Derecho penal, Derecho procesal, situación del imputado, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: S0SA, MARIO s/ INCIDENTE DE BENEFICIO DE SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-04-21

La doctrina es coincidente en que solo ciertos delitos son susceptibles de ser encuadrados en los casos de la Ley 24.316/94, esos ciertos casos se encuentran palmariamente delimitados por el legislador a los delitos "... de acción pública reprimidos con penas de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años..." .

Es decir que si bien hay coincidencia en el monto máximo de la pena susceptible de ser dejada en suspenso -C.P., art. 26-, el legislador avanza aún más con la Suspensión del Juicio a Prueba admitiendo su procedencia respecto a la pena de reclusión; el tope se mantiene igual y por lo tanto el beneficio está excluido para los delitos cuya escala penal tuviera pena privativa de libertad superior a tres años o pena de inhabilitación.- Se concluye que, que el instituto de la suspension de juicio a prueba que se encuentra contemplado en el art. 76 bis del C.P., no contempla de ninguna manera dos hipótesis, y por el contrario la norma debe ser interpretada en su totalidad, no pudiéndose hacerse extensiva a delitos cuyo máximo penal exceda de tres años, ya que no corresponde, como tampoco es bueno, forzar el espíritu de la ley más allá de lo que inspiró la voluntad del legislador, haciendo extensiva la normativa a casos o situaciones que no fueron contempladas, en ese sentido se comparte ampliamente lo sentado en el Plenario "Kosuta, T. R." de fecha 17/08/99 de la Cámara Nacional de Casación Penal.- La Corte de Justicia de Salta dijo: "... El art. 76 bis del C.P. plantea, como único e indivisible supuesto en el que puede otorgarse el beneficio de la suspensión del juicio a prueba el de imputados por delitos de acción pública, sancionados con pena de prisión o reclusión cuyo máximo no exceda de tres años.

La tesis que propicia la interpretación del referido artículo hallando en él dos institutos, uno de los cuales sería de aplicación aún cuando el delito estuviese penado con más de tres años de prisión o reclusión, sin perjuicio de sus buenos propósitos en cuanto supone la pretensión de lograr una mayor descongestión tribunalicia, fuerza en extremo la letra de la ley y se traduce en derivaciones absurdas... la improcedencia de acoger judicialmente las tesis doctrinarias sobre la extensión de la probation a delitos graves, deriva de que los disensos planteados en ese orden en cuanto ponen de manifiesto posibles contradicciones entre el límite legal y la teleología del citado instituto, al afirmarse que la restricción comprometería seriamente el objetivo de descomprimir la labor de los tribunales de sentencia, representan razones que pudieran hacerse valer de cara a una eventual reforma legal, pero en modo alguno pueden admitirse para modificar el significado de una disposición normativa que aparece como clara y expresa...

También se ha señalado que cuando los términos de la ley son claros no corresponde a los jueces apartarse de sus propósitos, so pretexto de evitar deficiencias reales o presuntas; cuando la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente por los jueces, con prescindencia de tesis que podrían ser objeto de consideración por el Congreso, pero que son ajenas a la misión de los magistrados (Fallos, 213:405 y 218:56)..." (Causa: C/C. OCAMPO, José Rubén, Casación; Expte. Nº 22.174/00 CJS., 03/04/01. L. 73: 933/942. Corte de Justicia, Dres. Garros Martínez, Posadas, Puig - Doctrina: Dr. López Viñals).