Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20


PROVINCIA DE SANTA FE contra PEREZ, Delia Pascualina Tomassetti Reg.: A y S t 206 p 285-294.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PROVINCIA DE SANTA FE contra PEREZ, Delia Pascualina Tomassetti de y/o quien en definitiva resulte propietario sobre EXPROPIACIÓN" (Expte. C.S.J. Nro. 479 del año 1993). Se determinó el orden de votación conforme al estudio de los autos: señor Ministro doctor Spuler y en orden sucesivo al señor Presidente doctor Gutiérrez y a los señores Ministros doctores Vigo, Falistocco, Gastaldi y Netri; y que las cuestiones a resolver son: PRIMERA: ¿qué indemnización corresponde fijar por el inmueble expropiado? SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde? A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. La Provincia de Santa Fe promueve demanda de expropiación contra Delia Pascualina Tomassetti de Pérez y/o quien en definitiva resulte propietario en todo o en parte de una fracción de terreno ubicada en la zona rural del Distrito Funes, Departamento Rosario.

Manifiesta que, por ley Nro. 10.206 del 11 de agosto de 1988, se declararon de interés general y sujetos a expropiación los inmuebles afectados para la construcción, conservación, mantenimiento, reconstrucción y limpieza de la "Presa de retención crecida del Arroyo Ludueña", ubicada en los distritos Pérez y Funes del Departamento Rosario.

Señala que la fracción de terreno está descripta como Lote ABCDEFA del plano efectuado por el Ing. Geógrafo Carlos D. Manacorda y el Agr. Enrique M. Olmos, inscripto en el Departamento Topográfico de la Dirección General de Catastro de la Provincia -2º Circunscripción- bajo el Nro. 126196/88, sito en el Distrito Funes -Zona Rural de Funes - Polígono I - Parcela 9/6 - Departamento Rosario, la que, según el plano mencionado, es de forma irregular y mide 835,76m. en su costado Norte, lado BC, por donde linda con Luisa V. Tauzi y otros; 650,85m. en su costado Este, lado CD, que forma un ángulo de 90º con el lado anterior, lindando con camino público cerrado; 200,00m. en su costado Sur, lado DE, que forma con el anterior un ángulo de 90º lindando con camino público de 20m. en parte cerrado y finalmente su costado Oeste que está formado por tres tramos, el primero de los cuales, tramo EF, parte hacia el Norte desde el vértice Oeste del lado Sur, mide 460,04m.

y forma con dicho lado Sur un ángulo de 90º; el segundo, Tramo FA, parte hacia el Oeste del vértice Norte del anterior, mide 635,68m. y forma un ángulo de 270º07'00", el tercero, tramo AB, parte del extremo Oeste del anterior, forma con él un ángulo de 89º54'30", mide 192,10m. y forma con el lado Norte un ángulo de 89º58'30", lindando en sus dos primeros tramos con más terrenos de la misma propietaria y en el tercero con camino público existente. Encierra una superficie de 25 Has. 18 as. 81 cas 67 dm2, el dominio se encuentra inscripto en el Registro General de la Propiedad en el Tomo 492 - Folio 322 - Nº 136.732 - año 1986 y el número de la partida del impuesto inmobiliario es el 336.720/0006 -completa-.

Relata que procedió, por medio de la Junta Central de Valuación, a determinar el valor real y actual de la fracción descripta, que a tal fin se obtuvieron valores de informantes calificados sobre fracciones de campos aptos de buena calidad y libres de mejoras, los que fueron analizados y ponderados por la oficina técnica determinándose como valor real para el inmueble a expropiar la cantidad de $ 63.564,30, suma que fue ofrecida a la propietaria a los efectos de cumplir el trámite de avenimiento expropiatorio, que no prosperó. En consecuencia -continúa-, el 11 de junio de 1993 se dictó el decreto Nro. 1343 por el que se dispone la promoción de la acción expropiatoria y el depósito de la suma mencionada en la cuenta judicial Nro. 263.881 de la Agencia Tribunales del Banco de Santa Fe S.A., a la orden de este Tribunal y para estos autos, suma que da en pago.

Solicita que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 7534, se la ponga en posesión de la fracción que se deslinda, se tenga por consignado y dado en pago la suma depositada, se disponga la anotación de la indisponibilidad solamente de la fracción deslindada en las actuaciones administrativas y, oportunamente, se haga lugar a la demanda declarándose transferido el dominio de la fracción de terreno a su favor, imponiéndose las costas conforme lo determinado en el artículo 49 y concordantes de la ley 7534.

A foja 19 comparece la demandada y solicita se libre orden de pago.

En fecha 16.9.1993 la Provincia toma posesión del inmueble (f. 36).

El día 9.11.1993 se libra orden de pago con imputación a la cuenta Nro. 263.881 por la suma de $ 63.564,30, que en la misma fecha es percibida por la expropiada (f. 49).

En fecha 30.12.1993 la accionada contesta la demanda (fs. 52/55 vta.).

2. Rechaza la expropiación parcial del inmueble afectado, como así también la indemnización consignada judicialmente, por resultar -dice- insuficiente en cuanto a sus rubros y en lo referente a montos y, por ende, no respetar el principio constitucional de integralidad de la indemnización expropiatoria. Niega que la fracción cuya expropiación se persigue tenga un valor objetivo de $ 63.564,30 y que se haya consultado, a los fines de determinar su valor, a informantes calificados.

Manifiesta que el inmueble integra una explotación agropecuaria intensiva de 55 has., dedicada principalmente a tareas de agricultura y ganadería, la que a pesar de contar con una superficie de reducidas dimensiones, resultaba económicamente aprovechable. Señala que la expropiación total del predio resulta procedente porque, con motivo de la afectación a expropiación parcial y el posterior desapoderamiento de una superficie considerable de la explotación, ésta se vio reducida sensiblemente tornando económicamente imposible la continuación de una explotación racional y programada del remanente de 29 has. 20 as.

Afirma que también corrobora la procedencia de la expropiación total el hecho que la fracción remanente queda condenada, a raíz de la obra pública iniciada, a sufrir inundaciones cada cinco años, en razón de la recurrencia prevista, circunstancia que impide efectuar cualquier tipo de explotación racional, por la imposibilidad de planificar la evolución de la empresa y efectuar inversiones; todo ello -completa- en desmedro del normal ejercicio del derecho de dominio. En caso de no ser admitida la expropiación total, se reserva el derecho de proceder a reclamar oportunamente la indemnización -por la vía del derecho común-, atento los perjuicios irrogados.

Luego, detalla los rubros y montos de la indemnización que reclama.

En primer término, refiere al valor objetivo del bien expropiado, considerando insuficiente el importe correspondiente a la tasación efectuada por la actora en sede administrativa, por no reflejar el valor objetivo del inmueble en el mercado. Expresa que, conforme acreditará oportunamente, diversas inmobiliarias de la zona ofrecen en venta predios de características comparables y que, en base a los valores de los mismos, valúa la fracción de campo expropiada -de 25 has., 18 áreas, 81 cas.- en $ 100.000. Por ende, reclama la diferencia entre dicha suma y la consignada judicialmente -$ 36.435,70-, importe comprensivo -dice- del costo de los alambrados y el molino de que da cuenta el acta obrante a foja 17 de autos.

Seguidamente, y tomando en cuenta los mismos parámetros del rubro anterior, estima el valor objetivo del remanente en la suma de $ 120.000.

También argumenta que, si conforme lo prescripto por los artículos 16 y 17 de la ley 7534, la indemnización expropiatoria debe ser comprensiva de la totalidad de los perjuicios directos e inmediatos derivados del acto expropiatorio, entonces corresponde indemnizarlo por el costo que le irrogó la adquisición del bien, lo que -afirma- incluyó -e incluirá, cuando proceda a reemplazar el bien- la comisión del corredor inmobiliario (tres por ciento) con más un 6% del valor del predio, en concepto de gastos y honorarios notariales, según costumbre notarial.

En otro orden, relata que, en fecha 21.9.1989 la Provincia le notificó y ratificó la decisión administrativa de promover el acto expropiatorio y abonar la indemnización, que la propuesta fue rechazada, que en agosto de 1990 la expropiante reiteró su decisión de proceder a la expropiación inmediata de la fracción, que efectuó la contraoferta prescripta por el artículo 29 de la ley 7534 y que la Provincia no se pronunció sobre la misma, dejando inconcluso el trámite. Añade que, simultáneamente, los gobernantes de turno prometieron públicamente la iniciación inmediata de las obras de construcción de la represa. Manifiesta que los hechos expuestos -que oportunamente acreditará-, además de la inscripción registral de la afectación a expropiación -en febrero de 1989-, la colocaron en una situación de indisponibilidad material y jurídica del bien y le impidieron realizar normalmente tareas de explotación. Reclama, entonces, el pago de intereses resarcitorios a partir de la promoción del primer trámite de avenimiento expropiatorio, oportunidad a partir de la cual, encontrándose inscripta la afectación a expropiación, la actora promueve la negociación entre las partes tendente a una adecuada satisfacción patrimonial. Finalmente, apunta que, en el marco de las actuaciones administrativas, se vio obligada a recurrir al asesoramiento y actuación profesional y que el costo de este servicio debe ser afrontado por la Provincia, no sólo porque se trata de un perjuicio originado exclusivamente por el acto expropiatorio sino por su negligencia en la repetición y falta de continuidad con el trámite de avenimiento. Agrega que el monto de este rubro deberá ser fijado de acuerdo con las previsiones de la ley 6767 -50% de las que correspondan en la instancia judicial-.

A fojas 65/66, la Provincia contesta el traslado corrido en relación con la pretensión de expropiación de la totalidad del inmueble. Si bien reconoce que lo pretendido se encuadra dentro de lo previsto por el artículo 10 de la ley 7534, sugiere a la expropiada la constitución de una servidumbre administrativa sobre el remanente y continuar explotando el establecimiento. Para el caso de no hacerse lugar a lo sugerido, hace saber que la parcela remanente ha quedado fuera de la presa y se trata de suelos clasificados como clase III, es decir, aptos para agricultura con algunas restricciones. También afirma que, a fin de dar cumplimiento con la última parte del artículo 10 de la ley 7534, debe tenerse en cuenta que el inmueble no puede clasificarse como establecimiento ni empresa agropecuaria ya que no existe asentamiento ni mejoras -excepto alambrado perimetral y molino- que así lo determinen. Por último, en cuanto al valor objetivo del remanente, expresa que, de hacerse lugar al mismo, sólo abonará la suma que en concepto de total y única indemnización surja de la Junta Central de Valuación o del dictamen de la Comisión de Tasaciones, y rechaza todo otro rubro indemnizatorio que no sea el valor real y objetivo del bien y que sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

A foja 67 se abre la causa a prueba.

A foja 142 se clausura el período probatorio y se dispone el pase de los autos a la Comisión de Tasaciones, la que presenta sus dictámenes a fojas 179/179 vta. y 220/221.

A foja 181 obra la inscripción como litigioso del inmueble expropiado.

Dispuesto el pase de los autos para alegar, se agregan los alegatos de la parte actora y de la expropiada (fs. 230/235 vta. y 237/239 vta., respectivamente).

Llamados autos para sentencia (f. 241) y consentida dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

3. La acción expropiatoria se sustenta en normas constitucionales y legales, surgiendo de la contestación de la demanda que la expropiada no se opone a su procedencia.

Corresponde, pues, declararla procedente.

La cuestión litigiosa se circunscribe, entonces, al aspecto indemnizatorio, debiéndose resolver, además, los temas vinculados al remanente de terreno que la demandada pretende incorporar a la expropiación, como también los relativos a la actualización por desvalorización monetaria, intereses y costas. 3.a. Corresponde, en primer lugar, analizar el pedido de la demandada para que la expropiación incluya además la superficie de 29 has., 20 as, individualizada como Lote AFEGA del plano que obra en copia a foja 99. Invoca, a esos fines, el artículo 10 de la ley 7534, argumentando esencialmente que se ha tornado "económicamente imposible" la explotación racional y programada de dicho terreno, remanente de la expropiación (f. 52/52 vto.).

El planteo no resulta atendible, pues la demandada no ha logrado demostrar que se verifique en el caso la hipótesis prevista por el artículo 10 de la ley 7534, esto es, que "la parte que quedare sin expropiar fuere inadecuada para su uso o explotación racional", teniendo en cuenta "la explotación dada por el propietario durante el último año anterior a la declaración de interés general, y hasta esa fecha".

En efecto: por un lado, no se ha probado el destino dado por la propietaria al terreno remanente en el lapso señalado.

Y si bien es cierto que la demandada propuso como punto de pericia "a) si la fracción de campo propiedad de la expropiada, antes del comienzo del trámite de avenimiento expropiatorio, era explotado con agricultura" (v. f. 72 vto.), también lo es que el dictamen que obra a fojas 129/137 refiere en tal aspecto únicamente al sector expropiado ("aproximadamente 13 has. de la superficie expropiada ... un vecino del predio informó que esa fracción de 13 has. era trabajada con cultivos agrícolas antes de la expropiación..."; "el resto de la superficie objeto de expropiación, aproximadamente 12 has., ... sólo son apropiados para campos de pastoreo y como tal, no fueron utilizados para agricultura según informó un vecino"; v. fs. 135 in fine/136), y nada dice sobre el remanente. Por otro lado, obran en la causa elementos que contradicen la postulación de la demandada en cuanto que el terreno remanente sería "inadecuado para su uso o explotación racional".

Así, en el acta de inspección ocular -prueba ofrecida por la expropiada, v. "otro si digo" de foja 73- de fecha 30.11.1995, consta que "se encuentra sembrado con trigo", y que "se trabaja sin problemas (muestra cultivos y laboreo normales)" (f. 101).

Y en la pericial a que antes se aludió, que data del 27.7.1998, se señala que: "en cuanto a la superficie no expropiada (alrededor de 30 has) está totalmente dedicada a la actividad agrícola" (punto 4 in fine, foja 134); "sector remanente: la inspección ocular realizada indica que este sector presenta evidentes rastros de actividad productiva, tales como la existencia de un rastrojo de soja, realizado bajo sistema de labranza mínima...; además se corroboró por declaraciones del vecino que el contratista que trabaja en este predio y en otros circundantes posee maquinaria para siembra directa" (punto 7, foja 135); "la fecha estimada de la última cosecha agrícola fue fines de abril/mediados de mayo de 1998 y se sembraron, aproximadamente, el total de las hectáreas de la superficie remanente con soja, según pudo constatarse por el rastrojo presente en el campo durante la inspección ocular realizada" (punto 9, foja 135).

A ello debe agregarse que el carácter inadecuado del predio para una explotación racional no podría en autos derivarse del mero hecho de que su superficie no constituya una unidad económica agrícola para la zona -que, conforme surge de foja 136 de la pericia, de acuerdo a los tipos de suelo involucrados, requeriría una superficie aprovechable de aproximadamente 100 has.-; es que, en el caso, ni siquiera considerando la superficie total del inmueble (aproximadamente 54 has.) se superan esas dimensiones (v. f. 136).

Tampoco persuade la demandada de que el aprovechamiento del terreno se verá irremediablemente frustrado por la imposibilidad de una adecuada planificación, debida a la recurrencia de inundaciones cada cinco años, prevista para la obra pública construida. Es que ni ha demostrado este último extremo, ya que no obran en autos los resultados de los cálculos a que se alude a foja 100 (en que la Dirección de Proyecto Convenio C.F.I.

informa que "las condiciones de inundabilidad 'con proyecto' se encuentran mapeadas y calculadas, para las distintas recurrencias que abarca la presa. En las dos propiedades de referencia se han realizado análisis del grado de afectación de cada lote, por la presencia de la presa, ante reclamos efectuados por los propietarios"), ni el lapso de cinco años -postulado por la propia demandada- impediría la adecuada planificación, atento los plazos que dictamina la perito ingeniera a foja 137 ("teniendo en cuenta los datos de que dispongo se puede inferir que en el predio analizado el tiempo de planificación de las actividades puede estimarse en un período de dos a cuatro meses...") .

Por último, se señala que no asiste razón a la demandada cuando al alegar afirma que la Provincia se habría "allanado" a su pretensión de expropiación total (f. 237 vto.), alcance que -desde luego- no corresponde atribuir al escrito de fojas 65/66.

Tampoco cabe compartir lo sostenido por la expropiada cuando sustenta su posición en la pericial agregada a fojas 129/137, en cuanto en dicha pieza se señala que "la rentabilidad del predio ha disminuido al reducirse su superficie" (f. 137), expresión que, como surge claramente del punto "d" de foja 137, refiere en términos absolutos a la merma en el rendimiento de la totalidad del inmueble ocasionada por la sustracción de la fracción expropiada. 3. b. Despejada la cuestión de la superficie, debe resolverse ahora sobre el justiprecio del inmueble.

La Provincia, al demandar, ofreció y dio en pago la suma de $ 63.564,30 (v. f. 3/5); por su parte, al contestar la demanda la expropiada estimó el justiprecio en $ 100.000, reclamando, por ende, la diferencia entre dicho monto y lo consignado judicialmente (v.

fs. 52/55).

Mas, luego de ofrecida y producida la prueba que obra en autos, ambas partes, al alegar (v. fs. 230/235 y 237/240), aceptaron la valuación practicada por la Comisión de Tasaciones en su reunión de fecha 18.10.2002, instrumentada en Acta nro. 330 (v. fs. 179); así se extrae, para el caso de la demandada, del apartado "a)", punto "B", del respectivo escrito (f. 238), en que, bajo los títulos "valor objetivo" y "fracción expropiada" postula en verdad un particular mecanismo para obtener la actualización del saldo aún adeudado por la Provincia -aspecto que será objeto de posterior tratamiento-, mas partiendo de la base de los valores fijados por la Comisión de Tasaciones.

Este colegio -integrado, entre otros miembros, por un representante de la expropiada- adoptó por unanimidad un valor total -comprensivo del terreno y las mejoras- de $ 71.153,79 (setenta y un mil ciento cincuenta y tres pesos con setenta y nueve centavos) a la fecha de toma de posesión (16.9.1993), y $ 243.609,03 (doscientos cuarenta y tres mil seiscientos nueve pesos con tres centavos) para la fecha más próxima a su reunión (octubre de 2002).

Cierto es que esta Corte tiene dicho que el dictamen de la Comisión de Tasaciones ostenta un relativo valor probatorio, ya que, si bien es de producción necesaria, carece de efecto vinculante (v. A. y S. T. 51, pág. 325; T. 56, pág. 49; T. 92, pág. 452; T. 97, pág. 364; T. 107, pág. 384); mas también lo es que el Alto Tribunal nacional ha decidido -aunque en aplicación de un régimen legal distinto- que la atribución de los magistrados de apartarse de la apreciación del Tribunal de Tasaciones se encuentra condicionada por el grado de uniformidad con que se expidan sus integrantes y por la concurrencia de circunstancias demostrativas de error u omisión (v. Fallos 310:2926 y 313:1446).

Pues bien: siendo que en el presente caso la Comisión de Tasaciones, con representación de la expropiada -como se dijo- se pronunció por unanimidad, y que no se han alegado ni se advierten errores u omisiones en la respectiva valuación, corresponde en el presente fijar como justiprecio el ya mencionado de $ 71.153,79 (setenta y un mil ciento cincuenta y tres pesos con setenta y nueve centavos), referido a la fecha de toma de posesión (16.9.1993), que es el momento determinante a tener en cuenta en principio para justipreciar el bien expropiado, conforme lo tiene reiteradamente resuelto esta Corte (v., por todos, A. y S. T. 169, pág. 201, y T. 179, pág. 333), con cita del Alto Tribunal nacional (Fallos 204:534, 237:230, 240:18).

3. c. La demandada sostiene que al valor objetivo corresponde adicionar, como parte de la indemnización "integral", los gastos devengados por la compra de un inmueble de similar valor, a los que estima en una suma equivalente al 9% del valor objetivo del bien, comprensivo de los gastos de martillero (3%) y de escrituración (6%).

La solicitud de la expropiada debe desestimarse.

En efecto, no basta la mera invocación del "perjuicio directo e inmediato" para que éste se reconozca, sino que para ello es desde luego necesaria su concreta demostración.

Según tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la procedencia de la indemnización por este concepto "...depende de que esté o no suficientemente probada la existencia de perjuicios cuya causa inmediata y directa sea la expropiación..." (Fallos 221:187) y que "a falta de prueba de los perjuicios que habría irrogado la expropiación no corresponde indemnización alguna por tal concepto" (Fallos 231:271, y los allí citados) (criterio de esta C.S.J. en A. y S. T. 92, pág. 452; T. 110, págs. 98 y 371; T. 123, pág.

308; T. 153, pág. 330, etc.).

En autos, la demandada ni siquiera intentó demostrar que la presente expropiación le impone de manera inexorable la compra de otro inmueble, ni menos aún que -en esa hipótesis- deba incurrir también necesariamente en los gastos que menciona.

Ello basta a los fines del rechazo de esta pretensión.

3. d. A los efectos de establecer el importe que aún resta abonar en autos, corresponderá deducir, de la suma determinada en el punto "3. b.", el monto oportunamente retirado por la demandada.

En ese orden, si al importe de $ 71.153,79 fijado por el Tribunal, se le descuenta la suma de $ 63.564,30 retirada por aquélla (f. 49), se obtiene un monto de $ 7.589,49 (siete mil quinientos ochenta y nueve pesos con cuarenta y nueve centavos), que es lo que adeuda la Provincia a la accionada.

3. e. Como se adelantó, al alegar (apartado "a", punto "B", foja 238) la expropiada postula, a los fines de la actualización de ese saldo, un particular mecanismo consistente, básicamente, en calcularlo aplicando un porcentaje igual a la proporción existente entre el monto ofrecido en la demanda y la tasación al momento de la desposesión (11%), al monto fijado como justiprecio a octubre de 2002. Alude también a la relación con el valor dólar.

Mas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley 23.928 (artículos 1, 7, 13 y concordantes), y atento a que la valuación refiere a una fecha posterior al 31.3.1991, no corresponde en el caso la actualización por depreciación monetaria del saldo aún adeudado por la Provincia (cf. A. y S. T. 99, pág. 298; T. 102, pág. 369; T. 110, págs.

116 y 123; T. 111, pág. 312; T. 112, pág. 76; etc.).

Tampoco, desde luego, el recurso al valor de la moneda extranjera, debiendo agregarse al respecto que el precedente del Alto Tribunal nacional que se cita a foja 238 no resulta aplicable al caso de autos, ya que en aquél al momento de fallar aún no se había verificado la desposesión (v. considerando 6to. de la sentencia). 3. f. Con relación a los intereses, la expropiada, al contestar la demanda (f. 54), los solicita a partir del 21.9.1989, fecha de promoción del trámite de avenimiento.

Mas al alegar señala -en relación a la fracción expropiada- que el pago de intereses corresponde desde febrero de 1989, fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad de la afectación a expropiación. Entiende que esta inscripción implicó sustraer del mercado inmobiliario la fracción afectada, impidiendo el libre ejercicio de su derecho de propiedad. Subsidiariamente, postula como fecha desde la que deben calcularse los intereses, la de la desposesión material (setiembre de 1993) (v. fs. 238/239).

Este Tribunal ha sostenido reiterada e invariablemente que deben reconocerse intereses desde que la expropiada fue efectivamente desposeída del bien (A. y S. T. 37, pág. 307; T. 38, pág. 209; T. 44, pág. 225; T. 45, pág. 342; T. 75, pág. 124). Asimismo, ha expresado que desde el momento en que la expropiante ocupó el bien de que se trata, debe reconocerse el pago de intereses con fundamento en la privación, desde esa fecha, de la disponibilidad del monto equivalente a su valor objetivo (A. y S. T. 87, pág. 361; T. 99, pág. 482; T. 110, pág. 98; T. 111, pág. 312; T. 126, pág. 281; T. 153, pág. 330).

Pues bien, a la luz de tales premisas, es indudable que el pedido formulado por la demandada, consistente en el reconocimiento de intereses desde febrero o setiembre de 1989, no puede prosperar.

Es que, como surge de lo anteriormente expuesto, no es criterio de esta Corte que deban reconocerse intereses cuando se opera la desposesión "jurídica" del bien. La reseña de fallos que antecede, en cuanto vinculan inexorablemente el reconocimiento de intereses a la desposesión real (material, efectiva), así lo demuestra.

Por lo demás, la falta de conclusión de un trámite de avenimiento, sin ocupación real por parte del ente expropiante, no justifica el reconocimiento de intereses.

En cuanto a la tasa de interés aplicable, corresponde -asimismo- desestimar la postulación de la expropiada, que en el alegato (f. 239) pretende su cálculo a la tasa activa invocando a esos fines el artículo 31 de la ley 7534, norma claramente inaplicable en la especie, en que -obvio es destacarlo- el avenimiento no se concretó.

En consecuencia, y de conformidad con uniformes precedentes de este Tribunal (cf., entre otros, A. y S. T. 185, págs. 120, 125, 138, 143, 157, 162), deberá aplicarse sobre el saldo determinado en el punto "3. d.", la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -setiembre de 1993- hasta la fecha del efectivo pago, si éste se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados.

3.g. En cuanto a las costas, atento la proporción existente entre las sumas reclamada, ofrecida y fijada, corresponde imponerlas en el orden causado (art. 49, apartado 2, inc. a, ley 7.534).

No obsta a tal conclusión el planteo de inconstitucionalidad efectuado -recién al alegar (f. 239)- por la expropiada, pues el mismo ha sido efectuado en términos genéricos, mediante la mera invocación de la garantía constitucional supuestamente vulnerada por las disposiciones aplicadas -inviolabilidad de la propiedad-, mas sin efectuar el desarrollo necesario para demostrar tal afectación, por lo que la insuficiencia aludida obsta al ejercicio de la función que el Alto Tribunal nacional ha calificado como la más delicada que se le ha encomendado y un acto de suma gravedad que debe considerarse como última ratio del orden jurídico (cf. Fallos 304:1733; 314:1705; 317:1081).

Así voto. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Vigo, Falistocco, Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar a la acción expropiatoria y, en consecuencia, declarar transferido a favor de la Provincia de Santa Fe, previo pago del saldo indemnizatorio, el inmueble descripto en esta sentencia.

Fijar la indemnización total al mes de setiembre de 1993 en $ 71.153,79, y condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a los expropiados el saldo adeudado de $ 7.589,49, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -setiembre de 1993- hasta la fecha del efectivo pago, si éste se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados. Costas en el orden causado (art. 49, apartado 2, inc. a, ley 7.534).

Así voto.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Vigo, Falistocco, Gastaldi y Netri, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Hacer lugar a la acción expropiatoria y, en consecuencia, declarar transferido a favor de la Provincia de Santa Fe, previo pago del saldo indemnizatorio, el inmueble descripto en esta sentencia. Fijar la indemnización total al mes de setiembre de 1993 en $ 71.153,79, y condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a los expropiados el saldo adeudado de $ 7.589,49, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -setiembre de 1993- hasta la fecha del efectivo pago, si éste se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados. Costas en el orden causado.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)