marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pesificación, emergencia económica, coeficiente de estabilización de referencia, esfuerzo compartido, letra de cambio, pagaré
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESCUTI, MAGDALENA c/ DISCO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-05

Para la admisibilidad de un "reajuste equitativo" como el pretendido en la especie, es de menester acreditar que el valor resultante de la cosa, bien o prestación fue superior o inferior al del momento de pago (Decreto 214/02: 8), debiendo tenerse en cuenta, para ello, el valor de reposición de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados (cfr. Decreto 320/02: 2). Es claro que la obligación objeto de la litis -cancelación parcial de un pagaré- no fue constituida en relación a "bienes o prestaciones con componentes importados", o, por lo menos, nada de ello fue invocado en la especie; no configurándose, por ende, uno de los presupuestos necesarios para el otorgamiento del reajuste equitativo de las prestaciones, cual es -precisamente el "componente importado" de la obligación. Ello así, es claro que la sola referencia o identificación del menoscabo presuntamente sufrido no basta para justificar de manera suficiente y conceder, sin otro trámite, un "reajuste equitativo del precio", más allá del ajuste legalmente establecido (CER); toda vez que debió haberse demostrado -y no se hizo- la existencia del daño ocasionado al reclamante. Ergo, y no habiéndose acreditado el perjuicio efectivamente padecido por la actora -requisito ineludible para la procedencia del "reajuste equitativo del precio"-, habrá de desestimarse la aplicación de la teoría del "esfuerzo compartido" pretendida. Así las cosas, habrá de concluirse entonces que el pago concretado por la accionada fue cancelatorio de la obligación asumida por las partes, al haber incluido el CER hasta ese día; no habiéndose probado la procedencia de una prestación adicional en concepto de "esfuerzo compartido" que la legislación de emergencia prescribe -precisamente- para conferir ese efecto al pago realizado.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, responsabilidad del Estado, prescripción, rechazo de la demanda, aduanas, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Pasadena S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Aduana.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Es formalmente admisible el recurso ordinario de apelación deducido contra el pronunciamiento que admitió la prescripción y rechazó la demanda de daños y perjuicios por la demora ilegítima atribuida a la Aduana en el trámite de nacionalización de una máquina, toda vez que se dirige contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte, y el monto disputado en último término supera el mínimo establecido por el art. 24, inc. 6, ap.

a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de la Corte Suprema.
Coparticipación de impuestos, Estado Nacional, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, transferencia de competencias
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-21

La transferencia de competencias, servicios o funciones a la Ciudad de Buenos Aires, en pos de su acabada organización institucional, y la determinación del nivel de recursos adecuado a su nueva realidad son procesos que se cumplen mediante actos concertados del Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires y la transferencia de competencias del Estado Nacional a la Ciudad se encuentra regida de manera directa e inmediata por las disposiciones de la ley 24.588, en particular sus artículos 6° y 7°, y por normas especiales contenidas en las leyes 26.288, 25.752, 26.357, 26.702 y 26.740; normas éstas que remiten a decisiones que deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Apreda c/ Fioretta s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-04

Se infringe el art. 1103 del Código Civil sólo cuando en sede penal se decretó la absolución del imputado basada en la inexistencia del hecho o en la falta de autoría.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Rama, Enrique c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ POSESION VEINTENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

La doctrina de la arbitrariedad es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputan de tales.
Medidas cautelares, caducidad de medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Sadir, Humberto Raúl c/ Juárez, Eusebio David s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro.  7121/03 Prepara Vía Ejecutivo por cobro de alquileres. L.A. N 47 F 1260/1263 N 551 Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro.  7121/03 Prepara Vía Ejecutivo por cobro de alquileres. L.A. N 47 F 1260/1263 N 551
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-08-31

La caducidad de las medidas cautelares opera, según el expreso mandato legal, ipso iure, configurando una puntual excepción al principio registral de "rogación" adoptado por la ley argentina que se vincula con un hecho jurídico natural -el transcurso del tiempo- que tiene la virtualidad de producir sus propios efectos dentro mismo del Registro, supuesto en el cual la transformación de la situación jurídica registral debe realizarse automáticamente por el propio registrador, sin necesidad de petición de parte.
Asociación ilícita, presunciones
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "BERAJA; Rubén y otros s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-16

Este Tribunal ya ha sostenido que la prueba del acuerdo criminoso del artículo 210 del Código Penal puede realizarse a través del método inductivo, es decir, partiendo desde los casos delictivos realizados hacia atrás, donde se encuentra la faz ideológica de esos planes individualmente considerados. La "marca" o las "señas de la o las asociaciones quedarán puestas en evidencia en la medida que se analice su modo de operar y la dirección hacia la que apuntan sus fines, los cuales, lógicamente persiguen la comisión de ilícitos determinados, ya que de lo contrario no tendría razón de existir la propia asociación..." (c. N° 17.795 "Demeyer, Eduardo Rodolfo y otros s/prisión preventiva", del 10/5/02, Reg. N° 19.748; en similar sentido causa n°18.748 "Rohm, Carlos A.", reg. n° 19.971 del 15/7/02, y sus citas).
Sumario administrativo, instrucción del sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ituarte, Marcelo c/ Municipalidad de San Andrés de Giles s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

En la relación disciplinaria administrativa el sujeto activo es el órgano que puede juzgar siendo de su competencia sustanciar y concluir el sumario. Entre otras medidas corresponde a la autoridad: notificar al agente imputado de las diligencias que éste deba cumplir en la procura de su descargo, disponer su suspensión preventiva y producida la prueba pertinente, dictar la resolución definitiva sobre las faltas imputadas al agente. La administración actúa de oficio en el procedimiento disciplinario y la tramitación del sumario tiene carácter instructorio.
Medidas cautelares, protección de personas, control de legalidad, derechos del niño
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: C., P.R. s/ PROTECCIÓN ESPECIAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-27

No procede el archivo de las actuaciones sobre protección de persona, correspondiendo la continuidad de la intervención jurisdiccional a los efectos de la supervición de la institucionalización de un niño. Ello, toda vez que la ley 26.061 lo declara sujeto de derecho (conf. arts. 3° y 9°)y a las normas respectivas de orden público, irrenunciables e intransigibles (conf. art. 2), gozando entonces de las mismas garantías que los adultos, por lo que se torna en un deber de la magistratura -y no en una mera facultad- su debida intervención a los fines de realizar el control de legalidad, de admisibilidad y de conveniencia de los actos que lleve a cabo la administración. Además de que los tribunales de justicia se encuentran ineludiblemente incluidos dentro de la referencia de la ley (arts. 5, 11, 14 y 15)a los organismos del Estado en cuanto al control y garantía de las políticas públicas. (Sumario N°17680 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2008).
Responsabilidad del Estado, faltas del servicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Otero, Remo Ulises y ot. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Produciéndose la muerte de la menor, como consecuencia de un disparo que no puede identificarse a cual de los grupos enfrentados pertenecía, en el que tuvieron intervención agentes policiales, debe ser analizado a la luz de la norma que prevé el art. 1113 del Código Civil en su segundo párrafo. Se trata del accionar de la policía que, al intentar detener un hecho delictivo, genera un tiroteo. Todo ello provoca una situación de riesgo, por la utilización de armas de fuego cuya potencialidad de daño no es necesario destacar, presupuesto para que se atribuya responsabilidad por las consecuencias perjudiciales provocadas.
Voto de los jueces, voto mayoritario, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Montre Canovil, Eusebio y Otra c/ Provincia del Chubut y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-18

"La opinión constituye el contenido del voto y llega a identificarse con él. La mayoría legal consiste en la coincidencia de opiniones de por lo menos dos de los tres jueces que integran el Tribunal, y equivale a la unanimidad cuando sólo actúan dos en los casos en que está permitido. Debe producirse respecto de cada cuestión esencial, y para lograr coincidencia que forma mayoría, los votos deben arribar a una conclusión idéntica".
Contrato de obra pública, licitación pública, obras públicas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Stamei  S.R.L. c/ Universidad Nacional de Buenos Aires . s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

Las distintas formalidades de que se reviste la licitación pública constituyen verdaderas garantías para los intereses en juego, tanto los públicos de la Administración como los privados de los proponentes.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Machado, José Norberto c/ Chuffo, Luis Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

El  art. 1113 del Cód. Civil, con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales. De no ser así se estarían traicionando las finalidades perseguidas por la norma de aplicación y desbaratando el formidable avance logrado con ella en materia de responsabilidad por los daños que el aumento del maquinismo provoca en la sociedad contemporánea.

De allí que, en ciertos supuestos, sea menester un indagar probatorio contundente y certero, que incumbe a los demandados producir. Y es en estos casos, cuando la causa del accidente permanece ignorada, donde la concepción objetiva muestra su verdadera trascendencia y utilidad jurídica.
Costas, allanamiento, litispendencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Florentín, Diego Antonio y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ da$os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Ante el allanamiento de la actora a la excepción de litispendencia corresponde imponerle las costas.
Remuneración, inembargabilidad del salario
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, HECTOR c/ EMILIO MAURIN NAVARRO s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-04-01

Del salario, depende la subsistencia del trabajador y del grupo familiar, sus condiciones de vida, su ubicación en la sociedad, sin él no pueden cumplir con sus necesidades y deseos. La lucha por un salario mejor es una constante en las relaciones obreros patronales.

Por lo tanto, se torna necesario adecuar su correcta percepción, lo que implica sea acorde con la categoría laboral de que se trate, sea íntegramente pagado en tiempo y forma oportuna, y según las previsiones legales o convencionales al respecto. "Si fuere convencional entre las partes, corresponde a quien lo alega su demostración, valiéndose para ello de cualquier medio de prueba."
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Nicolari, Mario Augusto c/ Wolodzko, Alejandro y ot. s/ Sueldos, S.A.C. y ot.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-16

Carece de la más mínima fundamentación el recurso de nulidad extraordinario que se limita a transcribir el art. 156 de la Constitución de la Provincia y a mencionar que el fallo no ha sido fundado en ley.
Prescripción de la acción penal, actos interruptivos, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: NEME, HUGO RUDECINDO s/ Cheque sin fondos Causa Nro. 34852.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-13

1-La condición de idoneidad de un acto procesal para actuar como secuela de juicio e interruptor de la prescripción de la acción penal no puede realizarse en abstracto, sino a partir de la actitud progresiva del proceso que el mismo conlleve en el caso particular (Del voto del Dr. Hornos).

2-Si ante la falta de materialización de una audiencia de conocimiento (art. 41 CP), presupuesto de validez para una posterior sentencia condenatoria (a la que el imputado no concurrió) se dispuso una nueva, ordenada cuando ya había operado el plazo extintivo, corresponde confirmar la sentencia que declara prescripta la acción penal dado que el plazo que extingue la misma había transcurrido antes de su dictado (Del voto del Dr. Hornos).
Gravedad institucional, recurso extraordinario federal, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Reviste el carácter de gravedad institucional lo atinente a la extinción de un proceso penal cuyo objeto versa sobre la investigación de un delito de lesa humanidad contrario al derecho internacional. En tales circunstancias, ceden todos los límites y restricciones procesales para el ejercicio de la jurisdicción de la Corte, que ha de velar por la responsabilidad internacional de la Nación. En caso de tal gravedad y trascendencia internacional ningún ápice formal puede frustrar la más plena jurisdicción del Tribunal (art. 280 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Alteración de la tranquilidad pública, derechos y garantías constitucionales, derecho a la privacidad, explotación sexual
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M.J. G. s/ artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-23

La conducta atribuida al imputado -violación del artículo 71 del Código Contravencional-no merece el amparo del artículo 19 de la Constitución Nacional, porque si bien la elección del particular estilo de vida que asume es privada, cuestión indiscutible, pierde su condición en la medida que esa forma tan particular de conducirse es exteriorizada en los espacios públicos y frente a terceros. Allí, esa conducta, queda sujeta a un ejercicio reglamentado (artículo de la 14 Constitución Nacional) y es en aras del interés común, fin primordial del estado, que la oferta de un servicio sexual merezca un reproche en este ámbito territorial pues están en juego y pueden resultar afectados el orden, la moral pública o los derechos de terceros. (Del voto del Dr. Ventureira con adhesión del Dr. Dessanti)
Prescripción adquisitiva, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Victoria c/ Municipalidad de Tandil s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-28

En el caso que interviene un municipio en una demanda promovida para obtener la adquisición de dominio de un inmueble por usucapión y la acción prospera, no procede imponer las costas del juicio al ente Municipal si éste no ha efectuado planteos que obligaron a otro despliegue jurisdiccional que el derivado de su necesaria intervención en el proceso, conforme a las normas de los arts.679 inc.4to. y 681 del C.P.C.-
Tarjeta de crédito, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Multicompras c/ Valdez, Rosa s/ Ejec.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

El resumen unilateral de cuenta de la sociedad emisora de tarjetas de compras, sin la conformidad del presunto deudor, no es un título ejecutivo porque no prueba la existencia de una obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables (arts.

518, 1er. párrafo, 521, CPC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuesto a las ganancias, liquidación, reajuste jubilatorio, retenciones impositivas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FAGIOLI, CARMEN ANA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-22

El organismo previsional sólo podrá efectuar retenciones sobre el capital -en caso de corresponder- si las sumas devengadas de cada período superan el monto mínimo imponible, en su debida proporción, una vez efectuada la pertinente liquidación, y siempre y cuando el titular no hubiese hecho uso de la opción prevista en el art. 18, inc. b) de la ley de impuesto a las ganancias. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).
Escrituración, excepción de incumplimiento contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZANETTI OSVALDO E. c/ GUILLERMO A. TUMINO s/ Escrituración (LIBRO: S147 - 192)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-03-13

Si se parte de que el actor reconvenido cumplido con la clausula adicional del contrato, lo que genero la obligacion de concretar la pertinente escrituracion traslativa de dominio, quedando en consecuencia neutralizada la falta de gestiones ante el Escribano (obligacion reciproca), por la ausencia de prueba de que uno u el otro hubiera sido diligente en tal sentido.- Satisfecha la obligacion principal por el comprador y emplazada la parte vendedora sin resultado, esta es la que basicamente incurrio en mora.- No se hace lugar a la excepcion y se confirma la sentencia de la primera instancia, en tal sentido.-
Terceros, asegurador
Materia: CIVIL
Carátula: CÁCERES LUIS FERNANDO c/ AGUAS DE SANTIAGO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - CASACIÓN  CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-14

La aseguradora citada en garantía que no es notificada de la sentencia de primera instancia, y por tal motivo no pudo ejercer sus facultades procesales ante la Alzada ni controlar la actividad jurisdiccional de esa instancia, que terminó con un fallo adverso a la demandada, sufrió un evidente perjuicio, ya que dentro de la estructura del régimen legal asiste a la aseguradora todo el conjunto de cargas, deberes y facultades procesales contemplados por el ordenamiento ritual para las partes. Sobre esta base la relación constituida por el demandado y su aseguradora genera en favor de ésta una legitimación que la faculta para ejercer los actos procesales correspondientes con autonomía de la actitud seguida por aquél.
Procedencia del recurso, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: K., R. K. c/ EN - AFIP - LEY 27605 s/ INC DE MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-14

El voto en disidencia del juez Facio admite los agravios de la parte actora, hace lugar a la medida cautelar solicitada y ordena a la AFIP que se abstenga de realizar cualquier acto o llevar adelante cualquier conducta que implique la afectación directa sobre la persona del actor y de su patrimonio. Acerca del requisito de verosimilitud del derecho consideró -con base a la documentación acompañada a la causa- que la aplicación del artículo 2°, penúltimo párrafo de la ley 27.605 al caso de la parte actora implicaría, prima facie, extender la obligación del pago del "aporte" a un sujeto que no era residente en el país al momento de la entrada en vigencia de la ley y, de ese modo, lo obligaría a soportar una carga fiscal cuya base excede de los bienes de fuente argentina. Asimismo, tuvo en cuenta que el planteo formulado sobre la residencia fiscal se sustentó en la incidencia del convenio para evitar la doble imposición firmado entre la República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos -aprobado mediante la ley 27.496-, que en términos constitucionales cuenta con jerarquía superior a las leyes (artículo 75, inciso 22, primer párrafo, de la Ley Fundamental). Relativamente al peligro en la demora, consideró que la AFIP notificó al actor el inicio de una fiscalización tendiente a verificar su obligación referente al "aporte" y, asimismo, la gravitación económica sobre las rentas y el patrimonio de la parte actora.
Competencia por la materia, competencia contencioso administrativa, haber jubilatorio, diferencia de haberes jubilatorios, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Yañez,  César  Domingo c/ Estado Nacional. Poder Judicial de la Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Debe continuar ante el fuero contencioso administrativo federal el reclamo contra el Poder Judicial de la Nación por el cobro de diferencias en el complemento jubilatorio ya que si bien la ley 24.655 creó la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social y le atribuyó competencia para entender en demandas de naturaleza previsional la Corte reglamentó mediante la Acordada N. 75/96 que los juicios radicados en el fuero contencioso administrativo federal no promovidos en los términos del art. 15 de la ley 24.463 en los que no se hubiera dictado sentencia definitiva o que no se encontraren finalizados por alguno de los otros modos de terminación del proceso continúen su sustanciación ante los tribunales en que se encuentran en trámite hasta su completa conclusión.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Rojas s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-01-30

Resulta arbitraria y debe ser anulada, la resolución que deniega la morigeración de coerción impetrada, cuando el único argumento utilizado para fundamentarla -en el caso: modalidad del hecho- no se vincula con las agravantes específicas del art. 80 del CP o las genéricas previstas en el sistema de los arts. 40 y 41 del mismo texto normativo, nexo insoslayable habida cuenta que el giro empleado no es explícito por su sola enunciación y requiere ser circunstanciado.
Contrato de trabajo, despido, prueba, doctrina de la arbitrariedad
Materia: LABORAL
Carátula: NAVARRO, MARIA FERNANDA c/ AZOPARDO 405 S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-19

Si la demandada no ha arrimado a la causa prueba demostrativa de que la actora haya incurrido en el acto delictual que le atribuyó en la comunicación extintiva, ni en un incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que pueda considerarse justificativa de la decisión de disolver el vínculo (art. 242 L.C.T.), debe concluirse que en tales condiciones dicha decisión carece de causa legítima. El único modo de probar la existencia del acto invocado en su decisión era mediante sentencia firme recaída en sede penal que tuviera por acreditada la responsabilidad de la accionante.