Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-08


Esquel, 8 del marzo del 2.005.- VISTO: El recurso de nulidad con apelación en subsidio interpuesta por la Sra. Defensora General Dra. A.M, Y CONSIDERANDO:

1.- Que la Sra. Defensora General, Dra. A.M, plantea incidente de nulidad en la Causa 120-24-04, con apelación en subsidio, por entender que se han quebrantado las normas procesales que rigen el proceso penal, violentándose normas constitucionales y tratados internacionales. Señala la apelante la improcedencia del trámite de consulta en los casos en los que el Ministerio Fiscal requiere la elevación a juicio y la Defensa el sobreseimiento, en tal caso, sosteniendo que, el magistrado debe optar por la elevación a juicio o por el sobreseimiento.

Expone asimismo que se ha violado el principio de imparcialidad y de contradicción o bilateralidad, por haberse incorporado diversas pruebas a sugerencia del Juez de Instrucción, quién, al mismo tiempo, estimó que la instrucción no estaba completa. Califica a la nulidad impetrada como absoluta, por lo que su declaración - de ser procedente -, podía decretarse aún de oficio.

2.- Entrando en el análisis de la cuestión planteada, este Tribunal entiende que le asiste razón a la Defensa en su planteo. En efecto; cuando el art. 183 octavo dispone la remisión al segundo párrafo del art. 306 del C.P.P. (elevación en consulta), dicha remisión solamente ha de ser procedente cuando el dictamen del Ministerio Fiscal se expide por el sobreseimiento del imputado y el juez no estuviere de acuerdo.

Ello es así, por cuánto el proceso acusatorio requiere de un pedido de apertura del juicio para poder continuar. En consecuencia, la norma prevé que si el fiscal que actúa en la consulta coincide con el funcionario que solicitó originalmente el sobreseimiento, esta circunstancia - la no existencia de acusación -, amerita que el juez de garantías dicte el sobreseimiento del imputado.

En cambio, cuando el fiscal peticiona la elevación a juicio de la causa, corrido el traslado a la defensa a tenor del art. 307, el juez solamente tiene dos opciones: elevar la causa a juicio o sobreseer de acuerdo a algunos de los supuestos previstos en el art. 294 del C.P.P. Ello, por cuanto la función propia del juez de garantías - y el ámbito de lo jurisdiccional en general -, impiden la posibilidad de un proceso de consulta a otro fiscal a los fines de la elevación a juicio, puesto que se desnaturalizaría la función judicial ante la eventualidad de que el magistrado sea obligado a disponer la elevación cuando considera que se debe sobreseer.

En consecuencia, resulta improcedente y viciada de nulidad la consulta dispuesta en el decreto de fs.

56.

3. En lo referente a las pruebas sugeridas por el Sr. Juez de Instrucción en el decreto mencionado, también la asiste razón a la Defensa en que tal proceder está viciado de nulidad absoluta, en cuanto afecta al principio de imparcialidad en que se desenvuelve el modelo de proceso penal adoptado por nuestra provincia y que surge del art. 120 de la Constitución Nacional.

Resulta oportuno acudir a un reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación ("Q.E.O s/ causa 4302, 23/12/04), en el que se analizan exhaustivamente las funciones de juez y fiscal en el proceso penal.

Dijo la C.S.N: "Aun cuando se pueda sostener que los fiscales cumplen, materialmente, una función judicial, en tanto, al igual que los jueces, aspiran a que el proceso finalice con una sentencia justa, lo hacen desde posiciones procesales diversas, y el ejercicio efectivo de la misión que a cada uno de ellos le compete se excluye recíprocamente: ni el fiscal puede juzgar ni el juez puede acusar. De otro modo, durante la instrucción el imputado debe defenderse no sólo de quien lo acusa, sino de quien decide, y de quien debería poder esperar independencia de criterio".

"Es función del legislador diseñar el proceso penal de tal manera que estén aseguradas del mejor modo posible las garantías individuales y que la más mínima duda de menoscabo a las garantías sea disipada con la solución más favorable a la protección del derecho respectivo. Desde este punto de vista, incluso si se admitiera, por vía de hipótesis, que la ley restringiera las facultades del Ministerio Público e impusiera un sistema de control del requerimiento de carácter jurisdiccional, autorizar a que sea el mismo juez que posiblemente ya se pronunció en favor de la viabilidad de la persecución (por ejemplo, al confirmar el auto de procesamiento) no parece ser un sistema que aleje las sospechas de parcialidad".

"Dentro de este marco, y en contra de lo que sostiene el a quo, no puede haber ninguna duda en cuanto a que la introducción del art. 120 de la Constitución Nacional señala, en este aspecto, una modificación del paradigma procesal penal vigente hasta ese momento. En efecto, al establecer la independencia funcional de dicho organismo indica una clara decisión en favor de la implementación de un sistema procesal en el que ha de existir una separación mucho más estricta de las funciones de acusar y juzgar".

"Aun cuando el procedimiento preliminar tenga carácter meramente preparatorio, y por sus propias características, suponga una cierta prevalencia de los órganos estatales de persecución penal por sobre el imputado, ello no puede conducir a admitir que sea indiferente si su realización es controlada por un juez imparcial o no".

"Que, tal como lo expresaba Alfredo Vélez Mariconde, con remisión a la opinión de H: "los poderes que necesariamente deben serle acordados al juez de instrucción con relación a las personas y los bienes a fin de que puedan cumplir su obra entrañan riesgos inevitables; su objetivo debe ser el triunfo de la verdad y la justicia, pero un paso más o menos convierte un acto en injusto, y a veces el exceso de celo lo enceguece, lo alucina y no puede distinguir las dos opuestas zonas de la justicia y la injusticia".

"Que frente a tales riesgos, la actividad legislativa enfrenta permanentemente el desafío de lograr un adecuado equilibrio entre un proceso penal "eficiente" y uno que le dé al imputado la oportunidad de defenderse en un marco de verdadera imparcialidad. En este sentido, no es nueva la concepción de que la separación funcional entre juzgador y acusador apunta a lograr esa finalidad".

"Si bien limitada a la relación entre instrucción y debate, la garantía de imparcialidad ha sido interpretada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que no pueden atribuirse a un mismo órgano las funciones de formular la pretensión penal y la de juzgar acerca de su procedencia, lo cual, en definitiva, impone a los estados el deber de desdoblar la función de perseguir penalmente".

"Tales criterios jurisprudenciales han sido asumidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como aplicables a la interpretación de la garantía del art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conf. Informe 5/96, del 1° de marzo de 1996, caso 10.970, Mejía vs. Perú), al expresar que "...la imparcialidad objetiva exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso".

En orden a lo expuesto, sin perjuicio de lo señalado en el considerando que antecede, el decreto de fs. 56 del principal resulta atentatorio de la garantía de imparcialidad prevista en las normas constitucionales vigentes. Dicha afectación configura una nulidad absoluta que no admite subsanación (arts. 150 y 153 C.P.P.), correspondiendo su declaración a partir de fs. 56, que abarca a todos los actos que fueren consecuencia de aquel (art. 154).

Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, R E S U E L V E 1) Declarar la NULIDAD del decreto de fs. 56 y de todos los actos que fueren su consecuencia, a saber: informe pericial de fs. 57/58, 59/60, dictamen de fs. 60 vta. y auto de fs.. 61 y vta., todos de los autos principales (arts. 148, 149 inc. 3ro.,150, 153 y 154 del C.P.P.).

2) Protocolícese, notifíquese y devuélvase.

BENJAMÍN MOISÁ CARLOS MARGARA RANDAL ROWLANDS Ante mí.- Gerardo Tambussi Secretario AUTO PROTOCOLIZADO BAJO EL NRO. 06 /05 CANO.-Conste.-