marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.A.R. c/ S.M.A. s/ ALIMENTOS CH. DE C.N.D. c/ C.A. s/ DIVORCIO - SEPARACION DE BIENES
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07|1992-04-07

Los presupuestos de necesidad y caudal del alimentante requieren una mayor carga probatoria a partir de la naturaleza de alimentos definitivos que se otorga a la prestación correspondiente. Y al respecto, tal caudal deberá demostrarse directa o indirectamente por vía de prueba indiciaria que permita evaluar su situación mediante sus actividades o sistema de vida, aunque tan solo en forma sumarial, sin el rigor propio del juicio ordinario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratista, licitación pública, presentación de las ofertas, error (civil)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bricons  S.A. c/ Estado    Nacional  (Ministerio  de  Obras  y  Servicios  Públicos  - Secretaría de Comunicaciones) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-24

La contratista debe soportar (art. 37, ley 13.064) el error en la preparación de la oferta que no es imputable al comitente.
Apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: T. C., J. M. c/ A. C. de la E. E. A. T. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-15

La elección de la prueba es facultad privativa del juzgador, quien puede seleccionar aquellas que estime relevantes y decidirse por una descartando otras, que considere inconducentes o inoperantes siendo suficiente a tal efecto, que haga referencia a las que han servido decididamente a la conclusión.

La preferencia del juez por unas pruebas respecto de otras no viola las leyes que rigen su valoración, por lo que el fallo puede apoyarse en determinados testimonios, pruebas corroborantes de las que estos resulten, presunciones con prescindencia de otras declaraciones testificales, etc.
Competencia, competencia por la materia, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cisneros, Hilda Raquel c/ Municipio del Partido de Necochea s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Situada la controversia en las prescripciones del derecho civil, resulta inobjetable la competencia del tribunal del trabajo en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley 11.653.
Sanciones disciplinarias, imputado
Materia: PENAL
Carátula: Candia, Tomás s/ Ejecución Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-02-11

De acuerdo al criterio que informa la filosofía de la ley penitenciaria, el imputado debe ser informado de la infracción que se le imputa, puede ofrecer pruebas y alegar ante la autoridad; en tanto que la decisión sancionatoria debe ser motivada y susceptible de ser recurrida ante la autoridad judicial (arts. 91 y 96 de la ley 24660), formalidades de naturaleza procedimental con raigambre constitucional en tanto y en cuanto informan el debido proceso legal.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: METZLER, MARIA LEONOR VILLOUD VDA DE P S H M c/ TESTI ZAMPA, ANGEL DANIEL Y-U OTROS s/ COBRO DE PESOS LABORALES     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 705-87 DIMONACO, RODOLFO c/ VIME SAC s/ COBRO DE PESOS      EXPTE NRO 194-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-10-18|1992-04-08

Los planteos de inconstitucionalidad referidos a la sentencia de primera instancia, no son susceptibles de habilitar la vía del recurso de inconstitucionalidad porque se dirigen contra una decisión que no puede ser objeto de ese recurso al no ser definitiva.
Violencia de género, personal policial, Policía Provincial, violencia institucional
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: E., M. B. c/  s/ varios (violencia de genero)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2022-10-03

La mirada indiferente del Estado, o la falta de interés o de involucramiento de la propia institución policial ante hechos de violencia de género podría configurar Violencia Institucional, más aún cuando se cuenta con un área específica como la Dirección General de Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar creada por el gobierno provincial. No se solucionan éstas cuestiones con facilismos administrativos ordenando traslados o cambiando de puestos de trabajo (casi siempre a la denunciante) sino que es nuestra responsabilidad -como Estado modificar conductas o patrones estereotipados,
Daños y perjuicios, compensación económica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: IBARES, JOSE FELIPE c/ DANIEL EDUARDO SERRANO Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-19

No corresponde la aplicación del art.1109 del Código Civil según el cual para resarcir los daños al daminificado, éste debe probar la culpa del demandado, en los casos de riesgo objetivo, previstos en el art. 1113 del C.C.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, cuestión federal
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Vicente CUENZE s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  SENTENCIA  DEFINITIVA -  CUESTION FEDERAL - EXCEPCION DE FALTA DE ACCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-08

Las cuestiones federales resueltas por autos no definitivos, son susceptibles de conocimiento por la Corte en ocasión del recurso extraordinario que, en su caso, queda deducir contra la sentencia final de la causa.
Recurso extraordinario, derecho al recurso, exceso ritual manifiesto, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa M., M. A. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-19

No corresponde restringir el acceso a las instancias superiores de revisión so color de interpretaciones dogmáticas y de excesivo formalismo acerca de la admisión de los recursos locales, máxime, cuando el escrito contiene argumentos mínimos que alcanzan para sustentar el remedio y se discuten cuestiones de evidente tenor federal. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, competencia contencioso administrativa, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: CIVIL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Corpacci de Toledo, María Soledad c/ Edecat S.A. - Cumplimiento de Contrato - Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-16

En relación al agravio expresado por la demandada, mediante el planteo de nulidad que efectúa, respecto a las Disposiciones del En.Re., DYR N° 396/01 y DYR Nº 11/02,(que ordenaron el retiro de la columna, dada la factibilidad de corrimiento, y que formuló cargos a Edecat por incumplimiento de normas del Régimen de Suministro y Contrato de Concesión, otorgándole plazo para el descargo, respectivamente), es de hacer notar que no se ha acreditado en autos la declaración de nulidad respectiva, cuya competencia es contencioso administrativa y de conocimiento de este Alto Cuerpo.

Así lo tiene resuelto este Cuerpo en autos Corte Nº--- "MURUA DE POVOLO, TERESITA DEL VALLE Y OTROS c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE NULIDAD", en los que se estableció que el proceso contencioso administrativo, conforme lo determina el CCA en sus Arts. 5, 6 y 7, exige que previamente a la acción judicial, se haya agotado la vía administrativa con la obtención de un pronunciamiento de la autoridad competente de última instancia; se determina el valor del silencio para el supuesto de falta de pronunciamiento expreso y se fija el plazo perentorio de veinte días para la interposición de las acciones contencioso administrativas, contados desde la notificación de la resolución respectiva En este caso, la demandada fue notificada de la disposición del En.Re que le ordenaba el retiro de la columna el 18/12/01. El 07/02/02 la actora intimó a Edecat para que cumpla con esa Disposición y el 08/05/02 el Director de Denuncias y Reclamos emite Disposición DYR Nº 11/02 por la que formula cargos a Edecat por incumplimiento de normas del Régimen de Suministro y Contrato de Concesión, otorgándole plazo para el descargo. Edecat contesta el 21/05/02 que, ".para retirar la línea, es necesario construir otra en 500 metros aproximadamente, cuya traza se desarrollaría en el margen este de la Ruta Provincial 1 y cuyo monto asciende a (DOLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MIL QUINIENTOS (U$D 7.500) no contemplado en el presupuesto de ese año por la magnitud de la obra y sus altos costos.

He mencionado esta respuesta porque estimo que, claramente, más que un recurso administrativo tendiente a invalidar las disposiciones que luego se atacarían de nulidad, ha sido un reconocimiento de la razón que le asistía a la actora en su pretensión. Por ende, no existió agotamiento de la vía administrativa ni acción alguna interpuesta por ante este Cuerpo, al que le correspondía entender en la cuestión, por el carácter contencioso administrativo de la declaración de nulidad que, como ha quedado dicho, nunca se intentó.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ PABLO LUIS c/ ASTILLEROS CORRIENTES S.A. s/ INEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-03-16

Dentro del concepto de "sentencia definitiva", susceptible de habilitar la instancia extraordinaria, estarían incluidas las que adhieren eficacia de cosa juzgada en sentido material. Tales como aquellas en las cuales culmina un proceso civil ordinario o plenario abreviado, o un proceso penal, siempre que sean completas.
Pueblos originarios, tobas, Formosa, etapas del proceso, peritos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comunidad Indígena Toba La Primavera - Novogoh c/ Formosa, Provincia de y otros s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-08

La efectiva participación de la Comunidad Indígena actora se encuentra adecuadamente garantizada en las distintas etapas del proceso de relevamiento territorial, por cuanto la demandante podrá solicitar el asesoramiento técnico que estime pertinente en cada una de las distintas etapas, lo que en modo alguno comprende intervención pericial dado que no se encuentra prevista una designación semejante en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas ni equipos de precisión diferencial cuyo uso se solicita, puesto que exceden los objetivos del relevamiento.
Medidas cautelares, divorcio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D., G. R. y M., L. B. s/ Divorcio Vincular por presentación conjunta S/ Incidente de  liquidación de Sociedad Conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-04-12

La finalidad primordial de las medidas cautelares en los procesos de divorcio y separación personal es la de garantizar al cónyuge no propietario sus derechos hasta que se liquiden los bienes matrimoniales, evitando -con las que mandan los artículos 233 y 1295 del Código Civil- la realización de actos en su perjuicio, o la de salvaguardar la integridad del patrimonio del cónyuge que las solicita, para la recuperación de sus bienes propios, su cuota en los gananciales y al percepción de lo que le corresponde por sus créditos. No se pide para satisfacer un crédito singular, sino para hacer efectiva la participación en la totalidad de los bienes de la sociedad conyugal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mora de la administración, amparo por mora, costas
Materia: CIVIL
Carátula: FULVI RICARDO AGUSTIN c/ I.P.V.U. s/ ACCION DE AMPARO POR MORA-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-04

La ley 19.549 en su artículo 28 que estudia el amparo por mora de la administración, no establece nada de acuerdo a las costas, por lo tanto se debe tomar en cuenta los códigos procesales en los cuales se establece el principio general de las costas a la parte vencida, pero no obstante ello es posible, por analogía, la aplicación del art. 14 inc. 2 de la ley de amparo nacional Nro. 16.986, que exime de costas a la administración cuando hubiese resuelto el tema antes del informe del art. 8
Fallos de la Corte Suprema, celeridad procesal, economía procesal, revocación de sentencia, dispensa de la prescripción
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires  c/ Matadero y Frigorífico El Mercedino S.A. y otros s/ Apremio. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-15

Siendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde revocar, en el caso, el pronunciamiento atacado por cuanto para dispensar la prescripción realizó el cómputo del plazo sin asignar preeminencia a la legislación de fondo, esto es el antiguo Código Civil, hoy derogado, y a la vez, en un sentido distinto al criterio expedido por esta Suprema Corte.
Procedimiento administrativo, interés público, recurso contencioso administrativo, prueba, competencia contencioso administrativa, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VI.DA.VI. S.R.L. c/ COMUNA DE GABOTO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 176 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

En el ámbito del recurso contencioso administrativo, el Tribunal examina la legitimidad de actos y hechos que conciernen al orden o interés público; el concepto de orden público es el que impone al Tribunal la determinación de la verdad real, y no de la verdad formal; también es el que explica la mayor amplitud de atribuciones del Tribunal de lo contencioso administrativo, a diferencia del juez del procedimiento civil, que en diversas situaciones procesales simplemente homologa, por así decirlo, lo que demandan, proponen o consienten las partes. En ambos recursos (de plena jurisdicción y de anulación o ilegitimidad) la jurisdicción se propone determinar la verdad real, material o histórica, y no sólo la verdad formal. Ello constituye un principio incuestionable del procedimiento contencioso administrativo reglado por la Constitución y la ley. Por tal razón en ninguno de los juicios (anulación o ilegitimidad) puede discutirse al Tribunal -o mejor dicho a la ley- el derecho a determinar de oficio la verdad real, pues el interés general y el orden público lo exigen y justifican.
Pensiones, ley vigente, cónyuge supérstite, otorgamiento del beneficio, conviviente, denegatoria del beneficio, derecho de propiedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOPEZ, CELESTE ARGENTINA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-26

Siendo el fallecimiento del causante previo a la entrada en vigencia de la leyes 23.226 y 23.570 que reconocieron derechos a la conviviente, y habiéndose otorgado el beneficio a la viuda, corresponde denegar el pedido de pensión de la concubina en atención no sólo a lo expresamente dispuesto por el art. 6 de la ley 23.570, sino también el principio general de que el derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial por la ley vigente a la fecha de la muerte del causante. De hacerse lugar al otorgamiento del cincuenta por ciento del beneficio que cobra la cónyuge en favor de la reclamante, aquella vería afectado su derecho de propiedad, toda vez que semejante porcentaje de reducción en el haber excede en mucho el mínimo que jurisprudencialmente es aceptado como no confiscatorio.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia, incongruencia, compraventa, simulación, escritura pública, redargución de falsedad
Materia: CIVIL
Carátula: SESMA, MARIA JULIA c/ ALVAREZ, TERESITA CELESTINA Y OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

La tacha de autocontradicción apoyada en la predicada incompatibilidad de la receptada pretensión declarativa de simulación de la compraventa con otras postulaciones vertidas en la demanda -referidas a la falsedad de la escritura y a la falta de discernimiento del vendedor-, luce privada de fundamentación idónea en orden a acreditar mínimamente que el razonamiento del A quo pueda contener una irreductible oposición conceptual, porque el requisito de compatibilidad de las pretensiones en orden a su acumulación no impide que, en virtud del principio de eventualidad, se introduzcan en el momento procesal apropiado todos los medios de ataque y de defensa, con carácter subsidiario uno respecto de otro, para que el Tribunal los considere y falle solo en caso de desestimar el primeramente propuesto; de modo que, desde tal perspectiva, los planteos que la impugnante efectúa en relación a esta temática tampoco exhiben aptitud para delinear una lesión constitucional. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 87, p 9. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 133
Seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Morera, Arturo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15

No media ninguna relación obligacional entre el tercero damnificado y la aseguradora, cuando se produce el hecho del cual se deriva la obligación de indemnizar por parte del asegurado al tercero, simultáneamente nace otra obligación: la de mantener la indemnidad art. 109, ley 17.418).
Responsabilidad médica, mala praxis, consentimiento informado, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL
Carátula: Sosa, Soledad Estefania c/ Hospital Rio Uruguay y otro s/ ordinario daños y perjuicios (conexidad con beneficio)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-16

El consentimiento informado brindado por los profesionales médicos debe cumplir con las exigencias legales del art. 5 de la Ley 26529. En ese sentido, no cumple de ningún modo con la exigencia que la norma impone ni el objetivo propuesto la documental acompañada por el profesional, por tratarse de un formulario preimpreso que se llama "Acta de consentimiento" que está dirigido a brindar autorización al médico a realizar todos los actos que considere necesarios para "curación y mejoría" del paciente, siendo que esta última no estaba enferma, sino que tuvo la intención de mejorar su estética. Por otro lado, el formulario contiene términos y preocupaciones más relacionadas con el aspecto económico de la intervención que con el tratamiento quirúrgico, por lo que no tiene valor para deslindar responsabilidades.
Medidas para mejor proveer, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Muñoz, Raúl D. y otro c/ Luro, Néstor E. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

La alzada puede ordenar para mejor proveer las medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos cuestionados en tanto no lesione el derecho de defensa de las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de sentencia, instrucción, archivo del expediente, extinción de la acción penal, control de cambio
Materia: PENAL
Carátula: BRAUMULLER, BERNARDO s/ Régimen penal cambiario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-20

1-No es necesario que en la parte dispositiva de una sentencia deban citarse las disposiciones legales que se consideren aplicables, en tanto la parte dispositiva en correlación con los considerandos, sea clara y no de lugar a interpretaciones equívocas. Así surge del texto de la referida norma (punto 6, regla 4ta. art. 495 C.P.C.) cuando antepone la cita de las disposiciones legales al pronunciamiento del fallo condenatorio o absolutorio (CCC. "ARANCIO", en JA-1979-IV, p.214). No determina la nulidad cuando no trae la consecuencia de confundir los delitos y sus destinatarios (CCC. "PILLADO", Fallos Plenarios, Buenos Aires, Lerner, p.205). No es nula la sentencia que cita en los considerandos las normas penales de aplicación y las omite en la parte dispositiva, habida cuenta que se suple esta omisión cuando se invoca como fundamento, "por todo ello y disposiciones legales citadas" (CCC. Sala 2, "VENDERMORTEL", Seyahian, Daray y Rodríguez, Código de Procedimientos en Materia Penal, v.3, p.129). No es nula la sentencia que omite mencionar en la parte dispositiva el delito por el que se condena al reo si aquel, que a juicio del Juez, es único aunque con doble encuadramiento, ha sido claramente descripto, analizado y calificado en los resultandos y considerandos del fallo (CCC. "BUTAVAND", FALLOS v.6, p.110). (Del voto del Dr.

Guerberoff).- 2-No configura agravio en el recurso extraordinario la omisión en la parte dispositiva de la sentencia, del artículo del Código Penal a que se refiere el pronunciamiento, pues ella constituye un todo indivisible en cuanto se refiere a la recíproca integración de su decisorio con los fundamentos que la sustentan (CSJN, "GARCIA", citado por Seyahian op.cit.p.130). (Del voto del Dr. Guerberoff).- 3-En el plenario "PILLADO", la CCC. tiene resuelto que es motivo de nulidad del fallo absolutorio la omisión en su parte dispositiva del "nomen iuris" del delito o de la mención de la disposición legal que lo prevé (Del voto del Dr. Guerberoff).- 4-Debe ser anulada la decisión recurrida que se limitó a disponer "el archivo de las actuaciones" respecto de la imputada que aparece amparada por la extinción de la acción penal que deriva del art. 2, inc. c) de la Ley 19359 (t.o. Decr. 1265/82); dicho "archivo ..." no importa un pronunciamiento remisorio y se muestra, en todo caso, como la consecuencia de una decisión final que se ha omitido. (Del voto del Dr. Gerberoff).- 5-El archivo de las actuaciones no está prevista por la ley como decisión conclusiva del sumario. El art. 6 de la Ley 19359 establece que previo al estudio de los antecedentes el Banco Central resolverá si corresponde iniciar sumario, proseguir la investigación o proceder al archivo mencionado. Sería algo similar a la desestimación prevista por el art. 200 C.P.C. (Del voto del Dr. Guerberoff).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Poder Judicial, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

Ya en los albores de nuestra consolidación nacional (1865), el Procurador General de la Corte, en dictamen que ésta hizo suyo, sostuvo que "la misión de un Tribunal de justicia es aplicar las leyes a los casos ocurrentes, y su facultad de explicarlas e interpretarlas se ejerce sólo aplicándolas a las controversias que se susciten ante ellos para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, y no puede pedirse que el Tribunal emita su opinión sobre una ley, sino aplicándola a un hecho señalando al contradictor. (Del Voto del Dr. Giménez). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HIJOS DE NICOLAS ZIVKIVICH SRL c/ CARRANZA JOSE DOMINGO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Debe eximirse en un 50 por ciento al demandado si el actor intentó sobrepasar al vehículo, que en la marcha y con igual dirección lo precedía, cuando el uno y el otro se encontraban superando el cruce de una bocacalle, lo que permitió que el demandado que ingresaba al cruce por la derecha, enganchara con su paragolpe trasero el guardabarro delantero izquierdo de la pick up reclamante.