marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delitos contra la humanidad, asociación ilícita
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Robelo, Daniel Eduardo s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03

Corresponde revocar el sobreseimiento respecto del delito de asociación ilícita presuntamente cometido por el imputado en su calidad de jefe u organizador en el marco del plan sistemático de represión ilegal conducido por las Fuerzas Armadas y aprovechando las estructuras existentes, pues surge de las constancias de la causa la intervención que le cupo al imputado -en su calidad de Jefe con destino en la Base Naval Mar del Plata- en las acciones clandestinas llevadas a cabo, integrándose con personal de distintas divisiones y organismos afectados a ella, a los fines de cumplir con la misión de aniquilar la subversión. Uno de los votos concurrentes agregó que no se advierte ninguna razón para considerar que frente a la comprobación de los elementos típicos de la figura penal en examen, su ámbito de protección deba acotarse por el hecho de haberse configurado en el seno de una estructura originalmente legítima o estatal, y el otro voto concurrente señaló que en términos del imperativo general de investigar y de establecer las responsabilidades y sanción, el Estado argentino debe adoptar todas las medidas necesarias para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en la última dictadura que azotó a nuestra sociedad, pues la impunidad de esos atroces hechos no será erradicada y, en consecuencia, no cesará aquel deber internacional, hasta que sus responsables sean sancionados y cumplan con la pena que les eventualmente fuera impuesta. (Dres. Borinsky, Hornos -voto concurrente- y Gemignani -voto concurrente-).
Recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/ Scrum SA s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

No se configura en la especie supuesto alguno extraordinario o de excepción que habilite a revisar lo resuelto en la ejecución por la Cámara a quo, razón por la que el recurso de inconstitucionalidad debe considerarse mal concedido o ser rechazado.
Liquidación judicial, actualización monetaria, desindexación
Materia: CIVIL
Carátula: Establecimiento Avícola Lumbreras y Prarizzi SRL c/ Arias, Elvira Rosa y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral. Depósito de indemnización   (Expte. CSJ Nº 705-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-27

El Juzgador no podrá establecer por sí que, efectivamente, resulte procedente acudir a la normativa en análisis, por lo cual la aplicabilidad de la ley 24283 presupone la interposición de parte interesada de una "pretensión desindexatoria", cuyo progreso exigirá al obligado al pago el aporte de prueba tendiente a demostrar, por un lado, el cómo y porqué el mecanismo de ajuste del caso se ha tornado numerariamente irrazonable y, por el otro, acreditar el valor real y actual de la cosa o bien, una noción aproximada del monto que considera justo pagar. Desde luego que en esa tarea será necesario, en algunos casos, acudir a la opinión de expertos (v.gr.

profesionales contables, en tasación, economía, finanzas, etc.).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carini y compañía. Quiebra s/ Incidente de reposición y verificación de créditos del Banco Crédito  Provincial Di Cicco, Walter c/ Mellia, Horacio Rubén y otra s/ Daños y perjuicios Villalba, Hugo Luis c/ Asef, Héctor Raúl s/ Daños y perjuicios ACOGRAN S.R.L. c/ Banco Credicop Coop. Ltdo. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-07-01|1989-10-03|1987-10-06|1991-10-22

Corresponde anular de oficio la decisión cuyas deficiencias impiden el cabal conocimiento del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Factura, falta de impugnación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: CEDIM  S.R.L. c/ OBRA  SOCIAL  DEL  PERSONAL  DE  PANADERIAS s/ INCUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE OBRA SOCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-04

Toda vez que la accionada no probó haber objetado las facturas en tiempo ni tampoco cuestionó los sellos de recepción que ostentan, corresponde concluir en que, tal como lo sostuvo el juzgador, las cuentas estaban liquidadas. Es aplicable a las facturaciones que, según dice el demandado, no fueron rendidas, v.gr. traslados en ambulancias. Se encuentran agregadas las facturas n° 02, 04, 05 y 06 en las cuales se especifica, en el punto c), ambulancias para traslados programados, y las cuatro facturas emitidas por la actora no merecieron respuesta ni observación por parte de la demandada y en ellas figura el sello de recepción puesto por O.S.P.E.P. Lo cierto es que a partir de su recepción no fueron impugnadas en el plazo de diez días, por lo que se presume son cuentas liquidadas (art. 919 del Código Civil y 474 del Cod. Comercial).
Prevaricato, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: P., J, A, y otros c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-04

Los vocales señalaron que la jurisdicción de la Sala estaba limitada a analizar la decisión del magistrado referida a la actuación de los imputados, como integrantes del tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados, en el marco de un expediente en el que se decidiera sancionar a un letrado. Sostuvieron que la resolución recurrida era válida y precisaron que para que se configure el delito de prevaricato, el sujeto activo del tipo penal, debe ser un magistrado integrante del Poder Judicial. Agregaron que la conducta típica "(...) presupone la existencia de un proceso jurisdiccional en curso, lo cual equivale a señalar que el pronunciamiento emitido tenga carácter de decisorio o dispositivo acerca de la relación procesal entablada en el juicio (Jorge E. Buompadre, Tratado de Derecho Penal, Parte Especial, tomo 3, Editorial Astrea, 3a. edición actualizada, página359 y ss.; David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, Código Penal y normas complementarias, tomo 10, pág. 907, editorial Hammurabi, febrero de 2011). Así, y partiendo del principio según el cual "El particular nunca puede ser autor [del delito de prevaricato] porque no solamente carece de la condición funcionarial exigida normativamente, sino porque no posee facultades para dictar resoluciones." (David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, Código Penal y normas complementarias, tomo 10, pág. 913, editorial Hammurabi, febrero de 2011), no es posible concebir que los integrantes del tribunal de disciplina de un colegio público, en el caso de los abogados, reúnan la condición del sujeto activo especial que establece el tipo, pues no los convierte en magistrados en tal sentido, el mero hecho de que su funcionamiento se encuentre previsto por una ley para revisar administrativamente el desempeño profesional de los colegas. (...)". Por último, descartaron también los restantes tipos legales invocados por la defensa y, en relación a la costas, indicaron que "(...) debe estarse al principio general de la derrota que rige en la materia, aplicándose a la vencida la imposición del pago de las generadas ante esta alzada -artículos 530 y 531 del CPPN- (...) Es indudable que quien somete una cuestión a los tribunales de justicia, es porque cree que le asiste la razón, mas ello no le exime del pago de los gastos si el resultado no le es favorable. Cabe valorar en el caso el contexto del trámite de estas actuaciones, y lo aquí resuelto, en tanto pone evidencia la ausencia de motivos plausibles para litigar. Por igual razón, corresponde imponer al apelante las costas inherentes a esta alzada, motivada por su actividad recursiva. (...)".
Concursos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sur Pez SRL s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

El pago que efectuara la accionante ante el pedido de quiebra en modo alguno convierte al actor en vencido, muy por el contrario, el vencimiento se configura por el reconocimiento de la existencia del crédito que no fue abonado oportunamente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor, antigüedad del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: ALVAREZ-OVIDIO c/ NEGRI HERMANOS Y CIA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

Tratándose de un vehículo muy antiguo todo arreglo que se le realiza como consecuencia de una colisión con otro vehículo en vez de experimentar una depreciación en su valor venal, lo valoriza por la colocación de piezas nuevas.
Entrega del certificado de trabajo, cobro de sumas de dinero, carga de la prueba, jornada reducida, recibo de sueldo
Materia: LABORAL
Carátula: Clotet García, Nadia Tamara c/ Spandrio, Fabricio Raúl s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-11

La prueba de la jornada reducida corresponde al empleador que la invoca; y resulta intrascendente la falta de cuestionamiento a los recibos de haberes y documental de la patronal por parte del trabajador como argumento de convalidación liso y llano de los datos allí insertos. Ahora bien, esa documental llevada en legal forma, es una prueba de mérito de la posición de la patronal que no debe desmerecerse y requiere ser estudiada desde los parámetros correspondientes (Voto Romero. Adhesión Welp)
Obligaciones, mora, pago, pago por consignación
Materia: COMERCIAL
Carátula: TAISMO VIDEO CLUB SA c/ PABLO ALIAGA s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-27

No es tardía la consignación intentada después de estar en mora el deudor, pues dicho estado no hace caducar el jus solvendi toda vez que esta constreñido al cumplimiento de la obligación (cciv 505-1), por lo que además de ser su deber también le asiste al deudor el derecho de pagar (ultima parte de la norma citada), y con ello de hacer cesar su mora; todo ello sin perjuicio de su responsabilidad por los daños y perjuicios moratorios provocados al acreedor hasta ese momento.
Legitimación procesal, derechos del consumidor, medicina prepaga, restitución de sumas de dinero
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Unión de Usuarios y Consumidores c/ Swiss Medical SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

La legitimación de las asociaciones de consumidores en defensa de derechos de incidencia colectiva tiene base constitucional, ya que está expresamente prevista por la CN 43 segundo párrafo. De forma concordante, la Ley de Defensa del Consumidor prevé que las acciones judiciales ante la afectación de derechos de los consumidores corresponden también a las asociaciones de consumidores o usuarios (art. 52 segundo párrafo) y les otorga específicamente legitimación para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados sus intereses (art. 55). Y no está en discusión que, a los contratos involucrados en la demanda, les resulta de aplicación la Ley de Defensa del Consumidor, ya que versan sobre servicios brindados a consumidores por una empresa de medicina prepaga.
Procedencia del recurso, prisión domiciliaria, remisión del expediente, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Melian Mabel Nora s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-15

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa contra la resolución que revoca la detención domiciliaria y rechaza el nuevo pedido, anular la misma y, en consecuencia, remitir las actuaciones al tribunal de origen para que, dicte una nueva decisión con arreglo a los lineamientos aquí sentados, toda vez que, del examen de la resolución en crisis se advierte que el tribunal a quo no ha brindado motivos suficientes por los cuales las circunstancias expuestas por la defensa no encuadran dentro de los supuestos previstos por las normas que rigen el instituto de la detención domiciliaria -arts. 10 del CP. y 32 de la ley 24.660. Por ello, frente a las circunstancias apuntadas teniendo en cuenta, además, la situación excepcional que se transita como consecuencia de la pandemia COVID-19, corresponde que se realice un nuevo examen de la cuestión planteada, bajo los lineamientos aquí indicados.
Sociedades comerciales, liquidación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Matamoros, José c/ Hijos de José Matamoros s/ Retiro de socio-Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Si la sentencia de la Cámara estableció claramente que debía realizarse un estudio contable a fin de establecer los beneficios obtenidos por la sociedad demandada, a partir del momento en que el actor se retiró de la misma, para su acreditación en su favor y en proporción a su cuota, correspondía agotar la necesaria investigación para establecer si realmente existieron utilidades y, en su caso, su cuantía, siendo injustificado resolver que el hacerlo era imposible, pues debieron darse las necesarias directivas a los peritos para cumplir con su contenido (arts. 375 y 384, CPCC; SCBA., en "DJBA", t. 142 p. 811). Con mayor razón si el perito contador interviniente, al dar las explicaciones que se le solicitaron, sugirió que para determinar las utilidades debía apreciarse la capacidad de la cochera, los precios vigentes a la época, los porcentajes de utilidad y volúmenes estimados de venta de combustibles, y los gastos generales (art. 473, Código citado).
Facultades del juez, sistema republicano, división de poderes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baro, Angel c/ EFA. s/ ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Por amplias que sean las facultades judiciales en orden a la interpretación y aplicación del derecho, el principio de la separación de poderes, fundamental en el sistema republicano de gobierno adoptado por la Constitución Nacional, no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto expresamente por la ley respecto al caso, so color de su posible injusticia o desacierto (Disidencias de los Dres. Augusto César Belluscio y Antonio Boggiano y del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Municipalidad, razonabilidad del acto administrativo, prescindibilidad, docentes interinos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BERAZATEGUI, Alberto Guillermo Anibal c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-07

Si la Municipalidad prescinde de los servicios de un docente interino, debe poder demostrar la razonabilidad de la decisión, es decir, que existe un criterio jurídico y que este acto administrativo es una derivación inmediata del contenido de la ley.-
Haber jubilatorio, derechos y garantías constitucionales, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: REGALADO, JORGE RAUL DEL VALLE c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-05

El haber jubilatorio es sustitutivo del ingreso habitual del trabajador y le alcanza la protección de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la C.N. La autonomía del derecho de la seguridad social no obsta a su vinculación dinámica con el derecho del trabajo y, por supuesto, con la estructura jurídica en la que insertan ambas disciplinas. Por lo tanto, alcanza al jubilado la protección similar al trabajador en actividad denominada intangilibidad de la remuneración, salvo que se den los supuesto que permitan aplicar con equidad el art. 48 de la ley 18.037. (Del voto del Dr. Wassner).
Contrato de caja de seguridad, responsabilidad del banco, eximentes de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE. 84529 BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. EN J° 176.988 SEGARRA JOSÉ HUGO c/ BANCO RIO DE LA PLATA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-05-09

Frente a la hipótesis de que los valores colocados en una caja de seguridad sean dañados o destruidos, el banco puede excluir su responsabilidad, sólo si demuestra que su deber de custodia y vigilancia ha sido impedido por una causa a él no imputable, ej. un terremoto, una acción de guerra o revolución, un aluvión o un incendio. Excluye su responsabilidad, solamente cuando la entidad bancaria demuestra que el daño se ha producido no obstante las medidas adoptadas en defensa de la caja.
Requerimiento de elevación a juicio, prueba, tenencia de estupefacientes, allanamiento domiciliario, principio de congruencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CAMBRIA, Mario Alejandro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-25

El requerimiento de elevación a juicio emitido por el fiscal reúne las formalidades prescriptas en el art. 347 CPPN si se realizó un pormenorizado detalle de la prueba, tanto documental como testimonial y pericial para concluir con la provisoriedad de la etapa procesal en cuestión, que cabía atribuir responsabilidad al imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y, encuanto a la calificación legal escogida, sostuvo que correspondía la del art. 5to., inc "c" ley 23.737, por cuanto al momento de realizar el allanamiento de su morada, se encontró bajo su esfera de custodia variedad y gran cantidad de sustancias estupefacientes: marihuana y cocaína -entre ellas dos ladrillos de 1068 y 1122 gramos de marihuana-, una balanza, la suma de 9140,50 $ discriminados en tres fajos de baja numeración, circunstancias que permitían a criterio del fiscal tener por acreditada con la precariedad de la etapa procesal, la constitución del componente final de la ultraintención de comercializar. No se ha visto afectado el principio de congruencia en tanto en todos los actos estructurales del proceso se puso en conocimiento del imputado la sustancia que habían sido secuestrada en el allanamiento y de ellas pudo defenderse.
Competencia, menores, domicilio del menor
Materia: CIVIL
Carátula: T., M. y otro c/ G., M. s/ AUTORIZACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-07

Si bien por los principios de la prevención y de "perpetuation jurisdictionis" la causa debería radicarse en la jurisdicción territorial donde tramitaron distintas acciones entre las partes que en principio se encontrarían finalizadas, aquellos principios deben ceder ante el juez de residencia actual del menor, para preservar una mayor inmediación hacia él cuyos intereses se encuentran comprometidos y permitir desarrollar con mejor eficiencia la actividad jurisdiccional. Ello por cuanto en materia de familia debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, el interés moral y material de los menores sobre cualquier otra circunstancia que pueda ocurrir y, por lo tanto, toda decisión sobre el tema debe estar inspirada en lo que resulte más conveniente para su protección. (Sumario N°20856 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, sentencia, circunstancias sobrevinientes, prescripción, acción
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: P, J E R s/ LESIONES CULPOSAS - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ  EXPTE Nº 387-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-10

Es doctrina adoptada por la Corte Suprema de Justicia el hecho de que al resolver el recurso de inconstitucionalidad, debe atenderse a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes a la interposición. De este modo, si se entendiera prescripta la acción, mediaría un obstáculo legal impeditivo de la continuación de la función jurisdiccional.
Enfermedad accidente, daño
Materia: LABORAL
Carátula: Báez, Angel c/ Connig S.A.C.C. y/o responsable s/ Indemnización por accidente de trabajo y/o Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-06-23

El daño es del trabajo si éste y/o las condiciones en que se presta son la causa ocasional del daño. En caso de concurrencia de causales atribuidas al trabajador y factores causales atribuibles al trabajo, el empleador se hace responsable únicamente de la incapacidad determinada por los últimos. No es fácil discernir en cada caso la incidencia de los distintos factores en la producción del daño. Para ello se depende, más que nunca, de la pericial médica. No obstante, no es infrecuente encontrar periciales en las que no se determina adecuadamente la porción atribuibles a cada uno de los factores intervinientes en la producción del evento.
Facultades del juez, pena, sentencia arbitraria, revisión judicial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gelmi, Mario Alfredo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-23

Si bien esta Cámara ha establecido que en principio lo relativo a la aplicación de las reglas de los artículos 40 y 41 del Código Penal es materia propia de los jueces de mérito, quienes a ese respecto ejercen poderes discrecionales; reconoció la posibilidad del juicio de revisión en el que se sustenta la fijación de la pena en caso de arbitrariedad, supuesto en que lo controlable por este Tribunal es la falta de motivación o su contradictoriedad. (Voto del Dr. Hornos -en disidencia-).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: B., L.A.; G., G.H.; V., A.M.; V., J. D. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 448 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15

Corresponde rechazar la queja del defensor técnico de uno de los imputados, desde que no puede tener acogida favorable el reparo formulado en relación al rechazo de la nulidad del traslado corrido al Fiscal y por consiguiente de la sentencia, fundada en que el decreto de clausura del período probatorio se encontraba firmado solamente por el Secretario. Ello así por cuanto de la lectura de la decisión puesta en tela de juicio, surge que la Sala en su hora abordó la problemática apuntada al responder a dicho planteo, afirmando en tal oportunidad que en los actos de defensa posteriores al decreto cuestionado, el defensor "no ha hecho mención de estas irregularidades"; como asimismo que "...todos los actos posteriores del Fiscal y de los distintos defensores satisfacen suficientemente los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal y, por lo tanto, no son descalificables como tal, por no presentar omisiones, por haber sido comprensibles para todos los defensores que hayan impedido el normal ejercicio del derecho de defensa y que sirviera que el Juez basara válidamente su sentencia"; y que "...el haber concretado estos actos procesales muestra claramente que no ha habido perjuicio alguno para ninguno de los imputados, dado que tanto el Fiscal como todos los defensores pudieron realizar la actividad procesal correspondiente y en las mismas condiciones y tiempo que si el decreto no estuviese viciado".
Delegación de la investigación, resoluciones apelables
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SUAREZ, Delia F. s/ COACCION-QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-28

La delegación de la instrucción (art. 196, C.P.P.) resulta inspeccionable por la alzada cuando el recurrente fundamente su articulación en la pérdida de la facultad jurisdiccional para disponerla (*).