Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-22


SENT Nro. 1027 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 22 DE DICIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el C.P.N. Mario Balbi en autos: "Ingenio Aguilares S.A. s/Quiebra (Inc. de apelación interpuesto por los peritos Mario Balbi y otros)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 98/122 vta. por el C.P.N. Mario Balbi en contra de la sentencia de fecha 27/9/2002, dictada por la Cámara Civil y Comercial Común, del Centro Judicial de Concepción.

El pronunciamiento mencionado (fs. 81/91) dispuso hacer lugar a las observaciones de la fallida y los acreedores laborales respecto del crédito del perito Mario Balbi y declarar que el mismo no se hallaba encuadrado en las previsiones del art. 240 LCQ.

II.- Se agravia el recurrente, al sostener que el fallo impugnado es abiertamente contradictorio a lo resuelto por el juez a quo dos años antes, al tiempo de verificar su crédito. Como consecuencia de lo expresado, entiende que existe infracción a la autoridad de cosa juzgada emanada de aquel pronunciamiento.

Expresa que contrariamente a lo señalado por el tribunal de alzada, no existen dudas derivadas de la redacción de la sentencia del 27/9/2000 que categorizara su crédito conforme el art. 240 LCQ. Desde este enfoque, entiende que la sentencia se encontraba firme y que el planteo de la fallida resultaba, por ende, extemporáneo.

Sostiene que lo resuelto por la Cámara a quo importa alterar el sentido de los antecedentes citados en el fallo y el contenido de las sentencias de fecha 27/9/2000 y 04/12/2001. Considera que, so pretexto de interpretar lo resuelto con anterioridad, se modificó su contenido y alcance.

Destaca que la sentencia del 27/9/2000 acogió favorablemente la opinión del Síndico de que se verificara su crédito reconociéndose el carácter de acreedor privilegiado ex art. 240 LCQ y declaró entonces que "Respecto de los pedidos de verificación formulado por los peritos ... Brjamin Diaz...., corresponde reservar pronunciamiento para su oportunidad, como señala Sindicatura, toda vez que tratándose de gastos de conservación y justicia (art. 240 LCQ) no corresponde su tratamiento en esta instancia". Expresa que ello es ratificado en la parte resolutiva, al referirse a la "la naturaleza de los créditos (art. 240 LCQ)".

Alega que lo resuelto entonces, no generó ningún conflicto de tipo interpretativo; que el juez a quo decidió simplemente, diferir el pago inmediato del crédito (dada la categoría del mismo), pero que no existían dudas respecto del reconocimiento del privilegio. Señala que como prueba de lo expresado, es que dos años después, el síndico presentó el proyecto de distribución incluyendo el crédito mencionado, entre los gastos de conservación y justicia. Todo ello, sin perjuicio de que al tiempo de contestar sus observaciones, cambió de criterio y aconsejó eliminar el privilegio.

Destaca que el juez a quo, mantuvo su posición originaria y por sentencia del 04/12/2001 expresó que: "Respecto de los peritos... a quienes en el proyecto se les contempló el crédito con la preferencia del art. 240 LCQ..., observan el proyecto de sindicatura en base a que ha prosperado el recurso de casación por ellos interpuesto ante la Excma. Corte Suprema de Justicia... en la sentencia del 27/09/2000 de estos autos, se les reconoció el encuadre del art. 240 LCQ, por lo que la observación a su respecto es extemporánea...".

Desde este enfoque, queda demostrado a criterio del recurrente que el mismo juez que había resuelto la verificación (sent. del 27/9/2000), reafirmó su decisión con la sentencia de fecha 04/12/2001. Afirma que ambos fallos son de una claridad meridiana y siendo así, le agravia que hoy se pretenda decir que "no se dijo lo que se dijo".

Considera que en al momento de confeccionar el proyecto de distribución ya no puede discutirse la conformación del pasivo, ni modificar su composición. Alega que en dicha etapa de proceso, el Juez y el síndico deben tener ya individualizados los créditos que integran el pasivo concursal, sus montos y privilegios. De allí que considere que sindicatura no puede modificar su propio dictamen y/o actuar en contradicción con el mismo.

Señala que el pronunciamiento impugnado se limita a expresar que sus acreencias no se encuadran en el art. 240 LCQ pero omite indicar en qué situación se encuentra el crédito mencionado (estado de la verificación, categoría reconocida, su inclusión en el proyecto de distribución, etc.).

Concluye alegando la arbitrariedad del decisorio y la afectación de derechos y garantías de raigambre constitucional (debido proceso, derecho de defensa en juicio, derecho de propiedad).

III.- A fs. 147 glosa el auto denegatorio del recurso de casación interpuesto que funda su rechazo en la inobservancia del art. 815 y 816 del CPCC.

Esta Corte declaró admisible provisionalmente la casación interpuesta, por sentencia de fecha 26/5/2003; por lo que corresponde en la instancia, el reexamen de admisibilidad del mismo y -en su caso- analizar su procedencia.

IV.- El Tribunal a quo expresó que correspondía determinar si la sentencia de fecha 27/9/2000 se encontraba firme respecto a la categorización de los créditos de los peritos Carlos A. Sami, Mario Balbi y Benjamín Díaz. Consideró los argumentos de la fallida apelante, según la cual, tal sentencia había reservado pronunciamiento sobre las mencionadas acreencias; lo que según su criterio, significaba que no se había expedido sobre si el privilegio pretendido por aquéllos (como de gastos de conservación y justicia) y aún cuando existió una primera opinión favorable de Sindicatura. Desde este enfoque, reafirma que las observaciones formuladas por su parte resultaba tempestivas, al no existir sentencia firme sobre el particular. Valoró asimismo el argumento según el cual, el propio Síndico -al contestar las vistas- solicitó la desafectación de la categoría del art. 240, del crédito correspondiente a los peritos mentados, señalando que la gestión de dichos profesionales no había beneficiado a la masa. Consideró igualmente el tribunal de alzada, la posición de los peritos; esto es, que el juez de Iº instancia se había expedido al respecto quedando firme la sentencia y que simplemente se había diferido el pago de las acreencias.

Interpretó la Cámara a quo -analizando el texto del pronunciamiento cuestionado- que la redacción del mismo ofrecía dudas que impedían afirmar que se hubiera categorizado a dichos créditos como comprendidos en los gastos de conservación y justicia (art. 240 de la LCQ). Siendo así, concluye que las observaciones planteadas resultan tempestivas pues al no haber sido consentido pronunciamiento alguno -ni por parte de la sindicatura ni por la fallida- no podía alegarse la existencia de una sentencia firme sobre el particular. Más aún, se entendió en la instancia de apelación, que el juez a quo había diferido su tratamiento para una etapa ulterior.

Se expresó que la propia actitud de los peritos revelaba que ellos mismos no consideraron dicha categorización al solicitar verificación de sus créditos pues las acreencias del art. 240 no requieren tal proceso. Consideró que los mencionados profesionales tuvieron oportunidad de accionar en reclamo de sus créditos postconcursales, mediante el ejercicio de una acción individual pero esto no implica su encuadre en el art. 240 LCQ. Entendió que a pesar de lo dispuesto en el art. 239 de la ley concursal, segundo párrafo, hubiera correspondido que los peritos realizaran su reclamo de pago en aquel momento procesal y que tal diferenciación de los momentos procesales de devengamiento resulta esencial para calificar si tales honorarios deben o no ser alcanzados por el art. 240.

El pronunciamiento analiza el art. 240 LCQ y concluye que las acreencias invocadas no gozan de aquella preferencia pues la labor profesional que les sirve de causa no resultó de utilidad a la masa concursal ni a los acreedores a quienes se oponen. Valora los arts. 241 y 244 para entender que lo dispuesto en éste último, no se aplica al caso de autos en que se pide la verificación de los honorarios derivados de la actuación de los peritos en juicios donde interviniera el concurso.

V.- Se impone analizar si el decisorio de fecha 27/9/2000 ha quedado firme y, por ende, si pudo o ser o no debatida nuevamente -y modificada por la sentencia de alzada- la cuestión referente a la calificación de los créditos conforme el art. 240 LCQ.

Asiste razón al recurrente cuando menciona que los términos de las sentencias de fecha 27/9/2000 y 04/12/2001 son claros en el sentido de que a través de las mismas se categorizan los créditos invocados por los peritos Balbi, Sami y Díaz como privilegiados ex art. 240 LCQ. En efecto, la primera de ellas, dictada en ocasión de la verificación de créditos, dice: "Respecto a los pedidos de verificación formulado por los peritos...corresponde reservar pronunciamiento para su oportunidad, como señala Sindicatura, toda vez que tratándose de gastos de conservación y justicia (art. 240 L.C.Q.) no corresponde su tratamiento en esta instancia". La reserva respecto de los créditos no atiende a la naturaleza de la categoría de los mismos sino que versa sobre el pago, toda vez que, la sentencia en crisis estima que el mentado crédito no necesita verificación, y por ende, no existiría nada que diferir en este sentido.

No puede soslayarse que el propio juez a quo ratifica aquel criterio interpretativo cuando, en el pronunciamiento posterior (04/12/2001) dice: "...que en la sentencia del 27/09/2000 de estos autos, se les reconoció el encuadre del art. 240 L.C., por lo que la observación a su respecto es extemporánea".

De otro lado, los decisorios mencionados se encuentran firmes, al haber sido consentidos por las partes involucradas; a lo que se agrega que las observaciones al informe del síndico en relación al carácter y naturaleza de los créditos admitidos, debían formularse antes del dictado de la sentencia que declara la verificación de los mismos (arts. 36 y 200 L.C.Q.).

El reconocimiento de la preferencia que deriva de calificar al crédito del perito como gasto del concurso (art. 240) -no impugnada por vía de revisión (art. 38)- configura un pronunciamiento con autoridad de cosa juzgada y toda rectificación (del síndico) o revocación (de la Cámara) posterior afecta el derecho adquirido, que goza de protección constitucional.

Esta Corte ha sostenido en anteriores precedentes que las sentencias que declaran verificado un crédito o privilegio, así como las que declaran su admisibilidad o inadmisibilidad (en las que haya caducado el plazo para plantear la revisión), tienen la inmutabilidad de la cosa juzgada material, salvo dolo. En el primer supuesto esa calidad la adquieren a partir del propio pronunciamiento verificatorio; en el segundo, en cambio, resulta menester aguardar el transcurso del plazo para la interposición del incidente de revisión. No habiéndose incoado el recurso de revisión en tiempo legal, se pierde tal prerrogativa por efecto de la caducidad legal producida y el pronunciamiento adquiere cosa juzgada material con efectos tanto intra como extraconcursales (conforme: Galíndez, Oscar, "Verificación de Crédito", pág. 219 y sgtes.). Y es que la verificación de un crédito configura desde el punto de vista procesal el resultado de una sentencia de conocimiento pleno, que frente a la masa de acreedores, es una verdadera acción causal de derecho común, por lo que tiene eficacia y efecto de cosa juzgada material. Una vez precluída la posibilidad de interponer un remedio impugnativo, los efectos de la misma son indisponibles fr ente a la voluntad de las partes litigantes. Lo contrario implicaría tanto como suponer que por el mero consentimiento de parte se pueda hacer renacer prerrogativas y facultades procesales que fueron sepultadas por el principio de la preclusión procesal. Piénsese, si no, que el vencimiento del plazo para interponer medidas impugnativas, sin que se lo haya hecho, no puede regenerar este derecho, ni aun con el consentimiento de la contraparte (conf. CSJT, sent. nro. 1109 del 08/11/2002). Asimismo, ha expresado que "la jurisprudencia que admite los efectos de la cosa juzgada material en la sentencia de verificación, puede considerarse, por unanimidad, doctrina judicial apoyada fuertemente en los términos del art. 38 L.C. (conf. además, Cámara H., "El concurso preventivo y la quiebra", vol. I, Depalma, Bs.As., 1978, pág. 173; García Martínez-Fernández Madrid, "Concursos y quiebra", T.I, pág. 248; implícitamente, Sajón, "Concursos", Abeledo-Perrot, Bs.As., 1974, Nro. 141; cfr. SCMendoza, LL 1991- 431; conf. CSJT, sent. 636 del 20/11/95).

A su vez, sobre la cosa juzgada, los autores están de acuerdo que reviste jerarquía constitucional, porque conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, está en juego el derecho de propiedad, que tiene gran amplitud. La Corte ha expresado que el derecho reconocido por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada constituye un bien que queda incorporado al patrimonio del interesado y del cual no puede ser privado sin mengua del precepto constitucional que consagra la inviolabilidad de la propiedad (art. 17 de la C.N.). Hasta no puede dejarse sin efecto una sentencia consentida so pretexto de haber sido dictada por error (Fallos: 209-303), ni modificarse arbitrariamente una sentencia definitiva pasadas en autoridad de cosa juzgada y cumplida por el demandado (Fallos 184-137; cfr. asimismo, Palacio, Lino, "Manual de Derecho Procesal Civil", pág. 641; en el mismo sentido, L. Areal y Fenochietto, "Manual de Derecho Procesal", pág. 363; Colombo, "Código Procesal Civil", pág. 641).

En relación al instituto, esta Corte ha reconocido su innegable raigambre constitucional, y cuya finalidad es la de "evitar que las controversias judiciales puedan reiterarse en forma indefinida y la de conferir a las sentencias definitividad, de manera que la cuestión resuelta no pueda ser discutida de nuevo, no sólo en el mismo proceso, sino en ningún otro futuro" (CSJT sent. nro. 491 del 15/9/95 y sent. nro. 685 del 04/9/97).

Corresponde por tanto, casar el pronunciamiento recurrido, de conformidad a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que desconoce el principio de cosa juzgada, en tanto por vía de una errónea y arbitraria interpretación del contenido del fallo del juez inferior, concluye en que éste no está firme y procede a su modificación". Por consiguiente, se revoca parcialmente la sentencia recurrida, en su punto IV, dictándose como sustitutiva la siguiente: "Confirmar la sentencia de fecha 04/12/2001 en su punto III, en relación al perito C.P.N. Benjamín Díaz".

VI.- Las costas del presente recurso se impondrán al vencido, conforme los principios generales que rigen la materia (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el C.P.N. Benjamín Diaz en contra de la sentencia del fecha 27/9/2002, dictada por la Cámara Civil y Comercial Común, del Centro Judicial de Concepción. En consecuencia, CASAR el pronunciamiento impugnado de conformidad a la doctrina legal antes expresada y REVOCAR parcialmente la sentencia recurrida, en su punto IV, dictando como sustitutiva, la siguiente: "Confirmar la sentencia de fecha 04/12/2001 en su punto III, en relación al perito C.P.N. Benjamín Díaz".

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA