marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Superior Tribunal de Justicia, recusación, interpretación restrictiva, rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: PAZ, CRISTINA BEATRIZ s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-09-15

Corresponde rechazar in limine la recusación de todos los integrantes de esta Corte por cuanto la norma del artículo 12 de la ley 10160 (modificado por la ley 11427) al establecer que los Ministros no pueden ser recusados sin expresión de causa consagra un régimen de excepción sobre la materia y tal como lo resolvió en su ámbito el Máximo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, la causal invocada ha de tener, en el caso concreto, fundamento fáctico pleno y la recusación debe ser clara, categórica y no sólo insinuada; por lo que el planteo del recurrente dista de reunir los recaudos mencionados al limitarse a enunciar la causal de violencia moral, mas no relacionarlo con circunstancias de hechos o argumento alguno.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, subasta judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Morales, Tito Alberto y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

El pronunciamiento de la Cámara que revoca el de primera instancia que ordenaba la suspensión de la subasta ante el incumplimiento de requisitos formales, en tanto devuelve la causa a primera instancia a fin de adecuar "el reencausamiento de la petición que abre el incidente", no reviste carácter definitivo en los términos del art.

278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que no implica desestimar la misma ni impide al quejoso subsanar en el juzgado de origen los condicionamientos fijados por el a quo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Código de Justicia Militar, modificación de la ley, procedimiento en tiempo de paz de la justicia militar, revisión judicial de actos administrativos, recurso militar ante la justicia federal
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: López, Osvaldo Antonio (ex Cabo Primero). s/ ASOCIACION ILICITA  -  REVELACION  DE  SECRETOS  CONCERNIENTES  A LA  DEFENSA NACIONAL Y DESERCION SIMPLE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-14

Uno de los fines sustanciales de la reforma introducida al Código de Justicia Militar por la ley 23.049 fue dotar al procedimiento de un recurso judicial amplio para la revisión de todas las sentencias que en materia de delitos se dicten en el ámbito de la justicia castrense.
Carga de la prueba, deber de información, derechos del consumidor
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Galera Laferrere, Andrés Alfredo c/ AMX Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios - Incumplimiento contractual (Sin Resp. Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-08-04

Corresponde admitir la demanda interpuesta por un usuario del servicio de telefonía móvil, por los daños y perjuicios derivados de la falta de información respecto del servicio de roaming, pues no obsta a tal conclusión la circunstancia, atinente a que la abrumadora mayoría de las contrataciones que realizan los consumidores se efectivizan vía telefónica dentro de un marco de absoluta informalidad, dado que tal modo de contratación, redunda en un indudable beneficio para el proveedor de servicios, quien obtiene una notable reducción de sus costos operativos, además de un notorio aumento en la cantidad y celeridad de las transacciones.
Derecho penal, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: Barrita, José s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-24

La validez del artículo 1 de la ley 24.390 se halla supeditada a las circunstancias de que los plazos fijados en esta norma no resultan de aplicación automática por el mero transcurso de los plazos fijados, sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en los arts. 380 y 319 del Código de Procedimientos en Materia Penal y Código Procesal Penal, respectivamente, a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable.
Medidas cautelares, embargo, embargo en el extranjero, tratados internacionales, República Oriental del Uruguay
Materia: PROCESAL PENAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: LEVIS ALCIDES, EUGENIO s/ INC. DE EMBARGO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-12

En virtud de lo establecido por la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, suscripta por nuestro país en el marco de la Segunda Conferencia Especialista Interamericana sobre Derecho Internacional Privado de Montevideo de 1979, corresponde el libramiento de exhortos diplomáticos solicitando se adopten las medidas necesarias para verificar la existencia de bienes a nombre de los embargados, a través de los organismos administrativos o judiciales según lo dispongan las naciones cuya cooperación internacional se requiere.

En caso de resultado afirmativo se ordenará el embargo, inhibición general de bienes u otra medida cautelar de similar naturaleza que se encuentre contemplada en la legislación interna de los países exhortados.

La fijación de la contracautela estará diferida a lo que éstos estipulen.
Concursos, concurso preventivo, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Pesquera  Santa  Elena  S.A. c/ D.G.A.  -resol  5119/01 (Expte583882/95) s/ ANA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-01

El procedimiento establecido en la ley de concursos consiste en la obligación del acreedor de verificar la pretensión crediticia en un trámite de naturaleza ordinaria y plena que hace cosa juzgada formal y material, donde intervienen no solo el pretensor y el deudor, sino la sindicatura y los demás acreedores, quienes también pueden impugnar la pretensión en cuanto a su entidad y privilegio y hacerse parte del proceso. A esos fines ha dispuesto mecanismos e institutos de carácter excepcional, que tienden a asegurar el orden público e interés general y a principios superiores que preservan la seguridad jurídica e igualdad de trato, como es el de desplazar la competencia judicial original y exclusiva otorgada a determinados tribunales en otras normas legislativas (Fallos:

326:1774).
Exceptio veritatis, interés público, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: Paglilla, Alberto M. s/ Injurias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-06

El interés público al que alude el inc. 1 del art. 111 del C.P.

debe entenderse como aquello que es de utilidad para toda la población o está referido al interés general de todos los integrantes de una agrupación político social, ya sea que ésta constituya un país entero, una provincia, un municipio o una zona, pero no puede interpretarse como tal a un interés más o menos generalizado de personas o asociaciones, por más nutridas que éstas sean.

Es procedente la prueba de la verdad por parte del querellado por el delito de injurias, si a raíz de las imputaciones vertidas se inició un proceso penal contra los ofendidos que concluyera en un sobreseimiento provisional, no interesando el estado del mencionado proceso, esto es, que se hallara en trámite o finalizado, requiriendo exclusivamente la norma del inc. 2 del art. 111 del C.P.

que al momento de producirse la prueba de la verdad la causa exista o haya existido.

La eximente de pena prevista por el inc. 2 del art. 111 del C.P. no se fundamenta en una causa de justificación pues la imputación no resguarda un interés de mayor valor que el del honor ofendido y cuya salvaguardia permita probar la conducta deshonrante en perjuicio del agraviado, sino en el interés de la sociedad de que no se guarde silencio alrededor de un hecho que dio origen a un proceso de acción pública.
Recurso de inconstitucionalidad, jurisdicción, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BERNARDONI, SERGIO EDUARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

Respecto a la endilgada violación al principio de congruencia, se impone recordar que el artículo 114 del Código Procesal Laboral establece que si la nulidad proviniere de la forma o contenido de la resolución, corresponde que el tribunal de apelación así lo declare y proceda a dictar la que corresponda, es decir, que en estos casos se autoriza el reenvío positivo y la asunción de competencia del tribunal de alzada, siendo esta interpretación -si bien en el marco del artículo 362 del Código Civil y Comercial, similar a la norma adjetiva laboral mencionada- doctrina constitucional aceptada por esta Corte en precedentes en los cuales este Tribunal estableció que resulta en principio improcedente el reenvío de la causa si el vicio que genera la anulación no se encuentra en el procedimiento previo sino en la resolución impugnada, pues el mencionado reenvío sólo se justifica en los casos en los cuales resulta necesario sustanciar nuevamente todo o parte del proceso; circunstancia que no se presenta en la especie, en que -aun cuando sea una obviedad la completitud de este proceso-, la palmaria sustanciación de las pretensiones y resistencia de las partes en autos, ofrecimientos de pruebas y alegatos, a lo que se suma el tiempo que ha requerido el procesamiento, demuestran que ha quedado satisfecho el debido proceso constitucional sin afectación a mandas de ese orden.. - CITAS: CSJStaFe: Díaz, AyS T 226, p 413/418; Rossia, T 259, p 89/95; voto en disidencia del Dr. Netri en Cairo, T 208, p 62/74. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículo 114; Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 362
Accidentes de trabajo, ley de seguros, acumulación de indemnizaciones, enriquecimiento sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: D'ANNA, ALBERTO c/ BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA LTDO SA s/ ACCIDENTE 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-08

La ley de seguros no prohíbe la duplicación indemnizatoria y puede legítimamente el beneficiario (actor) cobrar por la misma incapacidad dos indemnizaciones tomadas en los diferentes compañías aseguradoras, cuyas primas fueron abonadas, la una por el trabajador(cuya retención ejercía el empleador, como mero intermediario) y la otra por el propio empleador, sin que ello se torne en un enriquecimiento ilícito para aquél.
Acción de amparo, principio de contradicción, debido proceso, principio de congruencia, servicio de agua corriente, contaminación de aguas, campañas informativas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BOLLADA VICTOR MANUEL EN REPRESENTACION DE LA UNION DE USUARIOS c/ AGUAS DEL VALLE S.A. Y ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONCESIONES s/ AMPARO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-16

Se agravia la demandada-concesionaria del servicio de agua potable- porque la sentencia de la Alzada, en el marco de una acción de amparo, ha ordenado una medida en su perjuicio, no solicitada por los amparistas, violando el principio de congruencia, consistente en la realización por parte de la recurrente de una campaña masiva de información a través de un medio de difusión local advirtiendo de los riesgos y medidas de prevención que deber adoptar la población ante la distribución para el consumo de agua contaminada-.

En relación al principio de la bilateralidad en el procesos de amparo, resulta oportuno traer a colación que: "si el foco a resolver queda centrado en las alegaciones de las partes únicamente, la función constitucional del juez del sistema difuso, quedaría eludida por probabilidad -que la jurisprudencia comprueba- de asignar al proceso las mismas reglas técnicas del proceso ordinario, con lo cual, ser más fácil rechazar sin más trámite, que introducirse en la cuestión fáctica y jurídica y analizar si existe o no violación constitucional ...

En el amparo es fundamental y hace a la esencia de su función, controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos de las autoridades -públicas y privadas-, de forma que la interpretación de los hechos y del derecho no puede tener el condicionante de lo alegado por las partes.

Es imperioso ver hacia delante, los efectos, las consecuencias y las circunstancias que tiene el caso concreto frente a toda la sociedad". (Derecho Procesal Constitucional- Amparo- Osvaldo Alfredo Gozaini, págs. 408/410).

En consecuencia, en los procesos constitucionales de amparo, las soluciones deben adoptarse teniendo en cuenta la naturaleza de los problemas planteados y los bienes afectados; en algún sentido se ha llegado ha afirmar que el "debido proceso" consagra nuevas reglas técnicas que sortean los formalismos tradicionales; no se trata de afirmar que se los elimine, sino que se los considere desde una óptica más funcional y efectiva, de allí entonces la adaptación que se sugiere ante sistemas o modelos procesales diferentes.

En definitiva, en el sub lite salvaguardada la garantía del debido proceso, debe rechazarse el presente agravio, pues la sentencia impugnada ha sabido encontrar la justa solución del caso, sin desoír pero tampoco sin someterse a intereses que en procura del orden, la seguridad u otros estrictamente económicos de la empresa demandada hubieran actuado como condicionantes de aquella.
Nulidad del acto administrativo, Registro Nacional de Buques
Materia: CIVIL
Carátula: Pez Luna S.A. c/ Estado Nacional - Ministerio de Seguridad y DDHH - Prefectura Naval Argentina s/ Nulidad de acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-08

Con la toma de razón, el Registro Nacional de Buques permite la publicidad para el que tenga interés justificado en averiguar el estado jurídico de los bienes y los documentos inscriptos (confr. art. 38 del Reglamento Orgánico del Registro Nacional de Buques según texto de la Ley Nro. 19.170). No es, ese órgano, ni el causante del título, acto jurídico o resolución judicial que determina el estado jurídico del buque, ni le corresponde a él otro actuar que la debida toma de razón para la publicidad. En síntesis, de existir una resolución judicial que modifique los derechos de disponibilidad de ciertos sujetos sobre la embarcación, tal situación en nada altera la del Registro ni incide sobre su competencia para decidir en el ámbito discrecional de las funciones específicamente señaladas por la Ley.
Derechos de incidencia colectiva, procedimiento administrativo, reclamo administrativo previo, Estado Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Piñeiro, Carlos Alejandro s/ Defensa de los intereses difusos y/o colectivos difusos y/o colectivos
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-03-18

La ley 1047 establece un cuerpo normativo para la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos ante este Superior Tribunal de Justicia o ante los Tribunales ordinarios de la Provincia según corresponda. La distinción de la competencia parte de considerar quien resulta ser el sujeto activo del acto causante de la lesión que se busca remediar, distinguiéndose los actos u omisiones de naturaleza administrativa de los actos particulares regidos por el derecho privado. En los casos en que se cuestionen actos que poseen entidad administrativa y además se acciona también contra la Provincia de Formosa, en virtud de lo dispuesto en los arts. 2 y 8 de la Ley 1047, que remite al procedimiento contencioso administrativo, inexcusable resulta que previo a demandar al Estado debe agotarse la vía administrativa previa que impone el art. 7 del C.C.A. y, precisamente en el trámite legislativo seguido para la sanción de le Ley 1047, surge nítida la intención del legislador en el sentido de no omitir la vía administrativa previa cuando se cuestionan actos u omisiones que constituyan materia contenciosa administrativa.
Presunciones, presunciones hominis
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CANAVESE ALEJANDRO c/ ROBLEDO MARIO FRANCISCO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - MALA PRAXIS - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-10-19

Conforme nuestro ordenamiento procesal vigente, la prueba de indicios se encuentra expresamente autorizada como elemento válido y eficaz de convicción. Empero, de la directriz contenida en el primer párrafo del art. 316 del C.P.C.C. surge evidente que, a más de la pluralidad y gravedad de los elementos indiciarios, resulta menester que en la elaboración de la presunción hominis el juzgador ponga especial esmero en explicitar y fundamentar la conexión que -a su criterio- existe entre los indicios ponderados y el hecho incierto que se investiga, todo ello de acuerdo a las reglas de la experiencia.

En consecuencia, siendo que el juicio valorativo efectuado por el Sentenciante para arribar a la conclusión de que el acuerdo transaccional en cuestionamiento fue suscripto con anterioridad a la celebración de la escritura pública que ponía fin a la contienda aunque presentado judicialmente con posterioridad, carece de un sustento argumental que lo explicite, corresponde concluirse que, no habiéndose plasmado el iter racional seguido en la valoración del plexo probatorio, se ha lesionado el principio de razón suficiente privándose a las partes del conocimiento de las razones o motivos que sustentan la conclusión jurídica a la que finalmente se ha arribado, toda vez que sólo se ha procedido a la enumeración de lo que a juicio de la Alzada constituyen indicios, sin que la merituación haya sido acompañada del insoslayable aspecto intelectual justificante de la fuerza convictiva atribuida a aquéllos.
Daño material, accidente de tránsito, prueba pericial
Materia: CIVIL
Carátula: Rizzo Marcelo Eduardo c/ Fernández Sebastián Luis Y Otro/A s/ Daños Y Perj. Autom. Lesiones (Exc. Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-12

Es improcedente la totalidad del reclamo por daño material, derivado de un accidente de tránsito, cuyo monto figura en el presupuesto glosado por el actor, pues del informe pericial surge que el experto no ha podido inspeccionar el vehículo de manera directa sino que ha contestado los puntos de pericia teniendo en cuenta las fotografías aportadas por la parte actora y sostuvo que no se observa que la magnitud del impacto haya alcanzado la totalidad de los daños reclamados.
Culpabilidad, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: A. A. A. S.A.I.C. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-08-21

Tal el principio de culpabilidad, que deriva de la presunción de inocencia -recuerda Juan Carlos CASSAGNE- que en nuestro derecho resulta un corolario obligado del ámbito de la libertad consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional.

Este principio, combinado con el de razonabilidad, impide que una persona sea condenada sobre la base de una presunción, pues al carecerse de una prueba idónea que acredite el hecho cometido, el vacío no puede cubrirse mediante una deducción, por más lógica y racional que fuera, ya que en caso de duda, el precepto conduce a elegir la solución más favorable al particular.

Una consecuencia trascendente de aquella presunción es la necesidad de que se pruebe de manera efectiva la culpabilidad del particular.
Falsificación de sellos, timbres y marcas, productos, marca registrada
Materia: PENAL
Carátula: Spadone, Lorenzo y otros s/ Pris. Prev. Causa 9813
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-19

Acreditado que el rotulo de un producto registrado ante autoridades sanitarias bajo una marca determinada, era utilizado para la comercialización de otros importados, puede constituir el delito previsto y penado por el art. 289 inc. 3 del Código Penal.
Facultades del juez, Constitución Nacional, control de constitucionalidad, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ricci, Oscar Francisco Augusto c/ Autolatina Argentina S.A. y otro s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

El control de constitucionalidad de oficio no afecta la presunción de legitimidad de los actos legislativos ya que dicho instituto es meramente provisional - iuris tantum - y cede, en un sistema de control de constitucionalidad judicial difuso, ante la comprobación y declaración de invalidez de las normas por el Poder Judicial (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Debido proceso, recurso extraordinario de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles c/ Jefatura de Gabinete de Ministros (Provincia de Buenos Aires) s/ Amparo. Recurso extraordinario de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-19

No puede someterse a juzgamiento dentro del recurso extraordinario de nulidad el planteo relacionado con la vulneración de la garantía del debido proceso adjetivo, con motivo de la interpretación y aplicación que realizó la alzada de la normativa aplicable.(doctor Negri, mayoría)
Conservación de la posesión, actos posesorios
Materia: CIVIL
Carátula: T., L.A. c/ A., J. y/o contra quien resulte ocupante s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-11

Con referencia a la enunciación del art. 2384 del Código Civil, al no ser taxativa la enumeración, se pueden señalar otros actos posesorios, tales como cercar, alambrar, llevar a cabo actos de mensura y amojonamiento, etcétera. Se trata, en definitiva, de actos de ocupación o de construcción, hechos a los que sí se refiere el artículo en estudio.

Así, se ha entendido que importan verdaderos actos posesorios la mensura y el deslinde judicial, la mensura y el deslinde aprobados en sede administrativa, el alambrado del predio, la tenencia de animales y pastores, la construcción o reparaciones. Constituyen actos posesorios la ocupación del inmueble, sobre todo si el lote estaba cercado, cultivado y en él los actores criaban animales . plantar árboles, sembrar . hacer una quinta .
Estabilidad laboral, reincorporación, trabajadores de la construcción
Materia: LABORAL
Carátula: Borda, Anacleto c/ ALUAR SAIC y otras s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-04-28

...que se conceptúe la previsión del art. 212 L.C.T. como una patrimonialización del tiempo de servicio o como prestación integrativa de la seguridad social, es evidente que de todos modos ella funciona como protección de la estabilidad de los trabajadores, de manera que resulta incompatible con el régimen de la ley 22.250, que no tutela esa estabilidad. Es la de marras una de aquellas disposiciones de la L.C.T. inaplicable en el ramo de la construcción, por resultar opuesta a la naturaleza y modalidades de su esquema propio.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Petric Jorge Ricardo y otro c/ Ríos Luis Edagardo s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-08-11

El cobro de los honorarios se tramitarán por las normas establecidas en este Código Procesal Laboral para la ejecución de sentencias y, a su vez, el artículo 103 del Capítulo I -Ejecución de sentencia-, en su último párrafo, prevé que la ejecución tramitará en la forma establecida en los artículos 485 a 502 del Código Procesal Civil, que no resulte modificado por este Código.
Cosa juzgada, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Méndez, Virgilio Horacio y otros c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

El error incurrido al no haber respetado los montos máximos legales (ley 9688) no es motivación que permita el replanteo de la magnitud de aquélla, reconocida con anterioridad y consentida por las partes, ya que no se trata de un mero error material que podría ser subsanado en cualquier etapa del proceso, sino del valor de la reparación admitido en la sentencia de fondo.