Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-30


AUTOS Nº 20.188 (10.388 - Segundo Familia) "ASPREA Teresa - Incidente de Disolución de la Sociedad Conyugal - Act. para Cámara - Art. 255 del C.P.C." L. DE A. T° 168, F° 200/202 SAN JUAN, 30 de octubre del año dos mil nueve.

VISTO:

Para resolver en estos autos Nº 20.188 (10.388 - SEGUNDO DE FAMILIA) caratulados: "ASPREA TERESA - INCIDENTE DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL - ACT. PARA CÁMARA - ART. 255 DEL C.P.C.", el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fojas 9 en contra la resolución de fecha veintiséis de noviembre de 2008 (fs. 8).

Y CONSIDERANDO:

1. El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, ataca la providencia que dispuso trabar embargo preventivo sobre el 100% de las participaciones sociales que tuviere el Sr. Roberto Raúl Kricak en cualquier sociedad inscripta en el Registro Público de Comercio, en especial la traba de embargo sobre el 50% de los valores o dinero que detenta en instituciones bancarias. Esta cautelar se efectivizó con el embargo de una suma superior a los $ 10.000 en el Banco Francés S.A., y el recurso de apelación está enderezado, a que el tribunal de Alzada lo deje sin efecto con costas.

El apelante afirma que la incidentista pidió y obtuvo la medida cautelar en base a afirmaciones falaces, como por ejemplo cuando afirma que el matrimonio vivió toda la vida gracias a una empresa dedicada a la instalación eléctrica y mantenimiento general, sin que la Sra. Asprea hubiese logrado ninguna utilidad pese a que fue creada durante el matrimonio.

El Sr. Kricak, expresa, que trabajó en relación de dependencia en la firma Dubin Jakobson - radicada en Buenos Aires - luego denominada Termotex S.A. empresa amparada en el régimen de promoción industrial, desde el año 1979 hasta 1999 fecha en la que fue dejado cesante. A partir de allí comienza a prestar en forma individual servicios técnicos de carácter personal, en un primer momento para su ex empleadora Termotex y posteriormente a favor de otras empresas, pero no se trata de una sociedad comercial como afirma la incidentista actora.

Expresa que desde el desvinculo laboral y hasta el año 2.002 sus ingresos no superaban los $ 3.150 mensuales - da cuenta de ello la Dra. Sonia Yudewitz - a posteriori a partir del año 2.003 los ingresos fueron ascendiendo hasta que en el año 2.005, pidió la inscripción empresaria ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia.

En la presentación de la incidentista, no aparece ni una sola constancia de la existencia de bienes que se hubiesen explotado en lo que denomina empresa, ni la tentativa de prueba al respecto.

Finalmente dice que resulta ser un despropósito que a seis años de haber finalizado el vínculo conyugal, se pretenda y se logre embargar, sumas resultantes del trabajo personal efectuado por el Sr. Kricak luego de fenecido el vínculo conyugal sin que la incidentista pruebe y ni siquiera ofrezca probar seriamente que los fondos afectados con embargo, reconozcan o tengan su origen en bienes que pertenezcan a la sociedad conyugal disuelta.

La actora apelada contestó el traslado conferido a fs.24/26 solicitando el rechazo del recurso interpuesto. 2. Las medidas precautorias fueron despachadas de conformidad con lo dispuesto en los arts. 233 y 1295 del Código Civil. Ellas están autorizadas por dichas normas legales y tienden a asegurar la justa liquidación de la sociedad conyugal, tutelando en su integridad el patrimonio de los cónyuges separados o divorciados.

En este sentido, la norma contenida en el art. 233 del Código Civil da un tratamiento especial a las medidas precautorias, con un ámbito de regulación que las distingue en ciertos aspectos de las cautelares legisladas en el Código de Procedimiento Civil, particularmente en la amplitud y variedad conjunta con que pueden ser concedidas. Así, la norma le otorga al juez facultades para ordenar, a pedido de parte, las "medidas de seguridad idóneas para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro...".

Jorge L. Kielmanovich recuerda que "en los procesos de familia las medidas cautelares adquieren un peculiar contorno, verificándose profundas modificaciones en torno al carácter instrumental; a su proveimiento inaudita parte; a los presupuestos que hacen a su admisibilidad y ejecutabilidad; a la facultad del órgano para ordenarlas de oficio y a la legitimación de las partes para solicitarlas; a la disponibilidad inmediata de su objeto; y, por fin, a su no sujeción normativa a términos de caducidad..." ("Juicio de Divorcio y Separación Personal", Ed. Rubinzal - Culzoni 2.002, págs. 86/87).

La amplitud con que el Juez a quo ha concedido el embargo sobre los fondos denunciados, condice con la finalidad perseguida por las mencionadas normas legales. En efecto, debe considerarse que del informe producido por AFIP aparece "Ejecución y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Electrónicas N.C.P." como actividad económica inscripta en Agosto de 1999 (fs. 35/36 del Incidente de liquidación de inmueble de la Sociedad Conyugal) habiéndose producido la disolución de la sociedad conyugal conforme sentencia de fecha 12.05.03, al 17.09.02 (fs. 05/07). Esto es que, la inscripción se produjo durante la vigencia de la sociedad conyugal.

Recordemos que el art. 1271 establece que "pertenecen a la sociedad conyugal como gananciales, los bienes existentes a la disolución de ella, si no se prueba que pertenecían a alguno de los cónyuges cuando se celebró el matrimonio, o que los adquirió después por herencia, legado o donación".

Mazzinghi comenta al respecto "que surgen de esta norma dos consecuencias: La primera es que la masa de bienes gananciales que ha de ser dividida entre los cónyuges a raíz de la disolución de la sociedad conyugal se integra con los existentes hasta ese momento. El haber ganancial queda, pues, cerrado a la fecha de la disolución; y la segunda es que se presume ganancial todo cuanto esté en el patrimonio de uno u otro cónyuge"..."la presunción de ganancialidad es un criterio rector que contribuye a interpretar otras normas del régimen de bienes" (Mazzinghi - "Derecho de Familia", T° 2, Ed.Abaco 1996, págs. 534/535 ).

Esto refuerza el argumento de la actora para pedir una medida de seguridad idónea, como la llama la ley, a fin de impedir que el otro cónyuge administre los bienes gananciales o disponga de ellos de tal manera que pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales que puedan corresponderle.

Por ello, SE RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.