Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-30


NEUQUEN, 30 de mayo de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "BANCO PROV. DEL NEUQUEN S.A. C/ GAUNA OCTAVIO ANTONIO S/ COBRO EJECUTIVO" (EXP Nº 444323/11) venidos en apelación del JUZGADO DE JUICIOS EJECUTIVOS NRO. 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I. El Sr. Juez de Primera Instancia no admite la apertura a prueba de la causa y hace lugar a la excepción de pago documentado interpuesta por el demandado.

Para así hacerlo, considera que ".la cuestión debe dilucidarse con los elementos de juicio obrantes en la causa, atento a resultar los mismos suficientes a tal fin (cfr. CNCom., Sala A. L. L. T. 1981-B. p. 187); más aún en el caso de autos, en que el código adjetivo admite como excepción viable el pago total o parcial "documentado"." Pondera luego los elementos que debe reunir el comprobante que acredite el pago y concluye en que ellos se encuentran reunidos en autos, pues surge que la documentación adjuntada por la accionada guarda relación con el título que se ejecuta.

Advierte que "dicho instrumento no ha sido expresamente desconocido por su contraparte sino que ha pretendido conferirle una calidad diferente a la cancelatoria que se le acuerda en el caso, lo que no resulta atendible en autos, atento a que las circunstancias apuntadas por la parte actora a fs. 29/30, exceden el estrecho marco cognoscitivo que implica el presente trámite, razón por la cual no pueden ser atendidas, quedando su comprobación para el eventual proceso de conocimiento que se pudiera iniciar, teniéndose en cuenta que no resulta posible en un juicio ejecutivo discutir la causa de la obligación".

II. Contra este pronunciamiento, recurre la parte actora.

Sostiene que alegó oportunamente que el instrumento acompañado por el ejecutado era inválido como recibo y que explicó que dicho documento es interno y que cumple la finalidad de ser una constancia registrada del cierre de la cuenta en el legajo de productos; que se trata de un registro necesario a los fines de cumplir con la reglamentación del BCRA.

Agrega que el recibo funciona como una simple operación aritmética para compensar los montos de las cuentas contables y que acompañó documental tendiente a acreditar tal realidad.

Indica que, además, su parte requirió la realización de pericial contable y que el magistrado se desentendió del fondo del litigio y no abrió la causa a prueba.

Alega, en este sentido, que el Código de rito es claro en cuanto a que cuando se hubiere ofrecido prueba, el Juez debe acordar un plazo para su producción y que la denegación debe efectuarse por resolución fundada.

Contrariamente a ello, continúa diciendo, el magistrado se limitó a señalar que la cuestión podía resolverse con las constancias de autos. Sostiene que el juez prioriza el rito y confunde la normativa, dado que el estrecho marco cognoscitivo alude a la cuestión causal, lo que no se encuentra discutido en autos.

La discusión, dice, pasa por determinar si el instrumento acompañado por el ejecutado tiene o no aptitud cancelatoria respecto de la deuda reclamada en autos.

Y, en esa dirección, alega, su parte ofreció prueba, la cual fue desestimada.

Arguye, además, que el análisis del documento, para acordarle aptitud cancelatoria, no debe dejar lugar a duda alguna, lo que no acontece en autos.

Solicita, en consecuencia, que se revoque la sentencia y, de considerarlo procedente, se disponga la apertura a prueba.

A fs. 72 son contestados los agravios. El demandado sostiene que, en el entendimiento de que se encuentra consentido que la cuestión sea resuelta con las constancias existentes en la causa, corresponde rechazar la apelación. Indica que el recibo es tajante en su imputación, claro y formal en su contenido.

III. Así planteado el caso, desde ya debo adelantar que el recurso habrá de prosperar.

En esta línea, en primer lugar debo señalar que no encuentro que la decisión de no abrir la causa a prueba se encuentre consentida.

Y ello es claro, a poco que se advierta que es la cuestión preliminar que resuelve el magistrado, antes de ingresar al análisis de la excepción de pago y forma parte integrante de la sentencia obrante a fs. 58/59 vta.

III.1. Sentado lo anterior, debo decir que la cuestión de la recurribilidad de la materia probatoria escapa a los análisis tradicionales, cuando se trata de un proceso ejecutivo. Así se ha indicado que ".por imperio de lo normado por el artículo 547 in fine [en nuestro ordenamiento 549] de la ley adjetiva resultan aplicables, en materia probatoria a juicios de la naturaleza de los procesos de ejecución, lo dispuesto para los procesos plenarios abreviados (tít. III, cap.I) En consecuencia, las resoluciones sobre producción, denegación, sustanciación de las pruebas en el juicio ejecutivo son irrecurribles. Sin embargo, como en el proceso ejecutivo el estrecho marco cognoscitivo impide el replanteo de prueba en la Alzada, no corresponde aplicar el límite recursivo contenido en el artículo 377 de la legislación adjetiva. El ordenamiento adjetivo no prevé para el juicio ejecutivo un procedimiento equivalente al replanteo de la prueba existente en los procesos de conocimiento -ordinario y plenarios abreviados-. Las diversas soluciones posibles van desde considerar la resolución respectiva apelable y conceder el recurso con efecto diferido, hasta admitir el replanteo aún cuando el recurso se conceda en relación -extremo que a nuestro juicio altera totalmente el mecanismo inherente a lo recursos concedidos en relación-. .También se ha resuelto que el litigante a quien se le ha denegado prueba, que estima conducente para el esclarecimiento, y en el mismo acto se le dicta sentencia de remate que lo perjudica, puede apelar y expresar agravios sobre el tema." (cfr. Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales. Tomo VI-B, 391 y ss.) Como podrá advertirse, si la cuestión causa un gravamen irreparable debe poder ser revisada y subsanada la lesión al derecho de probar. Y esto es lo que, entiendo, acontece en autos.

IV. En efecto: tal como surge de las distintas postulaciones efectuadas por las partes, si bien la actora no ha desconocido la autenticidad de la constancia acompañada por la demandada, lo cierto es que ha cuestionado el alcance y ha manifestado que responde a cuestiones de procedimiento interno. Ofreció prueba pericial contable, a los efectos de acreditar que la deuda no fue pagada por la contraria.

En estas circunstancias, y más allá de lo que oportunamente se resuelva y la valoración que se efectúe del material probatorio que se produzca, entiendo que correspondía abrir la causa a prueba.

Esto por una razón fundamental, en la que disiento con la interpretación efectuada por el magistrado: según lo interpreto, admitida la excepción de pago y acordado al recibo eficacia suficiente para acreditarlo, el efecto cancelatorio no podrá discutirse en el juicio ordinario posterior. De allí la irreparabilidad del perjuicio.

Nótese que no es exacto que la sentencia dictada en un juicio ejecutivo no tenga absolutamente ningún efecto de cosa juzgada material: "lo tiene en la medida en que por la norma precitada, se determinan cuales son las cuestiones que no pueden ser debatidas en el juicio de conocimiento posterior. Tal es lo que ocurre respecto a la decisión sustancial que se haya adoptado en la ejecución." (op. cit. Pág. 460).

Y en este caso, la decisión sobre la existencia del pago reviste carácter sustancial, desde donde tal circunstancia no podrá cuestionarse posteriormente. En análogo sentido se ha resuelto: ".Si bien, en principio, las sentencias recaídas en los juicios ejecutivos no revisten el carácter de definitivas a los fines del recurso de inconstitucionalidad local, corresponde hacer excepción a dicho temperamento, pues la decisión recurrida, en tanto declaró que el crédito impositivo cuyo cobro se persigue se encuentra incorporado en el plan de facilidades de pago que el contribuyente suscribiera, impedirá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires articular un nuevo reclamo en un juicio ulterior.". (cfr. Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11/04/2012, "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c. Melenzane S.A. s/ ejecución fiscal", del voto del Dr. Casás al que adhiere la Dra. Conde, publicado en La Ley Online). V. En conclusión, si como en el caso "del escrito de contestación de las excepciones opuestas por el ejecutado y demás constancias de autos se desprende la existencia de hechos controvertidos conducentes e incluso el propio ejecutante ofrece probanzas, corresponde abrir a prueba las excepciones." (Morello, op. cit. Pág. 392).

Por ello, considerando el tipo de proceso y compartiendo el criterio plasmado en el inicio, en cuanto a que el replanteo alteraría totalmente el mecanismo de los recursos concedidos en relación, entiendo que la solución que mejor se adecua al caso, consiste en dejar sin efecto la sentencia que recepta la excepción de pago, disponiéndose la producción de la prueba ofrecida en la instancia de grado.

Claro está que la tramitación de ésta y el dictado de la consecuente nueva resolución, deberá ser llevada a cabo por un magistrado distinto al que ya intervino.

En cuanto a las costas de la Alzada, en atención a las particularidades del caso, que han quedado explicitadas en los desarrollos que anteceden, estimo que deben ser impuestas en el orden causado. TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto, esta Sala I RESUELVE:

1.- Revocar la sentencia de fs. 58/59 que recepta la excepción de pago y, en consecuencia, disponer que, en la instancia de grado, se produzca la prueba ofrecida. La tramitación de ésta y el dictado de la consecuente nueva resolución, deberá ser llevada a cabo por un magistrado distinto al que ya intervino.

2.- Imponer a las costas de la Alzada en el orden causado, en atención a las particularidades del caso.

3.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia recurrida, las que se efectuarán oportunamente en la instancia de grado.

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.