Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-23


2º Instancia. Buenos Aires, diciembre 23 de 2008.

Considerando: 1.) Apeló el accionante la decisión de fs.24 que rechazó una medida cautelar, en el entendimiento de que no se había acreditado la verosimilitud del derecho invocado por aquél.

Expresó sus agravios a fs. 27/29.

El recurrente se quejó porque si bien su acción se funda en un contrato bilateral surgiría, a su entender, con las constancias arrimadas al expediente, el cumplimiento de las obligaciones que le incumbían. Expuso que la verosimilitud de su derecho estaría configurada con las declaraciones testimoniales producidas con el documento privado que acreditaría la entrega de su aporte dinerario para el proyecto empresarial que le habrían propuesto los demandados.

2.) En primer lugar, es requisito de procedencia de las medidas cautelares la acreditación de la verosimilitud del derecho invocado y del peligro en la demora. Respecto del primero de esos recaudos, reiteradamente se ha sostenido que para conseguir el dictado de una resolución que acoja favorablemente una pretensión cautelar es preciso -al menos- la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el peticionante (fumus bonis iuirs) en forma tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidad, sea factible prever que al tiempo de sentenciar pueda declararse la certeza de ese derecho. No se trata de exigir, a los fines de su comprobación, una prueba concluyente; empero es necesario, como mínimo, un mero acreditamiento (Palacio Lino E, "Derecho Procesal Civil", T. VIII, pág. 33 número 1.223).

El peligro en la demora significa que debe existir un temor grave y fundado en el sentido en que el derecho que se va a reclamar se pierda, se deteriore, o sufra un menoscabo, durante la sustanciación del proceso. De este modo, se trata de evitar que la sentencia a dictarse sea una mera declaración, sin posibilidad de cumplimiento concreto.

3.) De las constancias objetivas del expediente, se advierte que la acción principal persigue la restitución de la inversión que efectuara contra Clanber S.A y Carlos Eduardo Respini por la suma de u$s 14.952 con más sus intereses.

El recurrente para sustentar su derecho, expuso que los accionados efectuaron, según dijo, una propuesta de inversión en un proyecto "La Juvenil Internacional" para la instalación de un negocio y luego una cadena de fábrica de pastas y restaurante en la zona de Miami-Fort Lauderdale-Palm Beach, Florida, Estados Unidos de América.

Asimismo, refirió que su aporte habría sido garantizado en la proporción de las tenencias accionarias de los accionados en La Juvenil International Corporation, con el compromiso de reintegrársele su inversión en caso de ejercerse la opción allí prevista (véase instrumento copiado a fs.10). Adujo, también, que estando en curso de ejecución el negocio el codemandado Respini habría hecho abandono del proyecto, quedando a cargo de su desarrollo personas que, a su entender, no estaban capacitadas para su continuación, lo que motivó, entre otras circunstancias que no refirió, que todos los aportantes no continuaran con sus inversiones.

Ahora bien, tal como ha quedado encuadrada la relación jurídica procesal en autos, se estaría en presencia de un contrato bilateral y aún cuando en este marco provisional de esta petición cautelar, no cabe exigir la demostración exhaustiva de la existencia o extensión del incumplimiento atribuido a los demandados, ni del accionante, pues esa certeza no es propia de esta etapa del procedimiento, no es menos cierto que el caso no se encuentra revestido prima facie al menos, del fumus bonis iuris necesario para acceder a la medida solitada, sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto.

En efecto, si bien de los testimonios aportados (véanse fs. 6 y fs.8) darían cuenta de que otros inversionistas del proyecto en cuestión obtuvieron la restitución de su inversión en un proceso extra judicial de mediación (cuya constancia en copia agregada entre las piezas de fs.5 y fs.6), ello no permite inferir que tales circunstancias puedan ser extendidas, en este marco limitado de conocimiento, al recurrente.

Por otra parte, aún cuando del instrumento privado que obra en fs. 10 se desprendería que el accionante habría hecho entrega de su aporte para el proyecto de inversión, no existe -por ahora- otros elementos de juicio que permitan a este Tribunal inferir como habría sido el desenlace de la vinculación comercial entre los justiciables, lo que impide acceder a la pretensión recursiva.

4.) Por todo lo expuesto, esta Sala resuelve: Rechazar el recurso de apelación interpuesto, y confirmar la decisión en lo que fue materia de agravio. Devuélvanse las actuaciones a la anterior instancia, encomendándose al Sra. Juez a quo disponer la notificación del caso. María Elsa Uzal.- Isabel Míguez.- Alfredo Arturo Kölliker Frers.