Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09


DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS contra GIROLAMI, José y Otros Reg.: A y S t 205 p 288-291. En la ciudad de Santa Fe, a los nueve días del mes de marzo de dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS contra GIROLAMI, José y Otros -Ejecución Fiscal- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 314, Año 2003). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?, y TERCERA: en consecuencia, qué resolución corresponde dictar. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores Vigo, Spuler, Gutiérrez y Gastaldi. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: 1. En la presente causa el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N 6 de la ciudad de Rosario reguló los honorarios del doctor Adolfo Ricardo Miranda por su actuación en autos en la suma de 18.500 pesos (fs. 379). Deducido recurso de revocatoria, el mismo fue desestimado por el iudex mediante decisorio de fs. 412/v., quien para así resolver expresó que, en cuanto a la base regulatoria, debía partirse del pronunciamiento N 373 del 28 de mayo de 2000, que había quedado "firme y consentido", no pudiendo reducirse los montos a la cantidad que arrojaba la moratoria posterior atento al principio de irretroactividad de las leyes, consideración que determinaba igualmente que el "porcentaje a aplicar" debía ser el previsto por la ley 6.767, y no el pretendido del 3 %. A su turno, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial desestimó el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente considerando que la apelante -en su escrito recursivo- dejaba incólumes los argumentos expuestos en la resolución de fs. 412 que rechazó el recurso de reposición, los que "aluden a un decisorio ya firme sobre el que se formula la regulación, a las garantías constitucionales en juego para así resolver y al hecho de que una moratoria es posterior a aquel fallo", a lo que se agregaba que, en cuanto a la ausencia de normas en el auto regulatorio, "debe tenerse presente que una de las razones que exculpan tal omisión es el caso de las normas obvias que no requieren declaración expresa" (fs. 444). Contra el fallo de la Alzada dedujeron los codemandados Juan Ramón Pérez, Luciano Salas y José Benito Acosta recurso de inconstitucionalidad agraviándose en su presentación de que el decisorio impugnado confirma sin argumentos una regulación de honorarios que era nula por carecer de toda fundamentación -en la medida en que reguló en la suma de $ 18.500 sin indicar la base regulatoria, las normas y el porcentaje aplicados-, nulidad que no podía ser subsanada por el hecho de que la resolución que rechazó la revocatoria haya sido fundada suficientemente. Sostuvieron que ningún obstáculo existía en el caso para que el curial de la actora perciba el importe correspondiente al 3 % establecido en la ley 11.697, y que la pretensión de incrementar los honorarios de acuerdo a lo reclamado en un proceso en el que no han podido defenderse por no haber sido citados nunca es violatorio de las garantías constitucionales, al impedirles plantear que, como lo demuestra la documental acompañada por la actora a estos autos -y que constituía prueba decisiva de la cual la Sala no podía prescindir como lo hizo-, los inmuebles "poseen una superficie significativamente inferior a la indicada en los títulos ejecutivos", por lo que éstos no podían dar base a la ejecución. Plantearon que la resolución también incurre en autocontradicción por cuanto "si no hay normas (ausencia de normas) no puede decirse que se omite la fundamentación de la norma porque la misma es obvia. Pues la obviedad implica su existencia", no pudiendo ser obvio lo que no existe. Expresaron finalmente que la Sala prescinde con arbitrariedad del texto del artículo 19 de la ley 11.697, que establecía una norma específica en materia de regulación de honorarios en los procesos de ejecución fiscal, por lo que la decisión resulta caprichosa y la resolución descalificable constitucionalmente (fs. 447/461 v.). Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 463/464 v.), la Sala denegó la concesión del recurso por auto de fs. 469/470, accediendo los recurrentes a la instancia extraordinaria por vía de queja (resolución registrada en A. y S., T. 189, pág. 353). En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para propiciar un apartamiento de dicho criterio, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a 504/505 v.. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y la señora Ministra doctora Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: 1. La impugnación planteada ha de merecer favorable acogida en esta instancia, no obstante remitir al examen de cuestiones que por su naturaleza procesal se encuentran excluidas por vía de principio de la instancia extraordinaria que regula la ley 7.055, al comprobar a partir del estudio de la causa la concurrencia en el pronunciamiento recurrido de un defecto insalvable que determina que el mismo no pueda ser considerado como la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. En ese orden cabe recordar que una extensa línea de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que se inicia con el leading case "Idzi", Fallos, 237:349 (año 1957)- ha acuñado el principio de que una sentencia es arbitraria si en ella se prescinde de una norma obviamente aplicable al caso, sin dar razón plausible alguna para ello (vide, también, Fallos, 239:10 y 204; 241:121; 245:416; 248:22; 250:699; Fallos, 251:309; 257:207; 261:223; 294:459; 297:287; 305:1835; 307:1296; 323:1504; 324:1590, etc.). Tal extremo, precisamente, es de innegable concurrencia en el presente, a poco que se repare en que asiste razón a los recurrentes cuando se agravian de la injustificada prescindencia del artículo 19 de la ley 11.697, conforme al cual "cuando las deudas estén en proceso de ejecución fiscal, los contribuyentes que se adhieran al presente régimen deberán (...) pagar los honorarios profesionales que se reducirán al tres por ciento (3%) del monto determinado en la liquidación del acogimiento (...)". A pesar de que dicha norma se encontraba vigente al momento de A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y la señora Ministra doctora Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas (art. 12, ley 7.055) . Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada. Así voto. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y la señora Ministra doctora Gastaldi dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron. En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas. Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)