Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-04-27


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: SIETE.

En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los veintisiete días del mes de Abril del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA; bajo la presidencia del Dr. Oviedo, Secretaría Dra. Cristina del Valle Salas Martínez, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 14/06 "GORDILLO PIOLI, César Nicolás c/ Estado Provincial - s/ Indemnización por Daños y Perjuicios- s/ RECURSO DE CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver 1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

2) Costas.

Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 24 vlta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, CÉSAR ERNESTO OVIEDO Y JOSÉ RICARDO CÁCERES.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo: Que a fs. 1/9 de los presentes, la demandada en autos principales -Estado Provincial- interpone recurso de casación en contra de la Sentencia de Cámara obrante a fs. 425/432 en la que, por mayoría, se resuelve revocar la sentencia del inferior y hacer lugar a la acción intentada por enfermedad contraída en ocasión del trabajo y por aplicación del Art. 1113 del C.C.; alegando que en el fallo en recurso se ha incurrido en los vicios de violación de la Ley y arbitrariedad.

Que ingresando a la relación de hechos de la causa, la agraviada expone, que en 1995 la actora inicia demanda contra el Estado Provincial reclamando daños y perjuicios generados, supuestamente, por enfermedad contraída con motivo de desempeño laboral en el Hospital Provincial de Andalgalá en el año 1977, siendo tratada por Hepatitis A y oportunamente dada de alta; que en 1995 se le diagnostica a la actora Hepatitis tipo B, que por su carácter derivaría inexorablemente en afecciones mortales.

Que oportunamente el Juez de 1ra. Instancia rechaza la acción por considerar que no se ha probado nexo de causalidad entre el daño y el que se pretende objetivamente responsable, apelado que fuera el fallo del A-quo la Cámara a su turno hace lugar a la apelación de la actora, fundándose para ello en la teoría en el riesgo creado.

Que a criterio de la recurrente, en el fallo cuestionado, los Señores Jueces que conforman la mayoría dan por sentada la existencia de una enfermedad accidente sin la mas mínima acreditación de nexo causal, como si resolvieran la cuestión por las normas de la Ley Laboral y no por el Art. 1113 del C.C., haciendo caso omiso del material probatorio agregado a la causa de donde surge que no se encuentra acreditado que la primera afección -Hepatitis A- haya derivado en Hepatitis B de carácter crónico; incurriendo además en una incorrecta interpretación del Art. 1113, en tanto éste exige la demostración de la relación de causalidad entre la enfermedad y las condiciones de trabajo; cuestiona por último falta de evaluación para determinar los montos indemnizatorios.

Hace reserva de caso Federal y peticiona que oportunamente se haga lugar al recurso intentado, con costas.

Que a fs. 11/17 y vlta. corre agregada contestación de agravios de la contraria.

Que a fs. 21 este Alto Tribunal declara formalmente admisible el recurso intentado, obrando a fs. 22/23 dictamen del Sr. Procurador General, ordenándose a fs. 23 vlta. el llamado de autos.

Que ello así, en la cuestión de autos debe resolverse si en la sentencia que se cuestiona, los Señores Camaristas que integraron la mayoría hicieron una correcta o no interpretación del Art. 1113 para adjudicar responsabilidad al Estado demandado, y para así hacerlo omitieron o no examinar con prudencia y detalle prueba dirimente agregada en autos.

Que antes de realizar el an lisis de los agravios planteados por la recurrente, cabe poner de manifiesto que si bien las cuestiones probatorias y de hecho en principio están excluidas del control casatorio, tal principio debe ceder si de la compulsa de autos y de la decisión cuestionada, surge en forma evidente que los Jueces de Grado omitieron tal valoración factual o al hacerlo derivaron en conclusión absurda, todo lo dicho vinculado, por cierto, a la alegación de arbitrariedad que se expone como uno de los fundamentos del recurso en tratamiento.

Sin embargo de la lectura de los planteos de parte y de la sentencia en recurso, surge que ambas impugnaciones: violación de la Ley y arbitrariedad, aparecen como íntimamente ligadas por la propia lógica que aplica la mayoría de Cámara para resolver en aquellas instancias la recepción de la acción originaria, veamos por qué: a criterio de los Señores Camaristas y en una interpretación muy laxa, excesivamente abarcativa de la responsabilidad objetiva consagrada por el Art. 1113 del C.C., bastaría con probarse el desempeño laboral de la actora en un centro hospitalario para que la enfermedad, que dice padecer, le sea adjudicada en términos de responsabilidad resarcitoria a la patronal Estado, obviando en esta concepción que para que la responsabilidad objetiva pueda nacer se requiere, como condición previa, la prueba por parte del actor de la relación de causalidad adecuada entre la cosa o actividad riesgosa y el daño producido, pues una vez establecida ésta, surge la hipótesis de responsabilidad de la norma de que se trata, pero no antes y mucho menos con el único fundamento de la dependencia laboral.

En este orden de ideas la doctrina ha dicho que: "Una vez establecida la relación causal adecuada entre la cosa y el daño producido, se crea una responsabilidad en contra del dueño o guardián ...", recordando que: "existe conexión causal adecuada entre un acto y un resultado cuando ese acto ha contribuido de hecho a producir un resultado -esto es, ha sido una de las condiciones sine qua non de él- y además debía normalmente producirlo de acuerdo con el orden natural y ordinario de las cosas" (Garrido y Andorno -"El Art. 1113 del Código Civil"- Edit Hammurabi, págs. 499/500).

En un mismo sentido se expresa que: "los requisitos que deben estar presentes para que se configure la responsabilidad que nos ocupa son ...: 1) que el daño provenga del riesgo de la actividad desplegada; 2) daño resarcible; 3) relación de causalidad entre el riesgo de la cosa y el daño. La carga de la prueba de dichos elementos pesa sobre el actor que reclame el resarcimiento de los daños sufridos".

"El pretensor habrá de demostrar siempre la conexión entre el hecho y el daño, razón por la cual la causalidad no es presunta". "Una vez acreditado este extremo (recién) podrá jugar la presunción de que el detrimento se ha producido por el riesgo o vicio de la cosa" (Bueres-Highton -Código Civil- Edit Hammurabi, págs. 543/544 ).

De la doctrina de cita surge ya con claridad que la relación de causalidad funciona como un presupuesto inevitable para la atribución de responsabilidad, que debe ser probado por la parte que alega el daño y que no puede ser soslayado o reemplazado por la mera dependencia funcional, como lo pretende la Cámara en los votos que constituyen la mayoría.

Es pues esta incorrecta interpretación de los elementos constituyentes del Art. 1113 del C.C., la que llevó a la mayoría de Cámara a obviar el análisis de elementos probatorios incorporados en la causa y que demuestran, precisamente, la falta de nexo de causalidad entre el contagio alegado por la actora mientras se desempeñaba en el Hospital de Andalgaláá y su actual afección con una diferencia de 18 años aproximadamente.

Tal circunstancia se comprueba en el informe pericial agregado a fs. 378/380 suscripto por el perito médico Raúl A. Aguirre quien a fs. 378 vta. expresa: "Ahora bien, si tenemos presente que entre el análisis de fs. 7 del 13/09/77, y el de fs. 18, transcurrieron 18 años; bien podría sostenerse desde un punto de vista médico, por el largo transcurso del tiempo y la actividad profesional de la Sra. Graciela Álvarez de Gordillo Pioli -enfermera de quirófano- que la hepatopatía que padeciera en aquel entonces y mientras vivía y trabajaba en Andalgaláá , concluyó con resolución favorable, adquiriendo posteriormente una nueva hepatopatía virósica, ya que si se hubiera convertido en crónica la primera, su estado de salud sería muy diferente, toda vez que actualmente la paciente no presenta signos agudos de cronicidad".

De lo que se infiere, como bien lo hace el Sr. Juez de 1ra. Instancia y lo ratifica la Sra. Camarista de Minoría: "No existe ninguna evidencia en autos que pruebe que la hepatitis padecida en 1977 tenga alguna relación con la diagnosticada en 1995 por virus B."; lo que le induce a rechazar la acción, ya que el hecho base de ella -y alegado por la actora- es el supuesto contagio con hepatitis B en el año 1977, tal como lo afirma en la demanda a fs. 25 apartado b).

El criterio del perito ya apuntado, es ratificado por la testimonial de la médica tratante en Andalgalá , quien ratifica que la actora padeció de hepatitis A y que entre los años 70 y 80 no le consta que se haya presentado algún caso de hepatitis B en la ciudad de Andalgalá (fs. 129), circunstancia ésta que también se conecta con la no acreditación de las circunstancias en las que se habría producido el hipotético contagio origen del daño actual alegado, en el año 1977, y a las que hace referencia el Sr. Juez de 1ra. Instancia a fs. 395 de su decisorio.

De lo analizado resulta que la actora no logró acreditar en autos relación alguna que vincule la circunstancia de contagio de la afección padecida en la ciudad de Andalgalá , o que esta última se encuentre relacionada como causa fuente de la enfermedad que actualmente padece, lo que sin duda indica que no se ha cumplido con la demostración fehaciente en autos de la relación de causalidad adecuada exigida por el Art. 1113 del Código Civil como presupuesto ineludible para el nacimiento de la responsabilidad en cabeza del Estado demandado; resultando también de lo expuesto que la mayoría de Cámara incurrió en su análisis, por una parte, en una incorrecta interpretación de la norma de cita, y como su consecuencia, en la omisión de consideración de material probatorio cuya compulsa le habría llevado razonablemente a una conclusión diferente para la resolución de la causa traída a decisión, por lo que corresponde hacer lugar al recurso intentado, revocando la Sentencia de 2da. Instancia en todo lo que fuera materia de impugnación. Es mi voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por la Sra. Ministro preopinante, Dra. Sesto de Leiva, para la solución de la causa, votando en igual sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por la Sra. Ministro que me precede en el Acuerdo, Dra. Sesto de Leiva, para la solución de la causa, votando en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que conforme el principio objetivo de la derrota, las costas deben aplicarse a la parte actora que resulta vencida (Art. 68 del C.P.C.). Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo Que consecuente con lo expresado en la primera de las cuestiones, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte actora que resulta vencida. Es mi voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo Que una vez más adhiero al voto de la Sra. Ministro preopinante, para la solución de la presente cuestión. Así voto.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oído al Sr. Procurador General en su Dictamen Nº 108/06 y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE 1) Casar la Sentencia Definitiva Nº 70/05 de fecha 11/11/05 y la Sentencia Interlocutoria Nº 224/05 de fecha 30/11/05 (Expte. C m. Nº 322/03) dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de Segunda Nominación; consecuentemente revocar la misma en todo lo que fuera materia de agravios.

2) Con costas a la parte actora.

3) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.

4) Protocolícese, Hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.