Prueba, principio de congruencia, defensa en juicio, insuficiencia del agravio, debido proceso, trata de personas, explotación sexual, ley vigente
Materia: PENAL
Carátula: LENCINA, Ana Rosa y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

En cuanto a la participación que en los hechos le cupo a otro de los imputados ha quedado debidamente acreditada con la prueba de cargo detallada. Es que, habiéndose determinado su participación en los hechos investigados como integrante de la estructura conformada con su madre coimputada, la comisión del hecho es compartida, pues se logró determinar que se distribuían tareas esenciales para llevar a cabo la ejecución del delito. En otro orden de ideas, y con relación a la alegada violación al principio de congruencia, y por consiguiente del derecho de defensa en juicio del imputado, por la modificación en el grado de intervención que le cupo al nombrado en el hecho reprochado, este agravio debe ser rechazado toda vez que para que el principio de congruencia no se encuentre afectado, resulta decisivo que la sentencia recaiga sobre los mismos hechos que fueron base de la acusación, y que se hubiese asegurado a la defensa la posibilidad de rebatirlos en el debate.. Por tanto, no cualquier cambio de calificación puede ser considerado violatorio del referido principio de congruencia, sino que habrá de determinar en cada caso particular, si esa variación impidió al imputado oponer las defensas que consideraba necesarias. Sentado cuanto precede, cabe concluir que el encuadre jurídico del suceso imputado, estuvo incluido en la discusión final del debate, por lo que no importo una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa (art. 18 de la CN). El a quo consideró que el imputado poseía, de acuerdo a los elementos de prueba que se habían producido en el debate, un grado de intervención distinta en las conductas que tuvo previamente por probadas, esto es, como coautor de los hechos. La plataforma fáctica que dio inicio al plenario no se modificó, ya que continuó siendo la hipótesis de trata de personas con fines de explotación sexual. Dicho objeto procesal, más allá de la modificación del grado de intervención criminal reprochado al imputado, se mantuvo en la oportunidad de formular la acusación (cfr. art. 393 del CPPN). En cuanto al agravio relacionado con la mensuración de la pena, los integrantes del tribunal tuvieron en cuenta ".no solo la calificación legal del delito por el cual se encuentra acusada, si no también, la escala penal en abstracto que prevé para los delitos cometidos con su correspondiente agravante, resultando por lo tanto una pena que se ajusta al grado de afectación del bien jurídico protegido por la ley como así también la grave transgresión a la voluntad de la norma." Vale asentar que las quejas de la defensa sobre la circunstancia agravante tenida en cuenta por el tribunal relacionada con la presencia de una menor de 12 años en el local "Mao Mao" al momento del allanamiento resultan infundadas. Lo que consideró con acertado criterio el tribunal fue la circunstancia de que hubiera una menor de edad en el local, como demostrativo de la extensión del daño y del peligro causado, de conformidad con lo estipulado en el inc. 1° del art. 41 del CP. Respecto del otro imputado se tuvo en cuenta ".la pena establecida por los art. 145 bis, en función del 145 Ter inc. 1 del Código Penal - texto según Ley 26.842- y 45 del CP., el informe socio ambiental que corre a fs. 144/145vta de autos, y la inexistencia de antecedentes penales computables en su contra conforme lo informado por el R.N.R en fs. 9/10 del L.I.P. . Claramente el imputado tuvo un rol preponderante en la explotación de las víctimas, ya que las mismas se encontraban bajo su control y vigilancia permanente, al mismo tiempo era quien disfrutaba de los dividendos que dicha explotación le dejaba. Ello justifica la mayor punición en relación a su consorte procesal". Las penas concretamente determinadas no lucen irrazonables en el caso concreto, el a quo ha examinado razonablemente las circunstancias que ameritaban para su imposición, por lo que este agravio tampoco tendrá favorable acogida, y debe ser desechado. En cuanto al decomiso dispuesto en la sentencia recurrida no sólo procede porque en el inmueble se comprobó que se explotaba sexualmente a las damnificadas, sino porque los condenados no pudieron justificar la tenencia de tal bien, circunstancia que permite considerarlo fruto de la explotación de las víctimas allí desplegada, por lo que se advierte que la resolución recurrida, en este sentido, constituye una derivación razonada del derecho vigente.