Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2009-03-19


San Salvador de Jujuy, marzo 19 de 2009.

El doctor González dijo:

La demanda promovida por Antonio Roberto Amador, personal dependiente del Banco de Acción Social de la Provincia, fue parcialmente admitida por la Sala II del Tribunal del Trabajo que, en su mérito, dejó sin efecto la sanción disciplinaria que le había sido impuesta por el Directorio del Banco y condenó al Estado Provincial demandado a pagarle los salarios caídos, sus intereses y la suma fijada en concepto de indemnización por daño moral. Todo ello, por un total de $ 5.334,07. Desestimó, en cambio, la pretensión del rubro "bonificaciones no remunerativas sobre las utilidades brutas del Casino Provincial" por el período comprendido entre el 13 de marzo de 1997 y el 13 de octubre de 2002.

Para pronunciarse sobre esta última cuestión -única traída a nuestra consideración- el Tribunal de grado ponderó que el trabajador percibió ese beneficio (que es el que consagra la Resolución 009/90 para el personal jerárquico, administrativo y de maestranza de los Casinos Provinciales que no participan de la denominada "Caja de Empleados") hasta el 06 de febrero de 1997 en que fue suspendido por sesenta días a consecuencia del sumario seguido en su contra. Entendió que el plazo de dos años para que opere la prescripción opuesta por la demandada comenzó a correr después del cuarto día hábil del mes de marzo de ese mismo año, pues el sumario no constituía cuestión prejudicial que lo interrumpiera ni había resolución judicial que lo supeditara. De tal modo, el actor "debió demandarlo sin necesidad de esperar el sobreseimiento o la imposición de alguna sanción". Hubo inacción del trabajador quien formalizó el reclamo al articular la demanda el 23 de noviembre de 2005. Consideró, en definitiva, que no había disposición legal alguna que obligara al actor a esperar la resolución del sumario para recién accionar, ni "puede decirse que la resolución que resuelve un sumario administrativo es el punto de partida para el nacimiento de un derecho".

En contra de esa sentencia y sólo en relación a la admisión de la defensa de prescripción, articula el actor del principal, representado por la Dra. M. E. Z. de M., el presente recurso de inconstitucionalidad.

Discrepa del fundamento de la sentencia en cuanto establece que el pago de la bonificación no estuvo subordinado -como lo entiende la recurrente- a un pronunciamiento exculpatorio. Argumenta que recién era exigible a partir de la Resolución Nº 000162-BS del 27 de febrero de 2004 que sobreseyó al actor de los cargos que dieron lugar al sumario seguido en su contra. Desde entonces, su parte reclamó infructuosamente el pago de ese rubro y antes de vencidos los dos años, promovió la demanda del principal.

Invoca las resoluciones 009-D-90 y 033-D-90 del Banco de Acción Social y brinda argumentos para demostrar que la acción no nació en cabeza del actor antes del dictado de la resolución exculpatoria (27 de febrero de 2004).

Se agravia porque el sentenciante no percibió la mala fe de su contraria que, habiendo supeditado la percepción de la bonificación a que el actor no sea declarado culpable, opone la excepción de prescripción; porque interpretó como inacción de su parte, el tiempo transcurrido en la tramitación del sumario, no obstante la actividad desplegada en la defensa de sus derechos; porque se lo responsabilizó por el tiempo transcurrido en la sustanciación del sumario y porque se omitió ponderar el carácter irrenunciable de los créditos laborales así como el principio de conservación de los derechos.

Pide, en concreto, se haga lugar a su recurso, se revoque el punto V de la sentencia declarando la procedencia de la acción por las bonificaciones no remunerativas en cuestión, con costas a su contraria. En subsidio y para el caso de resolución adversa, se lo exima de soportarlas.

Corrido el pertinente traslado, compareció a contestarlo el Procurador Fiscal Dr. Enrique Gerardo Mezzena. Niega la configuración de agravios y califica el recurso de su contraria como mera disconformidad de los fundamentos del fallo. Como cuestión preliminar, destaca que en el período anterior a la suspensión, el actor no trabajó de manera efectiva en el Casino Provincial sino como Jefe de Departamento de Tarjetas de Créditos, por lo que su pedido carece de sustento. En cuanto a la prescripción, sostiene que "la resolución 033 es meramente declarativa y sólo hace referencia al derecho a la percepción de los importes retenidos, lo cual en nada se relaciona con el interés que debió haber demostrado el actor en exigir el supuesto derecho que le asistía, por lo que de ninguna manera puede interpretarse que el agente se encuentre vedado para realizar actos tendientes a interrumpir el curso de la prescripción que corre en su contra". Sostiene, en definitiva, que debió el actor interrumpir el curso de la prescripción y no esperar -como hizo- la resolución que puso fin al sumario, eximiéndolo de culpas.

Integrado el Tribunal, los autos fueron llevados a dictamen, pronunciándose la Sra. Fiscal General Adjunto por la admisión del recurso. Considera que la sentencia, en lo que fue materia de agravio, no es derivación del derecho por cuanto el plazo de la prescripción en cuestión, debió computarse desde el momento en que la actora tomó conocimiento de la resolución que puso fin al sumario administrativo, pues el derecho invocado quedó supeditado, por resolución del propio Banco (033/90), a que se lo eximiera de culpa. Se trata de un hecho condicionante, antes del cual el actor nada podía reclamar.

Firme a la fecha el llamado de los autos para sentencia, corresponde sin más pronunciarla.

Adhiero, por sus fundamentos, a la solución propuesta por el Ministerio Público.

La resolución 033 del 23 de marzo de 1990 (fs. 15 del principal) aprueba el reglamento para la liquidación de la bonificación no remunerativa dispuesta por Resolución N 9-D-90, cuyo artículo 12 es categórico al establecer que "en caso de sumario o de situaciones en las que se disponga la suspensión preventiva de algún beneficiario de la bonificación, éste dejará de percibirla hasta tanto se aclare definitivamente su situación. Si el beneficiario no resultase declarado culpable, tendrá derecho a la percepción de los importes retenidos, en caso contrario, será de aplicación lo establecido en el art. 11" (trata este último las deducciones para supuestos de impuntualidad e inasistencia).

No hay debate acerca del plazo bienal de la prescripción analizada, por aplicación del art. 256 de la L.C.T. que -con carácter de orden público- lo fija para "las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo".

La cuestión a dirimir está limitada a la fecha a partir del cual debe computarse ese plazo.

Al respecto, en tanto "el punto de partida de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer o, en otros términos, desde que la acción quedó expedita" (C.S.J.N. Fallos 321:2144), es claro que asiste razón al recurrente al argumentar que el de la acción para reclamar el pago de la bonificación contemplada en resolución 009-D-90 comenzó a correr al día siguiente en que fue notificado de la resolución que finiquitó el sumario exonerándolo de culpa. Así resulta del transcripto art. 12 del reglamento aprobado por la resolución 033-D-90 que, para el caso de existir sumario, supedita el pago de la bonificación hasta que se "aclare" la situación del sumariado.

Dicho de otro modo, si el trabajador no estaba habilitado para percibir esas sumas hasta ese momento, debe entenderse que la acción no había nacido y, por tanto, mal podía resultar enervada por la prescripción liberatoria.

Por último, descarto que en el caso sea predicable el criterio asumido por el a-quo al resolver el Expte. Nº B-142.130/05: Ordinario por daños y perjuicios y daño moral y otros rubros: Fernández, Daniel Carlos c. Estado Provincial - Banco de la Provincia de Jujuy - Ente Residual" que cita en la sentencia aquí recurrida. Ese pronunciamiento -que fue confirmado por este Tribunal en el fallo registrado en L.A. Nº 51 Fº 1460/1468 Nº 522- trata supuesto de hecho distinto al de autos. En aquel caso, a diferencia de éste, no había norma alguna que supeditara a acontecimiento ninguno, el ejercicio de la acción de cobro ejercida por el actor, como aquí sucede merced al claro precepto del art. 12 del reglamento aprobado por la Resolución 033/90.

Propongo, en definitiva, hacer lugar al recurso en cuanto declara prescripta la acción de cobro de la bonificación reclamada por el actor, y devolver los autos a origen para que, haciendo mérito de las otras defensas esgrimidas sobre el punto por la demandada, emita nuevo pronunciamiento.

Sobre las costas, nada justifica prescindir del principio general de la derrota consagrado en el art. 102 del C.P.C., por lo que deberán imponerse a la recurrida vencida.

La regulación de los honorarios profesionales deberá diferirse para cuando exista base de determinación.

Los doctores del Campo, Jenefes, González de Prada y Caballero de Aguiar, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: 1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad promovido por Antonio Roberto Amador y, en su mérito, revocar la sentencia dictada por la Sala II del Tribunal del Trabajo el 4 de diciembre de 2007 sólo en cuanto declara prescripta la acción de cobro de las bonificaciones no remunerativas sobre las utilidades brutas del Casino Provincial reclamadas por el actor, sobre cuya procedencia deberá emitir nuevo pronunciamiento. 2. Imponer las costas a la recurrida vencida, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales. - Sergio R. González. - José Manuel del Campo. - Sergio M. Jenefes. - María V. González de Prada. - María R. Caballero de Aguiar.