Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-25


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 74058 SALA V. AUTOS: "VALOR, TERESA SILVINA C/ MET A.F.J.P. S.A. Y OTROS S/ DESPIDO" (Jdo. Nº 17) En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 25 días del mes de abril de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y la DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

I. Vienen los autos a esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs. 286 y vta. formulan: a) la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 287/291 que mereció réplica de la contraria a fs. 308/309, y b) la parte demandada a mérito del que luce a fs. 292/301vta. que no fue replicado.

II. Ambas partes se consideran agraviadas por cuanto no logran comprender cuál es el alcance de la condena dispuesta en la sede de grado, cuáles de las codemandadas deberán responder y por qué conceptos deberían hacerlo.

A mi modo de ver, asiste razón a las apelantes en lo que hace a los conceptos di-feridos a condena pues, en lo demás, la lectura del pto. II de la parte resolutiva del fallo (fs. 286 vta.) no deja mayores dudas de que la condena alcanza a la totalidad de las coaccionadas en autos.

Ahora bien, es cierto que la lectura del decisorio no permite establecer con sufi-ciente claridad cuáles serían "las diferencias" que allí se dicen admitir.

La juzgadora inició su sentencia señalando que "El debate gira en torno a las di-ferencias en el sistema de comisiones y, en consecuencia, las diferencias en las indemni-zaciones derivadas del despido", por lo que, de estarse a tal afirmación, parecería haber omitido el resto de las cuestiones planteadas en el sub lite, a saber: el reclamo de las diferencias salariales e indemnizatorias en virtud del básico de convenio aplicable a Siembra Seguros de Retiro S.A. y Metlife Seguros de Vida S.A (CCT 288/97 y CCT 283/97, respectivamente).

Pero, lo cierto es que a fs. 286 vta. dispuso en cambio que "habré de hacer lugar a las diferencias que se reclaman, en la medida que se decide y de acuerdo a los cálculos que establezca el perito contador en la oportunidad del artículo 132 de la L.O. para los rubros que se reclaman a fs. 19 y vta." , aclarando a continuación que sobre los conceptos de naturaleza salarial deberían practicarse las retenciones y cumplirse los aportes y contribuciones de ley.

Considerando los reclamos salariales formulados por la actora en el libelo inicial respecto de las codemandadas Siembra Seguros de Retiro S.A. y Metlife Seguros de Vida S.A., y puesto que a fs. 19 y vta. se encuentran practicadas por aquella las liquidaciones respecto de todas y cada una de las codemandadas, parecería ser que la condena abarca también los reclamos por básicos de convenio.

De una forma u otra, hay agravio de ambas partes para cada una de las posibles interpretaciones, por lo que comenzaré con su tratamiento adelantando que el interpuesto por la parte actora tendiente a que se considere acreditado que la actora se desempeñó a tiempo completo para Siembra Seguros de Retiro S.A. y para Metlife Seguros de Vida S.A. y, en consecuencia, se las condene a abonar las remuneraciones básicas determina-das en los convenios colectivos aplicables a cada una de dichas empresas y las diferen-cias habidas en las indemnizaciones por despido sobre tales básicos, no habrá de tener favorable acogida por mi parte.

En virtud de lo que emerge del análisis de las posiciones asumidas por los litigantes en la causa en análisis, de las probanzas producidas en esta y, en especial, la versión brindada por la propia reclamante en el escrito inicial, he llegado a la conclusión de que la demanda carece de real y adecuado sustento en ese punto y debe, en conse-cuencia, rechazarse. Ello es así dado que no hay controversia en que la aquí reclamante fue contratada y/o se desempeñó efectivamente para las tres empresas codemandadas en forma simultánea y paralela.

Es de precisar que en casos anteriores (entre muchos otros "Tronconi, Mario Mi-guel Ángel c/ Consolidar Comercializadora S.A. s/ Diferencias de salarios", sentencia definitiva nº 67.868 del 20-10-2005) me expedí desestimando similares planteos. Además, en cuanto a los fundamentos que justifican mi parecer sobre la suerte desfavo-rable de la demanda, coinciden en lo esencial con los expuestos por la Sala VI de esta Cámara en el caso "Tabares, María Esther c/ Consolidar ART S.A." (sentencia definitiva nº 55.971 del 24-4-2003, voto del Dr. de la Fuente al que adhirió el Dr. Fernández Madrid), lo cual ratifico.

En efecto, como allí se señaló, había quedado acreditado (también en el sub lite) que la parte actora fue contratada y/o se desempeñó para diversas empresas (en este caso serían tres, en otros precedentes como el indicado fueron cuatro) de las cuales percibió diversos conceptos. En aquel caso -como en este pues- quedó probado que el accionante laboró para varias compañías (tres en el sub lite) en forma simultánea y paralela. Es por demás improbable que se hubieran acumulado acciones contra tres demandados diferentes (ver fs. 5, 13 vta. y 16 vta.) si se tratara de tres compañías que nada tuvieran que ver entre sí y si el trabajo prestado para cada una de ellas no se hallara relacionado.

Según el inicio la accionante habría laborado para Met AFJP de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 (fs. 5 vta.) y, justamente, en el mismo horario para Siembra Seguros de Retiro (fs. 14), y lo mismo habría acaecido respecto de Metropolitan Life Seguros de Vida (fs. 16 vta.); 10 horas por día para cada compañía, o sea 30 horas en total, lo cual es evidentemente imposible ante la realidad de que el día tiene 24 horas.

Ante tal evidencia, y por más que se haya querido revestir la situación de hecho con el ropaje de las previsiones del art. 92 ter L.C.T., part time, o contrato a tiempo parcial, el principio de primacía de la realidad lleva a la conclusión de que la Sra. Valor tenía un solo contrato de trabajo aunque la parte "empleadora" estuviera configurada verdaderamente por varias empresas (reitero, tres en este caso) -es por lo demás bastante habitual en firmas vinculadas o pertenecientes a un mismo grupo empresario que sus empleados presten servicios que las benefician a todas, lo que no implica que se trate de contratos de trabajo separados e independientes-. El supuesto previsto por el art. 92 ter L.C.T., en mi opinión, apunta a otras situaciones, casos de servicios que no se necesitan durante lo que se denomina una "jornada completa" sino solo por un tiempo inferior a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad; en esa particular situación no hay óbice para que un mismo trabajador tenga dos o más contratos de trabajo a tiempo parcial, lo que acaba configurando una situación que puede calificarse como "pluriem-pleo" en cabeza de una sola persona. Como ejemplo, puedo señalar que un mismo individuo puede muy bien laborar 3 horas por la mañana en un consultorio médico u odontológico en carácter de recepcionista, y por la tarde desempeñar similares tareas también por 3 horas para un abogado o contador, sin que necesariamente haya incompa-tibilidades de ningún tipo que lo impidan o lo tornen desaconsejable. Ese sería un caso típico -reitero en mi criterio- de lo que ha dado en llamarse "pluriempleo", pero no el de aquel trabajador que labora una jornada completa en forma indistinta y simultánea a favor de diversos empresarios que conforman claramente un mismo grupo. Como expresó el Dr. de la Fuente en el antecedente citado ".se configuró una situación no de varios empleos sino de uno solo, de una sola relación jurídica con la característica de que no tuvo un solo empleador sino cuatro, o sea que hubo pluralidad de empleadores (art. 26 L.C.T.)".

En esa línea de pensamiento, la retribución no puede analizarse sepa-radamente (pese a la curiosa modalidad que adoptaron las codemandadas en relación con cada firma involucrada) como si se tratara de las relaciones laborales mantenidas por un mismo trabajador con los imaginarios profesionales (médico y abogado) a que hice referencia en el ejemplo anterior; se tornaría necesario examinar aquí cuánto se percibió en total (por retribuciones básicas, por adicionales, por comisiones, etc.) y así juzgarse entonces si fueron menoscabados los mínimos convencionales, pues los servicios se prestaron indistintamente y dentro del marco de lo que según he indicado, en lo que fue un solo contrato de trabajo. Pero no fue ese el planteo del inicio.

En similar sentido se expidió la Sala I de esta Cámara en el caso cuya sentencia se halla publicada en Derecho del Trabajo 2006-A página 567 ("Casas, Claudia E. c/ Consolidar A.F.J.P. S.A. y otros" sentencia del 18-10-2005). Y también lo hizo la Sala VI en los casos "Boyero, Norma M. C/ Consolidar Comercializadora S.A." (sentencia del 30-11-2006, Derecho del Trabajo 2007-A pág. 327) y "Villarreal, Néstor Hugo c/ Nación Seguros de Retiro S.A." (sentencia del 15-12-2006, Derecho del Trabajo 2007-A pág. 589).

En estas condiciones, debería rechazarse el reclamo por diferencias básicos convencionales pretendidas de Siembra Seguros de Retiro S.A. y Metlife Seguros de Vida S.A., lo que implica desestimar el recurso interpuesto por la parte actora.

III. La demandada Met AFJP S.A. se considera agraviada en primer término por cuanto la sentenciante de grado determinó sin sustento en prueba alguna (dice a fs. 293 vta.) que se adeudaban a la demandante comisiones y que correspondía hacer lugar al reclamo por "rotadores". Además, cuestiona que haya resuelto que de las pruebas testimonial y contable surge que existió la disminución de los porcentajes de comisiones. Cuestiona a tal fin la valoración que de dichos medios probatorios hizo la Sra. jueza a quo.

Asiste razón a la quejosa en cuanto sostiene que la juzgadora no hizo referencia a prueba alguna para determinar la existencia de deuda por "comisiones" y "rotadores" pues sin entrar en el análisis de las constancias habidas en la causa, se limitó a resolver ambos reclamos por mera aplicación de la doctrina sentada por esta Cámara de Apela-ciones del Trabajo in re: "Aguirre, Olga c/ Consolidar A.F.J.P. s/ despido" (Nº 317 del 27/12/07) lo cual evidentemente no explica la admisión de marras.

Ahora bien, aunque se mencionó en forma genérica el tema a fs. 6vta./7, lo cierto en que no hubo en el sub examine reclamo específico por comisiones adeudadas con fundamento en el presupuesto de hecho que diera lugar al dictado del mentado plenario. En efecto, obsérvese que la actora reclamó por lo que estimó eran las arbitrarias modificaciones introducidas por la demandada en el sistema remuneratorio consistentes en disminuir el porcentaje máximo de comisión por afiliaciones, en suprimir el pago de comisiones por traspaso cuya renta resultase ser inferior a los $ 800, abonándose sólo el 7% cuando la renta resulta ser inferior a los $ 1.000 así como también implementando la supresión de comisiones o traspasos de afiliados considerados como "rotadores". Dijo que ello importó una grave alteración en sus condiciones remuneratorias y un exceso en las facultades conferidas al empleador por el art. 66 L.C.T., unido a las alteraciones en el sistema comisional adoptadas arbitrariamente a partir de abril de 2004 reflejadas en disminuir el porcentaje de comisiones por traspasos al 8% siempre y cuando se supere una renta de $ 700, fijándose aquel porcentaje en el 1% cuando la renta resulte inferior al monto precitado. Señaló que con anterioridad dicho porcentaje alcanzaba el 12% pudiendo trepar al 20% según la masa salarial, lo que fue luego reducido y unificado en el 10% a partir del mes de abril de 2004 (ver fs. 7/9) y a fs. 13 se aclaró que la petición por comisiones se debía a "las sucesivas rebajas en las escalas comisionales y de premios.", no al tópico de las operaciones rechazadas por la S.A.F.J.P.

He efectuado la precedente reseña para dejar evidenciado que en el caso sólo hu-bo reclamo concreto por las diferencias salariales e indemnizatorias por arbitraria rebaja de escala ilegítimamente efectuada por la demandada. Ello se ve reforzado con lo expuesto a fs. 5 vta. del libelo inicial en cuanto a que la reclamante "percibió una mejor remuneración de $ 5.318 en el mes de noviembre de 2007. Aunque con la incidencia de las diferencias salariales por arbitraria rebaja de escala que ilegítimamente efectuó la demandada, su mejor remuneración devengada y sobre la que se reclama debió haber ascendido a $ 7.327" (el destacado es mío), monto este último sobre el que efectuó luego, a fs. 10 vta., el cálculo de las diferencias en la indemnización por antigüedad.

En cuanto a los "rotadores", es cierto que la sentenciante tampoco hizo referencia a las pruebas sobre las que basó su escueta resolución; tampoco explicó los motivos por los cuales sería aplicable a su respecto la aludida doctrina plenaria.

De todos modos, considero que el tópico encuentra la misma solución que la que propondré respecto a las modificaciones en las escalas comisionales.

Me explico: la sentenciante de grado afirmó que con la prueba testimonial y peri-cial contable había quedado demostrada la denunciada baja de la estructura comisional, valoración que como ya señalé, la apelante también cuestionó, a mi criterio, con razón.

Digo así pues la testigo Sttolano Hernández (fs. 240) -con juicio pendiente contra la codemandada Met AFJP S.A.- nada dijo acerca de la existencia de rebaja comisional alguna; refirió en todo momento que si no se hacía el aporte no se pagaba la comisión. Reitero al respecto lo dicho más arriba sobre la omisión de reclamo específico al respecto.

La testigo Urquiza (fs. 269) solo afirmó que "las comisiones .en un principio eran del 25% y luego se bajaron al 8%", manifestación que, a mi modo de ver, resulta sumamente genérica e imprecisa pero que, además, no se corresponde con los propios asertos de la parte actora ya que en el escrito inicial se invocó una comisión del 12% sobre afiliaciones o traspasos (fs. 6 vta.); la testigo no indicó si se trataba de las comisiones por afiliación o por traspasos, tampoco ubicó temporalmente la aludida rebaja ni su motivo.

No soslayo que tanto ambas declarantes como el perito contador dieron cuenta de que las operaciones con "rotadores" no se comisionaban (fs. 237). Tampoco se me escapa que el perito también informó cuál era el sistema comisional y de premios desde el mes de enero 2001 a abril noviembre 2005 (ver fs. 232/234) y que de allí surgen modificaciones en la estructura comisional de traspasos -no así de afiliaciones que se mantuvo incólume en todo el período informado-.

Pero lo que, a mi modo de ver, define desfavorablemente la suerte de ambos re-clamos es el hecho de no surgir ni del relato inicial un concreto detalle que lleve a concluir cómo se habría arribado a la suma finalmente reclamada a partir de rebajas debidamente explicitadas (art. 65, inc. 3º, LO). Obsérvese que la actora no especificó de qué modo habría arribado a los importes reclamados ni qué porcentajes sobre qué comisiones estarían incluidos en dicho cálculo, resultando su planteo genérico e impreciso. Reitero que el esquema de comisiones por afiliaciones no varió conforme fs. 232/234.

Por otra parte, del cotejo de los importes de los salarios percibidos por la actora durante los dos últimos años de relación laboral, que detalló el perito contador en el anexo I de fs. 229 y vta., no se verifica en definitiva la existencia de la invocada "rebaja salarial" en una remuneración que era esencialmente variable, mientras que la liquidación de fs. 272 y vta. fue elaborada por el experto en base a las pautas dadas por la propia accionante, lo que impide considerar la referida reducción de modo objetivo.

En definitiva, por las razones expuestas, correspondería revocar el decisorio ape-lado y rechazar la acción intentada en procura del cobro de diferencias salariales e indemnizatorias. En consecuencia, también debería dejarse sin efecto la condena fundada en el artículo 2º de la ley 25.323.

IV. En cambio, distinta suerte correrá por mi intermedio la queja vertida en torno a la condena a abonar la indemnización prevista en el artículo 80 de la LCT -t.o. según art. 45 ley 25.345-.

Ya he tenido oportunidad de adherir al criterio expuesto sobre el punto por mi distinguido colega de Sala Dr. Oscar Zas -entre otros casos en "Ares Sainz, María Fernanda Daniela c/ Tevecompras 2001 S.R.L. s/ Despido", sentencia definitiva nº 71.822 del 22-9-2009- en tanto juzga apropiado acudir a la solución adoptada por el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil in re "Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires c/Juan, Carlos y otra" de fecha 21-3-1980, en cuya virtud "En el caso de que la obligación deba pagarse en el domicilio del deudor y la mora fuese de constitución automática, para eximirse de ella el deudor debe acreditar que el acreedor no compareció al efecto", conclusión que no se contrapone a los principios del Derecho del Trabajo. Así las cosas, en el mejor de los casos para la apelante (ver fs. 298 vta./299 del memorial), solo estaría acreditada la puesta a disposición del trabajador de los certificados en cuestión, pues de las constancias de autos no surge acreditada por la demandada la no concurrencia de aquel a retirar los mentados instrumentos -nótese que la apelante no indica siquiera someramente de qué pruebas surgiría lo contrario-.

Ergo, tal como adelanté, propongo confirmar en este aspecto el decisorio apelado, el que prosperará -en caso de seguirse mi moción- respecto de Met AFJP S.A. por la suma de $ 15.954 (ver remuneración fs. 5 vta. y 52 vta., escritos constitutivos del proceso); por la de $ 130,68 respecto de Siembra Seguros de Retiro S.A. según mejor remuneración informada a fs. 230; y por la de $ 4.258,56 respecto de Metlife Seguros de Vida S.A. conforme mejor remuneración informada a fs. 231. Estas sumas llevarán los intereses dispuestos en la sede de grado (ver fs. 286 vta.) por llegar firmes a esta alzada.

V. La solución propuesta lleva a dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios -la sentenciante había diferido su resolución para la etapa prevista en el artículo 132 de la L.O.- y a adecuarlos al nuevo resultado del litigio (cfr. art. 279 C.P.C.C.N.). Teniendo en cuenta la índole de las cuestiones debatidas, el éxito obtenido por cada una de las partes y los montos comprometidos en el proceso (de reclamo y de condena) no hay duda de que todas las partes resultaron vencidas y vencedoras mutuamente en la contienda y que la parte actora lo fue en medida mucho mayor que las codemandadas (el monto de condena dispuesto precedentemente, o sea en su total de $ 20.343,24 equivale al 12,33% de lo pretendido en la demanda que, según fs. 19 vta. era $ 164.866); por otro lado y aunque cabe recordar que en materia laboral la distribución de costas no debe regirse forzosamente por un criterio exclusivamente aritmético sino también jurídico, lo cierto es que en el caso concreto y puesto que no hay duda del carácter de preponderantemente vencido del accionante (se desestimó la demanda en lo principal) considero que resulta equitativo y ajustado a derecho distribuir las costas en un 60% a cargo de la parte actora, en el 22% a cargo de Met AFJP S.A., en el 13% a cargo de Siembra Seguros de Retiro S.A. y en un 5% a cargo de Metlife Seguros de Vida S.A. en atención a las sumas involucradas en el litigio respecto de cada condenada (ver fs. 19 y vta.; conf. art. 71 C.P.C.C.N.).

Teniendo en cuenta el mérito, importancia y extensión de las labores realizadas, el monto involucrado en el proceso, resultado del pleito para cada parte, montos reclamados y admitidos, las etapas cumplidas y las pautas arancelarias vigentes, como asimismo lo que indicaré más abajo, propongo regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la representación letrada de las codemandadas -en conjunto- y del perito contador en las sumas de $ 14.000, $ 17.000 y $ 7.500, respecti-vamente.

A tales efectos cabe tener en consideración que, además de la normativa de la ley 21.839 y el decreto-ley 16.638/57, debe tenerse en cuenta el art. 13 de la ley 24.432 que obliga a que las regulaciones de honorarios guarden una adecuada proporción con las labores efectivamente cumplidas. Desde otro ángulo, la regulación de estipendios profesionales no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en las normas arancelarias, sino de un conjunto de pautas precisas previstas en los regímenes respectivos que deben ser evaluadas por los jueces y entre las que se encuen-tran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, y la manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso.

Establecer los honorarios profesionales mediante la aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley, aun del mínimo establecido, puede dar por resultado subas o bajas exorbitantes y desproporcionadas en relación con las constancias de la causa, no compatibles con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la ley ni con los intereses involucrados en el caso. En la cuestión de regulación de honorarios es de aplicación el principio elaborado por nuestro más Alto Tribunal, según el cual la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de los textos legales, sino que requiere del intérprete la búsqueda de la significación jurídica o de los preceptos legales aplicables que consagre la versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu, debiendo desecharse las soluciones notoriamente injustas que no se avienen con el fin propio de la investigación judicial de determinar los principios acertados para el reconocimiento de los derechos de los litigantes (Fallos 253:267 entre otros - C.S.J.N., D. 163 XXXVII. R.O., 14-2-2006 "D.N.R.P. c/ Vidal de Docampo, Clara Aurora" en especial consideran-dos 10, 11, 12 y 13 del voto del Sr. Ministro Dr. Juan Carlos Maqueda).

VI. Las costas de alzada deberían ser impuestas en igual proporción que las de la anterior instancia (cfr. art. 71 cit.), regulando a tal fin los honorarios de los Dres. Jorge G. Ferdman, y los de los Dres. Ana Verónica Ruffini, Martín Basualdo y Lucía Mompel (en conjunto) en las sumas de $ 4.000 y $ 5.000 respectivamente (art. 14 L.A. y lo ya indicado), por la totalidad de las labores en esta instancia, hasta fs. 337 inclusive.

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT manifestó:

Coincido con el voto que antecede sin perjuicio de poner de resalto que en el caso presente se trata de una hipótesis comprendida en el artículo 127 L.O., razón por la cual el voto que antecede hubo de hacerse cargo de las cuestiones no tratadas en origen.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RE-SUELVE: 1º) Revocar parcialmente el decisorio apelado, admitir parcialmente la demanda incoada, y condenar a Met AFJP S.A. a abonar a TERESA SILVINA VALOR la suma de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 15.954), a SIEMBRA SEGUROS DE RETIRO S.A. a abonarle a la actora la suma de PESOS CIENTO TREINTA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 130,68) y a METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A. a abonarle a la actora la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 4.258,56), dentro del plazo de quinto día de quedar firme la liquidación que se practique y mediante depósito judicial, con más los intereses dispuestos en la sede de grado; 2º) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios, imponer las primeras y regular los segundos, como se indica en el punto V del primer voto de este acuerdo; 3º) Imponer las costas de alzada y regular los respectivos estipendios, como se sugiere en el punto VI del citado primer voto; 4º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Dr. Oscar Zas no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MMV María C. García Margalejo Enrique Néstor Arias Gibert Juez de Cámara Juez de Cámara