marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad de matrimonio, causales de nulidad de matrimonio, impotencia, impotencia recíproca, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: V.E. c/ A.Z. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

En la materia de nulidad de matrimonio el hecho de la falta de consumación del mismo importa por sí mismo un indicio muy serio de impotencia, que conlleva una presunción de la nulidad matrimonial por esa causal y que sumada a otras presunciones inferibles de la causa, conduce a una valoración asertiva (Conf. Zannoni, su nota L L. 120-259; Spota, "Tratado", 1-II (11), p.900 y 901 y nota 556; C Apel. Rosario, Sala II, L.L. Rep. 1959-877; CNCiv. Sala F, E.D. 21 545; E.D.92-414; L.L.1975-B-p.809; Sala A, L.L.120-p.259).- La jurisprudencia y la doctrina son contestes en que la virginidad de la mujer, sumada a la negativa del esposo a los exámenes médico periciales hace presumir la impotencia de éste (conf. Belluscio, "Derecho de Familia",t. II, p.176; Borda, "Tratado Familia, t.I, p.

153, N 197 y fallos citados en notas 278 y 284; Busso, "Código", t II, la parte, p.316, N 158 y 163; Zannoni, "Derecho de Familia", t.

I, p., 311, S 211,y p. 313, S 212 y sus notas en L.L. 120-259 y L.L.

121-484; Mazzinghi, "Derecho de Familia", t.I, p. 376, N 134 y nota 318; su nota en L.L. 1975-B-p.808, especialmente cap.II; Spota, "Tratado", 1,II (11), p. 900, N 158).- El mismo criterio, partiendo de la misma premisa, autoriza a la presunción de impotencia recíproca, cuando a tenor de las particularidades de la causa no puede establecerse con suficiente claridad que uno u otro ostentan la impotencia con los caracteres de absoluta, manifiesta y anterior al matrimonio que exige la ley (art. 85, inc. 4 de la ley 2393).-
Daño moral, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mirabelli, Carlos Abel c/ Gómez, Manuel y/u otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

Si bien es indudable la relación existente entre el daño material y el daño moral, pues generalmente éste nace como consecuencia de aquel (aún cuando puede existir daño moral sin que medie daño material) no es procedente fijar un porcentaje determinado del primero como monto reparatorio del segundo.-
Excepción de prescripción, cuestiones de competencia, responsabilidad de la Municipalidad, habilitación del vehículo, prórroga del plazo, validez del acto administrativo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Retamozo, Luis Alberto c/ Municipalidad de Córdoba s/ Ordinario - Daños y Perj. - Otras Formas de Respons. Extracontractual - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-10-20

La parte demandada impugna el decisorio del a-quo porque ordena el rechazo de la excepción de prescripción y hace lugar parcialmente a la demanda. Sostiene el apelante que el Inferior da por sentado que se concedió la prórroga solicitada por el actor, y por ello establece responsabilidad al municipio por el retiro de las chapas. Arguye que hasta tanto se resuelva el pedido de prórroga de la concesión no se le puede endilgar responsabilidad. Invoca los principios administrativos y afirma que el silencio equivale a negativa. Señala que la prórroga fue pedida de manera extemporánea. En relación al primer agravio, referido al rechazo de la excepción de prescripción, el Tribunal de Alzada considera que no ha sido fundado por el apelante quien se ha limitado a su enunciación. No ha rebatido los fundamentos que diera el a-quo para rechazar la defensa, ni siquiera los menciona, ninguna crítica les hace. El considerando que trata la cuestión queda incólume. Dicho agravio no satisface las exigencias técnicas. Asevera que no sabe cuál es el agravio. Que se trata sólo de una mera disconformidad ante el rechazo de su pretensión. Prosigue el Sr. Magistrado en señalar que se encuentra ante una cuestión de competencia de los tribunales civiles y no administrativos. Observa que los fundamentos dados por el Inferior no ha sido motivo de agravios por parte del recurrente, con lo que se ha consentido lo expresado al respecto por el juez actuante. Entiende que no se trata de resolver sobre la validez o no de un acto administrativo de la comuna, sino en determinar si el depósito de la licencia de taxi interno por parte de la municipalidad, fue un acto susceptible de generar responsabilidad civil por los daños que ocasionó. Determinar si el obrar del municipio constituyó un acto susceptible de generar responsabilidad civil, es lo que lleva a la consideración de cuestiones administrativas previas. Asiste la razón al apelante en cuanto a que el fuero civil carece de competencia para declarar la validez o invalidez de actos administrativos, sino que ello debe requerirse por la vía correspondiente. El aquo ha considerado que el actor se había acogido a una prorroga por lo que podía seguir prestando el servicio, pero no incurre en ámbitos que corresponden al derecho administrativo. Ese es el eje para resolver el caso. Determinar si el actor gozaba de prorroga para seguir prestando el servicio, o si ya había caducado el plazo de habilitación del vehículo. Hizo constar que no ha sido motivo de agravios la conclusión a que arribara el a-quo de que el depósito del libro de inspección perteneciente a la licencia y de las chapas rojas, fue por decisión de la municipalidad y no del actor.
Subasta judicial, crédito fiscal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castelli, Ricardo Ernesto c/ Yakowsky, Enrique y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

La subasta judicial importa pues, la liquidación de todos los créditos que pesan sobre los bienes, que automáticamente quedan transferidos sobre el precio de adquisición en el remate efectuado con citación de los acreedores, configurándose lo que en derecho se denomina subrogación real (arts. 581, 584, 590 , CPCC). El bien sale del patrimonio del deudor como consecuencia de la venta e ingresa, en su lugar, el monto pagado, sobre el cual habrán de cobrar los acreedores, quedando consecuentemente aquél, libre de los gravámenes que lo afectaban . El comprador en remate tiene derecho, pues, a que se le transmita el bien adquirido libre de carga obligacional y privilegio alguno derivado de gravámenes, impuestos, tasas, expensas comunes, etc. que existieran a la fecha en que adquiere la posesión, debiendo citarse a esos acreedores, previo a la subasta, para que hagan valer sus derechos exclusivamente, sobre el precio pagado.

Esto no quiere decir que tales créditos se extingan totalmente, sino que sólo se cancelan respecto al adquirente en el remate judicial, sin perjuicio de que sus titulares, puedan reclamar el saldo insoluto al anterior propietario. Es que si ni la hipoteca -que es uno de los más fuertes privilegios en nuestro sistema legal- extiende sus efectos sobre el patrimonio del comprador en subasta judicial y se extingue sobre el bien para gravitar unidamente sobre el precio obtenido (art. 3196, Cód. Civil), con mayor razón debe ocurrir lo mismo con las obligaciones reales o "propter rem".
Medidas cautelares, defensa del consumidor, facturación excesiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Abraham, Rosa Beatriz c/ Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial y/o Gobierno de la Provincia del Chaco s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-05-06

Existe una ley posterior a la 2867, la ley 4147, que establece la aplicación de la ley 24240, que en su art.31 -modificado por ley 24568-, estatuye un sistema de protección al consumidor frente a la facturación excesiva por parte de la empresa de servicios públicos domiciliarios con variaciones estacionales y que en su art.30, establece aplicación al caso de marras habida cuenta la cuestión que aquí se ventila.
Incumplimiento del contrato, daño moral, negligencia, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: SCHOENFELD, HORACIO PEDRO c/ BATTEZZATI, MARIO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-07-05

Si del fallo ha quedado firme que existió incumplimiento contractual del demandado que ha generado el deber de resarcir otros gastos, no cabe duda que ha quedado configurado el requisito de ilicitud necesario para configurar el deber de resarcir cualquier daño.

En cuanto al factor de atribución, resulta evidente que el demandado al incumplir con su deber de entregar la documental apta para realizar la transferencia, es decir que la firma del titular registral, actuó con culpa, configurada por negligencia. Sobre este punto es dable recordar que el art. 512 del Código Civíl regula que la culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere una naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Con ello queda configurado otro requisito de procedencia como es, el factor de atribución.

El nexo de causalidad, de igual modo queda demostrado por el estrecho vínculo de causa - efecto existente entre el incumplimiento contractual por parte de la demandada y el daño moral ocasionado con el mismo.
Derecho laboral, indemnización por muerte del trabajador, herederos forzosos
Materia: LABORAL
Carátula: Gaitán Pedro c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Alberti 162 s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-23

La indemnización del art. 248 L.C.T. en caso de muerte del trabajador se adquiere por derecho propio, es decir que no es necesario abrir sucesión sino acreditar el vínculo o las circunstancias de hecho que indica la norma y se la reconoce para el causahabiente que esté mejor situado dentro del orden de prelación fijado en la ley previsional. Si bien de la declaratoria de herederos surge la existencia de otros herederos forzosos además del actor, también hermanos del causante, no es necesaria la citación a que comparezcan a estar a derecho a quienes no se presentaron a reclamar la indemnización. Es de aplicación en el caso, la doctrina del plenario N° 280 en autos "Kauffman José c/Frigorífico y Matadero Argentino SA". Por lo tanto, cabe hacer lugar a la indemnización reclamada por el actor en los términos de los arts. 247 y 248 L.C.T.. (Del voto del Dr. Pompa, en minoría).
Cuenta corriente bancaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Ferrari, Eduardo y otro s/ Ejecución Banco Mayo Cooperativo Limitado c/ Ramunno Juan J. y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07|1997-05-06

Esta Sala sólo acepta el análisis de la composición del saldo deudor de cuenta corriente cuando de la documentación acompañada por el excepcionante -o de la que obra en el expediente- surge "prima facie" que el certificado expedido por el propio acreedor adolece de algún defecto que lo torna inhábil para la promoción del juicio ejecutivo. Tal, por ejemplo, cuando justifica que para la promoción del juicio ejecutivo, o que se trata de una cuenta corriente que no opera como tal, o que en el saldo se han incluido intereses excesivos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, juicio, falta de personería, partes, poder, menores, representación legal, padres
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Guzman, Jorge Antonio; García, Antonio; Monzón, Gustavo; Burgos, Elena y otros c/ Pérez, Jorge Ramon y/o La Unión Santafesina s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Juicio ordinario (Expte CSJ Nº   523-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-19

No resulta ser derivación razonada del derecho vigente y, por ende, debe ser anulado, el decisorio que padece de una deficiencia axiológica desde que el Tribunal, dentro del abanico de posibilidades interpretativas con que contaba para resolver la materia litigiosa llevada a su conocimiento, escogió la más disvaliosa:privar a las recurrentes del acceso a la justicia. Máxime teniendo en cuenta que la solución propiciada por el Judicante no es la imperante en la jurisprudencia en tanto sostiene, básicamente, que los padres pueden actuar en nombre de sus hijos y otorgar poderes a terceros sin necesidad de hacer constar que lo hacen en interés de aquellos.
Contrato de trabajo, fraude laboral, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: KEARNEY, MARIA INES c/ FORD ARGENTINA S.C.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-29

La trabajadora ha sido víctima de un trato desigual respecto de los restantes dependientes de la empresa, extremo que sumado a la situación de innegable desasosiego e incertidumbre que generó sobre su persona la circunstancia de hallarse fraudulentamente vinculada a través de sucesivos contratos de "locación de servicios" (que en rigor de verdad no eran tales) y que, por su intermedio, nunca tenía certeza acerca de la renovación de los mismos y por lo tanto de la continuidad de su vínculo laboral, sin que existieran razones que justifiquen ese proceder, justifican la condena en concepto de daño moral.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal, Impuesto sobre los ingresos brutos, prescripción
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en GCBA  c/ Bonilla Gonzalo Javier Hugo s/ ejecución fiscal - ingresos brutos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-22

El principio de aplicación inmediata de las leyes (art. 7 del CCyCN) ordena imponerlas a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes a partir de su entrada en vigencia. En virtud de este principio, a partir del primero de agosto de 2015 quedó expresamente consagrada y plenamente vigente la potestad de las legislaciones locales para regular el plazo de prescripción liberatoria de los tributos (conf. art. 2532 del CCyCN), lo que incluye la facultad para establecer nuevos supuestos de suspensión o interrupción, incluso de los plazos de prescripción en curso. Este criterio no implica un supuesto de "retroactividad" porque la nueva normativa no se proyecta atrás en el tiempo, ni altera el alcance jurídico de las situaciones y las consecuencias de los hechos y actos realizados y agotados en su momento bajo otro esquema legal. La legislación local solo se aplica a los plazos de prescripción en curso al momento en que entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, a diferencia del caso resuelto por la CSJN en el precedente "Volkswagen" (Fallos: 342:1903), pues allí el plazo de prescripción de la acción había transcurrido enteramente bajo la vigencia de la anterior legislación de derecho común -Código Civil derogado- lo que justificaba, según la Corte, la aplicación de la noción del "consumo jurídico". (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Beneficio de litigar sin gastos, gastos del proceso, tasa de actuación judicial
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vázquez, Enrique José s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en Trujillo, Silvia Nora y otros c/Di Pino, Rosario Alfredo y otros s/beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-24

Para liberarse del pago del depósito no basta con señalar que en mérito a que el fondo de la cuestión debatida es de carácter alimentario, se solicita se exima a realizar el pago a que hace referencia el art. 34 de la referida ley 402, sino que es preciso acreditar encontrarse alcanzado por alguna de las hipótesis previstas en las normas para ser acreedor de la exención. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz, al que adhieren los Sres. Jueces José O. Casás, Luis F. Lozano y Ana María Conde).
Corrupción de menores, declaración de la víctima menor, corrupción calificada por relación de guarda o tutela, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Jorge Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-26

Se configura el tipo agravado del art. 125 C.P. si, en base a la declaración que la menor brindó en la Cámara Gesell, los dichos de los progenitores de la damnificada, de psicólogas y peritos del Cuerpo Médico Forense, el imputado no realizó un acto aislado sino que sometió a la menor entre los siete y los nueve años de edad a contactos libidinosos diversos y reiterados -al menos en cuatro oportunidades-, actos excesivos y perversos que tuvieron idoneidad para provocar una anormal precocidad sexual en la niña. Corresponde imponer una pena elevada en tres años sobre el mínimo previsto en el art. 125, segundo párrafo, C.P., en tanto la función de la guarda de la víctima no había sido tenida en cuenta para agravar la figura básica del delito, pues se lo hizo en razón de la edad de la víctima. La disidencia parcial sostuvo que, como derivación del principio ne bis in idem, no es posible valorar dos veces las mismas circunstancias y que, para agravar la sanción, el tribunal valoró las obligaciones del guarda del acusado y también consideró diversas circunstancias atenuantes, sin que se pueda conocer de qué manera arribó a la pena. (Dres. Catucci, Ledesma -en disidencia parcial- y Riggi).
Ejercicio profesional, Colegio Público de Abogados, matrícula profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PADILLA, MIGUEL Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA) s/ COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-30

La defensa a los miembros del Colegio Público de Abogados para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes, velar por la dignidad y el decoro profesional de los abogados (inc.

c, art. 20) está íntimamente ligado a la matriculación y al ejercicio de la profesión Aquél que lleva la matrícula, que habilita para ejercer la profesión, que cobra por ello, debe también proveer lo necesario para preservar dicho ejercicio.-
Nulidad de la notificación, domicilio real, domicilio legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEGLA S.R.L. c/ MOVIN S.A. s/ Sumario (LIBRO: A159 - 004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-08-17

El art. 68 inc. XIV del CPC, que indica que la notificación de la citación para conciliación y absolución de posiciones debe efectuarse en el domicilio real no excluye la notificación en el legal, tendiendo a que el profesional pueda estar presente en las audiencias en salvaguarda de los derechos constitucionales de su cliente. La audiencia para designar peritos debe notificarse en el domicilio legal.
Fuerzas Armadas, indulto, Código de Justicia Militar
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Soto, Carlos Raúl c/ Ejército Argentino -Estado Nacional- s/ demanda ordinaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-05

La limitación al "primer párrafo" del art. 478 del Código de Justicia Militar, que hace su art. 480, no permite concluir que el indulto tenga por efecto retrotraer la situación del beneficiario al estado anterior a la comisión del hecho.
Recurso contencioso administrativo, costas, enfermedad profesional, indemnización, empleados públicos, incapacidad
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: DELGADO, VICTOR DE LA CRUZ c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-01

Habiéndose condenado a la demandada a abonar a la actora el 80% de la indemnización prevista en la Ley de Accidentes de Trabajo Nro 9688 por incapacidad total y permanente del 80%, corresponde distribuir las costas en un 20% a cargo del actor, y en el 80% restante a cargo de la demandada, de conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la ley 4106.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Saucedo, Miguel c/ Oscar Pellado SA s/ Cobro de australes. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   149-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-24

No es función de esta Corte apreciar la suficiencia técnica de la expresión de agravios -función reservada al tribunal de alzada- pero sí controlar que en la valoración de dicho extremo no se incurra en arbitrariedad por vía de aplicarse un criterio que, por irrazonablemente formalista, conspire con el escrupuloso respecto que merece el derecho de defensa. No debe olvidarse a este propósito que, a contrario de lo que acontece con los recursos extraordinarios, el examen de los agravios en segunda instancia, debe abordarse con amplia actitud cognoscitiva: más hacia la justicia de la composición de la causa que al flanco estricto de su legalidad. Esa flexibilización no implica dejar de lado las exigencias que imperan para la fundamentación del recurso de apelación, pero sí ubicar las cosas en su justo lugar: a una crítica seria y razonada del fallo inferior, inteligible en los cuestionamientos que se efectuaron respecto de éste -que es el caso de autos-, aún cuando no resulte excelsa en sus aspectos técnicos, no puede seguirle una respuesta jurisdiccional que margina la sustancia litigiosa para examinar los términos de la expresión de agravios, con disvaliosa e inmotivada exigencia, sólo inspirada en estéril rigorismo formal. De insistirse en esa postura, el cuadro de apelación se desjerarquiza y, por el carril de un desvío interpretativo se desetructura la función de alzada.
Contratos de juegos de azar, lotería nacional, Loto, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recalt Carlos German Guy c/ Lotería Nacional -Soc. del Estado s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-16

Son improcedentes las objeciones del apostador a las normas reglamentarias que acató voluntariamente. (Del voto de la Dra.

Herrera, consid. 3º).
Cheque sin fondos, interpelación, falta de entrega en destino, domicilio cerrado
Materia: PENAL
Carátula: MURO, HECTOR DANIEL s/ Cheque sin fondos, Incidente de apelación de Prisión preventiva
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-14

Si la empresa de correos certificó que el cable no fue entregado en destino porque el mensajero encontró el domicilio cerrado, no cabe tener por satisfecha la exigencia de la interpelación.
Sanciones aduaneras, multa aduanera, actualización monetaria, aplicación de la ley aduanera, ley penal más benigna
Materia: TRIBUTARIO - PENAL
Carátula: Morcillo de Hermelo, Elena M. c/ La Nación Argentina (ANA.). s/ Demanda contenciosa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-12

Dado que por medio del art. 926 del Código Aduanero se impuso la actualización de los valores que deben ser tomados en cuenta en las resoluciones que condenen al pago de multas proporcionales, una valoración precisa de la intensidad del castigo previsto en sus normas con posterioridad al momento de cometerse la infracción, sólo puede alcanzarse meritando ambos elementos, es decir, el ajuste de aquéllos y la escala penal, habida cuenta que la consideración aislada de ésta, cuando se trata de aplicar el principio de la ley penal más benigna (art. 899) importaría reducir la entidad punitiva de la pena contemplada en una norma concreta y, en consecuencia, desconocer la concepción represiva del legislador.
Jueces, juicio ejecutivo, ejecución de sentencia, daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA MARTA ELENA Y OTRO c/ AGUAS DE SANTIAGO S.A. Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS- CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-04-24

El Juez de un proceso civil, lo único que puede diferir para la instancia de de ejecución de sentencia es la cuantificación de los montos, nunca la determinación de los mismos.