Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-09-09


Córdoba, septiembre 9 de 2009.

1º ¿Es procedente el recurso de casación? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde? 1º cuestión. - El doctor Domingo Juan Sesín dijo:

1.- A fs. 209/229vta., con fundamento en las causales previstas en el artículo 45 incisos a) y b) de la Ley 7182, la actora interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Número Once, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el ocho de febrero de dos mil ocho (fs. 155/184vta.), mediante la cual se resolvió: "1) Rechazar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por María Estela Pavía en contra de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. 2) Imponer las costas por el orden causado, difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados patrocinantes para cuando exista base que permita hacerlo...", el que fuera concedido mediante el Auto Número Ciento cuarenta y tres del veinticinco de abril de dos mil ocho (fs. 236/238vta.).

2.- Impreso el trámite de ley (fs. 230) en aquella Sede, el procedimiento se cumplió con la intervención de la demandada, quien a fs. 231/232vta. evacuó el traslado corrido, solicitando el rechazo del recurso interpuesto por la contraria, con costas según ley.

3.- Elevados los autos a este Tribunal (fs. 240), se dio intervención al Señor Fiscal General de la Provincia (fs. 243), expidiéndose la Señora Fiscal Adjunto en sentido adverso a la procedencia formal del recurso de casación (Dictamen CA Nº 507 de fecha 30 julio de 2008, fs. 244/249).

4.- A fs. 250 se dictó el decreto de autos, el que firme (fs. 251), deja la causa en estado de ser resuelta.

5.1.- Con sustento en el motivo formal de casación (artículo 45 inciso "b" de la Ley 7182), la impugnante denuncia la existencia de un quebrantamiento de las formas sustanciales establecidas para el procedimiento o la sentencia, de falta de fundamentación lógica y de contradicciones.

Esgrime que en la sentencia se afirmó una posición que posteriormente se desconoció o contradijo.

Luego de explicar su estructura, puntualiza que en el apartado XIX se observa la contradicción denunciada.

Expone que el Vocal de primer voto, pese a sostener que la causa traída a resolución es de puro derecho, trajo a colación un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación ("Terraza", Sent. Nro. 157/2007), en el que como requisito de procedencia de la acción se exigió que "... es menester que quien la invoque acredite que ellas lo eran no sólo en relación al momento percibido con anterioridad a la normativa que se cuestiona, sino también con relación a la remuneración que habría percibido de encontrarse en actividad. Desde que la actora no ha acreditado tales extremos (...) tal manifestación aparece como voluntarista y carente de sustento...".

Plantea que en este punto existe contradicción atento que, por un lado, el Tribunal a-quo fijó la cuestión como de puro derecho y, por el otro, rechazó la acción por no haberse acreditado la confiscatoriedad alegada en la demanda. Cita jurisprudencia y doctrina.

Expone que el resolutorio impugnado adolece de falta de coherencia por cuanto declaró de puro derecho la causa, lo que equivaldría a la innecesariedad de producir prueba.

Manifiesta que la motivación de la sentencia debe ser derivada, es decir, que debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de las mismas se vayan determinando, extremos que acusa no se cumplen en autos, dado que no se valoraron en forma correcta los elementos probatorios de la causa.

Explica que el tribunal pese a afirmar que la cuestión era de puro derecho y estrechamente vinculada a la interpretación que debía darse a los principios de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad y a concluir que la Caja respetó la legalidad objetiva, omitió valorar la prueba producida en autos -pericial contable y documental- de la que surge evidente que se produjo una reducción mayor a la avalada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que la transforma en confiscatoria.

Relata que la Cámara negó que se haya acreditado la confiscatoriedad de los descuentos efectuados a su parte, con relación a la remuneración que habría percibido de encontrarse en actividad.

Sostiene que los principios básicos del derecho, cuya validez y vigencia no se encuentran discutidos, establecen que el haber no puede ser reducido por cuanto normas posteriores no pueden modificar derechos adquiridos.

Acusa que sobre la base de estos presupuestos y habiendo acreditado que su haber originario era de Pesos Tres mil doscientos cuarenta y nueve, con dieciocho centavos ($ 3.249,18), sobre el cual se pidió que se tuvieran en consideración las mermas sufridas con posterioridad al dictado del Decreto Número 1777 y, luego, las ordenadas a partir del mes de octubre de dos mil uno (pericia de fs. 122/131), se pregunta qué mayor obligación puede pesar sobre su parte de acreditar cuál sería su haber de encontrarse en actividad. Cita jurisprudencia.

Apunta que el haber que se debe considerar es el que efectivamente percibió al momento de jubilarse y que sobre éste deben efectuarse los cálculos y evaluarse la incidencia de los descuentos que dispuso el Poder Ejecutivo, contrariando principios constitucionales como el de la intangibilidad del patrimonio. Cita jurisprudencia.

Plantea que cuando se articuló la demanda, se insistió en la confianza legítima respecto de la expectativa de que los riesgos y los cambios se resuelvan y produzcan siempre conforme al principio del Estado de Derecho. Añade que la Administración necesita estar habilitada por el Legislador para poder dictar una medida, debiendo ser la misma clara y justiciable, de modo que los afiliados obligatorios sepan a qué se los obliga y qué derechos se les reconocen. Cita jurisprudencia.

Acota que a la luz de los fallos citados y de la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el decisorio adolece de la falta de una motivación derivada, máxime al no haber ponderado en forma alguna la prueba pericial rendida en autos, la que deja claramente establecida la merma que sufrió su haber previsional -más del sesenta y seis por ciento (66%) desde que se jubiló hasta la interposición de la acción- y con la que se acreditó la desproporcionalidad de los descuentos.

Argumenta que si la Cámara a-quo hubiera analizado que se jubiló con un haber inicial sobre la base de un básico de Pesos Tres mil ciento ochenta y cuatro, con cuatro centavos ($ 3.184,04), el que fue llevado a un sueldo de Pesos Cuatro mil setecientos setenta y cuatro ($ 4.774), que luego a lo largo de los años, en especial a partir del año mil novecientos noventa y seis, por una interpretación que fue descalificada por la Corte sufrió una serie de descuentos que redujeron su haber a un ochenta y dos por ciento (82%) del ochenta y tres por ciento (83%) -Decreto Nro. 1777- y posteriormente una disminución mayor por una ley que fijó un monto límite en los haberes de la Administración, arrojando una suma que resultó inferior al haber inicial en un cuarenta y cuatro por ciento (44%), hubiera concluido que el porcentaje de los descuentos resultaba desproporcionado y confiscatorio, afectando los derechos de propiedad y los beneficios de la seguridad social de carácter integral e irrenunciables (arts. 14 y 19 de la Const. Nac.). Cita jurisprudencia.

Indica que el fallo carece de una motivación adecuada a las normas de la psicología y de la experiencia común y no reúne acabadamente las exigencias de no contradicción, dando por tierra los principios y argumentos vertidos en el resolutorio de la Corte, por lo que considera que se trata de un razonamiento no coherente ni derivado y que la valoración de la prueba no respetó el principio de razón suficiente valorado conforme la crítica racional.

Expone que en el resolutorio se parte de la premisa de que le fue liquidada su jubilación en consideración a pautas legales y de acuerdo con las dictadas por el Poder Ejecutivo. Estima que no se ponderó una cuestión simple, cual es que durante más de treinta años de efectivo cumplimiento de tareas y de prestación de servicios, efectuó aportes sobre la base de su sueldo.

Expresa que como se sostiene en la causa "Sánchez", las exigencias de una conveniente adaptación de la prestación jubilatoria han de considerarse cumplidas, en principio, cuando a través de su haber actualizado, el jubilado conserva una situación patrimonial proporcionada a la que le correspondería de haber continuado en actividad, lo que se vio frustrado por la conducta cuya revisión judicial se procuró por medio de la acción intentada.

Puntualiza que el embate recursivo trasciende la mera discrepancia con la valoración del material probatorio de autos, exponiendo los vicios alegados.

5.2.- Con base en el motivo sustancial de casación (art. 45 inciso "a" de la Ley 7182), la recurrente esgrime que se ha inobservado o aplicado erróneamente la ley sustantiva o la doctrina.

Acusa que el fallo es contradictorio con los fundamentos expuestos en la jurisprudencia de la Corte citada, cuyos textos adjuntó.

Indica que el Vocal de primer voto transcribió e hizo suyos los fundamentos expuestos por el Doctor Cafferata en los autos "Riachi de Fanin" (Sent. Nro. 22/2005) y por el Tribunal Superior de Justicia en el resolutorio dictado en dichos autos al resolver el recurso de inconstitucionalidad (Sent. Nro. 55/2006), en los cuales se citaron como precedentes a los casos "Carranza" y "Chocobar", que fueron dejados de lado por el Máximo Tribunal Federal in re "Iglesias" y "Sánchez".

Aduce que al resolver la causa "Iglesias", la Corte Suprema hizo especial énfasis en el precedente provincial "Carranza".

Manifiesta que el argumento citado no resulta acorde a la doctrina de la Corte fijada en el caso "Iglesias" por cuanto sólo se admitió la posibilidad de reducir los haberes previsionales, cuando no hubiera menoscabo a la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional y el resultado no fuera confiscatorio, situación ésta que fue probada en autos con la pericia que evidencia los descuentos efectuados por el Decreto Número 1777 y por la ley que fijó un tope de salarios y que fue reconocida en la propia causa "Iglesias".

Observa que existe contradicción entre la sentencia y los fundamentos dados en el Considerando Número 7 de la causa de la Corte invocada.

Insiste que no resulta válido argumentar la posible quiebra del sistema, cuando existe una norma de igual jerarquía a la Constitución Nacional que expresamente veda cualquier interpretación que se haga con el fin de limitar el goce o el ejercicio de cualquier derecho.

Hace presente que el resolutorio infringió y contradijo la doctrina de la Corte por cuanto al analizar el Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente trajo a colación los principios de equidad y de solidaridad distributivas.

Esgrime que el fallo "Iglesias" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación receptó la posibilidad de la reducción de haberes, pero reafirmó como requisitos a los que se encontraba sujeta, que la disminución sea resuelta por ley -lo que no aconteció en el supuesto de la actora- y que no resulte confiscatoria -lo que acusa también transgredido-. Acota que la ley fijó un tope a los haberes, dándose la confiscatoriedad en cuanto el mismo superó el quince por ciento (15%) aceptado por la Corte en la causa "Actis Caporale".

Pone de manifiesto que el fallo atacado incurrió en la causal casatoria invocada, en cuanto no consideró los precedentes de la Corte, dictando un pronunciamiento contrario a los mismos, los cuales se basaron en sólidos análisis doctrinarios, jurídicos y filosóficos.

Puntualiza que la Corte fijó en los fallos traídos a colación los siguientes criterios rectores o directrices a considerar en las cuestiones previsionales:

a) Es posible efectuar rebajas en los haberes previsionales, cuando razones de interés colectivo o el bienestar general lo justifiquen y su resultado no sea confiscatorio o arbitriamente desproporcionado.

b) Toda disminución debe estar sujeta a una disposición legal.

c) Las prestaciones previsionales tienen naturaleza sustitutiva y debe rechazarse toda inteligencia restrictiva de la obligación que tiene el Estado de otorgar jubilaciones y pensiones móviles (art. 14 de la Const. Nac. y Tratados Internacionales).

d) A la luz del artículo 14 bis, no puede convalidarse un despojo a los pasivos privando al haber previsional de la naturaleza esencialmente sustitutiva de las remuneraciones que percibía el trabajador durante su actividad.

e) Los precedentes del Tribunal Superior de Justicia "Chocobar" e "Iglesias" han perdido vigencia en virtud de las resoluciones dictadas por la Corte Suprema en las causas "Iglesias" y "Sánchez".

f) Los beneficios derivados de los regímenes previsionales no son de naturaleza graciable y, en consecuencia, su reconocimiento impide que con posterioridad a su concesión puedan dejarse sin efecto, constituyendo un derecho del que no puede ser desposeído y a partir del cual se accede al status de jubilado.

g) En los hechos no se deben afectar los caracteres de integrales e irrenunciables de los beneficios previsionales. Estos últimos son asimilables al derecho alimentario y tienden a la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad.

h) En armonía con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ha sido reconocida la naturaleza sustitutiva del haber previsional concedido y la jubilación constituye una prolongación de la remuneración después del cese regular y definitivo en la actividad laboral del individuo, como débito de la comunidad por el servicio prestado. Tal concepción se inserta en el objetivo preeminente de la Carta Magna de lograr el bienestar general, cuya expresión más acabada es la justicia social. De este modo, el carácter alimentario de todo beneficio previsional y obliga a sostener el "principio de favorabilidad" y a rechazar toda fundamentación restrictiva (Fallos 289:430; 292:447; 293:26; etc.).

Apunta que lo afirmado tiene respaldo en el debate realizado en la Convención Constituyente de 1957 que incorporó el artículo 14 bis a la Ley Fundamental, cuyo contenido fue ratificado por la reforma de 1994.

Alega que el fallo atacado contradice abiertamente los principios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto rechazó la demanda sin valorar que so pretexto de un actuar legítimo de la demandada, se convalidó por vía judicial la merma en el haber jubilatorio sobre la base de un decreto cuya aplicación ha sido descalificada por la Corte, traduciéndose en un porcentaje confiscatorio y tornando ilusorios derechos amparados por la Constitución como se analizó.

Explica que procura que a la luz de los fallos y de la doctrina citados, se dicte una sentencia por medio de la cual se haga lugar a la demanda partiendo de la premisa que el pedido de recomposición de su haber resulta legítimo y atendible, en cuanto ha sido disminuido por una norma inferior (decreto) que no tiene respaldo legal y que, posteriormente a ello, lo ha sido por una ley que violó principios de justicia social y previsionales que expresamente impiden todo descuento que resulte confiscatorio.

Plantea la reserva del caso federal (artículo 14 de la Ley 48).

6.- Mediante el pronunciamiento recaído en autos, el Tribunal de Mérito rechazó la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por la Señora María Estela Pavia en contra de la Resolución del Señor Administrador - Director de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba Número 235.161 del diecisiete de junio de dos mil cuatro (cfr. fs. 11/13), que rechazó por resultar formalmente improcedente y extemporáneo el reclamo presentado como consecuencia de la reducción de sus haberes jubilatorios, el cual fue reconducido como recurso de reconsideración en contra de la Resolución Número 210.145 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil uno que dispuso la aplicación de los Decretos Números 1072/99 y 1891/99 sobre los haberes de la clase pasiva de la Administración (autoridades superiores y funcionarios), conforme lo previsto en el artículo 59 de la Ley 8024.

7.- Contra dicho resolutorio alza su embate recursivo la actora, exponiendo una serie de agravios con sustento en los motivos formal y sustancial de casación, que no son de recibo atento que traslucen una mera discrepancia con lo fundadamente resuelto por el Tribunal a-quo.

Al respecto, cabe señalar que el recurso de casación configura un medio extraordinario de impugnación de la sentencia, por motivos de derecho específicamente previstos por nuestro ordenamiento procesal (art. 45 del C.P.C.A.), cuya fundamentación debe ser expresa, correspondiendo al recurrente "impugnar idóneamente los elementos que sustentan el fallo, explicando en base a los presupuestos del pronunciamiento, en qué ha consistido la infracción, cuál es su influencia en el dispositivo y cómo y por qué éste debe variar" (De La Rúa, Fernando, El Recurso de Casación, Víctor P. De Zavalía, Bs. As. 1968, pág. 464).

No basta para fundar el recurso la sola afirmación genérica de que se ha aplicado erróneamente la ley sustantiva o que se ha incurrido en un vicio in procedendo, sino que es menester que el recurrente demuestre, mediante una argumentación que contenga una crítica concreta y vinculada a los fundamentos del fallo, cuál es el agravio que le irroga la resolución impugnada.

8.- Por lo demás, los agravios esgrimidos devienen insustanciales en función de los argumentos vertidos por este Tribunal en pleno a partir del precedente recaído en los autos "Gianni de González, Gloria María c. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba - Plena Jurisdicción - Recursos de Casación e Inconstitucionalidad" (Sent. Nro. 7/2006) y reiterados en autos "Ghinaudo, Roberto Miguel c. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba - Plena Jurisdicción - Recursos de Casación e Inconstitucionalidad" (Sent. Nro. 24/2006) -en lo que resulta pertinente para el caso-, precisando en primer lugar el bloque de juridicidad que constituye la matriz normativa de resolución del conflicto de intereses, que subyace en cada una de las pretensiones defendidas por las partes contendientes de este proceso.

En esta tarea, se advierte que la Ley 6485 (B.O.P. 27/07/1992) en su artículo 192 faculta al Poder Ejecutivo para ajustar la política salarial de los agentes de la Administración Pública Provincial, a fin de corregir las distorsiones técnicas y monetarias en el poder adquisitivo de los salarios.

Por su parte la Ley 8576 (B.O.P. 31/12/1996) en su artículo 1º estableció la equiparación "en las remuneraciones en los tres Poderes del Estado Provincial..." de acuerdo a lo establecido a través de sus disposiciones y, en particular, en el Anexo "A" donde se fija el monto de las retribuciones desde el nivel 1 hasta el 18.

Mediante la Ley 8779 (B.O.P. 16/07/1999) en su artículo 48 se faculta al Poder Ejecutivo a disponer una reducción del treinta por ciento (30%) para todas las autoridades superiores y funcionarios de su dependencia desde el nivel 1 hasta el 9 inclusive sobre la asignación básica y el adicional por incompatibilidad funcional y dedicación exclusiva fijado como única y total remuneración por la Ley 8576.

A través de la Ley 8991 (B.O.P. 31/12/2001), se estableció el principio general de remuneración homogénea en el Sector Público Provincial comprendido en el ámbito de los Poderes Ejecutivo y Legislativo (art. 1º), entendiéndose "... por sector público provincial (...) a toda la administración centralizada, desconcentrada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas y sociedades del estado, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, y las entidades o sociedades en las que el Estado Provincial o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o el poder de decisión..." (art. 2º).

El artículo 3º establece "... que tanto las autoridades superiores y funcionarios del Poder Ejecutivo como los Legisladores y funcionarios del Poder Legislativo, percibirán -como única y total retribución- la asignación básica que se determine para el cargo (...) y las asignaciones familiares cuando así correspondiere...", determinándose en el artículo 4º los niveles y montos de remuneración para aquellas autoridades y funcionarios y que los mismos no podían superar por ningún concepto, la remuneración del Gobernador de la Provincia (art. 6º).

La misma normativa, en su artículo 7 faculta "... al Titular del Poder Ejecutivo y al Titular de la Legislatura de Córdoba a incorporar, armonizar y nivelar, nuevas categorías que respeten el principio de homogeneidad salarial establecido en la presente ley...".

Igualmente, se dispuso como corolario de la nueva regulación normativa, la derogación de las Leyes 8576 y 8866 y de toda otra disposición que se oponga a los contenidos establecidos en esa ley (art. 11 ib.).

El Decreto Número 1702 (B.O.P. 28/07/1999), de conformidad al artículo 48 de la Ley 8779 que faculta al Poder Ejecutivo a disponer una reducción salarial conforme lo señalado precedentemente, expresa que al haberse conferido tal facultad, corresponde al Poder Ejecutivo hacer efectiva la disminución, a los fines de cumplir con el objeto propuesto en el proyecto de la Ley 8779 e invocando las atribuciones dadas por el artículo 144 incisos 1 y 2 de la Constitución Provincial, dispone la reducción del treinta por ciento (30%) de las remuneraciones para todas las autoridades superiores y funcionarios del Poder Ejecutivo desde el nivel 1 hasta el 9 inclusive.

Conforme al Decreto Número 1891 de fecha diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve (B.O.P. 24/08/1999), el Poder Ejecutivo Provincial ponderó que en vistas al Decreto Número 1702/99 por el cual se efectivizó la reducción del treinta por ciento (30%) de las remuneraciones para todas las Autoridades Superiores y Funcionarios de su dependencia -desde el nivel 1 hasta el 9 inclusive- sobre la asignación básica y el adicional por incompatibilidad funcional y dedicación exclusiva fijado como única y total remuneración por la Ley 8576 y considerando que a fin de cumplir con los principios de economía y austeridad implementados por el Poder Ejecutivo en su administración, para lo cual resultaba necesario hacer extensiva la reducción aludida a todos los funcionarios incluidos en la Ley 8576, en el ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 144 incisos 1, 18 y 19 de la Constitución de la Provincia, dispuso la reducción de las remuneraciones para todas las Autoridades Superiores y Funcionarios del Poder Ejecutivo comprendidos en la Ley 8576, sobre la asignación básica y el adicional por incompatibilidad funcional y dedicación exclusiva, fijado como única y total remuneración por la misma, conforme las siguientes escalas: reducción del treinta por ciento (30%) en las remuneraciones de los Funcionarios comprendidos en los niveles 10 al 14 inclusive del Anexo "A" de la Ley 8576 y reducción del quince por ciento (15%) en las remuneraciones de los Funcionarios comprendidos en los niveles 15 al 18 inclusive del Anexo "A" de la Ley 8576.

Mediante la Resolución Número 210.145 del veinticuatro de octubre de dos mil uno el Administrador-Director de la Caja de Jubilaciones de la Provincia (B.O.P. 29/10/2001) dispuso en su artículo 1º la aplicación de los Decretos Números 1702/99 y 1891/99 sobre los haberes de la clase pasiva del aludido sector conforme lo previsto en el artículo 59 de la Ley 8024 y en su artículo 2º estableció que dicha reducción se efectuaría a partir de los haberes del mes de octubre de dos mil uno.

El artículo 59 de la Ley 8024 establece en su parte pertinente que "Los haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad. El reajuste de los haberes tendrá efecto desde la fecha de producida la variación salarial y deberá abonarse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del dictado de la norma legal que la autoriza, sin perjuicio de los anticipos a cuenta o diferencia que la Caja liquide sobre la base del porcentaje mínimo de incremento...".

En sentido concordante el artículo 50 ib. dispone que "El haber de la jubilación ordinaria y por invalidez se determinará de conformidad con el procedimiento que a continuación se detalla: a) Será igual al ochenta y dos por ciento (82%) móvil de la remuneración mensual del cargo que desempeñaba el afiliado a la fecha de cesar en el servicio...".

9.- Supremacía constitucional: subordinación al orden jurídico:

Explicitado el bloque de juridicidad infraconstitucional al que se ajusta la Resolución de la Caja de Jubilaciones Número 210.145/01, consideramos que los principios previsionales consagrados por el ordenamiento jurídico vigente de jerarquía directamente constitucional, son los que coadyuvan a arbitrar una solución adecuada al presente conflicto.

Como ha sostenido este Tribunal Superior de Justicia en numerosas causas, sabido es que el fundamento de validez o legalidad que tiene todo acto normativo, se sustenta en la totalidad del ordenamiento jurídico. Los principios generales del derecho y el contenido dogmático y operativo de la Constitución inciden sobre todas las leyes y actos particulares. Por ello, se ha dicho que toda interpretación es una referencia a la totalidad estructural de la que forma parte el objeto de lo interpretado. Es dar una razón suficiente por remisión al contexto (Aftalión, Enrique, Crítica al saber de los juristas, pág. 72 y Linares, Juan F., Fundamentos del Derecho Administrativo, págs. 91 y 92).

El artículo 174 de la Constitución de Córdoba impone como obligación de quien ejerce la función administrativa sujetarse al "orden jurídico", siguiendo la tendencia de las modernas constituciones extranjeras (arts. 20 Ley Fundamental de Bonn, 97 Const. Italiana, 9.2 y 103.1 Const. Española, entre otras).

La importancia creciente que adquiere el concepto y alcance de "ordenamiento" ha dejado de dar prioridad sólo a la relación norma jurídica-situación fáctica, para comprender a la totalidad del sistema y sus principios inmanentes.

La revisión crítica del positivismo por obra de Bobbio (Teoría de la norma jurídica, Turín 1958, págs. 101 y ss.) propone la metodología neoempirista y su aplicación a la praxis jurisprudencial; concibe la amplitud del orden jurídico, atribuyéndole funciones sancionatorias al igual que al precepto legal aislado. En ese mismo marco la apertura contemporánea a los principios y directrices jurídicos antes que el puro normativismo, aparece como un dato verificable en el Derecho Judicial contemporáneo. En definitiva, se le reconoce mayor efectividad y aplicación directa a la realidad.

Como es fácil advertir, no se trata sólo de un mero prurito formal, sino que en sentido material o sustantivo las consecuencias jurídicas son diferentes. La estrategia o metodología judicial no debe construir su silogismo lógico-jurídico en base al precepto aislado de la norma específica sino de la amplia adecuación a la unicidad del orden jurídico en el sentido holístico referido.

Es que el principio de legalidad comporta un axioma de derecho en virtud del cual la norma emitida por una jerarquía piramidal superior prevalece respecto de la inferior generada como consecuencia de la aplicación de aquélla (Linares, Fundamentos del Derecho Administrativo, págs. 343 y ss. y Kelsen, Teoría Pura del Derecho, 2º ed. alemana, págs. 232 y ss.).

Es la Constitución la que establece y delimita la organización administrativa del Estado, los derechos y deberes fundamentales como los objetivos que se imponen para satisfacer los intereses de la comunidad. De allí devienen las reglas supremas que la organización administrativa debe respetar, como la unidad del ordenamiento jurídico, caracterizado por su relación internormativa jerárquica.

Esta preeminencia constitucional es formal y sustantiva por cuanto las normas que en su consecuencia se dictan no sólo deben respetar el procedimiento de emisión formal preceptuado por ella sino también los principios, contenidos, objetivos y limitaciones impuestos por la misma.

La Constitución Argentina en sus artículos 1º, 28 y 31 consagra su primacía jerárquica siguiendo el modelo americano. Idéntico criterio recepta la de Córdoba en el artículo 161, en concordancia con el artículo 174 referido supra. Téngase presente que la Constitución Norteamericana de 1787, establece en su artículo 7º, Sección Segunda, la supremacía de la misma, confiando a la Justicia el cometido de resguardar su validez superior con relación a las leyes que de ella deriven.

Son los Jueces, entonces, quienes tienen la atribución-deber de analizar la adecuación positiva o negativa de la norma aplicable a la luz de lo reglado por la Constitución. En caso de conflicto entre ellas ha menester seguir el criterio de Marshall (Marbury c. Madison) "escogiendo la subordinante y dejando de lado la subordinada".

La Convención Constituyente Cordobesa de 1987 asegura la vigencia irrestricta de este principio cuando afirma que "... el acatamiento a la Constitución será signo revelador de legitimidad y, por el contrario, la inobservancia de ésta indicará sin lugar a dudas ilegitimidad, sea en el origen, sea en el ejercicio que esta inobservancia se produzca..." (Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente, T. I, pág. 1220). Por eso Kaegi dice "que lo fundamentalmente nuevo del Estado constitucional frente a todo el mundo del autoritarismo, es la fuerza vinculante unilateral de la norma".

10.- Los principios de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad:

En el sub examen, corresponde determinar el alcance y sentido que corresponde otorgar a los principios constitucionales de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad que informan el régimen provisional.

En esa labor, la Constitución de Córdoba, en su Título Segundo Políticas Especiales del Estado, Capítulo Primero Trabajo, Seguridad Social y Bienestar en el artículo 55 sobre Seguridad Social dispone que "El Estado Provincial establece y garantiza, en el ámbito de su competencia, el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad social que proteja a todas las personas de las contingencias sociales, en base a los principios de solidaridad contributiva, equidad distributiva, accesibilidad, integralidad e irrenunciabilidad de beneficios y prestaciones. Los organismos de la seguridad social tienen autonomía y son administrados por los interesados con la participación del Estado y en coordinación con el Gobierno Federal".

En tanto, el artículo 57 bajo el título "Régimen Previsional" prevé que "El Estado Provincial, en el ámbito de su competencia, otorga a los trabajadores los beneficios de la previsión social, y asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad. El régimen previsional debe ser uniforme y equitativo y debe procurar la coordinación con otros sistemas previsionales. La ley establece un régimen general previsional que contemple las diferentes situaciones o condiciones laborales, conforme lo establece el artículo 110, inciso 17 de esta Constitución...".

A su vez el artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce que "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable...".

Como ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires "... La materia previsional, que forma parte de los derechos y garantías enunciados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, rebasa los cuadros de la justicia conmutativa que regula, sobre la base de una igualdad estricta y aritmética, las prestaciones interindividuales, para insertarse en el marco de la llamada justicia social, cuya primera y fundamental exigencia radica en la obligación de quienes forman parte de una determinada comunidad, de contribuir al mantenimiento y estabilidad del bien común propio de ella" (B.51726 Sent. del 04/06/91, "Salas, Pedro José Samuel c. Caja Seg. Soc. Odontólogos Pcia. de Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa", A. y S. T. 1991-II, pág. 83).

En estas condiciones la justicia conmutativa implica según Santo Tomás (Suma Teológica, II-II, 58, 1) "... igualar cosa a cosa, de suerte que cuanto éste tenga de más en lo que le corresponde, otro tanto debe restituir aquél en lo que le pertenece. Y de ese modo se realiza la igualdad según la medida aritmética...". La justicia distributiva, a diferencia de la anterior, presupone que el acto justo se configura con la parte del bien común que como carga o beneficio le corresponde a cada individuo que forma parte de la sociedad. "... No se determina el justo medio según la igualdad de cosa a cosa, sino según la proporción de las cosas a las personas...". Con palabras de Welty E. ("Catecismo social", Herder, Barcelona 1962, pág. 244) "... la justicia distributiva es aquella especie de justicia que obliga a repartir los bienes y las cargas proporcionalmente entre los miembros de la comunidad...". Como dice Rodolfo C. Barra (Principios de derecho administrativo, Abaco, Bs. As., págs. 46 y ss.) se trata de una relación jurídica basada en la desigualdad, ya que es desigual el interés que cada parte pone en juego. El interés público es de superior jerarquía que el interés privado, siendo incluso desiguales los sujetos intervinientes en la relación.

En la Convención Constituyente de Córdoba se subrayó que "...La previsión social, al asegurar contra los riesgos de la vida al individuo, lo educa para la ciudadanía y lo conforma para la humanidad. La solidaridad, que es el fundamento de la previsión, importa la unión y ayuda mutua de todos los individuos de un grupo social primero y de todos los grupos sociales después" (Diario de Sesiones H. Convención Constituyente de 1987, T. II, pág. 1949) y este principio constitucional de solidaridad se viabiliza en la normativa previsional, cuando impone al grupo activo de afiliados el sostener con su aporte al colectivo en pasividad. Si la solidaridad se institucionaliza entre pluralidades diversas, con mayor razón debe operar respecto de situaciones afines, para que el sistema pueda prosperar bajo la filosofía que marca en tal sentido la propia Constitución.

La justicia distributiva es inherente al Derecho Público y comporta un principio constitucional expresamente condensado para el ámbito previsional cuando el artículo 55 de la Constitución de Córdoba garantiza la "solidaridad contributiva" y la "equidad distributiva". De tal manera, cuando el Estado cumple su función realizando el bien común mediante la prestación de un beneficio previsional debe ser valorado según la regla proporcional o comparativa de la equidad distributiva.

11.- Los principios constitucionales que rigen en materia previsional encuentran tutela primigenia en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que reconoce a los beneficiarios un nivel de vida similar, dentro de una "proporcionalidad justa y razonable", al que le otorgaran, a él y a su núcleo familiar, las remuneraciones percibidas en la actividad. Se trata de una técnica o mecanismo que garantiza la adecuada relación del haber con el nivel de ingresos del agente en actividad.

El derecho a la prestación jubilatoria móvil, adquirido conforme la categoría alcanzada en actividad y en base a la cual se otorgó un beneficio jubilatorio, queda ligado a las variaciones que experimente la remuneración del cargo otrora desempeñado, desde que la garantía de movilidad debe traducirse en una razonable proporcionalidad entre la situación del jubilado y la que resultaría de continuar en actividad (S.C.B.A. B.53621 Sent. del 15/11/94 "Sorrarain, Susana c. Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa", A. y S., T. 1994-IV, pág. 303).

También ha reafirmado la jurisprudencia que "... el contenido de esa garantía no se aviene con disposiciones que establecen la inmovilidad absoluta de los beneficios por un término incierto (Fallos 293:551; 295:674; 297:146), ni con aquellas en que el mecanismo de movilidad se traduzca en un desequilibrio de la razonable proporcionalidad que debe existir entre la situación del trabajador activo y el jubilado, en grado tal que pudiera calificarse de confiscatoria o de injusta desproporción con la consecuente afectación de la naturaleza sustitutiva de la prestación" (Fallos 300:616; 304:180; 305:611).

De allí que el principio básico que sustenta el sistema previsional es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, entendiendo dicha relación como directriz para conjugar la naturaleza del haber previsional, los fines que persigue su reconocimiento y el establecimiento de una razonable reglamentación de la materia (doctrina de Fallos 289:430 y sus citas; 292:447 y muchos otros posteriores). Las exigencias de una conveniente adaptación de la prestación jubilatoria han de considerarse cumplidas, en principio, cuando a través de su haber actualizado el jubilado conserva una situación patrimonial proporcionada a la que le correspondería de haber continuado en actividad (Fallos 255:306).

Tales directrices proveen de contenido a la inteligencia que cabe asignar a los principios de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad del haber previsional de jerarquía constitucional en nuestro propio ordenamiento jurídico provincial (art. 57, Constitución Provincial).

Ello así, por cuanto debe interpretarse que el principio de irreductibilidad previsional, consiste en que no puede alterarse el derecho de los pasivos a percibir una "parte" o "proporción" del haber activo, conforme las fluctuaciones que experimente el nivel salarial de los agentes provinciales.

De lo que se desprende que se respeta el principio de irreductibilidad siempre que no se altere en términos confiscatorios la razonable relación de proporcionalidad que debe mediar entre el sueldo que se asigna a los activos y las remuneraciones que perciben los pasivos, conforme el porcentaje de cálculo establecido por la normativa aplicable, lo que se traduce en el ochenta y dos por ciento (82%) móvil de la remuneración mensual del cargo que desempeñaba el afiliado a la fecha de cesar en el servicio (arts. 50 y 59 de la Ley 8024).

Empero, ello no obsta a que en virtud de los principios de movilidad y proporcionalidad, producida una variación salarial en más o en menos para los activos, la misma se traslade a los pasivos, teniendo en cuenta el cargo en el que el jubilado obtuvo su beneficio.

La interpretación propiciada es la que permite armonizar los principios constitucionales establecidos en el artículo 57 de la Constitución de Córdoba con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con la configuración infraconstitucional que de esos principios ha realizado el Legislador provincial en los artículos 50 y 59 de la Ley 8024, en ejercicio regular de atribuciones constitucionales reservadas, como así también con la interpretación que de todos esos preceptos ha efectuado tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ámbitos no circunscriptos exclusivamente a regímenes nacionales, como la de este Tribunal Superior de Justicia.

En base a las consideraciones precedentes, puede aseverarse que la decisión de la Cámara a-quo contiene una interpretación integradora del sistema previsional, tal como éste ha sido delineado desde las Constituciones Nacional (art. 14 bis) y Provincial (art. 57, específicamente) y complementado por la decisión legislativa contenida en los artículos 50 y 59 de la Ley 8024.

Tan es así, por cuanto los principios de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad, no funcionan de manera autónoma e independiente uno del otro, sino que su verdadera operatividad debe ser ponderada desde una visión sistemática y funcional interrelacionada.

De tal manera que la irreductibilidad que la Constitución Provincial garantiza respecto de las jubilaciones y pensiones, está referida a los componentes esenciales integradores de la situación jurídico-subjetiva del derecho al beneficio, esto es, a los componentes esenciales que definen el status jurídico de jubilado o pensionado (vgr. años de servicios con aporte, edad mínima, porcentaje de la base del haber jubilatorio, etc.).

Ello significa que el derecho previsional, una vez otorgado e incorporado al patrimonio de su beneficiario, es irreductible, pero esta irreductibilidad no se traduce en una intangibilidad absoluta del quantum del haber, en virtud que no se desvincula de la proporcionalidad que conecta inescindiblemente la situación jurídica del pasivo a la que él mismo habría gozado de continuar en actividad, siempre que en la observancia de esa necesaria relación de proporcionalidad -consustancial al carácter sustitutivo de los beneficios- no se desnaturalicen aquellos componentes esenciales en virtud de los cuales pudo hacer ingresar ese beneficio a su patrimonio, por razones de arbitraria confiscatoriedad.

Interpretar lo contrario, tal como lo ha efectuado la actora, poniendo énfasis sólo en el principio de irreductibilidad previsional, sin tener en cuenta su armonización con los principios de movilidad y proporcionalidad, a más de implicar poner en pugna los referidos principios entre si, significaría avalar la desarticulación del sistema de reparto implementado en la propia Ley 8024, ya que podría llegarse al propósito no declarado por el Constituyente local de que la clase pasiva pudiere percibir una prestación superior a aquella que por igual cargo perciben los agentes en actividad, que son quienes en definitiva con sus aportes hacen posible la concreción práctica y material del sistema implementado- Definido el alcance y sentido que debe otorgarse a los principios constitucionales de irreductibilidad, movilidad y proporcionalidad de los beneficios previsionales se desprende como incuestionable la legitimidad de la Resolución Número 210.145/01 de la Caja de Jubilaciones de trasladar la disminución salarial dispuesta a las autoridades superiores y funcionarios del Poder Ejecutivo por la Ley 8779 y los Decretos 1702/99 y 1891/99 a los pasivos de tal sector, en atención a la naturaleza sustitutiva de los haberes de pasividad.

De ese modo el Legislador provincial al reducir las remuneraciones del sector de los activos, en el contexto de una política impulsada por el Poder Ejecutivo a quien se le encomendó su concreción práctica, ha adoptado una decisión que no es intrascendente al sistema previsional, pues la operatividad inmediata y funcional de los principios consagrados en el artículo 57 de la Constitución Provincial, proveen de fundamentación jurídica bastante a dicha decisión que se ajusta asimismo a los parámetros establecidos en los citados artículos 50 y 59 de la Ley 8024.

12.- Potestas variandi de la Administración en materia remuneratoria del sector de los activos:

Con relación al Decreto Número 1891/99, cuya aplicación dispone la resolución impugnada al sector pasivo, es dable señalar que a partir del precedente recaído en autos "Jaccard, Arturo Luis c. Estado Provincial - Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación" (Expte. Letra "J", Nº 01, iniciado el trece de febrero de dos mil tres, Sentencia Nro. 55 de fecha 10 de septiembre de 2004) y los que le sucedieron (Sentencias Nro. 84/2005 "Rahal, Abelardo Elías..."; Nro. 85/2005 "Cámara, Carlos Selim..."; Nro. 90/2005 "Rahal Fiad, Martha E. ..."; Nro. 91/2005 "Teijeiro, Lisardo Antonio..."; Nro. 92/2005 "Di Pascuale, Armando Gustavo Juan...", entre muchas otras), se arribó a la solución en orden a que la Ley 8779 estableció una política clara en materia de remuneraciones para el sector de "todas las autoridades superiores y funcionarios de su dependencia" en concordancia con la calificación que de esas autoridades y funcionarios efectuó la Ley 8576, enmarcada en los principios de economía y austeridad implementados para el Poder Ejecutivo que hicieron explícitos los Decretos Números 1702/99 y 1891/99.

Repárese que la voluntad legislativa materializada en la Ley 8779, fue la de reconocer al "Poder Ejecutivo" la atribución para disponer la "reducción" para "todas" las autoridades superiores y funcionarios de su dependencia, sin "excluir" en forma expresa a niveles determinados, pues de otra manera sería inconsecuente la referencia del Legislador a "todas" las autoridades y funcionarios comprendidos en el texto expreso de la Ley 8576.

Tal ausencia de exclusión o prohibición de hacer efectiva la voluntad legislativa de reducir el treinta por ciento (30%) de las remuneraciones con relación a determinados niveles, se corrobora con el hecho de que en el propio articulado de la ley se alude expresamente a los niveles 1 a 9 "inclusive", sin predeterminar tal enunciación como un límite taxativo para efectivizar la decisión de reducir las remuneraciones a "todas" las autoridades superiores y funcionarios del Poder Ejecutivo, en armonía con los niveles establecidos por la Ley 8576.

En consecuencia, configurada legalmente la reducción remuneratoria por el artículo 48 de la Ley 8779, los Decretos Números 1702/99 y 1891/99 se enmarcan en el ámbito de atribuciones constitucionales delimitadas por el artículo 144 inciso 1º de la Constitución Provincial, sin perjuicio que respecto del último decreto citado, también resultan operativos los incisos 18 y 19 del mismo precepto constitucional, como expresamente se cita en sus fundamentos, pues traducen una apreciación de mérito, oportunidad o conveniencia del órgano delegado sobre la modalidad operativa de hacer efectiva la reducción salarial de conformidad con la voluntad expresa del Legislador, lo que resulta concordante con el citado inciso 1º cuando atribuye al Gobernador dirigir políticas, además de ejecutar las leyes.

Por consiguiente, si se efectúa una interpretación integral de la sucesión normativa y reglamentaria vigente en materia de régimen de remuneraciones, se advierte claramente que las decisiones de los órganos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se enmarcan en una política de reforma administrativa en materia de personal y remuneratoria, que partiendo de la Ley 8576 de equiparación de remuneraciones, consolidó un régimen de homogeneidad remuneratoria entre los tres Poderes, finalidad que para ser alcanzada ha determinado en el Legislador la adopción de medidas como la contenida en el artículo 48 de la Ley 8779, entre muchas otras, enmarcadas en la potestas variandi de la Administración.

No se advierten reparos constitucionales en orden al ejercicio de atribuciones constitucionales que le son propias, que puedan ser opuestas a los Decretos 1702/99 y 1891/99, pues la decisión de reducir las remuneraciones de "todas" las autoridades superiores y funcionarios de la dependencia del Poder Ejecutivo Provincial, no tiene su fuente normativa en dichos actos, sino en la voluntad legislativa contenida en el artículo 48 de la Ley 8779, respetándose de esa manera la atribución legislativa prevista en el artículo 104 inciso 26 de la Constitución Provincial cuando establece que corresponde al Poder Legislativo dictar el estatuto, el régimen de remuneraciones y reglar el escalafón del personal de los Poderes y órganos del Estado Provincial.

Tal proceso de reforma administrativa se corrobora con diversas normativas posteriores a la decisión adoptada por el Legislador en el artículo 48 de la Ley 8779, que resultan pertinentes para interpretar el curso y los alcances de la reforma administrativa operada a través de la sucesión normativa ya iniciada con la propia Ley 8576. Así por ejemplo la Ley 8866 (B.O.P. 19/07/2000) dispuso una reducción sobre las remuneraciones de los funcionarios del Poder Legislativo y la Ley 8991 (B.O.P. 31/12/2001) que consagra el principio de remuneración homogénea en el Sector Público Provincial comprendido en el ámbito de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, determinó las remuneraciones tanto para las autoridades superiores y funcionarios del Poder Ejecutivo como para los Legisladores y funcionarios del Poder Legislativo, a la vez que derogó las Leyes 8576 y 8866.

El análisis normativo precedentemente expuesto, pone en evidencia la divergencia interpretativa de carácter subjetivo que sustenta el recurso interpuesto, que son suficientes para desestimar una lesión a un derecho subjetivo del que no es titular la actora, quien sobre la base de una interpretación desintegradora y desarticulada del marco normativo y reglamentario de carácter constitucional e infraconstitucional aplicable al sub iudice, pretende derivar una limitación legal al ámbito subjetivo de actuación de la reducción remuneratoria dispuesta por el artículo 48 de la Ley 8779, que no se compadece ni con el texto expreso de la ley y tampoco con la finalidad que inspiró al Legislador, enmarcada en una clara política de homogeneidad en materia de remuneraciones, a través de la cual se facultó al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes, a la vez que se le delegó los aspectos prácticos, formales y concretos para hacer efectiva la reforma administrativa impulsada tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislador provincial, incluso en su propio ámbito de funcionarios de esa rama del Poder.

La concreción en su faz operativa y práctica de la reforma administrativa de carácter legal en materia de remuneraciones, en vista a una clara política de economía y de equiparación de las remuneraciones del Sector Público Provincial, en modo alguno ha traducido un avance o una ingerencia prohibida por la Constitución Provincial (art. 13) de las atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo sobre las reservadas al Poder Legislativo.

Sabido es que las Constituciones Provinciales no delimitan expresamente el ámbito de actuación de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, independiente de la ley, perpetuándose en un carácter meramente residual respecto del Legislador, por lo que recobran fundamental importancia las nuevas técnicas de delegación de éste al Administrador (vid de mi autoría "Instrumentos de Reforma Administrativa", en Semanario Jurídico, Fallos y Doctrina, Año 10, Nro. 778, 22 de febrero de 1990, págs. 1 y ss., como así también "Instrumentos de Reforma Administrativa: Nuevas técnicas de remisión, imputación o sustitución de funciones" en Semanario Jurídico, Fallos y Doctrina, Año 10, Nro. 774, 28 de diciembre de 1989, págs. 3 y ss.).

La referida instrumentación práctica, a cargo del Ejecutivo constituye una nueva herramienta para canalizar la atribución-deber que también tienen hoy en forma expresa o implícita los Ejecutivos provinciales de formular y dirigir políticas, además de ejecutar leyes.

La decisión legislativa contenida en el artículo 48 de la Ley 8779 y sus consecuentes actos generales de aplicación (Decretos 1702/99 y 1891/99) se inscribe en el ejercicio de una prerrogativa pública estatal que tal como se destacó precedentemente tiene su quicio constitucional en los artículos 76 que en el Capítulo Cuarto referido a "Economía y Finanzas", con el Título "Remuneraciones" preceptúa que "El Estado Provincial, con participación previa y por gremio, fija la remuneración de sus agentes, procura su homogeneidad sobre la base de que a igual tarea corresponde igual remuneración..." y 144 inciso 1º de la Constitución Provincial de 1987, que establece que el Gobernador "Es el jefe del Estado Provincial, al que representa, tiene a su cargo la administración del mismo, formula y dirige políticas y ejecuta las leyes", inciso 3º que atribuye a dicho órgano iniciativa legislativa; inciso 18 en virtud del cual el Gobernador "Organiza la Administración Pública, sobre la base de los principios consagrados en el artículo 174..." (eficacia, eficiencia, economicidad, centralización normativa, descentralización territorial, desconcentración operativa, jerarquía, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y actos), como así también en el inciso 19 del citado precepto, que dispone que el Gobernador "Dirige la reforma administrativa, con el propósito de hacer más eficiente y menos onerosa la Administración".

Tales preceptos ponen de relieve que el Constituyente ha dejado en manos del Administrador la facultad discrecional necesaria para llevar adelante en su faz operativa, los principios de organización y reforma administrativa incorporados en la Constitución y esquematizados por la ley. A mayor complejidad de la materia a regular, más grandes resultan los espacios de discrecionalidad delegados al Administrador, cualquiera que fuera la fuente de la dificultad -política, científica, técnica, económica, social, sociológica, burocrática, etc.- (vid de mi autoría, Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica, Depalma, Bs. As. 1994, págs. 35 y ss.).

El marco de cobertura señalado se completa con el artículo 104 inciso 23 de la Ley Fundamental local, al preceptuar que corresponde al Poder Legislativo la atribución de "Crear y suprimir empleos y legislar sobre todas las reparticiones, agencias, oficinas y establecimientos públicos, con determinación de las atribuciones y responsabilidades de cada funcionario. Esta legislación debe tener en cuenta la política de reforma administrativa propuesta por esta Constitución", como así también con el inciso 26 que habilita al Poder Legislativo a "Dictar el estatuto, el régimen de remuneraciones y reglar el escalafón del personal de los Poderes y órganos del Estado Provincial".

De la interpretación armónica de los preceptos precedentemente transcriptos, surge con toda claridad que la atribución constitucional de establecer el régimen remuneratorio del Sector Público del Estado Provincial, esto es los lineamientos esenciales sobre los cuales recae esta materia (diferentes rubros componentes del sueldo), es de competencia del Legislador (art. 104 inc. 26).

En cambio, la atribución de "fijar" la remuneración es competencia expresa del Estado Provincial, a través de sus Poderes que lo representan conforme a la cláusula expresa contenida en el citado artículo 76 de la Constitución Provincial. También implica reglamentar con la metodología más conveniente el régimen general establecido por el Legislador y lo dispuesto por las normas presupuestarias pertinentes.

Fijar la remuneración implica conceptualmente la posibilidad de aumentar o, excepcionalmente, disminuirla, atento razones de mérito, oportunidad o conveniencia, que sólo compete a quienes se les ha asignado en exclusividad esa atribución en los límites de la juridicidad.

Tales imperativos han sido debidamente observados en el sub iudice por cuanto la Ley 8779 en su artículo 48 facultó expresamente al Poder Ejecutivo la necesaria concreción en su faz operativa y práctica de la voluntad legislativa en materia de una clara política remuneratoria integrativa de una reforma administrativa ya iniciada con la Ley 8576, sin perjuicio que el propio Legislador adoptó un criterio indicativo al hacer efectiva la reducción salarial en primer lugar a los niveles 1 a 9 inclusive, es decir, abarcando explícitamente a las propias autoridades de origen electivo y al personal de carácter político o de gabinete, criterio que fue razonablemente complementado por el Decreto 1891/99 al establecer una graduación entre los niveles 10 a 14 y 15 a 18 del Anexo "A" de la Ley 8576, a quienes sólo se aplicó una reducción del quince por ciento (15%), como así también le fijó límites sustanciales al ejercicio de esa prerrogativa que no debía extralimitar el Ejecutivo Provincial, cual es el tope del treinta por ciento (30%) de la reducción salarial. Este parámetro cuantitativo esencial, por lo demás, se enmarca dentro de los límites en que es constitucionalmente tolerable la puesta en acto de la potestas variandi de la Administración, para introducir modificaciones unilaterales de gravamen a las condiciones esenciales en que transcurre una relación de especial sujeción de las autoridades superiores y de los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.

En esas circunstancias surge clara la intención legislativa expresa de habilitar legalmente una reducción del treinta por ciento (30%) a todas la autoridades superiores y funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, que produjo la efectiva modificación de los niveles salariales establecidos en función de las categorías contempladas en la Ley 8576, mediante su concretización práctica y operativa a través del dictado de los Decretos Números 1702/99 y 1891/99, siendo sus disposiciones aplicables a la actora atento el cargo con el que obtuvo su jubilación y en virtud del régimen de movilidad previsional establecido en los artículos 50, 59 y concordantes de la Ley 8024, tal como quedó expuesto en los considerandos de la Resolución de la demandada Número 210.145/01 que traduce un acto general de aplicación del bloque de legalidad al ámbito de los beneficios otorgados por la Caja de Jubilaciones.

El propio Legislador en el artículo 48 de la Ley 8779 ha ratificado expresamente la competencia que inviste el Poder Ejecutivo Provincial para fijar las remuneraciones, aún sin ley, concretizando la potestad constitucional atribuida por el Constituyente Provincial en el referido artículo 76 de la Constitución Provincial.

En el sub lite, el accionante no ha demostrado que el ejercicio de estas potestades públicas reservadas a los órganos de gobierno elegidos de la voluntad popular, exorbite los standards que emanan de los principios de proporcionalidad, razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad, únicos supuestos en los que cabría la posibilidad de un control jurisdiccional del ejercicio de las mismas.

De allí entonces se advierte, por los motivos desarrollados precedentemente, que los agravios expuestos desde la pretensión inicial sustentada por la actora, devienen insustanciales cuando sus alegaciones no traducen un gravamen concreto que permita descalificar la adecuación de la situación de los pasivos a la vigente para el sector activo, por devenir irrazonablemente desproporcionada o vulneratoria de los estándares que son alcanzados por la doctrina de la confiscatoriedad.

13.- Interpretación constitucional conforme:

Es dable recordar lo que dijo Oliver Wendell Holmes ("The path of law", Harvard Law Review, Vol. 10, págs. 457 y ss.) en el sentido que los Jueces tienen el deber de ponderar las consecuencias sociales de su decisión.

El debido criterio para la exégesis de la ley es el que pondera las consecuencias sociales de la decisión y tiende a poner a salvo el espíritu y los obvios fines que ella tiene. La Corte no puede prescindir de las consecuencias sociales de su decisión, ni de la realidad que la precede.

El mismo criterio fue condensado por la Corte Suprema Argentina en el caso "Saguir y Dib" (Fallos 302:1284) al afirmar que la aceptación de soluciones disvaliosas es incompatible con la misión de los Jueces.

Por lo demás, la interpretación "conforme" es un principio que se deriva directamente de la Constitución como norma que confiere fundamento y unidad al ordenamiento jurídico (vid Balaguer Callejón, María Luisa, "Interpretación de la constitución y ordenamiento jurídico", Tecnos, Madrid 1997, pág. 111). Tal principio o máxima de hermenéutica posibilita que, de entre varios entendimientos posibles de una regla de derecho, el intérprete opte por aquél que "mejor se acomode a los dictados constitucionales" (Jiménez Campo, J., "Enciclopedia jurídica básica", Madrid 1995, pág. 3681).

Se trata entonces de arbitrar una solución para el caso concreto que partiendo "desde" la Constitución y orientándose "hacia" la norma infraconstitucional, preserve la eficacia de los principios y valores que subyacen en la Ley Fundamental, subsanando de ese modo las deficiencias de una formulación normativa de menor jerarquía que debe encontrar siempre como marco de referencia a la Constitución.

La interpretación "de" la Constitución -como enseña Bidart Campos- es la que "desde" ella facilita el descendimiento hacia las normas infraconstitucionales por un riel que las adecua a la Constitución y, simultáneamente, a las circunstancias propias de cada caso, de tal suerte que la decisión que se adopte tiene su fuente normativa primaria en la propia Constitución.

14.- De allí que no es dable apoyarse en la literalidad y el significado semántico y gramatical del término "irreductibilidad" del artículo 57 de la Constitución Provincial, prescindiendo de la clara letra del artículo 50 de la Ley 8024 y de la operatividad interrelacionada de los principios de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad (art. 57, Const. Pcial.), lo que conduce a una desarticulación del orden jurídico previsional.

Ante una "situación de interpretación" -como la de la norma en análisis- se ha de tener en cuenta la conexión o dependencia de la norma con cada uno de los contextos (lingüístico, sistemático y funcional), pues todos ellos influyen en su significado. De lo contrario, se corre el riesgo de atribuirle uno incoherente o contradictorio respecto de las otras reglas pertenecientes al sistema, o bien uno no acorde con la finalidad que persigue la Institución a la que pertenece la regla.

En ese sentido, es aplicable la doctrina según la cual no es admisible acogerse a un sistema jurídico en la parte que favorece al requirente y rechazarlo en la que le es desfavorable (C.S.J.N. Fallos 307:293; 271:124; 292:404 y doctrina reiterada de este Tribunal en Sentencias Nros. 8/1993 "Bustos...", 9/1993 "Yasukawa...", 210/1999 "Molina de Pereyra...", entre muchas otras).

Más es ello así, cuando los alcances de la voluntad legislativa contenida en los preceptos legales citados, debe ser conjugada con idéntico designio arbitrado por el Constituyente local desde la Constitución de la Provincia en materia provisional.

Finalmente, cabe señalar que en nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho, la Constitución de la Provincia ocupa el vértice del ordenamiento jurídico provincial y es la que informa el contenido de todas las normas que de ella se derivan. De allí que frente a distintas alternativas posibles de interpretación de las leyes de rango inferior, no cabe adoptar un criterio que no armonice con los principios constitucionales como lo pretende el recurrente, sino que se debe procurar encontrar la solución que contemple la unicidad del orden jurídico.

De ese modo se procura hacer operativos los derechos y garantías reconocidos por la norma de jerarquía superior.

Ello es así, habida cuenta que es regla de hermenéutica de las leyes atender a la armonía que ellas deben guardar con el orden jurídico restante y con las garantías de la Constitución y que en casos no expresamente contemplados ha de preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta aquella armonía y los fines perseguidos legislativamente. Por ello, no es siempre el método recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que las nutre es lo que debe determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; debe buscarse en todo tiempo una valiosa interpretación de lo que las normas, jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fin común de la tarea legislativa y de la judicial (Fallos 300:417; 302:1209, 1284; 303:248; "Jáuregui, Manuela Yolanda....", Fallos 306-1:940 y sus citas).

15.- A las consideraciones expuestas precedentemente cabe agregar que resulta insuficiente para revertir el sentido de lo resuelto en autos, la crítica que se efectúa a la hermenéutica sentencial propiciada, acusándola de contraria a la doctrina judicial sentada por la Corte Suprema in re: "Sánchez, María del Carmen c. A.N.Se.S. s/ reajustes varios" (Fallos 328:1602) y "Actis Caporale, Loredano Luis Adolfo c. INPS s/ reajustes por movilidad" (Fallos 323:4216), ya que los precedentes indicados deciden cuestiones relativas a la interpretación de normas previsionales diferentes a la que conforman la premisa normativa del fallo impugnado.

Asimismo, las impugnaciones efectuadas por la recurrente al Decreto Número 1777/95 sobre la base de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Iglesias, Antonio Martín y otros c. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba" (Fallos 330:3149), no resultan de recibo en tanto que la aplicación de dicha norma no fue objeto de impugnación por la actora en Sedes Administrativa ni Judicial, por lo que su planteo en esta etapa recursiva deviene a todas luces inadmisible.

16.- Por todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto y, consecuentemente, confirmar el resolutorio impugnado en todos sus términos.

17.- Las costas de esta instancia se imponen por el orden causado en virtud del artículo 82 de la Ley 8024.

Así voto.

La doctora Aída Lucía Teresa Tarditti dijo:

Considero que las razones dadas por el Señor Vocal preopinante deciden acertadamente la presente cuestión y, para evitar inútiles repeticiones, voto en igual forma.

El doctor Armando Segundo Andruet (h.) dijo:

Comparto los fundamentos y conclusiones vertidos por el Señor Vocal de primer voto, por lo que haciéndolos míos, me expido en idéntico sentido.

2º cuestión. - El doctor Domingo Juan Sesín dijo:

Corresponde: I) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora (fs. 209/229vta.), en contra de la Sentencia Número Once, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el ocho de febrero de dos mil ocho (fs. 155/184vta.). II) Imponer las costas de la instancia por su orden (art. 82, Ley 8024). III) Disponer que los honorarios profesionales del doctor G. G. B. -parte actora- por los trabajos efectuados en esta instancia extraordinaria, sean regulados por la Cámara a-quo, si correspondiere (arts. 1º y 26, Ley 9459), previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta por ciento (30%), del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (arts. 40 y 41 ib.), teniendo en cuenta asimismo las pautas del artículo 31 ib.

Así voto.

La doctora Aída Lucía Teresa Tarditti dijo:

Estimo correcta la solución que da el Señor Vocal preopinante, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

El doctor Armando Segundo Andruet (h.) dijo:

Voto en igual sentido que el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesín, por haber expresado la conclusión que se desprende lógicamente de los fundamentos vertidos en la respuesta a la primera cuestión planteada, compartiéndola plenamente.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Contencioso Administrativa, Resuelve: I) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora (fs. 209/229vta.), en contra de la Sentencia Número Once, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el ocho de febrero de dos mil ocho (fs. 155/184vta.). II) Imponer las costas de la instancia por su orden (art. 82, Ley 8024). III) Disponer que los honorarios profesionales del doctor G. G. B. -parte actora- por los trabajos efectuados en esta instancia extraordinaria, sean regulados por la Cámara a-quo, si correspondiere (arts. 1º y 26, Ley 9459), previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta por ciento (30%), del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (arts. 40 y 41 ib.), teniendo en cuenta asimismo las pautas del artículo 31 ib. - Domingo J. Sesín. - Aída L. T. Tarditti. - Armando S. Andruet (h).