Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-10


RODRIGUEZ, María de los Angeles contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 202 p 435-437. En la ciudad de Santa Fe, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Eduardo Guillermo Spuler, con el presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "RODRIGUEZ, María de los Angeles contra PROVINCIA DE SANTA FE -Daños y Perjuicios sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 464, año 2002).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Vigo, Gutiérrez, Spuler y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 183, pág. 453, esta Corte admitió parcialmente la queja y, en consecuencia, concedió -por el agravio fundado en la prescindencia del artículo 5 de la ley de Defensa en Juicio de la Provincia- el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución de fecha 5 de marzo de 2002 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario (fs. 94/96 v., Expte. 277/02, agregado por cuerda).

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 - delimitado a la materia recursiva que fuera objeto de concesión- no encuentro razones para apartarme de aquella conclusión provisoria, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 88/89 v.. Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: 1.

En la presente causa la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario rechazó la queja por denegación del recurso de apelación extraordinaria deducida por la Provincia de Santa Fe por considerar que la misma resultaba extemporánea, atento a que "según surge de la constancia de la cédula de notificación acompañada en copia (42) la accionada fue notificada de la resolución que rechaza el recurso el día 27 de septiembre de 2001.

La presentación ante esta Cámara es el 10/10/01 (48 v.), tanto tanto excede el plazo legal de tres días establecido por la norma.

No se invoca duplicación de términos, pero aún en este caso la presentación sería extemporánea" (fs. 50). A fs. 51/v. dedujo la vencida recurso de revocatoria in extremis, fundándose en la existencia de un error en el cómputo de los términos procesales.

Mediante resolución de fecha 5 de marzo de 2002 (fs. 54/55 v.) la Alzada rechazó por improcedente el remedio interpuesto, señalando -en lo que es de interés- que "salta a la vista que la Sala funda la extemporaneidad en la no invocación de la duplicación de términos", criterio acertado atento a que la ley de defensa en juicio "es un régimen especial o de excepción al ritual civil de la Provincia", por lo que "en tanto el texto de la norma (art. 5 L. 9040) no consagra la automaticidad de la aludida duplicación sino que, por el contrario, el sentido literal de la misma subordina su aplicación a la concreta admisión en el proceso, es indispensable su invocación y acogimiento en cada caso".

Contra tal pronunciamiento interpuso la Provincia de Santa Fe recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 , de la ley 7.055, agraviándose -en lo que es materia de interés atento a la concesión parcial del mismo- de que la Sala incurre en un excesivo rigor formal al desestimar la revocatoria in extremis, pues si bien reconoce error en el cómputo del plazo al haberse computado como día hábil un feriado judicial, por otro lado efectúa una "grosera desinterpretación" (sic) del artículo 5 de la ley de Defensa en juicio de (ley 7.234, modificada por ley 9.040), al considerar que la duplicidad de términos no se produce en forma automática sino que se encuentra supeditada a la solicitud de quien resulta beneficiario de la misma, quien debe pedirla en cada una de las instancias en las que se intervenga (fs. 57/72).

2. El estudio de la materia debatida me convence de que la impugnación planteada merece favorable acogida en esta instancia, toda vez que si bien la misma remite -por su naturaleza procesal- al examen de cuestiones que en principio se encuentran excluidas de la instancia extraordinaria, lo cierto es que asiste razón a la recurrente cuando se agravia de la arbitrariedad del pronunciamiento por haber prescindido del artículo 5 de la ley 7.234 (modificado por la ley 9.040), el cual contiene una regla que debe ser oficiosamente aplicada por los Tribunales.

Un breve repaso de las constancias del expediente permite constatar al respecto que - conforme se expresara ut supra- la Sala desestimó inicialmente la queja planteada por considerarla extemporánea incluso en el supuesto de aplicarse la duplicidad de términos (fs. 50), y que, impugnada tal decisión, el mismo Tribunal reconoció haber incurrido en un error -que no podía ser otro que el de omitir considerar el feriado judicial del 8 de octubre-, pero en definitiva confirmó lo resuelto por no haberse requerido la aplicación de la duplicidad ordenada por la Ley de Defensa en Juicio (fs. 54/55 v.).

Examinando la aceptabilidad de tal respuesta desde el plano constitucional, resulta forzoso concluir en que la misma incurre en un defecto insuperable -el de la prescindencia del derecho aplicable sin dar razón plausible alguna-que invalida las premisas del discurso de la Sala, determinando que su decisión no puede ser considerada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

Es que, como ha tenido ocasión de expresarlo esta Corte en anteriores pronunciamientos, la ley 9.040 es una "ley de orden público" que "contiene normas específicas sobre defensa en juicio para aquellos casos en que intervengan alguno de los sujetos enunciados" en su artículo 5, normas las cuales deben ser aplicadas ex officio por los jueces so pena de incurrir los mismos en arbitrariedad(vide "Miño", R. A y S, T. 107, pág. 222, con cita de "Tschopp", R. A. y S. T. 65, pág. 132), señalándose además -en claros términos- que la aplicabilidad del referido precepto de la Ley en Defensa en Juicio del Estado "no requiere su expresa mención en las providencias judiciales", atento a que su operatividad es ministerio legis (vide, entre otros, "Jurado c. Municipalidad de Rosario", R. A. y S., T. 87, pág. 179).

Por ello, no cabe sino dejar sin efecto el decisorio recurrido a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a las pautas establecidas en el presente decisorio.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055).

Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda, a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler y Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro decano doctor Vigo y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas.

Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda, a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)