Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-04


P., D. C. Reg.: A y S t 199 p 170-172. Santa Fe, 4 de agosto del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica del imputado contra la sentencia nro. 111, de fecha 24 de noviembre de 2003, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario, en autos "P., D. C. -Lesiones graves calificadas por el vínculo- (Expte. 1276/03)" (Expte. C.S.J. nro. 75, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Conforme surge de las constancias de la causa, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario, por sentencia nro. 111, de fecha 24/11/03, resolvió confirmar la sentencia de baja instancia, con costas (artículo 168 del Código Procesal Penal).

Contra este pronunciamiento endereza la defensa técnica del imputado P. recurso de inconstitucionalidad con sustento en el inciso 3 del artículo 1 de la ley 7055, por considerar que el mismo no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

Afirma que el fallo incurrió en arbitrariedad al no aplicar el derecho vigente e interpretar incorrectamente el artículo 400 del Código Procesal Penal.

En ese orden sostiene que el juez inferior dispuso la reapertura de la causa a prueba conforme lo autoriza la norma citada "por estimar de absoluta necesidad la recepción de nuevas pruebas o la ampliación de las recibidas", lo que a su criterio significa que el magistrado consideró que existía "una carencia o escasez imprescindible para resolver, completa, total y sin restricciones".

Explica que tal carencia puede asumir dos formas: formal o sustancial; que la primera refiere a una eventual falta de incorporación de un requisito que la ley imponga para dictar sentencia en cualquier sentido que sea (ejemplo: la identificación del imputado, el original de una escritura), y la segunda a incorporar una prueba que permita acreditar con certeza la existencia del hecho y la autoría en cabeza del imputado o de una causal de justificación porque con la prueba colectada no alcanza para dictar una sentencia condenatoria.

En ese sentido, considera que la afirmación de la Sala respecto a que los argumentos de su parte constituyen "una apreciación subjetiva" es incorrecta, por cuanto los mismos se desprenden del análisis de la ley, insistiendo respecto a que el hecho de haber ordenado el juez inferior las medidas prescriptas por el artículo 400 citado no pueden significar otra cosa que el sentenciante abrigaba dudas al sentenciar.

Alega que si se hubiera aplicado esta normativa en su correcto entendimiento y el artículo 5 del mismo Código de forma, "el beneficio 'in dubio pro reo', de raigambre constitucional, hubiera llevado a una solución contraria a la arribada", más aún, afirma el recurrente, cuando parte de la prueba -que redundaba en beneficio directo de su defendido- no se valoró por no agregarse en autos.

La Sala por auto nro. 28, de fecha 1/03/04, resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por lo que el quejoso acude en vía directa ante esta sede insistiendo con las causales de arbitrariedad ya enderezadas en su oportunidad.

2. Si bien el recurrente acusa la invalidez del pronunciamiento por presunta arbitrariedad y lesión de garantías constitucionales -no aplicación del derecho vigente; incorrecta interpretación del artículo 400 del Código Procesal Penal; omisión de valoración de prueba ofrecida; vulneración del principio in dubio pro reo-, del desarrollo de los argumentos vertidos en el escrito recursivo, en confrontación con la sentencia impugnada, surge solamente la mera disconformidad con lo resuelto por los juzgadores al confirmar el fallo inferior por el cual se condenó a D. C. P. como autor penalmente responsable del delito de lesiones graves calificadas por el vínculo a la pena de tres años de prisión en suspenso y costas, cuestión que, más allá del grado de acierto o error, escapa por regla a la materia propia del remedio intentado.

En efecto, los reproches que el quejoso endilga al decisorio se centran esencialmente en la interpretación que la Sala debió otorgar a la circunstancia de que el juez inferior hubiera dispuesto la reapertura de la causa a prueba, en cuanto entiende que al ordenarla el juez implícitamente admite tener dudas para dictar sentencia, pues de lo contrario estaría actuando en contra de la ley ya que son medidas supeditadas a que el mismo las considere de absoluta necesidad. Y tales planteos no denotan sino el disenso para con lo concluido por los sentenciantes en el sentido de que su disposición "...'queda librada al exclusivo arbitrio del Juez' ... y que inferir de ello un estado intelectual de duda ... constituye una apreciación subjetiva del recurrente...".

Y en ese razonamiento no es posible advertir en modo alguno la invocada incorrecta interpretación que habría efectuado la Cámara, en tanto los juzgadores brindaron razones suficientes a fin de demostrar que la posibilidad de ordenar la reapertura de la causa a prueba es una "atribución" del juez, en el sentido de derecho-deber, afirmando con cita en doctrina y jurisprudencia que estas medidas "...realizadas en tiempo y forma, nunca pueden vulnerar la estructura liberal de nuestro proceso, sea civil o penal...".

A su vez, advirtieron que al sustituir a las medidas para mejor proveer que preveía el artículo 399 (ley 6740) -también contempladas por el artículo 20 del Código Procesal Civil y Comercial- de ningún modo el Juez asume el papel de un tardío instructor, "...pues ejerce una potestad que no puede ser negada sin contrariar la misión de la Justicia penal...".

Por otro lado, tampoco alcanza el impugnante a demostrar la relación con el artículo 5 y el beneficio del "in dubio pro reo", desde que la sentencia del Tribunal a quo brindó todos los motivos por los cuales consideró -respecto de la cuestión de fondo- se debía confirmar la condena impuesta a P.

Y en ese orden, debe destacarse que aquel principio es de carácter legal y no constitucional -como pretende el quejoso- y su invocación en este caso, además de insuficiente, no traduce sino sólo la intención de reeditar el debate probatorio, habiendo señalado esta Corte reiteradamente que las cuestiones atinentes al in dubio pro reo están inexorablemente ligadas a la valoración de la prueba, lo que constituye materia propia de los jueces de la causa, y por ende, ajenas a esta instancia de excepción (A. y S. T. 89, pág. 184; T. 110, pág. 262; T. 111, pág. 494; T. 188, pág. 271, entre muchos otros).

Por último, en relación a la supuesta omisión de valoración de prueba, es de notar que tal planteo no cuenta con sustento alguno, desde que el recurrente ni siquiera menciona qué elemento probatorio dejó de analizar el Tribunal.

En suma, los vicios que el impugnante endilga a la sentencia, a fin de descalificarla como acto jurisdiccional válido, cuestionando las normas aplicadas y su interpretación, como así también la valoración que de la prueba se efectuara, como se dijo no evidencian sino sólo la disconformidad con lo sostenido por el Tribunal, debiéndose advertir, además, la insuficiencia del memorial respectivo, tal como se afirma en el auto denegatorio, desde que el recurrente ni siquiera esboza un resumen de los antecedentes fácticos de la causa.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)