Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa n° 7.725/10/CA2 "G.D.F. y otro c/ OSDE s/ sumarísimo" Buenos Aires, 24 de junio de 2014.

Y VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 223 (concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 224) contra la sentencia de fs. 212/219, que fuera fundado a fs. 227/228vta., que mereciera la réplica de la contraria a fs. 231/234vta..

Media asimismo un recurso de apelación por los honorarios regulados (v. fs. 225, concedido a fs. 226), el que será tratado conjuntamente al finalizar el presente acuerdo.

Oída la señora Defensora Oficial a fs. 237/239, y CONSIDERANDO:

I. La señora D.F.G. inició la presente acción, en representación de su hijo menor de edad J.D., contra la Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Empresas (OSDE) a fin de obtener la cobertura integral de la prestación de escolaridad común con maestra integradora en el instituto "Casa Moisés", de acuerdo a la prescripción realizada por su médico tratante y en función de la discapacidad que padece (v. fs. 17/26 vta.).

En el mismo escrito requirió el dictado de una medida cautelar, a la que se hizo lugar en los términos solicitados a fs. 29/30 y fue confirmada por este Tribunal a fs. 99/100.

II. Que encontrándose las presentes actuaciones en condiciones de dictar sentencia, el señor Juez de primera instancia hizo lugar a la cobertura integral (100%) de la escolaridad común con maestra integradora en la institución "Casa Moisés". Las costas del juicio fueron impuestas a la demandada vencida (v. fs. 212/219).

Contra dicha decisión se alzó la demandada. En su memorial de agravios sostiene que no se encuentra obligada a brindar al menor la cobertura de escolaridad cuando la parte actora en ningún momento requirió ante la obra social algún tipo de asesoramiento en la oferta educativa y que la elección efectuada obedeció a un acto unilateral de los padres del menor.

III. Cabe aclarar que, ha quedado fuera de controversia que: J.D. tiene 15 años de edad (cfr. fs. 2), es afiliado a la demandada (v. fs. 3), padece "retraso madurativo intelectual generalizado, acompañado de dificultades motrices" (cfr. copia de certificado de discapacidad de fs. 1 y certificado emitido por su médico pediatra a fs. 5). Lo que se encuentra sometido a debate es si la demandada se encuentra obligada a brindar la cobertura por la prestación de escolaridad común con maestra integradora en la institución "Casa de Moisés".

En función de las cuestiones sometida a debate, es menester enfatizar que la demandada no puede desconocer que en función de lo establecido en la ley 24.901, las obras sociales tienen a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas entre las que se encuentra la de Educación General Básica, definida como ".el proceso educativo programado y sistematizado que se desarrolla entre los 6 y 14 años de edad aproximadamente o hasta la finalización del ciclo, dentro de un servicio especial o común.".

En este sentido, la Resolución nº 428/99 (que aprueba el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad) establece en el Anexo I, que ".las prestaciones de carácter educativo contempladas en este nomenclador serán provistas a aquellos beneficiarios que no cuenten con oferta educacional estatal adecuada a las características de su discapacidad, conforme a lo que determine su reglamentación".

En efecto, la amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33; esta Sala, causa 4864/08 del 05-03-09, entre muchas otras).

En el caso de autos debe ponderarse la actitud remisa de la Obra Social en tanto rechazó sin mayores argumentos la prestación de escolaridad común.

De lo expuesto anteriormente se infiere que resulta lesivo al derecho a la salud que la accionada niegue la cobertura de la prestación solicitada, en tanto importa desconocer el espíritu que anima la ley 24.901, que contempla la posibilidad de brindar educación especial en institutos de escolaridad común y de carácter privado.

A su vez esta obligación encuentra sustento jurídico en la ley 23.661, al establecer entre los fines de las Obras Sociales los de proveer prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva (conf. art. 2º. primer párrafo), todo ello en el marco del sistema aludido, cuyo propósito es procurar el pleno goce del derecho a la salud para lodos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica (art. 1º), esta Cámara, Sala I, doctr. causas n° 4339 del 16-7-2002. 1265/02 del 1-10-02 y 12.107/02 del 19-11-02).

Asimismo, no es ocioso recordar, en este orden de ideas, que el Alto Tribunal ha tenido oportunidad de señalar que los menores y los discapacitados además de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, ".requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos" (confr. in re "Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional", del 15-6-04).

Por otra parte, esta solución es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho debatido -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los Pactos Internacionales (arts. 23 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por ley 23.849; art. 25, inc. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 7 y 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por ley 26.378; art. IV 2 A de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, aprobada por ley 25.280), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. Sala I causas 22.354/95 del 2-6-95, 53.078/95 del 18-4-96, 1251/97, 436/99, 7208/98, 1830/99 y 1056/99, citadas).

En la especie de autos no cabe duda que la cobertura requerida y recomendada por el médico pediatra a fs. 5, se encuentra dentro de la normativa aplicable y -en consecuencia- la demandada es la obligada a brindarla, motivo por el cual se impone la confirmación de la resolución apelada por cuanto sus agravios carecen de sustento sólido pues chocan contra las claras disposiciones legales citadas.

En efecto, la demandada no demostró en ningún momento que cumplió con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 24.901, muy por el contrario, simplemente se limitó a afirmar que de la evaluación realizada por la obra social, existirían escuelas públicas en las cuales el hijo de la actora podría llevar a cabo su formación educativa, y las citó; pero no logró acreditar concluyentemente haber puesto a disposición de los padres del niño con discapacidad el listado de instituciones educativas tanto estatales como privadas que cumplan con la modalidad prescripta por su médico tratante, que cuenten con vacante y a la vez cubran las necesidad que requiere J.D.

Como corolario a lo expuesto, corresponde resaltar que en las presentes actuaciones ha quedado demostrado fehacientemente que el menor debe seguir concurriendo a la Escuela Casa de Moisés (v. pericial médica a fs. 180), y que no es aconsejable introducir cambios en la metodología empleada. Es por ello, que resulta razonable inferir que la interrupción de la prestación colisionaría con los derechos reconocidos y consagrados por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales (artículo 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378; esp. arts. 2, 7,10, 23, 24, 25 y 26); y Convención sobre los Derechos del Niño (esp. arts. 3, 23 y 24), con los que se alinea la ley 24.901 (esp. arts. 2, 11 y 15).

En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "R.D. y otros c/ Obra Social del Personal de la Sanidad" del 27.11.2012, fue muy clara al adherir a los argumentos del Procurador General de la Nación cuando sostuvo que "... es la parte demandada la que debe ocuparse concretamente de probar - y poner a disposición - una alternativa entre sus prestadores, que proporcione un servicio análogo al que se persigue en juicio". De modo tal que, pretender invertir la carga probatoria sería desnaturalizar el régimen propio de la discapacidad.

Por último, cabe recordar que el principio interpretativo rector en esta materia es la integralidad en el cumplimiento de la prestación asistencial, que indica que ésta debe ser ejecutada del modo más eficaz e idóneo para satisfacer las condiciones mínimas acordes con las necesidades del discapacitado, en un determinado momento histórico, y en relación a la situación particular de cada afiliado.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia recurrida en cuanto ha sido materia de agravios. Las costas se imponen a la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).

Por la labor profesional desarrollada en primera instancia por el doctor Diego Leandro Agüero, corresponde elevar los emolumentos regulados hasta alcanzar la suma de pesos .. (arts. 6, 9, 27, 33, 36, 37 y 39 de la ley 21.839, texto según ley 24.432).

Por Alzada, atendiendo al resultado del recurso y a la cuestión debatida, se regulan los emolumentos del doctor Diego Leandro Agüero en la cantidad de pesos .(art. 14 del Arancel vigente).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN N° 31/11 y 38/11-B.O. 17.1013.

El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese -a la señora Defensora Oficial en su público despacho-, oportunamente publíquese y devuélvase.

Graciela Medina Ricardo Gustavo Recondo