marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, regulación de honorarios, honorarios del perito
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Fagotti, Domingo y otros c/ Administración General de Puertos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-02

Es admisible el recurso extraordinario , cuando la regulación practicada al perito no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa.
Pena, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: A., A.O. s/ Abuso de armas -tres hechos- en concurso real, en concurso ideal con tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia o amenazas -dos hechos- en concurso real-  en concurso real con Atentado Agravado por el uso de armas en concurso real con Desobediencia y resistencia a la Autoridad y Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-29

"...una condena de ejecución condicional cumple la finalidad de servir como advertencia, que además de operar disuasivamente en el futuro inmediato, cumple una función de prevención especial positiva pues conlleva un llamado para que el condenado oriente su comportamiento hacia el respecto al sistema normativo".
Remuneración, reducción salarial, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MAESTRE, GUILLERMO BERNARDINO s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-17

Debe decretarse la inconstitucionalidad de los decretos 3190/77 y 434/81 en la medida que, al confrontar por un lado el 82% del sueldo en actividad y por el otro los haberes efectivamente percibidos, se determine la existencia de una reducción superior al 10%.
Empleo público, pago de la remuneración, prescripción quinquenal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LAZO, Rosa Mabel c/ PROVINCIA DE LA PAMPA s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-06-04

Cabe destacar, por otra parte, que la tesis sustentada en la presente ha sido el criterio sostenido desde antiguo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos pronunciamientos (Fallos 22:37; 113:71; 146:393; 166:264; 174:367; 179;305 por citar sólo algunos). En igual sentido se pronunció la Sala B de este Superior Tribunal en el expediente nº 04/05 de fecha 23 de noviembre de 2006.- Ahora bien, ubicados en el marco del derecho administrativo, cabe preguntarse qué normas se deben aplicar para determinar el plazo de prescripción habida cuenta de la inexistencia de normas específicas en el ordenamiento administrativo.- En esto recurrimos a Marienhoff, quien responde de la siguiente manera: "Tratándose de contratos administrativos propiamente dichos, deben aplicarse, ante todo, las normas administrativas que contemplen la cuestión. Si no hubiere una "norma" administrativa expresa, ni "principios" de derecho administrativo aplicables en la especie, corresponderá recurrir a las normas y principios del derecho privado, "civil" en primer término. Tales son los principios fundamentales en materia de derecho aplicable en derecho administrativo (tanto respecto a actos como contratos), a la vez que esos son los principios que concretan las relaciones del derecho administrativo con el derecho civil" ("Tratado de Derecho Administrativo", T. III -A, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As, 1974, pág. 549).- El mismo autor señala que la acción del empleado público para obtener el pago de sus sueldos es prescriptible y que por aplicación del criterio expuesto en el párrafo transcripto más arriba "la acción del agente público para reclamar el pago de sueldos prescribe a los cinco años (Código Civil, artículo 4027, inciso 3º)" ("Tratado de Derecho Administrativo", T. III-B, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1974, pág. 275).- De igual manera se ha pronunciado la Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal Sala II, en autos "Marenzi, Osvaldo A. c/Dirección Gral. de Fabricaciones Militares s/personal militar y civil de la FFAA", 08/04/1997, y en autos "Castro, Favio c/Ministerio de Cultura y Educación", 15/02/2000. En tales fallos expresaron que: "La prescripción de acciones derivadas de relaciones de empleo público debe regirse por las normas del art. 4027 inc. 3 del Código Civil, pues se trata de obligaciones de carácter salarial que deben pagarse mensualmente".-
Aduanas provinciales, libertad de circulación, derechos y garantías constitucionales
Materia: TRIBUTARIO-ADUANERO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Argentini, Héctor M. y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

De acuerdo con el art. 10 de la Constitución Nacional, es libre de derechos en el territorio de la República la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como los extranjeros despachados en las aduanas exteriores (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Augusto César Belluscio).
Acción penal, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MORONI, RUBEN EMILIO. s/ Infr. art. 189 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-31

Los jueces de la causa han reemplazado con su propio criterio el juicio de oportunidad del Ministerio Público Fiscal sobre la conveniencia político-criminal de llevar adelante este proceso, haciendo suyo el ámbito de discreción atribuido al titular del ejercicio de la acción penal estatal, avasallando su autonomía funcional y las reglas básicas que estructuran el debido proceso en esta jurisdicción local (voto del Sr. Juez José O. Casás).
Confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Expreso Sarmiento SA c/ EN - M Transporte de la Nación - expte 21191493/21 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-09

Se confirma la sentencia respecto de la medida cautelar decretada que dictó la suspensión del trámite y plazos de las actuaciones administrativas hasta el dictado de la sentencia definitiva. Existencia de cuestionamientos sobre bases verosímiles, acerca de la legitimidad del acto y de daño inminente y grave. Vulneración de la previsión contractual referida a la rentabilidad. Afectación de la continuidad en la prestación del servicio. Se acreditó la verosimilitud en el derecho. Agravios no refutan los fundamentos centrales que sostienen la decisión. Peligro en la demora. Ineficacia de la sentencia. Posibilidad de ejecución del trámite administrativo.
Contrato de trabajo, docentes, sumario administrativo, despido con causa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poggio Carla y otro c/ Instituto ERNA SRL s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-06

El art. 13 de la ley 13.047 establece que "el personal sólo podrá ser removido, sin derecho a preaviso ni indemnización, por causa de inconducta, mal desempeño de sus deberes incapacidad física o mental, previa sustanciación del correspondiente sumario por autoridad oficial competente en el que se garantizará la inviolabilidad de la defensa". Se trata de una exigencia tendiente a intensificar la protección a la estabilidad relativa de la que gozan los trabajadores comprendidos en el estatuto; pero la conclusión del sumario, tramitado ante la autoridad administrativa, en realidad no condiciona la valoración de la existencia o no de la causal de ruptura que debe efectuarse en sede judicial. La exigencia del sumario previo sólo puede adquirir alguna relevancia en caso de que se omita su cumplimiento porque, dada esa hipótesis, es evidente que el empleador no puede resultar eximido de responsabilidad indemnizatoria pues la ruptura habría sido dispuesta sin cumplir con el recaudo que prevé el estatuto como condicionante de la legitimidad del despido.
Alimentos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P.R.del C. c/ B.L. s/ Alimentos - Litis expensas R. de G.E. c/ G.M. s/ Inc.de ejecución - Art.644 CPCC
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10|1991-08-20

Este Tribunal tiene reiteradamente dicho que el proceso de alimentos sólo tiene prevista la posibilidad de recurrir la sentencia y que las demás contingencias no están sujetas a revisión de la Alzada, tanto más cuando se transita la ejecución (art.644 CPCC). Habida cuenta de lo expuesto siendo inapelable la resolución se declara mal concedido el recurso interpuesto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación penal, proceso penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Besade  de  Tapia,  Elda;  Salazar,  Zulma  G.  y  Salazar,  Ramón A. s/ PTA.  INFRACCIóN ART. 85 CP. (BESADE); S/INF. ART. 88 CP.(SALAZAR) S/  CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-12-18

Resultan aplicables las disposiciones del anterior Código de Procedimientos en lo Criminal -ley 1930- si a la fecha de entrada en vigencia el instaurado por la ley 2107 ya se había contestado el traslado de la defensa y no se cumple con el recaudo previsto en el art. 2 de la ley de aplicación que prevé especialmente el recurso de casación para los supuestos de sentencia condenatoria que imponga una pena de prisión superior a tres años o una medida de seguridad por tiempo indeterminado, -en autos se condena al imputado a una pena menor-, y no dándose tampoco la situación de excepción que dispone el último párrafo del artículo en análisis, corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto.
Recurso de inconstitucionalidad, herederos
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: FAENZE, ELSA JOSEFA Y OTRA c/ ARAMBURU Y ROSSI SRL s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 238-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-10-10

Dado el carácter excepcional del recurso de inconstitucionalidad, una resolución interlocutoria no es impugnable si no pone fin al pleito o impide su continuación, lo que no obsta, que de subsistir el agravio, pueda deducirse el recurso contra la sentencia definitiva del juicio si concurren, desde luego, los restantes recaudos de admisibilidad. En el caso, no es definitivo el auto que deniega el pedido de citación de un coheredero como litis consorte necesario en el juicio que por cumplimiento de contrato (pago de cuotas societarias), siguen los dos restantes co-herederos contra la sociedad recurrente.
Recurso de inconstitucionalidad, Cámara de Apelaciones, recusación, jueces, jubilaciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CHALBAUD Y SANGINES, JOSE MARIA JUAN LEONARDO (SUCESION) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-21

Atento que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los recurrentes sólo fue concedido por la Sala respecto de la parte de la resolución que rechaza la recusación contra uno de los Vocales de Cámara y el mismo se acogió a los beneficios de la jubilación ordinaria, no corresponde sino declarar que se ha operado en el caso la sustracción de la materia litigiosa, impidiendo al Cuerpo pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso resultando inoficioso un pronunciamiento sobre este debate puntual.
Recurso extraordinario, garantías procesales, acceso a la justicia, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: "Mazzoni  Claudio  Alberto  y otros c/ B.C.R.A. y otro s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

La desestimación del recurso con la sola invocación del art 280 C.P.C.C.N. implicó, sin confirmar ni afirmar el acierto de la decisión recurrida, que la Corte Suprema de Justicia no ha hallado elementos en la causa que tornaran manifiesta la frustración del derecho a la jurisdicción en debido proceso (C.S.J.N. "Empresa La Royal S.A. de Servicios c/ Ministerio de Trabajo" (rh), del 21 de agosto de 2003). (del voto del juez Coviello, Cons. XIII. 1.).
Error de diagnóstico, mala praxis, negligencia, responsabilidad de la provincia, responsabilidad médica, muerte del paciente, muerte del padre, muerte del cónyuge, impericia, pericia médica, pérdida de la chance, daños y perjuicios, JUJUY, endemias, hantavirus, menores, hospitales públicos
Materia: CIVIL
Carátula: Pistán, Elizabeth María Noel; M., M. L.; M., M. E.; M., Z. G. c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2020-09-02

Resulta negligente e imperito el obrar de los médicos que asistieron al paciente que murió en un Hospital dependiente de la Provincia de Jujuy - demandado por la cónyuge y madre de sus hijos-, pues la sola circunstancia de que residiera en zona endémica de Hantavirus y que fuera habitualmente a cazar y pescar en la zona, obligaba a los médicos a asumir una posición de sospecha respecto de esa enfermedad, interrogar al paciente sobre su posible exposición a enfermedades, orientando la anamnesis para confirmarla o descartarla, máxime cuando todos los síntomas y signos que presentaba el esposo de la demandante, son propios de aquella enfermedad.
Sucesiones, investidura de la calidad de heredero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guanciarrossa, Luis Alberto c/ Capurro, Osvaldo Gabriel y otro s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Conforme el art. 3410 del Código Civil, el heredero -para entrar en posesión de la herencia- no requiere del dictado de la declaratoria de herederos.
Acto administrativo, nulidad de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Freidenberg, Lázaro y ot. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

No procede el ejercicio de la potestad anulatoria de oficio de la Administración Pública si el incumplimiento de la normativa vigente a la fecha en que se aprobó el plano de fundación del pueblo (Santa Teresita) no presenta la potencia a que la doctrina del Tribunal ha aludido para justificar su anulación oficiosa, en tanto exige a ese fin que supere la interpretación meramente opinable de la norma que se aplica.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación suficiente, defensa del consumidor, contratos, tarjeta de crédito, sustracción de tarjeta de crédito, denuncia, carga probatoria dinámica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA c/ MENNA, HECTOR RODOLFO Y CHIVILO, ANTONIA DOMINGA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO.  4 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que los agravios no alcanzan a persuadir que la sentencia merezca reproche constitucional al considerar que el tema se inscribía en la órbita de la ley 24240 que abroga toda norma que se le oponga, puntualizando que, de acuerdo a dicha directiva, la interpretación del contrato deberá hacerse en el sentido más favorable para el consumidor y en caso de dudas sobre los alcances de la obligación estar a la que sea menos gravosa.

Asimismo, refirió a las proyecciones de dicha concepción protectoria sobre el ruedo procesal (consideró que según la regla de las cargas probatorias el "onus probandi" debía pesar sobre la parte fuerte de la relación) para evitar que mediante el recurso a las condiciones generales de contratación el predisponente pueda trasladar al adherente la prueba de hechos cuya acreditación le corresponda y, aplicando aquellos conceptos al caso concluyó que en tanto la demandada había afirmado haber denunciado temporáneamente la sustracción de la tarjeta de crédito, la Banca actora, con las pruebas que arrimó, no pudo desmoronar aquella defensa, cuando sobre ella pesaba el máximo esfuerzo probatorio.
Contratos de adhesión, derechos de incidencia colectiva, legitimación procesal, Constitución Nacional, justicia social
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DECOVI s/ Amparo Colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-01

Esta característica de masividad es a su vez la que genera el elemento "colectivo" para calificar la acción intentada para la protección del derecho, así Humberto Quiroga Lavié en "Título: Requiem al amparo colectivo" indica que la "incidencia colectiva" no convierte al colectivo en una mera suma de daños singulares, quebrando la unidad substancial del colectivo: la incidencia colectiva es una manera elegida por el constituyente para denominar a la tutela de los derechos colectivos de la sociedad, en su conjunto o de cada sector social: "En efecto, el colectivo, como centro de imputación de normas, ha quedado consolidado por la legitimación que el constituyente le ha otorgado al Defensor del Pueblo, que actúa en defensa de todo el pueblo, o de cada sector afectado, pudiendo siempre haber integrantes del sector que no estén de acuerdo con la posición del Defensor.

Lo mismo ocurre con la legitimación que se les reconoce a las asociaciones que propenden a defender los derechos de cada sector social, así como a los afectados, que lo son en tanto integrantes de un sector social, no como simples afectados individuales:

así funciona la acción de clase en el derecho anglosajón, en beneficio de la economía social de mercado, con justicia social, como lo quiere el inciso 19 del art. 75 de la Constitución Nacional, no habiendo razón alguna para dejar de cumplir con las políticas constitucionales fijadas por el constituyente".
Escribanos públicos, sanciones civiles, ejercicio profesional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mellino, Leandro c/ Cavauna, Juan José s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-16

Configurada la responsabilidad disciplinaria -que abre la competencia del juez notarial - cuando exista mal desempeño de la función notarial (art. 40 DL 9020), y si bien es cierto que ese "mal desempeño de la función notarial" no resulta definido normativamente en la ley, no es menos cierto que ello ocurre cuando son quebrantados los deberes profesionales que preceptúan las leyes y las reglamentaciones pertinentes.

O sea, lo que configura falta de responsabilidad en el ejercicio profesional, es el incumplimiento de los deberes funcionales, esto es, toda falta o acto culposo o doloso que transgrede las obligaciones que específicamente debe cumplir el notario, en razón de la profesión que ejerce (art. 35, 38 y 64 y cc DL 9020).
Inimputabilidad, estado de inconsciencia, intoxicación
Materia: PENAL
Carátula: ARCO GONZALEZ, Edgardo s/ INIMPUTABILIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-01-21

Si el sujeto activo mantuvo un comportamiento adecuado al manejo de las relaciones causales necesarias para el logro de los fines delictivos y de su posterior impunidad, se evidencia que en todo momento tuvo comprensión de la criminalidad de sus actos y pudo dirigir sus acciones. Para que una intoxicación lleve a la inimputabilidad, es necesario que ocasione un estado de inconsciencia que impida la mencionada comprensión.
Acción contencioso administrativa, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE PARANA c/ OLIVERA ADOLFO s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1986-04-08

El derecho a optar por el trámite sumario solo corresponde al administrado y no al Estado . Ello es así, atento a que de una interpretación armónica de los artículos 49 y 86 del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 7061 ratificado por ley 7504) se infiere que las normas genéricas del artículo 49 en lo que respecta al derecho de opción del demandante , debe ceder ante la referencia específica del artículo 86 antes aludido
Rechazo de la demanda, anulación del acto administrativo, defensa en juicio, jerarquía constitucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Torres Juan Carlos c/ Municipalidad de Plottier s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-09-29

La nulidad de los actos de procedimiento se vincula íntimamente con la idea de la defensa en juicio que tiene, en nuestro derecho, jerarquía constitucional, pero cuando -como acontece en el caso- no surge en el contexto fáctico que el vicio, defecto u omisión en la emisión del acto cuestionado haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, no se configura indefensión que amerite la nulidad pretendida y, es por ello, que la objeción en este aspecto debe ser rechazada.
Facultades de saneamiento, juicio, trámites judiciales, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION    REVOCATORIA    CONTRA  DECRETO  QUE  FIJA  VISTA  DE  CAUSA  EN  DOS  INCIDENTES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

La Corte provincial está facultada, dado su papel preeminente en la tarea expurgadora del debate, para rectificar procedimientos erróneos.
Fallo plenario, apartamiento del plenario, fallos de la Corte Suprema, seguro con franquicia, oponibilidad a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: Moris, Oscar c/ Mayo S.A.T.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-07

Sin perjuicio de dejar a salvo la opinión de esta Sala en cuanto a la aplicación del plenario "Obarrio, María Pía c/ Microomnibus S.A. s/ daños y perjuicios", del 13/12/2006, y en atención al modo en que se han resuelto las causas a las que el Máximo Tribunal se remite ("Nieto, Nicolaza del Valle c/ La Cabaña S.A. y otros" del 08/08/2006 y "Villarreal, Daniel Alberto c/ Fernandez, Andrés Alejandro y otros" del 29/08/2006), corresponde declarar la oponibilidad al actor de la franquicia acordada en la póliza de seguros de la demandada (sumario confeccionado por SAIJ).
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Wagner, Ernesto y otra c/ Julio Luis Edgardo y otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-11-17

Considerando el carácter constitutivo de la inscripción del dominio en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, este último no se transdfiere por el contrato de venta ni por la entrega de la guarda o posesión; ésta puede ser anterior o posterior al otorgamiento del acto pero lo decisivo en este aspecto es la inscripción dominial a partir de la cual la trasmisión surte efectos respecto de las partes y terceros. De ello cabe inferir que la responsabilidad del dueño no cesa por la transmisión voluntaria de la guarda pues quien transfiere a un tercero un automotor, en virtud de un contrato de venta, esta consintiendo su uso por parte del adquirente, razón por la cual no resulta aplicable la eximente prevista en la última parte del art. 1113 Cód. Civil.
Contrato de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Royano Graciela Beatriz c/ El Sembrador S.R.L. y Otro s/ Cobro de Pesos (Indem.p/Despido y Otros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-02-11

Cuando, como en el caso, se atribuye un hecho constitutivo de responsabilidad solidaria del administrador societario con la sociedad empleadora, todo acto jurídico procesal realizado individualmente por cada litisconsorte favorece al otro. Es por ello que desde tal perspectiva la situación procesal en que queda inmerso un codemandado se torna intrascendente dado que los mismos fueron cumplidos por el aparente codeudor solidario (arts. 705 y 706 C.C.).