marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, procedencia parcial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Pozzi  Carlos  Daniel c/ PEN Ley 25.561 Dto 1570/01 214/02 (BNL) s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-18

Deben desestimarse, en cambio, los siguientes planteos:

A- Los referidos a la diferencia de cotización por las sumas pesificadas con anterioridad al inicio de la presente acción en el que no se verifique reserva oportuna y por montos superiores a los U$S 5.000 -equivalentes a $ 7.000- por cada cuenta bancaria.

B- Las solicitudes de diferencias de pesificación en aquellos casos en que los actores hayan optado por acogerse al régimen implementado mediante la Comunicación BCRA "A" 3481/02 y, de este modo, transferido certificados representativos de saldos reprogramados para afectar a la adquisición de bienes registrables o cancelación de deudas en el sistema financiero.

Esto se debe a que la decisión de los depositantes se orientó a un negocio jurídico complejo en el que no es posible apreciar un estado de necesidad que permita controvertir la validez del acto en punto a la falta de consentimiento por parte del adquirente.

Por lo demás, siendo que las imposiciones bancarias son utilizadas para la compra de un bien apreciable pecuniariamente y con un valor actual de mercado la pretensión adquiere una naturaleza resarcitoria donde el daño no se exhibe con el carácter líquido que la vía intentada exige.

C- Igual resultado cabe acordar en los casos que los actores hubieren optado por recibir, en dación de pago total o parcial de los depósitos reclamados, bonos del Gobierno Nacional en virtud de lo dispuesto por el decreto 905/02, puesto que tal decisión importa una modificación de la demanda incompatible con los términos en que fue trabada la litis.
Dominio, prueba, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: MORALES, Rodolfo c/ MOLINA DE VILLA, Rosa Violeta y otro s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-05-14

No constituye prueba suficiente para acreditar el dominio, la presentación de un boleto de compraventa, porque éste no confiere otros derechos que los previstos en el artículo 1185 del Código Civil, siendo por ende, inhábil para transmitir el dominio. Es de real importancia que se encuentre acreditada fehacientemente la efectiva posesión por parte del actor.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, policía, personal policial, incapacidad, junta médica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villamandos, Roberto José María c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 904-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-17

En el caso, donde es la propia provincia demandada la que considera necesario -y pide- que se constituya una Junta Médica Especializada a los fines de que dictamine sobre la posibilidad de imputar o no al servicio, la incapacidad del actor -si bien dicho pedido consiste en que la Junta se expida en sede judicial-, corresponde acceder al pedido cautelar, aunque con la advertencia de que la circunstancia de que exista un acto administrativo expreso del Jefe de Policía requiriendo de una autoridad superior el dictado de un acto que podría incidir decisivamente en la causa, justifica suficientemente que dicha diligencia -de estimarse necesaria- se produzca en ese procedimiento administrativo pendiente, ámbito en el cual, por lo demás, rigen conocidos principios que la Administración está obligada a observar. El acceder al pedido cautelar, con ese alcance, no implica determinar el sentido del acto administrativo que el Poder Ejecutivo pueda dictar, ni, mucho menos, pronunciamiento de la Corte local acerca de la imputabilidad o no al servicio de la incapacidad del actor.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PANADES, RICARDO H c/ NEUMAN, ASTIZ GODOFREDO s/ DEMANDA 483 CÓDIGO PROCESAL CIVIL.    QUEJA   POR  DENEGACIÓN  DEL  RECURSO  DE INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 271-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-03-07

Si el tribunal explicó, dando razones, por qué estimaba debía darse preferencia a la norma que fijaba la competencia por valor frente a la que establecía la denominada competencia por conexidad, es inconsistente el agravio del recurrente -que no encuentra el más mínimo apoyo en las constancias de autos- por no tratarse de omisión de considerar el agravio basado en el art 5 inc 1) código procesal civil y comercial sino de interpretación contraria a su vigencia en el caso.
Reclamo administrativo previo, derechos y garantías constitucionales, excepciones procesales, inhabilidad de instancia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PEÑA,  RAMÓN  FRANCISCO c/ Estado  Nacional  -  Ministerio  deDefensa". s/ PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS F.F.A.A. Y DE SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

La exigencia del reclamo previo no debe ir más allá del principio de colaboración que le da sustento, ni puede constituirse en una limitación de las garantías constitucionales de los administrados, ni -tanto menos- de las facultades indelegables de los órganos judiciales, de modo que el cumplimiento de este requisito formal jamás puede implicar la sustracción de "casos" potencialmente judiciales del conocimiento de los jueces de la Constitución (art. 116 C.N.), menos aún cuando la finalidad de la decisión administrativa previa procura evitar eventuales disputas judiciales entre el Estado y los administrados, que bien podrían resolverse en sede administrativa, con ahorro de gastos, sin dilación y evitándose un desgaste jurisdiccional innecesario (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 22.02.01, "Díaz, Gladys y otros c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal"). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).
Competencia previsional, competencia contencioso administrativa, leyes, interpretación de la ley, ley previsional, jubilaciones, pensiones, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Haquin, Gastón c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe y/o Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Expte. CSJ Nº 67-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

El criterio legislativo para la definición de la materia contencioso administrativa en causas referidas a la previsión social, no tiene el mutilado alcance que -en el caso- el actor le otorga al pretender limitarla exclusivamente a la concesión de los beneficios de pensión o jubilación. Tal limitado alcance tampoco encuentra acogida en los inveterados e invariables criterios de la Corte, cuya jurisprudencia en materia previsional ha sido principalmente delineada en torno a reajustes de haberes, reclamados -en algunos casos- con base en el derecho constitucional a la movilidad del haber previsional y al de propiedad, y llegándose a declarar -incluso- la inconstitucionalidad del sistema de movilidad.
Recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Famyl S.A. c/ Estado Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

Las sentencias de la Corte Suprema deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Postulación como candidato, legitimación procesal
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sobre Incidente de Apelación - Causas Electorales - Reconocimiento de Alianza/Oficialización de Candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-21

Del análisis de los artículos 83, 84 y 86 del Código Electoral es posible concluir que si bien los electores -con la sola invocación de la calidad de tales - pueden presentar impugnaciones a las postulaciones de los precandidatos ante las Juntas Electorales de las agrupaciones políticas, no están legitimados -nuevamente, con la sola invocación de aquel carácter- para promover una revocatoria o una apelación contra las resoluciones a través de las cuales se oficializan las listas. Tampoco lo están para impugnarlas directamente ante el Tribunal Electoral o para recurrir ante este Tribunal en los términos del artículo 281 del CE las resoluciones del Tribunal Electoral que, previa verificación de oficio del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la postulación de los precandidatos, oficializan las listas con arreglo a lo establecido en el artículo 89 del CE, porque no tienen un interés jurídico suficiente para hacerlo. Ello resulta concordante, por lo demás, con lo dispuesto en el artículo 267, inciso 1 del CE en el sentido de que para iniciar las acciones contempladas en ese cuerpo normativo, las personas humanas deben contar con un derecho subjetivo o un interés legítimo. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Facultades ordenatorias, facultades instructorias
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ Div. Vinc. - Inc. De Alimentos p/ La Conyuge Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-05-30

La omisión de convocar a las partes a audiencia conciliatoria deviene inapelable, pues la decisión al respecto gira en la órbita de las facultades ordenatorias e instructorias enumeradas en el artículo 36 del C.P.C.

Su instrumentación es discrecional de los jueces, quienes tienen exclusiva potestad de arbitrarlas, "Estando vedada su revisión en tanto ello no conculque el derecho de defensa, el principio de igualdad de las partes y el debido proceso".

Al no traducirse la falta de fijación de la pretensa audiencia en ninguno de estos supuestos de excepción, no argüidos siquiera por los interesados, ella deviene irrecurrible.
Relación de dependencia, prueba testimonial, testigos
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Marb, Juan c/ Farmacia: Las Heras S.C.S. y/o quien resulte responsable y/o propietario s/ Indemnización por despido,etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-06-02

A los fines de ponderar un testimonio se debe partir de la premisa de que el testigo no miente, ya sea porque existe una punición legal para la mentira, como que por el método de interrogación judicial ésta aparecería manifiesta; de ahí que se requiera mayores consideraciones para desechar la prueba testifical que para admitirla, sin que para ello sean suficientes las meras conjeturas o apreciaciones subjetivas, ni tan siquiera la aplicación de principios generales.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sanchez Argentino y otra c/ Poggiani Walter y otros s/ Daños y Perjuicios - Beneficio de litigar sin gastos.- Jauck Jorge Eleuterio y otro c/ Mato Carlos Alberto s/ Daños y Perjuicios Díaz, Irma c/ Transportes General Roca s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11|1999-02-16|2001-06-07

La cuantía dineraria del innegable perjuicio sufrido por los legitimados activos, queda librada a la prudencia y razonabilidad de los jueces, ya que no debe perderse de vista que la indemnización se caracteriza por un signo de relatividad.-
Juicio de alimentos, rebeldía
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: A., M. c/ J., J.R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-22

La falta de oposición del demandado ante su incomparecencia de ningún modo importa que el juzgador sin más condene al rebelde de acuerdo a los términos expuestos en la demanda, por lo que encontrándose dentro de la pretensión por alimentos el monto a fijar, el sentenciante falló dentro de los límites impuestos por el principio de congruencia (arts. 34 y 163 del C.P.C.C.).

Nótese que la rebeldía no altera la secuela regular del proceso y que la sentencia será pronunciada según el mérito de la causa (art. 60 del C.P.C.C.).

Por ello, la rebeldía no produce sin más un reconocimiento de los hechos afirmados por la contraria, y menos, una sumisión a sus pretensiones. El órgano ha de acordar lo reclamado si es justo y está suficientemente comprobado. Es decir, la rebeldía no impone al juez una decisión favorable a las pretensiones del actor, sino que lo autoriza acceder a ellas sin fueran justas y estuvieran acreditadas en forma.
Procedimiento administrativo, proceso judicial, recursos, memorial, junta médica, celeridad procesal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RUGGIA, Juan Oscar c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

Debe interpretarse como una denegatoria tácita de reconsideración y admitirse el recurso, cuando el organismo administrativo remitió las actuaciones a sede judicial entendiendo como memorial de apelación un escrito presentado por el interesado en el que solicitaba la formación de una junta médica y el dictado de una resolución favorable. Ello obedece a que, estando en juego derechos de contenido alimentario, es dable actuar con celeridad para subsanar deficiencias administrativas y las demoras que afectan reclamos, generadas -involuntariamente- por la excesiva acumulación de causas y por la crisis económica que afecta a nuestra sociedad en estos días (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).
Concursos, privilegios (comercial), crédito privilegiado, banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJA  DE CREDITO AGUIRRE COOP. LTDA. SOBRE QUIEBRA S/INC. DE REVISION POR  B.C.R.A. s/ INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-05

La ley 21.526, modificada por la Ley 22.529, contempló específicamente la situación concursal, y asignó un privilegio a determinados créditos del b.C.R.A. diferentes de los privilegios en la Ley de concursos (anterior a su sanción); por ende, no asimilable a los mismos, y con especial consideración de la graduación que habría de corresponderle en relación a los legislados en dicho ordenamiento.

Así, resulta claro que los gastos realizados por el B.C.R.A. en las condiciones previstas en el art, 54 de aquella ley, gozan del privilegio asignado en esa disposición legal, cuyo texto es el de ser satisfecho en forma prioritaria respecto de todos los créditos concursales, con la sola excepción de los que posean privilegios especial prendario o hipotecario, y los emergentes de las relaciones de trabajo.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes, titularidad del dominio, boleto de compraventa, cesión de boleto
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. MELIAN 3270/72/76 c/ COVIMEN S.R.L. s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-22

A los efectos de la ejecución de expensas, corresponde al titular dominial la calificación de propietario, calidad que no reviste quien es cesionario de un boleto de compraventa, sin perjuicio de las relaciones personales entre los firmantes del boleto, el cedente y cesionario.
Delito formal, competencia penal, competencia por el territorio, lugar del hecho, cheque sin fondos
Materia: PROCESAL
Carátula: JUEZ DE INSTRUCCION DE LA SEPTIMA NOMINACION DE ROSARIO s/ CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA      CSJ EXPTE NRO 414-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-14

Los delitos formales han de considerarse cometidos cuando la actuación queda definitivamente concluida, sin esperar el evento previsto por el agente. Allí donde concluye la actividad, queda fijada la competencia. No se altera esta conclusión porque el medio empleado para objetivizar la acción sea capaz de proyectar el evento a un lugar distinto al de la actividad formalmente delictiva.

Tampoco la modifica el hecho de que para la punibilidad, la ley penal exija actividades posteriores, como en el caso de pago con cheques sin provisión de fondos, cuya comisión se produce en el momento de dar el cheque en pago. A este respecto es necesario dejar bien aclaradas algunas situaciones especiales que han presentado dificultades en la doctrina y en la jurisprudencia. Aquí ha de verse cómo la solución material del caso puede no coincidir a veces con la necesidad práctica procesal que inspira el sentido de la determinación de la competencia.

De los fundamentos del Dr. Iturraspe.
Concursos, honorarios, patrocinio letrado, acreedor, regulación de honorarios, procedencia del recurso, notificación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Vieira Argentina SA  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de regulación de honorarios del dr. tarasido javier (exletrado del acreedor hipotecario cofides sa)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

Corresponde admitir el pedido de regulación de honorarios solicitado por el ex letrado de un acreedor hipotecario, por las tareas judiciales y extrajudiciales desempeñadas en favor de su cliente, sobre quien recaerá el pago de los mismos, toda vez que la pretensión del letrado fue notificada por cédula al último domicilio constituido por su ex cliente en el incidente concursal. Esa notificación se juzga válida pues el fundamento de la comunicación prevista por la ley 21839: 62 pasa por evitar que una cuestión en que el cliente se encuentra particularmente involucrado -por tener que afrontar el pago de honorarios- se lo mantenga al margen de su trámite.

Pero ello no ocurre cuando el cliente concurre al proceso, como acontece en el caso, con un nuevo letrado, ya que en dicho supuesto cabe considerar que la garantía de defensa en juicio fue respetada. Prueba de ello, es que el actual letrado se presentó en el expediente en representación del acreedor hipotecario y formuló las defensas que estimó pertinentes.
Prefectura Naval, sanciones administrativas, facultades del gobierno nacional, facultades del gobierno provincial, facultades concurrentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alles Gerónimo c/ Prefectura Naval Arg. -Dirp. DPSJ JS1 Nº 326 A/97
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-05

Si bien la disposición sancionatoria se funda en una norma federal, no existe incompatibilidad de las reglamentaciones por tratarse de competencias concurrentes del Estado Nacional y las Provincias en razón de la naturaleza de los bienes y por la actividad regulada. (Consid. IV).
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, sentencia no firme, decomiso, acción de restitución
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: BARRIOS, VANESA; GOROSITO, SILVANA JESICA; CANTERO, ARIEL MAXIMO Y OTROS c/  s/ ASOCIACION ILICITA-APELA DECOMISO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que la recurrente no se hace cargo de controvertir idóneamente los fundamentos centrales del decisorio de esta Corte, cuando señalara que la resolución de decomiso -en resumidas cuentas impugnada- no reúne la calidad de sentencia definitiva ni auto interlocutorio equiparable, no suministrando la impugnante razones suficientes para convencer de que se tratare un supuesto de excepción, por cuanto los Jueces de grado sustentaron la medida en su carácter de "testaferro" o "prestanombre" y ello no cancela la posibilidad de entablar -por quienes se consideran afectados en sus derechos- las acciones por las vías correspondientes, sean administrativas o civiles. - Jurisprudencia vinculada: Cantero, AyS T 283, p 90/92.
Recurso de nulidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: RICKERT, HUGO NESTOR Y OTROS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-24

Resulta improcedente declarar la nulidad de una sentencia cuando los agravios pueden repararse por la vía de la apelación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Mastromateo, Juan Carlos c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

El art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial determina entre otros recaudos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que el escrito por el que se lo deduzca contenga, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina que se repute violada o aplicada erróneamente en la sentencia. La exigencia apuntada es una de las "restricciones que las leyes de procedimiento establezcan a este clase de recursos", a estar a lo dispuesto en el art. 161. inc. tercero, ap. a.) de la Constitución de la Provincia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Azzaro, Marcelo José Norberto y ots. s/ Robos calificados, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Es ajeno al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el planteo según el cual en la sentencia recurrida no se cita la norma por la cual se ha resuelto el grado de participación de los procesados en el hecho.
Empleo público, vacaciones, vacaciones no gozadas, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Sosa, Gustavo Adolfo c/ Estado Provincial - Ministerio de Educación s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción y de Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-02-10

El ordenamiento normativo especifico no sólo reconoce el derecho a gozar de las vacaciones anuales, sino que establece que su concesión y uso importa una obligación, con lo que se recepta la naturaleza de "derecho- deber" que caracteriza a las vacaciones.

Especial consideración merece el Art.19 del Dcto. 1875/94, pues el mismo autoriza la compensación económica por licencias no gozadas, sólo en los supuestos de renuncia al cargo o separación del agente de la Administración, casos en que se produce la extinción del contrato de trabajo.

El plexo normativo que regula la cuestión, no admite otros supuestos de compensación por el no uso de la licencia para el descanso anual, lo que resulta lógico a la luz de los principios que inspiran el instituto.

De forma que, producida la desvinculación del agente, ante la imposibilidad material de gozar de las licencias no utilizadas no otra solución que la compensación económica deba propiciarse, pues de lo contrario se produciría un enriquecimiento sin causa.

Tal es el criterio que tuvo la Administración para resolver este particular caso, donde el agente a la fecha en que se emitió la Resolución impugnada continuaba vinculado al Estado, circunstancia que le hubiera permitido a la Administración arbitrar, en la medida de sus posibilidades, los extremos necesarios en orden al efectivo goce de las licencias, pero ello claro está de haberse constatado que quedaban pendientes de usufructuar algunos días de licencia y que el agente hubiera empleado la debida diligencia a los efectos de mantener vigente el derecho.

Ahora bien, producido el fallecimiento del actor no veo que la situación pueda variar, pues ya se señaló que los derechos reclamados se habían perdido por la propia omisión de aquél de solicitar en tiempo oportuno el goce efectivo del descanso anual o en su defecto la suspensión o interrupción de la licencia por razones de servicio. Si ello es así y si el beneficio se perdió en vida del trabajador, no integra su patrimonio y no hay derecho transmisible mortis causa.

En conclusión, el comportamiento seguido por el actor no puede omitirse en la consideración de la cuestión traída a resolver, el que constituye fundamento suficiente para rechazar la pretensión formulada, razón que entiendo me exime del análisis y tratamiento de la cuestión en torno a la prohibición de la conversión en dinero de las vacaciones no usufructuadas dispuesta por la Ley 4983. En definitiva, los motivos expuestos llevan a rechazar la acción deducida.

Del voto del Dr. Cáceres, por la mayoría.