marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Cardelli, Hugo c/ Ente Administrador del Astillero Río Santiago s/ Accidente de trabajo Quiroga, Juan Eduardo c/ Ciccone Calcográfica SA s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06|2003-04-23

El artículo 46 de la ley 24.557 corroe la Carta Magna del país rotando el eje de las facultades no delegadas al gobierno nacional por las provincias, y de las expresamente reservadas por éstas, al conferirle competencia federal a dichas causas, que deben tramitar ante los jueces bonaerenses (arts. 5, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la C.N.). Se modifica a través de una norma de la Nación la ley provincial 11.653, que le da competencia a los tribunales del trabajo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jueces, remuneración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pergolani, Mario Luis c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-28

Si el accionante consintió hasta el momento de interposición de la acción de amparo los sueldos percibidos del estado en su condición de Juez, ha hecho uso de su libertad jurídica que conforme lo enseña García Maynez, "es la facultad que todo sujeto tiene de ejercitar sus derechos subjetivos".- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, interpretación de la ley, leyes, Estado, división de poderes, Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

Resulta difícil que el Juez, al interpretar la ley (lo que significa volver a pensar en ella y hacerla revivir en si) logre separarse de si mismo al punto que en su juicio no entren -aún sin darse cuenta- sus propias opiniones políticas, su fe religiosa, su condición económica, sus tradiciones regionales o familiares y hasta sus prejuicios y fobias. No se trata de eludir algo por lo complejo sino de tener claro en donde comienza y termina la función de cada poder. Es cierto que el derecho debe tener contacto con la realidad, o sea que no debe permanecer quieto. Vivimos un conjunto de normas dadas para una forma de sociedad determinada. Si variaran las condiciones de coexistencia, por ejemplo si por una catástrofe nuclear no hubiera otro alimento que el ser humano, el sistema normativo reglamentaría el canibalismo. Pero aún en esa instancia, el orden social se preservaría acatando el sistema institucional que, en nuestro caso, importa el respeto irrestricto a la división de poderes. Si en algún momento hubo apartamiento de la Carta Magna, volvamos a la Constitución, como el hijo pródigo, sin fortuna y sin alegría, pero con madurez y humildad. (Del Voto del Dr. Navarro). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Impuestos, régimen penal tributario, aprovechamiento indebido de subsidios, IVA, consumación del delito, tentativa, reintegros impositivos, falta de acción
Materia: PENAL
Carátula: REFINERIA DE GRASA SUDAMERICANA S.A. -RUIZ DIAZ, PEDRO. s/ Régimen penal tributario, incidente de excepción de falta de acción interpuesta por Pedro Ruiz Diaz.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12

Corresponde confirmar la resolución que rechazó la excepción de falta de acción intentada, toda vez que la fiscal sostuvo en su requerimiento fiscal de instrucción que los hechos que se atribuyen a los administradores de la sociedad anónima - el aprovechamiento indebido de reintegros por tres períodos anuales - tendrían adecuación típica en el Art. 3 de la ley 24769 y, dado que se habría efectuado un desplazamiento patrimonial indebido por parte del fisco en favor de dicha sociedad habiendo pagado la AFIP-DGI anticipadamente sumas de dinero en concepto de reintegros mediante el cómputo de créditos por exportaciones efectuados por la contribuyente, los cuales posteriormente resultaron impugnados, aquella conducta, al menos por el momento, encontraría tipificación legal en la modalidad consumada del Art. 3 de la ley 24769, por lo que no sólo en principio resulta errónea la calificación atribuida a los hechos por la defensa (Art. 4 de la ley 24769) sino que, además, la conducta habría superado la etapa de la tentativa, también a contrario de lo sostenido por aquella defensa.
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: UOMRA c/ Cavallo Hnos. s/ Aportes y contribuciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-18

Las partes deben aportar la prueba de sus afirmaciones, o en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés. El actor tiene la carga de acreditar los hechos constitutivos del derecho que invoca y el demandado los extintivos, impeditivos o modificativos que opone a aquéllos.
Proceso penal, imputado, prisión preventiva, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SANTA FE, interpretación de la ley, aplicación de la ley penal, defensor, defensa, actos de defensa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: E., L. C. s/ Incidente de libertad provisional (Expte. Nro. 1-04, Resolución Nro. 10,  Tomo 1, Folio 411)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-01-20

A la defensa le corresponde un papel activo en la propuesta de aplicación de restricciones preventivas, alegando acerca de la suficiencia de ellas para resguardar los fines del proceso y ofreciendo en todo caso cautelas aseguradoras; a su vez, el Fiscal deberá velar por el cumplimiento de las garantías que reconocen las Constituciones de la Nación y de la Provincia (artículo 67 C.P.P.).
Adopción, secreto profesional
Materia: CIVIL
Carátula: C., V. s/ ADOPCIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-26

Impugnar la providencia que releva al director de Criobank del secreto profesional a los fines de brindar información es una cuestión que excede notoriamente el ámbito cognoscitivo del proceso de adopción y resulta propia de una acción de reclamación de estado. En efecto, el análisis que se propone y requiere respecto de la situación que motiva este decisorio, puede exigir una amplitud de debate y prueba que excede el marco de las presentes actuaciones y debe ventilarse en otro tipo de proceso.
Estabilidad del empleado público, nombramiento irregular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Grabois, Hugo A. c/ Municipalidad de Tigre. s/ Cesantía. Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Si la irregularidad de la designación que impidió al accionante adquirir estabilidad en el empleo, resulta del incumplimiento de la norma estatutaria que rige el ingreso de los agentes a sus respectivos cargos, no pueden invocarse derechos subjetivos al amparo de la idoneidad personal acreditada con prueba rendida en autos. Ello así porque la adquisición de los derechos resulta del proceso impuesto por la normativa aplicable en el que, además, pueden participar otros profesionales de análoga idoneidad.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones de hecho y prueba, juicio oral
Materia: CIVIL
Carátula: L. M. H. por su hijo menor y otro c/ Carlos J. Maldonado Barros s/ Recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-08-27

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad para cuestiones relativas a la valoración de la prueba, en particular cuando la recurrida es una sentencia dictada al cabo del proceso oral, lo que supone que parte de la prueba rendida y los alegatos de bien probado no quedan glosados en la causa y sólo son aprehendidas por los jueces que llevaron adelante el debate en el contexto de la audiencia de vista de la causa.
Monto del juicio, contratos civiles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Catani, Néstor E. y ot. c/ Sambuco, Reynaldo s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-05

Tratándose la demanda del cumplimiento de un contrato sobre las fracciones de tierra individualizadas con el fin de la transmisión de derechos sobre las mismas, el valor del litigio es de monto determinado y está dado por la valuación fiscal de dichos inmuebles, no siendo óbice para ello que la obligación reclamada consista en la formulación de la escritura de cesión de los derechos posesorios, porque, en definitiva, se trata de perseguir la ejecuión del propio contrato de cesión, que tiene un indudable contenido económico.

(Minoría u opinión personal)
Exención de tasa de justicia, trabajador, exenciones impositivas
Materia: PROCESAL
Carátula: MANQUILEF JOSE ALBERTO c/ INSTALEX EMPRESA UNIPERSONAL PROP. DE HORACIO R. SCHEFFER Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2006-11-07

La sentencia de la Excma. Cámara acierta al liberar al actor del pago de la tasa de justicia en virtud que los términos de la ley no difieren el pago de la tasa de justicia por el trabajador, sino que establecen que se encuentran exentos.

Las exenciones impositivas deben surgir de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan, y fuera de esos casos corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas. Se ha de tener en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan, con subordinación a la primera regla de interpretación de las normas, que es la de dar pleno efecto a la intención del legislador.

Ello así, con correcta aplicación del principio de legalidad que en materia impositiva no solamente impide que se exija un tributo en supuestos que no estén previstos por la ley, sino que también veda la posibilidad de que se excluyan de la norma que concede una exención, situaciones que tienen cabida en ella, con arreglo a los términos del respectivo precepto.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: B., G. c/ M., L. s/ Liquidación Sociedad Conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-19

Anular el convenio de disolución de sociedad conyugal celebrado en el marco del procedimiento de divorcio, aunque con anterioridad a la presentación de la demanda, y cumplido parcialmente después de la sentencia de divorcio por pedido del cónyuge, que además ha recibido una suma a cuenta del pago del convenio y no ha demostrado ningún vicio en su celebración, implicaría el desprecio al principio de la buena fe, y aun cuando se pretendiera que responde a un derecho del peticionante, el mismo estaría ejerciéndolo abusivamente, lo que no merece ni recibe protección legal.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LEPPEZ, VICTORIO ROQUE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 180-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-23

La modificación o ampliación en sede judicial de la pretensión que se introdujo en sede administrativa, impide que ésta sea atendida, por cuanto la instancia judicial -por su carácter revisor- no permite que el Tribunal se aboque a la decisión de pretensiones no propuestas en sede administrativa.
Policía, personal policial, junta médica, retiro obligatorio, cambio de tareas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bargetto, Sergio Oscar c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 373-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

No encuadra en la causal de retiro obligatorio del Personal Policial contemplada en el inciso 9) del artículo 16 de la ley 6830, la situación del agente que podía -según lo dictaminó la Junta Médica- desempeñar tareas diferentes en la parte administrativa. En verdad, no cabría entender que el agente se encontraba impedido de desempeñar funciones policiales cuando del dictamen de la Junta Médica surge que podía realizar tareas de carácter administrativo, como las de asesoramiento, máxime cuando tales funciones no eran absolutamente extrañas a las del Cuerpo Seguridad, al que pertenecía el recurrente.
Transporte aéreo, transporte de pasajeros, billete de pasaje, demora en el servicio, sobreventa de pasajes, indemnización, monto de la indemnización, Convención de Varsovia
Materia: AERONAUTICO
Carátula: CAPON, CARLOS A. Y OTRO c/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

Agrega Griselda Capaldo de Nolfi ("Un Enfoque mas sobre el 'Overbooking' en el Transporte Aéreo"; ED, T. 136, Págs. 891/894) que "no pueden pasarse por alto las condiciones generales de transporte -IATA-que se conjugan perfectamente con este tema, a saber los arts. VII, párr. 1.B y XVII, párr. 3I y la recomendación 1799 que ha suprimido el límite indemnizatorio por pasajero para los casos de "denied boarding compensation" con el fin de estimular a las compañías a mostrarse más favorables en las distintas situaciones...". y continua: "tratándose de un periplo internacional se aplicarán los convenios específicos cuando la responsabilidad del transportista sea la comprometida. Como ya lo señala el Dr. Videla Escalada en su obra "El Sistema Varsovia-La Haya guarda silencio sobre el monto a pagar por el 'retraso'. De las muchas soluciones propuestas adherimos a la sugerida por el distinguido jurista que aplica para el retraso en el transporte de pasajeros los límites previstos en el art. 22 del mencionado Convenio, por aplicación de la pauta dada por el art. 24, quedando en manos del juez la menuda tarea de estimar plafond en cuanto se perjudicó al viajero".
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: M., E. J. s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

El concepto de prerrogativa, excluye el de privilegio y la consecuente violación del principio de igualdad; toda vez que, el carácter de prerrogativa que se atribuye a la particular condición jurídica de los legisladores excluye que ella pueda referirse al "odioso", para algunos, concepto de privilegio, fundado no sobre el interés público, sino sobre la utilidad privada de las personas a las que les es concedido. Por esta razón, o sea, en cuanto que la particular condición jurídica de los legisladores es una prerrogativa y no un privilegio, es errado considerar que viole el principio democrático de la igualdad el que sí ha abolido todos los privilegios de Derecho Público, originados en intereses egoístas de casta, no implica un obstáculo para la existencia de las prerrogativas que se justifican por un interés común a todos los individuos que integran la comunidad estatal.
Estupefacientes, bien jurídico protegido, cantidad de estupefacientes, delito de peligro abstracto, Salud pública
Materia: PENAL
Carátula: Pereyra, María Adela s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-28

El sistema de la ley 23737 se aparta de aquellos que se basan en la cantidad de droga tenida para dar lugar a la simple tenencia en orden creciente a la distribución y al tráfico, punto sobre el cual ya se ha expedido en reiterados fallos esta Cámara Nacional de Casación Penal. Las figuras previstas por la ley 23737 son de aquellas denominadas de peligro abstracto, mediante las cuales el legislador ha querido proteger preventivamente un bien jurídico, en este caso la salud pública, antes de que se pueda afirmar que la conducta descripta en el tipo penal haya creado peligro y aún en aquellos casos en los que ni siquiera lo ha creado pues la acción es el delito, ella lo agota y perfecciona. Así, la mera tenencia de estupefacientes constituye un delito de peligro abstracto que se consuma con sólo poner en riesgo o crear la posibilidad de peligro para dicho bien tutelado por la ley penal, el delito se formaliza con la mera circunstancia de tener o suministrar la droga, por el peligro a la salud pública que ello origina (Voto del Dr. Hornos).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: ROJAS,OSCAR MIGUEL c/ TORRES, HIPOLITO RICARDO Y OTROS s/ SUMARIO-DAÑOS Y PERJUICIOS-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-05-18

El hecho de que se admita la contestación de un traslado, no causa al recurrente un agravio irreparable porque aún no se ha dictado la sentencia que resuelva en definitiva la discusión integrada con ese traslado.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: A., G.M. c/ A. DE O. S. DE COMODORO RIVADAVIA (XXXX) s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-02

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que los jueces no están obligados a tratar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar las decisiones, ni tratar tampoco imperativamente, todas las argumentaciones propuestas por las partes, sino sólo aquellas que estimen decisivas.
Robo con armas, recurso de casación, inimputabilidad, fundamentación suficiente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Morales Delgadino, Facundo Jorge s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Juan Carlos Jiménez Pagés en contra de la Sentencia Nº 28/13 en relación a Expte. Letra 'M' Nº 14/13 - Morales Delgadino, Facundo Jorge p.s.a. Robo Agravado por el uso de arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-11-20

La Cámara en lo Criminal, integrada a través de su Sala Unipersonal, declaró culpable a F. J. E. D. M. o M. D. como autor penalmente responsable del delito de Robo agravado por el uso de arma.

Contra el decisorio aludido, comparece el defensor técnico del imputado e interpone recurso casatorio.

El recurso interpuesto no discute la existencia del hecho ni la participación en el mismo del imputado. En efecto, lo que la defensa esgrime son argumentos tendientes a demostrar que su asistido no ha actuado con sentido de culpabilidad al momento de cometer el delito que se le atribuye.

En relación al referido agravio, adelanto que la ponderación en conjunto del material probatorio debidamente incorporado a debate -y no sólo de la Pericia Psiquiátrica, conforme lo sostenido por la defensa-, permite descartar que el imputado no haya comprendido el acto al momento de su ejecución, por lo que la incapacidad invocada respecto de aquél, al momento de cometer el hecho que se le endilga, no puede tener acogida favorable. Y es que el sentenciante, al ponderar la alegada inimputabilidad, puntualizó que ha quedado demostrado que el imputado obró con el dolo exigido para la configuración del tipo penal de que se trata.

Asimismo, argumentó que no existen en el presente proceso supuestos de eximentes, por cuanto la acción típica que se le atribuye es antijurídica, que no existe ningún supuesto de causa de justificación, por lo tanto aquélla es atribuible al imputado.

Por ello, concluyó que el imputado ha actuado con capacidad de culpabilidad ya que no padece ni de insuficiencia ni de alteraciones mentales que le hubiesen, al momento del hecho, impedido comprender la criminalidad del acto de su conducta, ni de dirigir su voluntad.

Refuerza sus fundamentos la consideración de lo constatado en la pericia psiquiátrica glosada en autos, al expresar que: "el entrevistado ha pasado por un período de desintoxicación al no presentar consumo durante 8 meses y no presenta alteraciones al momento del examen que indique la presencia de sintomatología por el consumo de la misma o por la ausencia de ellas (abstinencia)".

Lo expuesto evidencia que en modo alguno pueden tener acogida en esta instancia las pretensiones de la defensa relativas a la inimputabilidad de su asistido.

Por lo dicho, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Estafa, tarjeta de crédito, delito reiterado, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: BERNARDO, GRACIELA s/ ESTAFA - TARJETA CREDITO - CONCURSO REAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

Constituye el delito de estafa cometido en forma reiterada, la actividad de utilizar una tarjeta de crédito hallada en la vía pública, con la que se adquirieron mercaderías en distintos negocios, sin que sea creíble que con esa actitud nadie iba a resultar patrimonialmente perjudicado; destacándose en cuanto al concurso que las distintas acciones realizadas persiguieron otros tantos desapoderamientos patrimoniales en detrimento de la empresa emisora del título de crédito
Litisconsorcio necesario, litisconsorcio pasivo, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: A., M. E. y Otros c/ Municipalidad de Trelew s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-06

La falta de integración al proceso de un litisconsorte pasivo necesario constituye un supuesto de falta de legitimación y ante tal falencia la jurisdicción debe abstenerse de emitir decisión sobre el mérito, no puede ingresar siquiera en la "pura sustancia del asunto", al decir de Fairén Guillén.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: S. S.C.C. c/ Municipalidad de Caleta Olivia s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-26

La amplitud de criterio con que debe valorarse la suficiencia de la expresión de agravios no puede llegar al extremo que en los hechos se traduzca en la derogación lisa y llana de las exigencias establecidas en el artículo 265 del Código Procesal.
Legítima defensa, estado de necesidad
Materia: PENAL
Carátula: T., D.A. s/ P.s.a. Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-29

Las diferencia que pretende hacer valer el Abogado Defensor, respecto del estado de necesidad exculpante con relación al estado de necesidad justificante, si bien son ciertas, son ajenas a una legítima defensa.

Si bien los tres institutos encuentran su fundamento en la protección de bienes jurídicos, en el estado de necesidad justificante (art. 34, inciso 3ro. del C.P.), se hace necesario el empleo del medio lesivo para evitar un mal mayor; igual o menor cuando se trata de un estado de necesidad exculpante (Art. 34, inciso 2do. del C.P.), mientras que, en la legítima defensa (art. 34, inciso 6to. del C.P.) su empleo esta dirigido a evitar las consecuencias dañosas de una conducta antijurídica.
Pensiones, pensiones militares, rehabilitación del beneficio, cónyuge supérstite, matrimonio del cónyuge supérstite
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Harvey, Margarita Juana c/ Estado Nacional Mrio. de Defensa Estado Mayor del Ejército - s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Al modificar la ley 23.570 las normas de la ley 22.611 no se consideró necesario incluir una disposición que extendiese a las viudas de los militares el beneficio de la continuidad de la pensión después de un nuevo matrimonio porque esa regla ya estaba incorporada al régimen de la ley 19.101 en virtud de la referencia a las "disposiciones legales similares" y se mantiene en el nuevo art. 3° de la ley 22.611, sustituido por el art. 9°, de la ley 23.570.
Gestación por sustitución, acuerdo de partes
Materia: CIVIL
Carátula: A.V.O., A.C.G. y J.J.F. s/ Medida autosatisfactiva - Acción declarativa de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-07-29

Resuelve desestimar el pedido de nulidad absoluta del contrato de maternidad subrogada, en tanto el acto extrapatrimonial que importa la "dación" del útero, debe ser encuadrado dentro de los actos de disposición del propio cuerpo, en los cuales -por regla general- el consentimiento del sujeto priva de ilicitud al acto, siempre que con ese acto no se vulnere la ley o la moral, y del análisis del instrumento contractual surge la voluntad procreacional de los comitentes y que lo que la mujer gestante ofrece es su capacidad gestacional; por lo que no hay disposición del propio cuerpo, sino que una parte de él y durante un tiempo determinado (9 meses aproximadamente), el que ha sido puesto al servicio de lo convenio: la gestación de un ser humano.