Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-06


- En la ciudad de Trelew, a los 06 días de marzo del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Juan Humberto Manino y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez y Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M, R A c/ M T S.A. s/ Cob. de hab. e Indem. de ley" (Expte. N° 21.924 - año: 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Debe declararse desierto el recurso de apelación incoado?, SEGUNDA: Caso negativo de lo anterior ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 298.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari dijo:

-I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 278/280 vta.) contiene el rechazo de la pretensión entablada por el actor en todas sus partes, con costas al vencido.

- El fallo es apelado por la representación letrada del demandante a tenor de la pieza recursiva de fs. 285/287, respondida por la contraparte a fs. 293/295.

- II. Los motivos de agravio expuestos por la parte recurrente son, en síntesis, los siguientes: 1) el sentenciante omitió apreciar nada menos que las injurias laborales que llevaron al trabajador a ponerle fin al contrato, todas ellas acreditadas en la causa, limitándose a reiterar los argumentos vertidos en una sentencia anterior. 2) Omitió considerar asimismo el carácter restrictivo, limitado y precaucional del instituto de la suspensión preventiva del art. 224 L.C.T. 3) Aunque el art. 224 de la L.C.T. mencione el sobreseimiento como el momento de finalización esperado de la causa penal, no existe norma legal que impida que se asimile a otras situaciones como la "falta de mérito", aun cuando provengan de presunciones y/o beneficios como el in dubio pro reo en sede criminal. Cita doctrina. 4) Fue equivocado el criterio del juez al supeditar su decisión al resultado definitivo de la causa penal, por cuanto la empleadora le había imputado al actor nada menos que la comisión de un delito penal, lo que por sí solo resultaba injurioso y de una gravedad tal que impedía la prosecución del vínculo, por lo que era obligatorio el tratamiento de esa injuria. 5) Tanto la empresa como el trabajador tenían el derecho de disolver el contrato sin necesidad de esperar el dictado de una sentencia penal, y causa agravio que no haya sido considerado de ese modo. 6) Causa gravamen asimismo el rechazo del reclamo de salarios caídos y asignaciones familiares impagas durante el lapso junio 2000 a junio 2001, ya que cualquiera fuese la decisión respecto de las indemnizaciones por despido y sobre la decisión rupturista, lo cierto es que el trabajador fue suspendido injustificadamente; el proceso penal no fue impulsado por el denunciante y la imputación careció de fundamento y de pruebas objetivas. Cita jurisprudencia.

- - III. Al responder el traslado respectivo, la contraparte brinda argumentaciones destinadas a sostener lo resuelto en la anterior instancia y, a la par, expresa la conveniencia de que se declare la deserción del recurso por insuficiencia técnica, debido a los vicios y falencias que exhibe.

- IV. El fallo en cuestión decidió el rechazo de la demanda entablada por considerar que el actor se dio por despedido indirectamente en forma prematura, ya que -hallándose suspendido en sus tareas con sustento en la disposición del art. 224 L.C.T.- M no aguardó la conclusión de la causa penal, remitiendo la comunicación rupturista cuando en dichos autos sólo se había dictado una resolución de "falta de mérito", la cual no pone fin al proceso penal. El sentenciante a quo reprodujo los fundamentos expresados en una causa laboral anterior de análogas características, destacando como "detalle diferenciador" que en este caso el reclamante se dio directamente por despedido, sin intimar a la reincorporación y pago de salarios por tiempo de suspensión, mencionándolo como "un ingrediente más" en apoyo de su decisión desestimatoria. Al desarrollar los motivos de agravio -ya reseñados en el apartado II- la parte recurrente expone los argumentos que a su criterio denotan un insuficiente análisis de la prueba por parte del juzgador, ciertos aspectos tratados de modo insuficiente y la omisión de pronunciarse en concreto sobre dos rubros -salarios caídos y asignaciones familiares impagas- por haberlos supeditado a la suerte del reclamo indemnizatorio, siendo que tenían entidad propia. En mi opinión, más allá de la suerte que pueda recaer sobre dichos planteos, considero que, a primera lectura, la pieza recursiva contiene una crítica apta para abastecer las exigencias técnicas establecidas en el art. 265 C.P.C.C. (aplicable por remisión del art. 76, Ley N° 69), sin exhibir un grado de insuficiencia que autorice la aplicación lisa y llana del art. 266 del mismo código adjetivo. Ello así, en tanto las objeciones vertidas acerca de la decisión apelada contienen una línea expositiva coherente, satisfaciendo de tal modo desde el punto de vista formal los requisitos de suficiencia técnica exigidos por la norma ya citada. En consecuencia, me inclinaré por desestimar el planteo de la contraparte enderezado a que se declare la deserción del recurso articulado. A mérito de ello, me pronunciaré acerca de esta cuestión por la NEGATIVA. A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso: La lectura de la sentencia de primera instancia revela con meridiana claridad que el argumento dirimente empleado por el "a quo" para el rechazo de la demanda fue el de que el despido indirecto resultó prematuro, en tanto al momento de producirlo el trabajador preventivamente suspendido el proceso penal no había finiquitado, ya que la declaración judicial de falta de mérito para procesar o sobreseer no es equiparable a la absolución ni al sobreseimiento.- Embistió contra esa conclusión el actor apelante sosteniendo, en lo esencial, que tal declaración de falta de mérito sí es asimilable al sobreseimiento, añadiendo que el juzgador de origen omitió apreciar las concretas injurias laborales por él invocadas, que no debió supeditar su decisión a las resultas del proceso penal porque la sola imputación de un delito fue injuriosa en los términos del art. 242 L.C.T. y el dependiente tenía derecho a disolver el contrato sin aguardar la finalización de aquella causa y que el sentenciante olvidó analizar su reclamación por los salarios caídos. - Allende la suerte final que puedan tener los agravios reseñados, no veo que falte en ellos la crítica concreta y razonada requerida por el art. 265 C.P.C.C. para la suficiencia técnica de la pieza de impugnación. El recurrente siguió el esquema clásico de una expresión de agravios: seleccionó del discurso del juzgador aquel argumento que constituyó la idea dirimente y, efectuada esa labor de comprensión, señaló en cuál punto del desarrollo argumental habíase, a su entender, incurrido en erratas, fuere en las referencias fácticas o en la interpretación jurídica, que condujeron al desacierto ulterior, indicando a la par las omisiones de juzgamiento que, en su concepto, conmoverían el principio de congruencia (confr.: esta alzada, c. 13.653 S.D.C. 51/98, c. 15.900 S.D.L. 24/00, c. 21.694 S.D.L. 52/06). No existe pues deserción recursiva que quepa declarar y me expido pues en esta cuestión por la NEGATIVA.

- DIJO A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Ferrari: - - I. Al tratar la cuestión precedente ya he sintetizado los motivos de agravio expresados por la parte apelante, de manera que a continuación abordaré directamente el tratamiento de los mismos.

- - II. Las causales invocadas como injuria laboral para el despido indirecto:

-Según mi opinión y atendiendo a las circunstancias particulares del caso, no correspondía ingresar en la consideración de estas causales. Me explicaré.

- Como es sabido, la apreciación de la "justa causa" para el distracto debe ceñirse a los términos de la comunicación de ruptura, tal como lo establece en forma clara y categórica el art. 243 L.C.T., sin que luego pueda modificarse dicha causa en sede judicial. Por consiguiente, según los términos de la comunicación cursada el 08/06/2001 (fs. 17, C.P.), se observa que, tras la declaración de falta de mérito dictada a su respecto en la causa penal iniciada a raíz de una denuncia por presuntos ilícitos cometidos en el establecimiento de la empleadora, el trabajador citó esta circunstancia para calificar a la denuncia como "infundada", afirmando que esta le "causó graves perjuicios morales, materiales, afectando sobremanera" su "buen nombre y honor" y además "causó graves injurias que no consienten la prosecución de la relación laboral", considerándose despedido por exclusiva culpa de la patronal (telegr. citado).

- En el marco estricto de la comunicación reseñada (art. 243 L.C.T. ya citado) es evidente que el actor, con error, atribuyó a dicha resolución un efecto exculpatorio, cuando la realidad es que la "falta de mérito" dictada durante la instrucción penal es una decisión que no resulta equiparable al sobreseimiento definitivo ni a la libre absolución previstos en el art. 224 L.C.T., pues la propia naturaleza de aquella figura implica que, si bien no existe fundamento para ordenar el procesamiento, tampoco existen razones para disponer el sobreseimiento del justiciable. Por la misma razón, luego del dictado de dicha medida, el proceso penal siguió su curso, hasta el posterior dictado de la prescripción, que sí puso fin al proceso.

- Estas circunstancias, a la par de ser demostrativas del carácter interino de la aludida "falta de mérito" dictada en el proceso instructorio, confirman que bien razonó el sentenciante a quo al considerar que la misma no autorizaba al actor a considerarse en situación de despido indirecto. Ello es así, ya que el contexto relatado, no era posible aún determinar el hipotético grado de responsabilidad del trabajador, y la suspensión dispuesta en el marco de lo previsto por el art. 224 L.C.T. era una facultad indisputable de la empleadora. Al respecto, ya según ya he tenido ocasión de expresarlo en otros precedentes de esta Sala, la norma del art. 224 L.C.T. responde a un doble criterio de prudencia y de justicia: el empleador que prima facie cree tener elementos suficientes para sospechar la posible autoría y/o participación de un agente en la comisión de un ilícito penal, cuenta con un recurso preventivo en protección de su empresa, cual es la suspensión de dicho agente durante el período que dure la investigación penal y a resultas de sus conclusiones. En tal caso, si se determina la responsabilidad penal del dependiente, no deberá los salarios caídos durante la suspensión; mas si dicho agente es sobreseído en forma provisoria o definitiva o libremente absuelto, las remuneraciones devengadas durante el período de suspensión preventiva deben ser abonadas. Sin embargo, cabe puntualizar que dicha norma no contempla a la "falta de mérito" como supuesto para obligar a la patronal a reintegrar al trabajador suspendido a sus tareas. Tampoco puede equipararse a dicha resolución con el sobreseimiento definitivo, ni menos aún con el llamado sobreseimiento "provisional", instituto no contemplado en el ordenamiento procesal vigente a la época de los hechos aquí tratados, que sólo regula el sobreseimiento definitivo, es decir, al que "cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta" (conf. art. 293, C.P.P. - Ver "M c/Bco. del C S.A." - Expte. 20770 - S.D.L. 65/05 - id. "T V c/M T" - Expte. 21829 - S.D.L. 03/07).- - En cuanto a la falta de impulso de la causa penal por parte de la empleadora y a la prescripción dictada posteriormente por el transcurso del tiempo, tampoco estos elementos podrían apreciarse como fundamentos ex post facto acerca del reproche de denuncia "infundada", aducida como injuria grave por el demandante. Para comenzar, debo recordar que en los delitos de acción pública la participación procesal del denunciante se agota, en principio, con la notitia criminis, siendo una mera facultad la de constituirse en querellante (conf. arts. 37, 98 inc. 4°, 102, 261 y conc.,C.P.P.; su doctrina); y aun en el caso de que la patronal decidiera asumir ese rol coadyuvante, ello en ningún caso eximiría al Ministerio Fiscal de sus responsabilidades como impulsor de oficio de la investigación penal (conf. arts. 37, 38, 102 in fine y conc., C.P.P.).

- Por otra parte, estimo conveniente reproducir aquí las apreciaciones ya vertidas en uno de los precedentes citados (Expte. 21829) acerca de la naturaleza jurídica de la prescripción en materia penal. Dije allí -y hoy lo reitero- con cita de Ghersi, que la prescripción es una causa personal de la extinción penal, que no hace desaparecer el delito, sino que constituye el cese de la persecución penal estatal, provocando una decisión anticipada por parte del Estado, que no llega a tratar en forma definitiva el fondo de la cuestión. Agrega el autor citado que -como se sabe- dicha institución es de orden público y puede ser declarada de oficio en cualquier etapa del proceso (Rev. La Ley, Año LXIX, N° 231 - 28/11/2005). En idéntico sentido, se ha dicho que "la extinción de la acción penal por prescripción es de orden público y se produce de pleno derecho, por el mero transcurso del plazo pertinente, por lo que debe ser declarada, aún de oficio, en cualquier estado y grado de la causa, si se dan los presupuestos legales que imponen su declaración, revistiendo su tratamiento, por tal motivo, una precedencia lógica por sobre cualquier otra cuestión de índole tanto sustantiva como procesal... Es que si la acción penal se extinguió, cesa el poder punitivo como contenido del proceso, transformándose entonces el referente a la causal de extinción en el tema inicial a decidir. Y, en definitiva, como lo ha expresado el máximo Tribunal, si resulta procedente la extinción de la acción penal por prescripción, con su resolución se agota el acto de la sentencia, y también se agota el proceso (Fallos 311:2205; 311:1029; 311:1042; 311:1095 - conf. Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires-Sala II-Causa N° 19.023-"E., L. S/ RECURSO DE CASACIÓN". Rta. 06/09/05).

- Ello significa -lo remarco una vez más- que si no hubo ocasión de esclarecer el hecho imputado al actor, ello obedeció pura y exclusivamente a factores del sistema procesal penal que así lo impidieron y no a la incuria o inacción de la parte patronal que, frente a la situación detectada, obró conforme a derecho, de manera que mal podría cargar con las indeseadas consecuencias de la frustración del proceso judicial inconcluso, que cesó por prescripción, obligando así al consecuente dictado del sobreseimiento previsto en el art. 294, inc. 1° del C.P.P. Esta consecuencia legal no demuestra per se que la denuncia fuera infundada, ya que la prescripción no resulta útil para demostrar la inimputabilidad respecto al hecho considerado lesivo a los intereses del empleador (conf. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala III o 10/09/2002 o T, N O. c. E residual y otro o LA LEY 2003-B, 223). Como corolario de las consideraciones ya expresadas y compartiendo el criterio del sentenciante a quo, opino que la decisión rupturista de M fue prematura e injustificada, por lo que no corresponde acoger el reclamo indemnizatorio incoado. III. Los salarios caídos durante la suspensión:

- Anticipo que también propiciaré la confirmación del fallo en este aspecto. En plena coincidencia con el juicio lógico ya delineado, puede observarse que la suspensión fue dispuesta regularmente en el marco de la previsión del art. 224 L.C.T. De tal suerte, si los hechos detectados por la patronal (ver actuaciones expte. penal agregadas a la causa - fs. 264/vta.) exhibían más que razonables motivos para justificar la decisión de acudir a dicho arbitrio y a formular, al propio tiempo, la denuncia pertinente a fin de promover la correspondiente investigación, la suspensión dispuesta en modo alguno podría considerarse ilegítima o arbitraria. En consecuencia, bien resolvió el sentenciante rechazar este reclamo, decisión que a mi criterio debe ser mantenida, y así lo propicio en este acuerdo.

- Conclusiones:

A mérito de todo lo expresado, propongo la confirmación del decisorio en lo que ha sido materia de agravios, con costas en la Alzada a la parte apelante (conf. art. 59, Ley N° 69).

- - De compartirse este criterio, atendiendo a la extensión, eficacia de los trabajos profesionales y resultados respectivamente obtenidos, propugnaré la retribución de las tareas letradas efectuadas en esta sede en porcentajes a calcular sobre el monto reclamado en la demanda con más sus intereses según la tasa activa del B del C S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento hasta la fecha de este fallo, con adición del I.V.A. pertinente (arts. 6, 14, 47 y conc., Ley 2.200),como sigue: a) para el letrado de la parte demandada, Dr. A M. S, en el 6%. b) para los letrados de la parte actora, Dres. P A. S y L C. B, en conjunto, en el 3,8%.

Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.

- - A ESTA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez manifestó:- - Poco me es dado añadir a la fundamentación fáctica y jurídica que el preopinante ha desarrollado sustentando su voto. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos los últimos de la ley 4.550), bastarán las consideraciones siguientes.

- I.- No cabe reprocharle al magistrado previo grado que no haya evaluado las injurias laborales que el recurrente mienta en su pieza de agravios; las no invocadas concretamente en la comunicación de despido indirecto, porque la invariabilidad de la causa de la denuncia se lo vedaba (art. 243 L.C.T.); las restantes, porque en el orden lógico seguido en la construcción del fallo no correspondía la apreciación de ellas, ya que si concluía primariamente la extemporaneidad por prematuro del despido indirecto no tenía caso analizar la gravedad de esas injurias.

- - II.- No asiste razón al apelante en su agravio relativo a la equivalencia entre los autos del proceso penal denominados de sobreseimiento provisional y de falta de mérito, a los fines de la aplicación del art. 224 L.C.T.

- Cual he tenido ocasión de resaltar recientemente (c. 21.829 S.D.L. 3/07), ambos institutos, hoy perimidos en nuestra provincia, respondían a causas parcialmente diferentes, se utilizaban en momentos dispares del proceso y desplegaban efectos distintos.

- Así, según el art. 435 del añejo Código de Procedimiento en Materia Penal de la ley 2.372, tiempo ha aplicable en el Chubut, el primero era procedente cuando los medios de justificación acumulados en el proceso no fueran suficientes para demostrar la perpetración del delito o cuando, aunque comprobado el hecho criminal, no aparecieran indicaciones bastantes para determinar a sus autores, cómplices o encubridores. Por el contrario, el dictado del segundo lo preveía el art. 276 del Código Procesal Penal aprobado por la ley 3.155 -vigente al momento de producirse los hechos de esta causa- para aquellos casos en que el juez estimara que no había mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer. Palpable es la mayor área abarcada por el auto de falta de mérito, pues no se circunscribía, cual el de sobreseimiento provisional, a los supuestos de no acreditación de la existencia del hecho o de la autoría del mismo, sino que comprendía también otros, como, por caso, cuando faltaran probanzas acerca de alguna causa de justificación (v. gr. del art. 34 del Cód. Penal) o que determinaran grados de participación (arts. 45 y sgts. ídem). También diversas eran las oportunidades en que dichas resoluciones eran pronunciadas, pues en tanto la falta de mérito era declarada siempre antes del auto de procesamiento -alcanza para demostrarlo el expreso texto del citado art. 276 C.P.P. ley 3.155 :"cuando...no hay mérito para ordenar el procesamiento..."-, el sobreseimiento provisional era dictado luego de procesar a un sujeto, al punto que el juez se hallaba obligado a dejar sin efecto el procesamiento dispuesto (art. 435 últ. párr. C.P.M.P. ley 2.372).

- - Y si bien las dos instituciones dejaban el juicio penal abierto, diferían ambas en otro efecto. Es que el sobreseimiento provisional, vengo de señalarlo, producía la revocación del auto de procesamiento anterior, mientras que la declaración de falta de mérito no podía surtir tal efecto por la sencilla pero contundente razón que ese procesamiento previo no existía.

- Las distinciones entre esas resoluciones judiciales son harto relevantes a la hora de buscar su coordinación con el art. 224 L.C.T. La finalidad de esta última norma al referirse al sobreseimiento provisorio ha sido proteger al trabajador que sindicado penalmente en un momento dado, luego dejó de serlo -al menos provisoriamente- al no comprobarse la existencia del hecho investigado o su autoría, situación que podía no presentarse en los supuesto de declaración de falta de mérito, en los que, lo expresé ya, era posible que estuvieren comprobados la realidad del ilícito y la intervención en él del sindicado, faltando sin embargo determinar la concurrencia o no de causales de justificación o el grado de participación del sujeto.

- Estas son las razones que me conducen a concluir que el auto de sobreseimiento provisional y la declaración de falta de mérito no eran equiparables en orden a la aplicación del art. 224 L.C.T., de modo que, a pesar del dictado de la última, fue prematuro el despido indirecto producido por el actor con su comunicación de fs. 17 del c. de pr.

- III.- Es inexacto que el juez laboral haya debido pronunciarse sin atender a la decisión definitiva de la causa criminal y que al trabajador penalmente denunciado y preventivamente suspendido le asistiera derecho a darse por despedido antes de la finalización de dicho proceso.

- El art. 224 L.C.T. consagra la facultad del empleador a disponer la suspensión preventiva y el trabajador debe acatar la medida adoptada, siéndole dado reclamar la reincorporación u optar por la denuncia del contrato recién cuando el resultado de la causa sustanciada en sede represiva le haya sido favorable (confr.: en este orden de ideas, S.C.B.A., D.T. 1980-623). Tal determinación temporal para el ejercicio de la opción la fija nítidamente el expreso texto de la citada norma. La decisión penal gravita decisivamente entonces en la reanudación de los efectos suspendidos del contrato o en la extinción de éste (confr.: Sardegna, "Ley de contrato de trabajo", Ed. Universidad 1982, pág. 531, n° 8). Es que si el dependiente fue suspendido hasta tanto se determinara su situación en el juicio penal, nos hallamos ante una obligación sujeta a condición suspensiva, ya que el derecho de aquél a exigir la reincorporación o a denunciar el contrato -así como a reclamar los salarios perdidos- se encuentra subordinado al hecho condicional de que sea pronunciado su sobreseimiento o absolución en sede penal (arts. 528 y 545 Cód. Civ.),- - Consecuentemente, no era dado al trabajador denunciar el contrato, puesto que no sucedido todavía el hecho condicional de su sobreseimiento o absolución, no había por entonces adquirido el derecho a producirlo. Mal podía tampoco el juez laboral expedirse acerca de lo justificado o no de tal despido indirecto prematuro. IV.- No es posible concluir en la especie que la suspensión preventiva careció de causa y, a la lumbre de ello, acoger el reclamo indemnizatorio de los salarios perdidos durante el tiempo de ella.

- - El frío y literal texto de la disposición del art. 224 L.C.T. ha de ser interpretado y matizado enfocándolo desde el ápice del principio de buena fe consagrado en los arts. 11 y 63 L.C.T. Así, aunque la denuncia penal proviniera del empleador, el problema salarial ha de ser resuelto atendiendo a la conducta del principal, ya que hay que distinguir si éste actuó infundada o maliciosamente o lo hizo en forma razonable (confr.: C.N. Trab., sala I, T. y S.S. 1992-622).

- Al concurrir en la especie los hechos que en la causa penal llegaron a determinarse, no me parece que quepa tildar de irrazonable la actitud de la empresa al disponer la suspensión preventiva. En efecto, en ese proceso se registró la denuncia policial formulada por la demandada a propósito de un hurto de mercaderías en su comercio, se allanó el domicilio del actor hallándose en él efectos de propiedad de la empleadora y luego, colectadas otras probanzas, la Fiscalía requirió la elevación a juicio de la causa imputando al aquí demandante la comisión del delito de hurto. Que finalmente fue declarada la prescripción de la acción penal, no quita que la demandada actuó con fundadas sospechas al decidir la suspensión preventiva del trabajador, pues cual correctamente señalara el colega prevotante, la prescripción cumplida extinguió el poder persecutorio estatal, pero no borró el delito ni dejó el hecho esclarecido. Tocante a que la demandada no impulsara ese proceso criminal para evitar la prescripción, como igualmente resaltara el magistrado ponente no era carga que pesara sobre el denunciante, sino el Ministerio Fiscal. Sería injusto e inequitativo poner en cabeza de la empleadora el pago de los salarios caídos durante la tramitación del proceso penal, ya que ello importaría privilegiar el accionar de aquellos otros patrones que ante contingencias similares, en vez de acudir a la suspensión preventiva, proceden directamente a destruir la relación laboral mediante el despido con invocación de la causal de pérdida de confianza para no quedar sujetos a los avatares del mentado proceso, lo que importaría cobijar las violaciones del principio general de conservación del contrato (art. 10 L.C.T.; confr.: tribunal indicado, precedente cit.; Altamira Gigena y otros, "Ley de Contrato de Trabajo", Astrea 1981, II-324, n° 3 y sus citas).- - V.- Por lo hasta aquí expuesto considero que la sentencia apelada debe ser confirmada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia al actor vencido en ella (art. 59 de la ley 69).

- - Concuerdo igualmente con el ponente en punto a los honorarios que propusiera regular por las labores de alzada, pues lo creo proporcionados a la extensión, calidad y resultado de dichas tareas (arts. 6, 7, 9, 14, 47 del dec.-ley 2.200).

- - Así entonces, me pronuncio en la presente cuestión por la AFIRMATIVA.

- A LA TERCERA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: - A mérito del acuerdo celebrado acerca del primer interrogante, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios. II) Con costas en la Alzada a la parte apelante, regulándose los honorarios profesionales en porcentajes a calcular sobre el monto reclamado en la demanda con más sus intereses según la tasa activa del B del C S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento hasta la fecha de este fallo, con adición del I.V.A. pertinente, como sigue: a) para el letrado de la parte demandada, Dr. A M. S, en el 6%. b) para los letrados de la parte actora, Dres. P A. S y L C. B, en conjunto, en el 3,8%.- - Así lo voto.

- A ESTA ULTIMA CUESTION el Dr. Velázquez respondió:- - El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Señor Magistrado antes sufragante, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre la anterior cuestión.

- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.PTextos ley 4550).

Trelew, 06 de marzo de 2.007.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:- S E N T E N C I A:

- I) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios. II) Con costas en la Alzada a la parte apelante, regulándose los honorarios profesionales en porcentajes a calcular sobre el monto reclamado en la demanda con más sus intereses según la tasa activa del B del C S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento hasta la fecha de este fallo, con adición del I.V.A. pertinente, como sigue: a) para el letrado de la parte demandada, Dr. A M. S, en el 6%. b) para los letrados de la parte actora, Dres. P A. S y L C. B, en conjunto, en el 3,8%.- - Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 13 DE 2.007 - SDL.- Conste.-