Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03


DEL SASTRE, José Alberto contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 194 p 12-14. Santa Fe, 3 de diciembre del año 2.003.VISTOS: los autos "DEL SASTRE, José Alberto contra PROVINCIA DE SANTA FE sobreRECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. Nro. 232, año1.994); para resolver el recurso de revocatoria interpuesto a fojas 129/131; y,CONSIDERANDO:1. Contra el auto regulatorio de fecha 25 de junio del corriente año interpuso laactora recurso de revocatoria.

En primer lugar, impugnó la base regulatoria estimada en razón de ser arbitrariae infundada de conformidad a la pretensión esgrimida en la demanda.Dijo que en el oficio de foja 116 se informa una diferencia salarial de $ 510 peroen la liquidación se calculan intereses sobre $ 693,60 y se contemplan los sueldos anuales complementarios que legítimamente no deben integrar la suma de sueldos propuesta.

Consideró que se debe tomar como punto de partida la fecha de interposición de lademanda -22.4.92- "puesto que las actuaciones administrativas no devengan honorariosjudiciales" y agregó que en la estimación se aplican los intereses al primer día hábil decada mes siendo que los haberes se hacen exigibles a partir del quinto día hábil del messiguiente al que fueron devengados.Asimismo, adjuntó bajo la denominación de "Planilla III.A" liquidación estimativa según la postulación reseñada.

Párrafo seguido, tildó de confiscatorio y abusivo al monto justipreciado y aclaróque se demandó sin determinar el monto y que éstos dependían de circunstancias aleatoriasposteriores que no pueden incidir alterando una retribución justa o agravando la situaciónde una de las partes.

Así, afirmó "que para justipreciar correctamente la cuestión, y sin perjuicio delos términos en que se planteara la demanda, los montos posteriores a esta fecha, nopodían ser concretados".En este sentido, manifestó que existe similitud entre la materia alimentaria y elpresente reclamo, siendo solo reclamables hasta dos años previos a la interposición de laacción, por lo que acompañó un nuevo cálculo según estos conceptos.

Además, adjuntó una tercer planilla que contempla el período que va desde lademanda hasta el decreto de autos, deduciendo el importe correspondiente al períodoposterior a ese proveído, ya que aseveró que el tiempo que estuvo el expediente a fallono puede incidir sobre el actor.En segundo lugar, atacó la mera y simple aplicación del porcentaje establecido enla ley 6.767 por no tener en cuenta la razonabilidad de la pretensión ni efectuarseevaluaciones de ninguna especie.Consideró que debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 5 de la citada norma, ytomarse en cuenta que las cuestiones debatidas en esta causa no requirieron una complejalabor jurídica, citando jurisprudencia en sustento de su postura.2. Corrido el pertinente traslado, la doctora Lepeniés manifestó su conformidadcon el pedido de modificación de la base regulatoria y peticionó se consideren 24 mesesde diferencias salariales (f. 135).

Por su parte, el doctor Eduardo García Mazzuca solicitó el rechazo del recursointerpuesto (fs. 136/138).Evacuada la vista a la Caja Forense (f. 140) y celebrada la audiencia de vista decausa (f. 146), queda la incidencia en condiciones de ser resuelta.3.

El recurso de revocatoria no puede prosperar.La actora centra su postura en la impugnación de la base económica de la causa,que fuera adoptada por la Corte para efectuar la regulación de los honorarios profesionales; empero, y a pesar de su esfuerzo argumental, respaldado en diferentesplanillas, sus agravios no pueden ser atendidos.

En primer término, corresponde analizar el argumento basado en el lapso de tiempoque debe ser considerado para el cómputo de la base pecuniaria.En este sentido, cabe recordar que, más allá de la suerte que la pretensión hayacorrido, la restitución en la esfera jurídica vulnerada, en el aspecto económico, fueexpresamente solicitada en el escrito de demanda, haciendo operativa la norma delenunciado 8vo. de la ley de aranceles profesionales, tal como se expresó en el autorecurrido.Por lo que, a poco de reparar en la lectura de aquél escrito, surge con claridadque la accionante reclamó "... se condene a la demandada a asignarme el cargo de Jefe deDepartamento... La pretensión también incluye el pago de diferencias que eventualmente surjan a mi favor como consecuencia de la admisión de la misma, desde la fecha de vigenciadel aludido decreto 4551/92 hasta el día del reencasillamiento respectivo, con losintereses legales...".En consecuencia, de los términos de su pretensión surge con claridad el contenido económico de la presente causa, que se ve reflejado en la planilla obrante a fojas112/115; y que determina, además, el rechazo de la pretensión basada en el punto departida de la liquidación estimativa por cuanto ésta parte de la fecha de entrada envigencia del decreto 4551/92, tal como reclamó la actora.

Asimismo, pretender limitar su cómputo a dos años posteriores a la interposiciónde la demanda no sólo atenta con la norma del citado artículo 8 sino también implicaconceder al actor una situación de privilegio contra la cual este Cuerpo reiteradamenteha prevenido.En efecto, tal como se expresara en la causa "López" (A. y S., T. 190, pág. 25),con cita del antecedente "Salas y Billoch" (A. y S., T. 37, págs. 460/462), "la cuantíadel juicio, a los fines regulatorios, es la misma tanto si la demanda prospera como si esrechazada, pues los efectos de la sentencia son idénticos para ambas partes desde el puntode vista económico, ya que el desplazamiento patrimonial que se controvierte es igualnuméricamente para los dos, aún cuando se presente, en uno y otro caso, bajo diversosigno.

La acción de condena y la de rechazo tienen la misma significación pecuniaria."También se afirmó que "... admitir distinto tratamiento para demanda acogida quepara demanda rechazada, significaría otorgar en cuanto al rubro más importante de lascostas, un ostensible privilegio para el actor ya que el riesgo para éste sería siempreinferior al asumido por el demandado".Lo expuesto determina que, a diferencia de lo solicitado por la recurrente y loexpresado por la Fiscal de Estado, el tópico aquí tratado se encuentra claramentecontemplado por la ley reguladora de los aranceles de los profesionales del Derecho en suartículo 8 e implica el rechazo del argumento basado en adoptar un período de tiempo menorpara el cálculo de la base económica de la causa.

De hecho, el supuesto de autos difiere del considerado por este Cuerpo, aunque condistinta integración, en la causa registrada en A. y S., T. 124, págs. 100/103, porreferir ésta a una pretensión de salarios caídos. En segundo lugar, y en razón de lo expresado anteriormente, cabe considerar lasimputaciones concretas efectuadas a la planilla que luce a fojas 112/115 de autos.El agravio basado en que la diferencia salarial que le hubiera correspondidopercibir al actor era de $ 510 y no de $ 693,60 no puede prosperar.

Es que, tal como surge del informe de foja 116, esa suma representa el productoentre el sueldo básico y la diferencia de coeficientes.Asimismo, no asiste razón a la actora respecto del pedido de no inclusión delrubro sueldo anual complementario ya que su cómputo y percepción, en el caso de que asíse hubiese decidido, resulta ser una consecuencia necesaria de toda pretensión de cobrode diferencias salariales. Ello, a más de lo expuesto, respecto de la solicitud derestitución en la esfera jurídica lesionada que lo contendría necesariamente.

Por su parte, el agravio relacionado al cálculo de los intereses también deberechazarse por cuanto no sólo su cómputo, en la planilla estimativa, comienza a partir dela fecha del devengamiento de las diferencias salariales sino también, porque aúnadoptándose como punto de partida el quinto día hábil como se postula, el montojustipreciado en al auto recurrido encuadra entre el mínimo y el máximo regulable.

Por último, la impugnación basada en la mera y simple aplicación del porcentaje al monto estimado tampoco puede ser atendida en razón de que, tal como se expresara en elauto atacado, la regulación se efectuó de acuerdo a las pautas de la ley de arancelesprofesionales, contemplándose expresamente las pautas del artículo 4, que resultaaplicable a la especie; regulando el Tribunal, por lo demás, todos montos mínimos.Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:Rechazar la revocatoria interpuesta.Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)