Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30


F., C. A. Reg.: A y S t 198 p 196-200. Santa Fe, 30 de junio del año 2.004.

VISTOS: Los autos "F., C. A. -Incidente de Libertad Provisional solicitado por la defensa- (Expte. 155/03) sobre queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad (Expte. C.S.J Nro. 480, año 2003) venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuesto por los defensores técnicos de C. A. F., contra la sentencia de este Tribunal de fecha 24 de marzo de 2004; y CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de autos que la Cámara de Apelación en lo Penal - integrada- de la ciudad de Venado Tuerto, en fecha 20 de agosto de 2003 resolvió -por mayoría- confirmar el decisorio recurrido, por el que se denegó la libertad provisional solicitada por la Defensa de C. A. F.

La denegatoria del recurso de inconstitucionalidad que contra el fallo de Alzada dedujera la incidentista, motivó su presentación directa ante esta Corte (fs. 38/48), la que corrió la misma suerte adversa que la anterior impugnación (fs. 54/59, A. y S. T. 195, pág. 397/402).

Es este último pronunciamiento el que se ataca a través de la vía prevista por el artículo 14 de la ley 48.

2. En el memorial introductorio del recurso extraordinario (fs. 63/74) los impugnantes adujeron que en el caso se configura una cuestión federal simple -prevista en el inciso 3ro., del artículo 14, de la ley 48- al privársele a su defendido de la garantía de la libertad corporal, estando en juego la aplicación del artículo 1 de la ley 24390, resultando dicha normativa reglamentaria de la garantía constitucional consagrada en el artículo 7, inc. 5, del Pacto de San José de Costa Rica, que goza de jerarquía constitucional, por lo que el recurso intentado resulta a su criterio procedente.

También afirmaron que la resolución atacada resulta arbitraria, lo que hace igualmente procedente la vía extraordinaria elegida, dado que contradice y viola palmariamente lo expresamente dispuesto en la ley 24390 en cuanto al vencimiento de los plazos de la prisión preventiva, dado que su defendido lleva privado de su libertad física más de dos años y seis meses, que es uno de los plazos máximos de duración del encarcelamiento preventivo que establece la citada normativa.

A su entender, el presente caso configura un supuesto de gravedad institucional que hace viable el remedio extraordinario, conforme al precedente "Bramajo" (C.S.J.N., 12/9/96), a fin de evitar hacer incurrir en responsabilidad internacional a la República Argentina a la luz del Pacto de San José de Costa Rica.

Al referirse a los agravios que el pronunciamiento impugnado les causa, dijeron que, en primer lugar, no comparten lo sostenido por esta Corte en cuanto a qué debe entenderse por "sentencia firme".

Aseguraron que tanto la jurisprudencia internacional como la interna de nuestro país, resultan coincidentes en cuanto a que dentro del cómputo de los plazos de la prisión preventiva deben comprenderse el tiempo que demanden la tramitación de los recursos extraordinarios.

A su criterio, dicha interpretación jurisprudencial se ajusta perfectamente a la plena vigencia de las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio y resulta congruente con la reforma a la ley 24390 por la ley 25430.

En segundo lugar, se agraviaron por lo sostenido en la resolución impugnada en cuanto a que se trata de una cuestión referida a la interpretación del derecho aplicable ajena a la vía de revisión extraordinaria.

Aseguraron que no se trata de un mero desacuerdo sobre el contenido y alcance de un precepto legal, sino que se ha incurrido en una palmaria violación del artículo 1 de la ley 24390, al no aplicarse los plazos máximos de duración de la prisión preventiva, los cuales se encuentran holgadamente vencidos, sin que se verifique tampoco ninguna de las causales impeditivas de la libertad provisional que evidencien peligrosidad procesal por parte de su defendido.

Manifestaron que la resolución de esta Corte no solamente no aplica la garantía establecida en el artículo 7, inciso 5, del Pacto de San José de Costa Rica, reglamentada por ley 24390, sino que tampoco trata una cuestión fundamental consistente en la ausencia de peligrosidad procesal por parte de su defendido, incurriendo en manifiesta arbitrariedad.

Insistieron en que en la resolución impugnada en ningún momento se precisa cuáles son las circunstancias concretas de la presente causa que permitan presumir fundadamente que su pupilo intentará eludir la acción de la justicia.

Citaron en apoyo de su planteo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Informe 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego de referir al caso particular concluyeron que no existe peligrosidad procesal, desde que su defendido no intentará eludir la acción de la justicia.

3. En el examen de admisibilidad que debe efectuar este Tribunal a fin de conceder o no -según corresponda- el remedio excepcional intentado, aparecen desprovistos de entidad constitucional los agravios expuestos por los recurrentes.

Es que, como reiteradamente se ha señalado, la mera interposición del recurso, aunque se invoque la existencia de "cuestión federal", no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S. T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 276; T. 77, pág. 439; T. 194, pág. 396, por todos).

A tales efectos, es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por este Cuerpo para fundar su decisión, con argumentos encaminados a revertir lo decidido en el fallo impugnado.

Ello es así por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48 demanda que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta, demostrando ante la Corte porqué considera que el decisorio atacado no satisface el derecho federal invocado.

Efectuando el análisis a que se hiciera referencia en los párrafos anteriores, se advierte que los impugnantes en el memorial introductorio del remedio extraordinario federal -invocando las previsiones del artículo 14, inciso 3ro., de la ley 48 y arbitrariedad- insisten fundamentalmente con los argumentos que desarrollaran a lo largo del incidente, intentando una vez más hacer prevalecer su propio criterio acerca de la solución que correspondería dar al pedido efectuado por su parte para que se disponga la libertad provisional de F. con sustento en el límite temporal de la prisión preventiva que surge de la ley 24390, mas sin lograr persuadir que los vicios en que supuestamente habría incurrido el fallo de esta Corte se encuentren efectivamente configurados.

En efecto, si bien se esfuerzan por observar las exigencias contenidas en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto a su deber legal de efectuar una crítica prolija, concreta y razonada de la sentencia atacada, tratando de refutar las motivaciones enunciadas por el Tribunal Superior de la causa, de la lectura de la pieza recursiva se deriva sin dificultad que los argumentos expuestos por los comparecientes resultan insuficientes en orden a trasponer la admisibilidad de la vía extraordinaria intentada, desde que éstos invocando la existencia de "cuestión federal" al privársele y desconocérsele a su defendido la garantía constitucional de la libertad corporal, estando en juego la aplicación de la ley 24390 y la interpretación de una cláusula de un tratado internacional ratificado por nuestro país; arbitrariedad y gravedad institucional, insisten -en definitiva- con su pretensión excarcelatoria, la que a su criterio debe tener favorable acogida.

Mas, a pesar de su esfuerzo no logran insinuar razones valederas demostrativas de que esta Corte, al decidir el rechazo del recurso de queja, lo hubiese hecho lesionando de alguna manera el derecho a la jurisdicción que asiste al condenado.

Al respecto resulta oportuno remarcar algunos de los fundamentos que este Tribunal brindó en orden a desestimar el recurso de queja interpuesto en su oportunidad por los impugnantes.

En primer lugar, recordó que ha debido pronunciarse frente a un planteo similar in re "Diesser" -A. y S. T. 191, pág. 12-, por lo que resultaban trasladables algunas de las consideraciones allí efectuadas para desestimar el recurso directo intentado.

Así, puntualizó que de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el Tribunal debe tener en cuenta las circunstancias existentes al momento de dictar sentencia, aunque sean posteriores al escrito de articulación del remedio excepcional (Fallos 282:117; 304:1716; 307:2483; A. y S. T. 130, pág. 161) destacando que en fecha 30 de junio de 2003 la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Venado Tuerto confirmó -por mayoría- la condena a la pena de prisión perpetua de C. A. F.

Por otra parte recordó que este Cuerpo en oportunidad de emitir pronunciamiento en la causa "León, Francisco Javier -Homicidio- del 13.12.99, delineó qué debe entenderse por 'sentencia firme' apreciando que la sentencia de segunda instancia es el límite temporal para el juego de la ley 24390, deviniendo en consecuencia carente de gravamen la cuestión planteada por los comparecientes.

Y si bien este sólo fundamento resultaba suficiente para desestimar sin más trámite el recurso directo intentado, a mayor abundamiento, se señaló que la impugnación excepcional igualmente no podía prosperar atento a la inadmisibilidad de los planteos recursivos -vinculados esencialmente a la violación del derecho constitucional a libertad corporal y omisión de tratamiento de la cuestión referida a la ausencia de peligrosidad procesal- fundando debidamente el rechazo de cada postulación.

De allí que, pese a lo sostenido por los recurrentes en su impugnación extraordinaria, el rechazo del recurso directo intentado se encuentra debidamente motivado, sin que logren demostrar con lo alegado la configuración de alguna causal que permita la apertura de la instancia extraordinaria intentada.

Así, su queja vinculada a la interpretación que efectuara esta Corte acerca de lo que debe entenderse por 'sentencia firme' en relación a la ley 24390, sólo traduce su particular postura interpretativa -contraria a la postulada por este Cuerpo en cuanto consideró que la resolución de segunda instancia es el límite temporal para el juego de la ley 24390, por lo que la cuestión planteada por los comparecientes devenía carente de gravamen-, pero sin aportar aportar argumentos idóneos que permitan descalificar constitucionalmente dichas aseveraciones.

Y, cabe aclarar que, siendo el fundamento central del rechazo de la queja la existencia de una sentencia condenatoria 'firme' que tornó carente de gravamen la cuestión articulada por los comparecientes, al no articular éstos agravio alguno con entidad suficiente como para superar la mera disconformidad con el criterio sustentado por esta Corte, su intención de lograr la apertura de la vía extraordinaria no puede prosperar, careciendo de decisividad sus restantes alegaciones.

Igualmente, puede agregarse, que tampoco les asiste razón en sus otros planteos, desde que, a pesar de invocar la existencia de un caso federal, con lo argumentado no logran traspasar el ámbito de la mera disconformidad interpretativa con lo resuelto por este Tribunal, mas sin acreditar que en la decisión ahora impugnada se hayan efectuado consideraciones que puedan tacharse de arbitrarias o lesivas de derechos amparados por la Constitución.

Efectivamente, todo lo manifestado en torno a la supuesta violación del artículo 1 de la ley 24390, al no aplicarse los plazos máximos de duración de la prisión preventiva, los que se encuentran vencidos, sin que se verifique ninguna causal impeditiva de la libertad provisional sólo refleja el desacuerdo de los comparecientes con las razones dadas por esta Corte para desechar sus tachas de arbitrariedad dirigidas, en su momento, contra el pronunciamiento de la Cámara, insistiendo -una vez más- en imponer su propia interpretación de las normas legales en juego. Pero, a pesar de su esfuerzo, no logran acreditar que este Cuerpo se haya apartado al fallar del marco normativo y constitucional aplicable, como así tampoco de los lineamientos sentados por el Máximo Tribunal nacional.

Adviértase que sobre el particular el Tribunal brindó argumentos que se fundaban no sólo en criterios jurisprudenciales emanados del más Alto Tribunal de la Nación, sino que tenían su raíz en las particularidades de la causa, como lo eran la voluminosidad de la causa, la cantidad de prueba ofrecida y producida, las peticiones de las partes, etc. argumentos frente a los cuales los apelantes no logran acreditar la vulneración de garantías constitucionales.

Sin lugar a dudas, pese a lo sostenido por los recurrentes en su impugnación extraordinaria, esta Corte dio respuesta suficiente a cada una de las cuestiones planteadas, mas restándole entidad constitucional en orden a justificar la apertura de la instancia prevista en la ley 7055, sin que aquéllos logren ahora demostrar con sus reiteradas quejas que en los considerandos del resolutorio atacado se hubiesen efectuado consideraciones que no satisfagan debidamente la exigencia constitucional vinculada a la motivación suficiente de los pronunciamientos judiciales o que haya efectuado un juicio de admisibilidad infundado o irrazonable.

De todo lo expuesto se concluye que los comparecientes no han logrado aportar, en el memorial del recurso federal, argumentos que verdaderamente demuestren que la Corte, al decidir declarar inadmisible el recurso directo deducido, lo hubiera hecho con una fundamentación inadecuada, que fuera en desmedro de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe desestimarse.

Se descarta, por todo lo dicho la configuración de la invocada gravedad institucional, desde que tal planteo se asienta en la particular postura de quien se queja, mas sin llegar a demostrar que lo resuelto pueda afecta de alguna manera un interés institucional de orden superior.

En definitiva, al no traer los perdidosos argumentos con entidad suficiente como para revertir lo sostenido por este Cuerpo al decidir el rechazo del recurso directo interpuesto, ni demostrar que se dé alguna circunstancia excepcional que autorice la concesión del remedio federal intentado, la articulación recursiva no resulta apta para permitir la apertura de la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)