Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-21


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 21 días del mes de Abril del año dos mil diez, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. Daniel Luis CANEO, y asistencia de los Sres. Ministros Dres. José L. PASUTTI y Fernando S. L. ROYER para dictar sentencia en los autos caratulados: "J., M. E. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa." (Expte. N° 20.767 -J- 2006) y atento lo dispuesto por la Acordada Nº 3204/00, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. CANEO, PASUTTI y ROYER.- Acto seguido se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. CANEO, dijo:

I.- Acto seguido se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. CANEO dijo:-- I.- Al Sr. M. E. J., quien fuera agente público con desempeño en la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, se le aplicó, previa sustanciación de sumario administrativo, la sanción expulsiva de cesantía dispuesta mediante Resolución N° 139/05, por el Sr. Presidente del Cuerpo Deliberativo y Vicegobernador de la Provincia "ad referéndum" de la Cámara, la que otorgó aprobación al acto por Resolución N° 111/05.- La medida se impuso a partir del 9 de Junio de 2005, por considerar que el nombrado J., transgredió lo dispuesto en el artículo 5° inc. a) y j) de la Resolución N° 142/03 HL, que regula los derechos y obligaciones del personal de ese Poder.- Las conclusiones del sumario, al que en su oportunidad me referiré "in extenso", encontraron irregularidades en la tramitación del pago licencias no gozadas correspondientes a una agente renunciante del Poder Legislativo, las que se acreditó no habían sido debidamente solicitadas y denegadas en su oportunidad, en tanto en el formulario que sirvió de base a la habilitación del pago, "sospechosamente" intercalado entre errores de foliatura en el Legajo, las firmas no correspondían ni a la agente peticionante, ni a la autoridad que supuestamente las habría denegado.- De esta situación irregular se responsabilizó al Sr. J., y el funcionario actuante encuadró la falta y entendió que correspondía la aplicación de una sanción correctiva de 30 días de suspensión.- Estas conclusiones stas fueron notificadas a J. para el ejercicio de su defensa.- El Director de Sumarios en tanto, consideró a posteriori, por sus fundamentos, que ///debía ser la de cesantía, criterio que es compartido por la Asesoría Legal de la Legislatura, y se recepta en el acto nulidicho.

Asimismo, la conducta mereció denuncia criminal, tramitándose el juicio respectivo en el que resultó absuelto.- Viene a este pleito -antes transitó sin éxito la vía del amparo constitucional- en pretensión contencioso administrativa de plena jurisdicción, persiguiendo la declaración de nulidad de las Resoluciones mencionadas, como así también de la Nº 151/05 que oportunamente rechazó el Recurso de Reconsideración deducido en contra de aquéllas.- Reclama -a resultas- su reincorporación, y a más el resarcimiento de los daños y perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia de los actos administrativos cuestionados: material, consistente en el pago de los salarios caídos desde la cesantía con más intereses y actualizaciones hasta su efectivo pago, y moral.

II.- Narra en el Apartado III "HECHOS" de su demanda que ingresó a Administración Pública Provincial el 08.07.1974 y permaneció hasta que fue declarado cesante el 10.06.2005 por el Poder Legislativo en donde se desempeñó como Director de Recursos Humanos y Personal desde 1998.- Acompaña la documentación que acredita sus dichos agregada en los autos "J., M. E. c/ Provincia del Chubut s/ Amparo" (Expte. N° 727- Año 2005)", que ///tramitó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Rawson que ofreció como prueba, en la que -dice- se detallan los ascensos que tuvo en su carrera administrativa.- Cuenta que desenvolvió normalmente sus tareas, hasta que el 04.02.04 tomó conocimiento por los diarios locales que había sido denunciado penalmente e inmediatamente se le informó de la sustanciación de un sumario administrativo en su contra por irregularidades en la liquidación de las licencias adeudadas a la agente E. M. C. R..

Arguye que se pretendió responsabilizarlo por "desprolijidades administrativas en la implementación del pago ...de las licencias y...se le imputó la falsificación del instrumento por el cual se solicita el pago..." (fs. 53 vta.).- Afirma que en ese trámite no hubo perjuicio fiscal, y no se pudo comprobar la responsabilidad en las liquidaciones finales que se le endilgara, las que fueron rechazadas por la Secretaria Habilitada de la Legislatura, implementándose -acusa- la sustanciación de un sumario administrativo "preñado de defectos".-- Seguidamente desarrolla extensamente los vicios que -a su entender- contuvo el procedimiento sumarial. Relata que una vez notificado de la sanción que se había propuesto en aquél de 30 días de suspensión, las actuaciones fueron devueltas por el Poder Legislativo a la Dirección de Sumarios para las conclusiones finales, donde el Director sin rebatir los argumentos que esgrimió en su defensa -se agravia- cambió el encuadre legal y propició la sanción de ///cesantía a resultas del juicio penal en trámite, considerando que ello vulnera su derecho de defensa en juicio.

Y razona "...en el ámbito del derecho penal común, del penal disciplinario o del derecho administrativo, no pueden variarse los cargos que se le imputan al encartado o sumariado,... pues responde a una acusación concreta encuadrada en una norma penal o administrativa, dirigiendo su defensa a rebatir las conclusiones contenidas en la imputación..." (fs. 54) Transcribe doctrina aplicable, y agrega que -a su criterio- se consuma el desacierto del Poder Legislativo al contratar un letrado para un nuevo dictamen final, modificando no solo los cargos originarios -de los que se defendió- sino agregando otros.- Asimismo, estima que se produjeron groseras irregularidades que determinan la nulidad e inexistencia de los actos administrativos que concluyeron en la cesantía y menciona la delegación en la Dirección de Sumarios dependiente del Poder Ejecutivo de la investigación de presuntas faltas de personal del Poder Legislativo -como es su caso- alegando que éste no está incluido en el ámbito de aplicación del art. 1º del Dto. Ley Nº 1510 (en publicación original - norma no contenida en el Digesto que incorpora su Anexo a Ley I-18 y como Disposiciones Generales los arts.3, 4 y 5), desde que cuenta con normativa propia -la Resolución Nº 142/03- para ello.

Porque aunque este plexo disponga (art. 20°) que se aplicará aquél -esgrime- ello no significa delegar o transferir la competencia para instruir sumarios a un órgano de otro Poder "...no amplía la jurisdicción y competencia de la Dirección de Sumarios al ámbito del Poder Legislativo" (fs. 55) comentando que ///existen numerosos sumarios "tramitados" en el ámbito de este Poder desarrollados por su personal y tomando la Cámara la decisión definitiva.- En esta normativa propia -refiere- se reservan las cuestiones relativas a designación y remoción de sus agentes a "la propia Legislatura". Subraya "...el señor Vicegobernador no integra el Poder Legislativo (art. 124 de la Constitución Provincial) y en el art. 30° inc. 11 del Reglamento Orgánico... se establece que ... únicamente puede hacer efectivas las designaciones o remociones que disponga el Cuerpo, lo que determina que no le competen este tipo de cuestiones" (fs. 55).- Destaca que está reservado a la Cámara de Diputados dictar las resoluciones que dispongan la realización o no de sumarios administrativos, lo que no aconteció en su caso, agraviándose "...alguien que no pertenece al Poder Legislativo..." (el Vicegobernador) ordenó la instrucción sin facultades para ello pretendiendo delegar facultades propias de un Poder al que no pertenece, como surge -aprecia- de las conclusiones sumariales y notas de remisión de actuaciones con intervención de la Dirección de Sumarios.

En el Acápite IV: "VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, QUE IMPONEN SU NULIDAD" sintetiza J. los vicios que según su opinión contienen las decisiones cuestionadas. En la Resolución N° 139/05 que dictó la sanción expulsiva, encuentra una deficiente y falsa motivación contenida en sus considerandos que adopta el Dictamen Legal N° 05/05 de la Asesoría Legal de la ///Legislatura. Expresa que si bien en los párrafos iniciales se realiza una reseña correcta del sumario administrativo, el 5to.

Considerando "...de forma ligera y temeraria..." dice "Que surge del sumario y de la causa penal la adulteración de la planilla de licencias, dando lugar a una errónea liquidación de las mismas" (fs. 55 vta.).- Señala que el Director de Sumarios en su dictamen final aconsejó la aplicación de cesantía con carácter provisional a resultas de la causa penal, aunque luego aquella Asesoría Legal referida insistió en propiciar la cesantía. Esgrime que se afirma que los dictámenes no son vinculantes para la Presidencia pero -se agravia- el acto administrativo concuerda con esos criterios.

Aduce que el Dictamen comentado incurre en graves errores conceptuales y no distingue entre derecho penal disciplinario y derecho penal, indicando que transcribe como conducta reprochable de quien hoy acciona el requerimiento fiscal, en cuanto el hecho investigado se encuentra atrapado en los extremos del art. 292° del Código Penal (falsificación de documento) desconociendo -acusa- los sujetos procesales en el juicio, dando por probada la acusación y sobre esa base propone la sanción expulsiva.

Transcribe un párrafo del dictamen al que califica como temerario e irresponsable "...es de hacer notar que, según la pericia caligráfica así como de las propias declaraciones del imputado de fs. 197/198 vta. la firma inserta al pie de la planilla y el añadido "razones de servicio", pertenecen a la persona de M. J....".

Tal aseveración -subraya- tomada como ///fundamento de la sanción "...es de una gravedad institucional alarmante..." (fs. 56), ello vulnera -considera- los principios Constitucionales de inocencia, defensa en juicio, juez natural y debido proceso. En sede administrativa -reitera- se le atribuye la comisión de un delito que se estaba investigando en sede penal y se valora la prueba caligráfica antes que el juez natural.

Distingue el derecho penal disciplinario y derecho penal expresando que supone en el destinatario una relación de dependencia de carácter jerárquico, las medidas que dispone -dice- no tienen por finalidad prevenir o reprimir la delincuencia sino la tutela de la disciplina de la función administrativa correspondiente. Define qué se entiende por delito para esgrimir que "...la acción punible de una persona y su responsabilidad, sólo puede ser determinada en el ámbito del proceso penal" (fs. 56 vta.).-- En consecuencia -alega el actor- el acto administrativo de cesantía es nulo de nulidad absoluta, en tanto le atribuye un delito de acción pública, antes de que se expida sobre su culpabilidad o inocencia el Juez o Tribunal Criminal.

Menciona que algunos hechos o conductas de los agentes públicos pueden ser castigados con sanciones expulsivas aún cuando se sustancia un proceso penal, pero -se agravia- "...lo que nunca puede hacer el poder administrador, es atribuir un delito, por las constancias del proceso penal, antes de la sentencia, como se hizo y consignó en los instrumentos preparatorios del acto impugnado.

Constituye un auténtico despropósito, interpretar la pericia caligráfica, solicitada por el Tribunal oral penal y aún no evaluada por éste, para endilgar la acción de falsificación...como... tomar como presunciones válidas, la ///acusación fiscal...en menoscabo de la defensa en juicio y del principio "Nulla pena sine judicio..." (fs. 57).

Estima que el acto opugnado al fundarse en esa opinión legal invoca hechos que no son ciertos y situaciones falsas que vician la motivación y lo invalidan; transcribe un párrafo de aquél que refiere a un grave y reiterado incumplimiento de las funciones propias del cargo Director de Recursos Humanos y Personal, donde -según el accionante- se observa "...animosidad ...y falsedad de sus dichos... justificando que ...el informe de la Dirección de Sumarios y la obligación que tiene éste ...de incorporar los antecedentes administrativos y disciplinarios de los imputados, ...nada dice de graves y reiterados incumplimientos, sino que se refieren únicamente al hecho puntual de la licencia de R...." (fs. 57 y vta.).

Se alza asimismo contra el encuadre legal contenido en el último considerando de la Resolución N° 139/05PHL referido a la transgresión de obligaciones previstas en el art. 5° incisos a), f) y j) de la Resolución N° 142/03H.L. en concordancia con el art. 12° inc. 5), considerando que ninguno de los supuestos que establece esta última norma han sido fehacientemente acreditados por la instrucción ni por la autoridad de aplicación.- ///-Glosa en el Apartado V de la demanda (fs. 57 vta./58 y 58 vta.) la sentencia penal dictada por la Cámara Primera en lo Criminal de Trelew del 31.08.06, que aceptó la postulación fiscal referida al "manto de duda que apuntala la absolución del imputado por el hecho atribuido" y fundó "...tal como lo ha sostenido pacíficamente esta Cámara, la circunstancia de que el ministerio fiscal adopte esta actitud, priva al Tribunal de la posibilidad de arribar a un pronunciamiento condenatorio.

Esa es la postura asumida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Tarifeño..."... resulta procedente la absolución solicitada...". Asevera J. que ese fallo fija los límites y las razones que lo liberan de toda responsabilidad en el hecho de la falsificación que dio por probada el acto de cesantía.

Argumenta que no hubo acusación Fiscal "...por la contundencia de los testimonios rendidos, incluso por los testigos de cargo y la declaración del imputado..." Y resalta que no fue absuelto por "...el beneficio de la duda - in dubio pro reo- sino por falta de elementos mínimos para llevar adelante la acusación" (fs. 58 vta.).

Con cita de BIELSA caracteriza la motivación del acto administrativo y concluye "...los actos administrativos impugnados no se sustentan en los hechos y antecedentes que le sirven de causa ni en el derecho aplicable..." (fs. 59).

Afirma que la voluntad de la administración ha sido excluida por error esencial al tomar como antecedentes hechos inexistentes y falsos que fluyen -opina- de aseveraciones prematuras e infundadas ya desechadas "...en el carril procesal del derecho criminal" (fs. 59).-- ///-Seguidamente aprecia que todo este concierto de errores -así califica el procedimiento administrativo desarrollado- pudo haberse evitado de haber seguido -dice- la sugerencia del Director de Sumarios que aconsejaba suspender la sanción propuesta a resultas del juicio penal. Ello que hubiera evitado -subraya- la separación del cargo y la presente acción de resarcimiento y reincorporación que debe soportar el erario provincial, gravando directamente a los contribuyentes de la Provincia. Invoca J. la aplicación del art. 69° de la Constitución Provincial contra todos los funcionaros que intervinieron en la emisión y aprobación de los actos administrativos opugnados.- A continuación, en el Acápite VII, justifica el resarcimiento que reclama en "...el inmenso perjuicio que ... ha causado ... la ilegítima cesantía..." aclarando que además de los salarios caídos, finca el daño moral en la campaña de desprestigio y acusaciones que dice haber sido objeto, tal como -ilustra- la denuncia del Sr. Fiscal de Estado ante la justicia penal y la amplia difusión mediática que propició el Poder Ejecutivo.

Subraya además que "...un simple agente de la administración pública ha sido denunciado personalmente por el Primer Mandatario de la Provincia, el Vice-gobernador y el Fiscal de Estado por un hecho que resultó incomprobable y carente de toda prueba incriminatoria..." (fs. 59 vta.).

Por ello, reclama la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) en concepto de daño moral verificable, los salarios caídos hasta el momento de la ///reincorporación y hasta su efectivo pago, intereses y actualizaciones correspondientes.

Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y realiza el petitorio que es de práctica.-- III.- Ordenado y corrido el traslado de estilo, la Provincia del Chubut, a fs. 73/87 y vta. opone de manera preliminar, las defensas de falta de habilitación de instancia y prescripción con respecto a la pretensión de daño moral reclamado por el actor.- La primera fue rechazada y la segunda diferida por Sentencia Interlocutoria N° 68/SCA/07, obrante a fs. 108/119.

En forma subsidiaria contesta la demanda, pretendiendo se rechace la misma, desconociendo, con invocación del art. 356º del CPCC, la documentación acompañada como su autenticidad.-- Luego de la negativa genérica que es de práctica, niega expresamente que el actor se hubiese anoticiado por los diarios de que había sido denunciado penalmente; que se hubiere dispuesto arbitrariamente la sustanciación del sumario administrativo; que no se hubiera podido comprobar su responsabilidad en las liquidaciones finales rechazadas; que no se hubiera mantenido el encuadre legal en la infracción imputada y que no se puedan variar los cargos en el derecho administrativo.

Niega la modificación de los cargos originarios por los que se sustanció el sumario y que corresponda ///declarar la nulidad de lo actuado; que el trámite sumarial posea "groseras irregularidades" como que la cesantía posea una "ilegitimidad flagrante o que .resulte irrazonable"; que no sea aplicable el Dto. Ley Nº 1510 al Poder Legislativo, que el Vicegobernador no posea facultades para ordenar el inicio de sumarios.

Niega que el acto de la cesantía sea infundado, que contenga una deficiente y falsa motivación, que sea nulo de nulidad absoluta y que las afirmaciones del dictamen legal y de la Resolución Nº 139/05 sean "ligeras y temerarias"; que no corresponda trazar una diferencia entre infracción administrativa y delito.

Y también -contradice- que la cesantía de J. se motive únicamente en la adulteración de planillas o en la atribución de un delito de acción pública; que se hubiesen invocado hechos que no son ciertos y situaciones falsas; que hubiere habido animosidad en el dictamen legal o que los dichos de éste fuesen falsos; que no hubieren existido graves y reiterados incumplimientos del hoy actor y que no se hubiesen acreditado los supuestos del art. 12º de la Resolución Nº 142/03; que no hubiere impedimentos para continuar la relación laboral y que la sentencia penal resulte vinculante para la sede administrativa.

Niega además que haya habido error esencial en la voluntad de la administración; que hubiere un concierto de errores en las actuaciones que llevaron al dictado del acto de cesantía; que resulte aplicable el art. 69º de la Constitución Provincial; la existencia de daños y perjuicios alegados ///por el actor cuyo resarcimiento reclama. Rechaza expresamente la procedencia del resarcimiento reclamado por el actor así como del daño moral y los salarios caídos.-- Reitera finalmente que desconoce que la Dirección de Sumarios resulte incompetente para la realización del sumario contra el actor ni que el Poder Legislativo no pueda delegar en ese órgano su realización; que se lo haya privado del debido proceso; que se hubiera alterado, amenazado o lesionado derechos o garantías constitucionales; que no se le haya garantizado a J. una amplia defensa.

En el Apartado V- CONTESTA DEMANDA la Provincia sustenta la improcedencia de la acción.- Expone que en el relato de los hechos la contraria efectúa una serie de consideraciones y citas doctrinarias ajenas a los mismos. Acusa que J. "curiosamente olvida" los hechos que describió en el juicio de amparo que además ofreció como prueba, donde mencionaba que en la denuncia penal se pretendió imputarle la falsificación de las solicitudes de licencia y la denegatoria de la ex -agente R., que al jubilarse la nombrada se procedió a liquidar licencias no gozadas y denegadas que al momento de pago -explicó- se produce un error en cuanto al monto motivando ello su rectificación, advirtiéndose adulteraciones y falsificaciones de firmas en las planillas.

A raíz de ese hecho -continuaba el relato del actor en el Amparo- se le pretendió endilgar responsabilidades y señaló que no dependía del amparista el ///otorgamiento y la denegatoria de las licencias sino que sus funciones se limitaban a informar los días que correspondían.

Contradice ahora la accionada comentando que aquellas funciones "...iban más allá del simple recuento de días..." (fs.76 vta.) opinando que no insiste J. en estos dichos porque en la presente acción le resultaría perjudicial a sus intereses el relato del proceso que se sigue para el otorgamiento de licencia, sus funciones y responsabilidades.-- Continúa con lo que el actor había esgrimido en la acción de amparo y ahora no insiste: que no se le corrió traslado de la sanción propuesta para la realización del eventual descargo y posterior dictamen (refiriéndose al procedimiento sumarial), ni que el Director de Sumarios había cambiado el encuadre legal y la imputación de cargos sin correrle vista.porque se puede cotejar del propio sumario que siempre tuvo oportunidad de efectuar descargos y defenderse. Y luego reseña lo que el accionante ha denominado supuestas groseras irregularidades.

En el Punto B del mismo apartado, como "Realidad de los hechos", relata que la agente E. R. presentó su renuncia a la Honorable Legislatura para acogerse a la Jubilación Ordinaria, siendo aceptada su dimisión por las Resoluciones Nº 72/03PHL y 141/03 HC que le reconocen equívocamente licencias no gozadas por la suma de $ 20.311,72.- Que al elevarse las actuaciones a la ///Secretaría Habilitada, advierte la funcionaria encargada de firmar el cheque que la situación era irregular "por el monto", razón por la cual -explica- solicitó información al Sub-Jefe Contable quien explicó que se trataba de un error involuntario en la liquidación, recepcionando entonces la Secretaria aludida una nota de rectificación de aquél por un nuevo importe de $ 10.765,21.

Que consultada el área contable acerca del modo en que se "practicaban las liquidaciones" ésta respondió que ".dependían de la información remitida por Personal" (fs. 77). En consecuencia ".dedica especial atención al análisis del legajo de .R., remitido.por el Director de dicho sector el Sr. M. J., notando una serie de irregularidades." (fs. 77/77 vta.).-- Detalla que las solicitudes de licencias deben contener la firma del solicitante, del Jefe de Sector en el que se desempeña, del Jefe de Personal y del Secretario Habilitado.

En el legajo comentado -indica- desde 1990 existe identidad de las firmas del solicitante y del Jefe de Sector, el Sr. C. A., pero ello no ocurre -señala- con la última solicitud de licencia en la que ambas rúbricas ".difieren claramente, habiéndose constatado también un grosero error de foliatura, que casualmente surge con la solicitud de licencia en cuestión, en atención que hasta el folio 461 .es correlativa, y a partir de allí se agrega la cuestionada con el folio 402 y luego tres fojas más hasta finalizar el legajo con el Nº 405." (fs. 77 vta.).

Subraya la Provincia demandada ".la importancia de la solicitud en cuestión" explicando que la denegación por razones de servicio es el único fundamento que da origen y sustento a la Res. Nº 72/03 con la posterior liquidación del Sector Contable de las licencias no ///usufructuadas ".información esta última suministrada desde la Oficina de Personal a cargo de M. J.".

El 24 de Diciembre de 2003 -sigue- la Secretaria Habilitada solicita al hoy accionante un informe respecto de los 80 días de licencias de la Sra. R. correspondientes al 2001 y 2002 expresando que ".la mencionada no había usufructuado dichas licencias por haber sido denegadas." (fs. 77 vta.). Así, por Nota Nº 46/04 la funcionaria refiriendo una serie de irregularidades eleva al Sr. Presidente de la Legislatura la cuestión, y con ello se da inicio por Resolución Nº 23/04 de esa autoridad al sumario administrativo.- El art. 2º solicita a la Dirección de Sumarios de la Asesoría General de Gobierno, colaboración para la sustanciación.- Describe la demandada extensamente el procedimiento sumarial y comenta que las funciones del actor consistían en efectuar un control de los legajos y de los pedidos de licencias.- Afirma que tanto de las actuaciones penales como administrativas surge que fue J. "...quien estampó en el pedido de licencia de fs. 402 y su denegatoria la leyenda razones de servicio así como su firma..." (fs. 79) siendo que dicha denegación -explica- debería haber sido efectuada por el Sr. A. superior de R..

///-Además -subraya- "..al actor no se lo cesantea por ser el supuesto autor de la adulteración, sino por el hecho de la existencia de tal planilla y de las irregularidades que se observaron en dicho legajo y que pasaron en su presencia...él era el jefe de personal y ...tal control, como lo declaran el resto de los empleados a su cargo estaba a su exclusivo cargo, él era el único que realizaba dichos controles...(no olvidemos que él mismo reconoce que tal planilla fue en parte elaborada por él, fs. 195 causa penal)" (fs. 79).

--Relata los dichos de la Sra. R. quien entre otras cosas manifestó que no solicitó jamás la licencia en cuestión, que el propio J. le dijo que le pagarían todas las licencias, que nunca suscribió su planilla de solicitud de licencias otra persona que no fuera A.; funcionario éste -recuerda la accionada- que indicó que en tal fecha se encontraba trabajando. Y reseña las declaraciones que los nombrados prestaron en sede penal y administrativa, estimando que "...son más que suficientes como para instruir sumario al hoy actor..." distinguiendo "...la responsabilidad administrativa...de la penal, ya que la primera es mucho más amplia ...y ...donde tienen cabida las irregularidades observadas en el legajo que hoy el actor pretende minimizar..." (fs. 79 vta.).- Sostiene la Provincia que la adulteración de la planilla existió así como el resto de las irregularidades apuntadas en la Resolución N° 139/05 y las enumera: falta total del control de la planilla, emisión de información errónea sobre licencias, la falta de firma en la planilla de la máxima autoridad, el grosero error de foliatura y el no seguimiento de los pasos establecidos para autorizar las licencias. Afirma que estos ///hechos fueron reconocidos por J. en su descargo, con lo que desestima que se tratara de "fuertes indicios", desde que reconoció -afirma- que la leyenda "razones de servicio" inserta en la planilla le pertenece.

Concluye en que, de la lectura del sumario, surge la existencia de las irregularidades y de los hechos endilgados al actor así como la autoría de los mismos, y justifica "...él mismo reconoce la existencia del hecho y de su autoría manifestando que pudo haber habido un error y que el mismo es excusable atento las condiciones en que se presta el servicio..." (fs. 80). Reitera que el dictamen legal N° 05/05 indicó que el sumario no tuvo presente únicamente la adulteración de la planilla sino además -abona- el resto de las faltas que giran en torno a la misma y demás antecedentes agregados como la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas en el que surge la existencia de antecedentes derivados -dice- de la responsabilidad del actor. Y extrae de la misma los pasajes que cree "ilustrativos" (fs. 80 y 80 vta.).

Defiende luego el trámite del sumario, asegurando que el mismo "...fue cumplido con las formalidades que marca la legislación vigente...se corrió traslado de la conclusión...presentando ...descargo y emitiéndose posteriormente el dictamen pertinente, teniéndose presente el descargo... efectuado, ...jamás se afectaron los derechos de defensa del actor". (fs. 81).-- ///-En lo relativo a la "delegación efectuada por el Poder Legislativo" para la instrucción sumarial, afirma haber obrado según la Resolución N° 23/04 cuya nulidad no ha solicitado el actor; contradice los dichos de éste cuando estima que se delegó la facultad de instrucción y posterior decisión, cuando sólo -justifica- se solicitó colaboración, adoptando la decisión final la propia Legislatura. Añade que J. consintió el trámite con descargos, defensas y recursos. Considera que la aplicación del Dto. Ley N° 1510 no resulta cuestionable, a tenor de lo dispuesto en el art. 20° de la Resolución N° 142/03.-- En relación a los dichos del actor de que el Sr. Vicegobernador no integra la Cámara, manifiesta la accionada que sus alegaciones son tardías pues expresamente -reitera- consintió el procedimiento y que el Presidente de la Cámara posee tales facultades, que además -destaca- fueron ratificadas por el Cuerpo (Res. N° 111/05) al igual que las demás resoluciones cuya nulidad pretende. Menciona que la totalidad de los nombramientos del personal se realiza del mismo modo, explicando que es el Presidente de la Cámara quien dicta la resolución y la Cámara ratifica la designación.- Aduce que de ese modo se produjo el nombramiento del actor quien mal podría controvertir el mecanismo utilizado porque -razona- sería también nula la resolución que lo designa como funcionario. Considera aplicable la doctrina de los actos propios y cita fallos para abonar su postura.-- ///-Sostiene la demandada que la responsabilidad del Sr. J. respecto de los hechos investigados fue "plenamente demostrada en el sumario" y considera "inexactas las citas que efectúa el actor respecto de las conclusiones del perito" (fs. 82) quien dictaminó -recuerda- que gran parte del documento de solicitud de licencia y denegatoria la había realizado el Sr. M. J., mencionando que ello puede cotejarse en la lectura de la pericia y en las declaraciones efectuadas en sede penal. También destaca las declaraciones de empleados de la oficina de personal de la Legislatura en el sumario, como la del Sr. O. A. que expresó que el hoy actor era "la persona que realizaba personalmente las verificaciones de las licencias no usufructuadas en los legajos del personal", M. P. que dijo "no todos los legajos se encontraban bien foliados" y la Sra. R. que reconoció que jamás confeccionó la solicitud de licencia, ni la pidió en tales años.- Manifiesta que las supuestas irregularidades e ilegitimidades en las que funda el accionante las nulidades que pretende fueron tratadas por el Juez de Primera Instancia al resolver la acción de amparo y transcribe parcialmente las consideraciones del Magistrado referidas al procedimiento administrativo disciplinario, a los criterios que éste debe respetar, a los requisitos esenciales que deben observarse para la validez del acto administrativo puntualizando el sujeto hábil para emitirlo, la causa del acto, el objeto o contenido, la forma, la motivación. Glosa -de este fallo- la alusión al Expediente "S/Presuntas ///Irregularidades Liquidación de Licencias" (020-04-HL) en relación al cual opinó "...observo que el hecho de que se halla requerido instrucción sumarial a la Dirección de Sumarios en modo alguno invalida la sustanciación del mismo pues...se le ha brindado la ...posibilidad de alegar y probar los hechos que le fueran reprochados según las normas ...Régimen de Personal Legislativo...el referido estatuto establece que...se aplicará la norma que rige con carácter general para la Administración Pública Provincial -ley de procedimiento sumarial- hasta tanto se dicte resolución estableciendo un procedimiento propio para el Poder Legislativo...Es decir, la solicitud de colaboración...tuvo en consideración lo establecido por dicha normativa...Asimismo, no encuentro irregularidad alguna en la emisión del dictamen de la asesoría legal del Poder Legislativo...la alegada falta de competencia del órgano que dispuso la instrucción sumarial...no es tal..en virtud de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento Orgánico de la Honorable Legislatura...si está facultado... (el Presidente de la Legislatura) ...para nombrar el personal también lo está para removerlo, y para aplicar la sanción de cesantía debe necesariamente disponer la instrucción de sumario...en lo tocante a la nulidad de los actos administrativos dictados como consecuencia de la instrucción del sumario, tampoco se advierte que los mismos adolezcan de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta...la selección...del órgano emisor de la sanción correspondiente entra en la esfera discrecional de la autoridad de aplicación de acuerdo a la gravedad de los hechos de que se trate. ...dada la gravedad de los hechos imputados al actor y acreditados en el sumario instruido, el órgano emisor de la decisión adoptó una sanción predeterminada jurídicamente valorando la entidad de la falta cometida...la resolución en crisis ///fue puesta a consideración de la Cámara ...siendo ratificada por la votación correspondiente..." (fs. 83 y 83 vta).- Esgrime la accionada que del pronunciamiento comentado surgen dos cuestiones: por una parte -señala- no se limitó a un simple análisis acerca de la procedencia de los requisitos formales de la acción de amparo sino que se expidió sobre cuestiones de fondo como el pedido de nulidad planteado por el actor, lo que no fue apelado por J. "...quien consintió tal fallo... caerían o podrían caer en autoridad de cosa juzgada...no serían nuevamente revisables" (fs. 84) Por la otra, subraya que el decisorio introduce el concepto de la discrecionalidad, transcribe de nuevo los dichos del Juez y un fallo de este Cuerpo referida a ella.-- Destaca que si bien el actor fue absuelto en sede penal "por el beneficio de la duda" y por ello excluido de responsabilidad penal, ello "...no implica que no haya poseído responsabilidad administrativa" (fs. 84) y abona con jurisprudencia. Reitera que no es cierto que la cesantía tuvo únicamente en cuenta la atribución de la falsificación del actor, porque además -aclara- giró en torno a las faltas cometidas por J. "...en torno a sus funciones, así es que lo resuelto en sede penal no autoriza a concluir que ha desaparecido la causa de la cesantía...no le hace falta la efectiva condena penal cuando la infracción administrativa se encuentra configurada por el comportamiento objetivo del agente..." (fs. 84 ///vta./85); y aduce que la cesantía encuentra razonable fundamento en los elementos probatorios reunidos en las actuaciones sumariales y la sanción -añade- aplicada luego de un sumario en el que se observaron -afirma- las normas que rigen el procedimiento brindándosele al hoy actor el adecuado ejercicio de su derecho de defensa, expresando además que el acto que dispuso la cesantía enumera una serie de causales que jamás fueron desvirtuadas por el actor. Enumera diversas afirmaciones que J. introdujo en la acción de amparo y que no trajo a esta instancia, para luego sintetizar que "...del análisis del sumario ninguna duda puede caber que la conducta del actor estaba en contradicción con lo normado por el art. 5 inc. a) y j) de la Resolución 142/03 como ...de sus deberes y funciones...y que...correspondía ...aplicar las sanciones prevista en el ordenamiento vigente..." (fs. 85 y 85 vta.).

Finalmente, en el Apartado "IMPROCEDENCIA DE LOS RUBROS RECLAMADOS" argumenta que no corresponde el pago de salarios por funciones no desempeñadas y transcribe jurisprudencia referida a la cuestión. En relación al daño moral menciona que no es cierto que se hubiese propiciado repercusión periodística a los hechos denunciados en sede judicial, ni que sea responsabilidad de la accionada la forma en que los mismos son publicados en los diarios; amén de ello -agrega- como cualquier otro daño debe ser debidamente probado. Con lo que concluye solicitando que la demanda sea rechazada en todas sus partes.

///-IV.- La prueba producida es documental, confesional, informativa y pericial psicológica y caligráfica. El accionante pidió y se ordenó en esa forma a fs. 62, que se intimara a la demandada, bajo apercibimiento de lo normado en el art. 388° del CPCC a la presentación del Legajo Personal. Se libró oficio al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Rawson para la remisión de los autos "J., M. E. c/Provincia del Chubut s/ Amparo (Expte. N° 727-F° 106-La. 12937-Año 2005). Acompañó con la demanda copia simple de la Resolución N° 139/05PHL (fs. 1/2), Res. N° 111/05 de la Legislatura de la Pcia. (fs. 3), Res. N° 151/05 PHL (fs. 4/6) y Res. N° 125/05 HC (fs. 7). La Provincia accionada anexó el Sumario Administrativo N° 04-DS-04 el cual contiene el Expte. N° 020-04 HL, copia certificada del Legajo requerido y del correspondiente a la Sra. E. R.; copia certificada del Expte. "J., M. E. p.s.a. FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO (Expte. N° 20/05). Se recepcionó confesional a fs. 200/201 y vta.. A fs. 180/187 y vta. obra agregado el informe del perito médico y a fs. 239/148 la experticia caligráfica a tenor del cuerpo de escritura obrante a fs. 233/238.

V.- A fs. 256/264 presenta su alegato la actora y a fs. 265/283 la Provincia demandada.

///-VI.- A fs. 292/296 y vta. emite Dictamen el Sr. Procurador General Adjunto. Preliminarmente estima que el acuse de prescripción deducido por la accionada no debe prosperar, atento -dice- que los daños alegados son conexos a la impugnación judicial de los actos administrativos, con un plazo decenal que no había transcurrido al momento de interponer la demanda. Refiere que los vicios alegados por el actor parten de una "pretensa violación de la competencia" en cuanto a la decisión que dio inicio al sumario y el órgano que sustanció la investigación, advierte que J. no pidió la nulidad de la Resolución N° 023/04 PHL lo que obstaría -opina- la posibilidad de revisión judicial en lo referido a la "colaboración prestada por la Dirección de Sumarios" (fs. 295). No obstante ello, considera desacertada la opinión del actor referida a las facultades del Presidente de la Legislatura a tenor de las previsiones de los arts. 16° y 19° de la Res. N° 142/03HL y del art. 30° inc. 9) del Reglamento Orgánico. Sostiene, en relación a los agravios del accionante contra la decisión administrativa quien afirma que contiene "hechos que no son ciertos y situaciones falsas" adoleciendo de deficiente y falsa motivación, que esa argumentación "no logra conmover ...las pruebas colectadas en la tramitación sumarial" (fs. 296) cuyo análisis -subraya- permite concluir en lo contrario. Señala además el Magistrado que las irregularidades en el trámite del pago de licencias han sido demostradas, las enumera y fija "...resultaron razonablemente imputables al actor por las funciones propias del cargo que en ese momento desempeñaba..." y funda "...lejos de lograr concluir que las imputaciones se basan en hechos falsos, el análisis de los elementos existentes en el trámite ///permiten verificar que los hechos sobre los que se fundó la imputación administrativa existieron y resultaron ser responsabilidad del Sr. J.." (fs. 296). Con ello sugiere no se haga lugar al planteo de prescripción deducido por la demandada y se rechace la demanda en todas sus partes.-- VII.- A fs. 299 se llaman autos para sentencia y a fs. 300 se practica el sorteo de la causa.- VIII.- ANÁLISIS: -- 1.- Con diversos argumentos el Sr. M. E. J., procura convencer a esta Sala de la ilicitud de los actos que resolvieron su segregación, por cesantía, del cargo de Director de Recursos Humanos y Personal que ejercía en la Honorable Legislatura de la Provincia desde 1998, tales la Resolución Nº 139/05 del Sr. Vicegobernador y Presidente del Cuerpo emitida "ad referendum" de la Cámara, y Nº 111/05 dada por ésta que le otorga aprobación, y las Nº 151 de Presidencia y Nº 125 de Cámara que las confirmaran.- Se apoya -entre otros defectos- en la falta de competencia de la autoridad que ordenó el sumario -Resolución N° 23/04- y que decidió su sanción -la citada antes- como así también cuestiona que la tramitación haya sido efectuada por un órgano perteneciente a otro Poder del Estado -la Dirección de Sumarios dependiente del Ejecutivo cuya colaboración ///se solicita en la primera- procedimiento en el cual aduce, se cercenó su derecho de defensa. Además de estas cuestiones formales, acusa que los actos administrativos impugnados poseen una "deficiente y falsa motivación" al fundarse en hechos que acusa inexistentes. Y por todo ello, solicita, amén de la declaración de su nulidad, el restablecimiento a su cargo, y reclama el resarcimiento por los perjuicios que dice le fueron sobrevinientes, incluido daño moral que dice derivar de la campaña de desprestigio y acusaciones públicas que se efectuaran en su contra.

Así con la oposición de la accionada, quien defiende la legalidad de las Resoluciones cuestionadas, asegura que el procedimiento disciplinario previo a la sanción expulsiva se inició y tramitó conforme a la normativa vigente y aplicable, que las incompetencias que ahora se acusan fueron consentidas, que se respetó el derecho de defensa, que las conductas se encontraron debidamente acreditadas, correctamente valoradas conforme las importantes funciones propias del cargo, y el encuadramiento de falta y sanción fue ajustada a la preceptiva vigente.- 2.- Tal el debate, y con el propósito de ir despejando la controversia, habré de ocuparme en forma preliminar, de los aspectos de forma de los que el actor echa mano para sustentar su ataque nulificante, comenzando con las cuestiones de competencia que se extienden desde la orden de instruir sumario administrativo hasta la aplicación de la pena disciplinaria que impugna, que suscribe el Sr. ///Presidente de la Legislatura "ad referéndum" -así lo dice el acto según verifico con las constancias documentales- de la Honorable Cámara, la que luego prestó "aprobación".

Acoto que no es trascendente que el actor haya "consentido" la Resolución N° 23/04 -la que ordena el sumario- como lo indica la accionada, pues en definitiva, según el Dto. Ley N° 1987 (en el Digesto N° I-74) de aplicación supletoria al Estatuto del Empleado Legislativo dado por Resolución N° 142/03 H.L.(art. 35) tiene la obligación de someterse a la jurisdicción disciplinaria (art. 44 inc. r), y es inoficioso que en esta instancia requiera la declaración judicial de su nulidad ya finiquitado el procedimiento y dictada la resolución que le pone fin, en tanto insta la revisión judicial de ésta lo que involucra el vicio denunciado, que se traslada al acto final.

2.1.- Previne en la Sentencia Definitiva N° 7/SCA/06 (in re "A.."...) que "...La competencia es al órgano administrativo, lo que la capacidad al sujeto de derecho privado, y se "tiene" en el marco de los poderes atribuidos por las normas positivas. Así surge, en contraposición a aquello que es propio, en general, de los sujetos privados, que la Administración no puede obrar sin que el ordenamiento lo autorice en forma expresa o razonablemente implícita (CSJN Fallos: 254:56, 307:198). Frente al principio "debe entenderse permitido lo que no está prohibido" (postulado de la ///permisión) que domina la vida civil, es propio del régimen administrativo el apotegma "debe entenderse prohibido lo no permitido" (CNCAF -Sala V, 2/09/98, en "Tandercarz..."Causa 25.156/96)".

2.1.- Sabido es que por imperio Constitucional el Poder Legislativo de la Provincia es ejercido por una Cámara de Diputados integrada por veintisiete miembros (art. 124°) y que la Presidencia de la Honorable Legislatura está a cargo del Sr. Vicegobernador de la Provincia (art. 130°), que es elegido directamente por el pueblo, al mismo tiempo y por el mismo período que el Gobernador (art. 146°) a quien reemplaza en los supuestos previstos en el art. 150°.- No "integra" el Vicegobernador ninguno de ambos Poderes (el Ejecutivo es unipersonal - art. 146°, aunque hay doctrina que postula esta "integración"), pero constituye sin duda alguna, un órgano institución del sistema de Gobierno.- Refiriéndose a esta dualidad de tareas y a las características propias del cargo, la doctrina se ha ocupado de caracterizar la figura del Sr. Vicepresidente que en el orden nacional ejerce atribuciones idénticas. Juan Paulo GARDINETTI siguiendo a BIELSA señaló que "...Dos funciones tiene, pues, el Vicepresidente, pero no simultáneas,... y ellas son de distinta naturaleza: la esencial es la eventual, o sea, la de sustituir al Presidente, y la secundaria es, sin embargo, la función permanente que es presidir el Senado" (Conf: "El Vicepresidente en la Argentina: su encuadre constitucional y proyección política" Doctrina- elDial-///DC1241).- Igualmente ocurre con el Vicegobernador en las provincias que organizan su Poder Legislativo como bicameral, y en aquellas que como la nuestra, han adoptado un sistema unicameral, le corresponde a este funcionario presidir la Cámara, y votar en caso de empate.- En este contexto jurídico constitucional, en el marco de la teoría del órgano -sigo a Aparicio MÉNDEZ- la Vicepresidencia y Vicegobernación se presentan peculiares, pues son órganos con competencia en dos Poderes del Estado y se caracterizan entonces como órganos potenciados -por oposición a simples- pues se trata de aquéllos que llevan unidos a su cualidad propia, de modo permanente, la de ejercer funciones de otros órganos de modo que reúnen en su persona varios órganos, lo que además los convierte en compuestos, y se funden técnicamente para actuar dentro del sistema, en el que ocupan una posición propia, independiente de la que pueda corresponder a sus elementos componentes.- Así según las características institucionales de cada derecho positivo (Conf. "Teoría del Órgano"- Edic. Definitiva - -1971 -pág. 199/200).-- La relación orgánica dada por aquél -señala el autor- determinará las condiciones de ejercicio de la función, teniendo en cuenta su naturaleza como las condiciones y circunstancias en la que deben expresarse (Ibidem - pág. 188).- ENTRENA CUESTA lo marcará ///diciendo que la competencia orgánica, es "subjetiva", desde el punto de vista en que importa la titularidad de las funciones que abarca y la de las potestades para su ejercicio (Curso de Derecho Administrativo - 12° Edición Tecnos- pág. 68).- El Reglamento Orgánico de la Legislatura vigente a la época de los hechos (agregado en simple copia como prueba documental, citado por la demandada) en el "Capítulo IV- DE LA PRESIDENCIA", art. 30° en 14 incisos fija las atribuciones y deberes que el Vicegobernador en ejercicio de esa competencia -subjetiva- tiene asignadas, entre otras, las de "... 9) Ejercer la autoridad superior en el Gobierno y orden de la Casa... 11) Hacer efectivo todos los nombramientos adoptados por el Poder, como así también llevar a efecto las remociones del personal que disponga éste.-- Señala luego, en el Capítulo siguiente que los "Secretarios" "Legislativo" y "Habilitado" de la Casa, dependen directamente del Presidente (art. 36°) y entre otras obligaciones (art. 38°) tienen que "poner en conocimiento del Presidente las faltas que cometieran los empleados en el servicio y proponer las medidas disciplinarias" (inciso 6) además ejercen "...por delegación del Poder Legislativo la superintendencia del Personal del mismo" (inciso 11).-- 2.2.- Escasa en verdad la regulación -sería deseable una normativa mucho más eficiente- pero de la que al menos se puede deducir que este órgano en el Poder Legislativo, asume lo que de ///algún modo puede llamarse la gestión de la burocracia administrativa -a ello induce el mentado inciso 9) del art. 30 referido- que por simples razones prácticas no reposa en la Cámara, a la que está reservada una encomienda mucho más trascendente, y en esa gestión está incluida la administración del personal, lo que deriva de la conjugación de los arts. 30 inc. 9 , 36 y 38 incisos 6 y 11, antes transcriptos.

A más, la Resolución N° 142/03 H.L. Anexo I, que sanciona el Régimen de Estabilidad, Derechos y Obligaciones para el Personal del Poder Legislativo, al que supletoriamente -lo dije antes- se aplica el Decreto Ley N° 1987 (I-74 en el Digesto) (art. 35°), prevé en su artículo 10° una escala gradual de sanciones administrativas correctivas y las expulsivas de Cesantía y Exoneración. Establece que las mismas "...se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales en que pudiera incurrir el agente..." y fija en el artículo 12° seis causales que motivan la cesantía de un dependiente, de las cuales -por resultar aplicables al caso- transcribo el inciso 5°) "...Incumplimiento reiterado de las obligaciones del artículo 5° o cuando la gravedad de la conducta asumida por el agente en violación de alguno de sus incisos impide la prosecución de la relación laboral". Dispone luego, que las sanciones de suspensión mayor, cesantía y exoneración, "...sólo podrán ser impuestas previo sumario, donde se le otorgue al sumariado el más amplio derecho de defensa..." (art. 15°). Y en relación a ese procedimiento instituye ///"...podrán iniciarse por denuncia hecha por escrito, fundada y firmada o de oficio por el superior jerárquico..." (art. 16°), concluido el mismo, prevé vista para defensa y prueba y alegatos, con remisión al Secretario.- El art. 19 expresa "Con dictamen del Secretario será elevado a la Presidencia de la Honorable Legislatura quien dictará Resolución fundada en el plazo de.." y el artículo 20° regla "...para la sustanciación de los sumarios administrativos se aplicará la norma que rige con carácter general para la Administración Pública Provincial -Ley de Procedimiento Sumarial-, hasta tanto se dicte Resolución estableciendo un procedimiento propio para el Poder Legislativo." (el destacado lo agrego).- No estipula esta Resolución, qué órgano específico está atribuido para instruir sumarios, como tampoco figura ninguno en la Resolución N° 143/03 que aprueba las Misiones y funciones de los distintos organismos dependientes de las Secretarías respectivas, salvo en cuanto a "canalizar" las solicitudes para elevarlas a la Secretaría que corresponda, atribuida justamente a la Dirección que ocupaba el actor.

A la luz de esta preceptiva no veo el vicio que se denuncia, cuando el Sr. Presidente del Honorable Cuerpo resolvió disponer la instrucción del sumario, a requerimiento de la Sra. Secretaria Habilitada.- En definitiva, el sumario es una investigación, en beneficio de la buena marcha de la administración, y ninguna persona puede sentirse agraviada por el impulso de estos procedimientos destinados a preservar aquéllas.- Entonces, desde que el trámite seguido en autos tuvo su génesis en una Resolución, fundada y ///suscripta por el Sr. Presidente de la Legislatura con el refrendo de dos Secretarios de la Casa, y en esta órbita se mueve la superintendencia del personal, estimo que, en este aspecto, se ha dado debido cumplimiento a la reglamentación vigente.-- Legitimidad que adelanto, se extiende también a la aplicación que el accionante cuestiona del Dto. Ley N° 1510 de Procedimiento Sumarial Administrativo integrado hoy su Anexo a la Ley N° I-18 - por imperio del mentado art. 20 de la Resolución N° 142/03.

2.3.- Que se haya solicitado la colaboración de la Asesoría General de Gobierno -Dirección de Sumarios- ambos organismos que actúan en la esfera del Ejecutivo, tampoco puede agraviar al actor.- No sólo porque lo importante no es el organismo efector sino el procedimiento en sí, que debe garantizar la aplicación de los extremos que integran la garantía del debido proceso: audiencia, prueba, defensa, sino porque además nada obsta a que el marco de las relaciones interpoderes, se requiera el auxilio de los que son especializados, asegurando de ese modo una mejor o mayor eficiencia en su tramitación.-- La cantidad y diversidad de situaciones que se presentan y originan este tipo de relaciones, impide racionalmente su previsión y ///regulación.- Mas su existencia, necesidad y funcionalidad son innegables.-- Coincido con FIORINI, que cuando trata el vicio de incompetencia en los actos administrativos, ya expresa que el mismo ha sido superado concurriendo para ello el derecho de la organización y el principio de la delegación administrativa, señalando que -a salvo la derivada de violación normativa exclusivamente dada por la Constitución o la Ley, que es indelegable, las restantes se reducen a la postre a la forma de activar, o a la exclusión o intervención que pueda corresponderle al órgano central (Derecho Administrativo - Abeledo Perrot - 2° Edición - Tomo I - pág. 493/494).- Entonces, si en origen, la Dirección de Sumarios carece de la competencia para instruirlos al personal dependiente del Poder Legislativo, la solicitud expresa formulada por autoridad competente de ése a título de colaboración, importa una suerte de delegación y sanea cualquier posible vicio que en este orden pueda denunciarse.- Máxime esta Dirección sólo tramita el procedimiento, como cauce formal, resorte técnico, instrumento de garantía, preliminar al acto final.

2.3.- Tampoco puede prosperar la nulidad que se afinca en la incompetencia del Sr. Presidente de la HL para disponer la sanción.- Si el Reglamento Orgánico, puede crear alguna duda cuando en el art. 30 inciso 11 se refiere -como facultad del Vicegobernador y ///Presidente HL- a hacer efectivo los nombramientos y remociones de personal que disponga el Poder y a éste lo conforma la Cámara de Diputados, la Resolución específica - N° 142/03- parece despejarla cuando atribuye en el art. 19 a aquél para aplicar las sanciones una vez culminado el sumario administrativo, lo que indicaría delegación.- Para fundar esta posición vuelvo a traer los párrafos de FIORINI escritos en el punto 2.2, a los que el autor añade -minorando la trascendencia del vicio de incompetencia "máxime si puede ser avocada o ratificada" (Ibidem, pág. 494/496).- Lo cual encuentra en la Provincia consagración legislativa en el art. 39 ap. 1), 2) y 3) del Dto. Ley Nº 920 (en el Digesto Ley Nº I-18) que califica a los actos con este vicio, no nulos sino anulables.- Mas -siguiendo con el análisis específico- si bien la hermenéutica que postulo es la dada, es posible que aquella normación confusa y eventuales ataques de invalidez, sea la razón que determine que las decisiones en la materia -designaciones y ceses de personal- sean adoptadas en la práctica por la Presidencia "ad referéndum" de la Cámara, como lo fue ésta N° 139/05 que cesantea a JULIO.- Luego, por Resolución N° 111/05, la Cámara prestó "aprobación".

Según surge de la documental que fue acompañada en copia simple y que tengo a la vista, la decisión de sancionar al actor con ///Cesantía fue dictada "ad referéndum" de la Cámara y sometida en ella a debate en el recinto donde mereció una votación de 16 votos por la afirmativa y 11 por la negativa, emitiéndose a resultas el acto aprobatorio.- También el rechazo del Recurso de Reconsideración que el actor intentara -Resolución Nº 151/05 de Presidencia, fue aprobada por la Nº 125/05 de la Cámara.- M. MARIENHOFF definirá la "aprobación" como el acto administrativo que acepta como bueno un acto de otro órgano administrativo otorgándole eficacia jurídica. Señala que "...se produce "a posteriori" o sea después de la emanación del acto en cuestión, pero antes de que el mismo adquiera eficacia....como acto administrativo, la "aprobación" es meramente "declarativa"; no es, pues "constitutiva". ...el acto que se aprueba es, de por sí, un acto válido, desde que ha nacido conforme a los requisitos exigidos por la ley; el acto que da la aprobación sólo le otorga "eficacia" a ese acto válido anterior. Tratándose, pues, de dos actos sucesivos diferentes". ...en los que la voluntad de los dos órganos que los realizan no coinciden en cuanto al objeto y fin de sus respectivos actos, puesto que mientras el objeto y fin del acto aprobado es el que se manifiesta en su contenido, el objeto y fin del acto aprobatorio tiende normalmente a mantener la regularidad en el funcionamiento de la Administración y a preservar intereses más amplios que los que afecta en forma directa el acto aprobado. ...siendo válido desde su origen el acto aprobado, y desde que el acto de aprobación sólo incide en la ejecutoriedad de aquél, la aprobación surte efectos retroactivos, "ex tunc", a la fecha del acto ///aprobado" (Conc.: "Tratado de Derecho Administrativo" - T° I- "Teoría General" 5ta. Edic. Abeledo- Perrot - pág.667/671).- En idéntico sentido, la Cámara Contencioso- administrativa de 2da. Nominación de Córdoba señaló "...el sometimiento de un acto administrativo "ad referéndum", significa tanto como condición de ser aprobado por otra persona o autoridad superior...o el que sea sometido a ratificación ...situación que es identificada como "aprobación" (Marienhoff MS, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Bs. As. 1982, pág. 646 y ss) y que se constituye por un acto sujeto a "aprobación" y otro independiente que lo "aprueba" con efectos "ex tunc"...En estos actos administrativos sucesivos...los dos actos quedan sustancialmente distintos...siendo el primero "constitutivo" en tanto el segundo, como acto de control ...aparece como "declarativo" y sin más efectos que el acordarle eficacia "ex tunc" a un acto administrativo válido que le precede." ("Costamagna..."Sent. 26/06/08 en LLC 2008 (junio), 562).

Así -aún en la tesitura de J.- se habrían "saneado" -u otorgado eficacia- a las decisiones de Presidencia.- Y en definitiva, el comportamiento administrativo no es excepcional, pues como bien se argumentó en el escrito de contestación de demanda cuando quien hoy acciona es designado a cargo de la Dirección de Personal, la decisión fue adoptada por el Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia de la Honorable Legislatura "ad referéndum" de la ///Honorable Cámara (Res. N° 066-P-HL/98) siendo luego aprobada por la Resolución N° 083/98-HL del Cuerpo (fs. 27 y 26 respectivamente del Legajo Personal de J.); y otros tantos actos administrativos referidos al personal de la Casa que he tenido oportunidad de analizar aquí como la aceptación de la renuncia de R. (Res. N° 072P-HL/03) y su modificatoria, para rectificar los días de licencia que efectivamente le serían abonados (Res. N° 270/04 P-HL) cuyas copias corren agregadas a fs. 10 y 162 ambas del Expte. Adm. N° 04-DS- 04; ambas fueron "aprobadas" por la Cámara.

De ello deriva que la práctica ha venido a zanjar las deficiencias comentadas, haciendo un uso reiterado del dictado de actos "ad referéndum" y su posterior "aprobación".- Y es oportuno decir que la claridad debiera provenir de vía reglamentaria, pues el régimen -insisto- no es preciso sobre el modo en que debe adoptarse esa decisión y tampoco auxilian los fundamentos que en su oportunidad expuso la Asesora Legal de la Casa, cuando avala que la competencia es propia del Sr. Presidente (la mención a la regulación constitucional de las atribuciones del Poder Legislativo entre las que no se menciona el nombramiento y remoción de personal), porque entonces cabe cuestionar porqué en la práctica sus actos son dictados "ad referéndum" de la Honorable Cámara.- Por ello, estimo propicio proponer al Acuerdo se sugiera a la Honorable Cámara de Diputados, arbitre los medios necesarios para ///armonizar los extremos legales que surgen de los preceptos comentados referidos a las atribuciones de los Sres. Secretarios y del Sr. Presidente, estableciendo un procedimiento específico del que surja además quién resulta ser la autoridad de aplicación en la materia debatida, aplicando el artículo 182 "DUDAS SOBRE LOS ARTÍCULOS" del Capítulo XXIII del Reglamento Orgánico.- Ello en resguardo de una mayor celeridad y economía procesal en las gestiones administrativas.-- Consecuentemente y en orden a lo predicho, he de pronunciarme por desestimar los cuestionamientos de la demanda relativos a supuesta incompetencia del Sr. Vicegobernador y Presidente de la Honorable Legislatura.

3.- Siempre en el marco de las formas, J. se agravia además de la manera en que el procedimiento sumarial se llevó a cabo.- Aduce que no se produjeron las probanzas que ofreció en la indagatoria, que las conclusiones finales no atendieron los argumentos presentados en su descargo, que el Director de Sumarios cambió el encuadre legal modificando los cargos que se le imputaban para propiciar su cesantía, y sintetiza todo ello invocando "vulneración de su derecho de defensa".- ///-3.1.- Ello me conduce al estudio de esa causa - Expte. N° 04-D.S.-04 caratulado "s/Presuntas irregularidades Liquidación de Licencias".- La misma se inicia a solicitud de la Dra. M. R., Secretaria Habilitada de la Honorable Legislatura, por los motivos que da cuenta la Nota Nº 46/04 (obrante a fs.17/18) dirigida al Presidente, en la que relata que habiendo presentado su renuncia a la Honorable Legislatura la Sra. E. R. a los fines de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, la misma es aceptada mediante Res. N° 72/03 de fecha 27 de noviembre de 2003, disponiéndose en ella abonar en concepto de licencias no usufructuadas las correspondientes al año 2001, 2002 (en cada caso 40 días) e invernal 2003.- Que solicitó entonces al Director de Recursos Humanos y Personal -M. J.- remitiera el legajo de la agente y un informe respecto de las licencias no usufructuadas en los períodos 2001/2002.- Que el nombrado así lo hace informando que R. no gozó de las licencias correspondientes a esos años por haber sido denegadas en su oportunidad, por lo que dio intervención al Departamento Contable a los efectos de practicar la liquidación que arrojó la suma de $20.311,71, producto de un error de esa repartición, que luego fuera rectificado llegando a la suma de $ 10.762,21.- Que en atención a estos inconvenientes que surgieron en referencia al pago de estas licencias, se realizó una lectura pormenorizada de su Legajo Personal, y se advirtió que existía una disimilitud de firmas de la Sra. R. y del Jefe de Sector C. A. estampadas en la última solicitud de licencia por ochenta días, con las restantes que figuraban en el legajo.- Asimismo, quedaba ///manifiesto la existencia de un error en la foliatura del mismo donde fue agregada la solicitud de licencia en cuestión.- Que esta solicitud es importante, pues al haberse denegado las licencias por razones de servicio, constituyó el único fundamento que da origen y sustento a la Res. 72/03 que reconoce su pago, con la posterior liquidación del Sector Contable, y que toda la información en relación a las licencias no usufructuadas, fue suministrada desde la Oficina de Personal (de la que es titular J.).- El sumario es ordenado por Resolución N° 023 de Presidencia, de fecha 03/02/04 de acuerdo a lo prescripto "...en la Ley 1510 y la Res. N° 142/03-HL, con el objeto de deslindar las responsabilidades administrativas, disciplinarias y/o patrimoniales emergentes...".- En el acto se solicitó la colaboración de la Asesoría General de Gobierno, para que mediante la Dirección de Sumarios para la sustanciación, previniendo que "...una vez concluido ...remitirá las actuaciones a las Secretarías Habilitada y/o Legislativa...a los fines previstos en el art. 18° de la Resolución N° 142/03" (fs. 12/13).-- La Dra. R. comparece a la Dirección de Sumarios, y ratifica sus dichos vertidos en la Nota referida antes (fs. 16).- Manifestó además que en la Honorable Legislatura, como consecuencia de este procedimiento, se suspendió preventivamente al agente M. E. J. de conformidad -expresó- a lo dispuesto tanto en la ///Ley de Procedimiento Sumarial de la Provincia como en el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial que rige supletoriamente para el de la Honorable Legislatura.- La Sra. E. R. al prestar declaración testimonial (fs. 32), depuso conocer al Sr. J. por relaciones laborales, ya que era -aclaró- el Jefe de Personal en la Legislatura; no reconoció la solicitud de vacaciones que se agregó a fs. 402 de su Legajo Personal "...por no ser confeccionada por la deponente, no reconociendo la firma que figura como de su puño y letra. Aclarando que al momento de presentar la renuncia al cargo para acogerse al beneficio de la Jubilación, requirió se le abonaran las licencias no usufructuadas...En ese momento, no recuerda quien, le manifestó que le denegarían las ...no usufructuadas, arreglando administrativamente tal trámite." Respondió luego que su superior inmediato era el Secretario de Enlace, que su renuncia la presentó por ante la Mesa de Entradas, y consultada si recordaba haber solicitado con anterioridad a noviembre de 2002 la licencia anual reglamentaria del 2001 dijo "...que no la solicitó..."; preguntada acerca de qué persona suscribía sus requerimientos de vacaciones ante la ausencia del Sr. A. (Secretario de Enlace) mencionó "no recordarlo" y aclaró "creo que nunca pasó que C. A. no le suscribiera las solicitudes..." En relación a la Resolución N° 72/03 PH expresó que "...la Dirección de Personal es la encargada de realizar el informe que motiva tal Resolución...".-- ///-A fs. 33, obra declaración testimonial del Secretario de Enlace C. A., quien refiriéndose a la solicitud de licencia mencionada anteriormente, indicó que "...la reconoce por corresponder a los formularios ...que se utilizan en la Legislatura..." y en relación a las firmas estampadas en el mismo dijo "...que no reconoce ninguna...como de su puño y letra". Preguntado por las personas que podrían haber suscripto el Informe "en carácter de...Jefe del Sector donde presta servicios..." dijo desconocerlo aunque aclaró haber estado presente el día que menciona la Planilla, es decir, el 27 de noviembre de 2002. (Acoto aquí que en la causa penal -que también tengo a la vista- la Sra. Fiscal de Cámara desinterpreta la declaración dada en esa sede por A. y dice que éste no estaba presente..pero A. se está refiriendo a otras licencias del Legajo de R. -vide fs. 17 del Expte. N° 20 F° 120 - Año 2005).- Añade luego, que correspondiente a las licencias agregada a fs. 459 (foliatura del Legajo) sí contiene una rúbrica que le pertenece.-- A fs. 39 obra informe de la nómina del Personal de la Honorable Legislatura que desarrollaba tareas en la Dirección de Recursos Humanos y Personal al mes de noviembre de 2002, mencionándose al ahora accionante conjuntamente con los Sres. O. A. y M. P., en los cargos Jefe de Personal, Oficial Superior Administrativo y Oficial Administrativo de 2da. respectivamente. Estos últimos fueron interrogados en calidad de testigos según constancias obrantes a fs. 41/42 y 43/44.

///-El Sr. O. Á. declaró conocer a M. J. porque es su "superior jerárquico, aunque a la fecha se halla en disponibilidad relativa"; explicó que desarrollaba tareas en el Control de Asistencia del Personal, confeccionando el parte Diario y los Formularios de Licencias que requerían los agentes. Pero consultado acerca de a quién le correspondía realizar la verificación de las licencias no usufructuadas en los Legajos Personales, ante la presentación de una renuncia, textualmente señaló "...esa tarea la realizaba M. J., ya que era quien informaba". Recordó que la organización de los legajos personales estaba a cargo de Y. K. aclarando que a la data de la declaración la nombrada se había jubilado. Al ser entrevistado en relación al cuestionado formulario de R. manifestó que se corresponde con los que se utilizan en el Organismo del que depende y que no lo había visto antes de la declaración, que las firmas insertas en ese no le pertenecen y que no le consta quien efectuó una nueva foliatura, desconociendo los motivos por los cuales las hojas que se le exhiben poseen tres foliaturas distintas. Comenta que no tuvo a la vista la solicitud de renuncia de R. ni haber verificado los días de vacaciones pendientes en su legajo personal, añadiendo que tienen acceso a estos "todo el personal de la oficina". A su turno, el Sr. M. P. -también dependiente directo de M. J.- expuso que entre sus labores, al 27 de noviembre de 2002, se encontraba el control de asistencia y licencias. Afirmó que no había una sola persona encargada de verificar en los Legajos las licencias pendientes de otorgamiento en ocasión de alguna renuncia; y no reconoció los formularios que se le exhibieron durante la ///declaración ni las firmas insertas en los mismos, desconociendo los motivos por los cuales poseen varias foliaturas; mencionando que "...en su momento se había conversado en la oficina de refoliar los Legajos porque no todos estaban bien foliados, quizá sucedió que los hubieran refoliado...".-- A fs. 51/52 obra declaración indagatoria del ahora accionante.- En ese acto se le hizo saber que en el Sumario Administrativo se lo encontraba supuestamente responsable, en su carácter de Director de Recursos Humanos y Personal, "...de no haber supervisado el correcto diligenciamiento del Legajo Personal de la señora E. M. R., ya que de la lectura del mismo...surgiría que alguien distinto a la interesada ha confeccionado la solicitud de licencia ..toda vez que la misma...no reconoce la firma que le debería pertenecer de puño y letra, como así tampoco se habría hecho realizar el informe del Jefe de Sector donde prestaba servicios la agente,...el señor C. L. A., quien debería haber suscripto en tal carácter, no reconoce la misma como de su puño y letra...la foliatura del mismo a partir de la foja citada, no se correspondería con la numeración correlativa..." Esta conducta -advierte el Instructor Sumariante- resultaría atentatoria de lo normado en el art. 5° inciso a) y j) de la Resolución N° 142/03 H.L. y de los deberes propios del cargo del indagado, imponiéndole las características de la declaración y los derechos que le asisten. Puesto a la vista el Expediente presta conformidad para continuar con el acto. Reconoce la Nota enviada a ///la Secretaria Habilitada con informe de licencias- "por haberla suscripto".- Preguntado si tuvo a la vista el Legajo Personal de R. al momento de elaborar el informe indicó "no lo recuerda pero supone que sí", en relación a la solicitud de licencia de la nombrada agente y acerca de quien habría tramitado en la oficina de personal la misma dijo "...generalmente entre el diez de noviembre y diez de diciembre...en virtud de que se aproxima el período de receso anual, se confeccionan las Planillas de Licencias de todos los agentes, no es a pedido de cada uno, y se remiten a los sectores de dependencia. Por lo que no puedo precisar quien la trajo de vuelta y quien la tramitó. Son cerca de doscientas planillas"... Reconoce como de su puño y letra la firma estampada sobre el sello aclaratorio con sus datos y expresa que de las que no poseen sello, la que está inserta en el lugar Jefe de Sector pertenecería -dijo- al ex diputado R. R. que era Presidente de la Comisión Asuntos Constitucionales y Justicia de la cual -aclaró- era Secretaria de Comisión la Sra. R.. Relató que todo el personal del Sector y superiores jerárquicos podían requerir y ver los Legajos del Personal, hasta que en "...diciembre de dos mil tres...la Secretaria Habilitada requiere cerca de setenta Legajos, entre ellos el de R....". Subrayó que dentro de la Oficina (de Personal) los Legajos eran controlados por el personal que allí trabaja, y cuando eran solicitados por un Superior se entregaban por escrito en la oficina del mismo. Preguntado si alguno de los números colocados en la foliatura del Legajo de R. corresponde a su puño y letra destacó "...que no lo puede precisar. Generalmente el trabajo operativo, como ...foliar, confeccionar Planillas de licencias y tramitarlas, no lo realizaba ///personalmente ...mientras ...estuvo en la oficina de personal, no existía ... sello con la leyenda "refoliado", como figura en forma totalmente desordenada en cada una de las fojas del Legajo Fotocopiado que tuvo a la vista..." Luego, el instructor le consulta si desea agregar, quitar o enmendar algo a lo expresado, y dice "dejar aclarado que el folio que la instrucción remarcó, correspondiente al cuatrocientos dos, y que originara estas actuaciones, se encuentra cronológicamente perfectamente incluido en el Legajo de la agente, tratándose este caso y a su criterio de una mera equivocación de quien es ese momento foliara el Legajo. ...solicita...se agregue la documentación que detallará...hace a su derecho de defensa...Pide se requiera a la Oficina de Personal de la Legislatura... antecedentes...de los pedidos oficiales que realizó...para que se designe en forma interina a cargo del Sector Altas y Bajas al agente A....de lo que no obtuvo nunca respuesta...La importancia de cubrir el mencionado cargo radica en que el mismo supervisa en forma directa todo lo relacionado con los Legajos del Personal de la Legislatura...; Refiriéndose al desorden de la foliatura, requiere "...se solicite a la Oficina de Personal la constancia de la entrega a la Secretaría Habilitada de los ...legajos entre ellos el de R., con detalle de nombre y apellido de los titulares...número...y cantidad de folios con que contaban cada uno...se investigue quién y en qué momento se procedió a colocar dicho sello y la numeración correspondiente...constancias de tiempo...en que los Legajos...estuvieron...en la Asesoría Legal..." finalizando con ello su declaración.- ///-Solicitó el Instructor Sumariante la remisión de los elementos descriptos por el indagado, respondiendo por Nota N° 445/04 SH-LH (fs. 54 y vta.) la Secretaria Habilitada a la cual añadió seis fojas útiles. Asimismo informó que en relación a las constancias escritas del tema Legajos uno de los objetivos fundamentales considerados al iniciar la gestión fue el de "...ordenar u organizar la oficina de Recursos Humanos y Personal, ...solicito casi a diario la remisión de "varios" legajos..." Y acerca del de R. advierte "...respecto de las licencias que según informa el Director de Recursos Humanos y Personal, la ex agente no había usufructuado (2001/2) en razón de haber sido denegadas por razones de servicios y que dicha información surge del legajo que se acompaña (que el Director acompaña) debe mencionarse que de donde surgía esa información era de la planilla de licencias que se había confeccionado cuando el Sr. J. tenía a cargo la oficina y que el mismo había firmado, avalando o certificando en su carácter de Director, el contenido de dicha planilla de licencia...". Manifiesta que algunos legajos tenían problemas en cuanto a la foliatura y subraya "...lo cual ...es resorte de la Oficina de Recursos Humanos y Personal...".-- A fs. 56 se agrega una Nota del 18.08.04 dirigida a la Secretaria Habilitada gestionando la designación del agente A., O. B. en forma interina en el Sector de Altas y Bajas suscripto por el indagado. Luego (fs. 57/58) el Asesor Legal de la Legislatura considera procedente el reconocimiento de servicios prestados por el agente A. desde el 02.01.03 aconsejando el pago de las diferencias salariales entre su cargo de revista y el de Jefe de Altas y ///Bajas, reiterando el Director de Recursos Humanos y Personal el pedido de designación del mencionado agente el 19 de junio de 2003 (fs. 59). A fs. 63 corre agregada la Nota del 26 de Diciembre de 2003 suscripta por el Sr. M. J., mencionada por la Secretaria Habilitada y reconocida por el indagado en su deposición pues el original consta a fs. 8, la que textualmente refiriéndose a la ex agente R. indica "...la agente no usufructuó las licencias correspondientes a los años 2001 y 2001 por haber sido denegadas en su oportunidad, según consta en el legajo que se adjunta. En cuanto al año 2003, por la fecha de la renuncia, no procedería su otorgamiento".- Párrafo este último incomprensible a la luz del Régimen respectivo (Res. Nº 77/89 HL), pues la agente había laborado casi todo el año 2003 a la fecha de renuncia.-- En tanto paralelamente se había formulado denuncia penal y tramitaba la causa respectiva (a fs. 23/25), se incorporó copia simple de la Pericia Caligráfica producida en aquélla (autos "FISCAL DE ESTADO -Dr. Jorge MIQUELARENA- s/ Denuncia (Ref. M. E. J. - Honorable Legislatura)- Rawson Expte. N° 195-255-2004)) donde el experto concluyó "...el manuscrito (centro) y la firma (en la parte inferior) incriminados y estampados sobre el anverso del formulario de solicitud de licencias por vacaciones desglosada de fojas 402 del legajo personal de la agente...R., pertenecen al gesto gráfico a la persona de M. E. J.. Las demás firmas pudieron haber sido ejecutadas en forma ///despersonalizada por la mano ejecutora que realizó el cuerpo de escritura y el registro de firmas obrantes a fs. 53 a 54 de autos" (fs. 66/101).-- Se solicitó al Tribunal de Cuentas verificara en sus archivos la existencia o no de antecedentes de J. respecto de cargos efectuados por su conducta frente del área de personal en el ex Ministerio de Bienestar Social, donde se desempeñara con anterioridad. Contestó la Prosecretaria Letrada del Órgano de Contralor con copia certificada del Acuerdo N° 041/96 (fs.111 y vta.) donde consta la formulación de cargos contra el nombrado solidariamente con el Director de Administración, emplazándolos al reintegro de la suma de $ 823,31.- De los Considerandos del acto surge que "...por Resolución ...se conminó a los responsables de la liquidación de sueldos y gestión de pago del ex Ministerio de Bienestar Social, Director de Administración de Recursos Humanos...y ex Director de Administración... a contestar las objeciones formuladas ...al libramiento...incluido en la rendición de cuentas del mes de agosto de 1993, por el cual se procedió a abonar 17 días de licencias...pago que no correspondería efectuar por no haber cumplido seis meses de período remunerativo en el cargo...;...la Relatora Fiscal...informa que el pago... fue efectuado el día 3 de agosto de 1993... siendo el responsable de la Dirección de Administración de Recursos Humanos el señor M. E. J. designado por Decreto N° 471/92... cesando en sus funciones ...31.12.93; ... el señor... J. presenta, fuera de término, documentación con la que pretende comprobar, sin expresarlo, que no es suya la responsabilidad del pago mal efectuado, cuestión que es rechazada...".-- ///-Concluida la sustanciación del Sumario, el Director gira los obrados al Jefe Dpto. Instrucción Letrada para que emita Conclusiones, las que se produjeron a fs. 114/118. Allí luego de relatar los antecedentes y elementos incorporados al Expediente, bajo el sub título "Valoración de la prueba y Encuadre Legal", se estimó "...de las pruebas detalladas precedentemente... se desprendería con el grado de certeza suficiente exigido por ley la existencia de responsabilidad administrativa ...del agente J., M. E., por resultar la conducta violatoria de la Resolución N° 142/03 de la Honorable Legislatura Provincial. ...la conducta...estaría en contradicción con...el art. 5° inc. a)...inc. j)...; ...todos los elementos de pruebas arrimados al Procedimiento Sumarial, son coincidentes en desconocer como Solicitada la Licencia que figura identificada con el folio N° 402, que la instrucción procediera a resaltar y suscriptos de puño y letra por quienes debieran reconocerlas como propias, la interesada R.... y su Superior Jerárquico...A., las que de no existir el requerimiento de licencias supuestamente no autorizada por el superior jerárquico ...ésta habría perdido la potestad de percibir la remuneración equivalente. ...es manifiestamente grosero el error en la foliatura del Legajo Personal...a partir de la solicitud...y... la triple foliatura en documentación de tal importancia, no se condice con una "mera equivocación de quien en ese momento foliara el legajo" como lo expresa ...J., en su Declaración Indagatoria...máxime cuando de tal requisitoria resultan efectos Jurídicos y Patrimoniales de tal envergadura... Afirma el funcionario interviniente que la conducta del Sr. J. además de contradecir lo estatuido por la Resolución N° ///142/03 de la Honorable Legislatura Provincial, es violatoria de las Misiones y Funciones que tiene establecidas las que transcribe. Señala que no hubo perjuicio fiscal y concluye que, salvo mejor criterio, correspondería "...aplicar al agente J. ...la sanción prevista en el art. 10° inc. d) del Régimen de Estabilidad para el Personal del Poder Legislativo de la Provincia del Chubut Resolución N° 142/03 HL "Suspensión mayor de hasta treinta días sin prestación de servicios ni percepción de haberes"...; deja a salvo las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponderle al nombrado, justifica la sanción descripta en lo dispuesto en los arts. 11° inc. 3) e inc. 4), y hace constar que corresponde otorgar vista al empleado en los términos del art. 17°; todos los preceptos mencionados de la Resolución referida.-- De las conclusiones es notificado personalmente J. (fs. 122) quien presenta su descargo a fs. 123/128.- Aduce algunos eximentes e interpreta que si bien "...pudo haber cometido un error (lo cual no significa ser negligente) dado que cualquier empleado, máxime en las condiciones mencionadas tiene un margen de error comprensible...". Transcribe parte de las conclusiones y enfatiza que prestó servicios de manera regular, continua y eficiente contrarrestando con ello los recaudos del art. 87° inc. a), b), c), d), e) y f) del Decreto Ley N° 1510 (en el Digesto Sección II - Ley Nº I-18 art. 239) en cuanto a que deben existir indicios firmes e inequívocos de responsabilidad. Esgrime que tal como ha quedado plasmado en las conclusiones "...no queda claro si se me acusa de negligencia en el cumplimiento de mis funciones...o del delito de fraguar una planilla de licencias..." razona que de los hechos, testimonios ///y "supuestas pruebas narradas e interpretadas en forma antojadiza y tendenciosa" a lo sumo ameritarían una sanción de suspensión menor tratándose -itera- de un error involuntario.-- Agrega, citando los arts. 118° y 119° del Dto. Ley N° 1510 (Sección II - Ley Nº I-18 arts. 269 y 270 en el Digesto), que mencionándose en las conclusiones una sanción correctiva la causa está prescripta. Interpreta que si el hecho que motivó la instrucción del sumario es "el haber permitido que se incorpore en el legajo de R. la planilla de licencias supuestamente fraguada" datada el 27 de noviembre de 2002, por aplicación de aquellos preceptos, a la fecha de inicio del sumario administrativo la causa ya había prescripto.-- El trámite es girado (fs. 131) a la Honorable Legislatura por el Director de Sumarios de conformidad -según expone- a la Resolución N° 023/04 PHLCH (la que ordenó el sumario).- El Secretario Habilitado lo devuelve (fs. 133) solicitándole la colaboración para la emisión de un dictamen definitivo, teniendo en cuenta la defensa esgrimida por M. J.. Nuevamente allí, se requiere al Juzgado interviniente (fs. 136), previo a emitir opinión, copia certificada de la causa penal.- A fs. 141/148 deduce el indagado pronto despacho.-- ///-A fs. 149/150 y vta. es incorporado el Dictamen N° 23/05, en el que el Director de Sumarios opina, luego de relatar los antecedentes de la causa, que se encuentra debidamente acreditada la adulteración de la solicitud de licencia por vacaciones obrante a fs. 402 del Legajo Personal de R., en cuanto la firma atribuida a ella y al superior no "...pertenecen a la mano escritora de quienes aparecen como firmantes...". Explica que, en mérito a esa solicitud de liquidaron licencias supuestamente adeudadas de los años 2001, 2002 y 2003 por la suma de $ 20.311,72, cuando en realidad -destaca- correspondía la de $ 10.765,21, "...lo que de no haber sido advertido oportunamente habría producido un perjuicio patrimonial al Erario Público...". Agrega que de la pericia realizada en sede penal la leyenda "razones de servicio" inserta en la parte media de ese formulario fue estampada por el agente M. J., cuando debió serlo por C. A. en su carácter de Jefe del Sector en el que se desempeñaba la renunciante, y sintetiza el letrado "...si bien no se ha podido establecer indubitablemente cual fue la mano escritora que estampó las firmas apócrifas, el motivo por el cual lo hizo, la persona ni la época en que se habría incorporado la aludida solicitud al Legajo..., a juicio de quien se expide, existen indicios vehementes como para atribuir la irregularidad al agente M. E. J.... a dicha convicción se arriba por lo concluido en la pericial caligráfica... y por cuanto resulta injustificable que el agente J. haya incorporado de su puño y letra en la solicitud la leyenda "razones de servicio", siendo que ello era prerrogativa exclusiva del jefe directo de la agente R...." Luego de advertir que la conclusiones del Dpto. Letrado no son vinculantes, del mismo modo que su opinión no ciñe a la autoridad ///que debe resolver en definitiva, concluye afirmando que el indagado"...fue el autor material de la incorporación de la leyenda "razones de servicio" y quien habría falsificado las firmas insertas en la solicitud... circunstancia que de no haberse detectado oportunamente habría producido perjuicio patrimonial... en tal inteligencia el agente sumariado podría ser corregido con la sanción de CESANTÍA prevista en el art. 10° inc. e), en función de lo establecido en el art. 12° inc. 5) de la Resolución N° 67/03 HL por haber obrado en violación a lo establecido en el art. 5° inc. a) y f) de dicho cuerpo normativo...".- Aborda finalmente el funcionario, la alegada prescripción, explicando que no se encuentra prescripta la acción disciplinaria atento el art. 118° inc. b) y c) del Decreto Ley N° 1510 (en el Digesto Sección II - Ley Nº I- 18, art. 269) que tratándose de faltas susceptibles de ser sancionadas con penas expulsivas opera a los tres años desde la fecha en que tuvo lugar el hecho objeto de la causa, y si bien no puede determinarse exactamente el momento preciso de la adulteración y/o falsificación, habría tenido lugar entre el mes de noviembre de 2002 y diciembre de 2003, por lo que todavía -subraya- no ha trascurrido el plazo. Menciona que la sanción que se imponga debería ser provisional a resultas de la causa penal conforme el art. 21° Resol. 67HL (aunque debe decirse que ésta, ya había sido derogada por la N° 142/03).- ///-En ese estado son girados los obrados a la Honorable Legislatura.

Allí se remiten a la Asesoría Legal que se expide por Dictamen N° 05/05AL-HL (fs. 154/158).- El letrado interviniente comparte la opinión del Director de Sumarios abonando que los indicios mencionados por aquél cumplen con los requisitos dispuestos en el Capítulo IV del Dto. Ley N° 1510 (Sección II - Ley I-18 en el Digesto) al estimarlos varios, directos, anteriores al hecho, fundados en hechos reales y probados, afirmando que todos ellos conducen a una misma conclusión; y los detalla "...la adulteración de la planilla, las firmas apócrifas, la falta de firma de la autoridad máxima (Secretaría Habilitada), la negación de... R. de haber solicitado las licencias en cuestión, la presencia en la H.L. en la fecha de confección de la planilla del Jefe de Sector, la errónea foliatura, la veracidad de la firma atribuida al agente M. J., la pertenencia a éste del manuscrito que reza "razones de servicio", el desconocimiento del agente M. J. de quien estampó la firma que autorizó la denegatoria de las licencias, las declaraciones del agente A. que dice no haber visto con anterioridad la mencionada planilla, las funciones atribuidas al Director de R.H. y P sobre la intervención y contralor en las licencias, confirmadas por los dichos del agente A.. ... grave y reiterado incumplimiento a las funciones atinentes a su cargo... ya sea por hacer o por no hacer, comportamientos que no tiene cabida... menos en un cargo como es el de Director de Recursos Humanos y Personal del Poder Legislativo por la importancia y relevancia del mismo" . De ello colige la letrada que por esa solicitud se efectuó una liquidación de licencias supuestamente adeudadas que de no haber sido advertida habría ///producido un enorme perjuicio patrimonial al Fisco. Entonces -sintetiza- "...tomando en cuenta los fuertes indicios sobre la adulteración de la planilla que pesan sobre el agente M. J., además del incumplimiento reiterado y gravoso a sus funciones... estaba a cargo del sumariado la confección y mantenimiento de los legajos personales, ...la tramitación de las licencias del personal, interviniendo en el otorgamiento y control de las mismas, a la vez que era su obligación prestar sus funciones en forma eficiente (art. 5° inc. a)), custodiar la conservación del patrimonio de la H.L (art. 5° inc. f)) y llevar a conocimiento de su superior jerárquico de inmediato todo acto o procedimiento que pudiere causar perjuicios a la Legislatura Provincial o configurar delito (art. 5° inc. j)). ...no cumplió ninguna de las obligaciones antedichas...dio por auténtica la planilla, a todas luces falsa, y más para alguien con tanta experiencia en el área...la firma de un jefe de sector es por demás conocida en esta HL, más para quienes trabajan en Recursos Humanos. ...debió verificarla...más cuando el Jefe correspondiente se encontraba presente en la H.L. ...verificación que debió ser previa a la remisión de la información de las licencias no usufructuadas..." Con todo ello opina que corresponde aplicar la sanción de Cesantía en virtud de lo prescripto en el art. 10° inc. e) concordante con el 12° inc. 5° de la Resolución N° 142/03 H.L..

A fs. 161/166 se agregaron constancias que acreditan que a la Sra. R. en definitiva sólo se le abonaron los días de licencias correspondientes al ejercicio 2003 por un total de 40 ($ 5.183,36) ///según Resolución N° 270/04, la que suspendió la anterior N° 072/03 en la parte que disponía el pago de las licencias por los años 2001 y 2002.- Explican los considerandos que "...por nota de fecha 21/09/04, la Sra. R. acepta desconocer y negar los formularios de licencia anteriores al 2003, glosados en la causa penal, además de reconocer que nunca durante los años 2001 y 2002 suscribió formulario alguno solicitando licencia anual reglamentaria;...admite que fue un error involuntario de su parte los reclamos efectuados..." para que la suspendida se cumpliera.

A fs. 167/168 corre agregada la Resolución N°139/05/PHL del Presidente de la Honorable Legislatura del Chubut -ad referéndum de la Honorable Cámara- que resolvió aplicar al hoy actor la sanción expulsiva de Cesantía, aprobada por Resolución N° 111/05 (copia fiel a fs. 169) notificándose al nombrado por Carta Documento (fs. 170/171).- Analizaré más adelante, motivación y causa de este acto.

Hasta aquí las constancias del procedimiento administrativo disciplinario seguido en contra de quien hoy acciona.- 3.2.- Ahora bien ¿fue su desarrollo ajustado a derecho ó en realidad afectó la defensa del accionante como éste lo acusa en el escrito inicial?.- He de prevenir, como lo hice en el que fuera mi voto en S.D. N° 09/SCA/08 (in re "C....") que "...El sumario -procedimiento estatuido como exigencia previa a la aplicación de determinadas ///sanciones, en particular las expulsivas- es sin dudas especial. Participa ... de las características generales del procedimiento administrativo -a las que aludí en mi voto en S.D. N° 2/SCA/04 (in re "F."...)- donde siguiendo a CASSAGNE a su respecto decía "... no es una sucesión mecánica de trámites y actuaciones. Es...una serie de actos orientados a la realización del control de legitimidad -legalidad, razonabilidad y justicia- u oportunidad, que sirven, al propio tiempo de garantía a los administrados. No es . un acto complejo sino un complejo de actos, cada uno de los cuales posee individualidad jurídica propia, sin perjuicio de hallarse relacionado con los demás actos con los cuales la vinculación común en mérito a la obtención de la finalidad de interés público que la Administración persigue. Tales individualidades integran en su conjunto el procedimiento de formación de voluntad del acto final. Y tanto el procedimiento de formación, como el de naturaleza recursiva, constituyen garantías a favor del administrado que le aseguran el ejercicio del poder de reacción frente a los actos perjudiciales a sus derechos subjetivos e intereses legítimos (Derecho Administrativo - Tomo II- pág. 373/375/381)".- Pero -en este marco genérico- este procedimiento disciplinario se presenta como una especie en el que se "...investiga la existencia de una falta administrativa, comprobando o verificando el incumplimiento del deber presuntamente suscitado por el comportamiento del agente público, debiendo desarrollarse con absoluto respeto a los principios pertenecientes al debido proceso ///legal, pues su estricto acatamiento propenderá a la juridicidad de la actividad administrativa". Se erige entonces como -dice el mismo autor- en el "procedimiento necesario para la acreditación de la existencia de conductas irregulares de los administrados con la finalidad de singularizar a los responsables", y detallando su trámite refiere que "se inicia a través de un acto administrativo..., se designa instructor sumariante, ...se hace comparecer al sospechado y se le hace conocer el derecho a declarar, abstenerse o pedir el diferimiento de la audiencia...si corresponde se aconseja la suspensión preventiva del agente con el objeto de evitar ...el entorpecimiento de la investigación.... Colectadas que fueren las pruebas liminares, el instructor ordenará la clausura de la etapa... y elevará un informe haciendo mérito de las pruebas reunidas y encuadrando los cargos si correspondiere, ...notificará al imputado para que formule descargo y ofrezca pruebas y sucesivamente alegue sobre ellas. Después, el instructor cerrará el sumario y elevará a la autoridad pertinente sus conclusiones..." (Conc.: Félix PERTILE - "El Sumario Administrativo - Advocatus - 2005- pág. 21, 23/24).- Este esquema -dije- es el seguido por el Dto. Ley N° 1510 (en el Digesto incorporada a la N° I-18 como Sección II) que regula el procedimiento en la Provincia y -como ya advertí- de aplicación supletoria a los empleados de la Honorable Legislatura de la Provincia por expresa remisión del Estatuto que los rige.

///-Esta norma fue la aplicada en la sustanciación, y fácil es advertir del relato que precede, que la misma fue cabalmente cumplida.- El sumariado ejerció su defensa en las oportunidades que la misma ha prescripto; sus alegaciones y requerimientos formulados en la indagatoria fueron atendidos por el sumariante, y se le otorgaron las vistas previstas para que ejerciera sus defensas.

También contó con la intervención de las autoridades respectivas según lo determinó la Resolución ordenatoria y lo estipula el art. 19 de la Resolución Nº 142/03.- Así fue que las actuaciones se devolvieron a la Honorable Legislatura una vez finalizada la instrucción, y a solicitud de la Secretaría Habilitada que nuevamente -como se había hecho para la instrucción- solicitó colaboración, volvió a Sumarios para el correspondiente Dictamen Legal.-- No se explica -es verdad- la razón por la cual la Secretaría misma no emitió el dictamen como lo prevé la Resolución N° 142/03 en su art. 19, fuere o no con vista previa a la Asesoría Legal, mas ello aunque extra-reglamento, no invalida de ningún modo la decisión final, pues como el mismo Director de Sumarios lo dijo, y lo reiteró la Resolución N° 139/05, se trata de informes y opiniones consultivas, no vinculantes (art. 67 inc. 2 del Dto. Ley N° 920 - en el Digesto Ley N° I-18), conc.117 2° párrafo Ley N° 1510 (en el Digesto 268 - Ley N° I-18) de carácter técnico, dadas luego de analizar los hechos y ///evaluar las pruebas, preparatorias de la voluntad administrativa decisoria.- Es la autoridad de la que depende el sumariado a quien compete valorar la conducta y establecer el grado de la sanción administrativa que corresponde aplicar a tenor de la falta cometida.

Tampoco puede viciar el acto, la remisión previa por parte de la autoridad jerárquica a otro Asesor, pues el requerimiento de informes de esta naturaleza está en el marco de las potestades inherentes a la función.- A más, mientras mayores opiniones legales se requieran, mayores seguridades acreerá la autoridad que debe resolver auxiliándola para lograr el convencimiento que luego será plasmado en la motivación de la medida que ha de dictar.- En el caso, la letrada consultada expresó, por los fundamentos que se relataron, su coincidencia con la segunda de las sanciones propiciadas, pero discordó con su colega preopinante en la provisoriedad que aconsejaba, estimando que la pena debía aplicarse con carácter definitivo.- Y la autoridad competente compartió este criterio, y justificó con ello la imposición de la sanción expulsiva, lo que -derogada la Resolución N° 67/84 como antes acoté cuyo art. 21 establecía el principio de independencia entre causa administrativa y criminal- hace aplicable la supletoriedad impuesta por la Resolución N° 142/03 que la sustituyó del Dto. Ley N° 1987 (N° I-74 en el Digesto) reglamentado por Dto. N° 1330/81 en su art. 57.

La pretensión nulificante que se apoya en esta queja, de haberse dado diversas opiniones en el trámite no puede en consecuencia, tener andamiento.

En síntesis, tal como surge de lo anterior, dígase que de ninguna manera le fue retaceado al Sr. J. el ejercicio de su defensa, pues se escuchó su versión de los hechos, se produjo la prueba en la que pretendía ampararse, tomó vista de los obrados, instó el procedimiento con un pronto despacho cuando la paralización del trámite obedecía a la espera de la remisión de elementos solicitados por el responsable del área, previo a expedirse sobre la cuestión, en el marco regulatorio preestablecido. Estimo debidamente acreditado que la garantía que el accionante cree cercenada, ha sido resguardada y el hecho de que la resolución del sumario no le sea favorable, no implica, conforme el criterio expuesto, que se hubiera conculcado el derecho que alega.- A mayor abundamiento, oportuno resulta reiterar, como lo hice en el fallo que he citado (S.D. N° 09/SCA/08 in re "C....") que "...En punto a las irregularidades cometidas en la confección del sumario corresponde decir, y como ha sido reiteradamente expresado por la jurisprudencia, que las deficiencias en el trámite administrativo no importan violación al derecho de defensa, siempre que aquéllas puedan subsanarse en la instancia judicial. Las pretendidas irregularidades del sumario pudieron ser ///subsanadas en la instancia administrativa cuando la actora formuló su descargo, pero nada dijo al respecto ni formuló defensa alguna sobre la imputación que funda la sanción; la cuestión recién fue planteada en el recurso jerárquico, no lográndose desvirtuar en esta instancia la legitimidad de la sanción impuesta"...(CNCAF - Sala II, "Casullo... Sent. 02/03/2000 en elDial - AA423). La misma Sala había expuesto "...Las deficiencias en el trámite administrativo no importan violación al derecho de defensa, siempre que aquéllas puedan subsanarse en la instancia judicial (Fallos: 267:393; 273:134; 292:153; 300:1047; 305:831). (in re "Dopico"... - 26/10/99 en elDial - AH2B3B). Porque "...el derecho de defensa, garantía constitucional..., exige que en todo trámite destinado a comprobar la existencia de una falta administrativa, la administración respete el derecho del ciudadano a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada. Dicho principio contiene un aspecto sustantivo que conlleva a que no se lesione indebidamente cierta dosis de libertad jurídica presupuesta como intangible para el individuo en un Estado de Derecho" (TSJCba., in re "Malla...", Sent. 03.06.1997 - LLC 1998, 77).- Y a este criterio ha adherido este Superior Tribunal en diversos pronunciamientos".- A su vez, en tanto no se indica perjuicio ninguno derivado de estas falencias formales, ha de recordarse que "la nulidad de procedimientos administrativos no debe decretarse para satisfacer un principio teórico.la eficacia invalidante del vicio de falta de defensa se encuentra sensiblemente reducida ante las amplias posibilidades que ofrece el proceso judicial para revertir la potencial indefensión en que aquél se apoya" (CNFCA - Sala 1 - "Ponchón." - 18/5/99- Supl. LL DA del ///17/12/99).- O bien, como lo expresa la CSJ de Santa Fe, cuando falla que los principios que emanan de las exigencias del derecho de defensa " no pueden ser aplicados de manera automática a cualquier situación, porque podría llegar a decretarse la nulidad por la nulidad misma, contrariando otro principio jurídico del cual los jueces no pueden desentenderse" ("Cicare." del 6/4/94 - AyS T.106 pág. 416; "Robles." del 15/11/95 - AyS T.122 pág. 225) (STCH - SD N° 01/SCA/10, mi voto).-- 4.- Desestimados así los argumentos de orden adjetivo, cabe atender ahora a los sustantivos, esto es, a las disímiles causas fundantes de la alegada nulidad contra el acto sancionatorio, y contra el que confirmó la cesantía, que trae J. al juicio. Menciona que la Administración se anticipó al resultado de la causa penal, atribuyéndole la comisión de un delito que se estaba investigando antes que se expidiera el juez natural; afirma que la medida disciplinaria se funda en una norma que requiere la reiteración de faltas y, en su caso, lo que se le reprocha tiene que ver con la solicitud de licencias comentada, acusa que los hechos invocados para justificar la cesantía son falsos e inexistentes, de lo que deriva que la motivación del mismo es "deficiente y falsa".-- 4.1.- Pues bien, el vicio que J. identifica como nulificante del acto, involucrando los agravios descriptos, es la "deficiente y falsa motivación".- En S.D. Nº 7/SCA/06 (in re "A....") expresaba que ///"La motivación -elemento esencial del acto administrativo- es la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración sostiene la legitimidad y oportunidad de su decisión. La constituyen, por tanto, los presupuestos o razones que han inducido a la emisión del acto. Debe ser, dice DROMI- una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de emisión (Derecho Administrativo, Tomo I pág.185).- La jurisprudencia ha dicho que "dejando de lado toda disquisición doctrinaria en torno de la causa, cierto es que ella -entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que en cada caso llevan a dictar el acto administrativo, se diferencia de la motivación, en tanto motivo (o causa) es la circunstancia de hecho impuesta por la ley para justificar la emisión del acto y motivación es la expresión o constancia de que dicho motivo existe o que concurre en el caso concreto, de lo que se sigue que motivo y motivación no es otra cosa que un aspecto o ingrediente del elemento forma del acto administrativo que tiende a poner de manifiesto la juridicidad del acto emitido, acreditando que, en el caso concurren las circunstancias de hecho o de derecho que justifican su emisión ( conf. Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", T. II págs. 295 y sgtes.)" (CNCAF - Sala II, en "Gordillo..." -8/06/95.- "Toda decisión administrativa que afecte derechos de los particulares, debe responder a motivación suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes, de modo tal que se encuentren cabalmente a resguardo las garantías constitucionales en juego, como son, entre otras, las tuteladas por los arts. 16, 17 y 18 de la Carta Magna (cfr. Sala I, "Díaz, Vicente O." y "Casas", del 9/6/88 y 12/5/88, respectivamente) (CNCAF - Sala IV, en "S.A. de Exportaciones Sudamericanas ...." causa: 45.246/95 - 7/05/96).-- ///-A su vez, en S.D. N° 09/SCA/08 (in re "C.") reiteré la SD Nº 4/SCA/01 (in re "F."...) donde este Superior Tribunal de Justicia (voto Dr. Torrejón) exponía que "...esa expresión del o los motivos que determinan el Acto... puede resultar de cualquiera de los momentos que componen la forma del mismo: en el proceso de formación o en el de la expresión de la voluntad de la Administración Pública.- Esto es, la motivación puede ser concomitante o contemporánea con la de declaración de voluntad, o anterior a tal declaración, apareciendo en este último caso en el proceso "de formación" del Acto Administrativo.- Se ha dicho inclusive, que no es necesaria una relación analítica o circunstanciada, sino que basta una relación sucinta que sea ilustrativa de la causa del acto...incluso cuando una norma legal aplicable es suficientemente comprensiva su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la simple cita de la disposición legal valdría como tal... (Conf. MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo - T. II - pág.323 y sgtes. Conc. CN Cont. Adm. Sala I in re "Crespo de Basanta..." sala II, en "Beamurguia, Narciso c/Estado Nacional..." 23/12/93)".- 4.2. El texto de la Resolución N° 139/05, que en copia simple corre agregada a fs. 1 y 2 del Expte. principal, expone que el Presidente de la Legislatura ordenó instruir sumario administrativo con el objeto de deslindar las responsabilidades administrativas, disciplinarias y/o patrimoniales respecto de una serie de supuestas ///irregularidades planteadas en el reconocimiento y liquidación de licencias de la agente renunciante R.; que el Sr. Fiscal de Estado formuló la correspondiente denuncia penal; que tanto del sumario como de la causa penal "...surge...la adulteración de la planilla de licencias, dando lugar a una errónea liquidación de las mismas..." (5to. Cons.).- Indica que en el Expediente administrativo emitió las conclusiones finales el Jefe de Departamento de Instrucción Letrada, el Director de Sumarios aconsejando "la aplicación de sanción de cesantía, con carácter provisional a las resultas de la causa penal..." (6to. Cons.) y la Asesoría Legal de la Honorable Legislatura compartió esta última pero "...con carácter definitivo, en virtud de los fuertes indicios sobre la adulteración que pesan sobre el agente M. J., y por los graves y reiterados incumplimientos a sus funciones, entre los que se pueden mencionar la total falta de control sobre la planilla burdamente adulterada; la remisión de errónea información sobre licencias no usufructuadas, basada en la aludida planilla; la falta de firma en dicha planilla de la autoridad máxima, quien autoriza o no las licencias; el grosero error de foliatura; el no seguimiento de los pasos establecidos para la autorización de las licencias; etc; (7mo. Cons.) y el 10mo. Considerando concluye "...de acuerdo a los elementos incorporados a la presente causa, y la gravedad de los hechos analizados, corresponde aplicar la sanción de cesantía dispuesta en el art. 10° inc. e),... de conformidad con el artículo 12° inc. 5°, por la transgresión de las obligaciones estipuladas en el art. 5° inc. a), f) y j) de la Resolución N° 142/03HL." En tales condiciones se resuelve "ad referéndum de la Honorable Cámara" aplicar la sanción disciplinaria comentada; siendo aprobada por el ///Cuerpo -como antes se ha detallado- mediante la N° 111/05 de fecha 9 de Junio de 2005.-- Se alza el sancionado contra dicho acto administrativo, el 16 de Junio de 2005 mediante Recurso de Reconsideración, dando origen al Expte. Administrativo N° 055/05 H.L., cuyo original tengo a la vista, con alegaciones similares a las traídas a este pleito.- El remedio, es analizado por la Asesoría Legal de la Honorable Legislatura a fs. 7/11 del Expte. Administrativo N° 055/05 H.L., señalando que el mismo ha sido interpuesto en tiempo y forma y respondiendo detalladamente cada uno de los agravios del cesanteado.

Por Resolución N° 151/05 el Presidente de la Honorable Legislatura -ad referéndum de la Cámara- rechaza el recurso, confirma la Resolución N° 139/05, y admite modificar una de las imputaciones, tal la que alude al inciso f) del art. 5° de la Resolución N° 142/03.

En sus Considerandos se expone que "...en la pericia caligráfica realizada en sede penal...se dejó establecido que los rasgos escriturales pueden corresponderse con los del agente sancionado, por la existencia de rasgos parciales que coinciden con la grafía de J...." (2do.); "...ha sido el recurrente quien ha intervenido en la confección de la planilla de licencia cuestionada por presentar adulteraciones, ya que es el ///propio J. quien admite haber estampado su grafía en ella además de introducir la leyenda "razones de servicio" (3ero.); "...la conducta fue encuadrada dentro de los parámetros de la Resolución N° 142/03 HL, ...art. 12°...que establece como causales de cesantía, entre las que nombra en el inc. 5° el incumplimiento reiterado de las obligaciones del art. 5°, así como cuando la gravedad de la conducta asumida por el agente en violación a alguno de sus incisos impide la prosecución de la relación laboral...no se necesita un incumplimiento reiterado para aplicar la sanción gravosa..." (4to. y 5to.). Menciona que el hoy actor "...incumplió ...obligaciones estipuladas en general para el personal de la Honorable Legislatura como las funciones específicas a su cargo y que ...no podía desconocer (Conforme las disposiciones de la Resolución N° 143/03 HL - Misiones y Funciones Resolución N° 091/99 PHL-Anexo III) (6to.). Seguidamente rechaza las argumentaciones realizadas por el recurrente relativas a la incompetencia del Presidente para requerir el sumario; al acuse de violación del derecho de defensa y de prejuzgamiento, para destacar: "...no puede ser dejado de lado...los fuertes indicios que pesan sobre...J. en relación a la vinculación de su conducta con la adulteración de la planilla de licencias..." (18vo.); "...la requisitoria de elevación a juicio hecha por el Ministerio Fiscal, en el fuero penal, constituye un indicio grave, pues tiene al Sr. J. -prima facie- como constructor de irregularidades del instrumento en crisis...ha quedado demostrado que dicha planilla posee adulteraciones..." (19no. y 20mo.). Añade que "...las declaraciones de...R....como del Secretario de Enlace...coinciden que era este último quien debía autorizar las licencias, firmando en el lugar correspondiente al Jefe de Sector, y más estando éste presente ...en relación al refoliado del legajo, el mismo es ilustrativo acerca ///de cómo el agente incumplía sus funciones al no controlar adecuadamente los legajos del personal..." (24to. y 25to).-- Refiere luego a la discrecionalidad administrativa para decir que "...en el presente caso, no significa arbitrariedad, ni apartamiento de las formas o normas legales; ...que en la Resolución en cuestión no se incluyó ...como antecedente a los cargos formulados por el Tribunal de Cuentas en su oportunidad, pese a la similitud del mecanismo..." (27mo y 29no.).- Hace lugar al agravio expuesto por el recurrente referido a que no fue indagado en relación al inciso f), aunque subraya "...la sanción de cesantía, no sólo se basó en dicho supuesto, sino que también ...sobre el incumplimiento de los otros incisos a) y j) del art. 5to. así como sobre la conducta claramente gravosa; ...es de resaltar que ...la confección, conservación y mantenimiento actualizados de los legajos personales ..., así como la tramitación e intervención ...referido al régimen de licencias del personal, son obligaciones que entran dentro de la esfera de competencia del cargo de Director de Recursos Humanos y Personal..."(32do. y 33ro.) y finalmente en el 36to. Considerando funda "...se debe confirmar la aplicación de la sanción de cesantía dispuesta en el art. 10° inc. e), al agente M. J., de conformidad con el artículo 12° inc. 5°, por la transgresión de las obligaciones estipuladas en el art. 5° inc. a) y j) de la Resolución N° 142/04 HL".

///-La decisión es aprobada por Resolución N° 125/05 de la Cámara (agregada en copia certificada a fs. 18) y notificada al recurrente a fs. 19/22 -todas de las actuaciones administrativas mencionadas.-- 4.3.- Como ante lo puse de manifiesto, en forma simultánea al inicio del sumario administrativo, se formuló, por el Fiscal de Estado, denuncia criminal.- El proceso, fue tramitado en autos "J., M. E. p.s.a. Fraude a la Administración Pública con Falsificación de documentos" (Expte. N° 20- F° 120- Año 2005) que en dos cuerpos de 338 fojas útiles tengo a la vista. Leo en éste que el 17.11.04 (fs. 201/203), esto es, con posterioridad al la fecha de la Resolución de Cesantía (del 09/06), en la "requisitoria de elevación a juicio" suscripta por el Fiscal General Jefe, puntualizó que por los "elementos de cargo referenciados.con el grado de certeza que esta etapa procesal requiere que el hecho investigado. encuadra en los extremos del art. 292º del C.P. (falsificación de documento)", añadiendo "por lo que el imputado imitó, con apariencia de genuidad.de hacer pasar como auténtica, verdadera, la firma de la empleada de la legislatura provincial con el fin de que se abonaran en concepto de vacaciones no usufructuadas una significativa cifra dineraria en perjuicio del erario provincial, sin.documentación respaldatoria de que.esa licencia fue denegada. Tampoco se han arrimado a la causa elementos que desvirtúen la imputación enrostrada y que respalden los dichos del encartado. .en uso de las facultades conferidas por la ley imputo la autoría responsable por los ///hechos que se vienen de relatar a M. E. J..y solicito la elevación de la causa a juicio.".

Continuó el trámite, se produjeron pruebas testimoniales, pericial caligráfica y al tiempo de los alegatos la Sra. Fiscal consideró (en Acta de Debate - 24/08706 -fs. 327 vta./328) que "la fiscalía no pudo refutar el descargo del impitado realizado en su declaracíón.hace alusión a lo .afrimado por el Dr. R. R. quien especificó la modalidad de las licencias y el trato cercano con R., como así también la opinión sobre la firma estampada en la planilla.que le pareció que era suya.- que de acuerdo con ello no existe convicción fehaciente que haya falsificado el documento..., tampoco hubo perjuicio al erario público" con ello concluye que no llega a un estado de certeza sobre la confección ardidosa o falsa del documento pidiendo la absolución del imputado. Así, con fecha 31.08.2006 (fs. 329/332 y vta. causa penal) la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Trelew se pronunció por la absolución de quien hoy acciona, justificando "...la circunstancia de que el ministerio fiscal adopte esta actitud, priva al Tribunal de la posibilidad de arribar a un pronunciamiento condenatorio...postura asumida por la Corte...en autos Tarifeño...".-- 4.4.- Si se atiende a las expresiones de la demanda, gran parte de los ataques que -desordenadamente- se imputan a los actos, en particular al segregativo, se vinculan con esta causa criminal: que su ///calificado Empleador no podía atribuir a J. la comisión de un delito que se estaba investigando en sede penal valorando la prueba caligráfica antes que el juez natural y dando por probada la acusación, que no se atendió a la sugerencia del dictamen del Director de Sumarios de suspender la sanción propuesta hasta que se decidiera en aquella causa y se le impuso una pena definitiva, que se violentó el estado de inocencia, que no se atendió las diferencias entre derecho penal y derecho disciplinario.

Frente a estas alegaciones lo primero que ha de establecerse es que, efectivamente, y tal como la parte lo alega, es cierto que "El proceso penal -como el derecho penal- es distinto en su naturaleza y finalidad del proceso disciplinario -propio del derecho administrativo.- Ambos son ciertamente de represión, pero tal señala FIORINI, sin perjuicio de tener su origen en la sanción, ambos regímenes jurídicos no se pueden identificar.- La potestad disciplinaria se distingue como actividad de la custodia y el buen orden de la función y organización de la administración pública y sus agentes.- El derecho procesal disciplinario tiende a investigar la existencia de una falta, en ninguna forma la búsqueda del cuerpo del delito.- Su objeto sustancial es comprobar, verificar, investigar, el incumplimiento que ha provocado la falta del agente, para luego juzgar con libre convicción las que fueron comprobadas (Derecho Administrativo -Abeledo Perrot- 2º Edición- Tomo I págs. 844/846)", opinión doctrinal que compartí.- Concluí siguiendo a COMADIRA en que "la télesis profunda de la legislación penal no se confunde con el fin específico de la represión disciplinaria y no vacía a ésta de contenido que conserva de ese modo en el bien jurídico concreto del buen ///funcionamiento administrativo, su particular sentido" (Derecho Administrativo - 2° Ed. Lexis Nexis - pág. 568)".- Así lo admitía en mi voto en SD N° 01/SCA/10 reiterando el dado en la N° 04/SCA/04.-- Mas de tales diferencias -añadí- "...deriva el principio de independencia entre causa penal y causa administrativa" y aclaré: "Relativo, claro, cuando el "factum" es el mismo, pero analizada su juridicidad desde ópticas distintas.- Es relativo, porque es verdad que puede afirmarse que la ofensa que supone la existencia de delito hacia la colectividad, siempre afectará por añadidura -de uno u otro modo- la organización administrativa que el régimen disciplinario tiende a preservar;"pero a contrario, la inexistencia de ofensa a la colectividad, de delito, no necesariamente determinará la ausencia de afectación al buen orden de la administración.- De allí que esta regla de independencia, se ha impuesto como norma en los regímenes estatutarios de la función pública, con salvedades razonables.- Una de ellas, es, ante la identidad de hechos, la posibilidad de sustituir la pena que se hubiera impuesto administrativamente antes de la sentencia criminal, por una más grave.- La otra, la "prejudicialidad penal", que importa la prohibición de resolver administrativamente la exención de responsabilidad estando pendiente la causa criminal, lo cual no desvirtúa el contenido propio del poder disciplinario, que se afirma ante una posible absorción penal, sin excluir sino sólo postergar su ejercicio; en tales casos aquel poder se ejerce no solamente en el interés público y secundario de la organización, sino en el interés primario que se manifiesta en la represión penal ///(COMADIRA -Ob. Citada- pág. 574).- Bloqueo éste que al decir de NIETO, se explica además por la circunstancia de que los Tribunales tienen en todo caso una prevalencia institucional sobre los órganos de la administración (Derecho Administrativo Sancionador- 2° Ed. Tecnos -Madrid - pág. 422)".

--Bloqueo del que me manifesté partidario, pero dije, no se daba en el orden provincial, "...mientras esa causa penal tramita el sumario administrativo puede -y es razonable que así sea- quedar a la espera de la decisión...", pero la Administración no está obligada a esperar.- Lo hice -en SD N° 01/SCA/10, comentando para aquel caso el art. 57 del Dto. Ley N° 1330/81 (reglamentario del Dto. Ley Nº 1987 (en Digesto Ley Nº I-74) y 5º del Dto. Ley Nº 1510 (en Digesto Nº I-18 art. 156) "... se establecen pautas para algunos supuestos que pueden presentarse, cuando en el proceso administrativo se investigan hechos que pueden configurar delito, y aunque alguno de ellos ha tomado como punto de partida la previa existencia de pronunciamiento penal, se admite la posibilidad de que recaiga resolución en el orden administrativo, pendiente aún aquélla.- Para este caso, si la sentencia penal que recayere fuese condenatoria, establece la provisoriedad de la decisión sancionatoria.- De darse este supuesto, establece dos posibilidades: que la Administración imponga una sanción (si antes no lo hizo), o bien que sustituya la que aplicó antes por otra más grave.- En tanto, no ha previsto la modificación de la sanción si la justicia penal absuelve o sobresee al agente imputado en la causa penal, lo cual se compadece con la previsión establecida antes para el caso en que el fallo judicial fuera anterior a la aplicación de la pena, y dispusiere el sobreseimiento provisional o definitivo ///o la absolución del imputado, supuesto en que preceptúa que ello no impedirá la aplicación de sanciones".- Aplicable también al caso porque, cuando el Director de Sumarios se expide en dictamen no vinculante aconsejando aplicar la sanción de cesantía provisoriamente a resultas de la causa penal - no suspender la aplicación de la sanción como lo alega J.- lo hace invocando el artículo 21° de la Resolución N° 67/84, omitiendo considerar -lo reitero- que ésta había sido derogada expresamente el 28.12.2003 por la Resolución N° 142/03.- Y ésta, recepta este principio de independencia aludido en el último párrafo del art. 10° -trascripto en el Apartado 2.- de un modo más escueto que el Dto. N° 1330/81, preservando la potestad disciplinaria de la Administración en materia de empleo público.-- De tal suerte, son tres las consecuencias que de estos conceptos deben extraerse:

que no merece reproche la aplicación de sanción administrativa aún pendiente la causa penal.- que la absolución dictada en esa sede no obliga a la Administración a modificar la sanción que hubiere impuesto, y si requerida no lo hace, es el juez contencioso a la que el agraviado ha de llevar la pretensión -como lo hizo J.- el que habrá de decidir si corresponde o no hacerlo.- que en tal supuesto el juez considerará si media identidad fáctica entre hecho penal y hecho administrativo, o la vinculación e influencia del fallo criminal en la decisión administrativa respecto de los hechos.- Y aquí cabe considerar que si bien la investigación efectuada por vía sumarial comprendió varias conductas, incluido el presunto delito, el hecho administrativo determinante de la sanción difiere del que fue específicamente objeto de indagación penal.- Aún cuando se hubiera echado mano de una prueba -tal la caligráfica producida en el ámbito judicial- para efectuar alguna valoración (vg. la que induce el art. 86 del Dto. Ley N° 1510 (en el Digesto N° I-18 art. 238)- ello de ningún modo está impedido al órgano de la instrucción, que puede colectar toda la que estime conducente y necesaria a lo efectos de fundar conclusión y dictaminar sobre la falta investigada (art. 29 inc. b) conc. 100 del mismo cuerpo normativo -en Digesto Ley N° I-18, arts. 180 y 252).- El hecho sancionado administrativamente está muy claro en la Resolución N° 139/05: la mención de que las planillas estaban adulteradas no puede criticarse, pues lo estaban si las firmas no corresponden a quienes debieran ser sus autores.aunque no se haya podido determinar el ejecutor de la adulteración.- Y se le imputa específicamente al actor total falta de control sobre esta planilla burdamente adulterada, la remisión errónea de información sobre licencias no usufructuadas, el no seguimiento de los pasos establecidos ///para la autorización de las licencias, lo cual -dice- transgrede las obligaciones previstas en la Resolución N° 142/03, art. 5 inc. a) y j) (no cito el inciso f) pues la autoridad administrativa luego, a resultas de la Reconsideración del actor, la elimina).- Destaco, que lo que refiere al dictamen en que se apoya también el acto en lo que el actor critica, cuando menciona la agregación en la planilla de la expresión "razones de servicio" de puño y letra de J., sobre firma ajena, es un hecho confeso por el mismo, que de un modo que puede no tipificar delito, importa -por no emplear el término de adulteración que puede confundirse con el tipo penal- agregación improcedente de un texto endilgándosela a un tercero (el que firma), y que no está en las atribuciones del autor.-- Si el objeto del proceso penal fue establecer si la adulteración -como tipo penal- de toda la planilla de licencias (incluyendo las firmas que se observan en el documento) era obra de J., pueden establecerse las diferencias.- Aún cuando las irregularidades imputadas administrativamente, e investigadas penalmente, estén conectadas a un mismo instrumento.- Sin olvidar asimismo que el juez penal no analizó hechos; no dijo que no existiera adulteración, ni que la misma fuera obra o no de determinada persona; sólo se pronunció absolviendo por el "in dubio pro reo", y ante la falta de acusación Fiscal.

///-Carece así de sustento jurídico la estrategia defensiva que se apuntala para rebatir la sanción impuesta, en que se le imputó delito.- Se sancionaron faltas administrativas razonadas conforme las obligaciones que tenía el accionante como Director de Recursos Humanos, y así lo expresa claramente el 7mo. Considerando de la Resolución N° 139/05 ya transcripto.

Más allá de que pueda ser o no satisfactoria la redacción, no observo vicio motivación de los actos.-- 4.5.- Ahora es el turno de establecer si la causa del acto que impone la pena disciplinaria, expresada en la motivación, es ajustada o no a la realidad atendiendo la queja del actor que acusa nulidad porque considera que se basa en hechos inexistentes o que estima no han sido probados.- El amplio detalle realizado antes de la prueba aportada a la causa, funda el convencimiento apropiado para aseverar en primer lugar, que la "planilla de licencias" por la que se originó el procedimiento disciplinario -y el juicio penal- es sin ninguna duda apócrifa. Y figura "sospechosamente" refoliada en el Legajo Personal.- Cualquier persona que examine el de la agente renunciante, y vea los formularios allí existentes correspondientes a vacaciones por otros períodos se daría cuenta que tanto la firma que se ha insertado en el lugar del "solicitante" como la que corresponde al sitio en que suscribe el "Superior inmediato" del anterior, no se corresponde con ///las obrantes a fs. 193, 200 y 206.- Difieren notoriamente los trazos ó grafías y en esos instrumentos figura el sello del Sr. Secretario de Enlace -C. A.- bajo su firma.y en este formulario ninguna.- El accionante no es "cualquier persona".- Se trata de un agente calificado en funciones administrativas con una extensa carrera, que tenía a su cargo funciones jerárquicas. Además de las obligaciones que la reglamentación le impone genéricamente como empleado de la Legislatura, fijadas en el art. 5° de la Resolución N° 142/03, debía atender los deberes propios de su cargo de Director de Recursos Humanos y Personal, fijados en la Resolución N° 143/03.- Este organismo estipuló para ese área estructural entre otras MISIONES la de "...promover, coordinar y/o administrar los procedimientos y/o actuaciones relacionadas con los agentes, cargos y/o estructuras, en lo referido al régimen horario y de licencias. Y aplicación de las reglamentaciones particulares y generales que rigen en materia de administración de personal"; y como FUNCIONES propias del cargo -entre otras- la de "...Intervenir en la interpretación y aplicación de las reglamentaciones vigentes en materia de Administración de Personal; efectuar y controlar en las actuaciones administrativas que competan al sector. Confeccionar, conservar y mantener actualizados los legajos personales de los agentes de la P.L....Efectuar la tramitación de toda actuación administrativa respecto de altas, bajas, adscripción, reubicación, licencias y francos compensatorios del personal, intervenir respecto del otorgamiento en los dos últimos supuestos....Asesorar a ///su superior jerárquico respecto de los temas relacionados a la administración de los recursos humanos y de personal... ...Supervisar el contralor de la asistencia del personal, confeccionando los partes médicos y de ausentismo... ejercer la función de superior jerárquico de las dependencias a su cargo.".- Por ello requiere para ocupar el cargo título de "Licenciado en Administración de Personal" o bien una "...experiencia no inferior a diez años de servicio efectivo en cargos similares...".

Con evidencia, dado que el accionante no posee título profesional, su designación obedeció a su trayectoria en el manejo de Personal en diversos Organismos del Estado. Así lo expone su Legajo Personal, el que tengo a la vista y da cuenta que ingresó en una Categoría 10 -Administrativo- el 8 de agosto de 1978 y entre otros cargos laboró a partir del 1° de Noviembre de 1985 como Jefe de Departamento Registro Central de Personal de la Dirección General de Administración y Personal (fs. 71/72), área en la que subrogó la Dirección de Verificación y Antecedentes por ausencia de su titular (fs. 73/74/78) cargo en el que luego fue designado el 12 de marzo de 1996 (fs.88/89). En el ínterin, y según copia fiel del Dto. N° 1808/93 agregado a fs. 94/95 durante los años 1992/1993 se desempeñó como Director de Administración de Recursos Humanos del entonces Ministerio de Bienestar Social; hasta que por Resolución N° 066/P- HL /98, el 21 de Julio de 1998 el Vicepresidente 1° a cargo de la Presidencia de la Honorable Legislatura resolvió -ad referéndum de la Cámara- asignarle funciones a cargo de la Jefatura de Personal del Poder Legislativo (fs. 84). Un dato interesante que también constato ///en su Legajo y que vale la pena señalar es que, de la denominada FOJA DE SERVICIO en la que se observan los antecedentes personales, estudios cursados, el domicilio, las cargas de familia, los nombramientos, egresos, promociones, subrogancias y el detalle de cargos nacionales, provinciales o municipales que pudiera desempeñar, es decir, todas las novedades producidas a lo largo de su carrera administrativa (fs. 35/39) no surge el cargo impuesto por el Tribunal de Cuentas, del que expresamente se agravió al deducir reconsideración contra la cesantía, sobre lo que volveré luego.-- Ahora bien, reconozco que el conglomerado de funciones descriptas y asignadas como inherentes a la repartición, no puede desarrollarlas en su totalidad una sola persona. Descansa seguramente en agentes de inferior jerarquía el desenvolvimiento de las tareas involucradas, mas pesa sobre el superior, su verificación.- No es ocioso volver sobre la teoría del órgano -esta vez traeré a CASSAGNE- para recordar que este principio jurídico de la organización administrativa reposa en la línea en sentido vertical, y en el grado en el horizontal dando lugar a una relación particularizada, que se caracteriza por una serie de facultades, que en verdad son poderes deberes, y entre ellos, a más de la dirección e impulsión, destaca la vigilancia y control de los órganos subordinados (Derecho Administrativo - Lexis Nexis- 7º Ed. pág. 274/275).- ///-Efecto de la relación jerárquica será la responsabilidad administrativa.- A quien más alta posición ocupa en la línea -y por ende en el escalafón- mayor responsabilidad le caberá por la eficiente conducción del órgano, objetiva y subjetiva.- Por ello ha de ser, que J. reconocerá claramente su intervención en el trámite de esta Planilla de Licencias, que queda manifiesta no sólo con la inserción de su firma y sello, sino además confesando que incorporó de su puño la frase "razones de servicio".- Su "intervención" en este formulario, resultó en falta administrativa que considerada objetivamente puede calificarse como grave y, que de no haber sido advertida por otro funcionario, hubiera podido producir perjuicio fiscal.

Falta administrativa que voy a separar en tres momentos distintos.- a) Por una parte, la plasmada hacia Noviembre de 2002 (fecha de la solicitud de marras) cuando insertó la leyenda "razones de servicio" que no le correspondía porque "denegar" el descanso hace a las funciones propias del superior inmediato del solicitante; y sin embargo asevera haberlo hecho.- No advirtió que la firma -al menos los aspectos de la grafía- no correspondían a la que le debió ser más que conocida: la del Sr. ///Secretario de Enlace C. A..-Las "razones de servicio", no por ser la causa común de denegatoria, lo autorizó para efectuar este "agregado" sobre la firma de un tercero, atribuyéndosela.-- En todo caso, si -como alega- recepcionó la solicitud sin especificaciones de motivos, pudo devolverla al funcionario respectivo -Secretario de Enlace- que destacó su presencia en la Legislatura a la data de la misma (declaración en el sumario administrativo antes glosada), para que éste indicara los motivos de la denegatoria y estampara su sello.- Y una vez informada, aguardar que la autoridad máxima -firma que se inserta en el formulario luego de la suya- aprobara o en caso de denegarla fijara un nuevo plazo para el goce del beneficio y, una vez cumplidos tales recaudos incorporarla al Legajo.-- Pero no obró de ninguno de estos modos.

b) El segundo momento se da cuando tramita la aceptación de renuncia de R. (texto de renuncia que no veo en su Legajo y fue agregada por la ex agente en la causa penal), lo que, siendo propio de su función hizo personalmente de estar a los dichos de su personal dependiente (A., P. según declaraciones dadas en la causa administrativa antes detalladas).- Allí debió verificar el Legajo para disponer el pago de las licencias no usufructuadas (incluso se equivoca cuando se limita a otorgar la licencia invernal 2003, pues por el ///tiempo laborado ya le correspondía el pago de la anual - art. 5° Res. N° 77/89 HL) lo que indica que tuvo nuevamente la planilla a la vista y no advirtió sus falencias, ni aún las diferencias de firmas con las anteriores.- Dio paso livianamente al formulario que correspondía a los años 2001 y 2002, no consideró incluso que la primera ya había caducado (Res. citada - art. 3° conc. 4° y 8°) y de ese modo quedó habilitado su pago al consignarse como "pendiente" en el respectivo Resolutorio.- c) El tercer momento fue cuando -ya "renunciada" R.- a pedido de la Secretaria Habilitada emite su Nota del 26 de diciembre de 2003.- En esta ocasión, debe acudir al Legajo para realizar el informe, y tampoco tomó en cuenta las "notables" diferencias que contienen unas planillas de otras -como detallé antes- reeditando en este momento la oportunidad de advertir a las autoridades acerca del posible error que pregonó en la instancia sumarial.- Entonces, es cierto que la planilla es falsa, y ello ha sido acreditado con las constancias de la causa penal, amén de ésta.- No se trata las que figuran en el formulario de las firmas de R. y A..- Claro que no cabe aseverar que J. "fasificó" las mismas, pues si bien de la pericia caligráfica producida en sede penal surge un "podría. en forma despersonalizada", la producida en autos (fs. 244 y 247) indica que "no es posible determinar" su origen gráfico; y a más, fue absuelto en la causa criminal.- Lo que importa en relación a ello, es que por las funciones que desempeñaba en la Casa de las ///Leyes no pudo desconocer la importancia de ese instrumento, ni tampoco la reglamentación vigente en materia de Licencias según la cual, si él no hubiese "incorporado" la frase que dice haber escrito, aquéllas -al menos la no caduca- carecían del correspondiente derecho a ser abonadas. No era ajeno al conocimiento del actor -ni pudo serlo- que tal motivo es el único fundamento para el pago de las mismas en ocasión de producirse la baja del agente.- Así -reitero- lo prevé el régimen, sancionado en la Resolución N° 077/89 HL, fijando la obligatoriedad de la licencia anual (art. 3° conc. 4° y 8°) que debe ser gozada indefectiblemente dentro del año calendario, pues de lo contrario se produce su caducidad (art. 4° conc. 8°).

No hallo justificación a la conducta desplegada por el Director de Recursos Humanos y Personal de asignarle una razón a la decisión de otro, máxime cuando por su función debía saber los efectos que de ello derivaban. Ni siquiera puedo considerar los atenuantes que esgrimió en su defensa, como falta de personal y el reducido espacio físico de la oficina.- No lo eximen de la irregularidad de haber "completado" por sí el formulario, y en lo demás, la obligación que su jerarquía le imponía era controlar.- La solicitud de la Secretaría Habilitada le otorgó esa oportunidad, que negligentemente desechó.- En consecuencia, ningún hecho inexistente o falso entre los mencionados por la Resolución que le aplica sanción.- El ///incumplimiento del art. 5º incisos a) -en lo que a eficiencia y diligencia alude- y j) de la Resolución Nº 142/03, está acreditado.

4.6.- La sanción fue encuadrada en la misma Resolución citada, en el art. 12 inc. 5.- Cuestiona J., pues dice que esa norma menciona como recaudo que la falta objeto de reproche debe haber sido reiterada y, según se excusó, en su caso todo gira en torno a la licencia de R..

Lo cierto es que el mencionado precepto contiene dos hipótesis "incumplimiento reiterado de las obligaciones..." ó "cuando la gravedad de la conducta asumida por el agente en violación a alguno de sus incisos impide la prosecución de la relación laboral"; uno u otro.- Y en ocasión de defender la legalidad de su obrar la Administración invocó ambas hipótesis y detalló en el acto administrativo segregatorio una serie de hechos que aún cuando se relacionan con el instrumento comentado son diversos e independientes entre sí tales como la falta de control, la remisión de errónea información sobre licencias usufructuadas, la falta de firma del superior, el error de foliatura del legajo y no verificar los pasos establecidos para la autorización de una licencia.

De ello surge que hubo reiteradas acciones que pueden ser reprochadas a J., por lo que no atenderé la acusación de que esa ///repetición no existió. En todo caso, subsiste la segunda hipótesis que alude a la gravedad de la conducta asumida.

4.7.- Ello puede guardar relación con la desproporción que acusa J. de la sanción impuesta, cuestionando que con anterioridad a la cesantía no se encuentra en su Legajo Personal sanción alguna. Lo advertí antes, su Foja de Servicios se encuentra vacía y, sin embargo, posee un antecedente por ante el Tribunal de Cuentas, y para contrarrestar el precedente esgrime que debió la instrucción sumarial analizar de manera completa las actuaciones en las que fue dictado ese Acuerdo.

De ningún modo.- El "antecedente" sólo es tal, y funciona como información adicional, elemento valorativo tangencial para la graduación de la pena.- No es necesario abundar sobre la circunstancia de que no es lo mismo sancionar a un agente que por vez primera comete una falta, que a otro que en su haber posee varias sancionadas.- Por ello el art. 117 del Dto. Ley Nº 1510 (en el Digesto Nº I-18 - art.268) solamente exige que se "haga constar" los mismos.- Pero ello no es dirimente; lo es la falta que se pena, y su gravedad.--- De cualquier manera, habiendo acompañado la Provincia demandada esos obrados -Expte. N° 14337-93-, del mismo surge que efectivamente se le reprochó a M. E. J. haber abonado ///licencias pendientes de goce al disponerse la baja de un funcionario, cuyo desempeño había sido ad- honorem, y que no cumplía los recaudos de tiempo que requiere el art. 6° del Dto. N° 2005/91 según había dictaminado previamente el Tribunal de Cuentas. En consecuencia, debió reintegrar al Estado Provincial la suma equivalente al importe que en concepto de "licencias no gozadas" se pagó en el año 1993 cuando ocupaba el cargo de Director de Recursos Humanos del entonces Ministerio de Bienestar Social.- Se lo consideró solidariamente responsable -conjuntamente con el Director de Administración- por la realización del pago indebido y, según consta en el trámite, la Fiscalía de Estado tuvo que iniciar una ejecución fiscal en su contra para lograr la recuperación de esos valores, trabando embargo sobre los haberes que J. percibía como dependiente de la Legislatura.

Entonces, las consideraciones expuestas evidencian que los hechos detallados en los Considerandos del acto administrativo impugnado existieron en el contexto fáctico dado por los elementos incorporados a la causa y las normas invocadas para juzgar esas conductas del agente prevén una sanción como la que fue aplicada.- 5.- Ahora bien, este Tribunal ha adherido a la concepción que postula que la potestad de valorar las conductas de los agentes públicos para imponer penas disciplinarias, se ubica en el marco de las potestades discrecionales, y no cabe sustituir en la materia los criterios de la Administración por los propios de la judicatura, salvo ///manifiesta arbitrariedad o irrazonabilidad.- Así es que en SD Nº 09/SCA/08 ("C.."), que reiteré en la SD. Nº 01/SCA/10 (R.), compartí la jurisprudencia de otros Tribunales que entienden que "La potestad del Poder Judicial de revisar los actos disciplinarios emanados de la Administración comprende, en principio, el control de su legitimidad, no así de oportunidad, mérito o conveniencia. Puede controlar la debida aplicación de las normas estatutarias, que los hechos se clasifiquen adecuadamente y que las sanciones se ajusten al régimen legal (Fallos: 259:266; 307:1282); así como verificar que la descripción y la clasificación de los hechos sean correctos (Fallos:259:266; 262:67. También CNCAF, Sala I causas "Sotelo." y "Abadía."del 07.05.97). .En síntesis, el control judicial debe enmarcarse en el análisis de los antecedentes reunidos en la instrucción sumarial, subsumidos en la norma legal que tipifica la falta y la motivación del acto en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que dieron origen a la sanción aplicada (SCJ Bs. As., voto Dr. Soria in re "L.A.N. c. Munic Campana" del 15.02.06).. Es así que, quien controla no puede imponer su propio punto de vista acerca de lo que es más razonable, sino sólo constatar si el iter lógico y la ponderación ya efectuada por la Administración, se ajustan a las pautas objetivas aceptables, aún cuando fueren opinables".-- Añadí -siguiendo a SESÍN- que "el proceso lógico seguido por la Administración y el juez no es el mismo, pues aún cuando a este último no le agrade el criterio adoptado discrecionalmente por aquélla, debe respetarlo, ///cuando advierta que, en el consenso objetivo y en el marco de la juridicidad, la solución es razonable" (con la opinión de Miriam IVANEGA en el artículo publicado en EDA - 362, antes citado).- En idéntico sentido, tomé otros fallos del Alto Tribunal que previenen que ".las atribuciones judiciales no pueden llegar al control de los jueces sobre cualquier sanción disciplinaria impuesta a los servidores del Estado, ya que es sin duda indispensable que el órgano administrativo cuente con una facultad de libre apreciación de las faltas, corresponde admitir la intervención de la justicia cuando se ciñe a investigar si en la imposición de medidas de gravedad.se hizo uso legítimo o abusivo de las normas con arreglo a las cuales deben ejercerse las atribuciones otorgadas, conculcándose así derechos constitucionales del agente" (Fallos: 306:820; 308;176; 311:260). Porque "...el control de legalidad supone el de la debida aplicación por el órgano administrativo de las normas estatutarias, de manera que tanto la configuración como la clasificación de los hechos sea correcta y que las sanciones se ajusten al texto legal" (Fallos: 259:266; 262:67; 270:398; 311:2128, consid. 4°).-- En este marco, la apreciación de la posibilidad o no de continuar con la relación laboral es una potestad inherente a la Administración y ajena a la órbita del control jurisdiccional, en tanto la falta administrativa que se endilga al agente sea objetivamente capaz de provocar un perjuicio y siempre que la medida se adopte como consecuencia de la subsunción de aquélla a una norma determinada.- Afirmé en ese sentido en los fallos que vengo comentando, que en el ///marco del Derecho Administrativo "...se ha desenvuelto la doctrina conocida como de "pérdida objetiva de confianza"...se ha sostenido en forma reiterada que en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar desconfianza de sus superiores sobre la corrección con que presta el servicio, la separación del cargo, mediante la debida aplicación de las normas estatutarias, no puede calificarse de manifiestamente arbitraria (Fallos: 262:105; 294:36; 305:1280; 306:1792. Conc. CNCAFed, Sala I , in re GATTI, del 30.05.86; Sala II, in re VILLAFAÑE, del 24.06.82; Sala III in re VACCHINA del 4.10.88, Sala IV in re ACHKAR del 28.7.87).-- Previne con Fabián CANDA que, obviamente "... la sola mención de la pérdida de confianza no puede bastar por sí sola para la imposición de una sanción de la gravedad de la impugnada, pues... "siendo la confianza, por definición, la esperanza firme que se tiene de una persona o cosa, es claro que su determinación depende, en última instancia, de quien la evalúe. Por cierto, el agregado del adjetivo persigue la plausible finalidad de evitar que el funcionario que debe decidir la aplicación de la sanción pueda fundarla en su sólo ánimo, veleidad o convicción. A diferencia de lo que sucede en el ámbito privado..., en el ejercicio de la función administrativa la pérdida de confianza en el inferior sólo interesa y puede ser hecha valer cuando se vea amparada por hechos objetivos que, de por sí, resulten causal suficiente para la aplicación de la sanción pertinente". Refiere este autor al renombrado caso "FÉGOLI." (Fallos 312:1973) ///donde la Corte Suprema modificó la sanción (suspensión por cesantía) "privilegiando, antes que el objetivo encuadre de la conducta en el incumplimiento de una determinada obligación o violación de una prohibición, la circunstancia de que el superior jerárquico de la sancionada le haya perdido la confianza" (conc.: "La denominada "pérdida objetiva de confianza" como causal de remoción en la relación de empleo público" publicado en EDA, 01/02-795).- Ya he establecido que la Resolución impugnada no se aparta de los de los antecedentes de hecho, ni ocurre que los invocados no sean ciertos; he admitido que la falta es grave y en consecuencia no veo irrazonabilidad o desproporción en el ejercicio discrecional de las potestades administrativas.- Por ello, sobre la base las pautas que he citado, resulta procedente rechazar el cuestionamiento esgrimido por el accionante contra la Resolución que lo dejó cesante. Y también el ataque al acto administrativo que desestimó su reconsideración, pues ningún argumento específicamente aplicado a éste desarrolla para fundar la nulidad que requiere, como que no sea la derivada de la que pide del acto confirmado.-- En mérito de los argumentos expuestos, me pronuncio entonces, por el rechazo de la acción de plena jurisdicción deducida, desestimando con ello las restantes reclamaciones contenidas en el libelo inicial, en tanto fueron solicitadas a resultas de la nulidad de los actos administrativos cuestionados que según voto y, dejo propuesto al Acuerdo, corresponde confirmar.- Subsidiaridad que se da inclusive ///con respecto al daño moral por causa de la campaña de desprestigio y acusaciones públicas de las que fue objeto según quedó establecido por el Cuerpo en la SI N° 68/SCA/07 obrante a fs. 108/119.- Obiter dicta, y con respecto a esto último, el actor ni siquiera ha acreditado la autenticidad de las publicaciones traídas en copias, todas las cuales -además- refieren a la denuncia por "presunta adulteración", por lo que no veo atisbada responsabilidad ninguna del Estado, pues denunciar el posible delito no es sino una obligación de los funcionarios.-- A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo: - I.- El 29 de diciembre de 2006 el Sr. M. E. J. -quien fuera agente del Estado Provincial expulsado en el año 2005 del cargo Director de Recursos Humanos y Personal de la Honorable Legislatura -impetró esta demanda contencioso administrativa procurando la declaración de nulidad de las Resoluciones N° 139/05, 111/05 y 151/05.- La primera dictada por el Sr. Presidente de ese Cuerpo, le aplica la sanción de cesantía "ad referéndum" de la Honorable Cámara de Diputados, por la segunda ésta aprueba la medida dispuesta y por la última -también del Presidente, aprobada por Resolución N° 125/05 de Cámara- se rechazó la reconsideración interpuesta contra las dos anteriores. Además, en plena jurisdicción, ///solicita se condene a la Provincia del Chubut a reinstalarlo en su cargo, y a resultas, se le abonen los daños y perjuicios provocados por la que estima injusta separación, los haberes caídos desde el dictado de la medida disciplinaria, con más intereses y actualizaciones hasta su efectivo pago y daño moral derivado de la publicidad dada a su baja.

Trae alegaciones formales en orden a la competencia del Sr. Presidente de la Legislatura para dictar el acto con el que se inicia el procedimiento sumarial que culmina con su baja, cuestiona que la instrucción se haya encomendado a la Dirección de Sumarios, dependiente de la Asesoría General de Gobierno, órgano que también acusa de incompetente por ajeno al Poder Legislativo así como se queja de la aplicación del reglamento sumarial que rige para la Administración Pública en General, y también que sea aquel funcionario -el Presidente- quien dispuso su cesantía cuando -según interpreta- no integra el Poder Legislativo y ello es potestad de la Cámara.- Luego, pretende justificar que la pena fue aplicada con apoyo en una norma que exige reiteración, cuando fue consecuencia de un solo hecho, el cual incluso había sido analizado en Sede penal, y no da sustento suficiente a la medida disciplinaria; que se tomaron elementos del proceso criminal y se le imputó un delito, pronunciándose la autoridad prematuramente en su contra.- Todo ello, da apoyo a la nulidad que solicita se declare.

///-A contrario, la Provincia se resiste y esgrime haber obrado conforme a derecho.- Sus argumentos esenciales se aplican a convencer que el accionante cometió una falta grave juzgada a la luz de lo establecido en el Estatuto del Personal de Legislatura y de las Misiones y Funciones propias del cargo que desempeñaba. Aduce que el procedimiento sancionatorio desarrollado previo al dictado de la medida expulsiva, se sustanció según las previsiones del Dto. Ley Nº 1510 (incorporado al Digesto como integrando la N° 920, en Sección II- Ley I-18), resguardándose el derecho de defensa del actor, rechazando que los actos administrativos que vienen a controvertirse por ante esta Jurisdicción contengan defectos en su motivación que afecten la legalidad de los mismos.

II - Los extremos fundantes de la demanda que he reseñado, imponen en primer lugar el rechazo de las acusadas incompetencias.

El tratamiento de la que se aplica al Sr. Presidente del Cuerpo -a la par Vicegobernador de la Provincia- por expresas atribuciones constitucionales deviene inadmisible.- Es verdad, como lo afirma el actor, que el Poder Legislativo está compuesto por un cuerpo colegiado constituido por veintisiete Diputados; y también lo es que tal como surge del Reglamento -y es razonable- que las facultades de nombramiento y remoción de su personal, le correspondan, más allá de su mención o no por la Constitución (M.MARIENHOFF - ///Tratado de Derecho Administrativo -Lexis Nexis 4° Ed- Tomo III pág. 105).- Y así es porque por principio, estos actos originan o finalizan una relación jurídica trascendente como lo es la de empleo público por los derechos y obligaciones que involucra -fuere contractual o estatutaria según la teoría que se adopte- y razonablemente se entienden reservados a la autoridad superior del Poder, sin perjuicio de la posibilidad de imputación o distribución de esa competencia, según la estructura constitucional del órgano.- Y si así lo es con respecto a estos actos trascendentes, con mayor razón esta posibilidad debe admitirse con otros de menor envergadura -sin desmerecer su importancia- en la administración de personal, que pueden considerarse previos o preparatorios de la voluntad del órgano superior.-- Ello ha de analizarse en el marco de la reglamentación, que como lo expresa el preponente, no es diáfana, mas no impide que del Reglamento Orgánico de la Legislatura pueda derivarse, que la competencia en la materia, ha sido imputada al Presidente - Vicegobernador.- Por el art. 30 cuando describe en su inciso 19 que se la confiere para ejercer la autoridad superior y gobierno de la Casa; cuando determina la dependencia de los Secretarios Habilitados de ese funcionario, a quienes se otorga superintendencia en materia de personal (arts. 36 y 38 inc.6 y 11); y ello se concilia a su vez con el art. 16 de Estatuto del Empleado Legislativo -Resolución N° 142/03- que expresamente prevé la posibilidad de dar inicio a un sumario administrativo por denuncia, o de oficio por el superior jerárquico; y ///luego de culminado el art. 19 dispone su elevación a Presidencia "quien dictará Resolución.".

En este marco, la orden del Sr. Presidente de instruir sumario frente a una irregularidad administrativa advertida por el Secretario Habilitado en cumplimiento de la obligación del art. 38 inc. 6) del Reglamento Orgánico -tal lo que ocurrió en el caso- no es sino una aplicación efectiva del art. 16 del Estatuto.-- Igualmente lo es la Resolución, que aplica el art. 19.- Y si en orden a la remoción -dada la naturaleza expulsiva de la sanción con que se penó al actor- pudiera caber alguna duda, la misma ha sido aprobada por la Honorable Cámara, lo que priva al vicio denunciado de todo sustento.-- Es claro además, del estudio de los antecedentes analizados (Legajos en particular), que en la práctica del Poder Legislativo el "modus operandi" para nombramientos, ascensos, remociones, es que el Presidente lo hace "ad referéndum" y luego la Cámara lo aprueba, haciendo -reitero, frente a la duda- con ello perfecto el acto: válido y eficaz.

Así lo creo, y lo tengo dicho -aunque con relación a contratos- en S.D. N° 04/SCA/03 ("D.....") reiterando los votos de Dres. ///ROYER y TORREJÓN -que precedieron al mío y que compartí- en S.D. N° 6/SCA/01 ("N. S.A...."): que el "referéndum" o aprobación ...no es una "condición resolutoria", sino que indica que la decisión dictada no es por sí ejecutoria..." Y advertía "...No desconozco que hay doctrina y alguna jurisprudencia que asimilando el "referéndum" a la aprobación, aspecto en que coincido y también lo hace el Tribunal (Ver SD N° 14/SRE/99), considera que ésta tiene un carácter declarativo (vg. MARIENHOFF -Tratado de Derecho Administrativo- T. I- pág. 616).- Otros en cambio le otorgan un carácter constitutivo (vg. GORDILLO -Tratado de Derecho Administrativo- T. III- IX - 17)).- Mas se adhiera a una y otra posición, lo importante es que su existencia sólo se justifica en y para el contexto del procedimiento administrativo que se trate y sus fines, de modo que se hallan en ese contexto recíprocamente ordenados y ligados...".

Coincidente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dice que "...un acto celebrado "ad referéndum" puede admitir su asimilación jurídica con los actos sujetos a aprobación. Esta figura...cumple una función de control y consiste en un acto administrativo que acepta como legal y oportuno otro acto jurídico anterior emanado de un órgano competente...El acto típico de aprobación supone, por lo tanto, la existencia de dos actos autónomos: uno previo o antecedente y otro posterior o consecuente, que es el acto de aprobación. Ambos actos son...perfectamente válidos, pero la aprobación es lo que le da eficacia al acto...Es preciso insistir ...que aunque ambos actos son autónomos, su ///existencia sólo se justifica en y para el contexto del procedimiento administrativo respectivo...y sus fines (CSJN en "Serra..."Sent. 26/10/94, cons. 20, LL 1995-A, 401). Es por ello que el acto antecedente constituye "un acto jurídico administrativo, sin plena vigencia transitoria", cuyos efectos son "directos e inmediatos, si bien no frente a sujetos ajenos a la Administración, pero sí frente a la Administración misma...el acto aprobado, "con todos sus elementos componentes, existe plenamente antes de la aprobación, pero en cambio sus efectos únicamente se producen a partir del momento en que la aprobación se presta" .."(Sala I- "Herpazana SRL" en LL 1997-C,309)".-- Cualquier incertidumbre entonces, con relación a estos actos acusados de "incompetencia", queda de este modo zanjada.- Comparto no obstante la inquietud del Dr. CANEO, y creo que la cuestión de las atribuciones del Presidente merecen una regulación clara, que avente todo tipo de dudas obliterando planteos nulificantes.

Agrego a lo antes dicho, que tampoco merece reproche la delegación técnica que por razón de la especialidad se produce cuando el Presidente HL, solicita la colaboración de la Asesoría Legal de Gobierno del Ejecutivo- Dirección de Sumarios, especialidad puesta de manifiesto en su Ley Orgánica N° 5125 (en el Digesto N° I-266).- Amén de que no hay atribución a una dependencia del Poder ///Legislativo en la Resolución N° 143/03 que aprueba su estructura administrativa (que no sea la que se otorga genéricamente a la dependencia que dirige el propio actor ), de esta función en particular.- Y aunque la hubiere, ello no puede perjudicar al accionante, sino al contrario: el deferir la instrucción a órgano específico, mayoriza las garantías en el procedimiento, y ningún agravio concreto ha expuesto derivado de esta deferencia.- Los que puede traer emergentes del procedimiento en sí -y lo hace como afectación de la defensa- tienen entidad "per se", con independencia del órgano ejecutor.- Tampoco es audible la queja de que le fue aplicado el Dto. Ley N° 1510 (en el Digesto agregado a la N° 920 - Sección II - Ley I-18) porque así lo estipula el art. 20 de la Resolución N° 142/03 HL.- Amén de que según he verificado, en lo allí normado, la instrucción se sujetó a esta Resolución; vg. cuando se le confiere la vista de las conclusiones para su descargo (fs. 118 y 121 del Expediente del sumario - 020-04-H.L. - Sumario Adm. N° 04 -D.S.04).

III.- Las restantes argumentaciones que desarrolla J. a lo largo del libelo inicial, presentan una estrecha vinculación entre las formalidades que deben resguardarse en el procedimiento disciplinario llevado a cabo para deslindar las responsabilidades que le fueron achacadas en sede administrativa, con referencias del proceso penal que se siguió en su contra, argumentando afectación de la defensa.

///-Arguye que el Director de Sumarios no atendió los descargos que efectuó en esa Sede, que varió los que se le habían impuesto en la indagatoria cambiando el encuadre legal sin correrle vista de las actuaciones.- Dice que aún cuando la sentencia penal lo liberó de toda responsabilidad en relación a la "adulteración" de la solicitud de licencias, el acto administrativo sancionatorio parte de atribuirle un delito para fundar la gravedad de la falta achacada. Finalmente con todo ello, destaca que la decisión de expulsarlo de su cargo es ilegítima pues se funda en una "deficiente y falsa motivación".- a) No voy a reiterar el detalle minuicioso de las actuaciones que conforman sumario administrativo y causa penal, las que han sido glosadas por el Dr. CANEO.- Sólo me referiré a algunos extremos que considero esenciales.

Sintetizaré, que ambos se inician en razón de irregularidades observadas en el trámite de reconocimiento y la liquidación de licencias no usufructuadas analizadas en ocasión de renuncia de una agente -R.- del Poder, advertidas por la Secretaria Habilitada quien, cuando iba a suscribir el cheque por $ 20.311,71, le sorprende el monto, solicitando informe al área de personal, detallando que por Res. Nº 072/03 se aceptó la dimisión de la nombrada y se ordenó el pago de licencias correspondientes a los períodos 2001, 2002 por 40 días cada una, más la invernal 2003.- Refiere la funcionaria que ///solicitó el 24 de diciembre de 2003 el legajo personal de la nombrada, el que le fue remitido con nota por el entonces Director de Recursos Humanos y Personal -J.- en la que informaba que la renunciante ".no usufructuó las licencias correspondientes a los años 2001/2002 por haber sido denegadas en su oportunidad.".-- En el Legajo, es que aparece "intercalada" y refoliada la planilla o formulario en el cual la Sra. R. habría solicitado el goce de las dos primeras licencias, en la que luce su denegación por razones de servicio, manzana de la discordia en este juicio, cuyas firmas, salvo la que más abajo figura del propio actor, se ignora a quién pertenecen.- Y -dice la Secretaria- poniendo énfasis en el estudio de esa documental, que arriba a la conclusión que en general hay similitud entre las firmas de la nombrada y su superior inmediato, el Secretario de Enlace -C. A.- entre todas las restantes planillas que en el mismo figuran.pero ello no ocurre con ésta que informa la licencia objeto del pago.-- Agregó la Secretaria Habilitada que desde el sector contable se le indicó que por un error en la aplicación del sistema, el monto de aquel instrumento debía ser de $ 10.762,21, casi la mitad del cheque que se le había remitido a la firma.- Y culmina solicitando se instruya sumario por las irregularidades que observó en la planilla (No así por la indebida liquidación).- ///-El procedimiento se sigue por Expediente Administrativo Nº 04-D.S.-04.- Simultánemente se formuló denuncia penal, que tramitó en autos "Fiscal de Estado -Dr. Jorge Miquelarena- s/ Denuncia (Ref. M. E. J. - Honorable Legislatura) Rawson - Expte. Nº 195-255-2004).- En aquél, la Sra. R. prestó declaración testimonial (fs. 32), se le mostró la planilla de licencias cuestionada, y no reconoció su firma, que en ese instrumento se le atribuye como de su puño y letra. Mencionó no haber solicitado la licencia del 2001 y comentó que su superior -Secretario de Enlace- era quien habitualmente le suscribía esas solicitudes, que nunca le pasó que no se las firmara este funcionario y, en relación a la Resolución Nº 72/03 PH indicó ".la Dirección de Personal es la encargada de realizar el informe que motiva tal Resolución.". El Sr. C. A. -superior jerárquico de R.- declaró no reconocer ninguna de las firmas estampadas en el formulario que se le pone a la vista como de su puño y letra, aunque recordó que el día en que está fechada esa planilla -27 de noviembre de 2002- se encontraba trabajando (fs. 33).- Conjuntamente con el actor, en el área de personal de la Legislatura laboraban el Sr. O. A. (Oficial Superior Administrativo) y M. P. (Oficial Administrativo de 2da.) (fs. 39), ambos brindaron sus testimonios comentando el primero (fs. 41/42) que tenía a su cargo tareas relativas al "parte diario" y los formularios de licencias que pedían los agentes. Aseveró ///que la verificación de las licencias usufructuadas en los Legajos Personales, ante la presentación de una renuncia era tarea de M. J. que era quien informaba, y que el tema "Legajos" estaba a cargo de otra agente quien ya se había jubilado. Desconoce la planilla que se le exhibe y las firmas allí contenidas, dice no recordar la solicitud de renuncia de R. ni haber verificado sus licencias. El Sr. P. (fs. 43/44) afirmó que no había una sola persona encargada de controlar en los Legajos las licencias pendientes en ocasión de alguna renuncia, tampoco reconoció la planilla.- El Sr. J. fue indagado (fs.51/52) el 25 de junio de 2004 por los siguientes cargos "no haber supervisado el correcto diligenciamiento del Legajo Personal de .R. ya que de la lectura del mismo.surgiría que alguien distinto de la interesada ha confeccionado la solicitud de licencia.tampoco se habría hecho realizar el informe del Jefe de Sector donde prestaba servicios la agente.A. quien debería haber suscripto en tal carácter.la foliatura del mismo .no se correspondería con la numeración correlativa.alguna persona habría fraguado la solicitud de licencia .ya que de no existir tal requerimiento de licencias supuestamente no autorizadas por el superior jerárquico de la misma, ésta habría perdido la potestad de percibir la remuneración equivalente." .- Así -se le expresó- por presunta transgresión al art. 5º incisos a) y j) de la Res. 142/03 y los deberes propios del cargo del indagado.- Impuesto de ello, prestó conformidad para la continuidad del trámite. Comienza reconociendo la Nota del 26 de diciembre del 2003 (que narré antes) por la cual elevó el Legajo de R. y el informe solicitado a la Secretaria Habilitada. ///Menciona que entre el 10 de noviembre y diciembre se confeccionan cerca de 200 planillas por la proximidad de la fecha de receso, reconoce su firma en la planilla y dice que la está en el lugar del Superior de la renunciante pertenecería al Diputado R.; dijo que aproximadamente setenta Legajos fueron solicitados en diciembre de 2003 por la Secretaria Habilitada, los que no volvió a ver, desconociendo los fines de tal pedido. Comenta que no estaba a su cargo el trabajo operativo de foliar, confeccionar planillas de licencias y tramitarlas, menciona que la oficina no tenía sello "refoliador". Agrega que el folio de la planilla se encuentra perfectamente incluido en el Legajo y ofrece documentación que obra en Legislatura para defenderse.-- Las probanzas agregadas al sumario fueron: una Nota (fs. 54 y vta.) de la Secretaria Habilitada quien menciona que los Legajos habían sido solicitados a fin de ordenar y organizar la oficina de Recursos Humanos y Personal, señalando que el de R. fue pedido por las irregularidades denunciadas y subraya que la planilla en cuestión había sido confeccionada cuando esa área se encontraba a cargo de quien hoy acciona; otra Nota del 18.08.04 (fs. 56) donde J. pedía la designación de A. en el Dpto. Altas y Bajas, mencionando que el mismo estaba realizando las tareas propias de ese Sector desde el 02.01.2003 como consecuencia de la baja de su titular.- ///-Se incorporó (fs. 66/101) copia simple de la Pericia Caligráfica producida en sede penal, en la que se constata que la firma antes indicada por el indagado como propia, le fue atribuida también por el experto.- Con respecto a las otras firmas la conclusión es clara respecto de que no corresponden a quienes se atribuye.- No lo es tanto respecto del actor, pues dice "pudieron haber sido ejecutadas en forma despersonalizada por la mano ejecutora que realizó el cuerpo de escritura y el registro de formas obrantes a fs. 52/54 de autos" (fs. 93/94 Expte. citado antes).esto es, M. J..

A fs. 111 y vta. corre agregada copia certificada del Acuerdo Nº 041/96 del Tribunal de Cuentas por el cual se le formularon cargos al Sr. J. y se lo emplazó al reintegro de la suma de $ 823,31, explicando los Considerandos del acto que, cuando el nombrado se desempeñaba como Director de Recursos Humanos en el entonces Ministerio de Bienestar Social abonó conjuntamente con el Director de Administración 17 días de licencia no gozada a un funcionario renunciante, pago que no correspondía al no haber cumplido quien renunciaba seis meses de período remunerativo en el cargo.-- Se agrega el Legajo Personal del actor a fs. 104/108, aunque no hay constancia del evento anterior en el mismo.- El Dpto. de Instrucción Letrada emite conclusiones (fs. 114/118) considerando que la conducta del indagado estaría en contradicción con el art. 5º inc. a) y j) de la Resolución Nº 142/03.- Afirma que los ///elementos de prueba determinan que la licencia no ha sido solicitada por la agente, quien además desconoce la firma de la planilla en la que figura esa solicitud, como también el Secretario de enlace, Sr. A.; que al no existir el requerimiento, ni la denegación por el superior, la agente perdió la potestad de percibir la remuneración equivalente. Que es manifiestamente grosero el error de foliatura -triple- del Legajo a partir de la solicitud y no se condice con una mera equivocación, máxime cuando de la misma emergen efectos jurídicos y patrimoniales de envergadura.- Además, el comportamiento se considera violatorio del propio de las Misiones y Funciones del cargo de Director de Recursos Humanos y Personal, por lo que propone aplicar la sanción de "suspensión mayor de hasta treinta días sin prestación de servicios ni percepción de haberes".-- El sumariado es notificado y presentó descargo (fs. 123/128). Calificó las conclusiones como "tendenciosas y arbitrarias", acusa que no se consideró su indagatoria, y reconoce que si bien ".pudo haber cometido un error." fue porque la Administración no le proveyó un espacio físico apropiado para sus labores, ni designó al Sr. A. como el lo pidió, luego de la vacancia del cargo Jefe de Altas y Bajas producida el 2 de julio de 2002; y se agravia del precedente del Tribunal de Cuentas agregado, excusándose en que posee 27 años de carrera administrativa.

///-En cumplimiento del art. 20º de la Resolución Nº 142/03 se giró en ese estado el sumario a la Legislatura, siendo devuelto a la Dirección de Sumarios, ampliando la solicitud de colaboración para que se expida el Director. Por Dictamen Nº 23/05 D.S. agregado a fs. 149/150 se expone que, como consecuencia de la planilla de licencias objeto de pericia, se liquidaron licencias 2001, 2002 y 2003, supuestamente adeudadas por la suma de $ 10.765,21 ".lo que de no haber sido advertido oportunamente habría producido un perjuicio patrimonial al Erario Público"; de la pericia realizada en sede penal -detalla- surge que la frase "razones de servicio" contenida en ésa pertenece a J., cuando debió insertarlo el Jefe del Sector.- Alega el funcionario que hay fuertes indicios para presumir que el nombrado "habría falsificado las firmas insertas en la solicitud" y considera que debe ser corregido con la sanción de Cesantía, la que sugiere se le aplique provisoriamente a las resultas de la causa penal, citando como fundamento el art. 21 de la Resolución N° 67 HL.

Las actuaciones son giradas a la Honorable Legislatura nuevamente, y allí se expide la Asesora Legal (fs. 154/158) compartiendo los extremos del dictamen anterior, aconsejando la cesantía atento el art. 10º inciso e) en concordancia con el 12º inciso 5) de la Resolución Nº 142/03. Describe los indicios en contra de J. a tenor de lo dispuesto en el Capítulo IV del Dto. Ley Nº 1510 (en el Digesto - Sección II - Ley I-18); y con ellos refiere incumplimiento reiterado en las funciones de Director de Recursos Humanos y Personal como ".confección y mantenimiento de los legajos ///personales, .tramitación de licencias." y además las comunes a los dependientes de Legislatura del art. 5º inc. a), f) y j).argumentando ".no cumplió ninguna de las obligaciones antedichas.dio por auténtica la planilla a todas luces falsa, y más para alguien de tanta experiencia.la firma de un jefe de sector es.conocida en esta HL,.debió verificarla.previa a la remisión de la información de las licencias.".

Descansa en esa fundamentación el Sr. Presidente de la Honorable Legislatura para dictar la Resolución Nº 139/05 que luego es aprobada por el Cuerpo por la Nº 111/05.-- b) Acusa el accionante que en este trámite descripto, no se le permitió tomar vista de las actuaciones; que producido su descargo -luego del Dictamen del Departamento de Instrucción Letrada- sus fundamentos no fueron atendidos; que se variaron los cargos de los que se había defendido y se le imputó un delito antes de que, en la causa penal instaurada en su contra, hubiese recaído el fallo respectivo. En síntesis, afirma que se cercenó "grosera y manifiestamente" la defensa en juicio y los principios Constitucionales de inocencia, juez natural y debido proceso (fs. 56).-- No veo realmente, que esta garantía haya sido cercenada.- ///-b) 1.- Recordaré lo que votara en fallo reciente -SD Nº 01/SCA/10 ("R..") donde tuve ocasión de establecer siguiendo a ESCOLA que "Es cierto ...que si en el proceso penal la situación del imputado debe ser garantizada a fin de que no sufra menoscabo su derecho a la vida, la libertad y la inocencia, no es menos cierto que en el proceso administrativo en que los particulares deben enfrentarse a la Administración Pública y a todo el aparato de poder que ésta posee, también es necesario que el administrado goce de garantías que le permitan accionar en defensa de sus intereses, en forma efectiva y con el necesario respaldo jurídico (Tratado General de Procedimiento Administrativo - Depalma- pág. 142).- Y esta es la dirección que sigue el art. 44 de la Constitución Provincial, cuando asegura la defensa de los ciudadanos en todo tipo de procesos".

Seguía "En SD N° 9/SCA/08 (C.) mencionaba, que la garantía del debido proceso, mereció la atención de este Cuerpo en diversos fallos en los que se destacó su importancia. En S.D. N° 6/SCA/06 in re "V.", reiterando el criterio expuesto en S.D. N° 08/SCA/00, me referí largamente a ella; señalé que emanaba del art. 18° de la Constitución Nacional, historié sobre sus precedentes, y cité la opinión de diversos autores ..."DROMI, nos dice que la participación activa de los interesados en un procedimiento, la garantía de defensa, no está limitada a la audiencia sino que exige se le otorgue activa participación: vistas, traslados, alegaciones.- (Procedimiento Administrativo - Instituto de -Estudios de Administración Local - Madrid - 1986).- MARIENHOFF expone que ///la vista de las actuaciones administrativas no constituye una mera formalidad, sino una manera de hacer efectiva la garantía del debido proceso..." (La garantía de libre defensa en la instancia administrativa - JA 22-1974-555).- Y CASSAGNE manifiesta "el equilibrio que debe presidir las situaciones subjetivas -activas y pasivas- que vinculan recíprocamente a la Administración Pública con los administrados, requiere que junto a la prerrogativa estatal, se configure un sistema de garantías que complemente de algún modo la situación de sujeción en que se halla el administrado frente a las potestades públicas.- La garantía conforma un mecanismo que hace a la seguridad jurídica del administrado, y constituye en su esencia una potestad general, abstracta e irrenunciable cuyo ejercicio deviene en un derecho subjetivo o interés legítimo en la relación que se entable entre el Estado (latu sensu) y los sujetos privados".- Su fundamento -agrega, es la realización de la justicia distributiva en cuanto la garantía asegura y permite realizar la distribución del bien común (libertad, propiedad, igualdad) entre los administrados y las relaciones que los ligan a la Administración.- Y sistematiza el régimen de garantías en sustantivas, y adjetivas, inscribiendo entre estas últimas, la del debido proceso adjetivo: audiencia previa, prueba, decisión fundada, recursos".- Y previne "...esa garantía del obrar adecuado de la administración resulta principalmente de la regulación que se haya ///establecido para el procedimiento administrativo, constitutivo y recursivo.- En otros términos, la protección del derecho de defensa en este procedimiento, está dada en el marco previsto por la legislación objetiva".- Y he de asegurar frente a esto dicho, en lo que me reitero, que de las constancias administrativas examinadas surge incontrastable que la Administración obró de plena conformidad con las previsiones legales.-- El Sr. M. E. J. tomó vista completa de las actuaciones, fue llamado a indagatoria, donde se le pusieron de manifiesto los derechos que le asistían, consintió la continuidad de la misma, en la que además indicó elementos de prueba para sustentar sus dichos. Éstos fueron incorporados luego por el sumariante y analizados por la instrucción. Corrido traslado del dictamen, acompañó descargo, y paralizada la causa a la espera de documentación, dedujo pronto despacho.

b) 2.- En orden a la variación de los cargos oportunamente impuestos, según señala el actor, es cierto que, además de las conductas que inicialmente se le achacaban al indagarlo y formular Conclusiones, el Director de Sumarios añadió como falta, la transgresión al inciso f) del artículo 5° de la Resolución N° 142/03, (llevar a conocimiento del superior todo acto que pudiera causar perjuicio o configurar delito), y lo recepta la Resolución de Cesantía.- Pero, ///corresponde señalar que recurrido el acto -recurso que también es acto de defensa- ello se merituó y se corrigió la mención del aludido inciso en el encuadre legal de la falta por Resolución N° 151/05, luego aprobada por la N° 125/05 de Cámara.- Ergo, no hay tal variación de cargos a la hora de esta revisión judicial.-- Lo que sí varió -por el Dictamen del Director de Sumarios en lo que concordó la Asesora Legal de la Legislatura- es la pena que se propuso en las Conclusiones.- Mas la graduación de la pena definitiva es un atribución del órgano que ejerce la potestad disciplinaria.- Por ello es que la defensa en la instancia sumarial, está limitada sólo a los hechos imputados, y así lo expone claramente el Dto. Ley Nº 1510 en el art. 100 (Sección II - Ley I-18 - art. 252 en el Digesto): culminadas las diligencias necesarias para tener por cumplimentado el objeto del sumario, se formularán Conclusiones en las que se expondrán objetivamente los hechos investigados, analizando los elementos y antecedentes reunidos.- Y, recién en el Dictamen -del que no se corre vista- se propone la sanción (art.117 Dto. Ley Nº 1510, 268 Sección II - Ley I-18 en el Digesto).

Ha de recordarse sobre esta cuestión lo expuesto en la S.D. Nº 09/SCA/08 ("C..") en el voto del Dr. CANEO y en el mío propio, en orden a la naturaleza de los informes y dictámenes: opiniones técnicas, dadas luego de analizar los hechos y evaluar las ///pruebas, ambas preparatorias de la voluntad administrativa y no vinculantes.- Las caractericé con GORDILLO "...decisiones, declaraciones o manifestaciones realizadas en ejercicio de la función administrativa, que no producen efectos jurídicos directos respecto de un sujeto de derecho", explicando al definirlos explica que en ellos "...el funcionario pertinente emite una opinión, juicio, consulta, etc., destinada a orientar el criterio de la autoridad que debe decidir...Dentro de los dictámenes ocupan un lugar fundamental los dictámenes jurídicos, los cuales son obligatorios, ...pero no vinculantes" (Conc.: "Tratado de Derecho Administrativo" - Tomo 1 - Parte General - 8va. Edición -X-4/5) en lo que concuerda el Dto. Ley N° 920 (I-18 en Digesto).- Lo que induce a establecer, que luego de la oportunidad en que se confiere la vista, el ejercicio de la defensa se traslada al momento posterior al acto por el que la autoridad decidente determina la pena.- En definitiva, la defensa en esta instancia se aplica esencialmente a los hechos, y el prematuro encasillamiento de la pena pudo constituir un exceso de la instrucción, mas no puede determinar la invalidez del procedimiento.-- b) 3.- Por otra parte, rige en materia el principio que COMADIRA expresa como "no interesa la indefensión sucedida en sede prejudicial si el interesado pudo defenderse ante la justicia", teoría que ha sido aplicada no sólo a sanear vicios estrictamente procedimentales sino también para cubrir deficiencias en la motivación de los actos (TAWIL-MONTI-La motivación del acto ///administrativo- Bs. As.- pág. 96/98).- Sin soslayar la importancia de las formas, advertí en mis votos en SD N° 05/SCA/03 ("M.N.S..."), 11/SCA/09 ("V. S.A. de A. para F. D."...) y recientemente en SD N° 01/SCA/10, que "a la jurisdicción revisora cabe medir la trascendencia de su omisión en los casos concretos traídos a decisión...".- Concordante, la Suprema Corte de Buenos Aires ha dicho "infundados resultan los agravios relativos a la vulneración del debido proceso y de la defensa en juicio, pues el sumariado tuvo oportunidad suficiente de ejercer sus derechos y así lo hizo, ya que designó defensor.tomó vista de las actuaciones.formuló su descargo.ofreció y produjo pruebas y dedujo recurso administrativo.antecedentes que fueron objeto de ponderación en el procedimiento.Desde luego, también los ejercitó en esta instancia de tal modo que no ha sido cercenado su derecho de defensa." ("CHAU, Rubén Darío...", AyS 1988-III-579 y sus citas: causas B.47.652 (DJBA Tº115-p.277); B 47.408 (DJBA Tº 116-p.475); B 47.869 (DJBA Tº116-p.479).

Todos motivos por los cuales desecharé los argumentos que para sustentar la nulidad de la Resolución N° 139/05, el actor apoya en vulneración de su derecho de defensa.-- c) Ahora bien, en diversos párrafos del escrito de demanda el Sr. M. J. ha referido al juicio penal seguido en su contra. Expresó que la Administración le adjudica la falsificación de la Planilla de ///Licencias de la Sra. R., antes de que mereciera el estudio del juez natural, señalando que cuando finalmente se pronunció lo hizo liberándolo "...de toda responsabilidad ... en el hecho de la falsificación que da por probada el acto administrativo...siendo absuelto...por falta de elementos mínimos para llevar adelante la acusación " (fs. 58 vta.). Controvierte la Provincia accionada expresando que corresponde destacar que J. fue absuelto por el beneficio de la duda; desmiente el argumento de que el acto de cesantía tuvo en cuenta únicamente la atribución de esa falsificación, que la sanción obedeció a las faltas cometidas por él en sus funciones. Subraya además la innecesaria condena penal cuando la infracción administrativa se encuentra configurada.-- c) 1.- En mi voto en SD Nº 4/SCA/04 ("R..") aludí a un principio general, sostenido por la doctrina y jurisprudencia que rige la materia, advirtiendo que lo receptan los Estatutos de la Función Pública (lo hace en general, el Dto. Ley Nº 1987." (en el Digesto N° I-74). "y determina que "lo resuelto en sede penal no excluye el ejercicio de las facultades administrativas por las infracciones en las que el agente pueda haber incurrido".- La regla, es específicamente receptada en el art. 8 del Dto. Ley Nº 1510 (sección II Ley I - 18).- Traía en el pronunciamiento citado, la jurisprudencia, concordante con este principio, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "lo resuelto en sede penal no excluye el ejercicio de la facultades administrativas por las infracciones en las que pueda haber incurrido el agente (Fallos 262:522) debiendo considerarse, al efecto, las diferencias de ///naturaleza, finalidad y esencia existentes entre las sanciones disciplinarias y las penas del Derecho penal" ("Pereyra de Buodo..."...17/2/87).- Y las Cámaras Nacionales en lo Contencioso-Administrativo fallan : "la absolución o sobreseimiento penal no siempre es un título suficiente para impedir la sanción administrativa, aún cuando ésta se imponga por hechos directamente vinculados a los que dieron lugar a la absolución o el sobreseimiento.- Todo depende de las circunstancias del caso" ( Sala IV - "Viltes..." 3/11/92, "Mercado..." 26/9/94, "Carrizo..." 28/2/95)".-- Citaba también en aquel fallo a GARCÍA DE ENTERRÍA, que lo explica magistralmente -dije- cuando admite, "como excepción al criterio de "unidad represiva" entre sanciones administrativas y penales, la sanción disciplinaria, la que deriva -dice- de la "relación de sujeción especial", que manifiesta aceptar con reticencias, pero que de cualquier modo justifica en tanto afirma, que la constatación de que una persona ha cometido un delito puede tener, por sí misma, una significación directa en el ámbito interno de la organización que la potestad disciplinaria protege.- En ese caso, un hecho que puede provocar la reacción penal, también revela la presencia en el seno de la corporación o de la organización de agentes contra los que puede estar justificada una actuación disciplinaria que tutele o depure el procedimiento".-- ///-Advertí -lo reitero- que "de este modo, un mismo hecho puede ser objeto de dos sanciones -excepcionando el principio del "non bis in idem"- penal y administrativa disciplinaria".- Porque "delito y falta son conceptos distintos, y la aplicación de la sanción penal y de la administrativa responden a distintas finalidades.- Por la ya reconocida extensión de la aplicación de los principios protectorios del Derecho Penal, al Administrativo sancionador (GARCÍA DE ENTERRÍA - Ob. y Tomo citados - pág. 174 y 179/180), con las limitaciones -se entiende- propias de esta disciplina, la presunción de inocencia, de raigambre constitucional, acompaña al enjuiciamiento de conductas delicitivas y transgresoras...pero separadamente.- Porque ambas causas son -deben ser- independientes".-- Pero, consideré en la sentencia aludida -siguiendo al mismo autor- que "... la primacía para enjuiciar los hechos la tendrá siempre el juez penal según el viejo axioma "le criminel tient le civil en état", que se traduce en prejudicialidad, cuyo efecto es tradicionalmente de automaticidad suspensiva de los procedimientos administrativos.- Repárese en la expresión "enjuiciar los hechos".-- Así, si el juez penal condena, por idéntico hecho objeto también de sanción disciplinaria, la fuerza juzgada de la sentencia vinculará a la Administración en cuanto a la apreciación de los hechos enjuiciados.- (Curso de Derecho Administrativo Tomo II - pág. 183/184 Civitas ).- A contrario, si el juez penal considera que no hay delito, queda libre la administración para discernir la existencia o no ///de falta dentro del marco de su potestad sancionadora.- Cómo no ha de ser así si el juez penal no valora conductas, no "enjuicia hechos".

Recientemente en SD N° 01/SCA/10 ("R....") completé "...no niego que ésta -la espera de la decisión penal- es un comportamiento saludable, pues la Sentencia facilitará decididamente la decisión a la Administración, y clarificará la situación del sometido a ambas causas.- Pero de allí a afirmar que exista la obligación legal de esperar el fallo judicial para ejercer la potestad disciplinaria, hay distancia, pues a contrario, de normas expresas ..., surge justamente lo contrario." Referí a las normas reglamentarias del Dto. Ley N° 1987 (en el Digesto N° I-74) que establecen como principio la independencia entre causa criminal y causa administrativa, y no impide la aplicación de sanciones aún pendiente el proceso penal, lo cual tiene su sustento en la circunstancia inobjetable -ya mentada- de que un mismo hecho puede constituir delito, (o ser indicativo de delito) y falta administrativa...o no.- En autos, el Estatuto para los empleados de la Legislatura (Resolución N° 142/03) así lo prevé en el art. 10° último párrafo cuando finaliza el detalle de las sanciones de las que serán pasibles sus dependientes y agrega que las mismas "...se aplicarán sin ///perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales en que pudiera incurrir el agente...".-- Ello, porque "...En beneficio de la Administración, que afinca sus procedimientos en la protección del interés general, se previene la provisoriedad de la resolución recaída en sede administrativa pendiente el juicio criminal, sólo si después hay condena en éste.- No en caso contrario justamente por lo antes dicho: un hecho sancionado disciplinariamente puede no conformar delito, pero sí falta, y si el fallo judicial fuera absolutorio igualmente subsistiría su calidad de ilícito administrativo. Sin embargo -pese a la previsión normativa- si se trata de idénticos hechos, puede acaecer que el juez penal determine que estos mismos -o su autoría- no han existido, lo que indicaría que tampoco existe la falta pues no tiene soporte fáctico...y si bien esta situación no está contemplada, será la revisión judicial de la pena disciplinaria la que deberá instar el interesado para revertirla".

Por ello insistía en la conveniencia de esperar, aunque remarqué "...pero no puedo establecer la ilegitimidad del comportamiento administrativo por no hacerlo...".-- En consecuencia, con específica referencia al caso de autos, la queja de J. de que no se esperó al resultado del juicio penal es inaudible.- c) 2.- Como señalé en los apartados anteriores, la posible influencia de la decisión judicial supone que en esa causa se hubieran enjuiciado los mismos hechos y en el caso, más allá de las disquisiciones efectuadas por los Asesores Legales en las diversas opiniones que mereció el trámite, las cuales -como ya lo resalté- no son vinculantes, leídos los argumentos que contiene la Resolución cuestionada (de los que me ocuparé luego), de ninguna manera puede aseverarse -como lo hace el accionante- que su despido obedeciera a dar por cierto que fue autor de la falsificación de las firmas insertas en el formulario de licencia presuntamente utilizado por R..- Las referencias efectuadas en las opiniones técnicas mencionadas, y en la propia Resolución N° 139/04 refieren a "fuertes indicios" sobre la adulteración que pesan sobre quien hoy acciona, pero en sus Considerandos aquélla enumera una serie de "faltas administrativas" que, aún conectadas con el documento apócrifo, no guardan identidad con la investigación en sede penal.

A más, tal como lo argumenta la Provincia, la absolución penal no se produce porque el juez haya analizado los hechos o las pruebas que la Administración consideró "indicio" de la autoría de delito; no expresó la Cámara Primera del Crimen que el hecho no existiera, sino como bien lo expuso el Sr. Ministro que me precediera con su voto -quien además detalló las constancias de la causa penal a cuya lectura me remito- luego de una acusación concreta en contra de M. ///J. en la requisitoria fiscal de elevación a juicio, una vez sustanciado éste, la Sra. Fiscal refiriéndose a la inexistencia de perjuicio económico para el erario público y a la falta de estado de certeza necesario para acusar, solicitó la absolución del imputado.- Y, previa consideración que indica que mediaba duda, ante la falta de acusación, se falló en ese sentido.- Por ello debe rechazarse el reproche del actor relativo a la influencia de la cuestión penal en su caso. Porque mientras en esa sede M. E. J. fue absuelto por la comisión del "delito de adulteración" de la comentada planilla de licencias, a esa altura de los acontecimientos, la Provincia demandada había finalizado la investigación iniciada en su contra para establecer si la conducta por él desarrollada con referencia a ese documento constituía o no un "ilícito administrativo".- Estableció indubitablemente que la planilla-formulario fue falsificada ya que las firmas en ella consignadas no pertenecen ni a la Sra. R., ni a su superior jerárquico, Sr. C. A.. Y más allá de los "fuertes indicios" a que alude, la motivación expone otras conductas, que el órgano decidente consideró, subsumiéndolas en las normas específicas contenidas en el régimen escalafonario que regía la relación de empleo entre ambos, que las mismas configuraban "falta administrativa" aplicando la sanción correspondiente. Investigó hechos acontecidos en su Sede, los consideró probados y realizados por el accionante y dispuso la medida disciplinaria respectiva, que nada tiene que ver con la punibilidad propia del fuero penal.

///-No le estuvo impedido para ello atender las probanzas que se acumularon en el juicio criminal; ni valorarlas al sólo efecto de establecer responsabilidad administrativa.- Al contrario, reunir toda la prueba a fin de esclarecer los hechos objeto de la investigación sumarial, es un deber que no puede soslayar para establecer la verdad material, principio general aplicable al procedimiento administrativo en género (art. 26 inc. 3 del Dto. Ley N° 920 (en el Digesto N° I-18), y con mayor razón al especial sancionador.- La administración soporta la carga de probar los elementos de hecho integrantes del tipo de la infracción administrativa que ha de castigar.-- IV.- Desestimado así este argumento del accionante, debo examinar las demás alegaciones que, para atacar la sanción disciplinaria impuesta por la Resolución N° 139/05 ensaya, calificando de falsos e inexistentes los hechos materiales que se dieron por acreditados para fundar la medida expulsiva.

He detallado el contexto fáctico que rodeó este pleito a través del relato de las actuaciones sumariales. Referí allí a las diversas opiniones legales que se pronunciaron en estos obrados, a las circunstancias relevantes consideradas por la Administración para realizar el reproche a J. y la enumeración de las normas legales atendidas para evaluar la conducta de éste. Sólo debo añadir para completar las circunstancias de hecho del pleito, que no hubo perjuicio fiscal. Pues ///durante la sustanciación de aquél no se efectuó el pago ordenado a R. quien, en definitiva, luego de haber dejado en claro en esa sede y en el juicio penal que jamás había solicitado las licencias, recordando que cada vez que las solicitó le fueron concedidas, desistió del cobro del período que estaba siendo objeto de sumario (2001, 2002), y le fueron abonados únicamente las correspondientes al año 2003. Todo según la Resolución N° 270/04 (del Presidente de la H.L. ad referéndum de la Cámara) cuya copia corre agregada a fs.162 del Expte. del sumario (Nº 020-04-H.L.).-- Analizada la Resolución Nº 139/05, y reiterando lo ya dicho en el acápite anterior, puede decirse que no es cierto que el motivo de la cesantía del accionante sea la no probada autoría en la adulteración de la solicitud de licencias de R., ya que el acto, mas allá de los "fuertes indicios" a que hace referencia, expone las demás infracciones que se le reprochaban "...los graves y reiterados incumplimientos a sus funciones, entre los que se puede mencionar la falta total de control sobre la planilla burdamente adulterada, la remisión de errónea información sobre las licencias no usufructuadas, basadas en la aludida planilla; la falta de firma en dicha planilla de la autoridad máxima, quien autorizaba o no las licencias, el grosero error de foliatura, el no seguimiento de los pasos establecidos para la autorización de la licencia" (7mo. Considerando); conductas que, a tenor de lo establecido en los artículos 12° inciso 5) en concordancia con el art. 5° inc. a) f) y j), corresponden ser sancionadas con la cesantía (art. 10° inc. e)) todos de la Resolución N° 142/03.-- ///-Notificado de la medida dispuesta, el ahora accionante dedujo reconsideración, y al fundarla reiteró los argumentos que trajo a esta Sede, esto es que la normativa mencionada requería reiteración de faltas y que para ello era preciso que acontecieran diversos hechos, y en su contra -esgrimió- se trató de un "núcleo fáctico" (la planilla) del cual la Administración hizo derivar numerosas obligaciones incumplidas. Destacó que el inciso f) no había sido imputado durante el sumario.-- La respuesta de la Honorable Legislatura se vio plasmada en la Resolución N° 151/05 -también cuestionada en esta Sede- que entre otros argumentos refiere a la intervención del entonces recurrente en la confección de la planilla de licencia porque "...es el propio J. quien admite haber estampado su grafía en ella además de introducir la leyenda "razones de servicio" (3er. Cons).- Refiriéndose al encuadre legal de la cesantía el acto administrativo justifica que "...cuando la gravedad de la conducta asumida por el agente en violación a alguno de sus incisos impide la prosecución de la relación laboral;...en tal sentido, no se necesita un incumplimiento reiterado para aplicar la sanción gravosa;" (4to. y 5to. Considerando), relata luego las obligaciones propias del cargo y las del Estatuto del Personal que estima incumplidas, subraya la independencia entre la sanción administrativa y el resultado de la causa penal, reitera que los dichos contenidos en la requisitoria de la elevación a juicio realizada en el fuero penal es un "indicio grave"; ///responde al acuse de "desproporción" de la sanción aplicada invocando que se trata de una potestad discrecional que debe ser utilizada de manera limitada y fundadamente. Expresa que en el caso no hay arbitrariedad ni apartamiento de las formas o normas legales; deja a salvo que se haya invocado el precedente del Tribunal de Cuentas oportunamente incorporado en el procedimiento sumarial, y dice "...pese a la similitud del mecanismo entre éste y el presente..." (29no. Cons.) Arguye que la cesantía no se fundamentó únicamente con el inciso f) del art. 5to. que cuestionó J., y da razones para eliminarlo. Finalmente rechaza la reconsideración deducida contra la cesantía, confirmando su aplicación de conformidad a lo prescripto en el art. 12° inc. 5) por la transgresión de las obligaciones estipuladas en el art. 5° inc. a) y j) del Estatuto de Personal.-- En pos de establecer si los hechos que determinaron tales imputaciones existieron o no en la realidad, si constituyeron transgresiones a los deberes impuestos y si en la imposición de la pena se ha guardado el principio de razonabilidad que se determina por la adecuada proporción entre causas y fines, minuciosamente he cotejado cada una de las piezas del sumario, las pruebas allí reunidas y la escasa aportada a esta causa, atendiendo las alegaciones del actor que pretenden desvirtuar la conclusión administrativa, y surge para mí indubitable, que la conducta desplegada por el Director de Recursos Humanos y Personal de la Legislatura no resultó apropiada a la calidad de las funciones que ese cargo requería.

///-No es cierto como expuso que un único hecho "la planilla de licencia de R." fue sometido a diversas normas legales para aplicarle la sanción. Claramente explicó la accionada que además de ello ponderó otras circunstancias que, subsumidas en el precepto respectivo, consideró como faltas administrativas sujetas a reproche.- Dejando a salvo la autoría material de ese documento, ciertamente es necesario señalar que su participación en él es de por sí censurable, y lo es reiteradamente. Y digo esto porque la lenidad con la que atendió el trámite, le impidió ver lo evidente.- Primero, que no pertenecía a C. A. la rúbrica en el formulario.- El desempeño en ese Poder del Estado -que tuve el honor de cumplir como Diputado- me posibilita poder exponer con total conocimiento, que las características de firmas de los Sres. Secretarios son harto conocidas por todos quienes laboran en la C., pues las mismas circulan habitualmente en un sin número de trámites que por diversas cuestiones se gestionan en las dependencias del Cuerpo. En lo personal, a simple vista advertí que la misma no le pertenecía a ese funcionario, y puede confirmarse incontrastablemente de un cotejo entre ésa y las restantes que obran en el legajo de la actora. Segundo, tampoco se dio cuenta -luego de ver este Legajo- que la firma de R..no era ni parecida a la grafía de R..- Y sin perjuicio de que el cúmulo de funciones pudo hacer que el accionante incorporase en Noviembre de 2002 la planilla al Legajo sin caer en la ///cuenta de que no era A. quien firmaba -indicativo del manejo superficial a que me refería- es reprochable el que no lo hubiese notado que no lo eran ni la una ni la otra cuando debió verificarlo.- No solamente en ocasión de proporcionar su respuesta al pedido expreso de la Secretaria Habilitada, sino antes, cuando debió ver en el Legajo las licencias pendientes de R. para proyectar la Resolución que aceptó su renuncia y habilitó el pago, ya que esta actividad está dentro de las funciones de la Dirección según Resolución Nº 143/03, oportunidad en la que la ostensible disimilitud de firmas de la agente en uno y otro instrumento: el de licencia, y el de renuncia, quedaba manifiesto.- Por tres veces este formulario pasó por sus manos, o debió pasar en función de contralor: cuando le fue presentado en Noviembre de 2002, cuando proyectó la baja y disposición del pago de las que allí figuraban denegadas, en Diciembre de 2003, y al responder a la Dra. R. en el mismo mes.-- Es de señalar también, que el Legajo de la agente R., justamente en la ubicación de esta planilla-formulario de licencias que da lugar a la investigación administrativa, ofrece una numeración de folios que da idea de "intercalación" o agregación extemporánea, lo que indica como mínimo la falta de atención que sobre esta función que también le correspondía -de confeccionar, conservar y mantener actualizados los legajos del personal PL- aplicó el actor.- Su negligencia, a todo evento, permitió acrecentar la "sospecha" sobre la falta de veracidad de ese documento.

///-Pero hay más.- Íntimamente relacionado con lo anterior y debidamente demostrado en el fuero penal y en esta Sede -según concluyeron los dos peritos calígrafos que intervinieron en ambas instancias y confesó el actor- es que la leyenda "razones de servicio" que luce en el mismo, fue colocada de su puño y letra.- Y allí radica la gravedad de la falta cometida.- Gravedad que se acrecienta por varios motivos:

-porque obraba al margen de toda facultad legal, ya que desde ningún punto de vista le correspondía exponer motivos, salvo que se trate de personal que le dependa que no es el caso; él mismo ha expresado en diversas oportunidades del trámite que no tenía a su cargo conceder las licencias, "sólo las informaba".- - porque estaba atribuyendo a otra persona una manifestación cuya certeza desconocía;

- porque en su carácter de Director de Recursos Humanos y Personal, no le resultaba ajena la circunstancia de que justamente la denegatoria por razones de servicio, constituye el único motivo legal hábil para que un dependiente de la Legislatura no pierda el derecho a gozar de sus licencias anuales cuando son denegadas, ni a cobrar la indemnización sustitutiva cuando renuncia (Resol. Nº 77/99 HL), ya que la Resolución Nº 143/03 HL le otorga como Misión la de "administrar los procedimientos y actuaciones relacionadas con los agentes, cargos y/o estructuras, en lo referido al régimen de horario y licencias, y ///aplicación de las reglamentaciones particulares y generales que rigen en materia de administración de personal".- Ninguna razón expuso J. para explicar ese obrar, que objetivamente considerado conducía a perjuicio fiscal, el que no se configuró por haber sido advertida toda esta situación anómala, por otro funcionario.- Las que expresó oportunamente a título atenuante, de que no contaba con el personal suficiente a partir de la jubilación de una empleada del Sector Altas y Bajas, o que laboraba en un espacio de trabajo reducido, o que los elementos informáticos proporcionados no resultaban adecuados, son inaceptables.-- Más reprochable se me ofrece la conducta, si juzgo que ese modo de desenvolverse en el ámbito estatal no se condice con la trayectoria de un empleado de veintisiete años de servicio, en su gran mayoría en el área de personal, según constancias de su Legajo Personal.

En síntesis, tengo la convicción que las causas detalladas en los Considerandos de las resoluciones opugnadas como fundamento de la cesantía existieron y fueron debidamente acreditados. Hechos que, desde que constituyen falta administrativa, fueron legítimamente encuadrados en las normas que aquéllas refieren.

V.- Resta por determinar si la sanción es ajustada al principio de legalidad, pues el actor la acusa desproporcionada.- ///-En principio, debe establecerse que si queda demostrada objetivamente la gravedad de la falta del agente, de magnitud suficiente como para encuadrar en la sanción aplicada, el acto administrativo cuestionado deviene legítimo.- Porque, como ya lo tiene dicho este Tribunal, cuando se efectúan varias imputaciones basta que una de ellas constituya causa suficiente, para que no se pueda tener por arbitraria la sanción a los efectos de declarar la ilegitimidad del acto que la haya pronunciado..." (SD N° 26/91 ("G...."- del voto del Dr. TORREJÓN, SD Nº 01/SCA/10 ("R.")).

En anteriores fallos me he pronunciado respecto de las facultades disciplinarias del Poder Administrador y el alcance del control judicial que sobre ellas puede ejercerse.- Entendí que, en general y por regla, esta actividad de determinar la gravedad de las faltas y la entidad de las sanciones en los casos concretos -que no otra cosa es ejercer esa potestad- refiere a la actividad discrecional de la administración, ya que, no puede la ley determinar todas y cada una de las condiciones de su ejercicio, sino que otorga la potestad, establece algunas condiciones y deja librado a la estimación subjetiva administrativa el resto de dichas condiciones, o la integración de los supuestos de hecho.- Y su control, en este contexto, se aplica a la legitimidad del acto, esto es, a establecer si los hechos o motivos invocados por la Administración para emitirlo, han existido o no en la realidad, si ///constituyen transgresión a los deberes impuestos, y si, en la imposición de la pena se ha guardado el principio de razonabilidad, que se determina por la adecuada proporción entre causas y fines (SD Nº 30/90, 10/91, 14/SCA/99 ("E...."), 2/SRE/00 ("S...."), 04/SCA/00 ("O."-mi voto-) 9/SCA/08 ("C..") y recientemente 01/SCA/10 ( "R....").

Atendiendo a los límites que ha señalado la jurisprudencia en S.D. N° 04/SCA/01 ("F....") y más tarde en SD N° 9/SCA/08 ("C.."), cité a Julio COMADIRA ("El exceso de punición como vicio del acto administrativo" en Derecho Administrativo - Abeledo Perrot 1996, págs. 73/87), quien reseña doctrina de la Corte Suprema que destaca el carácter discrecional de la actividad disciplinaria a la que antes me he referido, aunque no de un modo homogéneo, ya que en algunos casos consideró exenta de control judicial esa actividad (Fallos 275:52, 62, JA 1984-574) y en otros, aún sosteniendo la facultad de libre apreciación de las faltas por el Poder Administrador, admitió que el control de legitimidad debe ejercerse, ponderando entre otras cosas "el prudente y razonable ejercicio...porque no es admisible una actuación discrecional e irrevisable" de las mismas" (LL 1984-D-429).- Culmina el autor adhiriendo a esta última posición -en la que dice enrola GARCÍA DE ENTERRÍA- estimando que la valoración debe partir de la constatación de los hechos reales, como una de las posibilidades más eficaces del control de estas potestades.- En el mismo sentido, PALOMAR OLMEDA, tratando el principio de proporcionalidad -que ///considera una especie del de congruencia- y el control judicial de los límites de la potestad disciplinaria, expone, con jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, que la justicia debe analizar si la calificación de la falta es adecuada, si queda probado incuestionablemente que los funcionarios sancionados incurrieron en falta, y si la sanción aplicada es compatible con la falta cometida...teniendo en cuenta que en el Derecho Disciplinario predomina la valoración ética de la conducta subjetiva a depurar sobre el resultado de peligro o lesión a un bien jurídico (Derecho de la Función Pública- pág. 535/538).- Y luego refiere -COMADIRA- que este es el criterio que viene ganando adeptos en el orden nacional: "La apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenece al ámbito de las facultades discrecionales del tribunal administrativo, ejercicio éste que no debe ser sustituido por los jueces a quienes sólo cabe revisarla en caso de arbitrariedad manifiesta.- Sólo cabe apartarse de las sanciones impuestas por un tribunal administrativo si del examen de los hechos concretos surge que las mismas no guardan proporción con la falta imputada... si lo hechos o antecedentes invocados no han existido, no son reales..."(CN Civ. Sala A "Sánchez Carolina..." del 20/10/93); "la autoridad administrativa posee amplias facultades para valorar y calificar los hechos y determinar las sanciones cuando no se ha acreditado que la medida impugnada se encontrara viciada de arbitrariedad" (SCBA - AyS 1988-III-579 y sus citas);"Las sanciones disciplinarias no son un castigo en el sentido del derecho penal, sino un medio que dispone la autoridad pública para ///conservar el buen orden del servicio y la observancia de los deberes prescritos", (CN Fed. Contencioso Administrativo, sala III, abril 24-997. LL-Suplemento de Jurispr. de Dcho. Administrativo del 28/05/98, la misma Sala in re "Suárez..." del 5/7/84 y "Gorrini..." del 17/10/96, Sala IV -"Del Cuadro..." del 30/9/93; ST Sgo. del Estero - 18/8/98 - LL NOA 1999-67- Reseñas LL 10/6/99 ; CJ de Salta "Acosta de Arajona..." del 13/3/97 - LL NOA 1998-4-45 Reseñas LL 30/10/98 y en "Luna..." del 19/6/98 en LL NOA 1998-319 - Reseñas LL 19/3/99; CSJN Fallos 303:1029; 304:1033; 305:102, 306:1792; 307:1282)".- Jurisprudencia toda que esos fallos toman.

Y no encuentro en el caso arbitrariedad, desproporción o irrazonabilidad.-- Se trata asimismo de un cargo jerárquico, en cuya dependencia descansan funciones importantes, a más de las ya detalladas; así la reglamentación le atribuyó entre otras: la intervención en la interpretación y la aplicación de los preceptos en materia de Administración de Personal, el control en las actuaciones administrativas que competan al sector; la confección, conservación y mantenimiento de los legajos personales de los agentes de la Honorable Legislatura, el orden y archivo de éstos; el deber de informar el área contenla cualquier modificación que implique variación en la liquidación de haberes de aquéllos, incluso si se trata de medidas judiciales, tramitar las actuaciones administrativas referidas a altas, bajas, adscripción, reubicación, licencias y francos ///compensatorios del personal interviniendo "...respecto del otorgamiento en los dos últimos supuestos" ; asesoramiento de superiores jerárquicos respecto de temas relacionados a la administración de los recursos humanos y supervisar el contralor de la asistencia del personal. Prácticamente reposa en esa Dirección, toda la administración de personal de la honorable Legislatura.- Por ello el requerimiento de Título de Licenciado en Administración de Personal, o bien la experiencia no inferior a diez años de servicios efectivos en cargos similares, que traía J. y determinó la posibilidad de su acceso a ese cargo.- Con todo ello, y tal como fallé en la reciente Sentencia que he glosado, considero que "...En tales casos, es exigible una mayor diligencia y responsabilidad, y así ha sido considerado por la jurisprudencia a la hora de ponderar la legitimidad de la sanción.- Así lo señaló la Corte Suprema en Fallos 314: 1251 ("Recurso de Hecho...en la causa "Sambucetti..." del 8 de Octubre de 1991) en el que descalificó la Sentencia de Cámara que había dejado sin efecto la sanción pese a que "la responsabilidad de . se hallaba acentuada por el cargo que desempeñaba...".- También es de considerar, que el Régimen de Estabilidad, Derechos y Obligaciones del Empleado Legislativo - Res. Nº 142/03- menciona en el art. 12 inc. 5 -aplicado al actor- como causal de ///cesantía, el "incumplimiento reiterado de obligaciones", reiteración que estimé estaba dada por diversas conductas aunque fuere con relación a un mismo documento- o cuando la gravedad de la conducta asumida por el agente en violación de sus deberes "impide la prosecución de la relación laboral".

Alude de esta manera a la pérdida de confianza, ya que, como ha dicho la Corte suprema de Justicia de la Nación "en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores sobre la corrección con que presta el servicio, la separación del cargo -mediante la debida aplicación de las normas estatutarias- no puede calificarse de manifiestamente arbitraria (Fallos 305:102, considerando 6°) "...en el ejercicio de esas facultades disciplinarias ha de reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores en juego (causa C.394.XXII...) -alude a Fallos 304:1335, antes los cita. (SD Nº 01/SCA/10 - "R..").

Y la función de Director de Recursos Humanos que el accionante tenía a su cargo, no deja dudas al respecto; en ella la confianza es esencial.

Finalmente -frente a la queja del actor- ha de reconocerse que los antecedentes, como índices del comportamiento, también tienen su importancia para valorar las acciones, y especialmente las sanciones.- Y el de similares características a la conducta objeto de reproche, que aquél prefirió minimizar en el escrito de demanda cuestionando en el ///juicio su consideración, está acreditado por el Expte. N° 14337- TC- 93 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.- En él, por Acuerdo N° 41/96 (fs. 178 y vta.) en el año 1993, se le formularon cargos a J., cuando estaba a cargo de la Dirección de Recursos Humanos del entonces Ministerio de Bienestar Social, por la suma equivalente al dinero que, en concepto de licencias no gozadas, se le liquidó a un funcionario que cesaba, y en sentido contrario a dicho pago se había pronunciado el Asesor Legal del Tribunal de Cuentas en forma previa. También surge de esos obrados que debió el Estado provincial iniciar demanda al hoy actor para la devolución de esos valores.

Como lo expresa la Suprema Corte de Justicia de Mendoza "Las sanciones administrativas aplicables a los empleados públicos, deben respetar el principio de proporcionalidad con la falta cometida, más en la graduación de la sanción también tienen incidencia decisiva los antecedentes del agente, pues éstos son indicativos de su personalidad y de la gravedad de su inidoneidad" ("Farran Pedro Roque."- Fallo: 93199152 - 1993/04/06 -elDial - MZ2BBC.

En mérito de lo expuesto, juzgo que la nulidad planteada contra la Resolución de cesantía, su aprobatoria y aquélla por la cual se rechazó el recurso jerárquico, debe ser rechazada, y en consecuencia, ///corresponde desestimar la demanda.- Así voto y en consecuencia, no analizaré las pretensiones subsidiarias y conexas.

A la misma cuestión el Dr. ROYER dijo:-- 1.- Persigue el Sr. M. E. J. la nulidad de la Resolución N° 139/05 del Presidente de la Honorable Legislatura de la Provincia que -ad referéndum de la Honorable Cámara- le impuso la sanción de cesantía, como culminación del procedimiento sumarial que el mismo funcionario ordenó oportunamente.- Impugna también la facultad de éste para ordenar la instrucción, la aprobación que de la sanción efectuó la Cámara (por Res. N° 111/05 HC), y la Resolución N°151/05 dada por el Presidente también ad referéndum (aprobada ésta por Resolución Nº 125 de Cámara) que rechazó el recurso de reconsideración que intentó en su contra. A resultas pretende el resarcimiento de los daños y perjuicios que cree derivados de la ilegítima medida expulsiva, daño moral y los salarios dejados de percibir hasta su reincorporación.- Sus cuestionamientos son variados; desde la competencia del Presidente de la Legislatura para originar el proceso sumarial, solicitar la colaboración de la Dirección de Sumarios de la Provincia para su instrucción y disponer la sanción -aún "ad referéndum"- pasando por la afectación de su derecho de defensa durante el procedimiento disciplinario, hasta la motivación de la medida sancionatoria impuesta y la desproporción de la misma.

///-2.- Adheriré por no sobreabundar, a la relación que efectúan mis predecesores en el voto, de la demanda, contestación, el sumario administrativo, la causa penal.-- 2.1.- Resumiré sucintamente aquellos sucesos pertinentes, según han sido acreditados con las constancias documentales respectivas- para otorgar un marco apropiado a la solución que propicie para la resolución del pleito, a saber:- -El Sr. J. se desempeñaba, al merecer la sanción que opugna, como Director de Recursos Humanos de la Honorable Legislatura de la Provincia, en donde ingresó en 1998, contando a la data en que se produjo su cese con antigüedad de 27 años de servicio, la mayor parte de este tiempo laborados en áreas relacionadas con el manejo de recursos humanos en distintos Organismos estatales, según veo en su Legajo Personal.-- -La jerarquía propia del cargo mencionado, determina que además de los deberes y obligaciones propios de todo dependiente de la Honorable Legislatura, consignados en Régimen de Estabilidad, Derechos y Obligaciones regulados por Resolución Nº 142/03 HL, específicamente debía atender los establecidos en la Resolución N° 143/03, que aprueba la estructura del Poder -misiones y funciones de sus órganos dependientes. Allí, entre otras funciones se le fijaba la de ///"...controlar las actuaciones administrativas que competan al Sector, ordenar y/o archivar los legajos de los agentes, efectuar la tramitación de toda actuación administrativa respecto de altas, bajas, adscripción, licencias y francos compensatorios del personal, intervenir respeto del otorgamiento en los dos últimos supuestos...".

-Por causa de esta "intervención" que le ordena el precepto mencionado en último lugar, es que M. E. J. resulta procesado en sede administrativa y por ante el fuero penal.- El reproche tiene su génesis cuando, en ocasión de presentar su dimisión al cargo la agente E. R., y aceptarse la misma ordenando el pago de licencias no gozadas correspondientes a los años 2001 y 2002, llega a la Secretaría Habilitada para su firma el cheque para ese pago.- La funcionaria dice sorprenderse por el importe, por lo que requiere al ahora actor un informe acerca de tal situación. Así el 26 de diciembre de 2003, J. -por Nota- informa que la renunciante tenía pendiente de goce los días de vacaciones correspondientes a estos períodos aludidos, en tanto -dijo- las del 2003 no le correspondían por la data de la renuncia. Lo cual desde ya es un error porque la baja se produce en Diciembre de ese año y según el Régimen de Licencias -Resolución N° 77/89- tenía derecho a percibirlas; pero esto no llama la atención.

-En la misma oportunidad requiere la Sra. Secretaria la remisión del Legajo de la mencionada agente, comentando luego, en Nota que dirige a Presidencia y amplía en el sumario, que como consecuencia ///de un pormenorizado análisis del mismo, verificó la existencia de irregularidades en la planilla donde se denegaban los días de licencia que constituían el objeto del pago -2001 y 2002-, en particular observa disimilitud de firmas de la solicitante y de su superior, Sr. A., entre las obrantes en este formulario y las otras existentes en el legajo, a más de otras irregularidades, como un evidente error de foliatura.-- - Bien sorprendió la suma a la Sra. Secretaria, pero en verdad así fue, no tanto por las "irregularidades" del área personal imputables a M. J., sino del Sector Contable que liquidó el doble, como luego lo hace saber y rectifica.

-Sin embargo, con lo informado por la Sra. Secretaria el Presidente de la Honorable Legislatura ordena la sustanciación del sumario administrativo para deslindar las responsabilidades que pudieran corresponderle al actor -no así, y me asombra la desigualdad de trato, al responsable del Contable cuyo error fue más que gravoso- pidiendo la colaboración de la Dirección de Sumarios en el área del Ejecutivo.- Además, el entonces Fiscal de Estado realizó una denuncia por ante la Justicia Ordinaria a fin de establecer si ese instrumento en el que se pedían las licencias estaba adulterado y, en su caso, se estableciera la autoría de tal falsificación.

/// -Ambos procedimientos siguieron su cauce normal y arribaron a distintos resultados.- En sede administrativa finalizada la etapa instructoria, emitió las Conclusiones el Departamento de Instrucción Letrada, que luego de describir las circunstancias objeto de su análisis, en la valoración mencionó "...los elementos de prueba arrimados ...son coincidentes en desconocer como solicitada la licencia que figura identificada como folio 402...y suscripta de puño y letra de quienes debieran reconocerlas como propias, la interesada...R. y su Superior Jerárquico ...A.; .de no existir el requerimiento de licencias supuestamente no autorizadas por el superior jerárquico, ésta habría perdido la potestad de percibir la remuneración equivalente...es manifiestamente grosero el error en la foliatura del legajo a partir de la solicitud mencionada, y . la triple foliatura en documentación de tal importancia, no se condice con una "mera equivocación de quien en ese momento foliara el Legajo" como lo expresó ...J. en su Declaración Indagatoria...máxime cuando de tal requisitoria resultan efectos jurídicos y patrimoniales de tal envergadura...la conducta ...además de contradecir lo estatuido por la Resolución N° 142/03 de la ...Legislatura art. 5° a) y j) es violatoria de lo que tiene establecido por Misiones y funciones...".- Con ello propicia "...aplicar ...la sanción prevista en el art. 10° inciso d) ...Res. 142/03 "suspensión mayor de hasta treinta días, sin prestación de servicios ni percepción de haberes...sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales en que pudiere incurrir el agente. Por aplicación ...art. 11 inc. 3) "Negligencia en el cumplimiento de sus funciones" y del ...inc. 4) "incumplimiento de las obligaciones del art. 5° siempre y cuando la gravedad del hecho no merezca sanción más grave o torne ///imposible la prosecución del vínculo laboral" (fs. 114/118 Expte. N° 020-04-HL).

-Corrido traslado al sumariado deduce descargo a fs. 123/128 de esos obrados. Y luego -ida y vuelta a Legislatura que nuevamente solicita colaboración a la Dirección de Sumarios- su titular dictamina.- Detalla los antecedentes entre los que se hallaba copia auténtica de la causa penal aún en trámite, y justamente refiriéndose a la requisitoria de elevación a juicio efectuada en ella, expresa que se le atribuye a J. "...el hecho investigado ...atrapado en los extremos del art. 292 del C.P. falsificación de documento- al haber el imputado imitado, con apariencia de genuidad...la firma de la empleada de la Legislatura...con el fin de que se abonaran en concepto de vacaciones no usufructuadas una significativa cifra dineraria en perjuicio del erario provincial, sin que haya ninguna documentación respaldatoria que demostrara que esa licencia fue denegada...se encuentra debidamente acreditada la adulteración de la solicitud de licencias por vacaciones...como así también el error de foliatura...se efectuó una liquidación de las licencias...correspondientes a los años 2001, 2001 y 2003 por la suma de ...$ 20.311,72, cuando en realidad correspondía la de...$ 10.765,21 lo que de no haber sido advertido oportunamente habría producido un perjuicio al Erario Público...resulta injustificable que el agente J. haya incorporado de su puño y letra en la solicitud la leyenda razones de servicio, siendo que ello era una prerrogativa exclusiva del jefe directo de R....el agente sumariado podría ser corregido disciplinariamente ///con la sanción de CESANTÍA prevista en el art. 10° inc. e) en función de lo establecido en el art. 12° inc. 5) de la Resolución N° 67/03 HL por haber obrado en violación a lo establecido en el artículo 5° inciso a) y f)..." (fs.149/150 y vta. Expte. Adm. N° 020-04-HL).- -El mismo expediente da cuenta (fs. 161/165) que en definitiva la renunciante R. percibió la suma equivalente a los días de licencia anual reglamentaria del período 2003 por la suma de $5.183,36, pues desistió de los demás, lo que determinó la rectificación del acto administrativo que ordenaba dicho pago.- -El 9 de Junio de 2005 por Resolución N° 139/05PHL el Presidente de la Honorable Legislatura del Chubut "ad referéndum" de la Cámara aplicó la sanción de cesantía a J. invocando el encuadre legal citado en el Dictamen mencionado.- 2.2.- Así es como M. E. J. por una medida expulsiva cesa en su cargo de Director pues la Administración tuvo por probados los hechos que investigó, y consideró conveniente despedir al actor, ante la imposibilidad de continuar la relación laboral, según lo exponen los Considerandos del acto (ampliaré sobre estos fundamentos más adelante).

Por otra parte en la Justicia Ordinaria, si bien había mediado una requisitoria fiscal de elevación a juicio que endilgaba la autoría de la "planilla" a quien hoy acciona para fundar su petición, una vez ///concluido el trámite y elevado a Cámara, la Sra Fiscal manifestó que no pudo refutar el descargo del imputado, que A. no estaba en funciones al momento del suceso (aunque en esto creo se equivoca pues declara en la sede administrativa que sí estaba en funciones), que el Sr. R. había estimado que la firma que figura en la planilla en la parte que atañe al Jefe del Sector podría pertenecerle (del Acta de Debate :"era parecida a la suya, es muy probable que sea su firma"), y que no existía perjuicio fiscal.- Por ello, no tenía convicción fehaciente de que el documento hubiera sido falsificado, y no llegó al estado de certeza sobre la confección ardidosa o falsa del mismo, pidiendo absolución.- Así, con fundamento en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Tarifeño" el 31 de agosto de 2006, la Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Trelew absolvió al accionante.-- El primer votante de la Cámara Dr. Roberto Rubén PORTELA, no obstante, no se limita a ello.- En su voto, dijo concordar -especialmente por lo dicho por R.- con la Sra. Fiscal, y añadió "esta manifestación conduce a la duda sobre el reproche que concretamente se ha formulado a .J..Se cierne sobre la circunstancia apuntada un serio manto de duda que apuntala la absolución del imputado.", a lo que el Dr. Fabio MONTI adhiere.-- ///-3.- Con esta breve reseña de los hechos de la causa, habré de concordar con los Ministros que me precedieron en el voto sobre la solución dada a los planteos formales traídos a la acción.

3.1.- La incompetencia del Sr. Presidente para disponer la sustanciación del sumario, solicitar la colaboración de un órgano imparcial y específico cual lo es la Dirección de Sumarios, no es objetable a la luz de la reglamentación dada por la Resolución Nº 142/03.- Tampoco la que se le endilga para aplicar la sanción, expresamente prevista en el art. 19 de aquélla.- Pero si alguna norma del Reglamento Orgánico -la cita el Dr. CANEO- puede dar lugar a desinteligencias al mencionar como facultad del "Poder", esto es, la Honorable Cámara, la remoción, han quedado superadas cuando otorgó aprobación al acto.- Ello no es sino la aplicación práctica de la relatividad del vicio de incompetencia, claramente establecido en la preceptiva del Dto.Ley Nº 920 (en Digesto Ley Nº I-18), art. 39.- Es ocioso sobreabundar en esta cuestión.- 3.2.- También lo es, la que atañe a una eventual afectación de la defensa.- No es cierto que haya sido retaceada en el procedimiento sumarial -por el contrario.- La lectura de las actuaciones evidencian que J. tuvo todas las oportunidades que la Ley le brinda para producir pruebas, descargos y hasta solicitar medidas, y fue atendido (vg. la instrucción accede a lo que requiere en indagatoria, y el Director de Sumarios valora que la defensa "nada quita ni aporta al ///objeto de la investigación...no es más que una ampliación de los argumentos defensivos..." (fs. 150 - Expte. del sumario).- Tampoco es cierto que se le hayan modificado los cargos, salvo en lo que refiere a la transgresión del art. 5 inc. f) que el propio Poder Legislativo corrigió.- Sí se modificó el asesoramiento sobre la pena que podía corresponder, pero en esta cuestión adheriré sin ambages a la opinión fundada del Dr. PASUTTI.- El sumariado no debe defenderse de penas.sino de cargos.- Es el penado el que se defiende de penas, por la vía del recurso, ya que la potestad de aplicarlas no es propia del sumariante, el Departamento Instrucción, el Director de Sumarios o cualquier Asesor Legal, que sólo opinan de un modo no-vinculante.-- 3.3.- Insistiré -ante estos ataques adjetivos- en lo ya dicho en otros pronunciamientos.- En S.D. N° 09/SCA/08 (in re "C....") donde reiteraba la S.D. Nº 2/SCA/04 (in re "F.".) señalé "el carácter instrumental de las formas, de tal suerte que su trascendencia se mide con relación directa al acto final. En el marco del procedimiento ...aún el concepto de indefensión es relativo, y su valoración exige colocarse en una perspectiva dinámica o funcional, que permita el procedimiento en su conjunto y el acto final como resultado de la integración de trámites y actuaciones de distinta clase y procedencia. Adquirirá relieve el vicio procesal -en el marco del Derecho Administrativo- cuando su existencia ha supuesto una disminución efectiva, real y trascendente de garantías, incidiendo así en la decisión de fondo y ///alterando, eventualmente su sentido, en perjuicio del administrado y de la propia Administración".- Que ".la apreciación de si el quebrantamiento cometido entraña nulidad depende de la importancia que reviste, de las derivaciones que motive, de la situación o posición de los interesados en el expediente, y en fin de cuantas circunstancias concurran apreciadas en su verdadero significado y alcance para invalidar las consecuencias de los actos o mantenerlos.ponderando lo que hubiera podido variar el acto administrativo origen del recurso".

Y ninguna de las hipótesis que he descripto advierto en el sub-lite Tampoco veo que se hayan incumplido en la sustanciación del procedimiento las normas del Procedimiento dado en el Dto. Ley N° 1510 (I -18- sección II) -de específica aplicación por la previsión contenida en el artículo 20° de la Resolución N° 142/03- habiéndose asegurado a quien hoy acciona la garantía del debido proceso adjetivo.- Todo ello desmiente su planteo de conculcación de los principios constitucionales invocados.-- Sin perjuicio de lo dicho añadiré, en orden a este tipo de falencias argüídas, que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene sosteniendo que las deficiencias en el procedimiento administrativo pueden corregirse en la oportunidad que tiene el actor de ocurrir ante la instancia judicial, posición que se complementa con la afirmación de la "inexistencia de la violación del art. ///18° de la Constitución Nacional, si el recurrente no indica las defensas o pruebas de que se habría visto privado a consecuencia del trámite impreso en la causa (CSJN Fallos 276:40, 290:293; 299:307; LL Tomo 134-89, 1975-B-200; JA 1992 - II-579). "Los defectos del procedimiento administrativo son insusceptibles, en principio de ser revisados por la Corte, máxime si no se acredita el perjuicio irreparable derivado de los mismos ya que las deficiencias pueden corregirse con la oportunidad que tiene el actor de defenderse, probar y alegar en sede judicial" (CS -276:134; 267:393, SCBs.As. Causas: 43.311, 47.650,47.468, entre otras, Cám. Nac.Cont.Adm. Fral. Sala V - "Lenger, Sebasdtián..." 28/10/98, este STJCH conf.: S.D. N° 39/93)". Criterios que recientemente apliqué en SD Nº 01/SCA/10 ("R..").

4.- También en concierto con mis Colegas, debo afirmar, que no fue obligatorio para la autoridad, esperar el resultado de la causa criminal, en razón del principio de independencia que -bastante sucintamente- acoge la Resolución Nº 142/03 en su art. 10 "in fine".-- 4.1.- Hace unos días fallé en SD Nº 01/SCA/10 ("R....") y lo reitero ahora para el sub-judice "...No está establecido en la norma especial que rige en el caso espera ninguna". Estas reglas, no hacen sino seguir la opinión del maestro FIORINI, quien afirmaba que "la independencia funcional de la sanción disciplinaria y la penal demuestra que la Administración Pública, ante el resultado del ///sumario administrativo, podrá decretar la sanción que administrativamente corresponda sin esperar el resultado de la investigación delictiva, y la existencia de un sobreseimiento definitivo no puede ser motivo para liberar al agente de los resultados que surjan del sumario administrativo".- Y añade "la inocencia criminal no significa que no pueda ser culpable de faltas administrativas" (Derecho Administrativo - Abeledo Perrot - Tomo I - pág. 853/854).- Y si bien consideré, en el precedente comentado -compartiendo con los Ministros prevotantes- la opinión de que es aconsejable esperar a que se expida la Justicia Penal, lo cierto es que la Administración no estuvo obligada hacerlo. Lo que también es aplicable a esta causa.- 4.2.- Previne "...que dado el supuesto de que la justicia criminal decida sobreseimiento o absolución, si ante el reclamo del sancionado la Administración no muta la pena y aquél estima que es procedente, debe acudir a la revisión judicial por la vía contencioso-administrativa.- Y es entonces esta justicia -competente- la que en definitiva ameritará la influencia -que podrá ser o no decisiva" .

Agregué que "...en aquella función -la revisora contencioso-administrativa- el juez habrá de discernir la influencia de ese resultado en orden a la legitimidad del acto, sin desmerecer las facultades discrecionales de la Administración, y sin reglas fijas, pues los ///supuestos que pueden producirse son variados, y en algunos -estimo- lo resuelto posee relevancia, y amerita su ponderación".

Afirmé que allí que "habrá de imponerse la justicia del caso concreto" y lo reafirmo para el caso en estudio.-- 5.- Ingresaré entonces a las defensas de fondo de las que se vale J. para nulidecir la Resolución Nº 139/04: cuestionando su motivación al afirmar que se basó en hechos falsos e inexistentes.y/o.que la pena fue desproporcionada.

En SD N° 5/SCA/00 ("Las.") traía también a FIORINI y expresaba- "la juridización del Derecho disciplinario moderno supera el antigüo y autoritario mando del jerarca, que imponía sanciones represivas en forma discrecional, y sin calificación normativa previa.- Hoy -aún aceptando la imposibilidad de tipificar la variedad de faltas disciplinarias posibles en las que el agente público puede incurrir- existe un derecho disciplinario sustancial que establece una escala de faltas a las que corresponden determinados rangos de sanciones, y un derecho disciplinario adjetivo o procesal, que regula la forma de comprobar, verificar, investigar el incumplimiento que ha provocado la falta del agente, con consagración expresa de las garantías de defensa del investigado o imputado, y la imparcialidad del órgano instructor.- ( Derecho Administrativo - Tomo I - pág. 843/846).- ///-Dije también que "en este marco, la falta administrativa importa la transgresión de los deberes, o la incursión en prohibiciones previstas por las normas estatutarias.- Con ellas, se corresponden las penas, graduables en orden a la gravedad de estas faltas y sus circunstancias concomitantes, agravantes o atenuantes del ilícito administrativo".-- Analicé la relación de empleo público -sin entrar a considerar las teorizaciones que dividen la doctrina por considerar su naturaleza estatutaria o contractual- y sostuve que "se encuentra regulada, acotada, predeterminada por un conjunto normativo -de nivel general o especial- que ha dado en nominarse unívocamente como Estatuto, caracterizado -y sigo siempre a FIORINI- por una prodigalidad normativa que procura compendiar las situaciones jurídicas diversas que la vinculación plantea, y responde a un esquema casi general: ingreso, condiciones, obligaciones, prohibiciones, derechos, régimen disciplinario, recursos... (tomé la misma obra citada antes- pág.787/792).- Y entendí en "estos deberes y prohibiciones -excesivamente detallados a juicio del autor- están siempre orientados por los valores que integran los bienes comunes, pues -a diferencia del trabajador privado- su labor se encuentra comprometida con aquéllos, según corresponde a una empresa social, como es el Estado.- De allí que alcanzan, no sólo a los ámbitos laborales donde actúa, sino que abraza su proyección exterior: dedicación al servicio y comportamiento deontológico dentro y fuera del servicio".

///-Destaqué también que -entre otros- que "uno de los primeros deberes de los varios mencionados por las normas estatutarias en general, es el de dedicación al cargo o al servicio.- El carácter profesional que tiene el trabajo del agente estatal cualquiera que fuere, justifica la especificidad de cómo debe realizar su servicio.- El agente no puede mantenerse ajeno a la actividad estatal que realiza, la que deberá ser eficiente, proba y de respeto a los administrados.- Su consagración al trabajo deberá ser diligente, productiva y responsable..." 5.1.- Es cierto que como principio, el poder disciplinario de la Administración se mueve en un marco dentro del cual la gravedad de las faltas cometidas por sus agentes es materia de apreciación discrecional, como así también la entidad de las sanciones aplicables.- Y en cuanto a la necesidad de su "encorsetamiento jurídico" y la revisión judicial, en la SD N° 4/SCA/04 ("R..") trayendo la jurisprudencia de este Cuerpo decía "que la absolutez que la doctrina propone como premisa para ello, será de práctica imposible en muchos casos en que las normas otorgan un grado de libertad aceptable a la voluntad administrativa, propia de su reserva, lo cual constituye un escollo para la revisión judicial, debiendo establecerse entonces en cada caso concreto, cuándo el accionar administrativo es objetivable, según pautas regladas y concreciones posibles, y cuándo hay efectivamente discrecionalidad, y en qué grado, y su posible ///revisibilidad, quedando la misma en todo caso limitada a la determinación de la existencia de arbitrariedad manifiesta o irrazonabilidad.- Y traía el art. 26 inc. 1- a) y b) del Dto. Ley 920 (en Digesto Ley Nº I-18) cuando dice -refiriéndose a las facultades de los órganos- "en los casos en que por la ley, o disposición basada en ella tienen el poder de decidir según su libre apreciación, la decisión debe tomarse dentro de los límites del poder atribuído y de conformidad con la finalidad para la cual ha sido conferido...aún cuando tienen la facultad de decidir según su propia convicción (art. 26 inc. 1 -a) y b))".- Citaba a Domingo Juan SESIN que destaca "la sujeción en la aplicación de estos conceptos al control judicial, la cual subjetiva "complicada" pues se corre el riesgo de sustituir un criterio administrativo "opinable" por una decisión judicial que trasunte un juicio de valor "discutible"... Pero, agrega, para determinarlo así, habrá de estarse a los supuestos fácticos concretos, y, en algún caso, habrá de reconocerse un margen de apreciación, como una particular modalidad discrecional, que por ser privativa y subjetiva, quedará exenta del control judicial...en estos casos la revisión se limitará controlar la integración de la libertad dentro del ordenamiento jurídico....Esto es, cuando la propia realidad del objeto o situación admite márgenes de opinabilidad...cuando no existe posibilidad de reconducción a pautas objetivas, cuando se trate de verdades relativas, que no pueden ser convertidas en "ciertas ", ni por el administrador, ni por el juez... (Administración Pública, actividad reglada, discrecional ///y técnica - Depalma 1994).- Existe, se insistía, un margen de reserva irrevisable, o limitadamente revisable de acuerdo a pautas de razonable tolerancia, lo cual debe analizarse frente a las particularidades de cada caso concreto, atendiendo a los actos, sus elementos, a las normas que confieren las potestades por las que se ejercitan, y -como siempre- al coto que al quehacer administrativo imponen la ausencia de arbitrariedad manifiesta, la logicidad, la razonabilidad".

Que la actuación discrecional debe ser racional y justa, y la circunstancia de que la Administración obre en ejercicio de facultades discrecionales no constituye justificativo de conducta arbitraria, pues es la razonabilidad con que se ejercen estas facultades el principio que otorga validez a los órganos del Estado, y que permite a los jueces ante planteos concretos de parte interesada verificar el cumplimiento de dicho presupuesto, ha sido desde antiguo aceptado y enseñado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 304:121, 305:1489, 306:126, 313:153 entre otros), y receptado, casi unívocamente, por otras Cortes de Provincia (vg. TS Neuquén "Atilio Jorge..." Ac. 371/95, "Dantas..." - Ac. 383/96, "D´Alesson..." Ac. 582/99, "Boticcelli..." Ac. 599/99) y Tribunales inferiores.- De ningún modo, ha dicho el Cimero Cuerpo, "la discrecionalidad implica una libertad de apreciación extralegal, que obste a la revisión judicial de la proporción o ajuste de la alternativa punitiva elegida por la autoridad, ///respecto de las circunstancias comprobadas, de acuerdo con la finalidad de la ley" (Fallos 321:3103).- Y para determinar ello, ha dicho que "la revisión de los actos disciplinarios emanados de la Administración, comprende el control sobre la debida aplicación de las normas estatutarias de manera tal que los hechos se configuren adecuadamente y que la sanciones se ajusten a su texto legal" (Fallos 259:266, 267:77, 278:131, 306:1792).

FIORINI lo dice de este modo "El control judicial no juzga la apreciación o juicios que sirvieron al administrador para aplicar la sanción, siempre que no desborde en arbitrariedad la que se revela cuando no existen las pruebas que lo motivaron, o se excluyeron las que sustentan un criterio distinto o se manifieste un juicio de gravedad sin sustento de razón, pruebas o hechos que lo justifiquen" (Ob,cit. pág. 861).- También es indiscutible, que un acto es irrazonable cuando está ausente de sustento verdadero o justo para el caso que se trate.- Ello entendiendo la razonabilidad como criterio de selección y de ponderación (proporción) de la solución jurídica, o como equivalente a la justicia, representando en ambos casos un factor de suficiente razón del derecho (LINARES Juan F. "La razonabilidad de las leyes" - Astrea 1970 - pág. 170 y sigs.).- 5.2.- Dogma que aplicado al caso concreto, me permite establecer, como lo hicieron los Sres. Ministros, que indudablemente ///la conducta del accionante juzgada en relación a la tan cuestionada solicitud de licencia de la agente R., importa falta administrativa y es merecedora de sanción.

Lo es, por haber omitido atender que la rúbrica que la misma contenía como perteneciente a al Jefe de Sector, no era de los rasgos propios de C. A. cuando debió hacerlo.- Un deber éste -debe reconocerse- involucrado en el de diligencia por la experiencia, en la medida en que entiendo, como lo dijo la Asesora Legal del Poder, que "...la firma de un jefe de sector es por demás conocida en esta H.L., más para quienes trabajan en Recursos Humanos" (fs. 158 del Sumario Administrativo). Dichos estos que fueron coincidentes con la expresión del Dr. PASUTTI en el sentido que específicamente las firmas de los Secretarios es notoria para los empelados de la Legislatura; y el superior de R. era justamente el Secretario de Enlace.-- No menoscabaré sin embargo sobre el punto las defensas de J., sobre la escasez de personal y limitaciones con que desarrollaba sus funciones que no fueron rebatidas por la Provincia.- El "no darse cuenta", en el devenir de la labor diaria, puede ocurrir; lo que acontece es que ocurrió por tres veces, las señaladas por ambos preponentes.- En la primera oportunidad, debió devolver el fomulario para que las firmas fueran aclaradas con el sello respectivo, o a mano, ///en particular la de la agente renunciante si no lo poseía, y así hubiera evitado el perjuicio que le devino después.- Mucho más censurable es haber "justificado" que "razones de servicio" impedían el goce de una licencia, cuando ello no era una potestad propia del cargo que desempeñaba, sino del superior inmediato de la nombrada, atribuyendo la leyenda a quien había firmado -quién sabe quién por no aclarada.- Y estimo que este proceder importa una irregularidad grave.

Así porque en su carácter de Director de Recursos Humanos y Personal, con un fluido manejo de la reglamentación vigente en materia de bajas y licencias, añadió una pauta específica en la solicitud de una agente a partir de la cual ésta tendría un derecho que hasta ese momento no gozaba, tal la posibilidad de gozar -o en caso de baja percibir como indemnización sustitutiva- esos días de vacaciones.- Y así proyectó -y si no lo hizo personalmente debió controlar- la Resolución que aceptaba la renuncia.-- Pero también es verdad que la Resolución Nº 139/04, que afinca en el Dictamen del Director de Sumarios y de la Asesora de la Casa, consideró -para abonar la pena que sugirieron y se adoptó- los "fuertes indicios" sobre la adulteración que pesaban sobre J., y ambos valoraron la requisitoria fiscal y la pericia dada en la sede penal, que era bien dudosa con respecto a esa posibilidad.- Así aunque la causa ///no estaba concluida (se ve aquí harto clara la conveniencia de esperar la decisión judicial.).

Pero esta duda luego quedó despejada.- Por la experticia brindada en autos, de resultado distinto al de aquélla dada en la justicia, lo que no puedo soslayar.- Y por la absolución penal, según el relato que efectué en el punto 2.- última parte.- Una de las firmas -la del Jefe- parece ser del ex Diputado R. (en funciones a la fecha del formulario).- Lamentablemente su reconocimiento no fue preciso, pero sí suficiente para crear la duda.- Y si hay duda, J. quedó protegido por el estado de inocencia -art. 18 de la Constitución Nacional y 43 de la Provincial- que a mi juicio, a rajatabla debe respetarse en todos los órdenes.-- Agrego, que no ha existido perjuicio fiscal, y el eventual que se pudo originar no es el que le achaca el Director de Sumarios en su Dictamen -que se traslada a la Resolución- al decir que "en mérito a dicha solicitud se efectuó una liquidación de las licencias supuestamente adeudadas.por la suma total de $20.311,72, cuando en realidad correspondían $10.765,21.lo que de no haberse advertido oportunamente habría producido un perjuicio patrimonial.", lo que fue responsabilidad del Sector Contable (cuyo titular, reitero, no fue sumariado) y no de J..- En definitiva, ese hipotético perjuicio es la mitad de esta última cifra, pues no había ///proyectado -con la renuncia- el pago de la licencia completa del año 2003 (sólo la invernal), que sí correspondía y fue la única abonada a la renunciante ($5.183,36).

5.3.- Ahora bien, como demuestran los precedentes que he reiterado en éste, no es la primera ocasión en que debo pronunciarme acerca de la legalidad de actos administrativos a través de los cuales la Administración Pública expulsa de su seno a sus dependientes, y lo cual, de público y notorio, se ha visto incrementado en gran medida en este último tiempo por la difusión que a las bajas se otorga, considerando además que no todos los perjudicados judicializan su situación. M. J. ha dedicado 27 años de su vida laboral al sector público, y contaba a la fecha del cese con 51 años de edad, lo cual podría haberse considerado.- Mas si así no lo fue en el marco del poder discrecional que cabe al Estado Provincial, no puedo cuestionarlo.

Lo que sí tengo como un dato incontrastable y determina me aparte de la solución que los Sres. Ministros prevotantes propusieron, es que considero que la Administración agravó injustificadamente y sin sustento suficiente y certero el reproche disciplinario que correspondió al negligente obrar que he descripto.

Los "fuertes indicios" de un delito de falsificación no sentenciada fueron valorados para aplicar la pena expulsiva, y afectaron -lo iteraré- su estado de inocencia; no debieron tenerse en cuenta máxime ante la ///previsión de la posibilidad de mutar la sanción cuando hay condena que contempla el art. 57 del Dto. Nº 1330/81 reglamentario del Dto. Ley Nº 1987 (en el Digesto Nº I-74) de aplicación supletoria al personal legislativo según Resolución Nº 142/03 HL.- Y las conductas que constituyen falta, no tienen en mi opinión entidad suficiente para justificar con razonabilidad, una pena expulsiva.- Son -admito- conductas groseramente irregulares (el estampado de una leyenda que es la causa común de denegatoria de licencias) cuando no errores de ligereza (la falta de atención de las grafías y ausencia de sellos, los intercalados de foliaturas en los legajos), pero las penas de expulsión creo deben reservarse para aquellos casos en que la corrección no pueda dar resultado positivo, o en que la gravedad de la falta determine un perjuicio de envergadura moral o material.- Y estoy convencido de que no es el supuesto de autos.

La pena entonces -que ha desmerecido la presunción de inocencia - deviene excesiva e irrazonable por desproporción.- Las ilicitudes administrativas que he admitido existieron, y deben -y debieron- por cierto sancionarse, pero atendiendo a las obligaciones incumplidas en el contexto dado por el Derecho Administrativo.-- 6.- Aboné mi voto en SD Nº 01/SCA/10 ("R...." y lo reproduzco ahora para fundar mi disidencia "...el hecho que efectivamente se ha demostrado, y es el que merece sanción, creo que ///carece de la relevancia que se le asignó como causa eficiente para la aplicación de una medida extrema que implica la extinción de la relación de empleo público, y ello evidencia exceso de punición, ya que no existe una adecuada proporcionalidad entre la sanción impuesta y el comportamiento observado por el agente. Así lo señala la Corte Suprema de la Pcia. de Bs. Aires expresando: "La falta de proporcionalidad es causal de invalidez cuando existe un exceso entre lo que el acto decide y los hechos que lo motivaron (GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - T. 3 Cap. VIII 16), y, el vicio de un acto afectado de exceso de punición, determinante a su vez de la irrazonabilidad del respectivo acto se concreta en la falta de concordancia o proporción entre la pena aplicada y el comportamiento que motivó su aplicación (MARIENHOFF, Miguel "El exceso de punición como vicio del acto jurídico de derecho público" ED 1989-E-969)" ("Ambrosio..." 2/12/97, voto del Dr. Hitters; "Lommo..." - 09/5/01, voto del Dr. Negri). En el primero de los fallos de la Corte bonaerense referidos, el voto del Dr. Busteros declaraba que el hecho examinado "no alcanza a tener la significación para desacreditar o comprometer el prestigio y la eficacia ... de modo tal que justifique su apreciación como causa eficiente de la sanción expulsiva decretada".-- Previne "...Lo cual conduce a otro tema que bien analiza Julio COMADIRA, cuando, al tratar el exceso de punición, comenta sobre los "conceptos jurídicos indeterminados" o "indirectamente determinados" como los llama TREVIJANO FOS (El exceso de ///punición y su incidencia sobre la validez del acto administrativo" Rev. De Derecho Administrativo - Año 2- pág. 273), pues no son sino de esta naturaleza los enunciados que procuran describir las causas de las sanciones que el orden jurídico autoriza.- "Falta grave que perjudique moral o materialmente..." ¿cómo se subsumen las conductas en este concepto?... ¿hay discrecionalidad o sólo una "unidad de solución justa?.- Los autores proponen y se inclinan por esto último, en un contexto de facultades regladas... pero lo real es la Administración actúa y decide en un marco de valoración discrecional".- Vale para el caso lo mismo "gravedad de conducta que impide la prosecución de la relación laboral" (¿?) (art. 12 inc. 5, el aplicado).- Admití "...la dificultad del control,... sobre el coto de la discrecionalidad: la razonabilidad, la elección, entre las posibles a aplicar, el tipo y quantum más ajustado a las circunstancias particulares del caso, en un margen de apreciación valorativo que guarde proporción con sus antecedentes" .(.) "el ajuste al orden jurídico" determinante de la revisión judicial no está dado, evidenciándose un exceso de punición por equívoca valoración de la conducta administrativa atribuida al actor, lo que se traduce en falsa causa. (ídem precedentes SCBA - "Ambrosio..." y "Lommo..." citados antes y ST Neuquén en "Cambareri..."- 13/04/00 Supl. DA LL 14/5/01).- La irrazonabilidad del actuar administrativo se deriva en la ///desmesura o falta de proporción entre los hechos constatados y la sanción aplicada (SCBA - "Huerta..." 22/10/03 - voto -Dr. Soria)".- Concordante la Corte de Justicia de Santa Fe en "Pisacco." - 27/8/97- AyS 139:202/212.- Dicho en otros términos, lo censurable, es el modo utilizado en el ejercicio de la discrecionalidad para medir la conducta del actor, pues "los elementos de convicción acumulados en el sumario administrativo deben apreciarse con criterio de responsabilidad administrativa y no penal... corresponde juzgar la conducta de un agente en el ámbito del derecho administrativo de modo independiente de la valoración que podría merecer el ser enjuiciada en el marco de otros ordenamientos jurídicos" (SCBA "Della Magiora..." 23/02/05 - Causa B 57130 y "C.;C.L..." Causa B 59976)".-- Recuerdo las palabras de Pedro COVIELLO -y así ha quedado manifiesto en otras causas por mí votadas integrando el Cuerpo- que el ejercicio de la potestad disciplinaria es necesaria para el orden administrativo, pero, lo importante es su ejercicio prudencial: ni temor a ejercerla ni usarla como medio de infundir miedo más que el respeto y la lealtad hacia los superiores.- Una autoridad que solo se ejerce por el temor que infunde es una triste figura que, a la larga produce pena cuando deja de ejercer la función y vuelve a ser un ser humano más que hace la cola para cobrar su jubilación.- Lo importante es la equidad; no todos los casos de faltas disciplinarias pasan por el mismo rasero, cada caso puede merecer un tratamiento ///especial, de modo de no quebrar la igualdad, pero al mismo tiempo no dejar de lado la justicia y su aplicación concreta que es la equidad o justicia del caso (su disertación en XXXIII Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo en Mendoza- RAP Año XXXI - 361).- En consecuencia, me pronuncio -en virtud de las particularidades de este caso concreto- por declarar la nulidad de las Resolución Nº 139/04 y su sucedánea Nº 151/05, a sí como de las que la aprobaran Nº 111/04 y 125/05 de la Cámara de Diputados, en tanto adolecen del vicio de exceso de punición, lo que afecta su razonabilidad y determina su arbitrariedad, sugiriendo la modificación de la sanción impuesta y el ajuste del castigo disciplinario al aconsejado incialmente por el Dpto. Letrado de la Dirección de Sumarios, prevista por los arts. 10° inc. d) del Régimen de Estabilidad para el Personal del Poder Legislativo de la Provincia del Chubut, Resolución N° 142/03, estimándola en 30 días de suspensión.- 7.- En tanto he quedado en minoría con mi voto, es ocioso que me pronuncie respecto de las pretensiones subsidiarias.- A la segunda cuestión dijo el Dr. CANEO: - Según he votado la primera me pronuncio por 1) RECHAZAR la demanda instaurada por el Sr. M. E. J. contra la ///Provincia del Chubut; 2) Con costas a la actora (art. 68 CPCC); 3) Propiciando regular los honorarios del Sr. Fiscal de Estado Dr. Jorge L. MIQUELARENA en el 12% del monto del proceso que se determinará en la etapa de ejecución atendiendo al quantum de las pretensiones subsidiarias; a sus apoderados E. F. L. y C. M., en el 40% de lo regulado a su patrocinante; a los Apoderados del actor Dres. N. M. y T. R. en conjunto en el 9,8 % (7%+40% de éste), valorados los trabajos profesionales según las pautas de la norma arancelaria (art. 6° inc. a) a f), 7°, 9°, 10°, 38° y 47° del Dto. Ley N° 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99).- Todo, con más IVA si correspondiere. En cuanto a la mínima presentación del Dr. A. P. a fs. 286 por la Provincia demandada, no corresponde la regulación de honorarios por lo inoficioso de la misma.- 4) Los emolumentos de los Peritos que intervinieron en la causa, propicio fijarlos en el 1% del monto del proceso a cada uno, de conformidad a lo normado en el art. 61° de la citada Ley.- 5) Sugerir a la Honorable Cámara de Diputados el dictado de una reglamentación que determine precisamente las facultades que se delegan al Presidente del Cuerpo, y el modo de ejercerlas a fin de evitar planteos nulificantes, según lo analizado en el Punto de mi voto a la Primera Cuestión.- A la misma cuestión dijo el Dr. PASUTTI: - ///-Atento como he votado la primera, comparto la solución que propone el Dr. CANEO.- A idéntica cuestión el Dr. ROYER dijo: -- --Tal como me he pronunciado respecto de la primera cuestión, voto por ACOGER FAVORABLEMENTE la demanda intentada por el Sr. M. E. J. contra la Provincia del Chubut.- No obstante, al quedar en minoría no me expediré -por inoficioso- respecto de las pretensiones subsidiarias.- Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado por mayoría dictar la siguiente:

- S E N T E N C I A: -- 1º) RECHAZAR la demanda instaurada por el Sr. M. E. J. contra la Provincia del Chubut.- 2º) COSTAS a la actora (art. 69 Ley Nº XIII - 5 (antes art. 68 CPCC)).-- 3º) REGULAR los honorarios del Sr. Fiscal de Estado Dr. Jorge L. MIQUELARENA en el 12% del monto del proceso que se ///determinará en la etapa de ejecución atendiendo al quantum de las pretensiones subsidiarias; a sus apoderados E. F. L. y C. M., en el 40% de lo regulado a su patrocinante; a los Apoderados del actor Dres. N. M. y T. R. en conjunto en el 9,8 % (7%+40% de éste), valorados los trabajos profesionales según las pautas de la norma arancelaria (art. 6° inc. a) a f), 7°, 9°, 10°, 38° y 47° del Dto.Ley N° 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99).- Todo, con más IVA si correspondiere.- 4°) REGULAR los honorarios profesionales del Perito Calígrafo Sra. M. P. R. y del experto en Psiquiatría Dr. M. R. S., a cada uno, en el 1% del monto del proceso (art. 61° de la Ley citada) con más IVA si correspondiere.- 5º) Sugerir a la Honorable Cámara de Diputados el dictado de una reglamentación que determine precisamente las facultades que se delegan al Presidente del Cuerpo, y el modo de ejercerlas, a fin de evitar planteos nulificantes, a cuyo fin por Presidencia se librará Oficio con copia de este fallo. --6º) REGÍSTRESE y notifíquese.-- Fdo. Dres. Daniel Luis caneo, Fernando s.L. Royer, José Luis Pasutti.- Recibida y Registrada en Secretaría el 22/04/10 bajo el N° 02/SCA/10.