Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-20


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 20 de 2008.

Y Vistos: 1. Apeló Dencanor SA la resolución dictada en fs. 30/32 por la que se rechazó in limine la presente acción declarativa.

Los fundamentos fueron expuestos en fs. 57/64 y respondidos en fs. 68/70.

2. A efectos de una mejor comprensión de la materia traída a conocimiento de este Tribunal, cabe referir que la recurrente promovió acción meramente declarativa en el marco de la quiebra de Fine Arts SA, a efectos de que se dicte sentencia de certeza que establezca: a) cuál es el importe de los créditos que motivaron los procesos "Pereyra Iraola P. M. y Otros c. Fine Arts SA s. Ordinario" y "Fine Arts SA s. quiebra s. inc. de simulación promovido por la sindicatura"; y b) cuál es la diferencia a ser cubierta -si es que hay alguna- entre el activo existente y el pasivo a ser atendido por la quiebra. Refirió que la litis tenía como parte demandada a la sindicatura y a la fallida, quien, en su caso, podría también ser citada como tercero en los términos del CPCC: 94. Explicó que este proceso resulta necesario a fin de posibilitar a su parte: i) el ejercicio de los derechos que le otorga el art. 966 CCIV, esto es, dar fianza suficiente o simplemente pagar como tercero codemandado por fraude y simulación; ii) dar cumplimiento y ejecución en forma acabada a los acuerdos celebrados con el Estado Nacional en el marco de la ley 12.665; iii) obtener la sustitución de las medidas precautorias trabadas respecto del mural "Ejercicio Plástico" que lo tienen inmovilizado. Indicó, asimismo, que la declaración buscada constituye una decisión que también podría ser adoptada "de oficio" por el Juez como director del proceso a fin de impulsar la causa hacia su terminación.

El Señor Juez de Grado rechazó liminarmente la acción, de conformidad con lo previsto por la ley concursal para las peticiones incidentales (art. 281, párrafo segundo, LCQ) con base en que: a) no se da en la especie el requisito exigido por el CPCC: 322, párrafo primero, para dar curso a este tipo de demandas, esto es, que no exista otro medio legal para obtener el cese de la falta de certeza alegada, toda vez que Dencanor SA lleva efectuadas un sinnúmero de presentaciones en los expedientes mencionados en el escrito de inicio, por lo que son esas causas, precisamente, los medios legales idóneos, y no otros, para que cese tanto el estado de incertidumbre como el actual perjuicio que se estuviera causando, en la medida que, en ellas, se arribe a una sentencia de fondo; b) para conocer "cuál es el importe de los créditos", basta con remitirse a las constancias de la quiebra y de sus incidentes y, en relación a la diferencia a ser cubierta "entre el activo existente y el pasivo a ser atendido", se puntualizó que no es posible determinar al día de la fecha el activo perteneciente a la quiebra, porque precisamente ello será conocido una vez que se dicte sentencia definitiva en los juicios donde la peticionante es parte demandada; c) el impedimento de la actora para ejercer el derecho de propiedad, en carácter de compradora, del mural "Ejercicio Plástico", es el resultado de medidas cautelares dictadas en distintos expedientes, donde no está privada de peticionar.

La recurrente se quejó de esta decisión, alegando que ninguna disposición ritual autoriza a repeler in limine una demanda "por una razón de fondo respecto de lo pretendido", tal como lo habría hecho el a quo, ya que ello conlleva la interpretación del derecho demandado, materia que es propia de la sentencia definitiva, más no de este estadio procesal. Indicó que no cupo apoyar la decisión en lo establecido por el art. 281, párrafo segundo, LCQ, dado que dicha norma no otorga una facultad discrecional y arbitraria al Juzgador para desestimar una pretensión articulada por vía incidental -art. 280 LCQ-, por lo que frente a la improponibilidad manifiesta de lo pretendido, debió darse curso a la acción. Arguyó que si bien el Juez sostuvo que existirían otros medios para obtener el cese de incertidumbre alegado, no especificó cuáles serían concretamente esos medios, lo que evidenciaría la arbitrariedad de la sentencia apelada. Refirió que no se tuvo en cuenta que la falta de determinación precisa del pasivo falencial surgiría ostensiblemente de la quiebra de Fine Arts SA, ante la existencia de incidentes de revisión en los que aún no se ha dictado sentencia, como así tampoco hay precisión sobre el activo ni la eventual diferencia a ser cubierta entre esos dos rubros, a los efectos del pago de los créditos de los acreedores concurrentes. Sostuvo que su parte tiene derecho a hacer cesar las acciones impugnativas entabladas contra la operación de compraventa del mural "Ejercicio Plástico", lo que aún no puede hacer por la incertidumbre del quantum de los créditos a pagar o, en su caso, de la fianza a otorgar. Por último, esgrimió que el Magistrado de la anterior instancia omitió pronunciarse sobre el otro objeto demandado, esto es, que el Tribunal se expidiera directamente sobre los puntos requeridos, de acuerdo a lo normado por el art. 274 LCQ, ya que dicha pretensión, fue, en definitiva, un planteo alternativo a la acción declarativa, que no incluye la participación de los accionados interesados (la fallida y la sindicatura).

3. Del relato precedente se desprende que este proceso tiene por objeto obtener una declaración de certeza en los términos del art. 322 CPCC.

Ahora bien, la norma legal antes citada establece que "podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente...".

Del texto legal se desprende que la acción meramente declarativa es la que tiende a obtener un pronunciamiento que elimine la falta de certeza sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico, es decir, que es el medio de conseguir directa y únicamente la declaración por el Poder Judicial de que existe un derecho del actor, o bien, que no existe un determinado derecho en cabeza del demandado (Palacio Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", Tº I, p. 426 y ss.; Colombo Carlos J., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº II, p. 77 y ss.; Falcón Enrique, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº II, p. 579 y ss.; Fassi Santiago, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº II, p. 11 y ss.; Kielmanovich Jorge L., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº I, p. 614 y ss.).

De la definición legal del instituto se desprende que una nota esencial a esta acción, es su carácter preventivo, dado que se encuentra precedida únicamente por un estado de incertidumbre capaz de producir un perjuicio. Es decir, que su finalidad está dada por el interés en una declaración judicial de certeza tendiente a evitar un daño. Ese interés, precisamente, consiste en una situación de hecho tal, que el actor, sin la declaración judicial de certeza, sufriría un daño, de modo que la declaración judicial se presenta como el medio necesario para evitar ese perjuicio (Chiovenda, "Acciones y Sentencias", Revista de Derecho Procesal, año V, 1948, Nº 3 y 4, p. 528; Carli Carlo, "La demanda Civil", p. 45 y ss.).

Desde otro ángulo, otro de los requisitos para su admisibilidad, es la falta de existencia de otra vía idónea para hacer cesar ese estado de incertidumbre. En efecto, se ha interpretado que el CPCC: 322 se enrola en la tendencia limitativa en cuando al uso de "la acción meramente declarativa", ya que es la propia norma la que dispone que de existir otra acción que pueda satisfacer la pretensión, debe necesariamente recurrirse a ella. Es esta última particularidad de nuestra legislación la que demuestra que la vía de la citada acción es residual (Carli Carlo, ob. cit., p. 50; Fenochietto Carlos E. - Arazi Roland, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº II, p. 128).

En suma, para que la acción prospere resulta necesario: i) que haya falta de certeza, es decir, un estado de incertidumbre, sobre la existencia o inexistencia, o sobre el alcance o modalidades de una relación jurídica; ii) que esa incertidumbre apareje un daño actual; iii) que la sentencia de declaración baste, además de para eliminar la incertidumbre, para prevenir un daño; y iv) que el interesado no disponga de otro medio legal para arribar a la certeza pretendida.

4. Sentado ello, ha de señalarse que el CPCC: 337 dispone que "los jueces podrán rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan".

Sobre el particular, se ha interpretado que la norma transcripta, literalmente considerada, pareciera limitar la facultad judicial a la hipótesis de incumplimiento de las reglas establecidas en el CPCC: 330, sin embargo, debe entenderse que comprende a todos aquellos requisitos de admisibilidad de la pretensión (extrínsecos e intrínsecos), cuya falta no requiera su expresa denuncia por parte del demandado. En consecuencia, el mencionado art. 337 es aplicable también cuando el objeto de la pretensión no resulte idóneo o jurídicamente posible. En todos los casos, obviamente, la facultad de repulsa liminar de la demanda debe ser ejercida con la debida prudencia, limitándola a los supuestos en los que la inadmisibilidad de la pretensión aparezca en forma manifiesta, sea porque claramente surja de los propios términos de la demanda o de la documentación con ella acompañada (Palacio Lino E., ob. cit., Tº IV, p. 289 y ss.; Fassi Santiago, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", ob. cit., p. 52 y ss.; Colombo Carlos J. Kiper Claudio, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº III, p. 585 y ss.).

Es que, cuando el Juez tiene la certeza ab initio de que la pretensión, ya sea por aspectos formales como sustanciales, carece de idoneidad para lograr los efectos jurídicos perseguidos, es decir, que resulta manifiesto y evidente que la acción no cumple con condiciones necesarias para darle curso, se justifica la desestimación de oficio, a fin de evitar un dispendio inútil de la actividad procesal (CPCC: 34, inc. 5º, ap. e) y 337; CSJN., 01/01/76, "De Bidegaray Nelly y Otros c. Provincia de Buenos Aires"; esta CNCom., esta Sala A, 07/04/95, "Oeste Visión SA c. Abramovich Moisés s. Sumario"; íd. Sala E, 10/07/07, "Díaz Adriana c. Florentino Alicia s. Ordinario").

5. Sobre tales bases, pues, es que debe examinarse el fallo apelado.

Han de analizarse los dos ítem que se pretenden esclarecer, esto es: a) el importe de los créditos que motivaron los procesos "Pereyra Iraola P. M. y Otros c. Fine Arts SA s. Ordinario" y "Fine Arts SA s. quiebra s. inc. de simulación promovido por la sindicatura"; y b) la diferencia a ser cubierta -si es que hay alguna- entre el activo existente y el pasivo a ser atendido por la quiebra importan simples hechos. Es evidente, pues, que la quejosa no pretende, en rigor, lograr una declaración de certeza sobre la existencia, o no, de un determinado derecho o relación jurídica, sino el esclarecimiento de ciertas circunstancias de hecho, petición que, a tenor lo expuesto en el considerando 3.), no resulta posible canalizar a través de la vía intentada (CPCC: 322).

Es que la "acción declarativa" no constituye un medio para lograr la modificación de un determinado estado jurídico actual, sino tan solo un procedimiento para obtener una certeza jurídica y no otra cosa. En efecto, tal como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el interés legítimo que autoriza la vía elegida por la aquí actora, es la demostración de que la "falta de certidumbre" en la declaración requerida determinaría la real posibilidad de que surja una controversia judicial (CSJN, 30/05/79, ED, 78-721), extremo que no concurre en el sub examine, donde la quejosa, contrariamente a lo indicado por el más Alto Tribunal, pretende, en realidad, adelantar el desenlace de conflictos judiciales ya iniciados y que actualmente se encuentran en trámite, a tenor de lo que resulta del informe actuarial que en encabeza la presente.

6. En efecto, debe señalarse que, a través de los procesos "Pereyra Iraola P. M. y Otros c. Fine Arts SA s. Ordinario" y "Fine Arts SA s. quiebra s. inc. de simulación promovido por la sindicatura", donde Dencanor SA actúa como parte demandada, no se persigue el cumplimiento de ninguna obligación susceptible de cuantificación pecuniaria, sino la declaración de nulidad por simulación de la operatoria de compraventa del mural del artista mejicano David A. Siqueiros, es decir, que se trata de acciones de recomposición patrimonial. Es que, si bien estos procesos tienen por finalidad preservar la integridad del patrimonio del fallido en tanto prenda común de los acreedores afectada al estado de cesación de pagos, no debe perderse de vista que el objeto de este tipo de procesos versa, estrictamente, sobre una sanción, es decir, una respuesta del ordenamiento jurídico a los eventuales negocios, pactos o estipulaciones realizados en su infracción, y no sobre la particular satisfacción del crédito de quien lo promueve, especialmente en el caso del incidente de simulación promovido por la sindicatura en los términos del art. 119 LCQ, donde dicha funcionaria, en tanto titular de las acciones que competen a los intereses de la quiebra, no actúa por propio derecho, como representante del fallido ni tampoco de los acreedores, sino como "órgano del concurso" y en defensa de los intereses involucrados en aquél, especialmente en resguardo del activo patrimonial (cfr. Cámara, Héctor, "El Concurso Preventivo y la Quiebra", Tº III, p. 2073 y ss.; Garaguso Horacio Pablo, "Ineficacia Concursal", p. 9 y ss; véase esta CNCom., esta Sala A, resoluciones dictadas con fecha 11/10/06 y 27/05/08 en "Fine Arts SA s. inc. de simulación").

En suma, y aún soslayando la naturaleza fáctica de las cuestiones que se pretenden esclarecer, mal podría llegar a realizarse una declaración de certeza sobre materias que no se encuentran involucradas en dichos obrados, esto es, el importe de los créditos que motivaron la promoción de procesos antes referidos, ya que las acciones de recomposición patrimonial como las aquí mencionadas, prima facie al menos, no aparecen dirigidas a perseguir un crédito en particular, sino a resguardar del patrimonio falencial en beneficio de la masa en su conjunto. Y en todo caso, de pretenderse contar con información sobre el pasivo de Fine Arts SA, bastaría con que la peticionante compulsara el expediente de la quiebra y las incidencias respectivas, sin que resulte posible adelantar definiciones respecto de aspectos sujetos a causas judiciales que se encuentran actualmente en trámite, tal como la propia recurrente lo ha señalado con referencia a los incidentes de revisión.

Por lo demás, si la intención de Dencanor SA es procurar una pronta resolución a los conflictos ventilados en los expedientes mencionados, es precisamente, en el marco de dichas causas, donde debe introducir las peticiones pertinentes y/o proponer las alternativas de conclusión del proceso posibles, atendiendo a los mecanismos que el ordenamiento legal contempla a tal fin.

Igual conclusión cabe adoptar respecto del otro ítem objeto de esta acción meramente declarativa ("diferencia a ser cubierta -si es que hay alguna- entre el activo existente y el pasivo a ser atendido por la quiebra"). Es que, debe ponderarse necesariamente que, frente a la existencia de una decisión firme por la que se declaró que no puede disponerse de los fondos depositados en la quiebra de Fine Arts SA hasta tanto se resuelva el tema de fondo sobre la compraventa del mural, la tramitación de acciones aún sin concluir donde se debate, precisamente, la eficacia y legitimidad de esa operatoria, en incidentes de revisión en cuyo marco se discute el reconocimiento de obligaciones que podrían, eventualmente, ser incluidas en el pasivo de la quiebra o, en su caso, ser excluidas de aquél, y ante la tramitación de otros procesos conexos como "Mendizábal Héctor s. quiebra s. incidente de medidas cautelares" -recibido en esta Sala el 12/11/08- donde se ha trabado una medida de no innovar sobre el mural, mal puede pretender la quejosa obtener, a través de esta vía, el esclarecimiento de ciertas cuestiones que, en definitiva, se encuentran sujetas, en lo sustancial, al resultado de las causas aquí mencionadas.

7. Desde otro sesgo, ha de señalarse que la decisión impugnada no se evidencia arbitraria, por cuanto, contrariamente a lo alegado por la recurrente, no resulta de los términos de aquélla que el Sr. Juez de Grado haya efectuado un indebido juicio de mérito sobre el fondo del asunto, ya que el análisis del Magistrado se limitó a las condiciones extrínsecas formales de la demanda, indicando concretamente, cuáles eran los óbices procesales por lo cuales la acción intentada carecía de idoneidad para lograr los efectos jurídicos perseguidos.

Repárese en que el a quo expresamente señaló que no concurría en la especie el requisito esencial de la acción declarativa de certeza consistente en que no exista otro medio en el ordenamiento jurídico para obtener el cese de la incertidumbre, ya que los medios legales idóneos a tal efecto son, precisamente, la quiebra principal y los procesos mencionados en el escrito de inicio ("Pereyra Iraola P. M. y Otros c. Fine Arts SA s. Ordinario" y "Fine Arts SA s. quiebra s. inc. de simulación promovido por la sindicatura"), en la medida en que allí se arribe a una sentencia de fondo. Es claro, pues, que este análisis se ciñó a la concurrencia, o no, del recaudo legal de admisibilidad de la proposición de la acción, esto es, que no se cuente con otro medio legal para arribar a la certeza pretendida, tal como exige el CPCC: 322.

El Magistrado también hizo hincapié en que de abrirse y tramitarse este expediente, se perturbaría el desarrollo de las causas judiciales tendientes, precisamente, a determinar aquello que la peticionante quiere o pretende anticipar. Este aspecto también se encuentra referido a las condiciones necesarias para dar curso a la demanda.

Señaló, asimismo, que para conocer "cuál es el importe de los créditos", basta con remitirse a las constancias de la quiebra y de sus incidentes y, con relación a la diferencia a ser cubierta "entre el activo existente y el pasivo a ser atendido", puntualizó que no era posible determinar al día de la fecha el activo perteneciente a la quiebra, porque ello será conocido una vez que se dicte sentencia definitiva en los juicios donde la peticionante es parte demandada. Esta observación tampoco ha involucrado una valoración sobre "el fondo de lo pretendido", sino sobre la idoneidad de la vía elegida para obtener certeza sobre los aspectos indicados en el escrito de inicio.

Finalmente, dejó aclarado que el impedimento de la actora para ejercer el derecho de propiedad, en carácter de compradora, del mural "Ejercicio Plástico", es el resultado de medidas cautelares dictadas en distintos expedientes, donde ella no está privada de peticionar. También aquí el a quo se refirió al requisito extrínseco de admisibilidad antes referido.

En este contexto, es evidente que a través del fallo dictado en la anterior instancia se efectuó un adecuado examen de los presupuestos y de las condiciones necesarias e indispensables para el ejercicio de la acción, es decir, para que resulte admisible instar su trámite, aspecto ciertamente diverso a un indebido adelantamiento de una decisión sobre el fondo del tema.

8. Finalmente, sólo resta remarcar que tampoco resulta posible obtener la finalidad perseguida a través de una declaración de oficio, habida cuenta que las facultades que la LCQ: 274 confiere al Juez del concurso y que ponen en evidencia los matices fuertemente inquisitivos del proceso concursal, dados por los intereses ius publicísticos involucrados en su trámite, no pueden ser utilizadas para efectuar un indebido adelanto de opinión sobre cuestiones que recién quedarán consolidadas cuando concluyan las actuaciones judiciales a las que aquellas se encuentran sometidas.

9. A la luz de lo hasta aquí expuesto, coincídese con el a quo en punto a en el sub lite no se configuran los presupuestos necesarios para habilitar la acción declarativa, extremo que sella la suerte adversa del agravio bajo examen.

10. Por todo ello, esta Sala Resuelve: Rechazar el recurso interpuesto y, por ende, confirmar el pronunciamiento apelado en lo que ha sido materia de agravio.

Imponer las costas de Alzada a la recurrente, dada su condición de vencida en esta instancia (CPCC: 68).

Devuélvase a primera instancia encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones pertinentes. - María Elsa Uzal. - Isabel Míguez. - Alfredo Arturo Kölliker Frers.