Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-06-14


Dictamen del Subprocurador General El Tribunal del Trabajo de San Miguel rechazó en todas sus partes la demanda de indemnización por despido promovida por Fany Rogelia Ledesma contra Diego Adrián Kessler, Eduardo E. Jullier, Alejandro Julio Rafael Gamero y Alejandro Aubia (v. fs. 383/391).

Es necesario consignar que inicialmente la presente acción se había dirigido, además, contra Clínica Privada Mitre S.A., cuyo estado falencial suscitó, en primer lugar, la remisión de la causa al juez de la quiebra, con motivo en los arts. 21, 132 y 133 de la LCQ (v. fs. 203).

Por tanto, radicadas las actuaciones en el Juzgado Comercial Nº 26, Sec. 52 de la Capital Federal, el letrado apoderado de la accionante desistió de la codemandada fallida (v. fs. 222), dando pie así al reenvío de la causa al Tribunal de origen, habida cuenta la existencia de otros accionados y lo dispuesto por el art. 133 pár. 1º de la ley 24.522 (v. fs. 223).

No resulta ocioso señalar en este punto, no obstante la jurisdicción donde operó la aludida dimisión, que de las constancias obrantes en autos no surge acreditado el cumplimiento de las formalidades que, bajo pena de nulidad, impone el art. 277 de la LCT en sus apartados 2º y 3º para otorgar eficacia al desistimiento de acciones y derechos dispuesto por el trabajador, esto es, ratificación personal en el juicio y ulterior homologación por el órgano judicial.

La accionante vencida -por apoderado- se alzó contra la sentencia de grado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuya vista es conferida a este Ministerio Público en fs. 424, en razón de la representación del demandado ausente, Alejandro Julio Rafael Gamero, asumida en fs. 229 por la Defensoría Civil de General San Martín.

En sustento de su queja, la apelante manifiesta -sumariamente- que en el fallo en crisis el Tribunal a quo no tuvo en cuenta la doctrina legal elaborada por V.E. en torno a los arts. 30 y 228 de la ley 20.744, incurriendo en contradictoria y absurda apreciación de la prueba, tomando en cuenta únicamente los arts. 24 y 268 de la ley 19.550 y relegando los arts. 22 y 23 de dicha norma.

Alega que la accionante comenzó a laborar para los codemandados Gamero y Aubía, quienes resultaban ser integrantes de una sociedad de hecho, originándose así, en razón de dicha figura societaria, su responsabilidad ilimitada y solidaria. Posteriormente -continúa-, los nombrados constituyeron una sociedad regular denominada "Clínica Privada Mitre S.A." y, finalmente, por contrato de sublocación suscripto por uno de ellos, se hizo cargo de la empresa el accionado Kessler, actuando como colaborador o apoderado el también demandado Jullier.

Expresa que, conforme lo resuelto por el Tribunal a quo, en el primer traspaso se operó una transferencia o cesión, es decir, una sucesión jurídica del establecimiento, lo cual es rebatido por el quejoso al sostener que no hubo un acuerdo de voluntades tendiente a tal fin, sino que fueron las mismas personas que transformaron la figura societaria, mutando de una sociedad de hecho a una sociedad anónima, sin que se halla verificado desprendimiento patrimonial alguno, ni tampoco procedimiento de transferencia del fondo de comercio, ni menos aún una cesión entre distintas personas.

Asevera que los mentados integrantes de la sociedad de hecho, actuando en forma personal arrendaron el inmueble donde funcionaba la clínica, los muebles, maquinarias y la aparatología médica, de manera que dicho contrato y su titularidad perduró durante toda la existencia de la clínica, incluso hasta después de operada su clausura.

Expone que la pericia contable obrante en autos no podía ser ignorada por el juzgador de origen sin caer en absurdo, desde que la supuesta sociedad adquirente carecía de libros comerciales, laborales y de toda documentación; nunca actuó como un ente societario ni celebró contrato alguno, no pudiéndose determinar si resultaba cesionaria o adquirente de alguna empresa.

Entiende que el hecho de no haberse invocado en el escrito de demanda la conducta fraudulenta de los accionados, circunstancia que según el Tribunal sentenciante impide el ejercicio del derecho de defensa, no es una condición necesaria para la aplicación del art. 30 de la LCT, conclusión que apoya en la doctrina legal que dimana de los precedentes L. 35.562 del 22/III/98; L. 46.372 del 05/III/91; L. 42.689 del 22/VIII/89 y L. 42.638 del 10/IV/90.

Añade que si existió una sublocación celebrada entre Gamero y Kessler en marzo de 1994, hecho que se tuvo por acreditado en el decisorio en crisis, actuando dichas personas por derecho propio conforme se desprende de los términos del contrato, la solidaridad entre ambos respecto de las obligaciones que derivan del contrato de trabajo no podía desconocerse sin caer en arbitrariedad.

Por último, afirma que la situación del codemandado Jullier como colaborador de Kessler, se encuentra comprometida según la documental agregada en autos, cuyo valor probatorio no ha sido desvirtuado.

El escrito recursivo en estudio recoge en su apoyo profusa doctrina legal elaborada por esa Suprema Corte en torno a los arts. 30, 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, citando además un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que interpreta la primera de las normas sustantivas citadas.

Es necesario aclarar, liminarmente, que por imperio de la vía de excepción que establece el art. 55 de la ley 11.653, en cuyo contorno fuera concedida la protesta en examen (v. fs. 400/vta.), la misma queda confinada a verificar si lo resuelto en la instancia ordinaria resulta violatorio de la doctrina legal que, en criterio de la apelante, regía la controversia de autos. Ello es así, habida cuenta que el valor de lo cuestionado, representado en la especie por la sumatoria de los rubros reclamados en el escrito de inicio y que merecieron el rechazo del sentenciante de grado, no excede la cuantía mínima regulada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para abrir la casación por el carril elegido.

Aclarado lo anterior, adelanto mi opinión contraria al progreso del recurso en estudio.

El Tribunal interviniente, luego de construir la plataforma fáctica de la litis mediante la valoración de los escritos constitutivos del proceso y del material probatorio adquirido para la causa, consideró que la accionante había dirigido el reclamo de autos contra Diego Adrián Kessler, Eduardo E. Jullier, Alejandro Julio Rafael Gamero y Alejandro Aubía, sin alegar una causa jurídica distinta a la invocada para accionar contra el ente societario codemandado (fs. 389).

De ahí que, ante la orfandad argumental señalada, el a quo concluyó que del contexto y demás circunstancias emergentes del escrito de demanda, el soporte de la acción contra los nombrados debía buscarse en su carácter de socios o administradores de la firma demandada, con lo cual -sostiene el fallo- dichos sujetos no fueron demandados por un título directo, sino como socios o representantes de Clínica Privada Mitre S.A., quien -a la sazón- resultaba ser la empleadora de la apelante (fs. cit.).

Expone más adelante el decisorio en embate, que el libelo postulatorio no contenía imputación alguna de conducta fraudulenta ni maliciosa de los demandados, ni de haber realizado actos tendientes a perjudicar a la trabajadora. Agrega en tal sentido, que la oportunidad para hacerlo era el acto constitutivo de la litis, no después, mediante otros expedientes que se introdujeron como prueba, y mucho menos en el alegato, pues admitir su tratamiento pese a ello -fundamenta el a quo-, importaría una transgresión al derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución federal y expresado en los arts. 26 y 47 de la ley 11.653 (fs. cit).

Finalizando, el Tribunal actuante precisó, en punto a la pretendida responsabilidad de Jullier por los créditos emergentes de la ruptura del contrato de trabajo, que dicho demandado -conforme quedara acreditado en el fallo de los hechos- no fue socio, ni miembro del directorio, ni presidente, ni vicepresidente de Clínica Privada Mitre S.A. y que nunca se había arrogado tal representación.

Respecto a los restantes demandados -prosigue la sentencia en crisis- no se ha esgrimido ni probado en autos que los mismos hubieran actuado procurando defraudar a la actora, actuando con dolo o violencia, y/o con la finalidad de perjudicarla, o exorbitando las atribuciones propias de su mandato, ni otra causa por la cual pueda obligárselos a responder personalmente, con independencia de la suerte de la única empleadora, es decir, Clínica Privada Mitre S.A. (fs. 389 vta./390).

En consecuencia -concluye el a quo-, habida cuenta el desistimiento de la acción contra el principal, corresponde rechazar íntegramente la demanda seguida contra Diego Adrián Kessler, Eduardo E. Jullier, Alejandro Julio Rafael Gamero y Alejandro Aubia, por falta de causa (art. 499 del Código Civil), toda vez que para la aplicación de la teoría y las normas que permiten descorrer el velo societario es requisito involucrar a la sociedad cuestionada, puesto que no se puede condenar al garante sin condenar al deudor principal (fs. 390).

Y bien, de los párrafos sentenciales transcritos se sigue que los agravios que informan la incursión formal en estudio se desentienden de los argumentos sustanciales que cimientan el fallo objetado.

En efecto, conforme los términos del escrito de liminar (fs. 35/38 vta.), la accionante reclamó en autos el cobro de los créditos emergentes de la ruptura del contrato de trabajo mediante demanda dirigida tanto al ente societario, en su carácter de titular del establecimiento donde prestaba servicios subordinados, como a los sujetos que señala en calidad de socios, directores, gerentes o apoderados de aquél, más sin relación alguna del esquema fáctico y jurídico que, en su criterio, dotaba de causa a la pretendida responsabilidad solidaria de los individuos finalmente absueltos por el fallo en embate.

Así, lo dispuesto por el Tribunal del Trabajo transita un itinerario fáctico-jurídico que pareciera no ser advertido por la recurrente, pues sus agravios, encarrilados por la vía de excepción mentada, achacan al decisorio de grado el apartamiento de la doctrina legal que invoca, construida por V.E. en torno de un armazón normativo de fondo que nunca fue sometido a consideración del a quo, ora por no haber sido invocado, ora por no haberse circunstanciado hecho alguno que permitiera inferir que la accionante procuraba la actuación del esquema legal cuya glosa ahora reputa infringida.

Tengo para mí entonces, que no cabe sino desestimar el presente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues los precedentes invocados como doctrina legal no guardan correspondencia con las motivaciones del a quo que han constituido factores esenciales de su decisión, vinculada con el cumplimiento de los presupuestos exigibles para hacer extensiva a los administradores de la sociedad empleadora la responsabilidad por los créditos reclamados, emergentes del contrato de trabajo, ni se trata de situaciones similares atento su distinto contenido fáctico, pues, como es sabido, la pretendida violación de doctrina legal se configura cuando el Alto Tribunal provincial ha determinado la interpretación de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (cfr. S.C.B.A. causas L. 85.972, sent. del 12/X/05; L. 81.783, sent. del 17/V/06 y L. 92.887, sent. del 22/XI/06, entre muchos más).

Por los motivos brevemente expuestos, aconsejo a V.E. -como adelantara- el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que dejo examinado.

Es mi dictamen. La Plata, marzo 20 de 2009. - Juan Ángel de Oliveira.

La Plata, junio 14 de 2010.

Antecedentes El Tribunal del Trabajo Nº 1 de San Miguel rechazó la demanda promovida, imponiendo las costas a la actora (v. fs. 383/391).

Ésta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 396/399 vta.).

Con motivo de la intervención asumida en autos por la Unidad Funcional de la Defensa Civil Nº 1 de San Martín en representación del codemandado ausente Alejandro Julio Rafael Gamero (v. fs. 229/vta.), se corrió vista de las actuaciones a la Procuración General de la Suprema Corte (v. fs. 424).

Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, atento la insuficiencia del monto para recurrir.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? El doctor Pettigiani dijo:

I. La actora Fany Rogelia Ledesma promovió demanda contra Clínica Privada Mitre S.A., Diego Adrián Kessler, Eduardo E. Jullier, Alejandro Julio Rafael Gamero y Alejandro Aubia, procurando el cobro de indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso, vacaciones, sueldo anual complementario y multa del art. 15 de la ley 24.013. La fundó en los arts. 7º, 12, 42, 44, 232, 233, 241 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y en el 15 de la Ley Nacional de Empleo (v. fs. 35/38 vta.).

A raíz del estado falencial de la codemandada Clínica Privada Mitre S.A. los autos fueron girados al juez comercial interviniente (v. fs. 203 y sgtes.), ante quien la parte actora desistió contra aquélla (v. fs. 222), remitiéndose nuevamente las actuaciones al tribunal de origen para que prosiguieran contra los restantes accionados (v. fs. 223).

En lo que aquí interesa, el a quo determinó en el veredicto que la actora comenzó a trabajar para "Ancor Sociedad de Hecho" (cuyos integrantes eran Alejandro Julio Rafael Gamero y Alejandro Raúl Aubia -o Alejandro Aubia-) el 1º de septiembre de 1990, y que continuó haciéndolo a partir de la transferencia del establecimiento operada en el mes de mayo de 1992 a favor de la sociedad anónima denominada "Clínica Privada Mitre S.A." (siendo su Presidente y Vicepresidente el primero y segundo de los nombrados, respectivamente). Estableció, asimismo, que desde el mes de marzo de 1994 Diego Adrián Kessler se hizo cargo de la clínica mediante un contrato de sublocación firmado con el mencionado Gamero. En otro orden, consideró no probado que Eduardo E. Jullier hubiera sido socio, presidente, vicepresidente o directivo del ente societario de referencia (v. fs. 383/386 vta.).

En la sentencia, puntualizó que habiendo la demandante formulado su desistimiento contra la coaccionada Clínica Privada Mitre S.A., debía juzgar la procedencia de la acción dirigida contra las demás personas físicas. En ese trance, tras destacar que en el escrito de inicio no se refirió la causa o título jurídico que motivaba el reclamo contra las mismas, hubo de interpretar que el fundamento para demandarlas residió en la responsabilidad que en calidad de socios o administradores de la sociedad anónima podía -a todo evento- atribuírseles. En ese contexto, primeramente descartó la responsabilidad de Jullier pues -afirmó- "no fue socio, ni miembro del directorio, ni presidente, ni vicepresidente de la Clínica Privada Mitre S.A." (v. fs. 389 vta.). Con relación a los restantes codemandados apuntó que "no se ha esgrimido ni probado en autos que los mismos hubieran actuado procurando defraudar a la actora, actuado con dolo o violencia, y/o con el fin de perjudicarla, o más allá de las atribuciones propias de su mandato; ni otra causa por la que pueda obligárselos a responder personalmente, con independencia de la suerte de la única empleadora, o sea Clínica Privada Mitre S.A." (v. fs. 389 vta./390).

Por esas consideraciones, rechazó la acción contra ellos entablada. No obstante, no dejó de señalar que para aplicar la teoría del corrimiento del velo societario resultaba necesario, a su modo de ver, la intervención en el pleito de la sociedad respecto de cuyos integrantes se pretendía la imputación de responsabilidad personal y directa (v. fs. 390).

II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia absurda apreciación de la prueba e infracción a los arts. 22, 23, 24 y 268 de la ley 19.550, y a la doctrina legal que menciona elaborada en torno a la interpretación de los arts. 30 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 396/399).

Concretamente, argumenta que en el caso existió una transferencia de establecimiento de la sociedad de hecho, integrada por Gamero y Aubia, a la sociedad anónima demandada, cuya dirección quedó a cargo de los mismos, circunstancia esta que -sostiene- torna operativa la responsabilidad prevista en el art. 228 de la Ley de Contrato de Trabajo. Luego, continúa diciendo, se verificó una cesión con motivo del subarrendamiento formalizado entre el mencionado Gamero y el codemandado Kessler, situación que -a su criterio- conduce a la aplicación del art. 30 de la ley antes citada. En este orden, aduce que también cabe responsabilizar personalmente al coaccionado Jullier, dado que su condición de colaborador de Kessler quedó acreditada en autos a tenor de la documentación agregada, que -asevera- no fue desconocida.

En otro orden, asegura que el juzgador de grado omitió valorar la pericia contable, la que -afirma- da cuenta de que el ente societario demandado nunca actuó como tal, al punto de carecer de toda documentación (libros y demás registros) de índole comercial y laboral.

Para concluir, señala que la omisa invocación de conducta fraudulenta que el sentenciante le atribuye a la actora resulta irrelevante en la especie, en tanto ello no constituye presupuesto condicionante para la aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni de los otros supuestos de responsabilidad solidaria previstos en las normas laborales.

III. El recurso no ha de prosperar.

1. Toda vez que, en el caso, el valor del litigio (representado por la suma de $ 5.020,22 reclamada en la demanda rechazada, v. fs. 37) no excede el mínimo para recurrir previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, la impugnación fue concedida por el tribunal del trabajo por el carril de excepción contemplado en el art. 55 de la ley 11.653 (v. auto de concesión de fs. 400/vta.), habida cuenta de la denuncia de violación de doctrina legal de esta Corte que la misma contiene.

Siendo así, la competencia revisora extraordinaria deberá circunscribirse a verificar si, tal como afirma el recurrente, lo resuelto por el a quo contradice la doctrina cuya trasgresión se invoca (conf. causas L. 86.467, sent. del 7/III/2007; L. 82.549, sent. del 29/VIII/2007; entre otras).

2. En el punto I) me he detenido reseñando los aspectos del decisorio que consideré relevantes para la resolución del recurso, con el propósito de poner a la vista que las particulares connotaciones que exhibe el caso bajo estudio habrán de eximirme de analizar la correspondencia entre el fallo censurado y la doctrina legal cuyo quebranto se alega.

Es que, en lo que tiene importancia en el estrecho marco de cognición en el que ha quedado habilitada la revisión del pronunciamiento, lo cierto es que el apelante discurre -como anticipé- sobre la denuncia de trasgresión de doctrina legal elaborada en torno a la interpretación de los arts. 30 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde un enfoque que -como se desprende del contenido del fallo reseñado- no hubo de respaldar las motivaciones esenciales de la decisión adoptada en la instancia inferior.

Aún más, ninguna alegación sustentada en los preceptos fondales antes dichos, a influjo de cuya doctrina legal debería confrontarse el fallo, conformó el diseño fáctico-jurídico del escrito liminar del proceso (en el que se demandó a Kessler, Jullier, Gamero y Aubia sin otro fundamento en derecho -según indiqué- que la cita de los arts. 7º, 12, 42, 44, 232, 233, 241, 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y 15 de la ley 24.013, ni planteo alguno de contornos referibles a la responsabilidad solidaria emergente de los ya mencionados arts. 30 y 228 de la ley citada, v. fs. 35/38 vta.).

En definitiva, mediante una inapropiada técnica recursiva que transita sobre un renovado discurso del originariamente contenido en la demanda (a la par, desencontrado con la ilación conceptual sobre la que reposan las motivaciones del fallo), el agraviado lejos está de conmover la decisión de grado por conducto de la efectiva demostración de violación de la doctrina legal que invoca, cuya ajenidad de cara a las centrales y decisivas conclusiones que dotan de sustento al pronunciamiento impugnado resulta manifiesta.

IV. Es por lo expuesto que propongo al acuerdo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, C.P.C.C.).

Así lo voto.

Los doctores Hitters, Kogan y Soria, por los mismos fundamentos del doctor Pettigiani, votaron en igual sentido.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, C.P.C.C.). - Hilda Kogan. - Eduardo Julio Pettigiani. - Daniel Fernando Soria. - Juan Carlos Hitters.