marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso contravencional, sistema acusatorio, audiencia de juicio contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S., C. M. s/ Artículo 39
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-09

Existen dos etapas perfectamente diferenciadas:una es la sumarial, donde el Ministerio Fiscal realiza la investigación preliminar con la finalidad de reunir los elementos que servirán de base al requerimiento, que una vez formalizado, demostrará su condición de titular de la acción pública.

La otra, esta configurada por el juicio oral, con la intervención del Juez que preside y dirige la audiencia, delante del cual se producirán la totalidad de las pruebas ofrecidas, formulándose los alegatos debiendo el Magistrado dictar sentencia teniendo solamente en cuenta lo acaecido durante el desarrollo del juicio oral.

Se debe resaltar la naturaleza distinta de ambas etapas, la forma en que las pruebas reunidas son llevadas a juicio y la importancia del principio de contradicción, que debe regir entre las partes permitiendo el control efectivo de la actividad procesal de la contraparte y refutar, eventualmente, las argumentaciones que tienden a justificarlas.
Gastos del proceso, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: A., M.A. c/ T., V.R. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

Si bien al funcionario que asume la representación del ausente no le queda otra posibilidad que oponer resistencia a la procedencia de la acción, ello no impide que estas consecuencias más gravosas que derivan precisamente de dicha ausencia, no puedan serle atribuidas al propio ausente. Máxime si tal situación ha generado mayores costos que no es dable que asuma el cónyuge accionante. Fundamentos del Dr. Posse Saguier
Contratos, seguros, cláusulas del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: B., P. J. c/ C., M. B. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-12-03

Mediante la cláusula de extensión de período de denuncia, la compañía aseguradora ha cumplido con la regla de la buena fe que impone el deber colateral de ofrecer alternativas suficientes a la otra parte del vínculo para garantizar la voluntariedad del acto, es decir, el obrar con libertad contractual, a razón de lo cual no puede calificarse la cláusula "claims made" como abusiva ni tampoco disponerse válidamente su inexistencia. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Recurso extraordinario, juicio de apremio, costas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL CIVIL
Carátula: SURKIN, ADELFINA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.    CSJ EXPTE NRO 74-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-06-05

Falla el objeto recursivo y por ende no corresponde conceder el recurso extraordinario, si la decisión que le causaba gravamen constitucional fue la que decidió que no había materia a resolver en el juicio de apremio, limitando los efectos cancelatorios del pago, y no el que, como consecuencia de ello no hizo lugar a la imposición de costas a la demandada, situación que se torna evidente cuando la propia actora, en función de atacar la imposición de costas, fatalmente tiene que atacar el decisorio que fue su causa inmediata;

y contra esa resolución omitió enderezar la cuestión constitucional y plantearla oportunamente al interponer aclaratoria.
Plan para la vivienda, valuación del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Morozovsky, Verónica Celia c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-22

El GCBA demandado no se hace cargo de que la Cámara tuvo en cuenta que la ley n° 2258 fijaba, para los inmuebles construidos mediante la "Operatoria 'Financiamiento Compartido'", un valor por metro cuadrado "a todos los efectos legales", expresión amplia que no reconoce limitaciones ligadas a las diversas modalidades que pudiera adoptar la cancelación de los créditos involucrados, y desconoce que la decisión atacada no se fundó en la procedencia del beneficio -el que no estimó viable- establecido en el art. 1 de la ley 2258, sino en la valuación que esa norma realiza de inmuebles como el que motiva la acción de autos, que no prevé restricciones ni impone condiciones. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Suaréz, José c/ Coniper S.A s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-05

La metodología empleada para la determinación de la indemnización por la a - quo, responde a criterios jurisprudenciales actuales, habiendo valorado el salario denunciado en la demanda, 13 sueldos anuales y 27 años hasta alcanzar la edad que lo habilita para obtener la jubilación ordinaria así como la tasa de interés puro, a razón del seis por ciento anual, resulta razonable y agregado a las pautas aludidas, el porcentaje de incapacidad arroja una indemnización total que puesto a renta, posibilita al trabajador obtener una suma periódica que compensa su minusvalía laboral por lo que resta de su vida laboral activa.
Regímenes jubilatorios especiales, movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Carrillo Mario Eduardo c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-10

El Alto Tribunal expresó en el precedente "Arrúes, Abraham David Segismundo c/ A.N.Se.S. s/ Acción Declarativa - medida cautelar" del 30.05.06, que el régimen especial de la ley 24.018 que comprendía al jubilado no fue alcanzado por las reformas introducidas por la ley 24.463 al sistema integrado de jubilaciones y pensiones (ley 24.241), manteniendo la movilidad del haber del actor, hasta el dictado de la ley 25.668 y su promulgación parcial por el decreto 2322/02, que eliminó de la ley 24.018 el estatuto para los funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo de la Nación y de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de diciembre de 2002. (Cfr. Considerando 10 del Fallo citado). Consecuentemente, corresponde reconocer el derecho del actor a percibir sus haberes mensuales reajustados en la forma prevista en la ley 24.018, hasta que fue suprimido por la citada ley 25.688, el régimen previsional que le deparaba una movilidad diferenciada del resto de los jubilados. Siendo a partir del 1 de diciembre de 2002 atribución del Congreso disponer las pautas adecuadas para hacer efectivo la movilidad que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional con respecto a las jubilaciones y pensiones".
Concursos, sentencia de quiebra, recursos, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Panter SRL c/  s/ concurso de acreedores s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Procede rechazar la queja en virtud del recurso de apelación denegado contra el pronunciamiento que desestimó la "impugnación" que dedujo el concursado contra el decreto de quiebra. Ello por cuanto, nos encontramos frente a una quiebra indirecta, decretada por no haberse adjuntado las conformidades necesarias, por lo que claramente la LCQ 94 y 96 no resultan aplicables al caso. En efecto, véase que tanto la petición del síndico como la del acreedor se fundaron en no haber acompañado la concursada las conformidades necesarias, petición que no habilita el supuesto de la LCQ 94 como pretende la apelante. Al respecto debe recordarse que la LCQ 46 establece que, si el deudor no presentara en el expediente, en el plazo previsto, las conformidades de los acreedores quirografarios bajo el régimen de categorías y mayorías, será declarado en quiebra, supuesto que, claramente, es el que nos ocupa. En ese marco, la vía utilizada por la concursada para atacar el decreto de quiebra no fue la correspondiente y, por ende, el recurso de apelación incoado conforme la LCQ 96, contra la resolución que rechazó su "impugnación" al decreto de quiebra fue bien denegado.
Libertad condicional, recurso de casación penal, cuestión abstracta, cumplimiento de la pena, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ramírez, Carlos Daniel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-12

Los pronunciamientos de esta Cámara deben atender a las circunstancias existentes al momento de su decisión, aunque sean distintas a las existentes al momento de la interposición, es evidente -en el caso- que la pretensión del representante de la vindicta pública de que se revoque el beneficio de la libertad condicional otorgada por el juez de ejecución al imputado, ha devenido abstracta al haberse agotado la pena impuesta. (Voto de la Dra. Catucci, adhieren los Dres. Tragant y Riggi).
Acción de amparo, costas, temeridad o malicia
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Febbo, Juan Emilio c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-27

El actor tiene derecho a realizar los planteos que considere adecuados y su falta de comprobación no implica necesariamente una conducta temeraria o maliciosa. (Del voto de los Dres. Inés M. de Weinberg de Roca y Esteban Centanaro).
Costas, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz Boris Ulises c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-04-25

Para las dos salas de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, el tope del 25% en la responsabilidad por el pago de las costas (cfr. art. 730 del C.C.C. y art. 277 de la LCT), es inaplicable. Nuestra Sala ha abrevado en dos vertientes argumentales: la inaplicabilidad de la norma al procedimiento entrerriano por su carácter procesal y, sin mengua de ello, por ser contraria a los postulados de la Carta Magna (inconstitucional); mientras que la Sala Civil y Comercial ha proclamado derechamente la invalidez de la estipulación legal de cara a la Constitución -Voto del Dr. Welp (mayoría: Dr. Welp, con adhesión del Dr. Romero)
Marca de hecho, marca notoria, mejora de la contracautela, ampliación del monto
Materia: COMERCIAL
Carátula: Grinbank, Daniel Ernesto c/ García Moreno, Carlos y otros. s/ Medidas Cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-24

Atendiendo a la repercusión que tuvieran los actos llevados a cabo por el grupo musical SERU GIRAN hecho público y notorio y frente a la anunciada repetición de un festival con gran asistencia de público para el día 30 del presente mes y año, cuadra estimar que la cautela que en su momento fijó este Tribunal no cumpliría "prima facie" con la finalidad que le es propia por razón de haberse quedado escaso su monto. En tales condiciones, frente al alcance que esta Sala asigna a la petición y ante los extremos de hecho apuntados, júzgase en principio -y habida cuenta de que no esta en discusión que el peticionario tiene registrada a su nombre la marca SERU GIRAN- que la solicitud de una mejora del resguardo de sus eventuales derechos debe tener favorable acogida; bien entendido que, en cuanto al monto -por la propia imprecisión que exhibe los hechos- no es pertinente sujetar a cálculos de exactitud matemática, sino que se debe proceder según reglas de prudencia y buen sentido (doctr. art. 165, última parte, Código Procesal).
Derecho administrativo, amparo por mora, existencia de otras vías, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sindicato de Luz y Fuerza de La Rioja s/ Cumplimiento de precepto constitucional
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-06-27

El art. 28 de la Constitución Provincial ha introducido como figura específica, dentro de la genérica del amparo al llamado "amparo por mora en la administración", dando pautas procedimentales mínimas, razón por la cual, interpuesto un amparo de estas características, se suscita siempre la cuestión de si le son aplicables las normas de los arts. 379 y siguientes del C.P.C. en su integridad, si lo son parcialmente, o si se trata de un artículo autorreglamentado; y por otra parte, si corresponde o no bilateralizar el procedimiento, a fin de preservar el derecho de defensa del funcionario a quien eventualmente habrá de dirigirse el mandamiento de ejecución.

Al amparo por mora le son aplicables los art. 379 y sigs. del C.P.C.

en cuanto sean compatibles con las particularidades de esta modalidad de amparo. Es así que cumplido los otros dos requisitos del art. 379, no se exigirá la existencia de otras vías para remediar el agravio, desde que es ésta la vía expresamente consagrada por la Constitución para evitar la desidia en el obrar de la administración. Tampoco regirá lo dispuesto en el art. 381 sobre el término para interponer la demanda, ni la obligatoriedad de disponer medida de no innovar conjuntamente con el auto de procedencia formal (art. 382). Sí en cambio le son aplicables las normas sobre competencia, modo de deducir la demanda, celeridad en el trámite, y por supuesto, la lesión grave a derechos constitucionales como consecuencia de la omisión acusada.
Cuota alimentaria, porcentaje de los ingresos
Materia: CIVIL
Carátula: C., J.M. s/ Incidente por Incumplimiento de Acuerdo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-12

Respecto de la posibilidad de cobrar la cuota alimentaria de la suma que el alimentante recibió como indemnización, debe recordarse que el despido del empleo, en lo posible, no debe alterar el cumplimiento de la obligación alimentaria; de manera que podrá exigirse el pago de la cuota en base a los recursos que significa para el alimentante la indemnización percibida.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANTILLAN LUNA ROQUE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SANTILLAN LUNA ROQUE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ACUÑA CARLOS ROBERTO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION RUIZ, MARGARITA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-13|2006-02-13|2009-02-11|2012-05-03

La Procuración del Tesoro de la Nación sentó criterio en virtud del cual los límites a la potestad revocatoria no resultan aplicables a las designaciones irregulares, y que por lo tanto resulta procedente revocar dichas designaciones, en sede administrativa.-
Facultades del Poder Judicial, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A.M.I.A. s/ Amparo - Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

Los términos del Memorándum no sólo excluyen la posibilidad de que el fiscal interviniente establezca los lineamientos a los que corresponda sujetar la investigación del atentado; aún más y, como consecuencia de ello, dejan abierta la posibilidad de que su accionar también deba sujetarse a los términos que eventualmente sean plasmados en las recomendaciones que emita la "Comisión de la Verdad" (del voto del Dr. Ballestero).
Prueba documental, videofilmación, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BASSINO, Jorge Alberto c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-18

Una vez reconocido el contenido material del video, no puede ser soslayado como elemento de comprobación -sin perjuicio de su valoración en sí y en su cotejo con los restantes medios de verificación (conf. art. 386 del Código Procesal)-, pues constituye prueba documental de índole material que lo es toda representación objetiva de un pensamiento, independientemente de que sea o no, además, literal y de que alcance o no la jerarquía de prueba instrumental.

Fundamentos del Dr. Mirás
Tenencia de hijos menores, guarda del menor
Materia: PENAL
Carátula: González Pardo, Tomás Limbert s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-16

La guarda, a los efectos de la aplicación de la agravante prevista en el art. 119, párrafo cuarto, inc. b del C.P., se extiende a los casos en que la tenencia del menor sea transitoria o momentánea. (Voto de los Dres. Bisordi, Catucci y Riggi).
Impuestos, facultades tributarias, gobierno nacional, gobierno provincial, Municipalidad, comercio interior
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Satecna Costa Afuera S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cláusula comercial (transporte marítimo).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-30

El art. 67, inc. 12 de la Constitución Nacional no fue concebido para invalidar absolutamente todos los tributos locales que inciden sobre el comercio interprovincial, sino que sólo alcanza a preservarlos de los impuestos discriminatorios y de aquellos que encarecen su desenvolvimiento al extremo de dificultar o impedir la libre circulación (Disidencia de los Dres. Antonio Boggiano, Carlos S. Fayt y Ricardo Levene hh.!).
Declaración de incompetencia, rendición de cuentas
Materia: PROCESAL
Carátula: B. A. M. c/ B. J. s/ RENDICION DE CUENTAS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

Debe admitirse la excepción de incompetencia opuesta en el juicio por rendición de cuentas, si el acto cuestionado fue realizado en la República Oriental del Uruguay con relación a un inmueble allí ubicado, a través de una sustitución de poder efectuada en la Ciudad de Montevideo donde el excepcionante tiene su domicilio, lo que hace de aplicación lo normado por los arts. 37 y 56 del Tratado de Montevideo.
Beneficio de litigar sin gastos, suspensión del proceso judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salto, Juana Isidora c/ Nuñez, Gregorio Benito s/ Daños y perjuicios Lara, Hugo c/ Mieri, Alfredo Nicolás y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-22|1993-11-04

No es exacto que el artículo 83 del CPCC disponga que cuando el beneficio de litigar sin gastos se pide en la demanda tenga por efecto suspender el trámite del proceso principal, agregándose que el mencionado artículo no establece una suerte de suspensión automática del proceso cuando el beneficio de litigar sin gastos es solicitado en la demanda y que por el contrario, que lo que es código exige es que la suspensión sea peticionada expresamente.
Formalidades procesales, nulidad procesal, Ministerio Público, Ministerio de Menores, falta de intervención
Materia: PROCESAL
Carátula: "R.M.Á. s/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR EL VÍNCULO", Expte. Nº 2924 (R-596/08/TSJ).- s/ RECURSO DE CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-08-28

Corresponde quitar eficacia, declarando su nulidad, a todo acto procesal que exhiba una irregularidad formal que se traduzca en una lesión del principio que tutela o garantía constitucional al que dicha forma viciada brinda operatividad, en el "sub examine" el reclamo del Ministerio Pupilar por la violación de formas sustanciales que indefectiblemente deben ser respetadas para que el proceso sea el debido, situación que habilita la procedencia del recurso en tratamiento, por aplicación de la hipótesis contemplada en el art. 454 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz para el recurso de casación.-
Empleados públicos, ingreso a la función pública, límite de edad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COCERES, NANCI c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-10

Debe destacarse que la idoneidad es el presupuesto esencial para el desempeño de cargos públicos; sin embargo, no es de por sí irrazonable que se establezcan límites de edad para el ejercicio de una actividad, sean éstos mínimos o máximos, siempre que ellos respondan a una finalidad admisible dentro del esquema constitucional de valores -es decir, que medie un razonable interés estatal que justifique la restricción impuesta- y sean aplicados con igual criterio a todos los sujetos comprendidos en el ámbito de actuación de la norma. (Del voto del Dr. Falistocco)
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por la materia, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Miño  Marisol  Macarena c/ Gobierno  de  la  Ciudad Autónoma deBuenos Aires s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-16

De acuerdo con el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia en los autos "S.A. Edgardo Jesús Gonzalo c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/despido" del 02/12/2003, la Justicia Nacional del Trabajo no resulta competente para entender en una acción interpuesta contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al sólo efecto interruptivo, ello sin que enerve los efectos establecidos por el primer párrafo del art. 3986 del C.Civil, es decir sin perjuicio de que la demanda cumpla con el efecto interruptivo de la prescripción. (Del Dictamen de la Fiscal Adjunta "ad hoc", al que adhiere la Sala).
Marcas, acción de nulidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PROCENEX S.A.C.I.F.I.F.A. c/ SED-METAL S.R.L. s/ CESE DE USO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-26

La falta de oposición a una solicitud marcaria no impide el posterior cuestionamiento de su validez, bien que puede significar y esto depende de cada caso- un mayor esfuerzo probatorio de quien objeta el título, e, inclusive, la posibilidad de que se interprete que la pasividad observada -si excede de un lapso razonable, durante el cual la parte contraria ha formado legítimamente clientela- llegó a alcanzar el rango de un consentimiento de la coexistencia (sea que se juzgue concretada una "renuncia" de derechos o ya fuera por aplicación de la doctrina de los propios actos, desarrollo en definitiva del principio de la buena fe). (Sala 2,2040,260883)
Remuneración, adicionales de remuneración, empleador, facultad de organización
Materia: LABORAL
Carátula: Keleman, Eduardo Luis y otros c/ Gurmendi S.A. s/ Diferencia de jornales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-14

Si la empleadora dejó sin efecto, razonablemente,, el sistema de trabajo de cuatro equipos por turnos rotativos establecidos en un convenio celebrado entre los representantes del personal de la empresa y de la firma demandada, por cuya única razón el principal se obligaba a pagar una bonificación del treinta y cinco por ciento sobre el jornal que los obreros tenían asignados, sustituyéndolo por el sistema de tres equipos por turno para el cual no regía el citado adicional remunerativo, no asiste a los trabajadores el derecho a exigir la aludida bonificación salarial del treinta y cinco por ciento a partir del momento en que dejaron de cumplir con el régimen de trabajo que tal beneficio requería como contraprestación, circunstancia que si bien pudo significar una merma en la retribución percibida no implicó, empero , una rebaja injustificada a la remuneración (arts. 63, 74 y 103, LCT).