Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-05


Comodoro Rivadavia, cinco de julio de 2007.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "G., A. E. c/ O., A. A. s/ PEDIDO DE QUIEBRA", Expte. N° 16.393/2007, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Ejecución N° 1, (Expte. N° 429/2007).

Que a fs. 94, la parte actora invoca que el presente escrito corresponde a su primera presentación y recusa sin causa al Sr. Juez titular del Juzgado de Ejecución No. 1, en virtud de las previsiones del artículo 14 del C.P.C.CH.

A fs.95, el juez recusado en virtud que en los supuestos de procesos falenciales las causales de recusación invocadas, deben interpretarse de manera restrictiva en orden a la universalidad del proceso, al orden público que se deriva de su aplicación y a la prevalencia de la normativa de la ejecución colectiva resuelve rechazar la recusación sin causa formulada en el pedido de quiebra (art. 273 de la ley 24.522 y doctrina y jurisprudencia citada).

A fs. 96, la parte actora apela la resolución que rechaza la recusación sin causa.

En su memoria de fs. 98/100 vta., se agravia la recurrente porque por medio de criterios doctrinarios se desconoce y niega una facultad legal normativamente otorgada al actor por el art. 14 del CPr. Agrega que no existe norma que se contraponga a dicha facultad en el estado actual del trámite judicial. Insiste que se altera el principio de jerarquía de las normas, haciendo prevalecer la ley 24.522 sobre la ley procesal. Manifiesta que aún no hay proceso falencial atento que no se ha dictado la resolución prevista por el art. 88 de la L.C.Q, por lo que no corresponde se aplique los principios de universalidad y orden público propios de este tipo de procesos. Solicita se revoque la resolución de grado. Hace reserva del caso federal.	De las presentes actuaciones surge que a el actor a fs. 89/90, interpone pedido de quiebra contra el señor A. A. O., deudor en los autos: "G., A. E. c/ O, A. A. s/ Ejecutivo" (Expte. N° 655/2006), que tramitara ante el Juzgado de Ejecución N° 2, solicitando la acumulación de ambos trámites. Funda su petición en los arts. 77 a 84 de la ley 24.522.

A fs. 92, el titular del Juzgado de Ejecución No. 2 remite las actuaciones a la Oficina de Adjudicación de Causas atento que por la naturaleza de la pretensión, corresponde a un proceso de carácter universal no procediendo la adjudicación por conexidad a una causa en trámite. Efectuado el sorteo pertinente, se adjudica la causa al Juzgado de Ejecución No. 1. A fs. 93 toma intervención el Dr. T., notificándose la parte actora en fecha 8 de mayo de 2007.	Ahora bien, la recusación o excusación son institutos creados con la finalidad de garantizar la debida imparcialidad que los magistrados deben tener para conocer y decidir las causas, así como el debido proceso. No obstante ambos son de enumeración taxativa y deben interpretarse restrictivamente y con la debida mesura, atento la gravedad y la trascendencia que revisten en virtud de implicar un desplazamiento anormal de la competencia, elementos inherentes a la garantía del juez natural (CS Fallos 310:2845 - STJCH S.I. Nro 146/91, 72/SCA/99, 23/CSA/00, entre otras).

Para resolver la controversia generada en este tipo de planteos debe atenderse no sólo al interés particular sino también el interés general que podría verse afectado por el uso inadecuado, ya sea por los jueces o las partes, del desplazamiento de quienes deben entender en el proceso.

Nuestra norma procesal dispone que la facultad de recusar sin causa a los jueces de primera instancia se puede ejercer en dos oportunidades. En caso del actor estas son: con la demanda o en su primera presentación (art. 14 CPr.), perdiendo la oportunidad de hacerlo luego de cumplidas dichas circunstancias. Es uniforme la doctrina en que se debe entender por primera presentación, cualquier oportunidad de realizar un acto procesal con anterioridad a la demanda, o la primera intervención en el juicio, como por ejemplo, los supuestos de diligencias preliminares, solicitud de una medida cautelar, etc.

Vencidas las oportunidades que contempla el código de rito, -primera intervención en el juicio principal o sus incidentes-, el derecho de recusar sin causa no renace por la intervención de un nuevo juez designado en sustitución del anterior, en virtud que el ejercicio del derecho que establece el art. 14 del CPCCCH es de interpretación restrictiva.

La recusación sin causa realizada con posterioridad a las oportunidades señaladas deviene improcedente (En igual sentido: CNCom Sala D, 05/02/1993; CNCiv. Sala I, 17/11/2000 LL 2001-C,416; entre otros). Ello es así, pues la meridiana claridad del art. 14 del CPr., no permite dudar de cual es la oportunidad aludida, puesto que "primera presentación", no puede ser una segunda, tercera o ulterior. Así, no es procedente pretender ejercer el derecho a recusar sin expresión de causa con posterioridad a la iniciación del juicio.

A mayor abundamiento, con relación a la crítica por la aplicación de los principios generales del proceso falencial, y preeminencia de la normativa específica sobre la procesal, corresponde el rechazo de la misma.

Esto es así, pues en primer lugar el tipo de proceso que nos ocupa se regula a través de normas propias y específicas que prevalecen sobre otro tipo de ordenamiento (arts. 273 y 293 ley 24522), destacándose además que el actor encuadra el trámite en forma expresa en la normativa de la ley de concursos y quiebras, por lo que no puede pretender de acuerdo a su conveniencia sustraer de dicha regulación el caso particular.

La doctrina y jurisprudencia predominante ha establecido - como lo señala el juez de grado-, que no cabe aceptar la recusación sin causa en un proceso universal, atento las razones de orden público que inspiran el régimen concursal y la prevalencia de las normas falenciales sobre las procesales - que se aplicarán supletoriamente- en tanto no sean incompatibles con la rapidez y economía del trámite concursal que tiende a dar una solución inmediata ante la denuncia de insolvencia, lo que estaría reñido con la posibilidad de recusar sin causa, incluyéndose el pedido de quiebra dentro de estos supuestos (ver en este sentido: CNCom, Sala B, "Le F. S.. s/ pedido de quiebra por V.G., del 8-9-86; "M. J.s/ conc. Prev" LL 2004-B-105; ídem Sala A , "M. C. s/ pedido de quiebra por L. R." del 29-5-96, LL 1997-A,228; entre otros).

En consecuencia, por todo lo expuesto corresponde rechazar el recurso de apelación de fs. 96 y confirmar la resolución de fs. 95.

Atento la naturaleza de la cuestión, no se imponen costas (68 última parr. CPr).	Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia,	RESUELVE:

1º).- Rechazar el recurso de apelación de la actora de fs. 96 y confirmar la resolución de fs. 95.

2º).- Tener presente la reserva del caso federal de fs. 100.

3º).- Regístrese, notifíquese y devuél-vase.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Juez de Cámara, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo: Fernando Nahuelanca -Presidente-; Julio Antonio Alexandre -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 101 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS Rawson, de de 2007.- NOTA n°	/07 S.I.J.