Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-06


Trelew, 06 de junio de 2006.

VISTO: E l recurso de apelación interpuesto a fs. 98 y vta. por la funcionaria de la Fiscalía, Dra. Silvia Lucía Pereira, mantenido a fs. 127 por el Sr. Fiscal General Jefe, Dr. Ricardo Basílico, contra el auto de fs. 96/97, y.CONSIDERANDO: I.- El auto que viene en apelación sobreseyó a I. S. C. por aplicación de los arts. 183 y 294, inciso 6º C.P.P. -II- Señala la recurrente que no ha sido dictado auto de falta de mérito en beneficio del imputado, por lo cual no puede sostenerse la inexistencia de elementos de prueba suficientes para elevar la causa a juicio; uno de los requisitos indispensables -junto al vencimiento del plazo previsto en el art. 183- para que proceda el sobreseimiento por aplicación del art. 294, inciso 6º del C.P.P. Cita jurisprudencia. - Concluye solicitando la revocatoria del decisorio. -Al momento de mantener el recurso, el Sr. Fiscal General Jefe, Dr. Ricardo Basílico, comparte los agravios expuestos. III.- Desde la recepción de la declaración en carácter de imputado (19 de agosto de 2003 -ver fs. 22 y vta.-), nunca se solicitó la prórroga prevista por el art. 183 del C.P.P. en virtud de restar la producción de medidas pendientes, ni por el Ministerio Fiscal ni por el titular del juzgado de Instrucción nº 2.En fecha 14 de octubre de 2003 (ver fs. 31) el Juzgado corrió vista al Ministerio Fiscal y a la Defensa para que ponderen la aplicación de los institutos de los arts. 273 y ssgts. del C.P.P.

Como ya se dijo en diversos precedentes: "Las modernas tendencias del proceso penal impiden que la persecución se desarrolle con una duración extremadamente innecesaria. Es necesaria una delimitación rigurosa del término de la investigación, y es una necesidad legal, toda vez que proviene del principio constitucional de que los procesos deben acabar en un tiempo razonable (Artículos 8, inciso 1º de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y 14, inciso 3 c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)".

El tiempo razonable en los procesos constituye una garantía esencial que no puede soslayarse en virtud de argumentos extraños a las circunstancias de la causa. -El caso venido en apelación es sumamente grave en la medida en que han transcurrido prácticamente dos años y diez meses desde la fecha en que se levantara la imputación en desmedro del legitimado.-El caso puntual que ocupa a esta Alzada, por sus especiales particularidades, adquiere un excepcional carácter en razón de que, ante la falta de complejidad de la causa, ella no se ha sustanciado con la diligencia debida.

Sobre este tema el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en su artículo 14, inciso 3 c, el derecho de toda persona acusada a la garantía mínima de ser juzgada sin dilaciones indebidas. El derecho invocado ha sido consagrado también por el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de rango constitucional en virtud de lo establecido por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

La Corte Interamericana en varios fallos ("Genie Lacayo" del 29 de enero de 1997 y "Suárez Rosero" del 12 de noviembre de 1997, entre otros), compartiendo el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, ha analizado el concepto de plazo razonable y ha declarado que se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y, c) la conducta de las autoridades judiciales.

En el caso, como se dijo, el procesado ha estado sometido a causa judicial por determinada cantidad de meses sin que concurra ninguno de los elementos en los que podría justificarse la demora. -El asunto, se vuelve a reiterar, no es complejo, no ha entorpecido el desarrollo del proceso la actividad del involucrado y lo que se aprecia es una conducta morosa del Ministerio Público Fiscal que, lejos de plasmar la requisitoria de elevación a juicio (si era su intención) para darle continuidad del proceso, planteó cuestiones que, en lugar de allanar el camino procesal, dilataron la instrucción. - La demora carece de justificación a la luz de los estándares citados, por lo que luce procedente la solución dada por el juzgador en base a normas de jerarquía constitucional.--Por otro lado, en oportunidad de expedirse la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Jiménez, Jorge Alberto", contra la Nación Argentina (Informe 12/96, caso 11.245, rta. 1/3/96), la misma adujo:

"...El principio de legalidad que establece la necesidad de que el Estado proceda al enjuiciamiento penal de todos los delitos, no justifica que se dedique un período de tiempo ilimitado a la resolución de un asunto de índole criminal. De otro modo, se asumiría de manera implícita que el Estado siempre enjuicia a culpables y que, por lo tanto, es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la culpabilidad, cuando, conforme las normas internacionales, el acusado debe ser considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad...".

Por todo ello, la Sala "B" de la Cámara de Apelación Instructoria del Noreste del Chubut , -RESUELVE:1) CONFIRMAR el auto de fs. 96/97 venido en apelación.--2) Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y devuélvase. 3) La presente se dicta por dos miembros del Tribunal por encontrarse en uso de licencia el Juez de Cámara, Dr. Raúl Adrián Vergara (arts. 8 de la Ley 1.130 y 9 del Acuerdo nº 3.145 STJ).

Edgar María de la Fuente Sergio Rubén Lucero Ante mí: José Alberto García REGISTRADA BAJO EL Nº 77 DE 2006. SIP. SALA "B". CONSTE.