Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100195 SALA II Expediente Nro.: 23.049/2008 (Juzg. Nº 23) AUTOS: "LEZCANO, EDUARDO CESAR C/ SHELL COMPAÑÍA ARGEN-TINA DE PETROLEO S.A. S/ DESPIDO".

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 29 FEBRERO DE 2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar el recurso deducido en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continua-ción.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Contra la sentencia dictada en la instancia anterior a fs. 318/327 que admitió la demanda interpuesta por el actor, se alza la demandada a tenor del memorial que luce a fs. 331/344, que mereció réplica de la parte actora en los términos del escrito de fs.347/349.

II.	La demandada cuestiona que la sentenciante haya considerado que el "Plan de Jubilación Suplementario" y la "bonificación por turnos" reclamados en autos integraban el contrato de trabajo del accionante y que consti-tuían, por ende, condiciones de trabajo que regían la relación. Alega que el pronun-ciamiento recurrido incurre en una confusión de conceptos, inducida por los propios términos del escrito inicial ya que subsume bajo una misma denominación, dos con-ceptos diferentes entre sí, como lo son el denominado Plan de Jubilación Suplementa-ria y el llamado Régimen de Retiro anticipado, concepto éste último que afirma es el que constituye el objeto de esta litis. Aclara que el mismo consiste en un pago volun-tario y graciable adoptado por la empresa en el marco de una política interna en bene-ficio de los trabajadores no convencionados que discontinuaban su relación laboral y que, en ese marco, no existe obligación legal o convencional que se lo imponga. Afirma haber abonado correctamente el rubro en cuestión y que ello quedó acreditado con el informe contable producido en autos. Critica que se la pretenda condenar al pago de un importe por un concepto no reclamado como ha sido la liquidación efec-tuada al actor en mérito a la implementación del Plan de Jubilación Suplementaria y alega que no medió una unilateral modificación por parte de la demandada respecto a dicho Plan que se tradujera en una reducción del 50% en menoscabo del patrimonio del trabajador. Se agravia por la confusión de conceptos y modalidades de cálculo respecto a los dos pagos graciables que le abonó al actor. Sostiene que al momento de la desvinculación del actor regían las condiciones en base a las cuales se le liquidaron sus beneficios pues las normas aplicables son las vigentes al momento del cese, por lo que entiende no se alteraron derechos adquiridos ni se produjo menoscabo alguno en el patrimonio del actor ni de sus expectativas.	En cuanto al rubro bonificación por turnos, adujo que a partir del año 2007 se incrementó, voluntariamente, al 33% el porcentaje reco-nocido a dicho ítem para el personal no escalafonado y que el mismo no se sustenta en lo dispuesto por el CCT 449/06. Cuestiona la conclusión arribada en la sentencia recurrida en torno a que el 33% que se comenzó a abonar en diciembre de 2007 era el mismo concepto que se dejó de abonar cuando el actor dejó de estar bajo el CCT refe-rido. Agrega que si bien coincide el porcentaje se trata de un adicional asignado den-tro de la estructura que corresponde a los trabajadores no escalafonados y que no res-ponde a reclamos efectuados por el accionante ni a obligaciones emergentes del CCT 449/06 por cuanto éste no alcanza al actor. Agrega que el fallo incurre en una abierta contradicción ya que si el actor hubiese estado comprendido en el CCT citado no sería procedente el beneficio reclamado simultáneamente en este juicio porque éste sólo le fue reconocido a los trabajadores fuera de convenio. Destaca que se declaró la proce-dencia del rubro con base en una errónea lectura del texto de la pericia contable y sin considerar las contundentes apreciaciones vertidas por los testigos que avalarían su tesis, extremos éstos que permiten calificar de arbitrario al pronunciamiento dictado por la a quo. Por último, pone de relieve que al regular honorarios la Sra. Juez señaló que corresponde regular a la representación y patrocinio letrado del tercero citado cuando en realidad nadie fue traído a este proceso en esos términos.

III.	En orden a las cuestiones traídas al conocimiento de este Tribunal, corresponde analizar el primero de los agravios vertidos por la recu-rrente vinculado al Plan de Retiro anticipado que, según afirma es el que constituye el verdadero objeto de la presente litis.

Anticipo que voy a proponer confirmar este aspec-to del decisorio en crisis. Ello así por cuanto, tal como lo destaca la apelante, más allá de la confusión terminológica que se evidencia en el pronunciamiento recurrido y en el escrito inicial e incluso en el recibo de fs. 56 en el que ambos conceptos se ubican en un mismo ítem, lo cierto es que el que el "plan de retiro anticipado" fue implementado por la demandada en beneficio de los trabajadores no convencionados como una forma de contribuir a su sustento y bienestar futuro y que, por Acta de Directorio del 22/2/02, fue modificado disponiéndose una quita equivalente al 50% del monto de la indemnización legal que pudiere corresponder (ver fs. 27 vta y 28).

En este contexto, no cabe duda que, por la fecha de ingreso del actor a la compañía (4/2/81), éste había adquirido el derecho en expectativa a gozar en el futuro de dicho plan -bajo condición de reunir en su hora los recaudos reglamentarios establecidos por la empresa- dado que ya se encontraba trabajando en la accionada y dicho plan importó un incentivo para permanecer en ella.

En consecuencia, el derecho a alcanzar los benefi-cios del aludido plan, aún cuando haya nacido de la decisión unilateral y voluntaria de la demandada, pasó a ser una obligación que se incorporó al contrato de trabajo y, por consiguiente al patrimonio del trabajador, aunque estuviese supeditada en su efectivi-dad al llenado de los requisitos correspondientes.

No hay duda alguna en la doctrina y la jurispru-dencia acerca de la virtualidad de la voluntad unilateral del empleador para generar obligaciones, siendo reconocida su validez como fuente de regulación del contrato de trabajo (conf. art. 1 inc d) de la ley 20744), y una vez exteriorizada la cláusula de be-neficio adquiere carácter obligacional como si fuera la ley (doct arts. 1 de la LCT y 1197 del Código Civil, aplicable por analogía). Así lo he señalado al emitir mi voto, en un caso de aristas similares al presente, en la causa "Esmerode c/ IBM Argentina SA" (SD 97191 del 28/9/09 del registro de esta Sala), al que ha adherido mi distinguido colega Miguel Angel Pirolo.

En el contexto descripto, considero que la accio-nada no podía reducir, como lo hizo a través del Acta del 22/2/02, el monto que debía reconocerle a aquel trabajador, ingresado con anterioridad, que cumpliera los requisi-tos estipulados por Shell Cía Argentina de Petróleo SA para su otorgamiento y ello porque ya había asumido ante ese dependiente el compromiso insoslayable de conce-derlo con un determinado modo de cálculo.

Desde esta perspectiva, coincido con el criterio adoptado en la instancia de origen en cuanto a que ese derecho se incorporó al contra-to de trabajo como un elemento esencial, por lo que no podía ser modificado unilate-ralmente como lo hizo la demandada a través del Acta del 22/2/02, conforme lo exige un elemental principio general de derecho (conf. arts 1197 y 1200 Cód.Civil y 66 LCT), cual es el de la imposibilidad de modificar derechos adquiridos.

Por otra parte, si bien la demandada aludió a la existencia de una cláusula por la cual quedaba reservada la facultad de introducir mo-dificaciones de aquellos beneficios en expectativa (ver fs. 27), no precisa de modo concreto cuál sería esa cláusula ni se desprende de la documental por ella acompañada (ver fs. 17/21), circunstancia que aún de haberse producido tampoco podría incidir en la conceptualización obligacional del plan cuestionado, dado que esa eventual fa-cultad modificatoria no podría -en materia de derechos laborales y para un trabajador que ya había incorporado el beneficio a su patrimonio jurídico- disminuir el alcance del beneficio (doc. art. 12 LCT).

En síntesis, la demandada en forma unilateral y de forma voluntaria se obligó a reconocer al accionante su derecho a un plan de retiro cuando cumpliera los recaudos establecidos en el reglamento, por lo que esas condi-ciones no podían ser modificadas en perjuicio del dependiente.	Por otra parte, no puedo dejar de advertir que por tratarse de una cláusula esencial del contrato y no de una mera modalidad contractual, este tema era ajeno al ius variandi previsto en el art. 66 de la LCT, ya que dicha nor-ma, que regula el derecho empresarial de introducir cambios derivados de sus poderes de organización y dirección, expresamente restringe tal facultad a modalidades no esenciales del contrato, marco en el que no cabe encuadrar la decisión patronal del 22/2/02.

El argumento en torno a que como consecuencia de la crisis del 2001 el plan previsto no pudo ser implementado y que ello motivó el dictado del Acta de Directorio del 22/2/02 que introdujo, entre otras, la modificación apuntada, carece de sustento ya que, una vez asumido el compromiso obligacional descripto por la vía jurídica de la voluntad unilateral de la empleadora, ésta no podía, para desligarse de sus deberes ya contraídos, introducir unilateralmente modificacio-nes que reduzcan, restrinjan o eliminen derechos adquiridos del personal. Para resultar legítima dicha modificación debía ser producto de una real negociación de las partes y esa situación no aparece evidenciada en autos ya que, reitero, la modificación en cuestión fue producto de una imposición unilateral de la empleadora en función de una conveniencia propia derivada de la situación económica por la que atravesaba el país y que era de público conocimiento, respecto de la cual la actora resulta ajena pues se trata de vicisitudes propias del riesgo empresario, por lo que cabe concluir que la misma carece de validez y, por lo tanto, de operatividad. Tampoco se aprecia que la modificación introducida el 22/2/02 haya implicado para el actor la obtención de algún otro beneficio.

Por otra parte, el hecho de que el trabajador haya mantenido silencio durante más de seis años no implica, tal como lo afirma la deman-dada a fs. 28 vta, una tácita aceptación que impide cualquier reclamo posterior. Ello así por cuanto tal circunstancia carece, frente a lo dispuesto por el art. 58 LCT, de la menor relevancia jurídica, tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Padín Capella, J.D. c/Litho Formas SA" (sentencia del 2/3/87, Fallos 310:558, publicado en TSS 1987, págs. 790 y sgtes.)". Según la Corte Federal el argumento de que el silencio del trabajador permite considerar que medió una no-vación objetiva de las cláusulas contractuales conduciría a admitir la presunción de renuncias a derechos derivados del contrato de trabajo, y advirtió que ello estaría "en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12, 58 y concs. de la LCT". En síntesis, la renuncia o la novación no se presumen. No es suficiente ni el silencio del trabajador, ni la recepción prolongada y sin reservas, ni cualquier otra actitud "pasiva" (Sentencia Definitiva Nro. 92089 del 22/10/03 in re "Cozzi, Adalberto c/ Buenos Aires Embotelladora SA s/ despido", del registro de esta Sala).

En consecuencia, cabe juzgar que la decisión de la empleadora de modificar unilateralmente el monto que cabía reconocerle al Sr. Lez-cano por el acogimiento al plan de retiro anticipado (prestación económica) resultó nula y no oponible al trabajador que tiene derecho al cobro de las diferencias respec-tivas. Por lo expresado, propongo desestimar este aspecto de la queja y confirmar la decisión del grado en cuanto dispone la procedencia del rubro y su cuantificación.

IV.	El agravio vertido en torno a la procedencia del rubro "bonificación por turnos" considero que debe tener favorable acogida.

En efecto, el actor reclamó que se le abonara el rubro en cuestión porque éste se había incorporado al salario desde el inicio de la re-lación y que, cuando pasó a ser personal fuera de convenio, le fue reducido del 33% al 18%, situación que se mantuvo hasta que en diciembre del 2007 la demandada volvió a reconocérsele el 33% por tal ítem en cuestión. En ese marco, pidió la diferencia re-sultante entre el 18 % que percibió y el 33% que considera que debió haber percibido calculada sobre el básico abonado durante el período no prescripto.	Si bien la accionada a partir de diciembre del 2007 comenzó a abonarle al actor el 33% por tal concepto, no menos cierto es que ello res-pondió a una liberalidad de su parte, pues el Sr. Lezcano desde el momento en que fue ascendido a Supervisor de Mediciones dejó de ser personal comprendido en el convenio colectivo del año 1973, modificado por CCT 65/75, vigente en ese momento, por lo que la empresa no estaba obligada a abonarle el porcentaje que el CCT de trabajo aplicable le reconocía a los trabajadores que se encontraban comprendidos en su ámbito de aplicación.

En efecto, no existía para la accionada, con ante-rioridad a diciembre del 2007, obligación alguna de abonar el porcentaje reclamado ya que no existía disposición alguna que así lo estableciere para el personal fuera de convenio, como sí ocurría, reitero, con el personal alcanzado por el CCT 449/06. La obligación de la empleadora de abonar el 33% del adicional por turno -rubro asignado a la categoría de trabajadores no escalafonados- nació recién, como liberalidad, cuando la accionada dispuso su incremento. De allí que la perito haya informado que el actor percibió el 19% del sueldo básico por el rubro en cuestión desde el 4/2/1981 al 30/9/1985, es decir mientras se desempeñó como personal convencionado y al haber sido ascendido a Supervisión de Mediciones, dentro del Sector Movimientos, pasó a percibir sólo el 18% que era el porcentaje reconocido a los trabajadores fuera de convenio. No soslayo que desde 1990 hasta noviembre del 2007 la empresa abonó al personal encuadrado en el CCT el 33% y al personal fuera del escalafón sólo el 18% del sueldo básico (ver informe pericial de fs. 272/283, en particular fs. 281), pero no menos verdad es que los beneficios contemplados en un CCT solo pueden ser exigidos por los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación personal del citado convenio y, simétricamente, resultarían inaplicables para aquellos trabajadores regidos por otro convenio o simplemente excluidos de la norma convencional.

En ese contexto, los magistrados no están obliga-dos a proyectar su contenido sobre sujetos que no fueron contemplados como destina-tarios de un determinado beneficio.

Por otra parte, el reclamo impetrado constituiría un comportamiento que se encuentra reñido con la teoría de los propios actos. Repárese que el actor por un lado afirma haber sido un trabajador fuera de convenio (ver fs. 3 vta y 348 vta) y por otro, reclama un beneficio consagrado en el CCT a favor de aque-llos trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación. En ese contexto, la de-mandada no estaba obligada a otorgar el mismo porcentaje a ambos grupos de traba-jadores pues no son trabajadores que se encuentran regidos por la misma normativa. Lo expuesto, torna admisible la apelación y por lo tanto deviene innecesario el análisis de la prueba testimonial reseñada al efecto.

Queda claro que la voluntad unilateral de la em-presa fue hábil para crear a partir de diciembre 2007 su obligación de abonar el 33%, en vez del 18% correspondiente al personal no comprendido en el CCT, pero ese sólo hecho no la obligaba a abonar las diferencias de manera retroactiva pues esa voluntad obligacional generó el deber jurídico desde ese momento..

En consecuencia, cabe dar favorable acogida al agravio vinculado a lo decidido en torno a la diferencia del rubro "bonificación por turnos" y revocar este aspecto del pronunciamiento apelado.

V.	Por lo expuesto en los acápites anteriores, de acep-tarse mi propuesta, corresponderá modificar parcialmente el decisorio apelado redu-ciendo el monto total de condena a la suma de $ 101.754,36, (pues a los $121.347,90 dispuestos en origen se descuenta la suma de $ 19.593,54 cfr. acápite IV de mi voto), cifra a la que corresponderá aditarle los intereses dispuestos en la instancia anterior y que arriban firmes a la Alzada.

VI.	Como consecuencia de la modificación propugna-da, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios, ade-cuándolos al actual resultado del litigio (conf. art. 279 cód. procesal). Sobre dicha ba-se, aprecio que ambas partes resultaron vencidas y vencedoras mutuamente. Por ello, aunque sin atenerme a un criterio estrictamente aritmético en este punto, y tomando en cuenta la naturaleza de las cuestiones debatidas es que considero pertinente y pru-dente en el caso acudir al dispositivo contemplado por el art. 71 del código procesal, e imponer las costas de la anterior instancia en un ochenta por ciento (80%) a cargo de la parte demandada, y el restante veinte por ciento (20%) a cargo de la parte actora, criterio que cabe hacer extensivo a las de Alzada.

En lo atinente a los honorarios correspondientes a la anterior instancia, conforme resultado del pleito en relación con cada parte, etapas cumplidas y mérito e importancia de las labores, sugiero regular los de la representa-ción y patrocinio letrado de la parte actora en quince por ciento (15%), los de la repre-sentación y patrocinio letrado de la parte demandada en doce por ciento (12%), y los de la perito contadora, en el siete por ciento (7%). Estos porcentajes deberán aplicarse sobre el monto total de condena, con inclusión de intereses, que se determine en la referida etapa procesal (arts. 38 L.O. y 1, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839; decr. ley 16.638/57).

Con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia, propongo que se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada y de la actora en el 30% y en el 25%, respectivamente, de la suma que les corresponda a cada una de ellas percibir por lo actuado en la instancia anterior.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza, por análogos fundamentos.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sen-tencia apelada y consecuentemente reducir el monto total de condena a la suma de pesos ciento un mi setecientos cincuenta y cuatro con treinta y seis centavos ($101.754,36), cifra a la que se le aditarán los intereses dispuestos en la anterior sede; 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en la instancia anterior en materia de costas y honorarios; 3) Imponer las costas, en ambas instancias, en un ochenta por ciento (80%) a cargo de la parte demandada, y el restante veinte por ciento (20%) a cargo de la parte actora 4) Regular por las tareas llevadas a cabo en la instancia anterior, los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el quince por ciento (15%), los de la representación letrada de la parte demandada en doce por ciento (12%), y los de la perito contadora, en el siete por ciento (7%) sobre el monto de condena con inclusión de intereses 5) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada y de la actora en el 30% y en el 25%, respectivamente, de la suma que les corresponda a cada una de ellas percibir por lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Miguel Ángel Maza Juez de Cámara Juez de Cámara