Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-18


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 18 días del mes de marzo del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"B., M. C. c/ D. S. A. S.R.L. s/ SUMARIO (Daños y Perjuicios)", Expte. No. 14.549/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería No. 2 (Expte. No. 1697/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 164), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 125/136? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento la presente causa por apelación deducida por la parte actora contra la sentencia definitiva nro. 152/04 del Juzgado Letrado en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nro. 2 de la jurisdicción que desestimó la demanda incoada por M. C. B. e impuso las costas del proceso (fs. 125/36, fs. 137).

Se agravia la actora por la arbitrariedad en la valoración de las pruebas y consecuente desestimación de la demanda y de la imposición de las costas, desarrollando esta queja en exclusiva mención al monto regulado a los honorarios de los letrados.

En primer término señala que el juez de grado no valoró omitiendo la prueba confesional, la confesión ficta del demandado. Tampoco respecto de la confesional de la actora que los demandados no dejaron pliego.

La desestimación de la declaración testimonial de I. C. por no ser testigo presencial, toda vez que la deponente conociera la actividad de la actora de transportista por realizar la misma.

Causa agravio que el inferior no considere que se produjo un daño cuando existió una hoja de contacto que demuestra el negocio jurídico, el recibo a cuenta de precio, la factura proforma entregada por la firma la transferencia de los fondos de la cuenta de mi parte a la perteneciente a D. S. A. SRL, la entrega del vehículo tomado a cuenta de precio, de la cotización del rodado adquirido según informe de la concesionaria Ford en la ciudad de Caleta Olivia, prueba con creces el daño causado.

El juez reconoció que hubo desprolijidades de ambas partes si hubo una responsabilidad compartida impuso las costas a la actora.

Los honorarios regulados a la demandada son excesivos. Análisis de las cuestiones:

Para analizar los agravios hay que efectuar consideraciones previas, y para ello retrotraerse al inicio del pleito, no pueden dejar de soslayarse las deficiencias del planteo en la proposición de la demanda, recordando que existiendo un acuerdo de voluntades, lo que se podría denominar un contrato, debe delimitarse con claridad, la petición al juez y ésta, ha de radicar esencialmente en la resolución o cumplimiento de lo pactado, circunstancia que no surge con claridad en el escrito inicial.

"La precisión y claridad de la petición está destinada tanto a que la otra parte pueda presentar una adecuada defensa... Pero fundamentalmente la petición concreta la pretensión reclamada que se funda en los hechos. Así se llega a la trilogía estructural fundante de la demanda.

Se narran unos hechos jurígenos que dan lugar a una violación de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Se establece la pretensión esto es el marco como determinante de la sentencia en función del derecho objetivo reclamado, y se pide concretamente se haga lugar a esa pretensión. Es así que se puede calificar la demanda como un acto de petición" (Falcón, E. Cod. Proc... "T II, pág. 620, Ed. Abeledo Perrot - 88).

Según lo expuesto la actora inició demanda por daños y perjuicios por incumplimiento contractual (fs. 26), luego de la lectura de los hechos se infiere que pretende el cumplimiento del contrato y no su resolución, con más lo que dice por lucro cesante y perjuicios (fs. 27).

Pero aun más grave desde una visión técnica, lo constituye la omisión absoluta del valor que atribuye al daño en cuanto a su monto.

Cuando se reclama una suma de dinero, la indicación en la demanda de la cantidad que se pretende resulta imprescindible en una forma mas o menos aproximada de la cantidad que se pretende como indemnización, para permitir al demandado ejercer su derecho de defensa (FASSI, S. "Cód.Proc.." pág. 112, 113 T. 3, pág. 113, Ed. Astrea - 2002).

En lo que respecta a la excepción contenida en la última parte del art.330 del Cod.Proc., se admite con mayor posibilidad que el monto de la reparación de los daños y perjuicios pretendidos no sean inicialmente determinables, y en ese caso cuando ello es rayano con la imposibilidad, estaría excusado el actor de indicar el monto, lo que no rige cuando esa apreciación sea posible (ver mismo autor y obra, pág.114).

Reitero inició reclamando daños y perjuicios y lucro cesante como objeto, pero no desarrolló en la extensión del escrito ningún argumento determinante, es más limitó el daño a la pérdida de lo que describe como la chance laboral (fs. 27/30).

Se encuentra acreditada en autos la existencia de un contrato de compraventa, y ha llegado firme a esta instancia, principalmente dada la concurrencia de indicadores que traen a escena un acuerdo de voluntades destinado a regular derechos de carácter patrimonial, esto fue advertido por el juez Aquo y extensamente avalado con citas doctrinarias y jurisprudenciales.

El problema radica -esencialmente- en la probanza de ciertas condiciones pactadas en el marco de tal contrato y de allí, en las conductas que devienen atinentes a la satisfacción plena de las obligaciones inherentes a cada una de las partes.

De aquí que resulte ajeno o al menos tangencial el hecho de la devaluación propiciada por el Estado Nacional y su calidad de legítima o ilegítima.

Sin perjuicio que he de expedirme sobre el punto; siendo el criterio al que adhiero, de conformidad con lo fallado por el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia en autos "N. S.A. c/ I. C. S.A. s/ ejecución hipotecaria" (Expte. 19014-N-2003) sostuvo "Ciertamente la confusa redacción de la normativa de emergencia económica dio lugar a un sin fin de interpretaciones, dividiendo las aguas de la corriente doctrinaria y jurisprudencial entre aquellas que predicaban que las obligaciones que se encontraban en mora antes del dictado de la ley 25561 no estaban alcanzadas por la ley de emergencia, y aquellas que entendían que mediante el Decreto 214/02 con la aclaración que emanaba del decreto 320/02, no cabía duda que también se referían a las obligaciones en mora a la fecha del dictado de la ley 25561. .

Así, la reciente sanción de la ley 25820 aventó toda duda e incertidumbre respecto de la llamada "pesificación" de obligaciones dinerarias contraídas en moneda extranjera en situación de mora. Conforme lo dispone el flamante texto normativo que en su art.3 dispone la sustitución del art.11 de la ley 25561, las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero del 2002, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor, se convertirán a razón de un dólar estadounidense igual un peso, o su equivalente en otra moneda extranjera, resultando aplicable la normativa vigente en cuanto al coeficiente de estabilización de referencia (CER) o el coeficiente de variación de Salarios (CVS) o el que en el futuro los reemplace según el caso y estableciendo a renglón seguido un procedimiento de reajuste de las ecuaciones económicas.

Es decir que por la vía legislativa se impuso la tesis que señala que la "pesificación" corresponde respecto de obligaciones en mora que sean exigibles antes del 6 de enero del 2002 se disipan así todas las dudas interpretativas que como he dicho preocupaban a la hora de resolver las incontables situaciones análogas al caso que me ocupa.

Queda en claro entonces que se incluyen en la "pesificación" las obligaciones contraídas con antelación al 6/1/02, aquellas cuya exigibilidad ya se encontraba expedita con anterioridad a la sanción de la ley 25561. .

Su aplicación corresponde de oficio dado su naturaleza de orden público.". Voto Dr. Pasutti, el Dr. Caneo en sus fundamentos expresa: "Más ahora la redacción del art.11 de la ley 25820 -acota- la precitada recomendación (el esfuerzo compartido).

Conforme reza el art.4 del novel texto legal el mismo es de orden público, lo que torna imperativo a los supuestos como el de autos, la aplicación del art.11 de la ley 25820 que ha venido a sustituir la redacción del mismo artículo de la ley 25561, aun de oficio, por propia iniciativa de este Superior Tribunal, sin necesidad de la existencia de petición expresa en tal sentido (Busso, Código Civil anotado T.I, pág.197; Lavalle Cobo, en Belluscio-Zannoni, Código Civil t.I, Comentario art. 21, pág.109).

Se perfila entonces la obligatoriedad de las consecuencias allí concertadas, la inviabilidad de acordar una solución distinta y la aplicación de sus directivas por parte de los órganos judiciales" (sent. def. nro. 02/SER/04).

No pueden acogerse "derechos adquiridos "al amparo de un contrato, si quien invoca no demuestra en el proceso el cumplimiento suficiente de las obligaciones pertinentes y que le incumben.

Esto no resulta probado y de este modo, la actora no puede pretender (desde su propia torpeza), acreditado un daño emergente de un contrato en estas condiciones.

Mucho menos, se entiende favorablemente acreditado un lucro cesante, cuya pérdida de chance o ganancia no percibida, ni siquiera deviene exigible en punto a lo probado -desde la insuficiente acreditación de su calidad de transportista escolar (nótese que en las condiciones del contrato por ejemplo que no resulta probado un precio determinado, ni el color convenido, entre otras razones).

Aun siendo reiterativa, recuerdo que en el objeto de la demanda dice "daños y perjuicios por incumplimiento contractual" (fs.26), a fs.27 y vta. aclara que se cumpla con lo pactado, se arriba a la conclusión que se peticiona el cumplimiento del contrato celebrado el 5 de diciembre del 2001, conforme los términos en que fue pactado, lo cual no fue probado.

Habiéndose tenido por probada la existencia del contrato confusamente concertado e incumplido por ambas partes (fs. 131 vta.) lo que no es retrucado en el memorial subexamine, sin dejar de señalar que la factura de fs.17 acompañada establece que el precio está sujeto a variación.

La figura de la confesión ficta no alcanza -esto es sabido- para suplir tamaña orfandad probatoria incurrida por la actora. La invalidación del testimonio respecto del que se agravia la actora, tal vez mal expresada, es acertada conforme las reglas probatorias -pues no se trata de descartarlo por ser un testigo de oídas meramente, sino de la inviabilidad de sus dichos para traer una certeza que así no concurre. Los demás elementos no conducen a otro escenario que el de la insatisfacción probatoria.

Pero aun lo dicho he de aclarar que los testimonios de fs.91 y 93 adolecen de un vicio en la forma de interrogación que llegan a mi modo de ver, a ser pasibles de la máxima sanción lo que no fue advertido por el sentenciante de grado, toda vez que son preguntados con el alcance del art.441 del Código ritual, pero no existe constancia si las llamadas "generales de la ley" le comprenden o no al deponente, específicamente se omitió cualquier referencia sobre el punto.

"Si se omite o no resulta contestado en el curso de la exposición, la declaración carecerá de valor y su nulidad puede ser alegada en cualquier momento" (Fassi, S. "Cod.Proc..", t.3, pág.644, Ed. Astrea-2002).

Por los fundamentos expuestos correspon-de confirmar la sentencia atacada.

Restando expedirse de la queja sobre la imposición de las costas, si bien el Aquo menciona una responsabilidad en el ámbito contractual compartida, también señala que la actora no desplegó una actividad tendiente a la satisfacción de las prestaciones pendientes, sino que directamente accionó por un incumplimiento (fs.132vta.), es decir las apreciaciones en los considerandos del fallo para arribar a la solución del caso, no son de entidad como para modificar la condición de perdidosa de la accionante que vio rechazada su demanda con una diversidad de fundamentos que omite al momento de apelar destacar.

El legislador en el art.68 del cód. procesal sentó el principio general en materia de imposición de costas sobre el hecho objetivo de la derrota, por lo que las excepciones deben aplicarse con criterio restrictivo (CNCiv., Sala G, 28167, aril,27-87), facultando al juzgador a la exención solo ante la existencia de razón fundada para peticionar, no encontró mérito para ello, postura ajustada a derecho y a la realidad de los hechos de autos, por lo que es confirmado en este punto el fallo venido en crisis.

Los honorarios profesionales son atacados por considerarlos elevados, la base de cálculo de los honorarios es el monto del proceso, a los fines de sintetizar he de transcribir la jurisprudencia que comparto, "cuando se rechaza la demanda por indemnización de daños y perjuicios cuya determinación queda en definitiva sujeta a la decisión judicial, a ello responde en realidad la subordinación de la pretensión "a lo que más o menos resulte de la prueba a producirse", cabe establecer como monto del proceso la suma que razonablemente hubiera correspondido al actor de haber prosperado el reclamo" (Cciv.ComFed nro.1 13-7-99, elDial-AF1CD5).

En la especie, se demandó por cumplimiento del contrato, por los importes y valores convenidos y por daños y perjuicios y lucro cesante, por lo cual y conforme tanto surge de las constancias de autos, el monto por el cual se contrató (fs.16/17) las declaraciones sobre la actividad y los supuestos ingresos perdidos, encuentro que la base de cálculo del Aquo si bien no lo expresa, no es desacertada, recordando además que para la regulación de los honorarios profesionales debe tenerse en cuenta lo establecido en los arts. 6, 7 de la ley arancelaria, entre otros y el mérito de la labor desarrollada, la importancia para las partes (ley 2200 t.o. 4535).

Por todo lo expuesto precedentemente al resolver el presente pleito, considero que el importe establecido para los honorarios profesionales es adecuado y lo confirmo.

Las costas de la Alzada se imponen a la recurrente vencida conforme principio objetivo de la derrota art.68 del CPCCCh, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por ello propongo:

1.- Rechazar los agravios de la actora apelante, confirmando la sentencia venida en crisis por los fundamentos dados, según considerandos respectivos 2.- Costas de la alzada a la recurrente vencida, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del acuerdo según considerando respectivo.

3.- Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien vota precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a la misma me remito.

I.A) La expresión de agravios expuesta por la apelante demandada (fs.152/156) se centra en: 1) la confesión ficta del demandado, 2) la falta de interés probatorio evidenciado por el demandado; 3) la valoración del testimonio prestado por I. N. C.; 4) la prueba de los daños; 5) la imposición de costas y 6) los honorarios.

I.A-1) Observando que los agravios individualizados precedentemente como ptos. 1 a 3 se refieren a la valoración probatoria efectuada por el a-quo he de tratar a los mismos en forma conjunta atento su vinculación.

Advierto que si bien ha quedado firme la decisión del a-quo en cuanto a que de acuerdo a la naturaleza comercial de la actividad de la demandada, entre actora y la sociedad hay un contrato de compra-venta de automotor de naturaleza comercial confusamente concertado e incumplido por ambas partes a la fecha del pronunciamiento (pto. 9 ap. b - fs. 131/131vta.) viene aquí cuestionada la merituación que efectúa el a-quo de la conducta desarrolladas por las partes que lo llevan a concluir en el rechazo de la demanda.

He de adelantar mi opinión que se impone una receptación favorable a los agravios expuestos por la parte actora apelante ya que concurren una sumatoria de indicios plurales y concordantes que, integrados entre sí y sometidos a las reglas de la sana crítica, conforman un plexo probatorio que confiere certeza a esa conclusión (arts.163 inc.5, 377 y concs. CPCCH)".

Ello es así ya que es entendimiento de la suscripta que la prueba debe ser valorada en su totalidad, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 377 del CPCCH puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí.

El art. 163 inc. 5to párr. 2do. del CPCCCh determina que: "La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones". Dicha normativa al decir del Maestro Procesalista Dr. Augusto Mario Morello es una aplicación concreta del principio de probidad y buena fe (conf. Morello -Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.II-c, pág. 17).

El art. 377 del CPCCH ap. 2do. dispone que: "Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción" Las normas precedentemente transcriptas determinan la regla sobre la carga de la prueba la cual se da para descartar la posibilidad que el juez llegue a un non liquen (no fallo) con respecto a la cuestión de derecho a causa de lo dudoso de los hechos, ayudando a aquél a formarse un juicio afirmativo o negativo, sobre la pretensión que se hace valer, no obstante la incertidumbre con respecto a las circunstancias de hecho, porque le indican el modo de llegar a una decisión en semejante caso (conf. Rosenberg, "La carga de la Prueba", Ed. Ejea, pp, 2 y ss).

En este sentido tiene dicho la jurisprudencia que: "Las reglas del onus probandi determinan al juzgador cómo ha de fallar ante la carencia de medios probatorios adecuados, señalándole el litigante que ha de salir perjudicado, que es quien no satisfizo la carga de la prueba de los hechos que avalen la posición que asumió en el proceso" (Cám Apel, San Isidro, Sala I, SP, La Ley 1979-502-183SP).

De las constancias de autos surge a fs. 83 la confesión ficta del demandado.

En cuanto a dicha temática es criterio de la suscripta, siguiendo criterios jurisprudenciales coincidentes, que: "Las posiciones dadas por absueltas en rebeldía por incomparecencia injustificada del absolvente producen plena prueba, aún cuando se refieran a hechos expresamente negados en la contestación de la demanda.

No basta para destruir la eficacia de la "ficta confessio" el haber negado categóricamente en el responde los hechos materia de aquella, ya que admitir lo contrario equivaldría a otorgar al demandado una suerte de "bill" de indemnidad respecto de la confesional, bastándole con la mera negativa en la contestación y su posterior inasistencia para ponerse a cubierto de esta prueba, lo que resulta francamente inadmisible" (S. 142 - "S., P. M. c/ G. L. - Ejecutivo" - Cám 5ª en lo Civil y Comercial de Córdoba- 15/10/2001; elDial - AADB3; íd. Causa 45695/98 - "R. SAI. y C c/ S. SACI EI s/ sumario" - CNCOM - Sala D - 19/11/2001; elDial - AAD61).

Dicha apreciación se reafirma más aún cuando la parte demandada, como en autos, es una Sociedad Comercial de Compra-Venta de A., razón por la cual le cabe el entendimiento en cuanto a que un hombre de negocios (o persona jurídica) se mueve en una atmósfera en que domina la buena fe y la buena fe no tolera que nadie se atrinchere detrás de un silencio cuando su silencio pueda tener la apariencia exterior del consentimiento.

Hay una obligación derivada de la buena fe con que deben ejecutarse los contratos (art. 1197 del Código Civil) de expedirse en conformidad al negocio preexistente aceptando o rechazando la intimación de la otra parte.

El párrafo final del art. 1146, cambiado con el 918, Código Civil, determina la posibilidad de una interpretación amplia y por la buena fe del silencio; si entre las partes ya existían relaciones incon-trovertibles, el silencio, la tolerancia y las actitudes omisas valen como manifestación de la voluntad, cuando el que calle puede y debe hablar y, sin embargo, no lo hace ("Sentencia nro. 63 - "H. S.A. c/ D. P. - Abreviado" - Cám 8ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba 22/05/2001; elDial - AA8AD).

Asimismo, ha establecido la jurispruden-cia que: "Si resulta controvertida entre las partes la entrega del vehículo al comprador, cae en cabeza del vendedor la carga de probarlo -art. 375 (art. 377CPCH) del C.P.C.C.- pues precisamente la entrega de la cosa vendida es una obligación que la ley impone y que debe acreditarla -arts. 1323 y 1409 del C. Civil- pudiendo en caso de negativa del comprador a recibirla hacerse autorizar por el Juez para depositar la cosa vendida en un lugar determinado, y demandar el pago del precio o bien la resolución de la venta -art. 1430 del C. Civil-("R. C. H. c/ C. L. s/ Resolución de Contrato" - CC0002 - MO 32948 RSD-79-95 S - 30-3-1995; elDial - W9C8D).

En cuanto a la valoración de la testimo-nial prestada por I. N. V., surge de su contestación a ala 4ta. a 12da. repregunta y razones de sus dichos que la misma es testigo de "oídas", cabiéndole en cuanto a la validez de su testimonio el criterio que si el testigo manifiesta tener conocimiento de tales hechos pero por narración de las partes en litigio -como sucede en autos- el valor probatorio es nulo, pues de otro modo se tendría por acreditada, sin más lo afirmado ya en el proceso por las partes en juicio. Lo que no resulta admisible ni procedente (Sentencia N° 220 - "A. M. M. E. c/ A. A. D. s/ Daños y Perjuicios" - Civil y Comercial Común - Concepción - 20/09/2000; elDial - BB4496).

Dicha circunstancia apuntada transforma la declaración testimonial prestada por E. O. (fs. 93/94) en la de testigo único, haciendo aplicable en cuanto a la validez de sus dichos lo prescripto respec-to a que: "El hecho de existir un único testigo presencial no afecta la idoneidad del testimonio en que se funda la sentencia de condena si de su contenido resulta una descripción objetiva de los hechos ya que en el proceso civil no rige el principio "testis unus, testis nullus" ("G. A. A. c/ T. P. E. E. y otros s/ Daños y perjuicios" - CC0100 - SN 992342 RSD-35-00 S - 29-2-2000; elDial - W13B6E), razón por la cual siendo admisible para probar el contenido material e ideológico del contrato la prueba testimonial y conforme surge de las respuestas dadas a la 2da. a 6ta, 9na. y 20ma pregunta; 1era.,6ta a 9na., 12, 14 repregunta y razón de sus dichos (fs. 93/94vta.) ha quedado acreditado que la actora realizó una compraventa de un automotor Transit carrozada con la demandada, realizándose la operación en los primeros días de diciembre, entregando la actora dinero y un vehículo Transporte Mercedes de su propiedad, habiéndosele dicho a la actora que la entrega sería en unos 30 días más o menos, no entregándosele nada.

A mayor abundamiento y en cuanto a la validez de la testimonial que vengo analizando si bien es cierto que los artículos 1193 del Cód. Civil y 209 del Cód. de Comercio indican que, cuando los contratos exceden determinada suma, los mismos deberán confeccionarse por escrito y no podrán ser probados por testigos no menos cierto es que el rigorismo de tales principios ha sido atemperado por la propia ley, admitiéndose la prueba testifical cuando ha mediado imposibilidad de obtener la prueba específica o si ha habido principio de prueba por escrito, o se ha dado alguna de las circunstancias mencionadas en el art. 1191 del Cód. Civil. (arts. 1191 y 1193; 1º, 207, 209 y ccds. del Cód. Comercio; Falcón, Enrique; "Tratado de la prueba", Tº II, Edit. Astrea, Bs. As., 2002, pág. 266 y 267; Kielmanovich, Jorge L.; "Teoría de la prueba y medios probatorios", Edit. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, 2001, pág. 211; conf. crit.E. 125363 - "D., J. D. c/ J. B. J. A. y otros s/ transferencia de automotor - fijación de plazo" - Cám. Apel.Civ. y Com. De Mar del Plata, (Buenos Aires) - Sala II del 28/10/2003).

Efectivamente, no puede dudarse de que en el presente caso ha existido un principio de prueba por escrito conformado por el recibo obrante a fs. 9 (que reza "s/ pago a cuenta compra unidad Transit Bus o KM)".

Desde otro aspecto es dable ponderar que el art. 512 del C.C. establece que la culpa consiste en la "omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, del tiempo y del lugar".

De acuerdo a lo comentado en Belluscio-Zanoni, Cód. Civil anotado, Tomo 2, pág. 626, dicha fórmula debe correlacionarse con el art. 904, en cuanto dispone que "las consecuencias mediatas son también imputable al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverla..." "La culpa se presenta, como una omisión de diligencias que imponía la naturaleza de la obligación, reflejando una conducta del agente contraria a lo que era dable exigir en las circunstancias del caso y que provoca el perjuicio de un interés ajeno jurídicamente tutelado". En el presente caso, el deber de diligencia de la demandada -cuyo comercio habitual es la compra-venta de A.-, no sólo aparece configurado por la obligación que pesaba sobre la ésta de hacer conocer oportunamente al actor las dificultades en la entrega inmediata sino también de gestionar eficazmente, la remisión de una unidad comprometida en venta (Sentencia N° 40 - "L. H. A. c/ S... S.A.C.I.F. s/ cumplimiento de contrato y daños y Perjuicios (Sala IIa.)" - Civil y Comercial Común, 02/02/1993; elDial - BB132B).

Son razones todas ellas por las cuales cabe acoger los agravios expuesto por la apelante actora a fs. 152vta./154/vta. y, en consecuencia, revocar la sentencia en esta sentido, dentro de los límites que a continuación se determinarán.

I.A-2) La actora apelante centra su cuarto agravio (fs. 154vta./155) en que el a-quo no consideró acreditados los daños.

Sobre el punto, entiendo que, para que el lucro cesante sea indemnizable, basta la existencia de una cierta probabilidad objetiva de que se habría logrado un beneficio, según el curso ordinario de las cosas y de las circunstancias pertinentes, aunque la prueba de los daños no sea categórica, si del contexto no surgen circunstancias que obsten a ello ("I. A. P. d. S. c/ P., J. M.", del 30/10/81; "D. P., R. F. y otro c/ V., A. C. y otro", rec. 174878 del 15/5/96;

"B., P. J. c/S., J. L.", rec. 198488 del 4/10/96; "P., J. C. c/P., E. s/Daños y Perjuicios", rec.196757 del 24/2/97 y "R. T., A. M. c/C. S.A. y otros ", rec. 207141 del 26/3/97, entre otros) L. 235575 - "S., G. J. c/A. D. s/Daños y Perjuicios" (accidente de tránsito) - CNCIV - SALA "H" - 21/04/1998; elDial - AA46).

De la testimonial prestada por E. O. -cuyo valor probatorio estime precedentemente- (fs. 93/94 contestación a la 8va., 10ma., 12da., 13, 15ta a 19na pregunta surge acreditado que la actora se dedicaba al transporte escolar, siendo a dicho fin que iba a usar la unidad automotor objeto de la compraventa, que la actividad de transporte escolar es todo el año porque se hacen escolares, excursiones y colonia desde Enero hasta diciembre, que por dicha actividad se cobra entre $70 u $80 por chico, según dónde vivan y distancia, calculando entre tres turnos unos cincuenta a sesenta chicos, cobrándose las excursiones a $1 a $ 2 por chico. Dichas circunstancias llevan a presumir la existencia de perjuicios indemnizables a título de frustración de la "chance" de obtener ganancias.

Observo, asimismo, que conforme emerge de la Carta Documento nro. 30.843.864 3 AR del día 24/04/02 ( fs. 18)a dicha fecha la demandada reconoce la entrega de U$S 1.000 , la existencia la agencia del automotor Mercedes Benz Dominio ... - ... y pone a disposición de la actora el automotor "Transit Bus" 0 Km.

En cuanto al momento de la valoración del incumplimiento entiendo que la entidad del incumplimiento y la gravedad de las consecuencias que éste provoca sólo pueden valorarse en el momento en que el incumplimiento tiene lugar y produce sus efectos y no en el momento de la estipulación.

En este orden de ideas, Mosco, Luigi, (en su publicación "La resolución de los contratos por incumplimiento" con notas por J. Salamero Cardo, Barcelona, Colección Nereo, 1962, cap.V, p.26) determi-na que si de hecho la acción por resolución tiende a tutelar el interés insatisfecho del acreedor y si el interés no puede valorarse más que cuando debió ser satisfecho y no lo fue, sería completamente extraño quererse referir para juzgar tal lesión al momento en que fue estipulado el contrato y no en el que tuvo lugar la lesión.

Por otro lado se ha de destacar que a partir de autos caratulados "N. S.A. c/ I. C. S.A. s/ ejecución Hipotecaria" (expdte nro. 19014 -N- 2003; sent. def. 02/SER/04) el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia determinó que a partir de la sanción de la Ley 25.820 -norma de orden público por lo cual corresponde su aplicación de oficio- la pesificación corresponde respecto de obligaciones en mora que sean exigibles antes del 06/01/02".

Dicho criterio es avalatoria de la postura asumida por la actora en cuanto al precio correspondiente a la unidad automotor objeto del contrato de compraventa.

En virtud de lo merituado advirtiendo la razonabilidad del monto peticionado por la actora a fs. 28, teniendo en cuenta las fechas de inicio del contrato (05/12/01 - fs. 9) hasta la puesta a disposición de la unidad automotor ( 24/04/02) estimo fijar en concepto de lucro cesante en la suma de pesos trece mil doscientos ($13.200) a dicha suma se le adiciona la suma de pesos un mil ($1.000) correspondiente a la suma de dinero entregada por la actora a la demandada.

Por las consideraciones precedentemente expuestas arribo a la conclusión que debe hacerse lugar a los agravios expuesto por la apelante actora a fs. 154 vta y en consecuencia revocar la sentencia en esta sentido.

I.A-3) En lo referente al momento en que opera la resolución, corresponde aplicar el criterio doctrinario que determina que: "la sentencia que acoge la acción de resolución tiene efectos retroactivos a la fecha de la demanda" (conf. Carlos Miguel Ibáñez, "Resolución por incumplimiento", pág. 275, Edit. Cit;

López de Zavalía, "Teoría de los contratos", TI, p.405: Ramella, "La resolución por incumplimiento", p. 204; Gastaldi, "Pacto Comisorio", p.259), es decir, desde el día 23/08/02 (conf. Cargo Sría. de Archivo y Adjudica-ción de Causas - de fs.30vta.).

En lo atinente al interés a aplicar cabe recordar, que para caso como el presente, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia en los autos:"S., C. c/ L. P. S.A. y/u otro s/ indem.por Acc.Trabajo", Expte. Nº 15.502-S-1996 y conforme con el art.622 CC., dejó a los Tribunales de la causa la fijación de las tasas de interés conforme a su razonable discreción.

Por ello que en ejercicio de la discrecionalidad que gozan los jueces de acuerdo a la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia que señaló como "razonable discreción de los jueces de la causa", sin reglas inexorables y siendo la aspiración llegar a soluciones justas en los casos concretos, procederá la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, entidad asimismo tradicional referente en la materia, a fin de adecuarla a las circunstancias económicas que variaron en el transcurso del año 2002, índice que se aplicará desde el 23/08/02 y hasta el efectivo pago. (Conf. crit. de esta este Cámara en autos caratulados "Z. D. L., E. c/ B., J. y otra", Expte. No. 10.103/98, del de Agosto 2003; "V., M. A. c/ C. S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. No. 13.307/02, Nov. de 2003, entre otras.).

Ello así pues, resulta congruente establecer otra tasa activa que se adecue a las circunstancias y variaciones del momento, y la necesidad de unificar índices de cálculo que simplifiquen y no resulten dispares ni variados al momento de efectuarse liquidaciones judiciales.

I.A-4) Atento como se decidió en los considerandos anteriores carece de virtualidad jurídica el tratamiento de los agravios formulados por la apelante actora a fs. 154 vta./155 razón por la cual no me expediré sobre los mismos.

I.B) En virtud de cómo se ha decidido la presente cuestión corresponde la aplicación de los dispuesto por el art. 279 del CPCCH. Las costas tanto de primera como de segunda instancia son impuestas a la parte demandada vencida (art. 68 del CPCCH).

Difiérese la regulación de los honorarios profesionales tanto de primera como de segunda instancia para el momento del acuerdo donde se tendrá en cuenta para su regulación la importancia del tema traído a decisión, la labor profesional desarrollada y el éxito obtenido, en un todo de acuerdo a lo establecido por los arts. 6, 7, 14, 19, 47 y ccdtes del Dto. Ley Pcial Nro. 2.200 y su modificatoria Ley Pcial Nro. 4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo la siguiente:

Hacer lugar a los agravios expuestos por el apelante actor a fs. 152/156 y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 125/136 haciendo lugar a la acción instaurada por M. C. B. condenando a D. S. A. SRL. a abonar a la misma la suma de pesos catorce mil doscientos ($14.200) con más los intereses a la tasa activa que utiliza el de la tasa activa utilizada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuentos conforme el considerando respectivo.

2) Declarar la resolución del contrato de compraventa por incumplimiento de la demandada, con efecto retroactivo a la fecha de la demanda, es decir, desde el día 23/08/02.

3) Costas de primera y de segunda instancia a la parte demandada vencida (art. 68 y 279 del CPCCH).

Diferir la regulación de los honorarios profesionales tanto de primera como de segunda instancia para el momento del acuerdo (arts. 6, 7, 14, 19, 47 y ccdtes del Dto. Ley Pcial Nro. 2.200 y su modificatoria Ley Pcial Nro. 4335.

A la primera cuestión la señora Jueza de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs. 137) de la sentencia de fs. 125/136 que rechaza la demanda de daños y perjuicios interpuesta por M. C. B., impone las costas al demandante y regula los honorarios.

A fs. 152/156 se agrega la expresión de agravios.

Solicita se revoque la sentencia desde la doctrina de la arbitrariedad.

Se agravia en cuanto el juez no evaluó la prueba confesional, pues habiendo inasistido el demandado sin causa justificada, ha quedado confeso respecto de las posiciones presentadas; y porque no ha desvirtuado las mismas con prueba alguna, al no producir la escasa prueba ofrecida.

También se agravió porque el a quo ha omitido considerar la falta de interés de la demandada en la producción de la prueba.

En el tercer agravio hace referencia a la prueba testimonial de la Sra. C. que el sentenciante invalida, al considerar que el hecho de no haber presenciado la testigo la operatoria se desestima el valor de su declaración, sin merituar el conocimiento de la actividad y el régimen legal aplicable, así como la posibilidad de ponderar el lucro cesante por dicha actividad, cuando la testigo declara realizar la misma tarea. Menciona como relevante las generales de la ley.

Entiende que los daños han sido demostrados con la documentación agregada a la causa y que enumera.

Agrega como fundamento del quinto agravio que, si bien el juez sostiene que ha existido un contrato y ha quedado demostrado el derecho adquirido de su parte, D. S. A. ha incurrido en una serie de desprolijidades y que la controversia es responsabilidad compartida, concluye rechazando la demanda.

Por último se agravió de los honorarios regulados por altos.

Hace reserva del Caso Federal.

Anticipo que las quejas traídas distan del efectivo cumplimiento de la carga impuesta a través del mandato legal consagrado en el art. 265 del Código Procesal.- Y ello, por cuanto observo que "los cuestionamientos ensayados resultan carentes de un discurso sistemático, al no transitar desde una premisa hasta su conclusión, mediante el examen orgánico de elementos pertinentes y conducentes de convicción incorporados a la causa.

Discutir el criterio judicial sin apoyar la oposición en basamento fáctico idóneo o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista, no le permite alcanzar la necesaria idoneidad recursiva.

Es que, en la especie, se requiere un ataque concreto, directo y pertinente contra la decisión impugnada, mediante el cual se haga cargo y se rebatan aquellos argumentos que hayan sido decisivos en el pronunciamiento que se ataca, siendo, por ende, insuficientes las manifestaciones parciales, imprecisas, genéricas o totalizadoras.

Es que, lo que se encuentra en tela de juicio en la instancia revisora es el propio razonamiento y las conclusiones del Juez de la anterior instancia", siguiendo jurisprudencia de la Sala "A" de la Cámara Comercial, asentada bajo el Nº 113 de Acuerdos Comerciales, Bs As, agosto 21 de 2003.

En este orden de ideas, no se aportan agravios de la manera que lo exige el ordenamiento procesal.

Advierto que no se hace cargo de los argumentos del juez, sino que se limita a discordar con la interpretación que el a-quo realiza sobre las pruebas.

No obstante ello, trataré los agravios, atento a las consideraciones efectuadas por los Sres Ministros del Superior Tribunal de Justicia en autos: "P., R. J. c/ B. P. S.A.M.C.I." en donde con fundamento en lo dispuesto por la Corte Suprema de la Nación, ha dicho que "La valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal..." y en autos "G., M. I. s/ Recurso de amparo", Expte 17205-G-1999, el Dr. Torrejón ha sostenido:

"Se ha declarado que la brevedad y el laconismo de la expresión de agravios, no constituyen razones suficientes para sentar la deserción del recurso en el supuesto en que el apelante individualice, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, por cuanto la gravedad de los efectos que la ley imputa a la insuficiencia del mencionado acto procesal aconseja aplicarla con criterio amplio, favorable a la admisión del recurso".

Este Tribunal tradicionalmente se ha guiado en esta materia con un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de técnica recursiva exigida por la ley adjetiva, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por el art. 265 del ritual con la garantía de defensa en juicio de raigambre constitucional.

De allí, entonces, que el criterio de apreciación al respecto debe ser amplio (conf., esta Sala, "A., J. C. c/ L., M. M.", del 14/5/1998; íd., "H. S. S. F. SA c/ S. I. SAIC", del 15/7/2002, entre muchos otros), motivo por el que, dentro del precario marco brindado por las quejas vertidas, éstas serán analizadas.

Y no sólo el reproche debe fundarse en los agravios, sino en lo poco claro del objeto de la demanda, ya que "interpone formal demanda de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato y lucro cesante, contra "E. S. A. SRL, ante la arbitraria variación de las condiciones pactadas del contrato de compraventa.", detalla los hechos y fundamento los requerimientos, pero en el petitorio solicita se condene a la demandada el cumplimiento del contrato en las condiciones pactadas.

De la documental acompañada y de los reconocimientos que la demandada realiza, surge que existió entre la actora Sra. M. C. B. y la demandada D. S. A. SRL, una relación contractual, basada en la compraventa de un vehículo Van, Transit Bus, y ello se desprende de la seña que diera la actora (fs 9) "s/ pago a cta compra Unidad Transit Bus", así como la recepción del vehículo M. Benz MB (Bus/94), actos relevantes a lo que debe agregarse la Hoja de contacto, reitero documental esta última que sirve de complemento a lo señalado anteriormente, en donde se consigna que la unidad entregada por la actora está sujeto a peritaje, hechos ocurridos el 5 de diciembre de 2001.

Elementos todos que me convencen que existió un contrato ya que la entrega del vehículo por parte de la actora y el dinero entregado, tiene fuerza suficiente para concluir que hubo intención de celebrar el contrato, conclusión que por otra parte no se discute en autos.

Avanzando en los hechos, consta en la causa que el día 19 de abril de 2002, la actora envía carta documento, donde relata los hechos, hace referencia a la entrega del vehículo Mercedes Benz, y de U$S1000 y fundándose en el decreto 214/02 y lo que surge de la factura proforma, intima a la demandada al cumplimiento del contrato en la forma que estaba estipulado, así como la entrega del vehículo.

A fs 12 se agrega la CD, en la que la demandada rechaza la CD, reconoce la entrega de $1000, alega que el vehículo de la actora fue entregado en depósito y que el vehículo "Transit Bus" O km está en la agencia, esperando la presentación de la actora.

Finaliza allí el intercambio epistolar, iniciándose las presentes actuaciones en agosto de 2002.

Se advierte que en la negociaciones no se estableció plazo para la entrega del vehículo, no obstante en el escrito de inicio la actora reconoce, "que esta parte se ha allanado a la espera con total paciencia".

Tampoco hay constancias que ante la CD de fs 188, "estamos a la espera de su presentación para informarle el precio del mismo y proceder a tramitar la documentación", la actora realizara acto alguno.

Otro elemento a valorar es que en el mes de abril del año 2002, la actora no tenía la disponibilidad del dinero.

"Debe destacarse, por lo demás, que según el código adjetivo, la conducta observada por las partes podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones (art. 163, inc. 5°, in fine, Cód. Procesal).

De allí que no sólo tienen eficacia las manifestaciones de voluntad, sino también las actitudes omisivas, de conformidad con lo que se ha dado en llamar "principio de autorresponsabilidad", que se imputa a quienes actúan ante la jurisdicción (Feno-chietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires", t. I, Astrea, 1985, págs. 569 y 570).

Se trata pues de prueba indiciaria, de un comportamiento reputado como un hecho en sentido amplio, susceptible de llevar por vía inferencial al conocimiento de otro hecho desconocido, que como tal es prueba para el legislador nacional, y más precisamente, prueba crítica o lógica e indirecta. Cabe destacar que la prueba indiciaria no necesariamente exige una pluralidad de indicios que por su precisión, gravedad y concordancia puedan formar la convicción del juez en un sistema de valoración de la prueba regido por las reglas de la "sana crítica", pues bien puede existir uno solo del cual pueda ser argüido lógicamente el hecho relevante del juicio (Kielmanovich, Jorge L., "Algo más acerca de la conducta procesal como prueba", JA, revista N° 5903, del 19/10/1994, pág.

11/13; conf. esta Sala, in re, "G. SA c/ M. D. P. D. L. P. N. A. s/ ordinario", del 28/3/2003).

Encuentro, asimismo, reprochable la ac-titud de la parte actora al guardar silencio ante la contestación de la carta documento por parte de la demandada, y luego fundar sus agravios en la mora del éste, no obstante haberse allanado,.

"el silencio injustificado de uno de los contratantes ante el reclamo cursado por el otro configura una conducta renuente que debe ser valorada en contra del contratante requerido.

Ello así aunque no se da ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 919 Código Civil; la obligación de contestar dicha misiva se deriva del sentido común y la buena fe que ha de imperar en las relaciones contractuales, conforme lo establecido en el artículo 1198 del ordenamiento fondal (CN.Com, sala C "S.

J. y S. A. D. L. S.A. vs M., F." 6/8/99. Síguese, al cabo, que siempre será dato interpretativo relevante -de primer orden- de los contratos, el comportamiento de las partes, por cuanto "es la mejor explicación" de su intención (conforme art. 218 del Código de comercio, CNFed. Civ. y Comercial, sala I, "YXX AS vs V. ... DRL", 20-4-99), cita pág 376. "Indemnización del daño contractual, Augusto Morello.

Ningún impedimento tenía, para tratar de acordar con la concesionaria y ofrecer cumplir con la parte de su obligación, de acuerdo a lo pactado y de no ser aceptado, entonces sí, dejar reserva por los daños y perjuicios derivados, de tal incumplimiento, para luego reclamar judicialmente lo que creyera pertinente, conforme a derecho. Pero como dijera nada de ello realizó.

Y todo ello en base a la buena fe que debe guiar los negocios, exigencia de estos tiempos que domina todo el ordenamiento jurídico, no sólo en lo referente a la constitución de la relación sino también en la ejecución e interpretación de cualquier aspecto de la convención (art. 1198, Cód. Civil), exigiéndose una conducta clara, diligente y sincera de las partes, tanto en el proceso formativo de los contratos como durante toda su vigencia y hasta su posterior extinción (conf. esta Sala en autos "S., H. O. c/ S., E. s/ ordinario", del 24/4/2003).

Y ello se torna imprescindible, en casos como los presentes, donde no resulta claro lo que la accionante, pretende, y aún más si lo que en realidad requería era el cumplimiento del contrato, debió ser diligente ante las circunstancias económicas que rodearon al país días después de concertar la operación, lo que es reconocido por la actora, y que surge ya de la carta documento.

La actitud de la quejosa, durante el curso de los hechos, que he enumerado, constituyen una franca contradicción, con sus propios actos.

En efecto, considero que la conducta asumida por la misma es coadyuvante de la solución a la que se arriba en esta cuestión litigiosa, por aplicación de la conocida doctrina de los "actos propios", la que guarda correspondencia con el postulado de la buena fe, en cuanto el ordenamiento jurídico impone el deber de proceder en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas sin contradecir la conducta anterior.

La exigencia jurídica del comportamiento coherente está de esta manera estrechamente vinculada a la buena fe y a la protección de la confianza (conf esta Sala en autos: "C., C. A. c/ C. D. S. SA", del 27/12/2000).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en ese sentido al decidir que es exigible a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, debiéndose desestimar toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que, merced a sus actos anteriores, se ha suscitado en otra parte (CSJN, Fallos, 315:158), expresando que la postura sostenida en la instancia judicial no puede ser receptada en la medida que se contradice con la adoptada en sede administrativa, correspondiendo el rechazo del agravio con fundamento en la doctrina de los actos propios (Fallos, 275:235; 294:220; 300:480 y 999; 307:1602; 308:72; 315:890 y 320:2233).

Reitero, no demostró que concurriera a reclamar sus derechos entre los meses de diciembre a abril, y cuando se le informa de la existencia del mismo, guardó silencio.

Todo lo dicho es, a mi juicio, suficiente para sellar la suerte del recurso impetrado en lo que al fondo atañe.

Corresponde, también, el rechazo de los daños y perjuicios, reclamados, pues aún merituando las declaraciones de la testigo O., respecto a la actividad que realizaba la actora, que sostengo que no medió en la especie nexo de causalidad alguna entre el no uso del automóvil y el actuar de la demandada, a lo que debo agregar los argumentos del Sr. Juez, que comparto.

Los fundamentos del cuarto agravio, corroboran los hechos sobre los que no hay discusión, pero no como pretende que prueban con creces el daño causado.

Atento a lo resuelto, y luego de la lectura de las posiciones, cuyo pliego se agregara a fs 168/169, surge insoslayable que la confesión ficta del demandado, no alcanza para impedir la fuerza probatoria de las pruebas arribadas y valoradas: "La confesión ficta no reviste un carácter absoluto, por lo que debe ser apreciada en función de todos los elementos de juicio obrantes en la causa, a fin de no hacer prevalecer la ficción sobre la realidad so peligro de alejare de la verdad objetiva. "Tratado de la prueba", Enrique Falcón, tomo 2.

En punto a la valoración de las pruebas, más allá que ninguna incidencia advierto para la resolución de la causa, es criterio sostenido por la doctrina y jurisprudencia que el Juez es soberano en la apreciación de las pruebas, salvo el caso de ser manifiestamente absurda, entendiéndose por tal la que escapa a las leyes lógicas formales, transgrediéndolas, o lo que es impensable o inconcebible y no puede ser de ninguna manera por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio, lo que no se observa, sin perjuicio de coincidir o no con la medida adoptada respecto a la testigo, I. N. V. .

Respecto a las costas, que fueron motivo de apelación he de mantener las fijadas por el sentenciante, pues no obstante las desprolijidades a las que alega el a-quo de ambas partes, la actora solicitó y fueron, rechazadas sus pretensiones.

Las de esta instancia, de acuerdo a cómo se resuelve estarán a cargo de la vencida.

La apelación de los honorarios se desestima, pues luego de merituar la tarea de los profesionales, el resultado obtenido, y demás pautas de los arts. 6, 7, 9 los mismos se encuentran ajustados a derecho.

A fin de regular los honorarios de esta Instancia, que los difiero para el momento del acuerdo, tendré presente iguales parámetros de los fijadas y lo que dispone el art. 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Confirmar 125/136, rechazando los agravios.

2) Costas de la Alzada a la vencida.

3) Los honorarios de la Alzada los difiero para el momento del acuerdo.

4) Tener presente la reserva del Caso Federal.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia de la Dra. Nélida Susana Melero, la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios de fs. 152/156 y confirmar la sentencia de fs. 125/136 venida en apelación.

2) Costas de la Alzada a la vencida. Regúlanse los honorarios profesionales de la Dra. B. I. P. en la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO ($625).

3) Tener presente la reserva del Caso Federal de fs. 155 vta./156.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS (Presidente) NÉLIDA SUSANA MELERO (Juez de Cámara) GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL nro. 17 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS