marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Telecom Personal S.A. c/ Resolución Nº 004043/17, en expediente Nº 231-126853/14: Saravia, María Pía c/ Telecom Personal S.A. de la Secretaría de Defensa del Consumidor por recurso de apelación directa s/ L., H. A. VS. Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.) c/  s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-11|2019-12-19

La promoción del amparo en reemplazo de la vía paralela o concurrente implica sacar la decisión del caso de sus autoridades naturales. Y ello, como principio, resulta improcedente. La sola circunstancia de haber deducido el remedio sumarísimo del amparo para sortear las demoras y los trámites regulares del proceso contencioso administrativo resulta suficiente para resolver la improcedencia de la vía aquí intentada, la que no puede ser utilizada para sustraer la cuestión debatida del conocimiento de los magistrados que, de acuerdo a la jurisdicción acordada por la Constitución y las leyes, deben intervenir en un reclamo como el presente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Festuccia, Mario Angel s/ Incidente de libertad asistida
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-24

Habiendo recuperado el recurrente su libertad por cumplimiento de la pena impuesta, pierde virtualidad la consideración de la solicitud del beneficio de libertad asistida previsto por la ley 24.660 planteada por el Defensor Oficial en el recurso de inaplicabilidad de ley ante su denegación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba pericial, notificación
Materia: PENAL
Carátula: Agüero Salas, Miguel Angel s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

Es irrelevante la renuncia genérica que a lo preceptuado en el art. 167 del Código de Procedimiento Penal efectuó el procesado, pues ello no desplaza la imposición legal (art. 167 cit.) de comunicarle "ese hecho" -el decreto de la pericia- y no el mero contenido de una norma jurídica. Lo cierto es que el detenido no se enteró que se realizaría la pericia en cuestión. (Minoría u opinión personal)
Concursos, privilegios especiales (comercial), acreedores del concurso, concurso preventivo, gastos del concurso, mejoras necesarias, deber de conservación y custodia, expensas comunes
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Sucesión de Francisco Ruano del Rey c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito de aquino, mariano j.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-31

En tanto la LCQ 241-1° reconoce privilegio especial a "... los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre ésta, mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos", quiere decir que sólo reconoce privilegio al crédito por "gastos". Calificada doctrina ha sostenido que quien presta su servicio para la construcción, conservación o mejora de una cosa, tiene derecho a cobrar con privilegio, pues en caso contrario el resto de los acreedores se beneficiarían sin causa si cobran sobre el producido del bien, sin antes cancelar el crédito de quien realizó sobre él esos trabajos.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, delitos, acción judicial, improcedencia del recurso, excepciones procesales
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Clausi, Angel Gabriel  c/ Volkswagen Argentina SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-13

El problema de la responsabilidad por la promoción de acciones judiciales injustificadas, se desarrolla en un marco jurídico especial y, atento la amplia extensión y naturaleza del derecho de ocurrir a la justicia, el ejercicio de una acción, o de una defensa, no puede por sí constituir una falta o entrañar, en principio, responsabilidad alguna, aun cuando se la hubiera declarado inadmisible: nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur (conf. CNCom, Sala D, in re "Gysin, Norberto y otros c/ Garovaglio y Zorraquin SA s/ nulidad de asamblea", del 30/05/08 -voto del Dr. Heredia-).

No obstante, también ha sido señalado que el derecho de estar en juicio deja de ser tal cuando se lo ejercita de manera abusiva, o lo que es lo mismo decir, cuando quien de él se sirve lo hace torticeramente (conf. Spota, A., "Tratado de derecho civil - parte general", Buenos Aires, 1960, t. I, vol. 2-2, ps. 433/434, n° 341 y espec. p. 456, n° 351; CNCom, Sala D, in re "Scheimberg Samuel s/ sucesión y otros c/ The First National Bank of Boston s/ ordinario", del 11/05/09).
Sufragio, soberanía, sistema representativo
Materia: CONSTITUCIONAL-POLITICO Y ELECTORAL
Carátula: Ríos, Antonio Jesús. s/ Oficialización  canditura  Diputado  Nacional  -  Distrito Corrientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

El pueblo, como titular de la soberanía, es la fuente originaria de todos los poderes. Estos poderes cumplen funciones confiadas a órganos elegidos por medio del sufragio e investidos de autoridad en virtud de la representación que se les atribuye. Esto hace que el sufragio adquiera carácter funcional, ejercido en interés no del ciudadano individualmente considerado sino de la comunidad política, a través del cuerpo electoral.
Régimen de consolidación de deudas, Dirección Nacional de Vialidad, certificados de obra, mora, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Mandataria  de Negocios S.A. c/ D.N.V. - resol. 365/97 s/ procesode ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-07

La resolución 777/01 de la Dirección Nacional de Vialidad dispone que de acuerdo a lo establecido en el art. 13 de la ley 25.344 quedan excluidas del proceso de consolidación de deuda las obligaciones que corresponden a deudas corrientes, aun cuando se encuentren en mora, se califica a las deudas corrientes en similares términos a los empleados en el decreto 1116/00 y se incluye en ellas a las deudas impagas contraídas por la repartición desde el 1° de abril de 1991 hasta el 31 de diciembre de 2000, entre las cuales se enumeran las derivadas de certificados de obra y del reconocimiento de intereses por mora.
Obras sociales, mandato
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION  DE  CLINICAS  Y SANATORIOS DEL SUR DE CORDOBA c/ OBRASOC.  DE  LA  FED.  GREMIAL  DEL  PERS.  DE  IND.  DE LA CARNE S/ s/ CUMPLIMIENTO DE PREST. DE OBRA SOC. / MED. PREPAGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-26

La jurisprudencia uniforme de este fuero ha sentado el principio de que entre la obra social y la empresa que actúa -por sí o a través de subcontratos- en la organización y prestación concreta de los servicios a los afiliados, existe una relación análoga a la que se da entre mandante y mandatario. En esas condiciones, sabido es que los actos del mandatario dentro de los límites otorgados y las obligaciones contraídas por él son reputados actos propios del mandante (artículos 1869, 1946 y concordantes del Código Civil). No cabe duda, pues, que el intermediario administra y contrata en nombre y representación de la obra social (confr. esta Cámara, Sala III, causa 9913/00 del 13/10/2005; Sala II, causa 11.816/2004 del 12/12/2007; Sala II, causa 4629/05 del 12/4/2011 y causa 4087/99 "Clínica Privada San Jorge S.A. c/Obra Social del Personal de la Industria de Fábricas de Pinturas s/cobro de pesos" del 21/5/2002, citada en los considerandos de la Resolución SSS n° 7/2004).
Debido proceso, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., W. F. en representación de su hijo A.F.J. c/ Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.) s/ amparo - recurso de apelación Makar, José Mauricio c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-12-15|2019-11-27

En la consideración del debido proceso tiene especial relevancia el respeto irrestricto a la defensa en juicio que impone el art. 18 del texto constitucional respecto de toda acusación judicial o administrativa de contenido sancionatorio. La vigencia de tal garantía exige que el concejal acusado haya tenido conocimiento de los hechos que se le imputan, se le haya comunicado la acusación en su contra, se lo haya oído y se le haya dado la ocasión de hacer valer sus medios de defensa en el momento y forma oportunos, concediéndole un término razonable para ello. En ese orden de ideas, esta Corte ha puesto de resalto que la garantía de la defensa en juicio no importa sólo la facultad de accionar y de contradecir, alegar y probar en apoyo de los derechos invocados, sino el derecho de obtener una resolución que haciéndose cargo de las alegaciones y de las pruebas, brinde una respuesta válida a los requerimientos de los interesados.
Delitos contra el honor, acción civil
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dr. Alvarenga, Carlos Emiliano c/ Jorge Omar Semhan s/ Querella criminal p/Calumnias
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-06-29

Habiéndose concluido en la absolución penal por un exceso en una causa de justificación, por falta de adecuación física no queda duda que se trató de una acción que puede tener consecuencia civiles, al revestir el carácter de ilícito extracontractual, motivo por el cual se aplicó, correctamente, el art. 1109 del Código Civil.
Improcedencia del recurso, exclusión de la tutela sindical, extinción por jubilación del trabajador, intimación a jubilarse
Materia: LABORAL
Carátula: Instituto Provincial de la Vivienda (I.P.V.) c/ Aguirre, Julia Estefanía s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-03-09

Cabe rechazar el recurso de apelación y, en su mérito, confirmar la sentencia que rechazó la acción de exclusión de tutela sindical articulada, pues si bien la finalización de la relación de empleo por jubilación no supone un despido sino una extinción por causas biológicas, lo cierto es que el art. 8 inc. "f" de la Ley 5546 requiere para su perfeccionamiento, la instancia por el empleador del procedimiento de intimación previa, lo que, de algún modo conlleva una decisión voluntaria de su parte, aún cuando ésta pueda consistir -a criterio del impugnante- sólo en la oficialización, exteriorización o instrumentación de un hecho sobreviniente dispuesto por la ley. Así las cosas, de la documentación incorporada al proceso resulta que a la fecha en que el actor cursó la intimación para iniciar el trámite jubilatorio, la demandada ya revestía la calidad de delegada gremial y se encontraba por ende amparada bajo la tutela sindical.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, prueba, apreciación de la prueba, proceso penal, sentencia absolutoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BASSI, LUIS ORLANDO c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSIA Y AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO, LESIONES GRAVES AGRAVADAS Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-04-30

El Fiscal de Cámaras insiste con que para confirmar la absolución de los imputados se omitió valorar prueba decisiva, como comunicaciones telefónicas efectuadas en otra causa (e incorporadas al presente en soporte informático), la condena a algunos de ellos por un homicidio con un modus operandi idéntico al aquí investigado, la presencia de uno de los imputados en las inmediaciones del lugar y la sindicación de los encartados como autores del hecho realizada por dos testigos; mas la confrontación de tales postulaciones con la decisión atacada revela que dichos planteos no resultan aptos para delinear el vicio de arbitrariedad probatoria invocado, desde que de la lectura del fallo surge que los Magistrados no omitieron valorar los medios de convicción referidos por el actor penal, sino que ponderaron tales probanzas, si bien extrayendo de ellas conclusiones diversas a las propuestas por el representante del Ministerio Público Fiscal. Así, los Sentenciantes brindaron las razones por las cuales entendían que el flujo de comunicaciones entre los imputados no demostraba la relación directa de éstos con el injusto investigado; y que los mensajes y llamadas entre los familiares de las víctimas no tenían la entidad cargosa alegada por el Fiscal, al igual que la presencia de uno de los imputados en el lugar del hecho, explicando además la Alzada por qué no correspondía asignar a los testimonios indicados el valor como prueba de cargo pretendido por el quejoso.
Honorarios del abogado, aportes previsionales, pacto de cuota litis
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Partenio Sandra Itatí c/ Andino Omar Aniceto s/ Cobro ejecutivo de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

Del claro texto del art.4º,inc.f) de la Ley 8904 emerge la veda de pacto en torno a la materia previsional, sin distinguir, como lo intenta la recurrente, entre la gestión en procura de la obtención del beneficio de la efectuada en pos del reajuste. Tal diferencia no emana de la ley ni ello sería lógico, ya que lo que se tiende a preservar es la integridad de la prestación, cualquiera fuere la causa del resultado económico obtenido. Lo vedado, en síntesis, es el pacto, que en sí conlleva un contenido aleatorio.
Poder Judicial, control de razonabilidad, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

La averiguación judicial acerca de si un acto estatal es razonable, no implica juicio alguno sobre su acierto, conveniencia o eficacia.

Como en toda hipótesis, el control judicial ha de ser ejercido dentro de la esfera del "self-restraint" y no es lícito emplearlo con fines de invalidación simplemente porque no se está de acuerdo con los medios usados o porque se piensa que hay otros mejores.
Daño moral, escritura pública, inscripción registral, falta de inscripción, responsabilidad del escribano
Materia: CIVIL
Carátula: GIAIMO, Carlos Alberto c/ ARGÜELLO, Jorge s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-17

La tardía inscripción de una escritura de compraventa, imputable a la falta de diligencia profesional del escribano a quien se le encomendara su confección y registración, justifica la indemnización por daño moral, si tal demora provocó en el adquirente zozobra y ansiedad con motivo de un negocio en gestión, para el cual se requirió un informe, que resultó infructuoso respecto de la real titularidad del bien.
Concursos, efectos de la apertura, administración por el concursado
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS   PLASTICAS   PITAGORAS   SA c/ ALTAPLASTICA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-07

Si bien la concursada conserva, como principio general, la administración de sus bienes y hacienda -ley 24522: 15-, la separación de la administración se encuentra dentro de las facultades que el ordenamiento legal reconoce al juez del concurso -LC: 17-2° parr.-, lo que se justifica si el presidente de la concursada, al ser citado a brindar explicaciones manifestó un total desconocimiento sobre aspectos tales como la marcha de las negociaciones con los acreedores, la existencia de un plan empresario para revertir la situación de crisis, el pasivo y activo de la sociedad, los principales clientes y proveedores, la cantidad de operarios, etc., lo que no puede justificarse -como pretende la deudora- en la ocupación de la sede por parte de los trabajadores; y, aún cuando la letrada apoderada de la concursada y letrado apoderado de cierta accionista mayoritaria hayan intentado explicar la situación de la empresa en el curso de esa audiencia, ello no puede suplir la conducta del director, atento el carácter personal e indelegable que reviste el ejercicio de la función -ley 19550: 266-, lo que importa un obrar carente de diligencia que conlleva un evidente peligro para los acreedores y que habilita el dictado de la medida en cuestión.
Intereses, actualización monetaria, tasas de interés, tasa del 6% anual
Materia: CIVIL
Carátula: S. de F.R.M. c/ F.G.C. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-06

La tasa de interés aplicable cuando se trata de sumas actualizadas, es la del 6 % anual (conf. C.N.Civ. Sala E, "Consorcio de Propietarios Cabildo 227 c/Hijos de Heredia y Denúbile y otro s/rescisión de contrato", del 18/12/80).-
Recurso de queja (procesal), trámites judiciales, plazos procesales, recurso extraordinario, tribunal colegiado
Materia: PROCESAL
Carátula: STIRLING BAYNE, DOROTHY MARIA - BAYNE STIRLING, JESSIE. s/ INCIDENTE DE NULIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-02

Corresponde desestimar la queja si no media pronunciamiento del tribunal de la causa -colegiado- sobre la concesión o denegación del recurso extraordinario, pues no cabe darle ese alcance a la providencia -firmada por uno solo de los jueces- que dispuso devolver el escrito respectivo por estar presentado fuera de término.
Contrato de trabajo, agrupaciones de colaboración, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Agüero,  Vanesa  Carolina c/ Agrupación  de  Colaboración  FoodService s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-26

Si bien el art. 367 L.S.C. establece que las agrupaciones de colaboración no constituyen sociedades ni son sujetos de derecho, el art. 373 dispone que por las obligaciones que sus representantes asuman en nombre de la agrupación, los participantes responden ilimitada y solidariamente respecto de terceros. Esta responsabilidad solidaria se refiere al Fondo Común Operativo del art. 372 L.S.C.. En consecuencia, si la agrupación de colaboración accionada rubricó ante el Ministerio de Trabajo el listado de sueldos y jornales y se inscribió ante la AFIP como empleadora, resulta evidente que dicha agrupación demandada asumió la responsabilidad frente a la actora a través de sus administradores.
Habilitación de instancia, reclamo administrativo previo, ley de emergencia económica
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Del Valle, Mirella Aida c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-08

A partir de la sanción de la ley 25.344, que reviste el carácter de orden público, y la consiguiente sustitución de los arts. 30, 31 y 32 de la ley 19.549 de procedimiento administrativo, se ha consagrado como condición insoslayable para la viabilidad de la acción judicial el reclamo administrativo previo. Así lo han entendido sendos pro-nunciamientos del Tribunal (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 19.09.02, "Scolari, Pedro c/ A.N.Se.S."; íd. Sala II, sent. del 30.12.02, "Raffo, Miguel Ángel"; íd. Sala III, sent. del 23.11.01, "Banchio, Néstor Francisco" -en el caso, adhesión del Tribunal al dictamen producido por la Fiscalía nº 1-). Sentado ello, y comprobado que el accionan-te no agotó la vía administrativa, cabe concluir que no se encuentra habilitada la instancia judicial. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).
Procedimiento administrativo, habilitación de instancia, reclamo administrativo previo, informalismo a favor del administrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MACERA Aibe y otros c/ Ministerio de Educ. y Cultura de la Nación s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-18

Cuando pueda establecerse la manifestación inequívoca de la voluntad de la Administración a través del texto de las numerosas resoluciones del Ministerio, obrantes en autos, que desestimaron más de 100 reclamos presentados y cuando, además, las medidas adoptadas en el marco de una determinada política salarial revelan un curso de acción respecto del cual, prima facie, no parece probable, en el caso -y sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida- la enervación de su eficacia fáctica; Tales circunstancias deben ser consideradas como aptas para abrir la vía judicial en consonancia con el principio de informalismo a favor del administrado, pues la solución contraria consagraría la aplicación de un rigorismo formalmente inútil.
Acceso a la justicia, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

El derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima requiere que la Cámara de Casación este facultada para dictar una sentencia de condena, pues tal derecho otorga a la víctima la posibilidad real de interponer un recurso, efectivo y rápido, ante la sentencia absolutoria, evitando que la interposición del recurso de la parte acusadora contra la absolución conlleve su anulación y remisión para la realización de un nuevo juicio, que tomaría un lapso de tiempo importante y desnaturalizaría el citado derecho a la tutela judicial.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tenaglia viuda de Constantini, Elsa T. c/ Rutigliano, Francisco J. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-23

Las costas de Primera Instancia correspondientes a la intervención de los terceros eximidos de responsabilidad, deben imponerse a los vencidos en la disputa (arts. 68 y 71 del C. Proc.).-
Sociedad anónima, acciones al portador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scolaro José Alejandro en j.:Scolaro José Alejandro c/ Albertina Tusquet de Scolaro s/ Ordinario Inconstitucionalidad (LIBRO: S256 - 185)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-24

La derogación de la ley 20643 y sus modificatorias, permite transmitir, sin limitación alguna, a partir de la sanción y publicación de la ley 23697, las acciones al portador que nunca fueron nominatizadas durante la vigencia de la ley 20643 y que, en consecuencia, se encontraban en violación al régimen legal finalmente derogado.
Recurso de casación, reexamen de la admisibilidad formal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., M.A. s/ Homicidio en Concurso Real con Tentativa de Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-10-27

Aunque la casación fuera admitida en el análisis del C.P.P., art.

423, primera parte, segundo párrafo, el Superior Tribunal puede pronunciarse ex novo sobre la forma del recurso.
Competencia por el territorio, separación de bienes, convenciones matrimoniales, tratados internacionales
Materia: CIVIL
Carátula: Escribana Juana Maria Vaquer Garmendia s/ Interpone recurso de recalificación de las actuaciones
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-02-02

Ni el tratado de Montevideo de 1889 ni el de 1940 fueron objeto de ratificación o adhesión por parte de Brasil, de modo tal que la cuestión sub-examine debe ser juzgada a la luz de las normas de derecho internacional privado interno." ".Dentro del Derecho Internacional Privado Interno los inmuebles están sometidos a la "lex - situs" (art. 6 de la ley 2393) que por consiguiente enjuicia la admisibilidad y el alcance de capitulaciones referentes a inmuebles como resulta la que motiva el presente recurso (conf. Goldschmidt, Werner, op. Cit., nº 261 pág. 283). Tratándose de un inmueble argentino la "lex rei sitas" es la territorialmente aplicable (conf. art. 6 de la ley 2393 y 10 del código civil) sin perjuicio de la Ley de celebración en todos los demás aspectos atinentes a la convención no aplicado en el punto de conexión real de acuerdo a los arts. 1205 y 1220 del Código respectivo.
Accidente de tránsito, lesiones culposas, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: J.P.A.S. s/ Lesiones Culposas  Expte. N. J-766-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-07-31

La causa de la colisión la constituyó la excesiva velocidad a que conducía el encartado, constituyendo la causa suficiente de la colisión, existiendo entre la conducta del inculpado y el resultado dañoso, una adecuada relación de causalidad, que lo hace penalmente responsable a título de imprudencia e inobservancia de los reglamentos de tránsito.