Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-01


Buenos Aires,	1	de octubre de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante: GCBA) promovió ejecución fiscal contra el propietario del inmueble sito en la calle Florida 663, PB 8, partida 3.609.145, por cobro de diferencias en concepto de Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras (ley 23514, decreto 2107/92 y 606/96), por la suma de $ 152.709,18, más sus intereses y costas (fs. 3/4 vuelta, expediente principal -en lo que sigue la indicación de fojas corresponde a ese expediente-). Posteriormente denunció como demandado al Sr. Walterio Roberto Worst (fs. 7). Por otra presentación (fs. 15) el GCBA enderezó la demanda contra Wilton Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera e Inmobiliaria y Dickens Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera e Inmobiliaria (en adelante: WyD). WyD opuso excepción de inhabilidad de título, fundada, principalmente, en no haber sido propietario del inmueble durante el período en que se habría generado la obligación ejecutada (fs. 156/159 vuelta).

El juez de primera instancia rechazó la excepción y ordenó llevar adelante la ejecución, con intereses y costas (fs. 343/344 vuelta).

2. WyD apeló la sentencia. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió: "1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, revocar la resolución recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravio. 2) Desestimar la ejecución intentada. 3) Imponer las costas en ambas instancias a la accionante...". El tribunal consideró que el ejecutado no era el poseedor del bien durante el período ejecutado y no asumió la responsabilidad patrimonial por las obligaciones tributarias pendientes al momento de adquirirlo, y que el escribano que intervino en la compraventa solicitó oportunamente, y obtuvo de la Dirección General de Rentas, el certificado de libre deuda, por lo que fue el ente recaudador quien no informó correctamente la existencia de créditos pendientes (fs. 383/384 vuelta).

3. El GCBA planteó recurso de inconstitucionalidad contra esa sentencia (fs. 401/419). Alegó que la decisión soslaya los principios constitucionales de congruencia, igualdad ante la ley, propiedad, defensa en juicio, legalidad y razonabilidad y que afecta el régimen rentístico de la Ciudad de Buenos Aires (artículos 16, 17, 18, 19, 28, 31, 99, 129 de la Constitución Nacional y 9, 10, 12, 13, 51, 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad).

Previa contestación del traslado por la ejecutada (fs. 421/422), la Sala I denegó la concesión del recurso porque no se dirigía contra una sentencia definitiva, no versaba sobre cuestiones constitucionales y no presentaba los supuestos que habilitan el motivo de arbitrariedad (fs. 424/425).

4. Ante el rechazo, el GCBA planteó ante el TSJ el recurso de hecho (fs. 100/114 vuelta, expte. de queja). Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto propició su rechazo: no se atacaba una sentencia definitiva, pues "los pronunciamientos dictados en juicios ejecutivos no son revisables mediante esa vía por no constituir, como regla, sentencia definitiva en los términos del artículo 27 de la Ley Nº 402, exigencia ésta que no se suple mediante la invocación de cláusulas constitucionales" (fs. 125/127, expte. de queja).

Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso de queja, no obstante haber cumplido el recurrente con los requisitos extrínsecos de tiempo y forma exigidos ritualmente, no puede prosperar.

2. La Sala I ya denegó el recurso fundada en que la impugnación no se dirigía contra una sentencia definitiva, pues, por regla, las decisiones que se dictan en un juicio ejecutivo no pueden ser calificadas así.

Es extremamente dudoso que la decisión de la Cámara configure una sentencia definitiva, requisito exigido por el art. 27 de la ley nº 402 para la procedencia del recurso. Bien mirado el caso -y confieso que una mirada más profunda debí dar una vez conocida la opinión de mi colega, el juez Luis Lozano- se trata, en verdad, de una excepción por inhabilidad de título en una ejecución fiscal resuelta por la Cámara a favor del excepcionante, el ejecutado. Rige, entonces, la jurisprudencia unívoca del Tribunal acerca de que, por regla, esas decisiones del juicio ejecutivo no constituyen sentencia definitiva, en tanto no clausuran una oportunidad posterior de constatar la obligación en un juicio ordinario, tal como lo exponen la Cámara y el Sr. Fiscal General Adjunto en la decisión de rechazo del recurso y el dictamen sobre la improcedencia de la queja, respectivamente.

La confusión se produce al rechazar la Cámara formalmente el título ejecutivo para promover la ejecución, pero con fundamentos materiales: los ejecutados no serían poseedores del inmueble en cuestión durante el período ejecutado y tampoco corresponde que asuman responsabilidades patrimoniales por obligaciones tributarias previas a la adquisición del inmueble.

Para entender que aquí no existe una sentencia definitiva, a pesar de los fundamentos del rechazo del título, basta comprender que, cualquiera que sea el fundamento, el rechazo tiene sólo valor formal (por injusto que él sea) y que, por lo tanto, la Ciudad de Buenos Aires tiene oportunidad de verificar los extremos de la obligación tributaria de los deudores en el proceso ordinario que corresponda y con la prueba que sea necesaria (por ejemplo: los ejecutados eran poseedores del inmueble antes de adquirir su dominio). En suma, la Cámara no puede darle otro valor a su decisión que aquella que la ley procesal le concede en los juicios ejecutivos: el simple rechazo de la ejecución porque el título ejecutivo, expedido por la propia Ciudad de Buenos Aires, no la funda.

3. No obstante lo señalado en el punto anterior, fue correcta también la decisión de la Sala de no conceder el recurso de inconstitucionalidad porque en el caso no se debate cuestión alguna que involucre un genuino caso constitucional.

Por lo contrario, la discrepancia del GCBA con la sentencia impugnada se plantea con respecto a cuestiones de hecho (si se pidieron o no los certificados de libre deuda en forma correcta), de interpretación del título (certificados expedidos por la DGR) y de Derecho común (alcance de los deberes impuestos por la ley n° 22.427), cuestiones ajenas al objeto del recurso de inconstitucionalidad. Precisamente, la opinión que me hizo cambiar el rumbo inicial seguido en mi voto, ya citada, abunda en el examen de los hechos que provocaron el titulo, por imperio de la cuestión de fondo que constituye tan sólo el fundamento de la decisión de rechazo de la vía ejecutiva por excepción. Cualquiera que sea el grado de acierto de ese examen sobre los hechos entiendo que no es competencia del TSJ por la vía del recurso de inconstitucionalidad. No existe en esa opinión alusión alguna a una regla constitucional lesionada, mucho menos a cualquiera de las enumeradas proficuamente por el recurrente 4. Las numerosas referencias a la arbitrariedad de la sentencia, vinculadas con tales tópicos, intentan, de modo oblicuo, que el TSJ considere y decida aspectos de hecho y de Derecho infraconstitucional, actividad para la cual él no resulta competente. La arbitrariedad denunciada múltiplemente en el recurso de inconstitucionalidad de la actora, no alude a otra realidad distinta -semánticamente- que la voz agravio, más utilizada académicamente para señalar un presupuesto de todos los recursos. Y ella, a su vez, no significa otra cosa que el perjuicio que la decisión provoca por no haber aceptado los puntos de vista del recurrente en cuanto a la valoración del caso y a la determinación de la norma jurídica que le da solución. Como lo he señalado múltiplemente, yo sostengo una posición particularmente estricta respecto de la arbitrariedad como motivo de procedencia del recurso intentado (cf. mis votos en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Farías, María Antonia c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]'", expte. n° 3565/04, resolución del 26/05/05 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Lococo, Marcela c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]'", expte. nº 3792/05, resolución del 29/06/05).

Sin embargo, más allá del grado de rigidez personal en cuanto a esta doctrina, remarco que el recurrente, en su crítica de la sentencia, tampoco ha demostrado a través de la invocación de este motivo un déficit de fundamentación que permita invalidar el pronunciamiento en crisis como un acto jurisdiccional defectuoso.

La propia CSJN -creadora de esta doctrina- advierte que "la (...) arbitrariedad posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación" (Fallos: 323:2879). Asimismo, la Corte sostiene que la tacha de arbitrariedad debe ser apreciada estricta y restrictivamente: "[esta doctrina] no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados (...) sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional" (Fallos: 312:246, 389, 608, 1839, entre otros; este Tribunal: "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. nº 726/00, sentencia del 24/5/01, Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, t. III, ps. 240 y ss; "Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC -causa 555-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. nº 912/01, resolución del 5/12/01; Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, t. III, ps. 749 y siguientes).

Dicho con otras palabras: el GCBA no demostró que sus planteos superen la simple discrepancia sobre la interpretación de los hechos y sobre las normas infraconstitucionales que menciona, ni que la sentencia recurrida presente graves vicios lógicos o defectos insuperables de fundamentación.

5. La referencia ritual a derechos, principios y/o cláusulas constitucionales -en el caso: los principios constitucionales de congruencia, igualdad ante la ley, propiedad, defensa en juicio, legalidad y razonabilidad, y el régimen rentístico de la Ciudad de Buenos Aires (artículos 16, 17, 18, 19, 28, 31, 99, 129 de la Constitución Nacional y 9, 10, 12, 13, 51, 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad)- si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho, principio o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf., entre tantos otros, "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. nº 131/99, sentencia del 23/02/00, en Constitución y Justicia, t. II, ps. 20 y siguientes).

6. Por lo tanto, voto por no hacer lugar a la queja interpuesta por el GCBA.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja obrante a fs. 100/114 vuelta cumple con sus correspondientes requisitos de tiempo y forma. Sin embargo, no puede prosperar.

2. La Cámara resolvió no conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA contra el pronunciamiento de la Sala I que revocó la decisión del juez de grado y desestimó la ejecución fiscal intentada.

Los magistrados explicaron que el recurso cuya copia luce a fs. 74/92 no se dirigía contra una sentencia definitiva, que no se había logrado exponer adecuadamente un caso constitucional y que no resultaba aplicable la doctrina de la arbitrariedad.

3. De los fundamentos del auto denegatorio que fueran motivo de crítica del quejoso, consideraré inicialmente el vinculado a la inexistencia de sentencia definitiva o equiparable, por cuanto la ausencia de dicho recaudo de admisibilidad formal define el rechazo por el Tribunal del recurso deducido por el Gobierno. Anticipo que, en mi opinión, el GCBA no alcanza a acreditar que la sentencia de la Cámara sea definitiva o asimilable (artículo 27, ley n° 402).

Los jueces advirtieron con acierto que, en principio, las decisiones adoptadas en el marco de procesos ejecutivos no son definitivas y que en el caso de autos el recurrente no había demostrado que la sentencia impugnada pudiera equipararse a una resolución de tal carácter.

El actor intenta justificar la equiparación que pretende manifestando que "(...) al haberse expedido el sentenciante con respecto al fondo de esta ejecución fiscal, no existe ninguna instancia ni judicial ni administrativa, por la cual pueda mi parte reclamar o debatir sobre el crédito fiscal adeudado..." (fs. 101 vuelta).

El argumento del ejecutante no se sostiene. El Gobierno no explica por qué el análisis efectuado por la Sala I respecto de la excepción opuesta en estas actuaciones le impide iniciar un juicio de conocimiento contra el propietario anterior y debatir allí la procedencia de la deuda. Nótese, en este sentido, que tal posibilidad le es reconocida por el juego armónico de los artículos 13 y 48 de la ordenanza fiscal texto ordenado en 1992 (reproducidos en lo relevante en las sucesivas ordenanzas fiscales de los períodos reclamados) con las disposiciones de la ley nº 22.427.

La Cámara se limitó a evaluar si WyD tenía legitimación pasiva y concluyó que no. Y el Fisco no demuestra que para así decidir los magistrados hubieran avanzado sobre aspectos que excedieran el marco de la excepción introducida por la ejecutada como así tampoco que se hubieran pronunciado respecto de la existencia o no del crédito del que dice ser titular.

En lo que resta del capítulo IV a) del escrito en examen, el accionante transcribe fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el Tribunal en los que resoluciones dictadas en juicios ejecutivos fueron equiparadas a sentencias definitivas. No obstante, no indica cuáles son las similitudes entre tales antecedentes y los hechos de este caso ni por qué dicha jurisprudencia debería ser aplicada en el marco de la presente ejecución fiscal.

En síntesis, los señalamientos de la Ciudad no son suficientes para demostrar la existencia de un gravamen irreparable que permitiera equiparar la decisión recurrida a una sentencia definitiva.

Como he señalado in re "Club Atlético River Plate Asociación Civil s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Club Atlético River Plate s/ ejecución fiscal" (expte. n° 2690/03) "corresponde exigir un mayor énfasis en la carga de alegación que pesa sobre quien deduce el recurso, pues debe aportar argumentos suficientes respecto de por qué la decisión que se pone en crisis priva al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, le impide el replanteo de la cuestión en otro juicio o le causa un gravamen de imposible o insatisfactoria reparación ulterior. El recurrente no cumple ninguna de estas cargas y esa omisión, en función del principio dispositivo, no puede ser suplida por este Tribunal." 4. Por lo expuesto, voto por rechazar la queja de fs. 100/114 vuelta.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Adhiero al voto del señor juez de tramite, doctor Julio B. J. Maier, en el sentido que, aunque interpuesta en tiempo y forma (cf. art. 33, ley n° 402), la queja no puede tener acogida favorable.

2. Tanto en esta queja como en el recurso de inconstitucionalidad se cuestiona la decisión de la Cámara que, en el marco de una ejecución fiscal promovida por cobro en diferencias en concepto de Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras, Ley nº 23.514, decreto 2107/92 y 606/96) en concepto de unificación de partidas horizontales, hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por la demandada.

Si bien la sentencia recaída en juicios ejecutivos, en principio no reviste el carácter de definitiva en los términos del art. 27 de la ley nº 402, tengo para mi que en estos actuados la recurrente invoca y logra demostrar que procede equiparar el pronunciamiento aquí atacado, a uno de tal carácter. Al tratar esta cuestión en el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad -fundamental para que se habilite la jurisdicción recursiva del Tribunal en el caso, conforme lo establece el art. 27 de la ley n° 402-, la Procuración General de la Ciudad sostiene: "El recurso de inconstitucionalidad se opone contra un decisorio que concluye la cuestión, lesionando de manera irremediable el derecho de defensa en juicio y la recaudación de la Ciudad de Buenos Aires, afectando la normal percepción de la renta pública, causando un agravio de imposible reparación ulterior...// Asimismo en el caso de autos el decisorio recurrido resulta ser una sentencia definitiva en tanto, al menos en apariencia, decidió sobre el fondo de la cuestión litigiosa en debate y tiene la virtualidad fundamental de agotar la jurisdicción del Tribunal que la dicta....// Tal como surge de estos autos, en la sentencia del 26 de diciembre de 2006, la Sala I del Fuero Contencioso Administrativo decidió rechazar la presente ejecución fiscal, haciendo lugar a la excepción de inhabilidad de título, analizando la causa de la obligación, no aplicando lo que la ley establece resulta ser la Ordenanza Fiscal (t.o. 1998) y la Ley Nº 22.427, dejando de esta manera de lado las normas que rigen el proceso de ejecución fiscal" (cfr. fs. 75/77).

Téngase en cuenta que el a quo en oportunidad de resolver la apelación interpuesta sostuvo que "el demandado no se encuentra obligado al pago de la deuda reclamada" (cfr. fs. 70) y "que la acción intentada contra el contribuyente resulta manifiestamente improcedente" (cfr. fs. 71), por considerar que el ejecutado no era el poseedor del bien durante el período ejecutado y, además, porque no había asumido la responsabilidad patrimonial por las obligaciones tributarias pendientes al momento de la celebración de la escritura traslativa de dominio.

En suma, en virtud de no habérsele reconocido legitimación pasiva al ejecutado, el Fisco local no podrá en el futuro hacer valer sus derechos contra él en otra oportunidad procesal, por lo que, conforme a la doctrina de nuestro Máximo Tribunal (cfr. Fallos: 320:1251, 1793; 321:1748, 2093; y 323:816 y 2793, entre otros), el pronunciamiento debe ser equiparado a uno definitivo.

3. Adviértase que de la escritura de compra venta de las unidades funcionales del inmueble sito en la calle Florida 651/653, surge que el aquí demandado las adquirió el 3 de agosto de 1998, es decir con posterioridad a los períodos comprendidos entre los años 1993 y 1998 que se reclaman en la presente ejecución, y que al momento de efectuarse la transferencia del dominio del inmueble, el escribano que intervino solicitó a la Dirección General de Rentas un certificado de libre deuda en el cual no constaba la deuda aquí ejecutada, ni referencia alguna a que había procedido una unificación de partidas, sino tan sólo una atestación manuscrita que consignaba: "Verificar nueva pda.".

Al respecto cabe señalar que la ley nº 22.427 exige que el escribano interviniente en las operaciones de transferencia de derechos reales sobre inmuebles obtenga "el certificado de libre deuda o el pago o retención del monto que resulte del certificado de deuda líquida y exigible expedido por el órgano recaudador" para poder proceder a la autorización del acto, y que, en el caso de que dicho órgano recaudador no se expida en el plazo previsto o "cuando en la constancia no se especifique la deuda líquida y exigible, podrá el escribano proceder a la transferencia del derecho real y su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble" (cfr. arts. 1, 2, 3).

En este sentido, la Sala I de la Cámara en el pronunciamiento que aquí se ataca señala: "La circunstancia de que se haya hecho constar en el mencionado documento en forma manuscrita, la necesidad de verificar una nueva partida, no puede perjudicar al adquirente. Ello así pues... recaía sobre la administración el deber de informar en forma completa sobre toda deuda líquida y exigible que estuviese relacionada con el inmueble, lo cual fue incumplido por el órgano recaudador" (cfr. fs. 70 vta.). Argumento que no ha sido eficazmente rebatido en el recurso. Por lo demás, estimo que resulta oportuno traer a colación que conforme a un antiguo y significativo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recaído in re: "Don Manuel Ocampo con la Administración de Rentas del Rosario, sobre mercaderías embargadas" (Fallos:10:203), sentencia del 27 de junio de 1871, es dable exigir que la Administración Fiscal, en el caso la Dirección General de Rentas, sea leal, franca y pública en sus actos, lo que también resulta aplicable, sin dudas, al sub examine, en tanto pareciera que la atestación consignada en los certificados no alcanza a suplir el hecho de que el fisco no podría reclamar un crédito tributario que no hubiera sido informado al adquirente de modo preciso en los certificados requeridos a dicho órgano con motivo de la transmisión de dominio del inmueble. 4. Asimismo, el recurso de inconstitucionalidad que fuera denegado por la Cámara sólo contiene una genérica invocación de que se hallan vulnerados los principios de legalidad, propiedad, defensa en juicio e igualdad y autonomía de la Constitución Nacional, así como los arts. 9 a 13, 51, 102 y 104 de la CCABA, alusión genérica que no resulta suficiente para superar, en el caso, que la recurrente no ha logrado exponer con claridad y precisión un caso constitucional en los términos del ya citado art. 27 de la ley n° 402, en tanto no logra conectar de modo directo los agravios que a su criterio le provoca la sentencia impugnada, con la aplicación de las reglas constitucionales invocadas.

Como ya se ha dicho en anteriores precedentes, la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional para acceder a este estrado el Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. este Tribunal in re: "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. nº 131/99, sentencia del 23/02/2000, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, t. II, ps. 20 y siguientes).

Por lo tanto, al estar ausente en el recurso un verdadero "caso constitucional", acreditado con una fundamentación precisa y certera, la suerte adversa del mismo ha quedado sellada.

5. Tanto en la queja como en el recurso de inconstitucionalidad, el GCBA subsume buena parte de sus agravios bajo la tacha de arbitrariedad de sentencia, cuando, en realidad a lo que se limita es a manifestar su discrepancia con los razonamientos vertidos en la sentencia cuestionada. Valga indicar en este punto, que el Tribunal también ha dicho, en numerosas oportunidades, que tal discrepancia no significa que la oclusión por el a quo de este estrado resulte arbitraria (cf. este Tribunal, in re "Federación de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, t. I, ps. 282 y ss., entre otros) y que la arbitrariedad aquí esgrimida debe ser apreciada estricta y restrictivamente, como excepción, pues, según lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados (...) sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional" ("Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabio s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. n° 726/00, sentencia del 24/5/01, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, t.III, ps. 240 y siguientes)	En virtud de las consideraciones expuestas, así como por los fundamentos en sentido concordante vertidos en su voto por mi colega el doctor Julio B. J. Maier, corresponde rechazar el recurso de hecho planteado.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto de mi colega, el juez José Osvaldo Casás.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Adelanto que los agravios formulados por el GCBA suscitan, como expondré en lo que sigue, una cuestión constitucional suficiente para su tratamiento en esta instancia.

2. El recurso de inconstitucionalidad -a diferencia de lo que entendió el a quo al denegar dicho remedio procesal- está dirigido contra una sentencia definitiva en los términos del art. 27 de la ley 402. Tal cual apunta, no lo sería si el pleito pudiera ser repuesto en un juicio ordinario posterior -el efecto de la excepción de inhabilidad de título, por regla, consiste en que, de prosperar esa excepción, pueda emitirse una nueva constancia de deuda-. Pero, esto no es lo que ocurre en el caso, porque la Cámara en el sub examine se expidió con relación a la obligación de fondo, impidiendo de esta manera que dicha discusión pueda tener lugar en un proceso ordinario ulterior. En este orden de ideas, el a quo sostuvo "...que el demandado no se encuentra obligado al pago de la deuda reclamada..." (fs. 383). Para así decidir, expresó que "...la acción intentada contra el contribuyente resulta manifiestamente improcedente, por dos razones: 1) el demandado no asumió la responsabilidad patrimonial por las obligaciones pendientes al momento de adquirir el bien; y 2) el escribano interviniente en la operación solicitó oportunamente el certificado de libre deuda ante el órgano recaudador, y fue este último quien no cumplió correctamente con su obligación de informar los créditos pendientes" (fs. 384). En concordancia con lo expuesto, la CSJN tiene dicho, para un remedio procesal, en lo pertinente, de similares características, que "[e]s sentencia definitiva la dictada en un proceso de ejecución fiscal cuando el fisco recurrente no dispondrá en el futuro de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos" (Fallos: 271:158; 295:363, entre muchos otros).

3. El GCBA se agravia, principalmente, de la forma en que la Cámara valoró la labor del escribano a la luz de las obligaciones que le impone la ley 22.427 (señala que el a quo yerra al sostener que ".el escribano solicitó debidamente los certificados de deuda antes de otorgar la escritura traslativa de dominio, [puesto que] no advierte que nunca lo hizo con relación a la partida cuya ejecución se promueve en estos autos, la 3.609.145.") (fs. 404vuelta). Relata que el escribano nunca pidió el certificado de deuda con relación a la partida cuya ejecución se promueve en autos, esto es, la n° 3.609.145, sino que lo hizo, únicamente, con relación a partidas n°: 1.372.414, 1.372.415, 1.372.411, 1.372.412. Afirma, a su vez, que la hoy demandada tenía pleno conocimiento de la unificación de partidas; "prueba de ello es que la propia ejecutada inició un pedido en sede administrativa (ver fs. 63 de la Nota N° 196-DGATyRF-2005, la cual se encuentra en autos ofrecida y acompañada como prueba), en donde solicitó la imputación de los créditos de las Partidas 1.372.411, 1.372.414, 1.372.415 y 3.609.145, a la Partida Matriz N° 0220580" (fs. 410vuelta) (el resaltado y subrayado corresponde al original). Aduce, asimismo, que "resulta fútil, la excusa que utilizan los sentenciantes, en cuanto trasladan la responsabilidad a la Dirección General de Rentas, quienes se limitaron a otorgar la información que pedía el escribano" (fs. 404vuelta).

Tacha, también, de arbitraria la sentencia de Cámara porque no valoró el hecho de que el escribano no tuvo a la vista, al realizar la escritura, los certificados de deuda requeridos, situación que se encuentra acreditada, a juicio del GCBA, con la leyenda consignada en la escritura que dice que "'[c]on los certificados administrativos que una vez liberados agregaré a la presente se acreditará que no se adeudan servicios vencidos en concepto de Impuestos Municipales'" (fs. 411vuelta).

Por último, sostiene que, por todo lo expuesto, la sentencia recurrida resulta violatoria de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 31, 99 y 129 de la CN y 9, 12, 13, 51, 102 y 104 de la CCBA.

4. En primer lugar resulta necesario repasar las cuestiones suscitadas en la presente causa. El GCBA inició la presente ejecución fiscal sobre la base del certificado que obra a fs. 2 que reza del siguiente modo: "[c]onsta en los libros de esta Dirección General que el SR PROPIETARIO Propietario (sic) del inmueble ubicado en: FLORIDA 668 PB 8 (1005), adeuda al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, la suma de Pesos ciento cincuenta y dos mil setecientos nueve con dieciocho centavos ($ 152.709,18), por la contribución que se detalla: diferencia en contribución de ALUMBRADO BARRIDO Y LIMIPEZA, y de PAVIMIENTOS Y ACERAS, y LEY 23514, Decreto 2107/92 y 606/96" "PARTIDA: 3.609.145" en "[c]oncepto: Unific. de Partidas Horizontales". "Períodos liquidados: 01/01/1993 a 31/12/1998" (la mayúscula y la negrita corresponden al original). A fs. 51/53, se redujo el monto reclamado a la suma de $ 114.442,50 porque se procedió "...a compensar el pago en exceso de las partidas 1.372.412/413 a la partida N° 3.609.145, perteneciente a la unidad 8 planta baja del inmueble ubicado en Florida 663" (fs. 48). La demandada opuso al progreso de la demanda la excepción de inhabilidad de título fundada, principalmente, en: (i) que adquirió las unidades funcionales en agosto de 1998, esto es, con posterioridad a que se devengara la obligación reclamada en autos; (ii) que se requirieron al momento de la escrituración los certificados de deuda correspondientes a cada unidad funcional que formó parte de la operación de compra-venta -unidades 3, 5, 6 y 7- sin que de ellos surgiera adeudado monto alguno y, menos aún, la existencia de la partida que hoy se pretende ejecutar. Con el objeto de acreditar ello acompañó al sub lite la documentación requerida al Archivo de Actuaciones Notariales de la que surge que fueron otorgados certificados por las partidas 1.372.413, 1.372.414, 1.372.145, 1.372.411 y 1.372.412; y, por último, (iii) que en la escritura de compra-venta acordaron ambas partes, vendedora y compradora que, de existir deudas pendientes, sería la primera quien se haría cargo de ella, por lo que, en todo caso, la Administración debería iniciarle demanda al anterior dueño de los inmuebles.

El juez de primera instancia rechazó la mencionada excepción sobre la base de (i) que no surge de la escritura que el escribano haya tenido a la vista, al tiempo de otorgarla, los certificados de deuda, situación que, a juicio del magistrado, se halla acreditada ".por la fecha que luce en los pedidos de informes." (15 de diciembre de 1998); y (ii) que rentas le había informado al escribano que con relación a las partidas 1.372.412 y 1.372.413 existía una nueva partida al consignar en ambos certificados la leyenda 'verificar nueva pda'. La Cámara, a su turno, hizo lugar a la apelación y revocó la sentencia recurrida desestimando la ejecución intentada. Sostuvo, esencialmente, que el escribano había actuado diligentemente al momento de dar cumplimiento a las previsiones de la ley 22.427 (afirma que requirió los certificados de deuda de las unidades funcionales objeto de la operación) y que, por el contrario, la Administración lo hizo de manera inadecuada al omitir informar la existencia de la nueva partida, sin que a tales fines resultara suficiente la leyenda consignada en los certificados de deuda de las mencionadas partidas n° 1.372.412 y 1.372.413.

5. El presente proceso tiene por objeto la ejecución de un título -constancia de deuda- emitido con características que el gobierno emisor estimó idóneas a ese fin. Certifica que el propietario adeuda cierta suma en concepto de ABL, territorial y de pavimentos y aceras y ley 3.514, decreto 2107/92 y 606/96 correspondientes a la partida N° 3.609.145. La demandada pretende haber quedado desobligada por efecto de los certificados de deuda requeridos por el escribano respecto de las partidas n° 1.372.413, 1.372.414, 1.372.415, 1.372.411 y 1.372.412 que, no se discute, comprendieron en algún momento el inmueble comprendido en el presente por la citada partida n° 3.609.145. La certificación de deuda, tampoco se discute, no comprendió el período iniciado a partir de la unificación de las n° 1.372.412 y 1.372.413 en una sola unidad la registrada bajo la partida n° 3.609.145. La sola confrontación entre la constancia de deuda -título ejecutado- y los certificados basta para rechazar la excepción de inhabilidad de título esgrimida, toda vez que la verificación que la modalidad procesal del juicio ejecutivo permite se reduce al examen exclusivamente extrínseco que, como dije, arroja un resultado negativo para la demandada. En este orden de ideas, la CSJN tiene dicho que esa excepción sólo puede fundarse en las irregularidades de que éste pueda adolecer, en sus formas extrínsecas, sin que sea posible mediante esta defensa, cuestionar la causa de la obligación (Fallos: 312:1163, entre muchos otros).

De todos modos, el examen material que permite el desarrollo heterodoxo que se le ha dado a la mencionada excepción sugiere idéntica conclusión.

5.1. La Cámara a quo decidió que pesaba sobre la Administración la obligación de otorgar un certificado por la partida nueva, producto de la unificación de las partidas n° 1.372.412/3, aun cuando el correspondiente a aquélla no fue requerido debido a la circunstancia de que era resultante de la citada unificación. En otras palabras, el a quo entendió que al haberse unificado las mencionadas partidas era deber de la Administración informar dicha situación al solicitante del certificado de deuda, sin que bastase a tales fines la inclusión de la leyenda, "verificar nueva pda.", por lo que decidió que la deuda no podía ser reclama al adquirente. Vale comenzar por el hecho de que para sostener que pesa sobre un sujeto de derecho una obligación es condición necesaria poder identificar su fuente. Ello no formó parte del pronunciamiento. Cabe agregar que tampoco lo fue de las presentaciones de la demandada.

A su vez, esa decisión no resulta ajustada a las constancias que obran en la presente causa. Las copias de los certificados de deuda acompañadas al sub lite sugieren arribar a la conclusión opuesta. El servicio de solicitud de informes que realizan los escribanos ante la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario -conforme surge del sello que obra en los márgenes superiores derechos de las copias acompañadas al expte. a fs. 209, 212, 215, 218 y 221- es uno tarifado; situación que impide tener por cierto que constituye una obligación del GCBA "...poner en conocimiento del notario actuante la totalidad de las obligaciones pendientes..." (fs. 383vuelta), como lo sostuvo el a quo. En todo caso, los textos de los certificados reducidos cada uno de ellos a una partida, cuando habría sido natural reunir a varias en un solo pedido, hace probable que la tarifa esté liquidada a razón de una por partida acerca de la cual se informa. Si ello fuera así, la razón por la cual la Administración no evacua el informe más que por la partida solicitada no es otra que el modo en que tanto ella como el requirente del certificado entienden la relación jurídica que se establece a partir del acto de requerir y abonar por el requerimiento. A partir de ello, no se puede esperar que un empleado de la Administración otorgue información por la cual no se ha abonado, puesto que de hacerlo vendría a otorgar una indebida exención.

No obstante que no hay, como dije, causa para suponer un deber en la Administración con el alcance postulado en el fallo que viene recurrido, aquélla informó al escribano -a diferencia de los señalado por las partes y el a quo-, la existencia de una nueva partida no sólo por medio de la leyenda "verificar nueva pda." consignada en los certificados correspondientes a las partidas n° 1.372.412/3, sino que, también dejó sentado en ellos, conforme surge de lo asentado a la vera del número de partida a que corresponde cada certificado, que esas dos partidas habían sido dadas de baja el 01/01/1993 (conf. fs. 211 y 223, parte superior izquierda de la copia agregada). Dicha situación fue plasmada en los certificados requeridos mediante la siguiente expresión: "PARTIDA : 1372413 BAJA : 01/01/93" (fs. 211) y "PARTIDA : 1372412 BAJA : 01/01/93" (fs. 223). Por otra parte, en el resto de los certificados solicitados se puede leer la siguiente expresión: "PARTIDA : 1372414 ALTA : 00/00/00" (fs. 214), "PARTIDA : 1372415 ALTA : 00/00/00" (fs. 217) y "PARTIDA : 1372411 ALTA : 00/00/00" (fs. 220). No más, según parece, podía certificar el agente público.

Asimismo, tampoco se halla acreditado que la actividad investigativa que el escribano debía desplegar, al tomar conocimiento de la advertencia consignada en las partidas n° 1.372.412/3, esto es, la leyenda "verificar nueva pda." y que esas partidas habían sido dadas de baja el 01/01/1993, para completar sus deberes fuera, como sostiene la Cámara, de envergadura. Ello así, toda vez que no hay elementos en el expediente que permitan afirmarlo; tuvo la noticia de la existencia de una nueva partida, también la fecha en que fueron dadas de baja aquellas por las que había formulado el requerimiento.

5.2. Cabe señalar, que tampoco operó con relación a la tantas veces mencionada partida n° 3.609.145, el plazo previsto en el art. 2 de la ley 22.427. Ese artículo establece que "[e]l juez o escribano interviniente podrá ordenar o autorizar el acto de constitución o transferencia de derechos reales sobre inmuebles y su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble una vez transcurridos veinte (20) días de presentada la solicitud para obtener el certificado de deuda líquida y exigible o si se expide sin especificar la deuda líquida y exigible. En el acto deberá dejarse constancia de la certificación requerida y sobre el vencimiento del plazo, quedando liberados el escribano interviniente y el adquirente de toda responsabilidad por la deuda, sin perjuicio de los derechos del organismo acreedor de reclamar el pago de su crédito contra el enajenante como obligación personal" (sin resaltar en el original). Ello así, porque conforme quedó señalado en los párrafos que anteceden, no se halla controvertido en autos que el escribano no solicitó el certificado de deuda líquida y exigible correspondiente a la partida n° 3.609.145 (con lo cual no comenzó a correr el plazo), sino si era deber de la Administración informar acerca de la nueva partida acerca de la cual no había sido requerida certificación, cosa que, como dije, no encuentra respuesta positiva en las constancias de la causa. Tampoco, si cupiera tenerlo en cuenta, está acreditado que el escribano haya dejado sentada en la escritura una constancia refiriendo que fue requerida la certificación por esa partida y, por tales motivos, menos aún, una que estableciera que hubiera operado el vencimiento del plazo. Es decir, que el adquirente no se encontró con una mención que pudiera hacerle suponer que quedaba desobligado por esa vía.

6. En otro orden de ideas, el texto de los certificados, que expone: "cualquier importe que por diferencias, reajuste, deudas pendientes de liquidación u otros conceptos, pudieran corresponder y no estuvieren informados en el presente, estarán a cargo de quien en la fecha respectiva haya estado en posesión del bien, salvo que su continuador en el dominio o la posesión hubiese asumido tales obligaciones solidariamente de acuerdo con lo dispuesto por el art. 5to de la ley 22.427", no varía lo expuesto, ya que cualquier valor que cupiera asignarle carece de interés en el caso porque no fue establecido para la partida que hoy se pretende ejecutar, sino exclusivamente para las que fueron requeridas por el escribano.

Por ello, habiendo dictaminado el Fiscal General Adjunto, voto por: i) admitir la queja, ii) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, y iii) revocar la sentencia de Cámara y confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto resolvió llevar adelante la ejecución. Costas a la vencida.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja planteado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva el principal con la queja.