Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-21


BID C.L.

-Quiebra- contra LE BAS, Roberto Jorge y/u otros Reg.: A y S t 211 p 182-184.

Santa Fe, 21 de diciembre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución 17 del 21 de marzo de 2003, dictada por la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario en autos "BID C.L. -Quiebra- contra LE BAS, Roberto Jorge y/u otros -Demanda Ordinaria- (Expte. 308/01)" (Expte. C.S.J. nro. 474, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Según se desprende del relato efectuado por la parte impugnante, la entidad actora promovió demanda de cobro de pesos contra Roberto Le Bas y Ester Catalina Lugas de Le Bas en su calidad de garantes de las obligaciones de la empresa en concurso "Industrias Jols S.R.L.".

El Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Nro. 13 de la ciudad de Rosario hizo lugar a la demanda y condenó a los demandados a pagar a la actora la suma reclamada con más intereses y costas, en razón de entender que la prescripción prevista en el artículo 56 de la Ley de Concursos y Quiebras era una defensa personal que podía articular solamente la concursada sin poder esgrimirla los codeudores en los términos del artículo 715 del Código Civil, decisión que fue confirmada por la Sala Cuarta - integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, con la salvedad relativa a intereses devengados por la suma a pagar en pesos (fs. 81/82).

Contra esta última resolución endereza la perdidosa su impugnación de arbitrariedad (fs. 2/15).

En el memorial recursivo señala las siguientes tachas de arbitrariedad que a su juicio afectan al fallo: a) ausencia de legitimación del doctor Lauría para intervenir en el presente por resultar su participación de la sustitución del poder efectuada por el apoderado de la sindicatura en violación a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Concursos y Quiebras sobre indelegabilidad de funciones sindicales; b) inexistencia de prueba vinculada a la deuda; c) ausencia de prueba relativa a la fusión entre las entidades financieras involucradas (el Aciso Banco Coop. Ltdo. y el BID Coop. Ltdo.) y a su aprobación por parte del B.C.R.A.; y d) prescripción de la deuda por no haberse verificado el crédito en el concurso de la deudora principal "Industrias Jols S.R.L." dentro de los dos años previstos en el artículo 56 de la Ley Concursal.

Con respecto al primer agravio señala que el Órgano sindical otorgó poder general para pleitos a un profesional (el doctor Pascual) y éste, a su vez, sustituyó aquél en favor del doctor Ricardo Lauría sin autorización judicial, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Concursos y Quiebras sobre la indelegabilidad de funciones del síndico. Destaca que la sindicatura debe actuar personalmente y que el supuesto previsto en el último párrafo del artículo de referencia se refiere a actuaciones específicas particulares, precisamente por ser una excepción a la regla general, resultando la sustitución operada en autos no autorizada por la ley falencial.

Con relación al segundo reparo sostiene que no se aportó ninguna documentación relativa a la acreencia contra "Industrias Jols S.R.L., ni que se halla efectivamente entregado y recibido el dinero por el deudor principal, lo que descalifica la sentencia por ausencia de elementos acreditantes de la deuda reclamada.

Tampoco se adjuntó -tercera tacha alegada- el convenio definitivo de fusión de las entidades financieras involucradas, ni la aprobación por parte del B.C.R.A. ni la transferencia del crédito reclamado por la actora.

Y, finalmente, sobre la última causal descalificante, señala que la propia actora se manifestó sabedora del concurso de la deudora principal -"Industrias Jols S.R.L."- sin proceder a verificar el crédito dentro del concurso, por lo que prescribiéndose la acción principal se liberarían también los garantes de la obligación.

2. Por resolución de fecha 8 de octubre de 2003 la Sala resolvió denegar la concesión del remedio excepcional interpuesto, lo que motivó la presentación directa de la perdidosa ante esta Corte (fs. 32/47).

3. La presente queja no ha de tener favorable acogida toda vez que, al penetrar mínimamente en el ámbito de lo sustancial, se advierte que la argumentación recursiva no hace más que reflejar el desacuerdo de la recurrente con la solución arribada por los Juzgadores, en ejercicio de funciones propias.

Ello así, en tanto de sus alegaciones sólo se extrae su distinta postura en cuanto a la aplicación e interpretación de diversos artículos de la ley 24522 y en especial, los que refieren a la obligación de los fiadores respecto de las deudas del principal en concurso y la prescripción dispuesta en el artículo 56 de la Ley de Concursos y Quiebras, pero sin lograr demostrar que la respuesta dada por la Sala en el presente caso desborde el marco ordinario de exégesis del derecho -cuestión vedada por regla a esta instancia excepcional-, importando un real agravio al derecho a la jurisdicción que permita descalificarla como acto jurisdiccional. Recuérdese que la tacha de arbitrariedad no puede configurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en la decisión de cuestiones que le son privativas (A. y S. T. 95, págs. 341/344; T. 100, págs. 251/260; entre muchos otros).

Con los argumentos que expone la impugnante no logra persuadir a esta Corte acerca de que la Alzada hubiese adoptado una solución prescindente de la normativa aplicable, ni efectuado una interpretación desnaturalizadora de ésta o que lo resuelto carezca de fundamentación suficiente al entender, en primer lugar (con relación a la falta de personería del abogado de la actora) que la cuestión de la autorización judicial exigida por el atículo 258 de la ley concursal para que el síndico designe apoderado a los fines de su desempeño en actuaciones que tramitan fuera de su tribunal se observaba que estaba cumplimentada, antes de la escritura de la sustitución de poder en favor del doctor Lauría, por lo que su actuación como representante convencional de la sindicatura en la quiebra del BID C.L. resultaba suficientemente acreditada (v. f. 81 vto.).

El reparo que refiere a la inexistencia de prueba vinculada a la deuda y de documental relativa a la fusión entre las entidades financieras involucradas y a la aprobación de ésta por parte del B.C.R.A. además de referirse a un tema probatorio propio de las instancias ordinarias, el A quo destacó (con relación al tema de la fusión) que tal cuestión "...no surge de los hechos constituitvos de la litis y, siendo la segunda instancia de revisión y no de creación, esta alzada se encuentra impedida de pronunciarse acerca de puntos que no fueron sometidos a debate en la primera instancia atento a la norma del art. 246 C.P.C.", afirmación que no logra ser rebatida por la recurrente.

Y, fina A la luz de lo "ut supra" expuesto, sus alegaciones resultan insuficientes para lograr la revisión de lo resuelto, desde que sólo reflejan su intento de imponer su propio criterio, distinto al del Tribunal a quo, mas sin demostrar que la respuesta dada por éste en el caso concreto, resulte absurda o desnaturalizadora de la ley que rige el caso o lesiva del artículo 95 de la Constitución provincial, tanto más cuando se advierte que resulta ajustada a las disposiciones normativas involucradas.

En suma, la mera discrepancia de la quejosa con la solución adoptada por los jueces de la causa no depara caso constitucional, por lo que el remedio intentado deviene inadmisible.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)