Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2007-09-06


Resistencia, septiembre 6 de 2007.

I. ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos? II. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I. 1º cuestión. - El doctor Ramón Rubén Avalos dijo:

1. Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 193/211 por la parte ejecutante contra el pronunciamiento dictado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 183/189.

Concedido el mencionado recurso y elevada la causa, la misma se radica a fs. 219 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 239.

A fs. 222/223 vta. emite su dictamen Nº 1559/06 el Sr. Procurador General, y a fs. 226/228 vta. y 229/236, respectivamente, se glosan los memoriales potestativos de la parte demandada y actora. A fs. 241 se llama autos para sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta.

2. En el análisis de la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria, encuentro reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, la resolución reviste carácter definitivo -en tanto se determinó la prescripción parcial de la obligación reclamada, por lo que no le queda al impugnante la posibilidad de rever tal conclusión en un proceso posterior-, y media oportuno planteo de la cuestión constitucional.

I. El caso: se trata de un proceso de apremio iniciado contra el ejecutado por deudas del mismo a la D.G.R. en concepto de ingresos brutos y accesorios correspondientes a los períodos 09/95 al 05/97, por la suma total de $ 24.917,73. La parte accionada opone excepción de prescripción, con fundamento en que las normas del Código Tributario (arts. 87, 88, 91 y 92) son inconstitucionales y que por ende, y por pagarse por períodos mensuales el impuesto de marras, la prescripción comienza a correr para cada uno de ellos desde la exigibilidad. La juez de primera instancia en el punto I) de su decisorio desestima el planteo de inconstitucionalidad y en el punto II) del mismo la excepción deducida. Llevados los autos a la Alzada a través del recurso de apelación de la demandada, se revoca el punto I) y se modifica el punto II) del citado pronunciamiento, admitiéndose parcialmente la defensa opuesta, lo que motiva la interposición del remedio extraordinario que nos ocupa.

II. Los agravios: sostiene la recurrente que la sentencia afecta el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la C.N. como también normas del debido proceso legal, constituyéndose en arbitraria al contener fundamentos aparentes y realizar una interpretación errónea o equivocada de la calificación en análisis del tema. Ello al decidir el carácter del impuesto, partiendo de la falsa premisa de que el pago es mensual y por lo tanto arribando a una conclusión errónea, al afirmar que la prescripción comienza desde el vencimiento del anticipo y por lo tanto concluyendo que el crédito que se reclama en la Boleta de Deuda Nº 213 de diciembre de 2002 se halla prescripto. Invoca violación a lo dispuesto por el art. 59 de la Carta Magna Provincial y del Código Tributario, transgrediendo facultades no delegadas por las provincias (arts. 121 de la Constitución Nacional) y ejercidas en uso de las atribuciones que les son propias (art. 75 inc. 2) y 12 de dicha normativa como así los arts. 13 inc. 1), 119 inciso 2) de la Constitución Provincial). Agrega que existió un apartamiento inequívoco de la solución prevista, al prescindir de las normas aplicables, cuales son los arts. 87, 88, 91 y 92 del Código Tributario. Destaca que se ha violentado un principio fundamental en materia tributaria cual es la anualidad del impuesto consagrado por los arts. 129 y 137 del C.T.P., que, en consonancia con el art. 59 de la Constitución Provincial, autoriza a la D.G.R. a reglamentar y dictar las Resoluciones Generales del art. 54 del C.T.P. respecto a la fecha, forma y modo de ingreso de las obligaciones impositivas. Cuestiona que los sentenciantes hayan determinado que la obligación se encontraba prescripta a tenor de los arts. 3956 y 3986 del C.C. sin tener presente que existieron actos interruptivos y suspensivos de las obligaciones, a tenor de los arts. 91 inc. a) y 92 inc. a) del C.T.P., como la intimación administrativa de la D.G.R.

III. Los fundamentos de la Alzada: para arribar al resultado señalado, los señores camaristas inicialmente destacaron que la prescripción "... como materia reservada al Congreso Nacional, es materia propia del Código Civil cuyas disposiciones son aplicables tanto a los particulares, como a la Nación y las Provincias. Normativa que, según disposiciones de los arts. 31, 75 inc. 12) y 126 de la Constitución Nacional... no puede ser modificada por leyes provinciales" (conf. fs. 185), citando seguidamente un fallo de esta Sala referida a impuestos municipales y estableciendo que las disposiciones relativas a la prescripción por las normas locales "... sólo resultan aplicables en cuanto no resulten incompatibles con lo normado en el orden nacional" (conf. fs. 185 vta.).

En tal derrotero y a la luz de lo normado por el art. 3956 del C.C. que dispone que la prescripción comienza a correr desde que el crédito es exigible, y surgiendo con evidencia que la D.G.R. ha establecido fechas determinadas para el vencimiento del pago del tributo, es a partir de las mismas que debe efectuarse el cómputo del plazo de perención, siendo inaplicable el art. 87 del Código Tributario por resultar incompatible con aquél del Código Civil (fs. 185 vta. in fine/186 vta.).

Seguidamente la Alzada meritó que el art. 3986 de dicho cuerpo establece que la prescripción liberatoria se suspende por una sola vez por la constitución en mora del deudor y tiene efecto durante un año, el art. 91 del Código Tributario resulta también violatorio del Código Civil y por ende también inaplicable al caso, destacando nuevamente la prevalencia de las disposiciones de este último por sobre el primero cuyas normas se contraponen a la legislación de fondo, citando en abono de su tesis otro caso, esta vez fallado por el Máximo Tribunal, en donde también una de las partes es el Estado Municipal.

Los señores camaristas cotejaron tales pautas con los elementos arrimados a la causa, para llegar a la conclusión de que "... a la fecha de promoción de la presente ejecución: 17/02/03 habían prescripto los montos correspondientes a los períodos: 09/95 a 12/96. No habiendo prescripto entonces las sumas adeudadas por los restantes períodos pretendidos por la actora a partir de enero a mayo de 1997" (conf. fs. 188), modificando consecuentemente la sentencia apelada, admitiendo parcialmente la excepción de prescripción.

IV. Las directrices para resolver la cuestión- La arbitrariedad del pronunciamiento en crisis: Frente a tales agravios, debo precisar inicialmente que, como ya lo ha señalado esta Sala en anteriores pronunciamientos, siguiendo doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las cuestiones debatidas, atinentes a la prescripción y al cómputo de su plazo, son como regla, ajenas al recurso federal (Fallos 308:661, Nº 117/06, entre otras).

Por lo tanto la admisión del recurso de inconstitucionalidad en materia como la presente, está supeditada a la demostración de un vicio de naturaleza tal que haga descalificable lo decidido en base a la doctrina de la arbitrariedad (conf. Sent. Nº 350/92; Nº 76/96, y Nº 42/98, entre otras). Dicha doctrina resulta aplicable al recurso extraordinario local, que participa de similares motivos a los estatuidos en el orden federal (conf. Sent. Nº 40/90, Nº 117/06, entre otras).

A la luz de tales directrices y del examen de los agravios formulados, adelanto mi opinión en el sentido de la procedencia del remedio en trato por las razones que desarrollaré a continuación.

Lo expuesto ya que la Cámara, al establecer la primacía de las normas del Código Civil -derecho común- por sobre las del Código Tributario Provincial -derecho público provincial-, soslayó que según lo establece la presente Constitución Nacional, tanto la Nación como las Provincias poseen potestades tributarias originarias.

En ese lineamiento Bulit Goñi, citando a R. Bielsa, H. García Belsunce, J. M. Martín, J. O. Casás, y por ser la tesis aceptada por la Corte Suprema Nacional (Fallos: 114-282, 123-313, 114-161, 169-122, entre muchos otros) sostiene que nuestra carta fundamental prevé la existencia de un federalismo trifásico reconociéndoles competencias tributarias a la Nación, a las Provincias, y a las Municipalidades, regulando solamente los dos primeros niveles señalados, dejando al tercero que lo sea por los respectivos ordenamientos provinciales. En virtud de ello, afirma coincidir con la opinión mayoritaria en que sólo la Nación y las Provincias tienen potestades tributarias originarias, es decir las que le reconoce de manera directa la Constitución... (Bulit Goñi, Enrique G. "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", 2da. ed. actualizada y ampliada, Depalma, Bs. As. 1997, pág. 2 y ss.), cit. en "Tarjeta Naranja S.A. c. Municipalidad de Venado Tuerto s/recurso contencioso administrativo", Cám. Apel. Contencioso Administrativo de Rosario, Sala 2, fallo del 03/05/07, cit. en MJJ12065).

Es que el art. 121 de la C.N. establece un principio general por el cual las Provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, reforzado en el art. 126, en tanto reitera que las Provincias no ejercen el poder delegado a la Nación, enumerando una serie de prohibiciones y los arts. 4º y 75, incs. 1 y 2 definen cuáles son los poderes tributarios que se le otorgan a la Nación.

En el mismo sentido autorizada doctrina sostiene que "Con arreglo al art. 104 de la Const. Nac., incumbe a las provincias determinar sus rentas y la forma de percepción, sin injerencias de las autoridades nacionales" (conf. Miguel A. Ekmekdjian, "Tratado de Derecho Constitucional", Tomo V, Depalma, 1999, pág. 713), agregando el citado autor que "Las provincias en ejercicio del poder no delegado a la Nación tienen la facultad de crear recursos para el sostenimiento de su vida autónoma y fomento de sus servicios públicos y de riqueza, supuesto siempre el libre criterio de sus legislaturas para dictar las leyes reglamentarias, sin otra exigencia que la de conformarlas a las garantías generales de la Const. Nac., único aspecto que puede ocupar la atención de la Corte Suprema, careciendo ésta, como carece, de atribuciones para examinar los impuestos locales desde el punto de vista de sus formas 'y de la oportunidad de su percepción'" (conf. aut. y ob. cit., pág. 714) (el encomillado simple me pertenece), y que incumben a las provincias "... la creación de impuestos, la elección de objetos imponibles 'y las formalidades de percepción, pues es propio de su autonomía imponer contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña'" (con. Aut. y ob. cit., pág. 715) (el encomillado simple también es propio).

Al respecto nuestra Convención Constituyente en Sesión Permanente ha expresado que "No puede, desde luego, desconocerse que, de acuerdo con los artículos 104 y 105 de la Constitución Nacional, las provincias se hallan facultadas para asegurar la percepción de sus impuestos, así en cuanto al pago del mismo como a la fecha o momento de realizarlo..." (Fallos, 187:314).

Tales lineamientos fueron seguidos por los máximos tribunales provinciales. Así se ha dicho que "En el ejercicio de la competencia fiscal, las facultades legisferantes de la provincia no se encuentran limitadas por las normas del Código Civil, tal como lo destacara la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa 'Díaz de Vivar' cuando señaló que la facultad de los estados provinciales de percibir sus impuestos 'no se encuentra -en principio- sujeta a las disposiciones invocadas en la ley civil, ya que éstas están llamadas a gobernar relaciones de derecho común o privadas y no las de derecho público como son las referentes a impuestos'. No otra cosa ha hecho, por lo demás, el propio Congreso Nacional al dictar normas de derecho público federal, materia en la cual es frecuente hallar plazos de prescripción mayores al quinquenal establecido por el citado precepto del Código Civil (así, ley 11.585; ley 11.683 de Procedimiento Tributario, artículo 59, inciso b)" (Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en "Comuna de Recreo c. Santirocco, Ana María y otro s/Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Apremio", Expte.: C.S.J. Nº 308 Año 2003, sentencia del 06/08/03, cit. en SAIJ, Sum. J0030695).

En el mismo orden de ideas la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha determinado que "Si el sistema fiscal establece específicamente el plazo de prescripción de la deuda proveniente de impuestos provinciales, las normas generales de la prescripción civil sólo serían aplicables subsidiariamente, a falta de disposiciones expresas, desde que el Código Civil está destinado a regir relaciones de derecho privado y no las que se originan entre el Estado y sus gobernados cuando aquél obra como poder público en ejercicio de su soberanía e imperio" (conf. S.C.B.A., "Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Incidente de revisión en autos Oustry, Jorge L. y otra s/Concurso Preventivo", del 07/02/01, cit. en SAIJ, Sum B0025613); agregando el mismo tribunal en otro pronunciamiento de la misma fecha que "La indicación del punto de partida de los plazos de prescripción de impuestos locales por intermedio de las autoridades legislativas provinciales, no se opone -atento a la naturaleza de la obligación y el inicio del año fiscal- a la supremacía que el art. 31 de la Constitución Nacional confiere a las leyes de la Nación, ni vulnera ninguna de las garantías que reconoce la Carta Magna. Por el contrario, son facultades ejercidas por la Provincia en la parte de poder que se ha reservado (arts. 104 y 105 Const. Nac.), lo que además resulta una preferencia razonable por el interés público comprendido en la percepción de los recursos fiscales" (conf. S.C.B.A., "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c. Maitini y Sinai S.A. s/Incidente de revisión en autos Oustry, Jorge L. y otra s/Concurso Preventivo", del 07/02/01, cit. en SAIJ, Sum B0024456).

De ello se desprende que inicialmente no constituye derivación razonada del derecho vigente la conclusión de que en el caso y ante la existencia de una colisión entre las normas de derecho común, como lo son las del Código Civil, y las de derecho público provincial, en este caso las establecidas en el Código Tributario, deban prevalecer las primeras.

No empece a lo expuesto las citas jurisprudenciales efectuadas por los sentenciantes ad-quem -tanto de este Superior Tribunal como de la Corte Suprema-, ya que ambas se refieren a supuestos donde una de las partes era el Estado Municipal por lo que, a la luz de la distinción efectuada inicialmente, referida a las potestades originarias en materia tributaria que poseen las provincias, resultan inaplicables al caso.

En tal sentido cuadra recalcar que lo postulado tiene sustento no solamente en lo dispuesto por los arts. 121 y 123 de la Carta Magna, sino también en lo dispuesto por el último párrafo del art. 59 de la Constitución Provincial, que, en consonancia con la Nacional, establece que "La aplicación, determinación, percepción, fiscalización y recaudación de todos los gravámenes, estará a cargo de un organismo fiscal provincial, cuya organización y funcionamiento se establecerá por ley especial", como asimismo por el similar 119 que establece que "Corresponde a la Cámara de Diputados:...Dictar la legislación impositiva.".

Además coincido con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público al destacar que "... es importante recordar que en materia de interpretación de las leyes tributarias puede decirse -con palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que su exégesis debe efectuarse a través de una razonable y discreta interpretación de los preceptos propios del régimen impositivo y de las razones que los informan con miras a determinar la voluntad legislativa; debiendo recurrirse a los principios del derecho común, con carácter supletorio posterior, cuando aquellas fuentes no resulten decisivas (Cf. Fallos: 258:149)" (fs. 222 vta.), como también que "Respecto de la aplicación del Código Civil, ha declarado la Corte Suprema que sólo excepcionalmente, en la medida en que este Código contiene principios o normas generales de derecho, rigen también en el campo del derecho público". En el Considerando 14 de Fallos: 251:379, se lee: "Porque las normas jurídicas de derecho privado y las normas de derecho público fiscal actúan o pueden actuar en ámbitos diferentes. De un lado, las primeras versan sobre las relaciones de las personas de existencia ideal o de existencia visible, entre sí o con terceros; en tanto que, del otro, las segundas rigen solamente en orden al propósito impositivo del Estado, que fija las reglas sin atenerse a las diferencias que el derecho privado establece y teniendo únicamente en cuenta la mejor recaudación de sus recursos y la mayor justicia en la distribución de las cargas que impone" (cit. en Catalina García Vizcaíno, "Derecho Tributario", t. I, pág. 152, Ed. Depalma, 1999)" (fs. 222 vta. in fine/223), como asimismo cuando concluye en que "... el presente litigio puede ser resuelto sin que se recurra a legislación extraña a los institutos fiscales que están en juego, atento la expresa previsión que sobre el punto cuestionado -el de prescripción- existe en la respectiva ley orgánica" (fs. 223).

Conviene recordar que la obligación de los jueces de fundar sus fallos tiende a documentar que el mismo es derivación razonable del derecho vigente y no mero producto de su voluntad. La exigencia de que los fallos tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a principios de la doctrina y jurisprudencia vinculados con la especie a decidir (Fallos 236:27; 308:1075, entre muchos otros, cit. en Sent. Nº 181/03, Nº 717/04, entre otras).

También se ha dicho que "Es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa" (Fallos 291:202; 295:95). No concurriendo tales extremos, la nulificación del fallo se impone por no cumplir con los requisitos de validez que hacen al debido proceso (Fallos 296:256, cit. en Sent. Nº 717/04 de esta Sala).

En razón de lo expuesto, y sin entrar a emitir opinión sobre la procedencia de la postura de la parte recurrente, que debe ser examinada con amplia jurisdicción por los tribunales ordinarios, entiendo que aparecen configurados los requisitos que hacen a la existencia de la arbitrariedad; y como dicho agravio resulta atendible por vía del recurso de inconstitucionalidad por importar violación a las garantías constitucionales invocadas por la parte quejosa, corresponde acoger favorablemente el presente remedio.

En razón de lo expuesto me expido por la procedencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte ejecutante, votando afirmativamente a esta cuestión. ASI VOTO.

I. El doctor Rolando Ignacio Toledo dijo:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el propio en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II. 2º cuestión. - El doctor Ramón Rubén Avalos dijo:

Atento a la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte ejecutante a fs. 193/211 y, en su mérito, se declare la nulidad de la sentencia dictada a fs. 183/189 por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad. En consecuencia, deberán devolverse los autos a dicho Tribunal para que la Sala que corresponda dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 Decreto Ley 1407/62).

Las costas de esta instancia en mérito a lo dispuesto en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, se imponen a la ejecutada-vencida. La regulación de los honorarios profesionales se difiere para la oportunidad en que exista base (art. 5, 4º párrafo Ley Nº 2011 t.o Ley Nº 5532). ASI TAMBIEN VOTO.

II. El doctor Rolando Ignacio Toledo dijo:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del colega preopinante, respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y diferimiento de regulación de honorarios profesionales. ES TAMBIEN MI VOTO.

Autos y Vistos: Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE: I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte ejecutante a fs. 193/211 y en consecuencia decretar la nulidad de la sentencia dictada a fs. 183/189 por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad. II. DEVOLVER los autos a dicho Tribunal, para que la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 del Decreto-Ley 1407/62), a cuyo fin líbrese oficio. III. IMPONER las costas de esta instancia a la parte ejecutada-vencida. IV. DIFERIR la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en el Acuerdo que antecede. -Ramón Rubén Avalos. - Rolando Ignacio Toledo.