Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-30


SENT Nº 209	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 30 DE MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor en autos: "Cooperativa de Productores Agrarios de Tucumán Ltda. (Coopratuc) vs. Maldonado, Ubaldo Jorge s/Ejecución prendaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Viene a conocimiento y resolución del tribunal, el recurso de casación deducido por el actor contra la sentencia de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Familia y Sucesiones, del Centro Judicial de Concepción del 01/9/2003, que confirma la de primera instancia del 11/10/2001 que hace lugar la excepción de inhabilidad de título y rechaza con costas, la ejecución prendaria.

El recurso fue concedido mediante auto del 4/11/2003.

La sentencia impugnada resolvió confirmar la de primera instancia, en sustancia, sobre la base de que el art. 26 de la LPR expresa que el certificado de prenda que se extiende por el Registro de Prenda una vez inscripto el contrato prendario, reviste carácter ejecutivo y en éste carácter ejecutivo queda descartado que se trata del original de dicho certificado, que esto es lo que en definitiva exige el art. 286 CPCC. Considera el fallo que a fs. 7/8 se acompaña por la actora copia simple del original y que eso es lo que certifica el cargo de fs. 11, y que esa omisión sella la suerte de la demanda al faltar el original del contrato, añadiendo que la simple copia no importa la representación de ningún derecho registrable, al carecer de la autenticidad necesaria a tales fines.

Sostiene el recurrente que la sentencia de la Cámara se aparta de los hechos comprobados y relevantes de la causa por cuanto con la demanda no se aportó "una simple copia" sino una copia certificada en su autenticidad por autoridad competente que conserva en sus registros otro testimonio debidamente archivado en el sentido y con los alcances que estipula la ley. Señala que el art. 26 de la LPR no reclama el extremo indicado por la sentencia; y que si el título es reputado virtualmente inexistente en el contexto del decisorio, mal puede acudirse para su rechazo a la figura de la excepción de inhabilidad de título al no estar enumerada en el art. 30 de la ley especial, y que la prevista en el inc. 4 del art. 534 procesal se circunscribe a los requisitos extrínsecos de un instrumento existente. Solicita que como consecuencia se deje sin efecto la imposición de costas.

Los agravios del actor no pueden ser receptados positivamente pues no encuentran sustento en la normativa que regla el caso. En efecto, el art. 26 del decreto ley 15.348/46 prescribe que el "Certificado de prenda da acción ejecutiva para cobrar el crédito, intereses, gastos y costas", agregando más adelante: "No se requiere protesto previo ni reconocimiento de la firma del certificado ni las convenciones anexas". A su vez, el art. 22 establece que "Una vez que se haga la inscripción, el encargado del Registro dejará constancia de ello en el contrato original y en el certificado de prenda que expida, con las formalidades que prescriba el decreto reglamentario". Este cuadro normativo se completa con el art. 29: "Presentada la demandada con el certificado, se despachará mandamiento de embargo y ejecución como en el juicio ejecutivo".

La copia autenticada de la copia no negociable que obra en el Registro Prendario, presentada por el actor como base de su demanda ejecutiva, no es el certificado a que se refiere el mentado art. 22, ni es aquél al que el art. 26 reconoce acción ejecutiva, y ni es el que exige que se presente el art. 30 de la LPR. No se trata de que se desconozca el valor legal de la autenticación, sino que esa copia autenticada no se corresponde con el certificado del art. 22, único instrumento formal al que el art. 26 reconoce acción ejecutiva. Admitir lo contrario sería contradecir directamente la prescripción legal e implicaría que las partes y los jueces podrían crear otro título prendario con fuerza ejecutiva al margen del previsto en la ley de la materia, y ello constitucionalmente es inaceptable pues se arrogarían facultades que no les han sido atribuidas.

Al faltar un presupuesto procesal esencial, cual es el título hábil ejecutable, la pretensión actoral no puede prosperar. Ello de por sí es suficiente para el rechazo del recurso de casación, sin perjuicio de señalarse que el planteo de la inexistencia de la defensa de excepción de inhabilidad de título que formula el casacionista no resulta atendible en esta sede, toda vez que el mismo no fue efectuado ante la alzada en el memorial de agravios de fs. 88/90, y por falta de materia apelada la Cámara no podía entrar a conocer tal cuestión (art. 775 CPCC). En consecuencia, ha precluído para el actor la posibilidad de debatir el punto, resultando improponible por vía del recurso de casación.

Por tanto, corresponde desestimar el recurso, con costas a la parte demandante (arts. 106 y 108 CPCC).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por el actor contra la sentencia de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Familia y Sucesiones, del Centro Judicial de Concepción del 01/9/2003, con pérdida del depósito y costas al recurrente.

II.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.-	ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA