Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-09-30


La Plata, setiembre 30 de 2009.

Antecedentes I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la pretensión anulatoria articulada (fs. 70/74).

II. Contra tal pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 80/82).

III. Dictada la providencia de autos (fs. 90), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia.

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? El doctor Soria dijo:

I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata revocó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la pretensión anulatoria y condenó al Instituto de Previsión Social a recibir y tramitar la solicitud de jubilación ordinaria peticionada por el actor, considerando que a la fecha de su cese en la actividad (1/IV/2002) no había sido sancionada aún la ley 12.867 (B.O., 8/IV/2002) y, por lo tanto, se encontraba vigente el art. 67 del dec. ley 9650/1980 que reconocía el derecho de opción del interesado por la Caja en la que computara 10 años de servicios con aportes (fs. 45/49).

Para así decidir el tribunal a quo sostuvo la plena aplicación al caso del art. 168 de la ley nacional 24.241 para la determinación del organismo otorgante del beneficio, que será el que registre mayor cantidad de aportes. Ello, a partir de la sanción de la ley 11.556 (B.O., 1/XII/1994) "... que vino a desplazar definitivamente toda variable aplicativa del indicado artículo 67 del Decreto-Ley 9650/80...", considerando "... no comprendido su caso en el lapso de gracia de la ley 11.556..." y "... con prescindencia del texto de la ley 12.867...", "... solo destinada a receptar en texto expreso la exégesis judicial provista..." (voto del doctor De Santis).

Además, el pronunciamiento de la Cámara se sustenta en la doctrina elaborada por este Tribunal en las causas B. 59.917, "Barone" (sent. del 1/XII/2004) y B. 67.017, "Alza" (sent. del 8/VIII/2007), citados en el voto de la doctora Milanta, al que adhirió el doctor Spacarotel.

II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 80/82, la actora plantea que es la ley 12.867 la que expresamente modifica el art. 67 del dec. ley 9650/1980.

Sostiene la autonomía de funcionamiento del sistema previsional provincial.

Afirma que la adhesión al sistema de reciprocidad dispuesto por el dec. ley 9316/1946 está centrada en el reconocimiento de servicios y transferencia de fondos de aportes a la Caja por la cual el interesado haya optado solicitar el derecho jubilatorio.

Señala que no corresponde interpretar que la adhesión a aquél haya implicado la instauración de un régimen uniforme.

Expresa que la aplicación de la normativa nacional en una materia de índole local, sin la sanción de una ley provincial que la recepcione, carece de legitimidad y, por ende, no puede constituirse en un valladar que afecte el derecho que le asiste a un afiliado a este último régimen respecto de la opción que le confiere el art. 67 del dec. ley 9650/1980 -t.o. 1994- cuando acredite como mínimo diez años continuos o discontinuos con aportes (fs. 81 vta./82).

Asevera que la aludida ley provincial, a la fecha del pedido de la jubilación por el actor, se encontraba en plena vigencia atento que es a partir de la entrada en vigencia del art. 4º de la ley 12.867 que se modifica expresamente el art. 67 que invoca.

III. El remedio extraordinario interpuesto no puede prosperar en razón de su insuficiente fundamentación.

1. El art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. art. 60.1 de la ley 12.008, texto según ley 13.101) dispone que el recurso extraordinario de inaplicabilidad deberá fundarse necesariamente en las causales de violación o errónea aplicación de la ley o doctrina legal.

2. De la pieza que abre esta instancia casatoria no surge la mención de la ley y/o doctrina legal que se consideran violadas o erróneamente aplicadas en la sentencia de Cámara que acogiera el recurso de apelación deducido por la demandada.

De un lado, el recurrente omitió denunciar las infracciones legales aludidas tanto en relación a la ley 11.556, que constituye el principal fundamento del fallo recurrido, como en lo relativo a la doctrina legal en que se sustenta (doct. causas B. 59.917, "Barone", sent. del 1/XII/2004 y B. 67.017, "Alza", sent. del 8/VIII/2007). Del otro, la doctrina legal que reputa violada (causa B. 59.221, "Nogueira", sent. del 7/XI/2001), no se ajusta a las circunstancias fácticas de autos.

3. De las alegaciones que se exponen en la pieza recursiva se advierte con claridad la ausencia total de réplica a las motivaciones estructurales y definitorias del fallo (art. 279, C.P.C.C.), pretendiendo la revisión del pronunciamiento sin formular un ataque frontal y eficaz de lo resuelto por la alzada en orden a la derogación del art. 67 del dec. ley 9650/1980 -t.o. 1994- por la ley 11.556 (B.O., 1/XII/1994).

No estando controvertida ni la fecha de cese del interesado ni la circunstancia de que ésta determina el régimen legal aplicable, el recurrente no pudo soslayar el cuestionamiento de la aplicación al caso de la ley 11.556 que estableció un límite temporal al ejercicio del derecho de opción pretendido.

Tal fundamento central del fallo recurrido no ha sido atacado ni directa ni indirectamente en el recurso. En su lugar, el impugnante se esforzó en argumentar acerca de cuestiones que no ofrecen discrepancias, entre las que cabe mencionar la autonomía de funcionamiento del sistema previsional provincial, la finalidad perseguida por el régimen de reciprocidad y las derivaciones de la adhesión a este último por la Provincia. Todo ello, con base en un precedente cuyas conclusiones no resultan aplicables al sub examine.

Ha dicho este Tribunal que es inaplicable la doctrina legal invocada cuando los hechos que dieron lugar a su establecimiento difieren de los ventilados en autos (doct. causa C. 97.157, sent. del 11/II/2009).

En tal sentido, resulta insuficiente para rebatir la aplicación de la ley 11.556 al actor, la invocación de la no aplicación automática del principio sentado por el art. 168 de la ley 24.241, a la hora de determinar el rol de Caja otorgante, que sellara la suerte del caso "Nogueira" (causa B. 59.221, sent. del 7/XI/2001) invocado por el recurrente. Ello es así, en tanto, esa afirmación se ajustó a un supuesto fáctico diferente al de la presente causa pues, en aquél, la fecha de cese del interesado era anterior a la sanción de la ley 11.556 (v. punto II.3 del voto del doctor Negri).

4. En la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal a quo (doct. causa C. 90.421, sent. del 27/VII/2007). Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida.

Por las razones dadas, no hallándose reunidos los recaudos exigidos por el art. 279 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial y su doctrina, este recurso debe ser desestimado (art. 289, último párrafo, del C.P.C.C.).

IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1º, ley 12.008, texto según ley 13.101, 68 y 289 in fine, C.P.C.C., doctrina de la mayoría en la causa A. 68.914, "Larrauri", sent. del 22/XII/2008, dejando a salvo mi opinión en contrario allí expuesta).

Voto por la negativa.

Los doctores de Lázzari, Hitters y Pettigiani, por los mismos fundamentos del doctor Soria, votaron también por la negativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.

Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1º, ley 12.008, texto según ley 13.101, 68 y 289 in fine, C.P.C.C., doctrina de la mayoría en la causa A. 68.914, "Larrauri", sent. del 22/XII/2008). - Eduardo Julio Pettigiani . - Eduardo Néstor de Lá zzari. - Daniel Fernando Soria. - Juan Carlos Hitters.