Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30


SANCHEZ, Liliana Evangelina contra CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES Y OTRO Reg.: A y S t 203 p 239-245.

Santa Fe, 30 de noviembre del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia de fecha 17 de febrero de 2003, dictada por la Sala Segunda - integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral, de la ciudad de Santa Fe, en autos: "SANCHEZ, Liliana Evangelina contra CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES Y OTRO -Cobro de Pensión- (Expte. 114/02)" (Expte. C.S.J. nro. 322, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de autos que por sentencia del 17 de febrero de 2003, la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral, de la ciudad de Santa Fe, resolvió confirmar la sentencia del Juez inferior, el que a su turno no hizo lugar a la solicitud de la prestación de pensión incoada por la actora.

Contra ese decisorio dedujo la accionante recurso de inconstitucionalidad, por considerarlo violatorio de la garantía de defensa en juicio y del derecho al debido proceso (arts. 9 y 18 de la Constitución provincial y nacional respectivamente), por no constituir una derivación razonada del derecho vigente, resultar autocontradictorio, sustentarse en afirmaciones dogmáticas, prescindir de prueba decisiva y restarle su valor, como así también omitir la consideración de extremos conducentes al caso; funda su impugnación en las causalesprevistas en los incisos 2 y 3 del artículo 1 de la ley 7055.

Afirma que la sentencia vulneró los derechos de defensa y debido proceso cuando de manera arbitraria y dogmática decidió que no hubo cohabitación sin analizar meritoriamente las pruebas de autos.

Expresa que se conculcan susderechos de la seguridad social porque la decisión desconoce la verdad real que ha de primar para resolver materia previsional; en este sentido ilustra que para analizar el "concubinato previsionalmente protegible", se ha tenido en cuenta la opinión de autores del derecho de familia, mas se ignoranprincipios que la jurisprudencia y doctrina de la seguridad social establecen, respecto de que "no sólo se debe medir la cohabitación..., sino todas las connotaciones y aristas que reviste un concubinato: íntima, familiar, social, etc".

Achaca que el fallo incurre en"apartamiento expreso de la ley", pues no valora la nulidad del otorgamiento del beneficio a la viuda, al considerar que la actora carece de legitimación sustantiva para ese reclamo, atento a que primero hay que demostrar el concubinato. Entiende que el razonamiento desarrollado es ilegal por dejar subsistente el derecho de pensión de la ex cónyuge, sin que esta hubiera cumplido con los requisitos legales para su obtención.

Señala que la sentencia es autocontradictoria cuando dice que se evaluó minuciosamente la prueba testimonial, y concluye en no reconocer la cohabitación.

Acusa que el pronunciamiento incurre en afirmaciones dogmáticas; que prescinde de prueba decisiva, en tanto omite valorar extremos conducentes al caso tales como los avisos fúnebres, las condolencias, las constancias de viajes, y las testimoniales que reflejan un "verdadero concubinato" y "una verdadera comunidad de domicilio".

Alega que la arbitrariedad de la sentencia radica en su apartamiento de la "solución prevista por la ley, doctrina y jurisprudencia que trata la materia previsional".

Expone que todo el debate se circunscribe a dos cuestiones, por un lado la existencia de su relación concubinaria con el señor González Bertero, y por otro la "legalidad y legitimidad" del beneficio otorgado a la ex cónyuge divorciada.

Con relación a este último aspecto sostiene que los fundamentos dados por el sentenciante para omitir su tratamiento son erróneos; que en "realidad, es tan importante su análisis que una cuestión atañe la otra y viceversa, pues la omisión de valorar la nula vocación pensionaria de la ex cónyuge, conlleva inexorablemente a confirmar el concubinato, por la ardidosa conducta armada para desterrar" a la recurrente del goce del beneficio.

Aduce que le provoca agravio que la cuestión relacionada con su falta de legitimación para impugnar el otorgamiento del beneficio a la ex cónyuge haya sido introducida en esta instancia, pues no fue invocada al contestar la demanda.

Agrega que "tiene clara legitimación sustantiva desde el momento que el artículo 53 de la ley 10.727 establece la concurrencia o no de cónyuge y conviviente conforme a los requisitos taxativamente allí determinados".

Dice que la sentencia incurre en "autocontradicción", pues el "miedo de caer en una liviandad en la apreciación de los requisitos y su repercusión en otro patrimonio particular" cuando "se juzga un concubinato",no existió al momento de "confirmarle vocación pensionaria a la cónyuge divorciada vincularmente".

Acusa que el fallo viola la garantía de igualdad, pues la trató de manera diferente respecto de la cónyuge, contrariando de ese modo a la norma que determina el derecho de la concubina a ser considerada como esposa a los fines legales. Expone que la sentencia luego de definir "el estado de aparente matrimonio", niega la existencia de cohabitación utilizando cada elemento probatorio para desestimarla; asevera que la convivencia se desarrolló durante años con la modalidad que la pareja le otorgó; que sobre dicho aspecto "no puede entrarse", por pertenecer a la esfera de "la vida privada que no va en desmedro de su estado de aparente matrimonio, de público y notorio". Reprocha que la resolución no otorga ningún valor probatorio a las testimoniales que reflejan la vida marital y la comunidad de hacienda familiar entre Sánchez y el causante.

Sostiene que el "estado de aparente matrimonio" fue ampliamente cumplido en cuanto a los signos "íntimos y exteriores"; que no es posible ponerlo en dudas, ni verse menguado por la decisión de los miembros de la pareja respecto de "su estilo de cohabitación", y sin que ello implique que haya dejado de existir "comunidad de domicilios en ningún momento".

Continúa diciendo que, lo que aquí trae "no es un planteo entusiastamente elaborado", sino "la concreta y real forma de la convivencia" que la pareja "debió" desarrollar.

Interroga acerca de si "la ley obliga a la cohabitación en un domicilio o lo fija como un requisito deseable". Afirma que los sentenciantes no tuvieron en cuenta la situación de los respectivos hijos de los miembros de la pareja; ni que como padres "reacomodaron" su vida y su convivencia en función de aquéllos.

Rechaza las consideraciones formuladas por el tribunal respecto de "los domicilios" en que viven la pareja y los hijos; y explica que la "cohabitación en los domicilios, no es contradictoria ni promiscua", sino "indistinta".

Con relación a ese punto, postula que "llevar al terreno de suposiciones y conjeturas a las testimoniales rendidas, se contradice con laclaridad que ellas denotan en orden a cada situación a probar". Finalmente se agravia de que la sentencia haya considerado "que debe probarse satisfactoriamente la provisión de recursos y la regularidad de los mismos ..."; sostiene que dicho aspecto quedó suficientemente demostrado por las testimoniales que dieron cuenta del "papel de ama de casa" que cumplió Sánchez a cargo de la organización hogareña y en "comunidad hacendal". Por decisorio del 6 de agosto de 2003 la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 31/32), lo que motivó la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs. 36/40).

2. En primer término debe señalarse que no corresponde subsumir el presente caso en la hipótesis prevista por el inciso 2, del artículo 1 de la ley 7.055, tal como pretende la quejosa.

Y ello es así por cuanto, al respecto, este Cuerpo reiteradamente ha sostenido que la norma mencionada requiere que se hubiere cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía fundado en él, supuesto en el que no cabe subsumir la cuestión debatida en autos.

Delimitado el ámbito de impugnación del presente recurso al inciso 3 del artículo mencionado, corresponde adelantar que la presente queja no ha de ser admitida.

Es que, de la confrontación del recurso de inconstitucionalidad con la decisión atacada surge que los cuestionamientos esgrimidos por la actora no pueden tener cab Y, ello es así desde que no se advierte que la Cámara haya incurrido en arbitrariedad por no reunir su decisorio las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción de la impugnante, habida cuenta que la lectura de su pronunciamiento, denota que fueron expuestos claramente los motivos por los cuales consideró -en definitiva- acertado el fallo de baja instancia.

Así, del decisorio cuestionado surge que la Sala entendió necesario determinar en primer término si la actora poseía legitimación sustantiva -esto es, si había demostrado el concubinato- a los efectos de poder, por un lado,acceder al beneficio de pensión, y por otro impugnar el otorgamiento de dicha prestación a la ex cónyuge codemandada. En esa labor,el sentenciante tras considerar las circunstancias -según los dichos de la demanda- en que se desarrolló el vínculo entre Sánchez y el causante, destacó que la pretensión de la recurrente consistía en ampliar la noción de concubinato a situaciones en que no ha mediado cohabitación en sentido estricto; y adelantó que ello resultaba excesivo.

Se observa que, la Cámara sustentó su apreciación en que la "cohabitación" era un requisito imprescindible a la hora de perfilar el concubinato; para ello tuvo en cuenta diferentes definiciones brindadas por la doctrina acerca de dicha institución y de sus elementos característicos; y arribó a la conclusión que -a pesar de las diferencias entre los autores respecto del grado de importancia de otros requisitos- "todo indica que la convivencia (el vivir con) bajo un mismo techo está presupuesto en cualquier versión competente de lo que debe entenderse por concubinato".

Agregó el sentenciante que, no era distinta la conclusión a que se llegaba analizando los regímenes legales que han reconocido derechos nacidos de este tipo de uniones; en tal sentido puntualizó que el artículo 53 de la ley 10.727 -que rige el asunto- acuerda el beneficio de pensión a la "conviviente".

Se puede examinar que, la Sala invocando asegurar la Justicia en el caso, trató el planteo de la recurrente consistente en que la exigencia de la cohabitación en sentido típico constituía un exceso formalista que debía ceder frente a la modernidad de los hábitos y la creciente tendencia de las parejas cuyos miembros vivían bajo distintos techos; en esa tarea expuso razones sociales, económicas y legales, que impedían reconocer derechos derivados de esta clase de uniones -que denominó- basadas en un "menguado nivel de compromiso".

Luego el Tribunal, puntualizó que desde la demanda resultabasingular la postura de la recurrente de entender que existía convivencia cuando la misma acontecía en tres domicilios y "con acento los fines de semana"; y juzgó que las razones esgrimidas - enfermedad de un hijo de la interesada- no justificaban la prescindencia de "una comunidad de domicilio".

Y, con relación al tratamiento de la prueba el a quo señaló que las declaraciones testimoniales no reflejaban más de lo que se había postulado en la demanda, ya que carecían de precisiones con relación a demostrar una "cohabitación estable o, en su caso, la ubicaban contradictoriamente en domicilios distintos"; finalmente la Sala restó decisividad a otras probanzas -avisos fúnebres; pésame en el velatorio- por entender que apuntaban a la demostración de una vida social de pareja, pero no a la cohabitación exigida por la ley. Por su parte, el Vocal Dr. Alzueta, votando en el mismo sentido que el preopinante, señaló que en el sub lite no aparece acreditado que el causante proveíarecursos (económicos) regularmente durante el transcurso de la relación, extremo que consideró indispensable para obtener la prestación previsional, cuya finalidad precisamente era substituir aquéllos aportes.

De tal manera el fallo exhibe con claridad que la Sala juzgó acertado el criterio del inferior acerca de que la actora "no ha logrado demostrar el concubinato", en razón - fundamentalmente- de que a su relación con el causante le ha faltado la cohabitación como elemento que resultaba necesario para representar con precisión el instituto en debate. Se advierte de los argumentos expuestos en la sentencia que la Sala al fallar tuvo en cuenta la materia que tenía que resolver, vinculada al concubinato y a sus elementos constitutivos, como así también la doctrina imperante al respecto, interpretando el alcance de las normas aplicables mediante un estudio racional de la institución en análisis y en el marco de las particularidades del caso, dando debido fundamento a sus conclusiones.

De allí que, aunque la solución no conforme a la recurrente, no se advierte que los sentenciantes al resolver el caso hayan incurrido en vicios tales como apartamiento de la verdad real, afirmaciones dogmáticas, excesivo rigor formal o arbitrariedad "por interpretación errónea de las leyes, doctrina y jurisprudencia" referidas al concubinato, que autoricen a descalificar el pronunciamiento como acto judicial válido. Por otra parte, la compareciente tampoco logra persuadir que la Cámara haya omitido valorar prueba decisiva desde que una atenta lectura del decisorio cuestionado permite apreciar que la prueba que se dice preterida no es tal, dado que ha sido efectivamente considerada. Ello permite afirmar que, en realidad lo que postula la quejosa es una distinta apreciación de ésta, asentada en su particular visión del caso, lo que no depara caso constitucional que legitime la apertura del recurso extraordinario intentado.

Igual suerte adversa ha de correr su planteo vinculado a la existencia de autocontradicción, desde que tal defecto requiere una irreductible oposición conceptual que torne ininteligible lo decidido finalmente.

Y, del análisis del fallo impugnado no se desprende la existencia de dicho agravio; el cuestionamiento de la recurrente en esa orientación sólo deja traslucir su discrepancia con la conclusión arribada por la Sala luego de evaluar los hechos y las pruebas aportadas, pero de ninguna manera logra acreditar que en tal tarea haya incurrido en algún vicio con entidad tal como para autorizar la descalificación de la sentencia en esta instancia excepcional.

En otro orden de ideas, no han de prosperar los reproches vinculados a que su falta de legitimación para impugnar el beneficio acordado a la ex cónyuge no fue propuesta al demandar; ni tampoco que la sentencia viola sus derechos constitucionales de defensa, debido proceso e igualdad, por haber prescindido del análisis de prueba decisiva y extremos conducentes al caso, referidos a la falta de vocación pensionaria de la ex cónyuge.

Es que, la evaluación de aquel tema -mas allá del momento de su proposición- estaba condicionada ineludiblemente por una cuestión de orden lógico, como bien lo expone la Sala, a la determinación previa del emplazamiento de Sanchez como concubina, y ello no luce en modo alguno como un razonamiento inválido, en consecuencia los reproches que la quejosa formula al respecto no deparan cuestión constitucional.

Además, habiéndose concluido que no resulta descalificable, en esta instancia de excepción, la solución de la sentencia en sentido negativo a la configuración del concubinato a los fines de obtener la pensión, de ninguna manera puede ser objetada de arbitraria la consecuencia implícita de que la recurrente carece de "un interés propio y jurídicamente relevante" en solicitar la nulidad del beneficio acordado a la ex cónyuge, tal como lo afirma el Tribunal en el auto denegatorio. De allí, que los restantes planteos formulados no tienen relevancia para cambiar la solución final del pleito.

Por último, con relación a la denuncia de "hecho nuevo" formulada por la impugnante a foja 48, y más allá de si la misma puede ser admisible o no en esta instancia, debe destacarse que no demuestra el vínculo que tendría lo acontecido (resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, que deniega el beneficio de pensión tanto a Sánchez como a Portells) para mejorar la situación de la quejosa.

Por ende, las deficiencias apuntadas sólo demuestran el intento de la recurrente de reabrir el debate acerca de cuestiones de hecho, prueba y derecho común en una suerte de tercera instancia ordinaria, extraña a la esfera del remedio enderezado, en tanto sólo traducen su disenso para con la decisión del Tribunal la que, en suma, remite a aspectos reservados a los jueces ordinarios y ajenos al control de adecuación constitucional que incumbe a esta Corte.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remitanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI: El planteo de la recurrente, en principio, cuenta con suficiente asidero en las constancias de autos, ostenta entidad constitucional y resulta idóneo para operar la apertura de esta instancia de excepción. Ello dicho, claro está, desde el análisis mínimo y provisorio que corresponde a este estadio y sin perjuicio de lo que, con los principales a la vista, se resuelva en la oportunidad prevista en la ocasión establecida en el artículo 11 de la ley 7055.

Por tales razones, entiendo que corresponde admitir la queja interpuesta.

Fdo.:GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)