marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento laboral, asegurador, citación en garantía, denuncia del siniestro
Materia: CIVIL -LABORAL
Carátula: LIGGET ARGENTINA S.A. c/ CIA. DE SEGUROS EL COMERCIO DE CORDOBA S.A. s/ ORDINARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-11

En las enfermedades accidentes no se presume la vinculación causal y quien pretende el resarcimiento debe probar la vinculación de la enfermedad con las tareas cumplidas. Por lo tanto la obligación del asegurado de denunciar el siniestro aparece cumplida con la citación en garantía de la aseguradora en los juicios laborales, donde a través de la prueba pertinente puede demostrarse la relación de causalidad exigida por la ley. O sea que no puede alegar la demandada como argumento eximente de la responsabilidad la falta de conocimiento del siniestro o enfermedad alguna, toda vez, que el despido de operarios se produce bajo la vigencia de la póliza que cubría los riesgos emergentes del régimen legal de accidentes de trabajo y cuando se formula el reclamo indemnizatorio en sede laboral por enfermedad accidente, la aseguradora es citada en garantía en dichas causas, en las cuales se hace lugar al reclamo indemnizatorio al haberse comprobado la enfermedad accidente y el vínculo causal con el trabajo que desempeñaban los demandantes.
Abuso deshonesto, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: Ruíz, Roberto s/ Abuso Deshonesto Agravado por el vínculo y reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-02-23

Los hechos denunciados han quedado acreditados en su materialidad y autoría por parte del inculpado, no obstante su sostenida inocencia, que aparece totalmente desvirtuada por la firme posición de la víctima, quien ha vertido su verdad a las personas mayores que le merecieron mayor confianza, dígase su maestra, su abuela que cumple el rol de madre, y las profesionales del equipo técnico, a quienes también confió la misma versión que, a la sazón, fue la causante de sus problemas actuales de comportamiento. El ámbito de reserva en que se llevan a cabo este tipo de conductas, es decir, sin posibilidad de testigos, lo torna de muy difícil prueba, donde la versión de la víctima adquiere un valor trascendente. En el caso en análisis, lo expresado por la menor resulta a todas luces creíble y la negativa esgrimida por el imputado sólo debe tenerse como un desesperado intento por mejorar su comprometida situación y debe descalificarse de plano su inocencia, por carecer de toda credibilidad.
Lesiones, lesiones faciales
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ, Pedro A. s/ LESIONES LEVES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-30

El concepto de lesiones refiere a todo daño causado en el cuerpo o en la salud de un individuo; daño en el cuerpo es toda alteración en la estructura física del organismo. Ahora bien, es necesario que el hecho deje secuela de cierta duración en el organismo de la víctima, por lo que se colige que el hecho de pegar una bofetada no constituye lesión (*).
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caffaro, Norberto José y otros c/  s/ Daños y perjuicios. Por responsabilidad del Estado por sus agentes o función
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que la recurrente solo evidencia su discrepancia subjetiva con el fallo, pero en modo alguno demuestra a errónea aplicación de las normas que cita.(del voto del doctor Soria)
Accidente de tránsito, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: LEIVA DE CHAVEZ, CLARA c/ SANCHEZ, FELIX MARTIN Y OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-21

Resulta culpable en parte, el peatón que intenta atravesar una arteria de características peligrosas por un lugar vedado al cruce peatonal, no obstante a que a 15 metros de distancia se encontraba el cruce habitual de peatones, saltando por encima del guardarrail lo que transforma su aparición en súbita e inesperada.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, denegatoria del recurso, garantías procesales, acceso a la justicia, debido proceso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Operto, Francisco Orlando c/ Comuna de Lehmann.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

La desestimación de un recurso extraordinario con la sola invocación del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida, sino que implica que, por no haber hallado en la causa elementos que tornen manifiesta la frustración del derecho a la jurisdicción en debido proceso, la Corte decide no pronunciarse sobre la presunta arbitrariedad invocada.
Querella, nulidad procesal, querellante
Materia: PENAL
Carátula: SAVIOLI, ARNALDO A. s/ Recurso de queja por apelación denegada interpuesto por al Dra.  A.  Sustaita Causa Nro. 32822.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-30

1-La querella-como iniciación de actuaciones-supone la denuncia de quien se considera víctima de un delito.- 2-La querella no suscripta en presencia de funcionario de ley cumple con el requisito del C.P.P. Art. 176 al concurrir el querellante a ratificar la presentación una vez determinado por sorteo el Juez a quien toca entender (en el caso, ante el Secretario del Juzgado).- 3-Aun cuando la determinación del Juez de instruir sumario luego que el Fiscal interviniente puntualizara que no tenía elementos para requerir la instrucción no se ajusta a las formas previstas en la ley (que sólo permite la iniciación de la instrucción con ese requerimiento o bien por actuación policial, art. 195 Cód. cit.); no media nulidad si esa puntualización fiscal fue acompañada con el pedido de concretas medidas de averiguación, lo cual supone la promoción oficiosa de la acción pública que es atribución del Ministerio Público (sin embargo en el caso, el Fiscal debió practicar directamente las medidas como está previsto en el art. 196 del cuerpo legal citado).
Personal militar, adicionales de remuneración, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: LABORAL
Carátula: Claro, Miguel Ángel c/ Estado Nacional s/ apelación medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-19

Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar deducida contra el Estado Nacional -Ministerio de Defensa- a fin de obtener que se incorporen al concepto "sueldo" de las remuneraciones mensuales los suplementos y las compensaciones dispuestos por el decreto 2769/93, los aumentos otorgados por los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07 y 1053/08, los adicionales transitorios creados por los mismos decretos y el suplemento por zona establecido por la resolución 1459/93 del Ministerio de Defensa si no se extremaron los recaudos para verificar si la actora había acreditado la verosimilitud del derecho que invocó, defecto que se torna más evidente cuando se repara en que la medida cautelar concedida tiene los mismos efectos que la admisión de la pretensión de fondo planteada, anticipación que se manifiesta inaceptable al no advertirse que el mantenimiento o alteración de la situación de hecho pueda influir en el dictado de la sentencia o convierta su ejecución en ineficaz o imposible. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta, facultades del juez, interpretación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: GOMEZ, Matías Eduardo s/ Inf. Art. 111 C.C
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23

En el caso, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución de la Sra. Juez de grado que resuelve suspender el proceso a prueba respecto del imputado pero modificando la cantidad de días que éste debía realizar las tareas comunitarias pactadas por las partes, reduciéndolas de diez a dos.

La modificación de pautas de conducta por parte del juez a favor del imputado, implica efectuar un nuevo análisis del artículo 45 del Código Contravencional, a efectos de no generar una contradicción entre éste último y las garantías constitucionales, tales como el principio de inocencia e igualdad ante la ley (articulos 18 y 16 de la Constitución Nacional).

Si bien es claro que de la lectura del artículo 45 del Código Contravencional el juez sólo puede rechazar el acuerdo cuando entienda que las partes no estuvieronen igualdad de condiciones para negociar o cuando alguna de ellas hubiere obrado coaccionado, como garante de la Constitución debe reaccionar en beneficio del imputado, porque un interpretación "in bonam partem" así lo exige.

En el caso, la imposición de una pauta de conducta constitutiva de una verdadera pena obliga al órgano jurisdiccional a pronunciarse al respecto, "favor rei".
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PROCESAL
Carátula: AMIRANTE, EDUARDO FORTUNATO c/ GUERRIDO, ALEJANDRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-11

La circunstancia de estar comprendidos los testigos en las generales de la ley, art. 441 inc. 5 del C.Procesal, como en cualquier otra categoría, no debe conducir a desechar de pleno y a priori la eficacia de los testimonios como si carecieran de todo poder de convicción. No se trata de testigos inhábiles en razón de ser excluidos por la ley, art. 427 del C. citado o por carecer de los requisitos del art. 426 o por incapacidad. Las circunstancias a que se refiere el art. 441 no significan una tacha ni una presunción iure et de iure de inidoneidad. Solo producen sospechas de imparcialidad que hacen que los testimonios deban ser apreciados con mayor rigor crítico al aplicarse las reglas de la sana crítica.
Procesos de ejecución, juicio ejecutivo, bienes inembargables, empleados públicos
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRCULO  DE OFICIALES DE MAR PROFESIONAL Y MUTUAL c/ MACIEL, LUISS/ s/ JEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

Aún tratándose el ejecutado de un empleado de una dependencia de la administración pública nacional, la inembargabilidad prevista en el sistema del dec. 6754/43, no opera cuando se ejecuta un pagare, pues su abstracción impide determinar si la obligación supuestamente asumida derivo del otorgamiento de un préstamo de dinero o de la compra de mercaderías, lo cual excluye el caso del amparo de la norma mentada (arts. 1 y 11).

Disidencia del Dr. Cuartero.
Hurto simple, tentativa, esfera de custodia, apoderamiento, disposición de la cosa
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ, Sergio D.R. s/ Causa 20.813
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

Configuró el delito de hurto, en grado de tentativa, la acción de quien, habiendo sustraido ilegítimamente del interior de una caja que se hallaba en la oficina, una suma de dinero, la ocultó en el sótano, para poder transportarla impunemente en mejor ocasión, pues así nunca salió de la esfera de custodia de la empresa.
Tarjeta de crédito, prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental Cooperativo Ltdo. c/ Menéndez Carlos s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Ha sido negado en el escrito de responde que se haya utilizado la tarjeta para compras que se mencionan en los resúmenes. La actora debió acompañar la documentación respaldataria: cupones, sistema utilizado por la entidad emisora, para determinar las compras realizadas.
Acción contencioso administrativa, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., M. P. c/ MUNICIPALIDAD DE TRELEW s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-15

La Ley de Corporaciones Municipales, atribuye a la Cámara una competencia material especial, de orden público y por ende improrrogable; que las acciones contencioso-administrativo municipales, se rigen principalmente por la norma de su creación e implementación y sólo subsidiariamente, son aplicables las reglas de procedimiento civil; y que: "la Cámara no puede obligar al actor a recurrir a la opción dada por el art. 131 "in fine", desatendiendo el caso de su competencia originaria".
Juicio por delitos de acción privada, delitos contra el honor, audiencia de conciliación, representación procesal, poder especial, querellante
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Menem, Carlos S. c/ Lejtman s/ Querella. Causa 10249
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-09

El Tribunal reitera su doctrina expuesta en el caso "Bauzá, Eduardo s/querella y sus citas, en el sentido que no es necesario que el poder especial otorgado por el querellante contenga cláusula alguna que faculte al mandatario a representarlo en la audiencia de conciliación, ya que el mismo lleva implícito esa facultad cuando ha sido concedido para un proceso de esa naturaleza.
Prueba confesional, litisconsorcio, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Medeiros, José c/ Alvarez Gutierrez, Raúl y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

El reconocimiento prestado por el codemandado que conducía el vehículo embistente no perjudica al codemandado indicado como su principal. Sin embargo tal confesión, aún ficta, constituye una presunción, que unida al hecho de que ambos (conductor y alegado principal) hicieron la denuncia de choque, imponía al segundo, por el peso de las llamadas cargas dinámicas de la prueba a desplegar, una activa tarea probatoria para erradicar tales sospechas.
Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, contaminación ambiental, multa, depreciación monetaria, actualización monetaria, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Federico Meiners Ltda. S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 496-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

Las resoluciones de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias N° 135/89 y 878/89, que fueron dictadas en función de lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 8711 y en el artículo 2 del decreto 2461/88, constituyen actualizaciones de las multas previstas en dicha norma, y las mismas no constituyen, en realidad, violaciones al principio "nullum crimen nulla poena sine lege", toda vez que tienden a mantener la significación económica de la multa al momento de cometerse la infracción frente al envilecimiento de la moneda, no implicando,por tal razón, el agravamiento de la sanción prevista para la infracción cometida ni, mucho menos, la "creación" de nuevas penas.
Sistema de refinanciación hipotecaria, interpretación de la ley, voluntad del legislador, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CIVIL
Carátula: YOVINO,  Silvia  Mónica c/ D'ALESSANDRO,  Antonio s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-17

El Estado a través del dictado de la ley 25.798 permite que los acreedores bancarios y los deudores no bancarios puedan elegir la inclusión en el sistema con efecto vinculante para la otra parte. Así los acreedores particulares deben aceptar aún contra su voluntad, un medio cancelatorio de sus créditos, más perjudicial que el establecido por sentencia o contrato;

hipótesis de desventaja que no guarda armonía con la garantía de igualdad ante la ley, derivada del artículo 16 de la Constitución Nacional. En este marco el sistema de refinanciación hipotecaria -en sus arts. 2 y 16-, aún cuando haya tenido el propósito de responder al reclamo de cierto sector de la población endeudado y en mora y que implica una suerte de moratoria a favor del deudor, en el marco de un proceso con sentencia firme, no guarda razonabilidad y otorga indebidos privilegios a los ejecutados, llegando a un resultado que no aparece ni justo ni valioso, en tanto premia y beneficia a quienes no abonaron sus deudas en detrimento del acreedor privado, a quien la ley le brinda un no merecido tratamiento.

Fundamentos del Dr. Giardulli
Extinción del contrato de trabajo, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Vilches, Guillermo Ricardo c/ Transportadora Patagónica S.R.L. y-u otro s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-30

Si no existe la notificación con los requisitos del art. 243 L.C.T., tal despido no es nulo sino ilegítimo.
Responsabilidad parental, representante legal, menores, representación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ CANDELARIA DEL C. POR SUS HIJOS MENORES c/ MARIA M. MARAVILLA SOLER Y OTRO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A132 - 271)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-12-06

...el hijo también será representado por el padre que tenga el ejercicio de la patria potestad, quien podrá actuar directamente sin necesidad de estar inscripto en la matrícula de procuradores ... pudiendo otorgar poder a su vez para que otro lo represente, y a tenor de lo dispuesto en el art. 264 inc. 2 C.C. "En los supuestos de ... divorcio..., el ejercicio de la patria potestad corresponde al progenitor que ejerza legalmente la tenencia del hijo... En los actos trascendentes de la vida del hijo, el padre no ejerciente es convocado a expresar su consentimiento.- El inc. 5 del art. 264 quater exige el consentimiento expreso de ambos padres para que el menor actúe por sí en sede judicial y hipótesis a la cual es claramente ajeno el sub examine, dado que aquí las menores no actúan per se, sino su madre en su nombre y representación.-
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, improcedencia del recurso, Ministerio Público Fiscal, pretensión procesal, garantías procesales, debido proceso, doble instancia, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MERKIN, S. s/ extradición, Causa nro. 26.718
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

No sólo se hallaría comprometida la prohibición constitucional de la reformatio in pejus, sino también la garantía del mismo rango de recurrir del fallo ante un Tribunal superior, toda vez que la introducción por el Ministerio Público de argumentos y pretensiones no expuestos a consideración de las instancias anteriores conduciría inexorablemente a que sea sólo el último tribunal el que resuelva en única oportunidad sobre ellos. Lo expuesto, más allá de la exigencia de unidad y coherencia que el ordenamiento jurídico impone a la actuación del Ministerio Público.
Sobreseimiento, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: R.D.D. s/ INFRACCION ART. 268 (2) C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-15

Conforme con la disposición del art. 337, segunda parte al final del C.P.P -texto según Ley 8326/90-, solo asiste la facultad de apelar la negativa del sobreseimiento a los imputados privados de la libertad; lo que no ocurre en la especie respecto de su defendido. Normativa ésta que se compadece con la disposición general del art. 454 del mismo Código, en cuanto claramente establece la posibilidad de recurrir las resoluciones judiciales solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. Derecho que únicamente le corresponde a quien le es acordado de un modo expreso y siempre que tuviera un interés legítimo. Que en esa hermenéutica, debe distinguirse la circunstancia del artículo 470 del C.P.P. en cuanto habita la posibilidad de recurrir las resoluciones que causan gravamen irreparable; toda vez que ello lo es para el caso que el decisorio en trance no se encuentre sujeto a otro remedio procesal. Es decir, que el supuesto gravamen no se pueda solucionar en el curso del proceso. Pero en la especie, a más de la circunstancia ya dicha de que se veda la posibilidad de apelación en el referido artículo 337, no puede hablarse de ocasionar gravamen irreparable alguno toda vez que en todo caso tuvo la parte derecho a plantear casación, en orden a lo reglado al final del artículo 478 del código ritual y al haber interesado, precisamente, el sobreseimiento de su pupilo sosteniendo la extinción de la acción penal. Se trata entonces de una mala elección de la vía para atacar el decisorio que nos ocupa.
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: García Rébora, Germán Diego c/ Graf, José Alberto s/ Laboral por cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-03-21

Si bien con los informes emanados de la D.G.R. y del Comité Federal de Radiodifusión estaría demostrada la titularidad del accionado en la explotación de uno de los rubros donde afirma haber prestado servicios el actor, video-cable, aunque no por todo el período que él denuncia como de relación laboral, ello sólo adquirirá importancia a los fines de establecer la responsabilidad del demandado, en la medida que el actor haya logrado acreditar en juicio que la supuesta prestación de servicios denunciados en la demanda lo ha sido en favor del mismo. Del análisis de la testimonial surge la insuficiencia de la misma para tener por acreditada la prestación de servicios del actor en favor del demandado y en la actividad que se denuncia, pues la presencia reiterada de una persona en el lugar de trabajo no alcanza a suministrar la prueba cabal del presupuesto fáctico establecido en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo para presumir la existencia de un contrato de trabajo.
Medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS: EDERSA c/ TURBINE POWER CO. S.A. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Exp. 004/SCA) s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-08-18

La prohibición de innovar carece de efectos retroactivos capaces de restaurar situaciones ya modificadas
Tratados internacionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Lavado Diego Jorge y otros c/ Mendoza Provincia de y otro s/ Acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-20

La declaración de que la causa no corresponde a su competencia originaria no implica desentenderse del rol que ha asumido la Corte en la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos a los que el país está vinculado en los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, en la medida de su jurisdicción, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Honorarios del abogado, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Adaro de Manente, Graciela c/ Manente, Germán Tomás s/ Separación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-29

La estimación de la base regulatoria -sobre la que se practicó luego la regulación de honorarios- debe ser notificada personalmente o por cédula en el domicilio real del obligado, como norman los arts. 54 y 57 del dec. ley 8904.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, recurso de inconstitucionalidad, sentencia, competencia contencioso administrativa, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ, EDUARDO JOSE s/ AMPARO  -  CONCESION  DEL  RECURSO  - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  (CSJ EXPTE Nº 671-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-09

No puede entenderse que exista violación alguna al derecho de defensa en juicio cuando la Corte Suprema admite un recurso de inconstitucionalidad y se abstiene de reenviar la causa a otro Tribunal para que sea nuevamente juzgada por el hecho de declarar su propia competencia para entender, ya que ello implica -en forma paralela- juzgar que los tribunales ordinarios son incompetentes atento lo establecido en el artículo 93, inciso 2) de la Constitución de la Provincia, y, de seguirse su razonamiento, se arribaría a la absurda conclusión de que el recurrente también fue privado de todas las instancias ordinarias, inclusive la anterior a la sentencia de Alzada.