Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-12


Salta, 16 de febrero de 2016.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "CARSA S.A. vs. MONTENEGRO, Víctor Hugo - EJECUTIVO"; Expte. Nº 504.695/15 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 4ª Nominación; Expte. Nº 504.695/15 de Sala, y C O N S I D E R A N D O I) Se encuentran los autos a despacho a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 22, en contra de la resolución de fs. 18/21, en la cual el sentenciante de grado declaró de oficio su incompetencia para intervenir en autos.

Al fundar el recurso (fs. 27/29), manifiesta que la resolución carece de sustento fáctico y jurídico, generando una afectación a los intereses de la recurrente.

Que la incompetencia declarada no encuentra fundamentos en la causa y menos aún en el derecho aplicable. Que conforme el art. 5, inc. 3º del CPCC el juez competente en el caso, resulta ser el de la Ciudad de Salta. Señala que resulta imposible poder determinar, si en el caso traído a juicio subyace una operación financiera o de crédito para el consumo.

Que para poder zanjar dicha incertidumbre, sería necesario indagar la causa de la obligación, lo cual excede el marco del juicio ejecutivo. Que por ello resulta inaplicable el art. 36 de la ley de defensa del consumidor, y la resolución que se apela se basa en una presunción, la cual no cumple con los requisitos exigidos para su consideración.

Otra cuestión para desechar la idea de presunción aplicada es el carácter de entidad financiera que reúne la actora, la que ejerce actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual, por lo cual se estaría en presencia de una operación comercial y no de consumo.

Cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal y del recurso extraordinario, por resultar una sentencia arbitraria, al verse afectado el derecho de defensa, debido proceso, principio de congruencia y derecho de propiedad. Solicita se haga lugar al recurso.

II) Esta Sala ha venido sosteniendo en forma reiterada, que no resulta procedente la declaración de incompetencia territorial de oficio, ante la existencia, o presunción de existencia, de una relación de consumo, en el marco de una ejecución de un título abstracto (cf. CApelCCSalta, Sala IV,t.XXXV-I, fº 74, 89, 148, 280, 311; íd. t. XXXVI-I, fº 123, 152, 317; entre muchos otros).

Ello, sin embargo, la Corte de Justicia local, en fallo recaído en los autos caratulados "Valle Fértil SRL vs. Coria, Carlos Daniel Francisco s/Ejecutivo" - CJS 37.425/14 -sentencia de fecha 10/2/15, tomo 195:517-, ha sentado doctrina -por voto de la mayoría-, en el sentido que debe aplicarse lo establecido por el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor -t.o. ley 26.361-, el cual determina la competencia de los jueces del domicilio del demandado en las acciones iniciadas por el proveedor o prestador, en operaciones vinculadas a un crédito para el consumo, siendo nulo cualquier pacto en contrario.

El art. 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (5642), dispone que, la interpretación que la Corte haga de los textos de la Constitución y de las leyes será obligatoria para todos los tribunales, de modo que los fallos de ésta generan un precedente que deben observar los órganos judiciales provinciales inferiores (CJSalta, libro 68, fº 727, íd, libro 69, fº 539, entre muchos otros). Y ha sosteniendo dicho Tribunal en otro pronunciamiento, "que si bien las sentencias de la Corte se emiten para la resolución de casos concretos, producen un deber, en tribunales inferiores, de conformar sus decisiones a aquéllas, lo que no constituye el puro y simple acatamiento de su jurisprudencia, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste (CJS, fallos 25:368; 307:107:1094; 312:2007, entre otros).

La mencionada doctrina ha sido consagrada normativamente por el art. 40 de la ley 5642.

Así entonces, dejando a salvo el criterio de este Tribunal ya referido, corresponde en virtud de la aludida obligatoriedad, estar a lo resuelto por el Máximo Tribunal Local. Corresponde, en consecuencia, y sin que ello implique invalidar "la naturaleza del título base de la pretensión, ni la del juicio ejecutivo" (cf. CJS, tomo 195:517/524), rechazar el recurso de apelación interpuesto. Respecto de las costas, las mismas se imponen por su orden, por no haber mediado sustanciación (art. 67, apartado segundo del CPCC). Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 22. Costas por su orden. II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.