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Medidas cautelares, Administración General de Puertos, embargo de buque de bandera nacional, crédito privilegiado, falta de pago, servicios portuarios, interdicción de navegar, facultades del juez
Materia: NAVEGACION-PROCESAL
Carátula: Administración General de Puertos Sociedad del Estado c/ Dynamic Marine S.A. s/ cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

Tratándose de un crédito privilegiado derivado de la falta de pago de servicios portuarios vinculados a la navegación y explotación comercial del buque, y sin perjuicio de lo que se decida en la sentencia definitiva una vez culminado el período probatorio, corresponde admitir el embargo del buque. Asimismo, la circunstancia de que se trate de un buque de bandera nacional no sólo no constituye un obstáculo para disponer, en forma conjunta con el embargo, la interdicción de navegar, sino que es una facultad del juez embargante expresamente contemplada en el art. 539 de la Ley 20.094
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, Cámara de Apelaciones, facultades jurisdiccionales, competencia, contratos de juegos de azar, rifas, pago en cuotas, pago extemporáneo, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ZORZON, MARIA DEL CARMEN c/ MOREYRA, BLANCA TONELLI DE Y/O CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO PROVINCIA L DE SANTA FE Y/O PROMOTORA RIVERO GAUNA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO  POR EL CODEMANDADO CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE-INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 1770 AÑO  1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03

Corresponde rechazar la queja desde que el quejoso no persuade que la Cámara excediera los límites de su competencia revisora al abordar el tratamiento amplio de los efectos de la eventual mora en que habría incurrido la accionante para resultar adjudicataria del premio sorteado en una rifa.. En efecto, el recurrente -al expresar agravios- había cuestionado la decisión del Juez inferior de que correspondía la entrega del vehículo o su valor equivalente pese admitir que "el pago se realizó luego del día 12", por lo que no luce irrazonable que la Alzada tratara la cuestión relativa a la fecha de pago de cupones anteriores para intentar dilucidar si la decisión del Inferior resultaba correcta. En este sentido, soslaya el impugnante un elemento esencial del pronunciamiento atacado, cual es que la Alzada consideró que debía examinarse si fue demostrado que la accionante pagó después del día 12 aunque antes del 20 , por ser determinante en la resolución de la litis y en el acogimiento o desestimación del recurso de apelación, por cuanto los codemandados apelantes habían opuesto en su momento como hecho optativo al progreso de la acción instaurada, la falta de pago en término de la cuota correspondiente, quedando a su cargo la prueba de tal extremo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), licitación pública, intereses, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PECAM S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-30

Los Sentenciantes analizaron la documentación licitatoria, los hechos y las demás probanzas de la causa y determinaron que no correspondía acoger el planteo de inconstitucionalidad del decreto reglamentario 5755/1991, poniendo especial énfasis en que los propios fundamentos esgrimidos por la actora referían a cuestiones de fechas muy anteriores a la licitación de marras; considerando asimismo que todo lo antedicho bastaba para desechar la alegada inconstitucionalidad del Decreto N° 5755/1991 pues frente a la conducta de la recurrente previa, jurídicamente válida, relevante, unívoca y plenamente eficaz, asumida al presentarse como oferente en la Licitación y suscribir el correspondiente contrato que manda a aplicar la ley 5188 y sus reglamentaciones vigentes, no podía pretender válidamente la actora, con posterioridad, tachar de inconstitucional el mismo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 5188; Decreto 5755/91.
Notificación electrónica, nulidad de la notificación, domicilio electrónico
Materia: PROCESAL
Carátula: Cuneo, Santiago Gabriel  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en cuneo, santiago sobre 3 - organización /propaganda discriminatoria - ln 23.592 (penalización de actos discriminatorios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-07

Corresponde rechazar el planteo de nulidad de la notificación electrónica realizado por la defensa en tanto surge de las constancias obrantes en EJE que la referida notificación fue cursada en los términos dispuestos en el "REGLAMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO" y no contiene defecto alguno. Fue debidamente enviada y recibida con sus adjuntos en el domicilio electrónico constituido por la recurrente. No obsta a lo afirmado el hecho de que no se adjuntara al "correo electrónico de cortesía" una copia de la resolución notificada, pues ese correo no constituye una notificación electrónica, sino un simple aviso sin efecto procesal alguno. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano).
Abogados, ejercicio profesional, COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL, potestad disciplinaria, facultades del juez, facultades disciplinarias del juez, interpretación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de Apelación en autos SABAN, Carlos s/ infr. art. 116 ley 1472 .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

Al crearse el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal - mediante Ley Nacional Nro. 23.187, de 1985- se asignó al ente la "finalidad general" de gobernar la matrícula de los profesionales dentro del ejido y de ejercer el poder disciplinario sobre los matriculados - art. 2 incs. a) y b) y 21 inc. d)- a través del tribunal específico allí organizado -art. 21 inc. a)-.

A su turno, el artículo 43 dispuso como atribución exclusiva del Colegio " fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de abogado. A tales efectos ejercitará el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que puede imputarse a los matriculados".

Esta decisiva asignación implicó un primer conflicto con lo normado en relación a los tribunales de la justicia nacional por el decreto - ley 1285/58, cuyo artículo 18 establecía desde antaño la facultad de éstos de imponer correctivos precisamente catalogados; por Ley Nro. 24.289- última que modifica el artículo- se mantuvo la función disciplinaria así delineada, aplicable contra "los abogados... que cometieren faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole, contra su autoridad, dignidad o decoro".

El problema se acentuó a raíz de la posterior sanción del Código Procesal Penal de la Nación -Ley Nro. 23.984 de 1991-, cuyo artículo 370 -no alterado por las sucesivas reformas- consagró la facultad del presidente del tribunal de ejercer el poder de policía y disciplina durante la audiencia, con detalladas atribuciones sancionatorias cuyo ejercicio se autorizó ante la eventual constatación de las conductas previstas en el artículo 369. Por otra parte, se estipuló desde entonces que "el incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los defensores o mandatarios podrá ser corregido con multa de hasta el equivalente al 20% del sueldo de un juez de primera instancia, además de la separación de la causa..." -artículo 113-. Finalmente, la cláusula transitoria decimoctava de la Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires , dispone desde 1996 que "el control de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario de las profesiones liberales, continuará siendo ejercido por los Colegios y Consejos creados por ley de la Nación hasta que la Ciudad legisle sobre el particular".

La tensión reseñada, sin embargo, es tan sólo aparente. A efectos de dilucidarla, corresponde delimitar claramente las órbitas de incumbencia que nacen de las facultades y atribuciones del Magistrado en su condición de policía del proceso y diferenciarlas de las que tocan al órgano de colegiatura como gobernador de la matrícula de sus inscriptos. Se trata de ámbitos de distinta proyección que en modo alguno se hallan superpuestos y que, por lo mismo, dejan incólumes las garantías que tutelan el proceso.
Ley arancelaria, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Gavilán, Héctor c/ Adame, Juan Nabih s/ Escritura s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-08-04

En principio, el monto de los honorarios correspondientes a trabajos en Segunda Instancia no consiste automáticamente en determinado porcentaje de la regulación firme de los de Primera Instancia, desde que el art. 14 de la ley 21.839, no establece una relación "con la cantidad fijada para los honorarios de primera instancia", sino con la "que deba fijarse", según las disposiciones de arancel, máxime cuando, como en el caso, se demanda por dos acciones -una de nulidad de compraventa y otra sobre daños y perjuicios- y se apela sólo por la segunda.
Defensa del consumidor, derechos del usuario, telefonía celular, actividad comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cantarella, María Mirta c/ Telefónica Móviles Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-13

La contratación de una línea de telefonía celular por parte de la accionante debe ser entendida como una "relación de consumo" aún cuando la utilizara para fines comerciales. Ello así, pues el mero hecho de recibir o efectuar llamados a clientes, no implica -sin más- la inaplicabilidad de la ley de defensa del consumidor, puesto que precisamente tal situación debe ser considerada como uno de los tantos beneficios que otorga contratar un servicio como el que ofrece la demandada. Máxime, que la actora también refirió que esa misma línea de telefonía era utilizada con fines privados y familiares.
Horas extra, pago
Materia: LABORAL
Carátula: TREIYER VIRGILIO RUBEN c/ EMPRESA HOTELERA YAÑEZ MARTIN S.A. s/ COBRO DE PESOS Y ENTREGA CERTIFICADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-11-27

De las tareas realizadas por el actor, propias de personal superior, jefe o encargado, resulta que el mismo se encuentra abarcado por las disposiciones del artículo 3 inciso a) de la ley 11.544 -"Jornada Legal de Trabajo"- que establece las excepciones a la aplicación de la duración de la jornada de trabajo, teniendo en cuenta que el reclamante realizaba las tareas que le imponía su condición de encargado de bar, no corresponde que se recepcione el reclamo de horas extras.
Recurso de apelación (procesal), apertura de la instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C.C. c/ L.H. s/ Alimentos Litis Expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

El auto que concede el recurso de apelación produce la apertura de la Segunda Instancia.-
Usurpación, amenazas
Materia: PENAL
Carátula: V, E A s/ COMPETENCIA.     CAP EXPTE NRO 335-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-02-10

Las expresiones amenazantes proferidas con el ánimo de turbar la posesión de un inmueble no trascienden al tipo penal del artículo 149 bis (amenazas) sino que constituyen un ingrediente integrativo del ilícito contemplado por el artículo 181 inciso 3 de la ley de fondo (turbación de la posesión).
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, fundamentación suficiente, Municipalidad, obligaciones, prueba, contrato de obra pública, pliego de bases y condiciones, recurso contencioso administrativo, Administración Pública, actuaciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vialco S.A. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario - Recurso contencioso administrativo de plena  jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nro. 619 año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-11

No puede prosperar el recurso interpuesto por la Municipalidad demandada en base a la impugnación basada en que la sentencia habría invertido la carga de la prueba con relación a determinados certificados de obra que se consideraron impagos sin contar, a su juicio, con la documentación correspondiente, por cuanto fue la propia falta de colaboración de la Administración demandada en cuanto al acompañamiento de todas las actuaciones administrativas y de la documentación de obra en general la que generó la situación en la cual pretende ampararse ahora la recurrente y lo que obligó al Tribunal a resolver teniendo en cuenta los demás elementos probatorios obrantes en la causa.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Losada, Norberto Guillermo c/ Compañía Argentina de Levadura s/ Comisiones, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

La mera invocación de escasez de fundamentos del fallo objetado no constituye sustento idóneo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 279, C.P.C.C.).
Cuestiones de competencia, competencia criminal, asociación ilícita, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: De Sagastizábal, Raúl H. y otros s/ infr. arts. 142, etc. - incidente de declinatoria en causa n. 8279.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal conocer de los delitos previstos en el art. 210 bis y en las normas del título X, Libro II del Código Penal ya que la intención del legislador al sancionar el art. 12 de la ley 24.121 ha sido la de no alterar sustancialmente el régimen de las causas que hasta entonces se encontraban regidas por la ley 2372 y que han alcanzado un considerable desarrollo procesal.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., M. c/ B., E. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

Cuando a los hechos expuestos en la demanda de divorcio, se los haya invocado como configurativos de una causal, el principio iura novit curia autoriza a encuadrarlos en otra causal con la cual guarden relación. Debe tenerse presente que la causal de injurias graves es una causal genérica que comprende y desborda a las otras.
Honorarios del abogado, ley arancelaria
Materia: LABORAL
Carátula: Valverdi Bernardo David Y Otro c/ Montane María Victoria Y Otro s/ Abreviado - Consignación De Alquileres - Recurso De Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-02-15

El nuevo valor del ius establecido en el art. 36 de la ley 9459 de Córdoba tan solo contribuye a reivindicar la tan anhelada dignidad del arancel profesional, adecuando la entidad de la pauta regulatoria que le sirve de base a la realidad económica imperante en la actualidad y lograr, con ello, la real y efectiva recomposición de la retribución asignable a los profesionales del derecho, sin que se advierta reparo constitucional alguno en su aplicación a los trabajos realizados con anterioridad a su entrada en vigencia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera, Horacio Alfredo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley relativo a la presunta violación del art. 263 inc. 4 apartado "a" del C.P.P. si en ningún momento cuestionó la defensa la prueba del cuerpo del delito (que expresamente reconoce), ni alega en esta instancia las circunstancias del caso en las que, en relación con los agravios planteados, basan su queja.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Saquilan, Angel Ubaldo s/ Violación - Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

Es insuficiente el agravio que sostiene la transgresión del art. 258 del Código de Procedimiento Penal en razón de que el silencio del informe pericial sobre la antiguedad de las lesiones y lo reglado por el art. 431 del Código de Procedimiento Penal debería hacer caer la inferencia presuncional impugnada, si no cuestiona adecuadamente -con el debido apoyo legal- lo resuelto por el sentenciante en cuanto a la concordancia de la prueba pericial con el relato de la víctima y al descarte de otro modo de producción de las lesiones.
Acción de amparo, conflicto de leyes, aplicación de la ley, Constitución Nacional, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, jerarquía de las leyes
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Diyon S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-16

La preceptiva constitucional local contiene enunciados que exceden los derechos tutelados por la Ley Nro. 16986, aplicable hasta el presente en esta jurisdicción. Las diferencias entre las redacciones de los artículos 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Ley Nro. 16986 no implican la derogación "in totum" de la mencionada ley, que mantiene su vigencia en tanto sus contenidos normativos no se opongan a aquélla cláusula constitucional. Sin embargo, cabe resaltar que la normativa contenida en la Ley Nro. 16986 resulta en algunas de sus prescripciones, reñida con las normas constitucionales nacionales y locales en la materia, especialmente teniendo en consideración la reforma de la Constitución Nacional operada en 1994 (en particular arts. 43 y 75 inc. 22, entre otros). (Del voto de los Dres. Daniele, Centanaro y Russo).
Responsabilidad del Estado, faltas del servicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez Gonzalo Fabián c/ Acuña Pascual Rolando y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

La entrega de un arma -y de alto poder agresivo- debe rodearse de las mayores garantías de seguridad, para que no se haga uso de ella.

Esto impone al Estado una cuidadosa valoración y examen de las personas a quienes la suministra. Es que si la protección pública genera riesgos es lógico que esos riesgos soportados por quiénes se benefician de ella.
Hecho imponible, contrato de publicidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos S.C.L. c/ Municipalidad del Partido de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

La finalidad de las normas municipales que gravan la publicidad o propaganda que se realice en la vía pública o que trascienda a ésta o en el interior de los locales destinados al público, está dirigida a toda publicidad que exceda la relativa a la individualización de las mercaderías que se expiden en el interior de los locales o establecimientos, razón por la cual el hecho imponible se configura en el caso en que se exhibe en diversos comercios la etiqueta con el logotipo "Cabal", sistema de tarjeta de crédito cuya administración ejerce la actora.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Leonor Isabel c/ Expreso Merlo Norte S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-07-06

Para que exista la obligación de reparar deben concurrir una conducta antijurídica, un factor de atribución, la producción de un daño y la relación de causalidad entre el hecho prohibido y el daño.
Devolución de objetos secuestrados, tercero adquirente de buena fe, asegurador
Materia: PENAL
Carátula: INCA; S.A.- s/ DEVOLUCION DE EFECTOS.-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

Corresponde entregar al asegurador el vehículo sustraído y no al tercero que lo adquirió después del hecho regla que no puede verse alterada por la circunstancia de que el propietario haya cedido sus derechos sobre el automóvil sustraído y tampoco es relevante la presunta buena fe del adquirente porque, según sus dichos, la compra no se realizó en casa de venta de objetos semejantes, tratándose, además, de una sustracción, por lo que el mejor derecho que pueda alegar, debe ejercerlo ante los tribunales competentes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, incidente de nulidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fiscalía de Estado s/ Incidente de nulidad en autos: Lencina, Emiliano contra Echeverría,  Martín. Prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

En el caso, el valor del litigio es de monto determinado y se halla representado por la valuación fiscal del inmueble que da origen a la nulidad pretendida, siendo carga del recurrente aportar los elementos necesarios para su determinación. (MINORIA u opinión personal)
Sistema federal, competencia de la Corte Suprema, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pilquiman, Crecencio c/ Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural s/ acción de amparo Colonización y Fomento Rural s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-07

El respecto cabal del régimen federal de gobierno y de la zona de reserva jurisdiccional de las provincias, impone- por un lado- reconocer a los magistrados de todas las instancias el carácter de irrenunciables custodios de los derechos y garantías de la Constitución Nacional; y, por el otro, exige colocar la intervención apelada de la Corte en el quicio que ella le ha asignado: ser su intérprete y salvaguarda final.
Abogados, honorarios, honorarios del abogado, regulación de honorarios, legitimación procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: GCBA c/ Ochoa Edgardo Daniel s/ Ejecucion de multas-Regulacion de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-28

En el caso,es el mismo accionado quien peticionó "por derecho propio" la regulación de los honorarios profesionales de su letrada patrocinante.

Sin perjuicio de la efectiva determinación del estipendio que corresponde a la profesional interviniente, la totalidad de la tramitación ha sido impulsada por quien carecía de acción para impetrar tanto la pretensión regulatoria como su impugnación.

En efecto, resulta la necesaria existencia de un concreto interés por parte de quien excita la jurisdicción y que informa su legitimación activa al efecto.

Delimitada la suma de los honorarios que corresponde percibir a la letrada, aparece inconcebible que la pretensión impugnaticia devenga incoada por quien no resulta su titular ni mucho menos ejerce su representación procesal, razón por la cual, aunque la solicitud de regulación ha sido -equivocadamente- receptada, este Tribunal carece de competencia a fin de resolver el planteo deducido por quien no ostenta legitimación activa para su promoción.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: GE  Compañía  Financiera  S.A. c/ Schuldais,  Paula  Gimena s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

Las sentencias que se refieren a medidas precautorias, ya sea que las ordenen, modifiquen o extingan, no constituyen, como principio, materia propia del recurso extraordinario, excepto en aquellos supuestos en que aquéllas causen un agravio que, por su magnitud o circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, pues ello acuerda al fallo el carácter definitivo a los efectos de la apelación extraordinaria del art. 14 de la ley 48. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.