marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Razonabilidad tributaria, admisibilidad del recurso, procedimiento de impugnación de deuda previsional
Materia: PENAL
Carátula: Cotax Coop. de Prov. Consumo Vivienda y C.P.A.A. y A c/  Ministerio  Trabajo,  Empleo  y  Seguridad Social s/ Impugnación de Deuda"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-18

No resultando de las constancias de autos que se haya arbitrado medidas suficientes para indagar la verdad objetiva de los hechos, ni aplicado criterios de razonabilidad, a fin de que el pronunciamiento produzca efectos jurídicos válidos (cfr. art. 1 incs. a, b, c y f de la ley 19.549 y, esta Sala en autos "Industrias Metalúrgicas Dino Bartoli c/ Administración Federal de Ingresos Públicos -DGI- s/ Impugnación de Deuda", sent. 119396 de fecha 29.02.06, entre otros), corresponde declarar formalmente admisible el recurso, dejar sin efecto la resolución recurrida y, ordenar al organismo que reintegre la suma depositada por la apelante para acceder a la instancia judicial con más sus intereses a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha en que se hizo efectivo el depósito y hasta su devolución al depositante (conf.- art 10 dto. 941/91; CSJN L. 44XXIV "López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A", Sentencia del 10/06/92 y Fallos 303:1769, 311/1644, entre otros).
Contratos, compraventa inmobiliaria, modalidades de la compraventa, urbanizaciones especiales, barrio cerrado, tareas de mantenimiento, incumplimiento del contrato, expensas comunes, gastos comunes, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Area 60 Sur Barrio Cerrado SA c/ La Guarda Muebles SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

Procede confirmar la resolución que hizo lugar al reclamo de determinada suma en virtud de expensas adeudadas, el proporcional del impuesto inmobiliario y tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) correspondiente a ciertos lotes de propiedad de la demandada en el complejo urbanístico que administra la actora. Ello por cuanto, en el caso, la formalidad de inscribir registralmente los espacios comunes a favor de la accionante, que fue reconocida y que continuarían figurando a nombre de la desarrolladora del emprendimiento inmobiliario, no es óbice insalvable para que recaude fondos a los titulares y poseedores de los lotes en concepto de administración y mantenimiento mediante el cobro de expensas. Esto encuentra razón en que la falta de registración catastral nada obsta a que exista la obligación para los propietarios de las parcelas del complejo de abonar las deudas por expensas comunes y extraordinarias y los tributos proporcionales o individuales porque la peculiaridad del sistema radica en que todas sus partes estén integradas de manera tal que su correcto funcionamiento depende de que cada una de ellas cumpla con solventar el importe que se le asigne. Es que de otro modo sería antieconómico para cualquier administración ofrecer los servicios necesarios para la manutención de los espacios comunes si no es a través del pago de "expensas" entre los copropietarios o poseedores de los lotes que forman parte del complejo urbanístico. En ese marco, resulta improcedente el argumento del accionado, en cuanto no le era imputable deuda alguna por no haberse conformado el barrio cerrado bajo el régimen previsto en el Decreto-Ley 8912/78 para el cual la actora -como asociación sin fines de lucro- fue constituida. Explicó que ésta carecía de legitimación activa para reclamar compulsivamente el pago de expensas porque que no era titular formal de los espacios comunes que sirven a los espacios exclusivos del complejo a través de la constitución de una respectiva "servidumbre".
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, fallos del Superior Tribunal, habeas corpus colectivo, establecimientos penitenciarios, condiciones de detención, ejecución de sentencia penal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires en la causa Verbitsky, Horacio c/  s/ hábeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

El recurso interpuesto contra la sentencia de la Corte bonaerense que frente a la presentación realizada por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires resolvió que no debía ser resuelta en el contexto de la ejecución de sentencia correspondiente a la causa "Verbitsky" (Fallos: 328:1146), sino que debía ser objeto de un proceso distinto como un nuevo hábeas corpus colectivo y tramitar ante un juzgado de primera instancia es improcedente, pues más allá del acierto o desacierto de la decisión, ella no constituye un impedimento para la búsqueda de soluciones institucionales a la delicada situación en que se encuentra el sistema carcelario provincial (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Concurso preventivo, aplicación de la ley, fallido codemandado
Materia: COMERCIAL PROCESAL
Carátula: Club de Náutica y Pesca Comandante Espora c/ Minicucci, Mario Oscar y Otro s/ Prepara Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-09

En relación con el primero de los agravios, es decir el relativo a la aplicación del art. 137 de la L.C., cabe decir que según surge del propio texto de la norma mencionada, no resulta necesario la aplicación de las normas procesales relativas al desistimiento, por cuanto la cuestión se encuentra directamente regulada por la propia ley concursal al conceder la opción de desistir al actor sin quedar obligado por las costas y sin perjuicio de solicitar la verificación de su crédito. Este mecanismo propio de aplicación torna innecesario recurrir al art. 301 de la L.C. en cuanto remite a las leyes procesales locales respecto de aquello que no esté expresamente dispuesto por el orden jurídico concursal.
Sociedades comerciales, agentes auxiliares del comercio, factor de comercio, responsabilidad contractual
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESSO  PETROLERA  ARGENTINA  S.R.L. c/ PETROQUIMICA GRAL. MOSCONISAIC  S/ s/ NCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-06

La falta de una autorización especial por parte del comerciante a favor de la persona a quien ha encargado la administración de sus negocios, sólo produce efectos entre el principal y su factor, pero no respecto a los terceros con quienes haya contratado (confr. art. 132, 133 y 134 del Código de Comercio); de tal modo, cabe asignar eficacia a las manifestaciones que formulara el Gerente General de la sociedad anónima demandada en nombre de su principal, con independencia de la naturaleza específica que sus funciones hubiesen tenido en el ámbito interno, pues invocando su dependencia asumió ante la actora una apariencia jurídica de representación que ejerció sin objeciones de PGM, siendo claro que corresponde proteger a quienes contratan con la sociedad guiándose por la apariencia que se les ofrece y que se verían defraudados si aquélla pudiere oponerle limitaciones estatutarias a la representación de quien firma por la persona jurídica (confr. Nissen, R.A., Ley de Sociedades Comerciales Comentada, 2da. ed., Ed. Ábaco, t. 2, pág. 37; C.N.Com., Sala C, causa del 3-3-82 "Quevedo de Di Lisa, M. c/ Sanatorio Otamendi y Miroli SA").
Competencia, declinatoria
Materia: PENAL
Carátula: SAIEVA, JOSE C.; ALI, RUBEN s/ Contrabando, Incidente de aplación Causa Nro. 36340.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-22

Debe ser revocada la resolución que declara la incompetencia del tribunal para seguir entendiendo en la investigación del hecho denunciado, declinatoria fundada en posibilitar un ejercicio más pleno del derecho de defensa por parte de las personas involucradas en la investigación, razón que no puede tener incidencia en el caso dada la negativa expresa de una de tales personas como se desprende de su apelación contra la declinatoria dispuesta, siendo además que después de más de cinco años de iniciada la instrucción del sumario, la declinatoria es evidentemente inconveniente para la mejor y más pronta administración de justicia (Del voto de los Dres. Repetto y Hendler, y Romero).
Trabajadores rurales, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: SCOTTI, HILARIO CARLOS Y OTROS c/ TARDITTI, HUGO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-13

Debe condenarse al pago de la indemnización por antigüedad artículo 242 y 245 Ley de Contrato Trabajo- para cuyo cálculo se deberá tener en cuenta en cada caso la remuneración percibida por el trabajador en el último mes de la temporada anterior, desde que no llegó a percibir o devengar ninguna mensualidad en aquella en la que se produjo el despido. Resultan aplicables los fallos "Vargas c/ Copercitrus", L.A.S. 1983 Fº 451 y "Palacio c/ Corporación Entrerriana de Citrus", L.A.S. 1984 Fº 461.
Deberes del juez, principios procesales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ortiz, Julio César c/ Vidal, Rosa Miriam y-u Otro s/ Demanda Laboral -Diferencia de Haberes e Indemnización-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-28

No desconocemos que dentro de nuestro ordenamiento no existe el deber legal del juez de primer grado de mantener los principios interpretativos sustentados por los superiores; sin embargo, cuando la totalidad de ellos sostiene invariable, continua y pacíficamente determinada doctrina jurídica, entendemos que los jueces inferiores tienen el inexcusable deber moral de no apartarse de ella en orden a la mayor celeridad y economía procesal, principios que no se cumplen cuando se impone al justiciable la carga de transitar los grados superiores de conocimiento, en demanda de una decisión que será favorable, sin duda alguna, a su pretensión, atendiendo a la uniformidad planteada en la hipótesis.
Auto de procesamiento, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: G, F. s/ Apelación resolución (Expte Nº 44-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-21

El dictado de un auto de procesamiento requiere tan sólo la concurrencia de un juicio de mera probabilidad (más que de sospecha) a la vez que en tal marco de provisorias atribuciones no juega el principio rector de la duda.
Plan para la vivienda, emergencia habitacional, subsidio estatal, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Lescano, Rosa Mavel c/ GCBA y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-07

La sentencia de primera instancia que dispuso condenar al GCBA a incluir a la actora en el beneficio previsto por el Decreto 690/2006, por el tiempo que resulte necesario, declarando solamente la inconstitucionalidad del límite temporal establecido en el art. 5° y la condición fijada en el art. 6° del Decreto 690/2006, no fue apelada por la parte actora, que, de este modo, consintió las sumas que percibiría por el beneficio otorgado. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Tributos, telecomunicaciones, servicio público, exenciones impositivas, denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA  c/ GCBA s/ IMPUGNACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

El recurso de inconstitucionalidad deducido por el GCBA ha sido correctamente concedido pues impugna una sentencia de carácter definitivo y el debate que propone obliga a pronunciarse sobre el alcance de la exención establecida en el artículo 39 de la ley federal n° 19798, frente a las normas locales que previeron el pago de un gravamen por ocupación del subsuelo de la vía pública, en los periodos discutidos. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Fundamentación del recurso, audiencia de mediación, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en  autos incidente de apelación en Valdez, Ismael Gastón s/infr. art(s) 149 bis, amenazas -CP- (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-04

La defensa no ha fundamentado de manera suficiente que la decisión que no hizo lugar a la fijación de una audiencia de mediación, tal como lo había peticionado el Ministerio con posterioridad a que la fiscalía clausurase la investigación penal preparatoria, mediante la presentación del requerimiento de juicio, pueda ser equiparada a una "sentencia definitiva" en razón de los efectos que produce y tampoco ha argumentado que lo resuelto por las instancias inferiores de la causa se vincule de modo directo con una garantía que sólo sea susceptible de "tutela inmediata". (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Segunda instancia, recursos
Materia: PENAL
Carátula: MOLINA MANUEL c/ QUINTEROS JOSE RAFAEL Y OTRO s/ VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO-INCIDENTE DE  BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-10

Los tribunales de alzada están habilitados para establecer si los recursos que arriban a ellos han sido bien o mal otorgados, lo cual encontró acogida legal en el dispositivo contenido en el art. 396 del Código de Procedimiento en lo Criminal y Correccional, última parte. Esto significa que el juez del recurso es el propio tribunal de alzada, el que se encuentra facultado para revisar el trámite habido en la primera instancia. En tal sentido los primeros aspectos a examinar están apuntados a aspectos tales como la procedencia formal del recurso, su temporaneidad, existencia de gravamen irreparable y, básicamente, si se trata de una cuestión apelable.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio por jurados populares, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera Maximiliano  c/  s/ homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-03

El modo de actuar del imputado jamás podría pasar desapercibido al tiempo de mensurar la naturaleza de la conducta ilícita atribuida, programada, desaprensiva y abusiva con respecto a las equivalencias con su víctima, mucho mayor, a quien doblegó inmediatamente invadiendo su domicilio, y golpeó en esas circunstancias ferozmente no solo con sus puños y sus pies, sino también con el ladrillo, con lo cual incrementaba aún mas su poder ofensivo sobre ese cuerpo vencido, deteniendo su accionar quizás pensando que el trabajo estaba hecho y retirarse huyendo del lugar del crimen; todo lo cual sin dudas agrava el injusto. Además, deben computarse las circunstancias personales del incurso, su desgraciada vida previa de maltratos paternos, expulsiones del hogar, necesidades básica insatisfechas, rencores y resentimientos producidos por la situación de calle en que se desenvolvió mucho tiempo su vida, no puede sino dentro de ese tercio superior morigerar en un porcentaje mayor al insinuado por la Fiscalía, y en esa dirección, entiendo que la pena justa y proporcional a la gravedad del injusto y al grado de culpabilidad evidenciada por el imputado, que además satisface las expectativas de prevención general y especial previstas como fines de la sanción penal, es la de diez años y dos meses de prisión efectiva.
Acción de restitución, acción reivindicatoria, prescripción, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: Chaco Chico S.R.L. s/ Casación- pago de frutos percibidos de mala fe
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-08-18

La acción por restitución de los frutos de la cosa reivindicada es accesoria de la reivindicación. Su naturaleza participa de esta última, siendo la misma de carácter real. En consecuencia, la prescripción de la primera se rige por los mismos principios de la segunda.

La acción de reivindicación emana del dominio, al tener éste carácter perpetuo, dicha acción es imprescriptible. Sin embargo la reivindicación podría ser detenida por la oposición de la prescripción adquisitiva o usucapión.

El dominio no se menoscaba por el mero transcurso del tiempo pero puede encontrar un límite en la usucapión. Si la usucapión se ha operado cesa el dominio del anterior propietario, pero este efecto no resulta de la institución de la prescripción liberatoria.

No puede aplicarse el instituto de la prescripción sobre la base de un hecho no probado en la causa.
Allanamiento, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Almeida, Plácido Roberto s/ Incidente de levantamiento de embargo en autos:"Ramongassie c/Almeida  s/Cobro ejecutivo".
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

Aún cuando deba inferirse que la demandada se vio precisada a promover el incidente de levantamiento de embargo con fundamento en la inembargabilidad prevista por el art. 35 de la ley 22.232 a consecuencia de la traba solicitada y efectivizada por la actora, ello no resulta óbice para que se pueda admitir la eximición en el pago de las costas generadas por dicha actuación cuando no surge de la plancha expedida por el Registro de la Propiedad al momento de formalizar dicho embargo constancia alguna que sirva para ameritar la posibilidad de que la parte embargante hubiera tomado conocimiento de dicha inembargabilidad con la anterioridad a la promoción de este incidente.-
Prueba documental, prueba de informes, empleo público
Materia: CIVIL
Carátula: PADLUME, ABRAHAM c/ FAINHOLC DE LEVIN REBECA s/ Rendición de cuentas.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-30

Para demostrar que se trabaja en una entidad pública, como es una Caja o la D.G.I., debe agregarse prueba documental o informativa, ya que resulta el medio probatorio más idóneo y no es entonces admisible que puede ser suplida por una mera prueba testimonial (conf. Colombo, "Código Procesal..." t. I, p.698, 4a ed.).
Confirmación de sentencia, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEYROU, JUAN MARTÍN c/ EN- M° RREE Y C s/ EMPLEO PÚBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-05

La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, por medio de la cual se había condenado a la parte demandada al pago de la indemnización prevista en el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164. Sin embargo, se modificó el período respecto del cual debía liquidarse la indemnización reconocida, atento a que el accionante -desde del 1° de noviembre de 2004 hasta finales del 2007- no había sido contratado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sino que se desempeñó en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Prueba testimonial, testigos, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: BAX, Emilia Clavelina c/ HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

El hecho de que los testigos hayan sido coincidentes en los términos de sus declaraciones, no autoriza a considerarlos mendaces en sus dichos, sobre todo cuando depusieron a tenor de un único interrogatorio y respecto de la misma situación.-
Régimen penal tributario, extinción de la acción penal
Materia: PENAL - TRIBUTARIO
Carátula: INDIK V. L. s/ ley 23.771 Causa nro. 27.007
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-13

Deben satisfacerse acabadamente las exigencias consagradas en el artículo 14 del la ley 23.771 para la procedencia de la extinción de la acción penal, particularmente en lo relativo a las vistas previas, y a la adecuada determinación de los antecedentes del beneficiario a fin de establecer la posibilidad de aplicarle una condena de ejecución condicional y en cuanto a la voluntad del imputado.
Facultades del Poder Ejecutivo, remuneración, personal militar, retiro militar, adicionales de remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Franco, Rubén Oscar y otros c/ Estado Nacional (Mrio. de Defensa) s/ personal militar y civil de las FF. AA. y de seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Las atribuciones conferidas en la ley 19.101 al Poder Ejecutivo para determinar la composición del haber mensual y el monto de los suplementos, no alcanzan para transformar la remuneración principal en accesoria ni las remuneraciones accesorias en lo principal, mediante el simple arbitrio de designar a una parte sustancial de la retribución que regularmente percibe la generalidad del personal en contraprestación por sus servicios militares como ajena al haber o "sueldo" de éste.
Honorarios, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Los Mimbres S.A. c/ Tugores, Ruben s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-20

Lo dispuesto en el art. 62 A.H., se aplica solo a la notificación al cliente de los honorarios del profesional que lo asiste.
Competencia penal, menores, robo, tentativa, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: O., J. A. c/  s/ robo en tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

La consagración de las Leyes de Salud Mental y de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ha venido a consolidar, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico positivo, en cabeza de quién queda el tratamiento de aquellos seres humanos que no se encuentran vinculados al derecho penal, es decir, la consideración de las consecuencias derivadas de hechos o comportamientos llevados adelante por inimputables. Así, la ley de Salud Mental otorga competencia, además de a los órganos e instituciones médicas que contempla su normativa, al juez civil, y, a su vez, la ley 26.061 otorga competencia para casos de inimputables en razón de su edad a organismos de carácter administrativo y un contralor de ciertas decisiones que estos organismos puedan adoptar en relación con el menor del cual se trate, a los jueces civiles. Del análisis del juego de estas normas y de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 22.278, parece claro que la competencia de los jueces penales de menores subsiste con fundamento legal solo en aquellos supuestos en los cuales se haya imputado un comportamiento susceptible de ser caracterizado como un ilícito a alguien respecto del cual resta verificar si se trata o no de un imputable, esto es, en el caso de menores, si se encuentra dentro del límite de edad que el legislador establece para considerarlo inimputable (voto del juez Magariños).
Responsabilidad del Estado, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carstone S.A. y Ravinovich, Héctor c/ Municipalidad de Vicente López s/ Demanda contencioso administrativa Ravinovich, Héctor c/ Municipalidad de Vicente López -Acumulada 50.622- s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20|1997-11-18

En materia de responsabilidad estatal por acto lícito, debe reconocerse la reparación patrimonial exclusivamente del daño emergente.
Aclaratoria (procesal), inadmisibilidad del recurso, error numérico, actuación de oficio, rectificación del error
Materia: PROCESAL
Carátula: Herrera, Raúl Antonio c/ Estación de servicios Ruta Nro. 33 de José A. Gutierrez s/ Beneficios laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-10-11

En el caso, tomando e cuenta la fecha de notificación dictada por este Tribunal de Casación, debe rechazarse por extemporáneo el pedido de aclaratoria, conforme lo dispuesto por el art. 166 inc. 2 del CPCC.

Sin perjuicio de ello, habiéndose deslizado un error material en la parte resolutiva del Fallo-error en el número del convenio colectivo que se declaró aplicable al caso-, corresponde, de acuerdo a la atribución conferida por la segunda parte del inc. 1 del art. 166 del CPCC, disponer de oficio su enmienda, por tratarse de un error puramente numérico.