Acción civil, competencia
Materia: PENAL - COMERCIAL
Carátula: CARLESSO AMANDA EMILSE s/ QUIEBRA  FRAUDULENTA  -  OPOSICION A LA INSTANCIA DE CONSTITUCION EN  ACTOR CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-04-28

El tratamiento de la competencia material, se erige como previa a toda valoración de admisibilidad procedimental. En tal sentido, el art. 136 de la Ley 19551, establece: "La declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella tramita todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales, salvo los juicios de expropiación, los fundados en relaciones de familia y los laborales en etapa de conocimiento. El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halle firme; hasta entonces se prosiguen con el síndico, sin que puedan realizarse actos de ejecución forzada". Atento lo establecido por dicha norma, que consagra el fuero de atracción, el juez penal carece de competencia para admitir la acción civil deducida, pues la sentencia que declara la quiebra de la imputada es anterior a la fecha de presentación de la constitución en actor civil, y el supuesto de autos no ingresa en ninguna de las excepciones previstas para la regla (en contrario, Bonfanti Mario Alberto y Garrone José Alberto, Concursos y quiebra, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1976, p. 468). El instante, en el caso, carece de legitimación procesal. En tal sentido, el art. 129 de la Ley 19551 prescribe: "Declarada la quiebra, todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta ley y sólo pueden ejercitar sus derechos sobre los bienes desapoderados en la forma prevista en la misma. Quedan comprendidos los acreedores condicionales, incluso aquellos cuya acción respecto del fallido queda expedita luego de excusión o cualquier otro acto previo contra el deudor principal".De esta manera la ley expresa en el aspecto subjetivo, la regla de naturaleza objetiva (referida al patrimonio) denominada universalidad, contenida en el art. 1ro. de la Ley 19551. Y la forma prevista de manera obligatoria para todos los acreedores es el proceso de "verificación de los créditos", conforme lo establece el art. 130 primer párrafo, con expresa remisión al art. 194 de la Ley 19551. La normativa que regula la tramitación de este proceso especial, dentro del juicio de quiebra, se encuentra prevista en las Secciones III y IV del Capítulo III de la Ley 19551 (arts. 33 a 41). Los titulares de la verificación de créditos -que tiene por finalidad lograr el reconocimiento de la legitimidad de ellos- son "todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes..." (art. 33, Ley 19551) y que se ofrece "necesariamente en reemplazo de las acciones individuales...", suspendidas (art. 22, inc. 1ro., Ley 19551). Asimismo, se sostiene que "...es criterio uniforme de la doctrina nacional... que quienes pretendan algún derecho sobre los bienes del deudor deben necesariamente hacer verificar su crédito. No hay otro medio. En definitiva, ningún crédito, cualquiera que sea su calidad o naturaleza puede eludir este proceso..." (Cámara Héctor, El concurso preventivo y la quiebra, Depalma, Bs. As., 1978, vol. I, ps. 586 y 587). El argumento -sostenido por el apoderado de los instantes- en el sentido de que con el pronunciamiento de la Cámara del Crimen sobre la acción civil intentada recién se obtendrá un título de crédito líquido, exigible y determinado, que pueda ser verificado en la quiebra, deviene inadmisible, porque el proceso penal no tiene por finalidad crear títulos de crédito para su posterior verificación. Además, teniendo en cuenta el delito atribuido a la imputada (estafa continuada) y que se relaciona con su actividad comercial, el pronunciamiento del Tribunal de sentencia dilucidaría la cuestión referida al vínculo jurídico del que deriva el crédito, quedando de competencia exclusiva del juez de la quiebra dirimir las consecuencias en el patrimonio de la fallida, prenda común de los acreedores.-