marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Lealtad comercial, defensa del consumidor, publicidad engañosa
Materia: COMERCIAL
Carátula: COLINA,  ALFREDO  Y  OTRO c/ SERVICIOS ESPECIALES COOP. DE CRED.VIV. Y CONS. YA LTD S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-16

La reglamentación de la publicidad comercial (y del deber de información en general), persigue amparar al consumidor, frente a las restricciones a su libertad de contratar, que las técnicas persuasivas de los anuncios y mensajes provocan, jugando un rol determinante en las decisiones de consumo. Con la finalidad, de evitar que el consumidor pueda ser inducido a adquirir un producto diferente al que tuvo intención de comprar, el artículo 9 de la Ley 22802 de lealtad comercial, prohíbe también los engaños en la publicidad comercial. La prohibición refiere expresamente a la realización de cualquier clase de publicidad o propaganda, que mediante inexactitudes u ocultamientos, pueda inducir a error, engaño o confusión, respecto de las características o propiedades, naturaleza, calidad, pureza, uso, etc., de bienes o servicios (Stiglitz-Stiglitz, Derechos y Defensa del Consumidor, Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 1994, págs. 137/138). El parámetro de engañosa de la publicidad, pues, debe pasar más por la objetiva idoneidad que posee aquél (el emisor del mensaje) para producir en el consumidor una falsa creencia, inducirlo a un dato equivocado (error), e inclinarlo a una elección económica perjudicial para él (Fulvio G.

Santarelli, Comentario artículo 8; en: Picasso-Vázquez Ferreyra, Ley de Defensa del Consumidor -Comentada y Anotada-, T. I, Bs.

As., La Ley, 2009, pág. 107).
Cuestiones de competencia, tutela legal, competencia de menores
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ramírez, Walter Damián s/ robo en grado de tentativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

Si los magistrados entre los que se planteó el conflicto se encuentran en análoga situación legal para asumir la función tutelar del menor, la elección debe hacerse ponderando cuál de ellos se halla en mejores condiciones de alcanzar la protección integral de sus derechos.
Accidentes de trabajo, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Lovato Ricardo Raúl c/ Compañía Argentina de Seguros Victoria S.A. s/ Acción de Inconstitucionalidad-Acc. de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-05-11

Al haber acordado el dependiente con todos los pasos que se observaron en el caso concreto, no resulta posible admitir que luego de transcurrido algo más de dos años puede volver para atrás y retrotraer las cosas a su estado original cuando prestó su conformidad en el porcentaje de incapacidad que -en su oportunidad- la Comisión Médica le asignó y de haber estado en disconformidad con ello hubiera tenido a su alcance los remedios que le concede la L.R.T. -cfme. artículo 22 de la Ley de Riesgo del Trabajo-.

No lo hizo y, además, consintió el jornal base fijado, la liquidación practicada y finalmente recibió el pago sin objeciones, todo lo cual obsta a la procedencia del reclamo que formula el actor recurrente.
Perspectiva de género, fallos de la Corte Suprema, responsabilidad internacional del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., L. A. s/ causa N° 41112/2018/TO1/3/CNC3 c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-10

La necesidad de abordar los casos con perspectiva de género que aparece en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se deriva también de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino relativos a las declaraciones sobre derechos humanos, a los estándares internacionales fijados por los respectivos órganos de aplicación y control, y a la normativa nacional, que reconocen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
Proceso penal, declaración de incompetencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D.G.I. s/ inf. Ley 23.771 s/reposición Causa nro. 13.386 PALAZZO, Elsa s/ reposición Causa nro. 13108
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19|1997-07-10

Este Tribunal ha sostenido la imposibilidad -como órgano que se declara incompetente- de efectuar cualquier tipo de consideración en relación al fondo de la cuestión que ha sido materia de recurso, criterio que reconoce como única excepción la circunstancia de encontrarse comprometida la libertad de los imputados, extremo que no se verifica en la presente.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentación suficiente, liquidación judicial, intereses, depósito judicial, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: HECTOR J. GABENARA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-29

Corresponde rechazar la queja desde que no se logra demostrar que la Sala incurriera en arbitrariedad al juzgar que "...la falta de mención a los intereses en las decisiones de primera instancia y en la emitida por esta Sala, no aportan fundamento suficiente al banco recurrente puesto que el debate en aquellas instancias refirió a la aplicabilidad o no de las disposiciones sobre pesificación, consistiendo ahora la cuestión en el modo de liquidar lo que el banco debe integrar como capital depositado judicialmente", máxime si se repara en que el propio compareciente comparte dichos extremos y así lo expone en el escrito recursivo, aunque dándoles un alcance y sentido diferentes.

Sobre este aspecto, el Tribunal también expuso su fundamentación y apoyatura en jurisprudencia reciente con relación a la procedencia del devengamiento de intereses en el caso de fondos objeto de depósito judicial durante el período en que el capital estuvo inmovilizado basándose en la naturaleza jurídica de éstos y considerando que "...no puede soslayarse que el depósito judicial se coloca a plazo fijo justamente para evitar el envilecimiento de la entidad económica intrínseca del dinero depositado, lo que implica necesariamente la estipulación de un interés compensatorio como forma de contrarrestar la licuación de ese capital..." por lo que "...la pretensión del Banco de devolver el capital nominal varios años después de su imposición por orden judicial, sin que exista una compensación razonable, implica en la práctica una quita injustificada sobre el valor de lo que originalmente se invirtió.
Modificación del contrato de trabajo, prácticas desleales, dirigente gremial
Materia: LABORAL
Carátula: IACONO, CLAUDIO c/ TELEVISION FEDERAL S.A. s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-20

La conducta de la empleadora de modificar las condiciones de trabajo del actor pese a su condición de representante sindical se encuentra tipificada en el art. 53 inc. i) de la ley 23551 y no se trata de un supuesto de aplicación general o simultánea a todo el personal. No es menester acreditar la intencionalidad del infractor para que la conducta sea punible, toda vez que ni siquiera el derecho penal exige el dolo para que una conducta típica y antijurídica sea sancionable. (Del voto del Dr. Simón, en mayoría).
Revocación de la excarcelación, trata de personas, explotación sexual
Materia: PENAL
Carátula: VIOTTO, Marisa Rita c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

El voto concurrente agregó que la naturaleza y características del hecho que se le atribuye, a saber, trata de personas con fines de explotación sexual previsto y penado en el art. 145 bis, agravado por las situaciones previstas en los incisos 1, 4, 5 y penúltimo párrafo del art. 145 ter, deja en evidencia las razones de la denegatoria, actualmente previstas en los artículos 221 incs. a) y b) y 222 inc. B) del CPPF, aunado a que el a quo tuvo en cuenta que esta Sala confirmó la revocatoria de la excarcelación dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario respecto de la nombrada. Dres. Gemignani, Catucci -voto concurrente- y Riggi
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, monto mínimo, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: LAGARDE  EDUARDO  Y  OTRO c/ BBVA BANCO FRANCES SA s/ recurso dequeja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

La queja interpuesta no resulta admisible. El monto reclamado en estas actuaciones en concepto de capital ($ 501,98) -independientemente del monto por el que prosperó la acción-, no supera el mínimo que prevé el art. 242 del Código Procesal (t.o. ley 23.850), con exclusión de sus accesorios. Pero la subsistencia de la apelabilidad requiere que, dictado el fallo, éste ocasione a alguna de las partes un agravio que supere el aludido mínimo y no que la contienda se vea reducida aun monto exiguo, circunstancia en la que por motivos sobrevinientes -que el Tribunal necesariamente debe ponderar (art. 163, inc. 6 del ritual)- el conflicto queda sometido a un régimen de instancia única a todos los efectos, precisamente por la escasa entidad del debate que subsiste (v. esta Cámara, Sala II, causas 3785/99 del 7-8-2001; 5904/97 del 9-10-2001 y 433/01 del 21-6-2002; esta Sala, causas 10.187/00 del 24-9-2002; 8141/00 del 15-4- 2003 y 420/02 del 22-10-2003, entre otras). La suma reclamada en concepto de capital no alcanza el quantum mínimo que contempla el art. 242 del Código Procesal; circunstancia ésta que ha convertido a la causa en inapelable en razón del monto, lo que veda toda intervención de este Tribunal de alzada para conocer de cualquier cuestión vinculada con este conflicto.
Transporte de carga, falta de entrega de la carga, indemnización, valor de la mercadería
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. ASEGURADORA ARGENTINA SA DE SEGUROS GRALES. c/ TRANSPORTES POZZO HNOS SRL s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

El valor de los productos y mercaderías a lo largo del tiempo depende de variados factores, tales como son, entre otros, la oferta y la demanda o los cambios derivados del desarrollo de la técnica. No parece razonable pretender que, por ej., a quien no se le entregaron raquetas de tenis, máquinas de escribir o computadoras en el año 1988, época en que las adquirió y pagó, deba recibir como resarcimiento una suma de dinero equivalente al precio actual de tales bienes, el cual es notorio que se puede reducir significativamente tanto por la antigüedad de los modelos, cuanto por el abaratamiento de los nuevos.

Más aún, podría darse el caso de un producto o insumo cuya demanda y por lo tanto su precio disminuyese drásticamente, porque por cambios en el consumo o por adelantos tecnológicos la industria redujera o abandonara su uso (cfr. esta Sala, in re "YPF c/Arasa", del 24.8.94).
Acciones posesorias, prueba, posesión
Materia: CIVIL
Carátula: Domínguez Oscar César c/ Juan Antonio Bernabé. s/ Acción posesoria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-03-05

La prueba a rendirse en la acción posesoria de recobrar, no sólo deberá acreditar los hechos en los que se funda, es decir la existencia de la posesión y los actos turbatorios (o la desposesión) de la que se queja, sino que deberá cumplir las siguientes reglas, a saber: 1) Acreditada la existencia de la posesión, ésta se presume desde la fecha del título.2) La posesión se conserva por la sola intención, siempre que el demandado no justifique por su parte actos bien definidos de posesión. 3) Acreditada la posesión invocada por el actor, si el demandado pretende que él posee a nombre de un tercero deberá probarlo, a falta de prueba la acción debe prosperar.4) Según la acción intentada el actor deberá justificar además de la posesión, que ésta reúne las condiciones exigidas por la ley. 5) Deberá probarse además el acto turbatorio o de desposesión y en tal caso la no participación de la voluntad del demandante en esta pérdida posesoria 6) En caso de duda acerca de la verdadera posesión de la cosa en litigio se aplica el art. 2.471 (la más antigua, si no el que tuviese derecho o mejor derecho de poseer) 7) Fuera del caso anterior, en que si se exige prueba del título en la acción posesoria la prueba debe recaer sobre la posesión misma y no sobre el derecho a la posesión (art. 2.472).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: POYMULLE, HORACIO JORGE c/ FLORES, GABRIEL A s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 977-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-27

Cabe rechazar la queja en cuanto pretende la revisión de lo resuelto por la Sala al declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto, cuando la recurrente no logra demostrar que esté en juego materia de competencia de la Corte Suprema de Justicia local, por vía del artículo 93, inciso 2) de la Constitución de Santa Fe.
Prisión domiciliaria, establecimientos penitenciarios, asistencia médica
Materia: PENAL
Carátula: Vega, Heriberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-19

No corresponde hacer lugar al beneficio si los médicos convocados al efecto expusieron que la condición del imputado no se encuentra especialmente agravada por ser atendido en la Unidad Asistencial del Servicio Penitenciario. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli).
Cuestiones de competencia, daño material, Banco Hipotecario Nacional, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: BERTUCCI, Silvia A. s/ Procesamiento. Causa 15.692
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Es competente la Justicia federal para conocer en las causas penales por delitos que, en términos generales y con prescindencia de la clasificación que les corresponda, afecten o puedan afectar el patrimonio nacional de modo directo...

Si bien el Estado nacional es titular de acciones clase A, integrando el directorio del Banco Hipotecario Sociedad Anónima con dos de los doce directores que lo componen, y que son elegidos por mayoría de votos de cada clase accionaria, tal circunstancia se torna irrelevante a los fines de determinar la intervención de este fuero de excepción. Por ello, no es competente la justicia federal si no se advierte que la acción típica afecte en forma directa el patrimonio público estatal.
Estado, régimen de consolidación de deudas, leyes, interpretación de la ley, Estado Provincial, Municipalidad, reglamentación de la ley, sentencia, ejecución de sentencia, juicio de apremio
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Camiña, Juan José c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio (Expte. CSJ Nº 167-94) Amadío, Amalia Beatríz Zeballos de c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio (Expte. CSJ Nº 166-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-12|1995-04-12

La ley 23982, por la que se consolidan en el Estado nacional las obligaciones a su cargo (de sus entes públicos menores, descentralizados, autárquicos, empresas públicas, Municipalidad de Buenos Aires, etc.), dispuso que también lo podrían hacer las provincias "con las obligaciones que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 1" de dicho texto, agregando el artículo 19 que las respectivas administraciones, entes descentralizados, municipalidades, etc. serán considerados un conjunto económico a los fines del cumplimiento de la norma. El régimen, excepcional en cuanto se vincula con el llamado "poder de policía de emergencia", autoriza a las provincias a consolidar sus deudas, entre ellas las de sus municipalidades, pero no faculta a éstas a sancionar un ordenamiento ajeno a sus competencias constitucionales (argumento artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional). La "ratificación" concretada por la ordenanza 9745 es, así, inoficiosa y la carencia de sustento normativo, por haber dejado de tener vigencia la ley 10798 que instrumentó la consolidación de deudas en la Provincia -incluyendo sus municipios-, hace procedente la pretensión de la actora de que se mande llevar adelante la ejecución. (De la Disidencia del Dr. Barraguirre)
Proceso penal, acción civil, actor civil, obligaciones
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: DORMEBENE MARIO ANTONIO s/ INDEMNIZACION  -  DAÑO  MATERIAL  -  PROCESO  PENAL  -  ACCION  CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-09-20

El actor civil como todas las partes del proceso penal, está obligado a observar las formalidades, el trámite y los términos que la ley procesal prescribe para el cumplimiento de su actuación.-
Beneficio de litigar sin gastos, prueba, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: Scamarcia, Mabel y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Corresponde conceder el beneficio de litigar sin gastos si, como resulta de las declaraciones testificales, los actores se desempeñan como empleados en un comercio del ramo gastronómico, y los ingresos que perciben por tal actividad permiten concluir que no se encuentran en condiciones de hacer frente a otras erogaciones que no sean las de su propia subsistencia.
Suministro de energía eléctrica, distribución de energía eléctrica, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, tarifa de servicios eléctricos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Central Térmica San Nicolás S.A. c/ Resol. SEP 374/98 -ENRE 682 y 713/97- E ENRE 3249/3250/97
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-02

La actividad de generación es considerada de interés general y afectada al servicio público de distribución de energía eléctrica (confr. art. 1 de la ley 24.065). Dado que los distribuidores se encuentran autorizados a trasladar a las tarifas el precio al que compran la energía (conf. art. 40 del decreto 1398/92 al reglamentar el inc. c del art. 40 de la ley citada), prima facie puede entenderse que el ENRE está habilitado para intervenir en la determinación del precio de uno de los costos que finalmente integrarán el valor que pagará el usuario.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, contratos civiles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aller, Eladio Roberto y otro c/ Pontoriero, Gerónimo José s/ Sucesión. Cumplimiento de contrato Sottile, Juan y otra c/ Benegas, Luis N. s/ Cumplimiento de contrato Camardelli de Bertone, Edith Ceres y otros c/ Simont SRL y otros s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19|1994-02-15|1995-02-14

El valor económico del litigio está representado por el precio fijado en el boleto, cuyo cumplimiento persigue el recurrente, actualizado al tiempo de interposición del recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Facultades del juez, abuso del derecho
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Astilleros Príncipe y Menghi S.A. c/ Banco Nacional de Desarrollo. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Los jueces están facultados a modificar los derechos establecidos en convenciones y otros actos jurídicos cuando exceden el fin que se tuvo en mira al reconocerlos, conforme a la noción de abuso (art. 1071 del Código Civil) (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Transacción, presentación del escrito
Materia: CIVIL
Carátula: BANEGAS RAUL c/ CHAVEZ DIEGO ALFREDO s/ HOMICIDIO CULPOSO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-01

Del texto del Art. 838 del Código Civil surge que la presentación de un convenio ante el Juez es un requisito de eficacia que hace a la perfección del acto pero no a su validez. Es decir, hasta tanto no se cumpla el requisito existe un acto con ineficacia pendiente, regular pero incompleto por lo que las partes pueden desistir de él. Es por ello que se ha sostenido que el requisito de presentación del contrato transaccional no es solemne desde que está instituido, principalmente, en interés de las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pago, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FECUNDA S.R.L. c/ GOBIERNO PROVINCIA MENDOZA s/ Ordinario (LIBRO: S069 - 224)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-03

No se puede cuestionar la validez de la Carta de Pago otorgada por los abogados en concepto de sus honorarios, y luego cedida a la actora, con el argumento de que carecía de monto. Para ello debió objetarse la regularidad de la cesión de créditos, ya que para determinar la liquidez del reclamo basta una simpple operación aritmética, en razón de tratarse de un monto de honorarios regulados.
Recurso de apelación (procesal), seguro de responsabilidad civil, asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scherdenovsky, Fernando c/ Rogousky, Julio César s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-13

No firme la sentencia con relación al asegurado por la apelación sostenida por su litisconsorte necesario -la aseguradora-, es obvio que ésta no tiene porqué responder de la condena que aún no tiene efectos de la cosa juzgada (arg. art. 118 de la ley 17418). Por ende, no es posible fundar la improcedencia de su recurso en la obligación de la compañía de mantener la indemnidad de su asegurado si, justamente, es su apelación la que ocasiona que el hecho que genera su obligación de indemnizar no se produzca: ésto es, que la condena contra el demandado adquiera firmeza.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Gastos médicos, gastos de farmacia, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: Gelli, Rubén Alberto c/ S.E.A. S.A. y/u otros s/ Despido, preaviso e incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-08-24

Si bien la norma que dispone la obligación patronal de proveer gratuitamente, al trabajador, mientras dure la incapacidad temporaria, toda la asistencia médica y farmacéutica que requiera su estado de salud, art. 10, ley 24,028, nada dispone para el caso que ello no haya sido así, parece razonable entender que si el dependiente abonó los mismos tenga derecho al reembolso pertinente, pero para ello, claro está, deberá acreditar mínimamente, haberse hecho cargo de tales gastos, y su vinculación con la secuela del accidente de trabajo si en la liquidación adjunta al promocional se incluyen sumas globales, y en la demanda nada se explicita al respecto y menos se acredita, lo que, ni aún en la expresión de agravios intenta precisar la accionante, debe confirmarse el rechazo de tales conceptos.
Ejecución de sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CACERES, AZUCENA DEL VALLE s/ NULIDAD DE SENTENCIA FIRME.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-19

Nuestra legislación no contempla explícitamente la revisión de una sentencia ejecutoriada o consentida, empero esa revocabilidad resulta viable en nuestro derecho, en virtud de los principios que dimanan de los arts. 931, 935 y 954 del C. Civ. Sería absurdo que no se pueda anular un acto jurídico logrado con dolo de las partes intervinientes y aún de un tercero (art. 935 C. Civil) y declarlo libre de esa sanción cuando ello tuvo por efecto engañar el juzgador, logrando mediante un trámite de aparente corrección una sentencia destinada a cubrir con su intangibilidad, todo un proceso colusorio.