Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26


HORTAL, Luis contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 229-231. Santa Fe, 26 de mayo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de casación interpuesto por la demandada contra la resolución 368 del 21 de octubre de 2002, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Dos de la ciudad de Rosario en autos: "HORTAL, Luis contra PROVINCIA DE SANTA FE -R.C.A.- (Expte. 455/01)" (Expte. C.S.J. nro. 54, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. El pronunciamiento impugnado rechazó el planteo de caducidad de instancia formulado por la Administración (fs. 1/3).

Contra dicho decisorio interpuso la demandada recurso de casación -art. 37 de la ley 11330- (fs. 5/14).

Consideró que la resolución impugnada debe asimilarse a definitiva a los fines casatorios en razón de las especiales circunstancias que rodean a la causa.

Para fundar la aseveración sostuvo, en lo esencial, que el aspecto juzgado -la caducidad- no podrá ser revisado por el Tribunal al expedirse sobre la procedencia del recurso, destacando las razones institucionales que, a su juicio, ameritan la equiparación pretendida, toda vez que la Administración necesita -en orden a los intereses públicos comprometidos- directivas únicas y no contradictorias.

Ya en tren de demostrar la configuración de sentencias contradictorias, puntualizó que ante planteos de caducidad basados en supuestos de hecho similares, las Cámaras de lo Contencioso Administrativo de esta Provincia resolvieron de manera divergente.

Así, mientras la Cámara Número Uno en las causas "Laurini" y "Balquinta" -con apoyo en la doctrina de los antecedentes de esta Corte in re "Pelsud" y "Cha Roga Club"-, entendió que es carga del actor el impulso del proceso contencioso administrativo desde su interposición y hasta la culminación del pleito, el Tribunal de Rosario afirmó lo contrario.

Además, adujo que hay contradicción en cuanto el A quo estimó que si el acto o actividad depende de otro sujeto, no se produce la paralización sancionada con la perención, siendo que para la Cámara santafesina aun en tales supuestos corresponde al recurrente instar el concreto acto o actividad dirigido a evitar la caducidad.

Propició la unificación de jurisprudencia en el sentido que se desprende del precedente "Cha Roga Club" (fundamentos aplicables al ámbito de la ley 11330 según lo resuelto in re "Olmedo").

Esto es: que el impulso procesal necesario para que la caducidad no se produzca está a cargo del actor.

Señaló que tanto la ley 4106 como la 11330 se apartaron del régimen general, imponiendo la carga de instar el proceso en cabeza del recurrente, razón por la cual la doctrina mencionada en la resolución atacada no resulta aplicable en la especie.

Y frente a esa expresa voluntad legislativa, cualquier interpretación que pretenda eximirlo -en forma total o parcial- de la carga expresamente impuesta es contradictoria con la norma aplicable.

En definitiva, solicitó la concesión del recurso de casación y la unificación de la jurisprudencia en el sentido apuntado.

A su turno, la Cámara denegó el recurso deducido por entender que la decisión impugnada no era sentencia definitiva ni auto equiparable a tal (fs. 21/24). Tal denegatoria motivó la presentación directa de la interesada ante esta sede (fs. 26/40).

2. Las dudas que puedan suscitarse en torno a la definitividad de la resolución impugnada no obstan a la admisión del recurso de casación, puesto que en las especiales circunstancias de autos se perfilan nítidamente razones vinculadas al adecuado servicio judiciario por el que debe velar esta Corte (A. y S. T. 66, p. 200; T. 112, p. 26; T. 185, p. 328, entre otros), razones éstas que, una vez más, aconsejan dar por superada la mencionada exigencia formal.

Sentado ello, cabe señalar que la simple lectura de las actuaciones evidencia que frente a idénticos supuestos, los planteos de perención del recurso contencioso administrativo (ley 11330) reciben, en principio, una solución opuesta según sea el Tribunal que los juzgue o, enfocado desde la posición el actor, según sea el domicilio del recurrente (art. 59, ley 10160, modificada por ley 11329), lo que aparejaría una situación de inestabilidad e inseguridad jurídica.

Lo expuesto precedentemente guarda estrecha relación con el derecho constitucional de acceso a la jurisdicción, el que fuera reconocido por este Alto Tribunal provincial en numerosos precedentes, derecho que no puede desatenderse atento la finalidad perseguida por el instituto casatorio (ver Exposición de Motivos de la ley 11330).

Con ello, se tiende a preservar y respetar la seguridad jurídica que constituye un valor inestimable en el estado de derecho que tiene, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jerarquía constitucional.

Tampoco puede dejar de considerarse que el recurso de casación, incorporado nuevamente al ordenamiento jurídico local, a través del dictado de la ley 11330, se presenta como una herramienta fundamental que ha de permitir a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, desde su posición institucional de intérprete último de la Constitución provincial y de las leyes dictadas en su consecuencia, delinear las directrices fundamentales en pos de satisfacer un interés esencial del justiciable, cual es, el de acceder efectivamente a la jurisdicción.

En definitiva, a juicio de este Tribunal, la presentación de la Administración Pública provincial reúne los recaudos fijados por el artículo 37 de la ley 11330, como así los de la ley 7055 (que también resulta aplicable) y perfila, con sus planteos -"prima facie"- una hipótesis que resulta aprehensible a través del recurso de casación, razones éstas por las que corresponde admitir la queja y, en consecuencia, conceder la impugnación oportunamente denegada.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de casación.

Disponer que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)