marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen penal tributario, monotributo, sanciones tributarias, clausura del establecimiento, multa, exhibición de documentos, omisión de exhibir documentos
Materia: TRIBUTARIO-PENAL-PROCESAL
Carátula: PERONE, SILVIA INES s/ Infracciones tributarias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-05

Corresponde la aplicación de multa y clausura ante la falta de exhibición de la constancia de pago correspondiente al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, pues conforme al art. 26 del dec. 885/98 reglamentario de la ley 24977, la falta de exhibición de cualquiera de los documentos allí mencionados - placa indicativa de la condición de pequeño contribuyente o constancia de pago del régimen simplificado - trae aparejada la consumación de la infracción prevista por el art. 40 de la ley 11683 - t.o. 1998 -, (Del voto en disidencia del Dr.

Repetto).
Tarjeta de crédito, reintegro de gastos, nulidad implícita
Materia: COMERCIAL
Carátula: NEPTUNO VIAJES SRL c/ FIRST DATA CONO SUR SRL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-28

La ley 25065: 14 inc. c dispone la nulidad de la cláusula que imponga un monto fijo por atrasos en el pago del resumen, ello con la finalidad tuitiva de que los emisores puedan agravar la situación del deudor pretendiendo percibir además del interés compensatorio y punitorio pactado, un cargo extra fijo por mora en el pago del resumen, en tanto que aquél no tendría una causa que lo justifique, pues no sería un resarcimiento por la privación de la utilización del dinero -interés compensatorio- ni una sanción por el retardo -ya que para ello se pactan los intereses punitorios- (ver Moenremans, Daniel y Azar, María José, "Cargos en los Resúmenes de las Tarjetas de Crédito", LL On line y Bengolea, Adrián, "La Ilegalidad del cargo de gestión de cobranza en los contratos de consumo", La Ley On line).
Pena, prisión domiciliaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: ALMIRON, CLAUDIO JESUS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD    CITAS:    CSJN: Fallos:307:549; 314:791; 328:1108; 330:1465; CSJStaFe: AyS T 190, p 415;   T 191, p 12; T 216, p 158 y 306; T 220, p 156 y 170; T 222, p 212 y 350. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  CITAS:  CSJN: Fallos:307:549; 314:791; 328:1108; 330:1465; CSJStaFe: AyS T 190, p 415; T 191, p 12; T 216, p 158 y 306; T 220, p 156 y 170; T 222, p 212 y 350.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-10-13

Corresponde rechazar la queja desde que - si bien la impugnante sostiene que lo decidido implicó arbitrariedad y falta de fundamentación- el Juez de Cámara se pronunció sobre la concurrencia en el caso de los requisitos de la prisión preventiva (analizando las pruebas que constituían elementos de convicción suficientes para sostener la probable participación del imputado en el hecho, la eventual aplicación de una pena efectiva, así como las circunstancias concretas que en el caso, y más allá del monto de pena en expectativa, permitían presumir su peligrosidad procesal, fundamentalmente por el riesgo de entorpecimiento probatorio) evaluando para morigerar los efectos del medio coercitivo la modalidad de prisión preventiva domiciliaria como forma de asegurar los fines del proceso penal sin privarlo de modo absoluto de su libertad, sin que se visualicen sus motivaciones o decisión como un absurdo lógico o normativo.
Honorarios del perito, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bonnet, Armando a. c/ Brun, Santiago y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-11

Cabe reconocerle al perito contador oficial legitimación suficiente para recurrir los honorarios regulados con motivo de las tareas que desarrollara en el proceso, por más que los mismos no se traduzcan en un directo beneficio patrimonial para él, sino que deberán ser depositados en la cuenta bancaria determinada por el art. 5º del Acuerdo 1870, s/art. 1º del Ac. 2136 (con arreglo también a la Resolución nro. 1092) de la Suprema Corte de Justicia, para ser destinado a los fines que establece el art. 6º del primero.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Habeas corpus, restricción de acercamiento, Ministerio Público Fiscal, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Habeas Corpus interpuesto por el Sr. D. Q. con el patrocinio letrado del Dr. Tulio Hernán Lello c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2018-05-29

Corresponde no hacer lugar a la acción de habeas corpus presentada, por resultar manifiestamente improcedente, dado que ninguno de los presupuestos contemplados en el art. 40 de la Constitución provincial, encuadran en la situación del caso, no obstante ello, y no siendo materia de habeas corpus el planteo efectuado, se advierte que desde la fecha del dictado de sentencia, surge clara la inacción del Ministerio Público Fiscal, por lo que debe solicitársele al Señor Fiscal interviniente de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar, de Género y Delitos contra la integridad sexual, que en el carácter de titular de la acción penal, impulse el procedimiento por él promovido en los autos principales, formulando todos los requerimientos e instancias, que de acuerdo a un criterio objetivo, así corresponda -art. 89 y concordante del C.P. Penal-.
Accidentes de trabajo, incapacidad permanente, principio de progresividad, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Campo, Héctor Fernando c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-05

El art. 17, ap. 6º de la ley 26773 se refiere a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente sucedidas durante la vigencia de la ley 24557, el decreto 1278/00 y el decreto 1694/09, ya que dispone que estas se ajustaran "a la fecha de entrada en vigencia de la ley conforme el índice RIPTE desde el día 1-1-10". Esta solución no puede ser desplazada por la aplicación del decreto 472/2014, no solo porque no ha sido invocado por la accionada y no se encontraba vigente al momento de la contingencia, sino también porque afectaría el orden de prelación del art. 31 C.N., la solución de norma más favorables y la aplicación del principio de progresividad recogida en los tratados internacionales y de aplicación obligatoria (conf. art. 75 inc. 22 C.N.), en tanto a través de la ley 24557 y su complementaria 26773, lo que debe ajustarse por la aplicación del RIPTE son las prestaciones en dinero por incapacidad permanente -como lo es la reconocida en el caso particular de autos- . Por todo lo expuesto, corresponde la aplicación de la adecuación prevista en la ley 26773 sobre las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente.
Competencia contencioso administrativa, seguros, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alamo, Nicolas Gervasio c/ Administración de Juegos y Seguros s/ Cobro de pesos-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-06-12

La competencia contencioso administrativa no se conceptualiza sólo en virtud del órgano productor del acto o por la intervención del Estado en sentido amplio o por impugnarse un acto administrativo, sino que lo fundamental reside en que el caso sea atrapado por el derecho administrativo; en consecuencia y analizando el sub-litem surge en forma clara e indubitable que no existe acción contencioso administrativa ya que la misma tiende a obtener el pago de una suma de dinero que tiene como origen un contrato de seguro que ligaba al actor con la demandada, creándose un conflicto emergente de las relaciones regidas por la ley de seguros y no por normas de fondo atinente al derecho administrativo; se resuelve rechazar el recurso de casación interpuesto por improcedente.
Acción de amparo, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aydin S.A. c/ Sec. de Medios de Comunicación de la Pres. de la Nación s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-22

La Constitución Nacional sancionada en el año 1994 no ha derogado expresamente a la ley 16.986, por lo que, en tanto no se opongan a la letra y espíritu de aquélla, subsiste la vigencia de los recaudos de admisibilidad de la acción de amparo establecidos por ésta.
Régimen de consolidación de deudas, presupuesto nacional, ejecución de sentencias contra el Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Impresora Internacional de Valores S.A. c/ D.G.I. s/ Repetición D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Respecto de las obligaciones de causa o título posterior al 1º de abril de 1991, el art. 22 impone al Poder Ejecutivo el deber de comunicar al Congreso Nacional todos los reconocimientos administrativos o judiciales, que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al de su reconocimiento. El actor sólo está legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinarias del Congreso en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese al crédito presupuestario respectivo.
Proceso penal, prisión domiciliaria, prisión preventiva, inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, delitos, habeas corpus, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Castillo, Estela María c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-12

La defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que permita hacer excepción a dicho principio general, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes para rechazar el arresto domiciliario solicitado por la defensa de Castillo. A tal efecto, el a quo evaluó que si bien la nombrada integra el grupo de riesgo ante una eventual propagación del virus COVID 19, lo cierto es que está debidamente tratada en su lugar de detención. Las discrepancias valorativas expuestas por el impugnante, amén de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605), o en alguna cuestión federal (Fallos: 328:1108); por lo que corresponde declarar inadmisible la vía intentada. Especialmente teniendo en cuenta que a raíz de una acción de habeas corpus interpuesta en la justicia provincial de Santa Fe, la jueza interviniente hizo lugar a la acción deducida y encomendó a las autoridades del servicio penitenciario provincial la entrega de materiales y elementos de higiene y limpieza tres veces por semana a los internos, ordenó reforzar las partidas de alimentos destinadas a los mismos y dispuso la toma de temperatura corporal tanto de los internos como del personal penitenciario -Dres. Riggi, Catucci y Gemignani-.
Acumulación de procesos, competencia
Materia: PENAL
Carátula: QUIROGA EDUARDO s/ LESIONES Y AMENAZAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-20

Aunque el Juez que se ha declarado incompetente no se ha avocado a la causa y no ha formulado imputación a persona alguna, ello no aporta nada al hecho que será base de la intimación, toda vez que ella debe surgir de la denuncia que en el caso es clara y terminante al señalar al supuesto autor, por lo que le asiste razón en esta contienda negativa de competencia y debe proceder la acumulación correspondiendo entener en ella al Sr. Juez de Instrucción en cuyo juzgado tramita la causa a acumular.
Código aduanero, aplicación de la ley, tráfico de estupefacientes, cómputo de la pena, principio de legalidad
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: Altamirano, Hernando Jorge s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

La conducta prevista por el artículo 866 del Código Aduanero no resulta abarcada por el art. 10 de la ley 24.390 y la negativa del Tribunal interviniente de modificar el cómputo de pena efectuado, por considerar que las conductas relacionadas con el tráfico de estupefacientes se encuentran excluidas de los beneficios del art. 7 de dicha normativa, importa la aplicación analógica de la ley penal, prohibida por nuestro derecho constitucional (por imperio del principio de legalidad, previsto por los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyas disposiciones han sido recogidas, proscribiendo expresamente la aplicación analógica de la ley penal, por el art. 2 del C.P.P.N.). Ello así por cuanto la conclusión a la que arribó el "a quo", relativa a que el mencionado art. 10 se refiere a conductas que -abstracción mediante- pueden definirse como constitutivas de "tráfico internacional de estupefacientes" (sic.), no permite, sin más, excluir de los beneficios de la ley 24.390 a todos los supuestos que puedan tener tales características. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en mayoría-).
Obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, índices de actualización, índice de precios al consumidor, índice de precios mayoristas
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRIGORIFICO Y MATADERO LA FORESTA SCA s/ CONCURSO S/ INC. DE VERIFICACION POR MATARRELLI, CARLOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-20

Las indexaciones que pueden calcularse mediante los índices de precios al consumidor y el de precios mayoristas tienden a igualarse en períodos largos. Es que el primero recepta -en meses posteriores- las variaciones que el segundo ha sufrido con antelacíon. De allí que aún cuando en cierto lapso el ajuste mediante el índice "consumidor" arrojara un importe inferior que haciéndolo con el "mayoristas", tal contingencia no autoriza su modificación, tanto más cuando el deudor no saldo la deuda, por lo cual será necesario prolongar el termino de indexación.
Recurso de inconstitucionalidad, voto en disidencia, cuestión no constitucional, prueba, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SEJAS, JOSE DANIEL c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO; RECURSO SEJAS, JOSE DANIEL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-17

Los Magistrados expresaron que se encontraba acreditado que la causa de muerte -traumatismo encéfalo craneal grave- fue producto por alguna de las lesiones constatadas pero que no se podía afirmar con certeza cómo éstas fueron ocasionadas; y desde esa premisa, entendieron que existía un corte en la cadena causal -porque, en rigor, tampoco se pudo acreditar lo contrario- y explicaron los motivos por los que estimaron que si bien el imputado agredió y lesionó a la víctima, en la medida en que quiso hacerlo, la muerte de ésta se produjo de modo independiente; y este núcleo argumental no logra ser rebatido suficientemente por la impugnante con sus alegaciones, desde que si bien alude a una valoración parcial de ciertos elementos de prueba por parte de la Alzada, se desprende del razonamiento de los Magistrados que, en realidad, efectuaron una valoración integral de la prueba incorporada al debate, mas con un alcance diverso al propugnado por la parte acusadora. (De la disidencia del Dr. Falistocco)
Marcas, nulidad del acto jurídico
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lanín  SA  y otro. c/ Cica  SA  Industrias Alimenticias. s/ Cese uso marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-30

Ya no se discute que -tal como se afirma en la sentencia, sin crítica específica-, la palabra "pomodoro" ha venido a incorporarse a nuestro idioma, con un uso corriente y generalizado, como indicativa o sinónimo de tomate, de tal modo que no puede ser monopolizada, en función marcaria, por ningún fabricante. Tampoco está discutido que el agregado de la voz CICA en el título marcario de la demandada le otorga un claro poder de diferenciación que disipa las confusiones; ni se contravierte que como se trata aquí de una hipótesis de nulidad, rige un criterio restrictivo que privilegia el derecho ya concedido.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ Balmaceda David s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

La legitimación para reclamar el desalojo no se confiere sólo al propietario, sino a todo aquel que invoque un título del cual derive un derecho de usar y gozar del inmueble, contra todo el que esté en la tenencia actual de aquél, ya sea sin derecho originario y regularmente conferido, o en virtud de un título que, por su precariedad, engendra la obligación de restituir.
Compraventa, obligaciones en moneda extranjera, resolución del contrato, intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: C., C.V. c/ C., C.V. s/ EJECUCIÓN DE ALIMENTOS - INTERESES CASTRO, Alberto c/ HEREDEROS DE ARGENTO, Norberto Luisa s/ RESOLUCIÓN DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-30|2009-11-11

Si las partes pactaron que el contrato de compraventa debía cumplirse en moneda extranjera, el pago en esta moneda funcionó como cláusula de estabilización con la intención de evitar la depreciación del signo monetario. De ahí que, ante la resolución del contrato y la ausencia de convención, los intereses deben regularse judicialmente atendiendo a las circunstancias del caso y la especial relación jurídica que unía a las partes, por lo que debe aplicarse una tasa del seis por ciento anual (en el caso se confirmó la tasa pasiva fijada por el juez de primera instancia al no ser cuestionada por los demandados y ser más beneficiosa para la actora).

(Sumario N°19408 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2010).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Silvano, Víctor Hugo s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley cuando omite impugnar la prueba pericial en la que el tribunal sustentó la aptitud para el disparo del revólver secuestrado.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Antezana Peña, Sandra Beatriz y Otros contra GCBA sobre Empleo Público (Excepto Cesantía o Exoneraciones) - Genérico", expte. SACAyT n° 3171/16-1 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-07

A los efectos de acreditar la base firme para la regulación de los honorarios, no alcanza con adjuntar la copia de la sentencia de Cámara que elevó los honorarios regulados en primera instancia con respecto a una de las etapas ordinarias del pleito. Esto se debe a que la actividad desplegada ante esta instancia extraordinaria, corresponde a una etapa distinta, posterior a las tres etapas ordinarias del proceso. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario, resoluciones judiciales, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ I.B.M. Argentina S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

A los fines del art. 14 de la ley 48, es equiparable a sentencia definitiva la resolución que, al considerar incumplida una de las condiciones a la que las partes habían subordinado la validez de la transacción, les niega el derecho de componer sus intereses litigiosos y de poner fin a los pleitos cuya terminación procuran en los términos que estiman convenientes para sus respectivos intereses y dentro de un plazo útil para ello.
Acción de amparo, acto administrativo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ACCION  DE  AMPARO  PRESENTADA  POR RICARDO MARTINEZ (PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CORDOBA) s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-06-12

El art. 15 de la Ley 4915 sólo autoriza, por la vía impugnativa de la apelación contra las sentencias definitivas, las resoluciones previstas en el art. 3ro. (desestimación de la demanda) y las que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado. En el caso, la resolución por la que no se hace lugar a la medida cautelar solicitada -guardias mínimas en cada juzgado u oficina judicial del Poder Judicial, por la huelga de los empleados- de ser acogida favorablemente aparece como improcedente, habida cuenta que hacer lugar a ella importaría adelantar, previo a toda sustanciación del recurso, el resultado buscado por los actores, en violación del derecho de defensa en juicio en el que debe existir equilibrio entre las partes. Ello pues no surge prima facie al momento de decidir la cuestión, que existe ilegalidad o arbitrariedad manifiesta.-
Contrabando, tentativa, inconstitucionalidad, pena
Materia: PENAL
Carátula: Springer, Javier Darío s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-04

Al regular el Código Aduanero en forma específica los supuestos de tentativa de contrabando no resultan aplicables las disposiciones del código penal (arts. 42 y 44) relativas a la tentativa (art. 4 CP). El art. 872 CA no vulnera ninguna garantía constitucional, toda vez que la asimilación punitiva prevista por el ordenamiento aduanero -sustentada en la particular naturaleza del delito de contrabando, en orden a su comprobación- reconoce como fundamento una razón objetiva de discriminación, que no aparece arbitraria, sino fruto del uso de la discreción legislativa. Por ello, más allá de las críticas que se efectúan en relación a la citada normativa, el punto no viene sino a recaer sobre cuestiones de política criminal que no resultan materia de pronunciamiento jurisdiccional, sino de debate legislativo, en tanto el Poder Judicial no le es dable invadir la zona reservada a los otros poderes, según la atribución que de sus competencias regula la Ley Fundamental.
Recusación, excusación
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: LEAL ANTONIO CESAR c/ THOMPSON RAMCO ARGENTINA S.A. s/ CASACION LABORAL - RECUSACION - EXCUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-10-22

Corresponde desestimar el pedido de excusación fundado en la causal del art. 1085, Inc. 3ro., C. de P.C., porque las causales de excusaciones y recusaciones han sido expresamente contempladas en la ley laboral y en su art. 25, Inc. 2do. Las admite en caso de tener (el magistrado) interés directo en el litigio, lo que no ocurre en autos.
Daño moral, mala praxis, error de diagnóstico
Materia: CIVIL
Carátula: C. N. B. c/ Clínica Lafayette y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-13

Procede otorgar una compensación por daño moral a una paciente víctima de mala praxis médica, pues se encuentra acreditado su padecimiento -alteración y perturbación profunda del equilibrio emocional que guarda un nexo causal con el hecho dañoso- a consecuencia del diagnóstico médico que erróneamente le fue emitido, máxime si se tiene en cuenta que a consecuencia de ello, no sólo debió tolerar un malestar general en su cuerpo en el transcurso de los días, sino que también debió padecer el desasosiego propio de saber que debido a la negligencia médica su cuadro pudo culminar en un final tan poco deseable como es su propia muerte.