marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, derechos del asegurado, obligaciones del asegurador, prima
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sancor Coop. de Seg. Ltda. c/ Somisa  y Otros. s/ Cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03

El asegurador no tiene derecho propio a hacer valer contra el tercero causante del siniestro; su obligación no nace del hecho del tercero sino de su contrato para lo cual recibió la pertinente contraprestación; la obligación de la aseguradora nace de un acto voluntario; el asegurado no sufre perjuicio alguno porque toda operación de seguros está fundada en la mutualidad; sin perjuicio de la subrogación ley que eventualmente pudiera corresponder, el asegurador asume el riesgo y calcula la prima sin tomar en consideración esa posible acción resarcitoria contra el tercero;

máxime que el siniestro causado por el tercero es tomado en cuenta para fijar la probabilidad de realización del riesgo y por ende el monto de la prima; el daño invocado por el asegurador no es un daño directo; es decir no está en relación causal con el hecho del tercero, que sólo es ocasión para que este daño se produzca.
Acción de amparo, suministro de medicamentos, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Segura Warein Esau c/ Ministerio de Salud s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

Prescripción del medicamento por marca: Del informe del médico Neumonólogo Infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez que atiende al menor, surge que el actor padece fibrósis quística desde los seis meses de vida con problemas en sus vías aéreas. Asimismo, si bien el profesional señaló que cualquier tobramicina inhalada disponible en el mercado puede ser utilizada, luego aclaró que "es indispensable que siempre se use la misma marca comercial, para no variar la farmacocinética de la droga en el organismo del paciente, debido a que ambas tobramicinas inhaladas existentes, tienen distinta biodisponibilidad. Por lo cual una vez decidido cuál va a usar, debe seguir recibiendo la misma".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Riva, Miguel Angel. Díaz, René Simeón. s/ Robo de aut.tor calificado por el uso de armas en grado de  tentativa, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia la errónea aplicación de los arts. 54 y 55 del Código Penal por entender que entre el robo calificado y la privación ilegal de la libertad no existió en el caso un concurso real sino ideal, si la defensa se ha desentendido en su ataque de la argumentación de la Cámara por la que concluyó que concurrían en forma material (art. 355 y su doct.).
Tercería de dominio, medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: Gutierrez, José Ramón c/ Fest, Miguel y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

No viola la regla de congruencia el fallo que al admitir la tercería de dominio impetrada deja sin efecto la venta judicial del inmueble porque ello resulta consecuencia de la decisión adoptada y del levantamiento del embargo que sobre el bien pesaba.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B de J., D. c/ J., J. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

Si la demandante no ha justificado debidamente hechos tan graves como los que denuncia en la demanda(art. 375 del C.P.C.C.) y tuvo ésta en sus manos la posibilidad de acreditar, mediante pericia médica y psiquiátrica, las desviaciones sexuales que endilga al accionado, habiendo pretendido justificar con algunas respuestas de un solo testigo, una conducta sexual aberrante de su cónyuge, con el que siguió no obstante cohabitando, cabe tener como configurada la causal de injurias graves vertidas en juicio.
Prueba documental, autenticidad
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Antonio Humberto c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-12-04

Si el documento no es auténtico, es decir, si no hace fe de su autor, no suministra la prueba documental de su formación por parte de persona determinada. Pero ello no quiere decir que el hecho mismo que el documento representa no pueda ser probado de otro modo... tomando el mismo como fuente de indicio, no de prueba.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia originaria, justicia militar, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, privación de justicia, juicio sumario en tiempo de paz, proceso de reorganización nacional, desaparecidos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: EMILIO FERMIN MIGNONE Y OTROS s/ DENUNCIA.    DESAPARICION DE PERSONAS.    COMPETENCIA MILITAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-11

Corresponde desestimar la presentación efectuada por familiares de personas desaparecidas entre el 24 de marzo de 1976 y el 26 de septiembre de 1983 por la que se requiere la intervención del Tribunal a efectos de que se reste validez jurídica al art. 10 de la ley 23.049 en cuanto dispone que las causas que se instruyan por los excesos cometidos en las operaciones antisubversivas tramiten originariamente ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, pues dichas cuestiones son incompatibles con la jurisdicción originaria de la Corte, establecida por los arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional y reglamentada por el art. 24, inc. 1ro, del decreto-ley 1285-58. Las articulaciones propuestas podrán ser deducidas en su caso, en cada uno de los procesos en los que se pretenda cuestionar la competencia militar, de modo que no se advierte por ahora que medie algún supuesto de privación de justicia que imponga soluciones excepcionales, máxime si la misma ley 23.049 ha incorporado al Código de Justicia Militar los mecanismos adecuados para remediar la hipotética situación que se invoca.
Recurso contencioso administrativo, revisión judicial de actos administrativos, entes autárquicos, reclamo administrativo previo, legitimación pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Peralta, Juan Alberto s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-11-03

El sistema instituido en el ordenamiento provincial para procurar la revisión de la decisión de un ente autárquico está enmarcado por normas que con toda precisión señalan las distintas instancias procesales con que el administrado cuenta para realizar tal objetivo (ley 4.044 Procedimiento Administrativo y ley 1.005 Contencioso Administrativo).

La adecuada conjugación y sistematización de estos preceptos conduce a la inevitable conclusión de que no existe otro camino o vía procesal susceptible de habilitar el proceso contencioso administrativo (de plena jurisdicción), sin antes haber ocurrido ante la Función Ejecutiva. Entonces, resultando imprescindible que ésta se expida, no cabe otra posibilidad para el interesado que llegar ante la Función Judicial, en caso de desestimación previa, actuando obviamente contra la autoridad que la produjo (que no puede ser otra que el Gobernador de la Provincia). Esta no puede por ende alegar su falta de legitimación pasiva, ya que debe defender la validez de un acto propio, que por imperio de la ley estaba obligada a dictar (si por ello instada).
Mala praxis, intervención quirúrgica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, deber de asistencia médica
Materia: CIVIL
Carátula: Alcira Colque Cruz de Jaramillo c/ Sanatorio Belén S.R.L.y otros s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expediente Nº B- 14284/97 Ordinario por daños y perjuicios y daño moral. L.A. N 46 F 752/755 N 301 S.R.L.y otros s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expediente Nº B- 14284/97 Ordinario por daños y perjuicios y daño moral. L.A. N 46 F 752/755 N 301
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-07-22

Atento a que existe por parte de los sanatorios o clínicas, un deber de garantía por la conducta de quienes deben realizar la prestación médica; "una obligación principal de prestar asistencia médica por intermedio de los facultativos del cuerpo médico" (conf. Alberto J. Bueres, "Responsabilidad de las clínicas y establecimientos médicos", págs. 32/33), y que no resulta plausible que quién se someta a una cirugía de pulmón, padezca consecuencias gravísimas e irreversibles en la mano derecha, no puede eximirse de responsabilidad al Sanatorio accionado. Esto así, ya que al acreedor de la prestación médica lo único que le interesa es el cumplimiento integral de tal obligación, resultándole totalmente irrelevante de que el centro asistencial se valga de la actividad de los médicos a tales fines.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torre, Blanca Elida c/ Lavezzari, José Vicente s/ Nulidad hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22

El valor del litigio es de monto determinado y está representado, para el recurrente, por la suma que surge del mutuo hipotecario cuya nulidad se rechaza. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Decretos nacionales, desregulación económica, Estado Provincial, Derecho laboral, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INC S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

En relación a la interpretación y alcance de la ley 10787 de adhesión al decreto nacional de desregulación 2284/91, no se advierte que ello pueda implicar per se una limitación absoluta y sine die de facultades que ostenta la Provincia de Santa Fe en lo relativo a la apertura y cierre de sus establecimientos, ni tampoco puede extraerse del referido decreto una prohibición, renuncia o declinación a introducir reformas en tal sentido, en tanto y en cuanto se respeten los lineamientos generales, las políticas acordadas y la finalidad perseguida en aquél. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - Jurisprudencia vinculada: Municipalidad de Rosario c. Provincia de Santa Fe, AyS T 216, p 8/27. - Jurisprudencia concordante con Castets y Tanino; Foschiatti y Supermercado Reconquista, AyS T 279, p 142/236.
Ejecución de sentencia, excepción de compensación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zabeo, Renato Roberto c/ Asociación Mutual del personal de Radiotelegrafistas y afines s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-17

La compensación es un medio extintivo que se opera de pleno derecho y que produce los mismos efectos jurídicos que el pago; por ello la jurisprudencia admite que esa defensa pueda oponerse como excepción en el caso de ejecución de sentencia, aún cuando no figure enumerada en la enunciación "número claussus". El crédito en que se funde, debe constar en documentos de los que resulten cumplidos los requisitos exigidos por el art.819 del C.C., como es en este caso el crédito que surge de las sentencias judiciales dictadas en el incidente de determinación del monto de condena y en el de cumplimiento de contrato. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pago, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Seillant, Enrique Raúl c/ Blumenfarb, José Carlos s/ Consig. de docum. y fijac. judicial de honorarios Consig. de docum. y fijac. judicial de honorarios Consig. de docum. y fijac. judicial de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-19

Si el demandado ha argüido que el actor cobró los honorarios pactados en el convenio -hecho obstativo al progreso de la acción-, a él incumbe la prueba de dicho pago con los efectos cancelatorios que le adjudica (art. 375, segundo párrafo del código ritual).

(Minoría u opinión personal)
Control de constitucionalidad, nacionalidad, discriminación
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

A la luz del art. 11 de la CCBA una interpretación que establece una discriminación que tiende a la segregación está expresamente prohibida.Y ello ocurre cuando se define a la igualdad como aquella que no distingue entre un colectivo de personas previamente calificadas como iguales a partir de un parámetro preestablecido e incuestionado.
Impuestos, beneficios tributarios, exenciones impositivas, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Resinfor S.A. (T.F. 11.052-I) s/ res. Apel. D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-03

En casos como el de autos en los que el contribuyente goza de un régimen propio y le es aplicable también otro de un tercero, la única forma de compatibilizar los beneficios que derivan de los dos regímenes con la restricción que impone el principio que consagra el art. 22 de la ley 20.560, es entender que, en cada caso particular, el contribuyente debe optar por el régimen que lo beneficie en mayor grado. (Consid. 5º).
Costas, juicio de alimentos, vencimiento parcial y mutuo
Materia: CIVIL
Carátula: I.D., S.E. c/ C., E. s/ Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-04-05

En materia de costas en el juicio de alimentos, rige el principio de que las mismas deben ser soportadas por el alimentante aunque resulte parcialmente vencedor en la contienda, criterio que se sustenta en la naturaleza especial de la obligación alimentaria y en el afán de evitar que el importe de las costas recaiga sobre la cuota, afectando su incolumidad.
Cuestiones de competencia, concursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Zalazar, Mario Oscar c/ Vieira Argentina SA s/ despido s/ conflicto de competencia I c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-20

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Comercial para continuar con la tramitación de todas las alternativas de la cuestión. Ello así, en tanto el magistrado del concurso es el que está en mejor posición para resolverlas; por su especialización en la materia y porque su intervención es la más apropiada para garantizar el cumplimiento de las reglas del orden público concursal, en palabras del Alto Tribunal, "dirigidas a resguardar el derecho de propiedad y la igualdad de trato de los diversos intereses en juego" (cfr. Fallos: 335:664, considerando 9° y 10° y su cita). (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi).
Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones del Estado miembro
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Casella, Miguel Angel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-14

No obstante que el Estado se ha obligado a cumplir y respetar las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe señalarse que no es materia de ésta la forma en que se ha organizado el proceso. Tanto es así, que se ha podido implementar en el orden nacional y provincial el enjuiciamiento penal oral de única instancia, sin que ello colisione con el Pacto, ahora incluido en la Constitución Nacional
Derecho laboral, contrato de trabajo, despido, despido con causa, injuria laboral, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL. LABORAL
Carátula: ARIAS, ALFREDO AMERICO R. c/ EMPRESA BLAS PARERA SRL LINEA 3 s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. COBRO DE PESOS LABORAL (CSJ EXPTE   Nº 1775-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-17

El artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo señala que la extinción del contrato de trabajo por justa causa se posibilita a cualesquiera de las partes ante un incumplimiento de la otra que configure "injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación"; y, añade, "la valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso". Hay en este aspecto un cierto consenso en exigir que haya relación de causa a efecto entre la conducta del trabajador y el despido, que éste constituya una medida que guarde proporción con la injuria, y que exista contemporaneidad entre el hecho injurioso y la decisión resolutoria;

es decir, que en el caso, se encuentren cumplidas las exigencias de contemporaneidad, proporcionalidad y causalidad, conceptos que la doctrina y jurisprudencia han desarrollado extensamente.
Superior Tribunal de Justicia, facultades reglamentarias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SCARZI, HUGO ALBERTO A. Y BLOIS, JOSE FABIAN c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-28

En relación al agravio sustentado en la aplicación del inconstitucional Régimen de Ingreso de Empleados Administrativos, Choferes y Personal con Oficios del Poder Judicial por haber sido dictado por la Corte Suprema excediendo su competencia, lo hace el recurrente omitiendo hacerse cargo -entre otras circunstancias- de lo prescripto por el artículo 92 inc. 3 de la Constitución Provincial y en el artículo 19 de la Ley 10160 que le atribuye a la Corte Suprema de Justicia dictar los reglamentos y disposiciones que conduzcan al mejor desempeño de la función judicial.
Usurpación de inmueble, despojo, abuso de confianza
Materia: PENAL
Carátula: Bustos, Dante s/ Usurpación de Inmueble.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

El abuso de confianza es un medio para cometer el despojo, ya sea de la tenencia, ya de la posesión que se tenía sobre un inmueble, de allí que quien detenta la cosa o la posee, no comete el delito porque no despoja.
Defensa en juicio, nulidad procesal, competencia federal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LORENZO, NESTOR s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO - DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-24

El derecho a ser oído en las ocasiones señaladas por la ley, integra la garantía de la defensa en juicio, pero también lo es que la vulneración de ésta sólo surte la nulidad de los procedimientos cuando la mengua sufrida tiene carácter sustancial, no pudiendo tenerse ello acreditado si el reclamante no demuestra que el vicio no pudo ser reparado en oportunidad útil dentro del proceso.

Para determinar la competencia de la Justicia Federal, es indispensable demostrar la existencia de un perjuicio patrimonial directo al Estado Nacional.
Recurso de casación, garantías procesales, doble instancia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CEBALLOS, EDUARDO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

La garantía de la doble instancia encuentra su implementación a través del recurso de casacion. Este tribunal no puede decidir acerca de la procedencia del remedio articulado cuando mediante la presentación directa que se intenta no se desarrollan adecuadamente los argumentos jurídicos que la sustentan.
Firma electrónica, valor probatorio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Crecer S.G.R. c/ RJ Viñedos S.A.  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-12-14

La Ley 25.506 establece que la firma electrónica es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carece de alguno de los requisitos legales para ser considerada digital. Dicha norma reconoce el empleo de firma electrónica y su eficacia jurídica y, en lo que respecta a su validez probatoria indica que en caso de ser desconocida, corresponde acreditarla a quien la invoca.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bricons S.A. c/ Municipalidad de Alte. Brown s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07

El replanteo de la fórmula de variaciones de precios en los contratos de obra pública configura una cuestión que, más que la modificación del contrato originario, importa la interpretación de una de sus cláusulas en orden a su causa, es decir en orden a su función económico social. La oposición de la Administración a semejante posibilidad, haciendo valer el sentido literal de los términos contractuales, se materializa en una resolución definitiva que interpreta el contrato en los términos exigidos por el art. 3 del C.P.C.A. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Emergencia económica, hipoteca, moneda extranjera
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DOMINGUEZ, HORACIO DANIEL EN J° 29.407 DOMINGUEZ HORACIO (EXPTE. N° 87.659 ) c/ BANCO HIPOTECARIO s/ ACCIÓN DE AMPARO S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-12-26

Las opciones legislativas consagradas en ley 25.798 tienen, en su base, cálculos de naturaleza económica. Mientras esas opciones no generen desigualdades odiosas, la cuestión se mantiene en el campo de la política legislativa, no revisable por el juzgador.
Caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BANCO GANADERO ARGENTINO c/ CARLOS HECTOR GATTAS Y OTRA s/ EJECUTIVO - PERENCION DE INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-29

Una cédula de notificación, mediante la cual se emplaza a la devolución del expediente, es un acto que no resulta idóneo para interrumpir el curso de la perención, ya que el mismo no hace progresar el curso de la instancia, porque no innova con referencia a lo ya actuado;quedando en la misma situación que se encontraba al realizarse la última petición.

La circunstancia de que el expediente se encontrara en poder del demandado, no modifica las cosas,ya que durante ese período, el actor sólo envió la mencionada cédula de notificación; no habiendo hecho otra gestión más efectiva tendiente al recupero del expediente,tal como sacar los autos por apremio,tal como lo autoriza la ley procesal (art. 107).

Tampoco cambia las cosas el hecho que se haya pedido la clausura del término de prueba y la fijación de una audiencia,ya que la admisión de dicha petición estaba condicionada al recupero del expediente; por otro lado, el hecho de que el tribunal no haya dictado proveído alguno al respecto, no salva la pasividad de la actora, quien estaba obligada a instar el procedimiento; no existiendo causal alguna que le haya impedido hacerlo.-
Prisión preventiva, concurso real, escala penal, suspensión de la ejecución
Materia: PENAL
Carátula: L.H.R. s/ Psa Amenazas Calificadas Etc - Oposición A La Elevación A Juicio Y Control Jurisdiccional
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-06-15

En orden a la medida de coerción estimo debe cesar, art 283 inc. 2º del CPP. En efecto, la escala penal conminada en abstracto para los tres delitos atribuidos al inculpado, por las reglas del concurso material, art 55 del C. Penal, va de uno a cinco años de prisión. Teniendo en cuenta la naturaleza de las acciones delictivas protagonizadas por el imputado, los medios que empleó para ejecutarlas, la falta de daño y el peligro causados, como así también las demás pautas de mensuración de la pena previstas por los arts 40 y 41 del C. Penal, estimo que en caso de ser condenado la pena que se le impondrá no superará los tres años de prisión efectiva (al no haber transcurrido el plazo de ocho años a partir de la fecha de la primera condena firme, esto es desde el 19/10/2004, no se le podrá acordar la suspensión de su ejecución por segunda vez, art. 27 segundo párrafo del C.

Penal).