Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16


SENT Nº 386 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciséis (16) de Junio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal de la Sala Civil y Penal, doctor Antonio Gandur -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Díaz Cristina del Valle vs. Junta de Agua Potable, Salubridad y Fomento de San Pablo s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia en recurso de casación interpuesto a fs. 190/195 por la parte actora, por intermedio de letrada apoderada, contra la sentencia de fecha 19/8/2008 dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo. El recurso fue concedido por resolución de fecha 21/9/2010 (fs. 221) y del informe actuarial de fs. 233 surge que las partes no presentaron la memoria prevista en el art. 137 del CPT.

El pronunciamiento recurrido (fs. 182/184) dispuso rechazar la demanda incoada en autos.

2.- Denuncia el recurrente infracción a la preceptiva de los arts. 33 y 34 del CPCC de aplicación supletoria al fuero, y del art. 28 de la Constitución de la Provincia de Tucumán. Sostiene que "la sentencia se basa en una irrazonable, dogmática e ilegítima valoración de los hechos acreditados y comprobados en juicio, por lo que es un acto jurisdiccional nulo". Afirma que el pronunciamiento recurrido adolece de un déficit de motivación que permite tener por configurado el supuesto de arbitrariedad que habilita su revisión en casación.

Sostiene que la Cámara rechaza la demanda interpuesta por su parte por entender que no se acreditó la prestación de servicios en relación de dependencia. Discrepa, por un lado, con la interpretación que el tribunal realiza de la preceptiva del art. 23 de la LCT pues entiende que la tesis restrictiva a la que la doctrina del fallo adhiere, perjudica la posición del trabajador. Cuestiona, por otro lado, la valoración de los elementos de prueba aportados al proceso, señalando que el razonamiento sentencial se aparta de las reglas de la sana crítica judicial.

Afirma que la Cámara hace una transcripción parcial y descontextualizada de los testimonios rendidos en autos para concluir que dicha prueba era insuficiente para tener por acreditada la prestación de servicios en relación de dependencia. Insiste en que si se confrontan las actas de fs. 114 y 117 (que contienen las declaraciones de los testigos ofrecidos por su parte) y la transcripción contenida en la sentencia impugnada, se advierte claramente el apartamiento de las pruebas rendidas en autos. Añade que se ha mutilado la declaración de los testigos puesto que no se han considerado las respuestas 4 y 5 contenidas en las actas de fs. 114 y 117. Destaca que los testimonios no han sido objeto de tacha y que el apartamiento denunciado no luce justificado.

Alega que "con respecto a la documental, reconocida por la demandada, el fallo incurre en un excesivo dogmatismo". Se agravia de que la Cámara considerara que si bien la documentación acompañada a la demanda no fue impugnada por la accionada, no alcanza a acreditar el trabajo en relación de dependencia.

Señala que "el fallo atacado se limita a enunciar las pruebas referenciadas" sin expresar las razones por las que entiende que no concurren "las notas típicas que caracterizan a una relación de trabajo". Expresa que "rechazar una demanda por considerar no acreditada la prestación de servicios en relación de dependencia implica al menos una adecuada valoración del cuadro probatorio", explicitando el carácter que atribuye al vínculo entre las partes. Prosigue en que "saber lo que ´algo no es' implica necesariamente saber ´qué es'" y que por ello la Cámara, no podía negar el carácter laboral de la relación entre las partes sin determinar qué tipo de vinculación existió entre ellas. Considera que se trata de una "omisión insoslayable" que justifica la tacha de arbitrariedad que se formula contra el decisorio en crisis.

Sostiene que con el criterio adoptado "se llega al absurdo que las presunciones de los arts. 23 y 57 de la LCT y el art. 58 del CPL terminan siendo perjudiciales a la posición de la actora. Ante la falta de respuestas a los telegramas obreros (art. 57 LCT), el reconocimiento de la prestación de servicios por parte de la demandada en la única carta documento remitida (art. 23 LCT), la incontestación de demanda (art. 58 CPT), sumado a la ausencia de ofrecimiento probatorio, el fallo atacado suple la inactividad de la contraria y entiende que no está probada la relación de dependencia, sin analizar cuáles son los elementos que permiten inferir al tribunal tal conclusión.

Reitera que "acreditado como está por las testimoniales, que la actora realizó tareas de cobranza, corroborado por la documental acompañada, sumado a que el objeto de la demandada era cobranza a los vecinos de San Pablo por el servicio de agua potable (prueba informativa), que la actora percibió una remuneración consistente en un porcentaje de las cobranzas, modalidad expresamente consagrada por el art. 104 LCT, que cumplía un horario de trabajo sin turnos fijos pero donde estaba a disposición de la demandada, sumado a lo cual del acta celebrada por la demandada cuya copia se acompañó surge que tenía poderes de dirección y contralor, al reconocerse que hubo un cambio en el sistema de rendición de cobranza impuesto por el tesorero a la actora", concurren todas las "notas típicas que definen el concepto de trabajo al que hace referencia el art. 4 de la LCT".

De conformidad a los argumentos expuestos, propone doctrina legal y pide se admita la procedencia del recurso de casación deducido por su parte.

3.- La Cámara señala que la demandada no contestó demanda pero advierte que para que se torne operativa la presunción en su contra contenida en el art. 58 del CPT, es preciso que el actor demuestre el hecho principal de la relación laboral. Prosigue el tribunal con una reseña de precedentes jurisprudenciales de esta Corte en los que sustancialmente interpreta con relación al art. 23 de la LCT, que la prestación de servicios que genera la presunción de un contrato de trabajo es la de servicios bajo relación de dependencia y que por ello se impone examinar en cada caso, si la prestación corresponde o no al ámbito laboral; prueba que incumbe al accionante. A renglón seguido, expresa que las pruebas aportadas a la causa, eran insuficientes para acreditar la prestación de servicios en relación de dependencia y que ello, determinaba el rechazo de la acción interpuesta en autos. Hizo referencia a la testimonial de fs. 114 y 117 y a la prueba documental acompañada al escrito de demanda, para concluir que tales elementos probatorios no permitían tener por demostrado el vínculo laboral invocado.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término, el afianzamiento no resulta exigible por ser la actora la que recurre, la impugnación se dirige contra una sentencia definitiva, denuncia infracción de normas de derecho y la arbitrariedad de la sentencia y se basta a si mismo (arts. 130 a 133 del CPT), por lo que el recurso resulta admisible.

5.- La preceptiva del art. 58 del CPT establece que ".en caso de falta de contestación, se presumirán como ciertos los hechos invocados y como auténticos y recepcionados los documentos acompañados a la demanda, salvo prueba en contrario. Esta presunción procederá si el trabajador acreditare la prestación de servicios".

Cabe recordar que en precedentes reiterados esta Corte ha señalado que las presunciones legales contenidas en el art. 58 de la LCT, originadas en la conducta omisiva y silente del demandado, en modo alguno eximen a la accionante de la carga probatoria relativa al hecho principal (CSJT, sent. 793 del 22/8/2008, "Salcedo René César vs. Azucarera La Trinidad S.A. s/ Acción de reagravación y otros"). Se ha dicho que las presunciones legales contra el empleador derivadas de la incontestación de la demanda, no operan ministerio legis sino que cobran operatividad recién a partir de la efectiva acreditación de la prestación de servicios (CSJT, sentencia Nº 1020 del 30/10/2006, "Díaz, Carlos Gustavo vs. Refinería de Maíz S.A.I.C.F. s/ Despido"; entre otras); y de allí que compete al juicio prudencial del órgano judicial determinar si con arreglo al material probatorio producido en la causa, aquéllas resultan de aplicación (CSJT, sentencia Nº 58 del 20/2/2008, "López Miguel Alejandro vs. Pintos Ramón Lino s/ Despido y otros").

Asimismo se debe tener presente, tal como lo menciona el tribunal de grado, que con relación a la preceptiva del art. 23 de la LCT, esta Corte ha interpretado que la prestación de servicios que genera la presunción, es la de servicios bajo la dependencia de otro, pues sólo éstos son los que se contemplan en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo -arts. 21 y 22, LCT- y, por lo tanto, la carga de la prueba de la posición de dependencia o subordinación no resulta alterada por la presunción, sino que, por el contrario, de esa prueba depende que aquella entre a jugar. Por ello se sostuvo que en cada caso se debe examinar si la prestación corresponde o no al ámbito laboral, señalándose además que el solo hecho de que se acredite la prestación del servicio, no significa que sin más deba presumírselo de carácter laboral" (CSJT, sentencia Nº 893 del 08/9/2008, "Suárez Armando Ariel vs. Taller Coquito S.R.L. s/ Cobro de pesos"; sentencia Nº 898 del 08/9/2008, "Flores Juan Sergio vs. Crisorio Ana María s/ Despido"; sentencia Nº 223 del 01/4/2008, "Knecht Wolf Jurgen vs. Exincor S.R.L. s/ Cobro de pesos"; sentencia Nº 8 del 08/2/2008, "Donaire Jorge Alberto vs. Teves-Nor-Big-Mar Tucumán Muebles y otros s/ Indemnizaciones"; entre muchas otras).

Seguidamente, de la confrontación de los argumentos del recurrente con los fundamentos del fallo, se advierte que le asiste razón al mismo cuando denuncia que la Cámara ha omitido una ponderación circunstanciada de los antecedentes y pruebas de la causa para justificar lo resuelto en autos.

La actora invocó en su demanda, la prestación de servicios a favor de la accionada y acompañó la prueba instrumental que glosa a fs. 9/20 (cartas documentos, anotaciones, recibos, etc.). En el escrito inicial ofreció su versión de los hechos (existencia de una relación laboral, despido, etc.) y formalizó su reclamo indemnizatorio en los términos que allí se expresan (fs. 21/25). Tal como surge de las constancias de la causa, la accionada no contestó demanda (providencia de fs. 30) y en la etapa procesal oportuna no ofreció prueba alguna (cfr. acta de fs. 49 y fs. 147). Se apersonó a fs. 46, con el patrocinio de la doctora Gloria E. Hanssen, y a fs. 60/61, se ordena el desglose y devolución de la instrumental presentada por la misma, por resultar extemporánea.

Como se anticipó, la valoración de las pruebas aportadas por la actora luce parcial y simplista, omitiendo una consideración minuciosa de la misma, en atención a los puntos materia de controversia.

Del intercambio epistolar previo a la interposición de la demanda surge que la actora esgrimió la prestación de servicios en relación de dependencia, mientras que la demandada sostuvo que se trataba de una "colaboración" con la institución dado el carácter de integrante de la asociación, con la contraprestación allí mencionada (pago de una comisión equivalente al 12% de lo recaudado). Siendo así, la prueba aportada merecía un análisis pormenorizado y circunstanciado, que los términos del pronunciamiento no ponen en evidencia.

Las actas de fs. 114 y 127 con la declaración testimonial de los señores Feliciano Eladio Abregú y Ramón Amancio Ortiz, respectivamente, dan cuenta de que la Cámara, al transcribir el contenido de las mismas, omite mencionar las respuestas a las preguntas 4 y 5 del cuestionario propuesto (fs. 110), que concretamente se refería a las tareas cumplidas por la actora, días y horarios de trabajo, etc. Esta valoración parcial de los testimonios, que prescinde de parte sustancial de lo manifestado por los testigos, priva de sustento suficiene al juicio de ponderación del tribunal de grado.

La genérica mención a la documentación acompañada al escrito de demanda y la interpretación referida a su nula eficacia probatoria, no emerge justificada. La Cámara no hace explícitas las razones en las que funda esta valoración de la prueba instrumental, lo que hace manifiesto el déficit de fundamentación que se atribuye a la sentencia impugnada.

Esta Corte reiteradamente ha señalado que los pronunciamientos judiciales no se fundan en la íntima convicción del juzgador, sino que de su texto deben poder extraerse las razones que sustentan la decisión del caso concreto. El deber de motivación supone una expresión del razonamiento crítico, valorativo y lógico, con que el tribunal de alzada aprecia las cuestiones propuestas en la instancia y explicita el sentido de su pronunciamiento. El déficit de fundamentación sentencial constituye una infracción al deber constitucionalmente impuesto (art. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán y arts. 33, 40 y 264, texto consolidado del CPC, de aplicación supletoria al fuero), que tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento y conlleva la nulidad del pronunciamiento (CSJT, sentencia Nº 451 del 18/5/2009, M. P. W. vs. V. A. I. s/ Divorcio vincular"; sentencia Nº 64 del 20/02/2008, "Gobierno de la Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. Cornaglia Juan Carlos s/ Ejecución fiscal"; sentencia Nº 264 del 04/4/2006, "Río García, Lorenzo vs. Heredia, Mario Roberto s/ Desalojo"; sentencia Nº 588 del 27/7/2001, "Silva, Ángel Miguel vs. Agrícola de Leales S.R.L. s/ Cobros"; entre otras).

Por las razones expresadas, corresponde CASAR la sentencia recurrida, en base a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y, por ende, nula la sentencia que no cuenta con fundamentos probatorios suficientes"; y REENVIAR los autos al tribunal de grado a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento.

Lo resuelto en esta instancia, no importa sugerir el sentido de la sentencia a dictarse por el tribunal de mérito que, con arreglo a los antecedentes y pruebas producidas en la causa, decidirá la suerte de la acción interpuesta en autos.

6.- Atento a que el déficit de la actuación del tribunal es el que determina la nulidad del pronunciamiento recurrido, corresponde imponer las costas por su orden (art. 49 del CPT y 105 inc. 1 del CPCC).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Adhiero al voto de la señora vocal preopinante sin perjuicio de dejar expresamente consignado lo siguiente:

El recurso de casación fue interpuesto en término, se dirige contra una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del Código Procesal Laboral (en adelante CPL); que cumple con el requisito del artículo 131 inciso 1 del CPL pues está fundado en la presunta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo en cuestión respecto a la valoración del material fáctico obrante en autos; finalmente, no resulta exigible el afianzamiento por no ser condenado a pago de suma alguna previsto por el artículo 133 del CPL (a contrario).

Ahora bien; siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la ponderación por este Tribunal Cimero provincial de aquélla valoración efectuada por el A quo -la cuál en sí misma ya es una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen deviene admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 19/8/2008 dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo. En consecuencia, CASAR la misma en base a la doctrina legal precedentemente expuesta; y REMITIR los autos a la Excma. Cámara, para que por la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE	(con su voto) CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.