Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-22


Lº sentencias DEFINITIVAS.......... Nº 17.

"BENIGNO GIOVANNINI c/ LOSADAS, MARIA I. y/o quien resulte propietario s/ COBRO EJECUTIVO" (Expte. Nº 13754).

Juzgado Civil y comercial Nº 4.

Registrado bajo el Nº.................108......................Sala II.

En Quilmes a los	22 días del mes de septiembre de 2011, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara de Apelación, Doctores Eleazar Abel Reidel, Horacio Carlos Manzi y Julio Ernesto Cassanello, con la presencia del Señor Secretario, Doctor José Gustavo Fuchs, se trajo a despacho para dictar sentencia los autos caratulados "BENIGNO GIOVANNINI c/ LOSADAS MARIA I Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO S/ COBRO EJECUTIVO" (Expte. Nº 13754).

Y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, se practicó el sorteo de ley que dió el siguiente orden de votación: Doctores Eleazar Abel Reidel, Horacio Carlos Manzi y Julio Ernesto Cassanello.

LA EXCELENTISIMA CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

1) ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?	2) ¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?	VOTACION:

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR REIDEL DIJO:

1. Que fueron enviados los autos a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la actora (fs. 158) y por los demandados Casanova y Andriola (fs. 167), contra la resolución del magistrado de origen que rechazó las excepciones de prescripción e inhabilidad de título y mandó llevar adelante la ejecución por la suma de $ 0,0357 más actualización e intereses desde la fecha de mora, acaecida el 1° de enero de 1988 (ver fs. 155/157).

2. Que la actora apelante, en su memorial de fs. 160/163 -que fuera replicado por la contraria (fs. 175)-, se agravia de la resolución de fs. 155/157, y en tal sentido, expresa:

2.1. Que ".el decisorio.establece erróneamente la fecha de la mora consignando que la misma operó el día 1 de enero de 1988, cuando corresponde a una fecha distinta según la naturaleza de las obligaciones que se tratan en la especie.".

2.2 . Que ".según su criterio la fecha de mora se produjo a los seis meses de la publicación de edictos, y luego de los treinta días de la expedición del certificado de deuda base de la acción, sin fundamentar porque tomó dicha fecha como comienzo de la mora.

2.3. Que ".En la cuestionada sentencia, se hace alusión a lo que expresamente establece la Ordenanza Gral.165/73, respecto a la forma de pago, que en caso de no haberse convenido ninguna forma se entenderá que el deudor está obligado al plan de pago de mayor extensión para luego concluir que el artículo 46 establece la mora de pleno derecho, conforme el artículo 509 de Código Civil. Que no obstante que se hace nacer la exigibilidad el día 1° de octubre de 1987, agrega que la misma es a los treinta días de la expedición del certificado, produciéndose confusión cuando luego establece que la mora se produjo el día de la fecha calculada a los cuatro meses, sin especificar cuales son los motivos para dicho sustento. Que la interpretación que realiza el juzgador respecto a que siendo que la mora se produce de pleno derecho, (art. 509 del Cód. Civil), al vencimiento de tres cuotas seguidas, hace que la deuda sea exigible el día 1° de octubre de 1987" 2.4. Que ".respecto a éste ultimo aspecto, nada tiene que ver la fecha de expedición del título, con la fecha de nacimiento de la mora. El cobro de la obra ya se ha validado como consecuencia de haberse publicado con anterioridad la notificación al frentista, resultando inconsistente que se pretenda hacer nacer el curso de la actualización del capital a los treinta días de la expedición del título, toda vez que dicho acto es de naturaleza exclusivamente administrativa, y que debido a tal circunstancia, la interpretación que realiza el juzgador no solo es inusual sino desacertada, puesto que la mecánica del proceso administrativo, emerge que nunca la emisión del certificado de deuda es anterior o simultánea a la fecha en que se torna exigible la deuda que da origen a la ejecución" 2.5. Que ".deviene procedente hacer nacer el curso de la mora desde que se hizo exigible el pago, es decir desde la fecha de vencimiento de la publicación edictal: 7 de Octubre de 1988.".

2.6. Que ".corresponde que tanto la actualización monetaria y sus correspondientes intereses, se apliquen a partir de la fecha de publicación edictal, es decir, desde el 17 de Julio de 1987 y no desde el día 1 de enero de 1988 como lo sostiene el a quo." 2.7. Que en relación a los intereses aplicables ".También se agravia esta parte respecto a la tasa aplicable tanto a los compensatorios como punitorios, siendo preciso aclarar que la sentencia en análisis, adolece de defecto cuando en su parte resolutoria hace mención de la tasa que corresponde aplicar, que acertadamente se refiere a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones, aludiendo en cambio a 'depósitos a treinta días' cuando debió decir operaciones de descuentos de documentos, solicitando se rectifique dicho mandato, debiendo aplicarse al capital indexado, desde la fecha de la mora, tal cual se solicita en el cuerpo principal del presente, los intereses compensatorios a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento de documentos (tasa activa) y punitorios del 2% mensual, hasta el efectivo pago.".

2.8. Entrando ahora a los agravios vertidos por los demandados Casanova y Andriola, que fueran replicados por el ejecutante a fs. 178/181, los mismos sostienen:

2.9. Que ". el sentenciante aplica erróneamente la norma aplicable, toda vez que en la causa de la obligación surge claro que no se trata de una obligación personal de nuestra parte, es más, de haber sido personal, lo sería exclusivamente con la demandada Losadas, pero el a quo ha omitido tener en cuenta que la parte actora a fs. 129 ha desistido de dicha codemandada y que tal desistimiento lo ha resuelto a fs. 130, de tal manera que con los suscriptos no existe obligación personal, por lo que la acción intentada prescribe a los cinco años y no a los diez como lo manifiesta el Juez en su sentencia.

2.10. Que ".si fuera personal, el plazo para contar los terminos de prescripción, según lo normado por el artículo 3956 del Código Civil, debe tomarse desde la fecha del título de la obligación que lo era el 1° de abril de 1987. No corresponde entonces el criterio adoptado por el aquo que lo toma desde la existencia del derecho o exigibilidad. Esto en razón a que la normativa del artículo citado expresa puntualmente desde cuando debe contarse los plazos, de tal manera también la acción se encuentra prescripta." 2.11. También los agravia la tasa de interés, argumentando que ".debe aplicarse la tasa pasiva, ya que no se trata de una obligación en la cual sea aplicable dicha tasa (activa). A su vez, establece un interés punitorio al 2% mensual con lo cual se contradice al manifestar en el considerando 'no más del 20%'.Además de lo expuesto, el Juez sentenciante no ha tomado en cuenta que para el cómputo de plazos prescriptivos de los intereses, resulta aplicable el de cinco años, ello en razón a que corresponde aplicar el artículo 4027 del Código Civil". 3- Por una lógica razón, emprenderé el estudio de los agravios relativos a la prescripción, ya que de su resultado derivará el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas.

3.1. Comenzaré por señalar que con relación al hito inicial del cómputo de prescripción invocado por los ejecutados recurrentes -fecha de expedición del certificado- que si bien el artículo 3956 del Código Civil dispone que la prescripción de las acciones personales comienza desde la fecha del título de la obligación, se ha sostenido en la interpretación amplia de dicho precepto, que ello importa referirse al hecho o acto que ha servido de causa fuente de la obligación y que constituye el punto de partida de la acción -con independencia del instrumento que le sirve de prueba- toda vez que la existencia del derecho o su exigibilidad, es lo que determina el comienzo del curso de la prescripción (action non nata, non prescribur) (Esta Sala, 3049; RSD-162-99; 19-10-1999) (En igual sentido SCBA, ED, t. 12, pág. 316; cf. Borda, G., "Tratado.Obligaciones", t.II, pág. 17, n°1012; cf. Bachiller M., "La Prescripción Liberatoria", págs. 38 y 39); no resultando ocioso señalar que la prestación que se ejecuta se trata de una obligación ambulatoria o propter rem que sigue a la cosa y pesa sobre su titular (causa 9092, RSD-61-6, S-11-5-06).

En el marco reseñado, destaco que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto al plazo de prescripción aplicable a las deudas nacidas de un certificado de deuda por obra pública como el ejecutado en autos, determinando que el mismo es el ordinario decenal previsto en el artículo 4023 del ordenamiento sustantivoºº (cf. causa 3049, RSD-162-99; causa n° 4431, RSD-105-01; causa n° 4541, RSD-128-01; causa n° 8619, RSD-169-05; causa n° 9092-06) y no el quinquenal concerniente a impuestos, tasas y contibuciones que pudieren adeudarse a las municipalidades.

Despejado el punto anterior, corresponde determinar si la demanda iniciada por ante el Juzgado n° 3 departamental, que lleva el número de expediente 6889 -que tengo en este acto ante mi vista-, ha interrumpido los plazos de prescripción aludidos, y adelanto opinión, entiendo que así ha sucedido.

Teniendo a la vista las mentadas actuaciones, se desprende que el certificado que se pretendió ejecutar es el mismo que aquí se sostiene como base de la presente acción (ver fs. 3), pesa sobre el mismo inmueble, y que como hecho relevante, la ejecución fue iniciada con fecha 15 de Julio de 1997. Dichas circunstancias llevan a determinar que el plazo de prescripción al que alude el artículo 4023 ha sido interrumpido con la demanda a que se hace referencia, de conformidad con lo normado por el artículo 3986 del Código de fondo, evidenciando ello la voluntad del acreedor de mantener vigente su derecho; destacando a mayor abundamiento, que de sus constancias, no le es aplicable el artículo 3987 del ordenamiento citado.

Consecuentemente, corresponde desestimar el agravio en análisis y confirmar la apelada sentencia de fs. 155/157 en cuanto rechazó la excepción de prescripción articulada.

3.1.2. Sin embargo, analizando ahora la prescripción de los accesorios que esgrimen en sus agravios los ejecutados, debo puntualizar que si bien la prescripción analizada supra resulta inviable respecto del capital adeudado, no ocurre lo mismo en cuanto a los intereses atento que, en cuanto a los mismos, corresponde aplicar la previsión legal del artículo 4027 del Código Civil, que consagra el plazo quinquenal para todas las obligaciones de pagar los atrasos "de todo lo que debe pagarse por años o plazos periódicos más cortos" (Salas- Trigo Represas, "Código Civil Anotado", art. 4027, pto. 6; cf. esta Sala, causa 4431, RSD-105-01 y causa 4541, RSD-128-2001).

Por ende, los intereses compensatorios y punitorios devengados con anterioridad al 15 de Julio de 1992 se encuentran prescriptos a la fecha de interposición de la demanda por ante el Juzgado nro. 3 departamental (15/7/1997), motivo por el cual, se desestima su inclusión.

En razón de lo expuesto, corresponde admitir la queja de los ejecutados en este sentido y hacer lugar a la prescripción de los intereses reclamados que vayan más allá del 15 de Julio de 1992.

3.2. Abierto el camino para tratar los restantes agravios, corresponde ahora analizar a las cuestiones concernientes a la mora, destacando que en la especie, el certificado base del compulsorio establece claramente que las liquidaciones han sido notificadas ".mediante publicación en el Boletín Oficial de fecha 17 de Julio de 1987 a partir de la cual es exigible el pago." (v. fs. 2) (Esta Sala, expte. 9477; RSD-139-6, 23/10/2006), cuestión que tampoco es desconocida por los demandados en su presentación de fs. 94/95.

Por lo precedentemente expuesto, corresponde admitir el agravio que al iter formuló la actora, y hacer lugar al recurso de apelación en este sentido, revocando en lo que al punto refiere la sentencia de primera instancia, fijando la fecha de la mora del certificado de deuda que se pretende ejecutar a partir del 17 de Julio de 1987.

3.3. Respecto de las quejas relacionadas a los intereses aplicados en la sentencia de grado, tanto por el actor, como por los demandados (estos últimos pretendiendo la aplicación de la tasa pasiva, cuestionando a su vez lo que entiende una contradicción en la aplicación del límite del 20%; procede señalar en primer lugar, frente a una demanda por cobro ejecutivo de importes resultantes de un certificado de deuda municipal -con origen en la ejecución de una obra de construcción de red cloacal, la tasa de interés a aplicarse tiene origen en la Ordenanza General nro. 165/73 de la Provincia de Buenos Aires -que, en virtud del art. 44 de la Ordenanza 2129/91, es de aplicación supletoria respecto de las obras de extensión de redes cloacales en el Partido de Berazategui-, que autoriza la fijación de intereses a la tasa activa pretendida por el recurrente (arts.24, 25, y cctes. Ord.2129/91).

Sin perjuicio de ello, reiterando conceptos ya emitidos por este Tribunal, estimo que la suma de intereses compensatorios -a la tasa activa solicitada- y punitorios al 2% mensual, no puede superar, por todo concepto, en un veinte por ciento (20%) la tasa que percibió el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento en los distintos períodos transcurridos, y los que perciba en el futuro hasta su efectivo pago (Esta sala; Causa 7523, RSD-138/2004, S 5/7/2004).

Que en relación al agravio vertido por la actora en este sentido, sin perjuicio de lo expuesto en las líneas precendentes, entiendo ajustado el mismo, puesto que si la sentencia aplica los intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la misma lo es respecto de las operaciones de descuento a treinta días -como luego acertadamente lo señala al momento de determinar el tope máximo de intereses-, y no en "sus depósitos a treinta días", como erróneamente se consignó.

Por todo ello, VOTO POR LA NEGATIVA.

A la misma cuestión, los Dres. Manzi y Cassanello dijeron que por iguales fundamentos a los explicitados por el preopinante, VOTAN EN IGUAL SENTIDO.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR REIDEL DIJO:

Dado como ha sido resuelta la cuestión, corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto rechaza la excepción de prescripción opuesta por los accionados, a la que debe hacerse lugar, únicamente en cuanto a los intereses devengados hasta el 15 de julio de 1992, y modificar la misma estableciendo el 17 de julio de 1987 como fecha de mora; y a los intereses que se admiten, los que deberán aplicarse conforme a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días, y no en sus "depósitos a treinta dias" como erróneamente se consignó; no pudiendo superar la totalidad de los accesorios la mencionada tasa de activa incrementada en un 20%, confirmándola en lo demás que fue materia de agravios. Las costas de ambas instancias respecto a la excepción de prescripción de los intereses devengados deben imponerse a la actora que resulta vencida, y las restantes a los accionados vencidos (art. 556 del CPCC.).

A la misma cuestión, los Dres. Manzi y Cassanello dijeron que por iguales fundamentos a los dados por el Dr. Reidel, VOTAN EN IGUAL SENTIDO.

Con lo que se da por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:

1°) Se hace lugar parcialmente a los recursos articulados, y consecuentemente, se revoca la sentencia apelada en cuanto rechaza la excepción de prescripción opuesta por los accionados, a la que debe hacerse lugar, únicamente en cuanto a los intereses devengados hasta el 15 de julio de 1992 , y modificar la fecha de mora estableciéndola el día 17 de Julio de 1987; y en lo relativo a los intereses, -los que no se encontraren alcanzados por la prescripción- se determina que los mismos son a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días, y no en sus "depósitos a treinta dias" como erróneamente se consignó; no pudiendo superar la totalidad de los accesorios la tasa mencionada incrementada en un 20%; confirmándola en lo demás que fue materia de agravios.

2°) Las costas de ambas instancias respecto a la excepción de prescripción de los intereses devengados debe imponerse a la actora que resulta vencida y las restantes a los accionados (art. 556 del CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula. DEVUÉLVASE.

Eleazar Abel Reidel	Horacio Carlos Manzi Julio Ernesto Cassanello JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA José Gustavo Fuchs SECRETARIO