marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad de sentencia, sentencia arbitraria, prueba pericial
Materia: PENAL
Carátula: Pintos, Francisco Javier c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-24

Corresponde anular la resolución que, a partir de una sesgada e incorrecta ponderación del "factum", del contexto que imperaba, de las normas aplicables, y del inexplicable desprecio de un peritaje balístico legalmente incorporado al proceso -que precisamente siembra un manto de duda sobre una circunstancia tan elemental como es saber de qué arma partió el disparo que provocara la muerte que se investiga- la Cámara a quo se apartó de manera inequívoca de la solución prevista por la ley para el asunto sometido a su conocimiento -y que no era otra que adoptar un criterio expectante hasta que al menos se despejen las dudas reseñadas- cuestiones todas ellas que configuran un supuesto de arbitrariedad.
Trabajadores gastronómicos, laudo gastronómico, hoteles, restaurantes
Materia: LABORAL
Carátula: NIWES, MARIO Y OTROS c/ OLIDEN SA. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-08-10

La circunstancia de que en un hotel se cobren precios diferentes por los servicios prestados a los pasajeros respecto de los que se cobra a los consorcistas (a quienes se les ha vendido habitaciones del hotel), responde a una pauta legítima, uniforme y generalizada del tipo de explotación comercial de que se trata, por lo cual no pueden considerarse perjudicados los trabajadores, aunque se trate de una modalidad que condiciona el monto a percibir en concepto de laudo.
Intereses, actualización monetaria, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: SARNI, LUIS c/ BACHOUR, JOSE JORGE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-15

Cuando se condena al pago de un capital actualizado los intereses deben fijarse en el 6% anual porque la tasa que excede ese porcentual lleva incorporada la depreciación monetaria futura, lo cual es improcedente.
Acción de amparo, actos u omisiones de particulares, medicina prepaga, contrato de prestaciones médicas, rescisión del contrato, rescisión unilateral, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Etcheverry, Roberto Eduardo c/ Omint Sociedad Anónima y Servicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

La decisión unilateral de la empresa de dejar sin efecto las prestaciones médicas prometidas y negar para lo futuro su restablecimiento, constituyó un acto teñido de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Docentes, docentes interinos, cesantía, causas políticas y gremiales, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: FLEITAS ORTIZ DE ROSAS, ABEL c/ U.B.A. s/ DAÑO MORAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-04

El art. 10 de la ley 23.068 otorgó al profesor interino removido el 6-4-76 el derecho a ser reincorporado con la misma jerarquía, permanecer en el cargo por igual período al que se le impidió cumplir en su designación originaria y serle reconocida la antigüedad hasta el momento de la reincorporación.
Responsabilidad del Estado, contaminación por hidrocarburos, daño ambiental
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Amancio Díaz - Javier Fermín Díaz - Federico Eugenio Díaz s/ Prescripcion Acción Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-08

El hecho de que la obligación de abandono técnico de los pozos hidrocarburíferos tuviera consagración normativa a partir del año 1996, no implica que el responsable anterior de los pozos, en el caso, el Estado Nacional, no deba responder frente a un reclamo de naturaleza ambiental, si el daño denunciado resulta de la situación de un pozo petrolero que mostraba potencialidad riesgosa desde tiempo anterior a esa fecha, a consecuencia del estado en que fuera dejado por Y.P.F. S.E. antes de la concesión. (Del voto de los Dres.Díaz y Kauffman de Martinelli).
Accidentes de trabajo, muerte del trabajador, incapacidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Heidenreich, Raúl c/ Ernesto Ricardo Hornus S.A. y/u otra y/o Responsable s/ Indemnización accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-08-13

Si bien no parece justo que se rechace el reclamo de la actora por no estar acreditado en juicio el grado de incapacidad que habría derivado del accidente denunciado, siendo que tal deficiencia probatoria se generó en la imposibilidad de realizar la pericia médica ordenada por haber fallecido el trabajador, es importante puntualizar que no es ese el aspecto desde el que debe analizarse la cuestión, ya que no puede desconocerse que es a cargo del accionante probar la minusvalía cuya reparación pretende y, que para ello, la pericia médica producida no es la única forma con que cuenta la parte a tal fin. Más aún, el Código ritual en el artículo 60 expresamente prescribe que con la demanda deberá acompañarse certificado médico sobre la lesión, lo cual no fue realizado; la actora se limitó a acompañar constancias emitidas por el médico de la A.R.T. con mucha antelación a la fecha de demanda y en las que no se establece el grado de incapacidad.

Es decir, la quejosa no ha puesto de su parte la diligencia necesaria a fin de tener acreditado uno de los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción que promovía.
Denegatoria del recurso, daño moral, insuficiencia del agravio, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Ibar Marcelo Alberto contra GCBA y otros sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-14

Corresponde rechazar la queja pues no desarrolla un genuino caso constitucional o federal, sino que solo contiene una disconformidad genérica del recurrente con el monto de condena otorgado en la sentencia de la Cámara (la que incrementó la condena por daño moral por considerar que el accionante había experimentado padecimientos y sufrimientos de "relevancia" durante el período en el que sus cuentas bancarias quedaron embargadas -por error- como consecuencia del proceso de ejecución de multas). Ello remite a la valoración de los hechos y pruebas obrantes en la causa, facultad que se encuentra reservada a las instancias de mérito y que -en este caso- fue ejercida en forma razonable y con fundamentos que no fueron descalificados por el recurrente. (Del voto de la Jueza Marcela De Langhe).
Daños y perjuicios, medidas cautelares, prisión preventiva, error judicial, estado de sospecha, sentencia absolutoria, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Robles, Ramón Cayetano c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Corresponde rechazar la demanda si el actor no acreditó, como era su deber procesal hacerlo, que la prisión preventiva decretada en su contra haya estado en abierta contradicción con los elementos existentes en la causa al tiempo de su dictado, o con las normas que condicionan la aplicación de la medida (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Carga de la prueba, negación de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: AVILA, ISMAEL Y OTROS c/ INDUSTRIAS GANADERAS INGA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Quien se limita a negar las afirmaciones de la contraria, nada debe probar; pero si a esa negativa se agrega una versión distinta mediante la que se pretende excusar la responsabilidad, el artículo 377 segundo párrafo del CPCC., pone a su cargo el 'onus probandi'.
Jubilaciones, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rispoli, Luis Jorge c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios Rispoli, Luis Jorge c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-21|2010-10-21

En el precedente "Badaro" la C.S.J.N. dispuso ajustar el beneficio previsional, a partir del 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios -nivel gene-ral- elaborado por el I.N.D.E.C. Para el lapso posterior, precisó que las objeciones formuladas referentes a la insuficiencia del aumento del 13% previsto en la ley 26.198 debían ser desestimadas, pues su ade-cuación sólo podría ser examinada eventualmente, en forma conjunta con el incremento dispuesto por el decreto 1346/07, recién cuando se conociera la evolución definitiva del estándar de vida del jubilado durante el corriente ejercicio. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Reincidencia, régimen penal de la minoridad, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: BENITEZ, Benavidez s/ REINCIDENCIA. MENORES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-03

Debe mantenerse la declaración de reincidencia, al darse en el caso la situación contemplada en el art. 50 Cód. Penal en su texto actual según ley 23.057, e igualmente por ser facultativa la atribución del art. 5 de la ley 22.803, últ. párrafo -cómputo o no de la condena por delito perpetrado antes de los 18 años-, sin que la conducta del encausado, al delinquir a los tres meses de vencida la anterior condena de prisión que cumpliera, sea pauta que conlleve a la aplicación de tal beneficio, el cual tampoco es admisible, ya que el encausado al cometer aquellos hechos, había superado los 19 años de edad, teniéndose en cuenta que la ley 14.394 ha sido derogada.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, registro de la propiedad inmueble, responsabilidad de la provincia
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Ferrocarril Oeste de Buenos Aires  c/ Provincia de Buenos Aires  s/ indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 1938-10-03

Es procedente la demanda promovida contra una provincia, por indemnización del daño sufrido a consecuencia de un informe erróneo del Registro de la Propiedad acerca de las condiciones del dominio de un inmueble.
Acción de amparo, mandamiento de prohibición, pedido de informes, organismos del Estado, gobernador, fiscal de Estado, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., C. A. s/ ACCION DE AMPARO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

La Constitución Provincial en el art. 43 expresa que las acciones de amparo en sus diversas modalidades "...se resuelven por el juez previo informe requerido a la autoridad o particular que suprimió, restringió o amenazó libertades...".

En lo hasta aquí actuado, no se ha observado ese requisito esencial para resolver, ya que la "medida para mejor proveer" que se ordenó, no reviste el carácter del que está investida la norma constitucional referida, pues pedir un expediente administrativo no es lo mismo que requerir un informe que a través de un acto necesario, ineludible, se asegure el derecho de defensa por medio de una "bilateralidad restringida", más aún teniendo en cuenta que el principal destinatario de las acciones de los arts. 44 y 45 de la C.P. suele ser el Estado y sus dependencias, para el caso, el CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA, a lo que agrego la tradicional postura del suscripto en el sentido de que cuando tales acciones de los arts. 43 a 45 de la C.P., e inclusive del art. 43 de la C.N. se direccionan contra organismos del Estado provincial, corresponde que el informe le sea requerido simultáneamente al Sr. Gobernador de la Provincia y anoticiar al Sr. Fiscal de Estado.
Menores, derechos del niño, régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/ causa N° 7537.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-02

La ley 26.061 permite afirmar, sin mayor esfuerzo interpretativo, que la política de protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes debe ser implementada mediante la concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios, siendo urgente y necesario que los organismos administrativos nacionales y locales con competencia en la materia emprendan- en un plazo razonable- las acciones necesarias con el propósito de trazar y ejecutar políticas públicas que tiendan a excluir la judicialización de los problemas que afectan a los menores no punibles, es decir aquellos que no han alcanzado la edad mínima para ser imputados por infringir la ley penal (arts. 40.3 y 40.4 de la Convención de los Derechos del Niño).
Depósito previo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: MAGGI DE GANUZA AIDA RAQUEL c/ FERNANDEZ MANUEL EMILIO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-07-04

Fenecido el término de tres meses que la Cámara otorgó al interesado para que acredite el beneficio de litigar sin gastos (art. 78, C.P.C.C.), así como el ampliado de dos meses peticionado antes de fenecer el primero, corresponde a esta Suprema Corte hacer lugar a la queja interpuesta contra la decisión que declaró desierto el recurso de inaplicabilidad de ley (art. 280, C.P.C.C.), aún cuando dicho beneficio fue concedido luego de finalizado el término otorgado pero de su trámite emana que la parte carece de medios económicos para afrontar la carga del art. 280 del C.P.C.C.. Resolver en forma disímil respecto de los efectos de esta acreditación tardía, sería contradecir, en esta etapa procesal, la verdad jurídica objetiva que incumbe a la prestación de un adecuado servicio de justicia.
Sociedad anónima, directorio, régimen jubilatorio, aplicación de la ley, relación de dependencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PROMOTORA AGROPECUARIA S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-16

En principio, ni el Presidente ni los Directores de una sociedad se encontraban comprendidos en el régimen previsional para los trabajadores dependientes (cfr. art. 2, ley 18.037), sino que se regían por la ley 18.038, sea en carácter de afiliados obligatorios (art. 2, inc. b) o voluntarios (art. 3, inc. b), por lo que sus aportes no son otros que los establecidos por el art. 10 del régimen para trabajadores autónomos, no alcanzándose a gravar las prestaciones que perciban si no se ha demostrado concretamente que hayan sido subordinados de la sociedad. Esta apreciación no fue alterada por la nueva legislación, ya que se incluye obligatoriamente en el régimen autónomo a los directores de las sociedades, siendo voluntaria su adhesión al régimen por sus ingresos derivados a la actividad en relación de dependencia (cfr. ley 24.241, art. 2, inc. b, y art. 3, inc. a), ap. 1).
Concurso preventivo, crédito líquido, depósito judicial
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Motors Latinoamerica SA  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente art. 250 cpr
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-26

En efecto, solo se ordenó en el marco de las facultades acordadas para la dirección del proceso (LCQ 274) que las sumas líquidas sean depositadas en una cuenta judicial pero en ningún momento dispuso medida de restricción alguna sobre esos fondos. Ello evidencia que no existe óbice para que la concursada pueda disponer libremente de las sumas depositadas en la cuenta de autos, para lo cual únicamente deberá informarse su destino o su imputación final.
Seguros, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ortíz, Irma c/ Di Fonzo, Alejandro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

La actitud personal y conductiva asumida en ocasión del accidente por el demandado fue indiscutiblemente configurativa de culpa grave.

El citado guiaba en vehículo en estado de ebriedad ante condiciones climáticas desfavorables (el pavimento se encontraba mojado) y a más de ciento veinte kilómetros por hora.
Acción de amparo, tributos, revalúo inmobiliario, irretroactividad de la ley, contribuyentes, mala fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Domínguez, Guillermo Teófilo c/ G.C.B.A s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-16

En el caso de autos resulta que el actor cumplió con la obligación que fijaba la ordenanza fiscal vigente al momento de las reformas que efectuó en su propiedad (t.o. 1993). Así cabe recordar que según el artículo 169 de la mencionada norma "Toda variación que se produce en un inmueble que da lugar a la revisión del avalúo existente, debe ser declarada por el responsable ante la administración municipal dentro de los dos meses de producida".

El actual artículo 202 pone en cabeza del responsable declarar las modificaciones ante la Dirección General de Rentas (Código Fiscal para el año 2001, texto según Ley Nro. 541).

Atento a que tal declaración fue efectivamente realizada por la actora, está claro que la demandada no demostró que la misma hubiera cumplido defectuosamente con las cargas impuestas por la normativa reseñada, razón por la cual, no se advierte en el caso la mala fe del contribuyente que justifique el reclamo de diferencias retroactivas.
Delitos contra la salud pública, adulteración de medicamentos, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: "COTELA, Roque J. y otros s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-21

El sólo hecho de que una sustancia medicinal no cumpla con los efectos terapéuticos esperados es suficiente para conformar el peligro a que alude el art. 200 del Código Penal. En este sentido Ricardo Nuñez ha entendido: "...La salud no tiene aquí el alcance restringido que se le debe atribuir en el artículo 89 del Código Penal..., sino que comprende el bienestar corporal y fisiológico de las personas en general. El envenenamiento, la contaminación o la adulteración se realizan de un modo peligroso para la salud así entendida, no sólo si pueden producir, agravar o prolongar enfermedades..., sino también si pueden causar otros deterioros corporales o fisiológicos que no son susceptibles de encuadrar en ese concepto. Esa posibilidad debe apreciarse en relación a las personas y circunstancias...Se trata de un peligro abstracto, derivado del grado de envenenamiento, contaminación o adulteración. Por consiguiente, la consumación del delito...no demanda daño efectivo para la salud general, ni un peligro concreto de que éste se produzca; y ni siquiera requiere que, en la situación concreta, personas determinadas o alguna persona hayan usado el agua o consumido las sustancias alimenticias o medicinales". (Nuñez, Ricardo. Tratado de Derecho Penal.Córdoba, Marcos Lerner edit., 1992. Tomo V, Vol I, p. 117).
Transporte de carga por agua, responsabilidad del transportador, cláusula FIOS
Materia: NAVEGACION
Carátula: La Universal Cía. Arg. de Segs.  S.A. c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. "Capitán Nicolás" s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-11

Aún cuando la jurisprudencia ha sostenido que en el régimen de la Convención de Bruselas la cláusula F.I.O.S. no excluye la responsabilidad del buque, sino que su alcance se limita a trasladar al cargador y consignatario los gastos de las operaciones de carga y descarga, pero no sus riesgos, en el sub - examen existe prueba acerca de que la cargadora - al menos en forma parcial -, y la consignataria tuvieron participación activa - cuando no exclusiva - en la realización de las tareas de que se trata. Trátase de una circunstancia digna de ser ponderada al examinar la viabilidad de las defensas opuestas por la transportadora.
Ley de orden público, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: FLAVIA, José María y otros c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31

En el caso de la aplicación de una norma de orden público su invocación puede llevarse a cabo en cualquier etapa del proceso, ya que la solicitud de su implementación no puede quedar librada a la aplicación de principios de neto corte procesal, lo que importa que debe obrarse en consecuencia aún de oficio.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hidrotécnica S.R.L. c/ Ramirez, Mirta Elena y Lopez, Cesar Jorge s/ Ejecución por apremio Banco Mercantil Argentino S.A. c/ Colombo Rolando E. y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06|1997-04-22

La falsificación o adulteración referida en el inc. 4° del art. 542 del CPC se reduce al aspecto "material" del documento (cuando la firma no le pertenece al ejecutado cuando existen enmendaduras, raspaduras, lavados, sobrealineados o agregados inauténticos) y no al "ideológico" (como podría ser el supuesto de la falta de una causa que lo sustente: la ausencia de consentimiento para suscribirlo, ya sea por un vicio de error, dolo, violencia o intimidación), pues en este último caso lo "adulterado" no es lo escrito, sino la causa, el pensamiento o la voluntad de quienes lo han creado.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Molina, Enrique A. y otro c/ Giacoy, César F. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-30

Corresponde indemnizar por el rubro pérdida del valor venal de un automotor, si en las fotografías obrantes en autos se puede apreciar que todo el frente del vehículo fue deteriorado y que algunos sectores dañados son de difícil reparación, aún cuando el perito haya negado la desvalorización por el modelo (año 1973), si sus consideraciones no son científicas ni desarrolló argumentos para sostenerla.
Fundamentación de sentencias, recurso extraordinario, sentencia arbitraria, vicio de irrazonabilidad
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Telefónica de Argentina S.A. c/ Provincia de San Juan s/ Apelación resolución Direcc. del Consumidor (en contencioso administrativo) INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2020-10-13

La sentencia es arbitraria, cuando la decisión no deriva razonablemente del derecho en vigor o resulta contraria a lo razonable o carente en forma absoluta de fundamentación, debiendo el vicio resultar palmario, evidente, notorio.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, reforma del Estado, ejecución de honorarios, suspensión de la ejecución
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: E.L.M.A. c/ SUCURSALES BONAFIDE S.A. s/ COBRO DE U$S3144.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-14

En la inteligencia del art. 50 de la Ley 23.696, la suspensión de las ejecuciones de honorarios reviste carácter accesorio, toda vez que sólo puede tener lugar en los casos donde resulta procedente, a su vez, la suspensión de la ejecución relativa a la prestación principal impuesta en la sentencia. Tal suspensión no se extiende a los emolumentos devengados en cualquier otro litigio en donde no hubiere recaído una sentencia que condene al Estado Nacional o a alguno de los entes descriptos en esa misma normativa al pago de una suma de dinero - a cuyos efectos es menester, obviamente, que revistan la condición procesal de demandados y no demandantes -, ni a los correspondientes a los juicios excluidos. No resulta procedente conceder el recurso fundado en la pretendida arbitrariedad que se plantea, pues aparte de que no cabe la consideración de esa tacha por la Sala, los agravios vertidos sólo exteriorizan una disconformidad con la interpretación a descalificar el pronunciamiento, suficientemente fundado, como acto jurisdiccional.