Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-04-18


Salta, 18 de abril de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "Pagnotta, Susana Beatriz s/Sucesorio", Expte. Nº 494.216/14 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 8ª Nominación; Expte. Nº 494.216/14/17 de esta Sala Tercera, y C O N S I D E R A N D O I) El doctor Victorino Lérida, por derecho propio, interpone, a fs. 150, recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del apartado quinto del decreto de fs. 149, por el que se lo intima a pagar, en el plazo de cinco días, la suma de $ 4.157,09 en concepto de tasa de justicia, por el inventario y avalúo presentados a fs. 80, y bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 371 del Código Fiscal. Expone sus fundamentos, basados principalmente en la omisión de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 252 del Código Civil y Comercial, en relación al inmueble Matrícula FR18-1307/26 que se encuentra sometido al régimen de bien de familia.

A fs. 152, la Dirección General de Rentas rectifica la determinación de la tasa de justicia de fs. 148, en orden a la reformulación del inventario y avalúo de fs. 145, estableciéndola en $ 4.948,72, y la señora Supervisora que suscribe, manifiesta además, que las exenciones del pago de la tasa se encuentran taxativamente enumeradas en el artículo 379 del Código Fiscal.A fs. 155/156, se resuelve no hacer lugar a la revocatoria, y conceder la apelación articulada. La sentenciante decide en tal sentido, en atención a que la tasa de justicia establecida a fs. 148, ha sido readecuada conforme a la reformulación de fs. 145.En su memorial de fs. 157/158, el impugnante se agravia por cuanto la señora Jueza de Primera Instancia omitió referirse al pedido de aplicación del artículo 252 del Código Civil y Comercial, precepto que -asevera- tiene jerarquía constitucional, por sobre el Código Fiscal de la Provincia.

A fs. 162/164, el organismo recaudador solicita se declare la cuestión inapelable por el monto. Subsidiariamente replica, y señala que la redeterminación de la tasa de justicia se basó en lo establecido en el artículo 31, punto 2, inciso b) de la Ley 6.611/90 y en el artículo 2 del Código Fiscal.

A fs. 175/176, se expide el señor Fiscal de Cámara, opinando que puede rechazarse el recurso interpuesto, por los motivos que allí expone.

A fs. 178, se llaman autos para resolver, mediante providencia firme (ver fs. 178 vta. y 179).

II) En el sub comisso, se ha solicitado, a los fines de la determinación de la tasa de justicia, la aplicación de lo establecido en los artículos 252 y 254 del Código respecto del 50 % del inmueble con Matrícula FR18-1307/26, afectado al régimen de bien de familia, cuestión que la señora Jueza de la anterior instancia ha omitido analizar. Por su parte, la Dirección General de Rentas había fijado la tasa correspondiente, sin tener presente dicho precepto legal, con el argumento de que las exenciones se encuentran taxativamente establecidas en el Código Fiscal.

IV) Liminarmente, corresponde aclarar que, si bien el organismo recaudador ha requerido que el recurso se declare mal concedido por estimar que la sentencia es inapelable por el monto, se procederá igualmente al mérito de la apelación, en tanto la pretensión de la aplicación al caso de lo estatuido por los artículos 252 y 254 del Código Civil y Comercial, carece de determinación cuantitativa, no ha sido tratado por la sentenciante, y podría afectar cuestiones de orden público. Una solución en contrario resultaría lesiva al pleno derecho de acceso a la jurisdicción, cuando razonablemente se avizora que en el nuevo Código sustancial, las reglas de protección de la vivienda son de orden público, en tanto integran ese núcleo central de valores, sólido y perdurable, que la sociedad considera como "no negociables" para la convivencia democrática, pacífica y equilibrada (conf. Mariel Molina de Juan, "Protección de la Vivienda Familiar", en Doctrina y Estrategia del Código Civil y Comercial, dirigido por Carlos A. Calvo Costa, La Ley, Buenos Aires, 2016, pág, 836).

Así, ha dicho la Corte de Justicia de la Provincia que el principio in dubio pro actione en su sentido amplio, "no se compadece con el excesivo rigor de los razonamientos lógicos, pues lo esencial es dar a las normas procesales un alcance acorde con el contexto general y los fines que las informan, con el objeto de posibilitar al demandante la tutela judicial efectiva de sus derechos, en consonancia con la garantía prevista por el artículo 18 de la Constitución Nacional (CJS, Tomo 102:639, 581y 397). Cabe aclarar que este principio flexibilizador de las formas ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Abril Alosilla y otros vs. Perú" (del 4 de marzo de 2011) cuando dijo que "el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Partes de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados, ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes" (Revista de Derecho Procesal, Ejecución de resoluciones judiciales, 2013-2, Rubinzal Culzoni, pág. 122)._______________________________________ Nuestro Máximo Tribunal Provincial también ha sostenido: "En ese contexto, es evidente que el planteo efectuado por la impugnante excede el límite mínimo de apelabilidad establecido en la ley procesal; y la sentencia, al desentenderse de la cuestión suscitada y de los fines que tuvo en mira el legislador al establecer la restricción para apelar en los litigios de escasa trascendencia pecuniaria, trasunta un excesivo rigor formal al omitir pronunciarse sobre cuestiones oportunamente planteadas y conducentes para la adecuada solución del caso" (CJS, Tomo 98:355).

Este contexto interpretativo impide que en el caso se desestime el recurso, fundado en un óbice formal, cuya procedencia resulta cuanto menos dudosa, debiendo en consecuencia inclinarse la jurisdicción al tratamiento de la cuestión debatida. V) El artículo 252 del Código Civil y Comercial, regula, en su parte pertinente, dos cuestiones: 1) la vivienda afectada al régimen de bien de familia, está exenta del pago del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte, en todo el territorio de la República Argentina, siempre que opere a favor de los beneficiarios mencionados en el artículo 246, y no sea desafectada en los cinco años posteriores a la transmisión; y 2) los trámites y actos vinculados a la constitución e inscripción de la afectación, están exentos de impuestos y tasas.

En el sub judice, no se involucran trámites y actos vinculados a la constitución del régimen del bien de familia sobre un inmueble, ni a la inscripción de dicha afectación. Puntualmente, invocando lo dispuesto en la primera parte del artículo, el apelante se resiste a pagar la tasa de justicia relativa al inmueble afectado como bien de familia.

La norma en análisis exime el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes por causa de muerte en toda la República. Sin embargo en autos, no se discute el cobro de dicho tributo, sino de la tasa de justicia.

El Profesor José W. Tobías, (comentario al artículo 252 en el Código Civil y Comercial Comentado dirigido por Jorge H. Alterini, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2015, pág. 110) señala que, respecto de la misma, no se prevén exenciones. Advierte, asimismo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo igual característica de la ley anterior, en Fallos 247:325 y 242:207, se había expedido en el sentido de que las exenciones no alcanzaban al pago de la tasa en cuestión, y sostiene que cabe arribar ahora a igual conclusión, por idénticos motivos. En el mismo sentido, Flah y Aguilar (en la glosa al precepto en comentario, en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, Tomo I, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, pág. 844), indica -citando jurisprudencia del Máximo tribunal Nacional y de las Salas F y E de la Cámara Nacional Civil-, que se tiene resuelto, pese al silencio de la ley, que la exención del artículo 252 no alcanza al pago de la tasa de justicia. De allí que debamos remitirnos a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Provincia, que, en su artículo 2, establece que, en materia de exenciones, la interpretación será estricta.

El artículo 362 de la norma tributaria prescribe: "Por los servicios que preste la Administración Pública y el Poder Judicial de la Provincia, enumerados en este Título o en leyes fiscales especiales, se pagarán las tasas cuyo monto fije la ley impositiva anual. Por su parte, el artículo 31, punto II, inciso 1 b) I) de la Ley 6.611/90, establece que la tasa judicial establecida por el articulo 362 del Código Fiscal, se aplica en los juicios sucesorios, sobre el valor de bienes al momento de correrse la vista ordenada judicialmente a los fines impositivos, ya sean los que revistan el carácter de gananciales, excluida la parte del cónyuge supérstite, o que integre el acervo propiamente dicho de acuerdo a la valuación fiscal informada por la jurisdicción competente o el valor del inmueble declarado en el inventario y avalúo, el que fuere mayor.

Luego, el artículo 379 del ordenamiento tributario provincial enumera los supuestos en los que se exime el pago de la tasa de justicia, entre los que no se encuentran los casos en los que -como el presente- se produzca una transmisión gratuita de bienes por causa de muerte respecto de un inmueble afectado por el régimen de bien de familia o de protección de la vivienda.La precedente conclusión, no obsta a que, oportunamente, se aplique lo prescripto por el artículo 254 del Código de fondo.VI) En consecuencia, corresponde rechazar el recurso articulado e imponer las costas al perdidoso, en virtud del principio objetivo de la derrota consagrado en el artículo 67 del Código Procesal Civil.

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, a fs. 150, por el doctor Victorino Lérida, por derecho propio, en contra del apartado quinto del decreto de fs. 149. CON COSTAS.

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA VOCALES: MARCELO RAMÓN DOMÍNGUEZ - JOSÉ GERARDO RUIZ. SECRETARIA: DRA. MARÍA ALEJANDRA GAUFFIN. SALA III T.2018 LIBRO SENT. INTERLOC. Fº171/173. 18/04/18.