Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-26


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 26 días del mes de abril del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "H. A. S.A., C. D. V. S.R.L. y C. S. S.R.L. U. T. DE E. (UTE) c/ A.C.S.P.O.Ch. s/ CONSIGNACIÓN JUDICIAL", Expte. No. 14.345/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nro. 1 (Expte. No. 14.345/04), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 2171), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 2112/2116 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada a fs. 2126 por la parte actora y a fs. 2127 por la parte demandada la sentencia de fs. 2112/2116, habiéndose concedido a fs. 2128 los recursos libremente y en un solo efecto.

El fallo cuestionado, en la parte que aquí interesa, determinó hacer lugar a la demanda y autorizar a la actora H. A. S.A., C. D. V. S.R.L. y C. S. S.R.L., U. T. de E. (UTE) a consignar judicialmente los pagos que debe abonar a la demandada A. de C. y S. P. d. O. del C., por los montos, conceptos, modo y condiciones establecidas en el punto tercero de los considerandos.

El punto tercero de los considerandos (fs. 2115vta./2116) expresa que "Por ende, corresponde hacer lugar a la demanda de consignación judicial promovida en estas actuaciones, autorizando la misma por la deuda de la actora por los primeros diez días del mes de marzo del 2000, según lo indicado en el punto 64 del escrito de demanda (fs. 1836) y constancia documental de fs. 1798, entre otras. Todo ello hasta tanto sea dirimida por vía judicial o extrajudicial la cuestión de fondo... Pero en mérito a lo expresado en el último párrafo del punto segundo de los Considerandos que anteceden y visto la falta de asesoramiento del juzgador, no corresponde hacer lugar a la petición formulada por la actora en el punto 65 de su escrito de demanda, en que solicita que al admitirse la consignación judicial se declare la extinción de toda obligación de pago respecto de la demandada. Acceder a ello sería una ligereza judicial, que iría en desmedro del justo tratamiento de equidad con que el juez debe considerar a las pretensiones de las partes en conflicto ... Por tanto, los fondos depositados en el Banco del C. S.A. pertenecientes a estos autos y a la orden del tribunal, según constancias de fs. 1822 y los intereses que hubieren devengado conforme fueran autorizados a colocarlos a plazo fijo, de acuerdo, con la resolución de fs. 1893, serán tomados como pago real y extintivo de la deuda que la actora mantuviera con la demandada por el período de prestaciones señalados en el punto 64 del escrito de demanda (fs. 1836) y así lo declaro.

I.A-1) A fs. 2147/2150 obran glosados los agravios expuestos por la parte apelante actora, centrando los mismos en el rechazo del a-quo de lo solicitado en pto. 65 de la demanda, sintéticamente: a) si eventualmente el sentenciante consideraba que la prueba producida no alcanzaba para adoptar una decisión lo que hubiese correspondido es admitir o desestimar todas las pretensiones, pero bajo ningún punto de vista diferir para otro juicio cuestiones que debieron resolverse ya que la obligación de los jueces es fallar las causas sometidas a su decisión y no diferir las cuestiones planteadas para otro juicio y b) arguye que no existió en realidad obstáculo alguno para que el fallo concretara la declaración pedida en dicho punto ya que la admisión de la demanda demuestra palmariamente que lo consignado era lo en definitiva adeudado, o sea que no tuvo duda alguna el sentenciante sobre cuál era la naturaleza y monto del crédito de la demandada con la actora que esta última consignó ante la negativa de aquella a percibir el importe de la acreencia. Plantea la reserva del caso federal a fs. 2150 A fs. 2166/68 contesta agravios la parte demandada.

I.A-2) A fs. 2160/2164 expresa agravios la apelante demandada, solicitando la revocación y eventualmente la nulidad del fallo atento una seria violación al principio de congruencia.

Advierte que en ningún momento la actora pretendió que la consignación judicial lo fuera por el período que indica el sentenciante sino muy por el contrario la pretensión es que con el monto depositado quede cancelado todo crédito que existiere a favor de la accionada, es decir no respecto del período de diez días de marzo del 2000 a los que refiere el juez de grado sino todos los períodos del vínculo contractual que unió a las partes, conforme emerge de lo peticionado en los ptos II y III, ap. 65 del escrito de demanda. Precisa contradicciones que entiende tiene el sentenciante y que hizo que no decidiera lo que era precisamente la cuestión de fondo del pleito. Reitera el pedido de nulidad de la sentencia.

Se agravia, asimismo, por considerar falsa e injustificada la afirmación del a-quo respecto que no le asiste razón a la demandada cuando afirma en su responde de fs. 1876/1879 que la suma consignada no es de pago íntegro, basado en las testimoniales producidas por la actora a fs. 1974/1975 y 1976 al decir que ellas confirman los argumentos planteados por la demandante a lo largo del proceso, ya que los mismos nada prueban respecto de las sumas realmente adeudadas por la actora por cuanto se han brindado datos que tal como ha quedado trabada la litis resultan totalmente superfluos e inconducentes para comprobar los hechos controvertidos en el proceso.

Dice que su parte demostró en autos el monto de las sumas que realmente le adeuda a la accionante en orden al vínculo obligacional a cobrar elaborados por contador público.

Concluye que la actora ni ofreció pagar ni depositó la totalidad de lo debido a la Asociación y, por ello, no tratándose de un pago íntegro cabe revocar el fallo recurrido disponiendo el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas.

A fs 2164 solicita la modificación de la imposición de costas.

A fs. 2166/2168 vta. contesta la expresión de agravios de la parte actora la parte demandada.

I.B) Preliminarmente he de receptar favorablemente lo manifestado a fs. 2159 por la apelante demandada teniendo por válida la contestación de los agravios de la actora efectuada por ella a fs. 2166/68 atento haberlo sido en forma oportuna y teniendo presente la falta de controversia en dicho aspecto por parte de la contraria.

I.B-1) Es entendimiento de la suscripta que la litis fija los límites de poderes del juez, los que han quedado determinados al momento de ser trabada la relación procesal, y la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, constituye una exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio relativo a la bilateralidad, igualdad y equilibrio procesal.

Tienen dicho la doctrina y jurisprudencia que los magistrados al dictar sentencia tienen que observar el deber de pronunciarse sobre los puntos propuestos por los litigantes que sean pertinentes a la adecuada solución del litigio. La omisión del tratamiento, por ende, de tales cuestiones que fueran expresa y oportunamente articuladas, afecta la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional. Deben, por lo tanto, ser descalificados los fallos que prescinden de considerar elementos de juicio conducentes para la correcta solución de la causa o que omiten pronunciarse sobre cuestiones decisivas, propuestas en su debida oportunidad. Es que si el ejercicio de la función judicial ha de traducirse en sentencias que den razones suficientes de sus conclusiones, el fallo que incurre en tal tipo de omisiones carece de fundamento de sustentación (conf. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T II-C, pág. 85; Cám. Nac. Esp. Civil y Com., Sala III, 10/04/75, La Ley 1975, entre muchos otros).

Del análisis de los argumentos expuestos por el sentenciante en su fallo (fs. 2111/2116 vta. surge palmariamente no solamente que decidió "citra petita" o sea, menos de lo peticionado sino que los fundamentos dados son contradictorios y confusos lo cual implica que carece de la posibilidad de considerarla como una derivación razonada de los hechos y derechos invocados, incumpliendo con lo prescripto por el art. 163 inc. pto 6, son razones todas estas por las cuales cabe declarar la nulidad de la sentencia definitiva nro 679 del 23/11/03 (fs.cit.).

Sin perjuicio de lo apuntado, teniendo en cuenta lo prescripto por el art. 253 del CPCCH y entendiendo que a propósito de la vigencia del brocárdico "tantun devolutum quantum appelatum", se ha declarado que en la controversia entre el "plus devolutum" y el "tantum devolutum", ha de estarse por el primero si se pretende la defensa integral de la función de la magistratura ya que ello posibilita en forma amplia las facultades de la Alzada, y hace a una mejor adecuación con la tarea creadora del juez, como con los poderes del Tribunal de apelación y deviene en una tutela efectiva del derecho de los justiciables (conf. crit. Cám.Nac. Civ., sala B, 21/11/854, L.L. 1986, v.A, p.517) y que: "Cuando es anulada la sentencia por el Tribunal de segunda instancia y el procedimiento es arreglado a derecho, desde dicho tribunal en el mismo acto debe analizar el fondo de la cuestión debatida y fallar en consecuencia" (CCiv. y Com., San Isidro, Sala I, 29/11/89, "P., F. J. c/ A., D. y otro", DJ, 1990-1-690); son razones por las cuales he de analizar las cuestiones planteadas por las partes en el proceso en esta instancia.

En el pago por consignación, deberán presentarse alguna de las siguientes circunstancias: a) aceptación tácita de la consignación; b) aceptación parcial; c) declaración judicial que la considere válida.

El pago por consignación es un recurso excepcional, por cuanto la norma es que el pago se efectúe en el plano de la actividad privada y con la sola actuación de las partes interesadas. Sólo cuando el deudor resulta coartado en el ejercicio de su derecho de pagar, está autorizado a recurrir a la consignación judicial. De ahí que en el proceso a que esa consignación da lugar, el actor antes que nada tenga que justificar el motivo por el cual recurre a esa forma de pago excepcional (conf. J.J. LLAMBIAS: Obligaciones, II, 1973, Nº 1546); "T., S. R. c/ YXX s/ juicio de conocimiento" - CNACAF - SALA I - 28/06/1994).

Si bien estimo que el acreedor tiene el deber jurídico de facilitar la liberación del deudor y de no agravar arbitrariamente su situación. Cuando el deudor -deseoso de poner fin al vínculo jurídico que lo somete patrimonialmente a su acreedor-, encuentra obstáculos que impiden o imposibilitan la realización de un pago normal o natural, como es titular del derecho subjetivo a liberarse, está facultado a exigir su cumplimiento coactivamente poniendo en movimiento el aparato judicial, mediante la consignación. Pero no menos cierto es que para que ella sea válida, es menester acreditar que se efectuó una oferta real de pago, no basta con querer pagar sino que hay que ofrecer explícitamente el pago al acreedor. Sólo cuando el deudor está coartado en el ejercicio de ese derecho, está autorizado a recurrir a la consignación judicial. Pero esa prerrogativa a la liberación que no puede desconocerse en situación de mora, debe ser necesariamente complementada con el ofrecimiento -efectivo, mediante un acto real y no por una mera declaración de voluntad- de un pago suficiente, es decir aquel que comprenda no sólo la prestación original sino los accesorios que satisfagan el daño moratorio sufrido por el acreedor (conf. crit. "L., M. M. y otros c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ varios" - CNACAF - SALA II - 23/03/1995 Citar: elDial - AAE3A).

El artículo 758 del C.C. exige para que la consignación tenga fuerza de pago, la concurrencia en cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo, de todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido. Consecuente con el principio general acotado en dicha norma legal, "la consignación efectuada por el deudor moroso es inadmisible, a menos que concurran circunstancias de hecho que justifiquen la demora" (JA 1967-V-14).

En el caso de autos, la accionada aduce como justificativo de su pago en juicio, la supuesta discusión del valor que en carácter de contraprestación por los servicios médicos que tomaba a su cargo tenía con el acreedor que, según sostiene, acredita con extensísima prueba documental que adjunta Después de un exhaustivo análisis de los términos de la demanda (fs. 1823/1841 vta.), de la contestación de la misma por la accionada (fs. 1876/1879 vta) la merituación de la prueba documental de la actora cuyas copias obran a fs. 956/1822 y de la demandada que está glosada a fs. 1852/ 1874, considero que la misma no es suficiente para constituir en mora al acreedor, ya que contienen meros informes de facturas e intercambio epistolar entre las partes sobre los valores de las prestaciones médicas a cobrar demostrativo solamente del desacuerdo entre las partes sobre la cápita a pagar por afiliado atendido por prestaciones médicas lo que hace aplicable lo prescripto por el art. 742 del C.C.).

En consecuencia, el pago que se pretende efectuar mediante el depósito judicial, es inválido atento que la actora no puede obligar a la demandada a que acepte en parte el cumplimiento de la obligación. Amerito aplicable al presente caso el criterio jurisprudencial de nuestro Superior Tribunal de Justicia cuando expresa que: "Conforme con lo dispuesto por el art. 758 y conc. del Código Civil, la consignación tiene fuerza de pago cuando se hace depósito judicial íntegro de la suma adeudada (causa: 000A 000042; 07-07-1987, STJCH., A. S. - E. R. - J. R., en autos caratulados "L., J. A. y otro c/ Corporación de Fomento del Chubut -CORFO Ch. s/ Sumario; Publicaciones: Belluscio-Zanoni, "Código Civil Anotado", t. V, pág. 932 L.L., t. 1981, B, pág. 305 y C, pág. 477 E.D., t. 91, pág. 167 J.A., año 1985, t. III, págs. 586-587).

Son ellas razones por las cuales corresponde desestimar la demanda por pago por consignación judicial interpuesta por la parte actora.

De acuerdo a la suma de dinero detallada en el pto. 64 de la demanda, la providencia de fs. 1893, lo dispuesto en el oficio nro. 456 (fs. 1894), la contestación del Banco del C. S.A. (fs. 1897/1898 devuélvase a la accionante el plazo fijo depositado en la cuenta judicial como correspondiente a estos autos por el importe de la suma de pesos veintiún mil ochocientos sesenta y cuatro con diecinueve centavos ($21.864,19) con más los intereses que haya devengado, a cuyos efectos se librará el correspondiente oficio a la institución bancaria citada.

I.C) Atento ha cómo se ha resuelto corresponde la aplicación de lo dispuesto por el art. 279 del CPCCH, razón por la cual las costas tanto de primera como de segunda instancia son impuestas a la actora vencida (arts. 68 del CPCCH). Diferir la regulación de los profesionales actuantes para el momento del acuerdo, en el cual se tendrán como pautas para efectuar aquélla, el carácter en que actúan, el desarrollo de la labor profesional y el éxito obtenido en un todo de acuerdo a lo prescripto por los arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 y ccdtes. Dto. Ley Pcial nro. 2.200 y a su modificatoria Ley Pcial (4335).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo la siguiente:

1) Declarar la nulidad de la sentencia de fs. 2111/2116 vta.

2) Desestimar la demanda por pago por consignación judicial interpuesta por H. A., C. D. V. SRL y C. S. SRL - U. T. DE EMPRESA contra la A. D. C. Y S. P. D. O. D. C..

3) Firme la presente, devuélvase a la accionante el plazo fijo depositado en la cuenta judicial como correspondiente a estos autos por el importe de la suma de pesos veintiún mil ochocientos sesenta y cuatro con diecinueve centavos ($21.864,19) con más los intereses que haya devengado, a cuyos efectos se librará el correspondiente oficio a la institución bancaria citada.

4) Las costas tanto de primera como de segunda instancia son impuestas a la actora vencida (arts. 68 y 279 del CPCCH). Diferir la regulación de los profesionales actuantes para el momento del acuerdo (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 y ccdtes. Dto. Ley Pcial nro. 2200 y a su modificatoria Ley Pcial (4335).

5) Téngase presente la reserva del caso federal planteada por la actora a fs. 1840 vta. y reiterada a fs. 2168.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento la presente causa por apelación deducida por las partes contra la sentencia definitiva nro. 679/03 del Juzgado Letrado en lo Civil, Comercial, Rural nro. 1 de la jurisdicción (fs. 2112/6, fs. 212, fs. 2127). La sentencia atacada tuvo en cuenta que la suma consignada por la actora, corresponde a los 10 primeros días de marzo del 2000 (según documental de fs. 1798 y escrito de demanda p.64) el Aquo observando el intercambio epistolar, consideró que no había visto de buen grado por la demandada la intensión de pago colocando a la actora en situación de pretender la consignación por lo tanto le asistía razón a la demandada cuando afirmó en su responde de fs. 1876/9 que la suma consignada no era pago íntegro, ya que la actora había dejado establecido que era por los 10 días de marzo/2000. Hizo el Aquo lugar a la consignación en base a estos argumentos por el pago de los 10 primeros días de marzo/2000, rechazó el pedido de la actora que al admitirse la consignación se declare la extinción de toda obligación de pago respecto de la demandada. En consecuencia en la instancia de grado, se hizo lugar a la demanda autorizando a la actora C. D. V. SRL, H.. A. SA, C. S. SRL U. T. de E. (UTE) a consignar judicialmente los pagos que debe abonar a la demandada A. de C. y S. P. d. O. D. C., impuso las costas a la demandada.

Toda vez que la Srta. Camarista que me precedió efectuó la reseña de los agravios de las partes, me eximo de dicha labor en virtud que se encuentran cumplimentados los recaudos procesales y la manda constitucional no está destinada a repeticiones disvaliosas.

No obstante he de dejar establecido que a fs. 2160 la demandada sostiene que hubo una violación por parte del Aquo al principio de congruencia y en igual sentido la actora a fs. 2147. Dice la demandada recurrente que la actora en ningún momento pidió que se tuviera por consignado un importe por un período de 10 días de marzo del 2000 sino que se tenga por cancelado todo crédito. De todas las constancias de autos emergen las irregularidades que en todo momento existieron en las liquidaciones y depósitos.

No puntualiza el recurrente de la extensa documental glosada cuáles son las diferencias que menciona. Por otra parte no considero que la sentencia sea incongruente, ya que en su oportunidad procesal no se planteó el oscuro libelo, por parte de la demandada. Dos son los puntos a decidir, el pago que surge claramente del punto 64 del escrito de demanda por el período de diez días de marzo del 2000 y que se tenga por cancelada toda deuda, a lo cual se hizo lugar al primero de los puntos y se rechazó el segundo, en consecuencia se ensambla con los agravios de la actora cuyo interés se centra en el rechazo del Aquo de tal petición (fs. 2147/50).

Por ello he de tratar los agravios de las partes en forma conjunta, desestimando el pedido de nulidad de la parte demandada, toda vez que se ha mantenido el principio de congruencia, que no favorezca los intereses de la parte, no implica violación detallada, ya que como anticipara, la demanda al ser incoada, estableció el período por el cual depositaba -lo que prosperó- y el alcance que pretendía darle a dicho pago por consignación -que fue desestimado-, ambas cuestiones han de revisarse conforme los agravios en esta instancia, abiertos los recursos de apelación.

En forma previa he de señalar cuál fue la relación existente entre las partes hoy en conflicto; los unió un contrato que se acompañó a la demanda y no fue desconocido por la accionada, donde en su cláusula 2 estableció que los P. A., denominación utilizada para identificar a un grupo de hospitales y clínicas entre las que se incluía la demandada, era designado por S.... (integrado por la actora) exclusivo titular de la prestación medicosanatorial a los afiliados del PAMI "E. I.". La facturación por los servicios hacia a S.... no al I. los 15 primeros días de cada mes vencido.

Lo cierto es que de la lectura de la demanda en su "objeto" dice cuál es la finalidad del juicio, un pago por consignación, recién en la fundamentación luego de una larga lectura con repeticiones de relatos de situaciones, puede inferirse cuál es el monto de la consignación, y dijo inferirse porque no emerge con claridad al punto tal que hace referencia a que son $37898,47 (fs. 1836 vta.) cuando del depósito bancario surge que es una cifra menor, sin perjuicio de efectuar la accionante diversos descuentos que atribuye a pagos a prestadores ya realizados. He de advertir que la accionante pierde la posibilidad de demostrar con certeza que lo depositado en autos es lo debido toda vez que la prueba pericial contable por su desinterés procesal no se efectuó. Además si podía depositar la suma en la cuenta que tenía la demandada en el Banco (B. SA cta. 036000743/8), como se venía realizando de acuerdo a lo pactado normalmente y no lo hizo la actora, arribo a la conclusión que pretende con la consignación se tenga por cancelada toda deuda habida entre las partes, y no se encuentra probado el monto líquido en cuestión. Dijo la doctrina que las ofertas para ser válidas y tener eficacia moratoria, deben ser reales, serias y efectivas; el deudor debe ofrecer un pago íntegro, es decir comprensivo de la prestación originaria y del daño moratorio derivado del retardo (Ernesto Wayar "El pago por consignación", pág.83, Ed.Depalma). Puntualmente, hubo reclamos y cuestionamientos sobre el alcance de la deuda a partir de noviembre de 1999, arrojando incertidumbre sobre el alcance de la misma, por otra parte sin que se determine cuando el I. efectuó el previo pago, y demostrar de esa manera que se encontraba en tiempo oportuno el actor para el pago. Siguiendo al mismo autor, ha de señalarse que para que proceda el juicio del pago por consignación, la negativa del acreedor de aceptar las ofertas de pago constituye, el supuesto típico que autoriza al deudor a depositar judicialmente la prestación adeudada. La conducta del accipiens que da lugar a la configuración de esta causal, se traduce, en el rechazo liso y llano de las ofertas o la abstención u omisión en recibir la prestación (pág. 84). La procedencia del pago por consignación depende de un tercer presupuesto, que el deudor demuestre que el pago directo y espontáneo es de imposible realización, por la existencia de obstáculos insalvables (ob.cit., pág. 129), lo que no se da en el caso, pues la actora podía depositar bancariamente porque así lo permitía el contrato celebrado el importe estimado como por otra parte era de práctica durante la vigencia de la relación y no lo hizo.

Analizada la abultada documental acompañada en primer término señalo que la glosada en autos carece de certificación del actuario de fs.956 a 1545 también se omite desde fs. 1745.

Mención aparte merece este tema, si bien la Aquo ordenó la certificación a fs. 1843 y posterior reserva de originales, el funcionario actuante no cumplió; no obstante se encuentra zanjado cualquier inconveniente o controversia porque la documental en cuestión no fue desconocida por la demandada en su escrito de responde.

A fs. 956/61 se encuentra el contrato que unió a la actora H. A. SA, C. D. V. SRL y C. S. SRL UTE, denominada en el documento como S..., por una parte y por la otra la demandada, P. M. SA, (ACSPOCH) y S. d. l. c. SRL, llamado P. A.. Las partes se relacionan en función de los servicios que deban brindarse a una tercer persona jurídica que es el INSSJyP. Observo que a los fines contractuales hubo tres sociedades comerciales suscribientes, por lo que no pasa inadvertido que la demanda está dirigida a una solo de ella que es (ACSPOCH) (fs.1823 y vta.). Diciendo haber celebrado contrato con la (ACSPOCH) el 2 de febrero de 1998, lo cual es inexacto, pues del convenio a la vista y acompañado por la parte, surge que lo celebró con quienes dieron en llamarse en el mismo P. A. que estaba integrado por dos personas ideales más, no obstante de la cláusula 16 surge que cada uno de los prestadores actúa independiente y S.... o cualquiera de los integrantes de P. podrá tener acciones que no afectan a los demás integrantes. Los Anexos I y II que se mencionan no fueron acompañados - surge que P. A. (reitero integrado por 3 sociedades) son los exclusivos prestadores de los servicios médicos a los afiliados incluidos en el padrón de la Pcia. del Chubut del INSSJ y P (I.) y la facturación se realiza a los P. A. según cláusulas 2, 3 y 4.

A fs. 1822 se encuentra la constancia del depósito judicial por $21.864,19 a lo que arribo a la conclusión que ese es el monto de la demanda, reitero pues de la lectura de la misma no surge, clara, precisa, contundentemente ni tampoco de la sentencia venida en crisis, que solo hace mención a las diversas fojas del expediente, aunque rechaza la pretensión de dar por canceladas todas las deudas existentes como fuera peticionada en punto 65 y en el objeto de la demanda. Reiterando, hace lugar a la consignación y tiene por cancelado con el pago del monto detallado precedentemente la deuda correspondiente a los 10 primeros días de marzo del 2000. Cosa que por otra parte no se ajusta a lo pactado en el acuerdo acompañado y reconocido por la partes. Tanto la proposición de la demanda en cuanto a la confusa exposición del objeto como la sentencia llevan a recordar el cumplimiento de lo establecido en el código de procedimiento en la materia art.330, 164.

Procede este mecanismo de pago por consignación con la finalidad de obtener una liberación coactiva. En sustancia se trata cuando el acreedor no presta la cooperación debida por su parte para facilitar la disolución del vínculo jurídico, en tal sentido el art.758 del Código Civil se concluye que "la consignación no tendrá la fuerza de pago, sino concurriendo en cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo todos los requisitos.". El pago por consignación, como medio de extinción de las obligaciones, es el que se efectúa con intervención judicial para posibilitar la liberación del deudor, cuando el acreedor no quiera o no pueda recibirlo.

No concurriendo los extremos del art.758 CC el acreedor no está obligado a aceptar el ofrecimiento de pago. Interesando los recaudos en cuanto al objeto y las personas. Es respecto del primer requisito donde surgen la primeras cuestiones controversiales entre las partes, pretende el actor se tengan por canceladas todos los créditos (importes) adeudados, y seguidamente efectúa una liquidación que indica es comprensiva de los diez primeros días de marzo del 2000 (fs. 1823, fs. 1836 vta.). La accionante no desconoce que existen discrepancias respecto de los montos adeudados con anterioridad y no brinda explicaciones ni se puede considerar, un rechazo por parte de la demandada a recibir importe alguno cuando estos se cuestionaban. Tampoco puede pretender por esta vía de la consignación de montos parciales y en forma extemporánea se tenga por cancelada la totalidad del crédito que se encuentra en conflicto porque no es suma integra cuestionada. Surge de fs. 28, fs. 1827 que el 14-3-00 hubo rescisión del vínculo con PAMI, notifico a la demandada, que no está obligada a aceptar por un período un monto que dice la actora y que no se relaciona con todo lo debido, si bien rompió vinculación con el PAMI, la deuda anterior, no puede afirmarse si quedó insatisfecha o se canceló, no surge de autos.

Los restantes medios probatorios sustanciados que se reducen a las testimoniales, éstas son inconducentes para demostrar cuál es el monto que se debe y se pretende cancelar por este procedimiento, dan cuenta de la existencia del acuerdo de partes, los servicios, el modo y forma de pago, que se cancelaba por capitación, y que hubo diferencias en cuanto al monto de ese valor lo cual es reconocido al contestar la acción, pero reitero, en nada arrojan luz sobre la deuda que pretende cancelarse por este medio.

Más allá que ha merecido tratamiento la prueba testimonial (de fs. 1974, 1975, 1976), la formulación de las ponencias (el interrogatorio) la omisión de dar razón de sus dichos portan nulidades que no pueden dejar de advertirse, tanto a las partes como al juez de grado, haciendo saber que deberá en lo sucesivo atenderse a lo dispuesto en los arts.443 y 445 del CPCCCh.

La pretensión según la jurisprudencia, en cuanto a "su finalidad es remover la incertidumbre existente en torno a la legitimidad o ilegitimidad de la resistencia del acreedor a recibir la cosa, mediante una sentencia que así lo declare" (SCPBA -AC74790 S- 19-2-2002 "Municipalidad de Necochea c/ A. Soc. de hecho s/ consignación", elDial -W15687).

Ha de tenerse en cuenta que "Cuando se pretende realizar un pago por consignación corresponde precisar si la misma se ha ajustado a los términos del CCIV (art.758) a fin que pueda otorgársele fuerza de pago a la consignación si no concurren los requisitos en cuanto al objeto y al tiempo, de la interposición de la demanda y el depósito efectuado posteriormente emerge con claridad que el requisito temporal no se encuentra cumplimentado (si fue en el tiempo previsto cuando el I. depositó). El objeto debe reunir los requisitos de identidad (art.740) y de integridad (CCIV arts. 673, 742, 744, Cnac.Com. "L., E. c/ Bco. G. A. 14-05-84).

"Sin las ofertas es prácticamente imposible saber con precisión si el acreedor acepta o no el pago; más aun, sin las ofertas no solo queda en la incertidumbre la actitud del accipiens (no se sabe si aceptó o no), sino también queda en la penumbra la conducta del deudor.-. Lo que debe ser materia de prueba en el juicio por consignación no es la intención de pagar, sino el hecho de que ha sido ofrecido efectivamente el pago y que el acreedor rechazó su ofrecimiento" (Ernesto Wayar, "El pago por consignación", págs.73 y 131, Depalma-83). Ninguna de las cartas documento acompañadas y en particular la agregada a fs.1850, 1860/1, dan cuenta de la mora en los pagos debidos por la actora, y las diferencias reclamadas, no la reticencia del acreedor como para hacer viable la acción intentada.

Por otra parte, debe mediar total adecuación cualitativa, cuantitativa, temporal y espacial entre lo debido y lo consignado (art. 758 del CC). Cualquier desarmonía en estos recaudos justificará o autorizará el rechazo del acreedor. Este no puede ser obligado a recibir algo distinto o incompleto de lo debido.

Estos argumentos me llevan a desestimar los agravios de la actora y receptar los de la demandada, modificando la sentencia venida en crisis, desestimando la demanda de pago por consignación, ordenando la devolución del dinero depositado en la cuenta judicial a favor de la demandada en estos autos con más los intereses devengados; modificar las costas de la instancia de grado, en cumplimiento de las prescripciones del art. 279 del código ritual, e imponer a la demandada en ambas instancias, conforme principio objetivo de la derrota (art.68 CPCCCh). Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por ello propongo:

1.- Receptar los agravios de la demandada, rechazar los de la parte actora, modificando la sentencia venida en crisis rechazando la demanda de pago por consignación intentada, haciendo devolución de las sumas depositadas conforme considerandos respectivos.

2.- Costas de ambas instancias a la actora vencida, según considerando respectivo.

3.- Diferir la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

4.- Tener presente la reserva del caso federal.

5.- Hacer saber y advertir a los letrados y juez actuante que deberán en lo sucesivo atenderse a lo dispuesto en los arts. 443 y 445 del CPCCCh.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a mi conocimiento, por apelación de la actora y demandada, de la sentencia de fs 2112/2116.

La primera se agravia por no haber receptado el a-quo la totalidad de sus pretensiones, al desestimar la declaración peticionada en el punto 65, en el que se solicita que al admitirse la consignación judicial se declare la extinción de toda obligación al pago respecto de la demandada, resultando la sentencia arbitraria.

Por su parte la demandada, solicita se revoque la sentencia y eventualmente se declare la nulidad, advirtiendo que existe violación al principio de congruencia.

Entiende que el aquo admitió la consignación por un período no solicitado, y debió resolver la cuestión de fondo y no posponerla hasta tanto sea dirimida por vía judicial o extrajudicial, por lo que corresponde revocar el fallo, aunque sin desmedro de ello, sostiene que el severo defecto de la sentencia amerita se declare la nulidad. Expresa a continuación los agravios, cuyo resumen ya fuera efectuado por mis colegas.

Y advierto de la lectura de los votos de quienes me precedieron que se ha acordado en rechazar la demanda, con fundamento ambas en el artículo 758 del Código Civil.

Ante ello y con fundamento en lo que dispone el art. 271 CPCCCh, que otorga la facultad de no emitir el voto ya que basta para adoptar decisión "los votos en sentido coincidente de quienes se expiden en primero y segundo término", y abocarse al estudio de los agravios; sobre los temas sobre los que existe coincidencia; tomando decisión; no modificará el resultado del fallo, máxime cuando el STJ de la provincia ha admitido, mediante voto del Dr Torrejón en sentencia del 1-6-98 que "la circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia, pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión, formando así la mayoría legal suficiente para justificar el fallo", sólo me expediré sobre aquello en que mis colegas no acordaron.

La Dra Melero considera por los fundamentos que da que la sentencia deviene nula y ante lo que dispone el art. 253 del CPCCCh, analiza las cuestiones.

Por su parte la Dra García Blanco entiende que la sentencia no resulta incongruente, rechazando la nulidad.

Y es sólo sobre dicha discrepancia que me expediré.

En la demanda interpuesta se solicita se admita la consignación judicial que pretende, declarando cancelado todo crédito a favor de la accionada, por las razones que detalla en el escrito, con el pago de $21.864,19 (10 días de marzo de 2000).

Agregando que el valor convenido por los meses de febrero de 1998 a enero de 2000 fueron canceladas con la documentación que acompaña y respecto de febrero de 2000 también fueron abonadas de acuerdo a lo que surge de lo puntos 7 y 8 y que transcribe una vez más en el punto 65, apartados 7 y 8.

Ante el ello el a-quo admite la consignación por el mes de marzo, rechazando la pretensión respecto a tener por cancelada la totalidad de la deuda.

Y más allá que se comparta o no la solución, sobre lo que reitero no me expediré, ante el acuerdo sobre el punto al que arribaran las Sras camaristas preopinantes, no encuentro motivo para declarar la nulidad de la sentencia, toda vez que el a-quo ha fundado la sentencia y respetado el principio de congruencia.

Asimismo, no advierto que la sentencia no sea el correlato de la demanda, ya que la decisión a la que arriba, se corresponde con lo peticionado en la demanda, tal como ya lo detallara.

Se ha sostenido que "la declaración de nulidad de la sentencia sólo procede cuando se ha dictado sin guardar las formas y solemnidades prescriptas por la ley; un enfoque erróneo, la omisión de tratar determinadas cuestiones o la posible extralimitación en el thema decidendum no constituyen causal para admitir el recurso de nulidad" (CNCiv., sala E, "S., V. M. c/ D., J.", JA 1979-IV-116) "la nulidad de la sentencia -se ha dicho- sólo procede cuando la misma adolece de vicios o defectos de forma o construcción que la descalifican como acto jurisdiccional (art. 253 CPr.), es decir cuando se ha dictado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma prescriptos por la ley adjetiva (arts 34, inc. 4, y 163, Cód.cit) pero no a hipótesis de errores como los que plantea el que dice de nulidad, que de existir, pueden ser reparados por medio del recurso de apelación también mantenido y en el que este Tribunal de alzada puede examinar los hechos y el derecho con plena jurisdicción (Conf. Palacio, "Derecho Procesal.", t.V, op. 430; Colombo, "Código Procesal.", t I, p. 410; CNCIV., Sala F, "Teoría y Práctica de las nulidades y recursos procesales", Luis A. Rodriguez Saiach, tomo 1, pág.253.

Por lo expuesto, coincido con la Dra García Blanco en que la nulidad de la sentencia debe ser desestimada y así me expido.

En punto a la advertencia que efectuara la Sra. Juez que sufragó en segundo término, a los letrados intervinientes y al Sr. Juez, las desprolijidades que se constatan no alcanzan a mi criterio, a constituir incumplimiento de los deberes que le asigna el ordenamiento procesal.

En consecuencia, rechazo el pedido de nulidad de la sentencia interpuesto por la parte demandada y no comparto lo resuelto en el punto 5) por la Dra. García Blanco.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con las disidencias apuntadas, las siguiente SENTENCIA:

1.- Receptar los agravios de la demandada y rechazar los de la parte actora, modificando la sentencia de fs. 2112/2116 vta. venida en crisis.2.- Rechazar la demanda de pago por consignación intentada por H. A. SA, C. D. V. SRL y C. S. SRL -U. T. DE E.- contra la A. D. C. Y S. P. D. O. D. C., haciendo devolución de la suma depositada de VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS con DIECINUEVE CENTAVOS ($21,864,19), más sus intereses conforme los considerandos pertinentes.

3.- Costas de ambas instancias a la actora vencida, según considerando respectivo. Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en Primera Instancia de los Dres. C. J. A., G. S. y J. F. L. G., conjuntamente por la labor en la primera etapa del proceso, en la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ($2.900), de los Dres. S. C. M., C. L. M. y N. D., conjuntamente por su labor en la segunda etapa del proceso, en la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ($2.900) y de los Dres. I. F. d. l. C., L. M. P., S. C. de J., M. A. F. A. y F. F. A., conjuntamente, en la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($4.400). Por los trabajos realizados en la Alzada se regulan los honorarios profesionales de los Dres. C. L. M. y N. D., conjuntamente, en la suma de PESOS DOS MIL TREINTA ($2.030) y del Dr. I. F. d. l. C. en la suma de PESOS MIL CIEN ($1.100).

4.- Tener presente la reserva del caso federal de fs. 2150 y 2168.

5.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS (Presidente) NÉLIDA SUSANA MELERO (Juez de Cámara) GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL nro. 28 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS