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Proceso penal, archivo del expediente, instrucción, clausura de la instrucción, ley procesal penal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: XX s/ Requerimiento fiscal n  6 sobre impugnacion proveido (Expte Nº  52-98, Resolución Nº78, Tomo 4, Folio 159)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-06-18

Sin mengua de advertir que el pronunciamiento que dispusiera el archivo de las actuaciones reconoce un error en cuanto cita como fundamento legal para tal disposición al artículo 185 del Código Procesal Penal y éste alude sólo a supuestos de desestimaciones de denuncias, lo que implica el rechazo "in límine" de denuncias y no el archivo de actuaciones judiciales ya cumplidas como consecuencia de una denuncia aceptada como tal -que es lo que ocurrió en autos-, resulta que aún interpretando el archivo en cuestión como sustentado en lo previsto por el artículo 200 del mismo ordenamiento legal (algo discutible puesto que él alude a archivo de actuaciones prevencionales y no a aquellas en que, como en el caso, se dispuso la apertura de la instrucción y se procedió en consecuencia), tal orden no puede asumirse como disponiendo formalmente el cierre de la etapa instructoria. Es que ordenada que hubiere sido la apertura de una instrucción, las únicas formas previstas para el cierre de la misma están dadas o por el agotamiento de ella y así la apertura de la etapa crítica de la instrucción (artículo 369 y cc. del Código Procesal Penal) o por el dictado de un sobreseimiento (artículo 356 cód. cit.), cualquier otra resolución aunque materialmente pueda significar un virtual fin de la instrucción, formalmente no lo es.
Proceso contravencional, notificación, falta de notificación, nulidad procesal, nulidad absoluta, derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: I, CH, C. s/ artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-03

El hecho de no haber sido notificado el imputado de un acto que debía cumplir en forma personal -realización de la audiencia de juicio-, importa una nulidad de carácter absoluto, en tanto implica la vulneración del derecho de defensa y del debido proceso consagrados constitucionalmente de forma que no es susceptible de convalidación, no pudiendo ser subsanada dicha omisión por la presencia de la Sra. Defensora Oficial en la apertura de la audiencia así celebrada.

En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la audiencia de juicio y de todos los actos posteriores que de ella dependen, por aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 13 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad y los artículos 167 inciso 3, 168 y 172 del Código Procesal Penal de la Nación en forma supletoria -atento el artículo 6 de la Ley Nro. 12. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira)
Concursos, pronto pago, crédito laboral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bajamar S.A. s/ Incid. Pronto pago promovido por Capandegui Capandegui Capandegui
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-11

La correcta hermenéutica de la norma contenida en el art- 16 de la ley 24522, en tanto se refiere al derecho al cobro de los créditos con el "resultado de la explotación", atenta la naturaleza protectoria del instituto del pronto pago, indica que deben satisfacerse los créditos en análisis, con los primeros fondos que ingresen al concurso, "independientemente de su origen o de la imputación que se realice de los mismos". En consecuencia, el acreedor obrero no debe esperar la liquidación final, sin que por ello se viole la "par conditio creditorun" ni la igualdad de los acreedores, principios éstos que hoy resultan más que atenuados y hasta desteñidos en la ley 24522, y así surge, por ej., de la doctrina de los arts. 41 y 44 de la LC.
Gravedad institucional, ejecución de sentencia, suspensión del proceso judicial, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez y De La Fuente  S.A. c/ Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Resulta manifiesta la gravedad institucional en el caso en que se rechazó la solicitud de suspensión del procedimiento de ejecución de sentencia formulada con fundamento en la ley 11.192 de la Provincia de Buenos Aires, ya que el diferimiento de los plazos de atención de la deuda pública impuesto por la ley local de consolidación ha tenido por objeto asegurar la continuidad en la prestación de los servicios que están a cargo de la provincia.
Daño, falta de dolo
Materia: PENAL
Carátula: CAAMAÑO ROBLEDO RAUL HORACIO s/ DAÑO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-07-08

Ha quedado palmariamente demostrado del presente estudio que el encartado al momento de embestir con el colectivo que conducía, al vehículo, se encontraba preso de un estado de alcoholización aguda que lo llevó a actuar en un estado de práctica inconciencia, restándole el carácter de doloso al mismo, condición sine qua nom para la existencia el delito de daño.
Sociedad de responsabilidad limitada, responsabilidad del socio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Diáz, Oscar Humberto c/ Marcone, José s/ Acción Autónoma
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-24

La demanda iniciada a fin de que se declare la responsabilidad de los socios por el incumplimiento de la sentencia laboral que condenaba a una S.R.L. es de competencia del Juez civil y no del Tribunal del Trabajo. (Minoría u opinión personal)
Delegado gremial, nombramiento, silencio del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Centeno, Néstor R. c/ O.S.D.E.F.R. y N. s/ Indemnización por despido s/Inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-04-24

Se interpreta que el silencio del empleador, debidamente notificado de la designación, importa consentirla y renunciar a hacer valer las impugnaciones a que ella pudiere dar lugar, ya que la renuncia es válida al no existir ningún interés público comprometido, por lo que los eventuales vicios que la designación tuviera, resultan purgados por el silencio del interesado, ya que por razones prácticas resulta inconveniente mantener más allá de lo prudente la incertidumbre acerca de la legitimidad de la representación.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, baches, responsabilidad de la Municipalidad, falta de señalización, motocicleta
Materia: CIVIL
Carátula: Masarelli de Olmos Graciela c/ Municipalidad de la Capital s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-10-06

La abertura de un pozo en plena vía pública, su sola existencia, y en su caso, la ausencia de señales u otra indicación preventiva, traslada cualquier género o tipo de responsabilidad al Municipio, que resulta ser responsable de cualquier anomalía vinculada con el estado del pavimento, por pertenecer ello a la jurisdicción comunal.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Santos hermanos S.A. c/ Laninco S.A. s/ Rescisión de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

Si bien la anulación parcial de una sentencia en sede de casación es posible -y esta Suprema Corte ha acudido a veces a tal solución en materia penal- ello se encuentra condicionado a que la parte invalidada no guarde una relación de dependencia con las restantes cuestiones que permanecen firmes.
Principio dispositivo, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: M., G.P.B. c/ Provincia del Chubut y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-07

"... La notificación de un auto -que en si misma no es idónea para impulsar el procedimiento- es un acto que impulsa el procedimiento si constituye un trámite necesario -condición- para que las actuaciones sean elevadas al tribunal que debe intervenir en la apelación concedida".
Recurso de casación, gravedad institucional
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mosca, Pedro; Cecilia Valeria c/ Colegio de Fonoaudiólogos de Catamarca s/ Acción de amparo-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-10-17

Corresponde el rechazo del recurso casatorio que se articula junto a la alegación de gravedad institucional, ya que el funcionamiento de este instituto debe interpretarse como una calificante de los vicios que habilitan el remedio casatorio y que le sirven de soporte fáctico, en tanto debe probarse por quien la alega-lo que no ocurre en autos-que la configuración de cualesquiera de ellos ha desbordado en sus efectos el ámbito común de los intereses jurídico individuales de las partes para interesar en forma directa los derechos de la comunidad o comprometer instituciones básicas de la organización estatal, producido este efecto extensivo de las consecuencias dañosas de la arbitrariedad, la violación de la ley o la doctrina legal, la gravedad institucional asume su segundo significado, cual es, el de ser factor de moderación de los recaudos de admisibilidad o, dicho de otro modo, una suerte de llave procesal que permite la apertura del recurso de casación justificando la intervención del Tribunal Superior, superando los ápices procesales frustratorios del control jurisdiccional, cuya exigencia de cumplimiento en hipótesis normal, es siempre rigurosa dada la naturaleza excepcional de la casación.
Recurso extraordinario, confirmación de sentencia, recurso de inconstitucionalidad, recurso de nulidad, denegatoria del recurso, enjuiciamiento de magistrados, tribunal de enjuiciamiento, Poder Judicial Provincial, defensa en juicio, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Torrealday, Ignacio Eduardo s/ queja por recurso denegado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Corresponde confirmar el pronunciamiento que rechazó los recursos de inconstitucionalidad y nulidad y dejó firme la decisión del jurado de enjuiciamiento, si las críticas que el apelante dirige contra la sentencia son insuficientes para demostrar, con el rigor que es necesario en esta clase de asuntos, que en el proceso eminentemente político de remoción de un magistrado en el orden provincial se ha violado la garantía de la defensa en juicio y que esa lesión irroga un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos.
Seguros, acción subrogatoria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA c/ Transporte Marcolli y/o Marcolli, Jorge Raúl s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-06-02

El fundamento de la acción prevista en el art. 80 de la Ley de Seguros -por la cual se transfieren, por efectos de la acción subrogatoria del derecho de fondo (art. 768 del C.C.), al asegurador que indemniza al asegurado todos los derechos de éste contra el tercero en razón del siniestro-es de estricta política legislativa; pues como el asegurado ya recibió una justa indemnización, no tiene interés en perseguir la debida por el tercero y, por lo demás, si estuviera autorizado a hacerlo se permitiría su enriquecimiento indebido; a su vez, como el tercero tampoco debe beneficiarse con el contrato celebrado por aquél, debe responder ante el asegurador.
Intereses, tasas de interés, crédito laboral, convertibilidad, tasa pasiva
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Ambroggio Nestor José c/ Colorín I.M.S.S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-10-04

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, agraviándose porque la Juez a-quo aplicó la tasa pasiva de interés y alega que ésta es unánime en aceptar, a partir de la Ley 23928, la tasa activa en los juicios laborales.

Ello así, ya que en sentencia Nro.301 del 12/12/94, recaída en un Recurso de Inaplicabilidad de Ley o Doctrina Legal, la Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia resolvió que no es sino la tasa pasiva prevista en el Decreto 941 /91, reglamentario de la Ley 23928, a la que se le debe acudir para compensar los créditos de índole financiera, que no reconozcan actualización monetaria por efecto de la aplicación de la citada ley denominada de "Convertibilidad", que en sentencia Nro.66 de fecha 25 /03/97, también pronunciada por la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia: "Paganucci Dino Rafael y otros c/ María Teresa Sercic de García y otros S/Embargo Preventivo", resolvió que dicha doctrina también era aplicable a los créditos laborales, desde que los Sres. Ministros que allí se pronunciaron no encontraron motivo para dispensarle un trato diferencial respecto a los créditos de las entidades financieras, en orden a la aplicación de la aludida tasa pasiva.
Emergencia económica, depósito, depósito a plazo fijo
Materia: COMERCIAL
Carátula: GLASBERG, ESTHER c/ BBVA BANCO FRANCES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

Cabe admitir la demanda por pago del daño ocasionado por el incumplimiento del contrato de depósito a plazo fijo celebrado con la accionada y del decreto 739/03, a cuyos términos se había acogido la actora; Toda vez que, no obsta a ello la presentación al banco y su recepción, de la copia del escrito de desistimiento del recurso de amparo -con sentencia de primera instancia-, que oportunamente promoviera, pues ello no puede entenderse, como lo pretende el banco, como inequívoca expresión de la voluntad del accionante de acogerse al régimen del referido decreto; además, ha quedado acreditado que tal presentación era un recaudo indispensable exigido por aquel, conjuntamente con la suscripción de un formulario escrito, para ejercitar la opción de incorporarse al régimen mencionado -testimonios obrantes en la causa- cuando ello no era requerido por el decreto 739/03 ni por la resolución 236/03 del ministerio de economía; de lo cual deriva la responsabilidad contractual del banco.
Daño por vicio o riesgo de la cosa, riesgo recíproco
Materia: CIVIL
Carátula: C., E.Al c/ M., R.G. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-13

"La sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco, no excluye la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1113, segundo párrafo del Código Civil, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas, y, de tal suerte, en supuestos como el sometido a la consideración del tribunal, se crean presunciones concurrentes como las que pesan sobre el dueño o guardián, quienes deberán afrontar los daños causados a otro, salvo que prueben la existencia de circunstancias eximentes.

Por lo demás la invocación de una neutralización de los riesgos no resulta de por sí suficiente para dejar de lado los factores de atribución de responsabilidad que rigen en este ámbito".
Recurso de apelación (procesal), plazos procesales, plazo de gracia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DR. COSSIO s/ QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

El término para apelar contemplado por el art. 450 del CPPN, es prorrogable a las dos primeras horas del día hábil siguiente al vencimiento.
Tráfico de estupefacientes, responsabilidad internacional del Estado, República Argentina
Materia: PENAL
Carátula: Staneatti, Oscar c/  s/ Recurso de hecho en causa n° 462/2013
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-24

Todos los órganos del Estado Argentino que intervengan en un proceso en el que se investigue el tráfico ilícito de estupefacientes deben comprometer sus mejores y máximos esfuerzos, en el ámbito de sus competencias para que el enjuiciamiento sea agotado sin que queden impunes tramos de la actividad ilícita por la que la República Argentina asumió jurisdicción.
Daños y perjuicios, indemnización, perjuicios en inmueble vecino
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ REYNOSO FATIMA A. Y OTRO c/ PANONTIN MARINO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-18

Demandado en daños y perjuicios como consecuencia de la realización de tareas en el inmueble lindero, las reparaciones o construcciones no es posible hacerlas a viejo sino que se efectúan a nuevo, e introducen en la vivienda antigua un mejoramiento, incluso de su aspecto, lo que implica un enriquecimiento para su propietario que debe ser aceptado pues está fundado en causa lícita, ya que tal reparación a nuevo es una consecuencia ineludible de la reparación de los perjuicios ocasionados por hechos de terceros o de la cosa de terceros (conforme Cámara Nacional Civil, Sala B, E. D. 45-545), debiendo incluirse ineludiblemente algunos accesorios tales como pintura (conforme Cámara Nacional Civil, Sala B, E. D. 48-284), ya que así, la casa habrá de quedar en la misma situación en que se encontraba antes del hecho dañoso.-
Prueba, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Romero de Ríos, Elsa c/ Sanatorio El Carmen s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-09-19

Si las anotaciones del libro, llevadas mes a mes y con los requisitos de ley, no son capaces de servir de prueba en favor del patrón, pudiendo ser dejadas de lado con prueba testimonial, como la recibida en autos, se habrá consagrado la igualdad del empleador que cumple la Ley con el que no la respeta que, con toda razón y lógica podría considerar que es lo mismo tener que no tener una documentación en regla.-
Acumulación de procesos, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Krivosusky, Alicia Silvia c/ Rodríguez, Daniel Mario y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

Corresponde desestimar la acumulación de dos causas si la sustanciación conjunta ocasiona una demora perjudicial e injustificada en el trámite que se encuentra más avanzado, retardo que es inaceptable frente a las elementales razones de orden y economía procesal que otorgan sustento al art. 188, inc. 4°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Defensa del consumidor, aplicación de la ley, normas operativas, facultades del Poder Judicial, acordadas
Materia: COMERCIAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Adduc c/ Swiss Medical SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-07

Cuando, como en el caso, se trata de un proceso colectivo que presenta un gran avance, corresponderá exceptuarlo de las reglas de unificación sentadas por la doctrina de la CSJN en los autos "García José y otros c/ PEN y otros s/ amparo ley 16986", aplicable al caso por tratarse de un juicio iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Acordada de la Corte 12/16. Es que las tareas para reasignar un nuevo juzgado paralizaría o retrotraería el trámite del proceso pudiendo afectar principios y derechos de grado convencional y constitucional; en especial los principios de acceso a la jurisdicción, seguridad jurídica, debido proceso y economía procesal. Lo señalado no importa soslayar la doctrina de la Corte antes citada, pues si bien el Supremo Tribunal en los autos "García José", del 10/03/15, al advertir la existencia de un importante número de procesos colectivos iniciados en diferentes tribunales con idéntico o similar objeto al examinado en dicho proceso, dispuso que los jueces intervinientes en esas causas debían unificar su trámite en aquel tribunal que hubiera prevenido en la materia "de manera tal de conjurar el peligro de que grupos de personas incluidas en un colectivo obtengan el beneficio de ciertas pretensiones y otras que también lo integran resulten excluidas", esa doctrina está claramente direccionada a otorgar mayor seguridad jurídica en pos de proteger los intereses de los consumidores y usuarios. Empero, en el caso en estudio, las tareas tendientes a cambiar el juez interviniente en razón de lo dispuesto por la Corte en el precedente citado dilataría el trámite del proceso, lo cual no aparece justificado en un expediente que hace más de un año se encuentra en condiciones de dictar sentencia (v. esta Sala, "Padec Prevención Asesoramiento y Defensa del Consumidor c/ Citibank NA s/ sumarísimo" del 16/06/17 y decisión adoptada por este Tribunal de Alzada en el punto II del Acuerdo General del 27/09/17 en esta última causa).
Concursos, acreedor verificado, dividendo concursal, derecho al dividendo, caducidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Luis de Ridder Limitada SAC. s/ quiebra    incidente   de  exclusión  de  Knowles  and  Foster  SRL. de  exclusión  de  Knowles  and  Foster  SRL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

El derecho de un acreedor verificado a percibir el dividendo concursal no caduca sino en las condiciones del art. 221 de la ley 19.551, es decir, ante la desidia del acreedor a percibir el dividendo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, fallo plenario, recurso de inaplicabilidad de ley, tenencia de estupefacientes
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Marcelo Enrique BERNASCONI s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  DEFECTOS  EN LA CONSIDERACION DE EXTREMOS CONDUCENTES  -  RECURSO  DE  INAPLICABILIDAD DE LEY - TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-13

Es descalificable el pronunciamiento del tribunal plenario que declaró mal concedido el recurso de inaplicabilidad de ley por entender que el planteo contenía cuestiones de hecho y no de derecho. Ello es así, pues el tema sometido a dicho tribunal involucra una cuestión de derecho que debió considerar el a quo, ya que se trata de resolver si el art. 6 de la ley 20.771 incrimina toda tenencia de estupefacientes, sin necesidad de considerar su dimensión cuantitativa, o si, por el contrario, además de la tenencia comprobada debe valorarse también la cantidad concreta de sustancia secuestrada en poder del imputado, para establecer si ella resulta suficiente para configurar el referido delito.
Recurso de apelación (administrativo), empleados públicos, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: C., F. S. c/ Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-04-19

Dada la ausencia de contradicción de ambas partes del proceso en relación a los hechos agregados en el legajo de prueba del Ministerio Público Fiscal de donde surge que el actor fue detenido por averiguación del delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda en grado de tentativa. Si bien es cierto que no se llevó a cabo el sumario administrativo previo, hecho que motivó la acción de amparo, en autos no se discute ni mucho menos se niega la participación que le cupo al actor en el delito que se le imputó. Es decir, no se observan defensas que hagan a su derecho ni se dan razones que lo avalen, por lo que la nulidad de un acto de otro poder del estado por cuestiones formales no puede prosperar.