marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, sociedad cooperativa
Materia: CIVIL
Carátula: HERRERA, LUIS Y OTROS c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUALES s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-07

Si se trata de actos emanados de la Asamblea de una sociedad cooperativa, órgano deliberativo por excelencia, y que constituye además la base democrática de la organización, en donde los asociados pueden también hacer sentir en ella su voz y ejercer el derecho de elegir y ser elegidos mediante el voto mediante el sistema de votación; el hecho de que la voluntad mayoritaria -de remoción del Síndico y Consejo de Administración-, sea desconocido por el organismo fiscalizador, suscita un grave daño irreparable que amerita, prima facie, su tratamiento por la vía sumarísima del amparo.
Procedimiento administrativo, recursos, presentación extemporánea
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA "LA REFORMA" c/ MUNICIPALIDAD DE FORMOSA s/ ACCION ADMINISTRATIVA - C/ORDENANZA MUNICIPAL N. 1502/86. ACCION ADMINISTRATIVA - C/ORDENANZA MUNICIPAL N. 1502/86.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1988-03-28

Si la declaración de extemporaneidad del recurso por la administración no fue cuestionada en aquella sede, dicha omisión es insusceptible de salvarse con la impugnación judicial de la misma, pues al Superior Tribunal le está vedado todo pronunciamiento al respecto -cf. art. 10 C.P.A.-. Máxime si previendo el ordenamiento procesal administrativo municipal que el recurso tardío "podrá considerarse como denuncia de ilegitimidad", la parte ninguna gestión ha cumplimentado en la indicada sede a los fines de la consideración de su reclamo como tal. No obstante, quedan subsistentes para la parte los demás medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento administrativo, ya que aquella declaración ha impedido la consideración por el órgano del recurso, de las cuestiones de fondo planteadas en la vía impugnativa intentada.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cimmino, Luis Julio y otro c/ Pastorini, Héctor Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-14

Siendo desmesurada la suma reclamada -actualización mediante-, en concepto de privación de uso, consistente en el pago del arriendo de un camión por el lapso de quince (15) días (arts. 1069 y 2513, C. Civil); resulta razonable por aplicación del art. 165, tercer párrafo, C.P.C.C., reducir ese importe actualizado de Australes 25.490.520 a la suma de Australes 9.000.000, calculada esta última al 31 de marzo de 1991.
Partidos políticos, apoderado del partido, presentación extemporánea, proceso electoral, tribunal electoral, recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Partido Libertario y otros c/  s/ causas electorales - electoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-24

Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido contra la resolución del Tribunal Electoral que a su turno rechazó, por extemporáneo, el requerimiento realizado por el apoderado del partido para que se asignaran colores y la identificación del partido político de acuerdo al modelo acompañado, y declaró que este no se encontraba en condiciones de participar del proceso electoral. Ello así, pues las razones dadas por el recurrente, que dan cuenta de las circunstancias que lo llevaron a incumplir el plazo establecido en el cronograma electoral aprobado por la Acordada n° 2/2023 del Tribunal Electoral, no resultan suficientes para sustentar un apartamiento de la regla de perentoriedad de los plazos consagrada en el artículo 287 del Código Electoral. Si bien el proceso electoral en curso presenta novedades para las agrupaciones políticas que deciden competir, esto no supone que el desconocimiento total del procedimiento pueda ser excusado. Las razones dadas por el recurrente no dan cuenta de una excepcionalidad propia de un procedimiento novedoso, sino de un desconocimiento general del procedimiento habitual establecido por el Código Electoral vigente. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, al que adhieren los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Prescripción adquisitiva, posesión, prueba testimonial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TORRES DE CORONEL, AMELIA Y OTROS c/ LUIS ABRAHAM LUNA s/ REVINDICACION -CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-29

En la usurpación, el hecho posesorio es "tema decidendum" y la prueba testimonial aparece con entidad e idoneidad para revelar la percepción sensorial no circunscripta a una instantaneidad temporal, sino con posibilidad de proyección a los lapsos requeridos por el Código Civil.-
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: LABORAL
Carátula: LIBERA ERNESTO MARIO c/ COTIL  S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-12

El recurso es inadmisible, en tanto el impugnante no pone de manifiesto de qué modo la circunstancia que invoca es hábil para modificar el resultado del pleito. La Sentenciante menciona el certificado médico, destacando que no fue ofrecido como prueba, por lo que, desconociéndose su contenido es imposible inferir que el actor se encontrara sano. También destacó que no obstante que el trabajador solicitó tareas, las partes acordaron disolver el vínculo laboral, ante la autoridad de aplicación. El impugnante elabora su agravio partiendo de asimilar el alta médica a que hace referencia el actor en el telegrama, con ausencia de incapacidad. Nada dice ni está acreditado sobre la enfermedad por la que estuviera de baja médica, si tenía relación con las reclamadas, o si epilogó sin consecuencias incapacitantes. Su planteo solo revela la disconformidad con la valoración de la prueba y las conclusiones que de ella siguió el Tribunal.-
Abandono del hogar conyugal, abandono voluntario y malicioso
Materia: LABORAL
Carátula: PAPANICOLAU SANDRA c/ MARTINEZ JORGE HORACIO s/ ABANDONO DE HOGAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-12-27

Si se ha producido el abandono de un cónyuge del hogar conyugal, se presume que el mismo ha sido voluntario y malicioso, por lo tanto el cónyuge que pretende justificar éste hecho, debe probarlo En este caso, el hecho del abandono de su consorte ha sido aceptado como cierto por el esposo, por lo tanto debió justificar el mismo La relación laboral y su terminación por despido mal puede justificar el retiro del hogar por parte del demandado, tanto más cuando habitaban -empleador y dependiente- en la misma casa.

El vínculo matrimonial se establece entre los esposos, sin que pueda pensarse -en principio- que las actitudes de terceras personas, aún familiares próximos, puedan actuar como justificativo de actitudes disvaliosas de uno hacia el otro, tanto más cuando ellas son de naturaleza que se invoca, y el hogar conyugal -si bien cerca- no estaba establecido en el inmueble donde habitaban los suegros, (empleador), lo que reduce las fricciones que, de haber existido pudieron provocar el despido.
Responsabilidad parental, menores
Materia: CIVIL
Carátula: AGUERO ANA MARIA c/ CENTRO EDUCATIVO FRANCISCANO SAN FRANCISCO DE ASIS Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-05-31

El artículo 264 inc. 1º del Código Civil establece la presunción de que los actos realizados por uno de los padres cuentan con el consentimiento del otro, salvo en los supuestos contemplados en el art. 264 quater, o cuando mediare expresa oposición. Al respecto, deben distinguirse dos clases de actos que pueden celebrar los padres, que son tratados en la ley de modo distinto: las decisiones o actos cotidianos, y las decisiones o actos trascendentes según los posibles efectos que la decisión pueda producir en la vida del hijo. Respecto a los actos cotidianos la ley presume que decididos por uno de los padres cuentan con la conformidad del otro, salvo que medie oposición expresa. El derecho de oposición del padre que no dispuso el acto se encuentra normado en el artículo 264 ter del Código Civil. Respecto de los actos trascendentes debe concurrir la expresa conformidad de ambos padres. Tales actos son los siete casos contemplados en el artículo 264 quater del mismo cuerpo legal.-
Demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: DALLA CIA, GUSTAVO Y CARRION, LILIANA G. s/ QUEJA EN:"GARCIA SUSINI, RODOLFO C/DALLA CIA, G. Y OTRA   S/CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL".
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-21

La presunción desfavorable que engendra el silencio derivado de la falta de contestación de la demanda debe ser corroborada por la prueba producida por el actor y por la falta de prueba producida por el demandado operando esta última actitud como elemento tendiente a fortalecer la fundabilidad de la pretensión.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, doctrina de la arbitrariedad, recurso de apelación (procesal), calificación legal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Ortiz, Juan José c/  s/ amenazas calificadas-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-05

La fundamentación esgrimida carece de toda aptitud para evidenciar que lo resuelto en la sentencia resulte un absurdo lógico o normativo que adquiera niveles de intolerable arbitrariedad o se desmarque inexorablemente de los límites legales y constitucionales, más aún si tales aspectos no fueron objeto del recurso de apelación interpuesto por el Fiscal; además, la existencia de criterios interpretativos divergentes sobre la calificación legal que corresponde asignarle a un arma de fabricación casera, se patentiza en el caso con la fundamentación esbozada por el voto minoritario de uno de los Vocales, quien precisamente argumentó por qué coincidía con el razonamiento de la Jueza en la subsunción típica y pena seleccionada, aludiendo -entre otras cuestiones- al precedente que había sido referido en la sentencia de grado, aspectos que, más allá de la postura que se asuma sobre la subsunción típica de un arma tumbera, demuestran que la discordancia en la hermenéutica manifestada por la mayoría de la Alzada que motivó la nulidad se presenta a todas luces excesiva y carente de fundamentación que resulte derivación razonada del derecho vigente. (Del voto del Dr. Falistocco)
Pacto de San José de Costa Rica, PERÚ, responsabilidad internacional del Estado, derechos personalísimos, remoción de jueces, control de constitucionalidad, independencia del Poder Judicial, violación de derechos humanos
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de Tribunal Constitucional c/ Perú s/ Fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-01-31

El Estado Peruano ha incumplido el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la obligación general impuesta en su artículo 1.1. y su par 29, en tanto desconoció su deber de consolidar, dentro del marco democrático, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos y deberes esenciales del hombre al destituir a tres de los magistrados integrantes del Tribunal Constitucional, por cuanto lo desarticuló, incapacitándolo para ejercer adecuadamente su jurisdicción de control de constitucionalidad de las leyes que -conforme su Ley Orgánica-, exige el voto conforme de seis de los siete magistrados que lo integran, situación que resulta agravada al omitir el Congreso la designación de los sustitutos, conculcando erga omnes la posibilidad de ejercer control de constitucionalidad y el consecuente examen de la adecuación de la conducta del Estado a la Constitución.
Control de constitucionalidad, facultades del juez, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia del Chubut S.A. c/ Díaz, Selva Pamela s/ Acción Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-15

El control judicial de constitucionalidad, según tiene declarado el Máximo Tribunal de la Provincia, no debe ser ejercido de oficio sino a instancia del interesado.
Procedimiento administrativo, caducidad de instancia, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carnero de Quirós, Blanca Edelveys s/ Contencioso administrativo de plena jurisdicción c/resolución  municipal Nº 420
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-12-20

La perención es insanable en materia Contencioso Administrativa, ello es en aplicación de la taxativa determinación del art. 62 de la ley 1005.
Proceso penal, dictamen fiscal, consentimiento
Materia: PENAL
Carátula: O., C. H. s/ Encubrimiento (Expte. Nro. 354-01, Resolución Nro. 96, Tomo 9, Folio 463)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-14

La condición establecida en el cuarto párrafo del artículo 76 bis del C.P. es la necesaria formulación de un juicio concreto acerca de que una eventual condena al procesado sería de ejecución en suspenso, conforme a lo previsto en el art. 26 del Cód. Penal. Aquí se requiere un expreso consentimiento del Fiscal, al cual consecuentemente debe solicitársele previo dictamen, lo que luce coherente al tratarse de un aspecto que atañe directamente a lo que es de su incumbencia específica y exclusiva: la cuestión penal; ello a tal punto que la ley ha estructurado aquí un inusual acto jurídico complejo, al requerir -para la procedencia de la suspensión- que ese pronóstico de condicionalidad en la ejecución de la eventual pena futura, sea necesariamente compartido por el Juez y el Fiscal, dándole a la opinión adversa de este último -debidamente fundada como lo impone el art. 67 del Cód. Proc. Penal- un carácter dirimente y obstativo a la concesión de la suspensión.
Jurisdicción y competencia, competencia nacional, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cía. Argentina de Teléfonos, S.A. c/ Prov. de Santiago del Estero s/ recurso de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-07-14

No todos los asuntos a que se refiere el art. 101 de la Constitución Nacional deben sustanciarse, necesariamente, por las normas de la ley 50. Ante la inexistencia de una vía idónea, puede admitirse la procedencia formal de la acción de amparo originaria ante la Corte. Tal es el caso en que, demandada una provincia, aparece evidente que los actos impugnados han transgredido cláusulas de la Constitución Nacional y de leyes federales, lo cual hace innecesario un proceso extenso, que sólo ocasionaría mayores daños al actor (Voto de los Doctores Luis María Boffi Boggero y Pedro Aberastury).
Validez de la ley, declaración de inconstitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rubianes, Alicia Beatriz y otras c/ Provincia de Formosa y/o Gobierno de la Provincia de Formosa y/o Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa s/ Acción de Amparo (Inc. de Recusación con causa de los Dres. Coll y González) Formosa y/o Gobierno de la Provincia de Formosa y/o Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa s/ Acción de Amparo (Inc. de Recusación con causa de los Dres. Coll y González)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-04-10

El S.T.J. no puede oponerse al cumplimiento de la ley, en ejercicio de sus facultades administrativas o de superintendencia en razón de que las leyes, como todos los actos estatales gozan de presunción de validez. Al respecto enseña Revidatti:"En realidad, la presunción de validez se extiende a todos los actos públicos y por lo tanto, su aplicación no está restringida a nuestra disciplina.

Esta presunción de legitimidad surge de la naturaleza misma de la función estatal y está vinculada con la necesidad de su estricto cumplimiento". Sólo en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, esto es en un proceso iniciado por parte legitimada para ello y en la oportunidad e instancia que constitucional y procesalmente de oficio, declarar la inconstitucionalidad de una ley. Pero negar validez a un acto emanado del Poder Legislativo en sede administrativa y no jurisdiccional constituiría un palmario desconocimiento del principio republicano de división de poderes.

Quien se sienta afectado por una ley que estima inconstitucional, no puede esperar que los órganos judiciales declaren esa inconstitucionalidad de oficio y en sede administrativa, sino que el ordenamiento positivo reconoce a todos los habitantes el derecho a la intervención judicial o a acudir en procura de justicia, para requerir del órgano competente un control judicial suficiente.

Fundamento del Dr. Roquel.
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, homologación del acuerdo preventivo, resoluciones inapelables
Materia: COMERCIAL
Carátula: NESTOR BIASUTTO SOBRE CONCURSO s/ INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-22

La decisión homologatoria del acuerdo es irrecurrible según la regla general de la ley 19.551: 296-3.
Derecho laboral, procedimiento laboral, derechos y garantías constitucionales, sentencia arbitraria, principio de congruencia, buena fe, relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FUNES, Mirta Marcela c/ PARADOR METAN S.R.L. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-08-04

La trabajadora tiene la obligación de comunicar el embarazo y presentar certificado, y la patronal el deber de recibirlo. Así, lo ha entendido la CNTrab., Sala VII en autos "Antognoli Laura c. Rol Empresario SA". s/Despido (Sent. S/D 31736, 17-02-99) al sostener que para que la notificación prevista en el art. 177 de la LCT cumpla con las exigencias allí establecidas no resulta indispensable que la empleada, vigente la relación laboral, acompañe certificado médico, sino que basta con que haya avisado al empleador su estado de embarazo, poniendo a su disposición la certificación médica respectiva y que queda al arbitrio del principal requerir la entrega de tal certificación o constatar la veracidad del estado denunciado.

No debemos olvidar que en el ámbito laboral, y en especial en este delicado tema del despido y la situación de embarazo de la dependiente, las conductas de las partes que conforman la relación deben valorarse orientadas a preservar la buena fe de ambas, art. 63 LCT.-
Contrato de obra pública, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Terreri S.A.C.I.F.I.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Los plazos de certificación y pago de las cuentas del contrato de obra pública se encuentran referidos al tiempo de ejecución de los trabajos, pues la ley presupone, con primaria inteligencia, que el realizador de la obra no podría apartarse de lo convenido, en más o menos, salvo circunstancias extraordinarias que sin duda son conocidas inmediatamente por el control de obra (art. 31, ley 6021 y reg.) y permitidas de afrontar. Y, de tal manera, ejecutado el trabajo y medido, deviene la certificación referida a valores de contrato y a valores actualizados por fórmula de ajuste (certificación de variaciones de costos).
Recurso extraordinario, sentencia, reenvío, sentencia no firme, gravedad institucional, sanciones disciplinarias, corredor inmobiliario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BATLLE CASAS, IVANA c/  s/ PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 47 LEY 10160 Y APELACION DE RESOLUCION DEL 15/6/15 TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y ETICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 1RA. CIRCUNSCRIPCION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-21

Si bien tanto este Cuerpo como la Corte nacional han entendido que en principio los pronunciamientos que -tras anular una decisión anterior- disponen el reenvío de la causa para que sea nuevamente juzgada por otro tribunal, no constituyen sentencia definitiva o equiparable a tal a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario federal, cierto es que en el presente caso el tema debatido trasciende al interés individual de las partes, al encontrarse afectada toda una categoría de profesionales -corredores inmobiliarios nucleados en el Colegio recurrente- así como el ejercicio mismo de una profesión regulada; configurándose a tal punto un supuesto de gravedad institucional que cabe considerar excepcionalmente superado el recaudo aludido. (De la disidencia del Dr. Netri)
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, choferes, taxistas
Materia: CIVIL
Carátula: Torres, Juan c/ Giménez, Hugo O. y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11

Cuando se trata de taxímetros, habiéndose acreditado su explotación como tal, pero no habiéndose probado cuantos turnos trabajaba, ha de aceptarse que lo hacía en un solo turno.
Caducidad de instancia, costas
Materia: CIVIL
Carátula: SAAVEDRA ROBERTO c/ PERVERSI SILVIA MONICA Y OTROS s/ COBRO DE ALQUILERES-CASACION SARQUIZ HNOS. c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. I.P.V.U. c/ CHEEIN HNOS. S.C. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-10-28|2001-10-18|2002-12-23

La obligación de mantener viva la instancia incumbe a quien la ha abierto con su demanda, reconvención o recurso, y por tanto, como causante de la perención debe soportar las costas.
Extinción de la acción penal, sentencia condenatoria, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Surita, Luis Alberto c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Legajo de juicio en autos Surita, Luis Alejandro s/ inf. art. 149 bis, CP'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-27

Por expreso imperativo legal, el cómputo de la extinción de la acción se interrumpe con "el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme" (cf. art. 67, párrafo cuarto, inciso e, CP -texto según ley n° 25.990-). (Del voto de la jueza Ana María Conde)
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, fiscal nacional de investigaciones administrativas, inmunidad de jurisdicción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DIBUR, JOSE NICASIO (QUERELLANTE) s/ INC.  DE PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 2 DE LA LEY 21.383.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-24

No es inconstitucional el art. 2 de la ley 21.383, que dispone la inmunidad procesal del Fiscal de Investigaciones Administrativas, equiparándolo al Procurador General de la Nación.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, dolo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Goldsztajn, Aarón B. s/ recurso extraordinario   Causa: 594
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

Corresponde tener presente que la discusión sobre la existencia o no de un obrar doloso constituye un hecho psicológico del agente autor del injusto, y como tal se encuentra vedado de ser revisado por medio del recurso casatorio.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: César, Santiago Martín c/ Farmacia Galénica y otro. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

Es inadmisible el recurso extraordinario en relación a los agravios vinculados con la errónea apreciación de las cuestiones comprendidas en la litis y el monto de la indemnización fijada (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).