. 800, inc. 10 del CPC, arts. 185, 196 y 222 de la ley 2150, y tomando en consideración el contenido económico de la apelación, se regulan honorarios profesionales de alzada a los Dres. Hugo Roberto Pérez y Emiliano Turcumán, en el 3,40% a cada uno, del monto del juicio.

LOS DRES. MIGUEL ERNESTO NOVOA Y JULIO ROLANDO COLL DIJERON:

Que por los fundamentos expuestos, se adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I)- Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte actora, conforme fundamentos expuestos precedentemente.

II)- Imponer las costas y regular honorarios de alzada, en la forma expuesta al tratar la segunda cuestión.

III) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.