marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación suficiente, extinción del contrato de trabajo, retiro voluntario
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Lúquez, Carlos Oscar y otros c/ Compañía Argentina de Teléfonos SA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

El pronunciamiento que hizo lugar al reclamo promovido por trabajadores con motivo de la extinción de sus contratos tras el acogimiento a un sistema de retiro voluntario, se apartó del contenido de los acuerdos homologados efectuando consideraciones excesivamente amplias que no dieron respuesta específica a los planteos referidos a que los actores tuvieron pleno conocimiento de las condiciones en las cuales se celebraría el cese por mutuo acuerdo, formularon una opción voluntaria e individual y posteriormente formalizaron la extinción según lo pactado y lo requerido por la ley para casos semejantes (arts. 240, 241 y 15 de la LCT.).
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: R, J L s/ HOMICIDIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 297-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-25

No obstante haberse sostenido reiteradamente que la valoración probatoria es tarea propia de los jueces de la causa e insusceptible de ser revisada en instancia extraordinaria, tal premisa encuentra justificada excepción cuando esa ponderación implica privar efectivamente del derecho a la jurisdicción, ya sea por su notoria irrazonabilidad o falacia o por haberse apartado de las circunstancias objetivamente acreditadas en el proceso, como así también cuando no cumple adecuadamente con la exigencia contenida en el artículo 95 de la Constitución Provincial, norma que sanciona con nulidad a las sentencias y autos interlocutorios que no satisfagan aquel derecho, en razón de carecer de "motivación suficiente".
Juicio ejecutivo, ejecución prendaria, domicilio especial
Materia: CIVIL
Carátula: FIAT DIESEL S.A c/ BESCIONE BAUTISTA s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-12

El domicilio especial constituido en el contrato de prenda resulta idóneo para practicar notificaciones judiciales o extra judiciales relacionadas con el mismo, mientras duren los efectos del contrato.
Traslado de detenidos, requisa personal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ZITTO, Edith J. s/ nulidad Causa 30.003
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-14

Luego del traslado a la comisaría no puede justificarse la urgencia en la requisa dado que ya no existe peligro alguno de que el imputado se desprenda de la sustancia que portaba.
Administración Nacional de la Seguridad Social, ejecución previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GAMBINI HERIBERTO OMAR c/ ANSES s/ EJECUCION PREVISIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-12

La demora que supone el trámite burocrático en el seno de la organización administrativa de la A.N.Se.S. no es imputable ni debe pesar sobre la parte actora, debiendo el organismo articular los medios necesarios para cumplir con el diligenciamiento formulado en tiempo y forma. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Concursos, honorarios, síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRLAFIN SA c/ MATAFFO, RICARDO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

Cuando, como en el caso, la acción es promovida por la quiebra actora, existe condena en costas de su deudora demandada y hay honorarios regulados. Asi los honorarios del letrado del sindico en procesos en sede extraconcursal seran regulados por el juez competente y quedan excluidos de las reglas de la ley 24522: 257 y 265, por lo que nada obsta a que los beneficiarios procuren su cobro del condenado en costas, en el marco del proceso donde se cumplieron las tareas. Asi, ha de puntualizarse que los honorarios de los profesionales intervinientes en una causa judicial, en tanto erogaciones indispensables y utiles para la realización del proceso, constituyen "gastos de justicia" que han de ser percibidos de fondos de la demandada. Asi, la razón de ser de dicho privilegio ha sido plasmada por el legislador en la nota del cciv 3879. En tal orden de ideas, dicho crédito, resulta preferido a todo otro, sobre el producido de los bienes del deudor, sean ellos muebles o inmuebles (cfr. Llambias, "Tratado de derecho civil", t. i, p. 811). De este modo, resulta de su propia naturaleza una preeminencia absoluta sobre todos los otros créditos en cuyo beneficio se origina. Ello sumado a la circunstancia de que los fondos en cuestión provienen del patrimonio de una de las codemandadas condenada en costas y no del producido de los bienes de la fallida, extremo que excluye toda posibilidad de encuadrar los honorarios como gastos de conservación y justicia en los terminos de la lc: 240. Asi, no media razón para eludir los efectos propios del privilegio que los emolumentos de la letrada apelante ostentan con relación a dichas sumas y con relación al crédito de la fallida a quien patrocino.
Robo con armas, robo de automotor, privación ilegal de la libertad, concurso ideal, aplicación de la ley, constitucionalidad
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ARGUELLES, F. s/ ROBO - AUTOMOTORES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

1) Encuadra en las figuras de robo con arma de automotor, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad calificada, la acción de los procesados que mediante la exhibición de un revólver cargado y apto para el tiro intimidaron al conductor de un automóvil, a quien obligaron a descender y a introducirse en el baúl, trasladándolo a otra localidad, donde lo abandonaron después de sustraerle dinero y efectos; vulnerándose dos bienes jurídicos distintos, en concurso ideal, pues la privación ilegal de la víctima excedió lo necesario para consumar el robo.

2) No procede la declaración de "inconstitucionalidad" del art. 38 del dec. ley 6.582/58, dado que cumple con todos los recaudos formales exigidos por los arts. 18 y 67 inc. 11 de la Const.

Nacional, teniéndose en cuenta que las sanciones reguladas por el congreso son decisiones ejercidas dentro del ámbito exclusivo de las atribuciones del P.L.
Proceso contravencional, prueba, prueba testimonial, testigos, obligación de testificar, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: F, J. L. s/ Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-18

En el caso, la defensa planteó la nulidad respecto a la declaración del testigo, por cuanto surge que fue obligado a firmar el acta contravencional. Dicha declaración gozar de validez, mientras no se vean conculcadas la tutela de las garantías individuales constitucionalmente reconocidas que vicien la legalidad de la prueba, a través de su irregular obtención o irregular incorporación al proceso.

En el sentido apuntado, es dable observar que el testigo, según sus dichos, se hallaba en el lugar y se vio compelido por la autoridad preventora a suscribir la correspondiente acta contravencional; en su calidad de testigo hábil y en virtud de las facultades que al respecto confieren el artículo 36 inciso 5 de la Ley de Procedimiento Contravencional recuerda este Tribunal la carga pública de la que est investido todo ciudadano a atestiguar en el marco del procedimiento judicial. Asimismo, en la declaración efectuada en sede judicial ante la presencia del Juez, el Fiscal actuante y la defensa del imputado, el testigo manifestó cuanto pudo observar el día del hecho, otorgándole así el marco legal suficiente al acto procesal en cuestión; no advirtiéndose causal alguna que amerite nulificar sus dichos. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Derecho a la identidad, derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: G. P. V. S. c/ O. C. V. s/ ORDINARIO IMPUGNACION DE PATERNIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-02-20

Toda cuestión en que se vean afectados derechos de los niños se debe resolver respetando su interés superior (art. 3 de la "Declaración Internacional de los Derechos del Niño") que es el conjunto de los bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor y, entre ellos, el que más conviene en una situación histórica determinada. Además a partir de la redacción del nuevo Código Civil y Comercial tal solución adquiere mayor fuerza a partir de los arts. 1, 2, y concs. que reclaman la resolución de estos casos que involucran sujetos vulnerables precisamente a partir de la susodicha normativa.
Decomiso, trata de personas, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Rubio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-09

Carece de fundamentación el rechazo del decomiso del inmueble donde se había llevado a cabo el delito -por entender que no encuadra en la ley de trata 26.842 ni se ha comprobado la privación de la libertad ni la situación de explotación de las mujeres-, pues el a quo no sólo no se explayó sobre la interpretación legal escogida, sino que -además- omitió considerar los elementos y argumentos planteados por la defensa que resultarían relevantes en torno a las cuestiones planteadas.

Fuente del sumario: OFICIAL
Delito penal, tentativa, consumación del delito, participación criminal, autoría
Materia: PENAL
Carátula: D., C. s/ Robo con armas (Expte Nº179-99, Resolución 113, Tomo 5, Folio 151)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-06

Es muy esclarecedor el aporte de Günther Jakobs al pronunciarse sobre la tentativa y expresar que "En la mayor parte de los delitos no coincide la ejecución de la acción típica con la realización del tipo. El autor ya ha hecho todo (ha administrado el veneno), pero hasta la producción del resultado (muerte) se necesita (necesita el cuerpo de la víctima) su tiempo. Si la realización del tipo se entendiese incluyendo a todas las consecuencias típicas, la fórmula del disponerse directamente a realizar carecería de sentido en esos casos, pues a un proceso que ya se ha encauzado ineluctablemente no se le puede dar comienzo" ("Derecho Penal-parte general", Marcial Pons ediciones jurídicas, Madrid, 1995, pg. 881). Advirtiéndose lo expuesto, y comprendiéndose que en el ejemplo del autor, una participación cumplida durante el tramo de la acción en que se suministró el veneno pero cuando quizás dista mucho para la producción del resultado, nunca podría ser interpretada como participación en el propio hecho o núcleo típico, aunque sí lo sería en la acción de desencadenar el curso causal que llevaría a la muerte, es que se llega a la conclusión de que no puede ceñirse la idea de participación a la de intervención en la realización del propio núcleo típico. En tal sentido, y en relación estricta con el tema de la participación, ha de pensarse que si bien es menester mantenerse en la idea de que el hecho al que se presta auxilio o cooperación indispensable debe ser el hecho o acción típicos, no deb e sin embargo confundirse esa "acción típica" con la "realización del tipo", y que si lo segundo apuntaría más a una cuestión formal, lo primero lo haría a una material, pero que sin embargo nos permitiría comprender por qué quien interviene en el curso causal irremisible de un hecho típico, aunque no opere en su propia consumación sí lo hace en la acción de que se trate (quede en claro que la discusión no había sido ajena a otra doctrina, incluso nacional, como puede verse en el "Tratado de Derecho Penal" de Ricardo Núñez quien ya diferenciaba "actos de consumación" de "actos de ejecución").
Acción de amparo, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rumualdo, Ricardo Alberto c/ S.G.P.E.R. y otra s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-04

La condición de agente dependiente de la Dirección Provincial de Vialidad que invoca el accionante, mantiene incólume la naturaleza pública de tal relación laboral (empleado público), aún cuando a la misma puedan serle aplicables algunas disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Este Tribunal repetidamente ha admitido la vía especial de la acción de amparo, ya sea en su modo genérico o en el de la específica acción de ejecución como procedimientos idóneos y adecuados para canalizar reclamos por incumplimiento del pago de haberes de agentes públicos activos o pasivos contra la Administración Pública obligada.
Acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INCIDENTE DE SUSPENSION DE DECISION ADMINISTRATIVA EN AUTOS:ROMERO CARLOS ALBERTO Y CHAMORRO DANIEL s/ PREPARA ACCION JUDICIAL"EXPTE. N 10985/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-06-19

La suspensión de una decisión administrativa es una medida cautelar, cuyo contenido es evitar que el acto se ejecute, eliminando temporalmente una expresión de poder de los órganos estatales, prerrogativa derivada de la presunción de legalidad propia de los mismos para disponer directamente el cumplimiento de un acto dentro de los límites establecidos por el régimen jurídico.
Ministerio Público Fiscal, agravantes de la pena, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: G., E. R. s/prescripción-abuso sexual simple c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-18

El Ministerio Público Fiscal manifestó que no era posible descartar en el caso la aplicación de la circunstancia agravante prevista en el artículo 119, párrafo cuarto, inciso "b" del Código Penal - cuya penalidad máxima es de veinte años de privación de la libertad-, pues a su entender existió en el hecho investigado una guarda momentánea.
Extradición, tratados internacionales, Estado requerido, opción de jurisdicción
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Juez de Foz de Iguazú - Brasil s/ pedido de extradición del señor Jorge Américo Arena.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

De la letra del parágrafo 1 del art. I del Tratado de Extradición con el Brasil (ley 17.272) se infiere claramente que el estado requerido debe ejercer la facultad que se le confiere dentro del procedimiento de extradición, en una etapa cronológicamente anterior a la decisión definitiva.
Muerte del trabajador, aplicación de la ley, herederos
Materia: LABORAL
Carátula: HIDALGO, Lucrecia c/ KEITHON SA Y OTROS s/ indemnización por fallecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Si bien la noción de causahabiente no está definida en el art. 156 de la LCT, parece razonable, en función de lo dispuesto en los arts.

16 del CCivil y 11 LCT, acudir a la remisión efectuada, para un concepto similar, en otras disposiciones del derecho del trabajo, esto es los arts 248 LCT y el art 8 ley 24028, esto es el art 38 de la ley 18037 y la reforma implementada a esta última norma por la ley 23570, mediante la cual, se reconoce el beneficio de pensión a la concubina en tanto la convivencia haya perdurado cuanto menos dos años.
Secuestro de bienes, transporte de estupefacientes, requisa del automotor
Materia: PROCESAL
Carátula: Galian, Matías Marcelo y otros c/  s/ infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2021-05-26

Cabe decomisar el automotor secuestrado, dejando a salvo derechos de terceros que tienen habilitada la vía que corresponda -art. 23 del CP y art. 30 de la Ley 23737-, ya que fue el rodado utilizado para transportar la sustancia estupefaciente y por ende, indispensable para asegurar el éxito de la maniobra ilícita.
Ley sobre riesgos del trabajo, inconstitucionalidad, accidentes de trabajo, enfermedades
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy, Irene Viviana c/ Mapfre Argentina ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-18

Si bien en el precedente de la CSJN "Ascua c/ Somisa" (Fallos: 331: 1361 del 10/8/2010) se encontraba en tela de juicio el tope establecido en el régimen de la ley 9688, anterior al actual (ley 24.557), las consideraciones vertidas por el Alto Tribunal, en cuanto se refieren a "la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado" trascienden aquel marco normativo y se proyectan sobre cualquier otro que contemple la reparación tarifada de los infortunios laborales. Así, por aplicación de esa doctrina (que corresponde lealmente acatar, en tanto se funda en la interpretación efectuada por el Máximo Tribunal de normas de carácter federal), cabe declarar en el caso la inconstitucionalidad del art. 14.2, apartado "a" in fine de la ley 24.557.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferrer, Adrián Ismael c/ Grandi, Nicolás Esteban y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-12-14

Para revisar una decisión proveniente del análisis del material probatorio y de la consideración de las circunstancias de hecho que rodearon el acontecimiento, debe acreditarse con fehaciencia que el rumbo tomado se ha desviado hacia un discurrir contrario a las constancias objetivas y en franca oposición a principios elementales del razonamiento lógico jurídico. Es que la actividad axiológica emprendida en aquellos estamentos, sólo puede ser atacada cuando su resultado es el producto de una irracional reflexión.
Inimputabilidad, obediencia debida
Materia: PENAL
Carátula: PERCHANTE, JORGE G. - MENDI, HECTOR E. Y OTROS s/ APREMIOS ILEGALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

"Resulta procedente aseverar, que el inferior jerárquico sólo debe obediencia cuando el superior obra dentro de sus atribuciones, y en ningún caso -como el presente- cuando el acto ordenado es un delito (conf. Rubianes "Código Penal", Tom. I pág. 168 y Jurisp. CA Rosario 21/3/57 Jurisp. 12-280; Cám Federal La Plata J.A., 1946-1-107;

76,144,161,238 Y 263 Regla Cuarta letra "a", "b", "c", y "g" de la ley ritual).-
Caducidad de instancia, feria judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barneche, Héctor Eduardo c/ Bogado, Rogelio Oscar y otro s/ Daños y perjuicios P., M. S. c/ M., J. y otros s/ Reconocimiento de estado y petición de herencia Lemba, Atilio Ricardo y otros c/ Becchio, Carlos Alberto y otros s/ Indemnización por daños y perjuicios Ayala de Barbero, Dora c/ Galende, Oscar s/ Daños y perjuicios Ceroli de Cece, Rosario c/ Villavicencio de Lewinski, María E. y otros s/ Daños y perjuicios Gómez de Romero, María c/ Vallejos, Laureano y otros s/ Daños y perjuicios Rodríguez de Sosa, Agripina Elsira c/ Legay, Luis Ernesto y otros s/ Daños y perjuicios Valdez Peláez, Servanda y otra c/ Teschuk, Claudio Luis y otr. s/ Daños y perjuicios CUSTODIA Cía. Financiera S.A. s/ Quiebra c/ Olivera Avellaneda, Carlos Ramón y otros s/ Daños y perjuicios Gallinas, Luciano c/ Nahmias, Cintia y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-30|1996-04-16|1996-07-05|1990-02-27|1990-03-13|1990-06-12|1995-02-28|1991-08-20|1997-07-08|1997-03-25

Corresponde excluir los períodos de feria judicial del cálculo que se hace a los fines de la caducidad porque la carga de actuar que incide sobre las partes y que la perención sanciona, pesa solamente cuando existe la posibilidad de hacerlo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, recurso de apelación (procesal), recurso de casación, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Vivo, Hugo Arnoldo s/ Recurso de Queja por Casación Denegada presentado por el Dr. Hugo Marcelo Bustamante en Expte. Letra "V" Nº 41/08 "Vivo, Hugo Arnoldo, Recurso de Casación c/ Auto Interlocutorio Nº 29/08 de Expte. Letra "V" Nº 100/07 - Capital - 12-05-08
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-06

La defensa técnica plantea recurso de queja contra el Auto Interlocutorio dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, que declaró formalmente inadmisible el recurso de Casación por él interpuesto.

La Cámara, al rechazar el recurso, sostuvo que no tiene el carácter de sentencia definitiva el fallo que no hizo lugar a la apelación contra el auto interlocutorio del Juzgado de Control de Garantías que rechazó la oposición de elevación a juicio y la solicitud de sobreseimiento, confirmando el procesamiento.

El recurrente sostiene que, si bien no pone fin al juicio, al confirmar el procesamiento impone el juzgamiento oral y público de su defendido, lo que suscita un agravio de imposible reparación ulterior y configura una cuestión federal, que demanda tutela inmediata por afectación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y debido proceso.

Debe entonces desentrañarse, para la procedencia del presente recurso, si el mismo debe ser equiparado a sentencia definitiva.

Lo resuelto implica para el imputado la obligación de continuar sometido a proceso. Por lo tanto, la decisión recurrida no reviste el carácter de sentencia definitiva o decisión equiparable a tal. Tal falta de definitividad no puede ser soslayada con la invocación de garantías constitucionales.

Es decir, no se trata de un acto trascendente que pueda irrogar un agravio de imposible o tardía reparación ulterior al imputado, y tampoco se evidencia- ni lo justifica el recurrente- la configuración de un gravamen personal irreparable, concreto, actual y no derivado de la propia actuación del imputado. Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al Recurso de Queja deducido.
Venta ilegal de obra intelectual, extranjeros, error de prohibición
Materia: PENAL
Carátula: F.V.,R.C. s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-30

Debe procesarse en orden al delito previsto en el Art. 72, inc. "a", de la ley 11.723 a un extranjero que comercializaba copias ilegítimas de películas en formato de "dvd", pues no puede alegarse válidamente un error de prohibición, cuando menos invencible -el único relevante en esta etapa preliminar-, en tanto es de público y notorio conocimiento que la modalidad de venta de las copias de DVD's como los secuestrados está vedada, más aun cuando los originales siempre llevan inscripta aquella prohibición legal (del voto en disidencia del Dr. Rimondi).
Certificado de trabajo, intimación a exhibir documentos, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Palavecino, Mario Alberto c/ Momberg, Juan s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-08

Corresponde hacer lugar a la multa establecida en el art. 80 L.C.T., aun cuando el trabajador no hubiese esperado el plazo de treinta días exigido por el decreto 146/01 para cursar la intimación, pues como el empleador nunca entregó los certificados de trabajo y nunca los acompañó al contestar la demanda, constituye un excesivo rigor formal su pretensión de ampararse en el plazo previsto en la norma citada.
Falta de contestación de la demanda, confesión ficta
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Arroyo, Natalia Marisa c/ C.A.Y F.A. S.A. y Otros s/ Ordinario - Otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-09-26

La falta de contestación de la demanda, unida a la confesión ficta, importa un allanamiento total a las pretensiones de la parte actora, excepto que de las restantes pruebas producidas surgiera lo contrario.