Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-21


Trelew, 21 de junio de 2.006.- VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 55, contra el decisorio de fs. 48/49, concedido que fuera el mismo a fs. 56, fundado mediante el memorial de agravios de fs. 57/59bis, corrido traslado a la contraria a fs. 60, contestado el traslado conferido a fs. 61/62.

Y CONSIDERANDO:

I.- Hace lugar la Sentenciante de Grado al incidente promovido por el Sr. R. H. L. y, en consecuencia, decreta la nulidad de la notificación obrante a fs. 38vta. de los autos principales. Funda lo resuelto en la importancia del acto procesal de notificación de la demanda, el criterio restrictivo que impera en el análisis de la misma, la posibilidad de inferir la existencia de perjuicio, la existencia de indicios de los que se desprende que durante el lapso de iniciación del beneficio y de la causa por daños y perjuicios el Sr. L. mudó su domicilio, y en el principio constitucional de defensa en juicio. II.- Luego de efectuar los apelantes de fs. 55 un relato de los antecedentes del presente proceso ingresan en la crítica de la sentencia apelada. Afirman que la 'a quo' valoró una única prueba, una factura de servicios de fecha 11/05/2.005, entendiendo que la misma da cuenta del domicilio real del incidentista. Invocan que la resolución sólo se funda en indicios y no en la certeza de que fuera efectivamente el domicilio real. Puntualizan que el incidentista acompaña copia simple del contrato de locación, cuya fecha de celebración es posterior al traslado de la demanda, sin que se encuentre certificado por autoridad competente. Concluyen que el contrato de arrendamiento es posterior al traslado de la demanda, conclusión que derivan de la falta de correspondencia entre la factura acompañada y el domicilio real de prestación del servicio de electricidad. Esgrime que cada usuario de servicios eléctricos puede disponer de tantos medidores como propiedades tenga, en virtud de lo cual estima no se encuentra acreditado fehacientemente el domicilio real del demandado. Señala que el incidentista intenta probar un supuesto cambio de domicilio con un instrumento privado (contrato de locación urbana) en copia simple, sin fecha cierta, poco o nada legible los sellos de rentas, prueba que su parte desconoce, acompañando luego copia autenticada sin certificar contenido, la que, afirman, no basta para rebatir el desconocimiento que su parte efectuó de la prueba en cuestión. Citan jurisprudencia. Resaltan que la acción de beneficio de litigar sin gastos al momento de plantear el incidente de nulidad se encontraba en trámite, sin registrar por parte del Sr. L. denuncia alguna de cambio de domicilio real. Puntualizan que el incidentista es notificado y se presenta a audiencia de fecha 18 de febrero, como parte del trámite del beneficio de litigar sin gastos, y que posterior a dicho acto, en fecha 12 de mayo del mismo año 2.005 se confiere traslado de la demanda principal. Citan jurisprudencia que refiere que quien concurrió con su actuar a producir el vicio no puede alegar la nulidad y que el demandado que muda su domicilio real debe comunicarlo al juzgado para que surta sus efectos. Peticionan se revoque el fallo recurrido, con costas. Reservan caso federal. A fs. 61/62 contesta la contraria los agravios vertidos. Señala que el escrito que se responde no reúne las condiciones que prevé el art. 265, CPCC. Puntualiza que el planteo nulidificante consistió en demostrar que al momento en que se lleva la cédula de traslado de la demanda su representado no vivía más en dicho domicilio, y que tampoco era su carga anoticiarlo al actor de los autos principales, ya que ello en todo caso debería ser así procesalmente si lo hubiera denunciado dentro del proceso, que no es el caso. Afirma que se logró probar que su mandante mudó su domicilio. Analiza las probanzas de autos -documental certificada por Servicoop, contrato de locación-. Invoca que la norma vigente no exige la denuncia del cambio de domicilio y que la omisión en denunciarlo en el marco del beneficio no es óbice para la procedencia de la presente incidencia procesal, cuando debe ser en el marco del mismo proceso para que la notificación sea válida. Califica de grotesco pretender que L. pudiera tener mas de un domicilio, cuando ni siquiera podía pagar por entonces la factura de su domicilio. Puntualiza que lo cierto es que L. no se presentó en tiempo y forma a replicar demanda por cuanto jamás tuvo conocimiento de dicha notificación, por cuanto no vivía mas donde se pretendió notificar. Advierte que si hubiera tomado debido conocimiento, no tenía mas que concurrir al Estudio Jurídico para que se asuma la defensa del mismo, por cuanto la póliza asegurativa así lo prescribe taxativamente. Señala finalmente no advertir cuánto de breve tiene y que incidencia puede tener en el caso de autos el período que media entre el día 18/02/05 y el 12/05/05, cuando se trata nada menos que de casi tres meses, en que bien puede ser lapso suficiente para producir un traslado de vivienda, como de hecho aconteció. Peticiona se confirme el decisorio en crisis con expresa imposición de costas a la demandada. III.- Corresponde ingresar al tratamiento de los agravios vertidos, en cuanto el memorial de fs. 57/59bis. contiene crítica concreta y razonada de la sentencia de fs. 48/49, cumpliendo con la exigencia establecida por el art. 265 del código adjetivo.

Probó el incidentista en el marco del presente trámite que al 12/05/2.005, fecha en que se diligenciara la notificación de la demanda en el proceso principal (ver fs. 38, Expte. 025, F° 09, Año 2.005), su domicilio era el sito en B. A. .... y no el de Barrio C. .., Casa .... en el que se fijara la cédula de notificación.

Para ello resultan suficientes el comprobante de pago que obra agregado a fs. 7 y el aviso de corte de fs. 8, documentos que el asesor legal de la Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn informara a fs. 35 son auténticos de original y que resultan suficientes para acreditar que al 12/05/.2005 el domicilio real del demandado era el sito en B. A. ..... y no aquel en que se diligenciara la cédula de notificación de la demanda.

El éxito de la cédula diligenciada en el trámite del beneficio de litigar sin gastos ninguna incidencia tiene en el trámite del proceso principal. Ello así, por cuanto, en aquél trámite el incidentista no es demandado, aún no hay proceso y ni siquiera hubo una presentación del Sr. L. en la que denunciara su domicilio real, no habiendo concurrido a las audiencias celebradas con fecha 18/02/2.005. Por otra parte, no estaba obligado en aquella oportunidad a denunciar su domicilio en los términos de lo dispuesto por el art. 40 del código adjetivo, circunstancia que por sí sola excluye la aplicación de lo previsto por el art. 42 del CPCC.

En lo que respecta al agravio referido a que cada usuario de servicios eléctricos puede disponer de tantos medidores como propiedades tenga, dicha circunstancia no fue invocada ni siquiera como hipótesis ante el Juez de primera instancia, encontrándose vedado su tratamiento por esta Alzada en virtud de lo dispuesto por los arts. 271 y 277 del rito, cuestión de hecho que de haber sido introducida podría haber sido probada por los apelantes mediante un simple pedido de informes dirigido a la Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn.

El hecho de que la co-demandada y la citada en garantía se hayan presentado en el proceso principal contestando demanda, no excluye por sí solo el perjuicio que le ocasiona al incidentista la imposibilidad de presentarse en el trámite principal a contestar la demanda incoada también en su contra.

Es que, la notificación de la demanda reviste particular significación en tanto de su regularidad depende la válida constitución de la relación procesal y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad. Por ello, el solo incumplimiento de los recaudos legales permite inferir la existencia de un perjuicio, solución que se compadece con la tutela de la garantía constitucional de defensa en juicio, cuya vigencia requiere que se confiera al litigante la oportunidad de ser oído y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales (esta Sala, SIC 87/04).

Finalmente, valora también este Cuerpo el grado de avance en que se encuentra el proceso principal, en el que el co-demandado, B. H. S.R.L., contestara demanda el 02/06/2.005, y la citada en garantía, M. R. de S. D. T. P. de P., hiciera lo propio el 15/06/2.005, luego de lo cual, antes de la suspensión del procedimiento en virtud del incidente de nulidad planteado, obra únicamente la contestación de la actora al traslado que se le confiriera de la documental acompañada y de la impugnación efectuada respecto de la prueba documental, sin que el trámite aún se haya abierto a prueba ni fuera producida la misma.

En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE:

Confirmar el decisorio de fs. 48/49.

Imponer las costas de Alzada a la parte apelante vencida (arts. 68, 69 y concs., CPCC), regulándose los honorarios correspondientes a los Dres. P. S. y S. S., en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida y al resultado obtenido, en un 25 % de los que a su favor han sido establecidos por su actuación en la instancia antecedente, y los correspondientes a los Dres. V. A. F. y S. L. F., por idénticos parámetros y concepto, en un 30 % de los que a favor de la representación letrada del incidentista han sido establecidos por su actuación en primera instancia (art. 14, ley 2.200 y modif.).

Tener presente la reserva de caso federal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

LUCERO VERGARA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 85 DE 2006 - SIC.- CONSTE.-