Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26


TRABATTONI, Juan José contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 197 p 158-167.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "TRABATTONI, Juan José contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 448 del año 1991), de conformidad con el acuerdo celebrado el día diecinueve del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. Juan José Trabattoni promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Rosario con el objeto de que se dejen sin efecto el decreto 1.226, del 20 de mayo de 1991, y la resolución 117, del 22 de agosto de 1991; y, en su lugar, se ordene su reincorporación al cargo que desempeñaba y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, con más intereses a la tasa activa del Banco Provincial de Santa Fe y/o actualización monetaria más intereses si se derogara la ley de convertibilidad, y costas.

En primer lugar, relata que el 17 de julio de 1989 el señor Goldberg solicitó autorización para construir cinco pilares de protección en la vereda de la esquina de Salta y Ovidio Lagos de la ciudad de Rosario, frente a un inmueble de su propiedad.

Agrega que luego se comprobaría que dicho pedido fue a instancia de la propietaria de un kiosco de diarios y revistas que allí se encontraba instalado. Sostiene que los pilotes fueron fijados sin que existiera autorización municipal.

Expresa que él intervino en calidad de inspector.

Señala que, a raíz de unas declaraciones formuladas sin posibilidad de control suyo, se le instruyó sumario administrativo bajo la imputación de faltas y amenazándolo con las sanciones tipificadas en los artículos 13, incisos i) y l), 14 inciso a), 62 inciso d) y 63 incisos f) y g) de la ordenanza 3.574/84.

Continúa expresando que, después de la instrucción sumarial, se le hicieron las siguientes imputaciones: haber incumplido su obligación de informar a la superioridad -art. 13, inc. a)-; presionar a la particular inspeccionada para que adquiriera canteros de su fabricación, amenazándola con sanciones o prometiendo colaborar en el trámite según fuere su actitud -arts. 13, incs. c) y l), 14 inc. a)-; intimar el retiro de los pilotes, a sabiendas de que carecía de facultades para ello -art. 13 inc. a)-.

Sostiene que formuló su descargo, negando la comisión de las conductas imputadas y ofreciendo pruebas.

Manifiesta que producidas las pruebas, el dictamen de la Dirección de Sumarios aconsejó aplicar la sanción de cesantía.

Agrega que el instructor reconoció haber examinado las pruebas con "la severidad que es imprescindible en denuncias de hechos reprobables como el de autos y que hacen a la credibilidad de la ciudadanía en la Administración", cuando las pruebas deben ser examinadas con objetividad.

Aduce que dictado el acto de cesantía contra él, interpuso recurso de reconsideración, que luego fue rechazado.

En tren de fundamentar el recurso, alega que la resolución impugnada gira en torno al supuesto de que habría tratado de vender o instalar unos maceteros que reemplazaran a los pilotes que, en violación normativa y sin autorización alguna, se habían fijado en la esquina antes indicada.

Pero, expresa, nos hallamos ante un supuesto análogo al del delito imposible, pues jamás pudieron colocarse tales maceteros ya que ello estaba expresamente prohibido por la resolución 9/85, que fue mencionada en el expediente pero nadie se detuvo a analizar.

Añade que dicha resolución era perfectamente conocida tanto por él como por todos los funcionarios del área.

Plantea el interrogante relativo a cómo puede sostenerse que presionó a una persona a hacer algo que sabía que era de realización imposible.

Expresa que sólo cuando las pruebas son analizadas con "severidad" y no con objetividad puede arribarse a la conclusión de culpabilidad en un caso que linda con el delito imposible.

Alega que, en definitiva, del expediente administrativo surge lo siguiente: que la propietaria del kiosco colocó los pilotes sin autorización municipal, contraviniendo normas vigentes; que ella se enteró que no se le concedería la autorización para colocar los pilotes -ya instalados- por intermedio de la jefa del Departamento Seguridad y Circulación Vial; que se habría presentado en repartición distinta a la de la citación cursada para manifestar que le había pedido sesenta y cinco mil australes para realizar el trabajo y que no los tenía -lo que Argumenta que partiendo de la imposibilidad material de instalar cualquier clase de maceteros en esa esquina -en virtud de lo dispuesto por la resolución 9/85-, cabe preguntarse qué sentido tienen todos los otros cargos.

Agrega que la Dirección de Sumarios se ha empeñado en mostrarlo como un funcionario que, aprovechando su cargo de inspector, quiso forzar a una persona para que le comprara maceteros de su fabricación, con la supuesta amenaza de "mandarle la topadora".

Pero -añade-, la referida dependencia ha omitido el análisis de la mencionada imposibilidad.

Continúa con su memorial recursivo planteando la hipótesis de que, ante la imposibilidad legal de poner pilotes y maceteros por parte de la interesada, por qué no cabría pensar que se intentó crear un problema de otras características y distraer la atención, permitiendo de ese modo la conservación de una defensa para seguridad.

Señala que tal hipótesis no puede ser rechazada, ya que de ningún modo pudo haberle ofrecido realizar una labor imposible, requerirle dinero por ella y utilizar medios de presión para conseguir que se decidiera a hacer lo que no hubiera sido posible.

Resalta, en tal sentido, que denunció como hecho nuevo que los pilotes habían sido eliminados, la vereda reparada y que el kiosco se había mudado de esquina, por lo que, a su juicio, la cesantía dispuesta carece de sustento.

Indica que no es cierto que no haya informado al superior, dado que de la propia documentación surge que elevó su informe al Director General, a quien lo dirigió; agrega que el cargo estaba vacante y que había un funcionario a cargo, que se desempeñaba de manera irregular, y que en sus ausencias era suplido por otros funcionarios en la toma de decisiones.

Pone de manifiesto, en relación al hecho de haber firmado una nota sin la orden del superior, que aun cuando no se aceptaran sus argumentos respecto al error en que pudieron haber incurrido las empleadas y él mismo, lo cierto es que se habría intimado a hacer lo que correspondía -el retiro de los pilotes-, y que ninguna ventaja podía obtener con ello.

Por último, formula planteo de cuestión federal, destacando -entre otras razones- que el acto de cesantía es irrazonable, vulnerando el debido proceso legal, ya que estaría viciado por exceso de punición.

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 24), comparece la Municipalidad de Rosario (f. 33) y contesta la demanda (fs. 36/37).

Sostiene que el recurso intentado es improcedente de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12 inciso c) de la ley 4.106; que en los antecedentes del caso -expte. 15165/89 y acumulados- se advierte que la Administración dictó los actos administrativos cuestionados en ejercicio del poder disciplinario que le compete.

Relata que no se dan en el caso concreto los vicios de incompetencia ni de violación de las formas sustanciales.

Remite, en cuanto a los antecedentes enumerados por el actor, a las constancias obrantes en las actuaciones administrativas.

Resalta que el recurrente, más que fundar la demanda, expone su disconformidad con lo resuelto en sede administrativa, pero -sostiene- el ejercicio de potestades disciplinarias, con respeto al derecho de defensa del imputado, no puede ser revisado en sede judicial.

Puntualiza que la única posibilidad de ejercitar dicha acción, se da cuando el poder disciplinario adolece de defectos muy concretos -incompetencia y/o inobservancia de formas sustanciales-.

Agrega que el dictamen del Procurador de este Cuerpo señala tal circunstancia, aunque aconseja abrir la instancia por el alegado vicio de exceso de punición, que afectaría el debido proceso legal, con lo que disiente, solicitando se rectifique el juicio de admisibilidad respectivo.

Agrega que en el procedimiento seguido se ha observado el respeto al derecho de defensa del actor, que no fue menoscabado por la sanción aplicada, en tanto fue decidida en el marco legal correspondiente, con discrecionalidad por la Administración.

Por último, en lo referente a la cuestión de fondo, remite al dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos obrante a fojas 59/62 del expediente administrativo.

Solicita, en suma, el rechazo del recurso.

Abierta la causa a prueba (f. 38) y producida la que consta en el expediente, informan las partes sobre el mérito de la misma (fs. 115 y 116). Dictada (f. 117) y consentida la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de ser resuelta.

3.a. En primer término, es menester referir al problema de índole formal que acarrea la admisibilidad del recurso en estudio.

En ese cometido, corresponde analizar, conforme surge de los antecedentes relacionados, que el tema sometido a decisión de esta Corte refiere a otro de los tantos casos en que se propone la revisión de un acto de ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración Pública, lo cual determina la necesidad de examinar los alcances que, como órgano revisor, tiene este Tribunal frente al ejercicio, por parte de aquélla, de tal potestad.

Si bien, en principio, los actos que importan el ejercicio de facultades disciplinarias son excluidos del control de este Tribunal (art. 12, inc. c, ley 4.106), tal exclusión no alcanza, al menos a los efectos de decidir la admisibilidad de la impugnación, a los supuestos en que se invoque existencia de vicios de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales.

Asimismo, se ha señalado que "pertenece al Tribunal verificar si los motivos son congruentes con el orden jurídico integral y están orientados al bien del servicio, y si la estimativa de aquellos supuestos no excede el alcance de la discrecionalidad incurriendo en arbitrariedad..." ("Ramos", A. y S. T. 23, pág. 206).

En la causa "Torres" (A. y S. T. 31, pág. 126) esta Corte sostuvo con doctrina seguida in re "Campagna" (A. y S. T. 35, pág. 32) y "Calabrese" (A. y S. T. 35, pág. 35), que "...cabe advertir que la sustracción a la revisión jurisdiccional -dentro de los límites señalados- de los actos de ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración Pública, no importa reconocer a ésta una facultad discrecional, como erróneamente se ha entendido.

El ejercicio de tal potestad puede estar reglado por pautas legales o reglamentarias y, en tal caso, la Administración debe observarlas. La exención de la revisión jurisdiccional no responde a la circunstancia de tratarse de una facultad discrecional.

Reglada o no, la materia es objeto de exención por motivos relacionados con la índole especial de la potestad disciplinaria".

"Naturalmente, como presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, en cualquier campo de su actividad, es la realización del interés público, cuando se demuestre una manifiesta ausencia de esa finalidad en sus decisiones disciplinarias, procederá la revisión jurisdiccional aun en el área normalmente exenta de ésta" (A. y S. T. 37, pág. 313).

En definitiva, es criterio de esta Corte que la referida materia "le ha sido sustraída por la ley salvo que se alegue un vicio de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales (art. 12, inc. c), ley 4.106), sin perjuicio de verificar la presencia en el respectivo caso del presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, cual es la realización del interés público (Cfr. A. y S. T. 37, pág. 313; T. 46, pág. 488; T. 47, pág. 2; T. 48, pág. 486; T. 49, pág. 57; T. 54, pág. 234; T. 66, pág. 148; T. 74, pág. 281; etc.) y el cumplimiento por la Administración del recaudo implícito de razonabilidad.

En el caso, el recurrente aduce -entre otras cuestiones- que su conducta no encuadró en las causales de cesantía previstas en el Estatuto del Personal de Municipalidades y Comunas, y que el acto es irrazonable, vulnerando el debido proceso legal, ya que estaría viciado de exceso de punición.

La invocación de dichos aspectos, cuya efectiva configuración será objeto de consideración al analizarse la procedencia sustancial del recurso, torna admisible en este aspecto la impugnación en estudio.

b. En su demanda, el recurrente pretende el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, actualización por desvalorización monetaria e intereses (fs. 12 vto./13).

Obsta a esta pretensión la circunstancia de no haber sido planteada la cuestión en sede administrativa por lo que el ente público no pudo expedirse sobre el particular. El carácter revisor de la jurisdicción administrativa torna inviable la señalada pretensión (criterio de A. y S., T. 54, pág. 268; T. 56, pág. 350; T. 72, pág. 398; T. 97, pág. 49; T. 100, pág. 191; T. 107, pág. 404, T. 165, pág. 271; entre muchos otros).

En consecuencia, el recurso es parcialmente admisible.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -¿es procedente el recurso?-, la señora Ministra doctor Gastaldi dijo:

Del expediente administrativo surge que la Dirección General de Investigaciones Administrativas de la Municipalidad de Rosario en fecha 11 de enero de 1990 solicitó la formación de sumario administrativo al agente Juan José Trabattoni (f. 12), resolviendo luego la Dirección de Sumarios (f. 22) imputar al agente la comisión de las faltas tipificadas en los artículos 13 -que enumera los deberes del personal-, incisos a) -prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes-, c) -conducirse con tacto y cortesía en sus relaciones de servicio con el público, conducta que deberá observar asimismo respecto de sus superiores, compañeros y subordinados-, d) -obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico con atribuciones para darla, que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicios compatibles con las funciones del agente.

La orden será impartida por escrito cuando su cumplimiento sea susceptible de producir la responsabilidad personal del empleado- y l) -excusarse de intervenir en todos aquellos casos en que sus actuaciones puedan originar interpretaciones de parcialidad, o concurra incompatibilidad moral- y 14 -que contempla las prohibiciones- inciso a) -patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen con su función-.

Producido el descargo por el agente (fs. 24/25) y rendidas las pruebas obrantes, la Dirección de Sumarios -mediante dictamen 33- aconsejó la aplicación de la sanción de cesantía (f. 39). Presentado alegato por el recurrente (fs. 41/42), se dictó el decreto 1.226/91 del Intendente Municipal, por el cual se dejó cesante a Juan José Trabattoni, en mérito a lo expuesto por la Dirección de Sumarios y "conforme lo dispuesto por los artículos: 13 incs. 'a', 'b', 'l'; 14 inc. 'a'; 62 incs. 'd', 'f' y 'g' de la Ordenanza 3.574/84" (f. 48).

Interpuesta revocatoria por el agente y producido el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ente territorial demandado (fs. 59/62), se dictó la resolución 117/91 del Intendente, mediante la cual no se hizo lugar al recurso deducido (f. 63).

En el memorial introductorio ante este Cuerpo, señala el recurrente -en síntesis- que nos hallamos ante un supuesto análogo al del delito imposible, dado que en definitiva se le achaca haber pretendido colocar unos maceteros, cuando era conocido por él que ello estaba expresamente prohibido por resolución 9/85; sostiene que sólo cuando las pruebas son analizadas con severidad y no con objetividad puede arribarse a su culpabilidad; y afirma que se intimó a hacer lo que correspondía -el retiro de los pilotes instalados- y que ninguna ventaja podía obtener con ello.

Del análisis de las actuaciones administrativas, se observa que a Trabattoni se le imputó -entre otras conductas- haber intimado el retiro de unos pilotes instalados en la esquina de Salta y Ovidio Lagos de la ciudad de Rosario, cuando carecía de facultades para ello.

En ese sentido, se advierte que el propio accionante expresa, al recibírsele la declaración prevista en el artículo 84 del Estatuto para el Personal Municipal -a la decimotercera pregunta, referente a porqué había cursado la intimación por sí mismo- que "...normalmente... redactaba el informe de la inspección y si correspondía o no se hacía la notificación al recurrente, firma ambas cosas -informe y cédula- y lo eleva a la Subdirección de Obras Públicas para que lo firme dándole el visto bueno el Director o el Subdirector de Obras Públicas...", agregando que ignoraba los motivos por los cuales no figuraba en el informe el visto bueno del Director de Arquitectura o del Subdirector de Obras Públicas (f. 16, exp. adm.).

Y, conforme surge de las declaraciones informativas obrantes a foja 13 y vuelto del expediente administrativo, el Director de Arquitectura y el Coordinador General Administrativo de la Dirección General de Obras Públicas coinciden en que el informe elaborado por el arquitecto Trabattoni y que consta a foja 5, debió ser elevado al superior jerárquico para que éste ordenara las medidas propuestas y recién después cursarse las intimaciones pertinentes.

Así, el arquitecto Robledo señala que "...tal informe debió ser elevado al superior jerárquico, esto es, al Director de Arquitectura y no al Director General de Obras Públicas. Por otro lado, resulta del todo irregular y excediendo sus funciones, lo actuado... a fs. 6, donde por sí solo procede a efectuar la intimación que tres días antes únicamente recomendaba como conveniente..." (f. 13). Y Raúl Torres, a foja 13 vuelto estima que "...al informe de fs. 5,... debió seguir una providencia del Director Gral. de Obras Públicas que así lo ordenara y recién luego cursar cédula de intimación...".

En esta sede, el arquitecto Sidoni -que dice haberse desempeñado en la Dirección de Arquitectura- expresa que "Los funcionarios de menor jerarquía no pueden tomar decisiones ante la ausencia del funcionario a cargo, deben seguir la vía jerárquica, a veces se derivan los trabajos sin papeles escritos, con instrucciones verbales, pero siempre respetando la vía jerárquica..." (f. 107 vto.).

Las transcripciones precedentes permiten concluir que el trámite que imprimió el agente no es el que regularmente era empleado en situaciones como la del caso en el ente territorial demandado.

Con relación a lo manifestado por el recurrente en sede administrativa -y a cuyos términos remite en ésta- respecto de que en la notificación para el retiro de los pilotes se habría incluido por error la frase "queda Ud. intimado al retiro" cuando lo que quiso decirse fue "se estima a Ud. el retiro", debe ser desechado en tanto carecería de sentido la locución mencionada en segundo término en reemplazo de la primera en la frase "Habiéndose efectuado la inspección correspondiente por medio de la Dirección de Arquitectura, queda Ud. intimado al retiro de los pilotes y reparación de la vereda..." (según se puede leer en la notificación de foja 6, expte. adm.).

Tampoco aparece como regular la circunstancia de que el accionante haya entregado su número telefónico y el de un fabricante de maceteros a la propietaria del kiosco que funcionaba en la esquina de Salta y Ovidio Lagos, tal como lo admite el propio recurrente.

En este punto, no se explica por qué razón dejó el número del fabricante cuando, por otro lado, afirma que desde un principio era conocedor de que conforme a la reglamentación vigente no era posible que los maceteros fueran instalados, por lo que no aparece irrazonable, en las circunstancias del caso, que la Administración considerara insuficientes y pueriles las explicaciones brindadas a este respecto por el actor.

Ello, a juicio de la Administración, es revelador de una actitud incompatible con el normal desempeño del actor en su función de inspector.

Dicha imputación es resistida por el recurrente, en el entendimiento de que -conforme ya se señalara- se trataría de un supuesto análogo al delito imposible, dado que nunca pudieron haberse colocado tales maceteros, por estar expresamente prohibidos por resolución 9/85.

Esta apreciación no luce acertada.

Ello, en tanto, de las actuaciones administrativas surge que el Departamento Seguridad y Circulación Vial había considerado que "a la fecha la Secretaría de Obras Públicas ha reglamentado la instalación de maceteros en la vía pública... que podría hacérsele saber al recurrente esta última opción" (f. 1 vto., expte. adm. 15165-G-89).

En ocasión de comparecer la señora Mendoza, se le hizo saber la opinión del Departamento "en el sentido de no acceder a la implementación de pilotes y girar con conocimiento de parte estas actuaciones a la Secretaría de Obras Públicas para la implementación de maceteros en el lugar que cumplieran la función de frenar los vehículos en movimiento y con desplazamiento sobre la ochava" (f. 2, expte. adm). Ello evidencia que, en aquel momento, la instalación de maceteros, lejos de aparecer como "imposible", era una alternativa sugerida y considerada por la propia Administración.

Puede agregarse a ello que no obstante las disposiciones prohibitivas a que alude el recurrente, lo cierto es que ante el requerimiento de la Directora General de la Secretaría de Obras Particulares (para que la Dirección de Arquitectura se expidiera "indicando si en reemplazo de los pilares recabados a fs. 1, se pueden colocar en el lugar los maceteros sugeridos por la Dirección de Ingeniería de Transporte..."), de su informe posterior (f. 5) no surge que no fuera posible.

El recurrente manifiesta la imposibilidad de colocar los maceteros por no tener la vereda el ancho mínimo que estipula la resolución citada recién al formular su descargo en el marco del sumario administrativo (f. 25, expte. adm).

En lo referente a la denuncia de hecho nuevo efectuada en el expediente administrativo -relativa a que los pilotes habían sido eliminados; a que la vereda se había reparado; a que el kiosco se había mudado de esquina- y respecto de lo cual sostiene el actor que no se procedió a su constatación por parte de la Dirección de Sumarios, debe manifestarse que aun en el supuesto de verificarse esas modificaciones, no se advierte qué relevancia pudieran tener en relación con la conducta del agente que motivara la cesantía dispuesta por el ente territorial.

El recurrente cuestiona la "severidad" con que dice haber examinado las pruebas la Dirección de Sumarios en el dictamen previo al dictado del acto de cesantía. En tal sentido, expresa que tal análisis debe hacerse con objetividad.

Con relación al punto, es dable señalar que según el Diccionario de la Lengua Española (Vigésima Segunda edición) el término severo, al que remite al brindar el significado de severidad, si bien en su primera acepción refiere a "riguroso, áspero, duro en el trato o castigo", no puede prescindirse de que en su segunda acepción habla de "Exacto y rígido en la observancia de una ley, precepto o regla". Ello en modo alguno permite coincidir con la opinión del actor en el sentido de que un examen efectuado de ese modo resta objetividad al análisis de los elementos de convicción.

El recurrente, por último, acusa al ente territorial de desproporción entre la falta y la sanción aplicada.

En este sentido, el accionante plantea que el acto de cesantía es irrazonable, vulnerando el debido proceso legal, ya que estaría viciado de exceso de punición.

Liminarmente, debe señalarse que tradicionalmente este Tribunal ha señalado que ese aspecto no es susceptible de ser controlado por este Cuerpo, en tanto no se invoque, y desde luego demuestre, la existencia de elementos que permitan concluir en la irrazonabilidad de la sanción con relación a la falta imputada y a las circunstancias particulares del caso (A. y S. T. 111, pág. 132; T. 139, pág. 202).

Las constancias de autos permiten concluir en la razonabilidad de la cesantía dispuesta.

Para así concluirse, debe señalarse en primer término que el acto atacado -decreto 1.226, del 20 de mayo de 1991- dispuso la cesantía del actor por aplicación de lo dispuesto en los artículos 13, incisos a), b) y l); 14, inciso a); y 62, incisos d), f) y g), de la ordenanza municipal 3.574/84.

Adviértese inicialmente una inapropiada invocación de normas por parte del ente público.

En efecto, si bien en el acto referido se indican los incisos f) y g) del artículo 62 de la ordenanza mencionada, se observa que dicha norma no tiene incisos encabezados por esas letras, por lo que debe entenderse que la Administración quiso referir al artículo 63 y no al 62. En tal sentido, obsérvese que al imputarse al agente las faltas y señalarse las sanciones que podían caberle (f. 22, expte. adm.) se indicaron los incisos f) y g) del artículo 63, y en el dictamen 33 de la Dirección de Sumarios (f. 39 vto.) se habló de "...62 inc. 'd' y 62 incs. 'f' y 'g'...", cuando lo lógico hubiera sido, si todos los incisos correspondían al mismo artículo, que se citaran de manera continuada luego del número del artículo y no por separado el d) de los otros dos incisos.

Sentado lo antecedente, obsérvese que el artículo 62 refiere a las causas para la aplicación de apercibimiento y suspensión de hasta treinta días corridos, y el 63 a las causales de cesantía. Los incisos f) y g) de la norma citada en último término hablan, respectivamente, de "incumplimiento de las obligaciones determinadas en el Artículo 13, que configure culpa grave" y de "quebrantamiento de las prohibiciones especificadas en el Artículo 14, que configure culpa grave".

Como se puede advertir, ambas causales exigen que exista "culpa grave" del agente para dar lugar a la medida expulsiva.

Desde esa óptica, obsérvese que del dictamen 33 de la Dirección de Sumarios -a cuyos fundamentos remite el acto expulsivo- surge que la Administración estimó que surgía acreditada la responsabilidad del sumariado en el hecho denunciado, en relación con la intimación que remitiera a la denunciante, y por haber proporcionado su número telefónico particular y el de un fabricante de maceteros (a lo que califica como "actitud totalmente incompatible con el normal desempeño de su función de inspección"), considerando infantil la explicación brindada por el recurrente y concluyendo en que la actividad de Trabattoni quedaba incursa en falta grave.

Resolvió, en consecuencia, aconsejar se aplique al agente la sanción de cesantía por la comisión de hechos prohibidos a personal municipal y por omisión de sus deberes como tal (f. 39 y vto.).

Por tanto, en atención a las faltas imputadas por la Administración municipal y las particulares circunstancias del caso, autorizan a afirmar que la sanción impuesta en ejercicio de la potestad disciplinaria no es irrazonable, si se consideran las pautas legales que regulan los aspectos vinculados a la graduación de las sanciones en el ámbito municipal (ley 9.286, arts. 61 a 65).

De todo lo expuesto hasta ahora, se concluye que, en cuanto fue materia de agravio por el actor, no existen elementos que permitan afirmar que la Administración obró ilegítimamente; por ende, el recurso es improcedente, debiendo imponerse las costas al actor (art. 84, ley 4.106).

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)