Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-04-30


AUTO NÚMERO: DIECIOCHO Córdoba,	TREINTA de	ABRIL del año dos mil cuatro.

VISTOS:

Estos autos caratulados: ASOCIACIÓN DE PERITOS JUDICIALES Y SÍNDICOS CONCURSALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD (expte. letra A , nº 06, iniciado el cinco de junio de dos mil tres), en los que:

1. A fs. 172/179 los señores Jorge Carlos Gait y José Eduardo Preve, en representación de la Asociación de Peritos Judiciales y Síndicos Concursales de la Provincia de Córdoba, en virtud del carácter de Presidente y Secretario que invisten, respectivamente, interponen acción declarativa de inconstitucionalidad en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, solicitando se declare la inconstitucionalidad de los artículos 47 y 48 del Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba N° 8226.

Legitimación activa.

Afirman que, según surge de los estatutos que acompañan, entre los objetivos para la constitución de la entidad que representan, se encuentra el de velar por los intereses de sus asociados en todo lo atinente a sus funciones, como asegurar la digna retribución por la tarea que realizan dentro de los procesos judiciales, de donde surge la legitimidad para accionar.

Caso concreto.

Entienden que el caso concreto se configura en autos por cuanto media un interés suficiente para proponer la pretensión declarativa, mediante la cual procuran superar la situación de agravio constitucional actual y en próximas regulaciones, en cuanto a lesiones futuras patrimoniales que la ley, en su actual redacción, les produce.

Objeto y naturaleza jurídica de la acción.

Alegan que si bien podría considerarse que mediante la promoción de esta acción extraordinaria se vulnera el carácter preventivo de la misma, en cuanto asiste la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad como defensa o excepción en cada uno de los procesos, la realidad objetiva de nuestra sociedad ha impedido a lo largo de estos años planteos sobre los artículos cuestionados, atento a que la ley 8226 ha sido aplicada reiteradamente por nuestros tribunales, disminuyendo de tal forma los ingresos de sus asociados, y teniendo tan magros e indignos recursos que el gasto que les imponía la prosecución de las acciones, mediante patrocinio letrado, se les tornó imposible, mas si se tiene en cuenta que a raíz de ello debieron multiplicar los esfuerzos de su trabajo para sobrevivir, cuestión que hoy subsiste, pero, frente a la creación de la Asociación a fines del año próximo pasado, el nucleamiento de intereses comunes y derechos vulnerados, hizo posible que lo que individualmente no podían concretar adquiriendo de este modo legitimidad para accionar, hoy reunidos puedan llegar a plantearlo... .

Objeto.

Acusan que del estudio riguroso del art. 47 de la Ley 8226, surge del propio texto de toda la ley, una inequidad y desigualdad tan manifiesta, respecto al tratamiento que se les da a los profesionales del derecho, en relación a todos los otros profesionales que ingresaron compulsivamente y bajo apercibimiento de sanción de remoción, importando su medio habitual de vida e ingresos, a cumplir la delicadísima tarea de auxiliar técnica o científicamente al Tribunal, en una etapa tan fundamental para el proceso como es la prueba. En dicha etapa se intenta averiguar la verdad objetiva, conforme a la ciencia o técnica exigida según la cuestión que se ventila en el juicio, pero que, en el momento del reconocimiento como trabajo digno de remuneración, se aplica la legislación vigente la que es violatoria de los arts. 14, 16, 31 y concordantes de la Constitución Nacional, como los arts. 6, 7 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, como asimismo del Pacto de San José de Costa Rica art. 11 inc. 1.

Arguyen que la remuneración determinada por la Ley 8226 en sus arts. 47 y 48, es abiertamente violatoria del art. 14 bis. de la Constitución Nacional en cuanto asegura al trabajador una remuneración digna , del art. 16 porque vulnera la igualdad ante la ley entre los auxiliares de la justicia y del art. 31.

Expresan que la Asociación representa alrededor de cuarenta especialidades de la ciencia y la técnica, el noventa y ocho por ciento con formación universitaria, y capacitación específica en la trascendencia jurídica de sus dictámenes, y que reúne la especialización en cada ciencia alrededor de noventa especialidades.

Violación del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Aducen que la misma surge de la desvinculación de la regulación del perito con la del monto de la demanda, fijándose sus honorarios entre cinco y treinta jus, como si actuase en juicios de monto indeterminado, cuestión en la que se da trato diferente al de los letrados, apoyados en la tesis de que el acto pericial constituye un único acto dentro del proceso.

Indican que si bien ese único acto , se presentan al juicio en un escrito único y terminado, ello no significa que no haya demandado largo tiempo de trabajo y esfuerzo para su conclusión. Citan doctrina.

Relatan que la función de los peritos en el Poder Judicial ha sido determinada por la Ley Orgánica del Poder Judicial en su art. 3 en donde los menciona junto a los abogados, procuradores, martilleros, traductores e intérpretes, sin establecer un orden jerárquico entre dichos profesionales.

Alegan que los abogados velan por el interés de su defendido, pero los peritos, deben poner en juego además de su trabajo, formación profesional y técnica al servicio de los tribunales, independencia e imparcialidad a fin de acercarles la verdad mediante aportes técnicos o científicos.

Coligen que por todo ello resulta agraviante que su tarea haya sido atada literalmente a la oportunidad de regulación de los letrados, pero desvinculada del monto por el cual ellos discuten a pesar de la responsabilidad que les cabe dentro del proceso.

Manifiestan que el profesional de la abogacía al tomar una causa tiene la posibilidad de elegir si toma a su cargo o no los riesgos que implica, o afianzar el pago de sus honorarios, o pactarlos libremente ligados al resultado del pleito, pero los peritos son convocados al juicio para efectuar su tarea sin saber siquiera si van a ser remunerados por ella. Aducen que en el mejor de los casos su regulación llega a treinta jus. Describen las tareas que desarrollan algunos de los especialistas en las pericias.

Tras citar el artículo 58 de la Ley 8226 expresan que el mismo violenta abiertamente el principio de igualdad ante la ley. Critican el art. 107 de dicho cuerpo legal, concluyendo que de su texto se desprende que cuando se trata de tutelar derechos de los letrados para obtener bases regulatorias serias, la regulación del perito aumenta. En cambio, si el beneficiario de la labor pericial es alguna de las partes en cualquier otro juicio, la labor pericial se menosprecia.

Finalmente, y luego de citar jurisprudencia entienden que la solución legislativa debió pasar por valorar la tarea con la escala que, dentro del proceso se aplica a la prueba y desde allí flexibilizar la regulación en un porcentaje máximo del treinta por ciento en el que ha sido valuada esta etapa para el abogado, de esa etapa hasta un mínimo, conforme las pautas que establece el art. 36 de la Ley Arancelaria, valorando así la tarea encomendada al especialista de la otra profesión, siempre dentro del juicio en que se desarrolla su tarea y vinculado al quantum discutido .

Finalmente, ofrecen prueba y hacen reserva del caso federal.

2. A fs. 181/185 el señor Fiscal General de la Provincia evacua la vista que le fuera corrida a fs. 180, pronunciándose por la inadmisibilidad de la acción incoada por considerar que por vía de la acción intentada, los presentantes procuran saltear instancias ordinarias en aras de obtener un pronunciamiento judicial con efectos derogatorios de disposiciones normativas que se encuentran vigentes desde el año mil novecientos noventa y dos, pretensión que es inviable por el mecanismo escogido. (Dictamen E N° 526, de fecha 12.06.2003).

3. A fs. 186 se dicta el decreto de autos, el que notificado y consentido (fs.188), deja la causa en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I. A los fines de resolver sobre la admisibilidad formal de la acción declarativa de inconstitucionalidad incoada en autos, es menester analizar si en la especie concurren los presupuestos necesarios para ello, establecidos en el art. 165 inc. 1º, ap. a) de la Constitución Provincial y en el art. 11, inc. 1°, ap. a) y cc. de la Ley Orgánica del Poder Judicial nº 8435.

II. Como ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo, dicho examen, por mandato constitucional, corresponde efectuarlo con un criterio restrictivo, impuesto por el carácter excepcional de la intervención originaria y exclusiva de este Tribunal Superior de Justicia en pleno, lo que determina la inadmisibilidad de la acción en la medida que existan otras vías procesales idóneas para alcanzar la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos y garantías constitucionales en juego.

III. Cabe señalar al respecto, que la acción directa de inconstitucionalidad provincial es una acción sustancial mediante la cual se viabiliza el ejercicio de la jurisdicción constitucional en instancia originaria atribuida taxativamente al Tribunal Superior de Justicia a través del artículo 165, inciso 1, apartado a) de la Constitución Provincial, que habilita el control directo de constitucionalidad "...de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas, que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución, y se controviertan en caso concreto por parte interesada..." (cfr. doct. T.S.J. en pleno, Secr. Contencioso administrativa, A.I. n° 533/96 "Tassile, Carlos Alberto y otros...", el destacado nos pertenece). A partir de este marco normativo, la admisibilidad formal de la pretensión ejercida requiere el examen previo que permita determinar si en el caso concurren los presupuestos procesales referidos.

IV. En cuanto a la exigencia de parte interesada cabe señalar que en el sublite accionan Jorge Carlos Gait y José Eduardo Preve invocando la representación de la Asociación de Peritos Judiciales y Síndicos Concursales, en su carácter de Presidente y Secretario, respectivamente. A tal efecto acompañan fotocopia certificada del Acta de Constitución (fs. 04/05), del Estatuto Social (fs. 06/16) y de la resolución que aprueba dicho estatuto, como así también de la autorización para funcionar otorgada por la Inspección de Personas Jurídicas (fs. 17).

No obstante, los mencionados profesionales no acreditan actuar cumpliendo instrucciones de la Comisión Directiva, órgano de gobierno del ente colegial, déficit éste que pone en evidencia la falta de legitimación activa de los comparecientes, requisito esencial de admisibilidad de toda acción judicial, y en particular de la intentada en autos en orden a sus importantes implicancias institucionales.

Toda persona de existencia ideal requiere un representante que manifieste su voluntad frente a terceros, ya sea en el orden contractual, judicial o administrativo. Este representante necesariamente ha de ser una persona física. Por su intermedio la persona ideal en el caso la Asociación adquiere derechos, contrae obligaciones y otorga los demás actos jurídicos.

En este marco, el Código Civil argentino adopta como principio el sistema de representación legal de las personas jurídicas en virtud del cual reputa actos de la persona jurídica a los celebrados por sus representantes, siempre que no excedan los límites de su ministerio (art. 36 C.C.). Dicha circunstancia determina que la órbita de las facultades de los representantes de las asociaciones civiles debe encontrarse en el respectivo estatuto (vid Bueres, Alberto J., Highton, Elena I, Código Civil normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Ed. Hammurabi, 1995, pág. 342/344).

En el sub examen, aun cuando a tenor de lo prescripto por el artículo 20 inc. a del Estatuto de la Asociación de Peritos (fs. 11) el Presidente tiene la atribución de ...ejercer la representación de la entidad... , tal carácter no resulta suficiente por sí mismo a los fines de iniciar una acción judicial que importa comprometer la voluntad no solo de los órganos de gobierno de la entidad actora, sino también la de todos los asociados, como también en alguna medida el patrimonio de la institución. A tales efectos, se requiere una resolución aprobatoria de la Comisión Directiva, en ejercicio de sus atribuciones de dirección, administración y representación del ente (art. 20) que avale y legitime la actuación que su representante legal va a emprender.

Ello así toda vez que, conforme a las normas estatutarias, es la Comisión Directiva quien ejerce el gobierno de la entidad y posee todas las atribuciones necesarias para la dirección, administración y control de la misma. El presidente debe adecuar su gestión a las instrucciones específicamente impartidas por la Comisión Directiva, pues como órgano de representación de la entidad, se erige en el medio natural de expresión de la institución ante la imposibilidad de hacerlo de otro modo, dado el carácter de persona de existencia ideal de la actora.

Sobre el particular, y en el mismo sentido, este Tribunal ha propugnado en otros precedentes que: ...el Presidente, al relacionarse en el ámbito externo a nombre de la sociedad, actúa a modo de "portador" de la voluntad social y, como tal, sus facultades se limitarían a la sola declaración de esa voluntad frente a los terceros, materializando en el mundo jurídico las decisiones adoptadas con antelación por el órgano deliberativo competente.

En esa inteligencia, se ha sostenido: "La función de representación legal se ceñirá a producir la declaración de voluntad social, la que ha sido previamente establecida por los órganos deliberativos. No le está permitido determinar la naturaleza ni el contenido de la voluntad social ni, aún menos, decidir per se y anticipadamente cómo habrá de configurarse la misma" (cfr.: Horacio Roitman, en "Revista de Derecho Privado y Comunitario", Ed. Rubinzal Culzoni, t.6, pág.280) (T.S.J. Sala Civil, Sent. Nº 30 del 30/05/00, in re: "BANCO JULIO S.A. C/ JOSE ANTONIO BONADERO P.V.E. RECURSO DE CASACION" ("B" 24/99).

Si como se ha dicho, la regla es que el representante actúe en forma coordinada o complementada con los demás órganos que integran la persona jurídica, respetando el ámbito de sus respectivas competencias funcionales, es necesario que el presidente, para actuar válidamente en nombre de la sociedad que representa, cuente con una decisión que avale su cometido.

La decisión de promover acciones judiciales constituye un acto típico de administración y como tal, es una atribución que compete a la Comisión Directiva. Por ende, no puede ser adoptada unilateralmente por el presidente de la institución, sino que debe estar precedida por la voluntad del órgano encargado del gobierno de la asociación, es decir por el órgano que se encuentra legitimado para comprometer judicial y patrimonialmente a la entidad.

A mérito de lo expuesto, resulta claro que la iniciación de una acción judicial de carácter excepcional procurando el control directo de constitucionalidad de una norma que eventualmente pudiera afectar derechos de algún sector o de la totalidad de los asociados, no encuadra en el marco de atribuciones propias que el ejercicio de la representación legal del ente colegial otorga al Presidente de la Comisión Directiva, siendo necesario por consiguiente, que éste acredite, al tiempo de interponer la demanda, que lo hace conforme a las instrucciones emanadas de quienes tienen la responsabilidad de la dirección y administración de la asociación.

V. Previo a introducirnos en el análisis del requisito de caso concreto trazado en el texto constitucional cabe realizar algunas precisiones a los fines de definir el alcance del mismo en el marco de la vía excepcional impetrada:

1. En el sistema ordinamental cordobés, la acción de inconstitucionalidad de carácter "preventivo" o "declarativo" compete originaria y exclusivamente al Tribunal Superior de Justicia (art. 165 inc. 1, apart. "a" Const. Pcial.). En cambio, la inconstitucionalidad de carácter "represivo" corresponde a los tribunales inferiores. En este último supuesto, la vía procesal es indirecta o incidental: de "excepción o defensa de inconstitucionalidad".

Lo señalado precedentemente conforma una constante doctrina del Tribunal Superior de Justicia (conf. "Banco Social de Córdoba c/ Municipalidad de San Francisco", Sent. Nro. 50 del 050883, L.L. Córdoba, 1984, p. 239 y ss.), a través de la cual se ha puesto de manifiesto que nuestro régimen procesal conoce las dos vías clásicas que aseguran la efectiva aplicación del texto constitucional: la directa, por acción o demanda de inconstitucionalidad y la indirecta o incidental. En tanto que esta última puede ser juzgada por cualquier juez provincial, con conocimiento en instancia última por vía de recurso del Tribunal Superior, este Cuerpo conoce de la primera en vía originaria con competencia exclusiva y excluyente (art. 165 inc. 1 apart. "a" C. Pcial.).

Así, mientras la vía directa pone en conocimiento del juez la cuestión constitucional en toda su pureza, esto es, desprovista de toda cuestión litigiosa, la vía incidental permite llevarla "injertada" por así decirlo dentro de una controversia principal a la cual accede "incidenter tantum" y a la cual condiciona como cuestión prejudicial. Una y otra vía responden a situaciones y necesidades bien distintas, y en esa diferencia reside su naturaleza peculiar. En la vía incidental el derecho del actor ha sido afectado por una violación ya consumada, y el proceso sirve para establecer la vigencia y efectividad del orden jurídico alterado. La causa de pedir es un perjuicio concreto sufrido por aquél a quien se concede la acción, para que obtenga satisfacción mediante la condena del infractor; se trata, respectivamente, de una acción y sentencia de condena, y esta última sirve de título hábil para perseguir la ejecución compulsiva del demandado.

La acción declarativa de inconstitucionalidad, en cambio, presupone no una violación constitucional ya consumada, sino una amenaza, esto es una relación jurídica o un derecho en trance de verse lesionados.

Ello provoca un estado de incertidumbre respecto de quien la sufre, que genera el interés por la obtención de certeza, la que, considerada como un bien en sí misma, el Estado asegura mediante la acción y la sentencia de mera declaración de certeza ("mero accertamento"), la cual no es seguida de ejecución alguna, pues la pretensión del actor se agota en la sola declaración provista de los efectos de la cosa juzgada.

Consecuente con su naturaleza declarativa, la acción de inconstitucionalidad en vía principal cumple un rol preventivo propio de su función productora de certeza jurídica, al eliminar los conflictos antes de que un derecho sea transgredido, cuando sólo pesa sobre él una amenaza. Se trata, no de reaccionar contra la violación actual de un derecho de orden constitucional local, que aparece como insatisfecho, incumplido o violado, sino de eliminar la incertidumbre producida por su amenaza. De tal suerte que si el daño se consuma, la acción declarativa pierde toda su utilidad.

Dentro de este marco conceptual el interés en su deducción reposa en el Estado de incertidumbre que no presupone un daño actual, en el sentido de derecho violado, sino en el interés en prevenir una situación perjudicial, dado por una situación de hecho que, sin la declaración de certeza, sobrevendrá (Enderle, Guillermo Jorge Acción de Inconstitucionalidad , Diario La Ley de fecha 06/03/02).

2. Así, la expresión "caso concreto" debe entenderse en conexión con la naturaleza declarativa de la acción originaria de inconstitucionalidad, con su función preventiva y con el estado de hecho que constituye el fundamento de la acción: la amenaza de un derecho y no su lesión efectiva.

Ello por cuanto la misma participa de los caracteres de toda acción declarativa y por ende posee perfiles nítidamente propios y con dimensiones que se proyectan e incardinan en el campo de operatividad de las modernas tendencias procesales que postulan la consolidación de la función preventiva de la Jurisdicción (autor y op. cit.).

En este sentido tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que procede la acción declarativa de inconstitucionalidad en la medida que ... responda a un caso y busque precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye la ilegitimidad ... (Fallos 307:1379; 312:1003, 316:2855; 320:1093; 322:678, entre otros).

3. Pues bien, teniendo en cuenta los conceptos antes vertidos, resulta pertinente indagar ahora acerca de la pretensión ejercida en autos:

Los presentantes persiguen la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 47 y 48 de Ley Provincial N° 8226 denominada Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba promulgada el once de noviembre del año mil novecientos noventa y dos.

Dicha norma determina expresamente la regulación de honorarios de los peritos que actúen en los juicios tramitados ante los Tribunales de la Provincia y dispone que la misma debe practicarse simultáneamente con la de los letrados intervinientes y no puede superar el monto correspondiente a la mayor regulación del abogado practicada en la instancia en que se hubiera hecho la peritación, debiendo ajustarse a las siguientes reglas:

1) A los peritos designados por sorteo, se les regulará entre cinco (5) y treinta (30) jus, aplicándose las reglas de evaluación cuantitativa del art. 36, en cuanto le sean compatibles.

2) A los peritos de control o de parte, se les remunerará, a cada uno, con el cincuenta por ciento (50%) de lo regulado al perito sorteado, salvo convenio en contrario... .

Así, la temática abordada por el articulado legal actualmente atacado por la entidad demandante oportunidad y monto de la regulación de honorarios en las pericias sumada al prolongado plazo de vigencia de la misma, da cuenta que ella ha sido reiteradamente aplicada por los magistrados del foro local, en la tramitación ordinaria de los procesos radicados en el territorio provincial tal como expresamente lo reconoce en su escrito de presentación y con los documentos que acompaña a la misma.

Dicha circunstancia torna inviable la presente demanda toda vez que la supuesta amenaza aducida por los presentantes ha dejado de existir como tal al haber sido aplicado a sus asociados en múltiples regulaciones de honorarios efectuadas de conformidad a las prescripciones de los artículos 47 y 48 de la Ley N° 8226 a favor de distintos peritos que han realizado su labor en los procedimientos llevados a cabo en la jurisdicción cordobesa durante más de diez años de vigencia del Código Arancelario de la Provincia.

En nada cambian la solución propuesta las razones que se esgrimen para justificar tan tardía presentación en la medida en que las mismas carecen de elementos fácticos suficientes para tener por acreditada la imposibilidad de interponerla anteriormente. Como advierte el Ministerio Público Fiscal, los obstáculos de orden económico que arguyen los presentantes que le impidieron promover en tiempo la presente acción, en modo alguno permiten soslayar la doctrina constante y reiterada del Tribunal Superior de Justicia en la materia... (cfr. fs. 183 vta.) y menos aún adecuar la naturaleza de la acción en beneficio de los particulares en cada caso concreto.

Es más, en ningún caso los ingresos de los particulares pueden ser invocados como un óbice para la defensa de sus derechos gracias a la existencia de institutos procesales idóneos, puestos al alcance de los mismos por el sistema procesal vigente, para otorgarles tutela judicial efectiva.

En tales condiciones, del volumen numérico de las causas tramitadas ante los estrados provinciales es dable inferir la considerable cantidad de oportunidades procesales en las que se ha viabilizado la posibilidad de interponer la cuestión constitucional incoada en los presentes en torno a la normativa cuestionada.

De esta forma, la pretensión de autos no se condice con los objetivos de la vía intentada toda vez que, en lugar de procurar superar una situación de falta de certeza en cuanto a una probable lesión futura que se materializaría de ponerse en ejecución la normativa cuestionada en su regularidad constitucional (conf. doct. Sent. nº 50 del 05/08/83, Banco Social de Córdoba c/ Municipalidad de San Francisco Inconstitucionalidad ya citada) se persigue la inaplicabilidad de una ley cuya vigencia y aceptación por el accionante tiene un tiempo y en virtud de ello, el supuesto daño que se invoca ya se ha consumado.

VI. La conclusión opuesta esto es la admisibilidad de la demanda luego de consumada la lesión que se procura evitar desvirtuaría la naturaleza excepcional de la acción de que se trata. El Tribunal Superior de Justicia asumiría competencia originaria frente a toda conducta o acto fundado en normas pretendidamente inconstitucionales, lo que no se compadece con la excepcionalidad de dicha competencia.

Tal como se desprende de los considerandos precedentes en el caso de autos los accionantes cuentan a su favor con otras vías judiciales aptas para encausar su pretensión anulatoria, por dicha razón queda salvaguardado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que tan celosamente garantiza nuestra Constitución Provincial (Preámbulo y art. 19. 9, citado precedentemente), al posibilitarse la articulación de un medio idóneo para obtener, a través de un proceso de condena, la reparación del derecho supuestamente lesionado por la aplicación de la normativa que se estima contraria a los preceptos constitucionales, finalidad ésta que deviene inasequible mediante la acción intentada.

Por lo tanto, cabe concluir que no procede la acción declarativa deducida en autos, por cuanto los accionantes disponen de los canales procesales adecuados para satisfacer su pretensión.

VII. En definitiva, en el sublite la presentante carece de legitimación procesal suficiente y de un interés jurídico concreto que busque otorgar certeza a una relación jurídica o prevenir o impedir las lesiones a un derecho de base constitucional, lo que torna inadmisible la vía intentada.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General de la Provincia (Dictamen E N° 526, de fecha 12.06.2003, fs. 181/185), SE RESUELVE:

I. DECLARAR FORMALMENTE INADMISIBLE la acción declarativa de inconstitucionalidad articulada a fs. 172/179 por Jorge Carlos Gait y José Eduardo Preve, en su carácter de presidente y secretario de la Asociación de Peritos Judiciales y Síndicos Concursales de la Provincia de Córdoba.

II. ORDENAR la transferencia del monto del depósito correspondiente al artículo 81 de la ley 9007 (fs. 01) a la Cuenta Especial del Poder Judicial creada por la ley 8002, a cuyo fin ofíciese al Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal Tribunales, a sus efectos.

Protocolícese, hágase saber y dese copia.

Fdo.: Dra. Aída Tarditti Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Dres. María Esther Cafure de Battistelli, Hugo Alfredo Lafranconi, Domingo Juan Sesin, Luis Enrique Rubio, Pilar Suarez Abalos de Lopez y Ángel Antonio Gutiez.