Tribunal: TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nro 2
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2017-03-29


EXPTE. Nº: --146/2015 Voces Jurídicas: PROBATION - DENEGATORIA DEL BENEFICIO - FUERZAS DE SEGURIDAD Tribunal: Tribunal en lo Criminal Nº2 Ex Cám. Penal Sala II Competencia:

Fecha: 29/03/2017 En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo horas nueve, reunidos en la Sala de Audiencias de la Sala Segunda de la Excma. Cámara en lo Penal, los señores Vocales titulares Dres. ANTONIO LLERMANOS, LUIS ERNESTO KAMADA y la Dra. MARIA ALEJANDRA TOLABA Habilitada, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº 146/15, caratulado: "A. A. C., L. C. D., M. G. A. Y J. M. W.: ROBO CALIFICADO EN POBLADO Y EN BANDA Y POR SER MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN", y C O N S I D E R A N D O:

El Dr. Antonio Llermanos, dijo:

Que vienen estos autos, a este Tribunal en lo Criminal Nº 2 para la realización del juicio respectivo, y a fs. 548 y vlta., el abogado defensor de los procesados A. C. A. y C. D. L., Dra. Sara Cabezas solicita la aplicación a favor de sus defendidos, de la disposición contenida en el Art. 76 bis. del Código Penal. En dicho escrito la letrada menciona que las actividades comunitarias que se les otorguen a sus defendidos podrían ser cumplidas en el Hospital Oscar Orías de la ciudad de Libertador General San Martín, durante el tiempo y con las modalidades que el Tribunal considere.

Que corrida vista al señor Fiscal de Sala, en su escrito de fs. 580, refiere que: ". Y teniendo en cuenta lo reglado por art. 76 bis párrafo 7mo, que no procederá el beneficio cuando el inculpado sea funcionario público en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito, tal es el caso que nos ocupa, por cuanto los inculpados son miembros de la Policía de la Provincia de Jujuy en actividad. Por lo que esta Fiscalía entiende que los imputados habrían actuado vulnerando deberes a su cargo atento a la calidad funcional de los mismos, en consecuencia formulo oposición a la concesión del beneficio solicitado" SIC.

Así las cosas, corresponde el análisis respectivo en orden a si la oposición planteada actúa como causal obstativa al progreso de la suspensión peticionada.

Cabe tener presente que la acción penal debe ser ejercida por el Ministerio Público Fiscal y que la misma no puede interrumpirse, ni hacerse C., excepto en los casos expresamente previstos en la ley, motivo por el cual, el consentimiento del fiscal constituye una condición necesaria e ineludible para suspender el juicio a prueba, precisamente porque implica la suspensión de la acción penal.

De la redacción del art 76 bis del Código de fondo, se desprende que el pronunciamiento del agente fiscal resulta, en principio vinculante, sujeto al control jurisdiccional de logicidad y fundamentación, atento al deber que le compete de motivar las conclusiones de sus dictámenes, lo que surge de nuestro Código de rito en su art 89.

Por lo tanto, debe entenderse que esta normativa mencionada precedentemente, opera como de puro derecho, de manera obstativa al progreso de la suspensión del juicio a prueba, con o sin consentimiento del Ministerio Público, desde que se cancela tal posibilidad contemplada como factible por el cuarto párrafo del art. 76 bis del C.P.

Si bien este Tribunal ha venido invariablemente concediendo el beneficio en análisis, no es menos cierto que nos encontramos ante un caso que por sus circunstancias particulares, hacen que me incline por la denegación del mismo.

Los hechos que traen a juicio a los imputados, no son menores, máxime si tenemos en cuenta la calidad de funcionarios públicos de los mismos. Sostiene Jofré que: ".el fundamento de la exclusión.es el desempeño de la actividad pública por parte del funcionario que conlleva lógicos deberes de, probidad, integridad y honradez inherentes al quehacer funcional . Así el fundamento de la exclusión viene dado por la específica ofensividad, de la conducta del funcionario, que en función pública, incurre en delito.." (JOFRE, Jorge L., "Funcionarios públicos y suspensión del juicio a prueba", LL Patagonia, 2006-397, 3/8/2006.) La norma atrapa a todo ilícito que pueda ser considerado como un abuso de poder en el desempeño de las legítimas funciones atribuidas al funcionario público de que se trate. Quien desempeña una función pública se encuentra en una situación diferente a la de quien no la ejerce, pues el ejercicio de ella confiere un poder con el cual no cuenta el habitante común.

El trabajo de un agente de policía exige una gran vocación, dado que se trata de una profesión de entrega constante, de un profundo compromiso social que no se toma vacaciones, un buen policía no se desconecta de su puesto cuando se encuentra fuera de su horario de trabajo; su sed de justicia lo acompaña las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.

La concesión del beneficio de la ley Nº 24.316 debe atender a la naturaleza del hecho, a la personalidad del autor y a circunstancias previstas en los arts. 41 inc.1º y 2º del C.P. En este sentido es factible recordar que los encartados, según el hecho relatado por el Agente Fiscal, se apersonaron en el depósito de la Empresa Constructora Bellomo en Libertador General San Martín y aduciendo que el Instituto de Viviendas de Jujuy no había finalizado las obras de las 100 viviendas del Barrio Policial, exigieron al encargado del depósito la entrega de los materiales, ante la negativa, ingresan y sustraen todo tipo de materiales.

Por último debo destacar que existe un especial interés por parte del Estado en la realización del juicio, a fin de obtener un pronunciamiento jurisdiccional que determine o no la existencia del hecho, la participación o no de los imputados y en su caso la pena que les pueda o no corresponder.

Por lo que considero necesario continuar con el trámite de la presente causa y así dilucidar a fondo el hecho que nos convoca en la audiencia de debate que se fijara oportunamente.

Así voto.

El Dr. Luis Ernesto Kamada, dijo:

De manera liminar, formulo mi expresa adhesión a la conclusión a la que arribara el Sr. Presidente de trámite en su voto.

A tal efecto expreso que las circunstancias particulares del caso exigen ser esclarecidas debidamente, para lo cual se encuentra específicamente prevista la celebración de la audiencia de debate.

Ello es así por cuanto la calidad de personal policial que, a la época del suceso sometido a enjuiciamiento, tenían los peticionantes demanda establecer la naturaleza y calidad de su accionar que, sin estar directamente conectado con el ejercicio de su función, requiere despejar toda duda respecto de la calidad ética de los integrantes de la Policía de la Provincia, aún en su obrar ajeno al cargo que ostentaban.

Así voto.

Que teniendo en cuenta 4055/84, adhiero en un todo a lo expresado en el voto que me precede.

La Dra. María Alejandra Tolaba, dijo:

Que teniendo en cuenta lo establecido por el Art. 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 4055/84, adhiero en un todo a lo expresado en el voto del Señor Presidente de trámite.

Así voto.

Por ello, este Tribunal en lo Criminal Nº 2, R E S U E L V E:

I.- No hacer lugar al beneficio de Suspensión del Juicio a Prueba solicitado por la Dra. Sara Cabezas a favor de los imputados A. C. A. y C. D. L. conforme el Art. 76 bis del Código Penal 1º y 4º párrafo, debiéndose continuar con los trámites de rigor.

II.- Notifíquese, hágase saber, comuníquese, etc.

Fdo. Ante mi: Dr. MARCOS VARGAS. Prosecretario.