Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-29


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los veintinueve días del mes de febrero del año dos mil ocho, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Julio Antonio Alexandre y asistencia de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y del señor Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "D, E A c/ D, C s/ JUICIO ORDINARIO", expte. nro. 16.330/07, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sarmiento (expte. nro. 104/04), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 252), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Julio Antonio Alexandre, Dr. Fernando Nahuelanca y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 180/192? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que la resolución de fs. 180/192, desestima la acción, de conformidad a la calificación legal que le impone el a quo, por efectos de la prescripción opuesta y operada y de conformidad las previsiones del art. 4030 CCiv., es apelada por la accionante (fs. 196) a tenor del informe de fs. 213/243, siendo contestada a fs 245/249vta.

También formula su queja y por derecho propio quien actuara como perito tasador, por considerar exiguos los honorarios que se le han regulado de conformidad a los argumentos que brinda a fs. 198/199. Como deber ineludible, una vez que el juez tiene fijado los hechos (superada la etapa de confirmación y negación -trabada la litis-), debe examinar si los mismos se compadecen con alguna norma jurídica (en sentido amplio). Esto es, debe determinar si existe en el ordenamiento jurídico alguna norma que, como antecedente -supuesto de hecho abstracto normativo- prevea la situación de hecho concreta probada en el caso y, a partir de allí, si el efecto jurídico que la norma prevé para ese supuesto de hecho -consecuencia jurídica- concuerda o no con la perseguida por las partes.

Que es esa operación intelectual del magistrado lo que constituye la típica situación de calificación jurídica y que en forma conteste la Doctrina y Jurisprudencia la consideran como una tarea propia de aplicación del derecho, derivada de la regla procesal "iura novit curiae" e impuesta como deber a los Jueces.

Así, obra en el primer punto de los considerandos donde se opina que no es el art. 3601 CCiv. el que confiere base normativa al reclamo del actor sino los artículos 1831 y 1832 del mismo texto legal que refieren a los supuestos de donaciones inoficiosas que afectan la legítima del peticionante.

En el caso se entendió que la acción de simulación no es más que el medio ideal para descubrir el modo ilegítimo de beneficiar a uno de los coherederos y lograr discutir la reducción.

Así las cosas, la demandada considera prescripta la acción por el cumplimiento del plazo bienal desde la fecha que se tomó conocimiento de la transferencia del bien en cuestión. Y el a quo acoge favorablemente tal defensa de conformidad con la postura doctrinaria y jurisprudencial que explicita y en cuanto al cómputo del plazo, tomando en consideración los datos probatorios que emergen de las presentes actuaciones y del sucesorio que obra acordelado.

Pese a la extensión del memorial en el que se dedica gran parte a los antecedentes, el resto de las argumentaciones giran en torno al plazo de prescripción decidido por el a quo cuando, en su consideración, debió preferirse el decenal. Esto es, sin discrepar puntualmente respecto de la calificación jurídica de los hechos decidida, la toma de posición por la norma liberatoria señalada permitiría la continuidad del debate y la resolución de la cuestión de fondo.

De la detenida lectura de las actuaciones dentro de los límites jurisdiccionales señalados, concuerdo con la primera actuación del a quo en cuanto a la establecer la normativa que rige la plataforma fáctica controvertida y a los efectos de encontrar la que obsta o no su prosecución procesal y sustancial.

Denunciada la presunta afectación de la legítima por uno de los coherederos, por medios que se presumen simulados, que en realidad ocultarían una donación y en consecuencia el principal objeto de la presente es lograr una reducción. La acción que contemple este fin es la que se impone y la que determina el régimen liberatorio aplicable. Sin olvidar que no se ha logrado concordancia doctrinaria ni jurídica al respecto.

Desde tal prevención y confrontando argumentos y revisando antecedentes en cuanto al tema en cuestión, conforme las pautas que va desarrollando Orlandi, Olga E. en su trabajo "Las acciones de reducción y colación: similitudes, diferencias y discrepancias" publicadas en JA 2001-IV-938, a modo introductorio vale recordar que nuestro derecho sucesorio consagra la institución de la legítima como una porción económica-jurídica de la sucesión declarada intangible (arts. 1830 y 3591 CCiv.), (ver v.gr. Ferrer, Francisco A. M., "La acción de reducción" en "Sucesiones. Libro homenaje a la Dra. María Josefa Méndez Costa", Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 194).

Por tal razón se organizan medios de protección a la legítima y de defensa a la igualdad entre los legitimarios.

Dentro de tal sistema se distinguen la acción de reducción que tiene una función correctiva del comportamiento del de cujus lesivo a la legítima, cuando ésta ha sido conculcada por donaciones o disposiciones testamentarias. En segundo lugar, la defensa de la igualdad entre los legitimarios, como voluntad presunta del causante, es regulada específicamente por la acción de colación que -conforme muchos autores- no es una acción típica de defensa de la legítima.

Que a efectos de aclarar tales cuestiones se ha dicho que la acción de reducción es el remedio legal otorgado a los legitimarios, frente a disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos (art. 3601 CCiv.) y frente a las donaciones inoficiosas efectuadas en vida del causante (arts. 1830 y 1832 CCiv.), de exigir la reducción a los términos debidos, sin llegar a las donaciones mientras pueda cubrirse la legítima reduciendo a prorrata o dejando sin efecto, si fuera necesario, las disposiciones testamentarias (art. 3602 CCiv.).

La colación no tutela la legítima, aunque los legitimados activa y pasivamente sean los legitimarios, sino que se dirige a restablecer la igualdad entre los herederos.

Que cualquiera sea el valor colacionable, aún cuando no violente la legítima, debe ser computado en la masa hereditaria e imputado como recibido por el heredero beneficiario. De allí que el art. 3576 CCiv. considere que toda donación entre vivos hecha a heredero forzoso que concurre a la sucesión legítima del donante, sólo importa un anticipo de su porción hereditaria, salvo que el causante lo hubiere dispensado.

Que pese al fin concebido para uno u otra se confunden en cuanto y tal como señala Guillermo A. Borda en "Tratado de Derecho Civil. Sucesiones", t. I, p. 486, n. 641: "...que tanto la acción de colación como la reducción tienden a defender la integridad de las porciones hereditarias".

Asimismo, ambas coinciden en cuanto se cuestionan donaciones efectuadas en vida del causante, aunque en la de reducción necesariamente deberá tratarse de donaciones inoficiosas.

No obstante lo señalado, podemos marcar una distinción: para que funcione la acción de reducción debe estarse frente a una donación que va más allá de la porción disponible en mengua de la legítima de los herederos forzosos. Esto no es menester en la colación, una donación a un heredero forzoso puede no haber conculcado la legítima, su finalidad específica radica en la presunción respecto a que el causante quiso la igualdad de los legitimarios si no hubo voluntad expresa de dispensar la colación.

Que también son coincidentes los sujetos activos de ambas acciones, los herederos forzosos.

Y que ambas, por ser acciones personales, tienen similar plazo de prescripción, diez años desde la muerte del causante (art. 4023 CCiv.), (ver v.gr. Medina, Graciela, "Prescripción en el Derecho Sucesorio", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, n. 22, 2000, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 137 y ss.).

Insisto en cuanto a esta última similitud, tales acciones no tiene efectos reipersecutorios, el derecho a exigirlas y la obligaciones correlativas son de carácter personal y constituyen un crédito y una deuda en los términos del art. 496, Cód. Civil, por tanto le es aplicable la prescripción decenal del art. 4023 (ver v.gr. REBORA, "Derecho de las sucesiones", t. II, p. 102, núm. 398; BORDA, "Tratado de derecho civil argentino. Sucesiones", t. I, núm. 494; FORNIELES, "Tratado de las sucesiones", t. I, p. 341, núms. 304/305; Trujillo, Juan C en "Acción de colación", publicado en: LA LEY 1985-D, 806; Zannoni, Eduardo A., en "Manual de derecho de las sucesiones", Ed. Astrea 2000, pág. 522, parág. 648). Pero aún dentro de aquellos que hablan de acción reipersecutoria si se dirige contra un tercero o al decir de C J en "Acciones del heredero durante el estado de indivisión", ED, 60-933, acción reintegradora patrimonial, también, y por carecer de tratamiento normativo especial se aplica la genérica del 4023 CCiv., tal como lo señala Cerávolo, Ángel Francisco, en "Donaciones inoficiosas y títulos observables. Una reforma necesaria y urgente", en LA LEY 2006-B, 673). Propiciando la reforma.

Adoptando una posición conciliadora de los argumentos expuestos se ha resuelto que si la pretensión deducida corresponde en sustancia a las acciones de colación y reducción, la simulación queda limitada a ser un simple medio para instrumentarlas, de modo que la prescripción alegable no es sino la relativa a aquéllas, las que se subsumen en el plazo general del art. 4023 del Cód. Civil (ver v.gr. Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, sala I, 21/10/1993, M., D. H. en: M., V., suc., DJ 1994-1, 348).

Que de los antecedentes de la causa no se advierte cumplido el plazo liberatorio. Que concordando con los criterios expuestos respecto de esta cuestión y a la luz de la controversia en el punto, propongo al acuerdo revocar el fallo impugnado y, en consecuencia, remitir la causa a la instancia de grado a efectos de la decisión de la cuestión de fondo.

Conforme lo propuesto toda cuestión arancelaria se ha tornado abstracta.

Las costas de ambas instancias pesan sobre la excepcionante y se difiere la regulación de honorarios de ambas instancias al momento del dictado de la sentencia definitiva, tal como se dijo v.gr. en sentencia interlocutoria registrada bajo el Nº 19/2000, a la que remito.

Párrafo aparte merecen las actuaciones que motivaron el proveído de fs. 253, salvado de modo infrecuente con las copias simples de fs. 259/271, pero al menos no resintieron el derecho de defensa de las partes, por lo que recomiendo el debido tratamiento a toda pieza procesal en razón de su naturaleza y por imperio de lo ordenado en el art. 34, inc. 5, y concs. del CPCCh.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

1) Revocar la sentencia de fs. 180/192 desestimando la defensa de prescripción opuesta por la demandada, con costas en ambas instancias y difiriéndose la regulación de honorarios al momento procesal oportuno de conformidad con los considerandos pertinentes.

2) Devolver la causa al juzgado de origen a efectos de que se dicte nueva sentencia sobre el fondo de la cuestión. A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia se dicta a fs. 180/192 -luego agregada en forma correcta a fs. 259/271-, la que hace lugar a la excepción de prescripción y en consecuencia se rechaza la acción de simulación intentada por la parte actora E A D contra la parte demandada C D R, con el fin de anular la venta efectuada por el padre de ambos, L R P y V A D, respecto a la Chacra Nº 23, situada en la localidad de Sarmiento Provincia del Chubut, compuesta por los lotes "23-A" y "23-B". Regula los honorarios de los letrados intervinientes.

Se notifica a fs. 193/195vta., apela E D en propio derecho a fs.196 y el recurso se concede a fs.197.

A fs. 198/199vta, apela los honorarios la perito C M.

Los agravios de la parte apelante se glosan a fs. 213/243, donde en la formulación de los hechos expresan que la demanda se interpuso en los términos de los arts. 3601 y concords. C.D. (acción de reducción) y en los arts. 956 y 954 C.C., por nulidad de la escritura pública Nº 31º, del 18 de mayo de 1995), para garantizar la porción legítima, contra C D, hermano del actor. Que las relaciones de parentesco surgen del juicio sucesorio que obran por cuerda, caratulado "R P, L y D, V A s/ Juicio Sucesorio". Que los nombrados en la carátula, padres del actor, se dedicaban a la agricultura y ganadería en la chacra Nº 23, de su propiedad, único bien de propiedad de los causantes. Se dividía en dos lotes, 23a. con una superficie de 14,50 has. y 23b, con 15 has., que el bien fue transferido a su hermano, el demandado en la suma de $ 5.000, por escritura 31º, cuya nulidad se pidió.

Sostiene que la compraventa fue simulada y que afectó sus derechos a la legítima.

Que corrido el traslado de la demanda, la parte demandada C D R, interpuso -a la par de contestarla- la acción de prescripción, fundada en el art.4030 CC, señalando circunstancias del conocimiento adquirido por su parte, sosteniéndose aún en la hipótesis del art. 4028 CC, en cuanto la acción de reducción, contado desde la muerte del causante.

Señala los términos de la sentencia, que en sus partes decisorias entiende que se ataca una donación por inoficiosa efectuada por los padres a favor de su hijo C D y que está regida por los arts. 1831, 1832 C.C., que la acción de simulación actúa como puente para llegar al otro terreno, la reducción. Que dando en consecuencia las razones el sentenciante, sostiene la aplicación del art. 4030 CC. Cita opinión fundada de doctrina, que señala que si la donación está encubierta con la apariencia de un acto oneroso, la prescripción será de dos años.

El agraviado ha examinado tanto la trama litigiosa como con amplitud reseñado todos los fundamentos de la sentencia, que si bien adopta la postura del tiempo de la prescripción expuesta precedentemente, no deja de reconocer que la doctrina y jurisprudencia se ha expedido en situaciones similares conforme con la norma del art.4023 C.C. Señala en consecuencia el agraviado que nadie duda que la acción de simulación tiene un plazo de dos años, que así lo dice el art.4030 CC, pero que incorporada la situación con el ejercicio de la misma por un tercero que no ha participado en el negocio, se rige por el art. 4023 CC. y no cabe la aplicación analógica por el carácter restrictivo de la prescripción y en el caso de la duda que remite a la de mayor tiempo.

El memorial de agravios de la apelante incluye fallo de jurisprudencia del cambio de opinión de destacadas camaristas de la Cám. 5ta. Civ. y Comercial de Córdoba, de fecha 16/02/98, quienes manifiestan que si habían adherido con anterioridad a la tesis determinante de la aplicación del art. 4030 CC (que comparten notables juristas, Dres. Borda, Mosset Iturraspe, Llambías, Rivera), adherían frente a nuevo estudio en que la acción de simulación interpuesta por terceros conlleva el término ordinario de 10 años (art. 4023 CC.). Comparten para ello con otra parte importante de doctrinarios (Araux Castex, Cámara, Mercader, Farsi, Bossert y Elkin), cuyas miras resultan, que el art.4023 CC es el término ordinario de prescripción y que si la ley hubiera querido exceptuar de la regla la acción de nulidad, lo habría dispuesto expresamente porque las excepciones resultan siempre de aplicación restrictiva.

El concepto precedente que campea en toda la expresión sustancial de los agravios de la parte recurrente, eximen de seguir transcribiendo su consecución argumental. En el punto 4 de fs.240 se agravia por la imposición de las costas, sostiene que debió eximir al actor, o en su defecto imponerlas por el orden causado (art.68, 2da parte CPCCCh.). Peticiona finalmente se haga lugar al recurso, revoque el fallo y se ordene el rechazo de la excepción.

La parte demandada contesta los agravios a fs. 245/249vta., expidiéndose en que refuerza la defensa en la materia prescriptoria y poniendo la hipótesis que si aún la acción de nulidad no se encontrara prescripta y sustancialmente fuera procedente, no tendría sentido pronunciarse dado que la acción de reducción se encontraría prescripto (art.4028 C.C.). El argumento resulta equivocado, desde que la prescripción de la reducción no habría de correr sino desde la partición, oportunidad en que conociéndose el caudal de los bienes, importaría el conocimiento de los bienes disponibles. Por otra parte, la demandada opuso la excepción de prescripción de la acción de nulidad por simulación, conforme a los fundamentos expuestos a fs. 52vta./53, fundada en su carácter de orden público (creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios) y que el art. 4030 CC. prescribía dos años de plazo para la liberación y que a la oposición de la demanda habían transcurrido más de cuatro términos prescriptivos. Citó posturas de la doctrina y entendió que ésta y la jurisprudencia resultaban mayoría, lo que fue recogido por el fallo plenario Nº 31.760, de la Cámara Civil en autos: "G, S c. J, C (sucesorio)" (mal citado J.A. 1983-IV-443, correspondiendo J.A. 1983-II-416 o J.A. 1982-IV-443).

No obstante que además introdujo la accionada el conocimiento ficto de la actora resultante de la inscripción registral, o desde la iniciación del juicio sucesorio por las circunstancias de su promoción (solo dos hermanos), eventualmente la prescripción de cuatro años del art. 4028 C.C., que en cualquier hipótesis igualmente daría soporte a su tesis excepcionante, la cuestión la debaten doctrina y jurisprudencia calificada, si el plazo prescriptivo de dos años resulta, asimismo, aplicable a terceros. Es lo que estableció el plenario invocado por la excepcionante.

El plenario indicado, "Glusber...", fue dictado el 10/9/82. Solo había transcurrido un año de las VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que habían declarado por 30 votos contra 18 que: "La acción de simulación seguida por terceros prescribe a los diez años".

El sostenimiento de una mayoría indiscutida en consecuencia no se compadece como se afirma, con lo que a mi juicio resultan relevantes las razones por la inclinación a este último criterio expuestas por el autor Omar U. Barbero frente al plenario citado (J.A.1983-II-416). En principio, que la sola propuesta del plenario, por evidente planteada sobre la base de la duda provenientes de distintas interpretaciones, invitaba al voto de mayor plazo. Si la duda importaba elegir entre un plazo de prescripción entre diez y dos años, "había que inclinarse por el término más largo", coincidente con el principio de interpretación restrictiva del instituto. Por otra parte, como señala el autor citado, criterio, asimismo, considerado en el fallo, que el menor plazo es solución tendiente a evitar conflictos a partir de las mismas relaciones familiares, desde que no puede entenderse que silenciar la discusión sustancial no genere peores males. Debe atenderse al camino más amplio que mejor provea a la consolidación de los derechos. Asimismo, aunque la finalidad del plenario considera los principios de la seguridad jurídica, no se irrogará en la práctica, porque la evaluación para el tercero, "el conocimiento pleno, efectivo y cabal del acto", importará en la imprescriptibilidad de la acción, salvo rarísimas excepciones, tal como lo enseña y sigo al autor citado. Recuérdese la jurisprudencia que señala que la circunstancia de que quien lo ataca haya sabido que se celebró, o que se lo haya inscripto en el Registro de la Propiedad, no constituye el punto de partida del cómputo de la prescripción, ya que ello no importa el conocimiento de la simulación (Conf. L.L.104-652, f.47.243 y L.L. 133-333 f.60-437, cita Cód. Civil Coment., T.3, pág. 358, 2da.col). Finalmente debe advertirse sobre la redacción de la norma, donde el legislador, a sabiendas de las distintas posturas ya señaladas pero que precedían a la Ley 17.711, limitó en la letra del segundo párrafo del art.4030 C.C., a "...dos años la acción para dejar sin efecto entre las partes un acto simulado...", autorizando el mantenimiento de la exclusión de los terceros.

Coincido por todo lo expuesto con la propuesta de mi colega preopinante, que debe hacerse lugar al recurso interpuesto por la parte actora y conforme con las circunstancias del juicio, que motivan la falta de tratamiento de las cuestiones de fondo del juicio por el señor Juez actuante y para asegurar la doble instancia -criterio reiterado por esta Sala- devolverle los autos para el pronunciamiento respectivo.

En cuanto a las costas en la materia hasta aquí controvertida, es la propia recurrente la que demuestra la justeza de imposición por su orden, por lo que, asimismo, en esta parte debe revocarse la sentencia, extensivas las costas por su orden a la segunda instancia (art.68, 2da. parte CPCCCh), concepto que no varía porque obtenga el éxito en su planteo excepcionante. Atento la pendencia de la cuestión sustancial, la regulación debe responder a porcentuales, conforme con el art. 47 Ley de Aranceles (Ley 2200, ref.Ley 4335). Resultan aplicables los arts. 6, incs. a, c, 7, 9, 33 y concordantes de la normativa citada, el mérito de los trabajos profesionales y la relación entre la gestión profesional y probabilidad efectiva de la posición jurídica asumida en función de cada parte.

Propongo los honorarios conjuntos de los Dres. P F del G y D C P, en el 22% de los que correspondan en el proceso principal y los conjuntos de los Dres. H R R y J M R, en el 20% de los que le resulten, con iguales alcances precedentes. En la Alzada, propongo por las merituaciones señaladas y art. 14 del arancel, los honorarios conjuntos de los Dres. D C P y P F del G y los del Dr. J M R, en un 30% de los que les resulten en la primera instancia respecto al juicio principal.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

1) Hacer lugar a los agravios interpuestos por la parte actora a fs. 213/243 y revocar la sentencia de fs. 180/192, conforme con los puntos siguientes.

2) Revocar el punto 1) de la parte resolutiva de la sentencia aludida y rechazar la excepción de prescripción interpuesta por la parte demandada C D R, contra la parte actora E A D y devolver el juicio al señor Juez actuante para su resolución sustancial, de conformidad con el considerando respectivo.

3) Revocar el punto 2) de la parte resolutiva de la sentencia aludida, imponer las costas por su orden y proponer la regulación de los honorarios de conformidad con el considerando respectivo.

4) Costas de la Alzada por su orden, proponiendo la regulación de los honorarios de conformidad con el considerando respectivo.

5) Tener presente la reserva del caso federal interpuesta por la parte demandada en el memorial de fs. 245/249vta.

A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. Mis colegas preopinantes han acordado una solución común en la cuestión principal del caso venido en apelación, no así en cuanto a las costas. Es que en orden a la defensa de prescripción opuesta al progreso de la acción, dando fundamentos que no se excluyen sino que se complementan, ambos coinciden en su rechazo y en el envío de las actuaciones a la instancia de grado para que se expida sobre las cuestiones pendientes. Es por ello que en el marco de las previsiones de la ley 4550, he de circunscribir mi voto a las costas, adelantando que coincido con el modo de imposición propuesto por el Dr. Nahuelanca.

Ello así desde que concurren en la especie, tal como lo ha evidenciado quien a la postre resulta el vencedor en autos, circunstancias que obligan a apartarse del principio general de imposición de costas al vencido. Éstas son: la especial modalidad de la relación fáctica y de la jurídica cuya complejidad ha quedado evidenciada en los votos que anteceden. Por las razones dadas, adhiero a la propuesta efectuada por el Dr. Nahuelanca en materia de costas.

Con lo que se dio por terminado el acto, con la disidencia parcial del Dr. Alexandre, la siguiente SENTENCIA:

1) Hacer lugar a los agravios interpuestos por la parte actora a fs. 213/243 y revocar la sentencia de fs. 180/192, conforme con los puntos siguientes.

2) Revocar el punto 1) de la parte resolutiva de la sentencia aludida y rechazar la excepción de prescripción interpuesta por la parte demandada C D R, contra la parte actora E A D y devolver el juicio al señor Juez actuante para su resolución sustancial, de conformidad con los considerandos respectivos.

3) Revocar el punto 2) de la parte resolutiva de la sentencia aludida, imponer las costas por su orden, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de los Dres. Pablo Fernando del Giúcide y Daniel Camilo Pérez, conjuntamente, en el VEINTIDÓS POR CIENTO (22%) de los que correspondan en el proceso principal y de los Dres. H R R y J Ml R, conjuntamente, en el VEINTE POR CIENTO (20%) de los que le resulten, con iguales alcances precedentes.

4) Costas de la Alzada por su orden, regulando los honorarios profesionales de los Dres. D C P y P F del G, conjuntamente, y los del Dr. J M R, en un TREINTA POR CIENTO (30%) de los que les resulten en la primera instancia respecto al juicio principal.

5) Tener presente la reserva del caso federal interpuesta por la parte demandada en el memorial de fs. 245/249vta.

6) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: Julio Antonio Alexandre -Presidente-; Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara-; Fernando Nahuelanca -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL nro. 022 DEL AÑO 2008 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS