Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-11-24


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Pro-vincia del Chubut, a los 24 días del mes de noviembre del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "A. U., R. R. c/ TRANSPORTES A. G. S.A. s/ DEMANDA LABORAL (Haberes adeudados e In-dem. por despido)", Expte. No. 15.288/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Ex-pte. No. 2476/03), y atento el resultado del sorteo es-tablecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 276), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dr. Fernando Nahuelanca y Dr. Julio Antonio Alexandre.

Acto seguido se resolvió plantear y vo-tar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 248/260? y SE-GUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. La actora, a fs. 262, apeló la sen-tencia dictada en autos a fs. 248/260; el recurso fue concedido a fs. 263 y la expresión de agravios agregada a fs. 264/266. La demandada, a fs. 268/271, presentó memorial de sostenimiento.

La juez de grado desestimó la acción en todas sus partes, impuso las costas a la parte actora vencida y reguló los honorarios a los profesionales in-tervinientes.

2. Al fundar el recurso, la actora seña-ló tres agravios, en forma poco clara. Sin perjuicio de tal observación, directamente relacionada con la sufi-ciencia técnica del recurso, he de señalar que el cri-terio amplio de admisión del recurso que inveteradamen-te ha seguido esta Sala es el que autoriza a superar el juicio de admisibilidad de la impugnación. Sentado ello, daré tratamiento a la procedencia de la revisión. El primer agravio se vincula con la de-terminación de la fecha de ingreso. Transcribe el recu-rrente la parte del fallo en la que la a quo concluye que la fecha de ingreso del actor es el 28 de junio de 2001, tal como ha sido consignado en los recibos de haberes, previa individualización y valoración de las constancias pertinentes de la causa.

Critica el recurrente la apreciación de la prueba rendida en autos. Concretamente sostiene que existen testigos que manifiestan que el actor trabajó antes que ellos y que por lo tanto corresponde aplicar el principio "in dubio pro operario". Indica, luego, que tal extremo torna arbitraria la sentencia y que si bien la apreciación de la prueba y los hechos no son materia del recurso, cuando ha sido efectuada "sin un razonamiento lógico o no se tiene en cuenta principio del derecho laboral, tal como el del in dubio pro ope-rario, son arbitrarios y son elementos suficientes para abrir la casación" (sic).

Previo señalar que las manifestaciones de la parte en cuanto al tipo de recurso interpuesto no se compadecen con el trámite de la causa -estamos en la etapa de apelación no de casación-, analizaré el agra-vio. En este orden de ideas, destaco que la crítica efectuada a la apreciación de la prueba, es in-fundada. No es válido sostener que se ha omitido valo-rar prueba testimonial cuando es clara la ponderación que la juez ha realizado de los dichos de los testigos. Los párrafos de la sentencia, transcriptos por el pro-pio apelante, así lo demuestran. Se observa claramente, en tal pasaje que el juzgador no ha prescindido de los dichos de los testigos; por el contrario, los ha valo-rado y ha explicitado los motivos puntuales -con refe-rencia a cada uno de los declarantes- que impiden otor-garles eficacia probatoria en orden a la cuestión deba-tida. Así la conclusión a la que arriba -la prueba es insuficiente para desvirtuar la fecha de ingreso que consta en la documental laboral individualizada- se en-cuentra debidamente fundada. Huelga destacar que tal concreta y fundada motivación ha quedado sin refutación puntual.

Las razones expuestas autorizan por sí, el rechazo del agravio. No obstante ello, corresponde precisar otras razones que avalan el rechazo de la pre-tensión revisora.

No tengo dudas que el trabajador puede, incluso por vía de testigos, probar la falsedad de la fecha de ingreso consignada en los recibos de pagos de remuneraciones, aun cuando hubieran sido suscriptos por él. Se trata simplemente de verificar la época en que nació el vínculo laboral y tal extremo puede tener vin-culación directa con derechos como por ejemplo el de percibir la indemnización por antigüedad en los térmi-nos legales, que son irrenunciables (Cfr. Cámara del Trabajo, Sala 1º, Paraná, 8-2-93, "N., I. T. c/ L. D. S.C.A. s/ cobro", elDial - AT1224). Ahora bien, en ta-les casos la prueba a través de la cual se intenta des-virtuar tales constancias debe ser concluyente. En el caso particular la colectada en autos, tal como lo ha precisado la juez de grado, no reúne tal condición; le-jos están los testimonios brindados de merecer la cali-ficación de claros, precisos y contundentes respecto de la fecha de ingreso del trabajador. En este contexto, no alcanza a ser desvirtuada la presunción que emana de los recibos de haberes y demás documentación agregada a la causa. Es que el duplicado de recibo de haberes confeccionado con los requisitos legales, constituye una prueba elemental en manos del trabajador, mediante el cual no sólo se acredita el hecho del pago sino que también de él resultan otros datos inherentes al con-trato de trabajo y sus contenidos fundamentales como fecha de ingreso, categoría, período de pago, etc. De modo tal que la conformidad tácita que importa la falta de cuestionamiento de tales inserciones obliga a una mayor exigencia probatoria. Es decir, a una especial severidad en la valoración de los elementos de juicio contrarios a los contenidos que figuran en el recibo.

Corroborando este criterio se ha soste-nido: "Si la fecha de ingreso del trabajador a la em-presa, se encuentra inserta en la totalidad de los re-cibos de sueldo, y éstos contienen todos los recaudos exigidos por las normas laborales y, en su oportunidad, la actora no los cuestionó, la supuesta falsedad en la especificación de aquella fecha debe ser fehacientemen-te justificada, ya que los mismos, al estar confeccio-nados conforme a la ley, tienen plena validez (cfr. "P., A. K. c/ O., H. O. s/ cobro de pesos", Sala I de la Cámara Tercera del Trabajo de Paraná, 11708/97; el-Dial - AT1B84).

En función de lo expuesto y dado que de los recibos obrantes a fs. 3/18 resulta que se ha con-signado como fecha de ingreso la indicada por la deman-dada: 28 de junio de 2001 y que el actor no ha aportado prueba concluyente en sentido contrario, corresponde confirmar lo resuelto y propongo el rechazo del primer agravio.

El segundo agravio se vincula con la configuración del despido indirecto. El recurrente in-troduce una serie de cuestiones en forma promiscua y oscura ya que por un lado invoca sus manifestaciones al momento de absolver posiciones vinculadas con agresio-nes que dice haber recibido de parte del encargado de la empresa, luego se refiere a la negativa exterioriza-da por el empleador al responder la intimación cursada de adeudar suma alguna y finalmente concluye sostenien-do que el trabajador obró siempre conforme a derecho.

Los agravios expresados son insuficien-tes para conmover lo resuelto. En efecto, la juez sos-tuvo que el operario no acreditó la fecha de ingreso que oportunamente invocó para sostener que se le adeu-daban sumas y que por lo tanto no ha logrado demostrar la concurrencia de una causal que habilite la denuncia del vínculo contractual. Esta premisa no ha sido refutada en for-ma puntual; la mera cita de jurisprudencia que se efec-túa en la memoria es insuficiente a tal fin. Repárese que no se ha logrado demostrar la configuración de una causal de despido indirecto y ello es así porque el análisis de la colectada en la causa no tiene entidad para acreditar tal extremo.

En cuanto al tercer agravio, corresponde señalar que más allá de haber sido titulado como tal no constituye en rigor un agravio ya que sólo contiene la resolución que se pretende.

Por lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso de apelación.

3. Costas y honorarios.

Las costas de esta instancia se imponen al actor vencido por aplicación del principio objetivo de la derrota. Los honorarios de los letrados intervi-nientes se regularán de conformidad con las pautas ge-nerales contenidas en el artículo 6 de la ley arancela-ria y por aplicación de la escala específica prevista por el artículo 14 del mismo ordenamiento.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Propongo la siguiente fórmula decisoria.

1) Rechazar el recurso de apelación in-terpuesto por la parte actora a fs. 262. Confirmar, en consecuencia, la sentencia de fs. 248/260, en todas sus partes.

2) Costas de esta instancia a la actora vencida. Regular los honorarios profesionales por la actuación ante esta alzada correspondientes al Dr. S. E. T. en la suma de pesos setecientos veinte ($720,00) y los correspondientes al Dr. F. F. A. en la suma de pesos ochocientos cuarenta ($840,00).

3) Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 266.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Se alza la accionante en contra de la resolución que desestima la demanda de fs. 248/260, a tenor del informe de fs. 268/271.

Quien me precede en el sorteo afronta el análisis de admisibilidad formal del recurso y extrae los aspectos sustanciales de la queja por lo que evita su mera repetición.

Reiteradamente hemos sostenido, en casos análogos al de autos, que en la sustanciación del re-curso de apelación, el cumplimiento de sus requisitos deben ponderarse con tolerancia, mediante una interpre-tación amplia que los tenga por cumplidos aun frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado, direc-tiva que tiende a la armonía en el cumplimiento de los requisitos legales y la aludida garantía de la defensa en juicio, y delimita restrictivamente el ámbito de las sanciones que importan la pérdida o caducidad de los derechos del apelante. De allí que si la apelación cum-ple en cierta medida las exigencias del art. 265 del Cód. Procesal según el referido criterio de la amplia flexibilidad, que resulta ser la interpretación que se juzga más acorde con la apuntada garantía constitucio-nal, cabe estimar que la carga procesal de fundar los agravios se satisface con el mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia recursiva.

Así, la duda en cuanto a la configura-ción de tales exigencias le permiten mantener abierta la instancia pero tan solo dentro de los límites de lo que puede razonablemente considerarse crítica y no un mero disentir.

Conforme lo expuesto, el primer disenso vertido en el memorial pierde entidad al intentar obte-ner certeza probatoria de las declaraciones testimonia-les a que refiere no por errónea valoración sino por el beneficio del principio "in dubio pro operario", cuando desde siempre he adherido a la postura decididamente mayoritaria en el sentido que la máxima solo juega en la interpretación de las leyes laborales y no de los hechos alegados (ver entre muchos CLab. y Paz, Corrien-tes, 2000/03/29, DT, 2001-A, 816; ídem DT, 2001-B, 1440; Corte Suprema de Justicia de la Provincia de San-ta Fe, 11/08/2004, -S., S. E. y otros c. Municipalidad de Rafaela- La Ley Online; Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, 17/12/2004 -J., L. P. c. L., J. A.-, LL Litoral 2005 (julio), 663; en cuanto a la evolución legislativa del precepto y su im-posibilidad de extenderlo a la apreciación probatoria ver v.gr. Meilij, "Contrato de Trabajo", t. I, págs. 53 y ss. ptos. 84 y ss. y en especial el nº 91 y sus ci-tas).

Al margen de lo dicho, cabe destacar que la conclusión en tal punto de la a quo surge de la con-frontación de toda la prueba y no exclusivamente de la testimonial.

Los hechos que sustentan el insinuado segundo agravio carecen de respaldo probatorio y no son más que una mera reiteración de argumentos expuestos al inicio y debidamente desestimados por la a quo, como el mismo apelante se encarga de reproducir.

Pero además, el contenido del titulado segundo agravio, resulta inextricable ya que refiere a cuestiones diversas, desarrolladas en forma desordenada apartándose de principios básicos en la materia como los que señalan que para que la expresión de agravios sea procedente, el litigante debe seleccionar del dis-curso del magistrado aquel elemento que constituya la idea dirimente y que forme la base lógica de la deci-sión y señalar cuál punto del desarrollo argumental ha incurrido en un error en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica. Y es que los disensos jurí-dicos o exposición retórica acerca de la posibilidad de interpretación de los hechos de manera diversa de lo apreciado por el juzgador constituyen modalidades pro-pias del debate dialéctico, mas no de la impugnación judicial mediante el recurso de apelación (ver v.gr. CNCiv., sala D, diciembre 3-2002, ED 203-462, y sus ci-tas jurisprudenciales y doctrinarias).

Así, la queja no demuestra más que la frustración por la incapacidad de acreditar los hechos denunciados en la demanda como la fecha de ingreso ale-gada y sus consecuencias, de ellas la más importante: la causal de despido indirecta.

La remisión formulada en el capítulo III del memorial, además de la falta de contenido crítico no resulta procedente ya que es criterio pacífico en la materia que la verdadera labor impugnativa no consiste en denunciar ante el tribunal de alzada las supuestas injusticias o errores que el fallo impugnado pudiera contener, sino que deben demostrárselas con argumentos concretos, poniendo en evidencia qué elementos de hecho y de derecho le dan la razón a quien protesta, y si ello no sucede debe declarase desierto el recurso (ver v.gr. CCiv. y Com., San Isidro, sala I, mayo 2-995, LLBA 1995-1243).

Propongo, en consecuencia que se recha-cen las impugnaciones formuladas por el apelante y deba responder por las costas ocasionadas en esta instancia, difiriéndose para el momento del acuerdo la regulación de honorarios, la que deberá respetar las pautas aran-celarias de la ley 2200 y 4335. Y se tendrá presente la reserva del llamado "caso federal".

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo concordado con el voto que an-tecede, reitero su fórmula decisoria.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar el recurso de apelación in-terpuesto por la parte actora a fs. 262. Confirmar, en consecuencia, la sentencia de fs. 248/260, en todas sus partes.

2) Costas de esta instancia a la actora vencida. Regular los honorarios profesionales por la actuación ante esta alzada correspondientes al Dr. S. E. T. en la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTE ($720) y los correspondientes al Dr. F. F. A. en la suma de PE-SOS OCHOCIENTOS CUARENTA ($840).

3) Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 266.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia el señor Juez de, Cámara Dr. Fernando Nahue-lanca, y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. Ley 1130).

SILVIA N. ALONSO de ARIET - Presidente JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 81 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS