marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, violación de derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Herrera, Diego Fernando y otro c/ REFSA y/u otros  s/ Juicio de Amparo (Ley 749)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-02-17

La acción de amparo ha sido concebida en nuestro derecho como un medio de impugnación extraordinario, acuñado para asistir a todo ciudadano que tuviera un interés legítimo en reestablecer un "derecho fundamental" vulnerado tanto por alguna autoridad pública como por un particular, encontrándose prevista en las leyes fundamentales en el art. 43 de la Constitución Nacional y en el art. 23 de la Constitución Provincial y reglamentada en la Ley Provincial Nº 749. La viabilidad del amparo, requiere no sólo la invocación de un derecho cierto, preciso y de jerarquía constitucional, sino también que la conducta impugnada sea manifiestamente arbitraria e ilegítima, y que exista un daño que no pueda evitarse o repararse adecuadamente por medio de otras vías. La arbitrariedad se exterioriza cuando el acto o la omisión aparecen formalmente fundados en la ley pero ésta es aplicada con error axiológico inexcusable, exceso ritual o auto-contradicción, o bien las conductas cuestionadas derivan de la transgresión de las reglas del debido proceso; la ilegalidad en cambio, se configura cuando el acto u omisión se hallan desprovistos de todo sustento normativo, es decir, cuando entrañan la prescindencia lisa y llana de la ley. Tanto la ilegalidad como la arbitrariedad deben ser manifiestas, lo cual implica que aquellos vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial (cfr. Fallos Nros.: 16.116/12 y 17.567/15 de este Tribunal).
Prueba, prueba confesional
Materia: PROCESAL
Carátula: BOHOSLAVSKY GUILLERMO c/ OGRIZEK NELMA RAMONA s/ ESCRITURACION MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-12-13

Es técnicamente erróneo atribuir carácter de confesión, a la expresión "me allano" a una propuesta de resolución ya no vigente.
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Márquez, Hugo Ricardo s/ Abuso de armas - Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

Corresponde la anulación de oficio de la sentencia que hizo lugar a la apelación del Agente Fiscal "por el monto de la pena" disponiendo, además, su efectivo cumplimiento, pues una apelación de esa naturaleza circunscribe el recurso a aquella sola cuestión regida por los arts.40 y 41 del Código Penal, conformándose quien lo deduce con las restantes cuestiones que no son objeto de impugnación, las que, por consiguiente, quedan firmes e inamovibles.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mediación, reconvención, celeridad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMPBELL, Andrea Patricia c/ UTILISIMA SATELITAL U.T.E. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-07

Finalizado el trámite de mediación y expedita la instancia jurisdiccional, no es posible retrotraer el proceso a un estadio anterior en desmedro de su celeridad y en violación al principio de preclusión. De ahí que frente al planteo de una reconvención, -la cual debe necesariamente derivar de la misma relación jurídica invocada en la demanda-, no se requerirá una nueva mediación, pues cabe entender que el conflicto ya fue sometido a ella sin resultados positivos.
Seguros, obligaciones de las partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: Recurso de queja deducido por la citada en garantía en la causa Dromi, Antonio Rafael y otro c/ Rueda, Carlos Alberto y otros  s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-12-21

En virtud de que la actividad aseguradora es objeto de una regulación especial por parte del Estado Nacional, para determinar las obligaciones de las partes resultan aplicables no solamente las pautas del contrato entre asegurador y asegurado sino también aquellas normas imperativas que el legislador sancionó y que, en su consecuencia, la autoridad administrativa ha dictado en ejercicio de su poder regulador (Voto de los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti).
Cuestiones de competencia, accidentes de trabajo, daños y perjuicios, aplicación de la ley laboral, competencia laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Robledo, Raúl Eduardo c/ Provincia ART SA s/ Daños y perjuicios (accidente de trabajo) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-28

Corresponde asignar competencia para entender en estas actuaciones a la Justicia Nacional del Trabajo toda vez que la pretensión no constituye el ejercicio de una acción prevista en el derecho civil sino el de una acción provista por la ley laboral, la ley de riesgos n° 24.557. Si bien la demanda invoca normas que hacen a la responsabilidad civil, de las constancias agregadas surge que la parte actora apoya la responsabilidad de la aseguradora por el accidente, que describe como in itinere sobre la base de la relación laboral y el hecho de que, al momento del accidente, se encontraba camino a cumplir con obligaciones laborales, por orden de su jefa. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Conflicto de poderes, Estado Provincial, competencia provincial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobernador de la Provincia de La Pampa, Oscar Mario Jorge c/ Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa s/ Acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-23

La protección y vigencia de las garantías deben buscarse dentro de los diversos resortes institucionales de la respectiva jurisdicción y por ello, los conflictos entre autoridades locales deben hallar solución -jurídica y política- en el ámbito provincial, sin injerencia de la justicia de la Nación.
Tratados internacionales, aplicación de tratados internacionales, responsabilidad internacional del Estado
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Dragoevich, Héctor Ramón c/ Mº J y DD.HH s/ art.3 ley 24.043 ( resol.612/01)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-02

Cuando un país ratifica un tratado internacional se obliga internacionalmente a que sus órganos lo apliquen a los supuestos que el tratado contemple, máxime si éstos están descriptos con una concreción tal que permita su aplicación inmediata, por lo cual, la prescindencia de las normas internacionales por los órganos internos pertinentes puede generar responsabilidad internacional.
Graduación de la pena, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: Arce, Claudio Rubén c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-17

No es atendible el reclamo defensista que cuestionó la determinación de la pena por entender que debió ser inferior a la impuesta en atención a las condiciones personales de su asistido, los avances realizados desde la comisión del hecho delictivo y la ausencia de fuerza física alguna sobre la menor víctima. Ello, porque, respecto a las características del imputado, la circunstancia constituye una pauta pertinente para medir la pena según el art. 41 del Código Penal y luego, al sostener la falta de despliegue de fuerza física alguna sobre la menor, el planteo se vincula con la calificación jurídica del hecho sin que ello incida en la medición de la pena (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirieron los jueces Morin y Días).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fadil José y otra c/ Laicovschi Jorge Samuel y otra y/o El Director s/ Interdicto de obra nueva y de recobrar posesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-24

Habiéndose declarado desierto el recurso y ordenado el desglose y devolución del memorial respectivo, tal tarea resulta inoficiosa en los términos del art. 30 de la ley 8904 siendo improcedente regular honorarios. Igual suerte ha de acompañar la fundamentación con que el letrado beneficiario de la regulación practicada oportunamente ha abastecido la prerrogativa conferida por el art. 57 de dicha norma arancelaria.- (Minoría u opinión personal)
Pena privativa de la libertad, readaptación del condenado, responsabilidad internacional del Estado, prisión preventiva, arresto domiciliario, salud del imputado
Materia: PENAL
Carátula: FEITO, Alfredo Omar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Es dable apreciar que se trata de una categoría particular de delitos, cuya gravedad afecta valores humanos fundamentales y en los que el derecho a que la pena privativa de libertad tenga un fin esencial de resocialización, coexiste con la obligación internacional de imponer un castigo adecuado, a fin de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (cfr. art. 1.1 de la C.A.D.H.). En tal perspectiva, la invocación de la finalidad resocializadora de la pena y la aseveración de que la pena impuesta importa un trato cruel, resultan estériles para desvirtuar la decisión del tribunal de procedencia. Sobre la última cuestión, esto es la modalidad bajo la cual el imputado debe cumplir la pena, se destaca que el imputado se encuentra sujeto a prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario y, por tanto, de momento, resulta prematuro realizar cualquier consideración respecto del riesgo que para su integridad personal y situación de salud podría suponer el ingreso a un establecimiento penitenciario.
Notificación por cédula, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Edificio Scopus c/ Saretzky, Jorge Raúl y otros s/ Ejecución de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09

Si bien la cédula de notificación de la sentencia debe dirigirse al domicilio constituido, la circunstancia de haberse diligenciado en el real no la torna un acto ineficaz, pues en atención al principio de instrumentalidad, si el acto cumplió la finalidad a la que estaba destinado -en el caso fue recibida por la misma parte- no puede invalidárselo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actualización monetaria, intereses, convertibilidad
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA RAQUEL c/ FLORERIA SAN JERONIMO Y/U OTROS s/ DEMANDA - DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-10

Los importes que prosperan seran pagados con más la actualización monetaria prevista por el art. 276 de la ley 20744 hasta el treinta y uno de marzo de 1991 con más un interés del quince por ciento anual por igual lapso de actualización. A partir del día primero de abril dicho capital actualizado devengará un interés del doce por ciento anual (Ley 23928). En caso del incumplimiento del pago dentro del plazo estipulado, la tasa del interés del doce por ciento anual tambien será aplicada sobre el monto de interés calculado al treinta y uno de marzo (art. 11 Ley 23928 y 623 del C. Civil reformado).-
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zulli Claudio Lucio y otra c/ Ceballos Guillermo Héctor y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

La circunstancia de que al reparar cosas usadas sustituyendo piezas nuevas por viejas, ocurra que el valor de la reparación exceda al porcentaje que en el total de la unidad corresponda asignarle a la sección reparada, no empece a que así se disponga en cuanto no exceda al valor total de la cosa, supuesto en que la indemnización halla límite en la suma suficiente para adquirir otra de similar estado y calidad. Es que el principio que rige la materia es el de la reparación integral (art. 1083 CC) ya que no es demasiado exigir del autor del daño que soporte algunos sacrificios pecuniarios para indemnizar enteramente aquello que ha hecho sufrir por su poca prudencia o su desatención.-
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, jueces, control de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: G., L. R. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL SIMPLE CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-17

Las alegaciones que formula la compareciente vinculadas a que es facultad del fiscal definir cuándo corresponde continuar el ejercicio de la acción penal, resultan insuficientes en orden a desmerecer la categórica respuesta del A quo en cuanto a que el juez no se encuentra impedido de examinar -además de la argumentación y la logicidad- la legalidad del consentimiento del fiscal. (Del voto del Dr. Gutiérrez, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Erbetta, Falistocco y Gastaldi)
Supervisión de cumplimiento de sentencia, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, REPÚBLICA ARGENTINA, Pacto de San José de Costa Rica, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, torturas, muerte de un menor, responsabilidad internacional del Estado, familiares de la víctima
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bulacio c/ Argentina s/ cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-11-17

Corresponde que la Corte Interamericana mantenga abierto el procedimiento de supervisión del cumplimiento de la Sentencia dictada contra la República Argentina -18 de setiembre de 2003, Serie C No. 100-, por violación a la Convención Americana, en perjuicio de quien siendo menor de edad fue detenido ilegalmente y murió a raíz de los golpes sufridos en sede policial, pues después de trece años de acontecidos los lamentables sucesos, no ha adoptado las medidas legislativas o de cualquier otra índole a los fines de adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos, otorgándoles plena efectividad.
Pericia psicológica, valor probatorio, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: Ramírez, Alba Itati c/ Microómnibus Quilmes SACIF y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-14

Resultan inadmisibles los rubros daño psicológico e indemnización por gastos de tratamiento psicológico, si no han sido adjuntados al dictamen pericial los tests y exámenes efectuados a la parte, pues de ese modo la pericia queda huérfana de apoyatura objetiva.
Asignaciones familiares, instrumentos públicos
Materia: LABORAL
Carátula: QUINTEROS, Néstor c/ SILVETTI, José s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-02-24

El director de un establecimiento educativo público estatal, es un funcionario público y las constancias de alumno regular por él expedidas son instrumentos públicos.Si se reconoce el carácter de instrumento público a los certificados o informes emanados de funcionarios policiales, corresponde adoptar igual criterio en este caso, teniendo por válidas las constancias expedidas a los fines de las asignaciones familiares, no así las emitidas por un ente privado, estando negada la autenticidad de la documentación.
Aportes y contribuciones previsionales, facilidades de pago, espera
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ESSEN  ALUMINIO  S.A. c/ A.F.I.P.  A  D.G.I. s/ Impugnacion dedeuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

La espera no es otra cosa que una renuncia parcial del acreedor que consiste en su decisión de no hacer valer el derecho que le ha conferido el estado de mora de su deudor. Resultaría incongruente e irrazonable que numerosas disposiciones favorezcan al incumplidor mediante una amplia posibilidad de financiación de su deuda principal, eximiéndolo de las multas e intereses, y se mantenga para otros que, por razones económico financieras, han debido recurrir a un sistema de financiamiento que la propia administración autoriza.
Deberes del juez, sentencia de primera instancia
Materia: ELECTORAL
Carátula: Legajo de apelación en autos caratulados: Partido Comunista s/ actuación -distrito Corrientes- Expte. N° 29.355/87 Legajo de apelación en autos: Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (A.R.I.) s/ reconocimiento de personería jurídico política como partido de distrito Expte. N( 60.301/02 Legajo de apelación en autos caratulados: Partido Frente Grande distrito Corrientes s/ personería jurídico-política como partido de distrito Expte. N( 42.822/94 (caducidad art. 50 inc. e ley 23.298) Legajo de apelación en autos caratulados: Partido Conservador Popular - dto. Corrientes s/ reconocimiento personería jurídico-política como partido de dto. Expte. N° 53.973/99 (caducidad art. 50 inc. e ley 23.298 Compulsa en As. 15083 'Ley 26.215 elección junio 2009' (apelación Partido Intransigente) Partido Conservador Popular s/ presentación (caducidad)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-19|2010-11-09|2010-11-09|2010-12-21|2010-06-24|2010-07-08

El artículo 163, inc. 6º, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación impone a los jueces el deber de contemplar las circunstancias existentes al momento de la decisión.
Empleados públicos, amenazas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASCO, ERASMO JUAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 102-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-05-22

La intimidación para provocar la renuncia de un empleado público debe surgir de la parte interesada y no de terceros (por ejemplo, la prensa), porque frente esos terceros el imputado de ilícitos, equívocos o encubiertos debe reaccionar con valor cívico, o no dándose por aludido, o promoviendo la acción que en derecho corresponde, pero no dimitir, sino defenderse y resistir lo que para él significa una calumnia.
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucero, Ruben Augusto c/ Bower, Rosa s/ Proceso Ordinario (Cobro de pesos)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-04-30

Si bien la confesión ficta no tiene consecuencias definitorias absolutas, y debe ser valorada "teniendo en cuenta las circunstancias de la causa" (art. 395 C.Pr.), es susceptible de producir plena prueba "aunque no existan medios probatorios corroborantes, si sus conclusiones no resultan desvirtuadas por otros elementos de juicio que surjan de autos "y son verosímiles dadas las circunstancias del caso".
División de poderes, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - s/ amparo ley 16.986. PRODELCO c/ PEN s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07|1998-05-07

Esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones exige interpretar la Constitución, lo que permite definir en qué medida - si es que existe alguna - el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión judicial, facultad esta última que sólo puede ser ejercida cuando haya mediado alguna violación normativa que ubique los actos de los otros poderes fuera de las atribuciones que la Constitución les confiere o del modo en que ésta autoriza a ponerlas en práctica.
Notificación por cédula, depósito previo, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Duarte, María Laura c/ Greco, Rodolfo Aurelio y otros s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-23

Dado que la interpretación que se efectúe de las normas que rigen el proceso debe conducir a asegurar y respetar los derechos constitucionales de defensa en juicio y de debido proceso, resulta razonable concluir qué la intimación fehaciente a completar el depósito a que alude el último párrafo del art. 286 del Código Procesal civil y Comercial de la Nación -que expresamente exige la comunicación personal o por cédula- no puede practicarse por ministerio de la ley. -Disidencia del juez Juan Carlos Maqueda-.
Ley complementaria, ley sobre riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: García Yamila c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-23

La Ley 27.348 autodenominada "complementaria" de la L.R.T., amplía sustancialmente las atribuciones que la Ley 24.557 había asignado a las comisiones médicas, e innova otorgándoles "jurisdicción" para determinar también las prestaciones dinerarias (art. 1°), transformándolas en verdaderos tribunales administrativos erigidos como un valladar prejudicial obligatorio e ineludible para la víctima de un infortunio laboral (Voto Ronconi)
Prescripción, donación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JAROLAVSKY ABRHAM JACOBO c/ UNIVERSIDAD POPULAR DE PARANA s/ S/FIJACION JUDICIAL DEL TERMINO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-29

Cuando la obligación está sujeta a un plazo incierto o indeterminado, el curso de la prescripción comienza a partir del día siguiente a la fecha de la emisión del título, o sea desde que ha ocurrido la causa que originó la obligación (donación con cargo). La mayoría de la doctrina en la materia sostiene que en los supuestos de obligaciones de plazo incierto indeterminado, el acreedor "ab initio" tiene expedita la acción para que se señale judicialmente el término de vencimiento; de forma tal que la prescripción comenzará a correr al día siguiente del nacimiento de la obligación, pues aunque la titular del crédito no pueda demandar de inmediato el cumplimiento de la obligación, sí puede hacer valer su derecho para conseguir su regular constitución, que en el caso se traduce en la fijación del plazo de cumplimiento.-
Sentencia definitiva, segunda instancia, error judicial, sentencia arbitraria, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: HEREDEROS DE FREILE SABINO c/ SEQUEIROS HECTOR F. s/ RESOLUCIÓN DE BOLETO DE COMPRA VENTA - INCIDENTE DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-05-13

Del examen de la cuestión traída a esta instancia extraordinaria, se advierte que nos hallamos en presencia de un caso excepcional que justifica la intervención de este Alto Cuerpo, con prescindencia del requisito de sentencia definitiva, habida cuenta que es deber ineludible del Tribunal corregir la actuación de las cámaras de apelaciones cuando aparezca realizada con trasgresión de los principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia.- El error fáctico aparece cuando se advierte una discordancia entre la verdad histórica y la reconstrucción contenida en el fallo, los magistrados de la casación no tienen obligación de respetar los hechos concebidos por los jueces de grado cuando se prohíbe su prueba, se los desplaza de su campo propio dejándolos sin gravitación o cuando en la valoración de la probanza, se los deja sin sentido por un error de apreciación.

Si bien el Alto Tribunal no está -en principio- facultado para rever las circunstancias fácticas admitidas por el a quo, puede y debe verificar -en caso de estimulación recursiva- si los hechos descriptos autorizan la aplicación del derecho en que se funda el decisorio.

En el caso, la decisión asumida por la alzada convalidando el decisorio de grado, resulta arbitraria en la medida que desestima el incidente de nulidad deducido por la parte demandada, contra el acto de notificación del traslado de la demanda, por considerar que la presentación resulta extemporánea; pues, para arribar a dicha solución ha efectuado un erróneo análisis de las circunstancias fácticas de la causa.-