Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-28


//la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 28 días del mes de marzo de 2012, se reúne la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Raúl R. Madueño como Presidente, y los doctores Luis María Cabral y Mariano H. Borinsky como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa en esta causa N 15.745, caratulada: "Castillo Gamboa, Jorge Luis s/recurso de casación", de cuyas constancias RESULTA:

1 ) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1 de la ciudad de Córdoba no hizo lugar a la excarcelación solicitada en favor de Jorge Luis Castillo Gamboa.

Contra esa resolución interpuso recurso de casación el Defensor Público Oficial (fs. 11/21), el que fue concedido a fs. 22.

2 ) Que, con sustento en el inciso 2º del art. 456 del C.P.P.N., el recurrente entendió que la resolución recurrida ha inobservado el art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación.

En tal sentido, señaló que "la resolución atacada debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido, en tanto presenta una motivación meramente fragmentaria y parcial -lo que equivalente a una privación de la debida fundamentación, que bajo la pena de nulidad exige el art. 123 del C.P.P.N-" Indicó que "la pericia química obrante en autos no se ajusta a lo establecido en el art. 30 de la ley 23.737, resultando por nulo, violatorio del debido proceso legal (art. 18 de la C.N.)".

Además, sostuvo que "...al momento de solicitar la excarcelación de Castillo Gamboa ha dejado ofrecido un lugar en el que residiría en caso de que el Tribunal tomara la decisión de disponer su libertad mientras se tramita la causa; sin que ello haya sido siquiera considerado en la resolución que impugno" 3 ) Que, superada la etapa prevista en el art. 454 en función de lo dispuesto por el art. 465 bis del código ritual, oportunidad en la que el Fiscal Gereral (fs.36/37) y la Defensora Pública oficial (fs. 38/41) agregaron las breves notas que autoriza la mencionada norma el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del C.P.P.N.). Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Luis María Cabral, en segundo lugar del doctor Mariano H. Borinsky (quien firma la presente en virtud de lo dispuesto por la resolución Nº 1.553/11 dictada por esta Cámara) y en tercer lugar el doctor Raúl R. Madueño.

El doctor Luis María Cabral dijo:

I. Que tal cual surge de la resolución recurrida, el Ministerio Público Fiscal requirió la elevación a juicio imputando a Jorge Luis Castillo Gamboa "...la presunta comisión de los delitos de transporte y almacenamiento de estupefacientes (art. 5 inc. "C" de la Ley 23.737)- dos hechos en concurso real (art. 55 del Código Penal)".

Ahora bien, para resolver de la manera en que lo hizo el tribunal a quo tuvo en cuenta la gravedad de la escala aplicable al delito y la cantidad de estupefaciente secuestrado.

Indicó además como circunstancias personales "... la inexistencia de arraigo del nombrado, no solo en esta ciudad, sino también en Buenos Aires, donde expresó residir en diversos domicilios, carencia de ocupación estable o al menos verificable, como así también su omisión de registrarse en el hotel donde se habría alojado en esta provincia..."	II. Que la situación de Jorge Luis Castillo Gamboa no encuadra dentro de lo previsto en la primera parte del segundo párrafo del art. 316, en conexión con el art. 317, inc. 1 , del Código Procesal Penal de la Nación, toda vez que el máximo de la pena que le corresponde al delito que se le atribuye supera los ocho años de pena privativa de la libertad.

Tampoco resultan procedente su excarcelación en los términos de la segunda parte del segundo párrafo del mencionado art. 316, toda vez que en el caso de que fuera condenado, dicha sanción no podría ser dejada en suspenso ya que que el mínimo de la escala penal prevista para el delito que se le imputa supera los tres años de prisión que prevé el art. 26 del C.P.

Así, considero que la viabilidad de su soltura sólo sería atendible si se hubiere demostrado que la prisión preventiva que sufre se hubiera prolongado más allá de las necesidades que el caso requiere. En esta causa, no advierto estas circunstancias ya que su tramitación no ha tenido, una duración excesiva. En tal sentido, obsérvese que conforme la nota actuarial de fs. 26, el imputado se encuentra detenido desde el día 7 de abril de 2011, habiendose dado inicio a la etapa de debate oral y público el día 27 de marzo del corriente año.

Estimo que la grave amenaza punitiva y el probable modo de ejecución de la eventual sanción constituye, además, una pauta objetiva para presumir que, en caso de recuperar la libertad, el acusado va a intentar eludir la acción de la justicia, por el temor de volver a ser encarcelados una vez realizado el pertinente juicio oral; fundamento éste que a modo de dato coadyuvante abona la respuesta negativa a la pretensión de los recurrentes.

En ese sentido, la concreta amenaza de una pena grave es uno de los criterios válidos para presumir el peligro de fuga del acusado.

Ese ha sido el criterio seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes de Fallos 312:461, 310:1476 y en la causa N B.851. XXXI, "Bramajo, Hernán s/inc. De excarcelación", rta. el 12/9/96. Y también por la Cámara Nacional de Casación Penal en las causas "Quiroga, Honorio s/ recurso de casación" (rta. el 22/04/99, Causa n 1414; Sala IV); "Marín, Héctor Esteban s/ recurso de casación" (rta. el 22/03/01; Causa n 3039; Sala III); "Oviedo, Mario Marcelo s/ recurso de casación"; rta. el 16/10/98; Causa n 1938; Sala I).

Así, también se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 12/96 y más tarde en el Informe 2/97 (Informe Anual 1998), donde se hizo referencia al peligro de fuga basado en la eventual severidad de la pena.

Por lo demás, y a pesar de las alegaciones de la defensa, la resolución del a quo ha dado fundamento acerca de la ausencia de arraigo e incertidumbre sobre los domicilios aportados por el imputado, lo que refuerza seriamente el indicio de que en caso de recuperar la libertad, intentará eludir la acción de la justicia (art. 319 del C.P.P.N.).

En definitiva, y de conformidad con los lineamientos expuestos por este Tribunal en el Plenario n 13 "Díaz Bessone" de fecha 30/10/08, estimo que las condiciones personales del encartado permiten sostener que sólo la prisión preventiva habrá de preservar la acción de la justicia.

En suma, voto por el rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa de Jorge Luis Castillo Gamboa, con costas.	El doctor Mariano H. Borinsky dijo:

Que las circunstancias apuntadas tanto en el voto que precede como en la decisión recurrida vinculadas con la gravedad del hecho y su calificación legal, a lo que se agrega la ausencia de arraigo (incertidumbre sobre los domicilios aportados por el imputado) y que el debate oral y público se inició en el día de ayer (habiendo estado detenido el encartado desde el 7/4/11), alcanzan para rechazar el beneficio solicitado, de conformidad con lo normado por los arts. 316, 317 y 319 del C.P.P.N., es que adhiero a la solución propuesta por mi distinguido colega preopinante de rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Jorge Luis Catillo Gamboa, pero sin costas (art. 531 in fine del C.P.P.N.).

El doctor Raúl R. Madueño dijo:	Que adhiere a los votos que anteceden.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, con costas.

Regístrese, notifíquese y remítase al tribunal de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.	Fdo. Raúl Madueño, Luis M. Cabral y Mariano H. Borinsky Ante mí: Adrian Pedrozo. Prosecretario de Cámara.