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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, sucesiones, herederos, falta de legitimación para obrar, colación, legítima
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: FIASCO DE BURKHARDT, MARGARITA c/ BURKHARDT, EDMUNDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-09-22

El reproche del quejoso acerca de que el Tribunal a quo desconoció sin fundamento legal la renuncia a la herencia y soslayó la normativa que regula este acto jurídico unilateral no cuenta con matiz constitucional suficiente para operar la apertura de esta instancia, desde que tal planteo -de naturaleza procesal- fundante de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el quejoso denota, en esencia, su disenso para con los efectos que otorgaron los juzgadores a tal manifestación de voluntad.

En efecto, la Alzada conjuga el análisis de las disposiciones de fondo que rigen el instituto de la renuncia con la acción de colación promovida, y en tal cometido afirma que ésta procede si el heredero forzoso es tal al momento de concretarse la donación, aunque renuncie a la herencia con posterioridad.

Y en este orden precisa que el "...heredero que renuncia a la sucesión puede retener la donación entre vivos...sino excediere la porción disponible que la ley asigna al testador..." (art.3355, C.C.), para concluir que en autos la pretensión del heredero hoy demandado ocasiona un perjuicio injustificado a los restantes coherederos en virtud que el derecho de parada de diarios y revistas es el único bien que conforma el acervo hereditario.

Tras referir a las formas en que puede operar el llamado hereditario; el carácter sucesible del bien y los límites a su libre disponibilidad, expresa que el derecho sucesorio de ciertas personas no puede afectarse por liberalidades testamentarias del causante como por donaciones inoficiosas.

Tales mecanismos de desvinculación del renunciante de la sucesión, afirma, no pueden desnaturalizar el derecho sucesorio vulnerando la legítima.( de la disidencia de los Dres. Spuler y Gutiérrez)
Régimen de consolidación de deudas, constitucionalidad, accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: Cacace, Josefa Erminda c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Corresponde declarar la constitucionalidad de la ley 23.982 en su aplicación a un caso de accidente del trabajo si es inexacto que se suspenda varios años el cobro de la deuda pues, tanto en el caso de la opción por el pago en efectivo como en el caso de la suscripción de bonos, se van realizando periódicos pagos parciales existiendo, - en caso de ser necesario - la posibilidad de enajenar inmediatamente los títulos en el mercado, y no se hallan configuradas circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse de dicho régimen de consolidación.
Contratos, fideicomiso, obligaciones del fiduciario, acción de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Acerra, Nicolás Ruben y otros c/ Bapro Mandatos y Negocios SA y otro  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-14

La ley 24441: 6, establece que el fiduciario debe cumplir las obligaciones impuestas por la ley o la convención con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. Añadiendo en el art. 7, que el contrato no podía dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas, la que podía ser solicitada por el beneficiario conforme las previsiones contractuales, ni de la culpa o dolo en que pudieren incurrir él o sus dependientes, ni de la prohibición de adquirir para sí -y tampoco por interpósita persona- los bienes fideicomitidos. De ello se sigue que el fiduciario es responsable cuando el daño resulta de su actuar culpable, esto es, con negligencia, ligereza o ignorancia de las cosas que debe conocer necesariamente. Así, cada vez que el fiduciario incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta a su obligación y es culpable (conf. Kiper-Lisoprawski, "Tratado de Fideicomiso", pág. 305 y sgtes.). Así, la culpa se caracteriza por dos notas igualmente negativas: está ausente o falta la intención deliberada de perjudicar, pero igualmente, media omisión por no haberse adoptado las medidas adecuadas para evitar la producción del daño.
Recursos, falta de copias, interposición del recurso, interpretación de la ley, aplicación de la ley, sentencia
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en RODRÍGUEZ PUENTES DORA DELFINA c/ GCBA s/ REPETICIÓN (ART. 457 CCAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde rechazar la queja porque el quejoso no cuestiona una sentencia definitiva sino la decisión de la Cámara que declaró desierto su recurso de apelación. En este caso, la sentencia definitiva es la de primera instancia, decisión que tampoco habría sido pasible de ser recurrida por esta vía, debido a que no fue dictada por el superior tribunal de la causa. Tampoco ha acreditado la parte recurrente que la decisión que apela constituya un obstáculo que frustre arbitrariamente la revisión que a este Estrado le encomienda el art. 113, inc. 3 de la CCBA, por la vía de eludir el superior de la causa la emisión del fallo que pone fin al pleito. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Improcedencia del recurso, denegatoria de audiencia pública, suspensión del juicio a prueba, interés del menor, defraudación por sustitución o supresión de documento
Materia: PENAL
Carátula: F. J. M. y D. S. M. G. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-12

Corresponde rechazar el recurso interpuesto por la defensa contra la resolución que confirmó la denegatoria de la audiencia prevista en el art. 293 del CPPN, y en consecuencia, la suspensión del proceso a prueba toda vez que la necesidad de realización del juicio oral y público, en búsqueda de la verdad real de los hechos investigados, se presenta como una exigencia razonable de acuerdo a la gravedad de los hechos juzgados -la imputación formulada a los encausados consiste en haber suprimido o alterado la identidad de un niño menor de diez años, mediante la acción de quien reconoció como propio al niño que pretendía adoptar, pese a conocer que él no era su padre; hecho que fuera encuadrado en los delitos de supresión de identidad de un menor y falsificación de documento público, previstos y reprimidos en los arts. 139 y 293 del C.P.-, las características del delito investigado y la relevancia del bien jurídico protegido, a fin de reguardar el derecho a la identidad de un niño, de acuerdo a los principios y deberes que surgen de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es que, el Derecho a la Identidad es un derecho personalísimo y, por ende, el Derecho del Niño a preservar su identidad es, en efecto, considerado como un derecho fundamental para el desarrollo del plan de vida del niño/a, que debe ser protegido de menoscabos ilícitos. Dr. Hornos.
Inconstitucionalidad, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: ELEODORO PEREZ s/ SUCESORIO-DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-12-22

La determinación de las medidas de prueba conducentes para la decisión del pleito, corresponde en principio a los jueces de la causa,la revisión por la corte de justicia de tales pronunciamientos sólo procede cuando existe un agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio,que surgiría de la no meritación de pruebas y hechos esenciales y decisorios.
Derechos humanos, métodos anticonceptivos, dementes, disminuidos en sus facultades mentales, discriminación, igualdad ante la ley, Corte Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: "A. M. I. N* 1 c/ (A., J. V.) s/ INSANIA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-06-16

Que tal como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva (OC-4/84), la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa , por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos entre seres humanos que no se corresponden con su única e idéntica naturaleza.

Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana.

Existen, como en este caso, desigualdades de hecho (incapacidad de comprender los efectos de procrear y de autodeterminarse, mayor vulnerabilidad) que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia.

Por el contrario, ello debe ser un vehículo para realizar la justicia mediante la protección de quienes aparezcan como jurídicamente débiles o vulnerables.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, doble instancia, recursos, recurso de apelación (procesal), Constitución Nacional, defensa en juicio, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sallaberry, Silverio Pedro y otros c/ Sosa, José María y Márquez de Gigante, María M. s/ querella por injurias y calumnias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

El principio de que no resultan revisables en instancias extraordinarias las decisiones que declaran la inadmisibilidad de recursos deducidos ante el tribunal de alzada, tiene una excepción cuando, sobre la base de un injustificado ritualismo, se afecta irremediablemente el derecho de defensa en juicio. Ello ocurre toda vez que la aplicación de una norma procesal que discierne facultades discrecionales a los jueces de la causa se ha llevado a cabo con notorio rigorismo formal.
Autoría, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Sestayo Fernández, Joaquín s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

Acreditada la autoría y responsabilidad penal del procesado por prueba de confesión, resulta irrelevante la impugnación formulada sobre el tema de la prueba compuesta mencionada por la Cámara sólo "a todo evento".
Excusación, violencia moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAlabrese, Heberto c/ Vazquez, María s/ Incidente convocatoria asamblea
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-10

Conforme a una interpretación armónica de las distintas causales de excusación y recusación previsto por la ley, la mera denuncia ante la Fiscalía de Cámara sin que la demandada ha formulado contra el Sr. Juez de Primera Instancia no es suficiente como para que éste se aparte de la causa, ni para que este Tribunal, por ese único y exclusivo motivo, pueda tener por configurado resentimiento o violencia moral contra una de las partes que le impida, por ello, resolver la causa con la serenidad, equilibrio, imparcialidad y prudencia que es propia de quienes imparten justicia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Servicio público, concesión de servicio público, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Ferreyra,  Víctor  Daniel y Ferreyra, Ramón c/ V.I.C.O.V. S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

En tanto es el prestador del servicio quien está en mejor posición para tomar medidas de prevención genéricas al menor costo, la falta de un adecuado ejercicio del deber de previsión y de disponer lo necesario para evitar accidentes, compromete la responsabilidad de la concesionaria (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Juicio ejecutivo, competencia penal, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tarchini, Mario Ricardo c/ Pedro Maximiliano Arnedo y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-18

La denuncia que se formula en sede penal no es causal que autorice la paralización del procedimiento de la acción ejecutiva, ya que esa circunstancia no configura una cuestión prejudicial en los términos del art. 1101 del Código Civil.
Juicio político, enjuiciamiento de magistrados
Materia: POLITICO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Lloyd Jorge Wickstrom en la causa Wickstrom, Lloyd Jorge s/ recurso de casación e inconstitucionalidad en autos: Expte. n° 07 - J.E. - 05 - Pirovani, Jorge Antonio s/ Formación J.E. al Sr. Fiscal de Estado de la Pcia. de Mnes. Dr. Lloyd Jorge Wikstrom c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-28

Por ser el objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado, el de determinar si este ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud.
Empleados públicos, docentes, remuneración, equiparación salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FIRPO, ARNALDO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE EDUCACION) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-02

Aun suponiendo que la ley 16.445 no tuviese por finalidad inmediata la efectiva equiparación de las retribuciones de las categorías de maestros de enseñanza práctica y de enseñanza primaria, el aumento del índice retributivo de los primeros, que dispuso, implicó igualarlo al de maestro de escuela común (indice 30 art. 92 ley 14.473 y art. 133, Ley 16.445), sin posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera modificar esa situación con las facultades otorgadas para un fin específico por la ley 21.307.
Sucesiones, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alvárez y Fernández s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

En términos generales, los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales (artículo 1195 del Código Civil), a ello debe agregarse que el artículo 3281 del Código Civil, siguiendo la teoría del patrimonio dispone que la sucesión a título universal es la que tiene por objeto un todo ideal sin consideración especial a su contenido. Es así entonces, que podemos afirmar que la transmisión del patrimonio "mortis causae", si bien se rige por una ley única (la del domicilio del causante), ello no implica que los bienes y derechos que la constituyen se rijan por esa ley, sino que lo que implica es que el patrimonio pasará a las personas que la ley designe. De ahí que de propugnar la regla general del domicilio deben tenerse en consideración las excepciones.De ahí se entiende que cuando se trata de bienes inmuebles o bienes raíces debe tenerse en cuenta el principio de accesión y con ello los contratos que requieren su ejecución local en cuanto a la situación del lugar donde encuentra el bien raíz o el bien inmueble. (Minoría u opinión personal)
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, lesiones leves, cómputo de la pena, unificación de penas, prisión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad en incidente de apelación en autos Arias, Matías Sebastián sobre 89 - lesiones leves c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad y dejar sin efecto la sentencia que ordenó la devolución de las actuaciones al juzgado de primera instancia a fin de que se practique un nuevo cómputo de la pena. Ello así, toda vez que la interpretación efectuada por la Cámara importa la aplicación de las reglas previstas en el art. 58 del CP, a un supuesto no abarcado por la norma. El mencionado artículo, en lo que aquí resulta relevante, dispone la unificación de condenas para aquellos casos en los que "después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto". Este no es el escenario que se presenta en autos pues sólo se arribó a un primer pronunciamiento condenatorio y el restante proceso, en el que el imputado cumple prisión preventiva, se encuentra todavía en trámite. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Proceso penal, plazos procesales, vencimiento del plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: HILO MUSICAL S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Causa 613
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

Las leyes procesales cuando emplazan o conminan para la realización de cierto acto dentro de determinado tiempo, sólo pueden sancionar el incumplimiento o la omisión por la vía de la caducidad del derecho a cuyo ejercicio se insta; y aún avanzar cancelando definitivamente la secuela, pero no decidir la pérdida de acciones propias de una materia distinta de la que conforma la substanciación solemne y prolija de los juicios (voto del Dr. David).
Bonos de consolidación, Caja de Valores Sociedad Anónima, pago diferido, desaparecidos
Materia: ECONOMIA
Carátula: Castiglione, María Mercedes c/ EN - M° de Economía - SF nota 2169/07 (expte. S01 131.453/06) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-08

El requisito de que las tenencias de la actora se encuentren registradas en la Caja de Valores S.A. antes de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la resolución 73/02 a los fines del art. 47, inc. c, ap. I, de la ley 25.967 que exceptuó del diferimiento de pagos a los servicios financieros de los Bonos de Consolidación que estén en poder de causahabientes de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada se encuentra cumplido, con independencia de que posteriormente a esta acreditación la accionante haya transferido gran parte de los bonos a una cuenta de su titularidad en el extranjero donde fijó su residencia, máxime si no se presenta el riesgo de que se hayan producido manejos fraudulentos en tanto la actora es tenedora original de los mismos.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, empleados públicos, prescindibilidad, derecho de opción
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: GIMENEZ LASSAGA, RODOLFO LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. PEDIDO DE  APROBACION  DE  LA  LIQUIDACION    PRESENTADA   POR  LAS  PARTES.    CSJ EXPTE NRO 80-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-09-26

La falta de observación por parte del apoderado de la municipalidad, de la inoportunidad de la opción a la indemnización prevista por el artículo 50 de la ordenanza municipal de Santa Fe nro 7720, no hace renacer en el actor una facultad cuyo ejercicio ya había caducado. Además, significaría que el curial actuante tiene poder de disposición sobre la relación substancial contraponiéndose a lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 4106 porque si no puede disponer de ella sino en virtud de autorización expresa de la administración en cada caso, tampoco podrá comprometerla guardando silencio más allá de lo que surge de la sentencia.

En el caso de autos, el recurrente apoya su derecho al reconocimiento de las consecuencias patrimoniales que de la opción se deriven, en la circunstancia que la misma ha quedado firme e insusceptible de ser revisada o desconocida pues se ha incorporado al patrimonio por no haber sido objetada la que efectuó en autos ni la que presentó ante la autoridad administrativa.
Responsabilidad del Estado por actos ilícitos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, deberes del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Santucho, Ana Cristina y otros  c/ E.N. - M. Justicia y DDHH y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-09

Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado la obligación de los Estados de continuar, con la debida diligencia, en la labor de investigar el paradero de la víctima de la intervención irregular de las fuerzas estatales y, de ser posible, recuperar e identificar sus restos y entregarlos a sus familiares. Asimismo, en cualquier caso, la autoridad judicial deberá garantizar la debida, oportuna y adecuada comunicación e información a las víctimas, quienes tienen derecho de participar, según corresponda, en las diligencias que sean ordenadas
Firma falsa, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aranda Godoy, Juan Gabriel c/ Armando Isidro Ocampo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-14

De existir falsificación o adulteración de la firma puesta al pie del documento debe ser demostrada por quién la alega que es sobre quien pesa la carga de la prueba, "sobre el excepcionante pesa la carga de probar la falsedad alegada, atendiendo a la presunción favorable al ejecutante que surge del título ejecutivo".
Accidente de tránsito, actualización monetaria, índices de actualización, índice de precios al consumidor, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CIVIL
Carátula: NORIEGA, GUILLERMO HECTOR c/ MORENO, RAMON s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-09

Con respecto al índice de actualización monetaria la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplica el de precios al consumidor a las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad en accidentes de tránsito.
Marcas, registro de marca, marcas confundibles, uso de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: HIJOS DE ROBERTO ROBERTI  S.A. c/ MONICA BEATRIZ BOND ROBERTIE s/ OPOSICION REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

No ignoro que Roberti forma parte del nombre comercial de la accionante; mas el derecho a usarlo como marca está condicionado a que no haya sido registrada con anterioridad otra palabra idéntica o al menos confundible.
Divorcio del 67 bis, desistimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: M.V.C. Y F.J.A. s/ DIVORCIO   ART.  67  BIS  LEY  2.393 -  DESISTIMIENTO  UNILATERAL  -  OPORTUNIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-30

Uno de los esposos no puede desistir del juicio de divorcio tramitado de acuerdo con la norma del art. 67 bis de la ley 2.393, luego de haberse celebrado las dos audiencias que ella prescribe y antes de la sentencia. En consecuencia se deja sin efecto el fallo plenario de fecha 31 de marzo de 1980 dictado en autos "G. A. y M.

M. s/divorcio art. 67 bis, ley 2.393.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, quiebra, fuero de atracción, concurso preventivo, ejecución prendaria
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: Círculo de Inversores SA. c/ Trípoli, Miguel A. y otro s/ ejecución prendaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

El art. 22, inc. 2x), de la ley 19.551 (t.o. según decreto nx 2449/84) establece un fuero de atracción a favor del juzgado del concurso, limitado a los juicios de contenido patrimonial deducidos contra el concursado que estuvieran ya iniciados al tiempo de apertura de aquél y que tramiten en la misma jurisdicción judicial en la que se sustancia tal procedimiento. Ello no ocurre con la ejecución prendaria iniciada ante otra jurisdicción judicial.