Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-12-23


AUTOS 117242/1 (C.C.Nº21817) DEL Tercer Juzgado Civil, CARATULADOS: "GUTIERREZ Ricardo S. C/ Icazati Andrés y Otros Interdicto de Recobrar (Legajo de Copias para Elevar a Cámara por Recurso Concedido sin Efecto Suspensivo)".

PROTOCOLIZADO:L.S. Año 2014 del Tº II Fº87/91.

En la Ciudad de San Juan a 23 días del mes de diciembre de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Roberto M. Pagés Lloveras y los Sres. Vocales Dres. Octavio Augusto Sánchez y Pascual E. Alferillo, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. sub 437, contra la sentencia de fecha 31 de mayo del año dos mil trece, recaída en los presentes autos Nº117242/1 (C.C. Nº21817) caratulados: "GUTIERREZ RICARDO S. C/ ICAZATI ANDRES Y OTROS INTERDICTO DE RECOBRAR LEGAJO DE COPIAS PARA ELEVAR A CAMARA POR RECURSO CONCEDIDO SIN EFECTO SUSPENSIVO", dictada por el Sr. Juez titular del Tercer Juzgado Civil, obrante a fs. sub 424/430.

EL DR.OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

En la sentencia de fs. 419425, a cuyas consideraciones y constancias me remito en lo atinente a la relación de la causa, se resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda ordenando a los accionados al inmediato cese en la realización de actos que turben, amenacen o de cualquier modo restrinjan la posesión del inmueble objeto de autos, concretamente el uso del mismo como playa de estacionamiento. Impone las costas a los accionados vencidos y regula el honorario de los letrados que han participado en la sustanciación en primera instancia.

Contra el citado pronunciamiento se han alzado los accionados mediante sendos recursos de apelación concedidos sin efecto suspensivo.

El apoderado de los coaccionados Carlos Javier Soto, Sebastian Andrés Molini, Marcelo Ricardo Maurin y Andrés Icazatti promueven los siguientes agravios:

a) consideran arbitrario el fallo porque el sentenciante en vez de resolver el interdicto de recobrar promovido por la parte actora, luego de un análisis sobre dicho interdicto que al no existir despojo, por aplicación del principio iura novit curia, el sentenciante está autorizado a calificar la acción correctamente considerando que corresponde resolver un interdicto de retener. Y así lo realiza, con lo cual viola la garantía de la defensa en juicio de su parte ya que: 1) los presupuestos para cada tipo de interdictos (retener o recobrar son diferentes. 2)la defensa de los accionados ".....hubiese sido tal vez diferente......" (fs. sub 446 vta.). 3) Se produce así un trato diferente en perjuicio de los accionados.

b) También se queja que la sentencia, en todo caso, debió ser condenatoria respecto" de los socios "en calidad de socios" (fs. sub 447) y no en forma personal como lo hace el sentenciante.

c) se queja porque considera que de la prueba rendida no surgen la realidad de los actos turbatorios señalados en la demanda (uso del inmueble como estacionamiento por parte de los accionados).

d) Se queja por la imposición de las costas.

Los coaccionados Maria E. González de Icazatti y Miguel González Estala se quejan por lo siguiente:

a) por el mismo argumento de los demás coaccionados apelantes se queja ya que considera arbitrario el fallo por haber usado indebidamente, el sentenciante, el principio iura novit curia.

b) coinciden con los otros apelantes en que el sentenciante no ha valorado debidamente la prueba producida.

c) Consideran errado el razonamiento del A quo que los considera partícipes en los presuntos hechos denunciados en la demanda por el solo hecho de ser propietarios comodantes.

d) se quejan por la imposición de costas e) considera excesivos los honorarios regulados Tratamiento de los agravios:

I) El primer agravio de los apelantes, referido al arbitrario uso de parte del sentenciante del principio iura novit curia, entendemos que no resiste el menor análisis si consideramos que el principio de congruencia se explica y tiene sentido a partir de la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y los derechos, en tanto un convocado a juicio no podría ser sorprendido, al tiempo de definirse la litis, con circunstancias y aspectos que nunca estuvieron presentes y sobre los que no ha podido replicar y probar, situación que no ocurre si las circunstancias y aspectos juzgados han sido los mismos. Dado que a los jueces es a quienes les corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas acreditadas, no se advierte la violación al principio de congruencia si el a quo, iura novit curia, subsumió los hechos en el régimen jurídico que entendió aplicable, en el caso, encontrándose reunidos en autos, conforme a la prueba rendida, los recaudos suficientes para admitir el interdicto de retener.

En última instancia el sentenciante de primer grado ha resuelto que, las turbaciones que fueron denunciadas por el actor en la demanda, cesen obligando a los accionados que desistan continuar usando el inmueble de propiedad del actor como playa de estacionamiento, reponiéndose así la situación al estado anterior a la turbación de la posesión.

Del análisis de las constancias de autos no se advierte que el sentenciante haya privado a los apelantes de su derecho de defensa en tanto los hechos analizados, si bien no constituyen despojo, sí han ocasionado al actor una perturbación con actos materiales en perjuicio de la posesión que tenía y tiene sobre el inmueble.

Señalaba el maestro Guillermo Borda que "....... La turbación supone que el poseedor se mantiene en la posesión en el cual ha sido turbado y molestado; si, por el contrario, los actos del tercero hubieran tenido como resultado excluirlo totalmente de la posesión, entonces no habrá turbación sino despojo (art. 2497 C.C.). Aunque la idea es en si misma clara, en la práctica puede ser dudoso si la persona ha quedado totalmente excluída de la posesión o no. Esta es una cuestión de hecho, que el juez resolverá en cada caso. Pero si se ha intentado la acción de despojo y el juez encuentra que solo ha habido turbación o viceversa, no por ello cabe el rechazo de la demanda. El problema se resuelve simplemente por aplicación del principio procesal de que las partes exponen los hechos y el juez aplica el derecho correspondiente; de tal manera que si el actor ha llamado turbación a lo que ha sido, en verdad, despojo, y viceversa, el juez aplicará el derecho que corresponda al caso, porque de lo que en definitiva se trata es de una acción tendiente a impedir que un tercero ejerza ilegítimamente actor de posesión sobre el bien perteneciente al demandante.............." (Tratado de Derecho Civil Derechos Reales Tomo I 5ta Edic. Actualizada, La Ley, año 2008; en igual sentido: Salvat, tomo 1, n° 502 bis.

A mayor abundamiento no se advierte de que defensas se ha visto privado de oponer pues el mismo apelante señala enfáticamente que la defensa de los accionados ".....hubiese sido tal vez diferente......" VOTO por el rechazo de este primer agravio de todos los apelantes.

II) En cuanto a la queja de todos los apelantes, en relación a que el sentenciante no habría valorado adecuadamente la prueba obrante en las actuaciones, llego a la conclusión que resulta insuficiente.

Del repaso de la prueba producida en autos considero debidamente valorados por el A quo la abundante prueba acumulada a autos y que menciona en la sentencia a fs. 428 vta. refiriéndose al Sumario n° 391109 tramitado en el Quinto Juzgado del Correccional, prueba de informes, fotografías y prueba testimonial de fs. sub 275/277 de donde se colige la existencia de actos turbatorios por parte de los accionados en el inmueble del actor consistentes en la construcción de dos rampas y puertas de ingreso al local bailable APTKO y el uso del inmueble del actor como estacionamiento vehicular tanto para los clientes que asistían al local bailable como para los proveedores. La obligación de los accionados surge clara del mismo contrato acompañado por la accionada dado que en su cláusula 5 (fs. sub 52) los propietarios del terreno del local bailable ponen como condición que debía abrirse en la muralla sur de la propiedad dada en comodato una entrada, lo que implicaba la rotura de la muralla con la obligación posterior de que concluido el comodato debía construirse nuevamente la muralla sur, es decir que inevitablemente se debía ingresar por el terreno del actor que se encuentra situado al costado sur del local bailable. Lo dicho está corroborado por la confesional ficta del Rodolfo Carmona (fs. sub 226227) en su respuesta ficta a la cuarta posición del pliego de fs. sub 225. A ello cabe agregar el testimonio de fs. 269271 del señor Montaña que dice que el terreno del actor era utilizado como playa de estacionamiento en el horario que funcionaba el boliche y que además ingresaba en la mañana un camión regador; reconoció las fotografías agregadas a los autos que muestran el portón blanco y la rampa de acceso.

Conforme a las pruebas analizadas estimo que el agravio debe ser desestimado.

III) El agravio de los accionados por la desestimación de la falta de legitimación pasiva que intentaron no resiste el menor análisis porque nada han dicho en el memorial de agravios que desmerezca fundadamente la argumentación del sentenciante que expone a fs. sub 427, renglones 10/21, términos a los que me remito y que comparto plenamente. Por otro lado el agravio de González de Icazatti y Manuel González (referido como agravio c) más arriba) tampoco es atendible conforme a lo dicho al tratar el segundo agravio, cuando nos referimos al contrato de comodato, en especial su cláusula 5.

Voto por el rechazo de los agravios mencionados IV) El agravio relativo a la imposición de costas no tiene sustento en tanto los accionados resultan ser vencidos en el proceso por lo cual les corresponde cargar con las costas de primera instancia por aplicación del principio objetivo de la derrota procesal.

Voto por el rechazo de este agravio V) El agravio por considerar alto el honorario regulado a los letrados de la actora resulta improcedente porque los porcentajes fijados por el A quo para dichos letrados están de acuerdo a los límites que establece la ley arancelaria local.

Voto por el rechazo de este último agravio.

COSTAS DE ALZADA: las costas de la alzada deben imponerse a los apelantes vencidos por aplicación del principio objetivo de la derrota procesal. Así voto.

EL DR.ROBERTO PAGES LLOVERAS DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.

EL DR.PASCUAL E. ALFERILLO DIJO:

Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Octavio Augusto Sánchez, voto en el mismo sentido.

Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Rechazar con costas los recursos traídos. Por lo actuado en la alzada se regula: a) a los letrados de la actora el 35% de lo que se les regule a los letrados de esa parte en primera instancia, b) a los letrados de la demandada el 35% de lo que se les regule en primera instancia.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR.ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR.OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR.PASCUAL E. ALFERILLO;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.