Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-04-22


Libro de Acuerdos Nro.	46 F	354 / 362	Nro.	140 En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los	veintidos	días del mes de Abril del año dos mil tres, reunidos en la sala de acuerdos los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia doctores Héctor Eduardo Tizón, José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo y Raúl Octavio Noceti, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. nro. 1549/02, carat. "Recurso de casación interpuesto en expte. nro. 83/02 (Sala III Cámara Penal): Ramos, Daniel Agustín s.a. de lesiones culposas en concurso ideal", y	El Dr. Tizón, dijo:

1.- La Sala IIIª de la Cámara Penal, por mayoría, resolvió no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitado por el Dr. Segundo Héctor Soria, en su carácter de defensor del procesado Daniel Agustín Ramos, y, en consecuencia ordenó continuar con el trámite de la causa.

2.- En contra de lo resuelto, y alegando arbitrariedad de la sentencia, el Dr. Segundo Héctor Soria, en representación de su defendido Ramos, interpuso recurso de casación penal.

Concedido el mismo por la Sala sentenciante fue sostenido como lo manda el art. 471 del Código Procesal Penal, y luego de integrarse el tribunal del recurso instaurado se dió vista al Fiscal General habilitado, y éste se expidió a fs. 169 de autos. Presentado el memorial que obra a fs. 174, y firme como se encuentra el llamado de autos, la causa quedó en estado de resolver.

3.- Los fundamentos del fallo de la mayoría -en síntesis- pueden resumirse del siguiente modo: a) la inhabilitación es una pena, y no una mera regla de conducta; b) el art. 326 bis del Código Procesal Penal es inconstitucional; c) la pena de inhabilitación ha sido impuesta para proteger a la sociedad de los delincuentes en el campo de una actividad profesional, sacándolos de ésta por un tiempo, con prescindencia de que el obrar haya sido doloso o culposo.

El voto en minoría, a mi juicio, y con ésto adelanto mi decisión, se pronuncia en sentido favorable a otorgar la suspensión del juicio a prueba, ya que se dan en el caso los extremos establecidos por la ley, en correcta interpretación. Destaca que el Fiscal de Sala se ha opuesto al considerar que al tener prevista la pena de inhabilitación, no corresponde la concesión del juicio a prueba, y que, en definitiva, el voto de mayoría vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

4.- Opino que el recurso debe ser acogido favorablemente, en virtud de las siguientes razones:

La facultad de interpretación de los jueces, cuando los temas a resolver escapan a la pura regulación sancionatoria, resulta, en verdad, una puerta estrecha, y el paradigma interpretativo es canónico, si no dogmático. Este parece haber sido el criterio del voto de la mayoría, que no por dogmático y apegado a la letra de la ley deja de ser prolijo, y hasta plausible. Y ello así, porque, en realidad el principio general que rige en esta materia pareciera indicarnos que siempre se debe ser estricto, pero de la utilización del Derecho Penal, no de la aplicación de penas a un mayor número de casos (cfr. Bruzzone G. "Probation- Nota al caso Kosuta", Rev. La Ley Nov/99).

Pero sucede que ese rigorismo, cuando se trata de situaciones extratípicas, conspira en verdad contra el sentido último de justicia, ya que la suspensión del juicio a prueba debe ser objeto de una cuidadosa interpretación que amplía la esfera de la libertad, que posibilita el acceso al significado verosímil y más adecuado al texto legal.

El art. 76 bis del Código Penal establece en qué casos podrá acordarse la suspensión del juicio a prueba. En un primer párrafo señala que "podrá solicitarla" el imputado de un delito cuyo máximo de pena no exceda los tres años de reclusión o prisión; y en el segundo extiende el beneficio a los casos de concursos de delitos "si el máximo de pena de reclusión o prisión aplicable" no excediere del mismo lapso. Por último, el párrafo 4 autoriza a suspender la realización del juicio cuando "las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y si hubiere consentimiento del fiscal".

En cuanto a la requerida opinión del fiscal en relación con la procedencia del instituto, considero que la misma deberá quedar circunscripta en el contexto general -esto es, en la persecusión de determinados objetivos políticos criminales- y no como la decisión aislada adoptada por el funcionario a su arbitrio. Porque toda opinión en derecho debe ser correctamente fundada; no basta que el fiscal en su dictamen se limite a citar o transcribir parcialmente argumentos de sedicente autoridad, u opiniones de legisladores que, en verdad, no pasan de ser eso. Es necesario un fundamento serio, basado en la ley y en su correcta hermenéutica. Porque la forma en que se expide el representante del Ministerio Público está sujeta al control de legalidad y debida fundamentación.

Los jueces no pueden ser la boca muda o que repite las palabras de la ley como un gramófono inane. Esta es una vieja polémica superada; así como el legislador manda cuando vota una ley adecuada al superior orden constitucional. "El juez, en el caso concreto es libre para escoger como bien le parezca entre las diferentes interpretaciones admisibles de un texto dado", como postula Perelman (La lógica jurídica y la nueva retórica, págs. 55, 57 y sgtes).

La finalidad de la ley no es la estigmatización, ni la venganza; no se combate el delito con más violencia, y en lugar de cortar cabezas -como decía Víctor Hugo- debemos regenerarlas. La probation implica ahorro de tiempo y de desgaste jurisdiccional, en procura -como se ha dicho- de un alivio al colapso del abarrotado sistema, al posibilitar la atención responsable de los casos graves que realmente la merezcan, ya que "si no se puede llegar al corazón del hombre que se quiere reformar, será imposible reformarlo" (A. Hopkim).

El juez, ni el Ministerio Público, deben doblegarse al embate de algunos partidarios de las tesis "restrictivas", ni preocuparse de que se los tilde de "blandos" frente al bombardeo mediático que exige mayor represión (cfr.Bruzzone, G. nota sobre el plenario "Kosuta", en La Ley, nov /99).

Por lo demás, creo que resultan aplicables aquí algunos conceptos insertos en mi voto in re "Chavarría, Marcelo y otros", (L.A. Nro.41, F623/625, Nro.233).

Por lo expuesto voto porque se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, remitiéndose los autos al mismo tribunal a fin de que continúe con el trámite, aplicando lo previsto en el art. 76 bis del Código Penal para el procesado Daniel Agustín Ramos.

El Dr. del Campo, dijo:

Sin perjuicio de compartir el profundo sentido docente que guarda el voto del Sr. Vocal preopinante sobre la naturaleza y finalidad de la Magistratura, me permito pronunciarme respetuosamente en sentido distinto al expresado por el Dr. Tizón en lo relativo a la solución que corresponde dar al caso planteado en autos.

Por ello, cabe destacar que el argumento nodal del quejoso consiste en afirmar que el Tribunal A-quo -en voto mayoritario- ha pronunciado una sentencia que coloca al encartado en una situación de desigualdad ante la ley. Aduce que la pena de inhabilitación con que se conmina a las lesiones culposas cuya autoría se le endilga es alternativa o conjunta con otras, autorizando la aplicación del art. 76 bis del Código Penal al caso. Asimismo, nutre su impugnación en la circunstancia de que el fallo atacado impide acceder al beneficio de la suspensión del juicio a prueba a quien viene imputado de un delito culposo, no obstante que se concede el mismo a quien se le endilga un delito doloso, permitiendo -a criterio del recurrente- una interpretación contraria a la norma constitucional, habida cuenta que se prescinde del espíritu tuitivo que impregna el sistema penal argentino.

Desde mi perspectiva, los argumentos que abonan mi posición adversa al progreso de la pretensión recursiva pertenecen a tres órdenes claramente diferenciables, a saber, el normativo, el teleológico y el jurisprudencial:

a) El normativo: Estimo que la noción a tener en cuenta, a los fines de arribar a una correcta decisión en el caso, es la que proviene directamente del Código Penal, habida cuenta que es el digesto de fondo el que proporcionará los conceptos necesarios en orden a entender cabalmente lo que el legislador ha pretendido excluir del ámbito de vigencia del art. 76 bis.

Desde esta perspectiva, entonces, deviene menester considerar la enumeración que efectúa el art. 5 de dicho Código, al establecer, taxativamente, que las penas fijadas en él son "reclusión, prisión, multa e inhabilitación". Ninguna duda cabe, por ende, que la inhabilitación es una pena, con lo que debe quedar descartada cualquier otra lectura que, so color de interpretación, pretenda forzar el significado prístino de la norma. Siendo ello así, no cabe sino concluir que a este concepto se refiere también el art. 76 bis del mencionado digesto legal cuando, de modo expreso, proscribe la procedencia de la suspensión del juicio a prueba "...respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación".

No es posible para el magistrado distinguir allí donde la ley no distingue, en cuyo mérito, no encuentro razones que autoricen a apartarme de lo dispuesto por la norma de marras.

Otro tanto cabe decir de la oposición expresada por el Sr. representante del Ministerio Público al andamiento de la pretensión del imputado, cuya entidad -reconocida en el párrafo cuarto del art. 76 bis del Código Penal- resulta suficiente en orden a impedir su progreso.

En este punto, tampoco es dable desatender la manda legal, que no exhibe aristas interpretativas susceptibles de generar criterios divergentes en torno a su significado. Si bien es cierto, se han planteado cuestionamientos enderezados a precisar el contenido del pronunciamiento fiscal, no es menos cierto que, en la especie, ello no puede ocurrir, toda vez que, a mérito de lo expresado en el dictamen de fs. 141 del presente expediente, las expresiones vertidas resultan claramente orientadas a ponderar la improcedencia de la pretensión en base al argumento analizado en primer término y sobre el cual abundara el Sr. Presidente de Trámite.

En su mérito y siendo el delito que se endilga al encartado, amenazado -entre otras sanciones- con pena de inhabilitación, no puede beneficiarse con la suspensión del juicio a prueba, por la expresa exclusión dispuesta en la norma que regla el instituto.

b) Desde el punto de vista teleológico, cabe recordar que "... lo que la ley quiere es evitar penas en los casos donde pueda verificarse su concreta innecesariedad preventivo-especial, que no obstante ha fijado un límite a su campo de vigencia restringiéndolo a hechos merecedores de pena de una relativa entidad, y que a estos fines ha ligado íntimamente la suspensión del juicio con la condena de ejecución condicional" (L.A. Nro. 40, F 79/81, Nro. 29).

También desde una perspectiva finalista, es necesario ponderar que la exclusión de los delitos conminados con inhabilitación de éste régimen obedece a la existencia de "un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" (cfr. exposición del Diputado Hernández, Miembro Informante de la Comisión de Legislación Penal, parágrafo 42, "Antecedentes parlamentarios", La Ley, 1995, p. 168).

En otras palabras, si bien es cierto que, como afirman coincidentemente todas las tesis edificadas alrededor del instituto en examen, su objetivo fundamental consiste en evitar para el imputado la estigmatización que trasunta la condena, no es menos cierto que existe una razón de política criminal, incorporada por el legislador al plexo normativo, que justifica una excepción a dicho instituto, con relación a los delitos penados con inhabilitación, como es el caso que nos ocupa.

No se trata de hacer prevalecer siempre y a todo trance la regla de la suspensión del juicio a prueba, constriñendo de tal suerte la excepción que se diluya su eficacia. Por el contrario, constatada la presencia de los elementos que tornan desaconsejable su actuación, corresponde aplicar la exclusión expresamente prevista.

c) Desde una perspectiva jurisprudencial, resulta oportuno poner de resalto que los distintos pronunciamientos emitidos sobre la materia en examen y que fueran glosados en la causa, gozan de la mayor jerarquía científica y representan idéntica autoridad.

Pero ello no empece a la opción que, por resultar más acorde con la interpretación del texto legal, estimo que debe prevalecer, a la sazón, la que expresara la mayoría de los miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal en el plenario "Kosuta" (LL, 1999-E, 165). Sobre el punto se decidió que "no procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa".

En consecuencia, concluyo que el remedio procesal instaurado por el Dr. Segundo Héctor Soria, en ejercicio de la defensa técnica de Daniel Agustín Ramos debe ser rechazado, con costas.

Tal es mi voto.

El Dr. Valdecantos, dijo:

El Dr. Segundo Héctor Soria defensor de Daniel Agustín Ramos en tiempo oportuno del proceso solicitó a favor de su defendido la aplicación del artículo 76 bis del Código Penal, esto es la suspensión del juicio a prueba.

La Sala III de la Cámara en lo Penal en donde se encuentra radicada la causa resuelve con el voto de dos de sus miembros, en fecha 27 de noviembre de dos mil dos, rechazar este pedido.

En contra del decisorio aludido el Dr. Soria recurre vía casación por violación del art. 16 de la Constitución Nacional, ya que se desconoce la igualdad ante la ley.

En primer lugar cabe señalar que la resolución que deniega el pedido de suspensión de juicio a prueba puede ser recurrido por casación o inconstitucionalidad. Ello así en el entendimiento que si bien no se trata de una sentencia definitiva, ni pone fin al litigio, su consecuencia puede ser de tardía o imposible reparación ulterior toda vez que cumplidas las demás etapas procesales de rigor no podrían volverse a repetir y de última se ocasiona un desgaste jurisdiccional inutil. "La resolución que hace lugar (o deniegue), la suspensión del proceso a prueba (art. 76 bis y ter del Código Penal) es susceptible de ser recurrida mediante el recurso de casación (al que agregamos inconstitucionalidad) al tratarse de una resolución equiparada a definitiva, ya que la tutela de los derechos que se invocan no podrían hacerse efectiva en una oportunidad procesal posterior. (TSJ de Córdoba- Sala Penal- 26/02/2002. "Lescano Jorge Antonio p.s.a. incumplimiento de los deberes de asistencia familiar". Recurso de Casación).

Sentado ello y adentrándonos a la materia en cuestión cabe dilucidar si puede aplicarse la suspensión del juicio a prueba en los delitos que tienen prevista pena de inhabilitación como el que nos ocupa, lesiones culposas en accidente de tránsito.

Si bien la jurisprudencia y la doctrina se encuentran divididas me inclino en la postura de que es procedente la aplicación del instituto a casos como el presente por los siguientes fundamentos.

La primera cuestión radica en el hecho de la interpretación que debe darse a la normativa expresa de la ley cuando señala que no se aplicará en los casos que tenga prevista pena de inhabilitación. Sobre esto entiendo que es para aquellos casos en que la norma se encuentre sólo con ese tipo de pena y no que sea conjunta. La restricción establecida en el último párrafo del art. 76 bis para la procedencia de la "probation", debe ser entendida en el sentido de que sólo alude a aquellos casos en que el delito considerado prevea exclusivamente pena de inhabilitación, art. 260 1 parte C.P. posibilitando su otorgamiento cuando la inhabilitación esté prevista como pena conjunta (ej. Arts. 84 y 94 C.P. entre otros). La interpretación acotada, pondría en crisis el principio de igualdad consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional, máxime cuando el marco de aplicación de la norma está primordialmente delimitado por el monto de la pena privativa de la libertad que merezca el imputado, subordinándolo a la posibilidad de una eventual condena condicional. En particular en que las penas de inhabilitación están establecidas por la ley sustantiva como pena conjunta, la finalidad última es también la recuperación y reeducación del sujeto. (CNCRIM., Sala VI, c. 6.345 "Canil, Gonzalo rta. 22/5/97 publicada en Bol. Int Jurisp. Nro. 2/97, pág 79. Ortiz Jorge H., rta: 13/6/95 publicada en Bol. Int. Jurisp. Nro. 2/95, pág 116).

Sin embargo y aún tratándose de pena conjunta la jurisprudencia se ha pronunciado también por su procedencia, "la pena de inhabilitación inserta en calidad de conjunta o accesoria para el delito de lesiones previsto en el artículo 94 del Cód. Penal no impide la suspensión del juicio a prueba de conformidad con las prescripciones del Art. 76 bis del mismo cuerpo legal" (C.S.J. de Tucumán Sala en lo Civil y Penal 21/02/2001 Agüero, Rafael s/ Lesiones por culpa o imprudencia". (Sentencia Nro. 53).

Esta es la postura dominante en la jurisprudencia, además de razones de economía procesal como lo sostiene el Procurador General de la Nación en la resolución 39/97 al afirmar "que la interpretación exegética del artículo 76 bis del Código Penal aislado del resto del ordenamiento jurídico, ha llevado a su aplicación casi excluyente en el fuero correccional, aunque de un modo parcial por aplicación del último párrafo que 'impediría' el otorgamiento de la probation en los delitos culposos que importan pena de inhabilitación lo que ha redundado en una paulatina acumulación de casos en los que no puede darse una respuesta jurisdiccional con marcado menoscabo del esencial servicio de justicia...". (V Marcelo Castañeda Paz Probation. El desafío de cambiar de mentalidad pág. 52).

La doctrina mayoritaria también se pronuncia por la aplicación del instituto en casos como el que nos ocupa (el citado Marcelo Castañeda Paz, Bossi, Carlos- Ranuschio Daniel, Carlos Edwars, La Probation en el Código Penal, pág. 62/63 entre otros) y se ha plasmado en las XI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos, XI Reunión de Procuradores Fiscales y Defensores y II Encuentro de Ministerio de Menores para el Mercosur desarrolladas en Santa Rosa La Pampa "propiciar la reforma del artículo 76 para que en forma categórica se incluya la suspensión del juicio a prueba para aquellos delitos que tengan previsto pena de prisión e inhabilitación en forma conjunta".

Pensar lo contrario, esto es la no aplicación de la suspensión del juicio a prueba en los delitos previstos con penas de inhabilitación es injusto y arbitrario por cuanto otros delitos contemplados con penas mucho mas graves entre otros el homicidio doloso, sin embargo es procedente la probation.

Pero aún cuando se encuentre prevista la inhabilitación nada impide a que el juez haga lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba e inhabilite precautoriamente, o provisoriamente al peticionante por un lapso suficiente para observar su conducta y así se cumple en alguna medida con la inhabilitación prevista en la normativa, adoptándose una posición intermedia que no afecta el interés público. Nótese además que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 ter del Código Penal surge que el condenado a inhabilitación especial puede ser rehabilitado, transcurrida la mitad del plazo para ella, si se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos y, además, ha reparado los daños en la medida de lo posible, situaciones todas que van de la mano con lo previsto en la probation.

Por último y en lo referido a la interpretación que debe darse sobre si la pena de inhabilitación es aplicable para los casos de pena conjunta o sólo para las específicas cabe señalar que también juega el principio interpretativo del in dubio pro reo de modo que debe estarse a favor del acusado en el sentido que la no aplicación de la suspensión del juicio es sólo para aquellos casos en que la pena de inhabilitación se encuentre prevista como única sanción.	Por lo expuesto y lo señalado en el primer voto al que adhiero, me pronuncio por el progreso del recurso. Propicio que en el presente caso se exima de costas por cuanto se trata de una cuestión novedosa, discutida doctrinaria y jurisprudencialmente como lo hemos señalado.

Así voto.

El Dr. Arnedo, dijo:

Adhiero a los votos emitidos por los Dres. Tizón y Valdecantos, no sin dejar de señalar, a mayor abundamiento, que esa es la tesis mayoritaria de la jurisprudencia de los tribunales del país, a pesar del plenario "Kosuta" y que, por otra parte, la posición contraria a esos votos conllevaría el nocivo efecto de conceder el beneficio de la probation sólo a los imputados (autores, cómplices o instigadores) de delitos dolosos; hechos ilícitos queridos por el autor, y no sería factible su concesión a quienes hubieran tenido participación en un delito culposo (imprudencia o negligencia), lo que probablemente llevaría en algunas situaciones a imputados a mentir para que su accionar se encuadre en una figura dolosa si pretenden la suspensión del proceso, pues la inexistencia de la pena de inhabilitación para el delito cometido con conocimiento y voluntad del resultado le permitiría acceder a aquél beneficio que su negligencia se lo impediría.

Cde. a Expte. nro. 1549/02, carat. "Recurso de casación interpuesto en expte. nro. 83/02 (Sala III Cámara Penal): Ramos, Daniel Agustín s.a. de lesiones culposas en concurso ideal"	Ello, sin duda implicaría beneficiar a los imputados por delitos dolosos en detrimento a los autores de delitos culposos (ver "Alcance de la exclusión del instituto de la suspensión del juicio a prueba respecto de la pena de inhabilitación" Bella, Gabriela María; publicado en: La Ley, Suplemento Penal 2003 (marzo), p. 32).

El Dr. Noceti, dijo:

Adhiero al voto del Dr. José Manuel del Campo en concordancia con el texto legal involucrado que no admite una interpretación distinta y lo decidido por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Gregorchuk, Ricardo (Suplemento de Jurisprudencia Penal de La Ley, 24 de marzo de 2003, p. 32).

Por ello, el Superior Tribunal del Justicia de la Provincia de Jujuy;

RESUELVE:

I)	Hacer lugar al recurso de casación interpuesto en autos por la defensa técnica de Daniel Agustín Ramos.

II)	Reenviar la causa a la sala de origen a fin de que proceda conforme a esta sentencia.

III) Diferir la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a esta instancia, hasta tanto sean regulados los del inferior.

IV) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.