Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26


W., R. A.

Reg.: A y S t 193 p 324-326.

Santa Fe, 26 de noviembre del año 2003.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor técnico de R. A. W. contra la sentencia de fecha 25 de marzo de 2003 dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Vera en autos "W., R. A. -Homicidio simple- (Expte. 265/02)" (Expte. C.S.J. nro. 331, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Por sentencia de fecha 25 de marzo de 2003 la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Vera resolvió confirmar el fallo dictado por el Juez en lo Penal de Sentencia de dicha localidad, que condenó a R. A. W. a la pena de quince años de prisión, como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, con costas.

Contra dicho pronunciamiento interpuso el defensor técnico del condenado recurso de inconstitucionalidad invocando arbitrariedad sorpresiva y gravedad institucional.

Luego de relatar sintéticamente los antecedentes del caso se agravió porque el fallo de la Cámara otorgó valor probatorio tan solo a una de las versiones que del hecho dio el imputado, a la que toma parcialmente, pese a las fundadas críticas que hizo de la misma a lo largo del proceso, dejando totalmente de lado la otra versión, no obstante existir prueba fundamental que la avala.

A su entender la sentencia atacada conculca el derecho constitucional de libertad personal y debido proceso, porque se condena a su defendido sin valorar en la debida forma las argumentaciones vertidas por la Defensa en consonancia con las declaraciones del imputado y las probanzas de autos.

Aseguró que conforme a la primera declaración de W. y reconstrucción del hecho, se dan los presupuestos establecidos para que su conducta sea encuadrable dentro del marco de la legítima defensa que prevé el artículo 34, inc. 6, del Código Penal.

Afirmó que tampoco ha merecido el menor análisis una de las pruebas fundamentales obrantes en autos, consistente en la declaración de M. R. N., que también coincide con lo afirmado por W. y con la reconstrucción del hecho, de donde surge que éste ha actuado en la emergencia obligado por E. N., por lo que su conducta se encuadraría en la figura establecida por el artículo 34, inc. 2do, del Código Penal que justifica la conducta de quien obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente.

Por último aseguró que la pena impuesta de ninguna manera se ajusta a derecho. A su entender, en cualquiera de las versiones que sobre el hecho da el imputado, existiría, por lo menos una sospecha seria de que existió una causal de justificación del obrar del mismo, lo que, si no llegaría a justificar plenamente su conducta, serviría, al menos, para imponer el mínimo de la pena establecida para el ilícito en cuestión.

2. La Cámara por decisorio de fecha 31 de julio de 2003 resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto aduciendo incumplimiento de los recaudos formales de planteo oportuno de la cuestión constitucional y autosuficiencia del escrito recursivo; como así también que la arbitrariedad deducida no cuenta con andamiaje suficiente como para lograr el franqueamiento de la instancia extraordinaria.

Tal denegatoria motivó la presentación directa del impugnante ante esta Corte (fs. 29/32). 3. De conformidad a la ley que regula el remedio extraordinario local, si el Tribunal a quo denegare el recurso de inconstitucionalidad, el recurrente podrá presentarse en queja directamente ante la Corte Suprema pidiendo su concesión. En tal caso, la queja deberá fundarse en relación a los fundamentos del auto denegatorio (art. 8, ley 7055).

De la lectura del escrito acompañado a fs. 29/32 surge claramente que el impugnante ha descuidado dar debido cumplimiento a tal exigencia, desde que no se hace cargo de la totalidad de los fundamentos esgrimidos por la Cámara en su denegatoria. En efecto, si bien intenta desvirtuar con genéricos argumentos lo dicho por la Sala en torno al recaudo de planteo oportuno de la cuestión constitucional e insiste en la configuración de la arbitrariedad imputada, no ocurre lo mismo en relación a la achacada falta de autosuficiencia del escrito recursivo, ya que ni siquiera dedica una sola línea a efectos de rebatirla.

Al respecto, no debe olvidarse que esta Corte reiteradamente ha sostenido que la queja es un recurso autónomo, que debe cumplimentar a los fines de su recepción recaudos formales propios, siendo fundamental el que se sustente en los fundamentos del auto denegatorio (A. y S. T. 35, pág. 451, por todos); y que no cumple con los requisitos de admisibilidad de la queja, en en cuanto a la acreditación en el caso de los recaudos formales necesarios, el recurrente que no refuta en forma separada, clara y precisa cada uno de los fundamentos del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (ver criterio de A. y S. T. 34, pág. 314; T. 59, pág. 244; T. 92, pág. 121; T. 138, pág. 424 etc.).

Frente a ello, no cabe sino concluir que el incumplimiento apuntado basta, por sí solo, para sellar la suerte adversa del recurso directo analizado. No obstante, no está demás aclarar que existen otros motivos, vinculados al recurso de inconstitucionalidad deducido, que conspiran contra la admisión del remedio intentado.

En efecto, en primer lugar ha de señalarse que asiste razón a la Cámara al afirmar que la pretendida arbitrariedad no puede calificarse de sorpresiva, desde que los agravios del compareciente vinculados a la valoración de la prueba y monto de la pena giran esencialmente -según surge de las constancias acompañadas a la presente queja- sobre cuestiones que integraron el debate y fueron motivo de consideración por el sentenciante de Primera Instancia, lo que descarta la invocada sorpresividad y pone en evidencia que el recurrente debió introducir, con argumentos suficientes, sus planteos de índole constitucional con anterioridad a la interposición del remedio previsto en la ley 7055.

En segundo lugar, aun sin obstáculos formales el remedio intentado sería igualmente inadmisible, desde que sus argumentaciones no logran traspasar el límite de la mera discrepancia interpretativa en torno a cuestiones de hecho, prueba y derecho, y denotan tan solo su pretensión de imponer su particular visión acerca del valor a asignarse a las versiones que del hecho delictivo da el imputado y a la repercusión de éstas sobre el resultado final del juicio.

Mas con argumentos que en modo alguno logran conmover los fundamentos brindados por la Cámara a la hora de rechazar los agravios formulados en la apelación, confirmando la condena de R. W. a la pena de quince años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple.

En relación a ello, no debe olvidarse que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba (Cfr. A. y S. T. 101, pág. 408; T. 139, pág. 375, etc.) ni puede constituirse como un medio de sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que le son privativas (A. y S. T. 100, pág. 251, por todos), por lo que sus planteos resultan inadmisibles para lograr la reapertura de debate en esta instancia extraordinaria.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)