Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-29


Buenos Aires, 29 de abril de 2010 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El titular de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1 interpuso queja (fs. 50/59vuelta) contra el auto que denegó (fs. 1/3vuelta) el recurso de inconstitucionalidad deducido el 1º de febrero de 2010 (cf. fs. 17). Ese remedio procesal ataca la decisión de la Sala II que confirmó, por mayoría, la suspensión del proceso a prueba decidida en primera instancia, pese a la oposición de la fiscalía, a favor del Sr. Juan Carlos Pazos, la que le fue notificada a la fiscalía recurrente el 15 de diciembre de 2009 (cf. fs. 33vuelta).

2. Luego, la Fiscalía General Adjunta solicitó al Tribunal, entre otros, que ".disponga el efecto suspensivo de la queja" (fs. 68/68vuelta).

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

El recurso de inconstitucionalidad de fs. 17/27 ha sido interpuesto en tiempo oportuno y por quien está legitimado para hacerlo. Primeramente, cabe señalar que, a mi criterio, aun en el supuesto de que no se hubiese sancionado la ley nº 3382, norma de aplicación inmediata atento su carácter procesal (Fallos: 326:2095; 323:1285; 220:30 , entre muchos otros), el Ministerio Público Fiscal cuenta con legitimación para interponer el mencionado recurso, en supuestos como el que acá nos ocupa (cf. mis votos in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Sacaca, Benito Gabriel s/ infr. art. 111 CC -conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes-'", expte. nº 6235/08, sentencia de este Tribunal del 29 de abril de 2009; y "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Fabre, Walter Atilio s/ infr. art. 111 CC -conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes-'", expte. nº 6247/08, sentencia de este Tribunal del 29 de abril de 2009). Sin perjuicio de la aplicación inmediata a la que hice referencia, entiendo que, en el caso, la reducción del plazo para interponer el remedio procesal mencionado previsto en la nueva ley no puede tornar imposible su utilización por parte del recurrente, sobre la base de interpretar que, al tiempo de la entrada en vigencia de la norma, habrían transcurrido los cinco días allí previstos. Ello así, toda vez que el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso el recurso de inconstitucionalidad el 1º de febrero de 2010 a las 10.30hs. (cf. fs. 17), esto es, dentro de las dos primeras horas del primer día hábil judicial posterior a la entrada en vigencia de la ley nº 3382, es decir, lo hizo con la mayor diligencia que podría haberle sido exigida.

Sentado lo que antecede, entiendo corresponde otorgar a la interposición de la queja el efecto suspensivo que solicita el Fiscal General Adjunto a fs. 68/68vuelta. Ello así, porque, a mi juicio, la fiscalía ha invocado razones suficientes para tener por mal denegado el recurso de inconstitucionalidad y la declaración de admisibilidad de dicho remedio procesal conlleva los efectos suspensivos que el recurrente solicita.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. La convocatoria al acuerdo dispuesta por el colega de trámite, Luis Lozano, aun cuando fue resuelta a fin de decidir únicamente sobre el "efecto suspensivo" peticionado por el señor Fiscal General Adjunto, implícitamente me obliga a dejar expuesta mi opinión sobre varias cuestiones primordiales:

1.1. ¿Cuál es el plazo que tienen "las partes" para deducir el recurso de inconstitucionalidad de acuerdo a la actual redacción del artículo 53 de la ley nº 12 (recientemente modificado por la ley nº 3382)? Por razones prácticas, metodológicas y expositivas conviene hacer un breve relato histórico de los problemas que suscitó -en la jurisprudencia del Tribunal- la redacción original del citado art. 53 de la ley nº 12, en cuanto establecía que: "[d]entro de los cinco (5) días de la sentencia definitiva, el contraventor podrá interponer fundadamente ante el Tribunal Superior de Justicia los recursos previstos en los incisos 4to. y 5to. del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial" (no destacado en el original).

En el precedente "Benegas" (18/03/99) el Tribunal debió interpretar tal artículo -o, mejor dicho, reescribirlo- con respecto a la cuestión referida al lugar de presentación del recurso de inconstitucionalidad, en tanto no debía ser interpuesto directamente "ante" estos estrados -como lo había hecho la Defensora del contraventor-, sino ante el tribunal a quo. Ello así, porque no se advertía que el legislador local hubiese querido innovar o alterar la "regla general" en materia de recursos de carácter restringido o excepcional, según la cual el análisis preliminar de admisibilidad le incumbe al tribunal que dictó la resolución impugnada. Con dicha interpretación buscamos dejar a salvo la eficacia y el sentido propio de la queja (también denominado: recurso directo o de hecho) que la norma menciona al referirse al inciso "5to. del artículo 26 de la Ley [nº 7]" (concordante -además- con el art. 113.4 de la CCABA), sentido que hubiese sido cuanto menos dudoso o incierto si ambos recursos debían presentarse "ante el Tribunal Superior de Justicia".

En el precedente "Rodríguez y Ball" (22/10/99) el Tribunal, frente a un recurso interpuesto por el Fiscal ante la Cámara, consideró que el Ministerio Público Fiscal no tenía legitimación procesal para acudir en queja ante este estrado porque la norma aplicable, en su redacción original, sólo facultaba al "contraventor" para hacerlo. Esa postura fue invariablemente reiterada por la mayoría del Tribunal -en numerosas sentencias y hasta la fecha-, cuando los Fiscales pretendieron continuar su acción persecutoria ante este Tribunal y sólo una vez se admitió su intervención en esta materia -con matices, por cierto- cuando se pretendió favorecer o beneficiar al único sujeto habilitado para recurrir la sentencia de la Cámara ("Pariasca", 05/09/00).

En el precedente "Cruz" (10/07/02), años más tarde de que entrara en plena vigencia la Ley de Procedimientos ante el Tribunal (ley nº 402) y frente a una queja y un recurso de inconstitucionalidad incoados en los plazos que esa ley prevé -es decir, cinco y diez días, arts. 33 y 28, respectivamente-, debimos expedirnos nuevamente sobre la ausencia de legitimación procesal del Ministerio Público Fiscal. Al hacerlo recuerdo que, quienes integrábamos el Tribunal en ese entonces, entendimos que la "ley general" había normado aspectos tales como "formas, plazos y trámites" (voto del juez Maier -luego compartido por la jueza Ruiz, en el caso "Prodán", 16/07/02) o "allí donde no había pauta adjetiva o donde la preexistente debía, a criterio del legislador, ser modificada" (voto de los jueces Conde, Casás y Muñoz) y, por lo tanto, la "ley especial" (a propósito de la ley nº 12) sólo permanecía en pie en cuanto al "cerramiento" de la legitimación de los sujetos procesales habilitados para presentarse ante este Tribunal.

Ahora bien, el legislador porteño ha resuelto modificar el fundamento legal en el cual se fundaba la interpretación restrictiva que mencionara en el párrafo anterior, pues la expresión "el contraventor" ha sido reemplazada por "las partes", con un claro propósito de eliminar "asimetrías" entre los sujetos procesales. En efecto, tal propósito surge expresamente de los fundamentos de la ley nº 3382, pues, luego de una "mera lectura de las disposiciones" en juego -omitiendo injustificadamente cualquier consideración o mención a la ley nº 402-, "malgrado puede requerirse al Ministerio Público Fiscal pueda velar adecuadamente por el interés social [art. 125, CCABA], si se le priva de la posibilidad de articular recursos y poder llevar la cuestión debatida hasta la máxima instancia judicial. /// En efecto, la asimetría generada entre la posibilidad recursiva acordada a la defensa y al Ministerio Público Fiscal, no halla explicación alguna; máxime siendo que la normativa citada [esto es, presumiblemente, la ley nº 12] acuerda a la primera todas las garantías procesales para que se cumpla con el debido proceso legal adjetivo".

Más allá del acierto o error de la reforma efectuada, o de los intereses que la inspiraron, lo concreto es que el legislador ha mantenido la redacción original -con la excepción apuntada referida a la legitimación- que tantos inconvenientes interpretativos debió decidir y aclarar este Tribunal, a lo largo de los últimos once años, mantenimiento que, por acción u omisión, vuelve a generar incertidumbre en lo que respecta al plazo y al lugar de interposición de los recursos que son de nuestra incumbencia. Ello así, porque ahora "las partes", inequívocamente habilitadas para acudir ante este estrado, según la lectura rigurosa del actual art. 53, nuevamente contarían con "cinco" (5) días para interponer fundadamente su recurso de inconstitucionalidad y deberían hacerlo directamente "ante el Tribunal". El confuso escenario en el que se ha colocado a "las partes" -en especial, al contraventor- me persuade acerca de la conveniencia de despejar toda duda sobre esta cuestión -aun cuando todavía no haya tomado conocimiento de ninguna controversia concreta-, a fin de resguardar el principio de la seguridad jurídica y con el objeto de evitar situaciones que potencialmente frustren o limiten derechos constitucionales. Con respecto al lugar de presentación creo que resultan enteramente aplicables las consideraciones que, en su momento, efectuara el Tribunal en "Benegas" (ya citado); y en cuanto al plazo de interposición considero que la situación no ha variado, por lo cual continúa rigiendo el establecido en el art. 28 de la ley nº 402, esto es, diez días. De acuerdo a los principios generales del derecho en materia de interpretación de las leyes, ante una contradicción o superposición normativa con respecto al plazo (arts. 53 de ley nº 12 y 28 de la ley nº 402), si aplicara el criterio de especialidad (lex especialis derogat legi generali) o incluso el criterio cronológico (lex posterior derogat legi priori) debería concluir que corresponde estar a la actual redacción de la ley nº 12, pues ella primaría sobre la "ley general" y "anterior" (nº 402). Sin embargo, cualquiera que sea el método hermenéutico que elija utilizar, lo cierto es que la solución que adopte para resolver esta cuestión no puede prescindir de un análisis serio sobre la "voluntad del legislador". En este sentido, su intención fue suprimir la "asimetría" existente entre la defensa y la fiscalía en cuanto a las facultades recursivas de esta última, pero, en rigor, terminó por generarla con respecto a la defensa -sin fundamento alguno y probablemente a partir de un examen parcializado e incompleto de la normativa en juego-, porque, de interpretar la cuestión de un modo riguroso o estricto, aquélla también se vería alcanzada por la reforma y ya no contaría con diez días para presentar su recurso de inconstitucionalidad, sino con un plazo menor. La adopción de esta solución resultaría, a mi criterio, irrazonable y lesiva de los derechos de una de "las partes" (el contraventor), porque:

- Se daría una injustificada e intolerable discriminación por materia, en tanto, en el contexto normativo vigente en la Ciudad, la persona imputada de una contravención tendría un plazo sensiblemente menor para interponer un recurso de inconstitucionalidad, que aquél que tendría quien es imputado de una falta administrativa (la ley nº 1217, LPF, nada regula sobre esta cuestión y debemos estar, al igual que ocurre en materia penal o en la contenciosa, a lo previsto de modo general en la ley nº 402 y en la CCABA). Ciertamente, el legislador tampoco parece haber dado argumentos sobre la conveniencia de que -sólo en las causas contravencionales- los plazos de interposición del recurso de inconstitucionalidad y de la queja dirigida contra la denegación de tal recurso coincidan, coincidencia que no parece aconsejable si se entiende que, al margen de la materia de la que se trate, ambos tipos de impugnación reconocen finalidades, objetos y desarrollos argumentales diferenciados (ver entre muchos otros: "Fantuzzi", 09/04/01). - Se daría la inconcebible paradoja de que, al haber omitido actualizar lo referido al plazo de acuerdo a lo establecido en la "ley general", se habría colocado al contraventor en una peor situación que aquella otra en la cual se encontraba al amparo del conjunto de normas que regulaban dicha cuestión hasta el momento, circunstancia que importaría una manifiesta limitación de sus posibilidades defensivas, pues, bajo el pretexto de igualar a "las partes", habría terminado perjudicándolo doblemente: i) permitiendo que el Ministerio Público Fiscal recurra con el propósito de agravar su situación procesal en la "máxima instancia judicial" de la Ciudad; y, ii) reduciendo, subrepticiamente, su término para recurrir por esta vía extraordinaria local.

- Se daría una incoherencia más, porque lo relativo a los "trámites" del recurso de inconstitucionalidad no ha sido regulado por la "ley especial", sino por la "ley general", por lo cual la parte agraviada por la resolución del a quo tendría tan sólo cinco días para deducir fundadamente su recurso y la parte contraria, defensa o fiscalía, contaría con diez días para contestar el traslado de aquél (art. 28, 2º párrafo, ley nº 402). En pocas palabras, el equilibrio o la simetría, a la que habría aspirado el legislador porteño, terminaría no siendo tal y, en rigor, la comúnmente denominada "igualdad de armas" se vería muy relativizada. En conclusión, frente a las interpretaciones posibles, elijo aquella que respeta la "voluntad del legislador" sólo en cuanto consagra una legitimación bilateral, pero para todo lo demás, a mi juicio, continúa rigiendo la ley nº 402, porque esa es la exégesis más razonable, justa y que resuelve con equidad los intereses en juego de todos los actores involucrados con los procesos de esta naturaleza. Sostener que el legislador pudo, al reformar parcialmente el art. 53 de la ley nº 12, modificar la suerte del contraventor, sin hacerse cargo expresamente de esa situación, es, en mi concepto, contrario a derecho.

De lo dicho en los párrafos que anteceden se sigue que el recurso de inconstitucionalidad, que esta queja defiende, al haber sido interpuesto en el décimo día hábil (01/02/10) de conformidad con el art. 28 de la ley nº 402, es tempestivo. Superado este primer escollo, resta examinar, ahora, si el sujeto que defiende su procedencia podía habilitar la intervención de este Tribunal, en el caso concreto. 1.2. ¿La resolución del a quo que fue dictada y notificada a la Fiscalía bajo la vigencia de la redacción original del art. 53 de la ley nº 12 (que, por lo dicho, no le reconocía legitimación) era recurrible para el Fiscal o ella quedó firme, a su respecto, antes de la reforma introducida? Concretamente: la sentencia fue dictada el 11/12/09 y notificada a esa parte el 15/12/09; la modificación de la ley procesal fue publicada en el B.O. el 21/01/10; el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto el 01/02/10 y la queja el 15/03/10.

En autos, y a diferencia de lo que sucediera en el precedente "Ybarra" (12/02/10), en el cual el Tribunal rechazó la pretensión de que se aplicara de forma retroactiva esta modificación a actos ya cumplidos, el Fiscal dedujo el recurso de inconstitucionalidad y la queja con posterioridad a que entrase en vigencia la nueva redacción del art. 53 de la ley nº 12. Sin embargo, lo cierto es que, en tanto dicha modificación legal hizo nacer un derecho recursivo en cabeza de la Fiscalía que -al dictarse dicha resolución- esa parte no tenía ("Rodríguez y Ball", ya mencionado), la decisión surtió plenos efectos y pasó en autoridad de cosa juzgada para el Ministerio Público Fiscal, al amparo de la redacción anterior. En tal sentido, no es posible olvidar que, antes de esta reforma, el único sujeto habilitado para recurrir la sentencia de Cámara -es decir, el contraventor- tenía el derecho a que su situación jurídica existente y consolidada no se viera alterada, modificada o perturbada por la actuación del órgano acusador, derecho que reconocía su base -cuanto menos- en la ley anterior. Está fuera de discusión que el legislador puede sancionar una nueva ley procesal para otorgar un recurso (más) al Ministerio Público Fiscal (CSJN, "Arce", Fallos 320:2145), que ningún acusado tiene derecho a que el ordenamiento procesal se mantenga inmutable y que el legislador (también) puede disponer que los procedimientos que tramitan en sede judicial deban reajustarse a lo previsto en esa nueva legislación procesal. No obstante ello, por elementales razones de equidad y seguridad jurídica, el estado de cosas de que gozaba la persona imputada en estas actuaciones ya estaba definido en cuanto a sus características y efectos jurídicos, aunque éstos todavía no se estuvieran produciendo, con el dictado y la notificación de la sentencia de Cámara. La recurribilidad de esa sentencia, entonces, debe ser examinada a la luz de la ley vigente al momento de su dictado.

En otras palabras, la circunstancia de que el legislador le haya dado a la Fiscalía, con posterioridad a la notificación de dicha sentencia, un recurso contra la resolución de Cámara, no puede provocar efecto jurídico alguno en la vida del Sr. Pazos. Para evidenciar lo absurdo que sería dar curso a la vía iniciada por la Fiscalía sirve graficar la situación suscitada con un ejemplo de otra índole: supongamos que el GCBA tiene un interés especial en un pleito determinado, de carácter patrimonial, en el cual ha sido condenado, por las instancias judiciales (de mérito), a pagar una suma de dinero en concepto de indemnización; y supongamos, asimismo, que aquella suma no alcanza para cubrir el monto que reclama la ley para la procedencia del recurso ordinario de apelación ante este Tribunal Superior de Justicia (art. 26.6 de la ley nº 7), ¿podría el GCBA solicitarle a la Legislatura -mientras está transcurriendo el plazo recursivo de dicha sentencia- la disminución de este monto sólo a su respecto? Probablemente sí, pero, en caso de sancionarse aquella ley, ¿esa disminución le concedería la posibilidad -que antes no tenía- para recurrir la sentencia de Cámara por vía ordinaria? Definitivamente no, toda vez que ello importaría desconocer "derechos adquiridos" del sujeto indemnizado. En el ejemplo dado, el GCBA sólo tendría posibilidad de deducir un recurso de naturaleza extraordinaria -por regla, limitado- y la actora tendría derecho, o debería atenerse, a refutarlo en esos términos.

2. Por lo expuesto (en el punto 1.2) carece de sentido expedirse sobre el "efecto suspensivo", solicitado por quien no tenía legitimación para activar la vía extraordinaria pretendida (art. 53 de la ley nº 12 -según su redacción original-), y sin más voto por rechazar la queja interpuesta por el Sr. Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

La resolución que motivó la interposición del recurso de inconstitucionalidad, fue dictada el 11/12/09 y notificada a la fiscalía el 15/12/09. La ley procesal vigente al momento de dicha notificación (art. 53, ley nº 12) sólo habilitaba la vía recursiva al contraventor, por lo que dicha sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada. La posterior modificación de la norma no habilita en autos recurso alguno en favor del Sr. fiscal, lo que determina el rechazo de la presente queja. Así lo voto.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Al margen de las razones por las que se convocara al Acuerdo en esta causa (ver punto 2 del resulta), tal como lo afirman las señoras juezas, doctoras Ana María Conde y Alicia E. C. Ruiz, la queja presentada por el señor Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas debe ser rechazada. Ello así por cuanto la decisión tomada por el a quo en el caso ya había devenido firme al momento de la interposición del recurso de inconstitucionalidad presentado por el señor Fiscal ante la Cámara.

2. A pesar de la reforma de la ley n° 12 (ley nº 3382, publicada en el BOCABA nº 3345 del 21/1/2010), debo concluir que no asiste razón al señor fiscal en torno a su legitimación en el caso.

La decisión de la Cámara impugnada mediante recurso de inconstitucionalidad fue dictada el 11/12/09 y notificada el 15/12/09, momento en el que regía el art. 53 de la ley nº 12 en su redacción originaria. Aquella norma, como se verá, no concedía recurso a la fiscalía, por lo tanto la resolución no era impugnable para el Ministerio Público Fiscal. Por lo demás, las leyes siempre rigen para el futuro y la ley n° 3382 no dispuso su aplicación a decisiones dictadas y notificadas con anterioridad a su entrada en vigencia (cf., en lo pertinente, "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Ybarra, Luis Antonio s/ infr. art(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC'", expte. nº 6903/09, resolución del 12/02/2010 y "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegadio en: 'Chambi Gómez, Wilder Alexander s/ infr. art. 111 CC'", expte. nº 7121/10, resuelto en el día de la fecha, entre otras).

En consecuencia, en el caso, la legitimación procesal del recurrente debe ser analizada a la luz de la redacción original del art. 53 de la ley nº 12.

3. Una vez determinado que la norma aplicable al caso es el art. 53, ley nº 12 en su redacción original, sólo resta recordar conforme ya lo sostuviera en diferentes oportunidades (cf. "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Sacaca, Benito Gabriel s/ infr. art. 111 CC -conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes-'", expte. n° 6235/08, resolución del 29/04/2009, y sus citas, entre otros) que el art. 53, ley n° 12, como regla general, no concedía al Fiscal, en el marco de su rol de acusador, posibilidad alguna de recurrir ante el Tribunal Superior por vía del recurso de inconstitucionalidad y, derivado de ello, tampoco por la vía de la queja (incs. 4 y 5 del art. 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), ya que de la letra de ese artículo surgía claramente que el único habilitado era el contraventor (ver mis votos in re "Rodríguez, Paulo Federico y Ball, Gustavo Matías s/ art. 78 -carreras en la vía pública- s/ recurso de queja", expte. n° 110/99, resolución del 22/10/1999, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, T. I, ps. 570 y siguientes y "Pariasca, Lucio León Eloy s/ art. 47 s/ recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. n° 339/00, resolución del 5/9/2000, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, T. II, ps. 247 y siguientes). En ese sentido, contrariamente a lo afirmado por el recurrente en sus recursos, la cuestión había sido regulada por el legislador local de forma autosuficiente al establecer la cláusula de cerramiento mencionada precedentemente, con lo que no resultaba de aplicación al caso lo previsto por el legislador local para el procedimiento penal en el art. 268, CPPCABA. Sirva la nueva redacción del art. 53, ley n° 12 como prueba de esta afirmación.

Lo expuesto basta para afirmar que la vía intentada -en función del sujeto procesal que se vale de ella- no puede habilitar la intervención de este Tribunal y ese mismo motivo, claro está, también impide conceder el efecto suspensivo requerido.

Así lo voto.

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja agregado a fs. 50/59.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita esta queja a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.