marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sucesiones, inventario y avalúo, partición, preclusión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RONDENA REGINA BEATRIZ s/ Sucesión (LIBRO: A134 - 093)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-06-14

"...tanto la exclusión del crédito de la Sra. Lassalle contra la sucesión, como la inclusión del crédito que las hermanas Rondena entienden poseen contra la sucesión, como el detalle de los bienes muebles, corresponde a la etapa de inventario y avalúo del proceso sucesorio y no a su partición y adjudicación...Mal podría pensarse en liquidar, dividir, partir y adjudicar, sin que previamente haya quedado definido cuales son los bienes hereditarios que deben ser objeto de tales operaciones. La tarea del perito en aquella primera etapa, con, a veces, la ayuda de los herederos o administrador, vía denuncia de bienes, es conformar la masa hereditaria, entendiéndose por tal al conjunto de titularidades transmisibles del causante, la que servirá luego precisamente, en el acto de la partición, para determinar los valores o bienes adjudicables a cada heredero. Pues bien de admitirse la queja, se retrotraería el procedimiento a aquella etapa procesal ya concluída, cuando sabido es que el proceso es un método de debate regulado por normas destinadas a asegurar el orden en su desarrollo y el principio de la preclusión tiene por objeto que los actos que componen su curso avancen y se incorporen definitivamente en el orden previsto y sin retrocesos, de manera tal que sus efectos queden fijados irrevocablemente y puedan, de esa forma, valer como sustento de futuras actuaciones...".-
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, responsabilidad del depositario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LA TERRITORIAL CIA. DE SEGS. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS. s/ TRANSPORTE AEREO: MERCADERIA FALTANTE. MALA CONDICION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-12

El cajón en el que estaban contenidos los relojes fue observado a su ingreso en los depósitos aduaneros por presentar "envase roto", mas registró en tal oportunidad el mismo peso que señalaba la documentación de origen.

Esto lleva a pensar que no obstante el daño exterior, el contenido del bulto permanecía intacto, toda vez que no se ha demostrado, y ni tan siquiera pretendido, que la mercadería faltante hubiera sido substituida por otros elementos de igual peso.

La observación de "mala condición" refiérese al continente y no al contenido; y cuando éste (o mejor dicho el conjunto formado por el envase y la mercadería) conserva su peso, parece juicioso interpretar que la presunción hominis que lleva, cuando sólo se da la primera de las circunstancias apuntadas, a pensar que el daño verificado ocurrió durante la realización del transporte, queda destruída. Y entra a jugar en cambio una presunción distinta, también impuesta por el buen sentido, que indica que si los pesos son idénticos y no se ha comprobado y ni tan siquiera invocado la introducción de elementos extraños, el faltante establecido tiempo después -en el caso, cuando la mercadería llevaba 24 días en el depósito fiscal- no puede ser atribuído a responsabilidad del transportador.-
Derecho contravencional y de faltas, competencia, competencia de paz
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juzgado Mun. de Faltas de Coronel Suárez-Juz. Paz Letrado de Coronel Suárez s/ Conflicto art. 196 Const. prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18

Si la causa contravencional que origina el conflicto se inició y sustanció en los términos del régimen de faltas provinciales (dec.

ley 8031 y sus modificatorias) por infracción a la disposición contenida en el art. 86 del aludido cuerpo legal corresponde resolver el conflicto suscitado en el sentido de que la autoridad competente para el juzgamiento de las infracciones a disposiciones del Código de Faltas de la Provincia (decreto ley 8.031/73 y modificatorias) es el Juzgado de Paz Letrado o, donde no existiera, el Juzgado en lo Criminal y Correccional. (Minoría u opinión personal)
Acto administrativo, revocación del acto administrativo, actos irregulares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Manufactura de Fibras Sintéticas SA (TF 23879-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-15

La facultad de revocar un acto irregular por el propio órgano que lo dictó se desprende, en principio y con las limitaciones impuestas, de lo dispuesto por el art. 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, supletoriamente aplicable, posibilidad que puede ejercerse aún pendiente un recurso (Régimen de Procedimientos Adminsitrativos. Ley 19.549, Revisado, ordenado y comentado por Tomás Hutchinson, 6a Edición, ed. Astrea, pág. 146) (Cons. VI).
Justicia militar, competencia federal, defraudación militar, peculado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Roberto Cilo GUEVARA s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA  - COMPETENCIA MILITAR - DEFRAUDACION -  MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

Toda vez que el tipo del delito de defraudación militar del art. 843 del Código de Justicia Militar no se diferencia en sustancia del previsto en el art. 261 del Código Penal su juzgamiento resulta extraño a los tribunales castrenses, correspondiendo al fuero de excepción en razón de que los hechos investigados tendieron a defraudar el patrimonio de la Nación y afectaron el buen servicio de empleados federales.
Sucesiones, administración de bienes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carusso, Emma Beatriz c/ Castro, Fabián y otros s/ Incidente de fijación cobro canon locativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-15

El artículo 747 del Código Procesal, al reglar las facultades del administrador, restringe sus potestades a la mera realización de actos conservatorios sobre los bienes hereditarios. Salvo acuerdo unánime de los herederos, solo con autorización judicial podrá promover, proseguir o contestar demandas de la sucesión, con excepción de aquellos casos amparados en razones de urgencia, de las que se deberá dar inmediata cuenta al Juzgado.
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Luna, César c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

Si bien es cierto que el Instituto de Previsión Social es quien tiene a su cargo el cumplimiento de los fines del Estado en la materia, siendo por consecuencia el ente administrativo competente para dirigir y administrar los actos inherentes a tales fines, no lo es menos que tal quehacer administrativo debe compadecerse con la situación laboral cuyo reconocimiento debe formular o adecuar el propio Estado provincial como empleador.
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción, competencia, jueces, juez del concurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Calibron SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por gómez, gregorio paulino
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-12

Procede revocar la decisión que suspendió el dictado de sentencia en esta revisión hasta tanto se dicte pronunciamiento definitivo en la demanda que promoverá el concursado por ante la justicia de trabajo. Ello por cuanto, en atención a lo dispuesto por la ley 26086: 4, que modificó la LCQ 21, habiendo deducido incidente de verificación en los términos de la LCQ 32, declarado posteriormente inadmisible, corresponde continuar con el trámite de revisión en sede concursal.

Destácase en tal sentido que el incidente mencionado ha sido equiparado por todas las normas regulatorias a la demanda judicial y la resolución se considera definitiva y posee efectos análogos a la sentencia, tanto a lo que concierne a la cosa juzgada como a los fines del cómputo de las mayorías para la base de eventuales acuerdos.
Concurso preventivo, acreedor, acuerdo de partes, jueces, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gómez de Lobos, Matilde Ana s/ Concurso civil preventivo. Recurso de Inconstitucionalidad (EXPTE   CSJ Nº 763-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

El tribunal no es un mero ejecutor de las decisiones de la mayoría de los acreedores, sino que debe evaluar las pautas que la ley denomina criterios de valoración . Porque, en efecto, en la oportunidad de tener que expedirse acerca de la homologación o no de la propuesta de acuerdo sometida a su evaluación, existe para el órgano jurisdiccional un doble orden de contralor: a) control de legalidad, en punto al cumplimiento de los recaudos formales (publicación de edictos, mayorías legales, propuestas del deudor); y b) control de mérito, según el cual es menester reflexionar acerca de la conveniencia económica del acuerdo propuesto y analizar asimismo, si el deudor -atendiendo a su comportamiento- es merecedor o no de una solución preventiva.
Proceso penal, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, solicitud de investigación, Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MANGINI, FREDDI HECTOR Y VALLEJOS, CESAR RUBEN c/  s/ MALVERSACION DE FONDOS, DEFRAUDACION CALIFICADA, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

Se observa que los plazos de la causa no resultan los esperables, teniendo presente que la Jueza de grado demoró más de seis meses en emitir los fundamentos de su veredicto y el trámite de la apelación también tuvo una duración que se vislumbra excesiva, luciendo tales tiempos desmedidos -incluso teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la pandemia covid-19 ya que sólo restaba la emisión de la sentencia porque la audiencia recursiva se había celebrado en el año 2019-; correspondiendo por tanto se indague acerca de lo acontecido, por lo que debe instarse a la Secretaría de Gobierno de esta Corte Suprema de Justicia para que se inicie una investigación administrativa en el ámbito de Superintendencia a fin de deslindar las eventuales responsabilidades funcionales por la tramitación de la presente causa. (Del voto del Dr. Erbetta)
Intervención de terceros, interpretación restrictiva, intervención voluntaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ENTEL. c/ BAGGINI DE CARRARA VALENTINA. s/ ESCRITURACION. RINALDI, NESTOR HUGO Y OTROS. c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. s/ CONSIGNACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-08|1983-03-15

La intervención de terceros en el proceso es, en principio, de interpretación restrictiva y de conformidad con el principio dispositivo, el actor está facultado para demandar a quien le parezca y a su solo riesgo, por manera que atendiendo a los términos claros y precisos de la demanda y a la oposición de la actora -a quien le corresponde como regla la integración de la litis- no resulta admisible la intervención de la apelante.
Despido, sanción extemporánea
Materia: LABORAL
Carátula: VELAZQUEZ, Marcos Antonio c/ ATAHUALPA S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-02-02

La distancia entre el lugar donde se produjo el hecho que motivó la sanción y la sede de la empresa y el numeroso personal a su cargo, son elementos que hacen variar en cada caso particular el plazo prudencial en que debe disponerse el despido y que, en autos, no enervan los efectos de la injuria invocada al despedir, ya que la empleadora no tuvo inmediato conocimiento de la falta.
Contrato de trabajo, empleo público, personal contratado, pasantías, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: "González Dego, María c/ Ministerio de Trabajo y otro s/ despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-28

Resulta manifiestamente irrazonable dejar sin protección alguna a quien prestó servicios dependientes para la administración pública en forma ininterrumpida en cumplimiento de funciones propias y permanentes de esta última, bajo el ropaje fraudulento de supuestas pasantías, sin encuadramiento en el régimen jurídico de empleo público, ya sea permanente o transitorio, ni inclusión expresa en la LCT o en el régimen de convenciones colectivas de trabajo. En este cuadro de situación, el trabajador afectado queda al margen de la estabilidad del empleado público, y tampoco goza de la protección contra el despido arbitrario. De ahí que resulta justo, prudente y razonable aplicar analógicamente las normas que reglamentan de modo menos intenso la protección constitucional contra el despido arbitrario y reconocerle las indemnizaciones similares a las que percibía un trabajador regido por la LCT en caso de despido incausado o intempestivo. (Del voto del Dr. Zas, en mayoría).
Acreedor hipotecario, privilegios (civil), expensas comunes
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO  DE  PROPIETARIOS  JUAN  RAMÍREZ  DE  VELAZCO 739 c/ DEANTELO, Mirtha y otros s/ EJECUCIÓN DE EXPENSAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-14

El acreedor hipotecario tiene derecho a ser pagado con preferencia al crédito de expensas devengadas con posterioridad a la inscripción de la hipoteca, preferencia que no se ve modificada por el hecho de que el bien, asiento de los privilegios, haya sido subastado en el proceso de ejecución de expensas desde que ello constituye una cuestión ajena al derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro. (Sumario N°20842 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Acción de amparo, jubilaciones, pensiones
Materia: PROCESAL
Carátula: CROCI, MARIA E RETO DE c/ CAJA  DE  PREVISION  DE  LOS  PROFESIONALES  DE  LA  INGENIERIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO      EXPTE NRO 518-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-26

El pago incompleto de la pensión, restringe el ejercicio del derecho de libertad directamente reconocido a las personas en la Constitución Nacional y Provincial a saber: los derechos a retribución justa, salario mínimo vital y móvil, beneficio de la seguridad social integral e irrenunciable, pensión móvil (artículo 14 bis de la Constitución Nacional) y de propiedad (artículo 17 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución Provincial).

En el caso, lo irrisorio de los montos cobrados, afectantes del carácter alimentario del beneficio previsional y por ende de la misma subsistencia, tornan procedente la vía expeditiva del amparo.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Watters, Alfredo s/ Homicidio culposo Timossi, Héctor y otros s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13|2001-10-03

Si bien es cierto que con la expresión "secuela del juicio" la ley "abrazó el sistema de la imprescriptibilidad de la acción en movimiento", durante el sumario no hay acción pues nada se ha demandado. Y no puede "moverse" lo que no existe. Por otra parte, no cabe hablar de "acción en movimiento" si el plenario se ha paralizado -único caso en que puede prescribir la acción-; fuere en sumario y plenario -doctrina amplia- o sólo en plenario -doctrina restringida- la prescripción se produce cuando no hay "acción en movimiento", o sea cuando el proceso no se "desarrolla", cuando no se produce el "efecto dinámico" porque está paralizado.
Competencia por conexidad, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINA S.A. c/ M.C.B.A. s/ AMPARO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

Si existe identidad de demanda y objeto, mas no de sujetos, de conformidad con lo dispuesto por el art. 4º de la ley 16.986, tal supuesto de pluralidad de actores determina la competencia del tribunal que hubiese prevenido.-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Vaquero, Gabriel s/ recurso de queja. Causa: 375
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

No basta la mera alegación de gravedad institucional sino que es necesario probarla. Por ello resulta huérfana de sustento la invocada, si no se acredita que la solución dada al caso compromete el interés general.
Accidentes de trabajo, responsabilidad médica, mala praxis
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, MIGUEL c/ COSECHA COOP. DE SEG. LTDO. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-18

Es justificada la negativa del trabajador a someterse a una nueva intervención quirúrgica cuando está sufriendo la secuela de la anterior, por error en la anestesia se le produjo un neumotorax, y para más, tal operación sólo disminuiría su incapacidad, sin reestablecerla totalmente.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, derechos y garantías constitucionales, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramos Bertrán, Yesenia Pilar c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-05

La referencia ritual a derechos o principios constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente para admitir el recurso, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: MELIAN, CLEOTILDE RAMONA c/ RAMOS, MOLINA s/ ALIMENTOS SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-21

Cuando el apelante no ha urgido el procedimiento y transcurre con exceso el pertinente plazo legal, sin que se inste el proceso para que se elevaran los autos al superior tribunal de alzada, corresponde declarar la caducidad de la segunda instancia.
Concesión administrativa, contrato de suministros, rescisión del contrato administrativo, servicio de agua corriente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARAUJO HORACIO RICARDO c/ OBRAS SANITARIAS TUCUMAN Y OTROS s/ COBRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-21

Luego que, por Decreto Nº 2.270/1 del 10 de septiembre de 1997, el Poder Ejecutivo provincial declarara la rescisión del contrato de concesión del servicio de aguas y desagües cloacales celebrado con la Cía. Aguas del Aconquija S.A. por culpa exclusiva de esta última, la Ley Nº 6.890 (B.O. 03/8/1998) en su artículo 8º estableció que la explotación y mantenimiento del servicio de agua y cloacas hasta el día 01 de diciembre de año 1999, dentro del área geográfica servida por la compañía, podía ser efectuado directamente por la Provincia o a través del gerenciamiento, y que a los fines de este último, el Poder Ejecutivo debía conformar una unidad operativa provincial descentralizada para la prestación de los servicios, bajo su órbita, en forma transitoria y con los empleados de la mencionada empresa que pertenecieron a la ex DIPOS. El aludido artículo 8º de la Ley 6.890 consagraba expresamente el deber del Poder Ejecutivo de "asegurar que cualquiera sea el adjudicatario de los servicios de agua y cloacas de la Provincia, contemple y garantice la continuidad laboral y demás derechos adquiridos de todos los trabajadores sanitarios de Tucumán, establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo y demás normas convencionales vigentes" (cursivas añadidas). A su turno mediante Decreto Nº 1.600/1 de fecha 01 de octubre de 1998, en cumplimiento del precepto legal citado, se creó una "Unidad Operativa Provincial" bajo la órbita del Poder Ejecutivo, de carácter transitorio, integrada con los empleados de Cía. Aguas del Aconquija S.A. que pertenecían a la ex DIPOS, cuyos respectivos sueldos básicos mensuales se indicaban en el Anexo I del decreto. También se dispuso que, mientras durase el gerenciamiento con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) -que se había comprometido a asumir hasta el 30 de abril de 1999 la prestación del servicio- el personal sería colocado bajo la conducción de aquél y su retribución, integrada por el sueldo básico mensual más los respectivos adicionales, debía ser atendida de conformidad a su condición de revista, sin que pueda ser disminuida mientras dure el gerenciamiento transitorio.
Cese de oposición al registro de marca, prueba de informes, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL
Carátula: Marks and Spencer PLC c/ OIL M & S S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-06

Toda vez que la prueba informativa pretendida se encuentra dirigida a demostrar la titularidad de la marca en que se sustenta la oposición al registro de la solicitud de la marca actora, cuestión que se encuentra directa e inmediatamente relacionada con el segundo agravio de la recurrente respecto del que se deberá emitir un pronunciamiento en oportunidad de decidir sobre el fondo del asunto, el Tribunal considera pertinente admitir su producción con el alcance fijado en el considerando anterior, sin perjuicio de la valoración que en su momento se efectúe de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386 del Código Procesal).
Proceso penal, allanamiento, nulidad procesal, acta de secuestro
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de Apelación presentado por los Dres. Soria, María y Lazzareschi Sebastián, en representación de D. P. L. V. en relación a los autos caratulados: D. P. L. V. - A. W., F. D. por hurto calificado en perjuicio de A., C. A. c/  s/ queja por rec. de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-10-03

En el caso, si bien la defensa alega que las actas de secuestro no son válidas, su crítica resulta inadmisible habida cuenta que las órdenes de registro fueron dictadas por un juez, mediando elementos objetivos idóneos para fundar una mínima sospecha razonable, que inequívocamente surge del auto que dispone la medida; en tanto que los moradores de las viviendas allanadas -entre ellas, la propia persona imputada- prestaron aquiescencia al suscribirlas sin hacer algún tipo de cuestionamiento; y nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, máxime cuando ellos fueron producto de una determinada actitud procesal válidamente adoptada en su oportunidad.
Medidas cautelares, Banco Central de la República Argentina, reservas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Camaño,  Graciela  -Inc.  Med.  (3-III-10)  y  otros c/ EN -Dto.2010/09 18/10 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-30

Los legisladores de ambas Cámaras tenían conocimiento de la norma cuestionada desde su mismo anuncio, de manera que no puede sostenerse que, a esta altura, se necesite mayor tiempo para su debate y estudio. Ya se ha discutido bastante sobre ambos decretos de necesidad y urgencia en todos los ámbitos, con amplios aportes de los críticos y de sus sostenedores, sin que, por lo demás, haya habido una actitud ulteriormente obstativa por parte del Poder Ejecutivo para que ambas Cámaras o la Comisión puedieran cumplir sus cometidos. La cuestión está madura y sólo tienen que reunirse ambas Cámaras y aceptar o rechazar el decreto de necesidad y urgencia (art. 23 de la ley 26.122); y nada más.

Entonces, para el caso, y las circunstancias que lo rodearon, lo razonable es que la medida caduque a las 24 hs. del día 31 de marzo (Del voto del juez Coviello, Cons. VII.2).