Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-06


Comodoro Rivadavia, seis de noviembre de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "S P S.A. c/ M J E s/ EJECUTIVO", Expte. nro. 16.025/2006, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Ejecución Nro. 2 (Expte. nro. 334/2006), por haber interpuesto recurso de apelación por propio derecho la Dra. N D N, a fs. 23, contra la regulación de honorarios de fs. 22 vta. por considerarlos bajos.

Se agravia la recurrente en su memoria de fs. 23/23 vta., por considerar que el monto regulado en concepto de honorarios resulta insuficiente. Afirma que no se ha tenido en cuenta el monto del proceso, como la labor profesional.

La doctrina y jurisprudencia mayoritaria, han determinado que:

"En relación a los honorarios el juez debe siempre procurar dignificar al profesional, atendiendo a que el arancel asegura a abogados y procuradores el derecho a una retribución justa, al mismo tiempo que les garantiza un rango adecuado con la jerarquía que ellos invisten" (ST Jujuy Sala II, febrero 28984. U.P.A. ED del 10/8/84, pág. 15.

En igual sentido: CNCiv, Sala B, noviembre 12985. K.A. y P. de K, C. La Ley 1986B308, DJ986II338).

A los efectos regulatorios la clasificación de los trabajos se realiza con un criterio objetivo que atiende al interés a favor del cual la labor es objeto de aquélla. La norma arancelaria establece las pautas a tener en cuenta para la determinación de los honorarios profesionales, entre ellas, el monto del proceso, la naturaleza y complejidad del asunto, el resultado obtenido y su relación con la gestión profesional, etapas cumplidas, entre otras.

Se sostiene que el derecho a los honorarios no nace a partir de la cuantificación de los mismos por parte de la autoridad judicial pertinente, sino desde el comienzo de la actividad profesional del letrado en el expediente.

La regulación tiene por efecto apreciar dicha actividad y traducirla en una suma de dinero cuando finaliza el proceso o cuando las etapas procesales lo admitan (Cfme. CNCom. Sala B, octubre 7983, "K S c/ M", ED 107151). Pero dicha regulación no depende exclusivamente del monto del proceso o de las escalas que la ley establece (CS, 4/12/80, LL.1981B69).

El juez de grado al fijar el monto regulado toma como base dentro de las pautas arancelarias establecidas por la ley 4335, los artículos 6, 7, 19, 40, 47 y 62, que resultan aplicables al presente en virtud que el supuesto de autos se trata de un proceso ejecutivo.

Este tipo de procesos de acuerdo a la normativa arancelaria se divide en dos etapas (art. 40).

En el caso de autos, sólo se ha cumplido la primera etapa prevista en el artículo 40 de la ley de aranceles, aspecto que a los fines regulatorios debe ser computado.

Por ello, teniendo en consideración el tipo de proceso, el carácter de apoderado del letrado, etapa cumplida, la falta de excepciones, labor desarrollada, celeridad procesal, éxito obtenido y monto del proceso que si bien no es la única pauta es una de las más importantes, se concluye que los honorarios regulados a fs. 22 vta. resultan insuficientes, correspondiendo su adecuación conforme a derecho.

Establecido ello, en virtud de la escala salarial prevista por el artículo 40 de la ley 4335 t.o, la reducción fijada para supuestos como el de autos y monto del proceso y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles mencionadas precedentemente, se concluye que corresponde regular los honorarios a la letrada recurrente en la suma de pesos doscientos noventa ($290).

Costas de la Alzada por su orden. No se regulan honorarios profesionales correspondientes a la actuación ante esta instancia, por resultar al presente aplicables las disposiciones del artículo 12 de la ley 4335.

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs 23/23 vta. y revocar la regulación de honorarios de fs. 22 vta.

2º) Regular los honorarios de la Dra. N M D N, por su actuación profesional en primera instancia en la suma de pesos doscientos noventa ($290).

3º) Costas de la Alzada, por su orden.

4º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia el señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. Ley 1130).

Fdo: Silvia N. Alonso de Ariet Presidente; Fernando Nahuelanca Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 217 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS