Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2009-12-28


Mendoza, diciembre 28 de 2009.

Primera cuestión: ¿Son procedentes los recursos de In-constitucionalidad y Casación interpuestos? Segunda cuestión: En su caso, ¿qué solución corresponde? Tercera cuestión: Costas.

A la primera cuestión el Dr. Pedro Llorente, dijo:

Los antecedentes de la causa señalan que el Sr. Jorge Zapata dedujo acción de amparo contra el Banco de Boston, para que este acepte la cancelación de las deudas financieras mediante dación en pago y con efectos cancelatorios, de títulos de la deuda pública nacional. Solicitó además la declaración de Inconstitucionalidad del art. 39 del decreto 1387/01 y del art. 6 del decreto del PEN 1570/01.

La sentencia dictada por la Sala Primera de este Tribunal confirmó el decisorio de Alzada que declaró la inconstitucionalidad del art. 39 del decreto 1387, del art. 6 del decreto 1570/01 reformado por decreto 469/02 y de la Comunicación "A" 3398, en cuanto disponen que los clientes clasificados en situación 1,2 y 3 deberán requerir la previa conformidad del acreedor para cancelar las deudas que tienen con la institución bancaria. Consecuentemente con ello, admitió el recurso de amparo y declaró el derecho del accionante a cancelar el mutuo hipotecario a través de la dación en pago con Títulos Públicos de la Deuda Pública Nacional.

Cabe recordar que la Sala Primera de este Tribunal, se expidió en el mismo sentido que en el ocurrente en distintos precedentes. El primero de ellos, data del 11/7/2003 (LS 325-97, publicado en Foro de Cuyo 58-2003-263, LL, 2004-A, 602 y JA, 2005-I-239); el otro está fechado 6/3/2008 (LS 386-213); en todos estos casos se trataba de acciones deducidas por los deudores; el tribunal respondió afirmativamente a la pregunta ¿Es inconstitucional el art. 39 del Dec. 1387 y sus modificatorios, en cuanto obliga al banco a recibir de sus deudores calificados en las categorías 4, 5 y 6 títulos de la deuda pública y, en cambio, lo faculta para esa misma transacción tratándose de deudores incluidos en las categorías 1, 2 y 3?.

En todos estos precedentes en los que existió pronunciamiento favorable al deudor que no alcanza el grado de mora exigido por la legislación de emergencia. Sin embargo, a partir del precedente Cirella del 2/9/09, la Sala I de este Tribunal cambió su criterio en seguimiento a lo resuelto por la Corte Federal el 12/5/2009 (Ver LL, 2009-C, 537, con nota desaprobatoria de Alfonso Buteler, "Los contornos del derecho a la igual-dad"). Nuestro máximo Tribunal Nacional se pronunció sobre la cuestión relativa a los requisitos exigidos para poder invocar el derecho a cancelar a través de la dación en pago por títulos. Contrariamente a lo decidido por este tribunal provincial en los precedentes antes reseñados, siguió el dictamen del Procurador General y confirmó una sentencia que rechazó una acción declarativa incoada contra el Banco de la Nación Argentina tendiente a que se declare la inconstitucionalidad del art. 39 del Dec. 1387/2001; entendió que la norma no genera una discriminación odiosa y justificó que puedan acudir al régimen los deudores morosos y no los que se encuentran al día en el pago de la deuda.

A esta conclusión es la que arriba mediante el análisis del recurso de queja, en el caso que nos ocupa, en el que con sustento en los precedentes que cita, concluye en que " la diversidad de tratamiento se estableció de acuerdo con las distinta situación de los deudores en orden al regular o irregular cumplimiento de su obligaciones. Es decir, toma como base para otorgar el derecho al deudor a liberarse de su obligación dando en pago títulos de la deuda pública o para supeditarlo a la previa conformidad de la entidad acreedora, circunstancias objetivas que, a su vez, dan lugar a la exigencia- por parte del Banco Central - de distintos niveles de previsión por incobrabilidad que deben observar las entidades bancarias, los que varían según la clasificación de los deudores , con su lógica incidencia en la menor o mayor cantidad de dinero disponible ... Que en consecuencia, no puede tacharse de irrazonable o arbitrario que se haga reposar en la situación objetiva del deudor- apreciada según pautas de clasificación establecidas con anterioridad y que tienen relevancia en la regulación de la actividad financiera- el distinto tratamiento relativo a la posibilidad de cancelar mediante la entrega de títulos de la deuda pública, máxime si se tiene en cuenta la finalidad perseguida por las normas. Con respecto al carácter de la normativa agrega que "si lo que se procuraba era facilitar la regularización, es lógico que la medida haya sido establecida para los bancos sólo respecto de los deudores que hayan caído en importantes atrasos en los pagos, cuya situación podía estimarse irreversible-de no adoptarse un mecanismo excepcional- en el contexto de una crisis económica de extraordinaria gravedad".

Los principios expuestos, llevan a la conclusión adversa a las pretensiones del amparista, que pretendía la inconstitucionalidad de la normativa precedentemente citada, en cuanto dispone que los deudores comprendidos en la categoría 1, 2 y 3 deben obtener la previa conformidad de la entidad bancaria para poder cancelar su crédito con títulos de la deuda pública.

En consecuencia corresponde admitir en definitiva los recursos de Inconstitucionalidad y Casación articulados a fs 152/160vta. por el Banco Hipotecario, revocar la resolución de Cámara de fs. 114/121vta. y en definitiva confirmar la sentencia de primera instancia de fs. 77/85vta., desde que la actora no está encuadrada en las categorías que compren-den sólo a los deudores más recalcitrantes y respecto de los que se impone la obligatoriedad para el banco de aceptar la cancelación de la deuda mediante dación en pago de títulos de la deuda pública, conforme lo resuelto por la Corte Federal.

Así Voto por la primera cuestión.

Sobre la misma cuestión los Dres. Salvini y Böhm adhieren por los fundamentos al voto que antecede.

A la segunda cuestión el Dr. Pedro Llorente, dijo:

Atento lo resuelto en la cuestión anterior, corresponde hacer lugar a los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos a fs. 152/160vta. por el Banco Hipotecario S.A. y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada a fs. 114/121vta. por la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, en los autos Nº 125.123/6693, caratulados: "Zapata Jorge Eduardo c/ Banco Hipotecario S.A. p/acción de amparo" y confirmar la dictada en primera instancia a fs. 77/85vta.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. Salvini y Böhm adhieren al voto que antecede.

A la tercera cuestión, el Dr. Pedro Llorente, dijo:

Atento lo resuelto por la C.S.J.N. a fs. 342, por tratarse de un régimen jurídico novedoso, las costas deben ser soportadas por su orden en todas las instancias. (arts. 36 y 148 CPC).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. Salvini y Böhm adhieren al voto que antecede.

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, resuelve: I. Hacer lugar a los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos a fs. 152/160vta. por el Banco Hipotecario S.A. y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada a fs. 114/121vta. por la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, en los autos Nº 125.123/6693, caratulados: "Zapata Jorge Eduardo c/Banco Hipotecario S.A. P/accion de amparo", y, en su lugar, confirmar la sentencia dictada en primera instancia a fs. 77/85vta.

II. Imponer las costas, en todas las instancias, en el orden causado.

III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. - Pedro Llorente. - Herman A. Salvini. - Carlos Böhm.