Confirmación de sentencia, ley de defensa del consumidor, bancos, improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, medidas cautelares, adultos mayores, situación de vulnerabilidad, delitos informáticos, prueba, dictamen fiscal, obligación de seguridad, derechos y garantías constitucionales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Inc. Apelación. en autos: Reimondi, José Antonio c/ Banco Nación Argentina s/ Ley de Defensa del consumidor
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-05-27

Procede rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia confirmar la resolución atacada -que ordenó a la demandada abstenerse de efectuar los descuentos que se realizan en la cuenta bancaria de titularidad del actor, originados por el préstamo obtenido a través del servicio de homebanking de dicha entidad y la suma en concepto de extracción, hasta tanto se dicte sentencia definitiva-; asimismo, atento a la naturaleza del asunto cabe dejar sin efecto la suspensión de plazos procesales establecida en la Ac. CSJN nº 8/2021, de conformidad con el art. 2º, últ. párr. de la misma. Para decidir así, ha de tenerse en cuenta que el dictamen fiscal indica que el vínculo jurídico que une a las partes es una relación de consumo en la que el apelante reviste la calidad de proveedor en los términos del art. 2 de la Ley 24240 y art. 1093 del CCC, con lo cual pesa sobre él una obligación expresa de seguridad y garantía respecto de los usuarios con los que contrata, que le impone prestar el servicio de forma tal que no le cause daños a éstos tanto en su persona, como en sus bienes -arts. 5, 6, 28 y 40 de la Ley 24240 y art. 42 de la CN-. En contraposición, el usuario tiene una razonable expectativa que las operaciones sobre su cuenta se realizarán en un entorno seguro para él y sus bienes. Bajo este marco normativo, el actor, veterano de guerra, adulto mayor y discapacitado, debe ser considerado a los fines del art. 1 de la Ley 24240 un consumidor hipervulnerable y que frente a éste se encuentra una institución bancaria centenaria y de enorme envergadura y de activos cuyas respuestas en el marco del proceso fueron absolutamente genéricas.

Es por ello que resulta creíble el relato del actor, avalado por las pruebas acercadas entre las que cabe mencionar la captura de pantalla de un correo electrónico que, usurpando la identidad de la Red Link le habría indicado al actor que recibiría una comunicación de un empleado del banco, a partir de la cual sus credenciales fueron obtenidas ilegítimamente. Esta es una modalidad delictiva que se ha incrementado, a punto que en la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de la Procuración General de la Nación, se observó un aumento de casos en un 3000% entre 2019 y 2020. A mayor abundamiento, como marco interpretativo, la Ley de Defensa del Consumidor establece que en caso de duda sobre la interpretación de los principios de la ley, prevalecerá la más favorable al consumidor. Debe entenderse que el marco normativo dentro del cual se circunscribe esta medida cautelar -art. 42 de la CN, Ley 24240-, revela la especial protección que el constituyente decidió otorgar a los usuarios y consumidores en razón de ser sujetos particularmente vulnerables, tal como se señaló anteriormente. El adulto mayor reviste una especial tutela en razón de la Convención Interamericana sobre derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual reconoce la existencia de una brecha digital generacional, dicha brecha, hace que los mismos estén más expuestos a los riesgos cibernéticos, pues se materializan en un entorno que les resulta particularmente ajeno. Finalmente, las cuestiones traídas por la entidad bancaria demandada en su recurso, pretendiendo así, atacar el requisito de verosimilitud de la medida cautelar dictada, no logran desvirtuar el razonamiento del a quo por lo que se confirma.