Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-17


En la ciudad de Trelew, a los 17 días de marzo del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S., J. c/ C., J. L. s/ DESALOJO" (Expte. N° 20.841 - año 2006) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es técnicamente suficiente la expresión de agravios de fs. 140/144 y vta.? ; SEGUNDA: Caso afirmativo de la anterior. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y TERCERA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 160.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: - Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el demandado al punto IV del escrito de fs. 121/122, que fuera concedido libremente a fs. 126 vta., contra la sentencia de primera instancia de fs. 116/118 que hizo lugar a la demanda de desalojo instaurada por J. S. contra J. L. C. y condenó al demandado y demás ocupantes del inmueble ubicado en el lote , Barrio , inscripto al T° , F° 103, Finca , a desalojar el mencionado bien en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de desahucio por la fuerza pública, con costas al vencido. - La vista conferida a fs. 126 vta. a la Asesoría de Familia fue contestada a fs. 129, los agravios vertidos por el demandado lucen a fs. 140/144, el traslado dispuesto por resolución de fs. 145 y vta. no fue evacuado por su contraria, a fs. 154 se rechazó el recurso de revocatoria planteado a fs. 152, y a fs. 157 se declaró la deserción del recurso de apelación interpuesto al punto IV del escrito de fs. 123/125 y vta.. - Sostiene básicamente el quejoso que: a) la magistrada al dar intervención a un organismo de la Municipalidad de Gaiman omitió considerar la normativa prevista por el art. 59 del Código Civil con expresa sanción de nulidad ya que las medidas de protección que puedan peticionarse en resguardo de los menores está en cabeza de los titulares de la patria potestad y también del Ministerio Pupilar, esto es la Asesoría Civil de Familia e Incapaces;

b) pone de relieve que la citada normativa, y también el art. 21 de la ley 4920, establece que, a más de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores que será parte legítima y esencial, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación, por lo que no obsta al cumplimiento de dicha norma que en el proceso se encuentre participando su padre, sino que también debe darse intervención al Ministerio Pupilar, pero su participación no debe conferirse luego de haberse celebrado todos los actos procesales, sino que debe hacerse en el momento que se detecta que existen involucrados menores;

c) al pretender darse intervención por primera vez en oportunidad de sentenciar al Servicio de Protección de Derechos de la ciudad de Gaiman incurrió en un exceso de facultades, arrogándose la representación promiscua de los menores; d) respecto de los argumentos de la resolución que rechaza la nulidad entiende con cita de jurisprudencia que, constatada la participación de menores en el juicio y omitida la intervención del Ministerio Pupilar, obligatoria en los términos del artículo 59 del Código Civil, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado;

e) destaca que el Asesor de Incapaces es parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial en que los incapaces demanden o sean demandados, todo ello bajo pena de nulidad, y el art. 59 del Código Civil establece claramente que la intervención debe darse en todo proceso, sin excluir ninguna temática, en todo asunto judicial, bajo sanción de nulidad;

f) no es función del magistrado deducir que no le dará intervención por cuanto en otro expediente no dijo nada, cada caso es distinto y la responsabilidad funcional del magistado una, y la del Asesor otra; g) con relación a que el padre de los menores tomó conocimiento de la demanda, incluso contestándola sin hacer mención alguna de sus hijos menores, importa obligar al demandado a suplir el interés de la actora que sólo pretendió correr traslado de la demanda a uno sólo de los ocupantes sin respetar el procedimiento establecido, y respecto a no haber adjuntado siquiera las partidas de nacimiento, el mismo Juzgado en la sentencia N° 993 tuvo por acreditado que son hijos del demandado;

h) la intervención de la Asesora de Familia e Incapaces después de dictada la sentencia, notificada la misma, y resuelto el planteo de nulidad no subsana la nulidad en la que se ha incurrido, y así lo ha resuelto la jurisprudencia, para lo cual transcribe pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en tal sentido señala que si la Asesoría hubiera intervenido primariamente hubiera detectado que no se estaba efectivizando el traslado de demanda contra la madre del menor y demás vicios procesales denunciados por esta parte;

i) la C.S.J.N. sostuvo que la omisión de conferir intervención al ministerio pupilar para que ejerza la representación necesaria de la hija menor beneficiaria de la pensión derivada de la muerte de su padre no queda saneada por la intervención posterior del fiscal de cámara y del defensor oficial de la Corte Suprema, pues la índole alimentaria de los derechos en juego y el carácter de la actuación asignada al Ministerio Público de la Seguridad Social suponen la posibilidad cierta de ejercer acciones y recursos en defensa de la persona y bienes de los menores antes del pronunciamiento de la sentencia, situación que no se da en el caso, pues el representante de la incapaz sólo pudo acceder al expediente después del pronunciamiento de la sentencia definitiva de la alzada, y todo lo expuesto abunda el criterio de que resulta violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional cuando no se respeta por parte del Juzgado interviniente el debido proceso;

j) en cuanto a la vista contestada por la Asesoría de Familia e Incapaces, su manifestación, acerca que su actuación queda supeditada a la ausencia o defecto de una adecuada tutela por los representantes necesarios de los menores y que de lo contrario implicaría una suerte de paternalismo estatal sobre la vida de estos con prescindencia de la verificación de efectiva inactividad o diligencia de sus representantes inmediatos, implica auto-limitar las facultades que le otorga al Ministerio Pupilar el mentado artículo 59, toda vez que sus facultades son de control y supervisión sobre la objetividad del proceso en el que se ven involucrados menores y no solo de controlar a los titulares de la patria potestad y representantes naturales de los niños, k) a su vez su argumento sobre la carencia de representantes legales o la inacción de los mismos, no observa que uno de los representantes no ha sido citado debidamente al proceso y eso es responsabilidad de quien actúa promiscuamente en defensa de los intereses de los menores; y l) peticiona se resuelva favorablemente el planteo y se ordene la nulidad de la sentencia atacada.- 2. La reseña efectuada precedentemente de los agravios expuestos por el apelante permite señalar que el planteo del recurrente está basado en un vicio de procedimiento, cual es la falta de oportuna intervención del Ministerio de Menores, conforme lo dispone el art. 59 del Código Civil y el art. 21 de la ley 4920, la que recién se otorgó una vez dictada sentencia definitiva y resuelto el incidente de nulidad planteado con el escrito de fs. 121/122 y vta. (fs. 126 vta. de la sentencia interlocutoria de fecha 14/10/2005 y contestación de la vista a fs. 129).

En ese marco, adelanto que el planteo de nulidad contenido en el recurso de apelación por vicios de procedimiento resulta inaudible toda vez que el art. 253 del C.P.C.C. prevé que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia.

Dicho recurso de nulidad se circunscribe a los errores de la propia sentencia, de modo que los vicios del procedimiento anterior al acto no constituyen motivos de recurso, debiendo, por el contrario, ser impugnados por la vía incidental en la primera instancia.

En suma el recurso de nulidad comprende los vicios u omisiones que contenga la resolución, mientras que el incidente de nulidad (art. 169, CPN), constituye el medio idóneo para denunciar las irregularidades procedimentales que precedieron a la sentencia (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 1, pág. 793). - Bien claramente se desprende del artículo 253 bajo análisis que la nulidad que autoriza el recurso homónimo, subsumido en el de apelación, es la que asienta en defectos de la sentencia. Porque los vicios anteriores, es decir, los del procedimiento en la instancia de origen, han debido ser atacados por conducto del incidente de nulidad (arts. 169 y sigtes.).

Porque si el objeto del recurso de nulidad es -como se dijo- exclusivamente la reparación de defectos de la sentencia, resulta totalmente ajena a ese carril la enmienda de eventuales vicios de trámite -que debieron denunciarse en todo caso en la primera instancia, dentro de los cinco días de conocidos, y subsanados allí si correspondía-.

Circunscriptos, entonces, los motivos del recurso de nulidad a la infracción en la sentencia "en sí misma" de las formalidades y solemnidades estatuidas por ley (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 237/238).

El fin inmediato del recurso nulificatorio es denunciar los vicios extrínsecos de la resolución, no los intrínsecos. Teleológicamente apunta a los aspectos formales de ella . Queda delimitado así el ámbito de este remedio procesal, en principio, a las impugnaciones dirigidas contra los defectos de lugar, tiempo y forma que pudieran afectar a una resolución judicial en sí misma (conf. Maurino, "Nulidades procesales", Astrea, 1982, par. 148, pág. 177).- En consecuencia, el alegado vicio de procedimiento al que alude el apelante resulta inadmisible cuando se lo canaliza por la vía del recurso de apelación abierto contra la sentencia definitiva, presentándolo como un agravio más de los que causaría ese decisorio (conforme criterio de esta Cámara, en su composición de Sala única, c. 11.817, S. D. L. 104/96; en igual sentido, esta Sala "B", c. 14.591, S.D.C. N° 02/99).- Es que, el vicio de procedimiento debe ser motivo de planteo por la vía incidental (S.D.L. 104/96 ya citada; en igual sentido, esta sala "B", c. 16.034, S.D.C. 8/2000), por lo que no resulta procedente su introducción dentro del ámbito del recurso de apelación como intentara el quejoso, desde que este recurso comprende el de nulidad (art. 253 del C.P.C.C.) que se circunscribe a los errores de la sentencia. De tal modo, el incidente de nulidad (art. 169 del C.P.C.C.) constituía el medio idóneo para denunciar las irregularidades de procedimiento que precedieron a la sentencia respecto a los reparos en que se basa la nulidad intentada, debiendo hacerse notar que esa fue la vía elegida con la presentación de fs. 121/122.

Asimismo, resulta indudable que el demandado tenía conocimiento de la sentencia interlocutoria de fs. 126/128 en atención a las consideraciones vertidas en el acápite IV del escrito de fs. 140/144 y vta. sin que intentara recurso alguno contra ella, por lo que al consentir dicha resolución, venció inexorablemente el plazo que esa parte tenía para efectuar el planteo nulidificante del proceso que nuevamente introdujo con el recurso de apelación contra la sentencia definitiva.

Por lo expuesto, no resulta procedente el tratamiento de un vicio de procedimiento que se pretende encauzar por la vía del recurso de apelación por no tratarse del supuesto previsto por el art. 253 del C.P.C.C.. A mayor abundamiento, cabe destacar que ante el llamamiento de autos para dictar sentencia de fs. 115, se ha declarado que los quebrantos procesales acaecidos en el curso de la contienda, deben encontrar remedio en la misma instancia en que se producen (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., Ed. 1992, T. V-B, pag. 559, con cita de la SCBA, Ac. y Sent., 1977, v. III, p. 1071). - Y en ese direccionamiento advierto que el mandamiento de constatación de fs. 107/108 fue agregado con el escrito de fs. 109 presentado el 22/06/2005 (cargo de fs. 109), por lo que la nulidad planteada el 7/10/2005 con el escrito de fs. 121/122 (cargo de fs. 122 vta.) es extemporánea por cuanto las nulidades tienen carácter relativo (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1972, T. IV, par. 348, pág. 147 y sig.), por lo que todo tipo de irregularidad es susceptible de convalidarse mediante el consentimiento presunto que opera cuando no se promueve el incidente dentro del plazo de cinco días de conocerse la irregularidad (art. 170, 2do. párrafo, del C.P.C.C.).- Conforme lo expuesto precedentemente y desde que la pieza en análisis no ataca concretamente los fundamentos vertidos por el juzgador en su sentencia de fs. 116/118 por la cual hace lugar a la demanda instaurada y condena al desalojo del inmueble allí individualizado, resulta evidente que el apelante incurrió en deserción del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).

Con tales alcances, el agravio carece de contenido, cuando como en el caso no ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, obra y tomo citado, pág. 839). - Por lo demás, y también a mayor abundamiento cabe destacar que el Asesor de Familia e Incapaces interviene, en los términos del artículo 59 del Código Civil, en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte a la persona o bienes de menores (art. 21.1. de la ley 4920), y en tal sentido en su presentación de fs. 129 manifestó que ninguna medida tenía para solicitar.

Y desde esa perspectiva todo agravio para que justifique el recurso de apelación debe ser personal del recurrente, por lo que el demandado apelante no puede invocar agravios de terceros, cuya representación no inviste (conf. Loutayf Ranea, "El recurso de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, T. 1, par. 72, págs. 201/202). - En consecuencia, propicio al Acuerdo declarar desierto el recurso de apelación interpuesto al p. IV del escrito de fs. 121/122, que fuera concedido a fs. 126 vta., con costas de esta instancia al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.), sin regular honorarios al Dr. R. E. N., letrado patrocinante del demandado, en atención a la inoficiosidad de los trabajos cumplidos, en los términos del art. 6 de la ley arancelaria y criterio sentado por esta Cámara, en su composición de sala única, S.D.L. N° 80/93, S.D.C. N° 07/97; sala "A", S.D.L. Nos. 41/98 y 02/99; sala "B", S.D.L. N° 149/99, entre otros pronunciamientos.

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: Vienen los presentes actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por la parte demandada (fs. 122) y por la Sra. A. P. Me. (fs. 125), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 116/118), por la cual se hace lugar en todas sus partes a la demanda de desalojo entablada por el Sr. J. S. contra J. L. C. y demás ocupantes del inmueble ubicado en Lote del Barrio , condenando a desalojar el mencionado inmueble en el término que fija bajo apercibimiento de desahucio, con costas. Asimismo, en el punto segundo de su parte resolutiva dispone librar oficio al Servicio de Protección de Derechos del Municipio de Gaiman a fin de que tome intervención que estime corresponder en caso de que el núcleo familiar del demandado no tenga otra vivienda en la cual alojarse, atendiendo a los once menores que habitan la misma. A fs. 126 vta., se ordenó correr vista a la Asesora de menores correspondiente a fin de que indique si en el marco del presente desalojo considera pertinente ordenar alguna otra medida en procura de la protección integral de los menores que habitan la vivienda conjuntamente con sus progenitores, la cual fue evacuada a fs. 129.

El escrito de expresión de agravios del demandado recurrente luce agregado a fs. 140/144 vta.. - A fs. 145 y vta. se ordenó el desglose del escrito titulado "presenta memorial" presentado por la Sr. A. P. M. por su propio derecho pero sin suscribirlo con su firma ológrafa lo cual determinó su devolución previa reserva por secretaría. Asimismo, a fs. 145 vta., se ordena correr traslado de la expresión de agravios del gestor procesal presentado por el Sr. J. L. C., sin que el mismo fuera evacuado por la contraria. - A fs. 152 y vta., se presenta nuevamente la Sra. A. P. M., por su derecho y ratifica la actuación titulada "presenta memorial" y promueve revocatoria de la resolución de Cámara de fs. 145 y vta., recurso que fue desestimado por resolutorio de fs. 154. - A fs. 157, se declara desierto el recurso de apelación interpuesto por la Sra. A. P. M. - I.- La reseña de los agravios fue realizada suficientemente por el Sr. Vocal de sala que me precede en la votación, por lo que a ella me atendré a fin de evitar estériles repeticiones.

Básicamente al exponerse los argumentos en los cuales se pretende sostener el recurso impetrado por el demandado en contra el desalojo ordenado en el fallo en crisis se reiteran, casi textualmente, aquellos que ya se esgrimieran al tiempo de plantear en la anterior instancia el incidente de nulidad. Tanto es así que, inclusive, se expresa en el punto III del escrito de agravios "Que tal como surge del escrito de nulidad que se plantea Añado, de mi cuño, que bastaba con advertir por parte de la juzgadora del anterior grado que la vía incidental intentada respecto a una sentencia es inadmisible, desde que el medio de impugnación correcto a tal efecto es el recurso de nulidad por la eventual existencia de vicios de forma en la estructuración del acto procesal decisorio, si ello era lo que se intentaba denunciar. Recuérdese que la nulidad como recurso se interpone contra una sentencia que adolece de defectos formales. Dicho recurso está comprendido en el de apelación y persigue que se deje sin efecto la sentencia, dictándose un nuevo pronunciamiento que respete los requisitos de forma (Art. 253 del C.P.C.C.).

Y si se trataba, como puede inferirse de los términos expuestos tanto en aquella oportunidad como los que ahora se reiteran por ante esta Alzada, de la supuesta existencia de vicios del procedimiento, así debió puntualizarse y explicitarse al tiempo de su interposición. Y tal modo instrumental de oponer la pretensión nulidicente era perfectamente hábil para obtener el fin perseguido por la ahora parte recurrente, habida cuenta que la nulidad se opone como incidente ante el mismo juez donde se produjeron los vicios que de constatarse y poner en peligro el debido resguardo del derecho de defensa en juicio o el principio de bilateralidad hubiera tenido el efecto de retrotraer el proceso a la etapa anterior al acto u actos viciados, invalidando todas las actuaciones que sean consecuencia incluyendo, en su caso, el acto procesal decisorio (Conf. arts. 169/174 C.P.C.C.)(véase punto I -fs. 121- y punto I -fs. 123-).

A la par, en idéntica inteligencia expuesta, es de precisar que no resulta válido como argumento impugnaticio exponer los supuestos vicios existentes en actos procesales anteriores y distintos al fallo, que es de hacer notar, es el acto impugnado con el recurso incoado. Es decir, no resultan oponibles los fundamentos vinculados a la falta de intervención del ministerio pupilar que, a todo evento, importaría un vicios del procedimiento previo al acto decisorio en sí mismo. La bilateralidad que se afirma debió haber sido observada con la intervención del defensor evidentemente tuvo que ser proveída antes de la decisión definitiva adoptada, no siendo tal omisión susceptible de ser planteada para dar sustento al recurso de nulidad comprendido en el recurso de apelación (Ver: Arazi, Roland, en "Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 1999, T. I, págs. 231, & 121 y T. II, págs. 59/61).

Lo dicho pone en claro que el demandado recurrente no acertó antes, ni ahora, en la vía elegida para denunciar el vicio pretendidamente nulificante porque cuando debió interponer incidente de nulidad interpuso recurso de nulidad y cuando planteó recurso de apelación lo intenta sostener en un supuesto vicio del proceso anterior y ajeno a la propia forma de estructurar el acto decisorio.

Nótese que los argumentos esgrimidos por la juzgadora del anterior grado en su veredicto final que da al pleito no han sido siquiera mencionados y menos aún criticados por el demandado recurrente, de modo tal de proveer a este tribunal de Alzada del material de análisis indispensable para cumplir con su función revisora. Es por tal circunstancias que deviene indisputable, a mi juicio, que se impone declarar la deserción del recurso incoado (Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).- Empero, allende de tales consideraciones que por sí mismas dan pié para propiciar la deserción del recurso tal como se concluyera "supra" por carecer de crítica audible que conforme la suficiencia técnica exigible en todo recurso; a título "obiter dicta" señalaré en lo que atañe a la participación procesal del Ministerio pupilar, que a mi entender, la circunstancia que existan menores -hijos del demandado apelante- que habitan el inmueble cuyo desalojo se dispusiera, no encuadra dentro del supuesto previsto por el art. 59 del Código Civil, que impone la indispensable intervenci Y en el presente proceso corresponde tener presente que lo que se discute es sobre la obligación de restituir un inmueble que se detenta sin derecho. En la especie se estableció en el fallo apelado, en porción que se encuentra firme por consentida, que se trató el vínculo habido entre las partes de un comodato o préstamo de uso otorgado al demandado por el reclamante Sr. S. (Arts. 2271; 2283 y 2284 del Código Civil).

Desde otra perspectiva, es útil destacar que, tal como fuera trabada la relación jurídica procesal, el demandado Sr. C., quien indisputablemente ejercer la representación legal de sus hijos en el presente proceso, al tiempo de responder a la demanda ni siquiera indicó la composición del grupo familiar conviviente en el inmueble objeto de autos como era su carga procesal hacerlo. - En tal sentido se ha dicho que tanto el actor, si lo sabe, como el demandado, ya como una carga procesal específica, tienen que denunciar la existencia de sublocatarios u ocupantes. Así, la obligación de denuncia subinquilinos o terceros ocupantes, corresponde a ambas partes pero el locador -actor- si lo ignora puede remitirse a la diligencia de notificación como a la contestación de la demanda ya que es "inexcusable" para el demandado la denuncia de sublocatarios u ocupantes (Conf. Art. 681 del C.P.C.C.).- Y el objetivo es claro, cual es, propiciar que comparezcan a juicio todos los posibles involucrados para posibilitar que ejerzan sus derechos, máxime si se atiende a los efectos que le asigna a la sentencia el art. 687 del Código del rito. Y en tal ideario, no puedo dejar de hacer notar que el demandado con patrocinio letrado del mismo profesional que ahora en el carácter de gestor concurre por ante este tribunal a sostener el recurso de apelación, omitió toda mención sobre los integrantes de su grupo familiar conviviente (vide contestación de demanda de fs. 42/45 vta.)(Art. 163 inc. 5to. "in fine" del C.P.C.C.). - Magüer de lo dicho a mayor abundamiento, lo concreto y dirimente para la presente causa es la carencia de suficiencia técnica del recurso de apelación planteado por carecer de crítica atendible que le dé andamiento. Por ello, entonces, acordaré con el Sr. Vocal de sala, que me precede en la votación, Dr. Vergara, que corresponde declarar desierto el recurso, con costas de Alzada a cargo de la parte demandada vencida en ella (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.). Por aplicación de la última norma de mención, es necesario indicar que no corresponderá regular honorarios al Dr. R. N., abogado adjunto de la defensoría, por sus tareas de Alzada, en virtud de que sus trabajos han resultado inoficiosos (Arts. 3 y 6 de la Ley 2.200).

Termino mi intervención en la presente cuestión pronunciándome en ella por la NEGATIVA. A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: En atención a los términos vertidos al desarrollar la primera cuestión, no corresponde ingresar en el tratamiento de la presente por devenir cuestión abstracta. - A ESTA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

Dado el modo en que me pronuncio en la cuestión anterior la presente ha quedado vacía de contenido, por lo que me eximo de expedirme en ella. - A LA TERCERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) declarar desierto el recurso de apelación concedido a fs. 126 vta.; b) imponer las costas de Alzada al demandado apelante vencido; y c) sin regular honorarios al Dr. R. E. N. en atención a la inoficiosidad de las tareas cumplidas en esta instancia. - Así lo voto. A LA TERCERA Y ULTIMA CUESTION el Dr. Lucero dijo: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara por resultar fiel reflejo del acuerdo antes logrado.

ASI LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art.9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE:- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación concedido a fs. 126 vta.; - IMPONER las costas de Alzada al demandado apelante vencido; - SIN REGULAR honorarios al Dr. R. E. N. en atención a la inoficiosidad de las tareas cumplidas en esta instancia. - Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL Nº 10 DE 2006 - SDC.- CONSTE.-