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Contrabando, excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: CABEZAS s/ ContrabandoIncidenteExcarcelación Causa 13996
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-16

1- La restricción de la libertad que establecen los Arts.865 y 867 del C.A. en función del Art.379, inc.1° del C.P.M.P., encuentran su respaldo en el Preámbulo de la Constitución, en cuanto establece el principio de afianzar la justicia, y la forma de hacerlo es asegurar el desarrollo del juicio hasta su terminación para lo cual, pudiendo la libertad del imputado comprometer dicho principio ya sea por su no comparencia, su fuga o el incumplimiento del decisorio que se dicte, procede su restricción conforme la norma contenida en el Art.

18 de la C.N., que autoriza el arresto, y este no se puede asimilar a la condena. (Del voto del Dr. Sustaíta).- 2- De la personalidad del procesado y de su accionar, surgen motivos valederos para presumir que pudiera eludir la acción de la justicia, pues su calidad de funcionario público, su concertación para cometer el delito con otro funcionario y la parte activa que le cupiera en el desarrollo de la acción, resultan elementos que llevan al convencimiento de la poca confiabilidad del sujeto y tornan razonable la aplicación de la norma que impide su libertad. (Del voto del Dr.Sustaíta).- 3- Gozar de la libertad hasta la sentencia no constituye salvaguardia contra el arresto, la detención o la prisión preventiva, atento ser medidas cautelares que tienen respaldo constitucional. (Cf. CSJN, FALLOS 280:297). (Del voto del Dr.Sustaíta).
Régimen penal tributario, regímenes de presentación espontánea, denuncia, declaración indagatoria, derecho a conocer el hecho imputado, amnistía, extinción de la acción penal
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: NAVIERA HORAMAR S.A. s/ Régimen penal tributario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-23

El acogimiento por parte del imputado a un régimen de presentación espontánea con posterioridad a la denuncia penal - en el caso, el Decr. 93/00 - torna viable la extinción de la acción - art. 59, inc. 2 del Código Penal - considerándose reunidas las condiciones de la amnistía dispuesta en el art. 73 de la Ley 25401, si aquel no fue puesto en conocimiento de las imputaciones en su contra hasta después de su presentación de acogimiento, debiendo admitirse que fue espontánea.
Consejo de la Magistratura, declaración de inconstitucionalidad, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ E.N. - Ley 26080 - Dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-16

La norma constitucional referida al Consejo de la Magistratura busca mantener un equilibrio entre sectores de distinto origen sin que exista predominio de uno sobre otros, es decir que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo al cuerpo; el equilibrio consiste entonces en la imposibilidad de que alguno de los cuatro estamentos pueda llevar adelante acciones hegemónicas o controlar al Consejo por sí y sin necesidad de consensos con otros estamentos.
Empleo público, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., R. E. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-05

La "potestad disciplinaria administrativa, en los regímenes policiales tiene sus peculiaridades, ya que las conductas son apreciadas en un contexto estimativo tradicional de lo que se llama "espíritu" o "estado policial", el que a su vez, según lo indica la jurisprudencia nacional, "presupone el sometimiento a las normas de fondo y de forma que estructuran la institución policial, ubicándola dentro del esquema general de la Administración Pública, de las que difiere en tanto por su composición como por las normas que la gobiernan, las que establecen las relaciones de su personal sobre la base de la subordinación jerárquica y la disciplina". Lo cual no impide la revisión judicial, en casos de manifiesta arbitrariedad o irrazonabilidad, ni implica la renuncia del agente sujeto a derechos garantizados por la Constitución Nacional y Provinciales, cuyo reconocimiento eventualmente puede reclamar".
Cesantía, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Viera, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Zárate s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

No se encuentra debidamente fundado el acto que dispuso la cesantía si se limita a la cita del régimen estatutario que establece los obligaciones y prohibiciones impuestas al personal comunal, sin expresar en sus considerandos de qué forma los hechos que tiene por acreditados encuadran en tales disposiciones o constituyen el quebrantamiento de las normas invocadas, requisito que le era impuesto por la norma de procedimiento aplicable (art. 68, último párrafo, Ord. Gral. 207).
Acción de amparo, empleo público, carrera docente, titularización de docentes, docentes interinos
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Cheetman, Alicia Victoria c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-24

La circunstancia de que los cargos directivos no fueran incluídos dentro del artículo 1 y anexo de la Ley Nro. 283 -que confirman en carácter de titular a los agentes interinos- no aparece a primera vista irrazonable dada la importancia de tales funciones y la necesidad de comprobar que éstos sean ocupados por personal capacitado para tales cargos, entre otras cualidades necesarias. (Del voto de los Dres. Weinberg de Roca y Centanaro).
Insuficiencia del agravio, monto de la pena, Ministerio Público Fiscal, prueba, individualización de la pena, sistema acusatorio, deber de imparcialidad
Materia: PENAL
Carátula: Manganare, Julio y otro c/  s/ Robo y lesiones leves
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-03

Cabe rechazar el agravio introducido por la defensa mediante el cual sostiene que el tribunal de juicio no se encontraba habilitado a imponer un monto punitivo superior al solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal en su alegato, en la medida en que no se advierte que esa individualización haya supuesto la consideración de elementos fácticos ajenos o distintos de aquellos cuya acreditación fue postulada por el acusador, y en tanto la significación otorgada a tales elementos por parte del juzgador, a efectos de fijar el monto de sanción, es una atribución exclusiva y excluyente de la jurisdicción, conforme lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Código Penal. En ese contexto, conforme lo señalado en "Ullua", no se verifica una afectación al principio acusatorio, y por consiguiente, de la garantía de imparcialidad del juez, puesto que la pretensión relativa a que debe regir un sistema conforme al cual la decisión jurisdiccional sobre el derecho aplicable se encuentre vinculada y limitada por la opinión del representante del Ministerio Público Fiscal no encuentra apoyo en ninguna norma del derecho positivo vigente. En este marco, entender que un magistrado se encuentra atado a lo postulado por aquél, importaría además un quebrantamiento de la exigencia de sometimiento exclusivo a la ley, que alcanza sólo al juez, en favor de los ciudadanos sometidos a su jurisdicción. Tal exigencia deriva de la garantía de independencia impuesta por virtud del principio republicano de división de poderes, así como de la garantía fundamental del juez natural (voto del juez Magariños con remisión a su voto en "Ullua", CCC 14999/2013/TO1/CNC3,Sala 3, Reg. nro. 605/2016, resuelta el 12 de agosto de 2016)
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Becco, Rubén Angel c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

Si bien el incumplimiento de las exigencias de matriculación específica, impide el cómputo de la antiguedad en la profesión a los efectos previsionales, se impone una solución diferente si surge el reconocimiento, emanado del Consejo Superior y de la contestación de la sentencia, como actividad profesional a los efectos de los arts.

13, 15, 19 y 29 de la ley 7014, el ejercicio de la profesión de corredor público sin estar matriculado como martillero público (reconocimiento limitado a la actividad anterior al comienzo de la vigencia de la ley 7014). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intervención de terceros, citación por el demandado, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: VERDUN PEDRO ANTONIO c/ LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y CASINOS SEC. PRODE Y OTRO s/ COBRO DE PREMIOS LOTERIA Y PRODE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-05

La demandada, Lotería Nacional Sociedad del Estado, no pretende traer a Juicio al Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires en calidad de demandado, lo que resultaría improcedente salvo conformidad de la actora, a quien no se la puede obligar a dirigir su acción contra quien no quiere (cfr. esta Sala, causa 8285/91 del 29.9.93; Idem Sala II, causa 7542 del 24.10.78), sino como tercero, en virtud de que dicho organismo intervino en el procesamiento de la tarjeta de prode. En consecuencia, atendiendo a que no medió oposición de la accionante a dicha solicitud y a que luego la consintió expresamente, corresponde hacer lugar a la citación de tercero, por cuanto ella resulta admisible cuando quien la solicita esta legitimado, en la hipótesis de resultar vencido, para accionar contra quien permanece ajeno al pleito, regresivamente, por lo que resulte condenado.
Prisión domiciliaria, condiciones personales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Britos, Hugo Cayetano s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-04

El derecho a cumplir prisión preventiva en el domicilio de quien reúne, en principio, las condiciones personales tenidas en cuenta por el legislador al regular su otorgamiento -persona mayor de 70 años conforme art. 32 inc. "d" ley 26.472-, no puede ceder, sin más, por la elevada sanción penal que impone una sentencia, por cuanto valorar esta sola circunstancia en forma negativa sin ningún otro elemento de juicio -independiente o conjunto- que acompañe el intelecto sobre el que se edifica la decisión, tornaría inaplicables las razones humanitarias que animan el instituto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Contreras Santibañez, José L. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-22

Es improcedente el agravio en el que se denuncia la violación de los arts. 167 y 309 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- alegando que yerra la Cámara al decretar la nulidad de oficio de lo que durante todo el proceso fue llamado una pericia, sin que ninguna de las partes haya objetado su validez, por no haberse notificado al detenido conforme lo previsto en el art. 167 cit., si no logra evidenciar el Fiscal de Cámaras que lo resuelto por la Cámara ante la sanción expresa de nulidad prevista en el citado art. 167, implique la transgresión del art. 309 del mismo Código que denuncia, pues el único fundamento en que apoya su queja es la cita de un precedente de esta Corte referido a la imposibilidad de acoger en la instancia extraordinaria un planteo de nulidad no sometido a la decisión de las instancias ordinarias, y ello no alcanza para demostrar que la alzada no estaba facultada para decretar de oficio la mentada sanción.
Bienes inmuebles, tercería de mejor derecho, tercería de posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PZA SEP. RAED OSVALDO M. EN J: ARIZA Y OT. c/ JUAN G. FALCON s/ acc - Posesoria (LIBRO: A156 - 305)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-01

El Sr. Raed a través de una tercería excluyente voluntaria, que califica de posesión, mejor derecho, colisión de derechos o lo que el Tribunal considere correcto, alega y pretende probar que es el propietario del inmueble objeto del presente juicio posesorio, donde se dictó sentencia firme que admitió la acción posesoria de recuperar, declarando que la calidad de poseedor recaía en los Sres. Anibal y Ariza. No cabe duda que la pretensión ejercida a través de la tercería implica plantear el petitorio dentro del presente juicio posesorio. Ello significa que, en este proceso posesorio, no se puede a través de una tercería voluntaria excluyente, pretender que se declare que el tercerista es propietario y poseedor del inmueble objeto del proceso.-
Mediación, mediación obligatoria, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: VILA, Sergio Adrián c/ LARA, Jorge Miguel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-11

Si no se extendió acta final en los términos previstos por los arts. 1º y 14º del decreto 91/98, la promoción de la demanda resulta prematura, en tanto no puede tenerse por cumplimentada la etapa conciliatoria previa.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de tratados internacionales, jerarquía de las leyes, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Calvo Gainza, Julio Jorge c/ Corporación de Desarrollo de Tarija. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

Suscita cuestión federal de trascendencia la interpretación de los tratados internacionales, ley suprema de la Nación: art. 31 de la Constitución Nacional.
Periodistas, jornada de trabajo, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: COBAS, GLADYS c/ DICON DIFUSION CONTEMPORANEA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-25

Si la empleadora aplicó desde el ingreso de las trabajadoras, una jornada laboral superior a la legal, ley 12908 y convencional CCT 124/75, la alegada conformidad tácita de éstas con dicha extensión y el modo de considerar y remunerar el trabajo extraordinario, ambos asuntos más perjudiciales para el dependiente, deviene nula y la estipulación a que se refería es reemplazada automáticamente por la norma imperativa inderogable.
Hipoteca, principio de accesoriedad, obligación principal
Materia: CIVIL
Carátula: GALLI, José Eduardo c/ GUISASOLA HERMANOS S.A.I.C. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

Aún cuando el art. 3131 del Código Civil se refiere a los datos que deben consignarse respecto del "contrato" al que accede la hipoteca, no es imprescindible que la obligación provenga de fuente contractual, pudiendo, inclusive, acceder a un mero reconocimiento incausado, en tanto éste acredita la existencia de la obligación, en base al principio de presunción de causa (art. 500 del Código Civil), cumpliéndose, así, con el mentado requisito de la accesoriedad.-
Acción de amparo, legitimación activa, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CONSUMIDORES LIBRES COOP. LTDA. DE PREV. SERV. DE ACC. COM. c/ E.N. -Dto. 702/95- s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-20

El art. 43 del texto constitucional solamente apodera a sujetos distintos del "afectado" directo, esto es, al Defensor del pueblo y a las asociaciones que propendan a la tutela de los derechos de incidencia colectiva en general, a promover la acción diseñada en su primer párrafo; no obstante lo cual resulta evidente que tal acción procede únicamente cuando un acto u omisión de autoridades públicas o de particulares en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley.
Empleados públicos, remuneración, suplemento por inspección
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO, MARCELO NESTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 367 A O 1985)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-18

El artículo 63 del decreto 2695/83- aprobatorio del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial- dispone que para tener derecho a la percepción del suplemento por inspección, el agente deberá desempeñar funciones de inspección externa previstas en la estructura orgánica funcional aprobada en forma exclusiva, personal y permanente, constatando el cumplimiento de leyes, decretos y resoluciones, por parte de los terceros, fuera del ámbito de la Administración Pública provincial, no comprendiendo las tareas de verificación y control desarrolladas en las dependencias administrativas. Al respecto, considerando que en el decreto 1651/82 que aprobó las estructuras de la Caja de Asistencia Social de la Provincia, no aparece contemplada la Jefatura de Sección Inspección, ni tampoco el cargo de inspector como función diferenciada del resto de las que están previstas, cabe rechazar la solicitud de reconocimiento y pago de dicho suplemento por parte del recurrente.
Derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, movilidad del haber jubilatorio, facultades del Poder Legislativo, ley reglamentaria
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

El art. 14 bis de la Constitución Nacional reconoce el derecho a la movilidad de las jubilaciones sin fijar pauta alguna al efecto, lo cual significa que ha dejado librado a la prudencia del legislador establecer las condiciones en que aquél se hará efectivo, pero tal derecho no puede ser desvirtuado ni alterado por las normas regulatorias pertinentes, pues está en juego el cumplimiento de una disposición constitucional en función de una normativa que debe ser razonable y que no puede desconocer el derecho reglamentado (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Nulidad de sentencia, salidas transitorias, restricción de acercamiento
Materia: PENAL
Carátula: Nievas, Armando Oscar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-19

Corresponde anular la resolución que hizo lugar a las salidas transitorias, pues si bien el encartado cumplió con el requisito temporal para su incorporación al Período de Prueba, no tiene causa abierta en donde interese su detención u otra condena pendiente, su comportamiento intramuros no registraba guarismos ajustados a la normativa aplicable, ya que obra constancia de la imposición de una sanción disciplinaria impuesta y el a quo omitió valorar adecuadamente los sucesos que produjeron la revocación de las salidas extraordinarias otorgadas y que motivaron el dictado de una orden de restricción de acercamiento al domicilio y/o lugar de trabajo y/o estudio de su ex pareja.
Prueba, inviolabilidad del domicilio
Materia: PROCESAL PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MATURANA, EDUARDO A. s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-06

De nada valdría la protección constitucional a la intimidad del domicilio, si tal obstáculo pudiese ser válidamente sorteado mediante determinadas actitudes de los funcionarios que compeliesen al beneficiario a sacar, fuera de aquella órbita, lo que de otro modo sólo podría ser requisado a través de la pertinente orden de allanamiento; o contando con un libre consentimiento que las circunstancias del caso demuestran que en modo alguno pudo haber existido.

La violación por parte de las autoridades prevencionales de expresas garantías constitucionales, provocó la ilegitimidad de la actuación.

Con ello, queda expedita la posibilidad de apartar la prueba obtenida en consecuencia, como así también toda aquella que haya sido su directa derivación.
Compraventa, pacto comisorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HOLOVESKY ADOLFO Y OTRO c/ TARRAUBELLA Y OTRO s/ RES. CONTRATO Y COMPRAVENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

La cláusula resolutoria implícita conduce a la extinción del vínculo contractual por un doble camino, por un lado la autoridad del acreedor, sobre la base del procedimiento que la misma prevé (art.

204 seg. párr.); y por otro por sentencia judicial.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, daños y perjuicios, responsabilidad médica, establecimientos asistenciales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lapido,  Eduardo  Rubén c/ Sanatorio Privado Figueroa Paredes yotros. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

Es arbitraria la sentencia que -al condenar solidariamente a la obra social a abonar los montos indemnizatorios que debían ser pagados a la actora- afirmó que dicha condena era "obvia", pues carece de una mínima fundamentación de hecho o de derecho y sólo se sustenta en una afirmación dogmática o consideración abstracta, insuficiente para sostener el decisorio.
Procedencia del recurso, ley vigente, residencia habitual del niño, interés superior del niño, declaración de incompetencia, estado de adoptabilidad, principio de inmediación
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: A., M. C. c/  s/ control de legalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-03-30

Resulta procedente el recurso de apelación interpuesto por la señora Tutora Oficial y corresponde revocar la sentencia, dado que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación impone interpretar aquella normativa con lo dispuesto por el art. 716, que al referirse a los procesos de familia referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. De este modo, tratándose de niños, es un deber de los magistrados actuar con suma cautela y prudencia a los fines de evitar que se demore injustificadamente la toma decisiones. En este punto, no cabe duda que debe priorizarse el principio de tutela judicial efectiva, para el cual resulta imperiosa la inmediación y el contacto directo de los operadores de justicia con los niños, de modo que se garantice que las medidas o decisiones que se adopten realmente sean contemplativas de su interés superior. La eficiencia de la actividad jurisdiccional debe estar dada por el acercamiento permanente del juez con su asistido, de allí que el rechazo de la declaración de incompetencia no resulta acertado, toda vez que va en contra del interés superior de la menor; no se condice con las demoras producidas en este proceso, que lejos de resolver en forma definitiva la cuestión planteada sigue dilatándose en su perjuicio, sin advertir la urgencia que requiere el trámite de adopción, sobre todo si se considera que ya está declarada la adoptabilidad y que cada momento que pasa le resta posibilidad de ser adoptada.
Medidas cautelares, embargo, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kobylañsky Mercedes N. c/ Americana S.R.L. Cía. Constructora s/ Embargo Preventivo (LIBRO: A160 - 046)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-02

Constituye ejercicio abusivo del derecho por parte del acreedor actor, el embargo sobre un inmueble del deudor demandado, si el mismo se presenta como excesivo y vejatorio en relación al resultado que se quiere asegurar.-