Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-08


000302/2008 --- En la ciudad de Trelew, a los días de julio del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S., G. E. c/ Cadena de Hoteles R.H. S.A. y/o quien rlte. prop. y/o resp. del establecimiento hotelero denominado R. Hotel s/ Diferencia de haberes e indemn. de ley" (Expte. 302 - Año 2008 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 177.----	A LA PRIMERA CUESTIÓN , el Dr. De Cunto dijo:	--- Vienen estas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 152 vta. y por la parte demandada a fs. 164, en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos a fs. 147/152 vta., por el cual se hace lugar parcialmente a la demanda promovida por G. E. S. contra Cadena de Hoteles R.H. S.A., condenando a esta última a que en el plazo de diez días abone al actor la suma de $ 6.069,31 con más intereses, y a depositar el certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la LCT, bajo apercibimiento de que se anexe la cantidad de $ 5.794,32 al anterior monto. Asimismo se imponen las costas a la demandada por la parte de la demanda que prospera, y a la actora por la que se desestima.--- --- A fs. 162/163 vta. obra el informe del art. 62 de la ley 69 presentado por la actora, y a fs. 167/168 el de la demandada, cuyos pertinentes traslados conferidos a fs. 165 y 171 respectivamente, no fueran contestados.-------- --- I.- Haré una breve reseña de los agravios expuestos por ambas partes, a fin de delimitar el "thema decidendum" de la facultad revisora de esta Alzada.- --- 1) El actor apelante formula los siguientes agravios (ver fs. 162/163 vta.). En primer lugar se agravia de que se haya justificado el despido cuando no se precisara la causa. A tal fin transcribe los términos del telegrama manifestando que el mismo no se ajusta a la formalidad exigida en el art. 243 de la LCT, ya que no se especificaron las conductas graves que impedían continuar la relación laboral entre las partes, planteándose interrogantes al respecto. Acompaña dos fallos de jurisprudencia que considera pertinentes y considera que el despido, en los términos en los que se le notificó al actor, no es válido, habiéndose esgrimido una causal genérica y difusa, lo que impidió una adecuada defensa de su parte.---------- --- Como segundo agravio manifiesta que no se ha podido probar que el actor haya incurrido en conductas reprochables que fueran tan graves que no permitieran la relación laboral, efectuando a tal efecto interrogantes acerca de las conductas que se tuvieron como sospechosas a su respecto. Finaliza el agravio explicando que las causales que se invocaron en el período de prueba de esta demanda no se acreditaron a los fines de justificar el despido.--------- En tercer término expresa que si bien el juez de grado hace lugar al reclamo por el recargo de horas nocturnas que el actor laboró diariamente de 21 a 0 horas, comete el error de tomar el salario de diciembre de 2006, esto es, el último mes que duró la relación entre las partes y en base a ese importe ($ 1.931,44) determinó las horas nocturnas por los 23 meses detallados. Considera que lo correcto era haber liquidado mes por mes cuánto se debía por el recargo de horas extras e incluso por el adicional de alimentación suprimido arbitrariamente a partir de enero de 2005 y hasta que terminó la relación laboral. Requiere que se haga lugar a las diferencias salariales adeudadas detallando mes a mes los ítems que enumera. Como cuarto agravio señala que el "a quo" omitió incluir el primero y segundo SAC 2005 y el salario de enero de 2007, por lo que solicita que se subsane dicha omisión. Finalmente en quinto lugar expresa que el juzgador no tuvo en cuenta que del informe de la AFIP surge que la demandada no abonó los períodos desde agosto de 2000 a noviembre de 2000 y enero a julio de 2001 y de enero a julio de 2002 y de abril a julio de 2003. De ello se desprende que al momento del despido existía una importante deuda con la AFIP y con la obra social OSUTHGRA y el gremio UTHGRA, por lo que deben aplicarse las multas previstas en la legislación vigente que se mencionaran en la demanda.---------- --- 2) La accionada se agravia en primer lugar del monto por el cual se declaró la procedencia de las horas nocturnas, entendiendo que existe un error al respecto. Considera que el valor de las horas nocturnas debe tomarse sobre el básico de convenio, sin adicionales de servicios, movilidad y zona, en razón de que los mismos según el CCT se calculan sobre el básico convencional de la categoría profesional. Advierte asimismo que para calcular el período de enero 2005 a diciembre 2006, toma el mes de enero de 2006 al valor de $ 1.931,44 mensual y tal procedimiento es equivocado pues el cálculo debió realizarlo durante el año 2005 sobre el básico de convenio de $ 775 y durante el año 2006 sobre un básico de convenio de $ 1.070 y no sobre la totalidad del salario, por lo que dicho rubro debe ser recalculado.-------- --- Como segunda queja indica que se hace lugar al adicional por comida del art. 96 del CCT, cuando nada se adeuda dado que en el año 2005 se dejó de abonar por haberse arribado a un acuerdo con el sindicato, por el cual se modificó el convenio, determinándose que todos los trabajadores recibirían en especie dicho adicional según los horarios que les toca trabajar y sólo se abonan en aquellos establecimientos sujetos al convenio que no puedan otorgarlo bajo esa modalidad. Reconoce una deficiencia de prueba que con un simple informe al sindicato hubiera quedado acreditado, pero señala que ante la negativa de adeudarlo, correspondía a la actora probar su procedencia. En suma culmina reclamando que los montos pertinentes sean detractados de las sumas por diferencias salariales.------ --- II.- Delimitada la materia sobre la cual habrá de ejercer este Cuerpo la facultad revisora, me adentraré en el tratamiento de los agravios reseñados.----- --- 1) Trataré liminarmente los dos primeros agravios de la actora, ya que cuestionan en sí la acreditación de la justa causal de despido a la que arribara el juzgador de grado. En el primero se señala que en el telegrama de despido remitido por la empleadora no se cumple con la formalidad prevista en el art. 243 de la LCT ya que no se especificaron las conductas graves que impedían continuar con la relación laboral entre las partes, habiéndose invocado una causal genérica y difusa, no permitiéndose una adecuada defensa del actor. La carta documento a través de la cual la demandada notificó el despido es la obrante a fs. 33 (ver documental reservada). La misma reza: "Debido a su comportamiento evasivo y esquivo en los últimos meses, sumado al no cumplimiento con las obligaciones laborales y su inobservancia a las mismas que ha perjudicando (sic) gravemente el normal desarrollo de las actividades. Esta situación lleva a su empleador al total y absoluto retiro de confianza en la prestación de tareas y no permite la continuación de la relación laboral bajo ningún aspecto, consecuentemente con lo expuesto se le notifica que, queda despedido con justa causa a partir de la fecha y que la causa de despido es la pérdida de confianza y graves incumplimientos laborales...". ----- Es sabido que la falta o pérdida de confianza en el trabajador es admitida como causa de despido, a condición de que sea sobreviniente y fundada en hechos objetivos que se puedan referir personalmente. Si no fuera así, como mera disposición subjetiva aun cuando estuviera bien fundada, por más razonable que haga a la extinción del contrato no justifica el despido sin indemnizaciones. La falta de confianza opera como factor subjetivo que agrava otras faltas por sí solas no proporcionadas al despido: estos son los casos relativamente frecuentes de robos de poco monto o de tentativas de hurtar, en que la causa no es el daño sino, precisamente, la falta de confianza (conf. Ramírez Bosco, Luis E., en R. Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº IV, pág. 314). También se consideró que la pérdida de confianza como factor subjetivo que justifica la ruptura del contrato, debe derivar de un objetivo que, injuriante por sí mismo, se ve agravado por la pérdida de confianza que tal hecho trae aparejada. Sin un hecho o actitud injuriosa que la determine, la pérdida de confianza no es factor eximente de indemnización por despido (conf. CNTrab., sala II, 22/5/75, LT, 1976-63). En el mismo sentido se decidió que el contrato de trabajo se sustenta en el recíproco respeto y la confianza entre las partes, por lo cual si en el curso de la relación laboral se produce algún hecho que impide continuar las relaciones en un plano de buena fe y confianza, es lícito ponerles fin y el causante debe soportar las consecuencias (conf. CNTrab., sala I, 23/12/04, DT 2005 (mayo), 655).

--- Ahora bien, el art. 243 de la LCT dispone que "...deberán comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato...". La exigencia de que la comunicación sea explicativa, tiene por finalidad que el despedido pueda conocer sin ningún margen razonable de duda, cuales son los hechos que se le imputan como incumplimiento del contrato que justifique la rescisión, entendido esto con el alcance de que deben quedar claros los hechos y sus circunstancias, sobre todo eso de cuanto y cuando ocurrieron esos hechos (conf. Ramírez Bosco, op. cit., ídem, pág. 365). La comunicación de la causa de despido no debe, según la jurisprudencia, atenerse a fórmulas especiales, pero sí describir con claridad, sencillez y precisión el incumplimiento contractual imputado. No debe tratarse de expresiones "genéricas o abstractas" sino de la descripción de hechos concretos y bien ubicados en el tiempo tanto como para que, por lo menos, sea invariable el contenido de los hechos descriptos y no se los pueda reubicar o redefinir a conveniencia, después de transmitidos. Y el fundamento de la carga de comunicarse con claridad la causa de despido, se relaciona en general con el derecho de defensa en juicio, idea que se originó en la jurisprudencia anterior a la LCT que incorporó esta exigencia cuando la ley no la establecía explícitamente. La relación se hace sobre la base de que una explicación suficiente y oportuna de la causa del despido permitiera tanto establecer y comunicar oportunamente las razones opuestas, como dejar ubicadas, documentar, y en general planificar, la posición de defensa en juicio y sobre todo los medios de prueba de los que en su momento sea necesario valerse (conf. Ramírez Bosco, op. cit., ídem, pág. 371). Como se aprecia la exigencia de la claridad y precisión de los motivos fundantes del despido obedece al derecho del trabajador a tomar conocimiento fehaciente de los hechos imputados para poder ejercer su derecho de defensa en juicio posteriormente. De allí que se haya entendido que si bien el art. 243 de la LCT exige que la comunicación por escrito del despido contenga expresión suficientemente clara de sus motivos, este requisito formal tiende a preservar el deber mutuo de buena fe que deben guardarse las partes y la necesidad de conocimiento cierto del trabajador de los motivos que determinan tan grave decisión, pero en modo alguno importa un requisito ad solemnitatem que invalide la comunicación cuando el trabajador conoce con precisión la verdadera causal (conf. CNTrab., 25/07/78, TySS, 1978-629). En forma concordante se sostuvo que la finalidad que persigue el art. 243 de la LCT, es hacerle saber al interesado la causa que se invoca para justificar el distracto, a fin de que con tiempo pueda ofrecer la prueba para acreditar la inexactitud de aquélla (conf. CNTrab., 30/06/80, DT, 1980-1326).------ --- Es cierto que los términos de la comunicación del despido fueron genéricos y abstractos, ya que no se precisan hechos concretos, mas también lo es que del tenor del escrito de demanda, el actor estaba al tanto de los hechos que se le imputaban y que fundamentaban la causal de pérdida de confianza esgrimida por la empleadora. Es que es el propio accionante quien detalla la secuencia de su jornada laboral los días 12 y 13 de noviembre de 2006, fecha en la que se produjo un asalto en el hotel donde laboraba y es él quien señala que la empleadora comenzó a sospechar de algunos empleados como implicados en el hecho referido (ver demanda a fs. 04 vta./05, pto. 4.1 a 4.6), de allí que conocía los hechos enrostrados.------ --- Por lo tanto, más allá de la falta de precisión en la comunicación del despido, ello no fue obstáculo para que el actor supiera cuáles eran los motivos por los cuales fue dispuesto el distracto, lo que me conduce a desestimar este primer agravio.------ --- 2) El actor endereza el segundo agravio a los fines de sostener que no se ha probado en autos que haya incurrido en conductas reprochables, todas referidas a demostrar la vinculación de S. con los partícipes del hecho delictivo mencionado y que dieran pábulo a la causal de pérdida de confianza. Para ello refiere que no es cierto que los testigos manifestaran que fuera amigo del principal sospechoso, que carece de reprochabilidad el hecho de que aceptara que la citada persona lo acerque a su casa, que no parecen tan graves las sospechas que un oficial imputara a C. -el citado sospechoso-, que carece de seriedad sospechar de todo aquél que se hubiese acercado al mentado C. y que tampoco resulta objetable su conducta de concurrir a tres confiterías céntricas un domingo a la madrugada ver fs. 162 vta., pto. 2).-------- --- Para tener por acreditados los hechos generadores de la pérdida de confianza, el sentenciante de grado argumentó: "Lo cierto es que ha quedado debidamente acreditado, mediante las declaraciones testimoniales y la absolución de posiciones, que S. en la madrugada del día 13 de noviembre de 2006 se encontraba en el café M. C. -frente al hotel y en la intersección de las calles Belgrano y San M.-, y luego en G. -debajo del cine Coliseo y al lado del hotel-, que pudo observar en el momento en que los patrulleros, con personal policial y chalecos antibalas puestos, se hacían presentes en respuesta a un llamado efectuado por un pasajero alertando de la situación a los agentes del orden; que pese a ello se retiró a su domicilio sin interiorizarse de lo que estaba aconteciendo; que retomó su turno de trabajo a las 6:00 -conforme surge registrado en la ficha de entrada y salida-; que varios compañeros de trabajo y E. M. -fs. 126- Caso 392 Legajo de Investigación fiscal reservado en caja de seguridad- lo vieron en compañía de D. C., tanto en días anteriores como posteriores al hecho, -vale recordar que este último era uno de los principales sospechosos que se vinculaba a la causa penal- desplazándose en el vehículo del mentado C., da cuenta de ello con minuciosidad de detalle la testigo M.; que negó S., en su absolución de posiciones, ser amigo de C.. En ese marco, y ubicada la situación de tiempo y espacio, sin que ello implique apreciación alguna del suscripto respecto a una eventual participación de S. en el ilícito, considero que concluir que existen elementos más que suficientes como para arribar a la conclusión de que se encuentran reunidos los elementos básicos que componen la figura de pérdida de confianza como causal o motivo disolutorio vinculado al ámbito laboral. Fundamental se presenta el hecho de que, estando el accionante -empleado que a la sazón contaba con una antigüedad de más de doce años en la empresa- ubicado en el café frente o al lado del hotel, no se haya conmovido a ver semejante despliegue policial en el domicilio de sus empleadores, retirándose a descansar por espacio de un par de horas antes de retomar su prestación laboral a las 6:00 del día 13 de noviembre. Es así, que en ese contexto de análisis considero que existieron razones más que suficientes por parte de la demandada empleadora de invocar la causal de pérdida de confianza en la que se funda la ruptura del contrato de trabajo" (ver sentencia a fs.149 "in fine"(vta., 1er. a 4to. párrafos).------ He preferido extenderme en la transcripción de los párrafos de la sentencia, para que se comprenda que el juzgador tuvo, fundamentalmente, por configurada la pérdida de confianza, con la actitud -no negada- del actor de haber presenciado un despliegue en su lugar de trabajo y en lugar de haberse acercado para interiorizarse de los hechos o aguardar alguna noticia al respecto, se M.ó a descansar para reincorporarse al trabajo a las 6 de la mañana, como si no se hubiera enterado de nada. Como se puede observar ninguna de las conductas que destaca el actor a fs. 162 vta. fue tenida en cuenta por el juzgador de manera específica para tener por acreditada la justa causal de despido. Sí hace referencia a la actitud reprochada en el decisorio a fs. 162, cuando se interroga si toda persona que se encontraba en las proximidades del hotel tenía la obligación de interiorizarse de lo que estaba ocurriendo (ver fs. 163, 1er. párrafo). Es claro que el sentenciante no argumentó que todo transeúnte que pasaba por el lugar tenía la obligación de indagar sobre lo que estaba ocurriendo en el hotel, pero sí quien era, como el actor un empleado del hotel. Entiendo que la equiparación en la que el apelante se sitúa con cualquier transeúnte que pasara por el lugar no es seria, ya que justamente como empleado sólo a él le caben los deberes de colaboración, solidaridad y buena fe en el cumplimiento del contrato (conf. arts. 62 y 63 de la LCT).-------- --- También critica el recurrente que el "a quo" le imputase que no se conmoviera al ver el despliegue policial y que se retirara a descansar dos horas sin investigar más acerca del robo (ver fs. 163, 3er. y 4to. párrafos). Respecto de lo primero cuestiona ¿quién observó que no estaba conmovido?. Encuentro que éste es un argumento retórico, ya que resulta obvio que el juez no reprochó que no haya "sentido" el estado de ánimo de conmoción, lo cual no se sabe si la experimentó el actor, sino que dicha conmoción no se tradujera en la actitud externa que revelara su interés en tomar conocimiento de los hechos, ya que ésa era la conducta exigible desde el estándar de los deberes de colaboración y buena fe. Y por las mismas razones resulta claro que haberse ido a descansar sin interiorizarse de lo acontecido tampoco responde a los estándares mencionados.

--- Diré por último que la mención final que efectúa el actor en este agravio, relativa a que recién en el período de prueba se invocaron las causales expuestas, desenfoca la cuestión del conocimiento que el actor tenía de los hechos imputados. Como quedara explicitado al examinar el anterior agravio, resulta claro que el actor sabía que los motivos generadores de la pérdida de confianza era su eventual vinculación o actitud asumida frente al hecho delictivo mentado, mientras que lo que se demostró en el curso del proceso fueron los detalles de dicha actitud.---------- --- En resumen, por los motivos antedichos postulo también aquí la desestimación de este segundo agravio.

--- 3) El actor se agravia, en tercer lugar, de que el juzgador tomó el salario de diciembre de 2006 para determinar las horas extras, cuando debió haber liquidado mes a mes cuánto se debía por el recargo en tal concepto y el adicional de alimentación suprimido a partir de enero de 2005. Es así que pide que se haga lugar a las diferencias salariales adeudadas detallando mes a mes los distintos ítems que enumera (ver fs. 163, TERCER AGRAVIO). Relacionado con esta queja, la demandada plantea dos agravios, ya que considera que el valor de las horas nocturnas debe tomarse sobre el básico de convenio, sin adicionales de movilidad y zona. Destaca también que el juez toma de enero 2005 a diciembre 2006 el valor del mes de enero de 2006 cuando para el año 2005 debió considerar el básico de convenio de $ 775 y para el año 2006 el básico de convenio de $ 1.070. También se agravia de que se hiciera lugar al adicional por comida cuando se dejó de abonar por acuerdo con el gremio. He de principiar señalando que con relación a esta última queja, el juzgador argumentó que el adicional por alimentación establecido en el art. 96 del CCT se dejó de abonar en el mes de enero de 2005 y la demandada no ha demostrado ni dijo nada sobre las formas de cumplimiento establecidas en la citada norma (ver fs. 150 "in fine"). Al expresar el agravio la accionada admite que si bien arribó a un acuerdo con el sindicato, no probó dicho extremo mediante el informe de la asociación gremial (ver fs. 167 vta. "in fine"). Es así que la propia apelante confirma el argumento brindado por el "a quo" de que nada acreditó a fin de eximirse del pago del adicional en cuestión, por lo que debe desestimarse la queja en este aspecto.---------- --- Con relación a las horas nocturnas el sentenciante de grado las calculó dividiendo por 200 el salario del mes de diciembre de 2006 ($ 1.931,44), multiplicando el resultado por 8 y por 23 por ser la cantidad de períodos a contabilizar (ver fs. 150 vta., 5to. párrafo). Ambas partes se quejan de que se tomó este último valor para todos los períodos cuando debió discriminarse por mes, asistiendo razón a los apelantes en este aspecto. Ahora bien, la demandada también se agravia por cuanto entiende que las horas extras deben calcularse sobre el básico de convenio sin adicionales. Toda vez que el convenio aplicable (CCT 362/03) nada dispone al efecto (ver art. 86), corresponde aplicar lo establecido en el art. 201 de la LCT. Dicha norma reza: "El empleador deberá abonar al trabajador que prestare servicios en horas suplementarias, medie o no autorización del organismo administrativo competente, un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual, si se tratare de días comunes, y del 100% en días sábado después de las 13 horas, domingos y feriados". El texto del artículo es claro al estipular el salario habitual como base de cálculo de las horas suplementarias, habiéndose sostenido que las horas extras se calculan sobre la base del salario normal correspondiendo tomar en cuenta para ellos los rubros como el pago en especie y demás adicionales que se ajustan al derecho vigente (conf. CNATr., Sala II, 6/10/60, "G.T.", 1962-100); en el mismo sentido se consideró que para calcular el valor hora de los trabajadores mensualizados deben computarse el salario mensual, así como las bonificaciones permanentes de igual periodicidad (conf. CNATr., Sala VII, 31/8/95, DT, 1996-A, 716). Es así que se rechaza el agravio de la demandada en esta porción.-------- --- A la luz de lo dicho "ut supra" habré de calcular el monto adeudado por horas suplementarias, discriminando cada período, dividiendo el monto del salario correspondiente por 200 y multiplicándolo por 8. El detalle es el siguiente, por los 23 períodos calculados, cantidad de meses que no fuera discutida por los apelantes:--------- Febrero/05 $ 1.530,33 % 200 x 8 = $ 61,21 Marzo/05 $ 1.530,33 % 200 x 8 = $ 61,21 Abril/05 $ 1.540,33 % 200 x 8 = $ 61,61 Mayo/05 $ 1.480,33 % 200 x 8 = $ 59,21 Junio/05 $ 1.480,33 % 200 x 8 = $ 59,21 Julio/05 $ 1.480,33 % 200 x 8 = $ 59,21 Agosto/05 $ 1.480,33 % 200 x 8 = $ 59,21 Septiembre/05 $ 1.480,33 % 200 x 8 = $ 59,21 Octubre/05 $ 1.500,33 % 200 x 8 = $ 60,01 Noviembre/05 $ 1.500,33 % 200 x 8 = $ 60,01 Diciembre/05 $ 1.659,33 % 200 x 8 = $ 66,37 Enero/06 $ 1.931,14 % 200 x 8 = $ 77,24 Febrero/06 $ 1.931,14 % 200 x 8 = $ 77,24 Marzo/06 $ 1.931,44 % 200 x 8 = $ 77,24 Abril/06 $ 1.931,44 % 200 x 8 = $ 77,24 Mayo/06 $ 1.931,44 % 200 x 8 = $ 77,24 Junio/06 $ 1.931,44 % 200 x 8 = $ 77,24 Julio/06 $ 1.931,44 % 200 x 8 = $ 77,24 Agosto/06 $ 1.978,44 % 200 x 8 = $ 79,13 Septiembre/06 $ 1.978,44 % 200 x 8 = $ 79,13 Octubre/06 $ 2.025,44 % 200 x 8 = $ 81,01 Noviembre/06 $ 2.025,44 % 200 x 8 = $ 81,01 Diciembre/06 $ 2.072,44 % 200 x 8 = $ 82,89 Total $ 1.610,32 --- En consecuencia de lo anterior, el monto por horas extras se reduce a la suma de pesos mil seiscientos diez con treinta y dos centavos ($ 1.610,32).------- --- La actora cuestiona que no se efectuara el detalle discriminado de los salarios básicos devengados, los adicionales convencionales y el rubro alimentación, mas al no especificarse en qué consistiría el error de cálculo en el que incurriera el juzgador, resulta inaudible el agravio en este aspecto.---- --- Con relación a los dos salarios anuales complementarios de 2005, a los fines del cómputo de las diferencias salariales, en la demanda sólo existió un reclamo por el segundo, ya que respecto del primero, de acuerdo al detalle de fs. 05 vta., se habrían pagado $ 0,29 de más. Es así que por el segundo SAC de 2005, el monto devengado ascendía a $ 788,75 -lo que surge de tomar el promedio del semestre-, por lo que habiéndose abonado el monto de $ 709,76 (ver recibo de fs. 15 de la documental reservada), lo adeudado por este rubro es de $ 78,99. En cuanto al salario de enero/07, el monto devengado era de $ 2.072,44, por lo tanto, toda vez que se abonó la suma de $ 1.073,47 (ver recibo de fs. 31 de la documental), corresponde acoger por diferencia salarial la suma de $ 998,97. Dado que estos rubros constituyen el contenido del cuarto agravio de la actora, me remito a lo aquí decidido sobre dicho punto.---- --- 4) Por último la accionante se agravia de que el juzgador no haya tenido en cuenta el informe de la AFIP del cual surge que la demandada no abonó los aportes correspondientes a los períodos de agosto a noviembre del año 2000, enero a julio de 2001, de enero a julio de 2002 y de abril a julio de 2003, por lo que solicita la aplicación de las multas pertinentes (ver fs. 163 "in fine"/vta., 1er. párrafo). Sin embargo en el escrito de demanda ninguna petición efectuó en el sentido indicado. Es que sólo hizo reserva de aplicar a la liquidación provisoria la multa del art. 132 bis de la LCT "...en el hipotético caso de no cumplimentar los demandados con lo requerido en el acápite VI.- de la correspondiente demanda en cuanto a la acreditación o en su defecto al pago de los aportes respecto del actor"(ver fs. 06, pto. V, b). Y la actora, al momento de la promoción de la demanda ya conocía acerca de la falta de aportes (ver fs. 05 vta., pto. 6), tanto es así que había intimado en los términos del art. 1 del decreto 146/01 reglamentario del art. 43 de la ley 25345 que agrega el art. 132 bis precitado (ver telegrama de fs. 34 de la documental reservada).-------- --- Es de destacar que no es posible considerar que un rubro fue demandado si no se formuló una petición clara y concreta a su respecto. Por el contrario, el ordenamiento procesal del fuero exige "la designación precisa de lo que se demanda" (art. 46, inc. 3 de la ley 69), norma destinada a garantizar a la parte demandada el adecuado ejercicio de su derecho de defensa de base constitucional (conf. art. 18 de la C.N.) (conf CANE, sala "A", SDL Nº 83/08). En síntesis, por las razones expuestas se desestima el agravio.-------- --- III.- En consecuencia de todo lo expuesto y razonado, corresponderá propiciar al acuerdo que se revoque parcialmente el fallo apelado, al sólo efecto de elevar el monto de condena del pto. I de la parte resolutiva a la suma de pesos seis mil novecientos ochenta con quince centavos ($ 6.980,15), con más los intereses establecidos en la instancia anterior, confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravios.-------- --- Si bien se revoca parcialmente el fallo, dado que sólo se eleva el monto de condena, dicha modificación no afecta la imposición de costas ni la regulación de honorarios de grado, ya que se condenó de acuerdo a la parte que se acoge y a la que se rechaza y los emolumentos fueron establecidos en porcentuales, por lo que no corresponde efectuar readecuación alguna en los términos del art. 279 del CPCC.---- --- En cuanto a las costas de esta sede, dado que la actora obtiene elevar el monto de condena pero el grueso de su recurso no es acogido, y la demandada obtiene una mínima ganancia parcial mas pierde en el total de condena definitivo, encuentro equitativo distribuirlas en el orden causado (conf. art. 71 del CPCC). Propongo asimismo regular los honorarios del letrado apoderado de la demandada, Dr. E. R. M., en un 26%, y los del letrado apoderado del actor, Dr. R.J.C., en un 26%, en ambos casos sobre lo regulado a los mismos en el pto. III de la parte resolutiva del decisorio recurrido, con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 6, 9, 14, 47 y concs. de la ley 2200).----	Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.-	A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada a fs. 152 vta. y 164, que fueran concedidos a fs. 153 y 165, respectivamente, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 147/152 y vta. que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por G. E. S. y condenó a CADENA DE HOTELES R.H. S.A. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $6.069,31.-, con más sus intereses, en concepto de diferencias salariales y horas nocturnas, y asimismo dispuso el depósito judicial del certificado de trabajo previsto por el art. 80 de la L.C.T. en igual plazo, bajo apercibimiento de aplicar una sanción pecuniaria de $5.794,32.-, con imposición de costas a la demandada por la porción de la demanda que prospera y al actor por la que se rechaza.---	Los informes previstos por el art. 62 de la ley 69 lucen a fs. 162/163 y vta. y 167/168, los traslados conferidos a fs. 165 y 171 no fueron evacuados, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. De Cunto, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.	2. Señala el actor apelante que el texto del telegrama de despido no se ajusta a la exigente formalidad prevista en el art. 243 de la L.C.T. ya que no se especifican las conductas graves que impedían continuar la relación laboral entre las partes. La causal genérica y difusa invocada por la demandada no le permitió una adecuada defensa en juicio por desconocer totalmente los hechos y circunstancias que le imputó falsamente la empleadora.	El texto de la comunicación rescisoria que luce a fs. 33 de la documental reservada que tengo a la vista fue objeto de expresa referencia por el Dr. De Cunto y a ella me remito.	Al respecto, desde que se invoca como causal de despido la pérdida de confianza, cabe señalar que, como factor subjetivo que justifica la ruptura del vínculo, debe necesariamente derivar de un hecho objetivo de por sí injuriante, incompatible con los principios de buena fe laboral.	Así, en cuanto a los deberes de conducta, para el trabajador implica un modo de comportamiento dentro y fuera del establecimiento, orientado a la preservación de los intereses legítimos de la empresa, lo cual conlleva la obligación de abstenerse de realizar actos que lesionen su patrimonio material o moral, pues de lo contrario podría afectarse la confianza mutua que debe prevalecer entre las partes como exigencia de la buena fe. . Si bien el grado de confianza variará en uno y otro caso, en todos los supuestos debe existir un mínimo sin el cual la relación laboral resultará de desarrollo imposible. . Así en forma virtualmente pacífica se ha señalado que la denuncia por "pérdida de la confianza" debe hallar su fundamento necesario en un hecho objetivo de incumplimiento contractual . En ese orden de cosas se destaca que el hecho objetivo del incumplimiento puede ser de menor importancia en sí mismo, a tal punto que, de no vinculárselo a una obligación de conducta, no se justificaría por sí el despido. Pero cuando en razón de la trascendencia que puede tener como revelador de una conducta desleal, la confianza queda tan gravemente afectada que la relación no puede razonablemente continuar, la resolución del contrato aparece como justificada. . la "confianza" en la relación laboral es un sentimiento de carácter subjetivo, que abreva en los deberes de "fidelidad" o "lealtad" . Ello se concreta a veces como un deber de conducta de carácter "positivo" . pero fundamentalmente mediante una lealtad "omisiva", en el sentido que se le veda al trabajador toda posibilidad de realizar actos, dentro o fuera del servicio, que directa o indirectamente atenten contra intereses legítimos de su empleador (Herrera, "La "confianza" en la relación laboral", D.T. 1986-A, 1).	---	Con dicho alcance, paso a considerar que el art. 243 de la L.C.T. requiere que la comunicación por escrito contenga expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato.	Sin embargo, frente a la tesis "restrictiva" que indica que es insuficiente para cumplir con el requisito del art. 243, L.C.T., la invocación de causales genéricas, sin indicación concreta de la conducta motivante de la denuncia, otros autores y tribunales parten de la base de considerar que la exigencia formal del art. 243, L.C.T., no importa de manera alguna un requisito ad solemnitatem cuyo incumplimiento invalide la notificación del distracto, siempre que las circunstancias del caso indiquen que el notificado no puede ignorar con precisión la verdadera causal imputada. Sostienen así que una interpretación diferente importaría un exceso ritual no querido por la ley. En tal sentido, es doctrina de la S.C.B.A. que sustentar un formalismo extremo impide una interpretación sistemática y congruente de la ley, y resulta ser fuente de injusticia; por lo que si los hechos injuriosos no pueden ser ignorados por el trabajador, se cumple con la finalidad del art. 243, L.C.T., cuando la notificación del despido alude a dicho accionar, aunque no explicite concretamente los hechos que lo componen (Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1981, T. II, par. 1896, págs. 483/484, y par. 1901 y 1902, págs. 485/486, respectivamente).	En esta última línea de pensamiento, cabe expresar que la norma prevista por el art. 243 de la L.C.T. no exige fórmulas especiales y su rigidez debe ceder, cuando se tiene conocimiento de la verdadera causal imputada para la extinción, ya que la exigencia del citado artículo no tiene un fin en sí misma, sino que su "ratio legis" es evitar la indefensión del despedido por desconocimiento de las causas en que el despido pueda fundarse (esta Cámara, en su composición de sala única, S.D.L. Nos. 118/93, 24/96, 102/96, entre otras).	Esto es, se admite una interpretación amplia cuando el trabajador no desconoce cual fue el hecho determinante del despido, ya que en tal caso la finalidad de la ley está cumplida.	De tal modo, el art. 243 de la L.C.T. no importa un formalismo excesivo, por lo que corresponde distinguir entre la obligación de notificar las causas de la decisión rescisoria y el detalle de la información sobre dichas causas.	Y en tal sentido, si bien la obligación de notificar las causas del despido y no poder modificarlas en juicio tiene por fin dar al dependiente la posibilidad de estructurar en forma adecuada su defensa -art. 18 C.N.-, el detalle de la información sobre dichas causas no pueden importar un formulismo taxativo, ya que de interpretarse de tal modo la norma inferior, se arribaría al extremo no deseado de cercenar el debate judicial, con la consiguiente lesión de los preceptos constitucionales invocados (C.S.J.N., febrero 16-993, "Riobo, Alberto c. La Prensa S.A.", T. y S.S. 1993-509).	Y si bien las expresiones genéricas no se adecuan a los recaudos establecidos por el art. 243 de la L.C.T., se considera que el formalismo no puede extremarse en aquellos casos en que el desarrollo de los hechos permite concluir que el dependiente tuvo conocimiento de la verdadera causal imputada (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", 3ra. ed. act., 2007, T. II, par. 15.10., pág. 1871).	En tales condiciones, la lectura del escrito de demanda que obra a fs. 4/7 vta., en particular el acápite 4 referido al despido, permite señalar que el actor tenía pleno conocimiento de los hechos objetivos imputados y que derivaron en la pérdida de confianza invocada en la comunicación rescisoria de la empleadora.	Así, esa parte brindó detalles sobre la jornada laboral cumplida los días 12 y 13 de noviembre de 2006, fecha ésta última en la que se produjo a las 3 hs. el asalto al establecimiento hotelero por dos personas de sexo masculino, y las sospechas de la patronal, en la persona del Sr. E. M., respecto de varios empleados en cuanto a su participación en el hecho, con alusión también a otro compañero, el Sr. A.A.C. (p. 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., y 4.6., fs. 4 vta./5).	Por eso, aun cuando la carta documento por la que el empleador decide el despido directo adolece de imprecisiones ("comportamiento evasivo y esquivo", "no cumplimiento con las obligaciones laborales y su inobservancia a las mismas que ha perjudicado gravemente el normal desarrollo de las actividades", fs. 33 de la documental reservada), es evidente que el trabajador tenía pleno conocimiento de los hechos imputados y que derivaron en la pérdida de confianza invocada como causal de despido.	Por tales razones se rechaza la queja vertida.	3. Considera el actor que no se probó en autos que incurriera en conductas reprochables que fueran tan graves que no permitieran la continuación de la relación laboral.	En tal sentido, en forma reiterada esta Cámara ha sostenido como principio general que la valoración de los hechos calificados como injuriosos, a los fines de la extinción del contrato de trabajo, queda sujeta a la prudente apreciación de los jueces, conforme a la facultad otorgada por el último párrafo del art. 242 de la L.C.T. (Meilij, obra y tomo citado, n° 1845, pág. 462; Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 2000, par. 3, pág. 559).	La valoración de la importancia y de la aptitud de la injuria para disolver el vínculo debe ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en cuenta las modalidades de la relación y las circunstancias personales que se dan en cada caso (Fernández Madrid, obra y tomo citado, par. 15.6.3., pág. 1846).	En ese marco, el juzgador a fs. 149 vta., expuso el siguiente razonamiento que resultó dirimente para dilucidar la cuestión al señalar que: Fundamental se presenta el hecho de que, estando el accionante -empleado que a la sazón contaba con una antigüedad de más de doce años en la empresa- ubicado en el café frente o al lado del hotel, no se haya conmovido al ver semejante despliegue policial en el domicilio de sus empleadores, retirándose a descansar por espacio de un par de horas antes de retomar su prestación laboral a las 6:00 del día 13 de noviembre. Es así, que en ese contexto de análisis considero que existieron razones más que suficientes por parte de la demandada empleadora de invocar la causal de pérdida de confianza en la que se funda la ruptura del contrato de trabajo (el subrayado me pertenece).	Frente a ese esencial fundamento sostiene el apelante que no es cierto que los testigos manifestaran que era amigo de C., algunos expresaron que alguna vez fueron compañeros de trabajo y en esa circunstancia nada puede reprocharse por haber aceptado que un compañero de trabajo lo acercara en su coche hasta su casa u otro lugar, no parecen tan graves las sospechas que sólo el oficial R. le imputara a C., no tiene seriedad decir que C. era el sospechoso principal y sospechar de todo el que se le hubiese acercado, nada se puede reprochar a una persona joven que recorriera el domingo por la madrugada tres confiterías céntricas.	Como puede advertirse las conductas a las que alude el apelante al punto 2 de fs. 162 vta. no fueran ponderadas particularmente en el fallo de la anterior instancia toda vez que el Sr. Juez de la anterior instancia tuvo por justificada la causal de pérdida de confianza por el hecho objetivo, incompatible con el principio de buena fe, consistente en que el actor, con una prolongada antigüedad en su trabajo, a pesar de encontrarse a escasos metros del hotel y ante el despliegue policial habido nada hizo para conocer lo sucedido prefiriendo retirarse del lugar como si nada hubiera ocurrido.	Y esa conducta omisiva que asumiera el trabajador no fue negada, a lo que debe agregarse que la situación de S. no puede compararse con la de cualquier transeúnte como pretende señalar el recurrente a fs. 163 por tratarse de un empleado al que sí le comprendía un comportamiento acorde con las circunstancias del caso, en función de los deberes de conducta y principio de buena fe impuestos por los arts. 62 y 63 de la L.C.T., máxime si se pondera además que contaba con una prolongada antigüedad en el empleo.	Y la antigüedad del trabajador es un elemento que debe ser motivo de análisis riguroso. En algunos casos una considerable antigüedad, tratándose de la violación del deber de fidelidad, puede configurar un agravante. Las nociones de fidelidad y lealtad, que deben asimilarse al concepto de buena fe al que alude el art. 63 de la ley de contrato de trabajo, tienen suma relevancia en el contrato de trabajo y engloban un sinnúmero de derechos y obligaciones de las partes involucradas emanados del espíritu de colaboración y confianza que caracterizan la relación de trabajo (Fernández Madrid, obra y tomo citado, par. 15.6.3. y 15.23, págs. 1847 y 1904/1905, respectivamente).	Respecto al grado de conmoción (se pregunta el quejoso cual es el grado requerido), lo cierto es que la conducta reprochada no se vinculó a su estado de ánimo sino a su conducta que evidenció un claro desinterés frente a los acontecimientos, por lo que esa actitud resultó incompatible con elementales deberes de diligencia y colaboración que le correspondía en su calidad de trabajador.	En lo que hace a que las causales recién se invocaron en el período de prueba, ya se precisó al punto 2 que antecede que el trabajador tenía claro conocimiento de los hechos que objetivamente sirvieron de fundamento para la causal de pérdida de confianza invocada, por lo que la prueba rendida en la causa permitió acreditar la conducta asumida por el dependiente.	Tales razones conducen a rechazar el segundo agravio.	4. Ambas partes se agravian de los cálculos efectuados por el rubro horas nocturnas.	4.1. La demandada pretende que se compute exclusivamente el básico de convenio, sin adicionales.	Desde que el art. 86 del C.C.T. 362/2003, aplicable al caso por la categoría del hotel, nada señala, debe considerarse la pauta contemplada en el art. 201 de la L.C.T. al establecer que las horas extraordinarias deben calcularse "sobre el salario habitual".	El salario habitual es el que se gana todos los meses (el sueldo mensual más las bonificaciones o adicionales permanentes de igual periodicidad) (Fernández Madrid, obra y tomo citado, par. 12.14.6., pág. 1608), por lo que se deben computar en la remuneración a tener en cuenta, todos los rubros fijos y variables (Ackerman-Tosca, "Tratado de Derecho del Trabajo", Rubinzal - Culzoni Editores, 2005, T. III, pág. 664).	Con tales alcances, se desestima la queja vertida en ese aspecto.	A su vez, sostiene que no adeuda el adicional previsto por el art. 96 del C.C.T. ya que dejó de abonarlo en el año 2005 por haber arribado a un acuerdo con el sindicato.	Sobre tal cuestión el sentenciante señaló que no ha demostrado ni nada ha dicho la demandada respecto del cumplimiento de su obligación mediante alguna de las formas establecidas en el artículo de marras, siendo ello así, sencillo resulta colegir que al menos se le adeuda esa parte de la remuneración.	En tales condiciones, desde que al expresar agravios esa parte admitió que hubo una deficiencia probatoria (fs. 167 vta.), obvio resulta que la carga de la prueba se encontraba a su cargo pues si pretendió eximirse del pago de ese adicional debió probar el presupuesto de hecho (acuerdo alcanzado) que sirviera de base a su defensa (art. 377, 2do. párrafo, del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 45 de la ley 69).	Por ello se rechaza el agravio.	4.2. Toda vez que el juzgador tomó el mes de diciembre de 2006 para el cálculo de las horas nocturnas, el actor entiende que debió liquidarse mes a mes, en tanto que la demandada distingue entre los años 2005 y 2006.	Al respecto, ya se determinó al punto que antecede que en el cálculo deben incluirse los adicionales, por lo que corresponde efectuar el cómputo mes a mes, considerando los montos devengados para el período febrero de 2005 a diciembre de 2006 (23 meses) establecidos a fs. 151 de la sentencia de primera instancia.	Ello por cuanto si bien el actor apelante estima que debe detallarse mes a mes los salarios básicos, los adicionales, los recargos por horas nocturnas, y el rubro alimentación (p. 3.1. a 3.4., fs. 163), tal crítica la efectuó respecto de "las diferencias salariales" y no de las horas nocturnas, y por lo demás no indicó cual es el error atribuido al juzgador, por lo que en ese aspecto la queja resulta inaudible.	De tal modo, al dividir por 200 y multiplicar por 8 tales importes (criterio que no fuera objeto de crítica alguna), los cálculos realizados permiten arribar a las cifras expuestas por el Dr. De Cunto a las que me remito para evitar reiteraciones innecesarias, y el total asciende a $1.610,32.- por horas extras, por lo que debe disminuirse el capital de condena por ese rubro.	5. Tocante a que se omitió incluir el sueldo anual complementario año 2005 (ambos semestres), cabe precisar que en demanda no existió reclamo por el S.A.C. correspondiente al primer semestre año 2005 ya que se indica un monto devengado de $708,48.- y como pagado $708,77.- lo que hace una diferencia en más de $0,29.- (ver p. IV, fs. 5 vta.).	Con relación al segundo semestre año 2005 el monto devengado (incluyendo horas extras) es de $788,75.- como indica el Dr. De Cunto, y no el indicado a fs. 5 vta. de $870,82.-, por lo que deducida la suma abonada de $709,76.- (recibo reservado a fs. 15), la diferencia asciende a $78,99.- y esa cifra incrementa el capital de condena.	En lo que hace a que se omitió el salario de enero de 2007, cabe considerar que si bien señala el actor como devengado el importe de $2.063,14.- (ver p. IV., fs. 5 vta.), el mismo en realidad asciende a $2.072,44.-, por lo que si se considera que se abonó $1.073,47.- (ver recibo de fs. 31 de la documental reservada por un monto de $2.186,27.- al que se detrae el rubro vacaciones por $1.112,80.-) la diferencia da un importe de $998,97.-que también lleva a incrementar el capital de condena.	6. Finalmente el actor formula su queja al entender que por existir una importante deuda con la AFIP y con la entidad gremial deben aplicarse las multas previstas en la legislación vigente.	A ese respecto, el fallo en crisis rechazó la multa prevista por el art. 43 de la ley 25.345 por el fundamento expuesto a fs. 151 vta., y sin perjuicio del razonamiento seguido en la sentencia de la anterior instancia que no mereció un concreto embate, existe también otro fundamento para confirmar la desestimación de la indemnización ya que el órgano "ad quem" si bien debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el "a quo". Incluso el juez de la apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y el juez de primera instancia (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 421, y cita de fallos).	En ese aspecto, coincidiré con el Dr. De Cunto en cuanto a que la parte actora al promover demanda tenía conocimiento de la falta de aportes pues así lo señaló a fs. 5 vta. (acápite 6), y por lo demás intimó a la patronal conforme lo previsto por el art. 1 del decreto ley 146/01 (ver telegrama que obra a fs. 34 de la documental reservada).	Sin embargo, cabe advertir que esa parte en su demanda en definitiva no formuló reclamo concreto ya que se limitó a hacer expresa reserva (p. V. b), fs. 6), y sabido es que la reserva no genera derechos.	Y el art. 46, inciso 3, de la ley 69 prescribe que la demanda debe contener la designación precisa de lo que se demanda, recaudo ausente en el escrito inicial de este proceso, norma de similar alcance al previsto por el art. 330, inciso 3, del C.P.C.C. ("La cosa demandada, designándola con toda exactitud").	En el escrito de demanda se debe individualizar con precisión lo que se reclama ... La precisión de la cosa demandada permite al demandado una defensa eficaz. Al indicar la cosa demandada se debe concretar la causa por la que se pide (causa petendi; es decir, el hecho jurídico que se invoca como fundamento de la pretensión, el fundamento inmediato del derecho que se ejerce (Arazi-Rojas, "Código Procesal ...", Rubinzal - Culzoni Editores, 2001, T. II, págs. 127/128).	Por tales razones se desestima el agravio.	7. En consecuencia, también propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para elevar el capital de condena a la suma total de $6.980,15.-, como consecuencia de acogerse favorablemente las diferencias salariales existentes sobre el sueldo anual complementario, segundo semestre año 2005, y sobre los salarios enero 2007 ($78,99.- y $998,97.-), y a su vez disminuir el importe de horas nocturnas ($167,12.-), con más los intereses a computarse desde que cada una de las sumas fueron adeudadas, y confirmando el decisorio en todo lo demás que fuera motivo de agravios.	Desde que las costas fueron impuestas en función a los reclamos que progresan y se desestiman, en tanto que los honorarios profesionales fueron establecidos en términos porcentuales, no será necesario efectuar las adecuaciones previstas por el art. 279 del C.P.C.C.	El fracaso sustancial de los agravios traídos por el actor ya que progresa parcialmente y en menor medida diferencias salariales (s.a.c., segundo semestre del año 2005, y sueldo mes de enero de 2007), e igual fracaso de la demandada pues se admite también en escasa medida las diferencias planteadas sobre las horas nocturnas, permite delinear un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir las costas de alzada en el orden causado, por responder así a las porciones de éxito y fracaso obtenidos por ambos apelantes.	Finalmente, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales, entiendo prudente los honorarios que propone regular el Dr. De Cunto a favor de los letrados apoderados de las partes actora y demandada, en las sumas porcentuales equivalentes al 26% y 26%, respectivamente, de las cantidades fijadas para los emolumentos de la anterior instancia (arts. 6, 14, y 47, de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.	Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.	A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto expresó:	--- En vista del acuerdo arribado acerca de la cuestión precedente, corresponde por tanto: I.- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado al sólo efecto de elevar el monto de condena del pto. I de la parte resolutiva a la suma de pesos seis mil novecientos ochenta con centavos ($ 6.980,15), con más los intereses establecidos en la instancia anterior, confirmándolo en todo lo demás que fuera objeto de agravios.---- II.- Imponiendo las costas en la Alzada en el orden causado, regulándose los honorarios profesionales en esta sede, del letrado de la demandada, Dr. E. R. M. en un 26%, y los del letrado del actor, Dr. R.J.C. en un 26%, en ambos casos sobre lo regulado en la primera instancia, con más el IVA.

Así lo voto.-	A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De Cunto, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.	Así lo voto.	--- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal haberse logrado la mayoría (art. 9 ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: ------ S E N T E N C I A: - --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:---	--- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado al sólo efecto de elevar el monto de condena del pto. I de la parte resolutiva a la suma de pesos seis mil novecientos ochenta con centavos ($ 6.980,15), con más los intereses establecidos en la instancia anterior, confirmándolo en todo lo demás que fuera objeto de agravios.

--- IMPONER las costas en la Alzada en el orden causado.--------- REGULAR los honorarios profesionales en esta sede, del letrado de la demandada, Dr. E. R. M. en un 26%, y los del letrado del actor, Dr. R.J.C. en un 26%, en ambos casos sobre lo regulado en la primera instancia, con más el IVA.-- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------	REGISTRADA BAJO EL N°_________DEL AÑO 2009 - SDL - CONSTE.-	CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA