Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-15


ESTIGARRIBIA, Juan Carlos contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 203 p 377-383.

En la ciudad de Santa Fe, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ESTIGARRIBIA, Juan Carlos contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 501 del año 1991), de conformidad con el acuerdo celebrado el día siete del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Juan Carlos Estigarribia promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe con el objeto de que se anule el decreto 3444 de fecha 22.8.1991; y, en consecuencia, se deje sin efecto la medida de exoneración (decreto 3748/90) y se lo restituya al cargo y categoría, con costas.

Relata que se desempeñaba como agente policial en la Unidad Regional VI de la Policía de Santa Fe.

Comenta que como consecuencia de haber cometido un delito menor, fue condenado en sede penal, a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, hecho por el cual asumió su responsabilidad, purgó su culpa, quedando en condiciones de reinsertarse normalmente en la sociedad.

Al describir las vicisitudes del procedimiento administrativo, remarca que, al pasar las actuaciones administrativas (aconsejando su exoneración) a consideración del Poder Ejecutivo, dicho trámite estuvo demorado en el Departamento de Personal del Ministerio de Gobierno por el término de 2 años, 4 meses y 29 días, lo cual fue advertido por el titular de la repartición.

Manifiesta que no obstante la anomalía denunciada, se dictó el decreto 3748/90, que dispuso su exoneración. Expresa que dicha medida que no fue consentida, interponiendo recurso de revocatoria, denunciando la caducidad producida en el trámite administrativo.

Expone que el recurso de revocatoria fue rechazado por decreto 3444/91 y que sus fundamentos (atinentes a que la caducidad, por aplicación a contrario sensu del art. 30 del Régimen Disciplinario Policial, no es aplicable al caso por tratarse de personal policial y que de ser aplicable estaría vedado por ocasionar un perjuicio a la Administración), son insuficientes.

Señala que la caducidad, no obstante tratarse de personal policial, es aplicable al caso, pues ante el silencio de la normativa policial, debe integrarse con normas análogas, siendo de aplicación al caso el artículo 65 del decreto 10.204/58.

Apunta que, transcurrido con holgura el plazo estipulado (un año) por haber estado paralizado el expediente desde el 24.3.1988 hasta el 23.8.1990, debió hacerse lugar al pedido de caducidad planteado.

Entiende que el argumento referido a que, de ser aplicable, estaría vedada la caducidad por ocasionar un perjuicio a la Administración, refleja una antojadiza protección de la Administración y el interés público.

Estima que, si acaso hubo un daño a la Administración, éste lo fue en abstracto, pues fincaría en la privación de ejercer, por su culpa, la potestad sancionatoria. Añade que, por el contrario, se ha dañado la garantía al debido proceso.

Finalmente, sostiene que es arbitraria e injusta la resolución que no garantizó sus derechos como imputado a obtener una rápida decisión que pusiera término a la situación de incertidumbre, lo cual se ve acentuado en los procesos de carácter disciplinario, dictando una resolución en un proceso perimido.

Solicita, en suma, se declare procedente el recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 33), comparece la demandada (f. 39) y contesta la demanda (fs. 41/48 vto.).

Niega las postulaciones sustentadas en la demanda y que proceda el presente recurso dirigido "contra las resoluciones de la Administración que importen el ejercicio de facultades disciplinarias" (art. 12 inc. c, ley 4.106).

Plantea que no hubo paralización en el sumario administrativo, en el cual no hubo planteos de nulidad o caducidad y que las únicas demoras fueron producidas en virtud de la reserva de las actuaciones dispuestas por la estrecha relación entre el procedimiento administrativo y el proceso penal, por tratarse del mismo hecho.

Indica que la única anomalía ocurrió en el período que va con posterioridad al dictamen de Fiscalía de Estado y antes del dictado del decreto que dispuso la exoneración, la que se suscita en el Departamento de Personal del Ministerio de Gobierno en la confección del proyecto respectivo, anomalías que fueron denunciadas por el Ministro de Gobierno.

Expresa que no hay norma en el Reglamento de Sumarios Administrativos (dto. 4055/77) que establezca la nulidad del procedimiento disciplinario por el incumplimiento de los plazos sumariales; y que el artículo 65 del decreto 10.204/58 no refiere a la caducidad de los procedimientos disciplinarios sino a las gestiones promovidas ante el Poder Ejecutivo o sus organismos descentralizados y no puede ser aplicado a estos supuestos supletoriamente.

Señala que el artículo 23 del Reglamento de Sumarios Administrativos habla de perentoriedad de los términos, pero no alcanza a los actos sustanciales del procedimiento.

Menciona que el artículo 35 del citado reglamento no refiere a la perención de instancia sino que regula el accionar al que debe sujetarse el instructor estableciendo simplemente un término "no perentorio u ordenatorio". Añade que este principio general (aplicable supletoriamente conforme el art. 155 del R.S.A.) así está contemplado en el Código Procesal Penal provincial.

Sostiene que su incumplimiento no puede traer aparejada la caducidad o nulidad del procedimiento ya que una consecuencia de tal magnitud debe estar contemplada expresamente, máxime cuando se trata de demoras en la concreción del proyecto de decreto que dispone la destitución del sumariado.

Apunta, con cita de jurisprudencia en apoyo de su postura, que no puede pretenderse la nulidad de lo actuado y el reintegro del recurrente a su antiguo trabajo simplemente sobre la base de una demora producida en la confección del proyecto de exoneración cuando, en el caso, el procedimiento disciplinario no impidió el oportuno conocimiento de su condición de imputado, el normal desarrollo de su declaración, la posibilidad de ofrecimiento y producción de pruebas de descargo, ni afectó su derecho a una resolución fundada, y porque deben tenerse en cuenta las implicancias que acarrearía su reintegro tanto para la repartición como para la sociedad ante la particular función de la policía de seguridad.

Pone de relieve que la pretensión del actor debe ser desestimada por el hecho cierto y demostrado de que la sanción encuentra su origen en una conducta delictual de Estigarribia, quien consintió la demora, especulando con beneficiarse con la anomalía acontecida, mas la perención de instancia no es causal suficiente para invalidar el sumario administrativo.

Dice que el decreto que dispuso la exoneración toma como elemento determinante y prueba trasladada a sede administrativa la condena firme del Juzgado interviniente. Aduce que los hechos y culpabilidad determinados en sede judicial deben ser necesariamente tenidos en cuenta en sede administrativa, quedando claro la decisiva influencia que el proceso penal tiene sobre el administrativo, no obstante que tales hechos y faltas también fueron comprobadas en el propio sumario administrativo.

Alega que no puede sostenerse la supuesta injusticia de los actos cuestionados, ni que su situación fuese de incertidumbre cuando existía una condena firme en sede jurisdiccional, sin perjuicio que haya sido de ejecución condicional, ya que conforme la ley 6769 no pueden ingresar o reingresar los condenados, hayan o no cumplido la pena impuesta, dado que el no cumplimiento de la misma no despoja al acto delictual de su contenido antijurídico, que se califica por la condición de funcionario policial de Estigarribia, tornando la conducta grave y agraviante desde el punto de vista institucional y social.

Finalmente, plantea subsidiariamente que, ni por la tesis del automatismo, ni a título de reparación de daños, procede el pago de haberes caídos.

Peticiona, en suma, se rechace el recurso, con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 49) y producida la que consta en el expediente, informan las partes sobre el mérito de la misma (fs. 81/82 vto. y 83/88 vto.). Dictada (f. 89) y consentida la providencia de autos, se encuentra la causa en estado de ser resuelta.

3. a) En el sub judice, la demandada sostiene que el recurso se enmarca en lo dispuesto por el artículo 12 inciso c) de la ley 4106.

Al respecto debe señalarse que, si bien, en principio, los actos que importan el ejercicio de facultades disciplinarias se hallan excluidos del control de este Tribunal, tal exclusión no alcanza -al menos a los efectos de decidir la admisibilidad de la impugnación- a los supuestos en que se invoque -precisamente- la concurrencia de vicios de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales.

En definitiva, es criterio de esta Corte que la referida materia "le ha sido sustraída por la ley salvo que se alegue un vicio de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales (artículo 12, inciso c, ley 4106), sin perjuicio de verificar la presencia en el respectivo caso del presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, cual es la realización del interés público (cfr. A. y S., T. 37, pág. 313; T. 46, pág. 488; T. 47, pág. 2; T. 48, pág. 486; T. 49, pág. 57; T. 54, pág. 234; T. 66, pág. 148; etc.) y el cumplimiento de la Administración del recaudo implícito de razonabilidad" (A. y S. T. 159, pág. 68).

En el caso, el recurrente aduce que se ha lesionado el debido proceso porque el sumario administrativo estuvo paralizado alrededor de dos años y medio y no obstante haber caducado, se dispuso su exoneración.

La invocación de estos aspectos, cuya efectiva configuración será objeto de consideración al analizarse la procedencia sustancial del recurso, torna admisible en este aspecto, la impugnación en estudio.

b) En relación al planteo de la demandada en lo atinente al pago de los haberes caídos, dicha pretensión no ha sido esgrimida por la parte actora, ni en sede administrativa ni judicial, lo cual veda su tratamiento por este Tribunal.

Por lo expuesto, el presente es admisible, con el alcance señalado.

Así voto. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler y Vigo, expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: 4. El actor argumenta, sustancialmente, que al destituírselo, se violó el debido proceso, ya que el trámite del sumario se paralizó por un lapso cercano a los dos años y medio y sostiene que ello configura un supuesto de caducidad administrativa.

Sentado lo precedente, y a los efectos de dilucidar el presente caso, es menester detenerse en las constancias del sumario instruido al señor Estigarribia.

a. Se desprende del expediente 00201-0349406-V, que el sumario administrativo 12/85 se inició con motivo del sumario prevencional de fecha 28.4.1985, instruido por la comisión de un delito tipificado, prima facie, por malversación de caudales públicos, siendo que se le imputó al actor el desapoderamiento de una radio, un criquet y parasoles del interior de un vehículo secuestrado (fs. 4/9 expte. adm.).

El 23.5.1985, de conformidad con el punto 5 de la resolución 19 del Jefe de la Unidad Regional VI de Policía, de fecha 30.4.1985, (f. 37 vto., expte. adm.), se instruyeron las correspondientes actuaciones de conformidad con el artículo 37 incisos a) y b) del Reglamento de Sumarios Administrativos, "por la presunta infracción al Nro. 13 inc. m), s) e implicancias del Nro. 14 del R.R.D.P., por parte del agente Juan Carlos Estigarribia" (f. 43, expte. adm.).

El 24.5.1985, el actor, luego de haber sido impuesto de los hechos y las faltas imputadas y los derechos que le asistían, prestó declaración (f. 66/vto., expte. adm.).

El 29.5.1985, el instructor administrativo clausuró las actuaciones administrativas y las elevó al Jefe de la Unidad Regional VI (f. 68, expte. adm.).

El 6.6.1985, el defensor del actor, Oficial Sub Ayudante José Luis Priori, solicitó "se proceda a reservar las presentes actuaciones administrativas a la espera del fallo judicial definitivo..." (f. 73, expte. adm.).

Así, se reservan las actuaciones administrativas (por resolución 25/85, f. 77, expte. adm.) hasta que, luego de que el actor fuera condenado por el hecho de marras a la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional por el delito de hurto simple, el 30.10.1987 el Jefe de la Unidad Regional VI resolvió solicitar al Jefe de Policía de la Provincia la destitución del agente (resolución 48/87, f. 110, expte. adm.).

Luego, tras imputarle al agente, además, la infracción al articulo 15 inciso z) del Reglamento Régimen Disciplinario Policial (f. 115/vto., expte. adm.), en fecha 30.12.1987, se dispuso solicitar al Jefe de Policía que gestione ante el Poder Ejecutivo la destitución del actor en grado de exoneración, por las faltas administrativas previstas en los artículos 13 incisos m) y s), agravados en función del 14 y 15 inciso z), del Reglamento Régimen Disciplinario Policial (resolución 58, f. 122/vto., expte. adm.), lo cual fue dispuesto por el Jefe de Policía (resolución de fecha 15.1.1988, f. 126, expte. adm.).

Recibido el expediente administrativo en el Ministerio de Gobierno en fecha 21.1.1988 (f. 127, expte. adm.), y luego de los dictámenes jurídicos correspondientes (fs. 129/131), el 24.3.1988 pasa al Departamento de Personal a los fines de proyectar la norma legal.

Dicha repartición informó recién el 23.8.1990 (f. 132, expte. adm.), circunstancia que es advertida por el titular del Ministerio de Gobierno (f. 134, expte. adm.).

Finalmente, el 22.10.1990, se dictó el decreto 3748, por el cual se dispuso la exoneración de Estigarribia.

b. Tales las constancias de la causa, corresponde abordar los planteos del actor supra señalados.

Primeramente, cabe desestimar la argumentación del recurrente basada en la supuesta aplicabilidad al caso de las normas sobre caducidad contenidas en el artículo 65 del decreto acuerdo 10.204/58. Es que, el Reglamento para Sumarios Administrativos expresamente establece en su artículo 155 que se aplican supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal en todo lo que no esté expresamente previsto en aquél. Y con tales normas se ha integrado ese ordenamiento en la constante jurisprudencia de este Tribunal -infra citada- para supuestos como el del sub examine.

Ahora bien, del análisis de las actuaciones administrativas, no se advierte que en el caso concreto hayan mediado dilaciones injustificadas o irrazonables en la sustanciación del procedimiento disciplinario, ya que, conforme lo estipulado en el artículo 35 del Reglamento Régimen Disciplinario Policial, se instruyó el sumario el 23.5.1985 y fue concluido y elevado el 29.5.1985 (fs. 43 y 68, expte. adm.), para ser posteriormente reservado por solicitud del defensor del actor a la espera de la correspondiente resolución del proceso penal.

Antes bien, no se observa que con su actuación la autoridad instructora haya retardado el desarrollo normal de la etapa sumarial ni que se haya paralizado la investigación en ningún momento (con la única salvedad de la reserva de las actuaciones, la cual fue pedida por el defensor del actor); antes bien, se sustanció sin solución de continuidad.

En lo que refiere al dictado del acto de destitución (cfr. arts. 62, ley 6769 y 26, R.R.D.P.), Por lo demás, debo hacer notar que de las constancias administrativas reseñadas no surge que se haya afectado durante el curso del procedimiento ningún derecho básico del agente: la garantía del debido proceso, es decir, la de ejercer su defensa, producir prueba y, finalmente, obtener una decisión fundada.

Además, no puede dejar de advertirse, la falta de una tempestiva alegación del reproche, que se expresa recién al interponer revocatoria contra el decreto 3748/90.

Finalmente, resta agregar que si se entendiese que el planteo tiende a postular la prescripción de la "acción disciplinaria", correspondería su rechazo en razón de lo prescripto en los artículos 41 y 42 del Reglamento Régimen Disciplinario Policial, que reglamentan los plazos de prescripción de la acción a los fines del ejercicio de la atribución disciplinaria y de su interrupción (cfr. criterio "Ferreyra", A. y S. T. 161, pág. 68).

A mayor abundamiento, y aún en el hipotético caso de entenderse aplicable al sub judice el decreto 10.204/58, ninguna incidencia podría asignársele en orden a alterar la suerte del recurso, por cuanto obstaculizaría la declaración de caducidad el propio texto del artículo 65, que en su párrafo tercero establece que "...No será de aplicación en ningún caso y bajo ningún concepto, cuando la consideración de caducidad puede ocasionar un perjuicio a la Administración o cuando el asunto de que se trate resulte de interés público". Así lo entendió el Poder Ejecutivo en el caso al sostener en sede administrativa que "...estaría vedado ello por la restricción que dicho artículo establece -párrafo 3- ya que dicha caducidad ocasionaría un perjuicio a la Administración y más aun resultaría un daño al interés público" (decreto 3444/91, f. 172, expte. adm.).

Mas sobre el particular, no es ocioso recordar que este Tribunal, si bien con distinta integ Por todo lo expuesto, debe rechazarse el recurso interpuesto, con costas al actor (art. 84, ley 4106).

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler y Vigo, expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar improcedente el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción intentado. Costas al actor.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler y Vigo, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción intentado. Costas al actor.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)