marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas al vencido, exención de costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Concurso preventivo del sucesorio de Cuesta Luis Bruno y Cuesta Luis s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. Nº 3724/96.-  (L.A. Nº 40, Fº486/489, Nº 177).- y Cuesta Luis s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. Nº 3724/96.-  (L.A. Nº 40, Fº486/489, Nº 177).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-06-23

El segundo párrafo del art. 102 del C.P.C., solo por excepción prevé la eximición de costas al vencido, y para ello el pronunciamiento debe ser fundado.

Ahora bien, a fin de ver si correspondía o no aplicar en la especie, la excepción prevista por nuestro legislador, la conducta de las partes tiene gran importancia, ya que justamente cuando las actuaciones revelan, que el incidentado con su conducta impuso la necesidad el pleito, esto es, cuando existe una razón fundada para litigar, nada autoriza entonces a los jueces a apartarse del principio general que impone las costas al vencido.

Debe en consecuencia, quien hizo necesaria la intervención del a-quo por su conducta, cargar con los gastos por quien se ha visto compelido a iniciar una demanda justa, es decir sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho pretendido en el pleito, por lo que corresponde revocar la imposición de costas efectuada por el inferior.-
Chofer de colectivos, enfermedad accidente, stress, concausa
Materia: LABORAL
Carátula: VEDRO, ANSELMO ALBERTO c/ LINEAS EXPRESO LINIERS  S.A.I.C. s/ DESPIDO CALTAGIRONE, JUAN c/ LA NUEVA METROPOL  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-30|1988-06-24

El stress psíquico casi permanente a que está sometido el conductor de colectivos (cortar boletos, recibir el dinero, dar el vuelto, atender el tráfico, cumplir horarios) es un elemento concausal de primer orden en el desarrollo de cualquier enfermedad psíquica.
Robo con armas, cortaplumas
Materia: PENAL
Carátula: VEGA, LEANDRO D. s/ PRUEBA  -  EXCESOS  RITUALES  - ROBO CON ARMAS - CORTAPLUMAS - PENA -  GRADUACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

La cortaplumas debe ser considerada arma, desde el momento que aumenta el poder ofensivo del hombre al generar real peligro concreto, no pudiéndose calificar este elemento como "insignificante" si pensamos en el daño efectivo que puede causar el filo de ésta de interesar alguna de las tantas partes vitales del cuerpo humano.
Resoluciones judiciales, sentencia, principio de congruencia, error material
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO UNION COMERCIAL E INDUSTRIAL c/ CENTRAL TECNICA S.A. s/ ej - Hipotecaria (LIBRO: A074 - 462)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-04-17

El principio de congruencia,que debe presidir toda resolución judicial, lo configura la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más las oposición u oposiciones en cuanto delimiten ese objeto. De ello se infiere la rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa, que individualizan a la pretensión y a la oposición. En función de tal principio, lo que debe priorizarse es el sentido lógico del fallo. Por lo demás, el simple error material en que pudo haber incurrido el sentenciante, no cambia el sentido de la condena cuando ha versado sobre un recaudo formal del fallo.

En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que "la interpretación de recaudos formales que supediten el reconocimiento de un derecho, no debe efectuarse de modo tal que ello prevalezca sobre la verdad jurídica objetiva, cuya necesaria primacía es acorde con el adecuado servicio de justicia y compatible con la garantía constitucional de la defensa en juicio" y que "es condición de validez de los pronunciamientos judiciales. la exigencia de que éstos cuenten con fundamentos serios de manera de constituir derivación razonada del derecho vigente, con relación a los hechos comprobados de la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, indemnización tarifada, criterio de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAINI, MARIANO JESUS c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

El detenido estudio de la causa convence de la insuficiencia de la reparación en el caso concreto, aún recurriendo a otros mecanismos razonables de recomposición del crédito (conforme criterio sentado en "Ojeda" y "Mansilla", entre otros); por lo cual, atendiendo a las pautas brindadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Castillo, Juan Norberto" y a la ausencia de demostración por parte de la recurrente de que en el presente caso, la limitación impuesta por el artículo 14, inciso 2 resultaba razonable, no se advierte configurado un supuesto de arbitrariedad que permita franquear el acceso a la vía excepcional intentada. (Del voto del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJN: Castillo, Fallos 342:227; CSJStaFe: Ojeda, AyS T 280, p 313; Mansilla, T 280, p 323. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 14, inciso 2
Poder Judicial, independencia del Poder Judicial, autarquía judicial, recurso de queja (procesal), depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Rabinovich, Héctor c/ Videla, Horacio Germán y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-17

Uno de los objetivos de la sanción de la ley 23.853 fue la consecución de la autarquía económica y financiera del Poder Judicial de la Nación, propósito que se desprende tanto de la lectura de toda la norma como, en particular, de su art. 8 , que concede amplias facultades a la Corte Suprema en orden al logro de esos fines, para los que asigna importantes recursos entre los que se encuentran los depósitos correspondientes a los recursos de queja desestimados.
Extinción del derecho de pensión, interpretación de la ley, pensiones, separación de hecho, cónyuge separado, cónyuge culpable, prueba, presunciones, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: QUIROGA, MATILDE c/ I.N.P.S. Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ PENSION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-16

La recta interpretación de la ley 17.562 impone al organismo establecer si la peticionante fue culpable o no de la separación en la medida que existen causas que justifiquen tal sospecha, mediante la fehaciente demostración de tal culpabilidad, pero nunca presumir su existencia y someterla a la exigencia de demostrar su inocencia, desde que tal procedimiento se encuentra reñido con las garantías constitucionales de defensa en juicio (art. 18 C.N.) y con el espíritu de las leyes que intentan aplicarse (cfr. C.F.S.S. S:

I, "Falcón Ana Elisa", sent. 54866, 28.02.94), en especial la que regula el matrimonio civil.
Resoluciones posteriores a la sentencia definitiva, aclaratoria (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Y.M.A.D s/ Servidumbres de uso y ocupación de Acueducto y tránsito, ubicadas en  el Depto Belén - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-10-10

En virtud de lo normado por el art. 166 inc. 2 del C.P.C., la aclaratoria constituye un remedio para obtener del mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución que subsane un error material, aclare algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de su decisión, o supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas o discutidas en litigio. En el caso tales exigencias no se objetivan con relación a la sentencia objeto de aclaratoria. En efecto, el tema intereses puntualizado por el letrado no ha sido omisión, olvido o abandono de este Tribunal como se pretende exhibir, sino que la ausencia de su tratamiento obedece simplemente a que no fue materia de agravio, resultando de ese modo insusceptible de aclaratoria, pues la facultad del Tribunal para revisar la sentencia no es espontánea ni discrecional sino provocada por el recurso y limitada a la extensión de éste, ya que conforme los términos del escrito de interposición de la casación quedan fijados los límites mínimos y máximos de su competencia, permaneciendo firmes en las instancias extraordinarias las conclusiones de la Alzada que no hubieran sido impugnadas por el recurso de casación. Por ello, corresponde no hacer lugar a la aclaratoria interpuesta.
Excepciones procesales, defecto legal, objeto de la demanda, actualización monetaria
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Frigorífico Moreno  S.A. c/ S.E.G.B.A. s/ Varios Juicios de y contra La Nación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-20

La actora pretende consignar el importe que según ella adeuda explicando el método utilizado para la determinación de dicho importe y de sus accesorios, de modo tal que pueda apreciar, siquiera con la debida aproximación, el alcance de sus pretensiones.

Como no corresponde en este estadio definir el sistema de actualización que resultará en definitiva aplicable, pues ese punto es el que se halla precisamente en discusión y, obviamente será objeto de debate y prueba a lo largo del proceso el tema escapa al examen de una defensa "previa" como la opuesta. Por otro lado esas circunstancias no colocaron a la accionada en estado de indefensión, impidiéndole o dificultándole la refutación o producción de las probanzas conducentes por lo cual la excepción en estudio no puede prosperar.
Excusación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jatamlasky, Zacarías s/ Sucesorio-Inc. Art. 27 CPC y C
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-02

Si la causa se incia después, cualquiera sea el autor de la denuncia, debe diferenciarse entre la que es meramente artificial, promovida con la finalidad de crear una causal de recusación, de la que es real, que en todos los casos autorizan el apartamiento del Juez. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos administrativos, demanda, contestación de la demanda, falta de traslado, nulidad del contrato, reconvención, derecho a ser oído
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Royal c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Cobro de pesos pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-19

Los fundamentos de la Administración, dirigidos en su contestación de demanda a obtener una declaración judicial de nulidad del contrato administrativo celebrado con la actora, si bien resulta discutible que deban ser tenidos por una reconvención realizada tácitamente, indudablemente constituyeron una fuente de argumentación que fue motivo de una ardua consideración por parte del juez de grado y sobre la cual la actora no tuvo la posibilidad de intervenir -ejerciendo su derecho a ser oído- hasta la instancia recursiva, vale decir, una vez dictada sentencia en primera instancia en sentido desfavorable a sus pretensiones.
Ciclista, accidente en espectáculo deportivo, obligación de seguridad, responsabilidad del organizador
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Julia Irene Y Otros c/ Agrupación Ciclista Azuleña y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-02-27

La autorización provincial para realizar el evento deportivo no releva a la entidad organizadora de garantizar a los participantes -en cumplimiento del deber objetivo de seguridad que sobre ella pesa- la regularidad y normalidad del escenario y el desarrollo de la competencia.
Aplicación errónea de la ley, sustitución de la pena, medidas de seguridad, tratamiento de las adicciones
Materia: PENAL
Carátula: ZAPPIA, Fernando Martín c/  s/ Sustitución de pena
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-15

Incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva el tribunal que decidió la sustitución de la pena de dos años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento impuesta al imputado por un tratamiento destinado a superar su adicción a las drogas y al alcohol, puesto que las medidas de seguridad que se intentan aplicar están claramente determinadas para el supuesto en el que se imputa la conducta que describe el art. 14 de la ley 23.737, y no para los casos de los arts. 164 y 166 del Código Penal que se reprocha en las actuaciones. Al respecto, si bien es posible la interpretación in bonam partem de normas, se debe tratar de una situación que lo requiera ya sea porque la norma sea vaga, o presente puntos oscuros, o porque el encuadre del caso ofrezca dificultades, lo que no ocurre en el caso (voto de la jueza Garrigós de Rébori al que adhirió el juez Bruzzone).
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, expresión de agravios, actuación por derecho propio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: González de Hermoso, Isabel c/ Baroso, María Isabel s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-31

"Corresponde declarar desierto el recurso si la expresión de agravios que lo sostiene fue firmada por el letrado patrocinante y no por la parte que actuó por derecho propio todo el juicio."
Desistimiento, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VEGA HUGO P. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-23

El principio general de que las costas corren por cuenta del que desiste de una acción, encuentra su excepción cuando dicho desistimiento llega como consecuencia de la aplicación de una ley que impida la efectivización de un crédito reconocido por sentencia del Sup. Tribunal de Justicia. Es por ello que habiendo cumplido el actor con todos los requisitos procesales, corresponde la excención de costas e imponerlas por el orden causado.-
Daño ambiental, intervención de terceros, Estado Provincial, cosa juzgada, economía procesal, litisconsorcio necesario
Materia: MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: ASSUPA c/ Alianza Petrolera Artgentina S.A. y otros s/ daño ambiental.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-20

En tanto el fundamento del instituto procesal de citación de tercero reside básicamente en la conveniencia de extender los efectos de la cosa juzgada a todos los interesados en una determinada relación o estado jurídico, sea por razones de economía procesal o para evitar incluso el pronunciamiento de una sentencia inútil cuando se configura el supuesto de litisconsorcio necesario, no se justifica la citación de las provincias en una demanda por daño ambiental ya que, por un lado en todo aquello que la sentencia decida acogiendo la pretensión de la actora, hará cosa juzgada y tendrá efectos erga omnes en los términos del art. 33 de la ley 25.675, sin necesidad de que participen aquéllas, y por el otro, no se da en autos el caso previsto en el art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

-De la misma fecha, con remisión a este precedente: A. 750.XLVI. ASSUPA c/ Braspetro y otras y A.556.XLIII. ASSUPA c/ Y.P.F. S.A. y otros-.
Libertad de expresión, libertad de prensa, derechos y garantías constitucionales, delitos cometidos por medio de la prensa, censura previa, seguridad pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ daños y perjuicios - sumario. Resolución N° 4015/2017 del 5 de diciembre de 2017 - Declaración de incompatibilidad respecto de la sentencia dictada por la CorteIDH el 29 de noviembre de 2011, Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

La preeminencia que la Constitución Nacional otorga a la libertad de expresión y de información, radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, esto es, sin el previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir, pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal, o de quienes se proponen violentar el derecho constitucional respecto a las instituciones de la República o alterar el bienestar general o la paz y seguridad del país, o afectar los derechos y garantías de que gozan todos los habitantes de la Nación (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
Honorarios del contador, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Suarez, Claudio Adrián c/ Fernandez, Hermenegildo s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

Resultando irrazonable el sistema regulatorio adoptado por la ley 10.620, ya que lesiona garantías constitucionales, y no obstante la función especifica de interventor recaudador, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha declarado inaplicable tal normativa incluso a la actuación como veedor judicial, regúlanse los honorarios del interventor judicial en base a las normas análogas de la ley 8904, y a los cuales deberá adunársele el 5 por ciento de ley 10.620 y el 3 por ciento de ley 10.765. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctrina de la arbitrariedad, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vega, Fabián Alberto y otros s/ robo  en  perjuicio  de la  Escuela  Nacional Especial n. 12 General  Mosconi - causa n. 1472.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

La regla según la cual la apreciación de las pruebas, como la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, no es óbice para que la Corte conozca en los casos cuyas particularidades hagan excepción a dicho principio con base en la doctrina de la arbitrariedad.
Derecho constitucional, derecho de propiedad, derechos adquiridos, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

La noción de derecho adquirido se encuentra inescindiblemente ligada a la de seguridad jurídica, que no es sino el resultado del acatamiento de las normas que imperan en el Estado de Derecho, las que deben ser respetadas por los poderes públicos con el fin de procurar su vigencia real y no solamente formal.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), aclaratoria (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: PAOLETTI DE MACIEL, MARIA DEL ROSARIO Y OTRA c/ JUNTA DE CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ RECURSO DE AMPARO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-18

Si mediante la aclaratoria lo que se pretende es subsanar errores materiales u omisiones, no puede por iguales causales pretender la nulidad.-
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Neuvinger Miguel c/ Parisi María Angela s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-17

La prioridad de paso del vehículo que circula por la derecha, establecida en el art. 57 de la ley 11430, es absoluta y por ello, el conductor que llega a una bocacalle debe en todos los casos reducir sensiblemente la velocidad, teniendo obligación de ceder espontáneamente el paso a todo otro rodado que se presente por una vía pública situada a su derecha.
Despido por falta o disminución de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Olmos, Graciela c/ Industrias Plásticas Catamarca s/ BENEFICIOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-05-12

El demandado -empleador- alude que por razones de fuerza mayor, no imputables a su empresa dedicada a la fabricación de cassettes de audio, cuyas ventas se han visto disminuidas por el auge del compact disc y la importación de cassettes, comunica la necesidad de tomar determinadas medidas que van desde disminuir la jornada laboral, suspensiones y de agravarse la situación hasta despidos a efectos de reducir los costos laborales y poder mantener la actividad de la empresa. Por otro lado, la pericia contable rendida en autos expresamente consigna que los porcentajes de producción de los últimos cinco (5) años, que son los indicativos del supuesto estado de crisis que se alude, no surgen de los registros; resaltándose que el último balance aprobado es al 31-7-94 por lo que no se puede precisar la evolución de la situación económica y financiera de la empresa en el último año. Se puede observar que los despidos de los accionantes datan de abril de 1995; consecuentemente, no se ha probado la falta o disminución de trabajo invocada como fundamento del distracto.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Avellaneda s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Corresponde rechazar el planteo de nulidad de la sentencia formulado sobre la base de que aquella fue suscripta sólo por dos de los jueces integrantes de la sala si la constancia asentada por la secretaria de la misma da cuenta de la ausencia de uno de los jueces por razones de enfermedad (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Verificación de créditos, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Butelli, Carlos Alberto s/ Concurso Preventivo - Incidente de Revisión promovido por Raffo  Alfredo Jacobo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-05-31

Más allá de las discusiones doctrinarias sobre la naturaleza del cheque de pago diferido, y de la admisión de cualquier medio de prueba en pretensión verificatoria de títulos abstractos, debe siempre el incidentante probar la causa de la obligación, ya que la alusión a la posibilidad de crear pasivos ficticios no es una imputación concreta al peticionante de la verificación, sino que es la razón generadora por la cual debe ser requerida la acreditación de la causa de los créditos. Aún cuando no corresponda exigir una prueba acabada y contundente de la relación en que se apoya el título, se requiere al menos, una adecuada justificación del crédito.
Administración fraudulenta, declaración testimonial, insuficiencia del agravio, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Tinetti, Gustavo Enrique s/ defraudación por administración fraudulenta c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-10

Cabe rechazar el reclamo vinculado a que la condena impuesta al imputado en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta se basó, únicamente, en la declaración del testigo-víctima, puesto que en las actuaciones, se presenta sobrada prueba documental que, per se, permitiría corroborar la maniobra endilgada al imputado, sin perjuicio de considerar que el testimonio en cuestión quedó indemne, de modo que es válido que el tribunal lo haya valorado para conformar el cuadro cargoso en contra del imputado. Ello, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es utilizada como guía útil tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como por la Corte IDH, y el art. 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos toda vez que esta disposición guarda analogía con el art. 6.3.d. del Convenio Europeo de Derechos Humanos (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Llerena y Rimondi).