Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-12


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa Nº 5.636/13/CA2 "U.L. y otro c/ Obra Social Unión Personal y otros s/ amparo" Buenos Aires, 12 de junio de 2014.

VISTO: el recurso interpuesto y fundado por la demandada a fs. 137/138, concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 139 contra la resolución de fs. 135, que mereciera la réplica de la contraria a fs. 140/140vta., oída la señora Defensora Oficial, y CONSIDERANDO:

I. El Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a la Unión Personal que proceda a restablecer la afiliación de la menor L.U. y garantizara la continuidad de su cobertura médico-asistencial hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Que contra dicha resolución se agravió la demandada y este Tribunal a fs. 120/121 decidió confirmar el decisorio apelado.

No obstante ello, a fs. 131 la señora M.H., en representación de su hija menor de edad L.U., denunció como hecho nuevo que la demandada quiso facturarle un ítem que denominó "PREEXISTENCIA VALOR PREFERENCIAL" por la suma de $ 5.699. A tal efecto, solicitó una medida cautelar de no innovar en el cobro del servicio de cobertura médica contratado oportunamente y, requirió el permiso para abonar $ 1.026 correspondiente al plan de cobertura 210 B1 por los meses Diciembre 2013, Enero y Febrero de 2014.

Corrido el traslado de rigor, la demandada sostuvo que la facturación fue realizada de conformidad con lo estipulado en el art. 10 último párrafo de la ley 26.682 y normativa vigente en la materia (v. fs. 134).

Atento a lo solicitado, el señor Juez a-quo dispuso que teniendo en cuenta la cuestión sometida a debate y el estado larval del juicio, la demandada Obra Social Unión Personal debía restablecer el cobro de la cuota mensual que venía liquidándose hasta octubre de 2013 y anular el cobro del cargo "PREEXISTENCIA VALOR PREFERENCIAL" (v. fs. 135).

Contra esta última resolución se agravia la demandada por cuanto sostiene que no se encuentra controvertido que la actora padezca una enfermedad preexistente y que por tal motivo no existiría impedimento alguno para apartarse de lo dispuesto en el último párrafo del art. 10 de la ley 26.682. Asimismo, arguye que no se ha acreditado la existencia de verosimilitud en el derecho ni el peligro en la demora.

II. Ante todo, cabe recordar que las medidas cautelares, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra (conf. Di Iorio, J., "Nociones sobre la teoría general de las medidas cautelares", LL 1978-B-826; esta Sala, causa 9.334 del 26.6.92). De allí que para decretarlas no se requiera una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado -extremo sólo definible en la sentencia final- (esta Sala, causas nº 7815/01 del 30-10-01 y 5236/91 del 29-09-92), ni el estudio exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes -cuya índole habrá de ser dilucidada con posterioridad-, sino tan sólo un examen prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario un fumus boni iuris.

Sentado lo expuesto cabe recordar que la Sra. M.H. inició la presente acción con medida cautelar a fin de que la Obra Social Unión Personal restableciera la afiliación y la cobertura de los servicios médico-asistenciales a su hija menor L.U., en virtud de que le había rescindido su contrato por considerar que había omitido consignar afecciones preexistentes en la declaración jurada de ingreso (todo ello acreditado mediante la documental aportada en autos a fs. 44/55). Asimismo obra el intercambio epistolar efectuado con la demandada (cfr. fs. 45/47).

Desde esta perspectiva, corresponde señalar, en este contexto cautelar, que no son atendibles los argumentos esgrimidos por el apelante para cuestionar la verosimilitud del derecho del actor, toda vez que este Tribunal en la resolución de fs. 120/121, dispuso que la demandada no debía alterar la situación en la afiliación de la menor, impedimento que obviamente debe hacerse extensivo al cobro de cualquier cargo que se intente adicionar al valor de la cuota correspondiente al plan contratado. Ello ocurre así, pues lo que se intenta evitar con el dictado de la precautoria recurrida, es que se ponga nuevamente en serio peligro la cobertura médico asistencial de la menor.

Como corolario, la demandada no puede desconocer que allí se resolvió que las invocaciones realizadas por Unión Personal relacionadas con los antecedentes de salud invocados al completar la declaración jurada no podían analizarse dado el estrecho marco cognoscitivo.

En función de lo expuesto, se infiere que la demandada no puede ignorar que la resolución que confirmó la medida cautelar (v. fs. 120/121) adquirió el carácter de firme, y se encuentra alcanzada por el principio de preclusión de acuerdo a lo que surge de la cédula de fs.122vta.

Por ello, SE RESUELVE: confirmar la decisión apelada, con costas a la vencida (art. 68 del CPCCN).

Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18/11/13 deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de la ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (conf. Acordada CSJN N° 31/11 y 38/13 -B.O. 17/10/13-).

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese -a la Sra. Defensora Oficial en su Público Despacho-, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo Ricardo Gustavo Recondo