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Contratos, prenda, prenda con registro, secuestro de bienes, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FCA Compañía Financiera SA  c/ Chavez, Nicolas Ariel  s/ secuestro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-29

Cabe revocar la resolución que declaró inaplicable al demandado el procedimiento de secuestro prendario previsto en la ley 12962: 39 y ordenó adecuar la pretensión, reformulándola como una ejecución prendaria, atento la relación de consumo habida entre las partes.

Al respecto es dable señalar que en el caso de autos, medio acogimiento del deudor al régimen de la prenda con registro, y debe repararse en particular, en lo convenido en la cláusula N° 12, en donde expresamente se otorga al acreedor la posibilidad, en caso de mora, de solicitar el secuestro del bien prendado sin necesidad de interpelación previa.

A mayor abundamiento, no se aprecia conducente que a través de un mero argumento teórico de defensa de derechos del consumidor se pretenda derogar una norma que, lejos de ser dejada sin efecto, es ratificada por el legislador al dictar el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, donde expresamente aparece remitiéndose a la legislación especial para la Prenda con Registro, en su art. 2220. Más aún, el legislador, recientemente en ese cuerpo normativo, parecería adoptar parte del espíritu de la norma objetada para extender y profundizar su aplicación frente a cualquier operatoria que involucre la ejecución de una prenda sobre un bien, y por cualquier acreedor, requiriendo sólo una convención en tal sentido (conf. esta CNCom, Sala A, 17/11/15, "Banco Comafi SA c/ Paz Manuel Alejandro s/ secuestro prendario").

Por su parte, cabe precisar en cuanto al precedente de la CSJN en autos "HSBC Bank Argentina SA c/ Martínez Ramón Vicente s/ secuestro prendario" (reg. de Cámara 25194/2015/1) citado en el fallo apelado, que en tanto los argumentos vertidos por esta Sala en dichos autos para revocar la incompetencia decretada por el juez de primera instancia, así como para rechazar el planteo de la Sra. Fiscal en torno a la vía prevista por el Dec. Ley 15348/46: 39, no resultaron contemplados por el Alto Tribunal, dicha circunstancia posibilita apartarse de la doctrina emergente de dicho precedente (Fallos 311:1644). Además, no puede dejar de señalarse que la solución adoptada en la instancia de grado incluso, desnaturaliza el criterio adoptado por el Máximo Tribunal sobre el particular, pues en el precedente citado, no se estimó improcedente el procedimiento de secuestro prendario cuando se encuentra involucrado un consumidor, sino que solo se consideró necesario notificar al deudor del inicio del trámite, lo que en el caso bajo a estudio podría aparecer, en principio, cumplimentado con la carta documento acompañada con el escrito inaugural.
Obligaciones del escribano, responsabilidad del escribano
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Bottini, Nélida Elsa y Otro c/ EN-RENAPI s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

El estudio de los títulos relativos a una transferencia de dominio sobre un inmueble es un cometido propio del escribano, que sólo a él compete -artículo 12, inciso k de la Ley 12.990-, por lo que sobre él recaen las consecuencias de su omisión, entendiendo que su misión es preservar la idoneidad de los títulos en que se basaba el acto escriturario y debe responder ante quien depositó su confianza en su idoneidad como profesional y le confió la gestión notarial, ello conforme a la pauta de adecuación establecida en el Código Civil -art. 909 del citado digesto-.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Kipperband,  Benjamín s/ estafas reiteradas por falsificación dedocumentos  -  incidente de  excepción previa de prescripción de laacción penal -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

No cabe considerar sentencia definitiva a la resolución que rechaza la prescripción de la acción penal, si no se verificó una prolongación injustificada del proceso (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Contratos, compraventa, efectos entre partes, factura, prueba, valor probatorio, falta de prueba, resoluciones judiciales, rechazo del reclamo, presunciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Gestión Logística y Distribución SA c/ Metanoia Eq SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

2 - En otras palabras, por más que no estuviese probada la entrega de las facturas nada impide que la deuda reclamada y su causa (o sea, la cosa o prestación facturada) pueda tenerse por acreditada por otros medios de prueba y admitirse, así, su cobro judicial (conf. CNCom, Sala D, in re "Estancia Las Encadenadas SA c/ Agropecuaria Hispano Argentina SA s/ Ordinario", del 12/09/07, entre muchos otros).
Accidentes de trabajo, presunciones, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Aquino, César Nasario c/ Municipalidad de Acción Social -Provincia de Formosa- s/ Demanda laboral por acc. de trabajo -Provincia de Formosa- s/ Demanda laboral por acc. de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-06

Si el trabajador prueba el hecho del accidente, la presunción de responsabilidad del patrón trae como consecuencia la inversión de la prueba, corriendo a su cargo la obligación de probar la culpabilidad del obrero en el accidente.
Contratos administrativos, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Andrés Bertotto S.A.I.C. c/ D.E.B.A. s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

Para acceder a la pretensión accesoria de actualización monetaria del monto debido en concepto de reajuste del precio del contrato, la mora de la demandada en abonar los créditos debe tenerse por ocurrida al vencer los treinta días corridos después de la presentación de las facturas correspondientes, conforme a lo establecido en las respectivas órdenes de compra (arts.16 y 509 del Cód.Civ.). A partir de allí, y hasta el efectivo pago, su monto deberá reajustarse aplicando la fórmula de variación de costos utilizada en el contrato.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Perpeto, José Florindo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

No cabe plantearse si obstó al Defensor a interponer en debida forma el recurso el hecho de que la Cámara al resolver las atenuantes y agravantes se remitiera a la sentencia de primera instancia, si el tema no fue sometido a la Cámara al apelar (art. 342, C.P.P.) y no estaba en consecuencia obligada a hacerlo.
Daño irreparable, acción de amparo, Derecho constitucional, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Moreyra, Irene Lorena s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Irene Lorena s/queja por apelación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-05

La recurrente ha logrado acreditar que, de no abrirse ahora la instancia recursiva para determinar si el tribunal a quo efectuó una interpretación razonable del art. 20 de la ley de amparo local de cara a las peculiaridades del pronunciamiento en cuestión y los derechos y principios constitucionales comprometidos en el caso, se le ocasionaría un gravamen que no podrá ser reparado en una etapa ulterior o en un juicio posterior, o lo será en forma muy dificultosa tomando en cuenta el tipo de asignación de derechos y bienes involucrados en la causa; circunstancia que permite equiparar el decisorio en crisis a una sentencia definitiva. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Superintendencia, facultades disciplinarias del juez, sanciones procesales, competencia criminal, tribunal oral
Materia: PROCESAL
Carátula: Gerome, Carlos (juez nacional) llamado de atención. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05

Corresponde a la Corte determinar si las medidas disciplinarias a las que alude el art. 173 del Código Procesal Penal - contenida en el art. 16 del decreto - ley 1285/58 - pueden ser aplicadas por los tribunales orales, por tratarse de una materia propia de la superintendencia que ejerce cada cámara.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, incapacidad, decreto reglamentario
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: LUCERO LINDOR c/ SATAG s/ DEMANDA  -  CASACION  LABORAL -  LEY  9688 - DECRETO REGLAMENTARIO -  APLICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-24

El pronunciamiento es nulo por carecer de motivación, si el tribunal a quo no ha indicado las razones o elementos de juicio que permitan ilustrar a esta sala, a las partes y al público en general, acerca de porque arribo a la conclusión en el sentido de que corresponde indemnizar una incapacidad del ciento por ciento de la total obrera pese a que la minusvalía estimada por los peritos -y no controvertida por los contendientes-era menor. De haberse querido aludir a la reglamentación de la ley 9688 (art. 56), debió decírselo expresamente. Dicha reglamentación no puede ser aplicada al caso, atento a que en la demanda no fueron invocadas como sustento de la pretensión las circunstancias de hecho que requiere la norma citada para convertir una incapacidad menor en una del ciento por ciento y, por tanto, no constituyeron materia de la litis. De otro modo, se violaría el derecho de defensa de la accionada, quien nada podría aducir en contra por la falta de oportunidad para hacerlo. En tales condiciones, solo es indemnizable la incapacidad fijada por los técnicos y aceptada por las partes.
Contrato de trabajo, prueba, prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Herrera, Osvaldo c/ Quiroz de Capurro, Angélica s/ Indemnización por despido y salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

Las presunciones contenidas en los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 del dec. ley 7718/71 juegan respecto de las personas vinculadas por un contrato de trabajo, careciendo de validez para acreditar la existencia misma de la relación laboral.
Concursos, fuero de atracción, subasta, declaración de quiebra
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: PANKL, EGON c/ ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS MIMBIE  S.A.I.C.I.F. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-01

Si bien la lc 136 dispone que la quiebra atrae los juicios de contenido patrimonial en que el fallido es demandado, los que se suspenden ante la firmeza del decreto de quiebra; ello no puede incidir sobre los efectos de los actos procesales preexistentes en las causas atraídas.

Si en los autos venidos por la lc 136 se ha realizado una subasta con anterioridad al decreto de quiebra, aquella en sí misma es irrevisable. Por ello, si el juez del concurso deja sin efecto la providencia que aprueba dicha subasta -dictada con posterioridad a la quiebra-, mantiene las consecuencias del remate en un estado de suspensión indefinida. Ello se supera aceptando que las consecuencias necesarias de los actos ejecutoriados sean puestas en aplicación, aunque fuere luego de ocurrir la quiebra.

Los adquirentes podrán hacer valer sus "eventuales derechos" en el expediente de la subasta, mediante las peticiones que estimen del caso.
Recurso extraordinario, queja por denegación del recurso extraordinario, improcedencia del recurso, certiorari
Materia: PENAL-PROCESAL-POLITICO
Carátula: V , Alberto Gabriel s/ causa N° 10919
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-17

No cabe hacer lugar a la queja deducida por denegación del recurso extraordinario articulado por resultar inadmisible conforme lo establece el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. (Del voto en disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi y de la Dra. Carmen Argibay).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación de la ley, seguridad jurídica, jurisprudencia
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: Después de transcurridos cinco años, ¿Es   obligatorio el fallo pleno (artículo 28 de la ley 10160) No   modificado expresamente? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-13

La consagración legislativa de los fallos plenos con su actual modalidad en la ley 10160 fue un gran aporte de ella a la seguridad jurídica y a la igualdad de los justiciables. La experiencia de una década de aplicación del nuevo régimen sobre fallos plenos muestra que fue un acierto. Sabemos que los litigios son largos y que cinco años, a nivel judicial, no es demasiado tiempo. Poca seguridad jurídica aportaría un fallo pleno, sobre todo a litigios promovidos algunos años después de la entrada en vigencia del criterio jurisprudencial unificado, si se carece de certeza acerca de la permanencia (o de la probable permanencia, al menos) de ese criterio a la hora en que el caso ha de arribar a la cámara de apelación. El trabajoso logro de la jurisprudencia unificada a través de un fallo pleno se vería frustrado con facilidad si se interpretara que el artículo 28 de la ley 10160 consagra -en vez de (solamente) la "revisabilidad posible" dentro de los cinco primeros años- también, al cabo de los primeros cinco años, la "caducidad automática" de la doctrina obligatoria sin necesidad de su expresa revocación por otro tribunal pleno o plenario. En vez de aportar seguridad, única justificación de este tipo de tribunal, el fallo pleno mantendría (y a veces, peor, agravaría) la incertidumbre que se quiso conjurar.

(Del Voto del Dr. Rouillon).
Daños y perjuicios, servicio público, prestación del servicio público, correos, notificación al empleador, renuncia al empleo, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL
Carátula: AGÜERO, ALFREDO c/ CORREO ARGENTINO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-24

El adecuado funcionamiento del servicio público exigía que el personal encargado de llevar a cabo la transmisión del telegrama propuesto por el trabajador fuera coincidente con el contenido del texto. La alteración del contenido es endilgable a la demandada, aun en la hipótesis de que la marca del casillero equivocado se atribuyera al trabajador, pues lo substancial está en el contenido del texto y el dependiente de la empresa de correo debió advertir la diferencia entre texto y tipo de comunicación. No habiéndolo hecho debe encuadrarse su comportamiento como negligente.

Más allá de cuál haya sido el comportamiento de la empleadora, en cuanto a la confusión creada por el telegrama de renuncia por ella recibido, ante la negativa a reincorporar al actor a sus tareas, debe señalarse que éstas son cuestiones ajenas a la responsabilidad que le incumbe a la empresa de correos, por los hechos sólo endilgables a ella, que fue la que provocó con la alteración del contenido del telegrama la pérdida del trabajo al actor. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso de queja (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos, actividad industrial, alícuota
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	 s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-14

Se trata de un problema de subsunción dirigido a dilucidar si la actividad de la contribuyente es industrial y puede por ello liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos bajo la alícuota especial prevista en las ordenanzas tarifarias aplicables a los períodos reclamados. No están en debate cuestiones de hecho y prueba que excluyan la intervención de este Tribunal en instancia extraordinaria, siempre que se verifiquen los recaudos pertinentes. (Del voto del Dr. Muñoz).
Concursos, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossi, Carlos Alberto s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

Si bien el art. 24 de la Ac. 2212/87 de la SCBA dispone que cuando se inicie un pedido de quiebra o concurso civil y exista un juicio similar a nombre del concursado, el Jefe de Receptoría procederá a radicar el nuevo proceso en la misma secretaría donde "tramite el anterior", no corresponde aplicarla cuando el concurso anterior se encuentre concluido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso preventivo, efectos de la apertura, juicios contra el concursado, embargo preventivo, igualdad entre acreedores
Materia: COMERCIAL
Carátula: Alnair  S.A. c/ Conapa CompaÑía Naviera Paraná  S.A. s/ Rescisión de Contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-01

Atento encontrarse la cuestión vinculada con el embargo preventivo decretado, en grado de apelación, corresponde que en ella entienda el Tribunal, a pesar de la incompetencia decidida en el Considerando I. El inc. 4 del art. 22, de la ley 19.551 se refiere a medidas cautelares trabadas con anterioridad a la presentación en concurso, admitiendo su mantenimiento. En cambio, el inc. 3 de la misma norma prohibe, luego de dicha presentación, deducir pretensiones individuales fundadas en causa o título anterior, porque el reclamo en esas condiciones no podría serle opuesto al concurso de la deudora en detrimento de la unidad de las soluciones concursales, ya que ello afectaría la "pars conditio creditorum", uno de los pilares fundamentales del derecho concursal; conclusión análoga es posible derivar de lo dispuesto en el art. 218, in fine, Código Procesal. Ello así, el pedido de embargo preventivo formulado encuadra en la prohibición aludida, porque el reclamo principal sobre el que se funda reposa en una causa anterior a la presentación en concurso.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, indemnización, intereses, tasas de interés, tasa activa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PUSTERLA, RODOLFO NORBERTO R. c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) -COBRO DE PESOS LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 594 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-24

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, desde que las razones que expusieron los juzgadores para justificar la tasa activa a partir del 1/1/2002 no han sido debidamente desvirtuadas por la accionada en sus genéricas y dogmáticas alegaciones respecto de que la tasa pasiva es la única admisible e invocando la situación de emergencia del estado municipal.

Es que con ello no consigue persuadir que las consideraciones sustentadas en la naturaleza alimentaria de los créditos resultaren irrazonables, sobre todo porque en atención a dicha naturaleza no pueden descartarse otras pérdidas de valor por la indisponibilidad del capital -merma que no se circunscribe a la no percepción de intereses por la colocación a plazo fijo.

Por lo demás, tampoco se acredita el efecto distorsionante de la realidad económica y que la prohibición de la Ley de convertibilidad esto es, indexar, resulte burlada a partir de intereses desmedidos, máxime cuando el tema involucrado obedece a procesos esencialmente cambiantes que reclaman la búsqueda por parte de los tribunales de justicia de instrumentos idóneos a fin de proteger adecuadamente la concreta vigencia de los derechos constitucionales comprometidos, tanto del deudor como del acreedor.
Cesantía, revisión judicial de actos administrativos, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SONEYRO, ALBERTO HECTOR RUBEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 696 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-07

Cuando se impugnan actos dictados en ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración pública, aparte del contralor de la competencia y de las formas sustanciales, los motivos que fundamentan la resolución de cesantía y la prueba de los supuestos básicos de ésta, corresponde a esta Corte verificar si los motivos son congruentes con el orden jurídico integral y están orientados al bien del servicio, y si la estimativa de aquellos supuestos no excede el alcance de la discrecionalidad incurriendo en arbitrariedad.

Las restricciones legales para su revisión no responden a que se asigne discrecionalidad en su ejercicio, como pudiera suponerse, sino que viene impuesta por la índole especial y particular de esta potestad de la Administración. Por ello, siendo -como es- la realización de una finalidad pública, un presupuesto básico de la actuación de la administración y de todos los poderes públicos, cuando se demuestre una manifiesta ausencia de esta finalidad en sus decisiones disciplinarias, procederá la revisión jurisdiccional en el área normalmente exenta de ésta.
Medidas cautelares, bloqueo de sitios de Internet, competencia penal, sobreseimiento, libertad de prensa
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: L. S. R. c/ Google Inc. s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-04

Debe rechazarse la medida cautelar solicitada por el actor a los efectos de que un buscador de internet se abstenga de vincular las búsquedas realizadas con su nombre y apellido con una causa penal en la que fue sobreseído y hasta que se dicte la sentencia definitiva, puesto que la mera afirmación del recurrente no es fundamento suficiente para admitir que el interés informativo que en su momento tuvieran las noticias donde fue mencionado se encuentre agotado, particularmente cuando tampoco median pruebas concretas sobre su inexactitud.
Expropiación, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: Azar, Osvaldo Jorge c/ Banco de la Provincia de Córdoba s/ ordinario - daños y perjuicios - otras formas de resp. extracontractual - recurso directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-12-29

No resulta necesario examinar la objeción de constitucionalidad al artículo 13 de la ley 6394 puesto que la normativa ha perdido vigencia en función de la Ley de convertibilidad; Nº 23.928 que prohibió todo mecanismo de actualización; incluyendo la previsión del mentado artículo; ratificada luego por Ley Nº 25511. La norma del artículo 13 de la Ley de No resulta necesario examinar la objeción de constitucionalidad al artículo 13 de la ley 6394 puesto que la normativa ha perdido vigencia en función de la Ley de convertibilidad; Nº 23.928 que prohibió todo mecanismo de actualización; incluyendo la previsión del mentado artículo; ratificada luego por Ley Nº 25511. La norma del artículo 13 de la Ley de expropiaciones al establecer que la apreciación debe hacerse sobre el justo precio al momento del desapoderamiento no está desterrando necesariamente la posibilidad que en la expropiación irregular el juzgador escoja otro momento que proporciones mayor equidad en la compensación; máxime si se dan circunstancias tan especiales como las del asunto de autos en que se produjo primero el desapoderamiento y varios años después contra la promoción de la demanda se presenta la expropiante a depositar el dinero de la compensación. al establecer que la apreciación debe hacerse sobre el justo precio al momento del desapoderamiento no está desterrando necesariamente la posibilidad que en la expropiación irregular el juzgador escoja otro momento que proporciones mayor equidad en la compensación; máxime si se dan circunstancias tan especiales como las del asunto de autos en que se produjo primero el desapoderamiento y varios años después contra la promoción de la demanda se presenta la expropiante a depositar el dinero de la compensación.