Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-06


CAUSA Nro. 20.047/94.- "RODRIGUEZ, SILVINA CLAUDIA Y OTRO C/TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS".

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de mayo de dos mil dos reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "RODRIGUEZ, SILVINA CLAUDIA Y OTRO C/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", respecto de la sentencia de fs. 697/703 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden; señores Jueces de Cámara doctores Marina Mariani de Vidal y Francisco de las Carreras.

A la cuestión planteada, la señora Juez de Cámara doctora MARINA MARIANI DE VIDAL dijo:

I.- El día 25 de noviembre de 1993 la señora Silvina Claudia Rodríguez, en momentos en que se encontraba en su domicilio con su hija menor -María Clara Lima-, recibió una descarga eléctrica al responder a un llamado del teléfono que le había sido recientemente instalado por Telefónica de Argentina S.A., sufriendo algunas lesiones.

Con el fin de lograr la reparación de los daños que sostuvo se le derivaron del hecho (daño físico, daño moral, daño psicológico y tratamiento psicológico), la señora Rodríguez, por sí y en representación de su hija menor María Clara Lima, promovió este juicio contra Telefónica de Argentina S.A., contra Sintelar S.A. -a quien la empresa telefónica había encargado los trabajos de instalación de la línea telefónica de la actora- y contra Larus Argentina S.A. -subcontratista de Sintelar S.A. para la ejecución de dichas tareas-, reclamándoles la suma de $ 145.000, que sujetó al resultado de la prueba; con más intereses y costas. Solicitó, asimismo, la citación en garantía de La Patagonia Compañía Argentina de Seguros S.A., aseguradora de Sintelar S.A.

Resistida la pretensión por Telefónica de Argentina S.A., por Sintelar S.A. y por la citada en garantía (Larus Argentina S.A. fue declarada rebelde: conf. fs.239), la sentencia de fs.697/703 vta.

(conf. su aclaratoria de fs.710), fechada el 12.7.99, condenó a Telefónica de Argentina S.A., a Sintelar S. A. y a Larus Argentina S.A. a pagarle a Silvina Claudia Rodríguez y a María Clara Lima la suma de $ 15.600 ($ 2.000 en concepto de daño físico de la señora Rodríguez; $ 2.000 por daño psicológico de la señora Rodríguez y $ 300 por daño psicológico de su hija; $ 9.360 por tratamiento psicológico de ambas y $ 2.000 por daño moral). Con intereses desde la fecha del hecho dañoso, a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días.

Con costas a cargo de las vencidas.

Apelaron la actora, Telefónica de Argentina S.A., Sintelar S.A.y La Patagonia Compañía Argentina de Seguros S. A., así como la Señora Defensora Oficial (en su carácter de representante promiscua de la menor María Clara Lima). La actora expresó agravios a fs.816/819 -a los que adhirió la señora Defensora Oficial (conf.

fs.823)-, pieza que mereció las réplicas de la citada en garantía (fs.845/846 vta.), de Telefónica de Argentina S.A. (fs.847/849) y de Sintelar S.A. (fs.857/862). Telefónica de Argentina dijo los suyos a fs.828/832, a los que respondió sólo la actora (fs.852/854 vta.).

Sintelar S.A. expresó agravios a fs.833/838, a los que contestó la actora a fs. 850/851 vta. A su turno, la citada en garantía fundó su recurso con el escrito de fs.824/827 vta., recibiendo la contestación de la actora a fs.855/856. La señora Defensora Oficial adhirió a los respondes de la actora (fs.864). Median también recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.

II.- Me ocuparé en primer término del tema sustancial de la responsabilidad, que el Juez endilgara a las demandadas, en conclusión que cuestionan Telefónica de Argentina S.A., Sintelar S.A. y la citada en garantía.

II.1.- El Juez tuvo por acreditado que el 23 de noviembre de 1993 la actora sufrió una descarga eléctrica a través del teléfono instalado en su domicilio. Ello con sustento en las declaraciones testimoniales -algunas de las cuales, como la que el testigo Vallejo (quien depuso en la causa penal que, en fotocopias certificadas, corre a fs.512/600), provinieron de empleados de la empresa telefónica- y en el peritaje técnico rendido en la causa (conf.

fs.367/369 vta. y explicaciones de fs.613/614 y 627/628).

Es mi parecer que esta conclusión debe ser mantenida, aun cuando no existió ningún testigo presencial del hecho. Pues el conjunto de los elementos aportados a los autos convence -por vía presuncional- acerca de la ocurrencia de la descarga eléctrica invocada en la demanda (arg. art.163, inc. 51, de la ley adjetiva).

En efecto, los testigos concordaron en manifestar que, al ser convocados por la pequeña y alarmada hija de la señora Rodríguez, pudieron verificar que "el teléfono hacía un chillido", que en la parte exterior de la casa el cable telefónico "echaba chispas, tenía corriente" y que estaba pegado al cable de alta tensión de la luz (conf. fs.298/299; 299/300; 300/ 301 y 304 y vta.). Asimismo, el testigo César Gerstner, al declarar en sede policial, expresó que cortó el cable del teléfono antes de la caja de distribución y que, al hacerlo, comenzaron a producirse fuertes chispazos (conf. fs.520; también fs.304 y vta.). El testigo Daniel Eduardo Vallejo, dependiente de Telefónica de Argentina S.A. -en el sector "Higiene y Segu-ridad en el Trabajo"-, que tomó conocimiento del hecho por denuncia efectuada en esa empresa, dijo que "las bajadas de líneas telefónicas efectuadas por Telefónica de Argentina no cumplen con las normas de seguridad estipuladas por dicha empresa...estima que el inconveniente pudo haberse producido por no guardar las distancias necesarias entre las bajadas de líneas telefónicas y cables de alta tensión...deja constancia que el aparato de teléfono y las líneas, que personalmente revisó, no posee el dispositivo llamado PORT, el cual funciona a los fines de que la energía eléctrica no llegue al aparato de teléfono, haciendo las veces de fusiblera" (conf. fs.521).

Concordemente, la Delegación Inteligencia de Comunicaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, informó en la causa penal que "al realizar la observación del lugar conjuntamente con personal de supervisión de zona asignado por la Telefónica de Argentina, al realizar el rastreo de la línea que se dirige desde la finca del abonado en cuestión hacia el palo ubicado aproximadamente a 60 m. de la calle Lavalle, cruza sobre un sostén de alta tensión,.

es observado. que determinadas líneas telefónicas pasan muy cercanas a los cables de alta tensión, donde asimismo en tal situación pasa el cable de la víctima", pudiendo haberse producido por tal razón - favorecida por las condiciones de humedad imperantes en ese momento- una inducción que se trasladó por la línea telefónica del abonado al ser puesto el aparato en uso (conf. fs.527).

Otros indicios en el mismo sentido pueden extraerse de las actas notariales que corren a fs.8/9 y 11/12 vta. (estas últimas labradas con la comparecencia de representantes de Larus Argentina S.A. y La Patagonia Compañía Argentina de Seguros S.A.).

Por su parte, el perito ingeniero en electrónica designado de oficio en autos, en su dictamen de fs.365/369 y explicaciones de fs.613/614 y 6227/628, expresó que "aparece como probable una descarga eléctrica si los cables de teléfono y de media tensión de electricidad se encuentran a menos de 30 cms. y que es probable que el hecho acaeciera del modo que la actora relata en la demanda (conf. fs.367 vta., p.3 y 368 vta., p.11). Asimismo, el experto puso de manifiesto los daños que verificó en el aparato telefónico de la actora (conf. fs.369 y vta., p.b).

Las demandadas pretenden descalificar las conclusiones del perito, con base en que no se ha acreditado en autos si la descarga eléctrica ingresó a través del cable de bajada de la línea telefónica o a través de la conexión del aparato a la red eléctrica domiciliaria. Empero, el perito informó que no parecía probable que, de haberse producido un cortocircuito en las funciones que operan con 220v -operaciones de manos libres y display- se produjera un accidente como el descripto en la demanda (conf. fs.367/369 vta., p.

C) y d) y fs.627/628, p.3).

A lo cual cabe añadir que las codemandadas no demostraron que la descarga eléctrica se debiera a defectos de las instalaciones propias de la actora, deber que les incumbía como imperativo de su propio interés (arg. art.377, Código Procesal).

Este cúmulo de probanzas a las que me he referido despejan, según creo, las dudas que respecto del acaecimiento del siniestro y sus causas intentan hacer valer Telefónica de Argentina S.A. y Sintelar S.A. en sus memoriales.

II.2.- Sintelar S.A. se queja, también, porque el a quo la consideró responsable, siendo que ella no revestía la calidad de dueño ni de guardián de la cosa que habría causado el daño, ni realizó el tendido de los cables telefónicos supuestamente causantes de los daños, pues esa tarea la llevó a cabo Larus Argentina S.A., la que jamás estuvo bajo su dependencia y era una empresa completamente autónoma.

No tiene razón toda vez que, además de las argumentaciones expuestas por el sentenciante y que ella no rebate, debe advertirse que Sintelar S.A. -contratista de Telefónica de Argentina S.A. a los efectos de la ejecución de trabajos de instalación telefónica- subcontrató la realización de esos trabajos con Larus Argentina S.A.

(conf. el -contrato de obra" que ella misma arrimara a la causa: fs.98/107), reservándose para sí amplias facultades de supervisión técnica, de inspección e inclusive de dictar instrucciones para la corrección de fallas o errores que pudieran apreciarse en los trabajos ejecutados (conf. cláusula 90). El acaecimiento del siniestro revela que no ejerció adecuadamente sus derechos-deberes de vigilancia y control, de modo que resulta responsable frente a la víctima del perjuicio (arg. arts.512, 902 y 1109, Código Civil; conf. Sala II, causas 1291 del 4.11.82; 26.851/95 del 5.12.2001; etc.).

III.- El Juez fijó en $ 2.000 la indemnización del daño físico cuyo resarcimiento reclamara la actora. Esta determinación suscita las críticas de ésta, de Telefónica de Argentina S.A. y de la citada en garantía.

Las declaraciones testimoniales prestadas en estos autos (conf. fs.298 vta., 299 vta., 300 vta. y 304) y el informe pericial rendido en la causa penal (conf. fs.522 vta.) convencen acerca de que la actora, con motivo del suceso de autos, sufrió quemaduras en su mano izquierda (los testigos dicen que también resultaron afectados los pies) y tornan creíble la manifestación vertida por la señora Rodríguez al ser internada en la Clínica Boedo (conf. fs.426), aun cuando de la historia clínica no surja que haya sido tratada por esas quemaduras sino por otras dolencias, no apareciendo mencionada la relación de éstas con las quemaduras o con la descarga que sufrió (conf. fs.426/436), ni pudiendo extraerse esta relación de la medicación que le fuera administrada.

Con lo dicho quedan disipadas las objeciones formuladas por Telefónica de Argentina S.A. y por la citada en garantía respecto del resarcimiento concedido por el Juez, cabiendo advertir que el monto en que el a quo lo justipreciara no lo controvierten ninguna de estas partes.

La actora sí lo hace, pero sus quejas no pueden ser atendidas.

En efecto, la perito médica legista designada de oficio en autos dictaminó que, al momento de la peritación, no se visualizaba en la actora cicatrices en las manos ni en los pies y que la accidentada no presentaba incapacidad física alguna derivada del hecho (conf. fs.459/461). Rescato que el Juez concedió una indemnización autónoma en concepto de daño psicoló-gico, de manera que en este Considerando no consideraré dicho quebranto.

Pues bien, aunque la actora impugnó la experticia y pidió explicaciones a la perito (conf. fs.483/485) e inclusive notificó el traslado que de esta presentación se le corriera a la Dra. Mutti (conf. fs.486 y cédula de fs.617), no se preocupó luego de pedir se intimara a la profesional a contestarla o, eventualmente, que se designara otro perito al efecto, carga que le incumbía como imperativo de su propio interés.

Como consecuencia de la actitud que asumiera la actora, se carece en la causa de elementos aptos para dilucidar la incidencia de los resultados del electroencefalograma al que ella se refiere en sus agravios. Ello aun cuando su consultora técnica se detenga sobre él, habida cuenta que no basta con su opinión, porque las razones que pudo exponer tienen el mismo efecto que si provinieran de la propia actora, ya que el consultor técnico es, en el esquema de la ley procesal, simplemente un asesor de parte en materias técnicas, una suerte de "patrocinante técnico" de quien lo propuso, pero no un imparcial auxiliar del Juez como lo es el perito (conf. Sala I, causa "Galesta, J.J. y otros c/ Alfa Vía Naviera Argentina S.A." del 3.9.98; Sala II, causa 8072 del 30.10.92; FINOCHIETTO, C.- ARAZI, R., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Bs. As. 1987, t.2, p.489/491; PALACIO, L.E., Estudios de la reforma procesal civil y comercial. Ley 22.434, Bs.As. 1987, n 52, ap. e), p.159.

Y como una opinión de este último resultaba necesaria, habida cuenta de que los jueces carecemos de conocimientos médico- científicos; y como, además, no se acreditó que la actora desempeñara alguna actividad con contenido económico (no resultan bastar a ese fin las manifestaciones que formulara la señora Rodríguez a la perito psicóloga, relativas a sus tareas de venta de helados, porque no encuentran apoyo en elementos objetivos de la causa distintos de su mera afirmación), no es posible acceder al aumento que ella impetra de la suma fijada por el Magistrado. Esta conclusión no puede suscitar sus quejas, porque no se deriva sino de su propia conducta discrecional (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 275:218; 280: 395; 298:220; 299:373; 302:478; etc.).

IV.- El Juez de primera instancia consideró procedente la petición de resarcimiento del daño psicológico formulada por las actoras.

La perito médico psiquiatra designada de oficio en autos pone de manifiesto que la señora Rodríguez padece una neurosis depresiva reactiva moderada, a punto de partida del hecho que motiva estas actuaciones (conf. fs.468/476) y que la menor sufre una perturbación de su desarrollo evolutivo (conf. fs.466/467 y explicaciones de fs.610/611). Aunque debe repararse especialmente en que la Dra.

Masio pone bien de relieve la proyección que en el estado psíquico de ambas produjo el traumático fallecimiento de su esposo y padre, acaecido sólo unos cuatro meses antes del accidente de autos, base sobre la cual actuó dicho suceso a modo de factor condensador.

A estas opiniones cabe atenerse, porque aparecen como técnicamente mejor fundadas en este aspecto (la perito médico psiquiatra realizó diversos estudios complementarios que no practicó la médico legista) y porque su dictamen está basado en conocimientos específicos de su especialidad e incumbencia.

El daño de que se trata, que tiene directa repercusión tanto en el ámbito material como en el moral, debe ser indemnizado, resultando a mi juicio adecuada la suma fijada por el a quo.

Cabiendo advertir que, a estos efectos, debe observarse un criterio flexible y no matemático, que compute todas las condiciones personales del afectado (las constancias relativas a este aspecto son escasísimas en el expediente), y pondere el dictamen médico como un elemento más -aunque carente de valor decisivo- (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 216:91; 232:282, y otros; esta Sala, causas 2701/ 93 del 16.6.95; 4403/92 del 24.8.95; 4058/97 del31.3.98; 7202/ 93 del 27.11.2002; etc.).

V.- La suma en que el Juez valuara el costo del tratamiento psicoterapéutico al que se deben someter las actoras suscitas las quejas de ellas y también las de Telefónica de Argentina S.A. y de la citada en garantía, obviamente de signo contrario.

Siendo que el peritaje médico psiquiátrico se pronunció en el sentido de la necesidad de su realización por madre e hija y que éste debía prolongarse por un año y medio, con una frecuencia de dos sesiones por semana y a un costo de $ 60 por sesión (conf. fs.467 y 476), debe estimarse apropiada la suma que en la sentencia se concediera por este capítulo del reclamo.

A lo cual cabe añadir que la circunstancia de que la actora sea beneficiaria de una obra social no empece a que se le conceda a la peticionaria esta reparación, toda vez que el damnificado tiene derecho ser atendido por los profesionales de su confianza que elija, que pueden no ser los de su obra social (conf. esta Sala, causas 565 del 29.9.81; 7211/91 del 12. 10.99; 7202/93 del 27.11.2001, entre otras).

VI.- La suma otorgada por el Juez en concepto de daño moral mueve las críticas de las contendientes.

Antes que nada, me importa poner de manifiesto que la indemnización la concedió el Juez sólo a la señora Rodríguez y no a su hija, como resulta de la lectura del pronunciamiento. Al así hacerlo el Juez decidió con acierto, atento lo dispuesto en el art.1078, segundo párrafo, del Código Civil (texto según ley 17.711).

Pues bien, me parece evidente que, con motivo del suceso de autos, la señora Rodríguez debe haber experimentado explicables angustias e inquietudes hasta su restablecimiento, aun cuando sus lesiones fueron relativamente leves y curaron sin secuelas en un lapso reducido.

Y como ese menoscabo espiritual -que ninguna persona tiene derecho a infligir a otra- aparece como resultado de un proceder irregular de las demandadas, según juicio de prudencia basado en lo que normalmente sucede según el curso ordinario de las cosas, la existencia del daño que aquí se trata no requiere de prueba específica (conf. esta Sala, causa "Carpentieri de Charlín c/ Telefónica de Argentina S.A." del 15.8.95; 22.701/95 del 9.9.97; etc.).

En tales condiciones, y aunque por cierto son conocidas las dificultades que entraña traducir en dinero el detrimento que estoy considerando, y teniendo en cuenta el carácter sustancialmente resarcitorio que -en mi criterio- reviste la reparación del daño moral, arribo al convencimiento de que la suma fijada por el Juez fue escasa, por lo que propicio elevarla a la de $ 4.000.

VII.- Por todo lo cual, propongo modificar la sentencia apelada en el sentido que surge de los Considerandos precedentes.

Costas de alzada, en el recurso de la actora, en un 60% a ella y en el 40% restante a las demandadas (art.71, Código Procesal).

Estas, así como la citada en garantía, correrán con las devengadas por sus propios recursos (art.68, párrafo primero, Código Procesal).

Es mi voto.

El señor Juez de Cámara doctor Francisco de las Carreras, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, adhiere a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2002.- Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada en el sentido que surge de los considerandos precedentes. Costas de alzada en el recurso de la actora, en un 60% a ella y en el 40% restante a las demandadas (art.71, Código Procesal). Las demandadas y citada en garantía correrán con las costas devengadas por sus propios recursos (art.68, primer párrafo, del Código Procesal).

De conformidad con lo preceptuado en el art.279 del citado Código, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, su monto - actualizado de acuerdo con las pautas establecidas en el plenario "La Territorial de Seguros S.A. c/ STAF", del 11.9. 97-, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, fíjase los honorarios del doctor Fabián Zampone por su desempeño como letrado y apo-derado de la parte actora en la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 7.200), Asimismo, ponderando que debe er observado el tope del art.11 del arancel, fíjase la retribución de los profesionales que intervinieron por Sintelar S.A., doctores Guillermo Ambrogi y Cristian Álvarez Trannack en las sumas de UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500) y de DOS MIL SETECIENTOS PESOS ($ 2.700), respectivamente y establécese los emolumentos correspondientes a los profesionales que se desempeñaron por Telefónica de Argentina S.A. doctores Calixto Esteban Núñez, Alejandro Fargosi, Fernando N. Martínez Álvarez, Ricardo Felipelli y Federico Germán García en las cantidades de SEISCIENTOS PESOS ($ 600), SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 750), SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 750), DOS MIL CIEN PESOS ($ 2.100) y CINCUENTA PESOS $ 50), en ese orden. Establécese los emolumentos del doctor Carlos Busignani por su intervención como letrado y apoderado de la citada en garantía en la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 4.200) (arts.6, 7, 9, 10, 19, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432). En atención al carácter de las cuestiones sobre las que debieron expedirse los peritos contador Hugo Alberto Marcote, ingeniero electrónico Horacio Martínez Quitana, psiquia-tra María Inés Masio y médico María Ethel Mutti, así como a la entidad de sus respectivos dictámenes y explicaciones, fíjase sus emolumentos en las cantidades de UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 1.720), UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 1.720), UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.810) y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 1.720), respectivamente.

Asimismo, fíjase la retribución de los consultores técnicos Ana María Mouriño, Patricia G. Figueras, Marcelo Gioffre y Lilia Sara Vázquez en la sumas de UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500), UN MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 1.300), UN MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 1.300) y CINCUENTA PESOS ($ 50), en ese orden (art.3 del decreto-ley 16.638/57).

Por las tareas en alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados, el monto y resultado final de los respectivos recursos regúlase: en el recurso de la parte actora: atendiendo al monto obtenido y al mérito de la expresión de agravios agregada a fs.816/19, la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 240) en favor del letrado y apoderado de la accionante, doctor Fabián Zampone y por las contestaciones de fs. 845/6 y vta., 847/9 y 857/62 fíjase los honorarios de los doctores Claudio Sánchez Sopeña, Carlos M.

Busignani y Cristian Álvarez Trannack, en la suma de CIENTO SESENTA PESOS ($ 160) para cada uno; en el recurso de Telefónica de Argentina: considerando el monto cuestionado y la entidad de la contestación obrante a fs.852/4, la cantidad de UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.810) en favor del doctor Fabián Zampone; en el recurso de Sintelar S.A.: la suma de UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.810) en favor del doctor Fabián Zampone por su contestación de fs.850/1; en el recurso de la citada en garantía: atendiendo al monto debatido y al responde de fs.855/6 la cantidad de UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.810), en favor del letrado y apoderado de la parte actora (arts.2, 14 y citados del arancel).

El doctor EDUARDO VOCOS CONESA no suscribe la presente en razón de haber sido aceptada su excusación a fs.781.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FDO: MARINA MARIANI DE VIDAL - FRANCISCO DE LAS CARRERAS -.