Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-12


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 12 de 2008.

El doctor Ponce dijo:

I. La sentencia de primera instancia rechazó la excepción de prescripción opuesta por Federación Patronal de Seguros S.A., empresa citada en garantía en los términos del artículo 118 de la ley 17.418. A su vez, desestimó la demanda incoada por los accionantes.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron la entidad aseguradora, que expresó agravios a fs. 255/57, que fueron respondidos a fs. 259/260 y la accionante, que fundamentó sus quejas a fs. 250/53, contestadas a fs. 263/64.

II. Como sin acción no hay pretensión corresponde adentrarse en primer lugar a la defensa de prescripción opuesta por la empresa aseguradora y, si correspondiere, tratar a continuación las quejas relacionadas a la desestimación de la demanda.

El artículo 29 de la ley 24.573 modificado por ley 25.661, en su parte pertinente, establece que "La mediación suspende el plazo de la prescripción liberatoria en los términos y con los efectos previstos en el párr. 2º del art. 3986 del Código Civil. En la mediación oficial la suspensión se operará desde que el reclamante formaliza su pretensión ante la mesa general de entradas del fuero que corresponda y operará contra todos los requeridos...".

En el "sub lite" se encuentra fuera de discusión que resulta de aplicación el plazo de prescripción bienal previsto en el art. 4037 del Código Civil; que el accidente de tránsito, que conforma el objeto mediato de este proceso, tuvo lugar el 27 de abril de 1999, que la mediación oficial se inició el 5 de abril de 2001 y se cerró el 12 de septiembre de 2002 (fs. 5). La demanda fue presentada el 4 de febrero de 2003.

Así las cosas, considero que le asiste razón a la entidad recurrente en la medida que en primera instancia no se ha computado en debida forma el plazo de prescripción, que se encontraba vencido al iniciarse la acción.

En efecto, la ley 25.661 da a la mediación el alcance de la llamada "constitución en mora del deudor", criterio que ya había sido aceptado por la jurisprudencia de esta Excma. Cámara (CNCiv., Sala "H", LA LEY, 2000-F, 63) y de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del citado art. 3986 del Código Civil, este estado de mora provoca la suspensión de la prescripción es por un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción.

Volviendo a la ley 25.661, tratándose de una mediación oficial como la de autos, ya señalé que en la suspensión de la prescripción, el plazo se computa a partir del inicio del trámite, quedando comprendido el plazo de un año dentro del período en que se llevó a cabo la mediación (conf. Salerno, Marcelo U., "Efecto de la mediación sobre el curso de la prescripción", LA LEY, 2003-A, 970; Robles, Estela, "Mediación y prescripción liberatoria (La reciente ley nº 25.661)", LA LEY, 2002-F, 1259; (CNCom., Sala "C", expte. Nº 40952/2001 del 24/06/03).

No se me escapa que en la especie, el trámite de la mediación insumió el año previsto en la norma, por lo que a mi criterio nada impedía que, como bien se señala en los agravios, la demanda se hubiera iniciado igualmente al solo efecto de interrumpir la prescripción (conf. Dupuis, Juan C., "Mediación y conciliación", p. 152; CNCiv., Sala "E", E.D. 194-310; Sala "I", íd. 197-33). Ello no ha ocurrido en autos.

Es más, aún computando el lapso de suspensión de la prescripción hasta el momento de la finalización de la etapa de mediación -el 4/09/2002- conforme el criterio utilizado en la instancia de grado y sumados los 20 días corridos previstos en el Decreto 91/98, que lo utilizo al solo efecto ilustrativo, pues considero que actualmente se encuentra derogado, fácil resulta concluir en que igualmente la demanda se habría incoado cuando ya estaba prescripta.

III. Atento la forma en que propongo decidir, se ha tornado abstracto el estudio de los agravios vinculados con el rechazo de las pretensiones de los actores.

Por lo dicho y si mi voto fuera compartido por mis distinguidas colegas, propongo revocar el fallo de primera instancia receptando la defensa de prescripción opuesta por la entidad citada en garantía. Las costas en ambas instancias deben ser impuestas a la parte actora.

Las doctoras De los Santos y Díaz de Vivar adhieren por análogas consideraciones al voto precedente.

Y Visto: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: I.- Revocar la sentencia de primera instancia receptando la excepción de prescripción opuesta por Federación Patronal Seguros S.A. 2) Imponer las costas en ambas instancias a la parte actora. II.- En atención a la forma en que se resuelve, déjase sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de grado anterior (conf. art. 279 del Código Procesal) y en consecuencia, procédese a adecuar las mismas de conformidad a la normativa legal mencionada. III .- En atención a lo expuesto, se tendrá en consideración -respecto de los letrados -que habiéndose rechazado la demanda, la interpretación adecuada del régimen arancelario exige aplicar las pautas de la ley nº 21.839 -t.o. 24.432- no estrictamente, sino en base a la cifra que razonablemente hubiera podido corresponder al actor de haber prosperado la acción (conf. CSJN., Fallo, "Martín, Jorge Alberto c. Shin Dong s/rec. de hecho del 20/4/95; esta Sala expte. nº 359.956; nº 403.398, nº 402.781 y otros). En tal orden de ideas deben valorarse -en su conjunto- los conceptos reclamados, las características del hecho en cuestión y, finalmente, los trabajos realizados, apreciados por su importancia, extensión y calidad de los mismos, la trascendencia jurídica y moral del litigio, las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido (conf. art. 6º, incs. b);c) y d) de las leyes arancelarias mencionadas).

En consecuencia, regúlase a la letrada patrocinante de la parte actora, Dra. M. F. A. la suma de pesos tres mil seiscientos ($3.600) y al letrado apoderado y patrocinante de la misma parte, Dr. H. R. C. la suma de pesos siete mil cuatrocientos ($ 7.400) y a la letrada apoderada de la citada en garantía "Federación Patronal Seguros SA", Dra. A. C. S. la suma de pesos veintitrés mil cuatrocientos ($23.400). Asimismo, y de conformidad con la normativa del Dto. 91/98, regúlase a la mediadora Dra. S. P. G. la suma de pesos seiscientos ($ 600). IV.- En cuanto a los peritos, se ha de ponderar la naturaleza de las peritaciones realizadas, la calidad, extensión y grado de complejidad de las mismas, su carácter técnico-científico, su eventual incidencia al momento de dictarse el acto jurisdiccional y la debida proporcionalidad que deben guardar estos emolumentos respecto de los del letrado (CSJN., Fallos: 239:123; 243:96, entre otros).

Siendo ello así, fíjase al perito ingeniero F. A. C. la suma de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600) y al perito médico A. P. G. la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400). V.- Finalmente, y por la labor profesional realizada en esta instancia que culminara con el dictado de la sentencia definitiva, regúlase al Dr. H. R. C. la suma de pesos dos mil ochocientos ($ 2.800) y a la Dra. A. C. S. la suma de pesos ocho mil doscientos ($ 8.200 - conf. art. 14, ley de Arancel). - Carlos R. Ponce. - Mabel De los Santos. - Elisa M. Díaz de Vivar.