marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jubilaciones, caducidad, ley derogada, jubilación de privilegio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: KILIBARDA, DANILO HECTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ Expte  N. 167-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-08

En el régimen de la ley 9214 no es exigible el requisito de la edad que dispone la ley 6915. Así lo ha entendido la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia que otorgó jubilaciones en base a la citada ley 9214 sin requerir el cumplimiento de la edad exigida por el régimen común, lo cual surge de los casos llegados a la Corte al declararse caducos beneficios ya concedidos; como también la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Caja al dictaminar que la ley 9214 era atentatoria del principio de igualdad "...porque consagra un régimen...con menos años computados de edad y servicios que los exigidos para el común..."; si bien luego, en "Otro sí digo", y olvidando lo precedentemente afirmado, sostuvo que la ley 9214 requería también el mínimo de edad establecido en la ley 6915.

Tal fue, además, el alcance que le atribuyeron los legisladores cuando se dispuso la derogación de la citada ley 9214, como quedó evidenciado a través de expresiones vertidas con motivo del debate parlamentario de la ley 9429.
Marcas, marcas anexas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PANAMERICANA DE PLASTICOS S.A.I.C. c/ ALPARGATAS S.A.I.C. s/ OPOSICION MARCA 1045.454.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-06

A los efectos de comparar figuras el resultado que propone la mera visualización tiene una importancia fundamental para determinar la confundibilidad o no de las marcas. (Sala 1,2061,060983)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Domínguez, Demetrio y otra c/ Balcaza, Claudio Joaquín s/ Daños y perjuicios y beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

La falta de ataque a una de las consideraciones de la sentencia resulta irrelevante, en la medida en que el núcleo de la impugnación radica en una circunstancia anterior ajena por cierto al análisis de aquel acto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inimputabilidad, título profesional
Materia: PROCESAL PENAL -PENAL
Carátula: ADRAGNA ANGEL s/ PERICIA PSIQUIATRICA - PERITO CONTRALOREADOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-03

El examen mental obligatorio previsto por el art. 75 del C.P.P., se trata de una verdadera pericia, destinada a establecer científicamente o a desvirtuar la existencia de alguno de los supuestos contemplados como componente biopsicológicos del art. 34 inc.

1ro. C.P., resultando de ello una clara inferencia, la de considerar la extrema virtualidad que tal práctica obligatoria acarrea como acto procesal. De tal suerte, la facultad conferida al imputado por el art. 261 del C.P.P., es un ingrediente necesario para garantizarle a este, su legítimo ejercicio del derecho de defensa a través del control que del acto realice su perito, ofrecido como contraloreador. Desde el punto de vista de la finalidad de la pericia, se aprecia que la misma tiene su origen en el contenido sustancial de la norma del art. 34 inc. 1ro. C.P. y que está destinada a acreditar la plena imputabilidad o inimputabilidad del acusado y sus consecuencias, como lo son la no imposición de pena o la eventual aplicación de medidas de seguridad, acordes al dictamen profesional del médico psiquiatra actuante, en cuanto al grado de peligrosidad que el mismo puede tener frente así o en relación a terceros. Lo apuntado no es otra cosa que la "ratio legis" que sirve de fundamento a la exigencia contenida en el art. 256 del C.P p. en cuanto hace a la habilidad profesional del perito designado por las partes, calidad que ser a apreciada por el Juez al verificar los títulos que el mismo ostenta antes de la aceptación del cargo.
Recusación, defectos del procedimiento, error de hecho (civil), error de derecho
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de recusación en autos Nº 88/942/2010/Acuerdo Republicano Federal s/ fusión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-25

Aun cuando la actuación del juez de primera instancia pueda -eventualmente- ser calificada de equivocada o desacertada, ello no constituye causal de recusación, por cuanto los vicios procesales y los errores de hecho o de derecho son susceptibles de ser enmendados mediante los recursos pertinentes que acuerda el ordenamiento procesal.
Causas de justificación, estado de necesidad
Materia: PENAL
Carátula: C., L.M.; C., C.E. s/ Abigeato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-30

No puede alegarse estado de necesidad cuando de la causa no surge que el peligro de sufrir el mal fuera efectivo y de realización inminente como para justificar una actuación inmediata con finalidad salvadora, ni que el acto de salvación fuera necesario y racional.
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: S. V. C. s/ LESIONES CULPOSAS Y FALSA DENUNCIA EN CONCURSO REAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-11-21

La multa fijada por los arts. 94 y 245 del Código Penal e impuesta por el Fiscal de Instrucción en su dictamen, es de cumplimiento necesario para la perfección del instituto de la suspensión de juicio a prueba.
Incidentes, incidente de caducidad, caducidad de instancia, queja por recurso denegado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Banco Privado de Inversiones SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/Banco Privado de Inversiones SA s/ej. fisc.- ing. brutos- convenio multilateral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-04

La resolución de incidentes -rechazo del pedido de caducidad de instancia formulado por la ejecutada-, constituye una cuestión procesal propia de las instancias de mérito y ajena al marco cognoscitivo de la presente vía recursiva de carácter extraordinario, sumado a que el recurrente no logró justificar los motivos por los que correspondería realizar una excepción. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Competencia por la materia, sistema previsional
Materia: PROCESAL
Carátula: BARBALATO, BEATRIZ s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-31

El art. 15 de la ley 23473 de creación de la Cámara Nacional de Seguridad Social abrogó -entre otros- los arts. 13 y 14 de la ley 14236, derogando tácitamente también el art. 23 inc. b de la ley 18345. Aquella norma legal asignó competencia específica y exclusiva en materia de previsión, en sus arts. 8 y 13, al CNASS.

Por ello, si en el caso ya hubo sentencia definitiva emitida por una de las salas de esta excma. Cámara y dicho fallo fue dejado sin efecto por la CSJN, en base a lo que el mismo Alto Tribunal dispuso en la acordada 6/89, corresponde declarar la incompetencia de esta CNAT y disponer el pase de las actuaciones la CNASS.
Derechos del empleador, facultades disciplinarias del empleador, sanciones laborales, suspensión preventiva, sumario administrativo
Materia: LABORAL
Carátula: SUAREZ, MIGUEL c/ HIDROELECTRICA NORPATAGONICA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

La suspensión precautoria no ha sido objeto de regulación normativa pero desde antaño ha sido admitida por la doctrina y la jurisprudencia encuadrándola entre las facultades que asisten al principal para disponer este tipo de medidas durante el desarrollo de un sumario interno tendiente a investigar el hecho que por sus características configure una inobservancia contractual grave y cuya autoría, y la eventual imputabilidad del presunto infractor, genera dudas razonables que impongan esa actuación previa.
Concursos, competencia comercial, depósito judicial, ley de emergencia económica, pesificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANS  CEREAL  SRL s/ QUIEBRA  S/ INC. DE INVERSIONES DE FONDOS REFERIDOS  AL  BANCO  CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ INC. DE INVERSION DE FONDOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-16

Del dictamen fiscal 90917 con remisión al dictamen 89839:

es competente el juez del concurso para resolver acerca de la disponibilidad y pecificación de los fondos de la quiebra depositados en una entidad bancaria, pues se trata de cuestiones relacionadas, en primer lugar con el pasivo de la quiebra y el interés de la masa y, a la vez, con la emergencia nacional y las normas dictadas por el estado nacional en dicho contexto, cuya decisión es de especifica incumbencia del juez del proceso de quiebra, en virtud de su carácter universal (cfr. dictamen 89839, "Barreca Hnos. s/ quiebra s/ inc. transitorio", 10.06.02).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia definitiva, sobreseimiento provisional, administración fraudulenta, tipo penal, inexistencia de delito
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: CESAR LINO ARISNABARRETA Y OTROS s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-03

Procede el recurso extraordinario contra la decisión que -si bien sobreseyó parcial y provisoriamente a los querellados como partícipes necesarios del autor del delito de administración fraudulenta- estableció que no había hecho ilícito y tampoco delito, lo cual, al hacer desaparecer el objeto del proceso, decide de modo definitivo la pretensión del recurrente.
Escritos judiciales, presentación en distinta secretaría
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNCA, DANIEL c/ POLARCA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-10

Carecen de eficacia los cargos puestos en los escritos por una secretaría distinta a la actuante. En tal caso debe tomarse como fecha de presentación de los mismos la de su recepción por la secretaría interviniente en la causa CSJN 3.4.75 "Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos Argentinos c/Ministerio de Trabajo, JA, 1975, 28, p.100; fallos: 291, p 249, y quedan a cargo del presentante el riesgo de error en cuanto al lugar donde entrega el escrito, CNAT, sala II, 31.3.77, "Fernando Arnoldo c/Curtiembre Roberto SA.
Recurso extraordinario federal, improcedencia del recurso, sentencia condenatoria, estafa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: San Martín  Aguiar,  Julio  César  y Scilingo, Adolfo Francisco s/ libramiento de cheque en cuenta cerrada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que condenó al actor por el delito de estafa si los agravios del apelante no son suficientes para demostrar la existencia de un caso de arbitrariedad que justifique la intervención de la Corte.
Reordenamiento del sistema financiero, depósito bancario, intangibilidad de los depósitos, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

La llamada "intangibilidad de los depósitos" sancionada por la ley 25.466 no constituye un concepto reiterativo o sobreabundante respecto de la protección constitucional al derecho de propiedad, porque la enérgica redacción de dichas normas revela innegablemente la existencia de una política económica dirigida a captar depósitos, suscitando para lograr ese objetivo un intenso grado de confianza que, en forma casi inmediata, el poder público defraudó con el dictado de las normas que se iniciaron con el decreto 1570/01
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, financiamiento de los partidos políticos, plazos procesales
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de apelación en los autos caratulados: Actuación administrativa interna s/ control patrimonial elecciones 28-06-2009
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-21

La ley 26.215 -que, con las modificaciones introducidas por la ley 26.571, rige en la actualidad- estableció términos máximos para el desarrollo de los procesos de control patrimonial (artículos 26 y 61). Así, con relación a los informes finales de campaña, el artículo 61 prevé un plazo "máximo de ciento ochenta (180) días para la realización de la auditoría de los informes finales de campaña y treinta (30) días para la elaboración y notificación a los partidos políticos del dictamen correspondiente[,] [a cuyo] [v]enci[miento] [...] el juez federal con competencia electoral dentro del plazo de treinta (30) días deberá resolver".
Recurso extraordinario, sentencia, doctrina de la arbitrariedad, razonabilidad, Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, SIXTO Y OTROS c/ ORTIZ, DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 114-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-08

El recurso extraordinario por sentencia arbitraria se erigió en un medio de corrección para adecuar ésta al texto: el objetivo liminar expuesto por el juez Marshall en el caso "Marbury v- Madison", adecuación de toda norma a las de primer nivel, se consigue enjuiciando un acto tachado de "inconstitucional"; en rigor, el necesario examen está indisolublemente ligado al análisis del razonamiento y de la argumentación jurídica, y que el fallo que se descalifica constituye -debe constituir para que el recurso prospere- la antítesis de la decisión racional y razonable, de la decisión sujeta a determinado procedimiento y expresión de ciertos valores compartidos socialmente al momento del dictado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, ordenanzas municipales, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CUCU, NORMA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 289 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-23

No puede puede ser acogido el planteo impugnativo en cuanto alega contradicción de los argumentos expuestos por la Cámara, con criterios que se desprenden de la Corte Suprema de Justicia nacional respecto a que "la garantía consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional, no impone la uniformidad de la legislación en materia previsional, ni impide la existencia de regímenes jubilatorios distintos en tanto no exista discriminación irrazonable o propósitos persecutorios".

Es que los jueces se hacen cargo del criterio, concluyendo que en las circunstancias del caso no había un motivo objetivamente razonable para establecer la discriminación, considerando aplicable al caso el precedente "Sánchez de Sotelo", donde el mas Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de normas insertas en un régimen especial, que establecían la extinción del derecho a pensión para la viuda por causa de nupcias posteriores a su otorgamiento, porque su mantenimiento -frente a la ley vigente en el sistema nacional que arbitraba una solución opuesta- "conduce a negar a unos lo que se concede a otros";

Y para así decidirlo señaló que el principio establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional, según el cual todas las personas sujetas a una legislación determinada en el país deben ser tratadas de igual modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones , prevalece aun cuando existiesen diferencias entre los sistemas de previsión nacional y un régimen específico y particular, en tanto se verificaba aquella similitud entre las viudas incluidas en ambas normativas.
Juicio ejecutivo, cheque electrónico, rechazo in límine, título ejecutivo inhábil, circulares del Banco Central
Materia: COMERCIAL
Carátula: Club Atlético Boca Juniors c/ Garbarino S.A.I.C.E.I. s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-17

Cabe rechazar in límine el cobro ejecutivo de cheques electrónicos intentado, puesto que de conformidad con lo establecido en la circular A 6727 del BCRA, a expedición de la certificación para ejercer acciones civiles será emitida en soporte papel, sin medidas de seguridad especiales y deberá estar firmada por dos funcionarios autorizados de la entidad financiera al pie del documento con todas sus fojas inicializadas. En consecuencia, el título no resulta hábil para que se encuentre expedita la vía judicial ya que el instrumento no se encuentra firmado por los funcionarios de la entidad bancaria con los requisitos del contenido indicados en la normativa mencionada.
Prestación de servicios, actividad normal y específica propia del establecimiento
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Diez, Claudia c/ Valentini, Lorena s/ consignación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-31

El objeto para el cual fue creada Telecom Argentina SA (prestataria del servicio de comunicaciones) se nutre esencialmente de la comercialización que pudiera hacerse de sus productos, en el caso, a través de un tercero. Este objetivo final de la firma prestataria no es diferente al de su intermediaria pues el objeto que se persigue en el establecimiento (locutorio Telecentro) en el cual prestó servicios la trabajadora, en definitiva, constituye una forma más de poner en el mercado el producto (o una serie de ellos) que genera la principal (el locutorio comercializa y vende el servicio de telefonía pública). Así, la venta de los productos mediante un régimen determinado o impuesto por la empresa Telecom Argentina SA hacen a su actividad propia y específica; admitir lo contrario implicaría aceptar que un fraccionamiento artificial del ciclo comercial permitiera a la empresa generadora de los servicios, desentenderse de las obligaciones que la legislación laboral y provisional, en definitiva, pone a su cargo.
Empleados públicos, aptitud psicofísica, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OLMEDO, RUBEN JORGE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 100-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-27

Es requisito para ingresar a la administración pública poseer la idoneidad física "para el cargo al cual se aspira", siendo obligación del empleado concurrir en la medida y hora en que sea necesario y cuantas veces sea requerido para proceder a su examen; y vencido el término fijado para la realización de aquél, la administración cuenta con los medios para asegurar efectivamente su cumplimiento, intimándolo a ese objeto y después reteniéndole el sueldo hasta que así ocurra; o bien considerando resuelta la relación de empleo.
Acto administrativo, acción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sciutto, Eleodoro J. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-02-08

Si ni del texto de la demanda ni de presentaciones posteriores efectuadas por el actor surgen elementos bastantes para justificar la procedibilidad autónoma de una impugnación que tiene por objeto un acto administrativo que adquirió firmeza ante la deducción tardía de un recurso de revocatoria y, además, no se cuestiona la validez constitucional de las normas procedimentales (arts. 74, dec. ley 7647/70 y 74, dec, ley 9650/80) y procesales administrativas (arts. 18 inc. "a" y 35 inc. 1, ap. "i", ley 12.008, texto según ley 13.101), que conducen, ante tales circunstancias, a la inadmisibilidad de la pretensión, así corresponde declararlo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Domínguez, H. c/ Aquin, O. s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

La decisión de la Cámara que desestima el incidente de nulidad de la notificación de radicación de los autos en la alzada y de todo lo actuado a partir de la misma, reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial porque, en el caso, pone fin al pleito, al quedar firme la sentencia de primera instancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Dolo, prueba, homicidio preterintencional
Materia: PENAL
Carátula: Soto Millán, Juan Oliverio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

Transgrede los arts. 235 -n.a.- del C.P.P. 79 y 82 (este último según dec. ley 21.338/76) del C.P., la sentencia de Cámara que tuvo por acreditado el dolo eventual si de la confesión del procesado no se desprende que se haya representado el resultado mortal, sino que sólo quiso lesionar a su oponente y el medio hallado ocasionalmente para hacerlo no debía razonablemente producir el óbito.
Abogados, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: AMARILLO, Omar c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-25

Todas las tareas que realiza un letrado en las diferentes etapas de un proceso generan derecho a retribución, sean anteriores o posteriores a la ley 23.982 ya que si así no fuere, se estaría esgrimiendo una virtual carga pública para los letrados sin ley expresa que la instituyera, o descargando sobre el acreedor judicialmente reconocido por sentencia firme, el costo de diligencias a cumplir en juicio y requerientes de asistencia letrada, lo que no puede consagrarse so riesgo de incurrir en manifiesta inequidad para aquél, pues la labor profesional se presume onerosa.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, responsabilidad del Estado, policía, juicio de desalojo, incendio, muerte del damnificado, faltas del servicio, poder de policía, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: M., O. I. y otros. c/ Provincia de Neuquén y otros. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-05

Debe confirmarse la sentencia que rechazara la pretensión indemnizatoria dirigida contra el Estado Provincial en tanto no ha existido relación causal entre la muerte de una persona - que se rociara con combustible durante un operativo de desalojo- y el actuar de la policía en la oportunidad ya que, si bien los efectivos policiales, en un primer momento, no se abalanzaron sobre la víctima para apagar el fuego, superada la conmoción inicial, los testimonios dan cuenta que fue uno de ellos el que finalmente lo socorrió, y no obstante que hubo un impedimento por parte de los policías para que los vecinos y la propia esposa lo ayudaran, dicha circunstancia más que concurrir a configurar la falta de servicio es posible de enfocarla como en una conducta tendiente a que no hubiera más víctimas del trágico incidente, coincidiendo en una cabal prestación del servicio de seguridad a las personas que les cabe.

De allí que no pueda imputarse a la Policía Provincial un actuar omisivo basado en una violación al deber genérico contenido en la Ley 632 que refiere su obligación de resguardar la vida, defender personas y bienes en casos de incendio y actuar con la celeridad necesaria cuando de ello dependa evitar un daño irreparable.