Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-10-05


La Plata, octubre 5 de 2006.

1º ¿Es formalmente admisible y, en su caso, procedente el recurso de casación interpuesto? 2º Para el supuesto de contestarse afirmativamente la cuestión primera ¿es procedente? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

El primer tramo de interrogante merece respuesta positiva dado que: a) el resolutorio recurrido ante esta sede fue dictado el 9 de mayo de 2003 y notificado a la parte recurrente a tenor del art. 128 del C.P.P. (ver fs.7 vta.) con fecha 14/05/2003, formulándose la reserva pertinente el día 19 subsiguiente, y depositando finalmente la pieza recursiva el 26/5/2003, por lo que el plazo temporal definido por el art. 451 del C.P.P. resulta satisfecho.

b) el recurso puntualiza el motivo de casación, lo fundamenta en derecho y señaliza la resolución apetecida.

También merece respuesta positiva el segundo tramo porque:

c) siendo la Cámara interviniente el único órgano que se pronuncia respecto de la situación planteada, la garantía que asiste al imputado -o en el caso el defensor que aboga en su nombre- de que el fallo sea revisado por un tribunal superior (art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), tiene como único modo de realización que este Tribunal abra sus puertas para considerarlo (sala I, sent. del 3/7/01, "Montivero", mayoría).

d) la resolución es definitiva en la medida que aun cuando pueda ser replanteada en otro expediente, el tiempo habrá consumido parte de la pretensión libertaria que se pretende hacer valer, causando gravamen de imposible reparación ulterior (sala III, sent. del 1/11/05 en causa 18.729, "Nuñez, Maximiliano").

Voto por la afirmativa.

El doctor Natiello dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo, en igual sentido y por los mismos fundamentos Voto por la afirmativa.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto de los colegas preopinantes, en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

2º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

Las pretensiones de los encartados de que se trata han llegado en dos oportunidades a esta sede. Una con la finalidad de reformar el fallo condenatorio y en la restante, por motivos excarcelatorios. Ahora el tema central es el plazo razonable.

Al respecto considero que si bien el mismo aparece excesivo en una proyección unitaria, debe tenerse presente que el lapso debe fijarse en relación al número de instancias que el encartado decide recorrer, puesto que constitucionalmente tiene derecho a dos las que, a no dudarlo, ya han sido agotadas con resultado adverso, habida cuenta que la reclusión perpetua fue confirmada por esta sede en el pronunciamiento "ut supra" indicado. Y sobre el particular, esta sede ha dicho que:

"La celebración de la audiencia de debate como elemento de incidencia en la fijación del plazo razonable puede operar con relación al tiempo transcurrido hasta el aludido acto procesal; pero no para las instancias posteriores, cuyo extensión no es siquiera intuible o adivinable y sujetas al criterio de razonabilidad que impone la Convención Americana sobre Derechos Humanos" (sala I, sent. del 22/6/00 en causa 835, "Corbo", doctrina de la mayoría).

Este criterio que establece la autonomía de cada instancia, debo completarlo con mi opinión acerca de un tema conexo; pero que resulta de incidencia en esta especie:

"... de cara al justiciable el servicio de administración de justicia que cada unidad federada debe prestar como "conditio sine qua non" para el funcionamiento de la "garantía federal" del art. 5º de la Constitución Nacional, comprende forzosamente dos instancias. En ese ámbito conceptual conformado por dos visiones sobre la misma materia canalizadas a través del principio de congruencia, el derecho del procesado tiene su máxima expresión. En ese ámbito garantizado rigen todos los límites objetivos a la prisión cautelar. Luego de ello cesa el compromiso del Estado en garantizar una prestación obligatoria de justicia, o sea que se transforman en potestativas las terceras o ulteriores instancias jurisdiccionales que resultan materia reservada a cada provincia, y que a cada unidad territorial le es opcional establecer según conviniere a sus intereses o necesidades legales. Consiguientemente, queda al arbitrio del Estado legislar el tipo de garantía de comparecencia que juzgue adecuado".

"De resultas de lo dicho, en el curso de las instancias a que el procesado tiene derecho a transitar, la presunción de inocencia operará en plenitud y sólo con el dictado de la segunda sentencia ella quedará comprometida por un pronunciamiento judicial que, aun cuando sea todavía impugnable, a la luz de la Constitución será bastante para tener por satisfecho el "derecho a la jurisdicción" (conf.: Sala de feria, sent. del 25/1/01 en causa 5944, "Alonso).

En el sub-lite los encartados están recorriendo una tercera instancia de un recurso extraordinario, esto es: previsto más allá del juzgamiento y de su instancia revisora que la Provincia debe asegurar con miras a las garantías constitucionales introducidas por al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. A esa nueva etapa no han sido obligados por un remedio de origen fiscal, sino que, por el contrario, han acudido por propia voluntad en la búsqueda de lo que su defensa reputa una mejor justicia. No quepa duda que la Argentina ha cumplido sus obligaciones internacionales dando un proceso en forma a lo largo de un plazo que, más allá de su razonabilidad, epilogó en el 2004. De ahora en más se abren otras etapas que podrán o no recorrer y que están pensadas, más que en favor del inculpado, en pro del mantenimiento de la supremacía de la Constitución provincial en un caso y de la supremacía federal en otro. En la ahora en tránsito, el lapso transcurrido no aparece como excesivo dado el hecho de la cantidad de jueces que deben pronunciarse en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia (cinco a lo menos) y a la cantidad de asuntos pendientes ante el Alto Tribunal, esto aún con el eventual cómputo que puede hacerse a la luz de la ley 24.390 y la jurisprudencia de esta sede a partir del caso "Corvalán Tripoloni" (Sala I, sent. del 20/10/05 en causa 19.858).

Voto por la negativa.

El doctor Natiello dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo, en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la negativa.

El doctor Sal Llargués dijo:

Excepto en cuanto se limita la garantía de juzgamiento en tiempo razonable a las instancias que consagra el derecho al recurso de que disponen los encartados, adhiero al voto del Dr. Piombo.

Voto por la negativa.

3º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

Corresponde, según los consensos alcanzados: 1) declarar admisible el recurso deducido por el señor Defensor particular de los mencionados, abogado J. G. K. en favor de P. Y. y H. H., contra la resolución de fecha 9/5/2003 emanada de la sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Morón en causa Nº 9475; 2) por los fundamentos dados, rechazar la petición libertaria por no haber transcurrido un plazo razonable en la tramitación de la tercera instancia recursiva que ha optado seguir la parte; sin costas (arts. 18 C.N.; 8 de la C.A.D.H. y 14 del P.D.C. y P.; 169, 448, 450, 451, 454, 456 primer párr.; 530 y 531 del C.P.P.); 3) diferir la regulación de honorarios profesionales al letrado interviniente, doctor J. G. K., por la labor desplegada en esta sede para una vez regulados en la instancia (arts. 1, 9, 16, 33 y 51 de la ley Nº 8904).

Así lo voto.

El doctor Natiello dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo, en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto de los colegas preopinantes, en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: I. Declarar admisible el recurso deducido por el señor Defensor particular de los mencionados, abogado J. G. K. en favor de P. Y. y H. H., contra la resolución de fecha 9/5/2003 emanada de la sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Morón en causa Nº 9475. II. Por los fundamentos dados, rechazar la petición libertaria por no haber transcurrido un plazo razonable en la tramitación de la tercera instancia recursiva que ha optado seguir la parte; sin costas en esta instancia. Arts. 18 C.N.; 8 de la C.A.D.H. y 14 del P.D.C. y P.; 169, 448, 450, 451, 454, 456 primer párr.; 530 y 531 del C.P.P. III. Tener presente la reserva del caso federal.

Art. 14 de la ley 48. IV. Diferir la regulación de honorarios profesionales al letrado interviniente, doctor J. G. K., por la labor desplegada en esta sede para una vez regulados en la instancia.

Arts. 1, 9, 16, 33 y 51 de la ley Nº 8904. - Horacio D. Biombo. - Benjamín R. Sal Llargués. - Carlos A. Natiello.