Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 95.829 SALA II Expediente Nro.: 13477/07 (Juzg. Nº56) AUTOS: "MERLE, MIGUEL EDUARDO c/PODECORO S.R.L. s/DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	10/06/08	, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continua-ción.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Cumplido lo dispuesto a fs.123/125 se encuentran los autos en estado de dictar sentencia.

En primer lugar cabe memorar que llegaron los au-tos a conocimiento de esta alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia definitiva de primera instancia obrante a fs.89/91, que rechazó la pretensión en su totalidad. Para así decidir, el señor juez a quo consideró que el accionante no había acreditado los extremos invocados al demandar, ya que "se le dio por decaído el derecho a valerse de sus testigos a fs.54/55 y 59, y toleró la clausura de la etapa probatoria sin haber instado ningún medio de prueba". A su vez, estimó que no correspondía el recargo de salarios por días de descanso no gozados, pues el dere-cho del trabajador había caducado al no intentar gozarlos en forma compulsiva (arg. art.207 LCT); y porque -además- éstos no son compensables en dinero. Finalmente, señaló que el Sistema de Retiro Complementario previsto en el C.C.T. Nº130/75 fue absorbido por el Sistema de Capitalización vigente desde la sanción de la ley 24.241.

El accionante actualizó y fundamentó las apelacio-nes con efecto diferido efectuadas ante la declaración de negligencia de la prueba tes-timonial ofrecida por su parte; lo que motivó su producción en esta instancia, confor-me lo resuelto a fs.123/125.

Se agravia la parte actora porque el magistrado omitió considerar la prueba pericial contable producida en autos, de la cual -a su en-tender- surgen diferencias en el cálculo de la liquidación final abonada al actor. Ade-más, se queja por el rechazo del reclamo relativo a horas extra; y por la falta de conde-na al rescate del fondo de retiro. Por último, se queja por la imposición de costas, y porque considera elevados los honorarios regulados a la representación letrada de la parte demandada y a la perito contadora.

A su vez, la experta contable se agravia porque en-tiende reducidos los honorarios regulados a su favor.

Delimitados de tal modo los cuestionamientos so-metidos a estudio de este tribunal, creo conveniente señalar en primer término que está fuera de toda discusión y surge de las constancias de autos, que Miguel Eduardo Merle ingresó a trabajar a las órdenes de Podecoro S.R.L., con fecha 14 de febrero de 2005 y que fue despedido, sin expresión de causa, el 14 de enero de 2006 (cfr. escritos consti-tutivos y doc. fs.4, no desconocida).

Sostuvo el actor en el escrito de inicio que "Labo-raba todos los días de la semana con un solo franco otorgado los días jueves. Un día a la semana laboraba de 7.30 a 13.30 hs. y reingresaba de 17.30 a 22.00 hs. Tres días a la semana laboraba en forma corrida de 11 a 22 hs. Y los días sábados y domingos de 10 a 22 hs." (cfr. fs.9vta.). En cambio, la demandada manifestó en el responde que Merle trabajó, desde el inicio de la relación, 48 horas semanales durante distintos horarios -algunas veces en horario corrido y otras en forma interrumpida, según los requerimientos y necesidades de la línea de caja-; y, en cuanto al reclamo por horas nocturnas, manifestó que "jamás tuvo abierta sucursal alguna y/o con personal traba-jando con dicha modalidad" (cfr. fs.29/vta.).

Dados los términos en los cuales quedó trabada la litis, correspondía al accionante acreditar que trabajó en exceso de los límites fijados por la ley 11.544 y el Dec.16.115/33 a la jornada de trabajo (conf. art.377 CPCCN); pero, valorados los elementos probatorios aportados a esta causa, estimo que no lo ha logrado.

En primer lugar debe memorarse que se ha soste-nido reiteradamente que "las horas suplementarias, por su naturaleza excepcional, de-ben ser probadas por quien las invoca de un modo eficaz y concluyente, tanto respec-to de su efectiva realización como de su número" (cfr. esta Sala, S.D. Nº86.532 del 30/9/99, in re: "Navarro Vargas, C. c/Decotécnica S.A. s/Despido).

En ese orden de ideas, observo que el solitario tes-timonio de Zambrana carece de eficacia probatoria para acreditar el horario de trabajo que el accionante dijo haber desempeñado.

En efecto, el testigo señaló que "el horario del ac-tor era de las 7.00 a las 22/22.30 (.) entraba a las 7 y se iba al cierre, todos los días que trabajaba hacía ese horario . que muy raras veces hacían cortar el horario para que fuera a la casa o descanse o algo pero muy raras veces . que si se hacía el corte, era dos horas como máximo . que si se cortaba era a la tarde de 13 a 15 más que to-do . que el corte se hacía una vez por semana por cajero . que si no se hacía el cor-te el horario de ingreso era el mismo". También señaló que se iba (el testigo) a las 22/22.30 y Merle quedaba haciendo el arqueo; y que "hasta que dejó de trabajar el actor, su horario siempre fue el mismo referido precedentemente". Por último, mani-festó que "se trabajaba de domingo a domingo, con un franco . que el franco de los cajeros lo disponía el supervisor de caja, no era un día fijo. no sabe en el caso de Merle qué día tenía franco porque era variable" (cfr. fs.131/132).

Como se puede apreciar, el testimonio analizado no resulta convictivo, ya que el deponente hizo referencia a distintos horarios de ini-cio, pausa y finalización de la jornada; y a un modo de otorgamiento de los francos, que no coinciden con la versión brindada por el actor en el escrito inicial. Por otra parte, manifestó tener juicio pendiente contra la demandada por "horas extra, porque no le pagaban la categoría y por persecución laboral". Al respecto, reiteradamente he sostenido que, en el sistema de apreciación de la prueba testimonial que resulta de los arts.90 de la ley 18.345 in fine y 386 CPCCN, la circunstancia de que el testigo tenga juicio pendiente no lo excluye de valor probatorio (esta Sala, S.D. Nº72.253, in re: "De Luca, Josefina c/ENTEL") en tanto es sabido que en nuestro derecho adjetivo no existen las tachas absolutas, por lo que deben ponderarse con criterio sumamente es-tricto; y, en principio, cabe acordar eficacia a una declaración efectuada en tales con-diciones cuando aparezca corroborada por otros elementos probatorios (cfr. Hernando Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", T.II, págs.247 y ss., Ed. 1981). En tal contexto, si bien la circunstancia de que el testigo Zambrana haya mani-festado tener juicio pendiente contra la demandada no lo descalifica como tal; su tes-timonio no aparece corroborado por otros medios probatorios y -como ya lo he men-cionado- presenta divergencias con el relato del propio accionante; circunstancias que -a mi entender- le restan eficacia probatoria a su declaración en orden a acreditar el horario y los días de trabajo denunciados por el actor en su demanda (arg. art.90 LO).

No empece a lo expuesto la circunstancia esgrimi-da por el quejoso en su planteo recursivo, referida a que la accionada debió haber ex-hibido la documentación relativa al horario; pues su ausencia no prueba en modo al-guno que las horas extra o nocturnas se hayan trabajado en forma efectiva, ya que la falta del registro también puede obedecer a la inexistencia de trabajo en tiempo su-plementario o nocturno. En otras palabras, sólo cuando se compruebe el trabajo en tiempo extra puede considerarse que el empleador tenía la obligación de asentar el exceso en sus registros.

Además, creo conveniente puntualizar -en aten-ción a los argumentos vertidos en la demanda y en el memorial recursivo- que la jor-nada de trabajo y el descanso semanal son institutos diferentes, cuyo ámbito de actua-ción no debe confundirse; y que "respecto del trabajo en sábados, domingos y feria-dos, el trabajador no tiene derecho a reclamar los recargos establecidos en el art.201 LCT, sino el goce del descanso compensatorio de la misma duración, según el art.204 LCT" (conf. CNAT, Sala I, S.D. del 18/10/94, DT 1995 A, 1018).

Tal como lo ha señalado mi distinguido colega Miguel Ángel Pirolo, junto a Cecilia Murray, en Tratado de Derecho del Trabajo di-rigido por Mario E. Ackerman, Santa Fe, 2005, T.III, pág.684, ".cabe aclarar que la muy difundida creencia de que el trabajo en días o en horas que corresponden a los periodos de descanso obligatorio debe ser considerado tiempo extra de labor y que, como tal, debe ser retribuido con los recargos estudiados para los excesos de la jorna-da de trabajo, resulta equivocada. (.) El error proviene de confundir la órbita de ac-tuación propia de ambos institutos, porque una cosa es la violación de los límites le-gales fijados para la jornada de trabajo y otra muy distinta es la afectación del descan-so obligatorio, se hayan o no sobrepasado aquellos límites. (.) La violación de su descanso semanal [del trabajador], acaso, le da derecho a gozar de uno similar al que fue privado; pero nunca a que se considere extra una prestación que no excede del límite legal fijado a la jornada. Si, en cambio, se trabaja más allá de los topes legales en un día de descanso, sí corresponde el pago de las horas excedentes con un recargo del 100% por ser extra (en tanto se ha sobrepasado el máximo de jornada permitido) y porque fueron trabajadas en día de descanso (art.201 LCT).".

Y específicamente con relación al incumplimiento de otorgar el descanso compensatorio, continúan diciendo: ".la norma citada (art.207 LCT) no prevé . una compensación pecuniaria, sino solo el derecho del tra-bajador a que se le conceda un descanso compensatorio similar o a gozarlo per se, en forma inmediata y previa comunicación al empleador. Dicho de otro modo, si el em-pleador omitió conceder el descanso en el día legalmente previsto y no otorgó un des-canso compensatorio dentro de la semana siguiente a la omisión, sólo queda al traba-jador la posibilidad de hacer uso compulsivo de su derecho a descansar".

A mayor abundamiento, en oportunidad de expe-dirme en autos "Kolmaier, Rafael Esteban c/Derudder S.R.L. s/Diferencias de sala-rios", del registro de esta Sala, S.D. Nº94.987 del 14/05/07, señalé que ".la presta-ción de trabajo durante el descanso hebdomadario, no da derecho a una sobre-asignación salarial, sino que, para tales casos, la ley establece la concesión del des-canso en otro momento de la semana, ordinariamente previsto y reglamentado en la norma que establece la excepción. Su extensión debe ser igual a la del descanso que se ha visto privado de gozar el trabajador, por lo que la omisión no puede ser suplida con dinero cuando la norma establece su compensación en especie. Tan es así que, comúnmente se lo denomina descanso "compensatorio". El recargo salarial previsto en el art. 207 de la L.C.T. se encuentra dirigido claramente a sancionar al empleador que, con su actitud, obligó al trabajador a obrar como lo indica la norma para lograr el goce efectivo del descanso. (.) Obviamente, lo expuesto no significa soslayar lo dis-puesto en el art.201 de la L.C.T. puesto que, si ocurre que los servicios prestados durante los días de descanso importan la realización de trabajo en exceso de la jorna-da legal o convencional, merecen ser remunerados con los recargos correspondientes por aplicación del régimen de jornada, pero no su duplicación por recaer en igual pe-ríodo una doble regulación (por un lado la del art. 207 LCT antes citado, y por el otro, la prevista en el art. 201 LCT)".

Se agravia el apelante por cuanto el magistrado de grado omitió considerar la prueba pericial contable, de la cual -según su versión- sur-gen diferencias en la liquidación final abonada por la empleadora, que fue elaborada en base a una remuneración menor y sin incluir el importe correspondiente a la in-demnización prevista en el art.16 de la ley 25.561. A su vez, destaca que tal conducta antijurídica -que privó al actor de sumas alimentarias que le correspondían y que lo obligó a iniciar la presente acción- torna aplicable, también, la indemnización que emana del art.2 de la ley 25.323.

Asiste razón al quejoso con relación a la base re-muneratoria a tener en cuenta para el cálculo de la liquidación final pues, en efecto, del informe contable se desprende que la mejor remuneración mensual percibida por Merle durante la relación laboral que nos ocupa -once meses- fue la de $1.031,67, correspondiente al mes de agosto de 2005; que es el monto considerado por el accio-nante al practicar la liquidación reclamada (cfr. informe de fs.64/65, no objetado por la demandada). Repárese que, conforme se desprende del recibo que luce a fs.21, la demandada tomó como base de cálculo el sueldo básico correspondiente al mes de octubre de 2005 ($915,68.-), que no incluye el presentismo y la falla de caja. En tales condiciones, de prosperar mi voto, habrá de recalcularse -conforme a la base remune-ratoria indicada- los rubros correspondientes a indemnización por antigüedad, preavi-so omitido con incidencia del SAC, integración del mes de despido con incidencia del SAC; vacaciones y SAC proporcionales.

Asimismo, tratándose de un despido dispuesto por decisión de la empleadora, sin expresión de causa, corresponde el pago del agrava-miento previsto en el art.16 de la ley 25.561, conforme los términos del decreto 1433/05, reglamentario de la ley 25.972; vigentes al momento del despido.

En cuanto al progreso de la sanción establecida en el art.2 de la ley 25.323, asiste parcialmente razón al recurrente. En efecto, en dicha norma se establece con carácter punitivo un incremento sobre las indemnizaciones derivadas del distracto que el empleador no abonase al trabajador, pese a la intima-ción que éste le formule. En el caso, la demandada satisfizo en forma parcial su obli-gación, pues se reconocieron diferencias a favor del trabajador y, además, éste intimó fehacientemente a su pago (ver teleg. fs.5 y 7); y, en definitiva, la demandada con su actitud ha dado origen a la promoción de las presentes actuaciones. En consecuencia, en virtud de que el último párrafo del art.2 de la ley 25.323 faculta a los jueces a mo-rigerar el quantum de la multa allí establecida, en el marco en que fueron interpuestos los agravios, propongo admitir la sanción prevista en tal normativa, pero calculada sólo sobre la diferencia entre el importe abonado por la empleadora y lo que corres-pondía percibir al trabajador en concepto de indemnización por antigüedad, sustituti-va de preaviso e integración del mes de despido.

Deberá tenerse en cuenta, además, que ambas par-tes fueron contestes en afirmar que Merle percibió la suma de $3.146 en concepto de liquidación final (cfr. fs.12vta.; 29vta./30 y recibo de sueldo obrante a fs.21, que se encuentra desconocido por el actor, pero su monto total coincide con el indicado pre-cedentemente). Además, que a fs.64vta. el perito informó los rubros liquidados al ac-cionante que surgían de los libros de sueldos de la demandada y éstos no fueron obje-to de impugnación. Sin perjuicio de ello, entiendo que no es procedente descontar la totalidad de la suma referida del recálculo que se efectúe en esta instancia, toda vez que -según se advierte- incluye el pago de conceptos que no fueron objeto de reclamo (cfr. liq. fs.12/vta.).

En consecuencia, de prosperar mi voto y con rela-ción a este aspecto del reclamo, corresponderá diferir a condena los siguientes con-ceptos: indemnización por antigüedad: $115,99.- ($1031,67 menos abonado $915,68); indemnización sustitutiva de preaviso, con incidencia del SAC: $165,33.- ($1117,64 menos abonado $952,31); integración del mes de despido, con incidencia del SAC: $67,74.- ($612,89 menos abonado $545,15); SAC proporcional: $5,71.- ($40,12 menos abonado $35,41); vacaciones no gozadas, con incidencia del SAC (14 días conforme liquidó la accionada): $112,99.- ($625,77 menos abonado $512,78); art.16 de la ley 25.561: $515,85.-; y art.2 de la ley 25.323: $174,53.- Resta tratar el agravio referido al Fondo de Retiro previsto en el CCT Nº130/75. Sostuvo el accionante en el escrito inicial que la de-mandada no cumplió con su obligación de realizar los aportes a dicho fondo; y que tal incumplimiento impidió que, luego de su desvinculación, pudiera rescatar los impor-tes que hasta el momento integraban su fondo personal. "Para el cálculo del perjuicio sufrido -sostuvo- se debe tener en cuenta que . el aporte del 3,5% de sus salarios . conformaba un capital a rescatar que debía ser de pesos 433,30 . a tal suma debe adicionarse la que corresponda a intereses." En los agravios se expide en términos similares, destaca -en apoyo a su postura- las constancias que se desprenden del informe conta-ble y de la contestación de oficio efectuada por La Estrella; y solicita se condene a la demandada por la omisión de aportar al fondo de retiro.

En efecto, el experto contable informó que no se le exhibieron constancias para evacuar lo solicitado con respecto a la realización de los aportes correspondientes al Fondo de Retiro; y que, si bien no le era posible determi-nar el valor de rescate, a la demandada le hubiera correspondido aportar por Merle, conforme los sueldos registrados, la suma de $403,17. Por otra parte, del informe proporcionado por La Estrella Compañía de Seguros de Retiro (cfr. fs.74, no objeta-do) se desprende que, de sus archivos, no surgía cobertura asegurativa alguna a nom-bre del actor, lo que avala la postura esgrimida en el escrito inicial.

En primer lugar, creo conveniente señalar que di-siento con las manifestaciones formuladas por el Sr. Juez a quo, en cuanto a que el Sistema de Retiro Complementario habría sido absorbido por el sistema de capitali-zación vigente desde la sanción de la ley 24.241. En autos "Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/Casa López S.A. s/Cobro de Aportes o Contri-buciones" del registro de esta Sala (S.D. Nº90.743 del 06/08/02), donde se había planteado la pérdida de vigencia de la obligación convencional establecida mediante Protocolo del 21/6/91 que implementara el sistema en cuestión, a raíz del dictado de la ley 24.241, he sostenido al votar en primer término que "pese a las claras y concre-tas previsiones convencionales, las partes no han alegado y mucho menos probado que en su oportunidad, hubieren procedido de conformidad con las obligaciones ne-gociales que al respecto asumieran (ver términos de la cláusula 7º del acuerdo de fe-cha 12/9/91.) por lo que cabría analizar si por la inactividad observada al respecto, pudo haber operado la extinción de las obligaciones asumidas. La respuesta negativa a tal interrogante a mi juicio se impone en tanto, pese a la intención plasmada por las partes en el pacto arribado, no se ha establecido en forma expresa la derogación tácita o automática del sistema, para el supuesto de no convocarse al acto negocial al que se obligaran a efectos de establecer los parámetros de adecuación pre-anunciados, por lo que al no poder colegirse en forma clara de los concretos términos en que se expresa-ran las partes en las cláusulas 3º y 7º del acuerdo analizado, que la intención hubiere sido que el establecimiento de un nuevo régimen previsional operase como condición resolutoria del convenio suscripto, no corresponderá considerar extinguidas las obli-gaciones de él derivadas".

A mayor abundamiento, se ha dicho que "corres-ponde que la empleadora siga integrando al Sistema de Retiro Complementario el valor de 3,5% mensual sobre los salarios liquidados a su personal comprendido en la CCT 130/75, porque no hay colisión entre las disposiciones de la ley 24241 y cual-quier diseño de compensación de ingresos previsionales. Más allá de una subsistencia parcial de los regímenes de reparto, nada obsta a que un grupo de trabajadores consti-tuya un sistema para suplir los desajustes entre los ingresos de actividad y pasividad buscando paliativos para conjurar situaciones de desequilibrio que, como la experien-cia lo indica, han sido muy habituales" (conf. Sala III, S.D. Nº83.109 del 27/12/01, in re: "Federación Argentina de Empleados de Comercio c/Rabello y Cía. S.A. Agentes de Bolsa s/Cobro de aportes").

Sentado lo expuesto, estimo necesario puntualizar que el art. 9 de la normativa en cuestión faculta al trabajador desvinculado del sector a solicitar el rescate de sus aportes personales; y, conforme surge de la interpretación de los arts. 3, 4, 5 y 9 del acta del 21.6.91, homologada por disposición DNRT 4701, el empleado sólo se encuentra autorizado al rescate de los aportes destinados a su cuenta individual, por el 50% del monto que debió haber ingresado la empleadora (con igual criterio CNAT Sala VI, S.D. Nº50.284 del 19.11.98, in re "Sánchez, Nestor c/Terbo S.A. s/despido).

En efecto, conforme lo dispuesto por el art.3 del Protocolo del 21/6/91, los empleadores se encuentran obligados a realizar aportes mensuales de un 3,5% del salario liquidado según el texto del pto.4 del acta. Asimis-mo, el art.4 del Protocolo mencionado establece que el 50% del aporte neto de los conceptos mencionados en el art.7 será destinado a una cuenta individual a nombre del empleado, que se verá incrementada con los rendimientos que correspondieren en virtud del art.10. Es decir, los aportes que debieron ingresar en la cuenta individual, por un lado, sufrirían deducciones (conf. art.7: recargos administrativos, derechos de emisión, tasas, impuestos y sellados); y por el otro, producirían ganancias (art.10: tasa de rendimiento mensual del conjunto testigo de inversiones publicado por la Superin-tendencia de Seguros de la Nación); (conf. esta Sala, S.D. Nº89.634 del 24/08/01, in re: "Sabate, Cristina del Valle c/Alcira Travellers Service S.R.L. s/Despido").

En tales condiciones, ante la evasión por parte de la empleadora de sus obligaciones al respecto, los aportes no ingresaron oportuna-mente a la cuenta individual, ésta no generó rendimientos, y tampoco resultó suscep-tible de las quitas, descuentos y deducciones por gastos e impuestos previstos en los arts. 7 y 9 del Protocolo. Ello genera -a mi entender- la responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de tal situación, pues, en el caso, la obligación no se ha podido satisfacer debido a que el empleador incumplió sus obligaciones específicas; por lo tanto, debe afrontar por sí las consecuencias de su incumplimiento (arg. arts.628, 629, 904 y cctes. del Código Civil). En igual sentido, Miguel Ángel Maza en "Alarcón, Carlos Alberto c/Falabella S.A. s/Despido", S.D. Nº94923 del 17/04/07, voto al que adherí.

Así, en la sentencia definitiva Nº89.634 del 24/08/01 ya citada, he sostenido que "el Sistema de Retiro Complementario estableci-do convencionalmente mediante acta del 21/6/91 (CCT 130/75) se halla destinado a reforzar el régimen de previsión social vigente, mediante el otorgamiento de un bene-ficio adicional. Pero el art. 9 de su normativa faculta al trabajador desvinculado del sector a solicitar el rescate de los aportes personales, sin requerirle el requisito de la edad, reduciendo tal recate al 50% del total de los aportes referidos y si tales aportes no fueron realizados por la empleadora, es ésta la que debe soportarlos de su propio peculio, cualquiera haya sido la causa de la extinción del contrato de trabajo (en igual sentido Sala VI in re "Sánchez, Néstor c/Ferbo SA s/despido S.D. Nº50284 del 19/11/98)".

En consecuencia, a fin de establecer el importe que debió estar a disposición del accionante en su cuenta de capitalización individual, re-sulta prudente estar al 50% del total de los aportes antes referidos, es decir, la suma de $201,58.- (cfr. pto.11 del informe pericial contable fs.65vta.), por la que, en definiti-va, habrá de prosperar el rubro en cuestión. Así lo propicio.

De tener adhesión este voto, deberá diferirse a condena la suma de $1.359,72.-, con más los intereses que -en la oportunidad pre-vista en el art.132 L.O.- se calculen desde la exigibilidad de cada crédito y hasta su cancelación definitiva, a cuyo efecto se aplicará la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que difunda la Prosecretaría General de la Excma. Cámara del Fuero (conf. ley 23.928 modif. por ley 25.561, art.622 del Código Civil y CNAT Acta Nº2.357/02 modif. por Res. CNAT Nº 8/02). La solución propuesta implica dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios efectuada en el decisorio de grado (cfr. art.279 CPCCN) y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos en ese sentido.

Con relación a las costas, reiteradamente he soste-nido que en los supuestos en que la demanda prospera parcialmente, las costas deben ser distribuidas en la forma que prevé el art.71 del CPCCN, toda vez que aún cuando pueda considerarse que el demandante se vio obligado a litigar, ello es exacto única-mente en relación con la porción admitida de sus reclamos, por lo que no habría fun-damento para que quien sólo en parte es vencedor resulte eximido de las costas y és-tas sean íntegramente soportadas por quien también obtuvo una victoria parcial (cfr. ésta Sala, sentencia Nº 72160 del 26.10.93 in re "Soria, Carlos D. c/ Butomi S.R.L.").

En tal inteligencia, tomando en consideración los rubros admitidos y el rechazo de la pretensión por horas extra, corresponde imponer las costas en un 10% a cargo del actor y el 90% restante a la demandada.

Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y resultado de la tarea realizada, el valor económico del litigio, y el monto por el que, en definitiva, prospera la demanda, corresponde regular al patrocinio y repre-sentación letrada de la parte actora, de la demandada y al perito contador, por su la-bor en origen, el 16%, 14% y 7%, respectivamente, todos a calcular sobre el capital reclamado -sin intereses-, pues entiendo que dicho importe refleja razonablemente el valor discutido en el pleito (cfr. art. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839; arts. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57).

En atención al resultado del recurso deducido, ca-be imponer las costas de alzada a la demandada (cfr. art. 68 CPCCN) y regular a la representación letrada de las partes actora y demandada, por toda la labor desarrollada en la alzada (fs.97/103, 131/132 y 133/135), el 25% de lo que a cada uno le corres-ponde percibir por su labor en origen (art. 14 ley 21.839).

En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif. por Ac. C.S.J.N. N°19/05), sin que esto implique abrir juicio acerca de la va-lidez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los plan-teos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, cabe hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, de-berán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo aperci-bimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos, con la siguiente aclaración: Si bien en alguna ocasión anterior me he expedido de modo diferente con respecto a un reclamo por el valor de rescate de los aportes que el empleador omite efectuar al S.R.C., habida cuenta de la coincidencia de opiniones de los Dres. González y Maza que aparece reflejada en el voto que antecede y en el precedente "Alarcón, Carlos c/Falabella S.A. s/Despido" (S.D. Nº94.923 del 17/04/07), en la inteligencia que mi opinión no ha de ser aceptada, por razones de economía procesal y en función del cri-terio sustentado por la mayoría integrada por la concurrencia de opiniones de mis dos distinguidos colegas, adhiero también a cuanto propone la Dra. González con relación a este tema. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de grado y diferir a condena la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS CINCUEN-TA Y NUEVE CON 72/100 ($1.359,72) con más los intereses que -en la oportu-nidad prevista en el art.132 L.O.- se calculen desde la exigibilidad de cada crédi-to y hasta su cancelación definitiva, a cuyo efecto se aplicará la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de prés-tamos, según el cálculo que difunda la Prosecretaría General de la Excma. Cá-mara del Fuero; 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de hono-rarios de primera instancia; 3) Imponer las costas de primera instancia en un 10% a cargo del actor y el 90% restante a la demandada; 4) Imponer las costas de alzada a la demandada; 5) Regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora, de la demandada y al perito contador, por su labor en primera instancia, el 16%, 14% y 7%, respectivamente, todos a calcular sobre el capital reclamado, sin intereses; 6) Regular a a la representación letrada de las partes actora y demandada, por toda la labor desarrollada en la alzada (fs.97/103, 131/132 y 133/135), el 25% de lo que a cada uno le corresponde percibir por su labor en origen (art. 14 ley 21.839); 7) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif. por Ac. C.S.J.N. N°19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinen-te.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Graciela A. González Juez de Cámara Juez de Cámara