marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuota sindical, interpretación restrictiva
Materia: LABORAL
Carátula: MOULES, GABRIELA c/ SUTEP s/ AMPARO (Reg. 12.911)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

Ante la cuestión de si corresponde o no la incorporación de los trabajadores no afiliados como sujetos pasivos de la obligación creada por la autonomía colectiva, debe tenerse presente que no se discute, en nuestro ordenamiento positivo, la posibilidad de que se acuerden, en el marco de la concertación sectorial, cláusulas que impongan cotizaciones a los trabajadores no afiliados a la organización sindical.

Estas retenciones, conocidas también en nuestro derecho como cuotas de solidaridad, han sido avaladas por la CSJN ("Potenze, Pablo Luciano c/ Federación de Empleados de Comercio" - Fallos 282:269).

Conforme tal criterio, si no se demuestra que la contribución de que se trata se ha establecido con independencia de otras previsiones sinalagmáticas de interés común que rigen en la actividad, lo razonable es entender que constituyen un elemento entre varios que integran el conjunto de las estipulaciones generales, de cuyo juego armónico resulta el mérito y la eficacia total y final del convenio colectivo que determina las condiciones de trabajo.

Los trabajadores resultan ser acreedores de los diversos derechos estipulados en las convenciones colectivas, especialmente aquellos relativos al uso de los servicios sociales para cuyo sostenimiento fueron previstas las contribuciones que se intentan repetir. Se ven beneficiados en ese aspecto por el régimen de los convenios firmados, lo que no se concilia con su impugnación ulterior en sede judicial.

Los descuentos de esta clase se justifican en que los logros y avances en las condiciones de trabajo obtenidas por la asociación sindical con personería gremial, se extienden, por el efecto erga omnes sobre los contratos de trabajo de los dependientes no afiliados; a consecuencia de ello, resulta razonable exigirles una contraprestación por esa suerte de gestión de negocios de carácter legal, que irroga para la entidad sindical una labor y un costo.

Este tipo de cláusulas debe ser de muy clara configuración y de interpretación restrictiva, porque si bien son aceptables, podrían constituir un gravamen lesivo de la libertad sindical. (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dr. Ferro)
Orden de allanamiento, allanamiento domiciliario, falta de orden del juez, nulidad procesal, saneamiento del vicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SEMERARO, Miguel H. s/ procesamiento Causa nro. 11.845
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-02

La providencia en la cual se dispone el allanamiento de un domicilio carece de firma del Juez y Secretario actuante. Tal circunstancia, que acarrearía la nulidad de dicho decreto, sin embargo, no conllevará tal extrema sanción pues el vicio ha quedado subsanado ya que en la orden de allanamiento expedida lucen las firmas del Magistrado y Actuario.
Proceso penal, presunción de inocencia
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Perez Casasnovas, Jorge Marcelo s/ Pedido de cese de prisión preventiva interpuesto por el Dr. Víctor Guillermo Castro a favor del imputado Jorge Marcelo Pérez Casasnovas
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-08

La escala punitiva prevista para cada delito, de referencia indispensable en la sentencia condenatoria, puede contribuir a justificar el encarcelamiento anterior a la sentencia -eventualmente condenatoria- del imputado legalmente inocente, por constituir una medida útil a fin de estimar la gravedad del delito que se atribuye y la sanción que, con arreglo a las circunstancias comprobadas en la causa, podría imponerse en el caso.

Y es que, ciertamente, la seria posibilidad de sufrir efectivamente la pena privativa de la libertad que se imponga legalmente por sentencia condenatoria, podría animar al imputado a tratar de eludir la acción de la justicia para evitar el encarcelamiento. Dicha presunción se sustenta en el principio de conservación que, normalmente, impulsaría al imputado a procurar mantenerse en su natural estado de libertad.

Y, justamente por ser tan natural y lógico, ese proceder no ha sido tipificado como delito por el legislador y es irreprochable penalmente -claro está, si no se afectan otros bienes jurídicos-.
Honorarios, resoluciones recurribles, aplicación de la ley, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Provincia de Entre Ríos y Otra c/ Municipalidad de Bovril y Otras s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-12-16

Cuando se trata de reclamos estimatorios subjetivos y librados al arbitrio judicial, la aplicación del artículo 31 de la Ley 7046 a modo de regla general referida al monto del juicio a los fines del establecimiento de su base económica, no refleja en todos los casos la real trascendencia económica del pleito y puede conducir a la fijación de honorarios no solo distantes de la realidad, sino también irrazonables y conclucatorios de los derechos de las partes intervinientes, razón por la cual se succribe la inadmisibilidad propuesta de tales singulares aspectos recursivos relacionados con la ley de arancel.
Prueba, segunda instancia, hechos nuevos
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AILAN DE MARAS, O MARAZ,ALEJANDRA S/HEREDEROS; SOLOZA, ANIBAL; MATORRAS, CONSTANTINO UBALDINO #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: CC c/  s/ SUMARIO: PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-09-10

La prueba en segunda instancia es de carácter excepcional y de interpretación restrictiva. El concepto de hecho nuevo al que hace referencia el artículo 257 del Código Civil y Comercial resulta coincidente con aquel reglado para el procedimiento en primerainstancia.

Se trata, por lo tanto, de la incorporación al proceso de nuevos datos fácticos que sin alterar ninguno de los elementos constitutivos de la pretensión, tienden a confirmar, complementar o desvirtuar su causa.
Propiedad intelectual, derechos de autor, fraude a la propiedad intelectual
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: EDICIONES NUEVO SIGLO S.A. s/ PROPIEDAD INTELECTUAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

La ley 11.723 centra su atención en la figura del autor, en razón de ser éste el presupuesto de la existencia de los derechos que consagra, dado que si no existe "autor", no hay "obra" alguna que deba protegerse, por lo que, si el editor no puede ubicar a la autora de la obra, debe considerarse excluida toda intencionalidad defraudatoria susceptible de serle reprochada.
Sobreseimiento, requerimiento de elevación a juicio, impulso procesal
Materia: PENAL
Carátula: Britos, Ester c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-03

La impugnación de la querella de la resolución que confirmó el sobreseimiento del imputado por defecto de impulso por la fiscalía de la acción penal inicialmente promovida de forma legal por ésta, carece -de cara al acusador particular- de resorte dispositivo alguno en los términos de la ley procesal penal actualmente en vigor. La bilateralidad (entre ofendido y ofensor) sólo habría emergido como principio operativo si el titular del ejercicio de la acción penal pública -ya fuera la Fiscal que promovió la acción o, en su caso, el respectivo magistrado de Cámara- hubiese abierto, con un nuevo impulso, la esclusa que comunica al ámbito de un juicio oral, público, contradictorio y continuo, mediante el requerimiento de elevación de la causa a esa etapa. Entonces sí habría contado el particular ofendido, siempre que hubiese asumido el rol de querellante antes de la clausura de la instrucción (arts. 82, 84 y 90 CPPN) y requerido aquella elevación (art. 347 CPPN), con el poder de formular una acusación, aun en solitario y con todo el arsenal recursivo que el código le provee (voto del juez Niño).
Derecho penal, lesiones culposas, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ley vigente, cuestiones de competencia, debido proceso, competencia nacional, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Cisneros Cuenca, Jenny Esther c/  s/ Lesiones culposas (Art. 94 - 1° párrafo) s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Corresponde radicar las actuaciones ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas, toda vez que no persiste el interés federal que ha pretendido preservar la ley n° 24588 respecto de la conducta aquí denunciada,. Una vez radicadas, la justicia local tiene jurisdicción para pronunciarse de modo definitivo, aun cuando la causa evolucione hasta revelar una figura cuyo juzgamiento estuviere pendiente de transferencia. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Derecho penal, disminución de la pena, interpretación restrictiva, prueba
Materia: PENAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: IEP - C. S. L. E. c/  s/ s/ abuso sexual agravado (a. l.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2020-11-09

Corresponde informar desfavorablemente el pedido de rebaja de pena formulado por un condenado, en los términos del art. 214 inc. 14 de la Constitución Provincial, cuando como en el caso resulta el mismo prematuro, pues conforme surge del informe técnico criminológico, si bien se menciona que el condenado acredita última calificación de conducta diez (10) y concepto ocho (08) -correspondiente al trimestre diciembre 2019, enero y febrero 2020-, al momento de efectuarse su diagnóstico, se evalúa que el interno posee una nula implicancia subjetiva en relación a la conducta penada, no logra advertir las consecuencias a nivel vincular y material, con presencia de egocentrismo e impulsiones, sumado a la constatación de una conducta autoindulgente, con dificultades para demorar la gratificación de sus deseos, lo que le permite a los profesionales intervinientes a arribar a un diagnóstico psicopatológico de trastorno parafílico de tipo pedofílico, y a un pronóstico de riesgo criminológico medio de recaídas en conductas penalmente reprochables. Entonces, acceder a dicha solitud implicaría una imprudente aplicación del instituto, que es de interpretación restrictiva, y también contra la autoridad de los pronunciamientos judiciales y la valoración del principio de justicia ínsito en cada uno de ellos, conduciendo sin duda una distribución generosa o espléndida del perdón, a la consiguiente inquietud del cuerpo social agraviado por el delito
Faltas, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S.A. Productora Avícola (SAPRA) c/ Municip. de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Es ajena a la competencia originaria de la Suprema Corte sobre la materia contencioso administrativa la pretensión de declarar la nulidad de los decretos dictados por el intendente por medio de los cuales se aplicaron sanciones pecuniarias si la ley o el decreto reglamentario que rige la materia no preveen un régimen específico para la impugnación de los actos que impongan las sanciones allí regladas. En efecto, en dicho supuesto deben aplicarse las disposiciones pertinentes del código de Faltas Municipales (dec. ley 8751/77, art. 1º), el que confía la revisión judicial de los actos administrativos dictados en esa materia a los jueces ordinarios con competencia en lo correccional (arts. 54 y sgtes. del dec. ley 8751 /77, arts. 1º, 3 y 52 de la ley 5827). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Giovanettonni, Nora y otros c/ Castelar S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

Determinar si el ejercicio del ius variandi fue o no razonable en cuanto a los hechos, es materia reservada al Tribunal del Trabajo.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Silva de Ojeda, Sonia Carina c/ Van Cauwenberghe, Aníbal Francisco y otro s/ Incidente de Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-11-18

Debe eximirse transitoriamente de contracautela a quien ha iniciado trámite de beneficio de litigar sin gasto, si no surgen presunciones que induzcan a pensar que el mismo será denegado.
Acto administrativo, acción de lesividad
Materia: CIVIL
Carátula: MONTE, TOMAS JOSE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE QUIMILI s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-02-27

El acto administrativo individual, que reúna los requisitos mínimos de existencia y validez, que crea, reconozca o declare derechos subjetivos, una vez notificado, no puede ser revocado en sede administrativa sino que necesita, de la promoción de la pertinente acción de lesividad.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lucio Di Santo S.A. c/ Garea Juan Carlos s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

A los efectos de examinar la procedencia de la caducidad no es asimilable la postura de aquél sobre quién pesa la carga probatoria, con la de quién debe impulsar el procedimiento, puesto que se trata de cargas de distinta naturaleza que bien pueden recaer sobre distintas partes, dado que si bien en principio puede afirmarse que la primera se encuentra a cargo del excepcionante en cuanto hace a su defensa, la segunda recae sobre la parte que promueve la pretensión.-
Contienda negativa de competencia, responsabilidad civil, demanda, Superior Tribunal de Justicia, acordadas
Materia: PROCESAL
Carátula: DONNET, SERGIO RICARDO c/ SPINARDI, DIOSNELA ROCIO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-05

Teniendo presente que en el caso, el monto de la pretensión inicial con su posterior modificación -sin hallarse consentida la competencia en cuestión por la contraparte- supera el importe equivalente a sesenta unidades jus según el valor fijado por esta Corte Suprema para la determinación de la competencia cuantitativa de los Juzgados de Primera Instancia de Circuito de la ciudad de Santa Fe en materia de responsabilidad civil extracontractual, por razón del monto del asunto, la presente causa corresponde a la competencia cuantitativa de los Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extracontractual. (Del voto de los Dres. Erbetta, Falistocco y Gastaldi. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 168, p 212, T 248, p 329. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 3, último párrafo; Ley 10160, artículo 2 in fine; CSJStaFe: Acordada del 23.06.2020, Acta N° 18, punto 11.
Pago, recibo
Materia: CIVIL
Carátula: ABACO COMPAÑIA FINANCIERA c/ UROVICH, Lázaro Oscar s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-14

El deudor que ha efectivizado el pago, tiene derecho a exigir no sólo el recibo de dicho pago, sino también la devolución del título ejecutivo, pues su posesión por el acreedor puede representar un peligro si el deudor extraviara el recibo, desde que la falta de restitución del documento hace suponer que la deuda no ha sido satisfecha.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, ejecución fiscal, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Fisco    Nacional   -  D.G.I. c/ Pesquera  Alenfish  S.A. s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

La sentencia que desestimó la excepción de inhabilidad de título opuesta por la demandada y mandó llevar adelante la ejecución fiscal, es arbitraria y debe dejarse sin efecto, toda vez que el a quo omitió toda valoración de la prueba aportada por la ejecutada, emanada del propio Fisco Nacional y que éste no desconoció al contestar la excepción mencionada.
Honorarios del perito, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Segura, Jorge Oscar c/ Provincia del Chubut s/ Incidente de Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-12-19

Es prevaleciente la línea jurisprudencial que permite a los peritos dirigir la acción de ejecución de sus honorarios contra cualquiera de las partes, independientemente de los que se hubiere resuelto sobre la imposición de costas.
Suspensión del juicio a prueba, cuestión federal, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Soares, Alberto A. s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-11

La revocatoria de la suspensión del juicio a prueba concedida, en principio, no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el art. 457 CPPN pues no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal, en tanto la consecuencia de la misma es que la persona en cuyo favor se ha solicitado la suspensión, permanezca sometida a proceso, sin que la recurrente en el caso haya logrado demostrar fundadamente la existencia de cuestión federal alguna. La disidencia consideró que, tratándose de una resolución equiparable a sentencia definitiva, corresponde la apertura de la instancia casatoria.
Juicio ejecutivo, ejecución prendaria, inscripción registral, falta de inscripción
Materia: PROCESAL
Carátula: PLAT CONCORD  S.A.I.C. c/ COUTO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

Los efectos de la falta de inscripción del contrato prendario, deben ser valorados teniendo en cuenta el alcance que asume la inscripción como publicidad de los derechos reales, así como la calidad particular de quien, con tal fundamento, impugna la subsistencia de aquéllos.

Nuestro sistema jurídico asegura alcance declarativo y no constitutivo a la inscripción registral de los derechos reales, para alcanzar su necesaria publicidad y oponerlos a terceros interesados de buena fe. De ahí que, si se produce la caducidad de la inscripción del certificado, pierde el ejecutante el privilegio prendario y la posibilidad de oponer dicha garantía frente a dichos terceros, pero subsiste el derecho real, aunque limitado en su oponibilidad, y la prenda es ejecutable en esas condiciones. Lo que si se enerva es el derecho del acreedor de promover la ejecución de su crédito, por vía del trámite abreviado que establecen los arts.

26 y sigtes. de la ley 12.962 y 600 del Código Procesal. El certificado de prenda continuará siendo, pues, el instrumento público que autoriza a promover el juicio ejecutivo común (art. 523, inc. 1ro., del Código citado), más no es el habilitante para tramitar la ejecución prendaria.-
Competencia, competencia por el territorio
Materia: LABORAL
Carátula: BERTOCHI, FERNANDO GASTON c/ FERNANDEZ BURZACO, ROBERTO JAIME Y OTROS s/ DIFERENCIAS SALARIALES-INDEM.P/ANTIGUEDAD Y OTROS RUBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-14

Resulta muy claro de los términos del artículo 58 de la ley 6902 que la competencia del juzgado civil y comercial en materia laboral, en los departamentos en los cuales no existe el fuero específico, sólo nace en los supuestos en los cuales opta por ella el demandante, pero no puede sostenerse que, en defecto de esta opción, pueda verse desplazada la competencia conferida imperativamente por el artículo 67 de la Ley 6902.
Marcas, registro de marca, solicitud de marca, denegatoria de la solicitud
Materia: COMERCIAL
Carátula: MK QUIMICA SRL c/ DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ DENEGATORIA DE REGISTRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-11

El signo pretendido no constituye la designación necesaria del producto, adhesivos de la clase 16, que se pretende proteger, ni es descriptivo de su naturaleza, función, cualidades u otras características. Las palabras "alta" y "costura" tienen sentido conceptual, conclusión predicable también respecto de la unión de ambas. Mas el hecho de que tengan el aludido sentido no las convierte, de suyo, en irregistrables. Y referidas a un adhesivo, tienen carácter distintivo y exhiben suficiente originalidad y especialidad como para reconocerles aptitud marcaria. Tampoco puede ser aceptado que el empleo de la marca "Alta costura", aplicado a un adhesivo de la clase 16, pueda inducir en error a nadie sobre la naturaleza del producto y las demás circunstancias que menciona el art. 3 inc. d de la ley 22362.
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestión federal
Materia: LABORAL
Carátula: A.C.E.F. c/ FCIA.ARGENTINA Y/U OTRO s/ APORTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-08-05

La mera "reserva" del caso federal, conforma expresión inútil; y la referencia no circunstanciada de garantías constitucionales comporta déficit de una impugnación diagramada en términos generales
Recurso de casación, violación de las formas procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Renda, José Luis s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-02-02

A los fines de que una contravención a preceptos procesales constituya un vicio de actividad reprochable por la vía de la casación, las formas procesales omitidas o violadas deben estar prescriptas bajo sanción de nulidad. Esto es así a pesar de no figurar expresamente este recaudo en la norma del art. 257 del inc.

2º del ordenamiento procesal cuya sistemática debe respetarse en la exégesis y por la trascendencia jurídica de las falencias no conminadas con la sanción de invalidez.

Dicho criterio general merece una aclaración que precise su alcance, pues de lo expuesto surgiría que sólo son nulos los actos procesales en la medida en que la ley prevé la sanción (1º párrafo del art.

130). El legislador, acogiendo la solución que ya contemplo el Código Procesal de la Nación, le incorporó a dicho precepto un segundo párrafo, que extiende la posibilidad invalidatoria a aquellos actos procesales carentes de los requisitos indispensables para lograr su finalidad. Así, se integra el instituto bajo el concepto de que las formas procesales se encuentren impuestas bajo sanción de nulidad, no solamente cuando un texto expreso así lo declara, sino también cuando ellas constituyen un requisito indispensable para la obtención de la finalidad del acto, y ambas constituyen -cuando transgredidas u omitidas- vicio de actividad bastante para fundar el recurso de casación en la causal del inc. 2 del art. 257 del C.P.C.
Juicio ejecutivo, allanamiento, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Nader, José Eleázar c/ Albigasta S.A. y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-09-30

El allanamiento a la demanda no significa que no medie un vencido a los efectos de la condenación en costas: El allanamiento implica una sujeción total y absoluta a la pretensión de la contraparte y, en principio, las costas deben ser soportadas por quien ha capitulado ante la razón del adversario ya que así lo impone el criterio objetivo introducido legislativamente en el art. 74 del CPC local.
Bienes gananciales, actos de disposición, consentimiento
Materia: CIVIL
Carátula: Sucesión de Domingo Miguel Di Sarli c/ Guazzora, Josefina Pierina s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-11

No es indispensable que en el poder figuren los detalles de la genérica operación autorizada por el cónyuge, dado que ello excede la finalidad del recordado art. 1277, cuya hermenéutica debe ser la más acorde con el espíritu de la comunidad de vida que el matrimonio implica, el cual se ve robustecido por la prueba de confianza que constituye el otorgamiento de un poder especial concebido en términos generales, lo cual debe ser cuidadosamente preservado y respetado, evitándose la innecesaria interferencia de factores que disocien la convivencia y anomalías conyugales.
Honorarios, condominio, división de condominio
Materia: PROCESAL
Carátula: N.O., J.C. c/ N. de L., N. y otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-10

"El pago de los honorarios regulados en los juicios de división de condominio es una obligación simplemente mancomunada y el reconocimiento de la obligación efectuada por uno de los deudores simplemente mancomunados no afecta a los demás".