Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29


SENTENCIA DEFINITIVA N° 64121 SALA VI Expediente Nro.: 3.998/2009 (Juzg. N° 66) AUTOS: "CAPURRO SERGIO CARLOS C/ CONDICORT S.R.L. Y OTRO S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL" Buenos Aires,	29	de	JUNIO	de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

I. Llegan los autos a esta alzada con motivo de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia de fs. 380/389, interpusieran las codemandadas "CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.", "CONDICORT S.R.L." y el actor a tenor de los memoriales obrantes a f. 393/402, 404/406 y 407/409, respectivamente. También apela el perito contador a fs. 380/389 la regulación de honorarios dispuesta a su favor por estimarla reducida.

II. El magistrado de primera instancia hizo lugar a la demanda incoada por SERGIO CARLOS CAPURRO contra "CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A." y "CONDICORT S.R.L." y condenó a éstas a abonar al actor la suma de $ 12.500 (Pesos Doce Mil Quinientos) con más los intereses dispuestos en concepto de indemnización por accidente de trabajo.

III. Todos los litigantes se alzan contra aquélla decisión. En primer lugar efectuaré una breve mención de los puntos cuestionados por cada una de las partes para luego analizarlos conjuntamente:

a) La queja interpuesta de la parte codemandada "CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A." está dirigida a cuestionar la condena solidaria de oficio -a su entender- en los términos del art. 1074 del Código Civil. Manifiesta que en virtud de como ha quedado trabada la litis no debió extenderse la condena más allá de los límites del contrato de afiliación. Cuestiona también la valoración de la prueba efectuada por el "a quo", así como la imposición de costas y la regulación de honorarios.

b) "CONDICORT S.R.L." se agravia en razón de la condena dispuesta en los términos del art. 1113 del Código Civil. Señala que no existe incapacidad laborativa relacionada causalmente con las tareas realizadas por el actor, a tal fin analiza la pericial médica que -a su entender- evidencia que el accionante es portador de una patología de tipo degenerativo. También dice que no intervino una cosa riesgosa o viciosa en la producción del daño y por tanto resulta improcedente la declaración de inconstitucionalidad del art. 39, apartado 1, de la Ley 24.557. Se agravio finalmente del modo en que se impusieron las costas de juicio y de los honorarios regulados.

c) La parte actora apela la determinación de incapacidad fijada por el sentenciante, el monto indemnizatorio otorgado en virtud de aquélla y el daño moral. Cuestiona la valoración de la prueba pericial médica, solicita se aplique la fórmula "VUOTTO" y se determine con claridad los intereses dispuestos. Asimismo, se queja de la regulación de honorarios fijados a favor de su representación letrada por estimarlos reducidos.

IV. En primer lugar, corresponde analizar el tema de fondo, referido a la procedencia de la pretensión sustentada en los preceptos de la ley civil (arts. 1113 y 1074). Para ello, con carácter previo, me centraré en la determinación de incapacidad y la naturaleza laboral de la misma, que resultó materia central de las quejas mantenidas por la codemandada "CONDICORT S.R.L." y el accionante.

El magistrado "a quo" le otorgó fuerza probatoria a las conclusiones del perito médico que afirman que el actor es portador de una incapacidad del 5% de la T.O. y concluyó que solo el 50% de aquélla se puede atribuir exclusivamente al trabajo, lo que arroja un total del 2,5% de la T.O. resarcible.	Para arribar a tal decisión analizó detalladamente la peritación médica de fs. 353/358, que dice: ".que clínicamente no presenta contractura muscular ni puntos dolorosos a la palpación, ni limitación funcional ni signos neurológicos periféricos (fs. 357); que la enfermedad que padece el actor (pequeña protusión discal con signos de discitis) es consecuencia de un proceso degenerativo, donde pueden incidir factores individuales como la edad o sucesos no identificados como traumatismos, posturas incorrectas, ansiedad o debilidad genética (fs. 358); que el actor no está en condiciones de realizar tareas que impliquen esfuerzos ni movimientos de cuello; y concluye que si bien no hay constancia de examen preocupacional, de probarse por los medios procesales pertinentes la tarea de esfuerzo consistente en descargar y cargas cajas de 20 a 50 kilos, el trabajo pudo hacer incidido en la cervicalgía ocasionada por la protrusión discal.".

Considero que las manifestaciones efectuadas por los apelantes en sus respectivos escritos recursivos no logran en modo alguno modificar las argumentaciones en las que el juez de grado funda su decisión.

En primer lugar, no se encuentra controvertido en esta instancia que el actor cargaba y descargaba camiones, levantaba cajas al hombro y que realizó esa tarea por mucho tiempo, mientras se desempeñó para la accionada. Tampoco que el actor posea una incapacidad parcial y permanente del 5% de la total obrera.

Ahora bien, corresponde examinar si esa incapacidad se relaciona causalmente al trabajo y, en su caso, en que proporción resulta atribuirle.

En primer lugar, observo que la queja de la codemandada "CONDICORT S.R.L." incurre en deserción ya que no constituye una crítica concreta, razonada y pormenorizada de los argumentos traídos por el judiciante para rebatir la decisión. En este sentido, se limita a efectuar iguales impugnaciones que las oportunamente puestas a consideración del sentenciante y que expresamente fueron descartadas en el decisorio en crisis con fundamento en que se hace hincapié en la incidencia del factor genético y al carácter de enfermedad degenerativa de la patología que padece el actor, cuando en definitiva lo relevante es que no se cuenta con el examen preocupacional del trabajador que pudiere sostener que fuera portador al inicio del vínculo contractual de signos que revelen una patología de la índole hallada y que permita descartar la causalidad a la que refiere el "a quo". Téngase en cuenta que la empleadora "CONDICORT S.R.L." no le ha exhibido al perito contador el legajo del actor (v. fs.359vta) ni ha acompañado en autos documental alguna al respecto y, en efecto, tal circunstancia crea una presunción de certeza -no desvirtuada- de las invocaciones del actor acerca de que a su ingreso se encontraba en óptimas condiciones de labor.

Por lo demás, considero que la cuestión referida a determinar la relación causal del daño y de las tareas realizadas por el accionante es una facultad plenamente judicial, que si bien puede verse influida por determinados factores médicos, no son los especialistas quienes deben expedirse y resolver al respecto ya que su potestad es estrictamente médica (conf. S.D. 63809, del 28/3/2012 en autos: "POLICHENI JOSE JORGE C/ ASOCIART A.R.T. S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL").

En esta inteligencia, tengo en cuenta las particularidades del caso en el que se otorga fuerza convictiva y eficacia probatoria a los dichos y conclusiones sólidos y fundamentados del informe pericial médico que evidencia la incidencia de un factor genético de carácter degenerativo, y donde juega un papel fundamentalmente decisivo la falta de exámenes preocupacionales de ingreso, periódicos y egreso, con los que la demandada podría haber acreditado fehacientemente cual era el estado de salud del demandante en cada estadío de la relación laboral.

Por ello, concuerdo con el magistrado de grado en cuanto al porcentaje de incapacidad que resulta atribuible al trabajo y propicio con confirmarlo.

A renglón siguiente pasaré a analizar si efectivamente concurren los presupuestos que otorgan procedencia de la responsabilidad civil del artículo 1113, que fue cuestionada expresamente por la parte codemandada "CONDICORT S.R.L.".

Contrariamente a lo sostenido por la recurrente, considero que la tarea de manipulación de elementos (cajas, bolsas) desplegadas por el trabajador de manera habitual durante largas jornadas y por un considerable lapso y la conclusión pericial relativa al agravamiento del estado columnario del actor, en tanto entiendo a su ingreso se encontraba en óptimas condiciones de labor, demuestran que la minusvalía detectada se debe al riesgo de la actividad desarrollada que fue creado por la cosa en cuestión del que la demandada es dueña o guardiana, lo que hace que el caso quede subsumido en las previsiones del artículo 1113 del Código Civil, no siendo probado ningún eximente de responsabilidad.

En esta inteligencia y teniendo en cuenta que no se trata de un accidente sino de una afección agravada por el trabajo, considero que la conjunción de las circunstancias mencionadas convirtió al trabajo que estaba cumpliendo el actor en la cosa riesgosa o viciosa prevista por el Código Civil, pues si bien la "manipulación de elementos de considerable peso (20 a 50 kg)" no puede ser considerada en forma genérica como riesgosa, no hay cosa peligrosa en función de su naturaleza sino de las circunstancias, y el damnificado no está obligado a comprobar el carácter peligroso de la cosa que lo ha dañado, sino que le basta establecer la relación de causalidad entre la cosa y el daño, quedando a cargo de la demandada, como dueña o guardiana, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.

Recuérdese que la normativa dispone, para el supuesto que nos convoca que ".si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la volunta expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable.".

En este sentido se pronunció el más Alto Tribunal el 28/04/92, en autos Machicote, Ramón Hugo c/ Empresa Rojas S.A.C. Fallos 315:854. A saber: "a fin de determinar la operatividad del art.1113 del Código Civil no cabe imponer al reclamante la carga de probar la configuración del riesgo de la cosa dañosa, toda vez que para esta disposición basta con que el afectado demuestre que el daño causado y el contacto con aquélla, quedando a cargo de la demandada, como dueña o guardiana, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder".

En el caso, el conjunto operativo, es decir el modo en que se cumplió con el trabajo, creaba una situación de peligro inminente y las lesiones del actor constituyeron la actualización de esta situación de peligro derivada del riesgo o vicio de la cosa -manipulación de elementos de considerable peso (20 a 50 kg), art. 2311 CC- por lo que corresponde responder por ellas en los términos del artículo 1113, en tanto no se ha probado ningún eximente de responsabilidad.

En este orden de ideas, resulta aplicable al caso la declaración de inconstitucionalidad del inc. 1° del art. 39.1 de la ley 24.557, en cuanto exime a los empleadores de responsabilidad civil que no sea la derivada de su propio dolo, por considerar que restringir la posibilidad de resarcimiento en supuestos previstos por el art. 1113 del Código Civil, cuando el damnificado es un trabajador o sus derechohabientes, violenta los principios constitucionales de los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución Nacional y las normas de jerarquía constitucional contenidas en los tratados de derechos humanos que forman el bloque constitucional federal y a los que alude el art. 75 inc. 22 C.N.

Este tema ha sido objeto de tratamiento y decisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Aquino" (FALLOS 327:3753). En dicho pronunciamiento y en otros posteriores - casos éstos en los que fijaron sus posturas sobre el tema los jueces del máximo Tribunal que no habían intervenido en "Aquino" ("Díaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A." sentencia del 7 de marzo de 2006; "Avila Juchani c/ Decsa S.R.L." sentencias del 28 de marzo de 2006 y "Llosco, Raùl c. Irmi S.A." sentencia del día 12 de junio de 2007)- se descalificó, mediante votos concurrentes la disposición del art. 39, ap. 1 de la ley 24557 en cuanto veda al trabajador -o sus derechohabientes- la posibilidad de reclamar con fundamento en el derecho civil, entendido este último como expresión del principio general de responsabilidad que emana fundamentalmente del art. 19 de la Constitución Nacional.

Acreditada la procedencia de la acción con fundamento en el Derecho Común, corresponde expedirse sobre la queja dirigida a cuestionar el "qantum indemnizatorio" determinado por el "a quo", que mereció queja del accionante. El agravio tendrá parcialmente acogida. Me explico.

A los fines de determinar la cuantificación del daño sufrido por el demandante, cabe señalar que no debe aplicarse fórmula matemática alguna en consonancia con los términos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL" donde se sostuvo que: "El valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres".

Con estos parámetros y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la edad del demandante a la fecha de la patología, la naturaleza de la lesión, el grado de incapacidad, su salario mensual, la perspectiva de ganancia de la que el trabajador se ve privado, así como las diversas circunstancias de índole económico-social, considero bajo el resarcimiento por daño dispuesto en primera instancia, y estimo justo y equitativo se eleve a la suma total de $20.000 que involucra el daño físico, el lucro cesante, la pérdida de chance y el daño moral (art.1078 del C. Civil).

V. Distinta suerte correrá la queja interpuesta por "CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.". dirigida a cuestionar su condena en términos del art. 1074 del Código Civil cuando no fue objeto de la traba de la litis y, en efecto, no pudo ejercer su derecho de defensa al respecto. Efectivamente, ni en el escrito de demanda ni en la sentencia de grado se puntualiza concretamente cual es la omisión o el incumplimiento en el que incurrió la ART, tampoco cual hubiese sido la medida de seguridad que debió adoptar para evitar la patología del actor. Téngase en cuenta que no estamos frente a una responsabilidad objetiva asimilable a la del empleador (conf. art. 1113 C.C.), sino que es necesaria la concurrencia de los presupuestos de responsabilidad exigidos para su procedencia (conf. Art. 1074 C.C.), dentro del cual se encuentra la causalidad adecuada entre el incumplimiento objetivo y el daño.

Recuérdese que la CSJN en el fallo "Torrillo" estableció que tratándose de daños a la persona de un trabajador -derivados de un accidente o enfermedad laboral- no existe razón alguna para poner a una Aseguradora de Riegos del Trabajo al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Cód. Civil cuando se demuestre la concurrencia de los presupuestos exigibles, que incluyen el incumplimiento objetivo, el factor de atribución, el daño y el nexo causal adecuado entre dicho daño y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la aseguradora de sus deberes legales.

Por tanto, no habiéndose demostrado la concurrencia de aquéllos presupuestos, corresponde eximir a la ART de las consecuencias directas de la responsabilidad civil y, ateniéndome a los límites del agravio, deberá revocarse la condena solidaria dispuesta en este aspecto y mantenerse la responsabilidad exclusiva de la ART por la suma $ 3.075,89, que corresponden a las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo.

VI. Finalmente, teniendo en cuenta que el sentenciante fija claramente como fecha de consolidación del daño "junio de 2007", resulta abstracto el tratamiento del agravio efectuado por el accionante referido al cálculo de los intereses.

VII. Por los motivos expuestos precedentemente, de prosperar mi voto, propongo modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de elevar el monto de condena a la suma total de $20.000, con más intereses dispuestos. Dejar sin efecto la condena solidaria de las codemandadas, eximiendo a la ART de las consecuencias directas de la responsabilidad civil y mantenerse su condena exclusiva en la suma $3.075,89, que corresponden a las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo.

VIII. Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria. Corresponde imponer las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas vencidas, pero en lo que respecta a la aseguradora "CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A." en la proporción de su condena (conf. art. 68 C.P.C.C.N.).

Sugiero mantener el porcentaje de honorarios allí establecido, el que se calculará sobre el nuevo monto de condena compresivo de capital he intereses (conf. art. 68, C.P.C.C.N; art. 38 L.O., ley 21,839/24,432 y dec.-ley 16.638/57).

Con relación a los trabajos realizados en esta instancia, se regulan los honorarios de los representantes letrados intervinientes en ésta alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda por sus labores en la instancia previa (cfr. Art. 14, ley 21.839).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 LEY 18.345) el TRIBUNAL RESUELVE: 1. Modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de elevar el monto de condena a la suma total de $20.000, con más los intereses dispuestos. 2. Dejar sin efecto la condena solidaria de las codemandadas, eximiendo a la ART de las consecuencias directas de la responsabilidad civil y mantenerse su condena exclusiva en la suma $3.075,89, que corresponden a las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo. 3. Confirmar el fallo de grado en lo restante que decide. 4. Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas vencidas, pero en lo que respecta a la aseguradora "CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A." en la proporción de su condena. 5. Mantener el porcentaje de honorarios allí establecido, el que se calculará sobre el nuevo monto de condena compresivo de capital e intereses. 6. Regular los honorarios de los representantes letrados intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda por sus labores en la instancia previa.

Regístrese, notifíquese y vuelvan