Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-11-30


C., L. A.

Reg.: A y S t 211 p 67-72.

Santa Fe, 30 de noviembre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de L. A. C. contra la sentencia de fecha 23 de mayo de 2005, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe en autos "C., L. A. -Tenencia de arma de guerra en concurso real con robo calificado con armas reiterado, etc. (Expte 60/05)" (Expte. C.S.J. Nro. 351, año 2005); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 23 de mayo de 2005, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe resuelve -en lo que aquí es de interés- confirmar en lo principal la sentencia de primera instancia que, a su turno, había condenado a L. A. C. como autor de los delitos de tenencia de arma de guerra (Art. 189 bis, segundo párrafo del Código Penal, reformado por ley 25.886), en concurso real (Art. 55 C.P.) con robo calificado con arma reiterado en dos oportunidades (Arts. 166 inc. 2º y 55 del C.P. vigentes en el momento del hecho) y privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas reiteradas en dos oportunidades (Arts. 142 inc. 1º y 55 del C.P.), modificando la calificación legal que encuadra en tenencia de arma de guerra, robos calificados reiterados con armas cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse y privación ilegítima de la libertad agravada en forma reiterada, en concurso real, y reduciendo la pena impuesta que fija en cinco años de prisión (fs. 1/9).

Contra dicha resolución, la defensa técnica interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 14/20).

Manifiesta que se ha subsumido la conducta de C. en una tipificación errónea. Explica que los hechos sustractivos reprochados habrían acaecido cuando se hallaban vigentes los artículos 164 y 166 inc. 2º (t.o. 23.077) del Código Penal, antes de que entrara en vigencia la ley 25.882 que modificó el último de los artículos, y que la Sala modificó erróneamente la calificación legal establecida en la sentencia de primera instancia, fulminando el máximo principio rector en derecho penal de fondo y de forma, cual es el de la aplicación de la ley penal más benigna.

Afirma que el encuadre legítimo del hecho era el resultante de aplicar el artículo 164 del digesto sustantivo, ya que no se halló ningún arma de las que hablaron las supuestas víctimas, para realizar el correspondiente peritaje que acreditara o no el grado de aptitud de la misma.

Sostiene que el tribunal cae en el peor de los yerros -dar un fundamento y luego realizar una aplicación absolutamente contraria a lo argumentado-, pues no obstante reconocer la inexistencia de arma de fuego apta para el disparo y que corresponde la aplicación de la ley penal más benigna, concluye que la misma es la nueva redacción introducida por la ley 25.882 al artículo 166. Agrega que la doctrina y la jurisprudencia del viejo artículo 166 inciso 2º -nacional y local- era pacífica en el sentido de que al no poderse peritar un arma para saber si era apta para disparar, la conducta debía encuadrarse como robo simple.

En otro orden, señala que la mayoría de los agravios planteados contra la sentencia de primera instancia no fueron considerados por la Alzada.

Destaca que, en relación al hecho calificado como tenencia de arma de guerra, no se tuvo en cuenta que un acta policial, para ser considerada instrumento público, debe revestir las formalidades que exige la ley, entre otras, la actuación de dos testigos, tal como lo impone el inciso 7º del artículo 190 V (ley 12.162).

Aclara que si bien critica la valoración de una prueba, el fallo en crisis incurre en inconstitucionalidad por no aplicar razonadamente el derecho vigente, máxime si tal arbitrario medio valorativo sirve para sustentar una condena, que debe encontrar una fundamentación capaz de destruir el estado de inocencia. Ni siquiera la valoración de las mismas a la luz de la sana crítica -completa- permite inferir las conclusiones a las que se ha arribado en las distintas instancias.

Menciona que las manifestaciones de K. en sede prevencional son muy distintas a las vertidas en sede jurisdiccional, y los integrantes de la Sala dan preeminencia a las primeras invocando erróneamente la aplicación de los artículos 979 inciso 2º y 993 del Código Civil y apartándose del sentido común que indica que, en sede policial -por lo general-, suele relatarse lo que los propios miembros de la fuerza imponen, contrariando muchas veces lo que se relata en sede jurisdiccional, donde suelen respetarse algunos derechos. Añade que en la indagatoria de K. ni siquiera se le informa que tiene derecho a abstenerse.

Considera que la sentencia arbitrariamente otorga preeminencia al reconocimiento fotográfico realizado por A. ante la prevención policial por sobre el reconocimiento en rueda de personas negativo efectuado, con todas las garantías, ante el órgano jurisdiccional. Expresa que habría que evaluar si no se está en presencia de una causalidad ante el hecho de que A. haya señalado erróneamente, o por algún otro motivo, la fotografía del imputado, pero cuando lo tuvo frente suyo en persona no pudo determinar que fuera él.

El mismo razonamiento -completa- cabe respecto del reconocimiento realizado por G.

Aduce que el fallo en crisis menciona como ciertos hechos que no ocurrieron cuando afirma que ambos cuerpos del camión fueron hallados en zona cercana a Concordia y el chasis al mando de A. en poder de R. H., pues lo cierto es que a tal persona se le secuestró el camión de G.

Indica que G. en ningún momento identificó sin dudas a C. con un tal "Pepe" y que algo parecido ocurre con A.

Finalmente, transcribiendo parte del fallo, critica que los vocales hayan dado muestras de estar convencidos de algo y hayan resuelto en otro sentido, y que no obstante aludirse a la existencia de una tríada configurada con fines delictivos, el único que se encuentra privado de su libertad es C.

2. La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe, por auto de fecha 10 de agosto de 2005, resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad, entendiendo que lo alegado no va más allá del ensayo de una disconformidad con los fundamentos del decisorio de segundo grado, encaminado a la apertura de una tercera instancia inexistente en nuestro ordenamiento (fs. 26/28 vta.).

Tal denegatoria motiva la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs.

31/35).

3. El contraste de los agravios contenidos en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad con los fundamentos de la resolución impugnada revela que el remedio ha sido bien denegado por el A quo.

En efecto, los planteos del recurrente carecen de entidad constitucional y constituyen un mero disenso con la valoración de la situación fáctica y probatoria de autos y la interpretación de la ley penal sustantiva, llevadas a cabo por el tribunal de la causa en ejercicio de funciones propias.

Así, con relación al cuestionamiento formulado al encuadre típico de determinados hechos, se observa que la Alzada subsumió algunas de las conductas endilgadas en el artículo 166 inciso 2º del Código Penal, con la nueva redacción que le imprimió la ley 25.882, considerando que constituía ley penal más benigna respecto de la anterior redacción. Y que el recurrente sostiene lo contrario: que la normativa anterior resultaba más favorable, partiendo de la premisa de que la falta de acreditación de la aptitud funcional del arma de fuego utilizada en el hecho conducía a la aplicación de la figura básica prevista en el artículo 164 del Código Penal -inscribiéndose en la posición doctrinaria que se denominó "tesis objetiva"-.

Claramente se advierte, entonces, que todo el agravio se sustenta en la disímil interpretación de una norma de derecho común -concretamente, del artículo 166 inciso 2º en su anterior redacción- lo que, obviamente, no configura un caso constitucional, a menos que se arribe a una exégesis irrazonable de la disposición, circunstancia que en modo alguno el recurrente logra demostrar que haya acontecido en la especie.

En tal sentido, cabe tener presente que es criterio afincado en este Tribunal -haciéndose eco de jurisprudencia de mayor jerarquía orgánica- que no es arbitraria la decisión si la inteligencia de la norma no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego ni traduce una apreciación irrazonable del tema propuesto (Fallos 304:1826). Tampoco, si la elección importa adoptar una solución posible, apoyándose en razones suficientes (Fallos 304:948; A. y S. T. 100, pág. 251; T. 104, pág. 20; T. 198, pág. 453, entre otros).

Y más allá de que el impugnante no consiga acreditar que la tesis escogida por la Alzada esté teñida de una ilogicidad que descalifique la resolución desde el punto de vista constitucional, la hermenéutica no se contrapone con el criterio que la Corte nacional adoptó respecto de la interpretación de aquella norma -mientras estuvo vigente- según el cual "es una cuestión de derecho común opinable el determinar si el tipo se refiere a un arma cargada" (Fallos 311:2548), pero "cuando se haya comprobado el empleo de un arma de fuego en el hecho enrostrado al imputado, no se podría exigirle a la parte acusadora -que probó su existencia- la demostración de la idoneidad del arma, pues imponérselo significaría que la agravante pudiese solamente ser aplicada en aquellos casos de flagrancia o cuando se hubiesen efectuado disparos, pero no en aquellos supuestos en que nada de ello hubiese ocurrido" (Fallos 319:209, 325:2516).

En otro orden, el recurrente expone una serie de reproches a la ponderación de diversos elementos probatorios incorporados en la causa, pero sin alcanzar a persuadir que en tal tarea la Sala hubiera incurrido en una hipótesis de arbitrariedad.

Ello es así, en primer lugar, porque las articulaciones, en general, lucen incompletas, impidiendo a esta Corte comprender el alcance de los planteos y así comprobar el nexo entre los vicios acusados y las normas constitucionales supuestamente vulneradas, y su decisividad para la solución de la litis. Cabe tener presente que la exigencia de autosuficiencia del escrito recursivo, dispuesta en el artículo 3 de la ley 7055, no constituye un ocioso y vacío formulismo sino que responde a la necesidad de que la Corte pueda verificar -con la mera lectura del memorial, sin necesidad de acudir a los autos principales- la entidad constitucional del reclamo en su confrontación liminar con la realidad del caso, a efectos de no distorsionar la índole extraordinaria de la impugnación.

Y en segundo lugar, porque los agravios traducen una simple disconformidad con el criterio sustentado por la Alzada para confirmar en lo principal la sentencia condenatoria de primera instancia -esto último dicho, lógicamente, desde la estrecha visión que las apuntadas deficiencias argumentativas permiten obtener-.

Concretamente, en tor Por lo demás, se observa que el Tribunal fundamenta la atribución de este hecho en una serie de elementos probatorios que no se muestran como absurdos o insuficientes -así, que ninguno de los tres imputados que se desplazaban en el auto registran armas a su nombre, que la misma figura inscripta a nombre de un G. A. C. y "sobre la cual pesa un pedido de secuestro por denuncia de robo de su propietario, y todo ello (coincidente y sospechosamente, mal que le pese a la defensa) en Yerúa (Concordia) donde se domiciliaban por entonces tanto C. como el tal C.", y que quien dijo ser la concubina de C. también alegó ser la propietaria del rodado "y por ello incidentó para lograr su restitución, lo que le fue conferido"-.

Con relación a la supuesta preeminencia de los reconocimientos fotográficos por sobre los reconocimientos en rueda de personas de A. y G., se advierte que en ninguno de los dos casos la lectura de los fundamentos del Tribunal otorga sustento al agravio del impugnante.

En efecto, al abordar el hecho del que fue víctima A., la Alzada reconoce que éste, en rueda de personas, no pudo identificar a C. como uno de sus salteadores, pero llega a la convicción de que el imputado tuvo participación en el hecho mencionando diversas pruebas, entre las que destaca "la intervención de S. J.", compañera de la víctima, quien declara "que en tanto A. estuvo encapuchado ... con ella ocurrió lo contrario por lo que pudo ver perfectamente a los atracadores", señala "en el sacramental acto de rueda de personas ... sin hesitar a C. como a uno de los ladrones" y "más aún insistirá a fs. 557 que sin dudas este actuó en la ejecución y consumación del hecho y que lo hizo en todo momento a cara descubierta".

Y sobre el hecho del que fue víctima G., el Tribunal se limita a relatar que éste "identifica a C. por foto, aun con dudas, fracasando en tal intento en rueda de personas", apoyando la atribución de responsabilidad en la valoración de otros elementos probatorios, como "la innegable similitud que este hecho guarda respecto del anterior", que seguidamente desarrolla.

Respecto del cuestionamiento que gira en torno a la valoración de los dichos de K., tampoco se advierte que el Tribunal haya hecho especial hincapié en su declaración sino que, por el contrario, sustentó la decisión en elementos emergentes de los medios probatorios de la causa para sólo luego mencionar las manifestaciones de aquél, pero sin otorgarle la preeminencia alegada ni decisividad para la solución de la litis.

Así, en el hecho que involucró a A., tras el examen del plexo probatorio, el A quo concluye que se "encuentran cumplimentados los recaudos de plena y absoluta convicción en cuanto a la autoría del hecho en trance", y sólo luego añade "que como una coincidencia más el mencionado como L. K. aludió también a una proyectada acción delictiva como la que ilustra el caso en trance y en zona ... donde ocurriera este hecho". Tal modo de razonar se reitera respecto del hecho que involucró a G., en el que únicamente tras el análisis de distintos elementos probatorios es que se comenta que "habrá de convenirse que el relato original de L. K. se ajusta a aquellas aristas modales".

Respecto de la supuesta afirmación de hechos inexistentes, del examen de la resolución surge que el Tribunal tuvo en cuenta que a H. se le secuestró el chasis que iba al mando de A., para seguidamente hacer específicas referencias al relato de aquél y al estado del vehículo al momento del hallazgo. Luego, al abordar el caso que involucró al también camionero A. G., pondera que "con llamativa proximidad al hecho desapoderante en sí el chasis aparece en poder de H. según se analizara y el acoplado en el de A., proximidad que por cierto se extiende a la apreciación geográfica de tal situación toda vez que uno y otro de los nombrados habitan ... en zona rural próximas ambas a Concordia".

Frente a ello, el recurrente se limita a señalar -de una manera genérica y que en nada dista de una expresión de agravios de una apelación común- que a H. se le secuestra el camión de G. y no de A. Tal postulación no cumple con la condición de autosuficiencia, que exige del impugnante la formulación de una crítica contundente, adecuada y autónoma de los fundamentos del fallo atacado, demostrando a la Corte la naturaleza constitucional del agravio sin necesidad de acudir a los autos principales, y que no puede ser soslayada -particularmente en materia de valoración de la prueba, cuando el análisis del fallo atacado no revela por sí mismo que en esta tarea se haya franqueado el límite de razonabilidad-. Por lo demás, el impugnante ni siquiera intenta discurrir sobre la decisividad que tendría el planteo, defecto relevante en la medida que -como se indicó- la Sala se apoya en distintos elementos probatorios para tener por acreditada la participación de C. en los hechos imputados.

La lectura de la resolución tampoco permite advertir que el Tribunal haya afirmado que G. identificó sin dudas a C. como "Pepe". Ciertamente, como uno de los elementos cargosos en ese hecho, la Sala subraya la "mención -otra vez- de un tal 'Pepe' como autor de esta parte del iter", pero no se observa que ponga en boca de G. tal aserto, sino que lo hace recaer en A., y relaciona ésta y otras circunstancias coincidentes con las afirmaciones de H. y el otro de los robos endilgados.

Finalmente, frente a la objeción de que A. en ningún momento dijo que "Pepe" fuera C., cabe apuntar que lo que el Tribunal consideró, en verdad, fue el hecho de que tanto H. como A. coinciden en afirmar que recibieron los chasis y acoplado sustraídos de un tal "Pepe", y que "A. había declarado antes que posteriormente supo que 'Pepe' no era otro que C.", y se hace cargo de la circunstancia de que éste incurre "en ciertas contradicciones a la hora de definir quien sería el portador de tal seudónimo", valorando la misma en conjunción con otros elementos probatorios.

En suma, la lectura de los fundamentos de la resolución impugnada, en parte transcriptos, pone en evidencia que el Tribunal a quo derivó razonadamente sus conclusiones de diversos elementos de prueba, que han sido soslayados por el recurrente en el planteo de su agravio supuestamente de índole constitucional, limitándose a oponer su propia versión de los hechos en una argumentación propia de las instancias ordinarias.

Por último cabe agregar que, cuando el recurrente plantea que la Sala resolvió de una manera distinta a lo que surgía de la íntima convicción, extracta y aísla una frase enmarcada en el examen de la calificación legal de los hechos, referida a la posibilidad de que las armas de fuego utilizadas en los robos hubieran sido aptas para efectuar disparos y estado cargadas, convicción que el Tribunal desecha para atender a lo que arroja la urdimbre cargosa y, en consecuencia, encuadrar los hechos en "lo que resulta más benigno para el causante", que es lo que surge "del nuevo digesto que crea una figura atenuada dentro del empleo de arma de fuego en el robo cuando no está probada su aptitud para el disparo".

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)