Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda (fs. 199/204) se alzan la actora (fs. 206/209), su letrado (fs. 209) y el perito contador (fs. 205), estos últimos en defensa de sus respectivos honorarios.

II) La actora se agravia de que se haya considerado injustificada su decisión de darse por despedida, pues entiende, en síntesis, que: a) la respuesta patronal a su intimación resultó tardía, por lo que existió "silencio" de la empleadora, extremo que -a su juicio- lleva a analizar la cuestión desde la perspectiva del art. 57 de la LCT y, consecuentemente, "corresponde considerar que efectivamente medió negativa de trabajo y que en su mérito la actora denunció el contrato en forma ajustada a derecho"; b) en la misma intimación su parte requirió el pago de las sumas adeudadas por diferencias en la categorización y -admitida en el fallo la existencia de esa deuda- debe considerarse justificada la denuncia del contrato.

No me parece atendible el primero de esos argumentos, dado que la demandada recibió la intimación de la trabajadora el 19 de marzo de 2007 a las 10.06 y emitió su respuesta al día siguiente, por lo que -a mi entender- no se verifica la situación prevista en el art. 57 de la LCT.

En cambio, estimo que resulta fundado el segundo fundamento del recurso. En efecto, como bien lo señala la apelante, en la mencionada intimación la trabajadora no sólo denunció la supuesta negativa de trabajo, sino que además hizo hincapié en "las diferencias convencionales que en todo caso se mantienen desde el ingreso, habida cuenta que las tareas que se me encomendaron desde el ingreso en mi objetivo habitual...son de carácter administrativo" e intimó a la demandada para que -entre otras cosas- cancelara "las diferencias proporcionales de categoría que debió abonarme durante el período no prescripto...bajo apercibimiento de considerar la situación incursa en las previsiones del art. 242 de la LCT" (sic, fs. 5).

La Sra. Jueza a quo consideró demostrado que las tareas realizadas por SEQUEIRA correspondían a la categoría convencional de "administrativa" y consecuentemente difirió a condena "las diferencias salariales habidas entre la remuneración que debió percibir la actora conforme a su categoría convencional y las efectivamente percibidas" por la suma de $ 3.168 (fs. 201), aspecto del fallo que llega firme a esta alzada.

En tales condiciones, la actora tuvo motivo justificado para darse por despedido, pues es criterio pacíficamente aceptado que la falta de pago de los salarios, previa intimación del trabajador, configura injuria impeditiva de la continuación de la relación laboral y constituye justa causa para disolver el contrato de trabajo (esta Sala, 12/9/07, S.D. 92.528, "Figueroa, Domingo Ignacio c/ Bartamian SA y otros s/ despido"; CNAT, Sala VI, 30/10/03, "Labriola, Carlos Alberto c/ Duque Seguridad SA", LL 2004-C-348). No obsta a esa conclusión la vaga invitación patronal a presentarse en sus oficinas a fin de "atender cualquier reclamo a título personal" (sic, fs. 10), pues al margen de que esa convocatoria no aparecía concretamente vinculada a la cuestión de las diferencias salariales, lo cierto es que en la misma comunicación la demandada tachó de "improcedente, falaz y maliciosa" la postura de la actora y a lo largo del pleito resistió la pretensión de reclamos salariales (cfr. fs. 65/71), por lo que es evidente que no tenía ninguna intención de abonar las diferencias salariales impagas.

Lo expresado basta para admitir la pretensión resarcitoria, pues, conforme reiterada y pacífica jurisprudencia de esta Cámara, cuando son varias las causales invocadas en la notificación del auto-despido, la acreditación de alguna de ellas, que tenga bastante virtualidad o entidad como injuria, es suficiente para justificar la medida y admitir el reclamo indemnizatorio pertinente (CNAT, Sala IV, 31/3/08, S.D. 93.150, "Aibe, Luis c/ San Jorge Soc. de Hecho y otros s/ despido"; íd., Sala VII, 28/12/06, S.D. 39827, "Bruno, Aída Isabel c/ Siembra AFJP S.A. s/ despido"; íd., Sala VIII, 25/03/88, "Salamanca, Nélida Josefina c/ Numen SA Educacional s/despido"; íd., Sala X, 24/04/06, S.D. 14.269 "Beltrame, María del Carmen c/ Martín y Cía S.A. s/ despido").

Dado que la demandada no abonó las indemnizaciones por despido, pese a la concreta y fehaciente intimación formulada por la trabajadora (ver fs. 7), corresponde admitir igualmente el recargo del art. 2º de la ley 25.323.

En cambio, no procede la multa prevista por el art. 9 de la ley 25013, "toda vez que el presupuesto que condiciona su viabilidad es el mismo sancionado, a su vez, por el art. 2 de la ley 25323 -esto es la falta de pago en término de la indemnización por despido incausado- ya calculado en el monto de condena" (SD 89.426 del 28/11/03, "Mendez, Etel Rosa c/ Empresa Distribuidora Sur S.A. s/ despido"; íd., SD 91012, del 30/11/05, "Joaquín, Marcelo Roberto c/ Cortes Camia, Alejandro Oscar y otro s/ despido"; íd, SD 91115 del 9/2/06, "Mora, Polonio Luis c/ Megafood Catering SA s/ despido"; íd. SD 91.662 del 12/9/06, "Carou, María Fernanda c/ Flamarión SA s/ despido").

Sugiero entonces modificar la sentencia apelada y condenar a la demandada a abonar las sumas de $ 6.375,60 (1062,6 x 6) por indemnización por antigüedad, $ 2.302,29 (2 x 1062,60 x 1,08333) por indemnización sustitutiva del preaviso con incidencia del SAC; $ 334,20 por integración del mes de despido con incidencia del SAC; $ 4.506,04 por indemnización del art. 2º de la ley 25.323; y $ 3.187,80 por incremento del art. 4º de la ley 25.972. A estas sumas (que representan un subtotal de $ 16.705,93) deben adicionarse las admitidas con carácter firme en la sentencia apelada (que hacen otro subtotal de $ 7.826,36), con lo que el monto total de condena asciende a la suma de $ 24.532,29, con más sus intereses en la forma establecida en origen.

Aclaro que, dada la convocatoria a fallo plenario en autos "Oliva, Jessica Romina c/ Yanine S.A. s/ despido" en torno a la base de cálculo del incremento del art. 4º de la ley 25.792, liquidé dicho rubro en el 50% de la indemnización del art. 245 de la LCT, quedando pendiente el eventual reajuste de ese incremento a las resultas del pronunciamiento a dictarse por la Cámara en pleno (art. 124 L.O.) III) El nuevo resultado del pleito que por el presente propongo, conduce a dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 Cód. Procesal), lo que torna abstracto el examen de los agravios vertidos sobre esos tópicos.

Cabe recordar que en la distribución de las costas no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y a los rubros que resultaron procedentes (CNAT, Sala I, 31/3/04, "Urrutia, Débora c/ Mater Dei Asoc. Civil s/ despido"), de manera que si (como sucede en el caso) la actora resultó vencedora en el pleito deben imponerse en su totalidad a la demandada, aunque la demanda haya prosperado por una suma inferior a la reclamada (CNAT, Sala II, 25/3/97, S.D.80.678, "Ramírez, Víctor c/ ELMA SA s/ despido"; esta Sala, 16/12/06, S.D.91.956, "Lampón, José Vicente c/ Banco Río de la Plata y otro s/ despido"). Sugiero entonces imponer las costas de ambas instancias a la demandada, vencida en lo principal.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, propongo regular los honorarios de primera instancia de la representación y patrocinio de la actora en el 15%, de la representación y patrocinio de la demandada en el 12%, del perito contador en el 6% y de la perito calígrafa en el 5%, todos del monto total de condena, incluidos los intereses; asimismo, estimo los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior (arts. 6, 7, 8, 9, 14 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3º y conc. dec. ley 16.638/57).

IV) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda en lo principal y ampliando el monto de condena a la suma de $ 24.532,29, con más sus intereses en la forma establecida en origen; con la expresa salvedad de que el importe del incremento del art. 4º de la ley 25.792 queda sujeto a eventual reajuste a las resultas del pronunciamiento a dictarse por la Cámara en pleno en autos "Oliva, Jessica Romina c/ Yanine S.A. s/ despido" (art. 124 L.O.) 2) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios. 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada. 3) Regular los honorarios en los porcentajes indicados en el considerando respectivo.

La doctora Estela M. Ferreirós dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de mi distinguido colega preopinante, a excepción de lo propuesto en cuanto a la improcedencia del incremento previsto por el art. 9 de la Ley 25.013.- En efecto, la norma en cuestión expresamente establece: "En caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado... se presumirá la existencia de conducta temeraria y maliciosa contemplada en el art. 275 de la ley 20.744 (t.o. 1976)".- En relación a este tema he tenido oportunidad de señalar, entre otras, las siguientes consideraciones: es requisito insoslayable para la aplicación de la norma la falta de pago en término de la indemnización por despido incausado, ya sea sin invocación de causa, sin causa justificada o cuando se invocara una injuria que luego no se prueba. Obvio que al hablar de indemnización el artículo está haciendo referencia a la reparación del daño presunto que produce el despido arbitrario y por tanto, resulta también abarcativo del preaviso y / o de cualquier tipo de reparación nacida de la causa señalada.- En cuanto al tiempo la norma habla de pago en término y bueno es recordar que el pago es el cumplimiento de la prestación debida que hace al objeto de la obligación, en este caso, de dar.- Ese acto jurídico de pagar, que tiene por objeto inmediato aniquilar derechos y que puede ser realizado tanto por el deudor, en este caso empleador, como terceros en algunas ocasiones, debe gozar de integridad, conforme a lo establecido por el art. 742 del Código Civil, motivo por el cual, el trabajador no está nunca obligado a recibir pagos parciales.- Por otra parte, resulta de vital importancia tener presente que la ley requiere que el pago sea hecho en término, de manera tal que tratándose de obligación pura y simple, no sujeta a plazo alguno, la suma adeudada debe efectivizarse el día del cumplimiento de la obligación, que es el día del despido mismo.- En cuanto a la presunción contenida en el artículo, sostuve que se trata de una presunción legal de la que el legislador ha preferido la posibilidad de admitir prueba en contrario, pero lo cierto es que dicho hecho está eximido de prueba para el reclamante y es el legitimado pasivo quien debe liberarse demostrando su inexistencia, la que se da, primariamente, por cierta.- Es que la presunción no es una prueba, sino la exención o dispensa de prueba, en suma, que mientras no se pruebe lo contrario, el hecho se tiene por cierto y resulta indubitado.- Sin embargo, la ley prevé la posibilidad de que el deudor-empleador se libere de esa presunción acreditando la causa justificada de su demora. Es que su responsabilidad ya comienza a nacer en virtud de que han comenzado a surgir los presupuestos necesarios de la misma, a saber: a) incumplimiento objetivo o material como infracción al deber por incumplimiento contractual; b) un factor de atribución de responsabilidad; c) el daño, que en este caso se presume también motivo por el cual la reparación resulta tarifada, y c) una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño.- Existe la posibilidad primera de que el empleador cumpla con la indemnización de manera íntegra y oportuna en cuyo caso queda absolutamente liberado. También puede ocurrir que el deudor incumpla con la prestación a su cargo, caso en el que se impone el pago reparatorio por el despido incausado y la sanción por no cumplir, ya que se actualiza la presunción y debe efectivizar el pago adicional previsto. Pero también puede ocurrir que no haya pagado la indemnización y que, no obstante, no resulte responsable porque el caso fortuito o la fuerza mayor hayan generado una situación de irresponsabilidad.- Es que el art. 514 del CC nos da la pauta de lo que se entiende por caso fortuito y expresa que es el que no se ha previsto o no ha podido evitarse.- En nuestro derecho, en el que la fuerza mayor y el caso fortuito han sido considerados sinónimos por la doctrina y por la jurisprudencia, se requiere para la configuración del "casus", la imprevisibilidad, es decir la imposibilidad de haber podido pensar que sucedería, la irresistibilidad o inevitabilidad, en la concepción de algo absolutamente inevitable más allá incluso de que haya podido ser previsto; la ajenidad , como algo inherente al deudor y exterior a la esfera de acción en la cual el mismo debe responder.- Es decir que, para justificar su conducta de falta de pago en término de la indemnización por despido incausado se entiende que la única vía es la alegación y prueba del caso fortuito.- De acuerdo con lo expuesto, la desvirtuación de la presunción legal iuris tamtum de la norma resultará de gran dificultad a los empleadores. Así, el despido en el que no se invoque causa resultará prácticamente si no hay pago oportuno, acompañado por la presunción expuesta; si hubo invocación de causa y la misma llega a controversia judicial y no se prueba; el resultado será igual.- Aparece así la decisión del legislador de llevar seguridad jurídica al terreno de los despidos, evitando el litigio innecesario y sancionando el incumplimiento cuando no está justificado (ver trabajo completo, Estela M. Ferreirós, "Falta de pago en término de las indemnizaciones por despido incausado", Errepar - DLE- nº 180 - agosto del 2000; en igual sentido ver de esta Sala "Perakes, Alejandro Nicolás c/ Viamonte Construcciones S.A. y otro s/ despido", sent. 40.926 del 28-05-08, entre otros).- Y bien, considero que tanto la disposición del art. 2 de la Ley 25.323 como la del art. 9 de la Ley 25.013 pueden ser aplicadas acumulativamente toda vez que mientras que la primera dispone un incremento indemnizatorio, la otra establece una presunción de existencia de conducta temeraria y maliciosa (art. 275 de la L.C.T.) Ver, en igual sentido "Ferramondo, Alberto Victorio c/ Crompton Química S.A.", sent. 41-339 del 31-10-08.- La demandada no ha logrado acreditar de ningún modo la causa que justifique esa demora, de modo que corresponde también imponer dicha multa a su cargo El doctor Oscar Zas dijo:

En lo que es materia de controversia entre mis distinguidos colegas, por análogos fundamentos, adhiero al voto del Dr. Guisado.

Por ello, por mayoría, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda en lo principal y ampliando el monto de condena a la suma de $ 24.532,29, con más sus intereses en la forma establecida en origen; con la expresa salvedad de que el importe del incremento del art. 4º de la ley 25.792 queda sujeto a eventual reajuste a las resultas del pronunciamiento a dictarse por la Cámara en pleno en autos "Oliva, Jessica Romina c/ Yanine S.A. s/ despido" (art. 124 L.O.) 2) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios. 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada. 3) Regular los honorarios en los porcentajes indicados en el considerando respectivo.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

ESTELA M. FERREIRÓS HÉCTOR C. GUISADO Juez de Cámara Juez de Cámara OSCAR ZAS Juez de Cámara ANTE MI:

h.g.

SILVIA SUSANA SANTOS Secretaria