Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-03-01


2º Instancia. - Córdoba,á marzo 1º de 2010.

CONSIDERANDO:á I. Que corresponde a este Tribunal decidir sobre el recurso de queja presentado por el Dr. Miguel Martínez, a fs. 2/7 en contra de la resolución cuya parte resolutiva fuera transcripta precedentemente.á En el mismo, luego de realizar una reseña del trámite de la presente causa, plantea la nulidad de todo lo actuado por el juez de primera instancia en razón de que no comunicó su avocamiento "a las partes querellantes y denunciantes de los graves hechos en que habrían incurrido jueces, fiscales y secretarios de la Justicia federal".á En tal sentido, señala que recién comienza a notificar a los otros querellantes luego de resolver desfavorablemente las apelaciones del Dr. Ceballos y del recurrente.á Con relación al avocamiento del magistrado de primera instancia, entiende que el conocimiento del juez y del fiscal intervinientes "hace al primer derecho sustancial que le asiste a las partes de todo proceso penal, desde su fase preliminar".á Agrega que "la necesidad de tomar conocimiento de ello, resulta indispensable para que los interesados (art. 56 del CPPN) æel imputado, el ofendido o damnificado y el civilmente demandado, aunque estos últimos no se constituyan en parte' para poder ejercer sus derechos respecto a la idoneidad de los jueces y fiscales para intervenir en el proceso".á Concluye que "deberá ser este tribunal de alzada quien, de oficio, dictará la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución que dispuso el desglose de la causa -que aun esta parte desconoce- o bien desde el avocamiento del Juez Alejandro Sánchez Freytes".

Por otra parte, y en orden a la resolución cuestionada, sostiene que la adhesión que formulara al recurso de apelación de Juan Miguel Ceballos "no era necesaria, puesto que, jamás había sido notificado de las resoluciones" por las que se agravia, entendiendo que su "apelación es absolutamente independiente" y que el magistrado incurrió en un "rigorismo extremo" pretendiendo descalificar un "derecho esencial a la víctima del asesinato de su progenitor y el encubrimiento por parte de miembros del Poder judicial a los que se encontraba sometido y privado de su libertad".

Por ello, subsidiariamente, pretende que se haga lugar al recurso de queja incoado.á II.- En la resolución atacada el señor juez de instrucción rechaza la adhesión formulada al recurso de apelación por los siguientes motivos.á En primer lugar, sostiene que el recurso de apelación de Juan Miguel Ceballos -al cual se adhiere el Dr. Miguel Martínez- fue concedido parcialmente sólo en orden a los hechos primero y segundo del requerimiento fiscal de fs. 5878/79, en lo relacionado con la muerte de Miguel Angel Ceballos.

Al respecto, manifiesta que la adhesión está subordinada a que el recurso interpuesto por otro no haya sido declarado inadmisible o rechazado.á En tal sentido, entiende que habiendo sido concedido el recurso solo en lo que se refería a la muerte de Juan Miguel Ceballos -y rechazado con relación a los restantes agravios- carece, por ende, el Dr. Miguel Martínez (representante de Diego Bauducco) de interés directo.á III.- Avocados al conocimiento de las presentes actuaciones, corresponde en primer lugar abordar el tratamiento del planteo de nulidad de las presentes actuaciones formulado por el recurrente.

En tal sentido, y luego de un minucioso análisis de las diversas constancias que integran la causa, se advierte la presencia de una falencia procesal que inficiona la génesis de estos autos.á Previamente, cabe recordar que el origen de la presente causa, resulta ser el decreto de la señora Jueza del Juzgado Federal Nº 3 de fecha 01.11.07, obrante a fs. 5592, por el cual se dispone formar actuaciones por separado en orden a la presentación formulada por los Dres. Juan Miguel Ceballos y Rubén Arroyo y que fuera dictado en los autos caratulados "Alsina, Gustavo Adolfo y otros" (Expte. 17.468 del registro del Juzgado Federal Nº 3).

Arriba a dicha decisión en virtud de los argumentos que expone, contando en forma previa con un pedido en ese sentido de la señora Fiscal Federal Nº 3.á Asimismo, y más allá de la pertinencia de los fundamentos utilizados para concluir con la decisión de formar actuaciones por separado -lo cual puede resultar cuestionable por la posible comunidad probatoria existente en ambas causas-, surge que dicha medida no fue notificada a ninguna de las partes intervinientes, tal como lo señalara el recurrente en estos autos y lo reconociera a fs. 5979/80 el juez del Juzgado Federal Nº 2.

Ello, aun cuando en el presente estadio de las actuaciones la acumulación de ambos procesos no sería recomendable porque implicaría un grave retardo en su tramitación.á Por otra parte, se advierte que, luego de la inhibición formulada por la magistrada del Juzgado Federal Nº 3 para intervenir, la nueva causa queda radicada en el Juzgado Federal Nº 2 y caratulada como "Ceballos, Juan Miguel y otro s/solicitud (Expte. 14.233/08 del registro del Juzgado Federal Nº 2), la cual se encuentra radicada actualmente ante este Tribunal.á Posteriormente, el magistrado interviniente, con fecha 28.07.08 (fs. 5883), decreta su avocamiento, el cual no fue notificado a los querellantes que intervenían e intervienen en el proceso.áá En efecto, dicha omisión resulta ser la denunciada por el recurrente como causal de nulidad de la presente causa por haberle impedido "ejercer sus derechos respecto a la idoneidad de los jueces y fiscales para intervenir en el proceso".á Al respecto, debe señalarse que la garantía del juez imparcial se encuentra receptada en el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el art. 26.II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los cuales se encuentran incorporados a nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22).á Dicha garantía tiene como finalidad asegurarle a todas las partes del proceso la tranquilidad necesaria que los derechos que reclaman mediante su acceso a la justicia serán determinados por un magistrado exento de intencionalidades y despojados de cualquier otra motivación que pueda influir en su ánimo, lo cual en definitiva también posibilita la presencia de un debido proceso legal.á En este sentido, la señalada ausencia de notificación impidió a los querellantes ejercer su derecho reconocido constitucionalmente a contar con un tribunal imparcial e interponer, eventualmente, las recusaciones que estimaran corresponder.

Al respecto, la ley procesal prescribe que "se entenderá siempre bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes: 1. Al nombramiento, capacidad y constitución del juez, tribunal o representante del ministerio fiscal" (art. 167 del C.P.P.N.).á Sobre el tópico, señala Almeyra que la capacidad del tribunal comprende la genérica y la específica. Con relación a esta última sostiene que está regulada en las leyes orgánicas y en el propio código procesal y comprende, entre otros aspectos, la "no exclusión por sospecha de parcialidad o por incompatibilidad (parentesco, amistad, enemistad manifiesta)", distinguiendo a su vez "dos formas esenciales, relativas a esta modalidad de nulidad, que consisten en la competencia e independencia del juez" o imparcialidad (Miguel Angel Almeyra, Código Procesal Penal de la Nación. Comentado y anotado, Ed. La Ley, 2007, pág. 729).

Así también lo ha reconocido la jurisprudencia al resolver sobre la trascendencia que reviste la notificación a las partes del juez interviniente: "corresponde anular, de oficio (art. 167 inc. 1º CPPN), la resolución de la Cámara de apelaciones que fue suscripta por dos jueces sin haberse integrado el Tribunal luego de hacerse lugar a la recusación del tercero de sus integrantes. Del mismo modo, la falta de notificación a las partes del auto que hizo lugar a la recusación acarrea la nulidad de lo actuado. Si media en el caso la excusación de uno de los jueces del tribunal a quo para entender en la causa, y si la misma resulta aceptada, debe hacerse saber a las partes personalmente o por cédula la composición de la cámara, sin que pueda fallarse el pleito antes de que la integración hubiera quedado consentida -artículo 111 del Reglamento para la Justicia Nacional- (Fallos 317:464)" (CNCP, Sala II, Sicardi, J., Reg. 8792, 30.06.06, pub. JPBA T. 133 F. 233).

De este modo, se evidencia que el desconocimiento de las partes sobre el magistrado interviniente -como sucedió en estos autos con los querellantes- por ausencia de notificación del decreto de avocamiento generó una limitación en su actuación, impidiéndoles el ejercicio de las facultades legales que se le otorgan a todos los actores de un proceso a los fines de la preservación del derecho constitucional a contar con un tribunal imparcial; lo cual conlleva la declaración de nulidad de todos los actos procesales consecutivos que dependan de aquel en razón de su ubicación dentro del proceso (art. 172 del C.P.P.N.).

Los argumentos expuestos hasta aquí permiten arribar a la solución propiciada por la parte querellante en el recurso de queja impetrado, en el sentido que la ausencia de notificación a esa parte del decreto de avocamiento generó una nulidad de carácter absoluto por afectación de derechos constitucionales que no puede ser subsanada y que debe ser declarada de oficio y en cualquier estado y grado del proceso (arts. 167 inc. 1 y 168 del C.P.P.N.).á Surge también de las constancias de autos que no se corrió a los querellantes la vista ordenada en el art. 340 in fine del C.P.P.N. frente a las excepciones de falta de acción planteada por las defensas, respecto de la cual solo se expidió la Fiscalía, y que fuera finalmente acogida por el juzgado interviniente mediante el auto de fs. 5927/52.

Al respecto, prescribe el art. 167 inc. 2 del C.P.P.N. que se encuentran conminadas con pena de nulidad las disposiciones relativas a la intervención de la parte querellante en el proceso y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria.á De este modo, se soslayó también la intervención de los particulares damnificados, lo cual impidió el ejercicio de las facultades legales que le corresponden en su carácter de querellantes, tales como "impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir" (cfme. Maier, Derecho Procesal Penal, II. Parte General. Sujetos procesales, 2004, Ed. del Puerto, pág. 687) y "proponer diligencias" (art. 199 del C.P.P.N.).

Lo señalado es sin perjuicio de la referida nulidad por falta de notificación del decreto de avocamiento y viene a constituir una irregularidad más dentro de un proceso cuyo origen ya se encontraba viciado por las deficiencias analizadas ut supra.á Sobre aquel punto, se ha señalado que "el debido proceso consignado en el art. 18 de la Constitución Nacional, no realiza distingo entre los derechos de la víctima o del acusado; razón por la cual puede verse coartado el acceso a la justicia para el querellante si no se le acuerda derecho a influir en el proceso incoado a raíz de un menoscabo en un bien jurídico propio" (Miguel Angel Almeyra, ob. cit.; el destacado es propio).á En los mismos términos se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "que si bien incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo, desde que se trata de lo atinente a la más acertada organización del juicio criminal, todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma" (Fallos 268:266; cit. por Almeyra, ob. cit.) En tal sentido, surge de autos que el juez de primera instancia dispone mediante decreto obrante a fs. 5990 notificar a los querellantes las resoluciones por las cuales se había resuelto desestimar las actuaciones en lo que respecta a la situación de Otero Alvarez, Molina y Haro; la que dispone sobreseer a Ali, Puga y Cornejo; el decreto que concede el recurso de apelación de la Fiscalía y el auto que concede parcialmente el recurso de apelación de Juan Miguel Ceballos, cumplimentándose dicha orden mediante cédulas cuyo diligenciamiento obra a fs. 5993, 5994, 5995 y 6000 y constancia de fs. 6011vta.á Asimismo, se advierte incluso que ni siquiera los propios peticionantes (Dres. Ceballos y Arroyo) que originaran las presentes actuaciones fueron notificados en la oportunidad procesal que correspondía del decreto que ordena formar actuaciones por separado ni del avocamiento del magistrado del Juzgado Federal Nº 2 ni se les corrió vista de las excepciones planteadas por las defensas.

Es decir, que todos los querellantes -y en particular, Diego Bauducco, quien recurre en esta oportunidad- al ser notificados por primera vez recién con posterioridad a las resoluciones que exculpaban a quienes resultaban acusados -entre otros hechos, por las muertes de los progenitores de Diego Bauducco-, se vieron privados de ejercer las facultades que la propia ley le otorga, afectando de esta manera derechos de raigambre constitucional y que hacen a la efectiva participación de la parte querellante en el proceso (art. 18 CN y art. 167 inc. 2 del C.P.P.N.).

Señala Almeyra que "el acceso a la jurisdicción no puede negársele a nadie, pues el lesionado por un actuar antijurídico, tiene derecho a obtener el reconocimiento o declaración de su derecho mediante un pronunciamiento que lleva la autoridad y la eficacia de la cosa juzgada, y que todo lo que impida ese acceso vulnera la Constitución Nacional; siendo que el derecho a ser oído se engarza como una efectiva garantía constitucional" (ob. cit., pág. 737)á Por ello, la inobservancia de las reglas relativas a la participación del querellante, que a su vez trasunta la violación de normas constitucionales por encontrarse comprendida dentro de la garantía del debido proceso legal, conlleva necesariamente la declaración de nulidad absoluta de los actos procesales dictados sin su intervención.

La propiciada irregularidad de los actos procesales dictados en los presentes autos no se subsana con la posterior notificación de las resoluciones de desestimación y de sobreseimiento, por cuanto éstas fueron dictadas sin que los querellantes sean oídos, conforme se lo garantizan las convenciones internacionales y la propia Constitución Nacional.á Así lo entiende también la jurisprudencia al resolver que "si se ha omitido notificar a quien fue tenido como parte querellante del auto de falta de mérito, del auto de procesamiento y del auto que dispone la vista conforme las prescripciones del art. 346 del código de rito; dicha irregularidad torna írrito lo actuado a partir de la primera omisión, por aplicación de lo dispuesto en el art. 167 inc. 2º del digesto ritual, por cuanto la querella goza de la misma garantía de defender su interés en juicio que las otras partes, y dicha norma apunta a sancionar cualquier omisión del órgano jurisdiccional de darle intervención en el proceso cuando así lo mande la ley, con prescindencia de su facultativo ejercicio" (CNCrim. y Correc., Sala V, "Salgado, Fabián S. y otro", c. 20.388, 10.12.2002, cit. por Almeyra, ob. cit.).á En definitiva, y por los fundamentos expuestos consideramos que corresponde hacer lugar al planteo formulado por la querella y, en consecuencia, declarar la nulidad de todos los actos procesales posteriores al decreto de avocamiento de fecha 28.07.08 obrante a fs. 5883 (art. 172 del C.P.P.N.), por haberse impedido la participación de los querellantes como lo exige la garantía del debido proceso legal (art. 18 CN).á Por último, la declaración de nulidad que aquí se decide extiende necesariamente sus efectos a la causa principal de la que derivan las presentes actuaciones (Ceballos, Juan Miguel y otro s/solicitud, Expte. 200/2009), por lo que corresponde agregar copia certificada de la presente y disponer su remisión al Juzgado Federal Nº 2, con noticia a todas las partes.áá Por todo lo expuesto;á SE RESUELVE:á Por unanimidad: I.- HACER LUGAR al planteo formulado por el Dr. Miguel Martínez -abogado apoderado del querellante Diego Bauducco- y en consecuencia declarar la nulidad de todos los actos procesales posteriores al decreto de avocamiento de fecha 28.07.08 obrante en los autos principales caratulados "CEBALLOS, Juan Miguel y otro s/solicitud" (Expte. 200/2009), debiendo el juez de primera instancia continuar con la tramitación de los presentes autos (arts. 166, 167 inc. 1 y 2, 168 y 172 del C.P.P.N.).á II.- AGREGAR copia certificada de la presente resolución a los mencionados autos y disponer su remisión al Juzgado Federal Nº 2, en virtud de lo aquí dispuesto, con noticia a todas las partes.á III.-áLUIS ROBERTO RUEDA.- OCTAVIO CORTES OLMEDO.- ABEL SANCHEZ TORRES.