Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-05


FORCONESI, Esther Aurora C. de contra ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO ALUMNI DE CASILDA LTDA Reg.: A y S t 193 p 88-92.

Santa Fe, 5 de noviembre del año 2003.

VISTOS: Los autos "FORCONESI, Esther Aurora C. de contra ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO ALUMNI DE CASILDA LTDA. -Rendición de Cuentas- sobre Recurso de Inconstitucionalidad" (Expte. C.S.J. nro. 661, año 1996) venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la actora para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia de fojas 262/266; y, CONSIDERANDO:

1. Mediante la sentencia impugnada, esta Corte resolvió declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra el pronunciamiento de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario que, a su turno, desestimara el recurso de nulidad y revocara la sentencia alzada que había acogido la demanda en su totalidad.

En su presentación, la recurrente se agravia por haberse lesionado sus garantías de acceso a la justicia, debido proceso, defensa en juicio y propiedad, establecidas en el Preámbulo y en los artículos 17 y 18 de la Constitución nacional.

Invoca las siguientes tachas de arbitrariedad:

a) "Autocontradicción", que sustenta en consideraciones efectuadas por este Tribunal respecto del fallo de la Sala, en tanto afirmó que el mismo había sido dictado con economía pero no erróneamente, mientras que luego sostuvo que podía tacharse de erróneo.

Alega que ello exhibe un pensamiento contradictorio en el propio discurso de esta Corte y desmerece la calidad y eficacia del "concepto técnico intelectual" del pronunciamiento.

b) "Afirmación sin fundamento o fundamento sólo aparente. Dogmatismo. Violar la traba de la litis", que imputa a la aseveración de esta Corte de que la demandada se había allanado a la acción y que el actor lo había admitido en forma parcial, sosteniendo que "debió finalizar el análisis ... pues se trata de un hecho dirimente de tal magnitud, que de forma alguna podía ser desatendido por Cámara y Corte". Asimismo, le achaca idéntico vicio a lo considerado en el tratamiento de las imputaciones de violación de la ley y falta de fundamento, al arribar este Cuerpo a una conclusión con la lectura del contrato (sin haberse detenido a examinar si se trataba de adhesión, con cláusulas predispuestas y leoninas) y estimar que era adecuada la doctrina citada por la Sala, sin haberla analizado en comparación con el fallo de la Corte de Mendoza y numerosos estudios doctrinarios sobre el tema.

c) "Contradecir otras constancias de la causa", en tanto este Organo señaló que el tema de la nulidad del contrato estaba atrapado por la otra litis, sin haber tenido a la vista el referido expediente, de cuya lectura no surge que se haya postulado la nulidad del mismo, sino la nulidad de las cláusulas predispuestas que resultaban confiscatorias al dejar todo el beneficio financiero para el mandatario en claro despojo del mandante.

d) "No decidir cuestiones planteadas", por cuanto entiende que de las diez causales de arbitrariedad que articulara, sólo fueron tratadas "en forma superficial y en un sentido abstracto y dogmático, algunas de ellas, dejando de responder a la mayoría de las quejas constitucionales".

Observa, en ese sentido, que esta Corte declaró "dos veces" admisible el recurso de inconstitucionalidad, lo cual determina un principio de viabilidad de la impugnación y de sus causales que no se compadece con su rechazo "genérico y global".

En su opinión, el dictado de la sentencia importó una frustración del servicio de justicia, exponiendo, finalmente, acerca de la decisividad de su postulación.

2. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso extraordinario intentado.

Cabe señalar que la mera deducción del remedio federal, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica su concesión o denegación automática, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S. T. 67, p. 441; T. 71, p. 276; T. 77, p. 439; T. 89, p. 58; T. 94, p. 5; T. 129, p. 60, entre muchos otros).

A tales efectos es menester que en el escrito de interposición del mismo se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar su decisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48 -recurso extraordinario de apelación- demanda que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta, demostrando asimismo ante la Corte por qué considera que el decisorio impugnado no satisface el derecho federal invocado.

En el sub judice, si bien el compareciente invoca diversas causales de arbitrariedad y se agravia por la lesión de los derechos constitucionales que enuncia, no ha logrado acreditar la concurrencia de tales extremos, por cuanto al confrontar los agravios articulados con el fallo de marras, surge que los mismos sólo trasuntan su disconformidad con la solución arribada por este Cuerpo al declarar, en el ejercicio de sus funciones propias, improcedente el recurso de inconstitucionalidad regulado en la ley 7055, circunstancia que resulta ajena a la impugnación interpuesta.

En efecto, para resolver como lo hizo, este Tribunal efectuó un exhaustivo análisis de la causa, apreciando que el debate se había iniciado sobre un eje "que fue mantenido en todas las instancias del proceso", al advertir la existencia de "una clara simetría, un claro paralelismo" entre el objeto de la pretensión de la actora (teniendo especialmente en cuenta su escrito de foja 51 y siguiente), la cual estaba dirigida "a lograr una explicación del destino de los fondos que entendía eran administrados por la Mutual" y el "tema a dilucidar" para la perdedora en baja instancia (demandada), cual fue, "si existe o no obligación de rendir cuentas" por su parte (v. f. 106).

Por ello, coligió que resultaba "desacertado considerar que la decisión atacada no decidió la cuestión planteada, o decidió cuestiones no planteadas o violó el contenido del proceso", pues se había pronunciado, pero en sentido adverso al demandado.

Los restantes reproches endilgados fueron agrupados por este Cuerpo bajo los vicios de "violación de la ley" y "dogmatismo y falta de justificación suficiente". A ese respecto, abordó la cuestión del manejo de los fondos aportados a la luz de una lectura detallada del contenido de las cláusulas contractuales, extrayendo de las mismas que bien podía haberse entendido que la Asociación tenía el derecho a percibir "en carácter de comisión" la "totalidad" de los beneficios que pudieran provenir de su colocación, tanto más si se atendía a lo expresado en la estipulación octava en relación al derecho del beneficiario -que durante la vigencia del contrato, no había sido favorecido con la adjudicación del automóvil- a recuperar las cuotas abonadas con el interés que allí se fijaba. A tales consideraciones, añadió que la propia accionante había reconocido a foja 20 vto., "que no está claro qué debía entenderse por 'colocación de fondos del beneficiario' o importes 'provenientes de futuras capitalizaciones de utilidades'", circunstancia que la llevaba "implícitamente a reconocer como plausibles diversos enfoques en relación a las recíprocas prestaciones".

Así, estimó que la sentencia se encontraba suficientemente fundada -era inteligible y adecuada a sus antecedentes-, por haber concretado el Tribunal A quo una de las interpretaciones posibles, apoyándose en doctrina -que postulaba que la finalidad del sistema era la adjudicación directa de bienes-; conclusión que fue reforzada por este Cuerpo con el cotejo del discurso del Vocal preopinante con otros antecedentes jurisprudenciales, verificándose la dificultad de caracterización del pacto y, por lo tanto, la dificultad de una descalificación constitucional de la opción que había efectuado la Sala.

Frente a tales fundamentos, la recurrente plantea la existencia de autocontradicción, dogmatismo, contradicción con otras constancias de la causa y no resolver cuestiones propuestas, reparos, éstos, que -no obstante sus dichos- carecen de asidero, toda vez que no ha mediado en el presente atisbo alguno de incongruencia, defecto de motivación, decisivo apartamiento de lo obrado, o irreductible oposición conceptual en el desarrollo de dicho razonamiento.

Ello, por cuanto para que pudiera tener andamiaje el reproche de haber dejado este Cuerpo de responder a la mayoría de las quejas constitucionales, debió la impugnante explicitar con precisión cuáles agravios -de los articulados en su memorial del recurso de inconstitucionalidad- habían sido inaceptablemente soslayados y su relevancia para torcer el pronunciamiento impugnado. Al no hacerlo, dejó desprovisto de sustento a su planteo, el que quedó reducido a una mera crítica al método seguido por este Organo en la evaluación de los reparos esgrimidos contra la sentencia de la Sala, en cuanto analizó por una parte los presuntos vicios de incongruencia y se inclinó por el examen conjunto de los otros bajo las mencionadas imputaciones de "violación de la ley" y "dogmatismo y falta de justificación suficiente".

Por lo demás, la reseña precedente resta total validez a la acusación de fundamentación aparente, dogmatismo y violación de la traba de la litis formulada por la recurrente, por cuanto en modo alguno puede sostenerse que la respuesta brindada no resulta de una consideración objetiva de las cuestiones constitucionales sometidas a este Organo, siendo derivación de la exclusiva voluntad de quienes suscribieron el fallo.

En ese orden, ha de señalarse que de las alegaciones vertidas a fojas 281/281 vto., se puede inferir que el cuestionamiento apunta, más que a endilgar excesiva generalidad, a un supuesto déficit valorativo, ya que esencialmente radicaría en la incoherencia incurrida por la Sala que resolvió en contra de la obligación de rendir cuentas, desatendiendo que la demandada se había allanado a la acción, extremo que tampoco habría sido apreciado debidamente en la sentencia bajo examen.

Tal postulación no tiene la menor cabida, pues ningún vicio de esa índole se verifica en la especie. En rigor de verdad, sorprende a este Cuerpo el planteo efectuado, a poco que se repare en el contenido del escrito de fojas 51/52, en el cual la propia recurrente manifestó que ese hecho no correspondía "al tema de esta litis", pidiendo expresamente que "prosiga la litis, relacionada con el tema verdadero del juicio cuál es ... la actividad gestoria (sic) de la demandada ..." (ítem 2) del petitorio), lo cual no fue soslayado al momento de tratar si se había configurado una violación al contenido del proceso (en ese sentido, adviértase la puntual referencia al mencionado escrito a fojas 264/264 vto.).

Se evidencia así el acierto de la contraparte al señalar que la recurrente "contradice su anterior posición", preguntándose "... qué incidencia puede tener el allanamiento, si con anterioridad el quejoso lo descalificó como tal?" (vid. fs. 285 vto./286).

A su vez, queda descartada la endilgada falencia en los motivos dados en el análisis de los vicios de violación de la ley y falta de fundamentación, en tanto de sus vagas aseveraciones, surge que en realidad la compareciente no comparte el criterio con el que el Tribunal evaluó la posible concurrencia de los mismos.

Si es patente que dicho criterio se sustentó en la letra del convenio que rigió entre las partes, en el examen de la doctrina citada en la sentencia (aunque no sea la invocada por la impugnante) y en el cotejo de ésta con otros precedentes jurisprudenciales, no puede pretenderse su descalificación constitucional, a menos que se demuestre su irrazonabilidad, lo que lejos está de haberse conseguido al no haberse aportado argumentos de peso con entidad para controvertirlo.

Por otra parte, tampoco reviste entidad para perfilar una cuestión susceptible de habilitar esta instancia excepcional, el reparo relativo a "contradecir otras constancias de la causa".

Debe recordarse que para que se configure esa tacha tal apartamiento ha de presentarse como "decisivo" (cfr. Lugones, Narciso J., "Recurso Extraordinario", Bs. As., Depalma, 1992, p. 306, quien efectúa un distingo con el vicio de "defectos en la consideración de extremos conducentes"), cualidad, ésta, absolutamente ausente en la supuesta incompatibilidad que la compareciente intenta establecer entre lo que habría "indicado" este Organo ("nulidad del contrato", en realidad: "hipotética nulidad del pacto", vid. f. 266) con lo postulado en la otra litis ("nulidad de las cláusulas confiscantes (sic) predispuestas"), para revertir lo resuelto.

A su vez, reiteradamente se ha dicho que la autocontradicción supone una irreductible oposición conceptual que torna ininteligible al fallo a punto tal de descalificarlo como acto jurisdiccional (cfr., por todos, A. y S. T. 175, p. 152), lo cual no tiene un mínimo de asidero en el sub judice, bastando una somera lectura del pronunciamiento impugnado para corroborarlo. No obstante vale aclarar que el presunto desacuerdo en cuanto a la imputación de error en la sentencia de la Sala, no es tal, pues la recurrente no advierte que el empleo de esa calificación se refirió a diferentes aspectos de la misma, y como surge de foja 265 vto., nunca fue así considerada, sino que se invocó una posibilidad ("la conclusión podría, cuanto más, tacharse en este aspecto como errónea, pero no desorbitada de la exigencia constitucional ...").

Por último, y para no dejar sin respuesta a la observación realizada a foja 282 vto., acerca de que habiéndose declarado "dos veces" admisible el recurso de inconstitucionalidad, ello determinaba en su opinión, "un principio de viabilidad de la impugnación", debe consignarse que es equivocada esa suposición, toda vez que el juicio de admisibilidad constituye un examen mínimo y provisional de la idoneidad de la postulación esgrimida para franquear la instancia excepcional regulada en la ley 7055, pero no es vinculante en cuanto a la sustantiva procedencia de la impugnación, análisis que esta Corte realiza contando con los autos principales.

De todo lo expuesto se colige que no alcanza a ser demostrada, siquiera prima facie, la existencia de vicios descalificantes en el pronunciamiento atacado y, menos aún, frustración alguna a las garantías constitucionales en que la compareciente sustenta el presente recurso, traduciendo los reproches esgrimidos -como se anticipara- su mera disconformidad con la solución a la que se arribó en autos, circunstancia ajena al recurso previsto por el artículo 14 de la ley 48, que -como reiteradamente se ha sostenido- reviste carácter excepcional y no tiene por objeto permitir la discusión de decisiones equivocadas o que se reputen tales (cfr. Fallos, 295:618; 304:267; 307:1037; 310:676; etc.).

En tales condiciones, no cabe sino denegar la concesión del remedio intentado. Lo contrario importaría habilitar el acceso a una nueva instancia ordinaria, extremo que excedería los límites funcionales e institucionales impuestos por la Constitución y las leyes a la jurisdicción conferida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Fallos, 290:95; 291:572; 302:502; 310:405, etc.; de este Cuerpo, por todos, A. y S. T. 157, p. 303).

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)