Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-30


AUTOS N° 19.856 (76.835 5° CIVIL) caratulados "LÓPEZ, Ricardo C/ Atencia, Oscar y Simón, Laura Cumplimiento de Contrato Sumario" L. DE S. T° 103, F° 83/89 En la ciudad de San Juan, a 30 días del mes de marzo del año dos mil nueve, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. PASCUAL E. ALFERILLO, y los señores Vocales DRES. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS y GILBERTO A. RIVEROS, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en AUTOS N° 19.856 (76.835 5° CIVIL) caratulados "LÓPEZ, Ricardo C/ Atencia, Oscar y Simón, Laura Cumplimiento de Contrato Sumario", dictada en fecha veintinueve del mes de agosto del año dos mil ocho, obrante a fs. 202-210, de estos autos originarios del Quinto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. El juez de grado ha sentenciado que procede parcialmente la demanda por incumplimiento de contrato de locación de obra promovida por el Sr. Ricardo López contra los demandados Sres. Oscar Atencia y Laura Simón, a quienes condena a pagar en forma conjunta o indistinta el saldo adeudado que asciende a la suma de Pesos ocho mil ochocientos treinta y seis con 18/100, calculados a marzo de 2003, con más los intereses legales (ley 4119) hasta el momento del efectivo pago. Los resultandos de la sentencia impugnada, de esmerada redacción y detalle, muestran una minuciosa relación de la causa, con perfecta delimitación del tema de controversia. No obstante diré que el conflicto surge por desinteligencias entre locador y locatarios en torno a un contrato de locación de obra celebrado en forma verbal, vínculo contractual que reconocen los litigantes, aunque los arquitectos demandados sostienen haber pagado íntegro el precio de la obra encomendada al Sr. Ricardo López, técnico en hormigón armado, que construyó la vivienda propia de ambos ubicada en calle Gorriti y Nahuel Huapi, Villa del Parque, Departamento de Santa Lucía.

2. La demandada interpone recurso de apelación. En su expresión de agravios manifiesta su disconformidad con la apreciación de la prueba y escalda la pericia caligráfica por la vaguedad e imprecisión de sus conclusiones. La invectiva sobre la apreciación de la prueba documental tiene por objeto hacer valer como prueba eficiente los 49 recibos que estarían acreditando la cancelación total de la deuda. El actor los reconoció a todos, excepto al último. Con ello pretende demostrar la efectiva entrega de $ 10.881,00, importe que sumado a los $ 4.500,00 del valor estipulado por la casilla prefabricada que aceptó el actor como forma de pago, alcanza el monto de Pesos quince mil trescientos ochenta y uno ($ 15.381,00).

Alega que posteriormente el juez analiza los denominados trabajos adicionales para terminar con una estimación arbitraria de $ 7.002,00 sin respaldo probatorio alguno. El demandado reconoce solo algunos adicionales, no obstante menciona que a fojas 23/26 figura documentación donde están detallados los trabajos no ejecutados por López con su respectivo presupuesto. "Se expresó también, que de común acuerdo por esos adicionales se le dio otros trabajos, como Amposan, cuyo presupuesto obra a fs. 60, con lo que quedaría cancelado el presupuesto definitivo reconocido por el a quo $ 17.215,38, pero haciendo una propia deducción de posibles trabajos adicionales, sin ninguna fundamentación real, de costos, presupuestos, tiempo de trabajo, etc., simplemente por los dichos del actor, quien no expresó cuáles fueron esos adicionales... Es verdad que todo trabajo que se realice tiene su precio, pero carece de todo fundamento poner un valor ficticio, y deducir, que lo adeudado es ese monto, por lo cual desde ya debe ser rechazado".

Advierte el apelante que el actor reclamó el pago de la suma de $ 19.578,00 en su demanda, pero el presupuesto definitivo quedó fijado en la de $ 17.215,38 y así lo ha considerado el juez de grado.

En un segundo agravio se queja porque el juez a quo rechaza la excepción de pago total. Que amerita el recibo N° 49 como perteneciente a la obra de AMPOSAN, escuchando simplemente lo afirmado por el actor, sin tener en cuenta que los recibos obrantes a fojas 88 y 89, sí corresponden a tal obra, pero el N° 49 pertenece a la obra de la casa particular de los demandados.

Enseguida extiende la crítica a la pericia caligráfica que ha servido al juez para lograr convicción sobre los hechos controvertidos. La ataca por las erradas conclusiones del perito que incurre -afirma en notorias imprecisiones y olvida aplicar principios técnicos para dictaminar la inautenticidad del recibo N° 49 que es la prueba específica de la cancelación total del saldo adeudado.

La parte actora contestó agravios a fojas 224 y siguiendo el razonamiento del juez sostuvo que el recibo N° 49 no podía considerarse como prueba de la cancelación del crédito. Con relación al segundo agravio, manifiesta que ha quedado demostrado que el documento fue llenado en distintos tiempos y está visto que solo se puede imputar a la obra de Amposan.

3. Ya anuncié que la demandada concentra la crítica en dos facetas: La ponderación de la prueba documental y el informe de la pericia caligráfica. En cambio no hay cuestionamiento alguno acerca de que los propietarios de la obra debían ir abonando el precio periódicamente a medida que la misma avanzaba en su ejecución, conforme al presupuesto acordado. Determinado por el juez el monto inicial del proyecto de construcción en la suma de $ 17.215,38, debió luego evaluar la fuerza probatoria de los cuarenta y nueve recibos acompañados por la demandada, que contaron con el reconocimiento expreso del actor al momento de absolver posiciones, pero imputando el último recibo a otro contrato de locación de obra (AMPOSAN).

El monto del presupuesto inicial y definitivo evaluado por el juez ($ 17.215,38) coincide con lo expresado en la contestación de demanda, ya que la superficie a construir, después de algunos ajustes, quedó limitada a los 220,71 m2 con un costo acordado en $ 78,00 por metro cuadrado de construcción. Este es un hecho confirmado y consentido por el actor que no apeló la sentencia, no obstante que al contestar el traslado de la excepción planteada lo negó enfáticamente diciendo que los demandados pretendían retacear los valores reales del presupuesto original de $ 19.578,00 tal como fuera demandado, porque la superficie construida fue de 251m2 (ver fs. 61).

4. En la confesional (fs. 110) el actor reconoce como suya la firma y el contenido de los recibos con fecha precisa extendidos en forma continua y numeración del N° 1 al N° 48 que corresponden al pago de "mano de obra vivienda Atencia-Simón". Respecto al recibo N° 49 dijo que también era suya la firma "pero el importe es de una obra de la fábrica Amposan, es liquidación de esa obra". La discrepancia mereció la prueba pericial caligráfica rendida por el perito Sr. Roberto D. Díaz Vázquez, sobre el referido recibo N° 49 -glosada a fs. 162/178 en la cual se apoya el juez para juzgar que dicho documento no tiene efecto cancelatorio "toda vez que no existe certeza que el mismo haya sido debidamente confeccionado y firmado por el actor aceptando tales términos, teniendo en cuenta que la pericia concluye en la existencia de tiempos diferentes de estampación entre otras palabras la de 'cancelación' y la 'fecha' como asimismo lo analizado por el perito en relación al monto que a fin de no redundar me remito a lo vertido en el dictamen a fs. 171/174". 5. La pericia caligráfica, criticada por el apelante con vehemencia, me parece importante y lejos de llegar a conclusiones débiles. El juez a quo acierta cuando considera sólidamente fundado el minucioso examen del experto. El análisis integral de la prueba me induce a observar ciertas incoherencias en los planteos de la parte demandada que a toda costa pretende anteponer el recibo N° 49 como el documento clave que daría el broche justo a la cancelación de la locación de obra encomendada al Sr. Ricardo López en la construcción de la vivienda de los demandados.

5.1. Uno de los ejes de los fundamentos del fallo cobra primordial significación. Es cuando el juez advierte de las conclusiones del dictamen "la existencia de tiempos diferentes de estampación entre otras palabras la de 'cancelación' y la 'fecha' como asimismo lo analizado por el perito en relación al monto". Lo apuntado cobra relevancia aguzando la lectura de la pericia. Si bien al momento de serle exhibida la documentación al absolvente, éste no hizo ninguna referencia ni a los tiempos de estampación de la firma ni a la fecha del recibo, como tampoco al monto consignado en él, es de suponer que solo le interesaba vincular su contexto al pago de otra obra; es decir, a un contrato distinto. El demandado mal hace en negarlo si antes había puesto de relieve que el presupuesto de fojas 60 fue dado para la Obra Amposan. No ha de tenerse por casual que el importe indicado como saldo impago en dicho documento -referido a la Obra Amposan S.A.

coincida con el que figura en el recibo N° 49. Nótese el prolijo y puntual detalle sobre las fechas y los importes de dinero que fueron entregándose en forma de pagos parciales. Allí surge claramente qué saldo corresponde al presupuesto ($ 1.577,00) y cuál a los adicionales ($ 647,00) en la Obra Amposan S.A. El total arroja la cifra de $ 2.224,00.

5.2. Con la prueba documental a la vista sigo las secuencias del dictamen pericial y observo algo incontrastable: Las diferencias escriturales y la alta probabilidad de que la estampación de los caracteres en el documento haya sido en tiempos diferentes -cuestión muy bien analizada por el perito calígrafo proporciona certeza suficiente para juzgar que el recibo N° 49 sufrió una segunda intervención por el grafismo de la misma mano que lo confeccionó originariamente. 5.3. No tiene incidencia alguna ni hace mella en los resultados de la pericia el hecho de que el Sr. Ricardo López haya firmado los cuatro recibos correspondientes a la Obra AMPOSAN en un formulario confeccionado con un procesador de textos y no utilizando signos manuscritos como lo está el recibo N° 49. 5.4. Tampoco patentiza el dictamen pericial una conclusión incierta o dubitativa, pues volcando atención a su contenido y desarrollo, acompañado de métodos enunciados y descritos por el perito, nos deja en la certeza que hubo más de una inserción tanto en la fecha como en la última frase que alude a la: "Cancelación Mano de Obra y Trabajos Adicionales Vivienda Atencio-Simón".

5.5. La fuerza probatoria del dictamen pericial, es de apreciación exclusiva del juez, sin perjuicio del derecho de las partes a pedir las explicaciones pertinentes o cuestionar sus conclusiones; pero su eficacia y validez como medio de prueba no depende de las impugnaciones que pudieran ellas hacer, ya que como está dicho, es facultad judicial ponderar los rasgos científicos de sus elementos y el razonamiento expuesto en la pericia, incluso para apartarse de él cuando la convicción fuera otra, dando razones suficientes para guardar cualquier atisbo de arbitrariedad. Pero si, como es el caso de autos, la conformación del dictamen se apoya en sólidos fundamentos científicos, no es dable al juez apartarse de su conclusión por mera disconformidad de opiniones.

6. Respecto a los adicionales, comparto el criterio del juez a quo cuando reputa: "Lo expresado por la accionada en cuanto que tales adicionales se pactaron a cambio como pagadas a cambio de nuevas obras, frente a la negativa del actor, y al no existir prueba concreta sobre tal punto, no puede ser tomada tal afirmación como válida, toda vez que sin perjuicio de lo que las partes puedan pactar, la lógica y experiencia del hombre común indica que todo trabajo que se realice tiene una contraprestación económica específica, al no contar con constancia de tal aceptación se tiene por no formalizada la convención aludida y se toman como no pagados, es decir que a la fecha de promoción de la acción se adeudaban al actor las sumas reclamadas en concepto de adicionales". Yerra el apelante al acusar que el juez acepta lisa y llanamente, sin ninguna prueba, el importe reclamado de $ 7.002,00 por este rubro. Todo se traduce en la carga de la prueba. La demandada sostuvo que si bien los adicionales existieron, fue pactado su cancelación a cambio de nuevas obras. Dice bien el juez, tal circunstancia debió haber estado plenamente probada. Adviértase que el presupuesto por trabajos adicionales cuya copia está glosada a fojas 03, no ha sido en realidad negado por la demandada. En el contrato de locación de obra los presupuestos forman parte del convenio. Pero, si como afirma el demandado, dicho presupuesto no le fue presentado antes de la demanda, eso no implica liberación de pagar los trabajos que el obrero realizó con su pleno conocimiento y dirección. Recuérdese que la locación se acaba por la conclusión de la obra, o por resolución del contrato (art. 1637, C.C.), en tanto la norma del art. 1638 le da esta opción al propietario: "El dueño de la obra, puede desistir de la ejecución de ella por su sola voluntad, aunque se haya empezado, indemnizando al locador todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener por el contrato..." Es lógico, si no estaba de acuerdo con que se hicieran, no debió encargarlos. No excusa el hecho -cierto o incierto de no haber sabido del presupuesto, era en su propio interés requerirlo antes de iniciar las obras complementarias. Tampoco vale aducir, sin prueba confirmatoria del hecho, que hubo un pacto para compensar el pago de los adicionales con la procuración de más trabajo en otras obras a cambio de aquéllos.

Estaríamos infringiendo el principio de la carga de la prueba (art. 361, CPC) si al demandado lo libráramos de esta probanza que, en realidad, modifica la relación contractual. La alegación depende solo de su aserto, de modo que sin prueba la defensa queda inerme. Dedúzcase de ahí que si en realidad los trabajos adicionales se concretaron, solo al demandado interesaba demostrar la referida compensación del saldo de precio a cambio se asegurarle trabajo en nuevas obras. De todas maneras, la propuesta es difícil de entender en abstracto, en particular debido a la costumbre de recibir el pago quincenal los obreros de la construcción. Prescribe el art. 361: "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las parte deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de la pretensión, defensa o excepción".

7. Mi convicción, entonces, acepta que el recibo N° 49 no tiene el efecto jurídico de cancelación que le atribuye el demandado. Por ende, la demanda deberá prosperar según la condena dispuesta por el juez de primera instancia. En consecuencia, propicio:

I) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia apelada.

II) Imponer las costas de alzada a la parte demandada vencida (conf. art. 74, CPC).

Así voto.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia apelada. II)Imponer las costas de alzada a la parte demandada vencida (conf. art. 74, CPC).

Los DRES. PASCUAL E. ALFERILLO Y GILBERTO A. RIVEROS, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia apelada.

II) Imponer las costas de alzada a la parte demandada vencida (conf. art. 74, CPC).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.