Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-29


SENTENCIA NUMERO: CUARENTA Y TRES En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 55/11, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor García, en contra de Auto Nº 17/11 de Expte. Nº 119/09 "FINAZZI, Néstor Pablo -Homicidio Culposo", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es formalmente admisible el recurso de casación interpuesto? ¿Es nula la resolución atacada por haber aplicado erróneamente el art. 76 bis del Código Penal? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 09 los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. A efecto de dar respuesta al primer interrogante planteado, entiendo que cabe reputar formalmente admisible el recurso interpuesto por el defensor del imputado Néstor Pablo Finazzi, desde que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva (S. Nº 4/09 "Herrera"; S. Nº 17/09 "Vargas"; S. Nº 07/10 "Segura"; S. Nº 20/10 "Agüero", entre otros precedentes).

II. Por Auto Interlocutorio Nº DIECISIETE/2011, dictado el 01/07/2011, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, resolvió: "1) No hacer lugar al pedido de Suspensión del juicio a prueba que incoara la defensa técnica del encausado Finazzi, a fs. 176/176 vta., por resultar improcedente (art. 76 bis y concords. del C. Penal y art. 355 del C.P.P.).

III. Contra ese decisorio, el Dr. Víctor García, en calidad de asistente técnico del imputado Néstor Pablo Finazzi, interpone recurso de casación esgrimiendo el motivo sustancial previsto en el art. 454 inc. 1º -segundo supuesto- del C.P.P.

III.a. En primer término, argumenta respecto de la calidad de definitiva de la sentencia porque pone fin al fondo de un asunto Sostiene que el art. 76 bis del C.P. no establece si el imputado debe o no tener una condena anterior para negar el beneficio, por lo que no es aceptable cualquier fundamento para su rechazo, y menciona lo plasmado en el auto cuestionado, en donde el a quo tuvo en cuenta los antecedentes del imputado en desmedro del beneficio peticionado.

Manifiesta además, que si no puede solicitarse la suspensión del juicio a prueba en los casos de delitos culposos y/o con pena de inhabilitación, se quebranta el principio de igualdad ante la ley. En este sentido, refiere que todo imputado tiene derecho al acceso a la justicia, y que si este instituto procesal se aplica en unos casos y en otros no, se incurre en el quebrantamiento mencionado y compromete la libertad ambulatoria de su defendido. Agrega que, en el caso de la pena de inhabilitación, que es accesoria de la principal, no se puede privar al reo de continuar gozando de su libertad, y de cumplir con los requerimientos previstos en el art. 76 bis, los que deben ser aplicados al caso concreto.

Finalmente, pide que se haga lugar a la suspensión del juicio a prueba y hace reserva del caso federal en el caso de que no sea atendido su reclamo.

IV. Ingresando puntualmente al estudio de la cuestión propuesta, debo decir que esta Corte de Justicia, aunque con distinta integración, en los precedentes mencionados en I), tuvo ya oportunidad de expedirse respecto al valor de la prohibición de suspender el juicio a prueba, en el caso de delitos conminados con pena de inhabilitación.

Allí se concluyó que la suspensión del juicio a prueba no procede si el delito tiene prevista pena de inhabilitación, toda vez que eso es lo que surge de una interpretación sistemática de la ley; y que el precedente "Acosta" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo modificó la interpretación del plenario "Kosuta" en lo que respecta a la pena a considerar a los efectos del otorgamiento del instituto, y no así en lo atinente a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, manteniendo el criterio de que no cabe la suspensión del juicio en los casos de delitos castigados exclusivamente con pena de inhabilitación, ni respecto de aquellos que tengan conminada en forma conjunta la pena de inhabilitación, ni los sancionados con multa e inhabilitación.

Así, brevitatis causae, y manteniendo igual postura, corresponde me remita a los fundamentos allí expuestos, desde que conforman la doctrina legal este Superior Tribunal (S. Nº 4/09; S. Nº 17/09; S. Nº 07/10; S. Nº 20/10 citadas supra) y concluyo que no corresponde hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba en el caso, porque el delito que se imputa, tiene prevista pena de inhabilitación.

Con lo analizado, queda sin materia el tratamiento del segundo agravio referido a la errónea interpretación de la norma efectuada por el a quo, para rechazar además el pedido de suspensión por considerar que tener una condena previa también es un obstáculo para la concesión del beneficio.

Es que, el motivo previo y decisivo del rechazo para suspender el juicio a prueba está dado por la conminación de la pena de inhabilitación, lo que, como se dijo, obsta a la concesión del instituto, por lo que, lo expuesto en el segundo motivo de agravio, no tiene entidad para modificar la decisión adoptada.

Tampoco es atendible la alegada violación a la garantía de igualdad ante la ley, ya que la misma implica que no cabe establecer excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, lo que no ocurre en el caso. Digo ello porque la excepción legal prevista en la última parte del art. 76 bis no se trata de una discriminación irrazonable o arbitraria del legislador, sino de establecer distinciones o diferencias de tratamientos entre distintos supuestos punibles.

Entonces, no se advierte, y la parte no ha logrado demostrar, que la decisión, aunque escueta, resulte arbitraria, o se salga de los lineamientos sentados por esta Corte, por lo que cabe confirmar la denegatoria del tribunal de mérito a la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa del acusado, a raíz de la pena de inhabilitación especial conminada en forma conjunta para el delito de Homicidio Culposo que se le atribuye a Finazzi, el que está reprimido con el mencionado tipo de pena (arts. 84, 2º párrafo, 2º supuesto). Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Adhiero a las razones que fundamentan el voto del Sr. Ministro preopinante. En tal sentido, digo que el art. 76 bis. último párrafo señala expresamente la improcedencia de la suspensión de juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, por lo que no cabe duda alguna que cuando se trate de hechos cuya significancia jurídico penal tenga como consecuencia la aplicación de una pena de inhabilitación, no será viable la aplicación de las reglas de la suspensión de juicio a prueba.

Cualquiera sea el método de interpretación que se utilice, gramatical, histórico, semántico o teleológico, e incluso una interpretación articulada de todos ellos, impide darle un alcance distinto al que claramente se refiere el propio texto legal. Así voto.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Adhiero al voto del Sr. Ministro preopinante, con más los argumentos que paso a exponer y que forman mi convicción sobre la cuestión planteada.

Sabido es, que en los delitos reprimidos con penas de inhabilitación no se admiten la condicionalidad establecida y prevista en el Art. 26 tercer párrafo de Código Penal. Así, autorizada Doctrina sostiene que la condenación condicional no procede si la pena impuesta es de reclusión, multa o inhabilitación, aunque éstas dos últimas hayan sido dispuestas conjuntamente con la pena de prisión en la condenación suspendida condicionalmente (confr. Ricardo C. Núñez "Manual de Derecho Penal" - Parte General - 4ª Edición Actualizada por Roberto E. Spinka y Félix González, Año 1999, Página 301, Editorial Mar-cos Lerner - Editora Córdoba). Por consiguiente en cuanto a la naturaleza de la pena, sólo la de prisión puede ser dejada en suspenso. La ley excluye del instituto la de inhabilitación. Por lo que realizando una interpretación sistemática con el Art. 76 bis, párrafo octavo, del Código Penal, tampoco se admite la Suspensión del Juicio a Prueba si entre los delitos imputados figura alguno sancionado con pena de inhabilitación, como ocurre en el caso traído a examen, al tratarse el delito de Homicidio Culposo, art. 84 segundo párrafo del Código Penal, reprimido con pena de prisión e inhabilitación especial.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la primera cuestión, y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/2, por el Dr. Víctor García, en su carácter de asistente técnico del imputado Néstor Pablo Finazzi. II) Rechazar el recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Arts. 14 y 15 de la Ley 48.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El Sr. Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el Dr. Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/2, por el Dr. Víctor García, en su carácter de asistente técnico del imputado Néstor Pablo Finazzi.

2º) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Art. 14 y 15 de la Ley 48, para el caso federal. 5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente- José Ricardo Cáceres - Luis Raúl Cippitelli ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.