marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, responsabilidad médica, daños y perjuicios, salarios caídos, cesantía
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Ponzio Hugo Luis contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad ya que asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que la sentencia en última instancia aquí impugnada -que reconoce el 50% de los salarios caídos desde la cesantía- no encuentra apoyatura suficiente en los hechos alegados y probados en la causa. Ello así, en tanto el actor se limitó a reclamar los salarios caídos, pero no dedicó un mínimo esfuerzo argumental a demostrar que la resolución atacada le hubiese provocado un daño. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe. Voto al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maidana, Myriam y ots. c/ Franco, Carlos M. y ots. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-11

A la eventual interrupción del término de la prescripción que pudiera asignarse a la mera presentación como particular damnificado -sin reclamar el pago de indemnización- en la causa penal, no puede otorgársele otro alcance que el de interrumpir el plazo que estaba en curso, para dar lugar, de inmediato, al comienzo de un nuevo término o plazo. Entender que la presentación en cuestión interrumpe el plazo hasta el día en que concluya definitivamente el trámite de la causa penal implica asignarle, elípticamente, a esa interrupción los efectos previstos por el art. 3982 bis del Cód. Civil.
Mutuo comercial, mutuo hipotecario, aplicación de la ley, defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUIZ   IRIGOIN  MANUEL  IGNACIO c/ SCOTIABANK  QUILMES  SA  (ENLIQUIDACION) S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-21

Del Voto del Dr. Heredia:. 1. Entablada una demanda tendiente a obtener la nulidad parcial de un mutuo con garantía hipotecaria, con fundamento en que la aplicación de "tasas de interés variables" hace indeterminado el monto del préstamo, corresponde aplicar el artículo 36 de la Ley 24240 (texto anterior a la reforma instrumentada por la ley 26.361 aplicable en la especie). En ese marco, resulta inadmisible la postura defensiva de la accionada, en cuanto plantea que en la contratación respectiva no se estableció claramente su destino de consumo, sino que se aludió genéricamente a su destinación para "otros destinos particulares". Ello así, pues la ambigüedad o aun la ausencia de una clara definición en el contrato hipotecario sobre el destino de los fondos recibidos en préstamo, no constituye un elemento de juicio que, de suyo, sea hábil para separar la contratación del ámbito de la Ley 24240. 2. Asimismo, pues no se ha invocado ni probado que el actor fuera comerciante de profesión, razón por la cual no puede presumirse que los fondos que recibiera en concepto de mutuo los integrara, en los términos del artículo 2 de la Ley 24240, a un proceso de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros. 3. El señalamiento del destino no desvirtúa la estructura causal del contrato de mutuo; en rigor, la indicación del destino del préstamo supone nada más que la exteriorización por el prestatario del "motivo" de la celebración del contrato y, en esa medida, solamente cumple una función de garantía, aunque imperfecta, para su posterior reintegro, extremo que se aprecia claramente prestando atención a cuáles son los efectos o consecuencias de la no aplicación del dinero prestado al destino señalado en el contrato. De tal suerte, si según el texto del contrato el prestatario se compromete a destinar el préstamo a una finalidad determinada, la utilización del dinero prestado para otro fin comportará, a lo sumo, el incumplimiento de una obligación contractual, que producirá el efecto previsto expresamente en el contrato o, a falta de una previsión concreta, siendo ello lo habitual, el efecto propio de cualquier supuesto de incumplimiento de una obligación contractual que no es la esencial o constitutiva del contenido de aquél, siendo los órganos judiciales los que en cada caso determinarán en concreto cuál es ese efecto (conf. Martí Sánchez, J., El préstamo bancario de dinero, en la obra colectiva dirigida por Nieto Carol, U., "Contratos bancarios y parabancarios", Editorial Lex Nova, Valladolid, 1998, p. 408).
Despido, invariabilidad de la causa
Materia: LABORAL
Carátula: Pereira, Mabel Beatriz c/ Ritiro, Pascual y otro s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

La intención de cambiar la causa del despido y las consecuencias que de ello derivan durante la tramitación del expediente judicial, resulta contraria al espíritu y finalidad del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, según el cual respecto de las causas del distracto existe una suerte de fijeza prejudicial.
Recurso de casación, providencia simple
Materia: PROCESAL
Carátula: Petruff, Francisco Oscar. s/ Recurso de Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-04-01

La concesión del Recurso de Casación no puede hacerse por medio de una simple providencia sino que, por el contrario el Tribunal o Juez Correccional, tiene a su cargo el deber de analizar si el remedio procesal intentado reúne los recaudos formales y substanciales que exige el Código ritual para su procedencia, todo ello de acuerdo con lo preceptuado por los Arts. 448, 442 y 463 y Concordantes del C.P.C.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, personal militar
Materia: LABORAL
Carátula: PANTOJA DE MANSILLA, NELDA DEL VALLE POR SÍ Y EN REP DE SUS HIJOS MENORES c/ EJÉRCITO ARGENTINO s/ ACCIDENTE ACCIÓN CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-06

Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo los funcionarios y empleados del sector público nacional, o sea todos los trabajadores estatales, cualquiera sea su vínculo con el Estado. Sin embargo la ley 25164 establece en su art. 3º que esa normativa regula los derechos y deberes del personal que presta servicios en dependencias del Estado, con excepción del personal militar, de seguridad y policial, en actividad y retirado que prestare servicios por convocatoria. En consecuencia, si el actor revestía estado militar a la época del infortunio, no puede excluirse de la normativa que consagra la reparación civil, y no resulta impeditivo del derecho perseguido con tal fundamento, la existencia de un diseño de naturaleza previsional (ley 19101 ref. por la ley 22511).
Adopción, competencia de familia, menor internado
Materia: PROCESAL
Carátula: C.;M. A. y Y. R. s/ actuaciones prevencionales (Ley 10.903)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2001-06-21

La competencia del Juez del Menor, de acuerdo a una armónica interpretación y aplicación de nuestra ley procesal, cesa al resolver el estado de adoptabilidad de los menores, puesto que toda cuestión relativa a la adopción, no sólo a su resolución sino también a su tramitación, corresponde al Juez de la Familia. Ello resulta lógico, no sólo en razón del Art. 58, inc. b), de la ley 2323 sino porque se están aplicando disposiciones legales referidas a una institución de neto carácter civil y atinente a la familia como lo son las referidas a la adopción.
Novación subjetiva, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: V., W.H. c/ R., SA y Otro s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-06-14

Por el predominio de la continuidad de la relación frente al hecho en principio extintivo de la transferencia, no existen en el derecho común mecanismos jurídicos que justifiquen el instituto de la transferencia (o cesión), deviniendo así el mismo como uno de los más originales y típicos del derecho laboral. Doctrina que hemos compartido y que ha motivado en su caso mi voto en casos similares.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, docentes, cesantía ilegítima, daño moral
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CORREDERA, ENRIQUE BERNARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-04-16

En punto al daño moral, si bien la Cámara entendió -con cita de jurisprudencia propia y de esta Corte- que la sensación de disgusto producida por el acto administrativo ilegítimo (una cesantía), en principio, no alcanza a tener la magnitud de un daño indemnizable, las circunstancias especiales del caso llevaron a los Sentenciantes a concluir en que se había superado el margen razonable de tolerancia que impone la convivencia en sociedad, ya que no se encontraba controvertido que el actor padecía una enfermedad oncológica, desprendiéndose de las testimoniales producidas que el cese laboral había incrementado el cuadro depresivo del actor; conclusiones que no han sido en modo alguno rebatidas ni confrontadas con suficiente entidad en el escrito recursivo, sino que sólo se advierte en el escrito de queja la insistencia y reiteración del achaque vinculado a la errónea consideración de los hechos y las pruebas del caso, cuestión en principio ajena a la revisión extraordinaria intentada.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, partes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pohlmann, Jens Dietrich c/ Provincia de Córdoba y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-12

La calidad de parte de la provincia debe surgir, en forma manifiesta, de la realidad jurídica, más allá de la voluntad de los litigantes en sus expresiones formales, pues lo contrario importaría dejar librado al resorte de éstos la determinación de la competencia originaria de la Corte. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Mutuo comercial, hipoteca, teoría de la imprevisión, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDIFICADORA PUNTA MOGOTES S.A. Y OTROS c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ REVISION DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-06

Luego de celebrado el mutuo entre las partes, ha quedado acreditado que en dicha relación jurídica se ha producido una alteración profunda de orden económica, cuestión que ha sido imprevisible para las partes; frente a tal contingencia, si bien el cumplimiento del actor no es de imposible acatamiento en su totalidad, sí se hace sumamente gravoso y extraordinario en grado tal que originaría la ruina de los actores, de no actuar conforme las buenas costumbres.

Por lo tanto, en el momento procesal oportuno, deberán las partes adecuar tanto los valores reales frente a los montos abonados debidamente actualizados, pues la idea central de la ley 24.283 es adecuarse a la realidad económica y tal proceder para irremediablemente por la comparación de los valores del mercado, lo que se deberá determinar a fin de sincerar el valor actual del bien prendado. (Del voto del Dr. Ferro).
Mediación penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: G., T. A. c/  s/ Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2016-04-27

Deben remitirse las actuaciones al Centro de Mediación toda vez que el tercer párrafo del artículo 161 del C.P.P. que hace mención al instituto de la suspensión del juicio a prueba sólo se vincula a la escala sancionatoria del delito en trato y no al imputado. Si impusiéramos el cumplimiento de todos los requisitos de la probation, tanto los relacionados al delito imputado como los vinculados al encausado, como condición para la procedencia de la mediación, se estaría desnaturalizando la intervención de la víctima, pues su participación se vería supeditada a cuestiones ajenas a su voluntad y directamente vinculadas con el imputado.
Sociedades comerciales, representación de la sociedad, absolución de posiciones, representante legal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Linares, Francisco s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1989-06-01

Sobre la base de que la Ley 19.550 ha encontrado el tema de la representación social con criterio autónomo e independiente, debe entenderse que siendo la confesión judicial un acto fundamental que produce consecuencias graves y atento la economía de la normativa vigente, no cabe otra posibilidad que sostener que repugna el espíritu de la ley, el hecho de que se permita absolver posiciones por un sujeto ideal, a un individuo que no sea representante legal de éste.
Acto administrativo, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

El acto inexistente no es acto ni es acto inválido...porque inexistecia y nulidad son conceptos distintos. El acto inexistente, por lo mismo que no tiene existencia, no presenta presunción de validez, es decir de legitimidad. El acto inexistente, por no tener esta presunción, no es inválido, pues no existe. El acto inválido tiene presunción de legitimidad, pero existe con los defectos o vicios. El acto inexistente no tiene invalidez...no se puede ejecutar ni necesita ninguna sanción de nulidad. El acto no es válido ni se anula, por la sencilla razón de que no existe para el mundo jurídico. El acto inválido puede ser anulado, es decir, que la anulación se presenta como una posible sanción contra la invalidez.
Recurso extraordinario, acción de amparo, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: HO  DE  DALMASSO,  GIRAZULMA  Y  GONZALEZ  DE  RIVALDI, MARIA ERCILIA s/ RECURSO DE QUEJA POR RECURSO EXTRAORDINARIO DENEGADO MARIA ERCILIA s/ RECURSO DE QUEJA POR RECURSO EXTRAORDINARIO DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1988-04-25

Sería viable el recurso extraordinario si de acuerdo a las particularidades del caso se pudiera ocasionar un perjuicio grave e irreparable, es decir, cuando la urgencia del problema exigiera una respuesta inmediata. Ello ocurre ante la interposición de la acción de amparo, que por sus características el requisito de definitividad debe evaluarse con criterio amplio, precisamente por su naturaleza excepcional, abriendo la vía recursiva extraordinaria cuando el planteo resulta serio, fundado y precariamente, pese a que por la naturaleza de la cuestión debatida pudiera sostenerse en un principio lo contrario.
Propiedad horizontal, restricciones al dominio, reglamento de copropiedad y administración
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROP.AV.RIVADAVIA 4516/34-AV.LA PLATA 35/39 c/ BLUMFELD, Jorge D. y Otros s/ CESE DE INFRACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

La prohibición de colocar carteles en el edificio en general sin autorización previa, impuesta por el reglamento de copropiedad, no puede extenderse a las unidades destinadas a locales de comercio si el mismo reglamento contempla la posibilidad de que dichos locales coloquen letreros anunciadores en su frente. Ese diferente tratamiento dista de importar una excepción arbitraria y responde a realidades distintas, como lo son los locales de comercio en los que los letreros anunciadores constituyen una práctica generalizada y el resto del frente del edificio, correspondiente a unidades destinadas a vivienda, donde la colocación de carteles publicitarios resulta excepcional.
Régimen disciplinario administrativo, efectos de la sentencia penal en sede administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SONEYRO, ALBERTO HECTOR RUBEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 696 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-07

La represión penal y la disciplinaria difieren en su finalidad, de allí la independencia, autonomía y regla de la compatibilidad entre una y otra órbita, al atender ésta a la regularidad del servicio público, por la supremacía especial a que se encuentra sometido el agente. De modo tal que una sanción impuesta en uno de esos ámbitos "no reduplica la del otro, por afectar a normas diversas", bien que se ha reconocido la decisiva influencia del proceso penal en algunos casos.
Derecho procesal, revisión judicial de actos administrativos, plazos procesales, plazo perentorio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Adaro, Cristina Beatriz c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy s/ Recurso de Inconstitucionalidad Salvador de Jujuy s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-08-30

En lo que respecta a las demandas promovidas con el objeto de impugnar actos administrativos, rige a los efectos de su admisión, el plazo establecido en el art. 8 del Código Contencioso Administrativo con carácter perentorio, propio del régimen impugnativo contencioso-administrativo, conforme la naturaleza y finalidad de las demandas de esta especie, distinto de cualquier otro régimen de prescripción de las acciones, incluso del fijado por el código civil cuya eventual aplicación supletoria debe descartarse cuando el legislador ha sancionado un precepto específico de derecho público, llamado a regir en las expresas situaciones que él determina. (del voto en mayoría). (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, divorcio, causales de divorcio y separación personal
Materia: PROCESAL
Carátula: RIOS, Raúl c/ COLQUE, Haydée Beatriz s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-10

No se advierte, arbitrariedad ni discrecionalidad en el análisis de la prueba que contiene la sentencia, ni error en la consideración de los antecedentes expuestos.

SI EN EL CASO el actor ha reconocido el hecho de haberse ausentado del hogar De allí que la falta de prueba concreta y seria sobre los motivos, imputables a la esposa, que hubieran justificado tan grave decisión, convierten a dicho abandono en voluntario y malicioso.

En este sentido se ha dicho que "...Para quitar las características de voluntario y malicioso al abandono, el que lo hizo debe acreditar que tuvo motivos valederos para alejarse del hogar (CNCiv., Sala D, L.L. 113-766; íd. Sala F, L.L. 116-168; 131-729; 136-1027; íd. Sala E, L.L. 134-91; CApel.CC.Salta, Sala III, año 1985, f° 367; año 1987, f° 1597; año 1988, f° 381).

En el caso no se han demostrado esos motivos valederos. La pretensión del actor de justificar su actitud en una necesidad de contención fuera del matrimonio no tiene los visos de seriedad referidos si además se lo pretende acreditar con la declaración testimonial de la persona con quien mantiene una relación concubinaria.

Por lo demás, solo prueba que existía algún tipo de relación con otra mujer pendiente la convivencia con su esposa, lo que resulta suficiente motivo para tenerlo como una injuria grave.
Juicio de árbitros, compromiso arbitral, caducidad, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Swipco Argentina SA c/ Siemens It Services SA (en liquidación) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

El compromiso arbitral celebrado por las partes y reconocido por ambas, se encuentra vigente, resultando aplicables al caso las disposiciones del CPR 748. Resulta dirimente a este respecto: (i) la inexistencia de una norma de remisión que haga aplicable al caso las disposiciones del juicio de árbitros en derecho; (ii) la inexistencia de alguna otra norma que imponga específicamente al compromiso celebrado para esta clase de arbitraje un plazo de caducidad; (iii) la falta de estipulación de las partes de un lapso tras el cual el compromiso quedara extinto; (iv) la estricta interpretación que, en principio, debe otorgarse a la aplicación del instituto de la caducidad teniendo en cuenta sus gravosas consecuencias.
Empleados públicos, relación de dependencia, convenios colectivos de trabajo, cuestión de derecho público local
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Argento, Aureliano Manuel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 541-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-18

Más allá de las críticas que alguna doctrina ha formulado a la constitucionalidad del artículo 2 inciso a) de la "Ley de Contrato de Trabajo" por entender que regula materia que es propia del derecho público provincial, lo cierto es que la ley provincial 10052 establece en su artículo 1 que "las condiciones de trabajo y régimen salarial del personal de la Administración Pública Provincial actualmente comprendida en la ley nº 8525, serán establecidos mediante el sistema de convenciones colectivas de trabajo", y tal norma no puede ser interpretada, otorgándole la virtualidad de tornar aplicable, por imperio del art. 2 citado, las disposiciones de ésta a la relación de empleo público.
Procesamiento, falta de mérito
Materia: PENAL
Carátula: PATRICIA SIRIA MEDINA Y MARIA TERESA MEDINA c/ VIZGARRA, VIRGILIO ALONSO Y OTROS s/ ABUSO SEXUAL IBAÑEZ VICENTE c/ CANARIO ROQUE, NORIEGA MARIO ULISES, MIRANDA JULIO RICARDO s/ ROBO CALIFICADO Y ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-04-10|2003-05-07

Si bien no se requiere, tanto en el auto de procesamiento como en el de falta de mÚrito, piezas jurídicas de extenso contenido, no puede dejarse de señalar que es obligación procesal del Juez de instrucción hacer una fundamentación de esas decisiones que impliquen una detallada y razonable expresión de su valoración de la prueba, respetando el principio de congruencia en el proceso, resguardando el derecho de defensa, la actuación jurisdiccional del titular de la acción pública y los principios procesales vigentes.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: XAVIER HECTOR RAMON c/ FRIGORIFICO  REGIONAL  SANTA ELENA S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ LABORAL POR COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-17

Lo tenso de la situación se dio por la conducta del actor ya que si realmente lo molestaba el trabajo de su compañero podía ocurrir a diversas vías sin tener la mínima necesidad de la agresión física y más al grado de la acontecida que no encuentra ningún justificativo.

En definitiva no puede pretenderse que el hecho de abrirle la frente a otro empleado causándole un corte de 4 cms. de longitud sea considerado de tal irrelevancia que permita la prosecución de la relación laboral. Ello implica determinar que la empleadora deba permitir tal conducta entre sus empleados. De ello se derivaría lógicamente una situación anárquica en tanto si el menor entredicho se soluciona asestando un golpe en la cabeza al otro.Resulta probado en autos la causa justa del despido invocado por la accionada.
Obras sociales, determinación de deuda previsional, facultades delegadas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL FERROVIARIA c/ A.F.I.P. - D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-12

La Res. Conj. N° 202 del M.E. y O.S.P. y N° 202 M.T.S.S., restituyó las disposiciones de la Res. M.T.S.S. 890/92, aclarando que las alusiones efectuadas en ésta respecto de la A.N.Se.S., debían entenderse referidas a la D.G.I. Así, conforme su art. 2, se volvió a establecer una suerte de jerarquía superior directa por parte del Estado respecto del accionar de las obras sociales, en cuanto a las facultades de contralor y supervisión se refiere. En virtud de ello, cabe concluir que no corresponde que un órgano que dicta resolución determinando deuda en ejercicio de facultades delegadas, y cuyo pronunciamiento está sometido a la consideración del órgano delegante, pretenda luego recurrir lo resuelto por éste último. En consecuencia, corresponde confirmar lo decidido por la A.F.I.P. dejando sin efecto la determinación de deuda efectuada por obra social