Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-02


SENT Nº 228 San Miguel de Tucumán 02 de Mayo 2013.- Y VISTO: El recurso de revocatoria deducido por la Provincia de Tucumán en los autos caratulados: "Romero Lascano Eduardo Antonio vs. Provincia de Tucumán s/ Acción declarativa de Inconstitucionalidad";

C O N S I D E R A N D O:

I.- Vienen los autos a conocimiento y resolución del Tribunal con motivo del recurso de revocatoria deducido por la Provincia de Tucumán fs. 05/16 del presente incidente, en contra de la Resolución N° 124/2013 (cuya copia rola a fs. 01/04), mediante la cual se acogió favorablemente el pedido cautelar de los Dres. Eduardo Antonio Romero Lascano y Alberto César Piedrabuena.

Manifiesta que la medida cautelar otorgada por el Tribunal fue dispuesta a partir de una notoria carencia de fundamentos que redundan en su arbitrariedad y gravedad institucional y considera que no se encuentran configurados ni la verosimilitud de derecho ni el peligro en la demora.

Indica que el Tribunal ha omitido abiertamente toda consideración a la existencia de la verosimilitud de derecho, como requisito inescindible de procedencia de una medida cautelar, con mayor razón estando a que la presente ha sido dispuesta respecto de actividades públicas legítimas que gozan de presunción de legitimidad, como las atribuidas a la Comisión de Juicio Político y al Jurado de Enjuiciamiento. Agrega que los dos requisitos mencionados deben ser interpretados de manera inescindible, más aún en materia de medidas cautelares en contra del Estado. Aduce que la condición fundamental del peligro en la demora no autoriza a prescindir ni soslayar la relevancia de la verosimilitud de derecho.

Señala que el único fundamento normativo propuesto por el Tribunal radica en el artículo 6 de la Ley 8.199, razonamiento que a su entender parte de su lectura parcial, incompleta y arbitraria. Expone que dicha norma no permite inferir que el trámite de acusación y de enjuiciamiento resulte indivisible para todos los funcionarios denunciados, pues a su entender la característica personal e individual de la acusación resulta indudable. Refiere que si el trámite puede continuar en supuestos de rebeldía de un acusado, de igual modo debe continuar cuando pesa una orden judicial de suspensión solo respecto de uno de los Magistrados denunciados.

Sostiene que el desdoblamiento de la acusación no genera gravamen constitucional alguno, menos aún respecto de los magistrados judiciales demandantes en las presentes actuaciones. Añade que la pretendida prudencia de acoger el pedido de suspensión del trámite de enjuiciamiento político solo deriva de la voluntad de los Magistrados integrantes de éste Tribunal y no del ordenamiento jurídico aplicable al caso.

Alude que la conexión propuesta entre el presente proceso judicial y el iniciado por el Dr. Herrera Molina para determinar la duración de la medida cautelar en debate también supone una decisión judicial con notoria carencia de fundamentos, lo que se refuerza a su entender en la medida en que las posiciones asumidas por los actores en uno y otro juicio resultan incompatibles.

Solicita la fijación de un plazo razonable de mantenimiento de la medida precautoria atento al interés público comprometido y efectúa reserva de caso federal.

Corrido que fuese el traslado del recurso (cfr. providencia de fs. 19 y cédula de fs. 20), fue contestado por el Dr. Piedrabuena a fs. 38/40 y por el Dr. Romero Lascano a fs. 44/51, en ambos casos solicitando su rechazo por las razones que exponen en tales presentaciones y a las cuales no remitimos brevitatis causa. II.- El artículo 223 del CPCyC prevé el recurso de revocatoria en contra de la resolución que admita una medida cautelar, por lo que siendo admisible el remedio procesal intentado por la Provincia, cabe analizar su procedencia.

A poco de analizar el contenido y extensión de los agravios aludidos por la Provincia de Tucumán, se advierte la improcedencia del recurso planteado.

En primer término, y pese al esfuerzo desplegado por la recurrente, sus argumentaciones no alcanzan a desvirtuar el principal razonamiento en el que se apoya la Sentencia N° 124/2013, cual es la posibilidad de que una eventual sentencia de fondo favorable a los actores pueda tornarse ilusoria de avanzar en contra de éstos el proceso de enjuiciamiento político.

Es que claramente se expone en aquel acto jurisdiccional (luego de puntualizar cuál es el fundamento y justificativo cardinal de las medidas cautelares), que es esa situación de peligro, es decir la incidencia negativa del transcurso del tiempo y del devenir de los acontecimientos frente a la perspectiva del cumplimiento de una hipotética sentencia favorable, lo que de modo principal ha inclinado al Tribunal a conceder la medida precautoria requerida.

Tal argumento -cabe reiterar, neurálgico en la fundamentación de la sentencia-, no logra ser rebatido o al menos puesto en duda por la recurrente a lo largo de su extensa lista de agravios, faena que se presentaba como inexorable a los fines del progreso de su pretensión impugnatoria. En otras palabras, siendo éste el punto central de la sentencia atacada los argumentos del recurso debían encaminarse de manera primerísima y vital a rebatirlo, lo que no está siquiera cerca de lograr.

No está de más recordar nuevamente que el requisito del peligro en la demora previsto para la procedencia de las medidas cautelares se encuentra intrínsecamente relacionado con la irreparabilidad del perjuicio y que aquel recaudo es justamente el que señala el interés jurídico del peticionario y constituye la razón de ser de estas medidas (cfr. Arazi, Roland-Director, Medidas cautelares, Ed. Astrea, 1997, pág. 8). Así, la garantía cautelar aparece como puesta al servicio de la ulterior actividad jurisdiccional que deberá restablecer de un modo definitivo la observancia del derecho; la misma está destinada, más que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra (cfr. Alfredo Di Iorio Teoría General de las Medidas Cautelares, L.L. 1978-B-826).

En definitiva, la "justicia provisional inmediata" que se ventila en el plano de las medida cautelares, aparece impuesta como una exigencia ineludible de la tutela judicial en un momento en que la justicia definitiva no puede ser sino decidida tras el transcurso del correspondiente lapso. Esta observación elemental lleva a una conclusión también muy simple, aunque sumamente trascendente: que la demora ordinaria de los procesos equivale ya por sí sola a una frustración de la sentencia final, lo cual obliga a aplicar sistemáticamente a estos casos la tutela cautelar, generalizándola virtualmente sobre el solo criterio de la apariencia de buen derecho. Ello es una conclusión no solo lógica, sino extendida cada vez más en nuestro entorno cultural (cfr. García de Enterría, Eduardo, La Batalla por las medidas cautelares, Derecho Comunitario Europeo y proceso contencioso-administrativo español, 2da. Edición, Civitas, Madrid, 1995, pág. 196/197 y 213).

Al margen de lo mencionado (ya de por sí definitorio de la suerte del recurso que se examina), en torno a lo sostenido por la Provincia en relación a la verosimilitud del derecho de los actores y la presunta ausencia de valoración del Tribunal acerca de su existencia, debe recordarse que los dos recados que el artículo 218 del CPCyC enumera como necesarios para la protección cautelar, se presentan como interdependientes en un juego de contrapesos en el cuál, el vigor con el que uno de ellos aparezca en la especie, complementa y apuntala al restante. En tal inteligencia acertadamente se ha sostenido que los requisitos que deben converger para la procedencia genérica de las medidas precautorias, "se hallan relacionados de modo tal que a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atenuar" (CFed. San Martín, 30/05/88, LL, f. 86.696).

Sin perjuicio de lo dicho, debe destacarse que lejos está la resolución cuestionada de omitir el tratamiento acerca de la existencia o configuración del requisito de la verosimilitud de derecho. Ello pues, si bien no se hace mención expresa a tal extremo, la alusión a la dispositiva del artículo 6° de la Ley 8.199 y la unicidad de la denuncia formulada por ante la Comisión Permanente de Juicio Político de la Honorable Legislatura de la Provincia en contra de los tres Magistrados de la Sala II de la Cámara en lo Penal (lo cual manifiestamente enuncia la denunciante) y también la identidad de los hechos que allí se imputan a éstos (refiere expresamente que el texto de la denuncia es idéntico para los tres), evidencian la configuración del fumus bonis iuris.

Tal circunstancia no se ve menguada por el hecho de que el proceso seguido por el Dr. Herrera Molina por ante la Sala II° de la Cámara en lo Contencioso Administrativo no trasluzca un contenido similar con el presente litigio, ya que es la coyuntura conformada por aquella univocidad, lo que justifica y torna prudente la solución precautoria a la que arribara el Tribunal.

Tampoco puede pretenderse, como desliza la recurrente, que en el estadio procesal por el que transcurre la litis, se efectúe una valoración acerca de la legitimidad constitucional de la actividad encargada a la Comisión de Juicio Político y al Jury de Enjuiciamiento. Por un lado, porque tal extremo no hace al objeto de la controversia que nos ocupa, ya que en autos la discusión gira en torno no a la legitimidad de la actividad de dichos cuerpos, sino a la pretendida inconstitucionalidad de la integración del Jurado de Enjuiciamiento.

Dicha indagación se presenta ciertamente como ajena al ámbito de análisis que acuerda el marco cautelar, pesquisa que será solo asequible al momento de resolver en definitiva, con el consecuente desarrollo de las etapas de debate y pruebas propias del presente proceso. Más ello no impide acoger una medida precautoria si, como se explicitara, las razones de urgencia la tornan claramente viable. En lo que atañe a la invocada circunstancia de que el Tribunal no ha sopesado en la especie el interés público comprometido frente a la precautoria otorgada, es de recordar que no cualquier interés invocado por la Administración Pública aparece como suficiente para concluir que la medida cautelar compromete, por sí misma y apriorísticamente, el cumplimiento de fines generales impostergables. Por el contrario se presenta como una carga de la recurrente señalar de forma concreta en qué consiste el fin general prevaleciente que obsta a la procedencia de la tutela, máxime en el particular en donde, como ya se adelantara, el perjuicio que podría ocasionar la continuidad del proceso de enjuiciamiento seguido en contra de los actores reviste mayor gravedad y trascendencia que el que podría producirse al Estado por la suspensión cautelar.

Nótese que luego del dictado de la sentencia de fondo, eventualmente y de darse una hipotética solución favorable a la postura asumida en autos por el Estado provincial, éste podrá continuar con el ejercicio de su función de contralor respecto de los Magistrados de que se trata y arribar a las conclusiones que estime pertinentes. Contrariamente, en el caso de éstos se presenta patente la irreparabilidad del perjuicio que podría generar la continuidad del trámite de juicio político si la sentencia de fondo llegase a ser favorable a sus intereses. En último término, y en lo atinente al pedido que formula la Provincia de Tucumán a los fines de que el Tribunal establezca un límite temporal de vigencia de la medida cautelar en cuestión, cabe exponer que tal solicitud no se condice con la actitud procesal asumida por la recurrente, quien luego de interponer el presente recurso y aún antes de que culmine el trámite de sustanciación, ha deducido recurso extraordinario federal (fs. 22/36), en contra de la Sentencia N° 124/2013.

Por ello, este Tribunal, R E S U E L V E:

NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria interpuesto por la Provincia de Tucumán a fs. 05/16 en contra de la Sentencia N° 124/2013, en mérito a lo considerado.

HÁGASE SABER.- SALVADOR NORBERTO RUIZ	EBE LÓPEZ PIOSSEK SERGIO GANDUR	MARCELA FABIANA RUIZ ANTE MÍ: CLAUDIA MARIA FORTÉ.