Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-07-04


EXPTE. Nº: --13251/2013 San Salvador de Jujuy, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil doce, reunidas las Sras. Juezas de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy, Dras. LILIAN EDITH BRAVO y MARIA VICTORIA GONZALEZ DE PRADA, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº 13251/13: "Ejecutivo: C.A.R.S.A S.A. c/ Giménez, María Laura", del cual dijeron: Se inaugura esta instancia procesal a mérito del recurso de apelación interpuesto por la Sra. María Laura Giménez con el patrocinio letrado del Dr. Lisandro Fernández Gualchi en contra de la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2012, que rola a fs. 41/43vta. de autos.- Se agravia porque el juez rechaza la excepción de incompetencia en razón de la materia y se imponen las costas a su parte.- Relata los antecedentes de la causa, y manifiesta que el fallo atacado es arbitrario y violenta la garantía de legalidad, jerarquía de las leyes y los arts. 19, 31, 42 y 75 inc.12 de la Constitución Nacional, como asi también las normas del derecho consumista.- Dice que se le ha denegado la posibilidad de aplicar el derecho específico que rige la relación entre las partes del proceso, apartándose del derecho vigente (defensa del consumidor) y del juez natural, con fundamento en que su parte no probó la relación de consumo.- Arguye que con la prueba documental arrimada , se observa conforme los detalles de los tickets, la relación de consumo invocada, como así también, el abuso de firma en blanco por parte de la actora.- Afirma que la actora es una entidad comercial que se dedica a otorgar créditos y brindar servicios de forma accesoria.- Que en casos similares, todos los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de esta provincia, se han declarado incompetentes aún de oficio, sustentando su posición en el carácter de las partes.- Que su parte no logra comprender como se le exige probanza de la relación de consumo cuando en otros fallos el a quo entendió que procedía de oficio la declaración de incompetencia dado el carácter que revisten las partes.- Asimismo, manifiesta que se ha violado la garantía de propiedad.

Que los derechos del consumidor son derechos adquiridos y que deben ser rebatidos en un proceso más amplio y con la aplicación de la normativa específica que rige la relación.- Finalmente, se agravia porque se responsabiliza a su parte de la imposición de las costas del proceso, siendo que ha resultado vencedor respecto a la aplicación de la tasa de interés. Dice que debieron ser distribuidas de conformidad con el porcentaje adecuado de triunfo y pérdida.- Hace reserva del caso federal.- Sustanciado el recurso, a fs. 54/55 lo contesta el Dr. Francisco Javier Saidman Ros quien solicita su rechazo con costas.- Sostiene con firmeza que el presente proceso tiene por objeto la ejecución de un pagaré que se rige estrictamente por el derecho cartular.- Que la contraparte pretende introducir en este debate cuestiones ajenas al mismo y extrañas al estrecho conocimiento del proceso ejecutivo.- Alega que si bien el fallo citado por la demandada declara la incompetencia, lo es en relación al domicilio del demandado, pero no la naturaleza del título, pues se refiere a la ejecución de títulos del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios.- Finalmente solicita el rechazo del recurso.- Los antecedentes de la causa son los siguientes.- En autos, se ejecuta una deuda proveniente de la firma de un pagaré. Citada a oponer excepciones, se presenta la accionada y opone la de incompetencia del Juzgado interviniente, porque al tratarse de una relación de consumo, la misma le corresponde a las Cámaras en lo Civil y Comercial de esta provincia, conforme lo dispuesto por el art. 3 de la Ley Nº 5170. Contestado el traslado por la contraria, el juez declara la cuestión de puro derecho y llama autos para sentencia. En fecha 26 de diciembre de 2012, el a quo resuelve rechazar la excepción de incompetencia opuesta, con fundamento en que el título que se ejecuta es el previsto en el art.472 inc.4 del C.P.C y en que no se ha probado la relación de consumo, manda por ello llevar adelante la ejecución. También morigera los intereses punitorios establecidos, en un 50% de la tasa correspondiente a los intereses moratorios, e impone las costas al accionado vencido.- Adelantando opinión, el recurso debe ser rechazado.- En autos el apelante aduce la incompetencia del a quo, para entender en el proceso ejecutivo iniciado en su contra con motivo de la ejecución de un pagaré, con el fundamento de que entre las partes existe una relación de consumo amparada por la ley 24240 de Defensa del Consumidor.

En ese entendimiento, alega que los derechos que se invocan en la ejecución de autos, deben ser rebatidos en un proceso más amplio y con la aplicación de la normativa específica que rige la relación; esto es un proceso ordinario y de conocimiento, con amplitud probatoria y no en un juicio ejecutivo.- Que el decreto-ley 5965/63 sancionado con fecha 19 de julio de 1963, vigente a la fecha, constituye el ordenamiento jurídico sustantivo en materia de letras de cambio y pagarés.

Ahora bien, Gómez Leo citado a Mercader, advierte que ese ordenamiento no previó normas procesales para las ejecuciones cambiarias "la ley cambiaria sustancial pudo establecer las normas sobre procedimiento a seguir en la ejecución cambiaria al no hacerlo el dec.-ley 5965/1963, resultando de aplicación las normas contenidas en lo códigos procesales respectivos (GOMEZ LEO, Osvaldo R. Tratado del Pagaré Cambiario.Ed. Lexis Nexis, Depalma. Bs. As. 2002, pág.833).- Siguiendo este razonamiento, nuestro ordenamiento procesal local establece en su art. 472 la aplicación de las normas del juicio ejecutivo para los títulos que traen aparejada ejecución, entre los que se encuentran en su inc. 4, las letras de cambio, vales o pagarés debidamente protestados o reconocidos en juicio o con cláusula sin protesto, entre otros documentos cartulares.- A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 4055 en su art. 81 inc. 3º prevé expresamente la competencia de los Juzgados en lo Civil y Comercial en los juicios ejecutivos. Conviene al caso resaltar, que "el juicio ejecutivo, a diferencia del ordinario, no tiene por objeto la declaración de derechos dudosos o controvertidos o la discusión de un negocio o causa, sino que es simplemente un procedimiento establecido con el propósito de que pueda hacerse efectivo el cobro de un crédito que viene establecido en el documento que sirve de base a la ejecución, crédito que no necesita ser reconocido o declarado por el juez porque supone cierta existencia del derecho a que refiere el título o documento y se utiliza para ejecutar títulos convencionales o legales (CCC Rosario, Sala II, 28/02/06, LL Litoral. T.2006 (junio),p669; IMP, t. 2006-15,p.1923)"(DONATO, Jorge D.Juicio Ejecutivo. Ed. Universidad,5ta Edición, 2008, p.67).- A su vez este carácter abreviado del juicio ejecutivo se apoya en la contundencia del derecho que representa el título, cuyas características de literalidad, autonomía y abstracción, impiden e imponen, en ciertos casos, una valla inquebrantable al conocimiento de la relación subyacente o negocio jurídico causal que determinó la creación del instrumento cartular.

Que ello no surge del mero arbitrio del legislador sino que "enfoca siempre un interés social: en el caso, la exigencia de medios expeditivos que favorezcan las transacciones económicas, quedando supeditados por igual al ordenamiento legal tanto el acreedor como el deudor" (op.cit.p.62).- Por lo tanto, son los jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, los competentes para entender en los procesos de ejecución de títulos cambiarios.- Que nuestro más Alto Cuerpo Local dijo "La competencia de las salas de la Cámara en lo Civil y Comercial debe descartarse de plano. En el ámbito provincial, la ley 5326 -modificatoria del art. 3 de la ley 5170- a la que refiere el titular del Juzgado Nº 9 establece que, a los fines de lo dispuesto en el art. 53 de la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor, se aplicarán las normas del proceso de amparo y serán competentes para actuar en las acciones judiciales que se interpongan en su consecuencia las salas de la Cámara en lo Civil y Comercial. El art. 53 de la Ley Nacional 24.240, en referencia a las "normas del proceso", establece que se aplicarán "las de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente", pero es claro que refiere al proceso que habrá de inaugurarse con las acciones que contempla el precedente art. 52, que son las que podrá ejercer el consumidor o usuario "cuando sus intereses resulten afectados o amenazados". Tratándose, en cambio, de los derechos que quisiera hacer valer en juicio el proveedor de los bienes y servicios, son de aplicación las normas generales de procedimiento. Ello es de toda lógica pues la ley -sancionada, precisamente, en defensa del consumidor- procura facilitar el acceso a la justicia para el ejercicio de los derechos de éste, considerado como la parte débil de la relación de consumo. De allí que contempla instrumentos de protección en el orden procesal como lo son los procesos abreviados y la prohibición de prórroga de la jurisdicción. Contravendría toda lógica y el fin perseguido tanto por el legislador nacional como por el provincial al sancionar la leyes 24.240 y sus modificatorias y 5170 y sus modificatorias habilitar, por vía de interpretación, el proceso del amparo para la ejecución de un crédito seguido por el prestador de bienes y servicios en contra del consumidor"(LA Nº 60 Fº 108/111 Nº 49).

Sin perjuicio de ello, las afirmaciones precedentes no implican permanecer indiferentes al hecho de que en el caso de autos el libramiento del pagaré fue originado en una relación de consumo.

En efecto, su existencia se desprende de la condición de cada una de las partes intervinientes y del acto jurídico celebrado que originó la creación del título que se ejecuta.

Así, es de público y notorio conocimiento, que la actora es una entidad financiera que reviste la calidad de "proveedor" en los términos del art.2 de la LDC, y que la demandada es un "consumidor" conforme disposición primera del citado ordenamiento jurídico.- Ahora bien, de las constancias de fs.22 surge que el pagaré que se ejecuta fue otorgado en garantía por la adquisición de mercadería y prestación de servicio, que se detalla en la copia certificada del ticket allí obrante, la que además corrobora la imputación al pagaré de autos, que el mismo contiene; no siendo una circunstancia menor el hecho de que las fechas, horas y sumas de ambos documentos -pagaré y ticket-sean coincidentes.- Que ello no implica afirmar una posición que pretenda ordinarizar un proceso que por la esencia de los instrumentos que se ejecutan debe ser expeditivo y abreviado, circunstancia aquella que conllevaría su desnaturalización afectando claramente su función social, como dijéramos párrafos más arriba.- A su vez, las disposiciones de fondo en juego revisten carácter de orden público - ley 24240-, las que deben ser respetadas por encima de cualquier disposición procesal o de forma.- Ahora bien, estas posiciones que se podrían presumir antagónicas, no impiden la asunción de una postura ecléctica basada en una conjugación y aplicación armónica e interactiva de los diferentes ordenamientos jurídicos, -en este caso el procesal y las normas de orden público emergentes de la Ley 24240- como así también de una incesante hermenéutica, sin que por ello se afecte los derechos de los consumidores y, por otro lado, la naturaleza de los instrumentos cartulares y su proceso de ejecución.

Luego de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, nuestro derecho positivo ha cambiado sustancialmente el sistema, cuando se presentan cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales. El art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional ha sumergido nuestro Estado Nacional en una Legalidad Supranacional que, en una primera precisión significa, que los derechos humanos son hoy un tema política y jurídicamente "transversal" en el sentido que "atraviesan" e impregnan prácticamente todas las decisiones políticas, jurídicas y económicas de los Estados. (Cfr. Veiga, Juan Carlos (Director) Christian Sommer (Coordinador), Derechos Humanos, legalidad y jurisdicción supranacional, 2 ed. Actualizada, Mediterránea, Córdoba 2007 pg. 51).

En consecuencia, nada impide que en éste los consumidores encuentren garantizados sus derechos pues "en la medida que advirtamos cristalizada cualquier operación financiera para el consumo y/o crédito para el consumo -art.36 de la LDC-, a través de cualquier instrumento o título ejecutivo -pagaré, cheque, letra hipotecaria, leasing, obligaciones negociables, hipoteca, prenda, entre otros- y este sea objeto de ejecución, la enunciada "relación jurídica" habilitará la aplicación de toda la preceptiva tuitiva de la legislación consumista, e impondrá al judicante jerarquizarla por encima de las limitaciones que la legislación cambiaria o comercial -dirigida a agilizar el tráfico comercial- establece a la hora de impedir indagar en la causa-fuente de la obligación"(Falco, Guillermo; Garzino, María C. Notas al fallo "SCBuenos Aires-2010-09-01-Cuevas, Eduardo Alberto c/Salcedo, Alejandro René" publicado en La Ley Online.-).- Los preceptos tuitivos de la ley de Defensa del Consumidor pueden coexistir eficaz y plenamente en la ejecución de un título cambiario sin que por ello se despoje al proceso ejecutivo de su esencia ni se desvirtué la naturaleza del derecho consumista.

Ello así, porque si bien "cuando aludimos a la relación de consumo hemos de referirnos al aspecto causal, no por ello se desnaturalizará a la obligación cambiaria sino que le agregará una óptica o techo tuitivo en pro de los intereses del deudor/consumidor cambiario" (op.cit.).- Adherimos a la opinión de que "la relación de consumo no desnaturaliza los límites que el derecho sustantivo y ritual predican en materia de juicio ejecutivo. En realidad lo único que hace es calificar a la obligación -en este caso, cambiaria- como de consumo con el alcance anotado. Por lo tanto la afirmación no importa otra cosa que: 1)Morigerar de oficio intereses compensatorios, moratorios y punitorios, clausulas penales con el plafón normativo de los artículos 3 y 37 LDC, es decir evitando caer en situaciones que importen un ejercicio irregular del derecho -art.1071 del C.C.; 2)Tachar de abusivas las clausulas -en especial en las ejecuciones hipotecarias y prendarias- más allá que las partes no lo hubiesen esgrimido cuando se advierte la configuración de la hipótesis tales como las previstas en el art.37 LDC. y 3) Reputarse sabedor, que ante la petición del consumidor cuestionando cláusula o cláusulas del contrato, que ha sido objeto de aprobación por parte de la autoridad de aplicación de la DCS, no es óbice para que en Sede Judicial se practique nuevamente esa revisión y menos aún que esta se ejecute en el reducido marco cognitorio y probatorio que se dispensa al juicio ejecutivo -art.39 LDC-.(Op.cit.).- Por lo demás no se advierte en autos, cual es el perjuicio efectivamente sufrido por el deudor/consumidor, pues no se ha desconocido la firma inserta en título y el a quo ha morigerado los intereses como se pidió oportunamente.- En cuanto al agravio referente a la imposición de costas, el mismo debe ser rechazado.

Siendo una facultad- deber de los jueces la morigeración de los intereses notoriamente abusivos, la que debe ejercerse aún de oficio, entendemos que en el caso de autos, no existen motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota impuesto por el art. 102 del C.P.C.- Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. María Laura Gimenez con el patrocinio letrado del Dr. Lisandro Fernández Gualchi, en contra de la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2012.- Las costas de la Alzada se imponen a la apelada vencida (art.102 CPC).- Se regulan los honorarios profesionales por la actuación en la Alzada en las sumas de $1.000 para el Dr. Francisco Javier Saidman Ros y $466,66 para el Dr. Lisandro Fernández Gualchi, sumas que en caso de mora devengarán un interés conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta su efectivo pago (L.A. Nº 54 Fº 673/678 Nº 235).- Por ello, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy:

RESUELVE:

1.-) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. María Laura Gimenez con el patrocinio letrado del Dr. Lisandro Fernández Gualchi, en contra de la sentencia de fecha 26 de diciembre de 20122.-) Imponer las costas de la Alzada al apelante vencido (art.102 CPC).- 2.-) Costas a la apelante vencida.- 3.-) Regular los honorarios profesionales por la actuación en la Alzada en las sumas de $1.000 para el Dr. Francisco Javier Saidman Ros y $466,66 para el Dr. Lisandro Fernández Gualchi, sumas que en caso de mora devengarán un interés conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta su efectivo pago (L.A. Nº 54 Fº 673/678 Nº 235).- 4.-) Registrar, agregar copia en autos y notificar.