Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-02-15


MENDEZ, Mario Roberto y otros contra ZAGNI, Carlos y otro Reg.: A y S t 211 p 426-429.

Santa Fe, 15 de febrero del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 10.5.2005 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, en autos "MÉNDEZ, Mario Roberto y otros contra ZAGNI, Carlos y otro -C.P.L.- (Expte. 162/04)" (Expte. C.S.J. nro. 331, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Contra la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe que resolvió rechazar los recursos de nulidad y apelación planteados por la parte accionante, deduce esta última recurso de inconstitucionalidad por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial (artículo 1, inciso 3 de la ley 7055) y ser lesiva de los derechos y garantías de raigambre constitucional que enumera.

En el memorial recursivo afirma que el pronunciamiento impugnado incurre en arbitrariedad normativa al modificar el texto de la ley 22.250, la que reglamenta el trabajo de los obreros de la construcción, puesto que confunde el término propietario del inmueble, al que expresamente refiere su artículo segundo, con la condición de poseedor, inquilino o comodatario.

Expresa que la Sala soslayó considerar la absolución de posiciones de Patricia Méndez, quien manifestó al ser interrogada en relación a la propiedad de la casa donde se llevaron a cabo las refacciones: "... que es cierto que es la casa familiar que el señor Carlos Méndez es el padre del absolvente y que la casa es de propiedad de su abuelo paterno" y ante la pregunta de si Carlos Méndez se quedaba en la casa que se refaccionaba mientras la absolvente concurría por la mañana al trabajo, dijo que "...no es cierto, que no se quedaba el nombrado vive al lado ... los obreros hacían lo que tenían que hacer con la llave que le había dado el arquitecto Zagni...".

Aduce que la ley 22.250 excluye de su ámbito de aplicación al propietario del inmueble y, en autos, de la absolución reseñada surge que el propietario es el abuelo paterno de Patricia Méndez y que esta última pretendió diluir su responsabilidad manifestando que "...supone que el arquitecto Zagni, quien los llevó a la obra y los contrató para que realicen el trabajo", al responder sobre cómo los obreros comenzaron a realizar tareas.

Alega que se encuentra probado que su parte ejecutó actividades propias de la construcción en favor de "los Méndez" (quienes tenían el poder de dirección, complementado por el arquitecto Zagni) y puntualiza, en tal orden de ideas, que la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo (artículo 23, L.C.T.); motivos que la conducen a afirmar la configuración de un supuesto de fraude laboral.

Considera que la Sala, conforme al principio de primacía de la realidad, debió concluir que entre las partes existió un "vínculo laboral dependiente de tiempo indeterminado" y, atento a la subordinación jurídica de los actores, ordenar el pago en razón de lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo, normativa citada supletoriamente por su parte al demandar.

Agrega , por lo demás, que los co-demandados no presentaron ningún contrato de locación de servicio o de obra, ello así, por cuanto no existieron; insistiendo en que la Alzada valoró inadecuada y arbitrariamente la normativa en juego al entender que no existe responsabilidad en razón de considerar propietario a quien no reviste tal condición.

Seguidamente, sostiene que el decisorio incurre en arbitrariedad fáctica al desconocer prueba decisiva para la solución de litis, cual es la absolución de posiciones de Carlos y Patricia Méndez, como así del arquitecto Zagni y, la testimonial de Díaz, vicio que apareja la inmotivación de la sentencia (artículo 95, Constitución provincial).

Tampoco consideró la Alzada que dos de los actores poseían libreta de aportes al fondo de desempleo (según informe IERIC), lo que acreditaba su calidad de trabajadores de la construcción desde tiempo atrás.

Reitera, una vez más, la existencia de simulación laboral y describe cómo funcionan este tipo de vínculos, señalando a tal fin que "se celebran contratos o convenios directamente entre patronos (que los que dirigen, pagan, sancionan, dan las órdenes e indicaciones) asesorados por .... el cómplice oculto (el arquitecto o ingeniero o maestro mayor de obra) que presta su asesoramiento técnico por lo general o bien suministra el personal sin asumir ningún tipo de riesgo, siendo la consecuencia el aprovecharse del estado de necesidad, originando que los obreros que integraban los listados del gremio de la construcción se vean obligados por estricta razones de tipo alimentario ... a proceder a aceptar trabajar bajo condiciones paupérrimas, sin ningún tipo de cobertura..." (sic).

La Sala a quo mediante auto del 3.8.2005 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa de la compareciente ante esta sede.

2. Si bien en el escrito de interposición del recurso se imputa a la sentencia vicios que, formalmente concretan supuestos de denegación del derecho a la jurisdicción, lo que aneja la introducción de cuestión constitucional bastante, no se demuestra de qué modo la recepción de aquéllos, frente a lo decidido por la Cámara, desencadenaría necesariamente una solución distinta a la resuelta.

Es decir, no basta sostener que el pronunciamiento ha decidido la causa conforme a una determinada secuencia de hechos que el litigante estima conducentes a otra solución, pues ello sólo configura disenso, lo que es ajeno a la instancia del recurso deducido.

Tal es lo que ocurre en el sub júdice, en que no obstante invocarse "arbitrariedad normativa" y "arbitrariedad fáctica", de la confrontación de la sentencia impugnada con los planteos de la quejosa surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que la misma pretende otorgarles, se vinculan con lo resuelto por los jueces de la causa, quienes analizaron los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos, y con el que valoraron las pruebas y en función de ello, interpretaron y aplicaron las normas comunes pertinentes.

En efecto, el Tribunal a quo tras analizar la absolución de posiciones de Mario Roberto Méndez, la que da cuenta que el arquitecto Zagni tenía a su cargo la dirección de la obra y que las instrucciones u órdenes eran dadas por "...Cacho o Patricia Méndez..." y, ponderar las restantes absoluciones y testimoniales, las que no varían en lo sustancial tales conceptos, sostuvo que la relación que invocan los actores refiere a la actividad de la construcción, normativa regulatoria que alegaron al demandar y sobre la cual quedó trabada la litis (ley 22.250).

Y, a la luz del régimen que reglamenta el trabajo de los obreros de la construcción, expresó que el mismo excluye, en principio y salvo prueba en contrario, cualesquiera de las hipótesis reclamadas por los actores, ello así en razón que "...hay que determinar si existe relación de dependencia o si el vínculo que se contrae entre el propietario de la obra y los ejecutores de ella se da en el plano del trabajo autónomo.

Si no media esa relación de subordinación, el vínculo se regirá por las disposiciones del derecho común ... En este caso, pues, no hay regulación que los implique en la ley especial, por no mediar contrato de trabajo...". En el supuesto de prestarse locación de servicios por profesión u oficio, el artículo 23 de la ley 22.744 resulta operativo si, además de probarse la prestación de los mismos, se prueba la dependencia, premisa que en la especie no se advierte cumplida, siendo correcto lo resuelto por el iudex a quo.

Tal es la línea de razonamiento seguida por la Sala, frente a la cual la recurrente opone s Se advierte así, la falta de vinculación existente entre los vicios invocados y los fundamentos del fallo recurrido, con lo que en rigor no se observa planteada cuestión constitucional alguna, apareciendo el escrito recursivo como una mera manifestación de disconformidad de la compareciente con lo resuelto por los jueces de la causa, lo que obsta a la concesión del recurso de inconstitucionalidad.

Sólo a mayor abundamiento, cabe reafirmar lo expuesto con lo argüido por la Sala en la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, en cuanto sostuvo que las objeciones a la sentencia impugnada se limitan a discrepar con la valoración realizada por el Tribunal y puntualizó que los agravios señalan que "los actores celebraron con la Srta.

Patricia Méndez y el Sr. Cacho Méndez un contrato de trabajo verbal" y "que es de aplicación tanto la ley 22.250 y en forma subsidiaria la L.C.T.", precisando al respecto, que dichos temas fueron objeto de desarrollo en las sentencias de ambas instancias, juzgando que resulta indiferente quien es propietario, por admitirse la vivienda familiar.

Y en cuanto a los dichos de que "celebraron un contrato que quedaría atrapado por la ley 22.250 con el arquitecto Zagni", señaló la Alzada que ello fue desmentido por la confesión de los actores, la que fuera citada en el fallo recurrido, sosteniendo en resumen, que "lo intentado es la inconstitucionalidad de la ley 22.250, rechazada por jurisprudencia y doctrina mayoritaria al respecto..." (vid fs. 27vta./28).

Las razones expuestas determinan la inadmisibilidad del recurso extraordinario local.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)