Daños y perjuicios, accidente de tránsito, culpa de la víctima, menor adulto, eximentes de responsabilidad, identificación registral del automotor, aplicación de la ley, doctrina de los actos propios, responsabilidad de los padres, costas
Materia: PENAL
Carátula: Bomben,  Darío Fernando s/ p.s.a. de lesiones culposas -Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-09-01

1- La culpa de la víctima constituye una eximente de la responsabilidad, tanto objetiva como subjetiva, contractual o extracontractual. En tal carácter, entonces, impide que nazca la obligación de responder o la disminuye; según sea causa o concausa del daño (culpa concurrente), libera total o parcialmente al demandado.

En autos, habiéndose dado por acreditadas las infracciones de la víctima, y su vinculación causal con la producción del accidente, y habiendo sido esta circunstancia objetada por el accionado al contestar su demanda, correspondía la morigeración de la responsabilidad de éste en función de la culpa incurrida por aquella.

2-Tratándose de vehículos no registrados, no es aplicable el decreto ley 6582/58, porque dicha normativa regula el régimen registral aplicable a los automotores, y nada dice del régimen al que están sometidos aquellos que no han sido aún inscriptos.

Por ello es que la normativa registral no comienza a tener aplicación sino hasta que se efectúa la venta del automotor al primer usuario. Ni el fabricante, ni el importador, ni los concesionarios o intermediarios, están obligados a inscribir -lo que significa que la cosa todavía no está sometida al régimen especial-; sin embargo son dueños del vehículo y su propiedad deberá juzgarse por las disposiciones del viejo régimen del Código Civil, aplicables a las cosas muebles en general. De este modo se evidencia cómo la inscripción constitutiva va unida al uso del vehículo, puesto que es esta circunstancia la que lo saca del inicial circuito de comercialización, y lo incorpora al parque automotor.

En autos, la propia accionada da respuesta afirmativa a la pretensión resarcitoria, toda vez que ella misma ha acompañado la documentación que la acredita como compradora de la motocicleta aún no inscripta en el respectivo registro.

La conclusión tiene sustento en los artículos 1026 del C.C. y 248 del C.P.C., como así también en la denominada teoría de los actos propios. Según ésta, nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior, deliberada y jurídicamente eficaz.

Si la accionada ahora pretende negar la calidad de compradora de la motocicleta, que ella misma ha acreditado, ello importaría una segunda conducta contradictoria o incompatible o incoherente con la primera. Y por aplicación de la teoría invocada, tal contraposición, verificada entre partes idénticas, acarrea la inadmisibilidad de la segunda conducta.

3-La doctrina es conteste en negar la responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos menores de edad (arts. 1.114 a 1.116 C.Civ.), cuando éstos (como ocurre en la presente causa) son menores adultos, habilitados estatalmente para conducir.

El fundamento también es común: no puede en tal caso achacárseles omisión de vigilancia activa alguna, toda vez que la autorización administrativa desobliga a los padres de las obligaciones emergentes de la patria potestad (tesis subjetiva) o bien hace desaparecer la garantía que deben asumir en virtud de su condición de padres (tesis objetiva), ya que no resulta razonable que, contando su hijo con dicho permiso por haber cumplimentado todos los requisitos exigidos por la autoridad para obtenerlo, permanezcan responsables de un accionar en cuya autorización el propio Estado ha decidido prescindir de la voluntad de aquellos y dar autonomía al joven.

La conclusión liberatoria se refuerza en estos autos más aún, si se tiene presente que los hechos fijados por el a quo no atribuyen al menor una conducta culposa desmesurada que permita revertir la conclusión de que los padres ejercieron una adecuada supervisión de su hijo; e incluso se ha atribuído concurrencia causal al manejo también antirreglamentario del actor civil.

4-La potestad de distribuir las costas configura en principio una facultad privativa del Tribunal de Juicio, que sólo puede ser controlada por el Tribunal de Casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia. Y para que no se configure un supuesto de ejercicio arbitrario de la potestad, ella debe ejercerse dentro del marco normativo constituido por disposiciones cuya naturaleza no es exclusivamente adjetiva, aunque estén ubicadas dentro de ordenamientos procesales. En ese orden, integran el marco normativo las siguientes reglas:

a) La disposición que define el contenido de las costas (art. 553, C.P.P.), incluyendo la reposición del papel sellado o reintegro del empleado, impuestos, honorarios y otros gastos que se hubieren originado durante la tramitación del proceso. En la medida que la regla citada establece el contenido y extensión de una obligación, constituye una norma sustantiva.

b) Las disposiciones que regulan la imposición y exención de costas (arts. 551 y 552, C.P.P.), en la medida que individualizan obligados y exentos al pago de las costas, también deben ser consideradas normas sustantivas.

c) Las disposiciones que establecen el modo de actuación del Tribunal, tal como la que prescribe que la eximición de costas deberá ser fundada (art. 356, C.P.C., texto según ley 1419 y sus modificatorias, en función del art. 551, C.P.P.) y las que establecen la obligación de motivar lógicamente las sentencias (art. 142 y c.c., C.P.P.), que constituyeran normas procesales.