Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-10-24


La Plata, octubre 24 de 2006.

Antecedentes:

La Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial La Matanza condenó con fecha 11 de noviembre de 2002 a J. C. M. y a C. S. a la pena de 16 años de prisión, accesorias legales y costas, declarando reincidente al segundo, como autores penalmente responsables del delito de homicidio simple.

Contra ese pronunciamiento interponen recursos de Casación, el señor Defensor Oficial, doctor Marcelo Jorge García, y la Defensora Oficial, doctora Carina Andrea Rodríguez, en representación de los imputados M. y S. respectivamente.

En primer término, el doctor G., denuncia la violación de los arts. 40 y 41 del CP y de los arts. 18 y 19 de la CN, en tanto de estos últimos se desprende el principio de proporcionalidad de la pena con relación al injusto causado, y el de culpabilidad, en tanto entiende que en la sentencia atacada no se valoró debidamente, al determinarse la pena de M., la menor capacidad intelectual y la mayor dificultad en el control de sus impulsos que se desprenden del informe psicológico de fs. 214-216 vta.

Agrega que un sujeto con predominio de actos impulsivos y explosivos, incapacidad para tolerar las frustraciones y mala estructuración del superyo, no tiene la misma capacidad para motivarse en la norma que cualquier ciudadano que no padezca dichos trastornos, que entiende la defensa, deben valorarse como atenuantes, por revelar que la persona necesita un mayor tratamiento penitenciario.

Manifiesta que se estaría, además, en la violación del principio de culpabilidad por el acto, por valorarse la peligrosidad del sujeto, derivando en una culpabilidad de autor.

En segundo término, se agravia por la violación de los arts. 106, 210 y 373 del CPP al valorarse como agravante, y a su entender, sin la debida fundamentación, "la circunstancia de haberse producido las muertes en presencia del grupo familiar de las víctimas y en ocasión de encontrarse menores de edad jugando en el lugar de los hechos, lo que denota mayor peligrosidad", y al fijarse el monto de la sanción en 16 años de prisión, accesorias legales y costas.

Es decir, la defensa sostiene que en la sentencia no se acreditó, porque dicha circunstancia implica una mayor peligrosidad, en tanto de la prueba no surge que la presencia de los familiares haya sido algo buscado por los imputados.

En definitiva solicita se case la sentencia atacada, en relación al primer agravio, se declaren erróneamente aplicados los arts. 40 y 41 del CP, e inobservados los arts. 18 y 19 de la CN, y se adecue la pena impuesta a M. al grado de culpabilidad, reduciéndola considerablemente en función de las circunstancias expuestas, conforme al art. 460 y cc. del CPP. Asimismo, en cuanto al segundo agravio solicita se anule la sentencia, por ausencia de fundamentación, en cuanto a la valoración de la agravante referida y a la determinación final del monto de la pena, y se reduzca esta última a un monto cercano al mínimo legal, conforme a los arts. 106, 448 inc. 1, 461 y cc. del CPP.

Por su parte, la defensora Rodríguez, se agravia en primer lugar, por la violación de los arts. 18 y 19 de la CN en tanto establecen el derecho penal del acto y el art. 29 de la Constitución Provincial que consagra el principio del no bis in idem, al declararse reincidente a S. en la sentencia atacada.

Entiende que el instituto de la reincidencia es afín a un derecho penal de autor, y viola el principio del non bis in idem en tanto un hecho ya juzgado y por el cual el sujeto ya cumplió pena, es tomado nuevamente en su contra para determinar una pena más grave.

En segundo lugar, se agravia la defensora por la violación de los arts. 40 y 41 del CP y del principio constitucional ne bis in idem que emana de los arts. 18 de la CN y 29 de la Constitución Provincial, al valorarse como agravante a los efectos de determinar la pena, la condena anterior del imputado, siendo que tal circunstancia ya agrava su situación por la declaración de reincidencia.

En tercer y último lugar, se agravia por la violación de los arts. 106 y 210 del CPP y 18 y 19 de la CN, al fijarse en la sentencia el monto de la pena en 16 años de prisión, accesorias legales y costas a su defendido.

Entiende que la sola referencia a la existencia de uno o dos atenuantes y a otro tanto de agravantes, en forma sintética, y sin explicación, viola el derecho de defensa, por no poder atacarse fundamento alguno, del cual carece justamente.

Solicita en vínculo al primer agravio, se declaren violadas las normas constitucionales invocadas, se case el pronunciamiento recurrido y se resuelva el caso declarándose la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia, art. 50 y cctes. del CP., y dejándose sin efecto la declaración hecha en tal sentido respecto de S.. Y en vínculo al segundo agravio solicita, se declare violado el principio constitucional ne bis in ídem, por los motivos expuestos, y se deje sin efecto la agravante valorada para fijar la pena, esto es, la condena anterior del imputado, reduciendo la misma. Por último, solicita con relación al último agravio, se anule la sentencia en cuanto al monto de la sanción impuesta por la ausencia de fundamentación sobre la cuestión lo que constituye un vicio esencial de la resolución y se aplique una pena adecuada al injusto.

A fs. 73 presenta memorial conforme al art. 458 del ritual, la señora Fiscal Adjunta, doctora A. M. M., en el cual contesta los agravios planteados de la defensa.

En primer lugar, con relación al recurso planteado por el doctor García, con relación a las atenuantes y agravantes valoradas por el "a quo", entiende que fueron valoradas correctamente, al tener en cuenta las tres pautas mensurativas que establece el código al momento de determinar la pena, incluida la personalidad del acusado.

Tampoco la fiscalía comparte los argumentos de la defensa en vínculo a la agravante por la presencia del grupo familiar al momento del hecho, en tanto entiende que es una circunstancia perfectamente computada como agravante genérica.

Del mismo modo, manifiesta que, en relación con el recurso interpuesto a favor de S., el mismo no puede prosperar. Entiende que no debe prosperar el planteo de inconstitucionalidad del art. 50 del CP, en tanto no es incompatible con un derecho de acto, puesto que una persona que ha cumplido pena por un delito anterior y conoce sus consecuencias, cuenta en su experiencia que implica un factor que facilita el comportamiento debido, importando por tanto una mayor culpabilidad la indiferencia a dicha experiencia.

Agrega que no se viola el principio del non bis in idem, con el instituto de la reincidencia, entendida la anterior condena como un dato objetivo y formal, a fin de ajustar mejor el tratamiento penitenciario que necesita la persona. Cita jurisprudencia a fin de dar fuerza a sus dichos.

En vínculo a la valoración como agravante, la condena anterior del imputado, entiende que el a quo se remite a la sentencia informada a fs. 8 del legajo de personalidad de S., en cambio, para la reincidencia se tiene en cuenta exclusivamente la informada a fs. 7 del mismo legajo.

Por último, entiende que la motivación del fallo en la determinación de la pena del imputado, cumple con las normas de los arts. 106 y ccs. del CPP, que sí fundaron en forma concreta sobre la especie y monto de pena a imponer.

Por tanto solicita se rechacen ambos recursos por los motivos expuestos.

A fs. 77, el señor Defensor de Casación Adjunto, doctor V. V., presenta un escrito mejorando fundamentos y acompañando al recurrente en sus planteos, explayándose en críticas a las agravantes tenidas en cuenta por el "a quo".

En vínculo con las pautas de determinación de la pena del "a quo", ataca la agravante de desprecio por la vida de las víctimas, al tratarse justamente del delito de homicidio, violando el principio que prohíbe la doble valoración, art. 18 CN.

Y con relación a la agravante por la presencia del grupo familiar al momento del hecho, violenta las garantías del debido proceso y defensa en juicio, por la falta de fundamentación de dicha agravante.

Por último, entiende que en vínculo con las condenas anteriores de S., la fundamentación del "a quo" al momento de valorar las mismas, es infundada, en tanto no detalló la información precisa de las mismas, solo se remitió a una foja del legajo, deviniendo nula la sentencia por violar la prohibición de la doble valoración.

Por lo tanto solicita se case y se haga lugar a los recursos interpuestos en la forma solicitada por los defensores de instancia. Hace reserva del caso federal.

Por último, con fecha 28 de julio de 2005, el señor S. tuvo una entrevista con los magistrados de la presente Sala del Tribunal, a fin de manifestar su cuestionamiento sobre los reconocimientos por rueda de personas a los que fue sometido, y aclara que no prestó declaración en la audiencia oral. Asimismo declara su inocencia, y se queja por el proceso al que fue sometido.

Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes cuestiones:

1º ¿Son admisibles los recursos interpuestos? 2º ¿Son fundados? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Sal Llargués dijo:

Se controvierte sentencia definitiva en los términos del art. 450, se han cumplimentados en ambos casos los recaudos del art. 451 y se invocan motivos de los contenidos en el art. 448, todos del ceremonial penal.

Voto por la afirmativa.

El doctor Natiello dijo:

Adhiero al voto del doctor Sal Llargués y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

El doctor Piombo dijo:

Adhiero al voto de los colegas preopinantes en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

El doctor Sal Llargués dijo:

Como resulta de los antecedentes, los recursos se encaminan a demostrar la existencia de vicios en el abordaje de la cuantificación de la sanción.

Respecto del imputado M. no cabe duda que el tratamiento que el "a quo" realizara de las circunstancias de atenuación revelan absurdo valorativo y vicio lógico que lo invalida.

En efecto, se hace cargo el votante del primer término que M. porta "menor capacidad intelectual y la mayor dificultad en el control de sus impulsos... ...en una situación de menor culpabilidad al ser pasible de menor reproche... ...(lo que) resulta cierto... ...a la luz de lo informado a fs. 214/ 216 vta.".

Sin embargo, no obstante esa aserción lisa y llana, de seguido, afirma el votante que con ser cierta dicha afirmación previa "no menos cierto es que dicho extremo debe balancearse con el mayor tratamiento penitenciario que el justiciable trasluce requerir".

Esta conclusión del "a quo" encierra una clásica violación al principio lógico de no contradicción que se traduce a fortiori en una falla lógica y jurídica.

En efecto, si nos hacemos cargo de que media una situación de menor culpabilidad que importa menor reproche pero, con el mismo fundamento sostenemos que justamente por esa razón hay que suministrar mayor tratamiento penitenciario a quien la porta, estamos afirmando que "a" es "a" y "no a" al mismo tiempo, que M. tiene dificultades para percibir las conminaciones normativas lo que lo hace merecedor de menor reproche pero que, justamente por ello le habremos de aplicar más pena.

Esta afirmación -naturalmente- opera dentro del tradicional discurso de mensura de la pena que -frente a una causa de menor reprochabilidad- propone la reducción de la misma justamente por esa razón.

Si se siguiera el camino propuesto por el "a quo", cabría sostener que cuando media una razón de mayor reprochabilidad cuadra reducir la sanción.

Cuando esta Sala ha afirmado desde sus primeros fallos que la cuantificación de la sanción ha sido por siempre campo fértil para la arbitrariedad y la discrecionalidad judicial se ha referido -entre muchos otros- a estos razonamientos que -en buen romance- significan "palos porque bogas, palos porque no bogas".

Si M., fruto de su integración personal es proclive a conductas impulsivas por déficits en la conformación de su super yo y presenta intolerancia a las frustraciones y todo ello no deriva en una anulación de su capacidad de reproche (imputabilidad para la moderna doctrina penal) cabe computar ese defecto como minorante de esa capacidad y, entonces, de acuerdo a ese menor grado de imputabilidad, corresponde un menor grado de reproche. Ello porque el reproche penal no puede ser hecho a los factores genéticos, de socialización o de configuración de la personalidad que signaron su desarrollo sino a los que operaron en el hecho.

No de otra cosa habla la norma del art. 41 del Código Penal en sus referencias a la culpabilidad.

Y no se puede afirmar que ello deba operar a cuenta de "la terapéutica necesaria para apartarlo de la senda de lo ilícito..." que llevara al "a quo" a que -no obstante reconocer la falencia apuntada- crea que debe aplicarse más pena por ello.

La contradicción es flagrante y debe ceder.

Esa contradicción se extiende -para M. cuando se computa como agravante la nimiedad del motivo que lo llevara a segar la vida de J. C. L.. En efecto, los motivos que se hayan tenido para delinquir están expresamente indicados como baremos de reprochabilidad, pero si se pondera como minorante la configuración personal que -según se ha visto- ha derivado en la concurrencia de una menor imputabilidad toda vez que revela una impulsividad de difícil contralor, esa condición no puede luego revertirse en una agravante por la alegada nimiedad del motivo que -como se deja dicho- abreva en esa impulsividad.

Nótese que no se trata de premiar a quien así se conduce sino que quien porte ese déficit en su conducta no puede ser medido con la misma vara que quien administra con absoluta libertad la suya.

Desencadenar los hechos por los que han sido juzgados en el lugar en que se encontraban también otras personas, incluidos varios menores es síntoma de más extensión del peligro causado. El agravio debe rechazarse.

En punto al remedio traído por S., expreso la minoría en la Sala en punto a que la reincidencia viola la garantía convencional y constitucional de prohibición de doble juzgamiento y que lo mismo cabe decir cuando se ponderan al propio tiempo los antecedentes que la fundan como agravante de la pena.

Empero, lo dicho respecto de M. -no naturalmente en lo que releva condiciones personales del mismo- revela que no ha mediado ponderable razonabilidad en la estimación de la pena, haciéndome cargo también de que encarno la minoría en cuanto al modo de operar para la estimación de la pena justa.

Con esos alcances, voto por la afirmativa.

El doctor Natiello dijo:

a. Adhiero al voto del doctor Sal Llargués respecto al tratamiento que efectúa de los agravios articulados a favor del encausado M. en el recurso Nº 12.178.

b. En cuanto a los impetrados a favor del coimputado S. en el recurso Nº 12.179, los mismos deben rechazarse.

En primer lugar porque a mi juicio el instituto de la reincidencia no conculca garantías ni derechos consagrados constitucionalmente.

En ese sentido he sostenido en causa Nº 8045 que "Quien comete un delito pese a contar en su experiencia vital con una vivencia que -como la condena y pena sufridas-, le permite comprender más claramente la criminalidad de su acto, revela un mayor grado de culpabilidad válidamente meritable al momento de ajustar el tratamiento penitenciario.

Sin que ello importe un mero argumento de autoridad, entiendo con nuestra Corte Nacional que "...lo que se sancionaría con mayor rigor sería exclusivamente la conducta puesta de relieve después de la primera sentencia no comprendida ni penada -como es obvio- en ésta..." (C.S.J. 16/8/88); que "... la mayor severidad en el cumplimiento de la sanción no se debe a la circunstancia de que el sujeto haya cometido el delito anterior, sino al hecho de haber sido condenado en esa oportunidad y obligado a cumplir pena privativa de libertad, lo que pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito..." y que "...es evidente que esta insensibilidad ante la eventualidad de un nuevo reproche penal, no formó parte de la valoración integral efectuada en la primera sentencia condenatoria, por lo que mal puede argüirse que se ha vuelto a juzgar y sancionar la misma conducta..." (C.S.J., 16/8/88).

Se ha dicho también, en el mismo sentido, que "...el principio non bis in ídem prohibe la aplicación de la pena en el mismo hecho, pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal- a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal..." (Fallos 311:553; 311:1451, entre otros).

Y no es cierto que por esta vía se ponga a cargo del individuo un error debido al Estado (el fracaso en el tratamiento penitenciario), desde que el reproche se agrava no porque el tratamiento haya sido ineficaz sino porque, en ejercicio de su libre albedrío, el individuo decide cometer un nuevo delito pese a contar con una experiencia que le permite comprender más claramente la criminalidad de su ilícito.

No se agrava el reproche por la conducción de vida o por la enemistad con el derecho sino por la mayor culpabilidad evidenciada en la comisión del nuevo delito.

Y tampoco se incurre en petición de principio al sostener que la reincidencia no viola el "ne bis in idem" porque al legislador no le está prohibido tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal- a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario puesto que, en definitiva, si bien se mira, lo que se afirma es que, en los hechos, no media agravamiento de la pena sino, eventualmente, distinto modo de cumplirla" (causa nº 8045 "Basualdo Ramón Eduardo s/ Recurso de Casación).

Similar suerte debe seguir el segundo de los agravios esgrimidos desde que -como lo pone de resalto la doctora Moretti- el "a quo" no sólo se encontraba autorizado por el art. 41 para valorar como circunstancia aumentativa de la pena los antecedentes condenatorios que registraba el encausado, sino que tampoco de esa forma incurriría en doble valoración de una misma circunstancia desde que, el juez de primer voto -y con él el Tribunal- dejó en claro -ver quinta cuestión del veredicto- que el imputado S. registraba "dos condenas penales previas al hecho de esta causa, una de las cuales -la informada a fs. 8 de dicho incidente- sirve de base, aumentativa de la sanción" mientras que, al declararlo reincidente tomó en cuenta que no habían transcurrido los plazos previstos por el art. 50 del Código Penal desde la sentencia informada a fs. 7 del legajo de personalidad.

Por lo demás acoto que comparto en un todo el criterio sentado por nuestra Corte Provincial en el sentido que:

"...el hecho de que la declaración de reincidencia importe la pérdida del beneficio previsto en el art. 13 del Código Penal en nada obsta a que la conducta también traduzca mayor peligrosidad en los términos del art. 41 inc. 2º del Código citado..." (P. 59011, del 1-IV-97; P. 36.821 del 5-XII-89; P. 60751, del 31-VIII-99; entre otras).

Y que si bien es cierto que "... si una circunstancia ha sido considerada para configurar un tipo penal o agravar una escala penal no puede ser también valorada como agravante..." "... la reincidencia no integra una figura penal ni produce en el régimen vigente- un agravamiento de las escalas penales..." (conf. P 60751, del 31-VIII-99).

Tampoco puede prosperar el tercero de los agravios invocados.

Es que, si bien esta Sala ha insistido en la trascendencia que tiene el proceso de cuantificación de la pena y en la indispensable razonabilidad y prudencia que debe imperar en la fijación de lo que configura la consecuencia última de la imputación delictiva (ver, en ese sentido, el voto del doctor Sal Llargués en causa nº 34 "Novaski"), lo cierto es que en el sub lite el monto de pena escogido no sólo no aparece como irrazonable o desproporcionado atento el hecho materia de juzgamiento y las pautas atenuantes y agravantes meritadas en el veredicto, sino que tampoco se advierte infracción legal alguna al art. 106 del C.P.P., puesto que el "a quo" se remitió a aquéllas para fundar la sanción escogida, y ello resulta incensurable, desde que la sentencia constituye un todo inescindible y no resulta objetable la remisión interna que pudiera efectuarse de una cuestión a otra, siempre que ello no impida la comprensión general del recurso ni obstaculice su crítica recursiva, nada de lo cual ha sucedido en el sub lite.

Por lo demás, tal como tiene dicho la Sala Segunda de este Tribunal:

"...si bien la determinación de la pena debe ser necesariamente fundada y no podría aceptarse que se trate de una cuestión inherente a la arbitrariedad de los jueces, siendo conveniente que estos fijen con claridad cuáles son las circunstancias fácticas y los criterios normativos que tienen en consideración, así como el sentido e incidencia de cada uno de ellos en el caso concreto; no se incurre necesariamente en infracción legal alguna... ni obsta a la legalidad o al debido contralor de las partes la ausencia de ulteriores desarrollos argumentales referidos a criterios que, como el grado de injusto, de culpabilidad o de peligrosidad, no son más que posibles sustentos dogmáticos de las pautas meritadas por el "a quo" en el marco de la ley de fondo" (conf. causa Nº 7119, Ortiz, Fermina s/ recurso de Casación).

Finalmente entiendo que la pena impuesta al encausado S. debe mantenerse incólume desde que -a mi juicio- no existe obligación de partir siempre del mínimo legal ni punto de ingreso a la escala penal (cfr. P.79.708, sent. del 18-VI-03) y que, la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal.

Voto parcialmente por la afirmativa El doctor Piombo dijo Adhiero al magistrado de segundo voto, dejando a salvo que, conforme lo tengo expresado desde los viejos precedentes "Garibaldi", "Guazzi" y "Espíndolo", existe punto de ingreso a la escala penal y que la pena es susceptible de un tratamiento racional, controlable en casación (in re: "Noviasky").

Voto parcialmente por la afirmativa.

3º cuestión. - El doctor Sal Llargués dijo:

Visto el modo como han sido resueltas las cuestiones anteriores corresponde: 1) declarar admisibles los recursos de Casación interpuestos en favor de J. C. M. y C. S.; 2) por los fundamentos dados casar parcialmente el pronunciamiento atacado incorporando como factor minorante la configuración personal del encartado M. y descartando como agravante la nimiedad del motivo que impulsó al mismo a delinquir reduciendo la penalidad impuesta a M. fijándola en 14 años y 8 meses de prisión, accesorias legales y costas; 3) por mayoría y los fundamentos dados no hacer lugar al recurso en lo que se refiere al encausado C. S., sin costas en esta instancia. (Arts. 40 y 41 a contrario,50 del C.P.; 448, 450, 451, 456 primer párrafo, 530 y 532 del C.P.P.) y;; 3) tener presente la reserva de acudir por ante la SCBA (art. 494 C.P.P.) y por ante la CSJN (art. 14 ley 48).

Así lo voto.

El doctor Natiello dijo:

Adhiero al voto del doctor Sal Llargués y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

El doctor Piombo dijo:

Adhiero al voto del doctor Sal Llargués en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede el Tribunal resuelve:

I. Declarar admisibles los recursos de Casación interpuestos por el señor Defensor Oficial titular de la Defensoría General del Departamento Judicial La Matanza, doctor M. J. G., en favor de J. C. M. y por la señora Defensora Oficial Adjunta de dicha departamental, doctora C. A. R. en favor de C. S. II. Por los fundamentos dados casar parcialmente el pronunciamiento atacado incorporando como factor minorante la configuración personal del encartado M. y descartando como agravante la nimiedad del motivo que impulsó al mismo a delinquir reduciendo la penalidad impuesta a M. fijándola en 14 años y 8 meses de prisión, accesorias legales y costas III. Por mayoría y los fundamentos dados, no hacer lugar al recurso en lo que se refiere al encausado C. S., sin costas en esta instancia. Arts. 40 y 41 a contrario, 448, 450, 451, 456 primer párrafo, 530 y 532 del C.P.P. IV. Tener presente la reserva de acudir por ante la SCBA (art. 494 C.P.P.) y por ante la CSJN (art. 14 ley 48). - Horacio D. Biombo. - Benjamín R. Sal Llargués. - Carlos A. Natiello.