Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 1 días del mes de Agosto del año dos mil once, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. José Luis PASUTTI y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Fernando S. L. ROYER y Daniel Luis CANEO para dictar sentencia en los autos caratulados: "C., R. H. c/ Municipalidad de Camarones s/ Recurso Contencioso Administrativo (Expte. N° 16371- 2007)" (Expte. N° 21.997 -C- 2010) de conformidad con la Acordada Nº 3202 conc. 3204, atento el cambio de Presidencia acaecido el día 01 de Abril del corriente, resultó el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. ROYER, CANEO y PASUTTI.-- Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-- A la primera cuestión el Dr. ROYER dijo:- Vienen estos actuados a consideración de esta Sala del Superior Tribunal de Justicia, en virtud del Recurso de Apelación deducido en contra de la Sentencia Definitiva N° 1/2010 dictada por la Sala "B" de la Excma. Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con ///asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia -agregada a fs. 203/218- que interpuso la Municipalidad de Camarones a fs. 223.

La acción fue impetrada ante la Cámara por el Sr. R. H. C., quien participara en un concurso de pesca de altura organizado por esa Comuna -demandada- desarrollado durante los días 3 y 4 de febrero de 2007, en el marco de la XXVII Fiesta Nacional del Salmón.

Pretendió el actor que se ordenara a la Municipalidad de Camarones, el pago de la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) correspondientes al primer premio que, según afirma, obtuvo en el mismo, acusando la modificación de las reglas del concurso en relación a los premios pecuniarios que se otorgaban, una vez iniciado el mismo, de lo que -asevera- no fue anoticiado.- Considera que, desde que se inscribió y abonó el canon respectivo, tiene un derecho adquirido a que se respeten las condiciones originarias que lo decidieron a participar. Funda su derecho en el Decreto Ley N° 920, en lo prescripto en el art. 505° inciso 1 del Código Civil, encuadrando su pretensión en el procedimiento fijado en el 127º y concordantes de la Ley Nº 3098 (en Digesto art. 132 - Capítulo XI de Ley XVI Nº 46).-- A fs. 224 la Cámara -actuando como Tribunal de Primera Instancia- concede dicho Recurso, y elevados los obrados a este Cuerpo, son puestos a disposición de la parte apelante (fs. 238) para que exprese agravios, lo que fue cumplido a fs. 240/244.- Corrido traslado al actor, éste contestó a fs. 247/248.- /// A fs. 249 es girada la causa a consideración del Sr. Procurador General, quien emite su dictamen a fs. 250/251, llamándose a fs. 252 autos para Sentencia, y practicándose a fs. 253 el sorteo de rigor.- I.- ANTECEDENTES: -- 1.- El 17 de Mayo de 2007, el Sr. R. H. C., impetró esta demanda con el objeto ya indicado.- Luego de justificar la competencia de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para entender en estos obrados, en el Apartado IV) detalló los antecedentes de hecho.- Comentó que dentro de los eventos que se proyectan habitualmente en el marco de la Fiesta Nacional del Salmón, íntegramente organizada por la Municipalidad de Camarones, se encuentra la de "pesca de altura". Añadió que en el año 2007, por la XXVII edición de ese evento, se cursaron invitaciones a los pescadores que habían participado en otras ediciones, informándoles -mencionó- la fecha de realización del concurso, la modalidad de pesca, las categorías, los requisitos para participar y los premios para los que ocuparan los primeros lugares. El contenido de esas invitaciones personales -dijo- fueron reproducidas en los medios de comunicación locales, provinciales y difundidos en folletería y anuncios en la vía pública.

/// Mencionó que las categorías eran dos: "pesca de costa" que no tenía premio pecuniario y "pesca de altura" en la que había dos modalidades, una referida al puntaje (cantidad de salmones obtenidos) cuyo primer premio se había fijado en PESOS SEIS MIL, y el segundo en PESOS CUATRO MIL. La segunda modalidad, se refería a "la pieza mayor" (el salmón pescado de mayor peso), y el primer y único premio era de PESOS DIEZ MIL.

Explicó que motivado por la posibilidad de participar nuevamente en el mayor evento que se organiza en esa Comunidad y ante el éxito obtenido en concursos anteriores, decidió inscribirse con la lancha de su propiedad "D.", la que capitaneó conjuntamente con su tripulación, los Sres. C. M. T. y D. M..- Expuso que, una vez inscripto, participó del Concurso durante los días 3 y 4 de Febrero de 2007, jornadas en las que hubo un temporal de importancia que obligó a la Organización del evento a acortar el tiempo de pesca. Finalizado el concurso -contó- "se realizó la correspondiente adición de las piezas obtenidas y por este simple ejercicio de matemática es que resultó vencedora del concurso" (fs. 15 vta.) la mencionada embarcación, aseverando ser acreedor entonces, a la suma correspondiente al primer premio.-- Refirió que al momento de la entrega de premios, obtuvo de manos del Sr. Intendente de Camarones el trofeo correspondiente al primer lugar, omitiendo -subraya- dársele la suma de PESOS SEIS MIL "comprometida como premio económico para el ganador por puntaje del ///concurso de pesca" (fs. 15 vta.). Contó que consultado el funcionario por la suma adeudada, respondió que el sábado 3 de febrero, finalizada la primer jornada de pesca, se había realizado en la playa una reunión de pescadores a los fines de que este cifra estipulada como primer premio por puntaje se reorientara como premio para el segundo puesto en la modalidad competitiva de pieza mayor.-- Indicó C. que, sorprendido, respondió al Sr. Intendente que era la primera vez que "tenía conocimiento de que se podían cambiar las reglas en una competencia ya iniciada, que nunca fue citado a ninguna reunión, que no tenía conocimiento de que se haya realizado una reunión a los fines de la entrega de los premios y que no tenía conocimiento que los otros pescadores hayan sido convocados a esa reunión ni que hayan asistido a la misma" (fs. 15 vta./16). Refiere haber solicitado "algún documento donde figurara la supuesta convocatoria a la reunión realizada, la notificación a los participantes de dicha reunión, el acta.y la hipotética decisión tomada. de modificar la entrega de premios" (fs. 16) habiéndole manifestado el funcionario que no era su obligación enseñarle esa documentación y que reclamara "por los canales apropiados".-- El 19 de marzo de 2007 -continúa- exigió por ante la Municipalidad de Camarones la inmediata entrega de la suma correspondiente al primer premio con más los intereses devengados desde el momento en que debió hacerse la dación del mismo. Sin embargo, las autoridades municipales ///en lugar de dictar una Resolución en relación a su pedido, difundieron en la comunidad una "nota múltiple" individualizada como N° 282/07 MC "informando de la realización de una supuesta reunión con anterioridad a la competencia, donde se habría tomado la decisión de modificar el destino de los premios" (fs. 16). Subrayó que ese escrito no fue acompañado por acta alguna, ni por ningún otro documento que pruebe la existencia de esa reunión con anterioridad a la competencia; con ésa -acusó- se pretendió difamarlo ante la comunidad.

Calificó como "repugnante a la noción de derecho" que las reglas de un concurso puedan modificarse sobre el curso del mismo sin consultar ni obtener respuesta afirmativa de la totalidad de los participantes, quienes -señaló- por haberse inscripto y pagar el canon correspondiente "tienen un derecho adquirido a que se respeten las condiciones originarias en que decidieron participar". Y añadió "el hecho de que cuando terminó la primer jornada de pesca. se haya encontrado posicionado entre los primeros puestos, fue el motivo por el cual el Intendente decidió de forma inconsulta, arbitraria y unilateral, modificar las reglas del concurso, ya que por los antecedentes de competencias de años anteriores, existía una altísima probabilidad de que al día siguiente ganara nuevamente" (fs. 16).- Manifiesta que vencido el plazo para que la Municipalidad otorgue respuesta, consideró agotada la vía administrativa y recurrió a la jurisdiccional en defensa de los derechos que considera violentados, los que fundó en el Apartado V. del escrito de inicio. Ofreció prueba documental, informativa, testimonial y Pericial Caligráfica ///subsidiariamente. Hizo reserva de Caso Federal y realizó petitorio de estilo.- 2.- Con fecha 23 de mayo (fs. 18) se ordenó a la Municipalidad accionada que remita las actuaciones labradas con relación a la nota que menciona el Sr. C. de fecha 19 de marzo (Oficio N° 100/07 agregado a fs. 22), recibido en la Sede del Organismo el 6 de Junio de 2007 (fs. 24/25). Luego, se libró uno reiteratorio bajo el N° 168/07 (obrante a fs. 31) datado el 28 de septiembre también de 2007 y diligenciado el 25 de Octubre del mismo año (fs. 35). Atento la falta de respuesta, la parte actora solicitó a la Excma. Cámara se insistiera con el pedido conjuntamente con el traslado de la demanda, atendiendo la conducta remisa de la contraria y el prolongado plazo transcurrido. Así fue ordenado a fs. 40, el 14 de febrero de 2008.- 3.- A fs. 54/57 y vta. se presentó a juicio la Municipalidad de Camarones solicitando el rechazo de la acción y la imposición de costas a la contraria, negando todos los extremos de hecho expuestos por el actor, como la autenticidad de la documental acompañada, excepto -dijo- la que acompañaba su parte. Así refutó que se hubiera omitido entregar al actor un premio de PESOS SEIS MIL correspondiente al primer lugar obtenido en el concurso de pesca en altura aludido; que "tuviera generado algún derecho a percibir el mencionado premio"; que la Municipalidad de Camarones adeude al accionante suma alguna por cualquier concepto. Negó que C. hubiera requerido al Intendente inmediatamente ///después de realizada la entrega de premios la suma reclamada; que no se hubiese celebrado una reunión entre los pescadores inscriptos para participar en el concurso de pesca de altura. Es falso -agregó- que existiera encono personal del Intendente hacia la persona del actor y que tal supuesto hubiese motivado la modificación de los premios; que no se hubiese consultado o requerido el consentimiento de los participantes al concurso para modificar el sistema de premiación y que hubiese sido decidida de manera inconsulta, arbitraria y unilateral por parte del Sr. Intendente o que la misma se motivara en el hecho de que el actor al término de la jornada de pesca se encontrara entre los primeros puestos.- Narró haber organizado la Fiesta del Salmón los días 2, 3 y 4 de febrero de 2007; indicó que el concurso de pesca de altura constituye uno de los mayores atractivos del evento y registra la mayor cantidad de participantes, no sólo por el desafío deportivo -agregó- sino porque asegura la concurrencia de embarcaciones y pescadores de toda la región, renovándose todos los años con participantes que tradicionalmente concurren y otros nuevos, atraídos por la trascendencia del evento y por los importantes premios tanto trofeos como dinero en efectivo.- Manifestó que por experiencias anteriores y la inquietud de los pescadores participantes año tras año se renuevan o adecuan las condiciones de los concursos para mejorar el evento. Relató que en esta oportunidad, desde el momento en que los pescadores comenzaron a registrarse para participar de la prueba el día 2 de febrero, se planteó la modificación del sistema de premiación, proponiéndose -especificó- que se privilegiara la captura de las piezas de mayor envergadura ///exclusivamente de salmón por sobre el sistema de puntaje por acumulación de piezas. Recordó que ese mismo día y una vez concluida la registración de los pescadores se realizó en el gimnasio municipal una reunión "con todos ellos", se dio la bienvenida y se trataron los detalles del evento. Allí se solicitó y se acordó la modificación del art. 2° de la Resolución N° 08/07 "otorgándose la totalidad de los premios de sumas de dinero en efectivo a las piezas mayores exclusivamente y solo trofeos a los premios de puntaje por cantidad de piezas cobradas" (fs. 55 vta.). Se expresaron -dijo- diversas razones, como que de esa manera se privilegiaba realmente el objetivo de la Fiesta que era la captura de salmones y que "se evitarían irregularidades que en ediciones anteriores habían generado al menos sospechas como ser el intercambio u obsequio de piezas para favorecer a determinados concursantes..." (fs. 55 vta.).

Aseveró que, esos motivos y el consenso de todos los pescadores, motivó el dictado de la Resolución N° 108/07 que modificó el citado art. 2° estableciendo "una nueva escala de premios que imponía del 1° al 5° puesto de Clasificación General la entrega de trofeos y para la Pieza Mayor premios en efectivo de $ 10.000, $ 6.000 y $ 4.000 para el 1°, 2° y 3° puesto respectivamente". Subrayó además que "previo al inicio de la primer jornada de pesca. reunidos nuevamente todos los pescadores y con la presencia del comisario deportivo de la pruebas se ratifica el acuerdo arribado y se pone en conocimiento de los participantes la Resolución N° 108/07 y se explica el nuevo sistema de premiación ///instituido, no mereciendo ningún tipo de objeción ni reclamación por aquéllos (tampoco por el actor o su tripulación)". (fs. 55 vta.).

Insistió la Municipalidad de Camarones en que la innovación obedeció al consenso obtenido luego de un debate de las distintas propuestas, previo al inicio del concurso propiamente dicho, para justificar así que tampoco obedeció ese cambio al "resultado de la posición del Sr. C. en el concurso luego de la primera jornada de pesca" ni tampoco -agregó- a una situación de encono personal. Anunció además que "se acreditará que no solo la modificación no constituyó ninguna sorpresa para el actor o su tripulación, sino que, por el contrario, los mismos estaban al tanto y prestaron su conformidad para ello" (fs. 56). Destacó que así surge del recorte del Diario El Chubut que acompañó el accionante que refiere "previo al concurso, en reunión de pescadores se decidió que los premios en efectivo fuesen para las piezas mayores.". Con ello indicó que la reunión existió antes del concurso.

Aseveró que con la Resolución N° 113/07 se demostró que la Municipalidad debió cumplir con lo dispuesto en la N° 108/07 entregando los premios económicos comprometidos en ella a quienes eran los beneficiarios, sin sustraerse de la obligación de cumplir con el sistema instituido. Finalizó indicando que esta última Resolución no fue cuestionada por el actor, que no planteó su ilegitimidad o inconstitucionalidad, esgrimiendo que centró su debate en discutir el modo en que se desarrollaron los hechos; alegando que la presunción de legitimidad es más que suficiente para rechazar la acción.- /// 4.- Producida la prueba oportunamente ofrecida, alegó a fs. 181/186 la parte actora y a fs. 187/189 la demandada sobre el mérito de las mismas y se pronunció la Cámara.-- II.- LA SENTENCIA APELADA:

El fallo de la Sala "B" de la Excma. Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia recurrido, declaró formalmente admisible el "recurso contencioso administrativo" interpuesto por R. H. C. contra la Municipalidad de Camarones y, en el artículo 2°, la condenó a abonar la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) más los intereses desde que le es debido y hasta su efectivo pago.-- 1.- El primer voto, luego de relatar los antecedentes de la causa, puso de manifiesto la omisión de analizar, en el momento procesal oportuno, la admisibilidad del "recurso" de conformidad a lo prescripto en el art. 127° y siguientes de la Ley N° 3098. Detalló doctrina y jurisprudencia aplicable (fs. 206 vta./209) y explicó que las particularidades del caso concreto relativa a la remisa actitud de la Municipalidad accionada que no acompañó el Expediente Administrativo solicitado en más de una oportunidad y el consecuente pedido de la parte actora de correr traslado de la demanda "dio origen a las deficiencias que se produjeron en el procedimiento y que no fueron advertidas oportunamente" (fs. 209). Así, mencionó que la fecha del evento fue el 3 y 4 de febrero, último día éste en el que además se entregaron los ///premios; que el reclamo deducido en sede administrativa es del 19 de marzo y el recurso fue interpuesto el 17 de mayo, ambos de 2007. Con ello -la primer votante- estimó que se encontraban "reunidos los requisitos de admisibilidad del recurso contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto por los arts. 127, 128, 129, 130 y 131 de la Ley 3098" (fs. 209 in fine/209 vta. - arts. 132° a 138° Ley XVI N° 46).- Destacó luego, que la acción ejercida por C. es de plena jurisdicción, porque demanda el pago de lo debido como consecuencia de la participación en el certamen organizado por el Municipio y, desconociendo la existencia de la Resolución que modificó los términos del certamen dados en la Resolución N° 108/07 MC, el accionante "estaba impedido de atacar la misma".

Dilucida que el art. 131° in fine del plexo normativo referido proporciona una opción que no cambia la materialidad de la acción, interpretando "esta previsión. importa. la aplicación del principio "electa una vía non datum regressus ad alteram", y la elección sólo resulta posible si se justifica la competencia del juez civil". Señala, con transcripción del art. 128° cuando proceden esas vías impugnativas, destacando que en el presente caso "existió un acto administrativo el que dio origen a los presentes" (fs. 210 vta.). (arts. 136° y 133° respectivamente según Digesto).- En relación a las pruebas de la causa, refiere la Sentenciante que "adquieren relevancia las resoluciones N° 6/07 y 8/07 MC . ya que ellas fijaron las bases, condiciones para la inscripción, fecha del ///concurso y escala de premios" señalando "la inscripción se efectuó bajo lo que determinaran tales resoluciones. Y si bien el municipio pudo haber modificado la premiación por los motivos que aduce, y mediante Resolución N° 108/07, lo cierto es que no se ha probado en autos que la misma fuera notificada al actor" (fs. 210 vta.).-- Acentúa que ese acto está datado el 2 de febrero de 2007 día en que se iniciaba el concurso y que la Municipalidad demandada no cumplió con lo ordenado a fs. 18, 30 y 40 -pedido de remisión de las actuaciones administrativas originadas como consecuencia de la nota a la que refirió el actor- ni dio razones de su omisión. Agrega la Sra. Jueza que de la "nota múltiple" surge que la decisión se acordó en una reunión previa a la competencia, no acompañándose -subraya- resolución alguna que avalara lo dicho, máxime cuando tal nota fue fechada un mes después de finalizado el certamen. Refiriéndose a los argumentos contenidos en la contestación de la demanda concluye, en que según allí se dice, una vez terminada la registración de los pescadores se efectuó en el gimnasio municipal una reunión, y al día siguiente previo al inicio de la primer jornada de pesca se dio a conocer la Res. N° 108/07, y de esta afirmación colige que "la notificación a la que aluden fue una vez iniciado el certamen" (fs. 211). Situación que no concuerda -indica- con el testimonio del Sr. T. de fs. 128/129.

Razona que asiste razón a C. cuando exige el pago de la suma pretendida "por ser de acuerdo a las constancias de autos el ///ganador de la mayor cantidad de piezas, y por ende cumplir con las exigencias establecidas en la Resolución N° 8/2007" (fs. 211).- Enfatiza la Magistrado que los testigos ofrecidos por el actor sostuvieron las argumentaciones de esa parte del mismo modo que los de la demandada apoyaron los argumentos del oferente. Justifica que los Sres. C. C. y A. C. ante el cambio de las reglas fueron quienes recibieron el premio que requiere el accionante y que T. y M. participaron en la embarcación cuyo Capitán era el actor y sentenció "Ninguna duda surge del interés que los testigos tienen en la decisión, interés que alguno de ellos reconoció .ante ello . tales testimoniales deben ser analizadas con mayor rigor crítico y ponderarse con mayor cuidado (art. 390 CPCCCh) ya que cuando se trata de probar hechos en base a testigos las declaraciones deben ser categóricas, amplias, sinceras, con razón de sus dichos y no deben dejar dudas. En autos tales condiciones no se advierten. algunas de las respuestas brindadas dan distinta versión de los hechos y los testigos tienen comunidad de intereses. " (fs. 211/211 vta.).- Impuso las costas a la Municipalidad de Camarones, especificando que los intereses proceden desde la fecha de la premiación y hasta su efectivo pago, "a la tasa pasiva que determina el Banco Nación de la República Argentina" (fs. 211 vta.), regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en esa Instancia. (el destacado se agrega).- 2.- El segundo voto, arribó a la misma conclusión; estimó preliminarmente reunidos los requisitos de admisibilidad y subsanada la ///ausencia de resolución del Tribunal respecto de la procedencia formal "del recurso". Describió "en apretada síntesis" los antecedentes de hecho de la causa, los actos administrativos acompañados y la prueba ofrecida y producida (fs. 212/212 vta.).

Abordó el planteo de la accionada relativo a la falta de ataque del actor de la Resolución N° 108/07, advirtiendo "ella ha sido objeto de extensos argumentos en el libelo inicial al cual incorpora como reclamo el otorgamiento del premio en dinero conforme la reglamentación anterior, la modificada por el demandado" (fs. 214).

Con cita de GORDILLO se refiere a los actos administrativos que aún alcanzando una pluralidad de personas pueden ser considerados tales, a diferencia de los reglamentos y las consecuencias que de ellos derivan; mencionando también el modo en que son concebidos en el derecho español. De ese modo, concluye ".la Resolución 108/07 no estuvo destinada a otros, a una generalidad, sino a quienes se presenten a competir en un evento determinado y según las propias manifestaciones al contestar la demandada .en principio alcanzó y estuvo destinada a los registrados el día 2 de febrero que concursaban en la XXVII edición de la fiesta Nacional del Salmón. que se inscribieron con conocimiento de las bases que reglamentaban el certamen y estaban establecidas en las Resoluciones 6 y 8 del mismo año. El acto general a diferencia del Reglamento tiene su motivo en un hecho concreto logrando un resultado único e irrepetible, esto último emerge del "Visto" de la Resolución nro. ///108 que estuvo destinada a ese evento lo que se amplia en los Considerandos". (fs. 214 vta./215). Y justifica con GARCÍA de ENTERRÍA la aplicación del criterio ordinamentalista para distinguir el acto administrativo del reglamento, detallando también "la prueba de la consunción" como signo significativo.

Estima la Sra. Camarista que la plena jurisdicción exige la anulación del acto, opinando que en el caso, hay un acto administrativo que se consideró irregular y nulo por el actor "más allá, de la defectuosa redacción que porta el escrito. existe un claro ataque contra el acto administrativo que afectó los derechos del accionante" (fs. 215). Indica que las Resoluciones 6 y 8 del 31 de enero de 2007 fijaron las bases para la inscripción del concurso, fechas y premios y, por Resolución N° 108/07 del día del concurso, se modificó el régimen y no fue notificada al actor.- Asimismo señala que, por el interés en el pleito, las testimoniales son insuficientes para "definir la litis" bastando -razona- la documentación acompañada y los propios reconocimientos de la Municipalidad demandada al contestar la demanda; de donde surge -intelige- que la modificación de las condiciones del certamen y de los premios se efectuó el día de inicio del concurso de pesca con posterioridad a la registración de los interesados.

Añade que esa variación no fue notificada, justificando que de la lectura de la Resolución N° 108/07 se observa que dispone la publicación en el Boletín Oficial y la promoción de lo resuelto en la misma, ///subrayando que no se agregó a los obrados el Boletín Oficial ni tampoco lo que la propia Administración dio en llamar "promoción" que, según razona la Sra. Jueza "significa notificar o hacerles saber mínimamente a los inscriptos de alguna u otra forma fuera del boletín oficial" (fs. 215 vta.). Destaca que la única forma de tomar conocimiento es por vía escrita, indicando "el acto administrativo general que comprendía solo a los concursantes no era factible de conocerse en forma previa, porque el evento ya estaba iniciado y próximo a materializarse la disputa, es decir, la pesca el sábado 3 y el domingo 4 de febrero de 2007" (fs. 216). De ello deriva "el carácter retroactivo de la disposición en cuestión" expresando que el concurso se había programado con las reglas de admisión propias de la competencia y el orden para obtener los premios o recompensas de acuerdo al grado de merecimiento alcanzado. Así que -falló- modificar luego de iniciado el torneo el premio, es una disposición retroactiva que afectó -continúa- los derechos de los concursantes inscriptos que tomaron conocimiento concluida la inscripción como lo menciona el escrito de contestación de demanda o al distribuirse los premios como manifestó el actor. Finaliza ".en cualquiera de las dos oportunidades existió una decisión que modificó el concurso en curso, las aspiraciones de los inscriptos y los derechos de los mismos, por encontrarse inscriptos bajo otra normativa de competencia" (fs. 216).-- Recuerda que la publicación, es la especie de publicidad que requieren los reglamentos y destaca que tal circunstancia no fue ///acreditada en la causa en relación a la Resolución N° 108/07; siendo inadmisible -resuelve- la nota múltiple del 21 de marzo de 2007 para notificar las circunstancias modificadas previamente. Y añade que la notificación es aplicable al acto administrativo, sin cuyo recaudo no produce los efectos jurídicos esperados. Menciona nuevamente a GORDILLO para abonar su criterio.-- De ese modo, hace lugar al recurso interpuesto por C. contra la Resolución comentada y considera que debe el Municipio demandado otorgar el premio establecido en la Resolución N° 8/07 "que el actor obtuviera con más los intereses desde el momento del acto de premiación a tasa activa del Banco de la Nación Argentina" (fs. 216 vta.). (el destacado se añade).-- El tercer voto, recordó la exigencia contenida en el art. 169 de la Constitución Provincial y estimó innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes a fin de evitar reiteraciones estériles y en resguardo del principio de celeridad y concentración procesal. A continuación falló "resultan suficientes para adoptar decisión los votos coincidentes de quienes me precedieron" (fs. 217 vta.).

III.- EL RECURSO DE APELACIÓN.- 1.- Se alza contra este fallo la Municipalidad de Camarones.

En el Apartado II FUNDAMENTOS refiere que el agravio concreto en que funda el Recurso está dado por la "equívoca valoración de los ///hechos y de la prueba rendida en autos" (fs. 240) que ha efectuado la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, condenándola a abonar a R. C. la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) en concepto de primer premio del Concurso de Pesca en Altura.

Alega que la procedencia del pago de dicho premio ha sido declarada en un "claro apartamiento del derecho vigente y de los principios generales que lo gobiernan", añade que tener que afrontar dicho pago causa un gravamen irreparable y se traduce en una ilegítima mengua de los recursos del Estado Municipal.

Transcribe parcialmente la opinión de la primer votante y esgrime que "de la prueba testimonial rendida en autos" se puede considerar "acreditado razonablemente la aceptación" del accionante de la modificación de la originaria escala de premios. Menciona los dichos de los testigos -Sres. T. y M.- agraviándose que tenían un interés directo en el pleito, dada su condición de tripulantes de la embarcación capitaneada por C., y -según arguye- "sin perjuicio de ello, el Tribunal de grado al apreciar la prueba rendida debió vincular una con otra y relacionarla con la totalidad de los elementos que surgen del expediente a fin de valorar adecuadamente la totalidad de la prueba" (fs. 240 vta.).- /// Asegura que los restantes testimonios de la causa, dieron cuenta de la existencia de la reunión, de su realización previa al inicio del concurso y de la participación en ésa de los pescadores y organizadores del certamen. Como así también -agrega- que la modificación de la escala de premios, plasmada en la Resolución N° 108/07, se realizó en forma previa al ingreso al agua de las embarcaciones. Es decir, remarca "PREVIO AL INICIO DE LA COMPETENCIA, conforme lo previsto en el artículo 3 del reglamento del concurso" (fs. 241). Dice que el actor tomó conocimiento de la modificación de las condiciones del concurso y las aceptó desde el momento en que participó del mismo; esgrime que con los testigos T., A. C. y C. C. se acreditó en autos que "habrían tenido conocimiento directo que .C. participó de la reunión y que en dicha oportunidad no manifestó de ningún modo su desacuerdo" (fs. 241). Insiste la recurrente una vez más, en que los testigos propuestos por la actora eran integrantes de la tripulación por él capitaneada, que tienen un interés económico en el presente y, subrayando el recurrente que con posterioridad, negaron la existencia de la reunión y la participación de C. en ella.- Aborda luego, la expresión de la Sra. Jueza cuando se refirió al día 2 de febrero como "día en que se iniciaba el concurso" y controvierte "yerra. ya que el día 02/02/07 se realizó la registración de los participantes a los fines organizativos. El concurso propiamente dicho se inicia el día 03/02/10 con el anuncio de inicio efectuado por el comisario deportivo (art.1, 3 y 5 del reglamento.) Es a partir de allí que los concursantes se encuentran sometidos a la reglamentación" (fs. 241 - el subrayado pertenece a la parte).- /// Relata los dichos del testigo T. en la declaración obrante a fs. 128/129 y los compara con la narración que efectuó en el escrito de contestación de demanda para rebatir la opinión de la judicante que puso de manifiesto la contradicción entre ambos. Reitera sus expresiones y especifica los dichos del testigo en la respuesta segunda, tercera y quinta de su deposición, cuestionando que se haya "descartado las declaraciones efectuadas por los testigos C., T. y M." con el argumento de que tendrían interés directo en el pleito, pues "con el cambio de reglamentación aquellos resultaron favorecidos".

Alega no advertir cuál sería el interés directo de aquéllos, pues no se observa -aclara- parentesco, amistad o dependencia, siendo insuficiente para su descalificación -arguye- "EL ALEATORIO HECHO DE HABER GANADO EL CONCURSO,.YA QUE EL CUMPLIMIENTO DEL ALEA QUE LOS CONSAGRO GANADORES OPERÓ CON POSTERIORIDAD A LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PREMIACIÓN" (fs. 242 in fine y vta), indicando además que no hay posibilidad de que se le exija a esos concursantes la restitución del premio otorgado. Acusa que, desestimada la prueba testimonial, el voto carece de fundamento porque no surge del mismo en base a qué otros elementos probatorios arribó a la conclusión condenatoria, lo cual -opina- "descalifica absolutamente el fallo judicial".

/// Bajo el Apartado "Nulidad de la sentencia por falta de mayoría" la Municipalidad apelante, citando el art. 255° de la Ley XII N° 5, asevera que el recurso se justifica en la inexistencia de mayoría absoluta de votos requerida por nuestra Ley ritual para conformar la voluntad del órgano jurisdiccional. Expresa que la primer votante condenó a pagar el premio con más intereses a tasa pasiva, mientras que la segunda votante estableció la tasa activa, ambas del Banco de la Nación Argentina. Y finalmente la Dra. Melero, en el entendimiento de que se había logrado la mayoría necesaria para justificar el fallo, se eximió de emitir opinión.-- Remarca que, de la simple lectura del decisorio, se advierte que no existe coincidencia en la solución del litigio dada la propuesta de tasas de interés divergentes entre sí, lo cual -arguye- "priva al fallo impugnado de elementos necesarios para conformar la voluntad del cuerpo colegiado y emitir.un acto jurisdiccional válido" (fs. 243 vta.). Interpreta que esa carencia reviste gravedad suficiente para declarar la nulidad de la sentencia pues priva a los justiciables de la obtención de un pronunciamiento judicial fundado que ponga fin a la controversia. Advierte que no es una cuestión menor la relativa a la tasa de interés pues integró el objeto de la litis y la sentencia al carecer de mayoría, no "alcanzaría a constituir cosa juzgada material, deviniendo imposible su exigibilidad y cumplimiento". Además, reviste trascendental importancia porque tiene la misión de indemnizar al reclamante por el retardo en el cumplimiento de la obligación y la tasa de interés -reitera- es fundamental a fin de cuantificar la deuda en términos monetarios.

/// Estima que las razones expuestas vician de nulidad absoluta la sentencia recaída en autos, por no haber logrado reunir mayoría absoluta requerida por la normativa. Solicita en consecuencia, en el Punto 2. del Petitorio, se haga lugar al recurso revocando en todas sus partes el decisorio recurrido.-- 2.- Corrido el traslado de rito, la parte actora contestó los agravios a fs. 247/248.-- Controvierte las alegaciones de la contraria cuando refiere que con la declaración testimonial de las personas por ella ofrecida era "suficiente para convencer a la Cámara" de que todos los participantes estaban notificados de los cambios introducidos al reglamento unilateralmente por la Municipalidad de Camarones, señalando que esos testigos tienen un interés directo en esta causa. Enuncia que participaron en el concurso de pesca, razón por la cual -considera- que no quieren enemistarse con el Intendente además al haber ganado alguno de ellos el certamen conforme la modificación unilateral del sistema de premios, existe el peligro -estima- de que el Municipio reclame la restitución de los premios que percibieron. Defiende con ello, la desestimación de esos testimonios efectuada en la sentencia en crisis.-- Destaca haber demostrado que no fue notificado de la modificación del Reglamento del concurso y agrega que no existe un solo documento que demuestre que los participantes fueron notificados de ese cambio. En ///relación a la reunión en la cual, según los dichos de la apelante, habrían intervenido "todos" los participantes, menciona que pretender que una reunión espontánea de algunos pescadores pueda crear derechos, modificando los adquiridos, controvierte toda noción de Justicia.- Sostiene el acierto del fallo que atendió al reglamento vigente al momento en que se inscribió en el certamen, según el cual, el premio correspondía al que obtuviera mayor cantidad de piezas. Reitera que desconocía la modificación acaecida con posterioridad y que la demandada no pudo demostrar haber comunicado esa variación a todos los pescadores. Califica de "dudosa" la fecha de creación de la Resolución N° 108/07 porque "la misma no pudo ser dictada el viernes 2 de febrero de 2007, sino que fue dictada con posterioridad.(y) .nunca fue notificada a los participantes del evento" (fs. 247 vta.).-- Menciona que los elementos probatorios acompañados, en su mayoría documental, demuestran que el fallo cuestionado es correcto y no ha podido la Municipalidad demandada desvirtuar el mismo, siendo procedente su ratificación.-- Estima improcedente el planteo de nulidad deducido contra la sentencia por falta de mayoría absoluta de los votos, considerando que de la lectura del fallo se evidencia que la diferencia entre tasa activa y pasiva se debe a un error material y derivar de ese el pedido de nulidad de la totalidad de fallo -opina- es un exceso. Destaca que hubo coincidencia acerca del "fondo de la cuestión" debatida lográndose mayoría necesaria para conformar la voluntad del órgano.- Razona que el ///comentado error es subsanable por este Alto Tribunal, pues no cambia -asevera- lo sustancial del fallo, siendo procedente rechazar la nulidad y subsanar el yerro referido a la tasa de interés aplicable. Agrega que no existe discrepancia en la jurisprudencia acerca de que la tasa que corresponde aplicar es la "activa" y justifica transcribiendo un fallo de este Cuerpo.- IV.- A fs. 250/251 emite su Dictamen el Señor Procurador General. Luego de especificar lo que ha sido materia de queja, los fundamentos con los que C. contestó el traslado conferido y de la decisión de las Sras. Juezas de Cámara opina que el Municipio apelante no ha logrado acreditar el conocimiento y conformidad del actor a la modificación de las condiciones de premiación bajo las cuales se inscribió en el concurso, entonces desde que no le resultan oponibles procede rechazar los agravios en ese sentido. Añade que la pretensa nulidad por falta de acuerdo sobre el capital de condena no hace a la esencia de la decisión y puede ser subsanado en la etapa de ejecución de la sentencia.

V. A fs. 252 pasan los autos para dictar sentencia y a fs. 253 se practica el sorteo de la causa que queda en estado de resolver.-- VI. ANÁLISIS: - /// 1.- La Municipalidad de Camarones dedujo el Recurso de Apelación previsto por la Ley XVI N° 46, insatisfecha con el pronunciamiento que en Primera Instancia emitió la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, disconforme con la condena que la misma impone, en tanto ordena que abone al actor la suma por éste reclamada en concepto de "primer premio del Concurso de Pesca en Altura" que sostuvo obtenido en la XXVII Fiesta Nacional del Salmón.-- Solicita la revisión del fallo porque, según interpreta, el mismo se apartó del derecho aplicable, habiendo efectuado una equívoca valoración de los hechos y de la prueba producida en la causa. Además requiere la nulidad del pronunciamiento, alegando la inexistencia de la mayoría absoluta requerida por el Código de rito para conformarla, sosteniendo que no se indicó válidamente cuál es la tasa de interés que corresponde aplicar a la suma mencionada y ello imposibilita el efectivo cumplimiento de lo resuelto en ese fallo. Tales los agravios que el Sr. C. responde, sosteniendo la decisión que lo favorece.

2.- Pues bien, he de acotar primero, que de modo inobjetado la Cámara a-quo se ha esmerado en fundar en el caso la admisibilidad de esta acción, que como tantas veces destacara este Tribunal, se encuentra prevista impropiamente como "recurso" en la Ley XVI Nº 46 (antes Ley Nº 3098).- Claramente, la vía escogida es la pertinente.- El actor viene a reclamar se le otorgue el beneficio económico prometido oportunamente al inscribirse en el certamen deportivo que la comuna organizara para la aludida Fiesta Nacional del Salmón, habiendo ocurrido antes a la sede administrativa sin éxito, en el plazo previsto por el art. 136 -primera ///parte- de la citada normativa.- Cuestiona así en el pleito el acto denegatorio derivado del silencio, en tiempo y forma; éste es el "recurrido", y la Resolución que la Municipalidad opone, la dice desconocida, por lo que mal podría acusar en el juicio la nulidad de la misma, tal como lo sugiere al contestar demanda, aspecto éste que será oportunamente analizado pues forma parte del quid de la litis.-- 3.- Dicho esto, he de anotar -frente al agravio de incorrecta aplicación del derecho y aunque la Excma. Cámara no se haya adentrado en ello- que el presente gira sobre un certamen deportivo con incentivo material -el premio en dinero- cuya caracterización jurídica se presenta incierta.- Frente a la oferta de un premio dinerario, puede pensarse en una similitud entre esta situación y la de un Juego de Azar.- Ciertamente existen diferencias entre éstos y una competencia o certamen o prueba deportiva como éste Concurso de Pesca del que el presente trata.- En aquéllos, cualquier Enciclopedia ilustrará sobre el hecho característico de que las posibilidades de ganar o perder no dependen tanto de la habilidad del jugador como del azar; aún en aquellos casos en que existe una combinación de ambos, y en que participa activamente la destreza, existe un componente impredecible que mas allá de ésta puede determinar la victoria.- El álea, albur, casualidad, acaso, fatalidad, sino, suerte, fortuna, son concluyentes en su desarrollo y resolución.- Y si estos factores pueden estar presentes en un certamen deportivo -de hecho lo están- la ///oposición entre los individuos que en él participan está más bien determinada por la capacidad, aptitud, pericia, destreza, experiencia, técnica, o habilidad que suele serles reconocida.- Mucho más aún; si el Juego de Azar tiene por nota un origen calificado de espúreo, que es el influyente del monopolio estatal en su regulación y organización (en SD Nº 1 ("P..") y 2/SCA/08 ("V..") el Tribunal ha desarrollado abundosamente el tema) y aún el destino de los fondos, el deporte a contrario, es objeto de fomento.- Profesional, semiprofesional, amateur, de riesgo, de rentabilidad, es promovido como medio de desarrollo integral de individuo y de trascendencia en la comunidad.- Así, se dice que el "Derecho deportivo" ha experimentado en los últimos años un fabuloso desarrollo tanto aquí como en otras partes del mundo, de afín cultura jurídica, y, en cuanto constituye "corte horizontal" del ordenamiento, involucra a muy diversas disciplinas Jurídicas (GAMERO CASADO, Eduardo, "El Derecho deportivo en España tras la creación de las comunidades autónomas", elDial - DC645).-Se trata de una actividad sistemáticamente abordada por ellas, como la administración, las finanzas, el marketing, la comunicación, la sociología, la medicina, entre otras, las que se ocupan en forma integral del deporte como fenómeno social complejo y en permanente estado de evolución. La complejidad de factores y elementos interrelacionados que surgen de su práctica, pone de manifiesto la necesidad de una visión multidisciplinaria del deporte, a fin de poder avanzar en el desarrollo de esta nueva especialidad con la necesaria precisa delimitación de su objeto (TREVISÁN, Rafael - "La situación jurídica del deportista", elDial - DC644). Ambas citas de un ///fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del 12/01/07 publicado en Microjuris (MJJ10147), sobre cuyos conceptos volveré.-- El reconocimiento de este desarrollo está presente en la Provincia dado por la Ley VI Nº 14 de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas (antes Ley Nº 4804), que a su vez adhiere a las Leyes Nacionales Nº 20596 (s/Licencias Deportivas) y 20655 (s/ objetivos generales y principios), incorporadas a aquélla en sus anexos A y B.

Esta preceptiva sin embargo, no se ha referido a Certámenes o Competencias con premios, beneficios o incentivos prometidos, fuere su organización efectuada por instituciones privadas -Confederaciones, Federaciones, o Asociaciones Deportivas- o públicas, como en el sub-lite se ha dado por la Municipalidad de Camarones.- Véase que su representación no ha referido en el responde tampoco a reglamentación general propia ninguna.

- En esta materia, el álea que se reconoce presente -pese a las diferencias indicadas- acerca las actividades, y en definitiva es esta circunstancia, la que dirime las connotaciones jurídicas de las relaciones, y por cierto, las responsabilidades.- No hay para el Certamen o Competencia Deportiva con incentivos monopolio estatal, pero sí fuerte poder de policía, pues en definitiva debe asegurarse la igualdad de oportunidades evitando el fraude a la población.

/// 4.- Que aquellas relaciones -ambas- son de naturaleza contractual, es innegable; y así lo decía aquel fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones que antes cité, en lo que es de aplicación a esta causa: " en la especie nos encontramos ante un claro supuesto de responsabilidad contractual. Es que entre el jugador interviniente y la entidad organizadora se establece una relación de esa índole.", y mas adelante "Es de génesis contractual el vínculo anudado entre el deportista que participa de la competencia y el empresario o institución que la organiza por cuanto quienes se relacionan de manera directa e inmediata y se excede por tanto la difusa ligazón del neminem laedere: el primero se inscribe, paga o no un arancel para poder participar del evento y así es admitido a tales efectos." .

La índole de esta relación, dependerá de la calidad del sujeto organizador.- Si se trata de una persona privada, se regirá por las cláusulas preestablecidas y en definitiva, por los arts. 2051, 2052 y cctes. del Código Civil; si lo es el poder público o alguno de sus entes, el contrato será administrativo y se regirá por las normas a tal fin instituidas si las hubiere, y si no, por analogía, por aquellos mismos preceptos, a los que habrán de añadirse los generales de Derecho Administrativo y principio de éste aplicables.- Ha de considerarse que si así es, que si es el Estado el organizador, ya la noción de "policía" es impropia.se tratará de cumplimiento mismo del principio de legalidad en la vinculación contractual que el certamen organizado origina.- - En definitiva, y tal como lo decía en S.D. Nº 01/SCA/08 ("P.), causa donde se debatía el modo en que el Estado provincial había puesto ///fin a un permiso de explotación de una agencia de Juegos, la relación que liga a las partes en conflicto, importa ".un contrato -y evidentemente pese a algún esfuerzo de la doctrina por negarle sustantividad- es eminentemente un contrato administrativo regido por el Derecho Público".- Reiterando en ese precedente, lo que anteriormente había fallado en S.D. Nº 13, 14 y 15/SCA/00, y 6/SCA/01, recordaba a André de LAUBADÉRE, citado por Pedro COVIELLO en las Jornadas organizadas por la Universidad Austral en Mayo de 1999, publicadas por la Ed. Ciencias de la Administración -pág. 90- "Sea administrativo o civil un contrato...es siempre un contrato, y en la concepción general de nuestro derecho, esencialmente consensualista, la voluntad manifestada por las partes al momento de la celebración...es la idea directriz a la cual el juez debe en primer lugar referirse cuando hay que determinar el contenido de las obligaciones de los contratantes en vistas de aplicarlas a la ejecución". "Indica BREBBIA ("Hechos y Actos Jurídicos" - Tomo II - págs. 205/211) que interpretar un negocio jurídico significa desentrañar el sentido y alcance de las voluntades que concurren a formarlo en la medida en que han sido exteriorizadas...".- "... La tarea de interpretar un negocio sólo puede tener lugar a través de la existencia de una voluntad sanamente expresada.- En este orden, existen reglas que guían el proceso de interpretación de los actos jurídicos, que constituyen verdaderas normas, que no sólo se dirigen al juez o al intérprete sino que deben ser tenidas presentes por las partes que negocian para ajustar su conducta al criterio legal que en definitiva será el fijado -si fuere necesario- por el juez.- Tales los arts. 1198 del Código Civil, o bien los ///arts. 217 a 219 del Código de Comercio"... "La interpretación de un negocio... puede reconstruir la voluntad real (histórica) de las partes, y ello exige el análisis de su comportamiento -anterior, simultáneo y posterior al negocio- conforme las circunstancias de lugar y tiempo que debe ser captada in re ipsa en la declaración.- En los actos bilaterales, deberá rehacerse su proceso de formación, y no atenerse a las declaraciones aisladas de las partes, que deben considerarse como elementos de un mismo fin práctico perseguido.- El negocio debe ser interpretado asimismo de manera sistemática, teniendo en cuenta su contexto general, tomando el acto jurídico como un todo".

Y completé ". si se trata de un contrato administrativo, le son aplicables los principios generales que este Cuerpo ha venido destacando en varios precedentes. Mi voto en S.D. N° 4/SCA/96, siguiendo a Bartolomé FIORINI decía que ".el contrato administrativo como acto jurídico de la función administrativa, se caracteriza por crear situaciones bilaterales por la presencia de dos partes opuestas: fueren dos órganos administrativos o la Administración y el administrado. En este último caso, el acto, de carácter bilateral, se diferencia sustancialmente del unilateral, por causarse en el acuerdo, adhesión, conformidad, pacto o convención, caracterizado por la necesaria presencia de voluntad de ambas partes en una relación de equivalencia". Y -añadía- ".Al margen de los datos resaltantes que informan los contratos administrativos, teñidos de la naturaleza del sujeto y el interés general que subyace en la causa de su celebración, traducidos en la situación de preeminencia del Estado y consecuente posición de subordinación del cocontratante particular, en las cláusulas exorbitantes o las posibilidades de rescisión ///suspensión o modificación .el autor citado expone que la figura jurídica de la contractualidad presenta como elementos configurativos ínsitos: partes opuestas, consentimientos, prestaciones recíprocas, ejecución regida por lo que fue intención de las partes, equivalencia en las conductas de cumplimiento, resarcimiento por incumplimiento y prestaciones cumplidas. Elementos que existen tanto en el derecho público como en el privado, en tanto manifestaciones de estructura lógica del instituto contractual". Y añadí ".aún en el marco de prerrogativas estatales que cualifican la contractualidad administrativa, el consentimiento, el acuerdo de voluntades, constituye un elemento esencial sin el cual no existe contrato. No es óbice para ello que en la mayoría de los casos, el contrato resulte de un acatamiento a toda una serie de condiciones prefijadas por la Administración. Si bien debe aceptarse un desplazamiento de la primacía del contrato como acuerdo de voluntades, propia del derecho privado, no es menos cierto que la adhesión a esas condiciones, es voluntaria, y normalmente se formaliza durante el proceso selectivo mediante la presentación.en las condiciones preestatuidas. (FARRANDO, MARTÍNEZ y otros- Manual de Derecho Administrativo - Depalma- pág. 285). Ergo, el vínculo nace de la voluntad de ambas partes y se manifiesta, sea en forma expresa o tácita, en los orígenes de la relación".- Teniendo en cuenta aquella proximidad ya señalada entre Competencia Deportiva con premio organizada por el Estado, y Juego de Azar, son útiles los conceptos de Sergio Miguel NÁPOLI, comentando ///un fallo donde la actora no presentó dentro del plazo legal la tarjeta que contenía la jugada ganadora del denominado juego "Loto" impugnando la inconstitucionalidad de aquél.- El autor indica que, en líneas generales, los juegos del tipo del que se examina en el fallo se organizan sobre la base de disposiciones que implican un contrato de adhesión, que son conocidas y aceptadas por los apostadores (en un certamen deportivo concursantes) al momento de realizar su jugada y cuyo cumplimiento resulta ineludible a los efectos de percibir los premios estipulados. .se hace especial hincapié en las particulares características de esta actividad . y la necesidad de establecer medidas que tienen por principal objeto evitar la configuración de fraudes entre los sujetos que participan e intermedian en el proceso.- La falta de seguridad y certeza respecto de la transparencia del juego pondría en jaque la confianza de los apostadores (en el deporte, competidores) en el sistema, con las negativas consecuencias que ello traería aparejado para su continuidad. .a modo de síntesis. en materia de juegos de azar explotados por el Estado (ídem en certámenes con premio organizados por éste) la relación jurídica que se establece entre los apostadores (o contendientes) y el organizador se encuentra en el ámbito del derecho público, revistiendo el carácter de contrato administrativo. es posible que en él se prevean cláusulas exorbitantes de derecho privado cuya aplicación no resulta cuestionable en la medida en que no puedan ser tachadas de arbitrarias o irrazonables. La particular naturaleza y característica de la actividad justifica el establecimiento de estrictas condiciones y requisitos para la participación y la percepción de los premios de los sorteos, las que, de por sí, no resultan atentatorias de los derechos constitucionales. Máxime si son aceptadas por quienes participan al momento de hacerlo (Conf.: "Breves ///reflexiones acerca de los juegos de azar regulados por el Estado y su régimen jurídico" en MJD2975, las anotaciones en cursiva son propias).-- 5.- A más, y de acuerdo a lo antes dicho, estos certámenes deportivos con beneficio o premio comparten en la contractualidad, el álea característica de los Juegos de Azar.

Comenta Alberto BUERES y Elena HIGHTON que el contrato es aleatorio cuando someten las ventajas o pérdidas a un acontecimiento incierto. Ese evento puede ser incierto porque se ignora si acaecerá, o bien porque se ignora cuándo acaecerá" (Conc: Código Civil y normas complementarias.Tomo 4D - Artículos 1789/2181- Contratos - Hammurabi -Depalma, 2003 pág. 482).- Entonces, la cuestión debatida en autos involucra un Concurso o Certamen sujeto a un acontecimiento incierto, rodeado de las características propias del Contrato Administrativo tal como relaté antes, desde que la convocatoria fue realiza por la autoridad municipal, pero con particularidades aún más específicas que las regladas por el Código Civil, compartiendo algunas connotaciones y apartándose de otras de la típica clasificación de los distintos contratos que denominados aleatorios, del juego, apuesta y suerte aborda el Título XI del mencionado plexo normativo y del que extensamente se han ocupado destacadísimos autores, las que no desarrollaré por exceder el marco de esta apelación.

/// 6.- Las constancias de la causa indican que la Municipalidad de Camarones organizó, tal como viene haciéndolo ininterrumpidamente desde el año 1981, la Fiesta Nacional del Salmón - XXVII Edición- que en esta oportunidad se desarrolló los días 2, 3 y 4 de Febrero de 2007, la cual congrega numerosos visitantes, turistas y cuyo atractivo principal está dado por la cantidad de competidores en el Concurso de Pesca de Altura.

6.1.- En uso de potestades propias, sancionó el marco legal en el que corresponde subsumir este Concurso deportivo y/o Certamen de pesca.- Para ello, el Sr. Intendente Municipal dictó la Resolución N° 06/07 que fijó la fecha para su realización, ordenando además (art. 2°) la difusión y publicación por todos los medios de comunicación y gráficos del desarrollo y programa de la Fiesta (fs. 51). Asimismo, el mencionado funcionario resolvió, para solventar los gastos de la organización un arancel de PESOS CIENTO VEINTE ($ 120) por embarcación, al que denominó "Inscripción". Menciona un "Reglamento de Pesca de Altura, por el cual se regirá la competencia" y, además, expresó que "a fin de motivar y reconocer a los participantes pescadores se ha dispuesto la entrega de premios en efectivo, además de trofeos". Así, el artículo 2° de la Resolución N° 08/07 fijó la "clasificación y escala de premios del Concurso de Pesca de Altura.1° Premio: Trofeo y $6000.en efectivo; 2° Premio: Trofeo y $ 4000.en efectivo; 3° al 5° Premio: Trofeo. Pieza Mayor: $ 10000.en efectivo y trofeo al pescador ganador" (fs. 50).

Por su parte, un llamado Reglamento -agregado a fs. 7, no se ha establecido la autoridad ni el acto que lo aprobó- detalla que las jornadas ///de pesca se desarrollarán los días Sábado 3 y Domingo 4, fija la zona de pesca, el horario de salida de las lanchas, explica que la orden de iniciar el concurso será dada por el Comisario Deportivo quien anunciará con bengalas la iniciación y finalización de la prueba completando ello con otras especificaciones. Expone luego el valor de la inscripción y, en lo que resulta de interés para la causa, advierte que "Los premios, que se establecen por instrumento separado, serán entregados a los ganadores en las instalaciones del Gimnasio.".- Finaliza mencionando que las "circunstancias que no estén contempladas en este Reglamento, serán resueltas por el Fiscal General de la prueba, cuyo fallo será inapelable".-- No se establece una fecha u hora límite de inscripción.- 6.2.- Pero.el mismo día de inicio del evento comentado -me refiero a la Fiesta en sí- el 2 de febrero de 2007, se dictó una nueva Resolución, la N° 108/07, que modificó el art. 2° de su idéntica N° 08/07, estableciendo en definitiva "la siguiente escala de premios.CLASIFICACIÓN GENERAL: 1°.5° Puesto: Trofeos. PIEZA MAYOR: 1° Premio Trofeo y $ 10000.en efectivo, 2° Premio: $ 6.000.en efectivo, 3° Premio: $ 4000 .en efectivo", el artículo 4° de este acto reza "regístrese, publíquese en Boletín Municipal, Promociónese lo Resuelto mediante la presente." Entre otros motivos para su dictado, pueden leerse "que el día viernes 2 de febrero de 2007 y por moción de los mismos pescadores y posterior acuerdo total, establecieron que los premios asignados al 1° y 2° puesto de la ///clasificación general (puntos obtenidos por el resultado de la pesca) de $ 6000 y.$ 4000. respectivamente, fueran transferidos a la Pieza mayor. Que dicha determinación fue acordada para evitar irregularidades en el Concurso, ya que lo que se premiaba era la cantidad de peces obtenidos, suscitando la posibilidad de que las embarcaciones se intercambiaran o regalaran lo obtenido, distorsionando el objetivo del Concurso y su correspondiente premiación" (5to. y 6to. Cons.) (fs. 49).

Esto ocurre, según lo manifiesta la demandada al contestar, "una vez concluida la registración de los concursantes" (fs. 55 vta.).

6.3.- Esto es, el premio cuya condena al pago viene a apelar en esta instancia la Municipalidad de Camarones derivó -se insiste- de una contratación donde el organizador estatal fijó las pautas para su realización y las condiciones que debían reunir los participantes mientras éstos, sujetándose a esos condicionamientos, se inscribieron y con ello adhierieron a aquéllas, y realizaron la actividad deportiva -en ese caso- tendiente a lograr el "beneficio" prometido.

Sólo con esta breve reseña, fácil es advertir las características propias de la relación jurídica que se dio entre las partes y de la cual derivó, a criterio del Tribunal a-quo, la obligación del Municipio de abonar el premio en dinero reclamado por el Sr. C., interpretando que la modificación introducida por el Estado Municipal a las condiciones del Concurso no fue comunicada al nombrado.- /// En consecuencia, con fundamento en derecho los dos primeros votos del fallo en crisis y que conforman la mayoría, justificaron que la variación operada en las condiciones iniciales del certamen no pueden ser opuestas al accionante, desde que no se acompañó en autos la respectiva notificación, ni aún probanza alguna que permita verificar la realización de la correspondiente publicación de este último acto, según lo establecido en el artículo 4° de la Res. N° 108/07.- Sumado a ello, otro argumento que se puso de manifiesto en el primer voto del decisorio recurrido (fs. 210 vta.) es que, requerida la demandada en diversas ocasiones a fin de que adjuntara a la causa las actuaciones administrativas incumplió fatalmente esa orden y tampoco dio razones de esa omisión.- Aunque así no lo dice, se deduce de lo fallado, que estimó procedente la aplicación de la presunción del art. 392 de Ley XIII Nº 5 (antes 388 CPCC) por remisión del art. 137 de Ley XVI Nº 46 (antes Ley Nº 3098).

Para refutar aquél razonamiento, la Municipalidad viene en Apelación defendiendo la legalidad de su obrar, subrayando que con la prueba testimonial producida, la que acusó fue deficientemente evaluada en la Sentencia en crisis, puede estimarse "razonablemente acreditada la aceptación" del accionante de la variación acaecida en la escala de ///premios, la cual -según arguye- fue aceptada por el actor desde el momento en que participó del certamen.- 6.4.- Notoriamente, la argumentación en la que sostiene su estrategia la apelante, no es consistente.- Fundamentalmente porque, pese a su tesis defensiva, que reiteró en la expresión de agravios, el enunciado acuerdo con "todos los pescadores" para introducir modificaciones en las bases y condiciones que se habían fijado para el certamen no lo releva de su obligación principal. Es decir, dictada la Resolución N° 108/07 una vez que se habían recepcionado las inscripciones de las personas interesadas en asumir su calidad de "participantes" en el Concurso de Pesca deportiva convocado y publicitado de conformidad a lo resuelto en las Resoluciones N° 6 y 8 -ambas de 2007- debió respetar las cláusulas preestablecidas.- Y si las modificó, inexorablemente, por imperio legal, tuvo que hacer conocer esa variación a las personas que iban a concursar, previamente registradas al efecto.

Ello así, porque como es sabido debe darse adecuado resguardo a la conducta inequívocamente puesta de manifiesto por los contratantes, y con mayor razón si quien lo hace es una autoridad administrativa. La lectura del llamado Reglamento y de las Resoluciones citadas evidencia que la Municipalidad de Camarones realizó una convocatoria cierta y concreta, que involucró la concurrencia de muchas personas quienes voluntariamente consideraron aquellas pautas planteadas por la organización para su realización, abonaron voluntariamente el canon ///respectivo que los habilitaba a participar, con la expectativa de obtener un beneficio. En síntesis, la quejosa convocó, publicó y promocionó un Concurso Deportivo que otorgaba premios, atendiendo la mayor cantidad de peces obtenido por embarcación, consistentes en una suma de dinero más un trofeo a quien, transcurrido el evento se encontrara entre el 1° y 3° puesto, mientras que el 4° y 5° lugar sólo obtendría un trofeo. Otra categoría comprendida en la premiación, íntimamente relacionada con la denominación de la festividad, es la que se estipulaba para el pescador que obtuviera en la competencia la "pieza mayor" de salmón el cual se alzaría con un premio en dinero de $ 10.000. Tales los beneficios de la XXVII Fiesta del Salmón si me atengo a lo reglado y publicitado (por ejemplo, la folletería obrante a fs. 9), antes del dictado de la Resolución N° 108/07... tales las condiciones en que quienes se inscribieron sellaron el contrato.

Pero después, habiendo tenido inicio de ejecución la festividad, cuya celebración se prolonga durante tres días, de los cuales los últimos dos son destinados a la realización del evento deportivo, y una vez inscriptos los participantes.esas condiciones contractuales fueron modificadas por vía de la Resolución Nº 108/07, y unilateralmente este acto reforma las bases y condiciones preestablecidas transfiriendo el dinero en efectivo a la Categoría "Pieza mayor" y privándolo de éste a la de "mayor cantidad de peces" reservándoles a los ganadores de esta únicamente la entrega de un trofeo por la posición lograda en el Concurso.- /// 6.5.- El amplio desarrollo de la temática referida a la regulación de esta materia y lo expuesto antes al caracterizar el contrato administrativo, con las particulares características y efectos comentados, me proporcionan andamiaje suficiente para aseverar que el organizador del evento se apartó ilegítimamente de los lineamientos que él mismo fijó y al amparo de los cuales debía desarrollarse el Certamen, sin dar a conocer formalmente los cambios introducidos.-- - Porque bien dice el fallo en recurso, la Municipalidad podría haber modificado esas bases -lo cual es inobjetable, pues aún si se trata de un contrato esa posibilidad enmarca en las cláusulas exorbitantes- no pudo hacerlo sin haber cumplido con las formalidades exigibles para la eficacia de esa reforma.- Las circunstancias expuestas, me recuerdan un fallo de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el cual se negaba el título de campeona a una mujer que había participado en el evento y obtuvo el mejor puntaje siendo primera en la escala de calificación. En lo que aquí resulta aplicable, el Tribunal falló "cuando una persona se inscribe como competidora y es aceptada por el ente organizador a fin de participar en un campeonato de habilidad o destreza deportiva, cultural o científica queda conformada una relación contractual entre el ente organizador y el participante, relación de índole aleatoria, ya que la ventaja o pérdida para ambas partes o una de ellas dependen de un acontecimiento futuro o incierto (art. 2051 del CCiv.) cual es el que un competidor triunfe. De darse esta circunstancia deberá cumplirse la ///latente obligación de entregar el premio, precisamente por cumplimiento de aquel álea. .si, pese a existir diversas categorías, se admite la participación de un competidor han de aceptar ambas partes las reglas. que hacen a la índole misma del contrato. Entre éstas, precisamente, entregar el premio al participante que mejor ha calificado, pues es quien ha cumplido con el acontecimiento incierto que daba carácter aleatorio al contrato. Carece de seriedad que en un campeonato nacional se permitiera participar a la actora fuera de competencia. toda participación competitiva lleva insita la aspiración de ganar y por ende de obtener un premio. Si se entendió que la actora renunciaba a tal legítima aspiración debió dejarse fehacientemente constancia de su consentimiento, sobre el que ninguna prueba se ha aportado" (in re "Bella, Elvira." Sent. 19.8.05 en MJ-JU-M-12320-AR -MJJ12320).-- Por su parte, la Sala J del mismo Tribunal condenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por incumplir las prestaciones previstas como premio en un concurso organizado por una revista pues, "la comuna demandada ha querido poner una obligación a su cargo, en tanto que las prestaciones prometidas a los ganadores estaban a su alcance y no hubieran podido ser comprometidas por un tercero". (in re "Pierro, Erneso c. La Maga Producciones." - Sent. 19.6.08 en LL 2009-a,465). En esta causa, la mencionada municipalidad intervino en calidad de "auspiciante" y resultó responsable al amparo de la doctrina de la apariencia. Expuso el Tribunal "La promesa pública de recompensa consiste en una declaración unilateral por la cual alguien se obliga a ///hacer efectiva una prestación en favor de una persona que, entre muchas, obtenga un determinado resultado. La aceptación se concreta con la realización del fin perseguido, y quien lo cumple pasa a ser el acreedor. Una forma de esta figura es el concurso público con premio, dirigido a quienes se encuentren en determinada situación, o reúnan ciertas condiciones, o cumplimenten alguna actividad, para adjudicarles la prestación ofrecida, previa apreciación de méritos por un jurado".- "Ni una ni otra figura se encuentran específicamente legisladas en el Código Civil, si bien fueron incorporadas en los sucesivos proyectos de reforma, pero tampoco se encuentran prohibidas. Compagnucci de Caso las ubica dentro de los casos no previstos de declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones (Manual de Obligaciones, pags. 57/60, ed. Astrea, 1997)".

"Tobías trata conjuntamente ambos supuestos, señalando que "uno de los negocios unilaterales en donde más claramente se advierte el valor vinculante de la declaración unilateral de voluntad es la promesa pública de recompensa, que puede ser emitida a favor de quien se encuentre en una determinada situación o en beneficio de quien cumpla una determinada actividad (premios o concursos en actividades científicas o deportivas, recompensas a quien encuentre un objeto perdido, etc.). En la segunda hipótesis, los destinatarios se encuentran en la situación de tener que desarrollar actividades a fin de estar en condiciones de obtener el objeto de la promesa y, por ende, en resultar acreedores individualizados de la obligación emergente de dicha promesa" (Tobías, José, "Algunas precisiones acerca del elemento objetivo de la lesión objetiva subjetiva", ///LA LEY, 1996-E, 438)".-- "En el mismo sentido, Lorenzetti señala que "La declaración que emite un sujeto es relevante cuando es recepticia, está dirigida a otro y por lo tanto produce expectativas de confianza; es una declaración simple propia de las tratativas. Puede ser, además, una declaración unilateral vinculante, ya que tiene todos los antecedentes constitutivos de un contrato y la sola aceptación de la otra parte produce el consentimiento. Estamos ya en el terreno de la oferta. En este caso, como es principio en nuestro régimen jurídico, quien la emite tiene una facultad discrecional de revocación", aclarando que "Puede haber una declaración unilateral de voluntad vinculante, sin poder discrecional de revocación, dando lugar al fenómeno de la autoobligación, como es en el caso de renuncia a la facultad revocatoria, sometimiento a plazo de la oferta, promesas de recompensa, de fundación, de contrato, etc.). El mero incumplimiento de la obligación produce responsabilidad. (Lorenzetti, Ricardo L. , "La responsabilidad precontractual como atribución de los riesgos de la negociación" LA LEY, 1993-B, 712 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo I, 927)".

"Moroni, por su parte, indica que la promesa al público aparece como un esquema, en el cual pueden ser insertos diversos negocios causales de contenido análogo al de los correspondientes contratos concluidos (Moroni, Carlos E., "La promesa al público", LA LEY, 1987-D, 956)".

/// "Así pues, surge de lo antedicho que no caben dudas acerca de que ha sido correcta la calificación efectuada por la a quo acerca de la naturaleza contractual de la obligación, por lo que el municipio apelante debe responder, en tanto que oferente o prometiente".

Es de sumo interés la Nota que a este decisorio efectuó Javier Indalecio BARRAZA, quien resumió sus principales párrafos y estimó correcta la sentencia, mas sostuvo que la teoría que debió primar para la resolución del caso fue el de la "protección de la confianza legítima": "la protección de la confianza implica para el administrado la existencia de un derecho subjetivo, la buena fe es su componente esencial y prácticamente liminar, puesto que sin ésta no es procedente invocarla. La buena fe ha sido uno de los caminos utilizados para permitir el acceso a la confianza legítima, con la cual guarda un vínculo casi entrañable, en la medida en que ese viejo y noble principio del derecho es el que confiere razón a su protección". (Conf.: "La responsabilidad del Estado y la protección de la confianza legítima" en LL 2009-A, 465).- En el mismo sentido la Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que cité antes, en el punto 2 (MJJ10147) "La función integradora de la buena fe crea al lado de las obligaciones expresamente asumidas por las partes los deberes de protección, completando el plexo contractual aquellas conductas que son necesarias para que el acreedor pueda alcanzar acabadamente las expectativas tenidas en miras al contratar...".-- Me he referido a la comentada teoría en la Sentencia Definitiva N° 2/SCA/08 (in re "V..") donde afirmé que la ".Confianza que en Derecho, no es un concepto vacuo, menos aún en presencia del Poder ///Público. Por ello se ha dicho que "El respeto a la palabra empeñada, el obrar ético y la buena fe son valores centrales para el desarrollo de una sociedad civilizada. Si tales elementos resultan esenciales en las relaciones entre particulares, mayor importancia asumen aún en aquellos supuestos en los que una de las partes de la relación es el Estado, en cuanto gestor del interés común y primer obligado a promover el respeto a la ley y al orden jurídico" (Conc.: Guido TAWIL en "Fichas Bibliográficas"- COVIELLO, Pedro José Jorge "La protección de la confianza del Administrado. Derecho argentino y derecho comparado", publicado en El Derecho Administrativo - 2005 pág. 773). La confianza - dice COVIELLO- se traduce en la existencia de "esperanzas fundadas" en el particular, a través de varias formas ...que ... pueden provenir de promesas o garantías dadas por la Administración, siempre que sean dadas en el contexto de la competencia asignada al órgano o que se ajusten a las normas legales o reglamentarias".- Advirtió el autor que tal principio afinca "...en otro gran principio del Estado de Derecho que es el de la seguridad jurídica, puesto que ella es el acto justo en su perfección más próxima a la Justicia. Y frente a los desvíos que puedan temerse de quienes pretendan utilizarla indebidamente, el interés público es el contrapeso y una de las "llaves" de su aplicación, que permite que el fiel de la balanza permanezca en su lugar...". Añadirá luego que "la confianza legítima puede verse como una forma de exigir el comportamiento ético de la Administración frente a los compromisos asumidos (que no sólo lo son por vía contractual, sino igualmente a través de sus actos y comportamientos) cuando perjudican a los administrados". Y finiquita su ///artículo recordando que "...nuestra Corte Suprema desde antiguo, ...dijo en Fallos; 10:203 (1876) que la Administración "debe ser franca, leal y pública en sus actuaciones", y un siglo después en Fallos: 304:721 (1982) repitió sobre las mismas pautas que la actuación administrativa "debe ser racional, justa, igual y proporcional".(Conf.: "La Confianza legítima" publicado en ED- Tomo 177 pág. 909 y 920/921).- Parámetros estos que desatendió la Municipalidad de Camarones si tal como lo expone a consecuencia de una "reunión" efectuada con los pescadores, resolvió modificar, cambiar, variar la reglamentación que había establecido en el mes de Enero, por las que determinó distintas categorías y las pautas a las cuales sujetaría el otorgamiento de los premios de cada una de esas en el Concurso de Pesca en Altura y desdeñó las formalidades propias que su obrar le imponía para la validez y eficacia de sus decisiones.

7.- Véase que el mismo acto administrativo que plasmó las reformas, expresó en el mismo debía publicarse en el Boletín Oficial Municipal y promocionarse. Así debía ser.pero ni siquiera esa precaución se observa que hubiere tenido cumplimiento.-- La Sentencia en crisis efectuó una apropiada disquisición entre acto administrativo individual y acto administrativo de alcance general o reglamento.- Culminó por establecer que no se trataba esta Resolución Nº 108/07 de un acto reglamentario propiamente dicho, pues no estaba dirigido a personas indeterminadas, a la generalidad del público, sino de ///un acto administrativo general aplicable a los inscriptos en la Competencia.- Y no merece reparo este pronunciamiento.- 7.1.- Explica Armando CANOSA que la Administración cumple una actividad principal que se califica como administrativa pero además realiza otra de tipo legislativa, complementaria de la anterior, que se materializa con el dictado de reglamentos, los que integran el ordenamiento jurídico, creando situaciones abstractas, impersonales y objetivas. Añade que los reglamentos participan de las características de las leyes, destacando que -lógicamente- no tienen el mismo procedimiento para su sanción, y estas últimas emanan de otro órgano poder superior del Estado. Sin embargo -agrega- se ha entendido que tanto las leyes como los reglamentos deben publicarse a los fines de obtener obligatoriedad, lo que debe inferirse del propio texto constitucional, por el principio de publicidad de los actos de los gobernantes y, por el otro, porque para hacer cumplir la ley (y, por ende el reglamento) se debe dar noticia pública de ella "porque no se puede atacar lo que no se conoce". Más allá de esta recepción implícita, señala CANOSA que la obligatoriedad de la publicación se halla inserta además en el art. 2° del Código Civil aunque advierte que, hoy en día la labor normativa que despliegan los órganos y entes administrativos el principio consagrado por la legislación en el sentido de que la ley se presume conocida por todos puede tratarse de una mera utopía; de allí la importancia del requisito de la publicación. En definitiva, es una manera de suplir los efectos de una ficción, tendiente a dotar al régimen de ///seguridad jurídica, con una garantía mínima de que el acto normativo pueda ser, en principio, por efectos de la publicación, conocido por todos".

Menciona el doctrinario lo establecido en el art. 11° de la Ley Procedimiento Administrativo Nacional y comenta, luego de diferenciar los actos administrativos de alcance general de los individuales o de alcance particular, que "cuando la Administración dicta actos que tienen verdadera naturaleza normativa, en ejercicio de actividad materialmente legislativa, se los denomina reglamentos. ya que este tipo de actos constituyen normas jurídicas obligatorias, la publicación hace a un requisito indispensable para su eficacia, de allí que para que el reglamento sea obligatorio debe cumplirse con tal requisito de publicación. En cambio, la notificación del acto administrativo de alcance individual "es una forma de comunicación, jurídica e individualizada, cuyos modos -requisitos formales- y medios están predeterminados por el orden jurídico y que requiere la posibilidad de que el interesado reciba efectivamente dicha comunicación, en función de los efectos jurídicos que de ella derivan, al integrar el derecho a ser oído. La publicación de los reglamentos tiene también una finalidad de comunicación, pero a otros efectos. A través de ella, la Administración comunica el dictado de un reglamento a un conjunto indeterminado de personas, y desde allí adquirirá eficacia y obligatoriedad, sin considerar si todos los particulares tomaron o no conocimiento de la misma; la publicación tiene por objeto no tanto dar a conocer la ley, o los actos, cuanto fijar el momento desde el cual se la considerará conocida". ///(Conc.: "La publicación como requisito de eficacia de los reglamentos" en J.A. 2003-I (Enero-Marzo) pág. 672/675).- Un trabajo de Alejandro USLENGHI, luego de mencionar que si bien autorizada doctrina nacional entiende que el acto administrativo representa un género y que los actos de alcance individual y los de alcance general son sus especies englobadas en el instituto acto administrativo, discrepa con ello indicando que, discriminar y alojar las figuras jurídicas en diferentes comportamientos tiene la ventaja de discernir mejor sus características diferenciales. De tal modo, expone que el régimen jurídico del acto administrativo difiere de la normativa a la que están sujetos los reglamentos, así como esta última categoría difiere de las leyes. Añade "Reglamento y acto son figuras diferentes. Los primeros integran el ordenamiento jurídico; los actos, en cambio son algo ordenado y no ordinamental; el dictado de actos administrativos es una potestad connatural con el carácter de órgano de la Administración. Todo órgano tiene alguna competencia para dictar actos; de otro modo no podría administrar. sin embargo, no todo órgano está investido de potestad reglamentaria. Generar actos o reglamentos son dos poderes cualitativa y cuantitativamente diferentes. .El reglamento innova el ordenamiento, mientras que el acto se limita a aplicar el ordenamiento. Si bien -en principio- el reglamento tiene un alcance general y el acto es de alcance individual, esta correlación general-singular, como expresión de la distinción entre reglamentos-actos, no siempre se manifiesta así. En efecto hay actos administrativos que no aparecen dirigidos a un ///destinatario concreto, sino a un conjunto indeterminado de sujetos, o a toda una colectividad.hay reglamentos que tienen alcance singularizado". Y luego el autor que vengo citando se refiere a "actos administrativos destinados a una pluralidad indeterminada de sujetos" que no están definidos al emitirse el acto. Los sujetos alcanzados serán determinables o, en ciertos casos no se determinan. Por ejemplo -dice- la convocatoria al servicio militar de determinada clase -cuando era obligatorio-; las convocatorias a exámenes en la universidad, las convocatorias a licitación pública. No obstante su generalidad, no constituyen típicamente reglamentos; porque no se integran ni conforman el ordenamiento jurídico y persiguen un efecto consuntivo, vale decir se agotan con su simple cumplimiento, se consumen con éste. Para que se cumplan en otra oportunidad, será menester el dictado de otro acto de alcance general. En cambio, el reglamento, una vez dictado, se instala en el orden jurídico, no se consume cada vez que se cumple; al revés, su sucesivo cumplimiento lo consolida y mantiene". (Conc.: "Régimen Jurídico de la Potestad Reglamentaria" en "Acto Administrativo y Reglamento" Jornadas Organizadas por la Universidad Austral- 30, 31 de mayo y 1° de Junio de 2001 - Ediciones RAP- pág. 487/495).-- 7.2.- Por otra parte, al pronunciarme en la Sentencia Definitiva N° 10/SCA/04 (in re "D. G..") definí la notificación diciendo : "Su concepto., si bien no es unívoco (hay quien la considera un acto administrativo como GONZÁLEZ PÉREZ, en tanto para otros simple acto de la administración) indica que consiste en la comunicación, a una persona nominativamente determinada, del contenido de un acto administrativo que la afecta, cuya entrega a la misma es preciso acreditar ///en forma, y que reuniendo los requisitos exigidos por las normas de procedimiento produce efectos jurídicos.- Estos efectos consisten en que la notificación determina el comienzo de la eficacia de la resolución o acto que traslada al destinatario, e inicia el plazo para poderlos recurrir (Manuel Jesús NÚÑEZ RUIZ - La notificación de los actos administrativos en el procedimiento ordinario - Ed. Montecorvo - pág. 20/21).Acto formal -aunque no de solemnidad rigurosa- documental, de trámite, expreso, reglado de ordenación del procedimiento, son los caracteres que la doctrina le asigna.- Es además imprescindible, pues ningún acuerdo ni resolución pueden producir efecto, ni causar perjuicio a otro sino a su punto de partida".

Además, señalé ".si bien notificación y publicación son formas de comunicar, son actos de naturaleza y efectos distintos.- En el acto administrativo concreto, particular, la notificación es la forma necesaria de comunicación para su eficacia respecto del interesado, y por ello lo exige .el Dto. Ley 920, art. 61, y supone la entrega del documento que contiene el acto que se notifica, con constancia de recepción, fecha, e identidad del acto notificado.- Y salvo el caso en que el interesado fuere desconocido o se ignorare su domicilio, en que se impone una publicación sustitutoria de la notificación, la publicación no suple el acto de notificación . Se dice, por otra parte, que la notificación se relaciona con la eficacia, no con la validez del acto que se notifica (el fallo que he citado antes).- Validez, se conecta con la axiología y está dada por la adecuación de la actuación administrativa con lo previsto en el ///ordenamiento jurídico; esta conformidad determinará su aptitud abstracta para producir efectos jurídicos.- Eficacia, en tanto, es un concepto relacionado con la ontología, se trata de algo empírico, y se traduce en la idoneidad, efectiva y concreta para producir efectos jurídicos .En comentario a una sentencia que así lo distingue, en una posición extrema, VIALE, sostenedor de la inescindibilidad entre validez y eficacia, llega a sostener "la notificación es un requisito inherente a la forma y ésta al acto...si no hay notificación no hay forma, y por lo tanto no existe el acto".Completaba el fallo que vengo glosando con NÚÑEZ RUIZ, que en una posición más moderada, "aceptará -como lo hace la doctrina mayoritaria española y argentina- el "despegue" del acto de notificar del acto notificado, admitiendo que la notificación pueda ser inválida, o nula, con prescindencia de la validez intrínseca del acto que se notifica.- Aún así, es claro, la ejecutividad del acto queda suspendida hasta tanto no se cumpla con la notificación según la previsión normativa".- Y finalizaba "por ello se dice, que hay un deber de notificar que pesa como obligación de la Administración, y un derecho correlativo de los administrados a ser notificados de las decisiones que afectan sus intereses.- Y aún cuando no se considere un "derecho subjetivo", lo cierto es que si no se practica, o se hace defectuosamente, no surgen para la persona las consecuencias del acto que no le fue notificado (GONZÁLEZ PÉREZ - El Procedimiento Administrativo - Madrid - pág. 433).- Notificación, que para que sea válida y produzca su efecto normal, debe cumplir con los requisitos ordenados por las leyes y reglamentos, requisitos que se han clasificado en subjetivos (del órgano y funcionario notificante, y del receptor), objetivos (sobre el contenido de las notificaciones) y de actividad (modo, tiempo y lugar).- Según la ///trascendencia del requisito, medida en orden a la afectación del derecho de defensa, su defecto determinará la inoperancia de la notificación. (NÚÑEZ RUIZ - ob. Cit. - Capítulos IV - VII)".-- Expresé también: "no se debe perder de vista "que con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante los organismos administrativos, y en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca que el particular tenga conocimiento cierto del acto, y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. La posible vulneración de la garantía de defensa debe ser evitada...aún ante aquellos organismos en que está previsto un procedimiento especial ...cualquiera fuese la forma de aplicación de las normas procedimentales generales -directa o supletoria- la solución sería la misma: al no estar notificado el acto administrativo, éste carece de eficacia..." ("Pindapoy SA ..." - CNFCA - Sala IV - LL 1995-A-94)"".-- 7.3.- Atendiendo a estos conceptos de sendos puntos precedentes, lo incontrovertible y evidenciado en autos, es que bajo la pretensión de Reglamento -que tampoco lo fueron las Resoluciones 6 y 8/07, sino "actos administrativos destinados a una pluralidad indeterminada de sujetos" de estar a la opinión pretranscripta en 7.1- ésta Nº 108, sin duda ninguna no lo fue, pues los destinatarios estaban determinados, por lo que, más allá de la publicación en el Boletín Oficial Municipal que ordenaba en su texto, debió ser notificado fehacientemente a cada uno de ///los inscriptos en el Concurso, que eran las personas que para ese momento revestían la calidad de "participantes del certamen", cumpliendo las normas de procedimiento administrativo -ya instauradas como principios- que imponen notificación del acto a toda persona cuyos derechos e intereses se ven afectados con la emisión del acto.- La modificación acaece además "sobre el certamen", lo que a todas luces impide su cuestionamiento.- Aduciendo la preexistencia de una "reunión", no toma la comuna el recaudo de obtener la aquiescencia escrita, bajo firma, de todos los inscriptos que dice estuvieron presentes, única circunstancia que podría legitimar su comportamiento, pues de ese modo -aún sin acto- se prestaba -y demostraba- su consentimiento para la modificación de las bases del contrato que constituía ya, para los registrados, el Certamen.- 8.- Ninguna constancia cierta de ese conocimiento.- La Municipalidad apelante asevera que el actor sabía de la modificación comentada, pero no adjuntó a la causa material probatorio suficiente que permita sustentar que efectivamente esa notificación existió.lo cual -debe decirse- no se concilia con las reglas de la carga de la prueba; no puede perderse de vista que era la quejosa quien tenía a su cargo el deber de probar el presupuesto de hecho que invoca, conforme el art. 377° del CPCC (ahora art. 381° Ley XIII N° 5).

No se avizora en autos, insisto, ningún documento o elemento válido que permita aseverar, como lo hace en esta sede la apelante, que C. sabía de tal modificación. Y las formalidades exigibles al ///obrar estatal impiden hacer derivar el supuesto conocimiento de dicha variación a través de la prueba testimonial como esgrime la quejosa como bien lo ha señalado el Segundo voto de la Cámara.- Ello me recuerda mi propia opinión dada en S.D. N° 7/SCA/10 (in re P..") donde traía a GONZÁLEZ PÉREZ, citando Sentencias del Tribunal Supremo Español, quien expone que un inveterado principio tiene establecido que incumbe la carga de la prueba al que afirma. no al que niega. y que aquella regla general enunciada "puede verse matizada o alterada aplicando el criterio de la facilidad: ocurre que en ocasiones, la prueba de un dato de hecho puede resultar fácil para alguna de las partes y difícil para la otra y ello tiene trascendencia en uno u otro sentido para las reglas que reparten la carga de la prueba en virtud de las exigencias del principio de la buena fe en su vertiente procesal" (¿cargas dinámicas?...no hace mención el maestro) (Manual de Derecho Procesal Administrativo - Civitas- 2º Ed. Pág.312)".

Compartí con el autor citado que "En orden a la "presunción de legitimidad" o veracidad del acto administrativo. afirmaba "la presunción de legalidad del acto administrativo desplaza sobre el administrado la carga de accionar para que se produzca la figura del acto consentido. pero no afecta a la carga de la prueba que ha de regirse por las reglas generales.".-- /// Añadí que en la doctrina nacional, GORDILLO señala que, en materia probatoria, el Derecho Procesal Administrativo no se aparta de las reglas básicas del Derecho Común (coincide GONZÁLEZ PÉREZ), aunque su dinámica pueda ser diferente, y -citando al italiano TREVES, sostendrá que "la presunción de legitimidad del acto administrativo importa en todo caso una relevatio ad onere agendi pero nunca una relevatio ad onere probandi; de allí se sigue, en palabras de MICHELI, que "de por sí la presunción de legitimidad no es suficiente para formar la convicción del juez en caso de falta de elementos instructorios" y que no puede en modo alguno sentarse el principio de "en la duda a favor del Estado". En otras palabras -acota- la presunción de legitimidad del acto administrativo no invierte, pues, la carga de la prueba, ni libera a la administración de aportar las pruebas según su posición.(La prueba en el Derecho Procesal Administrativo - LL 1996-A-1398). La prueba -sigue- está a cargo primariamente de las partes y está dirigida al juez y esa carga -dependiendo de la naturaleza de la pretensión- puede que repose en una de las partes más que en la otra.. Esa verdad jurídica material u objetiva no es -como lo enseña MORELLO- una verdad absoluta y abstracta, sino que debe entenderse como "un estado subjetivo del juez cuyo acceso a esa verdad (certeza) se ha ajustado a un procedimiento reglado y a pautas y guías lógicas y de experiencia y en consecuencia a una certeza suficiente sobre los hechos. La presunción de legalidad. no evita -añade- que la Administración Pública -frente a una concreta impugnación tenga la carga jurídica de acreditar la conformidad de su conducta con el ordenamiento jurídico, pues. la carga que sobre el particular pesa de instar la acción judicial no desplaza la carga de la prueba que recae sobre ambas partes de acreditar los supuestos de hecho ///de la norma jurídica cuya aplicación reclaman en el caso concreto".-- Con lo dicho, me encuentro en condiciones de aseverar que ante la expresa negativa del actor, reiterada en el escrito de contestación del memorial de agravios en el sentido de que no conocía que a la Categoría en la que resultó vencedor se le había asignado como premio únicamente Trofeos, luego de su inscripción en el certamen, lo que controvierte la quejosa insistentemente exponiendo que ciertamente tenía conocimiento de ello, debió acreditarlo.- En tanto no lo probó, deberá cargar con las consecuencias de su fatal omisión.-- 9.- Por ello, el contenido de la Resolución N° 108/07 como bien lo decidió la Cámara a-quo no puede oponérsele al actor pues carece de eficacia, además de contravenir el principio de Buena Fe y la Teoría de la Confianza Legítima a la que dediqué extensos párrafos anteriormente.- De ello deriva que la Sala B de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia cuando condenó a la ahora quejosa a abonar la suma fijada en la Resolución N° 8/07 para el primer premio de la categoría "cantidad de peces obtenidos" obró conforme a derecho, sin el acusado apartamiento de la norma legal aplicable invocado por el Apelante, razón por la cual dicho argumento debe rechazarse.-- Y ello sella la suerte de esta apelación.-- /// 10.- Así, porque el agravio que arguye la Municipalidad de Camarones contra la sentencia en crisis, que se refiere a la forma en que el Tribunal a quo debió valorar la prueba testimonial producida, es ineficiente, y lo es por varios motivos.

Dígase que el fallo de Cámara no meritó los testimonios.- El primer pronunciamiento, aplicando "rigor crítico" fundado, señalando que "los testigos ofrecidos por el actor sostienen las argumentaciones de éste y los de la demandada apoyan los argumentos del oferente.- Éstos fueron quienes recibieron el premio.aquéllos los que participaron del concurso.hay interés en la decisión.comunidad de intereses (fs. 211).- El segundo, afirmó lo ya indicado en el punto 8 -en lo que coincidí-: "los testimonios son insuficientes a la hora de decidir la litis" y añadió ".tienen interés en el pleito.basta la documentación acompañada y los reconocimientos de la demandada." (fs. 215 vta.).-- 10.1.- Parcialmente acuerda la demandada con respecto a los testigos de la contraria en orden al interés.negándolo en los propios y añade que aquéllos "eran amigos.".- Mas este "acuse" es inoportuno.- Como es sabido, "la oportunidad procesal para tachar a los testigos en sus personas o en sus dichos queda cerrada al vencer el plazo probatorio (art. 394), de tal suerte, que la facultad de alegar y probar acerca de las circunstancias que presuntamente inclinaron a los testigos a deponer a favor de una de las partes, o que tendían a disminuir o anular la fuerza probatoria de sus testimonios, no puede ser ejercida tardíamente en esta instancia por vía del recurso de apelación. Lo único que puede ///cuestionar la parte por la vía recursiva empleada (apelación), es el error o acierto en la valoración de las prueba conforme a las directivas del art. 40 del CPCC, que efectuó el juez a-quo en la sentencia" (Conf. CyCom. Sala 1, Sent. 192 del 11.8.94 - en elDial.Com -BB1B22).- Por otra parte, no habiéndolos tachado, por el principio de adquisición, los resultados de la actividad procesal que realizan las partes dentro del proceso se logran para éste, al margen de quien haya producido los actos respectivos y de la distribución de la afirmación y de la prueba. Entonces, las pruebas constituyen elementos de convicción comunes a todas las partes intervinientes en el proceso y el juez en el decisorio puede hacer mérito indistintamente de ellas, con prescindencia de cuál haya sido la que le hubiere aportado. (Conc. Morello- Sosa- Berizonce "Códigos Procesales."Tomo I - 2da. Ed. Reelaborada y ampliada- Edit. Platense - Abeledo Perrot, 619/620). En concordancia con ello, dígase que la unidad de la prueba es su comunidad, esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que sólo a éste beneficie, puesto que, una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla". (Conc. HERNANDO DEVIS ECHANDÍA "Teoría General de la Prueba Judicial" - Tomo I - Zavalía,1988 - pág. 118).-- /// 10.2.- Pero por sobre todo, el Municipio apelante no atendió las argumentaciones dadas por el fallo para desdeñar la testimonial, ni las rebate.- Tampoco se hace cargo de sus propias omisiones, que el decisorio hace manifiesto. No sólo de los elementos probatorios que pudo haber acompañado, sino que ni siquiera manifestó motivos o razones de incumplir con el pedido de remisión de expediente administrativo -prueba cierta para establecer la verdad real- lo cual priva de toda seriedad a su embate.- En mérito de lo expuesto, propongo al Acuerdo desestimar el Recurso de Apelación deducido por la Municipalidad de Camarones contra el fallo en crisis, toda vez que esa decisión constituye una derivación razonable tanto de las constancias de autos como del régimen legal aplicable al caso concreto, y las argumentaciones traídas por la quejosa no han logrado demostrar el error en la valoración probatoria efectuada por el Tribunal a-quo, limitándose a realizar una serie de manifestaciones que indican su propio punto de vista en relación al mérito de la causa pero que de ninguna manera ponen en crisis los argumentos con que la Cámara justificó su pronunciamiento. ASÍ LO VOTO.- 11.- Dicho ello, habré de ocuparme ahora del expreso pedido de nulidad por defectos en la sentencia que dedujo la Municipalidad recurrente, acusando inexistencia de mayoría absoluta de votos en la Sentencia cuestionada, amparándose en lo prescripto en el art. 274º de Ley XIII Nº 5.-- /// 11.1.- En Sentencia Definitiva Nº 10/SRE/07 (in re "P., M. V..") mencionaba que "La Corte Suprema ha descalificado sentencias dictadas por tribunales inferiores cuando mediaron irregularidades referidas a esta causal, en supuestos donde no ha existido, por ejemplo, mayoría de votos sustancialmente coincidentes (Fallos, 261:263; 302:320; 304:590; 305:2218), es decir, cuando no ha habido unanimidad de criterios, que resulten suficientes para respaldar los considerandos del pronunciamiento emanado de un cuerpo colegiado. Ello priva a la sentencia de su esencia, que es ser una unidad lógica jurídica cuya validez depende no sólo de lo que la mayoría convenga en lo atinente en la parte dispositiva, sino que, también, ostenten una sustancial coincidencia en los fundamentos; o cuando en el desarrollo se verifica la existencia de vicios capaces de provocar la nulidad absoluta, inconfirmables que afectan una garantía constitucional".

Dije además que "la Corte Suprema de Justicia, desde tiempo atrás ha dejado sin efecto resolutorios que no cuentan con dos opiniones sustancialmente coincidentes en su fundamentación (in re Alonso, Horacio; de fecha 05/04/65, Fallos, 261:263) . en el entendimiento que la coincidencia en mayoría debe alcanzar, no solo al sentido en que finalmente se votan las cuestiones propuestas, sino también, a la motivación sustancial que las respaldan. No resultaría suficiente que se concluyera uniformemente en un decisorio, si las opiniones que la sustentan, contienen diferencias irreconciliables que, como corolario de una expresión razonada del derecho y fundada en los hechos del juicio, ///fracasare en argumentos que se eliminan o invalidan entre sí. La motivación es indivisible e insoslayable. Su ausencia, desvanece el vínculo lógico entre una y otra y no hay fallo verdadero. (S.T.J.CH S.D. Nº 4/79)".- Y concluía, en el fallo que vengo glosando, ".si los votos difieren, aunque los jueces manifiesten tener igual opinión sobre el punto sometido a discusión, la decisión será inválida, y, por ende, susceptible de ser declarada nula (Conf.: C.S.J.N. 5/12/83, Fallos, 305:2218).La obligación de emitir pronunciamientos coincidentes y fundados, constituye una exigencia indispensable que prevé el ordenamiento jurídico para proteger uno de los principios constitucionales más relevantes: el cumplimiento del debido proceso. Este se encuentra vulnerado, indefectiblemente, cuando se evidencia una grave irregularidad.".-- Dicho ello, la simple lectura del fallo pone de manifiesto que las Sras. Camaristas cuando se pronunciaron por aplicar a la suma de condena una tasa de interés, no justificaron ni dieron motivos fundantes de su determinación, además de arribar a una dispar decisión acerca de cuál sería el tipo de tasa que correspondía: el primer voto fija la Pasiva del Banco de la Nación Argentina; el segundo, la Activa del mismo Banco. Obsérvese que luego de ese disímil criterio esbozado, concurrió la tercer Votante, quien se abstuvo de pronunciarse al considerar que se encontraba reunida la mayoría con la opinión de sus Colegas preopinantes, sin advertir esta discrepancia.

/// Esa deficiencia en el resolutorio desvirtúa la eficacia del fallo a la hora de establecer el quantum de condena.- 11.2.- Sostiene Mabel DE LOS SANTOS, que mientras el recurso de apelación tiene por finalidad corregir errores in iudicando (decisión que se conceptúa injusta), el recurso como el incidente de nulidad tienen por objeto subsanar errores in procedendo (déficit de actividad en el proceso, los que pueden observarse tanto en el procedimiento como en las resoluciones judiciales). Aquél tiene por finalidad revocar total o parcialmente una resolución que se estima injusta, reemplazando lo resuelto por otra decisión, en cambio, la nulidad apunta a rescindir, casar, anular por su forma o contenido una resolución o los actos que la han precedido y de los que ésta aparece resultante. Destaca -la autora- que la mayoría de las legislaciones procesales han evolucionado hacia la vigencia del principio denominado por CARNELUTTI de "absorción de la invalidación (nulidad) por la impugnación (apelación)", el que tiene dos expresiones.- Por un lado, mayoritariamente los Códigos han restado autonomía al recurso de nulidad y, por la otra, siempre que sea posible subsanar los errores in procedendo de las resoluciones judiciales en sí mismas por vía de la apelación, no corresponde declarar la nulidad. Así se observan dos tipos de causales que autorizan el recurso de nulidad: a) el incumplimiento de los requisitos que condicionan la validez de las resoluciones judiciales y b) los vicios que afecten a los actos procesales que precedieron el dictado de aquéllas. Aborda luego lo relativo a la afectación de la doble instancia, aseverando que, no existe ningún ///principio afectado, pues debe tenerse presente que en todo lo que el Tribunal de Segunda Instancia está habilitado por el recurso para entender, tiene plenitud de conocimiento, tal como lo tenía el juez de grado. Al tener el Tribunal de Alzada la plenitud de la jurisdicción para conocer de aquello que fue sometido por la apelación (y la nulidad implícita), puede examinar lo que ha sido materia de apelación en todos los aspectos, asumiendo plena competencia sobre todo el material litigioso. Añade que cuando el Tribunal de Segundo Grado anula la sentencia que causa gravamen irreparable, o la que decide en forma definitiva, o la sentencia sobre el fondo por vicios de la misma, y resuelve directamente sobre las pretensiones, queda suprimida una instancia de las dos ordinarias. Ello así puesto que el Juez ejercitó y agotó la jurisdicción expidiéndose, aunque irregularmente, en la primera y la Cámara al anular y resolver sobre el fondo está haciendo efectiva la segunda. Las dos, por otro lado, deciden el litigio, conformando ello la doble instancia: una viciada y la otra correctora, la solución contraria (el reenvío de la causa) produciría un dislate y la excesiva prolongación de, por lo menos, cuatro instancias: la primera anulada por la segunda, la tercera sobre las pretensiones y la cuarta revisión, lo que -eventualmente- no impediría recaer en seis o más en caso de mediar nueva anulación. (Conc.: "Una desviación práctica de los Recursos Ordinarios de Apelación y Nulidad: El Reenvío" en JA -1999 III-Julio-Septiembre, pág.1104-1111).-- 11.3.- Por lo tanto, en lo que a este Acápite refiere, y únicamente en materia de tasa de interés, lo destaco por las expresiones confusas contenidas en el Punto 2. del Petito del memorial de agravios (fs. 244), ///en tanto la sentencia en crisis no logró alcanzar la unidad lógica ni la conformación de la voluntad legal que exige el precepto del Código de rito citado por la apelante, es parcialmente nula, por lo que así propicio declararlo, y atendiendo las facultades propias de la alzada proceder a fijar aquélla (art. 255 Ley XIII Nº 5 - antes 253 CPCC).

11.4.- En este orden, dable es señalar que es criterio de esta Sala respetar en cada caso la tasa de interés que ha sido solicitada en la demanda, en tanto no haya sido controvertida. O bien -en su caso- la pactada o impuesta por las normas aplicables.

A partir del 1º de octubre del año 2002 -in re "G. L." (S.D. N° 6/SCA/02)- se modificó la doctrina legal del Cuerpo en materia de intereses no estipulados ni establecidos, y estimó que cuando la parte actora no especifica en el libelo inicial la tasa de interés conforme la cual deberá ser liquidada la acreencia cuyo cobro persigue por ante esta Jurisdicción, cabía imponer la mas adecuada a las circunstancias económicas, estimándose tal la Tasa Activa para préstamos personales del Banco del Chubut SA..- Ello, considerando la naturaleza de la relación -que lo era de empleo público- y en causas de esta naturaleza, la mencionada ha sido ininterrumpidamente aplicada.

En el sub-lite, se solicitó en la demanda la imposición de intereses sin especificar a qué tasa.- Al contestar el memorial de agravios, el Sr. C. invocó un precedente del Tribunal, la S.D. Nº ///3/SROyE/05 (in re "H..") donde la que se aplicaba era la "Tasa Activa del Banco del Chubut S.A. para sus operaciones de descuento de documentos", lo que -dada la oportunidad- la contraria no pudo contradecir.

Mas, en ejercicio de facultades propias de la judicatura, y ante la índole de la obligación, considero que aquella primero mencionada es la que mejor compensa el perjuicio derivado de la mora del acreedor, por lo que propongo su imposición en el caso.-- A la misma cuestión el Dr. CANEO dijo: - I.- Llegan a conocimiento de esta Sala las presentes actuaciones en virtud del Recurso de Apelación interpuesto por la Municipalidad de Camarones contra la Sentencia Definitiva N° 01/2010 (fs. 203/218) de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que la condenó a abonar al Sr. R. H. C. la suma por éste reclamada, correspondiente al primer premio obtenido en el Concurso de Pesca de Altura sobre puntaje, en el marco de la XXVII Fiesta Nacional del Salmón realizada los días 3 y 4 de Febrero del año 2007.- Finca sus agravios principalmente en que la condena descansa en una equívoca valoración de los hechos y de la prueba rendida en autos; acusa un apartamiento del derecho aplicable y esgrime que el pago del premio que el fallo ordena, le causa gravamen irreparable por ser el mismo -según lo interpreta- incausado, traduciéndose -destaca- en una "ilegítima mengua a los recursos del Estado Municipal" (fs. 240). Se ///alza además contra la valoración que de las testimoniales producidas realizó el Tribunal a-quo acusando que no advirtió el "interés económico" que tienen los testigos propuestos por el accionante y arguye que la Cámara "al apreciar la prueba rendida debió vincular una con otra y relacionarla con la totalidad de los elementos que surgen del expediente a fin de valorar adecuadamente la totalidad de la prueba" (240 vta.). Deduce finalmente, Recurso de Nulidad atribuyendo falta de coincidencia en la solución del litigio al ordenar los votos de manera divergente la tasa de interés que procede aplicar.-- Expuestos así los agravios de la recurrente, habré de atenerme en honor a la brevedad, a la reseña de antecedentes del colega preopinante, que efectúa un minucioso relato de los elementos incorporados a la causa: de los términos de la demanda y contestación, del fallo en crisis, del remedio deducido por la quejosa (fs. 240/244), de la contestación del memorial de agravios (fs. 247/248) y de los votos que las Sras. Camaristas dictaron en el fallo cuestionado, la cual, a la luz del expediente que tengo a la vista, resulta precisa y certera.- Descanso en ella para no efectuar una farragosa y reiterativa glosa.

II.- Ciertamente como lo advirtió el Dr. Royer en su voto, la problemática que plantea la presente causa contiene aristas muy particulares. Coincido con el colega en que comparte características de las relaciones originadas por el Juego, ya que la normativa tanto en el ámbito provincial como municipal es notoriamente falente.- No obstante ///-y también coincido- mas allá de la comunidad de características con el Juego de Azar, no es tal, y por ende, el derecho público local donde se encorseta prácticamente la totalidad de las relaciones jurídicas derivadas de aquél y que reconoce en el Instituto de Asistencia Social su autoridad de aplicación, ésta y su reglamentación, le es ajena.-- Lo dicho, me trajo a colación las palabras con las que Mario REJTMAN FARAH dio inicio a su obra "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" cuando con GORDILLO expresa "no hay reglas, hay casos individuales y concretos". Añade con GARCÍA DE ENTERRÍA, que la ciencia jurídica no siempre, es y no puede dejar de ser, una ciencia de problemas singulares (por ello) funciona con hipótesis y conjeturas a partir de grandes principios o valores, no como deducción a partir de reglas. Las reglas hay que conocerlas y estudiarlas, pues sistematizan y ordenan la mente;. El derecho es, sobre todo, una ciencia de problemas singulares. Conocerlo supone algo más que estudiar los digestos jurídicos o conocer el texto de una ley. Es, además, saber qué se logra cumplir de aquéllas. ..Es ver, en definitiva, a la Administración en marcha". Y agrega "El buen jurista -y más todavía el buen juez- no se limita a recibir pasivamente las leyes, sean correctas o incorrectas, justas o injustas, sino que, trabajando con ellas como materia prima, les busca el sentido correcto y justo al insertarlas en el ordenamiento jurídico y, contrastando luego su operatividad real, denuncia las deficiencias del sistema y pone en juego toda su ciencia y autoridad para conseguir que sirvan a los objetivos sociales deseables. la aplicación de las normas en la realidad no siempre coincide con lo que surge de la lectura de su texto.".(Edit. Abeledo-Perrot, 2010, pág. 1 y 3).-- /// Cité estas expresiones, para graficar lo que evidencian estos actuados, donde no es sencillo "encorsetar" el Concurso de Pesca de Altura del cual deriva la condena al pago del primer premio ordenado por la Sentencia en crisis, en un orden jurídico preestablecido o contenido en una reglamentación estable. Ello porque, "el Estado municipal en marcha" se ha dado su normativa, proporcionándole la propia apelante características y especificaciones al Certamen que solamente pueden aplicarse a la realización de ese evento. Así lo expongo porque, examinando la página web de la Municipalidad de Camarones he podido advertir que el que aquí se denomina "Reglamento", es distinto del autorizado -impuesto, establecido, publicitado- para otras Fiestas.- Se "actualiza" año tras año al efectuar la convocatoria al mismo. Obsérvese por ejemplo que a la XXX Fiesta Nacional del Salmón, realizada en el 2010, le correspondió una regulación propia y diferente de la que se adjuntó en autos. En el mismo se habían introducido otras modificaciones que no incluía la cuestión que es objeto de debate, donde se ha incorporado una cláusula que podría afirmar que ha recogido los inconvenientes ocasionados en la XXVII Edición de la Fiesta, pretendiendo superarlos, ya que fija "Cualquier circunstancia que surgiere en temática del concurso y/o premiación, que implique modificación de lo difundido, se realizará previo acuerdo de todos los concursantes" (publicado en: www.camarones.gov.ar).- /// En resumen, las particularidades de este Concurso deportivo, determinan que no quepa exactamente en ninguna de las figuras de relación jurídica nominadas o conocidas, razón por la cual, el estudio de los preceptos legales en los que corresponde subsumir el Certamen de Pesca cuyo primer premio en la Categoría "cantidad de piezas" que reclamó C. importa desandar un camino, partiendo de las reglas prefijadas por la Municipalidad para el evento, examinando la relación que del mismo derivó, para discernir la razón de su apelación.

II a.- Comienzo por el hecho de que el Concurso fue organizado por el Municipio recurrente.- Las bases y condiciones se consignaron en un nominado -insisto en ello- Reglamento (fs. 7); fueron debidamente promocionadas y publicadas por los medios locales, a través de anuncios y afiches publicitarios, pues así había sido ordenado en las Resoluciones que contenían aquéllas, las que fueron acompañadas -no desconocidas- al contestar la presente demanda.

Refiriéndose a los premios que se obtendrían, expresó ese "Reglamento" que "se establecen por instrumento separado". Es así que el mismo se integró con las Resoluciones N° 6/07 y 8/07 que con fecha 3 de enero de 2007 dictó el Sr. Intendente de la Municipalidad de Camarones y corren agregadas a fs. 51 y 50, respectivamente.-- El texto de estos actos administrativos también fue detallado por mi predecesor en su voto y no voy a reiterarlos en honor a la brevedad. Baste evidenciar que los Considerandos de la N° 8/07 ponen de manifiesto, entre otros motivos, que el atractivo principal de la Fiesta "se encuentra ///en el Concurso de Pesca de Altura" y que para "motivar y reconocer a los participantes pescadores se ha dispuesto la entrega de premios en efectivo, además de trofeos". Fue así que el art. 2° estableció como clasificación y escala de premios que quien resultara posicionado entre el 1er. y 5to. puesto sería galardonado con un trofeo. Pero además, los ubicados en las dos primeras posiciones, esto es el 1ero. y 2do., obtendrían además el pago de la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6000) y CUATRO MIL ($ 4000), respectivamente. Asimismo, al pescador que consiguiera la "Pieza Mayor" -la otra categoría, dentro del mismo Certamen- se lo premiaría con la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) en efectivo y un trofeo.

Dentro de los días festivos, pero antes del inicio de las jornadas de pesca propiamente dichas que, según estableció el "Reglamento" se llevaron a cabo el 3 y 4 de febrero, después de formalizadas las inscripciones porque así lo asegura la apelante, se dictó la Resolución N° 108/07 que modificó sustancialmente la escala de premios antes referida. Así porque, según expresan los Considerandos del acto, reunidos con los protagonistas del evento -los pescadores- se "ultiman detalles y (acuerdan) criterios de la competencia" y "por moción de los mismos pescadores y posterior acuerdo total" (6to. Cons.) los premios asignados al 1° y 2° puesto de la clasificación general (puntos obtenidos por el resultado de la pesca) fueron transferidos a la de Pieza mayor.-- /// De esta manera, mutó el organizador la premiación, porque según esta nueva modalidad quienes participaban en la Categoría General únicamente competirían por un trofeo mientras que la Categoría Pieza Mayor tendría como recompensa del 1° al 3° puesto dinero en efectivo.

Sucedió que el Sr. C. -inscripto- resultó vencedor en la primera de las categorías mencionadas, es decir, aquélla que beneficiaba a los que obtuvieran mayor cantidad de puntos por el resultado de la pesca y, en ocasión de la entrega de los premios respectivos, recepcionó el trofeo.- Reclamó entonces a la Municipalidad el dinero en efectivo según el "Reglamento" y Resoluciones vigentes al momento de su registración (Nº 6 y 8/07), por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6000).- No obtiene respuesta y acude al pleito con idéntica pretensión.

Ante ello, la Municipalidad al contestar la demanda le opone la Resolución Nº 108/07 ya descripta, la que, trasladada al actor, negó su existencia; no obstante "si existiera" -dijo- adolece de vicios que afectan su validez y vigencia: digrega sobre el momento en que se habría celebrado la "reunión de los pescadores" que fue su fundamento (después de las 21 hs. dijo - la que además niega), la oportunidad en que fue firmada (fuera del despacho y del horario administrativo, a las 22,30 hs.) . y sobre su publicación, que sólo pudo ser -consideró- después del concurso mismo pues no hay Boletín Municipal..

/// En el responde y al fundar la apelación, la Comuna además se limitó a manifestar que C. había estado presente en la reunión previa a la Competencia que fue mencionada en los Considerandos del acto como justificante del cambio efectuado, y por ende conocía de la misma, y trató de probar esta concurrencia por los dichos de testigos y alegando también que el nombrado "consintió" la modificación desde el momento en que ingresó al mar para participar de la competencia.

II b.- ¿Podía el Estado Municipal introducir tal y como lo hizo, la variación en las condiciones iniciales de este Certamen después de efectuadas las inscripciones de los concursantes?.-- En forma preliminar diré que ninguna previsión en ese sentido expone el "Reglamento" y/o los actos administrativos que rigen la realización del torneo. No hay cláusulas que refieran específicamente a la posibilidad de introducir alguna variante en el evento ni el modo en que puede efectuarse la misma.-- Siendo así, debo introducirme en el estudio de la naturaleza jurídica de la relación que involucró a las partes, para poder establecer finalmente si, tal como acusa el apelante, el Tribunal a quo se apartó del derecho vigente cuando le da la razón al accionante y lo condena al pago del premio.-- /// Reiteraré que el tema en debate se aproxima a la vinculación que se origina por las distintas formas que adopta lo lúdico: juego, apuesta. Añadiré que así lo estimo porque si abordara el análisis de la causa desde otras temáticas que involucran promesas, como podría serlo el referido a la selección del cocontratante estatal, inmediatamente se desvía el estudio a otros tópicos como Concursos de antecedentes y condiciones a los Pliegos de Licitaciones Públicas o Concursos de Precios previos a las adjudicaciones de contratos, o Concursos de idoneidad para la designación de empleados púbicos, y ninguno de estos ejemplos proporciona fundamentos atinados para dirimir la cuestión en tratamiento.-- Con el juego en cambio, el álea (reconociendo la menor proporción en que ésta figura en una competencia deportiva), la adhesión (a los cánones preestablecidos por el organizador), y el derecho a la obtención de la satisfacción prometida, encuentro la similitud de figuras que me autoriza a juzgar la relación jurídica participante/organizador.- Esto es, como un contrato.

Así se ve en este ejemplo de un caso fallado por la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba: "La pretensión esgrimida reconoce su génesis en un contrato de apuesta (art. 2055, Código Civil), sometido . a las regulaciones que dictan las autoridades administrativas (arg. art. 2069, C.C.). Cuando de rifas o loterías se trata, rigen las respectivas ordenanzas municipales o reglamentos de policía y su eficacia vinculante se encuentra inescindiblemente unida a los términos de la normativa general establecida por los órganos competentes ///a que se hace mención en el precitado art. 2069, C.C. y, en particular, a las normas especiales que para cada juego fija el órgano administrativo específico. Esto es, se trata de un contrato en el cual el Codificador ha sujetado su regulación a las normas municipales o reglamentos de policía según el caso, en tanto la correcta interpretación del art. 2069 del Código Civil "remite a la legislación local, como lo es el derecho administrativo, se trate del derecho administrativo en jurisdicción nacional o del derecho administrativo en jurisdicción provincial. Al remitirse a las ordenanzas municipales y reglamentos policiales, con ello se ha querido mencionar lo que es de competencia del legislador local lato sensu (la legislación nacional y la legislación provincial y ordenanzas municipales), así como a los reglamentos administrativos (de ejecución, delegados y autónomos) y edictos policiales (...) A su vez, resulta un contrato de adhesión a condiciones generales, en tanto la redacción de sus cláusulas corresponde a una sola de las partes, el predisponente, mientras que la otra debe limitarse a aceptarlas o rechazarlas, sin poder modificarlas. (...) Entonces el contrato es típicamente adhesivo y en él su perfeccionamiento acaece como consecuencia de que una de las partes predispone y prepara el contenido y la otra simplemente adhiere y, desde otro ángulo, corresponde a la especie de los contratos aleatorios, desde que la ventaja perseguida por las partes se encuentra condicionada a un acontecimiento incierto en su realidad, como es el resultado en el juego. . La relación que se establece entre quien apuesta y organiza el juego, se encuentra reglamentada por prescripciones condicionantes del acceso de la apuesta al sorteo, potestad ///reglamentaria respecto de la cual el Alto Cuerpo de la Nación ha sostenido: "(...) Esta Corte ha tenido oportunidad de declarar que .en el marco del derecho administrativo en que se desenvuelve resultan admisibles cláusulas que exorbitan el ámbito del derecho privado" (...)(Conc.: Sent. 11.11.08 in re "Méndez, María." elDial.comAAE4C0)(la negrita la agrego).- Si traslado lo expuesto a la causa, también cabe considerarlo por las particularidades antes mencionadas, dentro del típico contrato "de adhesión".- Administrativo, en tanto el predisponente es una persona de derecho público -Municipalidad de Camarones-; y fijadas las condiciones (por el Municipio "organizador") a que deberán sujetarse quienes deseen participar del Concurso de Pesca, los interesados (pescadores, en el sub-lite) se inscriben adhiriendo o consintiendo las pautas previamente impuestas. Además es "aleatorio", porque en este tipo de acuerdo ".la ventaja que las partes obtienen del mismo no es apreciable con motivo de su formación, por depender esa ventaja de un acontecimiento incierto al que los contratantes han querido subordinar sus posibilidades de ganar o de perder" (Conf.: Luis LEIVA FERNÁNDES- "El Alea en los Contratos" La Ley -2002, pág. 11), y así ocurre en el Concurso de Pesca de Altura -como en toda competencia deportiva- donde ciertamente hasta su finalización, no es posible vislumbrar dentro del universo de pescadores inscriptos quién será el que resulte ganador.- II c. Recuerdo que en relación a los contratos administrativos, en mi voto en S.D. N° 01/SCA/08 (in re "P..") -citando la S.D. N° 04/SROyE/06- y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la ///Nación tengo dicho: "Si bien la noción de contrato es única, común al derecho público y al privado, pues en ambos casos configura un acuerdo de voluntades generadora de situaciones jurídicas subjetivas, el régimen jurídico de estos dos tipos es diferente. Existen diferencias de fondo que determinan que tengan un régimen especial, y sus efectos no sean los mismos que los contratos civiles" (in re "YPF c/Pcia de Corrientes del 3/3/92)".- No obstante, también ha señalado, que existen elementos constantes y formales, que hacen que al contrato administrativo, le sean aplicables los principios rectores del Derecho Común, dependiendo de la materia que se trata, de la índole de los acuerdos, de la normativa explícita de fondo, que las reglas de derecho privado puedan aplicarse o no al campo del derecho público. Incluso las peculiaridades indicadas, harán que en algunos casos, algunas reglas de ese derecho madre resulten pertinentes de englobar la situación y otras no. De cualquier modo existen reglas que serán comunes, tales el contrato como ley para las partes (CS "Benítez, Eduardo...." - 17/9/96 - JA 1997-III-45) y la buena fe contractual (CS "Necon S.A..." 4/6/91, "YPF c/ Corrientes" -3/3/92, "Cinplast...." - 2/3/93, SCBA 6/9/88 Ac.049817), que no son sino principios generales del derecho, e inclusive la coincidencia de voluntades, aún a cláusulas preestablecidas (CNFral. Civ. y Com. 16/12/94 - JA 1995-II-166).

En materia de interpretación, bueno es recordar un antiguo precedente del Cuerpo, que sostuvo "... las expresiones usadas en los contratos por las partes no deben ser entendidas en forma aislada sino en ///función del contexto general del instrumento y fundamentalmente en base a los actos y conductas de los contratantes posteriores a la celebración del acto constituyendo uno de los elementos más valiosos para establecer el sentido y alcance de lo que pretendieron convenir. Interpretar un contrato ...es determinar el auténtico significado de la voluntad declarada por las partes", añadiendo: "...ha de efectuarse una interpretación fáctica o auténtica para desentrañar la intención común de los contratantes y el alcance de la cláusula. Es que en la aplicación práctica que los contratantes han realizado de las estipulaciones del contrato, aplicación anterior a las desavenencias litigiosas, se encuentra el genuino sentido de los mismos. ...Los hechos de los contrayentes, subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo que se discute, serán la mejor aplicación de la intención de las partes al tiempo de celebrarse el contrato" (S.D. N° 39/85); y coincide la Jurisprudencia con el tradicional criterio expuesto "...son las palabras utilizadas...aquello que prima en la interpretación.. Así, si las cláusulas de un contrato son claras, expresas e inequívocas, debe entenderse que traducen la voluntad de las partes y los jueces no pueden, en principio, rechazar su aplicación. Por tanto, quien pretende dar a los términos empleados un significado distinto del que se desprende de su acepción común y general, debe producir la prueba pertinente" (C. Nac. Civ., Sala E, 26.9.96,"Arazi, David.", LL del 6.3.97, Fallos 39:274-S; CNCAFed., Sala 4ª, 28.12.98, "Sideco Americana ."JA 2001-II, entre otros).-- Entonces, aún cuando en el sub-judice el vínculo jurídico sea situado como aleatorio y de adhesión, la interpretación de la conducta de las partes debe realizarse al amparo de los términos empleados en el ///acuerdo de voluntades, conjugándolo además con las previsiones normativas aplicables al caso. Porque oportuno resulta señalar que, como previne en el precedente mencionado - S.D. N° 01/SCA/08- "el ejercicio de las potestades públicas .no puede en el Estado de Derecho ser ejercida al margen.del orden jurídico. El "señorío de poder y hacer" -en expresiones de SANTI ROMANO- las prerrogativas y potestades del Estado no generan un privilegio posicional, antes bien, procuran la realización concreta de las exigencias de intereses públicos, precisamente garantizando los derechos individuales en correspondencia con el bien común. La noción de Estado se abastece de un contenido axiológico a través del ordenamiento jurídico, no como fin en sí mismo sino teniendo en miras el bien común para procurar el orden necesario y la paz convivencial en la búsqueda permanente del valor justicia a la hora de satisfacer los derechos y garantías individuales (Conc. El principio de legalidad y los alcances del control judicial - Gustavo SPACAROTEL - Suplemento de Der. Adm. LL 16/2/06).-- II d.- Así las cosas, véase que la Municipalidad de Camarones convocó a un certamen y publicitó las condiciones del concurso detallando pormenorizadamente los premios que las dos categorías del mismo merecerían. Sin embargo, adoptó una medida contrariando aquellas especificaciones sancionadas previamente, afectando tal variación la legítima expectativa que fueron consideradas por los inscriptos para participar en el mismo y, con mayor razón, las del Sr. C. que a la postre fue ganador del concurso pero se quedó ///sin el premio de dinero en efectivo y reclamó su pago, asegurando luego la falta de comunicación de tal variación.- Claro está, la preeminencia del contratante Estado, además predisponente, autoriza la posibilidad de variaciones en los acuerdos de voluntades.- Variaciones que deben responder a causas justificadas de interés público, y por cierto ser debidamente comunicadas a los cocontratantes, otorgándoles la posibilidad de reacción, que integra la garantía del debido proceso que se debe al administrado, mas aún si tiene una vinculación contractual con el Estado.- Así lo tengo dicho en S.D. Nº 2/SCA/04 ("F..") y reiteré en otras, refiriéndome al procedimiento administrativo y sus fases citando a CASSAGNE "tanto el procedimiento de formación, como el de naturaleza recursiva, constituyen garantías a favor del administrado que le aseguran el ejercicio del poder de reacción frente a los actos perjudiciales a sus derechos subjetivos e intereses legítimos (Derecho Administrativo - Tomo II - pág. 373/375/381)".

Mas estas precauciones imprescindibles no fueron adoptadas por la Municipalidad de Camarones.- Reunión o no por medio, cierto es que no ha logrado demostrar en forma indubitable ni su realización, ni la "presencia" de todos los inscriptos -entre ellos el actor- en la misma, aspecto que trataré más adelante.- Omitió totalmente el cumplimiento de las formas.

/// Así lo resuelvo porque comparto la opinión del recordado maestro Julio COMADIRA cuando expone que todo acto administrativo es necesariamente formal, porque si la declaración no se produce, no existe, técnicamente, acto administrativo. La necesidad de asegurar el adecuado cumplimiento de todas las "formas esenciales", mediante la pertinente imputación de invalidez a su inobservancia, se debe a la doble función que ellas cumplen en el derecho administrativo. El contenido tuitivo que las formas tienen en el derecho privado dirigido a la protección de la seguridad jurídica y la celeridad del tráfico, adquiere, en efecto, significación diversa en el ámbito del derecho administrativo. En éste, las formas apuntan, por un lado, a la protección de los derechos e intereses de los administrados, y, por otro, al aseguramiento de la adecuada gestión del interés público, en su doble vertiente celeridad y eficacia. Añade el autor que una de las notas esenciales para caracterizar al acto administrativo radica en la producción de efectos jurídicos, distinguiendo que, tratándose de actos de alcance particular, dichos efectos sólo se generan a partir de la notificación al interesado, en tanto que los reglamentos requieren, para producir efectos, su publicación, sin ella no existen, pues no se producen los efectos jurídicos que le son propios. (Conf. "El Acto Administrativo. En la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos - LL,2004 - pág. 52/54 y 59).-- En relación al modo en que debe llevarse a cabo la comunicación, específicamente el autor que vengo citando expone que "éstas podrán realizarse por cualquier medio que dé certeza de la fecha de recepción del ///instrumento en que se recibió la notificación y, en su caso, el contenido del sobre cerrado si éste se empleare. Podrá realizarse: a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente; b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo (CNCAF, Sala II, 22/4/93 "Schapiro.), c) por cédula, d) por telegrama con aviso de entrega; e) por oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción, f) carta documento.; y añade coincidiendo con MARIENHOFF en que no es lícito, respecto de los actos de alcance particular, que la Administración supla su notificación con la publicación, ya que sólo mediante la primera es razonable admitir que el acto ha llegado efectivamente a conocimiento del directa y concretamente interesado." (Ob. y autor citado, pág. 60).-- -- Criterio éste que adopta el procedimiento administrativo provincial, al cual me referí en la Sentencia Definitiva N° 10/SCA/04 (in re "D. G."), explicando "sea que se considere como recaudo de validez o simplemente condición de eficacia- en tanto el derecho a ser notificado fehacientemente de los actos que los afectan, es una garantía de los administrados, integrante de las propias del debido proceso adjetivo, emanados del art. 18 de la CN, desde larga data admitido que se aplican al procedimiento administrativo (CASSAGNE - Derecho Administrativo - Tomo II - pág. 393). Y en el curso de ese procedimiento este acto es crucial, porque el administrado deberá elegir el camino a seguir para la defensa de sus derechos, en las distintas opciones que le confiere el orden jurídico, dentro de los plazos previstos a tal fin (Beltrán GAMBIER -Las notificaciones en el procedimiento administrativo- en Procedimiento ///Administrativo - Ed. Ciencias de la Administración - Jornadas de la Universidad Austral - pág. 321).- Comenté que, aludiendo a esta exigencia legal, la Sala II de la Cámara Nacional Federal en lo Contencioso Administrativo falló: "al establecerse la notificación de los actos administrativos como requisito para su eficacia, se procura garantizar los derechos de los particulares contra la posibilidad de que éstos se vean afectados indefensivamente por un obrar administrativo no comunicado (consecuentemente a partir de la notificación, comienzan los plazos para impugnar el acto).- Su fundamento está enraizado en la garantía de la defensa en juicio" ("Pacífico C...." 25/8/98 - elDial AH21DF; "Ultraocean..." - 27/8/98 - elDial AH21EA). La misma Cámara -Sala I- destaca con cita de GARCÍA DE ENTERRÍA, ENTRENA CUESTA, GARRIDO FALLA Y GONZÁLEZ PÉREZ que "la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, dado que resulta fundamental para preservar la seguridad jurídica, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración en garantía de los derechos de los particulares, vinculándose su régimen con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe" (Banco del Buen Ayre..." 27/12/94 - elDial AHA80, conc. "Frávega..." del 12/9/95 - elDial AHE6C). "El objetivo, el fin, la integración del acto administrativo, se logra, se concreta y se produce desde el momento en que el interesado a quien va dirigido toma conocimiento, que es el fin de ///la notificación.- Es entonces cuando el acto administrativo adquiere eficacia, no antes ni después..." ( Sala II - "Von Der Becke..." 16/9/93 - elDial AH75C - Sala V - "Parques Interama..." 4/9/02 - elDial AA143A).

Completé en el precedente que vengo comentando que "como principio general se ha establecido "para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado, y el de alcance general, de publicación..." (Sala I - "Casa ABE SA..." 15/10/99 - elDial AH2BA7) y "la notificación del acto administrativo constituye una condición jurídica que hace a la eficacia del acto... revistiendo una doble importancia: constituir un requisito ineludible que torna eficaz el acto, y actuar como presupuesto para que transcurran los plazos de impugnación del acto notificado" (Cám Fral. Seg. Social - Sala I - "Aguilar..." - 24/6/03 - el Dial AC1AC6).- (Sala II - "Flores..." 5/10/99 - elDial AH2BOF, conc. Cám. Cont. Adm. Tucumán - Sala 3 - "Pera..." - 30/4/03 - elDial BB56A7).- Otros Tribunales han dicho "Para que el acto administrativo goce del privilegio de la ejecutoriedad y de la presunción de legitimidad debe ser válido y eficaz.- Los actos administrativos tienen la eficacia propia de su ejecutividad en la medida en que se cumplimenten los requisitos que hacen a la eficacia del acto: su notificación, publicación...La falta de notificación...se relaciona con la eficacia, es decir con el nacimiento a la vida jurídica, y por ende, de cumplimiento insoslayable de los recaudos que impone el orden jurídico para que comiencen a producir sus efectos.- Si no hay notificación, no existe consecuencia jurídica, y por lo tanto, no puede ser exigible de ningún modo porque simplemente no ha ///nacido" (TSCba.- Voto Dr. SESIN en "Sanzone..." - 24/4/98 -elDial CA182D).- "la notificación del acto administrativo constituye una condición jurídica que hace a la eficacia del acto...revistiendo una doble importancia: constituir un requisito ineludible que torna eficaz el acto, y actuar como presupuesto para que transcurran los plazos de impugnación del acto notificado" (Cám Fral. Seg. Social - Sala I - "Aguilar..." - 24/6/03 - el Dial AC1AC6).- La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Bs. As. ha destacado -en atención a la fugacidad de los plazos- la importancia del rigor impuesto por la norma local para las notificaciones, a las que de no observarse los recaudos exigidos, priva de validez, y sostenido que debe ponerse un "especial cuidado" a fin de evitar que se pierdan derechos materiales por razones puramente adjetivas.- Afirma en consecuencia: una notificación que no haya sido hecha en debida forma no produce efectos, de lo cual se sigue que la propia resolución notificada tampoco podrá producirlos en contra del interesado, ya que la notificación demora el comienzo de la eficacia del acto.- Estas reglas aplicadas a notificaciones, no consagran -dice- un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses, y no en esté en inferioridad o indefensión (Sala II - "Méndez..."- 21/2/02- elDial BG323)(la negrita la agrego).- "La notificación del acto administrativo constituye un derecho de los particulares y una garantía jurídica de la actividad de la administración en cuanto puede afectar a sus derechos e intereses.- Se deben cumplir ///determinados requisitos impuestos legalmente en cuanto a la forma en que debe llevarse a cabo y contenido de las notificaciones...O sea que se producirá la nulidad de las actuaciones posteriores si se produjo indefensión del particular." (Cám. Fral. San Martín - "Boninni..." - 26/11/01 - elDial WS294).- "El medio elegido para practicar la notificación ...debe ser idóneo para garantizar que el notificado tome conocimiento en forma cierta tanto de los fundamentos como de la parte dispositiva de aquél a los efectos de garantizar su adecuada defensa y frente a la trascendencia de los efectos que produce dicho acto, el examen de su validez debe ser abordado con toda rigurosidad" (SCBA - "González..." 6/2/02 - elDial W13DD6).

En el fallo ya citado ("Méndez, María." Sent. 21/2/2002) mencionado en otro ("Marangoni, Carlos." Sent. 25/6/2002) la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostuvo "La notificación de los actos administrativos constituye una garantía de los particulares respecto de la actividad de la administración, en cuanto pueda afectar a sus derechos o intereses, ya que por ella se les informa de cargas y obligaciones impuestas por aquella .por esa razón y por la disímil posición jurídica que ocupan las partes en el procedimiento administrativo, aunado a la posibilidad de la actuación del particular sin patrocinio letrado y la fugacidad de los plazos de impugnación, es que el legislador ha revestido a la notificación administrativa de determinadas formalidades con el objeto, no de consagrar un inútil formalismo sacramental, sino de expurgar la posibilidad de que se produzca una situación de inferioridad o de indefensión del administrado. ///(Conc.:"Frigorífico La Pampa S.A.." Sent. 16/9/08 en LLCABA 2008 (diciembre), 315).

Con un motivo mucho mas trascendente pues mediaba promesa al público, la conducta del organizador -poder municipal- debió necesariamente ajustarse a las formas.- Fuere las previstas para el caso - y no hubo previsión- o las indicadas para un acuerdo de voluntades ya concertado.-- Ha de verse que al menos, plasmó la modificación en un acto; un acto que bien razona el actor al contestar su traslado, fue -como mínimo- muy apresurado, y en él ordenó publicar, pero que además debió notificar a cada participante registrado, asegurando incluso el poder de reacción.

Que los tiempos no daban?..es verdad.- Entonces debió sujetar su accionar a lo ya convenido, máxime si ninguna razón de "interés público" existía, sino, de estar a lo dicho por el acto y el responde, un motivo de oportunidad o conveniencia expuesta por pescadores en una reunión...- De más está decir, que al dictar el primer "Reglamento" y las Resoluciones Nº 6 y 8/07, esta justificación que esgrimió en la Nº 108, pudo haber sido tenida en cuenta.- No era el primer concurso de este tipo -ya lo he mencionado- que la Municipalidad organizaba.-- A partir de aquel sabio consejo de la Corte Bonaerense he de concluir que, frente a la indubitada negativa de C. de no ///haber recibido comunicación fehaciente en la variación de la escala de premios asignados a la Categoría del concurso en el que participó, aseveración ratificada por su consecuente obrar, pues reclamó el pago de la suma de dinero en efectivo que originariamente se había asignado al participante que obtuviera el 1er. puesto y que, realizado el evento recayó en su persona, presentando una nota por ante la Mesa de Entradas y Salidas de la recurrente el día 19 de marzo de 2007 -sello inserto a fs. 13- y fracasado ese intento, dedujo la respectiva demanda. Mientras que como contrapartida se avizora la indiferencia del Estado municipal que no respondió lo exigido en su sede y vino a la jurisdicción tratando de escudar su omisión de notificar, alegando con una serie de hechos que el nombrado "estaba al tanto" de aquella modificación.pero no acercó el Expediente administrativo, ni constancia ninguna de comunicación fehaciente.

II. e) Siendo así, tal y como surge de la causa, no tengo ninguna duda que la Resolución N° 108/07 en tanto no fue efectivamente puesta en conocimiento del actor a través de los medios respectivos, no puede oponérsele válidamente. Como acertadamente destacó el a-quo no es procedente considerar que, con motivo de su dictado, el contexto normativo que regulaba la relación entre C. y el Municipio apelante hubiese sufrido las modificaciones que ella contiene.-- III.- A más, del modo en que procedió, la Municipalidad ha violentado "el principio de la confianza legítima (que) se erige como una pieza clave en la limitación y control de la potestad administrativa de volver sobre los propios actos. Y es que la actuación administrativa de ///un Estado de Derecho está (y debe estar) caracterizada en gran medida por la existencia y a la vez por la permanencia de un determinado status quo de las reglas y decisiones fijas, que estimulan, dirigen y limitan la vida social y el comportamiento del individuo dentro de la sociedad. .la doctrina según la cual es dable exigir a las partes un comportamiento coherente ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a sus actos anteriores- se ha suscitado en el otro contratante (Fallos:311:971). Ello es así por cuanto no sólo la buena fe sino también la seguridad jurídica se encontrarían gravemente resentidas si pudiera lograr tutela quien .cambia a discreción la postura exteriorizada (doctr. de esta Sala "D., 29/10/98; "F. C. e H."5/5/92.) En definitiva. frente a la comprobación de la existencia de un comportamiento jurídicamente relevante de la Administración y de la afectación de intereses legítimos de los ciudadanos en razón de una variación de dicho comportamiento, no resultaría razonable considerar a la situación como digna de protección por parte del orden jurídico". (Conc.: CNACAF, Sala IV - Sent. 5/7/01- in re "Lagos Alcaíno, María Teresa." en elDial.com AA949) .- Ello así porque, como es sabido, "La confianza es el fundamento de la celebración de los contratos ya que "lo que funda la fuerza obligatoria del contrato es la confianza que uno de los contratantes inspira al otro. Betti, por ejemplo, alude a la confianza provocada en los demás por un comportamiento concluyente. La confianza en que el otro se comportará ///de buena fe, está jurídicamente protegida en el Derecho, ya que la violación de esa expectativa da lugar al resarcimiento al interés de confianza o interés negativo. .Todo contrato supone confianza entre las partes porque estas esperan que se cumpla en los términos estipulados. .Como regla general debe partirse del principio de la autonomía privada, que es un derivado de la autodeterminación de la persona. El fundamento debe ubicarse en los derechos humanos como límite al poder, en la necesidad de preservar un ámbito de libertad individual, que sólo existe cuando hay consenso: sólo cuando el sujeto quiere, puede existir obligación. El principio anterior, es corregido, limitado, por la seguridad jurídica como expectativa de cumplimiento. Por derivación de la seguridad y confianza en el tráfico, sabemos que hay situaciones objetivas en las que la apariencia creada y la actuación en base a la confianza, autorizan a imputar obligaciones, allí donde el sujeto no las estableció expresamente. El equilibrio razonado entre estos elementos da la medida justa del caso concreto: cuando menos objetiva sea la situación, y menos generalizada la creencia, menos razón hay para creer, de modo que aumentarán los deberes de información. Ambas reglas funcionan como vasos comunicantes de modo que al aumentar una, disminuye la otra y viceversa..El consentimiento en base a la oferta y la aceptación como declaraciones de voluntad unilaterales y recepticias, son técnicas que responden a las relaciones personales individualizadas en contextos igualitarios que dan origen a vínculos paritarios o discrecionales. En este caso, la confianza existe entre las partes como expectativa genérica de cumplimiento.La oferta como apariencia y la aceptación basada en la confianza: En estos supuestos, tanto el consentimiento como la adhesión resultan conceptos insuficientes, ///porque existen asignaciones de efectos jurídicos que no están conectadas con una declaración de voluntad directa, sino con comportamientos objetivos a los que el ordenamiento les adjudica consecuencias. Desde el punto de vista del oferente, no resulta obligado por su voluntad, sino por la apariencia jurídica creada; se trata de un fenómeno imputativo de efectos negociales en base a la regla de que lo declarado por sobre las intenciones. Desde el punto de vista del aceptante, no interesa tanto su voluntad, como la confianza que prestó al aceptar. La confianza remodela la declaración de voluntad del aceptante, según el significado que el receptor podía y debía conferirle en miras a todas las circunstancias, en el sentido que la buena fe puede razonablemente darle." (Conc.: Ricardo LORENZETTI - "La oferta como apariencia y la aceptación basada en la confianza" en LL 2000- D, 1155).

En ese sentido, en mi voto en S.D N° 2/SCA/08 (in re "V..") recordé esta doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "la buena fe implica un deber de coherencia del comportamiento que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever" (Fallos 323:3035 y "Estado Nacional - Estado Mayor General del Ejército ..." del 5/11/02) y sostuve que las gestiones de la Administración Pública "se encuentran presididas por el respeto a la buena fe, a la ética y a la transparencia que hacen nada menos que a la forma republicana de gobierno" (Fallos 325:1787).- Guillermo BORDA ilustra, que la buena fe en la ///interpretación del acto, implica la confianza ante una declaración de voluntad de que sus efectos serán los previsibles, por normales, en un caso dado; y en la ejecución, el principio obliga al cumplimiento de las obligaciones de la forma que, en cada caso, es dable esperar entre personas de conducta recta (Doctrina publicada en SAIJ)"..-- En mérito de las consideraciones expuestas, tengo para mí que, la Municipalidad de Camarones unilateralmente varió la escala de premiación que originariamente había pautado para el Certamen deportivo que organizara.- Lo hizo, conforme dice en los Considerandos de la Resolución N° 108/07 para evitar "irregularidades" que, según expuso acontecían con la modalidad cantidad de peces pues aparentemente varias embarcaciones salían ha efectuar la pesca y la depositaban toda en una única nave "colaborando" con el incremento del pesaje de ésta, la que de resultar triunfante distribuía el valor del premio con la "tripulación ayudante". Sin perjuicio de ello, lamento concluir que en lugar de transparentar la situación generó mayor confusión, a punto tal de encontrarse transitando una causa judicial. Digo, aún cuando las razones pueden ser atendibles, lo cierto es que, la modificación acaecida una vez iniciada la Fiesta y sin resguardar las formalidades que el obrar estatal impone, es una fatal incuria que genera consecuencias jurídicas que "la autoridad administrativa predisponente" deberá soportar. Su actuación y la de los participantes debía adecuarse a las bases y condiciones fijadas para el Certamen y debidamente publicitadas, pues a ellas adhirieron los inscriptos al Concurso de Pesca quienes obraron de conformidad a las mismas y esperaban de parte del Municipio organizador la conducta coherente con las pautas ///preimpuestas. Si mutó aquéllas y, como afirma C., no tuvo conocimiento fehaciente de esa modificación, tal y como resolvió el Tribunal a-quo en opinión que comparto, los efectos de la Resolución N° 108/07 no resultan oponibles al nombrado.- Por lo expuesto, soy de la opinión que corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado en contra de la Sentencia en crisis, vertido por la apelante en relación al acusado apartamiento del derecho aplicable.-- Y así lo dejo propuesto al Acuerdo.-- IV.- Sentado lo que antecede, la queja de la Municipalidad de Camarones relativa a la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal a-quo, mencionando que no se vinculó la misma con la totalidad de elementos que constan en el Expediente -que no trajo- de los cuales surge que la reunión de los pescadores existió, que sucedió antes de que las embarcaciones ingresaran al mar y que de ellas surge razonablemente la presencia de C..es en verdad inoficiosa.-- IV. a.- Lo es primero, por lo ya afirmado en los acápites anteriores.- IV. b.- Pero además, se equivoca cuando se agravia de la testimonial propuesta por la contraria porque no se consideró que los testigos tenían un interés económico en el resultado de este pleito. que como miembros de la tripulación del accionante se verían beneficiados ///por la distribución entre ellos del reclamado premio..que eran amigos. negando en cambio ese interés en los ofrecidos por su parte, que recibieron el premio.-- IV.b.1.- Primero, resulta desatinado el intento de la quejosa de evaluar la prueba aportada al proceso considerando cuál de las partes la introdujo al mismo, porque ello contradice -como ya lo observó el Dr. ROYER, en opinión que comparto- principios procesales como el de unidad, adquisición y comunidad de la prueba, amén de que los testigos no fueron tachados en el momento procesal oportuno.

El agravio así planteado, resulta inaudible por extemporáneo. "Las disposiciones del art. 456° del Cód. Procesal, en tanto facultan a las partes a controvertir la idoneidad de los testigos dentro del plazo de prueba, configuran una limitación que evidentemente tiende a eliminar la posibilidad de que alguno de los litigantes pretenda prolongar arbitrariamente la etapa probatoria articulando incidencias tardías. Es inadmisible la pretensión del recurrente de cuestionar ante la alzada la idoneidad de los testigos, en tanto el ejercicio de dicha facultad se encuentra limitado por las prescripciones del art. 456 del Cód. Procesal" (CNCom., Sala C, 19/6/98, LL 1998-F, 49- Sumario 16 en Elena HIGTHON -Beatriz AREÁN- "Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación."- Tomo 8 -Artículos 396/498- Hammurabi 2007, p. 366/367). "En ese direccionamiento lo determina el art. 456° del CPCC por lo que la falta de idoneidad tiene que alegarse y probarse en la misma instancia en que declaró el testigo; la idoneidad de los testigos que declararon en primera instancia no puede introducirse en segunda instancia como hecho ///nuevo. Se puede impugnar la idoneidad de los testigos siempre que se lo haga dentro del plazo de prueba. Y cabe advertir que la idoneidad se presume, y quien afirma lo contrario tiene la carga de probarlo (Fenochitto-Arazi-T. 2, pág. 481/482)(Conc.: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, "Valledor.", Sent. 21/10/09 - en LL AR/JUR/46850/2009).

IV.b.2.- Y además, "los diversos medios aportados deben apreciarse como un todo, en conjunto, sin que importe que su resultado sea adverso a quien la aportó, porque no existe un derecho sobre su valor de convicción. Una vez que han sido incorporadas entonces las testimoniales a estas actuaciones, la fuerza de su convicción que de ellas extraiga el juzgador se encuentra totalmente despojada de cualquier consideración relativa a quien la ofreció e introdujo al proceso (Conf.: Kielmanovich, Jorge "Teoría de la prueba y medios probatorios" Rubinzal Culzoni, 2001, pág. 63).

IV.b.3.- Sumado a ello, no formula crítica razonada del criterio utilizado por la Cámara para no ameritar estas pruebas.- La Sra. Camarista que votó en primer lugar, expresó claramente -fs. 211, 6to. y 7mo. Párrafo- que no tenía dudas acerca del interés que los testigos tienen en la decisión y por tal motivo -previno- debían ser analizados con mayor rigor crítico y ponderados con mayor cuidado; pero así en tanto las declaraciones fueran categóricas, amplias, sinceras, con razón de sus dichos y no deben dejar dudas. Y en autos -aseveró- estas condiciones ///no se advierten (el resaltado es propio).- La que se expidió en segundo término dijo (fs. 215 vta.) que las testimoniales eran insuficientes por su interés en el pleito.

El rebate parcial que ensaya para que se consideren los testigos C. (A. y C.) no es suficiente como crítica.- El "aleatorio hecho de haber ganado el concurso" -por utilizar sus propios términos- fuere que debieran devolver o no -como asegura la apelante- las sumas que se le otorgaron como premio en virtud de la Resolución Nº 108/07, no menoscaba el interés, pues se trata de un certamen deportivo -no un juego- donde, como el preponente indicó claramente al iniciar su voto, además del "álea" existen otros elementos a considerar, incluido el propio crédito en su destreza.-- Es dable resaltar asimismo, que el magistrado goza de amplia facultad en la apreciación de la prueba testimonial: admite o rechaza lo que su justo criterio le indique como acreedora de mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito que obren en el expediente (Fenochietto-Arazi-"Código Procesal", t.2, p.438) (Conc.: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, Sent. 16/2/2011, in re "Benítez, Blanca." en DJ 01/06/2011, 76).-- Es decir, tengo para mí que ninguna razón le asiste a la recurrente cuando se agravia del modo en que se efectuó el análisis de los elementos de prueba acompañados, sin especificar la quejosa donde avizora el supuesto yerro del fallo cuestionado ni la manera que -según indica- ajustándose a derecho debió analizarse la misma. Dígase que omitió ///efectuar una crítica concreta y razonada del análisis contenido en la Sentencia en crisis, exponiendo en su lugar una valoración propia y discrepante con la efectuada por el Tribunal a-quo demostrando una apreciación subjetiva carente de asidero legal que no puede ser atendida.- IV.c.- Si analizo además, que a más de tales testimonios que se contradicen ningún otro elemento probatorio fue acompañado por la ahora recurrente para sustentar su postura, y frente a la necesidad de notificación fehaciente que sustenta el fallo guarda silencio y se limita a descalificarlo porque "no surge del mismo en base a qué otros elementos probatorios" se llega a la conclusión de condenarla, debo insistir -como bien hizo la Cámara- en que ha olvidado que sobre su parte recaía la obligación de acompañar a juicio el trámite administrativo que habría originado la Nota del Sr. C. del 19 de marzo a la que me referí antes, para lo cual fue debidamente intimada al efecto en más de una oportunidad, y que con dudosa buena fe procesal, se guardó de acatar.- Quien se mantuvo en silencio, sin indicar siquiera si aquél efectivamente fue confeccionado, no puede pretender suplir, como lo hace en esta Instancia, su relajada conducta en relación a los elementos de prueba que debió haber anexado para sostener su posición en el jucio, y este agravio sutil es a todas luces improcedente.- /// Así porque, tal como expuse en mi voto en Sentencia Definitiva N° 06/SCA/08 (in re "L., M..") cuando la parte desdeña acompañar los elementos probatorios que sustenten el derecho que invoca a su favor en el juicio, tal conducta torna aplicable las nefastas consecuencias del incumplimiento de la carga de la prueba. Cité en ese mis votos en SD Nº 3/SCA/08 y las N° 1/SCA/05 y 11/SCA/06, donde adhería al criterio dado por el Tribunal en SD Nº 15/SRE/99, a cuya lectura me remito, y en lo que resulta aplicable a éste, he de reiterar con ". FALCÓN que. "la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las pruebas y activarlas adecuadamente para que demuestren los hechos que les corresponde probar a través de los distintos medios, y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante (Ibidem - pág. 247).- Más que un deber es un riesgo: quien no prueba los hechos, pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (CN Com. Sala B 15/2/89 - DJ 1990-2-582 Conf. STCH SD Nº 7/SCA/04)"- Así porque ".de acuerdo al art. 377 CPCC las partes tienen la obligación de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario soportar las consecuencias de omitir ese imperativo del propio interés.".-- Por todo ello no ha de prosperar la queja esgrimida por la recurrente contra la valoración que de la prueba realizó la Cámara de Apelaciones Comodoro Rivadavia en la sentencia en crisis.

V.- Ahora bien, de manera conjunta en el Punto 2. del escrito recursivo, deduce la Municipalidad de Camarones recurso de nulidad en los términos del art. 255° de la Ley XIII N° 5, indicando que la Sentencia ///opugnada no reúne la mayoría absoluta de los votos requerida por la ley ritual para conformar la voluntad del órgano jurisdiccional, conteniendo un vicio en su forma que impide considerarlo como un acto jurisdiccional válido.

Especifica que mientras una de las Sras. Juezas condenó al pago del premio con más interés según tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina, quien expuso su opinión en segundo lugar se pronunció porque dicho cómputo se efectuara a tasa activa de la misma entidad.-- Ciertamente, "el art. 169° de la Constitución Provincial, impone a los órganos colegiados la obligación de dictar sus fallos, mediante votos individuales y fundados. A su vez, el art. 271° del CPCC, última parte, (ahora 274° Ley XIII N° 5) expresamente indica que toda sentencia dictada por tribunales pluripersonales, debe pronunciarse por mayoría de sus miembros. Esto quiere decir, que, la voluntad del órgano judicial, está formada por la conjunción de sus integrantes. las disposiciones precedentemente indicadas se complementan, asimismo, con lo establecido por la Ley V Nº 17 (antes Ley Nº 1130), la cual establece en su art. 7º "Las sentencias definitivas de las Cámaras se dictarán con el voto individual y fundado de sus miembros sobre cada una de las cuestiones que se planteen. Para formar la mayoría fijada en el artículo precedente bastarán los votos en sentido coincidente de quienes se expidan en primero y segundo término.. el tercer miembro estará facultado para expresar su opinión". Ello significa, que "al momento de ///conformarse el acuerdo, no se está frente a una suma de voluntades particulares forjadas de manera autónoma e individual, sino de un verdadero intercambio de ideas racionales que manifiestan los jueces que integran el Tribunal. Es por esta razón que, sus votos no se traducen en una mera formalidad sino en un debate profundo donde la deliberación que precede al fallo, constituye una verdadera garantía a los justiciables". (Conc.: HIGHTON -AREÁN "Código Procesal Civil de la Nación."T° 5, pág. 305. Hammurabi, Año 2006) Pero. "no cualquier contradicción manifestada a través de los votos de los jueces sentenciantes, acarreará, sin más, la nulidad de la sentencia, sino, por el contrario, las diferencias deberán ser notorias, graves y contradictorias, jurídicamente relevantes para acarrear su nulidad, total o parcial. (Conf.:STJCH, S.I. N° 88/SRE/04, S.D. N° 45/SRE/95 y 26/SRE/99; S.I. N° 124/SRE/06).(voto del Dr. Pasutti en S.D. N° 10/SER/07 " in re P., M. V..").

Con fundamento en lo expuesto, puedo inferir que, si la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia se integró con tres Magistrados, la validez de la sentencia dictada, requiere el voto coincidente y fundado, de por lo menos dos de sus miembros, quienes deben proponer al acuerdo, la misma idea y resolución. Y dable es advertir que, la discordancia apuntada, en lo que a la tasa de interés refiere, surge palpable del contenido de las fojas 211 vta. y 216 vta.- Entonces, le asiste razón a la Municipalidad recurrente pues existe contradicción entre las dos expresiones de quienes votaron en el fallo, exclusivamente -valga reiterarlo- cuando fijaron la tasa de interés que procede aplicar al monto de condena.- /// Avocándome entonces al agravio y a fin de fijar establecer cuál es la Tasa de Interés que procede fijar en estos obrados, sigo a Félix TRIGO REPRESAS, que en un interesante artículo se ha ocupado de los fundamentos con que los distintos Tribunales han aplicado distintas tasas de interés.- Explica que la entrada en vigor de la conocida Ley N° 23928 (de convertibilidad del Austral) que prohibía toda forma de actualización monetaria con posterioridad al 1° de abril de 1991, normas que en la actualidad continúan vigentes -ratificadas en lo esencial por Ley N° 25.561- vedó absolutamente la indexación de deudas dinerarias, por lo que la prestación de intereses se constituyó en un medio de defensa frente a la inflación, aunque para poder cumplir eficazmente esa función su tasa debía ser positiva, es decir, superar cuanto menos la pérdida del valor de la moneda, resultante del proceso inflacionario, de manera que sumados el capital y sus intereses, se pudiese obtener una suma que conservase el poder adquisitivo histórico de la suma adeudada. Más adelante -explica el autor- por el art. 10° del Dto. N° 941/91, se incluyó un párrafo al art. 8° del Dto. N° 529/91 (reglamentario de la Ley N° 23928) por el cual los jueces podían, en oportunidad de determinar el monto de condena en australes convertibles, indicar la tasa de interés .de modo de mantener incólume el contenido económico de la Sentencia. Todo lo cual -añade- provocó la división de la jurisprudencia de nuestros tribunales en punto a la tasa de los intereses judiciales, esencialmente en dos distintas posturas: la que sostuviera la aplicabilidad de la Tasa Pasiva, que es la que el Banco cobra a los depositantes; y la que en cambio propiciara la Tasa Activa, que es la que el Banco cobra a los tomadores de crédito, y que ///siempre es superior a la que el mismo paga a sus ahorristas. Detalla el doctrinario que las normas comentadas "sólo han consagrado una posibilidad y no un deber para los jueces, . razón por la cual éstos se encuentran autorizados para optar, según los casos y sus circunstancias fácticas, por la aplicación de la tasa "activa" o la "pasiva", no estando obligados, ni mucho menos, a aplicar siempre esta última". Así lo resolvió la propia Corte Suprema en autos "Banco Sudameris." (17.05.94) "la determinación de la tasa de interés a aplicar.queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen un versión reglamentaria única del ámbito en cuestión" (Conc.: "La tasa pasiva de interés judicial en la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional" en LL 2010-C , 90).

Así lo demuestra la jurisprudencia de los distintos Tribunales, para aquellos casos en que no existe acuerdo de partes ni imposición de leyes especiales.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplica la Tasa Pasiva Promedio Mensual publicada por el BCRA (vg. "Baeza." del 12/4/11 - Llonline - AR/JUR/11800/2011).- La Corte Bonaerense aplica la Tasa Pasiva del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de depósito (ver "Ponce." y "Ginossi." ambas del 21/10/09 - AR/JUR/39570/2009, mantenida en varios fallos del 27/4/11 - "Arebalo.", "Duscovich.", "Bonatto." esta última en LLonline AR/JUR/15836/2011).- La Cámara Nacional en lo Civil, ha dictado fallo plenario ("Samudio." 20/4/09 - MJJ43082), modificando después de 15 años la tasa aplicable a los supuestos civiles, comerciales, ///contencioso-administrativos, sustituyendo la Tasa Pasiva-que había acordado en el plenario ""Vázquez c/Bilbao" -de agosto de 1993 y "Alaniz" de 2004- por la Activa Cartera General (préstamos) del Banco de la Nación.

Indica Alejandro DRUCAROFF AGUIAR, que el art. 622° CC faculta a los jueces a determinar el interés que debe abonarse si no se lo hubiera convenido y no estuviera legalmente fijado; la jurisprudencia interpreta que los intereses que hubieran sido acordados por las partes están sujetos a morigeración en tanto los mismos puedan considerarse contrarios a las buena costumbres o abusivos (arts. 953 y 1071 del Código citado). Y más adelante " ..las facultades conferidas a los jueces por el ordenamiento jurídico para fijar las tasas de interés o a adecuarlas al espíritu legal, se deben ejercer con arreglo a las pautas de razonabilidad objetivas, por medio de decisiones fundadas y basadas en los datos fehacientes de la realidad económica. (Conf. -"Tasa de Interés: La facultad judicial para determinarla o morigerarla y su ejercicio razonable" - en LL Suo. La nueva tasa de interés judicial 2009 (mayo),19).-- Amparándome entonces en estos conceptos, entiendo que en el caso la compensación más atinada, es la que propone el Dr. Royer, esto es, la Tasa Activa del Banco del Chubut S.A. para sus operaciones de préstamos personales, desde el día en que fueron entregados los premios ///correspondientes a la XXVII Fiesta Nacional del Salmón y hasta su efectivo pago.-- Si bien el dispositivo del fallo no ha mencionado la Tasa de Interés refiriendo sólo a "intereses", la unidad lógico jurídica de la Sentencia con sus fundamentos determina la nulidad y revocación de lo fundado en materia de accesorios.-- A la misma cuestión dijo el Dr. PASUTTI :-- De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. ROYER y CANEO que conforman la voluntad mayoritaria de la Sala Civil de este Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con el art. 28 de Ley N° V-3 (antes Ley N° 37) y el Acuerdo Nº 3.202.- A la segunda cuestión el Dr. ROYER dijo:

Tal como voté la primera propongo al Acuerdo: 1) Rechazar el Recurso de Apelación intentado por la Municipalidad de Camarones, confirmando el punto 2) de la Sentencia Definitiva N° 1/2010 de la Sala "B" de la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, obrante a fs. 203/218 de autos.- 2) Hacer lugar al Recurso de Nulidad deducido por la Municipalidad apelante y revocar lo fallado exclusivamente en materia de Tasa de Interés, aplicando la Activa para Préstamos Personales del Banco del Chubut S.A. sobre el monto de condena y por el período de tiempo que el fallo consagra (art. 255 de Ley ///XIII Nº 5- antes art. 253 CPCC). 3) Las costas devengadas en esta Instancia deben imponerse a la recurrente, en un 70% eximiéndola en un 30% por aplicación del art. 69 Ley XIII -Nº 5 (antes 68° CPCC); 4) Regular los honorarios del Dr. M. R. C. en mérito al resultado del recurso y a la calidad del escrito con el cual se contestó el memorial de la impugnante en un 27% de los que a su favor se fijaron en la Instancia previa (arts. 13° y 8° Ley Nº XIII-4 - antes arts. 14° y 9° Dto.Ley N° 2.200, T.O. Dto. N° 138/99). En tanto no procede la regulación al representante procesal del Municipio demandado por aplicación del artículo 100° Ley XVI Nº 46.-- A la segunda cuestión el Dr. CANEO dijo:

Según voté la Primera cuestión acuerdo con la solución dada por el Dr. ROYER.- A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo: -- Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.

Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictar la siguiente:-- /// SENTENCIA-- 1º) RECHAZAR el Recurso de Apelación intentado por la Municipalidad de Camarones confirmando el punto 2) de la Sentencia Definitiva N° 1/2010 de la Sala "B" de la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, obrante a fs. 203/218 de autos.- 2º) Hacer lugar al Recurso de Nulidad deducido por la Municipalidad apelante y revocar lo fallado exclusivamente en materia de Tasa de Interés, aplicando la Activa para Préstamos personales del Banco del Chubut S.A. sobre el monto de condena y por el período de tiempo que el fallo consagra (art. 255 de Ley XIII Nº 5 - antes art. 253 CPCC).-- 3º) Costas en la alzada a la recurrente en un 70% eximiéndola en un 30% por aplicación del art. 69 Ley XIII -Nº 5 (antes art. 68° CPCC).-- 4°) REGULAR los honorarios del Dr. M. R. C. en el 27% de los que se le estimara en la Primera Instancia, de conformidad a lo establecido en los arts. 13° y 8° Ley Nº XIII-4 (antes arts. 14° y 9° Dto. Ley N° 2.200, T.O. Dto. N° 138/99).

5°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.-- Fdo. Dres. PASUTTI, CANEO y ROYER.- Recibida y registrada por Secretaria el 1/08/11 bajo el Nro. 4.