Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-23


TS07D39498 SENTENCIA DEFINITIVA N°: 39498 CAUSA N°: 5.275/05 - SALA VII - JUZGADO N° 64 En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de agosto de 2.006, para dictar sentencia en estos autos: "IRAMAZ, VIRGILIO EZEQUIEL c/ SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE REGISTRACIÓN S.A. s/ Despido", se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I) La demandada recurre el fallo de grado que acogió el reclamo indemnizatorio sustentado en las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

También recurre el Sr. perito contador porque estima insuficientes sus honorarios.

II) La quejosa se agravia por el hecho de que, la Sra. juez de grado desestimó su defensa por la cual intentó sustentar que el comienzo de la relación habida entre las partes se dio en el marco del Decreto Nro. 340/92 (sistema de pasantías).

Ahora bien, más allá de la eventual elasticidad horaria que pudo haber rodeado a la prestación de servicios del actor en el período inicial -hecho que la recurrente refiere y para lo cual se basa en los dichos de García (v. fs. 271), Walsh (v. fs. 274) y Sinyasiki (v. fs. 338)- lo cierto es que llega incólume lo esencial del decisorio de grado: allí se precisó que, para ajustarse al régimen excepcional de "pasantías" previsto en el decreto referido, debió haber probado: 1) la suscripción de un convenio con la entidad educacional a la cual pertenecía el actor; y 2) que dicha entidad controlaba y fiscalizaba el cumplimiento de los objetivos de la pasantía (se entiende como tal la oportunidad del "pasante" para adquirir conocimientos dentro del área propia de la formación e instrucción que viene recibiendo).

Así, más allá del esfuerzo dialéctico vertido en el escrito en análisis, lo cierto es que ninguna de ambas circunstancias, de primordial importancia para poder ampararse en un régimen excepcional contractual "extra laboral", fue acreditada en autos (cfme. art. 377 del C.P.C.C.N.).

Ya de antigüo se dijo: "Falsa demonstratione mutari substantia veritatis minime potest" (Código de Justiniano, Lib. I, Tit. XVIII, ley 5ª).

Opera aquí el principio de primacía de la realidad, propio del Derecho del Trabajo. Dice el Maestro Plá Rodríguez: "El significado que le atribuimos a este principio es el de la primacía de los hechos sobre las formas, las formalidades o las apariencias. Esto significa que en materia laboral importa lo que ocurre en la práctica más que lo que las partes hayan pactado en forma más o menos solemne o expresa o lo que luzca en documentos, formularios, instrumentos de control" (Américo Plá Rodríguez: "Los Principios del Derecho del Trabajo" 3ª. Edición actualizada, Depalme, Buenos Aires, 1998,nº 170).

"Estas ideas, aunque expresadas de muy distintas maneras, han sido recogidas por la doctrina universal. Incluso en muchos casos se presupone el principio, aplicándolo sin creer necesario explicitarlo" (loc. Cit. Nº 171).

Ya De la Cueva había expresado: "En atención a lo dicho es por lo que se ha denominado al contrato de trabajo, contrato -realidad, puesto que existe, no en el acuerdo abstracto de voluntades, sino en la realidad de la prestación del servicio y es ésta y no aquel acuerdo lo que determina su existencia" (Mario De la Cueva: "Derecho Mexicano de Trabajo", 2ª. Edición México, 1943, T. I, pág. 38).

De donde se infiere que el Derecho del Trabajo se aplica al mero hecho del trabajo por cuenta ajena, lo que constituye la esencia de la relación laboral, superando la inexistencia de contratación explícita o de formas no laborales que la enmarcaren.

Descartado ello, corresponde concluir que el período de prestación laboral calificado como de "pasantía" existente entre la demandada y el actor encubrió el inicio de un verdadero y genuino contrato de trabajo, y que el empleo de dicha modalidad en fraude a la ley laboral, impositiva y previsional; máxime cuando las constancias probatorias del caso indican que la accionada se beneficiaba con las labores realizadas por el actor.

No sólo ello, sino que no llega en discusión que el dependiente realizó desde el inicio tareas propias de su giro comercial (el actor era "técnico de controladores fiscales", ello para elevar el volumen de ventas de la empresa), que éste estaba inserto en una organización empresarial que le era ajena, y percibía como contraprestación una suma dineraria que le era depositada mediante caja de ahorro (aún cuando se la calificara como "asignación estímulo", conforme la redacción del acuerdo de pasantía; v. fs. 57). III) Así, corresponde desestimar la defensa de la accionada relativa a que la fecha de ingreso habría sido en noviembre de 1998, en tanto -por lo que dejo expuesto- debe computarse como antigüedad el período posterior al 24 de marzo de dicho año, fecha denunciada en el inicio y corroborada con el testimonio de Collinwood (fs. 188) la cual, además, es prácticamente coincidente con el señalado en el acuerdo celebrado entre las partes (del 1.4.98; v. fs. 57).

IV) La recurrente cuestiona la conclusión de la Sra. juez de grado, quien juzgó que el actor tuvo motivos para denunciar el contrato de trabajo.

Ahora bien, aún en la hipótesis más favorable para el recurrente -es decir, de considerar no demostrada fehacientemente la negativa de tareas- este hecho es irrelevante pues sí se probó el registro defectuoso del trabajador.

En tal sentido, frente a la falta de cumplimiento por parte de la empleadora del requerimiento de registro adecuado cursado por el dependiente (v. despachos del 9.12.04; fs. 5/7 y fs. 11), quedó legitimada la ruptura del vínculo sin que se viese afectado el principio de conservación del contrato de trabajo (art. 10 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo) (en igual sentido, esta Sala en autos: "Amarilla, Julián Oscar c/ Govasp S.R.L. s/ Despido"; S.D. 24.924 del 2.5.01). (cfme. art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo). V) Otro punto invocado por la apelante se centra en la ausencia de reclamos del trabajador vigente la relación laboral, pero tal circunstancia en nada puede perjudicar al trabajador a la luz de lo normado en los artículos 58 y 260 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto la ley no le acuerda relevancia jurídica al silencio guardado por aquel frente a defectos formales e incumplimientos ocurridos en el transcurso de la relación de trabajo (en igual sentido, entre muchas otras, esta Sala en autos: "Colón, Lucía Norma c/ Solaz S.A. s/ Despido"; S.D. 32.609 del 30.9.99).

VI) Con relación a la crítica acerca de la cuantía del incremento de las indemnizaciones previsto en la ley 25.561 y decretos posteriores, cabe advertir que el distracto se produjo dentro del período de vigencia del Decreto 823/04, por lo cual, el porcentaje determinado en grado -del 80%- es acorde a lo previsto en dicha norma.

Por lo expuesto, propongo que se confirme el fallo recurrido íntegramente.

VII) Sobre la base de los trabajos efectivamente realizados por el Sr. perito contador, opino que -por aplicación del porcentaje de honorarios regulado en su favor- sus honorarios son adecuadamente retributivos, por lo que propongo su confirmación (art. 38 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635- y arts. 3 y 6 del D.L. 16.638/57).

VIII) De tener adhesión mi voto, propicio que las costas de alzada sean soportadas por la parte demandada (art. 68 del C.P.C.C.N.), y que se regulen los honorarios de esta instancia en el 25% de lo regulado, en favor de cada uno de los profesionales intervinientes por las partes, por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839 -modificada por ley 24.432-). LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede. EL DOCTOR JUAN ANDRÉS RUIZ DÍAZ: No vota (art. 125 de la ley 18.345). Por lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo recurrido. 2) Confirmar también los honorarios fijados a favor del Sr. perito contador. 3) Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada. 4) Fijar los emolumentos de alzada en el 25% de lo regulado en favor de los profesionales intervinientes por las partes por su actuación en primera instancia. Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2° del art. 62 de la ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber también que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada C.S.J.N. No. 6/05).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.