Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-04-06


(Libro de Acuerdos Nº 47 Fº 329/335 Nº 154 ). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los seis días del mes de abril del año dos mil cuatro, reunidos los Señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, doctores Raúl Octavio Noceti, Héctor Eduardo Tizón, José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos y Héctor Fernando Arnedo, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el expediente Nº 1853/2003, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. Nº 6712/02 (Sala II Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) Incidente de revisión solicitado por Alenco S.A.I.C. en el expte. B-47495/99: Concurso Preventivo de Empresa de Transporte San Salvador S.A." El Dr. Noceti, dijo:

Al concurso de acreedores de la empresa de transporte San Salvador S.A., se presentó Alenco S.A.I.C. solicitando la verificación del crédito de u$s 198.321,32 originado -según sus dichos- en la compra, por la concursada, de dieciocho vehículos de transporte colectivo concretada entre abril de 1991 y setiembre de 1993. Relata que para hacer frente a la obligación de pago, la compradora había tomado créditos prendarios del Banco Quilmes incumpliendo las obligaciones pactadas, razón por la que Alenco S.A.I.C. -que se había constituido en fiador liso y llano de ese mutuo- canceló la deuda con el Banco, subrogándose en sus derechos. En ese contexto, se reconvino con la compradora, el monto adeudado fijándose como saldo pendiente la suma de u$s 574.196,75 a pagar en 36 cuotas mensuales y consecutivas de u$s 23.249.- cada una, más el impuesto al valor agregado sobre los intereses. Los dieciocho vehículos en cuestión fueron prendados en favor de la acreedora.

El 25 de setiembre de 1998 la deudora entregó a Alenco S.A.I.C. cinco de los vehículos, pero persistió en el incumplimiento, por lo que, en noviembre de ese año, la acreedora promovió en su contra ejecución prendaria por la suma de u$s 494.456,80. El 6 de mayo del año siguiente, luego del dictado de la sentencia que hizo lugar a la demanda, acordaron las partes una segunda dación en pago de otros nueve vehículos, y suscribieron un nuevo contrato en el que San Salvador S.A. reconoció como monto pendiente de pago la suma de u$s 216.611,48, de los cuales u$s 145.456,80 correspondían al saldo del precio por los cuatro vehículos que conservó en su poder y u$s 71.154,68 a los gastos, costas y honorarios profesionales de aquel juicio. Esa suma sería abonada en 30 cuotas mensuales y consecutivas a partir de junio de 1996. Es el incumplimiento de la obligación de pago asumida en ese contrato lo que origina, al decir de Alenco S.A.I.C., el crédito que insinúa.

Esa pretensión fue informada en sentido desfavorable por la Síndico del Concurso, C.P.N. María Elena Balberdi Swing, por cuanto, en su opinión, no se encontraban reunidos los requisitos de "título y causa" exigidos por el artículo 32 de la ley 24.522.

Valoró para ello que el contrato por el cual Alenco S.A.I.C. refinanció la deuda de San Salvador S.A. (luego de cancelar el crédito del Banco Quilmes subrogándose en sus derechos) preveía intereses compensatorios del 26,36% y punitorios del 13,18% lo que, a su juicio, fue aceptado por la ahora concursada "ya en condición de deudor acorralado por el acreedor poseedor de privilegio sobre casi la totalidad de su parque automotor". Destacó que el interés compensatorio es el doble del que Alenco S.A.I.C. afrontó al cancelar el crédito extendido por el Banco Quilmes y que la suma de ambos intereses (39,54%) arroja una tasa excesiva y desproporcionada a la que en esa época era de práctica sobre capital en dólares estadounidenses.

Elaboró entonces planilla de liquidación reduciendo esos intereses al 18% anual (12% de compensatorios y 6% de punitorios) y determinó que, al 25 de setiembre de 1998, descontando los pagos practicados por la deudora así como el valor de los primeros cinco vehículos entregados, la concursada "solo adeudaba un capital de u$s 355.611,43 pues ya había cancelado intereses e impuestos y parte del capital". Los pagos que se hicieron con posterioridad redujeron la deuda a u$s 339.081,34, la que quedó cancelada el 6 de mayo de 1999 con la dación en pago de nueve vehículos. De tal modo, el acuerdo firmado con posterioridad a la ejecución prendaria y del que resultaría el crédito cuya verificación se intenta es incausado porque, al tiempo de celebrarlo, ya no existía saldo.

Lo mismo aconseja respecto de los gastos y honorarios profesionales por valor de u$s 71.154,68, por estimar que no se encuentra acreditado en autos que Alenco S.A.I.C. los hubiera pagado.

La Señora Jueza del Concurso se expidió en sentido concordante a lo dictaminado por la Síndico, respecto de lo cual promovió Alenco S.A.I.C., representada por el Dr. Gustavo Enrique Fiad, el incidente de revisión agregado a fojas 23/32 de los autos principales.

Luego de reseñar los antecedentes de la operación comercial ya descripta, dice que el crédito insinuado tiene origen inmediato en el último contrato celebrado entre las partes e incumplido por la concursada, cuya eficacia no puede enervarse sin que medie declaración judicial de nulidad.

Insiste en la validez de la tasa pactada invocando lo dispuesto en el artículo 622 del Código Civil y afirma que los intereses considerados excesivos (condición que niega a los previstos en el referido contrato) sólo pueden reducirse mediando pedido del deudor y no de oficio. Tampoco pueden repetirse ni compensarse los ya pagados.

A su criterio, las particularidades que rodearon el negocio jurídico que lo vinculó a la concursada una vez que satisfizo la deuda con el Banco y el riesgo asumido por su parte atento las dificultades de pago de la deudora, justificaron plenamente el interés cuestionado, de modo que lo resuelto por el a-quo conculca su derecho de propiedad y arrasa con el principio de seguridad jurídica y la necesaria previsibilidad que éste implica.

El traslado fue contestado por el Dr. Rubén Fernando Farfán, en representación de la concursada, y por la Síndico (fojas 44/49 y 55/58 respectivamente).

Destaca el primero que el informe de la sindicatura no fue oportunamente impugnado por la incidentista, valora la potestad del juez de todo concurso para revisar la causa de la obligación y reconstruir el negocio que vinculó a las partes velando por el interés no sólo del deudor sino de la masa de acreedores y afirma que no se adeuda suma alguna por lo que es incuestionable la resolución cuya revisión se intenta.

Por su parte, la Síndico insiste en los fundamentos reseñados en su informe individual para concluir en que no existe saldo insoluto a favor de Alenco S.A.I.C. remarcando la conducta abusiva que desplegó la incidentista en las sucesivas renegociaciones de la deuda con San Salvador S.A..

El pedido de revisión fue rechazado por la Sentenciante con el dictado de la resolución agregada a fojas 64/65 de autos.

Consideró para ello que el proceso de verificación es una verdadera acción causal de derecho común, que es prerrogativa del Juez del Concurso ahondar ampliamente en el negocio jurídico y morigerar, aún de oficio, los intereses abusivos que pudieron pactar las partes, para que el patrimonio del deudor sea distribuido entre los acreedores en forma equitativa. Estimó que se configuraba en autos el supuesto contemplado en el artículo 954 del Código Civil (lesión enorme), por lo que la resolución que desestima el crédito insinuado es ajustada a derecho y nada justifica modificarla.

Recurrida esa sentencia, la Sala II de la Cámara de Apelaciones la revocó haciendo lugar parcialmente a la revisión solicitada, y verificó, con el privilegio especial previsto en los artículos 241 inc. 4 y 242 de la ley 24.522, la suma de $ 110.088,76 y la de $ 50.- como crédito quirografario.

Para así resolver, estimó que no correspondía morigerar los intereses de los pagos ya efectuados y que la revisión de obligaciones ya cumplidas y, por tanto, extinguidas, cercena el derecho de propiedad del acreedor. Destaca que en el último contrato que vincula a las partes, se dejó de lado la tasa considerada excesiva y se pactó una del 12% anual la que resulta inobjetable, al igual que la causa de la obligación, a la que estimó reconocida tanto por las partes, como por la Síndico y la Sra. Juez del concurso. Por esos fundamentos, revocó la resolución recurrida para verificar como saldo impago la suma de $ 110.088.76 conforme la planilla que, previo al dictado de la sentencia, mandó practicar. Desestimó en cambio el reclamo en relación a la falta de verificación de los montos correspondientes a gastos y honorarios, por estimar que no se habían acreditado los extremos que lo hagan viable.

En contra de esa sentencia interpuso la concursada, representada por el Dr. Jorge A. Ripoll, el recurso de inconstitucionalidad de estos autos. Dice que la misma es arbitraria porque avanza sobre el derecho de propiedad de su parte y de toda la masa de acreedores y que esto obedece al error de considerar como causa de la obligación el último de los contratos no obstante que, como surge de autos, el negocio jurídico tiene origen en los anteriores en los que los intereses fueron usurarios. Destaca que la operación ascendía a u$s 760.613,24, que su parte pagó u$s 800.891 y devolvió catorce de los dieciocho colectivos comprados, lo que es suficiente para concluir que no existe saldo pendiente de pago y que el reclamado es producto del abuso del acreedor plasmado en un contrato en el que su parte no tuvo capacidad de negociación, sometiéndose a los designios de la acreedora como único camino para seguir prestando el servicio de transporte de pasajeros comprometido con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Contestado el traslado del recurso por Alenco S.A.I.C. y por la Síndico del concurso -quien lo hizo con el patrocinio letrado del Dr. Carlos A. Alvarado (h), producido el dictamen de la Dra. Delia E. Soria de Salinas -Fiscal General por habilitación-, integrado el Tribunal y firme el decreto que manda traer los autos para el dictado de la sentencia, corresponde sin más expedirnos.

Estimo que el fallo cuestionado padece la arbitrariedad que se le atribuye por lo que debe revocarse y confirmarse, en cambio, la de primera instancia que, a mi entender, resulta ajustada a derecho y aporta una justa solución a este conflicto.

Como punto de partida para llegar a esa conclusión, es ineludible dejar sentado que la causa del crédito insinuado por Alenco S.A.I.C. consiste en un negocio jurídico que se remonta -como lo denuncia su representante desde su primera presentación- a la operación de compraventa de dieciocho vehículos de transporte colectivo celebrada entre los años 1991 y 1993, a la que siguió el contrato de mutuo con garantía prendaria formalizado en junio de 1996, el de reconocimiento y refinanciación de la deuda del mes siguiente y el de reprogramación del saldo suscripto en mayo de 1999. Desde aquel primer contrato hasta el último, se sucedieron pagos a cuenta, la devolución de catorce de los dieciocho vehículos objeto de la compraventa, la promoción de la ejecución prendaria iniciada en contra de la compradora y, ahora, el pedido de verificación del saldo que se dice pendiente, formando todo una trama inescindible que, como tal, debe valorarse íntegramente para recomponer todas sus facetas y hacer posible la determinación de las prestaciones recíprocas pactadas, las cumplidas y las que pudieren estar pendientes.

Siendo así, no puede omitirse la revisión de los intereses pactados en el contrato de julio de 1996 so pretexto de que estarían cancelados si -como lo relatara la propia Alenco S.A.I.C.- el contrato de mayo de 1998 (en el que se fijó como saldo la suma de u$s 216.611,48 en concepto de capital más la de u$s 145.456,80 de gastos y honorarios de la ejecución prendaria que había promovido en contra de San Salvador S.A.) no es más que una derivación de aquel, del que no puede desvincularse, aún cuando los intereses pactados en éste se hayan reducido a una tasa razonable (18%).

Esto no se refleja en el fallo cuestionado el que, por el contrario, prescinde de ese análisis para valorar el último contrato en forma aislada, so pretexto de que el anterior, estaría cancelado.

Sin embargo, de un análisis integral de los hechos no controvertidos en la causa, resulta que la deuda que en junio de 1996 era de u$s 422.217.- (contrato de mutuo) fue fijada, al mes siguiente, en u$s 574.196,75 (reconocimiento y refinanciación). Practicados pagos a cuenta, el capital debido al 25 de enero de 1997 se redujo a u$s 506.807,88 (planilla de fojas 142). Desde entonces y hasta el 7 de octubre de 1998, la compradora practicó pagos y entregó catorce vehículos, todo por valor de u$s 730.095,65, no obstante lo cual, para esa fecha, las cuentas arrojaban un saldo deudor de u$s 252.680,10 según la planilla aludida o -en el mejor de los casos- de 216.611,48 según los dichos de la vendedora (hubo pagos a cuenta que no se computaron).

Por cierto que ese alarmante desarrollo de la deuda obedece a los altos intereses previstos en el contrato del 25 de julio de 1996 (26,36% anual de compensatorios y 13,18% de punitorios sobre capital en dólares estadounidenses), lo que ha provocado, a lo largo de la ejecución del negocio jurídico, una desproporción pronunciada y evidente de las recíprocas prestaciones. Sobre esto la Síndico del concurso ha sido precisa y exhaustiva en su informe por lo que a él me remito. Resultan también elocuentes los datos que arroja la planilla de liquidación que el Tribunal a-quo mandó practicar antes del dictado de la sentencia cuestionada.

Frente a ello, la revisión y morigeración de los intereses dispuesta por la Señora Jueza del concurso resulta incuestionable, porque son excesivos, porque son injustificados y porque son el resultado del abuso, por parte de la acreedora, de la desigual posición en la que se encontraban las partes al contratar.

Respecto a lo primero es ilustrativo el informe de la Síndico cuando señala que esas tasas duplican las que Alenco S.A.I.C. afrontó al asumir la deuda que tenía San Salvador S.A. con el Banco Quilmes, en cuyos derechos se subrogara. Estas altas tasas, exceden la finalidad que las justifica y encubren una verdadera repotenciación de la deuda prohibida por la -para ese entonces vigente- ley 23.982.

En cuanto a lo segundo, las razones dadas por la vendedora para justificarlos, esto es, el riesgo de incobrabilidad por la difícil situación económica de la deudora y su imposibilidad de obtener créditos, no sólo no convencen -ya que las dificultades financieras de una empresa no autorizan a agobiarla con intereses marcadamente altos- sino que confirman lo que he apuntado como tercera razón, la desigual posición en la que se encontraban los contratantes. Recordemos que, para esa fecha y desde enero de 1996, la empresa deudora se encontraba ya en cesación de pagos y con un pasivo importante, lo que la puso en la imposibilidad de cuestionar, debatir y acordar las condiciones de ese contrato, sometiéndose entonces a las que le impuso su contratante, a la sazón, acreedora privilegiada por la garantía prendaria sobre los vehículos vendidos y con acceso a la vía ejecutiva para el cobro de su crédito.

Frente a situaciones como éstas es indudable que los jueces deben ejercer plenamente las facultades de las que están dotados para encausar las relaciones contractuales de modo que las recíprocas prestaciones alcancen y mantengan un justo equilibrio, máxime cuando la citada ley 23.982 que -como dije- prohibió todo mecanismo (ostensible o solapado) de indexación de la moneda, consagró en su artículo 13 su carácter de orden público y que "ninguna persona puede tener en su contra derechos irrevocablemente adquiridos".

Esa potestad judicial resulta potenciada en el marco de los procesos falenciales porque al derecho del deudor a no sufrir un injustificado menoscabo, se suma el de todos los demás acreedores entre quienes el patrimonio del fallido debe distribuirse de una manera justa y equitativa. En tal sentido, afirma Galindez que "los jueces pueden morigerar y reducir aquellos intereses estimados como excesivos, en función de las normas generales del derecho común" (Galindez, Oscar A. "Verificación de créditos" 3º edición, Ed. Astrea, Bs.As. 2001, pag. 168).

En torno a esta cuestión, este Superior Tribunal de Justicia viene sosteniendo desde antaño que "en todos los casos, se haya o no pactado la tasa de interés, cualquiera sea la naturaleza de la obligación, los jueces deberán cuidar que al liquidarse la misma no medie abuso de derecho o enriquecimiento ilícito o que ello configure imprevisión o lesión al orden público, la moral o las buenas costumbres (arts. 953, 954, 1071, 1198, 513, 514 y concordantes del Código Civil)" ("Banco de la Provincia de Jujuy c/ Servicios Sociales Jure S.R.L.", L.A. 37 Fº 1184/1188 Nº 538).

Y eso es, precisamente, lo que ha resuelto, con acierto, la Sra. Jueza de Primera Instancia.

Es que de nada serviría la amplia facultad de investigación de la que está investido el juez del concurso para reconstruir el pasivo concursal, si se ponen frenos a sus prerrogativas no sólo de admitir o no los créditos insinuados sino también de fijar sus montos, para evitar que resulten injustificadamente abultados.

Estamos, entonces, según lo estimo, frente a un supuesto de excepción al principio de inmutabilidad de las convenciones de las partes, excepción que el Tribunal a-quo menciona -aunque no aplica- y que permite, atento las particulares circunstancias del caso, revisar los intereses pactados aún cuando los pagos a cuenta se hayan imputado a ellos, y se reclame saldo en concepto de capital.

Ello así, en definitiva y para resumir, no sólo por las reseñadas características de la contratación, sino porque la cuestión se ventila en el marco de un proceso concursal en el que el control estricto de los créditos insinuados, su causa y su monto es insoslayable para poder alcanzar el fin tuitivo que tiene la ley respecto a todos los acreedores. Lo contrario no sólo plasmaría un enriquecimiento ilícito a favor del acreedor y el correlativo empobrecimiento del deudor, sino que perjudicaría a la masa, conculcando el principio de la "par conditio creditorum" con evidente compromiso del orden público que caracteriza ese tipo de procesos.

Finalmente es del caso aclarar que lo resuelto por el a-quo respecto al recurso de apelación de otro pretendido acreedor del mismo concurso -la empresa Hércules S.A.- y que fuera confirmado por este Tribunal (L.A. 45 Fº 137/139 Nº 61) citado como precedente en la resolución aquí cuestionada, no puede ser tenido en cuenta porque, en ese caso -y al contrario de lo que aquí resolvió esa Cámara- el recurso de apelación fue denegado y confirmada la sentencia de primera instancia que había denegado el pedido de verificación. Si bien en un pasaje de ese fallo la Cámara dice que los intereses pagados no pueden compensarse, esa apreciación no fue valorada por este Superior Tribunal por tratarse, en ese caso, de una "obiter dictum" intrascendente para la resolución de ese conflicto, el que se dirimió por razón distinta (la deuda se encontraba cancelada aún calculándola con los altos intereses pactados).

Propongo, en definitiva, hacer lugar al recurso articulado revocando la sentencia atacada y confirmando la dictada por la Señora Jueza del concurso que desestimó el incidente de revisión promovido por Alenco S.A.I.C. en el Concurso de San Salvador S.A..

Las costas de ésta y de la anterior instancia, deberán ser soportadas por el recurrente vencido por aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 del Código Procesal Civil.

En atención al monto en debate, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 11, 6 y 26 de la ley de aranceles y en mérito a la extensión y calidad de la labor profesional desarrollada, estimo los de los doctores Rubén Fernando Farfán y Gustavo Enrique Fiad en las sumas de dos mil pesos ($ 2.000.-) y un mil cuatrocientos pesos ($ 1.400.-) respectivamente, por la labor desarrollada en el recurso articulado por ante la Cámara de Apelaciones y los de los doctores Jorge A. Ripoll, Gustavo Enrique Fiad y Carlos A. Alvarado (h) en las sumas de dos mil pesos ($ 2.000.-), un mil cuatrocientos pesos ($ 1.400.-), y un mil trescientos cincuenta pesos ($ 1.350.-) respectivamente, por el desempeño en esta instancia. En todos los casos, con más el impuesto al valor agregado, si correspondiera.

Los doctores Tizón, del Campo, Valdecantos y Arnedo, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia, Resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad articulado por el Dr. Jorge A. Ripoll en representación de la empresa San Salvador S.A. para revocar la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el 8 de mayo de 2003, confirmando la dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 6, Secretaría Nº 12 el 23 de abril de 2001.

2. Imponer las costas de ésta y de la segunda instancia a la recurrida vencida.

3. Regular los honorarios profesionales de los doctores Rubén Fernando Farfán y Gustavo Enrique Fiad en las sumas de dos mil pesos ($ 2.000.-) y un mil cuatrocientos pesos ($1.400.-) respectivamente, por la labor desarrollada en el recurso articulado por ante la Cámara de Apelaciones y los de los doctores Jorge A. Ripoll, Gustavo Enrique Fiad y Carlos A. Alvarado (h) en las sumas de dos mil pesos ($ 2.000.-), un mil cuatrocientos pesos ($ 1.400.-), y un mil trescientos cincuenta pesos ($ 1.350.-) respectivamente, por el desempeño en esta instancia. En todos los casos, con más el impuesto al valor agregado, si correspondiera.

4. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.