marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intervención de línea telefónica, denuncia anónima, estupefacientes, validez del acto administrativo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Torres Villanueva, Richar y Otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-12

Es válido el decreto que dispuso la intervención telefónica si los elementos con los que contaba el juez antes de ordenar la medida cuestionada, eran de una entidad tal que ameritaban disponer la limitación de la garantía constitucional prevista en el art. 19 CN, ya que existía una presunción razonable de la comisión de un delito pues, a raíz de una denuncia anónima, la investigación policial determinó que el imputado llevaba una vida bastante ostentosa en comparación con su actividad de mecánico y que concurría asiduamente a domicilios donde supuestamente estaban instaladas "cocinas" de estupefacientes, asimismo, el magistrado -previo a disponer la medida- recibió declaración testimonial al preventor que había desplegado las tareas de inteligencia. El voto concurrente recordó que si bien el dictado de medidas de injerencia en el ámbito de la privacidad de las personas debe ser dispuesto de manera restrictiva, ello no presupone certeza ni plena prueba de culpabilidad de la persona que deba soportarla, sino que basta con que la circunstancia que la sustente sea probable.
Derecho laboral, contrato de trabajo, empleo público, deberes del funcionario público
Materia: LABORAL
Carátula: De Carlos, Nadia Celia  c/ Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

La demandada cuestiona que la jueza de la anterior instancia haya determinado que el vínculo que tenía con la actora resultaba sometido a regulación regida por las prescripciones establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo y disposiciones complementarias. La actora fue designada "ad referéndum del Poder Ejecutivo Nacional", con el objeto de desarrollar la función y ostentar el cargo de "Directora General de Recursos Humanos" en calidad de "funcionaria política". La relación entre la demandada y la actora luciría encuadrable dentro de la categoría "Personal de Conducción Superior" y se le aplicaría el régimen legal de los funcionarios políticos. La demandante no podría ser catalogada personal dependiente de la demandada ya que se incorporó a tal organismo a fin de desempeñarse en calidad de Directora, sin experiencia previa ni antigüedad de índole alguna en el ente, y sin superar airosa ningún escrutinio tendiente a comprobar su idoneidad para la posición. Ello permite divisar que el rol ostentado por la accionante resulto ajeno a la concepción de "empleado/a" y, en contraposición a ello, inmanente a la categoría de "funcionario/a público/a, inescindiblemente vinculado a la ejecución de las políticas estatales que procure imprimir el partido electo en determinados comicios. Cabe revocar el pronunciamiento de la instancia anterior y dejar sin efecto la condena.
Proceso penal, reconstrucción del expediente, principios procesales, defensa en juicio, declaración testimonial
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Gagliardi, Romeo y otro s/ Reconstrucción de Expedientes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

El proceso tiene sus tiempos y el principio de progresividad impide que el juicio criminal se retrotraiga a etapas ya superadas, pues los actos procesales precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas legales.

En la etapa del plenario la Juez no puede sustituir a las partes, y la bilateralidad, exigencia del debido proceso, impone en el procedimiento penal que el juzgador se abstenga de completar omisiones del acusador, reglas aplicables aún en el caso de expedientes desaparecidos donde se dispuso su reconstrucción.

No puede valorarse como prueba válida, las declaraciones testimoniales dispuestas por el Juez de oficio en una causa reconstruida que se encontraba en la etapa del plenario, pues ello implica una transmutación de roles con el Ministerio Fiscal que conspira contra el derecho de defensa al quebrarse el equilibrio que el procedimiento impuso en este tramo del proceso.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, daños y perjuicios, servicio público, responsabilidad del Estado
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ledesma,  Luis c/ Santiago  del Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Si se persigue la reparación de los daños y perjuicios derivados del irregular funcionamiento del servicio de un hospital público, la pretensión subsume el caso en un supuesto de responsabilidad del Estado local por la presunta falta de servicio -por acción o por omisión- en que habría incurrido un órgano de la provincia, que se sustenta en el cumplimiento irregular de funciones que corresponden al ámbito del derecho público, como lo es de la prestación del servicio público hospitalario; materia cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y de resorte exclusivo de los gobiernos locales.
Concurso preventivo, indemnización, embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: DURAN OBDULIO c/ MADERO LENHARDTSON Y CIA SRL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-17

Cabe admitir el reclamo indemnizatorio en concepto de daño moral, incoado con motivo del proceso ejecutivo seguido contra la actora, toda vez que fue demostrado posteriormente, en un proceso concursal, que dicho accionar fue incausado. En ese marco, el haber sido el ejecutado (aquí actor) sujeto pasivo de un proceso sin derecho, de la traba de embargo sobre el inmueble donde vivía con su esposa e hijos y posterior subasta del mismo, es una situación que seguramente ha causado angustia, malestar y padecimientos. En ese marco, es claro que el accionar de la demandada ha causado en el actor molestias en sus sentimientos, relaciones familiares, de amistad y hasta incluso dificultades a nivel laboral, según el ordinario acontecer de los hechos. (En el caso, se fijó la suma de $ 10.000).
Compraventa inmobiliaria, contratos de adhesión, interpretación del contrato, subsistencia del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: COSCUELLA, Liliana C c/ TAMANACO  S.R.L. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-12

El principio de conservación del negocio jurídico conduce a favorecer la eficacia del contrato y su subsistencia. Por eso es que, como regla de interpretación, en caso de duda debe estarse por la validez y no por la nulidad (arg.art. 218, inc. 3, Código de Comercio; conf. Lavalle Cobo, en Belluscio-Zannoni, "Código Civil comentado", t.V., comentario al art. 1198, p. 910, nro. 16; Santoro Passarelli,"Doctrinas generales del derecho civil", Madrid, 1964, p.

282; García Amigo, "Instituciones de derecho civil, Parte general", Madrid, 1979, p. 839; García Valdecasas, "La parte general del derecho civil español", Madrid, 1983, p. 344). Debe encuadrarse al negocio en la totalidad del ambiente social y apreciarlo conforme a los puntos de vista más corrientes en las típicas manifestaciones de autonomía privada (conf. Betti, "Interpretación de la ley y de los actos jurídicos", Madrid, 1975, p. 377). Aunque los contratos de construcción de departamentos "al costo y por administración", corrientes en nuestro medio, por lo menos hasta hace pocos años, constituyen en la práctica negocios con cláusulas predispuestas por una de las partes -la empresaria-, a las que prestan adhesión los adquirentes, no por eso han de reputarse ineficaces, sin perjuicio de que, como lo recomendaran por unanimidad las VIII Jornadas de Derecho Civil (La Plata, 1981), "las condiciones generales deben ser interpretadas, en caso de oscuridad o duda, en contra del predisponente y en favor del adherente" (conf. Vallespinos, "El contrato por adhesión a condiciones generales", Bs.As., 1984, especialmente, p. 452 y siguientes).-
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Programa Jefes de Hogar
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Zamorano, Guillermo Daniel s/ denuncia por planes sociales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

Si el imputado es ejecutor del plan asistencial "Programa Jefes de Hogar" creado por decreto 565/02, las irregularidades denunciadas, además de perjudicar efectivamente las rentas nacionales, habrían afectado el normal desenvolvimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la medida en que aparecerían firmando la planilla de asistencia beneficiarios que no cumplirían tareas en el proyecto asignado, por lo que corresponde que la justicia federal siga conociendo en las actuaciones. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso de apelación (procesal), considerandos de la sentencia, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: KOFFMAN, Viviana Edith y otro c/ KESSLER, Irene Elsa y otros s/ REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-30

Los considerandos no son susceptibles de ser apelados si la parte dispositiva no agravia al recurrente, salvo supuestos de excepción, en que el recurso resulta admisible, si lo dicho en ellos puede tener consecuencias en posibles futuros reclamos emanados de la misma relación jurídica o constituyen la motivación inescindible de aquellas manifestaciones.
Derecho contravencional y de faltas, trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: Castillo, Miguel Angel s/ infracción art. 43 inc. h) dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

La restricción la libertad personal como es el arresto, no se armoniza fácilmente con el actual Código de Procedimientos en lo Penal, cuyas normas son de aplicación supletoria al Código de Faltas, en función de lo que dicta el art. 3 del dec. ley 8031/73.

La ley 11.922 limita grandemente - en consonancia con nuestras Cartas Fundamentales - la posibilidad de coartar la libertad individual antes de la sentencia definitiva, siendo por ende, para nuestro derecho positivo, la libertad en el proceso, la regla, y la detención preventiva, su excepción ( arts. 18 C.N.; art. 15 Const.

Bs. As; 144 C.P.P. ). Esta interpretación nos obliga a restringir la detención de los infraccionados al mínimo posible y conceder de oficio, tal como manda la legislación en ésta materia, con criterio amplio y favorable al afectado, el beneficio de la excarcelación siempre y cuando la situación lo permita ( art. 1 C.P.P. ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, base regulatoria, monto del juicio, rechazo de la demanda, actualización monetaria, cómputo de la actualización, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: GALLO, CARLOS E. Y OTROS c/ FERRAROTTI, AMADEO DOMINGO Y OTRO s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-22

Al haber mediado un rechazo total de la demanda, el monto del litigio está dado por el reclamo impetrado por la parte accionante.

Esa es la base regulatoria que debe tomarse para fijar los emolumentos de los profesionales, sin que corresponda retrotraerse a la fecha de celebración del negocio jurídico que dio fundamento a la acción. En esa inteligencia y al haberse determinado precisamente la suma reclamada, debe adoptarse el mismo criterio que se aplicaría en el supuesto de haber prosperado aquella. Esto es, actualización del monto reclamado a partir de la notificación de la demanda.
Cuestiones de competencia, inhabilitación (civil), curador provisional, honorarios del curador, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: L., M.C. s/ INHABILITACIÓN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-10

Corresponde intervenir al juez que entendió en la inhabilitación en la regulación de honorarios del curador provisional del presunto incapaz, ya que es ante quien se han llevado a cabo los trabajos susceptibles de retribución y quien se encuentra en mejores condiciones para evaluar la calidad, extensión y eficacia de las tareas realizadas.
Juicio ejecutivo, cheque, falta de pago, endoso
Materia: COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA  DE VIV. CRED. Y CONSUMO CONCEPCION LTDA. c/ SANCHEZ,CHRISTIAN ALEJANDRO S/ s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Cabe desestimar la ejecución de un cheque, cuando del reverso del mismo se desprende que, si bien el ejecutante dispone de la acción ejecutiva para reclamar el pago al ejecutado, también este la tendría luego respecto de aquel en virtud de la secuencia y reiteración de los endosos; de tal manera, la admisión de la ejecución habilitaría una nueva acción, con rol inverso y sujeta a las mismas constancias y reglas cambiarias, en desmedro del principio de economía procesal; ello así, resulta apropiado excluir el ejercicio de la acción cambiaria por la vía ejecutiva para los reclamos mutuos que ejecutante y ejecutado pudieran tener como consecuencia de sus intervenciones en el cheque que exhiba la situación del ejecutante como sujeto, a su vez, pasivo de la misma acción, debiendo en todo caso recurrir a un proceso de conocimiento quien se considere acreedor del otro no obstante lo que se desprende de la literalidad del documento.
Ius variandi, condiciones de trabajo, cambio de tareas, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: ESPIÑEIRA, MARCELO c/ INTERCAR  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-05

El salario es indisponible frente al empleador y siendo un elemento esencial del contrato de trabajo es inmodificable por decisión unilateral del mismo, pero si las cláusulas contractuales varían por modificarse la naturaleza de la tarea prestada, circunstancia que debe estar consentida por el trabajador, no puede pretenderse que el salario permanezca inmutable.
Concursos, sociedad anónima, fiador, directorio, comerciante
Materia: COMERCIAL
Carátula: LISCOVSKY, ISRAEL s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-22

La circunstancia de que los créditos informados por la sindicatura respondan casi exclusivamente a fianzas otorgadas a favor de una sociedad anónima por obligaciones comerciales que ésta asuma, no confiere al fiador la calidad de comerciante, aún cuando los contratos se encuentran regidos por la ley mercantil.

La calidad de director de una S.A. tampoco confiere la calidad de comerciante.
Derecho laboral, facultades disciplinarias, cobro de sumas de dinero, pérdida de confianza, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Quiroga, Ramón Horacio c/ Securitas Argentina S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-07-01

El legislador laboral otorgó al empresario empleador la extraordinaria -extraña a otro tipos de contratos- facultad de sancionar personalmente a sus trabajadores, permitiéndole afectar incluso su derecho a la integridad salarial (lo cual no deja de generar un leve pero indisimulable escozor por las reminiscencias al instituto de la servidumbre que acarrea); y todo con el objetivo de potenciar sus poderes de organización y dirección (art. 64 y 65 de la LCT). Ante ello resulta equitativo exigirle que tan poderosa herramienta sea utilizada con suma delicadeza, teniendo siempre presente los deberes de obrar de buena fe (63 LCT), según los fines de la empresa (art. 68 LCT) y el principio de continuidad del contrato (art. 10 y 91 LCT) (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Arrendamientos y aparcerías rurales, contratos asociativos
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARREBILLAGA, RAUL c/ SAN SEBASTIAN  SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-20

En materia de contratos vinculados a las explotaciones agropecuarias se da una variada gama de tipos asociativos, entre ellos los caracterizados como parciarios o de mediería, que se caracterizan por el resultado (la fructificación) y por la colaboración entre capital y trabajo, así como la retribución en base al rinde. Sin embargo, tal caracterización dentro de los contratos descriptos, no excluye la existencia de intereses individuales de cada contratante, pues ese interés es nota general de las relaciones económicas privadas (LS: 248).
Accidentes de trabajo, acción civil, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: MOLINA MARIO CESAR c/ ROWECO S.A. Y OTRA s/ INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD, RUBROS ADEUDADOS e  INCONSTITUCIONALIDAD LEY 24557
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-03-23

Habiéndose fundado la demanda expresamente en la responsabilidad derivada de la aplicación del artículo 1113 del Código Civil, se trata de una acción excluida del régimen legal que el sentenciante declarara aplicable al caso al rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo que formulara la actora en el promocional y que ha quedado firme.

La condena que el a quo impone con fundamento en la ley 24557 no coincide con lo reclamado por el accionante; no se trata de un error u omisión en el fundamento normativo de la demanda, que puede ser suplido haciendo aplicación del principio procesal "iura novit curia", sino que la pretensión es considerada improcedente, no resultando ajustado a derecho condenar por un reclamo que no ha sido objeto del juicio, ya que ello implica variar la "causa pretendi", que es un límite a la facultad del juzgador. Por ello, corresponde el rechazo de la acción deducida.
Beneficios previsionales, gratificaciones, anticipos previsionales, modificación de la ley
Materia: LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BESIO, Juan c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29

Si el actor percibió varias sumas de dinero en carácter de anticipo de la gratificación extraordinaria establecida por la Resolución 321/81, para el personal en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio, tales percepciones de dinero deben considerarse como un principio de ejecución que generó en aquél la expectativa lógica de la percepción global de la bonificación en cuestión. La modificación impuesta a posteriori por medio de la Resolución del Directorio 437/91 no modifica tal conclusión pues ocurrió con posterioridad a que el diseño anterior cobrara operatividad con relación al trabajador.(Del voto de la Dra. Porta, en minoría)
Contrato de trabajo, trabajo de mujeres, denuncia del embarazo, despido discriminatorio
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ CORTEZ, ESTELA MARIA DEL VALLE c/ GOLMAN, CHRISTIAN EZEQUIEL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-25

La contemporaneidad entre la comunicación de la trabajadora de su estado de gravidez al dador de trabajo y el inmediato despido dispuesto; permite inferir sin más que la ruptura dispuesta tuvo directa vinculación con la comunicación del embarazo, lo que conlleva a ver en ello un acto discriminatorio. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Suspensión del juicio a prueba, acción penal, Ministerio Público
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Q., M.G. s/ Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-13

Desde que el principio de irretractabilidad veda al juez hacer cesar la acción penal pública, excepto en los casos expresamente previstos por la ley, y el ordenamiento sustancial antes que dar luz verde a los Magistrados para que impongan una suspensión del juicio por encima de la opinión contraria del Fiscal, reclama su consentimiento, ésta intervención y ésta afirmativa son condiciones obligatorias, vinculantes e ineludibles para que las eventualidades del C.P., artículo 76 ter., acaezcan con arreglo a derecho.
Mutuo dinerario, relación de consumo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CONSUMO S.A. s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-06

Existe una relación de consumo regida por la Ley de Defensa del Consumidor en el supuesto de préstamo de dinero en efectivo contra la firma de un pagaré como garantía, atento la falta de vinculación de dicha entrega de dinero a la adquisición de ningún bien o servicio y la ausencia de contrato alguno entre las partes no enerva el carácter de proveedor del ejecutante.
Silencio, contratos, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: OLMOS Silvia Graciela c/ Rivero Juan Raúl s/ Reivindicación -Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-04-27

Sabido es que el silencio opuesto a actos, o a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación "sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes" (art. 919, C.C.).

En una palabra, el silencio cobra una consecuencia jurídica determinante en esta causa, porque autoriza a tipificar la conducta negativa ante la falta de respuesta en la hipótesis normativa del citado artículo, que a su vez debe ser interpretado en concordancia con el art. 915. En ese sentido permite aplicar la presunción de la ley referida a la expresión de una voluntad tácita.
Resoluciones equiparables a definitiva, falta de contestación de la demanda, acción reivindicatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Alcetegaray, Edgardo Pedro c/ Arias, Ariel y otros s/ Reivindicación y daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-03-20

La resolución que tuvo por no contestada en término la acción resulta equiparable a definitiva, por deparar un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, con mengua de la defensa en juicio y el debido proceso (arts. 10, 15, Const. prov. y 18, Const. nac.).(doctor de Lázzari, minoría)
Aplicación errónea de la ley, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: Brunchi, Patricia Edith c/  s/ robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-31

No se verifica una errónea aplicación del art. 166, inc. 2, primer párrafo, del Código Penal, si se estableció que en la ejecución del robo se empleó una tijera que tenía idoneidad suficiente para herir, y que se lo empleó de manera peligrosa para la integridad corporal de la víctima, al apoyar sus puntas sobre el cuello del damnificado, de modo que el empleo de ese elemento ha concretado, sin duda, el riesgo concreto para la integridad corporal que está en la base de la citada figura agravada pues el acometimiento no se ha agotado en la pura intimidación. Al respecto, la pretensión de la defensa en punto a sostener que el instrumento empleado en el hecho no satisface los requisitos objetivos del citado tipo penal parte de un apego a un concepto de arma que sólo toma en cuenta la finalidad del constructor o fabricante del objeto, y no la finalidad del que la emplea para un destino. No se explica por qué es la finalidad del que construye el objeto la que debe primar sobre la decisión de emplear el objeto destinándolo a herir o matar a una persona, o a poner en peligro concreto su integridad corporal o su vida. La preferencia por una concepción que se apega a lo literal del concepto, y no a la mente o concepción del constructor, se decide mirando la cuestión desde el fin de protección de la norma (voto del juez García).