Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-09


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 9 días del mes de abril del año 2013, los miembros del Superior Tribunal de Justicia, señores Ministros: Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Fernando Salvador Luis Royer, Alejandro Javier Panizzi, Jorge Pfleger, Daniel Luis Caneo y José Luis Pasutti, se reunieron en Acuerdo, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en la causa caratulada "R., S. s/ homicidio r/v s/ Consulta" (Expediente 22.718-108-2012 "R").

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 397: Rebagliati Russell, Pfleger, Panizzi, Pasutti, Caneo y Royer.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I) La Cámara en lo Penal de la ciudad de Puerto Madryn, conformada por los doctores Rafael Lucchelli, Leonardo Marcelo Pitcovsky y Guillermo Alberto Muller, elevó las actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia por disposición de los artículos 179, inc. 2º de la Constitución de la Provincia del Chubut y 377 del Código Procesal Penal, abriendo así la competencia de este Cuerpo para conocer el proceso en el que, con fecha 17 de mayo de 2012 y mediante sentencia N° 04, se dispuso rechazar la nulidad de la acusación articulada por los señores defensores; revocar parcialmente el acápite I) de la sentencia N° 98/11 en lo que respecta a la pena impuesta a E. E. L., modificando la misma a doce años de prisión, accesorias legales y costas, dejando sin efecto la declaración de reincidencia respecto del nombrado y confirmando en lo demás dicha sentencia.

De acuerdo con la norma constitucional citada, la revisión del mecanismo legal denominado "consulta" debe contemplar la sentencia completa, sin prescindir de ninguna de sus partes, y debe efectuarse una ponderación de un segmento con otro.

En este caso y, teniendo en cuenta la pena impuesta, la revisión será respecto del mencionado L.

II) El hecho materia de acusación se describió en la sentencia de la siguiente manera: "el día 11 de mayo de 2010, E. E. L., L. D. C. y C. I. C., ingresaron al domicilio de la calle M. N° *** de esta ciudad, entre las 14.30 y 17.30 con la intención de apoderarse de una suma de dinero. Una vez adentro de la casa, golpearon brutalmente a la víctima de autos D. S. R., de 64 años de edad, a fin de reducir su capacidad de resistencia, asimismo la maniataron y amordazaron, metiendo en su boca gran cantidad de telas, que por los golpes propinados y por los elementos utilizados a los fines de lograr la reducción provocaron su muerte por asfixia mecánica. A continuación E. E. L. se retiró del lugar para aguardar a sus consortes en su vehículo, procediendo los hermanos C. a revisar la vivienda y a abrir una caja de seguridad existente en una de las habitaciones con un cuchillo, el que fue hallado junto a la misma, dándose a la fuga luego, para encontrarse con L., quien los aguardaba en su auto, una coupé Fuego, color roja sin capot, la cual se encontraba estacionada cercana a la casa de la víctima".

III) Ingresaré directamente a analizar los distintos aspectos desarrollados en la sentencia, relacionadas con la materialidad del hecho, la autoría, culpabilidad, calificación legal y pena aplicada.

IV) En cuanto a la existencia del hecho, el mismo ha sido debidamente acreditado.

El plexo probatorio desplegado en el debate ha sido lo suficientemente contundente para determinar que los hermanos C. y L. ingresaron a la vivienda que ocupaba S. R., y luego de propinarle una feroz golpiza, se dieron a la fuga sustrayendo elementos de valor que había en el lugar.

A tal fin el Tribunal tuvo en cuenta el siguiente material probatorio:

- declaraciones del personal policial que se constituyó en el lugar del hecho;

- declaración del doctor Sergio O. Hormung, que constató la muerte y lesiones de la víctima;

- declaración del doctor Herminio Rubén González, médico forense que realizó la autopsia.

V) El segundo aspecto analizado en la sentencia se vincula con la autoría del hecho.

El Tribunal de Mérito confirmó la participación de E. E. L. con los siguientes elementos:

- prueba pericial que constató la existencia de ADN perteneciente a L. en el trozo de tela rojo y azul que fuera hallada en el cuerpo de la víctima;

- declaración de M. Á. E., quien vincula al imputado al hecho;

- declaración de R. S. F., quien observó a dos jóvenes ingresar por el sector derecho del automóvil de L.;

- declaración de los hermanos C., que fue debidamente analizada por el Tribunal de Mérito, y concluyeron que sus dichos resultaban congruentes con la restante prueba arrimada al proceso.

VI) Lo atinente a la culpabilidad, se evaluó el examen médico del artículo 206 del C.P.P., y los dichos del doctor González. A través de ellos se determinó la inexistencia de causal alguna de inculpabilidad o inimputabilidad, permitiendo con ello establecer la plena responsabilidad penal de los acusados en el hecho que se les endilgó.

VII) En cuanto a la calificación legal escogida, la considero correcta.

Se juzgó acertadamente la coautoría de los acusados, ya que en el decurso del plan de desapoderar a la víctima que pergeñaron los autores, desplegaron conductas tendientes a inmovilizarla con ataduras. Aquellas encaminadas a "amordazarla" fueron las que finalmente le provocaron dificultad en la respiración, asfixia y, de este modo, la muerte.

Tal como lo ha sostenido este Cuerpo en anterior composición, el Art. 165 del C. Penal comprende el homicidio que es un resultado accidental de las violencias ejecutadas con motivo u ocasión del robo. El homicidio aquí es un suceso eventual que altera el designio del ladrón y que resulta, o de la violencia física ejercida por él para facilitar o cometer el robo o para preparar su impunidad; o de las violencias físicas que, sin ser propias del robo, son ejercidas a causa de éste por el ladrón; o, en fin, de las violencias desenvueltas por la víctima o terceros a raíz de las violencias del autor, pues la ley, a diferencia de lo que dispone respecto de las lesiones (Art. 166 inc. 1 CP), no requiere que el homicidio sea causado por las violencias ejercidas para realizar el robo, sino, lo que tiene mucho más amplitud, que el homicidio resulte del robo. (S.T.J autos "P. J. C. y otros s/ Esquel - Expte N° 10982-P-85; s.19/11/85)	VIII) Por último, estimo adecuada la pena finalmente impuesta.

Luego de analizar este tramo de la sentencia, la Cámara en lo Penal decidió morigerar la sanción punitiva y fijarla en doce años de prisión.

Al mismo tiempo, explicaron correctamente las razones por las cuales no aplicaron la misma pena al co-imputado L. D. C.

De esta manera, y teniendo en cuenta los antecedentes del caso, no advierto arbitrariedad alguna en la selección e individualización de la sanción escogida en contra del imputado L., la misma se ajusta a los parámetros que estipula la ley sustantiva y su graduación es coherente con las pautas mensurativas previstas en los Arts. 40 y 41 del C. Penal.

IX) Por todo ello estimo que el pronunciamiento dictado por el a-quo, obrante a fs. 220/47 y vta., es una decisión motivada, correctamente razonada, que ha establecido con certeza la existencia del hecho y la participación de L. en el mismo, debiéndose confirmar la misma en todos sus términos.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I.	Breve prólogo El Cuerpo en pleno interviene en el caso por consecuencia del camino excepcional de la consulta, arts. 179 punto 2 de la Constitución de la Provincia del Chubut y su reglamentario art. 377 del Código Procesal Penal.

Es que se ha elevado a ese efecto el asunto, pues la Cámara Penal de la ciudad de Puerto Madryn aplicó la pena de doce años de prisión a E. E. L., ratificando su condición de coautor material y criminalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165 y 45 del Código Penal) tal lo había declarado un Tribunal de Juicio.

La decisión de origen, más grave, lo había sancionado con la penalidad de diecisiete años de prisión y la declaración de reincidencia (art. 50 del C. Penal), pero ambas situaciones fueron revocadas por los Jueces del doble conforme.

I.	El caso. La solución 1. El colega que me ha precedido en el orden de voto ha resultado elocuente en lo que atañe a la descripción del caso sobre el que versó el juicio, fuente de la sanción.

También lo ha sido al evocar la ausencia de recurso en desmedro de la sentencias, lo que deja la situación en el distrito de la pura Consulta.

Ese campo transitaré en los renglones que siguen.

2. Coincido con el doctor Rebagliati Russell en que la sentencia de la instancia (con las reformas de la Cámara Penal) ha de ser confirmada.

Y como es de rigor brindaré, mediando el examen de ambos pronunciamientos, las razones que fundamentan el aserto.

3. Así, principiaré la exposición con el asunto atinente a la nulidad planteada respecto de la participación de un auxiliar de la Fiscalía en el acto acusatorio.

Los Magistrados de la Cámara Penal ratificaron, con tino, la decisión de aquellos del Juicio, quienes repelieron la excepción bajo el argumento de que el doctor Alexis Williams había actuado bajo la supervisión de la Fiscal General, doctora Mabel Covi, quien, por otra parte, formalizó la acusación.

Concuerdo con esa solución, que zanja el planteo.

Cuando la Constitución Provincial demarca las atribuciones del Ministerio Fiscal (y de entre ella destaca la realización de la acción penal pública) -art. 195- defiere a la Ley la manera organización y la competencia de los funcionarios que la integran.

Así lo hace la Ley V nro. 94 que distribuye -en lo que interesa- las atribuciones de los Fiscales Generales y los Auxiliares de Fiscalía.

En relación a los primeros no hay controversia alguna y creo que nada ha sido cuestionado en los folios; lo problemático es la intervención de los auxiliares.

Estos constituyen un cuerpo de funcionarios del Ministerio Público Fiscal designados por el Procurador General, seleccionados desde un orden de mérito elaborado por el Consejo de Fiscales (art. 26 de la Ley citada), para colaborar en la labor que a los Fiscales compete.

Y aunque la textura del art. 112 del C.P.P. es abierta y puede dar pábulo a interpretaciones incorrectas, queda en claro que la capacidad de estos funcionarios para actuar con cierto grado de autonomía es posible en la etapa de preparación, siempre bajo la supervisión de los Fiscales de Impugnación, Fiscales Jefes y Fiscales Generales; mas no lo es en el debate.

Al utilizar la oración ". actos propios del debate en el Juicio." (fórmula que no es perfecta en términos semánticos) la norma preceptúa que les está vedada la participación franca en los actos cruciales de ese momento del proceso, particularmente en el cardinal: el acusatorio, actividad propia y fundamental del Ministerio Fiscal en los delitos de acción publica o en los que la persecución se halle liberada de la disposición privada.

Es que, como lo indica su nomenclatura administrativa, son meros auxiliares de la tarea de los Fiscales pero no sus sustitutos, como no podrían serlo.

Creo que una interpretación armónica del texto Constitucional y de la norma reglamentaria en esa clave, sólo faculta a quienes son elegidos acorde el art. 166 a representar a la Sociedad y el Estado en el desarrollo del proceso (ver entre otros los arts. 24 y 25 de la Ley V- nro. 94).

Si el auxiliar, doctor Williams, ha actuado aquí como tal, colaborando con la Fiscal General en el ejercicio de su tarea sin autonomía alguna y fue ella la Fiscal y no otro quien expidió la acusación con lo que ello envuelve, entonces la pretensión del defensor ha sido exagerada y bien repelida.

No niego la extensión del derecho de defensa, pero reprocho su ejercicio cuando está vacío de contenido.

Proseguiré.

4. La sentencia de la Cámara Penal homologó la declaración de su par de Juicio en lo que concierne al juicio de materialidad y autoría.

A mi parecer procedió conforme a derecho.

Sin duda alguna que la muerte de S. R. sucedió en el contexto modal que quedó reflejado en el juicio, en el tiempo y espacio igualmente establecido. Es decir, la mujer fue muerta en su casa cuando terceros ingresaron para despojarla de parte de sus cosas de valor.

La alusión a los policías que ingresaron a la casa de M. *** en Puerto Madryn (los oficiales J. L. F. y S. A.) y a la Oficial L. M., de la División Criminalística, resulta clara al respecto, pues los Magistrados resumieron sus expresiones y explicaron las razones del valor otorgado.

Cabe otro tanto para los médicos que comprobaron la muerte y sus causas: el doctor S. H. (que realizó un examen macroscópico de la mujer, tal cual estaba en la casa, al morir) y el médico forense Herminio González, quien concurrió al sitio, pero a la par, y con su colega Leonardo Nacaratto, formalizó la autopsia de rigor, estableciendo fehacientemente los motivos del deceso de la R.

Este asunto no despertó polémica en el desarrollo del pleito, de suerte que no me extenderé más sobre él.

5. El tema que sí suscitó queja, al menos hasta el pronunciamiento de la Cámara Penal aunque no ulteriormente, es el de la autoría.

Pero los Magistrados que intervinieron dieron buenas razones para atrapar dentro del concepto al atribuido L. y sus consortes.	Creo que se procedió con sumo apego a las reglas que orientan el pensamiento cuando se vincularon los términos objetiva materialidad y conducta humana, y se adjudicó el proceder delictivo al encartado, que de él solo cabe ocuparse.

Traer a colación como fuente de cargo los dichos de los C. -y ya parto en el análisis- no resulta prohibido ni lesivo.

La atribución hecha por uno de los partícipes en perjuicio del otro, aun cuando se trate de colocar en mejor situación procesal, no puede dejar de ser considerada. A lo sumo deberá analizársela cuidadosamente con otros datos independientes que abonen el relato o mellen su fidelidad.

Pero ello no puede ni debe suceder "a priori", sino dentro del proceso analítico que toda sentencia implica.

Porque como bien se señala en el pronunciamiento de la Cámara Penal, la adopción del sistema acusatorio (ya había sucedido en el inquisitivo reformado o mixto) implicó la liberación de la conciencia de los Jueces atada hasta entonces por la tarifa probatoria del modelo inquisitivo.

Ahora, todas las pruebas tienen valor en la medida en que se incorporen legalmente, y el importe que se les asigne dependerá de la crítica sana de la razón, guiada por las leyes y reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común.

Y los dichos de los C. fueron, en la sentencia de grado, abonados por una frondosa evidencia que los apuntaló y que -a mi entender- es tan fuerte que bien podría prescindirse de ellos y arribar a una conclusión de igual modo incriminadora.

Pero sea como fuese, L. D. y C. I. C. admitieron -con bemoles- haber participado en el hecho causa del debate y sindicaron a L., atribución que -como se verá- los Magistrados se preocuparon por verificar.

En ese sentido, los Jueces de la Cámara evaluaron los dichos de M. Á. E. y del Comisario Néstor Gómez, como elementos de cargo, en línea con la sentencia de grado.

Sobre el tema diré que éstos no son órganos de prueba directos, por cierto. Pero reúnen la condición de testigos de las manifestaciones de un tercero (ya veremos en cada caso), situación que los convierte, cada uno a su manera, en elemento relevante para la apreciación del conjunto.

Se ha predicado de E. que vio a los C. llegar a la casa de la madre, con quien compartía el testigo, conmocionados y escuchó decir que habían ido a robar y los había llevado L. en un auto rojo.

Se ha dicho del Policía que éste expuso de su entrevista con A. V., empleador de D. C., de la que extrajo el dato de que el muchacho había concurrido a su labor asustado, con rasguños en su rostro y manos y que había señalado que se iría a Mendoza, pues había cometido un crimen.

Como epílogo de esta semblanza señalo que es correcto el precio dado a esas manifestaciones.

Ambas instancias, desde sus perspectivas de análisis, conjugaron esos medios con la demás prueba colectada, ya que les brindaron importancia en la medida en que coincidieron con otros elementos objetivos que la Fiscalía aportó al debate.

La prueba científica, con alto valor de convicción, es uno de ellos.

El examen de ADN sobre muestras obtenidas en las telas usadas para reducir a la víctima y en sus uñas, resulta capital a la hora de endilgar al trío (y a L. en especial) la naturalidad comprobada. Los Jueces han referido al testimonio del doctor B., el científico que realizó las operaciones, y poco puede añadirse sobre este tema.

Para ratificar la presencia de L. D. C. en el sitio, y validar objetivamente la veracidad de su versión, nótese que se ha ponderado -también- la huella dejada sobre una mesa del solar adonde acontecieron los hechos, circunstancia incontrastable si la hay cuando no se ha puesto en tela de juicio la presencia misma del vestigio.

Se me ocurre, por fin, que los seis magistrados que intervinieron pensaron con rectitud respecto del testimonio brindado por R. F., de quien se predicó que el día del hecho - en igual circunstancia de tiempo- había visto un coche (cupé "Fuego" roja) partir raudo una vez que dos jóvenes lo abordaron con apuro.

Claro que este postulado nace de un hecho irrefutable: L. es el poseedor de un vehículo de esas características en cuyo seno se hallaron vestigios pertinentes a la investigación.

La lógica que engarzó al trío en el evento (alguien que no fueran los jóvenes presurosos debió conducir, luego hubo que identificarlo, operación intelectual exitosa) no merece reparo ninguno y cierra el examen que venimos materializando porque resulta, a mi juicio, suficiente basamento para la declaración que las sentencias produjeron.

6. En lo que toca a la calificación legal nada puedo agregar.

La figura agravada del art. 165 del C.P. ha sido aplicada correctamente, según los estándares que administraron los Jueces de las instancias.	Cuando nos ha tocado emitir opinión respecto de la figura de marras, hemos citado a Ricardo C. Nuñez en el sentido que ". el art. 165 comprende los homicidios que son un resultado accidental de las violencias ejecutadas con motivo u ocasión de robo. El homicidio es aquí un suceso eventual que altera el designio del ladrón y que resulta o de las violencias físicas que, sin ser las propias del robo son ejercidas a causa de este por el ladrón; o, en fin, de las violencias desenvueltas por la víctima o terceros a raíz de las violencias del autor, pues la ley, a diferencia de lo que dispone respecto de las lesiones, no requiere que el homicidio sea causado por las violencias ejercidas para realizar el robo, sino, lo que tiene mucho más amplitud, que el homicidio resulte del robo." (Ver el autor en su obra citada Vol. V página 230).	Claramente aquí, a la luz de las maneras en que quedó acreditado el hecho, la estructura del tipo penal en juego ha quedado plasmada pues resulta irrelevante el logro del propósito, que en este caso se frustro.

Como los demás Jueces no veo dificultades para la configuración de la antijuridicidad, ni obstáculos para la emisión de un juicio de culpabilidad en lo que a L. concierne, hombre capaz de recibir pena.

7. En lo que a la sanción atañe y en función de que este Tribunal tiene constreñida su capacidad, asiento en que la pena de doce años no ha sido impuesta con arbitrariedad.

Así voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Como anotara el Ministro Rebagliati Russell, ha llegado a conocimiento de este Superior Tribunal, por vía de la Consulta, la condena de doce años de encierro impuesta a E. E. L., por la Cámara en lo Penal de Puerto Madryn, que confirmó la sentencia del Tribunal de Juicio en cuanto a la autoría y responsabilidad del atribuido.

II. De continuo, efectuaré un repaso de todos los extremos analizados en la sentencia.

Inicialmente, corresponde que examine la nulidad de la acusación articulada en las instancias previas, con el argumento de que aquélla había sido materializada por un Funcionario del Ministerio Público Fiscal y no por un Fiscal.

Aprobaré la conclusión a la que arribaron los sentenciadores del Tribunal a quo en punto a que la acometida debe rechazarse desde que, la sola circunstancia de que el Funcionario de Fiscalía, doctor Alexis Williams, durante el juicio tomara la palabra, indagara a los testigos e interviniera en las alegaciones finales, no puede ser interpretada como una actuación autónoma. Adviértase que la Fiscala General tuvo injerencia en toda la audiencia de debate y sólo fue auxiliada por el funcionario en cuestión.

III. La materialidad de la muerte de S. R., así como el desapoderamiento del que fuera víctima, quedó lo suficientemente acreditado a partir de los elementos probatorios arrimados al debate.

En primer término, los efectivos policiales J. L. F. y S. M. A. declararon que, encontrándose de recorrida, advirtieron desde el exterior, el estado de la vivienda de la víctima, por lo que, decidieron ingresar, acompañados por un testigo de actuación. Indicaron que una vez dentro del domicilio descubrieron el cuerpo sin vida de la occisa.

A su turno, el médico policial Sergio Hormung constató el deceso de la víctima y examinó su cuerpo en el domicilio.

El médico forense Herminio González también registró a la interfecta y evidenció en su humanidad signos de violencia extrema. Posteriormente, practicó la autopsia de rigor.

Por último, el cuadro probatorio se completó con los informes elaborados por el personal policial especializado que preservó el lugar, coordinó la inspección, levantó rastros, efectuó fotografías y filmó las diligencias.

IV. Al tiempo de considerar la autoría de E. E. L. los jueces de mérito examinaron la declaración brindada por los hermanos L. D. y C. I. C., quienes también resultaron imputados.

De manera coincidente los incusos manifestaron que L. les ofreció "hacer un laburo", que "había buena guita y era fácil". Relataron la mecánica del hecho e indicaron que L. ingresó a la casa de R., pero la abandonó inmediatamente; que ellos acometieron contra la víctima y la ataron con trapos; que L. los esperó en el interior de su vehículo; que cuando ellos regresaron al coche sin el dinero, L. retornó a la vivienda y, momentos después, volvió al auto y los tres juntos abandonaron el lugar.

A continuación, escrutaron el testimonio brindado por R. F. quien dio cuenta de la secuencia relatada por los hermanos C., en punto a la presencia del automóvil que los aguardaba a escasos metros de la casa de la víctima. El testigo declaró que el día del hecho vio el vehículo Renault Fuego, color rojo, estacionado en contramano sobre la calle S. d. A., al que ascendieron dos jóvenes raudamente por la puerta delantera derecha y que, inmediatamente, inició su marcha de manera rápida -"derrapando".

El testigo M. Á. E. declaró que vio llegar a los C. a la casa, muy nerviosos e indicó que uno de ellos, D., presentaba un rasguño en su cara. Refirió que este último trabajaba en una carnicería, por lo que no le prestó atención a las manchas de sangre en el pantalón que gastaba.

A su turno, el Comisario Néstor Ángel Gómez manifestó que una persona le había referido su inquietud por la gente que trabajaba en la carnicería, pues uno de sus empleados había llegado asustado con rasguños en la cara, que aparentemente había cometido un crimen y que se había ido a Mendoza.

Los sentenciadores también escrutaron la versión exculpatoria vertida por el imputado E. E. L., pero la desecharon pues no fue respaldada por ninguna de las pruebas colectadas.

Por último, acudieron a los resultados de las pruebas científicas realizadas. El examen genético sobre la tela que amordazaba a la víctima, arrojó la presencia en ella de material biológico perteneciente a los tres imputados.

En función de lo expuesto, encuentro razonable la valoración del plexo probatorio utilizado por los jueces para dar sustento a su afirmación sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acaecieron los hechos endilgados al imputado.

V. La cuestión atinente a la culpabilidad también fue apreciada por los sentenciadores quienes, echando mano de las pericias practicadas por el doctor Herminio González, concluyeron que E. E. L. comprendió la criminalidad de sus actos y pudo dirigir sus acciones de acuerdo a esa comprensión.

VI. En lo que respecta a la calificación legal del hecho, en la figura del robo agravado por el resultado mortal, la encuentra acertada.

Ha quedado demostrado que la muerte de la señora R. apareció como un resultado contingente de la extrema violencia empleada por los incusos para cometer el desapoderamiento, el que no llegó a ser concretado. VII. La medida de la pena seleccionada se ciñe a las pautas legales que regulan el instituto, por lo que no hay argumento para adulterarla. La reducción de la pena impuesta a E. E. L. (a doce años de prisión) es una facultad de los jueces que conocieron antes, casi exclusiva, con la sola excepción de una infracción o error en la mensura, que no se advierten en este caso.

La supresión de la declaración de reincidencia, no fueron controvertidas por el Ministerio Público Fiscal, lo cual hace que deba permanecer incólume.

VIII. Por las razones expuestas, corresponde confirmar la sentencia del Tribunal Colegiado de Puerto Madryn en cuanto a la autoría y responsabilidad de E. E. L. y confirmar el pronunciamiento de la Cámara en lo Penal de aquella ciudad, que redujo la pena impuesta al atribuido.

Así voto.

El Juez José Luis Pasutti dijo:

I. Ha llegado en consulta, por imperio de los artículos 179 de la Constitución Provincial y 377 del Código Procesal Penal, la sentencia Nº 98/2011 dictada por el Tribunal Colegiado de Puerto Madryn.

En ella se condenó a E. E. L. y L. D. C. como coautores materiales y penalmente responsables del delito de homicidio en ocasión de robo, y se declaró autor penalmente responsable a C. I. C.

Luego, la Cámara en lo Penal modificó las penas impuestas, y redujo a doce años la pena impuesta a L., respecto de quien se elevaron las actuaciones para la revisión de la sentencia.

II. En primer término y, siguiendo el orden dado por los colegas preopinantes, diré que el planteo esbozado por la defensa ha sido debidamente rechazado por la Cámara en lo Penal.

Así, la intervención del doctor Alex Williams como funcionario de Fiscalía no vulneró ninguna garantía constitucional ni mermó el derecho de defensa en juicio.

Su actuación en el juicio estuvo fiscalizada por la Fiscal General, y ha sido desplegada conforme lo dispone la Ley V nro. 94 III. En lo que atañe al juicio en sí, advierto un acierto en las conclusiones de las sentencias examinadas.

El hecho aquí investigado ha sido debidamente acreditado, y para ello se tuvo en cuenta los aportes realizados por la autoridad policial que se constituyó en el lugar, el certificado de defunción de S. R., los exámenes realizados por los doctores Hormung y González, y la autopsia practicada.

IV. La autoría del incuso, que fue el punto de controversia en la anterior instancia, también fue resuelta con acierto.

Lo manifestado por los hermanos C. en el juicio, respecto a la participación de L., ha sido avalado con el restante material probatorio colectado.

Los testimonios de R. F. y M. E., la del comisario Néstor Angel Gómez, así como la pericia de ADN sobre la tela secuestrada, confirman de manera objetiva los dichos de los co-imputados.

IV. En cuanto a la calificación legal estimo correcta la selección efectuada por los jueces.

La conducta desplegada por los autores del hecho quedó perfectamente subsumida en la figura del artículo 165 del Código Penal.

La violencia ejercida para intentar consumar el robo, lo cual no se logró, causó la muerte de la víctima.

V. Por último estimo adecuada la pena impuesta. Teniendo en cuenta los antecedentes del caso, no advierto arbitrariedad alguna en la selección e individualización de la sanción escogida contra el imputado.

VI. Por todo ello estimo que el pronunciamiento dictado por el a-quo, obrante a fs. 220/47 y vta., y la sentencia que la confirma obrante a fs. 330/52, son decisiones motivadas, correctamente razonadas. La primera estableció con certeza la existencia del hecho y la participación de L.; y la segunda cumplió con la garantía del doble conforme, debiéndose confirmar ambas en todos sus términos.

Así voto.

El Juez Daniel Luis Caneo dijo:

I. Por imperio de los artículos 179 de la Constitución Provincial y 377 del Código Procesal Penal, ha recalado en este Superior Tribunal la sentencia protocolizada con el número 98/2011, del Tribunal Colegiado de Puerto Madryn.

En su parte volitiva se condenó a E. E. L. y a L. D. C. como coautores penalmente responsables del delito de Homicidio en ocasión de robo, asimismo se declaró autor penalmente responsable a C. I. C.

Con posterioridad, la Cámara en lo Penal de la ciudad de Puerto Madryn, conformada por los doctores Rafael Lucchelli, Leonardo Marcelo Pitcovsky y Guillermo Alberto Muller, con fecha 17 de mayo de 2012 y mediante sentencia número 04, rechazó la nulidad de la acusación articulada por los Defensores, y revocó parcialmente la sentencia N° 98/11 en lo que respecta a la pena impuesta a E. E. L., modificando la misma que fijó en doce años de prisión, accesorias legales y costas, dejando sin efecto la declaración de reincidencia respecto del nombrado y confirmando en lo demás dicha sentencia.

II. En el curso del juicio se ha acreditado debidamente, tanto el desapoderamiento achacado, como el resultado letal.

La intervención inicial del personal de la Policía en momentos en que realizaban una recorrida, permitió el conocimiento de lo que había sucedido en el domicilio de la víctima, donde la encontraron sin vida.

Con posterioridad, el personal policial especializado preservó el lugar, y en inspección ocular, procedió al levantamiento de rastros, a la obtención de fotografías, y a la elaboración y remisión de los correspondientes informes.

En la determinación del estado en el que fue encontrada la occisa participaron el médico policial Sergio Hormung y el médico forense Herminio Gonzalez, quien realizó la autopsia de S. R.

III. Respecto de la autoría de los incusos se tuvo en cuenta las declaraciones brindadas por los hermanos L. D. y C. I. C.

Estos, en su calidad de imputados contaron como fueron convocados por L. para "hacer un laburo" porque "había buena guita y era facil", brindando una descripción secuencial de cómo lo habían llevado a cabo.

Relatos que el tribunal del Juicio vinculó con la versión otorgada por el testigo R. F. de donde surgía que el día del hecho vio el vehículo Renault Fuego, color rojo, estacionado en contramano sobre la calle S. d. A., al que ascendieron dos jóvenes raudamente por la puerta delantera derecha y que, inmediatamente, inició su marcha de manera rápida -"derrapando".

La ubicación del rodado y la hora en que dijo F. haberlo visto coincidía con la versión brindada por los hermanos C.

La presencia en el lugar del hecho de los imputados, inclusive de L. quien negó su participación, también fue corroborada por el exámen que realizara el doctor Néstor Basso, a cargo del Centro Genético Forense del CENPAT, quien determinó la presencia de material biológico perteneciente a los tres imputados en el trozo de tela que amordazaba a la víctima y material genético perteneciente a L. D. C. debajo de las uñas de la accisa.

Abonaron la prueba de cargo los testimonios de M. á. E. quien dijo haber visto llegar a los C. muy nerviosos y a D. con un rasguño en su cara; y el Comisario Néstor Ángel Gómez, quien manifestó que el empleador de L. D. C. le comentó que lo había visto llegar (a D.) asustado, con rasguños en la cara y sus manos, que abandonó su trabajo y supo, que por haber cometido un crimen se había ido a Mendoza con su hermano.

En fin, estimo que ha primado en la elaboración de la sentencia y su conclusión condenatoria el ejercicio de una valoración sana y racional.

IV. A la calificación legal del hecho, como Robo agravado por el resultado mortal, la encuentro acertada.

V. Asimismo, nada he de objetar al monto de pena aplicado. Tampoco a la supresión de la declaración de reincidencia porque, como bien dijeron los colegas preopinantes, no fue controvertido por el Ministerio Público Fiscal.

VI. Por lo expuesto, estimo que las sentencias bajo examen han sido motivadas correctamente y deben ser confirmadas.

Así voto.

El Juez Fernando Salvador Luis Royer dijo:

I. Como quedó establecido en los sufragios precedentes, la Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, en consideración al monto de la pena impuesta a E. E. L., elevó las actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia, en los términos del artículo 179, punto 2. de la Constitución de la Provincia del Chubut y su correlato, el artículo 377 del Código Procesal Penal.

II. Previo a adentrarme en las cuestiones de fondo, abordaré el planteo de la defensa en orden a la intervención del Funcionario de Fiscalía, doctor Alexis Williams, durante el debate.

Al respecto, observo que este agravio ha sido debidamente abordado por los magistrados del tribunal a quo, quienes descartaron la violación a garantías constitucionales y a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Es que, el desempeño del funcionario en cuestión se limitó a auxiliar a la Fiscal General, quien a su vez, controló cada una de sus intervenciones.

III. La materialidad del suceso se encuentra plenamente probada a partir de los testimonios e informes brindados por los efectivos policiales que ingresaron al domicilio de la occisa y hallaron su cuerpo. Los exámenes médicos practicados por los doctores Hormung y González, así como la ulterior autopsia, acreditaron la muerte violenta de S. R.

IV. El abordaje que los sentenciantes efectuaron de la cuestión atinente a la autoría, también merece mi aprobación.

Los jueces escucharon en primer término la versión de los hermanos L. D. y C. I. C., quienes resultaron coimputados. Ellos relataron que L. les ofreció "hacer un laburo" donde había "buena guita y era fácil" y, explicaron detalladamente la mecánica del hecho.

La exposición de los hermanos C. se encuentra confirmada por el testimonio de R. F., quien el día del hecho vio el rodado marca Renault Fuego, estacionado en contramano, al que subieron dos jóvenes y que inmediatamente, inició su marcha de manera acelerada.

A su turno, M. Á. E. declaró que vio llegar a los C. muy nerviosos a la casa y recordó que uno de ellos -D.- tenía un rasguño en su rostro.

La pericia de ADN practicada sobre el trozo de tela secuestrado, confirmó la presencia de material genético de los tres imputados en él.

Así las cosas, juzgo que la autoría de L. ha sido cimentada de manera correcta, sobre la base del abundante material probatorio arrimado.

V. La calificación legal del hecho es la correcta, desde que la muerte de la señora R. se presentó como un resultado accidental de la violencia ejercida sobre ella, para perpetrar el desapoderamiento (que finalmente no se consumó).

VI. La pena aplicada y modificada por el Tribunal Revisor se ajusta a derecho.

VII. En conclusión, voto por confirmar la sentencia protocolizada bajo el número 98/2011 del Tribunal Colegiado de Puerto Madryn en lo que atañe a la autoría y responsabilidad de E. E. L., y la emitida por la Cámara en lo Penal de esa misma ciudad en tanto morigeró la sanción impuesta al incuso.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A ---------------	1°) Confirmar la sentencia protocolizada bajo el n° 98, dictada el 15 de diciembre de 2011 por el Tribunal de Colegiado de la ciudad de Puerto Madryn, y la protocolizada bajo el n°4, dictada el 17 de mayo de 2012, por la Cámara en lo Penal de la misma ciudad.

2°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo. Daniel A. Rebagliati Russell-Fernando S.L.Royer-Alejandro Javier Panizzi-Daniel Luis Caneo-Jorge Pfleger-José Luis Pasutti-Ante mí: José A. Ferreyra Secretario.