Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-09


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los nueve días del mes de agosto de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "ALLEROTTI, José Alejandro y otros c/IAFAS y otro S/ ACCION DE AMPARO (se le acumula a POLANCO BALBUENA, Nº 19681)".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. Mizawak, Carubia y Chiara Díaz.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente cuestión:

¿Qué cabe decidir acerca del recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora?.- A LA CUESTION PROPUESTA LA SRA. VOCAL DRA. MIZAWAK, DIJO:

I.- Vienen estos actuados a conocimiento de esta Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal de este Superior Tribunal de Justicia a fin de decidir sobre la procedencia de la impugnación extraordinaria interpuesta a fs.256/262 por la Dra. MILAGROS REÑE, representante de los actores, respecto al pronunciamiento obrante a fs.248/252 que rechazó los recursos incoados y confirmó las sentencias dictadas.- Sostiene la parte recurrente que se cumplen en la especie los requisitos de admisibilidad formales del remedio articulado.- Relata los antecedentes del caso y manifiesta que la sentencia resulta arbitraria ya que presenta defectos de tal gravedad y entidad que no permiten calificarla genuinamente como tal.- Alega que se rechazó la acción de amparo sin entrar a resolver sobre el fondo de la cuestión, es decir la conculcación del derecho de huelga y el agravante de considerarlo como una mera falta administrativa a la cual la demandada le atribuyó una sanción no prevista ni tipificada por la ley.- Refiere que se consideró que la Resolución Nº 035 IAFAS en virtud de la cual se efectuaron los descuentos resulta una mera aplicación de la Directiva Nº 30/07 lo cual no es así.- Destaca que tampoco se consideró que la causa de la huelga resultaba exclusivamente imputable a la patronal.- Concluye que la convalidación de la mentada Resolución Nº035 IAFAS, en pro de los descuentos a los trabajadores sin una motivación suficiente, vulnera los principios constitucionales de huelga, retribución justa, propiedad, igualdad, defensa en juicio y razonabilidad de los arts. 14, 14 bis, 17, 18, 19, 28 y 31 de la Constitución Nacional y a través del art.75, inc.22 de la misma, el articulado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos Sociales y Culturales.- Solicita que se haga lugar al remedio deducido.- II.- Corrido el traslado pertinente, contestan los representantes del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCION SOCIAL, Dres. ENRIQUE DANIEL TRILLO y FERNANDO CESAR BALLESTEROS -fs.269/271-, quienes entienden que la queja de los recurrentes son sólo vacuas protestas que no constituyen una cuestión federal suficiente y bastante y que la resolución en crisis no resulta arbitraria.- Refieren que ni siquiera alegan cual es el derecho constitucional que consideran vulnerado y no exponen la cuestión federal en forma clara.- Argumentan que se limitan a reiterar aquellas defensas planteadas al presentar la acción y expresar agravios, las que ya fueron debidamente tratadas.- Ignoran los accionantes que la valoración de la prueba es una función soberana y exclusiva que corresponde al tribunal de instancia y no es revisable en el recurso extraordinario.- Expresan que la resolución recurrida se funda en la aplicación e interpretación de normas de derecho público local.- Manifiestan que tampoco se ha cumplimentado con otro de los requisitos formales del recurso extraordinario ya que la cuestión federal no fue debidamente introducida ni explicitada en el escrito de presentación.- Peticionan se deniegue su concesión, con expresa imposición de costas.- III.- El Sr. Fiscal de Estado de la Provincia, Dr. JULIO CESAR RODRIGUEZ SIGNES -fs.273/281- afirma que el escrito de interposición del remedio federal incoado carece de un requisito formal básico, cual es la critica concreta y razonada de los fundamentos en que se basó la decisión cuestionada.- Refiere que la actora sostiene a lo largo de su escrito lo que ha intentado argumentar durante el desarrollo del proceso: la no notificación de la Resolución Nº35/11 IAFAS y que el descuento de los días no trabajados a los empleados que se han adhirieron a la medida de fuerza importa una sanción, lo que no conmueve la sentencia recurrida pues no constituye una crítica razonada y concreta de la misma.- Entiende que la pieza judicial recurrida no ha sido descalificada como tal en razón de no haber sido atacada de forma razonada, lógica y convincente.- Expone que la sentencia dictada está suficientemente motivada, al haberse fundado en las constancias de la causa y aplicado el derecho vigente por lo que no puede ser catalogada de arbitraria.- Agrega que el accionar del IAFAS y del Poder Ejecutivo en el caso ha sido conforme el bloque jurídico imperante y, por lo tanto, los descuentos efectuados tienen sustracto jurídico y normativo.- Aduce que los agravios de la actora no pasan de ser una mera discrepancia con el criterio sostenido por este Tribunal.- Requiere que se deniegue la concesión del recurso interpuesto por inadmisible.- IV.- Efectuada la vista respectiva, se expidió a fs.383/284 el Sr. Fiscal Adjunto de la Procuración General, Dr. JORGE E. BEADES, quien entiende que los argumentos esgrimidos en el escrito de interposición no bastan para demostrar que en la especie exista una cuestión federal ya que no son revisables a través de esta vía las cuestiones de hecho y prueba y la interpretación y aplicación de normas de derecho común y local.- Adiciona que la sentencia en crisis evidencia ser una derivación razonada del derecho vigente lo que no la hace acreedora a su descalificación como acto judicial válido y no es posible verificar que exista alguno de los vicios o irregularidades invocadas por el recurrente por lo que considera que debe denegarse la concesión del remedio interpuesto.- V.- A) Ingresando al análisis de la cuestión traída, es necesario verificar si la impugnación deducida en autos reúne los requisitos de admisibilidad, con arreglo a las disposiciones previstas en los arts.14 y 15 de la Ley Nº 48.- La vía elegida por el impugnante es de naturaleza excepcional, de aplicación restringida y circunscripta a la existencia de "cuestión federal". Así, el citado art.14 lo limita a las sentencias definitivas emanadas de Superiores Tribunales de Provincia, cuando en ellas pueda verse plasmada alguna de las situaciones previstas en cualquiera de sus tres incisos. Es decir, que el objetivo fundamental del mismo es afirmar la supremacía de la Constitución Nacional; lo que esté fuera de este ámbito, como las normas de derecho común o de fondo, de derecho procesal local, o casos que versen sobre cuestiones de hecho, en principio, su aplicación, interpretación y tratamiento compete a los tribunales ordinarios, resultando por ello, materia excluida del tratamiento de esta impugnación extraordinaria, salvo supuestos de arbitrariedad y/o gravedad institucional.- Dentro de tales parámetros corresponde resaltar que la decisión atacada se basó fundamentalmente en el análisis e interpretación de las pruebas acercadas por las propias partes al caso y se fundó aplicando la normativa local que rige la materia -Resolución Nº035/11 IAFAS (cuya legitimidad no fue cuestionada por la actora) y Directiva Nº30/07 PEP- que establecen que en caso que no se presten servicios por adhesiones a medidas de fuerza se descontarán los haberes respectivos, lo que es insusceptible, tal como se expresó, de arribar a la instancia extraordinaria pretendida ya que escapa al control de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por no constituir un supuesto de "cuestión federal.- B) A todo evento, destaco que en la sentencia cuestionada he aplicado un criterio que ya había sostenido en las causas citadas al fundar mi posición -"RAMIREZ ENRIQUE ROBERTO Y OTROS (3)" -28/11/09- y "VERA DE SCHONFELD" -17/12/09- (fs.249 vta.-).- Así expresé: "hay una directriz que dice que aún frente a la justificación de la huelga no queda -maquinalmente- impuesta la obligación de pagar los salarios correspondientes al tiempo en que se incumplió la prestación del servicio.- .no es absoluto el derecho constitucional de huelga y que su ejercicio debe resultar armonizado con todo el bloque referido tanto a los derechos como a las garantías consagradas en nuestra Constitución Nacional.- (.) la decisión bajo examen no se patentiza con la categórica ilegitimidad que se exige al órgano jurisdiccional para consagrar el éxito de la promovida acción de amparo. Rota la ecuación que necesariamente debe existir entre el trabajo y la remuneración, a falta de la prestación. del servicio le sigue la inexigibilidad de la consecuente contraprestación." De tales argumentos no se hace cargo el recurrente y sabido es que entre los requisitos de admisibilidad del escrito articulatorio, debe bastarse a sí mismo, dado el carácter autónomo que posee; y en él deben aparecer claramente atacados los motivos esgrimidos de la sentencia que se cuestiona, que dan lugar a los agravios que deben ser considerados en esta instancia extraordinaria, como así mismo las razones de hecho y de derecho por los cuales se recurre.- En el caso, -reitero- se constata al respecto una absoluta carencia de la fundamentación que debe exigirse ante peticiones destinadas a que la Corte Federal ejerza su jurisdicción más eminente.- C) Se ha invocado la existencia de "arbitrariedad" en los fundamentos del resolutorio recurrido y, en principio, no podría el mismo Tribunal que ha dictado la sentencia decidir si su propio fallo reviste o no aquel carácter.- Sin embargo, sí se encuentra dentro de sus potestades, examinar si el planteo efectuado puede eventualmente encuadrarse dentro de alguna de las hipótesis que la doctrina y jurisprudencia han considerado que configuran "sentencia arbitraria" -cftr. doctrina de esta Sala in re "MOREIRA, Juan A." (29/03/11)-.- Dentro de lo limitado de tal examen se impone precisar que el resolutivo cuestionado en cuanto confirmó el fallo dictado se basó en la interpretación que podía dar dentro de sus facultades jurisdiccionales a las circunstancias probadas en el caso de acuerdo a las normas locales vigentes, sin demostrar el recurrente el apartamiento de su contenido de las reglas lógicas o una carencia de fundamentación que impida, considerarlo como un acto jurisdiccional legítimo (Fallos 270:176; 288:113; 295:278 301:542 y 303:1306), por lo que el mismo no aparece, en principio, como arbitrario en los términos denunciados por el quejoso.- Del mismo modo se expidió este Tribunal al expedirse en un supuesto de similares presupuestos fácticos y jurídicos al presente in re "PANOZZO, DIEGO SEBASTIAN." -sent. del 22/06/11-.- VI.- Por las razones expresadas concluyo que la impugnación articulada deviene inadmisible, por ello y la conformidad del Ministerio Público Fiscal, propicio se deniegue la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto, con costas.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. Carubia expresa su adhesión al voto de la Dra. Mizawak.- A su turno el Señor Vocal Dr. Chiara Díaz manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz -	SENTENCIA:

Paraná, 9 de agosto de 2011.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) DENEGAR la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 256/262, con costas.- 2º) REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. Fernando Ballesteros, Enrique Trillo, Julio Rodriguez Signes y Milagros Reñe, por la intervención que les cupo en esta etapa del proceso, en las respectivas sumas de pesos: setecientos cuarenta y seis ($746,00.-), setecientos cuarenta y seis ($746,00.-), un mil quinientos doce ($1512,00.-) y un mil sesenta y dos ($1062,00.-) -cfme.: arts. 2, 3, 5, 15, 91, 94 y ccdtes. Decreto Ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503; 1º y 13º Ley 24.432; 505 Código Civil-.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz - Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA**	Rubén A. Chaia	Secretario