Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 2da NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-10-28


2º Instancia. - Santiago del Estero, octubre 28 de 2008.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada? Segunda cuestión: ¿Qué decidir sobre las costas? A la primera cuestión el Dr. Raúl Fernando Santillán dijo:

I) Vienen los autos a esta Alzada con motivo del Recurso de Apelación deducido por el demandado, Omar Antonio Lescano, contra la sentencia de fecha 31/07/07, que luce a fs. 169/171, por la cual el A-quo resolvió hacer lugar a la demanda de reivindicación incoada por la Sra. Dominga Esperanza Gutiérrez, condenando al accionado y/o a cualquier otro ocupante, para que en el término de diez días restituya a la actora la fracción de terreno objeto del litigio, con costas.

La sentencia es apelada por el vencido quien vuelca sus quejas a fs. 178/181, mereciendo réplica de la contraria a fs. 184/185. Los agravios, en prieta síntesis, expresan lo siguiente: 1) se agravia porque el sentenciante da por sentada la posesión de la actora y el ingreso clandestino de su parte al inmueble litigioso; 2) lo agravia porque el juez no exigió a la actora, ni al contestar la demanda ni al dictar sentencia un informe actualizado de la Dirección General de la Propiedad Inmueble por el que acredite la titularidad del predio en crisis; 3) se agravia porque el sentenciante al considerar y rechazar la excepción de prescripción opuesta por su parte toma como fundamento la existencia de un título dominial a favor del actor; 4) lo agravia porque entiende que el juez estima acreditada la posesión de la actora sobre la base de los testimonios producidos por su parte, lo cual es erróneo y se contradice con otras pruebas acercadas al expediente.

II) En forma previa a resolver la cuestión traída en apelación, conviene realizar unas consideraciones: 1) la acción intentada por la actora tiene por objetivo, la restitución de la cosa de la cual se vio privado quien tiene sobre ella mejor derecho, con motivo de la desposesión efectuada contra o, sin la voluntad de quien la detentaba. Es por ello que, quien pretende reivindicar un bien de su propiedad, debe probar: a) derecho a poseer; b) pérdida de la posesión; c) posesión actual en el demandado; d) una cosa en condiciones de ser poseída, perfectamente determinada, presente y no futura. "En el caso de la reivindicación de cosa inmuebles, la ley exige que el que se titula dueño debe probar tal aserto para que la acción prospere -el ius possidendi-. Se trata de una condición sine qua non porque esta acción tiende a modificar el estado posesorio actual de la cosa.

El art. 2758 del C.C. la define: "La acción de reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de las cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquél que se encuentra en posesión de ella" (Cfr. Cám. Civ. 2da Nom., 27/11/06, in re: "Filippa de Guber, Amalia c/ Club Aeromodelista Santiago del Estero s/ Reivindicación").

III) Ingresando a la cuestión traída a esta Alzada para su resolución, el recurrente se agravia por entender que la actora no pudo acreditar la posesión que invoca como fundamento de la acción real intentada.

Examinadas las constancias de autos, surge que a fs. 40/41 se agregó copia del Testimonio Notarial donde consta la venta de la propiedad litigiosa a favor de la demandante. A fs. 42/43 se adjuntó copia del Decreto-Acuerdo (701 "G", de fecha 21/09/98) emitido por la Municipalidad de esta ciudad Capital por medio de la cual se resuelve la venta del predio en crisis a favor de la actora.

Abierta la causa a prueba, el actor produce prueba testimonial agregada a fs. 114/115, absolución de posiciones a fs. 113, como prueba informativa a fs. 122/129 se agregó el oficio diligenciado ante la Municipalidad de la Capital agregando copia certificada del Decreto Acuerdo antes mencionado (701 "G"), con el agregado del Decreto por medio del cual se restituye al patrimonio municipal el predio litigioso de fecha 07/04/98. A su turno la demandada produce prueba de absolución de posiciones a fs. 141, prueba informativa con oficio diligenciado a Catastro de la Provincia a fs. 146/148, oficio de la Municipalidad de la Capital a fs. 151/157, de EDESE a fs. 162. De las pruebas producidas en autos no cabe más que concluir que no asiste razón al quejoso, dado que la accionante probó su carácter de poseedora del fundo litigioso. Es criterio asumido por este Tribunal que, de conformidad a los arts. 3263, 2º párrafo, 3267, 3268 y 3270 del Código Civil, quien presenta un título anterior a la supuesta posesión que invoca el excepcionante, se considera que le fue transferido con ese título, todos los derechos referentes a la propiedad en cuestión: "...se juzga que cada enajenante ha transferido la cosa a su adquirente, cum omni sua causa, es decir, con todos los derechos que le competían. El último adquirente, es pues tácita y necesariamente subrogado en todo los derechos de garantía de los que han poseído la cosa antes que él, y reúne esos derechos en su persona". (Nota al Art. 2109 C. Civ.). Puesto así, el demandante ejerce la acción reivindicatoria amparado por las facultades transmitidas por los anteriores propietarios, en este caso la Municipalidad de la ciudad Capital de Santiago del Estero, deviniendo improcedente los fundamentos invocados por el recurrente. A mayor abundamiento cabe decir que, la merituación y análisis de las pruebas acercadas al expediente es facultad exclusiva de los jueces, aun cuando los mismos no se encuentran obligados por ellas, ni a examinar la totalidad de las mismas, sino sólo aquellas que estime acertadas o conducentes de forma tal de considerarlas valederas para dictar una justa resolución. El art. 378 del CPCC acuerda la facultad de expresar en la sentencia sólo la valoración de aquellas pruebas que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa. Luego debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas de la sana crítica que contiene la norma citada.

IV) Asimismo, se agravia el recurrente porque el A-quo considera que su posesión fue debidamente acreditada en autos, y es anterior a la del actor. Esta manifestación carece de veracidad, ya que el accionado nunca demostró fehacientemente la posesión que invocaba como veinteañal en el período de producción de prueba. Quien pretende excepcionar por prescripción adquisitiva. "...le incumbe al que la invoca demostrar de modo pleno e indubitable los actos posesorios en los términos de los arts. 4015 y 4016 del C. Civ. en correlación con los recaudos que exige el art. 24 de la ley 14.159, modificado por el Decreto Ley 5756/58; Cám. 2º, Sala I, La Plata, Causa B-44.941, reg. sent. 200/78; citada por Morello, Sosa, Berizonce: Códigos Procesales en o Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nación, comentados y anotados", T. V-A, p. 169 y 170, nº 605, jurisprudencia bonaerense, 3), 32'), Edit. Platense - Abeledo Perrot, 1991.-(Cfr. Cám . Civ. 2da. Nom., Sgo. del Est., 19/09/05, "Silvetti, Rosario Segundo c/ Saavedra, Bernardo s/ Reivindicación"). Ello así, los elementos aportados por el demandante adquieren mayor relevancia e importancia, a los efectos de valorar las pruebas acercadas por cada uno de los litigantes, más aún cuando el accionado no pudo acreditar los hechos que sustentaban la expresión de agravios interpuesta. "El interés general comprometido en materia de derechos reales exige que la prueba para acreditar la posesión de la usucapión como acción o como defensa reúna condiciones sustanciales de exactitud, precisión y claridad; es decir, debe existir una prueba realmente convincente, plena, indubitable y concluyente de los extremos requeridos por la ley para producir la usucapión en la cabeza del que la invoca, es necesario acreditar en forma acabada que se ha poseído la cosa efectivamente, de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpidamente y con ánimus domini el bien que se pretende prescribir lo que el demandado no ha realizado;..." (Cfr. CC SMart., sala I, 5/10/78, SP, LL, 979-201; CNCiv., sala F, 23/12/87, LL, 1989-B, 72 y JA, 1989-1-580"). El resto de los agravios no logran conmover los argumentos expuestos precedentemente. Debe tenerse en cuenta que el apelante, sólo manifiesta su contradicción con la sentencia en crisis sin volcar una fundamentación seria y valedera, o cuál es la solución distinta, que desde su punto de vista debía darse al caso en litigio, no pudiendo desvirtuar el basamento en el que se apoya el fallo atacado.

Sobre la base de lo expuesto, A la primera cuestión el Dr. Raúl Fernando Santillán dijo:

Por la afirmativa, en consecuencia se resuelve rechazar el Recurso de Apelación interpuesto por el demandado, y en consecuencia, confirmar la sentencia de fecha 31/07/07, obrante a fs. 169/171, por lo que el Sr. Omar Antonio Lescano, debe restituir a la Sra. Dominga Esperanza Gutiérrez, la fracción de terreno ubicada en Calle General Taboada Nº 678, Barrio Juan XXIII, Dpto. Capital, Provincia de Santiago del Estero, inscripto en el Registro General de la Propiedad Inmueble en Matrícula Folio Real Nº 7N-13.560, en el plazo de Diez (10) días.

A igual cuestión el Dr. Lima dijo:

Comparto el voto del Dr. Santillán.

A semejante cuestión la Dra. María A. W. de Nasif Saber:

Me adhiero al voto de los vocales anteriores.

A la segunda cuestión EL Dr. Raúl Fernando Santillán dijo:

Por aplicación de los Arts. 68 y 69 del C. P. C. y C. Costas al apelante vencido.

A la misma cuestión el Dr. Lima dijo:

Voto en igual sentido que el Dr. Santillán.

A idéntica cuestión la Dra. María A. W. de Nasif Saber dijo:

Comparto el voto de los vocales preopinantes.

Por el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: 1º) No hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por el demandado, y en consecuencia, Confirmar la sentencia de fecha 31/07/07, obrante a fs. 169/171, por lo que el Sr. Omar Antonio Lescano, debe restituir a la Sra. Dominga Esperanza Gutiérrez, la fracción de terreno ubicada en Calle General Taboada Nº 678, Barrio Juan XXIII, Dpto. Capital, Provincia de Santiago del Estero, inscripto en el Registro General de la Propiedad Inmueble en Matrícula Folio Real Nº 7N-13.560, en el plazo de Diez (10) días de consentida y/o ejecutoriada la presente.- 2º) Costas en esta instancia al apelante vencido. - Raúl Fernando Santillán. - Raúl Jorge Lima. - María A. W. De Nasif Saber.