Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-30


Buenos Aires, 30 de junio de 2010 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El 26/12/2006 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ("GCBA") inició ejecución fiscal contra Grey Argentina S.A. ("GA") por $ 313.284,39 en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos ("ISIB") por presuntos saldos a favor deducidos en forma improcedente (fs. 1/3 vuelta de las actuaciones principales).

2. La ejecutada opuso excepción de inhabilidad de título alegando la manifiesta inexistencia de deuda exigible (fs. 68/73 vuelta de los autos principales). Relató:

(i) que el 12/09/2001 rectificó -en los términos del artículo 130 del Código Fiscal del año 2001 (correlativo del artículo 143 del Código Fiscal texto ordenado para el año 2007)- las declaraciones juradas del ISIB presentadas por los períodos 1/98 a 7/2001, resultando de ello un saldo a su favor de $ 313.284,39 por el cual solicitó compensación con anticipos posteriores del impuesto;

(ii) que sin haber sido notificada de resolución alguna respecto de su solicitud, con fecha 30/09/2005 la contribuyente recibió una intimación de pago por el importe del saldo a favor cuya compensación ella reclamara;

(iii) que contra esa intimación de pago interpuso el 24/10/2005 un recurso de reconsideración en los términos del artículo 126 del Código Fiscal;

(iv) que paralelamente, ante la eventualidad que la Dirección General de Rentas ("DGR") no le reconociera efecto suspensivo a su recurso de reconsideración, la firma requirió en sede judicial la concesión de una medida cautelar autónoma que suspendiera los efectos de la intimación de pago, la que fuera rechazada tanto en primera como en segunda instancia;

(v) que el 21/11/2006 la DGR dictó la resolución nº 4546/2006 mediante la cual rechazó el pedido de compensación efectuado y desestimó el recurso de reconsideración deducido contra la intimación de pago por entender que ésta no era un acto administrativo en los términos del artículo 126 del Código Fiscal (t.o. 2006); y (vi) que contra el rechazo de la solicitud de compensación dispuesto en la resolución nº 4546/2006, la empresa planteó un recurso de reconsideración, que se encontraba aún pendiente de decisión.

Por fin, la demandada concluyó que el título que diera origen a la ejecución de autos es inhábil por haber sido emitido sin que la deuda allí consignada resultara exigible. Ello, en virtud del efecto suspensivo sobre la intimación de pago previsto en el artículo 126 del Código Fiscal para el recurso de reconsideración deducido por GA.

3. En primera instancia se hizo lugar a la excepción (fs. 1 y 2 del expediente de la queja). La jueza citó el artículo 126 del Código Fiscal texto ordenado para el año 2006 y examinó las constancias probatorias obrantes en el expediente. Señaló (fs. 1 vuelta) que "(...) la boleta de deuda de fs. 1 fue expedida en forma extemporánea por prematura (conf. 13/12/06), puesto que aún no se encontraba firme la resolución mediante la cual se denegó el pedido de compensación, y lo propio cabe concluir respecto a la fecha de promoción de la presente ejecución fiscal (26/12/06, conf. cargo inserto a fs. 3 vuelta)". Y explicó (fs. 1 vuelta) que "(...) la interposición de la reconsideración por parte de la accionada con fecha 28/12/06 produjo la consecuencia prevista en la normativa fiscal vigente, esto es, la suspensión de la intimación de pago, por lo que la actora no se encontraba en condiciones de emitir el certificado de deuda de 'marras' y, de esta manera, el mismo resulta inhábil...".

4. Apelado el pronunciamiento de fs. 1/2 por el Gobierno, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad lo confirmó (fs. 19/22 vuelta del expediente de la queja). Los magistrados consideraron que el título ejecutivo se libró encontrándose pendiente de resolución el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución nº 4546/DGR/2006 con efecto suspensivo sobre la intimación de pago, es decir, que fue librado antes de que la deuda resultara exigible y de que, en consecuencia, se encontrara expedita la vía judicial.

Los sentenciantes recordaron:

(i) que (fs. 21) " (...) la parte demandada presentó ante la entonces Dirección General de Rentas una rectificación de sus declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos 1/98 a 7/2001, en los términos del art. 130 del Código Fiscal t.o. 2001 (equivalente al art. 143 del t.o. 2006 y al art. 145 del t.o. 2008)";

(ii) que el artículo 130 del Código Fiscal t.o. 2001 establece que "[l]os contribuyentes o responsables que rectifican declaraciones juradas y lo comunican a la Dirección General en la forma en que se reglamenta pueden compensar el saldo acreedor resultante de la rectificación con la deuda emergente de obligaciones por el mismo tributo, requiriendo previamente la conformidad de la Dirección General (....). Si la rectificación resulta en definitiva improcedente, o no se efectúa su comunicación, la Dirección General puede reclamar los importes indebidamente compensados con más los intereses, recargos, multas y actualizaciones que correspondan..." (subrayado en la sentencia de la Cámara);

(iii) que la accionada "(...) junto con la rectificación de las declaraciones juradas, efectuó una solicitud de compensación, y procedió a descontar, por sí, de posiciones posteriores del referido tributo, los saldos a su favor resultantes de tal rectificación, con anterioridad a que la Administración se pronunciara respecto del reclamo de compensación realizado" y que "[a]nte ello, el GCBA procedió a intimar a GREY ARGENTINA S.A. al pago de las sumas descontadas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 del Código Fiscal t.o. 2006" (fs. 21); y (iv) que el artículo 145 del Código Fiscal t.o. 2006 dispone que "[c]cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto declarado conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditación de saldos a favor (...) no procederá para su impugnación el procedimiento de la determinación de oficio, sino que basta la intimación fehaciente de pago de los conceptos incorrectamente computados, o de la diferencia que se genere en el resultado de dicha declaración jurada".

En el referido contexto, los camaristas entendieron (fs. 21 y vuelta) que "(...) más allá de la legitimidad de la intimación de pago efectuada en los términos del citado art. 145 del Código Fiscal por no haber adecuado la contribuyente su conducta al procedimiento previsto en dicho cuerpo legal (toda vez que descontó de las posiciones de ingresos brutos posteriores a su pedido de compensación, las sumas que, a su entender, conformaban un saldo a su favor, sin que la Dirección General de Rentas hubiera prestado conformidad o resuelto la solicitud de compensación [...]), no puede perderse de vista que luego, contra el rechazo del pedido de compensación (efectuado en forma expresa por la Dirección General de Rentas a través de la Resolución N 4546/DGR/2006), la aquí ejecutada interpuso un recurso de reconsideración ". Y agregaron (fs. 21 vuelta) que "el propio Código Fiscal expresamente prevé que el recurso de reconsideración planteado contra resoluciones que deciden reclamos de compensación tiene efectos suspensivos sobre la intimación de pago." Así, citaron el artículo 126 del Código Fiscal t.o. 2006 (y concordantes de años anteriores y posteriores), que -en lo pertinente- establece que "[c]ontra las resoluciones que dicta la Dirección General, determinando de oficio el Impuesto sobre los Ingresos Brutos o imponiendo sanciones respecto de cualquier tributo, o decidiendo reclamos de repetición o de compensación o estableciendo puntualmente nuevos avalúos de inmuebles y las providencias resolutivas que emita haciendo suyos, convalidándolos, dictámenes técnico tributarios, los contribuyentes o responsables pueden interponer dentro de los quince (15) das de notificados recurso de reconsideración, con efecto suspensivo sobre la intimación de pago..." (subrayado en la resolución de la Sala I).

Los jueces expresaron:

(i) que (fs. 21 vuelta/22) "(...) la Resolución N 4546/DGR/2006, en tanto dispuso '[d]enegar el recuso (sic) de compensación interpuesto por la fima (sic) contribuyente GREY ARGENTINA S.A.', configura una resolución que decide un 'reclamo de compensación', en los términos del art. 126 del Código Fiscal t.o. 2006"; y (ii) que, de hecho, "(...) la propia Dirección General de Rentas, al notificar a GREY ARGENTINA S.A. la Resolución N 4546/DGR/2006, consignó en el texto de la cédula que contra ese acto administrativo podía interponerse un recurso de reconsideración y citó expresamente el art. 126 del Código Fiscal t.o. 2006..." (fs. 22).

A partir de estas premisas, los magistrados afirmaron que resultaba aplicable al caso el efecto suspensivo sobre la intimación de pago previsto en el articulo 126 del Código Fiscal t.o. 2006. Y concluyeron que correspondía hacer lugar a la excepción opuesta por la contribuyente pues "(...) el título ejecutivo de fs. 1 -emitido encontrándose pendiente de resolución el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 4546/DGR/2006 con efecto suspensivo sobre la intimación de pago- fue librado antes de que la deuda resultara exigible y de que, consecuentemente, se encontrara expedita la va judicial".

5. Contra el fallo de segunda instancia el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad (23/38 vuelta).

En cuanto al requisito de sentencia definitiva, el recurrente sostuvo:

(i) que (fs. 24 vuelta) "(...) se encuentra comprometido el interés institucional que suscita la percepción de la renta pública, cuya falta de ingreso constituye un claro gravamen (...) de imposible reparación ulterior"; y (ii) que no existe "(...) otra vía ni judicial ni administrativa para recurrir la resolución dictada, YA QUE LA INTERPRETACION DADA A LOS ALCANCES DEL ART. 126 DEL CÓDIGO FISCAL DEL T.O. 2006 Y CCDTES. AÑOS ANTERIORES, ESTA CERCENANDO LA POTESTAD DEL FISCO PREVISTA EN EL ART. 145 DEL MISMO CUERPO NORMATIVO PARA LIBRAR LA BOLETA DE DEUDA SIN MAS TRAMITE Y EFECTUAR EL PRESENTE RECLAMO..." (fs. 25, mayúsculas en el original).

En relación con la existencia de un caso constitucional, la Procuración denunció que la decisión impugnada vulneró los artículos 16, 17, 18, 19, 28, 31, 99 y 129 de la CN y los artículos 9, 10, 12, 13, 51, 102 y 104 de la CCBA. Manifiestó:

(i) que el artículo 126 del Código Fiscal t.o. 2006 "(...) no alcanza al supuesto contemplado en el art. 145, ni a la intimación de pago allí contenida, ni condiciona su ejecutividad" (fs. 27 vuelta);

(ii) que (fs. 32 vuelta) "[l]a intimación de pago del art. 145 del C.F. (...) no es un supuesto alcanzado por el art. 126 del mismo cuerpo normativo (...) ya que no es una resolución que determina de oficio [el] impuesto, ni un acto denegatorio de la compensación, sino un mero acto ejecutorio del impuesto que no se ingresó porque se aplicó incorrectamente contra el mismo un supuesto saldo a favor QUE NO HABIA SIDO PREVIAMENTE RECONOCIDO POR LA DIRECCION GENERAL" (mayúsculas en el original);

(iii) que la decisión del a quo contradice lo expresado por el Tribunal en relación con el art. 145 del Código Fiscal en la causa "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Toscana Emprendimientos SA s/ ejecución fiscal - ingresos brutos'", expediente nº 6052/08, resolución del 11/03/2009;

(iii) que (fs. 34 vuelta) "(...) el óbiter de la sentencia estaría signando que: la subsistencia de recursos administrativos contra el rechazo del reclamo de reconocimientos de saldos favorables y su compensación, tendrían efectos suspensivos de la potestad tributaria de emitir el título ejecutivo de una deuda vencida e impaga y reclamarla judicialmente, lo que (...) es totalmente contrario al régimen legal establecido en el Código Fiscal al respecto";

(iv) que según la interpretación adoptada por la Cámara, "(...) bastaría con presentar reclamo y sus recursos para eludir el cumplimiento de obligaciones materiales plenamente exigibles..." (fs. 34 vuelta);

(v) que la Sala I erró al entender que el recurso de reconsideración interpuesto contra el rechazo del reclamo de compensación suspende la intimación de pago del art. 145 del Código Fiscal, "(...) confundiendo situaciones diversas como lo son el procedimiento de solicitud de compensación, con la intimación de lo declarado y no abonado por haber descontado conceptos improcedentes... " (fs. 35 y vuelta);

(vi) que (fs. 35 vuelta) "[e]l pedido de compensación y el trámite de recursos contra su denegatoria, EN EL REGIMEN LEGAL DEL CODIGO FISCAL NO TRAE APAREJADA LA SUSPENSION DE LA EJECUTORIEDAD DEL TRIBUTO, NI LOS TERMINOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NI TAMPOCO PURGA LA MORA NI ELUDE SUS CONSECUENCIAS..." (mayúsculas en el original);

(vii) que (fs. 37) "[e]l decisorio en crisis, desnaturaliza la potestad del fisco asignada por el art. 145 del C. Fiscal de intimar saldos declarados y no ingresados sin necesidad de un procedimiento de determinación de oficio, la cual se sustenta en el carácter eminentemente ejecutorio de los impuestos DECLARADOS por el contribuyente, es decir de aquellos que no emergen de ningún procedimiento de determinación de oficio, ergo de ninguna resolución administrativa, afectando asimismo la oportuna percepción de la renta pública" (subrayado y mayúscula en el original);

(viii) que (fs. 37 vuelta) "(...) para la intimación cursada en los términos del art. 145 del C.F. no se halla previsto en la legislación vigente (...) la interposición de ningún recurso al que se le asigne efecto suspensivo sobre la intimación de pago, ni sobre el inicio de la ejecución fiscal"; y (ix) que la sentencia recurrida "(...) convirtió la presente ejecución fiscal en un verdadero juicio ordinario sobre cuestiones que evidencian un debate absolutamente ajeno a lo que debió permitirse en el presente proceso" (fs. 37 vuelta).

6. El a quo no admitió el recurso de inconstitucionalidad del Fisco (40/41), lo que dio lugar a la queja de autos (fs.43/59).

7. A fs. 61 se requirió a la Cámara que remitiera los autos principales caratulados "GCBA c/ Grey Argentina S.A. s/ Ejecución Fiscal" (expediente número 839610/0), los que se tuvieron por recibidos a fs. 64.

8. El Fiscal General Adjunto propicia que se rechace el recurso directo intentado por falta de sentencia definitiva (fs. 66/67 vuelta).

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja obrante a fs. 43/59 cumple con sus correspondientes requisitos de tiempo y forma. Sin embargo, no puede prosperar.

2. La Cámara declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA contra la sentencia de la Sala I que confirmó el pronunciamiento de primera instancia que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por la demandada.

Los magistrados expresaron:

(i) que, en principio, las resoluciones dictadas en juicios ejecutivos y de apremio no tienen carácter definitivo y que el recurrente no acreditó que el decisorio atacado le causara un gravamen irreparable que permitiera hacer excepción a la referida regla;

(iii) que el recurso de inconstitucionalidad de fs. 23/38 vuelta no contenía "(...) una fundamentación suficientemente sólida, clara y precisa en orden a la relación entre la decisión impugnada y la presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales" (fs. 40 vuelta); y (iii) que el planteo vinculado con la obstrucción de la percepción de la renta pública (art. 9 CCABA) no estaba suficientemente desarrollado.

3. De los fundamentos del auto denegatorio que fueran motivo de crítica del quejoso, consideraré inicialmente el vinculado a la inexistencia de sentencia definitiva o asimilable, por cuanto la ausencia de dicho recaudo de admisibilidad formal define el rechazo por el Tribunal del recurso intentado por el Gobierno.

Anticipo que, en mi opinión, el actor no demuestra que la sentencia de fs. 19/22 vuelta sea definitiva o equiparable (artículo 27, ley n° 402).

La resolución denegatoria advierte con acierto que, en principio, las decisiones dictadas en el marco de procesos ejecutivos y de apremio no tienen carácter definitivo pero que esa regla puede ceder ante la existencia de un perjuicio irreparable, lo que no quedó acreditado en el caso de autos.

El accionante intenta justificar la equiparación que pretende manifestando que la Sala I se expidió respecto de la causa de la obligación, por lo que no le quedaría ninguna instancia ni judicial ni administrativa para reclamar o debatir sobre el crédito fiscal adeudado.

El argumento del ejecutante no se sostiene. El Gobierno no explica por qué el análisis efectuado por la Cámara sobre la excepción opuesta en estas actuaciones le impide iniciar una nueva ejecución fiscal contra GA una vez que quede agotada la vía recursiva en sede administrativa. Los magistrados se limitaron a evaluar si resultaba aplicable al caso el efecto suspensivo sobre la intimación de pago previsto en el artículo 126 del Código Fiscal t.o. 2006 (y disposiciones concordantes de años anteriores y posteriores), y concluyeron que lo era. Y la Ciudad no demuestra que para así decidir los jueces hubieran avanzado sobre aspectos que excedieran el marco de la excepción introducida por la ejecutada como así tampoco que se hubieran pronunciado sobre la existencia o no del crédito del que el Fisco dice ser titular.

En lo que resta del capítulo V a) de la presentación en examen el actor transcribe fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el Tribunal en los que resoluciones dictadas en juicios ejecutivos fueron equiparadas a sentencias definitivas. No obstante, no indica cuáles son las similitudes entre tales antecedentes y los hechos de esta causa ni por qué dicha jurisprudencia debería ser aplicada en la presente ejecución fiscal.

Por lo demás, el GCBA aduce que lo resuelto por el aquo obstruye "(...) la oportuna y eficaz percepción de la renta pública" (fs. 45 vuelta). Esa afirmación es insuficiente para acreditar la irreparabilidad del perjuicio que alega sufrir el Gobierno.

Como he señalado in re "Club Atlético River Plate Asociación Civil s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Club Atlético River Plate s/ ejecución fiscal" (expte. n° 2690/03) "corresponde exigir un mayor énfasis en la carga de alegación que pesa sobre quien deduce el recurso, pues debe aportar argumentos suficientes respecto de por qué la decisión que se pone en crisis priva al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, le impide el replanteo de la cuestión en otro juicio o le causa un gravamen de imposible o insatisfactoria reparación ulterior. El recurrente no cumple ninguna de estas cargas y esa omisión, en función del principio dispositivo, no puede ser suplida por este Tribunal." 4. Por lo expuesto, voto por rechazar la queja de fs. 43/59.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Adhiero al voto de mi colega la jueza Alicia E. C. Ruiz, por entender que el recurso de inconstitucionalidad, como la queja por la cual se intenta sostenerlo, se dirigen contra un pronunciamiento que no constituye sentencia definitiva, sin haber podido demostrar la recurrente que dicha decisión deba ser equiparada a tal.

Por lo demás, las argumentaciones brindadas por las instancias de mérito -más allá de su acierto o error- discurren sobre los efectos que cabe asignar a los recursos administrativos por la aplicación de normas locales y cómo ello se refleja sobre la presente causa; mientras que la articulación que se pretende someter a la consideración de este Estrado no ha logrado demostrar la existencia de un caso constitucional, resultando insuficiente la invocación ritual que se efectúa de los perjuicios derivados de la falta de oportuna y eficaz percepción de la renta pública en virtud de las circunstancias del caso.

Finalmente, la falta de oportuno pronunciamiento de la Administración ante el recurso de reconsideración, lo que ocluiría el tramite de cobranza judicial, debe atribuirse a la conducta discrecional de la parte interesada en el cobro fiscal, lo cual desluce los agravios de pretendida índole constitucional que aquí se agitan.

Por las razones expuestas, y las que brindan sobrados fundamentos del voto de la señora jueza de trámite, me pronuncio por el rechazo de la queja de fs. 43/59.

Así lo voto La jueza Ana María Conde dijo:

1. Tal como lo destaca la Sra. Jueza de trámite, Dra. Alicia Ruiz, la queja obrante a fs. 43/59, a pesar de haber sido interpuesta en legal tiempo y forma, no puede prosperar.

Ello así, toda vez que los agravios expresados por el recurrente no logran conmover los fundamentos del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, que se basó en la ausencia de sentencia definitiva y la inexistencia de un caso constitucional, para rechazar la impugnación intentada por la parte actora.

2. En primer término, corresponde establecer que, como ya lo ha dicho este Tribunal, las decisiones recaídas en los juicios ejecutivos, en principio, no configuran sentencias definitivas a los fines del art. 27 de la ley 402 (conf., entre otros, expte. 2133/03, "GCBA c/ Club Mediterranée Argentina SRL s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", resolución del 27/5/2003), y no se ha configurado en el caso un supuesto de excepción que permita equiparar la resolución recurrida a una sentencia definitiva.

La sentencia de la Cámara (fs. 19/22 de la queja) confirmó la de primera instancia -que resolvió rechazar la ejecución fiscal-, luego de constatar que la Resolución 4546-DGR-2006 -mediante la cual el GCBA denegó la solicitud de compensación presentada por Grey Argentina S.A.- había sido impugnada en sede administrativa por la firma demandada, y se hallaba pendiente de resolución. Por ello, en virtud del efecto suspensivo otorgado al recurso administrativo presentado por el contribuyente (art. 126 C.F. 2006), el a quo entendió que el título ejecutivo de fs. 1 "fue librado antes de que la deuda resultara exigible y de que, consecuentemente, se encontrara expedita la vía judicial" (fs. 22 de la queja).

Sin embargo, más allá del acierto o error de la resolución de la Cámara, esta situación no impide que en el futuro, en caso de resultar una deuda exigible, el GCBA pueda llevar adelante su ejecución en un proceso posterior. Por este motivo, no nos encontramos en el caso, tampoco, ante una sentencia equiparable a definitiva, toda vez que la resolución no provoca un gravamen de insusceptible reparación ulterior.

3. Si bien lo hasta aquí expresado resulta suficiente para determinar la suerte de la queja, cabe aclarar, a mayor abundamiento, que tampoco se configuró en la causa una cuestión constitucional que habilite la vía del recurso intentado. La actora, por el solo hecho de invocar genéricamente supuestas garantías afectadas, no ha planteado seria y fundadamente un genuino caso constitucional. Tiene dicho este TSJ que "si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional, este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (cf. "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. nº 131/99, sentencia del 23/02/00, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. II, ps. 20 y siguientes).

El planteo de arbitrariedad tampoco puede tener acogida favorable, toda vez que en el caso, el recurrente solo se limitó a manifestar genéricamente su disconformidad con la resolución impugnada, sin argumentar seriamente respecto de la autocontradicción o falta de fundamentación de la sentencia que ataca. A ello, cabe agregar además, que de acuerdo con la jurisprudencia de la CSJN, la invocación de arbitrariedad y de violación de garantías constitucionales no suple la ausencia de sentencia definitiva (Fallos 308:62; entre otros).

Por último, tal como lo destacó la Cámara a fs. 40vta. de la queja, el GCBA no logró desarrollar adecuadamente de qué manera la decisión cuestionada impactaría sobre la renta pública, y obstruiría su percepción.

4. En mérito a lo anteriormente expuesto, voto por rechazar la queja de fs. 43/59.

Por ello, de acuerdo a lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja interpuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva el principal con la queja.

El juez Luis Francisco Lozano no vota por estar en uso de licencia.