Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-11


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87791 CAUSA NRO. 11.094/2010 AUTOS: "FIORITO MYRIAM C/LIBRERÍA LGC S.A. Y OTROS S/ DESPIDO" JUZGADO NRO. 6 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de junio de 2.012 , reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. La sentencia de fs.672/678 es apelada por la parte actora y por el codemandado Marcelo Roman García Cambeiro por sí y en representación de la codemandada Librería LGC S.A. a tenor de los memoriales que lucen a fs. 685/686, que merecieron las réplicas de fs. 693/694 y fs. 692. A fs. 687 los codemandados García Cambeiro y Martín Fernando García Cambeiro se agravian por el modo en que fueron impuestas las costas y a fs. 683 la perito contadora apeló sus honorarios por bajos. II. Llega firme a esta Alzada que la actora se desempeñó en distintos lapsos temporales, primero para Librería García Cambeiro Sociedad de hecho y luego para Librería LGC S.A. Trataré en primer lugar el agravio vertido por la actora respecto de la fecha de ingreso a la sociedad de hecho determinada en origen, pues insiste en que lo hizo el 29 de junio de 1998 y no el 1 de julio de 1999. La Sra. Magistrada de grado, para concluir de la manera que lo hizo, evaluó los testimonios de Huayhua Sullcata (fs. 562/564), Coelho (555/558), Maidana (fs. 559/561) y Peppa (640/642). Realizó un análisis de cada declaración a la vez que destacó respecto de esta última -única testigo de la que podría derivarse que el ingreso de la actora habría sido en el año 1998- que no supo dar suficiente razón de sus dichos pues en cuanto a la cuestión esencial, dijo saberlo por dichos de la propia actora, circunstancia que la condujo a su descalificación. (art. 90 L.O.).

Sin embargo, la parte actora en este aspecto nada criticó, ni siquiera hizo mención de dichos testimonios y en este sentido el recurso se encuentra desierto pues en tales condiciones la queja no constituye una crítica concreta y razonada del fallo de grado (conf.art. 116 L.O.), en consecuencia, debería considerarse como fecha de ingreso a la sociedad de hecho el 1/7/99 tal como dispuso la Sra. Jueza de grado.

III.- Por su parte el codemandado Marcelo Román García Cambeiro por sí y en representación de la codemandada Librería LGC S.A. se queja por la fecha de ingreso de la actora a la sociedad anónima que fuera determinada en grado. Alega que la actora ingresó el 1 de septiembre de 2006 y no en diciembre de 2005 .Sin embargo, la Sra. Jueza de grado expresó que la Sra. Fiorito, luego de haber renunciado a la sociedad de hecho mediante telegrama remitido el 11/7/2002, viajó a Brasil para la constitución de otra sociedad junto con el codemandado Marcelo García Cambeiro denominada Latbook Brasil Ltda y que regresó incorporándose en Diciembre del 2005 en la empresa codemandada Librería LGC S. A. y no como sostuvo en Marzo del 2005. Para arribar a tal conclusión, consideró los instrumentos aportados por los codemandados, obrantes a fs. 64/99 como así también el contrato de cesión a favor del Sr. Pedro Huayhua Sullcata -quien compró el 10% del paquete accionario que tenía la actora en Latbook Brasil Ltda- que dan cuenta de que permaneció en Brasil por lo menos hasta Octubre o noviembre del 2005, dato que también surgió de las declaraciones de Coelho y Maidana.

El apelante ningún cuestionamiento efectúa a los elementos probatorios reseñados. Se limita a sostener su postura originaria desestimada en la instancia anterior y olvida que reconoció que la actora había ingresado en septiembre de 2006 pero que de la pericia contable de autos surge que se hallaba registrada a partir de enero de 2007; además respecto de las declaraciones que cita ( Coelho y Maidana) es jurisprudencia de esta Sala que no basta con la remisión genérica de la prueba testimonial producida en autos sino que el recurrente debe examinar con precisión lo que los declarantes dicen pues su omisión hace que la queja no se baste a si misma (CNAT , Sala I, "Díaz Oscar c/ Valeriano Cohen e Hijos S.A." SD 56978 del 10/4/89), por ello, ante la falta de crítica concreta y razonada del pronunciamiento de grado, este segmento de la queja se tona desierto. (art.116 L.O.) En consecuencia, siendo que la codemandada Librería LGC S.A. no registró adecuadamente la fecha de ingreso de la actora, tal como fue decidido e la instancia anterior, la decisión rescisoria fue justificada y ajustada a derecho (art. 242 y 246 LCT), siendo acreedora a las indemnizaciones derivadas del despido y multas de los arts. 9 y 15 LNE tal como se dispuso en origen.

IV. También se agravia porque la Sra. Magistrada de grado consideró que al constituir la sociedad anónima, lo que se hizo fue regularizar la situación de la sociedad de hecho y aplicó lo normado por el art.22 de la Ley 19550. Resalto que el agravio que pretende introducir el apelante no constituye una crítica razonada y concreta de la decisión de grado (art.116 L.O.) pues se limita en forma generalizada y abstracta a sostener que la sociedad de hecho se mantiene vigente y absolutamente independiente de la Sociedad Anónima, tanto respecto del personal, clientela y domicilio, sin perjuicio de estar conformadas por las mismas personas.

No obstante, a fin de garantizar su derecho de defensa, considero pertinente realizar algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, no existen elementos que abonen su tesis, por el contrario, la sociedad de hecho no exhibió sus libros, elementos que a los efectos probatorios resultaba esencial pues al ejercer el comercio bajo una forma precaria y limitada se encuentra sujeta a las disposiciones de la Sección IV de la Ley 19550 y el hecho de que su objeto es comercial y como tal ejerce el comercio, se encuentra obligada a llevar los libros comerciales además de los registros laborales (art.52 LCT) y esta conducta, en nada mejora su postura, pues no ha sido posible verificar esa independencia societaria a la que hizo referencia, máxime que ni siquiera en su agravio el codemandado Marcelo Román García Cambeiro, que se presentó en representación de la sociedad de hecho y de la codemandada Librería LGC S.A., explicó el porqué de la existencia en paralelo de ambas sociedades con idéntico objeto social y este aspecto, señalado por la Sra. Jueza de grado, tampoco fue cuestionado.(art.116 L.O.). En segundo lugar, la Sra. Jueza analizó los instrumentos que dan cuenta de la constitución de la sociedad codemandada Librería LGC que data del 3/10/03, con la modificación incorporada el 26/9/05, de los que se desprende que las mismas personas que admiten formar parte de la sociedad de hecho resultan ser los integrantes de la S.A. que la dirigieron y administraron desde su constitución -aspecto reconocido en esta Alzada- inclusive manteniendo el mismo objeto social, esto es compra, venta, distribución, consignación, comercialización en todas sus formas por mayor y menor de libros, revistas y toda otra producción gráfica y la exportación de libros de edición argentina, agregando la reforma estatutaria de Septiembre del 2005 la importación y exportación de todo el material antedicho, encuadrando el caso en lo dispuesto por el art.22 de la ley 19550.

En este aspecto, las particularidades del caso conducen necesariamente a recordar que la empresa constituye un elemento de la organización económica sujeta a regulación jurídica desde varias disciplinas y en orden a ello, desde el Derecho del Trabajo es definida utilizando un concepto organizativo y finalista, es decir, como instrumento para satisfacer necesidades humanas, no es un ente jurídico ni un sujeto de la relación laboral. Se presenta tal cual es en la realidad, es decir, como un conjunto de elementos personales, materiales e inmateriales, organizados, ordenados y dirigidos bajo la dirección de un empresario o grupo empresarial con el objetivo de explotar una determinada actividad económica y producir bienes y/o prestar servicios.(art.5° LCT). A influjo de los cambios económicos, institucionales y tecnológicos, las empresas han recurrido a nuevas estrategias de organización y gestión y es así que en la actualidad el paradigma empresarial descansa sobre las tecnologías de información, en organizaciones flexibles adaptables dentro y fuera de las empresas, inclusive fuera de las fronteras nacionales, es decir, en un marco lícito, la empresa utiliza nuevas técnicas de gestión y de organización en una economía de mercado que goza de garantía constitucional.

Por su parte y tal como se ha resaltado en la exposición de motivos de la Ley 19550, la sociedad es la forma típica de la empresa económica con personalidad propia, organizada de acuerdo a uno de los tipos previstos por la ley, como ocurre en autos con la constitución de la sociedad anónima e inclusive, la propia ley de sociedades reconoce a la sociedad de hecho, la cual, aunque precaria y limitada, reúne elementos básicos de la sociedad y la somete a la disposiciones de la Sección IV. En el presente caso surge la existencia de una empresa dirigida por los Sres. García Cambeiro, quienes integran una sociedad de hecho y a la vez son los socios fundantes de una sociedad anónima. Tal como señalaron los testigos Coelho y Maidana, ambas sociedades se dedican a la venta de libros y suscripción de revistas y en algún momento -estimo que a partir de la constitución de la sociedad anónima- la librería García Cambeiro se dedicó a revistas y la Librería LGC S.A. a la venta de libros. Mas allá de las razones que impulsó a los Sres. GarcÍa Cambeiro (fiscales, comerciales, mejor cumplimiento del objeto social mediante la importación y exportación etc.) a continuar con una sociedad de hecho que mantiene su actividad y giro empresarial a la par de la constitución de una sociedad anónima, tal conducta no merece reproche alguno pues la observo en el marco de la Ley 19550.

Sin embargo, estas técnicas lícitas de gestión, de organización y de descentralización empresarial, en el marco del Derecho del Trabajo, encuentra límite en el orden público laboral porque en definitiva, cuando tal forma de organización puede eventualmente significar un riesgo en la vigencia de los derechos de las personas que se desempeñan en relación de dependencia, debe ser analizada a la luz del principio de primacía de la realidad (art.14 LCT).

Desde tal perspectiva, observo la existencia de una única entidad económica sujeta a una sola dirección pero que en la realidad aparece dividida en dos sociedades que en el caso concreto, se traduce en una disminución en la aplicación y operatividad de las normas laborales, pues la recurrente sostiene que ambas sociedades son independientes y que no existió regularización alguna con el claro objetivo de afirmar la existencia de dos relaciones laborales distintas, pretensión que de admitirse, incidiría en la antigüedad de la actora. De esa manera, se pretende sustraer el derecho de la trabajadora para que se compute todo el tiempo de servicio que adquirió en una de esas entidades, el cual debe ser considerado, independientemente del tipo legal de una y otra sociedad y que se encuentre o no regularizada en tanto rige al respecto el Principio Protectorio del Derecho del Trabajo consagrado en el art.14bis de la Constitución Nacional como garantía de los derechos reconocidos a favor de la persona trabajadora. Por los argumentos expuestos, propicio que para el cálculo de la indemnización por antigüedad se compute el tiempo de servicio prestado por la actora a las órdenes de la sociedad de hecho, conforme lo dispuesto por el art.18 de la Ley de Contrato de Trabajo.

V. Con relación al tiempo de servicio como elemento para el cálculo de la indemnización por antigüedad, la parte actora pretende ante esta Alzada que se compute desde su ingreso hasta el momento de la extinción del contrato de trabajo, sin que se tome en cuenta la renuncia efectuada pues afirma que trabajó siempre para los mismos empleadores (García Cambeiro Roman Marcelo, García Cambeiro Fernando y García Cambeiro Martín Fernando). Sin embargo, esta renuncia que operó el 11/7/02 a la sociedad de hecho mediante telegrama fue considerada por la Sra. Jueza de origen como válida dado que no se acreditó la existencia de ardid o engaño o algún otro vicio de la voluntad que pudiera perturbar el consentimiento prestado por la actora, pues ello no puede derivarse de la sola constitución de una sociedad entre la actora y García Marcelo Cambeiro en San Pablo Brasil (Latbook Brasil Ltda) en el año 2002, ello así, sin perjuicio de los instrumentos acompañados por la misma demandada como Recibos de pagamento de salario, relación que debe ser juzgada la luz de las leyes y costumbres del país de ejecución, quedando excluida esa relación de la ley 20.744 (conf.art. 3º LCT y art.1210 CC).

Al respecto, nada dijo el apelante acerca de los elementos que tuvo en cuenta la Sra. Magistrada para considerar válida la renuncia de la actora a partir del 11/7/2002 por lo que en este aspecto, la queja también se encuentra vacía de contenido en tanto no se efectuó una crítica concreta y razonada de cada una de las cuestiones que se detallaron (conf.art. 116 L.O) En consecuencia, si bien la actora se desempeñó siempre para la misma empleadora, dado la renuncia instrumentada mediante telegrama a partir del 11/7/2002, no es posible -como pretende- considerar que existió una relación sin solución de continuidad hasta marzo/2008.

VI. De acuerdo a lo analizado, quedaría confirmado y así lo he propiciado, que la actora ingresó a las órdenes de su empleadora el 1/7/99 hasta la extinción del contrato de trabajo ocurrida por renuncia de la trabajadora el 11/7/2002; que reingresó en diciembre de 2005 y que este contrato de trabajo se extinguió por despido indirecto el 7/3/2008, alcanzando una antigüedad -conforme lo prescripto por el art.18 de la LCT- de 5 años, dos meses y 17 días.

En consecuencia y relacionado con lo anterior, corresponde expedirme acerca de otro de los agravios vertidos por la parte actora quien se queja porque la Sra. Jueza de origen omitió expedirse acerca del reclamo por vacaciones/2007 y el salario perteneciente al mes de Febrero del 2008 que se encuentra aún impago tal como lo informó la perito contadora en el punto h). Asiste razón al apelante aunque parcialmente.

En efecto, con relación a las vacaciones pertenecientes al año 2007 observo que en el escrito de demanda sólo incluyó en la liquidación el rubro en cuestión sin haber fundado el reclamo por tal concepto pues ni siquiera manifestó que dichas vacaciones las hubiera gozado (v. fs. 6/9 del escrito de inicio) y lo cierto es que no son compensables en dinero (art. 162 LCT y art. 65 L.O.), razón por la cual debería desestimarse el rubro vacaciones/2007 En cambio, con relación al salario perteneciente a Febrero del 2008 observo que la Sra. Jueza de grado omitió expedirse y considero que ese rubro debe ser admitido pues si bien la codemandada LGC S.A. acompañó el recibo de sueldo que obra a fs. 101 mediante el cual se habría abonado el período objeto de reclamo, tal instrumento fue desconocido a fs. 316, 405 y 635, no se produjo prueba caligráfica que acredite su autenticidad a lo que se suma que la experta contable informó que observó liquidación por el mencionado mes pero no se le exhibió el instrumento pertinente que acredite su pago. Por ende, no existiendo constancia idónea que acredite su pago (arts.138 y cctes de la LCT ), corresponde incorporar la suma de $ 1317,80 según el recibo de fs.101 y elevar la condena de autos. VII. La parte actora se agravia porque la Sra. Jueza de grado no mencionó en el decisorio el monto de la remuneración que tuvo en cuenta para el cálculo de la indemnización por antigüedad y los demás rubros derivados del despido considerando que los valores no se ajustan a la remuneración que percibía la actora y que el cálculo debería realizarse sobre la remuneración denunciada de $ 1.815,91 tal como surge de los recibos de sueldo acompañados. Por su parte, la demandada cuestiona el cálculo realizado en orden a la indemnización por antigüedad, pues aduce que el último salario percibido por la actora fue de $ 1.351,55, tal como surge de la pericia contable obrante a fs. 607 y la antigüedad data de diciembre del 2005 hasta marzo del 2008.

La queja de la parte demandada no debe prosperar pues la base remuneratoria a los fines de calcular la indemnización por antigüedad corresponde a la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por la trabajadora durante el último año de la relación o período mayor a tres meses y no la última como lo señala la apelante ( art. 245 LCT), además, la recurrente omite tener en cuenta el período en que la actora se desempeñó para la Librería Cambeiro SH, tal como se dispuso en origen y cuya decisión ya he propiciado que se confirme a tenor de los argumentos expuestos precedentemente.

En cambio, respecto de la queja de la actora, tal como afirma, la Sra. Jueza de grado tuvo en cuenta el detalle que realizó la perito contadora a fs 607 pero no indicó qué remuneración tomó para realizar la liquidación final y en tal sentido, asiste razón a la apelante pues del análisis de los recibos acompañados, obrantes a fs. 233/244 se advierte que la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por la actora en el último año de relación fue la perteneciente al mes de Enero/2008 por la suma de $ 1.815,91 tal como se desprende del recibo que obra a fs. 233 reconocido por la contraria a fs. 636 (conf..art. 245 LCT). Advierto que el salario perteneciente a ese mes no fue consignado por la experta contable al realizar el detalle de las remuneraciones percibidas por la actora, a fs. 607.

En consecuencia, debería modificarse la liquidación de la indemnización por antigüedad teniendo en cuenta dicho salario y antigüedad alcanzada por la actora como así también los rubros que tienen una incidencia directa sobre el mismo. Asimismo, a los fines del cálculo de la indemnización sustitutiva del preaviso, si bien corresponde aplicar el principio de la normalidad próxima y debería tomarse a esos fines el salario perteneciente al mes de Febrero del 2008, lo cierto es que éste no fue abonado, por lo que corresponde tener en cuenta el perteneciente al mes de Enero de ese año, es decir, la remuneración de $ 1.815,91.

VIII. De acuerdo a lo dispuesto precedentemente, corresponde modificar la liquidación de origen por los siguientes rubros y montos: 1) Indemnización por antigüedad (art. 245 LCT): $9.079,55; 2) Indemnización sustitutiva de preaviso más la incidencia del Sac: $ 3.934,47 ; 3) Integración del mes de despido con la incidencia del sac: $ 1.269,27 ; 4)Días trabajados en el mes de Marzo/08 hasta el día de la ruptura: $ 644,27; 5) Sac prop./2008: $ 299,68; 6) Vac. Prop/08 con la incidencia del Sac: $ 271,45; 7) art. 45 Ley 25.345:$ 5.447,73; 8) Art. 9 ley 24.013: $ 4539,77; 9) Art 15 Ley 24.013: $ 12.316,05; 10) Art. 2º Ley 25.323: $ 6158,02 y 11) Salario mes de Febrero /2008: $ 1.317,80, todo lo cual hace un total de $ 45.278,06, suma a la que deberán adicionarse los intereses dispuestos en origen dado que llegan firmes a esta Alzada y desde que cada parcial es debido.

IX. La parte actora también se agravia porque la Sra. Jueza de grado omitió extender la responsabilidad a los codemandados Fernando García Cambeiro y Martín Fernando García Cambeiro en su carácter de directivos de la demandada Librería LGC S.A.. Señala que el primero lo hacía en su carácter de vicepresidente del directorio y el segundo en su carácter de socio controlante. Alega que corresponde atribuírles responsabilidad porque la irregularidad registral en la que incurrió la codemandada Librería LCG S.A. constituyó un uso abusivo de la figura societaria y por su parte, el codemandado, Sr. Marcelo Román García Cambeiro en su calidad de presidente de la codemandada Librería LGC S.A. también se agravia en virtud de la extensión de la responsabilidad dispuesta en su contra, pues alega que siempre obró con lealtad y la debida diligencia de un buen hombre de negocios, solicitando se revoque el fallo en tal aspecto. No cabe duda que el codemandado Marcelo Román García Cambeiro, era el presidente del directorio de la codemandada Librería LGC S.A. -circunstancia que se encuentra reconocida en la presentación recursiva y corroborado por el informe de la Inspección General de Justicia -v. fs. 620- Por su parte de dicho informe se deriva que el Sr. Fernando García Cambeiro era el director titular y el Sr. Fernando Martín García Cambeiro no formaba parte del directorio sino que era accionista pues suscribió parte del capital social (v. tambien fs. 620). Cabe aclarar que otorgo validez a dicho informe de la Inspección General de Justicia en tanto no fue impugnado por ninguna de las partes (arts. 403 CPCCN y 155 L.O.) En autos quedó debidamente corroborado que Librería LGC S.A. registró incorrectamente la fecha de ingreso tal como lo señalé en el considerando II. Por otra parte no cabe duda que Marcelo Román García Cambeiro intervenia en la administración en su carácter de presidente del directorio y Fernando García Cambeiro como director titular, y que ambos ejercieron el control y la formación de la voluntad social de la misma, con conocimiento directo de la actuación fraudulenta de la persona jurídica.

Si bien los actos realizados en el seno del órgano son tenidos como realizados por la persona jurídica, ello es sin perjuicio de la responsabilidad personal que, atendiendo su actuación individual, pueda acarrearle (arts.59 y 274 Ley 19550). El administrador societario, al desempeñar funciones no regladas de la gestión operativa empresaria, debe obrar con la diligencia del buen hombre de negocios que debe ser apreciada según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art.512 del Código Civil) y la actuación presumible de un buen hombre de negocios (art.902 del Código citado). La omisión de tal diligencia hace responsable al administrador por los daños y perjuicios generados y ello lo obliga a responder por los causados por la omisión de cuidados elementales, configurando responsabilidad por culpa grave y, obviamente, el dolo (conf. CN Com. Sala B, en autos "Alarcón Miguel Angel c. Distribuidora Juárez SRL y otros", del 17.06.03).

Así pues, cuando una sociedad realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo o articula maniobras para desconocer una parte de la antigüedad o para ocultar una parte del salario, resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los directores y administradores por vía de lo dispuesto en los arts.59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales.

La conducta tipificada constituye un fraude laboral y previsional que perjudica a la trabajadora, que se vio privada de los beneficios derivados del empleo debidamente registrado y en virtud de lo precedentemente expuesto, hace viable la responsabilidad solidaria de quienes la dirigían y eran sus socios.

Desde dicha perspectiva, la queja del codemandado Marcelo Román García Cambeiro no debería prosperar, debiendo confirmarse la condena solidaria ya decretada en origen y extender la responsabilidad al codemandado Fernando García Cambeiro, con sustento en lo normado por los arts.59 y 274 de la Ley de Sociedades, sin limitación alguna (v. "Massa Elida Analía c/Virginio Ricciardi e Hijos SA s/ Despido " S.D. 87.037, del día 26.09.11, del registro de esta Sala) a excepción de la entrega de los certificados de trabajo que prevé el art. 80 LCT tal como se dispuso en origen. Por último y en cuanto se refiere al Sr. Fernando Martin Garcia Cambeiro, como anticipara no integra el órgano societario sino que reviste el carácter de accionista, calidad ésta que no habilita la aplicación del art. 274 de la Ley de Sociedades, y no se encuentran reunidos en autos los extremos que requiere el art. 54 de ese régimen normativo para considerarlo responsable del pago de los créditos de autos, por lo que propicio mantener el fallo de grado en este aspecto. X. De acuerdo a lo resuelto en los considerandos que preceden correspondería modificar el fallo elevando el monto de condena a la suma de $ 45.278,06; confirmar la condena solidaria decretada en origen contra Marcelo Román García Cambeiro y extender la responsabilidad por el total de condena a la persona física codemandada Fernando García Cambeiro.

XI. Atento la solución que propicio y lo dispuesto por el art. 279 CPCCN, correspondería modificar las costas y honorarios , imponiendo las primeras, respecto de ambas instancias, a las demandadas vencidas en lo principal, dado que no observo que existan razones atendibles para apartarme de la regla general (conf.art. 68 CPCCN) a excepción de las impuestas a Librería Cambeiro S.H (integrada por Marcelo Román, Fernando y Martín Fernando García Cambeiro y al Sr. Fernando Martin Garcia Cambeiro) las que teniendo en cuenta la naturaleza de las cuestiones debatidas en autos considero adecuado mantener la decisión de grado (art. 68 2º párrafo CPCCN) Asimismo, de conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los porcentajes de honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora, demandadas y perito contadora resultan adecuados, por lo que propongo sean confirmados, aunque deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena y sus intereses. (art. 38 LO y normas arancelarias de aplicación).

En cuanto a la actuación en esta Alzada, propongo regular los emolumentos de los letrados firmantes por la parte actora y demandada en el 25% a calcular sobre lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (artículo 14 ley 21.839). XII. En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Modificar la sentencia apelada respecto de Librería LGC S.A. elevando el monto de condena a la suma de $ 45.278,06 más los intereses dispuestos en origen, 2) Extender la responsabilidad al codemandado Fernando García Cambeiro y confirmarla respecto de Marcelo Román García Cambeiro, 3) Costas y honorarios de ambas instancias de acuerdo a lo establecido en el considerando XI.

El Doctor Vilela dijo:

Que adhiero al voto de mi distinguida colega preopinante, con excepción de la extensión de la responsabilidad decretada respecto de los codemandados Marcelo Román y Fernando García Cambeiro, quienes resultaran condenados en su carácter de integrantes del órgano de administración de la entidad demandada. Comparto cuanto explica la Dra. Pasten de Ishihara respecto de la actuación de los referidos y su participación personal en el fraude que se verifica en punto a la parcial clandestinidad en la fecha de ingreso de la actora, y la circunstancia relativa al conocimiento y participación de los demandados mencionados en las maniobras que avalaron la referida clandestinidad, mas considero que la responsabilidad que les cabe debe limitarse conforme seguidamente lo explicaré.

Sobre el particular, he tenido oportunidad de señalar, al votar en la causa "Medus Raúl Daniel c/Unión Propietarios de Talleres Mecánicos de Automóviles Asoc. Civil y otros s/despido" (SD 83.815 del 31/8/2006 del Registro de esta Sala I), que debe limitarse aquella responsabilidad a los daños ocasionados de manera directa por su accionar antijurídico (cfr. art.279 de la ley 19.550; Farina Juan Manuel, Tratado de Sociedades Comerciales Parte Especial II B, Zeus Editora, pág.401; Nissen Ricardo A., Ley de Sociedades Comentada, Ed. Ad Hoc, pág.631/632; en igual sentido, CNAT Sala IV, SD 90940 16/11/05 "Colman Rivera, Aníbal c/ Geotécnica Cientec SA y otro s/ despido"; Sala VIII, SD 32887 23/11/05 "Nuñez, Gustavo c/ Lumicolor SA y otros s/ cobro de salarios"), por lo que el análisis para viabilizar la extensión de responsabilidad requiere tener en cuenta si medió culpa o dolo del director en el manejo de las cuestiones a su cargo.

Es preciso recordar así que en el sub-lite nos hallamos frente a un despido indirecto de fecha 7 de marzo de 2008 por negativa a regularizar la fecha de ingreso aquí acreditada, y que se reclaman también conceptos salariales (días trabajados, SAC, vacaciones, sanción por falta de entrega del certificado de trabajo, salario adeudado de febrero de 2008). En consecuencia, únicamente aquellos conceptos que derivan de la situación fáctica señalada -parcial clandestinidad- tienen origen en la conducta de los administradores societarios que posibilitaron la irregularidad en cuestión. Es por ello que propongo limitar la condena declarada respecto de ambos codemandados, a la suma de $37.297,13 (importe resultante de descontar del total de condena los rubros ut-supra individualizados) con más los intereses fijados en origen.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada respecto de Librería LGC S.A. elevando el monto de condena a la suma de $ 45.278,06 más los intereses dispuestos en origen, 2) Extender la responsabilidad al codemandado Fernando García Cambeiro y confirmarla respecto de Marcelo Román García Cambeiro quienes responderán hasta la suma de $37.297,13 del total de condena, con más los intereses dispuestos en origen, 3) Costas y honorarios de ambas instancias de acuerdo a lo establecido en el considerando XI.

La Doctora Gabriela alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada respecto de Librería LGC S.A. elevando el monto de condena a la suma de $ 45.278,06 más los intereses dispuestos en origen, 2) Extender la responsabilidad al codemandado Fernando García Cambeiro y confirmarla respecto de Marcelo Román García Cambeiro quienes responderán hasta la suma de $37.297,13 del total de condena, con más los intereses dispuestos en origen, 3) Costas y honorarios de ambas instancias de acuerdo a lo establecido en el considerando XI.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara	Julio Vilela Gabriela Alejandra Vázquez Jueza de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí:

MG	Elsa Isabel Rodriguez	Prosecretaria de Cámara En de de , se dispone el libramiento de cédulas. Conste.	Elsa Isabel Rodriguez	Prosecretaria de Cámara En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara