Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-12


Causa nº 054-00-CC/2006 caratulada "MONTI, Sebastián y otro s/inf. Art. 96 C.C. Apelación." En la Ciudad de Buenos Aires a los 12 días del mes de junio de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver en la presente causa.

Y VISTOS:

El Sr. Defensor Oficial, Javier E. de la Fuente, interpuso recurso de apelación (fs. 139/146) contra el auto de la Magistrada de grado que rechazó la solicitud de suspensión del juicio a prueba en favor del imputado Sebastián Monti en virtud de que no hubo acuerdo entre las partes, instando la defensa la concesión del instituto sin contar con la voluntad del fiscal (fs. 131/132 vta.).

Luego de fundar la admisibilidad del remedio articulado, centra su pretensión a partir de tres órdenes de agravios: 1) La suspensión del proceso a prueba como derecho del imputado, 2) función del juez de garantías: control de la razonabilidad del fiscal y 3) irrazonabilidad de la negativa del Sr. Fiscal para acordar la suspensión del proceso a prueba.

El primero de ellos radica en que "...la suspensión del juicio a prueba no constituye un 'beneficio' ni una 'gracia' cuya concesión queda sujeta a la libre discreción del fiscal o del juez, sino que se trata de un auténtico derecho del imputado, de modo que cumplidas las condiciones legales, no se le puede negar arbitrariamente este derecho...", y además "la negativa del Sr. Fiscal para arribar al acuerdo no puede impedir la concesión del derecho de la suspensión del proceso a prueba" (fs. 141/141 vta.).

Por su parte y en cuanto al siguiente tópico, centralmente, refiere: "...la circunstancia de que la ley regule a la suspensión del proceso a prueba como un acuerdo entre las partes, de ninguna manera impide que el juez de garantías pueda efectuar un control sobre la razonabilidad y consecuente legitimidad del criterio adoptado por el Ministerio Público" (fs. 141 vta.), citando para ello profusa jurisprudencia provincial y nacional.

Finalmente, a criterio de la defensa, y de acuerdo a las razones vertidas, "...ninguno de los argumentos invocados por el Sr. Fiscal torna razonable la negativa para acordar la suspensión del proceso a prueba, transformando a su dictamen en arbitrario..." (fs. 145).

A su turno, el Sr. Fiscal de Cámara dictamina a fs. 151/154 vta. que debe declararse improcedente el remedio incoado y confirmarse el resolutorio recurrido conforme los fundamentos que desarrolla en el libelo referido.

En la oportunidad prevista por el art. 51 de la LPC, la asistencia técnica mantuvo los términos de su anterior planteo y reiteró sus motivos de agravio al tiempo que disintió con algunas de las argumentaciones del Fiscal ante esta instancia (fs. 158/159 vta.).

Cumplidos los pasos y plazos procesales se encuentra el legajo en condiciones de ser resuelto.

CONSIDERANDO:

I- En lo que atañe a la procedibilidad subjetiva, la apelante ha respetado los recaudos pertinentes por cuanto, contando con legitimidad para hacerlo, presentó su escrito en tiempo y forma ante la Magistrada de grado.

Sentado ello corresponde examinar el presupuesto objetivo, esto es si el interlocutorio atacado por no ser sentencia definitiva resulta equiparable a ella con sustento en que ocasiona un gravamen de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior, a fin de verificar si la resolución puesta en crisis puede ser objeto de impugnación (art. 432 y 449 C.P.P.N, de aplicación supletoria conforme el art. 6 de la ley 12).

Se tiene dicho al respecto que "...la suspensión del juicio a prueba permite suspender el proceso penal evitando el dictado de una condena, mediante la asunción por parte del peticionante (imputado) de obligaciones cuyo cumplimiento, durante el lapso por el cual se impongan, determinaría la extinción de la acción penal, siendo éste su efecto mediato del cual -por otra parte- se extrae el carácter sustantivo del instituto en cuestión..." Causa nº 054-00-CC/2006 Asimismo, la doctrina ha señalado con acierto que "si bien no se trata de sentencia definitiva ni extingue la acción o pena, tiende a extinguirlas iniciando una etapa que, si se cumplen las condiciones, extingue la acción penal. Por eso el recurso debe proceder ab initio... tanto con el auto que concede la suspensión de juicio a prueba (recurso del Ministerio Público Fiscal) como del que la deniega (recurso del imputado), porque priva a éste del derecho a evitar la pena, por lo que su gravamen (es) irreparable y la decisión tiene a ese respecto carácter definitivo" (De la Rúa, Fernando "La Casación Penal", Editorial Depalma, 2° edición, 1994, págs. 185/186), razón por la cual aquél resulta apelable.

II- Sorteados exitosamente los recaudos de admisibilidad, corresponde en lo que sigue abocarnos al análisis de la decisión de la Judicante en cuanto rechaza la solicitud de la defensa de suspender el juicio a prueba en favor del imputado a fin de constatar el acierto o desacierto de tal temperamento.

Adelantamos que la pretensión del recurrente no podrá tener favorable acogida atento los fundamentos que seguidamente se expondrán.

A poco andar se advierte que tal como sostuvo la Magistrada en su decisorio, y a contrario de lo que expone el Javier de la Fuente, en el presente caso no se encuentran reunidos la totalidad de los requisitos legales previstos en el art. 45 del ordenamiento local toda vez que, según surge de las actuaciones, el representante del Ministerio Fiscal no prestó su "conformidad" a fin de celebrar el acuerdo exigido en materia contravencional que posibilite la aplicación del instituto En este sentido, sostuvimos oportunamente que: "...a diferencia de lo que sucede en la normativa de fondo nacional (arts. 76bis. y ss. del C. Penal)...la suspensión del proceso a prueba reglada por el art. 45 del C.C. presente notorias diferencias respecto de la primera y, por ende, contiene características que le son propias. Específicamente...dos de ellas consisten en que no contempla el ofrecimiento del imputado de hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, que podrá ser aceptada o no por la damnificada (Conf. art. 76 bis., párrafo tercero, del C. Penal) y que medie para su otorgamiento a manos de la autoridad jurisdiccional -entre otras condiciones- consentimiento del fiscal... Y ello encuentra su razón de ser en el hecho de que, en punto a la primera y más allá de que se la comparta, el legislador local entendió que existen otros mecanismos de reparación en nuestro régimen legal (vbg. conciliación o autocomposición -arts. 40, inc. 1º, y 41 del C.C.) y de ahí su omisión..." Se dijo también en el precedente de la Sala que "...en cuanto al 'consentimiento del fiscal' su inclusión aparece como innecesaria de momento que, por tratarse el nuestro de un sistema acusatorio, es el mismo representante del Ministerio Público quien -a diferencia del nacional- debe 'acordar' la suspensión del proceso a prueba; limitándose la actuación del Juez a un control de legalidad mediante su aprobación o no, en su caso (art. 45 del C.C., párrafo primero, "in fine"). Justamente por ello es también el Fiscal -y no el órgano jurisdiccional- quien establece las reglas de conducta a cumplir y su lapso, que no podrá exceder de un año. De esta manera, queda en claro entonces que si no hay acuerdo con el Fiscal no hay posibilidad alguna de que se suspenda el proceso a prueba por ser el hito de partida o condición 'sine qua non' para su eventual viabilidad; esto es, sin el no hay posibilidad de iniciar siquiera trámite alguno..." (in re: "Luraschi, Carlos Alejandro s/ inf art. 38 C.C - Apelación", rta. 31/8/2005).

Frente al panorama descripto, y respecto a la afirmación de la asistencia técnica acerca de que "...es claro que la simple negativa del Sr. Fiscal no puede constituir un obstáculo infranqueable, porque ello implicaría dejar librada la aplicación de un instituto regulado y previsto especialmente por la ley a su absoluta discrecionalidad..." (fs. 141), dicho embate cobraría virtualidad en causas penales, donde podría discutirse dogmáticamente sobre su carácter vinculante y control de logicidad, pero nada quita ni pone en el ámbito local donde, insistimos, ningún dictamen debe existir de momento que la vía queda expedita una vez que existe acuerdo entre imputado y Fiscal.

Por otra parte, sea por imperio de la ley 21 o del art. 1º de la 1903, el órgano acusador tiene a su cargo el ejercicio de la acción y es por ello que cuando expresa su negativa a la aplicación del instituto manifiesta inequívocamente su voluntad de proseguir con el ejercicio de la acción contravencional.

Causa nº 054-00-CC/2006 Seguidamente, y pese a lo expuesto, se agravia la defensa al sostener que: "...la circunstancia de que la ley regule a la suspensión del proceso a prueba como un acuerdo entre las partes, de ninguna manera impide que el juez de garantías pueda efectuar un control sobre la razonabilidad y consecuente legitimidad del criterio adoptado por el Ministerio Público" (fs. 141 vta.), asimilando en este aspecto el sistema previsto en el código penal (art. 76 bis CP) y el del art. 45 C.C. Cita para ello, y a fin de sustentar la cuestión introducida, doctrina, y profusa jurisprudencia nacional y contravencional en materia penal.

En este punto, y amén de remitirnos a lo ya expuesto, es de meridiana claridad la norma local en cuanto consagra: "....El imputado/a de una contravención que no registre condena contravencional en los dos años anteriores al hecho, puede acordar con el Ministerio Público Fiscal la suspensión del proceso a prueba sin que ello implique admitir su responsabilidad. El Juez resuelve sobre el acuerdo, teniendo la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza..." Se advierte sin hesitación que, una vez suscripto el acuerdo, el a quo podrá no aprobarlo sólo en el caso de apreciar que las partes no se encontraban en paridad de armas al momento de su celebración. Este es el único supuesto en el cual el judicante podrá expedirse en sentido adverso al momento de resolver, debiendo por el contrario homologar el convenio cuando fue producto de una negociación ecuánime entre el Ministerio Fiscal y el imputado, sin formular juicio alguno sobre su contenido o la postura asumida por éstos.

En tal sentido "...el art. 45 del C.C regula el instituto de la suspensión del proceso a prueba el cual expresamente prevé los supuestos por los cuales el Magistrado tiene facultad de no aprobar el acuerdo suscripto entre las partes: 'cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza'. De las constancias de la causa en estudio no surgen elementos que hagan presumir que existieron algunos de los presupuestos nombrados, sino más bien, la Juez de grado apartándose de la letra de la norma 'resolvió' rechazar el acuerdo por razones distintas a las previstas por la misma excediendo de esta manera los límites que el ordenamiento resguarda..." (Sala II, in re: "Kler, Roberto Luis s/ inf. art. 84 CC. - apelación", causa Nº 350-00-CC/2005, rta. 9/12/05).

Respecto a la "razonabilidad" aludida nos remitimos a lo manifestado en punto a la innecesariedad del dictamen fiscal, en virtud de que, en nuestro ordenamiento, el instituto local encuentra su génesis a partir del pacto celebrado entre el acusador y el imputado, no existiendo en consecuencia de ello una opinión -fiscal- pasible de resolución sino un acuerdo sujeto a homologación jurisdiccional que, obviamente, no es lo mismo.

Y a propósito de esto último, hemos notado que en algunos procesos -tal como sucedió en el caso de autos- la solicitud de suspensión del juicio a prueba aparece formulada por la defensa al Juez de la causa mediante escrito dirigido y presentado directamente ante sus estrados (ver fs. 116), lo que genera la necesidad de correr traslado del pedido a la parte acusadora (ver fs. 117) y la fijación de audiencias (ver fs. 119) cuando, en rigor de verdad, la posibilidad de acceder a ella debe surgir del "acuerdo" previo celebrado entre las partes -suma de voluntades- para luego, y en una instancia posterior, presentarlo para su homologación ante el órgano jurisdiccional.

En otro orden de ideas, tampoco resulta ajustada la interpretación realizada por el Sr. Defensor cuando expresa: "No es correcto el razonamiento de la Sra. Jueza de grado, quien señala que la suspensión del proceso a prueba prevista en el código contravencional (art. 45 CC) debe regirse por los mismos principios que la conciliación (art. 41 CC) y no por las reglas del art. 76 bis CP" (fs. 143).

Desde luego que estamos ante institutos distintos con características que le son propias -vgr. la reparación del daño-, encontrando su similitud en la ubicación sistemática en el Código Contravencional que los consagra -Título III, Extinción de las acciones y las sanciones- y los efectos que de su aplicación se derivan -extinción de la acción-.

Ahora bien, de la lectura del decisorio puede observarse claramente que la mención que hiciera la Judicante en este sentido lo fue sólo respecto al "rol En Causa nº 054-00-CC/2006. Sala II En del Juez" en la aplicación de una u otra figura, y en lo atinente a su función de homologar el convenio suscripto por las partes. (fs.132 vta.); circunstancia que omitió consignar el apelante al tiempo de formular aquella consideración.

A su turno y en atención a la "irrazonabilidad de la negativa del Sr. Fiscal para acordar la suspensión del proceso a prueba" expuesta por la defensa (fs. 144 vta./146), nos hemos expedido en lo atinente a la imposibilidad de contralor por parte del a quo; más pese a ello las razones esbozadas por el Ministerio Fiscal si bien escuetas no pueden ser tildadas de infundadas toda vez que, según se desprende del acta de audiencia obrante a fs.128/129, el acusador enunció los motivos -se compartan o no- que lo llevaron a adoptar tal temperamento.

No resulta posible, en consecuencia, que el a quo retrotraiga su intervención en el procedimiento y ejerza control sobre la voluntad negativa de Fiscalía para la suscripción de un pacto que, ni siquiera, en virtud de la oposición formulada, ha existido.

Resta por último señalar la improcedencia de haber celebrado en el presente legajo la audiencia prevista en el art. 293 del Código Procesal Penal de la Nación. Con lo que se tiene dicho hasta el momento, y según quedara expuesto en el precedente "Luraschi", existiendo para el instituto regulación propia en el ámbito local (art. 45 del Cód.Cont.), no cabe echar mano supletoriamente del ritual nacional, a lo que se aduna que la normativa local en la especie -pese a ser de derecho sustantivo- estipula también los pasos procedimentales a seguir.

Por lo demás, en el caso puntual de autos, ha transformado al acto de audiencia en una verdadera tribuna de debate donde tanto Fiscal como Defensor han "alegado" acerca de sus posturas encontradas en punto a la concesión del instituto, lo que dista sustancialmente del "acuerdo" entre las partes que, como se dijo, constituye el disparador para tornarlo procesalmente viable en materia contravencional.

Además, si se pasa revista al texto del remanido art. 293 del En En C.P.P.N. se advierte sin duda alguna que el trámite allí descripto se opone frontalmente al estatuído por la ley 1472 conteste con el sistema acusatorio, al ser el Juez o Tribunal Oral quien concede el beneficio de marras y fija, en su caso, las instrucciones e imposiciones a que debe someterse el imputado.

A mayor abundamiento, es clara la letra del art. 45 del C.C. en cuanto consagra: "...el imputado de una contravención...puede acordar con el Ministerio Público Fiscal...el Juez resuelve sobre el acuerdo, teniendo la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenazas..." y el empleo de las mínimas reglas de la lógica, extraen como conclusión -sin mayor esfuerzo- que el Magistrado no ha estado presente al momento del "acuerdo" ya que de haber sido así -como ocurre en la audiencia del art. 293 del C.P.P.N.- habría sido él quien en forma directa hubiese interrogado sobre el particular.

Para concluir no se habrá de pasar por alto la controversia suscitada acerca de la afirmación del Sr. Fiscal, Unrein, en el sentido de que al momento de celebrarse la audiencia prevista por el art. 41 de la ley 12 se había hecho una propuesta de suspensión del proceso a prueba que no fue aceptada (ver fs. 129), cuya existencia -al no figurar en el acta respectiva- fue puesta en tela de juicio por el defensor Javier de la Fuente (ver fs. 145); postura que, sorprendentemente, fue compartida por el Fiscal ante la instancia (ver fs. 151 vta.) y que merece algunas reflexiones.

En primer término cabe apuntar que la falta de constancia en la audiencia documentada a fs. 67 en manera alguna habilita a poner en crisis la palabra de un Magistrado, a poco que se repare en que no existe obligación legal de hacer constar en el instrumento las tratativas de una "negociación" que quedó trunca por falta de acuerdo. Y aunque no fuere así -que decididamente lo es- cuando el Unrein trajo a colación aquella circunstancia al momento de celebrarse la prevista por el art. 293 del C.P.P.N. ante la Juez de la causa y en presencia de todas las partes, tanto el imputado Monti como su defensor no formularon ninguna observación al respecto, lo que da pábulo de la veracidad de aquella aseveración y pone en evidencia la impertinencia del cuestionamiento.

Por las razones expuestas y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal, Causa nº 054-00-CC/2006. Sala II RESUELVE:

I- CONFIRMAR el interlocutorio obrante a fs. 131/132, en cuanto no hace lugar a la suspensión del proceso a prueba respecto de Sebastián Monti.

II- TENER PRESENTE las reservas formuladas en el punto V del recurso de apelación impetrado.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Fiscalía de Cámara y devuélvase a su Juzgado de origen quien deberá practicar la restante notificación.

Sirva el presente de atenta nota.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Ante mí: