Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-08-19


2º Instancia - Mercedes, Agosto 19 de 2009.

1º) ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs. 504/510, en cuanto es materia de apelación y agravios? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? VOTACION 1º Cuestión planteada, el doctor Luís Tomás Marchió dijo:

I.-El señor juez de primera instancia acogió la demanda, condenando a la sociedad mutual codemandada y a sus codemandadas autoridades que nombra en el fallo -solidariamente-, a abonar al actor la suma que fija con más el CER, intereses y costas.- El pronunciamiento disconforma a la parte demandada, la que llamada a expresar agravios así lo hace, mediante pieza que no obtuvo réplica. Llamó "autos para sentencia" la Presidencia de esta Cámara; pero recién después del sorteo practicado por esta Sala quedó este expediente en condiciones de ser votado.

II.- Reseñaré en muy prieta síntesis y sólo en lo que estimo dirimentes, los agravios de la demandada.- Protesta el rechazo de su argumento relativo a la responsabilidad y calificación de la misma, atribuida a las autoridades de la sociedad, estimando el juzgador que han existido anomalías en los procedimientos administrativos y contables, conforme a la prueba pericial producida; porque también desestima la oponibilidad del art. 22 del Reglamento de Ayuda Económica y la del Acta Acuerdo del 31-7-'95 refrendada por Asamblea del 12-9-'95, en función del principio de la buena fe y del efecto relativo de las convenciones, cosas ambas que estima inaplicables por entender que para el actor, en tanto socio, resultaba obligatorio el acatamiento de las decisiones adoptadas por las autoridades de la Sociedad dictada con arreglo al Estatuto.- También se agravia de la imposición de costas "por su orden" en la incidencia relativa a la inconstitucionalidad interpuesta por la actora, de las normas que impusieren la pesificación de la deuda; entiende que la actora resultó vencida en ello, y que no medió una cuestión "dudosa de derecho" al respecto.- Juzga desacertada la solución del "a quo", porque dice que la devolución paulatina de los depósitos (y no en su totalidad al vencimiento) se debió a la crisis desatada en Méjico por el llamado efecto "tequila" que produjo en la economía mundial, con la consiguiente caída de los depósitos y la desconfianza de los depositantes.

III.- Nada de lo que la apelante dice en cuanto a la responsabilidad de las personas integrantes de la Comisión Directiva y de la Comisión Fiscalizadora, es atendible.- En primer lugar, simplemente alude -y nada mas que eso- el aserto del juzgador relativo a la existencia de irregularidades administrativas y contables, en base, al dictamen pericial contable.- Sólo expresa que dichas irregularidades no son tales (sic) pero ni las menciona, ni muchos menos alude -puntual y expresamente- a en qué consiste el error del Juzgador al respecto.- Tal conclusión, pues, queda en pie por ser inmodificable para esta Alzada (doct. arts. 269, 261 y 266 "in fine" del CPCC).- Obviamente la existencia de tales anomalías conectadas con la no devolución del dinero depositado a su vencimiento, habla a las claras de la existencia de una actuación culpable y causalmente ligada al perjuicio esgrimido; porque -amén de lo que diré más adelante- no está demostrado que la no devolución temporánea e íntegra del depósito se haya debido exclusivamente al efecto "tequila", cuando median las mentadas anomalías.- Como se ve, no estamos ante el caso de una responsabilidad puramente "objetiva", como cree la recurrente que lo entendió el juez.

IV.- En otros aspectos de este tema, también es infundada la protesta.- No tiene asidero legal, a la luz de lo normado en el art. 15 de la ley nº 20.321 de Sociedades Mutuales, sostener que la responsabilidad de los directivos y miembros del órgano de fiscalización de las mismas, es subsidiaria, entrando a jugar sólo para el caso de que los bienes sociales no alcanzaren para afrontar el resarcimiento.- Esto es aludir a un "beneficio de excusión" que sólo es propio de la fianza simple; instituto enteramente ajeno a la responsabilidad solidaria estatuida por el mencionado artículo del plexo legal referido; ya que si el mismo hubiese querido erigir a las autoridades que menciona en "simples fiadores", así lo hubiera expresado.- En suma, frente a un socio, como en el caso, la mentada solidaridad es indisputable.

V.- También se equivoca la parte apelante, cuando protesta la decisión del Dr. Méndez, relativas a que le son inoponibles al actor el art. 22 del Reglamento y las corroborantes decisiones de las autoridades de la Asociación que, en definitiva, bloqueaban la devolución a su vencimiento del dinero depositado.- Para ello, el mencionado magistrado se refirió al efecto relativo de los contratos y al principio de la buena fe (doct. arts. 1195, 1187 y concs. del c.civ.); cabalmente aplicables a quien, como el actor, debe ser considerado en cuanto a su depósito que reclama, como un "tercero" por ser una persona (físisca) distinta de la persona (jurídica) con la cual contrató el depósito; crucial circunstancia que no se ve eclipsada por el hecho de que -además- sea un socio integrante de la sociedad (doct. arts. 20.22 y concs. del c.civ.).- Tampoco atempera la aplicación de los efluvios del principio de la buena fe -inversamente a lo que cree esta disconforme- la circunstancia de que el depósito haya sido "renovado" (y no impuesto originariamente con la entrega del dinero), cuando ya regía el efecto "tequila".- Y esto, por la muy sencilla razón de que la Sociedad no debió haberlo renovado estando ya en conocimiento de la existencia del efecto de la crisis mejicana, si es que tal efecto -como lo sostiene- le iba a impedir devolverle la plata al depositante en el momento convenido por las partes.- Tanta mayor fue la culpa al respecto, cuando cabe suponerla munida de un mayor y más técnico conocimiento de la situación, con respecto al depositante (doct. art. 902 del cód.civ.).

VI.- Pocas palabras bastan para desestimar el final agravio relativo a la distribución "por su orden" de las costas relativas a la incidencia sobre la inconstitucionalidad de las normas referentes a la pesificación.- Es tan nítido el perfil de "cuestión dudosa de derecho" (a tenor del art. 69 del ritual) de tal tema, que basta con señalar que, hasta este momento, ambos integrantes de esta Sala sostenemos criterios antitéticos con respecto a dicho tema.- Las costas de Alzada relativas a esta incidencia, en cambio, debe soportarlas la apelante (art. 69 ya cit.).

VII.- Las costas de Alzada por la acción principal, también debe soportarla la apelante vencida (art. 68 del CPC).

Voto por la AFIRMATIVA.

A la misma primera cuestión, el señor juez Dr. Etchegaray, aduciendo análogas razones, dio su voto en el mismo sentido.

2º Cuestión planteada, el doctor Marchió dijo:

En mérito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1º.- Confirmar en todas sus partes la sentencia de fs. 504/510.

2º.- Imponer las costas de Alzada, tanto las relativas a la acción principal como las correspondientes a la incidencia sobre inconstitucionalidad de las normas de pesificación, a la demandada apelante.

ASI LO VOTO.

A la misma segunda cuestión, el señor juez doctor Etchegaray, aduciendo análogas razones, dio su voto en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA Mercedes, agosto 19 de 2009.

Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que en el acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado establecido que la sentencia de fs. 504/510.

POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede SE RESUELVE :

1º. Confirmar en todas sus partes la sentencia de fs. 504/510.

2º. Imponer las costas de Alzada, tanto las relativas a la acción principal como las correspondientes a la incidencia sobre inconstitucionalidad de las normas de pesificación, a la demandada apelante. - Luís Tomas Marchió - Tomas Martín Etchegaray.