marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, prioridad de paso, falta de uso de casco, motociclista, culpa de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: Pinto, Jobino Bartolo p.s.a. s/ Homiidio culposo - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2006-08-31

La víctima arribó a dicha encrucijada con su moto a gran velocidad, luego de que lo hiciera el colectivo. Y en lugar de detener la marcha para ceder el paso al mismo, intentó ganar el cruce, invadiendo la mano contraria de su circulación y sin llevar el casco puesto (lo tenía colgando de una de sus manos). El colectivo, que venía a escasa velocidad, frenó impactando a la moto. Se trató de un embestimiento del colectivo con fricción o arrasamiento de la moto sobre el paragolpe de aquél.
Acción de amparo, depósito bancario, moneda extranjera, ley de emergencia económica, criterio de razonabilidad
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BIGGEST BANK SA c/ LOPEZ BELLIZI, MARIO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

Cabe rechazar el reclamo tendiente a que se restituya la diferencia entre las sumas acreditadas en pesos a la relación de cambio de $ 1,40 por cada dólar por un depósito bancario en moneda extranjera y la que hubiera resultado de realizar tal conversión según el valor de esa moneda en el mercado libre; toda vez que al solicitar la transferencia de esos fondos a fin de ejercer la opción que brindaba la comunicación "A" 3481 del Banco Central, no se formuló reserva alguna en punto a resguardar su derecho a cuestionar la constitucionalidad de tal procedimiento (cfr. CSJN, in re "Cabrera, Gerónimo R. y otros c/ PEN, ley 25561, decretos 1570/01, 214/02 s/ Amparo", del 13.7.04).
Independencia del Poder Judicial, sentencia, reglas de la sana crítica, jurisprudencia, doctrina
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Civil Usina de Justicia c/  s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-02

La independencia del juez es absoluta y no puede estar limitada ni acotada a recomendaciones que emanen de un tribunal superior. Al respecto, debe primar la independencia de los jueces, esto es que cada juez en cada caso que es sometido a su arbitrio y basado en la aplicación de las leyes y normativa vigentes, tiene que expedirse conforme a derecho, en base a la sana crítica. Ello no va en desmedro de la jurisprudencia ni de la doctrina, siendo éstas ampliamente reconocidas como fuentes del derecho, herramientas que deben ser utilizadas por el magistrado al momento de resolver un caso determinado y en un tiempo determinado, que se le somete a su jurisdicción.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, embargo preventivo, levantamiento de medidas cautelares, bienes municipales, donación
Materia: CIVIL
Carátula: VICENTE ROBLES S.A.M.C.I.C.I.F. c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-05

Si tratándose de créditos por honorarios devengados como consecuencia de trabajos realizados en un expediente judicial, debe admitirse el embargo preventivo aunque no haya medido regulación pues esta circunstancia no impide la traba de medidas precautorias (conf. C.N.Civ. Sala B, E.D. 88-303; íd. Sala E, c. 13.175 del 24-8 85; íd. c. 15.621 del 27-6-85), "a fortiori" se debe admitir dicho embargo si los honorarios ya han sido regulados aún cuando no estén firmes, dado el fin cautelar que en el caso revisten (art. 212, inc. 3ro. Código Procesal). Respecto a la inembargabilidad dispuesta por el art. 105 de la ley 19.987, es necesario tener en cuenta que, para que sea procedente el levantamiento de la medida, debe acreditarse que las sumas de dinero embargadas son indispensables para preservar el bien común, de dónde provienen y a qué servicio público se hallan afectadas (conf. C.S.J.M. Fallos 48 195; 97-15; 98-224; 121-330, 131-267; 162-99; 104-117; 100-39; 124 379; 161-112). No todo el dinero del municipio depositado en una institución bancaria reviste el carácter de "renta", pues tal calificación sólo corresponde a las sumas que recibe a cambio de las múltiples y diversas formas en que presta a la comunidad los servicios que le son propios, dentro de los cuales, por ejemplo, no se encuentran las donaciones (conf. C.N.Civ. 2da. J.A. 37-1004; íd. J.A. 37-1418 y J.A. 38-326).
Incidente de nulidad, juicio por delitos de acción privada, abandono de la querella
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ, E. s/ INCIDENTE NULIDAD - CALUMNIAS - INJURIAS - ABANDONO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-13

1) La formación de un incidente de nulidad no implica paralizar la tramitación de la causa principal, pues no se trata de una excepción que deba tramitarse según las previsiones del art. 144 y sgtes. C.P C., con la consecuencia reglada en el art. 456, 2da. parte cód. cit , sino que resultan aplicables las normas del art. 175 y concordantes Código Procesal Civil y Comercial.

2) En una causa por delito de acción privada, la solicitud de la querella de obtención de fotocopias -mediante escrito aparentemente destinado al incidente que corre por cuerda-, resulta ineficaz para impulsar el proceso, ante la válida intimación del Juez a que inste el mismo, pues no puede inferirse de esa petición la voluntad de mantener viva la acción, debiéndose declarar abandonada la querella, sobreseyéndose definitivamente en la causa.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., R. c/ F. de S., H. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

No basta que el apelante afirme que los dichos de ciertos testigos no son prueba de los hechos controvertidos para que no hayan de computarse, porque era su carga probar concreta y razonadamente en qué radicaría el error del juez en el ejercicio de la sana crítica.
Daño moral, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: BONIFACIO, J. c/ Sindicato Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-06

La indemnización en concepto de daño moral, se establece a base de una apreciación subjetiva que contempla la desazón, molestias, incertidumbre y sinsabores que el hecho provocó a la víctima y su fijación -no sujeta a parámetros fijos- debe guardar relación con las lesiones sufridas y los padecimientos consiguientes, debiendo obrarse con suma prudencia, a fin de no fijar indemnizaciones desmedidas respecto del perjuicio que procura resarcir. (del voto del Dr. Ferrari)
Seguros, automotores, cobertura, codeudor, cauciones, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: Matavos, Mariana y otros c/ La Segunda Cooperativa Ltda de Seguros Generales s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-27

Cuando, como en el caso, la sentencia fue clara al disponer que como requisito previo al pago de la indemnización por daño emergente se encontraba a cargo de los actores "inscribir la baja definitiva de la unidad ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y la consecuente transferencia de sus restos a la aseguradora demandada", en lo cual no puede tener otra interpretación que la otorgada por el magistrado a quo en la resolución apelada, pues se trata de una obligación que fue puesta, exclusivamente, en cabeza de la actora, por lo que no corresponde exigirle a la demandada ninguna actuación a los fines de su cumplimiento.
Elecciones, junta electoral, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marcote, Alfredo Luis Roberto c/ Ente Provincial de Energía de Neuquén (E.P.E.N.) s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-13

Cabe confirmar el auto que en el marco de una acción de amparo en donde el actor pretende ser incluido como candidato suplente de la Lista N° 3 y cuestiona la interpretación efectuada por la Junta Electoral en punto al requisito de prestación efectiva de servicios -tres años continuos o cinco discontinuos-, que impide su participación, hizo lugar a la medida cautelar y dispuso suspender el acto eleccionario del día 14 de julio próximo, hasta que se dicte sentencia definitiva (art. 30 de la Ley 1.981). Por lo tanto, de llevarse a cabo la elección sin darle la posibilidad de participar y, luego, se resolviera que tenía derecho a hacerlo, ello determinaría la nulidad del acto eleccionario o, en la otra mano, la frustración del derecho del amparista. En consecuencia, el argumento del A quo, no hace sino traducir la idea de la adopción de la solución judicial menos gravosa, la que importe un "mal menor", en tanto debe notarse que la decisión no conlleva la supresión del derecho de la contraria o -de las restantes listas participantes- sino sólo la postergación en su ejercicio.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, decretos provinciales, nulidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Delgado, Estela del Valle c/ Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por accidente de trabajo - muerte
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

El recurso extraordinario contra la sentencia que declaró la nulidad del decreto 949/93 del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Honorarios del perito, regulación de honorarios, peritos, perito contador, monto del juicio, base regulatoria
Materia: PENAL
Carátula: FARINA, MARIA MARTA s/ Incidente de regulación de honorarios Causa 30131-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

1- A los efectos de regular los honorarios de la contadora pública apelante no puede tomarse como monto del juicio la proporción de la facturación correspondiente a tres días de actividad de la empresa imputada.- 2- El lucro cesante que de haberse operado la clausura impuesta en sede administrativa hubiera significado para la empresa sumariada, no puede tomarse como base para aplicar las escalas del art. 3 del decreto-ley 16638/57, pues se trata de daños hipotéticos que se le hubieran causado a la empresa.
Beneficios tributarios, inversiones, vivienda, locación de inmuebles, titularidad del dominio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: DROGUERIA CORDOBA SUD  S.R.L. s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-15

No resulta explícitamente de la ley 21771, ni tampoco de sus disposiciones reglamentarias, que los beneficiarios impositivos de tal régimen deben ser necesariamente titulares de dominio de los inmuebles en los que se efectúan las obras, y atendiendo al propósito legislativo, no hay razón para efectuar distinciones sobre el punto, pues lo verdaderamente relevante es que el beneficiario del régimen haya efectuado inversiones destinadas a la construcción de nuevas unidades de vivienda -de las características establecidas por dicho régimen-, y que tales unidades sean luego efectivamente locadas por un plazo determinado.
Concursos, prescripción, cómputo del plazo, homologación del acuerdo, cuota concordataria, intereses
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Aliberti, Gustavo Fabián c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-20

A los fines de la prescripción de la acción por el cobro de una cuota concordataria, no resulten de aplicación los plazos establecidos legalmente para cada crédito en virtud de la causa de éste, pues, homologado el acuerdo, nace un derecho personal al cobro del crédito, sujeto a los términos de dicho acuerdo, cuyo plazo de prescripción no se encuentra contemplado legalmente. En ese marco, la intención de la concursada de pretender acudir, por vía analógica, al CCOM 847-2°, resulta inviable en el marco del concurso preventivo en lo que hace a la tasa de pactada en el concordato homologado que incluyó cuatro (4) cuotas concordatarias con vencimientos sucesivos. En efecto, no puede requerirse, en subsidio, la aplicación del plazo de cuatro (4) años del CCOM 847-2° previsto para "Los intereses del capital dado en mutuo, y todo lo que debe pagarse por años o por plazos periódicos más cortos..." pues, no puede prescindirse de un contexto donde a través de la ley 24522 se incorporó la novación como efecto del acuerdo homologado que abarca, en este caso, a la cuota concordataria que incluye la tasa pactada en el acuerdo -cfr. LCQ 55-, por lo que en el supuesto de una quiebra ulterior sólo podrán hacerse valer las nuevas obligaciones que dicho concordato reconozca y, desde tal sesgo, el plazo de prescripción cuadrienal aludido por la recurrente carece de virtualidad dada la interversión del título frente a la cual es de aplicación. A falta de un plazo específico, el CCOM 846 que establece un plazo general decenal de prescripción en materia mercantil que resulta aplicable al caso. Igual razonamiento se impone respecto a la improcedencia de la petición del concursado en torno del plazo de dos (2) años previsto por el nuevo CCCN 2562. Esto es así, porque en el caso de los intereses antedichos integran junto con el capital del crédito debido en los términos del acuerdo homologado, por lo que está en juego una deuda única que se ha fraccionada en cuotas para su pago y que incluye el devengamiento de esos réditos, supuesto en que tal accesorio integra el crédito debido y goza del mismo plazo de prescripción de la obligación principal, que es el de diez (10) años.
Denegatoria del recurso, crédito prendario, intereses compensatorios, verificación de créditos
Materia: PENAL
Carátula: PRODUCIR SA c/  s/ QUIEBRAS S / INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO MATERIAL FERROVIARIO SA Y OTRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-08

Corresponde rechazar el recurso tendiente a que se reconozcan intereses posfalenciales, que, según entiende el peticionante, acceden a su acreencia. Ello, ya que se trata en el caso de un crédito prendario cuya graduación, y en lo que aquí interesa, fue dispuesta en función de la LCQ 241-4° y 242-2°. En ese contexto, es claro que de acuerdo a esa última norma, asiste derecho al recurrente a los intereses compensatorios posteriores a la quiebra. No obstante, ese derecho se encuentra condicionado a la suficiencia del producido del bien gravado, de manera tal que esos réditos compensatorios posteriores, deben considerarse extinguidos en la medida que aquellos fondos resulten insuficientes para su atención (con excepción de la hipótesis prevista en la LCQ 228). De lo expuesto, se deriva su innecesaridad de inclusión en la sentencia verificatoria, toda vez que ellos deberán, eventualmente, ser calculados en oportunidad de la liquidación del bien y pago del crédito. Es decir, la sentencia que no los declaró no obsta a su posterior cálculo en los términos de la citada regla (en tal sentido, Sala A, "Farc SA s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por Ratón Vázquez Arturo José Dimas", 20/03/01; esta Sala, en autos "Lactería Suiza SA s/ concurso preventivo s/ inc. revisión por Banco Alas", del 11/09/12).
Delitos cometidos por medio de la prensa, responsabilidad civil, daños y perjuicios
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: Vago, Jorge Antonio c/ Ediciones de La Urraca SA. y otros. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

La información errónea no origina responsabilidad civil por los perjuicios causados, si se han utilizando los cuidados, atención y diligencia para evitarlos.
Ejecución hipotecaria, sistema de refinanciación hipotecaria
Materia: CIVIL
Carátula: Piacquadio, Rolando Antonio y otro c/ Zozzia, Mabel Concepción s/ ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-04

Cabe revocar la decisión que dejó sin efecto la orden impartida al ejecutante para que prestara la debida colaboración y diera cumplimiento con los recaudos exigidos por el agente fiduciario, pues es objetable el argumento utilizado por la alzada referente a que no puede obligarse al acreedor a recibir el pago una vez vencidos los plazos establecidos por la ley 26.497, ya que la deudora se acogió a los beneficios de la citada ley dentro de los términos establecidos en la intimación judicial cursada al efecto y dentro del plazo establecido por el art. 3° de la ley 26.497 y a partir de allí la interesada realizó una intensa actividad procesal con el objeto de posibilitar que el Fondo Fiduciario pudiera hacer efectivo el pago del crédito reconocido en la sentencia a favor de los acreedores.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Troncaro, Tomás Francisco. c/ Astete Cortez, Mateo. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

No cabe descalificar el fallo que rechazó el reclamo por daños y perjuicios por ausencia de prueba que imposibilita determinar el monto indemnizatorio. Más aún si se debe resolver sobre una materia en la que se requieren conocimientos especiales.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa, lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Noseda, Juan Carlos c/ Rojas, Claudio Marcelo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-30

Si el hoy quejoso se dedicaba al transporte de mercaderías, debió al menos acompañar copias de los recibos expedidos en esas ocasiones, a fin de que fueran reconocidos por sus destinatarios y demostrar que durante el período de indisponibilidad, no registró ingresos a raíz de ello. La circunstancia de encontrarse habilitado para el transporte de carga no justifica "per se" el daño invocado.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, interpretación de la ley, política criminal
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

La interpretación de la ley no puede prescindir de las consecuencias de sus resultados ni tampoco pueden éstas resultar totalmente indiferentes a los postulados mínimos de una política criminal racional propia de un Estado de Derecho que prioriza la seguridad de todos sus ciudadanos antes que un ejercicio ciego del poder de retribución no exento de ciertos resabios vindicativos. Encauzar la criminalidad hacia modos notoriamente menos ofensivos respecto de las víctimas, u ocasionales terceros, aún cuando no pueda considerarse un desideratum político criminal, constituye sin duda una fórmula de compromiso hacia un fenómeno que ninguna sociedad ha podido erradicar y que en, algunas sociedades en crisis, como la nuestra, ha adquirido una magnitud que impacta profundamente a todos los ciudadanos. (De la disidencia del Dr. Giménez). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Sucesión testamentaria, albacea, rendición de cuentas, legitimación activa
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CONESA, ALEJANDRO BENITO s/ SUCESION TESTAMENTARIA (ALBACEAS)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-24

El art. 3868 del Código Civil obliga al albacea a rendir cuenta de su administración aunque el testador lo hubiese eximido de hacerlo. Recéptase, así, el criterio de Troplong y Marcadé, el del Código de Chile (art. 1309), el español de 1851 (art. 737) y el Código de Holanda (art. 1065).

En cambio a quiénes son habilitados por la ley para pedir la rendición de cuentas, además de los herederos mencionados en el art.

3868, debe incluirse a los sucesores universales, a la nuera sucesora y al legatario de cuota, ya que son también propietarios o copropietarios de la universalidad o de las cosas administradas.

Pero además y en la medida de su interés, pueden pedirla los legatarios particulares.

El Juez de la sucesión es -formalmente- el máximo custodio de la voluntad del testador y el mejor garante de la transparencia de la transmisión y, por ello, está facultado para adoptar las medidas tendientes a que el ejecutor testamentario cumpla acabadamente los deberes impuestos por ley y testamento.
Daño moral, incumplimiento del contrato, prestaciones de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: O. P. D. y Otro c/ A.S.E. y Otro s/ Incumplimiento de Prest. de Obra Soc./Med. Prepaga
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-06

En cuanto a la pretensión de resarcimiento por daño moral, estimo que la prueba producida -las pericias psicológicas llevadas a cabo sobre ambos coactores- dan cuenta de un doble orden de mortificación y padecimiento espiritual, a saber: por la situación de infertilidad en sí, unido a la incomprensión social que de ella puede derivarse, situación que no puede obviamente imputarse a la parte demandada, y por el incremento de la frustración ante los trámites burocráticos y deshumanizados a los que deben someterse los afiliados, frente a las condiciones poco claras y mal explicadas de los planes contratados, dependiendo de la resolución discrecional de peticiones individuales. En tal sentido, estimo que la falta de información apropiada y la desaprensión frente a la situación de necesidad debe ser compensada por un resarcimiento justo. En los términos de las facultades otorgadas por el artículo 165, in fine, del Código Procesal, pondero que el daño moral que ha sufrido la parte actora debe ser determinado a valores actuales en la suma de $ 15.000. Por ser calculado a valores actuales y de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, este capital devengará intereses a la tasa del 6% anual desde el 5/2/2009 y hasta los diez días de notificada esta sentencia. A partir de entonces y hasta el efectivo pago, la tasa aplicable será la que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones habituales de descuento de documentos a treinta días.
Nulidad procesal, rechazo in límine, escritos judiciales, firma del letrado, firma falsa
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Ilda Aida Soto en la causa De Bellefroid, Edmond Marie Antoine Hubert C/FrancoisSiscard S.A. y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-10

Corresponde dejar sin efecto la resolución que había rechazado in limine el planteo de nulidad, respecto de un escrito de contestación de demanda argumentando que la firma del letrado era falsa y que, además, el profesional no estaba matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal toda vez que, frente a la invocación de la falsedad de la firma, los jueces intervinientes debieron abrirlo a prueba a fin de ordenar la producción de un peritaje caligráfico que se expidiera sobre la autenticidad de la firma obrante en el escrito.
Accidente de tránsito, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cendoya, Andrés c/ Ahile, José s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Cuando se afirma que se es dueño de una cosa, por implicancia, se está afirmando que se es poseedor, usufructuario, usuario (arts.

1110, 2.513 del Cód. Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Coronel, Ramón c/ Rotocalco S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

Debe confirmarse el fallo que rechazó el reclamo de indemnizaciones por despido si el incumplimiento patronal no configuró injuria cuya gravedad impidiera la prosecución del vínculo laboral (art. 242, L.C.T.) y además, la conducta del trabajador evidencia un marcado desinterés en la continuidad de la relación.