Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-20


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 20 días del mes de abril del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "A. C. N. c/ Q. J. E. s/ J. Ordinario", expte. nro. 16.074/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la localidad de Sarmiento (expte. nro. 137/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimiento s Civil y Comercial (fs. 86), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 56/60? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

La sentencia de fs 56/60 hace lugar a la demanda de filiación extramatrimonial interpuesta por la actora Sra C. A. en representación de su hijo menor J. E. A. y declara que el niño tiene por padre al Sr J. E. Q. condena al demandado a abonar en concepto de daño moral la suma de $2000, que serán depositados y administrados tal como surge del considerando respectivo, dando noticia al Asesor Civil de Familia e Incapaces a los fines pertinentes, ordena la adición del apellido paterno manteniendo el materno lo que se efectivizará mediante la pertinente comunicación procesal al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas que corresponda. Impone las costas al demandado y regula los honorarios.

A fs 76/78 se agrega la expresión de agravios. Inicia el quejoso haciendo una reseña de la causa y lo resuelto por el sentenciante de grado.

Cita jurisprudencia y agrega que si el sentenciante entiende que el daño moral en este caso no es necesario probarlo, sino que se presume, no es posible entender que la reparación del mismo pueda darse en la suma estipulada en la sentencia.

No es entendible, señala, que si S.S. hace lugar al rubro reclamado, pensar que un menor que ha sido privado del apellido paterno, que no contó con la protección espiritual adecuada, pueda ser compensado con una suma insignificante.

Menciona los dichos de los testigos que fueron destacados por el Sr Juez, lo que provocó en el menor la llegada del padre a Río Mayo, así como que el demandado nunca asumió la responsabilidad que le cabía, demostrando una indiferencia absoluta y aún con el resultado de la prueba pericial ADN y conocido el resultado, tampoco reconoció la paternidad.

Cita jurisprudencia.

A fs 80/89 se agrega la contestación por parte de la Sra Asesora de Menores, la vista conferida, y por las razones que alega entiende que asiste razón al recurrente en cuanto a que el quantum indemnizatorio debe ser elevado.

Y adelantando opinión he de coincidir con la Sra Asesora y, en consecuencia, modificaré el monto indemnizatorio por daño moral que otorgara el Sr Juez y daré mis razones.

Un breve análisis del expediente demuestra que las pretensiones de reconocimiento se iniciaron en septiembre de 2003, mediante acta Nº 773/03, y el 5 de noviembre se suscribe el acta agregada a fs 45, donde el demandado se compromete a realizar los estudios genéticos a su costo.

Al no poderse llevar a cabo tales estudios, atento que de acuerdo a lo informado por el Sr Asesor Civil a fs 46, el Sr Q. alegaba no poder abonar los estudios, se le propone iniciar actuaciones sobre prueba anticipada (expte encordelado).

Efectuada la prueba anticipada, se concluyó que J. E. Q. no puede ser excluido de su paternidad biológica en la persona de J. E. A.. Obtenido el resultado se notifica de la misma al demandado con fecha 3 de octubre de 2005, atento los inconvenientes de las notificaciones anteriores, ante cambio de domicilio, sin comunicación previa al juzgado.

Ante ello y la falta de reconocimiento por parte del Sr Q. en noviembre de 2005, se interpone acción de reconocimiento de paternidad, declarándose la rebeldía del demandado ante la incomparecencia del mismo.

El Sr Juez reconoce la paternidad reclamada y otorga un monto indemnizatorio que es motivo de agravio.

Bien se ha dicho: "...aunque el niño nace desnudo, confundido en el tiempo y en el espacio con otros recién nacidos que se le parecen, es no obstante, un ser diferente. Desde el momento de su primer grito, él ya posee antecedentes, pasado, historia; una herencia original, familiar, social y cultural que lo distingue de otros". El acceso a la vida jurídica debe traducir esa identificación; esta exigencia está consagrada en la declaración de los derechos del niño, adoptada por unanimidad y proclamada solemnemente el 2 de noviembre de 1959 por la "Asamblea General de las Naciones Unidas" al afirmar que el niño tiene, desde su nacimiento, derecho a su nombre y a una nacionalidad, es decir, a un estado civil que testimonie su integración en el seno de una familia, de un país, todo ello en respeto de su propia personalidad. Estos principios se repiten en las modernas constituciones europeas. La ley argentina 23.264 acentúa claramente el derecho al conocimiento de la realidad biológica; basta mencionar que estatuye sólo una presunción "iuris tantum" para los plazos de la concepción (art. 77) y de la paternidad legítima (art. 243), que facilita las acciones de reconocimiento auxiliando a la mujer (generalmente carente de recursos) (art. 255), que permite establecer la maternidad aun sin reconocimiento expreso (art. 242), que presume la paternidad del concubino de la madre (art. 257), etcétera, "Derecho de Daños", primera parte, directores Felix Trigo Represas-Rubén S. Stiglitz, pág. 665 y sgtes, cap. XXVIII "Responsabilidad civil por falta de reconocimiento de la paternidad extramatrimonial".

Cuando un padre omite el reconocimiento espontáneo y tempestivo de un hijo realiza un acto de naturaleza ilícita que ocasiona un daño que debe indemnizar, independientemente del reproche moral (conf. Zannoni, Eduardo; "Responsabilidad civil por el no reconocimiento espontáneo del hijo", LL 1990-A-1). En tal caso, se ha lesionado un derecho inalienable de la persona, el de su propia identidad (conf. Convención Americana de Derechos Humanos, Adla, XLIV-B, 1250, de jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 de la C.N.), se lo ha sustraído de un emplazamiento familiar y se le ha privado de un nombre durante un lapso prolongado... (conf. C. Civ. y Com. de San Isidro, Sala 1º, con comentario de Bidart Campos, Germán, ED 128-333), es motivo suficiente para otorgar una indemnización por daño moral como lo dispusiera la sentenciante, aunque entiendo junto con la Sra Asesora que el dado es insuficiente, toda vez que es incuestionable y no fácil de enumerar las carencias que ha tenido el niño desde el nacimiento, ante la falta del padre, tales como el afecto, el apoyo espiritual, sostén económico, y lo vivido de acuerdo a las testimoniales.

Ha llegado a la adolescencia, con tales carencias, por la sola conducta del padre biológico y ello indiscutiblemente debe haber causado en el joven un resquebrajamiento espiritual de ilimitados alcances.

Es innegable que quien sospecha haber engendrado un hijo y elude la obligación de reconocerlo, asume una conducta ilícita culpable o al menos negligente (art. 1109 del Código Civil) y debe responder por los daños causados (conf. CNCiv., Sala C, "R., O. B. c/ I., O. J. s/ filiación" del 30/6/98; CNCiv., Sala E, "M., M. del C. y otro c/ M., V. s/ daños y perjuicios" del 12/5/98; CNCiv., Sala D, "T., F.M. c/ T., J. s/ daños y perjuicios" del 26/3/98; CNCiv., Sala A, "C., C.F. c/ D., C. H. s/ filiación" del 6/9/94; CNCiv., Sala L, "B., O. N. c/ M., O.O. s/ filiación del 23/12/94; CNCiv., Sala I, "U., A.M. c/ M., J. O. s/ filiación" del 19/8/97; CNCiv., Sala B, "A., D. I. c/ C., C. A. s/ filiación" del 30/3/98; CNCiv., Sala F, "R. E. N. y otro c/ M.H. E. s/ filiación" del 19/10/89", CCCiv.-Sala G, 11-12-2003).

Por todo lo expuesto, la jurisprudencia dominante citada, y el informe de la Sra Asesora que comparto plenamente, considero que la indemnización debe adecuarse a la situación expuesta, aunque lo haré con prudencia.

Tendré en cuenta no sólo que la actora no dio pautas numéricas y de acuerdo lo sostenido por el Dr Mosset Iturraspe: "el reconocimiento del daño moral y de su reparación tiene que ver con la conciencia media de un pueblo(...) el daño moral se infiere o deduce de situaciones determinadas que, para el hombre medio -en una comunidad y en un tiempo- son productores o causantes de sufrimiento". Y agrega con acierto: la aplicación de los estándares de la "intensidad del justo dolor del hombre medio" no deben conducir a dejar de lado la indagación acerca de la "repercusión subjetiva de cada persona". Es decir el criterio subjetivo sirve de eficaz complemento y corrección para indagar el daño que en concreto ha padecido el sujeto damnificado" - "Resarcimiento de daños. Daños a las personas. Valuación de la indemnización por daño moral", Cap. XV. Matilde Zavala de González.

"La función del juzgador es establecer una suma que aunque no represente el hondo dolor de la ausencia voluntaria de un padre, fije de una manera simbólica el menoscabo injusto que ha producido". CCCiv, Sala G. Las razones dadas, a lo sumo la edad del menor, el tiempo que transcurrió desde el pedido de reconocimiento, la incidencia que la actitud del padre tiene sobre el menor, especialmente en una comunidad chica, la condición económica del progenitor de acuerdo a la tarea denunciada, estimo que la suma de $5000 en concepto de daño moral, deviene justa, ejercitando de manera equilibrada el poder conferido por el art. 165 del CPCC), en consonancia con el 1078 del CC, art. 8º de la "Convención sobre los Derechos del Niño".

Las costas de la Alzada las impongo al demandado.

A fin de regular los honorarios de ambas instancias, atento la manda del art. 279 CPCCCh, que los difiero para el momento del acuerdo, merituaré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los arts 6, 7 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara M. Susana Reynoso de Roberts dijo que:

1) Admite los agravios de la actora y modifica el punto 2) de la sentencia de fs 56/59 vta, en consecuencia condena al demandado Sr J. E. Q. a abonar en concepto de daño moral a la Sra C. A., en representación de su hijo J. E. A.la suma de cinco mil pesos ($5.000), que serán depositados y administrados como lo dispusiera el Sr Juez de grado.

2) Impone las costas de la Alzada al demandado.

3) Difiere la regulación de los honorarios de ambas instancias, para el momento del acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien vota precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a la misma me remito.

I.A) El agravio planteado por la parte apelante actora (fs. 76/78 vta.) se refiere al monto de condena fijado por el a-quo en su sentencia por considerarlo insignificante. Habiendo contestado a fs. 88/89 la Sra. Asesora Civil de Familia e Incapaces la vista conferida en esta instancia a fs. 87.

Entrando a considerar dicho agravio advierto que el mismo implica un menoscabo de un derecho que se confunde con la existencia de la persona (1075 del C.C.).

Amerito que el menor en cuestión sufre dos tipos de afecciones, por un lado, el impedimento de obtener de su padre la atención y cuidados que eran exigibles, sufriendo un claro desamparo y, por el otro, durante el lapso anterior al reconocimiento y posterior declaración judicial de filiación, la imposibilidad de ejercer los derechos que son inherentes al estado de tal.

Las particulares circunstancias del caso a tomar en cuenta son las siguientes: a) de las presentes actuaciones: la declaración de rebeldía del demandado (fs. 25), las Actas nro. 773 del 23/09/03 (fs. 43/44), el Acta nro. 800 del 05/11/03 (fs. 45), el informe detallado y preciso efectuado por el Asesor Civil de Familia e Incapaces el día 06/06/06 (fs. 46), la enfermedad y estado emocional del niño evidenciado tanto en las testimoniales prestadas por C. D. S. (fs. 51/vta.) y D. D. (fs. 52/vta) como la informativa prestada por el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Pcia. del Chubut y b) de la prueba anticipada (expte. nro. 135/04) de la que surge que el demandado fue notificado del resultado positivo de su paternidad biológica en fecha 08/06/05 (fs. 26 vta.) no cumpliendo con el compromiso que expresamente referenció en el Acta nro. 800 (reconocer en el término de quince (15) días de recibir la notificación del resultado del ADN).

Dichos elementos probatorios, aunque no sea necesario probar el daño moral, dan pautas suficientes para evaluar la falta de intención del demandado de consolidar vínculos paternofiliales con el niño, habida cuenta que no medió aceptación de la paternidad una vez conocido el resultado del A.D.N., siendo adecuado el nivel socio económico del padre - Oficial Inspector (fs. 26vta. -expdte. nro.135/04)- a la característica de clase media social, siendo evidente la falta de interés paterno en construir una comunicación que conlleve a generar la iniciación y desarrollo del vínculo padre - hijo.

A mayor abundamiento, tengo en cuenta que es criterio jurisprudencial en casos como el de autos que: "Cuando un padre omite el reconocimiento espontáneo y tempestivo de un hijo realiza un acto de naturaleza ilícita que ocasiona un daño que debe indemnizar, independientemente del reproche moral (conf. Zannoni, Eduardo; "Responsabilidad civil por el no reconocimiento espontáneo del hijo", LL 1990-A-1). En tal caso, se ha lesionado un derecho inalienable de la persona, el de su propia identidad (conf. Convención Americana de Derechos Humanos, Adla, XLIV-B, 1250, de jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 de la C.N.), se lo ha sustraído de un emplazamiento familiar y se le ha privado de un nombre durante un lapso prolongado -en este caso desde el reclamo hasta la aceptación-. No puede sostenerse que no hubo intencionalidad en este obrar ni tampoco se puede afirmar livianamente que no puede probarse el daño infligido. Es irrefutable que la falta de un padre le quita a su hijo apoyo espiritual, afecto y sostén económico y es inaudito que el demandado no se haya representado la orfandad que por todo ello padeció su vástago. Transitar la adolescencia sin el reconocimiento paterno debido a la conducta del padre biológico debe haber causado en el joven un resquebrajamiento espiritual de ilimitados alcances. Es innegable que quien sospecha haber engendrado un hijo y elude la obligación de reconocerlo, asume una conducta ilícita culpable o al menos negligente (art. 1109 del Código Civil) y debe responder por los daños causados" (conf. crit. 193156 - "Z. E. B. c/ R. R. O. s/ filiación" - CNCIV - SALA M - 09/03/1999 : elDial - AA266).

Por los entendimientos expuestos precedentemente arribo a la convicción que corresponde acoger los agravios expresados por la apelante actora y, en consecuencia, revocar parcialmente el pto. 2do. la sentencia venida en apelación fijando como monto por daño moral la suma de pesos DIEZ MIL ($10.000).

I.B) En virtud de la aplicación del principio objetivo de la derrota las costas de esta instancia son impuestas a la parte demandada vencida (art. 68 del CPCCh). Difiérese la regulación de honorarios del profesional interviniente para el momento del acuerdo, donde se readecuarán teniendo en cuenta el tema traído a decisión, la labor desarrollada y el éxito obtenido en un todo de acuerdo con lo prescripto por el art. 279 del CPCCh y los arts. 6, 7, 9, 14 y ccdtes del Dto. Ley Pcial Nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial Nro. 4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

1) Hacer lugar a los agravios expresados por la apelante actora a fs. 76/78 vta. y, en consecuencia, revocar parcialmente el pto. 2 de la sentencia de fs. 56/60, fijando como monto por daño moral la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000).

2) Imponer las costas de esta instancia al parte demandada vencida (art. 68 del CPCCh). Diferir la regulación de honorarios del profesional interviniente para el momento del acuerdo (arts. 6, 7, 9, 14 y ccdtes. del Dto. Pcial. nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial. nro. 4335).

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento tercero en orden el presente conflicto por apelación deducida por la parte actora contra sentencia definitiva nro. 34/2006 que hizo lugar a la demanda de filiación extramatrimonial interpuesta por la Sra. C.A. en representación de su hijo menor J. E. A. y en consecuencia se declaró que el niño tiene por padre a J. E. Q, y se lo condenó a abonar en concepto de daño moral $2000 (fs. 56/60, fs. 63).

En el memorial de agravios la madre apelante entiende que se provocó un grave agravio en el monto de condena por daño moral que dispuso el Aquo (fs. 76/78). Esencialmente asienta su fundamento en que un menor privado del apellido paterno, que no pudo contar con protección espiritual adecuada de una familia paterna, y esa situación fue compensado a su modo de ver en una suma insignificante, y estima que debe ser una reparación razonable, relatando los devenires del presente proceso, hace mención a las secuelas del dolor en su personalidad.

Puntualmente he de señalar que el Aquo a fs. 58 vta./59 hizo mención a la falta de prueba respecto de la intensidad del dolor del niño, lo que es corroborado al revisar las actuaciones en la causa.

Asimismo he de mencionar que al incoar demanda la madre en representación de su hijo no indicó el monto pretendido como resarcitorio (fs. 12/14), por lo cual la determinación la efectuó el magistrado de grado conforme lo establece el art. 165 del código ritual.

En principio dejo sentado que el memorial de agravios es una reiteración de las manifestaciones vertidas en la interposición de la demanda lo que constituye una omisión técnica al momento de contradecir lo decidido y pues las meras discrepancias con los magistrados de grado no alcanzan como fundamentos idóneos para habilitar la revisión en la instancia superior.

No obstante y siguiendo el criterio de esta Alzada, si bien la fundamentación del recurso no configura un ejemplo de ortodoxia técnica es factible determinar el agravio del apelante y por esta vía entrar al análisis de los puntos de su queja con el fallo de Primera Instancia. Es que en la apreciación el contenido de la expresión de agravios, la jurisprudencia se inclina por un criterio amplio, compatible con la garantía de la defensa en juicio (Palacio-Alvarado Velloso "Cód. Procesal Civil y Comercial Comentado", T.VI, p.397, parág. 275 1.2.3). El criterio amplio fue seguido reiteradamente por este Cuerpo, y en el caso habiéndose resuelto que existiendo dudas acerca de si el escrito de expresión de agravios abastece la carga de rebatir adecuadamente las motivaciones de la sentencia recurrida, debe optarse por tener por cumplida la susodicha carga (CNCiv., Sala F, 14/8/80, in re: "R. c/ B." en LL 1980-D-382) y la deserción del recurso por insuficiencia del contenido del escrito de expresión de agravios, debe ser interpretada con criterio restrictivo (CFCCC Ia. 31/3/86, LL, 1986-C-468; 14/11/89, in re: "S. c/ Gobierno Nacional").

La doctrina como la jurisprudencia son contestes respecto que "Cuando un padre omite el reconocimiento espontáneo y tempestivo de un hijo realiza un acto de naturaleza ilícita que ocasiona un daño que debe indemnizar, independientemente del reproche moral (conf. Zannoni, Eduardo; "Responsabilidad civil por el no reconocimiento espontáneo del hijo", LL 1990-A-1). En tal caso, se ha lesionado un derecho inalienable de la persona, el de su propia identidad (conf. Convención Americana de Derechos Humanos, Adla, XLIV-B, 1250, de jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 de la C.N.), se lo ha sustraído de un emplazamiento familiar y se le ha privado de un nombre durante un lapso prolongado, en este caso desde el reclamo hasta la aceptación (L. 193156 - "Z. E. B. c/ R. R. O. s/ filiación" - CNCIV - SALA M - 09/03/1999 Citar: elDial - AA266). "Es prácticamente unánime la concepción doctrinaria y jurisprudencial, según la cual quien se ha negado a reconocer la paternidad de su hijo -en el subexamen, diría oportunamente-, está obligado a resarcirlo a éste por el daño moral. El presumible perjuicio resultaría de no haber contado con el apellido paterno, y no haber gozado de la posesión de estado" L. 357783 - ("A., N. G. c/ P., H. s/ filiación" - CNCIV - SALA B - 25/06/2003 Citar: elDial - AA1943).

En idéntico sentido se sostuvo doctrinariamente que una de las cuestiones más importantes en la vida de una persona es el conocimiento de su historia, es decir, las raíces de su existencia. Se consideró que la cuestión es sumamente grave y se traduce en una afección a los sentimientos permanente y de alta intensidad, que se refleja en la personalidad, en las relaciones de familia y sociales, pues el sujeto asume ante la sociedad un rol de vergüenza (en términos de culturización social dominante -cita Giddens "cuestiones de modernidad, pág. 115-), lo cual incluso lo desacredita en otras áreas como la laboral, de relación etc. (ver Carlos Alberto Ghersi "Cuantificacion económica Daño Moral y psicológico", pág. 164, Ed. Astrea-2002).

Considero de buen tino la apreciación del primer sentenciante en interpretar que no hubo intencionalidad en este obrar ni tampoco se puede afirmar livianamente que no puede probarse el daño infligido aunque no se haya especificado el monto.

Es innegable que quien sospecha haber engendrado un hijo y elude la obligación de reconocerlo, asume una conducta ilícita culpable o al menos negligente (art. 1109 del Código Civil) y debe responder por los daños causados.

Los argumentos que hacen a la procedencia de la indemnización, se encuentran concordantes por quienes me precedieron así como también por el sentenciante de grado, siendo el punto a decidir exclusivamente el monto.

El STJ de la provincia ha dicho que "la circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia pues los jueces son libres de decidir los elementos que forma la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión (voto Dr. Torrejón sent. def. del 1-6-98); más aun, "la mayoría de los votos concordantes debe coincidir en la solución de cada uno de los puntos o capítulos que integran la litis, no necesariamente debe exigirse la existencia de fundamentos iguales, sino cada juez debe dar sus fundamentos aunque no sean los mismos o difieran de los dados por los otros miembros. Es que si fuera necesaria la coincidencia de fundamentos la exigencia de votos individuales resultaría un requisito sin sentido, pues no sería otra cosa que exigir una reiteración de fundamentos por cada miembro del tribunal. Por lo que considero que para determinar si existe mayoría, en aquellos supuestos en que los votos se apoyan en argumentos distintos, lo que debe sopesarse que estos no se excluyen jurídicamente entre sí de manera que no tengan afinidad acumulativa indispensable (STJ causa 000A 000026 fecha 20-10-99 STJCH SI nro. 88/SRE/04, SD NRO. 45/SER/ 95, SI NRO. 124/SER/06, entre otras).

Con relación a la facultad discrecional de los magistrados se dijo que "...la ley exige interpretación, los resultados alternativos son razonables y ninguna interpretación es lógicamente obligatoria" un expediente imprescindible para la promoción de decisiones judiciales moralmente defendibles y jurídicamente justificables viene dado, sin lugar a dudas, por la necesidad que el juez emplace sus pronunciamientos en el marco de un sistema consistente de teorías y de que, además, exponga suficientemente dicho sistema de opiniones, de modo tal de permitir el debate publico que hace posible el control de tales decisiones por parte de la comunidad organizada" (ver Gustavo Arocena "Ensayo sobre la función judicial", pág. 84, Ed. Mediterránea-2006).

En la especie la situación adquiere ribetes de gran imprecisión, pues la cuantificación del daño moral librado a la prudente decisión discrecionalidad del juez produjo el endeble ataque en el memorial como sostuve al inicio, los factores que considero para decidir, son el tiempo transcurrido para iniciar las acciones legales, las declaraciones del testimonio de fs. 51 vta. el niño toma indudablemente conocimiento que el padre estaba en la zona y ello produjo una reacción, y en ámbito espiritual no puede cuantificarse sobre la base de antecedentes jurisprudenciales, que tampoco puede hablarse del mérito ético que se prestó en forma franca al análisis de histo-compatibilidad, carece en el presente de trascendencia en orden a eximirlo de responder por el daño moral reclamado y mucho menos cuando se demoró injustificadamente con el argumento que no podía costearlo, la duda razonable sobre la paternidad que dan cuenta los informes del defensor (expte. Nro. 135-32-2004, fs. 4 y 11), que se dispuso mantener los apellidos paterno y materno. Con estas pautas propongo modificar la sentencia de grado y establecer como daño moral la suma de $5.000. No me expido respecto de costas por existir coincidencia con las magistradas prevotantes.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial de la Dra. Melero, la siguiente SENTENCIA:

1) Admitir los agravios de la actora y modificar el punto 2) de la sentencia de fs 56/60, en consecuencia, condenar al demandado Sr J. E. Q. a abonar en concepto de daño moral a la Sra C. A. en representación de su hijo J. E. A., la suma de CINCO MIL PESOS ($5.000), que serán depositados y administrados como lo dispusiera el Sr Juez de grado.

2) Imponer las costas de la Alzada al demandado.

3) Regular los honorarios profesionales del Dr. P. F. Del G. por los trabajos realizados en primera instancia en la suma de PESOS DOS MIL ($2000) y por los trabajos realizados en la alzada en la suma de PESOS SEISCIENTOS ($600).

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara NÉLIDA SUSANA MELERO - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 021 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS