Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2008-05-06


2º Instancia. - Resistencia, mayo 6 de 2008.

Resulta: 1.- Que vienen estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación deducidos oportunamente (fs. 1/4.; 5/11 y vta.; 12/14; 18/19 y vta.; 21/22 y vta.; 24/25 y vta.; 27/32; 34/37) contra el auto interlocutorio Nº 46 de fecha 27 de septiembre de 2.007, dictado a fs. 7.534/7.792 de los autos principales por el "a quo", mediante el cual se dispone el procesamiento con prisión preventiva - al encontrarlos probables autores del delito previsto y reprimido en el art. 144 Ter, 1º y 2º párrafos del Código Penal (incorporado por Ley 14.616) en concurso real (art. 55 del C.P.) - respecto de los imputados GABINO MANADER (dieciséis hechos), JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ VALIENTE (trece hechos), JOSE MARIA CARDOZO (nueve hechos), HUMBERTO LUCIO CABALLERO (seis hechos), JOSE MARIN (seis hechos), RAMON ESTEBAN MEZA (tres hechos), HECTOR OSMAR RAMON ESCOBAR (dos hechos), LUIS ALBERTO PATETTA (dos hechos).

Asimismo - y en lo que reviste interés para la resolución de los planteos de apelación interpuestos - el Instructor decreta el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados RAMON ANDRES GANDOLA, ENZO BREARD y ALBERTO HORACIO VALUSSI en orden al delito antes mencionado y respecto de la presunta comisión de un (1) hecho.

Que, el Juez de Instrucción sustenta tales imputaciones refiriendo que: "... respecto de las declaraciones testimoniales rendidas en autos y que se mencionan en el presente, se deja expresamente aclarado que se ha procedido a extractar de las mismas los aspectos más relevantes a los efectos de la dilucidación de los hechos investigados, teniendo presente la materia a resolver, la que por la complejidad de los hechos y la antigüedad de los mismos, como asimismo por la cantidad de declarantes, se ha transformado en la prueba de mayor relevancia, siendo testigos directos de los distintos hechos, y que finalmente resultan concordantes sobre aspectos sustanciales de la investigación como ser lugares de cautiverio, identidad de los interrogadores, métodos de torturas, autores de las mismas. Con tales testimonios ha sido posible llegar a reconstruir la verdad de la historia reciente, a pesar de las dificultades encontradas al tiempo de recuperar los archivos o constancias documentales de la fuerza de seguridad, y que el accionar represivo de los sujetos imputados se materializaba en la clandestinidad ..." Por lo demás, tras referir que "... en la presente causa se investiga la participación criminal de los distintos sujetos indagados en autos por la comisión del delito de Tormento Agravado, previsto y reprimido por el art. 144º ter, 1ro y 2do párrafo del Código Penal incorporado por Ley 14.616 ...", señalando la subsunción de las conductas investigadas al tipo penal citado - por imperio del art. 2 del Código Penal -, el Inferior efectúa un análisis pormenorizado de las denuncias materializadas a lo largo del trámite de la presente causa.

Reseña así, en cada caso, los sujetos imputados por los distintos denunciantes, la función que aquéllos cumplían al momento de comisión de los hechos, valorando para ello los elementos que determinan la acreditación fáctica de dichos sucesos y el grado de participación de los encartados en ellos.

2.- Que a fs. 1/4 del presente incidente, el Señor Fiscal Federal "Ad Hoc" interpone recurso de apelación contra el dictado de procesamiento sin prisión preventiva respecto de los encausados Andrés Gandola, Enzo Breard y Alberto Horacio Valussi, acusados por la presunta comisión del ilícito endilgado, en un hecho (art. 144 ter, inc. 1º y 2º del C.P.).

En tal sentido, motiva su presentación alegando que el "a quo" interpreta erróneamente las reglas en análisis respecto de la aplicación de la ley penal más benigna, toda vez que ésta debe efectuarse en forma integral. Señala así que la ley mencionada en el art. 2 del C.P. no puede formarse mediante disposiciones sacadas de dos o más cuerpos legales distintos, refiriendo al respecto que: "... el término "ley" del art. 2º del C.P. debe entenderse como totalidad del cuerpo normativo y, en esa inteligencia deviene forzoso que, el art. 26º aplicable debe surgir del mismo cuerpo legal, es decir del Código vigente al momento de los hechos. O sea: arts. 144º ter y 26º ambos de un mismo cuerpo legal al momento del hecho (...) el Inferior aplicó dos leyes (ley 14.616 y ley 23.057) y no una sola como expresamente lo marca la doctrina." En tal entendimiento, refiere que en el art. 26 del C.P. aplicable al sub examine (anterior al hecho de la causa por pertenecer al mismo cuerpo legal al que se encuadró el caso), la condena condicional sólo sería procedente en el supuesto de condenas que no excedieran de dos años y que, en consecuencia, teniendo en cuenta que el mínimo de la pena conminada en abstracto para el delito imputado en autos es de tres años, devendría materialmente imposible la procedencia de la condena condicional.

Sin perjuicio del planteo que precede, analiza en forma subsidiaria la aplicación del art. 26 del C.P. reformado (Ley 23.057). En ese orden, rechaza la posibilidad de una condenación condicional en el supuesto bajo análisis señalando la gravedad del ilícito imputado, circunstancia por la que descarta que dentro de la escala penal en abstracto pudiera corresponder en el mismo pena de tres años, considerando asimismo los distintos requisitos que exige la norma del art. 26.

Funda y cita doctrina en apoyo de su petición.

3.- Que a fs. 5/11 y vta. obra recurso de apelación deducido por la Defensa técnica del encartado Héctor Osmar Ramón Escobar, motivando dicha presentación en la inexistencia de pruebas que demuestren la participación o autoría de su defendido en los hechos investigados, toda vez que de la enunciación de las mismas, no surge elemento que lo incrimine.

Destaca que la mención de Escobar en la presente causa responde al hecho de haber el prenombrado, prestado servicios en la Unidad Especial de Investigaciones, sin que pueda afirmarse cuál es la conducta ilícita reprochable al encausado.

Se agravia asimismo la Defensa de la falta de fundamentación del resolutorio en crisis respecto de la situación de Escobar sosteniendo que: "... no se arriba a una valoración por lo menos escueta y sintética de por qué se arriba al resolutorio...", destacando que el "a quo" sí lo hace "con relación a los otros imputados".

Cita doctrina y jurisprudencia, y solicita se acoja el recurso interpuesto modificando el resolutorio recurrido.

4.- A fs. 12/14 se agrega recurso de apelación oportunamente interpuesto por el Dr. M.A.M. en ejercicio de la defensa del encausado José Francisco Rodríguez Valiente. En el mismo, el recurrente se agravia de "la carencia real de fundamentos y la incorrecta y parcial apreciación del plexo probatorio", indicando con relación a la gravosa calificación atribuida a su defendido en calidad de autor, que "se toman a tal efecto sólo los dichos de testigos que resultaran contradictorios entre sí y al tiempo de declarar en distintas oportunidades" (sic) Asimismo motiva su presentación en la circunstancia que la calificación atribuida en el procesamiento impugnado no fue fundada debidamente, refiriendo que "...la misma no encuentra apoyatura alguna en las constancias de autos", señalando que el resolutorio resulta manifiestamente arbitrario, para seguidamente referir que en la causa "... no fue posible reunir elementos suficientes siquiera acerca de la materialidad fáctica, pues, de sus connotaciones contextuales se infiere la inexistencia del hecho o la participación en el mismo por parte de mi ahijado procesal...". (sic).

Por último, se agravia de la errónea calificación típica penal respecto de la conducta de su defendido "por cuanto no se encuentran acreditados, siquiera supinamente, los extremos y recaudos tipológicos exigidos por al figura prevista y normada en el art. 144 ter párrafos 1ro y 2do del C.P. ..." (sic) 5.- Que a fs. 18/19 y vta. obra escrito de apelación del Dr. J.A.C. - en representación del encausado José María Cardozo -, mediante el cual indica sustancialmente idénticos motivos de agravio que los expuestos en el punto que precede, esto es, la "carencia real de fundamentos y la incorrecta y parcial apreciación del plexo probatorio" en la resolución en crisis, destacando, con relación a la gravosa calificación atribuida a su defendido en calidad de autor, que "se toman a tal efecto sólo los dichos de testigos que resultaran contradictorios entre sí y al tiempo de declarar en distintas oportunidades" (sic) Señala que el auto de procesamiento atacado no constituye una derivación razonada del derecho vigente, por lo que considera la pieza procesal impugnada como "manifiestamente arbitraria"; que la calificación atribuida en el mismo no fue fundada debidamente, refiriendo que "...la misma no encuentra apoyatura alguna en las constancias de autos", para seguidamente indicar que en la causa "... no fue posible reunir elementos suficientes siquiera acerca de la materialidad fáctica, pues, de sus connotaciones contextuales se infiere la inexistencia del hecho o la participación en el mismo por parte de mi defendido en autos..". (sic).

Por lo demás, se agravia de la errónea calificación típica penal respecto de la conducta de su defendido "por cuanto no se encuentran acreditados, siquiera supinamente, los extremos y recaudos tipológicos exigidos por al figura prevista y normada en el art. 144 ter párrafos 1ro y 2do del C.P. ..." (sic) 6.- Que a fs. 21/22 y vta. y 24/25 y vta. se agregan sendos recursos de apelación interpuestos por el Dr. José Oscar Gómez - en ejercicio de la Defensa Técnica de los imputados Humberto Lucio Caballero y Andrés Ramón Gandola, respectivamente -, en los cuales refiere la inexistencia de prueba valedera, que aparezca como elemento indicativo para el - a su entender - grave decisorio dictado.

Por lo demás, y tras reseñar los antecedentes de la causa y sus consideraciones al respecto, solicita el sobreseimiento de sus defendidos.

A fs. 110 se declaran desiertos los recursos de apelación interpuestos por el Dr. José O. Gómez en ejercicio de la defensa técnica de Lucio Humberto Caballero y Ramón Andrés Gandola, agregándose a fs. 115 auto interlocutorio por el cual no se hace lugar a la adhesión solicitada por el mencionado profesional respecto de los recursos interpuestos por los demás defensores recurrentes.

7.- Que a fs. 27/32 rola el escrito de apelación intentado por el querellante Dr. Mario Federico Bosch por su representación acreditada en estos autos, motivando dicha presentación en el dictado de procesamiento sin prisión preventiva respecto de los encausados Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard y Alberto Horacio Valussi.

Así, destaca su desacuerdo con el criterio del juzgador en el sentido de la aplicación, como ley penal más benigna, de la escala penal contenida en el texto de la Ley 14.616. Argumenta en tal entendimiento que la ley aplicada por el "a quo" no es más benigna, sino "...otra ley que facilita a los aquí procesados a esperar el juicio en libertad...", refiriendo que tras la reforma legislativa se convirtió a la figura en trato en un tipo autónomo señalando los caracteres salientes de la figura penal.

Por lo demás, se agravia desde que "...la NO APLICACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA, contraviene claramente lo normado por el artículo 312, inciso segundo del Código Procesal Penal de la Nación (...) NADA HACE PRESUMIR QUE EN CASO DE SER CONDENADOS A LOS PROCESADOS SE LES APLICARA LA PENA DE EJECUCION CONDICIONAL..." (sic) indicando para tal razonamiento, el riesgo que ello implica respecto de la realización de la ley sustantiva, subrayando además el necesario "juicio de inferencia" que debe realizar el juzgador para merituar la pena a aplicar.

En ese orden de ideas, expone los elementos y rasgos esenciales del tipo penal en trato que - a su criterio - demuestran la improcedencia de la posible aplicación de la pena mínima contenida en la escala penal en abstracto, así como las distintas teorías existentes en la dogmática penal para determinar su lineamiento.

8.- Que a fs. 34/37 se agrega apelación deducida por el Defensor Público Oficial contra la resolución de fecha 27 de septiembre de 2007, en el ejercicio de la defensa de Gabino Manader, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta y Alberto Horacio Valussi, motivando la misma en la "carencia real de fundamentos y la incorrecta apreciación de la totalidad del plexo probatorio, tanto en su origen como circunstancias y contexto en que los hechos, en sede judicial, se han desarrollado." (sic) Señala en tal sentido la inexistencia de "elementos válidamente incorporados a la causa que sean demostrativos de la conducta que hoy se les imputa" , razón por la cual - entiende - se "ha establecido una calificación determinada en el auto de procesamiento impugnado, la cual no encuentra apoyatura alguna en las constancias de autos (...)" y que "...en esta causa, no fue posible reunir elementos suficientes siquiera acerca de la materialidad fáctica, pues, de sus connotaciones contextuales se infiere una calificación absolutamente diferente, lo que no fue debidamente considerado." (sic) Por otra parte, plantea: a) la nulidad del auto de procesamiento por la falta de enunciación de los hechos atribuidos - en virtud de lo ordenado por el art. 308 del C.P.P.N. -, señalando que "no se puede tener en cuenta como recaudo formal exigible la mera trascripción de las testimoniales de las supuestas víctimas y tener por cumplimentado el requisito establecido por el código...", como por la falta de fundamentación y autosuficiencia del auto interlocutorio en crisis.

Asimismo, expone como causales de otras nulidades: b) la circunstancia de que sus defendidos Patetta, Valussi, Meza y Marín, en oportunidad de habérseles tomado audiencia de declaración indagatoria en fecha 25 de septiembre de 2.007 y tras haber dejado expresa constancia de que se abstenían de declarar hasta tanto se les entregara por parte del instructor copias de las pruebas de cargo mencionadas en la ocasión, fueron notificados en fecha 27 del mismo mes y año del procesamiento dictado en su contra, sin que se les hubiera entregado las copias solicitadas, "quitándoles toda posibilidad física, material e intelectual de ejercer el derecho de defensa material y técnica..." (sic); y c) la falta de oportuna opción por parte de los imputados en autos, del procedimiento a seguir en la tramitación del expediente (art. 12 de la Ley 24.121), lo que a su entender, torna insanablemente nulo todo lo actuado en la causa.

9.- Que, concedidos los recursos intentados, y notificadas las partes de la radicación de los autos ante este Tribunal, a fs 93 bis, 98, 99, 100, 101, 103 se agregan los escritos de mantenimiento en esta instancia de los mismos presentados - respectivamente - por los Dres. M.A.M. (en ejercicio de la representación técnica de José Francisco Rodríguez Valiente), Gonzalo Molina (Defensor Público "Ad Hoc" en representación de Gabino Manader, Luis Alberto Patetta, Ramón Esteban Meza, José Marín y Albero Horacio Valussi), Lelio Balbiani (Fiscal General "Ad Hoc"), R.A.O. (por la defensa técnica de Héctor O. Escobar), J.A.C. (en ejercicio de la defensa de José María Cardozo) y Mario Federico Bosch (en representación de los querellantes), de conformidad a lo normado en el artículo 451 del código de rito.

10.- a) Que a fs. 118/120 y vta., se agrega escrito sustitutivo del informe oral previsto en el artículo 454 del C.P.P.N., por el cual el Fiscal General "Ad Hoc" reedita y fundamenta los conceptos expuestos al deducir el recurso; y a fs. 120 bis nota de la Actuaria por la cual deja constancia de la no realización de la audiencia fijada a los efectos del art. 454 del C.P.P.N., por incomparecencia del Dr. Mario Federico Bosch.

b) A fs. 121/126 y vta. obra escrito sustitutivo del informe oral (art. 454 del digesto de forma) presentado por la Defensa Oficial "Ad Hoc" mediante el cual funda los motivos oportunamente señalados al momento de presentación de la apelación y reitera la solicitud de nulidad del resolutorio en virtud de falta de fijación de los hechos delictivos y de motivos en los que funda la decisión (art. 308 del C.P.P.N).

Agrega a lo expuesto, el planteo de nulidad absoluta de la resolución obrante a fs. 155/157 del expediente principal (por la cual se ordena la reapertura de la causa que había sido en forma previa sobreseída provisionalmente de conformidad a lo establecido por el art. 435 y sus concordantes del Código de Procedimiento en materia Penal), y - como cuestión consecuente con los planteos transcriptos -, la prescripción de la acción penal respecto de los delitos primigeniamente imputados (apremios ilegales).

c) Que a fs. 127/142, obra el informe (art. 454 del C.P.P.N.) presentado en esta Alzada por el Dr. J.A.C.. En el mismo, reitera la solicitud de nulidad del auto en crisis por la falta de fijación de los hechos (art. 308 del código de forma), así como de la carencia de fundamentación, motivación y valoración de los elementos de juicio.

Por otra parte, plantea la nulidad de orden general en virtud de la falta de cumplimiento de lo prescripto por el art. 12 de la Ley 24.121 y de la violación al principio constitucional de prohibición de la doble o múltiple persecución penal fundando en tal sentido, y peticiona - señalando como lógica consecuencia -, el sobreseimiento total y definitivo de su defendido.

d) Que a fs. 143 se agrega nota de la Actuaria por la cual deja constancia de la no realización de la audiencia fijada a los efectos del art. 454 del C.P.P.N., por incomparecencia del Dr. R.A.O., obrando a continuación (fs. 144/157 y vta.), memorial sustitutivo del informe oral presentado por el Dr. M. A. M..

En el mismo, reitera y funda el pedido de nulidad absoluta del procesamiento en crisis por incumplimiento de lo establecido por el art. 308 del código de forma, esbozando - por lo demás - idénticos planteos de nulidad de orden general a los esgrimidos por el Dr. J. A. C. en el memorial obrante a fs. 127/142, a los cuales cabe remitirse en razón de brevedad.

1) Que arriban estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación deducido oportunamente (fs. 72/78 y vta.) por el Dr. R.A.O. en el ejercicio de la defensa técnica de Héctor Osmar Ramón Escobar, contra el auto interlocutorio Nº 33 de fecha 11 de marzo de 2.008 obrante a fs. 22/66 y vta. del citado legajo, mediante el cual el "a quo" dispuso: "... AMPLIAR el Auto de Procesamiento dictado por Interlocutorio Nº 46 de fecha 27/septiembre/2.007 y mantener la Prisión Preventiva allí dispuesta (art. 306 del C.P.P.N.) respecto de Héctor Osmar Ramón Escobar..." (sic) al encontrarlo "prima facie" responsable del delito de Tormento Agravado (art. 144 ter, 1ro y 2do párrafos del C.P. incorporado por Ley Nº 14.616) en concurso real (art. 55 del C.P.) en un total de 8 (ocho) hechos computándose 6 (seis) del citado resolutorio a los que agrega los 2 (dos) hechos surgidos de la resolución Nº 46 dictada el pasado 27 de septiembre del año 2.007.

2) Que a fs. 72/78 y vta. se agrega el recurso de apelación deducido por la Defensa técnica del encartado Escobar, motivando dicha presentación - en similares términos que los utilizados en el recurso deducido contra el auto interlocutorio Nº 46/2.007 objeto de examen en el Expte. Nº 45.672 -, en la inexistencia de pruebas que demuestren la participación o autoría de su defendido en los hechos investigados, entendiendo que de la enunciación de tales probanzas, no surge elemento que incrimine a su defendido.

En tal sentido refiere que la mención de Escobar en la presente causa responde al hecho de haber el prenombrado, prestado servicios en la Unidad Especial de Investigaciones, sin que pueda afirmarse cuál es la conducta ilícita reprochable al encausado, agraviándose asimismo de la falta de fundamentación del resolutorio en crisis para sustentar la grave imputación atribuida.

3) Concedido el recurso intentado y mantenido en esta instancia (fs. 90) por el recurrente, surge de fs. 94 la no realización de la audiencia prevista por el art. 454 del C.P.P.N. por incomparecencia del interesado, quedando las actuaciones en situación de ser resueltas en fecha 28 de abril del año en curso.

4) Ello así, teniendo en cuenta la conexidad objetiva y subjetiva (art. 41 del C.P.P.N.) que trasuntan los legajos de apelación en trato, el estado del trámite de los mismos, y a la luz de los principios de celeridad y economía procesal, es que corresponde la acumulación del Expte. Nº 46.174 al Expte. Nº 45.672, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 42 "in fine".

En virtud de lo arriba expuesto, se dará tratamiento a la situación de Escobar considerando en forma conjunta los recursos de apelación deducidos contra los resolutorios Nº 46/07 - Expte. Nº 45.672 - y Nº 33/08 - Expte. Nº 46.174 - en el punto B) 2.- B. "Recursos de apelación del Dr. R.A.O. en representación de Héctor Osmar Ramón Escobar." El Dr. José Luis Alberto Aguilar dijo:

I.- Que en este estadio, habilitada la jurisdicción del Tribunal y configurado el objeto de conocimiento, corresponde el examen de los distintos agravios planteados por las Defensas.

II.- Que, a fin de establecer un orden en el tratamiento de las cuestiones propuestas a estudio ante esta Alzada, en primer término se considerarán los distintos planteos de nulidades, para posteriormente tratar - en forma secuencial -, los motivos de agravios expuestos en los recursos deducidos y, en su caso, los argumentos de los correspondientes informes presentados según lo previsto en la normativa de forma (art. 454 del C.P.P.N.).

A) De las nulidades A) 1) Respecto del planteo formulado por la Defensa Pública Oficial al momento de interponer el recurso de apelación de fs. 34/37 (y que fuera asimismo introducido por los Defensores Particulares Dres. J.A.C. y M.A.M. al fundar los respectivos recursos intentados) mediante el cual sostiene la nulidad absoluta de todo lo actuado en virtud de la falta de cumplimiento de lo prescripto en el art. 12 de la Ley Nº 24.121, esto es, la falta de oportuna opción por parte de los imputados del procedimiento a seguir en la tramitación de estos autos, se vincula directamente con la solicitud de nulidad absoluta del resolutorio de fs. 155/157 - argüida por la Defensa Oficial en ocasión de presentar el memorial sustitutivo del informe oral previsto en el art. 454 del C.P.P.N. -, razón por la cual dichos planteamientos serán conjuntamente desarrollados.

A) 1) b 1.- Así, en ocasión de fundamentar el remedio procesal intentado (fs. 121/126 y vta.) el Defensor Oficial señala la absoluta nulidad de la resolución obrante a fs. 155/157 de las actuaciones principales por la cual se ordena la reapertura de la causa que había sido sobreseída provisionalmente (art. 435 y sus concordantes del Código de Procedimiento en Materia Penal) a fs. 154, destacando en tal sentido, la prescripción operada respecto de la acción penal de los delitos originariamente investigados.

Sin perjuicio de que tal planteo fue deducido al momento reglado por el art. 454 del código de forma, y, por lo tanto, habría quedado fuera del ámbito de agravios señalados al interponer el recurso de apelación los que actúan como límite de conocimiento de esta Alzada (conforme arts. 438 y 445 del C.P.P.N.), al haberse invocado la nulidad como de carácter absoluto, la misma será materia de tratamiento.

A) 1) b 1.- a) De un detenido análisis de las piezas mencionadas del expediente Nº 243/84, surge que a fs. 154, en fecha 11 de agosto del año 1986, el entonces Juez Federal de Primera Instancia, Dr. c, resolvió sobreseer provisionalmente la causa instruida con motivo de presuntos apremios ilegales - de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 435 inc. 1º y 436 segundo párrafo del Código de Procedimientos en lo Criminal - de los que fueran víctimas Mirta Susana Clara de Salas y María Gregoria Pérez, reservando las actuaciones en Secretaría.

Por su parte, el decisorio atacado (fs. 155/157 del expte. Nº 243/84) data de fecha 21 de octubre de 2002 y en él, el Juez Federal Subrogante Dr. R.A.F., luego de referir a la conexidad existente con el expediente Nº 149/02 caratulado "CABALLERO, Lucio; GANDOLA, Ramón Andrés; RODRIGUEZ VALIENTE, José F. y otros s/ Tormento Agravado", en trámite ante la Secretaría Penal Nº 2, señala: "Que, habiéndose suspendido el trámite de la presente causa - Nº 243/84 - hasta la aparición de nuevos elementos que permitan continuar el proceso u opere el instituto de la prescripción (art. 436, segundo párrafo del CPMP) y entendiendo que el expediente referenciado - Nº 149/02 - contiene probanzas que pueden ser caracterizadas como tales - nuevos elementos - como así también que la imputación sugiere la existencia de actos que ofenden principios superiores de la humanidad, atentando contra el derecho de gentes protegido y reconocido por el Derecho Penal Internacional como por nuestra propia Constitución Nacional (art. 116, 117 y 118 C.N.) resultan imprescriptibles, y sin abrir juicio sobre la calificación definitiva, corresponde reabrir el proceso y acumular dicha causa a las presentes actuaciones las que estarán a la cabeza..." Resuelve, por lo tanto, la reapertura de la causa 243/84 y la acumulación a la misma del expediente Nº 149/02.

Que, del examen de las piezas antes reseñadas, no se aprecia, a mi criterio, vicio alguno que importe la nulidad de las presentes actuaciones, siendo por lo demás oportuno señalar la improcedencia de la aplicación de la sanción peticionada teniendo en cuenta que la regla en la materia es la relatividad de las nulidades. Por otra parte, el acto atacado no ha violado derechos constitucionales de los recurrentes, conforme se expondrá "infra" (punto A) 1) b 1.- b) ).

En tal sentido, devienen pertinentes ciertas precisiones. En primer término, y con relación al sobreseimiento provisional previsto por la anterior normativa procesal, tal como lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hace cosa juzgada: "El recurso extraordinario es improcedente ante el dictado del sobreseimiento provisorio por no constituir ésta sentencia definitiva (...) El sobreseimiento provisional, por su propia naturaleza, no puede hacer cosa juzgada en sentido material." (Ayoroa, Domingo y otros, 23/08/1983).

De tal forma, tanto el sobreseimiento dictado, como la calificación legal primigeniamente otorgada a los hechos (apremios ilegales), no pueden sino tenerse como lo fueron en aquella oportunidad, esto es, con carácter provisorio. Así, la reapertura dispuesta no puede constituir, ni siquiera, una nulidad relativa; y aún en este último supuesto, tal "reapertura" ha quedado firme y consentida en autos.

A) 1) b 1.- b) Que, asimismo, del análisis de la investigación llevada a cabo en la causa (fs. 1/154, expte. Nº 243/84), no surge una concreta imputación (indagatoria) a los presuntos implicados en las denuncias de las señoras Clara y Pérez, sino la existencia de meras declaraciones testimoniales, con los alcances y efectos acordados por la normativa de la Ley 2372 - y que no variaron con la aplicación de la normativa procesal actual - por lo que mal podría hablarse de una doble o múltiple persecución penal por un mismo hecho.

Lleva en ello razón el resolutorio de fs. 155/157, al otorgar el carácter de "delitos de lesa humanidad" a los hechos denunciados, proclamado así su imprescriptibilidad, siendo que tal postura fue ratificada con posterioridad en destacados fallos dictados por nuestro máximo Tribunal.

Que, los crímenes contra la humanidad son actos serios de violencia que dañan a los seres humanos privándolos de los que es más esencial para ellos: su vida, libertad, bienestar psíquico, salud y/o dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites tolerables por la comunidad internacional, que forzosamente debe exigir su castigo. Pero los crímenes contra la humanidad también trascienden al individuo porque cuando el individuo es lesionado, la humanidad es atacada y anulada. Es por tanto el concepto de humanidad como víctima el que caracteriza los crímenes contra la humanidad (cfr. Tribunal Internacional para la ex - Yugoslavia - Cámara de Juicio - caso "Grazen Erdemovic", sentencia del 29 de noviembre de 1996, parágrafos 27 y 28) En relación a los elementos distintivos de este tipo de delitos, nuestra Corte Suprema de Justicia (Causa Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc - causa Nº 17.768 - 14/06/2005), señaló que "...los delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos, pueden ser considerados crímenes contra la humanidad, porque atentan contra el derecho de gentes tal como lo prescribe el art. 118 de la Constitución Nacional" (el subrayado me pertenece). Y que "la descripción jurídica de estos ilícitos contiene elementos comunes de diversos tipos penales descriptos, y otros excepcionales que permiten calificarlos como 'crímenes contra la humanidad' porque: 1- afectan a la persona como integrante de la 'humanidad', contrariando a la concepción humana más elemental y compartida por todos los países civilizados; 2- son cometidos por un agente estatal en ejecución de una acción gubernamental, o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal sobre un territorio determinado".

Por su parte, en "Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros -causa nº 259-" dictado el 24/08/2004, se estableció "la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, supuestos que no han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada la magnitud y la significación que los atañe (...) Las reglas de prescripción de la acción penal previstas en el ordenamiento jurídico interno quedan desplazadas por el Derecho Internacional Consuetudinario y por la 'Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad', aunque dicha Convención haya sido aprobada por el Estado con posterioridad a la comisión del hecho, no se fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino que se reafirma un principio instalado por la Costumbre Internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos." Y, en la ya citada causa "Simón" - en lo que aquí interesa - se reafirmó lo sentenciado en la precitada causa en lo atinente a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, al establecer: "Ante el conflicto entre el principio de irretroactividad que favorecía al autor del delitos contra el ius gentium y el principio de retroactividad aparente de los textos convencionales sobre imprescriptibilidad, debe prevalecer este último, pues es inherente a las normas imperativas de ius cogens, esto es, normas de justicia tan evidentes que jamás pudieron oscurecer la conciencia jurídica de la humanidad" y que "la inaplicabilidad de las normas de derecho interno de prescripción de los delitos de lesa humanidad tiene base en el derecho internacional ante el cual el derecho interno es sólo un hecho" .

Que, por lo hasta aquí expuesto, no puede prosperar el planteo nulificatorio ensayado, ni la solicitud de prescripción de la acción penal desde que tal instituto no opera respecto de delitos como los aquí involucrados.

A) 1) b 2.- Ahora bien, en el antes citado resolutorio de fs. 155/157, el "a quo" considera: "...encontrándose regida la presente por el procedimiento impuesto en la Ley 2372, mientras que el expte. 149/02 lo hace por la Ley 23984, deviene pertinente unificar la normativa adecuando aquél a éste, por lo que los imputados deberán optar por el procedimiento a imprimírsele (art. 12 Ley 24.121), en relación, claro está a los hechos expuestos por Mirta Susana Clara...".

Cabe consignar que del examen de las actuaciones, surge que a fs. 523, mediante auto interlocutorio Nº 235/02 de fecha 23 de octubre de 2002, el señor Juez Federal resolvió revocar por contrario imperio lo ordenado en el punto IV de la resolución de fs. 155/157 en orden a la facultad de opción a los imputados prevista en el art. 12 de la Ley 24.121 señalando que: "... tal facultad le es otorgada al 'procesado o acusado' según reza el texto de dicha normativa; por lo que no habiendo persona alguna que reúna tal caracterización o calidad, es que tal disposición deberá ser REVOCADA por contrario imperio..." (sic). El destacado me pertenece.

Que dicha resolución fue debidamente notificada a todas las partes conforme surge de las constancias de fs. 523 vta. y 524, habiendo quedado firme y consentida, razón por la cual el planteo de nulidad promovido no puede prosperar.

A mayor abundamiento, corresponde en este acápite destacar que, más allá de que tal opción no se encuentra conminada bajo pena de nulidad en la normativa legal, contrariamente a lo que sostiene la Defensa Oficial, como se explicará seguidamente las disposiciones del derogado Código de Procedimientos en Materia Penal (Ley Nº 2372) no resultan aptas para regular procesos como el que es materia de examen.

Así, atendiendo a la época en que acontecieron los hechos investigados, y desde una visión superficial de la temática, resultarían aplicables las previsiones del ordenamiento supra citado.

Sin embargo, es menester aquí recordar el principio reconocido por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando resalta que las normas de naturaleza procesal resultan de aplicación inmediata a los procesos en trámite, encontrando única excepción en la expresa decisión de la ley sobreviviente o en los casos en que dicha aplicación afecte la validez de los actos procesales cumplidos y firmes bajo la vigencia de la normativa abrogada (C.S.J.N. Fallos 220:1250; 312:251; 310:2845; 312:466 y 1675; 306:2101) La Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, en relación a la aplicación de la ley procesal en una causa similar a la puesta a estudio de esta Alzada, sentó precedente en el caso "Corres" (Expte. Nº 1996/00, rto. 13/09/00), estableciendo que la ley aplicable para resolver los casos de violaciones de los derechos humanos es la que lleva el número 23.984: "... El Código Procesal Penal de la Nación es el que debe regir, en cuanto sea aplicable, la implementación y desarrollo de los juicios de la verdad en el ámbito de la justicia penal federal". El máximo Tribunal, convalidó posteriormente esa interpretación, al decir que: "...la intervención de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal se produjo dentro del marco de los recursos de su especialidad y lo resuelto se ajusta a las previsiones de la ley 23.984" - 21/05/01, XXXVI, "Corres, Julián Oscar s/ Recurso de Queja".

Resulta oportuno, al respecto, reproducir lo dictaminado en dicha oportunidad por el Procurador General ante la Suprema Corte, al consignar que: "...los casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como las ocurridas entre los años 1976 y 1983 exigen como imperativo insoslayable, y más allá de la posibilidad jurídica de imponer sanciones, una búsqueda comprometida con la verdad histórica (...). Precisamente, la administración de justicia penal - cuyo fin principal e inmediato está dirigido al descubrimiento de la verdad real, objetiva y sustancial de los hechos sometidos a enjuiciamiento (Alfredo Vélez Mariconde, Derecho Procesal Penal, tomo II, pág. 185, ed. Lerner, año 1968) - debe desarrollarse dentro del ordenamiento procesal que en mejor forma reconozca las garantías constitucionales del debido proceso (artículo 18 de la Ley Fundamental) y de la doble instancia (artículo 8º, inciso 2º, apartado h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) (...). Por ello, estimo que la investigación (...) con sus particulares características, se debe realizar en el marco del ordenamiento procesal establecido por la ley 23.984, que brinda adecuada satisfacción a las garantías constitucionales antes invocadas, pues asegura una instancia judicial superior al tribunal del proceso a todos aquellos que consideren afectados sus derechos por sus decisiones y 'hace al más acabado resguardo de los derechos y libertades de quienes acuden o son llevados a los estrados judiciales en demanda de justicia'"..." Así, la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación al supuesto de autos, no implica violación de garantía constitucional alguna, por cuanto las mismas sólo se refieren a la ley más favorable al imputado, sin comprender a las leyes procesales, regidas por otros principios que, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 217:804 y los allí mencionados), imponen su aplicación inmediata en tanto no medien las circunstancias indicadas más arriba. En este sentido, la Ley 23.984 resulta ser la ley procesal aplicable al caso, garantizadora del acceso a una instancia judicial superior a los ciudadanos que se entiendan afectados por las decisiones del Tribunal, más cuando de su libertad se trata (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 9 y 14; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8) Que, el criterio aquí esbozado es coherente con anteriores precedentes dictados por esta Cámara Federal de Apelaciones ("Alarcón, Luis Eugenio y otros s/ Denuncia Apremios Ilegales", Expte. Nº 23.141, S.I. Nº 228 registrada en el Tomo I, Fº 395/398 del Libro de Fallos de la Secretaría Penal, y más recientemente, "Giménez de Valladares, Nora del Valle s/ Denuncia Apremios Ilegales, Violación Calificada y Privación Ilegítima de la Libertad", Expte. Nº 23.175, S.I. Nº 8, registrada en el Tomo II, Fº 38/41 del Libro de Fallos de la Secretaría Penal de Derechos Humanos, ambas de este Tribunal), en los que se remitieron dichas actuaciones a la instancia de instrucción - sin perjuicio de la avocación de esta Cámara al conocimiento de las mismas en virtud de lo previsto en el art. 10 "in fine" de la Ley 23.049 - en resguardo de los derechos constitucionales que tienen como base el art. 18 de la Constitución Nacional, frente a las pautas establecidas por los Tratados de Derecho Internacional, y en orden a la garantía de la doble instancia.

Lo dicho, por cuanto la tarea judicial debe ser enmarcada en un orden cierto y seguro dentro de las normas vigentes, pues, como lo señalara nuestro más alto Tribunal (Fallos 213:290; 215:467; 274:64; 321:532), "en materia procesal debe estarse a la ley existente al momento de llevarse a cabo el proceso, y no a aquélla con vigor en la ocasión en que los hechos ocurrieron".

Que, a mayor abundamiento y con relación específica a la aplicación del art. 12 de la Ley 24.121 - Ley de Implementación y Organización de la Justicia Penal -, más allá de reiterar el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a que "no existe derecho adquirido a ser juzgado por determinado procedimiento, ya que tales normas son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la manera de descubrir o perseguir delitos" (Fallos 181:288; 193:192; 200:180; 249:343; 323:2037), debe advertirse - como se adelantara "ut supra" - que el mismo no resulta aplicable al caso en estudio. Ello, en razón que de que la Ley 23.984 es de aplicación automática por cuanto la retroactividad es el principio general en materia procesal, y desde que la opción a que refiere el artículo supra citado, no deviene aplicable a los procesos regidos por una ley especial, ya que tal disposición sólo alude a las causas que tramitaban bajo el procedimiento de la ley 2372 y no a aquéllas que fueran regidas, en algún momento, por una ley especial (en el "sub examine", Ley Nº 23.049, modificatoria de la Ley Nº 14.029, Código de Justicia Militar).

Finalmente es de señalar que conforme la doctrina adoptada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Llerena, Horacio L." (Fallos 328:1491, 17/05/2005), devendría de imposible aplicación - por inconstitucional - un procedimiento penal como el establecido por la ley 2372 en cuanto a que el mismo Juez sea de "instrucción" y de "sentencia", al contraponerse a la garantía de imparcialidad.

En tal sentido, en el fallo precitado y en relación a la garantía de la imparcialidad objetiva, se sentó que: "la forma de garantizar la objetividad del juzgador y evitar este temor de parcialidad está estrechamente relacionada con las pautas de organización judicial, en tanto éstas regulan la labor de los distintos sujetos del órgano jurisdiccional, en un mismo proceso", y que "... Existe una idea generalizada en torno a que la persona que investigó no puede decidir el caso, toda vez que esta acumulación de funciones no sólo se contrapone al principio republicano de división de poderes -expresado en el principio acusatorio-, sino porque puede generar en el imputado dudas razonables acerca de la posición de neutralidad de quien lo va a juzgar en el caso, luego de haber recopilado e interpretado prueba en su contra para procesarlo primero, y elevar la causa a juicio después".

En definitiva, las actuales normas procesales, además de las expuestas ventajas en relación a la efectiva realización del derecho penal, resultan también en una mayor protección de los derechos de los imputados.

Así las cosas, no se advierte irregularidad alguna que torne nulo el decisorio obrante a fs. 155/157 de los autos principales, por lo que no corresponde dar curso a la petición promovida en ese sentido.

A) 2) Que, a continuación se tratará el planteo defensista de nulidad en orden a la falta de fijación de los hechos en el auto de procesamiento en crisis y de los motivos en que la decisión se funda, en violación a lo prescripto por el art. 308 del C.P.P.N.

Que, dicho planteo fue expuesto en el escrito de apelación intentado a fs. 34/37 por la Defensa Pública Oficial y fundado oportunamente por esa parte. De igual forma, fue introducido por los Defensores Particulares, Dres. J.A.C. a fs. 127/142, y M.A.M. (fs. 144/157 y vta.), al momento de fundar los recursos previamente impetrados.

Coinciden los nulidicentes señalando la carencia del requisito de "somera enunciación de los hechos", establecida bajo pena de nulidad en el texto del art. 308 del digesto procesal, destacando en tal sentido que la trascripción de las testimoniales de las supuestas víctimas no basta para cumplimentar aquél. Asimismo, en cuanto a la fundamentación del fallo en crisis, alegan la carencia de motivación y valoración de los elementos de juicio por parte del juzgador, concluyendo en la arbitrariedad de la sentencia.

Así, atendiendo a la naturaleza de la resolución impugnada, corresponde verificar si se han observado en autos las reglas que apuntan a asegurar la garantía de la defensa en juicio, en lo relacionado con la individualización de los hechos imputados como al desarrollo de los elementos de juicio que sustentan el reproche (art. 308 y 123 del digesto procesal).

En relación a lo antes expresado, cabe señalar que no le asiste razón a las Defensas en el planteo ensayado por las consideraciones que siguen.

A) 2) a) En primer término - y a fin de realizar un correcto análisis de la cuestión traída a examen - debe destacarse la sistematización o estructura utilizada por el Inferior a efectos de dar tratamiento a las distintas denuncias, teniendo en cuenta la gran cantidad de sujetos implicados en la presente causa.

Es justamente en dicho entendimiento, que el propio juzgador refiere a fs. 7.710 - tras la reseña de los antecedentes de la causa y en forma previa a expedirse en los considerandos - que "... debido a la complejidad y extensión de la presente causa, como asimismo a la diversidad de sujetos denunciantes, y el tiempo ya transcurrido, se procederá a efectuar un análisis por separado respecto de cada denuncia y su respectivo Requerimiento de Instrucción Judicial, siguiendo a tal efecto la cronología desarrollada en el trámite de la causa...".

Que, de una detenida lectura del procesamiento en crisis, se aprecia que el "a quo" detalla una a una las denuncias que se agregaron a lo largo de estas actuaciones y su relación con la pertinente requisitoria fiscal de instrucción, siendo que - en cada caso - trata la situación de revista de los individuos imputados, determinando la función cumplida por los mismos, cotejando toda esa información con las demás probanzas arrimadas a estos autos (documentales, testimoniales, etc.). Ello, para corroborar la real ocurrencia de los hechos denunciados en circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la presencia de los sujetos imputados en ellos, estableciendo a su respecto la calificación legal dada a tales hechos, vale decir, el elemento jurídico de la imputación (fs. 7.712/7.784).

En tal sentido, refiere en cada supuesto a la acreditación tanto de la condición (funcionarios públicos) de los sujetos involucrados y a la intervención que les cupo en los acontecimientos analizados, como así también al carácter en el que se hallaban los denunciantes, otrora detenidos.

A continuación, y concluido el examen individual de las denuncias sometidas a consideración, el "a quo" refiere que "... si bien se trata de hechos individuales, existen elementos de juicio que posibilitan concluir en la presencia de aspectos comunes en cada caso, y que se mantuvieron en el devenir de los años. La prueba incorporada a la causa y enderezada a corroborar el hecho constitutivo de su objeto (Francisco J. D' Albora en Código Procesal Penal de la Nación, ed. 1999, pág. 379) ha sido producida en un todo de conformidad al estricto respeto a las distintas garantías constitucionales, merituando aquella que el suscripto ha considerado pertinente y relevante a los fines del decisorio, siempre teniendo en cuenta las particularidades propias y específicas de la causa, y su contexto histórico...".

Que, conforme lo expuesto precedentemente, resulta que la individualización de los hechos atribuidos a los encausados se encuentra cumplida en la medida que se hallan descriptos a través del detallado relato surgido de cada una de las denuncias materializadas y de donde surge, con el grado de probabilidad que la encuesta revela, la intervención que a los encausados les cupo en dichos acontecimientos.

A) 2) b) En cuanto al requisito de la descripción del hecho, la jurisprudencia es conteste en señalar que aún en los supuestos en los que no se hayan consignado las circunstancias de tiempo, no permite abrigar dudas de que se trata del mismo hecho por el que fueron indagados los imputados y que se configuró como objeto del proceso; la norma en este caso (art. 308 del C.P.P.N.), no exige que la descripción sea circunstanciada y, la inteligencia jurídica que cabe asignar al término "somero" es la de una enunciación no exhaustiva de los hechos pero que permita determinar la causal de procesamiento y la congruencia en lo sustancial con los sucesos que motivaron la indagatoria.

En cuanto a esta última faceta, Jorge A. Clariá Olmedo ("Tratado de Derecho Procesal Penal", T IV, Ediar, pág. 358) señala que: "... la descripción del hecho atribuido al imputado es la recepción del aspecto fáctico del elemento objetivo de la imputación. Con esa descripción se determinará el objeto procesal (...) en lo fundamental debe tratarse del mismo hecho con respecto al cual se intimó al imputado al recibírsele declaración indagatoria...".

Así las cosas, se advierte en autos una correlación o correspondencia entre las numerosas declaraciones indagatorias recibidas a los distintos encausados a lo largo de la presente causa y el procesamiento puesto en crisis, desde que en ellas se fija el objeto material del proceso (res iudicanda), el cual es reproducido al momento de resolver las situaciones procesales de los imputados, dándose de tal forma, acabado cumplimiento al principio de congruencia procesal.

Por lo demás, la mentada nulidad es de carácter relativo, sin que se advierta perjuicio o lesión alguna al derecho de defensa que, por otra parte, no ha sido especificado por los apelantes.

En tal sentido, tiene dicho nuestro máximo Tribunal "Una de las exigencias fundamentales para que proceda la declaración de nulidad de un acto procesal es la existencia de un perjuicio concreto, o sea, la limitación de un derecho del justiciable vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata a las garantías que son su causa; por consiguiente, tanto en el caso de una nulidad relativa como de una nulidad absoluta, es menester la demostración de un perjuicio real y concreto" (Fallos:323:929). Y que "la garantía de la defensa en juicio tiene desde antiguo carácter sustancial (Fallos: 189:306 y 391; 192:240 y 308; 193:487, entre muchos otros) y por ello exige de parte de quien la invoca la demostración del concreto perjuicio que pudo inferirle el presunto vicio de procedimiento y de la solución distinta que pudo alcanzarse en el fallo si no hubiese existido ese defecto (Fallos: 298:279 y 498).

A) 2) c) Al mismo tiempo, a mi criterio - teniendo en consideración el análisis efectuado con anterioridad en el ítem A) 2) a) - la motivación dada por el "a quo" en el decisorio puesto a examen, se halla satisfecha desde que está constituida por afirmaciones que encuentran sustento en las probanzas obtenidas durante la pesquisa, legítimamente incorporadas a estos actuados (declaraciones testimoniales que encuentran correlato con informes respecto de los lugares de prestación de servicios de los imputados, croquis ilustrativos realizados por los testigos de los lugares donde fueron detenidos, actas de allanamiento y reconocimiento de lugares, etc.).

En dicho marco, la exigencia de la motivación tiene por finalidad que se puedan conocer los fundamentos del juez para, de ese modo, evaluar si su decisión fue acertada. "Motivar", se dijo, significa "...consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo..." (Francisco J. D' Albora, "Código Procesal Penal de la Nación, anotado, comentado y concordado", T I, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, pág. 262).

Que, la alegada falta de autosuficiencia y de motivación de la resolución en crisis, carece de sustento toda vez que no surgen defectos o irregularidades tales que le quiten el carácter de acto jurisdiccional válido, o que contengan un vicio de tal entidad que lleve a este Tribunal a considerarla inexistente, cual es el resultado de la nulidad absoluta que se intenta.

Por lo demás - y como ya lo señaló esta Alzada en anteriores precedentes -, más allá del acierto o desacierto que pueda llevar la resolución recurrida, el Magistrado ha reseñado los fundamentos de su decisión, resultando el planteo efectivizado por las Defensas una mera discrepancia con el criterio sostenido, el cual hallará debida respuesta en el marco de los presentes considerandos.

Por lo expuesto, las pretensas nulidades devenidas del alegado incumplimiento de las prescripciones del art. 308 del C.P.P.N., carecen de sustento lógico y jurídico, correspondiendo su rechazo.

A) 3) Ahora bien, con relación a los restantes planteos de nulidades esbozados por la Defensa Pública Oficial al momento de la interposición el recurso de apelación (fs. 34/37), corresponden las siguientes consideraciones.

A) 3) a) Así, expone como causal de nulidad de lo actuado, la circunstancia de que sus defendidos (Luis Alberto Patetta, Horacio Alberto Valussi, Ramón Esteban Meza y José Marín), en oportunidad de habérseles tomado audiencia de declaración indagatoria en fecha 25 de septiembre de 2.007 y tras haber dejado expresa constancia de que se abstenían de declarar hasta tanto se les entregara por parte del instructor copias de las pruebas de cargo mencionadas en la ocasión, fueron notificados en fecha 27 del mismo mes y año del procesamiento dictado en su contra, sin que se les hubiera entregado las copias solicitadas, "quitándoles toda posibilidad física, material e intelectual de ejercer el derecho de defensa material y técnica..." (sic).

Que, la invocada nulidad no puede prosperar. Ello, por cuanto la interpretación de la nulidad de un acto procesal debe ser restrictiva y, como ya lo dijo este Tribunal (in re: "Dr. R.A.O. s/ Nulidad de Indagatoria", Expte. Nº 45.715, S. I. Nº 16/2008, reg. en el T II del Libro de Fallos de la Secretaría Penal de Derechos Humanos de esta Cámara) "... el acto cumplió con su finalidad primordial cual es la exteriorización del derecho de audiencia, que constituye uno de los pilares de la inviolabilidad de la defensa en juicio. El hecho que el declarante haya optado por solicitar copias y no se interiorizase en aquella oportunidad del material que le fuera referido en la audiencia, no merma la precitada garantía ni mucho menos vulnera el debido proceso legal como arguye la Defensa.", siendo este criterio plenamente aplicable a los argumentos trazados por el recurrente.

Abundando, y en relación a la solicitud de nulidad de un acto procesal, deviene necesario reseñar las exigencias fundamentales para su declaración, esto es, el perjuicio y el interés de las partes a su respecto.

Así, al analizar las circunstancias concretas de autos, se advierte que el planteo de nulidad argüido por la Defensa deviene improcedente, desde que el recurrente no acreditó de qué forma fueron afectados sus derechos, ni siquiera mencionó las defensas y medios probatorios que consecuentemente se vio privado de emplear - pero que aún puede ejercer - toda vez que: a) los imputados pueden declarar "cuantas veces quieran" (artículo 303 del C.P.P.N.) ya que nada impide el examen y nuevas declaraciones de los encausados en pos de optimizar el ejercicio de su defensa, y b) el auto de procesamiento detenta carácter provisorio y es revocable aún de oficio (artículo 311 del C.P.P.N.).

B) De la Motivación B) 1.- Que, resueltos los planteos nulificatorios intentados, corresponde ahora referirse a los motivos que sustentan los distintos recursos de apelación interpuestos.

En esta instancia deviene necesario recalcar - como lo sostuvo reiteradamente este Tribunal -, que la indicación de los motivos específicos sobre los que se basan los recursos presentados a conocimiento de esta Alzada, determinan el ámbito del agravio y el consecuente límite del recurso y de su propia competencia (artículos 438 y 445, primer párrafo del C.P.P.N.).

El juego armónico de las normas procesales precitadas, tiene por finalidad "restringir el conocimiento de la alzada a la descripción del agravio, que así se torna requisito insoslayable de admisibilidad..." (Francisco J. D'Albora, "Código Procesal Penal de la Nación", Tomo II, Lexis Nexis - Abeledo Perrot, 2003, p. 967), de allí que las cuestiones que no han sido materia de cuestionamiento al momento de deducción del pertinente recurso (motivación), quedan fuera de la decisión del tribunal de apelación, al haber quedado consentidas, y, por tanto, firmes.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado que "... la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos; si se prescinde de esa limitación y se resuelven cuestiones que han quedado firmes, se causa agravio a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y de la propiedad" (Fallos:260:216; 268:323; 276:216; 281:300; 301:925; 304:355; 310:999, entre otros).

B) 2.- Que, a fin de dar un orden para al tratamiento de los agravios propuestos a examen, se considerarán en primer término los planteos deducidos por el Señor Fiscal Federal "Ad Hoc" y por el querellante Dr. Mario Federico Bosch, teniendo en cuenta la similitud expuesta en los motivos que fundan sus presentaciones.

A continuación, se analizarán los planteos deducidos por las respectivas Defensas técnicas de los procesados en autos, dirimiéndose en primer lugar los agravios expuestos por el Dr. R.A.O. en ejercicio de la defensa técnica de Héctor Osmar Ramón Escobar (contra lo resuelto en los autos interlocutorios Nº 46/07 y 33/08), y posteriormente - en forma conjunta -, los expresados por la Defensa Pública Oficial y los Defensores Particulares, Dres. J.A.C. y M.A.M. por sus representados (Gabino Manader, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta, Alberto Horacio Valussi, José Francisco Rodríguez Valiente y José María Cardozo), en razón de la similitud que trasuntan los motivos en los que se sustentan dichos recursos.

B) 2.- A. Recursos de apelación del Fiscal Federal y el querellante:

En relación al agravio señalado por el señor Fiscal Federal (fs. 1/4) - y en igual sentido, el reclamo esbozado por el Dr. Mario F. Bosch a fs. 27/32 -en cuanto a que los procesamientos decretados contra Ramón Andrés Gandola; Enzo Breard y Alberto Horacio Valussi fueron dictados "sin prisión preventiva", dando amplios fundamentos para que tal situación se revierta - es decir que se confirme el procesamiento "con prisión preventiva" -, cabe hacer ciertas consideraciones para finalmente arribar a una conclusión que se compadezca con los requerimientos que este estadio procesal admite.

No obstante, debe destacarse que la motivación del agravio sustentado se limita a la modalidad del dictado de la prisión preventiva en los autos de procesamiento dispuestos, no a la procedencia de éstos últimos, cuestión que, respecto de Breard y Gandola no podrían ser objeto de examen - en el primer caso por no existir apelación deducida y en el segundo por haberse declarado desierto en esta instancia el recurso interpuesto por la Defensa - siendo que en relación a Valussi, se referirá a continuación, siendo asimismo motivo de estudio al momento de contestar los agravios apuntados por la Defensa Oficial.

B) 2.- A. a) En primer lugar resulta oportuno subrayar que el "a quo" decreta el procesamiento de Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard y Horacio Alberto Valussi, en virtud de las denuncias formuladas en su contra - respectivamente - por Mirta Susana Clara (fs. 32 y 59/62), María Gregoria Pérez (fs. 57 y vta. y 5.766/5.767) y Hugo Ramón Barúa (fs. 514/515 y vta.).

Así, en relación a Gandola, el Inferior analiza detenidamente los dichos de la denunciante en distintos momentos y lugares (fs. 7.712/7.716) concluyendo en la concreción y concordancia de los mismos a través del tiempo. Asimismo, confirma tales expresiones destacando su coincidencia con los testimonios prestados en autos por Elsa Siria Quiroz (fs. 592/597 y vta.) y María Gregoria Pérez (fs. 5.766/5.767 y vta.), quienes compartieron lugares de detención con la denunciante.

Por su parte, considera a los fines de la acreditación de la función y presencia de los imputados en los lugares de ocurrencia de los hechos, el contenido del acta de allanamiento practicado en la causa 1.546/75, caratulada: "Salas Néstor Carlos y otros s/ Asociación Ilícita e Infracción a la Ley 20840" en la que consta la presencia de Gandola en el domicilio del matrimonio Salas, así como los dichos del testigo de tal procedimiento (Pedro Antonio Arias de fs. 125) y testimonios prestados por Luciano José Gómez (fs. 81/82 y vta.) y Raúl Ceferino Lazzati (fs. 5.849/5.855), quienes cumplían funciones en la Brigada de Investigaciones en la época que se investiga, datos que corrobora refiriendo a las fojas de servicios (fs. 4.710/4.732) agregadas a estas actuaciones.

Que, por lo demás, refiere a la condición de funcionario público del encausado y a la de detenida política de la denunciante, concluyendo el Inferior en dicha instancia procesal y con la exigencia legal pertinente, en tener como autor - entre otros - de las torturas denunciadas por Mirta Susana Clara, a Ramón Andrés Gandola.

Similar análisis llevan los casos de Enzo Breard y Horacio Alberto Valussi. Respecto del primero nombrado, reseña en principio la denuncia formulada por María Gregoria Pérez (fs. 57 y vta. y 5.766/5.767) y, tras ubicar témporo-espacialmente los hechos aludidos, demuestra su existencia (como la presencia de los involucrados) a través de distintos testimonios prestados en autos por Eligia Flor, Antonio Oscar Pérez, José Luis Valenzuela, Ricardo Alejandro Vassel, Carlos Peino a fs. 6.798/6.802, 5.864/5.866 y vta., 5.857/5.859 y vta.5.834/5.37 y vta., respectivamente (quienes fueran detenidos en el mismo lugar y época referidos por la denunciante), así como por el testimonio de Raúl Ceferino Lazzati (quien declaró a fs. 5.849/5.855 haber trabajado en la Brigada de Investigaciones durante el período 1.975-1.976).

Por otra parte, remite a lo informado a fs. 67/72 y al acta de detención de personas obrante a fs. 2.847, elementos de los que deriva - respectivamente - la presencia de María Gregoria Pérez en la Brigada de Investigaciones y de personal policial (entre los que se encuentra Enzo Breard) en los procedimientos relacionados con el accionar de personas sindicadas como "subversivos".

Así, luego de una exhaustiva valoración de las probanzas existentes y reseñar las condiciones que revestían denunciante y denunciado, encuentra responsable a Breard de la comisión del delito imputado, en calidad de autor.

Respecto de Horacio Alberto Valussi, el instructor reseña los hechos denunciados por Hugo Ramón Barúa (fs. 514/515 y vta.), circunscribiendo la actuación ilícita del primero en el ámbito de la Brigada de Investigaciones (toda vez que el declarante denunció ser objeto de torturas también en su domicilio, al momento de su detención), teniendo por acreditada su intervención a través de la valoración de las declaraciones testimoniales prestadas en autos por José Luis Valenzuela (fs. 183/186 vta.), de Néstor Silvio Navarro (fs. 495/496 y vta.), de Elsa Siria Quiroz (fs. 592/597 y vta. y 6.138/6.142), de Eduardo Emilio Saliva (fs. 6.009/6.011 y vta.) y de Juan Simón Argañaraz (fs. 6.489/6.493).

En tal contexto, y tras apreciar los elementos de prueba el "a quo" determina la existencia del hecho anoticiado, así como la intervención de Valussi en calidad de autor de los mismos.

Ahora bien, específicamente en cuanto a la modalidad con que el Inferior decretó los pertinentes autos de procesamiento, es decir "sin prisión preventiva", tanto para Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard y Alberto Horacio Valussi, teniendo en cuenta que en ello centran los agravios el señor Fiscal Federal y el Dr. Bosch representante de la querella, es decir, no hubieron apelado el procesamiento de los mencionados sino la modalidad relativa a la prisión preventiva, el tratamiento que sigue es abarcativo de los tres casos. Así, resultando una cuestión de puro derecho a dilucidar, me he de referir en general concluyendo para los tres supuestos en lo que a dicha materia se refiere.

Concretamente, el "a quo" interpreta que la normativa aplicable al hecho por el cual se procesa tanto a Gandola como a Breard y Valussi, corresponde al art. 144 ter 1º y 2º párrafos del Código Penal (incorporado por Ley 14.616) que preveía una pena mínima conminada en abstracto de tres (3) años de reclusión o prisión, por lo que concluye el Inferior, atento a dicha penalidad mínima conminada en abstracto, "de conformidad a las previsiones contenidas en el art. 316 del Código adjetivo, no le correspondería, ante una eventual condena, pena privativa de libertad....", decretando así el procesamiento de los mencionados Gandola, Breard y Valussi "sin prisión preventiva".

B) 2.- A. b) Contra dicho decisorio se agravia el señor Fiscal en tanto considera que, para arribar a tal conclusión el "a quo" hubo aplicado 2 (dos) cuerpos normativos diferentes (leyes Nº 14.616 -art. 144 ter - y Ley 23.057 -art. 26, ambos C.P.), conformando así un tercer cuerpo normativo al que, en aras del principio de benignidad (art. 2º C.P.), estima aplicable.

En tal forma queda delimitado al respecto el "thema decidendum" en esta instancia como cuestión de puro derecho para dilucidar: en definitiva cuál es la ley aplicable en su integridad para el caso que nos ocupa, teniendo obviamente y sobre todo en cuenta el principio de ley penal más benigna (art. 2º del C.P.) como presupuesto del principio de legalidad (art. 18 C.N.).

Tanto el Código Penal de la Nación, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (estas dos últimas normas de rango constitucional), establecen expresamente la excepción al principio de irretroactividad de la Ley penal en el caso de que ésta sea más benigna, sea que se haya sancionado antes de la sentencia o bien durante la ejecución de la misma.

También es cierto que la ley penal más benigna no es sólo la que desincrimina o la que establece pena menor, puede tratarse también de la creación de una nueva causa de justificación, o de inculpabilidad, o bien de un impedimento a la operatividad de la penalidad (conf. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Tratado de Derecho Penal-Parte General. T.I -pág. 463).

Para determinar en definitiva si una u otra ley penal es más benigna, debe tenerse precisamente en cuenta tanto la ley como sus efectos en el caso concreto.

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en numerosas oportunidades que es regla de interpretación de las leyes, dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera tal que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 303:248; similar sentido Fallos 143:118; 183:241; 303:612, entre otros).

Lo que ello significa es que el principio de benignidad, inmanente a todo el derecho penal, debe resolverse en el caso concreto adoptando integralmente la legislación que preserve dicho principio, no siendo posible fragmentar esa unidad legislativa tomando partes de una ley y partes de otra, pues en ese caso con invocación de la benignidad en rigor no se estaría aplicando "la Ley" más benigna frente a "la otra Ley" que comparativamente sea más gravosa, sino que se está aplicando una "tercera ley" de pura creación judicial, lo que no resulta posible. "Todo ello determina que la individualización de la ley más benigna debe hacerse en cada caso concreto, tomando por separado cada una de las leyes, sin que sea permitido tomar preceptos aislados de una y otra, lo que implicaría formar una tercera ley, 'llena de hibridismo'". (Zaffaroni-ob.cit.-pág. 464).

B) 2.- A. c) En concreto y referido ya específicamente al caso que nos ocupa, el Inferior decreta el procesamiento (art. 306 C.P.P.N.) de Ramón Andrés Gandola; de Enzo Breard y de Alberto Horacio Valussi (puntos XI; XIII y XV del resolutorio en crisis) y lo hace en los tres casos "sin prisión preventiva"; habiéndolos considerado para ello prima facie responsables del delito de "Tormento Agravado" previsto y reprimido por el art. 144 ter -1º y 2º párrafos del Código Penal (Incorporado por Ley Nº 14.616), todos también en relación a 1 (un) hecho en calidad de Autor (art. 45 del C.P.) Es así que en el espectro temporal de validez de la ley penal, conforme el principio de benignidad estatuido por el art. 2º del C.P. como corolario del principio de legalidad consagrado en el art. 18 C.N., tenemos en consecuencia dos normas aplicables al hecho en cuestión y una al extremo de la otra.

La primera es la Ley 14.616 que incorpora al Código Penal la figura del Tormento Agravado en el art. 144 ter que, conjugado en sus párrafos 1º y 2º, establecen una penalidad conminada en abstracto que va desde los tres (3) a los quince (15) años de reclusión o prisión; la segunda es la Ley 23.097 que modifica el art. 144 tercero estableciendo en su Inc. 1º que la pena conminada en abstracto para el delito de "Tormento Agravado" tiene como mínimo ocho (8) años de reclusión o prisión y como máximo veinticinco (25) años de reclusión o prisión.

Se complementa este espectro normativo temporal y extremo, conformando su integralidad, con la totalidad del Libro Primero del Código Penal, fundamentalmente en lo que interesa a estos obrados, con la totalidad del Título III -Condenación Condicional - (arts. 26 a 28 C.P.), vigente al momento de cada uno de los extremos mencionados.

Así es que tomando en cuenta la penalidad con que en abstracto se conmina al delito de Tormento Agravado (art. 144 ter 1º y 2º párrafos - Ley 14.616 - y 144 tercero Inc. 1º Ley 23.097 -) sin mayor hesitación surge en forma evidente que la Ley penal más benigna es la primera, es decir el art. 144 ter 1º y 2º párrafos Ley 14.616, de tres (3) a quince (15) años de reclusión o prisión. Tal, por otra parte, es la postura que ensaya el Inferior y que en rigor no fuera motivo de agravio ni por el señor Fiscal ni por la Querella.

Ahora bien, refiriéndonos específicamente al tema de la posibilidad de condenación condicional prevista en el art. 26 del C.P., resta dilucidar cuál de las normativas se aplicaría al caso "sub-examine" y conforme se expondrá, tal alusión es al solo efecto de determinar la ley penal más benigna en su real significación.

El señor Fiscal Federal estima que debe aplicarse el art. 26 C.P. vigente al momento de la Ley 14.616, y el señor Juez entiende que debe aplicarse el actual art. 26 C.P. vigente desde la sanción de la Ley 23.057.

Como se señalara anteriormente, la ley penal que en definitiva ha de aplicarse, debe ser tomada integralmente, es decir para ello la parte general del Código Penal en todo el período que abarca de un extremo normativo (Ley 14.616) hasta el otro (Ley 23.097) queda comprendido como de la primera.

Ello así en tanto la Ley 23.057 (publicada en el Boletín Oficial el día 05/04/84) conforma la parte general del Código Penal y es por lo tanto aplicable a todos los tipos penales de la parte especial, como así en lo que sea pertinente, a las normas procesales como ser la prisión preventiva y la excarcelación; todo ello hasta el dictado de la ley 23.097 (publicada en el Boletín Oficial el día 29/10/84), donde a partir de allí se forma la nueva integralidad conjugando el tipo previsto por el art. 144 tercero Inc.1º C.P. con la condenación condicional prevista en el art. 26 C.P. (t.o Ley 23.057).

Repárese que la conclusión a que se arriba, en modo alguno significa tomar dos normas penales para formar una tercera, pues hasta el dictado de la norma que constituye el extremo más gravoso (Ley 23.097), el art. 144 ter 1º y 2º párrafos C.P. (t.o. Ley 14.616) y el art. 26 C.P. (t.o. Ley 23.057) conformaron una integralidad normativa.

De tal forma, entiendo que la normativa aplicable al caso que nos ocupa es la prevista por el art. 144 ter 1º y 2º párrafo C.P. (t.o. Ley 14.616), y que a los efectos de efectuar el análisis o prognosis acerca de la eventualidad de una condenación condicional, debe tomarse en cuenta lo preceptuado por el art. 26 C.P. (t.o. Ley 23.057).

B) 2.- A. d) En tal inteligencia y en relación a lo resuelto por el Inferior, en tanto decreta el procesamiento de Gandola, Breard y Valussi "sin prisión preventiva", cabe señalar desde ya que no corresponde su análisis en esta instancia siendo por ello improcedente el recurso concedido al Ministerio Público Fiscal y a la querella en tal sentido.

Así, comparto el criterio jurisprudencial que sostiene que: "Resulta improcedente el recurso de apelación deducido contra la prisión preventiva del imputado ordenada en el auto de procesamiento pues no se halla prevista expresamente, sin perjuicio de que dicha medida cautelar pueda ser revisada por vía de los institutos regulados en el Título IV, Capítulo 7 del Código Procesal Penal de la Nación" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VI, 15/03/01, "Tolosa Martín", La Ley 2.001 - E - 464) El mismo Tribunal también ha señalado: "No resulta susceptible de ser cuestionado mediante el recurso de apelación todo pronunciamiento - en el caso, el Fiscal lo había deducido porque el Magistrado de primera instancia decretó el procesamiento del imputado sin prisión preventiva - relativo al dictado o no de la prisión preventiva del imputado en el auto de procesamiento" (Campione, Gustavo, DJ 2.001- 3, 193) Por su parte, la Sala I de la precitada Cámara (in re "Ríos Mario A.", 05/03/02, La Ley 2.002 - E - 104, DJ 2.002 - 2, 1171) sostuvo en relación al tema que: "Resulta inadmisible el recurso de apelación deducido por el fiscal contra la no imposición de prisión preventiva al momento de dictar el procesamiento del imputado, toda vez que no causa gravamen irreparable, ya que la cuestionada libertad del acusado podrá cesar en caso de arribarse a una condena de efectivo cumplimiento".

Precisamente es de destacar que en los presentes obrados, restan múltiples e importantes diligencias instructorias como también medidas probatorias que pueden hacer variar la situación que hoy motiva la impugnación del Señor Fiscal y la querella, es decir, la modalidad - sin prisión preventiva - con que se decretara el procesamiento de Gandola, Breard y Valussi.

De cualquier manera y a todo evento, tengo el criterio que en todas las medidas cautelares que versen sobre la libertad del imputado, como la prisión preventiva, el monto de la pena conminada en abstracto, así como la posibilidad o no de que en caso de eventual condena pudiere corresponderle al imputado una de ejecución condicional, no son más que elementos objetivos que se valorarán juntamente con otros, para determinar la necesidad del encierro cautelar.

No existen al respecto, para esta Alzada, delitos inexcarcelables "per se", o que solamente puedan ser objeto de procesamiento con prisión preventiva. Por el contrario, en todos los casos se analiza si es que resulta, como pronóstico probable, que el imputado eluda la acción de la justicia o entorpezca la investigación (art. 319 del C.P.P.N.), para resolver en definitiva lo relativo a su libertad o privación de libertad antes del juicio.

Ello, en cuanto a criterio general sin entrar al análisis particular de las situaciones de los procesados Gandola, Valussi y Breard, por no corresponder - como se señalara - hacerlo en esta instancia, en tanto el agravio del Ministerio Público Fiscal y la querella que fuera "thema decidendum" del decisorio, se circunscribe a la modalidad con que se decretara el procesamiento y no al procesamiento en sí mismo que es lo único apelable de conformidad con lo preceptuado por el art. 311 del C.P.P.N.; es más, conforme reza la citada norma, en juego armónico con el art. 82 y 435 del mismo texto legal en cuanto limitan la actividad recursiva del querellante, éste, en principio, carecería de legitimación para apelar el procesamiento y así lo entiende gran parte de la doctrina y jurisprudencia.

En tal contexto, se ha dicho que: "La taxatividad imperante en materia recursiva y que con relación a la figura del querellante ratifica el artículo 435 del C.P.P.N., el 311 de la misma normativa le excluye expresamente la posibilidad de apelar el auto de procesamiento aún cuando el agravio verse sobre la calificación del hecho atribuida al imputado, admitiéndolo sólo respecto del auto de falta de mérito." (Cám. Criminal y Correccional Federal, Sala I, "Guerra, Domingo s/ Procesamiento", 14/08/98), y que: "Resulta inapelable, para el querellante particular, la resolución del auto de procesamiento, en tanto la ley procesal no le ha reconocido facultad para recurrirlo" (Sup. Tribunal Santiago del Estero, "F.R.A., P.A.C. y otros s/ Apelación", 10/04/2.006).

No obstante ello, queda perfectamente claro para el suscripto que, contemplado el querellante en la legislación federal argentina como una arista evolutiva del "derecho a la jurisdicción", se ha subido el piso de garantías que fijaran los Pactos, estableciéndose un nuevo y mejor estándar para el derecho interno, que no resulta susceptible de ser revocado -en tanto ya constituye un "nuevo derecho fundamental del ciudadano"-.

Criterio por otra parte sostenido por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Santillán" (Fallos 321:201) en el sentido que el derecho que reconocen los arts 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es coincidente con el derecho a la jurisdicción, consagrado implícitamente en el art. 18 CN, como la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes.

Con ello queda claro que para quien suscribe el querellante tiene derecho a recurrir las resoluciones judiciales que estime adversas a sus pretensiones, aún cuando normativamente no esté así dispuesto (art. 311 CPP), pues únicamente así quedaría a su respecto, garantizado el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial "efectiva".

Pero también queda claro que dicha potestad recursiva no es ilimitada, como no lo es para el Fiscal, ni siquiera para el imputado para quien más que nadie se pretende preservar además la garantía de la doble instancia.

En el caso que nos ocupa, a diferencia de los supuestos en que la Corte se expidió respecto a las facultades recursivas del querellante ("Santillan"), hay coincidencia en cuanto a las apelaciones del Fiscal y del querellante, y ninguno de los dos apela el procesamiento, obviamente porque no disienten por ello con el Inferior, solamente apelan porque dicho procesamiento lo fue "sin prisión preventiva", y es en tal inteligencia que estimo improcedente el recurso, por cuanto en modo alguno queda afectada la tutela judicial efectiva del querellante o del Fiscal en su caso ni tampoco se vulnera en modo alguno la garantía de la doble instancia a su respecto.

El auto de procesamiento aún en el caso que fuese confirmado o no por el Tribunal de Alzada, no causa estado y puede ser modificado a lo largo del proceso instructorio en uno u otro sentido, ya agravándolo o no; con más razón en lo referente a la forma con que se decretó dicho procesamiento, es decir con o sin prisión preventiva.

Reitero al respecto lo ya señalado para el Ministerio Público Fiscal en cuanto a que es de destacar que en los presentes obrados, restan múltiples e importantes diligencias instructorias como también medidas probatorias que pueden hacer variar la situación que hoy motiva la impugnación del Señor Fiscal y la querella, es decir, la modalidad - sin prisión preventiva - con que se decretara el procesamiento de Gandola, Breard y Valussi, consecuentemente podría ser evaluado por esta Alzada un decisorio respecto de dicha cuestión, dándose los presupuestos.

Por tales consideraciones, devienen improcedentes los recursos de apelación interpuestos por el Dr. Mario F. Bosch a fs. 27/32 y por el Señor Fiscal, en este último caso, sólo en lo que respecta a la modalidad "sin prisión preventiva" con que se decretara el auto de procesamiento en crisis relacionado a Gandola, Valussi y Breard.

B) 2.- B. Recursos de apelación del Dr. R.A.O. en representación de Héctor Osmar Ramón Escobar.

Siguiendo el orden de análisis propuesto previamente, corresponde ahora considerar los agravios vertidos a fs. 5/11 y vta. del Expte. Nº 46.076 y 72/78 y vta. del Expte. Nº 46.174 por el Dr. R.A.O., en ejercicio de la defensa técnica del procesado Héctor Osmar Ramón Escobar.

Que, la motivación de los recursos de apelación deducidos se sustentan en la inexistencia de pruebas que demuestren la participación de Escobar en los hechos que se investigan en la presente causa, señalando que, de la enunciación de las probanzas referidas como elementos de cargo en su contra al momento de recibírsele declaración indagatoria - y sus posteriores ampliaciones -, no surge elemento alguno que lo incrimine.

Por lo demás, se agravia el recurrente de la carencia de valoración y fundamentos de elementos probatorios por parte del "a quo" para concluir en la responsabilidad de Héctor Escobar, destacando en tal sentido que el Inferior sí lo hace "... con relación a los otros imputados", solicitando se modifique en el punto el resolutorio puesto en crisis.

B) 2.- B. a) Que, en forma previa al desarrollo de mi decisión respecto de la procedencia de los recursos intentados, deviene oportuna una reseña de las constancias de los autos principales a fin de poder comprender el contexto de la imputación formulada a Escobar. De tal manera, se aprecia que a fs. 2.461/3.060 se acumula a la presente, la causa: "HUGO A. DEDIEU Y OTROS S/ APREMIOS ILEGALES", Expte. Nº 635/85 la cual se halla conformada por distintas declaraciones en las que se denuncian apremios y torturas sufridos en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco por personas que estuvieran allí detenidas.

Así - y en lo que interesa a la situación en trato -, a fs. 2.927/2.930 obra declaración indagatoria prestada por Escobar ante esta Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia "...en averiguación de los delitos de apremios ilegales y torturas denunciados por Hugo Alberto Dedieu, Laureno Lorenzo Guzmán, Jorge Luis Migueles, Daniel Enrique Ferracini, Raúl Horacio Cracogna, Gregorio Magno Quintana, Héctor Edgardo Costas, Rubén Alcides Arce, Raúl Fernando Junco y Juan Simón Argañaraz que se investigan en esta causa...", oportunidad en la cual el encausado refirió en lo sustancial, que prestó servicios en la División Investigaciones hasta inicios del año 1.977, y que no recordaba haber intervenido en los aspectos que se le preguntaban respecto de los ciudadanos nombrados, a excepción del caso de Laureano Lorenzo Guzmán en el que intervino como secretario en el sumario de prevención, actuando como auxiliar dactilógrafo en la redacción del acta pertinente. Asimismo, refirió que en la ocasión no se produjeron los hechos denunciados toda vez que la diligencia se desarrolló normalmente.

Que, a fs. 2.995, en fecha 29 de junio del año 1.989, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dispuso sobreseer provisionalmente la presente causa de conformidad a lo dispuesto por el art. 339, inc. 1º del Código de Justicia Militar, mientras que a fs. 3045/3054 (en fecha 27 de octubre de 2.004) declara la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, considerándolas inaplicables a la causa "Hugo A. Dedieu y otros s/ Apremios Ilegales", y en consecuencia rechaza los pedidos de sobreseimiento definitivos formulados por las respectivas defensas de los encausados, ordenando se continúe con la investigación de las circunstancias que hacen a los hechos ilícitos denunciados en los precitados autos, remitiendo a tal efecto las actuaciones al Juez Federal para la continuación del trámite.

En tal situación, a fs. 7.286/7.287 el Inferior dispone la inmediata detención de Héctor Osmar Ramón Escobar, respecto de quien ordena la ampliación de su declaración indagatoria, oportunidad en la que se le exhibieron los elementos probatorios obrantes en su contra, optando el prenombrado por abstenerse de declarar (fs. 7.351/7.352).

Como corolario, el "a quo" dicta en su contra auto de procesamiento con prisión preventiva (punto VIII de la parte resolutiva del auto interlocutorio Nº 46/07) "... por encontrarlo 'prima facie' Responsable del delito de 'Tormento Agravado' previsto y reprimido por el art. 144 Ter 1º y 2º párrafo del Código Penal (incorporado por Ley 14.616) en Concurso Real (art. 55 del Cód. Penal) en Dos (2) Hechos, mencionados en los considerandos, en calidad de Autor" (sic), respecto de Juan Simón Argañaraz y Rubén Arce.

Posteriormente (fs. 9.491/9.492) se produce una nueva ampliación de declaración indagatoria de Escobar en la cual se le hacen saber los elementos incorporados como material probatorio relacionados con los hechos que se investigan en la causa (fs. 7.856/7.860; 8.105/8.107; 8.108; 8.139 y 8.604; y Prontuarios remitidos por la División Antecedentes Personales de la Policía de la Pronvincia del Chaco).

En dicha oportunidad el encausado manifestó en lo sustancial que se remitía a lo declarado ante esta Cámara Federal de Apelaciones en el año 1.987 refiriendo haber actuado como Secretario de Actuaciones en expedientes relacionados con la subversión, tarea que le fuera encomendada por ser un dactilógrafo veloz, y que anteriormente se había abstenido de declarar al desconocer los hechos delictivos que se le imputaban, destacando asimismo que nunca apremió o torturó a persona alguna, "ni dentro ni fuera de mi función policial".

Que, mediante auto interlocutorio Nº 33/08 el Señor Conjuez Federal resuelve ampliar el auto de procesamiento dispuesto contra Héctor Osmar Escobar, endilgándole la comisión de seis (6) hechos más de tormentos agravados (art. 144 ter, 1ro. y 2do. párrafos del C.P. según Ley 14.616), en calidad de autor.

B) 2.- B. b) I.- Ahora bien, luego de un detenido y pormenorizado examen de las respectivas fojas que se señalan a fs 7.351/7.352 como elementos incriminatorios en relación a Escobar (y que motivaran el dictado del auto interlocutorio Nº 46/07), entiendo que aquéllos no son tales. En ese sentido, y para mayor ilustración, se reseñarán las mismas indicando en cada caso su contenido.

En primer término se enumeran las fs. 2.461/3.060, en las que - como se refirió más arriba - consta la agregación de los autos "Hugo A. Dedieu y otros s/ Apremios Ilegales" a la causa principal (Nº 243/84); a fs. 3.380/3.395 obran planillas de detenidos de la Dirección de Investigaciones durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 1.977. No se advierte al respecto, la vinculación de Escobar con dicha nómina desde que el antes nombrado se desempeñó en la Dirección de Investigaciones Capital sólo hasta el 26/05/77 cuando por Disp. Int. Nº 4/77 se ordenó su pase a la División Antecedentes Personales, dato éste que surge de las Fojas de Servicio agregadas a fs. 4.715/4.716 y 4.730/4.731.

Surge de fs. 4.000/4.003 y fs. 5.362/5.363 la Planilla de personal que revistó en Investigaciones durante el año 1976 - sin especificación de fechas - donde aparece el nombre de Héctor Osmar Escobar, sin que dicho elemento se encuentre contradicho en autos o aporte algún otro dato que no sea su desempeño en dicho lugar.

Por su parte, a fs. 4.102, 6.902/6.904 y 6.991 se agregan planos del edificio sito en calle Marcelo T. de Alverar Nº 32, remitidos por distintos organismos públicos provinciales que en nada contribuyen respecto al encausado.

En relación a las documentales contenidas de fs. 4.105 a 4.127, esto es copias de declaraciones prestadas por personas detenidas en Investigaciones en la época objeto de pesquisa, cabe señalar que en ninguna de ellas aparece el sello o firma de Héctor Escobar como sumariante. Asimismo, a fs. 4.125 obra acta de detención de Víctor F. Giménez y quien suscribe la misma es "José Escobar - Oficial Auxiliar", datos éstos que no coinciden con la identidad ni jerarquía detentada por Héctor O. Ramón Escobar, quien se desempeñaba en aquella época como Oficial Sub Ayudante.

En las fojas numeradas 4.516/4.518 y 5.714/5.717, 5.735, 5.903/5.905 y vta., 6.652, 6.654/6.655, 6.887/6.888 y 6938/6941 se agregan constancias nada tienen que ver con la situación de Héctor Escobar y menos aún como elementos incriminantes a su respecto.

A fs. 4.715/4.716 y 4.730/4.731 obran las Fojas de Servicio de Héctor O. R. Escobar, de las que surge su pase a la Dirección Investigaciones Capital el 28/05/75, hasta el 26/05/77 Respecto de la declaración agregada a fs. 5.849/5.854, que fuera prestada por Raúl C. Lazzati quien se desempeñara como sumariante en la Dirección de Investigaciones en la época que se indaga, no refiere en ningún momento a Escobar, razón por la cual tampoco reviste carácter incriminante a su respecto.

Abundando, las declaraciones de fs. 6.215/6.217, 6.218/6.222 y vta., 6.254/6.258 y vta., 6.259/6.263, 6.266/6.270, 6.489/6.493 y vta. y 6.541/6.545 y vta., que corresponden respectivamente a los ciudadanos Dedieu, Cracogna, Migueles, Arce, Ferracini, Argañaraz y Quintana, cuyas denuncias conformaran el objeto de investigación en la causa "Hugo A. Dedieu y otros s/ Apremios Ilegales", y en las que nada se dice en relación a Héctor Escobar.

B) 2.- B. b) II.- Por su parte, de las fojas dadas a conocer al encausado en la oportunidad de su ampliación indagatoria de fs. 9.491/9.492 (de fecha 6 de marzo del año en curso), entiendo que tampoco surgen datos o constancias que inculpen a Escobar en los eventos que se investigan.

Así, a fs. 7.856/7.860 se agrega la declaración testimonial prestada por Héctor E. Costas en la que si bien refiere algunos nombres de presuntos involucrados en los hechos de torturas denunciados (v.gr. Caballero, Manader, Yedro, Rodríguez Valiente), no menciona en ningún momento a Escobar como partícipe de tales sucesos.

A fs. 8.105/8.107 obra declaración testimonial prestada en la causa principal por Roberto Oscar Serrano. En dicha ocasión, el antes nombrado ratificó su deposición ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco agregada a fs. 8.307/8.311, oportunidad ésta donde señaló que Héctor Ramón Escobar - entre otros - trabajaba en la época investigada en la División de Sumarios, reconociendo su fotografía y refiriendo al respecto: "la Nº... es Ramón Escobar, oficial ayudante y trabajaba en Sumarios".

En relación a las fs. 8.108 y 8.139, nada aportan respecto a Escobar, siendo que a fs. 8.604 consta la incorporación y reserva por Secretaría del expte. "Acuña, Elvira Haydée y otrs s/ Actividades Subversivas" y Prontuarios remitidos por la División Antecedentes de la Policía de la Provincia del Chaco, elementos utilizados luego por el "a quo" para inferir la presencia de Escobar en la Brigada de Investigaciones.

Que, indicadas que fueran las pruebas existentes en contra de Héctor Osmar Ramón Escobar, puestas en su conocimiento tanto a fs. 7.351/7.352, como a fs. 9.491/9.492, considero que no surge dato o elemento alguno del cual pueda derivarse la intervención del antes nombrado en los eventos objeto de investigación, por lo que le asiste razón a la Defensa técnica en cuanto refiere tal extremo.

B) 2.- B. c) Que de la atenta lectura de los resolutorios en crisis, en lo que hace a las consideraciones del "a quo" para resolver la situación procesal del encausado Escobar, devienen idénticas conclusiones.

Así, se observa - siguiendo la metodología utilizada por el Inferior para el tratamiento de las distintas denuncias que conforman la causa principal - que examina las diferentes declaraciones agrupadas en el expediente "Hugo A. Dedieu y otros s/ Apremios Ilegales", Expte. Nº 635/85 refiriendo en concreto, una a una, a las prestadas a lo largo del trámite de la causa.

En ese marco, analiza los testimonios de Jorge Luis Migueles (fs. 2.478/2.485, 2.623 y vta. y 6.254/6.258 y vta.), Héctor Edgardo Costas (fs. 2.538/2.547 y 2.656 y vta.), Raúl Horacio Cracogna (fs. 2.507/2.516, 2.709 y 6.218/6.222), Hugo Alberto Dedieu (fs. 2.700/2.701, 2.812/2.814, 6.215/6.217 y vta.), Juan Simón Argañaraz (fs. 2.823/2.825 y vta.), Daniel Enrique Ferracini (fs. 2.841/2.843 y 6.266/6.270), Rubén Alcides Arce (fs. 6.259/6.6.263) y Gregorio Mario Quintana (fs. 5.270, 6.541/6.545 y 7.856/7.860), transcribiéndolos y señalando las coincidencias existentes entre ellos. En cada caso, asimismo, refiere a los elementos que hacen a la acreditación de circunstancias de tiempo y modo de ocurrencia de los hechos denunciados, así como a la intervención en ellos de los sujetos individualizados en sendas denuncias, entre los que no se encuentra - vale la pena aclararlo - Héctor Osmar Ramón Escobar.

Que en ese orden de ideas, el Inferior concluye en el auto interlocutorio Nº 46/07 atribuyendo a Escobar la comisión del delito tipificado en el art. 144 ter, 1ro y 2do párrafos del C.P. (Texto según Ley Nº 14.616) en calidad de autor, en relación a los ciudadanos Argañaraz y Arce; ampliando en el auto interlocutorio Nº 33/08 dicha acusación para los casos de los ciudadanos Migueles, Costas, Cracogna, Dedieu, Ferracini y Quintana, sin que - reitero -, se advierta mención de elemento probatorio que sindique a Escobar en dichos sucesos, ni consideración alguna para justificar la conclusión inherente a su responsabilidad en los mismos.

Así, a manera de reseña, de las declaraciones prestadas por Jorge Luis Migueles en las fojas arriba citadas, surgen como autores de los tormentos sufridos por él y los demás detenidos en la Brigada de Investigaciones, Manader, "Cabo Sotelo", Silva Longhi y Cardozo; Héctor Edgardo Costas sindica a Caballero, Manader, Rodríguez Valiente y Sotelo; por su parte Raúl Horacio Cracogna señala a Thomas, Ceniquel, Silva Longhi, Manader y Marín como las personas que interrogaban y apremiaban; Hugo Alberto Dedieu destaca la participación de Rodríguez Valiente, Manader, Cardozo, Silva Longhi, Meza y "Cabo Sotelo"; Juan Simón Argañaraz sindica por su parte a Manader, Cardozo y Rodríguez Valiente; Daniel Enrique Ferracini refiere como autores de las torturas a Manader, Silva Longhi, Rodríguez Valiente, "Cabo Sotelo" y Thomas; y Gregorio Magno Quintana sindica en sus testimonios a Caballero, Silva Longhi, Marin, Cardozo, Manader, Rodríguez Valiente y Breard.

Ahora bien - refiriéndome específicamente a los fundamentos expuestos por el "a quo" en la resolución Nº 33/08 para endilgar a Escobar la autoría de tormentos agravados respecto de Migueles, Costas, Cracogna, Dedieu, Ferracini y Quintana -, el juzgador destaca: "...Asimismo, de la constancia de fs. 2.054 de la causa "ACUÑA ELVIRA HAYDEE Y OTROS S/ ACTIVIDADES SUBVERSIVAS" Exp. Nº 384/83 del registro del Juzgado Federal de ésta Ciudad, se desprende la participación del encartado en los hechos relacionados con la denominada -por las fuerzas de seguridad- como "lucha antisubversiva", como asimismo de fs. 458 donde comunica la libertad de las personas detenidas a disposición del Jefe del Area Militar 233, o de fs. 461 donde recibe a detenidos a disposición del Area Militar 233, e indagatorias recibidas en su presencia a Raúl Angel Ledesma fs. 462/463, Boris Angeloff fs. 464/465; Alberto Antonio Racca fs. 466/467, Eulogio Legunda fs. 468 y vta., Juan Bautista Valdez fs. 469/470, Elias Legunda fs. 471 y vta., Julián Díaz de fs. 472 y vta., Juan Carlos Farias fs. 473 y vta., Juan Carlos Valdez fs. 474 y vta., Luis Valdez fs. 475/476; Laureano Lorenzo Guzmán fs. 479/483, Juan Carlos Bustamante fs. 484/486, Aparicio Jesús Noriega fs.490/491, y los que se desprenden de las constancias de fs. 492/518, fs. 635/648 y vta, la de Walter Valentín Medina de fs. 649/653, 654/717 y vta., fs. 1124/1170..." (sic) Del cotejo de las fojas reseñadas en el párrafo que antecede se advierte que el instructor infiere la presencia de Escobar en el ámbito y época que se indagan, cuestión ésta que no se encuentra controvertida en autos, siendo que por otra parte, dicho dato no alcanza para tener por "probable" su participación en las torturas denunciadas.

Así, baste destacar que se le imputan a Escobar ocho (8) hechos de tormentos respecto de personas que se hallaban detenidas en la Brigada de Investigaciones durante los meses de mayo y junio del año 1.976 (conforme surge de las propias declaraciones de los denunciantes y otros elementos incorporados a estos autos como ser los Prontuarios personales remitidos por la Policía de la Provincia del Chaco), siendo que los testimonios que señala el "a quo" para fundar su presunta participación en las torturas denunciadas, datan del mes de octubre del mismo año.

Más aún, ninguno de los nombres reseñados como personas cuyas declaraciones indagatorias fueran recibidas en presencia de Escobar, coincide con las que posteriormente denunciaran apremios o torturas, o aparecieran - hasta el momento - en la causa testimoniando tales actos o la participación de Escobar en ellos.

Por lo demás, de las constancias citadas y de otras no referidas por el Inferior y que componen la causa "ACUÑA ELVIRA HAYDEE Y OTROS S/ ACTIVIDADES SUBVERSIVAS" Exp. Nº 384/83 del registro del Juzgado Federal de esta Ciudad (la que se tiene a la vista), sólo se aprecia el accionar de Escobar como miembro de una fuerza de seguridad, en cumplimiento de tareas inherentes a la misma en su alegada calidad de actuario - comunicación de libertad de personas (fs. 458), recepción de detenidos (fs. 450, 461, 500 vta., 514, 2.054 entre otras) escribiente en recepción de declaraciones indagatorias -, como tantos otros individuos que, conforme surge de las constancias de autos, se desempeñaban en la Brigada de Investigaciones en el tiempo de acaecimiento de los hechos denunciados.

B) 2.- B. d) En todo este contexto, se advierte una carencia de valoración de la situación de Escobar, para la atribución de la imputación que formula sin que aparezcan consignadas las razones que fundan su decisión, a contrario - como bien señala su Defensa - de lo que ocurre con los demás coimputados en autos por las denuncias analizadas.

En relación a ello, resulta oportuno señalar que la mera pertenencia y desempeño de Escobar dentro de la estructura del organismo policial en la época que nos convoca, sin que existan - hasta el momento - pruebas concretas en su contra, no puede llevar a concluir, sin más, en su responsabilidad; teniendo en cuenta que no se ha realizado un juicio lógico a su respecto, como sí se observa en relación a los demás encausados conforme oportunamente se tratará.

Y en tal entendimiento, considero que de la totalidad de integrantes de la institución policial en el período investigado, sólo algunos formaban parte del grupo encargado de llevar adelante los hechos denunciados, cuya identificación surge palmaria y constante a lo largo de toda la causa, siendo que el resto del personal se limitaba a cumplir con las funciones propias y relativas al accionar de tal fuerza de seguridad.

Que, no obstante lo expuesto, debe resaltarse la compleja trama que encierra la tramitación de estos actuados, originada en los numerosos sujetos denunciantes como denunciados, las distintas épocas y contextos históricos en los que la causa se investigó - y aún se investiga -, así como las diferentes personas que tuvieron a su cargo esa tarea.

Ello así, reparando en el hecho que aún restan medidas instructorias por realizar en la instancia de origen, y siendo asimismo que existen en trámite otros legajos de apelaciones formados en relación a nuevas resoluciones dictadas por el Inferior, referidos a la misma causa y que involucran nuevas denuncias y testimonios que pueden coadyuvar a desentrañar los hechos que aquí se investigan, es que considero corresponde - en base a los elementos con que se cuentan - el dictado de falta de mérito (art. 309 del C.P.P.N.) de Héctor Osmar Ramón Escobar, sin perjuicio de continuarse con la investigación a su respecto, todo en los términos del art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación, dado que no se extreman hasta el momento en que se resuelven estas apelaciones, los stándares mínimos que permitan sostener la gravosa medida cautelar procesal decretada por el Inferior en relación al citado.

B) 2.- C.- Recursos de apelación de los Defensores Particulares, Dres. M.A.M. y J.A.C. y de la Defensa Pública Oficial (en representación de José Francisco Rodríguez Valiente, J.A.C., Gabino Manader, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta y Alberto Horacio Valussi) Que - como se expuso en el ítem B) "Motivación", punto 2.- de los presentes considerandos - corresponde en esta instancia dar tratamiento a los motivos indicados en los recursos de apelación interpuestos por los Defensores Particulares, Dres. M.A.M. en representación de José Francisco Rodríguez Valiente (fs. 12/14) y J.A.C. en ejercicio de la defensa técnica de José María Cardozo (fs. 18/19 y vta.); y la Defensa Pública Oficial (fs. 34/37) por los procesados Gabino Manader, Luis Alberto Patetta, Ramón Esteban Meza, José Marin y Alberto Horacio Valussi.

B) 2.- C. 1.- Como se señaló oportunamente, existe similitud de razones que motivan los recursos impulsados, y en los cuales de manera específica se expresa que: a) se ha establecido una gravosa calificación sin fundamentar debidamente, tomando a tal efecto "sólo los dichos de testigos que resultaran contradictorios entre sí y al tiempo de declarar en diferentes oportunidades" (sic); b) que dicha calificación no encuentra apoyatura alguna en las constancias de autos; c) no fue posible reunir elementos suficientes siquiera acerca de la materialidad fáctica, pues, de sus connotaciones contextuales se infiere la inexistencia del hecho o la no participación de los procesados en el mismo, y d) se calificó erróneamente el hecho, por cuanto se subsumen las conductas en un tipo penal, sin que se encuentren acreditados los extremos y recaudos tipológicos exigidos por la figura del art 144, 1º y 2º párrafos del C.P., Ley 14.616.

De tal forma, con la indicación de motivos reseñada, han quedado individualizados clara y expresamente los vicios productores de los agravios o los que justifican la impugnación intentada (cfr. Manuel E. Ayan, "Recursos en Materia Penal, Principios Generales", Marcos Lerner Editora Córdoba, 1985, p. 139).

B) 2.- C. 2.- Ahora bien, sin perjuicio del orden en que han sido planteados los motivos esgrimidos por las Defensas para sostener los recursos en estudio, y con la finalidad de establecer un orden sistemático y lógico de análisis, esta Alzada tratará en primer término los agravios vertidos en relación a la "inexistencia del hecho" (materialidad fáctica), para posteriormente aludir a las cuestiones referidas a la "atipicidad de las conductas" y calificaciones legales atribuidas.

Ello, toda vez que resulta incongruente la articulación de motivos ensayada pues confunde distintos estratos o niveles de estudio dogmático de las materias propuestas, sin señalar si algunos de los mismos son formulados en forma subsidiaria a los demás.

B) 2.- C. 2.- a) "Inexistencia del hecho" (plataforma fáctica) En forma liminar, corresponde subrayar que el sentido otorgado a la expresión "inexistencia del hecho" que se refiere en los recursos, está dado en los mismos escritos como "materialidad fáctica" (sic); luego, la inexistencia proclamada versaría sobre la plataforma fáctica en la que se sustenta la investigación de estas actuaciones, es decir, sobre aquél acontecimiento derivado de un accionar humano y voluntario, que produjo una transformación en el mundo exterior, el cual es pasible de regulación jurídica, constituyendo un concepto pre-típico o pre-imputativo respecto del cual se practicará la función filtrante de la construcción sistemática del delito.

Que, el hecho material o histórico se define entonces como la alteración que produce en el mundo exterior una conducta humana que podría definir la transgresión a una norma penal sustantiva y que, como objeto del proceso, constituye la base fáctica que permite tener por acreditada una realidad objetiva.

Raúl Washington Abalos ("Derecho Procesal Penal", T III, 1993, p. 272 y sstes.) citando a Jorge Clariá Olmedo, refiere que "Afirmar que el hecho no se ha cometido, significa aceptar definitivamente que la conceptualización fáctica, en la cual se apoya el elemento objetivo de la imputación no se ha mostrado de ninguna manera en la realidad, sea como hecho consumado, tentado o frustrado. Se elimina la materialidad del objeto procesal al demostrarse la inexistencia del acontecimiento histórico o cambio en el mundo exterior que la alimentaba como una posibilidad..." Con ese alcance (a "contrario sensu") considero que se encuentra acreditado, con el grado de probabilidad aquí exigido, el objeto procesal de la presente causa (hecho materia de investigación), esto es, los tormentos agravados sufridos sistemáticamente por personas detenidas en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco (ya sea en su sede de calle Juan B. Justo o en su posterior radicación en calle Marcelo T. de Alvear, ambas de esta ciudad) por ser consideradas "subversivas" (perseguidos políticos), a manos de las personas encargadas de su guarda (funcionarios públicos).

Ello, de acuerdo a las constancias agregadas al expediente principal y que fueran oportunamente señaladas y correctamente valoradas por el "a quo" al subrayar, luego del análisis individual de cada denuncia agregada: "... existen elementos de juicio que posibilitan concluir en la presencia de aspectos comunes en cada caso, y que se mantuvieron en el devenir de los años. La prueba incorporada a la causa, y enderezada a corroborar el hecho constitutivo de su objeto (...)ha sido producida en un todo de conformidad al estricto respeto de las distintas garantías constitucionales, merituando aquélla que el suscrito ha considerado pertinente y relevante a los fines del decisorio, siempre teniendo en cuenta las particularidades propias y específicas de la causa y su contexto histórico (...) Los detenidos denunciantes y cuyos hechos se analizaron han puesto de manifiesto traslados a los lugares de detención en vehículos (...) introducidos en todos los casos a la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia del Chaco en donde fueron alojados en lugares asignados a los detenidos políticos o a disposición del Area 233, a los que se llamaba "subversivos o detenidos por subversión", generando con ello una suerte de categoría especial de sujetos (...) los detenidos fueron alojados, esposados y vendados, ésto último con la clara intención que no puedan reconocer a los miembros de las fuerzas de seguridad que se relacionaban con ellos; ... han expuesto sobre lugares como ser "Sala Negra", "calabozo", "sótano", lugares donde han referido haber sido torturados; las torturas han sido descritas en casi todos los casos de la misma forma, esto es, picana eléctrica o portátil; trompadas, golpes de puño, golpes en los oídos, abusos con las mujeres y en todos los casos los lugares de ocurrencia resultan coincidentes, aún en el particular aspecto de que se hacía en cada uno de ellos ..." Trata luego la importancia de la prueba testimonial reunida en autos - a la que nos referiremos detenidamente en el punto que sigue - destacando que: "Cuando tales testimonios encuentran un mínimo correlato con otros elementos de prueba, como ser los informes glosados a la causa referidos a los lugares de prestación de servicios de los sujetos indagados, la confección de croquis ilustrativos por parte de los testigos, los reconocimientos fotográficos, la inexistencia de archivos policiales, como asimismo los distintos elementos indiciarios reunidos en actuaciones realizadas ante diversos organismos provinciales, adquieren mayor entidad probatoria y en tal sentido han sido calificados por el suscrito ..." Entiende por lo demás que "...los denunciantes se encontraban privados de su libertad, víctimas a la vez de los delitos denunciados (...) imposibilitados de procurarse el ejercicio de sus más mínimos y elementales derechos, viéndose privados inclusive del contacto con sus familiares, y con absoluta prescindencia del contralor jurisdiccional. Es así que los autores de los delitos investigados (...) tomaron decisiones aún respecto de las personas de los detenidos, agravado por el hecho que estos últimos pertenecían para los autores de los delitos, a una categoría especial denominada 'subversivos'" (sic).

Ahora bien, en el contexto descripto, corresponde señalar - siguiendo para ello el orden expositivo provisto por el Señor Conjuez en la resolución que se analiza - los elementos que me llevan a tener por acreditados los hechos y la participación de los encausados en ellos.

Así, los hechos de tormentos denunciados por Mirta Susana Clara (fs. 32 y 59/62) en los que sindica a José Francisco Rodríguez Valiente y a Gabino Manader, encuentran correlato en circunstancias de tiempo, modo y lugar con el acta de allanamiento de fs. 74/76, las declaraciones testimoniales prestadas bajo juramento por Luciano Gómez (fs. 81/82 y vta.), Ceferino Lazatti (fs. 5.849/5.855 y vta.), Elsa Siria Quiroz (fs. 592/597 y vta. y 6.138/6.142) y de María Gregoria Pérez (fs. 5.766/5.767); así como con el informe glosado a fs. 67/72 del que surge el ingreso de Clara a la Alcaidía, procedente de la Dirección de Investigaciones en fecha 29 de octubre del 1.975.

En igual sentido, se advierte que la denuncia de María Gregoria Pérez en relación a las torturas sufridas durante su detención en la Brigada de Investigaciones (fs. 57 y vta. y 5.766/5.767) a manos de Gabino Manader y Enzo Breard, encuentran sustento en distintos testimonios prestados bajo juramento a lo largo de la investigación por testigos directos, entre los que pueden señalarse el de Eligia Flor (fs. 6.798/6.802); José Luis Valenzuela (fs. 183/186 y vta. y 5.864/5.866 y vta.), Carlos Dante Peino (fs. 520/522 y vta. y 5.834/5.837 y vta.) y Ricardo Vassel (fs. 1.029/1.032 y 5.857/5.859 y vta.).

Asimismo, cobran entidad los dichos del Ceferino Lazatti (fs. 5.849/5.855) en torno a la actividad que desempeñaban los procesados en la Brigada de Investigaciones al tiempo de la presunta comisión de los hechos objeto de investigación, y los documentos obrantes a fs. 2.847/2.848 (acta de visita domiciliaria y detención), fs. 4.714 (fojas de servicio de Gabino Manader) y fs. 5.346 (acta de entrega de detenidos Luis Arturo Franzen y Gregorio Magno Quintana suscripta por Gabino Manader).

Que, en relación a los hechos de torturas denunciados por José Luis Valenzuela, Norberto Mario Mendoza, Ricardo A. Vassel, Hugo Ramón Barúa, Carlos Dante Peino, y María E. Pérez y de donde surge la autoría de José María Cardozo, Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, Ramón Meza y José Marín, se corroboran en cuanto al lugar, tiempo y modo de comisión descriptos en las distintas declaraciones prestadas bajo juramento por los antes nombrados, testigos directos de tales sucesos.

Por caso, José Luis Valenzuela declara a fs. 183/186 y vta. y fs. 5.864/5.866 y vta. cómo fue torturado en la Brigada de Investigaciones, la modalidad utilizada a tal fin, señalando haber visto cómo hacían lo propio Manader y Rodríguez Valiente respecto de Barúa (con quien mantuvo un careo) y Mendoza.

Tal declaración guarda estrecha relación con lo depuesto a fs. 192 y vta. y 234/235 por Norberto Mendoza; a fs. 495/496 por Néstor Silvio Navarro; a fs. 520/522 y vta. y 5.834/5.837 y vta. por Carlos Dante Peino; y a fs. 1.029/1.032 y 5.857/5.859 y vta. por Ricardo Vassel; a fs. 6.098/6.101 por Elvira E. Pérez quien refirió haber visto al momento de ser detenida a Navarro, Valenzuela, los hermanos Vassel, Carlos Peino, encontrándose muy golpeado el primer nombrado y una persona de apellido Tribbia; y a fs. 6.798/6.802 por Eligia Flor.

Por lo demás sustentan lo declarado las constancias de fs. 4.116 y 4.125 en cuanto a la intervención de Gabino Manader y Ramón Esteban Meza en los actos de declaraciones indagatorias de personas que posteriormente resultaron ser denunciantes de torturas (Juan Simón Argañaraz y Magno Quintana), de fs. 2.715/2.716, 5.061/5.062 y 5.65/5.096 (fojas de servicio y planillas e informe de nómina del personal de la Brigada de Investigaciones durante los meses de mayo, junio, julio, y setiembre del año 1.976); de fs. 5.346 (acta que acredita la intervención de Manader en los procedimientos relacionados con personas consideras "subversivas"), y lo testimoniado bajo juramento a fs. 5.849/5.855 por Ceferino Lazatti.

Por último, y respecto de los hechos de torturas denunciados por: María José Presa (fs. 6.039/6.044), Jorge Luis Migueles (fs. 6.254/6.258), Raúl Horacio Cracogna (fs. 6.218/6.222 ratificando anteriores deposiciones), Hugo Alberto Dedieu (fs. 2.461/2.467 y 2.812/2.814), Juan Simón Argañaraz (fs.2.517/2.525, 2.823/2.825 y 6.489/6.493), Daniel Enrique Ferracini (fs. 2.493/2.506 y acta de fs. 2.841/2.843), Rubén Alcides Arce (fs. 6.259/6.6.263) y Gregorio Magno Quintana (fs. 6.541/6.545), y en los que aparecen sindicados como presuntos autores responsables los procesados Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, José María Cardozo, Ramón Esteban Meza, José Marin, y Luis Alberto Patetta, corresponde similiar análisis.

Surgen de tal forma coincidencias sustanciales en las declaraciones prestadas por los citados testigos directos de los sucesos indagados, ello en cuanto al lugar, tiempo y modo de comisión de los delitos denunciados cobrando relevante importancia las constancias de fs. 2.715/2.716, 4.000/4.003, 5.061/5.062 y 5.65/5.096 (fojas de servicio y planillas e informe de nómina del personal de la Brigada de Investigaciones durante los meses de mayo, junio, julio, y setiembre del año 1.976), así como los testimonios ya citados de Ceferino Lazzati (fs. 5.849/5.855) y de Ramón Alberto Mazaitis (fs. 6.430/6.433) éste último, en cuanto señaló haber trabajado en el año 1.976 en la Jefatura de Policía de la Provincia, y había sido invitado por el comisario Thomas a participar del "equipo de tareas" que integraban Manader y Cardozo.

Asimismo, devienen relevantes las actuaciones de fs. 4.116 y 4.125 en cuanto a la intervención de Gabino Manader y Ramón Esteban Meza en actos de declaraciones indagatorias de personas que posteriormente resultaron ser denunciantes de torturas (Juan Simón Argañaraz y Magno Quintana), así como de fs. 5.346 por la cual se acredita la intervención de Manader en los procedimientos relacionados con personas consideras "subversivas".

Que los elementos antes desarrollados me permiten concluir, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, que los hechos denunciados hasta el momento existieron, habiendo participado en ellos en la calidad requerida: Gabino Manader (en en un total de dieciséis hechos denunciados por Mirta Susana Clara, María Gregoria Pérez, José L. Valenzuela, Norberto Mendoza, Hugo R. Barúa, Carlos Dante Peino, Ricardo A. Vassel, María E. Pérez, María José Presa, Jorge L. Migueles, Raúl H. Cracogna, Hugo A. Dedieu, Juan Simón Argañaraz, Daniel Enrique Ferracini, Rubén Alcides Arce y Gregorio Magno Quintana); José Francisco Rodríguez Valiente (en un total de trece hechos denunciados por Mirta Susana Clara, José L. Valenzuela, Norberto Mendoza, Hugo R. Barúa, Carlos Dante Peino, Ricardo A. Vassel, María E. Pérez, María José Presa, Hugo A. Dedieu, Juan Simón Argañaraz, Daniel Enrique Ferracini, Rubén Alcides Arce y Gregorio Magno Quintana,); José María Cardozo (en un total de nueve hechos denunciados por Hugo R. Barúa, Carlos Dante Peino, Ricardo A. Vassel, María E. Pérez, María José Presa, Jorge L. Migueles, Hugo A. Dedieu, Juan Simón Argañaraz y Gregorio Magno Quintana), José Marin (en un total de seis hechos denunciados por María E. Pérez, María José Presa, Jorge Luis Migueles, Raúl H. Cracogna, Daniel Enrique Ferracini y Gregorio Magno Quintana) Ramón Esteban Meza (en un total de tres hechos denunciados por María E. Pérez, María José Presa y Hugo A. Dedieu) y Luis Alberto Patetta (en un total de dos hechos denunciados por Juan Simón Argañaraz y Rubén Alcides Arce).

A idéntica conclusión arribo en relación a la situación procesal de Alberto Horacio Valussi, remitiéndome a las observaciones oportunamente vertidas en el punto B) Motivación, 2.- A, subítem a) de los presentes considerandos.

B) 2.- C. 2.- b) Atipicidad y Calificación legal Confirmada la existencia del hecho objeto del proceso - conforme se aludiera en el acápite que precede -, deviene lógico el examen respecto de la tipicidad y, en su caso, de la calificación legal atribuida al mismo. Ello, toda vez que la Defensa se agravia de la "atipicidad de las conductas" de los procesados señalando igualmente que la decisión del "a quo" fue infundada en relación a la calificación determinada, y que la misma "... no encuentra apoyatura alguna en las constancias de autos" (sic).

Que, el juicio de tipicidad efectuado por el Inferior (esto es, la subsunción del hecho acreditado en autos en normas jurídicas descriptas en forma general y abstracta en la ley penal) en relación de las conductas imputadas, resulta - a criterio de esta Alzada - correcta.

En tal sentido, la actividad valorativa del Instructor respecto a la calificación establecida en orden a la figura de Tormento Agravado (conf. Ley 14.616), aparece ajustada a derecho habida cuenta que describió las acciones concretas del caso en estudio, adecuándolas a la pertinente norma legal.

Destaca el Instructor que "... en la presente causa se investiga la participación criminal de los distintos sujetos indagados por la posible comisión de los delitos de Tormento Agravado, previsto y reprimido por el art. 144º ter, 1ro y 2do párrafo del Código Penal, incorporado por Ley 14.616. Que en relación al delito de Tormento Agravado, la norma, en la redacción correspondiente a la mencionada Ley 14.616, aplicable al caso por imperio del art. 2 del Código Penal - ley más benigna -, reprimía la conducta del funcionario público que impusiere a los presos que guarde cualquier especie de tormento, elevando la pena en los casos que la víctima fuere un perseguido político." (sic) Asimismo, respecto del tipo penal involucrado señala: "... cabe definir al Tormento como todo trato infamante contra una persona, que estando privada de su libertad, no puede asumir la defensa de sí misma con eficacia, es decir que todo tormento constituye un medio de mortificación para una persona, con un propósito determinado que existe en el ánimo del autor del delito, y que excede las incomodidades y angustias propias del estado de privación de la libertad...", indicando además lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Loayza Tamayo (17/09/97) para caracterizar las connotaciones de este tipo delictivo.

Culmina el análisis indicando sujetos activos y pasivos del delito en trato refiriendo - con cita doctrinaria de Fontán Balestra y Vázquez Iruzzu Cueto -: "...autor de este delito sólo puede serlo un funcionario público, y dirigidos 'a los presos que guarde'. Esta última limitación, a la luz de lo sostenido en doctrina, no se considera comprendida exclusivamente a los presos guardados por el funcionario que los tenga bajo su custodia, sino que resulta extensiva aún respecto de los presos guardados por otros funcionarios, bastando en consecuencia la existencia de una situación de hecho sobre el 'guardado' que le permita su acceso al mismo. Funciona como agravante del tipo delictivo la condición de perseguido político de la víctima, habiendo sido considerado como tal todo aquel que por su pertenencia o identificación política a determinado sector recibe un trato persecutorio". (sic) Que, posteriormente, el "a quo" realiza un examen individual respecto a la subsunción típica de las conductas ilícitas denunciadas por lo "detenidos políticos". Así, en cada caso señala su adecuación legal respecto de los sujetos imputados, destacando su calidad de funcionarios públicos "es decir que cumple en el caso una función pública como es la de brindar seguridad" (sic), afectados al servicio en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia del Chaco (para lo cual indica en cada supuesto las fojas pertinentes que acreditan tal extremo), como su función en la guarda efectiva y directa sobre los detenidos.

Teniendo por acreditada "la materialidad fáctica" como se señalara más arriba - contrariamente a lo sostenido por los recurrentes quienes entienden que no se ha probado que sus defendidos "guardaran" preso alguno, ni que exista mínimamente una intención de torturar exigida por el tipo penal en trato - cabe puntualizar que las respectivas Defensas si bien coinciden en la interpretación respecto de la aplicación - como figura penal más benigna en el tiempo - la establecida en el art. 144 ter del Código Penal conforme ley 14.616, entienden no se dan en la especie los aspectos típicos exigidos por la misma.

Así, en primer término alegan la falta de calidad de "funcionario público" de los supuestos autores de los tormentos, indicando su condición de meros "empleados públicos", ensayando asimismo un distingo entre el carácter de los "presos" , sean éstos "legítima" o "ilegítimamente" detenidos para la aplicación del tipo penal involucrado.

La norma en estudio castiga "al funcionario público que impusiere a los presos que guarde cualquier especie de tormento", agravando la penalidad si "la víctima fuere perseguido político".

Respecto de la calidad requerida para ser autor de esta figura penal "funcionario público", baste, en principio, remitirnos a lo dispuesto por el art. 77 del Código Penal que refiere a la significación de los conceptos empleados en el mismo - el que no varió su contenido en el aspecto que aquí interesa -, cuando reza: "Por los términos "funcionario público" y "empleado público", usados en este Código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente". Ello así, entiendo no corresponde hacer distingos donde la propia ley no lo hace.

En ese orden de ideas, la jurisprudencia de nuestros tribunales se ha expedido señalando que: "La Convención Interamericana contra la Corrupción (...), establece en su artículo 1º que funcionario público es 'cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos' Este Tribunal, además, ha tenido oportunidad de precisar que en lo que al Derecho Penal atañe, lo que da la idea de lo que es un funcionario o empleado público, es la participación en el ejercicio de las funciones públicas mediante la facultad delegada de manera permanente o accidental de formar o ejecutar la voluntad estatal para realizar un fin público" (CFed.CCorr. Sala II, 19-10-2000, "R., C. A. y otros s/ Procesamiento", c. 16.810) Asimismo, la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV (in re "Alsogaray, María J.", Lexis, 1/1006816, 09-0-2005) entendió que "En materia penal el concepto de funcionario público no se corresponde con el estricto concepto administrativo, sino que se sitúa dentro de los más amplios márgenes establecidos en el art. 77 del Cód. Penal, que designa como 'funcionario público' a todo aquel que participa accidentalmente o permanentemente del ejercicio de funciones públicas".

Que, por lo demás, y en relación a la expresión asignada por el tipo penal "a los presos que guarde", la doctrina ha referido que se trata "de un resguardo de los arrestados, detenidos o condenados frente a los funcionarios que directa (guardián o celador) o indirectamente (director o alcalde) son los que los tienen privados de su libertad o vigilan o gobiernan su conducta" (conf. Ricardo C. Núñez , "Derecho Penal Argentino", T V, editorial Bibliográfica Argentina, 1976, p. 53 y sstes.).

Por su parte, Marcelo Manigot en su Código Penal Comentado y anotado T I (Abeledo Perrot, 1978, p. 464), al referirse al artículo 144 ter lo describe como una "disposición novedosa que tiende a la máxima represión de las crueldades gravísimas contra detenidos (que en el país se conocen como torturas), la expresión 'presos' debe entenderse con amplitud, en el sentido de mero detenido, demorado o procesado...". En la misma línea, Carlos Vázquez Iruzubieta ("Código Penal Comentado, T III, Editorial Plus Ultra, 1970, p. 81) señala que en el delito en estudio "la responsabilidad penal recae en el funcionario que tiene a su cargo la guarda o vigilancia del detenido o preso, bastando para la exclusión de su responsabilidad que cubra todos los deberes de su cargo." Conforme los textos doctrinarios antes transcriptos, citando autores y comentarios al tipo penal de la época que se investiga, nada señalan en relación al carácter de "legítimo" o "ilegítimo" que debe poseer el sujeto pasivo del delito. Una vez más, no debe forzarse la interpretación de la ley más allá de lo estrictamente legislado.

Culminado el análisis del tipo objetivo de la norma penal involucrado, y en punto al examen del tipo subjetivo respecto de los procesados (conocimiento y voluntad de realización), cabe señalar que la prueba de dicho elemento (dolo), a esta altura del proceso y con el grado de probabilidad que requiere, resulta acreditada a través de prueba indiciaria obrante conglobada con el resto de las materialidades suficientemente descriptas.

Así, los hechos directamente probados que me permiten obtener conclusiones en punto al elemento subjetivo del tipo son, en primer lugar, la presencia de los encausados en el lugar de los hechos y en la época de acaecimiento de los mismos, datos que surgen incontrastables de los informes agregados a fs. 2.715/2.716, 4.000/4.003, 5.061/5.062 y 5.095/5.096, entre otros.

A ello debe sumarse el trascendente valor que reportan las declaraciones "supra" señaladas (punto B) 2.- C. 2.- a)). En tal sentido, tanto las declaraciones de las víctimas de los tormentos denunciados como las de aquellas personas que testimoniaron asimismo los padecimientos de otros, detentan el carácter de prueba directa en orden a la participación de los sujetos implicados en los hechos denunciados.

De tal forma, el accionar evidenciado por los procesados indica la plena conciencia de la actividad que desplegaban respecto de los detenidos bajo su guarda constituida en un "modus operandi", así como el acabado conocimiento del carácter de funcionarios públicos con el que revistaban a la época de los sucesos investigados.

En palabras de Cafferata Nores, puedo construir el "silogismo indiciario" (La Prueba en el Proceso Penal, página 193, tercera edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1998), con hechos de la causa que constituyen un conjunto de indicios contingentes, que permiten mediante una operación lógica - critica, basada fundamentalmente en las reglas generales de la experiencia, concluir que la conducta que se atribuye a Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, J.A.C., José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta y Alberto Horacio Valussi, es a título de dolo directo, toda vez que no puede en el caso alegarse una finalidad distinta a la que presupone la comisión de los actos ilícitos descriptos.

Así, alcanzo el grado de probabilidad requerido en esta instancia, mediante la valoración de los hechos debidamente acreditados en la causa, los que interpretados con el criterio de la sana crítica racional y la experiencia que nos indica cómo verdaderamente ocurren las cosas, derivan en los indicios analizados precedentemente.

En virtud de lo antes expuesto, considero que el "a quo" ha efectuado un correcto encuadre penal de los hechos descriptos, razón por la cual entiendo que corresponde confirmar el procesamiento dictado en orden al delito tipificado en el artículo 144 ter, 1º y 2º párrafos del C.P. (según Ley 14.616) Por lo demás, cabe destacar en relación al motivo de agravio esgrimido por las Defensas en relación a que la calificación dada "no encuentra apoyatura alguna en las constancias de autos" (sic), que el examen probatorio no hace a una cuestión de calificación legal, sino que el mismo vale - como se analizó precedentemente - para acreditar el hecho sobre el que se practicará posteriormente el juicio de subsunción típica.

B) 2.- C. 2.- c) Como última cuestión relacionada con la materia en trato, merece especial mención el agravio por el cual se menciona que se ha establecido en autos una gravosa calificación sin fundamentar debidamente, tomando a tal efecto "sólo los dichos de testigos que resultaran contradictorios entre sí y al tiempo de declarar en diferentes oportunidades" (sic).

En principio, no es cierto que para tener por acreditados los hechos materia de investigación en la presente causa se tuvieran en cuenta únicamente los testimonios vertidos por los denunciantes. Ello así, conforme se refiriera "supra", las declaraciones encuentran correlato con otros elementos probatorios que el Inferior apunta y valora debidamente.

No obstante, resulta válido reproducir los fundamentos explicitados sobre este punto en la resolución en crisis cuando reseña "...La existencia de algunas diferencias en los testimonios rendidos en la causa no debe ser interpretada como una discrepancia fundamental y que invalida los dichos del declarante; sino más bien como la forma en que cada uno ha recordado lo que le tocara vivir, máxime cuando ello se relaciona con un padecimiento directo. El ser humano responde a los estímulos de diferentes maneras, y también guarda en su memoria con distinta intensidad cada recuerdo, razón por la cual se redimensionan en toda su plenitud lo que vuelve a la memoria y se permite expresar por medio de la palabra, siendo más importantes y trascendentes las coincidencias antes apuntadas que las posibles divergencias..." En este contexto, señala asimismo el "a quo" que "... el análisis de la ocurrencia de los hechos y sus autores, se han compatibilizado y relacionado con la existencia de pruebas como ser declaraciones testimoniales, coherentes y verosímiles cuya conceptualización ya fuera formulada en el presente, aún cuando ellas han recaído sobre hechos llegados a su conocimiento directo de los declarantes conforme se han expresado en cada caso en particular al responder a la 'razón de sus dichos' (María Pérez 'por reconocimiento personal y por haberlo vivido', Dedieu, Cracogna, Migueles, Arce, Ferracini, Argañaraz, Quintana, todos por 'haberlo vivido', Raúl Ceferino Lazatti 'por dichos de tercero y por conocimiento personal'; Antonio Eduardo Zárate 'por reconocimiento personal, por haberlo visto'; Víctor Fermín Giménez 'por haberlo vivido en vivo y en directo'), con otras como el reconocimiento judicial o actas agregadas a la causa en fotocopias certificadas, encontrando en la aplicación de la sana crítica al tiempo de la interpretación del plexo probatorio, el medio para arribar a la resolución que se dicta. No debe desecharse el testimonio de quienes han manifestado haber reconocido a determinado imputado por su voz, toda vez que ello no aparece como un dato aislado en la causa, tal lo que se desprende de los dichos de Migueles Jorge Luis 'por la voz reconoció a Manader', Juan Simón Argañaraz 'pudo reconocer por las voces a Manader y a uno que se hacía llamar El Indio', Enrique Ferracini 'por las voces reconoció a Manader y Silva Longhi'; Víctor Fermín Giménez 'hoy podría reconocer la voz de Manader'..." Que, lo antes expuesto me releva de mayores aditamentos al coincidir plenamente con los argumentos reseñados por el instructor en cuanto a la valoración de la prueba testimonial en este tipo de procesos, descartando asimismo que haya sido la única prueba merituada, como alegan los recurrentes.

Sin perjuicio de ello - y para culminar con el tratamiento de los agravios intentados - es dable citar lo resuelto anteriormente por este Tribunal (Sentencia Interlocutoria Nº 21, Expte. Nº 44.911 caratulado: "Sr. Fiscal Federal s/ Eleva Denuncia", registrada en el T I, Fº 46/50 del Libro de fallos de la Secretaría Penal de Derechos Humanos), en relación a la cuestión entablada: "En este punto deviene válido destacar que, si bien es cierto que la memoria a veces es selectiva y hasta puede ser que se resquebraje por lo que se ha dado en llamar el olvido de autoprotección, sin embargo hay recuerdos de situaciones límites que son imborrables, como son precisamente los recuerdos de quienes fueron víctimas del aparato represivo del Estado. No podemos dejar de señalar incluso, que fue la memoria y únicamente ella en su real dimensión, la que mantuvo vigente las investigaciones de las causas como la que nos ocupa, pudiendo afirmar por ello que las experiencias vividas por quienes testimonian en autos son recordadas completamente por los mismos. Así voto.

La Dra. Ana Victoria Order, dijo:

Que, en principio, comparto los fundamentos y conclusiones vertidos por el vocal preopinante a excepción de lo referido a la improcedencia de los recursos concedidos por el "a quo" a los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Querella (punto B) 2.- A. d) ) en lo atinente a los agravios vertidos por aquéllos respecto de la modalidad con la que han sido dictados los autos de procesamiento de los imputados Enzo Breard, Ramón Andrés Gandola y Horacio Alberto Valussi, esto es, sin prisión preventiva.

a) En tal sentido, entiendo que, objetivamente, deviene plenamente procedente la posibilidad de interponer recurso de apelación respecto de la prisión preventiva - o su no imposición - decretada en un auto de procesamiento.

Sin desconocer las posiciones en contra de tal criterio, considero que resulta irrelevante que lo que se apele sea sólo la prisión preventiva y no el auto de procesamiento que la contiene, desde que se trata de institutos necesariamente concatenados.

En esa línea lo explica claramente Jorge A. Clariá Olmedo ("Derecho Procesal Penal", T II, Rubinzal Culzoni, 1998, Buenos Aires, p. 506) al señalar los efectos del procesamiento y sus proyecciones directas a los diversos elementos de la estructura del auto que lo contiene: "...En lo que refiere al encuadramiento legal del hecho y demás elementos jurídicos que lo rodean desde el punto de vista penal, fundamentalmente permite resolver sobre el estado del procesado frente a su libertad durante el proceso. Primero permite determinar la medida de coerción que corresponde aplicar, y si ésta fuera la prisión preventiva (encarcelamiento), proporciona elementos para decidir sobre la libertad caucionada o juratoria..." Así, el mismo código de procedimiento regula en su art. 310 el procesamiento sin prisión preventiva indicando que tal supuesto se dará "por no reunirse los requisitos del art. 312", siendo que en dicha norma se regulan las pautas para la procedencia de la prisión preventiva "al dictar el auto de procesamiento".

Señalada la íntima relación existente entre ambos institutos, cabe referir que el art. 311 establece el carácter revocable del auto de procesamiento y la posibilidad de acudir a la vía recursiva (apelación) a su respecto; y en esa inteligencia no puede soslayarse la técnica legislativa utilizada en el digesto procesal al regular en el art. 310 - como lo referí anteriormente - el procesamiento sin prisión preventiva y en el siguiente artículo (art. 311) la procedencia del recurso de apelación respecto del auto de procesamiento que se decrete.

b) Asimismo, y a los fines de fundar la postura expuesta, entiendo saludable el debido contralor de la actividad jurisdiccional - por la vía clásica de los recursos - de las resoluciones que imponen medidas de coerción, siendo que dicha solución encuentra previsión en los postulados del art. 449 del C.P.P.N. cuando señala la procedencia del recurso de apelación contra "... los interlocutorios y las resoluciones expresamente declaradas apelables o que causen gravamen irreparable", dejando abierta la valoración judicial en tal sentido.

Doctrinariamente comparten la posición que consagra la apelabilidad de la imposición de la prisión preventiva contenida en un auto de procesamiento, aunque éste no lo fuera, Marcelo Solimine, Francisco J. D'Albora, Guillermo R. Navarro - Roberto Raúl Daray y Daniel Pastor, lo cual permite obtener una conclusión análoga para el supuesto de autos.

Así, las resoluciones que disponen el procesamiento sin imposición de prisión preventiva - como el caso en examen - resultan objetivamente impugnables, desde que tal circunstancia puede causar un gravamen irreparable "en tanto su reparación con la sentencia condenatoria podría resultar tardía, frustrándose con ello los fines del proceso" (cfr. Marcelo Solimine "Tratado sobre Causales de Excarcelación y Prisión Preventiva en el Código Procesal Penal de la Nación", Ad - Hoc, Buenos Aires, 2003, p. 152 y ssgtes.) Por lo demás, sujetar el tratamiento de lo relacionado a la prisión preventiva a la "vía incidental correspondiente", resulta un dispendio jurisdiccional no compatible con los principios de progresividad y celeridad del proceso. Ello, por cuanto habiéndose expuesto los agravios (desde que, como se señaló, la no imposición de prisión preventiva del imputado y su consiguiente libertad pueden constituir gravamen irreparable fundado en la frustración de los fines del proceso), existe la posibilidad de abordarlos inmediata y autónomamente circunscribiendo las críticas a las razones vinculadas al análisis del art. 312 del C.P.P.N c) Ahora bien, sentado lo anterior, y en lo que respecta a los sujetos que se encuentran legitimados para recurrir (impugnabilidad subjetiva), entiendo que pueden hacerlo el Ministerio Público Fiscal (art. 311 del C.P.P.N.) y el querellante.

En este último caso, aprecio que actualmente - teniendo en cuenta la construcción y alcances otorgados a la figura del querellante a través de la importante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re: "Santillán", causa S 1009-XXXII del 13/8/1998) y de la Cámara Nacional de Casación Penal (Fallo Plenario Nº 5 "Kosuta" del 17/9/1999) devenida de la recepción de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, art. 75, inc. 22 C.N.- se encuentra superada la incongruencia establecida en el Código de forma (Ley Nº 23.984) en cuanto a su omisión para recurrir el auto de procesamiento (art. 311).

Ello, por cuanto el proyecto original del código federal elaborado por Ricardo Levene (h) cuyo antecedente era el Código Procesal de Córdoba de 1940 (sustentado por Soler y Vélez Mariconde) no admitía la figura del querellante, siendo que posteriormente se aceptó su inclusión, regulándose su intervención en el proceso, lo cual generó algunas cuestiones que han merecido que doctrina y jurisprudencia debieran elaborar el perfil de este sujeto procesal, y el alcance de su actuación.

Y en ese contexto, comparto lo expresado en su voto por el Dr. Aguilar al considerar al querellante con derecho a recurrir las resoluciones judiciales que estime adversas a sus pretensiones, garantizándole de esa manera el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva.

De tal forma, al reconocérsele la facultad de recurrir, opera efectivamente a su respecto el amparo de la garantía del debido proceso (art. 18 de la C.N., art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, XXVI de la Declaración Americana de Derechos Humanos, art. 8 ap. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) que debe alcanzar a todo aquel a quien la ley otorga personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que actúe como acusador o acusado, comprendiendo - en un plano de igualdad - la garantía del doble conforme establecida en los arts. 8 ap. 2 (última parte), inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sólo así podrá garantizarse a la persona damnificada "un reconocimiento como efectivo sujeto de derecho, en una concepción igualitariamente digna con la de la persona del encausado en un balance que indica la valorización equivalente que les asegure el carácter de protagonistas del proceso penal ... Por lo demás, no debe soslayarse que el derecho al recurso es un medio imprescindible para que los que son parte puedan colaborar y coadyuvar en el referido proceso, controlando a través del recurso, tanto este conjunto de actividades que posibilitarán en el tiempo y espacio la sentencia, como la adaptación a derecho de este acto jurisdiccional..." (Fallo Plenario Nº 5, C.N.C.P. "Kosuta", considerando 9, voto conjunto de los Dres. Jorge O. Casanovas y Guillermo José Tragant).

En virtud de lo expuesto, considero corresponde declarar procedentes los recursos intentados a fs. 1/4 y 27/32 por los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la querella, respectivamente, en cuanto se agravian de la no imposición de prisión preventiva al dictar el "a quo" auto de procesamiento respecto de Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard y Horacio Alberto Valussi, correspondiendo por tanto, su tratamiento.

d) El Inferior decreta el procesamiento de los imputados Rodríguez Valiente, Caballero, Cardozo, Manader, Marin, Meza, Escobar y Patetta convirtiendo en prisión preventiva la detención que venían cumpliendo señalando al respecto que: "No dejo de advertir las especiales características de los hechos que les fueran imputados - tormentos agravados - y las consecuencias de los mismos, todo lo que permite suponer como real la posibilidad de que los mismos pretendan eludir la acción de la jusiticia..."; mientras que, para el caso de Gandola, Breard y Valussi refiere que "teniendo en cuenta que su intervención se encuentra limitada a un hecho, y siendo que de conformidad a las previsiones contenidas en el art. 316 del Código Adjetivo, no le correspondería, ante una eventual condena, pena privativa de libertad, ni por su avanzada edad del primero y estado de salud de Gandola y Valussi no existe presunción que no cumplirán con las citaciones de la justicia", dispone a su respecto el procesamiento sin prisión preventiva, dejando sin efecto - en relación a Gandola y Valussi - el arresto domiciliario que les fuera impuesto.

Que, el Señor Fiscal se agravia señalando que resulta impensable una condena de ejecución condicional dada la gravedad de los hechos cometidos, indicando además que necesariamente se deben ponderar los distintos requisitos establecidos por el art. 26 del C.P. para determinar tal circunstancia. En igual sentido se expide el querellante Dr. Bosch al reseñar que la no aplicación por el a quo de lo normado en el art. 312, inciso segundo del C.P.P.N. pone en riesgo la realización de la ley sustantiva.

Ahora bien, liminarmente debe quedar claro que aún cuando este Tribunal interprete que la normativa aplicable al sub lite permite, en hipótesis, la factibilidad de una condenación de ejecución condicional - habida cuenta la penalidad mínima con que se conmina en abstracto el hecho imputado y lo dispuesto por el art. 26 C.P. vigente -, ello no significa que por tal y única circunstancia no les pueda corresponder a los sujetos procesados por un solo hecho ante una eventual condena, pena privativa de libertad.

Que la base normativa para el dictado de un auto de procesamiento sin prisión preventiva está dada por el art. 312 del C.P.P.N. (a "contrario sensu") por remisión del art. 310 mismo texto legal (y no por los arts. 316 y 317 que refieren a la eximición de prisión y excarcelación).

Puede decirse entonces, que la regla en la materia devendría en el cumplimiento efectivo de las penas, siendo la excepción la posibilidad de ejecución en suspenso normada en el art. 26 del C.P., para lo cual deben valorarse los recaudos allí establecidos. En definitiva, en el análisis del caso, deberá verificarse el monto de la pena conminada en abstracto para el delito imputado y la posibilidad de una eventual condenación condicional, la que - anticipo - deberá excluirse considerando las circunstancias de ponderación establecidas por el art. 26 del C.P , analizadas en contexto con las pautas del art. 319 del C.P.P.N.

e) Conforme lo expuesto, he de referirme a cada una de las situaciones de quienes fueron procesados "sin prisión preventiva", razón por la que se agravian tanto el señor Fiscal como la Querella en sendas apelaciones mantenidas en la instancia.

Así, en lo que se refiere específicamente a Ramón Andrés Gandola, más allá de tener en cuenta la penalidad con que el hecho que se le atribuye conminado en abstracto y la falta de enlaces concursales ya que se le imputa hasta el momento la comisión de un solo hecho, no debe perderse de vista la seriedad de la conducta disvaliosa enrostrada tomando en cuenta la naturaleza del hecho, así como la eventual severidad de la pena a aplicar (considerando la agravante que conlleva la figura penal del art. 144 ter del Código Penal en su segundo párrafo y que eleva el máximo aplicable a quince (15) años de prisión.

De tal forma, encontrándose firme el procesamiento dictado en su contra en razón de la declaración de deserción en esta instancia del recurso de apelación deducido a su favor - y con ello, asequible el grado de probabilidad en cuanto a su responsabilidad en la causa -, y considerando especialmente las diversas diligencias de investigación que aún restan efectuar en la etapa instructoria, se erigen como pautas objetivas que, ante la confirmación de la falta de prisión preventiva dispuesta, redundan en una posibilidad cierta de elusión de la acción de la justicia y entorpecimiento de la investigación de su parte ("Derecho Procesal Penal", Claus Roxin, Editores del Puerto, 1998, p. 259 a 261).

Sin perjuicio de lo expuesto, debe atenderse - en el caso - a otras circunstancias: así, la avanzada edad del procesado (81 años de edad) y su acreditado delicado estado de salud - conforme lo señala el Inferior y resulta de las constancias de los autos principales -, datos éstos últimos que permiten a este Tribunal disponer nuevamente la detención domiciliaria del mismo como modalidad atenuada de la prisión preventiva que se impone, con los alcances y prohibiciones establecidas al momento de su concesión por el Inferior.

A similar conclusión arribo respecto de la situación de Horacio Alberto Valussi, correspondiendo idéntico examen que el caso anterior (teniendo en cuenta la confirmación del procesamiento dispuesto a su respecto conforme se trató oportunamente), a lo que debe adunarse como dato significativo en torno a la posibilidad de frustración del proceso en marcha, el hecho que el prenombrado se encuentra procesado en una causa paralela en pleno trámite - Expte. Nº 45.996 del registro de este Tribunal -, radicada en esta Alzada a los fines de la resolución del recurso de apelación interpuesto contra el auto de procesamiento dictado allí en su contra.

En tal sentido, destaco el avanzado estado de trámite de la misma, lo cual implica la existencia de un riesgo procesal ante un eventual agravamiento de su situación, motivo por el cual corresponde mantener el procesamiento dictado en su contra, el que será procedente "con prisión preventiva".

Por lo demás, teniendo en cuenta que Horacio Alberto Valussi se encontraba cumpliendo arresto domiciliario hasta la ocasión del dictado del procesamiento sin prisión preventiva puesto en crisis, y examinados los fundamentos y consideraciones expuestas oportunamente por el Inferior (Incidente Nº 657/06 "Alberto Valussi s/ Solicita Arresto Domiciliario", agregado al Expte. Nº 45.996 en trámite ante esta Alzada y que tengo a la vista), entiendo pertinente disponer nuevamente la detención domiciliaria del mismo, con los alcances y limitaciones establecidas al momento de su concesión.

- Que por último, en relación a Enzo Breard, cabe reiterar el criterio arriba apuntado respecto a la penalidad con que se conmina el hecho atribuido, la seriedad, naturaleza y carácter del mismo y el disvalor que encierra, así como la eventual severidad de la pena a imponer ante el grado de probabilidad de responsabilidad del encausado en el hecho investigado (desde que el procesamiento dictado en su contra ha adquirido firmeza al no haber sido oportunamente apelado), son elementos que a mi criterio, se erigen por sí como reveladores en el caso, de un peligro cierto en la concreción de los fines del proceso ante la confirmación de la libertad provisoria del prenombrado (art. 319 del C.P.P.N.) Asimismo, la compleja trama a desentrañar en la investigación que se viene desarrollando dificultosamente y se encuentra en momentos definitorios, como las medidas de instrucción que aún restan practicar pueden verse afectadas en su efectiva realización; por lo que considero, corresponde reformar la modalidad dispuesta por el "a quo", a fin de asegurar la prisión preventiva del eventual responsable penalmente y salvaguardar así la actuación del derecho.

En ese marco, entiendo corresponde, en el caso de Enzo Breard, mantener el procesamiento dictado a su respecto, pero "con prisión preventiva", razón por la cual deberá ordenarse la inmediata detención del antes nombrado.

f) En mérito de lo antes expuesto, estimo que corresponde reformar la modalidad por la cual el Inferior decretó los procesamientos de Gandola, Valussi y Breard (al hallarlos prima facie responsables en calidad de autores del delito de "Tormento Agravado" previsto y reprimido por el art. 144 ter 1º y 2º párrafo C.P. (incorporado por Ley 14.616) en relación a un hecho), los que deberán considerarse dictados "con prisión preventiva", sin perjuicio de disponer el arresto domiciliario respecto de los dos primeros por los motivos y fundamentos reseñados supra. Así voto.

El Dr. Simón Getzel, dijo:

Que comparto los fundamentos y conclusiones vertidos por el Sr. juez preopinante, Dr. José Luis Alberto Aguilar, adhiriendo a su voto.

Sin perjuicio de ello, me parece oportuno ratificar en todos sus términos (y en relación al instituto de la excarcelación o eximición de prisión preventiva) el criterio que al respecto he sustentado en oportunidad de expedirme en los recursos resueltos en incidentes que tienen relación con la causa principal (v.g. "Dr. J.A.C. s/ Solicita Excarcelación a favor de José María Cardozo", Expte. Nº 44.836; "Dr. Carlos Martín Pujol - Def. Oficial Federal - s/ solicita Excarcelación a favor de Gabino Manader", Expte. Nº 44.837; "Dr. M.A.M. - Def. Particular - s/ solicita Excarcelación a favor de José Francisco Rodríguez Valiente", Expte. Nº 44.838; "Dr. Carlos Martín Pujol - Def. Oficial - s/ solicita Excarcelación a favor de Ramón Esteban Meza, Expte. Nº 45.665; "Dr. Carlos Martín Pujol - Def. Oficial - s/ solicita Excarcelación a favor de Luis Alberto Patetta, Expte. Nº 45.666; "Dr. Carlos Martín Pujol - Def. Oficial - s/ solicita Excarcelación a favor de José Marín", Expte. Nº 45.667.), no obstante no ser estrictamente materia de tratamiento en el presente resolutorio. Así voto.

III.- Por todo lo dicho, SE RESUELVE: 1º) ACUMULAR el Expte. Nº 46.174 caratulado: "Legajo de Apelación del Interlocutorio Nº 33/08 en expte. Nº 243/84 caratulado: 'Caballero Lucio Humberto y otros s/ Tormento Agravado'", al Expte. Nº 45.672 caratulado: "Legajo de Apelación en Expte. Nº 243/84 'Caballero Lucio H. s/ Tormento Agravado'" de conformidad a lo prescripto en los arts. 41 y 42 "in fine" del C.P.P.N.

2º) RECHAZAR las nulidades intentadas de acuerdo a los fundamentos vertidos en el punto A) (De las nulidades) de los presentes considerandos.

3º) HACER LUGAR a la apelación deducida a fs. 5/11 y vta. del Expte. Nº 45.672 y a fs. 72/78 y vta. del Expte. Nº 46.174 a favor de HÉCTOR OSMAR RAMÓN ESCOBAR dictando a su respecto la falta de mérito (art. 309 del C.P.P.N.). Consecuentemente, REVOCAR los puntos VIII.- de la parte resolutiva del auto interlocutorio Nº 46/2.007 dictado en el Expte. Nº 45.672 y I.- de la parte resolutiva del auto interlocutorio Nº 33/2.008 dictado en el Expte. Nº 46.174, cuyo tratamiento se encuentra incorporado al presente decisorio conforme lo dispuesto en el punto 1º) 4º) NO HACER LUGAR a las apelaciones deducidas por el Señor Fiscal Federal y la Querella en el Expte. Nº 45.672 en cuanto al dictado del procesamiento sin prisión preventiva dispuesta por el "a quo", respecto de Enzo Breard, Ramón Andrés Gandola y Alberto Horacio Valussi, confirmándose en tal sentido la resolución en crisis (Voto de la mayoría. En disidencia parcial la Dra. Ana Victoria Order, por sus fundamentos.) 5º) NO HACER LUGAR a las apelaciones de fs. 12/14, 18/19 y vta. y 34/37 deducidas en el Expte. Nº 45.672 a favor de José Francisco Rodríguez Valiente, J.A.C., Gabino Manader, José Marin, Ramón Esteban Meza. Alberto Horacio Valussi y Luis Alberto Patetta, en todo lo que fuera materia de agravios, confirmando a su respecto el procesamiento dictado en la instancia de origen. - José Luis A. Aguilar. - Ana V. Order. - Simón Getzel.