marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, principio de congruencia, declaración indagatoria, auto de procesamiento, acusación fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: C., J. s/ Coacción (Expte Nº 130-99, Resolución Nº  83, Tomo 6, Folio 248)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-11-12

El principio de congruencia procesal, que hace sustancialmente a la idea del debido proceso legal ("juicio previo" en las palabras de nuestra Constitución Nacional), no sólo reclama que el hecho sobre el que se resuelve en la sentencia definitiva se haya encontrado presente en la intimación formulada al imputado en el curso de su declaración indagatoria, sino además, que también lo haya estado en los actos imputativos sustanciales al proceso, los que, de conformidad a nuestro ordenamiento procesal, son el procesamiento y la acusación. Vale la pena en apoyo de lo expuesto recordar las enseñanzas de Clariá Olmedo respecto a que "El centro de la incriminación provisional es el procesamiento, ... (que hace) ... de necesario antecedente tanto para la incriminación concreta que da paso al juicio como para la provisional dubitativa o la desincriminación definitiva...Se advierte la necesidad de congruencia porque debe existir correlación fáctica vinculante de los distintos pasos..." ("Derecho Procesal Penal", T. II, pg. 601, Lerner, Cba. 1985 -). En el caso, la modificación producida entre el procesamiento y la requisitoria de elevación a juicio integrativa de la acusación, no importó meramente un cambio de subsunción típica de los hechos pero con respeto siempre de la identidad material de los mismos ("La acusación debe mantenerse dentro del mismo ámbito fáctico que el procesamiento", recuerda Clariá Olmedo en su ya citada obra, T. III, pg. 49), sino que hubo una alteración en ellos, ya que habiéndose procesado por hechos que no contenían supuestos de apoderamientos de cosas ajenas, se formuló requisitoria de juicio, y luego se acusó, por otro que sí lo tenían. A ello se añade que el magistrado instructor actuante, en vez de observar lo ocurrido y rechazar la requisitoria formulada, la aceptó formalmente, desencadenando la producción de un juicio que siempre mantuvo latente el vicio que señalo. Planteadas así las cosas, y llegado al presente estadio procesal, la única solución viable en el caso pasa por la nulificación de los efectos del acto que erróneamente fuera admitido en el proceso (artículo 163 última parte del Código Procesal Penal). DE LA DISIDENCIA DEL DR. OLAZABAL
Recurso de casación, sentencia, principio de congruencia, interpretación de la ley, daños y perjuicios, depósito judicial, responsabilidad del Estado, exoneración, sentencias contradictorias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ZUCCHERO JORGE OMAR c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-12-09

Cuando se acude en casación por el motivo del inc. 1º del art. 383 C.P.C., ésta Sala cuenta con facultades de examinar y eventualmente corregir los denominados vicios in cogitando (en el pensamiento, por violación a las reglas de la lógica) o in procedendo (en el procedimiento, por alteración de las reglas adjetivas vigentes), capaces de producir la ineficacia del acto sentencial; quedando al margen del recurso los denominados vicios in iudicando.

Asimismo, la causal casatoria de falta de fundamentación legal contemplada en la misma norma, es también un motivo de índole formal, y por ende no autoriza a controlar ni fiscalizar la corrección del criterio interpretativo de normas sustanciales que el Tribunal de Mérito ha plasmado en la resolución.

De tales conceptos, se deriva el fracaso de las censuras casatorias referidas al alcance que corresponde asignar a las normas de derecho sustancial que reglamentan la responsabilidad civil del principal por el hecho del dependiente, así como las que cuestionan el concepto de funcionario público o la calificación jurídica del depositario judicial como sujeto dependiente -o no dependiente- del Estado.
Costas, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Q., E. M. c/ M., C. A. s/ Liquidación de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-10

Forman excepción a la regla de la imposición de costas aquellos casos en que han mediado controversias e incidencias respecto de los bienes a liquidar, supuestos en los que las costas habrán de imponerse de acuerdo al principio general de la derrota como base de la condena.
Cesión de derechos, derechos del cesionario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Río de La Plata s/ Inc. (Sanatorio Argentino) s/concurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

En la cesión fiduciaria, la traslación del derecho del fiduciante al fiduciario es oponible erga omnes, ya que el fiduciario lo adquiere tanto en relación al fiduciante como respecto de terceros.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Alaniz, Ramón Luis y otra s/ Art. 96 inc. "F", del dec. ley 8031/1973
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-18

No puede prosperar el recurso extraordinario de nulidad si en el escrito del recurrente sólo existe una breve referencia que podría interpretarse como la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión y el tribunal a quo se refirió a la misma de un modo que basta para afirmar que el art. 168 de la Constitución provincial no fue transgredido. Y además nada se advierte en toda la extensión del recurso que pueda vincularse a vulneración del art. 171 de dicha Constitución.
Cheque sin fondos, falta de acción, querellante
Materia: PENAL
Carátula: PINCIROLI, MARIO LORENZO s/ Incidente de falta de acción en el acusador particular interpuesta  por la defensa como de previo pronunciamiento Causa 33367
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Corresponde confirmar la resolución que hizo lugar a la excepción de falta de acción del acusador particular, separándolo de su rol de querellante, pues el convenio firmado por el cual se acuerdan pagos parciales de los cheques rechazados que se investigan en la causa y que establece la forma en que se cancelará el saldo deudor implica un convenio sobre el pago en los términos del art. 1097 del Código Civil, aún cuando en dicho convenio se incluyan otras obligaciones (Del voto de los Dres. Repetto y Landaburu).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gesualdi,  Dora  Mariana c/ Cooperativa Periodistas Independientes Limitada y otros s/ cumplimiento ley 23.073.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

El "fin lícito" y la "verdad" de la información son los puntos que dividen las aguas entre lo que resulta protegido por la Constitución y lo que, por no estarlo, genera responsabilidades o, en su caso, habilita otras medidas (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Cesantía, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Lobos s/ Demanda contencioso administrativa Tamborini, Ruth Amelia c/ Municipalidad de Merlo s/ Demanda contencioso administrativa Freiberg, Salomón c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10|1997-06-10|1997-09-30

En los casos de ceses ilegítimos no sólo cabe presumir la existencia del daño sino también su magnitud, que debe fijarse en la totalidad de las remuneraciones de las que el agente se vio privado como consecuencia de la expulsión ilegítima en razón de que, en principio, ése es el menoscabo efectivamente sufrido. De allí que, salvo prueba en contrario de la demandada, ésta debe ser condenada a una reparación que equivalga a la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir por el empleado injustamente despedido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FASCELLA DE QUAGLIATTO, M c/ MORENO, LEONOR s/ EJECUTIVO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-20

La resolución recaída en un proceso de ejecución no es definitiva en los términos del artículo 1 de la Ley 7055, por cuanto éste se cierra con una sentencia contra la que eventualmente se abre la vía ordinaria prevista en el artículo 483 del Código Procesal Civil y Comercial no revistiendo aquélla, en principio, la referida calidad de definitiva.
Abogados, expresiones incorrectas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iacono, Rita Ana c/ Empresa de Transporte Línea 520 s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

Al litigante le asiste el más pleno derecho de crítica respecto de todos aquellos actos del proceso que conceptúe injustos o desapartados de la ley, pero debe hacerlo sometiendo sus solicitudes a las normas que gobiernan a la administración de justicia y son garantías de su funcionamiento, no contribuyendo al decoro en los juicios el epíteto lesivo o la expresión sarcástica.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, costas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ABALLAY, JUAN CARLOS c/ BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA s/ APREMIO     RECURSO  EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

Resulta inidónea para franquear la vía extraordinaria federal, la argumentación formulada por el recurrente, el cual se limita a reiterar simétricamente lo que fuera expuesto en el escrito introductorio de la instancia de control de constitucionalidad; ya que evidencia la sola existencia de una disconformidad del quejoso respecto de la interpretación de cuestiones vinculadas con la carga de las costas y de reglas procesales locales, obviamente sancionadas por el legislador provincial y excluidas del control federal, en la medida en que no se demuestre lesionan las garantías de defensa y debido proceso.
Recurso de apelación (procesal), remoción del perito, perito contador, facultades del juez, resoluciones irrecurribles, falta de agravio concreto, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "POPRITKIN, Alfredo s/ recurso de queja".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-05

El apartamiento del perito oficial, por el juez de la causa en uso de las atribuciones que le son conferidas por el art. 266 del Código Procesal Penal de la Nación, no es apelable por ninguna de las partes, ni siquiera por el funcionario así desplazado, por no encontrarse legitimado. Ello, porque no se ha decidido ninguna de las sanciones previstas en el art. 18 del decreto-ley 1285/58, que así lo habilitarían para recurrir.
Principio de congruencia, facultades del juez, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Percello, Bibiana c/ Coop. Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi Ltda. s/ ordinario - medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-04-21

Los jueces tienen la facultad y el deber de dirimir los conflictos según el derecho vigente, calificando autónomamente las pretensiones de las partes y subsumiéndolas en las normas jurídicas que las rigen, con prescindencia del encuadre que realicen aquellas, teniendo como límite para ello no alterar la plataforma fáctica del proceso o causa petendi. Así, si el Juez de grado ha explicado, con detalle las razones de su fallo, incluso transcribiendo las normas jurídicas en las que se funda, no se configura una alteración al principio de congruencia y, por ello, no importa agravio constitucional ni legal.
Infracciones aduaneras, exportador, declaración inexacta de mercaderías
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BAZZI, HECTOR c/ NACION ARGENTINA (A.N.A.) s/ ANULACION DE MULTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

El primer párrafo inc. a), del art. 171 de la Ley de Aduana que condena la falsa manifestación del exportador en cuanto a la cantidad de mercadería cuya destinación solicita, tutela el principio básico de la veracidad y exactitud de la declaración de la mercadería que es objeto de una operación.
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Altamirano, Mirta Margarita Agüero de c/ Dirección de Educación General y Ministerio de Educación s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-03-14

Si bien la Constitución Provincial atribuye competencia originaria y excluyente a la Corte de Justicia, si la materia es contencioso administrativa, debe precisarse que cuando la forma escogida para demandar es una acción de amparo, puede en algunos casos desplazarse esa competencia, pudiendo entender el juez de primera instancia.

En efecto, es obvio que en toda acción de amparo subyace siempre la cuestión Constitucional, pero ella deja de ser subyacente, cuando el supuesto acto ilegítimo o arbitrario proviene de una violación en forma directa a la constitución, debiéndose expresar en forma clara y precisa esa violación de los derechos reconocidos por la constitución, lo que significa que en los supuestos de mixtura entre materia administrativa y cuestión directamente constitucional no hay competencia originaria de la Corte provincial.
Prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Roldn Francisco c/ I.N.C.A. S.A. Compañía Seguros s/ Cumplimiento de Contrato. Roldán Francisco c/ I.N.C.A. S.A. Compañía Seguros s/ Cumplimiento de Contrato.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-04-06|1988-04-06

El daño patrimonial debe ser cierto y afectar de modo directo valores económicos del interesado, desde que su concepción objetiva es la que surge del art.1083 del Código Civil, que dispone la reposición de las cosas a su estado anterior a su indemnización en dinero, su prueba es fundamental para determinar la entidad del mismo. Este aspecto normativo guarda relación con lo estipulado en la cláusula catorce de las condiciones generales del seguro que pone como elemento indicativo el costo de la reparación o del reemplazo de las partes afectadas por el riesgo cubierto. Aún tratándose de daño emergente o lucro cesante y sea que se accione por responsabilidad contractual o extracontractual, el perjuicio para que sea resarcible, debe ser cierto y su prueba corre por cuenta del que lo reclama y debe hacerlo fehacientemente en base a simple conjeturas. Si en la demanda no se reclaman daños parciales y los daños comprobados no alcanzan la entidad de daños totales, la pretensión debe rechazarse. Es que si bien hay daños parciales por los que el asegurador debe responder, admitir un reclamo que no integró la litis, implica fallar ultrapetita.
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lastra de Aviles, Delmira y otra c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Daños y perjuicios - Cuestión de competencia - art. 6
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

Es de competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte entender en aquellas causas en las que se persigue actuar la responsabilidad estatal derivada del incumplimiento de contratos de concesión de sepulturas excepto cuando se alega un comportamiento negligente de la autoridad demandada generador de la obligación de indemnizar en el marco de la responsabilidad aquiliana del Estado.

En el caso se perseguía la indemnización -primordialmente del daño moral- sustentada en la violación o incumplimiento del contrato por culpa exclusiva de la demandada por no tutelar el cuidado y respeto de la urna. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sobreseimiento, facultades del fiscal, recursos, falta de interposición del recurso, preclusión, decisión extemporánea, recurso de casación penal, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pavlosvky, Armando Daniel y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-28

El Ministerio Fiscal al no haber evidenciado en tiempo procesal oportuno su interés en impugnar el auto de sobreseimiento referido - ya sea recurriendo en la instancia de instrucción o adhiriendo en la de apelación al recurso concedido a la querella- dejó precluir, de tal suerte, su prerrogativa de ejercer un remedio procesal adecuado para obtener la reforma de aquél; no pudiendo ahora aceptarse que haya renacido el interés indispensable, como se dijo, para apoyar un recurso ante esta sede.
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Plaza Cia. Financiera S.A..Quiebra s/ Incidente de reposicion. art. 98, ley de concursos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-22

Del texto del art. 50 de la ley 21.526 (redac. ley 22.529) no puede afirmarse que la quiebra de la entidad financiera esté supeditada a la previa o simultánea liquidación.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, empleados de banco, concesión comercial, restaurantes
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ DE GUTIERREZ, GLADYS DEL CARMEN c/ JUAN CARLOS BLANCO Y COMPAÑIA  S.R.L.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-29

El servicio de comedor que el Banco de la Nación Argentina presta a sus dependientes en forma normal y permanente está integrado al establecimiento y coadyuva a su objeto final, y por ello corresponde considerarlo como actividad normal y específica a los fines del artículo 30 Ley de Contrato de Trabajo.
Responsabilidad parental, competencia por el territorio, procesos de familia, domicilio del menor
Materia: CIVIL
Carátula: Mingarro, Ines Guadalupe c/ Vale, Juan José Francisco s/ Ejercicio de la Responsabilidad parental
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el Título VIII comprensivo de los procesos de familia, delinea reglas directrices en cuanto a la competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese orden, regula el art. 716 del citado régimen normativo que en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida.La noción de centro de vida asigna las causas de esta índole al magistrado que luce mejor posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la problemática de los niños en salvaguarda de sus derechosfundamentales (arg. arts. 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y ccdtes. Constitución nacional; arts. 2, 3 y ccdtes., Ley 26.061; art. 3, Dt. 415/2006; arts. 1, 11, 15, 36.2 y ccdtes. Constitución provincial; arts. 4, 5, 6, 7, y ccdtes., Ley 13.298). Y es la misma pauta con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene la regla atributiva de competencia forum personae.
Delitos contra el honor, juicio por delitos de acción privada, prueba documental, ofensa escrita, correspondencia privada
Materia: PROCESAL
Carátula: ACUÑA, María V. s/ CALUMNIAS E INJURIAS. Instrumento que las contiene.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Dado que no corresponde dar a publicidad correspondencia privada, salvo el caso de expresa autorización de su autor, no procede requerir al destinatario de la misiva que haga entrega de su texto o que informe sobre el contenido de la misma, razón por la cual debe rechazarse la presentación efectuada por la querellante, por no encontrarse en el caso satisfechos los presupuestos formales exigidos por el art. 594 C. P. C.
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AGENCIA MARITIMA DORERO  S.A. s/ EMBARGO PREVENTIVO. SANCIONES CONMINATORIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

Las astreintes cumplen una doble función sucesiva: conminatoria y sancionatoria. La primera surge de su finalidad, que consiste en presionar la voluntad del deudor, constriñéndolo al cumplimiento de un deber jurídico impuesto por una resolución judicial, que no obedece deliberadamente. Es, pues, una vía de compulsión legítima a la que están autorizados a recurrir los jueces para obtener el acatamiento de sus decisiones. La segunda, se da en el supuesto que el obligado, a pesar de la sanción conminatoria, persiste en el incumplimiento, en cuyo caso ese medio de coacción psicológica, que no surtió efectos, se traduce en la directa aplicación de lo que hasta ese momento constituyó una simple amenaza.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, resoluciones apelables, declaración de rebeldía, gravamen irreparable, ley supletoria, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: VAZQUEZ CHACON, Sabina s/ Art. 83, ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

La declaración de rebeldía efectuada por el Juez de la causa posee de entidad suficiente para generar un gravamen irreparable en los términos del artículo 449 Código Procesal Penal de la Nación de aplicación supletoria en virtud de lo normado por el artículo 6 de la Ley Nro. 12. No admitirlo, significaría privar a la defensa de impugnar una decisión cuyo contenido formal y material autoriza a ser revisado.

El perjuicio que ocasiona, junto con la orden de averiguación de paradero y posterior comparendo por la fuerza pública dispuesta en consecuencia, resulta palmario, toda vez que restringe el derecho de libertad de una persona imputada de la comisión de un hecho contravencional, que no ha podido ejercer aún su legítimo derecho de defensa, al no tener conocimiento efectivo del hecho que se le imputa, de las pruebas existentes en su contra y de la posibilidad de elegir letrado defensor.
Jurisdicción, competencia federal, incumplimiento de los deberes del funcionario público, prevaricato del juez, contrabando
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Steimberg, Jose Luis c/ Lotero, Enrique s/ Denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Es competente la justicia federal para conocer en los delitos de violación de los deberes de funcionario público y prevaricato imputados a un ex juez en lo penal económico, si las conductas que se le atribuyen estuvieron vinculadas con su desempeño en una causa en que se investiga el delito de contrabando, de naturaleza federal.
Proceso judicial, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: "Empresa Bartolomé Mitre SACIF c/ CNRT s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-03

La caducidad de la instancia es aplicable a todo tipo de procesos.
Caducidad de instancia, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: YANUZZI de BRAVO, MIRTA ELIZABETH c/ DECRETO MUNICIPAL Nº 179 "O" MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO. APELACION.- MAZZAMUTO JUAN CARLOS c/ I.S.S.P. s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION PARODI DARIO MATIAS c/ MUNICIPALIDAD  DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO-APELACION ROGEL SERGIO Y OTRA c/ I.O.S.E.P. s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-11|2000-03-10|2005-08-12|2007-12-11

La caducidad de la instancia es de orden público y va más allá del interés de las partes afectadas, y su fundamento estriba en la necesidad de evitar la duración indefinidadd de los procesos judiciales , atentatoria de los valores jurídicos de paz y seguridad a cuya vigencia apunta su recepción normativa.-