Tribunal: CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-23


En Buenos Aires, a los 23 días del mes de septiembre de 2003, se reunieron en acuerdo plenario los señores jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con la presidencia del doctor Pablo O. Gallegos Fedriani y la presencia de los doctores Bernardo Licht, Pedro J. J. Coviello, Marta E. Herrara, Jorge H. Damarco, María Inés Garzón de Conte Grand, Jorge E. Argento, Alejandro J. Uslenghi, Guillermo P. Galli, María del C. Jeanneret de Pérez Cortés, Carlos M. Grecco y Luis Otero y del señor Fiscal General de la Cámara doctor José María Medrano, en la causa N° 38.589/95 caratulada: "UNOLA DE ARGENTINA LTDA. c/ Y.P.F. s/ contrato administrativo", a los fines de los artículos 297 y 298 del C.PC.C., y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General la cuestión planteada queda determinada del siguiente modo:

"Si en la base regulatoria de los honorarios, en los juicios en que se reclaman capital más intereses, corresponde el cómputo de los intereses devengados durante el proceso, sin perjuicio de otras pautas que se adecuaren mejor a las circunstancias particulares de los asuntos o procesos". (ver artículo 6 de la ley 21.839 y artículo 13 de la ley 24.432)." Puesto a consideración de los señores magistrados, si la cuestión planteada corresponde ser resuelta por el Tribunal en plenario, los doctores Coviello, Herrera, Damarco, Argento, Jeanneret de Pérez Cortés, Galli, Uslenghi, Gallegos Fedriani y Grecco votaron por la afirmativa; por su parte los doctores Licht, Garzón de Conte Grand y Otero entendieron que correspondía rechazar la convocatoria a plenario porque la cuestión a resolver no trata de una sentencia definitiva en los términos del art. 289 del C.P.C.C.- Respecto de la cuestión de fondo, los doctores Jeanneret de Pérez Cortés y Galli agregaron su voto por separado; y los doctores Coviello, Herrera, Damarco, Argento, Uslenghi, Gallegos Fedriani, Otero y Grecco fundaron el suyo del siguiente modo:

I.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido desde antiguo que, a los fines regulatorios de los honorarios, el cómputo de los intereses devengados durante el proceso constituye una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad de los profesionales (Fallos 31:1653), que a los fines de una esta regulación el monto del juicio es uno de los elementos que debe tenerse en consideración mas no es el único y que su inclusión es una materia sujeta a la razonable discreción del legislador y del juzgador que lo interpreta (Fallos 308:708) y que no corresponde acumular los intereses al capital -por ser ellos el resultado de una contingencia variable y ajena a la actividad profesional (Fallos 201:473 y 280:416).

Similares criterios jurisprudenciales han sido mantenidos por la mayoría de los jueces que integran el del Máximo Tribunal al sostener que los intereses no integran el monto del juicio a los fines regulatorios, pues ellos son el resultado de una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional y que tanto en los procesos de conocimiento como en los ejecutivos, los intereses no integran el monto del juicio a los fines regulatorios, desde que en ambos casos tales accesorios revisten los mismos caracteres con relación a la actividad profesional de cuya remuneración se trata (Fallos: 322:2961 y sus citas y 324:377).

II.- Sin perjuicio de ello, por tratarse de la interpretación de una normativa legal de derecho común, ésta queda reservada -en principio- a los jueces de la causa, pudiendo existir un posterior control sobre la validez constitucional de la decisión recaída por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 300:386).

III.- Corresponde a los jueces, en su función de intérpretes de las leyes, superar las imperfecciones técnicas que presente su aplicación, teniendo en cuenta la ratio legis y tratando de armonizar las normas analizadas con el resto del ordenamiento jurídico y con los postulados de la Constitución Nacional (Fallos 307:1018).

IV.- Aclarado lo anterior cabe recordar que la ley 21.839, de Aranceles de Abogados y Procuradores, nada establece explícitamente sobre el tema en cuestión toda vez que el artículo 19 de la misma considera, a los fines regulatorios, "monto del proceso a la suma que resultare de la sentencia o transacción" y que el artículo 7 del mismo plexo arancelario fija los porcentajes mínimos y máximos del "monto del proceso".

Desde otra perspectiva, en aquellos juicios en los que se han reclamado el capital y los intereses (como accesorios de éste), los devengados durante la tramitación del proceso forman parte de la sentencia de condena. Ello por aplicación del principio de congruencia que consagra el artículo 163, inciso 6° del C.P.C.C.N. que establece que la sentencia definitiva contendrá la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio.

Y si bien el artículo 22 de la ley arancelaria contempla expresamente que la depreciación monetaria, a los fines regulatorios, integra el monto del proceso, guardando silencio en lo que respecta al rubro intereses, de esta omisión legal no puede inferirse necesariamente que éstos no deban ser computados, por lo que la inclusión o exclusión de dichos accesorios queda librada a la discrecionalidad del juez y, en la medida que ellos no constituyen una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional, por cuanto su admisión o rechazo traduce un claro beneficio económico para el vencedor que, según el caso, los recibirá o se liberará de su pago merced a la actividad de quien le proporcionó asistencia letrada, deben ser incluidos en la base regulatoria a los fines de establecer los emolumentos de los profesionales. De esta forma el crédito por los honorarios profesionales mantiene incólume su contenido económico. O dicho en otras palabras, la inclusión de los intereses devengados durante el pleito, a los fines arancelarios, tiene como finalidad que la labor realizada por los letrados que cumplieron tareas en el juicio conservar su intrínseco valor.

V.- En un sentido similar al expuesto la doctrina ha opuesto reparos a los criterios jurisprudenciales emanados del Alto Tribunal en relación a la temática en análisis al sostener que si el reclamo judicial abarca el capital y los intereses (anteriores y posteriores a la demanda) siendo que la procedencia de estos últimos está condicionada a la efectiva petición del accionante, no se adecua la realidad de los hechos sostener que el reconocimiento de tales intereses es consecuencia del azar o de contingencias desconectadas de la actividad profesional del abogado (confr. Badeni, Gregorio, "El derecho de propiedad y los honorarios profesionales", L.L. 1992-C-91).

VI.- También la jurisprudencia, en coincidencia con lo expresado, ha dictado sendos fallos plenarios estableciendo doctrinas legales en similar sentido a la que resulta de este acuerdo. Así los tribunales han establecido que "En un juicio donde se reclamó el cobro de una suma de dinero con más sus intereses corresponde computar el monto de tales integrante de la base regulatoria" y que "En los juicios en los que se reclaman intereses como accesorio del capital, corresponde computar a los fines arancelarios, los devengados durante el pleito." (confr. respectivamente, CNCom., en pleno, "Banco del Buen Ayre S.A. c/ J. Texeira Méndez S.A. ordinario s/ incidente de honorarios por Bindi, Gustavo Alberto", del 29-12-94, E.D. 161:183 y más recientemente CNCiv. y Com. Fed., también en pleno, "La Territorial de Seguros S.A. c/ Staf s/ incidente", del 11-11-97, E.D. 180:206).

Por los fundamentos del acuerdo que antecede, de conformidad con el señor Fiscal General de Cámara, la doctrina legal queda establecida del siguiente modo:

"En la base regulatoria de los honorarios, en los juicios en que se reclaman capital más intereses, corresponde el cómputo de los intereses devengados durante el proceso, sin perjuicio de otras pautas que se adecuaren mejor a las circunstancias particulares de los asuntos o procesos". (ver artículo 6 de la ley 21.839 y artículo 13 de la ley 24.432).

Por lo tanto se deja sin efecto, en lo pertinente, el pronunciamiento de fs. 1.797, aclaratorio del de fs. 1.782 vta., por no ajustarse a esta doctrina.

Pasen los autos a la Oficina de Asignación de Causas a fin que se sortee Sala para que pronuncie nueva sentencia, de acuerdo con la doctrina plenaria establecida (art. 300 del C.P.C.C.N.).

Regístrese y notifíquese.

Fdo: PABLO GALLEGOS FEDRIANI; PEDRO JOSÉ JORGE COVIELLO; MARÍA JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS; BERNARDO LICHT; LUIS CÉSAR OTERO; JORGE ESTEBAN ARGENTO; CARLOS MANUEL GRECCO; JORGE H. DAMARCO; MARÍA INÉS GARZÓN DE CONTE GRAND; ALEJANDRO JUAN USLENGHI; MARTA HERRERA; GUILLERMO PABLO GALLI.

Voto de los doctores Guillermo Pablo Galli y María Jeanneret de Pérez Cortés I. De los artículos 7° y 19 de la ley 21.839 no surge que el monto del juicio esté constituido únicamente por el capital reclamado. Más aún, según el último precepto: "se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción", por lo que es lógico concluir que si el pronunciamiento contiene una decisión acerca de esos intereses (por aplicación del principio de congruencia consagrado en el artículo 163 inciso 6° del CPCCN), su inclusión a los fines indicados se impone (conf.: Sala IV, "Uzal S.A. c/ Estado Nacional s/ juicio de conocimiento, 25/10-1996).

II. En la medida en que los intereses no constituyen una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional, por cuanto su admisión o rechazo traduce un claro beneficio económico para el vencedor -quien, según el caso, los recibirá o se librará de su pago merced a la actividad de quien le proporcionó asistencia letrada-, deben ser incluidos en la base regulatoria a los fines de establecer los emolumentos de los profesionales. De esta forma el crédito por los honorarios profesionales mantiene incólume su contenido económico. O dicho en otras palabras, la inclusión de los intereses devengados durante el pleito, a los fines arancelarios, tiene como finalidad que la labor realizada por los letrados que cumplieron tareas en el juicio conserve su valor intrínseco.

III. De modo análogo, en un sentido similar la doctrina ha opuesto reparos a los criterios jurisprudenciales emanados del Alto Tribunal en relación a al temática en análisis, al sostener que si el reclamo judicial abarca el capital y los intereses (anteriores y posteriores a la demanda) siendo que la procedencia de éstos últimos está condicionada a la efectiva petición de la parte actora, no se adecua a la realidad de los hechos sostener que el reconocimiento de tales intereses es consecuencia del azar o de contingencias desconectadas de la actividad profesional del abogado (conf. Badeni, Gregorio, "El derecho de propiedad y los honorarios profesionales", L.L. 1992-C-91; y Sala IV, fallo cit.).

IV. También la jurisprudencia, en coincidencia con lo expresado, ha dictado fallos plenarios estableciendo doctrinas legales en similar sentido a la que resulta de este acuerdo. Así los tribunales han establecido que "en un juicio donde se reclamó el cobro de una suma de dinero con más sus intereses corresponde computar el monto de tales intereses como integrante de la base regulatoria"; que "en los juicios en que se reclaman intereses como accesorios del capital corresponde computar, a los fines arancelarios, los devengados durante el pleito" (confr. respectivamente, CNCom., en pleno, "Banco del Buen Ayre S.A. c/ Texeira Méndez S.A. ordinario s/ incidente de honorarios por Bindi, Gustavo Alberto", , 29/12/94, E.D., 161-183; y CNCiv y Com. Fed., también en pleno, en "La Territorial de Seguros S.A. c/ Staf s/ incidente", 11/11/97, E.D., 180-206).

V. A mayor abundamiento, es adecuado dejar aclarado que cuando los honorarios sean deuda consolidada no corresponde el cómputo de intereses posteriores a la fecha de consolidación, toda vez que en la normativa especial y, consiguientemente, en cada título, se establece, específicamente, una tasa en particular.

FDO: MARÍA JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS ; GUILLERMO PABLO GALLI ; NOEMÍ BEATRIZ JALABERT, Secretaria de Cámara.

Disidencia de la Dra. Garzón de Conte Grand :

Considero que debe declararse mal concedido el recurso de inaplicabilidad de ley, toda vez que de autos se desprende que no se encuentran reunidos los requisitos formales de admisibilidad exigidos por la ley.

En efecto, según lo dispuesto por el art. 288 del CPCyCN, el recurso de inaplicabilidad de ley sólo será admisible respecto de sentencias que tengan el carácter de definitivas, entendidas éstas por las que ponen fin al pleito o tornan imposible su continuación (art. 289 del mismo ordenamiento legal - plenarios de esta Cámara en la causa 323: "Sucesión de Antonio Moreno S.A. s/ Recurso de apelación" del 9 de marzo de 1981 y causas citadas por el Sr. Fiscal General: "Menegati" del 6 de julio de 1982, "Varig S.A. s/ apelación resolución 679/85 DNM" y "Cruceiro Do sul" ambas del 25 de septiembre de 1986; doctrina: Fenochietto - Arazi; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Comentado y Concordado; Ed. Astrea 1983; t. I, pág. 464).

En este sentido, cabe señalar que el monto base de cálculo de los honorarios e una de las pautas consideradas por el juez para la regulación y la decisión que explicita ese criterio no reviste el carácter de definitiva exigido por los arts. 288 y 289 del Código Procesal.

Por otra parte, el art. 289 del Código Procesal expresamente establece que la inaplicabilidad de ley no será admisible cuando "se tratare de regulaciones de honorarios". La razonabilidad de esa norma se advierte claramente porque las sentencias regulatorias se sustentan en consideraciones eminentemente fácticas que justifican la aplicación de las distintas pautas fijadas en el arancel.

En mi opinión, el tribunal plenario no puede prescindir de la norma que regula su competencia y debe ser cuidadoso cuando se trata de imponer con carácter obligatorio para los tribunales del fuero reglas únicas en materia que el legislador ha excluido expresamente.

Por lo demás, a partir del 20 de septiembre de 2001, fecha en que la Sala II falló la causa "Scania Argentina S.A. c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva" sosteniendo que los intereses integraban el monto del juicio a los efectos regulatorios, dicho criterio resulta común a todas las Salas de esta Cámara Contencioso Administrativo Federal y, por tanto, no existe contradicción alguna, lo que desvirtúa el argumento de la conveniencia de unificar doctrina. ASÍ VOTO.

FDO: M.I. GARZÓN DE CONTE GRAND ; NOEMÍ BEATRIZ JALABERT, Secretaria de Camara.