Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-01


COMODORO RIVADAVIA, Uno de octubre de 2007.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados:"S., J. L. s/Denuncia", Expediente Nro. 14481 año 2004, venidos del Juzgado de Transición (Expediente Nro. 569 año 1998).- Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 1601/1613, por la parte querellante contra la resolución de fojas 1597/1598 que dispone el sobreseimiento total y definitivo en la presente causa de J. M. F. de las Casas, de conformidad con las previsiones del artículo 294 inciso 6° del Código Procesal Penal (Ley 3155).- Sostiene la parte apelante que disiente e impugna el procedimiento empleado, pues constituye una desviación infundada del debido proceso. En efecto, conforme se venía desarrollando el trámite, contestada la vista por la parte querellante y la señora Fiscal General, que no actuó como Jefe del Ministerio Público Fiscal y no contestó la vista en esa condición (no obstante que por cuestiones operativas actualmente a su cargo esa Jefatura), el señor Juez, si no compartía la postura Fiscal debió expresarse formal y razonadamente en tal sentido y luego debió remitir las actuaciones al inmediato jerárquico de la Dra. Ibáñez (Fiscal General) para que se expida, como en el caso, sería ella misma por encontrarse a cargo de la Jefatura, a quien la supla en estos supuestos. En ese orden de ideas, no cabe mas que concluir que el señor Juez, habiendo discrepado con la Fiscal General, violó el debido proceso legal al modificar a su gusto el procedimiento legalmente vigente, omitiendo elevar las actuaciones al superior de la Fiscal, impidiendo en consecuencia la doble instancia de opinión del Ministerio Fiscal, que la ley ordena para el supuesto que el juez interviniente disienta con la petición de sobreseimiento efectuada por el fiscal de grado. Agrega que el incumplimiento del Juez del deber legalmente impuesto de fundar razonablemente y suficientemente el decisorio adoptado constituye una violación del principio el debido proceso legal y torna a su actuación arbitraria por carecer de la mentada fundamentación. Puede inferirse que dadas las condiciones en que el Juez resolvió, se configura en autos el supuesto de sentencia arbitraria por ausencia de fundamentos normativos y motivaciones de hecho, pues la sentencia se sustentó en afirmaciones dogmáticas que no alcanzan a ser ni tan siquiera vestigios de una fundamentación aunque sea aparente. Puede concluirse también que la arbitrariedad queda configurada al resultar la contradicción existente entre lo afirmado en el auto que en orden a que corresponde sobreseer al imputado, como si eso fuera la consecuencia obligada de las constancias de la causa, y lo concretamente demostrado a través de los hechos y la prueba que inequívocamente los acredita, pues estaríamos en presencia de la prescindencia y no de la apreciación de la prueba y demás constancias de la causa. Como se ha señalado reiteradamente en el escrito, todos estos extremos descalifican al decisorio del juez de Transición como acto jurisdiccional válido y autorizan, exigen, que la Excma. Cámara lo revoque en todas sus partes. Todas las circunstancias expuestas precedentemente constituye razones y argumentos de sobrado peso para descalificar el decisorio adoptado en autos y justificar el dictado de una sentencia revocatoria del mismo, lo que deja expresamente solicitado. Hace reserva del caso Federal.

Que a fojas 1589/1596 el Ministerio Público Fiscal al evacuar la vista dispuesta por el Magistrado actuante a los fines del artículo 304 del Código Procesal Penal (Ley 3155), considera que la serie de irregularidades apuntadas precedentemente y sopesadas conforme las conclusiones que expusiera no alcanza el grado requerido en esta etapa procesal para formular una acusación. Por otra parte no se advierte la posibilidad que sobrevengan pruebas que tiendan a modificar esa situación. En base a las consideraciones expuestas solicita se dicte el sobreseimiento definitivo del imputado conforme lo prevé el art. 294 inc. 6° del CPP.

Que el señor Juez a-quo a fojas 1597/1598 en concordancia con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, dicta el sobreseimiento total y definitivo en la presente causa de J. M. F. de las C. con fundamento en las previsiones del artículo 294 inciso 6° de Código Procesal Penal (Ley 3155).

Que el procedimiento adoptado por el Magistrado, contrariamente a lo sostenido por la parte querellante, se ajusta a derecho toda vez que el artículo 306 en su segundo párrafo, establece "El Juez dictará sobreseimiento si estuviere de acuerdo con el requerido; de lo contrario, elevará las actuaciones al Fiscal de Cámara...". Dándose en el presente tal presupuesto, se reitera, la decisión del a-quo aparece acertada.

Y, en autos se observan claras demoras injustificadas en el trámite de la causa.	Es que, la misma se inicio el día 2 de septiembre de 1998, un año después -6 de octubre de 1999- se produjo el requerimiento Fiscal (fs.174/176 vta.) y luego la instrucción permaneció inactiva por lapsos en algunos casos de hasta seis meses (ver. fs. 99; 155; 163; 173; 176; 188; 827 y 828. En ese orden de ideas se advierte que nos encontramos a casi nueve años de iniciado el proceso.

En consecuencia, resulta que se encuentra ampliamente vencido el plazo de instrucción y ni siquiera se solicitó prórroga para su conclusión. De modo tal que aún cuando podría sostenerse, en abstracto la existencia de medidas probatorias, lo cierto es que en el caso concreto la irrazonable duración del proceso constituye un valladar insuperable para su producción.- En cuanto a la duración y prórroga del proceso nuestro Código Procesal Penal en su artículo 183 (Ley 3155), reza que "La instrucción deberá practicarse en el término de cuatro meses a contar de la declaración del imputado. Si el mismo resultare insuficiente, el Juez solicitará prórroga a la Cámara de Apelaciones, la cual podrá acordarla hasta por cuatro meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga otorgada podrá exceder excepcionalmente de dicho plazo".

La norma tiene indudable la raíz constitucional, dado que es una clara manifestación del derecho a una razonable duración del proceso penal. Es decir a un proceso penal sin dilaciones indebidas.

Tiene dicho la jurisprudencia:"La investigación instructoria, sea judicial o fiscal, debe tener un plazo límite o final, que posibilite hacer realidad la celeridad y eficiencia de todo trámite del procedimiento. Si un proceso no puede durar más de dos años en diversas normas de leyes argentinas, para poder respetar ello, la instrucción no podrá durar, en el cálculo que la práctica forense demuestra, seis meses en términos ordinarios y en los casos de suma gravedad y difícil investigación, nunca exceder de un año (Cf. "Código Procesal Penal de la Nación" Ley Nº 23984 y modificatorias, Concordado-Comentado y Anotado; T. II, pág. 89)" (STJ Río Negro, SE. 22/98 del 20-03-98, elDial AX1C79).

La transgresión al plazo legal de la instrucción (art. 183 CPP -Ley 3155) y, en consecuencia, la vulneración a los derechos esenciales que materializa la norma es evidente e impide el acogimiento de la queja del querellante.

Nuestro ordenamiento procesal ha superado las divergencias en la interpretación acerca de las consecuencias que genera la falta de cumplimiento del término de la instrucción. Esto es si provoca o no determinada sanción, tales como nulidad de lo actuado a partir del momento en que se excedió la instrucción en dicho plazo o si corresponde disponer el sobreseimiento en las actuaciones porque consagró legalmente la segunda opción.

En efecto, al reglar el sobreseimiento -artículo 294, estableció en uno de los incisos -6°- estableció que el mismo procede cuando vencido el plazo máximo previsto en el artículo 183, no hubiere elementos suficientes para fundamentar la elevación a juicio de la causa. Tal es el supuesto de autos y en el que se ha basado tanto el Ministerio Fiscal como el a-quo.-	Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución de fojas 1597/1598, que sobresee total y definitivamente en la presente causa al inculpado J. M. F. de las C (art.294 inciso 6° del Código Procesal Penal -Ley 3155-).

Por ello, la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia:

R E S U E L V E:

1º).- Confirmar la resolución de fojas 1597/1598, que sobresee total y definitivamente en la presente causa al inculpado J. M. F. DE LAS C. (art.294 inciso 6° del Código Procesal Penal -Ley 3155-).	2°).- Tener presente la reserva del caso federal.

3º).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos Jueces de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia el doctor Martín Rodrigo Navarro y haber concordado en la solución del caso (arts. 1,2,3 y 5 Ley 4550 -modif. Ley 1130-). MARTA SUSANA REYNOSO DE ROBERTS - Presidente MARGARITA PFISTER- Juez de Cámara Subrogante REGISTRADA BAJO EL NRO. 12 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS Rawson, de de 2007.

NOTA n°	/07 S.I.J.