Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-09


Rawson, 09 de diciembre de 2010.- Y VISTOS:

Los presentes caratulados "G., A. H. s/ Homicidio s/ impugnación" (Expediente número 22.094, folio 5, letra G, año 2010), donde se requirió la competencia del Pleno del Superior Tribunal de Justicia para juzgar el caso en consulta (Constitución Provincial, artículo 179, inciso 2°).

Y CONSIDERANDO:

Que el Juez Daniel A. Rebagliati Russell dijo:

Que mi posición respecto del planteo puesto a consideración ha sido desarrollada en autos "C., M. Á. y L., A. A. s/ homicidio simple agravado por el uso de armas de fuego" (Expediente N° 20.963 - "C" - 2007; Sentencia N° 61 del 08 de octubre del año 2008).

En esa oportunidad, sostuve que acompañaba la postura del Juez Pfleger en la causa "L.", toda vez que de la redacción del artículo 179, inciso segundo de la Constitución Provincial, surge la intervención del Tribunal en pleno para los casos en que la condena supere los diez años.

También dije que cuando el constituyente implementó este instituto, previó la posibilidad de una composición distinta del Superior Tribunal, y el hipotético caso que se encontrara dividido en dos Salas -art. 163-, motivo por el cual cuando menciona la competencia del "pleno" en las causas criminales en que se prive de la libertad por más de diez años, se refiere a la totalidad de sus miembros, sin distinción de Salas, aún cuando la sentencia llegue a conocimiento de esta instancia por recurso de la defensa.

En síntesis, cuando la sentencia condenatoria imponga una pena privativa de la libertad superior a diez años, deberán intervenir los seis miembros que hoy componen el Superior Tribunal de Justicia.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

A poco de integrada la Sala Penal de este máximo tribunal provincial, me expedí sobre el tema al dictar sentencia en la causa caratulada "L., E. F. -L., E. R. -C. J. D. -L., D. A. s/ Homicidio Calificado por alevosía-Esquel" (Expte. N° 20.373 - Folio 199 - "L" - 2006; Sentencia N° 29 del 24 de agosto de 2006).

En esa sentencia indiqué que desde 1994 la Constitución de la Provincia del Chubut impone a los jueces del Superior Tribunal de Justicia que revisen todo lo que puedan conocer, esto es, que su esfuerzo de revisión -para el examen de penas de encierro que superen los diez años- agote su capacidad revisora en el caso concreto.

La garantía del derecho del debido proceso, que tradicionalmente se aseguraban con "acusación, defensa, prueba y sentencia", ahora se ha extendido a "acusación, defensa, prueba, sentencia y recurso". Estos son los patrones sentados en el pais por el precedente "Casal" y ya lo eran en la Provincia del Chubut por el artículo 179, inc. 2°.

Esa misma garantía se satisface con el conocimiento integral del pronunciamiento condenatorio.

La creación de la Sala Penal del Superior Tribunal de justicia (como se sabe, posterior a la reforma constitucional en el Chubut) y sentada la doctrina de la Corte Federal con respecto a la revisión cabal, debe interpretarse, en punto a que la consulta pierde su razón de ser cuando ha quedado vacante el recurso de la defensa, limitándose el conocimiento de la integración plena del Superior Tribunal de Justicia, es decir, de la totalidad de sus miembros , unicamente a los casos en que haya exclusivamente recurso del fiscal, para afianzar el derecho de la defensa del imputado.

En los casos de recurso de la defensa o de falta de éste, bastará el conocimiento de la Sala Penal. Esto es, en ausencia de recurso de la defensa, el artículo 179, inc. 2° debe aplicarse in bonan partem y la especialidad de la Sala Penal desplaza la plenitud de la integración, manteniendo el deber de revisión integral de la sentencia de mérito.

En definitiva, donde la Constitución de la Provincia del Chubut, en su artículo 179, inc. 2°, dice "en pleno" debe interpretarse que es obligatorio el aseguramiento del doble conforme, bastando para ello el examen exhaustivo de la Sala especializada. El Juez Jorge Pfleger dijo:

Desde el lejano precedente del que hiciera mentas mi distinguido colega de Sala el doctor Rebagliatti Russell, he sostenido, perseverante, que en casos como el que ocupa debe intervenir el pleno del Superior Tribunal de Justicia y no una de sus Salas (arts.179 inc. 2° de la Constitución Provincial, art. 377 del C.P.P. -Ley XV N°, ex 5478 y su modificatorias).

De modo es que huelga toda insistencia argumental- inaceptable redundancia- y a mi inveterada posición remito, adhiriendo al sufragio liderante.

El Juez José Luis Pasutti dijo:

Conforme lo solicitado en autos, resulta necesario dejar claramente establecida la forma en que debe tramitar el instituto regulado por el artículo 179, inciso 2° de la Carta Magna provincial, habida cuenta de la reforma sustancial producida en la estructura del Tribunal que debe resolver.

Corresponde aclarar, que son tres las variantes en la forma de tratar esta figura procesal, obviamente con el condicionante de una sentencia de más de diez años: a) En primer lugar cuando las partes, imputado, Ministerio Público Fiscal o querellante, no presentan ningún recurso; b) cuando va acompañado de un recurso del Ministerio Público Fiscal o querellante; y finalmente c) cuando es el propio imputado quien acude mediante recurso de Casación.

No merecen mayores comentarios los casos descriptos en los apartados a) y b) donde el imputado, destinatario único de la garantía prevista en la Consulta, no articula defensa ni expresa agravios, en cuyo caso procede de oficio y es llamado a entender el Tribunal con la totalidad de sus miembros. Este es el caso que nos ocupa en lo que hace al procedimiento.

Mas no estaría completo el razonamiento, ni fijaríamos una Jurisprudencia clara en la cuestión novedosa, sin que "obiter dicta" fijáramos posición respecto al punto c). Coincido, también con la postura del Ministro preopinante Dr. Panizzi, en el sentido que el trámite de la impugnación condiciona la Consulta y de debe ser la Sala Penal la que resuelva "in totum" ambas vías de revisión. El fundamento de esta cuestión nace como consecuencia de una sana y armónica interpretación de la Constitución en el marco de las diferencias que se plantean como consecuencia de los desiguales procedimientos en las dos instancias de revisión.

Mientras la impugnación requiere de la necesaria substanciación con audiencia previa, como amplia garantía para el imputado, la Consulta debe resolverse conforme al mandato expreso "sin substanciación", lo que invalidaría la participación de la otra Sala en el trámite recursivo.

En este sentido, el procedimiento del recurso, en su interpretación actual, ajustado a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Casal" y de la Corte interamericana en "Herrera Ulloa", en el sentido de la revisión total de hechos y derecho, de oficio superando los agravios como consecuencia de la consulta, garantiza sobradamente los derechos del imputado de todos los parámetros constitucionales nacionales y de los tratados internacionales con dicho rango.

Por lo tanto, es mi posición que cuando se presente recurso por el imputado debe resolver la Sala Penal, con sustanciación previa y superando los agravios, cuando sea necesario.

El Juez Fernando S. L. Royer dijo:

Adopto como propia la posición asumida por el doctor Pasutti, en concordancia con la opinión emitida por el Ministro Panizzi en relación al instituto regulado por el artículo 179, inciso 2° de la Constitución Provincial.

Sin embargo, expondré mis propios argumentos para sostener esa posición, aunque similares a los esgrimidos por mis colegas de Sala.

Llamado este Tribunal a resolver una impugnación extraordinaria deducida por la defensa de los acusados, contra la sentencia condenatoria que le hubiera impuesto una pena superior a los diez años, la amplitud del examen que la "consulta" requiere -en un todo de acuerdo con la doctrina "Casal" (328:3399) de la C.S.J.N- hace necesaria la intervención exclusiva de la Sala Penal en razón de su especialidad en la materia.

Esa sería la manera adecuada de asegurarle a los acusados una revisión amplia del pronunciamiento que ataca, con salvaguarda de todas las garantías que la Carta Magna Nacional, la Constitución Provincial y el ordenamiento adjetivo local que le otorgan.

La intervención del Tribunal en pleno, entonces, sólo sería posible para aquellos casos en que las causas arribaran a esta instancia por un recurso del acusador público o privado, o en el supuesto de que sean elevados por las Cámaras para que este máximo tribunal provincial conozca de ella en los términos del artículo 179, inciso 2° de la constitución provincial, exclusivamente.

Por todo lo expuesto, entiendo que deducido una impugnación por el imputado contra el pronunciamiento que lo condene a una pena privativa de la libertad, por un plazo mayor a diez años, debe examinar el fallo y resolver las cuestiones allí planteadas la Sala Penal, con sustanciación previa y superando los agravios de ser necesario.

El Juez Daniel L. Caneo dijo:

La posición asumida por la mayoría de la Sala Penal en autos "L., E. F. -L., E. R. -C. J. D. -L., D. A. s/ Homicidio Calificado por alevosía-Esquel" (Expte. N° 20.373 - Folio 199 - "L" - 2006; Sentencia N° 29 del 24 de agosto de 2006) y sostenida aquí por el Ministro Panizzi, sobre la articulación entre las vías de impugnación disponibles a favor de las partes y la intervención en Consulta del pleno, es la correcta.

Si el acusado opta por ejercitar, por ejemplo la impugnación, la jurisdicción del Superior Tribunal queda perfecta con la sentencia emitida por los Vocales especialistas en la materia criminal.

La revisión amplia, el conocimiento de la causa sin la restricción de los agravios sólo es menester cuando el procesado recibe una pena por más de diez años y el propio interesado o su defensor no ejercen el derecho a la revisión del fallo que acuerdan la Constitución nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso "Casal".

Es que la consulta ha sido implementada por el constituyente sólo en beneficio del imputado y por tal razón el legislador establece explícitamente la prohibición de la "reformatio in pejus" (art.377 del C.P.P.).

Que, en consecuencia, el Superior Tribunal de Justicia, por mayoría:

R E S U E L V E:

1º) Rechazar la solicitud planteada por el Procurador General y el Defensor General Subrogante tendiente a que el Superior Tribunal de Justicia en pleno conozca en la presente causa.

2°) Regístrese y notifíquese.- Fdo: R. Russell, Panizzi, Pasutti, Royer, Pfleger.