marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Lesiones culposas, deber de obrar con prudencia, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: VILLALBA, Osvaldo J. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-06

"El delito imprudente involucra siempre un cuidado debido, cuya omisión constituye el núcleo de su tipicidad...".

"Parala determinación de la responsabilidad culposa debe inocultablemente relacionarse la conducta o la omisión con el resultado acaecido y en tan díficil juicio evaluativo debe ser tenida en cuenta la violación de un deber de cuidado que posibilite que el resultado le pueda ser atribuido" .

Si el incuso conducía un vehículo cuya falla en el sistema de frenadole era visible, creando un riesgo indebido y un resultado final que podría evitarse, el deber de cuidado fue vulnerado; por lo cual procede confirmar el procesamiento en orden al delito de lesiones culposas (arts. 45 y 94 del C.P.).
Queja por apelación denegada, queja por denegación del recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Lujan, María Laura c/  s/ usurpación (art.181 inc.2)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-24

El recurso de queja ante la Corte (arts. 282 y sgtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) tiene lugar cundo se ha interpuesto y denegado una apelación -ordinaria o extraordinaria- para ante el Tribunal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Angelotti, Ameleto c/ Frias, Luis Delfin y otro s/ Resolución de contrato de compraventa Piperno, Catalina A. y otro c/ Henríquez Das Neves, Antonio M. s/ Escrituración Hernan de Labrador,Teodora y otra c/ Oscar P. Panella y Cía. y otros s/ Revocación de mandato, nulidad de compraventa, reivindicación de  inmueble y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28|1984-09-11|1984-10-09

El vicio de absurdo se configura con el desvío notorio y patente de las leyes del raciocinio o la grosera desinterpretación de alguna probanza que conduzca a sentar premisas o soluciones abiertamente contradictorias.
Estupefacientes, listado de drogas prohibidas, facultades jurisdiccionales, derecho a la privacidad
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BARREIRO, SERGIO s/ ESTUPEFACIENTES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-14

1) Excede el control que los jueces pueden ejercer sobre los actos del poder administrador cuestionar la inclusión de una determinada sustancia en las listas que la ley 20.771 faculta para redactar a la autoridad sanitaria nacional.

2) No es incostitucional al artículo 6 de la ley 20.771, porque su espíritu y letra trascienden los límites del derecho a la intimidad y porque para nuestro ordenamiento constitucional no hay derechos absolutos y su reglamentación es hacerlo compatible con el derecho de los demás dentro de la comunidad y con los intereses superiores de esta última, admitiéndose ciertas restricciones a las actividades individuales para asegurar el orden, la salud y la moral colectiva
Procesos de ejecución, obligación tributaria, facultades del gobierno provincial, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Neuquén c/ Banco Hipotecario S.A. s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-23

El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de obligaciones tributarias dentro de su territorio -con los límites constitucionales y legales vigentes-, sino también para fijar los aspectos configurativos de tales obligaciones desde la determinación, sujetos, hecho imponible, etc. hasta los modos de extinción de las obligaciones tributarias que, en general se estructuran a partir del pago, la compensación y la prescripción. Lo contrario implicaría reconocer limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil, restringiendo de este modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su jurisdicción, propia del derecho local. Así, se concluyó que, con el texto del nuevo Código Civil y Comercial se revalida la facultad que siempre tuvieron los códigos fiscales provinciales para fijar los plazos de extinción de las obligaciones en materia tributaria.
Dominio, prescripción adquisitiva, pago de tributos, valor probatorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gunella, Alfredo s/ Prescripción Adquisitiva - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-04-30

En materia de prescripción adquisitiva del dominio, la ineficacia del valor probatorio del pago de impuestos, no puede llevar al rechazo de la demanda si obran otras probanzas corroborantes de la testifical, tal como la inspección ocular.
Hábeas corpus, jueces naturales, condiciones de detención
Materia: PENAL
Carátula: B., A. y otros s/habeas corpus c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-23

Consideró el vocal que lo decidido no encuentra sustento en las previsiones de los artículos 2, 8 y 10 de la ley 23098 de habeas corpus y que violenta la garantía del juez natural, sobrecargando a la dependencia federal, máxime cuando ése fuero no cuenta con turno de habeas corpus. Agregó que en la C.A.B.A. la materia se encuentra asignada a los jueces penales del fuero nacional, conforme directivas que provienen de la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia, en particular el artículo 8 de la ley 23098 de habeas corpus. Precisó además que ".el espíritu de la Ley 23.098 se traduce en la creación de una vía rápida y eficaz para dar solución a situaciones lesivas concretas o bien excepcionalmente para prevenirlas cuando se insinúen amenazas ciertas, corrigiendo las anomalías que puedan afectar a las personas legalmente carentes de libertad; tales los aspectos que guarece su artículo 3, inciso 2 (in re causa nº 38745/2011/CA12, "SERVIAN, Gabriel y otros s/ archivo de habeas corpus", rta.: 13/3/19).." y no siempre la acción colectiva se vislumbra como la más eficaz para atender las posibles dificultades cotidianas que puedan suscitarse, destacando que en el caso traído a juzgamiento las personas identificadas en la presentación inicial permanecen alojadas en la Unidad 29 del SPF desde el 17 de octubre pasado y no se adoptó medida alguna tendiente a modificar ese estado.
Asegurador por riesgos del trabajo, celeridad procesal
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: MALDONADO, MATIAS DAMIAN c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-04-06

El juzgador deberá examinar siempre que el domicilio de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada tenga un punto de contacto con la relación laboral que da origen al contrato de cobertura de riesgos del trabajo que se pretende ejecutar, evitando, así, que el ejercicio de la opción de la sucursal implique en los hechos una desestructuración de la competencia territorial creada por el legislador en mengua de todos los principios que ella procura resguardar e incluso resquebrajando las reglas de celeridad e inmediatez que consolidan al juez del lugar del trabajo por ser el más conocedor de las específicas modalidades y circunstancias de los problemas laborales de la zona, amén de su lógica inmediación con los medios de confirmación del proceso; debiendo la respuesta jurisdiccional llegar en tiempo propio y con un menor desgaste para las partes involucradas, puesto que la distancia del foro respecto del domicilio del trabajador damnificado importará en la mayoría de los casos un inevitable dispendio temporal y jurisdiccional. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Falistocco).
Sentencia penal, competencia civil, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: Clavero, Walter Hernán c/ Cepparo, Mirko Eduardo s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito) y sus acumulados
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-07-04

Las consideraciones que el juez penal efectúe sobre la relación de causalidad adecuada y sus eximentes ("culpa" o "hecho de la víctima") no integran el "hecho principal" en los términos del art. 1.103 del CC. y el juez civil no está obligado por lo dicho en la sentencia penal, sin perjuicio del valor probatorio de lo actuado en sede criminal.
Cuenta corriente bancaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Gallardo, Avelino s/ Cobro ejecutivo Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Rodriguez, Jorge Bautista s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-14|1992-05-14

Si se acciona sobre la base de la constancia del saldo deudor en cuenta corriente bancaria (art. 793. Cód. de Com.; art. 521 inc. 5, C.P.C.C.), teniendo en cuenta que el referido contrato de cuenta corriente bancaria puede ser "a descubierto" -denominado también "apertura de crédito en cuenta corriente", el que tiene lugar cuando el banco abre crédito al cliente hasta determinada suma (art. 791, Cód. de Com.), resulta justo que en atención a la naturaleza de la obligación y al estado de mora del deudor, los intereses devengados con posterioridad al 31 de marzo de 1991, se liquiden de conformidad con la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento (arg. arts. 16 y 622 del C. Civil; arg.

arts. 558 y 565, último párrafo, Cód. de Com.).
Intereses, capitalización de intereses, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Automotorers Saavedra S.A c/ Fiat Concord S.A s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-17

Cabe desestimar el agravio de quien recurre la sentencia de cámara que revocó lo resuelto en la instancia anterior en cuanto había hecho lugar a la capitalización de intereses de la deuda por el período comprendido entre el 31 de marzo de 1991 y el 25 de agosto de 2003, e impuso las costas del incidente a la recurrente, pues por tratarse del análisis de cuestiones de hecho y prueba, materia que, como regla, es ajena al recurso extraordinario, no corresponde su admisión por esta vía excepcional, máxime cuando los argumentos de aquélla sólo exhiben una mera discrepancia de criterios con los fundamentos dados por los jueces de la causa y el fallo atacado, más allá de su acierto o error, se sustenta en argumentos suficientes que excluyen cualquier planteo de arbitrariedad. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Objeto del proceso, cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: PROCESAL
Carátula: A., J. R. c/ S., R.H. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-05

"La mayoría de nuestra doctrina se inclina por considerar que la declaración de inocencia del acusado en sede penal deja a salvo la posibilidad del juez civil para hallarlo culpable, ya que el texto del Art. 1103 CC sólo prohíbe volver en lo civil sobre la existencia del hecho principal, siendo bien diferente su redacción a la del Art. 1102 CC, el que al fijar los alcances de la sentencia condenatoria, impide discutir en lo civil alcances de la sentencia o la culpa del condenado. Una cosa es el delito criminal y otra la culpa civil. Es que la culpa penal es juzgada rigurosamente y no se admite en caso de duda ("in dubio pro reo"). Resulta entonces diferente de la culpa civil, que se juzga con criterio amplio, favorable a la víctima".
Contratos de adhesión, cláusulas leoninas, revisión judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sebastián, Roberto c/ Lescano, Jorge Omar y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

En el derecho actual impregnado de un contenido social, se impone el control jurisdiccional de los contratos concluidos por adhesión a condiciones generales, no sólo en la indagación de la invalidez e interpretación de sus cláusulas, sino además en la eventual revisión de las mimas. En el régimen especial de los contratos "por adhesión" o sometidos a cláusulas predispuestas, deviene fecunda la aplicación de los principios de moral y buenas costumbres, la buena fe, la necesidad de impedir el obrar abusivo, el efecto vinculante de los propios actos, y la razonabilidad, como principios a aplicar en la interpretación y juzgamiento de esos casos. Haciendo aplicación de ello, frente a las singularidades que exhibe el caso de autos, donde es evidente que esa cláusula ha sido establecida en miras a favorecer la posición de la parte más fuerte de la relación jurídica de locación: el locador, la misma no puede tener eficacia (arts. 21, 953, 1198 1ra. parte Cód. Civil).
Acción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moreno, Angel Omar c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

El plazo de caducidad establecido en el art. 13 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo comienza a correr a partir del día siguiente al de la notificación del acto definitivo en el caso, el que resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por el actor (conf. arts. 1°, 28 inc. 1° del C.P.C.A.; 86, 89 y 95 del dec. ley 7647/70)- y no se interrumpe ni suspende por la interposición de recursos improcedentes, aún cuando -como ocurre en el caso- hubieren sido sustanciados por la autoridad administrativa.
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESTRADA, PEDRO Y OTROS c/ SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

La solución propuesta por la Alzada y los argumentos utilizados para sustentarla resultan descalificables constitucionalmente, ya que bajo una aparente fundamentación el voto mayoritario se aparta de la jurisprudencia que resulta aplicable, tanto de la Corte nacional como local,-a la luz de la correcta lectura de los antecedentes relevantes del caso y del derecho que lo rige-. En efecto, el criterio expuesto por el Alto Tribunal en "Alvarez, Maximiliano c. Cencosud SA" de que no existe incompatibilidad alguna entre la reinstalación del trabajador víctima de un distracto discirminatorio y el derecho a contratar y ejercer toda industria lícita, fue respetado por esta Corte -más allá de la opinión personal de algunos de sus miembros-; y es sabido que los precedentes conservan su autoridad mientras no haya un cambio en la jurisprudencia, cosa que en el sub judice y contrariamente a la interpretación efectuada por la mayoría de Sala, no ha sucedido. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJN: Alvarez, Maximiliano c/ Cencosud SA s/ acción de amparo, del 7/12/2010; Parra, del 23/8/2011; Cejas, del 26/3/2013. - Jurisprudencia vinculada: Vera c/ Maxiconsumo SA, AyS T 263, p 492/499, sumarios J0041011 y J0041012.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ORLANDO D. TABARI c/ RODOLFO J. VINELLI (H)  S.A.I.M. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-22

Las divergencias de la recurrente con los alcances asignados por la alzada a la calidad de "interviniente" en el contrato de compraventa y a la extensión de la responsabilidad que se le atribuye resultan ajenas al remedio intentado que, conforme la doctrina de la arbitrariedad, no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la solución de las cuestiones que les son privativas ni abrir una nueva instancia ordinaria para debatir cuestiones ajenas a su competencia.
Concursos, efectos entre partes, boleto de compraventa, bienes inmuebles, depreciación monetaria, saldo de precio, moneda extranjera, tipo de cambio
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Darex SA c/  s/ quiebra s/incidente de Revisión de Crédito de Leto, Daniel Francisco
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-03

Con base en tales argumentos, la cotización que cumple prima facie con las premisas señaladas, esto es distribuir entre las partes las consecuencias del señalado cambio de las reglas como del valor de la moneda extranjera, es aquella correspondiente al cambio oficial con más el 30% que en el régimen legal actualmente vigente se conoce como "dólar solidario" (ley 27541: 35-1°) sin el 35% en concepto de percepción autorizada por la Resolución General AFIP 4815/20 (conf. CNCom, Sala F in re "Nanders SA s/ quiebra s/ Incidente de revisión de crédito de Carlini, Humberto Enrique y otros", del 23/03/21, ídem Sala A in re "Bormar SA c/ Suarez Graciela del Carmen s/ ejecutivo", del 17/11/20, ídem "Fideicomiso de Recuperación Crediticia c/ Yoma Emir Fuad y otro s/ ejecutivo", del 19/10/20).
Marcas, oposición al registro de marca, cese de oposición al registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: LINK BEATRIZ ALICIA c/ DUPRAT JORGE HERNAN Y OTRO s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

Es la oponente registral quien debe comunicar fehacientemente a la solicitante cualquier alternativa extintiva que afecte a su oposición (desistimiento; declaración de nulidad o caducidad del título oponente; declaración de abandono o nulidad de la solicitud de registro que funda la oposición; etc.), y no esperar que dicha solicitante se entere por si misma, ya que formalizada la oposición a un registro de marca, esta última se encuentra inmediatamente habilitada para iniciar la pertinente acción judicial por retiro de la oposición, siendo del interés de la objetante evitar su promoción si los derechos que fundaron su observación hecha en sede administrativa han perdido virtualidad.
Poder Ejecutivo, control de constitucionalidad, leyes, ley derogada, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GAGGIAMO, HECTOR JOSE CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO      EXPTE NRO 280-89 GIACOMINO, ROBERTO DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CAPELLA, HUGO VICTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO BUSANICHE, DORA ESTHER TEJERINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CARDOZO, JACINTA INES VILLA LARROUDET DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO D'AGOSTINO, JOSE ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION LUCENA, ENRIQUE ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-30|1990-09-19|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1990-12-12

La posibilidad de que el Poder Ejecutivo manifieste, enuncie, exponga o explique que a su juicio una ley ya promulgada y publicada es inconstitucional, parece un derecho de examen y de opinión que no puede discutírsele, como lo tiene cualquier habitante. Tampoco podría negársele la atribución de ocurrir ante la judicatura en pro de esa declaración de inconstitucionalidad, si un caso concreto así lo justifica.

En el caso, tal declaración judicial no fue necesaria, pues ejerciendo su control de constitucionalidad y siguiendo la doctrina de la Corte sobre gobiernos de facto, el Poder Ejecutivo Provincial tomó la iniciativa de solicitar la abrogación de la ley 9214 y la Legislatura la anuló por considerarla inconstitucional o inmoral.
Control de constitucionalidad, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL-ECONOMIA
Carátula: Puente Olivera, Mariano c/ Tizado Patagonia Bienes Raíces del Sur S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-08

Corresponde revocar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 25.561 que modificó los artículos 7 y 10 de la ley 23.298 si no se ha acreditado una afectación al derecho de propiedad de tal magnitud que la sustente, más aún cuando se aplicó a las sumas adeudadas un interés equivalente al promedio mensual de la tasa activa aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Valor vida, pautas
Materia: PENAL
Carátula: V, O. E. s/ Homicidio culposo (EXPTE. Nº 48-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-07

Los daños que se reparan con el valor vida no son solamente los económicos sino aquellos de tipo espiritual,los que a los fines de ser posible su reparación deberán traducirse en una suma monetaria.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la Municipalidad, baches, falta de señalización
Materia: CIVIL
Carátula: MARCOS, Pablo Alejandro c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-28

Las deficientes y peligrosas condiciones de una calle de intenso tránsito de vehículos, comprometen el deber que pesa sobre la Comuna de atender a la seguridad de los habitantes y de controlar que la vía pública se mantenga en forma apta para la normal circulación, siendo de aplicación la normativa del art. 1113 del Código Civil, en cuanto contempla la responsabilidad del dueño o guardián jurídico de la cosa riesgosa o peligrosa, ya que la responsabilidad objetiva de la Comuna está sustentada en la creación del riesgo y en su deber de seguridad, no pudiendo excluir su obligación resarcitoria cuando no podía sino prever que la deficiente señalización de un bache constituye un peligro inminente para quienes circulan por el lugar.
Honorarios del abogado, convenio de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ledo Fernández, Manuel c/ Coronel, José H. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-12

Sin perder de vista que contratos de honorarios se hallan sujetos tanto a la ley arancelaria como al Código Civil, según lo prescribe el art. 3 del decreto ley 8904/77, es criterio reiteradamente expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la validez constitucional de los honorarios regulados -e, igualmente, de los convenidos- no depende solamente de la magnitud del juicio ni del interés de la parte a quien incumbe su pago, pues también interesa computar las demás circunstancias, como el mérito, la jerarquía intrínseca y la complejidad de la labor, de suerte que los montos regulados -o convenidos- serán confiscatorios cuando exista una manifiesta desproporción entre los mismos y la cuantía de los intereses debatidos y la labor profesional realizada.
Allanamiento domiciliario, consentimiento del morador, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ANDRADA, Diego s/ ALLANAMIENTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-01-24

Cuando surge claramente que el ingreso al domicilio se llevó a cabo con la anuencia de los moradores, sin intimidación o vicio de la voluntad ante la presencia del personal policial, se considera válido el consentimiento formulado por quien se encuentra facultado para otorgarlo, haciendo por ello innecesaria la orden de allanamiento librada por juez competente. Así el recurso de nulidad resulta improcedente.