marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa del consumidor, fecha de vencimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: Carrefour - inc s/ apelacion (ley pcial nº 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-07-05

Para considerar configurada la infracción prevista en el art. 5 de la ley 24.240, basta la verificación del vencimiento de un solo artículo puesto a la venta al público -daño o peligro potencial o futuro-, pues ello determina la violación al deber de seguridad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, presunciones, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Gustavo Ramón s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-23

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona la prueba invocada por el a quo para acreditar la autoría pues la defensa, sin intentar demostrar transgresión legal alguna, sólo refiere que la declaración de su defendido "es un relato y no una confesión" (art. 355, C.P.P -según ley 3589 y sus modif.-). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Programa Médico Obligatorio, sistema nacional del seguro de salud, personas con discapacidad auditiva
Materia: CIVIL
Carátula: Enriquez Leandro Javier c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-22

En lo relativo al cuestionamiento que la demandada formula por la indicación de una marca y modelo específico de audífono por parte del médico tratante del menor y que no fue realizada -como corresponde- por su nombre genérico aduce; que la normativa establecida por el Programa Médico Obligatorio de Emergencia no contiene norma alguna que determine dicha obligación por parte del Agente del Seguro de Salud. En ese orden de ideas, interesa recordar que el profesional tratante -avalado por el perito médico designado de oficio Dr. xx- especificó el motivo por el que requirió ese elemento en particular, fundándolo en el resultado que arrojó su cotejo con otros aparatos destinados a cumplir la misma función y en esas condiciones los informes aportados por los profesionales intervinientes lucen razonablemente fundados y refuerzan la pretensión.
Expediente electrónico, contestación de la demanda, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Cheb Terrab, Salomón c/ Madero Harbour S.A. s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-03

La contestación de demanda importa un acto procesal trascendental que involucra la garantía de defensa en juicio, y la interpretación de las normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva, pues de otro modo se vulneraría la exigencia del adecuado servicio de justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional
Marcas confundibles, similitud gráfica, oposición al registro de marca, similitud fonética
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA CAFES CHOCOLATES AGUILA Y PRODUCTOS SAINT HNOS SA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

El juez debe examinar la problemática colocándose en la situación del público consumidor y este, como es indiscutible, es sumamente vasto y heterogéneo, compuesto por toda clase de personas y con una singular clientela de niños. Así las cosas, las diferencias gráficas y fonéticas que origina la palabra inicial TAKE lucen como insuficientes para aventar la proyección marcaria de la voz TWO, puesto que no cabe descartar que la primera sea percibida como una variante del producto TWO o, para los que saben inglés o tienen rudimentos de dicha lengua, como una "orden" o "consejo" (tome) relacionada con el referido producto TWO. De allí síguese que la coexistencia de ambas marcas seria susceptible de provocar confusión en cuanto al origen, perjudicando al titular de la marca registrada en cuanto la incorporaría íntegramente a la marca de un competidor, situación que no es concorde con los derechos del primero (art. 4 de la ley de marcas) y que no consulta apropiadamente los fines de dicha ley: la tutela del público consumidor y el recto ordenamiento mercantil.
Daños y perjuicios, contrato de obra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Luzzi, N. c/ Tolentino, Mario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

El contrato de locación no requiere para su existencia de formalidades especiales, y queda concluido por el sólo acuerdo de las partes, expresado verbalmente, por escrito, en forma expresa o tácita, siendo admisible para su acreditación toda clase de pruebas, entre ellas la realización misma del trabajo, apreciándose aquellas con amplitud en razón de las dificultades que en la generalidad de los casos se producen para acreditar los servicios prestados.-
Contratos civiles, vicios de la voluntad, lesión subjetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

El Cód. civ art. 954 apunta a posibilitar la anulación o reajuste de un contrato que se ha tornado lesivo para una parte, pero no para justificar la comisión de un delito como el de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados.
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: P., R.B. c/ M.P.M. s/ Juicio Ordinario  Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-05

Lo concerniente al "onus probandi" puede resumirse en la regla de imposición a cada parte, de la carga de probar los presupuestos de hecho de la norma jurídica que le es favorable.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bianco, Alejandro y Etchegaray de Bianco, Carmen. Concurso preventivo. Hoy quiebra s/ Incidente de revisión. Acreedor D.G.I.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-03

Esta Corte puede examinar, en cualquier etapa, si se han cumplido los requisitos de admisibilidad del medio de impugnación sometido a su conocimiento, por lo que la circunstancia de haberse dictado la providencia de "autos" para resolver el recurso no es obstáculo para que se ejerza dicha facultad. (Minoría u opinión personal)
Prescripción, interrupción de la prescripción, impuestos, intimación de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DIRECCION GENERAL DE RENTAS c/ COUTINHO, Marcelo Sebastián s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-02-12

El carácter de instrumento público puesto en juego por el quejoso no hace más que dar fe, salvo exitosa argución de falsedad, de la existencia material de los hechos pasados ante la presencia del funcionario y, por eso, adquiere relevancia decisiva el hacer caso omiso que la interpelación en cuestión constituye una declaración tan unilateral como recepticia.

De forma tal que, aunque aceptemos la autenticidad de la documental allegada al proceso, la suerte del quejoso no mejorará por la sencilla razón de que perdura improbado que dicha declaración fue recibida por su destinatario: el deudor interpelado. El gravamen se responde concluyendo que la especie muestra una realidad distinta a la postura del actor porque -aquí- no investigamos la autenticidad del documento sino que vemos frustrada la posibilidad de conocer a ciencia cierta si la declaración del acreedor llegó a manos del deudor reclamado.
Despido con causa, ebriedad
Materia: LABORAL
Carátula: Malzone, Carmelo c/ Gaseosa del Este del Chubut S.R.L. s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-14

La embriaguez no habitual, pero que pone en evidencia al trabajador en el desempeño de su labor, puede originar el despido, pero no por aplicación de la causal de embriaguez, sino por los hechos que el trabajador cometa en dicho estado, con la circunstancia agravante de ebriedad.
Síndico del concurso, patrocinio letrado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SIDAL S.A. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-10-28

Conforme al art. 257, si el síndico optara por requerir asesoramiento de abogado, los honorarios de éste no pesan sobre el concurso, siendo a cargo del funcionario que lo contratara. La norma, al eliminar la alternativa que permitía al juez incluirlos, o no, como gasto del concurso (art. 281 de la derogada ley 19.551), revela el criterio, subyacente en la norma vigente, de reconocer en el síndico, en general, legitimación para actuar en el proceso sin patrocinio de abogado, como lo revela además la preferencia por los contadores públicos que posean títulos universitarios de especialización en sindicatura concursal (art. 253 inc. 1).

La decisión por el síndico de adoptar tal asistencia halla fundamento en la conveniencia de que lo asesore quien, sin subrogarlo en su tarea y responsabilidad, le aporte conocimientos técnicos que no necesariamente ni en todo caso posee.
Derecho civil, contratos
Materia: CIVIL
Carátula: VALDERRAMA ALCIRA MARIEL c/ BRAVO LEAL PEDRO JUAN s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-04

Difícilmente el juez puede condenar sobre rubros que no han sido específicamente reclamados por la parte en su demanda o reconvención. Traigo ello a colación, pues el accionado se agravia invocando una serie de daños en el automotor que no han sido objeto de expreso reclamo en la reconvención (faltante de batería, rueda de auxilio, criquet y rotura de manija) y que recién han sido introducidos en oportunidad de expresar agravios, resultando ello manifiestamente improcedente.
Impuestos internos, delegación de facultades a la Administración
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Massalín Particulares  S.A. c/ Resolución  nx37/90    de la Subsecretaría de Finanzas Públicas de la Nación. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

La autorización para ampliar los plazos para el ingreso del tributo que el art. 32 de la Ley de Impuestos Internos confiere a la Secretaría de Estado de Hacienda, no importa una delegación de atribuciones legislativas.
Despido con causa, principios laborales, conservación del empleo
Materia: LABORAL
Carátula: FABREGAT DIANA c/ LITRAN S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-05-06

Para la validez del despido indirecto ha de meritarse la proporcionalidad y oportunidad, conforme a las pautas prudencialmente valoradas por el juez en cada caso concreto. La ley de contrato de trabajo tiende a que se privilegie, dentro de lo posible, el mantenimiento de la fuente de trabajo en aras de la armonía y buena fe que debe primar entre patrones y empleados, no solo para su propio beneficio, sino para el bien común en general, de allí que se ha de tratar que dicho vínculo no sea disuelto intempestivamente por una de las partes si realmente no median causas graves que así lo justifiquen.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina de los actos propios
Materia: LABORAL
Carátula: Antola, Miguel A. c/ Celulosa Jujuy S.A. s/ Indemnización de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-22

No puede atenderse el planteo formulado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que implique colocarse en contraposición con la postura asumida en el escrito de inicio.
Prescripción adquisitiva, actos posesorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viera, Emilio y otro c/ Benegas, Aurora y otros s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

La lógica y el sentido común indican que quien ha sembrado, plantado árboles, cercado, alambrado y construido una vivienda, conducta en la que ha persistido a lo largo de muchos años en forma pública y pacífica lo ha hecho con ánimo de tener la cosa para sí (doct. arts. 2384 y 2375, C.C.).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, recibo, pago, prueba, instrumentos públicos
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Milessi, Antonio Oscar c/ Círculo Mandatario SA s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Cumplimiento de contrato (Expte. CSJ Nº 269-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-08

No merece reproche constitucional el razonamiento A quo que consideró que al encontrarse acreditado el pago oportuno por parte del actor de la cuota mensual de la rifa por la constancia obrante en el recibo, le correspondía a los demandados probar la inexistencia del mismo a través de la acreditación de otras circunstancias.

Para ello destacó que el recibo constituye, luego de su reconocimiento, una prueba completa del pago que allí consta, a tenor de los artículos 994 y 995 del Código Civil que resultan aplicables a los instrumentos privados por el artículo 1026 que determina que los mismos -por su reconocimiento judicial por la parte a quien se opone-, tiene el mismo valor que el instrumento público entre los que lo han suscripto y sus sucesores.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, quiebra, liquidación, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ En la quiebra liquidativa, si los tres sueldos de secretario de   primera instancia de la jurisdicción en que tramita el concurso  preventivo como mínimo a los fines de regular honorarios implican un  monto superior al 12% del activo realizado ¿Cuál de las dos partes   se aplica? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-05

Si el monto de los tres sueldos de Secretarios apareciera con cierta desproporción a la importancia de los trabajos cumplidos, puede reducirse con fundamento en el artículo 271 de la Ley de Concursos, ya que esta norma contempla precisamente el deber de los Jueces de apartarse de los mínimos fijados en la ley cuando ellos resulten desproporcionados a la naturaleza, alcance, calidad o resultado de la labor profesional o al valor de los bienes. Por lo expresado, en la quiebra liquidativa, si los tres sueldos de Secretario previstos como tope mínimo a los fines de regular honorarios implican un monto superior al 12% del activo, debe considerarse tope máximo el monto correspondiente a los tres sueldos referidos. (Del Voto de la Dra.

Carbone).
Proceso penal, duración del proceso, investigación agotada, producción de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ARTURO. s/ DEFRAUDACION  -  INVESTIGACION  AGOTADA  -  INTERES JURIDICO Y SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-17

Lo que surge como evidente es que tras dos años y medio de proceso, y de abarcar la investigación más de ochocientos cincuenta hojas, la indagación se encuentra agotada, sin que exista posibilidad alguna de que el sumario pueda, en lo futuro, aumentar su contextura con el descubrimiento de nuevos elementos de juicio. Inclusive, tampoco en la querella, al contestar la vista, solicitó la producción de prueba alguna.

En tales condiciones, y como correctamente lo sostuvo la Corte Suprema en el caso "Guikas,E. s/lesiones art. 94 del Código Penal", no existe interés jurídico ni social en que el proceso permanezca abierto en detrimento de los derechos del imputado a ser liberado definitivamente tras el agotamiento de la causa.
Organización de la justicia, designación de jueces, juramento de funcionarios públicos, inamovilidad de los jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Paz, Marta y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

La aprobación por silencio del pliego de las actoras (art. 118, CCBA) permite considerar que han sido designadas por la Legislatura, pero ello no conlleva que asumieran sus cargos de juezas de cámara del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pues no han prestado el juramento que la Constitución establece a ese fin (art. 109, CCBA). Por esa razón, las actoras no están amparadas por la garantía de la inamovilidad en sus cargos establecida en el art. 110, CCBA, cualquiera que sea el alcance que corresponda asignar a esa prerrogativa.
Juicio ejecutivo, cláusula penal, antecedentes de dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Saraceno, Norberto c/ Guerrini, angel s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

La cláusula penal inserta en el contrato de locación reúne los requisitos de "deuda líquida y exigible" (conforme lo dispone el art. 518 del CPC), bien puede otorgársele la vía ejecutiva, pues el art. 1581 del Cód. Civil lo autoriza tácitamente. No se daría dicha posibilidad en el supuesto de que la operatividad de la cláusula penal dependiera del cumplimiento de una condición, puesto que -de ser así- faltaría el requisito de "exigibilidad" anteriormente mencionado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Leyes, carta orgánica municipal, constitucionalidad
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: FELPETO CARLOS ALBERTO s/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ- ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-02-23

La incorporación de disposiciones transitorias en los textos normativos se ha ido consolidando en una técnica legislativa conveniente a los fines de articular el traspaso de un sistema a otro nuevo que se genera, evitando desencuentros en su puesta en práctica. Ello, máxime, cuando se trata de reformas en las bases mismas del orden jurídico como es el caso de las cartas orgánicas municipales donde está en juego el funcionamiento de instituciones fundamentales locales.
Rechazo de la demanda, regulación de honorarios, base regulatoria, intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Velárdez, Germán Ricardo y otros c/ Ex D.E.Ca y/o Estado Pcial s/ Acción contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-06-11

En el caso, habiéndose rechazado la acción, corresponde tomar como base regulatoria los montos reclamados en la demanda, por ser los valores que estuvieron en juego durante el litigio, no correspondiendo incluir los intereses al capital por ser una contingencia variable y ajena a la actividad de los profesionales.
Abogados, ejercicio profesional
Materia: CIVIL
Carátula: BULLO PEREA, JORGE I. Y OTRO c/ BANADE s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-13

En principio, los abogados encuentran limitado su derecho a la información cuando se trata de informaciones privadas o reservadas.
Recurso de queja (procesal), fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, denegatoria del recurso, fiscales, gravamen actual, prueba, extradición, nacionalidad
Materia: PROCESAL - INTERNACIONAL PUBLICO - PENAL
Carátula: Merkin, Samuel s/ Extradición - causa n° 26.718.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Debe desestimarse la queja deducida por un fiscal si no refuta los motivos de la denegación del recurso ordinario y no demuestra cuál es el gravamen actual que le irroga lo resuelto - en cuanto dispuso el juzgamiento en el país de un ciudadano cuya extradición se negó en virtud de su nacionalidad argentina - frente a las razones esgrimidas por el tribunal apelado y los intereses por los que debe velar el ministerio público en el trámite de la extradición.
División de poderes, sistema republicano, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-18

La Constitución, para garantizar el principio de división de poderes bajo el diseño de frenos y contrapesos básico para la vigencia del sistema republicano, consagra el control de la constitucionalidad de las leyes y los actos emanados de los poderes públicos en el marco de un "caso judicial" instado por parte legitimada al efecto según las previsiones que el propio ordenamiento jurídico establece, mas no autoriza a los jueces para interferir y mucho menos impedir la interacción institucional que por mandato constitucional deciden encarar los poderes políticos del Estado en ejercicio de sus competencias privativas para cumplir con los objetivos que el poder constituyente les ha encomendado y emitir así una decisión determinada. (Voto del Dr. José O. Casás).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, remuneración, diferencias salariales, premio por producción, viáticos, prueba, pericia contable
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Tropea, Alicia Marta y otros c/ Club Atlético Vélez Sarsfield. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar al reclamo por diferencias salariales por premios de producción y viáticos, ateniéndose exclusivamente al sentido literal de un acuerdo y prescindiendo de un peritaje contable cuya consideración resultaba necesaria para la adecuada solución del litigio.
Recurso de casación, resoluciones irrecurribles, tribunal de faltas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Azul S.A. de Transporte Automotor s/ rec. de queja. Causa: 168
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-17

La impugnación articulada contra la sentencia de un juez municipal de faltas que condenó al pago de una multa por infracciones cometidas en la vía pública, no puede prosperar, por cuanto la resolución atacada no es de aquellas recurribles en casación según lo prescripto en el artículo 457 del C.P.P.N.
Contratos administrativos, contrato de suministros, licitación pública, revocación del contrato administrativo, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, DAVID LUCIANO c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO DE PESOS - ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

En su actual composición, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene resuelto que los inconvenientes de orden económico financiero no tiene el carácter de justificativos válidos, especialmente si se tiene en cuenta que la Administración de toda repartición pública que lícita una obra, debe determinar previamente si cuenta o no con la debida provisión de fondos, de modo de asegurar al contratista la retribución pactada. Es inadmisible la invocación de la "fuerza mayor", desde que la imprevisión presupuestaria o las necesidades fiscales posteriores a la celebración del contrato no la configuran, habiéndose circunscripto dicho concepto a casos especiales, como el de guerra. Ello así, el Estado, cuya revocación del contrato no tiene justificación jurídica alguna -aunque reconozca base en razones de conveniencia fiscal- debe indemnizar plenamente al contratista, incluyendo el resarcimiento del lucro cesante, bien entendido que por tratarse de un incumplimiento contractual culposo, el resarcimiento deberá ceñirse a las consecuencias directas e inmediatas que reconozcan en aquél su causa adecuada, excluyéndose los rubros autónomos del costo del pliego y del sellado del contrato, ya que éstos quedan naturalmente enjugados por la ganancia esperada. Se trata de daños al interés negativo y la demanda persigue -y prospera- por el interés de cumplimiento.