Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-19


Causa N° 20495-01-CC/2006 (117/06) "Recurso de queja en autos: Lenardi, Santiago s/exceder capacidad y otras".

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2006.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente Causa N° 20495-01-CC/2006 (117/06) "Recurso de queja en autos: Lenardi, Santiago s/exceder capacidad y otras".

Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 82/87 de los autos principales obra la resolución dictada por el Sr. Juez a quo, de fecha 26 de octubre de 2006, que resuelve -entre otros puntos- condenar a Santiago Lenardi a la pena de tres mil pesos ($ 3000) por ser autor responsable de la infracción prevista por el artículo 4.1.1 de la Ley 1921 en función de lo previsto por el DNU1/GCABA/05 y ss y art. 2.1.8. CAP 2.1. AD 700/05 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (acta de infracción Serie 2 nº 0966437), y a la pena de multa de quinientos pesos ( $ 500) por ser autor responsable de la infracción prevista por el artículo 2.2.14 de la Ley 451 en función de lo previsto por el art. 4.7.1.2 AD del Código de Habilitación (acta de infracción Serie 2 nº 0966358), y a la pena de multa de diez mil pesos ($ 10.000) por ser autor responsable de la infracción prevista por el artículo 2.1.3 de la Ley 1921 en función de lo previsto por el DNU1/GCABA/05 y ss y art. 4.7.2.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (acta de infracción Serie 2 nº 0966357). En definitiva, se lo condenó a la pena de trece mil quinientos pesos ($ 13.500), pagaderos en diez cuotas mensuales iguales y consecutivas de mil trescientos cincuenta pesos ($ 1350), las cuales deberán ser abonadas del 1 al 5 de cada mes, con costas (art. 33 de la Ley 1217). Asimismo, impone la clausura parcial por el término de 60 días del local sito en Av. San Martín nº 6074, PB de esta ciudad, en lo que respecta a la actividad de baile.

II.- Que a fs. 93/101 vta. del principal luce el recurso de apelación interpuesto por el Francisco José Malini Larbeigt, cotitular a cargo de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 5 contra la resolución ut supra mencionada.

III.- Que a fs. 115/116vta. de los autos principales, consta la resolución del Sr. Magistrado de grado que resuelve: 1) no hacer lugar al recurso de apelación en cuanto a los agravios sintetizados en los puntos 1 y 4, relativos a que no se acreditó que el local funcionara como local bailable clase "C" ni los extremos de la acusación fiscal del contenido de las actas de comprobación identificadas con la serie 2 0966358 y 0966357 y que la sentencia dictada por el magistrado de grado se basó en los testimonios de los testigos Pinto y Timinezky quienes han sido imprecisos y confusos. 2) Conceder parcialmente el recurso de apelación con efecto suspensivo sólo en lo que respecta a los agravios de los puntos 2 y 3, relativos a que no se le informó a la defensa el derecho a contestar sus fundamentos mediante recurso administrativo y que la sentencia condenatoria se basó en un acto administrativo irregular.

IV.- Que a fs.123 del principal, consta copia de la cédula que notifica la resolución por la que se rechaza parcialmente el recurso intentado.

V.- Que a fs. 1/10 vta. de la presente, se agrega el recurso de queja interpuesto por la defensa, contra la resolución del Juez a quo que no hace lugar al recurso de apelación en relación a los agravios mencionados en el punto III. Manifiesta: 1) que el Sr. Juez al realizar el juicio de admisibilidad sobre la presunta causal de arbitrariedad, agravia al encartado, pues lo priva de una revisión amplia del recurso de apelación, afectándose de este modo el derecho de la doble instancia. Así, la interpretación que realiza el a quo de las previsiones del art. 56 de la Ley 1217 se apartan del marco constitucional local deviniendo arbitrario y restrictivo de obtener una revisión amplia de la decisión jurisdiccional. El judicante al asimilar la causal de arbitrariedad prevista en el art. 56 Ley 1217, a los supuestos exigidos para la procedencia del recurso extraordinario vulnera el principio de legalidad. 2) Asimismo, el quejoso se agravia por entender que de la prueba recolectada en autos no se acreditó que el negocio de su prohijado funcionara como local bailable clase "C" y tampoco los contenidos de las actas de comprobación identificadas con la serie 2 0966358 y 09666357. 3) La sentencia condenatoria se basó en los testimonios de los inspectores Pinto y Timinezky, quienes han sido imprecisos y no han dado razones objetivas que motivaran la confección de las actas. Sobre este punto, refiere que los dichos de los testigos fueron contradictorios en cuanto a que el lugar fuera utilizado como supuesto "boliche". Respecto de la supuesta obstrucción de las salidas, se comprobó que una sola de aquéllas estaba obstruida por mesas sin saber cuántas puer tas de salida contaba el local. Asimismo, cuestiona el accionar de los inspectores en cuestión para acreditar los extremos de las actas oportunamente labradas. 4) Finalmente, hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.

VI.- Que a fs. 12 pasan los autos a estudio de este Tribunal.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:

En primer término, es dable afirmar que el recurso de queja resulta formalmente admisible; ello por cuanto el planteo ha sido interpuesto fundadamente y por escrito, dentro del plazo de tres (3) días de notificada, la resolución del Sr. Juez de Grado que rechaza el recurso de apelación, y ante este Tribunal.

Así, corresponde en esta instancia analizar si los agravios expresados en el recurso de queja logran demostrar el desacierto del auto de fecha 22/11/2006 (fs. 115/116 del expte. principal) que denegó parcialmente el recurso de apelación interpuesto oportunamente por su parte, supuesto en el cual este Tribunal debería emplazar al Juez a quo para que proceda a su concesión en virtud de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley Nº 1217.

Al respecto, y del recurso impetrado, se desprende que el quejoso ha formulado objeciones contra la sentencia definitiva invocando el último de los supuestos establecidos en el primer párrafo del artículo 56 de la Ley 1217 para la procedencia del recurso de apelación.

En este sentido, y como se reseñara, la Defensa ha afirmado que lasentencia de Primera Instancia resulta arbitraria. Específicamente plantea que: a) el a quo lo priva de una revisión amplia del recurso de apelación, afectándose el derecho a la doble instancia. b) Arbitrariedad de la sentencia puesta en crisis toda vez que la prueba recolectada no es suficiente para tener por acreditado que el negocio de su asistido funcionara como un local bailable clase "C" ni los contenidos de las actas nº 2 0966358 y 2 0966357, cuestionando los dichos de los testigos Pinto y Timinezky.

Ahora bien, respecto de la alegada afectación al derecho a la doble instancia por la interpretación que efectuó el judicante de la causal de arbitrariedad establecido en el art. 56 Ley 1217, es dable mencionar que dicha postura es coincidente con la sustentada por este Tribunal. Al respecto, esta Sala ha señalado en numerosos precedentes que el artículo 56 de la Ley 1217, al regular la procedencia de los recursos de apelación contra las decisiones de los Magistrados de Grado que hayan ejercitado el control judicial de una resolución adoptada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas, establece -taxativamente- tres supuestos de viabilidad, a saber: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley; c) arbitrariedad, fuera de las cuales la impugnación no resulta viable (Causas "Irgazabal, Jorge Gustavo s/ falta de habilitación de remis - Apelación", 249-00-CC/2004, del 16/9/2004; "Chalela, Osvaldo Antonio s/ infracción violar luz roja y otras", 271-00-CC/2004, del 23/9/2004; "Rotryng, Rub én Mario s/ exceso de velocidad", 323-00-CC/2004; del 25/10/2004; "Recurso de queja en autos Vega, Audelina s/falta de higiene y otras", 354-01-CC/2004, 5/11/2004).

De este modo, resulta claro que no es suficiente la mera alusión a alguno de los supuestos antes mencionados sino que, además, se requiere que la denuncia de alguno de esos defectos esté acompañada de un desarrollo argumental suficiente para demostrar que existe una cuestión que, al tratar sobre esos temas, deba ser dilucidada.

Así, cabe mencionar que las garantías constitucionales se encuentran regladas por la normativa vigente para el caso, siendo razonable para satisfacer el derecho a recurrir en el régimen de faltas los supuestos previstos en el art. 56 de la ley 1217. Sin perjuicio de ello, y aún cuando la jurisprudencia reconozca entidad penal, punitiva o represiva a las multas impuestas por la Administración con el objeto de prevenir o castigar las violaciones a leyes o reglamentos, ello no implica, sin mas, que el régimen de faltas sea derecho penal material.

Por otro lado, tampoco el Sr. Defensor logra demostrar de qué manera el mencionado artículo lo priva de la garantía que invoca vulnerada, o que la reglamentación correspondiente afecte dicho derecho.

Es decir, tal como refiere el Juez de Grado, los extremos antes mencionados - que deben ser demostrados por el impugnante - son los que permitirían declarar la procedencia del recurso en cuestión, basados en la tercer causal de procedencia del art. 56 LPC. En aval al criterio que se propicia, el Tribunal Superior de Justicia ha expresado que: "la invocada afectación del derecho al recurso sobre la base de una restricción ilegítima en la revisión del agravio concerniente a la arbitrariedad de la resolución de primera instancia, tampoco constituye un caso hábil para la apertura de esta vía extraordinaria.. En efecto, el a quo efectuó -dentro de sus facultades como tribunal de alzada- un juicio de admisibilidad válido respecto de la apelación presentada, fundando ampliamente su decisión en el estricto marco que otorga la normativa aplicable (art. 56, LPF)..." (Expte. nº 4054/05 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -apelación-´", rta. el 21/12/2005).

En razón de lo expresado, no se advierte tal como pretende el impugnante que el a quo haya realizado una interpretación contraria al principio de legalidad o que vulnere en forma alguna el derecho al recurso, sino que por el contrario ha realizado el examen según la doctrina de la arbitrariedad de sentencia antes referido, supuesto expresamente en la ley aplicable. Y a mayor abundamiento, corresponde señalar que dicha causal es solo una de las tres previstas por la normativa de faltas, por lo que corresponde declarar inadmisible el remedio procesal intentado.

En relación específica a la causal de arbitrariedad de la sentencia por basarse en prueba deficiente, es dable mencionar que nuestro Tribunal Supremo ha expresado que "... la doctrina de la arbitrariedad ... tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa (Fallos 318:652)" (CSJN, Causa nº 23.538/95 "Recurso de Hecho, Stolkiner, Armando s/delito de acción pública", S. 289. XXXIII del 22/12/98; Causa nº 1036, "Recurso de hecho, Flores Núñez, María Aurelia s/art. 5 - inciso c- ley 23737", F. 274 XXXIII, 22/12/98; Causa nº 368 "Recurso de hecho, Morales Agüero, Luis Alberto s/art. 5, inc. c de la ley 23737", M. 54. XXXIII, 7/5/98).

Asimismo, en lo relativo a cuándo debe ser considerada arbitraria una sentencia se ha expresado que: "[s]i la sentencia se apoya en fundamentos que se apartan de circunstancias acreditadas en el proceso, las que fueron seleccionadas y valoradas fragmentariamente, todo lo cual importa franquear el límite de la razonabilidad que está subordinada la valoración de la prueba y, en esas circunstancias, el pronunciamiento que contiene esos defectos no constituye un acto jurisdiccional válido [...] este defecto de fundamentación constituye una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la corte suprema de justicia de la nación, resiente la motivación lógica del fallo, y desatiende el mandato de los artículos 123 y 404 inc 2 del CPPN, en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa" ("Cabral, Jorge Carlos s/recurso de casación", CNCP- Sala III, 18/12/1996).

Así, cabe mencionar que los agravios relativos a que la sentencia recurrida carece de elementos probatorios suficientes para acreditar los hechos descriptos por los testigos del caso, resultando -a su entender- contradictorios sus dichos, no alcanzan para demostrar los extremos exigidos para declarar la procedencia del recurso, puesto que las objeciones efectuadas -tal como refirió el Sr. Magistrado de Grado- se traducen en meras discrepancias con los argumentos de la decisión cuestionada.

En definitiva, la resolución impugnada ha sido sustentada razonablemente y los agravios de la recurrente solo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (CSJN fallos 302:284; 304:415, entre otros); decisión que cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes que impiden la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido (Fallos 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre otros), como así también la tacha de arbitrariedad. En razón de los argumentos expuestos, corresponde declarar inadmisible el recurso de queja interpuesto por el Francisco José Malini Larbeigt.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I) DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE QUEJA obrante a fs. 1/10 vta. (arts. 58 Ley Nº 1217 a "contrario sensu").

II) Téngase presente las reservas efectuadas.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mí:

//TA: para dejar constancia que la Elizabeth A. Marum no firma la presente, atento la excusación obrante a fs. 110/111 de los autos principales.-------Secretaría, 19 de diciembre de 2006.