marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Desindexación, Ley de desindexación, depreciación monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Oros, Oscar Osvaldo c/ CONET s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

La ley 24.283 tiene por finalidad evitar la situación de inequidad y de injusticia producida por la actualización e indexación de deudas cuando, las prestaciones a cumplir entre deudor y acreedor, son manifiestamente desproporcionadas.
Recurso contencioso administrativo, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: PELSUD SACI c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 247-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-07-18

La garantía de seguridad que tiende hacer efectiva el instituto de la caducidad de instancia, sufriría menoscabo si mediante la simple instauración de procesos contenciosos administrativos -que no pudieran perimir antes de la citación y emplazamiento a estar a Derecho- los particulares pudieran alongar indefinidamente la etapa previa a ese acto procesal, mediante la articulación de incidentes ajenos a la cuestión sustancial de debate.
Retiro policial, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: LUTEMBERG GARDYN, GLADYS CHARUL PALACIO DE Y OTRA c/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

De acuerdo al régimen de la ley 21965 los suplementos generales quedan reducidos a los contemplados en su art. 76 y su extensión jurisprudencial debe realizarse con extrema prudencia, desde que era facultad del legislador, al sancionar la ley, disponer qué conceptos integraban o no los suplementos generales y establecer, en el caso, una compensación especial siempre que esa determinación se basara en criterio razonables y no exista hostilidad dirigida contra determinadas personas o grupos de personas.
Medidas cautelares, prisión preventiva, contexto interpretativo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de apelación en autos: Perancho, Mauricio Ariel y otros s/ usurpación en concurso ideal con impedimento de funciones públicas y concursadas materialmente con privación ilegítima de la libertad, usurpación y entorpecimiento de la actividad económica, éstas dos últimas en concurso ideal. s/ Incidente de apelación. Usurpación en concurso ideal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2005-04-26

Los magistrados para justificar la necesidad de mantener en detención cautelar a una persona, deberán realizar una composición de los siguientes aspectos relevantes: la calificación provisional de los hechos, las condenas anteriores o los procesos en trámite, las cuestiones atinentes a su identidad, medios de vida, arraigo en el país -determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo-, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.

A estos datos objetivos corresponde añadir como parámetros para evaluar la procedencia del instituto, la importancia del daño resarcible y la actitud que -voluntariamente- el imputado adopte para repararlo y la conducta del imputado durante el actual procedimiento u otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.- Asimismo el Derecho y la aplicación que del mismo haga el Juzgador no puede quedar ajeno al panorama social, de modo tal que deviene imprescindible que la interpretación de las normas positivas respondan a un razonamiento jurídico con claro contenido humanista, que comulgue con el ordenamiento jurídico visualizado desde una óptica integradora y armónica, con plena observancia de la supremacía de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos referidos en el artículo 75 inc. 22 de la misma.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, accidente de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flores de Gutierrez, Elba c/ Natino, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

Determinar la responsabilidad de los partícipes de un accidente, constituye una cuestión de hecho.
Daños y perjuicios, indemnización, facultades del juez, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA DE LLAMPA EUFEMIA TEODOSIA c/ SADE  S.A.C.C.I.F.I.M. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-11-01

La pretensión de la actora de que se adicione al salario base el porcentaje del 30% descontado por el Juez se contrapone con las postura expuesta en su escrito de demanda donde aunque en un porcentaje menor reconoce la procedencia del descuento, lo cual constituye un "venire contra factum propium" inacogible en derecho, porque a nadie es dado ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, en tanto ello infringe el fundamental principio de la buena fe receptado en el art. 1198 appdo. 1 del Código Civil, cuya vigilancia dentro del proceso la ley ha puesto a cargo de los jueces como "deber" (art. 34, inc. 5, appd. d) del C.P.C.C.) e inadmisible en esta instancia cuya actuación se encuentra acotada a las cuestiones sometidas a decisión del juez de la anterior instancia (conf. art.

270 del C.P.C.C.), sino también porque los argumentos que vierte para descalificar el porcentaje establecido no son demostrativos de error o exceso del juzgador en el ejercicio de la facultad acordada por el art. 166 appdo. 1 del código de rito.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, depósito, monto de la demanda, monto indeterminado, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Capdevila Empresa Constructora S.A. c/ Consorcio Edificio Centenario s/ ORDINARIO-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-08-13

Si la actora perseguía con su demanda la declaración del derecho de su parte, de las unidades I, II y III del Edificio Centenario y que se fije el plazo para su escrituración, lo que conlleva a que la demanda no tuviera monto determinado, resulta de aplicación el 2do.

párrafo del art. 300 del C.P.C., siendo en consecuencia suficiente el monto de pesos treinta y cinco en concepto de depósito, como requisito de admisibilidad del recurso. Por ello corresponde hacer lugar a la revocatoria articulada y declarar formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto.
Materia: PROCESAL
Carátula: NORTEPOL, S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ ACCION DECLARATIVA - EXPEDIENTILLO ART. 250 CPCCN (Reg. 13.057)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-14

Las medidas cautelares son un remedio de carácter excepcional, pues alteran el estado de hecho, o de derecho existente al tiempo de su dictado, y como configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, - que no por ello comporta prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión - resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos de admisibilidad.

Para su procedencia es necesario un análisis previo acerca de la existencia o no de un derecho garantizado por la ley, y la justificación del peligro en la demora. Si bien tal mencionado derecho no debe interpretarse con criterio restrictivo, ni exige un examen de certeza, indiscutiblemente deben existir en la causa elementos de juicio idóneos para formar la convicción acerca de su procedencia, y pesa sobre quien la solicita, acreditar prima facie la existencia de tales condiciones exigidas por la ley procesal.

La declaración de medidas cautelares dictadas contra la administración pública deben atenerse a un criterio eminentemente restrictivo, frente la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria de los actos administrativos o legislativos.

Tal presunción de legitimidad determina, en principio, la improcedencia de las medidas cautelares contra los actos de los poderes públicos, como también que el cumplimiento de los requisitos legales debe ser de riguroso cumplimiento, pues debe demostrarse que prima facie no se basan en el ordenamiento jurídico, o sea debe trascender su arbitrariedad.

Dicha presunción cede cuando, valorado "prima facie" el derecho invocado, es posible apreciar, con criterio de probabilidad, el carácter irrazonable del acto, sin que ello implique prejuzgar sobre la solución de fondo, por medio de las debidas probanzas.
Partidos políticos, caducidad de la personalidad política, fusión de partidos políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Frente de Jubilados y Juventud (FREJUJU) s/ Fusión-Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD)-Movimiento Federal de los Jubilados (MOFEJU) Partido de la Ciudad en Acción s/ fusión partidaria -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-23|2010-11-16

Si bien la señora jueza de primera instancia declaró la caducidad de la personalidad política de los partidos requirentes -lo cual importa la cancelación de su inscripción en el registro (art. 40, ley cit.)- lo cierto es que la ejecución de las sentencias que disponen dicha caducidad está suspendida, por mediar apelaciones concedidas en ambos efectos. Por lo tanto, los partidos requirentes mantienen actualmente su inscripción registral y conservan, entonces, su aptitud para fusionarse con otros partidos a los fines de conformar una nueva agrupación (cf. Fallos CNE 4379/10).
Asignaciones familiares, recurso de inaplicabilidad de ley, aplicación de la ley, empleados públicos, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MEZA, OMAR OSVALDO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-12-20

El régimen de las asignaciones familiares reguladas en la Ley N° 24174 tienen su propio ámbito de aplicación, fijando de manera concreta quienes son sus destinatarios en tanto la misma dispone "se instituye con alcance nacional y obligatorio" pero a determinada porción de trabajadores públicos -nacionales- y privados, excluyendo por lo tanto a los empleados/as públicos provinciales -o municipales como en el caso- por contar con regímenes propios. Por ello, nuestra provincia cuenta con la Ley N° 4101, promulgada el 12-07-06, la que estableció el régimen de Asignaciones Familiares para los agentes y autoridades superiores de la Administración Pública Provincial comprendiendo ésta a sus tres Poderes y los Órganos de Control. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia, conforme al Dictamen de la Procuración General)
Contratos administrativos, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicente Robles  SAMCICIF c/ Estado Nacional (Servicio Nacional de Parques Nacionales) s/ nulidad de resoluciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

No es dable admitir una inteligencia de los contratos administrativos que contradiga las normas de la Constitución Nacional.
Resoluciones judiciales, error material, cosa juzgada, resoluciones posteriores a la sentencia definitiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: AMR ARGENTINA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa caratulada: "Ballante María s/pensión" (Fallos 311:103) precisó que "los jueces no pueden prescindir del uso de los medios a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva, y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos". En tal sentido, la invocación de la cosa juzgada en defensa de una sentencia que contiene un error material, no es eficaz como argumento defensivo, ya que no puede el error constituirse en fuente de derecho (cfr. arg. CNCom., Sala C, "Complejo Textil Bernalesa SRL s/ inc. de verificación por Siso Neira", del 27.12.89; íd.,"Bairagro SA s/ conc. preventivo s/ inc. de revisión por la concursada al cred. del Banco de la Nación Argentina", del 27.10.1999, entre otros). Al respecto, según doctrina judicial reiterada por el Alto Tribunal la cosa juzgada está íntimamente ligada a la seguridad jurídica y es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional (Fallos: 319:3241). Mas, los motivos que inspiran el principio de inmutabilidad de las sentencias, deben ceder frente al objetivo constitucional de afianzar la justicia; de ahí que, a veces, apartarse formalmente de una sentencia firme, lejos de menoscabar la autoridad de la cosa juzgada, la preserva, porque salvaguarda su justicia, sin lo cual el más íntimo sentido de dicha autoridad no es concebible (conf. Kemelmajer de Carlucci Aída, "Cosa juzgada y procedimientos concursales en la jurisprudencia del nuevo milenio", publicado en Acad. Nac. de Derecho, 2010, junio, 5; y jurisprudencia y doctrina allí citada).
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Barraza, Rubens Eliseo y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

La identidad sustancial de lo manifestado por los acusados en la oportunidad de los  arts. 353 bis y 294 del C.P.P.N., impone igualdad de tratamiento, y encuentra fundamento en que ambas declaraciones constituyen actos de defensa concedidos al imputado, por lo que corresponde guardar idénticos recaudos a los efectos de su validez, sin embargo el acto interruptivo -conforme texto legal- es el "llamado" y no la declaración en sí misma. Surge de autos que, desde la fecha en que fueron citados los acusados hasta el requerimiento de elevación a juicio ha transcurrido el plazo previsto por el art. 62 del C.P. por lo que corresponde declarar prescripta la acción penal en orden al delito investigado. Es indiferente, por la identidad sustancial reseñada, que en dicha oportunidad el imputado haya manifestado su deseo de continuar con el trámite ante el juez de instrucción, ejerciendo la opción de prestar declaración indagatoria, pues ya entonces el "primer llamado" había ocurrido. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David).
Recurso de queja (procesal), depósito previo, exención de depósito
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Rhodia Argentina Química y Textil  SAICF c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires. s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Sólo quedan relevados de cumplir con el depósito previo los que se encuentran exentos de pagar sellado o tasa judicial, según las disposiciones de las leyes nacionales respectivas (art. 286 del Código Procesal) sin que el precepto comprenda a aquellos que pudiesen estarlo en virtud de normas locales.
Cuestiones de competencia, hostigamiento o maltrato, delitos contra la integridad sexual
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos C.M.R. sobre 53 bis - agravantes (conductas descriptas en los artículos 51, 52 y 53) s/ conflicto de competencia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Toda vez que los jueces contendientes no discuten la calificación prima facie de los hechos en la contravención de maltrato agravado, conforme los artículos 54 y 55 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde atribuir competencia para intervenir en el caso al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas, que es el único competente para conocer respecto de la figura controvertida. Ello así, sin perjuicio de la existencia de la causa en trámite ante la Justicia Criminal y Correccional, elevada a juicio, por la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual. En todo caso, la imputación puede ser ampliada incluso hasta el debate y, eventualmente, en la sentencia el juez está facultado a dar a los hechos una calificación distinta a la contenida en la acusación, sin que sea necesario en ninguno de esos supuestos expedirse nuevamente sobre la competencia ya atribuida por este Tribunal (ello, de conformidad con los argumentos expuestos en el precedente "Giordano", expte. n° 16368/19, resolución del 25/10/2019). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Pena única, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Rodolfo y otro s/ Homicidio y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

La sentencia que para unificar las penas respectivas las suma lisa y llanamente, no incurre por esa sola circunstancia en violación del art. 58 del Código Penal, pues si bien esta disposición no impide dicha metodología tampoco la excluye.
Debido proceso, defensa en juicio, privación de justicia, imputado, morosidad del proceso, querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Espósito, Miguel Angel s/ Recurso de hecho s/privación ilegal de la libertad reiterada en 73 oportunidades - Causa N° 2018
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-07

Se configura una situación de privación de justicia en perjuicio del querellante si con motivo de los planteos promovidos por la defensa del imputado, el trámite del plenario quedó prácticamente paralizado durante cinco años y sujeto a la suerte de los incidentes que se formaron como consecuencia de aquéllos.
Filiación, presunción de paternidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: E., M. E. c/ M., H. A. s/ Reconocimiento de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Quien intente destruir la presunción de paternidad contenida en el art. 243, 1a. parte, del Código Civil (texto ley 23.515) sobre la base de la separación de los cónyuges, debe acreditar la realidad de esa separación.
Procesos especiales, juicio por rendición de cuentas
Materia: PROCESAL
Carátula: MOURELLE, Hernán José c/ MOURELLE, Alberto Miguel s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28

El proceso de rendición de cuentas, en el cual una de las partes exige a la contraria el cumplimiento de una obligación de hacer, que consiste en que le brinde un informe detallado de su gestión, consta de dos etapas estrechamente vinculadas: la primera, está referida a establecer si existe o no obligación por parte del demandado a rendir cuentas y, la segunda, se inicia cuando el demandado reconoce tal obligación, o bien el juez mediante sentencia, que se encuentra firme, establece que se debe rendir cuentas.
Subasta judicial, adquirente en subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alsa S.A.C.I.F.I. c/ Fernández, Eugenio Oscar y/o quien resulte propietario s/ Apremio. Incidente de nulidad Epherra, Andrés C. y otro c/ Marchesi S.A.(Quiebra) s/ Indemnización por despido Patricio, Juan Carlos c/ Moresco, Luis María s/ Cobro ejecutivo Crubellati, Enrique s/ Incidente de inexistencia de acto jurídico procesal en autos  "Bortolot, Ana c/ Crubellati, Enrique. Ejecución" Cortada, Héctor Saúl s/ Incidente de revisión en autos 'Semillero El Ceibo. Concurso  preventivo. Incidente de impugnación de Mutual de Asociados y  Adherentes del Club Sport de Salto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15|1989-11-21|1996-03-12|1998-03-31|2002-02-19

Cuando se ordena realizar la subasta se prescinde de la voluntad del deudor-propietario y quien realiza la transmisión de los derechos de éste sobre el bien es el juez en ejercicio de su jurisdicción, la que lo ha investido de ese poder de disposición por lo que no actúa como un representante de aquél.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, cuestión no constitucional, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, excarcelación, antecedentes penales, sentencia condenatoria, sentencia no firme, ejecutoriedad de la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos Ferreyra, Daniel Héctor s/ infr. al art. 189 bis inc. 2 párrafo 3ro del CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-10

Corresponde rechazar la queja en tanto el recurrente no se hace cargo de la doctrina sentada por este Tribunal in re "Taboada Ortiz", expte. n° 8296/11, resolución del 14/12/2011 e in re "Escalante", expte. n° 13.615, resolución del 30/11/2016, en la que se sostuvo que el límite de dos años previsto en el art. 187, CPP no es de aplicación extensiva a los supuestos que el propio artículo excluye, como ser el hecho de que el recurrente registre una condena pasible de ser ejecutada. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Acción de amparo, sociedades mutuales, derecho de asociación, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., C. c/ MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-01

En orden a las postulaciones de la recurrente vinculadas a la falta de legitimación activa por no ser la actora afiliada o asociada, es preciso tener presente que la hija de ésta era una menor de edad que debía ser intervenida con urgencia y dicha circunstancia -que por otra parte consta fue cumplida por la demandada en virtud de lo ordenado mediante cautelar- pone de manifiesto que el derecho constitucional en juego afectado por la supuesta conducta ilegítima de la accionada excedía el derecho de asociación mencionado por la recurrente, involucrando la pretensión de la amparista el derecho a la salud de su hija.
Despido por maternidad, empleador, mala fe
Materia: LABORAL
Carátula: JAIME, GLADYS c/ COMERCIO INTERNACIONAL  S.A.C.I.F.I.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-26

La demandada procedió de mala fe al adoptar la práctica de aceptar las comunicaciones de embarazo sólo a partir del tercer mes de producidos, lo que le permitía discriminar a aquellas empleadas que considera menos cumplidoras, despidiéndolas antes de que safisfacieran los requisitos legales de la notificación y entrega del certificado médico respectivo.
Contrato de obra pública, mayores costos, gastos improductivos, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JOSE H. CHEDIAK SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 170 AÑO 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-02-25

Es criterio sostenido por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que procede la liquidación de gastos improductivos en favor del contratista "en el caso de que probase haberlos tenido". Ésta opinión es la que sostiene, también, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el fallo "Planobra", causa en la que fue desestimado un pedido de gastos improductivos por falta de prueba que los corroboren, con base en que el compromiso procesal de la actora "importa demostrar la realidad de la situación que hace mérito para respaldar su petición, no sólo por el carácter que inviste como promotora de la acción, sino por la presunción de legitimidad que goza la actividad de la Administración.
Conclusión de la quiebra, recurso de queja (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: Carlos Monica Alicia s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-08

Es improcedente el Recurso de queja articulado contra la resolución en cuanto declaró la conclusión de la quiebra por la causal contemplada el art. 229, párr. segundo de la LCQ, puesto que la cuestión relativa a la suerte de los créditos tras la conclusión de la quiebra no fue planteada en la anterior instancia y, por ende, carece de aptitud para formar parte de la materia objeto del recurso, es sabido que los tribunales de Alzada se encuentran impedidos de fallar sobre capítulos no propuestos o pretensiones que no hayan sido debidamente articuladas ante los jueces de la primera instancia -CPCC: 277-.