Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03


Causa Nº 023--01/CC/2006 caratulada: Incidente de apelación en autos Acosta, Cristian y otros s/ Inf. Art. 189 bis C.P.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de abril de 2006, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver en autos.

VISTO:

El Sr. Defensor Oficial, Dr. Emilio A. Cappuccio, interpone recurso de apelación (fs. 10/12 de la incidencia) contra la resolución de la Titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 9, Dra. María Laura Martínez Vega, recaída el día 6 de febrero ppdo., por la que declarara la competencia del fuero local para conocer en las presentes actuaciones (fs. 6/9).

El fundamento para provocar la intervención de esta Alzada radica en la invocación de afección a la sustanciación del proceso en un plazo razonable y a la garantía de Juez natural, articulando su procedencia en base a lo preceptuado por el art. 61 de la ley 1287 de procedimiento contravencional y en el art. 449 del C.P.P.N., además del art. 18 de la C.N., 8.1 de la C.A.D.H. y art. 14.3.c) del P.I.D.C. y P..

La razón de fondo reside en que la competencia asumida por la a quo resiente las garantías enunciadas, habida cuenta el estado procesal del expediente previo a la declinación de competencia por parte de la justicia nacional. En tal entender esgrime que la intervención de este fuero implicaría un grave retardo en perjuicio de sus pupilos, toda vez que se encontraba en condiciones de fijar audiencia de debate y además la pérdida de ventaja que brinda en el conocimiento de la causa la intervención desde el año 2003 por parte del Tribunal Oral de Menores Nº 2.

Para abonar esta postura el Dr. Cappuccio aludió a los antecedentes del más Alto Tribunal relativos al traspaso de competencias penales al fuero local, en especial a un pronunciamiento que dispuso lo contrario, a fin de no despojar de efectos a actos procesales válidamente cumplidos.

Corolario de ello solicitó la revocación del auto recurrido manteniendo reserva de Caso Federal.

La representante Fiscal ante esta instancia se expidió por la confirmación de la resolución recurrida, con sustento en que el agraviado no aclara -en relación al fallo que invoca- los actos sobre los que recae la dilación indebida o aquellos que se verían despojados de validez, haciendo suyos los argumentos de la judicante en relación al menor tiempo que insume el proceso local en contraposición al nacional -el que por otra parte recepta todos los principios constitucionales en relación al tratamiento de los menores en el proceso penal- para por último señalar que, en el caso de marras solo resta fijar la fecha de debate previa petición de pena a formular por el Sr. Fiscal (fs. 18/19).

En oportunidad del art. 61 inc. 2º de la L.P.C. el Dr. Cappuccio, mantuvo los agravios expuestos (fs. 22).

CONSIDERANDO:

I. Admisibilidad.- En el examen de admisibilidad del recurso ordinario intentado corresponde verificar la presencia de las pautas de impugnabilidad objetiva y subjetiva, como así también los requisitos formales de lugar, tiempo y modo que deben reunirse en su interposición.

Así, en relación a las primeras, cabe destacar que el pronunciamiento jurisdiccional atacado es de aquellos susceptibles de causar gravamen a la defensa. En consecuencia, por imperio de los arts. 432, primera parte y 449 in fine del ceremonial nacional (de aplicación supletoria, conf. art. 55 ley 1287 ref. ley 1330 para las competencias aprobadas por la ley 597), corresponderá la constatación del agravio invocado por el apelante como sustento de la vía articulada.

En ese marco, pasando a verificar las pautas de impugnabilidad subjetiva, el remedio impugnaticio ha sido impetrado por quien tiene derecho a hacerlo y en relación a la concurrencia de los requisitos formales observamos su cumplimiento toda vez que se presentó ante el Magistrado que dictó la resolución atacada, en forma y tiempo oportuno.

II. El fondo de la cuestión.- A la luz de la presentación de la defensa no se desprende afectación alguna a expresas garantías constitucionales tal como argumenta; más bien parece la utilización de la vía impugnativa per se y que justamente coadyuva a la situación adversa que invoca.

Causa Nº 023-01/CC/2006 Sala II En efecto, el Sr. Defensor introduce el cuestionamiento sobre la durabilidad del proceso -situación que se ha dado en la mayoría de las casos en que se investiga la figura delictiva que nos ocupa como consecuencia del traspaso de competencias penales a esta sede-1 invocando un pronunciamiento de excepción al criterio sentado por el Máximo Tribunal de la Nación sobre este tipo de contiendas de competencia.

De modo que, sin soslayar el antecedente Lacour, Rosana Mabel y Vélez Vázquez, Marcelo s/infracción al art. 189 bis del Código Penal rto. 28-9-04 que dirimiera la cuestión por la competencia local en la investigación de los delitos previstos en el art. 189 bis del C.P., invoca uno posterior Maizares que dispusiera la continuación en el ámbito nacional para no obstaculizar la finalización del proceso.2 El cambio de criterio aquí adoptado se perfiló en razón de que en el caso se encontraba fijada fecha de audiencia de debate; disponer lo contrario redundaría justamente en un dispendio jurisdiccional y por ende adosar un paso mas innecesario, a un proceso como el que nos ocupa cuyo inicio data del 23 de enero de 2002.

Si bien la situación resulta casi similar, tal como lo receptara la Sra. Fiscal en esta sede y oportunamente la propia judicante, la etapa instructiva o preliminar se encuentra cumplimentada, pero pendiente aún de disponer la celebración del debate y eventualmente la realización de diligencias propias, tales como remisión de efectos, actualización de antecedentes, etc.. Es decir, no estamos frente a un caso en que se ha puesto en funcionamiento la actividad necesaria para su realización -partes notificadas, testigos convocados, etc.- sino por el contrario, sólo resta la celebración de ese acto para terminar lo antes posible con el estado de incertidumbre que pesa hoy sobre los encausados.

Esta situación justamente impide adoptar este criterio de excepción como pretende el recurrente y además en consideración de que disponer la devolución del expediente implicaría justamente un nuevo obstáculo en la resolución del proceso que lleva pasados cuatro años de investigación.

Obviamente tampoco se da en el caso circunstancia alguna que obste la competencia, atribuida por el legislador con la sanción de las leyes Nº 597 y 25.752 cuya adecuación quedó plasmada con la incorporación de un trámite especial en la ley procedimental local -Capítulo XIV- para la actuación en estas figuras penales (ley 1.287 y 1.330).

De modo que a fin de no imprimir mayor durabilidad al proceso, en tanto sí se advierte de su cotejo algunas dilaciones injustificadas en el Tribunal declinante -y más allá de la supuesta ventaja que apareja el conocimiento del expediente, en razón de la previa intervención según el recurrente- dirimida la presente incidencia resultaría apropiado ajustar las diligencias y actos pendientes, dentro de lo posible, a la mayor brevedad habida cuenta el estado procesal al momento en que el Tribunal Oral de Menores Nº 2 dispuso su incompetencia.

La circunstancia invocada, a la luz de las constancias de autos, no logra conmover el criterio de este Tribunal para adoptar un temperamento distinto al que hemos mantenido en relación a este tipo de casos y la eventual tensión que se presenta con la garantía de resolución en un plazo razonable. En tales supuestos hemos señalado reiteradamente que sin perjuicio de no constituir sentencia definitiva los distintos autos por los que de una forma u otra se insta la impugnación por eventuales lesiones a la garantía de plazo razonable, hemos sostenido el criterio de revisar la razonabilidad en cada asunto sometido a examen a fin de no afectar garantías fundamentales.

Ninguno de los derechos invocados, sustanciación ante el Juez Natural (art. 18 de la C.N.) y juzgamiento dentro de un plazo razonable ( a la luz de los pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional a través de su art. 75 inc. 22) se ven violentados.

Causa Nº 023-01/CC/2006 Sala II Por ello, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la resolución de fs. 6/9vta. por la que se declarara la competencia del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 9 para intervenir en las presentes actuaciones seguidas a LUIS ALBERTO BLANCO, CRISTIAN GABRIEL TOURN Y SERGIO DAVID ROMERO.

II.- TENER PRESENTE la reserva efectuada por el Sr. Defensor Oficial.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente, devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá cumplimentar las notificaciones pertinentes. Sirva lo proveído de atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.