Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-14


Causa 9894/07, caratulada Ruiz Diaz, Francisco s/Obstaculizar inpección y otra s/ Apelación.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa.

La Silvina Manes dijo:

RESULTA:

1) Que a fs. 3 obra agregada el Acta de comprobación Nº 20826275, de fecha 31 de octubre de 2005 labrada por no tener el inmueble sito en la calle Chile 1642 unidades 2 y 3 encargado o persona responsable permanente y no permitir el acto inspectivo, en presencia del subinspector Biloni, L.P. 2405, Comisaría 18.

2) Que a fs. 4 obra el Acta de comprobación Nº 20879113, de fecha 19 de octubre de 2005 labrada por no tener el inmueble sito en la calle Chile 1642 unidad 3 encargado y/o persona responsable permanente que atienda y no permite ingresar para inspeccionar se labra el acta en presencia del cabo Raúl Ariel Gerez L.P. 13807, Comisaría 18, móvil 618 interno 839.

3) Que a fs. 22/23 obra la resolución del titular de la Unidad Controladora de faltas Nº 29, en la que resuelve " Sancionar a Ruiz Diaz Francisco Rubén, cuyos demás datos obran en las presentes actuaciones en Actas 2-0826275, 2-0879113 por falta de encargado y no permitir el ingreso de inspectores, por infringir los arts. 6.2.6 concordantes del CHV y 12.13 A.D. 700.66 con multa de $ 300 cada acta, por aplicación de los arts. 4.1.1. y 9.1. en concurso ideal de la ley 451. Total de multa impuesta $ 600.- (Pesos seiscientos)...".

4) Que a fs. 26 el presunto infractor solicita el pase a la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5) Que a fs. 64/67 se encuentra agregada la sentencia recaída en autos, mediante la cual el a quo resolvió I) CONDENAR a Francisco RUIZ DIAZ con relación al hecho ocurrido el 19 de octubre de 2005, a las 14:15 horas cuando no permitió el ingreso al hotel sito en la unidad 3, de la calle Chile 1642 PB; de esta ciudad, a los inspectores para realizar la inspección correspondiente, en presencia del cabo Raúl Ariel Gerez L.P. 13807 Cría. 18, por el cual se labró el acta de comprobación 2-0879113, agregada a fs. 4, a la SANCION de MULTA de PESOS TRESCIENTOS ($ 300); art. 9.1.1 de la ley 451... II) CONDENAR a Francisco RUIZ DIAZ con relación al hecho ocurrido el día 31 de octubre de 2005, a las 16:00 horas por no permitir el ingreso al hotel en la unidad 3, de la calle Chile 1642 P.B., de esta ciudad, a los inspectores para realizar el acto inspectivo, en presencia del inspector Biloni LP 2405 Cría. 18 por el cual se labró el acta de comprobación 2-0826275, agregada a fs. 3, a la SANCION de MULTA de PESOS TRESCIENTOS ($ 300); art. 9.1.1 de la ley 451".

6) Que a fs. 69/71 y vta. Francisco Ruiz Díaz, interpone recurso de apelación contra la sentencia recaída en autos.

7) Que a fs. 72 y vta. la Parrilli concede el recurso interpuesto.

8) Que a fs. 77/78 y vta. el Walter H. Fernández, interinamente a cargo de la Fiscalía de Cámara en lo Contravencional y de Faltas Nº 2, contesta el traslado oportunamente conferido.

Y CONSIDERANDO:

Primera cuestión: admisibilidad del recurso.

9) El recurso de apelación fue deducido por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que cumple con los requisitos formales de admisibilidad.

Por otra parte, el art. 56 de la ley 1217, al regular la procedencia de los recursos de apelación contra las decisiones de los Magistrados de Grado que hayan ejercitado el control judicial de una resolución adoptada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas establece -taxativamente- tres supuestos de viabilidad; a saber: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley; c) arbitrariedad. En el caso, se alegó la concurrencia de la tercer hipótesis legal, lo que habilita la vía recursiva intentada.

Segunda cuestión: De los agravios.

10) Se agravia el imputado en la discrepancia respecto de la valoración de la prueba que hace la Señora Jueza en la resolución recurrida, pues a su entender se aparta de los principios de la sana crítica racional, de modo que, el fundamento de la resolución resulta manifiesta y palmariamente arbitrario.

11) De modo previo al tratamiento de los agravios cabe recordar que la motivación debe ser legal (fundada en pruebas válidas), veraz (no podrá fabricar ni distorsionar los datos probatorios), específica (debe existir una motivación para cada conclusión) y arreglada a las reglas de la sana crítica racional (principios de la lógica, las ciencias y la experiencia común). (Cafferata Nores, José I., "Garantías y Sistema Constitucional". Revista de Derecho Penal. Garantías constitucionales y nulidades procesales - I. Rubinzal-Culzoni Editores. pág. 160).

Corresponde analizar si la fundamentación de la sentencia condenatoria cuestionada cumple con los requisitos señalados o adolece de defectos lógicos que lleven a decretar su nulidad por arbitraria.

12) La sentenciante absolvió respecto a la falta consistente en no tener encargado o persona responsable permanente, pues considera que no se puede afirmar que el lugar tenga o no encargado o persona responsable toda vez que no pudo ser inspeccionado -ver punto III Hecho II, fs. 66-; sin embargo, por otro lado condenó en orden a la falta de obstrucción de inspección.

Sobre la existencia de un hotel.

13) Para que la falta prevista por el art. 9.1 de la ley 450 se configure -obstrucción de inspección- es menester que el lugar a inspeccionar sea un establecimiento público o que se encuentre sujeto al poder de policía del G.C.B.A. ya que en caso contrario, o incluso ante la duda, únicamente se puede ingresar con una orden de allanamiento emanada de autoridad competente, lo que no se hizo.

En este caso el inmueble se rige por normas de derecho común: las relaciones entre el propietario y los supuestos ocupantes se encuentran abarcadas por normas de carácter contractual que derivan de la ley de locaciones urbanas.

Nótese que la ley 450, Sección 4º, Capitulo I, art. 4.1.6 reprime al titular o responsable de un establecimiento que encubra contratos de alquiler bajo la apariencia de un hotel, pensión o cualquier otro alojamiento temporario, previendo una sanción de multa de $300 a $5000 (pesos trescientos a pesos cinco mil) y/o inhabilitación. Sin embargo, la ausencia de demostración de esta falta se plasma en el no labrado de la correspondiente infracción, por tanto no es posible afirmar tal actividad, por un lado, y omitir la sanción por parte de la administración, por el otro.

Sentado entonces que el régimen jurídico que vincula a las partes en la relación contractual se encuentra regido por la ley 23098 (ley de locaciones urbanas), corresponde determinar si los ocupantes y/o propietarios del inmueble en cuestión pueden ser sancionados por las infracciones que se les labraran.

Conforme lo expuesto, no puede afirmarse tal como lo hiciera la sentenciante, que en Chile 1642, PB unidad "3" haya funcionado un hotel.

En efecto, los aislados dichos de "un señor que trabaja en el local comercial ubicado al lado de la vivienda (quien) manifestó que se alquilarían 'habitaciones" -conf. fs. 6-, son absolutamente insuficientes para sostener tal extremo, ya que por un lado ni siquiera este hombre fue identificado, y por otro, se limitó a señalar la posibilidad de una locación de habitaciones, situación que podría dar lugar a la existencia de un inquilinato o una pensión, que se rigen por la ley de locaciones urbanas y no por las normas que regulan el funcionamiento de los hoteles.

Por otra parte, las referencias que surgen del acta obrante a fs. 19, vertidas por la ocupante de la Unidad Nº 1, Elisa Beatriz Domínguez, quién manifestó a los inspectores que desconocía si en alguna de las otras tres unidades funcionaba un hotel, corroboran la duda sobre la existencia de un establecimiento sometido al poder de policía local.

Finalmente, las manifestaciones de la "Sra. Ryan", quien no se identificó, titular de la unidad 2, en cuanto a que en la unidad 3 funcionaba un "hotel familiar" -fs. 8 vta.- resultan carentes de todo sustento para tener por acreditada una actividad hotelera.

De allí entonces que no habiéndose acreditado fehacientemente que en el lugar que se pretendía inspeccionar funcionaba efectivamente un hotel, y habiendo podido la administración solicitar una orden de allanamiento para acreditar tal extremo, no es posible convalidar la actuación de los inspectores en cuanto a la falta labrada.

Ello es así, toda vez que el poder de policía debe ejercerse con sujeción al respeto por los derechos fundamentales, en este caso, la propiedad privada, que se hubiese visto afectada con el ingreso de los inspectores en el supuesto de inexistencia de actividad controlable.

El ejercicio regular de un derecho -en este caso, el derecho de propiedad-, no puede ser puesto en crisis por la actividad de policía de la administración, si no surgen hechos que fehacientemente demuestren que no se trata de una propiedad privada sino de un establecimiento destinado al uso público.

Sobre la figura de obstrucción de inspección.

14) Por otra parte, más allá de la existencia o no de un hotel, para que se acredite la presente falta debe haber una acción que importe la obstrucción de la inspección.

El art. 9.1 de la ley 450 reza: "El/la que obstaculiza o impide el desempeño a funcionarios públicos en servicio es sancionado/a con multa de $100 a $5000". En efecto, el término obstrucción significa entorpecer, impedir, dificultar; conforme el diccionario de la Real academia española significa acción o efecto de obstruir, táctica encaminada a impedir o retardar acuerdos.

Tales descripciones importan un comportamiento activo. La mera omisión -no contestar un timbre- bajo ningún concepto puede ser considerada como constitutiva de tal accionar ilegítimo.

15) Lo expuesto en los acápites precedentes permite afirmar sin hesitación alguna que la conclusión a la que arribara la sentenciante es a todas luces arbitraria.

Acta 2.0826275 16) A mayor abundamiento, sin perjuicio de la indeterminación sobre la existencia de un hotel, en cuanto a la falta labrada mediante acta 2.0826275, cabe destacar que es fragmentaria la interpretación efectuada por la a quo, en cuanto sostiene que: "Los informes de inspección de fs. 6, dan cuenta que el 31 de octubre de 2005; y el de fs. 19, de fecha 21 de septiembre de 2005; que los inspectores que concurrieron al domicilio de la calle Chile 1642, Unidad 3, de esta Ciudad, no pudieron entrar atento a que no fueron atendidos -ver fs. 66-".

El informe de inspección agregado a fs. 6 da cuenta que los inspectores se constituyeron en el inmueble de la calle Chile 1642, departamento 2 y 3 y que luego de varios toques de timbre no fueron atendidos por persona alguna, sin especificar si dichos "toques de timbre" se efectuaron en la unidad 2 ó 3, o en ambas.

Contrariamente, es de este informe de los inspectores del que surge que no había ninguna persona en el lugar -sea la unidad 2 o la 3-, por lo que mal puede sostenerse una conducta "obstructiva" por parte de los titulares de tales unidades.

17) Tampoco es una derivación razonada de las constancias de autos lo sostenido por la jueza de grado en cuanto a que el informe de inspección "... de fs. 19, de fecha 21 de septiembre de 2005; que los inspectores que concurrieron al domicilio de la calle Chile 1642, Unidad 3, de esta Ciudad, no pudieron entrar atento a que no fueron atendidos"-ver fs. 66-.

En el informe aludido, claramente se deja constancia que los inspectores se constituyeron en la calle Chile 1642, que la actividad no se pudo comprobar, y que los inspectores dejaron constancia que en la unidad del fondo -no en la Unidad 3, como afirma la sentenciante- nadie respondió a sus llamados.

Sin embargo, este extremo tomado como prueba de la obstrucción de Ruiz Díaz ninguna relación tiene con los días que se labraron las actas cuestionadas, a saber, 19 y 31 de octubre de 2005.

Acta 2.0879113 18) En cuanto al acta 2.0879113 obrante a fs. 4, la ausencia de informe de inspección -tal como surge a fs. 6 en relación al acta 2.0826275-, sumado a lo expuesto en el acápite 12, impide darle pleno valor probatorio.

19) Conforme los argumentos expuestos, la sentencia recurrida resulta arbitraria ya que no es una derivación razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias de la causa.

Es cierto que habrá también falta de motivación cuando esa exposición de motivos exista, y no obstante sea ilegítima por estar constituida por pruebas inadmisibles, o nulas, o cuando no consista en una exposición lógicamente razonada de los fundamentos, o se violen las reglas jurídicas de la lógica (conf. De la Rúa, Jorge, "La Casación Penal", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, pág. 112/113), lo destacado me pertenece.

Es justamente sobre la base de este último supuesto en el que se apoya una de las críticas del impugnante: violación de las reglas jurídicas de la lógica.

La Corte Suprema de la Nación ha establecido que: "la doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el pronunciamiento de los jueces como la sentencia fundada en ley a la que hace referencia el artículo 18 de la Constitución Nacional" (Fallos 312:246; 389, 608, 1839, entre otros).

La doctrina de la sentencia arbitraria elaborada por la Corte Suprema contempla los casos en los cuales el juzgador maneja con arbitrariedad el material existencial de la causa.

La arbitrariedad fáctica es una significativa excepción -cada vez más pronunciada- a la tesis tradicional que excluía del recurso extraordinario el análisis de problemas de hecho y prueba. ...cabe añadir a la arbitrariedad fáctica todo lo concerniente al apartamiento del buen sentido y de la sana crítica en la apreciación de los hechos y pruebas. (conf. ob. cit. pág. 168).

La ausencia probatoria como asimismo la imposibilidad de tener por acreditada sin hesitación la existencia de un hotel, permite afirmar que existe un apartamiento de las reglas de la sana crítica al responsabilizar a Francisco Ruiz Díaz por las infracciones reprochadas.

20) Por lo expuesto propongo al acuerdo:

I. ANULAR PARCIALMENTE la sentencia de fs. 64/67, puntos I) y II), en cuanto condena a Francisco RUIZ DIAZ por los hechos ocurridos el 19 de octubre de 2005, a las 14:15 horas cuando no permitió el ingreso al hotel sito en la unidad 3 de la calle Chile 1642 PB de esta ciudad, a los inspectores para realizar la inspección correspondiente, en presencia del cabo Raúl Ariel Gerez L.P. 13807 Cría. 18, por el cual se labró el acta de comprobación 2-0879113 y el día 31 de octubre de 2005, a las 16:00 horas por no permitir el ingreso al hotel en la unidad 3, de la calle Chile 1642 P.B., de esta ciudad, a los inspectores para realizar el acto inspectivo, en presencia del inspector Biloni LP 2405 Cría. 18 por el cual se labró el acta de comprobación 2-0826275.

II. ABSOLVER a Francisco RUIZ DIAZ en relación a los hechos mencionados precedentemente, por los que se labraron las actas de comprobación 2-0879113 y 2-0826275, SIN COSTAS.

El Jorge A. Franza dijo:

Por los fundamentos expuestos adhiero al voto de la Silvina Manes.

Así voto.

La Marta Paz dijo:

Por los fundamentos expuestos adhiero al voto de la Silvina Manes. Así voto.

En mérito al acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:

I. ANULAR PARCIALMENTE la sentencia de fs. 64/67, puntos I) y II), en cuanto condena a Francisco RUIZ DIAZ por los hechos ocurridos el 19 de octubre de 2005, a las 14:15 horas cuando no permitió el ingreso al hotel sito en la unidad 3 de la calle Chile 1642 PB de esta ciudad, a los inspectores para realizar la inspección correspondiente, en presencia del cabo Raúl Ariel Gerez L.P. 13807 Cría. 18, por el cual se labró el acta de comprobación 2-0879113 y el día 31 de octubre de 2005, a las 16:00 horas por no permitir el ingreso al hotel en la unidad 3, de la calle Chile 1642 P.B., de esta ciudad, a los inspectores para realizar el acto inspectivo, en presencia del inspector Biloni LP 2405 Cría. 18 por el cual se labró el acta de comprobación 2-0826275.

II. ABSOLVER a Francisco RUIZ DIAZ en relación a los hechos mencionados precedentemente, por los que se labraron las actas de comprobación 2-0879113 y 2-0826275, SIN COSTAS.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvanse las actuaciones a primera instancia a sus efectos.

Ante mí:

Causa 9894/07, caratulada Ruiz Diaz, Francisco s/Obstaculizar inpección y otra s/ Apelación Endede 2007 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara y firmó. Doy fe.

Endede 2007 se libró una cédula. Conste.

Endede 2007 notifiqué a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Endede 2007 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 28. Conste.