Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2010-03-09


Y Vistos: Para resolver en los del epígrafe;

Y Considerando: I) Que llegan los autos a este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensora de Menores de Primera Instancia y Tercera Nominación, Dra. S. V., a fs. sub 34/37, invocando la representación de la menor M.L.P., contra la sentencia dictada en autos con fecha 04/06/09 (fs. sub 24/28), que -en síntesis- en calidad de medida cautelar autoriza la entrega de la menor a los pretensos adoptantes.

a) Alega la Defensora que el A-quo disfraza un pronunciamiento de fondo bajo la apariencia de una medida cautelar. Dice que en la sentencia atacada se resuelve "... otorgar como medida cautelar la guarda preadoptiva por el término de seis meses"..., concediendo como cautelar lo que en realidad fue solicitado como pretensión de fondo. Reprocha que la sentenciante reconozca que el matrimonio cumple con los requisitos del art. 315 del Código Civil, al estimar que reúnen los requisitos éticos, de solvencia moral y material para cuidar a la menor en cuestión e incorporarla como hija en el seno familiar. Manifiesta que el juzgador se extralimitó al resolver la medida cautelar, la que por su propia naturaleza es (o debió ser) provisoria. Observa que no debe confundirse la guarda preadoptiva con la cautelar de guarda provisoria (art. 234 del CPCC), cita doctrina al respecto.

b) Se agravia también del plazo de seis meses establecido por el A-quo, diciendo que es igual al plazo mínimo establecido por la ley, lo que hace pensar que estamos ante el dictado de una sentencia de fondo y no ante una cautelar, máxime si se entiende que las medidas cautelares no tienen un tiempo específico de vigencia, pues las mismas se mantienen mientras continúe la situación de hecho que motivó su despacho, afirmando asimismo que esto se relaciona con el efecto devolutivo con que se concede el recurso en las medidas cautelares, pues el paso del tiempo en procesos de esta naturaleza lleva indefectiblemente a consolidar una situación de hecho, de la cual -en la especie- no respeta ni responde al interés de la menor.

c) Critica asimismo que se haya indicado que el grupo familiar resulta apto para el otorgamiento de lo peticionado, cuando en realidad tal cosa no surge de las constancias de autos. Afirma que los pretensos guardadores no reúnen los requisitos de idoneidad para el rol que pretenden desarrollar y que ello fue advertido en su oportunidad por el Ministerio Fiscal, así como por la Defensora apelante. Todo ello surge de los informes psicológicos que lucen a fs. 45 y 45 vta., 104 y 119). Aduce que la resolución no priorizó los intereses de la menor, sino las apetencias de paternidad adoptiva de los actores.

d) La agravia el hecho que el juzgador no hubo reparado en lo solicitado con relación al Registro Único de Adopción -RUA.-, privando a la niña de su derecho a ser incorporada al seno de la familia que ella necesita, es decir debidamente preparada y evaluada. Remarca la importancia que tiene el RUA en la provincia. Dice que ante los informes desfavorables a los actores, el a quo debió oficiar inmediatamente al RUA, a fin de que remita legajos de las personas que estuvieran en condiciones de adoptar a la niña y que respondan a las características personales y culturales de la misma. Critica la sentencia, que por un lado otorga la guarda preadoptiva de la niña al matrimonio cuestionado y por otro ordena la realización de tratamiento psicológico con la obligación de remitir al tribunal informes periódicos.

e) Reprocha que la juez se haya pronunciado reconociendo derecho o verosimilitud de derecho suficiente para otorgar la cautelar de guarda preadoptiva, señalando que no se encuentran reunidos los requisitos para la procedencia de la cautelar. Analiza cada uno de ellos, diciendo que la guarda de hecho no acredita ni hace presumir la existencia de derecho o verosimilitud de derecho en los pretensos guardadores. Sostiene que si bien es cierto la ley no prohíbe la guarda de hecho de un menor, ello se entiende dentro del marco de un desmembramiento provisorio de los deberes de la patria potestad en virtud de circunstancias de momento y ajenas a la voluntad de los progenitores, no debiendo interpretarse esto como un desprendimiento definitivo por parte de los padres respecto de sus hijos, pues ello implica la abdicación de los deberes propios de esta institución.

Sostiene que no se trata de una simple guarda de hecho sino que existió desde el inicio la intencionalidad de entregar definitivamente a la niña a personas distintas de sus padres biológicos.

Se pregunta la Defensora. ¿qué título jurídico ostentan los actores para tener en guarda la niña?, preguntándose dónde estaría la apariencia de buen derecho cuando se desprende de autos que no existía entre la familia de sangre y los pretensos guardadores vínculo alguno de envergadura que justifique la entrega, desde que la madre biológica de la niña, en la audiencia señalada en autos, relata que no conocía a los pretensos guardadores. Trae a colación lo dicho por el Sr. Fiscal, cuando se refiere a la actuación de los pretensos adoptantes, a quienes cuestiona en su actitud, y dice: "... tanto la mentada Sra. S. como los pretensos guardadores conocían o debían conocer la legislación vigente en materia de infancia en esta provincia.

Sin embargo lejos de informar al órgano de aplicación de la ley 6915 sobre la situación de la madre biológica y/o de la niña recién nacida a fin de que pusieran en funcionamiento los resortes del Estado para garantizar los derechos de ambas, consumaron privadamente la entrega de la niña; inclusive se labró por ante Escribano Público un acta notarial en la que la madre biológica y sus representantes legales manifestaron su deseo de entregar la niña en adopción al matrimonio B.-R. y luego trasladaron a la niña a la provincia de Córdoba" (dictamen de fs. 101 y 102, reproducido por la Defensora en el escrito de apelación).

Destaca que si bien la entrega de la niña por parte de la madre biológica se efectuó con la representación de sus progenitores atento a que la misma es menor y por ende incapaz de hecho relativa, ese acto es nulo en virtud de que los padres no pueden otorgar válidamente actos de carácter personalísimo en representación de sus hijos bajo patria potestad. Sostiene que dicho acto no puede considerarse voluntario pues se encuentra viciado respecto a dos elementos de la voluntad: el discernimiento, el que está afectado por la inmadurez, al ser la madre biológica menor de edad; y la libertad, por encontrarse la madre biológica en una situación materialmente paupérrima que impide a la misma ejercer una libre elección y optar por criar a su hija. Insiste en que no existe verosimilitud del derecho en consideración a la intencionalidad con que los pretensos guardadores se hacen cargo de la niña, es decir con ánimo de adquirir para sí los derechos inherentes a la patria potestad, y que no debe convalidarse una situación de hecho en el caso de guarda con fines de adopción, en virtud que el acto material de la entrega del menor debe efectuarse una vez otorgada judicialmente la guarda preadoptiva, es decir con posterioridad a la sentencia firme que así lo declare.

Agrega, que si compete al Juez decidir otorgar o no la guarda con independencia, incluso, del consentimiento de los progenitores de sangre, debe entenderse que no es función judicial la mera convalidación de una situación de hecho, es decir, la sentencia del juez no debe ser un acto meramente declarativo, sino constitutivo de una situación jurídica.

f) En relación al peligro en la demora se agravia de que el juzgador haya entendido que dicho recaudo se encuentra acreditado en autos, cuando de las constancias surge lo contrario. La parte peticionante sólo se limita a solicitar la cautelar sin expresar en qué consiste el riesgo o peligro para la menor. La verdadera finalidad de la medida solicitada fue la comodidad de los pretensos guardadores, de modo que los mismos puedan trasladarse a la provincia donde tienen radicado su domicilio, para posibilitarles continuar sus actividades normales. Analiza los arts. 316 y 317 del Código Civil, diciendo que si bien la competencia del juez que intervendrá en el proceso de guarda con fines de adopción y la necesidad de evaluar y monitorear a los pretensos guardadores, ello es así a fin de estimar si los mismos reúnen las condiciones suficientes acordes a los intereses del adoptando, no pudiendo dejar de advertirse que el espíritu de la norma es posibilitar un control integral por parte del operador del derecho, requisito que no fue estimado por el a quo.

g) Se agravia de que no se haya respetado el derecho consagrado, entre otras normas, por la Ley 6915 (art. 11), dictando una resolución apresurada, sin esperar que la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia cumpliera con su rol que la Ley provincial 6915 le ha asignado respecto a garantizar la permanencia del niño dentro de su familia de origen (art. 11, Ley 6915), y/o la búsqueda de otras personas que integren la familia ampliada, entendiéndose esta como la extensión indicada en el art. 4, inc. "a", de la mencionada ley. En tiende que esto es así no sólo por el hecho de cumplir un imperativo constitucional, sino que el objetivo es garantizar su desarrollo integral y armónico, respetando sus vínculos tanto afectivos como culturales y ambientales naturales, lo que constituye su idiosincrasia. Destaca que al momento de dictarse la resolución se había requerido la intervención de la Subsecretaría mencionada, que ésta habría informado sobre el resultado de sus diligencias y que al momento de este memorial dan cuenta que existe dentro de la familia ampliada una tía materna que está dispuesta a criar a la niña.

Por todo ello, solicita que se revoque la sentencia atacada, poniendo a disposición del órgano de aplicación de la Ley 6915 a la niña.

II) Que avocados al estudio del tema traído a consideración, nos referiremos en primer lugar a la medida dispuesta por la juez que otorga la guarda preadoptiva del menor al matrimonio B. -R.-, por el término de seis meses. Expresa la apelante que al otorgar como medida cautelar la guarda preadoptiva por el término de seis meses, la Juez se habría expedido sobre el fondo de la cuestión debatida, lo que por su naturaleza es o debió ser provisorio. Alega también al respecto, que la sentenciante se extralimitó en otorgar la guarda como medida cautelar, diciendo que no se encuentran reunidos los requisitos que hacen a su procedencia. Acerca de esto, cabe precisar que, como ya se dijo en fallos anteriores, la guarda preadoptiva es una etapa previa al juicio de adopción, es un procedimiento con características propias, en la que se estudia la conveniencia y factibilidad de otorgar la guarda de un menor.

Se puede afirmar que en la declaración judicial de adoptabilidad, la finalidad probatoria está dirigida a evidenciar que el menor se encuentra en condiciones de ser adoptado y que dicha institución protectoria es la más adecuada y conveniente, conforme la situación del menor (Daniel H. D Antonio, "Régimen Legal de la Adopción-Ley 24.779"). No hay dudas de que las actuaciones desarrolladas en el expediente tramitado lo son en razón de preservar los intereses del menor, de brindarle protección. El Juez debe contar con este proceso previo, dirigido a evidenciar que el menor se encuentra en condiciones de ser adoptado y así dotarlo de una familia, siendo que está facultado para otorgar la guarda de los menores por la indiscutible finalidad tuitiva que ella conlleva.

Es más, la doctrina postula: "... debe tenerse presente que las resoluciones vinculadas a la guarda de los hijos pueden dictarse sin estricto sometimiento a todas las reglas procesales habida cuenta que no causan estado y son susceptibles de modificación ulterior, si la necesidad de proveer al interés de los menores lo aconseja, como asimismo que tratándose de medidas cautelares pueden decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte". (C.S.J.N., 19/4/83, "M.O., R.", de 104-273. Por otro lado, la decisión de entregar a un matrimonio un niño en estado de preadoptabilidad debe necesariamente tomarse en un marco de seguridad, en el cual prima el interés del menor. En esta línea actuó la Juez cuando llamó audiencia a la madre biológica con sus progenitores por ser menor de edad, pidió colaboración al equipo técnico, ofició a los organismos de la niñez, escuchó a la familia ampliada, quienes hasta el momento de resolver la medida, manifestaron su conformidad con la entrega.

No desconozco -en orden a la cautela- que esta puede sufrir modificaciones; por ello es la necesidad de esta evaluación, para mayor seguridad, ya que esta decisión de dotar a un niño de una familia que no la tiene, genera vínculos afectivos, con un derecho en expectativa, con una incidencia crucial en la vida de un niño; y de allí la necesidad de actuar con suma prudencia para evitar un nuevo desarraigo, lo que generaría un perjuicio al párvulo. Por ello entendemos que la decisión del juez de primera instancia es conforme a derecho, habiendo éste actuado como órgano del poder jurisdiccional velando por el interés superior del niño de acuerdo a las circunstancias que se le presentaron en este caso.

Compartimos el derecho que tiene todo niño de vivir, de ser posible, con su familia biológica, más si no están dadas las condiciones, sabemos que la solución es la adopción. Y de esta evaluación también está encargado el Juez. No se desconoce el importante rol de los organismos encargados de la niñez, como ejercicio de un deber del Estado de proteger a la niñez desamparada; por ello, el Juez pidió colaboración, a fin de que cumplan con su deber de prevención.

La Secretaría de la niñez presenta el informe luego de dictada la medida cautelar, y dice que existiría una tía, llamada N. que volvió a reiterar resistencia y desacuerdo ante la decisión de la madre de haber entregado al bebé. Corresponde señalar que este informe se contradice en parte con el presentado por la Asistente Social del Juzgado, del que surge que N. manifestó que no se opondría a la decisión asumida por la familia en relación a la guarda con fines de adopción. La trascendencia del tema exige suma prudencia al evaluar estos informes y rescatar con coherencia y con todos los elementos de juicio presentados qué es lo mejor al para la niña. Surge de dicho informe que esta tía no se opondría a la decisión tomada por la familia (fs. 87).

Dicen los representantes de los pretensos adoptantes en su responde, ¿por qué esta tía, que en todo el tiempo que la menor se encontraba en Atamisqui, 20 días aproximadamente desde su nacimiento nunca se apersonó, ni siquiera a conocerla, ni interiorizarse por la salud o alimentación de la misma, y ahora que la Subsecretaría le ofrece una pensión extra para criar a M. L., recién dice poder ocuparse de la menor? Como puede verse surge otro interrogante: ¿es real este deseo o estará tentada doña N. ante el ofrecimiento de una pensión más? Recordemos que ya han transcurrido seis meses desde el nacimiento y los únicos que le brindaron protección a la menor fueron los pretensos adoptantes.

Además, si tenemos en cuenta los antecedentes, dicha tía percibe una pensión por madre de 7 hijos y vive sólo con 6, ya que a uno de ellos dejó con su madre desde pequeño, desentendiéndose de su crianza. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para evaluar a la familia ampliada? Considero y es nuestro parecer que siguiendo pautas constitucionales al margen del derecho de la familia biológica, está el derecho del niño.

En esta línea, estímase que -con los antecedentes del caso en particular- la decisión tomada por la Juez ha sido prudente. Téngase en cuenta que se trata de un matrimonio que había tomado contacto con la gente de esta ciudad hace tiempo, ayudando a los más necesitados y que al nacer esta niña la asistió brindándole lo necesario para su cuidado ante la ausencia de parientes que quisieran hacerlo. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar un niño, que en los hechos fue abandonado por su familia biológica? Parece necesario una reflexión más. No descartamos el tiempo que marca la ley de 60 días para que la madre ratifique su decisión de entregar a su hijo en adopción, ya que es considerado apresurado tener por firme esta decisión por la situación especial que vive durante el puerperio.

Pero este tiempo que marca la ley es justamente por un desequilibrio por el estado puerperal en la persona de la madre, no de sus familiares. Entonces, ¿por qué esperar el arrepentimiento de la familia ampliada tanto tiempo teniendo en cuenta que la misma conocía de la entrega y no se opuso, ni se apersonó a ver el estado de la niña? Recordemos que, por un lado, no es conveniente el apresuramiento de entregar un niño con fines de adopción hasta tanto no estén evaluadas las partes y reunidas las pruebas necesarias para confirmar el estado de preadoptabilidad, para brindarle esa seguridad a la que se hizo referencia; en todo caso, en ese lapso podría confiarse su cuidado en familias sustitutas; pero, por el otro, es prudente pensar que esta decisión, salvo casos excepcionales, no se puede prolongar sine die, sin pensar que ello podría incidir en la psiquis del niño. En consonancia con lo dicho nos apartamos y consideramos errada la apreciación de la apelante cuando dice que no se encuentra acreditado el peligro en la demora, cuando todos sabemos el perjuicio que se ocasiona a un niño pasarlo de mano en mano sin una respuesta razonada, que en definitiva hace a su protección.

Por ello se considera prudencial la medida tomada por la Juez y la entrega en guarda provisoria al matrimonio que le prestó asistencia en todo momento a la niña, ante el consentimiento dado por parte de su familia. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, reconoce la adopción y dice: "Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de Adopción cuidarán de que el interés superior del niños sea la consideración primordial y: a) velarán por que la adopción del niño solo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas haya dado conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario" (art. 21 CIDN).

Es decir, esta potestad no sólo está dirigida al proceso de adopción, sino también a la etapa previa al juicio en la que el Juez recibirá todo el material probatorio. Sostiene la Convención que el otorgamiento de la adopción se encuentra subordinada al "interés superior del niño", y la garantía estaría dada por el hecho de que la autorización sea dada por autoridad competente, que no se limite a constatar el cumplimiento de trámites administrativos, sino un juicio de valor de las circunstancias que rodean las peculiaridades de la causa. Y es, indudablemente, el Poder Judicial el competente para valorar los elementos que acercan las partes al proceso, y al amparo de las pertinentes consideraciones jurídicas, será el que evalúe la conveniencia de la guarda y de la adopción de acuerdo a las circunstancias fácticas que se presentan con la necesaria intervención de los equipos técnicos.

Por ello estímase desacertado los argumentos expuestos por los Ministerios Públicos en relación al tema. En la sentencia atacada se ha dado cumplimiento con las normas aplicables en nuestra código de fondo, así como se han respetado los derechos amparados en el art. 18 y 19 de la C.N. y 21 de la C.I.D.N. Quedó demostrado en autos que el matrimonio reúne las condiciones necesarias para continuar con la guarda. La apelante los cuestiona en base al informe presentado por la Licenciada Montenegro, que dice "que de la única entrevista realizada no se puede inferir si el matrimonio es apto psicológicamente para la adopción de un niño... que se requiere un proceso de evaluación... refiere también que cuando la niña se habría enfermado reaccionaron con demasiada angustia ante la enfermedad...", informes estos que fueron impugnados por lo que se procedió a solicitar nuevos, donde se sugiere un seguimiento con controles periódicos de la evolución de sus roles paternos.

Sin embargo, quedó demostrado el compromiso de la pareja al prestarle los cuidados requeridos por la menor al enfermarse, fueron ellos los que se ocuparon de los controles médicos, lo reconocieron los profesionales intervinientes, se comprobó asimismo su solvencia moral, ética, así como que no tienen antecedentes penales.

III) Que, por otro lado y desde distinto otro ángulo de mira, hay otro cuestionamiento de la Defensora y el mismo está relacionado con la capacidad de la menor madre del que sostiene que se encuentra viciado por dos elementos que menciona: uno es el discernimiento, por ser menor de edad, y el otro es la libertad, al encontrarse en una situación paupérrima que le impediría ejercer una libre elección y optar por criar a su hija. Analizado este agravio y en relación a ello, el art. 55 del Código Civil reza que "Los menores adultos sólo tienen autorización para los actos que las leyes autorizan a otorgar".

Por menores adultos se entiende a las personas que están en la franja de entre los 14 y la mayoría de edad, que en la actualidad se alcanza a los 18 años de edad (conf. ley 26.579, sancionada por el senado el 2 de diciembre de 2009, que modifica el art. 126 del C.C. y el art. 127 del Código Civil). Al respecto, Marisa Herrera, en el documento preparado en el marco de las IV Jornadas regionales de Adopción, realizadas en Mendoza, 7 y 8 de septiembre de 2006, nos dice que es de recordar que, curiosamente, en el Código Civil originario redactado por Vélez Sársfield allá por fines del siglo XIX, se disponía como principio la capacidad de los menores adultos a quienes se los consideraba "incapaces respecto de ciertos actos o del modo de ejercerlos".

Pero en la redacción actual auspiciada por la ley 17.711 que reformó de manera radical el Código Civil en el año 1968, los niños y adolescentes (ambos términos son recibidos en varias legislaciones latinoamericanas al establecer que se entiende por niños hasta los 12 años y adolescentes desde allí hasta la mayoría de edad), la regla es la incapacidad, ya que ellos sólo pueden por sí mismos ejercer los derechos y contraer las obligaciones que la normativa civil les reconoce ¿Cómo sortear esta incapacidad? Mediante la figura de la representación, siendo los padres los principales representantes de los hijos en consonancia con la figura o institución denominada todavía "patria potestad" regulada en los arts. 264 y ss. del Código Civil.

A nuestro entender, el interrogante central a la luz de la doctrina vigente es el siguiente: ¿Se condice con ella un principio general por el cual los padres representan a sus hijos en todos los actos - salvo en los que expresamente la ley señale- cuando se brega porque los niños y adolescentes sean partícipes activos en sus propias historias? La respuesta negativa se impone. A medida que los niños o adolescentes adquieren mayor discernimiento para comprender los actos de que se trate, más alejado se estará de la figura de la representación donde los padres -o el tutor o el juez en su defecto- sustituyen a los niños. En este sentido, la ley 26.061 invita a pensar en instituciones intermedias como la asistencia y la cooperación donde la figura de la representación quedaría reservada para los supuestos de escasa madurez. En otras palabras: a mayor autonomía, el rol de los padres como parte sustancial del acto jurídico que se trate se desvanece.

Este desdibujamiento se observa a medias en la asistencia y casi en forma total en la cooperación, donde los padres son vistos como un elemento de relevancia para acompañar a un hijo en su decisión más no como una voluntad configurativa de tal decisión. La ley 26.061 forma parte de nuestra realidad normativa. En su art. 3º expresa que "A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley".

Agregándose que se deberán respetar las siguientes pautas o consideraciones: "a) Su condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su centro de vida". Por lo tanto, tratándose de un adolescente o un niño con madurez suficiente, su participación activa, su derecho a ser oído en el proceso juega un papel preponderante. Este derecho a ser oído es el que se encuentra regulado por el art. 24 de la ley 26.061 al rezar que "Derecho a opinar y a ser oído. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a: a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés; b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo". Sentado esto, concluimos que una decisión de tanta trascendencia debe respetar la voluntad del niño o de la niña, siempre claro está que éstos tengan la suficiente madurez para ser partícipe de su propio conflicto. Se trataría en síntesis podríamos decir de un consentimiento informado, que implica, como lo dice Marisa Herrera, que la persona emite una declaración de voluntad lo sea de manera consciente, con conocimiento sobre las consecuencias que se derivan de tal expresión y con la mayor libertad posible.

Por ello y como sujeto de derecho que es el niño y respetando el principio de capacidad progresiva de niños y adolescentes que descansa en el derecho a ser oídos, se puede inferir que no es impedimento ni resulta nulo el acto, si se respetan los derechos enumerados, escuchando al menor, tomando contacto personal con el mismo y que tal escucha lo sea con la colaboración de profesionales de otras disciplinas no jurídicas. IV) Que en otros de sus agravios, los Ministerios Públicos postulan el rechazo de la petición del matrimonio accionante, condicionando el otorgamiento de la guarda a quienes se encuentran inscriptos en el Registro Único de Adopción. Ya se hizo referencia a esto en otros fallos dictados por este Tribunal citando fallos de la Corte en este sentido: A los fines del otorgamiento de una guarda con fines de adopción, el requisito de la inscripción en el Registro Único de Aspirantes no puede constituirse en un requerimiento a tener en cuenta con rigor estrictamente ritual, así lo expreso la Corte Suprema: en "G., H. J. y D. de G., M. E."; 19/02/2008 - La Ley, 25/03/2008, 7 - DJ 16/04/2008, 993 - DJ 2008-I, 993 - La Ley, 29/04/2008, 7 - JA 2008-II-22, sostuvo que "... la exigencia de la inscripción en el Registro Único no puede constituirse en un obstáculo a la continuidad de una relación afectiva entre un niño y sus padres guardadores, si éstos han demostrado que reúnen las condiciones necesarias para continuar con la guarda que les fue confiada". "Corresponde revocar la sentencia que dispuso el cese de la guarda de un menor -otorgada con carácter de medida cautelar-, si, aun cuando reconoció la extensa serie de circunstancias, tan vitales como prolongadas y valiosas, que unieron al niño con el matrimonio guardador, así como los merecimientos a que éste resultó acreedor en ese vínculo, descartó toda posibilidad de que el interés superior de aquél pudiera verse alcanzado mediante la concesión a dicho matrimonio de la guarda con vistas a su adopción, no por razones atinentes a ese interés, sino por el solo motivo de la falta de inscripción de la pareja en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos". Así en igual sentido resolvió la Juez en la sentencia impugnada. "No producidas las evaluaciones comparables con las requeridas por la ley 25.854 (Adla, LXIV-A, 106) para determinar la aptitud adoptiva del matrimonio a cargo del menor, a quien se le denegó el pedido de guarda con fines de adoptivos con el solo fundamento de la falta de inscripción en el Registro Único de Aspirantes, corresponde ordenar que se produzcan a la brevedad las referidas evaluaciones, a los fines de resolver sobre la guarda preadoptiva atendiendo al superior interés del niño, y mantener la guarda oportunamente dispuesta, con el carácter cautelar que fue concedida".

A los fines de otorgar la guarda de un niño, cualquiera sea la interpretación que los tribunales competentes otorguen al artículo 317 del Código Civil, ella no puede incluir una regla tal que impida a los jueces llevar a cabo el balance entre el interés superior de aquél y otros intereses individuales o colectivos que puedan entrar en juego y, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, otorgar neta precedencia al primero (del voto de la doctora Argibay).

Y ya volviendo a nuestro caso, en conclusión debe señalarse que se ha comprobado objetivamente que al momento de pronunciarse la Juez el matrimonio reunía las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades requeridas por la menor y dado el consentimiento para la entrega en adopción y habiéndose comprobado que el matrimonio que tiene en guarda a la menor le ha brindado los cuidados y protección necesaria a la misma, al par de mantener un vínculo de cooperación con su familia materna, que ha confiado en ellos, corresponde confirmar la resolución recurrida.

Por lo expuesto, el Tribunal Resuelve: Rechazar el recurso de apelación deducido en contra de la resolución de fs. sub 24/ sub 28, a la que se confirma. Costas por su orden. Notifíquese y agréguese copia de la presente la que se reservará por Secretaría. - Luis César Mansilla. - Pablo Santiago Sirena. - Azucena Brunello de Zurita.