marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aplicación errónea de la ley, recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Córdoba, Gustavo Vicente s/ en autos Expte Cámara Nro. 325/01: "Córdoba, Gustavo Vicente c/Asociación de Trabajadores de la Sanidad (A.T.SA) s/ Beneficios laborales-Reconstrucción s/Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-11-16

En el caso no debió aplicarse la ley 23.660, porque si bien ésta asignó a las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial individualidad contable, administrativa y financiera y el carácter de sujeto de derecho con el alcance que el Código Civil establece en el inc. 2 del segundo apartado del art. 33, estableció, por otra parte, y a los fines de la adecuación al nuevo régimen, un lapso de por lo menos un año a contar desde su entrada en vigor -20.01.89-.

En efecto, el sistema instituido por la ley 23.660 no comenzó a regir inmediatamente, sino que se estableció un tiempo de normalización, por lo cual las obras sociales sindicales no adquirieron necesariamente la condición de sujeto de derecho desde aquella fecha.

Entonces, si consideramos que al inicio de la relación laboral -mayo de 1986- el ente gremial era titular, conductor y administrador de la obra social, al no haberse concretado la separación jurídica que establecía la ley 22.269 -vigente en esa época- por su inejecución, mal puede aducirse como argumento de relevancia para acoger la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por la Asociación Sindical una disposición de la misma, si ha quedado reconocido en la sentencia en crisis tanto su inaplicabilidad en la práctica, como la separación jurídica que operara años después y bajo el imperio de la ley 23.660.

La aplicación "ante tempus" de la ley 23.660 configura, en el caso, el vicio tipificado en el inc. "a" del art. 298 del CPC, toda vez que la sentencia se basa fundamentalmente en una norma que no debía aplicarse al litigio por razones cronológicas, es decir, una ley que no había entrado todavía en vigencia, con lo que incurre en ausencia de fundamentación normativa válida.
Competencia, menores, competencia de menores
Materia: PENAL
Carátula: Del Castillo, Cristian Raúl y otro s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-18

Si bien dos de los menores eran mayores de dieciocho años de edad, resulta de aplicación lo previsto en la ley 24.050, texto según ley 24.170, por lo que corresponde la intervención de la justicia de menores en el juzgamiento de todos los imputados, no gravitando de manera alguna en la competencia asignada la rebeldía del menor encausado. (Voto de los Dres. Mitchell, Fégoli y David).
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, responsabilidad de la administradora del plan
Materia: COMERCIAL
Carátula: Muñoz, Fabian Ernesto c/ Auto del Sol SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-28

La primera responsabilidad de la administradora de un plan de ahorro previo es entregar al suscriptor adjudicado el bien adquirido al fabricante: el dies a quo del cumplimiento de la obligación de entrega del bien es el de la aceptación de la adjudicación, pues es deber de la sociedad, como mandataria de los integrantes de cada grupo, realizar las diligencias conducentes a la concreción del objeto principal y, al mismo tiempo, causa final del contrato; esto es, la obtención de un bien determinado por parte del ahorrista.
Recurso de apelación (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido Gil Domínguez, Andrés c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido Gil Domínguez, Andrés c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03|2004-02-27

El inciso 39) del art. 32, dentro del grupo "Servicios prestados a empresas" -que atañe específicamente a las prestaciones bajo análisis- impide aplicar la alícuota general a los que estén clasificados en otra parte de la Ordenanza Tarifaria. Precisamente, según la O.T., "toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas tales como consignaciones, intermediación en la compraventa de bienes muebles e inmuebles en forma pública o privada (...)" tributa el impuesto en cuestión a la tasa del 4,9% (art. 35, inc. 12). En sentido concordante la inspección que generó el reajuste aquí impugnado señaló este punto como también lo hizo el GCBA en sus presentaciones judiciales
Daños y perjuicios, daño estético, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Godoy, Esteban c/ Policía Prov. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios Montenegro, Justo c/ Fisco de la Prov. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30|2002-02-26

El desmejoramiento estético no constituye una categoría independiente, sino que es el origen o la fuente de un concepto jurídico: el daño indemnizable. Es decir, que desde el punto de la causalidad jurídica o principio de razón suficiente, la lesión estética puede ser la causa o génesis del daño, y no sólo moral (en tanto la disminución repercute en la esfera psíquica del sujeto) sino también, eventual y frecuentemente, patrimonial (en lo que atañe a la pérdida de ventajas económicas conexas a la actividad laborativa y la vida de relación).
Ejecución de sentencia, intimación de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Tejedor, Elpidio c/ Ministerio  de  Economía  y  Obras  Públicas de la Provincia de Santa Cruz. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-12-14

El art. 482 del C.P.C.C. contiene una disposición por la cual se le permite al acreedor solicitar se intime por cédula al ejecutado el pago de lo adeudado, cuando se trata de cantidad líquida y determinada o hubiere liquidación aprobada. Esta intimación no integra el trámite de la ejecución de sentencia, es solo una atención o aviso del acreedor de que esta pronto para iniciar la ejecución de la sentencia (o de los honorarios en este caso), pero se reitera, no integra el trámite de la ejecución de sentencia el que comienza como lo indica el art. 493 del ritual, con el embargo trabado el cual se citara de venta.
Fisco nacional, AFIP DGI, medidas cautelares, Colegio Público de Abogados, secuestro de bienes, duración del proceso, peligro en la demora
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: DGI. c/ COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL s/ MED. CAUTELARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

En el examen de las razones invocadas por la DGI para obtener la medida precautoria impetrada, no se advierte la concurrencia del peligro en la demora, pues el Tribunal interpreta que el transcurso del tiempo que demande el trámite del juicio de conocimiento no implicará el riesgo de pérdida o desaparición del material que se procura cautelar, o que su obtención al final de aquel proceso (en el caso de prosperar la demanda) resulte inoperante. A tal fin, no se debe perder de vista que el destinatario de esta pretensión es quien tiene a su cargo el gobierno y contralor de la matrícula de abogados, lo cual -cabe presumir-excluye la posibilidad de que se produzca alguna de las hipótesis mencionadas ut supra.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Bernardis, Oreste Oscar c/  s/ robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-03

El remedio deducido no se basta a sí mismo, toda vez que el interesado no desarrolla siquiera tangencialmente una mínima reseña de las circunstancias fácticas que fueran atribuidas a los imputados y del devenir del proceso que motivara la intervención de la Cámara, conformándose con transcribir lo decidido por la Jueza de grado, relatar el contenido de los agravios de su parte en la instancia apelatoria y plasmando sólo la parte resolutoria del pronunciamiento de alzada que rechazó su impugnación ordinaria, desmarcándose notoriamente de lo exigido por el artículo 3 de la ley 7055, al no efectuar una clara exposición de lo ocurrido desde el inicio de la investigación, de las conductas intimadas a los justiciables y del contexto en el cual fue recabada la evidencia que, luego de haber sido ofrecida como prueba, no fuera valorada por los Magistrados con base en la argumentación que en el libelo es criticada, a la par de soslayar toda mención del restante caudal probatorio tenido en cuenta por aquéllos para fundar su conclusión final; extremos todos que resultan relevantes a fin de conocer e inteligir el entorno de la fundamentación del pronunciamiento atacado y, en especial, la decisividad que su planteo acarrearía en relación a la solución final de la causa. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 3
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Meza, Hernán G. c/ E.N. (Mº de Educ. y Just. -Sub. de Just.) s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Como lo ha dicho nuestro más Alto Tribunal (C.S.J.N. Fallos: 306:1413) superadas las épocas del "quod principi placiut", del "volenti non fit injuria" y de la limitación de la responsabilidad estatal a los casos de culpa "in eligiendo" o "in vigilando" o a los de "iure imperi", es principio recibido por la generalidad de la doctrina y de la jurisprudencia nacionales y extranjeras, el de la responsabilidad por sus actos lícitos que originan perjuicios a particulares (Fallos: 286:333 y 297:252). Este principio se traduce en el derecho a una indemnización plena por parte del damnificado que no se refiere a la mera posibilidad de ganancias no obtenidas ni constituye enriquecimiento sin causa para el acreedor o una sanción para el responsable. Dicha indemnización podrá encontrar obstáculo, quizás, en razones de fuerza mayor, en el mismo contrato o en una ley que dispusiera lo contrario para algún caso similar (C.S.J.N. Fallos: 306:1413).
Accidentes de trabajo, culpa de la víctima
Materia: LABORAL
Carátula: Cappella, Osvaldo c/ Manceñido, Raul Oscar s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Si la conducta del trabajador actúa como factor causal del acaecimiento del accidente de trabajo, ello desplaza cualquier eventual responsabilidad de la empresa demandada con arreglo a lo establecido en el art. 1113, segunda parte in fine del Código Civil.
Horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Hurtado Flores, Carlos Alberto c/ Discar S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-18

Son sólo horas suplementarias en el sentido de la ley y dan derecho a aumento de salario, las horas trabajadas con exceso de la jornada legal, mientras que el trabajo realizado durante los días destinados al descanso hebdomadario no asuma rango de extraordinario o suplementario, capaz de generar derechos a percepción de sobrecarga salarial, sino que pura exclusivamente crea la obligación al empleador de otorgar un descanso compensatorio, siempre claro está, que la tarea en aquellos días no exceda el límite de la jornada legal. De ninguna manera se establece en la ley el aumento del salario para los días inhábiles en que el trabajador lo haga cumpliendo una jornada normal, sino que lo establece por horas suplementarias que el trabajador debe excepcionalmente trabajar y también como sanción, el recargo de abonar el salario habitual con el 100 %, para el supuesto de omitirse el otorgamiento del descanso compensatorio en tiempo y forma, artículo 207 último párrafo.-
Acción civil, plazo, prescripción, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Sayago, Concepción Elisa c/ Calzar S.A. s/ Accidente Acción Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-07-08

Cuando una demanda por accidente laboral, se plantea por la vía de la acción civil, el plazo de prescripción es el previsto por el art.

4037 C.C. y no el de los arts. 12 y 8 de la Ley 24.028 y los dos años deben computarse desde el momento del conocimiento preciso de la incapacidad.
Honorarios del perito, regulación de honorarios, legitimación activa, traba del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Susana O. c/ Fundimotor  S.A.  y otro s/ Cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-13

El perito que cuenta con regulación de honorarios a su favor, se encuentra legítimamente habilitado para requerir la traba de un embargo aún cuando aquella regulación se halle recurrida (artículo 212, inciso 3, del Código Procesal). No obstante ello, la suma presupuestada para responder a accesorios, que represente alrededor de un cincuenta por ciento de la deuda, se presenta como demasiado elevada si se tiene en cuenta la realidad económica actual del país y lo dispuesto por la Ley 23.928 de convertibilidad.
Juicio por delitos de acción privada, delitos contra el honor, víctima menor de edad, representación procesal, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: COVE SAES, MARIA A. s/ DELITOS CONTRA EL HONOR - MENORES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

Si bien el art. 75 del C.P. establece que la acción por calumnias e injurias podrá ser ejercida sólo por el ofendido, no existe óbice a que la madre de una menor de quince años, ofendida en su honor, promueva querella por injurias en representación de su hija; desde que aquella disposición tiene el sentido, no de excluir a los representantes de un incapaz, sino de consagrar el principio extraordinario de conceder la facultad de accionar al cónyuge, a los hijos, nietos o padres del injuriado, después de la muerte de éste.

No es conducente interpretar el art. 75 C.P. por la letra del 76 para torcer ese recto sentido que se acomoda a todo el sistema legal, desde los principios constitucionales hasta los medios operativos de la ley penal, pasando por la ley civil porque su letra, no puede convertirse en criterio interpretativo definitorio para lograr un resultado asistemático que sin base literal confiable, sin categoricidad, y sin ventaja ninguna contradiría los principios de este sector del derecho y los de todo el andamiaje jurídico.

Ello no significa que el art. 76 no quede en pie. No debe ser ignorado ni contrariado en lo que dispone, pero siguiendo la calificación de Soler debe concluirse que "no tiene trascendencia", esto es, que no cabe darle la categoría de guía hermenéutica del art. 75 C.P., trascendiendo hacia él, desde que éste tiene su dinámica de interpretación propia e independiente que permite su perfecto engarce en el sistema total de normas fundamentales, de fondo y de forma.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Sanz de Alberdi, Pilar c/ Fanego, Antonio N. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-12-30

Cuando la demanda prospera contra el dueño del automotor y contra el conductor del vehículo no propietario del mismo, se conjugan dentro del mismo hecho del accidente dos factores de atribución de responsabilidad, la culpa y el riesgo, aunque apuntados a diferentes sujetos: así responde el conductor en razón de la culpa y el dueño por el riesgo que creara su rodado. Cabe todavía añadir que si, el conductor es un chofer subordinado al propietario del automóvil, éste también responde con base en la culpa de su dependiente y a título de garantía.
Títulos ejecutivos, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado c/ Prado Olga Elsa de Martín s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-16

Cuando en el título no existe mención alguna respecto de los intereses punitorios, éstos han de ser calculados conforme al tipo corriente en el Banco de la Nación Argentina a la fecha del pago (art. 52 inc. 2 del Dec. Ley 5965/63), sin perjuicio de ponderar el exceso en que pudiera incurrirse, al tiempo de efectuarse la liquidación pertinente.
Compraventa inmobiliaria, plan para la vivienda, escrituración, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO CIVIL
Carátula: Martínez, Hugo Luis c/ Comisión Municipal de la Viviendas s/ Escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-16

El art. 12 de la ley 21.581 - que dispone que las viviendas que se asignen en venta se deberán escriturar dentro de los 180 días de su ocupación - no se debe interpretar con el rigor propio de las contrataciones privadas, puesto que estas enajenaciones están teñidas por trámites administrativos que forman parte de las reglas de juego de la misma contratación y que encuentren fundamento en las circunstancias de que se trata de ventas en las que no ocurre un propósito de lucro en el vendedor sino la finalidad de satisfacer el acceso a la vivienda propia por parte de quienes reúnen la calidad de beneficiarios del sistema. Ello no obstante, aún interpretando el mencionado art. 12 con esa flexibilidad, ciertas demoras no son justificables.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, lucro cesante, taller mecánico
Materia: CIVIL
Carátula: RUIZ RAUL c/ VIGORAUX s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-07

Con respecto al lucro cesante sufrido por el propietario de un taller mecánico que resultara lesionado en un accidente, cabe considerar que el hecho de no haber podido concurrir a dicho taller indudablemente le ha producido una merma en sus ingresos, la cual resulta como consecuencia de mayores pagos que debiera efectuar a sus operarios por las mayores tareas que debieron realizar y que disminuyeron las cantidades que obtenía como utilidad. Debe tomarse en cuenta que en una comunidad de trabajo peque/a, como un taller mecánico, la falta de un integrante recarga el trabajo de los demás.
Medidas cautelares, caducidad de medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: PILLET, AMADEO SEGUNDO c/ GRAIVER, BERNARDO s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-05

El régimen de caducidad de los embargos, consagrados por el segundo párrafo del art. 207 del Código Procesal, rige también para los que fueron trabados en un expediente judicial de manera que si a los cinco años de su anotación en los obrados no se efectúa su reinscripción opera la caducidad de pleno derecho y el juez puede ordenar de oficio su levantamiento.

Si el plazo de cinco años desde la anotación de los embargos en el expediente judicial ha transcurrido con exceso, y el embargante no hizo petición alguna para su reinscripción, debe considerárselos extinguidos de pleno derecho, sin que exista ninguna razón legal que permita diferenciarlos conceptualmente de los embargos anotados en los registros.
Prueba confesional, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bartel, Rubén c/ Perticara, Daniel Alfredo s/ Cobro de Pesos "Sumario"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

No es descartable que la formulación afirmativa de un hecho negativo pueda, eventualmente confundir a las partes en su absolución (art.

409, CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Retiro voluntario, diferencias salariales, actos consentidos, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOTO, JUAN CARLOS Y OTROS c/ DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES s/ EMPLEO PÚBLICO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-26

Es admisible el reconocimiento de diferencias relativas a la indemnización abonada en los términos del dto. 162/92 al personal en disponibilidad del Establecimiento "Altos Hornos Zapla" calculada en función del último haber percibido durante el año 1992, alegándose una incorrecta liquidación de esa remuneración, cuando la misma fue oportunamente consentida y respecto de la cual se encuentra prescripta toda acción tendiente a cuestionarla en función de lo previsto en el art. 4027 del Código Civil
Calumnias, injurias, retractación, publicación reparadora
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo, Rubén s/ Infr. art. 110 del Querellante
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-15

Toda vez que la inmunidad de opinión que tienen los legisladores constituye una defensa que resulta ajena a la forma que el querellado escogió para dar fin al proceso (retractación) resulta procedente la publicación de los términos de retractación ofrecidos a costa del querellado, atendiendo a la difusión que tuvieron los hechos reputados injuriosos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: De Olivera, Juan Isidro s/ Robo calificado, privación ilegítima de la libertad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que no se relaciona el art. 58 del Código Penal invocado con agravio alguno.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doble instancia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Illanes, Luis Roberto y otro s/ Por    Estafa-Recurso   de  Queja-Inconstitucionalidad  y  Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-05-22

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que, para que la garantía de la doble instancia sea respetada, es preciso que el derecho interno prevea un recurso que al menos permita la revisión legal, por un tribunal superior, del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluyendo la legalidad de la prueba y que permita con relativa sencillez al tribunal de revisión examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y el debido proceso.
Recurso contencioso administrativo, cuestión constitucional
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR GENERAL MOSCONI SRL c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD.    CSJ EXPTE NRO 15-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-12

En el ordenamiento jurídico provincial, si la norma aplicada o el acto lesionan un derecho subjetivo o un interés legítimo, de naturaleza administrativa, la vía idónea para discutir su constitucionalidad es la contencioso administrativa, a menos que se trate de la situación prevista en el artículo 5 inciso j del procesal civil y comercial (repetición de impuesto fundado en la invalidez de la ley que los establezca).

Del voto del Dr. Iribarren.
Derecho de habitación, derecho de habitación del cónyuge supérstite, inscripción registral, subasta
Materia: CIVIL
Carátula: MOCHETTI, César Alfonso s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-23

El derecho real de habitación consagrado en el artículo 3573 bis del Código Civil en favor del cónyuge supérstite, depende de circunstancias fácticas susceptibles de ser discutidas, y, para su imperatividad, requiere una invocación y declaración expresa, que debe ser posteriormente inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble. Por lo tanto, si en su oportunidad el cónyuge supérstite no solo omitió invocarlo, sino que, a su vez, consintió actos de disposición sobre el inmueble, no puede luego oponerlo válidamente al comprador en subasta pública.
Subasta judicial, expensas comunes
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO BOLIVAR 351 c/ CLIENTI s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-18

El adquirente de una unidad de un edificio en propiedad horizontal, aún en subasta judicial, responde por las deudas de expensas devengadas antes de su adquisición, en principio con la cosa transmitida por efecto de lo dispuesto en el art. 17 de la ley 13 512 y art. 3266 C. Civil.-