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Unificación de penas, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos escobar, rodrigo ezequiel sobre 89 - lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-19

La regla de la unificación tiene una función de corrección para la determinación de la pena en procesos que debieron acumularse. La expresión "sentencias firmes" permite incluir el cómputo del art. 24 del CP cuando alguna de las decisiones sea absolutoria, considerando la normativa en forma sistemática e integral, asegurando la vigencia de los principios de interpretación que nuestro sistema constitucional reconoce con fines de limitación del poder punitivo. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Procedencia del recurso, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos escobar, rodrigo ezequiel sobre 89 - lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-19

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad porque el recurrente muestra la concurrencia de una cuestión constitucional que tiene directa vinculación con la manera, como en el caso, en que las instancias de mérito interpretaron las reglas infraconstitucionales aplicables en perjuicio del imputado (arts. 24 y 58 del CP). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Resoluciones equiparables a definitiva, cómputo de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos escobar, rodrigo ezequiel sobre 89 - lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-19

Es equiparable a definitiva, la resolución que no hizo lugar a la observación de la defensa en cuanto pretendía que en el cómputo de la pena se tomara en cuenta el tiempo transcurrido en prisión preventiva en el marco de otra causa, que tramitó en paralelo, y en la cual su asistido resultó absuelto. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Detención sin orden, requisa personal, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos escudero, jorge orlando sobre 189 bis (2) - tenencia de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-26

En el caso, la defensa se agravia de que el imputado fue detenido y requisado en ausencia de razones de flagrancia y urgencia que justificaran a prescindir de la autorización jurisdiccional pero su agravio carece de fundamento. Ello así, pues no expuso, siquiera mínimamente, sobre qué definición de flagrancia apoya su crítica al a quo. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Insuficiencia del agravio, denuncia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos escudero, jorge orlando sobre 189 bis (2) - tenencia de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-26

En el caso, la defensa se agravia de que en la causa, no se acreditó la existencia de la notitia críminis, puesto que no se logró establecer quién era el titular del número telefónico del que supuestamente se habría efectuado el llamado al 911 (línea de emergencias), ni se acreditó el contenido de aquel llamado, ni se incorporó al debate su transcripción, ni se agregaron las modulaciones efectuadas al personal policial. Sin embargo, no logra rebatir lo resuelto por la Cámara al apartar el testimonio del presunto denunciante por ser confuso, inconexo, incoherente y, cuanto menos, desordenado. Por su parte, los jueces tuvieron por probada la notitia críminis en la medida en que todos los oficiales que intervinieron en el procedimiento bajo examen habían coincidido en la dirección a la que fueron dirigidos al unísono, a pesar de que se encontraban recorriendo el ejido jurisdiccional en móviles policiales distintos y que los tres habían sido contestes y concordantes respecto de las características físicas y la vestimenta que llevaba el sujeto reseñado, y no habían resultado contradictorios entre sí, ni tampoco entre sus propias declaraciones prestadas en diferentes momentos del proceso, como así tampoco en la audiencia de juicio. Ello así, la Cámara apartó el testimonio del presunto denunciante, pero consideró que existían otros que permitían tener por acreditada la existencia de una denuncia. En esas condiciones, la defensa no muestra que, más allá de su acierto o error, lo resuelto sea arbitrario. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Denegatoria del recurso, armas de uso civil, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos escudero, jorge orlando sobre 189 bis (2) - tenencia de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-26

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, contra la sentencia de la Cámara que confirmó el rechazo de los planteos de nulidad del procedimiento policial propuestos por la defensa y, en consecuencia, condenó a su asistido por el delito de tenencia de dos armas de fuego, de uso civil y de guerra (art. 189 bis del CP). Ello así, en tanto la decisión sobre la validez de un procedimiento policial de detención y requisa depende, como regla, de la valoración de la prueba producida en el debate y de la interpretación de la ley procesal, asuntos ajenos al recurso de inconstitucionalidad (art. 27 de la ley n° 402). Y la defensa no ha demostrado en el caso, que corresponda hacer una excepción a dicha regla en razón de la alegada arbitrariedad del pronunciamiento de la Cámara o del compromiso de los principios constitucionales que menciona. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Nulidad procesal, allanamiento domiciliario, teléfono celular, declaración autoincriminante
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Carrizo, A. S. y otro c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-10

Corresponde rechazar el planteo de nulidad interpuesto por la defensa de los imputados que entregaron de manera voluntaria la clave de sus celulares durante un allanamiento, puesto que la cláusula constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo veda el uso de cualquier forma de coacción o artificio tendente a obtener declaraciones acerca de hechos que la persona no tiene el deber de exteriorizar, pero ello no abarca los supuestos en que la evidencia es de índole material y producto de la libre voluntad del procesado.
Denegatoria del recurso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Moreno, Jaqueline Delfina y otras  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en moreno, jaqueline delfina y otros sobre 183 - daños y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-12

Corresponde rechazar la queja ya que no explica de qué manera el decisorio impugnado -que confirmó el rechazo de la nulidad de la incorporación al juicio de la prueba documental que solicitó la Fiscalía- impacta sobre los derechos constitucionales que alega conculcados. Si bien la defensa refiere la afectación de la defensa en juicio debido a que se incorporaron fotografías sin haberse peritado, , no se hace cargo de lo dicho por la Cámara en tanto sostuvo que ese elemento de prueba será en definitiva, sometido al contradictorio, oportunidad en la cual podrá ser cuestionado y que, por ello, su incorporación no genera, en ese estado del proceso, afectación alguna. (Del voto de la jueza Inés M. Weinberg).
Allanamiento sin orden, facultades de la autoridad de prevención, flagrancia
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, M. y otro c/  s/ nulidad. Allanamiento. Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-07

Cabe confirmar la validez del allanamiento practicado sin orden judicial en el marco de una causa por robo, en la cual el damnificado denunció la sustracción de su teléfono celular por dos sospechosos que ingresaron corriendo a un inmueble cercano, dado que el procedimiento no incurrió en vicios que justifiquen la nulidad, ya que se verificó una persecución inmediata por parte del damnificado, quien no perdió de vista a los sospechosos y dio aviso al 911 de manera inmediata configurando uno de los supuestos del artículo 285 CPPN. Asimismo, cabe destacar que, en tal contexto, la madre del detenido abrió la puerta invitando a pasar a los preventores, lo que se interpretó como consentimiento, por lo que el conjunto de circunstancias verificadas conduce a estimar que se configuró la autorización legal que surge del artículo 227, inc. 3, CPPN
Denegatoria del recurso, prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreno, Jaqueline Delfina y otras  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en moreno, jaqueline delfina y otros sobre 183 - daños y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-12

Corresponde rechazar la queja ya que la decisión contra la que se interpuso el recurso de inconstitucionalidad -que confirmó el rechazo del planteo de nulidad de la defensa y, en consecuencia, incorporó (en los términos de los arts. 252 y 253 del CPP) la prueba documental consistente en quince fotografías ofrecidas por la fiscalía-, no es la sentencia definitiva del proceso, y la defensa no muestra que corresponda equipararla a una de esa especie (arts. 27 y 33 de la ley n° 402). Ello así, debido a que tiene por consecuencia la obligación de las imputadas de seguir sometidas a proceso y no pone fin al pleito ni impide su prosecución. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Proceso penal, costas, honorarios del perito, Consejo de la Magistratura
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Deutsch, A. K. y otros c/  s/ honorarios y costas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-10

En aquellos casos en los cueles el conflicto concluye por la adopción de una solución alternativa, en la que no existe estrictamente una parte vencida condenada en costas, es la Dirección de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura quien debe afrontar los honorarios del perito traductor requerido por el juez a quo.
Derecho a la presencia del defensor, proceso penal, sistema acusatorio, Ministerio Público Fiscal, imputado, deberes del juez, asistencia técnica, defensa en juicio, derechos de las partes, derechos y garantías constitucionales, actuación de oficio, nulidad de oficio, nulidad relativa, declaración testimonial, víctima menor de edad, declaración de la víctima menor
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C c/ Paez Nicolás Alejandro s/ Abuso sexual en perjuicio de M.L.P.A., representada por su madre E.D.Á. s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-07-30

El concepto de nulidad se vincula íntimamente con la idea de defensa, puesto que sólo cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, se produce una indefensión configurativa de nulidad. Pues constituye una exigencia previa emanada de la función jurisdiccional del Superior Tribunal el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran comprometidos aspectos que atañen al orden público. En efecto, la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría convalidarse.
Denegatoria del recurso, cesantía
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en gómez elías, jorge claudio contra gcba sobre recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art. 464 y 465 cayt)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-12

Corresponde rechazar la queja porque más allá del acierto o error de la decisión de la Cámara que declaró la nulidad de la cesantía y ordenó al GCBA que reincorporara a la parte actora, la recurrente no muestra que esa decisión sea insostenible. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Defensa en juicio, derechos y garantías constitucionales, proceso penal, ofrecimiento y producción de la prueba, prueba anticipada, derecho a la presencia del defensor
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C c/ Paez Nicolás Alejandro s/ Abuso sexual en perjuicio de M.L.P.A., representada por su madre E.D.Á. s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-07-30

El derecho de defensa involucra en relación al imputado su facultad de intervenir en el proceso, en todas sus etapas y actos procesales decisivos o trascendentales, desde el más prematuro inicio. Su intervención es importante, entre otras, a los fines de supervisar el desarrollo regular del procedimiento; de ofrecer pruebas; de controlar la producción de pruebas de cargo, etc.
Escritos judiciales, invalidez del acto jurídico, firma de las partes, imagen de la firma
Materia: PROCESAL
Carátula: Edudar S.R.L. c/ Aivi Group International S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-05

Cabe declarar la invalidez del escrito presentado por la parte actora, que contenía una imagen de la firma del representante legal pegada al pie del documento, dado que si bien el tribunal reconoció aptitud jurídica a los documentos electrónicos que cuentan con firma digital o firma electrónica, la grafía estampada en el escrito en cuestión agravios no puede asimilarse a una firma electrónica por no verificarse los presupuestos establecidos en el art. 5 de la Ley 25.506, al no brindar garantía sobre su autoría, comprendiendo este concepto como la relación de correspondencia directa entre el firmante y el contenido del documento, es decir, la identificación de la persona suscriptora con el documento creado (art. 7
Cesantía, agotamiento de la instancia administrativa, facultades jurisdiccionales
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: QHMK c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en qhmk contra gcba sobre recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art. 464 y 465 cayt)
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-26

En el caso, la confusión ocasionada al actor acerca de la identificación de los recursos legalmente previstos, los plazos para articularlos, y cuáles de ellos agotaban la vía administrativa, fue causada por quien suscribió el acto de cesantía y el acta que lo notificó. Ello no debería generar un beneficio a favor de la Administración Pública, que pretende obtener un provecho del transcurso de los plazos procesales para privar de la tutela judicial efectiva a la parte actora, es decir, del derecho a reclamar ante las instancias judiciales que se revise el acto que, a fin de cuentas, la privó del salario cuya naturaleza es alimentaria. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Confirmación de sentencia, denegatoria del recurso, delitos informáticos, código penal, daño informático, sobreseimiento, calificación legal, Facebook, redes sociales, comercio electrónico
Materia: PENAL
Carátula: Tripodi, Tomás Sebastián c/  s/ 183 párr. 2. Daños informáticos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-23

Cabe rechazar la apelación deducida por quien tiene a cargo la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, contra la decisión del a quo que sobreseyó por atipicidad al joven a quien se le imputó el delito previsto en el art. 183, párr. 2 in fine del Código Penal que castiga al que vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños, rechazando asimismo la solicitud de suspensión del juicio a prueba, pues su publicación en MarketPlace con la finalidad de vender el dispositivo denominado Flipper Zero no reúne los requisitos de la norma que se reclama en tanto ninguna de las funciones para las que fue diseñado dicho dispositivo en su configuración original resulta en sí misma apta para causar un daño.
Revocación de sentencia, procedencia del recurso, acción de amparo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aceras, costas en el orden causado, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, honorarios del abogado, vía pública, abuso del derecho, facultades de la administración, abogado en causa propia, multiplicidad de causas, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Giovanelli Matías Rodrigo c/ GCBA  s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-05

En el caso, corresponde revocar el pronunciamiento de grado y, en consecuencia, fijar las costas de ambas instancias en el orden en el que han sido causadas, en la presente acción de amparo iniciada por el actor con la finalidad de obtener la reparación de una vereda de la Ciudad, siendo preciso señalar que la reparación de la vereda ya ha sido ejecutada por el Gobierno demandado, obra que se encontraba incluida en el plan de acción de reparación de veredas previsto para el ejercicio 2025, debiendo resaltarse que del sistema informático del fuero surge que el abogado que en autos actúa en causa propia inició múltiples acciones de amparo con objetos similares al de autos, pretendiendo, en todas ellas, diversas reparaciones de imperfecciones de las que adolecerían distintas veredas de la Ciudad. Pues bien, admitir planteos como el aquí articulado haría que este tribunal convalide que un sistema pensado para que la democracia sea efectivamente participativa y exista un mayor control del accionar público, pueda transformarse en un emprendimiento privado, con una finalidad que no es la pensada por el constituyente. En una ciudad como la que habitamos, suponer que todos los inconvenientes relacionados con el espacio público deben ser subsanados conforme a la voluntad y los tiempos establecidos en causas judiciales no solo es impracticable, sino profundamente injusto. El único rédito de tal tesitura sería el de obtener múltiples regulaciones de honorarios, lo cual no parece ser la finalidad sistémica de la ampliación de la legitimación establecida en la constitución local, no resultando razonable avalar una suerte de figura de garante de la seguridad peatonal con la paradójica consecuencia de que ello implicaría detraer recursos presupuestarios por naturaleza, limitados y finitos, destinados a la ejecución de obras necesarias en la vía pública, a fin de sufragar sus emolumentos. En consecuencia, cabe admitir el recurso de apelación planteado por el Gobierno demandado.
Declaración autoincriminante, debido proceso, carga de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Carrizo, A. S. y otro c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-10

En consideración a la garantía básica del debido proceso legal, no puede exigirse a los imputados que colaboren activamente con la investigación mediante la provisión de información o manifestaciones que puedan incriminarlos. Es el Estado quien debe asumir la carga de la prueba y recurrir a los medios tecnológicos disponibles para acceder al contenido de los dispositivos, en tanto recae sobre él la responsabilidad de desvirtuar el estado de inocencia que ampara a los acusados. (Del voto en disidencia del Dr. Ricardo Matías Pinto)
Suspensión del juicio a prueba, imputado, in dubio pro reo, proceso penal, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Tripodi, Tomás Sebastián c/  s/ 183 párr. 2. Daños informáticos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-23

Las medidas propias de la suspensión del procedimiento del juicio a prueba son de carácter coactivo y son impuestas a una persona que es jurídicamente inocente, incluso contando con el consentimiento del imputado es imprescindible considerar siempre, que se está regulando el comportamiento de un individuo inocente, siendo presupuesto inicial del acuerdo entre partes la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar prima facie que existe un hecho típico y que en el mismo participó el imputado, caso contrario no es posible continuar con la persecución penal la que no debe ser suspendida sino interrumpida.
Factura electrónica, correo electrónico, prueba, pericia informática
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gausbi S.A.S. c/ Aniva S.A.  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-08

La entrega de facturas electrónicas a través de una cuenta de correo electrónico, requiere una específica acreditación mediante peritaje informático, si la recepción es negada. En efecto, la entrega de la factura electrónica por vía remota supone dos momentos: la salida del correspondiente correo electrónico del servidor propio, y la llegada o recepción de él a la cuenta o servidor ajeno. Ambos extremos, integrantes de un mismo acto, tienen que ser probados por quien reclama la factura (art. 377 del CPCCN), con la diferencia que el correo saliente debe inexorablemente acreditarse con prueba pericial informática sobre los registros del servidor de quien dijo haber enviado la factura, en tanto que la recepción de dicho correo en el servidor del destinatario puede presumirse si este último no exhibe los registros de entrada de correos electrónicos.
Acción de amparo, cuestión abstracta, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aceras, pronunciamiento inoficioso, costas en el orden causado, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, honorarios del abogado, vía pública, planeamiento urbano, derecho de peticionar, abuso del derecho, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, facultades de la administración, abogado en causa propia, multiplicidad de causas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Giovanelli Matías Rodrigo c/ GCBA  s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-05

En el caso, corresponde revocar el pronunciamiento de grado y, en consecuencia, fijar las costas de ambas instancias en el orden en el que han sido causadas, en la presente acción de amparo iniciada por el actor con la finalidad de obtener la reparación de una vereda de la Ciudad. Es preciso señalar que la reparación de la vereda ya ha sido ejecutada por el Gobierno demandado y que tal como surge de la prueba dicha obra se encontraba incluida en el plan de acción de reparación de veredas previsto para el ejercicio 2025, por lo que no corresponde deducir que la promoción de la acción fuere la causa para la ejecución del arreglo en cuestión, por cuanto es competencia exclusiva de la Administración determinar la urgencia en las reparaciones de la vía pública y establecer su prioridad pues es el Gobierno local quien ha sido investido legalmente para establecer y/o coordinar, por sí o a través de terceros, planes de financiación a favor de los propietarios frentistas para la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas. No cabe más que señalar que el presente juicio no finaliza por una resolución declarativa del derecho del actor en los términos del artículo 145, inciso 6 del Código Contencioso Administrativo y Tributario sino que, por el contrario, el objeto del amparo ha perdido virtualidad en razón de la ejecución de obras públicas llevadas a cabo por la demandada.