Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-08


En la ciudad de Trelew, a los 08 días de mayo del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut bajo la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos A. Velásquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C., M. V. c/ F., P. M. s/ custodia/alimentos" (Expte. nº 21.090 - año: 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 67.----------------------------------------------------------------------------- ------------------ A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: ----------------------------------- I. La sentencia de primera instancia (fs. 41/43 vta.) hizo lugar parcialmente la demanda entablada, otorgando la custodia del menor E. M. F. a su madre y estableció una cuota alimentaria a favor del nombrado fijada en el 20% de los haberes netos que perciba el padre, Sr. P. M. F., como dependiente de la empresa "K.", excluidos únicamente los descuentos de ley, con más las asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias que perciba a favor de su hijo, e impuso las costas al demandado.------------------------------------------------------------- II. El fallo es apelado por la representación de la parte perdidosa, quien sostiene su recurso a través del memorial glosado a fs. 54/56 en el que expresa, en síntesis, los siguientes motivos de agravio: 1) la cuota alimentaria establecida es excesiva e infundada; 2) la actora nada ofreció para demostrar la solvencia económica del obligado; 3) el demandado se presentó a formular una propuesta de alimentos en miras a arribar a un acuerdo con la actora, consistente en un 10% de sus haberes y posteriormente en un 15%, la que no ha sido considerada por el a quo; 4) en esa oportunidad el demandado dijo tener además otro hijo y familia a cargo, aspecto que no fue negado por la actora; 5) se debió ponderar el impacto que la cuota fijada representa en los escasos recursos del alimentante, cuyo haber mensual es inferior al que los organismos oficiales informan como mínimo para que una familia pueda abastecerse y no caer por debajo de la línea de pobreza; 6) dicho impacto será necesariamente distinto para quien ha evitado el reclamo judicial por largos años, como sucede con la actora; 7) el delicado y prudente arbitrio judicial en la determinación de la cuota debiera contener el análisis de estos aspectos y ahondar en la información o producción de algunas medidas que refieran claramente sobre la posición económica de las partes. Cita jurisprudencia y solicita que se revoque el decisorio a fin de fijar la cuota alimentaria en el 15% de sus haberes como la máxima posibilidad de aporte por parte de su representado.------------ III. A fs. 61 obra el acta que da cuenta del fracaso de la audiencia fijada en esta sede por ausencia de las partes.----------------------------------------------------------------- IV. A fs. 63 la Asesoría Civil de Familia e Incapaces contesta la vista conferida ratificando su dictamen de fs. 39, por lo que considera congruente y fundado el fallo en recurso.------------------------------------------------------------------------ ----------- V. Más allá de las argumentaciones vertidas por la parte apelante, los hechos y datos emergentes de estas actuaciones tienen su propia elocuencia a la hora de decidir acerca de la cuestión traída a conocimiento del Cuerpo. Y este material nos muestra una actitud poco comprometida y por momentos francamente elusiva por parte del demandado.---------------------------------------------------------------------- ------- Así, acerca del primer aspecto, puede observarse que desde el nacimiento del menor E. M., su padre se caracterizó por una ausencia y un distanciamiento prolongado respecto de la criatura, no sólo en lo afectivo sino también en cuanto a aportes económicos para su crianza. Estos datos se desprenden de los dichos de la actora -no controvertidos y que, por tanto, cabe presumir verdaderos conforme a las previsiones del arts. 356 inc. 1°, C.P.C.C. a falta de toda prueba en contrario-, y son además reiterados en el informe de la Asistente Social (fs. 24/vta.), que a la par refiere las arduas condiciones del entorno familiar donde habitan el menor y su madre en la actualidad. Por si ello fuera poco, la prueba testimonial (declaraciones de J. A. y J. C. M. - acta de fs. 35/36) corrobora en un todo la versión de la demandante, tratándose de testimonios de alto valor convictivo por provenir de personas que conocen por su percepción directa e inmediata la situación de la madre y del menor (conf. arts. 386, 456, C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- -------- Por otra parte, en el segundo aspecto -de no poca trascendencia, ya que en este orden también corresponde evaluar las conductas observadas por las partes en el proceso (conf. art. 163, inc. 5°, tercer párrafo, C.P.C.C.; su doctrina)-, se advierte que además de haberse frustrado las audiencias conciliatorias preliminares (actas de fs. 2/3) debido a su incomparecencia por las razones que alegara y que no han sido concretamente acreditadas en autos, el obligado tampoco concurrió temporáneamente a estar en juicio, tras ser emplazado y fehacientemente notificado para ello, decretándose en principio su rebeldía (ver cédula de fs.10/vta. - actuaciones de fs. 11/12). Luego, al cesar dicho estado por su posterior presentación en el proceso, formuló una propuesta alimentaria, señalándose audiencia a ese efecto el 24/8/2005, la que fracasó ante la nueva inasistencia del demandado (ver fs. 25). Tampoco concurrió a la citación del Equipo Técnico Interdisciplinario (ver inf. de fs. 24, ya citado).---------------------------------------------- Por último, ausente en la audiencia de vista de causa, concurre a la misma la señora Defensora invocando instrucciones del demandado a fin de ofrecer una mejora de su propuesta inicial, consistente en elevar del 10% inicialmente ofrecido al 15% de sus ingresos como dependiente de una empresa constructora denominada K., mencionando la existencia de otro hijo y de una causa alimentaria y expresando que es todo lo que puede ofrecer ante su situación económica y las cargas de familia que debe afrontar en la actualidad (conf. acta de fs. 35).---------------------------------------------------------------------------- ------------------ De más está decir que según los antecedentes causídicos no se aprecian elementos ni circunstancias que justifiquen un apartamiento del principio general en materia de carga probatoria; esto es, que a cada parte le incumbe acreditar la existencia de los presupuestos de hecho invocados como fundamento de sus respectivas pretensiones y defensas (conf. art. 377, C.P.C.C.).----------------------------- Con esto en claro, opino que en la especie nada explica por qué razón el demandado no concretó oportunamente esta actividad en sustento de las defensas alegadas, y es del caso destacar que la mera mención de otras "cargas de familia" y de causas judiciales referidas a ellas no fue debidamente introducida en la etapa procesal oportuna, por lo que mal podría achacarse al servicio de justicia inacción o molicie en la averiguación de la verdad, tal como parece sugerirse en referencia al ejercicio del arbitrio judicial para la fijación de la cuota en debate (fs. 55, infra). Señalo asimismo que el obligado tampoco arrimó probanza alguna respecto a las aducidas dificultades financieras, a sus recursos hipotéticamente escasos ni al monto salarial que dice percibir en la actualidad.-------------------------------------------- En este sentido, vuelve aquí a adquirir relevancia la mención inicial acerca del comportamiento procesal elusivo y de más que escasa cooperación por parte del demandado, pues bien se ha dicho que antes estos supuestos, el juez "de acuerdo a las particularidades del caso y a la conducta obrada por las partes, reparará en la quiebra del deber de colaboración, haciéndolo jugar contra el infractor al representar un módulo de utilización razonablemente adecuado para arribar a la acreditación de las afirmaciones controvertidas"; esto es, aplicando la directiva procesal emergente del art. 163, inc. 5° ya citado ante la "falta de cooperación activa" (conf. Morello, A.M., "La prueba - Tendencias modernas" - pág. 60/61 - Ab. Perrot, 1991).-------------------------------------------------------------------------- ------- Por otra parte, vista la exigua diferencia pecuniaria que representaría un 5% más o menos en la remuneración alegada por el alimentante, mal podría ella jugar en perjuicio del menor, ya que si se trata de elegir sobre quién ha de pesar el sacrificio económico, no tengo ninguna duda acerca de que en tal caso deben privilegiarse los derechos del menor afectado; mucho más teniendo en cuenta la edad por la que transita (ya próximo a cumplir los nueve años) y las necesidades emergentes de su alimentación, vestimenta y actividad escolar. En esa etapa adquiere gran relevancia y consecuente prioridad la incidencia de una cobertura en todos los órdenes, considerando que se encuentra comprometida su formación física, intelectual y espiritual.------------------------------------------------------------------- Por otra parte, como bien se ha sostenido, quien ha tenido un hijo asume el deber de proveer a sus necesidades, no sólo en interés individual del niño, sino que a través de él aparece también comprometido el interés de la sociedad (conf. Bossert, G.A., "Régimen jurídico de los alimentos " -acáp. 244 - pág. 223 - Astrea, 2004). Acerca de la existencia de otras cargas de fimilia, es oportuno mencionar que "sólo ante el caso de una probada insuficiencia de recursos del alimentante, e imposibilidad de incrementarlos" -expresa luego el autor- "se aplicará un criterio restrictivo al fijar la cuota correspondiente a cada alimentista" (autor y ob. cit., pág. 229); mas debe recordarse una vez más que en principio, como ya se dijera, cuando la parte actora crea razonables presunciones acerca de las posibilidades del alimentante, corresponderá al obligado producir la prueba en contrario, pues en diversos pronunciamientos se ha señalado que "el demandado en juicio de alimentos está obligado a prestar la colaboración necesaria a efectos de que queden demostrados sus reales ingresos" (autor y ob. cit., pág. 465 y fallos allí citados).----------------------------------------------------------------------- --------------------- Por último, no hay en el expediente ningún elemento indicativo de la real imposibilidad del obligado para proveer a la satisfacción de la cuota fijada, pues como bien se ha sostenido, la posibilidad económica del alimentante no es lo determinante para establecer el monto de la cuota sino sólo un parámetro para ello, ya que también deberá tenerse en cuenta la potencial aptitud del alimentante para aumentar y obtener nuevas fuentes de ingresos (conf. CNCiv., sala K, 21-12-92 - L.L. 1994-C, 91). De tal modo, siendo que, a estar a sus dichos, la diferencia a cubrir en la especie rondaría el orden de los $ 30.- (5% de $ 600.- mensuales) cabe inferir, según las máximas de la experiencia integrantes de la sana crítica racional (conf. art. 386 C.P.C.C.; su doctrina) que el demandado estará en condiciones de arbitrar los medios a través de alguna actividad adicional que le permita incrementar sus ingresos y así subvenir en esa medida -visiblemente exigua- dicha carga familiar.----------------------------------------------------------------------- -------------- V. Como síntesis de todo lo expresado hasta aquí, considero que la sentencia merece ser confirmado en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas en la Alzada a la parte recurrente (conf. art. 68, C.P.C.C.), fijándose los honorarios profesionales de la letrada actuante en esta sede, Dra. A. B., en el 3,8% del monto del proceso (arts. 6, 7, 9, 14, 47 y conc., Ley 2.200).-------------------------------- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.-------------------------------- --- A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso: --------------- En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos realizara el ponente.---------------- Nada novedoso añadiré a la argumentación que el prevotante desarrollara en sustento de su sufragio. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), basta con formular las consideraciones siguientes.--------------------------------------------------------------------- - I.- En cuanto a lo magro de la prueba sobre el caudal económico del alimentante y la carga de aportarla al proceso, recordaré que en esta especie de litigios las probanzas deben valorarse con criterio amplio y favorable a la prestación cuya fijación judicial se persigue, pesando sobre el demandado por alimentos, si se halla en disidencia con lo pretendido por la parte actora, la carga de arrimar a la causa los elementos de juicio tendentes a revertir los hechos invocados en la demanda (confr.: Arazi - Rojas, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación...", Rubinzal - Culzoni 2001, III-244, n° 9 y sus citas de jurisp.).---------------- Por lo demás, considero que en estos supuestos el "onus probandi" de la alegada escasez de recursos se redobla, si cabe, en cabeza del demandado. Es que cuando una de las partes se encuentra en mejores condiciones de suministrar la prueba, porque dispone del medio de acceso a la fuente más adecuado y directo -aquí el simple expediente de aportar recibos salariales-, ella soporta la carga de acreditación. En efecto, superando el antiguo criterio, rígido e individualista, que para distribuir el "onus probandi" tenía en cuenta exclusivamente el interés personal de cada parte en acreditar el supuesto fáctico de aplicación de la norma que la favorece, modernamente se atiende en este ámbito también a otros valores en interpretación armonizante de todos ellos, entre los que se cuenta el principio de colaboración en el acertamiento de los hechos -esencial para el resultado del proceso-, enraizado a su vez en el de la buena fe que nuestra Ley de Enjuiciamiento consagra en su art. 34 inc. 5° apdo. "d". Ante el comportamiento del litigante que ni siquiera contesta la demanda (fs. 12) -o que al hacerlo se limita a la fácil negativa-, mas falta a su deber de colaboración activa, tal conducta obrada debe ser atendida por el juez en los términos del art. 163 inc. 5° apdo. 2° cód. cit., módulo de razonamiento adecuado para arribar a la convicción sobre la verdad de las afirmaciones controvertidas (esta sala, c. 15.714 S.D.C. 7/00, c. 18.396 S.D.C. 10/03).------------------------------------------------------------------------- --- II.- Atinente a la invocada exigüidad de los ingresos del demandado, debo destacar que cuando se trata de alimentos en favor de hijos menores el padre no puede ampararse en la insuficiencia de sus ingresos para atender las necesidades de aquéllos, pues las responsabilidades que la patria potestad le imponen lo constriñen a realizar todos los esfuerzos necesarios para atender esas prestaciones, exigiéndole aumentarlos en procura de otros medios que lo coloquen en situación de contribuir adecuadamente a la manutención de los hijos, uno de los principales deberes en el recto ejercicio de la patria potestad, que ni siquiera puede eludirse en caso de ser probado el desmejoramiento económico (confr.: C.N. Civ., sala "I", 17/11/98, autos "L., A. E. y otro c/ M., J. C. s/ alimentos", en "Revista de Derecho Procesal", año 2002 - 1, Rubinzal - Culzoni 2002, pág. 416).------------------------------ III.- Tocante a la existencia de otros cargas familiares que inciden sobre las disponibilidades del demandado, corresponde señalar lo extemporáneo de tal alegación que, por tratarse de una defensa, hubo de formularse al contestar el traslado de la demanda y no, ya decaído el derecho a hacerlo, en la presentación posterior de fs. 14 (arts. 98 de la ley 4.347 y 356 regla 1era. C.P.C.C.) .----------------- Conforme a los principios dispositivo y de contradicción y su consectaria la teoría de la sustanciación, a los que nuestro ordenamiento procesal adhiere, es a la parte demandada a quien toca proporcionar los datos fácticos delimitadores de sus defensas (confr.: Guasp, "Derecho procesal civil", 3era. ed., I-227). Mas esa actividad está sometida a un requisito temporal: ha de verificarse en determinado momento, pasado el cual la alegación se torna inaudible dentro del vigente procedimiento preclusivo. Pasada esa precisa oportunidad, la "litiscontestatio" ya no resulta susceptible de modificaciones y al juzgador no le es dado exceder el marco que ella traza sin incurrir en el vicio de incongruencia (arts. 34 inc. 4º y 163 incs. 4° y 6º C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- ------- ---- Extemporánea por tardía la tal alegación, ella entonces no conformó cuestión integrante de la relación procesal y a la sentenciante de la otra instancia le quedó vedado ocuparse de ella, so pena de quebrantar el principio de congruencia si lo hacía, como igualmente le está prohibido hoy a la alzada a tenor de lo dispuesto en el art. 277 C.P.C.C. ("secundum allegatta iudex iudicare debet").------------------------- Ya a mayor abundamiento pondré de relieve que más tarde el demandado manifestó que el dato de su supuesta carga de alimentar a otro hijo surgía de un expediente judicial en trámite (fs. 35). Si bien la prueba de una causa puede consistir, de acuerdo a la previsión del art. 376 cód. cit., en constancias de otros expedientes judiciales no terminados, la aquí mencionada resulta lisa y llanamente inatendible por dos coincidentes razones. De un lado, porque fue esa otra actividad procesal extemporánea, en tanto la prueba en este proceso sumario de alimentos debía ofrecerse al contestar la demanda (arts. 122 y 123 inc. "b" de la ley 4.347). Del otro, porque el atender a tal clase de probanzas tiene por requisito que la parte interesada en hacerla valer agregue al ofertarla testimonios o certificados de las piezas pertinentes, lo que en la especie no hizo (art. 376 C.P.C.C., ya cit.). Por cierto que es facultad del magistrado, según la última norma indicada, el requerir el expediente de que se trate en oportunidad de llegar los autos a estado de sentencia, mas esa potestad judicial no debe ser ejercida para suplir las omisiones de los interesados (confr.: Cám. 2da. Apel. La Plata, sala II, c. 90.926 y 93.445, cits. por Morello y otros, "Códigos Procesales...", 2da. ed., V-A-138), como aquí lo fue la falta de ofrecimiento oportuno de pruebas.----------------------------------------- IV.- Tales razones, concordantes con las vertidas por el colega antes sufragante, me conducen a concluir que el fallo apelado debe ser confirmado en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de alzada al recurrente vencido en ella (art. 68 C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- -- Coincido también con el Dr. Ferrari en punto a los honorarios que propusiera regular por las labores profesionales de alzada, pues los hallo acordes con la extensión, calidad y resultado de ellas (arts. 6, 7, 9, 14, 25 del dec.-ley 2.200).--------- Me expido así en esta cuestión por la AFIRMATIVA.---------------------------------- A LA SEGUNDA CUESTION, el Dr. Ferrari expresó: ------------------------------- En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR el decisorio apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso. II) Con costas en la Alzada a la parte recurrente, fijándose los honorarios profesionales de la letrada actuante en esta sede, Dra. A. B., en el 3,8% del monto del proceso.------------------------------------------------------------------------ -------- Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------- --- A DICHA CUESTION FINAL el Dr. Velázquez respondió: ------------------------ El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, acorde con la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre la cuestión precedente.--------------------------------------------------------------------- ---------------- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Juan Humberto Manino (art. 8 Ley 1130, Textos Ley 4550).------------- --- Trelew, 08 de mayo de 2006----------------------------------------------------------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; por mayoría, pronuncia la siguiente:---------------------------------------------------------------------- ------------------- S E N T E N C I A: --------------------------------- --- CONFIRMAR el decisorio apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso. ---- IMPONER las costas en la Alzada a la parte recurrente, fijándose los honorarios profesionales de la letrada actuante en esta sede, Dra. A. B., en el 3,8% del monto del proceso.-------------------------------------------------------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------------------------------------------------ Fdo: CARLOS DANTE FERRARI - CARLOS A. VELAZQUEZ REGISTRADA BAJO EL Nº 21 DE 2.006 - SDC.- Conste.- c.