marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, deberes del juez, leyes, interpretación hermenéutica, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

El juez está obligado a aplicar la ley, y si bien ello implica interpretarla, esa interpretación debe estar dentro de los límites, siendo inadmisible que se pretenda encontrar en la ley, aquello que no está en ella, equivocándose el juez que traspasa los límites de la ley, corrigiéndolos, pues la única voluntad que se está obligado a cumplir, es la propia voluntad de la ley, y el juez está obligado a reconocerla, aunque no concuerde con sus criterios, valoraciones o vivencias personales. Y en el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que toda interpretación necesita de la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne, por el excesivo rigor o la exagerada latitud de los razonamientos, no desnaturalice el sentido y espíritu que ha inspirado su sanción, apuntando que los jueces, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la "ratio legis" y del objetivo de la norma. (Del Voto del Dr. Jukic). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Sucesiones, tasa de justicia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., M. s/ Sucesión Ab Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-09

Si el causante otorgó boleto de compraventa en relación a un inmueble y percibió el precio de venta en vida, dicho inmueble ya no integra el activo sobre el que se debe tributar la tasa de justicia.
Accidente de tránsito, aplicación de la ley, ley vigente, decretos, cuestión de derecho común, reglamento general de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: BAVA, EDUARDO c/ ROMERO, FELIX s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-13

La subsunción normativa del caso en el citado decreto, es sencillamente ilegítima, "porque un conflicto entre partes individuales ha de someterse siempre a la ley". Nunca un decreto del poder ejecutivo nacional, así fuere calificado de producción "en estado de necesidad y urgencia", esta habilitado para regir en la esfera constituida por la relación entre dos sujetos privados. No se trata acá de un supuesto de inconstitucionalidad, sino de una cuestión derivada del ámbito de vigencia de las normas: los decretos del poder ejecutivo no regulan nunca las relaciones inter individuales privadas, porque este campo esta reservado para los códigos de derecho comun, y para las leyes modificatorias y complementarias de esos códigos. De modo que, habiendo acaecido la colisión -como aconteció en la especie- el 6.1 2.92, La misma queda pues, sujeta a la regulación normativa de las leyes 13893 y 14224,cuya vigencia fue restablecida por la ley 23181, a partir del octavo día de su publicación en el boletín oficial.
Robo con armas, consumación del delito, sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, armas de guerra, concurso ideal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Dalto, Sebastián Alfredo J. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-11

Corresponde reputarse como consumado el robo, si los procesados -merced al dispositivo de seguridad instalado en el automóvil dispusieron, aunque sea por un corto período de tiempo hasta su detención, no sólo del vehículo sino también de los elementos que se encontraban en su interior. Resulta infundada la sentencia que condena a ambos encausados por el delito de coacción agravada por el uso se arma (art. 149 ter, inc. 1° en función art. 149 bis, segundo párrafo del CP) si sólo a uno de ellos se le endilgó la tenencia ilegítima del arma de guerra utilizada para cometer el robo agravado, y en el fallo se omitió cualquier análisis que permita sustentar la responsabilidad del restante en relación a las amenazas proferidas por su consorte.

Disidencia: Concurren idealmente los delitos de robo agravado por la utilización de un arma de fuego (art. 166 inc. 2°, 2° párrafo del CP) y la portación de un arma de guerra sin la debida autorización legal (art. 189 bis, inc. 2° cuarto párrafo del CP), si de la descripción realizada por el sentenciante se advierten las idénticas circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desenvolvieron simultáneamente las acciones de intimidar con el arma de fuego y apoderarse de los bienes de la víctima, por lo cual la conducta imputada debe ser concebida como una "unidad de hecho" (art. 54 del C.P.). (Dres. González Palazzo, Hornos, Diez Ojeda -en disidencia-).
Intereses, tasas de interés, régimen de consolidación de deudas, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Saetronic  S.R.L. c/ E.L.M.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-29

Tanto E.L.M.A. como la obligación de que aquí se trata -que reconoce causa anterior a la sanción de la ley 23.982- se encuentran comprendidas en el régimen de consolidación de deudas del Estado. Es aplicable la parte pertinente del art. 6, que dice: "a partir de la consolidación de pleno derecho operada de conformidad a lo dispuesto en la presente ley, las obligaciones consolidadas devengarán solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente".

En consecuencia, se deberá aplicar esa tasa a partir del 1-4-91, salvo, que la acreedora opte por recalcular su crédito para expresarlo en dólares, conforme con el régimen previsto en el art.

10, párrafo segundo de la ley, en cuyo caso regirá el tipo de interés que prevé el art. 14, inc. b del decreto reglamentario 2140/91.
Accidentes de trabajo, acción civil, eximentes de responsabilidad del empleador, culpa grave del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Ozán Ismael Cecilio c/ Renna Rafael s/ Ordinario (LIBRO: S079 - 128)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-12-17

Difiere el concepto de culpa como eximente de la responsabilidad dentro del ámbito de la ley Civil, del que contiene la ley de accidentes de trabajo. La responsabilidad civil se rige por el art. 512 del Código Civil, y consiste en la omisión de las diligencias que exige la naturaleza de la obligación que corresponden a las circunstancias de persona, tiempo y lugar.

En materia laboral la culpa como eximente de responsabilidad resulta de la aplicación del concepto de culpa grave (art. 4º ley 9688) que es vecina del dolo, o sea la culpa inexcusable del derecho francés. Cuando el actor efectúa la opción por la vía civil, la culpa que se el imputa se analiza conforme el art. 512 del Código Civil, y si no se prueba que el actor omite la diligencia que exige la naturaleza de la tarea u obligación encomendada, la eximente de responsabilidad opuesta por el demandado debe rechazarse.-
Violación, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Cabañas, Julio Argentino s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-09-13

La resistencia a la violencia constituye un elemento de primordial importancia estimativa en los casos de violación por medio de la fuerza física. Se ha dicho que habiendo resistencia, es imposible cometer el delito. No es un simple rechazo ni menos una reserva mental sino la oposición de los obstáculos materiales idóneos y necesarios para impedir el acceso carnal. Sabido es que, si la mujer adopta cierta posición defensiva con su cuerpo, es imposible penetrarle sexualmente (ver Bolado). Este autor, cita a Carrara, quien proponía como pruebas de violencia: los gritos simultáneos, el desarreglo de los vestidos, los cabellos descompuestos y las quejas inmediatas, sin dejar de lado las lesiones inferidas en el cuerpo durante el acto, excluyendo: el silencio, la compostura en ropas y cabellos y sobre todo, las quejas tardías.
Trabajadores marítimos, enfermedad accidente, ambiente de trabajo ruidoso, nivel de ruido, personas con discapacidad auditiva, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: MILITELLO, PEDRO c/ ELMA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-18

Si el trabajador laboró durante cuatro años en la sala de máquinas de un buque, razonablemente puede inferirse que la hipoacusia padecida guarda relación concausal con las labores desempeñadas. Ello así, pues se trata necesariamente de un lugar ruidoso y no interesa que el nivel sonoro exceda o no determinados límites, para determinar la responsabilidad patronal.
Principio de congruencia, recurso de inaplicabilidad de ley, inconstitucionalidad, hechos nuevos, iura novit curia, leyes
Materia: PROCESAL
Carátula: Maas Hilda María c/ Provincia de Río Negro (CPE) s/ Contencioso administrativo s/ Inaplic. de ley Arévalo Silvina D. c/ Provincia de Río Negro (CPE) s/ Contencioso administrativo s/ Inaplic. de ley Miglierini Hilda Aurora c/ Provincia de Río Negro (CPE) s/ Contencioso administrativo s/ Inaplic. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-09-19|2000-09-19|2000-09-19

Que es deber de esta judicatura asegurar a las partes en todas las instancias, la aplicación y vigencia del Principio de Congruencia, aún cuando las
Ejecución de sentencia, excepción de pago
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carranza Latrubesse, Gustavo c/ Asociación Española de Socorros Mutuos s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-17

"En el proceso de ejecución de sentencia la excepción de pago sólo es admisible cuando es total, pues de ser parcial existiría la insatisfacción del derecho del vencedor; circunstancia que no obsta a tenerlo presente en el momento de liquidar la deuda".
Seguro por accidente de trabajo, enfermedad accidente
Materia: LABORAL
Carátula: ALVAREZ, EDUARDO ALBERTO c/ JOSE L. LOMBARDI E HIJOS SAIF. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-15

En las enfermedades profesionales de largo proceso de evolución, para determinar la responsabilidad de la aseguradora debe tenerse en cuenta la exteriorización de las dolencias, entendiendo como tal la fecha de ocurrencia del siniestro.
Recurso extraordinario, competencia de la Corte Suprema, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: PFIZER INC. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-21

En la tarea de esclarecer la inteligencia de normas de carácter federal, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de la alzada ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue.
Recurso de apelación (procesal), presentación extemporánea, presentación electrónica, interpelación, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Brito de los Ríos, Noelia Griselda y otros c/ Estado Nacional Argentino - P.E.N.- Ministerio de Seguridad - Dirección Nacional de Gendarmería s/ contencioso administrativo - varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-02

Es arbitraria la decisión de la cámara que para declarar extemporáneo el recurso de apelación tuvo en cuenta la fecha en que fueron ingresadas las copias digitales al sistema Lex 100, toda vez que dicho escrito, conforme a la normativa vigente, había sido presentado dentro del plazo legal en formato papel; arbitrariedad que no se ve salvada por la invocación del art. 120 del CPCCN ya que exige que el tribunal intime al presentante del escrito carente de copias a suplir esa omisión dentro de un plazo determinado y en forma previa a tenerlo por no presentado (Voto del juez Rosenkrantz).
Ministerio Público, excusación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Batiusko de Castel Viera y otra c/ Provincia de Formosa y/o quienes resulten responsables s/ Acción de Amparo y/o quienes resulten responsables s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-05-20

El principio general es que ningún miembro del Ministerio Público puede excusarse y la razón reside en que el integrante del Ministerio Público no decide, sino que aconseja o dictamina, de allí que su intervención en causa no decisiva en la solución del pleito y en todo caso cualquier duda sobre su imparcialidad la aventa el control jurisdiccional que ejerce el órgano con facultad de decisión.
Sentencia condenatoria, lavado de activos, asociación ilícita, narcotráfico, autoría, concurso real, condena condicional, multa, costas, ley penal más benigna, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Hugo y otros  c/  s/ infracción ley N° 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-29

Se condena a ALFREDO HÉCTOR RODRÍGUEZ a la pena de tres (3) años de prisión cuyo cumplimiento se deja en suspenso, y a pagar multa y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el de lavado de dinero procedente del narcotráfico, conforme a los hechos que constituyeran materia de acusación fiscal y dejándose expresa constancia de que se imprimió al presente el trámite de juicio abreviado previsto por el art. 431 bis del CPPN (arts. 22 bis, 26, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 55 y 210 primer párr. del CP, 25 de la Ley N° 23.737 -aplicable por ser ley penal más benigna (art. 2 del CP)- y 530, 531 y 533 del CPPN). Luce legalmente acreditado que el imputado integraba junto a los coimputados, una asociación ilícita que se dedicaba a lavar dinero proveniente del narcotráfico internacional, en cuanto a los fondos, éstos se distribuían entre los integrantes para la constitución y compra de sociedades, inmuebles, maquinaria agrícola y rodados, como así también para el desarrollo de la actividad agropecuaria -siempre bajo la apariencia de operaciones realizadas legalmente-; el imputado participó en la constitución de sociedades por medio de las cuales se compraron diversos bienes y realizó tareas de administración, y era referente en las transferencias de dinero. Asimismo, vale destacar que los coimputados reconocieron su participación en los hechos reprochados y admitieron su responsabilidad criminal. Estas confesiones lisas y llanas de los injustos, se encuentran corroboradas por la totalidad del plexo probatorio reunido en el proceso, resultando verosímiles y suficientes para tener por acreditados dichos extremos respecto de los encartados.
Despido con causa, negligencia, instrucción
Materia: LABORAL
Carátula: Suárez Zunilda Amalia c/ S.A.M.E.E.P. s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-04-08

Es procedente el despido con causa dispuesto, ya que, el prurito formal no puede desmerecer la verdad jurídica objetiva que surge de las comprobadas circunstancias de la causa, de lo contrario, la renuncia conciente a la misma determinaría un apartamiento voluntario y con conocimiento de la consideración de datos de hechos que han aparecido en el procedimiento y de los cuales no hay que prescindir. Si bien no hay instrucción de sumario, la actora se ha arrogado atribuciones que no le corresponden, conducta prohibida por el art. 3 inc.a) del reglamento interno de S.A.M.E.E.P.; así resulta clara la violación de la tesorera a las normas reglamentarias, ya que no estaba facultada a autorizar al cajero que se retire de la caja y con dinero de la empresa, poniendo en riesgo el patrimonio de la misma al punto que finalmente se registra el daño. Ni siquiera verificó el monto ni ordenó dejar constancia del cierre de la caja. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de contrato de trabajo, temeridad o malicia, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: C., M.R. c/ P. SA s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-19

"Para determinar si se ha configurado la conducta maliciosa o temeraria a que alude el art. 275 de la LCT, es necesario proceder con suma prudencia y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al solo hecho de que las acciones y defensas hayan sido finalmente desestimadas, ni siquiera que las pretensiones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría coartar la garantía constitucional de defensa en juicio".
Recurso extraordinario, cuestión federal, ley federal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: ISMAEL, ROBERTO ALBERTO c/ TRENTINI JOSE ALBERTO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

Por encontrarse debatida la inteligencia de diversas normas de la ley 21.965 -que reviste carácter federal -, los alcances que fueron otorgados a aquéllas en la sentencia recurrida suscitan cuestión de esa naturaleza, bastante a los fines de habilitar la vía excepcional prevista en el art. 14 de la ley 48, toda vez que la decisión definitiva fue adversa a las pretensiones de la recurrente (Corte Suprema, in re "Teruel, Héctor Osvaldo c/Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/Ordinario", T.193.XXIV, del 4.5.93).
Acción dependiente de instancia privada, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: Villa Antonio s/ Lesiones Culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-19

El citado art.72 del Código Penal, no fija ningún modo específico de instar la acción penal y, por ello, esta puede incoarse con cualquier acto procesal del que, sin hesitación, se extraiga el inequívoco propósito de que la acción prospere. Estas características aparecen con toda nitidez en la voluntaria asunción del rol de particular damnificado, habida cuenta que esta especial figura procesal tiene por excluyente fin coadyugar a la condena del encausado con independencia de que real y efectivamente logre aportar algo en este sentido.
Admisibilidad del recurso, excepción de prescripción, principio de legalidad, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal, pequeños contribuyentes
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GCBA CONTRA ZAVERUCHA IVAN RAÚL PASCUAL s/ EJECUCIÓN FISCAL - ABL - PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Corresponde admitir la queja del GCBA, hacer lugar a su recurso de inconstitucionalidad y revocar parcialmente la sentencia en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción respecto del período 2014. En su recurso de inconstitucionalidad, el GCBA logra plantear con éxito un caso constitucional basado en la arbitrariedad de la sentencia recurrida y en la violación del principio de legalidad. Ello por cuanto el sentenciante consideró que no correspondía aplicar al caso la cláusula transitoria de la ley n° 6195 que disponía la suspensión por un (1) año del curso de la prescripción. Dicha ley, modificatoria del CF t.o. 2019, entró en vigencia con anterioridad a que se cumplieran los cinco (5) años de prescripción del período reclamado. Por tanto, al sumarse un (1) año más, la prescripción de dicho ejercicio fiscal no había operado, porque todavía se encontraba suspendido el plazo original de prescripción de cinco (5) años. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Daños y perjuicios, registro de la propiedad inmueble, Banco Nación, costas, Estado Provincial, responsabilidad del Estado, factores atributivos de responsabilidad, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Buenos Aires, Provincia de (Dirección Provincial del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires) s/ cobro de pesos por indemnizaciónde daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

No es responsable la provincia de los daños y perjuicios derivados de la imposición al Banco Nación de dos condenas en costas pues no media un nexo de causalidad jurídicamente relevante entre la actuación irregular del Registro Inmobiliario y el perjuicio cuya reparación se pretende.
Tenencia de estupefacientes, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: FRAGA, S., CARPINTERO, R y PASCAL, A, s/ proc. y p.p. Ley 23.737 Causa nro. 28.422
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-13

Reiterada jurisprudencia de este Tribunal señala que si en el curso de la investigación no se comprueba la finalidad de comercio de estupefacientes ni tampoco la de consumo personal, habrá de estarse a la figura de tenencia simple, toda vez que ella es el tipo básico una agravante y otra atenuante.
Código aduanero, aplicación temporal de la ley penal, ley penal más benigna, infracciones aduaneras, retroactividad de la ley
Materia: ADUANERO
Carátula: Morcillo de Hermelo, Elena M. c/ La Nación Argentina (ANA.). s/ Demanda contenciosa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-12

En los casos en que la conducta juzgada merece en el Código Aduanero una sanción menos severa que la prevista en la ley vigente a la fecha de cometerse el hecho ilícito, la revalorización de los valores que deben ser tomados en cuenta para establecer multas proporcionales (art. 926 del Código Aduanero) no puede ser soslayada con fundamento en su retroactividad, toda vez que ello no sólo es opone a la regla de aplicación integral de la ley más benigna que impide al organismo recaudador y a los jueces construir una norma con los aspectos más benévolos de leyes sucesivas, sino también la particularidad de no ser el efecto mencionado consecuencia de una norma que lo imponga de manera imperativa.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, interés legítimo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Isidro Germán HERRERA y otros c/ LEDESMA  S.A.A.I. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  - PODER DE POLICIA - PROVINCIAS - FACULTADES  NO DELEGADAS - SALARIOS -  CONTROL  DE  CONSTITUCIONALIDAD - FERIADOS  NACIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

Es abstracta la inconstitucionalidad planteada del decreto reglamentario de una ley provincial, que dispuso el pago de un recargo del 100% sobre los salarios por servicios prestados durante un feriado local, en tanto la decisión impugnada se apoya, además, en la aplicación de las normas que regulan el pago de los feriados nacionales y que por establecer idéntico recargo que el decreto analizado, deja incólume la solución adoptada.