Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14


SENT Nro. 754 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE OCTUBRE de de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Mariezcurrena, José María vs. Mois Chami S.A.C.I. s/Cobro de pesos (Incidente de medida cautelar)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo el 30/10/2002 (fs. 109 y vta.), la parte actora dedujo recurso de casación, cuya concesión fue denegada por ese mismo Tribunal en fecha 03/12/2002 (fs. 124/125). Contra dicho pronunciamiento el actor dedujo recurso de queja, que fue admitido por esta Corte mediante sentencia dictada el 14/4/2003 (fs. 186 y vta.). Consta en informe de fs. 195 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- El fallo impugnado consideró que ante la apertura de un concurso preventivo o declaración de quiebra, no corresponde ninguna medida cautelar individual. Sostiene que con ambos procesos colectivos dentro del marco de la ley 24.522, se ordenan medidas cautelares especiales como las del art. 14 inciso 7º o el despoderamiento al deudor del art. 107 de dicha ley, añadiendo a renglón seguido que los créditos postconcursales deben abonarse conforme al artículo 198 en la forma prevista por el artículo 240 del mismo ordenamiento legal.

Por ello, la Cámara hizo lugar al recurso de apelación deducido por la demandada y consecuentemente dispuso revocar la medida cautelar ordenada el 05/10/2001 (fs. 109 y vta.), imponiendo las costas en ambas instancias al embargante.

3.- Sostiene el recurrente que si bien luego de abierto el concurso no procede ninguna medida cautelar individual, ello es con respecto a los créditos de causa o título anterior a la presentación en concurso o declaración de quiebra. Señala que el fallo incurre en un error conceptual al considerar que, encontrándose el deudor en concurso preventivo, todos los efectos del mismo se aplican también a las obligaciones contraídas con posterioridad.

Expresa por otro lado, que la aplicación del régimen previsto en los artículos 198 y 240 de la ley 24.522 presupone que exista una quiebra declarada y que se haya decidido la continuación de la empresa, lo cual asevera que no ha sucedido en el presente caso. Asimismo, destaca que el art. 198 se refiere a la existencia de un contrato en curso de ejecución, mientras que el crédito en cuestión nació con el despido después de abierto el concurso. Postula que si no obstante lo dicho el sentenciante considera que todos los créditos laborales postconcursales gozan de la preferencia de los créditos prededucibles, tales preferencias no le impiden a los acreedores ejercitar las acciones individuales.

Finalmente, solicita la modificación de la imposición de costas dispuesta por el fallo .

4.- Habiéndose pronunciado esta Corte por el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación en oportunidad de resolver la queja (fs. 186 y vta.), corresponde analizar su procedencia.

Confrontados los agravios del recurrente con los argumentos del fallo, surge que es arbitraria la conclusión sostenida por la Cámara acerca de que ante la apertura de un concurso no corresponde ninguna medida cautelar individual, pues la misma ha sido fundamentada sobre la base de un régimen jurídico aplicable a supuestos distintos del presente caso.

En efecto; en autos el actor persigue el cobro de créditos que se habrían originado con motivo del despido comunicado mediante carta documento despachada en marzo de 2000, fecha en la cual ya se encontraba presentado y abierto el concurso preventivo de Mois Chami SACI.

De allí que siendo el crédito que se reclama en autos de naturaleza postconcursal, resulta inaplicable al caso el art. 14 inc. 7º invocado por la Cámara para fundar su decisión, pues dicha norma ha sido prevista únicamente en beneficio de los acreedores cuyas acreencias son de origen anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo de la demandada. En tal sentido, esta Corte tiene dicho que los efectos de la apertura del concurso se proyectan hacia los acreedores cuyo crédito fuere de causa anterior a la presentación en concurso preventivo, y que los acreedores posteriores a la presentación están excluidos de la carga de verificar y del concurso en sí, porque a ellos no les alcanzan los efectos de la apertura concursal (cfrme CSJTuc., in re "Carrazana José Alberto vs. S.A. Azucarera Argentina C.E.I. Ingenio La Corona s/ enfermedad accidente", sent. del 15/9/2000).

Por otro lado, el fallo argumenta que en el proceso colectivo existen medidas cautelares especiales como el desapoderamiento al deudor previsto por el art. 107 de la ley 24.522 y que los créditos postconcursales deben abonarse conforme al art. 198 en la forma prevista por el artículo 240 del mismo ordenamiento legal, es decir que para sostener su decisión invoca normas previstas para el supuesto de quiebra del deudor, que resultan inaplicables al presente caso en donde el demandado se encuentra en concurso preventivo de acreedores.

En mérito a las consideraciones expuestas, corresponde CASAR la sentencia en recurso conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria, y por ende jurídicamente descalificable, la sentencia que revoca una medida cautelar individual sobre la base de un régimen legal inaplicable al caso", y remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo a fin de que por intermedio de la Sala que por turno corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento.

Lo precedentemente resuelto torna inoficioso el análisis del agravio vinculado a las costas.

5.- Atento a que el vicio que ocasiona la nulidad proviene de la actuación del órgano jurisdiccional, las costas del recurso deberán ser soportadas por el orden causado (art. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo el 30/10/2002 (fs. 109 y vta.), y en consecuencia, CASAR la misma en base a la doctrina legal sentada en los considerandos, debiéndose remitir los autos al referido Tribunal, para que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS conforme se considera.

III.-DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO