Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-21


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre de 2009, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Vilela dijo:

I)- Contra la sentencia de fs. 170/172 apelan la parte actora y codemandada Ledesma SAAI a fs. 180/181 y a fs. 182/185.

II)- El accionante se agravia porque no procedió la multa prevista en el art. 80 LCT. También se queja porque no se ordenara la entrega del certificado de aportes previsionales. Finalmente cuestiona el rechazo de la multa del art.8 Ley 24013.

Por otro lado, la codemandada recurre la extensión de responsabilidad que dispuso el a quo. Apela también la forma en que se impusieron las costas y los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora por altos.

III)- Por una cuestión estrictamente metodológica trataré en primer lugar la queja de la codemandada Ledesma SAAI. En el memorial recursivo plantea la improcedencia de la extensión de responsabilidad en los supuestos del art. 30 LCT y sostiene que no existió relación laboral con el actor.

Corresponde destacar que el a quo condenó a la demandada Ledesma S.A.A.I. al considerar acreditada la existencia de una conducta fraudulenta y no dentro de los supuestos del art. 30 LCT, que no contemplan la figura del fraude. Es por ello que la queja carece de sustento alguno (art. 116 LO) ya que es necesario que se analicen consideraciones de la sentencia apelada (Sala I, Catalano Roberto c/ Mirazones S.A. y otro s/ despido, SD 85024 del 22/02/08), circunstancia que no ocurre en autos.

Sólo a mayor abundamiento, memoro que el actor en su demanda (ver fs. 6/7) describió que comenzó a trabajar para los codemandados en octubre de 2005, realizando tareas de carga y descarga de azúcar en el Galpón de Ledesma SAAI ubicado en la calle San Salvador de Jujuy 3400 y Padre Mujica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Describe también que estaba sujeto a órdenes y directivas de trabajo tanto de parte María Teresa Cristaldo ("Estisur") como de personal de Ledesma SAAI.

Por su parte Ledesma SAAI niega la relación laboral con el actor (ver fs. 44vta/45); también rechaza el vínculo comercial con María Teresa Cristaldo o una empresa llamada Estisur.

En este contexto correspondía al actor acreditar la relación laboral que invoca (art. 377 C.P.C.C.N.).

Declaró propuesto por el actor González (fs.130); mientras que por la demandada lo hicieron Mazzoccone (fs.84), Martens (fs.99) y Lucía (fs.133). Destaco que si bien la demandada individualizó a los testigos sobre los cuales basa su crítica (González, Martens y Lucía) debió haber realizado un mayor análisis de sus declaraciones; dicha insuficiencia hace que la queja en este aspecto no se baste a sí misma" (CNAT, Sala I, "Merlo Luis Gladys c/ Braun Mercedes y otros s/ despido", SD 84087 del 28/02/07).

González declaró que el actor realizaba las tareas de carga y descarga de azúcar, Teresa Cristaldo era la que les pagaba, la patrona. Que las órdenes de trabajo se las daba Mazzoccone. Que en la planta de Ledesma fichaban a la mañana en una planilla que tenía Carlos Mazzoccone. Que cuando se iban no fichaban, Cristaldo les pagaba en negro 40 ó 50 pesos por día.

Los testigos Martens y Lucía coinciden en señalar que la carga y descarga la realizaban en el predio de Ledesma SAAI empresas contratadas. Martens expuso que era el encargado de darle las órdenes al supervisor de la empresa contratada. En tanto que Lucía señaló que Mazzoccone como Jefe de Depósito controlaba las tareas de carga y descarga.

Finalmente Mazzoccone describió que es contratado el personal encargado de hacer tareas de carga y descarga en la empresa. Que no conoce a la empresa Estisur SA pero al exhibírsele la documental obrante a fs. 58 donde figura el actor manifestó reconocerla como "un listado de asistencia donde firman todos a diario, es la hora de presentismo diaria, que era para ingresar el nombre de los operarios en el sistema y detallar el trabajo efectuado, que las personas identificadas en esa planilla cumplían funciones de carga y descarga de mercadería".

En resumen, estos testimonios concuerdan con los hechos relatados por el accionante en cuanto las tareas de carga y descarga se desarrollaban dentro de Ledesma SAAI. De los testimonios de González y Mazzoccone surge que era el actor uno de los encargados de realizar dicha tarea; que estaba sujeto a un horario y que cumplía directivas emanadas del jefe de depósito de Ledesma SAAI Mazzoccone (ver testimonio de Lucía). En consecuencia, corresponde tener por acreditada la relación laboral invocada en autos, con fundamento en lo dispuesto en el art. 29 LCT.

Por otro lado, la demandada no produjo prueba alguna que logre corroborar su tesis defensiva. Particularmente en su expresión de agravios (ver fs.154) resaltó segmentos de los testimonios de Martens y Lucía donde estos mencionaron empresas ("Deher y Multifer") que realizaban las tareas de carga y descarga. Al respecto, señalo que Ledesma SAAI en su contestación de demanda (ver fs.43/46), en ningún momento describió que otra empresa extraña a ella realizara las tareas de carga y descarga ya que solo se limitó a rechazar la relación laboral con Cristaldo; al respecto señalo que no procede la valoración de la argumentación invocada recién en esta Alzada ya que ello no se compadece con lo que surge de lo normado por el art. 277 del CPCCN. En efecto, teniendo en cuenta que la expresión de agravios no es la vía pertinente para introducir nuevos planteamientos o defensas que debieron deducirse en el correspondiente estadio procesal, corresponde pues, rechazar este segmento de la queja y confirmar el decisorio de grado en este aspecto.

IV)- Con respecto a la multa solicitada con fundamento en el art.80 de la Ley de Contrato de Trabajo, teniendo en cuenta que en el sub-lite la demandada negó la existencia de relación laboral no luce razonable exigir al trabajador la remisión de la intimación prevista por el dec.146/01 para constituir en mora a su empleador luego de transcurridos treinta días de la extinción del vínculo, ya que la aludida negativa del contrato de trabajo revela su postura adversa al reclamo de entrega de certificaciones laborales. (cfr. esta Sala I en los autos "Manzoni Jorge Angel c/Autoservicio Mayorista Diarco S.A. s/Despido" S.D. Nº 85095 del 29/2/08). Por lo que corresponde hacer lugar al reclamo de autos y diferir a condena la suma de $2.700.- V)- Con relación a la constancia de aportes y contribuciones con destino a los organismos de la seguridad social, he tenido oportunidad de expedirme en la causa "Yustes Lilian Natalia c/ Complementos Empresarios SA y Otro s/ Despido" (SD. 84.736, del 28.09.07, del registro de ésta Sala) por lo que dejo a salvo mi opinión -en minoría- y por razones de economía procesal aplico el criterio allí propuesto (similar al expuesto por la Dra. González en la causa "Ortega Ana María c/ Asociación Mutualista de Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Despido" SD. 95.420, del 27.11.07, del Registro de la Sala II), relativo a la obligación del empleador de extender la constancia aludida en los términos que exige el art.80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En los precedentes mencionados se dejó sentado que "...conforme se extrae del segundo párrafo del art. 80 de la LCT, el empleador está obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo en el que debe constar: a) el tiempo de prestación del servicio, b) categoría y tareas desempeñadas; c) remuneraciones percibidas; d) aportes y contribuciones efectuadas a los organismos de la seguridad social y e) calificación profesional obtenida en los puestos de trabajo en que se hubiere desempeñado (conf. Ley 24.576). Por consiguiente, concluyo que la demandada deberá hacer entrega al actor de la certificación establecida en el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo, dentro del plazo de cinco días de notificada la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O., bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiera imponer el Juez de primera instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (cfr. arts. 37 del CPCC Y 666 bis del Código Civil).

VI)- Finalmente sobre el rechazo de la multa establecida por el art. 8 Ley Nacional de Empleo corresponde señalar que el art.11 de dicha ley establece las condiciones en que se debe emitir la intimación, que configuran un requisito formal y que no puede ser suplido por conjeturas o presunciones judiciales que surjan con posterioridad a la constitución del diferendo.

Asimismo, si observamos la documental obrante en autos, surge que no se ha agregado la comunicación a la AFIP requerida por el art. 11 Ley 24013. A mayor abundamiento, la parte actora se limitó a transcribir en la demanda (ver fs.7) que envió telegrama a la AFIP. Esta circunstancia resulta insuficiente toda vez que debió acompañar la pieza a que hace referencia, o bien, mediante un oficio al Correo Argentino, acreditar dicha diligencia. Por otro lado corresponde señalar que los accionados conforman un litisconsorcio pasivo necesario, por lo que las alegaciones, defensas, pruebas e impugnaciones opuestas por uno de los comparecientes favorecen a los restantes, aunque se hallen incursos en la situación procesal de rebeldía prevista por el artículo 71 de la ley 18.345 ( esta Sala en "Altamirano Daniel c / Troillet S.A. y otro s/ Despido" SD 80.964 del 27/8/03). En consecuencia, no corresponde acoger la multa prevista en el art.8 de dicha ley si no se cumple en forma clara y precisa con lo dispuesto sobre el particular, debiendo confirmarse en tal aspecto el fallo apelado.

VII)- En orden al agravio vertido por la accionada Ledesma SAAI respecto de la imposición de costas de la instancia inferior, atento en la forma en que se resolvieron las cuestiones principales corresponde confirmar este segmento del fallo.

VIII)- En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio a la Representación Letrada de la parte actora y Perito Contador recurridos por la parte demandada Ledesma SAAI, atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados por la, facultades conferidas por el art.38 LO y normativa legal aplicable, estimo que deben ser confirmados (art. 38 LO; ley 21839 y ley 24432).

IX)- Costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (conf. doctrina art. 68 CPCCN). Regúlanse los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 30% y 25% de lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

X)- En definitiva de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar en lo principal la sentencia apelada elevando el monto de condena a la suma de $11.716.- 2) Condenar a la demandada a hacer entrega del certificado del art. 80 L.C.T. dentro del plazo de cinco días de notificada la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O., bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiera imponer el Juez de primera instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (cfr. arts. 37 del CPCC y 666 bis del Código Civil); y 3) Costas y honorarios de Alzada de acuerdo a lo resuelto en el considerando IX).

Miguel Ángel Pirolo dijo: Que adhiere a las conclusiones del voto que antecede por análogos fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar en lo principal la sentencia apelada elevando el monto de condena a la suma de $11.716. 2) Condenar a la demandada a hacer entrega del certificado del art. 80 L.C.T. dentro del plazo de cinco días de notificada la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O., bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiera imponer el Juez de primera instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (cfr. arts. 37 del CPCCN y 666 bis del Código Civil); y 3) Costas y honorarios de Alzada de acuerdo a lo resuelto en el considerando IX.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Mab Ante mí:

En de de 2009 se dispone el libramiento de cédulas. Conste.

En de de 2009 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma.