marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reparación integral, ley vigente, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: Marítima Maruba S.A y otro c/  s/ inf. ley 24.769
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-07

Los términos "conciliación" o "reparación integral del perjuicio" son extraños a toda la normativa penal, pues aluden más a instituciones procesales civiles, no obstante ello, existen en el Código Penal figuras que se acercan a los conceptos más amplios de tales términos; así, por ejemplo la reparación al estado anterior a la comisión del delito e indemnización de los daños y perjuicios causados por el mismo. En consecuencia, la reparación integral del perjuicio aludida por el art. 59 inc. 6 del CP en relación a la víctima o a su familia o a terceros, debe entenderse elementalmente compuesta por la reposición de las cosas al estado anterior al delito en los casos en que fuera posible, a la indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito y al pago de las costas procesales. Ello, sin perjuicio de otros estándares que pudieran surgir de leyes especiales relativas a cada delito en particular.
Expropiación, indemnización previa, bienes inmuebles, transmisión del dominio, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES (FAE) DEPARTAMENTO ROSARIO s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-02-24

Sustentándose la acción expropiatoria en normas constitucionales y legales, habiendo prestado su conformidad la expropiada y la sindicatura del monto indemnizatorio ofrecido por la actora al demandar determinado por la Junta Central de Valuaciones, organismo administrativo técnico encargado según la ley 7534 de determinar la indemnización de los bienes inmuebles y sus mejoras (art. 25), y habiéndose dado por satisfecha la expropiada con el importe indemnizatorio depositado con la demanda -y transferido al juicio concursal de ésta, conducta procesal que no fue objetada por la Sindicatura interviniente-, corresponde hacer lugar a la acción expropiatoria y declarar transferido el dominio del inmueble a favor de la expropiante, con costas en el orden causado.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, gravedad institucional, jueces, excesos u omisiones en el pronunciamiento, cuestiones de competencia, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Unión Obrera Metalúrgica  de  la  República  Argentina c/ Estado Nacional - Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social s/ juicio sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-03

De acontecer una cuestión institucionalmente grave - cuya existencia autorizaría al Tribunal a superar, excepcionalmente, recaudos procesales, incluso para el recurso extraordinario -, ella no residiría, en el caso, en la naturaleza del asunto planteado, sino en la intervención de un magistrado del Poder Judicial de la Nación que, en abierto apartamiento de su competencia, ha alterado el equilibrio de funciones inherentes a la forma republicana de gobierno.
Acceso a la justicia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., N. E. c/ Municipalidad de Trelew s/ Acción de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-04

Es de aplicación el ordenamiento específico que regula la competencia jurisdiccional para entender en las demandas contra acciones u omisiones del Estado Municipal, esto es, la Ley XVI Nº 46.

Ello por cuanto la atribución de competencias al Poder Judicial y la regulación de los procedimientos para el ejercicio de las acciones para instar esta jurisdicción -la judicial- es de facultad del Poder Legislativo de la Provincia (arts. 167 y 135 inc. 19 de la Constitución Provincial).

Ninguna injerencia puede tener la Carta Orgánica del Municipio, salvo en lo que hace al poder jurisdiccional municipal".
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piñel, Luis Vicente. "Luis V. Piñel S.A." c/ Criado, Héctor s/ Acción revocatoria Sociedad Anónima Estancias Williamson c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15|2003-12-10

El juez de Alzada no puede -ni debe- (art. 272, C.P.C.) decidir sobre un tema que no fue propuesto; ni aún so pretexto de interpretar las argumentaciones traídas, suplir a las partes en lo que hace a la acreditación de su derecho.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Souto, Osvaldo P. c/ Infriba S.A. s/ Diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

La declaración jurada del art. 40 del dec. ley 7718/71 carece de virtualidad probatoria en orden a la eventual falta de exhibición de tarjetas o planillas de horarios.
Proceso penal, imputado, declaración indagatoria, prueba confesional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R., S. F. s/ Robo - Procesamiento (Expte. Nro. 1045-00, Resolución Nro. 246, Tomo 56,  Folio 449)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-23

La confesión que en el acto formal de su indagatoria formula el co imputado que involucra al apelante-, si bien en su naturaleza jurídica es un medio de defensa, nada obsta que se meritúe también como un elemento indiciario cuando sus dichos fueron voluntaria y libremente expuestos, sin coacción alguna y reforzadas con pacíficas y diversas ponderaciones; el hecho de que las víctimas admitan que no pueden reconocer a los autores del atraco tampoco es mérito para una virtual exculpación, y menos en esta etapa del proceso- instrucción-, en la que sólo se juzga una probabilidad criminosa.
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: U., T.F. c/ S. SA s/ Incidente Embargo Preventivo s/ Legajo de Copias p/ SerRemitido a la Excma. Cámara de Apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-27

No procede la sustitución del embargo sobre sumas depositadas en autos cuando se pueda demorar el cobro por la actora triunfante en la demanda o la compulsa del expediente haga pensar que su probable ejecución no se haría sin nuevos y ásperos incidentes.
Nulidad del acto administrativo, reclamo administrativo previo, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BARRIL, ORLANDO MANUEL c/ DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Toda vez que la resolución cuya nulidad se impetra fue dictada de oficio pudo ser ejecutada antes que transcurrieran los plazos del art. 31 de la ley 19.549 procede dar curso a la demanda judicial en orden al régimen del art. 30 de la ley precitada y sin necesidad de reclamo previo atento regir en el caso, la excepción que establece el art. 32, inc. a) siempre de la ley 19.549.
Costas, pluspetición inexcusable
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESPEJO JORGE E. Y OTROS EN J: 29.639 ESPEJO JORGE c/ EMPRESA INDUSTRIAL Y CANTERA LAS BARRANCAS S.R.L. s/ (LIBRO: S263 - 013)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-12-27

La expresión "y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse" no libera en todos los casos del pago de las costas por plus petición, correspondiendo su imposición en los casos de petensiones abusivas o irrazonables.-
Competencia contencioso administrativa, orden público, modificación de la ley, inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Jalil, Sandra del Valle y otros c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ HABERES IMPAGOS - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-05-18

No puede ninguna disposición legal de carácter provincial excluir de la competencia atribuida a esta Corte por el art. 204 de la Constitución Provincial las causas contencioso administrativas, so pena de incurrir en inconstitucionalidad. De acuerdo con nuestro régimen constitucional -art. 104 de la Constitución Nacional- las provincias han delegado parte de sus facultades al gobierno central, reservándose algunas para sí, entre las que se encuentra el régimen administrativo provincial, que es propio de los gobiernos locales, a la vez que darse sus propias normas de derecho procesal, entre ellas, por cierto, el Código Contencioso administrativo. Por lo tanto, cualquier disposición en contrario -nacional en su caso, provincial más específicamente en el caso que nos ocupa- es inconstitucional, e inclusive los jueces deben declararlo así de oficio, máxime cuando es una cuestión de competencia, donde el orden público se encuentra comprometido y en virtud del mandato específico que atribuye esta Constitución a los jueces en la materia -art. 207 de la Constitución Provincial-.
Derecho procesal, partes del proceso, intervención de terceros, improcedencia del recurso, unión transitoria de empresas, prueba
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Ipa Argentina SA c/ Berkley International Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

Existe un impedimento procesal para que una Unión Transitoria de Empresas intervenga en un juicio como unidad jurídica. En efecto, desde el punto de vista procesal, sólo se encuentra facultado para acudir al órgano jurisdiccional -tanto sea como actor o demandado- quien tiene aptitud para ser estimado como sujeto de derecho con personalidad jurídica propia (conf. esta Sala, "Agrupación de Colaboración Grupo Paramedic c/ Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social s/ ordinario", del 27/06/17). Ello así, en el caso, la citada en los términos del CPR 94, constituida bajo la forma contractual conocida como UTE e inscripta como tal ante la Inspección General de Justicia no es una persona jurídica a la cual se le pueda atribuir legitimación en juicio. Ello surge expresamente del marco regulatorio de las mismas. En efecto, el derogado art. 377 de la ley de Sociedades como el CCCN 1442 -actualmente vigente-, disponen literalmente que éstas no constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. En definitiva, la citación debería haber sido dirigida a los integrantes de la UTE en tanto cada uno de ellos tiene el derecho de ejercer sus defensas individual e independientemente del resto de los que integran dicho contrato asociativo.
Revocación de sentencia, regulación de honorarios, base regulatoria, interpretación de la ley, aplicación de la ley, recurso de casación, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Bazzana de Acevedo, Ana María y Acevedo, María Renée c/ Izaurralde, Licia Eldaa. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que se pronunció sobre la base regulatoria y sobre lo relativo a la interpretación y aplicación de las normas de la ley 7046 de la Provincia de Entre Ríos si se trataba de cuestiones que, al haber sido consentidas, se hallaban firmes y no constituían materia sometida a la jurisdicción del tribunal superior, limitado por el alcance del recurso concedido, que solamente comprendía el agravio atinente a la imposición de las costas.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, sucesiones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: IRIBARNE, Aidee (Sucesión ab-intestato) s/ SUCESIÓN TESTAMENTARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-19

Las tareas relacionadas con el reconocimiento de una mejora instituida en el testamento, debe computarse como trabajo particular, ya que no se beneficia a todos los herederos en común, ni a la marcha de la sucesión, sino que sólo tiende a consolidar un derecho que corresponde únicamente al cliente. En el mismo sentido, la inscripción de la declaratoria de herederos, respecto de los bienes adjudicados a distintos sucesores deben ser considerados trabajos particulares, a cargo de los herederos a quienes benefician.
Costas, exención de costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ruibal, Alfredo Sebastián c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y ot. s/ Usucapión y beneficio Castro de Diz, Norberta H. c/ Gomez, Oscar S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21|2000-02-29

La enfática consagración del principio objetivo de la derrota en la primera parte del art. 68 de la ley adjetiva admite la facultad judicial de eximir al vencido total o parcialmente de la condena al pago de las costas cuando se encontrara mérito para ello (art. 68 2da.parte Cód. cit.), mas tal facultad reviste carácter excepcional y de interpretación restringida, sustentándose en razones de equidad, situación que se configura en aquellos supuestos en que sobre el tema existe divergencia doctrinaria o jurisprudencial o si existe convicción fundada acerca del derecho que se invoca y que se asienta en cuestiones que suscitan la aplicación de nuevas leyes o cuando se trata de una situación de gran complejidad jurídica.
Sociedades comerciales, rendición de cuentas, administración de la sociedad, socios
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARCANTONIO V. c/ COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DE BUENOS AIRES. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-30

Tratándose de sociedades regulares, las rendiciones de cuentas y los resultados de la gestión de los administradores deben expresarse a los socios mediante los ejercicios sociales y la documentación que en tales oportunidades ellos tienen que considerar.
Recurso de casación, orden público
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cañete, Domingo Miguel s/ Homicidio simple- casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-05-09

La casación, en la categoría que el legislador le ha asignado en nuestro sistema procesal, no se agota en la respuesta a las pretensiones de las partes o en la satisfacción de sus intereses particulares -aunque es la llave que abre su tratamiento- sino por el contrario, como fin último, en la persecución de satisfacer el interés del orden público en juego. (Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián.)
Pena privativa de la libertad, ejecución de la pena, reglamentos carcelarios, sanciones penitenciarias carcelarias, observancia de los reglamentos carcelarios, informe de establecimiento penitenciario, facultades del juez, libertad condicional, conducta del interno
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Chesa, Gabriel Ramón s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-13

El cumplimiento de los reglamentos carcelarios que exige la ley debe ser interpretado en cada caso particular, pues no cualquier sanción disciplinaria es apta para negar el acceso a la libertad anticipada. Es que los informes carcelarios, no son determinantes de la decisión de los jueces, tratándose de un relato o noticia acerca del modo en que se ha comportado el interno durante el tiempo de encierro y que aquellos deben evaluar en concreto. En el caso, y en atención a los distintos informes carcelarios colectados en la incidencia, el Consejo Correccional dictaminó que, atento a las consideraciones vertidas en la causa, el condenado no ha internalizado pautas de conducta ni normas de comportamiento necesarias para un reintegro a la vida libre. Que por consenso de criterios los integrantes del Consejo concluyen en no propiciar la solicitud de reconsideración de la libertad condicional interpuesta. Teniendo en consideración lo expuesto, y de conformidad con el artículo 104 de la ley n° 24.660, que establece "La calificación de concepto servirá de base para la aplicación de la progresividad del régimen, el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, conmutación de pena e indulto", entiendo que el condenado no ha podido convivir ordenadamente durante el tiempo de encierro por lo que puede inferirse que tampoco lo hará en sociedad, toda vez que su comportamiento no evidencia respuestas positivas de readaptación y de posible resocialización. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia).
Prueba, apreciación de la prueba, nulidad procesal, exhibición de objetos secuestrados, reconocimiento por fotografía, acta de secuestro, falta de firma, procesado, reconocimiento en rueda de personas, reconocimiento en sede policial
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FILANDINO, R. M. s/ PRUEBA - NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-20

Las pruebas deben ser evaluadas en el contexto del fallo, sin que lo atinente a su validez o nulidad deba asentarse en su parte dispositiva.

Resulta incuestionable la exhibición de los efectos del delito, efectuados a través de placas fotográficas, especialmente si se repara que la nulidad que se invoca no se encuentra entre las expresamente establecidas por el C.P.M.P. (art. 696 ord. cit.).

La falta de rúbrica del procesado en el acta de secuestro o su negativa a suscribirla carece de relevancia penal, si fue llevada a cabo de conformidad con lo prescripto en el art. 215 C.P.M.P.

Resultan válidos los reconocimientos que en rueda de personas se llevan a cabo en sede policial, ya que están dentro de las facultades otorgadas a los funcionarios policiales por el código instrumental (art. 184, inc. 8 C.P.M.P.), máxime cuando de los testimonios brindados por quienes integran la rueda, se desprende que en la medida de lo posible se cumplieron con las exigencias establecidas por el art. 265 del código adjetivo.
Ejecución de la pena, libertad asistida
Materia: PENAL
Carátula: Barreiro, Karina Paula s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-02

Teniendo en cuenta que los informes no sólo no obligan al juez sino que además no escapan al control jurisdiccional, corresponde conceder el beneficio de la libertad asistida, ya que los argumentos expuestos por el a quo, fundados en el concepto desfavorable emitido por los órganos administrativos basado exclusivamente en la carencia de una familia que le brinde un acompañamiento real -pese a que cuenta con un esposo que la acompaña y acepta recibirla en sus casa-, no bastan para demostrar la posible existencia del grave riesgo para sí o para la sociedad. El voto concurrente agregó que resulta contradictorio haber calificado a la interna con buen concepto y, paralelamente, afirmar que se infiere un pronóstico de reinserción dudoso. (Dres. González Palazzo, Diez Ojeda y Hornos).
Consejo de la Magistratura, enjuiciamiento de magistrados, competencia provincial, juicio político, tribunal de enjuiciamiento, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Superior Tribunal de Justicia c/ Duarte, Graciela Beatriz s/ denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

El Consejo de la Magistratura provincial es el encargado de recibir las denuncias contra los magistrados; decidir, por resolución fundada de la mayoría de sus miembros, si procede la apertura del juicio político; y, en ese caso, formular la acusación (art. 195 de la Constitución de la Provincia de Corrientes); ninguna de esas atribuciones implica el ejercicio de una función materialmente jurisdiccional ya que no decide controversia alguna ni determina el alcance de los derechos del magistrado denunciado; esa tarea queda claramente reservada al Jurado de Enjuiciamiento, que interviene en la etapa posterior del proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, derivación no razonada del derecho vigente, honorarios, base regulatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FINAGRO S.A. c/ SASONI, OLDAMAR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

Aún cuando se considere que lo reconvenido cuenta con contenido económico y que debe computarse a los fines de la determinación de la base regulatoria, la estimación efectuada por la Cámara se aparta del texto legal expreso, en cuanto dispone que la cuantía del juicio a los fines de la aplicación de la escala del artículo 6, será la cantidad reclamada en la demanda o en la reconvención o la que resulte de la sentencia si fuera mayor, y el inciso b), en lo que interesa, establece que cuando mediare reconvención se sumará el valor de ésta, a la vez que el citado artículo 6 especifica que cuando haya litis consorcio la regulación se hará con relación al interés de cada litisconsorte; y en el presente caso, por el contrario, se regularon los estipendios de los letrados intervinientes, en forma separada, es decir, por un lado los correspondientes a la intervención en la demanda, y por otro lado, los que corresponderían a la actividad por las reconvenciones, mecanismo que determinaría una regulación mayor, pero, fundamentalmente, apartada de lo dispuesto legalmente. A lo que cabe agregar que, pese a que lo peticionado en ambas reconvenciones es similar, las mismas se regularon también por separado, lo que condujo a la fijación de montos que duplicaron los importes que en realidad correspondían. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículos 6 y 8, inciso b)
Síndico del concurso, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jaime de Coppola Norma Beatríz s/ Incidente de verificación en autos Estrella de Mar s- Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-02

Cuando la intervención de la sindicatura ha sido "necesaria" a los fines del pronunciamiento judicial, y sobreviniente a la labor ya cumplida en la etapa de la verificación temporaria de los créditos, no puede ser subsumida en la regulación general de honorarios que pueda beneficiarla, pues esta última no contempla - no podría contemplarla- esta labor específica e incidental que ha venido a sumarse a la ya cumplida. (Minoría u opinión personal)
Accidentes de trabajo, incapacidad, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, RICARDO DOMINGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-05

Para la valoración de la disminución de capacidad para el trabajo, existen distintos sistemas, entre otros el de "baremos" o lista de lesiones con el porcentaje de incapacidad anotado frente a las lesiones consideradas; el "método funcional" de Mac Bride que admite siete factores de capacidad normal laboral, asignando a cada uno un valor determinado, existiendo paralelamente en cada caso un factor adverso o negativo que debe ser calculado en el obrero accidentado, partiendo de la cifra normal, dando como resultado el porcentaje final de incapacidad y el "método objetivo" de Fernández Rozas, que se fundamenta en el promedio de incapacidades anatómicas, funcionales y económicas sociales, debiendo valorarse cada factor según la escala de gravedad del daño, o sea "muy leve", "leve", "mediana", "grave" o "muy grave" y luego asignársele a dichos grados una cifra porcentual de incapacidad determinada, verbigracia: 10%, 25%, 50%, 75% y 100%, dentro de cuyas aproximaciones puede moverse el operador conforme con la magnitud del daño calculado.
Accidente de tránsito, relación de causalidad, prueba, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: PHILLIPS DE GOMEZ, MARIA c/ MARRACIN, JOSE L s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Quien pretende la reparación o resarcimiento de los daños causados por un accidente de tránsito, debe explicar y probar en la causa los elementos que justifiquen su condición de damnificado de tal manera que forme en el juzgador la convicción de que ellos son demostrativos de la existencia de los hechos alegados y consiguientemente la calidad de acreedor como afectado por el comportamiento dañoso atribuído a la contraria.