Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-03-23


Salta, 23 de marzo de 2.005.

Vistos estos autos "Tarjeta Naranja SA c. Taboada, Elsa Aurelia s. Sumario: Cobro de pesos - Embargo Preventivo", Expte. 61.468/02 del Juzgado en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia, 1ª Nominación, y 102.241/04 de esta Sala Quinta de a Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

CONSIDERANDO:

I) La sentencia de fs. 63/65 vta. desestimó la demanda promovida por Tarjeta Naranja SA en contra de Doña Elsa Aurelia Taboada por la que pretende el cobro de la suma establecida en una certificación de deuda derivada del uso de una tarjeta de crédito. Apeló la actora a fs. 67 y expresó agravios a fs. 74/85, los que fueron contestados a fs. 88/89 vta. por la demandada, donde pide el rechazo del recurso y la confirmación del fallo apelado.

La recurrente considera que la sentencia es contradictoria, arbitraria y nula por prescindir de la prueba aportada, apreciar mal los hechos y el derecho, recayendo en una solución injusta. Encuentra contradicción en los fundamentos del fallo consistentes en la falta de prueba de la tarjeta o plástico y de los resúmenes de cuenta. Sostiene que el contrato es consensual y no real, que se perfecciona con la suscripción al sistema, presumiéndose la entrega del plástico y que es esencial tener en cuenta el reconocimiento de la demandada de haber suscrito el contrato y la recepción de los resúmenes de cuenta. Con citas judiciales expresa que de no haber recibido la accionada el resumen mensual, debió solicitarlo e impugnar la liquidación en su caso, por lo que al no hacerlo, se produce una conformidad tácita, de acuerdo al deber establecido en el artículo 1198 del código civil, de cumplir la obligación principal de buena fe y de acuerdo a lo que las partes verosímilmente entendieron. Agrega que la certificación de deuda sustituye los resúmenes de cuenta y se presume tácitamente aceptada, por la falta de impugnación oportuna, o en este juicio donde la demandada no ofreció prueba pericial que la desvirtúe y asemeja la certificación, a la de la cuenta corriente bancaria. Considera que es irrazonable y antieconómico obligar a guardar los resúmenes de cuenta y avisos de recepción y que los libros de comercio pueden ser un principio de prueba, una presunción relativa o indiciaria. Afirma igualmente que la sentencia va más allá de lo planteado por la demandada que insistió en que no se ha probado que el contrato es real y concluye que la certificación basada en registros de la empresa adquiere pleno valor, corroborada por otros elementos probatorios, por lo que debe hacerse lugar a la demanda. II) Como se ha visto de la reseña precedente, en la causa no solo se encuentra negada la existencia de una deuda a favor de la actora, sino que está cuestionado el perfeccionamiento mismo del contrato, en virtud del cual, aquella pudo generarse. El artículo 8 de la ley 25.065 que rige el sistema de tarjetas de crédito, establece bajo el epígrafe de "Perfeccionamiento de la relación contractual" que "el contrato de tarjeta de crédito entre el emisor y el titular queda perfeccionado sólo cuando se firma el mismo, se emitan las respectivas tarjetas y el titular las reciba de conformidad". Ello implica que no basta la suscripción de la solicitud de la tarjeta, sino que además debe procederse a su emisión y a la entrega al interesado. Se necesitan esos tres hechos para considerar existente el contrato. Por si hubiera alguna duda al respecto, el artículo 9 de la ley ratifica el concepto estableciendo que "La solicitud de la emisión de la tarjeta de crédito, de sus adicionales y la firma del codeudor o fiador no generan responsabilidad alguna para el solicitante, ni perfeccionan la relación contractual". Como consecuencia de las reglas de la carga de la prueba establecidas en el artículo 377 del código procesal, le correspondía a la actora probar la existencia de la relación contractual controvertida, y para ello acreditar las tres condiciones que constituyen el presupuesto de hecho de las normas que fundamentan su pretensión. Por tanto, la demandante debía probar tanto la suscripción del contrato, cuanto la emisión de la tarjeta de crédito y su recepción por la demandada de acuerdo a los preceptuado en los artículos 8 y 9 de la ley 25.065 citados.

En autos está reconocido por la demandada haber suscrito la solicitud de la emisión de la tarjeta, pero no hay prueba sobre la emisión y recepción de la misma. El recurrente afirma que la firma de la solicitud hace presumir la entrega del plástico, por lo que estaría a cargo del usuario la prueba de la no recepción. Sin embargo, ello no es así por cuanto por un lado, la ley exige los tres hechos señalados, y una interpretación en ese sentido importaría suprimir dos de las tres circunstancias establecidas con énfasis en la ley que dedicó dos artículos para que no quede duda. Por otro, una afirmación semejante resulta contraria al texto del artículo 377 del código procesal ya citado.

También dice el recurrente que el reconocimiento por parte del demandado de haber recibido los resúmenes de cuenta, produce el reconocimiento no solo de la recepción del plástico, sino de su uso. Por supuesto que el uso de una tarjeta de crédito constituye una prueba eficaz de su emisión y recepción por el titular. Sin embargo, por más prolija y exhaustiva que sea la lectura de los escritos de la demandada, la Sala no encuentra el reconocimiento a que se refiere el apelante. No lo está en la contestación de demanda de fs. 36 y 37, donde además de negar su obligación legal de expedirse sobre la certificación de fs. 5, le niega su veracidad y contenido, e impugna los diversos rubros por no adecuarse a las exigencias de las leyes que cita. Tampoco está en el alegato de fs. 59 y vta, por lo que este argumento resulta también improcedente.

Por último, en referencia a la obligación del usuario de requerir los resúmenes de cuenta si no los recibiera, y de impugnarlos si fueren erróneos, y a toda la jurisprudencia y doctrina existente sobre ello, debe decirse que su aplicación supone una relación contractual perfeccionada y acreditada como tal, lo que no ha ocurrido en el caso por razones expuestas precedentemente. En consecuencia deben rechazarse los agravios.

III) En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a cargo de la recurrente vencida, de acuerdo al principio general establecido en el artículo 67 del código procesal. Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES C. y C: No Hace Lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 67. Con costas.

Dispone se Registre, Notifique y Baje.