marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, quiebra, competencia, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vázquez de Merci Luz y otro c/ Tiribelli de Gilardi Susana s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

El art. 21 de la ley concursal se refiere a dos institutos diferentes-radicación y suspensión-, correlacionables pero insusceptibles de confusión. La radicación hace referencia al traslado de un juicio a otro tribunal que el de origen, en tanto que la suspensión se relaciona con la posibilidad de proseguir con el trámite de la causa. La suspensión de las acciones -cuestión procesal- no debe confundirse con el fuero de atracción - competencia- porque son cuestiones diversas que satisfacen objetivos distintos. Partiendo de la distinción efectuada entre "radicación" y "suspensión" de procesos judiciales, debemos colegir que el fuero de atracción concursal sólo involucra a los procesos enunciados en la primera parte del inc. 2° y 5° "in fine" del art. 21 de la ley 24.522 (expropiación, los que se funden en relaciones de familia, y los juicios por accidentes de trabajo) pues, la enumeración es taxativa. Consecuentemente, las ejecuciones hipotecarias no resultan excluidas del fuero de atracción, pese a la defectuosa redacción de la norma de la ley concursal.
Convocatoria de acreedores, liquidación de entidades financieras, escribanos públicos, aplicación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCHIAVO, RAUL s/ CONCURSO. (ED 8.5.98, Fº 48597)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Procede dar curso a la petición de convocatoria formulada por el solicitante, pues el sistema en parte legal, y en parte pretoriano, limitativo del concursamiento de personas colectivas que practiquen "exclusivamente" la actividad financiera recurriendo a recaudar dineros de personas indeterminadas, no resulta extensible a la situación de un profesional del notariado que se endeudo para invertir el dinero tomado, mas conservando como actividad propia fundamental aquella primera de escribano. En general, la extensión de una solución de derecho prevista para cierto supuesto, a otro diverso, necesita de fundamentacion expuesta separadamente de la exposición de la solución misma (cuya solución es inequívoca, pero en sus limites). Asimismo, resulta aun mas discutible esa extensión normativa, en la especie, porque ella importa trasladar mediante analogía "una limitación de aquello permitido a toda persona individual"; cuando las limitaciones o restricciones de derecho no son por principio extensibles mediante analogía o comparación jurisprudencial.
Jurisdicción y competencia, competencia por la materia, quiebra, fuero de atracción, prescripción adquisitiva, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: Sasetru  S.A.C.I.F.I.A.I.E. c/ Villarreal, Quintino y otra s/ reivindicación (medida cautelar).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

Corresponde que la causa quede sometida al juez de la quiebra, si ante la demanda reivindicatoria de la fallida, el accionado reclama que se declare la adquisición del dominio del bien objeto del juicio por prescripción decenal.
Empleados públicos, antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montero, Delia Beatriz c/ Municipalidad de Luján. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-24

La antiguedad del empleado derivada de la designación provincial debe ser respetada por la comuna al transferírsele un hospital de la provincia en la que aquel se desempeñaba.
Caducidad de instancia, medidas cautelares, embargo preventivo, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: SUAREZ, CARLOS c/ MANZONE M.A. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-23

Cuando existen algunos procedimientos que pueden perjudicar al demandado, como es el caso del embargo preventivo, o de otra medida cautelar, se debe conceder a éste la facultad de pedir la caducidad de la instancia. Es decir, que la instancia susceptible de caducidad comienza con la solicitud o demanda de embargo, y termine en el momento en que la resolución que lo decreta queda ejecutoriada. El hecho de que se encuentre pendiente la declaración de un testigo, con el que se pretende acreditar la verosimilitud del derecho invocado, no puede cambiar la solución, ya que el interesado deba adoptar en todo caso las medidas necesarias que evidencien la intención de mantener viva la instancia.
Aplicación de la ley, medidas cautelares, embargo, costas en el orden causado
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Olveira, Noelia y otro c/ Sosa, Leandro Agustin y otro s/ medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-27

Resulta correcta la distribución de las costas en el orden causado, en tanto no se advierte la existencia de una parte totalmente gananciosa.
Acción, prescripción, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, encuadramiento legal de los hechos, fiscales, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: González, Alberto Martín s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-10-11

Frente a la pretensión del Fiscal referida a que se recalifique un tramo de la descripción de los hechos efectuada por el a-quo, dado que a su criterio se trataría de una privación ilegal de la libertad en tanto es un suceso diferente al robo calificado, otro el bien jurídico, otras las víctimas, otro lugar y el momento, y por todo ello independiente al delito cometido contra la propiedad, cabe consignar que de tal modo esa pretensión se vincula con el ejercicio de la acción penal por el delito de privación ilegal de la libertad agravada. Y más allá de que le asista o no la razón al Fiscal, se torna necesario que esta Corte determine si a raíz del dictado de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67, ap. cuarto, incs. 'b' a 'e') del Código Penal, la acción nacida como consecuencia de la posible comisión del delito antes aludido, y que bajo el imperio de la norma derogada se encontraba vigente, se ha extinguido .
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández Laborda, Guillermo José Luis s/ acción de amparo c/Estado Nacional - Código Electoral Nacional - art. 3° inc. 'e'
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-19

Corresponde desestimar el recurso extraordinario, pues el recurrente no especifica dónde residiría la cuestión federal (cf. Fallos 206:165) ni desarrolla la pertinente argumentación (cf. Fallos 207:155), sumado a que resulta preciso recordar que los jueces no están obligados a tratar todas y cada una de las argumentaciones que les son propuestas, sino sólo las que estimen pertinentes para la solución de la controversia (cf. Fallos 319:119 y 2108; 320:1624 y 2289; 324:2460 y 3421, entre muchos otros), lo que también basta para descartar la existencia de la arbitrariedad alegada sobre la base de que el Tribunal habría omitido el tratamiento de argumentos planteados por el recurrente.
Competencia civil, acuerdo de partes, mediación, ejecución del convenio, servicio telefónico
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: TOGOL  SACIFIA c/ AMX  ARGENTINA SA s/ EJECUCIÓN DE CONVENIO s/COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-18

La Justicia Civil es competente para entender en casos donde lo que se busca es la ejecución de un convenio de mediación entre un particular y una empresa de telefonía persiguiendo el cobro de una suma de dinero y el cumplimiento de las obligaciones allí pactadas cuando además las partes se someten expresamente a la competencia de los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires a todos los efectos derivados del acuerdo. Ello, toda vez que no se halla en juego la prestación del servicio de telefonía cuya afectación puede llevar a la aplicación de la ley federal de comunicaciones.
Acto administrativo, trabajador, traslado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, Alberto Domingo c/ Municipalidad de Resistencia s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-08-18

Si bien la administración pública en ejercicio de su potestad puede trasladar funcionarios y empleados, esta atribución no es ilimitada, y su ejercicio requiere el recuerdo constante de que la relación de función o empleo público es contractual, por lo que todo traslado que implica una modificación del respectivo contrato, no debe alterar la esencia o substancia de esa relación.
Seguros, incapacidad laboral, exteriorización de la incapacidad, determinación de la incapacidad
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: SERRA, OSCAR c/ SUR COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-05

No parece sostenible de modo terminante, que la incapacitaron absoluta para el trabajo se configure por el impedimento de salud para desarrollar las tareas precisa y específicamente practicadas por el asegurado antes de su enfermedad. Esa incapacidad se configura cuando la altura de la vida en que se halle el enfermo, su grado de instrucción y su experiencia laboral, impidan que modifique su actividad por otro trabajo compatible con su salud decaída. Seria extremadamente peligroso aceptar la configuración de una incapacidad absoluta para el trabajo, cuando la persona afectada por alguna enfermedad se encastille en la exigencia de mantener invalidara y solamente su anterior actividad laboral. Contrariamente a esa actitud, el enfermo "debiera" intentar "una modificación de su actividad laboral, antes de ser calificable como un absoluto incapacitado para el trabajo".
Acción contencioso administrativa, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Juarez, Marcela del Valle c/ Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-09

Analizada la acción deducida por la actora, con el objeto de que se declare la nulidad del Decreto dictado por el Ejecutivo Provincial que resuelve aplicarle la sanción de suspensión de treinta días, se observa que el acto administrativo impugnado, esto es el Decreto dictado por la Sra. Gobernadora de la Provincia es una decisión de autoridad competente y de última instancia. Sin embargo su contenido no traduce una repuesta a un reclamo o denegatoria de un derecho reclamado, tal como lo establece la Ley, es decir que la autoridad administrativa de última instancia no conoce el planteo del Administrado, por lo tanto no hay repuesta expresa o tácita a un reclamo que debió suscitarse en sede administrativa, en definitiva, no hay denegatoria de un derecho que se dice vulnerado, que genere la competencia revisora de este Tribunal.- En todo caso, la administrada debió interponer recurso de reconsideración ante la decisión que califica de lesionadora de sus derechos a efectos de lograr que ese acto que ahora cuestiona, cause estado o sea cerrar la instancia administrativa y obtener el agotamiento de la vía. (Del voto del Dr. Cippitelli)
Daños y perjuicios, sentencia, confirmación de sentencia, libertad de prensa, delitos cometidos por medio de la prensa
Materia: CIVIL
Carátula: Perini,  Carlos  Alberto  y otro c/ Herrera de Noble, Ernestina yotro. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar al reclamo de los daños y perjuicios derivados de publicaciones consideradas agraviantes y difamatorias si existen circunstancias fácticas relevantes que evidencian el incumplimiento de cuidados elementales por parte del diario para evitar el desprestigio y la deshonra de los demandantes, recaudos que exigían adecuar, en primer lugar, la información a los datos suministrados por la propia realidad, máxime cuando se trataba de noticias con evidente potencialidad calumniosa o difamatoria.
Prisión preventiva, prórroga del plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Rodríguez M.E., González S,R., Vallejo Julio A., González M.N., González S.E. s/ Robo  Simple  y calificado, daño, Asociación ilícita, encubrimiento-  Robo agravado.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-11

El contralor previsto por el párrafo final del art. 1º de la ley Nº 24.390, implica una facultad adicional del Tribunal superior que no sustituye la competencia de éste por vía recursiva.
Personal militar, actos de servicio, haber de retiro, indemnización, cuestión de derecho común, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Picard, Omar Ceferino c/ Estado Nacional s/ indemnización daños y perjuicios (sumario).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

Una conclusión interpretativa que autorizara a sumar a la reparación que concede la ley militar una compensación pecuniaria fundada en las normas del derecho civil conduce a acumular dos beneficios que responden a una misma finalidad, lo que es inadmisible en el esquema de un adecuado sistema de reparación de daños (Disidencia parcial del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Concursos, incidentes, privilegios (comercial), honorarios del abogado, acreedor laboral, quiebra, pronto pago
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Oil Combustibles SA c/  s/ quiebra s/incidente de pronto pago de monica pinnola
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-28

2 - Sentado ello, la posibilidad otorgada por la LCQ 16 para el caso del concurso preventivo se ciñe a los créditos expresamente enunciados en él, y por ello, no abarca los honorarios del letrado del acreedor laboral (conf. Heredia, P., "Tratado Exegético de Derecho Concursal", Buenos Aires, 2000, t. I, p. 488), pero sin olvidar que en caso de quiebra el ámbito de aplicación está dado por el art. 183, cuya mayor extensión conceptual es evidente, puesto que no se limita a los rubros reseñados en aquella norma, sino a todas las deudas comprendidas en los arts. 241-2° y las enunciadas en el art. 246 inc. 1° (CNCom, Sala D, in re "Obra Social Bancaria Argentina s/ concurso preventivo s/ incidente de pronto pago promovido por Walter, José Ernesto"; conf. Junyent Bas, F. - Flores, F., "Las relaciones laborales ante el concurso y la quiebra", Buenos Aires, 2004, p. 233).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, pago
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: DALLA FONTANA, LAURA ALEJANDRA c/ PETROLI, OSCAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-28

Corresponde rechazar la queja interpuesta por cuanto los planteos no traspasan el umbral del mero disenso con la interpretación que de los hechos, pruebas y derecho común, ha efectuado la Cámara para confirmar el rechazo de la demanda, por considerar que el demandado había logrado demostrar el cumplimiento de la obligación a su cargo. En este sentido, los Sentenciantes entendieron que su pago había sido acreditado con cheques de su cuenta personal y pagarés librados a su favor y abonados a la actora; y si bien del contrato surgía expresamente que el pago efectuado al momento de la celebración había sido distribuido en partes iguales entre los cuatro cedentes, nada se había pactado respecto al saldo, por lo que la literalidad del instrumento de cesión de acciones no permitía concluir que la suma instrumentada en los pagarés hubiera sido imputada al precio debido a cada cedente.
Acción, intervención de terceros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bazquir Construcciones c/ Municipalidad del Partido de Cármen de Patagones. Tercero: Fiscalía de Estado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-05

La citación coactiva del tercero se apoya en obvias razones de economía procesal y de mejor administración de justicia resultando indudable, frente a la prescripción del art. 96 del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto establece que la sentencia lo afectará como a los litigantes principales, que corresponde reconocerle a la Fiscalía de Estado citada en tales condiciones, la facultad de oponer excepciones en los términos del art. 39 del Código ritual de la materia, pues de lo contrario se consagraría la existencia de un proceso meramente formal al emplazar al tercero en un rol de simple espectador.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, deber de imparcialidad, acusación, sistema acusatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

Para garantizar la imparcialidad del juez, es preciso que éste no tenga en la causa ni siquiera un interés público o institucional; en particular, es necesario que no tenga un interés acusatorio y que por esto no ejercite simultáneamente las funciones de acusación, como por el contrario, ocurre en el procedimiento inquisitivo y aunque sea de manera ambigua, también en el mixto (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Conciliación laboral, impuesto a las ganancias
Materia: LABORAL
Carátula: Bortolotto, Néstor Jorge c/ Massalin Particulares SA s/ otros reclamos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-14

El art. 20 inc i) de la ley 20.628 excluye la aplicación del impuesto en cuestión a las indemnizaciones en los casos de despido. Ello es así ya que este agravamiento no constituye técnicamente "ganancia" por no reunir los requisitos de periodicidad en la frecuencia del ingreso, permanecía en la fuente que lo produce y habilitación (conf. Art. 2° inc. "1" ley citada) al no darle continuidad al contrato de trabajo y proceder a su fin. Así, la demandada efectuó una retención no admitida ya que así lo prescribe expresamente el art. 131 de la L.C.T.. No se trata de una obligación fiscal a cargo del trabajador en los términos del art. 132 inc. b) del mismo ordenamiento. En relación con los términos del acuerdo extintivo al que arribaron las partes debe destacarse que cuando la controversia es de índole fiscal, no corresponde atribuirle efectos de "cosa juzgada" a la manifestación vertida por el actor en orden a que "...no tiene nada más que reclamarse recíprocamente por ninguna razón directa o indirectamente relacionada con la relación de empleo..." (clausula 27°). Dicho punto del convenio no comprende tales aspectos, puesto que no son las partes del contrato de trabajo las que pueden "convenir" qué se adeuda y por qué importe, en materia fiscal, previsional y de seguridad social.
Prueba documental, acta notarial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Amado, Carlos c/ Colegio Médico Departamento Colón s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-08

El acta notarial es insuficiente como prueba determinante de la sanción aplicada a la accionante por resolución del Colegio Médico del Departamento de Colón, que le impuso la sanción de 6 meses de suspensión como socio del mismo.
Prenda con registro, nulidad del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Anker Sociedad Anónima c/ Amella Vicente Claudio y otra s/ Cobro Prendario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-14

La manera de pagar el crédito y el interés son fundamentales y deben, necesaria y obligatoriamente, consignarse para que el deudor no quede a merced -lo que es habitual- del acreedor que obtiene la firma en blanco de los formularios. Si de la documentación acompañada, se observa que los espacios correspondientes a la tasa de interés en el formulario impreso ha sido completado con guiones, debe concluirse en que la omisión de consignar la tasa de interés, acarrea la nulidad del contrato (Art.11 inc. c dec. ley 15.348/46, ratificado por la ley 12.962, texto ordenado, según decreto 897/95).
Actos y diligencias procesales, acción, defecto legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PROMOTORA DE VIVIENDAS c/ FRANCISCO LUARA s/ des (LIBRO: A069 - 272)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-11-28

El pedido de caducidad no puede ser rechazado, por el sólo hecho de que puede carecer de las formalidades prescriptas en el CPC, si es claro y preciso en su planteo, haciéndose mención de la norma legal y a las constancias del expediente, ya que la prueba surge del mismo.
Fuerzas de seguridad, sanciones disciplinarias, competencia funcional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Morales, Sabino c/ Jefatura de policía de Río Negro s/ Contencioso administrativo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-02-06

En el ámbito del ejercicio de facultades sancionatorias propias de los organismos de seguridad, ha de otorgarse prioridad a la ponderación de los hechos efectuada por el órgano administrativo con competencia al efecto, sobre todo cuando se trata de una institución que exige una mayor severidad en la valoración de la conducta de los agentes comprometidos en el servicio; en la que se intensifica la organización jerárquica y una cierta especificidad en el decoro ínsito en su desempeño, debiendo tenerse presente en el sentido funcional con que la realiza.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: PENAL
Carátula: Excofier, Marcelo s/ Lesiones graves dolosas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Es insuficiente el recurso extraordinario de nulidad en el que se sostiene que el tribunal omitió considerar lo atingente a la mendacidad de la víctima si el "a quo" resolvió implícitamente tal cuestión y la desplazó al invocar prueba fundada en los arts. 238 y 239 del Código de Procedimiento.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la Municipalidad, daños al automotor, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, caso fortuito, caída de árbol
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA JURADO, Eduardo Esteban T. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-05

Corresponde hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios iniciada contra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por un particular, a raíz de la caída de una rama de un árbol sobre su automóvil que estaba estacionado sobre la vereda. Si la culpa consiste en la omisión de las diligencias que exige la naturaleza de la obligación (o del obrar concreto) correspondientes a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 512 del Cód. Civil), habrá de concluirse que no es propio del estacionamiento de un vehículo verificar en detalle los riesgos de la especie que en el caso se dio. No es lo normal, ni parece inexcusable mirar para arriba y ver el estado de conservación de los árboles, por lo mismo que es dable confiar en el cuidado que sobre ellos incumbe a la Municipalidad como dueña y guardiana (art. 1113 del Cód. Civil).
Tutela sindical, personería gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Figueroa, Mónica Cristina c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-15

La tutela que ampara las garantías de estabilidad consagradas en los arts. 40, 48 y 50 de la ley 23.551 sólo alcanza a los dirigentes de los sindicatos con personería gremial, cual ha declarado numerosas veces la jurisprudencia de nuestros tribunales.
Relación de dependencia, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GABBANI ALBERTO H. c/ GUSTAVO E. ORLANDINI Y OTROS s/ ORDINARIO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-12-20

La relación de trabajo en un kiosco de revistas se encuentra suficientemente probada con los recibos de sueldos. Este contrato no es formal y consensual y puede ser acreditado por cualquier medio de prueba entre los cuales ocupa un lugar destacado la constancia de la percepción de los sueldos y el propio reconocimiento de la relación por el principal. Exigir recibos de ley o constancia de la Dirección General Impositiva para corroborar el tracto en cuestión, es un exceso inadmisible.