marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Deuda pública, organismos del Estado, ANSSAL, obras sociales, acción subrogatoria, responsabilidad del Estado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Clinicard  S.A. c/ OSPIN s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-05

Con arreglo a lo previsto en la Ley 24.070, el Estado Nacional se subroga en los pasivos que registren los entes del Seguro Nacional de Salud y las obras sociales nacidos con posterioridad al 31 de julio de 1989 y hasta el 1 de abril de 1991, originados en prestaciones médico - asistenciales o destinados a la subsistencia de los afiliados de aquellas entidades.
Acción meramente declarativa, jerarquía de las leyes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COSTA MARINA S.A. c/ AFIP - DGI s/ ACCION DECLARATIVA. (Reg. 12.948)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que la Dirección Nacional de Impuestos se expidió a través del Dictamen nro. 288 del 14/4/92, en el que manifestó que el Decreto 2657/91 sustituye la NADE, sobre la cual se aplicaba el derecho adicional del 20%, y como no se reproduce esa imposición en la NCE, no es necesaria una derogación expresa del Decreto 553/89 debido a la derogación tácita que implicaba lo anteriormente explicado.

La derogación tácita del Dec. 553/89 restablece la vigencia del Dto.173/85.

Si se admitiera la ultra-actividad del art. 2 del decreto 553/89 a pesar del dictado posterior del decreto 2657/91, estarían violándose tanto el art. 2 de la ley 23.101 (que faculta al Poder Ejecutivo a proceder a su instrumentación pero dentro de los límites de la propia ley) y el art. 99 inc. 2 de nuestra Constitución Nacional (que impide al Poder Ejecutivo alterar el espíritu de las leyes al reglamentarlas, al igual que el art. 86 inc. 2 C.N. anterior a la reforma), ya que, lisa y llanamente, mediante un decreto (fundado en una excepcional situación de emergencia) el Poder Ejecutivo dejaría sin efecto un beneficio establecido por la ley. El principio de supremacía de la ley establecido en el art. 31 C.N. impide que ello suceda.

La doctrina, esforzándose por brindar certeza a una situación de confusión generada por la deficiente técnica legislativa y a los vaivenes de la política económica, coincide con lo expresado en los párrafos precedentes.

De tal modo el beneficio estatuido por el art. 9 inc. B) de la ley 23.101 se encuentra vigente. No obstante, la lista de bienes y servicios "promocionados" en el decreto reglamentario 173/1985, denominada en el mismo "Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera" (NCCA), no existe (pues tal Nomenclatura fue sustituida por la NADE mediante el decr. 553/89, ésta fue sustituida por la NCE mediante el decr. 2657/91, y ésta por la NCM mediante el decr. 2275/94).

Como el Poder Judicial no debe interferir en las modalidades de reglamentación propias de la administración, habrá de buscarse (hasta que el Poder Ejecutivo reglamente debidamente la ley 23.101), en la interpretación de lo dispuesto en el art. 8 de la ley 23.101, cuáles son los bienes y servicios exportados merecedores de aquella exención, lo que será -en todo caso- carga del contribuyente en cada supuesto concreto. (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dr. Ferro)
Cuestiones prejudiciales, divorcio, injurias graves, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: PROCESAL
Carátula: S. de R., R.J. c/ R., J.R. s/ Divorcio  Separación de Bienes  Tenencia de Hija
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-09-13

Si bien por los hechos que surgen de la causa del fuero criminal, el esposo fue sobreseído provisionalmente, ello no impide que sean ponderados en la causa del fuero civil para que, conjuntamente con las testimoniales ya analizadas, se llegue a la conclusión de haber existido injurias graves por parte del esposo.
Circunvención de incapaz o menor, acta de matrimonio
Materia: PENAL
Carátula: Suaya, Elías s/ Circunvención de Incapaces
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-12

El efecto jurídico al que se refiere el art. 174 inc. 2 del C.P.

- circunvención de incapaces - es esencialmente patrimonial y debe estar contenido y nacer del mismo documento, y no sólo con motivo de él, por lo que la firma de un acta de matrimonio no encuadra en el tipo, pues sólo modifica el estado civil, resultando indirecta su proyección de signo económico.
Contrato de trabajo, acción de amparo, deportistas profesionales, derecho de trabajar
Materia: LABORAL
Carátula: Berman,  Rubén  D. y otro c/ Asociación de clubes de Basquetbol yotro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-14

Tratándose de un jugador de básquet que a través de una acción de amparo contra la Asociación Clubes de Básquet pretende conseguir su libertad de acción, es de destacar que si bien el club para el que jugaba (Obras Sanitarias de la Nación) resulta ser el titular de los derechos federativos y del pase del jugador, y más allá de su deuda salarial de dos meses, es la Confederación Argentina de Básquetbol la entidad que se encuentra reglamentariamente facultada para otorgar la condición de "jugador libre", por lo cual es contra ella que puede pronunciarse válidamente la condena que se procura con la acción de amparo.
Accidentes de trabajo, obligación de seguridad, presupuestos de responsabilidad, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Sayago, Zacarías c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-07-31

La "autonomía" que a propósito del art.75 L.C.T. han destacado jurisprudencia y doctrina, atañe no a la acción, que la misma no otorga por sí, sino a uno de los presupuestos de la responsabilidad, la culpa, que quedaría sometida a un régimen particular de presunciones y prueba. Mas para que dicho régimen atinente a la culpa y su determinación se torne aplicable, es insoslayable que se hallen reunidos los otros requisitos de la responsabilidad, entre ellos la existencia de relación causal, porque, insisto en ello, el art. 75 L.C.T. no diagrama un sistema autónomo de responsabilidad sin causalidad o en el que ésta última sea presumida. Lo que en todo caso puede llegar a presumirse en este singular régimen es la culpa, en su tradicional concepción de omisión de diligencias o en el novel concepto de pura infracción al orden jurídico. Pero lo que es indeficiente, lo que no puede faltar a esos fines, es la acreditación previa del nexo causal entre el daño y el pretenso incumplimiento.
Falsificación de instrumento privado, locación, usurpación
Materia: PENAL
Carátula: SPARER, Julio L. s/ Causa 44.952
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Corresponde absolver en orden al delito de falsificación de instrumento privado, a quien fraguó un contrato de locación a fin que otra persona pudiese justificar su permanencia en el inmueble objeto del contrato, el cual había sido usurpado con anterioridad a la falsificación. Es preciso que el documento ocasione perjuicio real o potencial derivado de su empleo, lo que no ha ocurrido, porque éste no coadyuvó en la usurpación ni dificultó su pesquisa.

No existe acción punible cuando la falsificación se ha cometido para ocultar o justificar un delito anterior, pues la usurpación que se habría procurado disimular ocurrió un año antes del inocuo empleo del falso contrato.
Competencia federal, menores, interés del menor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: F. M. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-11

Los jueces federales en lo criminal y correccional tienen, en cuanto a los delitos de su competencia en los que resultan imputados menores de edad frente a la ley penal, el carácter de magistrados específicos, de modo que no se advierte que su intervención en tales casos transgreda normativa interna o supranacional alguna, ni que pueda acarrear responsabilidad del Estado argentino por incumplimiento de disposiciones convencionales de las que es parte. La disidencia sostuvo que, atendiendo al superior interés del niño, en la jurisdicción nacional, debe ser la justicia minoril, especializada, que cuenta con secretarías tutelares y medios apropiados para propender a la finalidad singular que la nutre de contenido, la que debe entender en la tramitación de tales causas. (Dres. Diez Ojeda -en disidencia-, González Palazzo y Hornos).
Confirmación de sentencia, período de exclusividad, concurso preventivo, cosa juzgada írrita
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Di Tella, Luciano Nicolás Francisco c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-16

Procede confirmar la resolución que desestimó el pedido del concursado de suspender el periodo de exclusividad. Ello por cuanto, la pretendida suspensión a la espera de que se resuelva un juicio de conocimiento que se encuentra en plena etapa de prueba desnaturalizaría el proceso concursal. Está claro que la ley de concursos establece procedimientos concretos para que los acreedores concurran al concurso preventivo de su deudor y participen en la aprobación del acuerdo. La demanda de nulidad por cosa juzgada írrita presentada en el proceso seguido por el concursado contra un acreedor, no puede ser motivo de suspensión sine die del proceso concursal. La eventual quiebra del deudor es el riesgo innato de todo concurso preventivo. Quien solicita la apertura de su concurso preventivo sabe que se enfrenta a una eventual declaración de falencia.
Recurso de apelación (procesal), sentencia de trance y remate
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: "Faget de Adzija, María y otro c-Automóvil Club Argentino s-Prepara Vía Ejecutiva s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-05-08

...la sentencia de remate es susceptible del recurso de apelación, aún cuando no concurran los supuestos contemplados por el art. 554 del CPCC, si ella se pronuncia acerca de la revalorización del capital adeudado en razón de la desvalorización de la moneda.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ROLDAN, MARIA ISABEL Y OTRO c/ KANTOR SAIC. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-14

Habiéndose desistido de la acción contra el empleador, y no mediando condena contra éste, mal puede condenarse al demandado por solidaridad fundada en el artículo 30 LCT. (conforme Sala VI, 'Meert, Ricardo Raimundo c/ Yacht Club Argentino y otros s/ despido', sentencia 12685 del 23 de julio de 1980).
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, delitos, retención indebida
Materia: PROCESAL
Carátula: ORONO, JOSE c/ ORTEGA, OSCAR REMIGIO s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-08-02

Si ha habido una debida intimación cursada judicialmente al incoado a restituir el bien, el imputado evidenció actuar con un ánimo de apropiación indebida sobre la cosa, puesto que el automóvil no solo no fue entregado en el plazo acordado al denunciante, sino que tampoco fue puesto a disposición de la justicia.
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, responsabilidad del Estado, poder de policía, eximentes de responsabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Guajardo Ester Edith  c/ Estado Nacional y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-14

Corresponde eximir de responsabilidad al Estado Nacional en una demanda por los daños y perjuicios entablada por una pasajera que sufrió lesiones como consecuencia del descarrilamiento del tren en el que viajaba, dado que el poder de policía de seguridad que le corresponde no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general pueda llegar a involucrarlo a tal extremo, en las consecuencias dañosas que ellos produzcan, con motivo de hechos extraños a su intervención directa.
Quiebra, acción revocatoria concursal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Santa Elena Bursatil Sociedad de Bolsa SA  c/  s/ quiebra c/ banco provincia del neuquen sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Idéntica solución es la aceptada también en el marco de la acción revocatoria ordinaria, donde igualmente se entiende implícitamente contenida la pretensión de reintegro del valor cuando la restitución in natura se ha tornado imposible (Acuña Anzorena, A., "Carácter resarcitorio de la acción pauliana y su término de prescripción pronunciada la condena por revocatoria", LL, T. 18, p. 668 y ss.; entre otros autores); interpretación que es pertinente traer a colación (en el sub lite) habida cuenta la identidad de naturaleza que tiene la revocatoria ordinaria y la falimentaria (Ragusa Maggiore, G., "Contributo alla teoria unitaria Della revocatoria fallimentare", Giuffre, Milano, 1962, p. 12; entre otros autores) y la posibilidad, por ello, de aplicar analógicamente, en cuanto fuera pertinente, las reglas que gobiernan la acción pauliana al régimen de la acción estatuida por la LCQ 119, tanto más porque, de ese modo la revocatoria concursal alcanza igualmente su objetivo por medio del cumplimiento vicario, es decir, por equivalente, conforme con el criterio básico que resulta del CCIV 505, 578 y 889 (Miquel, J., "Retroacción en la quiebra", Buenos Aires, 1984, p. 138, n° 149).
Concurso preventivo, proceso de verificación, demanda de verificación, mutuo comercial, bonos externos, intereses, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: INTER-NOS  S.R.L. s/ CONCURSO S/ INC. DE REVISION POR SOLANO, TOBIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-28

Si bien la pretensión verificatoria se fundamenta en el contrato de mutuo de bonex, los intereses pactados en tal convenio, no resultan aplicables a los cupones de renta, pues constituyen frutos propios de la cosa prestada que la concursada se vio obligada a entregar a su acreedor, con independencia de los intereses estipulados, por lo que corresponde utilizar una tasa que no resulte superior al 15% anual.
Habeas corpus, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: Cambria, Roberto Javier en causa 33.007 s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-06

Las resoluciones dictadas por las Cámaras en materia de habeas corpus son inapelables y, por ende, no susceptibles de ser recurridas ante esta Suprema Corte (art. 414, in fine, Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y modif.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: LABORAL
Carátula: SAAVEDRA ANGEL M. c/ TELECOMUNICACIONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-29

Ni los órganos de poder separadamente considerados (cada uno en particular) ni el "gobierno" que integran en conjunto, pueden ser demandados en juicio, al que hay que demandar es al "Estado". En consecuencia, la Dirección de Telecomunicaciones carece de personalidad jurídica, por lo cual, no es sujeto de derecho y no puede ser demandada y no obsta a esta conclusión la comparencia de Fiscalía de Estado, que no lo hizo a los efectos de representar a dicha Dirección sino de, precisamente, cuestionar a través de la excepción de falta de legitimación para obrar, la carencia de personería de Telecomunicaciones, por lo que debe hacerse lugar a la excepción planteada.
Ley procesal, silencio de la administración, acceso a la justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kovalskys, Silvio y otra c/ Municipalidad de San Isidro. s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-29

La norma procesal (antaño el art. 7°, de la ley 2961, hogaño el art. 16 de la ley 12.008, texto según la ley 13.101), atribuye a la inactividad formal administrativa un efecto equivalente a la denegación o resolución adversa del reclamo. Con esa ficción legal de acto contrario sólo se persigue el evidente propósito de evitar dificultades al administrado para acceder a la jurisdicción (art. 18, C.N.; art. 15, Const. pcial.) que podrían derivarse de la ausencia de una resolución administrativa expresa susceptible de impugnarse judicialmente.(doctor Genoud, sin disidencia)
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título, expensas comunes, intereses, consorcio de propietarios, certificado de deuda
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CONSORCIO TALCAHUANO 776/78 ESQ. AV. CORDOBA 1308 c/ SOLARI, ALEJANDRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-22

Es improcedente la inhabilidad de título opuesta, cuando -como en el caso- no existe norma alguna que imponga incluir en el certificado expedido por el administrador de un consorcio los intereses devengados por las expensas comunes reclamadas, toda vez que el CPR 524, solo exige que el certificado de deuda se ajuste al reglamento de copropiedad, cuyas disposiciones se encuentran cumplidas. (En el caso, los réditos pretendidos no fueron incluidos en el capital reclamado originado en la deuda por expensas comunes devengados por períodos mensuales discriminados con precisión- y los mismos emergen del reglamento de copropiedad aludido).
Inadmisibilidad del recurso, queja por casación denegada, sobreseimiento, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Pagni Carlos, Stornelli Carlos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-21

Es inadmisible la queja por denegación del recurso de casación deducido contra la confirmación del sobreseimiento si el impugnante no logró conmover los fundamentos de la denegatoria del recurso de casación ni demostró la existencia de arbitrariedad, limitándose a expresar una mera disconformidad con lo resuelto, que cuenta con fundamentos que impiden su descalificación, hallándose en el caso garantizada la doble instancia.
Relación de dependencia, cambio de categoría, puestero, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Velázquez Efrain c/ Galassi Alisa Noemí y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-20

No procede el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo, quien se duele por la categoría de encargado, asignada al actor. El decisorio se funda en que, aparecen 2 elementos que direccionan mas específicamente la categorización del actor, este se encargaba de buscar personal cuando hacía falta y es quien estaba al frente del campo cuando la dueña no estaba. La Resolución del Ministerio de Trabajo Nro. 144/52 en su art. 1 define al encargado, por oposición tenemos que el peon general es el que recibe órdenes directas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba confesional, confesión ficta
Materia: LABORAL
Carátula: Quiroga, Omar Alfredo. c/ Castellano, Oscar. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

La expresión 'bajo apercibimiento de tenerlo por confeso' que contiene el art. 34 del dec.ley 7718/71 es requisito formal para la validez de la citación a quien deba absolver posiciones; dicha advertencia constituye un aditamento a los recaudos generales establecidos en el art. 16 del citado ordenamiento procesal y podrá hacerse efectiva y operar, o no, en la apreciación 'en conciencia' de la prueba rendida en el proceso (art. 44 inc. 'e' decreto ley 7718/71). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, fertilización asistida, técnicas de reproducción humana asistida
Materia: CIVIL
Carátula: García, María Cristina c/ Administración Provincial de Seguro de Salud (APROSS) s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-03-03

Corresponde hacer lugar a la acción de amparo y condenar a la obra social a cumplir con la cobertura del tratamiento de fertilización asistida ya que una decisión contraria significaría ignorar derechos fundamentales de toda persona humana. El derecho de toda persona de acceder a las técnicas de reproducción humana asistida se funda en: a) el principio de igualdad (art. 16 de la CN); 2) el principio de no discriminación como corolario del derecho a la igualdad (CADH art. 24; DUDH art. 7; PIDCP art. 2.1 y 26); 3) el derecho a fundar una familia (CADH art. 17; DUDH art. 16 inc 3 y 22; PIDESyC art. 10.1; PDCYP art. 23.1, entre otros); 4) el derecho a la salud, que incluye la salud sexual y reproductiva (PIDESC art. 12.1; CEDAW y 4° Conferencia Mundial de la mujer de la ONU-Pekin 1995 y Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de la ONU, el Cairo 1994); 5) el derecho a la intimidad en relación al derecho de toda persona a decidir libremente y sin interferencias arbitrarias, sobre sus funciones reproductivas (art. 16.1 CEDAW y concordantes); 6) el libre desarrollo de la personalidad, también reconocido como derecho a la autodeterminación o a la autonomía personal; 7) el derecho a disfrutar el progreso científico y a dar su consentimiento para ser objeto de experimentación, respecto de la ciencia, el de participar y beneficiarse del progreso científico (art. 27 DUDH)-, 8) el derecho a respectar la indispensable libertad para la investigación científica (art. 15.3 del PIDESC).
Sanciones disciplinarias, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Las, Nora Gladis c/ Sistema Provincial de Salud s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-24

El carácter profesional que tiene el trabajo del agente estatal cualquiera que fuere, justifica la especificidad de cómo debe realizar su servicio. El agente no puede mantenerse ajeno a la actividad estatal que realiza, la que deberá ser eficiente, proba y de respeto a los administrados. Su consagración al trabajo deberá ser diligente, productiva y responsable, lo cual implica que no podrá ausentarse del mismo, salvo causas justificadas. El deber de asistencia dentro del horario permanente y labor de continuidad es uno de los elementos principales de su obligación de dedicación, y su transgresión justifica la imposición de medidas disciplinarias que pueden llevar a la cesantía, pues se juzgan, no en función de la real afectación de un servicio, sino en función del servicio comprometido.

Y no se resalta tanto la inasistencia como hecho de incumplimiento, sino por lo que representa como desprecio para el servicio y a la labor que debe realizar el Estado en bien de la colectividad.