marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NOVELLI, OMAR J P s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  Nº 92-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-18

La reseña de antecedentes efectuada por el recurrente en la queja, no suple la omisión de una suficiente fundamentación del escrito recursorio, ya que esta forma de proposición no se compadece con las exigencias de que el recurso de inconstitucionalidad se deduzca en un plazo determinado y por ante el Tribunal ordinario que sentenció la causa definitiva ni, desde luego, con la defensa en juicio, ya que en la queja no es parte el adversario de la litis, quien así se verá privado de contestar estos nuevos argumentos con graves menoscabos de aquella garantía.
Honorarios del abogado, régimen de consolidación de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARIO FAGES Y OTROS s/ ACCION DE INTERPRETACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-05-13

Al derecho de crédito derivado de honorarios contra el Estado cuya autorización de pago se ha fijado en fecha posterior al 1° de abril de 1992, pero cuya causa origen sea anterior a esta fecha, corresponde aplicar la consolidación prevista en la ley 4558.
Personas con discapacidad, cobertura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cortina, Norma Felipa y Mezler, Eduardo Fabián c/ I.O.S.P.E.R. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-04-25

El menor se encuentra protegido por los Tratados, Convenciones Internacionales y normas constitucionales de la Nación y de la Provincia en su calidad de menor y discapacitado. Contrariamente a ello, la demandada respondió ofreciendo una cobertura parcial en distintos porcentajes que no alcanzaban para cubrir de manera integral las prestaciones necesarias para la atención del menor.

Deben ponderarse los conceptos vertidos por el IOSPER en la contestación de la demanda y en la audiencia de conciliación para justificar el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo y la improcedencia de la cobertura total de las prestaciones requeridas, basado en la legitimidad de las disponsiciones que restringen las asistencias aseguradas por la Ley Nº 24091, al cual adhirió esta Provincia mediante la sanción de la Ley Nº 9891.

En ese orden no repara en el hecho que por más facultades delegadas que ostente el directorio para determinar la naturaleza, proporción, extensión y forma de los beneficios que se otorguen -inciso c) del artículo 12 del Decreto Ley 5326-, en su ejercicio no le está permitido desconocer o vulnerar derechos consagrados por normas de mayor rango, menos aún si se repara en el carácter progresivo de la consagración del derecho fundamental a la salud reconocido de modo amplio en la reforma constitucional de nuestra provincia en sus artículos 19 y 20. Lo expuesto es suficiente para rechazar el recurso incoado.
Sanciones disciplinarias, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodriguez, José María c/ Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

La circunstancia de que el intendente hubiera dictado una resolución sancionatoria anterior no lo inhabilita para el dictado de una segunda (sobre los mismos hechos) en tanto tales actos no son emanación voluntaria de un funcionario sino el resultado objetivo de un proceso de creación sustanciado en base a normas legales atributivas de competencia funcional.
Medidas cautelares, remuneración, reducción salarial, Comisión Nacional de Energía Atómica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PULICHINO, Roberto Martín c/ E.N. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-10

Corresponde revocar lo decidido por la sentencia de primera instancia -que rechazó la medida cautelar- y ordenar al Poder Ejecutivo Nacional -Comisión Nacional de Energía Atómica- se abstenga de retener el porcentaje de los sueldos del actor que resulte de la aplicación del decreto 290/95 P.E.N. impugnado. (En autos principales el actor solicita se declare la nulidad del decreto 290/95, por el cual se reducen las retribuciones del Personal del Sector Público Nacional comprendidos en los alcances del art. 8, de la ley 24.156, y también de las Empresas y Sociedades del Estado y Entidades Bancarias Oficiales.
Concurso especial, verificación de créditos, subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: CANO,   FRANCISCO c/ BASILIO  MARIA  DEL  CARMEN s/ EJECUCION HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

Del Dictamen Fiscal 116426:

De acuerdo a lo establecido por la  ley 24522: 126 y 209 es requisito para la formación de concurso especial, que el acreedor haya presentado la solicitud de verificación de su crédito. Pero no es necesario que la verificación este resuelta, sino basta que se haya cumplido con su presentación. De ello se sigue que se puede promover concurso especial aún estando pendiente la decisión de verificación del crédito invocado (cfr. Heredia, Pablo D., "Tratado exegético de derecho concursal", T. 4, págs. 545 y ss.).

Debe tenerse en cuenta además, que ante el estado falencial de la demandada, resulta procedente la realización de los trámites de la subasta (LC: 88-9° y 203), resultando relevantes las cuestiones atinentes al crédito y privilegio hipotecario, solo en lo referente al destino de los fondos producidos por la enajenación del bien.
Prescripción adquisitiva, actos posesorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Suran, Pedro c/ Calvo y Anchorena, Diogenes Leon José Norberto s/ Usucapión Roselli, Juana y otra c/ Ceraño, Valentina s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04|1992-02-25

Si bien el "animus" es abstracto ha menester de hechos exteriores que conduzcan a tenerlo por acreditado, y así poder distinguir un mero detentador, o tenedor, o poseedor a nombre de otro, o comodatario, o inquilino, etc., de quien persigue ser el amo de la cosa, sometiéndola a su dominio exclusivo. Es evidente que cuando se han efectuado abundantes y persistentes actos posesorios durante un largo tiempo (obviamente referido al necesario para usucapir), puede extraerse de ello la acreditación del "animus".
Servicio militar, excepción al servicio militar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tomaselli, Pablo Luis s/ Excepción al Servicio de Conscripción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

Corresponde denegar la excepción al cumplimiento del servicio militar fundada en el inc. 2, del art. 33 de la ley 17531 - hijo matrimonial ... que sea único sostén de su trabajo personal de madre viuda ... - cuando la madre del actor percibe un sueldo como agente de la c.C.B.A. y la pensión de su marido y su núcleo familiar lo integra una hermana estudiante de 19 años, al no haberse acreditado no sólo que el actor sea el único sostén económico de su madre sino que sin su aporte la madre no cuente con el mínimo indispensable para la subsistencia que la ley le manda segura.
Despido, injuria laboral, despido con causa, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ceballos, Vanesa Lorena c/ La Veloz del Norte S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-10-28

La injuria constituye un incumplimiento contractual grave, lo cual implica que la denuncia por justa causa que autorizan al empleador a disolver la relación laboral tenga gravedad tal que no autorice la prosecución del vínculo. Exige la ley que deber denunciarse por escrito con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda, ello por cuanto la valoración de los hechos injuriosos a los fines de la extinción del vínculo queda sujeto a la apreciación de los jueces. Se debe acreditar en la litis la causal de despido.
Derecho contravencional y de faltas, multa, prescripción, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RONCHI, STELLA MARIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-16

Como lo sostuvo este Cuerpo en anteriores oportunidades y en diferentes integraciones, en las que se pronunció sobre impugnaciones efectuadas contra multas impuestas por diferentes entes territoriales, la materia es contencioso administrativa; y en esa línea, ha sostenido que todo lo vinculado con el alcance y contenido que cabe asignar a las normas contravencionales, es una cuestión de derecho local, pues no se trata de un tema de índole federal ni está incluido en la reserva que se estableció sobre la legislación común (art. 75, inc. 12, CN) y, en lo que ahora es de específico interés, lo relativo a la prescripción de la acción para sancionar las faltas (Del voto del Dr. Netri) (Citas: CSJN: Fallos 324:1307; CSJStaFe: Atienza, AyS T 175, p 70; Transporte Baigorria SRL, AyS T 96, p 299; Arede SRL, AyS T 150, p 352)
Acción de amparo, certificado de discapacidad, programa de asistencia integral para personas en situación de calle
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CIVIL
Carátula: TCRDP s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en TCRDP  c/ GCBA s/ amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Si bien no nos cabe tratar en instancia originaria el Certificado Único de Discapacidad presentado por la actora con posterioridad al recurso de queja, ello no impide que sea examinado por los jueces de mérito. Ello así, en tanto las sentencias que se dictan en los procesos en los que se persigue una solución habitacional, causan estado solo con relación a aquellas cuestiones que se mantienen inalteradas (como dije en mi voto in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'K.M.P c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 9205/12, sentencia del 21-03-2014). (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa, corredor, pretensión, reserva de compra, falta de legitimación para obrar
Materia: COMERCIAL
Carátula: TERAN,  JULIO  (TERAN  PAZ & SANTAMARINA PROP.) c/ PARODI, EMILIOS/ s/ RD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-13

En una acción en la que quien intervino como corredor en el marco de un contrato de compraventa de inmueble, reclama del adquirente del mismo el cobro de cierta suma dineraria en concepto de reserva, procede hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el defendido cuando, -como en el caso-, se verifica que el legitimado para demandar el pago de la mentada reserva es el propietario del bien a tenor del reconocimiento judicial que efectuará el propio pretensor y el titular de dominio, quien expresó que era acreedor del accionante por el importe de aquella, esto es, el mismo objeto al perseguido en el proceso. No empece lo expuesto, que el cheque que se emitió para afrontar la reserva haya sido librado a nombre del corredor interviniente en la negociación, toda vez que ello no implica contradicción alguna puesto que ambas partes afirmaron que dicho medio de pago debía ser endosado en favor del propietario del inmueble, pues era este el único y verdadero beneficiario de la reserva efectuada. De modo que la circunstancia de que el accionado haya girado el título en favor del accionante no modifica la situación, dado que este último acepta que no debió ser el beneficiario de esa orden de pago.
Derecho procesal, medidas cautelares, sustitución de garantía, embargo, seguro de caución, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: DESARROLLOS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS SRL C/ ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA S/ ORDINARIO. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

Según el CPR 203 -segundo párrafo- el deudor puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que garantice suficientemente el derecho del acreedor. La finalidad de esa disposición legal es conciliar el legítimo interés de quien obtuvo la medida cautelar, que pretende que la misma resguarde un eventual resultado favorable del pleito, con el también válido interés del afectado, quien puede procurar que la medida cause el menor perjuicio posible en su patrimonio (CNCom, Sala D, in re "El Trébol de 4 Hojas SA c/ Alta Tecnología Alimentaria SA s/ medida precautoria s/ incidente de apelación art. 250", del 27/08/13; ídem Sala "E", in re "Medical Corporative Trade SA c/ Pulars SA s/ ordinario", del 14/04/16). Ello implica, en otras palabras, que el principio que inspira las normas que autorizan la morigeración y sustitución de medidas cautelares es doble: que se mantenga adecuadamente protegido el crédito que garantizan y al mismo tiempo que no se cause innecesariamente un perjuicio al deudor (conf. CNCom, Sala "F", in re "Vaccari, Mariana c/ Infracom SA s/ incidente de apelación", del 20/05/14).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., O. W. A. c/  s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO POR EL VINCULO Y EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GENERO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-05

No ha de prosperar la postulada inconstitucionalidad de la prisión perpetua, pues sin perjuicio de que -como se ha sostenido en numerosos precedentes- la pena privativa de libertad si fuera realmente perpetua podría entenderse lesiva de la intangibilidad de la persona humana -en razón de que generaría graves trastornos de la personalidad y resultaría incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el artículo 18 de la Constitución nacional- la afectación que aduce la defensa no es actual; puesto que ésta sólo se configuraría si el condenado, habiendo cumplido los requisitos legales exigidos para acceder a los beneficios penitenciarios del período de prueba o de la libertad condicional -sin considerarse las prohibiciones previstas por los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley 24660, ni el plazo previsto en el artículo 13 del Código Penal luego de la reforma introducida por ley 25892 que tornan la pena en efectivamente perpetua y resultan, por ende, de dudosa constitucionalidad- los peticionare y éstos fueran denegados; lo que constituyen expectativas futuras que no son inmutables, tornándose por ende, inadmisible -por prematuro- su tratamiento. (Del voto del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 18; Código Penal, artículos 13 y 14; Ley 24660, artículo 56 bis; Ley 25892. - Jurisprudencia vinculada: Soza Bernard, AyS T 304, p 468/476, sumario J0047386.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Iacovone, Hernán Mariano c/ Poder Ejecutivo de la Nación s/ daños y perjucios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-14

Cabe revocar la sentencia que hizo lugar a la demanda promovida por el actor contra el Estado Nacional- Poder Judicial- con el objeto de que se lo indemnizara por los daños y perjuicios que le ocasionaron su detención, procesamiento y prisión preventiva, pues la responsabilidad atribuida por la prolongación de la prisión preventiva luego de la acusación fiscal, no ha sido consecuencia de la ponderación de las situaciones que se han considerado configuran una deficiente prestación del servicio de justicia, y la indemnización por privación de libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución sino únicamente cuando dicho acto procesal se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.

- Los jueces Petracchi, Zaffaroni y Argibay, declararon inadmisible el recurso extraordinario por aplicación del art. 280 del C.P.C.C.N).
Responsabilidad médica, culpa civil, apreciación de la culpa, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL
Carátula: GINI DE NOGUERON ERMA HERNANDINA c/ PAMI INST. N. SER. SOC. PARA J. Y P. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

La circunstancia de que el médico, como cualquier otro profesional, esté obligado a observar todas aquellas reglas o principios que hacen al ejercicio o desempeño de su especialidad, no autoriza a deducir que frente a la culpa de derecho común, que es noción de contenido invariable, exista otra de significado singular, inherente al ejercicio de una profesión. Para establecer si se encuentran configurados los presupuestos de la responsabilidad que se atribuye, es necesario, en orden a la determinación de la imputabilidad, atenerse a las previsiones del art. 512 del Código Civil, que enuncia el concepto de culpa y contiene las pautas fundamentales para su valoración.

La apreciación de la culpa cuando es de naturaleza extracontractual, se hará siempre en igual forma que cuando liga al profesional con el enfermo un vínculo contractual, pues los usos de la profesión le obliga a los mismos deberes tanto con quienes han requerido sus servicios en esa forma, como cuando fueron atendidos al margen de toda relación convencional, vale decir, que la culpa es la misma y consistirán en la violación de los deberes propios de su profesión.

Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos.

Difícilmente puede concebirse un supuesto que sea mayor al deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, que el caso de los médicos. A ellos se les confía, de modo exclusivo, la lucha contra la enfermedad. En sus manos queda no sólo la salud, sino incluso -en determinadas circunstancias- la vida misma de sus pacientes. Y cuando está en juego la vida de un hombre, la menor imprudencia, el descuido o la negligencia más leve, adquieren una dimensión especial que les confiere una singular gravedad.

No hay aquí cabida para culpas pequeñas. El recto ejercicio de la medicina es incompatible con actitudes superficiales, por lo que debe sentarse un criterio estricto en la apreciación de la culpa porque esa solución aparece impuesta por los arts. 512 y 902 del Código Civil y permite resultados más valiosos desde el ángulo de la justicia, al tiempo que opera como disuasivo de actuaciones poco diligentes (conf. C.N.Civ. Sala A, Fallo cit.).
Concursos, quiebra, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: CRIP SA le pide la quiebra Banco Macro SA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-22

Procede revocar la resolución que rechazó de oficio el pedido de quiebra. Ello por cuanto, en el caso, el hecho de que se haya informado que el deudor tiene registrado a su nombre cuatro automotores no es suficiente como para presumir la solvencia patrimonial para afrontar el pago de la suma que denuncia como adeudado la apelante. Máxime, cuando se desconoce no sólo el valor de esos bienes, sino también si pesan sobre los mismos gravámenes o inhibiciones. Para repeler el pedido de quiebra se requiere prueba de la liquidez actual suficiente del patrimonio del deudor, o bien el acceso al crédito. Es que, a pesar de que el pasivo sea inferior al activo, puede haber cesación de pagos si el deudor no cuenta con medios líquidos o fácilmente realizables o no poder recurrir al crédito para hacer frente a las obligaciones exigibles (conf. CNCom, Sala E, "Schvartzbaum Miguel Alberto le pide la quiebra Suliair Argentina SA", del 26/2/14, con cita de: Tonón; "Derecho Concursal", pág. 19, año 1988).
Conciliación laboral, Derecho laboral, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: DE LA ARADA, Luis Angel c/ BANCO DE LA PAMPA s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-04-10

La finalidad protectoria de la ley en la materia que nos ocupa se manifiesta en el artículo 15 del régimen laboral, en cuanto exige que los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes.- En función de la seguridad jurídica comprometida, la jurisprudencia ha considerado que "el acuerdo suscripto en sede administrativa entre un trabajador y su empleador, en tanto haya sido homologado por la autoridad administrativa del trabajo competente, debe asimilarse en sus efectos al de una sentencia judicial firme que adquirió el valor de la cosa juzgada. Y consentida dicha homologación administrativa, resulta entonces infundada y carente de sustento legal la pretensión de cuestionar extemporáneamente en el ámbito judicial ... la validez sustancial del acuerdo homologatorio de la autoridad del trabajo", "... sólo puede haber revisión de la misma si hubo vicios sustanciales..." .-
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL
Carátula: ALEGRE, JOSE HUMBERTO s/ SUCESION. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-30

La expresión de agravios debe ser una crítica concreta y razonada, fundada en los errores de procedimiento; y no cumple con este requisito la presentación que comporta una simple historia o comentario de actuaciones pretéritas, representando sólo una disconformidad con lo resuelto anteriormente.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación penal, delitos contra la humanidad, sentencia arbitraria, graduación de la pena, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VON WERNICH, Christian Federico c/  s/ Rec. de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-27

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular del imputado y en consecuencia confirmar la sentencia que dispuso condenarlo a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua por considerarlo partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada, coautor en la aplicación de tormentos agravados, partícipe necesario en la aplicación de tormentos agravados, coautor de las privaciones ilegales de la libertad agravadas y coautor de los homicidios triplemente agravados. En este sentido, no aparecen configurados los supuestos de arbitrariedad de sentencia o apartamiento de las normas sustantivas respecto del fallo recurrido ni especificamente en la graduación de la pena dispuesta; toda vez que las constancias de la causa fueron correctamente valoradas por el Tribunal Oral, quien expuso con correcta fundamentación en su sentencia las razones que determinaron el monto de la sanción impuesta en consonancia con las pautas de valoración establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, como así también respecto de la individualización de la pena aplicada al imputado. (Sumario confeccionado por el S.A.I.J.)
Medidas para mejor proveer, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Confiar Compañia Financiera c/ Escudero, S. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

La resolución del juez ejercitando sus facultades instructorias u ordenatorias deviene inapelable por encuadrar dentro de las facultades privativas que tienen los magistrados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)