Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-14


Salta, 14 de febrero de 2005.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE PROF. SALVA-DOR MAZZA VS. CONCEJO DELIBERANTE DE PROF. SALVADOR MAZZA - CONFLICTO DE PODERES" (Expte. Nº CJS 25.975/03), y CONSIDERANDO:

Los Dres. Guillermo Alberto Posadas, Antonio Omar Silisque y Edgardo Vi-cente, dijeron:

1º) Que a fs. 162/171, el señor Francisco Ibáñez, Intendente del Municipio de Pro-fesor Salvador Mazza, plantea un conflicto de poderes con el Concejo Deliberante de la citada localidad, en los términos del art. 178 de la Constitución Provincial.

Manifiesta que, al carecer el municipio de carta orgánica, las sesiones del cuerpo deliberativo se encuentran regladas por el art. 12 de la ley 1349 que establece dos períodos de sesiones ordinarias de tres meses cada uno, del 1º de abril al 30 de junio y del 1º de sep-tiembre al 30 de noviembre. Agrega que el Concejo Deliberante -cuyos miembros finaliza-ron sus mandatos el 10 de diciembre de 2003- no prorrogó las sesiones ordinarias del se-gundo período de ese año, por lo que las resoluciones y ordenanzas dictadas por sus nuevos integrantes con posterioridad a aquella fecha son irregulares, como así también las cuestio-nes tratadas evidencian una extralimitación de las facultades concedidas por la ley al órga-no legislativo municipal.

Analiza cada una de las ordenanzas y resoluciones impugnadas, cuestionando su validez. De esta manera, con respecto a la ordenanza nº 33/03, que dispone la estabilidad laboral para todos los empleados del municipio designados al 10 de diciembre de 2003 en el carácter de planta permanente, afirma que tales designaciones resultan perjudiciales para las arcas municipales, si se tiene en cuenta las obligaciones salariales y cargas sociales que ellas implican.

Critica la ordenanza nº 34/03 que dispuso la autonomía financiera y administrativa del Concejo Deliberante con la apertura de una cuenta bancaria para el depósito de las ren-tas municipales, a la vez que niega al Departamento Ejecutivo la facultad de reglamentar dicha norma. Dice que con el dictado de esta norma, el cuerpo legislativo excedió las facul-tades acordadas por la ley 1349.

Respecto de las ordenanzas nros. 35/03, 36/03 y 37/03, que otorgan concesiones de espacios públicos a una compañía textil y a un comedor, y subsidios de $ 100 para co-medores del Consejo de Emergencia Social y del Barrio 5 de Septiembre, respectivamente, aduce que han sido dictadas de manera irregular, al no contener precisiones sobre el terreno que se da en uso ni condiciones que deban cumplirse como cargo de dicha concesión y en el caso de los comedores, la identificación del beneficiario. Por otra parte, señala que el Concejo Deliberante carece por completo de competencia institucional para otorgar conce-siones y subsidios.

Hace conocer que, por sucesivas resoluciones del Poder Ejecutivo municipal, las ordenanzas precedentemente descriptas fueron rechazadas.

Cuestiona también la resolución nº 21/03 del órgano legisferante, mediante la cual se decidió formar una comisión investigadora para que indague sobre los distintos capítulos que se indican en el art. 1 de ese instrumento. Dice que tal resolución denota una clara in-tención de destituir al intendente a sólo cinco días de haber asumido el gobierno, y que con su dictado el Concejo se atribuyó facultades que superan el marco normativo.

A fs. 203/204, el actor amplía la demanda y alega, como otra observación a la or-denanza nº 33/03, que el anterior Concejo Deliberante había emitido una ordenanza (nº 18/02), que en copia acompaña (v. fs. 200), mediante la cual estableció el congelamiento de toda designación en planta permanente, por lo que aquélla habría contrariado las disposi-ciones de ésta.

A fs. 238/240, el Intendente Ibáñez formula nuevamente una ampliación de la de-manda acompañando documentación, y pone en conocimiento que por resolución munici-pal nº 25/04 se rehusó la promulgación y la publicación de las ordenanzas del cuerpo deli-berativo, nros. 33/03, 34/03, 35/03, 36/03 y 37/03, que habrían reingresado al Departamen-to Ejecutivo con la insistencia de las 2/3 partes del total de los miembros del Concejo; que por resoluciones nros. 23,24 y 26 se rechazaron por ilegales y nulas las ordenanzas del cuerpo legislativo municipal nros. 38/03, 39/03 y 40/03; que por nota nº 28/04, el Concejo ratificó dichas ordenanzas; que por resolución nº 31/04 del ejecutivo municipal se rehusó la promulgación y aplicación de las ordenanzas nros. 38/03, 39/03 y 40/03, y que de las notas del órgano deliberante nº 42 y 44/04 se desprende la ilegalidad de las sesiones de ese cuer-po. Finalmente, menciona la resolución nº 03/04 del Concejo, mediante la cual se dis-pone la destitución del Intendente y que fue apelada, por su parte, ante esta Corte de Justi-cia.

2º) Que, a fs. 263/271, se presenta el presidente del Concejo Deliberante del Mu-nicipio de Prof. Salvador Mazza. Acompaña los antecedentes constitutivos del supuesto conflicto planteado, conforme fuera requerido por providencia de fs. 210 2do. párrafo.

3º) Que el señor Fiscal ante la Corte nº 2 se expide a fs. 287/289. Considera que debe rechazarse la demanda, opinando que el órgano legislativo municipal, al sancionar las ordenanzas nros. 33/03, 35/03, 36/03 y 37/03 del 15 de diciembre de 2003, actuó en uso de derechos propios, sin que asome en su accionar una intromisión en el ámbito del poder eje-cutivo municipal pues no ha excedido las atribuciones que le son propias.4º) Que el art. 178 segundo párrafo de la Constitución Provincial, establece la competencia de la Corte de Justicia para conocer en los conflictos entre los órganos ejecuti-vo y deliberativo de cada municipio, los que fueron definidos como "colisiones de carácter institucional entre estos poderes" (esta Corte, Tomo 52:289; 65:1007, entre otros); vale decir que ello ocurre cuando dos poderes controvierten el ejercicio de atribuciones constitu-cionales de las que cada uno de ellos se considera investido y pretende ejercer como in-herente a sus propias facultades. Planteada la cuestión y ante la imposibilidad de su solu-ción entre las mismas autoridades, cualquiera de ellas puede recurrir al Tribunal a fin de que dirima la controversia (cfr. Tomo 36:561; 40:273, entre otros).

Es decir, no se trata de juzgar si el acto es conveniente o no para la comunidad gobernada, sino de determinar si ha sido emitido dentro de la esfera de competencia del órgano respectivo y si reúne los recaudos de razonabilidad que constituyen presupuesto de validez de todo acto con eficacia jurídica.

5º) Que el factor desencadenante del invocado conflicto entre ambos poderes fue el dictado de las ordenanzas aquí impugnadas y de la resolución nº 21/03 -según sostiene el actor- en época de receso legislativo, sin haber sido prorrogadas las sesiones ordinarias y, por otra parte, el hecho de que, a criterio del titular del poder ejecutivo municipal, las mate-rias que se tratan en dichos instrumentos se encontrarían fuera de la órbita de competencia del Concejo Deliberante.

En primer lugar, cabe destacar que de la resolución nº 19/03 del cuerpo legislativo municipal, obrante a fs. 284, surge que este órgano dispuso prorrogar el segundo período de sesiones ordinarias, refiriendo a los múltiples temas a tratar en ese lapso, como la aproba-ción de presupuesto de gastos y cálculo de recursos del ejercicio 2004, y el acuerdo por la designación de tesorero municipal. No se advierte, entonces, incumplimiento de lo dispues-to por el art. 12 de la ley 1349, que posibilita la prórroga de las sesiones ordinarias por un término que no exceda de un mes, facultad que le corresponde al Concejo, sin que proceda distinguir que ello compete al cuerpo compuesto por los concejales salientes y no a los que iniciaron su mandato.

Por otra parte, contrariamente a lo sostenido por el accionante, no se verifica que las materias que tratan las ordenanzas impugnadas excedan las facultades que la ley acuer-da al órgano emisor.

En efecto, en las ordenanzas nros. 33/03, 34/04, 36/03 y 37/03 del 15 de diciembre de 2003, se decide la estabilidad laboral de los empleados de la Municipalidad que estuvie-ren designados al 10 de diciembre de 2003 en el carácter de planta permanente, la conce-sión de espacios públicos a una compañía textil y al comedor Ernesto José Aparicio y el subsidio de $ 100 por semana a comedores del Consejo de Emergencia Social y del Barrio 5 de Septiembre, respectivamente (v. fs. 1, 5, 6 y 7); mientras que en las ordenanzas nros. 38/03, 39/03 y 40/03 del 22 de diciembre de 2003, se dispone la creación de un Consejo Municipal para la Discapacidad, se autoriza al Ejecutivo municipal a que celebre un conve-nio con el Banco Macro S.A. y se otorga en concesión a la Unidad de Intermediación Labo-ral de Salvador Mazza el inmueble que antes ocupaba el antiguo hospital (v. fs. 213/214, 215 y 216).

La ordenanza nº 34/03 no se analiza porque fue dejada sin efecto por la ordenanza nº 004/04 (v. fs. 262).

Corresponde señalar que el Concejo Deliberante se encuentra facultado para dictar las ordenanzas que aseguren la estabilidad de los empleados municipales por el art. 21 inc. 28 de la ley 1349, en cuyo marco fue adoptada la decisión contenida en la ya citada orde-nanza nº 33/03. Aquí, debe puntualizarse que no corresponde, mediante la acción instaurada en los presentes, que esta Corte se expida respecto del acierto o conveniencia con que dicha atribución fue ejercida, ya que la intervención del Tribunal no consiste en corregir, prevenir o invalidar todos los abusos y arbitrariedades en que pueden incurrir los gobiernos comuna-les o alguno de sus integrantes, sino en dirimir aquellas situaciones que verdaderamente constituyen conflictos (cfr. Tomo 74:333; 83:179).

Dichos conflictos sólo se ponen de manifiesto cuando un poder invade la esfera del otro, o cuando impide al otro el ejercicio de sus facultades, situaciones que en el caso no se presentan. El actor ha argumentado que la mencionada ordenanza contribuye a recar-gar las arcas municipales por las obligaciones salariales y cargas sociales que implica, ne-gando que dichos gastos pudieran estar incorporados en la Ordenanza Presupuestaria (v. fs. 163 pto. 2 y 164), con lo que pretende un análisis impropio en este proceso, aunque puede resultar susceptible de examen en una acción de inconstitucionalidad, en el supuesto que se consideren vulnerados preceptos contenidos en la Constitución.

Por su parte, el Concejo Deliberante se halla habilitado a otorgar concesiones de espacios públicos -art. 21, inc. 27, ley 1349-; además, la reglamentación del funcionamien-to de comedores y el establecimiento, atención o subvención de asociaciones de bien públi-co o de beneficencia lo contemplan, como atribuciones del órgano legislativo, los incisos 17 y 18 de la misma ley.

6º) Que con respecto a la resolución nº 21/03 que creó la Comisión Investigadora integrada por miembros del Concejo, cuyo dictamen fue aprobado luego por ese órgano y declaró la necesidad de la remoción del Intendente (resolución 1/04), encuentra sustento en el art. 21 inc. 26 de la ley 1349, que faculta al cuerpo deliberante a ejercitar el control polí-tico de los actos del departamento ejecutivo.

7º) Que de lo antedicho y de las constancias de la causa, se colige que las ordenan-zas y la resolución en cuestión fueron emitidas por el Concejo Deliberante dentro de las facultades conferidas por la ley 1349. De ese modo, queda descartado el conflicto de com-petencias que se denuncia, lo que impone el rechazo de la demanda.

La Dra. María Cristina Garros Martínez, dijo:

1º) Que no obstante compartir, en principio, las consideraciones vertidas por los señores Jueces preopinantes en su voto, estimo que la interpretación que allí se efectúa de las incumbencias propias del órgano deliberativo con arreglo a lo prescripto por el art. 21 inc. 28 de la ley 1349 -"dictar ordenanzas que aseguren la estabilidad y escalafón de los empleados municipales"-, no se compadece con una comprensión sistemática y armónica de la Carta Municipal, en cuanto la atribución mencionada, en mérito a la cual el Concejo Deliberante insistió en la sanción de la ordenanza nº 33/03, observada por el ejecutivo mu-nicipal, sólo determina la atribución del órgano deliberativo en relación a la potestad del dictado del conjunto orgánico de normas que establecen los derechos y obligaciones del empleado municipal, entre las que se cuentan las condiciones de admisión y estabilidad en los empleos. Sin embargo, ello no puede implicar un avance sobre las atribuciones del de-partamento ejecutivo en relación a su competencia para nombrar y remover a los empleados de la administración (art. 30, inc. 4 de la Ley de Municipalidades), de lo contrario los prin-cipios de separación de las funciones estatales resultarían subvertidos.

En consecuencia, considero que deberá declararse la incompetencia del Concejo Deliberante de Profesor Salvador Mazza para sancionar la ordenanza nº 33/03 y, en su mé-rito resolver la nulidad de todos los actos administrativos que se dictaran con sustento en aquélla.

2º) Que por otra parte, si bien no se cuestiona la legitimidad de la constitución de la comisión investigadora por Resolución nº 21/03 del Concejo Deliberante, en cuanto a su desempeño específico y resultado de su labor, me remito a las consideraciones efectuadas en mi voto en el Expte nº 026014/ 04, caratulado "Ibáñez Francisco, Intendente Municipal de Prof. Salvador Mazza - Recurso de Apelación".

Por lo que resulta de la votación que antecede;

LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. RECHAZAR la demanda de fs. 162/171, 203/204 y 238/ 240. Con costas.

II. MANDAR se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas, Edgardo Vicente, María Cristina Garros Martínez, An-tonio Omar Silisque -Jueces de Corte-