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Recurso extraordinario, procedencia del recurso, daños y perjuicios, indemnización, accidente de tránsito, vía pública, tapa de desagüe pluvial, responsabilidad de la Municipalidad
Materia: PROCESAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Olmedo, Ricardo Luis c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la demanda de indemnización de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito producido por la falta de una tapa de desague pluvial instalada en la vía pública, si el Tribunal prescindió de tratar elementos conducentes para decidir la cuestión relativa a la responsabilidad de la comuna.
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, accidente in itinere, muerte, prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Della Bianca, Marcelo Fabián y Otro c/ Dolce, Mario Alberto s/ Accidente in itinere
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-03-12

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los padres de un trabajador que falleció cuando regresaba de su lugar de trabajo hacia su domicilio particular, contra la decisión que consideró que ese día el causante "no fue a trabajar", puesto que los recurrentes han cumplido con la carga de acreditar el vicio de absurdo invocado, poniendo en evidencia que el grave error en que incurrió el a quo en la interpretación de la prueba lo condujo a conclusiones incongruentes con las constancias objetivas de la causa, las cuales evidencian la permanencia del trabajador el día del siniestro en su lugar de trabajo durante toda su jornada laboral.
Costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALLUB, ROSENDO c/ COLEGIO DE MEDICOS s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-21

Es principio que surge del art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial, que las costas deben imponerse en forma proporcional, es decir, debe asumirse las costas en la medida en que la pretensión se desestima, pues en dicha proporción se reviste el carácter de vencido. Esta solución rige aún cuando ninguna norma expresa disponga la distribución de costas en caso de vencimientos parciales y recíprocos, ya que de todos modos, la regla del vencimiento decide y justifica la deuda por costas; si ello es así para el vencimiento total, debe ser igual para el vencimiento parcial.
Compraventa inmobiliaria, abuso del derecho, saldo de precio, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: GRUSZKO JORGE JOSE c/ PETRACCA INMOBILIARIA S.R.L. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-03

Cuando se admite el reajuste del saldo de precio en una compraventa inmobiliaria por aplicación del art. 1071 del Código Civil, no se puede colocar al vendedor en una situación económica mejor que la que habría llegado a alcanzar en caso de prosperar la pretensión de reajuste por aplicación del último párrafo del art.

1198 del mismo código. Conforme a esta norma los jueces pueden disponer, en favor del contratante afectado por los acontecimientos imprevisibles y extraordinarios posteriores al contrato, una mejora equitativa de los efectos de éste, pero no una recomposición total, pues ello importaría acordar un beneficio superior al contratante moroso que al cumplidor (conf. C.S.J.N. c. 804 del 30-4-85, "Cotelo Pose J. c-Gandini R.J. y Masciotra N. s-Resolución de contrato").-
Revocación del sobreseimiento, amenazas
Materia: PROCESAL
Carátula: G., J. c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-23

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "G., J. s/sobreseimiento" (Causa N° 70.503/18) resuelta el 23/5/19 donde Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela revocaron el sobreseimiento de quien, en el marco de un conflicto comercial con los querellantes, les efectuó un reclamo dinerario bajo amenazas de dañar el nombre y fama, por resultar prematuro descartar la relevancia penal de la conducta investigada, independientemente de su eventual y alternativo encuadre en los delitos previstos en los artículos 149 bis, 168 y 169 del Código Penal.
Cuestiones prejudiciales, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO FRANCES S.A. c/ ESTEBAN MARIO DEL V. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-09-01

Es de interpretación restrictiva la reglamentación de los arts.1101, 1102 y 1103, pues constituye una verdadera excepción al principio de la independencia de las acciones consagradas por el art.1096;

además, por la ubicación de la reglamentación en el título destinado a los hechos ilícitos y en el capítulo que regula el ejercicio para la indemnización de los daños causados por los delitos, y por la circunstancia de que carezcamos de disposiciones expresas que tiendan a la regulación y especifiquen sus efectos sobre acciones que no son de daños y perjuicios.
Sociedades comerciales, domicilio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Calderero, Héctor O. c/ Trewelyn S.A. s/ Laboral s- Inc. Nulidad Notificación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-02-10

Respecto al domicilio de las Sociedades Comerciales, la Ley establece como principio general que el mismo es el que figura en el contrato social, y es allí y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 90 inc. 3 del Código Civil, donde se presume que se domicilia la persona jurídica, sin admitir prueba en contrario, y en donde debe ser citada a todos los efectos, por lo que se tendrán por valederas y vinculantes para ella todas las notificaciones efectuadas en esa sede.
Robo, medidor de gas, estafa
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ LEDO, Pedro s/ Causa 44.459
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-04

Configura el delito de robo, la conducta de quien, por intermedio de un tercero, hizo dañar el medidor de gas colocado dentro de su comercio, de modo tal que aquél quedó trabado, sin funcionar, tras alterarse su contador a cifras de consumo inferior al de la facturación anterior. La tipificación del delito de estafa, resulta improcedente, pues si bien es factible su configuración por medio de dichos medidores, en este caso no se han dado maniobras ardidosas, capaces de inducir a error a la empresa prestataria por medio de su empleado, sino que directamente se ejerció fuerza sobre el aparato anulando su funcionamiento; fue como si el acusado, al haber anulado el medidor, hubiera tomado el fluido directamente de la cañería, y como medió fuerza en las cosas para el logro del dicho apoderamiento, la conducta encuadra en la figura del delito de robo de energía, tal como denomina la ley civil a las cosas inmateriales a partir de la disposición que, como 2do. apartado del art. 2.311 del Código Civil, introdujo la ley 17.711.
Acción penal, acción pública
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cunningham, Pablo Cristian. c/  s/ Recurso de inconstitucionalidad, infr. art. 189 bis, CP.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-06

El ejercicio de la acción penal pública recae -como en el ámbito federal (arts.120, CN y 5 CPPN)- en cabeza del Ministerio Público Fiscal, órgano al que la Constitución de la Ciudad otorga independencia funcional, en aras del mantenimiento de una separación estricta entre las funciones de acusar y sentenciar, separación que viene a asegurar la imparcialidad y la defensa en juicio, y que se extiende, en lo sustancial, a todas las etapas del proceso penal (Voto del Sr. Juez José O. Casás. En sentido concordante votos de los Sres Jueces Luis F. Lozano y Ana María Conde).
Recurso de inconstitucionalidad, inundación, relación de causalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: AGRAR S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-02

Para la doctrina del Alto Tribunal nacional la cuenca hídrica expresa la interjurisdiccionalidad regional planteada en términos ambientales; por ello, cabe entender que la cuenca hidrográfica debe tratarse como una unidad de gestión, en oposición a la gestión de sector por sector, y dicha visión demandaba una especial prudencia de los Juzgadores a la hora de evaluar la incidencia causal que podría haber tenido la construcción del Canal Alternativa Norte por parte de la Provincia demandada en el anegamiento sufrido por la actora, por lo que resultaba decisivo en el abordaje del presente caso -por ostentar incidencia directa en el análisis de los presupuestos de la responsabilidad por actividad estatal lícita-, evaluar los invocados eximentes de responsabilidad, puesto que, sabido es, en materia de responsabilidad del Estado una relación de causalidad que no exhibe certeza, no puede presumirse sin más. (Del voto del Dr. Faliscocco)
Restitución del inmueble, medidas autosatisfactivas
Materia: PENAL
Carátula: Sanseverino, Pablo y otro c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y sus acumulados: Exptes. nº 8511/11 "Raffo, Julio César y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y nº 8595/11 "Campos, Antonio Rubén y otros c/ GCBA (Legislatura de la CABA) s/ nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

Una interpretación armónica del sistema procesal vigente y de los principios constitucionales en juego es aquella en la que se considere a la restitución del inmueble prevista por el artículo 335 del CPCC como una medida cautelar que debe ser resuelta previa evaluación de la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora, con audiencia previa de los afectados y con imposición de la contracautelar que el juez estime corresponder, o como una decisión autosatisfactiva, que además de los recaudos previstos en el art. 335 requiere de un traslado, tal como expresamente está previsto en el art. 336. (Voto en disidencia del Sr. Juez Horacio G. Corti).
Daños y perjuicios, medidas cautelares, medida cautelar genérica, lesiones gravísimas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ACOSTA HAAB, Gonzalo c/ PUJOL DE EINAUDI, Marcela María s/ INCIDENTE CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-21

Cabe tener por configurados los presupuestos básicos para el otorgamiento de una medida cautelar en los términos del art. 232 del Código Procesal, si de las constancias de la causa penal surge el procesamiento del demandado principal por el delito de lesiones gravísimas a título de dolo eventual, y se ha acreditado que de no procederse del modo y con la premura que aconseja la ciencia médica, se han de ver diminuidas las probabilidades del actor de recuperarse, aunque sea en alguna medida de los daños sufridos a raíz del hecho cuya responsabilidad se discute en el proceso.
Concursos, viaje al exterior, autorización para viajar, síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL COMERCIO DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA s/ LIQUIDACION FORZOSA - INCIDENTE PROMOVIDO POR MANUEL SOBRINO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-12-20

Los artículos 26 y 107 de la ley 19551 que establecen que el concursado y en su caso los administradores y socios con responsabilidad ilimitada de la sociedad concursada, no pueden viajar al exterior sin previa autorización especial, no aluden al síndico de la sociedad. Al importar esta prohibición una restricción a una prerrogativa individual propia de la generalidad de los habitantes (artículo 14 de la Constitución Nacional), sus alcances deben ser interpuestos en formas restrictiva. Es que el síndico en una sociedad anónima no ejerce la administración ni tiene la representación de la sociedad (artículos 255 y 268 del aley 19550) sino que tiene funciones que en su gran mayoría son de fiscalización que en forma precisa las determina el artículo 294 en su inciso 11
Régimen de consolidación de deudas, fecha de corte
Materia: ECONOMIA
Carátula: Agustín Jerez c/ Dirección de Energía - Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. nro. B-74874/95 Cobro de haberes.L.A. N 45 F 469/471 N 208. Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. nro. B-74874/95 Cobro de haberes.L.A. N 45 F 469/471 N 208.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-06-18

Lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Flores..." y lo decidido por el Superior Tribunal de Justicia en su consecuencia, declarando la inconstitucionalidad de los decretos de emergencia 88 y 317, en cuanto excedieron el límite temporal fijado por la ley 23982, implicó extinguir la vigencia de aquellas normas respecto del caso, habida cuenta de que la sentencia por la que se reconoció el crédito del actor fue emitida el trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Compraventa inmobiliaria, escrituración, designación de escribano, designación de oficio
Materia: CIVIL
Carátula: CURCU, AGUSTIN ANGEL c/ LUPI DE MIGLIASO, FELIPE E. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-24

La vendedora, en razón del silencio que guardó tras ser intimada, perdió el derecho a ejercitar la facultad que le otorgaba una cláusula del boleto de compraventa para designar notario.

Aunque el inmueble pertenezca a una incapaz, no existe en la materia norma alguna que obligue a designar de oficio al escribano interviniente.

La circunstancia de que el notario con jurisdicción en el lugar de situación del inmueble no la tenga en la sede del juzgado, no causa agravio, desde que tal obstáculo puede soslayarse por vía de la delegación.
Notificación por cédula, instrumentos públicos, plena fe, redargución de falsedad, intervención del oficial público, diligenciamiento de cédulas
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ ROMERO OSVALDO LUIS Y OTROS s/ PROCESO DE EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-24

Por tratárse la cédula de notificación de un instrumento público, las atestaciones efectuadas por el Oficial Notificador en el ejercicio de sus funciones llevan implícita la verdad de lo que en ellas se afirma y hacen plena fe en tanto no sean argüidas de falsedad. De ahí que si no se promueve el incidente respectivo, debe tenerse por cierto lo expresado en el diligenciamiento de aquélla. Más aún, en caso de duda debe estarse por la validez de las constancias de la cédula, ya que se trata de un instrumento público (conf. CNCIV., sala F, LL., 1992-A, 305, con nota de Isidoro Gueller).
Cuestiones de competencia, declinatoria, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Fiscal Correccional y de Menores 2 - Primera Circunscripción Judicial s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-13

En el caso particular de la "declinatoria", por razones lógicas tratada como excepción de previo y especial pronunciamiento, y coherente con el principio de la Instancia Unica, y lo dispuesto por el artículo 444 del C.P.P. , las resoluciones de los Tribunales Penales o de los Jueces Correccionales, son irrecurribles, por lo que corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación, devolviéndose los autos a origen para que prosigan según su estado (artículo 448 C.P.P. ). (Dr. Márquez Palacios: En disidencia).
Concursos, privilegios (comercial), privilegios especiales (comercial), reserva de gastos, conservación y administración de los bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARRO, RODOLFO c/ CAPORATE, JOSE s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-29

La conjugación de los arts. 264, Ap. 1, Y 268 lc, implica que son pagados con preferencia al acreedor con privilegio especial sobre el producido del asiento solo quienes hayan realizado actividades o gastos necesarios para la seguridad, conservación o administración directamente vinculadas con ese bien particular. Resulta de tal suerte claro que la actividad desarrollada por el síndico en orden a la verificación de un crédito hipotecario no encuadra en la previsión legal: es que dicha tarea no se ejecuta sobre el bien asiento de la preferencia, sino que tiende solamente a determinar la existencia y quantum del crédito pretendido.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Municipalidad, cesantía, sumario administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CENA, NORBERTO JORGE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25

El recurrente insiste en relación a la irrazonabilidad del plazo de duración del procedimiento sumarial, mas sin hacerse cargo de lo manifestado por la Cámara respecto de las complejidades de la investigación y de la propia actitud del sumariado (de primigenia incomparecencia y demás conductas, como la de no mantener actualizado el domicilio denunciado en la Municipalidad, lo que hizo necesaria una notificación a través de otra dependencia municipal) que colaboró en dilatar dicho procedimiento, lo que era aún más necesario, si se tiene en cuenta que el sumario iniciado terminó con una sanción expulsiva y sin cuestionamientos a los hechos que la motivaron. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Estatuto para el Personal Municipal, artículo 85.
Ejecución hipotecaria, mutuo en moneda extranjera, intereses, emergencia económica, tasas de interés, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL-PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: MICOLI, Amalia A. c/ ESPOSITO, Luis A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-07

Si como consecuencia de la resolución que corresponde a la inconstitucionalidad de las normas que impusieron la pesificación, el obligado estar precisado de devolver en concepto de capital una suma que excede en mucho la paridad que existía entre el peso y el dólar estadounidense al tiempo de la contratación, es claro que de no revisarse los réditos se consagraría una verdadera expoliación del obligado que, de lo contrario, debería abonar por el uso del dinero un precio que excede con creces el valor de la moneda extranjera tanto en el mercado bancario nacional como internacional.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Frase, Ramón M. c/ Amoreo, Hugo R. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

El título debe bastarse a si mismo y este requisito de integridad o autonomía debe hallarse cumplido al momento de accionar o a más tardar antes de la citación para oponer excepciones, no pudiendo, por ende, completarse "a posteriori".
Queja por denegación o retardo de justicia, pronto despacho
Materia: PENAL
Carátula: ROJT, Julio M. s/ QUEJA RETARDO DE JUSTICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-17

Es presupuesto necesario para el análisis de la presentación de una queja por retardo de justicia que la parte interesada reclame previamente ante el órgano judicial respectivo el pedido de pronto despacho, si es que considera que ha vencido el término en el que deba dictarse una resolución (art. 127, C.P.P.N.).
Confirmación de sentencia, juicio sumarísimo, prácticas desleales, exclusión de la tutela sindical, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Del Río, Luis Julio c/ Secretaria de Modernización y otro s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-05

No resulta incorrecto el rechazo de la aplicación de multas por práctica desleal por cuanto el reclamo fue efectuado por el propio damnificado y no por el sindicato presuntamente lesionado que no ha presentado querella en la materia y la conducta de la demandada no fue antijurídica porque estamos ante una relación de empleo público y no privado y porque el hospital emplazado que ejerce una actividad de la cual depende la salud de los argentinos, pudo equivocadamente pensar que no debía acudir al procedimiento de exclusión de tutela al no haber sido derogado el art. 52 de la ley 23.551 y ser aplicable y operativo el régimen disciplinario de la ley 25.164. En consecuencia no puede condenarse solidariamente a la demandada al pago de los créditos reconocidos al trabajador porque el hospital demandado es persona jurídica que goza de autarquía y fueron sus autoridades las que dispusieron la cesantía del actor y las que le habrían negado, según su denuncia, la entrada al hospital. Tampoco hay prueba corroborante de que el ente estatal haya intervenido, en forma directa y personal, para ordenar a la empleadora Hospital Posadas que fuera despedido. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior (Del voto del Dr. Pose, en minoría).
Orden de allanamiento, detención
Materia: PENAL
Carátula: LEGUIZAMON CLAUDIO FABIAN S.D ROBO CALIFICADO E.P CARLOS ALBERTO TORRES Y OTROS. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-04

Toda orden de pesquisa o arresto de una o mas personas, deberá especificar las personas u objetos de la pesquisa, describiendo particularmente el sitio que debe ser registrado. No podrá expedirse mandato de esta clase sino por orden del juez competente apoyando en la declaración jurada de un testigo al menos u otra prueba semiplena de la cual se ha de hacer mérito en dicha orden, salvo el caso de in fraganti delito, en que todo delincuente puede ser arrestado por cualquier persona y conducido inmediatamente a presencia del juez.
Leyes, reglamentación de la ley, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: SALOUM, REINALDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 204-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-11-20

La ley 18811 -de carnes-, facultó al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar la habilitación y funcionamiento de establecimientos afectados a la faena, comercialización y depósito de productos de origen animal y el contralor de su cumplimiento por los gobiernos provinciales; la efectiva aplicación de ella y de sus decretos reglamentarios, hubiera creado situaciones de muy difícil solución, cuando las instalaciones existentes en diversas partes del país no respondieran a las exigencias legales, y por tal motivo, la misma reglamentación previó autorizaciones especiales que facilitaran la transición.

En el caso, ello es lo que sucedió en la zona de San Cristóbal, en la que el matadero municipal existente se encontraba clausurado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en razón de la Ley Federal de Carnes, no obstante lo cual esa repartición permitía su precario funcionamiento a efectos de que la población no quedara desabastecida de carne vacuna.
Prueba confesional, confesión extrajudicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Esperon, Irma c/ Ravarelli, Arturo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

La confesión extrajudicial hecha frente a la parte contraria o a quien la represente, obliga en juicio, al encontrarse acreditada por los medios de prueba establecidos por la ley.-
Prueba pericial, impugnación de la pericia
Materia: PROCESAL
Carátula: Gas del Estado c/ Municipalidad del Partido de La Matanza s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-25

La impugnación de la pericia debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funda el dictamen (CNEsp.Civil y Com., Sala V, 27/6/88, "Guida Isabel c/ Transporte Sol de Mayo S.A." LL. 1989-E p. 251). Ello es así porque cuando el dictamen pericial comporta la necesidad de una apreciación específica del saber del perito, para desvirtuarlo es imprescindible valorar elementos que permitan advertir fehacientemente el error o el insuficiente aprovechamiento de los conocimientos científicos que debe tener por su profesión o título habilitante (CNCivil, Sala C, 30/7/91, "Pagliario Carlos c/ Sicamericana S.A.", LL. 1992-A p. 425).