Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-05-18


Autos Nº 4.294 (3er. J.P.L.G.S.J. Nº 11.592/09), caratulados: "Provincia de San Juan c/ González, Mario Eduardo - Ejecutivo".

San Juan, 18 de mayo de dos mil doce.

-Y Vistos:

Para resolver en estas actuaciones el recurso de apelación deducido subsidiariamente al de reposición a fs. 22/24 por el demandado, quien actúa por derecho propio y con patrocinio letrado, contra la providencia de fs. 21.

Tal apelación fue concedida con efecto suspensivo a fs. 31.

Y Considerando: -- I. Que mediante el decreto impugnado, y en lo que aquí interesa, el a quo no hizo lugar a la impugnación de la notificación efectuada a través de la carta de intimación extrajudicial enviada por la Dirección General de Rentas [obrante a fs. 2] por improcedente, "en virtud de lo dispuesto por la Corte de Justicia de San Juan"; y desestimó in límine el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 48, inc. 2°, y 47, inc. 3° [mención errónea porque dicho artículo carece de incisos], del Código Tributario, por considerar que su tratamiento devino "en abstracto".

Contra dicha resolución se alzó el recurrente con la presentación obrante a fs. 22/24, donde fundamentó la reposición, la que debe tomarse como sustento del recurso de apelación, pues dicho escrito funciona como memorial para el supuesto de que ese remedio no prospere.

Es que, no cabe la fundamentación independiente de la apelación, pues la misma se cumplimenta al incoar la revocatoria (cfr. De Santo, Víctor, "Tratado de los recursos", Editorial Universidad, Buenos Aires, 1987, Tº I, pág. 228, cita n° 97).

En el citado escrito el apelante, en síntesis, manifestó: - Que la desestimación de la impugnación formulada respecto de la prueba documental aportada por la actora, afecta el derecho de defensa en juicio consagrado por las Constituciones Nacional y Provincial y, en particular, el derecho de negar categóricamente la autenticidad de la misma y la recepción de cartas y telegramas, tal como lo establece el art. 340, inc. 1º, de la Ley Prov. N° 3.738, aplicable a los procesos ejecutivos, y vigente al momento de contestar de demanda.

Que la oportunidad de su parte para cuestionar toda la documentación acompañada por la ejecutante es precisamente al momento de oponer excepciones, lo que equivale a contestar demanda en los procesos de conocimiento.

Que además de vulnerarse el derecho de defensa en juicio, al rechazarse la reposición interpuesta quedaría reconocida la documentación que la accionante intenta hacer valer, y que es nada menos que una supuesta intimación de un pretenso crédito reclamado por aquélla. - Que antes de la sanción de la Ley Prov. N° 8.064, que modifica el art. 48 del Código Tributario (C.T.), tal intimación tendría efecto interruptivo y no suspensivo como expresa el Código Civil y la nueva norma tributaria -no aplicable al momento de efectuar la supuesta intimación- y la jurisprudencia local y nacional referida en el escrito de oposición de excepciones al que se remite.

Que a todas luces la impugnación resulta oportuna y procedente además de fundamental para cuestionar sus efectos en caso de otorgársele eficacia jurídica en lo referente al curso de la prescripción.

Que en cuanto a la desestimación del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 47 y 48 del C.T. por considerar el a quo que ha devenido en abstracto, también le causa gravamen irreparable, ya que dicha articulación comprende a toda la norma y no como lo determina aquél en el sentido de que sólo incluye el inc. 3º.

Asimismo, señala que no ha dado los fundamentos por los cuales devino en abstracta la articulación, lo cual le impide atacar debidamente esa decisión.

Que entendiendo que la sentenciante tuvo en cuenta la sanción de la Ley Prov. N° 8.064, modificatoria de los arts. 47 y 48 del C.T. para desestimar el planteo de inconstitucionalidad, aclara que ésta fue sancionada en noviembre de 2009, es decir con posterioridad a la fecha en que la actora expresa haber intimado a su parte (17 de noviembre de 2004), por lo que el mismo debe ser admitido, declarando la inconstitucionalidad de los referidos artículos.

A fs. 34 se dispuso correr el pertinente traslado a la ejecutante quien lo contesta con el escrito de fs. 36 y vta., donde solicita el rechazo del recurso. A fs. 38 la Inferior dispuso la elevación del expediente a la Alzada, en cuyo ámbito se dictó -previa determinación de los jueces que intervendrían en la presente (fs. 40)- el pase de los autos a resolver (fs. 43); decreto que se encuentra firme y consentido. Posteriormente, se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio de la causa.

II. Comenzando con el análisis del recurso traído a consideración de la Cámara y luego del examen de sus fundamentos, adelantamos nuestro criterio favorable a la admisión del mismo. Ello, de conformidad con las siguientes razones:

1) Preliminarmente, debemos poner de manifiesto que el Tribunal se va a ceñir estrictamente al contenido del recurso de apelación concedido en subsidio contra el decreto de fs. 21, ello en atención a la etapa procesal en que se encuentran las actuaciones; esto es, antes del dictado de la sentencia.

2) En lo que atañe a la impugnación de la documental acompañada por la actora con la demanda, entendemos que la oportunidad procesal del ejecutado para impugnar u oponerse a dicha documental, es específicamente al plantear excepciones.

En los juicios ejecutivos, bajo la normativa del C.P.C., Ley Prov. N° 3.738, la intimación de pago realizada mediante mandamiento, equivalía a la notificación de la demanda, abriendo así el período contencioso y era la oportunidad para oponer excepciones.

Al respecto la doctrina sostiene que "el escrito mediante el cual se oponen excepciones debe reunir los requisitos fundamentales de todo proceso -demanda y responde- en cuanto sean pertinentes, y además, debe determinar precisamente cuáles son las excepciones opuestas" (Podetti, J. Ramiro, "Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral. Tratado de las Ejecuciones", Buenos Aires, Ediar, 1968, T° VII-A, 2ª ed. actualiz., p. 243; Alsina, Hugo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial - Ejecución Forzada y Medidas Precautorias", Buenos Aires, Ediar, 1962, T° V, 2ª ed., p. 273; mencionados en "Digesto Práctico La Ley - Procesos de Ejecución y Títulos Valores", Adolfo A. N. Rouillon [Director], 1ª ed., T° II, Buenos Aires, 2001, p. 543, parágrafo N° 9453).

En tal sentido, el art. 527, párr. 3°, del C.P.C. derogado, decía: "Deberán cumplirse, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los artículos 315 y 340, determinándose con exactitud cuáles son las excepciones que se oponen".

Precisamente, en los aludidos artículos se indican los requerimientos de la demanda y su contestación, particularmente en el inc. 1° del art. 340, ibíd., se menciona la negación de los hechos y documentos, cartas y telegramas por parte del demandado.

Cabe aclarar que el art. 505 del actual C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037, referido a la `Oposición a la sentencia monitoria´, igualmente menciona al cumplimiento de las formalidades establecidas en los arts. 293 (Forma de la demanda) y 318 (Contenido y requisitos de la contestación).

Además, en el proveído impugnado no se indica cuál es la decisión de la Corte de Justicia que se invoca como fundamento del rechazo, imprecisión que podría vulnerar la garantía de defensa en juicio, en tanto se obstaculizaría al recurrente la posibilidad de cuestionar fundadamente un argumento que no está especificado.

Aunque la Jueza, al considerar la procedencia de las defensas y resolver sobre ellas, deberá analizar la referida documentación para establecer sus efectos, alcance de su valor probatorio, etc. -- 3) En lo relativo al rechazo in límine del planteo de inconstitucionalidad articulado por el accionado, consideramos que no resulta oportuno en esta etapa procesal que el Tribunal se pronuncie respecto de la cuestión que motiva la impugnación.

En primer lugar, porque el rechazo de tal planteo de inconstitucionalidad no fue fundamentado por la Inferior, quien se limitó a manifestar que su tratamiento deviene abstracto, sin indicar cuáles son las razones legales o jurídicas que sustentan tal conclusión desestimatoria. - En segundo lugar, porque el análisis de la alegada inconstitucionalidad de los arts. 47 y 48 del C.T. resulta prematuro, pues podría importar adelantar opinión respecto de cuestiones que no se encuentran aún en situación de ser decididas, lo que eventualmente podría suponer prejuzgamiento por parte de la Cámara, ya que en primera instancia no se ha dictado sentencia.

Por ello, deberá la Inferior proveer conforme corresponda la continuación de las actuaciones según su estado. 4) En consecuencia, atento al resultado positivo de la apelación subsidiaria, entendemos que las costas de la segunda instancia deben imponerse a cargo de la actora-apelada vencida (cfr. arts. 66 y ccds. del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037).

Por todo lo expuesto, normas legales y doctrina citadas, Se Resuelve:

I. Admitir el recurso de apelación subsidiaria articulado a fs. 22/24 contra el decreto de fs. 21, el que se revoca en lo pertinente de acuerdo con lo desarrollado en los considerandos respectivos.

II. Imponer las costas de esta instancia a la actora vencida.

III. Protocolícese, agréguese copia a los autos, notifíquese y oportunamente bajen, previa reposición de sellado si así correspondiere.

-Fdo. María Esthela Tonelli - Juez; Víctor Bazán - Juez - Cámara de Paz Letrada.-