marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento laboral, prueba, oposición a la prueba, recursos, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: ALVAREZ JUAN ANTONIO Y OTROS c/ M. Y H.  CONSTRUCTORA S.H. s/ COBRO DE INDEMNIZACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-29

Como se advierte, la decisión judicial que motiva los recursos de revocatoria, apelación, queja por apelación denegada, casación e inconstitucionalidad y queja por denegatoria de los dos últimos es una resolución interlocutoria, dictada una vez sustanciado el trámite de oposición de prueba previsto en los arts. 80 y 81 de la ley procesal laboral.

De conformidad a la primera de las normas citadas, la oposición es la vía única para tramitar toda cuestión relacionada con la admisibilidad de la prueba, sustituyendo el trámite de los recursos y nulidades y la decisión recaída es irrecurrible. De allí, los recursos intentados por la demandada contra las resoluciones interlocutorias que decidieron los trámites de oposición y los posteriormente interpuestos como consecuencia de aquéllos, inclusive la presente queja, devienen inadmisibles.
Personal municipal, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ghedin, Sergio Andrés c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

El art. 4° de la Ordenanza General 207 establecía que el ingreso a cada agrupamiento se haría siempre en la categoría correspondiente a la clase inicial que involucre a la función a cubrir y que los cargos correspondientes al personal jerárquico debían ser cubiertos por personal de la planta permanente, estableciendo así una exigencia enderezada a reservar la cobertura de los niveles superiores de la administración municipal amparados por la estabilidad.
Jueces, diferencia de haberes jubilatorios, emergencia económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carranza Duggo, Licia y otro c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba s/ amparo - cuestión comp. - recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-08-28

No obstante la pertenencia de las accionantes al régimen previsional especial de los magistrados provinciales, no se exhibe afectada la sustancia de la garantía institucional de intangibilidad con la medida adoptada por el legislador local en el art. 45 de la Ley 8472, en el art. 46 de la Ley 8482 y en el art. 33 de la Ley 8575, al establecer un aporte personal extraordinario mensual del cinco por ciento (5%) del haber previsional, de carácter general y temporario, que traduce la decisión del legislador provincial como medio para conjurar un estado de emergencia económico financiera, insusceptible de ser calificada como confiscatoria. En ese contexto, corresponde rechazar la acción deducida en orden a las pretendidas diferencias de haberes por aplicación del art. 45 de la Ley 8472, art. 46 de la Ley 8482 y art. 33 de la Ley 8575
Tercerías, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Castelvi Ortega, Rocca c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-14

La legitimación activa individual coincide con la titularidad del derecho sustancial y no puede haber duda, en tal supuesto, que el titular del dominio o del derecho real vulnerado o menoscabado, y que no es el deudor del ejecutante, es el legitimado para obrar, debe desestimarse la tercería cuando quien la intenta, reúne simultáneamente las calidades de deudor del ejecutante y tercerista.
Opinión consultiva, PERÚ, interpretación de tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Opinión Consultiva OC-1/82. 24/09/1982. Serie A No. 1.  Solicitante: Perú c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1982-09-24

A solicitud del Gobierno del Perú, la CorteIDH definió el alcance interpretativo de la frase "otros tratados" pasibles de ser interpretados, en referencia al artículo 64, inc. 1 de la Convención Americana. Desde aquella primer Opinión Consultiva hasta el presente, el Tribunal empleó este aspecto específico de su función para resolver cuestiones muy diversas -pena de muerte, menores, libertad de expresión, hábeas corpus, etc.-, como un auténtico instrumento de avance hacia la protección efectiva de los derechos humanos en el Sistema Interamericano.
Ofrecimiento de la prueba, segunda instancia, rechazo de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEDAL CLUB TOMAS CAPELLO c/ PEÑA CICL. VET. DE MZA. s/ Desalojo (LIBRO: A073 - 325)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-11

La prueba ofrecida en Alzada debe ser rechazada, apenas se advierte que a través de un reconocimiento efectuado en la Alzada, aflora el carácter innecesario de la misma.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, carga de la prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ABAURE RUBEN Y OT. c/ ELENA MORENO DE MULET Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S084 - 244)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-24

Cuando en las intervenciones quirúrgicas resulta previsible que se produzcan complicaciones o resultados no queridos, no nos encontramos por lo mismo frente a un daño que no pueda explicarse de otra manera que no fuera por virtud de la comisión de la culpa del profesional, ni ante un hecho anómalo ni poco común que ordinariamente,según el curso de los acontecimientos, no deberían haber dañado al paciente. En tales supuestos, la carga de la prueba debe considerarse conforme los principios tradicionales del art. 179 del CPC.
Sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, defectos en la consideración de extremos conducentes, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Delta S.A. c/ Soinco. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Carece de la fundamentación exigible a los actos jurisdiccionales la sentencia que omitió considerar elementos conducentes para la debida dilucidación de la litis y prescindió de la legislación obviamente aplicable.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: Zorzoli, Jorge Alberto. Torres, Javier Alejandro s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación impuso la apertura de los recursos extraordinarios oportunamente denegados respecto de aquellos reclamos de los apelantes que fuesen de "índole federal", debe ser rechazado el recurso extraordinario de nulidad en el que no se advierten agravios de la naturaleza señalada.
Inadmisibilidad del recurso, contrabando con el concurso de personas, estupefacientes, delitos contra la salud pública, inexistencia de cuestión federal suficiente, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Martínez Espinosa, Juan Jesús y Otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-30

Es inadmisible el RE interpuesto contra la denegatoria del de casación contra la condena por contrabando agravado por la participación de tres o más personas y por tratarse de sustancias que puedan afectar la salud pública, ya que la sustancia del planteo no implica el debate de una cuestión federal y los planteos efectuados son meros juicios discrepantes con el criterio adoptado, sin que se haya configurado arbitrariedad de sentencia. (Dres. Figueroa, Borinsky, Hornos).
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria, auto de prisión preventiva, cómputo del plazo
Materia: PENAL-ADUANERO-PROCESAL
Carátula: VERONA, LIVIO ENRIQUE s/ Contrabando, incidente de  prescripción de la acción penal promovido por el Dr. Héctor Miguel Rossi  en favor del imputado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-16

1 - El primer acto interruptivo de la prescripción de la acción penal en los delitos de acción pública es el llamado a prestar declaración indagatoria.- 2 - El auto de prisión preventiva es uno de los pronunciamientos típicamente interruptivos, ya que constituye uno de los pilares básicos de la etapa del plenario (Cf. Calvete, Prescripción de la acción penal).- 3 - Estando en estudio la presunta comisión del delito previsto y reprimido por los Art. 863, 864 inc. b) y 865 inc. a) del Código Aduanero por los que se prevén penas de dos (2) a diez (10) años de prisión (Art. 865 inc. a) de la citada norma, teniendo en cuenta en la causa la fecha de comisión del hecho investigado, del llamado a prestar declaración indagatoria y del auto de prisión preventiva, no se ha producido la extinción de la acción penal.
Juicio ejecutivo, plazo legal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SAMEEP (Servicio Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial) c/ Propietario Inmueble Alberdi 34 y/o quien resulte responsable s/ Ejecución Fiscal. SAMEEP (Servicio Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial) c/ Propietario Inmueble Alberdi 34 y/o quien resulte responsable s/ Ejecución Fiscal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-12-05|1995-12-05

La enumeración del art.310 (similar al art.290 del Cód. Proc.Civil y Com. de la Pcia. del Chaco) inc.2do. del Código Procesal debe considerarse taxativa y en consecuencia no pueden incluirse otros juicios fuera de los sumarios y sumarísimos. Desde luego que esto no implica desconocer la importante corriente doctrinaria y jurisprudencial que sostiene la aplicación al juicio ejecutivo del plazo reducido del inciso 3ro. del art.290 del Cód. Proc. Civ. y Com., tal como resulta del decisorio de primera instancia; pero ello no es suficiente para apartarnos del criterio de que el término de perención de Primera Instancia es de 6 meses, conforme el Art.310 inc.1 del CPCC, que consulta más estrictamente la letra de la ley y permite optar, en supuestos de duda, por la solución que contempla la supervivencia del proceso en favor de los derechos del acreedor.
Fallos de la Corte Suprema, abogados, causa propia, sanciones procesales, apercibimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Crédito Ruta del Sol Limitada c/ Santiago, Mirta Celia. s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

A fin de evitar el dispendio jurisdiccional que acarrea la reiteración de recursos manifiestamente improcedentes contra las decisiones de la Corte Suprema, corresponde aplicar a la letrada que actúa en causa propia, la sanción de prevención.
Competencia criminal, fundamentación insuficiente, libertad corporal
Materia: PENAL
Carátula: Madero, Claudio Omar y otros c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-19

El voto concurrente, si bien consideró que corresponde a la CFCP conocer y decidir acerca de las restricciones a la libertad personal durante el trámite del proceso, en el caso no se alegó ni demostró una afectación suficiente para tachar de arbitrario lo resuelto. (Dres. Figueroa, Borinsky y Hornos -voto concurrente-).
Sentencia interlocutoria, recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: ARAMBURO Felipe Adrián y Otros c/ PINDAPOY S.A. s/ Nulidad de convenios y cobro de pesos - Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-13

Si bien el artículo 123 del Código Procesal Laboral limita el efecto suspensivo del recurso de apelación a las sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al proceso, tal restricción no es aplicable en la etapa de liquidación del juicio, en el que ya media sentencia definitiva, pues obviamente atento el estado de la causa no es invocable la "celeridad" del trámite en la que aquélla encuentra su fundamento.
Medidas cautelares, certificado de discapacidad, prestadores médicos
Materia: CIVIL
Carátula: Sasson Perla Camila c/ OSDE s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

La actora tiene sesenta y cuatro años, es afiliada de la obra social demandada, tiene certificado de discapacidad y padece "Trastorno Bipolar, con deficiencias severas en el área cognitiva". El certificado médico acompañado da cuenta de que "Por su cuadro psiquiátrico, al cual se agrega deterioro cognitivo no es autónoma ni autoválida", que "se indica internación en institución de tercer nivel con atención médica y psiquiátrica en forma permanente, ya que resulta imposible una atención domiciliaria a través de sus familiares dado su cuadro actual" y que "Se encuentra internada desde hace tiempo en el Hogar 'Gerifren' . considerándose adecuado a su necesidad, y dada su condición vulnerable y dependiente del entorno y de sus cuidadores, motivos por los cuales se encuentra absolutamente contraindicado su traslado a otra institución dado que empeoraría su delicado equilibrio actual". Teniendo en cuenta los términos del certificado médico de un especialista en psiquiatría y legista, el que no sólo da cuenta de la patología de la afiliada sino que -además- expresamente contraindica su traslado dada su condición vulnerable, en este estado liminar del proceso, el agravio relativo a la falta de inscripción como prestador del hogar "Gerifren" no puede prosperar. Asimismo, el ofrecimiento genérico de la demandada de una evaluación interdisciplinaria como requisito previo para determinar la modalidad terapéutica más adecuada y brindar una orientación prestacional, no es suficiente para asegurar en forma inmediata la salud de la actora.
Excarcelación, recurso de casación, admisibilidad del recurso, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Otero Raúl Oscar s/ Excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-11

Corresponde rechazar el recurso de casación -arts. 456; 457; 463 y 465 bis del Código Procesal Penal de la Nación- interpuesto contra la decisión que rechazó el beneficio excarcelatorio en favor del imputado y ordenó su detención bajo la modalidad de arresto domiciliario, puesto que no existe una sentencia definitiva que con su dictado dirima la controversia, ni que ponga fin a la acción o a la pena o imposibilite la continuación de las actuaciones, no existe una cuestión federal que justifique su admisibilidad, ni se trata de una resolución equiparable a definitiva por sus efectos, pues de las consecuencias de la solución adoptada no puede inferirse ningún perjuicio irreparable.
Transporte aéreo, falta de entrega de la carga, responsabilidad del transportador aéreo
Materia: CIVIL
Carátula: CABLE VIDEO SANTO TOME SA c/ CIELOS DEL PERU SA s/ faltante y/o avería de carga transporte aéreo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-02

La protesta no sería necesaria en caso de pérdida total de la carga o de una unidad completa dentro de ésta, mas sí cuando el faltante es de algunos de los artículos contenidos en un bulto como sucede en autos (Fallos 306:1861; esta Sala, causas nº 5399/91 del 26/5/94 y 3721/97 del 4/4/00; Sala I, causas nº 439/95 del 27/5/97, nº 5639/93 del 17/12/98 y nº 4095/93 del 16/3/99; Sala II, causas nº 5084/93 del 2/11/93, nº 3307/93 del 23/11/95 y nº 43198/95 del 25/6/98). Esto se debe a que, en el primer caso, la falta de arribo de la carga o de parte de ella es conocida por el transportador desde el momento mismo de la llegada a destino sin necesidad de interpelación alguna. En cambio, en el segundo supuesto -al que se refiere el art. 26 de la Convención cuando habla de "avería" (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa "La Agrícola Cía. De Seguros S.A. c/ Lan Chile S.A." del 6/12/84, Fallos 306:1861; esta Sala, causa nº 5399/91 del 26/5/94 y Sala I, causa nº 177/98 del 21/2/02)- la protesta tiene la finalidad de que el transportista tome conocimiento de los defectos que fueron advertidos al descargar la mercadería. El acto en cuestión se presenta así como un medio apto para definir con prontitud situaciones conflictivas, permitiendo al transportador procurarse con la mayor celeridad los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos, subsanar errores y deslindar eventuales responsabilidades (Fallos 306:1861 y Sala I, causas nº 5639/93 cit., nº 4095/93 cit. y nº 8166/94 del 3/6/97).
Accidentes de trabajo, policía federal, muerte, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Francoz Griselda Lilia p/sí y en representación de sus hijos menores c/ Estado Nacional  - Ministerio de Justicia y Seguridad y DD HH Policía Federal. Argentina s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-22

La ley 24.557 y sus modificatorias son aplicables a los agentes de la Policía Federal Argentina. En este sentido la ley 21.965 no excluye la aplicación de la ley especial de accidentes de trabajo al personal que ella comprende. Asimismo el art. 18 inc. 1 de la LRT establece que los derechohabientes accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y a la prestación contemplada por el art. 15 apartado 2, de lo que se deriva que la indemnización otorgada por esta ley se acumula a los mecanismos de cobertura previsional. Y ello, como lo sostuvo el Alto Tribunal, en cuanto a que retiro y pensión no se asocian con la idea de resarcimiento, reparación o indemnización sino que tienen una notoria resonancia previsional (Fallos 308:1118 y Fallos: 300:58).
Uniones convivenciales, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: G. M. S. C/ A. M. L. S/ COMPENSACIÓN ECONÓMICA c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-08-11

Para graduar el importe de la compensación económica que le corresponde a la actora, teniendo en cuenta el tiempo de duración del proyecto familiar común y la situación en la que han quedado los convivientes con posterioridad a la separación, aquél debe ser suficiente para permitir a la demandante contar con vivienda propia, con un automotor e instalar un local comercial donde ella puede ejercer su oficio. Esta compensación puede ser abonada por el demandado en dinero efectivo, o mediante entrega de bienes en propiedad a la accionante.
Acción reivindicatoria, prueba de la posesión, daños y perjuicios, indemnización, mejoras
Materia: CIVIL
Carátula: Filipuzzi, Carlso Eliseo c/ Quintriquin, Ricardo y Otro s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-30

El reclamo de los daños y perjuicios solicitados por el reivindicante y acogidos en el resolutorio de grado, resulta ajustado a derecho. La doctrina y jurisprudencia son contestes en que los propietarios que se han visto privados del uso y goce de la cosa deben ser indemnizados, y su derecho está dado, por lo menos, por el valor locativo del inmueble (cfr. Picaso, Leandro S. en "Código Civil Comentado", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2004, "Derechos Reales - T. I", pág. 391). No se requiere a tal fin una demostración acabada del perjuicio sufrido, derivándose éste de la privación ocasionada por la ocupación indebida del demandado.
Defensa del consumidor, relación de consumo, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Fernandez, Laura c/ Galeno Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-14

1. El empleo de instrumentos pensados por y para comerciantes frente al consumidor, da origen al orden normativo nacional por el cual se instituyó la protección al consumidor financiero -reconocida incluso antes de la reforma de la ley 26994 incorporando mayores requisitos en aras a garantizar que aquel sujeto conociera verdaderamente el alcance de la obligación dineraria asumida y, en su caso, previniera la posibilidad de caer en un sobreendeudamiento (CNCom, Sala B, in re "Banco Santander Río SA c/ Silvera García, Laura Beatriz s/ ejecutivo", 14-5-18; y sus citas). 2. En tales términos, el principio de abstracción cambiaria ha cedido frente a la indagación necesaria para determinar si al título cambiario le subyace una relación de consumo, toda vez que mediante la utilización de aquél no se pretende cumplir con la finalidad de los títulos (circulación) sino que se pretende sortear las garantías mínimas que emanan de la propia Constitución Nacional y la ley 24240 (conf. CNCom, Sala F, in re "Banco Hipotecario SA c/ Tangir, Andrés David s/ ejecutivo", 12-2-15; y sus citas).
Competencia contencioso administrativa, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Fincas Ambato S.A. c/ Estado Provincial s/ Acción de Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-07

Comparece la accionante - S.A.- incoando acción contencioso administrativa de ilegitimidad, en los términos del Código Tributario Provincial y Código Contencioso Administrativo, en contra del Estado Provincial, persiguiendo se dejen sin efecto las disposiciones de la AGR y demás actos administrativos dictados en consecuencia-Disposiciones de la AGR y SFeIP.

Corresponde que esta Corte de Justicia emita pronunciamiento en orden a lo normado por el Art.3 del C.C.A., referido a si la cuestión traída a su conocimiento corresponde prima facie a su jurisdicción. Verificado el escrito de inicio, deben tenerse por satisfechas las exigencias procesales extrínsecas de admisibilidad de la demanda; además, la pretensión implica materia contencioso administrativa en los términos del Art.204 de la Constitución Provincial, es iniciada por una persona jurídica con representación y mandato suficiente, impugnando una resolución definitiva dictada por autoridad administrativa con facultades legales para decidir en última instancia, que vulneraría derechos de carácter administrativo establecidos por normas tributarias preexistentes, extremos que evidencian la jurisdicción del Tribunal para entender en el sub lite. En efecto, el accionante justifica haber agotado la vía administrativa previa con el acto administrativo-SFeIP Nº99/08-,dictado por el Subsecretario del Ministerio de Hacienda y Finanzas con facultades para decidir en última instancia, que rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa en contra de de la Disposición DF Nº36/03.

Ahora bien, el acto cuya declaración de ilegitimidad se persigue fue emitido con fecha 27/10/08, notificado según manifestación de parte el 29/10/08, y la acción interpuesta el 28/11/08.

Por lo tanto, no obrando constancia de la fecha de notificación del acto en crisis, corresponde declarar prima facie la jurisdicción del Tribunal para entender en autos, e intimar a la parte para que, en el plazo de CINCO (5) DIAS de quedar firme este pronunciamiento, adjunte constancias de la fecha de notificación del acto impugnado, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la demanda.
Actos y diligencias procesales, exhortos, juzgados federales, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: ENTEL c/ GONZALEZ, JAIME s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04

Con arreglo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en supuestos como el de autos - donde se trata de una rogatoria entre jueces federales -, no son de aplicación las disposiciones de la ley 22.172, sino las de la ley 17.009. Ello así por virtud de la expresa disposición contenida en su artículo 4 y en atención a que del texto de la primera no resulta que exista una derogación expresa o tácita de tal disposición.