Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-20


Reg.: A y S t 281 p 321/325. En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, bajo la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BLANCO, JOSE ALBERTO contra PROVINCIA A.R.T. S.A. - COBRO DE PESOS POR PRESTACIONES DINERARIAS LEY 24557 - REAJUSTE PAGO ÚNICO - (EXPTE. 297/14 - CUIJ 21-05083581-9) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-05083581-9). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores: Netri, Falistocco, Gastaldi, Spuler y Gutiérrez. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Mediante resolución 348 del 20 de octubre de 2017 (págs. 428/429), la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario admitió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada, por entender que la reciente doctrina postulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el fallo "Espósito" (Fallos:339:781), en relación a la cuestión en debate sobre la mentada interpretación y aplicación de las normas en juego (decreto 1694/09 y ley 26773), importaba operar la apertura de esta instancia de excepción. El examen de admisibilidad que corresponde realizar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055, después de considerar cumplidos los recaudos de índole formal, me conduce a propiciar esa conclusión. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. La materia litigiosa -en lo que aquí concierne- puede resumirse así: 1.1. Según surge de las constancias de la causa, José Alberto Blanco promovió demanda contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo Provincia A.R.T. S.A., a fin de obtener el pago de prestaciones dinerarias -en un pago único- previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo 24557 (y sus modif.), planteando -además- la inconstitucionalidad del artículo 12 del mismo cuerpo legal. Todo ello, en virtud de la incapacidad laboral parcial grave y permanente (54%) que padece el actor como consecuencia de la enfermedad profesional que se le diagnosticara y cuya primera manifestación invalidante datara desde el 06.07.2004 (cfr. fs. 49/76). 1.2. Tramitada la causa, el Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a la aseguradora a pagar al actor la reparación sistémica conforme a la normativa vigente al momento de la primera manifestación invalidante, más el ajuste dispuesto por el decreto 1694/09. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 12 y 14.2.b de la ley 24557; estableció el pago único de las prestaciones dinerarias correspondientes; y determinó se descuente el importe oportunamente abonado por la aseguradora como pago a cuenta (cfr. fs. 263/269v.). 1.3. Contra dicho pronunciamiento, el accionante interpuso recurso de apelación parcial y la demandada los de nulidad y apelación total (cfr. fs. 274 y 278). 1.4. Por su parte, la Alzada -en lo que aquí resulta de interés-, revocó lo decidido por el Juez de grado, en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557, y determinó que al cálculo de las indemnizaciones debidas se les aplicara, además del decreto 1694/09 ("piso" a la fórmula y adicional "suma fija"), los artículos 3 y 17.6 de la ley 26773 (adicional 20% y ajuste por R.I.P.T.E.). 2. Contra este último pronunciamiento interpuso Provincia A.R.T. S.A. recurso de inconstitucionalidad (cfr. fs. 382/403). Como fundamento, adujo que la Sala se apartó arbitrariamente de la normativa que correspondía aplicar al "sub examine" (según su postura, el decreto 1278/2000) y, al mismo tiempo, efectuó una errónea interpretación del artículo 17 inciso 5 de la ley 26773 que establece su aplicación sólo a las contingencias posteriores a su publicación. Incongruente tarea jurisdiccional -criticó- efectuada en grave perjuicio a sus derechos de propiedad y de defensa en juicio. Expresó en igual sentido que el Tribunal aplicó dicha normativa no vigente al tiempo de ocurrencia del infortunio laboral sin siquiera haberse pronunciado sobre la inconstitucionalidad del mentado dispositivo legal que veda su aplicación retroactiva. Al respecto, citó y desarrolló exhaustivamente doctrina y jurisprudencia en aval de su postura. Frente a lo expuesto, le endilgó a la Sala arbitrariedad fáctica y normativa, por apartamiento palmario e inequívoco de la solución normativa dispuesta para este caso, excediendo -agregó- los límites de la razonabilidad en detrimento del orden constitucional. 3. Del estudio del expediente, se desprende que el "sub lite" gira en torno a la aplicación al caso de las mejoras dinerarias (adicional del 20% y R.I.P.T.E.) introducidas por la ley 26773. Al respecto, se señala que la cuestión a resolver guarda analogía con la abordada recientemente por esta Corte provincial en la causa "Britos" (A. y S. T. 275, pág. 346), pronunciamiento dictado luego de las pautas de interpretación normativa postuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el precedente "Espósito" (Fallos:339:781), por lo que "brevitatis causae" corresponde remitir a las consideraciones allí expuestas. En efecto, la presente litis se circunscribe al reclamo de reparación sistémica efectuado por el actor a la asegurada de riesgos del trabajo Provincia A.R.T. S.A., en virtud de la enfermedad profesional adquirida durante el transcurso de la relación laboral que afectó su estado de salud psico-física. Frente a ello, se corroboró en el "sub lite" la existencia de una incapacidad laboral permanente, pretendiendo el demandante que las prestaciones dinerarias correspondientes sean abonadas incluyendo las mejoras introducidas por el decreto 1694/2009 y el adicional del 20% establecido en la ley 26773; como así también sean ajustadas mediante la aplicación del índice R.I.P.T.E. previsto en el mismo cuerpo legal. En tal sentido -y en lo que aquí interesa-, la Sala confirmó la aplicación de las pautas establecidas en el decreto 1694/2009 que determinara el juez de primera instancia, e hizo lugar a la pretensión del actor en cuanto a que se le otorguen las mejoras introducidas por la ley 26773. Ello, con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16 del decreto mencionado y la aplicación de la mentada ley en razón de la interpretación que efectuara de los preceptos legales y temporales en juego (arts. 3 y 17 inc. 6), sancionadas ambas normativas con posterioridad al infortunio. Conforme a los fundamentos esgrimidos en el precedente de este Tribunal -mencionado primigeniamente-, en atención a los lineamientos trazados por la Corte nacional por vía de la interpretación literal de los textos en cuestión -doctrina constitucional consolidada atento su reiteración en numerosos pronunciamientos posteriores donde se descalifican todos aquellos fallos cuya interpretación no se condice con los criterios allí establecidos (cfr. "Flores, Florencio Luis c/Federación Patronal Seguros S.A.", CNT 35711/2012/1/rh1; "Toledo, Miguel Ernesto c/QBE ART S.A.", CNT 47898/2011/2/RH1, entre otros)-, cabe señalar que cualquier hermeneusis que conlleve a la aplicación de disposiciones legales a infortunios acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha normativa en cuestión, "carecería de razonabilidad y logicidad en los términos de 'Espósito'". Y es en ese marco de reflexión que el pronunciamiento ahora impugnado no merece ser calificado como acto jurisdiccional en tanto se sustentó en pautas doctrinarias que no se ajustan al criterio establecido por el más Alto Tribunal, el cual se impone derechamente como doctrina constitucional de acatamiento obligatorio en razón de la seguridad jurídica y el respeto institucional que infunden las decisiones del Máximo Tribunal de la Nación que, en estas cuestiones, decide como último intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. Las consideraciones hasta aquí expuestas resultan suficientes para descalificar parcialmente el pronunciamiento impugnado y declarar del mismo modo procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. En cuanto a las costas, deben ser soportadas en el orden causado, desde que el fallo "Espósito" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue posterior a la fecha del dictado del Acuerdo de Cámara, y esta decisión importa un cambio en la jurisprudencia de esta Corte sobre el tema. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco expresó idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votó en igual sentido. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Las alegaciones de la recurrente se dirigen centralmente a cuestionar que en la causa se hubiera condenado a su parte según las pautas indemnizatorias establecidas en el decreto 1694/2009 y la ley 26773. Y en el caso los extremos del "sub lite" conducen a la consideración de supuestos asimilables a los analizados y resueltos en la causa "Britos" (A. y S. T. 275, pág. 346), a cuyos fundamentos corresponde remitir "brevitatis causae". Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas en el orden causado. Así voto. A la misma cuestión el señor Ministro doctor Falistocco, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas en el orden causado. Registrarlos y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la Segunda Nominación de Villa Constitución.