Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-23


SENTENCIA NUMERO: OCHO En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintitrés días del mes de Abril de dos mil nueve, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cip-pitelli -Presidente-, Amelia del Valle Sesto de Leiva y José Ricardo Cáce-res, para entender en los Recursos de Casación deducidos por el Sr. Fiscal de Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, Dr. Jorge Silva Molina, y por los querellantes particulares, Dres. Marcos R. J. Dennet y Tomás H. Aibar, en autos acumulados: Expte. Corte Nº 18/09 y 19/09, en causa Ex-pte. Nº 153/99, caratulado: "1) Moreno, Ricardo Héctor; 2) Barroso, Nor-ma del Valle; 3) Delgado, Rubén Wencio; 4) Brizuela, Jorge Omar del Va-lle; 5) Nieva, Jorge Anselmo; 6) Pérez, Cesar Aníbal p.ss.aa de 1) Peculado Reiterado (47 hechos) en concurso real; 2) Peculado Reiterado (85 hechos) en concurso real; 3) Peculado Reiterado (116 hechos) en concurso real y Malversación de Caudales; 4) Peculado Reiterado (34 hechos) en concurso real y Malversación de Caudales; 5) Partícipe Secundario de Peculado (26 hechos) en concurso real 6) Partícipe primario de peculado (4 hechos) en concurso real - Capital", contra el Auto Interlocutorio Nº 07/09 dictado con fecha dieciséis de Marzo de dos mil nueve por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a re-solver:

1º) ¿Se ha producido la insubsistencia de la acción penal? 2º) Qué resolución corresponde dictar?.- De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 200, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: Primero: el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.- A la Primera Cuestión, Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Auto Interlocutorio nº 07/09, del 16/03/09, la Cá-mara en lo Criminal de Primera Nominación, por mayoría, resolvió: "Hacer lugar al recurso de reposición planteado por el Dr. Fernando Ramón Ávila en contra del decreto de Presidencia de fs. 2709 de estos obrados, revocán-dose el mismo y quedando en consecuencia sin efecto la Audiencia de De-bate oportunamente fijada.- II) En su mérito, hacer lugar al planteo de In-subsistencia de la Acción Penal interpuesto por el citado profesional a fa-vor de su asistido Ricardo Héctor Moreno, dictándose en consecuencia el sobreseimiento total y definitivo del nombrado (art. 366 del C.P.P.).- Sin costas, atento a la naturaleza de la cuestión planteada (art. 537 y ccds. del C.P.P.).- III) Atento a las conclusiones vertidas en los considerandos hacer extensivo las consecuencias del instituto liberatorio referido en el acápite anterior a los co-encausados Norma del Valle Barroso; Rubén Wencio Delgado; Jorge Omar del Valle Brizuela; Jorge Anselmo Nieva y César Aníbal Pérez, disponiendo respecto a ellos el sobreseimiento total y defini-tivo (art. 366 del C.P.P.).- Sin costas, atento a la naturaleza de la cuestión planteada (art. 537 y ccds. del C.P.P.).- IV) Dejar expedita la vía civil per-tinente a la parte actora civil conforme lo expuesto en los considerando (s).- (Voto del Dr. Carlos Alberto Roselló)".

En contra de tal decisorio, comparecen por un lado, el Dr. Silva Molina, Fiscal de Cámara en lo Criminal de Primera Nominación -en representación de los intereses sociales-, y por el otro, los Dres. Marcos R. J. Denett y Tomás H. Aibar, querellantes particulares -en representación de Fiscalía de Estado- , e interponen sendos recursos de casación.

II. a. El representante de los intereses sociales, peticiona la nulidad del Auto Interlocutorio nº 07/09 dictado por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, con fecha dieciséis de Marzo de 2009.

Expresa sus agravios estructurando su escrito recursivo en dos partes. Bajo el título: "Prescripción, insubsistencia de la acción penal y plazo razonable de duración del proceso", el quejoso plantea en primer término, la necesidad de interpretar la figura en la que se basa la mayoría del Tribunal para sobreseer a los enjuiciados, esto es la "insubsistencia de la acción penal". Con transcripción de consideraciones de los votos mayo-ritarios, afirma que son sustancialmente improcedentes como fuente de convicción ya que la alegada "insubsistencia de la acción penal" no se en-cuentra contemplada como motivo legal de extinción de la acción, ni es una causal de prescripción.

Reproduce consideraciones que comparte del voto en di-sidencia, alusivas al sobreseimiento por prescripción de la pretensión pe-nal. En tal sentido, argumenta que la naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal es de carácter sustantivo. A su entender, el hecho de que se haya recurrido, a la prescripción -con invocación al art. 366 del C.P.P.- para hacer valer el derecho a tener un proceso de duración razonable, no resulta válido, toda vez que aquel instituto no puede equipararse a la de-nominada "insubsistencia de la acción penal". Asevera que la mayoría del tribunal pretende hacer jugar el mencionado instituto pretoriano alegando que se ha excedido con creces la razonabilidad de la duración del proceso. Cita jurisprudencia y doctrina, concluye que aún en los criterios más inno-vadores del máximo Tribunal Federal, se mantiene en manos de los órga-nos jurisdiccionales la determinación de cuándo un proceso penal ha tras-pasado los límites del plazo razonable de duración y cuándo no, y que no debe dejarse de lado que, aún en los casos en que nuestros Tribunales ad-mitieron la doctrina de la insubsistencia, la misma ha estado siempre con-dicionada a la existencia de una serie de requisitos. Refiere a precedentes jurisprudenciales de orden interno e internacional y asevera que, ineludi-blemente, para determinar si se ha excedido el plazo razonable de duración del proceso, deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso en par-ticular como -quizás la más importante- la complejidad del caso. Manifies-ta que, en autos, no sólo los magistrados (Dr. Roselló, fs. 2288) sino tam-bién la defensa de uno de los imputados (Dr. Avellaneda, fs. 2391) han resaltado que la causa es compleja y voluminosa, y que así surge de sus constancias, las que dan cuenta de un expediente de once cuerpos, seis im-putados, ciento cuarenta delitos endilgados y de la calificación legal de los mismos, por lo que el tiempo trascurrido, a su entender, se encuentra justi-ficado, máxime si se tiene en cuenta que el juicio anterior no pudo culmi-nar con la sentencia debido a la enfermedad del Presidente del Tribunal. Indica que debe tenerse en cuenta -además- que resulta justificada la demo-ra en atención a las razones dadas al respecto por Dr. Roselló cuando anali-za la actividad en el proceso de las partes y de ese Tribunal.

Refuerza sus argumentos citando fallos de la Cámara Na-cional de Casación Penal y de la C.S.J.N. de los que no surge -asevera- un criterio fijo y concreto para determinar cuándo se ha comenzado a vulnerar el plazo razonable pero de los que sí se desprende que antes de alegar una violación a tal principio deben tenerse en cuenta una serie de consideracio-nes (complejidad del asunto, actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades, características del delito que se imputa, etc.). Sostiene que (atento la complejidad y voluminosidad de la causa, la cantidad de im-putados involucrados, las características de los delitos que se atribuyen y las penas previstas para los mismos) no se ha conculcado en autos la dura-ción razonable del proceso.

Desde otro ángulo, bajo el titulo: "Nulidad del Auto Inter-locutorio Nº 07/09 por violación al Principio de no contradicción", el re-presentante de los intereses sociales denuncia la fundamentación contradic-toria del fallo. Manifiesta que se contradice el Dr. Roselló -voto mayorita-rio- cuando afirma: "...Buscar el asidero legal del instituto de liberación procesal derivado del reconocimiento constitucional del derecho a una pronta solución jurisdiccional de la situación de sospecha que pesa sobre el acusado- constituiría una flagrante violación al "principio de legalidad" que impide la interpretación analógica o extensiva en materia penal, al pre-tender instaurar, por vía de exigencia, una creación pretoriana no permitida. Se estaría de esa manera creando una nueva causal de prescripción de la acción penal sin génesis legislativa...". Para luego resolver: I)., II) En su mérito, hacer lugar al planteo de Insubsistencia de la Acción Penal inter-puesto por el citado profesional a favor de su asistido Ricardo Héctor Mo-reno, dictándose en consecuencia el sobreseimiento total y definitivo del nombrado (art. 366 del C.P.P.).- Sin costas, atento a la naturaleza de la cuestión planteada (art. 537 y ccds. Del C.P.P.,..III)., IV).".

Considera que es evidente la contradicción pues le niega virtualidad jurídica a la figura de la insubsistencia de la acción penal como una nueva causal de prescripción de la acción penal sin génesis legislativa pero concluye acogiendo la misma y ordenando en consecuencia el sobre-seimiento del recurrente Moreno y de los demás inculpados.

Continúa su expresión de agravios alegando que los jue-ces que concurren a dictar el resolutorio puesto en crisis, difieren en cuanto a las características de la causa dado que, mientras el Dr. Álvarez Morales sostuvo en el fallo (fs. 2740) que, aunque muy extensa y con ciento de hechos atribuidos a los encartados, no tiene la causa una complejidad tal que justifique el tiempo transcurrido pues los hechos en su mayoría son similares, cuando no idénticos, en cuanto a la mecánica de producción y delitos que se enrostran, el Dr. Roselló, en el proveído de fs. 2288, se refi-rió a la complejidad y voluminosidad de la causa, diferencias que -según criterio del recurrente- importan razonamiento contradictorio que invalida el decisorio recurrido, constituyendo otra causal de nulidad del mismo.

Indica también que el voto del Dr. Roselló contradice su postura en el debate que se viera frustrado cuando dispuso -formando ma-yoría con el Dr. Mazzucco (resolución que se encuentra firme y ejecutoria-da)-: I) No hacer lugar a las cuestiones preliminares planteadas por el Dr. Fernando Ávila en representación del imputado Ricardo Héctor Moreno referente a la Nulidad del decreto que fija Audiencia de Debate, Instar el sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal y al planteo respecto al non bis in idem.

Señala el desacierto del Dr. Álvarez Morales sobre "haber quedado nulo el debate anterior" (fs. 2736) puesto que si debe realizarse de nuevo es porque el anterior fue suspendido y la suspensión se extendió por más de diez días, aclarando que sólo hubiera sido nulo de haberse conti-nuado después de los 10 días.

Entiende el recurrente que sobre el interés particular de los procesados debe primar el interés supremo de la sociedad entera, que no puede ver frustrado su legítimo derecho a que, ante el probable actuar ilícito de los sometidos a juicio, se dilucide en el debido proceso y se apli-que la condigna pena de resultar ésta procedente, por lo que estima también incorrecta la apreciación del Dr. Álvarez Morales cuando expresa: ".considero que la vía intentada es idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso irrazonable del tiempo y sal-vaguardar de este modo el derecho fundamental de los encartados.". En esta dirección, destaca que la Constitución Nacional consagra la protección del derecho de propiedad en su Art. 17 y la Constitución de la Provincia de Catamarca en su Art. 8º, y que los delitos que se le endilgan a los imputa-dos, una vez comprobados, conculcan estas normas constitucionales por cuanto, ya sea la Malversación de Caudales Públicos como el Peculado (Arts. 260 y 261 párrafo 1º, respectivamente), son delitos que se cometen contra el Estado, con lo cual personas inescrupulosas e indignas se burlan de la sociedad, lucrando indebidamente del erario público, aprovechando a su vez su condición de Funcionario Público (Art. 77 del C.P.), por lo que estima inapropiado y contrario a derecho aplicar en el sub lite el criterio del mencionado Juez, sin que se haya operado la prescripción de la acción.

Formula otra crítica diciendo que, con arreglo a lo dis-puesto en los arts. 345, 347 del C.P.P., el sobreseimiento se debió disponer por sentencia y no por auto, como lo hizo el tribunal.

Por último, como otra irregularidad del fallo que en un todo cuestiona señala que el punto IV) de la parte resolutiva, no expresa la decisión de la mayoría, sino la de uno sólo de los integrantes del Tribunal, circunstancia totalmente anómala y hasta inédita por cuanto tratándose de un Tribunal Colegiado sus resoluciones deben dictarse sólo por mayoría de votos o por unanimidad (Art. 401 del C.P.P.).

Culmina peticionando se case el Auto Interlocutorio cues-tionado, formulando expresa reserva del Recurso Extraordinario Federal.

II. b. Corrida vista al Sr. Procurador General de la Corte de Justicia (fs.130), éste mantiene el recurso (arts 450 y 462 del C.P.P.) dando por reproducidos los argumentos vertidos por el recurrente en su escrito de interposición.(fs. 131/131vta.).

II. c. Los querellantes particulares, fundamentan su recur-so invocando la inobservancia o errónea aplicación de la ley penal sustan-tiva y adjetiva; la afectación del principio constitucional de división de po-deres y la falta de motivación adecuada de la sentencia por contradicciones y apartamiento del derecho (art. 454 incs. 1º y 4º); dicen que la sentencia es arbitraria por violación a los principios de legalidad, defensa, debido pro-ceso e igualdad. Reseñan el trámite de la causa, los hechos imputados y, con abundantes transcripciones del fallo, critican los argumentos expuestos como fundamentos del mismo.

Dicen que el Juez Álvarez Morales hace una interpreta-ción errada de las normas que regulan la prescripción; que asimila arbitra-riamente esta causa con las causas con detenidos; y que, aunque reconoce que algunos actos de la defensa pueden ser tenidos como dilatorios, al refe-rirse a las demoras en la sustanciación de la causa no tiene en cuenta que las presentaciones, impugnaciones y articulaciones de la defensa impidie-ron su normal tramitación. Manifiestan que la resolución instala la alterna-tiva de la impunidad para autores que entorpezcan la investigación y hagan planteos en ese sentido; y que, para que opere el vencimiento del plazo ra-zonable, es necesario que haya existido un impulso constante de quien lo reclama, que haya éste manifestado la intención de una pronta resolución del conflicto y, además, que no sea inminente la realización del debate que pondría fin al proceso. Que lo resuelto equivale a decir que hay que dejar que cualquiera delinca y que se mantenga en libertad, y que sólo serán so-metidos a un juicio los que no observen buena conducta. Que la reforma constitucional de 1994 y las garantías del debido proceso deben alcanzar también a las víctimas y damnificados. Que el fallo asimila, improcedente y arbitrariamente, el instituto sustancial de la prescripción de la acción pe-nal con el denominado "adagio" procesal del plazo razonable, y yerra al pretender él establecer el plazo razonable, el que no es sino una manifesta-ción de deseo, sugerencia o hasta imposición de los tratados internaciones pero que sólo puede ser fijado por ley. También critica que, aunque reco-noce su existencia, considera inadmisibles los actos de impulso procesal verificados en la causa. Siguen diciendo que, por una parte, reconoce que la acción no ha prescripto pero, por otra, considera que se ha extinguido la pretensión punitiva del estado. Critican asimismo, que desmerezca la acti-vidad impulsora del Ministerio Público Fiscal y de la Querella; que no con-sidere la influencia en la demora del tiempo que se ha consumido en sus inhibiciones; que considere que la causa no es compleja cuando se investi-garon más de cien hechos y la intervención de seis autores cuyos abogados presentaron cuanto recurso tuvieron a su alcance, y que no tenga en cuenta el último acto de impulso procesal válido, ocurrido el 8 de octubre de 1999 (citación a juicio). Destacan que los plazos razonables los ha considerado ya el legislador al crear las normas y no dejarlas al arbitrio de los jueces para que éstos los establezcan caprichosamente.

En relación al voto del Dr. Roselló, los impetrantes ale-gan: Que confunde el instituto sustantivo de la prescripción con las normas procesales que reglamentan el denominado plazo razonable, concepto que resulta aplicable a las medidas de coerción personal en causas calificadas "con detenido"; que incurre en contradicción cuando dice que ha perdido vigencia el reclamo social de recomponer el equilibrio jurídico deteriorado por el delito cuando esta Corte había intimado a esa Cámara a la realiza-ción del proceso; que se olvida de la gran voluminosidad y altísima com-plejidad de la causa; que su pronunciamiento impide al Estado actuar el Derecho. Que resulta reprochable que si se ha considerado a la presenta-ción del Dr. Ávila como una excepción con los alcances del art. 193 inc. 2º o bien, el 3º del C.P.P., no se haya dado la posibilidad a esa parte de con-testar el recurso y expresar su discrepancia con lo cual se ha afectado su derecho de defensa.

Bajo el epígrafe "Prescripción de la acción penal vs. Pla-zo razonable", manifiestan que la afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable no puede ser interpretada como una causal distinta a los plazos establecidos por el Código para la prescripción de la acción. Que teniendo en cuenta que se trata de una causa voluminosa y compleja, jamás se puede hablar de un plazo razonable que no sea el de prescripción. Que la Corte local ha dicho reiteradamente que los plazos procesales son ordena-torios y deben ser conjugados con las particularidades de la causa: volumi-nosidad, complejidad, cantidad de partes, de pruebas ofrecidas, etc., medi-das con pautas de 1) legalidad (principio de legalidad) y 2) de razonabili-dad. Que la CSJN ha dicho que la propia naturaleza de la garantía impide determinar a partir de qué momento o bajo qué circunstancias comenzaría a lesionarse, que dicho plazo no se puede medir en meses o años, y que -en el punto- la Corte se identificó con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los criterios de complejidad del caso, conducta del imputado y la manera en que el asunto fue llevado por las autoridades judi-ciales.

Aseveran que, en el caso, la duración no ha sido extraor-dinaria porque de otra manera no podría haberse producido semejante can-tidad de material probatorio. Sostienen que se ha violado el principio de legalidad y de razonabilidad porque el voto de la mayoría se apartó de lo establecido por el art. 67 del C.P. y porque ha efectuado una creación pre-toriana para justificar su pronunciamiento.

Articulan pronto despacho y solicitan se intime al tribunal a fijar fecha de debate en forma inmediata atento la inminencia del término extintivo de la acción, descontando la revocatoria del pronunciamiento in-constitucional dictado por la Cámara.

Finalizan su escrito recursivo, haciendo expresa reserva de caso federal.- II. d. A fs. 139/148 comparecen los Dres. Pinto -defensor del imputado Delgado- y Ávila -defensor del imputado Moreno-, formulan consideraciones en apoyo del decisorio atacado y, en su consecuencia, se oponen a los argumentos recursivos del Sr. Fiscal de Cámara y solicitan se rechacen los mismos.- III. Como punto de partida debo decir, que atento a la identidad de planteos formulados, razones de economía procesal imponen el tratamiento conjunto de ambos agravios por estar íntimamente relacio-nados.

Que los recursos son formalmente admisibles por haber sido interpuestos en tiempo y forma, por las partes legitimadas, siendo pro-cedente la vía recursiva intentada atento a que el Auto Interlocutorio ataca-do es equiparable a sentencia definitiva puesto que pone fin al proceso, lo cierra definitiva e irrevocablemente, haciendo imposible que continúen las actuaciones (art. 455 del C.P.P.), comprobación que amerita ingresar al tratamiento de la impugnación.

Que mediante la resolución impugnada el Tribunal a quo tuvo por insubsistente la acción penal emergente de los hechos investiga-dos, al considerar vencido el plazo razonable del proceso. Así hizo lugar a la petición formulada por el abogado defensor del imputado Moreno, quien solicitara el sobreseimiento de su pupilo invocando como fundamento de su pretensión las restricciones sufridas por su asistido durante este largo proceso, y la frustración de éste cuando, ya a un paso de concluir el juicio celebrado, quedó sin efecto por razones ajenas al mismo.

Por su parte, como quedara fijado, los recurrentes cues-tionan las razones dadas en el fallo, señalando las contradicciones en que -dicen- incurrieron los jueces que formaron mayoría, y colocan a esta Corte en posición de decidir sobre el acierto o error de la resolución puesta en crisis en cuanto a la aplicación al caso de la doctrina de la "Insubsistencia de la Acción Penal" como derivación del derecho de defensa en juicio y debido proceso penal.

La cuestión remite necesariamente al examen de la dura-ción del proceso a fin de establecer si se ha desarrollado con la debida cele-ridad o con dilaciones indebidas; en su caso, si la prolongación resulta into-lerable y, en este supuesto, si dicha irregularidad impone, autoriza o justifi-ca, legal y lógicamente, la decisión jurisdiccional puesta en crisis.

Que la doctrina de que se trata refiere a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, la que exige la indispensable consideración de opinables circunstancias particulares de la causa, de las que no sólo puede, sino debe, prescindir el examen de la prescripción, cuya verifica-ción, por imposición legal, se agota generalmente con el cómputo de los términos respectivos practicado con arreglo a las pautas objetivas conteni-das en las normas legales de los arts. 62, 67 y concordantes del C.P.

Es que, a diferencia de lo que ocurre con la prescripción, no puede medirse a priori, en meses o años, el plazo razonable del proceso. No existe catálogo legal alguno que precise taxativamente los indicadores que deben ser específica y obligatoriamente tenidos en cuenta a fin de con-cretar en cada caso si el prolongado proceso que supone la invocación de la garantía, afecta el derecho a ser juzgado en un juicio rápido o si, por el contrario, en atención a esos parámetros objetivos de referencia ineludible, la extensión temporal del proceso se justifica y por ello es legítima.

Cierto es también que de esa orfandad legislativa de ca-rácter instrumental no puede derivar la virtual derogación o ineficacia de la garantía constitucional por lo que, a fin de asegurar su vigencia, la doctrina y la jurisprudencia, con lógicas razones, han esbozado o aplicado distintas fórmulas que al simple conteo de los meses o años que lleva tramitando el proceso, suman la complejidad de la causa, la actuación de los tribunales, la actuación de los justiciables, la gravedad del delito, las dificultades de la investigación, etc, todos o sólo algunos de estos factores.

Sabido es que la garantía de la duración razonable del proceso penal, como natural derivación de la garantía del debido proceso, de la defensa en juicio y del principio de inocencia, es de rango constitu-cional y ha sido reafirmada en los Pactos Internacionales incorporados a la Constitución Nacional (art 75 inc. 22°, segundo párrafo); Pacto Internacio-nal de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 inc. 3°, c; Convención Ameri-cana de Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica, art. 8, 1°). A esta garantía ya se había referido la Corte Suprema de Justicia de la Na-ción en 1968, in re "Mattei" (Fallos 272:188) con la que se inició una sen-da jurisprudencial en la que tuvo especial consideración la dimensión del derecho del justiciable a obtener una resolución judicial que decida su si-tuación, en un lapso razonable, la que fue sucesivamente ajustada según las especiales circunstancias de las causas juzgadas.

Esta garantía es bilateral ya que se extiende a la víctima y a los damnificados como expresión del derecho de jerarquía constitucional y supranacional de acceso a la justicia (cfr., CAFFERATA NORES, José Ignacio, "Proceso penal y derechos humanos", CELS, Bs.As., 2000, págs.15/17 y 27/29) y de igualdad ante la ley (arts. 16 C.N. y 14.1 PID-CYP) y la actuación de la justicia, asegurándoles que el conflicto que pre-sentaran ante la autoridad judicial será resuelto por ésta en un lapso pru-dencial.

Del examen de los precedentes de la CSJN resulta que, además de la ponderación propiamente dicha del tiempo transcurrido, en algunos casos, siguiendo la doctrina sentada en "Mattei", la Corte conside-ró que afectaban dicha garantía las declaraciones de nulidades insustancia-les que retrotraían el proceso a etapas precluidas y, en otros, estimó legíti-mo el reenvío a fin de asegurar las formas sustanciales del proceso, aunque tal decisión implicara la prolongación del mismo.

Que, como no toda prolongación del proceso justifica la aplicación de la teoría de la insubsistencia de la acción penal sino sólo la que resulte intolerable en atención a las particulares circunstancias de la causa, se impone la ponderación de las concretamente verificadas en autos.

IV. Que del legajo surge la siguiente secuencia de actos procesales trascendentes (sintetizada en honor a la brevedad): 21 de Agosto de 1996: se inició la investigación por denuncia de Fiscalía de Estado por hechos que encuadrarían en la figura de Peculado. 4 de Diciembre de 1996: el Sr. Juez de Instrucción dictó el Procesamiento y Prisión Preventiva de Norma del Valle Barroso, como probable autora del delito de Peculado (art. 261, 1º párrafo del CP, 85 hechos); de Rubén Wencio Delgado, como probable autor del delito de Peculado (118 hechos); de Ricardo Héctor Mo-reno (47 hechos de Peculado); de Jorge Omar del Valle Brizuela por el de-lito de Peculado (34 hechos); de Jorge Anselmo Nieva como probable par-tícipe secundario del delito de Peculado (26 hechos) y de Oscar Aníbal Pé-rez por el delito de Peculado (4 hechos) (fs. 525/882). 6 de Diciembre de 1996, el Sr. Juez de Instrucción amplió la Resolución de fs. 525/582 de-terminando que los hechos endilgados a los imputados, son en concurso real (fs. 891). 9 de Diciembre de 1996, el Sr. Juez de Instrucción concede los recursos de apelación interpuestos por los imputados contra los autos de Procesamiento y Prisión Preventiva dictados a los mismos (fs. 899). 20 de Diciembre de 1996, la Cámara Penal Nº 2, como tribunal de apelación, re-suelve rechazar los recursos interpuestos y confirmar los autos recurridos (fs. 951/960 vta.). 22 de Diciembre de 1998: Se elevó la causa a juicio pe-ro, por nulidad declarada por la Cámara en lo Criminal de Primera Nomi-nación, los autos volvieron a Instrucción. 31 de Agosto de 1999: se eleva-ron nueva y definitivamente los autos a juicio. 8 de Octubre de 1999, se dictó Decreto de Citación a Juicio (fs. 1654/1654 vta.). 26 de Octubre de 1999 ofreció prueba el Fiscal de Cámara (fs. 1684/1693). 1 de Noviembre de 1999, los defensores -Dres. Patria y Morcos-, plantearon nulidades (fs. 1720/1721). El 1º de Noviembre de 1999, ofreció prueba Fiscalía de Estado (querellante particular, fs. 1722/1735). Que el 7 de Julio de 2000 se elevó la causa a esta Corte a los fines de dirimir una cuestión de competencia con la Cámara Penal Nº 2, la que fue resuelta el 20 de Septiembre de 2000, dis-poniéndose que la Cámara Penal Nº 1 continuara entendiendo en la causa (fs. 1809). 11 de Junio de 2002 (fs.1821) los querellantes particulares, Dres. Marcos Denett y Ana G. Bracamonte, solicitan se fije fecha de deba-te. 27 de Mayo de 2003 al 30 de abril de 2004 la causa estuvo en la Secre-taría en lo contencioso administrativo de esta Corte (fs.1838). El 13 de Abril de 2004 Fiscalía de Estado solicitó nuevamente fijación de fecha de audiencia de debate (fs 1836). 16 de Abril de 2004 el Fiscal de Cámara solicitó fijación de fecha de audiencia de debate (fs. 1837). 14 de mayo de 2004 (fs. 1844) se designó fecha de debate para el 28 de Septiembre de 2004, el que se suspendió porque no se habían realizado todas las pericias propuestas (ver proveído de fs. 2017) y hasta tanto se concluya con la tota-lidad de las mismas. 22 de Marzo de 2006 (fs. 2244), se vuelve a fijar fecha de juicio para el 15 de Septiembre de 2006, el que se suspendió mediante decreto de fecha 24 de Agosto de 2006 (fs. 2288) por enfermedad de uno de los miembros del Tribunal. 26 de Diciembre de 2007, 6 de Agosto de 2008 y 2 de Septiembre de 2008 (fs. 2319, 2334 y 2460, respectivamente), intimaciones de esta Corte a efectos de que se realizara el debate. El 5 de Septiembre de 2008 inició el debate, y se suspendió por enfermedad de uno de los miembros del tribunal, quedando sin efecto por haber excedido el término legal de suspensión previsto en el art. 371 del C.P.P. 26 de Febrero de 2009 se fija nueva fecha de debate para el 17 de Marzo de 2009 (fs. 2709). 3 de Marzo de 2009 la defensa del imputado Moreno, interpuso re-curso de reposición (fs. 2728/2730). 16 de Marzo de 2009 se dicta la reso-lución que motiva la interposición del presente recurso.

Analizadas las constancias reseñadas, a la luz de los con-ceptos fijados, aunque debo admitir que si bien es cierto que los más de doce años que ha insumido el desarrollo de este proceso constituyen un término ciertamente prolongado de duración del mismo, por otra parte, considerando que la causa se ubica en los umbrales del debate, es inminen-te la culminación de la situación de incertidumbre que importa su tramita-ción en sí. Y es que, debido a la enfermedad de uno de los miembros del tribunal -Dr. Mazucco- (fs. 2540, 2666), fue suspendido por más de diez días el debate iniciado el cinco de septiembre de 2008, motivo por el cual se fijó nuevamente fecha de audiencia para su celebración (art. 371 del C.P.P.) el día 17 de Marzo de 2009, ínterin en el que la defensa del impu-tado Moreno, solicitó el sobreseimiento de éste protestando por tener que sufrir otra vez la angustia del debate.

Así las cosas, dado que la renovación del debate fue orde-nada para garantizar las formas esenciales del juicio el que -seguido con arreglo a los principios de concentración e inmediatez- asegura la proximi-dad temporal de la sentencia con la prueba., entiendo que tan justificada fue la suspensión como la retrogradación del proceso, por lo que las demo-ras sufridas hasta ahora, se enmarcan en las eventuales contingencias que, como tales, deben ser soportadas por los justiciables según cabe inferir de lo resuelto por la Corte federal en el precedente "Bolo" (Fallos:307:1030 ).

Que, al no concurrir en el caso las circunstancias juzgadas en "Mattei", citado en la sentencia impugnada (fs. 2741 vta.), referidas a hipótesis de invalidación y retrogradación de las actuaciones cuando han sido observadas las formas sustanciales del juicio, y a la restricción de la libertad personal que, por haber excedido a la que deriva de un regular trá-mite legal, diera lugar a la decisión liberatoria, la solución dada en dicho caso no es aplicable a éste atento a que, como ha aclarado la CSJN, la apti-tud de ese precedente -y de los que siguieron su línea- queda circunscripta a tales hipótesis (Fallos 312: 2434).

Que, por otra parte, las exigencias sobre la duración del proceso son menos estrictas cuando el imputado recupera su libertad des-pués de haber estado en prisión preventiva, y así surge, por ejemplo, de la declaración contenida en el art. 7.5 de la Convención Americana de Dere-chos Humanos: "Toda persona detenida. tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que conti-núe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que asegu-ren su comparecencia en juicio", lo que, sin embargo, claro está, no autoriza concluir que, este proceso, seguido contra personas no privadas de su liber-tad ambulatoria, se pueda extender indefinidamente.

Tampoco puede soslayarse que, por el avanzado estado de la causa, es inminente el pronunciamiento conclusivo que resuelva sobre el fondo del asunto y -huelga decirlo- atienda todos los intereses del conflicto puesto que con el mismo acabará el estado de incertidumbre de los imputa-dos y, a su vez, serán satisfechos los fines últimos del proceso y la expecta-tiva legítima de la sociedad: la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva al caso concreto.

Indudablemente, esta circunstancia dista de la planteada en el precedente "Barra" (Fallos: 327:327) cuando al declarar la extinción de la acción penal la Corte tuvo en consideración, entre otros indicadores, que el trámite se había prolongado aproximadamente dieciséis años y no podía predecirse que se obtendría una resolución definitiva del pleito a cor-to plazo con la continuación de la restricción de la libertad que produce el sometimiento a juicio.

En atención a que no toda prolongación de este proceso resultaría intolerable si no sólo la que es incompatible con las particulari-dades de la causa, considero indispensable tener en cuenta en el presente caso la pluralidad de hechos de que se trata, la pluralidad de imputados y la intervención de sujetos no esenciales (querellante y actor civil). Así -aunque el Juez Álvarez Morales diga lo contrario y los hechos sean simila-res o idénticos-aprecio que la causa es compleja por las dificultades lógicas de la investigación de la particular clase de delitos de que se trata, la acti-vidad procesal desarrollada y las incidencias producidas, las que guardan relación con esa pluralidad fáctica y con la participación plural, que en gra-do de probabilidad fuera establecida, por lo que también estimo de recibo los agravios de los recurrentes en punto a la complejidad de la causa.

En cuanto a la consideración del modo en que los órganos jurisdiccionales intervinientes han llevado la causa, por razones de breve-dad, me detendré únicamente en la diligencia puesta de manifiesto por el Tribunal a quo, que ser el que por más tiempo estuvo a cargo de la causa.

En esa dirección advierto que la Cámara de Juicio no ha dirigido el proceso con la diligencia debida adoptando las medidas útiles para que el trámite del proceso no se paralice, y tan es así que, además de tres requerimientos de la parte querellante (fs.1821, 1836 y 2315) y uno del representante del Ministerio Público Fiscal (fs.1837), en tres oportunidades esta Corte intimó la realización del Debate (fs.2319, 2334 y 2460), por lo que les asiste razón a los recurrentes al quejarse porque el Tribunal ha ig-norado los referidos actos de impulso.

Sin perjuicio de lo expresado y de que sean atendibles las razones que en cada caso se dieran para no seguir el trámite de modo regu-lar, cierto es también que la pasividad manifestada en cada caso por los justiciables bien puede interpretarse como consentimiento tácito al diferi-miento del juicio.

Por otra parte, la actitud de equidistancia que debe man-tener el Tribunal una vez elevada la causa a juicio -como derivación de los principios de bilateralidad y de igualdad ante la ley- y que impide al mismo subsanar las deficiencias probatorias de las partes, no constituía obstáculo para que ordenara las medidas conducentes para la continuación del trámite una vez superados los inconvenientes que, en cada caso, determinaran la suspensión del mismo. Que, en consecuencia, considero inaceptables las explicaciones que diera en el fallo el Juez del 3º Voto, Dr. Roselló, res-pecto de que " En función de la ideología impuesta por el modificado mo-do de juzgamiento se instituye de manera paradigmática el principio de "Juez tercero imparcial" en el proceso, garantía inserta en la del "debido proceso legal", en virtud de la cual se veda toda actuación oficiosa del Tri-bunal, endilgándose el impulso del proceso al Ministerio Público Fiscal y a la Querella Particular y Actor Civil en su caso.", por cuanto no importaba actuación oficiosa que comprometiera la imparcialidad del Tribunal dar respuesta a los reiterados actos de impulso procesal verificados en la causa.

Que, como quedara dicho, la actuación de los justiciables es también un parámetro útil a fin de valorar la violación de la garantía constitucional a ser juzgado en plazo razonable por lo que, en el caso, se impone el análisis de la conducta procesal del imputado Moreno toda vez que, acogiendo sus quejas, el tribunal a quo hizo lugar a su solicitud y dic-tó la resolución recurrida que diera por extinguido anticipadamente el pro-ceso seguido en su contra y en la de los demás imputados.

Y es que la mera prolongación del proceso no es la que justificaría, excepcionalmente, la conclusión anticipada del mismo, sino la que resulte intolerable teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la influen-cia que en esa extensión temporal hayan tenido quienes reclamaran la ga-rantía constitucional.

Así surge, por ejemplo, de lo resuelto por la Corte Su-prema en "Berel Todres" (Fallos 302: 1333) al declarar que la celeridad en los procesos penales "es sólo aquella que sea posible y razonable" y que contra ella conspira la deducción por las partes de recursos manifiestamen-te inoficiosos.

No puede ser otra la conclusión dado que hasta el derecho de defensa tiene límites por lo que, a los fines de que se trata, se impone distinguir la actividad procesal que traduce el legítimo ejercicio del dere-cho, de la actuación meramente retardatoria, por ejemplo, reiterando ins-tancias inoficiosas.

En el caso, salta a la vista la vocación de la defensa del imputado Moreno para que su pupilo no sea definitivamente juzgado por los hechos que se le atribuyen.

Tal actitud surge evidente del silencio que ha guardado cuando las dificultades del Tribunal obstaron la continuación del trámite, consintiendo de tal modo, implícita y pasivamente, la consiguiente demora del proceso.

Sin embargo, apenas fijada la correspondiente audiencia de debate, se alzó esa defensa alegando vencimiento del plazo razonable del proceso, invocación que, por las razones dadas, no merece ser ampara-da, dada su incompatibilidad, con la referida previa inactividad procesal ciertamente contributiva de la prolongación temporal del proceso.

Así lo interpretó también el Tribunal Superior de Justi-cia de Córdoba en autos "Amaranto" (S. nº 38, 21/05/04) y más reciente-mente en causa "Annone" (S. nº 298, 22 /11/07) al sostener que "al derecho a obtener una sentencia que dirima la situación procesal en tiempo razona-ble, cabe exigir, además, que la parte que lo reclama haya intentado impul-sar el proceso, infructuosamente, a través de las vías que le habilita la ley ritual...", que ".quien pretende ampararse en esta garantía debe haber puesto de manifiesto una actitud acorde con lo que peticiona, esto es, haber utilizado los medios procesales que tenía a su disposición para provocar la decisión, cualquiera sea su sentido, condenatorio o exculpatorio, que pusie-ra fin a la situación de incertidumbre y restricción propia del trámite.".

Por las razones dadas, sin que implique menoscabo al ejercicio legítimo de la defensa del retraso producido debe hacerse cargo la defensa por haber contribuido al mismo.

A diferencia del Fiscal y de los querellantes, que compa-recieron ante la Cámara solicitando la fijación de fecha de debate (fs. 1837 y 1821, 1836, y 2315, respectivamente)., la actitud diligente e impulsora de la defensa no queda satisfecha con la mera aquiescencia a las medidas dispuestas por el Tribunal aprovechando que la suspensión del trámite be-neficiaba al imputado por el transcurso de los plazos de prescripción de la acción, por lo que no corresponde admitir ahora sus críticas sobre las de-moras del proceso, las que en ningún momento intentó remediar reclaman-do mayor celeridad, y si bien no corresponde repudiar su silencio esperan-do que transcurran los plazos de la prescripción, no cabe consentir su pre-tensión de liberarse sin más de las restricciones del proceso.

Por otra parte, ha insistido la defensa en la articulación de planteos ya resueltos, sin aportar razones distintas a las ya consideradas, los que, lejos de contribuir al progreso del proceso, han evidenciado un propósito dilatorio. Que así lo considero en atención a la oportunidad en que se efectuaran las reiteradas peticiones (fs. 2412/2415, 2425/2433, 2435/2443, 2551, 2699/2707), esto es, recién después de fijada fecha para el debate, por lo que cabe concluir que no tuvieron otra finalidad que la de seguir postergando el juicio para lograr la prescripción de la acción penal, circunstancias en atención a las cuales también resultan procedentes los recursos impetrados.

El control de la legitimidad de la duración del proceso no puede prescindir tampoco de la consulta a las escalas penales previstas para los hechos de cuyo juzgamiento se trata porque sólo dichas previsiones legales expresan objetivamente -sin lugar a interpretaciones diversas o du-da alguna- la magnitud del agravio que se habría ocasionado y tanto su proporcionalidad con la entidad y la gravedad de la afectación al bien jurí-dicamente protegido por la norma respectiva, como con el plazo de pres-cripción de la acción penal emergente del mismo y la duración razonable del proceso para su juzgamiento.

Así, la grave sanción conminada in abstracto en la norma del art. 261 del C.P. en el que fueron enmarcados los hechos que se atribu-yen en estos autos, no expresa rigor sino proporción, y pauta que reclama mayor prudencia en la consideración de criterios aplicables -y concreta-mente aplicados- en otros casos en que esa proporción, como expresión de estricta justicia, ha sido debidamente constatada.

Y es que la pena de prisión o de reclusión de hasta diez años prevista en la citada norma dista significativamente de las considera-das en los precedentes en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin al proceso con fundamento en la insubsistencia de la acción.

Por otra parte, de indispensable consideración resulta también la grave restricción personal que importa el encarcelamiento, y que se verificaba en el caso citado en la resolución impugnada, "Mattei (Fallos: 272:188), situación que no se presenta en autos y que, por lo tanto, no autoriza la equiparación de esta causa con ese precedente.

Que debe tenerse en cuenta también que se trata de hechos perpetrados en perjuicio de la administración pública, y que la res-ponsabilidad de los imputados por los mismos ha sido establecida con sufi-ciente grado de probabilidad, quienes eran entonces funcionarios o em-pleados de la administración pública, con motivo o en ocasión del ejercicio de su función o empleo, y desprecio a la confianza depositada en los mis-mos por el Estado en interés del cuerpo social, circunstancias todas de do-minio público que -aunque no sólo por serlo- reclaman mayor celo en la interpretación de la doctrina de la insubsistencia de la acción penal, de cu-ya aplicación en el fallo impugnado se ha derivado la extinción anticipada del proceso, sin juzgamiento; desatendiendo los fines propios del mismo, la averiguación de la verdad y la realización del derecho penal sustantivo; soslayando el deber republicano de decir el derecho en el caso y el com-promiso constitucional de afianzar la justicia.

Y es que la comisión de delitos desde el mismo Estado, aprovechando el ámbito propio y las ventajas que otorga encarnar la auto-ridad pública o tener el manejo de los asuntos públicos, repugna especial-mente -y así lo reflejan las severas sanciones previstas por la ley para sus autores-, al tiempo que provoca un sentimiento de desconfianza en la auto-ridad e impunidad de sus agentes, y éste, por otra parte, facilita -cuando no alienta- nuevos ataques furtivos.

Sobre el tema, aunque al fundar su voto, el Dr. Álvarez Morales expresó que es plenamente conciente del sentimiento de rechazo, repugnancia e impunidad que padece la sociedad por hechos de corrupción como los que le toca juzgar, máxime teniendo en cuenta la trascendencia de la causa, no se compadece su decisión con tales consideraciones por lo que, también sobre este punto, estimo que le asiste razón a los recurrentes sobre las contradicciones del fallo impugnado.

Como quedara dicho respecto de los delitos en general, no puedo dejar de reiterar aquí, que la relevancia de la calificación legal en la ponderación de la duración del proceso penal, la que ha sido especialmente tenida en cuenta por el legislador al reglar el instituto de la prescripción como causal de extinción de la pretensión punitiva estatal, clara y específi-camente prevista en el art. 59 inc. 3º del C.P., estableciendo -también clara y específicamente- un tratamiento diferenciado para el cómputo de los pla-zos legales correspondientes a los delitos contra la Administración Pública. Así, el art. 67 -párrafo segundo- del C.P. reza: "La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público".

Que la razonabilidad de dicha previsión legal, como ex-cepción a la regla general establecida en el último párrafo del mismo artí-culo -según la cual la prescripción se suspende o se interrumpe separada-mente para cada delito y para cada uno de sus partícipes-, descansa funda-mentalmente en las lógicas dificultades que, por su investidura, ofrece al descubrimiento e investigación del ilícito, el cometido por el funcionario público durante su gestión, ventaja que no tiene el ciudadano común, y que justifica ese tratamiento diferenciado pero compatible con la garantía cons-titucional de igualdad ante la ley, que implica igualdad en condiciones iguales.

En este sentido ha resuelto el Tribunal Superior de Justi-cia de Córdoba un planteo de inconstitucionalidad respecto del mencionado art. 67 2º párrafo del C.P. oportunidad en que, además y con razón, consi-deró adecuada dicha norma a la Convención Interamericana contra la Co-rrupción (S. nº 337/2008, en autos "Alarcia, Fermín y otros s/ defraudación calificada - recurso de inconstitucionalidad).

En dicha Convención, aprobada el 4 de diciembre de 1996 por ley 24.759, teniendo presente que es responsabilidad de los Esta-dos combatir la corrupción, el Estado argentino -como los otros miembros de la Organización de los Estados Americanos- convencido de que la co-rrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos, al comprometer su cooperación internacional para que la acción en ese campo sea efectiva, asumió la obligación de implementar medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las función pública.

En consecuencia, se impone en autos adoptar un tempe-ramento jurisdiccional compatible con tan dignos propósitos y continuar con el trámite de la causa según su estado, sin más demoras.

Que, por las razones expuestas, considerando especial-mente, que está agotada la investigación de la significativa cantidad de hechos atribuidos y firme la resolución que tuvo por suficientemente acre-ditada, en grado de probabilidad, tanto la existencia histórica de los mis-mos como la intervención penalmente responsable de los seis imputados en la causa; que éstos no se encuentran detenidos; que se trata de delitos en perjuicio de la administración pública y que la acción penal emergente de los mismos no ha prescripto aún; como también que sólo resta celebrar el Debate y dictar Sentencia, estimo que subsiste la potestad jurisdiccional para juzgar los hechos. Por ello, a la primera cuestión planteada, mi res-puesta es negativa, es decir que, por las circunstancias apuntadas, en el presente caso no se ha producido la extinción de la acción penal por insub-sistencia de la misma.

Con ello, carece de fundamento el sobreseimiento total y definitivo de los imputados dispuesto en el auto que se recurre.

Que, por otra parte, teniendo en cuenta que la acción de-rivada de los hechos de la causa prescribiría en el mes de octubre del co-rriente año, considero que resulta impostergable tomar los recaudos indis-pensables a fin de evitar las dilaciones que podrían derivar de la eventual impugnación a esta resolución.

Es que, subordinar el avance de la causa principal a la re-solución definitiva de la cuestión incidental -que, por serlo, no refiere al fondo del asunto- llevaría, irremediablemente, a la prescripción de la ac-ción penal, produciendo un perjuicio irreparable a los recurrentes atento a que, en ese caso, se cerraría irrevocablemente el proceso.

Atendiendo a esta también particular circunstancia de au-tos, dado que el juzgamiento de los hechos de que se trata trasciende el mero interés de los litigantes y afecta principios del orden social vincula-dos con las instituciones básicas del Estado, a fin de asegurar el equilibrio de los intereses en juego y de garantizar la efectiva vigencia de los dere-chos de las partes, la que no sería íntegramente satisfecha si continuara pa-ralizada la causa principal, entiendo que corresponde desglosar del princi-pal, las piezas procesales pertinentes al Expte. Nº 310/08 de la Cámara Pe-nal Nº1, caratulado "Incidente de Planteo de Insubsistencia de la Acción Penal interpuesto por el Dr. Fernando Ramón Ávila en causa Expte. Nº153/99 caratulada: "Moreno, Barroso, Delgado y Otros ss.aa. Peculado", el que corre agregado al principal desde fs. 2699, y remitir el principal a origen para que continúe el trámite de la causa según su estado.

Que la medida resulta procedente habida cuenta que el propósito de la formación de incidentes es no paralizar o suspender el pro-ceso principal, el que debe proseguir mientras tramite la cuestión incidental por lo que, en algunos casos, hasta puede diferirse su decisión hasta antes de resolver el principal.

Que, por el avanzado estado del proceso, en el que sólo resta transitar la etapa crítica del juicio propiamente dicho y se avizora la inminente decisión sustancial definitiva, la medida propuesta ningún per-juicio ocasiona a las partes más que, eventualmente, el dispendio procesal del debate.

Que, conforme fuera resuelto por Auto Interlocutorio número cincuenta y siete del veintitrés de septiembre de dos mil ocho, con-sidero además, que debe seguir interviniendo la misma Cámara, la que de-berá adoptar todas las medidas útiles para que, sin más demoras, se celebre el debate y se dicte sentencia definitiva en la causa.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Luis Raúl Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Sin embargo, encuentro indispensable destacar los categóricos términos de las sucesivas intimaciones de esta Corte para que se realizara el Debate. Y tanto es así que, por ejemplo, en la última, por Resolución Nº 3015 del dos de septiem-bre de dos mil ocho, hasta se impartieron instrucciones prácticas para que la Cámara fijara audiencia y la celebrara en todos los días hábiles, en forma continua, habilitando las horas inhábiles que fueran necesarias, para que se recibieran, al menos, cinco testimonios por día, y hasta autorizando viáti-cos para el Tribunal y el Ministerio Público por los gastos que ocasionara la continuidad dispuesta (fs. 2.460/2.460 vta.).

Por las razones dadas adhiero al voto del Dr. Cippitelli, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: 1º) Hacer lugar a los Recursos de Casación deducidos por el Sr. Fiscal de Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, Dr. Jorge Silva Molina y por los querellantes particu-lares, Dres. Marcos R. J. Denett y Tomás H. Aibar.

Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). 2º) Revocar la Resolución Interlocutoria nº 07/09, de fecha 16 de Marzo de 2009, obrante a fs. 2734/2751 vta. y, en consecuencia, los sobreseimientos declarados respecto de los imputados Ricardo Héctor Moreno, Norma del Valle Barroso; Rubén Wencio Delgado; Jorge Omar del Valle Brizuela; Jorge Anselmo Nieva y César Aníbal Pérez, por errónea aplicación de la doctrina de la insubsistencia de la acción penal, debiendo continuar la causa según su estado por ante el mismo Tribunal que venía interviniendo.

3º) Ordenar que por Secretaría, se desglosen las piezas procesales relativas al Expte. Nº 310/08, caratulado "Incidente de Planteo de Insubsistencia de la Acción Penal interpuesto por el Dr. Fernando Ramón Ávila en causa Expte. Nº 153/99 caratulada: "Moreno, Barroso, Delgado y Otros ss.aa. Peculado".

4º) Ordenar la inmediata remisión de los autos principales a la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación para que continúe el trámite de los mismos según su estado, con la recomendación a los señores jueces intervinientes, se sirvan adoptar las medidas prácticas necesarias a fin de evitar más demoras, conforme fue oportunamente dispuesto por Resolución Nº3015. 5º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada. 6º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres Dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en conse-cuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unani-midad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE: 1º) Hacer lugar a los Recursos de Casación deducidos por el Sr. Fiscal de Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, Dr. Jorge Silva Molina, y por los querellantes particulares, Dres. Marcos R. J. Denett y Tomás H. Aibar. Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).- 2º) Revocar la Resolución Interlocutoria nº 07/09, de fe-cha 16 de Marzo de 2009, obrante a fs. 2734/2751vta. y, en consecuencia, los sobreseimientos declarados respecto de los imputados Ricardo Héctor Moreno, Norma del Valle Barroso; Rubén Wencio Delgado; Jorge Omar del Valle Brizuela; Jorge Anselmo Nieva y César Aníbal Pérez, por errónea aplicación de la doctrina de la insubsistencia de la acción penal, debiendo continuar la causa según su estado por ante el mismo Tribunal que venía interviniendo.- 3º) Ordenar que por Secretaría, se desglosen las piezas procesales relativas al Expte. Nº 310/08, caratulado "Incidente de Planteo de Insubsistencia de la Acción Penal interpuesto por el Dr. Fernando Ra-món Ávila en causa Expte. Nº 153/99 caratulada: "Moreno, Barroso, Del-gado y Otros ss.aa. Peculado".- 4º) Ordenar la inmediata remisión de los autos principales a la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación para que continúe el trámite de los mismos según su estado, con la recomendación a los señores jueces intervinientes, se sirvan adoptar las medidas prácticas necesarias a fin de evitar más demoras.- 5º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada.- 6º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- Amelia del Valle Sesto de Leiva - José Ricardo Cáceres - ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-