Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-25


SENT Nro. 272 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 25 DE ABRIL de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Portas, Carlos Alberto vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/Nulidad/Revocación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 114/119 vta., la parte demandada plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 18 de abril de 2002, obrante a fs. 108/109 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 14 de agosto de 2002 (cfr. fs. 130 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 816, in fine, CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del CPA.

II.- Sostiene la parte demandada, para fundamentar su recurso, que el fallo de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, al rechazar la excepción de caducidad de la acción articulada por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, afecta garantías constitucionales, violenta normas expresas contenidas en el pliego de licitación, amén de ocasionarle un gravamen económico injusto, al imponerle las costas de la incidencia.

Admite que si bien se trata de una sentencia incidental que no pone fin al pleito, no obstante entiende que le causa un gravamen de imposible reparación ulterior, además de que la cuestión asume visos de gravedad institucional.

Sobre el fondo de la cuestión, si bien coincide con el fallo en que la caducidad de la acción procesal administrativa sólo resulta procedente en el supuesto en que media acto administrativo expreso que agote la instancia administrativa, considera que en el presente caso ello constituye un exceso de ritualismo y un abuso de derecho, pues la sentencia en crisis no tuvo en cuenta que el acto administrativo de la Caja Popular que se cuestiona (contra el que se interpuso recurso de alzada por ante el Poder Ejecutivo, sin que éste se pronunciara), resuelve la impugnación de un oferente a otro en una licitación de agencia de quiniela, en la etapa previa a la adjudicación definitiva y que conforme pliegos tal decisión de la Caja es irrecurrible (cfr. Anexo del Pliego de Bases y Condiciones, Apartado, I - 6), aspecto este último que tampoco fue cuestionado por la actora en ningún momento.

Por lo tanto, reitera que constituye un excesivo rigor formal exigir la declaración formal y por acto expreso de inadmisibilidad del recurso de alzada, para poder aplicar en el caso el instituto de la caducidad, desconociendo las disposiciones expresas del pliego sobre la irrecurribilidad de tales actos o decisiones anteriores a la adjudicación definitiva.

III.- La sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, objeto del presente recurso, sostiene que el artículo 35, inciso b) del CPA, prevé la excepción de caducidad de la acción como de previo y especial pronunciamiento y el artículo 9 del mismo cuerpo legal establece los casos en que ésta será procedente.

De las constancias de autos surge que el actor impugnó a la oferente Lewin (Pliego nº 22), por expediente nº 393/360 de fecha 24/02/99, la que fue rechazada y resuelta por Resolución Nº 48/99 del 12-3-99 del Directorio de la Caja Popular de Ahorros. Contra dicho acto, el actor interpuso recurso de alzada, mediante carta documento de fecha 26-3-99, sin que el mismo fuera resuelto.

Afirma que la caducidad de la acción sólo resulta procedente en el supuesto de acto administrativo expreso que agote la instancia administrativa, siendo tal premisa válida pese a la cláusula de irrecurribilidad de las decisiones administrativas sobre impugnaciones a las ofertas de proponentes en la etapa previa a la adjudicación definitiva, caso en el cual hubiera correspondido al menos una declaración de inadmisibilidad formal.

Ello así, concluye que al no resolver la Administración el recurso de alzada, no se produjo el acto que cause estado, lo que "...condiciona el acceso a la revisión judicial al único plazo de la prescripción del derecho material discutido".

Por último, rechaza por improcedente el planteo de caducidad de la acción formulado por la tercera citada señora Lewin, por ser articulado extemporáneamente, una vez vencido el plazo que fija el artículo 35 del CPA, imponiendo las costas a las vencidas.

IV.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

Al respecto advierto que si bien el recurso ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 111, y del cargo inserto a fs. 119 vta.; se dio cumplimiento con el artículo 817, acompañando el depósito que exige la ley del rito, a fs. 113 y el escrito de presentación del recurso satisface el requisito de bastarse a sí mismo, sin embargo la sentencia contra la cual el demandado viene en casación, es de naturaleza interlocutoria resolviendo una cuestión incidental suscitada por el rechazo de la excepción de caducidad de la acción planteada por la Caja Popular.

Ello así, la sentencia recurrida no reviste el carácter de definitiva ni puede ser equiparable a tal pues, como bien lo reconoce la propia recurrente, no pone fin al pleito ni, según se avizora, hace imposible su continuación. En efecto, en el decisorio que resuelve rechazar la excepción de caducidad de la acción lo decidido importa que el juicio debe continuar su trámite.

La índole y el contenido de la aludida sentencia entonces, desde esta perspectiva, no satisface el requisito previsto en el artículo 813, inciso a) del CPCC de aplicación supletoria al fuero, por expresa remisión del artículo 89 del CPA.

Igualmente no se advierte en la especie que concurra el supuesto de gravedad institucional, como lo alega la recurrente, único que posee la virtualidad necesaria para suplir la ausencia de definitividad del pronunciamiento. Las cuestiones debatidas no superan los intereses particulares de los litigantes. La motivación recursiva se concreta en aspectos procesales que no trascienden el interés de la recurrente, sin proyectarse sobre los de la comunidad toda, o sobre la buena marcha de las instituciones.

Ello así, tampoco el supuesto satisface el requisito previsto en el artículo 813, inciso b) del CPCC de aplicación supletoria al fuero, por expresa remisión del artículo 89 del CPA.

Por las razones expresadas precedentemente, el presente recurso casatorio no supera el juicio de admisibilidad y por lo tanto el mismo debe declararse mal concedido.

V.- Atento al resultado al que se arriba, las costas de esta instancia casatoria deben imponerse a la parte demandada, vencida en autos (CPCC, artículo 106).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.-DECLARAR INADMISIBLE, y por ende mal concedido, el recurso de casación planteado por la parte demandada, contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 18 de abril de 2002, obrante a fs. 108/109 de autos.

II.-COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO