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Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, daños y perjuicios, servicio militar, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Samuel, Santiago Ponciano y otra. c/ Gobierno Nacional (Armada Argentina) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08

Corresponde dejar sin efecto la sentencia de Cámara que al decidir sobre los recursos interpuestos contra el fallo de primera instancia, ha prescindido de la consideración de la expresión de agravios formulada por el recurrente, tendiente a obtener la exoneración de su responsabilidad en el hecho que dio motivo a la promoción del proceso -fallecimiento del hijo de los actores mientras cumplía el servicio militar obligatorio- sin que tal omisión haya sido subsanada a raíz del pedido de aclaratoria interpuesto por el interesado.
Juicio de desalojo, facultades de la alzada, plazos para resolver, costas
Materia: CIVIL
Carátula: GIACOSA, Luis Rodolfo c/  s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-11

En ciertos supuestos la ley ha contemplado expresamente como debe resolverse la condena en costas, consagrando una excepción al principio general.

Tal es lo que ocurre con el artículo 703 del Código Procesal Civil que faculta a interponer la acción de desalojo antes del vencimiento del plazo contractual o legal, en cuyo caso la sentencia que ordene la desocupación deberá cumplirse una vez vencido el plazo y en lo concerniente a las costas, dice: "Las costas serán a cargo del actor cuando el demandado no hiciere oposición y cumpla con su obligación de desocupar el bien y devolverlo en el tiempo debido".

Idéntica solución contempla el artículo 688, párrafo 2º, del Código Procesal Civil de la Nación, en el cual en lugar de "oposición" alude al allanamiento. La llamada "condena de futuro" o "demanda anticipada de desalojo" o "pretensión de condena a una prestación futura", faculta a interponer la demanda de desalojo antes de que venza el plazo convenido para la restitución del inmueble y "obedece a la necesidad de prevenir el daño que derivaría de carecer el locador de un título ejecutorio en el momento en que la obligación del locatario de restituir el inmueble se hiciere exigible" (Héctor Eduardo Kenny, Proceso de desalojo, Astrea, año 2.001, pág. 344), sin que resulte necesario que el actor manifieste y menos aún que pruebe la probabilidad de que el demandado incumplirá con la restitución del bien.

Se procura brindar una mayor celeridad, evitando las demoras que podría implicar el trámite de un juicio de desalojo y permitiendo la ejecución de la sentencia obtenida con carácter anticipado en caso de incumplimiento por parte de quien está obligado a la devolución de la cosa.

Evidentemente que si quien está obligado a restituir el inmueble, cumple en término con su prestación, se lo habrá obligado a participar en un proceso innecesariamente, lo que trae aparejado el hecho de haber tenido que afrontar gastos, por lo que la normativa legal prevé que las costas sean impuestas al accionante, lo que requiere dos presupuestos: en primer lugar que el demandado no formule oposición alguna; y, en segundo lugar, que restituya el bien en el plazo y forma convenida.

Configurados los presupuestos "resulta justo que el actor soporte tales gastos y que sean incluidos en la condena en costas" (Kenny, ob. citada, pág. 347); "al ser innecesaria su promoción, por lo cual debe ser el actor quien cargue con ellas" (Roland Arazi- Jorge A. Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal-Culzoni Editores, tomo III, pág. 381).
Intervención de terceros, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: HOSA  S.A.C.I.I.F. Y A. c/ LUGANO CONSTRUCCIONES  S.R.L. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-20

Si la citación de tercero fue requerida por el demandado, y si bien el actor lo aceptó no lo incluyó implícita ni explícitamente en un litisconsorcio, o dicho en otros términos no lo demandó, la sentencia que le extiende solidariamente los alcances de la condena se expide "extra patita".-
Competencia, locación de obra, responsabilidad del locatario, responsabilidad de la sociedad, competencia civil
Materia: COMERCIAL
Carátula: CEVILAN, DANIEL c/ CUENYA CONSTRUCCIONES SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-07

No siendo el locador de obra ni comerciante matriculado ni sociedad mercantil, la justicia en lo comercial resulta incompetente para entender en las cuestiones derivadas del contrato de locación de obra, aún reconocido el carácter de sociedad comercial a la locataria accionada (ley 23637: 43 bis).
Consentimiento tácito, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Ramayo, Néstor Rubén c/ Ex DECA y/o Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-09-14

Para tener por acreditado el debido agotamiento de la vía administrativa como presupuesto ineludible para la habilitación de esta instancia contenciosa, es de vital importancia el riguroso cumplimiento de la etapa administrativa, fundamentalmente en tiempo oportuno, dado que las formas, en ocasiones, pueden ser redimidas en virtud del principio del informalismo.

En autos, el acto cuya revisión se pretende, ha quedado firme y, por lo tanto, es insusceptible de recursos administrativos y judiciales, al haber sido consentido tácitamente por el particular, dejando transcurrir el término legal sin interponer algunos de los recursos que el ordenamiento jurídico impone como obligatorios.

Configurada la firmeza del acto administrativo, el afectado por el mismo ya no puede demandar, carece de acción, pues la situación jurídica decidida por el acto que ha devenido firme se ha consolidado con inmutabilidad tanto en sede administrativa como judicial.

Por lo tanto, corresponde que este Tribunal declare su incompetencia.
Requisa personal, estado de sospecha, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Martín Joel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-27

Si a los preventores les llamó la atención la forma en que se conducía el imputado, caminando presurosamente y mirando hacia atrás, el estado de sospecha es razonable y previa al procedimiento en el que se incautó material estupefaciente. La disidencia consideró que si bien es facultad de la policía en su función específica la prevención e investigación de delitos, no es suficiente para proceder a una requisa el caminar de una forma presurosa mirando hacia atrás. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Fégoli, Madueño -en disidencia-).
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R.E. c/ M.J.O. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

Cabe señalar que no constituye el juicio de alimentos el marco procesal adecuado para adjudicar efectos a la decisión que pudo haber tenido la esposa en el sentido de abandonar el hogar común.

Dicha temática es propia del pleito de divorcio y ajena del juicio de alimentos, que sólo busca establecer una cuota ajustada al caudal económico del alimentante y a las necesidades del alimentado, una vez que queda establecida la obligación de pasar alimentos. Estando las parte de este pleito unidos en matrimonio y no mediando sentencia de divorcio que deniegue el derecho de la esposa y no habiendo esta última incurrido en causal alguna que determine la pérdida del derecho alimentario, está fuera de toda duda amparado el derecho de la aquí actora para que se establezca una cuota a su favor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sanciones administrativas, validez del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: El Pajarito S.A. (Cáceres 9)  c/  s/ Apelación (Ley Pcial. Nº 1.480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-03-21

Toda resolución, aún las del ámbito administrativo que impongan una sanción (incluso con mayor razón) deben tener una argumentación positiva, en cuanto a los argumentos que la justifican, y también una negativa, negando valor dirimente a los argumentos que sustentan el error de aplicación que se pretende. Esto resulta de imposición a cualquier órgano estatal que aplique sanciones.
Sociedad de hecho, mandato, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fortunato Bonelli y Compañía Sociedad Anónima c/ Tauterys Sociedad Anónima y otro s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-23

La invocación de obrar en nombre de un tercero no exige fórmula sacramental ni agregación de testimonio de apoderamiento. Cualquier indicación mostrando a terceros que el suscripto actúa por otro es suficiente, ni interesando sea manuscrita, impresa o fijada con sello. En consecuencia, la firma asentada bajo el sello de una sociedad significa que se asentó en su representación.-
Relación de dependencia, prescripción
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Moor Inés Ricardo. c/ Bodegas y Viñedos "Peñaflor" y/o quien resulte responsable. s/ Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1991-10-16

El otorgamiento de poder a un letrado no interrumpe el curso de la prescripción, tampoco lo hace la mera reclamación entre el empleador que no constituya a éste en mora en términos que puedan razonablemente interpretarse en tal sentido. En la presente causa no surge de las constancias documentales actos del actor que puedan considerarse interruptivos de la prescripción.
Filiación, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: G.M.N. c/ B.J.M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-10-29

En lo que respecta a la determinación del monto del resarcimiento se han establecido pautas para fijar el quantum habiéndose establecido que resulta importante la vida escolar que se vivió sin apellido paterno y la prolongación de esta situación por la infundada resistencia puesta por el demandado en el desarrollo del pleito. Es en el ambiente escolar y en la relación con los compañeros de estudio donde la carencia del emplazamiento del apellido paterno aparecen mas gravosas a las afecciones de un menor. Así también puede no ser solamente el padre el responsable del daño sufrido por el hijo no reconocido. La demora de la madre en accionar por éste no tiene justificativo, salvo su esperanza en un prometido reconocimiento. La responsabilidad compartida por padre y madre responde a distintos enfoques y medidas en uno y otro. (Fundamento del Dr. Luis E. Eidler)
Municipalidad, facultades tributarias municipales, derecho de ocupación del dominio público, tasas
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES s/ ACCION DECLARATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-18

La Municipalidad de Las Flores carece de facultad para imponer a Telefónica de Argentina S.A. las tasas municipales y por ocupación o uso de espacios públicos, criterio sustentado por el suscripto en temas análogos en causa referidas a ésta cuestión impositiva municipal. (1)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, ley penal más benigna, ley vigente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PONCE, LEONARDO NICOLAS c/  s/ EJECUCION DE PENA -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL GIMENEZ, SERGIO ABRAHAM
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-24

Los planteos de la compareciente en relación a la invocada arbitrariedad en la revocación de la sanción disciplinaria impuesta por la autoridad administrativa en función de haberse entendido aplicable la normativa vigente al momento de la comisión de los delitos por los penados -por ser la nueva normativa más gravosa en relación a los plazos de prescripción de la acción disciplinaria-, devienen inidóneos para habilitar la vía intentada, ya que no se advierte en modo alguno que las razones esgrimidas en las instancias ordinarias para convalidar la aplicación de los principios de legalidad, pro homine y benignidad al caso resulten irrazonables o conculcatorias de normas superiores. - Jurisprudencia concordante con Coria, AyS T 292, p 187/191, sumario J0045328.
Delitos contra la fe pública, cheque sin fondos, nombre del beneficiario
Materia: PENAL
Carátula: M., M. C. s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-10-21

Tolerar para el art. 302 inc. 3º una inteligencia del cheque acabadamente ajustada a las enunciaciones y excepciones de los arts.

2 y 3 de la reglamentación, significaría asumir una distinta definición de la que corresponde a la misma palabra en el mismo artículo pero en el inc. 2º, donde hay un "cheque" que al tiempo de su presentación no podrá ser legalmente pagado, o, todavía, suprimir la idea de "cheque" librado en formulario ajeno sin autorización.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dumón c/ Lombardozzo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

La regla general de distribución de la carga de la prueba implica que a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera sea su posición procesal.
Jurisdicción y competencia, juzgado de primera instancia, organización de la justicia, planteo en segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: EXPTE. N° 37536 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. c/ OñA, RICARDO ALBERTO Y OTS. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-06-08

El Tribunal de apelación no actúa como superior jerárquico del órgano judicial de primera instancia, porque a través del recurso de alzada tiende a perfeccionar el conocimiento del asunto dentro de los límites que el recurso de apelación le impone. Así, como el Tribunal debe expedirse dentro del marco recursivo, el juzgado de primera instancia no puede expedirse sobre lo puede ser resuelto por la cámara de apelaciones.
Personal policial, sumario administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, ascenso policial, pago de la remuneración, cobro de retroactivo, acción de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: LAJMADI, JOSE ADRIAN c/ PODER EJECUTIVO s/ ACCION DE ILEGITIMIDAD O ANULACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-06-15

El actor -funcionario policial- interpone Acción de Ilegitimidad o Anulación en contra del Decreto que rechaza el recurso jerárquico por el que solicitara reconocimiento de diferencia haberes al haber sido ascendido con retroactividad al grado de comisario inspector de la Policía de la Provincia, después que se le iniciara sumario y del que resultara sancionado por una falta leve.

Para así decidir, la Administración demandada se basa en el art. 6 inc. "d" última parte del Reglamento de la Junta de Calificaciones para el Personal Policial que niega el derecho a la percepción de retroactividad en los haberes al personal que, luego de un proceso sumarial fuera ascendido, norma respecto de la cual solicita subsidiariamente la declaración de inconstitucionalidad.

Ahora bien, si el sumario instrumentado al actor no fue óbice para su ascenso retroactivo como comisario inspector de la Policía de la Provincia, le corresponde el derecho de gozar en plenitud los atributos del grado otorgado, en un pie de igualdad con aquellos que, habiendo sido ascendidos contemporáneamente no hubieran sido objeto de actuaciones sumariales.

En efecto, es inconstitucional el art. 6 inc." d " última parte del Reglamento de la Junta de Calificaciones para el Personal Policial cuando establece: "En los casos del Art. 93 incs. a, b, c y d de la Ley del Personal Policial, el derecho a la percepción de los haberes, en relación a la nueva jerarquía alcanzada, se computará desde la fecha del Decreto que disponga el ascenso. En ningún caso se reconocerá retroactividad en la remuneración de haberes.

Únicamente se reconocerá retroactividad a los efectos de computar la calificación en los posteriores ascensos", al derivar de un decreto reglamentario que es contrario a lo establecido por una norma jerárquicamente superior como es la Ley del Personal Policial que en su art. 34 determina los derechos esenciales de ese personal, entre otros el de la percepción de haberes correspondientes al grado, cargo y situación.

Siendo todos ellos atributos inescindibles de la jerarquía, los que razonablemente deben ser ejercidos y reconocidos in totum desde el momento del otorgamiento de aquélla.

En conclusión, el artículo cuestionado es contrario a los principios de igual remuneración por igual tarea, igualdad ante la ley, derecho de propiedad y prelación normativa, por lo que corresponde declarar la Inconstitucionalidad peticionada y la consecuente ilegalidad del Decreto que se impugna y que tuviera por fundamento tal norma, haciendo lugar a la acción de ilegitimidad planteada, con costas.
Responsabilidad civil, responsabilidad de los padres, responsabilidad de los directores de establecimientos educacionales
Materia: CIVIL
Carátula: Picciano Roque Gerardo y otra. c/ Establecimiento  Educativo  Esc.  Nac.  Técnica  Electrónica  N. 2 de Haedo y otro. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-26

Por tratarse de la culpa en concreto y siendo que el art. 1117 del Código Civil lo único que hace es transferir a las autoridades educativas (directores, maestros, etc., cualquiera sea su denominación), la responsabilidad de los padres, como regla de la sana hermenéutica cabe que la responsabilidad del Establecimiento y de sus Educadores sea juzgada al igual que la de los padres, es decir ni con mayor, ni con menor rigor, que el que se emplea en aquellas situaciones similares para los progenitores.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, omisión de considerar cuestión propuesta, caducidad, juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PARERA, HORACIO JULIO c/ MACARO, SILVIA BEATRIZ s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-07

Asiste razón al recurrente al postular la descalificación constitucional del decisorio cuestionado desde que la Sala ha omitido considerar una cuestión fundamental para la suerte de la litis, vinculada a lo resuelto por el Juez interviniente, quien pese a reconocer que la causa se encontraba en condiciones de ser resuelta, dispuso la suspensión del proceso civil a la espera de la conclusión de la causa penal, con sustento en una norma de orden público, lo que no pudo ser ignorado por la Sala al declarar la caducidad sin incurrir en arbitrariedad y lesión de los derechos constitucionales invocados por el recurrente. Es que, si conforme al artículo 413, inciso b), no quedaba nada más que el dictado de la sentencia, y ésta no podía pronunciarse en virtud de la suspensión dispuesta por el Juez a raíz de la existencia de prejudicialidad penal, ninguna actividad impulsoria cabía realizar a la parte actora.
Delitos informáticos, cuentas bancarias, defraudación, competencia por el territorio, economía procesal
Materia: PENAL-PROCESAL-INFORMATICO
Carátula: Pavón, Cristian Sebastián c/  s/ Estafa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-29

En atención a los distintos lugares donde se desarrollaron actos con relevancia típica y a que se desconoce el autor o autores de la defraudación cometida mediante ataque informático a una cuenta bancaria ("phishing"), corresponde que, por razones de economía procesal, el magistrado del ámbito territorial donde se encuentra aquella y, además, tiene su domicilio su titular, continúe con la investigación. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Alegato, transformación de la demanda, ampliación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: POLLEDO  S.A.I.C.F.  Y OTRAS c/ ESTADO NACIONAL ( CONICET ) s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

En el alegato no puede ampliarse ni transformarse la demanda (arg. arts. 331 y 482, 2 parr., CPC;, pero sí limitarse la cuestión controvertida, tanto en su aspecto fáctico como en el alcance de la pretensión.
Recurso extraordinario, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Cerruda, Enrique Omar c/ Varela, Roberto s/ indemnización por antigüedad - por despido -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

El auto de concesión del recurso extraordinario debe resolver circunstanciadamente si la apelación federal, "prima facie" valorada, cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para darle sustento; lo que es exigible no sólo cuando el recurso se basa en la doctrina de la arbitrariedad, sino también en los casos en que se invocan cláusulas constitucionales, respecto de la relación directa que ellas deben guardar con la cuestión objeto del pleito.
Personal contratado, competencia laboral
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: SORIA, FABIANA SANDRA c/ MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA s/ ORDINARIO - DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-09-30

Ante la contratación de personal por parte de la Administración Pública en condiciones irregulares, contratación que priva a ese personal de la vía ordinaria que confiere el derecho laboral privado así como de la vía contencioso administrativa que confiere el empleo público, corresponde que el Tribunal asuma competencia en razón de la materia, ante la alegación de la existencia de una relación de dependencia jurídico laboral, en virtud esencialmente de lo prescripto por el art. 1° de la ley 7987, pues son los hechos y el derecho invocados en la demanda los relevantes para el encauzamiento procesal.
Liquidación, impugnación de la liquidación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sanchez Fuentes, Horacio c/ Rasquela, Carlos y otra s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

El trámite de la liquidación debe regirse por las mismas reglas del proceso en el cual se lo realiza, por lo tanto, si en la ejecución la defensa de pago sólo es admitida cuando el recibo hace expresa mención a la deuda ejecutada, corresponde que aquí apliquemos idéntico principio. Los pagos a cuenta que se pretenden descontar de la liquidación deben constar en recibos extendidos por el acreedor o su letrado apoderado facultado a percibir) con expresa alusión a la causa a la cual deben ser imputados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, desistimiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Samipe S.R.L. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-06-25

Ante el incumplimiento por parte del concursado de la carga que establece el art. 6 de la ley 24.522, se produce lo que en doctrina se llama desistimiento sanción voluntario, siendo inapelable la resolución en la que se declara la cesación del procedimiento de pleno derecho, toda vez que es insusceptible de apelación el auto que decreta el desistimiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, derechos personalísimos, ofensas cometidas por medio de la prensa, responsabilidad del editor, noticia inexacta
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ DE VIVAR, Elisa Matilde c/ NEUSTADT, Bernardo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-21

Si bien es cierto que no se puede exigir a los órganos de prensa, que antes de dar una información verifiquen la verdad absoluta de ella, pues ello podría ser tan dificultoso que en los hechos restringiría o limitaría en exceso el derecho de informar, sí es necesario que el informador pueda probar que trató de verificar la verdad de los hechos de manera diligente y razonable.