Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-11


Salta, 11 de febrero de 2014.

Y VISTOS: Estos autos: "NEWELL, John Robert vs. AGROPECUARIA LA HERRADURA S.A. - Medida Cautelar", Expte. n° 162.389/06 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 3ª Nominación, Expte. CAM 183.713/07 de la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y _ C O N S I D E R A N D O 1) Dado el engorroso trámite que tiene este proceso cautelar iniciado, según demanda de fs. 44/46, en forma previa a la promoción de la acción de incumplimiento contractual y daños y perjuicios, se atenderá en primer término los recursos de apelación y los incidentes de caducidad que fueran impetrados por las partes contra la sentencia dictada a fs. 167/168 que confirió a la firma Agropecuaria Sierras de Alto Bello S.R.L. participación procesal en los términos del art. 90 inc. 1º y 91 párr. 1º del CPCC e impuso las costas al cesionario. De lo que apeló esta parte a fs. 170 y concedido, se declaró desierto en la providencia dictada a fs. 232.

Siendo así, deben atenderse las incidencias que se promovieron en relación al recurso de apelación que respecto de la misma sentencia interpusiera la parte actora (fs. 171) y que se concedió en la providencia dictada a fs. 175.

2) La sala, con el propósito de ordenar el procedimiento y en la búsqueda de dar solución a la cuestión puesta en crisis, esto es, la imposición de las costas que generó el incidente resuelto a fs. 167/168, haciendo aplicación de las herramientas que el código procesal ha previsto durante la sustanciación de los procesos, debe remitirse al art. 96 del mismo que establece el alcance de la sentencia que admite la intervención de terceros y que dispone a su vez, su irrecurribilidad. En párrafo aparte establece que la que la deniegue, será apelable en efecto devolutivo.

Conforme esta norma expresa, que resulta inapelable la decisión que hace lugar al pedido de intervención de terceros y en razón que lo cuestionado por el apelante se circunscribe a la imposición de costas, que según afirma en su escrito de fs. 171, le causa un gravamen irreparable a su representado, el Sr. John Robert Newell (actor), esta cuestión accesoria, de las costas, por aplicación del principio general del derecho que dice accesorium sequitur principale (cf. Loutayf Ranea, Montalbetti de Marinaro, Cód. Proc. Civ. y Com. Salta, Tomo VI, pág. 79 y 80), también resulta inapelable (esta Sala V, Cam 283.458; Cam 359.115).

En consecuencia, si la cuestionada resolución es inapelable y correspondía desestimar el recurso interpuesto, analizar los sucesivos incidentes de caducidad (los de fs. 176, 252, 298), cualquiera sea el resultado a que se arribe, la sentencia en crisis se mantendrá porque conforme las normas y principios expuestos, es inapelable lo resuelto tanto sobre lo principal como sobre las costas. Las costas de esta instancia deben serlo por su orden en razón que las partes no han argumentado en el sentido de la decisión. 3) Ello, lo decidido en relación a los recursos de apelación contra la sentencia dictada a fs. 167/168. A su vez, el recurso de apelación deducido a fs. 253 por la parte actora y concedido a fs. 259 contra la sentencia dictada a fs. 239/242 ha sido declarado desierto en la providencia dictada a fs. 283, lo que motivó el planteo por esta parte de revocatoria con apelación en subsidio de ese proveído, rechazado in limine y concedida la apelación subsidiaria en la providencia dictada a fs. 304 punto II. Se atenderá en consecuencia, este último recurso (la declaración de deserción del recurso de apelación contra la sentencia de fs. 239/242) y en su caso, se analizará el recurso sobre la cuestión de fondo.

Como se advirtiera mas arriba, resulta difícil seguir procesalmente la causa ante las innumerables incidencias y recursos que ambas partes formulan respecto de los decretos que se dictan ante sus presentaciones plagadas de pedidos de suspensión de plazos y oposición al trámite. Y para dilucidar el acierto o no de la declaración de deserción del recurso de la actora, fundado en la falta de presentación del memorial de agravio, que esta parte afirma que ello se debe a la suspensión de los plazos oportunamente solicitada, es necesario retroceder en el trámite hasta la presentación del escrito que obra a fs. 260, punto 2) que el apelante solicita la suspensión de los plazos para fundar el recurso concedido a fs. 259 y hasta que se resuelva la cautelar peticionada y hasta tanto el expediente esté disponible para ser retirado.

El juzgado proveé en lo pertinente (al recurso concedido) en el último párrafo del decreto de fs. 262, que textualmente reza "suspéndase el plazo para presentar el memorial, el que se reanudará a partir de que los presentes autos estén a disposición del apelante", ello con fecha 4 de abril de 2013. Aunque no hay constancia que el expediente no se encontrara a disposición del apelante en la fecha que se suspenden los términos (5 de abril de 2013), con posterioridad se agregan cédulas diligenciadas (fs. 263, 264, 265, 268) y escritos de la contraria (fs. 266/267, 269/270) con fecha 15 y 16 de abril. Este último día, el apelante solicita se suspendan los plazos que le hubieren estado corriendo con el fundamento que las actuaciones no se encontraban a su disposición (escrito de fs. 271). El juzgado nuevamente suspende los términos para su parte desde el cargo, esto es, el 16 de abril de 2013. De lo narrado, el expediente estuvo a disposición del recurrente por lo menos hasta el día 15 de abril en que se agregaron actuaciones (cargo de fs. 263 vta.) y evidentemente el mismo no ha concurrido durante ese lapso (cinco días hábiles) a enterarse del resultado de su primer pedido de suspensión de plazos evidenciando su actitud procesal un actuar poco diligente. De allí su nuevo pedido de suspensión de plazos.

Pese lo expuesto, el juzgado nuevamente suspende los plazos (para fundar su recurso) el día 25 de abril de 2013, en el proveído dictado a fs. 272 y lo dispone desde el día 16 de abril de 2013 (cargo de fs. 271) y hasta la notificación del proveído. El apelante, con fecha 29 de abril de 2013 y en razón del tenor de su escrito agregado a fs. 273, ha tomado conocimiento del estado de la causa, lo que evidencia que el expediente estuvo a su disposición y por consiguiente se produjo la reanudación de los términos suspendidos fundado en ese motivo: tener los autos a su disposición. Debe aquí remarcarse la circunstancia que, no hay constancia que el expediente no estuviera en mesa de entradas del juzgado luego del dictado del proveído de fs. 272. El día viernes 26 y el día lunes 29 el apelante pudo retirarlo y no solicitar como lo hizo (escrito de fs. 273), nuevamente suspensión del plazo para presentar el memorial de agravios de su allá concedido recurso, "hasta tanto se encuentren a disposición de esta parte los autos NEWELL JOHN ROBERT C/AGROPECUARIA LA HERRADURA SA S/DAÑOS Y PERJUICIOS, Expte. 176.152", expediente que evidentemente también se encontraba a disposición del apelante, lo que surge del tenor del decreto de fs. 274 último párrafo.

Por ello resulta irrelevante que entre ambas actuaciones, se haya agregado el escrito de fecha 6 de mayo (fs. 277) que es reiteración de lo solicitado a fs. 273 y proveído a fs. 274, como también resulta irrelevante que la contraria le haya cursado cédula haciéndole saber que los autos se encontraban a su disposición con fecha 3 de mayo de 2014, porque como se dijo, el apelante tuvo con anterioridad los autos a su disposición para fundar su recurso pero no lo hizo y eligió el camino de la revocatoria. A lo que se agrega que aunque se aceptase que hasta el momento del dictado del proveído de fs. 274 el apelante no tuvo el expediente a su disposición, con su retiro del día 10 de mayo de 2013 (fs. 275 vta.), resulta evidente su posibilidad de fundar su recurso y patente su derecho de defensa. Pero como se dijo, insistió respecto de la suspensión de los plazos.

Siendo así, debe continuarse con la fatigosa descripción de los actos procesales sucedidos hasta la declaración de deserción del recurso de la actora. Y esta parte, ya contra el proveído de fs. 274 que no hace lugar al pedido de nueva suspensión de términos, es que deduce revocatoria en el punto II del escrito de fs. 278/280, lo que se desestima en el proveído de fs. 284 punto I. El recurrente deduce contra lo decidido, revocatoria con apelación en subsidio en el escrito de fs. 287, la que se rechaza in limine y se concede la apelación subsidiaria a fs. 304.

La ley procesal no ha previsto el procedimiento aplicado al caso, porque ante una providencia que la parte considera adversa, el art. 240 prevé el recurso de revocatoria y el art. 241 establece que la resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso de reposición fuese acompañado del de apelación en subsidio. Y dado que la parte actora al deducir revocatoria del decreto que no hizo lugar a su pedido de suspensión de plazos para fundar su recurso, no ha interpuesto apelación en subsidio (fs. 279), el recurso de revocatoria contra esa decisión resulta improcedente, lo que debió decretarse y no conceder una tardía apelación subsidiaria. Revocatoria de revocatoria, como se dijo, el legislador no lo ha previsto. Por ello, debe declararse mal concedido el recurso de fs. 304 e imponerse las costas al apelante.

Por ello:

LA SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES C. y C.

DECLARA INAPELABLE la resolución de fs. 167/168. Con costas por su orden.

DECLARA MAL CONCEDIDO el recurso de fs. 304 y MANTIENE la providencia de fs. 283 en cuanto declara desierto el recurso de apelación deducido a fs. 253 por la parte actora, concedido a fs. 259 de la sentencia dictada a fs. 239/242. Con costas.

REGÍSTRESE, Notifíquese y baje.