Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-11


AUTOS: "F, H s/ Admnistración Fraudulenta - S.A.F.E. s/denuncia - Esquel (Expte.

Nro. 80- F 121 Año 2002 - CCCE).------------- En Esquel, Provincia del Chubut, a los 11 días del mes de marzo del año dos mil cinco, en la sede de la Excma. Cámara en lo Criminal de la Ciudad de Esquel, se reúne el Tribunal con la Presidencia de su titular, Dra. Cristina Isabel Jones y asistencia del Vocal Dr. Víctor Alberto Sarquis, y de la Sra. Juez de Cámara Subrogante, Dra. Nelly García, juntamente con la Sra. Secretaria, Dra. Carina Paola Estefanía, para dictar sentencia en la Causa N° 80 - Fº 121 - Año:2002-CCCE, originaria Nº 1176-Fº 287-Año:1999, proveniente del Juzgado de Instrucción de Esquel, que se le sigue a H.F, argentino, casado, sin sobrenombres ni apodos, de cincuenta y tres años de edad, nacido en ***, Chubut, el día XX de enero de 19XX, hijo de C.F y de J.M.B, con estudios secundarios completos, integrante de una Cooperativa de Ex Empleados de S.A.F.E, con DNI Nº XXXXXXXXX, con domicilio real en Calle *** Barrio ****, Provincia de Río Negro, por el delito de Administración Fraudulenta (art. 173, inc. 7º del C. Penal), y en la que son Partes, el Sr. Fiscal de Cámara Subrogante, Dr. Oscar L Balsamello y la Sra. Defensora General Dra. Analía Murillo.------- ======================Y RESULTANDO:========================== ----------Que en la requisitoria fiscal de elevación a juicio, recaída a fs. 451/452, el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. E R. Falco, en representación del Ministerio Público Fiscal, le imputó a H. F, la autoría responsable del delito de Administración Fraudulenta (art. 173, inc.7º del C. Penal), por entender que los elementos probatorios recogidos en sede instructoria, que merituó, resultaban suficientes para sostener, con el grado de probabilidad requerido en dicha etapa, que el imputado, siendo Director de la Empresa S.A.F.E, y habiendo sido designado mandatario de dicha Empresa conforme Acta de Directorio Nº 339 del 02/11/94, con amplias facultades de representación, acordó condiciones desventajosas y abusivas respecto del pago de los honorarios profesionales que la empresa citada adeudada al Dr. E .A. A, ocasionándole a la misma graves perjuicios económicos.- Tal accionar se originó en una demanda por cobro de honorarios profesionales, que el Dr. A promoviera contra la Empresa, los que fueron fijados por la Sra. Juez Civil de esta Circunscripción, en la suma de $. 44.200.- desde el 29 de diciembre de 1993, con más los intereses que se devengaran a partir de esa fecha, calculados conforme la tasa "pasiva" promedio que publica mensualmente el BCRA (conf Decreto 941/91), presentándose en dicha causa, con fecha 19/12/94 un acuerdo realizado entre el acreedor citado y el imputado, en representación de S.A.F.E., por el que no sólo se convino en mutar la aplicación de la tasa pasiva por la "activa", desde la fecha de la regulación de los citados honorarios y hasta la efectiva percepción de la acreencia, sino que también se pactó que los intereses así calculados, debían capitalizarse en forma semestral.- Conforme las nuevas pautas de este acuerdo, se fueron practicando sucesivas liquidaciones del monto originario de los honorarios mencionados, incrementándose el mismo desde $.44.200.- hasta llegar a $. 314.624,21 al 30 de agosto de 1998.----- Encontró probada tanto la materialidad del hecho, como la autoría del imputado en el mismo, con los elementos probatorios que enunció, entre ellos, las fotocopias de Actas de Directorio, Escrituras Públicas y Actas de Asambleas de S.A.F.E. (fs.16/18, 56/92 y 105/137); fotocopias de notas a Honorable Legislatura del Chubut y a la Dirección de Bosques y Parques de la Provincia (fs.156/159), de piezas de la causa civil por honorarios mencionada -Expte. Nº 219-127-94- (fs.249/290), del acuerdo mencionado en que se pactaran intereses del 2,3% mensual -tasa activa Banco Provincia, mientras no supere la pactada-, y la capitalización semestral de los mismos; Nota de: Municipalidad de Esquel informando nómina aserraderos habilitados (fs. 169), de "M", "C" y Dirección General de Bosques y Parques, Del. El Hoyo, sobre precios de maderas de distintas especies (fs.188, 190/191) y 239/240, respectivamente).- También tuvo en cuenta la perica contable, del Cr. C .M .D, sobre cálculo de intereses sobre deuda original a tasa pasiva (fs.381/383), y testimonios de R.A.E (fs.20 y vta. y 302), M.M.M.Y (fs.23 y vta.), N.M.D (fs. 54/55 y 303 y vta.), S.N (fs.356 y vta.), J.C.D (fs.357 y vta.) y M.P (fs.370).- Con tales elementos, calificó legalmente el hecho como se mencionara, solicitando la elevación de al causa a esta instancia.-- En la misma línea, el auto de elevación a juicio de fs. 458/461, al denegar la instancia de sobreseimiento planteada por la Defensa Técnica del imputado a fs. 456 y vta., haciendo un análisis pormenorizado de la prueba instrumental, testimonial y pericial citada por la Fiscalía, concluyó igualmente considerando acreditada la conducta atribuida por ésta a F, calificando legalmente de la misma manera tal accionar del imputado y disponiendo la elevación a juicio de las presentes actuaciones.- Ya en esta instancia, el Sr. Fiscal de Cámara Subrogante, Dr. Oscar L Balsamello, en representación del Ministerio Público Fiscal, comenzó su alegato efectuando una serie de consideraciones acerca del entorno fáctico en que desarrolló el accionar del imputado, remarcando en el mismo la presencia de factores externos e internos -que evaluó detalladamente-, y que actuaron como condicionantes serios acerca de las razones que motivaron al imputado a tomar la decisión de suscribir el convenio sobre el monto de los intereses pactados y su capitalización.- En esta línea, consignó que del examen de la causa, pueden observarse una serie de sucesos, que desencadenaran en el hecho imputado, distinguiendo algunas acciones que pueden serle achacadas a un comerciante, o empresario o alguien que dirige una empresa, como era el caso de F, pero existen otras en las que tienen gran influencia los letrados intervinientes, mencionando cuales eran a su criterio, las que pueden adjudicárselas a uno u a otros.- Precisamente es en el escrito donde se duplica la deuda de la empresa y se pactan otros intereses y una capitalización semestral -lo que constituiría un caso de anatocismo-, se llega a la obtención de un monto sideral (cerca de $.310.000.-), si se la compara con la que hubiese correspondido, conforme lo especificara la pericia contable confeccionada por el Contador D, glosada a los autos ($.114.612,74 ó $.107.940,71); en esta mecánica van apareciendo nuevos pedidos regulatorios consentidos pro el abogado de la Empresa, Dr. R.A.V, designado por ésta conforme se desprende de las actas del directorio, no solo en la de fs. 338/339, que resuelven ampliar las facultades de F, sino también en otras actas, entre las que mencionó aquella en que se le solicitara explicaciones al Dr. V acerca del estado de todos los expedientes de S.A.F.E., lo que muestra que con o sin mandato, era el asesor legal de la empresa y estaba facultado para representarla, por lo que junto a F, también el mismo sigue siendo responsable de las cesiones que realizara, marcando que en el caso de la última, F suscribió un escrito por separado ratificando la gestión y la liquidación anterior, lo que permite suponer que el imputado no conocía en detalle su contenido y alcances, como él lo marcara, suscribiendo tal escrito a instancias del asesor legal.--------Puso de resalto el contenido del acta de Directorio Nº 340/1994, de fs. 91 y vta., sobre el que remarcó, debió tenerse en cuenta que el Directorio de se momento era anómalo, ante la renuncia del Presidente, no formalizada conforme las pautas legales siendo el mismo un directorio meramente transitorio.- Conforme surge del contenido de estas pruebas, la empresa por entonces estaba transitando una situación de gravedad, a tal punto que el Dr. V hizo diversas presentaciones a esos autos mencionando que S.A.F.E. no podía afrontar el pago de sus obligaciones e cumplir, y que para poder hacerlo, con la explotación del único recurso con el que contaba -la explotación de la madera en pie- frente al embargo trabado por el Dr. A, debía solicitarse autorización a éste, para que extienda las guías pertinentes; también mencionó que en la segunda liquidación, el citado actor, incluyó dentro de sus acreencias, y dentro del monto total acordado con el Dr. V, sin saber por qué ni a que título, un crédito que un Sr. L tenía contra S.A.F.E.,, mencionando que respecto al mismo, sólo se dice que el citado profesional "absorbe" el crédito del citado L.- Y todo este manejo, dentro de una situación angustiante de la Empresa, que estaba prácticamente paralizada y a merced de las decisiones del citado acreedor, aseverando que era el Dr. A, quien prácticamente manejaba la empresa, por el embargo trabado sobre las plantaciones o madera en pie, más allá de los embargos trabados sobre máquinas y tractores.-----------Tratando de entender el accionar de F en este contexto, remarcó que en la figura del abuso de confianza, incluida en la configuración de este ilícito, deben verse, para ser justo, las situaciones intrínsecas y extrínsecas en las que el imputado y las partes se movieron, debiendo advertirse cuales fueron los elementos causales que lo motivaran y hasta donde llegaría su responsabilidad penal por el hecho enrostrado, teniendo en cuenta que F no era -ni lo es- un técnico jurídico, para lo cual contaba con el "consejo y apoyo" del asesor legal de la Empresa.- En ese sentido, hizo mención del origen de la deuda, que se remontó a los honorarios regulados al Dr. A, devengados en un juicio que, representando a S.A.F.E., le siguiera a la Municipalidad de El Hoyo y a la Provincia del Chubut, por un incendio que la empresa sufriera en un área boscosa correspondiente a su concesión, acotando que en dicho pleito, el citado profesional, "habría desistido de continuarlo", solicitando regulación de honorarios por lo hecho, y, según E, sin haber ni siquiera comunicado su decisión de apartarse del asunto, a su mandante.- También mencionó que conforme al acuerdo que suscribiera F, si a los dos años no se podía extraer la madera, quedaba sin efecto el contrato.- No obstante, era también cierto que se le convalidó una acreencia absolutamente desproporcionada con la originaria, pues jamás un crédito inicial de veinte mil pesos, en el tiempo en que el mismo fue exigible, podría haber terminado en trescientos mil pesos; pero además, se convino en que tal monto, desproporcionado de por sí, se pagaría dividiendo el mismo por solo cuatro pesos el metro cúbico de madera en pie, lo que arrojaba un total de madera a favor del acreedor de 76.000 metros cúbicos, cifra ésta todavía más desproporcionada que la anterior.- Por ello, si se mira superficialmente la cuestión, F habría acordado condiciones de pago desventajosas, para la Empresa, causando un perjuicio económico de magnitud, teniendo en cuenta que pactó la aplicación de intereses al crédito reclamado, conforme la tasa activa fijada por el BCRA, para el cálculo de intereses de deuda dineraria, en lugar de la pasiva, que era la más apropiada, a más de reconocida como legítima y justa para este tipo de acuerdos; pero, además, convino una capitalización de los intereses devengados, y en forma semestral, pautas todas obviamente perjudiciales a los intereses de la empresa, más allá de que al no efectivizarse la entrega de la madera a los dos años, no resultara exigible el convenio, tal como allí se previera, pues el crédito, lógicamente continuó subsistiendo.- Por otro lado, merced a la situación descripta, era sólo el acreedor citado quien podía presentar un plan de manejo del bosque, único recurso de la empresa, para poder seguir trabajando y operando, para que pueda ser aprobado por Bosques, lo que produjo prácticamente la paralización de la Empresa, con el problema laboral consiguiente mencionándose que ya se habían suspendido por falta de materia prima a los trabajadores de la empresa, por ocho días.- Dentro de este contexto, si bien el accionar de F pareciera cumplir las exigencias del tipo objetivo del ilícito enrostrado, es al momento de determinar el fin o móvil que habría perseguido el autor de la conducta, esto es, el la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para terceros, con lo que recién se conformaría el tipo subjetivo del delito de administración fraudulenta, donde aparecen los mayores problemas.- Y en este sentido, se preguntó ¿dónde está en el caso el presunto beneficio para sí o para terceros, si lo único a que aspiraba el imputado con estos acuerdos era evitar la paralización de los trabajos de la Empresa, con los consiguientes perjuicios para él y para los empleados de la misma?.- Por ello y porque además, no existe en al causa ningún elemento que acredite que F obtuvo algún beneficio de tales convenios; tampoco los empleados; al contrario, fueron los verdaderamente perjudicados por lo engorroso que resultaba que para cortar y elaborar algunos metros cúbicos de madera, había que solicitar previamente autorización del acreedor embargante para que Bosques los autorice.--------- ----------Aseveró que conforme la prueba documental incorporada al debate, se advierte que fue el propio F quien pedía por favor que dejen trabajar a la empresa (presentación del imputado a la Dirección de Bosques), y, en el escrito del Dr. V de fs. 255, se sostuvo que se había paralizado la actividad de la empresa, por la situación planteada.- Por otro lado, el acreedor ejecutante también habría incorporado a su crédito, otro que correspondía a un Sr. de apellido L, sin el consentimiento de éste, convirtiéndose en primer embargante y así removiendo los obstáculos que no le permitían cobrar su crédito.- Y justamente fue F quien ratificó, en hoja aparte, el segundo convenio antes mencionado, con el aval de asesor legal de la Empresa; en este aspecto, entendió la Fiscalía que el asesor debió advertirle a F sobe tales cuestiones y acerca de los perjuicios que semejante pacto le provocaría a la Empresa, no existiendo en autos ningún elemento que permita sostener que el Dr. V tratara de impedir o desaconsejar tales acuerdos; por el contrario, el mismo los suscribe con el acreedor embargante y con el imputado.-- ----------En estas condiciones se imputó a F el abuso de confianza por haber obligado a la empresa que representaba, más allá de límites razonables y esto se hace por denuncia del Sr. R.E, que era por entonces su presidente.- En este contexto fue F quien, seguramente con impericia, y con el asesoramiento legal del Dr. V, firmó el convenio antes mencionado; con ello, podría tenerse por acreditada la materialidad delictiva imputada por la requisitoria, pues hay pruebas suficientes en autos que así lo indican.- Pero, como lo adelantara, la figura exige algo más, esto es que básicamente esta disposición patrimonial genere un lucro indebido para el autor o para terceros o para causar daño.- Teniendo en cuenta tal exigencia, no se advierte en el caso y a su criterio, la presencia de alguna intención del imputado en causar daño, existiendo a su modo de ver dudas serias de que pueda tenerse por probado, que el accionar de F tuvo por finalidad perjudicar a la empresa, tampoco procurar para si un lucro indebido porque no ve que el patrimonio del señor F haya sufrido incremento alguno con motivo de aquellos acuerdos con el acreedor embargante, por lo que no se advierte qué beneficio tuvo para sí el imputado.-----Por todo lo dicho, entendió que a esta altura, pueden sostenerse dos cosas: que la materialidad del hecho como la planteara la requisitoria, está probada, tanto con las declaraciones testimoniales producidas, como por la prueba instrumental acompañada, en especial las copias de los autos "A contra S.A.F.E. s/ejecución de honorarios" y la pericial contable; y que en dicho contexto, F debió negociar bajo presión.- En tal sentido, acotó que si bien se trató en el caso de una operación comercial -no fue una operación utópica-, en que se negoció con un acreedor cuya persecución por satisfacer su acreencia, llegó a paralizar el funcionamiento de la Empresa y, de hecho, la empresa terminó paralizándose y el acuerdo pactado, no pudo cumplirse, sin perjuicio del crédito que subsista a favor del acreedor.- Ante ello, no pudo sostener, con la certeza requerida en esta instancia, que con tal accionar el imputado haya querido producir algún perjuicio real ni algún beneficio para si, o para terceros; al contrario, siempre actuó con el aval del asesor legal de la Empresa, y en ningún caso, éste le advirtió sobre tales posibilidades, y además, tuvo que soportar dos denuncias penales por estos hechos (la presente y la derivada de la entrega del tractor al acreedor), lo que revela que en vez de beneficios, tuvo que soportar perjuicios.- Por lo tanto, existen dos elementos que le imponen pedir la absolución de F, que dejó planteada: no hay perjuicio causado a la empresa ni intención de causarlo, como tampoco la intención de lograr un lucro indebido para sí o terceros y, por otro lado, su obrar estuvo condicionado por un error de prohibición, en cuanto a que su actuación no fue guiada por sus propios criterios, sino siguiendo un asesoramiento legal, del letrado de la Empresa, y por lo tanto creyendo que hacía lo que más convenía a esta, teniendo en cuenta la difícil situación que debió afrontar, en las condiciones antes reseñadas.-----Por lo dicho, concluyó que por aplicación del principio de la duda beneficiante (arts. 4º C.P.P. y 44 de la Constitución Provincial), propició se resuelva la libre absolución del imputado del delito que se le atribuyera.

----------A su turno, la señora Defensora General del imputado, en primer lugar, solicitó que atento el pedido absolutorio de la Fiscalía, se aplique al caso la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Tarifeño" y "Mostaccio".- Pero conocedora de la posición del Tribunal, en la actual composición, contraria a esta postura, procedió a formular su alegato defensista, el que lo separó en dos partes: la primera, la centró en el análisis del convenio de honorarios y la segunda, al tratamiento del acuerdo transaccional o dación en pago de madera en pie.-- -------Respecto del convenio por pago de honorarios, por el cual fue acusado su defendido, y en el que se pactara una tasa diferente de interés sobre el monto de los honorarios profesionales del Dr. A, regulados judicialmente, a más de una capitalización semestral de los mismos.- Tal convenio, constituyó, a criterio de la Defensa, un acto penalmente atípico, desde que conforma una acto de naturaleza comercial, que a diario hacen los comerciantes o empresas unipersonales o en alguna forma de sociedad-, acuerdos, estos, que pueden ser convenientes o no, acertados o desacertados, pero que no pasan de ser al fin, negociaciones comerciales, acotando además, que resultaría muy difícil, luego de transcurridos once años de realizado el acuerdo, decir si el mismo fue bueno, o malo, acertado o desacertado, máxime en el país que vivimos, en donde el desajuste monetario es moneda corriente.- Frente a ello, aseveró que estos acuerdos son lícitos, no encuadran ni tipifican en cuestiones penales.-------------Abonando esta introducción y pasando a analizar el plexo probatorio, se encuentra un expediente donde se investiga el vaciamiento de S.A.F.E., a fs. 214, se lee el dictamen fiscal donde se concluye en un archivo, toda vez que el juez coincide, de que se trata de una cuestión comercial y no una cuestión penal. Este tipo de negociaciones y renegociaciones se ven en las empresas y países. A juicio de la Defensa se trata de una negociación acertada o no, para la cual S.A.F.E., por su forma societaria -sociedad anónima con mayoría estatal, ya que CORFO era quien tenía el mayor capital accionario-, tenía sus propios órganos de contralor, como lo era la sindicatura, recordando que esta forma societaria es la que mayores y más rigurosos controles legales tiene de su desenvolvimiento social de su desentiende por ley, y tales órganos debieron analizar, dentro del desenvolvimiento comercial los aciertos o desaciertos de los actos lícitos -como los que realizara F-, de sus representantes, cuestiones éstas propiamente comerciales, sin incidencia penal.Y en cuanto a las condiciones en que el imputado negoció con el Dr. A -acreedor de la Empresa- el pago de sus honorarios, ellas fueron absolutamente desventajosas, y bajo presión, contexto éste que surge de las siguientes pruebas: en primer lugar, de la declaración del imputado en el debate, lo que se corroboró por la demás prueba, conforme el cual, el embargo trabado por dicho acreedor, pesaba sobre el único ingreso de la sociedad, la materia prima, el bosque; esta era a su vez, la única fuente de trabajo tanto de F, como del resto de los empleados de la empresa.- Y tal embargo era total y absoluto ya que según F, "mataba a la empresa", pues no le permitía trabajar, a diferencia de otras deudas que tenía también ésta (laborales, impositivas, provisionales), que no producían tal efecto.- Al respecto, mencionó que hubo un intento de abonar el crédito, cediendo dos hectáreas a dicho acreedor, a cambio de que les permitiese seguir trabajando, intento éste que se plasmó en el Acta de Directorio Nº 341 de diciembre/94, glosada a fs. 92, el que en definitiva fracasó, según lo indicaran tanto F como la testigo D.- También demuestra la dramática situación de la empresa, lo consignado en el Acta de Directorio Nº 340, de fs. 91, del 09/12/94, en la que se hace constar que la actividad estaba paralizada por el embargo que trabara el Dr. A y textualmente se mencionó que la situación era insostenible, requiriendo el Directorio al asesor legal de la empresa, Dr. R.A.V, la remisión un informe sobre los juicios que se seguían contra S.A.F.E..- Asimismo, la nota de la Dirección de Bosques de fs. 254, específicamente ratifica que S.A.F.E. no puede librar guías ni aserrar maderas, en virtud del embargo trabado por el citado acreedor; también, la nota de fs. 256 de la Delegación de la Subsecretaría de Trabajo de nuestra ciudad, que da cuenta de la decisión de la Empresa de suspensión por ocho días de todo su personal, por la indisponibilidad de materia prima derivada del embargo trabado sobe ella.- Asimismo, mencionó la nota remitida por F de fs. 268, que describe la situación mencionada; también el testigo E, dijo que era imprescindible lograr un acuerdo que no afectara su capacidad productiva, aclarando que por esa época la empresa estaba al borde de remate.- Estos elementos demuestran que la negociación hecha por F, fue realizada bajo una situación de presión y desventaja notoria.--------------Además, las constancias del acta de Directorio Nº 339 (fs. 90 y vta.) dan cuenta de la necesidad imperiosa de arreglar; también en el acta Nº 340, donde esta presente el imputado, E y la testigo M.Y, como integrantes del Directorio, se consigna la urgencia de arreglar dicha deuda, ya que estaban en una situación de emergencia; por su lado, el testigo H -empleado de la empresa-, señaló que había problemas con el embargo de A, al igual que la testigo D, quien agregó que dado que la negociación por las dos hectáreas no había prosperado, hubo que hacer otro tipo de negociaciones, para evitar la paralización de los trabajos propios de la Empresa.---------Mencionó también que otra prueba que avala la afirmación de que de última, sólo se trató de una negociación comercial, fue la homologación judicial que recibiera el acuerdo, en todos sus términos (fs.264), lo que supone su corrección, desde que si el mismo violara el orden publico, es claro que no podría haber recibido el acuerdo de marras, la homologación judicial en todos sus términos.------ También indicó la Defensa que del plexo probatorio colectado, surge que el imputado es un comerciante honesto, de una forma modesta de vida, tal como se desprende de las referencias suministradas por los testigos de concepto del imputado H.B (fs. 361 y 420), E.M (fs.362) y M.A.Z (fs.419), y corroborada por el Informe del R.N.R. de fs. 462 que determinara la inexistencia de antecedentes penales a su respecto; avalada por su decisión de no solicitar en el caso de autos, una "probation", por considerar que ningún delito había cometido; además, aún en la fecha continua trabajando en una cooperativa formada por ex empleados de S.A.F.E., con la esperanza de que la empresa se reactive.- Concluyó aseverando entonces que la conducta del imputado consistió en realizar una transacción con su acreedor, donde a cambio de abonar un monto mayor en el futuro, éste le concedió una espera en la deuda permitiéndole funcionar como Empresa., lo que técnicamente no es otra cosa que una transacción, con novación y espera de las que autoriza nuestro Código Civil en su Libro II, Sección I, Parte Segunda, Título XIX y reglado en nuestro ordenamiento procesal civil en su libro I, Título V, Capítulo III, es decir una transacción sobre bienes patrimoniales, libremente disponibles, donde no se vulnera interviene siquiera el orden público, que se rige por el principio de libre contratación y voluntad de las partes.----- Por ello, y respecto del acuerdo en análisis, sostuvo, en consonancia con lo dicho por la Fiscalía, que no aparece probado el elemento subjetivo del tipo, esto es el dolo requerido por la figura, que como se sabe solo admite la forma dolosa, por lo que no podría configurarse si se realizara la conducta prevista, sólo con culpa, aclarando que obviamente, no es lo mismo una mala administración, que una administración fraudulenta.- En este sentido, indicó que se pueden distinguir dos elementos subjetivos, uno genérico, propio de todas las estafas, dirigido a causar un perjuicio patrimonial, y otro específico de la figura que nos ocupa, consistente en la intención de causar daño o generar un lucro para si o para tercero. - En este último sentido, no se ha podido probar tal dolo, pues por el contrario, la intención del imputado para suscribir tal acuerdo, estuvo dirigida claramente a lograr la continuidad de la vida de la empresa, lo que logró durante años, a pesar del ahogamiento y luego de que este acuerdo se destrabara, y lograron funcionar como empresa productiva, tal como lo aseveraran los testigos que depusieran en autos (H y C).- Recordó que en la exposición del testigo E. -ex Presidente del Directorio de la Empresa-, subyacía entre todos los directores la idea de producir y generar empleo.- Y como lo dijo el imputado, él entendió personalmente que estaba correcto el acuerdo, porque en todo momento estuvo presente el Dr. V, como asesor legal de la Empresa, el mismo fue presentado en el expediente y además, recibió la homologación correspondiente por el Juez interviniente, entendiendo la Defensa, que tal punto de vista, a los ojos de una persona no letrada es sumamente entendible, por lo que no se trató de un convenio suscripto a escondidas, ni espurio; además, tenía una tasa de interés inferior a la que el propio Banco del Chubut aplicó a otras obligaciones de la empresa -equivalía a 3 / 4 de dicha tasa-, por lo que a juicio del imputado, no lucía desventajoso, a punto tal que desde su perspectiva, si hubiese pedido un crédito al Banco para pagar esta deuda, el mismo le hubiese salido más gravoso que el acuerdo realizado con el acreedor A.---------En relación al acuerdo para abonar la deuda con entrega al acreedor de madera en pie, aclaró la Defensa, que la misma no le fue imputada a su defendido, ni en la requisitoria que abriera el debate ni en el alegato del Sr. Fiscal de Cámara, por lo que no existe acusación respecto de esta conducta, no considerando lo consignado en el auto de elevación a juicio, el que desde la reforma procesal al art. 333 del C.P.P. de la Ley 4143, no constituye acusación.- Sin perjuicio de ello, afirmó que se ha probado que los precios de la madera en pie son muy variados y con variaciones muy significativas, pues su precio depende de múltiples variables o factores, como se escuchara en debate (ente ellos, la cantidad, el acceso a los sitios de extracción, la distancia hacia el lugar de carga, el transporte, el tratamiento cultural que haya tenido o no el bosque, las especies de madera, etc); ello permite sostener que el precio de la madera en pie es individual para cada plantación.- Así el testigo P, introducido por lectura (fs.370), indicó que la madera en pie tiene distintos valores; N (fs. 356), dijo que no puede dar un valor de la madera en pie porque ello depende del lugar de donde se la extraiga, agregando que si a él le pagaran con madera en pie, en lugares de difícil acceso, comercializar la misma le resultaría muy oneroso y no podría competir en el mercado.- Por ello, el precio pactado de cuatro pesos el metro cúbico no parece descabellado, porque deben tenerse en cuenta las circunstancias extremas ya reseñadas y que eran varias en 1994, las que persistían, continuaban y se asentaban cuando se hizo el convenio, el 30 de agosto del año 1998, y que fuera judicialmente homologado; y a tal punto persistían tales circunstancias que fue en ese año en que la empresa cesó en su producción.- Aseveró por ellas, tal precio de la madera en pie no era descabellado, teniendo en cuenta en primer lugar, las circunstancias extremas ya vistas en las que se estaba negociando, con una empresa asfixiada, al borde de la quiebra y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que la plantación de "S.A.F.E." se componía en su mayor parte de "pino insigne", como lo dijo la testigo D, que tiene en el mercado menor valor de venta; en este sentido, el testigo D (fs 357) indicó que el pino insigne en pie a esa fecha tenía un valor aproximado a los cinco pesos, es decir que no se está tan lejos al precio pactado por el imputado, en las condiciones desventajosas reseñadas.- Por su parte, mencionó la Defensa que el testigo F, informó un precio de seis pesos el m3 del pino en pie, siempre y cuando esté sobre la ruta; hay que recordar que "S.A.F.E." tenía sus bosques a unos 15 kms., por un camino de ripio de difícil acceso.- También el Aserradero "****" de G. F, informa un valor de $.5.- el m3, de pino común en pie pero a una distancia entre 100 y 3000 mts. del asfalto, cuando vimos que "S.A.F.E." tenía su madera a 15 kms. de la ruta.- En base a dichos antecedentes argumentó la Defensa, que si a este precio de la madera en pie, que se tranzó en el convenio, se le suman los costos necesarios para elaborarla, transportarla, y colocarla como rollizos en un aserradero, costos que el Sr. F estimó en $ 36,00, se obtiene como precio por metro cúbico de dicha madera (en rollizos), puesta en aserradero, en la suma de $ 40,00 el m3, precio éste, que es superior o muy cercano a los informados por "C" y la "Dirección de Bosques y Parques", respecto a madera ya elaborada.- Agregó que la tabla de costos que elaborara el imputado -y que acompañara al debate, incorporándosela como prueba-, fue corroborada por otros elementos de prueba obrantes en el expediente, lo que permite afirmar que estos costos no eran inventados ni fabricados pro F, ni menos descabellados.- Así tenemos que en dicha tabla, se estimó que el costo del plan de cortes podría estimarse entre $.1.50, y a fs. 516 se informó un valor de 2 pesos promedio para el mismo rubro.- Respecto del costo correspondiente a "apeo, acanchado, desramado, limpieza, rollizado", mientras el Sr. F lo estimó en $.18,00, a fs. 547, la pericia contable, da valores que van desde los $.6,40, hasta $.17,00 por esta tarea.- Esto muestra que los valores son muy variables, siendo individuales de cada explotación.- Véase que D (fs.357), informó un precio total de $.16,00 para esta tarea, valuando sectores de la misma ($.11,00 + 5,00).- En cuanto al precio por carga y flete, F lo estimó en $ 16,00 pesos, mientras a fs.518, el informante F.N, lo valúa entre $.10,00 a $.12,00.- Todo ello ha demostrado que el precio convenido ($.4.00 el m3 en pie), no ha sido vil ni descabellado.- En este sentido, los testigos E y D, si bien hablaron de "precio vil", se referían no al precio convenido por F, que hemos citado, sino al precio de $.1,00 el m3, que era el que ellos creían que había sido el estipulado y del que habrían tomado conocimiento de alguna causa u otra fuente informativa a las que ellos habrían tenido acceso.---Y respecto de la entrega de madera para cubrir esta deuda, debe tenerse en cuenta también que cuando se hace esta transacción -en agosto de 1998, como se viera-, ya no regía el límite de las dos hectáreas, fijado en el Acta de Directorio referida, cuatro años antes (en 1994) para el Sr. F; y tal acta no regía porque lo allí estipulado había fracasado porque no fue aceptado por el acreedor, conforme lo mencionaran tanto el imputado como la testigo D, y como no se tuvo acceso a las actas de directorio posteriores, no es dable afirmar que este límite todavía regía y que F se había excedido en los límites señalados, cuando realizó la transacción con el acreedor.-------------Asimismo, consideró la Defensa que no se ha probado el elemento del tipo penal que la figura requiere, esto es la violación de los deberes que el imputado tenía como administrador de la sociedad.- Si se probó en la causa el acta Nro. 339 (fs.90 vta.), donde el Directorio le dio poderes amplios a F tanto para representar a la empresa, como para otorgar poderes generales y/o especiales para salir de la situación de endeudamiento.- En función de todo lo expuesto, concluyó su alegato solicitando en consonancia con la Fiscalía, la libre absolución del imputado.------------Otorgada la palabra al imputado, para que formule las manifestaciones que crea pertinente y haga a su defensa material, el mismo decidió no agregar nada a lo dicho por su Defensa Técnica.--- ====================Y CONSIDERANDO:========================== ----------Que cumplida la deliberación que establece el art. 355 del Código Procesal Penal, se plantearon a resolver las siguientes cuestiones: 1ra.) Frente a la abstención acusatoria fiscal, ¿que decisión cabe adoptar respecto a la aplicación de la llamada Doctrina Tarifeño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 2da.) En caso de propiciarse la inaplicabilidad de dicha doctrina al caso, ¿existió el hecho investigado y fue su autor material el imputado?; 3ra.) en su caso, ¿qué calificación legal cabe dar a sus conducta?; 4ta.) ¿resulta el mismo penalmente responsable?; 5ta.) ¿qué pena corresponde aplicarle y que debe disponerse con relación a las costas y a los efectos secuestrados?.----- ----------Efectuado el sorteo que manda el art. 357 del mismo texto ritual, surgió el siguiente orden para la votación: Sarquis -Jones- García.-------------El Dr. Sarquis, dijo:----- -----------Para responder a la primera cuestión planteada, consigno, que junto a la colega que sigue en el orden de la votación, hemos sostenido, a nuestro entender, fundadamente, una postura adversa a la propiciada por las partes al alegar, en las Causas Nº 148-Fº139-2002-CCCE, caratulada:"V.N- S.M.C.E. s/robo simple en grado de tentativa"; en la N° 133-135-2002 caratulada: "L.E.F s/ homicidio simple... - Gobernador Costa", y más recientemente, en las causas caratuladas: "C, A. A. s/lesiones graves - C.R. s/ denuncia - El Maitén "(Expte. Nº 178 - Fº 103 - Año 2003 - CCCE), "P.J.A., A.F.C, O.A. s/ Evasión - Administración Pública s/ damnificada - Esquel" (Expte. Nº 92 - Fº 181 -Año: 2003-CCCE), "D.H.H s/Lesiones Leves en Concurso Real con Amenazas - L.R s/damnificada-Esquel" (Expte. Nº 129-Fº134/2002 CCCE) y "M,A - S.R.H s/Abandono de Personas en calidad de Coautores - U.G.S/Denuncia - San Martín" (Expte. Nº 251 -Fº 28- Año: 2003-CCCE), entre otras.--------- Tal como lo sostuviéramos en dichas causas, resulta determinante explicitar que no obstante las importantes variantes parciales introducidas por la Ley 4743 a nuestro sistema provincial de enjuiciamiento penal en vigencia (C.P.P. Ley 3155), éste sigue siendo estructuralmente, un procedimiento mixto -o "inquisitivo reformado", como suele llamárselo-, y dado que de la lectura del nuevo fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia "Mostaccio, J.G.s/ Homicidio culposo" (CSJN -17/02/2004, publ. WWW El dial.com. diario "Express del 18/02/04, Año VI - n° 1480), no se observa que se hayan agregado nuevas razones o fundamentos a los ya existentes antes de "Marcilese" y después de "Tarifeño", desde que la mayoría del Alto Tribunal sólo se remitió a lo ya dicho por éste in re "Cáseres, M.H. s/tenencia de arma de guerra" (conf. Fallos, 320:1891, publ. LL, 1998-B-pág.387), no se advierte motivo alguno que imponga mudar el criterio hasta ahora sostenido por este Tribunal en su composición mayoritaria.- En tal sentido, los fundamentos de esta postura han sido vertidos en diversos precedentes como por ejemplo: "S.A s/Lesiones Graves - D, S. s/Denuncia-San Martín" (Expte.N118-Fº55-Año:2001-CCCE), y antes, en las Causas N° 16-04-00-CCCE y 175-82-98-CCCE caratuladas: "A.F.S s/ Daño en concurso real - A.V /denuncia" y "G.-S.E. s/Hurto calificado", respectivamente, en las que a su vez nos remitíamos al pronunciamiento de nuestro Excmo. Sup. Trib. de Justicia en autos: "S.S - O.J.C s/ Lesiones Graves - L.,M - Esquel" (Expte. N° 16.487-S-98), a partir del cual hemos negado la posibilidad de llegar a la solución formal desincriminatoria que propone la doctrina citada, en función, fundamentalmente, del principio de irretractabilidad de la acción penal, consagrada en el art. 12 del C.P.P. y en el convencimiento de que el pedido absolutorio formulado durante su alegato por el Ministerio Público Fiscal, luego de un análisis sustancial del objeto procesal, no conculca el derecho de defensa, a excepción, como ya también lo hemos dicho, de lo concerniente a la eventual sanción a imponer, en caso de recaer fallo condenatorio, lo que podría suscitar controversias, por afectación al derecho de defensa.- Además, hasta el presente, y hasta donde llega nuestra información, en consonancia con lo que venimos sosteniendo al respecto, el Excmo. S.T.J. de la Provincia del Chubut, ha sostenido que "en la Provincia del Chubut, rige el artículo 12 del C.P.P. que establece la irretractabilidad de la acción penal. El Ministerio Público Fiscal no puede transar con el imputado o renunciar a la acción; y dado que sus poderes no son materiales, sino formales, no puede -al menos no en el esquema legal vigente- evitar el pronunciamiento que incumbe a los Jueces.- Y si en autos la condena del imputado tuvo como base el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, éste equivale a la acusación constitucional, razón por la cual, cumplidos los demás resguardos procesales, el fallo es legítimo (STJCh, Causa Nº 000P 000001, 07/02/00 S., M., S.; O., J.C. s/Lesiones Leves", Jur.On Line STJCh, Sum. Nº 11524; ídem. Causa: 000P 000015, 16/08/00 "S., R.M. s./Homicidio Simple", Jur.On Line STJCh, Sum. Nº 11067); que "...la doctrina Tarifeño no autoriza a que el Ministerio Público Fiscal incumpla con la obligación sustancial-procesal de expedirse de manera expresa, pidiendo condena o absolución del prevenido.- La Corte en manera alguna ha dicho en el precedente invocado ni en otro, que el mero acto omisivo del titular de la acción pública penal vaciaba de contenido al proceso penal y obligaba a la judicatura a sobreseer. (STJCh, Causa Nº 000P 000001, 07/02/00 S., M., S.; O., J.C. s/Lesiones Leves", Jur.On Line STJCh, Sum. Nº 11515); que "según el ritual provincial la acción penal pública está a cargo del Ministerio Fiscal y su ejercicio no puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley. Dado que el Código Procesal Penal no ha previsto que la falta de acusación del Fiscal en la oportunidad del C.P.P., art. 352, haga cesar la pretensión punitiva contenida en el instrumento requirente que dio base al plenario -de modo que un miembro del Ministerio Público Fiscal podría eliminar la hipótesis fáctica delictiva atribuida al imputado por otro Fiscal- tal eventualidad -en contra del legislador- no puede ser introducida jurisprudencialmente (STJCh, Causa Nº 000P 000001, 07/02/00 S., M., S.; O., J.C. s/Lesiones Leves", Jur.On Line STJCh, Sum. Nº 11520) y que "si bien es cierto que el debido proceso constitucional se integra con acusación, defensa, prueba y sentencia, no lo es menos que corresponde a cada provincia darse sus propias instituciones y regirse por ellas y que conserva todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno federal, poder que supone también el de dictar un Código procesal penal que defina una acusación autónoma, que no puede ser revocada por decisión del Fiscal que actúa ante el Tribunal del juicio. (STJCh, Causa Nº 000P 000001, 07/02/00 S., M., S.; O., J.C. s/Lesiones Leves", Jur.On Line STJCh, Sum. Nº 11521), agregando que "el principio de legalidad significa que el Ministerio Público Fiscal debe ajustar su actuación a la ley penal, es decir iniciar y proseguir la acción penal pública cuando corresponda hacerlo. El principio de legalidad equivale a la indiscrecionalidad, o sea, a la falta de capacidad de los Fiscales para juzgar si conviene o no promover o continuar la acción penal. (STJCh, Causa Nº 000P 000001, 07/02/00 S., M., S.; O., J.C. s/Lesiones Leves", Jur.On Line STJCh, Sum. Nº 11521).- Son tales fundamentos y los recaídos en autos "S.J - B.M.Es/ Robo en poblado y en banda" (Expte. N° 113-96- CCCE) y "G.N.A s/ Homicidio Simple - C.C - Esquel" (Expte. N° 145-94-1999 CCCE), y ratificaciones volcadas en las causas :"A.E.S s/Daño en concurso real -A.V s/ denuncia" (Expte.Nº 16-Fº4-Año:2000-CCCE) y más recientemente en las causas "I.D s/ Homicidio Simple -R., A.J.-Esquel"·(Expte.Nº154-Fº95-Año:1999-CCCE), "B.M.E / Asociación Ilícita" (Expte.Nº35-Fº08-Año:2000-CCCE), "Ñ.C E. s/Daño Agravado" (Expte.Nº01-Fº51-Año:2001) "D.G.G s/Lesiones Graves" (Expte.Nº93-Fº23-Año:2000-CCCE), "A.F. y otros s/Robo Agravado en Poblado y en Banda" (Expte.Nº77-Fº70-Año:2001-CCCE), "COA y otros s/Robo en Poblado y en Banda" (Expte.Nº78-Fº70-Año:2001-CCCE), "N.-R.A. ... D.P N.D. s/..." (Expte.Nº 104, Fº 77 Año: 2001-CCCE) y "M, J.A. s/ Lesiones Graves" (Expte.Nº20-Fº55-Año:2001-CCCE), entre otros, los que fundan mi adhesión al criterio mencionado.- De allí que dándose en la actualidad la misma situación que la existente antes de "Marcilese", no resulta razonable ni justificable, una mutación radical del criterio expuesto en los citados precedentes, a cuyos demás fundamentos remito "brevitatis causa".- De allí que propugno para esta primer cuestión, se rechace la aplicación al caso de la citada doctrina de la CSJN, que se sostuviera a partir del caso "Tarifeño", recientemente retomada por el precedente mencionado "ut supra".------ -----------Abordando el tratamiento de la segunda cuestión propuesta, abierto el debate y habiéndosele hecho conocer en detalle al encartado, la imputación que pesaba en su contra, contenida tanto en la requisitoria fiscal (fs.451/452) como en el auto de elevación a juicio (conforme se explicitara en los "resultandos" precedentes), el imputado, luego de suministrar algunos datos vinculados a sus antecedentes personales, familiares, sociales y laborales, realizó un profuso relato tanto acerca del origen del crédito del Dr. A -cuya ejecución judicial condujera al embargo e indisponibilidad de las áreas boscosas de la Empresa-, como de las alternativas del proceso ejecutivo, en el marco de la extremadamente difícil situación de la Empresa y de las condiciones en que desarrollaba su actividad, agravada por la paralización de la explotación maderera -única actividad de S.A.F.E.-, derivada de la traba de la citada cautelar, aseverando que en dichas circunstancias, la suscripción del acuerdo modificando la tasa de interés y pactando la capitalización semestral de éstos, no era perjudicial para la Empresa, siendo menor en 1/3 a la que la que le aplicaba a ésta el Banco Provincia del Chubut -tasa de alrededor el 3% mensual-, por otro crédito que tenía contra S.A.F.E.; sostuvo además que toda la negociación con el acreedor Dr. A, fue hecha con el conocimiento del Directorio de la Empresa, e incluso con aviso a los demás socios, y con el asesoramiento legal del abogado de la Empresa, Dr. R.A.V, y por lo tanto, todo fue hecho con claridad y sin ocultamientos, y además, habían recibido homologación judicial, lo que hacía presumir, a su entender, su legalidad e irreprochabilidad.------------ ----------En cuanto al precio convenido de la madera en pie ($.4,00 el metro cúbico), cuestión que como veremos, no le cuestionara la requisitoria, entendió que existe una confusión cuando se lo compara con el precio de los rollizos puestos en aserradero, que según lo indicaran algunos informantes (por ej., C) rondaría los $. 40,00, pues en este último caso, hay que agregarle al precio de la madera en pie, todos los gastos y costos que deben realizarse para ponerla en rollizos y en aserradero -los que detallara en la planilla que él elaborara y que adjuntara al abrirse el debate, que incluye gastos de "apeo, acanchado, desramado, limpieza, rollizado fletes, etc.-, los que obviamente incrementan el costo originario de la madera en pie y además, según sean los rollizos puestos en asfalto o en aserradero, con la consiguiente variación de costos, según las distancias al lugar donde deba ser entregada.- Resaltó también que tales variables pueden explicar las diferencias apuntadas de valores -que pueden oscilar entre los cinco y cuarenta y cinco pesos-, sin problemas, acotando por ejemplo mientras la madera que valuó CORFO, era sobre asfalto, la de S.A.F.E., estaba a quince kilómetros del asfalto; y que mientras la madera de S.A.F.E. es la de un bosque maltratado, porque tiene troncos irregulares, la de CORFO, era la de un bosque bien tratado.- Mencionó también distintas formas de calcular el costo de la madera en pie -tal como se detalla en el acta de debate al transcribirse su declaración-, concluyendo que, de última, el precio de la madera en pie fijado en el convenio transaccional cuestionado, no era irrisorio ni vil, estando por sobre el costo.- Por otro lado, señaló que S.A.F.E. nunca le pagó al acreedor lo acordado, pues al no poder el Dr. A extraer la madera en el plazo de dos años, por aplicación de lo convenido del punto 4) del acuerdo (fs.281 y vta.), la transacción quedaba sin efecto; sin perjuicio de ello, el crédito reclamado se mantuvo.---- Reiteró por otro lado, que todo lo que hizo y acordó, fue bajo la supervisión del asesor legal de la Empresa, Dr. V, acotando que nunca vio una liquidación de la deuda, ni pudo por ello examinarla, ni fue consultado por el asesor legal sobre el particular; tampoco tuvo conocimiento, ni menos asintió a incorporar la deuda que la Empresa tenía con el Sr. L, al monto adeudado al Dr. A.- Explicó que por entonces, la única deuda exigible, que ahogaba y paralizaba a la Empresa era la del Dr. A, que no le permitía proyectar ni trabajar, sin perjuicio que existían otras con el Banco Provincia y con el personal -resaltando que éstos fueron muy pacientes esperando el mejoramiento de la misma y la posibilidad de cobrar sus créditos laborales-, existiendo posibilidades de renegociar con el Banco y con el personal que tuvo una paciencia terrible.--Y en cuanto a la participación de CORFO en la empresa, remarcó que era la principal accionista, con más del 38% de las acciones -el resto lo conforman pequeños accionistas-, agregando que lo resuelto en las actas respectivas en relación a las facultades que le confiriera el Directorio para acordar con el acreedor A el pago del crédito tantas veces referido, fue también puesto en conocimiento de dicha entidad.- Mencionó también detalles de las circunstancias y los hechos por las cuales la Empresa le diera poder al Dr. E.A.A, para que promoviera el juicio de daños y perjuicios contra la Municipalidad de El Hoyo y a la Provincia del Chubut, y en el que el citado letrado habría abandonado -según el testigo, habría "desistido"-, su continuación, solicitando regulación de honorarios, que fijados judicialmente, dieran origen al trámite de cobro compulsivo en el proceso de ejecución tantas veces referenciado.------------ ----------También explicó que el Directorio estaba compuesto por M.M., M.Y de E. y R.E y él, junto a una Contadora que era suplente, integrándose luego de una Asamblea que los eligiera y que se llevara a cabo conforme las pautas legales previstas en la Ley de Sociedades Comerciales.- Aclaró que en el primer acuerdo, se lo facultó para que negociara con el Dr. A. sobre la base de dos hectáreas con el compromiso de levantar el embargo, pero a pesar de intentarlo, tal propuesta fracasó, quedando subsistente la necesidad de convenir de algún modo que se libere la materia prima embargada, lo que le costaba la vida a la empresa, y además, no se sabía cuando ocurriría el remate.- Ante tal urgencia, consultó con el Asesor Legal de S.A.F.E., Dr. V., y así se formalizaron los convenios, cuyos términos motivaran la formación de la presente causa.- Agregó que CORFO, como accionista mayoritario, en vez de ayudar a que se recomponga la Empresa, tomó otro camino, intentando sacar los activos de la misma, anulando los decretos de 1998/1999, cuyas copias tiene en su poder, indicando que actualmente la cuestión se estaría tratando en la Legislatura Provincial, donde se propiciaría la revocación de la anulación de los decretos citados.--------- --------Aseveró también no conocer detalles de la última liquidación de honorarios e intereses, que él no vio ni verificó, recordando que el escrito se lo había llevado el Dr. A para que lo firmara, cosa que hizo, pero previa consulta telefónica con el Dr. V, quien le expresó que lo suscribiera, que estaba todo bien, aseverando que . "...por eso, de buena fe, lo firmé...".

----------Configurada así la imputación llegada a juicio, se recepcionaron en debate, los testimonios del ex presidente del Directorio de S.A.F.E., Sr. R.A.E, de su pareja y adquirente de los créditos que el Banco del Chubut, tenía contra S.A.F.E., Dra. N.M.D, así como de los ex empleados de dicha Empresa, Sres. J.A.H y C.C, ordenándose la incorporación por lectura de las declaraciones de M.M, M.Y, ex esposa de E y que también integraba el Directorio de la citada Empresa, de los madereros S.N, J.C.D y M.P, así como las manifestaciones de los testigos de abono del imputado, Sres. H.B, E.M y M.A.S., así como también e la restante prueba instrumental, informativa y pericial ofrecidas oportunamente por las partes (conf. escritos fs. 474 y 466, 471/4722, respectivamente)y producidas tanto en la etapa instructoria, como en esta instancia.---Atento el abundante material probatorio que he mencionado, trataré de rescatar de él todo aquello que se vincule a la imputación que le atribuyera a F la requisitoria fiscal de elevación a juicio (conf. art. 333, mod. por Ley 4143, del C.P.P., como bien lo resaltara la Defensa Técnica de F), sin perjuicio de la referencias que sean útiles para evaluar el marco histórico en que se desenvolvió la conducta imputada.- En esta línea, parto del accionar que atribuyera a F la requisitoria fiscal de elevación a juicio (fs. 451/452), conforme la cual, en las condiciones de tiempo y lugar que allí se mencionan (y que se explicitan en los "resultandos" de este decisorio), éste, siendo Director y representante de la Empresa S.A.F.E., y con facultades de representación, habría acordado condiciones de pago de los honorarios profesionales adeudados al Dr. E.A. A, que se calificaron como deventajosas y abusivas, ocasionándole graves perjuicios económicos a dicha empresa.- Ello, pues habría suscripto con el acreedor citado el acuerdo de fecha 19/12/94 (que luce a fs.316 y vta.), por el cual se modificaba la tasa de interés fijada judicialmente, cambiándose la tasa pasiva mensual publicada por el BCRA, conf. Decr. 941/91, que tomara el auto regulatorio del 29/12/93, por la tasa activa publicada por la misma entidad, que se aplicaría al crédito reclamado desde el momento de su regulación y hasta su total percepción; pero además, se convino en que los intereses, calculados con la nueva tasa fijada por el convenio citado, se capitalicen semestralmente.- Merced a estas pautas, se realizaron en la causa de ejecución de honorarios citada, sucesivas regulaciones, hasta que en la liquidación final, el monto de los honorarios citados trepó de $.44,200.- hasta $. 314.642,21.- Agregó la requisitoria que la suscripción del acuerdo pactado con el acreedor citado, implicó comprometer a la empresa por montos muy superiores a los que judicialmente se habían fijado y a los que estaba originariamente obligada la Empresa, teniendo presente que según la pericia contable realizada por el Cr. C.M.D (fs. 3821/383), el monto que hubiese tenido que pagar aplicando la tasa pasiva, durante el período de la liquidación (que va desde 29/12/93 al 30/08/98), oscilaría entre $. 114.612,74 y $. 107.940,71, según se apliquen las fórmulas del interés compuesto o simple, respectivamente.- Por ello reprochó a F, convenir condiciones a la par que beneficiosas para el acreedor, perjudiciales y abusivas para la Empresa, ocasionándole a ésta un manifiesto menoscabo económico, por lo que la conducta de F, según la Fiscalía, encuadraría en la figura de Administración Fraudulenta (art. 173 inc. 7º el C.Penal), por el que requirió su elevación a juicio.- Me apresuro a reiterar, que tal como lo dijera y como se observa en la precedente imputación, y a pesar que haber sido materia de indagación en el debate, sin embargo, nada se consigna en la liquidación de marras, acerca de la conversión del monto dinerario de la deuda a la entrega de madera en pie, pactándose el precio respectivo de esta última, lo que constituiría una novación, dentro del acuerdo transaccional sometido a homologación judicial, la que finalmente se obtuviera (conf. auto del 23/09/98, cuya copia luce a fs. 290 de estos actuados).- Por ello, y más allá de las referencias que a tal aspecto formulara el auto de elevación a juicio (fs.468/471) sólo me referiré a los hechos imputados en la acusación fiscal, tal como también lo adelantara (conf. disposición art. 333 del C.P.P., mod. por Ley 4143), en resguardo del principio de congruencia, y más allá de las referencias complementarias que haré a su respecto.-----En tal tesitura, y previo a referirme al marco fáctico y jurídico en el que se formalizó el primero de los convenios reprochados a F (el de fs. 316 y vta., sobre el que volveré), no puedo dejar de mencionar, cómo y porqué se generara el crédito por honorarios del Dr. A.- Al respecto, ha quedado esclarecido debidamente en el debate, que el citado letrado fue designado originalmente para defender los intereses de S.A.F.E., a iniciativa del entonces Presidente del Directorio de la Empresa, Sr. R.E, con el encargo de promover y llevar adelante un juicio contra la Municipalidad de El Hoyo y la Provincia del Chubut, el que tramitara por ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Esquel, en autos "S.A.F.E c/Municipalidad de El Hoyo y otra s/Daños y Perjuicios" (Expte.Nº 550-Fº158-1989); según explicitara profusamente en debate tanto el Sr. E, como la Sra. D y lo confirmara el imputado, el citado profesional habría abandonado la tramitación de la causa ("desistido", fue el término que emplearan), sin notificación ni comunicación de tal decisión a ninguno de los miembros del Directorio, ni a otra persona vinculada a la Empresa, lo que a juicio de los citados, implicó perder el litigio encomendado -más adelante haremos precisiones sobre tal cuestión-, con las consecuencias económicas propias de tal resultado y obviamente perjudiciales a la Empresa.- Creo oportuno agregar aquí que, corroborando tales aseveraciones de dichos testigos, las señaladas circunstancias, fueron volcadas en el Acta de Directorio Nº 337 del 11/10/94, (conf. fs.88/89), en donde se propició, además, revocarle al citado profesional el poder otorgado y solicitar al y apoderado de la Empresa, Dr. R.A.V "...estudie e interponga las acciones judiciales que estime corresponder respecto a sanciones éticas y/o económicas al Dr. A..."; asimismo, dispuso allí el Directorio de S.A.F.E., informar al Sr. Juez "...que el Dr. A ha iniciado acciones contra su cliente por el cobro de honorarios y ha dispuesto embargo sobe los bienes del mismo...cabiéndole responsabilidad por el perjuicio de su cliente, ignorante por completo e su accionar, y traicionado en su mandato..." .- Volviendo al relato de aquellos, indicaron que pasado un tiempo bastante prolongado, el Dr. A les promovió -como acabo de decir-, la ejecución de los honorarios que le regularan, propiciando y logrando en este nuevo proceso, el embargo sobre las forestaciones que tenía la empresa, lo que prácticamente la paralizó (proceso éste sobe el que volveré).- Conforme los elementos reseñados, en la génesis de esta deuda de la Empresa, nada tuvo que ver F, dado el manejo personal que reconociera sobre la cuestión el propio testigo E; además, a la época en que se iniciara el citado proceso (1989, aproximadamente, conf. datos de su carátula), todavía no se la habían otorgado al imputado las facultades que recién se las concediera el Directorio, conforme Acta Nº 339 del 02/11/94 (conf. doc. fs.16 y vta. y 90 vta./91, y 217).- Por otro lado, debo hacer notar que de los términos de la parte resolutoria del auto dictado en dicha causa (fs. 68 y vta.) de fecha 29/12/95 por el Sr. Juez Civil y Comercial Subrogante, Dr. Jorge Eyo (conf. testimonio glosado a fs. 274), se desprenden dos datos importantes; en primer lugar, que por dicho auto se decretó la caducidad de la instancia, obviamente en contra de la actora S.A.F.E. (conf. punto I) del resolutorio en análisis), lo que pone en evidencia el abandono del proceso por parte de la demandante y su letrado; en segundo lugar, que como consecuencia de la perención de instancia decretada -que según allí se consigna, a la época de expedición del testimonio, 01/04/97, se encontraba firme y consentida por las partes-, se le impusieron a S.A.F.E. las costas del proceso, incluido por tanto los honorarios de los profesionales intervinientes.- De allí conforme los términos del auto testimoniado a fs. 113/114 de dicha causa y de la misma fecha (cuya copia luce a fs. 273 de estos actuados), se terminaron regulando por la Excma. Cámara de Apelaciones del NO, los honorarios profesionales del Dr. A en el perimido proceso civil citado, en la suma de $. 77.500.- por su intervención como letrado de S.A.F.E..- He aquí la génesis de la deuda y porqué ya al mes de abril del 97, el monto de lo adeudado ascendía a la última suma citada; es obvio que a su ------- En cuanto al proceso de ejecución de dichos honorarios, conforme las constancias de autos, el mismo se inició el 07/04/94 (conf. cargo escrito iniciación, fs. 315, y lo dispuesto en el incidente de regulación de honorarios Nº 294-13-93, derivados del proceso original concluido como vimos por perención, según testimonio de fs. 314), reclamando el monto fijado provisoriamente en el incidente citado ($.44.200.-) con más sus intereses calculados desde la fecha de la mora (29/12/93), conforme auto fs.251.- Luego de distintas contingencias procesales (denuncia bienes a embargo y despacho de la cautelar-fs.249/250-), se solicitó y obtuvo embargo sobre las forestaciones que tenía en las localidades de E y El Hoyo, en concesión S.A.F.E. (conf. escrito y resolutorio del 16/08/94 de fs. 252 y vta. y 253, respectivamente), con la consecuencia notificada a la Empresa por la Delegación Forestal El Hoyo de la Dirección de Bosques y Parques, según Nota del 24/08/94, conforme la cual "...en adelante no le podrán librar guías por ningún tipo de producto forestal proveniente de las forestaciones embargadas, lo que significa el no aserreo de productos provenientes de las mismas...." (fs.254).- Frente a dicha situación -coherente con la situación de paralización de la actividad que refiriera el imputado en su declaración-, se produjo la suspensión de todo el personal de la Empresa, informado a la Juez interviniente por el Delegado de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, según nota de fs. 256, originándose una nueva contingencia procesal, que concluyera con el acuerdo de fs. 257 y vta., del 07/11/94, suscripto también por F y el Dr. V, junto al embargante, por el cual este último debía consentir las futuras expediciones de guías de madera a favor de S.A.F.E., convenio que se efectuaba a los fines de permitir el funcionamiento de la empresa, lo que fuera notificado a la Dirección e Bosques, según oficio de la Sra. Juez Civil, del 08/11/94, que obra a fs. 261.- No hace falta decir que esta situación generada en virtud de estas medidas, puso prácticamente el funcionamiento de la explotación maderera de S.A.F.E. en manos del acreedor embargante, circunstancia que ratifica la situación límite en que se encontraba la misma, según lo mencionara F al formular su defensa material.--------------Sin perjuicio de lo dicho y tal como se desprende de lo que enseguida referiré, no fue gratuita la posibilidad dada por el acreedor a la Empresa de seguir trabajando -en esas condiciones- con la explotación de sus bosques, pues sólo a poco más de un mes (el 19/12/94, según cargo fs. 316 vta.), se presentó el nuevo acuerdo de fs. 316 y vta., que diera origen a la imputación delictiva formulada en autos.- Conforme sus términos, se acordó modificar la tasa de interés a aplicar sobre el monto del capital adeudado por honorarios, que se había fijado judicialmente (tasa pasiva promedio s/Dto. Nº 941/91 BCRA), por un interés pactado libremente del 2,3 % mensual, siempre que la tasa activa del Banco Provincia no supere dicha tasa; asimismo, se pactó que tal tasa se aplicaría a partir de la mora (29/12/93, como se viera), y por otro lado, que los intereses así fijados se debían capitalizar semestralmente (como también se indicara "ut supra").- Tal acuerdo, en fin, fue homologado judicialmente, según resolutorio de fs. 264.- ---Es a partir de aquí, que se suceden las distintas liquidaciones y nuevos acuerdos entre los letrados intervinientes (conf. fs.265 y vta., 270 y vta., 271 y vta.,), sin que interviniera en ellos el imputado; es más, hago notar que conforme los términos del último acuerdo citado, el Dr. V prestó conformidad para que el actor oficie a Bosques a los fines de que se incluya en el embargo ya trabado, las forestaciones de la demandada ubicadas frente a Puerto ****, que no habían sido alcanzadas por la cautelar citada, trabada con anterioridad; observo al pasar que detectada por la Juez interviniente, la significación de tal acuerdo, al acceder al pedido, hizo mención de las facultades que al respecto le confería al Dr. V el poder respectivo, cuya copia corriera a fs. 12/14 de dicho proceso ejecutivo (conf. términos decreto del 03/04/97, fs. 272 y vta.); consigno sobre el particular, que aparte de la significación patrimonial de esta incidencia, se desprende de ella también la amplitud de facultades del letrado apoderado de S.A.F.E., aspecto sobe el que volveré.----- ----------Pero además, es a partir de la presentación del 11/04/97, en que se solicitara la ampliación de la ejecución y nuevo embargo, al modificarse el monto reclamado, por la incidencia que tuvo en el mismo el resolutorio de la Excma.Cámara de Apelaciones (conf. test. fs.273, ya mencionado), que como vimos lo fijó definitivamente en la suma de 77.500 (conf escrito fs. 275), petición que fuera despachada favorablemente (fs. 275 vta.), diligenciándose la cautelar en Puerto ****, con la presencia del Sr. F, según acta de fs. 277; allí, a más de la ampliación del embargo de las forestaciones existentes sobre 104 has. situadas en la Reserva Forestal del Lago E, se embargó también un tractor Massey Ferguson MF, allí descripto.- No hace falta decir, que esta nueva medida, dificultaba aún más la explotación de la Empresa, dada la indisponibilidad de sus bienes indispensables para funcionar como tal.------------Las liquidaciones futuras obrantes en el proceso ejecutivo en análisis, no son más que una consecuencia de todo lo que hemos consignado "supra", dentro de lo cual advierto que el incremento del monto de los honorarios devengados en el proceso perdido por caducidad de la instancia, regulados definitivamente por el Tribunal citado, ha tenido a mi juicio, una incidencia sumamente importante en la determinación del monto final de la deuda (tanto, que llevó el capital ejecutado desde $. 44.200, al 29/12/93, conf. test. fs.314, a $.77.500.- al 27/12/96, conf. test. fs.273, lo que indica un incremento de mas del 75% del capital original, que en los tres años, implicaría un interés anual del 25%, en un período en que como es de público y notorio, hubo estabilidad monetaria y económica, en plena vigencia del plan de convertibilidad); es más que obvio que tal circunstancia, no sólo no se le puede achacar a F, sino que muestra, por otro lado, la incorrecta apreciación de la requisitoria, en cuanto parte para mostrar el perjuicio de la Empresa, del primer monto señalado, y no del segundo, tal como se viera más arriba.------------Sin mengua de lo dicho, ya la liquidación de fs. 278 y vta., presentada a los autos con fecha de cargo 03/10/97, toma como monto original del crédito ejecutado, la suma de $75.000.-, aplicándole, claro está, los intereses y capitalización de ellos, como se conviniera, llevando ya la suma adeudada al 29/09/97, a casi $.205.000.-; liquidación que a pedido del actor (fs. 279) se aprobara rápidamente (conf. decreto de fs. 279 y vta., del 23/10/97), seguramente -pues no hay constancias de ellos en estos autos-, previo traslado al domicilio constituido de la contraria, el que -también seguramente-. debió ser el del letrado apoderado de ésta, ya que según F, él no tuvo nunca en sus manos una liquidación de este tipo.- Pongo de relieve que es por lo menos llamativo, que frente a semejante suma liquidada, no se haya anoticiado a la Empresa y/o al imputado de tal situación, por lo menos no hay constancias de que ello haya ocurrido.- También es llamativo el escrito conjunto (ejecutante y apoderado de la ejecutada), de fs. 280 y vta., por el cual se conviene una especie de dación en pago de 35.000 m3 de madera en pie a favor del Dr. A, "...para que éste la corte, la procese o comercialice, imputando las sumas que perciban a cuenta de su crédito...", estimando la deuda al momento de presentación del escrito (11/02/98) en $.250.000.-, lo que no fue homologado judicialmente, pues tal como surge del escrito siguiente de fs.281( Cap. I, 1er, párr.), el magistrado interviniente les habría advertido a los presentantes, que el poder con el que actuaba el Dr. V -de fs. 12/13 de esos autos, al que ya nos hemos referido-, no le otorgaba mandato para convenir una dación en pago (conf. providencia allí citada de fs. 160); y digo que es llamativo, no sólo por lo dicho, sino también porque objetivamente, aún aplicando el interés convenido del 2,3 % mensual, jamás la suma resultante de la liquidación aprobada (cercana a los $.205.000.-), llegaría al monto pretendido (2,3 x 4 = 9,2%; 205.000 x 9,2 % = 18.860 + 205.000 = 223.860, o sea $ 26.140.- menos que el citado), lo que muestra por lo menos, una falta de contralor de la actividad procesal de la contraparte.---- La falta de homologación de este acuerdo, no fue óbice para que inmediatamente se buscara otra forma legal, con similar objetivo -la prevista en el art. 308 del C.P.C y C.-, lo que dio lugar a la presentación del acuerdo transaccional contenido en el Cap. I del escrito de fs.281 y vta., por el que se precisan las razones del "acuerdo" (conf. punto 1), se ratifica el monto del crédito acordado a esa fecha ($.250.000), conf. punto 2), el acreedor renuncia a la percepción de 2.000 m3 de madera en pie (que valuó en $.15.000), conf. punto 3), conviniéndose finalmente que "si el Dr. A no pudiera extraer en el plazo de dos años la cantidad de 30.000 m3 por causas no imputables al mismo, quedará sin efecto la presente transacción.-".- Agrego que como lo puso de resalto la Fiscalía, tal acuerdo fue suscripto sólo por los Dres. A y V (conf. fs.281 y vta.), apareciendo luego glosado a los autos, un escrito suscripto ahora también por el imputado, ratificando lo actuado por los letrados, en virtud de las facultades conferidas por el Acta de Directorio Nº 339 (que citáramos "ut supra"), por lo que tal acuerdo transaccional, siendo formalmente correcto, fue homologado según auto de fs.283, del 18/03/98.

----------Y finalmente, llegamos al acuerdo de fs. 288 y vta. -también suscripto por los letrados y también ratificado en escrito por separado por el imputado-, en el que se practicara una nueva liquidación de la deuda, conforme las pautas acordadas que conocemos, arribándose a un monto total del crédito al 30/06/98 de $. 259.485,90 (conf. Cap. I escrito cit); asimismo, se convino en fijar sobre tal monto, los honorarios correspondientes al trámite de ejecución, fijándolo en el 12 % del capital liquidado lo que arrojara la suma de $. 31.138,31, que adosada a aquél, diera una suma total de $.290.624,21 (conf. Cap. II, escrito cit.).- Por otro lado, ambos profesionales convinieron en adosarle a la suma citada, la de $. 24.000.- correspondiente a un reclamo judicial pretérito contra S.A.F.E., en el que se había trabado también embargo sobe las forestaciones de la demanda, que tramitaran en autos "L, A.A/S.A.F.E. s/Daños y Perjuicios " (Expte. 808-154-92), conforme surge de la Res. Nº 69/98 (fs.285/286), embargo que el Dr. A habría asumido como cesionario de S.A.F.E. (conf. escrito de fs. 287 y constancias del acuerdo en análisis), con lo cual se llegó al monto definitivo transado de $.314.624,21.- Sobre dicho monto, se convino en fijar un nuevo precio para la madera en pie (esta vez, de $.4.- el m3, cuando antes se había fijado en $.7,50 el m3, conf. ac. fs.281 y vta.), generándose por ello un derecho a las forestaciones de S.A.F.E., hasta cubrir la entrega de 76.000 m3 de madera en pie.- Como ya sabemos, esta última transacción, fue homologada judicialmente el 23/09/97, según auto de fs. 290.- Asimismo, como lo ha explicado profusamente el imputado, tal entrega de madera nunca se pudo efectivizar, atento los términos del punto 4 del Acuerdo transaccional contenido en el escrito de fs. 281 y vta., la caducidad de las concesiones de S.A.F.E. -explicada también por F. y E., y que fuera confirmado por quienes le habrían adquirido al Dr. A, partes de la madera en pie; en tal sentido, se expidieron, A.N (fs.488), y L.S (fs.522), de manera que el peligro a un eventual perjuicio derivado del bajo precio fijado a la misma, no se ha concretado -ni podrá concretarse en futuro, por las razones citadas y tal como lo manifestara F al formular su defensa material-, más allá de mantenerse en pie el monto dinerario adeudado por la demandada, fijado en las liquidaciones homologadas judicialmente.----- ----------Por lo que llevo dicho, un análisis objetivo de las pautas del convenio cuestionado de fs. 316 y vta., y de los acuerdos transaccionales de fs. 281 y vta. y 288 y vta., sin consideración a los condicionamientos ya señalados y fuera del contexto histórico en que se suscribieran, muestran que tanto la tasa de intereses pactada como su capitalización semestral -que ha incidido en mayor medida en el incremento del capital adeudado-, han sido económicamente desventajosas para la Empresa, sobre todo teniéndose presente, por lo menos desde lo teórico, la existencia de otras pautas más ventajosas, como las fijadas originariamente por la primera decisión judicial regulatoria (conf. constancias test. fs.314), sin perjuicio de la fuerte incidencia que como lo afirmara más arriba, tuvo en la determinación de la deuda, la decisión de la C.A.N.O., según testimonio fs.273.- Así lo entendieron los testigos E, D -ambos en debate- y M.M., M.Y -por lectura, fs. 23 y vta.).- Esto, más allá de la afirmación de la Defensa Técnica, en cuanto a que lo acordado -sea o no más o menos perjudicial-, estaba dentro de las facultades conferidas y por ende dentro del principio de libre contratación.--No obstante ello, también ha quedado a mi entender, debidamente acreditado en autos, los casi insalvables condicionamientos de todo tipo a que estuvo sometido permanentemente el imputado, entre los cuales estaba la necesidad imperiosa de la continuación de los trabajos de la Empresa, prácticamente paralizados por la incidencia de la cautelar trabada por el Dr. A sobe la masa boscosa concesionada, y teniendo en cuenta que , por las razones que hemos dado más arriba, F nada tuvo que ver ni con la génesis de la deuda, ni tampoco con su determinación judicial definitiva.- A esto, debe sumársele, otra de las razones por él explicitadas y verificadas en las pruebas que hemos analizado, cual es que en todo el desarrollo del proceso ejecutivo, en especial, en sus momentos decisorios, jamás actuó sin previo asesoramiento del letrado apoderado de la Empresa que representaba, Dr. R.A.V, y por ello, con la plena convicción -según sus dichos-, de que todo lo que se había hecho, no sólo no perjudicaría a la empresa más allá del daño inferido por las contingencias y avatares de la propia ejecución, sino que era lo que correspondía, porque así se lo indicaba el asesor legal de la Empresa, y porque todo lo convenido tuvo la pertinente convalidación judicial.- ----------Por otro lado, según lo hemos venido resaltando, en todo el desarrollo e instancias del proceso de ejecución de honorarios tantas veces citado, siempre ha intervenido el Dr. V; e incluso hemos hecho notar que los dos últimos acuerdos transaccionales fueron primero suscriptos -y obviamente consentidos- por el citado letrado, obteniéndose luego la ratificación de las mismas en escrito separado, suscripto por el imputado.- Obsérvese que en estos casos, tratándose F de una persona no perita en Derecho, ni por ello conocedora de los canales procesales que se fueron eligiendo, debía contar necesariamente con el asesoramiento letrado del Dr. V, tal como él lo hiciera, por lo que razonables resultan sus afirmaciones de que si algo de lo convenido hubiese estado mal o con ello se hubiese podido perjudicar a la Empresa, el abogado de ésta, debió habérselo hecho conocer, o no aceptar su incorporación a los autos, lo que vimos, no ocurriera.---- ----------En cuanto a la situación de ahogo y casi paralización por la que atravezaba la Empresa, como consecuencia de la cautelar trabada por el Dr. A, expuesta ampliamente por el imputado -como se viera-, ella fue corroborada en debate por los testigos J.A.H y C.C, quienes indicaron que en esa época, para poder trabajar la madera de la Empresa, debían cumplirse previamente trámites en Bosques, lo que obstaculizaba casi totalmente la tarea normal el aserradero.- Por su parte, el testigo E, aunque manifestó no conocer en detalle los condicionamientos a los que estuvo sometido el imputado en la época en que suscribiera los acuerdos cuestionados, sí reconoció ampliamente que las dificultades de funcionamiento se intensifican sensiblemente, cuando existe alguna imposibilidad de utilizar la madera en pie de la concesión, destinada a la explotación (corte, aserreo etc.).- Asimismo, el propio F, en su nota a la Dirección General de Bosques y Parques (fs.157/159), desarrolló profusamente el desenvolvimiento de S.A.F.E., marcando, entre otras cosas, las dificultades señaladas.- Igualmente, en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Empresa, que lleva el Nº 35, del 20/05/94 (conf. fs.131/137), se hacen algunas referencias puntuales a tal situación de la Empresa.-- ------- Por otro lado, examinada en detalle la cuantiosa prueba incorporada a estos autos, no se advierte ni directa ni indiciariamente, otras razones que las que él señalara, para actuar como lo hizo.- En esta línea de análisis, y dadas sus afirmaciones y decisiones adversas al Dr. A, que se consignaran en el Acta de Directorio Nº 337 (fs.88 y vta.), suscripta entre otros, por el imputado, no sería lógico pensar que haya suscripto los convenios y transacciones cuestionados, para favorecerlo o beneficiarlo; tampoco para beneficiar a cualquier otro tercero, dado que nada hay en ese sentido para generar sospechas.- Tampoco para lograr un provecho propio, desde que tampoco existe en autos algún elemento como para sospecharlo y, además, como lo han aseverado en debate, quienes lo conocen, su vida desde entonces, siguió estando signada por el trabajo y el esfuerzo, estando actualmente, como él lo indicara, conformando una cooperativa con los ex empleados de S.A.F.E., para seguir trabajando en la madera y con la esperanza que a futuro pueda ésta reiniciar su explotación.- En cambio, parece más lógico pensar que lo hizo sabiendo que ello le permitiría, por sobre todo, poder continuar con la actividad de S.A.F.E. -como él lo explicara-, salvando su propia fuente de trabajo y la de los demás empleados de la empresa y sus familias, que dependían del funcionamiento de ésta para subsistir, y con quienes trabajara por muchísimos años; ello se condice, por otra parte, con lo que explicaran acerca de su personalidad y de su desempeño en la Empresa, los testigos C y H en debate; asimismo, el buen concepto informado por los testigos de abono, H.A.B.B (fs.361 y 420), E.M (fs.362) y M.A.S (fs.419), todos incorporados por lectura, como ya lo adelantara.- También resulta coherente con esta apreciación, su falta de antecedentes penales condenatorios, conforme lo informado por el R.N.R. (fs.553/554).- Sea como fuere, y más allá de que objetivamente los convenios y transacciones cuestionados, puedan aparecer como perjudiciales a la empresa que administraba F, atento lo que llevo dicho, no se podría asegurar, con la certeza requerida en esta instancia, que al suscribirlos lo haya hecho con el propósito cierto de beneficiarse a sí mismo y/o a terceros; de allí que por aplicación del principio constitucional y legal de la duda beneficiante (arts.44 de la Const. Prov. Y 4º el C.P.P.), no puede aseverarse con certeza que se haya configurado en el caso, el elemento subjetivo específico, propio del tipo penal imputado.------- ------- En tal sentido, huelga decir que, descontado que F tenía la administración de S.A.F.E. (conf. facultades conferidas en Acta de Directorio. Nº 339 cit.), y por lo tanto de bienes de ésta ajenos a él, y en función de la misma suscribiera el convenio y acuerdos transaccionales, que aparecen "prima facie" como perjudiciales a los intereses confiados, lo que pareciera conformar una violación a la confianza depositada en él por la Empresa que administraba, no es menos cierto que no se ha podido acreditar con certeza, la exigencia del propósito de lucro indebido del autor -para sí o terceros-, requerido por la figura.- En lo atinente al análisis del accionar imputado, la norma penal cuya vulneración se le atribuyera a F, pune a aquél que en razón de "...un acto jurídico, tuviera a su cargo ...la administración... de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y que con el fin de procurar para sí o para terceros un lucro indebido...violando sus deberes, perjudicare lis intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos..." (art. 173, inc. 7º C. Penal).- La exigencia plasmada en el resaltado precedente -en cursilla-, significa, como lo ha puesto de resalto calificada doctrina, "...que la ley ha introducido en el tipo legal elementos subjetivos que limitan el ámbito de la conducta penalmente incriminada, para evitar así, la represión a incumplimientos de deberes contractuales; por tanto, al dolo se agrega la exigencia de un designio especial en el autor: el de procurar lucro indebido para sí o para terceros o el de causar daño" (DONNA, E.A., Derecho Penal - Parte Especial", Tº II - B, pág.423), agregando que "el fin de lucro es la ventaja patrimonial que el autor se propone obtener...; consiste en el propósito del sujeto activo de lograr un provecho o ventaja susceptible de apreciación pecuniaria..." (aut.cit., ob. cit. pág. cit).- En esta línea, y sobre tal característica del tipo subjetivo de la figura en análisis, también se enseña que "la figura ofrece un corpus estructurado por un querer determinado del autor: el fin de procurar para sí o para un tercero, un lucro indebido o de causar daño.- La presencia de este elemento subjetivo -al que se suele reconocer como dolo específico o especializado-, resulta esencial para tenerla por existente..."; y citando un fallo apropiado, el autor que recuerdo, anota: "se ha resuelto que no constituye el delito de administración fraudulenta (art. 173,inc. 7º del C.Penal) el hecho de que el presidente de una empresa haya pagado sobreprecio por la compra de un predio de menor valor del que se consignó en la escritura pública, pues la evidencia del perjuicio derivado de un acto administrativo es insuficiente para dar tipicidad a esta figura penal, si no se comprueba, como condición insoslayable, el propósito de lucro o daño en la gestión del agente." (CARRERA, D. P., "Administración Fraudulenta", Ed. Astrea -año 2002-, págs.139/140, cit. nota Nº 88 fallo C.N.Crim.Corr., Sala IV, 12/10/93, "F, C.", J.A., 1994-IV-pág. 525).- Asimismo, en la línea que seguimos, se ha resuelto que "Las exigencias típicas del art. 173 inc.7º del C.P. requieren que en los hechos se hubiese violado un deber legal o contractual, que ello produjese perjuicios a los intereses confiados y por último que los agentes procurasen aprovechamiento indebido para sí o terceros o causar daño.- Tales presupuestos objetivos y subjetivos son los que definen, con su ausencia o concurrencia, si se trata de una administración irregular, caótica y aún pésima o si por el contrario, se ha verificado una administración infiel o fraudulenta..." (Cám.Ap..Pergamino, Bs.As., T.O., R. s/ Recurso de Habeas Corpus en causa nº 4125, 28/4/95, Minoría, SAIJ Sum. Nº B2825246), y que "para que se configure el delito de defraudación por administración fraudulenta se requiere, además del acto administrativo infiel -que es la acción básica-, el propósito de lucro o daño en la conducta del sujeto activo, de manera que si no se descubre esta finalidad, la gestión administrativa no podrá ser pasible de encuadramiento penal, aunque vaya signada por la ineficacia, la arbitrariedad ejecutiva y el desorden contable" (CNCrim.Corr.,Sala IV, "L.H, M.", c. 44.500, inst. 33,sec. 169, cit. por Caamaño Iglesias Paz, C., "Administración Fraudulenta", trab. En Donna, E., Rev. de Derecho Penal" El Rubinzal Culzoni, "Estafas y otras Defraudaciones - I", Año: 2000 - 1, pág. 283).--- ----------Por todo lo que llevo dicho, al no haberse acreditado con certeza la exigencia subjetiva propia de la figura imputada, en concordancia con la solución propuesta por las partes, propongo a las Colegas que me siguen en el orden de la votación, se resuelva esta causa absolviendo libremente al imputado del delito por el que se lo trajera a juicio.---------Atento ello, corresponde regular en esta instancia, los honorarios profesionales del Contador Público M.R.M, CUIT denunciado Nº 20-****-0, (fs.547), por la labor pericial desarrollada en autos, teniéndose en cuenta que como lo acreditara con el convenio glosado a fs.545 y vta., el citado profesional trabaja como "contratado" con el Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut, sin relación de empleo (conf. cláus. 2da. Conv. Cit.).- Para ello, tengo en cuenta básicamente, las disposiciones de los arts. 6º y 61 de la Ley 2200 (mod. por Ley 4335), en especial, los parámetros establecidos en el párrafo 3º del art. 61 citado.- Meritúo en tal sentido, l que el Cr. M, aceptó el cargo conferido el 24/02/05 (conf. fs.538 vta.), presentando su dictamen el 1º de marzo de 2005 (conf. fecha de cargo pericia fs.547/551), respondiendo con base en la información y documentación examinada (planes de manejo o aprovechamiento de forestaciones presentados a la Dirección de Bosques por particulares, cuyo estudio comparativo surge de las cifras volcadas en el Anexo I de la pericia), respondiendo fundadamente al punto pericial propuesto (conf. dictamen fs. cit).- Atento a ello, tiempo que demandó la tarea, extensión y eficiencia de la misma, propongo se fijen los honorarios profesionales del Contador M., en la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($. 400,00), los que estarán a cargo del erario provincial, atento la propuesta absolutoria precedente (conf. arts.486, 488, inc.3º 489 del C.P.P. y 6º, 46, 50 y 61 Ley 2200. mod. por Ley 4335).------- ----------Teniendo en cuenta la índole de la solución que propugno, corresponde liberar al imputado del pago de las costas causídicas (conf. arts. 29, inc. 3º "a contario sensu" del C.Penal, 361, 485, y 486 del C.P.P.), así como dejar sin efecto la cautelar dispuesta en el punto 2) de la parte resolutiva del auto de fs. 433/435 vta. (conf. art. 361 del C.P.P.).- Asimismo, si tal solución fuera compartida por las Sras. Magistradas que me siguen en el orden de la votación, es obvio que carecería de sentido y utilidad, el abordaje de las demás cuestiones propuestas.- ----------Así voto--------- ----------La Dra. Jones dijo: Que comparto en un todo lo que se sostiene en el voto que antecede, tanto en lo relacionado con la no aplicación al caso de la doctrina Tarifeño, como con la valoración de la prueba realizada, para concluir por la atipicidad de la conducta juzgada.Con relación al primer punto, planteado como primera cuestión, reitero mi posición adversa a la aplicación de la doctrina Tarifeño, solicitada por las Partes, que le quita jurisdicción al Tribunal para decidir sobre el fondo del objeto procesal llegado a juicio, al producirse la abstención fiscal acusatoria, durante la discusión final del debate, siguiendo el criterio que viene aplicando la mayoría de éste Tribunal desde que el Superior Tribunal resolviera en el mismo sentido los autos "S-M-S - O.J .C s/ Lesiones Graves - L.M.A - Esquel (Expte. n° 16.487-S-98).- Postura adversa que se basa fundamentalmente en el principio de irretractabilidad que rige, según nuestro actual sistema procesal (art. 12 C.P.P.), el ejercicio de la acción penal y en la convicción de que, en la especie, se han cumplido los presupuestos legales del debido proceso, mencionados por la S.C.J.N. en el fallo citado, toda vez que ha habido acusación con la requisitoria fiscal de elevación a juicio y también ha habido defensa material y técnica.- En éste último aspecto, véase que la Defensa técnica del indiciado se ha expedido pormenorizadamente sobre el mérito probatorio de las pruebas rendidas, adhiriendo en definitiva, a las conclusiones que al respecto formulara la Fiscalía.- De modo pues que tampoco se ha visto cercenado el correcto ejercicio de la Defensa, si ese fuera el argumento fundamental que cabe extraer de lo resuelto por la S.C.J.N. en el fallo citado y recientemente en Mostaccio, J.G. s/ Homicidio Culposo (17-02-2004 publ.www El Dial.com. diario "Express" del 18/02/04 Año VI - N° 1480).------------Respecto a la segunda cuestión en tratamiento, coincido como dije, con la minuciosa y completa valoración efectuada por el Dr. Sarquís, para concluir en que no se ha probado en el caso, la existencia del elemento subjetivo -distinto del dolo-, exigido por el delito atribuido al imputado, esto es que su obrar haya estado presidido por la intención de "procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño" (art. 173 inc. 7° del Código Penal).----Si bien como lo explicara el Colega preopinante, es evidente que el convenio cuestionado, resultó perjudicial para la empresa, no se probó que el Sr. H.F, en su calidad de Director de la Empresa S.A.F.E, haya actuado como dije, con la finalidad de generar ganancias indebidas para sí o para terceros, figura que este caso podría identificarse como el letrado embargante.- Y como lo ha expresado el Magistrado preopinante, todo indicaría que el Sr. F no tuvo opciones, comprometiendo a la empresa en los términos económicos propuestos por los letrados intervinientes, con la sola finalidad de garantizar la continuidad de la empresa.- Analizando las contingencias históricas vividas por la empresa y la forma en que se manejaba el cuerpo directivo, conforme surge de las actas respectivas, agregadas a la causa, tal vez sorprende que el Sr. F no haya consultado con el resto del Directorio las condiciones contractuales a las que en definitiva se comprometió en nombre de la empresa (conf. fs. 316) y en ejercicio de las facultades oportuna y especialmente acordadas, conforme acta N° 339, atendiendo especialmente a la modificaciones sustanciales que se convenían sobre los intereses a aplicar a la deuda por honorarios y al sistema de capitalización que se preveía, respecto de los mismos y cuando ambos items resultaban más gravosos que las condiciones inicialmente fijadas judicialmente.----------- -Esta omisión, podría generar alguna sospecha respecto a alguna componenda entre todos los contratantes para beneficio de alguno o algunos, pero nada de ello se ha demostrado, pues en definitiva, el convenio no se cumplió, no se sabe que beneficios haya podido obtener el Dr. A, además de la consolidación de su crédito en cifras cuantiosas.- Tampoco se sabe en que circunstancias fácticas accedió el imputado a suscribir el convenio en cuestión, como para medir el grado de determinación que pudo ejercer, más allá de lo expuesto en debate, respecto a su convencimiento de que el mismo era favorable, considerando que con el se destrababa la situación de inmovilización que tenía la empresa y que los intereses convenidos eran menores a los que cobraba el Banco de la Pcia. del Chubut.- Tampoco sabemos que grado de información y asesoramiento recibió el Sr. F del apoderado de la empresa, Dr. R.V y que grado de presión ejercía desde la contraparte el Dr. A, como tampoco sabemos que grado de capacitación y/o preparación detentaba el encartado para poder analizar por sí, los términos de acuerdo que se le proponía.- En consecuencia, tengo para mí que no obstante que el compromiso asumido era, en términos objetivos y en teoría, como lo expresara el Dr. Sarquís, "un mal negocio para la empresa", no se ha probado en el caso, los elementos típicos que configuran la defraudación imputada.- Por ello y mayores argumentaciones expuestas en el voto que antecede, coincido en que la duda resultante, debe aplicarse a favor del procesado, por mandato constitucional (art. 44 C. Ch.) y legal (art. 4° C.P.P.).----- -A las demás propuestas sobre costas y regulación de honorarios del perito actuante, adhiero sin más.---------- -----------Sobre la posibilidad de que en el caso, los Dres. A y V, hayan incurrido en prevaricato, hipótesis que campeó en el transcurso del juicio, atento el tiempo transcurrido y el tipo de pena previsto para dicho tipo penal (art. 271 del C.P.), ya carecería de virtualidad girar las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, para su investigación, por haber prescripto la acción pública derivada del mismo.- -----------Así voto.------- ----------En mérito a los votos que anteceden y lo dispuesto por el art. 357 del Código Procesal Penal (texto Ley 4550), la Excma. Cámara en lo Criminal de la Ciudad de Esquel,--- ========================F A L L A:======================== ----------I) ABSOLVIENDO a H.F, argentino, casado, sin sobrenombres ni apodos, de cincuenta y tres años de edad, nacido en ***, Chubut, el día XX de enero de 19X, hijo de C.F y de J.M.B, con estudios secundarios completos, integrante de una Cooperativa de Ex Empleados de S.A.F.E, con DNI Nº XXXXXXX, con domicilio real en Calle ***, Barrio "***", Provincia de Río Negro, del delito de Administración Fraudulenta (art. 173, inc. 7º del C. Penal), sin costas (arts.29 inc. 3º "a contrario sensu" C. Penal, 361, 485 y 486 C.P.P.), por el que se lo trajera a juicio, en relación a la suscripción de un convenio sobre intereses en un proceso judicial por cobro de honorarios, que tramitó por ante el Juzgado Letrado en lo Civil y Comercial de esta Circunscripción, presentado el 19 de diciembre de 1994, y en perjuicio de la Empresa "S.A.F.E".

------- II) REGULANDO los honorarios profesionales del Perito designado en autos, Contador Público M.R.M, en la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($. 400,00), en virtud de los fundamentos volcados en los consideranos precedentes, los que estarán a cargo del erario provincial (conf. arts.486, 488, inc.3º 489 del C.P.P. y 6º, 46, 50 y 61 Ley 2200. mod. por Ley 4335).------ ------- III) La presente es suscripta sólo por uno de los Magistrados que se expiden, conforme lo autoriza el art. 358 del C.P.P. -texto Ley 4550-, por encontrarse la Dra. Cristina Isabel Jones en uso de licencia.------- IV) PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.------- Dra. Cristina Isabel Jones Dr. Víctor Alberto Sarquis Ante mí:

Dra. Carina Paola Estefanía.- Protocolizado Sentencia Nº 7. Fº 69/85. Tomo: I.- Libro año: 2005.- Conste.- Dra. Carina P. Estefanía. Secretaria.-