Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2009-05-11


2º Instancia. - Resistencia, mayo 11 de 2009.

Considerando: I. Que llegan los autos a este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 151 por la parte ejecutada, contra la sentencia dictada a fs. 148/149 vta. Concedido a fs. 155, la recurrente expresó agravios fs. 156/157, los que no fueron respondidos por la ejecutante, razón por la cual se le dio por decaído el derecho dejado de usar.

Elevadas las actuaciones, tuvieron radicación ante esta Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (fs. 165), de lo que se notificaran los interesados a fs. 168/169 vta. A fs. 171 se dictó la pertinente providencia de Autos, quedando la causa en estado de ser resuelta.

II. 1. La sentencia en crisis no hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada. Mandó llevar adelante la ejecución hasta que el acreedor se haga íntegro pago de la deuda municipal en concepto de impuesto inmobiliario y tasas de servicios por la suma de $6222,11 con más intereses y las costas del juicio. Asimismo reguló honorarios a los profesionales intervinientes.

2. Se alza la ejecutada contra la precedente decisión toda vez que consideró la publicación en el Boletín Oficial efectuada por la actora como un verdadero emplazamiento al pago de las deudas fiscales cuando la misma dista de serlo.

Expresa que para que la intimación produzca los efectos suspensivos que le asigna el segundo párrafo del art. 3986 del Código Civil es menester el carácter constitutivo de mora de dicho requerimiento, lo que resulta inaudito en materia tributaria, dado que la mora se produce por el mero transcurso del plazo de vencimiento de pago, y que la notificación al deudor se manifieste de modo expreso y fehaciente, o generando la presunción de la misma a través de la publicación como lo es el Diario de Publicaciones Legales al cual el 99,9% no tiene acceso. Entender lo contrario significaría no sólo desnaturalizar el sentido y alcance de la norma arriba citada, sino que sería tanto como crear un privilegio irritante para la administración pública que podría obviar el procedimiento que le es exigido a los particulares.

Que la publicación en el Boletín Oficial se encuentra muy lejos de cumplir los requisitos establecidos al respecto, pues no puede hablarse de notificación fehaciente a partir de lo que en verdad constituye una mera presunción. Cita jurisprudencia. Agrega que el edicto no contiene elemento intimatorio de ninguna naturaleza, por lo que resulta insuficiente para generar presunción de suspensión de la prescripción, por no cumplirse con las formalidades que al respecto se establecen.

Hace notar que el plazo de suspensión es de un año y en la especie el mismo se encontraba vencido al momento de incoarse la demanda (20/12/04). Por lo que solicita revocación de este aspecto del decisorio.

Asimismo se agravia por cuanto privada la aludida publicación del efecto suspensivo de la prescripción, de conformidad a lo dispuesto por el art. 3986 del Cód. Civil el recaudo legal se cumplimentó en la fecha de iniciación de la demanda. Recuerda el caso Filcrosa S.A. s/Quiebra s/Inc. de Verificación de Municipalidad de Avellaneda a fin de señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado pautas en torno a los plazos de prescripción en materia tributaria, no sólo en materia de tasas, sino proyectando sus efectos al resto de las obligaciones Tributarias -Municipales o Provinciales- al definir claramente su preferencia por la aplicación del término de prescripción quinquenal.

Que en dicho fallo la Corte no se limitó a los plazos de prescripción se expidió también sobre cuestiones tales como las referidas al modo de computar los términos, causales de suspensión e interrupción, incluso otros modos de extinción de la obligación tributaria.

Alega que en lo referente al modo de computar el plazo, según el cual el término de prescripción comienza a correr a partir del primero de enero del año siguiente, al que refiere la obligación Tributaria, se encuentra en pugna con lo dispuesto por el art. 3986 del Cód. Civil, que establece que la prescripción de las acciones personales lleven o no intereses, comienzan a correr desde la fecha del título de la obligación, y no desde el 1ero. de enero del año siguiente como lo pretende la contraria.

Expresa que frente a la preeminencia que cabe otorgar al derecho de fondo sobre el Tributario local a los fines del cómputo del citado plazo de prescripción se debe atender a la modalidad de fraccionamiento bimestral del pago de la deuda, con que la actora confeccionara la certificación de la deuda agregada. Cita jurisprudencia. Agrega que el municipio ejecutante no tiene posibilidades para fijar plazos de prescripción distintos a los establecidos en el Código Civil, tampoco reglamentar lo inherente a las formas y modo de cómputo, modo y forma de las interrupciones y/o suspensiones de los plazos en cuestión. Por lo tanto el ejercicio de tales facultades resulta contrario y vulneratorio de preceptos constitucionales preestablecidos, lo que otorga andamiento a la tacha de inconstitucionalidad que impetra.

Afirma finalmente que deviene procedente la defensa de prescripción opuesta por su parte respecto al período que va desde el año 1998 hasta el año 1999, lo que deberá establecerse por la Alzada al momento de pronunciarse.

Concluye con petitorio de estilo.

III. Expuestos los agravios en la forma precedente, y analizadas las constancias de la causa consideramos que la decisión en crisis debe ser modificada parcialmente.

1. En efecto, en relación al agravio derivado del emplazamiento efectuado por el Municipio a través del Boletín Oficial Nº 8121 del 19/12/03 (ver fs. 137/139), si bien este Tribunal ha conferido viabilidad a tal modalidad de emplazamiento, y consecuente valor suspensivo del curso de la prescripción en los términos del art. 3986 del Código Civil (conf. Sent. Nº 366/02, sus citas y otras) ello lo fue en la medida en que era factible establecer a través de él que la deuda correspondía a determinado inmueble por cuanto se consignaba su dirección.

Sin embargo en el caso de autos no puede serle atribuida tal fuerza, en tanto sólo se identifica al mismo con la nomenclatura catastral, razón por la cual no puede asignarse los alcances de una interpelación auténtica, esto es que aleje toda duda sobre su efectividad y fecha. Es que no puede suponerse que los contribuyentes recuerden esa forma de identificación compuesta por tal cantidad de números y letras, como se evidencia en el edicto; y que corresponden a Lote Rural, Chacra, Fracción, Manzana, Parcela y Unidad Funcional, si correspondiere.

Una posición contraria implicaría una exigencia mayor a la requerida según la naturaleza de la obligación conforme las circunstancias del caso (conf. Sent. Nº 53/04; Nº 94/07, entre otras esta Sala).

2. Sentado lo expuesto, corresponde analizar el agravio derivado del modo de computar el plazo previsto por la legislación municipal.

Al respecto esta Sala tiene dicho que éste debe efectuarse a partir del 1º de enero del año siguiente.

Debemos puntualizar que la Ordenanza 6964/03 (B.O. 8144 del 11/02/04) modificó los plazos de prescripción contemplados en el art. 106 de la Ordenanza General Tributaria, reduciéndolos al de cinco años.

La misma no estableció el modo de computar el plazo de prescripción, remitiéndose a las previsiones contenidas en los arts. 109 y 110 de la Ordenanza General Tributaria vigente para los casos de interrupción o suspensión de la prescripción, siendo precisamente este último cuerpo legal el que determina en su art. 109 que el cómputo de la prescripción debe ser efectuado a partir del primero de enero del año siguiente al del vencimiento de la obligación fiscal.

La modalidad antes señalada resulta similar a la establecida por el Código Tributario de la Provincia del Chaco (art. 87), y, en el orden nacional por la ley 11.683 que regula el Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social (art. 57), no siendo pues una apropiación de atribuciones legislativas, por lo que se desestima el agravio que con base constitucional se formula al respecto.

La doctrina al comentar el art. 57 de la Ley 11.683 -t.o. 1998- sostiene que tal dispositivo marca una diferencia apreciable entre el régimen de la prescripción en las obligaciones tributarias y el corriente en derecho civil. En éste, el término de la prescripción "comienza a correr desde el título de la obligación", como dice el art. 3956, Cód. Civil, o sea, desde el acto generador del derecho; en cambio, la Ley 11.683 ha adoptado el sistema del Ordenamiento tributario alemán, cuyo art. 145, nro. 1, dispone que la prescripción se inicia con la terminación del año en que la pretensión haya surgido lo cual resulta práctico por facilitar el cómputo de los términos (conf. Carlos M. Giuliani Fonrouge-Susana Camila Navarrine, Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Ed. Lexis Nexis, 2005, págs. 414/415).

Los autores que venimos siguiendo han puesto de resalto que es bueno tener presente que si bien la ley 11.683 adopta un régimen propio en cuanto al arranque del plazo de prescripción, ello no afecta el criterio con que se debe apreciar el modo de contar el término, que es el mismo del Código Civil; aspecto acerca del cual hay jurisprudencia firme. En efecto, al tratar de la acción de repetición, la Corte Suprema sentó el principio consignado y que es válido para el cómputo del derecho del fisco a exigir el tributo, pues a falta de norma expresa en la ley fiscal se debe aplicar el principio establecido en el art. 25 y 27 del Código Civil (con cita jurisprudencial aut. y ob. cit. pág. 415).

Doctrina que, mutatis mutandi, resulta de aplicación al sub lite.

3. En función de las precisiones expuestas, corresponde analizar si en el presente se operó la prescripción invocada por el ejecutado, teniendo en cuenta para ello que del título glosado a fs. 4/27 se desprende que se le reclama el pago de Tasa de Servicios, Impuesto Inmobiliario, además de otros rubros en él liquidados y que van desde el año 1998 hasta el año 2003 inclusive.

Al efecto puntualizamos que aplicar en el presente a la totalidad de la acción la Ordenanza Nº 6864/03 modificada por Ordenanza Nº 6964/03 del 23/12/03, que redujo el plazo de prescripción, importaría que sus efectos se expandan retroactivamente, antecedente que vulneraría el principio de irretroactividad consagrado en el art. 3º del Código Civil.

Tal tesitura fundó nuestro cambio de criterio en Sent. Nº 154/05, abandonando el sustentado in re: "Municipalidad de Resistencia c. Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia del Chaco y Morales, Antonio Omar y/o Quien Resulte Poseedor y/o sucesor Singular o Universal s/ Ejecución Fiscal", Expte. Nº 9201/01, Sent. Nº 53/04.

En efecto, el citado art. 3º del Código Civil, dispone que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Prevé además que no se aplicarán retroactivamente sean o no de orden público, salvo disposición en contrario, añadiendo que dicha retroactividad no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Ahora bien, la nueva ley, en nuestro caso Ordenanza Nº 6964 del 23/12/03 previó con carácter general la prescripción quinquenal, reformando así la Ordenanza General Tributaria.

Se trata entonces de determinar si dicha disposición puede ser aplicada al presente.

Para ello debemos tener presente que dos son los principios que orientan la solución de los conflictos de leyes en el tiempo. El primero, la casi absoluta irretroactividad de la ley, que sólo reconoce como excepciones aquellas hipótesis en que el legislador, de manera expresa, ha considerado necesario dar efecto retroactivo a la nueva norma, circunstancia que no surge de las Ordenanzas aludidas. El segundo, la necesidad de que la nueva ley tenga inmediata aplicación, a partir de su entrada en vigencia (conf. La Irretroactividad de la ley y el efecto inmediato, Luis Moisset de Espanés, Jurisprudencia Argentina, Serie Contemporánea, Doctrina, 1972, 814).

Estos principios, rectamente entendidos, no se contradicen, sino que se complementan. La aplicación inmediata no es retroactiva, porque significa aplicación de las nuevas normas para el futuro, y con posterioridad a su vigencia; el efecto inmediato encuentra sus límites, precisamente en el principio de irretroactividad que veda aplicar las nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas, o a efectos ya producidos (ídem).

Ambos principios -irretroactividad y efecto inmediato- han sido consagrados por el nuevo art. 3º del Código Civil.

Debemos tener en cuenta que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica es efecto de un hecho jurídico pero, como lo señala muy bien Roubier, es un efecto que casi siempre se agota en el momento en que se produce el hecho. Por consiguiente, pretender juzgar la creación, modificación o extinción de una relación jurídica con arreglo a las nuevas leyes es darles un efecto retroactivo, prohibido categóricamente por el segundo párrafo del art. 3º, salvo que la propia ley haya consagrado de manera expresa una excepción a esa irretroactividad (ídem).

El mismo principio rige para las consecuencias ya agotadas de las situaciones jurídicas existentes; tampoco en este caso se puede pretender volver atrás, y gobernarlas por leyes nuevas, porque vulneraría el principio básico de la irretroactividad de la ley, consagrado en el ya mencionado segundo párrafo del art. 3º, que pone el límite exacto al efecto inmediato que consagra la primera parte de la norma (ídem).

En cambio, los efectos que se produzcan con posterioridad a la vigencia de la norma, quedarán atrapados en ella, aunque los haya generado una situación jurídica existente, y ello se produce sin vulnerar el principio de la irretroactividad, por aplicación del principio del efecto inmediato, que en realidad tiene vigencia para el futuro (ídem).

En consecuencia, como lo ha puntualizado esta Sala en Sentencia Nº 154/05 "la solución adecuada para conjugar armónicamente el efecto inmediato de la ley nueva con la prohibición de retroactividad es que las prescripciones pendientes -cuyo plazo se abrevian- queden sometidas al nuevo plazo a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, y en tal caso el nuevo término reducido debe computarse íntegramente desde ese momento (conf. Moisset de Espanés, 1, "La retroactividad de la ley y el nuevo art. 3º Código Civil (Derecho Transitorio)", Ed. Universidad de Córdoba, 1976) (cita extraída de "Banco de la Nación Argentina c. Galarraga Ignacio Pedro y otro s/Cobro de Pesos", Sala 2, Dres. Eduardo Vocos Conesa, Marina Mariani de Vidal, Ricardo Gustavo Recondo, del 16/08/02, Sent. Nº 6034/97; vista en Jurisprudencia Lex Doctor).

De manera que conforme tal circunstancia no resulta de aplicación la Ordenanza Nº 6864 de fecha 11 de noviembre de 2003, reformada por Ordenanza Nº 6964 del 23 de Diciembre de 2003, porque si bien al tiempo de interposición de la acción (20/12/04) la misma se encontraba vigente, el título abarca los períodos 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, en los cuales las Ordenanzas aludidas no lo estaban.

4. Conforme lo expuesto, corresponde analizar la defensa de prescripción incoada en relación al impuesto inmobiliario y tasas de servicios, y en este segmento debemos puntualizar que a los fines del cómputo del plazo de prescripción el Alto Cuerpo local, al resolver un recurso extraordinario interpuesto en la causa "Municipalidad de Resistencia c. Pescarolo, José Renato y Sra. y/o Poseedor y/u Ocupante y/o Responsable s/Apremio" Expte. Nº 7346/01 (registro de este Tribunal de Alzada), reputó aplicable el término de prescripción contemplado en el art. 4027 inc. 3º del Código Civil, para las tasas de servicios, dejando reservado para los impuestos inmobiliarios el de 10 años que contempla el art. 4023 del mismo cuerpo legal (Sent. Nº 262/02; cita extraída de Sentencia Nro. 63/06 entre otras).

Cabe puntualizar que este Tribunal había adoptado y decidido, con anterioridad al precedente transcripto, el mismo criterio en base a la diferenciación que corresponde hacer en cuanto al plazo de prescripción que rige según se trate de tasas o de impuestos (conf. Sent. Nº 71/99; Sent. Nº 134/99, entre otras).

Allí dijimos que el plazo aludido en relación a los últimos es el de diez años, por cuanto la normativa del art. 4023 sienta un principio general que debe aplicarse a todos los casos para los cuales no se haya establecido un plazo más corto, sean o no de naturaleza creditoria, por lo que las normas que fijan éstos son de carácter excepcional, debiendo ser interpretadas restrictivamente (Conf. Salas-Trigo Represas, Código Civil Anotado, Depalma 1980, p. 345; ídem).

Entonces a los fines del cómputo relativo al reclamo fiscal que por Impuestos Inmobiliarios persigue el Municipio actor, cuya prescripción opera a los diez años, y que el mismo debe efectuarse a partir del primero de enero del año siguiente al del vencimiento, arribamos a la conclusión de que las deudas originadas en el año 1998 no se encuentran prescriptas, menos aún las posteriores.

Razón por la cual, corresponde desestimar los agravios vertidos.

5. En relación a las tasas, como lo puntualizamos precedentemente, aun antes de la modificación introducida en la legislación fiscal el término a computar es el de cinco años, razón por la cual, teniendo en cuenta que el Municipio no cuenta a su favor con el año de suspensión aludido, que el cómputo de la prescripción debe ser efectuado a partir del primero de enero del año siguiente al del vencimiento de la obligación fiscal, a la fecha de la interposición de la demanda (20/12/04, ver fs. 29 vta.) se encontraban prescriptas las cuotas devengadas en el año 1998, lo que acaeció el 01/01/04.

En razón de ello, deben excluirse del capital sentenciado los períodos y conceptos en virtud de los cuales el deudor ha quedado liberado de su pago.

6. En atención a los fundamentos expuestos, corresponde modificar la sentencia 148/149 vta., y, en consecuencia, hacer lugar parcialmente a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, mandando llevar adelante la ejecución hasta que el acreedor se haga íntegro pago de la suma de $5.600,51 resultante de excluir del título que se ejecuta (ver fs. 4/27) los períodos y sus accesorios que en virtud de hallarse prescriptos no deben ser abonados por la parte ejecutada, a saber: Tasas de Servicios: $508,80; Fondo: $40,80 y Gastos Administrativos: $72, lo que hace un total de $621,60, monto este último que se excluye del título en ejecución.

La suma por la cual procede la ejecución ($5.600,51) devengará los intereses condenados en el fallo de fs. 148/149 vta., accesorios que no fueron cuestionados.

7. En mérito a la solución arribada y por imperio de lo dispuesto por el art. 277 del Código Procesal Civil y Comercial, corresponde adecuar a este pronunciamiento la imposición de costas y regulación de honorarios.

En relación a las primeras resulta aplicable lo señalado por este Tribunal en anteriores oportunidades en punto a que en los supuestos de oposición de excepciones, cuando se acoge alguna de ellas, pero se hace lugar parcialmente a la ejecución, corresponde una doble imposición de costas, de conformidad al resultado de cada uno de los planteos (Conf. Sent. Nº 75 del 11/8/94; Nº 21/95, Nº 91/02, entre muchas otras). En aquellas oportunidades advertimos que "el objeto del proceso ejecutivo es una sentencia de condena. Si esta se obtiene, objetivamente no existe otro vencido que el ejecutado, puesto que se dispone hacer lugar a la ejecución en su contra; en consecuencia, deben fijarse los honorarios cuando prospera parcialmente la ejecución sobre el monto de la condena. Este criterio debe aplicarse también en favor del ejecutado vencedor, respecto del monto sobre el que prosperaron sus excepciones" (con cita jurisprudencial en Colombo, "Código Procesal", 4ta. ed. actualizada, p. 123) (cita extraída de Sent. Nº 29/07, esta Sala).

Consecuentemente las correspondientes a la excepción de prescripción, deben ser soportadas en ambas instancias por la ejecutante vencida en virtud de lo edictado por el art. 536 del Código Procesal.

Y las correspondientes a la ejecución que procede, se imponen también en ambas instancias a la ejecutada vencida en virtud de lo dispuesto por los arts. 536 y 68 del Código Procesal.

8. En relación a los honorarios, debemos puntualizar que es criterio de este Tribunal, proceder a su regulación teniendo en cuenta el monto por el cual prospera la excepción que en el caso asciende a la suma de $621,60. Y de idéntica forma obtener los correspondientes a la ejecución, que en el caso se lleva adelante por $5.600,51.

También es conocida la posición de esta Sala reputando inconstitucional la norma del art. 5º L.A. según reforma introducida por ley 5532 cuando resultan totalmente desproporcionados en atención al monto de condena, reputando que en tales condiciones consagra una iniquidad que impacta negativamente en el acceso a la justicia.

Sin embargo también hemos compartido lo señalado por Bidart Campos en punto a que la ausencia de una Corte Nacional de Casación indica la conveniencia, por un principio de seguridad jurídica imprescindible, que los criterios doctrinarios no sólo en materia estrictamente constitucional sino aquellos que posibilitan un modo de entenderse pacífico en el comercio de todos los días, se acaten por los distintos tribunales de modo que revistan fuerza vinculante las sentencias del Alto Tribunal de la Nación que aun en materia de derecho común o procesal muestren el torso de una doctrina. Sin perjuicio, obviamente, de los replanteos que, fundadamente, impiden la cristalización o inmovilización del sentido evolutivo que históricamente experimenta el derecho frente a la vida. (cit. por Morello, Sosa y Berizonce, Códigos Procesales, T. I, Ed. Platense 1982, p. 228).Dicha doctrina resulta aplicable al recurso extraordinario local, por militar similares razones.

Por lo tanto, atento que el Superior Tribunal de Justicia viene señalando en forma reiterada que la modificación introducida por el art. 1º de la Ley 24.432 desde la ley de fondo (art. 505 del Código Civil) en cuanto limita la condena en costas, no tiende a la alteración de los aranceles locales, sino simplemente condiciona, en beneficio del vencido, los alcances de "su responsabilidad por el pago de las costas", tal como dice el texto en su agregado (conf. Sent. Nº 415/06), como así que el citado artículo 5º no contraviene preceptos constitucionales; más allá de nuestra discrepancia con tal conclusión resulta procedente, precisamente en virtud de los ya señalados principios de economía y celeridad procesal, seguir tal tesitura.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la excepción opuesta que prospera representa un 10% del capital reclamado y la ejecución el 90% restante, corresponde aplicar idéntica proporción para la obtención de los honorarios de los profesionales, tomando como base el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente a la fecha, el que según Resolución Nº 03/08 del Consejo Nacional del Empleo y la Producción quedó fijado en la suma de $1.240.

Por ello y lo dispuesto en los arts. 6º (40%) y 7º (80%) L.A. para los de Primera Instancia, y conforme lo edictado por el art. 11 (30%) del mismo cuerpo legal, para los de Alzada se obtienen los guarismos que se expresan en la parte resolutiva de la presente.

Por los fundamentos expuestos, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial; RESUELVE: I.- MODIFICAR la sentencia dictada a fs. 148/149 y en consecuencia, HACER LUGAR parcialmente a la excepción de prescripción impetrada, declarando extinguido el crédito correspondiente a tasas de servicios por el período indicado en los Considerandos que anteceden y que asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA CENTAVOS ($621,60). II.- MANDAR LLEVAR adelante la ejecución hasta que el acreedor se haga íntegro pago por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($5.600,51), con más los intereses condenados. III.- IMPONER LAS COSTAS de la excepción de prescripción que procede, en ambas Instancias a la ejecutante vencida, regulándose los honorarios de Primera Instancia del siguiente modo: Dres. A. U. y S. I. G. P. en las sumas de PESOS SESENTA Y DOS ($62) y PESOS VEINTICUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($24,80) como patrocinantes y apoderados, respectivamente, a cada uno y Dr. J. A. D. en las sumas de Pesos NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($99,20) como patrocinante y Pesos TREINTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS ($39,70) como apoderado. Segunda Instancia: Dres. A. U. y S. I. G. P. en las sumas de PESOS DIECIOCHO CON SESENTA CENTAVOS ($18,60) y PESOS SIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($7,45) como patrocinantes y apoderados, respectivamente, a cada uno y Dr. J. A. D. en las sumas de Pesos VEINTINUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (29,75) y Pesos ONCE CON NOVENTA CENTAVOS ($11,90) en el doble carácter. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con los aportes de ley. IV.- IMPONER LAS COSTAS de la ejecución a la demandada vencida, a cuyo fin se regulan los honorarios de Primera Instancia como sigue: Dr. J. A. D. en las sumas de Pesos UN MIL CIENTO DIECISEIS ($1.116) como patrocinante y Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($446,40) como apoderado y Dres. A. U. y S. I. G. P. en las sumas de Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($446,40) y PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($178,55) como patrocinantes y apoderados, respectivamente, a cada uno. Segunda Instancia: Dr. J. A. D. en Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($334,80) y Pesos CIENTO TRECE CON NOVENTA CENTAVOS ($113,90) como patrocinante y apoderado, respectivamente y Dres. A. U. y S. I. G. P. en las sumas de Pesos CIENTO TREINTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS ($133,90) como patrocinantes y Pesos CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($53,55) como apoderados, a cada uno. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con los aportes de ley. - María Delfina Denogens. - Marta Inés Alonso de Martina.