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Aplicación supletoria de la ley, MENDOZA, instrucciones al jurado, juicio por jurados populares, deberes del juez, dirección del proceso, debido proceso, defensa en juicio, derechos y garantías constitucionales, apreciación de la prueba, veredicto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F. c/ Pinavaría Corvalán, Francisco p/ homicidio criminis causa en concurso ideal con femicidio s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2024-11-27

Tal como sucede en un juicio común cuyas reglas son aplicables subsidiariamente a las del juicio por jurados y conforme los artículos 24 y 47 de la Ley 9106 de Juicio por Jurados de la provincia de Mendoza, no puede la judicatura brindar instrucciones por delitos más gravosos que los considerados por la acusación pues al igual que en todo procedimiento la jurisdicción se encuentra limitada por aquella, en tanto solo en función del hecho atribuido y de la prueba producida durante el juicio debe el juez instruir al jurado en relación con delitos menores ya que la garantía del debido proceso exige que el jurado reciba instrucciones completas para realizar su labor de juzgamiento.
Concursos, concurso preventivo, apertura del concurso, rechazo del reclamo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Urban Cars SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-11

Cabe rechazar la apertura del concurso preventivo
Concursos, liquidación de sociedades, liquidación judicial, asegurador, verificación de créditos, intereses, improcedencia del recurso, cobertura
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aseguradora Federal Argentina SA  c/  s/ liquidación judicial de aseguradoras s/ incidente de verificación de crédito por fernández garcía, josé antonio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-05

Ello en la medida que ninguna petición en concreto se solicitó en el marco de la demanda; y tampoco ello fue realizado cuando formalmente se inició el presente incidente.
Obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Carabajal, Franco Gabriel c/ Terminal 4 SA  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-29

En las obligaciones de dar sumas de dinero, el dinero es el objeto de la obligación y de pago, en contraposición a las obligaciones de valor, en las que el dinero sólo es el objeto del pago, pero el valor de la obligación coincide con el del bien o servicio involucrado. En la obligación de dinero se debe un quantum, es decir una cantidad, en tanto que en las de valor se debe un quid, es decir un valor. Así, la deuda salarial es propia de una obligación de valor. Ni los preceptos de la ley 23.928, ni los de la ley 25.561, han podido alcanzar a las "deudas de valor", por ser una categoría conceptual esencialmente distinta e independiente de las deudas pecuniarias. Las circunstancias que pudieron justificar en su momento el dictado de las leyes que prohibieron cualquier forma de indexación de los créditos han tenido y tienen un cambio tan notable en la actualidad que, persistir con aquellos regímenes, importaría ofrecer una solución partiendo de una situación tan inexistente como irreal. La actualización por depreciación monetaria no vuelve más onerosas las deudas, sino que les mantiene su valor originario. La utilización de las tasa activa o de la tasa pasiva publicadas ambas por el Banco Nación, sin el empleo de herramientas de reajuste por desvalorización monetaria, arroja resultados irrazonables que conducen a la pulverización de los créditos de las personas que trabajan en general, que deben considerarse confiscatorios por licuar el crédito de personas que gozan de preferente tutela constitucional, de manera que corresponde decretar la inconstitucionalidad de las normas de las leyes 23928 y 25.561, aun de oficio. Por ello se propicia la aplicación desde que cada suma es debida, del Índice de Precios al Consumidor Nivel General, con más un interés puro del 3% anual por igual período, todo ello hasta el momento del efectivo pago, sin perjuicio de su eventual ajuste si al momento de practicarse la liquidación no se encontraren publicados los índices hasta esa fecha. (Del voto del Dr. Pompa, en mayoría)
Confirmación de sentencia, diferencias salariales
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Insaurralde, Pablo Alejandro y otros c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A.  s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

El decisorio de grado que otorgó carácter salarial a los conceptos reclamados por los accionantes generó el agravio de la demandada. Por aplicación de la norma internacional, de grado superior (art. 1° Convenio 95 OIT), los aumentos acordados en el ámbito del CCT 80/93 "E" aunque calificados como no remunerativos, revisten en realidad naturaleza remuneratoria, al constituir una ganancia que está estrechamente ligada a la prestación de servicios, por lo que la privación de tal carácter por las partes colectivas afectan el derecho del trabajador a una remuneración justa (art. 14 bis C.N) y su derecho de propiedad. No obsta que la calificación de tales rubros hubiera emanado del régimen de negociación colectiva, ni que los acuerdos en cuestión hubiesen sido promulgados por la autoridad administrativa competente, pues como se desprende de los precedentes dictados por el Máximo Tribunal en autos "Pérez c. Disco", "González c. Polimat S.A y otro", y "Díaz c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A", entre otros, las disposiciones dictadas en las instancias convencionales y administrativas deben ceder frente a la aplicación concreta de la tutela proveniente de los niveles constitucionales y supralegales mencionados. Cabe admitir las diferencias indemnizatorias que reclaman los demandantes con fundamento en el carácter remunerativo de las sumas salariales en cuestión y confirmar el pronunciamiento de la anterior instancia.
Ley penal más benigna, ley vigente
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: González, Catalino  c/ Clauzetto SA  s/ ley 22.250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-13

La ley "Bases" 27.742, no legitima que se deje sin efecto las sanciones de los arts. 10 y 15 de la ley 24.013. La nueva normativa entró en vigencia el 9 de julio de 2024, y la sentencia del a quo, hace referencia a hechos acecidos con anterioridad. Las puniciones no pueden ser dejadas sin efecto por aplicación del principio de la ley penal más benigna ya que dicha regla rige en el campo del derecho penal pero no puede proyectarse, sin cortapisas, cuando se sancionan ilicitudes de naturaleza previsional que afectan a toda la comunidad y que se proyectan sobre la calidad de vida de la clase pasiva: nos no encontramos en el campo del derecho penal sino en el campo del derecho de la seguridad social y donde el Estado, ejerciendo sus potestades legislativas, resolvió sancionar patrimonialmente el trabajo clandestino y, si bien los principios de legalidad, tipicidad y razonabilidad deben ser aplicados en la materia, no por ello es operativa una regla que emana del art. 2° del CP y que debe ser aplicada con prudencia dentro de su propio esquema institucional. Dejar sin efecto las puniciones reconocidas en grado por haberse sancionado un nuevo régimen que las deroga que no se compatibiliza con los principios del derecho civil ya que las leyes sólo rigen para el futuro y no pueden, en principio, proyectarse retroactivamente (art. 7 CCCN) y aun cuando el legislador haya tenido por objetivo dar un giro ideológico y consagrar un nuevo paradigma en materia de relaciones de trabajo, resulta una conclusión irrazonable.
Prolongación indebida de detención, personal policial, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez Villca, I. y otros c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-31

Cabe disponer el procesamiento de los funcionarios policiales, en orden al delito de prolongación indebida de la detención de una persona (art. 143, inc. 2°, C.P.), acusados de demorar 17 días en informar la detención de una persona, habida cuenta que, en posición de garantes de la integridad del bien jurídico protegido por la norma, debieron conocer el deber de poner a disposición del juez competente a la persona detenida e incumplieron con dicha exigencia legal, haciendo que el reclamante estuviera privado de su libertad e incomunicado por el lapso de tiempo mencionado.
Concursos, concurso preventivo, apertura del concurso, rechazo del reclamo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Urban Cars SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-11

Ello por cuanto la deudora incumplió los requisitos informativos previstos en la LCQ 11. La opacidad sobre su situación patrimonial no permite al juez evaluar el cumplimiento de los presupuestos sustanciales para la apertura del concurso preventivo. Esa actitud de la deudora obsta, además, a que los acreedores tengan datos claros, suficientes y veraces a fin de que puedan ejercer en forma eficaz sus derechos en el proceso universal.
Admisibilidad del recurso, cosa juzgada, despido sin causa
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Franco, Ana del Valle  c/ Renault Argentina SA y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-20

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el recurso de hecho deducido por la demandada en lo que hace a los aspectos vinculados con la existencia de cosa juzgada ante la resolución de un Tribunal Extranjero y la interpretación de la Convención de Cooperación Judicial suscripta entre la República Argentina y la República Francesa aprobada por ley 24.107. El Juez de grado reconoció la existencia de la sentencia dictada por el Tribunal de Trabajo francés y su correspondiente traducción. Esta decisión fue consentida por la parte actora, razón por la cual el Juzgado no podía basarse en la falta de informe emitido al Tribunal Extranjero para desestimar la excepción en forma lisa y llana. En ambas instancias se desestimó la excepción de cosa juzgada. No es un hecho controvertido que la actora inició una acción judicial ante el Tribunal de Trabajo 7 de Boulogne- Billancourt (República de Francia) contra la accionada a fin de obtener un resarcimiento por el despido sin causa y el cobro de diversos rubros derivados del contrato de trabajo. Tampoco se discute que esa relación se desenvolvió en Francia, España y Argentina, país donde se configuró el distracto incausado. La ejecución de una sentencia es un acto procesal posterior e independiente de la decisión de fondo, y ello no afecta el alcance de cosa juzgada, sólo habilita la prosecución de actos tendientes a lograr el cumplimiento de la sentencia firme. Por ello, es que no puede considerarse este supuesto para el reconocimiento de la sentencia dictada por el tribunal francés, pues ello en nada afecta el orden público laboral argentino. Del contenido de la decisión emitida por el tribunal francés surge que existió un único contrato de trabajo entre la actora y las codemandadas cuyas prestaciones ocurrieron en Argentina y Francia y que su extinción se produjo por el despido sin causa dispuesto en nuestro país y la omisión de repatriación de la empresa extranjera. La sentencia del tribunal francés no afecta el orden público laboral en los términos previstos por el art. 2 inc. 4 de la ley 24.107 como para descartar el reconocimiento de la decisión extranjera. Se encuentra debidamente acreditado todos los recaudos formales y condiciones intrínsecas que hacen a la validez de la sentencia pronunciada por el Estado francés que hace al carácter de cosa juzgada de la sentencia foránea, máxime cuando en el proceso allí desarrollado la actora luego que inicio el proceso judicial, pudo producir la prueba ofrecida, compareció a las audiencias públicas y fue notificada de la decisión definitiva que obtuvo carácter de firmeza, según la documentación presentada.
Concursos, efectos de la apertura, homologación del acuerdo, inhibición general de bienes, levantamiento de medidas cautelares, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Di Tella, Luciano Nicolas Francisco  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-12

Cabe levantar la inhibición general de bienes solicitada, en el marco del acuerdo homologado en los términos de la LCQ 52. Ello en tanto, en virtud de lo dispuesto por la LCQ 59, la propia ley de concursos y quiebras prevé la posibilidad de levantar la medida luego de homologado el acuerdo preventivo únicamente en los siguientes tres supuestos: 1) cuando hay conformidad expresa de todos los acreedores; 2) cuando así se hubiera fijado en la propuesta de acuerdo aprobada por los acreedores, y 3) cuando la conformidad para el levantamiento sea dada por el comité de acreedores encargado de controlar el cumplimiento del acuerdo, siempre y cuando le hubiere sido asignada esta facultad expresamente (v. Heredia, Pablo D.; "Tratado Exegético de Derecho Concursal", tomo 2, pág. 297, año 2000). Y, en la especie, se configura la segunda de las excepciones que contempla la ley dado que el deudor, en el texto de la propuesta, ha acordado con sus acreedores el levantamiento de dichas medidas cautelares (v. CNCom, Sala E, "Ibañez Padilla, Diego s/ concurso preventivo s/ incidente art. 250 por Agroinversora del Sur SA y Assandri Leonardo César" del 21/06/17).
Interés superior del niño, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, adopción plena, deberes del juez
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: C.Q.J.M. y D.R.S.G. c/ V.G.J.  s/ Privación de la Responsabilidad Parental
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-10-10

En la adopción plena, debe ponerse el acento en la persona del menor de edad, por constituir el centro sustancial de la situación jurídica en examen. Por ello, la pauta de evaluación de tales circunstancias no atiende exclusivamente a los beneficios de orden económico, social o moral que puede ofrecer al niño una u otra situación, sino que, aplicada en consonancia con los principios que inspiran a tan importante institución, debe conducir a ponderar en su trascendente dimensión las implicancias que sobre una personalidad en desarrollo pueda tener la decisión que se adopte.
Concursos, efectos de la apertura, contratos en curso de ejecución, leasing, bienes inmuebles, improcedencia del recurso, tasación
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Mayo SA de Transporte Automotor  c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-08

Es que la única tasación que sirviera de sustento para la oferta de compra y términos de contratación acompañada está desactualizada y no refleja un precio de venta justo. Máxime, teniendo en consideración las constantes fluctuaciones que presenta nuestro país en términos económicos que inciden directamente en el mercado inmobiliario, circunstancia que torna irremediablemente inviable el análisis de la propuesta en esta coyuntura.
Revocación de sentencia, caución real
Materia: LABORAL
Carátula: Ippolito Rubén Darío  c/ Galeno ART S.A.  s/ accidente -ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-25

El actor apela la resolución que le exige prestar caución real como condición para percibir la suma depositada por la demandada, aduciendo haber interpuesto queja ante la CSJN. Con sustento en lo normado por el art. 285 "in fine" CPCCN el Máximo Tribunal ha dispuesto que el trámite de la queja no obsta a la ejecución de lo decidido en la sentencia del "a quo" (Fallos 258-351; 147-156). Es decir no se suspende el curso del proceso hasta que el Alto Tribunal abra el recurso no existiendo en el caso resolución alguna del Máximo. Por lo tanto al no suspenderse el curso del procedimiento por la simple interposición de la queja la existencia de una caución real para la percepción del crédito resulta improcedente. Debe revocarse el decisorio apelado eximiendo al actor a prestar caución real y habilitándolo para la percepción de la sumas depositada por la demandada.
Obras sociales, cobertura médica, médico especialista, obesidad, medidas urgentes
Materia: SALUD PUBLICA
Carátula: M., P. A. c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación  s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-11-28

Corresponde ordenar a la obra social, como medida cautelar, que otorgue la cobertura integral de la internación y tratamiento para una afiliada con obesidad mórbida en una clínica especializada, habida cuenta que si bien es cierto que el art. 6 de la Ley 24.901 establece que los entes obligados deberán otorgar la cobertura de las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados, en el caso se reúnen los requisitos previstos en el art. 39 de la norma, para la cobertura de la prestación por parte de un prestador ajeno a su cartilla. Además, cabe destacar que de la prueba documental surge la necesidad de que la actora comience de forma urgente con el tratamiento a los fines de evitar que se agrave su cuadro de salud.
Democracia participativa, juicio por jurados populares, sistema republicano, sistema representativo, acceso a la justicia, deber de imparcialidad, Poder Judicial, igualdad ante la ley, sujetos del proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F. c/ Pinavaría Corvalán, Francisco p/ homicidio criminis causa en concurso ideal con femicidio s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2024-11-27

El juicio por jurados es una pieza fundamental en la concepción democrática del Poder Judicial en tanto herramienta de máxima trascendencia para la apertura de la justicia pues permite construir legitimidad democrática en torno a las decisiones judiciales tanto en el plano procedimental como en el epistémico, desde el punto de vista procedimental porque asegura un método de selección de juzgadores igualitario y representativo que permite a la ciudadanía controlar y participar en la toma de decisiones públicas optimizando la garantía de imparcialidad y desde la mirada epistémica porque fortalece el valor democrático de las decisiones judiciales en razón del mayor número de personas involucradas en la toma de decisión, del método deliberativo por el cual llegan a sus conclusiones y de la unanimidad exigida como requisito para considerar culpable o no culpable a la persona acusada.
Contrato de trabajo, crédito laboral, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Carabajal, Franco Gabriel c/ Terminal 4 SA  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-29

Debe acudirse a las normas que permitan establecer un interés que pondere la mora del deudor y compense la imposibilidad de disponer el dinero por parte del acreedor laboral, a la vez que tome en cuenta el carácter alimentario del crédito derivado de un contrato de trabajo. Ello sin soslayar las particulares circunstancias económicas y financieras que atravesó nuestro país en los últimos años que enmarcaron la ostensible y sustancial pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Ello así, a fin de evitar la declaración de inconstitucionalidad, en razón de que esta última resulta una medida de gravedad tal que ha justificado su invariable consideración como la última ratio del orden jurídico. En ejercicio de una labor prudencial dentro de dicho marco fáctico y normativo, se ha de ponderar como tasa inicial la que esta Cámara venía aplicando según el Acta 2658, y a ella se agregará un porcentaje complementario. Esta última complementación deriva de las normas civiles con finalidad compensatoria (art. 767, cuyo último párrafo otorga -en ausencia de acuerdo de partes, de las leyes y de los usos- facultades a los jueces) y, por otro lado, se atenderá al carácter alimentario del crédito que se trata. Aplicando un criterio prudencial -en procura de obtener un valor promedio- a partir del cotejo de los vaivenes que experimentó la variación incesante de las tasas de interés del Banco Central de la República Argentina en los períodos anuales calendarios siguientes a la entrada en vigencia del CCyCN, y con una mirada puesta en la justicia conmutativa y en la justicia social involucrada en el crédito reconocido en el caso, se propone fijar en un 18% anual dicho incremento complementario, para ser aplicado sobre el capital nominal sumado a la tasa de interés del Acta 2658, ello desde el nacimiento del crédito y con una única capitalización efectuada al tiempo del traslado de la demanda. Ambas variables (tasa del Acta 2658 y tasa complementaria del 18% anual) se computarán hasta el 31/12/2023, dado el cambio evidenciado por los efectos de la política económica seguida durante el año 2024. Por tal razón, desde el 1/1/2024 y hasta el efectivo pago cesará el incremento complementario en la tasa y corresponderá aplicar exclusivamente la tasa de interés fijada mediante el Acta 2658, sin perjuicio del examen que pueda merecer la evolución de las variables económicas y financieras y, en especial, el ejercicio de las facultades judiciales previstas en el art. 770, inc. c) CCyCN. (Del voto del Dr. Fera, en minoría)
Revocación de sentencia, ejecución fiscal, nulidad de la subasta, embargo
Materia: LABORAL
Carátula: Sindicato Federal Grafica Bonaerense c/ Grafos Impresiones y Diseños S.A.  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

La accionada cuestiona la sentencia interlocutoria de grado que rechazó in limine el planteo de nulidad de la subasta deducido por la ejecutada. Al no llegarse a una satisfacción de la suma de ejecución se embargó a la ejecutada una máquina plegadora y se decretó su venta sin base y al mejor postor resultando adquirente un tercero por otra suma más gastos. La ejecutada se presentó en el expediente una hora antes del inicio de la subasta solicitando su urgente suspensión en base a un pretendido depósito que no acreditó en modo alguno en ese momento. El comprobante de dicho pago fue subido al sistema ya celebrada la subasta. Como último reclamo la accionada pidió la nulidad del remate (cfr. art. 592 del CPCCN). Los requisitos de dicho artículo se encuentran cumplidos por la nulidicente, acreditó sumariamente los vicios denunciados -venta a precio vil y falta de transparencia en la adquisición- y por otra, detalló los perjuicios derivados de la realización del acto cuestionado. Aun cuando pudiera ser cierto que la demandada tuvo tiempo más que suficiente para evitar llegar al punto inminente de realización del bien embargado en función de una deuda que tiene más de 5 años, ello no supone que el derecho de lograr el sobreseimiento de proceso de ejecución pueda considerarse inexistente o caduco. No haber logrado esa finalidad, más allá de su inconveniencia, no implicaba necesariamente para la demandada un punto de no retorno, en la medida en que siempre le quedaba el recurso del sobreseimiento previsto en el art. 583 del CPCCN -instituto evidentemente más gravoso que la simple suspensión del remate-, más allá de la posibilidad de cuestionar la validez de este acto mediante el recurso de nulidad, como aquí se planteó. En relación a las irregularidades denunciadas la insuficiencia del precio obtenido no es un argumento que permita por sí solo declarar la nulidad de una subasta si no han mediado otras irregularidades que pudieran haber influido en el resultado de la puja y el precio no fue vil. La transferencia efectuada y acreditada por la ejecutada el mismo día de la subasta, abarcó la totalidad del importe requerido en el mandamiento de intimación de pago, incluida la suma presupuestada tentativamente para responder a intereses y gastos. Se propicia revocar la resolución de la anterior instancia y declarar la nulidad de la subasta manteniendo la validez de los actos posteriores en la medida en que resultaren independientes de ella.