Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-02-18


///MA, 18 de febrero de 2014.- -----Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. Apcarian, Sergio M. Barotto, Liliana Laura Piccinini, Adriana Cecilia Zaratiegui y Enrique J. Mansilla con la presencia del señor Secretario, doctor Wenceslao Arizcuren, para el tratamiento de los autos caratulados: "RIVA POSSE, Clara Aldona c/REUSSI BRAGA, Carlos s/SUMARIO s/CASACION" (Expte. N* 26157/12-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Viedma, para resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 335/339, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U E S T I O N E S - - - - - - - - - - - -----1ra.-¿Es fundado el recurso?- - - - - - - - - - - - - - - ------2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V O T A C I O N - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------I.- SENTENCIA RECURRIDA.- - - - - - - - - - - - - - - - - ------La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, mediante Sentencia Interlocutoria N* 97, de fecha 12 de junio de 2012, glosada a fs. 322/328, resolvió: "I. Hacer lugar al recurso planteado por la actora a fs. 299/301 y, en consecuencia,///.- ///2.-revocar la regulación de honorarios contenida a fs. 295 por no atender en su dictado la acumulación de acciones configurada en este proceso (rendición de cuentas y división de condominio) y soportarse en parámetros no ajustados a las constancias de la causa. II. Regular, en consecuencia, los honorarios de los Dres. Jorge Alberto Bollero, en su calidad de apoderado letrado de la demandada bajo los parámetros dados en este decisorio en la suma de $ 56.742,70 (producto de la sumatoria de los pertinentes a la división de condominio $ 46.742,70 con la de $10.000 que se fijase con motivo de la acción dirigida a la rendición de cuentas). . III. Rechazar la apelación deducida por el Dr. Bollero con patrocinio letrado, y estar a las regulaciones fijadas precedentemente. IV. Imponer las costas generadas por el presente por su orden en función de la forma en que fuera resuelta la cuestión. V. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en las defensas arancelarias atendidas -Dres. Beacon y Bollero por un lado y la Dra. Lucrecia Rodrigo, por otro,- en un 25%, en cada caso, a computar para el supuesto del Dr. Beacon sobre los honorarios fijados a su patrocinado y respecto de la Dra. Rodrigo sobre la sumatoria de las regulaciones atendidas en el punto II del presente (art. 15 LA). VI. No regular honorarios al Dr. Bollero respecto de la apelación por el mismo articulada (art. 13 LA)". -----II.- AGRAVIOS DEL RECURSO.- - - - - - - - - - - - - - - - - -----Contra lo así decidido, los doctores Juan Pablo Beacon y Jorge Alberto Bollero interponen recurso de casación a fs. 335/339, planteo éste que fue contestado por la actora (Clara Aldona Riva Posse) a fs. 349/356 y vta. de las presentes///.- ///3.-actuaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Que, en sustento del recurso extraordinario local deducido, los abogados recurrentes argumentan que la sentencia impugnada ha incurrido en arbitrariedad, por la errónea aplicación simultánea de los artículos 34 y 40 de la Ley de Aranceles N* 2.212.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Manifiestan que el análisis debe hacerse a partir de la audiencia celebrada en los términos del art. 23 de la L.A. ante el Juzgado de Primera Instancia N* 3 de Viedma, en tanto en la misma se determinó que el monto base para la regulación de los honorarios ascendía aproximadamente a $12.000.000. Esa decisión relatan, fue apelada por la actora, recurso que fue aceptado parcialmente por la Cámara provocando que la citada parte recurriera ante el Superior Tribunal de Justicia -quien revocando lo allí decidido-, fijó como pauta a los fines regulatorios para la acción de rendición de cuentas las establecidas en el art. 6to. de la L.A., quedando ya en la instancia inferior, firme la base regulatoria para la acción de división de condominio, dada por el valor del inmueble "La Arenosa".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Expresa que, llegados los autos nuevamente a la instancia de origen, la Sra. Juez de Primera Instancia, violando los arts. 32, 39, 23 y 24 de la Ley 2.212 procedió a regular los honorarios por la tarea profesional desarrollada, tomando como pauta para la totalidad del proceso, el art. 6 de la referida L.A., argumentando que con esa decisión, se desoyó tanto la Sentencia N* 146/09 de la Cámara de Apelaciones como la del Superior Tribunal de Justicia, al aplicar a todo el juicio///.- ///4.-la solución prevista únicamente para la acción de rendición de cuentas, por lo que, al generarle un evidente perjuicio económico, debieron recurrirla a fin de remediarlo.- - -----Sin embargo, señalan que la Cámara dictó una sentencia insólita, ilegal y arbitraria, pues si bien entendió el planteo formulado por su parte, redujo la regulación de honorarios.- - - -----La califican de insólita, ilegal y arbitraria, porque aplicó la reducción prevista para los incidentes, sobre la base de la reducción producida por considerar tramitada una etapa del proceso, además de la reducción de la acción de división de condominio con fundamento en el interés defendido, provocando una regulación del 1% del monto asumido como base, dividiendo no dos sino tres veces los honorarios que le correspondían.- - - - -----Que, puestos a brindar los fundamentos del recurso, atribuyen a la decisión que pretenden se case, un error in iudicando a más de ser arbitraria al violentar las disposiciones arancelarias vigentes. En esencia, dicen, se confunde al regular tomando en cuenta todo el proceso y dividiéndolo en etapas para luego aplicar las reglas de los incidentes, cuando ello no se puede hacer, puesto que o bien se toma para regular el proceso y sus etapas o bien se adopta el monto base y directamente se aplican las reglas de los incidentes. Sostiene que la Cámara se define por aplicar la regla de los incidentes y allí la Ley de Aranceles no prevé la división de los incidentes en etapas, por lo que la aplicación de los porcentuales correspondientes a un incidente sobre la base de una etapa cumplida del proceso, constituye una regla inexistente y por lo tanto arbitraria. Agregan que la ley arancelaria de Río Negro establece que en/// ///5.-los incidentes se regula entre el 10% y el 20% de lo que correspondiere al proceso principal, pero no este entendido como un proceso de dos etapas, sino como el proceso íntegro.- - - - - -----Esgrimen que, como consecuencia de ese accionar regulatorio, la Cámara, incorrectamente divide por dos el interés supuestamente defendido, puesto que lo que en definitiva sucedió en estos autos es que su parte defendió todo. Concluyen en que la solución es arbitraria y absurda, contraria a la lógica, ya que se termina regulando un 1% del valor del bien que constituye el monto base para la regulación.- - - - - - - - - - -----A modo de remate sostienen que las reglas de los arts. 40 y 34 de la L.A. no pueden aplicarse ambas a la vez, o es un incidente y se aplica el art. 34 de la L.A., o se cumplió sólo una etapa del proceso y se regulará por la misma, pero nunca serán complementarias. Lo contrario, como sucede en autos, trae aparejado un resultado disvalioso y sobre todo expropiatorio y confiscatorio para los honorarios de los abogados, ya que a su criterio correspondería haberlos establecido en $ 462.000 al amparo del art. 39 de la L.A.. Esto, concluyen, sería lo más justo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Argumentan que el monto base para la regulación por el proceso de división de condominio es el valor real del Establecimiento "La Arenosa", que estimaron en U$S1.425.000, que convertidos a pesos al tipo de cambio $4.26 por dólar, que era el vigente a la fecha de presentación del recurso, arrojó un valor de $6.070.000 para todo el establecimiento, observándose así el art. 33 de la L.A..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Señalan que conforme al art. 40, por tratarse de un///.- ///6.-juicio sumario, corresponde tomar la mitad del valor expresado precedentemente como monto base, y aplicando la escala del art. 7* de la L.A., en el mínimo de la ley, se obtiene la suma de $330.000, a lo que corresponderá adicionar el 40% por la labor de procurador sobre los $330.000, lo que arroja un resultado de $132.000, obteniendo por la división de condominio, en el mínimo de ley, una regulación de $462.000, que en nada aparece como exorbitante, desproporcionada, irracional, y representa menos del 10% del valor del establecimiento.- - - - - -----Sostienen que la implicancia económica del pleito era de indudable importancia, lo que generó un importante trabajo profesional que incluyó oponer excepciones previas y, por supuesto, contestar la demanda, que culminaba la primera de las etapas previstas en el art. 40 de L. A..- - - - - - - - - - - - -----Señalan que las discusiones por honorarios profesionales tienen hoy su segunda carrera hacia el Máximo Tribunal Provincial, a quien le corresponde establecer si es justo que se fije un estipendio profesional que signifique el 1% de uno de los inmuebles objeto del proceso, luego de la magnitud del trabajo realizado, la trascendencia económica del mismo y la responsabilidad asumida en la defensa de los derechos de Reussi Braga, solicitando se haga lugar al recurso de casación articulado y se proceda a una regulación de conformidad a las reglas de la ley de aranceles de Río Negro, dejando planteado el Caso Federal para el supuesto de que no se haga lugar a la revisión en los términos pretendidos.- - - - - - - - - - - - - -----III.- EXAMEN DEL RECURSO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Que, ingresando ahora al examen de la temática traída///.- ///7.-a debate se observa que la cuestión a decidir se encuentra circunscripta a determinar si en un proceso de división de condominio que terminó por la receptación de una excepción previa de incompetencia, resulta válida la aplicación simultáneamente -a los efectos de la regulación de los honorarios profesionales-, de los artículos 34 y 40 de la Ley de Aranceles G N* 2.212 como lo hiciera la Cámara y adhiriera la demandada o, por el contrario, sólo correspondería aplicar la regla del art. 40 prevista para la división del proceso sumario en dos etapas como lo propone la actora recurrente.- - - - - - - -----Previo a dar tratamiento a los agravios formulados, resulta pertinente realizar algunas consideraciones preliminares al respecto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En autos, no se discute el valor del inmueble "La Arenosa" sobre el que debe calcularse el monto base del proceso a los efectos de la regulación de los honorarios profesionales.- - - ------Tampoco se discute, y además resulta correcta la aplicación efectuada por el "a quo" del artículo 33 de la Ley G N* 2.212, en cuanto establece que: "en las acciones... división de cosas comunes... el monto del proceso será el valor de los bienes objeto del mismo, determinado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24,... con relación a la cuota parte defendida, si la actuación sólo hubiere sido en beneficio del patrocinado", por lo que el valor total del inmueble "La Arenosa" al que se encontraba circunscripta la acción de división de cosas comunes, corresponde dividirlo por dos, ya que lo que se perseguía era sólo el reconocimiento de la mitad del mismo.- - - - - - - - - - -----Ahora bien, como antes se dijo, la Cámara además de///.- ///8.-aplicar la reducción del valor del proceso en relación a la cuota parte defendida conforme prevé el citado artículo 33 de la Ley de Aranceles, aplicó el art. 40. De tal modo, a los honorarios resultantes los dividió por dos por entender que sólo se había cumplido una etapa del proceso; y a dicho monto aplicó además, la reducción prevista para los incidentes por el art. 34, de la Ley de Aranceles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Comparto parcialmente la solución brindada por la Cámara de Apelaciones. Doy razones:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Cuando la excepción de incompetencia es admitida y resulta competente un Tribunal de distinta jurisdicción, ordenándose el archivo del expediente (art. 354, inc. 1* del CPCyC.), cierta jurisprudencia a la que adhiero- entiende que el Magistrado debe proceder a regular los honorarios por los trabajos relacionados con la incidencia resuelta (art. 33 Ley 21.839, similar a nuestro art. 34 de la L.A.) y también por las labores correspondientes al fondo del asunto, v. gr., la contestación de la demanda (CNCom., Sala A, 29/12/95, "Szechter, Ana c/Chahla, Fernando"). Si, en cambio, la causa continúa con otro juez de la misma jurisdicción, y sólo se procede a enviar las actuaciones, únicamente se retribuyen las labores relativas a la incidencia (CNCom., Sala A, 29/12/95, "Calzar S.A. c/Deportes La Central S.A. s/ordinario; id. 8/10/97, "Ormesa S.A. c/OSPLAD").- - - - - -----En ambas hipótesis, la base regulatoria se debe integrar con el monto reclamado en la demanda (conf. TSJ Córdoba, 4.04.02, LLC, 2002-725), aunque en el último supuesto, esto es cuando la causa continúa con otro Juez de la misma jurisdicción, se considera que resultaría más justo y, por ende,///.- ///9.-conveniente que sea el Juez que oportunamente dicte la sentencia definitiva quien valore la totalidad de la tarea profesional y estime la retribución, no ya en función de lo reclamado, sino de acuerdo con el contenido de la sentencia (arts. 20 y 48, L.A.). (conf. PASSARON PESARESI, Honorarios Judiciales, Ed. Astrea, T.1, ps. 340).- - - - - - - - - - - - - -----En autos, la sentencia que hiciera lugar a la excepción de incompetencia y dispusiera el archivo de las actuaciones (art. 354, inc. 1* del CPCyC.), con fundamento en que es competente el Juez de la jurisdicción nacional donde tramitó la separación personal, se encuentra firme y consentida, por lo que en principio-, correspondía se regulasen honorarios, por las labores realizadas por la incidencia resuelta (excepción de incompetencia), y a su vez, por los trabajos realizados en la contestación de la demanda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Así, en la consideración de que la excepción de incompetencia importa la promoción de un incidente, la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes debía efectuarse conforme a las pautas del artículo 34 (incidente). Esto es, sobre el monto base del juicio ($3.035.250), a dicho importe dividirlo por dos, por tratarse de un proceso sumario del que sólo tramitó una etapa (art. 40 L.A.), y sobre el resultado que dicha operación arrojase calcular el 20% relativo a los incidentes, atendiendo a la vinculación inmediata que tuvo la excepción de incompetencia con la solución definitiva del proceso principal (art. 34).- - - - - -----Además, habida cuenta que la labor del letrado apoderado de la demandada se limitó en la incidencia en cuestión-, a///.- ///10.-oponer la excepción de incompetencia, sin que fuera menester la producción de pruebas, correspondía tener por cumplida sólo la primera etapa del incidente (art. 40). Ello, en atención a que el art. 40 L.A. expresamente prevé la división en etapas de los incidentes, quedando así desvirtuado el argumento en contrario invocado por los recurrentes.- - - - - - - - - - - -----Y por otro lado, también correspondía en principio- regular los honorarios profesionales por las labores correspondientes al fondo del asunto, específicamente al Dr. Jorge Bollero, por la contestación de la demanda, calculados de la siguiente forma: sobre el 50% de los $3.035.250, que deben tomarse como monto base del juicio principal en tanto tramitó una sola etapa (art. 40 L.A.), aplicar la escala del artículo 8 de la L.A., que la Cámara había justipreciado en el 11% -el mínimo para la parte gananciosa, en función del porcentual propuesto por el propio recurrente-, con más el 40%, producto de la actividad de abogado procurador (art. 10 L.A.).- - - - - - -----Sin embargo, la Cámara con fundamento en la "actividad profesional útil", reguló honorarios sólo por la incidencia resuelta; esto es, sólo por las labores realizadas en el planteo de la excepción de incompetencia, aplicando sobre el valor del inmueble objeto de la acción de división de condominio, los arts. 33, 8, 10, 34 y 40 de la Ley de Aranceles, omitiendo regular los honorarios por las tareas correspondientes al fondo del asunto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por su parte, los recurrentes, no se agravian de dicha omisión, ni solicitan expresamente una regulación de honorarios por las labores correspondientes al fondo del asunto///.- ///11.-(contestación de la demanda). El recurso en análisis centra sus agravios en el hecho de que se regularan sus honorarios sobre la base de dividir el proceso en etapas (art. 40) y a dicho resultado se le aplicase luego la norma del art. 34 para los incidentes, provocando a su entender una doble reducción.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Al respecto, sostienen que las reglas de los artículos 40 y 34 de la L.A. no pueden aplicarse ambas a la vez, por lo que agrega- o bien es un incidente y se aplica sólo el art. 34, o se toman las etapas del proceso cumplido y se regula por las mismas; pero siempre siguiendo el relato del recurso- nunca serán complementarias porque lo contrario traería aparejado, como sucede en autos, un resultado disvalioso, y sobre todo expropiatorio y confiscatorio para los honorarios de los abogados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Habiendo llegado a este punto en el análisis, es necesario precisar que el marco de conocimiento del Tribunal está delimitado por los agravios vertidos, dado que no es dable expedirse más allá de lo peticionado, so pena de incurrir en una decisión extra petita. En dicho contexto, y ante las peticiones disyuntivas formuladas por los recurrentes, de que se regule por el incidente aplicando sólo el art. 34 de la L.A. o por las etapas del proceso cumplido, considero que se deben regular los honorarios profesionales en base a esta última propuesta, en tanto es la que sin vulnerar el principio de congruencia- resulta más favorable a los recurrentes.- - - - - - - - - - - - -----En consecuencia, atento que en el caso sólo se ha cumplido una etapa del proceso (art. 40, L.A.), corresponde tomar la///.- ///12.-mitad del valor del monto base ($3.035.250 % 2), $1.517.625,00; aplicar la escala del art. 8 de la L.A., en el mínimo de la ley para la parte gananciosa (11%) conforme al porcentual propuesto oportunamente por el propio recurrente (fs. 298), lo que arroja la suma de $166.938,75; y a dicho importe adicionarle el 40%, esto es $66.775,50, producto de la actividad de abogado procurador (art. 10 L.A.), lo que da como resultado final, por las labores correspondientes al fondo del asunto (contestación de demanda), la suma de $233.714,25.- - - - - - - -----Por último, corresponde analizar los cuestionamientos formulados a la regulación de honorarios efectuada por la Cámara por la acción de rendición de cuentas.- - - - - - - - - - - - - -----Sobre el particular, se advierte que los recurrentes atribuyen carácter dogmático a la sentencia y haber incurrido en absurdo y arbitrariedad, pero no desarrollan ningún fundamento con miras a probar dichos extremos. Por ello, sus planteos recursivos constituyen sólo una enunciación y una mera discrepancia subjetiva con la tarea de evaluación y ponderación realizada por la Cámara en la cuantificación de los honorarios profesionales, lo que en modo alguno alcanza para conmover lo así decidido, debiendo en consecuencia, ser rechazado el recurso. MI VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Liliana Laura Piccinini dijeron:- - - - - - - - - - - -----ADHERIMOS a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Apcarian, VOTANDO en IGUAL SENTIDO.- - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana Cecilia Zaratiegui y Enrique J. Mansilla dijeron:- - - - - - - - -///.- ///13.-Atento la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTEMEMOS de emitir opinión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por los doctores Juan Pablo Beacon y Jorge Alberto Bollero a fs. 335/339. II) Revocar parcialmente la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones a fs. 322/328, punto II, respecto de la regulación de honorarios efectuada al Dr. Jorge Alberto Bollero por la acción de división de condominio, y confirmarla en lo referente a la regulación efectuada por la acción de rendición de cuentas. III) Regular los honorarios profesionales del doctor Jorge Bollero, en su calidad de apoderado letrado de la demandada, por las razones expuestas en los considerandos, en la suma de $233.714,25. IV) Imponer las costas en un setenta por ciento (70%) a la actora y en un treinta (30%) por ciento a los abogados recurrentes (art. 71 del CPCyC.) en todas las instancias. V) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada por la Alzada en el Punto V) de la parte resolutiva a fs. 328, la que se deberá ajustar al resultado de este pronunciamiento. VI) Regular los honorarios profesionales en esta instancia extraordinaria, a la doctora María Lucrecia Rodrigo en el 25%; y a los doctores Juan Pablo Beacon y Jorge Bollero en conjunto-, en el 30%, a calcular sobre los honorarios que oportunamente se les regulen por las defensas arancelarias, conforme se ordena en el Punto V) de la presente parte resolutiva. ASI MI VOTO.- - - - - - - - - -///.- ///14.-A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Liliana Laura Piccinini dijeron:- - - - - - - - - - - -----ADHERIMOS en un todo a la solución propuesta en el voto que antecede.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana Cecilia Zaratiegui y Enrique J. Mansilla dijeron:- - - - - - - - - - - ------NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).- - - - - ------Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por los doctores Juan Pablo Beacon y Jorge Alberto Bollero a fs. 335/339 de las presentes actuaciones.- - - - - - Segundo: Revocar parcialmente la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones a fs. 322/328 de autos (punto III), respecto de la regulación de honorarios efectuada al Dr. Jorge Alberto Bollero por la acción de división de condominio, y confirmarla en lo referente a la regulación efectuada por la acción de rendición de cuentas.- - - - - - - - - - - - - - - - Tercero: Regular los honorarios profesionales, del doctor Jorge Bollero, en su calidad de apoderado letrado de la demandada, por las razones expuestas en los considerandos, en la suma de $233.714,25.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuarto: Imponer las costas en un setenta por ciento (70 %) a la actora y en un treinta (30%) por ciento a los abogados recurrentes (art. 71 del CPCyC.) en todas las instancias.-///.- ///15.-Quinto: Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada por la Alzada en el Punto V) de la parte resolutiva a fs. 328, la que se deberá ajustar al resultado de este pronunciamiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sexto: Regular los honorarios profesionales en esta instancia extraordinaria, a la doctora María Lucrecia Rodrigo en el 25%; y a los doctores Juan Pablo Beacon y Jorge Bollero, en conjunto, en el 30%; a calcular sobre los honorarios que oportunamente se regulen por las defensas arancelarias, conforme se ordena en el Punto V) de la presente parte resolutiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Séptimo: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse. FDO. RICARDO A. APCARIAN JUEZ - SERGIO M. BAROTTO JUEZ - LILIANA LAURA PICCININI JUEZA - ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI JUEZA - EN ABSTENCION (ART. 39 L.O.) - ENRIQUE J. MANSILLA JUEZ - EN ABSTENCION (ART. 39 L.O.) - ANTE MI: WENCESLAO ARIZCUREN SECRETARIO.