marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Participación criminal, coautoría, participación necesaria, robo, resistencia a la autoridad, concurso aparente de leyes, robo con armas, robo en banda, calificación legal, secuestro de bienes, falta de secuestro, arma secuestrada
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PRUSKI, OMAR E. s/ ROBO - RESISTENCIA A LA AUTORIDAD - ROBO FISCAL - ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18

1) Resulta evidente, que medió entre los tres acusados un previo acuerdo de voluntades, que transformó al acontecimiento en un hecho delictuoso coposeído íntegramente por cada una de ellos, y dentro del cual los diversos papeles autoasignados respondieron, simplemente, a un previo reparto de funciones que concretaban, por adición, ese hecho único acordado. Por ello no corresponde la calificación de partícipe necesario, sino la de coautor, si, como en la especie, se desprende que la presencia del acusado en el lugar del hecho no fue casual, y asimismo surge claro la intención de esperar a sus compinches de todos los sucesos de fuga accidentada que se desarrollaron ulteriormente.

2) En tal sentido, la calidad del acusado ha sido la de un verdadero y propio coautor, sobre quien, por consecuencia, deben cargarse todos los acontecimientos más graves que puedan haber cometido los restantes coautores -la utilización de armas de fuego y la resistencia-, puesto que no se encuentra en la situación del mero "acusado de complicidad" que mencione el art. 47 del C. Penal.

3) La resistencia a la autoridad, cometida por los coautores, se subsume en el robo, si ocurre de modo inmediato, en forma de un concurso aparente de tipos penales.

4) No pueden aplicarse a la vez dos agravantes de distintas gravedades en un mismo hecho, como lo son, en el robo, el empleo de armas de fuego y la banda. Si esto es así, la de mayor gravedad absorbe a la de menor cuantía punitiva. De este modo, el robo queda calificado exclusivamente por el empleo de armas.

5) Cuando el fiscal interviniente incurre en falta de idoneidad en el desempeño de su cargo o en una inconducta funcional, con respecto a los deberes funcionales que le impone el art. 118 del C.P.M.P., corresponde extraer testimonio de las piezas procesales pertinentes para remitirlas al Superior jerárquico, para que proceda en el ámbito administrativo como crea que corresponda (art. 272 bis del Reglamento para la Jurisdicción).

6) El no secuestro de las armas de fuego y la circunstancias de que no fueran disparadas, hace que no pueda aceptarse, sin más, que eran funcionalmente aptas y que se hallan cargadas.
Derechos reales, bienes inmuebles, título de dominio
Materia: CIVIL
Carátula: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES c/ CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO SA s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

Entre particulares, la secuencia temporal entre el título y el modo de adquirir se presenta contrariando la secuencia lógica prevista en el artículo 2.609 del Código Civil que supone primero al título, que es consecuencia del acto obligacional, y después a la tradición. Pero lo habitual es que el acuerdo de partes se lleve a cabo mediante el boleto de compraventa, en el cual se va a basar la tradición del bien; empero, si ésta se verificase no sería apta para transmitir la propiedad ya que no está fundada en un título suficiente (el boleto queda excluido de esa categoría), aunque sí produciría la transmisión de la posesión. Sólo la posterior escritura pública producirá la constitución del derecho real del poseedor con boleto (conf. Clerc, Carlos Mario "El derecho de dominio y sus modos de adquisión"; Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma; prólogo de Edmundo Gatti, 1982, pág. 186, letra d). En el caso de autos, el título -que aquí es la ley atributiva del dominio (ver Mariani de Vidal, op cit. tomo 3, pág. 427 apartado C)- y el modo (la interversión por traditio brevi manu) se dieron al mismo tiempo.
Silencio de la administración, organismos previsionales, beneficios previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Villareal, Clara Baudilia c/ ANSeS s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

La obligación de la administración de decidir las cuestiones que se le planteen en término (art. 1º de la ley 19.549), no es ajena a los organismos previsionales, por lo que frente al silencio el particular tiene la opción de esperar el dictado de la resolución o bien acudir a la instancia administrativa o judicial que corresponda, pues cuenta con un medio idóneo para la protección de sus derechos frente a la actitud pasiva que lo perjudica (arts. 10, 28, 23 y 26 de la ley de procedimientos administrativos).
Homicidio, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: CARLOS D. SANTUCHO c/ SANCHEZ, RAUL DAVID s/ TENTATIVA DE HOMICIO DE HOMICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-12-18

Un disparo de arma de fuego no puede apreciarse como tentativa de homicidio si no consta de manera cierta que la intención del reo fue la de matar. La intención del agente debe resultar con evidencia en el sentido de cometer el delito que se dice tentado.
Prueba pericial, admisibilidad de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lugli, Anita Ema c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia delChubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-08

"Si los puntos de pericia propuestos... guardan relación con la pretensión... sometida a decisión y resultan útiles para brindar al Tribunal elementos de convicción a los fines de su adecuada y justa resolución corresponde desestimar la oposición planteada, sin perjuicio de la valoración que al sentenciar merezca el dictamen del experto".
Demanda, traslado de la demanda, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Balut, Adolfo Horacio c/ Saravia, María del Valle s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte nº B-58412/00 Incidente de nulidad en expte nº B-53956/00 Adolfo Horacio Balut c/ Francisco Salvador s/ Recurso de Inconstitucionalidad int en expte Nº B-58413/00 Incidente de nulidad en Expte Nº B-53958/00 Balut, Adolfo Horacio c/ Mamani, Felisa s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. nº B-58418/00 Incidente de nulidad en Expte. B-53961/00 Balut, Adolfo Horacio c/ Lamas, Mercedes s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. nº B-58417/00 Incidente de nulidad Balut, Adolfo Horacio c/ Corvalán, Norma Graciela s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. N° B-58414/00 Incidente de nulidad en el Expte. B-53.960/00 en Expte. nº B-58418/00 Incidente de nulidad en Expte. B-53961/00 Balut, Adolfo Horacio c/ Lamas, Mercedes s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. nº B-58417/00 Incidente de nulidad Balut, Adolfo Horacio c/ Corvalán, Norma Graciela s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B-58414/00 Incidente de nulidad en el Expte. B-53.960/00
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-04-06|2001-02-09|2001-04-06|2001-04-06|2001-07-03

La notificación de la demanda es una carga procesal de importancia extrema. Fija las partes que según sea la pretensión del actor quedaran vinculadas por la relación procesal, en tanto y en cuanto no se modifique de acuerdo con la contestación y la intervención de terceros, fija además, la acción articulada, la cosa demandada y los hechos en que se funda. Es el acto por el cual se exige del órgano judicial la tutela de un derecho.
Tributos, Impuesto sobre los ingresos brutos, convenio multilateral, error de la administración
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ InterlicchiaJose s/ Ejecucuión fiscal InterlicchiaJose s/ Ejecucuión fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-21

El error en que incurrió la Administración provincial al inscribir al demandado bajo un número incorrecto de Ingresos Brutos en el Régimen del Convenio Multilateral, no puede serle opuesto al contribuyente, quien de buena fe pagó los períodos correspondientes bajo el número que le fuera asignado.
Recurso de inconstitucionalidad, acción meramente declarativa, competencia, competencia civil y comercial, demanda, pretensión, servicio público, servicio de agua corriente, privatizaciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BUCCA, MADALIT c/ AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE S.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-ACCION MERAMENTE DECLARATIVA-JUICIO  ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 313 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-23

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad incoado contra la decisión de alzada que consideró que la acción declarativa de certeza entablada estaba asignada a la justicia de Distrito en lo Civil y Comercial en función de lo normado por el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin que corresponda interpretar extensivamente el artículo 93 inciso 2 de la Constitución provincial que otorga competencia a la Corte Suprema de Justicia para entender en los recursos contencioso administrativos en los casos y modos que establece la ley, siendo que ni el Código en lo Contencioso ni la ley 4106 contemplan la tramitación de dicha acción.

Ello por cuanto el meollo del planteo, en definitiva, radica en definir si las normas constitucionales que la actora invoca en su apoyo le otorgan derecho a oponerse a su inclusión forzosa como usuario del servicio con las consecuencias que enumera (cobro de la tarifa conforme al régimen legal, fuentes alternativas, etc.) Y en esas condiciones, la pretensión se ubica en un estadio previo al sistema normativo en que la impugnante sustenta la competencia contencioso administrativa.

Ello así habida cuenta que propugna la competencia de los tribunales especializados invocando las disposiciones de la ley 11.220 y expresando que la actora, como usuaria, debía canalizar -o seguir- su planteo por la vía delineada en el artículo 114 y en el Anexo C de la fuente citada ("Reclamos de los usuarios" y "Reglamento del usuario", respectivamente), pero soslaya que la acción intentada, precisamente, se orienta a establecer que no está obligada a someterse al sistema o, lo que es lo mismo, que tiene derecho a no convertirse en "usuario", resultas de lo cual mal pueden aplicarse a su respecto las normas citadas que suponen esa calidad.
Acción de amparo, empleo público, carrera docente, cargos docentes, incompatibilidad de cargos, acumulación de cargos, Estatuto del Docente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Crespi, Pedro, Carlos c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-21

En el caso, siendo que el actor ejerce sus tareas de director de escuela en el turno mañana, no se aprecia una situación de incompatibilidad que impediría el ejercicio de horas cátedra en el turno tarde. En modo alguno el actor, en estas circunstancias, resultaría ser superior de sí mismo, dado que se encontraría bajo la superioridad jerárquica del Director a cargo del turno tarde. De este modo, la pretensión del actor de que se liquiden las diferencias salariales en razón de su desempeño en el cargo de Director, aparece como coherente a la luz del único supuesto de incompatibilidad que enuncia el artículo 74 del Estatuto del Docente, esto es, la superposición horaria de tareas.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c/ NORBERTO DEFONSIN MARIA TERESA PASQUALE Y OTRO s/ Ejecución (LIBRO: S008 - 147)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-03-07

La firma del pagaré obliga a la libradora cambiariamente y no puede interpretarse que tiene el carácter de un simple asentimiento en los términos del art. 1277 del Código Civil, en virtud de que el deudor no puede sustraerse del tenor del título, ni echar mano a datos extraños para alterar o reducir su prestación.-
Prueba pericial, perito único, pericia caligráfica, perito calígrafo, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Rigal, C. D. s/ Prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-27

La circunstancia de que el peritaje caligráfico haya sido elaborado por un único perito no constituye una violación de los procedimientos, pues el sólo apartamiento de la regla general del art. 323 del C.P.M.P. no convierte en ineficaz el acto cuando por los fundamentos en que se sostienen las conclusiones y las operaciones practicadas se evidencia el cumplimiento de los tres incisos del art. 342 del mismo cuerpo legal.
Admisibilidad formal, excepción de prescripción, monto del juicio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal, pequeños contribuyentes
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GCBA CONTRA ZAVERUCHA IVAN RAÚL PASCUAL s/ EJECUCIÓN FISCAL - ABL - PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

En cuanto a la admisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad, el recurrente actuó con diligencia al interponer el recurso extraordinario local directamente contra el pronunciamiento de primera instancia, pues de acuerdo al art. 456 del CCAyT (actualmente, art. 458), la resolución que hizo lugar a la excepción de prescripción en el marco de una ejecución fiscal, era inapelable ante la Cámara en virtud de que el monto reclamado resultaba inferior al mínimo que disponía la reglamentación vigente dictada por el Consejo de la Magistratura (res. n° 18/CMCABA/2017). No obsta a lo expuesto, lo establecido en el último párrafo del art. 221 del CCAyT, el que cede ante la especialidad del art. 458 del CCAyT, que no fue modificado por la ley n° 5931 y que regula específicamente el caso de las ejecuciones fiscales, conservando la inapelabilidad de aquellas de menor cuantía (conf. lo que sostuve en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Malabia 2497 SRL s/ ejecución fiscal", expte. n° 15878/18, sentencia del 14/05/2020). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Cheque, ley penal más benigna, falsificación de instrumento privado equiparable al público, cheque privado
Materia: PENAL
Carátula: WOLK SIGAL, ENRIQUE. s/ FALSIFICACION- CHEQUE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-14

Los supuestos de cheques particulares falsos deben ser juzgados a la luz de la reforma efectuada por la ley 23.077, como más benigna, y que permite encuadrarlos en los "instrumentos privados" del art.

292 del Código Penal, y no por la ley 21.338, que los equiparaba, "quod poenam", a los instrumentos públicos.
Recurso de casación, promiscuidad de causales, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Stylarek, Antonio Liborio c/ Matosin, Yolanda s/ Divorcio Vincular - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-11-24

El libelo recursivo carece de suficiencia técnica, en la mediada en que, fundado en que existe claridad en la determinación y exposición de los agravios, se ensaya la comprensión de los mismos, por las diversas causales casatorias que contempla el Código de rito. Aquéllos sustentan a un tiempo el quebrantamiento de formas la violación de la ley y la arbitrariedad, en una promiscuidad de motivos que conduce inexorablemente a la de las soluciones que se proponen: o una u otra en los márgenes del art. 296. Se pretende que ex-oficio el Tribunal discierna -sin conocer cual es la pretensión precisa de la parte recurrente- la causal de casación que prevista por la ley ha de ser el pilar para la estructuración del recurso, y además que resuelva en su consecuencia, y según lo estime como conclusión de aquél análisis, cuál ha de ser el resultado de la decisión.
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Coore, Venetucci Gerardo c/ Vallejos, Carlos Miguel s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-30

El reparto de ganancias no implica, automáticamente, inferir que existió relación de trabajo, pero sí juega como un elemento de juicio importante que, relacionado con las modalidades habituales de contratación en radios, como espacios adquiridos, la autonomía de trabajo y demás circunstancias, autorizan a deducir que no se presentan las condiciones y cualidades de subordinación caracterizantes de una relación de trabajo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, policía, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BEAS, HECTOR OSVALDO c/ PROVINCIA DE CÓRDOBA s/ - CONT. ADM.- PLENA JURSIDICCIÓN-RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-04-19

En el ámbito de actuación del derecho administrativo, lo que debe procurar la ley y su reglamentación es garantizar una concreta posibilidad de predecir con suficiente certeza, el tipo y grado de sanción, lo que en modo alguno significa admitir cómo válida la definición de conductas con una amplitud e imprecisión absoluta que impidan todo juicio de previsibilidad.

Es que ni en el derecho sancionador general y tampoco en el derecho penal se impone una determinación normativa absolutamente precisa de las conductas sancionables, que sería materialmente imposible hacer en todos los casos, dada la misma generalidad de mandatos normativos. Lo que ha de exigirse de las normas sancionadoras es, pues, que garanticen no una certeza absoluta, sino una predicción razonable de las consecuencias jurídicas de la conducta.

Tal Exigencia es satisfecha por el art. 16 inc. 20 del Decreto Reglamentario Número 3727/90, dado que en el se establece claramente que constituye falta gravísima la realización de todo acto que comprometa "el decoro del empleo" y toda contravención a las órdenes policiales vigentes, requiriéndose así mismo que de su comisión resulte un perjuicio para los intereses públicos o privados o dañe o afecte el prestigio de la policía.

"El deber del decoro" que corresponde a la investidura policial constituye en el marco de la Ley 6702 n deber "esencial" para aquellos que se encuentran en actividad (art. 14 inc."j" ib.) El concepto de conducta decorosa se refiere a actos personales del agente que trasciendan y afecten la dignidad de la función administrativa. Ello resulta constitucional a la naturaleza y finalidad de excepción de la institución policial (milicia armada), la que ha sido instituida como depositante y representante de la fuerza pública, cuya misión es la de mantener el orden, y la seguridad ejerciendo las funciones que la legislación establece para resguardar al vida, los bienes y los derechos de la población (Art. 1 y cc, Ley 6701).

La circunstancia de que no exista un reglamento que los enumere y estipule un "catálogo" de actos comprometedores del decoro del empleo, no impide la aplicación del precepto en cuestión.

La conducta del recurrente ha afectado el "prestigio" de la policía, conforme al significado que a dicho vocablo le asigna la Real Academia Española, es decir: "Realse, estimación, renombre, buen crédito" (primera acepción, cfr. Diccionario de la Real Academia Esoañola",Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid 1992, p. 1663).

Efectivamente no cabe duda alguna de que el hecho acaecido en el cual se vio involucrado el accionante (cargar artículos en un carro de supermercados, pasar por determinada caja, cuya encargada en innegable connivencia, registra en el ticket respectivo sólo algunos de los valiosos productos previamente seleccionados), daño el "Renombre", la "estimación", o "buen crédito" de la institución.
Defraudación, estafa, petardismo
Materia: PENAL
Carátula: Franco, Roberto Carlos s/ Defraudación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-03

El petardismo o gorronería - acción de quien pide y consume alimentos o bebidas en una casa de comidas sabiendo que no pagará el precio o con la intención de no pagarlo - constituye el delito de estafa previsto por el art. 172 del Código Penal.
Instrumentos privados, fecha cierta, actuaciones notariales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coviello, Pascual c/ Cejas, Venancio y otro s/ Daños y Perjuicios-Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-02

Aún cuando la generalidad de la doctrina conceptúa en extremo peligrosa una actuación notarial independizada de la respectiva escritura pública, llegándose a afirmar que "los escribanos no ejercen su ministerio sino en su protocolo", es lo cierto que el art. 1035 inc. 2º del Código Civil, exige que el reconocimiento del instrumento sea hecho "ante un escribano público y dos testigos que lo firmen".
Violación, tentativa, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Paez Miguel del Jesús s/ Violación en grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-10-14

El monto de la pena que ha de aplicarse al culpable de la Tentativa de Violación, teniendo presente para tal contenido las pautas previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal. Tratase de una persona joven, si antecedentes penales, de condición social y económica humildes, que abusando de la confianza y quizás del cariño de su sobrina de apenas 8 años de edad, intento someterla a sus bajos instintos sin reflexionar sobre el daño que estaba causando y pudo haber causado de consumarse el hecho, es justo condenarlos a cumplir la pena de cinco años de prisión.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Estigarribia, José Miguel y otros s/ Robo reiterado - Violación - Tentativa de violación - Homicidio en  ocasión de robo - Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Debe anularse de oficio la sentencia que termina aplicando una escala más severa -art.165, Código Penal- que aquélla que según la a quo, no podía agravarse -42 y 165, Código Penal- y que la que, también en su propio concepto, resultaba aplicable al caso (art.79, C.P.), toda vez que tales contradicciones descalifican al fallo como acto jurisdiccional y la magnitud de la irregularidad ocasiona una excepcional incompatibilidad con el debido proceso.
Fundamentación de sentencias, restricción de acercamiento, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Robles, Gustavo Leonardo c/  s/ Coacción (art. 149 bis)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-18

Cuenta con razonables argumentos la decisión del a quo de imponer al acusado con sustento en el art. 27 bis, inc. 2do. C.P., una regla de conducta consistente en la prohibición de acercamiento del imputado a menos de mil metros del lugar de trabajo y residencia de la imputada, su madre y del colegio de sus hijas, pues ella guarda relación con los elementos fácticos que fueron materia de incorporación, prueba y discusión mediante el juicio oral) como son las características por el cual resultó condenado) (voto del juez Huarte Petite)