Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-02-26


AUTOS 82.329 (C.C.Nº19.584) DEL Quinto Juzgado Civil, CARATULADOS: "OTAROLA Marcos Alfredo C/ Betelu Roberto Jose y Otro Daños y Perjuicios Ordinario".

ROTOCOLIZADO:L. de Autos -Año 2008 del Tº I Fº56/57.

San Juan, 26 de febrero de 2008.

VISTOS: Estos autos Nº 19.584, caratulados "OTAROLA MARCOS ALFREDO C/ BETELU ROBERTO JOSE Y OTRO DAÑOS Y PERJUICIOS ORDINARIO".

Y CONSIDERANDO:

En la resolución de fs. 176/178 el A quo resolvió la excepción previa de incompetencia promovida por la codemandada O.S.E.C.A.C., quien había fundado su pretensión en que las leyes 23660 y 23661, que indican que cuando una prestador de servicios médicos asistenciales de carácter nacional como lo es la incidentista, y es demandada en virtud de su desempeño como agente del seguro de salud, la competencia corresponde al fuero federal.

Luego de sustanciada la excepción, fue resuelta por el A quo en la resolución antedicha en donde se rechaza la incompetencia por considerar el A quo que la demanda de autos no está alcanzada por la disposición de las leyes 23660 y 23661 dado que la acción promovida en estos actuados se trata solo de una acción personal de indemnización de daños en donde no se advierte que se encuentren en tela de juicio conflictos que puedan afectar la instrumentación y/o planificación de las prestaciones médico-asistenciales regidas en la ley de obras sociales.

La resolución fue apelada por la codemandada incidentista mediante el recurso de apelación deducido y concedido en relación y en ambos efectos. (fs. 179-190).

Las quejas del apelante están dirigidas al rechazo de la incompetencia que había planteado señalando que el fallo apelado es arbitrario porque no constituye una derivación razonada de la legislación aplicable al caso.(leyes 23660 y 23661) dictadas por el Congreso Nacional, normas que tienen prevalencia sobre las normas provinciales de procedimiento judicial.

Agrega y critica que la jurisprudencia señalada en el fallo cuestionado no son aplicables al caso de autos. Pide en consecuencia la revocación del fallo apelado y la admisión consecuente de la excepción de incompetencia que planteó, con costas.

Apela también la imposición de costas.

Hace reserva de derechos para ocurrir por medio de los Recursos Extraordinarios correspondientes y plantear la cuestión federal.

Los agravios fueron respondidos y resistidos por la actora.

El Ministerio Fiscal, a fs. 213 emite dictamen señalando que a su criterio la justicia ordinaria de la provincia es incompetente para entender en autos dada la expresa norma que indica la demandada apelante contenida en las leyes 23660 y 23661.

Entrando a la consideración de los agravios entendemos que no resultan atendibles. Este Tribunal comparte el criterio que indica que el fuero federal es de excepción, que la ley 23660 solo establece dicho fuero para los casos expresamente previstos en los arts. 24 y 29 y que lo prescripto en el art. 38, 2ª parte permite concluir que los entes de la obra social están en principio sujetos a la jurisdicción ordinaria (conf.: autos "Altamirano Fabian Enrique s/ medidas cautelares" Ccco. 02 Co. 4581 RSi. 60016-43)-fecha 31/7/2003).

Conforme a lo dicho numerosa jurisprudencia en nuestro país ha señalado que: "para entender en una demanda contra una obra social y un médico en la que e reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios por negligencia y mal desempeño de los profesionales que atendieron a la actora, resulta competente la justicia ordinaria aun cuando un organismo de obra social también integre la litis como codemandada.

Para que opere la previsión legal contenida en el art 38 de la ley 23661 es menester que se encuentren en debate conflictos que puedan afectar la instrumentación y/o planificación de las prestaciones médico-asistenciales regladas por la ley 23660 y de salud normadas por al ley 23661, supuesto fáctico dista del de autos, toda vez que se acciona por la responsabilidad civil atribuida por la actora a los codemandados." (Referencia normativa; ley 23661 art. 38, ley 23660; Cc. 0002 Sm. 55799 Rds. 515-4 S; fecha: 14-2-2004; Carátula: Ponce de Cardozo Karina del Carmen y otra C/ Clínica Nuestra SRA. del Buen Ayre y otro daños y perjuicios; Mag. votantes: Scarpita Occhiuzzi-Mares). - Conforme a los criterios expuestos corresponde confirmar la sentencia apelada, declarando que la justicia ordinaria provincial es competente para entender en estos autos.

En cuanto a las costas del proceso entendemos que las de primera instancia han sido bien impuestas porque el excepcionante resulta vencido en su pretensión incidental y las de alzada deben imponerse, por la misma razón, al incidentista apelante.

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

Rechazar con costas el recurso traído.

Confirmar la resolución apelada.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

PRO SECRETARIO AUXILIAR: DR. AGUSTIN RUGNA.