Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-18


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Jorge Luis Früchtenicht, con la asistencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Günther Enrique Flass y del Sr. Juez de Cámara Subrogante Dr. Claudio Alejandro Petris, por encontrarse inhibido de actuar el Sr. Juez de Cámara Dr. Benjamín Moisá, para dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "R., A. L. c/G., E. s/Filiación" (Expte. Nro.:2651242006 Juzgado de Familia y Nro.: 180/06 CANO), venidos en apelación a esta Alzada. Practicado a fs. 82 el sorteo establecido por el art. 9 de la Ley 1130 y decreto de fs.83, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: FRÜCHTENICHT FLASS PETRISActo seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Früchtenicht, dijo:

1. Que a fs. 48/51 y vta., luce agregada la resolución registrada bajo el Nro. 220, de fecha 17 de Agosto de 2006, en la que la Sra. Juez de grado resolvió: Tener por allanado al demandado E. G. a la acción de reclamación de filiación extramatrimonial impetrada por el Sr. A. L. R., disponiendo se oficie al Registro del Estado Civil y de Capacidad de las Personas para emplazar a este último en el estado de familia de hijo; imponer las costas correspondientes a este modo anormal de finalización del proceso al demandado E. G.; no hacer lugar a la excepción de prescripción respecto de la acción de daños y perjuicios articulada; hacer saber a las partes que no se tendrán por objeto de prueba los hechos extemporáneamente alegados y no hacer lugar al dictado de las medidas cautelares solicitadas por la actora. Contra el acto jurisdiccional individualizado precedentemente, se alza en apelación el demandado (v. fs. 55), siendo concedida la apelación en relación y con efecto suspensivo a fs. 56. A fs. 60/62 el recurrente expresa agravios, siendo contestados por la actora a fs. 64/66. Llegados los presentes autos a esta Alzada, este Cuerpo resuelve modificar en cuanto a su forma de concesión el recurso intentado, disponiendo que aquél debe ser concedido libremente, conforme lo dispone el art. 243 del ritual provincial. 2. Que en ocasión de formular su crítica a la resolución apelada, el recurrente se agravia en orden a tres puntos: a) La imposición de costas en el allanamiento; b) el rechazo de la excepción de prescripción; y c) La imposición de costas en las excepciones. En cuanto al primero de los agravios esgrimidos, sostiene que su allanamiento se produjo lisa y llanamente y "...que nos carga las costas cundo en realidad la formulación del reconocimiento tiene tal entidad que la acción se agota allí mismo." (v. fs. 60). Que en su consecuencia, la imposición de costas en su contra ataca el principio de congruencia, puesto que la a quo "...no puede afirmar por una parte que este instituto como anormal de terminación del proceso es más gravoso que aquel que resiste la pretensión hasta el pronunciamiento jurisdiccional, previo paso por una etapa probatoria y la realización de un dispendio jurisdiccional." Pide se revoque la imposición de costas al demandado. En relación a su segundo agravio, afirma que la Sra. Juez de grado ninguna consideración hizo al art. 251 del Código Civil invocado por el recurrente y disiente con la resolución puesta en crisis en cuanto establece que la prescripción comienza a correr desde el otorgamiento del título que contiene la obligación. Cita doctrina y jurisprudencia que dice le asisten. Su tercer agravio está constituido por la imposición de costas a su parte por cuanto no prosperó según la resolución atacada su excepción de prescripción. Que en ocasión de contestar los agravios de la demandada (v. fs. 64/66), donde solicita el rechazo de aquellos y cita profusa doctrina que afirma le asiste y a la que me remito en homenaje a la brevedad. 3. Resumido en lo sustancial el contenido de los agravios impetrados por el demandado recurrente, se impone formular algunas consideraciones, teniendo en cuenta para ello que en la presente causa se articulan conjuntamente dos pretensiones: el emplazamiento en el estado de hijo y la reparación de los daños sufridos. Así, y en orden al allanamiento a la primera de las pretensiones expresado por el accionado en oportunidad de contestar la demanda, cabe advertir que tal instituto tiene una doble naturaleza: constituye un modo anormal de extinción del proceso implicando una auto composición del litigio por renuncia del demandado a controvertir el derecho o la prestación que se le reclama y no conlleva la necesidad de que sea aceptado por su contrario situación esta última que no se presenta en el sub lite; en cuanto instituto que permite eximir de costas a quien lo utiliza, ostenta la naturaleza propia del acuerdo procesal, pues debe ser aceptado por quien debe sufrirlo, habida cuenta que la ley le permite afirmar y acreditar la existencia de mora previa o de una circunstancia anterior que hubiera dado lugar a la reclamación que resulta aceptable mediante el allanamiento en el proceso. Mas este allanamiento, para producir efectos en orden a la exoneración en costas, debe ser efectivo, real, incondicionado, y solo circunstancias excepcionales autorizan en principio a dispensar de las costas al demandado que reconoce legítimas las pretensiones de la contraria, quien no debe haber incurrido en mora o dado por su culpa lugar a la reclamación. Quien se allana, en definitiva, se somete a la pretensión solicitada por el actor en su demanda por lo que en principio y solo en principio las costas deberían ser soportadas por el primero, por aplicación del principio objetivo de la derrota. Por tanto, para que proceda la exención de costas, este debe ser oportuno y quien lo practica no debe por su culpa haber dado lugar a su reclamación judicial. Dicha exención que contempla la ley procesal en el art. 70 del ritual provincial debe interpretarse con sentido estricto, en razón de la excepcionalidad señalada. Por imposición del inc. 2º de dicha normativa, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. El estado de mora del demandado en el momento del allanamiento obsta al apartamiento del principio objetivo de la derrota y a la eximición de costas a su respecto.

Con base en tales argumentos, entiendo que de los hechos alegados y aceptados por las partes en sus escritos constitutivos de la presente litis, surge una modalidad de mora en la conducta del demandado, que se nos aparece a partir de su no reconocimiento del estado de hijo del actor por un tiempo cercano a los 30 años, lo que inhabilita al a quo a apartarse del criterio objetivo de la derrota y le impone resolver como lo hizo en el punto 2º) de la resolución atacada (v. fs. 51vta.). Por ello anticipo mi voto en el sentido de rechazar el primer agravio del apelante y confirmar la sentencia en su parte pertinente. 4. Distinta consideración merece el segundo agravio extensamente expuesto a fs. 60 vta./61vta., referido al no acogimiento a la excepción opuesta por su parte al progreso de la segunda pretensión articulada en la demanda que da inicio a las presentes actuaciones. Ello así por cuanto, respondiendo la pretensión articulada a la naturaleza de la responsabilidad civil extracontractual o aquiliana, hallase sujeta a los plazos de prescripción dispuestos por el art. 4037 del Código Civil. Así las cosas, de los hechos alegados y reconocidos por las partes surgiría que el plazo de prescripción de la acción dispuesto en dicha norma se encuentra sobradamente excedido. Ello así, por cuanto en ocasión de contestar la demanda, el Sr. E. G. afirma que el actor conocía su condición de hijo biológico del accionado, afirmando que nunca había sido emplazado, ni aún verbalmente por su hijo, a reconocerlo por ante el Registro Civil. A dicha afirmación, el actor responde a fs. 45, renglón 10, sosteniendo "...habérselo pedido durante toda la vida, a lo que siempre se negó..." (SIC). De las circunstancias señaladas y reconocidas, podemos colegir que en ocasión de arribar a los 21 años de edad y hallarse habilitado para estar en un juicio, conocía su situación filial, atento lo cual es en ese instante en que comienza a correr el plazo del art. 4037 de la ley sustantiva y la acción por reclamación de los daños que cita el actor a fs. 25 punto I). se hallaría sobradamente prescripta, atento lo cual el segundo agravio del demandado, estimo debe prosperar, y así lo voto.

5. Que a los fines de considerar el tercer agravio expuesto por el apelante a fs. 61vta., debo necesariamente reparar en lo resuelto en el considerando anterior y no hallando en esta ocasión mérito alguno para apartarme del principio objetivo de la derrota, debo advertir que corresponde imponer las costas al perdidoso por el progreso de la excepción, aunque con las consideraciones que siguen: Siendo que el monto reclamado se nos presenta como desorbitado, se me aparece como injusto tomar como base regulatoria los montos pretendidos en el punto I. de fs. 25, resultando de aplicación al sub lite lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 1627 del Código Civil. En consecuencia, procede regular honorarios conforme una adecuada significación de las tareas profesionales cumplidas, teniendo en cuenta para ello la recomendación que surge del art. 43 del Estatuto del Juez Iberoamericano, que textualmente reza : "En la resolución de los conflictos que lleguen a su conocimiento, los jueces, sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad vigente y teniendo siempre presente el trasfondo humano de dichos conflictos, procurarán atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables." con más el criterio sustentado por este Cuerpo en autos "R., H. A. c/ A. V., J. J. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. CANO Nro. 22/06), y de él, en particular el voto del Dr. Benjamín Moisá, cons. 5º, criterio que comparto y hago mío. Por todo ello, entiendo que debe prosperar el tercer agravio expuesto en la apelación en análisis, debiendo adecuarse la regulación de honorarios conforme la pauta fijada precedentemente, por aplicación de los arts. 1627 del Código Civl y arts. 6, 7 y 8 de la Ley del Arancel. Así lo voto.

A LA MISMA CUESTION, el Dr. Flass dijo A fs. 9/17 y ampliación de fs.25/27 vta. el Sr. A. L. R. inicia demanda de filiación mas daños por falta de reconocimiento espontáneo contra su presunto padre biológico el Sr. E. G..

Corrido traslado, el demandado se allana a la acción de filiación y plantea excepción de prescripción de la acción de daños que contesta en subsidio (fs. 36/41).

A fs. 48/51 se dicta sentencia nº 220/2006 donde en lo que a esta alzada concierne 1)Se tiene por allanado al demandado en la acción de filiación, 2) Se le aplican las costas de la misma, 3) Se rechaza la excepción de prescripción 4) Se le imponen las costas de la incidencia al excepcionante vencido. Contra el mencionado acto jurisdiccional apela la demandada y siendo concedido el recurso en relación expresa agravios en la instancia (fs. 60/62) contestándolos la actora a fs. 64/66.

Llegados los autos a esta alzada se decide modificar la forma de concesión del recurso disponiendo que lo sea libremente. Corresponde aquí una breve digresión: En la causa se acumularon una acción de filiación mas otra de daños, si bien la sentencia es definitiva solo respecto a la primera, se ha optado por dar tratamiento de tal a todo el acto jurisdiccional en el convencimiento que ello otorga mayores garantías al recurrente Entrando a considerar el recurso, encuentro que la expresión de agravios del demandado consiste en tres quejas concretas: a) Imposición de costas por allanamiento en la acción de filiación; b) Rechazo a la excepción de prescripción; c)La imposición de costas de la excepción.

Corresponde avocarme al primer agravio. Pretende el recurrente que al allanarse, no corresponde le impongan costas. Argumenta que ello tornaría mas gravosa la situación de quien "coadyuva a la verdad que quien desconoce cruelmente aquello que en la realidad ha sido ejercitado". Afirma que es un castigo excesivo pues si no reconoció a su hijo antes es por que esto le traería problemas matrimoniales. Agrega que el hijo nunca le pidió ser reconocido.

El art. 68 del C.P.C.y C. dispone como principio general la imposición de costas al vencido y el art. 70 C.P.C.y C. crea una excepción según la cual, cuando el allanamiento sea pleno las costas se impondrán por su orden a condición de que el allanado no se encontrara en mora, ni hubiera dado motivos suficientes para litigar. Corresponde entonces analizar si el demandado se encontraba o no incurso en alguna de esas dos conductas.

No puede haber mora por que este instituto por definición solo se aplica a las relaciones obligacionales y el deber del padre a reconocer al propio hijo constituye un vínculo distinto al obligacional pues carece de la patrimonialidad propia de aquel. Advertir lo precedente no es solo una cuestión técnica, el recurrente argumentó que su hijo nunca le pidió ser reconocido (falta de interpelación); el deber omitido será de plazo tácito ( art. 509 2º parr.) o no tendrá plazo (art. 509 3º parr.) según el padre conozca o no la existencia del hijo, pero en ambos la interpelación aparece como requisito ineludible para la constitución en mora y dotaría de razón al recurrente. Sin embargo repito el instituto de la mora no es aplicable a la presente pues no estamos ante el incumplimiento de una obligación sino de un deber jurídico y resulta superflua toda indagación respecto a la interpelación.Si bien tal como lo dije la compulsión del padre a reconocer a su hijo, no es una obligación, si constituye un deber jurídico específico y concreto con grado de exigibilidad suficiente para reclamar su cumplimiento Dice MEDINA "negarse voluntariamente a establecer la filiación constituye una conducta antijurídica (MEDINA, Graciela, "Daños en el Derecho de Familia" Rubinzal Culzoni, Bs. As. 2002, pag 122). Agrega MAZINGHI: "El reconocimiento de la prole ya lo hemos dicho es un deber de los padres y cuando estos, no se deciden a cumplirlo, es justo que los hijos interesados en establecer su propia filiación, estén habilitados para recurrir a la justicia (MAZINGHI, Jorge Adolfo pag 315, Derecho de Familia T.III, Ed. Abeledo Perrot Buenos Aires 1981). Entonces el simple retardo imputable del padre es motivo suficiente para que el hijo o su representante legal accione en su contra y se le impongan las costas del proceso, aun en caso de allanamiento. El recurrente reconoció que sabía de la existencia del hijo casi desde su nacimiento, sin embargo se abstuvo de reconocerlo accediendo a ello recién cuando es notificado de una acción de filiación treinta años después. Evidentemente ha dado motivos suficientes para litigar y no puede pretender una imposición paritaria de costas. A este respecto la jurisprudencia ha dicho: "En general el allanado debe cargar con las costas si no obstante reunir aparentemente su allanamiento todos los requisitos exigidos por la ley, a saber: real, incondicional, oportuno, total y efectivo dio lugar con sus actividades previas al comienzo del juicio, esto es, por su culpa, a la acción judicial, colocándolo al actor en la necesidad de litigar para el reconocimiento de su derecho (SC, Bs.As. 17/12/68, ED 31.958).

Mención aparte merece la alegación del recurrente en el sentido de que la demora en el reconocimiento resultaría excusable pues, hacerlo en su oportunidad le habría traído problemas conyugales. En primer lugar hace mucho tiempo que la imposición de costas prescinde del concepto de culpa para fundarse en el principio objetivo de la derrota y en consecuencias la "no culpa" no es causal de exoneración (conf. GINAGRADSSO, José Antonio "Código procesal Civil y Comercial de la nación. Anotado" Ed Depalma, Buenos Aires 1989, pag. 85). En segundo lugar los inconvenientes de índole social o conyugal que tuviera cualquiera de los progenitores para reconocer a un hijo no son excusa suficiente para abstenerse de cumplir un deber que a todas luces resulta ineludible.

Se equivoca también el recurrente cuando afirma que en caso de aplicarse las costas al allanado "se estaría castigando al que coadyuva a la obtención de la verdad" o "se tornaría mas onerosa su actitud". Quien se allana ante un reclamo que considera justo igualmente se beneficia aunque se le impongan las costas del pues estas serán sensiblemente menores a las que le corresponderían en caso de haberse tramitado todo el proceso. En síntesis, entiendo que procede la imposición de costas a pesar del allanamiento y voy a votar por el rechazo del agravio Corresponde me avoque ahora al segundo de los agravios expresados es decir el referente a la prescripción de la acción de daños. Dice el recurrente que el hecho supuestamente lesivo se produjo al momento del nacimiento. Encontrándose los plazos suspendidos por la minoría de edad, se reanudarían una vez alcanzada la mayoría y como la acción se intentó muchos años después de dicho suceso, estaría prescripta. Agrega que la exégesis en contrario de la Sra. Jueza a quo, tornaría imprescriptible la acción de daños contraviniendo lo dispuesto en el art. 251 C.Civ. Agrega que por título de la obligación se debe entender el daño y es desde allí que comienza a correr el plazo prescriptivo. Invoca jurisprudencia. Nunca deja de sorprender que en nuestro sistema jurídico el deudor se libere por permanecer en su actitud recalcitrante durante un prolongado lapso de tiempo, esto parecería írrito a un sentimiento básico de justicia, sin embargo es indispensable resguardar el patrimonio de las personas evitando acciones sorpresivas que en base a deudas casi olvidadas los pongan en peligro de forma tal que nadie sepa a ciencia cierta que es lo que tiene y que es lo que debe. La subsistencia de las acciones propende al valor justicia mientras que la prescripción actualiza el valor seguridad. Ahora bien, la justicia es axiológicamente superior a la seguridad de allí que en caso de dudas debemos estar siempre por la subsistencia de la acción.

El art. 3956 del Código Civil. dice: La prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienzan a correr desde la fecha del título de la obligación. Es evidente que como dice el recurrente no podemos identificar título con instrumento ya que la norma refiere a todas las acciones personales y no solo a las derivadas del contrato. El titulo, dice LÓPEZ DE ZAVALÍA es "la causa fuente necesaria para la mutación" (LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando Teoría de los Contratos, Parte General III edición, Buenos Aires 1984 pág. 259) ¿Cuál es la causa fuente de la obligación de responder por daños? En algunos casos será la trasgresión lesiva a una obligación preexistente (responsabilidad contractual u obligacional) que a su vez implica trasgresión al deber genérico de no dañar y en otras la trasgresión será solo al deber genérico de conducta el nemin laedere o deber de no dañar a otro pues no hay ninguna causa anterior que vincule a las partes, estas se individualizan se conocen podríamos decir por el daño. Es razonable entonces que la causa fuente de la obligación de resarcir (título) sea distinta en uno y en otro caso. En el primero habrá incumplimiento de una obligación preexistente que a la vez implica incumplimiento del deber genérico de no dañar y el título estará conformado por la obligación incumplida mas el daño que tal incumplimiento produjo. En el segundo solo habrá incumplimiento al deber genérico de no dañar con exclusión de cualquier obligación preexistente, el título será entonces el daño sin inclusión de ninguna obligación preexistente pues no la hay.

Ahora bien ¿En que tipo de incumplimiento incurre el padre que no reconoce voluntariamente a su hijo? No hay un incumplimiento obligacional, el deber de reconocer al propio hijo no es una obligación pues carece del contenido patrimonial propio de todas ellas pero tampoco es el incumplimiento solo de un deber genérico ya que nada de genérico hay en el deber del padre a reconocer al propio hijo, por el contrario, es un deber específico, concreto con un sujeto deudor determinado (el padre) y un sujeto deudor también determinado (el hijo); esta determinación tiene precedencia lógica al hecho lesivo pues, aunque parezca una verdad de Pero Grullo es necesario aclarar que no se debe reconocer a cualquier hijo (erga omnes) sino al propio y el deber no recae en cualquier padre (erga omnes) sino en el que engendró ese hijo. No hay incumplimiento de obligación preexistente pero hay algo mas que una trasgresión a un deber genérico de conducta. ¿Cómo se conforma entonces el título? No puede decirse que sea mediante el daño sumado al incumplimiento obligacional por que no hay tal obligación preexistente, pero tampoco se puede decir que se conforme con solo el daño ya que antes del deber genérico de conducta (nemin laedere) existe un deber específico y concreto que condiciona a este. Debemos concluir entonces que en el caso de marras el título se conforma tanto con la trasgresión al deber genérico (nemin laedere) como con la trasgresión al deber específico y concreto no obligacional pero igualmente vigente, regente y exigente (reconocer al propio hijo). Este deber específico y concreto, solo se actualiza con el emplazamiento de estado de hijo. Debo concluir entonces que: En la obligación de resarcir los daños causados por la reticencia al reconocimiento del hijo, el título se compone con el daño más el emplazamiento de estado y mientras no existan ambos, no comienza a correr el plazo de prescripción.

El recurrente efectúa en su apoyo una cita jurisprudencial, sin embargo es llamativo que en ese mismo caso, la sentencia por él invocada, fuera casada por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires para expedirse en forma coincidente a lo que he manifestado anteriormente pues dijo: "en situaciones particulares en que la ilicitud del hecho no se encuentra categóricamente establecida en el momento de producirse, sino que es necesario un acto jurisdiccional que permita calificarlo como tal" ...."Cuando la ilicitud de un hecho debe resultar de una previa declaración judicial, el término de prescripción solo puede comenzar a partir de la fecha en que la sentencia que así lo declare pase en autoridad de cosa juzgada"...."No tiene sentido imponer a la persona cuyo derecho controvertido se encuentra pendiente de una declaración judicial que lo admita, la carga de poner en movimiento la actividad jurisdiccional para mantener viva una pretensión que se consolidará una vez decidida la cuestión" ...Las consideraciones precedentes son aplicables al caso en que se encuentra en juicio la legitimación ad causam de la actora, entendida como la cualidad de fuente legal que faculta a requerir una sentencia favorable respecto a un objeto litigioso"...La sentencia de acción de filiación es declarativa del vínculo paterno filial y constitutita al atribuir el título de la filiación declarada (SCJBA 6994 D.J. 1995231; revista de Derecho privado y Comunitario nº 12, p.417) También la doctrina, en forma casi unánime ha coincidido con lo manifestado, así MÉNDEZ COSTA dijo "El curso de la prescripción comienza simultáneamente con el nacimiento de la acción. La acción resarcitoria de los daños causados por el no reconocimiento del hijo queda expedita a partir de la sentencia que concreta el emplazamiento del demandante en el estado filiatorio que es el suyo. (Méndez Costa Josefa, "Visión Jurisprudencial de la Filiación" Rubinzal Culzoni Buenos Aires 1997 pag. 170). LÓPEZ HERRERA agrega " la acción prescribe a los dos años de la fecha de la sentencia de filiación. Recién ahí queda expedita la acción y comienza el término a correr, pues la sentencia que admite la reclamación de paternidad constituye título de estado de hijo extramatrimonial, y entonces nace el estado de hijo respecto al padre que ha sido demandado" (LÓPEZ HERRERA, Edgardo "teoría General de la responsabilidad Civil" Lexis Nexis Buenos Aires 2006 pag. 856). Por su parte MEDINA se expide en igual sentido cuando dice: "A nuestro entender la acción de daños y perjuicios prescribe a los dos años conforme lo dispone el art. 4037 del Código Civil comenzando a correr dicho plazo de prescripción cuando se obtiene el emplazamiento de hijo. (MEDINA, Graciela "Daños en el derecho de Familia". Rubinzal Culzoni Santa Fe 2002, pag. 150).

Cuestión aparte merece el análisis del recurrente según el cual la sentencia en crisis contradice la letra del art. 251 del Código Civil pues transmite la imprescriptibilidad de la acción de filiación a las acciones patrimoniales derivadas de derechos ya adquiridos. Se equivoca la recurrente, la acción de daños por reticencia en el reconocimiento del hijo sigue siendo prescriptible y ese efecto se produce indefectiblemente en el plazo de dos años, sin embargo para que comience a correr el curso es indispensable el emplazamiento de estado. No fue motivo de agravio la acumulación de acciones y no voy a expedirme al respecto, sin embargo debo concluir que el emplazamiento de estado es un requisito ineludible para el ejercicio de la acción de daños intentada, en consecuencias no puede correr el plazo de prescripción sino hasta tanto no se cuente con este acto jurisdiccional, es por eso que voy a votar en contra del progreso de la excepción de prescripción de la acción de daños.

En cuanto al tercer agravio, es decir el referente a la imposición de costas por la excepción de prescripción, habiendo adelantado mi voto a favor de la confirmación de la sentencia apelada, corresponde rechazar también esta pretensión recursiva, debiendo imponerse las costas al demandado conforme lo establece la sentencia de grado y en atención al principio objetivo de la derrota art. 68 C.P.C.y C.

A IDÉNTICA CUESTIÓN, el Dr. Petris dijo:

Llamado a intervenir como Juez de Cámara Subrogante fs. 83, y no habiéndose logrado la mayoría que determina la manda del art. 9º de la ley 1.130 sobre el segundo de los agravios que los vocales que me precedieron precisaron en el rechazo de la excepción de prescripción, me expediré puntualmente sobre el tópico que lleva implícito como accesorio la imposición de costas al respecto y que constituiría el tercer agravio del apelante. .

En ese sentido adelanto desde ya mi posición de que la excepción de prescripción oportunamente articulada por el ahora quejoso contra la acción de daños y perjuicios portada en la demanda ante la falta de reconocimiento paterno no puede prosperar y al igual que el Dr. Flass debe confirmarse en todos sus términos la sentencia de primera instancia puesta en crisis por el demandado apelante. En efecto, es sabido que el hijo que no fue espontáneamente reconocido por su progenitor y que debe reclamar judicialmente su filiación como en el caso de autos tiene derecho también a demandar el resarcimiento por los daños y perjuicios que denuncia como sufridos por la omisión de reconocimiento por parte de su presunto padre ver libelo de demanda a fs. 9/17. La acción por daños y perjuicios por falta de emplazamiento en el estado de hijo se funda en una responsabilidad subjetiva extracontractual ante la negativa al reconocimiento y se intenta contra el progenitor biológico que conoció el embarazo, o el parto de la mujer y niega su paternidad o el sometimiento a las pruebas biológicas para su determinación. No se trata de una acción punitiva sino resarcitoria desde que debe atenderse a la relación de causalidad más que a la culpabilidad. Asimismo dicha acción puede iniciarse simultáneamente o con posterioridad a la acción de reclamación de estado, sin perjuicio del plazo de prescripción aplicable. Es que no obsta a ello que la reparación de los daños por falta de reconocimiento de la filiación dependa de que se determine la invocada paternidad, ya que la acción para reclamar por tales daños es susceptible de ser iniciada desde el momento en que se causaron los daños en cuestión, ocasión en la que pudo accionarse demandando tanto las reparación de los daños como el reconocimiento judicial de filiación o ambas cosas a la vez, como ocurriera en el "subdiscussio" (ver escrito de demanda a fs. 9/17). No hay lugar para las dudas que se trata de dos acciones bien diferenciadas: la de reclamación de la filiación extramatrimonial que es imprescriptible y la del resarcimiento del daño moral por el no reconocimiento de la filiación que como toda acción patrimonial es prescriptible (doctrina arts. 251, 3947 y 3949 del Código Civil). Ahora bien, con relación a la acción de daños y perjuicios derivados del no reconocimiento de la filiación, el punto de partida de la prescripción debe situarse en el del reconocimiento voluntario y judicial de aquella, ello sin perjuicio conforme lo llevo dicho del ejercicio simultáneo de la acción de filiación con la de daños y perjuicios. La admisión de la filiación es el presupuesto necesario para el progreso de la acción por daño moral reclamado, porque no es posible jurídicamente que se la admita sin la previa certeza de la filiación en tanto establece la legitimación activa del reclamante y la fundabilidad de su pretensión (art. 34 inciso 4º del C.P.C.C.). La sentencia que admite la demanda de reclamación de paternidad constituye el título de estado. De ahí que si la filiación ha quedado definitivamente establecida, sea por reconocimiento voluntario tardío, sea por decisión judicial que receptúa el allanamiento a la pretensión actoril , el hijo tiene dos años para iniciar la acción por daños y perjuicios computables a partir de la sentencia que admitió la demanda de reclamación de la paternidad (fs. 48/51), por lo que resulta ilógico siquiera pensar en este estadio que la acción se halle alcanzada por el plazo de dos años de la prescripción que prevé el art. 4037 del digesto sustantivo al cual se encuentra sujeta dicha acción cuando la sentencia aún no se encuentra firme por imperio de la apelación intentada por el demandado ( doctrina art. 3956 del Código Civil, conf.: C.N.Civ., Sala "E" 12/05/98 reg. 238.939; ídem , Sala "H" reg. 324.156 del 20/07/2001; Sala "M" reg. 270.870 del 4/05/2001, entre otros). Finalmente agregaré que si bien conforme lo explicitara anteriormente a lo largo de mi voto las acciones de reclamación de la paternidad y la de daños y perjuicios son independientes entre sí y no existe impedimento alguno para iniciar una demanda por daño moral y otra continente de la acción de filiación típicamente declarativa, el proceso por daños y perjuicios puede tramitarse y como en el caso del art. 1101 del Código Civil debe paralizarse al momento del dictado de la sentencia a fin de tener claramente establecida la legitimación del reclamante que surgirá del resultado de la acción de filiación.

Como corolorario de ello voto por confirmar en todos sus términos la sentencia venida en grado de apelación, debiendo imponerse las costas de la excepción de prescripción rechazada a la vencida en virtud del criterio objetivo de la derrota sustentado por la manda del art. 68 del C.P.C.C.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Früchtenicht, dijo: De conformidad con lo expuesto en ocasión de votar la primera cuestión, estimo que corresponde: I. CONFIRMAR parcialmente el resolutorio atacado. II. HACER LUGAR a la excepción de prescripción opuesta por el demandado a fs. 37. III. IMPONER las costas de esta alzada al actor. y, IV. REGULAR los honorarios profesionales del Dr. O. D. P. en la suma de $ 800. y los de la Dra. C. M. L. en la suma de $ 500. Así lo voto.

A LA MISMA CUESTIÓN, el Dr. Flass dijo:

Conforme a lo manifestado al analizar la primer cuestión voto por: ICONFIRMAR la sentencia de primera instancia en todos sus términos. IMPONER COSTAS en esta alzada al recurrente vencido (principio objetivo de la derrota art. 68 C.P.C.y C.) REGULAR los honorarios del Dr. O. D. P. en la suma de $ 150 y de la Dra. C. M. L. en la suma de $ 200 por la labor desarrollada por los profesionales en esta Alzada A IDÉNTICA CUESTIÓN, el Dr. Petris dijo:

En virtud de lo manifestado al decidir la primera cuestión , voto por CONFIRMAR la sentencia de primera instancia 48/51 vta. de fecha 17/08/2006 registrada bajo el N° 220 F° 321/325 del año 2006 en todos sus términos, imponer las costas en esta alzada al recurrente vencido (art. 68 C.P.C.y C.) y regulándose los honorarios del Dr. O. D. P. en la suma de $ 150 y la Dra. C. M. L. en la suma de $ 200 por la labor desarrollada por los profesionales en esta Alzada ( art. 14 Dto.Ley 2200) Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve 1º) CONFIRMAR la sentencia N° 220 de fecha 17 de agosto de 2006 (fs. 48/51 vta).

2º) IMPONER las costas en esta instancia al actor (art. 68 CPCC), fijando los honorarios de los Dres. O. D. P. y C. A. M. L. en la suma de $150 y $ 200 respectivamente, por su actuación en esta alzada, con más el IVA pertinente (art. 14 Dto. Ley 2.200).

3º) TENER presente la reserva del Caso Federal.

4º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS CLAUDIO PETRIS REGISTRADA BAJO EL N° 49 DEL AÑO 2006. CANO.

Norma Marrero Secretaria.