Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-07


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de marzo de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto a fs. 38/43 contra la Resolución 163 SICYTR-1999 de fecha 3 de diciembre de 1999, en los autos caratulados: "MARANELLO AUTOMOTORES S.A.c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APELACIONES", expte. RDC 1025, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Carlos F. Balbín y Dr. Horacio G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la Resolución apelada? A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. En el presente caso, Maranello Automotores S.A. interpone recurso de apelación- obrante a fs. 38/43- contra la Resolución 163-SICYTR-1999, dictada por el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, solicitando se revoque el decisorio apelado, con expresa imposición de costas. El referido acto resuelve aplicarle una multa de pesos dos mil ($ 2.000) por infracción a los artículos 4 y 19 de la Ley 24.240. Asimismo, ordena la publicación de la resolución condenatoria conforme lo dispuesto por el artículo 47 in fine de la ley 24.240, en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde se cometió la infracción. II. Las presentes actuaciones se inician ante una denuncia efectuada por Guillermo Andrés Simoni contra Automotores Maranello S.A. por presunta infracción a la Ley 24.240 en la Dirección de Defensa del Consumidor. El denunciante m anifiesta haber adquirido un automóvil Fiat Palio Weekend el 07 de enero de 1996 a la firma apelante, que de acuerdo a lo estipulado por un vendedor, la cuota mensual ascendería a $ 390.- más $ 100.- por el seguro del automotor. Relata que la primera con vencimiento el 02 de abril de 1998 fue de $ 659.- y al realizar el reclamo por la diferencia, durante las cuotas 2 a la 4 inclusive la firma le efectuó un reintegro de $ 79 por la diferencia del seguro, firmándole en cada oportunidad un recibí sin membrete ni identificación alguna de la concesionaria. Señala que al hacer efectivo el pago a partir de la quinta cuota en adelante la recurrente no volvió a reintegrarle importe alguno, argumentando la firma que el vendedor que había realizado la venta fue el que se había equivocado, y que ya no se desempeñaba más en la misma. III. La Resolución 163-SICYTR-1999 encuentra a la parte denunciada incursa en la infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240. Para así decidir la administración entiende, con respecto a la infracción al art. 4 de la normativa en cuestión, que el objeto del derecho del consumidor a la información versa sobre el adecuado conocimiento de la operatoria, de sus consiguientes derechos y obligaciones. Es entonces que al merituar lo actuado en el registro de referencia, considera que, Maranello Automotores S.A., es decir quien prestó el servicio, no suministró al Sr. Simoni en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del mismo, infringiendo de este modo el artículo mencionado "ut supra". En lo relativo al art. 19 de la Ley en aplicación la Dirección considera que la parte denunciada no cumplió con los requisitos que exige la norma, esto es así toda vez que, conforme surge del folio 4 donde, según los datos suministrados por el vendedor de la concesionaria, el importe original a pagar difiere del valor que efectivamente abonó el consumidor. Concluye que Maranello Automotores S.A. infringe el art. 19 debido a que no respetó los térmi nos, condiciones, reservas, ni demás circunstancias conforme a las cuales habían sido convenidos. IV. La parte denunciada se agravia por cuanto, a su entender, la Resolución recurrida adolece de errores fácticos y jurídicos sustanciales que la tornan arbitraria, contradictoria y vulneratoria de la garantía del debido proceso, careciendo por completo de fundamentación suficiente. Entiende que resulta ser la expresión de voluntad del sentenciante, que omite cumplir con su obligación de fundamentar acabadamente todas sus decisiones. Considera que la Autoridad de Aplicación se basa únicamente en su sola voluntad y en los dichos del actor para rechazar su descargo oportunamente acompañado a autos, omitiendo considerar todos los demás cuestionamientos formulados. Manifiesta que este acto administrativo atenta contra su derecho de igualdad y defensa en juicio, sintetizándolos de la siguiente manera: a) Las sanciones han sido impuestas sin encontrarse acreditadas las supuestas infracciones; b) Se le ha impedido la pr oducción de la prueba oportunamente ofrecida; c) Se aplica erróneamente la normativa de la Ley 24.240; d) Se utilizan elementos probatorios totalmente inconducentes para fundar una resolución arbitraria e irrazonable. Asimismo, se agravia concretamente en la condena que se le impone por la presunta violación de lo prescripto por el art. 4 de la Ley 24.240, toda vez que entiende ésta resulta de meras consideraciones subjetivas del sentenciante que no encuentran sustento probatorio alguno que la avale, quedando esto corroborado de la mera lectura de la decisión impugnada. En cuanto a la infracción al art. 19 de la Ley de Defensa del Consumidor manifiesta que la Administración yerra al considerarla aplicable, ya que su ámbito de aplicación personal es con respecto a quienes presten servicios. Aclara que metodológicamente, se le ha dedicado un capítulo propio (capítulo V), procediendo de igual manera para aquéllos que se dediquen a la comercialización de cosas muebles no consumibles (capítulo IV). Señala que la l ey distingue de manera clara y precisa entre quienes presten servicios y quienes comercializan cosas. La sumariada aclara que si bien existen reglas de carácter general aplicables a ambos supuestos, la norma que en su aplicación se cuestiona se encuentra dentro del articulado específico y únicamente aplicable a los prestadores de servicios. Señala que su actividad es la comercialización de automóviles, no pudiendo interpretársela como una prestación de servicios. Asimismo, Maranello Automotores S.A. recalca que de no compartirse este criterio, la supuesta infracción al art. 19 es nuevamente producto del entendimiento del sentenciante. Manifiesta que para llegar a tal conclusión se vale del presupuesto obrante a fs. 4, que no se condice en modo alguno con la relación contractual que en definitiva se formalizó, lo cual surge de confrontar dicho presupuesto con la solicitud de reserva, obrante a fs. 3. Finaliza señalando que de la lectura de la Resolución apelada se desprende que la sanción impuesta resulta de l a exclusiva voluntad del juzgador, toda vez que no encuentra apoyatura probatoria alguna que la avale. Remarca que la misma resulta arbitraria en cuanto desconoce la garantía de la defensa en juicio, pilar del debido proceso, soslayando la obligación del juzgador de motivar sus resoluciones conforme al derecho vigente, y en función a las circunstancias acreditadas en la causa; y conculca el principio de igualdad ante la ley, estableciendo un trato desigualitario repugnante a la Constitución Nacional. V. En primer lugar, y por una razón metodológica, analizaré el planteo referente a la infracción al art. 4 de la Ley 24.240. La parte recurrente se agravia concretamente de la condena que se le impone por la presunta violación de lo prescripto por el art. 4 de la Ley 24.240, toda vez que entiende ésta resulta de meras consideraciones subjetivas del sentenciante que no encuentran sustento probatorio alguno que la avale, quedando esto corroborado de la mera lectura de la decisión impugnada. Señala que la Dirección entiende y considera que se ha violado una norma, más de la detenida lectura de la Resolución atacada, no se comprende cómo o en función de qué pruebas se llega a semejante decisión. Agrega que la única prueba existente en el caso de autos se encuentra constituida por las meras manifestaciones del denunciante, dado que a pesar de ofrecer la prueba que hacía a su derecho en oportunidad de realizar su descargo, jamás se admitió ni se denegó fundadamente su producción. Concluye en que no se encuentra acreditado el supuesto de hecho que la norma requiere para aplicar la sanción en ella contenida. VI. Al respecto, esta sala ha sostenido in re "Quiroga Estela Julia c/ G.C.B.A.- Secretaría de Hacienda y Finanzas- Dirección de Medicina del Trabajo s/ Amparo", expte. 3906, que todo acto administrativo debe reunir, para su validez, los requisitos esenciales enunciados en los arts. 7 y 8 de la LPA. En lo que aquí importa, el elemento del acto administrativo que debe ser considerado es la motivación para llevarlo adelant e. El artículo 7º de la LPA establece, en su parte pertinente, que "son requisitos esenciales del acto administrativo: (...) e) Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo ( ...)". Por su parte el inc. b) reza textualmente : (...) b) Causa: deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable (...)". En cuanto al elemento "motivación" esta sala ha tenido oportunidad de expresar que "la exigencia legal de fundar el acto administrativo, a través de la motivación, tiene por objeto garantizar los derechos de los particulares y, en especial, la garantía de defensa, al permitirles conocer las razones que indujeron a la administración a dictar el acto. Asimismo, la motivación constituye un elemento de esencial trascendencia para el juez llamado a controlar la actividad administrativa, toda vez que le permite revisar acabadamente su legitimidad" (in re "Quiroga", ya citado). La motivación resulta relevante también en la etapa de revisión judicial del acto administrativo, ya que "para poder apreciar y valorar si se han vulnerado los límites de razonabilidad, desviación de poder y buena fe, debe exigirse el cumplimiento del requisito de la motivación del acto administrativo, ya que sin ello resultaría de cumplimiento imposible el control judicial que para efectivizarse requiere una manifestación de voluntad administrativa cierta y expresa, toda vez que lo intangible resulta de insusceptible visión" (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 1º, 16/04/1998 -Marenco, Guillermo J. c. Estado Nacional, JA 2001-IV-síntesis, Lexis Nexis On Line nº 1/51632). En igual sentido, se ha dicho que la motivación, en cuanto importa la exteriorización de las razones que justifican el dictado del acto, "tiende a cumplir tres finalidades: a) que la Administración, sometida al derecho de un régimen republicano, dé cuenta de sus decisiones; b) que éstas puedan ser examin adas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas; y c) que el particular afectado pueda ejercer su defensa" (SCJMendoza, in re "Aguilar", sentencia del 16/05/84, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, cfr. Comadira, Julio R, op. cit., pág. 203). La motivación de los actos administrativos y de las sentencias judiciales constituyen la expresión escrita de la razonabilidad de los fundamentos de aquéllos y se trata de una cuestión que hace a la legitimidad de los mismos. Es por ello que la motivación constituye un requisito esencial de los acto administrativos y judiciales, bajo pena de nulidad, ya que constituye la distinción entre un Estado de Derecho y la arbitrariedad propia del Estado de poder. VII. La parte apelante manifiesta que "... la Dirección entiende y considera que se ha violado una norma .- Más de la detenida lectura de la resolución atacada, no se comprende cómo o en función de qué pruebas se llega a semejante decisión." La Resolución de marras establece que "... en cuanto a la tr ansgresión del artículo 4 de la Ley 24.240, esta Dirección entiende que el objeto del derecho del consumidor a la información versa sobre el adecuado conocimiento de la operatoria, de sus consiguientes derechos y obligaciones. Es entonces que al merituar lo actuado en el registro de referencia, consideramos que, Maranello Automotores S.A., es decir quien prestó el servicio, no suministró al Sr. Simoni en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del mismo, infringiendo de este modo el artículo mencionado "ut supra". No cabe duda de que los actos administrativos deben estar precedidos por un razonamiento que incluya un análisis fáctico y argumentos de carácter jurídico (Conf. el comentario de Comadira, Julio Rodolfo: Procedimientos administrativos; Ley nacional de procedimientos administrativos, anotada y comentada, t. 1, La Ley, Buenos Aires, 2002, pág. 201 y ss., punto 6.1.5). En este orden de ideas, la Administración no pudo explicar cuál es han sido las pruebas de las que se valió, en el caso concreto, y que determinaron la aplicación de la sanción. VIII. En esta causa, en el acto impugnado se efectúan un par de afirmaciones genéricas, pero no se indican, fundadamente y en concreto, las razones que llevaron a concluir que Maranello Automotores S.A. habría incurrido en la conducta que infringiría al art. 4 de la Ley 24.240. La autoridad de aplicación en la resolución recurrida no realizó un análisis claro y particularizado de la conducta que infringiría el art. 4 de la Ley 24.240. La conducta reprochada no fue examinada con el rigor que, por exigencia legal, debe contener un acto administrativo que resuelve un procedimiento sumarial por infracción a la Ley 24.240. Cabe señalar que el ejercicio del derecho de defensa por parte de los administrados exige, correlativamente, que la administración considere, concreta y particularizadamente, los argumentos y las pruebas que en ejercicio de tal derecho expongan. Caso contrario, se estaría ante un der echo sólo nominalmente otorgado. En el caso de autos, considero que la Resolución 163 SICYTR-1999 no se encuentra debidamente motivada por cuanto no expresa cuáles han sido las pautas tenidas en cuenta por la Administración para tener por configurada la infracción al art. 4 de la Ley 24.240. IX. Con respecto a la infracción al art. 19 de la Ley de Defensa del Consumidor considera que es nuevamente producto del entendimiento del sentenciante. Maranello Automotores S.A. manifiesta que para llegar a tal conclusión la Autoridad de Aplicación se vale del presupuesto obrante a fs. 4, que no se condice en modo alguno con la relación contractual que en definitiva se estableció, lo cual surge de confrontar dicho presupuesto con la solicitud de reserva, obrante a fs,. 3. Explica que en la hoja membretada se hace referencia a un Palio Weekend Turbo Diesel, cuyo costo es de $ 20.300, siendo el capital a financiar de $ 7.300.-, mientras que la solicitud de reserva se refiere a un Palio Weekend Style Turbo Diesel, cuyo cos to es de U$S 24.000.- y el capital a financiar de U$S 11.000, conforme documento agregado a fs. 3 por el propio denunciante. Aclara que el adquirente en forma totalmente voluntaria modificó su elección y lógicamente variaron los valores, tanto en lo que se refiere al precio definitivo de la unidad, como al capital a financiar. Concluye en que el presupuesto que sirve de fundamento probatorio a la decisión impugnada resulta ser totalmente inconducente a los fines de esta causa, no guardando ninguna relación con la cosa adquirida en definitiva por el denunciante. Con respecto a la compraventa, en nuestro país existe una cuádruple regulación: los códigos civil y comercial, legislan sobre ella y la mencionada convención también lo hace, incluso porque ésta última tiene aspectos muy propios que difieren del régimen contractual en general, y también la Ley de Defensa del consumidor que trae una normativa particular para ciertas ventas. Son elementos esenciales de los contratos: el consentimiento, el objeto y la cau sa. El objeto del contrato de compraventa son las cosas que se venden y el precio cierto en dinero que se obliga a pagar el comprador al vendedor, y para que haya consentimiento debe existir identidad entre lo que se ofrece vender y comprar y lo que se pretende abonar por dicha venta. En suma, estamos ante un contrato comercial, cuyo objeto está determinado por lo que se quiere vender y comprar, debiendo existir acuerdo al respecto. De las probanzas aportadas a las presentes actuaciones (fs. 3/7), surge que el denunciante aceptó comprar un vehículo superior (Fiat Palio Weekend Style Turbo Diesel) al que le habían presupuestado (Fiat Palio Weekend Turbo Diesel), habiendo una clara modificación en la oferta. En el caso de autos hubo una propuesta de un contrato, pero luego se modificó el objeto y el precio, por lo que se realizó otro. Por ello, considero que, con respecto a esta imputación, no se encuentra configurada la infracción al art. 19 de la Ley de Defensa del Consumidor, que tornaría procedente la sanci ón aplicada. X. Finalmente, toda vez que los fundamentos precedentemente expuestos resultan suficientes para fundar la solución a la que se arriba, el tribunal no se encuentra obligado a seguir a la apelante en todas y cada una de las cuestiones que propone a la consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193; 302:235; entre otros). XI. Las costas se impondrán a la parte vencida, atento la manera en que se resuelve la presente controversia (art. 62, primer párrafo, del CCAyT). XII. Por lo tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, doctrina y normas legales aplicables al caso, se propone al acuerdo que, en caso de ser compartido este voto, se haga lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, se revoque la Resolución 163 SICYTR-1999. Las costas se impondrán a la administración en razón de la manera en que se resuelve la presente controversia (art. 62, primer párrafo, del CCAyT). A la cuestión planteada, el Dr. Carlos F. Balbín dijo: I. Adhiero al relato de los hechos efectuados por mi colega preopinante Dr. Centanaro. II. La recurrente se agravia por cuanto entiende que: (i) las sanciones han sido impuestas sin encontrarse acreditadas las supuestas infracciones; (ii) se ha impedido la producción de la prueba oportunamente ofrecida; y (iii) se utilizan elementos probatorios totalmente inconducentes para fundar una resolución arbitraria e irrazonable. III. Antes de entrar a considerar los agravios de la actora, considero pertinente efectuar una sucinta reseña acerca del marco normativo en virtud del cual la apelante fue sancionada. En este sentido, cabe recordar que la Administración tuvo por configuradas sendas infracciones a los artículos 4 y 19 de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240. El artículo 4 antes mencionado establece que "quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suminist rar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos". La finalidad de la norma es "la búsqueda de la voluntad real, consciente e informada del usuario respecto a las ventajas y desventajas del servicio que contratan. La razón de la norma se halla en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece, al efecto de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto del bien o servicio en relación al cual pretende contratar" (CNCont Adm Fed., Sala 2, "Diners Club Argentina SACy de T c. Secretaría de Comercio e Inversiones s/ Disp. DNCI 165/97 causa 10361/97, 11/04/1997, Lexis Nexis On Line Nº 8/3005). Sin embargo, el deber de informar en forma adecuada al consumidor no surge únicamente del citado artículo sino de la propia Constitución Nacional, en tanto dispone en su artículo 42 que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo (...) a una información adecuada y veraz". A su vez, la Constitución local establece en su artículo 46 que "la Ciudad (...) protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles (...) el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna". En este contexto, podría decirse que "la razón de ser de la norma del art. 42 de la Constitución Nacional se encuentra en la necesidad de suministrar al consumidor los conocimientos de los que carece a fin de permitirle elegir, en forma racional y fundada, el bien o servicio que pretende contratar, y así disminuir la desigualdad de conocimientos que, naturalmente, existe entre quien concibe y publicita un producto o servicio y quien lo puede adquirir" (Gozaíni, Osvaldo Alfredo, "¿Quién es consumidor, a los fines de la protección procesal?", LL, ejemplar del 23/04/2003). El artículo 19, por su parte, dispone que "quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos". La norma constituye una derivación necesaria, en el ámbito específico del derecho del consumidor, del principio pacta sunt servanda consagrado en el artículo 1197 del Código Civil. IV. Teniendo presente el marco normativo reseñado, en primer lugar analizaré si ha existido una infracción al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240. La apelante aduce que la denunciante recibió toda la información que necesitaba antes de celebrar el contrato, de lo cual deriva que siempre tuvo conocimiento de las modalidades de pago. Ahora bien, de las constancias de autos (fs. 3) no surge claramente que Maranello Automotores S.A. haya suministrado información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del mismo. Cabe destacar que el deber de información que la ley 24.240 impone a la recurrente tiene por objeto "cubrir las desventajas de quien no está informado suficientemente sobre lo que adquiere; o huelga en él una experiencia aquilatada en el tema de la comercialización del bien o del servicio; o le falta profesionalidad" (Gozaíni, Osvaldo Alfredo, "¿Quién es consumidor, a los fines de la protección procesal?", LL, ejemplar del 23/04/2003). Si bien a fs. 3 obra glosada la "solicitud de reserva de vehículo" en la cual consta el monto total de la operación y la financiación en cuotas de una parte del precio, advierto que la empresa no ha logrado acreditar que, luego de la opción del comprador por el auto Fiat Palio Weekend Style TD, hubiera informado las nuevas condiciones de la operación. Tal circunstancia permite tener por acreditada debidamente la infracción de la empresa prestataria en relación al artículo 4 de la ley respectiva. Por tal motivo, este agravio no habrá de prosperar. V. En cuanto a la infracción al artículo 19 de la ley 24.240, adhiero a lo expuesto por mi colega preopinante Dr. Esteban Centanaro en el considerando IX de su voto.

VI. Por tanto se propone al acuerdo que, en caso de ser compartido este voto, se haga parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, se reduzca la multa impuesta a la suma de $ 1.000. En cuanto a las costas, propongo imponerlas en el orden causado atento el modo en que se resuelve la presente controversia (art. 65 CCAyT). En este sentido dejo expresado mi voto. El Doctor Horacio G. Corti, por los fundamentos expuestos por el Doctor Carlos F. Balbín, adhiere al voto que antecede. En mérito a las consideraciones vertidas, y normas legales aplicables al caso; el Tribunal RESUELVE: a) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por MARANELLO AUTOMOTORES S.A.; b) Reducir la multa impuesta a la suma de pesos un mil ($ 1.000); c) Imponer las costas en el orden causado, atento la manera en que se resuelve la presente controversia (art. 65 del CCAyT). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Esteban Centanaro Carlos F. Balbín Juez de Cámara Juez de Cámara (diside ncia parcial) Horacio G. Corti Juez de Cámara