Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-28


AUTOS N° 20.094 (1133/1195 - 7° CIVIL) "ADOS SAN JUAN - Concurso Preventivo - Hoy Quiebra - Verificación Tardía UOCRA" L. DE A. T° 168, F° 182/191 SAN JUAN, 28 de octubre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Para resolver en autos N° 20.094 (1133/1195 - 7° CIVIL) caratulados "ADOS SAN JUAN - CONCURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA - VERIFICACIÓN TARDÍA UOCRA" sobre los recursos deducidos por Sindicatura a fs. 109 contra la resolución del 03-11-08, que desestima la defensa de prescripción interpuesta por la fallida; corre un nuevo traslado a la Sindicatura de la Quiebra para que se exprese sobre el crédito y privilegio insinuados por la incidentista. Otro es el recurso de la verificante contra el auto del 04-12-08, que integra la resolución de fecha tres 03-11-08, imponiendo las costas por la excepción de prescripción, en el orden causado. El tercero de los recursos, deducido por la acreedora a fs. sub 134, contra el decreto del 04-03-09, (fs. sub 128) que no hace lugar al pedido de desglose del memorial por falta de copias que dispone el art. 126 del C.P.C.

Antecedentes del primer recurso: Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina promovió la acción tramitada en Autos Nº 5842 caratulados "U.O.C.R.A C/ A.D.O.S S/ Ordinario / Reconstruido" originarios del Quinto Juzgado Civil, Comercial y Minería en la que reclamó a ADOS el pago del 27% del monto de los aportes que la misma percibió para el período Abril de 1978 a Noviembre de 1980 con más sus intereses, desvalorización monetaria y costas, el que fue acogido conforme sentencia de fs. 01/42.

Firme el fallo, la actora procedió a confeccionar planilla de capital intereses y desvalorización monetaria, y solicita verificación de créditos por $2.167.128,20.

Al contestar la sindicatura, y en virtud de lo dispuesto por el art. 56 de la L.C.Q. plantean la defensa de prescripción de la verificación tardía interpuesta, conforme al tiempo transcurrido entre la fecha de presentación del concurso y la fecha de la insinuación.

Esta defensa fue rechazada porque considera la juez que la deuda es de antigua data (sentencia de primera instancia es de fecha 26-09-91), mucho antes de la vigencia de la ley 24522, que establece en su art. 56 el plazo de prescripción que nos ocupa. Por otro lado, la A.D.O.S. dedujo recursos extraordinarios Local y Federal y el crédito queda recién consolidado a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Noviembre de 2001 que rechaza el último de los recursos. El monto final del mismo queda cuantificado por resolución judicial del 22-11-02. Por lo que a su criterio es improcedente que la Sindicatura postule que la pretensión verificatoria tardía se halla prescripta por aplicación del art. 56 de la ley 24522 cuando -como en el caso- surge que la deuda data de fecha anterior a la vigencia de la mentada ley. Su aplicación importaría someter al accionante a un régimen más riguroso que el que regía en la época en que se produjo la mora del deudor; porque la ley 19.551 no preveía la prescripción introducida por la ley 24522. Analiza la existencia de causales de suspensión o interrupción de la prescripción, aún cuando no aparezcan exteriorizadas en la norma analizada, en tanto la ley concursal no prescinde totalmente de las disposiciones de otros ordenamientos, pudiendo recurrirse a ellos para resolver la cuestión, como es en el caso, ya que la incidentista promovió una demanda judicial mucho antes de la presentación en concurso, la que tuvo resolución definitiva cuando ya se había cerrado el concurso por la firma del acuerdo. Rigen en el caso las normas de los arts. 3980 y 3986 del C.C. y en consecuencia, resulta improcedente hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la sindicatura cuando, de lo analizado surge que el pretensor realizó actos interruptivos idóneos tendientes al reclamo de las acreencias contra la deudora; las gestiones que verificó ante un tribunal civil y en instancias superiores ante los recursos interpuestos por la deudora fueron idóneas para interrumpir el lapso prescriptivo.

Antecedentes del segundo de los recursos: la juez impone costas de la excepción por su orden, basado en que si bien la ADOS resultó perdidosa, la Sindicatura litigó con fundamento en la prescripción del Art. 56 de la LCQ; a su vez, que el acreedor verificante demoró su presentación. Luego destaca los motivos por los que éste debe soportarlas, y las circunstancias que constituyen excepción a ese principio. Concluye que en el caso bajo análisis se justifica la imposición de costas por su orden en razón de que si bien la verificación es tardía, existieron motivos que impidieron que el acreedor lo hiciera tempestivamente. En cuanto al resultado de la excepción de prescripción, aunque la misma haya sido rechazada, es de considerar que la Sindicatura al efectuar el planteo entendió que litigaba con algún derecho. La posición asumida por ambas partes en el proceso justifica el apartamiento del principio que impone las costas al verificante tardío, como también del principio general de la derrota consagrado en el Código Procesal, en tanto ambas partes pudieron considerar que gozaban de un derecho verosímil para litigar, circunstancia que conduce a imponer las costas por la excepción de prescripción en el orden causado.

Antecedentes del tercer recurso: aparece motivado cuando la juez decide no hacer lugar a la petición de fs. sub 127 referida a que se tenga por no presentado el escrito de memorial de Sindicatura por no haber sido acompañado de copias, en aplicación del art. 126 del C.P.C.. La juez fundó su negativa en que el peticionante ha tenido oportunidad de retirar los autos tomando conocimiento de la expresión de agravios, y que la falta de copias no le causa ningún gravamen irreparable ni lesiona su derecho de defensa.

Sobre los agravios:

Del primero de los recursos. Son expuestos por la sindicatura y consisten en la diferente interpretación sobre la vigencia de la ley 24.552. Considera inapropiado no aplicarla al crédito, aunque nació e ingresó en mora antes de la entrada en vigencia (el 09-08-95), si la presentación de ADOS en concurso preventivo es del año 1.999. A partir de esa circunstancia, y por aplicación del art. 293 y concordantes, el proceso se rige por la ley 24.522 en su totalidad. El art. 56 no modificó los plazos de prescripción de las acciones en general, sino sólo la acción para solicitar la incorporación de un crédito al pasivo concursal, e inevitablemente dichas acciones tienen como dies a-quo, la presentación en concurso preventivo del deudor y no el momento del devengamiento del crédito. Por lo que resulta indiferente que el crédito haya nacido antes de la entrada en vigencia de la ley.

Sobre las causales de suspensión o interrupción dice que la ley 24522 estableció un régimen particular y excepcional de prescripción abreviada para solicitar la verificación de un crédito; diferente a la prevista en el régimen común. Que aun adoptando que la previsión del art. 56 no es un régimen de caducidad sino de prescripción, la cuestión no varía porque no se aplican las causales de suspensión o de interrupción prevista en el ordenamiento general. De ser así cualquier demanda interpuesta en un juzgado, diferente del concursal, se constituiría en una causal de interrupción. La doctrina y jurisprudencia son conteste en que no es así. Por tanto la circunstancia que el expediente haya estado sometido a recursos, si bien impide que sea atraído por aplicación del art. 21, no obstaculiza, suspende o interrumpe la posibilidad que el acreedor solicite la verificación de su crédito, desde que puede hacerlo a modo condicional o eventual.

Reconoce que la prescripción liberatoria abreviada del art. 56 no se aplica al incidente de verificación tardía en la quiebra; pero solo para los casos en que el crédito no es anterior a la presentación en concurso preventivo. El que no "renació" por efecto de la declaración de quiebra; es decir que la quiebra indirecta no "purga" los efectos de la prescripción concursal ya operada.

En forma subsidiaria (pues había atacado el ingreso de ese memorial), el acreedor intenta contestar a los agravios de sindicatura (a fs. sub 129), pero lo hace en forma extemporánea.

Agravios del segundo recurso: El insinuante funda la apelación a fs. sub 121. Protesta porque el fallo impone las costas en el orden causado. Dice que la sindicatura articuló la excepción de prescripción y fue rechazada. Que el art. 74 del C.P.C. establece el principio objetivo de derrota; y para apartarse de él debe la juez expresar el fundamento. No es suficiente, por ser genérico, decir que al interponerse la defensa la sindicatura "entendió que litigaba con algún derecho".

El tercer recurso, aparece fundado con el escrito de reposición que se agrega a fs. sub 135, en donde dice el acreedor que el decreto del 04-03-09 fue dictado con abstracción de la letra del artículo 126 del C.P.C. Que el juez debe cumplir con la ley, en forma obligatoria e ineludible y no puede, so pretexto de interpretarla, modificarla; que es lo hecho por el juez arrogándose facultades de las que carece, convirtiendo al decreto en arbitrario. No puede distinguir donde la ley no distingue. Las facultades como director del proceso tienen el límite de la ley; y no puede suplir omisiones de las partes. La sindicatura no presentó copias, para la parte ni para el legajo de copias del juzgado.

Es arbitrario lo manifestado por la juez respecto a que su parte accedió a los términos de la expresión de agravios con el retiro del expediente, por lo que no le causó agravios la falta de copias, y que actuar de otra manera sería un rigorismo excesivo. Estas expresiones están teñidas de arbitrariedad. El juez debe controlar si se cumple o no con acompañar copias; le está vedado hacer meritaciones como ha hecho. Entiende aniquilado el derecho de defensa y violentado la garantía de igualdad.

Estos agravios son contestados a fs. sub 140.

Y CONSIDERANDO:

Por una cuestión de orden nos ocupamos del tercer recurso, opuesto por el acreedor, y referido al proveído (del 04-03-09) que no hace lugar al desglose del escrito de memorial de sindicatura.

Entendemos que el recurso debe rechazarse. Ello, en mérito a que acierta la juez cuando afirma que la falta de copias del escrito aludido no produce gravamen ni lesiona derecho de defensa al haber tenido, el quejoso, los autos a su disposición. Tal circunstancia queda corroborada por el informe de fs. sub134, en donde el actuario dice que fueron prestado los autos al Dr. Josué Lozada el día 27-02-09. De ahí que cuando los retira ya tenía incorporado el escrito de expresión de agravios que iba a responder (que fuera presentado el 18 de febrero de este año, y agregado a fs. sub 123-125).

Entonces tenía a su disposición todos los elementos para poder ejercer su derecho de defensa. Por tanto, ordenar el desglose del escrito conteniendo el memorial, por venir sin las copias que prescribe el art. 126 del C.P.C. es únicamente para cumplir con las formas. El acompañamiento de copias tiene ratio legis permitir a las partes disponer de ellas para ejercer el derecho de defensa. Cuando el conocimiento, previsto a través de copias, es obtenido por otro medio (como en el caso con retiro del expediente), ya pierde de sustento lógico el cumplimiento del rito. Las formas procesales van a prevalecer solo cuando a través de ellas se ejerciten ordenadamente los derechos sustantivos y garantías constitucionales; pero no cuando su acatamiento no represente un resultado útil.

Haber podido contestar a los agravios de sindicatura - aunque lo haya hecho en forma extemporánea - implica que a pesar de la falta de copias tenía conocimiento del contenido del escrito que iba a responder; de donde aquella omisión no le ha causado gravamen al acreedor. No dice en qué forma hubiera mejorado su posición en caso de contar, en vez del expediente con el escrito original, con la copia de éste; o cuál el perjuicio que sufrió. Si no hay gravamen, no cabe admitir recurso alguno.

Además, que como lo enseña la doctrina, "si no se han adoptado oportunamente las medidas dispuestas por el CPCN, 120, esto es, la devolución el día siguiente del escrito presentado sin copias, no cabe hacerlo con posterioridad sin dar oportunidad al presentante para suplir la omisión, ya que el decreto judicial que admitió la presentación pudo hacerlo incurrir en confusión; pues la aplicación de inmediato de los arts. 38 y 120 es defensa del presentante quien, advertido de su omisión puede hacerlo nuevamente en término; pero si se tiene proveído el escrito, ese auto puede llevar al oferente a la creencia de que su actitud ha sido correcta y completa. Por lo tanto, sería en desmedro de la defensa en juicio ordenar, ante la posterior petición de la contraparte, el desglose del escrito en cuestión (Palacio-Alvarado Velloso, Código Procesal Anotado t 4 p 71 y 72) (esta Sala III in re "Luna Julio Antonio c/Gramajo Julio y otro s/daños y perjuicios" del 17-10-2006). Gallo Cainzo - Ibañez. Leone Cervera Antonio c/ Berenge Emilio Antonio y otros s/daños y perjuicios, fecha: 22/03/2007, sentencia nº: 83, Cámara Civil y Comercial Común sala 3 (Base Lex Doctor).

En mérito a ello, corresponde el rechazo de este recurso, con costas.

En cuanto al recurso deducido por la Sindicatura contra el rechazo de la excepción de prescripción, sigue igual suerte.

Partimos de considerar que si bien el crédito tiene su origen en el año 1.991, no por eso escapa a la regulación de la ley 24.522, en tanto la vigencia de ésta es inmediata, a partir de su publicación; y que el presente proceso tiene su inicio en el año 1.999. Siendo así debemos analizar la situación planteada a través del art. 56 de la norma citada.

Sentado ello también debe reconocerse que conforme a lo previsto por la norma legal el régimen de prescripción de dos años es aplicable al caso de concursos preventivos, no al de quiebra, en donde "...corresponde rechazar la defensa de prescripción opuesta por la concursada, y en consecuencia, deben declararse verificado los créditos de los acreedores laborales si, al momento de dictar la resolución para resolver la defensa, no subsiste la situación de concurso preventivo de la deudora y el proceso se encuentra en quiebra por incumplimiento del acuerdo pues las sentencias deben ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan. La prescripción prevista en el art. 56 LCQ, rige solo en el concurso preventivo, y no en la quiebra. La aplicación restringida del mencionado artículo al concurso preventivo y su no extensión a la quiebra se apoya en los siguientes argumentos relevantes: a) La metodología del legislador; el artículo 56 se encuentra en la Sección III, Capítulo V, que regula los efectos del acuerdo homologado; b) la ratio legis: la norma tiene por finalidad loable no prolongar por largos períodos la aparición de acreedores que reclamen sus créditos contra el concursado, a fin de poner un límite temporal a lo que en doctrina se ha denominado "pasivos ocultos", intentándose con esa medida cristalizar la situación del deudor; c) la prohibición de analogía en materia de prescripción: El artículo se refiere al concurso preventivo, computa el plazo desde la presentación en concurso preventivo, prevé la conclusión del concurso preventivo (SCJ de Mendoza, 12-4-2002 "Vazquez Armando R. y otros, en Vazquez Armando y otros, en Cristalería Cuyo S.A. s/concurso. Incidente de v. Casación." Jurisprudencia citada por Rivera Roitman-Vítolo en "Ley de Concursos y Quiebras- cuarta Edición actualizada, T° II, Pág. 486- Rubinzal Culzoni. 2.009.; Rivera en "Instituciones de Derecho Concursal, t. I, p 277-	A lo que agrega que "El art. 56 de la LCQ no es aplicable a los procesos de quiebra puesto que no pueden crearse términos de prescripción por analogía, y siendo los plazos de prescripción excepcionales de interpretación estricta y aplicación limitada, la conclusión debe ser que en las verificaciones tardías en las quiebras no rige el plazo de prescripción excepcional establecido en el mentado art. 56. El artículo se refiere con exclusividad a la verificación tardía en el concurso y no existe norma similar cuando se trata de la mencionada verificación en la quiebra; razón por la cual dicha solución no es extensible en principio a este último supuesto. Por su parte, tampoco se advierte aplicable dicha norma a los supuestos de quiebra indirecta" CNCom. sala A, 4-10-07 "Constructora Iberoamericana S.A. s/ concurso prevé. Ind. de verificación." (de la misma obra).

Entonces bien razona la juez cuando, con cita doctrinaria de Rouillon sostiene que "el plazo de prescripción de 2 años que consagra el art. 56 de la L.C.Q. tiene por efecto la voluntad de salvaguardar la empresa en marcha; ésta se aplica solo al concurso preventivo exitoso, es decir para el que no resulta frustrado por el desistimiento o quiebra indirecta".

Con lo cual, habiéndose ya declarado la quiebra y el proceso liquidativo, carece de sustento limitar la concurrencia de los acreedores; es decir que el plazo de prescripción que nos ocupa no se aplica en situaciones como la presente en que la concursada luego del incumplimiento cae definitivamente en la quiebra, y si bien los incidentistas verifican tardíamente en el concurso, no es menos cierto que al momento de insinuar su crédito la A.D.O.S. ya se encontraba declarada en Quiebra, caso en el que no rige la prescripción del art. 56.

Si bien sindicatura comparte estos criterios, ha dicho en salvaguarda de su posición que es así "solo para los casos en que el crédito no es anterior a la presentación en concurso preventivo; y que no "renació" por efecto de la declaración de quiebra; es decir que la quiebra indirecta no purga los efectos de la prescripción concursal ya operada.

Con tal argumento da por sentado que el crédito feneció por la falta de presentación verificatoria en el concurso. Pero ello no es así, puesto que tratándose la prescripción de una defensa, la no insinuación no ha extinguido el crédito, ni la acción para hacerlo valer, por ende tampoco cabe ver un renacimiento por la quiebra posterior.

Así lo considera también Julio C. Rivera en "Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2.001-1, p.467" quien entiende "requiere de su interposición, sea como acción o defensa, y hasta tanto ello no ocurra es prematuro el rechazo de oficio del incidente por juzgarse prescripto.

De hecho, su no oposición, no invalida la insinuación, ni la resolución favorable, lo que pone a las claras que el crédito no se ha extinguido; aun cuando sea anterior a la presentación en concurso de la actual fallida. "la prescripción no obra por el mero transcurso del tiempo, requiriéndose que medie invocación por parte del interesado, que goza incluso de la facultad de renunciar a la prescripción ya ganada (cciv 3964 y 3965), motivo por el cual no opera en ningún caso su declaración de oficio, sin que concurra el extremo referenciado precedentemente (conf. Llambias, "tratado de derecho civil", Obligaciones, t. III, pag. 310; Rezzonico, "Obligaciones", t. 2, Pag. 1198; Colmo, "de las obligaciones en general", p. 622).

Es que "Conforme al texto legal, la extinción del derecho del acreedor de verificar tardíamente su crédito en el concurso se opera por medio de la prescripción y no de una caducidad, aun cuando se trate de un plazo extintivo breve. Así claramente se expresa en el mismo artículo 56 de la ley de concursos y quiebras. Esto significa que el instituto opera exclusivamente por instancia de parte interesada y de ningún modo de oficio por el tribunal. Para ello el excepcionante deberá demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su procedencia; esto es, el transcurso del tiempo y la inacción del acreedor..." Autos: La Buenos Aires Compañía de Seguros S.A. (TF 10.799-A) c/ DGA. Uslenghi, Galli, Jeanneret de Pérez Cortés (por su voto). - Fecha: 08/03/2005 C.Nac.Cont.Adm.Sala IV. - Nro. Exp.: 172.333/02 (Base Lex Doctor)	En el caso particular, el crédito no fue insinuado mientras se mantenía el estado concursal, momento en el que era oponible esta defensa; y cuando lo fue, ya no era oportunidad hábil para resistirlo mediante prescripción. Además, no cumplió el invocante con la carga de acreditar el transcurso de tiempo y la inactividad del acreedor, ya que a fs. sub 72 vta. se limita a la invocación de la norma y requiere su aplicación en base al tiempo transcurrido; sin alegación sobre los hechos pertinentes, esto es el momento en que el crédito se hizo exigible, o los actos que el excepcionado consideró interruptivos. Los que a su vez deben considerarse con un criterio amplio, pues en caso de dudas debe estarse a la conservación del crédito y las acciones que emergen de él. La prescripción se funda en el orden público y se justifica porque da estabilidad y firmeza a los negocios; es un instrumento de la seguridad jurídica radicando justamente en ello su ratio legis, de allí que en materia de prescripción rige el principio de interpretación restrictiva.

Sin perjuicio de ello, la no aplicabilidad al caso, por tratarse de una etapa impropia para la oposición de la prescripción, hace innecesario referirse a actos interruptivos de ésta.

Entonces, el segundo recurso también se va a rechazar, con costas.

En la tercer impugnación la verificante, en forma subsidiaria, dirige la queja por la imposición de costas por su orden, que se concreta en la resolución aclaratoria de fecha 04-12-08.

Consideramos que este recurso va a prosperar. Ello así porque la juez entiende compensable dos situaciones, en donde rigen dos principios, como es aquel por el cual las costas de la verificación tardía deben imponerse al acreedor; y otro el previsto por el art. 74 del C.P.C. por el hecho objetivo de derrota, calidad que ostenta la sindicatura.

Sin embargo, ello no es un argumento válido para resolver de la forma que hizo. Es así pues no debe perderse de vista que aquí se trata de las costas de "la excepción de prescripción"; así lo dice la juez en la resolución (según fs. sub 115 vta.); y no podría ser de otra forma ya que las que se originan por el incidente de verificación aun no merecen decisión jurisdiccional porque recién se ha ordenado traslado a la sindicatura "para que se exprese sobre el crédito y privilegio insinuados por la incidentista".

Siendo que solo está definido el rechazo de la defensa de prescripción, y la calidad de derrotada de la sindicatura, no cabe aquella suerte de compensación, porque no está decidido todavía la verificación del crédito ni tampoco quién va a soportar las costas de ese incidente (pronunciamiento que será parte de esa resolución, conforme art. 168 inc. 168 inc. 8° del C.P.C.).

Además, la juez encuentra atenuantes para apartarse de aquellos principios, justificando el proceder de la acreedora, esto es en la tardanza en la promoción de la verificación, en "...motivos que impidieron que el acreedor lo hiciera en forma tempestiva..."; y otros referidos a la derrota de sindicatura, como es que " al efectuar el planteo entendió que litigaba con algún derecho".

Estas meritaciones no cambian el destino del recurso, ni justifican la imposición como viene resuelta, ya que sobre la actuación del acreedor es prematuro analizarla; y en cuanto a la sindicatura, no es eximente el referido al error en que incurrió en el análisis del derecho aplicable al caso.

Por eso entendemos que este recurso es procedente, y las costas por la excepción de prescripción serán a cargo de quien la opuso.

En mérito a ello, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación que interpone la sindicatura contra la sentencia que rechaza la excepción de prescripción, con costas. Rechazar el recurso que interpuso la verificante contra el decreto de fecha 04-03-09, con costas a su cargo. Admitir el recurso que interpone esta misma parte contra la aclaratoria que impone costas por la excepción por su orden, debiendo ser a cargo de la excepcionante vencida, con costas.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.