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Cheque sin fondos, frustración maliciosa del pago del cheque, tipo penal, prescripción de la acción penal, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: Schenone, Luis Héctor s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-29

El tipo legal descripto en el inc. 1 del art. 302 del C.P., consiste en una acción positiva (dar en pago o entregar por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos, o autorización expresa para girar en descubierto) y una omisión (no abonarlo dentro de las 24 horas de habérsele interpelado), que trae como consecuencia que la consumación se establece en el momento en que el librador requerido omite pagar el importe del cheque, oportunidad en que comienza a correr el plazo de prescripción y que el dolo exige conocimiento y voluntad de realizar todos los elementos del tipo objetivo, extiende su alcance a la omisión de pagar. En tanto, el supuesto contemplado en el art. 302, inc. 3°, "in fine", del Código Penal, el tipo objetivo está compuesto por una acción compleja integrada, la primera en librar un cheque y la segunda en frustrar maliciosamente su pago, esto es malograr o impedir el pago del cheque, privar de la cobranza esperada. La consumación se produce con la frustración del pago y el resultado es de daño, o sea la concreta frustración del cheque como orden de pago. La frustración debe ser maliciosa, por lo que se trata de un elemento subjetivo específico, equivalente a la intencionalidad, esto es, el dolo debe ser directo y cabe desechar toda posibilidad de incriminar en una forma meramente eventual de dolo. (Voto del Dr. David).
Personería, litisconsorcio, litisconsorcio necesario
Materia: PROCESAL
Carátula: TASSINARI, Olga E. c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ HABER DE RETIRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10

Como principio, el litisconsorcio necesario procede siempre que, por hallarse en tela de juicio una relación o estado jurídico que es común e indivisible con respecto a una pluralidad de sujetos, su modificación, constitución o extinción no tolera un tratamiento procesal por separado y sólo puede lograrse a través de un pronunciamiento judicial único para todos los litisconsortes (confr. Palacio, L. Dcho. Proc. Civ. , T. III, Bs. As., 1991, ed.

Abeledo-Perrot, pág. 207/8, pto. 256, b).
Derechos de autor, propiedad intelectual, reproducción de fonogramas, cobro de aranceles, lugar público, radiodifusión
Materia: CIVIL
Carátula: AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDADORA c/ B., F. s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-07-13

"No importa si la obra puesta a disposición del público fue efectivamente recibida o utilizada por él. Público no sólo es el conjunto de personas reunidas en un lugar abierto al público sino también el conjunto real o potencial de personas a quienes va dirigida una emisión de radiodifusión o de cable. Por lo tanto, tampoco es determinante a efectos de esta calificación que las personas estén todas presentes en el mismo lugar. La comunicación de una obra para ser pública debe estar dirigida a un conjunto indeterminado de personas que rebase el círculo familiar o de los amigos más íntimos de una familia o de un individuo o el domicilio privado de una familia o de un individuo."
Conflicto de poderes, conflicto interno municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Jalile Gustavo Roque (Intendente de la Municipalidad de Valle Viejo) c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Valle Viejo s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-21

Conforme lo tiene definido esta Corte en cuanto a qué debe entenderse por Conflicto de Poderes - criterio que comparto-, se puede inferir que la materia en debate encuadra en lo que se viene sosteniendo como Conflicto de Poder Interno Municipal, dado que la controversia se suscita entre las autoridades que conforman el Gobierno Municipal - Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante-, cuya existencia no puede revertirse en el ámbito que le es propio y hace imposible su normal funcionamiento.

Dicho conflicto se produce cuando se suscitan controversias entre las autoridades que conforman el Gobierno Municipal, tales como conflicto de competencia entre las ramas, departamentos o autoridades que componen el Gobierno Municipal Comunal.

A su vez, el concepto de competencia es contemplado tanto en su acepción restringida como un solo requisito o elemento de legitimidad del acto estatal o en su acepción amplia, es decir que, aun cuando el Órgano tuviese la competencia para dictarlo en sentido estricto, al no respetar el procedimiento o forma para dictarlo fijado por la ley, se considera que dicho Órgano se ha excedido en sus atribuciones. Del voto del Dr. Cippitelli.
Asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad civil
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Cabrera, Gustavo Ignacio c/ Compañía El Coatí S.A. y otro s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-16

En tanto se le impone al empleador una afiliación compulsiva a una aseguradora, no puede luego decirse que la co-contratante de dicho sistema no responderá por los daños sufridos por el trabajador cuando se trata de una acción fundada en el derecho civil. Por ello, en los casos en que se concluyera que existe la relación causal entre las patologías padecidas por los trabajadores y el trabajo, sin dudas debe considerarse que la ART ha incumplido su deber de contralor respecto del cumplimiento del plan de mejoramiento de cada empresa, obligación ésta que la ley pone en cabeza de las aseguradoras, quienes no solo califican el nivel de riesgo de sus clientes al momento de contratar sino que tienen la obligación de elaborar el plan de mejoramiento dispuesto y controlar su cumplimiento íntegro y oportuno. El fundamento legal de la responsabilidad de la ART yace en el territorio del art. 1074 Cód. Civil, donde la responsabilidad contemplada es la que nace de la omisión que ocasiona un daño a otro, cuando una disposición de la ley imponga una obligación.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delito penal, graduación de la pena, derechos y garantías constitucionales, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: S, M E s/ Pedido de formación de Tribunal Pleno - Libertad provisional  concedida (Expte.: NRO. 13 Año 2000) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-23

Aunque como derivación del principio constitucional de reserva ("Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe", art. 19 C.N.) en cuestiones de hermenéutica penal debe estarse siempre a favor de aquella interpretación que resulte lo menos reductora posible de las libertades, cuando, como ocurre con el artículo 44 del Código Penal, nos hallamos con expresiones que son terminantemente incompatibles con una interpretación propuesta, como lo sería hacer decir a la ley lo que ella no dice (en otras palabras, que la pena debe reducirse "a un tercio y a la mitad" y no "de un tercio a la mitad"), debe estarse a la literalidad de la ley, y ello no por un simple apego al positivismo legal, sino por imperativo mandato de la propia Constitución cuando bajo el conocido como principio de legalidad manda que "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso...".

(Del Voto del Dr. De Olazábal). En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Cuál debe ser la exégesis correcta del art. 42 del Código Penal a efectos de establecer la escala aplicable por el delito conminado con pena temporal privativa de la libertad y en grado de tentativa?.
Falsificación de documentos, uso de documento falso, estafa, non bis in ídem, concurso de delitos, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: "  Mateo,  Carlos  Alberto s/ nulidad  y excepción de falta deacción ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-10

"Si bien se ha afirmado que la confección de un instrumento público falso debe ser perseguido de manera independiente del delito que posteriormente se cometiera con éste, como excepción a tal principio se encuentran aquellos casos en que "las características de los documentos falsificados ponen en evidencia que la adulteración y su posterior uso constituyen una única acción delictiva, por ejemplo en la documentación necesaria para concretar una operación de compraventa de automotor (título de automotor, cédula de identificación, certificado de verificación y demás formularios) en la que se concretará una estafa valiéndose de tales documentos falsos como ardid. En ese caso, se advierte la existencia de una pluralidad de movimientos voluntarios que responden a un plan común y que conforman una única conducta insusceptible de ser escindida, cuyo juzgamiento por separado -en razón de las distintas tipicidades- implicaría violar la prohibición de la doble persecución penal" (C.S.J.N. Fallos 327:3219; y esta Sala en causa nº 24.065 "Mamani Rojas", reg. nº 25.738, rta. el 26/9/06)".
Sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, prueba testimonial, testigo único
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Georgitsis de Pirolo, Catalina c/ Amato Negri, María Palmira s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-25

Es arbitrario el pronunciamiento que -al hacer especial hincapié en la prueba testimonial de un solo testigo- no realizó un análisis pormenorizado de su contenido a los fines de extraer si del mismo se desprendía la prueba del extremo que se pretendía demostrar, y sin considerar como era preciso, las restantes pruebas ofrecidas obrantes en la causa penal, con el objeto de validar o no tal testimonio, en orden a las tachas efectuadas por la actora en los términos del art. 441 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Responsabilidad objetiva, responsabilidad del fabricante
Materia: CIVIL
Carátula: VILABOA NESTOR Y OTRA c/ RENAULT ARGENTINA S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-06-15

La responsabilidad del fabricante es de naturaleza objetiva y quienes integran la cadena de distribución de los bienes y servicios masivos, fundada en la garantía que debe dar al consumidor del buen funcionamiento y eficacia del bien introducido al mercado; factor objetivo de imputación de responsabilidad que conlleva, frente a la presencia del defecto, acreditar la prueba de la culpa de la víctima o el caso fortuito.
Facultades del Poder Legislativo, facultades legislativas, código penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pellicori, Oscar A. y otros s/ denuncia por defraudación (causa n° 34.609).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Es competencia exclusiva del Poder Legislativo la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante amenaza penal del ataque que representan determinadas acciones, y en qué medida debe expresarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente, por ser el derecho penal la última ratio del orden jurídico.
Procedimiento administrativo, trámites judiciales, recusación, recusación con causa, Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Turcato, Sergio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 155-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

Corresponde rechazar el planteo del recurrente basado en que en el trámite administrativo intervino personal legalmente recusado, fundando su afirmación en la circunstancia de que -según su criterio- los abogados intervinientes participan en los honorarios como plus a sus remuneraciones lo que los obliga a apartarse de las actuaciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del decreto 10204-58. Basta dicho rechazo con observar que el pedido de apartamiento aparece genéricamente formulado en la sede jurisdiccional contra "los asesores", sin una mínima individualización de los agentes, ni demostración de que, en cada caso en particular, concurre alguna de las causales que pudieran justificar la excepcional separación. Por lo demás, no puede soslayarse la circunstancia de que se intenta el apartamiento de profesionales dependientes de la Administración pública que -en efecto- tienen solamente funciones limitadas a la elaboración de dictámenes no vinculantes para el órgano de administración activa.
Alimentos, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A. de M. N. E. c/ M. R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

La exclusión del artículo 4º del Decreto 529/91, reglamentaria de la ley 23928, se refiere al desagio implementado por el artículo 9º de la citada norma legal, pero deja incólume todo el andamiaje desindexatorio prescripto imperativamente, con derogación expresa de toda norma legal o reglamentaria, e inaplicabilidad de disposiciones convencionales que se le opongan.
Legitimación activa, cesión de derechos, cesión de derechos hereditarios
Materia: PROCESAL
Carátula: MEDINA LUIS LEOPOLDO Y OTROS c/ GRABAS NAVARRO PABLO ESTANISLAO Y OTROS s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2011-08-30

Tenemos una cadena ininterrumpida de actos jurídicos (los títulos) que ponen en cabeza de los actores la titularidad dominial del inmueble en litigio, siendo perfectamente aprovechable por los mismos la posesión ejercida por sus antecesores. No resulta en desvío alguno, la decisión de la Excma. Cámara. En este caso los actores además de ser sucesores de una parte indivisa de ese predio han recibido parte de la propiedad por una cesión de derechos que le hicieran los otros sucesores. En cuanto a la cesión de derechos hereditarios En el particular caso de autos, los descendientes en primer orden ceden a favor de sus sobrinos -hijos de la hermana fallecida- derechos que le correspondan o pudieran corresponder en las sucesiones citadas, en el juicio de expropiación y sobre los bienes que integraron el patrimonio, ninguna duda surge respecto al vínculo existente entre el causante y los sucesores intervinientes, así como tampoco el ligazón entre éstos últimos con los actores de autos, conforme cesión de derechos oportunamente operada y acreditada.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES MEDICOS ODONTOLOGOS Y BIOQUIMICOS DE SAN JUAN c/ Domínguez Alicia Edith y Otros s/ Ordinario - Actuaciones para Elevar a la Cámara"
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-15

El otorgamiento de contracautela en las medidas precautorias obedece a la necesidad de que el peticionante responda por los posibles perjuicios que se podría producir como consecuencia de que -en su caso- se rechace la acción principal.

Y mientras menos incertidumbre haya en el derecho invocado por el solicitante de la medida cautelar, menor será la necesidad de contracautela y viceversa, cuanto más incertidumbre haya en el derecho expresado, mayor será la necesidad de la misma.

Por ende, si en este caso se ha dictado un auto de procesamiento en contra del recurrente a consecuencia de los hechos que dieron lugar a la pretensión deducida en esta causa, no resulta arbitraria -como pretende la parte recurrente- la contracautela fijada por el primer sentenciante (caución personal; art. 201, C.P.C.C.M.).

A ello se agrega que la contracautela no es un requisito de fundabilidad, sino que su finalidad es la de asegurar al demandado la efectividad del resarcimiento de los daños, si el derecho invocado por la parte actora no existiera o no llegara a reconocerse.
Protección de la maternidad, despido
Materia: DERECHOS HUMANOS-LABORAL
Carátula: Miranda Marcelina Verónica  c/ Municipalidad de Luján de Cuyo s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-04-11

La evolución que ha operado la protección a la maternidad en lo referente a la especial protección de la familia, conlleva el reconocimiento a los agentes denominados "contratados" de los derechos constitucionales que protegen contra el despido arbitrario, lo que impide que a una mujer embaraza se le niegue la protección que brinda la normativa regulatoria del derecho administrativo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez y Bonafina, Juan José s/ Doble homicidio culposo - Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

Es insuficiente el reclamo que guarda silencio sobre el fundamento utilizado por el a quo para descartar una pericia y, de tal manera, no demuestra haberse transgredido el art. 252 (n.a.) del C.P.P..
Interpretación de la ley, Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia, daños y perjuicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALVAREZ, RAFAELA c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

Conforme lo establecido en el último párrafo del art. 8 de la ley 23.473, corresponde declarar la incompetencia de la C.N.A.S.S. para entender en la acción de daños y perjuicios interpuesta por el titular en contra de la Caja (en el caso, por haberse rechazado el pedido de reajuste del haber), ya que se trata de un caso en que el ente administrativo debe adquirir la calidad de parte en el conflicto, lo que no ocurre en los procesos que tramitan ante la Cámara donde su misión es la defender los intereses que, como administrador del sistema de seguridad social, se le ha encomendado.
Competencia, competencia civil, sociedades mutuales
Materia: CIVIL
Carátula: SABELLA   ROSA,  Mario c/ AYUDA  MUTUAL  PARA  EL  PERSONAL  DEGENDARMERÍA NACIONAL s/ AMPARO s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-18

Corresponde que un proceso quede radicado en el fuero Civil y no en el Contencioso Administrativo Federal, toda vez que se promueve acción de amparo contra AMUGENAL (Ayuda Mutual para el Personal de Gendarmería Nacional)y contra INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), a fin de lograr la suspensión y aplazamiento de una convocatoria a elecciones y la nulidad de actos desplazados por aquella. Cuestiones que se enmarcan dentro de la ley 20.321 de asociaciones mutuales, que resulta de neto corte civil, conforme el art. 1. Desde este enfoque, no cabe disponer de oficio la competencia federal en razón de las personas al encontrarse demandado el Estado Nacional, puesto que este tiene la opción de efectuar el planteo de incompetencia y hacer uso del privilegio de la competencia federal en el momento procesal oportuno.

(Sumario N°18953 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Infracciones aduaneras, envío postal, mercadería abandonada
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: DUPERIAL  S.A.I.C. s/ REC. DE APELAC.  A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-11

No siendo el abandono de mercadería causal legal de extinción de la acción penal en la infracción al art. 983 del Cód. Aduanero, y no mediando defensa alguna de la actora en relación a la configuración de ésta, corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento apelado.
Juicio ejecutivo, ampliación de la ejecución
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: A.A. c/ M., F.L. y Otro s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-29

Desde una interpretación más elástica se ha dicho que si bien es cierto que el artículo 541, in fine, del Código Procesal Civil y Comercial Nacional dispone que no es admisible la ampliación de la ejecución una vez concluida la tramitación del juicio, ésta última circunstancia debe ser adecuadamente entendida en el sentido de que la finalización del proceso ejecutivo se opera recién con el pago de la suma resultante de la liquidación definitiva aprobada.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ACOSTA RAMON Y OTROS c/ ROBERTO A. GRINBERG Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-04

En todo accidente de tránsito que se produce entre un vehículo y un peatón se debe exigir al demandado, conforme el art. 512 en concordancia con el art. 1.109 del Código Civil, que acredite haber obrado con la diligencia debida según las circunstancias de tiempo, modo y lugar para probar esa "no culpa" exonerativa de responsabilidad.
Enfermedad profesional, examen preocupacional, carga de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Derón, Carlos Ismael c/ Pelesur S.A. y-o quien resulte responsable s/ Cobro Indemnización por Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-27

Con toda precisión señaló ya el juzgador de la anterior instancia los efectos jurídicos de la omisión del examen médico preocupacional, entre los que no se cuenta el relevar al dependiente actor de la carga de probar el nexo causal entre el trabajo y la enfermedad. La misma cita doctrinaria transcripta en el memorial del apelante, muestra la exactitud de tal concepto: la omisión obliga al empleador a indemnizar las incapacidades que sufra el obrero, sin discriminar qué grado portaba a su ingreso y qué grado corresponde a la causa o concausa trabajo. Pero que esta última "causa o concausa trabajo" estuvo presente en la producción de la consecuencia enfermedad incapacitante no se presume, debiendo acreditarla al actor, porque es ese el supuesto de hecho para la aplicación de la norma jurídica a cuyo amparo demandó.
Aduanas, impuestos, tasa municipal, exenciones impositivas
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Adm. Nac. de Aduanas c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

En ausencia de una norma del Congreso de la Nación que establezca la exención o inmunidad alegada por la Aduana, su oposición al pago de la tasa municipal de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública al que había sido intimada por la comuna resulta infundada.
Marcas, nulidad de la solicitud, solicitud de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: EMILIO LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA c/ GRYNBERG JULIO S s/ NULIDAD DE MARCA. DAÑOS Y PERJUICIOS. EMILIO LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA c/ PIERRE RENOIR SA s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-27|1997-06-27

Se puede demandar la nulidad de una solicitud marcaria, porque seria disvalioso postergar hasta la fecha de concesión de la marca el ejercicio de una acción cuya procedencia esta ya plenamente configurada, máxime considerando que la presentación de la solicitud , por si sola, genera derechos en favor del peticionario (cfr. Causa 7558 "Intocat SAC c/SA San Miguel", del 27.2.79); Solución defendida también por J. Otamendi, "Derecho de Marcas", 2da. Ed. Bs. As., 1995, Ps. 147 y 355/6) y que recibió el apoyo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interprete final de las leyes federales (cfr.

Causa "Mary Quant Cosmetics Limited c/Roberto Luis Salvarezza", del 8.10.79).
Trabajo inoficioso, recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad formal
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, ENRIQUE BUENAVENTURA c/ PROVINCIA DEL CHACO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2015-03-09

Corresponde declarar inoficiosa la presentación del recurso de inconstitucionalidad, de conformidad a lo establecido en el 2º párrafo del art. 11 de la Resolución Nº 1.197/07 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, atento las notorias insuficiencias técnicas advertidas en el escrito que abriera esta vía de excepción.