marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hábeas data, derecho a la información
Materia: CIVIL
Carátula: ARGENTOIL SA Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ HABEAS DATA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09

Conforme lo señalara esta Sala en la causa nro. 479/98, "Cadaveira, Enrique Adrián C/ Banco Central De La Republica Argentina S/Habeas Data (Art. 43 C.N.), en casos como el de autos -como lo decidió la Corte Suprema de Justicia Nacional in re: "Urteaga Facundo R. c/ Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armadas", del 15.10.98- está en juego el derecho a la información objetiva o, simplemente, a la información, con lo que queda consagrado -como lo expresa Alberto B. Bianchi, en su nota al fallo, bajo el título "Habeas data como medio de protección del derecho a la información objetiva en un valioso fallo de la Corte Suprema", en La Ley, Suplemento de Derecho Administrativo, 27.11.98, p. 1- el importante principio de que es obligación del Estado producir información objetiva sobre los datos que posea en sus bancos, sea que se interprete que se trata de una modalidad especial del recurso de amparo (voto de los doctores Bossert y Fayt; confr. N.P. Sagües, "Elementos de Derecho Constitucional", T. 1, 2a. ed., p. 255; posición que parece recoger sustancialmente el debate de la Comisión Redactora de la Convención Reformadora de 1994) o de una acción autónoma constitucional. Porque lo que importa es la admisión de la operatividad de una garantía de raigambre en la Constitución Nacional y la protección concreta que debe otorgarle el poder judicial en cumplimiento de una de sus funciones esenciales y más propias.
Cosa juzgada, gastos del proceso, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: U., M. c/ B.,  L.F. s/ Nulidad de convenio.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-15

Tratándose de una demanda en la que se persigue la anulación de un convenio de división de bienes suscripto por las partes, invocando la existencia no sólo de bienes no incorporados en aquél, sino de error, dolo, intimidación, lesión y fraude, no corresponde admitir la excepción de cosa juzgada ya que se trata de cuestiones que, obviamente, no fueron sometidas a la consideración del juez al pedir la homologación de aquel acuerdo.
Temeridad o malicia, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: O.S.N. c/ Propietario Yerbal 43 s/ Ejecución fiscal.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-24

Es temerario el obrar de quien abusando de jurisdicción, puesta en evidencia al promover O.S.N. ejecución fiscal sin sustento instrumental valedero, ya que lo hace en base a un certificado incorrecto, no siendo necesaria la prueba de un elemento subjetivo en la persona de derecho público, pues basta el menosprecio por su actividad jurisdiccional para que se vea sometida a la normativa vigente.
Prevención del delito, coacción, derecho de exclusión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Usuna, Leonardo Fabián s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-12

Es válida el acta y todo lo actuado en consecuencia si el imputado, titular del derecho de exclusión, permitió el acceso de la policía -que había identificado como robado el auto estacionado en el domicilio del encartado- al garaje de su casa, por lo que no puede ser posteriormente amparado por la cláusula del art. 18 CN cuando fue su propio accionar, despojado de vicios, el que posibilitó la presencia de los agentes preventores en su ámbito privado. El voto concurrente agregó que la defensa no ha logrado demostrar ni se observa la presencia de vicio alguno que afecte la voluntad exteriorizada por el enjuiciado como tampoco se demostró la alegada coacción moral sufrida ante la presencia policial.
Competencia penal, competencia contravencional y de faltas, doble instancia, aplicación supletoria de la ley, código procesal penal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Flecha, Hugo Hernán s/ art. 79, cuidar coches sin autorización legal, CC (art. 82 según TC Ley 5666 y modif.)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

Toda vez que fue la misma sala que aplicó la primera sentencia adversa al ahora quejoso, la que denegó el recurso de inconstitucionalidad contra aquella sentencia, corresponde que otro tribunal revise la decisión y le garantice la doble conformidad judicial, por lo que corresponde reenviar las actuaciones a otra Sala de la Cámara (con integración distinta a la que ya intervino) para que revise los puntos de la sentencia de los que se agravia la recurrente. Esta solución encuentra respaldo en las previsiones del artículo 290 del CPP, el que corresponde aplicar a la luz del art. 6 del Código Contravencional, y se alinea con la doctrina de la Corte Suprema en diversos precedentes. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Empleados públicos, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dube Sandra del Rosario c/ Municipalidad de Santa Rosa s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S264 - 473)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-05-09

Corresponde el pago de salarios caídos a los empleados públicos en los casos regidos por los arts. 51, 53 y 54 del DEL 560/73, los que deben ser razonablemente interpretados.
Facultades discrecionales, revisión judicial, personal municipal, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casanovas, Carlos A. c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

Reviste carácter discrecional -y por lo tanto escapa de la revisión judicial de acuerdo a lo previsto por el art. 29 inc. 1 - la decisión de la autoridad administrativa de nombrar a un agente que había sido cesanteado por razones de servicio.Ello así, en tanto no se restableció la misma relación jurídica sino que se creó una distinta y autónoma a la anterior, sin que el aludido carácter discrecional desaparezca por haberse considerado razones de justicia, ni haberse reconocido en función de una norma positiva a los fines escalafonarios y de antiguedad, el período de inactividad.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, costas, concursos, sentencia condenatoria, resoluciones apelables
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Acopiadores de Cereales Argentinos SA s/ 1) Apelabilidad de la resolución de la impugnación al informe   individual del síndico. 2) Apelabilidad de las costas en auto   inapelable. 3) Devenga o no imposición de costas al perdidoso el   trámite de impugnación al informe individual del síndico al que se   refiere el artículo 36 de la ley 19551?. Quiebra. Impugnación   promovida por el Banco Provincial de Santa Fe al informe individual   del síndico (Expte. Nro. 161-87 -Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-17

Respecto la la apelabilidad o inapelabilidad de la imposición de costas en una verificación de créditos, es admisible su discusión en la alzada. (De los Fundamentos del Dr. Mallén -En Disidencia-).
Alimentos, cuota alimentaria, porcentaje de los ingresos, asignaciones familiares
Materia: CIVIL
Carátula: L., G.B. y otros c/ C., E.P. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-18

1- Establecida la cuota alimentaria en un determinado porcentaje sobre los haberes del trabajador, su cálculo ha de efectuarse sobre el total de las sumas que perciba, sean o no remuneratorias, incluyéndose entre estas últimas a las partidas que componen el salario familiar.

2- Si el alimentante ha tenido hijos de otra unión, las asignaciones que recibe por éstos no deben ser tenidas en cuenta para establecer la cuota alimentaria.
Culpa de la víctima, estafa, archivo del expediente
Materia: PENAL
Carátula: N. N. s/ Archivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

Ahora bien, sobre ello es necesario tener en consideración que "el deber de autoprotección de la víctima resulta un criterio normativo de contornos demasiado difusos para determinar el ámbito de imputación a la víctima", en razón de lo cual se ha señalado que para superar dicha situación es necesario articularlo con otros, entre ellos el "principio de confianza, para determinar el alcance de la expectativa de conducta del autor garantizada normativamente a la víctima en el marco de interacción común". Este principio "constituye una garantía normativa que hace posible la interacción pues no forma parte, ni sería deseable que lo fuera, del rol general de ciudadano controlar de manera permanente que todos los demás se hayan comportado, o se vayan a comportar, según las expectativas normativas emergentes de su rol" (Fernández, Andrea, "Estafa e imputación objetiva. En busca de criterios normativos para delimitar el ámbito de imputación de la víctima", en Jurisprudencia de Casación Penal, Patricia Ziffer Dirección, Tomo 2, Hammurabi, Buenos Aires, 2010, pág. 75).
Competencia federal, juicios en que la Nación es parte, juicios contra el Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Esther Elena y otro c/ Estado Nacional (Adm. Central - Mrio. de Defensa EMGE.) s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

La pretensión dirigida contra el Estado Nacional hace surgir la competencia federal en primer grado.
Objeto del contrato de trabajo, actividad industrial, tareas de limpieza
Materia: LABORAL
Carátula: González, Luis Marcelo c/ Level S.R.L. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-06

El concepto de realización de tareas de limpieza de un establecimiento industrial refiere a una actividad genérica, resultado de toda actividad industrial, de toda actividad del propio hombre individualmente considerado: la producción de desechos, y de basura.

Este contenido es directamente contrapuesto al de "actividad normal y específica propia del establecimiento", que la norma legal -art.30 LCT- ha receptado como hipótesis determinante de responsabilidad subsidiaria.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gabrielli, Mario Carlos c/ Estado Nacional s/ Procedencia del recurso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

No incumbe a la Corte emitir juicios históricos, ni declaraciones con pretensión de perennidad. Sólo debe proveer justicia a los casos concretos que se someten a su conocimiento, lo que exige conjugar los principios normativos con los elementos fácticos del caso, cuyo consciente desconocimiento no se compadece con la misión de administrar justicia.
Contrato de trabajo, MISIONES, empleo público, asignación no remunerativa de carácter alimentario, principio protectorio
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO, LUCIA TERESA c/ ELECTRICIDAD DE MISIONES SA EMSA s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-29

Aunque se entienda que existe una contradicción normativa entre el contenido del art. 2, inciso a, LCT y las de los Decretos 392/03, 1347/03 y 2005/04, en tanto estos excluirían al "sector público" ( acoto que no es mi caso porque no dudo de la aplicabilidad de los decretos a los actores ), por aplicación de la norma más favorable al trabajador debería darse preeminencia a la interpretación del art. 2, inciso a, LCT, por ser empleados del sector público pero regulados por convenios colectivos de trabajo. "Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley..., los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador." ( art. 9, LCT ).
Salud del imputado, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Donamaría, Félix Victorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2014-05-27

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto contra la decisión que denegó la excarcelación, respecto del agravio vinculado al examen del estado de salud del imputado, pues el a quo omitió verificar este extremo, máxime cuando la detención podría ocasionarle al acusado un perjuicio que no puede ser desatendido por los estrados judiciales, por lo que cabe anular la resolución, con el objeto de que el tribunal de mérito reexamine la situación.
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, rescisión del contrato, indemnización, automotor que dejó de fabricarse
Materia: COMERCIAL
Carátula: WADA, GUILLERMO c/ ASORTE  S.A. . s/ RESCISION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-20

Al restituirse al suscriptor de un plan de ahorro previo las cuotas abonadas como consecuencia de la desaparición de plaza del vehículo, no puede utilizarse a fin de la determinación del quantum, un modulo teórico de restitución por sobre la utilización del precio de venta al público de un modelo efectivamente producido y cuya similitud técnica con el previsto en la convención es muy grande.
Pagaré, mandato, letra de cambio, poder general
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Cooperativo de La Plata Limitado c/ Molino Harinero Platense S.A. y ot. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

Si bien es cierto que la ley impone que el poderdante precise la obligación que confiere en forma especial, no se impone un poder para cada obligación, siempre que contenga la facultad de asumir obligaciones cambiarias, pudiendo correr en el mandato general.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, interposición del recurso, autosuficiencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MORELLI, Jorge y otros c/ MONTAJES Y EQUIPOS S.A. s/ QUEJA P0R DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-09-10

Obsta a la admisibilidad del recurso interpuesto la falta de autosuficiencia del escrito recursivo, que presenta falencias entre las que se destacan la carencia de una clara, relacionada y precisa exposición de la base fáctica y una deficiencia de fundamentación que permita dar por satisfecho lo normado por el artículo 3 de la ley 7055. En este sentido vale recordar que se ha sostenido que no es con vehemencia ritual ni con rigor sistemático que esta Corte rechaza las quejas por denegación del recurso de inconstitucionalidad local por deficiencias formales, sino que más bien, en una preocupación constante por la justicia del caso, este Cuerpo ha tratado de sortear valladares formales, en la convicción de que el restringido ámbito de una impugnación extraordinaria no se ve distorsionado si, magüer sus cerrojos, algunas puertas se abren para la luz de los justiciables. Pero en casos como el presente, donde nada valedero se aporta al tribunal constitucional para descalificar el pronunciamiento inferior, cobran vigor las exigencias formales, pues resulta notoria la vaga y desdibujada postulación de la quejosa, la que no importa un planteo mínimamente serio que persuada acerca de un caso constitucional que permita habilitar esta instancia de excepción.
Prescindibilidad, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ucar, José Gerónimo c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Despido injustificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-12

Según establece el principio general que sienta el art. 12 de la ley 11.184, cuando se declara la prescindibilidad del personal del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, surge el derecho al cobro de una indemnización similar a la prevista en el art. 247 de la ley de contrato de trabajo (ley 20.744 y sus modificaciones). Ese derecho que asiste al actor tiene fundamento constitucional en el ámbito bonaerense en los incisos 1 y 4 del art. 39 de la Constitución provincial, que tutela a todos los trabajadores, entre los que incluye a los estatales. Y desde luego también está respaldado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que protege los derechos del trabajador en los diversos aspectos, entre los que cuenta los relativos a la estabilidad del empleado público, y la protección contra el despido arbitrario.
Muerte, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Martinez Enrique Víctor y Otra c/ Eguaburo Diego José y Otros s/ Daños y Perjuicios - Sumario y Acumulado Nº 52558 (4º Juz. Civil) (8634 Sala III) "Gómez Dolores Beatriz C/Eguaburo Diego José y Otros Cesar José Eguaburo-Daños y Perjuicios (Sumario)"
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-09-26

Para que sea procedente la indemnización por muerte, no es necesario que el daño recaiga sobre un derecho de contenido patrimonial, porque es admitido que aquella también tiene lugar cuando se lesionan derechos personalísimos, con independencia del daño moral. En cuanto a este último, no necesita ser probado, la existencia del mismo se tiene por acreditado por el sólo hecho de la acción antijurídica. A falta de elementos indicativos respecto a su monto, el mismo queda librado al prudente arbitrio judicial.
Jueces, facultades ordenatorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Mario Ignacio Moreno. c/ Domingo Quintana y Otro. s/ Accidente de Trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-10-21

En la delicada tarea que compete a los magistrados en su jurisdicción se encuentra como prioritaria una perpetua búsqueda de la verdad sustancial o verdad jurídica objetiva, tan es así que el Art. 36 inc. 2do. del C.P.C.C. (aplicable al procedimiento laboral) al determinar las facultades ordenatorias de los magistrados, los autoriza a ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, delito reiterado
Materia: PENAL
Carátula: González, Juan Severino s/ Robo calificado por el uso de armas reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

Se violan los arts. 41 y 42 del Código Penal si el fallo de la Cámara, no obstante sumar al concurso real otro hecho por el que el procesado había sido absuelto en primera instancia, disminuyó la pena aplicada sin expresar la existencia de atenuantes.
Suspensión de la prescripción, querella
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cárdenas, Claudia Elizabeth y Otras c/ Impresora Chubutense s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-26

Como toda causal de suspensión de la prescripción, la deducción de querella se limita a quien resulte querellado, sin que pueda extenderse a otros cointeresados.
Sentencia, actualización monetaria
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: MUSCARA CONRADO c/ JAIME MASSRI E HIJOS S.A. s/ CASACION  LABORAL  -  SENTENCIA  - MOTIVACION ACTUALIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-05-23

La motivación de la sentencia exige precisar las razones mediante las cuales se arriba al monto actualizado que se manda a pagar, señalando las circunstancias de que se sirve para determinarlo y el método empleado. Si un simple cotejo de las operaciones que debieron efectuarse con arreglo a las pautas del INDEC, y que el recurrente formula al interponer el recurso, permite inferir que la suma a que arribo esta totalmente desconectada de las bases que el fallo señala para su determinación, la sentencia es infundada. Se ha prescindido de las pautas oficiales para fijar la desvalorización monetaria, ignorando el sentido directriz y unificador que poseen los coeficientes proporciona dos por el indec (art. 3, Inc. A, ley 17622), por lo que el pronunciamiento debe casarse.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Escobar, Jorge Alberto s/ Acción meramente declarativa-Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-11-11

La Corte Suprema sostiene y reitera la doctrina invariable en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la esfera provincial, en el sentido que sus decisiones son cuestiones justiciables, "cuando se acredita la violación del debido proceso".
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Chazarreta, Pablo Rogelio s/ Recurso de casación casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-21

Resulta inatendible la queja que no demuestra el error que enrostra al órgano jurisdiccional recurrido y que, en definitiva, se traduce en mera discrepancia subjetiva con el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional recurrido.
Concursos, acuerdo preventivo, facultades del juez, declaración de quiebra, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: EXTRADER SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-11

Si bien la ley 24522 preve que en caso de acuerdo preventivo los honorarios serán regulados con base en el "activo prudencialmente estimado por el juez", pues no existe por principio en ese supuesto realización que provea pauta mas concreta sobre la cual calcular las retribuciones, sin embargo, cuando sucede -como en el caso-, que por consecuencia de la sobreviniente declaración de quiebra del deudor, ha sido realizado parte del activo, corresponde ponderar el valor "real" emergente de esa liquidación, incluso para fijar los honorarios devengados en la etapa concursal preventiva. Ello pues, una interpretación diferente llevaría a la innecesaria adopción de base "presunta", cuando es conocido el "real" valor del activo determinado, bien que en etapa posterior a la prevista por la ley.
Expropiación, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Graffigna Bustelo, José Antonio de la Cruz c/ Provincia de San Juan s/ Expropiación inversa - II cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-06-28

En materia de expropiación el elemento de indemnización se debe fijar en dinero y necesariamente comprender el valor objetivo del bien a la fecha de la desposesión y los daños derivados en forma directa e inmediata por efectos de la expropiación.

La indemnización, debe ser justa y lo es (art. 2511 C.C.) no solamente cuando comprende el valor real de la cosa, sino también, el pago del perjuicio directo proveniente del desapoderamiento. En otros términos, es justa cuando cubre íntegramente el valor de la cosa y de los daños que son su consecuencia inmediata. Debe consistir en una reparación total, lo cual no se logra mientras subsista algún perjuicio, en cualquier medida que sea.

El respeto a la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional impone que dicha indemnización sea en dinero, previa, justa, actual e íntegra, considerando también que se trata de un fenómeno jurídico de conversión y sustitución de derechos del particular a favor de la comunidad, mediante el cual se abona al expropiado el resarcimiento de un perjuicio.

Para que la indemnización observe tales pautas, especialmente el principio de integralidad de la indemnización, debe colocarse al expropiado acreedor de la indemnización, en igual situación que cualquier otro acreedor de un resarcimiento de un perjuicio en nuestro medio o comunidad, y para que ello ocurra y no se vea lesionada la garantía del artículo 17 del la Constitución Nacional, según la interpretación y pautas del referido precedente de la Corte Suprema Nacional, es razonable y corresponde que respecto de la tasa de interés, según lo han resuelto los tribunales de mérito, se aplique el régimen general dispuesto por la ley 4119 y en el plenario de Huaquinchay.