Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73824 . SALA V. AUTOS: "MORELLI OMAR ALBERTO Y OTROS C/ P.A.M.I. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" JUZGADO Nº 30 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 14 días del mes de febrero de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT dijo:

Vista la presentación efectuada por las partes tendiente a la homologación del acuerdo conciliatorio formulado por las partes y ratificada dicha presentación por los actores, corresponde analizar los contenidos del acuerdo para analizar si corresponde emitir la declaración de voluntad relativa a una justa composición de los derechos e intereses de las partes exigida por el artículo 15 RCT.

Una de las consecuencias de la admisión del derecho a la propiedad privada, admitido por el régimen constitucional argentino, es la capacidad de las partes de disponer de sus derechos. Es lo que la doctrina alemana ha considerado como el elemento fundamental de principio dispositivo, separando de este núcleo duro vinculado directamente al derecho de propiedad del principio de aportación de parte respecto de la introducción y prueba de los hechos a los que el juez ha estado llamado a decidir.

En este orden de ideas, toda limitación del derecho de disposición de personas capaces debe contemplarse restrictivamente y adecuando la decisión a las pautas legales que impiden la realización del acto por efecto del principio constitucional por el cual nadie esté obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de hacer lo que ella no prohíbe. Jorge Peyrano distingue estos supuestos como "principio dispositivo material" o como "principio dispositivo procesal" con diferente protección constitucional. Mientras el primero se vincula a la libre disponibilidad de la parte respecto de sus bienes, el segundo se refiere a la capacidad de indicar los hechos o plataforma fáctica relevante y proponer la prueba relativa a ellas. En otras palabras, mientras en el primero está en juego directamente el derecho de propiedad reconocido por el artículo 17 de la Constitución Nacional, en el otro la regla que lo vertebra está fundada en un juicio técnico de conveniencia destinado a dotar la iniciativa de la alegación y prueba de los hechos al propio interesado como, a su vez, una función profiláctica para asegurar la independencia de quien es llamado a juzgar y el principio procesal, de raiz en los tratados de DDHH, de igualdad de armas.

De este modo, mientras el principio dispositivo procesal puede ser objeto de una mayor flexibilidad a nombre del principio de autoridad para evitar que el proceso se convierta en un simple juego de habilidades y destrezas con mengua de la función de afianzar la justicia, las reglas relativas al principio dispositivo material se encuentran imbricadas directamente con garantías constitucionales relativas al derecho de propiedad en su sentido más íntimo.

En la medida de que se trate de un derecho patrimonial asignado por la Constitución a un sujeto de derecho (de allí que algunas de estas conclusiones no sean aplicables a derechos o intereses difusos o colectivos), son estos sujetos quienes tienen la disponibilidad de esos bienes. El acceso a la justicia es una facultad de la persona y, al mismo tiempo, una garantía brindada por el Estado. El juez no es el dueño de los derechos del justiciable sino el encargado de brindar la tutela estatal a estos derechos en la medida que se inicie la acción destinada a ella. El principio ne procedat judex ex officio es consecuencia directa de esta disponibilidad de los derechos patrimoniales por el sujeto.

Este principio dispositivo material se manifiesta fundamentalmente en los siguientes aspectos.

1. El juez sólo puede actuar a petición de parte que solicita la tutela de un derecho (nemo judex sine actore).

2. Corresponde exclusivamente a los litigantes la determinación del objeto del proceso, manifiesto en la causa petendi y en el petitum. Los contornos del derecho particular en juego son el efecto de lo que los sujetos entienden como litigioso pues la disponibilidad sobre el bien objeto de la acción corresponde al ejercicio del derecho de propiedad.

3. Correlativo con ello, en la medida que el objeto es titularidad de los litigantes y no del tribunal, surge el principio de congruencia en su contenido más básico que impide al juez alterar el contorno del objeto litigioso fijado por las partes. De otro modo, el dueño del objeto litigioso no serían las partes sino el juez.

4. Finalmente, y como consecuencia de ello, son las partes que iniciaron el proceso quienes tienen la facultad de poner fin al proceso por desistimiento de la acción o del derecho, allanamiento o conciliación. No es el juez quien puede disponer del bien sino las partes. El juez es el llamado a decidir sobre un derecho que es necesariamente de otro.

Como señalara Joan Picó i Junoy:

...la virtualidad de esta distinción se encuentra en el hecho de diferenciar con precisión el esencial y básico principio dispositivo del eventual principio de aportación de parte. Así, mientras el legislador no puede, sin comprometer el carácter disponible del interés discutible en el proceso civil y el fundamento constitucional en el que se basa, consentir al juez tutelar dicho interés en ausencia de una demanda de parte o extralimitarse en su tutela más allá de lo dispuesto por los litigantes, sí puede sustraerles el poder monopolístico de iniciativa probatoria incrementando, viceversa, los poderes del juez.

En este orden de ideas, resulta claro que la decisión del juzgador que restrinja las decisiones de las partes emergentes del principio de disponibilidad del bien propio, debe estar seriamente justificada. Si para el cumplimiento de la tutela judicial efectiva resulta inadmisible el juez expectador, para la tutela del derecho de propiedad en sentido constitucional es inadmisible el juez dictador. Barberio y García Solá señalan:

Resulta desechable propiciar o consentir a un juez "dictador" que inicie el proceso sin impulso de parte, impida el monopolio de las posiciones jurídicas individuales, alegue hechos propios u ordene prueba sobre los no controvertidos. Esta perspectiva, propia de un sistema totalitario, desnaturalizaría de raíz la idea del proceso al servicio de los derechos de las partes e identificaría impropiamente el objetivo y funcionamiento del proceso civil al penal.

Por ello, el requerimiento de una declaración relativa a la justa composición de derechos e intereses de las partes, exigido por la norma del artículo 15 RCT, como excepción al principio general de disponibilidad absoluta del bien propio está en relación directa con la situación de desigualdad negocial en la que se encuentra el trabajador. Esta declaración de la autoridad competente, sea judicial o administrativa, tiene una función profiláctica de la validez de los acuerdos transaccionales o conciliatorios. Es que, como señala el artículo 857 del Código Civil:

Las transacciones hechas por error, dolo, miedo, violencia o falsedad de documentos, son nulas, o pueden ser anuladas en los casos en que pueden serlo los contratos que tengan estos vicios.

Obviamente es causa de nulidad de un contrato que está afectado de lesión subjetiva. Como señala el segundo párrafo del artículo 954 del Código Civil:

También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.

Por este motivo en tutela de la parte más débil de la relación laboral, objeto del orden público de protección, se requiere la existencia de justa composición que importa una tutela preventiva de la posibilidad de ocurrencia del vicio. Pero ello en modo alguno importa olvidar que el trabajador es titular del bien o prestación objeto del litigio. Por esta misma razón, la declaración de la justa composición de derechos e intereses tiene un sujeto prevalente. Aquel que por necesidad puede ser objeto de la lesión subjetiva y que, en particular encuentra limitada -en defensa de su libertad - la capacidad de renunciar el derecho propio en los términos del artículo 12 RCT. Como ya lo ponía de resalto Justo López, existe una ligazón entre las normas de los artículos 15 y 12 RCT en el que la existencia de irrenunciabilidad de derechos por parte del trabajador es la causa fundante de la exigencia de la declaración de la autoridad competente requerida por el artículo 15 RCT.

Por este motivo, no puede el juez oponerse -en la gráfica expresión de Lyon Caen - al acuerdo con base en una abstracción. Si el empleador con capacidad y sin vicios del consentimiento presta su conformidad al acuerdo, no se está ante derecho irrenunciable alguno ni puede presumirse la existencia de una lesión subjetiva en su perjuicio. Todo sujeto libre sabe lo que gana y lo que pierde con la finalización de un litigio sin tener porqué rendir cuentas a un juez -devenido en curador de un sujeto capaz- sobre la razonabilidad de sus actos.

En este orden de ideas, el juez sólo puede oponerse al acuerdo por considerarlo perjudicial al trabajador en circunstancias graves que importen una notoria desproporción entre la chance que se renuncia y el bien que se obtiene, teniendo clara conciencia de la gravedad institucional de su decisión en términos de propiedad y libertad individual. No puede oponerse al acuerdo por considerarlo perjudicial al empleador, salvo que resulte de los hechos de la causa que el acuerdo fue prestado sin discernimiento, intención o libertad. Aún a fuerza de ser reiterativo, los dueños del objeto litigioso no son los jueces sino los litigantes. Los jueces sólo están llamados a declarar un derecho que no les es propio (de otro modo estaría en juego la garantía del juez imparcial) y homologar el acuerdo tiene una función profiláctica, pero debe cuidar de no caer en excesos.

Establecido ello, se advierte que en la causa el acuerdo al que arribaron las partes, sin que pueda advertirse la existencia de error, dolo o violencia, no resulta perjudicial a los derechos e intereses de las partes, ya que de los precedentes judiciales como consecuencia del dictado de una sentencia plenaria surge que no hay desproporción entre la chance que pierde el trabajador (sujeto protegido por el orden público de protección) y el bien que obtiene como resultado del acuerdo. El empleador, por su parte, ha prestado el consentimiento con libertad y no es el fin de la norma proteger al empleador que no tiene derechos irrenunciables ni requerirse la expresión de razones a una persona jurídica hábil. Las razones, sean de paz social, mejoras de productividad o las que quiera imaginarse, forma parte de las opciones y apuestas que pesan sobre todo sujeto de decisión racional y no es el juez quien tiene la omnisciencia para saber si en el futuro una conducta beneficiará o perjudicará un sujeto o subrogarse en la decisión del otro. Ningún juez es Dios.

Por las razones expuestas, no se encuentra obstáculo alguno para declarar que en la presente causa existe una justa composición de los derechos e intereses de las partes.

Establecido ello, cabe analizar si dictado un fallo plenario subsiste el carácter de litigioso o dudoso que exige la norma en los términos del artículo 832 del Código Civil. En algunos fallos anteriores de esta sala, en ninguno de los cuales el vocal preopinante estuvo llamado a intervenir, se ha cometido un error de interpretación al identificar los dos conceptos utilizados por la ley: Litigiosos o dudosos, olvidando la independencia de ambos conceptos. Esta diferencia está más marcada en el derecho laboral, en que del carácter litigioso o dudoso surge la autoridad competente para emitir la declaración exigida por el artículo 15 RCT.

La autoridad competente para emitir la resolución fundada es la judicial o administrativa. La atribución de esta función no es indistinta sino que la competencia del órgano judicial o administrativo viene impuesta por la existencia o inexistencia de causa judicial. La actividad homologatoria laboral, a diferencia de la homologación de un contrato de naturaleza civil, no se limita a verificar la autenticidad de la firma o a que al acto concurren las partes sin coacción evidente (como es el supuesto de la homologación de un convenio extrajudicial de desalojo).

La norma del artículo 308 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto prescribe que el juez: "Éste se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no", tiene distinto contenido en el ámbito laboral que en el ámbito civil, pues el conocimiento del interés y de los límites de la irrenunciabilidad es, por imperio de los artículos 12 y 15 RCT requisito exigido por la ley para la validez de la transacción.

De esta manera, en la medida que se exige un conocimiento de la causa como condición de legitimidad del homo logein, una de las consecuencias inmediatas es la aplicación del principio "ne procedat judex ex officio". El juez no puede resolver sobre supuestos no planteados ni tomar medidas inquisitorias mas allá de las facultades otorgadas por el artículo 36 del Código Procesal Civil de la Nación o, en su caso, de las normas procesales provinciales. En tal sentido se ha dicho:

No procede la homologación judicial de convenios privados celebrados por las partes respecto de los cuales se reclama la intervención judicial al solo efecto de dar certeza y ejecutabilidad a este instrumento cuando no preexiste un conflicto que justifique la intervención judicial (CNCom., Sala A, 11/12/98, Ríos SA, Armando J. c/ Zapaya, José E., Revista La Ley, 4/10/99);

Careciéndose de una norma expresa que endilgue a los jueces civiles la tarea de recepcionar convenios extrajudiciales con el fin de homologarlos, cuando no media una demanda previa por el reconocimiento judicial de los derechos materia de transacción o conciliación, correponde el rechazo de la pretensión" (C Civ. y Com. Morón, Sala II, 27/8/98, Rodríguez, Angélica D. c/ Piedrabuena, María, Rev. La Ley Buenos Aires, 1999, página 1951).

Este ha sido el criterio utilizado, justamente para la homologación de acuerdos sustancialmente similares al presente para pedir una reformulación respecto del acuerdo sometido a homologación por parte de las Salas II y IV en criterio selectivo que el vocal preopinante comparte.

La administración pública, por el contrario, no se encuentra limitada por esta condición y puede y debe inquirir en la realidad para determinar si entre las partes ha mediado una justa composición de derechos e intereses. Por el contrario, una vez iniciada la acción judicial, "En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas" (artículo 109 de la Constitución Nacional).

En esta inteligencia, el sujeto legitimado para dictar la resolución homologatoria es, sucesivamente, la autoridad administrativa del trabajo y la autoridad judicial. No puede la autoridad judicial conocer de causas no sometidas a su conocimiento (derechos dudosos) ni puede la autoridad administrativa arrogarse el conocimiento de causas judiciales pendientes (derechos litigiosos).

Establecido ello, teniendo en cuenta que los atributos del crédito que validan la transacción son alternativos, un crédito puede mantenerse dudoso y dejar de ser litigioso o viceversa, mantenerse litigioso y dejar de ser dudoso.

En el caso presente el dictado de una doctrina plenaria puede excluir -respecto del juzgador comprendido entre los sujetos a los que refiere el artículo 303 del CPCCN - el carácter dudoso del crédito, pero mientras exista posibilidad de recurso el crédito se mantiene litigioso. Sin perjuicio de esto, debe señalarse que incluso el carácter dudoso del crédito se encuentra en entredicho. No es el que el juzgador no considere dudoso al crédito -de hecho, puede haber votado por la doctrina minoritaria en el plenario- sino que deja de tener dudas respecto de la sentencia que va a dictar, pero ello no implica que las partes dejen de considerarlo dudoso en tanto sostengan que la sentencia que acate la doctrina plenaria incurra en arbitrariedad de sentencia o que existieran irregularidades en el plenario que no permitan considerarlo un pronunciamiento válido de la Cámara o, como opina la vocalía 1 de la Sala III de esta cámara, que la norma del artículo 303 del CPCCN viola el principio de independencia judicial y de legalidad. Y, vuelve a reiterarse, no es el juzgador quien dispone del derecho sino las partes. Aún desde el punto de vista del juzgador de alzada dispuesto a sostener la doctrina plenaria la situación de duda puede mantenerse, por ejemplo, frente a un recurso de alzada que resulta desierto. La doctrina plenaria no es una excepción a la norma del artículo 277 CPCCN pues si no hay recurso válido la sentencia de primera instancia está firme, aún así contradiga la doctrina plenaria. Para saber si un recurso debe declararse desierto es menester que el juzgador analice la causa, análisis que sólo se hace al momento de emitirse el fallo (de otro modo existiría prejuzgamiento), de lo que resulta que en ese momento previo aún para el sentenciante es dudoso el pronunciamiento que debe dictar. Por su parte, en el caso, en la medida que la causa se encuentra sujeta a decisión judicial pues aún no se ha dictado la sentencia de alzada no sólo concurre la duda sobre la sentencia a dictarse sino que, mientras falte la sentencia de alzada y esté pendiente la causa de resolución (aún así se por recurso extraordinario), el fallo sigue siendo litigioso.

En tales condiciones, corresponde prestarle homologación judicial (conforme a los artículos 69 de la L.O. y 309 del C.P.C.C.N.), declarar las costas del juicio a cargo de la demandada P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado y eximirlo del pago de tasa de justicia, dada la forma de resolverse el litigio (conforme el artículo 42 del ritual laboral).

Deben dejarse sin efecto los honorarios fijados a fojas 386 para adecuarlos a este pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.N.), tener presente lo convenido respecto de los de la representación letrada de la actora y regular los del perito contador en el 6% del monto de la conciliación, en función de la extensión, mérito e importancia de la labor cumplida por el experto, lo normado en el artículo 38 L.O. y en el artículo 3º del decreto-ley 16.638/57, 1ª parte e inciso b.

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO manifestó:

I. En la presente causa, la magistrada de grado dio razón a los reclamos de los accionantes, reconociéndoles su derecho a percibir las diferencias salariales derivadas del pago del concepto "bonificación por antigüedad" sobre la base del equivalente al 6% de la remuneración normal y habitual de cada agente por el primer año de antigüedad y del 3% a partir del segundo año de trabajo en el instituto, tal como fue previsto en el convenio colectivo del año 1989 celebrado entre A.T.E, la U.P.C.N y el P.A.M.I, homologado por DNRT N° 5.629/89 (ver fundamentos a fs. 382/386); y en consecuencia, condenó a la demandada a abonar las diferencias reclamadas determinadas por el perito contador a fs. 345 vta. (ver fs. 385).

Sin perjuicio de destacar que apela a fs. 387/388 el perito contador por sus honorarios -recurso concedido a fs. 400-, lo resuelto motiva la queja principal de la demandada (fs. 389/395) a tenor de las argumentaciones que despliega en su memorial, entre otras, por la omisión de considerar la aplicación y vigencia del CCT n° 697 "E", que dispone un nuevo régimen escalafonario y retributivo para los trabajadores a partir del 1 de diciembre de 2005 -ver específicamente a fs. 391 vta.-; y a mi juicio dicha queja debería ser admitida. A fs. 407/413 se contestaron agravios.

Sostengo ello porque se advierte que la suerte de los hechos litigiosos o dudosos aquí ventilados quedó sellada el día 9 de mayo de 2011 con el dictado del fallo plenario n° 325 en autos "Fontanive, Mónica Liliana c/ PAMI s/ diferencias de salarios" (Expte. n° 15.071/08 de la Sala II), cuya doctrina dispuso que "La entrada en vigencia del C.C.T. 697/05 "E" obsta a seguir incrementando anualmente la bonificación por antigüedad establecida en la Resolución D.N.R.T. 5629/89 respecto del personal ingresado antes de la vigencia de dicho convenio colectivo". Por cierto, la fecha de entrada en vigencia del referido convenio colectivo, efectivamente es el 1 de diciembre de 2005.

En atención a ello y a lo que dispone el art. 303 C.P.C.C.N., y advirtiendo que ha desaparecido la litigiosidad o duda respecto de la materia a resolver (máxime teniendo en cuenta que los créditos que reconoció la magistrada de grado son los correspondientes a partir de enero de 2007: ver a fs. 385, liquidación de fs. 345 vta., y específicamente anexos II, desde fs. 328 a 336), entiendo que lo resuelto por la juzgadora de la instancia anterior debería ser revocado y en consecuencia, rechazarse la demanda.

Lo precedentemente expuesto, sella también -a mi entender- la suerte de las peticiones que, a partir de fs. 422 y adjuntos, han efectuado coactores que integran el litisconsorcio activo -por cierto todo ello presentado con fecha posterior al dictado del citado fallo plenario-, tópico respecto del cual disiento, respetuosamente, de lo propuesto por el colega preopinante. Tal como he hecho notar en otros casos, en todos los pleitos de contenido patrimonial está comprometido -en forma directa- respecto de todas las partes intervinientes, el derecho de propiedad, que es inviolable (art. 17 C.N.), sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio. No obstante, en el marco del derecho laboral rigen, además, otros principios, entre ellos el que enmarca las facultades judiciales en caso de acuerdos transaccionales, y que fija el art. 15 L.C.T.

Obsérvese que incluso la ley procesal civil limita en algunos casos la posibilidad de transar, y hasta de allanarse por parte del demandado (arts. 307 y 308 C.P.C.C.N.). El citado art. 15 obliga al magistrado a verificar que mediante el acuerdo transaccional o conciliatorio, se alcanza una justa composición de los derechos e intereses de las partes, partiendo de la base de la existencia de derechos litigiosos o dudosos en juego en el pleito o reclamación de que se trate; ello no se verifica en este caso y, en especial, en este estado en el sub lite -a mi entender- en tanto los acuerdos que se adjuntan a las presentaciones de fs. 422 y sig. no se agregaron en 1ª instancia, ni en esta antes del dictado del fallo antedicho, cuando la situación era evidentemente diversa de la actual (véase que se dispuso oportunamente paralizar las actuaciones a las resultas de dicho plenario, fs. 417).

Por tanto, es mi opinión que no se dan -reitero, en este estado- las circunstancias exigidas por el art. 15 antes mencionado. Lo expuesto toma en cuenta asimismo que no se han formulado desistimientos lisos y llanos a fs. 422 y sig., siendo evidente que las peticiones se centran alrededor de los acuerdos conciliatorios denunciados y tienen su basamento principal en estos últimos (ver entre otros, punto I del escrito, y petitorio fs. 422), por lo cual me remito a lo ya dicho supra.

II. La propuesta de mi voto, impone la reformulación de la decisión sobre costas y honorarios para adaptarlos al presente pronunciamiento (arts. 68, 71 y 279 C.P.C.C.N.), lo que torna innecesario que me refiera a los agravios sobre estos tópicos.

En materia de costas, debe tenerse en cuenta que la demanda no progresaría de seguirse mi moción, pero también que, en buena parte, el reclamo se basó en un tópico sobre el cual existieron numerosos pronunciamientos de 1ª y 2ª instancia en este fuero de diverso signo, y que de hecho, como se vio, derivaron en el dictado de un fallo plenario, lo cual justifica suficientemente la aplicación del art. 68 2ª parte C.P.C.C.N., y la declaración de costas en el orden causado y las comunes por partes iguales (a repartir las que corresponden a los actores por cabeza) por ambas instancias.

III. En materia de honorarios de primera instancia, y sin perjuicio de destacar muy especialmente la valiosa labor llevada a cabo por los letrados y perito, estimo que dado el monto reclamado y labores cumplidas, debe tenerse en cuenta también lo dispuesto por el art. 13 de la ley 24.432, considerando que ese monto pretendido no es el único parámetro a tener en cuenta. La regulación de honorarios profesionales no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en la ley de aranceles sino de un conjunto de pautas precisas previstas en los regímenes respectivos que deben ser evaluadas por los jueces y entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, la manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso.

Establecer los honorarios profesionales mediante la aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley arancelaria, aun del mínimo establecido, puede dar por resultado sumas exorbitantes o no adecuadas a las constancias de la causa, no compatibles con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la ley arancelaria ni con los intereses involucrados en el caso.

Las normas contenidas en la ley arancelaria deben ser interpretadas armónicamente, para evitar hacer prevalecer una sobre otra, con el propósito de resguardar el sentido que el legislador ha entendido asignarles y, al mismo tiempo, el resultado valioso o disvalioso que se obtiene a partir de su aplicación a los casos concretos. Como principio general cabe sostener que los arts. 6 y 7 de la ley 21.839 y 13 de la ley 24.432, configuran un bloque normativo con determinación de pautas para fijar los honorarios que debe ser analizado y ponderado en conjunto al momento de efectuar las pertinentes regulaciones. La escala dispuesta en el art. 7 configura una pauta general, una directriz que permite verificar en cada caso concreto el grado de razonabilidad del resultado de la regulación en orden a las pautas y principios receptados en el art. 6, estos últimos de ponderación exclusiva en cada caso concreto.

El art. 13 de la ley 24.432, modificatoria de la ley 21.839, consagra en forma explícita la interpretación propuesta, ya que dispone el deber de los jueces de apartarse de los montos o porcentuales mínimos para privilegiar la consideración de las pautas del art. 6 de la ley 21.839, cuando la aplicación estricta, lisa y llana, de las escalas arancelarias ocasionara una evidente e injustificada desproporción, con la obligación de justificar fundadamente la resolución adoptada.

En la cuestión de regulación de honorarios es de aplicación también el principio elaborado por nuestro más Alto Tribunal según el cual la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de los textos legales, sino que requiere del intérprete la búsqueda de la significación jurídica o de los preceptos aplicables que consagre la versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu, debiendo desecharse las soluciones notoriamente injustas que no se avienen con el fin propio de la investigación judicial de determinar los principios acertados para el reconocimiento de los derechos de los litigantes (Fallos: 253:267, entre otros) (C.S.J.N., D.163. XXXVII. R.O., 14/02/2006, "D.N.R.P. c/Vidal de Docampo, Clara Aurora", en especial considerandos 10, 11, 12 y 13 del voto del Sr. Ministro Dr. Juan Carlos Maqueda).

Por otra parte, en el mismo sentido el art. 38 de la L.O. dispone en lo pertinente: ".Excepcionalmente, y por resolución fundada, estarán facultados (los jueces) para fijar, en relación con todo ello (honorarios de los letrados, apoderados, peritos, expertos y demás auxiliares de la justicia), sumas inferiores a las que resultaren de la aplicación de los respectivos aranceles profesionales.".

Por aplicación de todo lo expuesto y sin perjuicio de destacar nuevamente la labor de los letrados y perito, cabe hacer mérito del trabajo profesional realizado por la representación y patrocinio letrado de las partes y el experto y, sin desconocer el éxito obtenido por la demandada, ponderar la extensión de aquellas tareas; propicio fijar a la representación y patrocinio letrado de los actores, de la accionada y al perito contador, por los trabajos de primera instancia, las sumas de $ 18.000, $ 25.000, y $ 10.000 respectivamente.

Por los de alzada, estimo prudente fijar al Dr. Jorge Luis Elizondo $ 4.500 (fs. 407/413) y a las Dras. María Beatriz Ferreyra y Karina Sandra Picó en conjunto, $ 6.500 (arts. 14 y conc. L.A.).

EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó: Que por análogos fundamentos, adhiero al voto de la Dra García Margalejo.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1º) Desestimar lo solicitado a fs. 422, 425, 428, 431, 434, 437, 440, 443, 446, 453, 456, 459, 462, 465, 468, 471, 472 y 477. 2º) Revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda interpuesta a fs. 12/15. 3º) Dejar sin efecto la decisión sobre costas y honorarios. 4º) Imponer las costas del juicio en ambas instancias, como se sugiere en el punto II del segundo voto de este acuerdo. 5º) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, por la totalidad de los trabajos efectuados en autos, como se indica en el punto III del citado segundo voto. 6º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MMV	Enrique Néstor Arias Gibert Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara María C. García Margalejo Juez de Cámara