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Acción meramente declarativa, trámites judiciales, juicio sumarísimo, competencia contencioso administrativa, contratos administrativos, licitación pública, procedimiento licitatorio, acto administrativo, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: K L M AEROCARTO BV c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ DEMANDA MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   537-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-16

No procede rechazar in límine la acción declarativa de inconstitucionalidad, correspondiendo darle trámite conforme a las reglas del juicio sumarísimo, si la materia que en definitiva se pretende llevar a debate ante el Poder Judicial es de naturaleza contencioso administrativa (ya que los cuestionamientos giran en torno al procedimiento de selección del cocontratante para concertar un contrato administrativo), como lo aceptan ambas partes, y debe, por tanto, ser dilucidada ante la Justicia por los medios predispuestos en la citada ley 4106. Y además, en auto se cuestiona la constitucionalidad de determinados actos administrativos. Ante tales circunstancias y desde que ni por vía residual le es dable a los jueces ordinarios asumir la competencia contencioso administrativa asignada legalmente a este Tribunal la negativa a intervenir por el medio procesal intentado implicaría denegar el acceso a la jurisdicción a los titulares de situaciones jurídicas de naturaleza administrativa.
Prescripción, acción penal, sobreseimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: SALCEDO, ARMANDO Y O. s/ HURTO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-04-26

Habiéndose operado la prescripción de la acción corresponde dictar el sobreseimiento del procesado y no su absolución y ello en virtud de que al haberse la extinción de la pretensión punitiva del estado el tribunal no puede juzgar y obviamente pronunciarse sobre los hechos y la responsabilidad criminal de los imputados.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, verificación de créditos, incidente de revisión, trámites judiciales, recurso de apelación (procesal), plazos procesales, leyes, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Méndez SA c/ Raul Alvarez SRL s/ Incidente de revisión. Quiebra. La cuestión a resolver es si resulta  necesaria la impugnación prevista por el artículo 36 de la ley   concursal para gozar de legitimación para promover el Recurso de   Revisión regulado por el artículo 38 (Expte. Nro. 5-88) -Tribunal pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-27

El plazo para interponer el recurso de revisión tiene un tope -máximo- de treinta días que, de ordinario, corren a partir de la última reunión de la junta de acreedores. A veces, sin embargo, es imposible contar dicho plazo de tal manera porque -por ejemplo- hay concursos (quiebras) donde la junta de acreedores no se reúne (v.gr., en quiebras indirectas). Por lo demás, es cierto que el agravio se evidencia desde el momento mismo del dictado de la resolución de "admisibilidad", "inadmisibilidad" o "no verificación". De lo cual se sigue que mientras no se pretenda la revisión "a los fines de la junta" (que, para ello, dichas decisiones son "definitivas": Ley Concursal, artículo 37), ningún perjuicio se deriva de admitir la interposición del recurso de revisión antes de la celebración de dicha reunión. Lo que la ley persigue es, de un lado, dejar sentada la irrevisibilidad de lo decidido en orden a la participación en la junta; de otro, poner un límite máximo -30 días- para incoar el recurso de revisión, enderezado a modificar lo anterior, con miras -ahora- al cobro de la acreencia. Mientras se respeten esas dos directivas, no se advierte inconveniente alguno -ni obstáculo legal- en juzgar temporáneamente interpuesto el recurso de revisión planteado aún antes de la última reunión de la junta de acreedores.

(Del Voto del Dr. Rouillon).
Derechos reales de garantía, certificado de prenda, endoso, pago
Materia: CIVIL
Carátula: B. F. S.A. c/ P. S. S.A. y otro s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-10-31

Si la ley somete a registro el endoso del certificado de prenda, es porque la voluntad del legislador ha sido condicionar los efectos jurídicos del conocimiento del acto a un requisito legal. Siendo esto así, la inscripción del endoso" reemplaza la notificación; vale decir que el prendante puede pagar válidamente al último endosatario que figura en la nota marginal de la inscripción del contrato respectivo.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia, recurso extraordinario de nulidad, remisión del expediente, error judicial, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Resguardo  Compañía  Argentina  de Seguros Sociedad Anónima s/ quiebra s/ incidente de reposición del auto de quiebra art. 94  LC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

Corresponde hacer lugar al recurso en el caso en que la Corte Suprema solicitó la remisión de los autos principales y desestimó las quejas por aplicación del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin advertir la falta de remisión de una pieza -trascendente para la suerte de la apelación-, a pesar de que la recurrente concretamente así lo había solicitado (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Ley de empleo, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: Núñez, Eduardo Oscar c/ Noro, Juan José s/ Despido, rubros adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-09

La no recepción de la respuesta patronal que rechaza la intimación y desconoce la relación jurídica, no tiene significación alguna ya que el trabajador se ha hecho merecedor de los resarcimientos, más allá de las contestaciones del empleador, ya que se ha acreditado la existencia del contrato de trabajo, se ha intimado en tiempo y forma solicitando la registración, se ha esperado el tiempo determinado por ley -30 días-, conforme artículo 11 de la Ley 24.013, y se ha invocado como causal de autodespido, la falta de inscripción del trabajador.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina de los actos propios
Materia: LABORAL
Carátula: Descarga, Luis F. c/ Siderfund S.R.L. s/ Indemnización art. 212 L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Es impropia la pretensión del recurrente de cambiar su postura ante la instancia extraordinaria en contra de sus propias alegaciones frente al hecho que de las mismas resultaron conclusiones adversas a sus intenciones.
In dubio pro reo, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Santillan, José Alberto s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-02-05

El mandato del indubio pro reo carece de rango constitucional y en todo caso se refuerza en la presunción o estado de inocencia pero no forma parte de ningún sistema de interpretación jurídico; sin perjuicio de ello es enfáticamente considerado como integrando las pautas de valoración de las pruebas, es decir, se extiende sólo a los hechos y en cuanto a la oportunidad sólo en el juicio; en consecuencia y tal es el caso que nos ocupa, en caso de duda sobre las cuestiones de hecho se resolverá a favor del imputado, correspondiendo absolver al mismo de culpa y cargo del delito de robo calificado.
Cuestiones de competencia, prensa
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Acu$a, Carlos Manuel y Gainza, Máximo s/ Infracción  arts.  109,  110,  112,  113 y 114 del C.P. -Querellante:  Crespo ,Ernesto - Causa 5369
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

La verdadera esencia del derecho a la libertad de imprenta radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa, esto es, sin previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir; pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal, para cuyo juzgamiento son aplicables las reglas sobre la competencia establecida en los arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional y en la ley 48.
Sanciones administrativas, multa administrativa, confiscatoriedad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Establecimiento  Modelo  Terrabusi  S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Debe rechazarse el alegado carácter confiscatorio de la sanción, si los recurrentes no demuestran que la extensión de las multas no guarde proporción con los intereses en juego ni tampoco que afecte desmesuradamente su capacidad económica ya que no se ha aportado prueba alguna que acredite las manifestaciones en tal sentido (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano).
Costas, desalojo anticipado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AVALLONE HNOS c/ ALEJANDRO MAREZCA s/ Desalojo (LIBRO: A075 - 372)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-16

La demanda por desalojo tendiente a obtener una condena anticipada a la fecha en que concluye la locación, constituye una facultad del locador especialmente prevista por el inc. 14 del art. 399 bis del C.P.C., cuyo ejercicio no se encuentra condicionado a la existencia de un tenor fundado que permita presumir que el locatario no cumplirá en tiempo la obligación de restituir el bien, lo que excluye la imposición de costas al vencedor prevista por el art. 36 ap. V, en tal supuesto.-
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Diguardi, Luis Oscar s/ Falsedad ideológica
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-03

Son ajenos al recurso extraordinario de nulidad y propios del de inaplicabilidad de ley los reclamos sobre la pretendida violación de los arts. 8, 129 y 231 del Código de Procedimiento Penal.
Médico de guardia, jornada de trabajo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Peñaloza, Juan Carlos c/ A.D.O.S. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-05-16

El Art. 197 de la L.C.T. se refiere a la "jornada" de trabajo (que conforme Ley 11.944 es de 8 horas diarias y 48 semanales) y no el trabajo que la "excede" o suplementario, como son las horas extras, que solo corresponde abonar contra efectiva prueba de su realización. El servicio de guardia por 24 horas además de la jornada normal referida; no importa ni más ni menos que una "extensión" eventual de aquella, para supuestos de fuerza mayor (como la realización de análisis de emergencia), que no genera derecho a remuneración, salvo prueba de la prestación de servicios (art. 203, L.C.T.).
Prueba, reconocimiento en rueda de personas, actos y diligencias procesales, notificación, nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., C. L. s/ Auto de procesamiento (Expte Nº  158-93, Resolucion Nº  82, Tomo 1,  Folio 463)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-18

Habiendo la defensa apelado el procesamiento y en los agravios sostener que un reconocimiento de personas es nulo por no haberse cumplido con el requisito de notificación previa (ver ant.) la nulidad se producirá no por habilitarse un recurso de nulidad implícito en el de apelación (esa nulidad refiere a vicios de contenidos en el propio acto que es atacado a través del de apelación, y no a actos anteriores), sino porque este tribunal se ha impuesto de la razón de nulificación y, oficiosa y prestamente debe proceder a eliminarla (art. 164, 1ª parte y 166, 2º párrafo, CPP.).
Crímenes de lesa humanidad, presunción de inocencia, sentencia condenatoria, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Tommasi, Julio Alberto y otros c/  s/ causa n° 15710
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

Las únicas consecuencias jurídicas que resultan del encuadre de un delito en la categoría de lesa humanidad son la prohibición de aplicar la prescripción, el indulto, la amnistía y otros eximentes de responsabilidad, pero no existen reglas diferenciales en materia probatoria y las dificultades probatorias que pueden haber surgido por el paso del tiempo no pueden ser la justificación para reducir el grado de certeza requerido para dictar una condena penal, ni para violar la presunción de inocencia. (Voto del juez Rosenkrantz).
Multa tributaria, declaración jurada impositiva
Materia: TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto del Seguro de Misiones S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-21

El re-encuadramiento de la sanción aplicada respecto del impuesto a las ganancias en la proporción confirmada y su graduación en el mínimo legal resulta válida pues fue realizado en uso de las facultades previstas por le Ley de procedimiento fiscal -art. 45 de la Ley 11.683- ante la omisión del ingreso del impuesto a las ganancias en su justa medida sin que se hubiere invocado ninguna causal de error excusable eximente de sanción.
Cheque sin fondos, interpelación, domicilio especial, identidad del receptor
Materia: PENAL
Carátula: SARUE, ALFREDO s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

Es suficiente la interpelación entregada en el domicilio especial constituido en el banco girado, aunque en la planilla de recepción se insertará un número identificatorio que no corresponde al documento del acusado y que éste niegue que le pertenezca la firma que aparece como del destinatario, si no puede negarse que la carta fue recibida por alguien de la casa con el mismo apellido del destinatario. No obstante (en el caso) que la similitud de la firma allí inserta con la del acusado podría indicar que fue éste mismo el que recibió la carta documento, dicha identidad no es necesaria para otorgarle validez y eficacia al medio interpelatorio empleado.
Instrumentos privados, fecha cierta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodil López, Jaime c/ Canellas de Nicastri s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Para que un instrumento privado adquiera "fecha cierta" deberá cumplimentar cualquiera de los requisitos enunciados en el art. 1035 del Código Civil. De ahí que si el boleto de compraventa no ha quedado "archivado" como expresamente se dispone en el inciso 1, el sello fechador tanto del Banco Provincia como del departamento de sello de la Dirección General de Rentas no le otorgan la fuerza necesaria para ser oponible frente a los sucesores singulares de las partes o a terceros (SCBA Ac. 18556, "Ac. y Sent." 1972-II-490).
Superior Tribunal de Justicia, competencia, incompetencia, excusación, competencia civil y comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSTRU-HACER S.R.L. c/  s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-29

No corresponde a este Cuerpo resolver la presente cuestión de competencia suscitada en el sub lite toda vez que, de la compulsa de estos actuados, se desprende que los Órganos jurisdiccionales contendientes poseen como superior común inmediato la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial; y no es obstáculo para ello, que el conflicto se haya suscitado entre órganos judiciales con competencia material en lo civil, comercial y laboral, por un lado, y con competencia en lo penal, por el otro, ya que estos últimos intervinieron en la presente causa, no por su competencia específica, sino en el marco de una causa civil y comercial (ejecución hipotecaria), como reemplazantes legales frente a la excusación formulada por los primeros. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 267, p 373; T 280, p 309. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Provincial, artículo 93, inciso 5; Ley 10160, artículo 6, inciso 2. - Jurisprudencia concordante con Banco de Santa Fe c. Tommassi, AyS T 286, p 125/127, sumario J0044560.
Acción dependiente de instancia privada, impulso procesal
Materia: PENAL
Carátula: RODA, Alberto José s/ Lesiones culposas e infracción al art. 61 inciso e de la ley 5800
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-21

Habiendo constatado que las víctimas de un delito encuadrable en el supuesto contemplado por el artículo 72 inciso 2do. del C.P., carecen de intención de impulsar la actividad jurisdiccional, iniciada de oficio por la instrucción, corresponde declarar nulas las actuaciones, con excepción de aquellas piezas encaminadas a determinar la materialidad del hecho.-
Daños y perjuicios, personas jurídicas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Magnaterra, Julio y otra c/ Asociación Hospital Italiano Regional del Sur s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Del juego armónico de los arts. 43 y 1113, primer párrafo, del Código Civil surge, sin hesitación, que los entes de existencia ideal responden siempre por el hecho ilícito de las personas físicas que concurren a la realización de sus fines; sean éstas administradores, representantes, agentes, empleados, sustitutos, etc.,cometidos en ejercicio o con ocasión de las funciones, sin que resulte relevante la naturaleza de la relación que los vincule.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, error judicial, faltas del servicio, factores atributivos de responsabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ARAGON, VICTOR GUSTAVO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 510 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-25

Un supuesto de responsabilidad del Estado consiste en la prestación defectuosa o irregular del servicio; para decirlo de manera simple: el servicio funcionó mal.

La idea de falta de servicio es objetiva, se independiza de la culpa y permite responsabilizar al Estado aun cuando no se individualice al autor del daño.

Se trata de una responsabilidad objetiva y directa, porque los funcionarios actuando en el ejercicio de sus funciones son órganos del Estado y, por lo tanto, lo que ellos hacen lo hace el Estado mismo.
Quiebra, salarios adeudados, incidente de revisión
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Agrest SA c/  s/ quiebra s/incidente de revisión por suarez felisa margarita
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-09

En el marco de una quiebra cabe incluir en el pasivo concursal el crédito del incidentista derivado de los salarios adeudados. Si bien el CCCN 895 admite que el pago puede ser probado por cualquier medio, la presunción extraída a partir de lo actuado por otros trabajadores, (quienes habían reclamado únicamente otros meses adeudados), no puede sin más ser admitida a la luz de los restantes datos habidos en la causa y a las reglas que sobre el particular dispone la LCT 124 y ss. Es que ese dato -en sí mismo no controvertido- es insuficiente para desestimar la pretensión de marras y como admite el síndico, él no pudo obtener ninguna constancia que acreditara el pago de los salarios que se dicen adeudados.
Ministerio Público Fiscal, régimen de faltas, ley provincial, venta ambulante
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Bara, Sakho s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-11

Si el integrante del Ministerio Público Fiscal decidiera, en virtud de su discrecionalidad técnica, que el hecho no constituye una contravención (al estar alcanzado por el párrafo tercero del art. 83, ley 1472), subsistiría la posibilidad de que se tratase de una infracción al Régimen de Faltas locales (ley 451), pues cabe recordar que también ha sido una decisión legislativa que el hecho de vender mercaderías en la vía pública "sin autorización" (art. 4.1.2, ley cit.) se encuentre expresamente prohibido por la ley 1166 y, por lo menos al día de hoy, esta conducta debe ser investigada y eventualmente sancionada. (Voto en disidencia de la Dra. Ana María Conde).
Agentes de propaganda médica, obligaciones del empleador, destino de los aportes y contribuciones, obras sociales
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MÉDICA DE LA R. ARGENTINA c/ JOHN WYETH LABORATORIOS S.A. s/ COBRO DE APORTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-23

Es sólo el empleador quien se encuentra obligado al pago de los aportes al Sistema Único de la Seguridad Social en los términos y bajo las condiciones que determinara la autoridad de aplicación, por lo que si alguna divergencia pudiera originarse en orden a su actuación en el rol asumido, es obvio que la pretensión debió dirigirse contra ella, quien compulsa a los sujetos obligados a acatar las pautas por ella establecidas en tanto se trata de un dispositivo creado por autoridad competente, y sobre cuya observancia tanto la obligada en su doble calidad de contribuyente y agente de retención no podía sustraerse, sin previa descalificación administrativa o judicial de la validez y vigencia de la resolución conjunta objetada. Por ello si la empleadora aportó sumas inferiores a las debidas por la accionante, tal actitud derivó de la sujeción a normas jurídicas que dictara la autoridad de aplicación -DGI y ANSES - por lo cual la Obra Social aunque se considerara legitimada para perseguir el cobro de las eventuales diferencias no podía hacerlo sin atacar y dirigir su embate respecto de quien dictara las normas que generaban la supuesta violación a sus derechos.
Recurso extraordinario federal, revocación de sentencia, promoción de exportaciones, régimen en el IVA para exportadores
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: Jugos del Sur S.A. c/ Estado Nacional (Min. de Economía y Obras y Servicios Públicos) s/ juicios de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la demanda tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones denegatorias del pedido de acogimiento al régimen del decreto 176/86, si la actora -al no haber obtenido una resolución aprobatoria de su programa (art. 19 de dicho decreto)- carecía de un derecho adquirido a la firma del convenio que, eventualmente, de cumplir con sus obligaciones, le hubiera permitido gozar de los beneficios del régimen de los programas especiales de exportación.
Competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia civil, daños y perjuicios, obras sociales, médicos, responsabilidad médica, mala praxis
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Hazrlin de Martín, Liliana c/ Obra Social para el Personal de  ENTel s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

Es competente la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal para entender en la demanda contra una obra social y contra un médico reclamando el resarcimiento de los daños y perjuicios provocados por negligencia y mal desempeño de los profesionales que atendieron al actor (art. 43, inc. c. y art. 43 bis, inc. c), in fine, del decreto-ley 1285/58).
Autoría mediata, dominio del hecho
Materia: PENAL
Carátula: Estrella, Luis Fernando; Menéndez, Luciano Benjamín; Vera, Domingo Benito s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

La aplicación de la teoría de autoría mediata por la intervención de un aparato organizado de poder es válida y explica con claridad la voluntad de dominio del hecho en casos en donde los hechos fueron llevados a cabo por aparatos organizados de poder como los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio enmarcados en el plan sistemático, clandestino y criminal orquestado desde las máximas esferas de las autoridades de facto de la última dictadura militar, donde se determino la posición que ocupaba cada imputado en la estructura de poder -aparato organizado-, considerando además que esta teoría se encuentra reconocida por la doctrina nacional y no hay ningún obstáculo para su aplicación en nuestra legislación, al ser la respuesta jurídica a aquellas situaciones en las que no media dominio del hecho por medio de dominio de la voluntad en virtud de acción o de error.