Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-16


SENT Nº 557 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciséis (16) de Agosto de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: ?Pasqualini Hugo Mario y otra vs. Asociación Mutual Juramento s/ Cumplimiento de contrato?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia Nº 286 de fecha 02/12/2009 dictada por la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, que fue concedido por resolución de fecha 26/10/2010 (fs. 827 y vta.).

El recurso fue presentado en término, con boleta de depósito, y está dirigido contra una sentencia definitiva. Los agravios se adecuan formalmente a las exigencias de los arts. 750 y 751 CPCC.

2.- Resumiendo los antecedentes del caso, se señala que los actores demandaron el cumplimiento de un contrato de fondo suplementario de beca estudiantil y daños y perjuicios. Relataron que contrataron con la Mutual demandada un fondo suplementario de beca estudiantil para su hijo, que consistía en el pago de 72 cuotas mensuales de $ 30 cada una.

Luego de ser abonados los aportes, que se comenzaron a pagar el día 01/01/1994, la Mutual abonaría una renta de $ 250 mensuales durante seis años. Expusieron que sólo cobraron los $ 250 el primer mes, y $ 125,85 los siguientes meses.

Indicaron que luego de presentada la demanda, la Mutual hizo un nuevo ajuste de la beca, reduciéndola a $ 106,98. Indicaron que los importes mencionados no incluyen los descuentos que realiza la Mutual en concepto de cuota sostenimiento y cuota socio.

Manifestaron que al reclamar por las reducciones, la Mutual respondió que el monto de los beneficios no se ajustaba a las disposiciones vigentes, y que los mismos serían recalculados correctamente a partir del 1 de noviembre del corriente año (2001). Señalaron que esa decisión fue tomada por resolución de la Asamblea Ordinaria de fecha 10/11/2001.

Resaltaron que la Mutual incumplió lo estipulado en el contrato y en el reglamento de beneficios, que en su título II art. 2 referido a la beca estudiantil, establece que consiste en la renta mensual que tendrá derecho a percibir el becado luego de haber aportado durante igual lapso de acuerdo al plan contratado.

Destacaron que el artículo 25 del reglamento dispone que completado el pago del total de cuotas aporte, iniciado o no el cobro del servicio por parte del socio, no se podrá modificar el plan contratado. Sostuvieron que la Mutual no puede desconocer el derecho al cobro de la renta aduciendo que abonó erróneamente.

Señalaron que si la Mutual propuso una renta errónea, lo hizo con el solo fin de captar socios, obrando de mala fe. Indicaron que la demandada infringió los preceptos de los artículos 3, 1197, y 1198 del Código Civil, pues la resolución del directorio, por ser posterior al contrato no lo puede afectar.

Resaltaron que desde que firmaron el contrato el 27/12/1994 y la fecha en que se recalcularon los fondos a cobrar el 10/11/2001, pasaron casi siete años (fs. 38/41).

El accionado contestó la demanda, rechazando la pretensión con el argumento de que es imposible para la Mutual afrontar el pago de la renta reclamada. Explicó que el monto de la beca no es fijo, sino que resulta de un proceso de capitalización a una tasa variable de interés compuesto, lo que expuso con cálculos y fórmulas actuariales, y cita de estudios realizados por profesionales especializados.

En apoyo de su posición, citó la Resolución Nº 595 del INAM, en el sentido de que la tasa de estímulo máxima a utilizar para las valuaciones de compromisos de las partes, debe ser al 6% efectivo, considerando a ésta como conservadora y factible, pero no garantizada.

Relató que a causa de un cálculo erróneo, fueron pagadas rentas indebidas, que luego se corrigieron en los montos a los que la Mutual está obligada.

Manifestó que las rentas que se calcularon al momento de venta de los contratos fueron ?estimadas?, porque no podía conocerse con anticipación el interés que pagaría la caja de ahorro común del Banco Nación durante el período que duraran los aportes, y que por ello no podía anticiparse a cuánto ascenderían las ganancias o rentas de los fondos de la Mutual que formarían parte del cálculo de la renta, ni podía estimarse la variación en función de la modificación del aporte previsto en el reglamento.

De ello deduce que las rentas no son fijas sino variables, y que no hay sustento legal que motive la obligación de pagar una renta superior a la que la Mutual se comprometió originariamente, cuyo pago constituiría un enriquecimiento sin causa. Por esos motivos, expresa que el H. Consejo Directivo resolvió en la reunión del 30 de agosto de 2001, reformular los importes de las becas de acuerdo con una fórmula establecida en un estudio actuarial de 1998, agregando un coeficiente extra de acuerdo a la rentabilidad de cada plan y fecha de venta, como liberalidad.

Expuso numéricamente a cuánto asciende lo que le corresponde cobrar al actor, y la pérdida que sufriría la Mutual según lo pretendido en la demanda. Advirtió que si se hiciera lugar a la suma reclamada, la Mutual quebraría y nadie percibiría rentas ni recuperaría los aportes.

La sentencia de primera instancia de fecha 9 de abril de 2008 hizo lugar a la demanda por cumplimiento de contrato y rechazó el daño moral, con el fundamento de que el contrato no podía modificarse unilateralmente (fs. 740/741vta.).

En la alzada se revocó esa decisión, mediante sentencia de fecha 2 de diciembre de 2009 (fs. 774/776). El Tribunal determinó que se trataba de un servicio regido por el Estatuto de la Mutual, cuyo artículo 3º condicionaba el monto a pagar, a que el estado económico de la Mutual lo permita.

El Tribunal consideró lo resuelto en la asamblea del 10 de noviembre de 2001, y la pericia llevada a cabo por la cátedra de matemática financiera de la Universidad Nacional de Tucumán, y de ello concluyó que se había configurado una situación que estaba prevista en el artículo tercero del Estatuto, por lo que no le asistía razón a la parte actora.

3.- Recurso de casación. El recurrente, luego de relatar los antecedentes del caso, se agravia de que el Tribunal consideró que la asamblea del 10 de noviembre de 2001 fue válida, y que el actor, en su carácter de socio, tenía la obligación de respetar sus disposiciones y cumplir lo resuelto, según lo prescribe el art. 8 del estatuto de la Mutual.

Sostiene que tal fundamento infringe lo dispuesto en el art. 3 del Código Civil, que dispone que a los contratos en curso de ejecución no le son aplicables las nuevas leyes supletorias.

Añade que la Mutual modificó derechos adquiridos, y que lo resuelto en la asamblea es válido para las relaciones jurídicas que contraiga la mutual de allí en adelante, pero no para las que tiene en curso de ejecución como es el caso de autos.

Expone jurisprudencia referida a la irretroactividad de las leyes, en el sentido de que la facultad de legislar no es ilimitada, pues no se pueden modificar o alterar derechos incorporados al patrimonio bajo el amparo de una legislación anterior, sin menoscabar el derecho de propiedad.

Agrega que la facultad que le asiste a la asamblea de una asociación mutual de modificar el estatuto, alterando, ampliando reduciendo o suprimiendo prestaciones a sus afiliados, no puede aparejar el incumplimiento de los compromisos regularmente constituidos, ni el desbaratamiento del derecho de sus asociados.

Se agravia de que la sentencia otorgó primacía al precepto del artículo 3º del estatuto, en el sentido de que los servicios enumerados -en este caso la beca estudiantil-, se prestarían en la medida que lo permita el estado económico. Sostiene que si se aplicara ese criterio a todos los contratos y obligaciones, se llegaría al caos pues cualquier deudor invocaría que su estado económico no lo permite, para eludir el pago de sus obligaciones.

Manifiesta que el cumplimiento de los contratos no puede depender de la exclusiva voluntad del deudor, y que la validez y efectos de los contratos se rigen por la ley bajo cuyo imperio se ha celebrado, sin que una resolución posterior pueda afectar los derechos que de él derivan.

Estima desacertadas las consideraciones del Tribunal respecto de que el actor no impugnó la resolución de la asamblea, y que por ello es válida. Destaca el informe jurídico de IPACYM acerca de la ilegitimidad de la resolución de la asamblea, pues se vulneraron los derechos de los asociados.

Refuta la interpretación expuesta en la sentencia sobre el artículo 25 del reglamento, en el sentido de que la obligatoriedad del pago por parte de la Mutual es relativa, porque puede supeditar sus obligaciones a que su estado económico lo permita, con la justificación de que si no pudieran hacerse las correcciones, los beneficios podrían desaparecer. Resalta que el demandado modificó derechos adquiridos y su derecho de propiedad, propone doctrina legal, y se agravia de la imposición de costas.

4.- La cuestión a resolver radica en establecer si el contrato entre los actores y la Mutual debe cumplirse literalmente, -como plantea el recurrente-, o si asiste razón a la demandada, que sostiene que es posible reducir la prestación pactada porque fue erróneo el monto calculado al contratar.

Las posiciones jurídicas confrontadas sobre esta quaestio iuris están expresadas en la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda considerando que el contrato debía cumplirse según lo pactado, en contraste con lo resuelto en la alzada, en donde el Tribunal sostuvo que se trata de un acto jurídico regido no sólo por el contrato, sino también por el Estatuto y las disposiciones asamblearias, y que por ello fue legítima la reducción de los pagos de la beca.

Para resolver la cuestión planteada, previamente debe determinarse la naturaleza jurídica del contrato que vinculó a las partes, para establecer las normas aplicables y poder efectuar una exégesis correcta de acuerdo con la axiología del sistema que informa al contrato.

No está controvertido el carácter de asociado a la Mutual del actor Pasqualini. Ello surge del instrumento agregado a fs. 13, en el que el accionante solicitó su inscripción, y declaró conocer el estatuto y la reglamentación. Del instrumento surge que el actor Hugo Mario Pasqualini contrató un servicio de beca estudiantil para su hijo de igual nombre.

En la solicitud se observa un casillero titulado ?cuota mensual inicial?: $ 30; al lado hay otro casillero denominado ?serv. mensual a actual.?: $ 250. Abajo hay una leyenda que dice ?a los efectos legales, se considerará el plan, cuota inicial y servicio mensual a actualizar, el que se consigne en el recibo oficial del pago de la 1ª cuota aporte, emitido por el sistema computarizado de la AMJ, una vez aceptada la solicitud de ingreso?. Esa solicitud tiene fecha 27 de diciembre de 1994.

De acuerdo con esta documentación, -que no ha sido controvertida-, el actor, en carácter de asociado a la Mutual, contrató un ?servicio de beca estudiantil?, que consistía en el aporte de 72 cuotas mensuales y consecutivas de $ 30, al cabo de las cuales la Mutual abonaría un ?servicio mensual a actualizar? de 72 cuotas mensuales de $ 250.

Ese tipo de convenio está previsto en el artículo 2 inciso f) del estatuto de la Mutual, que expresa que sus fines y objetivos serán los siguientes:?f) Establecer un Fondo Suplementario de Jubilación y Beca Estudiantil? (fs. 31).

El siguiente artículo 3, dispone que ?Los servicios precedentemente enumerados, se prestarán a medida que lo permita el estado económico y previa reglamentación de los mismos, aprobados por la asamblea de socios y la autoridad de aplicación? (fs. 31).

El artículo 8 enumera las obligaciones de los asociados, entre las que menciona ?Cumplir y respetar las disposiciones del presente Estatuto, los reglamentos que se dicten, las resoluciones de la asamblea, y las disposiciones del Consejo Directivo? (fs. 31 y vta.).

A fs.32 vta. y siguientes está agregado el Reglamento de los beneficios de la Asociación Mutual. En su art. 2 se define a la ?BECA ESTUDIANTIL?, como ?la renta mensual que tendrá derecho a percibir el becado por un socio, durante setenta y dos meses, luego de haber aportado durante igual lapso de acuerdo al plan contratado.? (fs. 32 vta.).

5.- Para analizar el caso, es relevante resaltar que entre las partes existe un vínculo asociacional regido por la normativa de las mutuales. Resulta pertinente recordar que las asociaciones mutuales son entidades sin fines de lucro, constituidas por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de prestarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales, o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica.

Según el art: l de la ley de asociaciones mutuales Nº 20.32l, éstas se rigen en todo el territorio de la Nación por sus disposiciones y por las normas que dicte el Instituto Nacional de Acción Mutual (hoy I.N.A.E.S.). La Res. 299/89, (vigente hasta su derogación y sustitución por la resolución INAES 1418/2003 publicada en Boletín Oficial el 03/6/2003), reglamentó el servicio de ayuda económica mutual.

De acuerdo con lo expresado, el servicio de beca estudiantil constituye una ?prestación mutual?, definida en los siguientes términos por el artículo 4 de la ley 20.321:

?Son prestaciones mutuales aquellas que, mediante la contribución o ahorro de sus asociados o cualquier otro recurso lícito, tienen por objeto la satisfacción de necesidades de los socios, ya sea mediante asistencia médica, farmacéutica, otorgamiento de subsidios, préstamos, seguros, construcción y compraventa de viviendas, promoción cultural, educativa, deportiva y turística, prestación de servicios fúnebres, como así también cualquier otra que tenga por objeto alcanzarles bienestar material y espiritual. Los ahorros de los asociados pueden gozar de un beneficio que estimule la capacidad ahorrativa de los mismos?.

Comentando este precepto, señalan Farrés Cavagnaro y Farrés Pablo, que ?la denominación ?prestación? no debe entenderse como el objeto de un contrato que, tal como lo dispone el art. 1169 del C.C., podrá consistir en la entrega de una cosa, o en el cumplimiento de un hecho positivo o negativo susceptible de apreciación pecuniaria.

El término es equívoco, pero debe interpretarse como prestación, el otorgamiento o cumplimiento de servicios o beneficios que las mutuales deben brindar a sus asociados? La conducta exigible a las mutuales conlleva un sentido amplio y específico, que caracteriza una relación donde se materializa una prestación mediante la contribución o el aporte recíproco de los miembros que la componen.

Mutualidad significa calidad de mutuo, de algo que recíprocamente se hace entre dos o más individuos. En ello reside el fundamento de su naturaleza y su estructura jurídica y económica. La creación de una persona jurídica mediante un contrato plurilateral de organización, determina que los individuos que se asocian a ella, adquieran un conjunto de derechos y obligaciones emergentes de su nuevo status jurídico.

De ello deviene que las conductas exigibles mediante la integración de un sujeto a una mutual, incluyan tanto las obligaciones de la entidad hacia sus miembros, como las que estos últimos deben a aquélla? La entidad es creada con el objeto de que preste servicios a sus asociados, y el modo de instrumentación de la satisfacción de las necesidades que aquellos tienden a paliar, es la organización de una mutualidad?. (cfr. Farrés Cavagnaro, Juan y Farrés Pablo en ?Mutuales Ley 20.321?, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1996, p. 76 y 77).

Expresan los autores citados que ?el sentido de la expresión prestaciones mutuales importa, en síntesis, la idea de servicios que presta la mutualidad, y en relación a esta última, cabe un contenido de reciprocidad de tales servicios, o el reparto de riesgos entre los asociados que integran la entidad.

El fundamento económico de la mutualidad debe hallarse en el cumplimiento de los servicios a prestar, que constituyen su objeto. De esta manera, las prestaciones soportadas en común hacen del riesgo un siniestro a cubrirse solidariamente? (cfr. ob. cit. p. 78 y 79).

Con esos criterios, los autores mencionados elaboraron el concepto del ?acto mutual? en los siguientes términos: ?lo constituye aquél realizado entre la mutual y sus asociados, por las mutuales entre sí y, eventualmente, entre la mutual y un tercero, con el fin de atender a la prestación en forma directa e indirecta de los servicios que la mutual otorga a sus asociados?.(cfr. ob. cit. p. 88).

La consideración de estos conceptos es necesaria a la hora de analizar el vínculo entre las partes, pues sirven para comprender su naturaleza. Las relaciones de las mutuales con sus asociados tienen un perfil jurídico propio que surge de la concepción de la teoría del acto mutual.

De acuerdo con los conceptos expresados, el convenio entre actor y demandado constituye un ?acto mutual?, mediante el cual el asociado contrata un servicio de ayuda económica mutual en concepto de beca estudiantil; la Mutual, mediante la captación de fondos de los asociados forma un fondo de garantía, con el cual, al término del período de aportes, paga la ayuda económica en concepto de beca estudiantil.

De lo expresado, surge que el convenio entre las partes no puede interpretarse en forma aislada, prescindiendo del Estatuto, del Reglamento y de las Resoluciones de la Mutual, pues como ya se señaló, lo acordado fue un acto mutual, organizado y regido por todas esas disposiciones.

En consecuencia, tanto el Estatuto, como el Reglamento y las Resoluciones, constituyen el sistema normativo que rigen las relaciones entre la Mutual y el asociado que adhirió a la prestación mutual de ayuda económica de beca estudiantil (art. 4 de la ley 20.321).

6.- De las características del sistema, también se advierte que el monto de la beca a pagar depende de cálculos actuariales, en los que se computan numerosos factores variables, que fluctúan a lo largo de un extenso período de tiempo (seis años), por lo cual la suma a pagar sólo puede ser determinada a la finalización del período de aportes.

El artículo 25 del reglamento establece que ?completado el pago del total de cuotas aporte, iniciado o no el cobro del servicio por parte del socio, no se podrá modificar el plan contratado?.

El artículo 29 expresa que ?durante el período que la Mutual no abone la renta mensual vitalicia o beca estudiantil, por aplicación de lo establecido en el art. 26, la reserva matemática individual se incrementará con la tasa estímulo establecida en el art. 39, y las utilidades citadas en el art. 40, no considerando estos importes para la determinación de la renta mensual, que se calculará el último día del mes que se cumpla el período de aporte contratado originalmente y/o modificado por cambio de plan o se complete dicho período en los casos de mora.

Durante este lapso, únicamente se abonará el importe correspondiente a la cuota social u otros servicios contratados?. El artículo 39 establece que ?el importe destinado a la formación de la reserva matemática tendrá una tasa de estímulo del seis por ciento anual, considerándose a esta tasa como conservadora y factible, pero no garantizada? (fs. 33 vta.).

El art. 48 del reglamento contiene un concepto genérico sobre el pago de los servicios, al expresar que ?los servicios establecidos son los que surgen de la aplicación del dinero de los asociados, resultante de la cobranza de las cuotas aporte destinadas a éstos, una vez deducidos los gastos de comercialización y administración del sistema? (fs. 34).

El artículo 49 prevé que ?los porcentajes a aplicar durante el período de aporte, destinados a cubrir los gastos de prestación del servicio y formación de la reserva matemática, se establecen del siguiente modo en el caso de la beca estudiantil: reserva matemática: 90%, gastos de funcionamiento: 8%; cobertura por fallecimiento (seguro) 2%; a su vez, iniciado el cobro del servicio, se establece la reserva matemática en el 90%, y el fondo de reserva del servicio en el 10%?.

El artículo 52 dispone que ?por reserva matemática global, deberá entenderse la suma de las cuotas aportadas por todos los asociados con este destino, y las utilidades de las inversiones realizadas, acreditadas a cada socio, que se capitalizarán en forma anual una vez aprobada la memoria, balance y distribución de utilidades por parte de la asamblea reunida al efecto.

Durante el período de cobro del servicio, los asociados percibirán la parte proporcional de las utilidades que correspondan a cada renta, calculada sobre el saldo de la reserva matemática individual a la fecha del cierre del ejercicio?.

De acuerdo con lo expresado, la pretensión de la demanda de que se paguen las 72 cuotas de la beca con el importe mensual de $ 250 (consignado en la solicitud de adhesión al sistema, cfr. fs. 13), carece de asidero contractual y normativo, pues esa cifra sólo representa un valor estimado.

En tal sentido, puede observarse que el importe mencionado en la solicitud de fs. 13, está precedido por el título ?serv. mensual a actual.? El valor de la beca que la Mutual debe pagar, sólo puede conocerse a la finalización del período de aportes. Ello desbarata el argumento del recurrente referido a la violación del contrato por parte del demandado.

El recurrente no logra demostrar que la decisión de la Cámara y sus fundamentos sea desacertada, pues no siendo los $ 250 mensuales una prestación prometida sino estimada, la parte actora no ha acreditado que los valores pagados por la demandada infringieron el sistema normativo que rige la prestación mutual.

7.- Sobre tal cuestión, debe considerarse además que el art. 3° del Estatuto Social expresa: ?Los servicios...se prestarán a medida que lo permita el estado económico y previa reglamentación de los mismos....?.

El Tribunal merituó el dictamen elaborado por la Cátedra de Matemática Financiera de la Universidad Nacional de Tucumán, del cual surge la justificación de las decisiones de la Mutual al fijar los montos de las becas (fs. 662/669).

La sentencia impugnada es clara en sostener que el actor, al revestir la calidad de asociado, quedó sujeto al régimen legal y estatutario de la Mutual.

El Tribunal hizo mérito de que el art. 3 del Estatuto de la Mutual dispone que los servicios precedentemente enumerados se prestarían en la medida que lo permita el estado económico y previa reglamentación de los mismos, aprobados por la Asamblea y la autoridad de aplicación. Los servicios eran ciertos en cuanto a su prestación, pero no así en lo referente al ?quantum?, que asumía el carácter de determinable, lo que no es contrario con la ley civil, especialmente el art. 1170 CC.

Ello es coincidente con lo establecido en el Título V sobre ?Disposiciones Generales? del Reglamento de beneficios de la Mutual, artículo 31, que dispone que en los casos de anticipos de pagos de cuotas aportes, la renta se establecerá al final del período, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido dividido por el número de cuotas del plan contratado multiplicado por el coeficiente determinado en el estudio actuarial.

En consecuencia, el importe de la cuota mensual estaba sujeto a un sistema de ajustes sobre la base de un estudio actuarial. Tanto lo indicado en el recibo de la primera cuota como en el art. 12 del Reglamento del servicio del Fondo Suplementario de Jubilación y Beca Estudiantil no afectan la conclusión a la que se llega, toda vez que dicha normativa debe ser coordinada con las ya citadas, en el sentido de que el recibo de la primera cuota establece un monto estimado, sujeto a las pautas de ajuste, en base del estudio actuarial.

Una interpretación distinta llevaría a la negación de la aplicación del elemento corrector de los beneficios a fin de que éstos puedan seguir prestándose, lo que en definitiva significaría la extinción lisa y llana de las rentas y beneficios. Tal posibilidad fue claramente expresada en el dictamen de la Cátedra de Matemática Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.T., que concluye en que resulta correcta la corrección efectuada pues de otra manera se produciría un colapso en el corto plazo (cfr. fs. 664).

Por los motivos expresados, corresponde la desestimación de los agravios referidos a la violación del ?pacta sunt servanda?, del art. 1198 CC, de la irretroactividad de las leyes, y de violación del derecho de propiedad.

Por lo expuesto, se concluye en que corresponde el rechazo del recurso, con excepción de lo resuelto sobre costas, agravio al que se hace lugar según se expone a continuación.

8.- Asiste razón al recurrente en su agravio dirigido contra la imposición de costas. Si bien tal cuestión constituye materia reservada al juicio prudencial de los jueces de mérito, y como tal es ajena al remedio recursivo, este principio cede ante la invocación del vicio de arbitrariedad que, a la luz de los argumentos expuestos surge evidente.

Considero que lo resuelto no es razonable, en tanto impone la totalidad de costas a la parte actora. En mi criterio, los argumentos expuestos por las partes al trabarse la litis son por demás suficientes para evidenciar la razón probable para litigar que le asistió a los actores.

En efecto, de la causa surgen elementos indicativos de la conducta de la demandada, que pudieron inducir a los actores a creer en el derecho que asistía a su reclamo.

En tal sentido, puede señalarse que la demandada basó su defensa en su propio error al calcular el importe estimado de la beca, tanto al contratar como en la liquidación de la primera cuota de la beca, error que luego corrigió unilateralmente.

A ello puede añadirse que su propia conducta fue reconocida en las expresiones volcadas en el acta 599 de la Mutual fechada 26 de setiembre de 2001, agregada entre fs. 391 a 404, en donde se lee en el punto e) del título ?Modificación de Fondos Suplementarios de Jubilación y beca estudiantil ? Propuesta del HCD a la Asamblea Ordinaria del 10 de noviembre de 2001?, lo siguiente: ?La acción de venta llevada a cabo durante prácticamente toda la existencia de la Mutual, ha generado entre los adherentes al sistema el criterio equivocado de que a un aporte dado corresponde una renta fija en el tiempo, muy aproximada a la que figura como renta estimada? (cfr. fs. 395/396).

Con esos elementos, entre otros, puede justificarse la confusión en que incurrió la parte actora acerca de sus derechos, que amerita que sea eximida del pago de costas a la contraria en todas las instancias (art. 105 inciso 1 CPCC).

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia Nº 286, del 2 de diciembre de 2009 de la Sala I de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común (fs. 774/776).

En consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto el punto II de su parte resolutiva conforme a la siguiente doctrina legal: ?No resulta arreglada a derecho la sentencia que impone las costas en su totalidad a la parte actora, sin reparar en la razón probable que le asistió?. Dictar como sustitutiva, la siguiente: ?II. COSTAS de ambas instancias, por su orden?.

9.- Atento al resultado al que se arriba, las peculiares circunstancias de la causa y la naturaleza de la cuestión controvertida, las costas de esta instancia recursiva se imponen por el orden causado (art. 105 inciso 1 CPCC).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, dijeron:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur, votan en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia Nº 286 del 2 de diciembre de 2009 dictada por la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Común, agregada a fs. 774/776 de autos.

En consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto el punto II de su parte resolutiva conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando 8 de la presente sentencia, y dictar como sustitutiva, la siguiente: ?II.- COSTAS de ambas instancias por su orden?. En lo que respecta a los demás agravios, NO HACER LUGAR al recurso, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDURDANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA