marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Estado Provincial, régimen de consolidación de deudas, honorarios, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Peralta, Emma Libertad Elía de c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ  Nº 300-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-02-15

La ley 23982 artículo 1 inciso d) textualmente establece que se consolidan "las obligaciones accesorias a una obligación consolidada "y a este respecto corresponde tener presente que, en la especie, se pretende el cobro de una deuda que tiene el carácter de "accesoria" según criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecido en la causa "Videla Cuello, Marcelo Sucesión de contra Provincia de La Rioja" (E.D. T. 142, págs. 133 y sig.), en la que declaró que los artículos 51 y 54 inc. a) del decreto 1105/89 reglamentario de la ley 23696 establecen que los honorarios y demás costas procesales son "accesorios" del capital sobre el que versa la sentencia y tienen la misma condición de aquél. En consecuencia, si las obligaciones accesorias son alcanzadas por la consolidación sólo en la medida que acceden a una obligación consolidada, no pueden quedar incluidos en aquélla los honorarios profesionales cuando la obligación principal ya fue cancelada en su totalidad, como ha ocurrido en la presente causa.
Protección del medio ambiente, derechos de incidencia colectiva, cuencas hídricas
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

El ambiente es un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible y además del ambiente como macro bien, el uso del agua es un micro bien ambiental y por lo tanto, también presenta los caracteres de derecho de incidencia colectiva, uso común e indivisible.
Crisis económica, defensa en juicio, defensa del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Hipotecario SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-30

Si la entidad bancaria pretendía oponer a la contraparte la modificación de determinadas cláusulas del contrato de crédito, con fundamento en una situación de emergencia económica coyuntural ajena al vínculo, debió convertirla en una causal de injerencia directa y general sobre el desarrollo de la obligación crediticia mediante los mecanismos que provee el ordenamiento. (Voto en disidencia del Dr. Luis F. Lozano).
Seguros, obligaciones del asegurador, indemnización, pago, plazo, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: AIRCLIMAX - SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA c/ RUTA COOPERATIVA DE SEGUROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

El plazo quincenal de la ley 17.418: 49 debe contarse del modo en que lo manda el Código Civil: 28, esto es, por días corridos.
Prefectura Naval, seguridad de la navegación, faltas náuticas, prueba, valor probatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: BALLESTER COMPAGNUCCI Y CIA. S.R.L. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BALSA AUTOMOVIL 14 Y OTROS s/ COBRO DE REMOLQUE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-17

Las actuaciones labradas por la Prefectura Naval Argentina revisten especial eficacia que reiterada jurisprudencia de este Tribunal y de esta Corte Suprema le ha asignado, así como las decisiones administrativas concernientes a la existencia o inexistencia de faltas náuticas constituyen un importante elemento de convicción, por cuanto provienen de organismos cuyas conclusiones se apoyan en razones técnicas.
Poder Judicial, cesantía, indemnización, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez, Carlos María c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 568-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-26

Es totalmente razonable considerar que no existe incompatibilidad alguna entre la reincorporación del agente y el pago de la indemnización por cesantía en las especiales características del caso, en el que ha transcurrido nada menos que siete años y medio desde el cese hasta la reincorporación del agente (más del máximo de lo que el ordenamiento dispone para casos similares).
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: M., E. J. s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

El concepto de prerrogativa parlamentaria está vinculado a la de libertad política pues señala el momento en el cual el pueblo, después de haber reivindicado el derecho de instituir y controlar los supremos poderes del Estado, sintió la necesidad de "garantías jurídicas" que le asegurasen tal derecho toda vez que las prerrogativas de sus representantes son consecuencia de las vicisitudes de la lucha contra las tiranías.
Subcontratación laboral, accidentes de trabajo, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Gomez Juan Carlos y Catalina Teresa Lezcano c/ Bertinetti y Barra S. R. L. Y/O Benito Roggio S.A., Y/O Quien Resulte Responsable s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-08-09

Cabe desestimar la defensa de prescripción liberatoria respecto de una de las demandadas, en el marco de una acción por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento, en un accidente de trabajo, del hijo de los actores, que se desempañaba como operario de la construcción dependiente de una de las demandadas que, a su vez, fue subcontratada por la otra codemandada toda vez que conforme lo previsto por el art. 3994 del Código Civil, si con la interposición de la demanda los actores causaron la interrupción del plazo de la prescripción contra la empresa empleadora, ese acto interruptivo resulta oponible a la subcontratante, dado que ambas personas jurídicas litisconsortes pasivas revisten la condición de deudores solidarios en virtud de lo dispuesto por el art. 32 de la ley 22250 y 30 de la LCT
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Núñez, Carlos Aníbal s/ Homicidio Franco, Fidel José s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03|1991-11-12

Es irrelevante la invocación del art. 443 (núm. ant.) del C.P.P. si el a quo declaró plenamente probados los elementos condicionantes de la condena y la defensa no demuestra la concurrencia de duda.
Calumnias, delito reiterado, retención indebida, locación, prórroga legal, acción civil en el proceso penal, daño material, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: CUERVO, BERNARDO s/ CALUMNIAS    ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-10

1) Configura el delito de calumnias reiterado, la conducta atribuida al procesado que en tres ocasiones diversas, imputó a la querellante haber retenido ilegalmente uno de los ejemplares que ésta había recibido para su correspondiente sellado y que instrumentaba la prórroga de la locación de un local conducta encuadrable en la norma del art. 173 inc. 2 C.P.; habiéndose demostrado en autos que el documento que se dice retenido, jamás existió.

2) La indemnización por daño material no puede prosperar, pues ella ha sido formulada de modo indefinido e indirecto, sin las precisiones elementales para dar lugar al adecuado ejercicio del derecho de defensa.
Participación necesaria, campana
Materia: PENAL
Carátula: GUZMAN, Marcelo. s/ ROBO. DELITO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

El 'campana' no es ejecutor directo, sino partícipe necesario o primario en los términos del art. 45 del Cód. Penal, pues su actuación es la de colaborador esencial en la comisión del delito, lo que ha ocurrido en el caso de autos en que permaneció en el lugar a la espera de que su consorte de causa pusiera en funcionamiento el rodado para luego recogerlo, siendo evidente que realizaba funciones de vigilancia para brindar mayor seguridad a la empresa delictiva.
Juicio ejecutivo, falsedad de título, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rojas, Jacinto c/ Chavez Vilca, Luis s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-11

Si frente a la acción ejecutiva que aquí se ha promovido, la parte demandada se presentó negando la autoría de la firma y aclaración estampadas en el documento que sirve de base al compulsorio, dicha postulación no puede sino reputarse encuadrada dentro de la excepción de falsedad de título (arts. 542 inc. 4° Código Procesal), estando a su cargo la prueba de los hechos en los que se la funda (art. 547 Código Procesal). En efecto, quien acciona ejecutivamente, justifica su derecho con el título que sirve de base a la pretensión, quedando a cargo del demandado demostrar acabadamente los hechos en los cuales apoya su oposición o probar la certidumbre de sus objeciones. Resulta entonces inapropiado acudir al principio que en materia probatoria sienta el artículo 375 del Código Procesal para imponerle al ejecutante la prueba de la autenticidad de la firma inserta en el documento ejecutado, porque tiene preeminencia por especialidad lo dispuesto en el artículo 547 del mismo Código.
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Iurescia, María Graciela c/ Jodurcha, Roberto José s/ Autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-31

Las alegaciones relativas a la prueba no constituyen cuestiones esenciales.
Suspensión del juicio a prueba, pena, pena de inhabilitación, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GOLPE, José M. s/ SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-08

La intención del legislador (ley 24.316), estriba en que los procesos que se vinculan a la impericia, inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo, concluyan en una sentencia definitiva, debido a las consecuencias que las inhabilitaciones puedan tener en relación a conductas que el Estado desea corregir o evitar. En consecuencia, no procede la suspensión del juicio a prueba en los casos de delitos reprimidos con pena de inhabilitación.
Revocación de sentencia, jubilación por invalidez, incapacidad, cuerpo médico forense, dictamen pericial
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Weitzbauer, Marta Elena c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que denegó la jubilación por invalidez en razón de no haberse acreditado el requisito exigido por el art. 20 de la ley 18.038 (t.o. 1980). si en el dictamen del Cuerpo Médico Forense, ordenado por la Corte, se estimó que, tanto a la fecha del examen como desde la solicitud del beneficio, la incapacidad de la solicitante alcanzaba a un 80% de la total obrera.
Competencia, acción de amparo, competencia contencioso administrativa, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MELERO, PABLO G. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-09-13

La competencia, salvo casos excepcionales de atribución constitucional, deriva exclusivamente de la ley; y la ley, aún después de la creación de nuevos órganos jurisdiccionales -en referencia a las Cámaras de lo Contencioso Administrativo- otorga el conocimiento de las acciones de amparo a los Juzgados de Primera Instancia de Distrito. Sentada esa cuestión, en atención al criterio sustentado por el Máximo Tribunal nacional y por este mismo Cuerpo, relativo a la facultad de declarar la competencia del juez que realmente la tenga aunque no haya sido parte en la contienda, corresponde en el sub examen atribuirle el conocimiento de la causa al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial.

Ello así toda vez que a tenor de los hechos expuestos por el actor en su demanda, a los que cabe considerar de modo principal y según la uniforme doctrina de este Cuerpo que indica que cuando de amparos se trata debe respetarse el criterio objetivo cualitativo de atribución de la competencia, el caso claramente exorbita la competencia de los Juzgados laborales e impone la solución adelantada en razón de lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 10.160. (Citas: CSJStaFe AyS T 182 p 251; T 214 p 328; T 184 p 333; T 99 p 96. CSJN Fallos 259:42; 318:183; 303:1763)
Contrato de trabajo, cesión del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: LOPERA Eduardo c/ VICO MORANTE Juan y/o VICO Antonio s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-06-07

La continuación de los contratos de trabajo con el sucesor universal o particular en caso de transferencia del establecimiento que prevé el artículo 62 de la Ley 22248 de Trabajo Agrario, debe considerarse comprensiva de los casos de venta en subasta pública atento a la amplitud de la norma, cuando se refiere a la transferencia "por cualquier título y al principio de que donde la ley no distingue no debemos distinguir".
Intereses, contenido de la demanda, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: Larrondo, Daniel Eduardo c/ Velazco, Pedro Zacarías s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-18

No corresponde condenar al pago de intereses si no fueron reclamados en la demanda.
Funcionarios públicos, prueba documental, instrumentos públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: D.G.F.M. c/ Trecenave  S.A. s/ Interrumpe prescripción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-24

Los documentos que son expedidos o elaborados por agentes en ejercicio de sus funciones no son instrumentos públicos, pero tampoco son instrumentos privados por no ser privadas sus actuaciones. Son pruebas escritas que se presumen documentos auténticos mientras no se pruebe lo contrario. Hacen fe de su otorgamiento, de la fecha y de las declaraciones que haga el funcionario que los suscribe. Pero no hace falta la tacha de falsedad para desvirtuarlos - como en el instrumento público -, pudiendo ser destruido por cualquier clase de prueba.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, acción de nulidad, resoluciones judiciales, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUIZ MARIA SILVINA c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO S/RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

En efecto, según el régimen establecido en aquel dispositivo legal, la admisibilidad del pedido de nulidad de un pronunciamiento se halla circunscripta a las impugnaciones dirigidas contra los vicios que pudieron afectarlo por haber sido dictado sin guardar las formas y solemnidades prescriptas por la ley, es decir, por vicios formales en la sentencia misma.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, apreciación de la prueba, Derecho laboral, empleador, responsabilidad del empleador, despido por falta o disminución de trabajo, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ESCRIBA, FRANCISCO HIPOLITO c/ HORACIO O. ALBANO ING. Y CONST. S.A.C.I.F.I. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 864 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03

La tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del quejoso con los criterios utilizados por los jueces ordinarios en la valoración de la prueba y en la hermeneusis aplicada al caso, ni puede tampoco configurarse como un medio de sustituirlos en la decisión de cuestiones que les son privativas. En el caso, los sentenciantes consideraron que toda empresa afronta un riesgo al comenzar su existencia, lo que implica "...la necesaria demostración, no solamente de la falta de trabajo en el cual se pretende justificar el despido del trabajador, sino también la acreditación de que se han adoptado medidas suficientes, acordes con un adecuado dirigenciamiento de la empresa, encaminada a desligarla del riesgo propio de una dependencia exclusiva de la voluntad o posibilidad del Estado de continuar o iniciar obras públicas..." y en tal sentido, estimaron que, conforme lo dispuesto por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, la patronal debe acompañar las probanzas que acrediten que la situación prevista en esta norma -despido dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo- no le es imputable, concluyendo que en el sub examine el proceder de la empleadora no encuadró dentro de la normativa y principios legales correspondientes.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: RUBINO, CARLOS MARIA c/ WORKMEN SRL. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-06

La empleadora que efectuó su inscripción en el Registro Especial para Empresas según los términos de los decretos 2491/80 y 342/81, reglamentarios del artículo 29 LCT., cuando ya estaba roto el vínculo laboral, es responsable solidariamente no obstante su actitud diligente toda vez que la omisión del Poder Ejecutivo (tardó varios años en reglamentar aquella norma) no debe incidir en el trabajador que es la parte más débil de la relación laboral.
Competencia por conexidad, perpetuatio jurisdictionis, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: NEGRI, Carlos Alberto c/ PAULSEN, Osvaldo s/ EJECUCION - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-07

Si se persigue el cobro de honorarios pactados por los trabajos efectuados en varios juicios, no resulta aplicable el principio de la "perpetuatio jurisdictionis" que emana del art. 6º, inc. 1º del Código Procesal.
Daños y perjuicios, daño causado por animales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rubio, Alberto Manuel c/ Dirección de Turismo y/o provincia de La Pampa s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

En el caso del art. 1129 del Código Civil, se ha sostenido doctrinariamente que "la responsabilidad del guardián es en este caso seriamente agravada. La ley nos dice que ella es 'siempre' a su cargo 'aunque no le hubiese sido posible evitar el daño, y aunque el animal se hubiese soltado sin culpa de los que lo guardaban', es decir, de los cuidadores: se desprende de la palabra 'siempre' y del párrafo transcripto, que el legislador ha querido excluir en este caso la defensa derivada de los arts. 1127 y 1128, haciendo pesar sobre el propietario del animal o sobre la persona que se sirve de él, la responsabilidad absoluta por los daños causados por él", explicándose la disposición en el hecho de "que la persona que tiene en su poder un animal que no reporte beneficio alguno, para el cuidado del predio, y si sólo peligra hasta que sus propios moradores, comete voluntariamente una grave imprudencia; ella no es excusable bajo concepto alguno, y, en consecuencia, debe soportar todos los riesgos del hecho, sin atenuaciones ni excepciones de ninguna clase".-
Sentencia arbitraria, incapacidad laboral, porcentaje de incapacidad, defectos en la fundamentación normativa
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Piedrabuena, Aníbal Ariel c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ accidente - ley especial c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Es arbitraria la sentencia que elevó el porcentaje de incapacidad al 67,28% de la total obrera destacando que, de la prueba pericial, se desprendía una minoración física del 52,28% y psíquica del 15%, pues al proceder de ese modo el tribunal soslayó el límite del 65% establecido en el decreto 659/96 -según la redacción dada por el decreto 49/2014- para las incapacidades de carácter permanente y parcial cuya superación se debió claramente a la incidencia de los factores de ponderación y no a la cuantificación de la minusvalía en sí.
Beneficio de litigar sin gastos, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Empac Cereales Argentinos  S.A. s/ quiebra s/ incidente de calificación de conducta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

La petición del beneficio de litigar sin gastos no puede ser radicada y sustanciada ante la Corte a raíz de la interposición de un recurso de queja por apelación extraordinaria denegada.
Acción de amparo, Estado Nacional, legitimación pasiva, obras sociales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PRINCIPI DE FARIAS, IRENE MABEL c/ INSSJYP s/ AMPARO (Reg. 12.968)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

Ante la referencia de la amparista, de exiguos recursos aquejada de un complejo cuadro de salud, cabe tener presente que solicitó al INSSJyP la entrega al 100% de un fármaco prescripto, iniciando las gestiones administrativas pertinentes ante ese organismo, obteniendo respuesta desfavorable, y que desde la Defensoría Oficial, se dirigieron notas al Instituto aquí demandado, como así también a la Superintendencia de Servicios de Salud, dado que en forma subsidiaria demanda al Estado Nacional, en virtud de las indelegables obligaciones que le competen.

Ello reafirma el criterio de que el Estado Nacional está pasivamente legitimado para ser demandado a la entrega de medicamentos y/o insumos al afiliado de una obra social, ya que es su obligación de respetar en forma efectiva el derecho a la vida y a la salud.

Dichas coberturas, tanto farmacológicas o de insumos, no quedan limitadas a ser una obligación exclusiva de las obras sociales y las entidades de medicina prepaga, sino que además debe concurrir el propio Estado.

La circunstancia de que la amparista sea afiliada a la obra social Pami, y ésta tenga la obligación directa de cubrir los gastos en salud no es impedimento para que, el Estado tenga el deber de cargar con el desembolso por la provisión de medicamentos, principalmente teniendo en cuenta que la amparista sólo cuenta con los ingresos de su marido que es jubilado, con un ingreso mensual mínimo que le impide afrontar un desembolso extra para la adquisición de los insumos que su salud requiere. (del voto del Dr. Ferro, en igual solución que el del Dr. Tazza)
Policía, pase a disponibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pippo, Esteban Ramón c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

El único sentido jurídico de la disponibilidad preventiva es de tipo cautelar: impedir que el agente preste servicios en tanto se resuelve su situación. Por tanto es una medida excepcional y, en principio, sólo puede decretarse por tiempo determinado (cf. arts. 82 y 85 dec. ley 9550/80 y 465, 466 inc. 2 y 467 regl. 1675/80).
Empleados públicos, relación de dependencia, convenios colectivos de trabajo, remuneración, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kessler, María Marta y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 360-93) Camargo, Dora Clarisa c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 579-93) Oliver, Noemí Beatriz y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 412-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-13|1998-05-06|1998-05-06

La circunstancia de que la legislación de emergencia haya vedado la aplicación de coeficientes para la determinación de las remuneraciones, no es fundamento adecuado para el rechazo del reclamo del pago de diferencias resultantes de la falta de actualización conforme el índice de costo de vida, ordenada por el artículo 18 del Acta Paritaria nº 32, pues, obviamente, una cosa es cómo debe establecerse una determinada política salarial, y otra muy distinta es la de cómo deben actualizarse las diferencias en favor de los agentes.