Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2005-09-09


San Salvador de Jujuy, setiembre 9 de 2005.

El doctor González dijo:

El trece de diciembre de dos mil cuatro, la Sala de Apelaciones de la Cámara en lo Penal, resuelve (fs. 752/761), revocar el punto I del interlocutorio del 22 de setiembre de 2004, obrante a fs. 471/475 y vta., encuadrando la conducta de Rodolfo Echazú, como supuesto autor responsable del delito de Homicidio Simple y Lesiones Graves concursados idealmente, previsto y penado por los arts. 79, 90 y 54 del Cód. Penal, ordenando se produzcan las pruebas de las que se dan cuenta en los considerandos y todas aquellas que el Juez considere útil y pertinente para la investigación de la causa.

Al revocar la decisión de la anterior instancia sostuvo que: "De la breve reseña cabe presumirse que Echazú guiaba el rodado a una excesiva velocidad lo que devino en una incontrolable acción de manejo, debiendo sumársele que lo hacía en contramano, y como si eso fuera poco, sometido a una importante intoxicación alcohólica, todo ello conforma un cuadro de situación realmente grave, a ello también se le debe agregar que no se detectaron huellas de frenado de automóvil".

"Pensar, como lo hace el Ministerio Fiscal, que el acusado en la emergencia debió representarse la posibilidad de que ocurriera el hecho que finalmente aconteció y que no obstante esa representación, continuó aceptando que el hecho podía ocurrir, no contradice las reglas de la sana crítica, porque en primer lugar el acusado ni siquiera trató de aminorar su marcha y estacionarse en la banquina y no seguir conduciendo, al contrario se desplazó por varios metros hasta que se produjo la fatal colisión y en segundo lugar, fueron varios los conductores a los que cruzó en su trayecto y los que de distinta manera le advirtieron mediante señales de su desplazamiento en contramano, corriendo los mismos peligro de haber sido colisionados".

Asimismo expresa "... No admitiría discusión la ausencia de dolo directo o indirecto. Pero aparece razonable afirmar al menos en el estado en que se encuentran las actuaciones que Echazú debió representarse como posible y probable un resultado de las características que nos ocupa y, sin embargo, obró con indiferencia y temeridad -dolo eventual- porque sin intención directa o indirecta de delinquir tomó a su cargo lo que, por representársele como probable en su conciencia, podía eventualmente ocurrir, desencadenando la acción, no por simple ligereza, sino en un estado anímico reprobable, ya que el ánimo reprobable que constituye el punto de apoyo del dolo ante la eventualidad del resultado puede ser el simple estado subjetivo de indiferencia ante la representación de la probabilidad de que ocurra el delito (C.C.C., sala IV, causa 2491 "Olivera, Leonardo R. s/Homicidio culposo" 16/2/95 con citas de Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal parte general", II ps. 58, 60, 61). Los requisitos para la existencia del dolo eventual se circunscriben a la previsión del resultado y la adhesión o aceptación de este por parte del agente. Lo que se debe analizar es la displicencia o indiferencia del imputado ante el hecho que lo insta a delinquir: su aceptación o conducta consolida la calificación de dolo eventual. En suma el "animus" reprochable no lo es en razón de "querer" el resultado delictivo, sino por el estado de desaprensión ante la representación de la probabilidad; es decir "laissé faire" "laissé passe" ante la probabilidad del hecho. Por su parte Creus, Carlos en "Derecho Penal parte general", 4º ed. 1996, p. 243 sostiene que el autor prevé el resultado típico como una de las consecuencias de su acción y acepta que él se produzca: la consideración del resultado típico no detiene su acción".

Contra ese pronunciamiento, el doctor L. A. C., abogado defensor del imputado Rodolfo Echazú, con el patrocinio letrado del doctor J. C. D., en fecha nueve de febrero del corriente, promueve recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Afirma el quejoso que, el fallo atacado resulta arbitrario dado que omitió la sala de Apelaciones de la Cámara Penal, pronunciarse sobre cuestiones jurídicas esenciales planteadas por la defensa. Concretamente señala que al entrar en vigencia la ley 25.189 mediante la cual se aumentaron las penas para los delitos culposos sustituyendo los arts. 84, 94, 189, 196 y 203 del Cód. Penal, fue intención del legislador agravar la pena de los delitos culposos para evitar inconvenientes que se producen como consecuencia del tratamiento que a situaciones semejantes le prodigan los magistrados cuando consideran la existencia del dolo eventual. Destaca que "... la omisión de pronunciarse sobre tal planteamiento lesiona el Derecho de Defensa del recurrente, ya que si el dolo eventual no tiene cabida -en el caso- en función de lo expuesto, resulta indudable que de haber reparado el Tribunal en tal razonamiento hubiere rechazado el recurso de apelación interpuesto por el Agente Fiscal".

Asimismo advierte que, el ad quem ha efectuado una errónea valoración de la prueba y que además carece de fundamentos suficientes para cambiar la calificación efectuada por el Juez de Instrucción.

En relación, efectúa una interpretación de las piezas de convicción arrimadas a la causa, y concluye afirmando que "el acusado no buscó colocarse en esa situación para cometer el hecho no se le representó ni se le pudo representar la posibilidad de que ocurriera el suceso por el estado de inconsciencia en que se encontraba, no podía prever esa situación, estaba como dormido, perdido por su sueño producto de la enfermedad que ignoraba padecía hasta ese momento". Tal enfermedad -destaca- se descubrió luego del accidente cuando concurrió a un centro neurológico en la provincia de Tucumán en donde se le diagnosticó "Trastornos del sueño -Disnomia somnolencias diurnas excesivas, apneas del sueño obstructivas y centrales, lo que demuestra- según su entender que al momento del hecho, el recurrente se encontraba en un estado de inconsciencia o semi inconsciencia, que no le permitió comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones".

Denuncia la supuesta contradicción existente en resolución atacada ya que -afirma-, no tiene sentido que mande a producir pruebas si cercena al juez la posibilidad de su valoración, al indicar que la conducta del imputado debe encuadrar dentro de la figura del homicidio simple y lesiones graves en concurso ideal. Lo correcto -sostiene- impone que los actuados sean girados al juzgado interviniente para que éste, proceda a dictar el auto que considere conveniente, ponderando toda la prueba.

Concluye afirmando que "... se ha violado el principio de culpabilidad a nivel de la tipicidad, puesto que se ha imputado dolo eventual a una conducta típicamente imprudente".

Sustanciado que fuera el recurso (fs. 47), el mismo es contestado por la doctora M. E. G. en fecha veintiséis de abril del presente año (fs. 50/57), oponiéndose a su progreso por los argumentos allí vertidos, siendo que después de transcurridos veintinueve días hábiles de su presentación (siete de junio del corriente, fs. 69), dicha profesional, recién repone los aportes de ley.

Cumplidos con los trámites de rigor, y habiendo el siete de junio de este año, producido su dictamen el Ministerio Público Fiscal (fs. 61/65 de autos), y atento que mediante Acordada 24 del Departamento Personal de este Poder de fecha 8 de julio de 2005, se le concede 60 días de licencia por razones de salud, a partir del 14 de junio del año en curso al doctor H. F. A., el día 27 de julio del corriente (fs. 71 de autos), es la primera intervención del suscripto, como presidente de trámite por habilitación.

Liminarmente, cabe señalar que el recurso se encuentra incoado en término. Ello, en virtud de las razones esgrimidas en su dictamen por la Fiscal General Adjunta -las cuales comparto-, a las que me remito en honor a la brevedad.

Va de suyo que, lo que expresaré a continuación, no implica aventurar pronunciamiento alguno sobre los aspectos sustanciales debatidos en el proceso, materia que, por ello, queda sometida al futuro y regular devenir del juicio, tramitado con observancia de las debidas garantías atinentes al debido proceso y al derecho de defensa y a la ponderación adecuada de los jueces de mérito.

En base a tales conceptos, y no existiendo otra vía posible para revisar el pronunciamiento emitido por la Sala de Apelaciones de la Cámara en lo Penal, entiendo se encuentra habilitada -en este caso-, la presente instancia extraordinaria del recurso de inconstitucionalidad. En ese orden y del detenido estudio de los antecedentes que conforman la causa, anticipando mi opinión, me pronuncio por el rechazo del recurso interpuesto, atento a no advertir arbitrariedad alguna en la decisión cuestionada.

Dicho ello, cabe señalar que si bien de acuerdo al principio general sostenido por este Superior Tribunal de Justicia no resultan susceptibles de impugnación los decisorios como el de autos, por no tratarse de pronunciamiento definitivo, los cuestionamientos que en esta instancia se efectúen deben ser analizados -por excepción- cuando el resolutorio atacado, por su naturaleza, cause un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior.

En el mismo sentido se ha orientado una copiosa y reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando equipara las "sentencias definitivas" con aquellas que provocan agravio de imposible o insuficiente reparación posterior (Fallos: 280-228; 227-201; 257-187; 268-301, etc.). Debe subrayarse que la Corte Suprema no declara imprescindible que el perjuicio sea de imposible subsanación posterior, basta que la continuación de la causa no asegure una suficiente satisfacción del referido agravio (confr. Sagüés, "Recurso Extraordinario", I-296 y sigtes.).

Según se ha reiterado, el recurso como el que nos ocupa no ha sido creado para corregir, en una especie de tercera instancia, sentencias que se estimen equivocadas, sino que ampara los supuestos de omisiones de gravedad extrema, en que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales. No se puede sustituir por esta vía el criterio de los jueces propios de la causa, por el del Superior Tribunal de Justicia.

En mi opinión, no encuentro en la sentencia atacada, esos extremos de grosero menoscabo de la ley, ni de la Constitución, ni interpretaciones caprichosas, meramente subjetivas, o arbitrarias. Ni orfandad de fundamentos. Por el contrario, tengo para mí que, la Sala de Apelaciones ha analizado, en forma prolija y pormenorizada, toda la prueba rendida en los autos, como así también los dichos de los testigos que depusieron en la instrucción. Y de la meritación de esa prueba -de su totalidad integrada- el a quo ha concluido estableciendo la autoría y responsabilidad del encartado, con la calificación legal allí encuadrada.

En ese orden de ideas, es dable advertir que en esta instancia no se encuentra acreditado en autos que "el doctor Echazú padecía la enfermedad del sueño" (ver fojas 25 de autos), siendo que la sentencia arribada en expediente 219/04, "Recurso de Queja...", agregado por cuerda al presente, se encuentra firme y consentida a la fecha. Digo ello sin perjuicio de que, de la producción de nuevos elementos probatorios ordenados por la Sala de Apelaciones, su valoración quede sometida -como dije antes-, al futuro y regular devenir del juicio.

"La ley manda que la sentencia sea motivada, puesto que es un documento de convicción razonada, no un acto de fe, pero el pronunciamiento puede ser fulminado con nulidad únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es imperfecta o defectuosa, y ello es así, porque la motivación meramente imperfecta o defectuosa, o poco convincente, si alcanza para sustentar mínimamente el dispositivo que no resulta así privado de razones suficientes y aptas para justificarlo, obsta a la procedencia de la sanción procesal prevista sólo para el caso extremo en que la sentencia carezca de esa esencial fundamentación (Libro de Acuerdos 45 Fº 277/279 Nº 118)".

En efecto, una sentencia tiene fundamento si la libre convicción de la mayoría -o de todos-, sobre cada una de las cuestiones planteadas para resolver respecto de la imputación penal, está explicada en forma completa, mediante elementos probatorios de valor decisivo, que no son contradictorios entre sí, ni son ilegales ni contrarios a las reglas de la sana crítica racional.

Este Superior Tribunal de Justicia ha dejado establecido que la arbitrariedad no constituye -ya se ha reiterado esto-, "una causal autónoma de procedencia de este recurso, si no media en la sentencia definitiva una grave violación de las garantías constitucionales, una absurda estructuración lógica del fallo, o una subsecuente y notoria injusticia; en menos palabras: la violación a normas constitucionales del debido proceso. De ahí que quien invoque arbitrariedad de la sentencia basada en su incongruencia, su autocontradicción, ausencia de base normativa, fundamentación aparente, o ausencia de fundamentación, debe indicar, además de la presencia de tales agravios y orfandades, concretamente y de qué manera han sido atacadas y maltrechas normas constitucionales (L. A. 44,Fº 694/695, Nº 280)".

Al respecto se encuentran acreditados, con el grado de probabilidad propio para el dictado de un auto de procesamiento, todos los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales encuadrados provisoriamente.

Asimismo, y ante el planteo de la defensa técnica en relación a la imposibilidad jurídica que en el caso de autos tuviera cabida "el dolo eventual" atento al aumento de penas dispuesto por la ley 25.189, entiendo que no es agravio atendible en esta instancia.

Los cuestionamientos o divergencias apuntadas por la recurrente, no desvirtúan la pertinencia de la resolución dictada por la Sala de Apelaciones de la Cámara en lo Penal, ya que no estamos en presencia de una sentencia carente de fundamentos, fundada en razones caprichosas o que consagre una interpretación manifiestamente irrazonable de los jueces de la causa. Por el contrario, el fallo impugnado cuenta con fundamentos suficientes de hecho y derecho, por ende, se encuentra exento de arbitrariedad.

Así pues, al menos en el estado en que se encuentra la investigación y los elementos de juicio incorporados en éstas actuaciones, corresponde desestimar el recurso de inconstitucionalidad promovido por el doctor L. A. C., abogado defensor del imputado Rodolfo Echazú, con el patrocinio letrado del doctor J. C. D., con costas al recurrente vencido (art. 102, Cód. Procesal Civil).

En consecuencia, se deberá confirmar la resolución de la Sala de Apelaciones de la Cámara en lo Penal de fecha trece de diciembre de dos mil cuatro, por la cual se encuadra la conducta de Rodolfo Echazú, como supuesto autor responsable del delito de Homicidio Simple y Lesiones Graves concursados idealmente, previsto y penado por los arts. 79, 90, y 54 del Cód. Penal.

Para la regulación de honorarios en esta instancia extraordinaria, se tendrá presente lo dispuesto por los arts. 2º, 4º, 6º, 11, 13 y concordantes de la ley 1687, fijándose en la suma de $1500 para la doctora M. E. N., $800 para el doctor J. C. D. y $400 para el doctor L. A. C.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, resuelve: 1. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos por el doctor L. A. C. en el carácter de abogado defensor del imputado Rodolfo Echazú, con el patrocinio letrado del doctor J. C. D. (fs. 16/32). 2. Imponer las costas de la presente instancia extraordinaria al recurrente vencido (art. 102 Cód. Procesal Civil). 3. Regular los honorarios profesionales de los doctores M. E. N., J. C. D. y doctor L. A. C. en las sumas de $1500, $800 y $400 respectivamente, con más el impuesto al valor agregado, si correspondiere.

Se deja constancia que el doctor Arnedo, no participa del presente acuerdo, por encontrarse en uso de licencia. - Sergio R. González. - Héctor E. Tizón. - Enrique R. Mateo. - Noemí A. Demattei de Alcoba.