marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo no registrado, interpelación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mecher, María E. s/ Incidente de verificación tardía en autos 'Bocchio, Eduardo.  Concurso preventivo'
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-16

Los presupuestos previstos en el art. 11 de la ley 24.013 son claros y su cumplimiento imprescindible para que el trabajador acceda a las indemnizaciones que contempla el precepto de marras.
Intereses, tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: LUMBRERAS,  Nélida  Irene  y  otro c/ GODOY, Rosendo Modesto s/ EJECUCIÓN (REPETICIÓN).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-22

Cuando el capital se fija al momento de la mora -en el caso, en el momento de la celebración de un acuerdo-, corresponde aplicar desde allí y hasta el efectivo pago la tasa activa cartera general (préstamos)nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. No corresponde hacer distinción alguna, pues en la especie no se consagraría una alteración del capital tal como puntualmente prevé la parte final de la doctrina plenaria fijada en autos "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios" del 20/4/2009, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal.

(Sumario N°18959 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Prescripción, plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sosa, Segunda M. c/ Confederación General del Trabajo de la República Argentina y Otra s/ Restitución de lo pagado y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-12-18

La Cámara ha aplicado correctamente el artículo 509 del Código Civil pues ha partido de la calificación de la obligación principal como de plazo incierto e indeterminado y a cuyo incumplimiento se encontraba supeditada la obligación de restituir el dinero abonado por los preadjudicatarios para la concreción del plan de vivienda.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Pallas, Marcelino s/ Abuso de armas y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

Es insuficiente el agravio en el que se atribuye interés a un testigo si no se intenta demostrar (indicando al menos el origen de su afirmación) la existencia de las circunstancias de hecho en que se basa.
Decreto de necesidad y urgencia, reducción salarial, entes públicos no estatales, personal contratado, derechos del trabajador, medida de no innovar
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL-PROCESAL
Carátula: ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE ATENCION MEDICA INTEGRAL Y AFINES APPAMIA c/ ESTADO NACIONAL PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-31

Si la relación que une a los actores con el organismo estatal que los emplea, no es de derecho público sino un contrato de trabajo similar al que vincula a trabajadores con sus empleadores privados, no resulta fácil fundar en derecho una medida de no innovar ante una rebaja de salarios, aún en el caso de ilegalidad de tal rebaja. En tal supuesto, el trabajador privado tiene a su disposición el despido indirecto (arts 242 y 246 LCT) y aún ante la crisis de empleo - pública y notoria- puede reclamar la diferencia de salarios durante todo el lapso de la prescripción o iniciar una acción meramente declarativa (art 232 CPCCN). Esto es así porque en el marco del contrato de trabajo, y salvo casos excepcionales como el de la garantía sindical, los incumplimientos en materia salarial no se previenen con medidas cautelares coercitivas. (Del voto del Dr.

Guibourg, en minoría).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Bertolotti, Carlos Angel c/ Ripoll Hnos. S.A.C.I.F.I.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

Dependiendo el reconocimiento y fijación de la indemnización por daño moral del arbitrio judicial, la suma que en uso de facultades privativas determine el tribunal del trabajo no puede conmoverse sólo con la discrepante apreciación del recurrente, toda vez que es a los jueces de grado a quienes corresponde evaluar en principio la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica configurativa de aquél.
Prueba testimonial, declaración testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Castro, Graciela Angélica c/ Marchi, Liliana y-o Quien Resulte Propietario o Responsable deMercado "Las Dos Hermanas" s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-05

Cuando se trata de probar un hecho sólo por prueba de testigos, las declaraciones tienen que ser categóricas, amplias, sinceras, con razón de sus dichos y convincentes a tal punto que no deje duda alguna en el ánimo del juez.
Recurso contencioso administrativo, personal municipal, régimen jubilatorio, aplicación de la ley, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE GALVEZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-30

En relación a los establecido en el invocado artículo 42, última parte, de la ley 2756, cabe señalar que esa disposición abarca únicamente a los secretarios nombrados por el Intendente, por lo que no incluye al resto de los funcionarios mencionados por la actora y la opción prevista para los secretarios debe entenderse ceñida al caso de que la municipalidad en cuestión contase con un régimen previsional propio; y aun si hipotéticamente la Municipalidad actora contase con un sistema propio y se admitiese que los secretarios municipales tienen la opción de no aportar al sistema municipal, lo cierto es que ello no podría conducir sin más a entender que tales funcionarios están excluidos de cualquier régimen de jubilaciones y pensiones, sino que en tal supuesto tendrían que hacer aportes y el Municipio debería contribuir a la Caja provincial, conforme se deduce de lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 6915. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 2756, artículo 42, última parte; Ley 6915, artículo 2.
Abandono de trabajo, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: Benitez, Ysidro Orlando c/ Osram Argentina S.A.C.I. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

La intimación a que se refiere el art. 244 de la ley 20.744 (t.o.) obliga al trabajador a expedirse sobre las posibles causas o razones que pudiera tener para no concurrir a prestar sus tareas.
Beneficios previsionales, impuesto a las ganancias, pago retroactivo, retenciones impositivas, competencia previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SANCHEZ EDUARDO NESTOR s/ Incidente c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-04

Si está en juego la integridad del haber previsional -como en el caso de retenciones por aplicación del impuesto a las ganancias-, el vínculo que existe entre el derecho prestacional y su concreción económica razonable deviene inescindible, por lo que cuando un factor exógeno lo alterara y un magistrado fuese convocado por su titular para restablecerlo en su integridad, éste no podría resignar su competencia sin riesgo de incumplir un deber funcional primario atinente a la potestad jurisdiccional que ejerce por mandato constitucional y legal sobre una materia jurídica específicamente contemplada por la Ley Suprema (C.N. art. 75 inc. 12). No hay dudas que es el juez de la seguridad social el que debe velar por la protección de cualquier prestación vinculada a esta materia cuando, como en el caso, su poder adquisitivo fuera afectado por una quita, de tal suerte que resultaría, en principio, vedada cualquier abdicación competencial que implicara derivar la solución de un caso concerniente al derecho de la seguridad social, a un juez con competencia ajena a esta materia. Si ello sucediera, la protección convencional y constitucional sobre estos derechos sensibles o menesterosos de protección -como los denomina el gran jurista platense Roberto O. Berizonce- se esfumaría de manera irremediable.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lopez Vilas, Carlos Adolfo c/ Zanelli, Miguel Angel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

La interrupción de la prescripción causada al interponer la demanda contra uno de los deudores solidarios, puede oponerse a los otros integrados posteriormente al juicio, en virtud de la ampliación de la demanda.
Responsabilidad solidaria, subcontratación laboral, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO SAMUEL SANTIAGO c/ GONZALEZ MIRIAM Y OTRO s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO Y COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-08-05

Para que exista solidaridad frente a las obligaciones laborales es menester que una empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen si actividad normal y específica, de modo tal que exista una unidad técnica de ejecución entre empresa y contratista.

De esta manera, si para el proceso productivo o servicio que una empresa brinda, el trabajo efectuado por los empleados que provee el subcontratista se incorporan a la cadena de ejecución, tal el caso de quienes siendo empleados de la subcontratista, reciben supervisión y ordenes de la empresa, puede afirmarse que existe el marco de responsabilidad solidaria que establece el art. 30 de la LCT.
Financiamiento de los partidos políticos, competencia
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: Mosquera, Susana Graciela s/ denuncia electoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-21

Están al margen de las sanciones establecidas en la ley 268 las maniobras delictivas que puedan haber tenido lugar al administrar los fondos que el partido recibió en concepto de aportes públicos y privados para la campaña electoral. (Voto de la Dra. Ana María Conde, al que adhieren los Dres. Luis F. Lozano y José O. Casás).
Terceros, intervención de terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salome, David G. y ot. c/ Berridi, Leonardo R. s/ Cobro de pesos ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

La intervención adhesiva simple, también denominada "coadyuvante", se verifica cuando un tercero, en razón de tener un interés jurídico coincidente con el derecho alegado por cualquiera de las partes originales, participa en el proceso con el objeto de coadyuvar al éxito de la presentación o de la oposición. (Minoría u opinión personal)
Sanciones procesales, falsificación de documentos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Amil, Andrés A. s/ RECURSO DE HECHO - QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

Imputar a un magistrado la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y adulteración de documento público excede en mucho el normal ejercicio del derecho que tienen los litigantes de señalar presuntas irregularidades en el ejercicio de la función judicial, por lo que resulta justificada la multa impuesta.
Recurso de queja (procesal), fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ROJAS, JUAN Y OTRO s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-01

Carece de fundamentación autónoma el escrito que no efectúa una relación prolija y circunstanciada de los hechos y de toda referencia especifica a los términos del fallo recurrido.
Caducidad de instancia, beneficio de litigar sin gastos, declaración de oficio, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOLA,  FELIPE  CARLOS c/ SPINZO,  VICENTE  MIGUEL  Y  OTROS s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-28

Resulta improcedente declarar oficiosamente la perención de instancia en un beneficio de litigar sin gastos cuando, -como en el caso-, si bien transcurrió el plazo previsto por el art. 310 inc. 2 del C.P.C.C.; sin embargo, se verifica que el propio magistrado había establecido que las declaraciones testimoniales ofrecidas como prueba serian recibidas por el tribunal dos meses después de la declaración oficiosa de la perención. Ello pues, en tal situación el principal impulso de las actuaciones dependía de una actividad del tribunal de primera instancia: no era factible avanzar en lo sustancial con el procedimiento, por decisión del propio magistrado (Conf. C.P.C.C. art. 313-3°).
Impuestos, Impuesto sobre los ingresos brutos, Estado Provincial, Transporte
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Microómnibus  Quilmes S.A.C.I.F. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

En lo que se refiere a las modalidades de servicios de transportes diferenciales y expresos diferenciales no existe restricción alguna para la determinación de las tarifas por parte de las empresas prestatarias por lo que al no existir impedimento alguno para que la actora incorpore dentro del precio de sus pasajes la gravitación del impuesto a los ingresos brutos, no se verifica uno de los presupuestos insoslayables para invalidar la pretensión fiscal provincial.
Daños y perjuicios, apología del delito, sedición, rebelión, ofensas cometidas por medio de la prensa
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ daños y perjuicios - sumario. Resolución N° 4015/2017 del 5 de diciembre de 2017 - Declaración de incompatibilidad respecto de la sentencia dictada por la CorteIDH el 29 de noviembre de 2011, Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Si la publicación es de carácter perjudicial y si con ella se difama o injuria a una persona, se hace apología del crimen, se incita a la rebelión o la sedición, no pueden existir dudas acerca del derecho del Estado para reprimir o castigar tales publicaciones (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Tribunal colegiado, voto de los jueces, sala del tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., L.A. s/ Abuso Sexual a J.B.L.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-11

Con respecto al número de jueces que deben conocer en la revisión especial, puede leerse en el fallo "LEIVA" que la creación de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (como se sabe, posterior a la reforma constitucional en el Chubut) y sentada la doctrina legal de la Corte Federal con respecto a la revisión cabal, bastará el conocimiento de la Sala Penal.

Esto es, en ausencia de recurso de la defensa, el artículo 179, inc. 2 debe aplicarse in bonam partem y la especialidad de la Sala Penal desplaza la plenitud de la integración, manteniendo el deber de revisión integral de la sentencia de mérito.
Trabajador, remuneración, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ovalle, Juan Carlos c/ Coop. Agrícola Lucienville Ltda. s/ Horas extras y otros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-30

Tratándose de diferencias salariales por diferente categoría, pesaba sobre el actor la carga de probar su desempeño, resultando insuficiente las declaraciones de testigos que dicen que era "encargado" pero no aportan ningún dato preciso que demuestre inequívocamente, que se desempeñó en la categoría prevista en el art. 6 del C.C. 244/94.
Aplicación de la ley, accidentes de trabajo, cómputo del plazo, prescripción, costas en el orden causado
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Pinilla, Rafael Andres c/ Horizonte Compañia Argentina de Seguros Generales S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-04

Las costas devengadas en ambas instancias se imponen en el orden causado, considerando que el actor pudo haber considerado que estaba habilitado a ejercer la acción (arts. 17 L.921 y 68, 2da. parte del CPCyC).
Actuaciones administrativas, prueba documental, instrumentos públicos, valor probatorio, recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, cuestiones opinables
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Cooperativa de provisión de agua potable de Alcorta Ltda. (C.A.P.A.L.) c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de australes. Ordinario   (Expte. CSJ Nº 13-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-08-18

En los supuestos en que acciona o demanda la Administración, la prueba documental es de vital importancia en virtud de que su actividad se expresa, predominantemente, de forma documental o documentada. La documentación es casi una condición del comportamiento de los órganos públicos. Pero tanto en la doctrina como en la jurisprudencia existen posiciones encontradas en relación a la naturaleza y eficacia probatoria de los expedientes administrativos. Así, mientras cierta corriente civilista le atribuye naturaleza de instrumento público a las actuaciones administrativas (Salas, Llambías, Spota, entre otros), quienes se enrolan en la postura administrativa han sostenido que los documentos que dan cuenta de la actividad administrativa, elaborados por agentes en ejercicio de sus funciones, no son instrumentos públicos y que tampoco son instrumentos privados, por no ser privadas sus actuaciones (Fiorini): son "documentos oficiales", o administrativos conforme la terminología propuesta por algunos autores o en otros ordenamientos. En esta línea, constituyen pruebas escritas que se presumen documentos auténticos mientras no se pruebe lo contrario. Hacen sólo fe de su otorgamiento, de la fecha y eventuales declaraciones de funcionarios, pero no hace falta la tacha de falsedad para desvirtuarlos y pueden ser destruidos por otra clase de acreditaciones: tal una pericial.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Krieger   Saturnino  como  curador  definitivo  de  Emilio  Krieger s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-06-15

La "arbitrariedad", como soporte del recurso federal, es una creación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este Alto Tribunal Federal es el que debe justificar la presencia de la tacha en los actos judiciales, solo pueden considerarse arbitrarios aquellos pronunciamientos jurisdiccionales que carezcan de todo fundamento o se apoyen únicamente en la voluntad o capricho de los Jueces.
Causa de las obligaciones, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: Gajardo, Jorge Alberto c/ Sedamil SACI s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-16

El enriquecimiento sin causa se trata de un desplazamiento patrimonial verificado en beneficio de una persona. Como tal, entre sus requisitos se cuenta el enriquecimiento del demandado frente al empobrecimiento del accionante.
Ejercicio profesional, trabajadores de la salud, médicos, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: MEDRANO, JULIO A. c/ CENTRO MEDICO SANTA FE SCA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-15

La prestación del médico consistente en tener su consultorio abierto a los afiliados de la clínica en determinados dias y en un determinado horario no es configurativa de un contrato de trabajo.
Depreciación monetaria, expropiación
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ ELENA ETCHEVARNE Y OTROS s/ EXPROPIACION.    DEPRECIACION MONETARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30

Es descalificable el pronunciamiento que desestimó la solicitud de reajuste del importe entregado por la expropiante.
Estupefacientes, requisa del automotor, fundamentación insuficiente, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Barrojo, Luciano Nicolas c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

Ante la presunción de una eventual infracción a la ley 23.737, y ante la presencia de testigos de actuación, se efectuó el secuestro del material y del teléfono celular que portaba el nombrado y se hicieron pruebas orientativas de campo que dieron positivo a la presencia de marihuana, circunstancias que justificaron razonablemente la requisa del vehículo sin orden judicial donde finalmente se halló material estupefaciente (arts. 184, inc. 5, y 284 CPPN), el relato de los preventores dio cuenta de las circunstancias que los llevaron a advertir la posible comisión de un delito y dichos extremos, en definitiva, habilitaron la inspección practicada (art. 230 bis "a" e in fine CPPN). Es válido el secuestro del celular y posterior peritaje en tanto los impugnantes no lograron rebatir con éxito la fundamentación del a quo al rechazar el planteo, al no demostrar que se hayan visto impedidas de controlar la prueba de cargo producida con los peritajes cuestionados o proponer otras medidas ni que, consecuentemente, se haya visto afectado con ello el derecho de defensa en juicio.

Fuente del sumario: OFICIAL
Recurso extraordinario, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Castro  María del Carmen c/ PEN Ley 25.561 -Dtos.1570/01 y 214/02S/ s/ mparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-01

"Que cabe señalar que si bien este Tribunal al rechazar el recurso extraordinario articulado por el Estado Nacional impuso las costas al recurrente, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de abrir la queja interpuesta por el mismo codemandado, importa la revocación de la referida resolución, debiendo estarse a lo dispuesto por el Máximo Tribunal en punto a las costas de la tercer instancia, que comprende la presentación del recurso extraordinario finalmente admitido (fs. 605/606 vta.). En consecuencia, atento la imposición de las costas por su orden que decidió el Superior, no deben regularse honorarios a favor de la actora por la contestación del recurso federal del demandado mencionado".
Recurso de casación, proceso judicial, deberes del juez, verdad jurídica objetiva, deber de esclarecimiento, Pacto de San José de Costa Rica, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: G. R., M. J. s/ Quiebra fraudulenta impropia s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

"El razonamiento expuesto es conteste con la interpretación amplia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene realizando de los arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos - derecho a una tutela judicial efectiva -, entre cuyas garantías cabe incluir el derecho a la verdad, el deber de investigación (caso 'Hermanas Serrano Cruz') y el derecho a un recurso efectivo..." Es que "el primer recurso que el Estado debió haber suministrado era una investigación efectiva y un proceso judicial tendientes al esclarecimiento de los hechos [y] la sanción de los responsables", ya que "el derecho de acceso a la justicia no se agota en que se tramiten procesos internos, sino que debe además asegurar en tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables.
Sucesiones, derecho de habitación del cónyuge supérstite
Materia: CIVIL
Carátula: Pianciola, Eduardo Alberto s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-06

La existencia de un derecho real importa, en principio, su oponibilidad "erga omnes", afirmada en el carácter de orden público que tienen básicamente las normas que organizan esta clase de derechos subjetivos. Verificada la existencia de los requisitos exigidos por el art. 3573 bis del Código Civil - derecho real de habitación de la cónyuge supérstite -, los terceros, en su caso los acreedores de uno de los coherederos, carecen de legitimación para cuestionar el derecho de hacer uso de la facultad que le reconoce la ley al beneficiario.