marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley penal más benigna, delitos contra la humanidad, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Girbone, Héctor Salvador c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-24

La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales según prescripciones convencionales de los delitos de lesa humanidad, en donde los alcances de la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones de derechos humanos, comprende la obligación que tiene para con las víctimas y sus familiares de reparar dichas violaciones.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, expropiación, cosa juzgada, indemnización expropiatoria, depreciación monetaria, moneda
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MARIA ELISA ORDOQUI DE GREEN c/ ESTADO NACIONAL s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO-  PROCEDENCIA- CUESTION FEDERAL- EXPROPIACION  INVERSA- INDEMNIZACION- DEPRECIACION MONETARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-26

Los agravios atinentes a la violación de la cosa juzgada y al momento a partir del cual debe actualizarse la indemnización expropiatoria remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho común, materia propia de los jueces de la causa y ajena -como regla y por su naturaleza- a la vía del art. 14 de la ley 48, máxime cuando el tribunal ha expresado fundamentos suficientes de igual carácter que, más allá de su acierto o error, eliminan la tacha de arbitrariedad invocada.
Impuestos, impuestos provinciales, traslación de impuestos, tarifa de servicio de telecomunicaciones
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fisco de la Provincia c/ Compañía Argentina de Teléfonos SA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

La tarea de precisar si el impuesto local es trasladable o no lo es a la tarifa, constituye un dato de singular relevancia para establecer cuál es el criterio aplicable en cada caso concreto (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Economía procesal, nulidad de sentencia, energía eléctrica, medidas cautelares, astreintes, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur -Proconsumer- c/ Provincia de Río Negro y Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA) y Otro s/ Contencioso administrativo s/Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-09-30

A fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, entiendo que en el caso no corresponde decretar la nulidad del fallo recurrido. Tal es así que la Resolución aquí objeto de recurso , que en lo pertinente ordena a T.P.C. se abstenga de alterar el valor de la energía que factura a E, sea por vía de las imputaciones de pago o certificaciones, por encima del precio que rija en el MEM, conforme a lo dispuesto en la cautelar oportunamente ordenada (PROHIBICION DE INNOVAR) -en tanto la misma se había hecho extensiva a la recurrente-, BAJO APERCIBIMIENTO DE APLICAR ASTREINTES EN LOS TERMINOS QUE LO AUTORIZA EL ART. 37 CPCC., a la luz de la Sentencia Nro. 40 de fecha 3.07.03 del Superior Tribunal de Justicia, ha quedado incausada. En efecto, si la medida cautelar (PROHIBICION DE INNOVAR) aquí denunciada como incumplida y/o violada, conforme al pronunciamiento de éste Cuerpo antes citado, que se encuentra firme y consentido, consideró -a la luz de las Resoluciones del EPRE Nro. 42, modificada parcialmente por la Resolución Nro. 178/02, que establecen el CUADRO DE ABASTECIMIENTO que regirá para el segundo quinquenio TARIFARIO DE LA DISTRIBUIDORA E- que había perdido al momento del dictado de la referida sentencia (julio de 2003) toda virtualidad jurídica y/o su razón de ser, en tanto el daño que pretendía evitar y/o los derechos de la actora que pretendía proteger, encontraban en las mencionadas Resoluciones del EPRE., significa en definitiva que tal medida cautelar ha perdido efecto jurídico.
Tribunal colegiado, voto de los jueces, voto mayoritario
Materia: PROCESAL
Carátula: R., L.A. y Otro c/ E.D. y Otra s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-29

La mayoría legal consiste en la coincidencia de opiniones de por lo menos dos de los tres jueces que integran el Tribunal y equivale a unanimidad cuando sólo actúan dos en los casos en que está permitido. Debe producirse respecto de cada cuestión esencial y para lograr coincidencia que forma mayoría, los votos deben arribar a una conclusión idéntica.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos médicos, gastos de farmacia, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: CABRERA, DELIA c/ E.F.E.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-15

Reiterada jurisprudencia del Tribunal ha declarado que la circunstancia de que la víctima haya sido tratada en hospitales, no significa que no haya tenido que incurrir en gastos, como ser bonos, medicamentos, placas, etc.
Daños y perjuicios, lucro cesante, carga de la prueba, daño cierto, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: TORO SEGOVIA, EUGENIA c/ AIRA, VICTOR s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-27

En el caso de un accidente, en virtud del cual la actora en su calidad de huésped del hotel -propiedad del accionado-, sufrió un daño físico, al ser golpeada y herida ante el desprendimiento de parte del cielo raso en uno de los pasillos del inmueble de referencia, resulta improcedente el reclamo de la indemnización del rubro lucro cesante reclamado, toda vez que, aún cuando para establecer la medida de tal indemnización, se ha admitido una probabilidad objetiva que emane del curso normal de las cosas y del caso concreto, primero hay que proporcionar al sentenciante los elementos de juicio necesarios para establecer su existencia, dado que es incorrecto presumirlo y es carga de quien lo reclama, su prueba; (CPR: 377). Sin embargo, la sola circunstancia que la actora sólo haya alegado que a la fecha del accidente se desempeñaba como empleada doméstica es insuficiente para acreditar tal pérdida, resultando, en esas condiciones, sólo probable que se haya configurado el daño alegado, pero no se ha probado que éste sea "cierto", no alcanzando la mera posibilidad abstracta de su materialización para acordarse una indemnización en tal carácter (cfr. "Empresa de Ferrocarriles Argentinos c/ Galvez, Orlando y Otros", 17.09.96, consid. 12, LL; Diario del 02.04.97).
Expropiación, prueba pericial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nudefe S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-07

La calificación topográfica (tierras bajas e inundables) que se hace del predio sujeto a expropiación puede basarse entre otros elementos en fotografías aéreas. Obvio resulta que las fotografías sirven para probar el estado de hecho que existía en el predio en el momento de ser tomadas, pero no puede negarse que son valioso auxiliar de la prueba pericial. La conclusión se afianza si las fotografías demuestran una acumulación de aguas en determinados lugares del campo, producto de las características altimétricas del predio corroboradas por la Carta del Instituto Geográfico Militar que tuvo en cuenta el experto, y que no se modifican fácilmente con el transcurso de los años, lo que fue comprobado por la inspección del perito.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, instrumentos privados, instrumentos públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. c/ NAVARTA BUSTOS, ROLANDO s/ EJECUCION HIPOTECARIA ROLANDO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-07-07

Para que el instrumento privado sea titulo ejecutivo, eficazmente admitido como base del juicio ejecutivo, debe en primer lugar documentar una obligación de pagar una suma liquida y exigible de dinero. Al igual que el instrumento publico, debe bastarse a si mismo para reunir las constancias precedentemente enunciadas, sin perjuicio de poder completarse con otros instrumentos públicos o privados o con las mediadas preparatorias.
Medidas de fuerza, despido por huelga, declaración de ilegalidad, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, JUAN c/ ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSSI  S.A.I.C. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-29

La declaración de ilegalidad de una medida de fuerza, huelga, por parte de la autoridad administrativa importa una apreciación del poder administrador que no es vinculante para el poder judicial. La doctrina del Plenario 93 -Navarro, Angel c/Cervecería Quilmes- es inaplicable por:a) es anterior a la ley 20744, que en su versión original excluia como justa causa de despido la participación de los trabajadores en la huelga, art. 243 derogado por la ley 21297; b) los arts. 17 y 81 de la LCT actual excluyen toda discriminación por razones gremiales; c) la aplicación de sanciones discriminatorias con motivo de medidas de fuerza deben considerarse excluidas; art. 1 de la ley 23592 y art. 53 inc. j de la ley 23551.
Medida cautelar innovativa, sentencia definitiva, Seguridad social, procedencia del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sarno, Miguel Ángel c/ A.N.Se.S. s/ A.N.Se.S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16

La generalización de un criterio indiscriminadamente amplio en materia de cautelares innovativas produciría una multiplicación de controversias suscitadas, entre otras cuestiones, por la superposición de liquidaciones (previas y posteriores a la sentencia definitiva), lo que dificultaría su control por las partes y por el órgano judicial, agravando el colapso que, como es público y notorio, afecta el desenvolvimiento del fuero de la seguridad social en todas sus instancias, cuyo normal funcionamiento -en la medida de sus posibilidades- es preocupación constante de la Cámara Federal de la Seguridad Social preservar. Por otra parte, va de suyo que ello prolongaría la demora en la dilucidación de la cuestión de fondo a que habrá de arribarse en esta y otras causas análogas mediante el dictado de sentencia de primera instancia que, de resultar favorable al beneficiario en las condiciones previstas en el Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado por las partes en relación a la petición 11670 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (presentado ante la C.I.D.H. o "Comisión Interamericana" el 04.11.09), tornaría aplicable el compromiso asumido por el Estado Argentino -a través de la A.N.Se.S.- para la pronta ejecución del pronunciamiento arribado, "en los términos y plazos especificados en el propio fallo judicial firme", claudicando de apelar "en supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido". (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia).
Tarjeta de crédito, reintegro de gastos, interpretación de la ley, deber de información
Materia: COMERCIAL
Carátula: USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS c/ SISTEMAS UNIFICADOS DE CREDITO DIRIGIDO SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-16

1. Como es sabido, el contrato de tarjeta de crédito es una combinación de financiamiento y modalidad de pago en las operaciones de adquisición de bienes y servicios. 2. En dicha relación se unen los contratos bancarios de concesión de crédito con el servicio de caja y naturalmente el de compraventa o prestación de servicios, con diferimiento de pago del precio, donde una empresa especializada denominada entidad emisora se obliga a otorgar a favor de una persona física o jurídica denominada tomador, cliente, titular o usuario, un crédito que éste podrá utilizar mediante la mera presentación de la tarjeta de crédito para la adquisición de bienes o servicios de terceros, obligándose a cancelar a la entidad emisora en la forma y modos convenidos (CNCom, Sala B, voto de la Dra. Díaz Cordero in re "Zagdañski, Damian Ariel c/ Percomin ICSA y Otros s/ ordinario, del 29/6/16).
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-28


Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1) Que a fs. 312/316 esta Sala dictó sentencia definitiva reduciendo el monto fijado en 1º instancia como condena, a la suma de $ 16.885,20, fijó costas y reguló honorarios. Cuando todavía no habían sido devueltas las actuaciones las partes formula-ron un "acuerdo de pago" (fs. 319) que se difirió a la consideración de la jueza de grado; arribados los actuados a 1º instancia y, antes de que se produjera medida ejecutiva alguna, se depositaron $ 7.806,59 (fs. 330/331) que fueron retirados a fs. 337 vta., y luego otros $ 7.806,59 (fs. 344/345) que se retiraron a fs. 348 vta. (la diferencia en la suma obedece al embargo que el perito contador pidió a fs. 342). Posteriormente se realizó otro depósito por igual suma (fs. 351/352) retirado a fs. 358. A fs. 359 se actualizó la liquidación con un resultado pendiente de $ 588,87 que se depositaron a fs. 362/363, sin que ninguna medida ejecutiva fuera solicitada ni efectivizada.

2) Que en tales condiciones, lo resuelto a fs. 367 y apelado a fs. 368/369 (en sub-sidio) por los Dres. Federico G. Y Luis R.M. Dollera Jofré, resulta ajustado a derecho y a las constancias de la causa pues no existieron, en rigor, trabajos de ejecución. En ese sentido la apelación no es justificada pues la resolución apelada no obvia en modo alguno la regulación de honorarios de los citados profesionales, sino que la efectúa y la pone a cargo del cliente -en el caso parte actora- por razones que coinciden con las precedentemente expuestas, y que este Tribunal juzga suficientes para resolver en forma desfavorable el recurso (ver ambos párrafos de fs. 367).

Ante la forma de resolver y ausencia de contradicción, las costas de alzada deben ser declaradas por su orden (art. 68 C.P.C.C.N.).

3) Que en cuanto al monto de los estipendios ($ 150; apelación por bajos fs. 368 vta.) considerando la etapa de que se trata, valor involucrado, trabajos efectivamente cumplidos y lo dispuesto por los arts. 38 L.O. y 40 y conc. de la ley arancelaria, el Tribunal estima que aquellos son reducidos, y deben elevarse a $ 800.

Por los fundamentos expuestos el Tribunal RESUELVE: 1º) Confirmar la imposición de costas efectuada a fs. 367 segundo párrafo. Costas de alzada por su orden. 2º) Elevar los honorarios fijados a fs. 367 a favor de los letrados de la parte actora a la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800). 3º) Reg., not. y dev.. Conste que la vocalía tercera se encuentra vacante (art. 109 RJN).

MMV María C. García Margalejo Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara
Pagaré, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Caseros c/ Robles Rosa s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-20

Tratándose de la ejecución de un pagaré -papel de comercio- resulta aplicable para la determinación del interés, el legal previsto en el artículo 565 del Código de Comercio, es decir la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, apreciación de la prueba, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO EN J: BARROSO, ETERVINA VDA. DE GARRO Y OTS. c/ AMERICO VILLARROEL Y OTS. s/ Daños y Perjuicios - Casación (LIBRO: S253 - 476)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-08

Determinar si los medios probatorios rendidos han sido o no suficientes para acreditar el uso contrario a la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián de la cosa, es una cuestión de hecho, irrevisable a través del recurso de casación.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: C.P.A.C.F.-Incidente II- c/ MIKHNO OLEG -Incidente II- y Otros s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Las medidas cautelares no exigen, el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo de su verosimilitud, ya que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (C.S.J.N., E.136.XXIX "Espinosa Buscchiazzo, Carlos A. c/ Buenos Aires, s/acción declarativa", del 11/4/95). (Del voto del Juez Coviello, Cons. IV.2).
Hábitat, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público - Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

La cláusula del art. 31 la CCABA engloba un aspecto inexorablemente colectivo -hábitat adecuado- con otro que, como regla, implica, directamente o de modo indirecto, como puede ocurrir en los planes autogestionados, asignaciones individuales de recursos, y sólo puede imaginarse como atendido por bienes colectivos en situaciones excepcionales en las que una escasez insuperable impone compartir el techo. (Voto Dr. José O. Casás, al que adhiere el Sr. Juez Luis F. Lozano).
Quiebra, caducidad de instancia, declaración de oficio
Materia: COMERCIAL
Carátula: GEWERC JAIME AMERICO s/ QUIEBRA PEDIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-09-05

En los trámites previos de petición de la quiebra por acreedor, debe proceder la caducidad de la instancia de oficio, ya que si bien no es un incidente,es una cuestión promovida por un acreedor o un supuesto acreedor, lo que entronca con la segunda parte del art. 300 de la ley 19551.

Si bien es cierto que la ley prohíbe la inserción de este instituto procesal en las quiebras (concurso propiamente dicho),sólo puede entenderse que existe como tal, cuando ha sido plenamente declarado por autoridad judicial, mientras tanto son meras incidentaciones ( no incidentes) tendientes a escuchar a la fallida, y que no concurren a la existencia de un juicio de pre-quiebra.

Tampoco las medidas de oficio que pueda tomar el juez, que no hacen a la disponibilidad de la incidentación por las partes intervinientes , no producen estado hasta la fecha de la declaración, como tampoco la imposibilidad del desestimiento que establece la ley, pues son sólo comparables a ellas, a una especie de medida cautelar a los fines de impedir un arreglo entre acreedor y deudor, que desdibujen el sentido de juicio universal. Pero además, la quiebra propiamente dicha, comienza recién con su declaración, por lo que esta etapa procesal sólo responde a medidas previas que la ley ha considerado oportuno disponer a los fines de una mejor visualización de los contenidos propios que hacen a su declaración,es decir los presupuestos básicos que determinan el estado de cesación de pagos y la naturaleza propia de la persona física o jurídica que pueda ser así declarada.
Derecho laboral, contrato de trabajo, despido indirecto, prueba del despido, apreciación de la prueba, ingreso al trabajo, intimación al empleador, silencio del empleador, presunciones, primacía de la realidad, injuria laboral
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Duarte, Graciela Del Carmen c/ Transportes Almonzora S.A. s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-05-19

2.- Habiéndose reconocido en la sentencia la fecha de ingreso de la actora, la renuncia denunciada no resulta obstáculo para que se liquide la indemnización que resulta acorde a la verdadera antigüedad de la vinculación laboral.
Accidentes de trabajo, demanda, falta de contestación de la demanda, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Torres de Brest, Gladys Mirta por sí y en representación de sus hijos menores c/ Tecsalco S.A. y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por muerte.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-09-30

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo, que no hace lugar a la demanda, alegando aquella, que no se tiene en cuenta la falta de contestación de la demanda. Ello así, ya que lo único a cargo de la actora, no solo es probar la relación laboral, que está reconocida, sino la relación concausal de la muerte con el trauma que produce el esfuerzo del trabajo. Es cierto que en el caso se produce la presunción de verdad de lo alegado en la demanda, por falta de contestación de la misma, pero ésta presunción es juris-tantum, en consecuencia se admite que puede existir prueba en contrario. Surge de autos, destruida la presunción que crea la incontestación de la demanda, por la propia prueba ofrecida por la actora, que la muerte ocurre fuera del horario de trabajo y luego de un esfuerzo realizado en un partido de fútbol.
Concurso preventivo, aplicación de la ley, competencia, competencia laboral
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, LILIAN c/ CLUB DEL VIAJERO SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-20

Toda vez que la apertura del concurso preventivo denunciado por la demandada se encuentra regido por la anterior ley que legislaba sobre el punto, la 19551, la decisión de la juez de grado que s e declara incompetente para seguir conociendo en la causa debe ser dejada sin efecto, debiéndose remitir nuevamente las actuaciones al juzgado laboral de origen, a fin de que continúe con el trámite procesal pertinente.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, defensa en juicio, tribunales de instancia única, sentencia, subrogancia del juez, reenvío, economía procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: R., B. L. Y OTROS c/ Mendoza, Mario y otros s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-15

Lo decidido por la Alzada al escindir la sentencia primigenia de lo aclarado posteriormente con la resolución que la integra, resulta irrazonable por apartarse de la normativa vigente y además, violatorio de la defensa en juicio; y no obstante considerar que la anulación de la resolución impugnada determinaría el reenvío de la causa a la Sala subrogante a fin de que declare la nulidad de la sentencia del Tribunal Colegiado por vicio propio, en atención a la regla de celeridad y economía procesal y a la pronta terminación de los procesos, mandato que integra el derecho de defensa en juicio, corresponde también anular la sentencia del Tribunal de grado remitiendo la causa al subrogante legal a los fines del artículo 570 segunda parte del Código Procesal Civil y Comercial. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhiere la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 271, p 332. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 570, segunda parte; Ley 7055, artículo 12
Jubilación anticipada, deuda previsional, cobertura, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Tripodi, Aída y otro c/ A.N.S.E.S. s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-16

La ley 25.994 exigía para percibir el beneficio de la prestación anticipada el estricto cumplimiento del pago de las cuotas de la deuda reconocida; el Dec. 1451/06 se limitó a instruir a la A.N.Se.S. que priori-zara el pago del beneficio a aquellas personas carentes de toda cobertura social; finalmente, la Res. A.N.Se.S. 884/06, yendo más allá de lo dispuesto en el decreto ante citado, estableció que las personas que gozaran de alguna cobertura social sólo podrían cobrar el beneficio contemplado por el art. 6 de la referida ley 25.994 si pagaban en forma total la deuda reconocida. Ello implicó la creación, por vía re-glamentaria, de un requisito que no se hallaba contemplado en la ley sujeta a reglamentación, y en consecuencia, corresponde declarar su inconstitucionalidad, por exceder el ámbito de validez fijado por la norma reglamentada.