Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-06-07


Autos N° 4.309 (3er J.P.L.G.S.J., Capital, N° 6.223/09): "SCHMID, Alejandro c/ Ortega, Mónica Lilian - Cobro de Pesos".

---------San Juan, 7 de junio de dos mil diecisiete.------------- ---------Vistos:---------------------------------------------------------------- --- ---------Para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 74 por la demandada, quien actúa por medio de apoderado, contra la sentencia glosada a fs. 67/72.------------------------------------------------------- ---------Tal recurso fue concedido con efecto suspensivo por decreto de fs. 79, en los términos del art. 250, inc. 1°, del C.P.C., entonces T.O. por Ley Prov. N° 8.037, hoy Ley Prov. N° 988-O.----------------------- ---------Y Considerando:------------------------ ---------I. La sentencia cuestionada:------------- ---------Mediante el decisorio impugnado el a quo rechazó la excepción de falta de legitimación para obrar en el sujeto pasivo; hizo lugar a la demanda por cobro de pesos, condenando a la accionada Sra. Mónica Lilian Ortega a abonarle al actor (dentro del plazo de diez 10 días de notificada) la suma de pesos dos mil ciento treinta y cinco ($ 2.135) con más intereses legales conforme tasa activa, desde que tal monto es debido y hasta su efectivo pago; impuso las costas a la demandada vencida y difirió la regulación de honorarios profesionales.--------- ---------II. El memorial de agravios y su traslado:------- ---------1) Contra dicho pronunciamiento se alzó la accionada, quien fundó el recurso con el memorial obrante a fs. 135/138 vta. En síntesis, allí manifestó:---------------------------------------------------------------------- --------------- Que le agravia la resolución atento a que el a quo rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva con el argumento de que no produjo prueba, siendo que a su parte no la notificaron de la providencia de fecha 18 de febrero de 2010 que dispuso la producción de la misma. Expresa que solicitó nuevas fechas rechazando la Inferior tal petición, además de que tampoco ordenó certificar las pruebas y correr traslado alguno para alegar, violando la posibilidad de otro trámite procesal ineludible y cercenando la igualdad de las partes en el proceso y la garantía constitucional de defensa en juicio;------------------------------------------------------------------------- - le agravia que la sentencia tenga como base la declaración de un solo testigo, el que no prestó juramento, ni fue informado de las consecuencias penales correspondientes al falso testimonio. Añade que el a quo hizo prevalecer sus propias conjeturas por sobre el ordenamiento normativo teniendo por acreditada la existencia de un contrato que no fue aprobado, ni existen indicios serios que permitan presumir alguna vinculación contractual entre las partes. Afirma que la actuación de la Sentenciante es reprochable, configurándose una violación del derecho de defensa, del debido proceso adjetivo, del principio de razonabilidad y de la seguridad jurídica;------ también cuestiona la distribución de las costas en tanto la Inferior las impone a su cargo; y ---------------------------------------------------------------- por último, solicita replanteo de prueba en los términos del art. 253, incs. 2° y 5°, del C.P.C. concretamente, para que se produzcan las pruebas testimoniales y confesionales que dice le fueron denegadas indebidamente.------------------------- ---------2) Ordenado que fuera el traslado del memorial de agravios (fs. 139), e instrumentada tal sustanciación (ver cédula de fs. 140 y vta.), el actor no lo contesta, ordenándose a fs. 142, supra, la elevación de los autos a este Tribunal.----------------------------- ---------III. Recepción del expediente y trámite en la Alzada:----------------------------------------- ---------Recibidos los actuados por la Cámara (ver cargo de fs. 142 vta.), en su ámbito se dispuso a fs. 143 que el recurso sería resuelto por todos los miembros del Tribunal, lo que fue notificado a las partes (fs. 144 y vta. y 145 y vta.).-------------------------------------------------------------------------- ------ ---------Posteriormente, se ordenó el pase de los autos a resolver, previo sorteo (fs. 146), decreto que se encuentra firme y consentido conforme surge de fs. 147 y vta. y 148 y vta.---------------------------- ---------Finalmente, se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio de la causa (fs. 150), producto de lo cual surge el presente pronunciamiento.---------- ---------IV. Resolución del recurso:------------------------------------- ---------Ingresando al análisis de la cuestión traída a resolver, adelantamos nuestro criterio contrario a la procedencia del recurso. Ello, en mérito a las consideraciones que pasamos a exponer.--------------- ---------1) Liminarmente, por razones de economía procesal y para evitar duplicaciones narrativas estériles, nos remitimos en lo pertinente a la relación de la causa efectuada por el a quo en los 'Vistos' del pronunciamiento resistido.------------ ---------Sólo volcaremos aquí algunos puntos de la secuencia del proceso, que resultan útiles para un mejor entendimiento de lo que aquí se resolverá:---------------------------------------------------------------------- --------------- a fs. 14/15 el actor (martillero público y corredor inmobiliario), por derecho propio y con patrocinio letrado, inicia demanda de cobro de pesos contra la demandada Sr. Mónica Lilian Ortega, aduciendo que ésta contrató sus servicios para realizar una tasación del inmueble ubicado en calle José Martí N° 992, Sur, Capital, San Juan, para ser presentada en el juicio sucesorio del padre de la accionada, tramitado en Autos N° 59.534: "Ortega, Enrique Saúl - Sucesorio", ante el 4° Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan. El monto reclamado es de dos mil ciento treinta y cinco pesos ($ 2.135), más intereses y costas;------------------------------------------------------------------------- a fs. 18 el a quo proveyó la demanda, la que fue notificada a la accionada, quien planteó excepción de falta de legitimación pasiva y, subsidiariamente, contestó la acción deducida por su contrario (fs. 21/23 vta.);-------------------------------------------------------------------------- ---- a fs. 26/27 el actor responde el traslado de la excepción interpuesta por la accionada, solicitando su rechazo con costas;------------------------ a fs. 29 el accionante solicita la apertura de la causa a prueba y, al respecto, a fs. 30 el a quo proveyó: ".ábrase la causa a prueba por el término de treinta días. Notifíquese";------------------------------------------- a fs. 33 y vta. obra cédula de notificación a la demandada comunicándole el contenido del citado decreto de fs. 30: apertura de la causa a prueba por treinta (30) días;----------------------- a fs. 34 el accionante solicita que se provean las pruebas ofrecidas, procediendo el------------------------------------- a fs. 40 y vta. obra cédula a la demandada notificándola en fecha 30 de marzo de 2010 de la audiencia de prueba confesional fijada para el 6 de abril de 2010;----------------------------------- a fs. 46 el letrado de la demandada solicita, el mismo día de la confesional (6 de abril de 2010), que se fijen nuevas fechas de audiencia manifestando que no fue notificado de las mismas con anterioridad;------ a fs. 47 el a quo rechaza lo solicitado por la accionada fundándose en el art. 347 del C.P.C.;----------------------------------------------------------------- a fs. 48/49 la demandada interpone recursos de reposición con apelación en subsidio, los que fueron rechazados a fs. 50;---------------- producida la prueba, a fs. 64 vta. se clausuró el término probatorio y se llamaron autos a resolver, sin resultado ulterior; y ----------------------- a fs. 67/72 se dictó la sentencia hoy impugnada.------------- ---------2) Por razones metodológicas y de conexión temática, trataremos conjuntamente el primer agravio de la recurrente con su solicitud de replanteo de prueba en segunda instancia.---------------------- ---------A. Esa queja inicial de la demandada se centra básicamente en que no fue notificada de la providencia de fecha 18 de febrero de 2010 que proveyó las pruebas ofrecidas por las partes, decreto obrante a fs. 35.-------- ---------Sin embargo, la apelante omite mencionar que a fs. 30 y por solicitud del actor, el a quo abrió la causa a prueba por el término de treinta (30) días y ordenó que tal decreto fuese notificado a la accionada.------ ---------El demandante, por medio de su patrocinante, confeccionó y remitió la cédula pertinente, comunicando debidamente la apertura de la causa a prueba y el plazo de prueba. Tal pieza notificatoria fue cabalmente diligenciada por el Oficial de Justicia Sr. Oscar Díaz en el domicilio constituido por la demandada a fs. 21, siendo efectivamente recepcionada el 4 de febrero de 2010. Ello surge de la pieza notificatoria obrante a fs. 33 y vta. de autos.----------------------------------------- ---------O sea, que la demandada conoció en tiempo y forma (4 de febrero de 2010) que la causa había sido abierta a prueba el 10 de diciembre de 2009, con lo cual, cae toda la construcción discursiva que intenta en cuanto a una pretendida lesión de su garantía de defensa en juicio y del debido proceso adjetivo, ya que más allá de sus quejas (desestimadas por el a quo) un estándar mínimo de diligencia le exigía interiorizarse del proveimiento de las respectivas probanzas, propias y de su contraria, que es el paso procesal natural y subsiguiente a la apertura a prueba.-------- ---------Contrariamente a ello, y conforme a las constancias de autos, entre el 4 de febrero de 2010 (en que fue efectivamente anoticiado de tal apertura probatoria) y hasta el 6 de abril del mismo año se desentendió del proceso, manifestando en el escrito de esta última fecha que recién tomó conocimiento ese día del decreto de 18 de febrero de 2010 que proveía las pruebas ofrecidas por las partes. Solicitó entonces, que se fijaran nuevas fechas de audiencia para producir la confesional y las testimoniales que propusiera.-------------- ---------Pese a sus manifestaciones, evidentemente no se anotició del proveimiento de pruebas en la fecha que indica, ya que la demandada recepcionó el 30 de marzo de 2010 una cédula por la cual se la citaba bajo apercibimientos de ley a la confesional, lo que sin duda implicaba que el a quo había procedido a proveer las probanzas ofrecidas por las partes.---------------------------------------------- ---------De hecho, la accionada asistida por su apoderado concurrió a la absolución de posiciones en la fecha indicada, tal como consta en el acta de audiencia de fs. 45.------------------------------- ---------El citado escrito de fs. 46 fue rechazado a fs. 47 (6 de abril de 2010) por el a quo sustentándose en el art. 347 del C.P.C., ordenando que continuara la causa según su estado. Vale recordar que en el primer párrafo de dicho precepto se dispone que las medidas de prueba deberán ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo y que a los interesados incumbe urgir para que sean diligenciadas oportunamente.- ---------A fs. 48/49, la demandada dedujo reposición con apelación en subsidio contra ese resolutorio de fs. 47. La revocatoria fue desestimada por extemporánea y la apelación subsidiaria fue rechazada por improcedente ya que el a quo la consideró inapelable.------------ ---------Lo proveído por la Inferior a fs. 50 no tuvo resultado ulterior. Tampoco fue objeto de queja ante esta Cámara por recurso denegado.------ ---------La última actuación previa a la sentencia que realizó la accionada en este caso mediante su representante letrado data de 16 de abril de 2010, ocasión en que participó de la audiencia del testigo propuesto por el actor, Dr. Adolfo Enrique López Martí (fs. 53 y vta.). Desde ese momento no existe escrito ni intervención algunos en el expediente hasta el 1 de octubre de 2010, ocasión en la que articuló recurso de apelación contra la resolución de fs. 67/72.------------------------------------------ ---------En suma, el devenir de la causa muestra que la demandada se desentendió del curso del proceso desde el 4 de febrero de 2010 (en que fue efectivamente anoticiada de la apertura de la causa a prueba) y hasta el 6 de abril del mismo año, fecha en que se produjo su absolución de posiciones y también en la que presentó un escrito solicitando se fijaran nuevas fechas para la realización de las pruebas confesional y testimoniales que había ofrecido. También desatendió el devenir del pleito entre el 16 de abril de 2010 y el 1 de octubre del mismo año cuando como vimos presentó su escrito apelatorio contra la sentencia de 17 de septiembre de 2010.-------------------------------------------------------------- ---------Más allá de la preterición de notificar a la demandada el proveído que ordenó la producción de las probanzas, tal parte sí estuvo debidamente anoticiada por cédula de la apertura de la causa a prueba, lo que de manera evidente le exigía (por su propio interés) controlar el proceso ya que según adelantábamos normalmente el paso subsiguiente era proveer las pruebas ofrecidas por las partes.-------------- ---------Si omitió fiscalizar el curso de los actuados por más de dos (2) meses, sabiendo perfectamente que la causa a prueba había sido abierta por treinta (30) días conforme a lo dispuesto por el a quo, la teoría del acto propio (o en este caso, de la omisión propia) no lo habilita a quejarse por el rumbo que tuvo en la instancia inferior el procedimiento probatorio.------------------------------------------------------------------ ---------Es que con una debida diligencia, la parte proponente hoy recurrente habría podido producir sus pruebas en primera instancia sin dificultad y en tiempo y forma.-------------------------------------------------------- ---------Como anunciábamos, cada litigante debe conducirse con la presteza adecuada para que sus probanzas sean proveídas en tiempo y forma y producidas tempestivamente. Ello, como producto de la distribución de la responsabilidad probatoria y fundamentalmente como imperativo del propio interés de su postulación en el proceso.--------------- ---------No es procesalmente "sorpresivo" que acto seguido a la apertura de la causa a prueba (repetimos: de la cual la apelante quedó debida y formalmente notificada), el a quo proceda a proveer las probanzas propiciadas por las partes, dado que esta última labor es una consecuencia inexorable de aquélla. Y ante ello las partes deben estar atentas puesto que, entre otras razones, el art. 340, párrafo primero, del C.P.C. estipula que cada una de ellas deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.-------------------------- ---------En esa línea, no resultan abiertamente incorrectos o irrazonables tanto el proveído del a quo obrante de fs. 47 como las desestimatorias recursivas de fs. 50, que consideraron respectivamente extemporánea a la reposición e improcedente a la apelación subsidiaria. Es dable reiterar que, incluso ante ese opaco escenario jurídico para la accionada, ésta tampoco intentó explorar la vía de la queja por recurso denegado ante la Cámara, todo lo cual cierra la discusión que sobre el particular propone sin éxito la recurrente.------- ---------B. Y la conclusión desestimatoria de sus planteos, a la que aludíamos por ejemplo en el párrafo anterior, se extiende al pretendido replanteo de prueba en segunda instancia. Éste, además de resultar improcedente ante las constancias de la causa y las consideraciones expuestas, como se sabe es excepcional, contingente y de interpretación restrictiva.------------------------------------------------------------------- ---------El invocado replanteo probatorio deviene, así, improponible.-------- ---------Para cerrar este subapartado, entre otros numerosísimos fallos en dirección convergente, valgan sólo como ejemplos los siguientes:----- "La recepción de prueba en segunda instancia es excepcional y los supuestos de admisibilidad de interpretación restrictiva (.). Particularmente, se ha sostenido que la prueba en segunda instancia debe desecharse por inadmisible si ella pudo producirse en primera instancia con la debida diligencia de la parte proponente, o cuando ésta la perdió por manifiesta negligencia, o se la declara inoportuna, o cuando en primera instancia no se ofreció prueba Fassi, Santiago y Yánez, César, Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, anotado y concordado, T° II, Ed. Astrea, B. A., 1989, p. 469" (Cám. Fed. Cont. Adm., Sala III, Autos N° 35.586/10, "Buenas Siembras S.R.L. (TF 19545-I) c/ D.G.I.", 11-10-2011, Mag. Vot.: Fernández, Grecco y Argento; Fuente: Lex Doctor 9.1, Jurisprudencia de la Nación, Cámara Federal Contenciosa Administrativa); y -------- "...si la prueba pudo producirse en primera instancia con la debida diligencia de la parte proponente, debe desecharse en la Alzada. Es que el supuesto contemplado por el art. 138 inc. 4 del C.P.C. [Mendoza] guarda íntima relación con el principio de la carga probatoria (art. 179 C.P.C.) imperativo del propio interés." (4ª Cámara Civil, Circ. 1, Mendoza, Expte. N° 92.228, "Funes, Mario c/ Raúl E. Baglini y Alberto L. Petra s/ Daños y perjuicios", Fallo N° 94190415, Ubicación: A132-314, 28-12-1994, Mag. Vot.: Bernal, Sarmiento García y González; Fuente: Lex Doctor 9.1, Jurisprudencia de la Provincia de Mendoza, Cámaras).----------------------------------- ---------C. Por último, y en referencia a la pretendida queja sobre la falta de notificación del traslado a las partes para alegar, la cuestión recibe similar respuesta a la aplicada en segmentos anteriores referidos al mismo agravio.------------------------------------------------------------------------ ----------- ---------Es que si la recurrente se desentendió del curso del litigio entre el 16 de abril de 2010 y el 1 de octubre del mismo año, mal puede quejarse recién en ocasión de fundar su recurso de apelación, por la falta de notificación del traslado para alegar.------------------- ---------De hecho, debió controlar de cerca y diligentemente la tramitación de la causa y, en su caso, haber recurrido o acusado el pretendido vicio en primera instancia, por lo que si omitió hacerlo, no está habilitada para plantear válidamente la cuestión recién en esta sede apelatoria, ya que sobre aquélla operaron los efectos de la preclusión.----------- ---------3) Despejada la cuestión anterior, se observa que el segundo agravio deviene también inaudible.------------------------ ---------La quejosa se limita a plantear divergencias subjetivas respecto del modo como el a quo analizó y valoró la prueba, lo que evidentemente no resulta suficiente.--------------------------------------------------------------------- ----- ---------Es que para descalificar la evaluación del material acreditatorio realizada por la Jueza no alcanza con la queja de la recurrente que sólo trasunta aquel tipo de discrepancias, sino que es preciso formular una crítica concreta y razonada demostrativa de que las conclusiones del veredicto escapan a las leyes de la lógica o son contrarias a las constancias fehacientes del proceso.----------------- ---------Dicho de otro modo, para intentar atacar seriamente la valoración de la prueba efectuada por el a quo, función que en principio se le reconoce como privativa, no bastan las argumentaciones basadas en el propio criterio de la interesada y que no contienen más que simples divergencias de su parte, carentes de fuerza para lograr la revisión de las conclusiones emergentes de la meritación de las circunstancias de hecho y prueba que tipifican el sub lite.-------------------------------------------------------------- ---------Pese a la discordancia que procura instalar la apelante, deben tomarse en consideración los siguientes elementos y circunstancias que conducen a descartar el agravio:-------------------------------------------------- el 24 de abril de 2009 el actor remitió carta documento N° 949414 a la accionada (por medio de la empresa de correo privado 'Del Oeste Argentino S.R.L.') para que en el plazo de diez (10) días abonara la suma de pesos dos mil ciento treinta y cinco ($ 2.135) en concepto de honorarios devengados por la tasación del inmueble ubicado en calle José Martí N° 992, Sur, Capital, San Juan, que la demandada le encomendara a aquél en Autos N° 59.534, caratulados "Ortega, Enrique Saúl - Sucesorio" y tramitado ante el 4° Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan;------------------- pese a la negativa de la accionada plasmada en la contestación de demanda en cuanto a no haber receptado la citada carta documento (ver específicamente fs. 22 líneas 17, 20 y 21), dicha misiva fue efectivamente enviada a la hoy apelante y debidamente recibida en el domicilio de ésta. De hecho, el acuse de recepción de la carta fue firmado en aquella fecha (24 de abril de 2009) por la Srta. Rocío Pastor, quien se identificó como hija de la demandada;--------------------- lo manifestado con relación a la carta documento en los subaps. a) y b), inmediatamente precedentes, tiene respaldo documental en el oficio girado por el demandante a la citada empresa de correo privado, cuya respuesta figura glosada a fs. 60/62 de autos;------------- en el expediente no consta que la aludida carta intimatoria haya sido contestada por la apelante;----------------------------- a fs. 7/10 (copia) figura la tasación inmobiliaria cuya realización se arroga el actor, Sr. Alejandro P. Schmid, constando en el membrete de la misma que la citada persona es martillero público y corredor inmobiliario;---------- tales calidades profesionales quedaron debidamente acreditadas por medio del informe rendido por el Consejo Profesional de Martilleros Públicos y Corredores a fs. 37, como respuesta al oficio que obra a fs. 36. Según el cargo de este último folio, infra, sector derecho, la contestación del Consejo Profesional oficiado fue presentada al Juzgado el 18 de marzo de 2010;------------------------------- de la documental acompañada por el accionante (reservada en Caja de Seguridad y que hemos tenido a la vista), surge que la aludida estimación inmobiliaria cuyo pago se reclama fue efectivamente confeccionada y firmada por aquél y consta agregada a fs. 143/146 de los aludidos Autos N° 59.534, "Ortega, Enrique Saúl - Sucesorio", tal como se desprende de las copias certificadas por el actuario interviniente del citado Juzgado, Dr. Arturo Velert Vita. A su vez, aquellas constancias del sucesorio se corresponden con las copias simples que en el sub lite corren agregadas a fs. 7/10;---------------------- incluso, ante un presunto conflicto de intereses entre herederos en el citado proceso sucesorio [por un lado, la aquí demandada Sra. Mónica Lilian Ortega con su entonces patrocinante, y por el otro, las Sras. María Elisa Ortega y "Paz, Magdalena Guevara" (sic, fs. 152 del sucesorio y fs. 13 del sub examine) con otro letrado patrocinante], en una audiencia de conciliación realizada el 20 de febrero de 2009 y luego de las respectivas tasaciones del inmueble del acervo hereditario realizadas por el Sr. Alejandro P. Schmid (actor en autos) efectuada el 13 de febrero de 2009 y del Sr. Juan Pablo Arabel Trucco (cuya estimación inmobiliaria corre a fs. 147/148 del sucesorio y se correlaciona con las copias simples de fs. 11/12 en el sub lite), formulada el 18 de febrero de 2009; se arribó a un acuerdo entre las partes para prorrogar el plazo de venta del citado bien raíz, fijando el precio de enajenación del mismo entre ciento cuarenta mil pesos ($ 140.000) y ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000);-------------- o sea, entre los importes resultantes de las pertinentes tasaciones: pesos ciento cuarenta y dos mil trescientos treinta y cuatro con cuarenta y cinco centavos ($ 142.334,45), según la realizada por el aquí demandante; y pesos ciento cincuenta y dos mil ($ 152.000), conforme la efectuada por el Sr. Juan Pablo Arabel Trucco;------------- es decir que a partir de la proximidad cronológica de sendas tasaciones con la audiencia de conciliación y la conexión temática entre tales cuantificaciones y el núcleo de la avenencia a la que arribaron las partes en tal audiencia, no es irrazonable inferir que semejantes estimaciones tuvieron una influencia positiva para acercar a las partes, quienes convinieron prorrogar el plazo de enajenación del inmueble y acordar una magnitud numérica como precio de venta del bien. En lo que aquí interesa puntualmente, la situación descripta añade un elemento de cierto valor probatorio a favor de la pretensión del accionante en la presente causa;-------------- la versión del actor en cuanto a que realizó la nombrada tasación inmobiliaria como producto de la contratación de sus servicios al efecto por la accionada, recibe también una dosis de asidero por medio del testimonio del Dr. Adolfo Enrique López Martí, D.N.I. N° 20.887.752, abogado de profesión y expatrocinante de la aquí demandada en el varias veces aludido sucesorio del padre de ésta, Sr. Enrique Saúl Ortega (véanse las respuestas a las preguntas 1ª a 8ª del interrogatorio de fs. 52). Además, al contestar a la 3ª repregunta, el deponente indica que la tasación tuvo algún valor porque el inmueble en cuestión fue vendido por una suma de aproximadamente ciento treinta y cinco mil pesos ($ 135.000). O sea, nos permitimos agregar, por un monto cercano al calculado por el Sr. Alejandro P. Schmid;---------------------------------------------------------------- es preciso remarcar que la declaración de aquel testigo no fue impugnada en ningún momento por la apelante, cuyo apoderado estuvo presente en el acto testimonial, efectuó repreguntas como vimos y firmó el acta correspondiente sin dejar asentada oposición alguna (ver fs. 53 y vta.). Tampoco efectuó ningún tipo de planteo o cuestionamiento al respecto con anterioridad a la sentencia hoy apelada;------------------------------------------------------------------------ ---------- la articulación que intenta en el memorial de agravios la apelante sobre supuestos vicios de la audiencia (en cuanto a que el testigo no habría prestado juramento o promesa de decir verdad), si al solo efecto hipotético se les asignara alguna veracidad, habrían quedado consentidos en la instancia inferior, ya que cualquier objeción al respecto debió haber sido planteado en dicha sede. Si la apelante no lo hizo suo tempore, la tardía impugnación que trae a esta segunda instancia es improponible al haber quedado alcanzada por el efecto de la preclusión;--------------------------------------------------------------------- ------- por lo demás, mal puede la demandada intentar deducir recién en la instancia apelatoria capítulos que no fueron sometidos al conocimiento del a quo, conforme lo establece claramente el art. 262 del C.P.C.;------------------------------------------------------------------------- ----- en esa línea, se ha resuelto jurisprudencialmente y sostenido doctrinariamente, que el recurso de apelación no es un nuevo juicio sino la revisión de la sentencia impugnada (ver, sólo ejemplificativamente y entre múltiples fallos coincidentes, Cám. Nac. Civ., Sala F, 06-02-1997, El Derecho, 173-242; íd., Sala C, 18-07-1996, El Derecho, 171-358; íd., Sala E, 12-03-1998, La Ley, 1999-A-174, y Doctrina Judicial, 1999-I-377). También de manera reiterada se ha puntualizado que en un sistema procesal caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, el Tribunal de Alzada no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del a quo pues la segunda instancia es un medio de revisión del pronunciamiento emitido en la primera y no una renovación plena del debate, sin introducción de nuevas articulaciones, excepciones, defensas, pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueran objeto de discusión en la instancia originaria (cfr. Morello, Augusto M., Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, T° III, 2ª ed. reelab. y ampl., Ed. Platense - Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, pp. 411 y ss., donde se citan numerosos fallos impregnados de la citada orientación);------------------- los elementos jurídicos y fácticos reseñados y analizados (carta documento intimatoria recibida y no contestada por la accionada, efectiva realización de la tasación inmobiliaria a requerimiento de aquélla, incorporación de la nombrada valuación en el multicitado proceso sucesorio, informe del Consejo Profesional de Martilleros Públicos y Corredores, declaración testimonial y elementos indiciarios), nos llevan a concluir que la respuesta jurisdiccional del a quo se ha forjado sobre la base de un examen ponderativo de las probanzas con sustento en las reglas de la sana crítica. Éstas son criterios de lógica que exceden el marco normativo, preceptos de entendimiento y observaciones comunes que permiten deducir o inferir la exactitud y la razonabilidad de un medio de prueba (Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T° 2, 2ª ed. actual. y ampl., Astrea, Buenos Aires, 2001, p. 381);------- en tal sentido, consideramos que la Inferior ha acometido una tarea acorde con los principios de la lógica o las reglas de la experiencia (S.C.B.A., Acuerdos y Sentencias, 1960, V-204; 1961, V-230; 1964, I-609; Cám. 2ª, sala II, La Plata, DJBA, 56-213), ajustándose a los lineamientos fijados por el art. 349, párrafo primero, del C.P.C.; y ------- en suma, la excepción de falta de legitimación para obrar en el sujeto pasivo ha sido adecuadamente rechazada y la meritación probatoria efectuada por el a quo no se muestra irrazonable, sino que proporciona suficiente base de sustentación jurídica para admitir la demanda incoada en autos, solución jurisdiccional que aquí se confirma.----------------------------------------------------------------------- ---- ---------4) Obviamente el tercer (y último) agravio tampoco puede ser receptado, porque ante la solución desestimatoria del recurso que aquí se determina y el consecuente mantenimiento de la sentencia de la instancia de origen, la imposición de costas a la demandada en tal sede permanece inalterada.--------------------------------------------------------------------- --- ---------5) Dado el modo como se resuelve la apelación venida a estudio (desestimándose el replanteo de prueba y el recurso de apelación deducido), corresponde imponer las costas de la Alzada a cargo de la apelante vencida (cfr. arts. 66, párrafo primero, y ccds. del C.P.C.), dejándose expresa constancia de que en esta instancia no existe actividad computable a los efectos regulatorios de honorarios de letrado/a alguno/a del actor apelado.--------------------------------------------------- ---------Por lo expuesto, normativa, jurisprudencia y doctrina citadas, esta Cámara de Apelaciones de Paz Letrada Resuelve:------------------- Rechazar el replanteo de prueba en segunda instancia y el recurso de apelación interpuesto a fs. 74, contra la sentencia obrante a fs. 67/72.------------------------------------------------------------------ Imponer las costas de la Alzada a la demandada apelante vencida, dejándose expresa constancia de que en esta instancia no existe actividad computable a los efectos regulatorios de honorarios de letrado/a alguno/a del accionante recurrido.--------- Protocolícese, agréguese copia a los autos, notifíquese a las partes y oportunamente bajen al Juzgado de origen, previa reposición de sellado si correspondiere.----------------------------------- Fdo. Dres. María Esthela Tonelli -Presidente- Víctor Bazán -Vocal- y Juan Luis Romero -Vocal-. P. de S. N° 15. fs. 89/97