marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Peculado, querella, graduación de la pena, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: MORENO, Guillermo y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-17

El voto concurrente destacó que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones sino sólo con relación a aquéllas que resulten pertinentes y conducentes para la solución del caso, que en la resolución recurrida, en contra de lo afirmado por las defensas, se encuadraron debidamente los hechos motivo de investigación en autos en el delito de peculado que prevé el art. 261 primer párrafo CP, que el tribunal "a quo" ha fundado adecuadamente que los aportes individuales de los condenados implicaron segmentos concatenados de una maniobra en común, cuya implementación requería el accionar de cada uno de aquéllos en su respectiva área de competencia funcional, determinada por los roles que detentaban en forma individual, ya sea como parte de la estructura del Mercado Central de Buenos Aires o como funcionario de la Secretaría de Comercio Interior, que las partes no lograron demostrar la existencia de arbitrariedad ni de errónea aplicació n de la ley sustantiva que invocan, que los sucesos que la querella les atribuye a los imputados no pueden considerarse actos de violencia ni excluidos del ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión, por ende, no encuentran adecuación típica en el art. 212 CP, que en cuanto a la determinación de las penas, la enumeración efectuada en el código de fondo es puramente enunciativa y explicativa, y no excluye ninguno de los elementos referentes a la persona o al hecho dignos de ser considerados y que representen la mayor o menor gravedad del delito cometido, que el recurrente no demuestra que la inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de los imputados como empleados o funcionarios públicos fijada resulte arbitraria o violatoria de las garantías constitucionales invocadas y que la restitución es una medida accesoria de la condena que puede ser dispuesta por el juez, aún de oficio, por dicha razón, no es necesario que la solicite expresame nte el particular damnificado, ni tampoco haber ejercido la acción civil. Dres. Gemignani, Borinsky -voto concurrente-
Cámaras de casación, facultades del juez, fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Gamra, Ana María s/ recurso de casación. Causa: 600
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

El control de logicidad que el Tribunal de Casación está habilitado a realizar exige que en la sentencia se precise el contenido de la prueba enunciada, describiendo o reproduciendo concretamente el dato probatorio, pues sólo así será posible verificar si la conclusión deriva racionalmente de las probanzas.
Jubilación anticipada, otorgamiento del beneficio, pérdida del beneficio, vías de hecho, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "TALA, HAYDEE OLGA c/ A.N.Se.S. y otro s/ Amparos y sumarísimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-27

El acto administrativo por el cual se reconoció la prestación reclamada al amparo de la ley 25.994 adquirió eficacia a partir de su notificación a la interesada, por imperio de lo normado en el art. 11 de la ley 19.549. Esa resolución generó un status previsional que, es dable suponer, fue el corolario de un procedimiento administrativo mediante el cual el organismo público evaluó -pues debía hacerlo- la compatibilidad del beneficio peticionado con las condiciones de legalidad vigentes.

Por ello, el obrar posterior de la administración cercenando el derecho reconocido, exhibe una discordancia inadmisible con la previa conducta que exhibió en los términos de la resolución en que otorgó la prestación. Similar gravedad supone que el particular desconociera la causa por la cual se negó el beneficio previamente reconocido.
Inembargabilidad del haber previsional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Hernandez, Jose Antonio c/ Enriquez, Eduardo Luis s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-27

En la causa "Pavlin María Alejandra C/ Vivas Carreras Juan Manuel S/ Inc. de Ejecución de Honorarios", (INC N° 1073/2016, 24/11/2016) y posteriormente en "Tosatto Natalia c/ Barros Alicia s/ Ejecución de Honorarios" (INC n° 3.320/2016,5/9/2017), desarrollamos nuestra postura, también asumida por otros tribunales del país, como la Cámara del Trabajo de San Francisco (provincia de Córdoba), en fallo del 22 de julio de 2008, que ya había afirmado que tal como se encuentra concebida la norma que prescribe la inembargabilidad de las jubilaciones deviene írrita a los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, en razón de que no se advierte razonabilidad en el privilegio que se instaura, porque sin prever ninguna alternativa, directamente excluye a todos los beneficiarios de la contingencia de que su ingreso mensual previsional se vea afectado por embargos (autos "Chávez c/ Fernández", LL AR/JUR/9018/2008).(Del voto de la Dra. Patricia CLERICI, en minoría en la fundamentación).
Convención de los derechos del niño, adopción, interés del menor
Materia: CIVIL
Carátula: R. D. H. Y OTROS s/ CONTROL DE LEGALIDAD - LEY 26.061
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-16

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, en la medida de lo posible (art. 7); recoge el compromiso de los Estados Partes de respetar las relaciones familiares del niño (art. 8); y establece que aquellos velarán para que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando tal separación es necesaria en el interés superior del niño.
Tercería de mejor derecho, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Massa, Silvia c/ Diotto, Roberto s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

Si bien el Código Procesal menciona que la procedencia de la tercería se halla condicionada a la existencia de un embargo (art. 97 Código Procesal), se ha sostenido en doctrina que cualquier otra medida cautelar que pueda interferir sobre el mejor derecho o dominio del tercerista permite la actuación de éste por esta vía y, por lo tanto, también puede extenderse la tercería al pedido de levantamiento de una inhibición, mediante un incidente análogo al previsto por el art. 104 del Código Procesal, cuando se procura resguardar los derechos del tercero. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de sentencia, inconstitucionalidad, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: M. S. c/ M. D. S. M. D. T. s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-10-11

El fallo no se hizo cargo en absoluto de uno de los argumentos en que se funda la tacha de inconstitucionalidad que formulaba el demandante, relativo a la supuesta violación del denominado "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento" por parte del TEM. Modificando el tenor de la materia constitucional llevada a su conocimiento, el A quo se dedicó a rebatir un argumento que no fue esgrimido por la parte actora en sustento de la respectiva pretensión (relación entre el TEM y la Ley de Coparticipación Federal), a la vez que se desentendió completamente de la cuestión de marras, cuya dilucidación resultaba conducente para la adecuada solución de la litis. Tal proceder trae aparejado la invalidez de la sentencia recurrida en la medida que, a más de violar el principio de congruencia, cuenta con un fundamento aparente toda vez que la circunstancia de que el TEM no presente contradicción para con el Régimen de Coparticipación Federal que consagra la Ley Nº 23.548 -tal como lo entendiera el tribunal de grado- en modo alguno conduce a descartar la violación al Pacto Fiscal que invocara la razón social actora. El rechazo de la demanda ameritaba un tratamiento expreso de la cuestión oportunamente propuesta por la actora, pues sólo refutando la hipótesis que dicha parte propicia, consistente en que la ordenanza municipal creadora del TEM se opone a un pacto que integra el "derecho intrafederal" y que -como tal- es jerárquicamente superior a aquélla, se justifica desestimar una objeción como la de autos, fundada en la preceptiva del artículo 31 de la Constitución Nacional.
Contrato de trabajo, empleados de comercio, seguro de retiro, obligaciones del empleador, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: MERLE, MIGUEL EDUARDO c/ PODECORO S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

Subsiste el Sistema de Retiro Complementario, el cual no ha sido absorbido por el sistema de capitalización -vigente desde la sanción de la ley 24.241-. Así, la empleadora debe seguir integrando al Sistema de Retiro complementario el valor de 3,5% mensual sobre los salarios liquidados a su personal comprendido en la C.C.T. 130/75, porque no hay colisión entre las disposiciones de la ley 24.241 y cualquier diseño de compensación de ingresos previsionales. Más allá de una subsistencia parcial de los regímenes de reparto, nada obsta a que un grupo de trabajadores constituya un sistema para suplir los desajustes entre los ingresos de actividad y pasividad buscando paliativos para conjurar situaciones de desequilibrio. Ahora bien, ante la evasión por parte de la empleadora, los aportes no ingresaron oportunamente a la cuenta individual, ésta no generó rendimientos y tampoco resultó susceptible de las quitas, descuentos y deducciones por gastos de impuestos previstos en los arts. 7 y 9 del Protocolo. Ello genera la responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de tal situación, pues, en el caso, la obligación no se ha podido satisfacer debido a que el empleador incumplió sus obligaciones específicas; por lo tanto, debe afrontar por sí las consecuencias de su incumplimiento (arg. arts. 628, 629, 904 y cctes. Del Código Civil).
Recurso extraordinario, plazo, plazo de gracia, ley procesal, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Maggiola, Armando Edgardo s/ Recurso extraordinario- Apropiación indebida de tributos (Expte.   C.S.J. Nro. 478 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-13

Al estar regulado todo lo atinente al trámite que habrá de imprimírsele al recurso extraordinario federal (art. 14, ley 48) por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y al no regular éste las distintas alternativas que prevé el código de rito local, el recurrente contó con la posibilidad de acudir ante la Corte local hasta las 9.15 horas del día después de que venció el plazo respectivo. Al no acudir ante ese Cuerpo en el plazo referido y optar por la presentación ante un Escribano Público, equivocó la vía apropiada para la interposición del recurso ya que las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -aplicables al sub examine- no regulan la posibilidad de presentar escritos ante un Escribano Público tal como lo hiciera el recurrente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, escritos judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Direccion de vialidad de la Pcia. de Buenos Aires c/ Oliva, Maria F. s/ Expropiación Rimasa S.A. Agrop. C.F.I. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30|1991-09-10

Constituye una cuestión de hecho interpretar el sentido y alcance de los escritos del proceso.
Intervención de terceros, morosidad del proceso, intervención voluntaria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: VALLEJO  JORGE  MAMERTO  JOSE c/ ESTADO  NACIONAL MINISTERIO DEECONOMIA S/ s/ NCIDENTE DE RETARDO Y PRIVACION DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-03

El doctor Mac Laughlin solicitó intervenir en los términos del art. 90, inc. 2, del Código Procesal (intervención voluntaria de tercero que hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio). Esta presentación fue efectuada el 1.12.03. Considerando que -pese al tiempo transcurrido- aun no se ha corrido traslado de dicha petición al deudor subrogado, este Tribunal entiende que la situación planteada está configurando un retardo en la administración de justicia que debe ser reparado, sin más trámite. En tal sentido, debe destacarse que asiste al interesado la garantía de obtener un pronunciamiento válido del Juez de la causa (con independencia de la naturaleza y alcance de la decisión que -en definitiva- se adopte al respecto). Por lo tanto, y teniendo en cuenta -además que los jueces deben asegurar que la tramitación de la causa respete los principios de seguridad jurídica, debido proceso, celeridad y economía procesal (conf. esta Sala, causas 7708/07 del 4.12.07, 8836/09 del 3.12.09, 3196/03 del 11.5.10, 12.916/06 del 7.10.10), los que tienden a evitar la privación de justicia (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 315:217 y 329:4184), corresponde admitir la pretensión formulada y remitir las actuaciones al juzgado de origen, a los fines de que se ordene el traslado requerido.
Jubilaciones, pensiones, otorgamiento del beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Scipioni, Augusto c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

Ninguna norma del decreto ley 9650/80 condiciona el derecho a pensión -ni siquiera el derecho a obtener una jubilación- a la circunstancia de no haber sido dejado cesante el causante por la causal de abandono del cargo. A los fines previsionales -salvo escasas excepciones- el motivo del cese es absolutamente irrelevante.
Aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, contribuyentes, fisco nacional, pago de tributos, evasión fiscal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CAFES CHOCOLATES AGUILA Y PRODUCTOS SAINT HNOS. s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  SENTENCIA  DE  LA CORTE  SUPREMA  -  INTERPRETACION  DE  LA  LEY  -  REPETICION DE IMPUESTOS -  CONJUNTO ECONOMICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04

Por la misma razón que no es reprensible el esfuerzo honesto del contribuyente para limitar sus impuestos al mínimo legal, no cabe desconocer al Estado la facultad de proscribir por ley procedimientos, incluso jurídicos, susceptibles de reducir los gravámenes establecidos, por lo que resulta correcta una interpretación de tales normas que contemple la finalidad a que responden, que no puede ser otra que la de impedir la evasión impositiva.
Delitos contra la integridad sexual, derechos de las niñas, niños y adolescentes, declaración de la víctima menor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: F.R.D.E.  c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-23

Corresponde una especial consideración que según los arts. 5, incs. "b" y "e"; 6, inc. "a" y 10, inc. "a" de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos; 16, inc. "h" de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres; y 27, inc. "a" de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes debe ser tenida en cuenta por el juzgador para cada medida que involucre en un proceso a una víctima que reúne las condiciones del caso, al tiempo en que se obtuvo su declaración.
Derecho bancario, bancos, ley vigente
Materia: COMERCIAL
Carátula: DI CARLO, GABRIELA ALEJANDRA c/ H.S.B.C. BANK ARGENTINA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-12-30

Es opinión unánime que las entidades bancarias actúen en el mercado como un profesional en su actividad, titular de una empresa con alto nivel de especialización, colector de fondos y distribuidor del crédito por un privilegio emanado del Estado, y con superioridad técnica con relación a su co-contratante, razón por la cual resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 902 del C.C., con el consiguiente efecto de que mayor será la obligacion que resulta de las consecuencias posibles de los hechos, debiéndose apreciar la conducta del mismo no con los parámetros aplicables a un neófito, sino que debe ajustarse a un standart de responsabilidad agravada, ya que su condición lo responsabiliza de manera especial y le exige una diligencia y organización acorde con su objeto haciendal, para poder desarrollar idóneamente su objeto negocial.

También se ha señalado que la "naturaleza del negocio bancario cristaliza una confianza especial, conforme lo establece el art. 909 del C.C."
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: LABORATORIOS DR. GADOR SACI c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA   JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 429-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-09

Es deber del juzgador analizar el título traído a ejecución, no sólo al momento de presentarse la demanda, sino previo al dictado de la sentencia.
Derecho penal, delitos contra la integridad sexual, calificación legal, víctima del delito
Materia: PENAL
Carátula: RAMONA HIPÓLITA ROMERO c/ ZENON MARCIAL QUISPE s/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE Y DOBLEMETE AGRAVADO POR LA GUARDA Y LA CONVIVENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-03-17

El hecho no se califica como Abuso Gravemente Ultrajante, pues toda vez que para que se de la calificación propuesta es necesario que la conducta del sujeto activo sobrepase los límites normales del tipo penal básico, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, donde la intención y la comisión de actos de naturaleza sexual conlleven un grado de cierta entidad tendiente a degradar en demasía a la víctima, y en el que se advierta una suerte de contenido sádico que exceda de manera desproporcional el tipo penal básico del abuso sexual simple.
Competencia, competencia por el turno
Materia: CIVIL
Carátula: EMPRENDIMIENTOS REGIONALES S.A. c/ OLMEDO DE LA LLAMA OSCAR s/ COBRO DE DOLARES. CUESTION DE COMPETENCIA.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-23

La competencia en razón del turno, se basa en el orden temporal en que los distintos órganos judiciales que ejercen una misma clase de competencia deben reducir los procesos que se inicien. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inhabilidad de título, cancelación del cheque
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SERPA RAFFO MIGUEL A. c/ CUITINO VICTOR ALDO s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S129 - 413)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-26

Basada en un procedimiento irregular de "cancelación" de cheque inoponible al portador de buena fe. En el supuesto de que el instrumento no valga como cheque por los efectos de la cancelación irregular, ello no enerva la acción ejecutiva, pues el instrumento cuya firma no se niega, es título ejecutivo que contiene una obligación lícita, de pagar una suma líquida y exigible de dinero.- "...demuestra que efectivamente el librador sabía quien era el portador del título cuando inicia la cancelación, circunstancia que claramente desvirtúa el fin querido por el instituto, pues el procedimiento irregular seguido por el demandado tiende -como sujeto obligado- a negarse al pago de la obligación, tratando de que el auto de cancelación resulte oponible al ejecutante, a través de la publicación edictal y no a determinar efectivamente el sujeto beneficiario del pago al que ya conocía y cuya buena fe no cuestiona.- Admitiendo que el instrumento no valga como cheque, ello no es óbice para enervar la acción ejecutiva, pues al no haber negado el accionado la firma estampada en el instrumento privado, éste queda reconocido en su contenido, que tampoco se impugna. De manera que el documento base de la ejecución, reúne las condiciones del art. 228 CPC para los títulos ejecutivos, por cuanto se trata de un instrumento privado, suscripto por el ejecutado, que contiene una obligación lícita de pagar una suma líquida y exigible de dinero.-
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pascazzi, Luis Alberto y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

La garantía del Estado se extiende al capital invertido más las compensaciones que correspondan desde la fecha de las imposiciones hasta la del efectivo pago, inclusive las devengadas durante el período de treinta días a que se refiere el quinto párrafo del art.

56 de la ley 21.526.
Actuaciones administrativas, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: GODOY, JOSE ABELINO c/ MANGIARUA ANTONIO Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1975-11-28

La doctrina plenaria establecida el 29 de septiembre de 1970 ('Lafalce, Angel y otros c/ Casa Enrique Schuster SA.') no es de aplicación a las actuaciones administrativas, pues sólo se refiere a procesos judiciales.
Prescripción, cómputo del plazo, interrupción de la prescripción, proceso de verificación, demanda de verificación, plazo fijo en dólares, entidades financieras, liquidación de entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MERINO, José y OTRO c/ B.C.R.A. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Sin perjuicio que el plazo de prescripción bienal que prevé el art. 4037 del C.C. comienza a correr desde que el crédito existe y puede ser exigido, en el caso resultó interrumpido por el pedido de verificación de su crédito que los actores intentaron en el proceso de quiebra de la entidad bancaria en que oportunamente efectuaron su depósito. Es pacífica y abundante la jurisprudencia según la cual el pedido de verificación de un crédito produce el mismo efecto que una demanda judicial, y por ende, interrumpe el plazo de prescripción que hubiere transcurrido.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Inocente, José A. y Villarruel, María L. c/ Rossi, Marcos y/o quien resulte titular registral o poseedor o tenedor del Automóvil Renault 12 dominio S 428153 y/o Compañía de Seguros "El Norte S.A." y/o quien resulte civilmente responsable s/ Ordinario (Expte Nro.  498-01, Resolución Nro.  147, Tomo 21, Folio  204/208)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-02

Es cierto que cuando los testimonios son contradictorios en cuanto al hecho principal se neutralizan, pero no es menos cierto que ello es así, en tanto y en cuanto, no se pueda determinar a cuál otorgarle mayor crédito.
Reincidencia, pena, agravantes de la pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ORLANDO, EMILIO s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-19

Aunque el fallo no lo diga expresamente, la reincidencia determinó en su momento, la agravación de la pena, en la forma que lo establecía el art. 51 del C.P. habida cuenta que no puede presumirse la omisión de una obligación legal, cual era la de aumentar la penalidad en caso de reincidencia que determinaba dicho precepto sustantivo.

Derogado el art. 51 por Ley 23.057, debe excluirse su aplicación a la especie, y disminuir en un tercio los topes de la escala punitiva correspondiente al delito que diera lugar a la condenación.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: García Sipe, Williams s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-21

La presunción de riesgo procesal aparece suficientemente avalada si el imputado se encuentra considerado prima facie coautor del delito de fabricación y tenencia con fines de comercialización, agravado por la participación de más de tres personas, no se ha demostrado que tenga un trabajo estable, no se aportaron datos concretos acerca de la presencia de familia o allegados y sí se aportó un domicilio donde se comprobó que no habita, sin que el tiempo de detención que lleva cumplido se presente como irrazonable en orden al estado del proceso.