Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-27


SENT Nro. 947 San Miguel de Tucumán, 27 DE NOVIEMBRE de 2003.- Y VISTO: La cuestión de competencia suscitada entre el Sr. Juez Civil y Comercial Común de la Ia. Nominación y la Sra. Juez Civil en Documentos y Locaciones de la Vª Nominación, en autos: "Moreyra, Nélida Ester vs. Campos, Ramón Angel s/Cobros (Sumario)"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Sr. Juez en lo Civil y Comercial Común de la Ia. Nominación y la Sra. Juez Civil en Documentos y Locaciones de la Va. Nominación.

II.- A fs. 17/18 se presenta la actora iniciando demanda por cobro ejecutivo del saldo de deuda emanada de un boleto de compraventa que adjunta, en base a lo dispuesto en los arts. 502 inc. 2, 509; 515 y cctes. del CPCCT y en los arts. 1323; 1424 y cctes del CC.

El Juez Civil y Comercial Común de la Iª Nominación, se declara incompetente con sustento en lo dispuesto en el art. 62 LOPJ. Remitidos los autos al Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la Vª Nominación y previo dictamen fiscal, la Jueza del fuero entiende que es incompetente en razón de lo dispuesto en los arts. 61 inc a) y 62 inc. b) de la LOT y porque la pretensión real apunta al cumplimiento de un contrato de compraventa, remitiéndose a la causa de la obligación, pretendiendo probar el cumplimiento a su cargo con el pedido de autorización de cesión y la carta documento glosadas en autos, por lo que entiende que aún cuando la actora pretenda hacer abstracción de la relación causal no es el supuesto previsto en el art. 62 LOPJ.

Planteada así la cuestión competencial, el Sr. Ministro Fiscal a fs. 30 considera que resulta competente el fuero civil en documentos y locaciones.

III.- Entrando ahora en el análisis de la cuestión, cabe expresar que en autos se promovió una acción por cobro ejecutivo basada en un boleto de compraventa. La actora expresamente solicita intimación de pago y embargo y el procedimiento emanado de los arts. 502, 509 y ccdtes. del CPCCT. Esta Corte de Justicia local ha dicho reiteradamente que para determinar la competencia en razón de la materia debe estarse a los hechos expuestos en el escrito de la demanda, alegados en sustento de la acción que se promueve, siendo lo relevante a tal efecto la naturaleza o índole intrínseca del hecho o acto jurídico constitutivo de la pretensión, y sin perjuicio de ser resuelta la causa en su oportunidad, conforme las defensas opuestas por el demandado (CSJTuc in re: "Montoya, Juan Gerónimo vs. Abraham, Juan Sale s/cobro ejecutivo de pesos", sent. 23/12/93), entre otros.

Habida cuenta de la vía procesal elegida, ha de estarse a la autonomía propia de la pretensión ejecutiva. Esta reside en su cualidad abstracta respecto al crédito que da razón de ser a ese título; conllevando la imposibilidad de discutir la relación jurídica sustancial. Oportunamente, lo que el juzgador deberá decidir es si el título es hábil para ser ejecutado por la vía electa, pero ello no empece a que, en esta etapa y en orden a la determinación de la competencia, el caso quede aprehendido en la normativa del art. 62, inc. b) de la L.O.P.J. 6238; que atribuye competencia material a los Jueces en lo Civil en Documentos y Locaciones "en todos los cobros monetarios, civiles o comerciales, cualquiera sea su monto, con garantía real o sin ella, documentados o no, tales como apremios, ejecutivos, ordinarios, prendarios, hipotecarios y análogos".

En consecuencia, resulta competente para continuar entendiendo en la presente causa la Sra. Juez Civil en Documentos y Locaciones de la Vª Nominación.

Por lo antedicho, y conforme a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, se R E S U E L V E :

DECLARAR la competencia de la Sra. Juez Civil en Documentos y Locaciones de la Vª Nominación y remitir la causa a dicho Juzgado, a fin de que aquélla intervenga en la misma.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (en disidencia) ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA Voto en disidencia del doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia suscitado entre el señor Juez en lo Civil y Comercial de la Iª Nominación y la señora Juez Civil en Documentos y Locaciones de la Vª Nominación.

Dictaminada la presente causa por el señor Ministro Fiscal a fs. 30, se elevan las actuaciones a esta Corte.

II.- Las reglas generales en materia de competencia imponen determinar la misma de conformidad a la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y en los hechos que le dan sustento (cfr. art. 7 del CPCC; CSJT, sent. 74 del 25/02/2002, "Andrada, Olga Angélica y otros c/Banco Hipotecario S.A. y otro s/Nulidad de acto jurídico"; sent. 705 del 30/8/2001, "Paz Gustavo Daniel y otros vs. Confederación General del Trabajo -CGT- y otros s/Cumplimiento de contrato"; sent. 420 del 04/6/2001, "Ayusa, Juan Carlos y otro c/Construcciones y Diseño S.R.L. s/Cumplimiento de contrato"; entre muchas otras).

En autos, el actor inicia juicio reclamando el cobro de una suma de dinero originada en el saldo impago de un contrato de compraventa que se agrega a fs. 6/7. Atento a los términos del escrito de demanda, el actor alegó la existencia de un contrato que sirve de causa a la pretensión esgrimida, el cumplimiento de las prestaciones asumidas por su parte (cfr. instrumental acompañada a fs. 9/15) y el reclamo extrajudicial previo e infructuoso (fs. 16).

A tenor de la exposición contenida en el escrito de demanda, el proceso por cobro de pesos incoado deriva de la relación contractual alegada por el accionante, por lo que se configura uno de los supuestos de excepción previsto en el último párrafo del inc. b) del art. 62 LOPJ, que excluye de la competencia de los jueces en lo Civil en Documentos y Locaciones a los cobros derivados del cumplimiento de un contrato, resultando aprehendido por la norma de inc. a) del art. 61 del mismo texto legal, que le atribuye competencia a los jueces en lo Civil y Comercial Común en todos aquellos asuntos regidos por el Código Civil, de Comercio, leyes complementarias y especiales y no asignados de modo expreso a la competencia de otros fueros civiles.

La vía elegida por el actor y los términos del escrito de demanda impiden considerar que la cuestión deba ventilarse conforme la autonomía propia de la pretensión ejecutiva. Esta última reside en su cualidad abstracta respecto al crédito que da razón de ser al título, conllevando la imposibilidad de discutir la relación jurídica sustancial. En el sublite es precisamente el actor, quien no sólo invoca la existencia del contrato base sino que además, somete a juzgamiento del órgano jurisdiccional, el estricto cumplimiento de las prestaciones a su cargo.

Encontrándose configurado el supuesto de excepción del art. 62 inc. b, último párrafo de la LOPJ, corresponde declarar la competencia del señor Juez Civil y Comercial Común de la Iª Nominación a quien deberá remitirse la presente causa para que continúe el trámite según su estado.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA