Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15


Causa Nº 35877-00/CC/2006, Caratulada:"MEZA, Hugo s/ infr. art. 83 ley 1472 - Recusación fiscal".

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a losdías del mes de marzo de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver la recusación interpuesta por Hugo Meza contra el cotitular de la Fiscalía Contravencional nº 3.

Y VISTOS:

1) El presente incidente consiste en un planteo de apartamiento del fiscal Adrián Martín formulado por Hugo Meza, por entender que se afectaría su derecho constitucional a la legítima defensa en juicio toda vez que pesa sobre aquel agente fiscal una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción nº 41 formulada por el Sr. Meza con fecha 2 de septiembre de 2005 por la presunta comisión de los delitos de robo en poblado y en banda, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

2) Asimismo, previo al planteo formulado ante esta Cámara, el Martín resolvió con fecha 21 de febrero de 2007, que no correspondía hacer lugar a la recusación planteada toda vez que el haber sido denunciado en una causa penal no era una de las causales establecidas en el art. 7 de la ley 12; elevando el expediente al Sr. Fiscal General a fin de que evalué el mérito de la presentación del Sr. Meza.

3) El 1º de marzo de 2007 el Fiscal General Adjunto dispuso la devolución de las actuaciones al fiscal de primera instancia, poniéndolo en conocimiento de lo dispuesto por la Fiscalía General en la Resolución nº 45/01 (fs. 149).

4) El 8 de marzo de 2007 se remitieron las actuaciones a esta Cámara.

Y CONSIDERANDO:

5) La ley nº 21 en su art. 14 establece que los integrantes del Ministerio Público pueden ser recusados por las mismas causales establecidas respecto de los jueces. Y en su segundo párrafo regula que, en los mismos supuestos, deben abstenerse de intervenir en las causas que les fueren asignadas. Pueden hacerlo también cuando existieren motivos graves de decoro o delicadeza que obsten su actuación imparcial.

Del juego armónico de aquella norma con los arts. 7, 8, 9 y 10 de la ley 12, se desprende cuales son las causales a tener en cuenta para que proceda el planteo.

Si bien el art. 7 LPC enumera taxativamente aquellas causales, entendemos que dichos motivos deben ser interpretados con la amplitud suficiente como para incluir aquellos otros casos en que el imputado tema una causal de prejuzgamiento o parcialidad, de modo de afectar su derecho de defensa en juicio.

En este sentido nuestro Máximo Tribunal tiene dicho que "..existe cuestión federal suficiente puesto que la defensa pone en discusión el alcance de la garantía de juez imparcial reconocida dentro de los derechos implícitos del art. 33 constitucional, o, más estrictamente, derivada de las garantías de debido proceso y de la defensa en juicio establecidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y consagrada expresamente en los artículos: 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (que forman parte del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la incorporación expresa que efectúa el art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional)" (D. 81. XLI. - "Dieser, María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés s/ homicidio calificado por el vínculo y por alevosía -causa N° 120/02-."08/08/2006) 6) Ahora bien, aunque no esté prevista legalmente -y no existan elementos que permitan inferir la real afectación a la garantía comprometida, lo decisivo no es lo que piense en su fuero interno el recusado, sino la existencia de elementos objetivos que autoricen tal afectación (CSJN, "Dieser...")- no puede dejar de considerarse el temor manifestado por el imputado de que se vea afectado su derecho constitucional a la legítima defensa en juicio (fs. 132) al haber denunciado penalmente con anterioridad al Martín (conf. fs. 140), apareciendo entonces como un motivo genérico de exclusión de un integrante del Ministerio Público, y que como tal debe ser considerado.

Para que prospere se requiere un mínimo de acreditación de la situación especial en que se halla el fiscal en estos actuados y su relación con la sospecha de afectación al derecho de defensa en juicio. Y en ese sentido, Hugo Meza aportó fundamento para sustentar el temor de prejuzgamiento, al haber presentado copia de la denuncia penal (fs. 82), causa que, conforme surge de la certificación obrante a fs. 155, se encuentra en pleno trámite actualmente.

Sentado ello, si bien no se encuentra comprendido en alguna de las causales previstas en el art. 7 de la ley 12; resulta procedente el apartamiento del fiscal de grado en este caso en particular, como modo de garantizar adecuadamente el derecho de defensa en juicio.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la recusación con causa planteada por Hugo Meza contra el cotitular de la Fiscalía en lo Contravencional nº 3, Adrián Martín 7) En mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR a la solicitud de recusación impetrada a fs. 132/vta. del presente y, en consecuencia, apartar al Adrián Martín, debiendo ser reemplazado por quien corresponda (arts. 14 ley 21 y arts. 7, 8, 9, 10 y 11 de la ley 12).

Regístrese y remítase a Fiscalía General a sus efectos.

Ante mí:

Ende marzo de 2007 dí cumplimiento. Conste