marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad parental, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Asociacion de Beneficencia Dotal San Jorge c/ Goncalvez Saenz Elena Isabel s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-27

La obligación de los padres de mantener a sus hijos es compartida, estén en ejercicio conjunto o unilateral de la autoridad de la patria potestad, por consiguiente de manera solidaria los dos deben responder ante los terceros por las deudas contraídas para cumplir con las exigencias de crianza, alimentos y educación (ver diario de Sesiones del Senado 1984, pág.1721/1722; art.271 citado y 1300 del Código Civil; conf. SCBA, causa Ac. 45.838 del 15-10-91).
Concursos, honorarios, fallido, patrocinante, regulación de honorarios, equidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. SWIFT DE LA PLATA  SAF s/ QUIEBRA  S/  INC.  DE  VERIFICACION  DE  CREDITO DE CONTINUIDAD DE LA  EMPRESA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

Por la actuación desempeñada por los letrados de la fallida, en interés exclusivo de ésta, que, sin embargo importó un beneficio indirecto para la masa de acreedores al evitarle a ésta un egreso pecuniario de importancia, deviene equitativo reconocer a dichos profesionales el derecho a una compensación económica a cargo de la masa concursal, pero no con el carácter de honorario inherente al régimen de costas del trámite incidental, sino en carácter de retribución fundado en razones de equidad, que impone el deber de resarcir la labor útil que redundó en beneficio de un tercero por aplicación de los principios que regulan el empleo útil y el enriquecimiento sin causa.
Unificación de penas, extinción de la pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: NIVOLO, Juan Bautista s/ inf. artículo 292 del Código Penal  Causa nro. 11.895
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

Cualquiera haya sido la causa de extinción de la pena preexistente (cumplimiento, prescripción, conmutación, amnistía) ha dejado de existir como tal pena, desde el momento que se extinguió:

fue algo que existió pero que ya no existe, y si esa extinción fue previa a la nueva sentencia, que es la que debe unificar, no se ve como la unificación pueda tener virtualidad para hacerla revivir. La pena extinguida, por tanto, no puede integrar la unificación.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zaratiegui, Horacio s/ falso testimonio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

No incumbe a la Corte revisar el acierto o error, la justicia o injusticia de las decisiones de los tribunales inferiores en las cuestiones de su competencia, tarea que sería prácticamente imposible en razón de su cuantiosa envergadura, impidiendo a la vez la apropiada consideración de las causas en las que se ventilan puntos inmediatamente regidos por normas de rango federal y constitucional.
Remuneración, salario mínimo, vital y móvil
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, JUAN AMARO c/ MINERA VALLE DEL CURA S.A. s/ APELACION AUTO INTERLOCUTORIO NUEVO PRONUNCIAMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-18

La determinación del salario mínimo, vital y móvil corresponde al poder legislativo que, por el art. 4º de la ley 21.307, facultó al poder ejecutivo para determinarlo, por lo que la fijación del cuantum por parte de los jueces no corresponde, por mas ponderable que fuese su intención en tal sentido, lo que descalifica la sentencia como acto valido en cuanto, se atribuye una competencia de que carece.

Ahora bien, al existir un cambio de criterio en nuestro superior tribunal sobre el tema que nos ocupa, creo oportuno variar el criterio que vine sosteniendo y aceptar el nuevo temperamento expuesto por la corte de justicia, sala ii, al decretar la inconstitucionalidad de la resolución nº 7/89 del C.N.S.M.V.M. en autos "Moran, Ramón M. C/ Argentino Montilla Domínguez- ord. inc.

Cas." del 29/4/96.
Interpretación de la ley, empleados públicos, relación de dependencia, Derecho laboral, convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: BENITEZ, MARCELINO JACINTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 542 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-16

La ley 10.052 no derogó las disposiciones de la ley 8525, ni consagró la automática inclusión de las relaciones de empleo público provincial "en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo", ni, menos aún, en la Ley de Contrato de Trabajo, sino que de sus normas claramente surge que estableció un sistema de negociación especial para el personal de la Administración pública provincial, regulándolo minuciosamente y remarcando la inaplicabilidad supletoria de las disposiciones de las leyes 14786 -Ley de Conflictos Colectivos del Trabajo- y 16936 -Ley de Arbitraje Obligatorio- (artículo 23). Así, en particular, el artículo 4 ordena que "las disposiciones de la convención colectiva deberán ajustarse a las normas legales que rigen el derecho administrativo y el derecho del trabajo, y no podrán contener cláusulas que afecten disposiciones dictadas en protección del interés general..."; el artículo 5 prevé la obligación de las partes de acordar la integración de una comisión que tendrá las facultades de entender y promover la conciliación en los conflictos colectivos de intereses que se susciten entre las partes, de acuerdo a lo normado por los artículos 19, 20, 21 y 22 de la ley, cuya composición es particularísima: un miembro de la Corte, un diputado y un senador; el artículo 6 prescribe que la homologación de la convención se realizará mediante decreto fundado del Poder Ejecutivo y, si alguna de sus cláusulas implicase la modificación de normas presupuestarias vigentes, serán sometidas a la consideración del Poder Legislativo; etcétera. Ello lleva a afirmar que el dictado de la ley 10052 -dirigida a regular determinados elementos del status, pero no a alterar su esencia per se-, no tornó aplicables a la relación de empleo público provincial las normas de la Ley de Contrato de Trabajo
Divorcio, apreciación de la prueba, injurias
Materia: PROCESAL
Carátula: S. de R., R.J. c/ R., J.R. s/ Divorcio  Separación de Bienes  Tenencia de Hija
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-09-13

Tratándose de un matrimonio desquiciado, ello, como lo ha conceptuado la jurisprudencia "autoriza a valorar con cierta amplitud la prueba producida, en particular la de injurias graves...".
Procedimiento administrativo, derechos y garantías constitucionales, vicios de forma
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Chiguay, Roberto c/ Municipalidad de El Bolsón s/ contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-03-15

El procedimiento administrativo suele contener en los ordenamientos positivos una serie de principios de carácter general que hacen a la propia función del mismo, a las características que demanda la actividad administrativa para poder realizarse con eficacia y a la debida defensa del status del administrado durante el trámite procesal. Todos ellos tienen como fuente tanto a la Constitución Nacional como a la ley adjetiva (debido proceso, celeridad, sencillez, economía procesal, etc). En dicho contexto el principio de informalismo o formalismo moderado a favor de los administrados es una regla de interpretación básica en el marco de análisis del procedimiento administrativo y su aplicación resulta inexcusable cuando de materia recursiva se trata, por cuanto atiende a quien puede invocar para sí la elasticidad de las formas no esenciales, mientras que el Estado no puede eludirles válidamente. Esta excusación de la observancia de exigencias formales no esenciales comprende desde las llamadas irregularidades intrascendentes que no provocan vicio alguno hasta los defectos formales que impliquen una nulidad relativa. En cambio, la existencia de vicios de formas esenciales que configuran la nulidad absoluta, no puede excusar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos. Si bien la aplicación de informalismo o formalismo moderado reconoce limitaciones, particularmente en materia recursiva, resulta también incuestionable que, cuando se trata de ponderar la completitud argumental del recurso y éste satisface mínimas exigencias en orden al motivo del rechazo al acto recurrido, es razonable abrir paso a la dispensa formal en vez de favorecer el temperamento más riguroso que inhibe la revisión de la cuestión material controvertida por el interesado (cf SCBA, B 57700 S 10-9-2003 in re: 'Montes de Oca, Beatriz Emma y otro". (Voto del Dr. Mansilla en disidencia)
Seguridad de la navegación, asistencia y salvamento, remolque asistencia, situación de peligro, recompensa por servicios extraordinarios, resultado útil, perito naval, dictamen pericial, valor probatorio, salario de asistencia y salvamento, valor de las cosas salvadas, Ley de Navegación
Materia: NAVEGACION
Carátula: DOS REIS, JOAQUIN Y OTROS c/ EMPRESA VILAS Y CIA. S.A. FLUVIAL Y COMERCIAL s/ COBRO DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

La ley 20.094 es clara, en el art. 379, cuando establece las pautas que el juez debe ponderar para establecer la remuneración equitativa por asistencia o salvamento. Y a este respecto, cabe meritar: a) que el éxito de la tarea fue completo; b) que el peligro corrido por las barcazas y su carga era cierto y no meramente conjetural; c) que la tripulación del remolcador, de estar al dictamen del perito naval, no estuvo marginada de riesgos y peligros, bien que no impresionan ellos como de una entidad de alta significación; y d) que las barcazas asistidas tenían un valor del orden de u$s 800.000 (dictamen pericial) y que portaban un cargamento de alrededor de 70.000 toneladas de soja a granel. Es en función de esos antecedentes, del monto denunciado en la demanda, y teniendo en cuenta que a la tripulación corresponde una parte del salario de asistencia o salvamento (art. 380 de la Ley de la Navegación), que corresponde fijar el salario que corresponde a los actores, el que deberá ser distribuido en proporción a los respectivos sueldos o salarios básicos y con la duplicación que corresponde al Capitán (art. 380 cit.), lo que será determinado en la etapa de ejecución.
Dirigente gremial, exclusión de la tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: ZIMMERMAN, SILVIA ESTELA c/ BIANCHI, CARLOS ROBERTO s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-21

El escrito inicial mediante el cual se promueve la acción de exclusión de la tutela sindical, debe especificar cuál es la sanción disciplinaria que la empleadora pretende imponer al trabajador, para determinar la debida proporcionalidad con la falta imputada.
Responsabilidad internacional del Estado, Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, derechos de la mujer
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - Observación General No 24 - Salud reproductiva y sexualidad - Derechos humanos fundamentales de las mujeres c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 1999-02-02

Cuando un Estado Parte se niega a prestar a las mujeres determinados servicios de salud reproductiva y en condiciones legales, está cometiendo actos discriminatorios en su perjuicio y en violación a la Convención, independientemente de la excusa que plantee para pretender justificar la negativa, tales como cuando se basa en razones de conciencia.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, cuestión constitucional, cuestiones procesales, costas, juicio, domicilio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Molina, Ramón c/ Mundo, Alberto y otros s/ Cobro de australes. Recurso contencioso administrativo (Expte. CSJ Nº  760-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-04

Resulta procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la resolución que condena en costas al ganancioso de un recurso de nulidad impetrado, con sustento normativo, precisamente, en la regla opuesta (artículo 101 del Código Procesal Laboral) del sistema objetivo de vencimiento, por no resultar derivación razonada del derecho vigente, sin configurar obstáculo a dicha conclusión la circunstancia de que el recurrente haya sido el denunciante del domicilio erróneo por el cual a la postre se declarara la nulidad.
Emergencia económica, control de constitucionalidad, pacta sunt servanda
Materia: CIVIL
Carátula: CAPRA, Graciela c/ MONTI, Mirta s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-30

1- La ley 25.561 -que declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria hasta el 10/12/2003 (art.

1°)- reúne los presupuestos necesarios para ser calificada como norma de emergencia, habida cuenta que tiene un límite, que en principio este es razonable, persigue remediar una situación de gravedad y para alcanzar ello utiliza como medio la intervención en el orden patrimonial.

2- El principio "pacta sun servanda" no tiene un fin en si mismo y la constitución no garantiza la inmutabilidad de los contratos. Nuestra legislación los somete a principios de equidad, moral y orden público, en cuya función los jueces pueden modificar los alcances de sus cláusulas en cuanto se oponen a esos valores superiores (arts. 21, 656, 953, 954, 1071, 1198 y concordantes del Código Civil).
Admisibilidad del recurso, recurso directo, cuestión federal, relación de consumo, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ciallella, Aldo  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en garbarino saicei y otros contra gcba sobre otros procesos incidentales - recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-24

Corresponde admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad si el recurrente acredita la existencia de una cuestión tanto federal como constitucional al ponerse en juego la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la garantía de tutela judicial efectiva en el marco de una relación de consumo. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario, gravamen irreparable, tasación, martillero, doctrina de los actos propios, honorarios del perito, ejercicio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Dinatali, Lucía c/ Banco  del  Iguazú  SA.  (Suc.  Ctes.)  y/o quien resulte responsable s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Las objeciones con fundamento en la inconstitucionalidad de las normas del arancel local, referentes a la incompetencia del martillero para efectuar tasaciones y a la consecuente invasión de las incumbencias propias de otras profesiones reglamentadas no pueden ser atendidas ya que tienen su origen en la propia conducta de la recurrente, que fue quien encomendó libremente tal tarea a la actora.
Póliza, seguro marítimo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Piaggio, Fratelli y Francisco, Repetto s/ cobro ejecutivo de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1865-11-23

En la ejecución de las pólizas de contrato a la gruesa, es inadmisible la excepción de inhabilidad del título.
Proceso judicial, gestor judicial, representación procesal, nulidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferry Lineas Argentinas S.A. c/ Min. de Economía (Fondo Marina Mercante) s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-02

De conformidad con lo dispuesto por el art. 48 del Código Procesal si no se acompañaren los instrumentos pertinentes o no se ratificare la gestión dentro de los cuarenta días hábiles contados desde la primera presentación del gestor, sobreviene la nulidad de lo actuado, sin que sea necesaria intimación previa, ni sustanciación alguna (conf. C.N.Civ. y Com.Fed., Sala I, 26/4/77, pub. JA. T.

1979-I, pág. 280; Fenochieto, C.E.-Arazi, R. "Código Procesal Civ. y Com. de la Nación, Comentado y Concordado", T. I, pág. 204, nº 7;

Fassi, S.C. -Yañez, C.D. "Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado", T.I, pág. 355, nº 11).
Accidentes de trabajo, acción civil, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Muñoz, Daniel Omar c/ Bridgestone Argentina SAIC y otro s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-17

El plazo de prescripción de la acción de derecho común derivada de un accidente de trabajo o de una enfermedad accidente, debe computarse desde el momento en que el trabajador puedo ejercitarla, luego de tener la certeza del daño sufrido.
Concursos, efectos entre partes, verificación de créditos, principio de juridicidad, reconocimiento de las obligaciones
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Construcciones Potosí 4013 SA c/  s/ quiebra s/inc. de revisión promovido por donia mauricio cristobal y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-12

Procede confirmar la resolución que rechazó la revisión promovida por el actor, en lo tocante a la pretensión de reintegro de cierta suma fundada en un boleto de compraventa, en tanto no se había logrado constatar la existencia de las sumas denunciadas por el aquí recurrente como así también su entrega a la fallida. Ello por cuanto, en el caso, la postura del incidentista que acompaña un mero instrumento privado y luego la referencia de que la fallida lo denunció como acreedor al peticionarse la conversión de la quiebra en concurso preventivo son extremos que no tienen debido correlato en un marco concursal como el que aquí se trata donde la LCQ 200, impone al reclamante la carga de indicar y probar la causa obligacional, pues el trámite verificatorio no se reduce a la mera invocación del carácter de deudora que reviste la obligada, sino que es de menester investigar la veracidad de la relación causal obligacional subyacente, que da lugar al crédito.
Cargo, firma
Materia: Procesal
Carátula: Oelschlager, Carlos Alberto y otros s/ Acción de Amparo Lucheli, Ana Alicia Fassa de y otros s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-12-17|1992-12-17

La jurisprudencia que admitió la eficacia de la operación Procesal instrumental que es el cargo, aún cuando faltó el requisito esencial de la firma o fue presentado en otra secretaría o Tribunal por error, atendiendo también en todos los casos, a la relevancia de las circunstancias -...- concluyendo que en virtud de las mismas, el artículo 124 del Código Procesal Civil, debe aplicarse con la flexibilidad necesaria para evitar la indefensión.
División de condominio, acuerdo de partes, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: BELADA HNOS. S.R.L c/ VALIENTE NOAILLES, JORGE LUIS s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Si ante el acuerdo entre las partes respecto que se procesa a la división del condominio, sólo un tercero se opuso resultando vencido, éste es el que debe cargar con los gastos causídicos.
Litisconsorcio, litisconsorcio facultativo, admisibilidad del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Requelme, Nélida y otros c/ A.N.Se.S. s/ Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-13

En la formación de un litisconsorcio facultativo se ha reconocido -entre otros fundamentos- el mantenimiento de una economía procesal, a través de una relación procesal única, que debe ser tenida en cuenta en sus efectos, tanto más si se trata de su proyección en sede previsional. En ese orden de ideas, cabe reparar en las particularidades que ofrece la vinculación jurídica de cada uno de los presentantes con el organismo de gestión previsional, dado que en el régimen argentino resulta menester que para acceder al otorgamiento de la prestación de que se trate, deba examinarse cada caso en particular, circunstancia ésta que además de concretar una diversidad de situaciones, configura la existencia de actos jurídicos independientes. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aguilar, Alicia G. y otro c/ Lazarte, Rosa Romelia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

La sentencia dictada en infracción a la regla del art. 1101 del Cód.

Civil es nula de nulidad absoluta, pudiendo su invalidez ser pronunciada aún de oficio por los jueces.
Empleo público, reincorporación, estabilidad del empleado público, personas con discapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: S., V. H.  c/ Municipalidad de Estación General Paz - Plena jurisdicción - Recurso de casación s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-07-28

Cuando el litigio trasciende la mera ponderación de los alcances del derecho a la estabilidad en el empleo público y en realidad revela una controversia subterránea entre el miedo a lo distinto y la discriminación, por un lado, y la convicción en la dignidad de la persona humana, por otro, resulta justificado extender los habituales márgenes del proceso contencioso administrativo iniciado a raíz del pedido de reincorporación efectuado por el actor. Así, a la luz de los objetivos de promoción, prevención y concientización que proponen los textos internacionales, nacionales y locales en la materia y a la vista de la necesidad de asegurar su efectivo cumplimiento que pesa sobre todos los ámbitos y esferas estatales, corresponde remitir al Concejo Deliberante del municipio demandado, copia de los pronunciamientos. Ello, a fin de que asuma en su consideración los mejores medios para alcanzar aquellos cometidos que prevén los instrumentos internacionales en materia de personas con discapacidad. Asimismo, a fin de que evalúe las pautas adecuadas para informar y concientizar a las autoridades, funcionarios y empleados públicos municipales sobre los derechos que le asisten a las personas con discapacidad y sobre la prevención de todas las formas de discriminación en su contra.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, duración del proceso
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

La garantía que posee todo imputado de ser juzgado en un plazo razonable no puede ser analizada de modo aislado, sino que ha de ser valorada teniendo en consideración el objeto procesal de la investigación, la complejidad de la causa como así también la actitud estatal y de las partes durante el proceso, cuestiones que han de ser relacionadas con el tiempo de tramitación que lleva la investigación. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Deuda previsional, pago, prueba del pago, falta de recibo, liberación del deudor
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SARACENO, Alfredo c/ Dirección Nacional de Recaudación Previsional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Los pagos efectivizados sin control ni fiscalización de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional (en el caso efectuados mediante depósito en sucursales bancarias a la orden del Organismo), carecen del valor cancelatorio que el ordenamiento civil asigna al recibo emitido por el acreedor (art. 624 del Cód.

Civ.).