Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-13


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Doce.- San Fernando del Valle de Catamarca, 13 de agosto de 2012.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N°108/2008: "FIGUEROA, Mario Eduardo c/ ESTADO PROVINCIAL - s/ Acción de Nulidad o Ilegitimidad", en los que a fs.139 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art.39 del Código Contencioso Administrativo, llamándose autos para Sentencia a fs.139vta.- En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) ¿Es procedente la Acción de Nulidad e Ilegitimidad interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde.- 2) Costas.- Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs.141 dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. LUIS RAÚL CIPPITELLI, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

El actor en autos, Mario Eduardo Figueroa, mediante apoderado promueve Acción Contenciosa Administrativa de Anulación o Ilegitimidad en contra del Decreto ECyT. Nº 1996 de fecha 10 de Octubre del 2008, que rechaza el recurso de reconsideración interpuesto en contra del Decreto ECCyT. Nº1519, por el cual se resuelve aplicarle la sanción disciplinaria de cesantía, por su desempeño como Director Interino de la Escuela Nº450 de la Localidad de Laguna Blanca, Dpto. Belén, Provincia de Catamarca, prevista por el Art. 61 inc. g) de la Ley N°3122 -Estatuto del Docente Provincial- y Art.68 y 70 del Decreto C.E. Nº413/2000 -Reglamento de Sumarios para el Personal Docente-.- Afirma que se encuentran cumplidos los presupuestos referidos a la admisibilidad de la acción que inicia, en cuanto impugna, un acto administrativo definitivo, emanado de autoridad competente de última instancia y la demanda es interpuesta dentro de los veinte días de producida la notificación- Seguidamente aclara que el Decreto que impugna es consecuencia del Recurso de Reconsideración interpuesto en contra del Decreto ECCyT Nº1559/07, en razón de los graves vicios contenidos en el sumario administrativo. Que el recurso es rechazado con fundamento en que el procedimiento fue correcto, que el interesado hizo uso de su derecho de defensa, que el extravío de la causa fue subsanada con la documentación existente sin que el interesado haya impugnado o ejercido otra argumentación y que de acuerdo a las pruebas aportadas la conducta del docente encuadra en lo previsto en el Art.70 del Decreto Nº413/2000, calificada como: No tomar las medidas precautorias de los deberes a su cargo en relación a un desempeño docente razonablemente responsable; agresión verbal a integrantes de la comunidad Educativa; agresiones y/o abusos morales, físicos y psíquicos a alumnos y/o agentes de la comunidad educativa.- Luego denuncia la existencia de vicios graves de ilegalidad que vulneran el debido proceso y el derecho de defensa en juicio y que provocan la nulidad de todo lo actuado. En tal sentido expresa que el Decreto que impugna es arbitrario como su antecesor por omitir las circunstancias de hechos, modo, tiempo y lugar. Señala que en la redacción del instrumento no se han conceptuado los hechos de una manera clara y precisa, que únicamente se relata algunos de ellos sin indicar cuando se produjeron y en que lugar, y se limita a transcribir las conclusiones del dictamen del Tribunal de Disciplina. Que estos vicios en la motivación no le permiten analizar la legitimidad de la decisión, y poder ejercer su derecho de defensa.- También refiere a graves irregularidades administrativas, cuestiona que la investigación sumarial fue llevada a cabo por funcionario sin competencia, pues no obstante haber cesado en el cargo de supervisora, continuaba instruyendo el sumario.- A su vez asevera que los vicios del procedimiento jamás fueron consentidos ya que hubo numerosas presentaciones al respecto. En ese orden señala que con fecha 28 de Marzo del 2000 planteó la nulidad de todo lo actuado por la supervisora que había cesado en el cargo por Resolución N°0185 del 17 de Noviembre de 1997 e instruyó el sumario en su contra hasta Febrero del 1998. Que además a esa fecha ya se encontraban vencidos los plazos de instrucción dispuesto por el Art 48 del Reglamento de Sumario para Docentes. Que no existió ampliación o prórroga de plazo instructorio y sin embargo todo ello, las actuaciones continuaron.- Que con fecha 15 de Octubre del 2000 planteó la caducidad de la instancia, y no obstante no haberse resuelto el pedido de perención de instancia, 18 meses después, se pretende la reconstrucción del expediente.- También endilga ilegalidad manifiesta a la Resolución N° 97/03, por la cual se pretende justificar la pérdida de las actuaciones referidas al Expte. N°1718/97. Que para ello contradictoriamente se establece tener por no reconstruido el expediente y al mismo tiempo se dispone reiniciar en base a dicho expediente una nueva investigación sumaria. Destaca que en este mismo acto se reconoce la escasez de los actos que han podido ser reconstruidos, la falta o ausencia de actos fundamentales y que los mismos resultan insuficientes para resolver de una manera fundada. Resalta la contradicción que, por un lado se tiene por no reconstruido el expediente y a la vez se expresa que, el extravío de la causa inicialmente concretada, fue subsanada con la reconstrucción efectuada con la documentación existente. Afirma que los actos posteriores que dan sustento a la acusación son inexistentes, nulos de nulidad absoluta. Que no se realizó denuncia penal por la pérdida o extravío del expediente donde obraba toda la prueba que hacía a su defensa, cometiéndose hechos graves que atentan contra el principio de seguridad jurídica, conculcando el principio no bis in indem al resultar juzgado dos veces por el mismo hecho y con un régimen normativo nuevo.- Asimismo aduce que el Decreto Nº1519/07 que dispone la cesantía es nulo porque no se describen las conductas, se citan innumerables disposiciones, luego hace referencia a la instrucción presumarial, donde se consignan las distintas pruebas sin ser analizadas. Que se le atribuyeron nuevos cargos bajo un régimen legal distinto al vigente al momento de los hechos.- Ofrece pruebas: A) Instrumental: Fotocopia del Expte. Letra "M" Nº 7854/02.- B) Documental: 1- Cédula de notificación del Dcto. ECC y T. Nº1996/08; 2- Fotocopia Dcto. ECC y T Nº1996 de fecha 10/10/08; 3- Fotocopia Dcto. ECC y T Nº1559, de fecha 30/10/07; 4- Fotocopia Resolución Ministerial C.E. Nº3859, del 28/10/97; 5 fotocopias Resolución Nº0145, del 27/10/97; 6- Planteo de Nulidad al Expte.14053/97, de fecha 28 de Marzo del 2.000; 7- Copia cargada recurso de Reconsideración contra Dcto. ECCyT Nº 1559, de fecha 30/10/07; 8- Copia escrito denunciando graves irregularidades; 9- Copia escrito planteo de caducidad de instancia, de fecha 15 de octubre de 2002; 10- Testimonio (firmado y sellado) D.S. Nº097/03, de fecha 30 de mayo de 2003, por el cual, el Director de Sumarios, Dr. Alejandro Scidá, dispone, tener por no reconstruido el Expte. Letra "P" Nº 1718/97 "Irregularidades en la Escuela Nº450 Laguna Blanca- Belén". 11- Cédula de Notificación e informe final Nº 143/07, de fecha 23/05/07.- Oficios: Se libre oficios a la Dirección de Sumarios, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia, y en su caso al lugar u Organismo donde se encuentre radicado el Expte. Letra "M", Nº 7854 -año 2002- Ministerio de Educación- Dirección de Sumarios - E/ Documentación Ref. irregularidades en la Escuela Nº450 de Laguna Blanca- Belén, a fin de que se remitan dichas actuaciones. Se libre oficio a la Dirección de Sumarios, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia, a fin de que remita copia autenticada de las actuaciones adjuntadas en el apartado B (documental).- Hace reserva del caso federal.- A fs.85 previa vista al Sr. Procurador General de la Corte, la Corte resuelve declarar prima facie la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en la presente causa.- A fs.92/102 presenta el informe requerido al Estado Provincial. En el mismo expone que, como consecuencia de una serie de quejas ante las autoridades del Ministerio por parte de los padres de alumnos, y la determinación de no enviar sus hijos a la escuela en razón de las severas irregularidades en el establecimiento escolar y los reiterados malos tratos del Sr. Director a los alumnos, se resuelve mediante Resolución Interna N°0145 del 27 de Octubre de 1997, instruir sumario administrativo en contra del Director Interino Sr. Mario Eduardo Figueroa, por considerar sus conductas incurso en la inobservancia de sus obligaciones establecidas en el inc. a) del Art.5 de la Ley 3122. Que el ahora actor fue debidamente notificado, tuvo amplia participación a lo largo del proceso y el ejercicio pleno y acabado de su derecho de defensa en juicio.- En cuanto a la falta de la debida reconstrucción del Expte. Administrativo, indica que la Resolución D.S. Nº097/03 de fecha 30 de Mayo del 2003, representa el total respeto al debido proceso y a la defensa en juicio. Que ante el extravío del expediente, se procedió a ordenar investigación sumarial en el área administrativa, con el propósito de deslindar eventuales responsabilidades. Que a su vez con los elementos aportados no se pudo tener por reconstruida la causa, por lo que se requiere la incorporación de nuevos elementos tendiente a la debida acreditación de los hechos en procura de alcanzar la verdad real de los mismos. Que se constituyó una nueva Junta de Disciplina para llevar adelante el sumario, se colectaron nuevas pruebas y se resolvió de acuerdo a los hechos probados los que fueron compatibilizados con el derecho aplicable a la causa. Que además el planteo viene extemporáneo, en cuanto la resolución se encuentra firme y consentida por no haber sido cuestionada en su oportunidad dado que el actor con asesoría letrada -fs.108- se da por notificado de la Resolución N 097/03.- Que en lo atinente a la omisión de circunstancias de modo, tiempo y lugar, expresa que de la lectura de las testimoniales según el modo y tiempo verbal utilizado por los declarantes, surge claramente que las conductas atribuidas a Figueroa se llevaron a cabo durante su desempeño como Director Interino y que las mismas eran constantes, habituales y numerosas en el ámbito escolar. Que todos los detalles y valoración de la prueba surgen del dictamen de instrucción que integra el acto administrativo propiamente dicho y no debe reproducir todo y cada uno de los hechos que han sido base para producir el informe final de la instrucción.- Que en relación al impedimento de poder ejercer el derecho de defensa viene carente de fundamentos ya que durante todo el proceso se ha permitido al actor su intervención.- En lo relativo a la intervención del funcionario sin competencia indica que por un lado el actor consintió todos los actos posteriores a su designación y los posteriores a su apartamiento como instructora de la causa y por otra parte la Resolución 097/03, declaró no reconstruido el expediente y se dispuso el inicio de una nueva investigación sumarial por lo que la queja resulta infundada.- Que el pedido de caducidad de instancia que denuncia no resuelto, fue presentado por el actor con fecha anterior a la Resolución N°097/03, las mismas se referían a expediente distinto y no contaba con la debida acreditación de personería que justificara la presentación. Que el actor nunca hizo ningún reclamo ante la pérdida del expediente y consintió la misma al no realizar planteos en contra de la Resolución Nº097/03 que disponía la investigación pre-sumarial, por ende los pedidos de caducidad anteriores a su dictado resultan extemporáneos.- Que no hubo violación al principio non bis in idem, pues por el dictado de la Resolución Nº097/03 no hubo juzgamiento ni determinación de responsabilidades a Figueroa, anterior a los decretos ahora atacados.- Tampoco se agregaron nuevos cargos de imputación, que su defensa técnica tuvo la oportunidad de ofrecer la prueba que hacía a su derecho y que según expresa se encontraban en el expediente perdido. Que en relación a la normas de procedimientos aplicadas es la correcta y válida para este caso; su aplicación deviene del texto expreso del Art. 82 del Decreto N°413/00, en donde se faculta a la Dirección de Sumarios a avocarse al conocimiento de los procesos sumariales que al momentos de su publicación no se encuentren concluidos, de ello se deduce, que no existe ilegalidad por errónea aplicación de la ley.- En definitiva, responde los reproches formulados por el actor y además expresa que, en la presente acción no se cumplen los presupuestos que la ley adjetiva exige para su procedencia, por lo que solicita su rechazo.- Ofrece prueba Documental: Expte. M Nº7854/02 en original y solicita se reserve en caja fuerte del Juzgado.- Hace reserva del caso federal.- A fs.103 se abre la causa a prueba por el término de ley.- A fs.117/25 obra dictamen del Sr. Procurador General de la Corte que se pronuncia por el rechazo de la pretensión del actor.- Fijada la fecha para que las partes aleguen sobre el mérito de la causa, comparece solamente la parte actora.- Firme el proveído de autos para resolver se practica el acto de sorteo determinante del orden de estudio y votación de la causa y en mérito a su resultado emprendo la labor.- Como es criterio de este Tribunal principiaré la tarea por efectuar la verificación de los presupuestos que generan la competencia de esta instancia, la que concluida, me lleva a ratificar lo resuelto a prima facie a fs.85.- Que a fin de abordar la cuestión de fondo, me parece atinado formular una síntesis de la cuestión a resolver. Al respecto, el actor en autos pretende que se deje sin efecto la resolución administrativa de carácter disciplinario, -Decreto EC y T Nº 1996/08- que confirma la sanción de cesantía que la Administración le aplica, por su desempeño como Director Interino de la Escuela Nº450, ubicada en Laguna Blanca - Departamento Belén.- Que ante ello, el tema que motiva la convocatoria impone recordar que el ejercicio del poder disciplinario constituye una potestad propia del Poder Administrativo, derivada de la especial sujeción a que se encuentran sometidos los empleados públicos en razón de la naturaleza jurídica del contrato de empleo público.- En ese ámbito, el ejercicio razonable de las facultades del orden interno, disciplinario o administrativo propia de la autoridad de aplicación, es materia excluida de control, salvo arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta.- De este modo, como ya este Tribunal dejó sentado, la potestad del Poder Judicial para revisar actos disciplinarios administrativos, sólo comprende, como principio, el control de su legalidad, lo que supone el de la debida aplicación de las normas, de manera que los hechos se clarifiquen adecuadamente y que las sanciones se ajusten a su texto legal, con un prudente y razonable ejercicio de las facultades con que se haya investido a los funcionarios competentes, sin juzgar la oportunidad, mérito y conveniencia de la medida adoptada.- En sentido semejante, sobre el límite de la revisión judicial, la CSJN reafirma que es incuestionable que el Poder Judicial se encuentra investido de la potestad de revisar actos disciplinarios emanados de la Administración, pero también lo es, que el ámbito posible de intervención de los magistrados sólo comprende, salvo caso de arbitrariedad manifiesta, el control de su legitimidad y no el de la conveniencia, oportunidad o mérito de las medidas que los funcionarios competentes hayan adoptado en ejercicio de las facultades de que se hayan investidos por normas cuya validez no ha sido objetada.-	Que ahora bien, desde esta óptica corresponde evaluar los planteos objetos de decisión y a tal fin considero apropiado poner de resalto el dictamen del Sr. Procurador de la Corte en el que minuciosamente se examina y detalla el material probatorio obrante en la causa y al que exhaustivamente analiza y relaciona con los agravios formulados por el actor y luego da repuestas fundadas y razonables a todos los cuestionamientos, para así concluir que el proceso llevado a cabo por la Administración a fin de ejercer su potestad disciplinaria resulta legítimo y propicia el rechazo de la acción.- Que compartiendo in totum el contexto de esta importante y ponderada pieza procesal, hago propio su contenido, doy por reproducido y desde ya emito mi voto por el rechazo de la acción.- Que lo formulado precedentemente me libera de repeticiones innecesarias y en virtud de ello voy a permitirme limitar mi opinión a la apreciación en general de las cuestiones planteadas que llevan a reforzar mi convencimiento por el rechazo de la acción.- En efecto, el avance del estudio de la causa no deja lugar a dudas que, no obstante la circunstancias de extraviarse las actuaciones en su primera etapa, y mas allá del excesivo tiempo transcurrido que llevó a definir la situación del actor, no se observa que la Administración haya dejado de lado pilares importantes como el debido proceso y el derecho de defensa.- Me explico, es cierto que iniciado el procedimiento surge el deber de la Administración Pública de impulsar de oficio las actuaciones, pero no es menos cierto, que ello no obsta a que también el interesado inste el procedimiento y a su vez ante el silencio de la Administración, el administrado tiene herramientas legales a fin de procurar repuestas a su requerimientos. De ello deviene que todo el tiempo que pasó entre el acaecimiento de los sucesos que motivaron la investigación hasta el dictado del acto impugnado, si bien se revela excesivo, ambas partes son artífices de ello.- Precisado esto, considero menester referirme al extravío de las actuaciones, situación que sin dudas influyó y agravó el factor tiempo, y que me obliga a situarme ante el dictado de la Resolución N°097/03. Me interesa puntualizar que este instrumento, debidamente notificado al interesado con fecha 30 de Mayo del 2003, como consta a -fs. 99- no se observa que haya sido cuestionado en su oportunidad y siendo ello así, queda sin sustento los planteos que manifiesta haber realizado y que no fueron respondidos por la Administración, pues dichas presentaciones -pedido de nulidad, caducidad- más allá de la errada referencia del rubrado, que marca la Administración, y más allá que tampoco se insistieron a fin de procurar respuestas, las mismas fueron anteriores a su dictado. También ante esta Resolución del año 2003, queda sin fundamento la cuestión de incompetencia de la funcionaria que continuó con la investigación no obstante haber cesado en la función pues dicha participación fue anterior a su dictado.- Tampoco resulta atendible, el reproche referido a las normas de procedimientos que fundamentan el sumario, pues ello resulta a lo menos una actitud contradictoria del actor que se sometió voluntariamente a dicha normativa en las actuaciones administrativas, sin argüir en dicha oportunidad objeciones o reserva alguna, lo que obstaculiza su tratamiento.- Importa destacar que la Disposición N°097/03, resulta relevante y determinante en el thema decidendum. La misma marca un inicio en la que se deja en claro, por un lado, el pedido de instrucción de sumario por el extravío de las actuaciones y por el otro lado, da cuenta de la documentación que se pudo recuperar, la que a su vez, se considera que no es suficiente para poder resolver, y luego, con un juego de palabras que "ha podido ser reconstruido" y "que se tiene por no reconstruido" el hecho es que deja sentado y firme al no ser impugnada, la continuación del proceso.- Cabe expresar, en tanto así lo entiendo, que la contradicción material de expresiones no pasa mas allá de un error de redacción, que no repercute ni en el debido proceso ni tampoco afecta el derecho de defensa, puesto que notificada al interesado, no hubo objeción en tiempo oportuno y se observa su participación hasta la culminación del mismo.- De ello no se advierte que su derecho de defensa haya sido afectado, dado que obran notificaciones y presentaciones de su parte. No se aprecia que se haya visto privado de acceder a las actuaciones, ni negada la producción de pruebas. Las pruebas que menciona extraviadas y que le eran favorables, pudieron haber sido presentadas, propuesta o instadas nuevamente. Vale consignar que, "la garantía de defensa en juicio no ampara comportamientos negligentes" (SCJ Bs. As. 15/3/94 Larrogue, Germán D. y otros c. Digiano, Jorge P. y otro LLBA 1994, 144).- Con relación a la falta de motivación del acto, cabe tener presente que, dado el carácter esencialmente escrito del procedimiento administrativo, los informes y dictámenes de los órganos técnicos y de asesoramiento jurídico, en la medida en que configuran el o los antecedentes que constituye la causa objetiva del acto, brinda al órgano que decide o resuelve, los elementos de juicio imprescindibles para que la resolución a dictarse se encuentre provista de todas las garantías de legitimidad y oportunidad.- Por ello siempre se sostiene que como regla general, es necesario que la motivación forme parte de los considerando del acto administrativo: no obstante si se hace remisión a los antecedentes (por ej., un dictamen jurídico donde se expresan claramente los motivos, presupuestos y determinantes del acto) correspondería tener por cumplido este requisito esencial. Por eso también se dice que "los considerandos de una resolución administrativa, se enriquecen con el ponderado dictamen que la precedió, al que cabe tener por integrativo de aquélla. (SC Bs. As. Bisiñano, Carlos D. c. Provincia de Bs. As. La Ley 1981-A, 98). El único recaudo estará en la notificación del acto, pues al no ser autosuficiente, también se tendría que notificar los antecedentes a los cuales se remitió el acto como motivación, situación que en la especie se muestra cumplida.- Finalmente tampoco advierto vulnerado el principio constitucional non bis in ídem, pues resulta claro que no estamos ante dos procesos ni mucho menos dos sanciones por el mismo hecho. Es el mismo hecho que se comenzó a investigar en el año 1997, cuyas actuaciones se extraviaron y con lo que se pudo recuperar se continuó la investigación y se concluyó con una única sanción.- Cabe reflexionar que para impugnar judicialmente un acto administrativo el agraviado debe invocar la lesión a un interés propio, protegido por el derecho objetivo, sin embargo en la presente se observa el agravio personal y lógico por la aplicación de la sanción, pero no que por ello o para ello, se haya vulnerado sus derechos y garantías.-	De ello cabe concluir que no se percibe que la autoridad administrativa en el ejercicio de sus facultades disciplinarias haya traspasado el límite de lo legalmente avasallando los principios y garantías procesales, de hecho el procedimiento sumarial que aquí se evalúa, luce regular en orden a la preservación y cumplimiento de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, no excediendo pautas algunas de razonabilidad la sanción impuesta, en orden a las faltas específicamente comprobadas, cometidas por el actor y tampoco se ha contrariado el orden jurídico vigente por violación de los mecanismos que informan el procedimiento para su dictado.- Que por todo lo expresado, y lo manifestado en el dictamen del Sr. Procurador General que hice propio, propicio disponer el rechazo de la demanda Contenciosa Administrativa. Es mi voto. - A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que adhiero al meduloso fundamento y solución propiciada por el Sr. Ministro que me precede en el Acuerdo, por lo que voto en el mismo sentido.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que examinada la causa en estudio y compartiendo el criterio y el alcance del análisis efectuado por el Sr. Ministro que inaugura el Acto, me inclinan a la adhesión de su razonamiento y resolución, votando en igual sentido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Conforme se resuelve la primera cuestión planteada, las costas deben imponerse a la parte actora que resulta vencida.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que una vez mas adhiero al voto de quien inaugura el Acuerdo, votando en el mismo sentido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Con costas a la parte actora que resulta vencida.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe.- Fdo: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro), Luis Raúl Cippitelli (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).- San Fernando del Valle de Catamarca, 13 de agosto de 2012.- ­Y VISTOS:

El Acuerdo de Ministros que antecede, y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la Acción de Nulidad e Ilegitimidad interpuesta por el Sr. Mario Eduardo Figueroa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2) Imponer las costas a la parte actora que resulta vencida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fdo: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro), Luis Raúl Cippitelli (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).-