Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-09


SENT Nro. 224 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 09 DE ABRIL de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Sánchez, René Alberto vs. Viscido, Miguel Angel y otros s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación presentado por la parte actora contra la sentencia de fecha 26/8/2002 (cfr. fs. 372/373) dictada por la Sala IIIa. de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, que fue concedido por resolución de fecha 6/11/2002 (cfr. fs. 387).

El recurso de casación fue presentado en término, está dirigido contra sentencia definitiva, y cumple los recaudos de admisibilidad, por lo que se aborda a continuación el análisis de su procedencia.

2.- El apoderado del demandado M. Víscido planteó el 27/7/2001 (cfr. fs. 331/332) la caducidad de la instancia, por estar vencido el plazo establecido en el inciso 1 del art. 210 CPCC, contado desde el decreto de fecha 26 de noviembre de 1999, último acto al que le asignó efecto impulsorio del procedimiento. Manifestó que desde entonces transcurrió más de año y medio sin actividad eficaz para instar el proceso.

La sentencia de primera instancia de fecha 28 de noviembre de 2001 hizo lugar al pedido de perención (cfr. fs. 341). No obstante haber admitido que instaron el procedimiento la notificación de la planilla efectuada el 16/6/2000 (fs. 312) y las diligencias para obtener el beneficio para litigar sin gastos, la Sra. Jueza declaró transcurrido el plazo de seis meses establecido en el art. 210 inc. 1 CPCC a partir de la resolución de fecha 8/11/00 que concedió el beneficio para litigar sin gastos (fs. 329), porque desde entonces el actor estuvo en condiciones de solicitar el pase de autos para sentencia.

El apoderado de los actores apeló, agraviándose de que se había omitido valorar su presentación fechada 3 de julio de 2001 agregada a fs. 330, en la cual pidió la remisión de la causa penal "Montserrat Pedro Antonio s/lesiones por culpa e imprudencia", con lo cual consideraba que quedaba habilitada la Jueza para el dictado de la sentencia.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia de primera instancia, y fundó su decisión en que desde la obtención del beneficio para litigar sin gastos el 8/11/2000 (fs. 329) hasta el próximo acto impulsivo del actor el 3/7/2001 (fs. 331), transcurrió el plazo de caducidad, y rechazó la defensa opuesta por el actor referida a que el demandado consintió esa última presentación, o que el recurrente hubiera estado impedido de solicitar que se dicten autos para sentencia (cfr. fs. 372/373).

3.- En su recurso de casación la parte actora se agravia de que la Cámara omitió considerar que el demandado consintió su presentación efectuada el 3/7/2001 por no haber efectuado mención específica o reserva de impugnación al escrito de fecha 3/7/2001, como tampoco haber impugnado el decreto de fs. 330. Por ello interpreta que el demandado consintió esa actuación de su parte que instó el proceso. Manifiesta que se impulsó el proceso, y que la contraria lo consintió, por lo que la caducidad se purgó.

Califica de arbitrario el fallo recurrido por inobservancia de la norma del art. 211 procesal, y por haber interpretado erróneamente el art. 218 CPCC, al igual que el art. 1101 del Código Civil. Manifiesta que su parte tenía una única posibilidad procesal consistente en esperar la sentencia que recaería en sede penal, para así habilitar el dictado de la sentencia civil, y que atento al estado de la causa, no podía solicitar diligencia hábil alguna, pues el trámite procesal se hallaba concluido. Por ello considera que no puede declararse la caducidad, conforme a los arts. 1101 del Código Civil y 211 CPCC.

4.- Es improcedente el agravio referido a que el demandado consintió la actuación del actor de fecha 3/7/2001 y el decreto del 5/7/2001 agregados a fs. 330/331. Sin rebatir el cumplimiento del plazo de caducidad según el cómputo detallado en la sentencia (8/11/2000 al 3/7/2001, cfr. fs. 372 vta.), el recurrente pretende que el demandado purgó el plazo transcurrido consintiendo su pedido de fs. 330 y el decreto del 5 de julio de 2001 (fs. 330 y vta.). No tiene sustento legal tal agravio, toda vez que el art. 214 CPCC dispone clara y expresamente que ningún trámite del proceso debe haber sido consentido para que se pueda pedir la perención de instancia, lo que no quiere decir que se necesite impugnar el contenido del acto. La falta de consentimiento a que alude el art. 214 CPCC se refiere a la interposición tempestiva del incidente de caducidad de instancia de actuaciones no consentidas, cuestión que la Cámara expuso con detalle, consignando que el demandado peticionó la declaración de perención en forma tempestiva, dentro de los cinco días de notificado en la oficina el decreto de fecha 5/7/2001 que proveía el escrito de fs. 331, lo que no fue rebatido por el recurrente.

5.- Tampoco asiste razón al recurrente respecto del agravio referido a que se habría configurado el supuesto del art. 211 CPCC (autos pendientes de sentencia) por existir cuestión prejudicial según el art. 1101 del Código Civil en relación a la causa penal.

El art. 1101 del Código Civil consagra un principio de orden público, en virtud del cual es deber del juez suspender el dictado de la sentencia en el proceso civil mientras no recaiga pronunciamiento en sede criminal. La norma referida suspende el dictado de la sentencia, no el trámite del juicio. Por ello no hay paralización del curso de la perención de instancia en el proceso civil en los términos del art. 211 CPCC. La parte tiene el deber de instar el procedimiento hasta que el expediente se encuentre en estado de ser fallado (art. 218 inc. 1 CPCC), momento en el cual cesa la carga del impulso procesal. Si hubiera una cuestión prejudicial se suspende el plazo del juez para dictar sentencia hasta que exista pronunciamiento en sede penal, mas ello no releva a la parte de la tramitación del proceso hasta el cierre de la instancia abierta, porque no existe ningún impedimento legal en tal sentido.

En el caso, el actor debía obtener el dictado de la providencia de autos para sentencia y su respectiva notificación, para que el juicio quedara "pendiente de sentencia", como prescribe el inciso 1 del art. 218 CPCC. Ello, porque aun cuando la sentencia de fondo no hubiera podido dictarse por estar pendiente la cuestión prejudicial, el trámite no estaba suspendido y debía concluir, ya que el llamamiento de autos para sentencia es una etapa ineludible del proceso según el art. 399 CPCC, que debía cumplirse forzosamente aun cuando existiera dicha cuestión prejudicial, sin esperar a que se superara la misma con el dictado de la sentencia penal. Por ello, en el caso no se configuraron los supuestos del art. 211 CPCC (suspensión del trámite por razones de fuerza mayor o causas graves que no permitan realizar actos en el proceso, por imperio de la ley o por acuerdo de partes).

En el caso, la instancia se extinguió por la inactividad procesal durante el período indicado por la Cámara, por lo que la declaración de caducidad de instancia resulta ajustada a derecho. En consecuencia, corresponde desestimar la impugnación casatoria.

6.- En cuanto a las costas del recurso, corresponde imponerlas a la parte actora por ser ley expresa (cfr. art. 106 CPCC) Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal a fs. 396/398, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 26/8/2002 dictada por la Sala IIIa. de la Cámara en lo Civil y Comercial Común (cfr. fs. 372/373).

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA