Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-30


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87270 CAUSA NRO. 41.083/09 AUTOS:"ROBLES MARCELO LEONARDO C/ I.P.H. S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO NRO. 80 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2.011, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

El Doctor Vilela dijo:

I)- Contra la sentencia de fs.323/328 apela la parte demandada, presentando su memorial a fs. 330/333. El perito contador apela sus honorarios a fs.340.

II)- La demandada IPH SA se queja porque se declaró la procedencia del reclamo de la sanción del art.1 de la ley 25.323, argumentando que medió la eventualidad justificante de la contratación del actor bajo tal modalidad, a través de la firma Temporaria SA. Apela a fs.329 los honorarios regulados a la representación letrada del actor, de Temporaria SA y del contador, por considerarlos altos.

III)- La recurrente basa su apelación bajo el cuestionamiento de dos ejes argumentales: a)- el concepto de "pico de trabajo", diferenciable de la mejora en la producción; b)- el período temporal de la contratación eventual, por ser estos dos ejes la estructura sobre la cual se basó la sentenciante de grado.

Memoro, a los fines de una mayor claridad expositiva, que IPH SA es una firma dedicada a la industria metalúrgica -fabricación de cables de acero y lingas-, que el actor fue contratado a través de Temporaria SA, empresa de servicios eventuales, el día 5 de mayo de 2004, para realizar tareas en el armado de carretas para el envase de los cables. Lo hizo bajo dependencia de la empresa de servicios eventuales hasta el 30 de septiembre de 2005, y continuó desarrollando idénticas funciones sin solución de continuidad a las órdenes de IPH SA hasta el distracto, acaecido en diciembre de 2007.

Respecto del primer punto identificado anteriormente como a)-, IPH SA fundamentó la contratación bajo la modalidad eventual en que desde el comienzo de 2004 comenzó a solicitar trabajadores a Temporaria SA a fin de satisfacer una "creciente demanda de trabajo y ventas que demandaba, a su vez, una exigencia extraordinaria y transitoria.. toda vez que el plazo para la finalización de ésta estaba previsto para mediados de 2005, todo lo cual finalmente no ocurrió. IPH no fue ajena a la situación de calentamiento de la economía que se vivió en el país a principios de 2004.. a raíz de una cadena de obras públicas relacionada con la red eléctrica. adjudicadas hacia fines de 2003 a distintos clientes de IPH.. este pico de trabajo que, según todas las predicciones, no se extendería más allá de fines del mismo año 2004 o a lo sumo principios del año 2005." (ver fs.41/vta.).

La demandada previó, pues, una exigencia extraordinaria y transitoria evidenciada en un pico de trabajo que se extendió más allá de lo que suponía. El cotejo del detalle de la cantidad de personal eventual que contratara entre los años 2004 y 2007 inclusive (ver pericia contable a fs.203/205) revela que el "pico de trabajo" habría durado tres años completos. Ello no se condice con lo expuesto por el mismo perito contador a fs.214 en el sentido de que se analizaron las ventas del año 2004 y se observó una creciente demanda de trabajo y exigencias de ventas desde el inicio de 2004 hasta mediados de 2005, así como un incremento en las compras en el período 2004. De las diversas hipótesis que prevé el art.99 de la Ley de Contrato de Trabajo, la postura de la accionada lleva a enmarcar la cuestión que nos convoca en el supuesto de "exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento", lo que implica contemplar aquellas actividades que son propias del giro normal de la empresa, explotación o establecimiento mas "obedecen a exigencias que exceden lo corriente, como en las contrataciones para atender picos extraordinarios de trabajo" (Etala, Carlos, citado por Livellara, Carlos, en Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por M. Ackerman, To.II, pág.489, Ed. Rubinzal Culzoni). Lo expuesto marca que existe una diferencia entre un pico extraordinario de trabajo -y la distinción está en la calificación resaltada- y el incremento del giro comercial de la empresa que se origina en una mejora en los negocios y que se torna perdurable, al menos durante un tiempo que supera lo que razonablemente podemos considerar como "extraordinario" y que es lo que, a mi criterio, acontece en el caso de autos, donde las constancias arrimadas por la propia apelante marcan su sinrazón, dado que reitero, durante tres años debió recurrir a la contratación de una cantidad constante e interesante -esto último si comparamos las proporciones de personal efectivo y eventual- de trabajadores "eventuales".

Por otro lado, en cuanto se refiere a la superación del plazo que prevé el art.72 de la ley 24.013, norma que prevé que la duración de esta contratación no puede "exceder de 6 meses por año y hasta un máximo de un año en un período de tres", la demandada que invocó la modalidad de contratación excepcional es la que debió, en primer lugar, puntualizar las limitaciones temporales que, por cierto, ahora tampoco puntualiza. No cabe sino concluir que el actor laboró sin solución de continuidad, y sin que se invocara por ninguna de las partes intervinientes en autos, que lo hubiera hecho para otra empresa. Este segmento de la queja no luce coherente con los argumentos que expusiera en su primera parte, donde intentó defender el pico de trabajo durante todo el lapso de la contratación supuestamente eventual del actor.

En consecuencia, concluyo que el demandante fue empleado de la demandada IPH SA desde el 5 de mayo de 2004, y que Temporaria SA es responsable en los términos del art.29 de la L.C.T.

En punto a la aplicabilidad al caso de la doctrina emanada del Fallo Plenario Nro.323 in re "Vásquez", el apelante se limita a señalar que éste interpreta los alcances de la ley 24.013 en el caso de trabajadores dependientes de una subcontratista y no de una empresa de servicios eventuales. Sin embargo, desde la tesitura del apelante -dentro de los límites de su argumentación recursiva, ver fs.332vta.- y como señalara en los párrafos precedentes, no ha mediado en autos una contratación eventual, sino una dependencia directa de la empresa usuaria desde el inicio de la contratación, en mayo de 2004. En consecuencia, siguiendo el hilo argumental de la recurrente, la doctrina del fallo Plenario Nro.323 resulta aplicable en la especie, por lo que propongo confirmar lo resuelto en origen, sin omitir señalar que dejo a salvo mi opinión expuesta en minoría al votar en el Acuerdo Plenario Nro.323 (30/6/2010), in re "Vásquez, María Laura c/Telefónica de Argentina y otro s/despido".

IV)- En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio recurrido a la representación letrada del actor, de Temporaria S.A. y al perito contador, apelados por elevados por la demandada IPH SA y por reducidos por el contador, atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas por el art.38 LO y normativa legal aplicable, estimo que no son elevados los regulados a la representación letrada del actor y de Temporaria SA, y que lucen adecuados los correspondientes al perito contador, por lo que propongo sean todos ellos confirmados (art. 38 LO; ley 21839 y ley 24432; dec.16.638/57).

V)- En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería: a)- Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios; b)- Declarar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art.68, CPCCN); c)- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia, para la representación y patrocinio del actor y de la demandada, en el 25% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia (art.38, LO; leyes 21.839 y 24.432).

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a)- Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios; b)- Declarar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art.68, CPCCN); c)- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia, para la representación y patrocinio del actor y de la demandada, en el 25% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia (art.38, LO; leyes 21.839 y 24.432).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Julio Vilela	Gabriela Alejandra Vázquez Juez de Cámara	Jueza de Cámara	Ante mí:

MG	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara En de de , se dispone el libramiento de cédulas. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara