Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09


ANDINO, Jorge Raúl contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 206 p 111-113.

Santa Fe, 9 de marzo del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe en fecha 12.5.2004, en autos "ANDINO, Jorge Raúl contra PROVINCIA DE SANTA FE -Accidente y Enfermedad del Trabajo- (Expte 225/02)" (Expte. C.S.J. nro. 342, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Contra la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral que recepcionó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocó en su totalidad el fallo en revisión, deduce Jorge Raúl Andino recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055.

En sustento de su impugnación aduce que la Sala se anticipó dogmáticamente a sostener la insuficiencia probatoria en pos de acreditar el nexo de causalidad que debía existir entre la actividad prestada por el agente policial (hoy recurrente) y la enfermedad que lo incapacitó, afirmación que le agravia, pues a su entender, la Alzada no ponderó probanza alguna acompañada por su parte.

Señala que este Alto Cuerpo en oportunidad de resolver el recurso de inconstitucionalidad efectuó un paneo preliminar de la prueba ofrecida por su parte, la que tildó de poco satisfactoria en orden a fundar la sentencia inferior que admitió la pretensión actoral, probanzas que debieron analizarse en la nueva instancia a la que fue reenviada y en la que también debieron esgrimirse mayores elementos de juicio para sustentar los dichos de la Corte Suprema de Justicia provincial.

Expresa que este Cuerpo omitió valorar los testimonios de los profesionales médicos que atendieron su dolencia; lo aconsejado en relación a un posible cambio de tareas -Andino había solicitado una permuta de San Lorenzo a Coronda, la que fue denegada por la Administración, vulnerando así lo dispuesto por el artículo 75 L.C.T.- y los dichos de Acosta, declaraciones éstas, no controvertidas por la contraparte.

Aduce que tanto el Alto Tribunal provincial como la Sala soslayaron meritar la prueba informativa solicitada al Colegio de Médicos de la Provincia, el que respondió a través de la Asociación de Psiquiatras -responde que transcribe- y asimismo han omitido analizar la naturaleza jurídica de dicho informe.

Le agravia que este Cuerpo afirmara dogmáticamente que la dolencia incapacitante no fue producto del estrés sufrido laboralmente y que entendiera que su parte no ofreció prueba pericial que determinara el nexo de causalidad existente entre su padecimiento e incapacidad.

Y respecto del fallo de la Sala, concretamente se queja que la misma tratara una cuestión no propuesta ni por esta Corte ni por su parte, cual es la distinción que efectúa entre "accidente de trabajo" y "enfermedad accidente", en tanto sostiene que fundó su demanda en la ley 24.028 (accidentes de trabajo), normativa comprensiva de los accidentes como enfermedades y que la dolencia acusada la contrajo durante la relación laboral.

También le disconforma que el decisorio no ponderara las probanzas de la demandada y que sostuviera: "...no se presume la responsabilidad del empleador respecto de las enfermedades cuyo origen o agravamiento se imputen al trabajo...", presunción que denota ambigüedad terminológica que sólo podría justificarse tiempo atrás, no siendo aplicable al sub examine, desde que la accionada afirmó que "...la contingencia se produce independientemente de la prestación laboral".

Puntualiza que la Corte oportunamente sostuvo que el Tribunal omitió valorar "...el dictamen de la junta médica celebrada en sede administrativa, siendo un elemento de base para la defensa de la demandada...".

Considera finalmente que la Sala incurre en contradicción al expresar que la cesantía dispuesta por la Administración generó la dolencia de Andino, tras sostener luego que el mismo se retiró del servicio.

La Sala a quo, mediante auto del 17.8.2004 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa del quejoso ante esta sede.

2. En primer lugar, cabe señalar que los reproches encaminados a cuestionar lo resuelto por el Alto Tribunal provincial (A. y S. T. 184, pág. 40), en cuanto dispuso anular la sentencia atacada y en consecuencia remitir la causa al tribunal que correspondiera para ser nuevamente juzgada, no pueden siquiera inicialmente ser considerados en esta instancia, pues refieren precisamente a un pronunciamiento que no constituye objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad ahora interpuesto. Delimitado así el ámbito de impugnación, debe sostenerse, en lo que refiere concretamente a las tachas dirigidas contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe que aún cuando se tuvieran por satisfechas las exigencias formales juzgadas incumplidas, el presente recurso igualmente no ha de prosperar.

Ello así, pues de la confrontación de los agravios con la sentencia impugnada surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que el impugnante aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos, con el que valoró las pruebas y, en función de ellos interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes, ámbito éste reservado a los jueces de la causa y ajeno, por ende, a esta instancia extraordinaria.

En efecto, la Cámara puntualizó la insuficiencia del material probatorio analizado por el iudex a quo a fin de acreditar el nexo de causalidad que debe existir entre prestación del débito, patología e incapacidad resultante, como así las testimoniales y dictamen médico de parte ofrecidas por el actor.

Para así decidirlo, el Tribunal a quo se avocó al distingo entre accidente de trabajo (tal, lo denunciado por el actor como génesis de su incapacidad) y enfermedad- accidente, distinción no efectuada por el juez inferior, el que tampoco examinó el origen del reclamo, considerando los sentenciantes que tal cometido reviste importancia en razón que según se esté en presencia de una u otra situación, distintas han de ser las consecuencias jurídicas y médicas prohijadas.

En tal orden de ideas, expresa que si la patología generadora de la incapacidad y del posterior reclamo tarifado fuera un accidente, en el marco de la teoría objetiva contemplada por la ley 24.028 -vigente al momento del reclamo- bastará con probar el infortunio y la subsecuente incapacidad, mientras que si el origen del reclamo deviene de una enfermedad accidente, el actor deberá acreditar el nexo de causalidad habido entre prestación, patología e incapacidad, afirmación que encuentra sustento normativo en el artículo 2, segundo párrafo de la mencionada ley.

Y a la luz de tales distingos, los juzgadores aducen que el actor detalló "en forma sinuosa y poco clara el factum de su pretensión" e insisten que al invocarse una enfermedad- accidente debe demostrarse el nexo de causalidad, lo que precisamente no aconteció en autos, desde que no existe prueba concreta que amerite una relación de causa a efecto entre factum y consecuencia patológica, es decir, que la hipertensión arterial diagnosticada conjuntada con el estrés de la actividad de Andino motivara el accidente cerebro vascular de la incapacidad cuya reparación pecuniaria reclama.

A lo expuesto, añaden no sólo la circunstancia de no haber rendido el actor pericial médica, la que al juzgar de los sentenciantes era de vital importancia para consolidar la pretensión jurídica y médica, sino que también hacen hincapié en la contradicción en que incurriera aquél (Andino) al sostener primeramente que la separación del cargo por prescindibilidad le generó angustias y tensiones con derivaciones depresivas, expresando luego que las tensiones sufridas en el servicio generaron su hipertensión, mas sin acreditar el nexo de causalidad, remarcando que en el medio existió un lapso prolongado de tiempo -pues desde su separación hasta su reingreso transcurrieron siete años- en el que no puede comprobarse qué aconteció con la salud del actor, período que -por extenso- quiebra cualquier posibilidad de causalidad.

Tal es el lineamiento seguido por los sentenciantes, frente al cual el actor opone su particular apreciación de la causa, aduciendo que los mismos incurrieron en incongruencia (por exceso) al distinguir entre accidente de trabajo y enfermedad-accidente -cuestión no propuesta-, esgrimiendo que su reclamo se fundó en este último supuesto, puesto que la enfermedad que padece la contrajo durante la relación laboral, quejándose de la presunción de exoneración de responsabilidad hecha jugar en favor del empleador, puntualizando la contradicción en que supuestamente incurriera el Tribunal a quo en cuanto a la génesis de su dolencia, mas sin lograr demostrar con su argumentación esquemática, genérica y carente de fundamentación suficiente, que el órgano jurisdiccional hubiera incurrido en alguna causal de arbitrariedad que permita la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

En definitiva, los planteos tal como fueran expuestos quedan reducidos al mero disenso del compareciente, quien adujo haber probado y fundado su pretensión indemnizatoria en una enfermedad-accidente contraída durante la relación laboral mantenida con la Administración demandada, para con lo resuelto por los jueces de la causa, los que apoyados en las constancias comprobadas de autos, las que apreciaron a la luz de sana crítica y disposiciones legales vigentes (24.028) concluyeron certeramente en que el recurrente no logró acreditar el nexo esencial de causalidad que debe existir entre prestación del débito, patología adquirida y consecuencia incapacitante, por lo que dichos reproches devienen insusceptibles de revisión en esta instancia de excepción.

Lo expuesto determina la inadmisibilidad del presente recurso.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)