Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-02-25


JOSE J. CHEDIACK SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGROPECUARIA contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 195 p 7-27. En la ciudad de Santa Fe, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia de su titular, doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos "JOSÉ J. CHEDIACK SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGROPECUARIA contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (expte. C.S.J. nro. 170 del año 1989), de conformidad con el acuerdo celebrado el día dieciocho del corriente mes y año. A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo:

I.1. La empresa "José Chediack Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Agropecuaria" deduce recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe a los fines de que se anulen las resoluciones 69/86 y 68/87 de la Dirección Provincial de Vialidad y el decreto 478/89 del Poder Ejecutivo provincial, actos por los cuales la demandada rechazó el reclamo de reconocimiento y pago de gastos improductivos soportados en la obra pública "Ruta Provincial nro. 6, tramo Gessler-San Carlos Sur".

A consecuencia de ello, pide que se condene a la provincia al pago de la suma de pesos argentinos 2.814.942,80, a valores de julio de 1982; o los importes que en más o en menos surjan de la prueba a rendir en autos. Relata que la Provincia, mediante resolución 696/83, le adjudicó la ejecución de la obra pública mencionada, suscribiendo el respectivo contrato con la Dirección Provincial de Vialidad.

Dice que desde el primer día en que debieron comenzarse los trabajos, en la fecha prevista para el replanteo -10 de junio de 1983- se suscitaron serias dificultades que impidieron su iniciación, las cuales quedaron asentadas en el acta respectiva: no se habían finalizado aun los trámites de expropiación a los propietarios frentistas para la ocupación de las zonas de préstamos previstos para la ejecución de terraplenes, construcción de alambrados y explotación de yacimientos previstos en la documentación; existían líneas telefónicas en todo el largo de la obra; existían líneas de electrificación rural en algunos sectores. Dichas circunstancias, señala, fueron puestas en conocimiento de la Administración en diversas oportunidades, con expresa indicación de que implicaban un menor ritmo de trabajos.

Explica que obtuvo la liberación del yacimiento seis meses después de la fecha del replanteo, y que advirtió que la explotación prevista resultaba inadecuada a los requerimientos del proyecto, circunstancia que también denunció, adjuntando, como colaboración, una solución técnica correcta para resolver el problema planteado, la que fue descartada por la comitente tres meses después. Como consecuencia de los ensayos posteriores efectuados por la repartición, se le ordenó ejecutar tramos experimentales, mediante el acopio de 1.600 metros cúbicos de arena gruesa, con la consiguiente nueva paralización de los equipos y distorsión de los planes de trabajo. Destaca que esa situación llevó a la "semiparalización de la obra", al punto que en el mes de junio de 1984 se certificó apenas un 10% del nivel de certificación mensual.

También menciona la demora en la aprobación de nuevos precios de trabajos no previstos, generados por las suspensiones y demoras en la ejecución y la "sistemática falta de pago de los certificados", circunstancia que le exigió acudir al mercado financiero, abonando tasas elevadas. No obstante lo expuesto, continuó colaborando a efectos de evitar mayores dilaciones y pérdidas, y presentó un nuevo proyecto de cambio de base (compuesta por suelo mejorado, arena y escoria), que fue aprobado recién mediante resolución 1107, del 28.5.1985. Todas las circunstancias puntualizadas fueron objeto de consideración conjunta en el memorial que presentó el 11.9.1984, en el que destacaba, como consecuencias directas de ellas, que la obra se estaba construyendo por etapas parciales, que se utilizaba también parcialmente el equipo provisto, y que le resultaba imposible acopiar el material necesario para la continuación del trabajo.

También destacó la falta de aprobación de los precios de las nuevas tareas, no previstas contractualmente, pero ordenadas por la inspección de obra; el estado de "paralización parcial" de la obra; y la existencia de gastos improductivos, generados por las deficiencias de proyecto, que a su entender hacían aplicable el artículo 13 de la ley 5188. Solicitó, finalmente, la formación de una comisión conjunta para la evaluación de los gastos improductivos y los perjuicios. La falta de respuesta a sus reclamos determinó que presentara una formal intimación a la comitente, planteando la rescisión por su culpa. Frente a ello, la comitente le concedió una audiencia en la que se acordó la suspensión del planteo de rescisión, y la presentación de una liquidación de los perjuicios y gastos improductivos sufridos a consecuencia de los diversos problemas suscitados en la obra.

Dicha estimación fue efectuada en el memorial presentado el 8.4.1985. Apunta que la situación existente determinó la firma de un convenio, suscripto el 29.5.1985, de cuyas dos primeras cláusulas surge acreditada la magnitud de la mora en los pagos. También en esa oportunidad se hizo referencia al pedido de reconocimiento de perjuicios y gastos improductivos presentado por la empresa, acordándose que respecto de ellos se les daría intervención a los organismos de asesoramiento. Aclara que el convenio de pago concertado en esa oportunidad sólo abarcó a los certificados adeudados, y que de ningún modo comprendió los daños y perjuicios que se habían solicitado. Destaca que ha quedado acreditado que ninguna de las causas denunciadas que provocaron los atrasos en la ejecución de las obras se debió a conducta alguna imputable a su parte. Añade que no obra constancia de sanciones ni de orden de servicio que ordenase la aceleración del ritmo de trabajo.

Narra que También, que no pueden considerarse para la determinación de los porcentajes los trabajos adicionales que se hicieron necesarios para afirmar que "en los primeros meses del lapso en cuestión el rendimiento fue superior al previsto", pues se omite aclarar que ello incluye tales trabajos, que requirieron el aporte de nuevos equipos y representaron una ampliación del 31,55% del contrato original; y que "el encuadramiento normativo no es el que corresponde, toda vez que el derecho indemnizatorio a los gastos y perjuicios irrogados por la suspensión parcial de las obras está regulado en el artículo 63 de la ley 5188, no correspondiendo analizar si existió paralización parcial o total para el reconocimiento de gastos improductivos, existiendo en la misma ley la previsión de los institutos de suspensión total o parcial que también pueden constituir causa jurídica de los mismos" (f. 29 vto.).

Afirma que la D Señala que en ese trámite ofreció como prueba una pericial a efectos de que un agente de la propia Administración Pública verifique en sus libros la real existencia y realización de los gastos reclamados. Destaca que de esta prueba surge la comprobación a partir del replanteo de las diversas dificultades producidas, su expreso reconocimiento por la repartición y la falta de incumplimiento de su parte. Expresa que el Poder Ejecutivo, omitiendo la consideración de los extremos acreditados y de la argumentación efectuada, rechazó la apelación mediante decreto 478/89. Dice que mediante este acto, la Administración incurrió en desviación de poder, y en violación de garantías de igualdad, de la propiedad y del mantenimiento de la ecuación económico-financiera del contrato.

Critica el razonamiento de la demandada vinculado a que no cumplimentó su reclamo dentro del artículo 59 del decreto 622/61, por cuanto ello implica soslayar cada una de las presentaciones principales de la empresa contratista efectuada durante la obra, muchas de ellas producidas aun antes del cumplimiento del plazo indicado. Afirma que no es cierto que no hubiera habido suspensiones dispuestas por la Administración, postura que no guarda relación con los diversos informes técnicos que reconocen expresamente la existencia de dificultades que generaron suspensiones y ejecución desorganizada de las tareas.

En este sentido, enumera a la resolución 1382/84 -que concede una primera ampliación de plazo y aprueba un nuevo plan de trabajos-; la resolución 3109/84 -por la que la D.P.V. reconoce la existencia de diversos inconvenientes-; la resolución 615/84 -que crea un ítem no previsto contractualmente-; la resolución 244/85 -por la cual se dispone la certificación del ítem 3-; la orden de servicio nro. 39 -que exige un nuevo plan de trabajos-; y la resolución 1077/85 -que aprueba el cambio de diseño estructural-. Vuelve en esta oportunidad sobre el tema del encuadramiento normativo, señalando que dicho aspecto "conforme a las normas legales invocadas por la empresa estaba determinado por los arts. 13, 63, 90, 91 y concordantes de la ley 5188, invocándose con posterioridad el art. 54, pero nunca se ubicó la situación fáctica en los supuestos de paralización total o parcial (art. 59 L.O.P.)...".

De todos modos, dice que esta norma no debe ser desechada de plano por no ajustarse a los porcentajes establecidos en el decreto 3772/64, no sólo porque los nuevos planes de trabajos se ajustaron a lo realizado en el pasado, sino porque "la aplicación de tales disposiciones nacionales no surge directamente de la normativa provincial que hace referencia a un decreto ya derogado" y que "la remisión a tal decreto reglamentario nacional se hizo por una interpretación integrativa o supletoria, pero el lineamiento que debe guiar cada caso está determinado por el Poder Ejecutivo provincial en el decreto nro. 3492/80 -sic-, que dispone que, frente a una disposición tan amplia como la del arts. 59 de la ley, debe buscarse para su concreción un camino viable, utilizando un procedimiento racional ajustado a las circunstancias..." (foja 37 vto.).

Menciona casos en los que, según dice, la Administración ha hecho lugar a gastos improductivos "en virtud de diferentes procedimientos que no siempre resultan de la normativa nacional". Insiste con que la Provincia dictó el decreto 3492/80 -sic- "para permitir la aplicación de la norma legal amplia contenida en el artículo 59" y que "ello se extiende a todos los supuestos de reconocimiento de gastos improductivos (art. 54, 63, 91 y concordantes de la ley 5188) que prevé la ley de obras públicas, pues el concepto de los mismos no varía, sino los presupuestos de aplicación". Solicita, en suma, se haga lugar al recurso deducido, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (f. 67), comparece la Provincia (f. 73) y contesta la demanda (fs. 76/85). Efectúa una detallada negativa, que refiere, básicamente, a todas las postulaciones de la actora. Sostiene que la pretensión de la recurrente debe rechazarse en razón de que, tal como lo informan los estamentos técnicos de la D.P.V., las distintas dificultades de obra fueron superadas de común acuerdo, balanceándose los aspectos técnico-económicos, los plazos de obra y las restantes cuestiones derivadas del contrato.

3. Abierta la causa a prueba (foja 86), se produce la que consta en autos. A fojas 465/475 y 477/496 las partes informan sobre el mérito de la causa. A foja 497 se llaman autos para resolver. Firme y consentida dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta. II. Según se ha expuesto, la actora solicita el reconocimiento y pago de una serie de rubros que detalla en la liquidación que adjunta a la demanda, identificados como "gastos improductivos y perjuicios" correspondientes a 13,5 meses de la ejecución de la obra "Ruta Provincial nro. 6, tramo Gessler-San Carlos Sur". Ellos, a su vez, están compuestos por los conceptos "costo locativo de equipos", "gastos indirectos de obra" y "gastos de administración central".

La liquidación que se adjunta a la demanda de autos (mencionada) es la misma que elevó la contratista al Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad durante la ejecución de los trabajos el 9.4.1985 -v. expte. adm. nro. 16101-0285044 de dicha repartición-. En el detalle respectivo (ver f. 3, actuaciones mencionadas), señala que el lapso en base al cual reclama es el resultante de la suma de dos períodos que aparecen bien diferenciados: 6 meses por la "demora en la entrega del yacimiento" y 7,5 meses por la "falta de definición de proyecto de recubrimiento con suelo seleccionado, ejecución de sub-base y cambio de explotación de yacimiento" (f. 2, actuaciones mencionadas).

Conviene destacar que ello implica fijar los límites de la pretensión ahora ejercida, por cuanto la demora en entregar el yacimiento de suelo seleccionado se sitúa entre el mes de junio de 1983 y el 2.12.1983; y la supuestamente incurrida en el trámite de definición de su explotación y de la composición de materiales a utilizar en las capas del camino tuvo lugar entre el mes de febrero de 1984 y el 17.10.1984 -cfr. orden de servicio nro. 38; informe pericial de f. 440 de autos-. Los gastos y perjuicios cuyo reconocimiento solicita ahora la recurrente, pues, se corresponden con los lapsos recién mencionados; quedando fuera de la presente litis los rubros que, eventualmente, pudieran haberse devengado por razones distintas o en períodos diferentes a los que se señala en la demanda.

Hechas las aclaraciones anteriores, corresponde ingresar al fondo del asunto. Como punto inicial, debe dejarse en claro que no existe debate en autos acerca de que, en efecto, existieron las demoras que la recurrente menciona al demandar. Tampoco hay discusión con respecto a que esas demoras no se debieron a la culpa de la contratista, ni, en fin, con respecto a que la ejecución de la obra insumió más tiempo que el que se había previsto contractualmente. Sin embargo, tales datos no son suficientes para hacer lugar a la demanda interpuesta -tal como parece entenderlo la recurrente-. Seguidamente se exponen las razones en que se funda dicha apreciación.

1. La primera de dichas razones tiene que ver con la prueba de la concreta configuración de los perjuicios y gastos que dice la recurrente haber padecido durante la ejecución de la obra. La jurisprudencia y la doctrina han abordado la cuestión de la prueba de los gastos improductivos, y encuentro que han sostenido invariablemente que la procedencia de su reconocimiento se encuentra subordinada a la prueba de su efectiva ocurrencia y entidad. Estimo importante detenerse en este punto y recordar algunos de esos criterios.

Autores como Barra señalan que "como todo reclamo de reparación de perjuicios, además de los otros requisitos pertinentes (hecho generador del daño, falta de responsabilidad de la víctima, causalidad entre el hecho y el daño, etc.), la procedencia de la indemnización está totalmente subordinada a la prueba de la entidad del daño, sin perjuicio de las facultades que la legislación ordinaria le acuerda a los jueces en orden a fijar indemnizaciones prudenciales y de equidad, cuando la demostración de la cuantía del daño sea en la práctica, imposible" (Barra, Rodolfo Carlos; "Contrato de Obra Pública", Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma; t. 2; pág. 850; el subrayado no corresponde al original).

También la jurisprudencia se ha expresado con criterios similares a los expuestos. Así, por ejemplo, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa "Esuco S.A. c. CONET - Ministerio de Educación s. contrato de obra pública" -del 31.3.1999-, sostiene que "para la demostración de este rubro debe acreditarse la real afectación de personas y bienes, datos que surgen de los partes de obra", que "el cálculo debe hacerse sobre esos datos" y que "su determinación sobre la base de un procedimiento ideal ... que no refleja los perjuicios reales sino una estimación convencional no resulta acorde con los principios generales aplicables a la acreditación y cuantificación del daño. Resarcir el eventual perjuicio sin que se justifique con datos de la realidad no resulta procedente..." (Consid. VIII; v. E.D., tomo 183, pág. 214).

En similar sentido, está el criterio de la Sala "F" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, tribunal que ha sostenido que "la prórroga del tiempo del contrato por haberse ampliado las obras no confiere derecho a liquidar las sumas pretendidas en la demanda en forma independiente del precio pactado. La ejecución de las obras de ampliación debe sujetarse a las mismas normas que la obra primitiva, si no se pactó modificación alguna al respecto ... y si el contratista pretende que aquéllas le causaron un perjuicio debe acreditarlo concretamente para poder reclamar un resarcimiento (conf. art. 39 de la ley 13.064)...".

Resulta importante destacar que en ese caso se había producido una pericial contable, que fue desechada por cuanto "sólo se limitó a comprobar que las operaciones aritméticas efectuadas por la actora de los llamados sobrecostos eran correctos, de acuerdo a las pautas tomadas en otros casos ... pero en modo alguno permite tener acreditados los presupuestos necesarios para que proceda el reclamo, de acuerdo a lo expuesto en los considerandes precedentes..." (E.D. tomo 147, pág. 385). También puede mencionarse el criterio sostenido por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que admite la liquidación de gastos improductivos en favor del contratista "en el caso de que probase haberlos tenido" ("Riva S.A.", del 15.8.2000, cons. VI; publicado en L.L. 2001-B, pág. 480).

Éste es también el que sostiene la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el fallo "Planobra" (del 8.6.1993), causa en la que fue desestimado un pedido de gastos improductivos por falta de prueba que los corroboren, con base en que el compromiso procesal de la actora "importa demostrar la realidad de la situación que hace mérito para respaldar su petición, no sólo por el carácter que inviste como promotora de la acción, sino por la presunción de legitimidad que goza la actividad de la Administración (arts. 375, C.P.C.C. y 25, C.P.C.A.; B. 49.793, "Bianco", 13X87; B. 48.543, "Olivetti", 30VI87; B. 49.078, "De Negri", 11VIII87, "Acuerdos y Sentencias", 1987III288)".

Similar línea de interpretación ha sido sostenida por esta Corte, en el sentido de que "el resarcimiento de los gastos improductivos se encuentra supeditado a la prueba de su concreta ocurrencia y entidad, es decir, que deben reconocerse en tanto y en cuanto la contratista acredite haberlos sufrido" ("Mundo Construcciones"; de A. y S. T. 182, pág. 423). El pedido de ese caso fue rechazado con base en que "la labor probatoria desplegada en este aspecto (principalmente la pregunta 6 de la pericial) no resulta suficiente a tal efecto, toda vez que únicamente se limita a efectuar un cálculo abstracto de costos de acuerdo a los parámetros mencionados por la empresa al solicitar dicha medida....".

Entiendo oportuno mencionar algunos aspectos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaída en el caso "Mazivaq", del 7.9.1999 (Fallos 322:2090), juzgado por el Alto Tribunal en su jurisdicción originaria. De la lectura de dicho fallo se extrae que la Corte, al analizar la procedencia de los gastos improductivos que allí se reclamaban, utilizó criterios ligados de modo inexorable a la realidad de la ejecución de la obra. Así, por ejemplo, respecto del rubro "personal", hizo lugar al reconocimiento de los haberes abonados durante ciertos días a dos empleados -el represenante técnico y el jefe de la obra- y no al de los restantes empleados y obreros indicados en el peritaje contable producido en la causa.

La adopción de esas soluciones diferentes estribó en que, respecto de los primeros, la documentación de la obra arrojaba suficiente evidencia de su desempeño real en los trabajos y la pericial resultaba convincente respecto del pago de los haberes a dichos agentes; y, con relación a los segundos, dijo el Tribunal que no se había probado que hubieran estado afectados a las obras contratadas, sobre la base de que no existía constancia escrita de la actuación de dicho personal, y de que parecía "poco verosímil que la actora haya pagado salarios a los obreros durante varios meses para mantenerlos afectados a una obra no iniciada, toda vez que el régimen laboral existente para los trabajadores de la industria de la construcción (ley 22.250) permite que el personal obrero sea suspendido o despedido sin que ello traiga mayores consecuencias económicas para el contratista...".

Por su parte, el reconocimiento del costo del rubro "equipos" se fundó en que la actora había comunicado oportunamente a la inspección "que ellos se encontraban en el obrador y detalló su composición..." y también en que "probó los gastos que insumió el alquiler de dichos equipos (conf. peritaje contable)..." (consid. 12). Respecto del obrador, consideró la Corte que resultaba demostrado que la contratista había destinado para la obra el obrador que mencionaba.

Contrariamente, no fueron reconocidos los gastos en concepto de "oficina administrativa" y de "casa para el personal de la obra" (consid. 13), por corresponder el primero "al domicilio que ya tenía la firma contratista antes del concurso de precios ... de manera que la locación de ese inmueble no aparece directamente vinculada con la obra en cuestión", y -respecto del segundo- porque "el contrato de locación cuya copia acompañó la actora fue celebrado ... cinco meses antes de que se le adjudicaran los trabajos... y que ...en tales condiciones, no cabe presumir que esa casa estuviera destinada a la obra en cuestión...".

Entiendo que la mención de estos criterios jurisprudenciales confirman la idea de que el reconocimiento de este tipo de perjuicios exige de una prueba sumamente precisa relacionada con su real producción. Teniendo en cuenta las pautas mencionadas -que comparto- se analizará la prueba producida en el presente caso. La recurrente de este caso solicitó prueba instrumental, pericial y reconocimiento de documental (ver ofrecimiento a foja 91 de autos).

El análisis comenzará por la pericial, ya que, tal como ocurre en este tipo de causas, este tipo de medidas probatorias adquiere una relevancia preminente. Así lo considera, por lo demás, la propia actora al informar sobre el mérito de la causa (v. foja 471 vto.). En el caso, la pericia estuvo a cargo de un ingeniero en construcciones. El informe respectivo está agregado a fojas 435/453 de autos y se complementa con una carpeta que se adjunta a las actuaciones administrativas. Desde el primer párrafo del informe ya es posible -según mi punto de vista- efectuar una observación importante.

Es que allí el perito dice haber basado su opinión en "todos los antecedentes de autos, aclarando que además fue necesario analizar planos de obra, especificaciones técnicas generales y particulares, fojas de medición, certificaciones de obra, cuadros de reajuste, análisis de precios, listado de equipos, órdenes de servicio, notas de pedido, notas de empresa, actas y resoluciones de la Administración y restante documentación" vinculada con la obra (foja 435). Como se observa, el perito no se ha basado en la documentación contable de la empresa, elemento éste que es el único que, en mi opinión, le otorgaría suficiente solidez a las postulaciones de la recurrente.

Quiero dejar aclarado que no se trata de controvertir la justeza de los métodos de cálculo utilizados por el perito, quien ha proporcionado un informe claro y prolijo, acompañando -como ya se dijo- una carpeta con gráficos y con copia de cierta documentación de obra. El punto radica en que esas estimaciones y esa documentación -tal como se verá más adelante- no bastan para sustentar suficientemente la efectiva configuración de cada uno de los rubros reclamados, y mucho menos de su precisa y concreta cuantía económica.

Entrando ya al informe propiamente dicho, debe señalarse que las respuestas proporcionadas a los puntos "a", "b" y "c" del cuestionario sólo aportan datos genéricos de la obra y apreciaciones de tipo teórico sobre el comportamiento de los costos cuando surgen trabajos que no están previstos contractualmente. En efecto: mediante la pregunta "a", la actora le solicita al perito que determine el porcentaje de aumento de plazo que demandó la ejecución de la obra respecto del plazo originariamente previsto, como así también el porcentaje de los trabajos adicionales realizados respecto del monto original del contrato (foja 436). El perito proporciona los respectivos porcentajes, información que se complementa con un gráfico y una planilla.

Por su parte, la pregunta "b" apunta a que se establezca "si conforme a las diversas causas consignadas en el acta de replanteo, actos administrativos que dispusieron las ampliaciones de plazo y diversas presentaciones de la empresa, puede determinarse la incidencia de cada acontecimiento sobre el plazo de la obra y el plan de inversiones previsto", a lo que el perito responde que, luego de la revisión de la documentación de la obra, surge que su ejecución "se vio condicionada por diferentes problemas sucesivos y/o concurrentes que disminuyeron y hasta paralizaron el ritmo de obra". Los identifica con la falta de liberación de la traza, el saneamiento de cunetas, la falta de entrega del yacimiento y las dificultades en la explotación del mismo, la falta de definición del proyecto de la base y sub-base, las dificultades presupuestarias de la repartición y el mayor volumen de terraplenes.

La explicación que hace en torno a estos temas es una de las más extensas del informe - ocupa diez hojas; v. fojas 436/446-, y en ella aporta datos concretos de la ocurrencia de cada uno de esos hechos. Así, por ejemplo, menciona fechas, montos dinerarios y volúmenes de obra (según el caso), con diversas remisiones a la documentación que integra la carpeta mencionada. Esta exposición concluye con una síntesis, según la cual los hechos que produjeron interferencias en el normal desarrollo de las obras están constituidos por la falta de entrega del yacimiento, la falta de definición de la explotación respectiva y la falta de definición del proyecto de sub-base; todo lo cual insumió un total de 13,5 meses de retraso.

Por su parte, en respuesta a la pregunta "c", el perito afirma que "con todo lo expuesto en el punto anterior ... se corrobora en términos generales lo señalado por la empresa en las presentaciones mencionadas" -refiere a las notas presentadas por la contratista el 11.9.1984 y el 8.4.1985-. La respuesta a la siguiente pregunta consiste en la afirmación de que "la obra se vio totalmente alterada en su ritmo de ejecución, produciéndose disminuciones del mismo y desorganización, por lo que sí pueden incluirse -los perjuicios- en los denominados 'gastos improductivos'...".

La pregunta "e" refiere a la cuestión de "si las apreciaciones para determinar la existencia de 'paralizaciones totales o parciales' deben efectuarse en los períodos correspondientes a la fecha de la paralización o disminución del ritmo conforme al plan de trabajos e inversiones previsto originalmente para dicho período, en relación a lo realmente ejecutado o, por el contrario, es correcto el criterio de determinar la existencia de paralizaciones totales o parciales atendiendo a los planes de trabajo confeccionados por la empresa 'a posteriori' de la ejecución con disminución del ritmo previsto, con expresa aclaración de que los cuadros se realizaron "conforme a lo realmente invertido". El perito, en su respuesta, se inclina por la primera de las proposiciones mencionadas. En respuesta a la pregunta "f" el perito dice que, en los cuadros respectivos, los trabajos adicionales fueron expresados desagregadamente "para evitar la distorsión que ellos pueden producir" (foja 447).

Por su parte, en respuesta a la pregunta "g", afirma que "conceptualmente, los 'gastos improductivos' o 'daños y perjuicios' se generan según el grado o magnitud y tiempo de las paralizaciones, la cantidad de equipos y mano de obra afectada, etc." y que "los porcentajes establecidos por la normativa nacional invocada por la D.P.V. constituyen un criterio establecido por el legislador para encuadrar el reconocimiento de esos gastos".

Agrega que "no se aprecia en ningún acto administrativo, compensación económica de perjuicios y/o gastos improductivos" (contestación a la pregunta "h"); y que "los planes de trabajo presentados por la empresa a requerimiento de la repartición traducen lo ejecutado al momento de su emisión, pero son una proyección de inversiones a partir de allí, atendiendo a circunstancias, hasta ese momento conocidas... agregando que ...no puede pensarse, de ninguna manera, que su aprobación signifique compensación de nada ya que es una curva de inversiones a lo largo del tiempo para la ejecución de la obra... y que ...para cualquier otra circunstancia debía dejarse constancia mediante acuerdo de partes, intercambio de notas, etc., cosa que en ningún momento sucedió".

En respuesta a la pregunta "j" -por la cual la actora preguntaba si los perjuicios y gastos improductivos reclamados en la liquidación que se adjunta a la demanda "constituyen costos que la empresa debe afrontar aun cuando la obra no se ejecute o se ejecute a un ritmo menor que el previsto, y que, en esos supuestos quedan sin compensación por falta de certificación en los niveles previstos en el plan de inversiones"- el perito afirmó que "la única compensación que recibió la empresa fue por la certificación de obra ejecutada a precios contractuales o nuevos precios convenidos que figuran en la documentación de obra, para lo cual proveyó a la misma de equipos, personal, materiales, transportes, instalaciones, etc." y que "al establecerse un mayor tiempo de permanencia por trabajos a menor ritmo o paralizaciones, es evidente que hay una distorsión en la ecuación económica..." (foja 448). No se me escapa que hasta aquí se ha venido haciendo, prácticamente, una transcripción del informe pericial.

Pero ello no es casual. En mi opinión, se trata del modo más claro de poner en evidencia que, al menos hasta la contestación a la pregunta "j", el informe se explaya en afirmaciones que tienen que ver con los inconvenientes suscitados a lo largo de la ejecución de la obra y con sus respectivas estimaciones cuantitativas y económicas. También, como ya se dijo, el perito hace apreciaciones de tipo genérico o teórico, pero -insisto con esto- se trata de elementos que, en todo caso, revelan nada más que la existencia de los obstáculos que tuvo que enfrentar la contratista durante la ejecución de la obra -aspectos que, incluso, no fueron negados por la Provincia en autos- pero nada dicen sobre los supuestos perjuicios, en concreto, que ello le pudo haber provocado.

La pregunta "k" refiere a la opinión que le merece al perito el informe contable producido en sede administrativa a pedido de la contratista en el trámite de la apelación deducida ante el Poder Ejecutivo. El perito contesta que no le fue posible hallar dicho informe en la documentación obrante en autos (foja 448); sin embargo, observo que consta agregado a fojas 11/20 del expediente administrativo nro. 16101-0292088 de la D.P.V. -que está agregado a su similar, nro. 16101-0287212-, adjuntado a estos autos. Pues bien: ese informe tampoco aporta suficientes datos a los fines de dilucidar el punto ahora analizado.

En efecto: e A pesar de dicha deficiencia, concluye que "se puede inferir que los gastos improductivos y perjuicios de las obras de referencia se los puede considerar incluidos en las registraciones contables en los libros de la empresa, debido a que los gastos originados para la obra se encuentran contabilizadas en su totalidad". También dice que los cálculos efectuados por la actora "han sido efectuado correctamente, en base a disposiciones vigentes en la materia" (f. 15); mas no establece ninguna correlación entre los valores monetarios que surgen de la certificación de la obra y los que, según dice, constan en los libros de la empresa.

En cuanto al parque de maquinarias, afirma que las mismas "se encuentran registradas en planillas extracontables, que demuestran por cada equipo utilizado, y por día, lo siguiente: el total de horas de marcha, para qué ítem, cantidad de combustibles y lubricantes, etc.". Sin embargo, una vez más, se trata de una alusión que resulta insuficiente a los fines siquiera de indicar en concreto qué maquinaria permaneció inactiva y durante cuánto tiempo. En este sentido, no debe perderse de vista lo ya destacado precedentemente: los inconvenientes ocurridos en la obra fueron diversos; no fueron todos ellos contemporáneos; y, lo más grave: hay ciertos aspectos vinculados a definiciones de la obra que, como se ha precisado al principio de esta misma resolución, no constituyen materia de la presente litis.

Todas estas observaciones terminan por debilitar la pericial contable elaborada en sede administrativa, la cual no resulta concluyente acerca de qué perjuicios concretos y precisos le pudo haber producido a la contratista el modo en que se ejecutó la obra. Volviend De su análisis se ha podido const Sobre dicha base elabora su cálculo final, al que denomina "resumen de gastos improductivos y perjuicios a valores básicos de la licitación" (foja 452). Esta es la última operación aritmética efectuada por el perito, y con ella finaliza el informe. A su respecto debo hacer las consideraciones que siguen. En primer término, observo que, al abordar el punto "listado de equipos incorporados a la obra", el perito corrobora los datos expuestos en la liquidación con el análisis de precios presentado por la actora en la licitación. Esta operación no merece, a mi modo de ver, objeción alguna. El razonamiento se torna vulnerable cuando el perito intenta determinar en concreto qué equipos se habrían visto afectados por los inconvenientes a que refiere en los puntos anteriores.

Como se observa, se trata de un dato elemental sobre el cual se estructurarán las restantes estimaciones cuantitativas. Pues bien: a esos fines dice haber considerado partes diarios emitidos por la Inspección desde el 26.8.1985 hasta el 3.11.1985, aclarando que "no se encontraron partes similares por el resto del período de la obra" (foja 450). Tal como surge claro, la base que ha tomado el perito es sumamente débil, lo cual condiciona severamente el poder convictivo de todo su razonamiento posterior. En efecto: recuérdese que la obra insumió 33 meses de ejecución, y que es el propio perito quien confirma que los inconvenientes en los que se funda la demanda tuvieron lugar a lo largo de 13,5 meses de ejecución.

Tampoco debe pasar Valga el siguiente ejemplo: ya se ha visto que la contratista solicita el valor locativo de todo el equipo afectado a la obra durante 13,5 meses; también, que los 6 primeros meses de ese lapso -junio a diciembre de 1983- se corresponden a la demora en entregar el suelo seleccionado. Pues bien: el pedido formulado en esos términos (es decir, sin ninguna discriminación) equivale a afirmar que todo el parque de maquinarias permaneció absolutamente inactivo durante ese lapso. Sin embargo, la sola lectura del gráfico 2 del anexo del informe pericial revela, por ejemplo, que el ítem 5 -"terraplenes"- tuvo una importante evolución en los primeros meses de obra; y es indudable que la ejecución de dichos trabajos requiere de la intervención de maquinarias (v. en este sentido, análisis de dicho ítem en el capítulo "análisis de precios" del anexo documental de la pericial de autos).

De allí que resulta elemental considerar dicha circunstancia al momento de elaborar la liquidación del valor locativo de los equipos y, Como se observa, en el informe sólo se ha efectuado una suerte de control "de razonabilidad" de los datos proporcionados por la actora, lo que, desde luego, no implica ninguna comprobación acerca de que todos esos gastos se hayan efectivamente realizado en la obra, y que hubieran obedecido inexorablemente a las causas expuestas por la actora.

En definitiva: no encuentro en el informe -ni en los restantes elementos de la causa- suficientes elementos de convicción como para afirmar con la certeza que exige el caso que la contratista efectivamente efectuó las erogaciones o sufrió los perjuicios que indica en la demanda.

2. Tampoco las actuaciones administrativas arrojan elementos de convicción suficientes en este sentido. En efecto: haciendo un repaso de esos elementos, no surge ninguna constancia que ofrezca un detalle preciso -y fundado, desde luego- de los gastos que la recurrente dice haber efectuado durante los períodos en que la obra, según alega, se habría encontrado paralizada parcialmente por culpa de la comitente.

Esta afirmación se efectúa teniendo en cuenta que no le asiste razón a la actora cuando, al informar sobre el mérito de la causa, dice que entre los expedientes administrativos remitidos por la Administración estarían faltando las actuaciones nro. 268.210-C-84 y 292.088-V-SIE; así como las notas 103.430-C-85 y 103.051-CH-85. En efecto: si bien es cierto que la Presidencia del Cuerpo, en dos oportunidades dejó constancia de que las actuaciones mencionadas no se hallaban en Secretaría (v. decretos de fojas 377 y 429) -circunstancia que, indudablemente, fue la que indujo a que la recurrente presentara diversos pedidos de búsqueda de las mismas- también lo es que un elemental relevamiento de las pruebas producidas en la causa permite comprobar que los expedientes nro. 16101- 0268210-C-1984 y 16101-0292088-M-1987 -ambos de la Dirección Provincial de Vialidad- integran las actuaciones administrativas de la presente causa.

Puede señalarse que la segunda de esas actuaciones se encuentra agregada al expediente administrativo 16101- 0287212 de la D.P.V., circunstancia que ya surgía del informe de movimientos agregado a foja 51 de autos. Por su parte, se señala que las notas nro. 103.059-C-85, presentada el 31.1.1985, y nro. 103.430-C-85, presentada en fecha 12.4.1985, se encuentran agregadas en fotocopias a fojas 60 y 61, respectivamente, del expediente 16101-0292088-M-1987. El análisis de las constancias administrativas agregadas a la causa da cuenta de que la recurrente, durante la ejecución de los trabajos, ha descripto una conducta que no se condice con las alegaciones que postula en la demanda.

En efecto: en reiteradas oportunidades acude a estrategias argumentales fundadas en el contraste que existe entre los 12 meses de ejecución pactados originariamente y los 33 meses que terminó demandando la obra; destacando que dicha demora se debió en todos los casos a causas imputables a la comitente. Ya se ha dicho que esa situación resulta corroborada por las actuaciones administrativas. Sin embargo, observo que tal afirmación peca de simplista al soslayar que durante la ejecución de los trabajos tuvieron lugar diversas gestiones administrativas que, desde mi punto de vista, han incidido decisivamente en la redefinición de los términos contractuales: concretamente, en el plazo y en el plan de inversiones. La actora tuvo siempre una importante intervención en la tramitación de esos procedimientos, que sucesivamente fue consintiendo, y a los que no es posible negarles trascendencia en el análisis del caso.

a. El primero de ellos es el documentado en el expediente administrativo nro. 1 La primera, consiste en el hecho de que, tal como se expuso, el nuevo plan de trabajos e inversiones fue propuesto por la propia contratista; y si bien es cierto que lo La excepcional posibilidad de que existieran rubros no abarcados por las estimaciones expresadas en las planillas respectivas -interesan ahora especialmente las económicas- sólo podría admitirse si en esa misma oportunidad se dejaba una expresa salvedad respecto de ellas. La recurrente hizo, en efecto, algunas aclaraciones que complementaban las planillas que elevaba, mas ninguna de ellas tiene que ver con la existencia de supuestos gastos improductivos o perjuicios devengados con anterioridad a ese momento.

En efecto: las explicaciones ofrecidas tienen que ver con que las cantidades indicadas para los meses de plazo ya transcurridos correspondían a las efectivamente realizadas, aunque a la fecha no se encontraban certificadas "pues se está a la espera de la aprobación de la modificación de obra que se tramita por nota 79759-C-83"; con que se ha reflejado el desplazamiento de la iniciación de los trabajos "por la imposibilidad de ocupación de los te Sólo al final de su escrito la empresa alude a la incidencia de los "gastos generales e indirectos", pero sólo a los fines de ilustrar su intención de acelerar el ritmo de trabajos una vez superadas "las actuales circunstancias de presupuesto". Como surge claro de lo expuesto, la recurrente ni siquiera dejó entrever en ese momento -ni tampoco al ser notificada de la resolución 1382- que la Administración le estuviera adeudando suma alguna a título de perjuicios o de gastos improductivos generados a raíz de los inconvenientes producidos con anterioridad, y que, desde luego, por esa misma razón ya eran bien conocidos.

Esta afirmación cobra mayor trascendencia si se observa que la actora, en esa presentación, efectuó diversas alusiones a los inconvenientes aparecidos en las obras (saneamiento de cunetas; corrimiento de alambrados; falta de entrega de yacimiento; "posibilidades presupuestarias" de la comitente), pero no sólo que no expresó que el acaecimiento de esos hechos habría de generar el derecho a exigir algún tipo de reparación, sino que, en todos los casos, ajustó el plan de trabajos -que, insisto, incluía el importe concreto de cada ítem del contrato- a la realidad de los trabajos ejecutados. El plan de trabajos e inversiones presentado por la contratista fue aprobado por la Dirección Provincial de Vialidad mediante resolución 1382/84, del 26.6.1984 (f. 16, expte. adm. cit.).

Lo resuelto por la Administración en este acto debe verse conjuntamente con lo dispuesto por resolución 615/84 (del 21.3.1984; f. 39, expte. adm. nro. 16101-265060), mediante la cual se aprueba la creación de un ítem nuevo -el 3 bis- a los fines de cubrir los trabajos de saneamiento de cunetas. El principio de buena fe con que deben ejecutarse e interpretarse los contratos exige inferir que, a partir del dictado de la resolución 1382/84, la relación establecida entre la actora y la comitente ha quedado regida por los términos de los nuevos planes de trabajos e inversiones, los cuales -como se ha visto- también abarcaban los períodos ya transcurridos. Respecto de ellos, es claro que la actora no efectuó ninguna reserva de rubros adicionales que pudiera estar adeudando la Administración.

En tales condiciones, ya no resultará válido efect También pueden mencionarse las pautas señaladas por el Alto Tribunal Nacional en el precedente de Fallos 319:1681, según el cual "la magnitud de toda obra pública y de los intereses en juego imponen a los contratistas actuar de modo de prever cualquier eventualidad que pudiese incidir negativamente sobre sus derechos" (considerando 20).

b. Similares conclusiones pueden extraerse del procedimiento instrumentado en el expediente administrativo nro. 16101-260596 (y sus agregados). Mediante estas actuaciones se gestionó y finalmente se aprobó un cuadro de reajuste de la obra, medida que fue dispuesta por la Dirección Provincial de Vialidad mediante resolución 3190/84, del 28.12.1984. Este cuadro de reajuste -en lo que ahora interesa- tuvo su origen en las dificultades con que se encontró la empresa al momento de explotar el yacimiento de suelo seleccionado. Habiendo aquélla presentado un estudio técnico en el que exponía la inconveniencia de explotar el yacimiento en el modo en que se había pactado originariamente (fs. 52/79, expte. adm. cit.), la Inspección de Obra, mediante Orden de Servicio nro. 20, le solicitó, entre otros puntos, un estudio que contuviera "la incidencia económica que la variante propuesta representa sobre el monto de la obra" (f. 80).

La contratista, a su turno, respondió con diversas observaciones de tipo técnico - vinculadas a la calidad de los materiales y a la metodología de construcción- aclarando que "con respecto a la incidencia económica de nuestra propuesta que esa Inspección solicita ... preparará los análisis de precios respectivos que conformarán un presupuesto total a llevar a vuestra consideración oportunamente" (fs. 81/82). Luego de un intercambio de opiniones acerca de cuestiones técnicas, la actora eleva un análisis de precios de los trabajos que insume la nueva metodología de explotación del yacimiento de suelo y la construcción de las bases con una composición nueva de materiales, se agregan a las actuaciones una nueva planilla de cómputos métricos (fs. 168/188) y un cuadro comparativo de obra modificada (fs. 192/193).

Aclaro que estos documentos están firmados no sólo por el Inspector de Obra ingeniero Carlos Taborda, sino también por el representante técnico de la contratista, ingeniero Orlando Luengo. Esta gestión culmina con el dictado de la resolución 3190/84, por la cual el Administrador General de la D.P.V. aprueba el mencionado cuadro de reajuste y la creación y modificación de ítems. Debe señalarse que en estas actuaciones -me refiero al expediente administrativo nro. 16101-0260596-, constan numerosos intercambios de opiniones entre contratista y comitente -en particular, con la Inspección de Obra-, y en ninguna oportunidad aquélla hizo la más mínima alusión a que la demora que insumió la realización de dichas gestiones o a que las modificaciones mismas en los planes de trabajo implicaba, paralelamente, el devengamiento de gastos a título de "perjuicios" o de "gastos improductivos".

Las únicas cuestiones adicionales que la contratista dejó lacónicamente planteadas en estas actuaciones son las contenidas en la nota nro. 18-84 (en contestación a la orden de servicio nro. 28; f. 117), en la que aclaraba que en el plan de trabajos e inversiones que presentaba a fojas 118/124 -que, aclaro, no fue el finalmente aprobado- "no se han tenido en cuenta ... las ampliaciones de plazo emergentes de las demoras producidas como consecuencia de la definición de proyecto y explotación de yacimiento que motivaran la creación del ítem 5 bis, mayor monto de trabajos, ni razones climáticas, las que deberán ser evaluadas oportunamente para su consideración...". Como puede extraerse de la sola lectura de esta presentación, la recurrente entendió que las diversas demoras producidas en la ejecución de la obra debían ser tenidas en cuenta sólo a los fines de las ampliaciones del plazo, sin efectuar mención alguna a que devengaba algún tipo de gasto o que implicaba la producción de perjuicios.

Las consideraciones jurídicas vertidas en el punto anterior resultan, en lo pertinente, trasladables a estas actuaciones. c. Lo anteriormente relatado cobra su real sentido en la dinámica de la marcha de los trabajos a poco que se tenga en cuenta que el reclamo administrativo que origina la presente causa fue deducido el 8.4.1985, es decir, cuando la actora anteriormente había consentido dos resoluciones de la comitente cuyo objeto abarcaba los períodos en los que, según dice al demandar la empresa, se devengaron los gastos y los perjuicios cuyo reconocimiento ahora reclama. Destaco nuevamente un punto de importancia: la contratista participó activamente de la confección de los nuevos planes de inversión y del nuevo cuadro de reajuste, sin efectuar reserva alguna sobre los rubros que ahora reclama.

En este sentido, acierta la Provincia cuando, al alegar, sostiene que la actora "irrumpe" en la relación contractual (foja 485 vto.) con un reclamo cuyos términos en definitiva implicaban contradecir las soluciones que había contribuido a adoptar y cuyo contenido no había cuestionado. En ninguna oportunidad anterior a la señalada la empresa planteó de modo concreto que las demoras e indefiniciones en los trabajos generaría algún tipo de perjuicio o de gasto improductivo que, eventualmente, debiera serle resarcido; mucho menos, dedujo concretos reclamos en tal sentido. Las notas a que alude al recurrente en la demanda -ver, en particular, puntos 3, 4 y 5; foja 24 de autos- no presentan dicho contenido: sólo constituyen presentaciones en las que, en todo caso, dejaba constancia de que se había suscitado un determinado obstáculo en la marcha de las obras; en ningún caso refería a que ello habría de constituir un título para solicitar el reconocimiento de gastos o perjuicios.

Puede mencionarse en este sentido, la nota elevada por la contratista a la Inspección de Obra el 21.11.1983, en la que insistía en la necesidad de disponer del yacimiento de suelo sin hacer la más mínima alusión a la cuestión del devangamiento de gastos; por el contrario: la única preocupación de la contratista al respecto era que "deberá tenerse presente el retraso total emergente para la consideración de la ampliación de plazo de ejecución de la obra" -v. copia de dicha nota en el anexo documental presentado por el perito de autos; capítulo "notas de pedido"-.

También interes Los restantes puntos contenidos en esa nota refieren a cuestiones que no están comprendidas en la presente litis. Como surge claro, no hay elementos que permitan concluir que mediante esta presentación la actora comunicó a la comitente que las dificultades a que refiere suponían el devengamiento de gastos improductivos o perjuicios. Téngase en cuenta que a esa fecha ya había transcurrido gran parte de los 13,5 meses a que se limita la pretensión de autos. Sí es cierto, por el contrario, que en el memorial del 11.9.1984 la empresa dijo que la por ella denominada "forma anormal e indefinida" de ejecución de la obra generaría gastos improductivos (f. 12, expte. adm. que se viene citando). Sin embargo, este dato no basta para alterar las conclusiones expuestas anteriormente.

En efecto: es cierto que en dicha oportunidad abordó el tema, solicitando, incluso la conformación de una comisión que se encargara de evaluarlos. Sin embargo, también lo es que dicha presentación, por todo lo ya dicho anteriormente, nunca podría haber abarcado gastos por períodos anteriores al dictado de la resolución 1382/83; como así también que unos pocos meses después la actora habría de colaborar con la confección del primer cuadro de reajuste de la obra sin siquiera mencionar este aspecto, consintiendo incluso la resolución 3190/84 que lo aprobaba, todo lo cual vino a cerrar la posibilidad de revisar aspectos económicos o constructivos que tuvieran su origen con anterioridad al dictado de dicho acto.

Insisto con esta idea: si la empresa entendía que la comitente le adeudaba una determinada suma por "distorsiones" ocurridas en el pasado, debió haberlo puesto en conocimiento de la Administración en esa oportunidad a los fines de que ésta cuente con todos los elementos de juicio necesarios para adoptar decisiones respecto de la obra, evitando la ejecución de comportamientos que sin lugar a dudas implicaron la conformidad con los términos de un cuadro de reajuste que, al referirse a aquellos períodos, disponía una adecuación a lo realmente ejecutado.

Finalmente, aclaro que tampoco resulta posible interpretar que la cláusula quinta (expte. adm. nro. 16101-270638) del convenio suscripto entre las partes el 29.5.1985 implicó el reconocimiento de parte de la comitente de que adeudaba rubro alguno por los conceptos allí mencionados. d. Lo hasta aquí expuesto habilita la conclusión de que la pretensión ahora ejercida implica cuestionar la solución que debe entenderse que surgía de los actos mediante los cuales la Administración aprobó la ampliación del plazo de la obra y un nuevo plan de inversiones (resolución 1382/84) y el primer cuadro de reajuste de la obra (resolución 3190/84); actos que, como ya se ha dicho, se encuentran firmes. Ello evidencia la manifiesta extemporaneidad del reclamo, y, con ello, su improcedencia, sumando una nueva razón para rechazar el recurso en examen.

Voto, pues, por la negativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler y Vigo, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Gutiérrez, y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?- el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto. Las costas se impondrán a la actora (art. 84, ley 4106). Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler y Vigo, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Gutiérrez y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Rechazar, con costas, el recurso interpuesto. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)