marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Vega, Oscar Eduardo c/ Provincia de San Juan s/ Contencioso Administrativo-Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-04-20

Declarada por la Corte la inconstitucionalidad de una ley, debe esta comunicarse a los poderes públicos correspondientes, a los fines de su adaptación al orden jurídico vigente.
Escritos judiciales, cargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Adcano, Joaquín Enrique c/ Garcia, Héctor Horacio y López, Héctor Agustín s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-17

El cargo puesto por los funcionarios autorizados para ello tiene el carácter de instrumento público, hace plena fe hasta que sea arguido de falso por acción civil o criminal, por vía principal o de incidente -art. 999 cód. civil-.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: C., A.D.; A., M.A.; G., N.B. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-14

Para ser coautor no es necesario haber cometido acciones típicamente consumativas, sino que es suficiente haber tomado parte en la ejecución del hecho... El hecho les pertenece a todos ellos, y todos han tomado así parte en su ejecución, que es todo lo exigido por el artículo 45 C.P., para la coautoría.
Debate, prueba, trámites judiciales
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GONZALEZ, JUAN MARTIN s/ DEBATE - QUERELLA DE FALSEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1983-10-22

Si, en el caso, el recurrente denuncia la existencia de hechos que contradicen las constancias de autos, cuya falsedad procura demostrar, corresponde abrir a prueba por el término de veinte días hábiles el recurso de casación deducido para recibir la ofrecida, que se admite en cuanto por derecho corresponda y para que ofrezca nuevas pruebas, pues aunque el C.P.P. de la Provincia no ha previsto expresamente el caso, acepta tácitamente este procedimiento propuesto por la parte impugnante,ya que el hecho de que la propia ley haya admitido recursos fundados en motivos dependientes de un procedimiento probatorio, exige, so pena de excluir ilegalmente esos motivos, que el tribunal del recurso haga posible a las partes traer ante él y demostrar la existencia de los agravios de esa índole.

El señalado procedimiento resulta congruente con el art. 478 C.P.P , fundado en el principio procesal según el cual todo tribunal tiene la facultad de resolver las cuestiones vinculadas al asunto que juzga dentro de los límites de su competencia, siempre que el agravio haya sido expuesto temporáneamente y que cuestionándose la validez o la existencia misma de un acto procesal, la impugnación haya sido oportuna.

Como excepción a la regla general civil, es competente para recibir la prueba relativa a la presente falsedad del acto procesal impugnado por el recurrente, el tribunal cuya jurisdicción alcance simultáneamente a la decisión de ese artículo y a la del recurso mismo.-
Marcas, registro de marca
Materia: PENAL - COMERCIAL
Carátula: GANGEME, RICARDO s/ INF. LEY 22.362
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-28

La radiodifusión, es esencialmente un servicio, y como tal la Ley 22.362 exige para lograr su protección una marca previamente registrada (art. 1 y 31 de la citada ley). En el caso de autos se trata de un servicio y no existiendo la registración "Radio Clásica" para el rubro 38 por parte de la querellante resulta atípica la conducta desplegada.
Entidades financieras, banco central, responsabilidad del banco, gastos del proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiadino Roggero y Carbonari S.A. s/ quiebra S/incidente de impugnación por: Banco Delta S.A.; La  Esperanza S/inc. de revisión por Banco Delta S/inc. de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

La responsabilidad del Banco Central por los "gastos" a que se refiere el primer párrafo del art. 19 de la ley 22.529 surge de la ley, que no se la atribuye al recurrente a título propio, sino en su calidad de entidad reguladora que participa del procedimiento de consolidación y liquidación, ya que si se prescindiera de ese tramo de la actuación del Banco Central, faltaría el medio apto para arribar a la asunción del saldo negativo por la única vía prevista en la ley, que es su atención por el fondo de garantía de los depósitos (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Concursos, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Gral. Pueyrredón s/ Incidente de revisión en autos: Indutlántica SAIC s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

En la actualización de los créditos verificados se aplica el índice de precios mayoristas no agropecuarios conforme lo prescribe la ley 21488 en su artº 2º, dado que si se aceptara a la Municipalidad de General Pueyrredón utilizar sus propios índices, se estaría privilegiando a un acreedor en desmedro de los restantes, violándose el principio de paridad que debe existir en el proceso de quiebra.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reordenamiento del sistema financiero, obligaciones en moneda extranjera, pesificación, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: BARTOLO, Norberto Antonio y otro c/ ZENNO, Francisco y otros s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-03

El decreto 214/02 corrige la expresión del art. 11 de la ley 25.561 al referirse a prestaciones exigibles desde la fecha de promulgación de la ley. El legislador explícitamente incluyó a una enorme cantidad de prestaciones pendientes de cumplimiento vencidas pero no cumplidas porque fueran "exigibles antes" de la promulgación de la ley. Queda claro, a partir del decreto que éste se aplica a todas las obligaciones dinerarias de cualquier causa u origen, judiciales o extrajudiciales, de plazo pendiente o de plazo vencido, las que están en demora en el pago y también las que están en mora. Así entonces aunque el art. 5 de la ley 25.561 ratifica la reforma de la ley 23.928 en relación a los arts. 617, 619 y 623 del Código Civil, estos encuentran en el decreto 214 excepciones como la de que el deudor en dólares puede liberarse pagando pesos (arts. 2, 3, 8 y concs). El criterio expuesto es el adoptado en la actualidad por la ley 25.820.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Club Edad Madura c/ Navarro Raúl S.A. y otros s/ Resolución de contrato. Desalojo y Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Si las pretensiones son independientes y ambas de diversa índole, es lógico que la base regulatoria también sea distinta. En el caso de autos, para el cobro de la cláusula penal, corresponde el capital establecido en la sentencia (art. 21 ley 8904) y para la resolución de contrato y correlativo desalojo corresponde aplicar las pautas del art. 40 de la ley arancelaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de desalojo, locación, tenencia precaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BON DARDO GREGORIO c/ ECKERT,JORGE s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-10

El locatario que contrató un arrendamiento con un tenedor precario -artículo 2352 Código Civil- pese a la prohibición del artículo 2265 Código Civil, sólo podrá oponer dicho contrato al poseedor animus domini, cuando las apariencias del derecho invocado por el arrendador al celebrarlo hayan sido lo suficientemente razonables como para imposibilitar el conocimiento por parte del locatario de la verdadera situación jurídica del bien - artículo 3270 Código Civil.
Juicio político, Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T, J A s/ SU PRESENTACION. DENUNCIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE N. 315-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

El propósito del juicio político no es el castigo de la persona delincuente, sino la protección de los intereses públicos contra el peligro u ofensa por abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo. Se ha dicho con acierto que, la privación de una competencia pública no es una sanción porque ella no se ejerce a título de derecho subjetivo propio, sino como derecho público subjetivo en representación de la comunidad, por lo que perder una competencia no implica perder un bien para el sujeto que la ejerce, sino cesar en la representación pública de la comunidad. (Doctrina: Joaquín V. González, "Manual de la Constitución Argentina", Bs As 1951; Quiroga Lavié, Humberto:

"Derecho Constitucional" p 550-551).
Obligaciones solidarias, grupo económico
Materia: LABORAL
Carátula: CALDERON JOSE ROBERTO Y OTROS c/ COMPANIA ARGENTINA DE SEPELIOS S.R.L. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS (INDEMN. SUST. DE PREAVISO, IDEMN. Y OTROS RUBROS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-03-31

Debe establecerse la responsabilidad solidaria entre dos empresas si estuvieron integradas por las mismas personas aunque una de ellas contara con un tercer socio y el hecho no resulta menor si consideramos que siempre es mas sencilla la pretensión de defraudar derechos de terceros, si los que llevan a cabo las maniobras son las mismas personas que conforman una y otra sociedad y mas aún si resultan cónyuges.
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Russo, Roberto c/ Ferrari, Carlos M. y Otra s/ Incidente de Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

Toda defensa o excepción articulable en el procedimiento ejecutivo, no puede oponerse en el ordinario posterior. La sentencia dictada en juicio ejecutivo hace cosa juzgada respecto a las cuestiones sustanciales opuestas en el mismo.
Nulidad del acto administrativo, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROBIES c/ ESTADO    NACIONAL   (MINISTERIO  DEL  INTERIOR  -  POLICIA  FEDERAL) s/ REINCORPORACION - PRESCRIPCION -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

La prescriptibilidad o no de la acción del administrado para requerir judicialmente la nulidad de un acto administrativo no depende de que el vicio que lo invalida aparezca manifiesto o no, sino del grado de invalidez del acto atacado, y ello sólo puede resultar al momento de la sentencia definitiva cuando el juzgador tenga a su disposición todos los elementos para la decisión de la causa y tras un exhaustivo debate entre las partes.-
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GUILLERMO ALBERTO CEBALLOS c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1984-11-16

El derecho a la estabilidad no es un derecho absoluto, sino que el mismo debe entenderse conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, inhabilidad de título
Materia: LABORAL
Carátula: Meres, Nélida c/ Ministerio de Salud Pública Pcia. Bs.As. s/ Ejec. resol. administrativa. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

La decisión del tribunal del trabajo que hace lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechaza la ejecución de una resolución administrativa por entender que ésta no se encuentra firme al hallarse apelada, no constituye sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial a los fines de la admisibilidad de los recursos extraordinarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Poder Judicial, cuestión no justiciable, división de poderes, Poder Ejecutivo, emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Firpo, Arnaldo Roberto c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación) s/ ordinario (F. Pública).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

El Poder Judicial no está facultado a decidir sobre el acierto del Poder Ejecutivo en las medidas tendientes a conjurar una situación de emergencia económica.
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por la materia, ejecución contra el concursado, créditos postconcursales
Materia: LABORAL
Carátula: VUCHICH, SERGIO ENRIQUE Y OTROS c/ TRENES DE BUENOS AIRES S.A. s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08

El art. 135 de la L.O. no efectúa ningún distingo basado en el origen pre o post concursal del crédito, cuestión que, con arreglo a lo establecido en la ley 26.086, solo tiene relevancia durante la etapa de conocimiento. Con relación a la etapa de ejecución de una sentencia, el referido artículo dispone, clara e inequívocamente, que "se deberá llevar a cabo al respectivo juicio universal".
Juicio ejecutivo, cheque, presentación al cobro, fuerza mayor, acción de regreso
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRIO    BRASIL    SA c/ CORPORACION AGRICOLA MINERA IND. DELNORESTECAMINO SA S/ E s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-08

Procede rechazar la ejecución de ciertos cheques ante la ausencia de presentación al cobro contra el banco girado, en virtud de lo establecido por la Ley de Cheques art. 25, 28 y 38. No constituye óbice a lo expuesto que, -como en el caso-, el ejecutante alegue como obstáculo insalvable para la presentación al cobro "el hecho del príncipe" que implico el cumplimiento de la carga dentro del plazo establecido por el art. 26 de la citada ley, y ante la subsistencia de dicho impedimento legal por más de treinta días se abrió -para su parte- la acción de regreso del art. 27 de la ley citada; toda vez que la innovación de la norma del art. 27, si bien dispone que si la fuerza mayor dura más de treinta días de cumplidos los plazos establecidos en el art. 25 puede ejercitarse la acción de regreso sin necesidad de presentación, lo cierto es que dicho texto es inequívoco en el sentido de que el plazo de 30 días que contempla, se suma al de 30 o 60 que establece el articulo citado (Conf.

Fontanarrosa, Rodolfo, "Régimen Jurídico del Cheque", edición actualizada por Enrique M. Butty y José L. Monti, Ed. Zavalia, 1999, pág. 175, parag. 51 a). De modo pues, que los plazos antedichos no alcanzan a los títulos cuestionados. A más, las comunicaciones "A" 3426 y 3583 del BCRA, no prohibieron los depósitos en moneda extranjera, como tampoco el feriado bancario impidió el deposito de los cheques en dólares estadounidenses.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, principio de legalidad, presunción de inocencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Molinas, Ricardo Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

El art. 18 de la Constitución Nacional, en cuanto reza que "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo", significa que todo habitante debe ser considerado y tratado como inocente de los delitos que se le reprocha hasta tanto no se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme.
Compraventa, obligaciones del comprador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dubonnet S.A. c/ Lacognata, Rubén Emilio s/ Sumario por cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-29

El comprador tiene el deber de realizar el control completo de la mercadería recibida, en calidad y cantidad, de modo tal que la recepción de ella sin reclamo en ese acto ni dentro de los tres días, impide alegar ulteriormente las diferencias de calidad. El mismo régimen debe estimarse respecto de los vicios aparentes, conforme los artículos 456, 457 y 472 del Código de Comercio.
Defensa del consumidor, legitimación procesal, asociaciones de consumidores, contratos de adhesión, medicina prepaga, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-21

Cabe dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la excepción opuesto por la demandada y consideró que la asociación actora no estaba legitimada para demandar a la empresa de medicina prepaga con el objeto de que se declarara la ineficacia de determinadas cláusulas del contrato de adhesión que aquélla suscribe con sus afiliados y que la habilitan a aumentar el valor de las cuotas mensuales que éstos abonan, pues de la lectura de las normas constitucionales en cuestión se desprende que la interpretación que el tribunal a quo hizo de ellas, podría conducir a vaciar de contenido la protección que el art. 43 de la Constitución Nacional otorgó a los consumidores, al legitimar a las asociaciones para la defensa de sus derechos, y la Cámara no tuvo en cuenta que la diversidad en materia de intereses económicos es una característica que necesariamente se da entre los consumidores de cualquier producto o servicio, omitiendo considerar que toda afectación de los intereses del grupo repercutirá de manera distinta en sus integrantes, de acuerdo con la situación económica individual de cada uno de ellos. -Voto del juez Enrique S. Petracchi-.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Segurado, Mario Orlando c/ Novick Insausti S.A.A.I.C s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1993-06-03

La apreciación de la suficiencia técnica de la expresión de agravios es una cuestión de hecho, por lo tanto no puede ser revisada en la instancia extraordinaria.
Derecho procesal, nulidad de sentencia, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: DAVILA DE VAZ ROMERO, M. MAGDALENA c/ FELIPE VAZ ROMERO s/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS DEDUCIDO POR EL DR. ALFARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-18

La nulidad de misma se refiere, únicamente a vicios intrínsecos de la misma, quedando de esta manera limitado el objeto de la misma. Se circunscribe entonces a las impugnaciones dirigidas contra los defectos procedimentales de que adoleciera la resolución en si misma, pero no procede cuando los vicios afectan los actos procesales anteriores a la misma, como consecuencia de la absorción de la nulidad de la sentencia por la apelación, si el agravio puede ser reparado por la cámara, corresponde modificar el decisorio antes que decretar su nulidad. Debe estarse por el principio de validez del acto jurisdiccional.
Código procesal administrativo, interpretación de la ley, competencia administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: GENTILE, MILENA ROSA ELEONORA S/ AMPARO S/ APELACIÓN c/ s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-13

El art. 28 de la Ley N° 5106 (Código Procesal Administrativo de la Provincia) prescribe que: "Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial mantendrán transitoriamente la competencia administrativa que actualmente detentan. Quedan alcanzadas las acciones derivadas de actos y contratos de la administración..". Dicha cláusula, que se ubica en las disposiciones transitorias del CPA y, hasta tanto se implemente el fuero específico, mantiene el orden de asignación de competencia -en materia contencioso administrativa- dispuesto por la Constitución de 1988, complementada por la doctrina del Superior Tribunal de Justicia. Es decir, que todo lo concerniente a actos y contratos administrativos debe tramitar ante las Cámaras en lo Civil, Comercial y de Minería, y lo relativo a la responsabilidad extracontractual, desalojos, ejecuciones fiscales, etc., ante los jueces de primera instancia del mismo fuero. En el marco descripto, y en tanto se cuestiona un acto dictado en la ejecución de un contrato de la administración, corresponde a la competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Ira. Circunscripción Judicial, a quien deben remitirse las presentes en orden a principios de economía procesal. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, colegio profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oller Mirella, Antonia c/ Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-09

No hallándose en vigor el sistema impugnatorio del art. 74 de la ley 12.008 y art. 29 -tercer ap., última parte- de la ley 12.277 ni en funcionamiento el fuero competente para entender al respecto, ha de estarse al régimen precedente por lo que corresponde remitir el expediente a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, a sus efectos (arts. 352 inc. 1 C.P.C.C., texto anterior a la modif. por ley 12.277, dec. ley 9398 /79). (En el caso, la actora interpone demanda contencioso administrativa contra el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y el Tribunal de Disciplina del mismo Colegio, impugnando y solicitando la revocación del acto mediante el cual dicho Tribunal le aplicó la sanción de exclusión del ejercicio profesional. Invoca los arts. 74 y concs. de la ley 12.008).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: S., H.J. c/ I.P.C.SA s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-19

La declaración de nulidad de la sentencia sólo procede cuando se ha dictado sin guardar las formas y solemnidades prescriptas por la ley; un enfoque erróneo, la omisión de tratar determinadas cuestiones o la posible extralimitación en el thema decidendum no constituyen causal para admitir el recurso de nulidad.
Municipalidad, personal municipal, cesantía, acto administrativo, presunción de legitimidad, recurso contencioso administrativo, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Guardon, Noelio c/ Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ  Nº 379-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-01

El notable error en que incurre el accionante de autos, quien, no sólo al demandar, sino también al ampliar su demanda, y al informar sobre el mérito de la prueba, alude a hechos que -si bien guardan alguna similitud en su contenido y efectos- no son los que, de conformidad con las constancias administrativas, han conformado su posición substancial, supera por mucho la comisión de meros errores materiales, y llega a constituir deficiencias que se resuelven en una inexistencia de elementos susceptibles de ser opuestos a la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos.

Tal digresión no resulta meramente circunstancial, dado que se proyecta, nada menos, que a la formulación de su pretensión anulatoria, la cual aparece postulada respecto de actos y sobre razones que tampoco coinciden con los que, de conformidad con las actuaciones administrativas, le han provocado los gravámenes cuya legitimidad cuestiona.
Acceso a la información pública, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mihura Estrada, Ricardo y otros c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-18

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal no es una asociación (art. 14, Constitución Nacional) que se integra con la adhesión libre y espontánea de cada componente, sino una entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Estado y, que este por delegación circunstanciada normativamente, transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario de todos los abogados de la Capital Federal, como auxiliares de la administración de justicia (Voto del juez Rosenkrantz).