Abuso sexual calificado, víctima menor de edad, violencia de género, interés superior del niño
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: R., V.E. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en contra de Sentencia Nº 020/2012 recaída en causa Expte. Nº 178//10 - R., V.E. s.a. Corrupción de menores agravado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-12-27

La Cámara en lo Criminal, por mayoría, declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado aprovechando la situación de convivencia preexistente con la víctima siendo la misma menor de dieciocho años (art. 119 cuarto párrafo inc. f) en función del Primer y Tercer Párrafo del C. Penal) (Dos Hechos Nominados Segundo y Tercero, en forma reiterada) y abuso sexual agravado aprovechando la situación de convivencia preexistente con la víctima siendo la misma menor de dieciocho años continuado (art. 119 último Párrafo en función del Cuarto párrafo inc. f) y Primer párrafo del mismo artículo) (Hecho Nominado Cuarto), todo en concurso real (arts. 45 y 55 del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de diecisiete años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal).

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado, e interpone recurso de casación.

El recurrente cuestiona que no se encuentra debidamente acreditado el vínculo ni la edad de la menor víctima, argumentando que la partida que en copia se adjunta a la causa con una "certificación" de un funcionario policial, valorada por el juzgador, no reúne los requisitos exigidos por la ley de fondo, por carecer de la debida legalización de autoridad competente.

Nos encontramos ante un típico caso de violencia de género, lo que impone a esta Corte analizar la cuestión que le fuere sometida a la luz del resguardo de la integridad física, psíquica y sexual de la víctima, no permitiendo que la violencia que ha sufrido beneficie a su agresor (Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas, firmada y ratificada por Argentina en 1980 y 1985, respectivamente; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-, firmada el 9 de Junio de 1994 e incorporada al bloque constitucional mediante Ley N° 24.632, publicada con fecha 09 de abril de 1996; Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (sancionada el 11/03/09, promulgada el 01/04/09 y publicada en B.O. el 14/04/09; reglamentada por Decreto 1011/2010, publicado en B.O. el 20/07/2010), bajo pena de hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional.

De igual modo, téngase presente que partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual goza de máxima jerarquía constitucional, el interés del niño es superior a cualquier obstáculo de índole legal, debiéndose otorgar, por ende, mayor protección a éste que a la prohibición. Tal aseveración, se compadece con lo dispuesto en el art. 16 inc. i) de la Ley 26.485 en cuanto dispone que: ".los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: . inc. i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos.".

Por lo expuesto, y en atención a que es mujer y menor de edad la víctima de la presente causa, la denegación del cuestionamiento efectuado resulta ajustado a Derecho por expresar conformidad con lo dispuesto en las normas referidas y la debida diligencia comprometida por el Estado argentino ante la comunidad internacional para la prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia en contra de la mujer.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.