Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-11-13


Nº__274___/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los señores integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, ALBERTO MARIO MODI y RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, asistidos por la Secretaria Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "Gonzalez Gold, Amaro Enrique C/ Salvat, Ovidio Julio S/ Juicio Ordinario", Nº 8/08-1-C, año 2014, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 149/152 vta. por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 135/138 vta.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? 1º) Relato de la causa. El remedio de marras fue declarado admisible a fs. 153 y vta. Corrido el pertinente traslado, el mismo fue contestado a fs. 161/162 vta. Por lo demás el recurso extraordinario fue concedido a fs. 164 y vta. Elevada la causa, la misma se radicó a fs. 167 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia y se llamó autos, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

2º) Recaudos de admisibilidad. En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del recurso en trato, encontramos reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, planteo de la cuestión constitucional y la decisión atacada es definitiva. Esta Sala repetidamente ha dicho que las sentencias que declaran la caducidad de la instancia, por lo general, no gozan de ese carácter, salvo excepción que entendemos se da en estos autos. Ello, porque atento el tiempo transcurrido se habría operado la prescripción de la acción, motivo del presente juicio.

3º) El caso. El abogado Amaro Enrique González Gold inició demanda ordinaria persiguiendo el cobro de honorarios extrajudiciales contra el Sr. Ovidio J. Salvat. A fs. 94 y vta. el abogado del demandado planteó la caducidad de la instancia, con fundamento en lo dispuesto por el art. 290 del Código Procesal Civil y Comercial. El actor, al contestar el traslado oportunamente corrido, solicitó el rechazo de la perención peticionada en base a dos defensas: 1) falta de legitimación para interponer la caducidad; 2) el proceso estaba pendiente de una resolución judicial, y la demora en dictarla era imputable al tribunal, por lo que resultaba aplicable el art. 293 del código de rito.

El juzgado de primera instancia desestimó la caducidad haciendo lugar a uno de los planteos de la parte actora, cual es la falta de legitimación del abogado para interponer la perención, en atención a que el acuse lo hizo por derecho propio y no por su cliente. De allí que el tribunal de origen no analizó el supuesto del art. 293 de la ley adjetiva.

Luego, la parte demandada interpuso recurso de apelación y la Cámara de Apelaciones lo admitió, por cuanto consideró que el análisis efectuado en primera instancia -con relación a la falta de legitimación- fue erróneo, y en consecuencia declaró la caducidad de instancia. Entendió el Tribunal de segunda instancia que el profesional de la parte demandada incurrió en un error material excusable al solicitar la caducidad de instancia invocando la leyenda "por derecho propio", siendo que tenía poder en el expediente, por lo que consideró que la juez de competencia originaria incurrió en un excesivo ritualismo, ya que exigió solemnidades, ignorando el resto de la documentación adjunta y el mandado conferido en el mismo.

4º) Los agravios extraordinarios. Sostiene la parte recurrente que el Tribunal de Apelación omitió resolver defensas oportunamente propuestas al contestar el planteo de caducidad, específicamente que el caso se encuentra dentro de la órbita del art. 293 del Código Procesal Civil y Comercial.

5º) La solución propiciada. Planteada la cuestión en los términos reseñados en los considerandos anteriores, cabe puntualizar que, como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en doctrina aplicable al recurso extraordinario local, que participa de similares motivos que el estatuido en el orden federal, lo atinente al examen del alcance de las peticiones de las partes y de la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis es extraña, en principio, a la vía extraordinaria (Rep. E.D., 15, p. 846, nº 201). También es cierto que tal directriz admite excepción con base en la doctrina de la arbitrariedad.

6º) Sentado lo que antecede, estimamos que en autos se ha configurado el aludido supuesto de excepción. Ello toda vez que la parte actora al contestar el acuse de caducidad de instancia introducido por la accionada, expresamente, entre otras defensas, planteó que en autos se daba el supuesto previsto por el art. 293 del código de rito y por ende la perención debía ser desestimada (conf. fs. 98 vta., 2º párr. y sgtes. y fs. 99).

Sin embargo, la Cámara, al revocar la decisión de primera instancia, no dio respuesta a la defensa desplegada por el actor -relativa a la aplicación al caso del aludido art. 293 del código de procedimiento-, limitándose los sentenciantes a considerar si existió o no falta de legitimación para plantear la caducidad de instancia.

7º) Es que ante la defensa puntual incoada por el recurrente, la Alzada debió dar alguna respuesta -ya sea positiva o negativa a la misma-, para resolver la cuestión atinente a si el proceso estuvo pendiente de alguna resolución judicial, y eventualmente si tal extremo era imputable al tribunal -siendo que ello fue desarrollado por el quejoso al contestar el traslado de la caducidad-.

Sobre el punto interesa citar lo dicho con anterioridad por este Alto Cuerpo, en el sentido que ".si el perdidoso apela, debe la cámara ocuparse de todas las defensas incorporadas oportunamente por quien resultó ganancioso." (conf. Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los recursos ordinarios", Librería Editoria Platense S.R.L., Buenos Aires, 1988, pág. 419, citado en Sent. Nº 85/14).

8º) Es que, tal como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (conf. Fallos 297:100; 298:360; 299:226) y entiende -además- que la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos, reconoce raíz constitucional (Fallos 240:160; 247:260, cit. en Sent. Nº 240/06 de esta Sala).

Al respecto, este Tribunal ha puntualizado que resulta pasible de la tacha de arbitrariedad la sentencia que omite la consideración de argumentos decisivos para la solución del diferendo, y tal omisión lesiona el derecho de defensa del recurrente, amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional, por lo que debe ser descalificado (conf. Sent. Nº 06/92), en igual sentido se ha pronunciado el más Alto Tribunal de la Nación (Fallos 228:279, cit. por Genaro y Alejandro Carrió, "El recurso extraordinario por sentencia arbitraria", 3º edición, v.I, págs. 69 y 65, y Sent. Nº 66/99 y 240/06, de esta Sala).

9º) En razón de lo expuesto, y sin entrar a emitir opinión sobre la procedencia de la postura del recurrente, que debe ser examinada nuevamente con amplia jurisdicción por los tribunales ordinarios -esto es con la competencia abierta a la Alzada respecto de todos los planteos introducidos por ambas partes-, entendemos que aparecen configurados los requisitos que hacen a la existencia de la arbitrariedad, en tanto la recurrida contiene una motivación insuficiente, por lo que la descalificación del fallo deviene inexcusable.

10º) Por lo tanto, corresponde acoger favorablemente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 149/152 vta. por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 135/138 vta., debiendo remitirse la presente a la Sala que corresponda a fin de que dicte nuevo pronunciamiento.

11º) Costas. Dado el resultado que propiciamos, las correspondientes a esta instancia se imponen a la parte recurrida vencida.

12º) Regulación de honorarios. La estimación de los emolumentos profesionales se difiere para la oportunidad en que exista base económica (art. 5, 4° párr., ley 2.011, y modificatoria ley 5.532).

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA N°__274___ I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 149/152 vta. por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 135/138 vta., y en consecuencia, decretar la nulidad de la misma.

II.- DEVOLVER los autos a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad para que la Sala que corresponda emita nuevo pronunciamiento.

III.- IMPONER las costas a la parte recurrida vencida.

IV.- DIFERIR la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad dispuesta en el Acuerdo que antecede.

V.- REGISTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase la presente por correo electrónico a la Sra. Presidente de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, y a la Sra. Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos conforme se ordena en el punto II.

MARTA SUSANA COLUSSI- Abogada- Secretaria