Tribunal: CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-13


Buenos Aires, marzo 13 de 2000.

El doctor Díaz dijo:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 67/69 vta. contra lo resuelto a fs. 61.

Habida cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Hussar, Otto c. ANSeS s/reajuste por movilidad" y "Barry, María Elena c. ANSeS s/reajustes por movilidad", sentencias ambas del 10/10/96, respecto del art. 24 de la ley 24.463, este tribunal resulta habilitado para entender en la presente causa.

Surge de autos que la Administración Nacional de la Seguridad Social denegó a fs. 61 el beneficio de jubilación ordinaria a Raquel Silberberg, en razón de que no procede computar los servicios invocados durante el lapso 1/5/64 al 31/1/91 en el ámbito de la ex-Caja de Industria, Comercio y Actividades Civiles debido a que se habría desempeñado en la firma "Será Justicia", cuyo único titular es su esposo, impidiendo el vínculo conyugal existente encuadrar las tareas como prestadas en relación de dependencia.

Contra ello, se interpuso el recurso de apelación de fs. 67/69, el cual reúne los requisitos de admisibilidad y suficiente fundamentación (arts. 9º y 11, ley 23.473, modif. por ley 24.463 y art. 261, Cód. Procesal).

La reclamante solicita su jubilación ordinaria denunciando los servicios que aparecen como prestados para su cónyuge Juan C. Bavasso Roffo en el periódico "Será Justicia" entre el 1/5/64 y el 31/1/91, conforme surge de las constancias obrantes en el expediente.

En orden a la cuestión traída a conocimiento de esta alzada cabe destacar que el art. 1218 del Cód. Civil establece que toda convención entre los esposos sobre cualquier otro objeto relativo a su matrimonio (fuera de las convenciones prematrimoniales), como toda renuncia del uno que resulte a favor del otro, o del derecho a los gananciales de la sociedad conyugal, es de ningún valor, disposición ésta que encuentra su explicación en la circunstancia de que la labor que despliegan la esposa o esposo es a favor de la sociedad conyugal, que integra con su cónyuge a partir del acto nupcial (arts. 1261 y 1764, Cód. Civil), de allí que entre ellos no pueda existir contrato que cree una relación de trabajo en los términos de los arts. 21 y 22 de la ley de contrato de trabajo. (Ver en este sentido Vázquez Vialard, A., "Tratado de Derecho del Trabajo", t. III, p. 444).

En tales circunstancias, no es posible la existencia entre las partes de un contrato de trabajo. Aunque el establecimiento donde trabajaba fuera un bien propio del esposo, los frutos son gananciales (arts. 1272, Cód. Civil), y gananciales habrían sido también los salarios percibidos. Tal confusión patrimonial hace imposible la ajenidad, que es de la esencia del contrato de trabajo.

El art. 21 de la ley 20.744 condiciona la existencia del contrato de trabajo a "... que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de la otra y bajo la dependencia de ésta...". De igual modo cuando en el art. 22 se define el concepto de relación de trabajo. O sea que la normativa laboral regula el trabajo dependiente, subordinado, circunstancia ésta que aparece como incompatible con la institución matrimonial.

Así las cosas, debe concluirse que la relación habida entre las partes no puede calificarse como "dependiente". Ello así en cuanto el legislador aparece asignando prioridad al vínculo matrimonial sobre los de otro carácter. Es de dicho vínculo del que, entre otros efectos, derivan recíprocas obligaciones alimentarias (art. 198, Cód. Civil), impedimentos para efectuar denuncias penales (art. 163, Cód. Procesal), eximentes de responsabilidad criminal (art. 185, Cód. Procesal), etc.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en "Piccioni de Bouzas, Ofelia H." (Fallos: 292:400) "... que corresponde confirmar el pronunciamiento por el cual se deniega a la recurrente el beneficio de jubilación ordinaria en virtud de considerarse imposible admitir como existente el contrato de trabajo invocado entre la peticionante y su esposo ...". Ahora bien, ello no es óbice, como lo señalara el referido tribunal en dicha causa para que al cónyuge que realizó una actividad lucrativa en beneficio de la sociedad conyugal, actividad por la que se efectuaron los correspondientes aportes y contribuciones de la seguridad social, se la deba estimar cumplida por cuenta propia.

Las presentes consideraciones me llevan a propiciar que con dicho alcance se confirme el decisorio administrativo recurrido, debiendo el organismo dictar nuevo pronunciamiento sobre la pretensión previsional deducida, considerando como autónomos los servicios del período en cuestión.

En similar sentido se pronunció esta sala en autos "Aranda, Olga B. c. Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/Dependientes: Otras prestaciones", sentencia definitiva 24.252, del 30/3/93 y "Dinarelli, Delina D. c. Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/Otras prestaciones", sentencia definitiva 27.323, del 15/4/92, entre otros.

Por compartir la solución propuesta, la doctora Maffei de Borghi y el doctor Chirinos adhieren al voto que antecede.

Por ello, el tribunal resuelve: I. Confirmar la resolución recurrida en cuanto tiene por no reconocidos los servicios denunciados como prestados en relación de dependencia. Ordenar al organismo actuante que en el plazo de treinta días emita un nuevo pronunciamiento a los efectos señalados en los considerandos precedentes; II. Costas por su orden (art. 21, ley 24.463). - Roberto Díaz. - Lilia M. Maffei de Borghi. - Bernabé L. Chirinos