Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-27


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 42318 CAUSA Nº: 34.938/02 - SALA VII - JUZGADO Nº: 59 En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de noviembre de 2.009, para dictar sentencia en estos autos: "ROMERO, JULIO ESTEBAN y otro c/ ASOCIACION CIVIL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS y otro s/ Despido"; se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- Ambas codemandadas recurren el fallo de grado que hizo lugar a la demanda entablada con sustento en las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

También apelan los Sres. peritos calígrafo y contadora porque estiman insuficientes sus honorarios.

RECURSO DEL CODEMANDADO DANIEL RODOLFO SAPPA.

II.- El apelante se agravia porque la "a quo" consideró probado que el codemandado Sr. Sappa estuvo a cargo de la explotación de la concesión destinada a la venta ambulante y espacios fijos en el estadio de fútbol del Club Atlético Boca Juniors.

A mi juicio, no tiene razón el recurrente, dado que si bien el contrato de concesión que lo menciona en tal carácter (agregado a fs. 104/5) fue negado por el demandado y no se acreditó la autoría de la firma del mismo, lo cierto es que el Sr. perito calígrafo informó que la autenticidad de la firma del documento de fs. 106 y la atribuyó al apelante, circunstancia que de la propia lectura del escrito en análisis surge reconocida.

Dicha documentación titulada "convienen", da cuenta de la intervención personal del codemandado en la explotación de los puestos de venta de hamburguesas y panchos en el sector socios del estadio de Boca Juniors en carácter de "concesionario", lo que no sólo refuta su postura inicial relativa a la supuesta ajenidad con el "establecimiento" que denunciaron los actores como de prestación de servicios, sino que virtualmente permite inferir la validez y existencia tal carácter del "contrato de concesión" antes referido (art. 386 del C.P.C.C.N.).

Por su parte, el testigo Franco Alcides (v. fs. 275), socio de la institución deportiva codemandada (Boca Juniors) dio puntual cuenta de la prestación laboral por parte de los actores en la venta de hamburguesas y chorizos en el sector "socios" del estadio de Boca Juniors entre 1.992 y 2.002; su declaración, se encuentra reforzada por las manifestaciones de Rabira (v. fs. 277) quien, si bien describió una situación fáctica distinta, lo cierto es que permite corroborar la presencia de los actores en el lugar donde, casualmente, se desarrollaba la explotación gastronómica referida (art. 90 de la L.0.).

III.- En tal sentido, no habiendo probado que la actividad desplegada por los reclamantes en favor del establecimiento (cuando menos, co-explotado por el demandado Sappa) hubiese respondido a alguna excepción que -lo digo a modo de hipótesis- descarte la aplicabilidad de la presunción establecida en el art. 23 de la L.C.T., es válido concluir que lo hicieron beneficio del legitimado pasivo.

En tal sentido, bien puede calificárselo como "empleador" y concluir, como lo ha hecho el "a quo", que las partes estuvieron ligadas mediante una vinculación subordinada y dependiente (art. 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo y art. 386 del Código Procesal) (en autos: "Aguirre, Nelda Manuela c/ Consorcio de propietarios del edificio Gándara 2.344 y otro s/ Despido", y en "Bonigo, Hugo Francisco c/ Saveas S.R.L. y otro s/Despido", S.D. 37.528 del 13.05.04).

Frente a todo ello, estimo que la falta de registro de la relación laboral, sumada a la deuda salarial insatisfecha, son incumplimientos de suficiente gravedad que justificaron, en el caso, la ruptura indirecta del vínculo por parte del trabajador, sin que por ello se vea afectado el principio de conservación del vínculo laboral de trabajo (art. 10 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo) (en igual sentido, esta Sala en autos: "Amarilla, Julián Oscar c/ Govasp S.R.L. s/ Despido"; S.D. 24.924 del 2.5.01).

En consecuencia, son procedentes -a mi juicio- los rubros propios del distracto incausado y los haberes salariales y proporcionales determinados en grado.

IV.- Tampoco hay razón de descontar de la condena el incremento de las indemnizaciones previsto en el art. 15 de la Ley Nacional de Empleo, pues si bien no se demostró haber cumplido con la comunicación a la AFIP que, a partir de la modificación del art. 11 de la ley 24.013 introducida por ley 25.345- es exigida para la procedencia de los arts. 8, 9, 10 de dicho texto legal, tal obligación no pesa con relación al art. 15 (cfme. art. 47 de la ley 25.345) (ver, los autos: "Delgadino, Gustavo c/ Socorro Médico Privado S.A. s/ Despido"; S.D.37.452 del 16.04.04, en el cual he encabezado el orden de voto).

Propicio, así, la confirmación del fallo en estos puntos.

RECURSO DE LA CODEMANDADA CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS.

V.- La recurrente cuestiona la aplicación que el judicante efectúa del art. 30 L.C.T., como así también la valoración de la prueba obrante en la causa.

Afirma que los presupuestos jurídicos que viabilizan la solidaridad prevista en el art. 30 L.C.T. no se encuentran cumplidos y que de las declaraciones vertidas por los testigos surge evidente la ajenidad del club respecto de la relación laboral detentada entre los actores y sus reales empleadores.

Asimismo, destaca que la actividad social y de esparcimiento desarrollada por el Club demandado -en su punto de vista- diferiría substancialmente del expendio gastronómico desarrollado en la concesión en la cual tuvo lugar la prestación de trabajo de los reclamantes.

Adelanto que no le asiste razón.

Digo ésto ya que es dato no desconocido por la institución codemandada (Boca Juniors) posee instalados quioscos y depósitos necesarios como parte integrante de su estadio para permitir una mayor facilidad en la venta de productos alimenticios, ya fuera mediante el expendio ambulante (bebidas gaseosas, helados y golosinas) como lugares fijos destinados a ello (también se venden hamburguesas, panchos, bebidas, etc.) durante el desarrollo de los diversos eventos deportivos o espectáculos, recibiendo como contrapartida de las concesiones que brinda a distintas empresas, el pago de cánones que insumen sin duda, un significativo beneficio económico para la institución deportiva.

A ello se le agrega que, resulta ser público y notorio conocimiento que una institución de tal magnitud -al permitir en sus instalaciones la explotación de este tipo de servicios en los días en que se desarrollan los eventos que brinda con gran cantidad de concurrencia de público- favorece un mejor desenvolvimiento de su función social en tanto está ofreciendo a los concurrentes un mejor servicio, lo que implica posicionarse con ventaja frente a otros clubes competidores atrayendo mayor cantidad de público a cada evento con el consiguiente beneficio económico que ello implica en los ingresos de un club. Además, la experiencia de largos años nos indica que resulta inimaginable que durante el desarrollo de dichos encuentros no se ofrezca al público asistente la posibilidad de ingerir algún alimento o bebida; lo que sin duda hace más efectivo el desarrollo de la finalidad que persigue una asociación civil deportiva como lo es el Club Atlético Boca Juniors (v. mi voto, en los autos: "Montenegro, Maximiliano Y Otro C/ Plataforma Cero S.A. y otro s/ despido"; S.D. 41.287 del 17.10.08).

En el contexto de lo que dejo señalado, es válido colegir que existió una íntima vinculación entre las codemandadas de autos en los términos del art. 30 L.C.T.

Por consecuencia, si bien la actividad de venta de tales insumos gastronómicos en un estadio de fútbol en principio podría llegarse a calificar como "accesoria" no resulta ser menos cierto que dicha actividad resulta ser normal, habitual e integrada al logro del mejor desenvolvimiento del club con su consiguiente beneficio económico, coadyuvando así necesariamente al logro de sus fines; por lo que considero que el caso resulta encuadrable en las disposiciones del citado artículo y se mantenga la condena solidaria a la codemandada "Club Atlético Boca Juniors".

No obsta a lo señalado el hecho de que, eventualmente, en la relación contractual habida entre las legitimadas pasivas el concesionario hubiere asumido las obligaciones respecto de su personal dependiente, pues -en el mejor de los casos- los términos en los que quedaron vinculados regularían la relación entre ellos, pero de ninguna manera son oponibles a terceros ni pueden perjudicarlos (cfme. arts. 1.195 y 1.197 Código Civil).

Como ha expresado Roberto García Martínez en su medular obra "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social" (ver, la obra citada de la editorial Ad-Hoc, págs. 312/314), el art. 30 de la L.C.T., trata el caso de una relación de contratación o subcontratación real; y no tiene en cuenta si existe fraude o no. Simplemente se limita a establecer un sistema protector para el trabajador que debe prestar servicios para el cesionario, contratista o subcontratista. Producida la situación objetiva de delegación de actividades, en las condiciones previstas en la norma, ésta establece dos consecuencias tuitivas:

a)El empresario deberá exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.

b)Haya cumplido con ese deber de vigilancia o no, en todo los casos serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con tal motivo con los trabajadores y la seguridad social durante el plazo de duración de tales contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera sea el acto o estipulación que al respecto hayan concertado.

Se trata de un típico caso de responsabilidad por elección.

Considero como Justo López, que no solamente comprende la actividad principal del empresario, sino también las actividades secundarias o accesorias, integradas permanentemente al establecimiento, quedando solamente incluidas las actividades extrordinarias o excepcionales. Este es el sentido de los términos "normal y específico"; normal es lo que sirve de norma o regla y que por su naturaleza se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano, y específico es lo que caracteriza y distingue una especie de otra. Quedarán excluidos los servicios o las obras que no tengan conexión con la actividad de la empresa comitente.

Antonio Martín Valverde opinaba sobre este punto que: "Según la doctrina científica mayoritaria las obras o servicios correspondientes a las obras o servicios correspondientes a la propia actividad de una empresa son aquellas que pertenecen al ciclo productivo de la misma; y por ciclo productivo ha de entenderse el complejo de operaciones que, en circunstancias normales, son necesarias para alcanzar los objetivos de producción o intercambio de bienes y servicios que constituyen el fin de la empresa. Dentro de estas operaciones necesarias, algunas tienen este carácter por ser inherentes a los objetivos productivos de la empresa, formando parte de las actividades principales de la misma; mientras que otras lo son porque, a pesar de su accesoriedad con ellas hay que contar incluso en circunstancias normales, para el funcionamiento regular de la organización empresarial. No es, por tanto, estrictamente la inherencia el fin de la empresa, sino más ampliamente la indispensabilidad para conseguir lo que debe definir el concepto de ┤propia actividad┤. Como también ha indicado la doctrina, nos encontramos ante una contratación de este tipo, cuando las obras o servicios objetos de la misma, de no haberse concertado ésta, hubieran debido directamente por el propio comitente, so pena de malograr o perjudicar simplemente el cumplimiento adecuado de su actividad empresarial".

Valverde nos señala algunas pautas para determinar cuándo se da este tipo de contratación: el primer indicio puede ser el lugar de prestación del trabajo; el segundo la frecuencia de las actividades, aunque una subcontratación ocasional no tiene que ser necesariamente ajena al ciclo productivo del empresario; y el tercero sería lo que denomina la sustituibilidad, que se produce cuando el empresario principal hubiera podido conseguir el mismo resultado sin recurrir a terceros.

En los casos que prevé el art. 30, es decir, cuando existe una verdadera y real delegación de actividad, el trabajador que se sienta afectado en sus derechos deberá accionar contra el contratista, como su verdadero empleador, y contra el empresario principal, como responsable solidario; aquí la solidaridad no modifica el vínculo laboral que existía con el contratista o subcontratista.

Cuando se habla de contratista o subcontratista, también la ley equipara a estas figuras la cesión total o parcial del establecimiento o explotación. Justo Lopéz indica que debe entenderse que la cesión total o parcial a que se refiere el art. 30 no es la cesión a la que se referirán los arts. 225, 227 y 228 de la LCT, pues en este último caso el que transfiere deja de ser titular, aunque sea transitoriamente, del establecimiento; en cambio, en la cesión mencionada en el art. 30 el cedente nunca perdería ni transitoriamente la titularidad.

Por último, en el caso del art. 30 de la LCT existe una limitación temporal: la responsabilidad del empresario principal comprende las obligaciones contraídas durante el plazo de duración de los contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto haya concertado. En cambio, en los casos de fraude, esa limitación no existe, pues el empresario es responsable directo como empleador, respondiendo por todas las obligaciones contraídas en todo momento.

VI.- La condena solidaria a hacer entrega del certificado del art. 80 de la LCT tiene también plena justificación, puesto que -tal como lo dejo explicitado- hay responsabilidad solidaria de quien contrata o subcontrata trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y específica con un tercero (art. 30 L.C.T.) y se extiende a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo; ello, ciertamente, incluye el otorgamiento de los certificados previstos en el art. 80 de la L.C.T. (en igual sentido, v. de esta Sala: "Storino, Claudio c/ Exitel S.R.L. y otros s/ Despido"; S.D. 37.148 del 12.11.03).

VII.- No veo motivos para alterar lo decidido en el fallo de grado en materia de costas, porque el principio general que consagra el art. 68 del Código Procesal "...encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota; quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho" C.S.J.N. 314:1634, Nov. 26-1.991, en "Confederación General de Empleados de Comercio y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", Rev. Doctr. Judicial, año VIII, Nº: 55 del 16.12.92). Y en el caso, no se aprecia configurado tampoco ningún supuesto de los de excepción previstos en el segundo párrafo de la norma citada (esta Sala, entre muchos otros, en: "Curti, José Luis c/ Pomilio, Jose Luis y otros s/ Despido"; S.D. 38.983 del 6.02.06).

Por lo expuesto, propongo la confirmación del fallo recurrido íntegramente.

VIII.- Sobre la base de los trabajos efectivamente realizados por los profesionales intervinientes, opino que -por aplicación de los porcentajes regulados en su favor- sus honorarios son adecuadamente retributivos, por lo que propongo su confirmación (art. 38 de la ley 18.345 - modificada por ley 24.635- y arts. 3 y 6 del D.L. 16.638/57).

IX.- De tener adhesión mi voto, propicio que las costas de alzada sean soportadas por las codemandadas en forma solidaria (art. 68 del C.P.C.C.N.), y que se regulen los honorarios de esta instancia en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de lo regulado, en favor de las representaciones y patrocinios letrados de las partes, por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839 -modificada por ley 24.432-).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede y, con relación al art. 30 de la LCT, debo señalar que en el primer apartado, el artículo se refiere a quienes ceden total o parcialmente a otro el establecimiento o explotación, habilitado a su nombre, contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, y dice que deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.

Hasta allí se marca, por parte del legislador, el ámbito de aplicación territorial y personal de la norma, y, por tanto, corresponde desentrañar, el verdadero alcance de la cuestión planteada.

Y en ese sentido, es bueno tener presente que no estamos en presencia de una posibilidad de fraude por la interposición de pseudo empleadores u hombres de paja, ya que ese supuestos se encuentra contemplado en el artículo 29 de la ley.

En este caso, se encara la responsabilidad como "respuesta" que debe dar el empresario que ceda total o parcialmente a otro al explotación a su nombre, contrate o subcontrate, por los daños contractuales o extracontractuales, que puedan producirse, con motivo del desarrollo integral de su actividad.

Existe una normal estructura empresaria que obtiene un beneficio por la tareas ajenas y que, según la ley manda, debe responder ante la insolvencia del contratista o subcontratista.

No nos encontramos en el caso, ante una situación ilícita, sino por el contrario ante un accionar lícito que exige a quien se beneficia con el accionar de otro, que responda por los riesgos que originen daños y que se le impone asumir.

En ese andarivel, es del caso recordar que la empresa, como organización piramidal y jerárquica, que organiza instrumentalmente medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos, está facultada para llevar adelante su proceso productivo de manera concentrada, o encarando un proceso de fragmentación del mismo.

En este último caso, existe una distribución de funciones propias, es decir que son parte de su actividad normal y específica; que no son llevadas a cabo por ella misma, sino por contratistas o subcontratistas que asumen contratos de trabajo, con dependientes, en los términos del artículo 21 de la LCT.

Para enfocar el tema con claridad, debe tenerse presente, que existe una relación entre la empresa principal y el contratista; son contratos entre empresas, que se obligan recíprocamente, en los términos de su convenio.

Empero, pareciera que el eje central del asunto, radica en qué se entiende por "actividad normal y específica propia del establecimiento".

Lo primero que hay que comprender es que estamos en presencia de un supuesto especial de responsabilidad, no ante un efecto expansivo del contrato de trabajo.

Alguna doctrina minoritaria, ha sostenido que no puede haber acción directa de los empleados de una segunda empresa respecto de la primera, porque las múltiples contrataciones que puede realizar una empresa con terceros, están sujetos a la responsabilidad limitada que deriva de lo pactado entre ellos y de la circunstancia de que ningún acuerdo que celebre una de ellas con terceros puede perjudicarla. Se basa lo expuesto en el artículo 1.195 del CC.

Sin embargo, aceptar tal posición significaría anular el artículo 30 de la LCT, ya que siempre existe una relación contractual comercial entre dos empresas cuando se ceden total o parcialmente a otro el establecimiento o la explotación habilitado a su nombre; se contrate o se subcontrate.

Esa relación de cesión, contratación o subcontratación, produce efecto entre esas dos empresas, en la medida de su intercambio comercial y se referirá, sin dudas a esa contratación, cesión o subcontratación. La imposición de solidaridad a los efectos de los incumplimientos de los cedentes, contratistas o subcontratistas, no emerge del contrato comercial citado, sino de un tipo de responsabilidad, ajeno a ese contrato, cuya causa no es contractual, sino legal y que encuentra su fuente en el artículo 30 de la LCT Ese es el motivo por el cual la responsabilidad del cedente y del cesionario simultáneamente, como marca la LCT, no encuentra obstáculo alguno, nunca en el artículo 1.195 del CC. Este último refiere a una cuestión contractual ajena al Derecho del Trabajo, que no impide la vigencia de la solidaridad que marca la ley especial y protectoria.

Si bien es cierto que los contratos sólo producen efectos entre las partes, nada impide que, como en este caso, el legislador imponga la solidaridad pasiva de ambos (cedente y cesionario), frente a incumplimientos que perjudican a terceros; sobre todo, si ese tercero, tal como dijo el año pasado la CSJN, es un sujeto especialmente protegido, y esa tutela especial, emerge de una ley de orden público.

De tal forma, la relación del contratante y el contratista, no produce efectos, por lo expuesto, con respecto al trabajador; y tampoco la relación o contrato de trabajo habido entre el contratista el empresario principal empece a la responsabilidad solidaria que impone la ley, y que no debe confundirse con un efecto contractual.

Dejada de lado entonces la hipótesis, de que el artículo 30 de la LCT, pueda encontrar obstáculo alguno en la norma de referencia, es del caso analizar el debido funcionamiento del instituto.

Lo expuesto, no significa responsabilizar a la empresa cedente de deudas de cualquier naturaleza que pueda contraer el cedido, sino que la ley se refiere exclusivamente a las deudas laborales, las cuales, son, obviamente, consecuencia del incumplimiento de obligaciones que impone el propio articulo 30, ya que sus párrafos siguientes, señalan, sin ambajes, las exigencias que el cedente debe tener para con el cedido, en el ejercicio de un control que la norma le impone, justamente, bajo apercibimiento de solidaridad, a los efectos de la satisfacción de los derechos involucrados.

Esta concepción ha llevado a la doctrina, a ser bastante poco vacilante en la delimitación del territorio del artículo 30.

Personalmente he tenido ocasión de señalar antes de ahora, que la observación de la realidad que el analista debe hacer respecto al tema de la actividad normal y específica, no puede dejar de ser prudente y cautelosa; no se pueden comprometer patrimonios ajenos con motivo de la garantía precisa marcada por la ley; lo que sí se observa es la razonabilidad de la consideración legal, que no es caprichosa, sino que encuadra en el derecho más antiguo, recogido por el derecho más moderno, que es la importante consideración hecha por el legislador, que ha advertido una realidad que requiere un interés asociativo que justifica, en el supuesto previsto, una estructura obligacional comunitaria, impuesta por la naturaleza misma de la obligación.

En el caso, se trata de solidaridad legal pasiva y obra, como una sanción. (Ferreirós, Estela Milagros, Doctrina Laboral, Errepar, enero de 2000, pág 44) Es bueno recordar, en ese sentido, que la solidaridad, según Vélez, nace de cuatro fuentes (arts 699 y 700 del CC), es decir, puede pactarse, nacer de una decisión testamentaria o de la ley o decisión judicial que tenga fuerza de cosa juzgada.

A ello debe agregarse, que si bien la decisión judicial suele discutirse, hoy por hoy, es aceptada sin mayores reparos en interpretación que considero correcta.

Con respecto a la solidaridad legal (como la del artículo 30 de la LCT), se añade al fundamento general del instituto que es el interés común que conduce al aglutinamiento de vínculos personales, para el mejor servicio de ese interés, la imposición del legislador, de llevar a cabo dicho aglutinamiento de manera imperativa y generalmente sancionatoria , coayuvando, en el Derecho del trabajo, al principio protectorio, piedra angular y fundamento constitucional de la disciplina Por eso, es interesante, a fin de desentrañar el verdadero sentido de la ley, que nos encontramos, en el caso, no de una extensión contractual que estaría contrariando el artículo 1.195 del C.C., sino ante una garantía legal, como factor de atribución de responsabilidad generador de una pluralidad de vínculos coaligados, en el decir de Busso.

En consecuencia las actividades cumplidas por el concesionario en el caso, aunque no formen parte del objeto específico de la institución Boca Juniors, de todos modos contribuyen para su mejor desenvolvimiento pues se trata de una actividad complementaria que ayuda a la misma a la consecución de sus fines.

En razón de lo expuesto, propongo que confirme la la condena dispuesta en grado y opino que la misma tiene plena justificación (art. 30 de la L.C.T.) (en igual sentido, v. de esta Sala, los autos: "Marius, Víctor Eduardo c/ DINERS CLUB ARGENTINA S.A. s/ Despido"; S.D. 40.529 del 24.10.07) EL DOCTOR JUAN CARLOS MORANDO: No vota (art. 125 de la ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo recurrido. 2) Confirmar también los honorarios fijados en la instancia anterior. 3) Imponer las costas de alzada a las codemandadas en forma solidaria. 4) Fijar los emolumentos de alzada en el 25% (VEINTICINCO POR CINETO) de lo fijado, en favor de las representaciones y patrocinios letrados de las partes, por su actuación en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.