marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio por jurados, constitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, jueces naturales
Materia: PENAL
Carátula: Hurtado, Matías Ariel c/  s/ recurso de casación (RPJ) y acumulada causa nro. 118.347
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-03-13

Lo normado en el artículo 22 bis in fine del Código de rito no sólo vulnera la garantía constitucional de juez natural, sino que, además, impide cumplir con la manda impuesta por nuestra Ley Fundamental, en cuanto prevé el derecho de la ciudadanía a intervenir en procesos criminales como el presente, máxime si el imputado así lo ha requerido.
Salud pública, medidas cautelares, tratamiento médico, síndrome autista
Materia: PROCESAL
Carátula: ARDOUIN ONORATI TOBIAS JONAS c/ OSDE s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

El niño T. presenta una patología consistente en "trastorno generalizado del desarrollo-autismo", en virtud de lo cual, resulta aplicable al sublite -entre otras- la ley 24.901 que instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. De las constancias aportadas a la causa surge que OSDE efectuó una evaluación interdisciplinaria del niño T. y sugirió la realización de un tratamiento cognitivo-conductual de media jornada en un centro de su cartilla AAIAPA, con cobertura del 100%. Esta propuesta fue aceptada por los padres en un principio, pero luego, desistieron de la misma, señalando que llevarían a su hijo a un centro con jornada completa. OSDE rechazó cubrir el tratamiento con un prestador ajeno y ofreció reintegros parciales conforme al plan de afiliación de los actores.
Separación personal, rechazo de la demanda, interrupción de la cohabitación, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: V., L.D. c/ C. de V., S.I. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-08

Corresponde rechazar la demanda sobre separación personal por la causal objetiva si sólo se acredita uno de los elementos constitutivos de dicha causal, el intencional, pero no se encuentra reunido el requisito material, la interrupción de la cohabitación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, indemnización
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: BORGOÑO, JOSE LUIS c/ OLEOS SANTAFESINOS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12

Devienen inadmisibles los reparos por los que la impugnante cuestiona haber sido condenada -según sostiene- a una reparación que excede la medida del seguro; por cuanto con sus alegaciones no consigue desvirtuar, desde un punto de vista constitucional, las expresiones del fallo por las que la Sala, que con apoyo en jurisprudencia propia y del más Alto Tribunal nacional, entendió que del hecho de haber sido demandada civilmente la asegurada no se sigue que no pueda encontrar protección en la medida de su aseguramiento, ni ello exime a la ART de dar la respuesta contratada, más allá de la modalidad con que se la haya traído al proceso, siempre que no se encuentre vulnerada la garantía del debido proceso, lo que sostuvo, no aconteció en el sub lite. - CITAS: CSJN: Cura c. Frigorífico Riosma S.A., del 14/6/2005; Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, Sala 2: "Castillo c. Lemino s. Accidente", del 12/12/2012.
Indemnización tarifada, ley de empleo, empleo no registrado, indemnización agravada, multa laboral, ley de contrato de trabajo, liquidación de haberes
Materia: LABORAL
Carátula: Ayrala, María Ester  c/ Febre, Julio César s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-28

Mi disidencia solo radica en la forma de liquidar la multa prevista por el art. 8 de la ley 24.013. A tales efectos, a fin de fundar mi propuesta sobre el particular, hago míos los argumentos expuestos por el recordado colega Dr. Welp en autos "Méndez c. Denis", Expte. N° 528/SL, del 15-03-2017. La base de cálculo de la multa es la cuarta parte de las remuneraciones mensuales del trabajador (percibidas o no) desde el inicio de la relación y hasta la fecha en que se realice el cálculo, o hasta el momento del despido. Por lo tanto, se suman todos los salarios que le hubieran correspondido percibir durante el vínculo laboral (incluido el SAC) y se los divide por cuatro. Soy de la idea de que la forma de liquidación propuesta no se condice con "la normativa vigente", por cuanto tomar el último salario es una forma de repotenciar deudas, indexar o asignarle al rubro la categoría de deuda de valor, posibilidades que niega la normativa y jurisprudencia vigente (incluso de esta Sala). (Voto Stettler, en disidencia. Adhesión Romero).
Indemnización por despido, base indemnizatoria del despido, salario básico, remuneraciones variables
Materia: LABORAL
Carátula: Turco Marcelo H. c/ Alico Cia. de Seg. SA. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

La circunstancia de que un rubro variable en la liquidación de haberes de un trabajador haya sido absorbido por el sueldo básico, no puede llevar a excluirlo de su carácter de habitual, pues tal condición debe evaluarse según el criterio de lo devengado y no con el de lo percibido. Este razonamiento ha sido sostenido desde antiguo al analizar la correcta interpretación del módulo de cálculo previsto en el artículo 245 de la L.C.T.
Daños y perjuicios, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dañocón, Justo Pastor c/ Provincia de Formosa s/ Indemnización por daños y perjuicios Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-02-06

La condición humilde de los padres, hace presumir la probabilidad más o menos cierta, de obtener en un futuro un apoyo económico del hijo menor muerto. La humildad no autoriza por sí, una especial limitación del resarcimiento, ni justifica una sobrevaloración de aquél pues por un lado, es razonable suponer que aquella condición será motivo de una mayor necesidad de apoyo económico del hijo a cierta altura de la vida de los progenitores y por otro lado, no debe desconocerse que el hijo de padres humildes encuentra mayores dificultades para alcanzar cierto grado de capacitación profesional o de emprendimientos comerciales, industriales, etc. Fundamento de la Dra. B. Diez de Cardona.
Educación pública, Estado
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SUMARIO LEY 10000- - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

En cuanto el Fondo de Asistencia Educativa emplea fondos públicos en cumplimiento de cometidos estatales (asegurar el mantenimiento, ampliación y construcción de todos los edificios escolares de propiedad provincial, municipal o comunal cuya ejecución no tome expresamente a cargo el Poder Ejecutivo por intermedio de los organismos correspondientes y contribuir al equipamiento de las escuelas ubicadas en su jurisdicción), en nuestra Provincia se advierten numerosos casos de estos sujetos auxiliares como sucede, entre otros, con los Consorcios Camineros, Comités de Cuenca, el Consorcio Provincial de la Caña de Azúcar, sin dejar de recordar a los distintos Colegios o Consejos profesionales a los que se les atribuyen funciones públicas como la policía de las profesiones.
Medida cautelar innovativa, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: TARQUINI, RAMON c/ D.I.B.A. s/ INCIDENTE DE APELACION ART. 250 CPCCN. (Reg. 13.164)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

La DIBA no tiene naturaleza jurídica de Obra Social - art. 1 inc. g) de la ley 23.660-, toda vez que no existe constancia de la adhesión requerida por la norma legal en cuestión.

Sin perjuicio de que el derecho cuya protección se reclama, que comprende la salud e integridad física de las personas, es reconocido por pactos internacionales (art. 75 inc. 22 C.N.), conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, los derechos no son absolutos (art. 14 C.N.).

La reglamentación a la cual el actor se adhirió, debe hacer valer su pretensión y reclamo dentro de la normativa vigente.

En caso contrario, sería el Poder Judicial quien pasaría a extender, por su exclusiva decisión, los efectos de las normas en materia de salud, que debe ser regulada por el régimen normativo que corresponde a los afiliados. (del voto en minoría del Dr. Ferro, mayoría, Dra. Messina, Dr. Tazza)
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Federación Patronal Cooperativa de Seguros Ltda. c/ Videlpo Soc. Encomandita por Acciones y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-05

Si bien es cierto que frente a la existencia de una obligación condicional, es menester la previa citación del deudor para que reconozca que se ha cumplido la condición y dejar así expedita la vía ejecutiva (arts. 518, 523 inc. 4, 524, del Código procesal), no lo es menos que el cumplimiento de la misma puede resultar de otro instrumento público o privado reconocido.
Licitación pública, pliego de bases y condiciones, contratos, interpretación del contrato, convertibilidad, contrato de obra pública, contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GLIKSTEIN Y CIA. S.A.C.I.A.M. -DANTE ENRIETTO- U.T.E. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 442 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-17

No resultan decisivos los argumentos de las contratistas fundados en el impacto que tuvo la ley 23.928 en los contratos administrativos de larga ejecución invocando que el dictado de ciertos decretos y resoluciones nacionales y provinciales durante la vigencia de la ley de convertibilidad significó que el poder público "admitió indubitablemente que la ley nacional de convertibilidad del austral (23.928) invocada, aun con su prohibición indexatoria no enervó el derecho -de orden público- emergente del conocido principio rector, consagrado por la pacífica doctrina y jurisprudencia en la materia de la intangibilidad de la remuneración del contratista particular, en cuya virtud la Administración debe asegurar al mismo la variación de dicha remuneración cuando, por cualquier causa, se modifiquen la s obligaciones a cargo de éste, para mantener o restablecer el equilibrio de la ecuación económico-financiera del contrato...". Ello por cuanto ninguno de los decretos y resoluciones mencionados en la demanda resulta aplicable al contrato de la presente causa, por lo que su postulación cae por falta de correspondencia con las constancias de la causa.
Ejecución fiscal, prescripción, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Empresa Constructora Delta S.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en GCBA Contra Empresa Constructora Delta SA sobre Ej. Fisc. - Ingresos Brutos (Reservado) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Corresponde declarar que la acción para perseguir el cobro de los importes en concepto del ISIB y la multa correspondientes a los períodos reclamados, se encuentran prescriptas, y rechazar la ejecución de la deuda exigida por el GCBA. Ello así, dado que en la fecha en la que se notificó el inicio del procedimiento determinativo de oficio y la instrucción del sumario, como así también en la fecha en que se promovió la presente ejecución fiscal, se encontraba vigente el anterior Código Civil (CC) cuyo art. 3956 establecía que la prescripción de las acciones personales, llevasen o no intereses, comenzaba a correr desde la fecha del título de la obligación. Como cada período es exigible individualmente al mes siguiente de su vencimiento, el cómputo de la prescripción de cada uno de ellos comenzó a partir del momento de su exigibilidad y, por lo tanto, el plazo de prescripción del período operó cuando todavía regía el referido Código de fondo. Bajo esa normativa, el único acto con aptitud para interrumpir la prescripción era la interposición de la demanda (art. 3986 del CC), circunstancia que ocurrió en el caso, estando ya ampliamente vencido el plazo de prescripción. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere la jueza Marcela De Langhe).
Juicio político, enjuiciamiento de magistrados, ministros de la Corte Suprema, jubilación de magistrados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Boggiano, Antonio c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social s/ Proceso administrativo - Inconst. varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-16

La decisión de rechazar el beneficio de los arts. 2° y 3° de la ley 24.018 al juez de la Corte Suprema que fue removido por juicio político es la única que concilia la totalidad de las normas constitucionales y legales en juego con los valores ínsitos en nuestra Carta Magna, ya que no es razonable entender que el constituyente quiso crear una situación de protección previsional especial para aquellos que en el ejercicio de las altas funciones que le fueran atribuidas hayan incurrido en su mal desempeño, a fin de no vulnerar la concepción ética que inspiró la Constitución Nacional.
Reconocimiento de cosas, declaración testimonial
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Medina, Gabriel O. s/ Reconocimiento de cosas.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

No configura el supuesto del art. 275 del C.P.P. el reconocimiento integrativo del testigo, que se limitó a relatar a la prevención lo que observó, toda vez que el elemento incautado formó parte de su deposición, por lo que se trató de una tarea identificadora del órgano de prueba, y no de la diligencia independiente prevista en el artículo citado, que consiste en la exhibición de las cosas que fueron objeto del delito, o las que sirvieron para cometerlo, previa descripción por quien deba reconocerlas, exigiéndose que se muestren otras semejantes, debiendo ser dicho acto espontáneo y no inducido.
Juicio abreviado, Ministerio Público, prueba, pena, individualización de la pena
Materia: PENAL
Carátula: NICOLAS FABIAN CRUZ y SERGIO ORLANDO TAPIA s/ HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL y ROBO EN GRADO DE TENTATIVA, EN CONCURSO REAL y ROBO EN GRADO DE TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-01

En un procedimiento de juicio abreviado el pedido de pena formulado por el Ministerio Público es el que fija el marco punitivo al que debe atenerse el tribunal.

En orden a la calificación jurídica y el pedido de pena propuestos, el que resulta razonable y conforme a las circunstancias de la causa, y el consentimiento formulado por los imputados, aceptando ambos pedidos, el Suscripto Vocal a cargo del Procedimiento de Juicio Abreviado, debe fallar.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, compraventa inmobiliaria, venta en mensualidades, edificio a construir, actualización monetaria, mayores costos
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: MORELLO, NOEMI L. c/ BAUEN ARQUITECTURA S.R.L. y ot s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ACCION    DECLARATIVA DE CERTEZA (EXPTE .: C.S.J. NRO. 245 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-18

Corresponde rechazar la queja incoada por las accionantes contra el rechazo de la demanda declarativa de certeza mediante la cual se peticionó que se dispusiera la no operatividad de los mecanismos indexatorios previstos en las cláusulas contractuales, por cuanto si bien la recurrente acusa que la Cámara se apartó de la real sustancia de la operación celebrada y que calificó erróneamente el contrato -alegando la interesada que se trata de una compraventa de cosa futura- lo cierto es que con sus cuestionamientos sólo intenta oponer una particular interpretación de las circunstancias fácticas de la causa, de las pruebas arrimadas y del derecho aplicable, pero sin lograr desmerecer la respuesta que en tal sentido brindara el Tribunal al juzgar que la complejidad del negocio impedía asimilarlo sin más a una compraventa.

En efecto, la Sala partió de analizar el negocio jurídico celebrado entre las partes llegando a la conclusión de que aquél era un contrato atípico, pues, si bien tenía por objeto final la adquisición de un inmueble nuevo, no podía verse reducido al de una simple compraventa, por cuanto -señaló- también contaba con elementos de otras figuras contractuales (mandato y locación de obra y de servicios).

Afirmó, en ese sentido, que la razón final de la contratación era la adquisición, por parte de los suscriptores del plan, de una vivienda nueva y que todos los pactos incluidos en la operación confluían en tal objeto; además, destacó su carácter asociativo, en tanto -dijo- la satisfacción del interés individual se había de lograr mediante la colaboración de todos los integrantes del grupo. Partiendo de lo precedentemente reseñado, entendió que, aun cuando se hubiera variado el monto de la s cuotas, tal variación no importaba controvertir la prohibición establecida en las leyes 23928 y 25561, en tanto -expuso- la obligación a cargo de los adherentes no es de dinero sino de valor.

Concretamente, puso énfasis en la circunstancia de que la vivienda que se entregó a la demandante se había construido con los aportes de todos los integrantes del grupo, y que otros todavía no contaban con una, por lo cual -afirmó- debían tenerse en cuenta los "mayores costos" pero del grupo en su conjunto, y que el "valor" de las cuotas a cargo de los adherentes está representado por las sumas necesarias, dentro de las modalidades pactadas, para la construcción de las unidades restantes, y ello -concluyó- a fin de que todos los integrantes -y no sólo la accionante- reciban un departamento.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Bianchi, Enrique José s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fundado en que los indicios utilizados por la Cámara carecen de inequivocidad y concordancia, si se limita a desarrollar sus propias interpretaciones de las constancias de la causa sin que medie siquiera el intento de demostrar de qué manera la decisión de la alzada habría incumplido con las exigencias contenidas en los artículo 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal.
Contratos administrativos, elementos del contrato, consentimiento, interés público, facultades de la administración, selección del cocontratante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ASOCIACIÓN COOPERADORA ALMIRANTE BROWN c/ GCBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-04

Respecto del consentimiento en los contratos puede advertirse que la "declaración de voluntad común" a la que se refiere el artículo 1137 del Código Civil adquiere particularidades propias en el campo del derecho administrativo. De este modo, la finalidad inexcusable de toda la actividad de la administración, en cuyo mérito ésta siempre debe tener presente el interés público, hacen que la conjunción de voluntades generalmente se opere adhiriéndose el administrado a cláusulas prefijadas por el Estado para los casos respectivos.

Es decir, frente a esas hipótesis, la fusión de voluntades se opera sin discusión de tales cláusulas por parte del administrado, el cual se limita a aceptarlas. Otro dato diferenciador relevante es que la administración no siempre puede elegir libremente a su cocontratante; así, es muy común que el orden jurídico positivo la constriña a efectuar dicha elección observando o respetando ciertas normas y mecanismos (licitación -pública o privada-, concurso, etc.), exigencia que puede aparecer más acentuada con referencia a unos contratos que a otros (Marienhoff, op. cit., § 621, p. 153).
Usurpación de inmueble, fianza, derechos reales, empresa constructora, contratista
Materia: PENAL
Carátula: , Santiago y otro. s/ SOBRESEIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-15

El suceso por el cual una empresa constructora habría sido despojada de la posesión del inmueble por el representante de la empresa contratante, cuando llevaba a cabo los trabajos convenidos con la misma, no se enmarca en el tipo legal de la usurpación, tratándose de una tenencia en garantía, que responde a un derecho personal y no constituye el ejercicio de un derecho real, susceptible de ser usurpado. En cuanto al eventual injusto de usurpación, la acción típica "...es la de despojar, la cual tiene un sentido de quitar, de sacar de la ocupación del inmueble total o parcialmente, por parte del sujeto pasivo; puede darse por consiguiente, desplazando al tenedor, poseedor o ejercitador del derecho real de que se trate, del lugar (terreno) que constituye el inmueble u oponiéndose a que aquél continúe realizando los actos propios de su ocupación tal como los venía ejecutando..." (*).

Nota del Secretario: Según sostuvo el denunciante, al no poder concluirse con la obra en el tiempo pactado, se hizo presente ese mismo día en el lugar indicado el director de ella y representante de la empresa, y ordenó que todas las personas que allí trabajaban se retiraran, haciendo ingresar luego a personal de seguridad para que impidiera que cualquier persona extraña a la empresa accediera al lugar.
Adicionales de remuneración, haber de retiro, compensaciones salariales, aumento salarial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Zacaría, Justo y otros c/ Estado Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-05

La ley 19.101 establece que el haber del personal en actividad se compone de los siguientes rubros: "sueldo", "suplementos generales", "suplementos particulares" y "compensaciones". De ellos, sólo los dos primeros integran el haber del personal retirado; estableciendo respecto de los mismos el art. 74 de dicho cuerpo normativo, que cualquiera sea la situación de revista que tuviera el personal en el momen-to de su pase a situación de retiro, su haber se calculará sobre el 100% de la suma del haber mensual y suplementos generales a que tuviera derecho a la fecha de su pase a tal situación; asimismo, se establece que dicho personal percibirá con igual porcentaje, cualquier otra asignación que corresponda a la ge-neralidad del personal de igual grado, en actividad. De allí se colige que cualquier aumento generalizado que se otorgue al personal en actividad debe ser trasladado, en forma automática, a quienes revisten en situación de pasividad. (Del voto del Dr. Poclava Lafuente al que adhiere el Dr. Fasciolo).
Recurso de casación penal, reexamen de la admisibilidad formal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Casado, Adrián y otros s/ Infracción arts. 201 y 206 del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-10-09

La concesión del recurso de casación operada -...- no impide al Superior Tribunal de Justicia un pronunciamiento "ex novo" sobre la forma del mismo. No obsta a este reexamen aquella decisión pues no opera cerrando al Tribunal toda posibilidad posterior, preclusivamente, como se tiene dicho desde anteriores composiciones.
Crédito laboral, desindexación, aplicación de la ley, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: REYES, DANIEL c/ MASTELLONE HNOS.  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-24

Cabe declarar inviable el tratamiento de la aplicación de la ley 24283 en esta Alzada y diferir su consideración a la etapa procesal oportuna, sin que ello implique juzgar sobre su pertinencia, que deberá ser resuelta en el período de ejecución de sentencia, donde se determinará en cada caso, según la índole del crédito y las circunstancias que esgrima la obligada, la plena condena o su eventual revisión.