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Exhortos, aplicación de la ley, prueba, producción de la prueba, negligencia, caducidad, recurso contencioso administrativo, absolución de posiciones, audiencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SYCIC SACI E I c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ INCIDENTE DE NULIDAD. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA   JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 303-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-09

Si bien la ley adjetiva local (ley 5531, artículo 160) manda acompañar el pliego de posiciones en cualquiera de sus modalidades al momento de ofrecer la prueba, no ocurre lo propio con su par nacional -aplicable en el caso- que, en su artículo 410, contempla que "La parte que pusiere las posiciones podrá reservarlas hasta la audiencia en que deba tener lugar la declaración, limitándose a pedir la citación del absolvente", aclarando que "El pliego deberá ser entregado en secretaría media hora antes de la fijada para la audiencia, en sobre cerrado al que se pondrá cargo" y, "Si la parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa a la audiencia, ni hubiese dejado pliego, y compareciere el citado, perderá el derecho a exigirlas". A su vez, del juego de los artículos 383 y 384 del mismo digesto, surge que para el diligenciamiento de oficios y exhortos rigen las normas sobre caducidad de las pruebas por negligencia, por cuanto incumbe a los interesado urgirlas para que sean diligenciadas oportunamente; y, específicamente, ordena que si tal acto no fuere posible..." por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los interesados pedir que se practiquen antes de los alegatos siempre que, en tiempo, la parte que ofreció la prueba hubiese informado al juzgado de las dificultades y requerido las medidas necesarias para activar la producción". Por lo tanto, en la especie, corresponde el rechazo de la pretensión nulificadora de la parte demandada si ésta se encontraba temporáneamente anoticiada de la omisión que atentaba contra la producción de la prueba y no informó, en tiempo, a la Corte Provincial ni al oficiado de tales dificultades, requiriendo las medidas necesaria para activarla.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión federal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bustos, Alberto Roque y otros c/ P.E.N. y otros s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-26

Los recursos extraordinarios son formalmente admisibles si se cuestiona la inteligencia de normas federales -leyes 25.557 y 25.561, decretos 1570/01, 71/02, 141/02, 214/02 y 320/02- y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que los recurrentes fundan en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48)
Juicio sumarísimo, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RONCONI MABEL ANGELICA Y OTROS c/ LOPEZ GERARDO Y OTROS s/ INDEMNIZACION RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-08-10

El procedimiento fijado por la ley de aranceles, artículo 31 ley 7046, para la determinación de la cuantía del juicio, es el de juicio sumarísimo y conforme a lo dispuesto por el artículo 484 inciso 4 del código Procesal Civil y comercial, sólo resulta apelable la decisión que le pone fin.
Recurso contencioso administrativo, demanda, plazo, duplicación del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORDOÑEZ, FRANCISCO OLFEO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 471-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-29

A los fines de la admisibilidad de la demanda contencioso administrativa es de aplicación el artículo 5 de la Ley 7234 (modificada por la 9040), pese a que la duplicidad de los plazos está prevista para aquellos juicios en los que el ente público intervenga. Si bien en el proceso contencioso administrativo esta intervención se produce, normalmente, luego de la declaración de admisibilidad del recurso, lo cierto es que este juicio está articulado necesariamente con los recursos administrativos previos deducidos ante la Administración, por lo que no cabe interpretar restrictivamente esa norma, admitiendo la duplicidad sólo a partir de la efectiva intervención de la demandada en sede judicial.
Delito imposible, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: N., J.C. s/ Hurto en Concurso Real con tentativa de estafa  Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-04-20

La tentativa presupone una carencia de consumación en el tipo objetivo, pero no la falta de los elementos del mismo. La carencia en la tipicidad objetiva de la tentativa deviene de que "todavía no se llegó a ella", pero no de que existan los elementos para llegar a la misma. Las atipicidad o imposibilidad de delito por tanto no es una tentativa inútil -la que tiene lugar únicamente cuando el medio elegido es inidóneo para lograr la consumación- es una forma de "error del tipo al revés" v.g. se cree que se está matando a alguien, cuando en realidad se está disparando a un cadáver.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: A., E. J. c/ A. de A., M. A. s/ Tenencia y régimen de visitas Berti, Pedro Baldomero y otro c/ Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Mayor Buratovich Ltada. y otra s/ Daños y perjuicios Lipshitz, Raúl c/ Campili, Mónica s/ Disolución de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30|2003-03-05|2006-04-05

La selección de pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde (que admite la posibilidad de inclinarse por algunas descartando otras) es facultad privativa de los jueces de grado.
Relación de dependencia, prestación de servicios, prueba insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Maciel, Antonia María c/ Dominga Gamarra de Saavedra, Gumercildo Saavedra y/o responsable s/ Diferencia Salariales, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-02-28

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que no hace lugar a la demanda.

Ello así, ya que ante la presencia de un hecho constitutivo, como el presente, que hace nacer un derecho, corresponde que quién invoca la titularidad acredita los hechos constitutivos en que fundamenta su existencia, en tanto esos hechos fueron negados por su contraria, convirtiéndose en un imperativo del propio interés probar su veracidad para lograr, de tal forma, la actuación de la voluntad de la ley a su favor, extremo que en autos no alcanza un requisito de mínima completividad eficiente para tener por acreditado el vínculo laboral invocado. Debe recordarse en torno a esta cuestión que si bien el principio in dubio pro operario tiene vital trascendencia en materia laboral, su aplicación no puede ser indiscriminada, y es así que negándose por el demandado la relación laboral, la actora debió haber extremado su labor probatoria, en punto a la demostración de la real y prestación de servicios.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibarra, Raquel e Hijos de Isidoro Martínez  SA c/ Estado Nacional (Dirección Nacional de Vialidad) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

Es admisible el recurso ordinario de apelación si se trata de una sentencia definitiva dictada en causa en que la Nación es indirectamente parte y el monto cuestionado, actualizado a la fecha de la interposición del recurso, supera el mínimo previsto en el art. 24, inc. 6to. ap. a), del decreto 1.285/58, modificado por la ley 21.708 y resolución de la Corte 1.458/89.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, liquidación, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Rodolfo Sixto c/ Rosi, Juan Carlos y otros s/ resolución de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que consideró extemporáneo el pedido de aplicación del art. 23 de la ley 21.839 porque la actora había practicado liquidación, sin tener en cuenta que ésta en ningún momento expresó que tal liquidación sería la base de cálculo de la futura regulación de honorarios.
Concurso preventivo, proceso de verificación, revisión judicial, intereses, multa procesal, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUCESION ALBERTO MAUAS s/ QUIEBRA  S/ INC. DE REVISION POR LA CONCURSADA AL CREDITO DE LA D.G.I
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-28

Resulta procedente el pedido de revisión interpuesto por la exconcursada, respecto a los créditos que tuvieron por causa los rubros intereses, multas y/o cualquier otro accesorio del capital, toda vez que -en el caso- esta fiscalía comparte el criterio al que arribo el a quo, en cuanto hizo aplicación del principio de prelación de las leyes concursales por sobre decretos y resoluciones administrativas de menor jerarquía, atento que el crédito referido al período preconcursal, originado en las moratorias, dec. 631/92 y dec. 933/93, no fue objeto de oportuno pedido de verificación por la repartición como lo requiere la ley concursal, respecto a todos los acreedores de causa anterior al concurso (art. 32) motivo por el cual debió esta abstenerse de dar por decaídos dichos planes hasta cumplir con tal requisito. Consecuentemente, no corresponde el pedido de aplicación de interés y/o recargo derivados de un inapropiado decaimiento de los regímenes de moratorias aprobados con anterioridad.
Subsidio por sepelio, personas jurídicas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, HUGO ALBERTO s/ SUBSIDIO POR SEPELIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-16

El artículo 2 de la ley 21074 al disponer que el subsidio por sepelio se hará efectivo a las personas físicas que acrediten haber sufragado los gastos de sepelio de los beneficiarios mencionados en el artículo 1, excluye de su ámbito a los entes de existencia ideal, tengan o no fines de lucro, como también los gastos efectuados a través de interpósita persona.
Suspensión del juicio a prueba, inhabilitación para conducir
Materia: PENAL
Carátula: Barbieri, Alberto Ciro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-16

El recurso interpuesto por la defensa contra la resolución que dispuso la suspensión del juicio a prueba y la abstención de conducir cualquier tipo de automotor al encausado, resulta inadmisible, toda vez que la defensa aduce arbitrariedad de la decisión sin lograr conmover los argumentos esgrimidos por el a quo. La pena de inhabilitación no constituye un obstáculo para la concesión de la probation y el mecanismo adecuado para sortear dicho impedimento sería que el imputado ofrezca autoinhabilitarse.
Daños y perjuicios, indemnización, daño estético
Materia: CIVIL
Carátula: N., A.A. y Otra c/ Sucesión de D.M.K. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-26

Entiendo que la distinción legal de daño patrimonial y daño moral no empece a que, según las circunstancias de cada caso, se individualice un determinado tipo de lesividad y se le otorgue una denominación específica en función de las particularidades que la caracterizan y en vista de su adecuada reparación así como de una mejor fundamentación del fallo, pudiéndose, por ende, hablar de daño estético, daño psíquico, daño a la vida de relación, etc., conceptos que corresponderán, en su caso, según su incidencia, al ámbito del daño moral o patrimonial, o ambos a la vez, pero que nunca se los puede considerar ajenos al concepto de daño a que se refiere el artículo 1068 del C.C. como 'perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria' ocasionado a cosas de dominio o posesión de la víctima o a su persona, o a sus derechos o facultades'.
Competencia penal, competencia por la materia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Reyes  Acosta,  Rubén  H.;Herrera  Muñoz,  Joaquín; Maureira Alarcón, Ricardo s/ TENTATIVA DE HURTO S/CASACIóN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-03-22

La competencia determinada por el auto de procesamiento con arreglo a nuestro original art. 26 CPP. convalida la actividad jurisdiccional desarrollada luego por el mismo Instructor, en tanto no sobrevenga una modificación de dicha calificación inicial, quedando reservada la nulidad por incompetencia para casos extremos en que el Juez Correccional hubiese actuado sin competencia a juzgar por el encuadre efectuado en el auto de procesamiento, (el original o el modificatorio que posteriormente lo sustituyere). De otro modo, se obstaculizaría notoriamente el desarrollo del proceso, con lesión de los principios de inmediación, economía y celeridad procesal. Lo importante es que la atribución inicial de competencia en cuya virtud llegó hasta esa etapa tan avanzada del proceso, le confiera jurisdictio sobre el caso.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calderone Rubén F. s/ Quiebra - Incid. Verificación de Créditos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

El mecanismo del proceso concursal se perfila como objetivamente complejo, en el sentido de ser necesario en ciertos aspectos la iniciativa de parte, pero la investigación y las medidas tendientes al desarrollo del proceso resultan ínsitas a la actividad jurisdiccional. Las facultades que de allí emergen son correlato de lo previsto por el art. 37 de la ley concursal cuando prevee que en los supuestos en donde el crédito insinuado no ha merecido impugnación de nadie (el síndico, deudor o acreedor legitimado) el crédito será declarado verificado "si el juez lo estime procedente", atribución que, como no puede ser de otro modo, debe conectarse con las facultades de dirección del proceso y de investigación imputadas por las normas que es materia del art. 297 del mismo cuerpo legal.

En tal sentido, de ninguna manera la opinión favorable del síndico, de haber sido ella prestada, frente a la insinuación del crédito, tiene significación procesal de manera que el juzgador quede vinculado a tal comportamiento funcional.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, nulidad de sentencia, proceso penal, lugar del hecho
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Luque,   Guillermo   Daniel   y  Tula,  Luis  Raúl s/ homicidio preterintencional -causa nº 117/94-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Corresponde rechazar el agravio fundado en la nulidad de la sentencia por carecer de la determinación circunstanciada del hecho, pues si bien no pudo establecerse el lugar exacto, lo cierto es que de la coordenada temporal y de la espacial puede deducirse dónde ocurrió, y la defensa no demostró de qué manera la descripción espacial aproximativa efectuada por el tribunal afectó en concreto su derecho de defensa en juicio.
Transporte de carga, protesta, verificación de la carga, verificación conjunta
Materia: AERONAUTICO
Carátula: HIMALAYA SA DE SEGUROS c/ SERVICIOS DE TRANSPORTES AEREOS FUEGUINOS SA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

No cabe confundir el "acta de daños" o "de mala condición" -que es obligación del depositario levantar al recibir los bultos en sus almacenes-, la que no satisface, como principio, el requisito de protesta (art. 146, Código Aeronáutico y art. 26 de la Convención de Varsovia), con el "acta de verificación conjunta", cuya extensión por el transportista, suple el recaudo de que se trata.
Empleados públicos, remuneración, Poder Ejecutivo, delegación de facultades a la Administración, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FIRPO, ARNALDO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE EDUCACION) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-02

No cabe entender que la ley 21.307 haya tenido por objeto delegar en el Poder Ejecutivo, para ser ejercida con excluyente e ilimitado arbitrio, la atribución de fijar las remuneraciones de los empleados públicos y apartarse de las pautas ya establecidas con anterioridad por el legislador, las leyes deben ser interpretadas en lo posible en armonía con las normas constitucionales y las demás leyes y hubiera sido inconciliable con éstas una delegación y hubiera sido inconciliable con éstas una delegación que, además de conferir al departamento ejecutivo el poder de legislar de una manera indeterminada e irrestricta, lo autorizase a preterir los lineamientos esenciales fijados por la legislación ya existente.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor, privación del uso del automotor, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: SANTORO, ALBERTO c/ BONASSI DE SERI, MARIA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

Las indemnizaciones por desvalorización del rodado y privación de su uso devengarán intereses desde el día del evento perjudicial
Policía, sanciones disciplinarias administrativas, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pereyra, Jorge Raúl c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

La ilegitimidad del ejercicio de la facultad disciplinaria administrativa queda configurada cuando las resoluciones que se cuestionan se apartan de la norma que expresamente preve el caso que las motivara y de los datos causales documentados en el expediente y, en especial, de las conclusiones del instructor y de los dictámenes jurídicos que reclamaron para el sumariado una sanción más benigna, sin suministrar razones suficientes. Debe extremarse la exigencia de fundamentación si la conducta infractora es susceptible de dos sanciones (una correctiva y otra expulsiva) y se la encuadró en la de mayor gravedad.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Catellani, Carlos Adolfo s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-12

No cabe dar por desistida la pretensión punitiva contenida en la acción del agente fiscal por no haberla mantenido el Fiscal de Cámaras si la jurisdicción de la Cámara se abrió por la apelación de la defensa, con las limitaciones que marca el art. 310 -n.a.- del C.P.P., por lo que la potestad de conocimiento del Tribunal no puede verse limitada por la calificación de los hechos que propugne el Ministerio Fiscal en su expresión de agravios.
Quiebra, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: THOMPSON Y WILLIAN  S.A.C.I.F s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE LIQUIDACION DE BIENES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-23

El art. 296 inc. 3 de la ley 19551, no es aplicable cuando a prima facie la resolución cuestionada, es arbitraria y puede provocar un gravamen irreparable.-
Recurso extraordinario, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Naveyra, Julio P. c/ Universidad Nacional de Bs. As. s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

Las sentencias de la Corte Suprema deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario.
Defensa en juicio, prueba
Materia: PENAL
Carátula: C., J.M. s/ Receptación sospechosa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-04

Si bien es verdad que lo arribado -el dictado del Auto de Procesamiento- por el a-quo, tras el mérito del tipo constituye una postura posible, no es menor verdad que lo manifestado por el encausado constituye en definitiva la única fuente de cargo de la que abreva el Magistrado para concluir en sentido positivo. Por esta circunstancia y a fin de no avasallar el derecho de defensa es que lo aportado por aquel debe tomarse íntegramente, máxime que como se apunta, no existe prueba objetiva alguna que lo cuestione. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Amparo por mora, regulación de honorarios, costas al vencido
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CHIAMI, NESTOR VALENTIN c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-22

Toda vez que la morosidad del organismo previsional obligó al peticionante a interponer el recurso de amparo por mora, corresponde imponerle las costas (art. 68 C.P.C.C.) y regular los honorarios por el patrocinio letrado de la parte actora en la suma de $ 70.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, ley de desindexación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Hermes CIA. Argentina de Seguros S.A. y Sres. Sócrates Raúl Moglia y Hugo Walter Subizar. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-05-13

Es una cuestión de Derecho, la correcta interpretación de la Ley de Desindexación Nº 24.283, por ello corresponde declarar admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, medidas para mejor proveer
Materia: LABORAL
Carátula: Sotelo Mirciades, Cristobal c/ Finexcor SA s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-03-12

Los arts. 12 de la ley 11.653 y 36 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial otorgan a los jueces de mérito la facultad de adoptar medidas para mejor proveer y esencialmente el art. 36 inc. 2 impone como límite el respeto de la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 de la constitución nacional).
Jueces, regímenes jubilatorios especiales, jubilación de magistrados, intangibilidad de la remuneración, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaibisso, César A. y otros c/ Estado Nacional, M. de Justicia. s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

La exclusión de los jueces y funcionarios del Poder Judicial de la Nación del sistema jubilatorio instaurado por la ley 24.241 y sus modificatorias se encuentra corroborada por el dictado del decreto 78/94 que fue declarado inconstitucional por la Corte (Disidencia parcial del Dr. Julio S. Nazareno).
Contrato de trabajo, remuneración, diferencias salariales, adicional por antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: PARE,  ROBERTO  HECTOR  Y OTROS c/ P.A.M.I. INSTITUTO NACIONAL DESERVICIOS       SOCIALES       PARA       JUBILADOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-17

Cabe hacer lugar al reclamo por diferencias salariales que efectuaran los trabajadores del P.A.M.I. con fundamento en el cobro del rubro "bonificación por antigüedad" establecido por disposición DNRT Nº 5629-89. Ello así, pues si bien dicho rubro estaba destinado a regir durante el semestre octubre de 1989 a marzo de 1990, la demandada siguió reconociendo el adicional por antigüedad hasta el dictado del decreto 925/96, abonándolo en la actualidad pero congelado al porcentaje que se pagaba en el año 1996. Tal como lo sostuviera el Fiscal General, no se advierte ninguna fuente normativa idónea para afectar el incremento de la bonificación por antigüedad que la empleadora aún sigue pagando y que sólo ha afectado en su incremento progresivo previsto por el art. 2 pto. 1.1 del acuerdo celebrado en noviembre de 1989.

Es un adicional incorporado al contrato (ver dictamen 39.551 del 21-12-04). Por otro lado el decreto 925/96 carece de la trascendencia que se le atribuye porque esta norma se refiere a una deducción genérica de las retribuciones y no a la mutilación de un adicional. La propia demandada no modificó el comportamiento salarial del rubro pues siguió abonándolo pero con la restricción señalada.