Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-28


2º Instancia. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre 28 de 2009 LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

I. Contra la sentencia dictada a fs. 427/432 se alzan la parte actora a tenor de los términos de su presentación de fs. 433/434, y la parte demandada a tenor de su presentación de fs. 435/441. Los agravios vertidos son contestados por la parte actora a fs. 447/450 y por la parte demandada a fs. 451. Asimismo, los letrados comparecientes por la parte demandada cuestionan a fs. 441 la regulación de sus honorarios por considerarla reducida.

II. La parte actora cuestiona la desestimación de la sanción conminatoria contemplada en el art. 132 bis de la L.C.T. Sostiene que equivocadamente el sentenciante entendió que se encontraban realizados los aportes cuando de lo informado tanto por la ANSES, la AFIP, OSECAC y CONSOLIDAR AFJP S.A. surge, según su entender, que no se realizaron aportes entre el año 2004 y primera mitad del 2006.

Analizadas las respuestas brindadas por las oficiadas mencionadas, entiendo que la queja debe ser desestimada. Si bien es cierto que tanto CONSOLIDAR AFJP S.A. (ver fs. 156/168) como OSECAC (ver fs. 179/190) informaron no registrar ingresos de aportes durante el periodo individualizado por el recurrente, ello no significa que la empleadora no hubiera depositado ante la AFIP los aportes retenidos. Así lo digo por cuanto tanto de las planillas acompañadas por la ANSES (ver fs. 212/242) como por la AFIP (ver fs. 359/390) surge -tal como indicó el magistrado- que la demandada ingresó aportes entre el año 2004 y la primera mitad del 2006 (ver columnas individualizadas como D.D.J.J. EMPLEADOR y el nº de CUIT que se desprende de fs. 361 y sig. y de fs. 359).

La apelación de honorarios de fs. 434 punto III ha sido formulada por la parte según de allí (y del encabezamiento de fs. 433) se desprende, no por el profesional por su propio derecho. Y carece de interés la parte para cuestionar por bajos -lógicamente sí por altos- los emolumentos de sus propios letrados, por lo que esta queja también será desestimada.

III. Corresponde ahora analizar los agravios vertidos por la parte demandada, quien cuestiona en primer lugar la decisión del juez a quo en cuanto consideró legítima la decisión del trabajador de considerarse despedido en forma indirecta.

Sostiene que los salarios de los meses de septiembre y octubre de 2006 ya habían sido abonados a través de anticipos y pagos a cuenta al momento en que el trabajador intimó para su pago, y que ello se encuentra documentado con los vales acompañados en autos y firmados por el trabajador. Manifiesta que de la planilla acompañada a fs. 82/84 se desprende que el total de las sumas abonadas a través de esos vales superaba los salarios que debía abonarle al accionante.

Analizada la planilla mencionada, observo que la misma no sirve a los fines pretendidos por el recurrente; éste parece pretender que considerando todos los distintos anticipos (vales) que el accionante fue percibiendo, se habría excedido lo que correspondía pagar por sueldos; sin embargo, amén de lo que diré más abajo, dentro de esa ilación la comparación a efectuarse entre todo lo cobrado y todo lo que se debía cobrar forzosamente tendría que ser integral; pero la observación de dicho planillaje revela que si bien en la columna individualizada como "Pagos a cta. del sueldo no descontados" se consignaron los importes de la totalidad de los vales firmados por el actor (y en ciertos casos por su esposa) reservados en el sobre anexo 3168, lo cierto es que no se han consignado en cambio los salarios correspondientes todos los meses corridos de que se trata, omitiéndose una cantidad importante de meses (como los de julio a diciembre 2004, marzo y abril 2005, entre otros), lo que impide arribar a un resultado integral, aun dentro del esquema planteado por la parte apelante. Ello, sumado a la circunstancia de que los vales a través de los cuales la demandada pretende tener por canceladas sumas salariales no solo no cumplen con los requisitos establecidos por los arts. 138/140 de la L.C.T. sino que en su gran mayoría no contienen indicación alguna respecto de qué es lo que se estaba pagando -en concreto- con cada documento, hace que llegue a la conclusión de que la queja vertida por la accionada debería ser desestimada.

Igual solución corresponderá a la crítica vertida sobre la categoría laboral receptada por el sentenciante. Sin perjuicio de indicar que coincido en lo principal con la valoración testimonial efectuada en la sentencia atacada, lo cierto es que fue la propia demandada quien consignó en los recibos de sueldo de los meses de julio 1992, junio 1993, agosto 1994, septiembre 1998, enero 1999, enero 2000, enero 2001 y enero 2002 (reservados en el sobre anexo 3100) que la categoría laboral del trabajador era la de vendedor B, y en ningún momento explicó la razón del cambio en la categoría consignada en los recibos de sueldo posteriores. Resulta también determinante para el tema la circunstancia de que en el resto de los recibos de sueldo se consignó que las tareas desempeñadas eran las de venta. Todo ello, sumado a que al contestar la demanda la accionada se limitó a negar que el actor fuera vendedor, pero omitiendo hacer aclaración alguna respecto a cuáles eran las verdaderas tareas por él realizadas, me lleva a proponer confirmar la decisión adoptada por el juez a quo.

El planteo efectuado por la accionada respecto a que correspondería hacer lugar al despido directo por ella dispuesto tampoco será receptado por mi intermedio. En concreto, el accionante fue quien procedió a dar fin al vínculo que unía a las partes con fecha 14 de noviembre de 2006 (en base a la falta de pago de salarios y a la incorrecta registración de la categoría laboral, extremos que se encuentran acreditados conforme lo expresado precedentemente), por lo que al 21 de noviembre de 2006 (que es la fecha en que la demandada comunica al accionante su decisión de despedirlo según carta documento cuya copia obra a fs. 36), la relación no se encontraba vigente. En nada modifica lo expuesto la circunstancia de que el accionante hubiese reconocido la firma y el contenido de un "presupuesto" correspondiente a otro negocio; ello por cuanto más allá de que aun en el caso de que ello fuese un indicio de que el actor realizaba tareas a favor de otro empleador al tiempo que se encontraba gozando de su licencia por enfermedad, lo cierto es que la relación no finalizó por dicha causal, por lo que en nada podría modificar lo decidido en esta instancia.

IV. Teniendo en cuenta la solución que aquí se propicia respecto de la legitimidad del despido indirecto decidido por el actor, corresponde confirmar la condena basada en el art. 16 de la ley 25.561.

V. Tampoco le asiste razón a la demandada en su queja vertida en relación a la condena en base al agravamiento establecido por el art. 2 de la ley 25.323.

Digo esto, porque si bien es cierto que -a la luz de lo dispuesto en los arts. 242 y 246 L.C.T. (t.o.)- incumbe a los jueces la valoración del carácter injurioso de los incumplimientos contractuales imputados, la determinación judicial de la existencia o no de justa causa de despido es declarativa, esto es, retroactiva al momento de la ruptura del vínculo.

Desde esta perspectiva, ya sea que el empleador decida un despido causal o que el trabajador extinga el vínculo laboral ante un comportamiento injurioso del empleador, en un sistema de protección contra el despido arbitrario como el regulado en la Ley de Contrato de Trabajo o en su caso, en la ley 25.013, está sujeto el patrono al riesgo de ser condenado a abonar las indemnizaciones pertinentes en caso de que no acredite un incumplimiento contractual injurioso del trabajador o que éste demuestre los incumplimientos imputados al empleador.

Asimismo, también está sujeto al riesgo de verse obligado a pagar los intereses moratorios desde la fecha de la exigibilidad de las indemnizaciones.

Sin embargo, no parece pertinente fundar la eximición o la reducción de la condena al pago de alguno de esos rubros en el solo hecho de que el empleador someta la decisión rupturista a la valoración judicial prevista en el art. 242 de la L.C.T. (t.o.) o que fuera el trabajador quien decidió la ruptura contractual.

Si se admitiera esta postura, bastaría que el empleador creara e invocara cualquier motivo de despido o incumpliera obligaciones contractuales para tornar inoperante el precepto legal.

En el sub-lite los incumplimientos alegados por el actor fueron probados y está cumplido el requisito formal previsto por la norma toda vez que mediante la comunicación de fecha 14-11-2006 (reservada en sobre anexo 3100) la actora intimó fehacientemente al empleador para que le abonara las indemnizaciones legales.

VI. En atención a todo lo expuesto y al resultado del pleito, no se advierten motivos que justifiquen un apartamiento del principio general que en materia de imposición de costas establece el art. 68 del C.P.C.C.N., por lo que propongo desestimar el agravio sobre lo decidido al respecto.

VII. Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y resultado de las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes por cada parte como asimismo el valor económico comprometido en el litigio estimo que los emolumentos regulados en autos no lucen elevados; de la misma manera, entiendo que los honorarios regulados a favor de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada no resultan reducidos. Por ello, propicio su confirmación (conf. art. 38 de la L.O., ley 21.839).

VIII. En atención a la forma de resolver, las costas de alzada deberían imponerse por su orden al no progresar ninguno de los recursos (conf. art. 71 del C.P.C.C.N.); propicio que se regulen honorarios a la Dra. N. E. R. (fs. 433/434 y 447/450) y a los Dres. M. F. H. y N. J. en forma conjunta (fs. 435/440 y 451) en el 3% y 3% respectivamente, a calcular sobre el monto definitivo de condena e intereses (conf. art. 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fue materia de recursos y agravios. 2º) Imponer las costas y regular los honorarios por la intervención por ante esta alzada conforme se sugiere en el considerando VIII del primer voto de este acuerdo. Reg., not. y dev..Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.. Conste que la vocalía tercera se encuentra vacante (art. 109 RJN). -María C. García Margalejo. -áOscar Zas á