Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-18


///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el Dieciocho de Octubre de 2011, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M. M. Z. Y OTRO C/ G. E. R. S/ DS Y PS", Causa Nº 58412, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-FERRARI, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

C U E S T I O N ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? V O T A C I O N A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:

I.- Antecedentes 1) La, por entonces, Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental a fs. 472/484vta. dictó sentencia en la cual decidió declarar la falta de legitimación de E. N. C. imponiéndole las costas que devengara su actuación en autos; hacer lugar a la demanda condenando a la demandada Dirección General de Cultura y Educación a pagar a la actora dentro del plazo allí indicado la suma de diecisiete mil cuatroscientos pesos con mas los intereses allí indicados; rechazó, además, la demanda contra E. R. G., con costas a la actora; las costas por la demanda que prosperó se impusieron a la co demandada perdidosa y se postergó la regulación de honorarios profesionales.- 2) Contra tal forma de decidir se alzaron a fs. 489 y 490 la actora y la Fiscalía de Estado interponiendo los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 491 y se fundaron con las expresiones de agravios de fs. 520/526vta. (actora) y 535/539 (Fiscalía de Estado) que fueron replicadas a fs. 545/550 (la de la co demandada), 556/557 y 558/560 (la de la actora).- 3) A fs. 563/vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA", providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.- II.- Las quejas a) El recurso actoril Inicialmente se agravia la actora de las costas que le fueron impuestas por el rechazo de la demanda contra el accionado G..- Dice que el hecho de autos ocurrió en las instalaciones escolares durante la clase dictada por el nombrado, quien al llevarla a su domicilio se desentendió de la lesión ocurrida a la alumna, contrariando así el Reglamento de las Escuelas Municipales.- Señala que, en virtud de las circunstancias explicitadas, consideró que cabía responsabilidad al profesor mencionado y que era razonable creer que todos los integrantes de litisconsorcio pasivo podían tener responsabilidad en el evento dañoso.- Solicita, en definitiva, se revoque la condena en costas en este sentido, disponiéndose que las mismas sean por su orden o en su defecto a la parte perdidosa.- Se queja también de la suma fijada en concepto de daño físico, haciendo referencia al menoscabo sufrido y a lo irrisorio de la suma acordada; invocando sus circunstancias personales y la disminución de las aptitudes que el hecho le causó; por todo ello, reclama la elevación del monto fijado.- También pide la elevación del monto fijado en concepto de tratamiento de rehabilitación, en base al aumento del costo de las sesiones desde que el arancel fuera pericialmente estimado.- Luego se alza contra el monto fijado en concepto de daño moral peticionando, aquí también y por las razones que esgrime, la elevación del mismo.- A continuación se queja de la desestimación del rubro daño psicológico, referenciando que el mismo no fue merituado ni al momento de tarifar el daño físico ni tampoco el moral.- Indica que en la sentencia debió ser considerado que tanto el daño psicológico como el daño moral constituyen rubros autónomos, a valorarse separadamente.- Por ello, y las demás razones que esgrime, peticiona la admisión de esta partida.- Además, se queja del monto fijado por gastos de atención médica y medicamentos, reclamando -por las razones que brinda- su elevación.- Concluye peticionando que se regulen honorarios por las actuaciones realizadas con motivo de la acción entablada.- b) El recurso de la co demandada Se alza la co demandada contra la atribución de responsabilidad, aludiendo la configuración de un caso fortuito que habilita la exoneración de su responsabilidad.- Argumenta ampliamente en tal sentido, diciendo que el hecho se produjo cuando la menor, realizando ejercicios de precalentamiento, imprevistamente tropezó y se cayó al piso; dice que la clase se desarrolló con absoluta normalidad, que no hubo disturbios entre los alumnos y la actividad carecía de peligrosidad, manteniendo el profesor en todo momento el orden y la vigilancia necesaria.- Capitaliza los dichos de la actora e insiste en que lo ocurrido encuadra dentro de las situaciones que la ley describe como imprevisibles e inevitables, insistiendo en que la alumna se cayó sola, argumentando en tal dirección y postulando que no se ha violado el deber de seguridad asumido por el establecimiento educativo, garantizándose en todo momento la indemnidad del menor en su integridad física, postulando que el hecho accidental se hubiera producido aun en presencia del propio progenitor, ahora demandante.- A continuación, por las razones que esgrime, cuestiona los montos indemnizatorios fijados.- Y, finalmente, se agravia de que la sentencia apelada no consideró que el presente proceso queda comprendido dentro de las prescripciones de la ley 12.836.- A los términos de sendas fundamentaciones recursivas cabe remitirse brevitatis causae.- III.- La solución desde la óptica del suscripto a) La atribución de responsabilidad Objetado como viene este aspecto de la sentencia, es del caso recordar que según lo establece el art. 1117 del Código Civil, en su redacción dada por la ley 24.830 (ya vigente al momento de acontecer el hecho de autos -en Agosto de 2000-), "los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito".- La Sra. Juez de Grado encuadró el caso en tal directiva legal, lo que no ha merecido objeción alguna de las partes.- Así entonces, debemos analizar el caso a la luz de tal atribución de responsabilidad, de carácter objetivo (SCBA, C 99308 fallo del 17-6-2009), que solo permite la eximición de responsabilidad si se acredita el caso fortuito (art. 514 C.Civil) es decir el que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido evitarse; lo que -por cierto y tal como surge del texto legal- ha de acreditar quien lo esgrime (art. 375 CPCC) debiendo analizarse su configuración de acuerdo a las concretas y específicas circunstancias de cada caso (Sup. Corte Justicia de Mendoza, sala I, 20/2/2003, "Mattus, Jorge C. c. Dirección General de EScuelas de la Provincia de Mendoza", LLGran Cuyo 2003 (junio), 371) tal como incluso nos manda a hacerlo el art. 171 in fine de la Constitución Provincial.- Con todo, hay un norte pues -como lo dijéramos en la causa nro. 58.317 (R.S. 82/11)- si se trató de un hecho con niños involucrados, el abordaje de la problemática no puede hacerse sino a la luz de las normas protectorias supralegales.- Así, toda persona (incluidos, por supuesto, los niños) tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral (art. 5 Pacto San José de Costa Rica).- A su vez, el art. 19 del mismo Tratado determina que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.- Ello armoniza con el cúmulo de derechos protectorios de los infantes que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño compromete no solo al Estado, a los padres y a los demás involucrados inmediatamente con el, sino también a todas las personas que (de algún modo u otro) se tornen responsables por su integridad o seguridad en un momento determinado, aunque mas no fuera circunstancial o transitorio (arg. art. 3 inc. 3 Convención sobre los Derechos del Niño, que nos habla del cumplimiento de las normas en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada).- Sobre este piso de marcha, veamos como ha quedado trabada la litis.- Según se relata en la demanda, la actora concurría a la Escuela de Educación Media nro. 8 del Partido de Merlo y el 2 de Agosto de 2000, "en momentos en que se encontraba realizando ejercicios de precalentamiento tropieza con una piedra y cae violentamente sobre el piso", momento en que se produce la lesión (fs. 15vta.); hace luego referencia a las ulteriordades del evento.- El co demandado G., por su parte, describió el lugar donde se desarrollaba la actividad, dice haberlo supervisado personalmente, indica que en el mismo no había piedras y que "en el desarrollo de la actividad, observo que la alumna M. se pone de cuclillas, le pregunto que le pasó y me manifiesta que pisó mal, que se dobló el tobillo" (fs. 41), relatando también las ulterioridades del hecho.- La co demandada apelante, a su turno, sostiene que se trató de un caso fortuito; que la adolescente se lesionó durante la clase de educación física sin que hubiera habido distracción, negligencia, impericia por parte del docente a cargo; que se trató de un accidente imprevisible e inevitable, argumentando en tal sentido (ver fs. 126vta./128).- Veamos ahora que es lo que surge del plexo probatorio.- No sin antes recordar que hemos de analizar las pruebas de acuerdo a la regla de la sana crítica, haciéndose sólo mención en aquellos elementos que sean esenciales para formar nuestra convicción (conf. arg. art. 384 y ccs. del Cód. Procesal), y/o como tiene dicho nuestro más Alto Tribunal que "como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo más fehaciente" (conf. SCBA, DJBA, t. 36, págs. 393 y 471, Agosto 4/53, "Emmi c/ Carnevale").- De la constancia de fs. 29/30, fechada 2/8/2000 e indicada por la Directora de la Escuela como copia fiel, surge que allí se consignó que "la alumna M. M. trotando se dobló el pie en la clase de educación física".- A fs. 39 el co demandado G. aportó la copia de una nota en la que se consigna idéntica circunstancia: que la alumna trotando en el patio de la escuela "se torció el pie".- A fs. 206/vta. declara la testigo C. E. F., empleada de la Escuela, sin brindar ningún dato relevante en cuanto a la producción del hecho (solo se refiere a lo actuado por ella en ocasión de intentar convocar a los padres de la menor, para que suscribieran determinada documentación).- A fs. 208/209vta. declara M. V. L., profesora de educación física de la escuela; del hecho en sí no dice nada (aclara que ese día no estaba en el colegio), solo habla de la sustracción del Cuaderno de Accidentes de la Escuela y de la constancia que allí había consignado el profesor G., en cuanto a que la actora se había doblado el pie.- De las absoluciones de posiciones no extraigo ningún dato de relevancia en cuanto a la mecánica del hecho; el co demandado G. reconoce la producción del mismo, diciendo solo que "simplemente se torció el tobillo trotando" (ver fs. 222).- A fs. 247 tenemos la respuesta de un oficio de la Dirección General de Cultura y Educación, referente a los datos que el Inspector de Enseñanza de la Dirección de Educación Fisica constató en el Cuaderno de Accidentes, donde, según refiere, había un acta referente a la torcedura de tobillo de una alumna.- A fs. 252/253 depone L. I. S., portera de la escuela.- Indica que el día del hecho, el patio de la escuela se encontraba limpio "porque nosotros limpiabamos a la mañana, el patio esta sano porque es un colegio nuevo"; dice que ella presencia las clases de educación física y, en cuanto a la menor, dice que "ella se cayó, se resbaló, no se, se levantó y después salió el profesor la llevó", agregando que no la vio en el momento en que se cayó "pero lo se porque estaba en el suelo, se levantó y salió caminando".- El testigo E. M. S., preceptor de la escuela, dice claramente que en el momento en que se produjo el hecho él no estaba presente, aunque aclara que el patio se limpiaba por porteros antes de la formación y para poder hacer educación física (fs. 255/256).- La testigo E. E. B. (fs. 258/259vta.) es secretaria de la escuela, no presenció tampoco el hecho, pero habla de las características del patio "que tiene el piso con baldosas, no hay obstáculos hay suficiente espacio", que el mismo, luego de la formación se barría y se dejaba en condiciones para la clase de educación física; indica que a la alumna la vio cuando salió al patio, encontrándola sentada con las compañeras.- El perito médico, por su parte y en lo que aquí interesa, se ha ocupado de señalar que el accidente invocado por la actora señala en general circunstancias que permiten interpretar un mecanismo de producción de las lesiones, que pueden guardar relación de causalidad con el accidente, salvo prueba en contrario (ver fs. 324/vta.).- Y esta es toda la prueba relevante y computable que tenemos a los efectos de juzgar la responsabilidad (art. 384 CPCC).- Sobre este piso de marcha, coincido totalmente con el buen análisis que ha efectuado la Sra. Juez de Grado.- Es que de ninguna de las constancias allegadas al proceso surge demostrada la mecánica de la caída o torcedura del pie de la actora.- Lo mas cercano que tenemos es la declaración de S., pero ella si bien comienza diciendo que la menor "se cayó, se resbaló", luego -preguntada que fue al efecto por la parte actora- termina reconociendo expresamente que no vio el momento de la caída.- Me pregunto ahora ¿por qué se cayó la actora? ¿Se cayó sola (como lo sostiene la co demandada apelante) o tropezó con una piedra (como lo sostiene la actora)? Realmente no podemos saberlo, porque ello no surge probado de las constancias de autos.- Es cierto que el personal de la escuela (S. y B.) nos ha dicho (genéricamente) que el patio era limpiado antes de la clase de educación física e incluso la testigo S. afirmó que ese día el patio estaba limpio.- Pero, a mi modo de ver, aquí la razón del dicho (art. 443 del CPCC) es endeble: "porque nosotros lo limpiabamos a la mañana".- Es obvio que el patio puede limpiarse en un momento y dejar de estarlo (por cualquier razón) al siguiente: la aparición de una piedra es, o puede ser, un suceso instantáneo y obedecer a las mas diversas razones.- La testigo no nos habla de la ausencia de obstáculos porque lo vio en ese momento, sino porque a la mañana había limpiado.- Si a esta razón del dicho tan endeble, le sumamos su carácter de dependiente de la demandada (lo que nos obliga a apreciar sus dichos con estrictez -esta Sala en causa nro. 56698 R.S. 476/09, entre infinidad de otras-) y lo dicho mas arriba en cuanto a la mecánica del accidente, estimo que debemos apartarnos de sus afirmaciones en este sentido (arts. 384 y 456 del CPCC).- Luego, inacreditada la mecánica del accidente, entiendo que no se ha llegado a demostrar el caso fortuito pues, insisto, no sabemos por qué la menor termina cayendo.- Es tal la conclusión de la Sra. Juez de Grado y poco hace la demandada apelante para rebatirlo: insiste con la existencia de un caso fortuito pero sin decirnos, concretamente, de qué elementos probatorios surgiría acreditada su configuración.- Aquí no dejo de resaltar que la demostración de la mecánica del hecho (y, consecuentemente, de la eximente invocada) no era faena imposible para la demandada (es mas, probablemente estuviera en mejores condiciones de hacerlo que la actora): me pregunto, solamente, por qué no ha traído a alguno de los alumnos participantes de la clase, lógicamente con edad apta para declarar (art. 424 CPCC) quienes, con ajenidad a las partes del entuerto, quizás hubieran podido aportar otros datos en este sentido.- No es dato menor que el propio co demandado G. (profesor a cargo de la clase) en su contestación de demanda deja entrever que ni siquiera él mismo vio el momento del accidente, pues refiere haber visto a la actora de cuclillas y haberle preguntado que le pasó (ver fs. 41).- Frente a este panorama, teniendo en cuenta la índole de la cuestión debatida como así también que la acreditación de la eximente corría por cuenta de la demandada y que, por ser una excepción a la regla, la interpretación en este sentido debe ser mas bien restrictiva (esta Sala en causa nro. 51.320 R.S. 481/08) para no desvirtuar la ratio de la norma, considero que la atribución de responsabilidad debe confirmarse.- b) Los rubros resarcitorios Señalo, de todo comienzo, que la expresión de agravios de la co demandada, en este sentido, no sortea, ni mínimamente, el umbral de solvencia recursiva exigido por el art. 260 del CPCC.- Es que ni aun utilizando el más elástico de los criterios podemos considerar que los ocho renglones que al efecto se destinaron en la expresión de agravios (fs. 538vta.) cuestionando los "montos de la indemnización" genéricamente y sin ninguna referencia a los elementos de convicción ponderados por la a quo ni a los fundamentos dados en cada uno de los tópicos abordados, constituya una crítica concreta y razonada de la sentencia en este aspecto.- Ello así, el recurso de la co demandada deberá declararse desierto.- b1) Incapacidad física En orden al tratamiento del rubro, cuadra poner de resalto que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).- La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).- Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).- Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).- También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-(conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).- Cabe aquí aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152 R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva del punto de incapacidad en la suma de pesos 1.000; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.- Ahora bien, respecto a tal temática, hemos sostenido posteriormente "...habré de proponer a mis colegas una modificación, no ya en el aspecto de fondo de tal teoría, sino en la cuantificación que hace de cada punto de incapacidad; ocurre que la estimación de mil pesos ($ 1.000) por punto se fijó en épocas de estabilidad monetaria en las cuáles el poder adquisitivo de nuestra moneda tenía idéntica paridad con el dolar estadounidense, divisa que se ha tomado como indicador de aquella estabilidad, ésto -dicho sea de paso- sin hacer disquisiciones de otra índole sobre el tema; ocurre que a partir de la serie de medidas económicas instrumentadas desde fines de diciembre de 2001 aquélla paridad desapareció operándose una devaluación de nuestro signo monetario que por pública y notoria no requiere mayores comentarios ni pruebas; y siendo tal mantener el valor hasta ahora vigente por el "calcul au point" implicaría tomar una base que no se corresponde con la realidad, base que incluso agredería el principio de reparación integral de que nos habla el art. 1.083 del Código Civil; los jueces no podemos permanecer ajenos a las realidades socio-económicas que nos rodean; y ya en la concreción de mi pensamiento he de proponer a mis colegas que, en función de las razones antes expuestas, se eleve el valor dinerario de cada punto a la suma de mil quinientos pesos ($ 1.500); ello -lo reitero- sin sujeción estricta a cálculo matemático y como una de las pautas y puntos de partida para adecuar en más o en menos el monto que se acuerde al caso particular, según las circunstancias del caso..." (causa nro. 45.282, 123/03, "Sallemi Alejandro R. y ot. c/ Laya, Alberto s/ Daños y perjuicios").- Siendo que en la actualidad y a raíz de la decisión sentencial dictada por la presente Sala en la 57.398, R.S. 97/10, en temperamento que comparto, se ha fijado el valor dinerario de cada punto en la suma de pesos 4.000 (cuatro mil pesos).- También es preciso recordar que en numerosas causas la presente Sala ha afirmado en relación al análisis que vengo haciendo en los párrafos que anteceden, que los porcentajes de incapacidad no se acumulan ni se suman.- Es hora de pasar al análisis de las pruebas allegadas y al tratamiento de los agravios.- Y así diré que, en el punto, el dictamen pericial de fs. 323/325 es prueba fundamental (arts. 384 y 457 CPCC).- El perito médico traumatólogo señala que la actora sufrió por el accidente una fractura de maleolo peroneo de tobillo derecho, existiendo actualmente dolor y limitación funcional, refiriendo una incapacidad permanente, parcial y de carácter definitivo del 5% de la TO.- El perito a fs. 367/368 evacuo las explicaciones que le fueran requeridas, aclarando que la fractura permite el apoyo y deambulación con su limitación (esto en referencia a la posibilidad de que la actora saliera de la clase caminando); habla de las limitaciones a la movilidad y de las características del tratamiento de rehabilitación a realizar por la actora.- Por mi parte, no encuentro mérito para apartarme de las conclusiones del experto, pues están suficientemente fundadas, son claras, asertivas y categóricas, no existiendo en el expediente elemento probatorio objetivo que -apreciado a través del prisma de la sana crítica- indique algo diverso de lo opinado por el facultativo (arts. 384, 472 y 474 del CPCC).- Luego, sobre la base del porcentaje pericialmente informado, teniendo en cuenta las circunstancias personales de la menor (sexo femenino, dieciseis años de edad al momento del hecho, estudiante) y la suma ya enunciada como punto de partida para la tarifación del resarcimiento, tengo para mi que el monto fijado en la instancia previa se perfila claramente reducido, por lo que prohijaré su elevación a la suma de $22.000 (veintidos mil pesos).- b2) Gastos de tratamiento de rehabilitación La Sra. Juez de Grado fijó la suma de $1.600 en esta parcela.- Desde esta Sala hemos venido señalando que es improcedente el otorgamiento de sumas por incapacidad permanente y de otras por tratamientos destinados a hacer desaparecer la misma, por cuanto nos hallaríamos ante una injustificable duplicidad resarcitoria, que agredería el sistema del art. 1083 del Código Civil (esta Sala en causa nro. 45.764 R.S. 24/02, entre muchas otras).- Luego, quedando solo vigente el recurso tendiente a la elevación del monto fijado (por lo que no es posible reformar la sentencia en perjuicio de la apelante) y no siendo viable elevar un monto que, por nuestra parte, consideramos improcedente, deberá confirmársela en este sentido.- b3) Daño psíquico La sentencia, en este sentido, sigue un curso de pensamiento bien claro.- Expresa que el daño psíquico no es autónomo del daño patrimonial o moral, juzgándolo resarcible en la medida en que se encuentre probado, especialmente por vía pericial y señalando que la pericia llevada a cabo en autos descartó la existencia de incapacidad o necesidad de tratamiento alguno.- Y los agravios de la recurrente aparecen divorciados de esta clara línea de pensamiento.- Vemos que la actora confunde la mención de la a quo al "daño patrimonial", sustituyéndola por la mención al "daño físico" (que, obviamente, no es lo mismo, pues este es solo un componente de aquel); trayendo una serie de citas jurisprudenciales, pero no dedicando ni una sola palabra al análisis o valoración del elemento convictivo fundamental en el punto, cual es la pericia psicológica llevada a cabo en autos y que fuera ponderada por la a quo para repeler el rubro.- Ello así, estimo que el recurso de la actora en este aspecto deviene desierto, por no hacerse cargo de los fundamentos basales de la sentenciante, lo que denota su insuficiencia (art. 260 del CPCC); así propondré se lo declare.- b4) Gastos Objeta la actora el monto fijado en concepto de gastos.- Abordando el punto debo recordar que los gastos por tratamientos médicos, farmacéuticos, traslados y erogaciones análogas, deben ser reparados aun sin haberse demostrado documentadamente su existencia; pero ese concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces, sino que encuentra su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba, y en la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas y carácter de ellas, y todo ello sí debe ser probado, no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares.- Es menester referir que ha dicho esta Sala, con anterioridad, que corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no esté demostrado cabalmente su importe -S.C.B.A., T 117, pág. 127- (Conf. Causas de esta Sala Nº 20.745, R.S. 63/88; Nº 24.973 R.S. 165/90; Nº 41.649, R.S. 607/99).- También se ha sustentado que cuando se pretende un mayor resarcimiento que el prudente, deben aportarse las pruebas necesarias que justifiquen mayores erogaciones, conforme lo prescribe el art. 375 del Código Procesal (esta Sala en causa 43.617, R.S. 241/01).- Advierto, en el punto, que aquí se reclamó solo por gastos ya efectuados; la Sra. Juez de Grado fijó la suma de $800, lo que agravia a la actora.- Por mi parte, estimo que le asiste razón, teniendo en cuenta la índole de las lesiones sufridas, como así también lo que surge de la pericia médica y la evidente circunstancia de que quien posee una fractura de perone ha de enyesarse, lo que obviamente genera una serie de gastos de inevitable realización; por ello, y recurriendo a la facultad del art. 165 del ritual, entiendo que la suma fijada ha de elevarse a la de $1500 (un mil quinientos pesos).- b5) Daño moral Abordando el punto debo recordar que he sostenido reiterada-mente antes de ahora, que si se hubieran acreditado que por la oca-sión del hecho dañoso se le produjeron a la víctima lesiones fí-sicas, el daño moral se tiene probado "re ipsa" al decir de Orgaz y que en atención a lo especificado precedentemente y las conclusiones periciales se tu-vieron por demostradas las lesiones padecidas por la víctima por el hecho dañoso.- En lo que hace al monto indemnizatorio fijado por tal concepto, cabe recordar que hemos dicho en esta misma Sala (ver entre otras voto de mi autoría: 43.370 R.S. 317/02) que el daño moral resulta de una lesión a los senti------------------mientos, en el padeci-miento y las an-gustias sufri-das, molestias, amarguras, repercusión es-piritual, pro-ducidos en los valores más íntimos de un ser humano; que, pro-bado el daño, el monto de la indem-nización ha sido deferida por la ley al so-berano crite-rio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas re-sultantes de las constancias del proceso- ha de remi-tirse a sus propias máximas de experiencia (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; ésta Sala en causas 21.247, R.S. 128 del 3/8/88, idem causa 21.946, R.S. 192 del 9/8/88, causa 29.574, R.S. 45 del 9/3/93).- Además, reiteradamente hemos venido señalando que daño psicológico y daño moral son partidas resarcitorias que responden a diversos conceptos, integrando el primero el "daño material" y el segundo el "daño moral", pudiendo bien existir un padecimiento espiritual -dolor- sin verificarse un daño material relacionado con la esfera psíquica del reclamante (causa nro. 44.116 R.S. 621/01, entre otras), distingos que (incluso) se trasladan al régimen probatorio por cuanto el daño psicológico requiere de prueba específica, mientras que el moral -tal lo dicho mas arriba- si la víctima ha sufrido padecimientos físicos se tiene por demostrado in re ipsa.- Por todo ello, por ser notorio y estando autorizado o legitimado para peticionar como lo hace por la norma del art. 1078 del Código Civil, y teniéndose presente el carácter reparatorio y no repre-sivo que para mí tiene este com-ponente del derecho de daños, y de acuerdo con la tota-lidad de los elementos que hemos analizado, las características del hecho y las le-siones padecidas por la víctima, sus circunstancias personales ya reseñadas, ponderando también los tratamientos a los que debió someterse y las secuelas que le han quedado, soy de la opinión que el monto fijado en la instancia previa aparece reducido, por lo que propondré su elevación a la suma de $10.000 (diez mil pesos).- c) La condena en costas a la actora por el rechazo de demanda con relación al co accionado G.

Agravia a la actora este aspecto del decisorio.- Diré, en el punto, que en base a lo normado por el art. 68 del CPCC, ostentando la accionante el innegable carácter de vencida con relación a la pretensión entablada respecto del nombrado, las costas bien le han sido impuestas.- No existe razón ni fundamento para imponérselas a la otra co demandada, ni tampoco para distribuirlas en el orden causado.- Es que las razones que se traen, relativas (todas ellas) a lo sucedido luego del accidente, de ninguna manera hacían a la responsabilidad del co demandado por el accidente.- No veo, entonces, en la demanda que se le hubiera endilgado ningún tipo de conducta a título personal al profesor en la génesis del daño, sino que se cuestionó su actuación posterior; pero no fue esa actuación la que produjo el daño.- Luego, no son de recibo las quejas de la actora al señalar que razonablemente se consideró con derecho a demandarlo ni median razones o fundamentos para eximirla del pago de las costas del reclamo así entablado.- Propondré, entonces, se confirme la sentencia en este sentido.- d) La aplicación de las leyes de consolidación Objeta la co demandada la sentencia por no haber ordenado la aplicación de la ley 12.836.- Desde que no medió planteo en tal sentido en la instancia previa, la cuestión no puede traerse directamente aquí, pues somos instancia de revisión y no de juzgamiento inicial de los temas (art. 272 CPCC).- El planteo, entonces, deberá rechazarse.- e) Costas de Alzada Atento el resultado de los recursos deberán imponerse de la siguiente manera:

Por el recurso de la actora, en lo referente a la demanda rechazada contra el co demandado G., a esta en su carácter de vencida (art. 68 del CPCC); en lo referente a la demanda admitida, en un 20% a esta y en un 80% a la co demandada Dirección General de Cultura y Educación atento su éxito solo parcial (arts. 68 y 71 del CPCC).- Por el recurso de la co demandada, a esta en su carácter de vencida (art. 68 del CPCC).- En cuanto a la regulación de honorarios que se solicita en la expresión de agravios de la actora, no habiéndose efectuado aun la de primera instancia, no es posible efectuar la de segunda, por lo que habrá de diferirsela para su oportunidad (arts. 31 y 51 Dec. Ley 8904/77).- IV.- CONCLUSION Si mi propuesta es compartida se deberá declarar desierto el recurso de la actora en lo referente al rubro daño psicológico y el de la co demandada en lo referente a los montos indemnizatorios, modificando la sentencia apelada en cuanto a los montos que fija en concepto de daño físico, daño moral y gastos, los que se elevan a las sumas de $22.000 (veintidos mil pesos), $10.000 (diez mil pesos) y $1500 (un mil quinientos pesos), confirmándola en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio.- En cuanto a las costas de Alzada, atento el resultado de los recursos deberán imponerse de la siguiente manera: por el recurso de la actora, en lo referente a la demanda rechazada contra el co demandado G., a esta en su carácter de vencida (art. 68 del CPCC); en lo referente a la demanda admitida, en un 20% a esta y en un 80% a la co demandada Dirección General de Cultura y Educación atento su éxito solo parcial (arts. 68 y 71 del CPCC); y por el recurso de la co demandada, a esta en su carácter de vencida (art. 68 del CPCC).- La regulación de honorarios profesionales deberá diferirse para su oportunidad (arts. 31 y 51 Dec. Ley 8904/77).- Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor FERRARI, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.- Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARA DESIERTO el recurso de la actora en lo referente al rubro daño psicológico y el de la co demandada en lo referente a los montos indemnizatorios, MODIFICANDO la sentencia apelada en cuanto a los montos que fija en concepto de daño físico, daño moral y gastos, los que SE ELEVAN a las sumas de $22.000 (veintidos mil pesos), $10.000 (diez mil pesos) y $1500 (un mil quinientos pesos), CONFIRMANDOLA en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio.- Costas de Alzada, por el recurso de la actora, en lo referente a la demanda rechazada contra el co demandado G., a esta en su carácter de vencida (art. 68 del CPCC); en lo referente a la demanda admitida, en un 20% a esta y en un 80% a la co demandada Dirección General de Cultura y Educación atento su éxito solo parcial (arts. 68 y 71 del CPCC); y por el recurso de la co demandada, a esta en su carácter de vencida (art. 68 del CPCC).- SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 Dec. Ley 8904/77).- REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.- Dr. JOSÉ LUIS GALLO	Dr. FELIPE AUGUSTO FERRARI Juez Juez Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI Secretario de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial	de Morón