marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Causa de las obligaciones, inhabilidad de título, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: DIDEFON SA s/ YPF SE S/ LESION O IMPREVISION CONTRACTUAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

El debate sobre la legitimidad de la causa de la obligación se halla expresamente vedado a fin de establecer la procedencia de las excepciones de falsedad o inhabilidad de título (art. 544, inc. 4, del Código Procesal); sin embargo, la rigidez de esta disposición ha sido atenuada por vía jurisprudencial en los supuestos en los que resulta demostrado de manera palmaria o surge en forma manifiesta de las constancias de la causa que se trata de una deuda total o parcialmente inexistente (esta Sala, causa 2.181/97 del 7.12.99 -y sus citas-; Sala 1, causa 3.570/99 del 19.12.00 y Sala 3, causa 4.637/98 del 1.6.99). Más todavía, en un antiguo pronunciamiento (Fallos 190:132), la Corte Suprema aceptó que en la ejecución de honorarios regulados judicialmente podía oponerse la excepción de inhabilidad de título fundada en la falta de derecho a cobrarlos (esta Sala, causa 221/98 del 23.5.07).
Empleador, facultades disciplinarias del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA OCON CARLOS RAFAEL c/ A.P.E. EMERGENCIAS MEDICAS s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-11

Conforme se desprende de la letra del art.67 de la L.C.T., el empleador dispone de facultades sancionatorias, las que deben ser proporcionadas a las faltas o incumplimientos en que incurriere el trabajador, debiendo ser acordes con la gravedad de las mismas.

Ahora bien, dicho poder sancionador no puede ser ejercido en forma absoluta, indiscriminada o arbitrariamente ya que, entre otros principios, se encuentra el de la proporcionalidad o razonabilidad entre la falta y la pena aplicada.
Acción de amparo, bien jurídico protegido, Derechos humanos, derechos individuales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

El artículo 43 de la Constitución Nacional, en cuanto a los derechos tutelados por el amparo, habla simplemente de "derechos reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley", debiéndose desentrañar el sentido y alcance que tiene dicha expresión. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Siri", utilizó la expresión "libertad constitucional". En "Kot", en cambio, la mayoría hizo referencia a "los derechos esenciales del individuo" o "de las personas" o "de la persona humana", "derechos humanos" -porque son los derechos esenciales del hombre- y "derechos fundamentales de la persona humana" y la minoría, por su parte, dijo que "no todos los derechos de que una persona puede ser titular están incluidos en el concepto jurídico de 'garantía constitucional'tutelado por la acción o recurso de amparo. Para que un derecho individual revista este carácter es preciso, en principio, que se trate de un derecho público subjetivo reconocido al hombre "frente al poder público". En otras ocasiones, empleó las denominaciones "derechos humanos consagrados por la Constitución Nacional" o "derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional" o bien habló de "derechos fundamentales".(Del voto del Dr.

Ulla).
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fabiani, Marta Susana c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15

No reúne el requisito de haberse encontrado a cargo del causante para obtener la pensión respectiva quien por entonces se desempeñó como empleada de la Administración Pública, situación que le permitió afrontar las contingencias de la vida y cubrir sus necesidades mínimas.
Recurso contencioso administrativo, defecto legal, demanda, pretensión, exceso ritual manifiesto
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: MACKENTOR SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   EXCEPCIONES.     CSJ EXPTE NRO 165-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-08-26

No cabe acoger la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda deducida por la Provincia, porque si bien en el escrito introductorio del recurso existen deficiencias expositivas deplorables ya que no hay un adecuado ajuste a la terminología empleada, ni siquiera indiciariamente puede avizorarse un intento de la actora de variar su pretensión originaria ni tampoco se vislumbra que el escrito introductorio engendre duda alguna a la accionada, que en su propia sede, con diversos actos de asesoramiento y decisión, denegó el reclamo interpuesto. Lo contrario constituiría un excesivo ritualismo que impediría la posibilidad efectiva de acceder a la justicia, desvirtuando de tal modo el proceso como medio axiológico, para convertirlo en un simple reservorio de incidencias técnicas sin sustento legal.
Régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, deuda previsional, prórroga del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maidana, Ramón Inocencio c/ Estado Nacional (E.M.G.E.) s/ Personal Militar y Civil de las F.F.A.A. y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

La prórroga en la fecha de corte para la consolidación de deudas previsionales tiene por objeto comprender en la consolidación deudas posteriores al 1/4/91, incluyendo en el régimen las originadas con anterioridad al 31/8/92, pero ello no modifica el régimen establecido para las deudas consolidadas.
Contrato de trabajo, remuneración, viáticos
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, RAQUEL NOEMI c/ SEARCH ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-09

Por viático debe entenderse las sumas de dinero que se entregan al trabajador para soportar ciertos gastos que le impone su trabajo fuera de la empresa. El hecho de que un convenio colectivo de trabajo denomine "viático" a una suma fija no sujeta a comprobantes de gastos, y asimismo determine que esas sumas "tendrán carácter no remunerativo" (tal lo que ocurre con el art. 33 del C.C.T. 507/07) no es suficiente para excluirlo del concepto genérico de remuneración a que hace alusión el art. 103 L.C.T.. En estos casos cabe computarlo en la base salarial.
Asociaciones sindicales, estabilidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Roberto c/ Municipalidad de Río Grande s/ Indemnización despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-05-07

La finalidad perseguida mediante la tutela sindical es permitir a los representantes de los trabajadores ejercer dicha representación sin las presiones en contrario de las que podrían eventualmente llegar a ser objeto por parte de los empleadores, pero ciertamente la referida garantía no permite modificar o alterar los términos originales de la relación que une a las partes. Por ello, no cabe asignarle a la estabilidad sindical normada por la ley 23.551 otra finalidad que la protección misma de los representantes gremiales contra una eventual práctica desleal que puedan realizar sus empleadores, pero no valerse de la misma para alterar la naturaleza de la relación entre las partes (del voto del Dr. Carranza).
Legitimación procesal, acreditación de la personería, orden público, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Redondo, Néstor Fabián c/ Lima SRL s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-27

La demostración de la personería involucra una cuestión de orden público, que hace a la correcta integración de la litis, en tanto constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico procesal. De ahí que puedan formularse las respectivas impugnaciones o resolverse de oficio la ausencia de personería en cualquier estado del trámite.
Cláusula penal, mora
Materia: CIVIL
Carátula: MECCA, Osvaldo c/ MUÑOZ, Eduardo Enrique y otro s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-29

Las deudas de dinero deben ser revalorizadas en caso de mora del deudor. Acerca de ello deben distinguirse dos situaciones: la mora en la ejecución de las obligaciones contractuales y la del reclamo al pago de la pena pactada. Hasta el momento en que la pena se hace exigible no puede el acreedor exigir más; rige el principio de la inmutabilidad. Pero si ya ha surgido la obligación de pagar la multa puede producirse la mora en la ejecución de tal obligación, ordinariamente como consecuencia de la interpelación dirigida por el acreedor, situación en la que tiene derecho a la actualización de la pena. (Conf.CNCiv. Sala C, L.L. 1978-A-170; id.id. E.D. 86-617; id.

Sala A. E.D. 80-733; id.id. E.D. 109-294).- Sostener la indexación de la pena compensatoria al margen del estado de mora en su cumplimiento, es contrariar doctrina plenaria, (conf.

CNCiv. en pleno J.A. 1977-IV-3), cuando la pena es de dinero, decir que en este caso la mora de la obligación principal se extiende a la pena, es confundir todas las cosas, porque indudablemente la accesoriedad de una sobre la otra no importa que estén unidas en su proyección, medida y efectos, como si fueran inescindibles. Tanto así que el acreedor puede cobrar una y no la otra; requerir una y no la accesoria; pueden ser de naturaleza diferente; una indivisible, la otra divisible (Conf. CNCiv. Sala A, E.D. 80-734), ser una de constitución moratoria automática, si se pone plazo; la otra sin plazo -art. 509 del Cód. Civil.- Sin embargo, el principio referido fue, a su vez, tratado con distinciones cuando la cláusula penal tiene condición puramente moratoria. Cuando se trata de sancionar por el retardo solamente en donde la pena ya no es sustitutiva de la obligación principal, sino que la acompaña y se prevé para asegurar la ejecución en tiempo oportuno, la acumulación entre el cumplimiento y la pena es factible cuando aparezca aquélla estipulada por el simple retardo (art. 659 del Cód. Civil). Al producirse en este caso la mora en el cumplimiento de la obligación principal, queda satisfecho el hecho condicionante para la aplicación de la pena moratoria y puede ser acumulada al cumplimiento sin necesidad de opción por el acreedor, de allí que la fecha de la mora en el pago de la obligación principal coincida con la de la mora atinente al comienzo del pago de la cláusula penal moratoria (conf. CNCiv. Sala C, E.D. 86-617 y L L. 1980-D-333; c. L. 3442 "Panagiotopoulus Atanasio c/Corrientes 4757 S.A. " del 27/4/84).-
Recurso de revisión (procesal), accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: FERRER E. I. c/ N. O. GOMEZ s/ ORDINARIO - REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-10-03

Por vía de la causal del inc. 7 del art. 1272 C.P.C. se invoca la existencia de interpretaciones contradictorias del art. 9 inc.2 - aunque la cita correcta es art. 10 - de la ordenanza municipal 4550/59. La citada norma de tránsito otorga prioridad de paso a quien "se presente" por la derecha, regla a la que debe atenderse primordialmente en casos en que ambos vehículos arriben mas o menos simultáneamente a una bocacalle o encrucijada, pues a sido prevista para evitar colisiones; sin que justifique su apartamiento el haberse intentado alcanzar primero el medio de la calle. Pero la aplicación de la norma no puede hacerse desatendiendo las particularidades del caso, por lo que todo intento de establecer reglas uniformes e inflexibles significaría standarizar un criterio que obligue al tribunal de mérito a hacer caso omiso de las condiciones fácticas sometidas a juzgamiento, irrumpiendo en el sistema de la libre valoración de la prueba con sujeción a las reglas de la sana critica racional.
Impuestos, régimen penal tributario, sobreseimiento, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: SUPERCONFORT S. A. s/ Régimen penal tributario. CAUSA: 35137.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

1 - No corresponde sobreseer a tenor del art 434 inc. 2) CPMP (que supone la afirmación de que el hecho probado no constituye delito) y al mismo tiempo convocar al sobreseído para que preste nueva declaración indagatoria como sospechoso de infracción de la Ley Penal Tributaria pero en función de una disposición de esa ley distinta de aquella que se le apercibiera en su primer declaración.- 2 - El sobreseimiento de calificaciones legales es inconducente, y tampoco de ajusta a derecho el dictado de sobreseimientos para subdividir uno por uno los hechos materia de averiguación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Artuso, Luis c/ Danella, Fabián s/ Resolución de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-11-12

En los casos de denuncia de vulneración de doctrina legal es necesario que primeramente la misma se individualice, luego se exponga su similitud con el caso bajo análisis para pretender finalmente su aplicación.
Accidente de tránsito, daño material, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barrios, Faustino c/ Ayala,  Eusebio  y/o  quien  resulte  propietario  y/o quien resulte responsable s/ Sumario resulte  propietario  y/o quien resulte responsable s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-09-08

Intervención activa en el accidente es la que "causa" el daño; e intervención pasiva "no causal", estéril en cierto sentido, es la que carece de vínculo de causalidad con el perjuicio, aquella de la que no nace el daño. Si un automóvil ha sido colocado sobre la banquina de una carretera en pleno día y una motocicleta lo atropella, su intervención es "pasiva", ya que no fue la "causa" propia del daño; la que por lo contrario deberá hallarse en una distracción del conductor de la moto, o en vicio o defecto de la máquina; pero si en cambio, el mismo automóvil ha sido dejado en la carretera a la salida de una curva y sin visibilidad, o de noche sin luces reglamentarias, la situación varía y habría sí entonces, "intervención activa" de la cosa en el siniestro, ya que es la posición inadecuada del automóvil la que provocó el daño.
Estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, participación criminal, participación secundaria
Materia: PENAL
Carátula: Saldivio, María y otro s/ Inf. Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

Incurre en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en grado de partícipe secundario quien recepta para su guarda, sustancia estupefaciente por parte de quien conoce que efectúa transacciones con ella, puesto que tal situación lo coloca en posición de un permanente colaborador en la tarea de comercialización que ejecutaba la autora principal, participación que carece de relevancia para tornarla imprescindible a los fines de la transacción.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alberdi, Carlos Eduardo c/ Falconnat, Rosa Ester s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

El título ejecutivo vale por si mismo, en razón de la fuerza ejecutiva que le confiere la ley (arts. 518, 521 del Código Procesal) y corresponde a quien lo ataca deducir un planteo idóneo para desvirtuar aquélla aptitud, acompañando, en el caso del pago, específica acreditación extintiva (art. 542 inc. 6, Código Procesal).
Incidentes, costas, pago, juicio, partes, temeridad o malicia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Pedro Alberto c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (EXPTE CSJ  Nº 264-83)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

La norma del artículo 328 del Código Procesal Civil y Comercial se orienta inequívocamente a desalentar el afán incidentista entorpecedor de la buena marcha de los pleitos, instaurando un justo equilibrio entre la libertad de defensa y el interés público y privado en reducir las causas de morosidad en el servicio de justicia. Precisamente, en ocasión de gestarse aquella norma, todos los miembros de la Comisión Redactora estuvieron contestes en que una de las causas más frecuentes de morosidad judicial, era la promoción de incidentes, no siempre originados en motivo legítimo.

Con ese punto de partida, y no siendo posible coartar la libertad de promover todos los incidentes para los que exista justa causa, se llegó a dicha disposición (artículo 573 de la anterior norma procesal, ley 2924) que tiende a evitar, no sólo la promoción de incidentes improcedentes, sino también la injusta oposición a los que se deduzcan con arreglo a derecho. (De los Fundamentos del Dr.

Alvarez).
Accidente de tránsito, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Matus, Mario Javier c/ Alberghini Ana Rita Clara y Otra s/ Daños y Perjuicios - Accidente de Tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-03-15

Dado lo difícil y a veces imposible que resulta la prueba directa del hecho generador del reclamo judicial, tanto la doctrina como la jurisprudencia han elaborado una serie de presunciones, basadas en que, por lo general, las conductas humanas producen en determinadas circunstancias, análogas consecuencias. Tradicionalmente se define a las presunciones como las consecuencias que la ley o que el Juez, deducen de un hecho conocido para afirmar un hecho desconocido.
Locación de cosas, abandono de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Ungaro, Marta Beatríz c/ Spena, Patricia Gladys s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

El abandono de la cosa locada, se da cuando el locatario deja de habitarla y retira sus efectos personales sin conocimiento del locador.
Declaración de utilidad pública, expropiación, carga de la prueba, Estado Nacional, mensura, denegatoria del recurso, Dirección Nacional de Vialidad, sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad Anónima Compañía Azucarera Tucumana s/ Quiebra s/Incidente de ejecución de sentencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-28

Corresponde rechazar los agravios vinculados con la extensión de la superficie expropiada, si la ley que declara la utilidad pública es suficientemente clara en los términos del art. 5° de la ley 21.499, la extensión de terreno cuya posesión el juez ordenó otorgar fue la misma que la demandada solicitó inscribir como objeto de expropiación y -en tanto no es el Estado quien tiene la carga de probar la inexactitud de la mensura- la demandada había ofrecido como prueba un pedido de rectificación o ratificación por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, al cual finalmente renunció.
Asociaciones sindicales, tutela sindical, dirigente gremial, leyes, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Castaño, Santiago c/ Esso Serv. Fisherton y/u otro s/ Cobro de australes (Expte. Nro. 227-99, Resol. Nro. 262, Tomo 57,  Folio 120)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-03

El art. 51 autoriza al empleador a disponer cualquiera de las medidas prohibidas cuando se produjere la cesación de las actividades del establecimiento o suspensión general de las tareas; en otras palabras, exige que las actividades cesen. Reunido este requisito de la generalidad de la medida, el trabajador no podrá invocar su estabilidad, si fuera despedido, suspendido o variadas las condiciones de trabajo. Asimismo el empleador no necesita justificar la causa del cierre del establecimiento. Tal justificación será relevante en el marco del contrato de trabajo para el cobro o reclamo de la indemnización por despido arbitrario.- Otro sería el caso si se demostrara que el empleador procede al cierre del establecimiento con el propósito de impedir el ejercicio de los derechos sindicales, que no es el de autos. También variaría el supuesto si el actor hubiera invocado y demostrado que el nuevo concesionario de la estación de servicios contrató a todos o a la mayoría de sus compañeros de trabajo, excluyéndolo, caso en el que podría verse una continuidad del personal que representaba como delegado y con ello un trato discriminatorio subsumible en el inc. g) del art. 53, ley 23551 (Despedir... con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos a que se refiere esta ley).

De lo considerado cabe concluir que se demuestra en autos la improcedencia de la invocación de la estabilidad en el empleo como tutela de la actividad sindical (arts. 51 y 53 inc. g) ley 23.551).
Doctrina de los actos propios, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado  Nacional-  Estado  Mayor General del Ejército c/ Tucumán,Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

No es lícito hacer valer un derecho en contradicción con la anterior conducta interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe.
Habeas corpus, competencia contravencional y de faltas, condiciones de detención
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Incidente de Inhibitoria en Autos Dirección de Servicio Penitenciario Federal  c/  s/ habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-08

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas para entender en la totalidad de las actuaciones de habeas corpus, en tanto existe entre ellas una identidad de objeto. Ambos casos, el que ya fue resuelto por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas, y aquel que tramita ante el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, tratan sobre el agravamiento de las condiciones de detención -lo que incluye todos los aspectos, tanto relativos a la infraestructura, como a la atención de la salud y la alimentación- de las personas alojadas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a disposición de los distintos fueros penales con asiento en esta Ciudad, como consecuencia directa o indirecta de la falta de cupos de ingreso a establecimientos del Servicio Penitenciario Federal; y por tal motivo, resulta ineludible la unificación de ambas acciones y su tramitación ante un único tribunal. Esta solución se funda en razones de mejor administración de justicia que aconsejan la atribución de competencia a la justicia que previno. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi, Luis Francisco Lozano y Marcela De Langhe, por remisión al dictamen fiscal. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Derecho penal, usura, intereses, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: PENAL
Carátula: Rubén Raúl Cabrera c/ LEAL, FERNANDO HECTOR s/ USURA  AGRAVADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-06-24

El factum analizado y probado debe ser encuadrado en la figura que reprime el delito de Usura, pues valga recordar que la existencia de los requisitos objetivos y subjetivos de este tipo penal fue probada en grado de certeza. Con alusión al tipo objetivo los créditos fueron otorgados con intereses evidentementes desproporcionados.

A ello se le añadía también la otra variante comisiva de la Usura, no ligada ya a los interés u otras ventajas pecuniarias desproporcionadas con la prestación sino al otorgamiento de recaudos o garantías de carácter extorsivos, toda vez que la cobertura del pago de los intereses usurarios se garantizaban mediante la entrega física al acreedor de un bien de propiedad del deudor de cuanto menos cuatro veces el valor del crédito que respaldaba.

El carácter extorsivo de la garantía surge del hecho de exigírsele a la víctima que firme un comprobante de venta de los artículos, lo que posibilitaba la ejecución unilateral y automática de la garantía mediante el simple recurso de hacer valer el falso comprobante de venta, apropiándose del bien.