marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, mala praxis
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marclay de Traverso, Estela Beatriz c/ Hazaña, Carlos o otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-05-10

La responsabilidad médica constituye parte especial de la responsabilidad profesional y al igual que ésta se halla sometida a los mismos principios que surgen en lo esencial del contenido de los artículos 512, 902 y 909 del Código Civil, debe ser probada -en principio- por quien la invoca mas, en la prueba de esta culpa, cobra especial trascendencia la aplicación de la denominada teoría de las cargas dinámicas probatorias, prueba compartida, deber de colaboración o solidaridad procesal y el juego de las presunciones.Estos nuevos institutos del derecho procesal, hacen recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva -en el caso médico o entidad hospitalaria- todo lo cual agravado por la conplejidad técnica del tema y el denominado por la doctrina "secreto de quirófano".

Asimismo ha llevado a la doctrina y la jurisprudencia a otrogarle suma importancia a las presunciones judiciales, apartándose así en casos excepcionales de la aplicación rígida de los preceptos para obtener la resolución materialmente justa.Estas reglas de distribución de las cargas de la prueba atienden más que a la condición de actor o demandado a la naturaleza de los hechos que deben ser probados teniendo en cuenta quien está en mejores condiciones para hacerlo. Tratándose de un profesional de la medicina reviste fundamental importancia la existencia de la historia clínica que debe imperiosamente contener una descripción exacta de todos los estudios y análisis que se hallan practicado. La falta de aporte de tales datos podría implicar una voluntaria ocultación de antecedente que no favorecerían al cirujano. Estos datos suministrados por él en la historia clínica deben ser científicamente explicables y empíricamente correctos por cuanto pueden producir en el cuerpo humano consecuencias que, aunque mutilantes o incapacitantes, encuentren su justificación en la necesidad de practicarlos. Esta necesidad científicamente apoyada, sólo puede surgir suficientemente demostrada de una historia clínica correctamanete elaborada. "Las deficiencias de la historia clínica, su desaparición o pérdida de elementos cuya custodia incumbe al nosocomio demandado, no puede redundar en detrimento del paciente debido a la situación de inferioridad en que se encuentra".En virtud del las normas éticas de entidad jurídica, cuando se practican operaciones mutilantes, se requerirá el consentimiento informado del paciente, salvo que durante el acto de intervención la necesidad así lo justifique.En cuanto al daño biológico o daño a las personas "cuando la víctima resulta disminuída en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por daño moral, pues la integridad física tiene por si misma un valor indemnizable".
Querellante, AFIP DGA, estupefacientes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Administración Nacional de Aduanas s/ Parte querellante.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-22

La Administración Nacional de Aduanas no resulta afectada de un modo real, especial, singular y directo por los delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes que constituyen el objeto de la causa, aún cuando uno de los imputados ostente la condición de funcionario aduanero, ni la contemporaneidad con otros delitos distintos a él.
Legados, nulidad relativa
Materia: CIVIL
Carátula: Vigano, María Cristina c/ Sattler, Eduardo Julio s/ Nulidad de legado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-28

El legado de cosa ajena es un acto jurídico anulable, ya que el vicio que se denuncia no aparece manifiesto y se hace necesario realizar una investigación de hecho para hacerlo ostensible o sea, para acreditar la falta de titularidad del testador sobre el bien objeto del legado (arts. 3752 y 1045 C. Civil).

La venta o disposición de un bien ajeno no conculca el "interés general", no pudiendo -entonces- su nulidad declararse por el juez sino a pedido de parte, es decir, de aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes (arts. 1047 u 1048 C. Civil).
Concurso preventivo, homologación del acuerdo preventivo, verificación de créditos, acreedor no verificado, ejecución prendaria
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO  BANADE c/ BRAÑIZAN, JOSE ROQUE MATKOVICH, ALBERTO s/ EJECUTIVO PRENDARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-25

La ley 22.917 introdujo una importante reforma en el artículo 22, inciso 1 de la ley 19,551, respecto de las ejecuciones de garantías subordinando ya sea su iniciación o continuación a la previa presentación del pedido de verificación de créditos. Nada dice, respecto de los acreedores que no pidieron la verificación de sus créditos e intenta hacer valer sus derechos después de haberse dictado la pertinente resolución judicial declarando finalizado el concurso. En este supuesto, dicha resolución no implica la extinción del crédito.

En consecuencia, el acreedor que omitió pedir la verificación deberá accionar mediante el trámite procesal (en la especie, continuar la ejecución), pero le serán de aplicación las cláusulas del acuerdo en lo que sea pertinente, ya que la inactividad del acreedor no puede derivar en ventaja alguna sobre los demás acreedores.

En tales condiciones, no cabe decretar suspensión alguna, debiendo continuar la ejecución, a la cual le podrán ser oponibles las cláusulas del acuerdo homologado, en cuanto pudieran resultar aplicables.
Actualización monetaria, convertibilidad, intereses, tasa activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Caja de Ahorro S.A. c/ Alfano Jorge s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

Tratándose de la ejecución de un certificado de deuda, operación netamente comercial, resulta aplicable para la determinación del interés lo previsto en el artículo 565 del Código de Comercio, es decir la tasa activa que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento ordinario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Automotores, transferencia del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gurriere, Luis Alberto c/ Empresa de trasporte Martin Güemes S.A. y otra s/ Transferencia automotor. Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-18

Cuando el "pseudo vendedor" que no es el titular registral, situación bastante frecuente que se produce cuando el automotor ha pasado de "mano en mano" pero sin efectuarse jurídicamente su inscripción registral, se puede accionar contra aquél por vía de subrogación establecida en el art. 1196 del Código Civil y, obviamente, en caso de litigio judicial habrá que sujetarse a lo dispuesto por el art. 114 y concordantes del Código Procesal.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, proceso penal, prisión preventiva, excarcelación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: ROBERTO EDUARDO VIOLA s/ ARRESTO,  DETENCION,  PRISION  PREVENTIVA  - RECURSO EXTRAORDINARIO -  SENTENCIA  DEFINITIVA - PRIVACION ILEGITIMA DE  LIBERTAD,  TORMENTOS,  HOMICIDIOS - DECLARACION INDAGATORIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-05

No puede obviarse el límite de la falta de sentencia definitiva con el argumento de que no sea excarcelable el delito por el que se decreta la prisión preventiva. En los casos excepcionales en los que se admitió el recurso extraordinario contra decisiones que denegaban la excarcelación, mediaba la alegada inconstitucionalidad de normas impeditivas de aquélla o vicios sumamente graves de pronunciamiento denegatorio.
Concursos, apertura del concurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: IEPSI S.A. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18

Si bien se ha incurrido en una deficiente técnica al no volcar en el escrito de inicio el detalle que exige el art. 11, inc. 3ro., de la ley 24522, puede entenderse cumplimentada tal exigencia mediante el acompañamiento de las fotocopias glosadas al interponerse el recurso aquí considerado, las que obviamente han estado a disposición del juzgador para su análisis. De tal modo, sin perjuicio de advertir que aquella deficiencia derivó en un desgaste jurisdiccional evitable, debió requerirse por el juzgado que los datos que se estimaban faltantes fueran trasladados a la pieza procesal correspondiente sin necesidad de aplicar el remedio excepcional previsto por el art. 11, último párrafo de la ley concursal.-
Haberes devengados, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Lilliecreutz, Carlos Julio y otros c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-08

Los importes devengados al tiempo del fallecimiento del causante deben ser percibidos por su viuda a la que se le otorgó pensión, de conformidad con las disposiciones del art. 20 de la ley 14.370 (cfr. C.S.J.N., sent. del 03.12.02, "Salgueiro, Elida Josefa c/A.N.Se.S."). Ello así, porque el derecho a pensión por fallecimiento del causante surge en virtud de un título que otorga la ley; es decir, que se es continuador legal por derecho propio y no por el carácter hereditario. En igual sentido, el Alto Tribunal sostuvo que la facultad del reclamante (pensionada) para hacer valer ese derecho "no deriva de su título de heredera, sino de beneficiaria previsional que le reconoció el propio Organismo Administrativo demandado, y que proviene de un llamado directo y personal de la ley" (cfr. "Herrasti, Soledad c/ IMPS").
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, admisibilidad del recurso, juicios en que la Nación es parte, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Caprecom c/ BCRA. y otro s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

El recurso ordinario de apelación es formalmente admisible , toda vez que la Nación es parte en el pleito y el monto discutido en último término supera el mínimo que prevé el art. 24, inc. 6), ap.

a), del decreto - ley 1285/58 y la resolución de la Corte n.

1360/91.
Presunción de inocencia, prisión preventiva
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CORREA, Horacio Nicomedes s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-20

El art. 18 de la C.N. consagra el llamado principio de inocencia, al prohibir que los ciudadanos sufran pena -es decir una disminución de bienes derivada de la comisión de un delito- con anterioridad a que tanto la existencia y a la autoría de éste, cuanto la calidad y medida de la sanción, sean establecidos por una sentencia.

A su vez, resulta necesario que la sociedad cuente con medios para prevenir que el delincuente pueda frustrar la eventual concreción de su responsabilidad. Ello se refleja en la misma norma constitucional, cuando permite el arresto por orden escrita de autoridad competente.

La necesidad de hacer razonablemente compatibles ambas exigencias, que de ser concebidas de modo absoluto se excluirían recíprocamente, dan base a la admisibilidad del encarcelamiento preventivo y a los límites que a éste fija el legislador, principalmente a través del instituto de la excarcelación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, presunción de contrato de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Prunello, Leonardo Joel c/ Orlando Manuel Ageno E Hijos S.R.L. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-15

En relación a las quejas por la denegación del recurso de apelación, cabe señalar que todos los cuestionamientos del impugnante, si bien encasillados en distintas hipótesis de arbitrariedad -tales como auto-contradicción, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de autos y de la normativa, resolver sin analizar las pruebas y limitándose a aplicar presunciones legales-, confluyen derechamente a revelar la disconformidad del mismo con la solución otorgada por la Sala, respecto de cuestiones atinentes a la valoración probatoria, interpretación y aplicación de normas derecho común, pero sin persuadir a este Tribunal que luzca irrazonable lo decidido por la Sala que, en sintonía con lo resuelto en primera instancia y para considerar acreditada la existencia de la relación laboral entre las partes, tuvo en cuenta que el demandado había reconocido la prestación de servicios del actor en su organización empresaria, por lo cual resultaba aplicable la presunción legal prevista en el artículo 23 de la ley 20744, y la del artículo 55 del mismo cuerpo normativo en virtud de la omisión del demandado de presentar los recaudos laborales consignados en la demanda, a lo cual agregó, que no era tal la alegada orfandad probatoria en la que, a criterio del recurrente habría incurrido la Jueza de grado, en tanto esa insuficiencia de pruebas puede ser invocada a los efectos de revertir la presunción de existencia de contrato de trabajo pero, por el contrario, en el caso -conforme lo expuesto por la Sala- la posición del recurrente fue la de reconocer los servicios prestados por el actor con carácter de dependientes y con cierta eventualidad o ejecución parcial referida a la modalidad del contrato de trabajo, frente a lo cual la quejosa no hace más que reiterar su propio enfoque de la cuestión debatida sin lograr desvirtuar los fundamentos dados por el A quo para resolver como lo hizo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículos 23, 55 y 92
Responsabilidad del Estado, régimen penal de la minoridad
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Mendoza, Cesar Alberto y Otros c/ República Argentina s/ Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ República Argentina s/ Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ República Argentina s/ Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones Argentina s/ Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. s/ Penas de Privación Perpetua de la Libertad
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-05-14

Debe comprometerse el Estado Argentino a no volver a imponer las penas de prisión o reclusión perpetuas a ninguna persona por delitos cometidos siendo menor de edad -adecuando su ordenamiento jurídico interno-, garantizando que quienes en la actualidad se encuentren en tal situación puedan obtener una revisión de las condenas conforme a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, recusación por prejuzgamiento, sentencia, competencia por conexidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bustos Cesar Javier c/ GCBA s/ Recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

No configura prejuzgamiento el haberse dictado sentencia en otro asunto idéntico o semejante, aunque exista conexidad entre ambos.
Aduanas, importaciones, exportaciones, tributos aduaneros, facultades de la DGA, impuestos internos
Materia: TRIBUTARIO-ADUANERO
Carátula: Argentini, Héctor M. y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

La sinonimia constitucional entre aduanas nacionales y exteriores (arts. 9 y 10 de la Ley Fundamental), indica que los tributos que por esencia deben percibir las aduanas son los "derechos de importación " y "derechos de exportación" (arts. 4 y 75, inc. 1 de la Constitución ), pero no impide que le sean encomendadas la aplicación, percepción y fiscalización de otros tributos, como los impuestos internos al consumo (art. 23,inc. c), del Código Aduanero (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Beneficio de litigar sin gastos, tasa de justicia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gregoraschuk Miguel Gregorio y Otra c/ Farabello Santiago José y Otro s/ Sumario por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-05-14

Los efectos del beneficio de litigar sin gastos se extienden a la tasa por interposición de la demanda, cuando la misma aún no ha sido notificada y por dicha circuntancia fue ampliada luego de promovido el mismo.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, recursos, exceso ritual manifiesto, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Peralta, Carlos Alberto y otros c/ Dirección de Energía de Buenos Aires. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Si bien las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos ante los tribunales de la causa no justifican - en principio y dada su naturaleza procesal - el otorgamiento de la apelación extraordinaria, cabe hacer excepción a dicha regla si se advierte que, mediante un exagerado apego a las formalidades de la vía elegida, se ven afectados derechos que gozan de amparo constitucional.
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, intervención quirúrgica, consentimiento del paciente, deber de información, información sanitaria
Materia: CIVIL
Carátula: ALVAREZ OVIEDO, Ricardo c/ SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-30

Si en salvaguarda de la salud del paciente y para evitar un mal mayor, el médico, en virtud de la situación planteada en el acto quirúrgico, procedió sin el previo consentimiento escrito del paciente, su conducta podrá considerarse razonable, si previo a la operación se le informó debidamente al paciente de las derivaciones posibles y eventuales de la intervención, y éste las consintió.
Transporte de pasajeros, responsabilidad del transportador, responsabilidad de la empresa ferroviaria, obligación de seguridad, eximentes de responsabilidad, prueba
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Bulacio, Luis  Alberto y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otra s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

El transportista asume una verdadera obligación de seguridad que consiste en llevar sano y salvo al pasajero hasta su lugar de destino, por lo que cualquier inconveniente que éste sufra, configura, en principio, un incumplimiento de la debida prestación del transportador y da nacimiento a la responsabilidad, a menos que demuestre la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Enfermedad accidente, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Giabbanelli, Eneas Jose c/ Sevel argentina S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

La prescripción de la acción derivada de una enfermedad accidente comienza a correr desde que el trabajador conoce el grado de incapacidad que le ocasiona la dolencia que sufre.
Terminación del proceso, transacción
Materia: PROCESAL
Carátula: INTERCARGO S.A.C. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

No existe transacción si subsiste discrepancia sobre algún aspecto del negocio, aunque sea mínima la importancia del desacuerdo (conf.

C.N.Civ., Sala F, 9/3/61, Ed. 1-25).
Modalidades del contrato de trabajo, contrato de trabajo de temporada, nueva temporada, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ ENRIQUE BELARMINO c/ ORTIZ MANUEL (H) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-11-24

Con respecto al agravio relativo a la falta de notificación del reinicio de la temporada por parte del empleador, corresponde señalar que en el esquema legal actual, el art. 98 LCT ha colocado en cabeza del empleador la carga de preavisar, por alguno de los medios previstos legalmente y con una antelación no menor a treinta días, su voluntad de reiterar la relación en los términos del ciclo anterior. El cumplimiento de esta comunicación resulta de fundamental importancia, a punto tal que si el empleador no la realiza o la efectúa extemporáneamente, se debe considerar rescindido unilateralmente el contrato, resultando aquél responsable del pago de las indemnizaciones que acarrea esta extinción. Sin embargo, tal principio presenta algunas salvedades, y en este orden de ideas esta Corte, con cita a José Daniel Machado en la obra colectiva: "Ley de Contrato de Trabajo" de Antonio Vázquez Vialard y Raúl Horacio Ojeda, T. II, págs., 40/41, ha expresado que "la omisión del empleador (o la extemporaneidad de la convocatoria en su caso), queda redimida si es el trabajador quien intima la dación de tareas o la aclaración de situación laboral y obtiene una respuesta satisfactoria, dado que en tal caso mediaría una expresión de voluntad concurrente a favor de la continuidad y sendos actos propios en tal sentido que inhiben luego alegar el incumplimiento de la carga ajena. Lo mismo ocurriría si, no mediando comunicación alguna, ambas partes incurrieran en comportamientos inequívocamente continuatorios" (CSJT, sentencia N° 724 del 01/10/2010) . Vale decir que las consecuencias que acarrea el incumplimiento de la carga legal impuesta al empleador no son absolutas, pues la extinción de la relación laboral puede considerarse no verificada en determinadas situaciones puntuales, tal como sucedería si existieran comportamientos comunes de ambas partes que inequívocamente evidencien la voluntad de continuar la relación.
Remuneración, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Leonardi, Sergio D. c/ Anzorena, Norma s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

Es principio dominante en materia de embargo de sueldos y salarios que toda deuda permite la afectación de los haberes del trabajador, más solamente en la proporción establecida por la ley 9511 (veinte por ciento). Pero tratándose de empleados públicos (entendiéndose por tales a todos cuantos perciben sueldos del Estado), la inembargabilidad es total cuando las deudas se originan en préstamos de dinero, o en suministro de mercaderías, salvo que se haya cumplido la certificación o afectación contempladas en el artículo 2° del Decreto ley 6754/43; pudiendo en este último supuesto embargarse sólo el 20 por ciento de la remuneración. Si del documento ejecutado no surge la causa de la obligación, atento a que no cabe investigarla, debe interpretarse en forma restrictiva esta legislación de carácter proteccionista y excepcional (Cód. Proc. arts. 219, inc. 3° y 542 inc. 4°