Excepciones procesales, indulto, Constitución Nacional, procesado, Fuerzas Armadas, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "SUAREZ MASON, Guillermo y otros...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-01

Resulta claro que la prohibición derivada del art. 29 de la Constitución Nacional, en cuanto fija límites materiales para el otorgamiento de perdón a determinados delitos constitucionales, define también los alcances de la facultad de indultar: los hechos ilícitos que impliquen el ejercicio del poder prohibido por la cláusula constitucional no pueden ser amnistiados ni indultados. Incluso en este ámbito puede afirmarse que si la Constitución Nacional se ha reservado para sí la clausura de determinadas conductas, no es posible entender que se otorgue autoridad a ningún poder de gobierno (sin las atribuciones contenidas en el art. 30 CN) para que anule aquella prohibición expresa.En similar sentido se ha decidido en la anterior indtsnvis al sostener, mediante un análisis correcto del alcance del art. 29 de la Constitución Nacional, que "una ley del Congreso (de amnistía) y menos aún, un decreto del Ejecutivo (de indulto), ya por su sola ubicación en la escala normativa, pueden avasallar el poder y voluntad constituyente en una cuestión tan sensible a la historia argentina como la asunción y/o ejercicio de facultades extraordinarias o la suma del poder público....Si se pensara que los legisladores tienen la facultad de invalidar disposiciones constitucionales mediante leyes de amnistía o el Presidente por medio de un simple decreto, imperaría la lógica del absurdo mediante la cual debieramos concluir que la misma Constitución dentro de las competencias del Congreso o el Ejecutivo, según el caso, entregaría los medios para burlarla, o entender que una de las normas más imperativas y categóricas que contiene la Carta Magna es optativa justamente respecto de quienes intenta marcar un camino por el cual no transitar.". Puede establecerse entonces, como primera derivación del mandato constitucional, que la prohibición contenida en la norma examinada incluye no sólo a la conducta de aquellos legisladores que concedieran al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, la suma del poder público u otorgaran sumisiones o supremacías (lo que hemos denominado poderes totales), sino también la de los miembros de este último que asumieran estas facultades, pues la actuación estatal sin límites implica necesariamente la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La derivación lógica de estos preceptos exige que no puedan ser perdonados (mediante amnistías o indultos) tanto quienes concedieran ese poder prohibido, como aquellos que lo hubieran ejercido, en tanto en los términos del art. 30 de la Constitución Nacional, sólo una Convención Constituyente sería el órgano dotado de las atribuciones que se requieren para modificar o derogar un precepto constitucional.

Es claro que en la organización constitucional resultaría inconcebible que luego de consagrar una prohibición, se estableciera un mecanismo para burlarla o se dejara en manos de alguno de los poderes de gobierno la posibilidad de anularla.Finalmente, la consecuencia más importante a los fines de esta decisión es que las facultades del Poder Legislativo de dictar amnistías generales como las del Poder Ejecutivo de indultar deben ser limitadas en cuanto a su contenido, ante la imposibilidad de incluir delitos tipificados por la misma Carta Magna, como en el caso, el ejercicio de facultades extraordinarias o la suma del poder público. En este sentido, y tal como sostiene el Sr. Juez de la anterior instancia, los hechos investigados pueden ser incluidos en el marco del ejercicio ilegal por parte de quienes usurparon el poder entre los años 1976-1983 del poder total que el constituyente prohibió en la norma constitucional analizada; en tanto significaron el sometimiento de la vida, honor y fortunas de los argentinos a dicho gobierno o alguna de las personas que lo conformaron. Por estas razones es que no pueden ser -como se ha dicho en pronunciamientos anteriores- amnistiados ni indultados, pues ello implicaría la impunidad de hechos atroces y aberrantes cuya comisión con las características ya detalladas, ha sido constitucionalmente prohibida mediante la cláusula 29 de la Constitución Nacional