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Revocación de sentencia, despido, extinción por mutuo acuerdo, falta de prueba, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Labate, Mariana Elisa c/ LAN Argentina S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-30

La demandada, LAN Argentina S.A, se agravia por cuanto el magistrado de grado concluyó que la extinción del contrato de trabajo se produjo por un mutuo acuerdo con la actora (cfr. art. 241 L.C.T.), acto que se instrumentó mediante escritura pública que goza de la presunción de autenticidad, previa negociación con la empleadora y sin voluntad viciada, por lo que solicita se revoque el pronunciamiento de grado. El convenio de extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo celebrado entre las partes ante escribano público resultó plenamente eficaz, pues en el caso concreto de autos la actora no ha logrado acreditar que el acto estuviera viciado por error, dolo, violencia, intimidación, simulación o lesión subjetiva y, menos aún, que encubriera otra forma de terminación del contrato o que haya sido obligada o coaccionada a suscribir el acuerdo en cuestión, más allá del malestar de los trabajadores debido a la extinción del vínculo laboral. Si bien una gran cantidad de trabajadores suscribieron los acuerdos de finalización aludidos, también existió una parte de ellos que decidieron no aceptar y continuar con la relación. En el caso el modo de extinción del contrato de trabajo no vulnera el principio contemplado en el art. 12 de la LCT no sólo porque se trata de una figura legal prevista en la ley de contrato de trabajo, sino que en la medida que no se demostró la existencia de una voluntad viciada de la actora, no se verifica ninguna renuncia a derechos. La posibilidad de aceptar una suma de dinero con motivo de una rescisión por mutuo acuerdo no implica, sin más, que se trate de un acto encubierto que provenga de la voluntad unilateral del empleador; pues bien pudo tratarse de una ruptura pactada de ese modo por mutua conveniencia y siempre que no se demuestre que la voluntad del trabajador para celebrar el acuerdo haya estado afectada por maniobra fraudulenta o vicio alguno en la voluntad, circunstancias que no surgen acreditadas en este caso. El trabajador y el empleador pueden estar de acuerdo en poner fin a la relación laboral, sin el pago de suma de dinero alguna (cfr. art. 241 de la LCT) o bien mediante un pago dinerario, lo cual dista mucho de ser un despido injustificado pues la circunstancia que se haya pactado el pago de una gratificación a la trabajadora en modo alguno puede por sí misma enervar la modalidad de extinción contractual prevista en el art. 241, primer párrafo, LCT. Cabe revocar el fallo de grado y declarar la validez del convenio de extinción por mutuo acuerdo suscripto por las partes.
Monto de la indemnización, daño punitivo, derechos y garantías constitucionales, grupos vulnerables, responsabilidad contractual, incumplimiento del contrato, daño calificado, trato digno, violación del derecho a la vida, derecho a la salud, negligencia, dolo, culpa grave
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Víctor Cristian c/ Emergencia Médica Integral S.A. s/ Abreviado - Otros - Trám. Oral
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2024-08-20

La aplicación de los daños punitivos se encuentra condicionada a la existencia de una conducta especialmente reprochable, no resultando procedente ante cualquier actuación meramente negligente o culpable sino que debe tratarse de que el incumplimiento sea doloso o con culpa grave o malicia y signifique un desprecio inadmisible para el consumidor, tal como sucedió en el caso en que el servicio de urgencia médica domiciliaria contratada tuvo una demora de casi seis horas al ser solicitada para atender a una persona mayor que había sufrido un síncope y con antecedentes graves de salud, violándose asimismo el deber de trato digno, justificándose en consecuencia la procedencia del rubro reclamado por la víctima lo que resulta acrecentado en función que el servicio que presta la demandada exige un cumplimiento calificado y sin ningún tipo de demoras.
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE RÍO NEGRO, fallos de la Corte Suprema, jurisprudencia aplicable, responsabilidad del Estado por actos lícitos, carga de la prueba, factores atributivos de responsabilidad, relación de causalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Martinez, Servilio Damián y otra c/ Provincia de Río Negro (Poder Judicial) s/ daños y perjuicios s/casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2024-08-02

Conforme lo tiene establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación la configuración del supuesto de hecho que origina la responsabilidad estatal por actos ilícitos exige acreditar el factor de atribución esto es la acción u omisión irregular de parte del estado, y tal como lo establece el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro atañe a quien postula la pretensión resarcitoria -en el caso la familia que demandó al estado provincial por negligencia del poder judicial en el esclarecimiento de los hechos e individualización de los responsables del asesinato de su hijo menor en un local nocturno-, indicar en qué medida las circunstancias que determinaron el daño pudieron evitarse de haberse observado el comportamiento apropiado.
Daños y perjuicios, responsabilidad por publicaciones en Internet, buscadores de Internet, censura previa
Materia: CIVIL
Carátula: T. G., F. I. c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-15

Los motores de búsqueda no son responsables por los daños causados por contenidos generados y publicados por terceros, dado que no existe un deber de censura previa o vigilancia preventiva sobre esos contenidos.
Concurso preventivo, incidente de revisión, doctrina legal
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Maringa Maderas SA  c/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por exagrind sa s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

El cumplimiento de este requisito tiene por objeto brindar a la Sala la oportunidad de cotejar su interpretación jurídica del caso con la doctrina establecida en el precedente, alertándola acerca de la posible contradicción jurisprudencial a producirse en la hipótesis de apartarse de los términos de dicha doctrina (cfr. Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", pág. 210; Falcón, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado", p. 459). Del Dictamen Fiscal N° 1949/23
Despido, servicios de instalación
Materia: LABORAL
Carátula: Accogli, Carlos Alberto c/ Worktv SRL y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-30

Las tareas de instalación y altas domiciliarias del servicio de televisión por cable, internet y telefonía cumplidas por el accionante no pueden encuadrarse en el régimen de industria de la construcción, pues no se desarrollaban en un ámbito distinto de ésta y no basta que la empleadora se dedique a dicha actividad sino que, además, el trabajador debe desempeñarse específicamente en tareas inherentes a ella.
División de poderes, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General en la causa Agüero, Julio César c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-24

El principio constitucional de la separación de poderes no consiente a los jueces el poder prescindir de lo dispuesto por la ley respecto al caso, so color de su posible injusticia o desacierto, así la misión más delicada de la justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes.
Juicio ejecutivo, producción de la prueba, pagaré, dólares
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Iapichino, Gabriela Valeria  c/ Ledesma, Gustavo Lorenzo  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-22

Esta circunstancia permite considerar que no era necesario producir prueba para resolver las excepciones, porque, en todo caso, la cuestión propuesta por la recurrente requiere de un examen extra formal referido a la causa de la emisión del pagaré -la efectiva entrega de "efectivo dólares"-, lo cual es impracticable en esta clase proceso (CNCom, Sala D, in re "López, Serafín c/ Gaitán, Eduardo A. y otro s/ ejecutivo", del 07/02/97).
Fertilización asistida, técnicas de reproducción humana asistida, consentimiento, interpretación restrictiva, voluntad procreacional
Materia: CIVIL
Carátula: L., J. L. c/  s/ autorización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-21

El consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida debe cumplir con las formas requeridas para su validez y el consentimiento necesario para la disposición de un derecho personalísimo, según nuestro derecho positivo, no se presume, es de interpretación restrictiva, y libremente revocable (art. 55 del Código Civil y Comercial), por lo cual no cabe presumir un asentimiento realizado post mortem, en tanto estos requisitos se justifican porque la voluntad procreacional es el eje central de la filiación por este tipo de técnicas de reproducción asistida (Voto del juez Lorenzetti).
Fundamentación de sentencias, debido proceso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General en la causa Agüero, Julio César c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-24

El fundamento de las sentencias no puede encontrarse en la sola voluntad libre del juzgador, ni en interpretaciones que no están basadas en un criterio jurídicamente aceptable, en tanto la magna labor de administrar justicia no se basa en la sola voluntad o en el derecho libremente aplicado, sino en leyes, ya que nadie está sobre ellas, siendo que nuestra Constitución estableció un Poder Judicial integrado por jueces que actúan conforme a reglas que la comunidad debe conocer, y a las que deben ajustarse para que las soluciones sean previsibles, todo lo cual la Corte debe hacer respetar porque constituyen un elemento de la garantía constitucional del debido proceso (Voto del juez Lorenzetti).
Quiebra, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Grupo Control SRL  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-19

Cuando, como en el caso, el llamado "incidente de investigación" se formó oficiosamente para indagar sobre cuestiones expuestas en el informe general; y en el que el juez dispuso restringir su acceso permitiendo que sólo la sindicatura pueda intervenir; en ese marco no hay razón para permitir la participación de quien no es acreedor y siquiera -por el momento- tiene en trámite un proceso verificatorio. En definitiva, el síndico y el juez de la quiebra son los que tienen la potestad investigativa que emergen del carácter oficioso e inquisitivo del proceso falencial (v. Tonón, Antonio; "Derecho Concursa!", pág. 25 año 1988).
Rechazo de la demanda, regla de prorrata
Materia: PROCESAL
Carátula: Ricale Viajes SRL c/ Di Laura, Angel Antonio  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

En el marco de una demanda rechazada, no puede prosperar la pretensión de aplicar el prorrateo contemplado en el CCCN 730, por cuanto la restricción prevista por el mencionado artículo sólo alcanza a los supuestos en que mediare "incumplimiento de la obligación" por parte del deudor, presupuesto que no concurre cuando la demanda es rechazada (CSJN, "Exologan SA c/ Distribuidora Química SA s/ daños y perjuicios" del 16/08/05, CNCom, Sala B, "Ricale Viajes SRL c/ Santangelo, Walter Andrés s/ ordinario" del 07/04/21; Sala E, "Ricale Viajes SRL c/ Cattaneo, Gabriel Antonio s/ ordinario" del 01/02/21; "Raizen Argentina SA c/ Feferbaum, Isidoro s/ ordinario, del 16/03/20).
Contrato de trabajo, despido, intereses, RIPTE
Materia: LABORAL
Carátula: Toledo, Jimena Analía c/ Peugeot Citroen Argentina s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-14

Corresponde que en el marco de un despido resolvió que el capital diferido a condena sea ajustado desde su exigibilidad y hasta el momento del efectivo pago, mediante el índice RIPTE más un 6 % anual de interés puro, toda vez que dicha solución no supera los límites máximos a la sugerida por el Poder Ejecutivo Nacional en el Art. 84 del Decreto 70/2023, que por provenir del organismo del Estado encargado de dirigir el orden económico general no podría ser considerada carente de respaldo y/o desajustada a las condiciones económicas imperantes.
Revocación de sentencia, despido, tercería de mejor derecho, boleto de compraventa, medidas cautelares, embargo
Materia: LABORAL
Carátula: Sprainat, Juan José c/ Debac S.A. y otros s/ despido-tercería
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-29

Los terceristas se agravian porque la Jueza de primera instancia rechazó la tercería de mejor derecho interpuesta por el adquirente a título oneroso y de buena fe del inmueble que se intenta ejecutar. La operación se instrumentó mediante la suscripción de un boleto de compraventa con certificación de las firmas, el adquirente pagó la totalidad del precio convenido y detenta la posesión pública y pacífica del inmueble. La recta interpretación de lo dispuesto en el art. 1185 bis del derogado Código Civil conduce a concluir que el titular de un boleto de compraventa con fecha cierta anterior tiene mejor derecho que el acreedor del vendedor que ha trabado una medida cautelar si aquél recibió la posesión antes de la exteriorización registral de la medida y es un adquirente de buena fe, en tanto que la publicidad posesoria es suficiente sostén y permite oponer frente a terceros interesados el boleto de compraventa si tiene fecha cierta anterior al embargo. Es procedente la tercería de mejor derecho promovida por el adquirente contra el acreedor embargante en los supuestos en los que, una vez despejada cualquier sospecha acerca de la existencia de un acto insincero o de una maquinación concertada en fraude a terceros, surja fehacientemente que es un acto de fecha cierta anterior y por consiguiente preferente a los quirografarios embargantes del vendedor. Esta situación fue consagrada en el art. 1170 del Código Civil y Comercial de la Nación. Así, las constancias instrumentales acompañadas por los terceristas se presentan hábiles para demostrar la adquisición por parte del adquirente del 50% indiviso del inmueble, como pago total del precio y la efectiva posesión, todo ello con anterioridad a la traba del embargo en los autos principales. En definitiva el tercerista instrumentó un boleto de compra venta con fecha cierta, abonó el precio de forma íntegra y ejerce la posesión efectiva y pública, todo ello con fecha anterior a la traba del embargo ordenado en las actuaciones principales, sin que obre constancia alguna en la causa que permita siquiera inferir la existencia de un accionar fraudulento o de mala fe, sin producir prueba alguna que otorgue respaldo a sus asertos. Cabe revocar la decisión de la anterior instancia y hacer lugar a la tercería de mejor derecho promovida por el adquirente.
Falsedad de título, juicio ejecutivo, pagaré, dólares
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Iapichino, Gabriela Valeria  c/ Ledesma, Gustavo Lorenzo  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-22

Cabe rechazar la excepción de falsedad de título opuesta por el ejecutado, pues éste no desconoció la firma del documento, sino que se limitó a manifestar que la deuda fue asumida en pesos argentinos y que fue modificada la moneda. Ello así, pues si bien en el formulario se insertaron las letras "u" y "s" al lado del signo "$" (u$s), y asimismo en el cuerpo del formulario se agrega la tachadura del término "pesos" y su reemplazo por "dólares", lo cual no fue salvado, sin embargo, el pagaré contiene las palabras "efectivo dólares" en un área destinada a su llenado, lo cual lleva a concluir que la enmienda es congruente con el resto del cuerpo del título valor y que fue realizada al momento de su libramiento, por lo que no se advierte adulteración.
Intervención de terceros, código procesal civil y comercial, partes del proceso, Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: Foro Amigos de Cariló c/ Municipalidad de Pinamar s/ Inconstitucionalidad de la Ordenanza 6087/21
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-07-11

La regulación contenida en el ordenamiento ritual es bien precisa en punto a los recaudos que deben ser satisfechos para habilitar la intervención voluntaria en el proceso, exigiendo la acreditación sumaria de que la sentencia a dictarse puede afectar el interés propio de quien pretende asumirla o que se trate de un sujeto legitimado para demandar o ser parte en el juicio, de acuerdo a las disposiciones de derecho sustantivo reguladoras de la cuestión de fondo debatida en la causa (art. 90 incs. 1 y 2, CPCC).
Principios laborales, inembargabilidad del salario, protección constitucional del trabajo, reconocimiento de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, poder constituyente, condiciones dignas de trabajo, fallos de la Corte Suprema, prohibición de regresividad, medidas de acción positiva, reforma de la constitución, salario mínimo, vital y móvil, derecho a la justa retribución, principio de progresividad, trabajador en relación de dependencia, Constitución Nacional, capacidad contributiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicatos representantes de las trabajadoras y trabajadores del PJCABA (AEJBA, SITRAJU y UEJN) c/ Consejo de la Magistratura de CABA y otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-18

El constituyente ha considerado la protección del trabajo de un modo diferente a la que otorga al comercio y a la industria toda vez que el artículo 14 de la Constitución Nacional si bien expone aquellos derechos sólo al trabajo le asigna protección especial tanto en su desempeño -condiciones dignas, jornada, descanso, vacaciones, entre otras-, como en su retribución garantizando en torno a ésta que sea justa, posea un mínimo, sea vital y móvil pues tal y como lo sostuvo la Corte Suprema, una interpretación acorde a la manda constitucional indica que la efectiva protección al trabajo dispuesta en el artículo 14 bis se encuentra complementada por el art. 75, inc. 23, norma que obliga al cumplimiento del principio de progresividad y prohibición de regresión en materia de derechos fundamentales.
Juicio político, remoción de jueces, fiscal de Estado, revisión judicial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Joaquín De Rosas, Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza en la causa Gutiérrez Patricia, Valls Gustavo y otros c/  s/ recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-27

Por ser el objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado, el de determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud legal (Voto de los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti).
Sentencia arbitraria, acción de amparo, revocación de sentencia, ENTRE RÍOS, jubilados, afiliación a obras sociales, grupos vulnerables, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: U., L. N. c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

Es arbitraria la sentencia que rechazó la acción de amparo interpuesta a fin de obtener la incorporación de la actora como afiliada al Instituto de Obra Social de Entre Ríos, en su carácter de beneficiaria previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, pues teniendo en cuenta la edad de la actora, su condición de jubilada y el tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda, constituye un excesivo rigor formal sostener, como hizo el tribunal apelado, que la vía elegida no es idónea (Voto del juez Rosenkrantz).
Excarcelación, confirmación de sentencia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, código penal, robo, prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: C.O. y otra c/  s/ robo (Incidente de Excarcelación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2024-08-05

No cabe hacer lugar a la excarcelación solicitada respecto de quien se encuentra imputado por el delito de robo -artículo 164 del Código Penal-, confirmando lo dispuesto por el a quo toda vez que el imputado no sobrepasó en detención cautelar los tres años establecido como plazo razonable por la Corte Interamericana para la prisión preventiva, no afectándose en consecuencia su derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad sin perjuicio de la continuación del proceso que se le sigue.
Despido, injuria laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Apaza Chino, Sixto c/ Montagne Outdoors SA. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-05

La participación del trabajador en un altercado o "riña" con un compañero de trabajo, resulta insuficiente, por sí sola, para la configuración de la injuria que no consiente la prosecución de la relación laboral, puesto que, para que la riña o pelea -física o verbal- constituya un incumplimiento susceptible de sanción, debe demostrarse que fue provocada por el trabajador a quien se pretende despedir con invocación de tal suceso. Así, la agresión física a un compañero de trabajo precedida de insultos y persecución, importa el incumplimiento a los deberes de conducta y de buena fe que imponen los arts. 63 y 84 de la L.C.T., a la vez que traducen una alteración del orden en el establecimiento laboral que atenta contra la eficacia de la actividad organizada y vulnera las normas de convivencia y de actividad conjunta que impone toda comunidad de trabajo, de modo que la decisión rescisoria dispuesta luce ajustada a los principios de gradualidad y de proporcionalidad que se exigen para la configuración de la injuria y, por consiguiente, el despido resultó plenamente justificado.
Medidas cautelares, acción de inconstitucionalidad, Derecho ambiental, protección del medio ambiente, Constitución Nacional, Constitución Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Foro Amigos de Cariló c/ Municipalidad de Pinamar s/ Inconstitucionalidad de la Ordenanza 6087/21
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-07-11

Teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión intentada, la índole de los derechos en juego y la vigencia de los principios rectores en materia ambiental (arts. 41, Const. nac.; 28, Const. prov. y 4, ley 25.675), corresponde hacer lugar a lo solicitado en el caso y, por consiguiente, suspender los efectos de la ordenanza 6.087/21 junto con la paralización de cualquier trabajo o actividad que suponga la ejecución de la obra allí prevista hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos (arts. 195, 204, 230, 232, y concs., CPCC).
Improcedencia del recurso, juicio ejecutivo, inhabilidad de título, deberes del juez, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguero, Cristina Norma  c/ Promotora Fiduciaria SA  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-26

Resulta improcedente la apelación contra la resolución por la cual el juez a quo -en uso de sus facultades y deberes- reexaminó la cuestión al requerir al ejecutante la documentación original y procedió a rechazar la ejecución por entender que la misma no constituía título hábil para ser ejecutado por carecer de firma tanto ológrafa como digital o electrónica.