Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL COMERCIAL LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-28


R.L. LABORAL Nº 7/08 En la Ciudad de San Luis, a veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil ocho, reunidos en su Sala de Acuerdos los Señores Magistrados de la EXCMA. CAMARA CIVIL, COMERCIAL, MINAS Y LABORAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS Doctores: CARLOS J. CACACE, OSVALDO HORACIO SURIANI no encontrándose presente la DRA. BEATRIZ TARDIEU DE QUIROGA por encontrarse excusada, fueron traídos para dictar sentencia los autos caratulados: ?GUZMÁN LUCIA A. C/ PRETEL FRANCISCO Y OTROS ? COBRO DE PESOS ?EXPTE N° 25-G-2003.

Practicada la desinsaculación que determina el artículo doscientos sesenta y ocho del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, resultó de ello que los Señores Magistrados debían votar en el siguiente orden:, 1°) Dr. CACACE. , 2°) Dr. SURIANI.

Estudiados estos autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver: UNICA CUESTION: ¿ES AJUSTADA A DERECHO LA SENTENCIA EN RECURSO? A ESTA ÚNICA CUESTION EL DR. CARLOS JORGE CACACE, DIJO: I- Los agravios de fs. 525/531 pertenecen a los demandados herederos de Francisco Pretel, esto es, Mirta Ortega de Pretel que también se hace cargo de las actividades ante la enfermedad de Francisco (fs. 87) y Francisco Javier Pretel, según la sentencia de fs. 498, y reconocimiento de fs. 105.

Voy a señalar primero los parámetros que me permiten tener por desierto este recurso. En primer lugar las exigencias mínimas establecidas por el Art. 265 del CPC y que hemos reiterado tantas veces ?Es aplicable lo repetido recientemente en RLLab 12/04 ?esta Alzada reiteradamente ha señalado en orden a la admisibilidad formal de la expresión de agravios que la crítica razonada y concreta que debe contener el memorial debe consistir en la indicación punto por punto de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen a la sentencia mediante un desarrollo analítico de las cuestiones en debate con los argumentos jurídicos y fácticos que fueren pertinentes para desvirtuar la totalidad de los fundamentos de hecho y derecho que sustentan el fallo y sin que las afirmaciones genéricas o parciales o el mero desacuerdo con el enfoque del juez impliquen que se consideren agravios en los términos exigidos por el citado art. 265 del C.P.C....?.

Luego, el ya recibido corolario ?números en mano? adquiere aquí prácticamente total relevancia porque el discurso recursivo omite la demostración de las supuestas arbitrariedad para usar meros adjetivos sin referencias sobre las fojas y solo confusas situaciones,, sin omitir once sumarios de jurisprudencia sin glosario y un petitorio que no se define en pretensión concreta.

Todo ello sin perjuicio que respeto a las cuestiones propuestas relativas al objetado progreso de las indemnizaciones del art. 2 ley 25323 y 80 L.C.T. ellas no se sometieron a decisión del inferior lo que sella la suerte de esta queja (arg. arts. 137 CPLab. y 277 CPCC).

II ? Más serios resultan los agravios de fs. 545/553 de los codemandados como obligados solidarios.

Allí se desarrolla una de las posturas posibles que invocan los interpretes restrictivos y que fue el primero que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ?Rodríguez Juan c/ Compañía Embotelladora S.A. y otra? al que siguieron otros varios del mismo Tribunal, cuya doctrina esta aún vigente, como también la teoría contraria que sigue la CSJ de la Pcia de Buenos Aires, la mayoría de las Salas de la Cámara Nacional Laboral, entre otros, y es la que propugna la actora en este juicio.

Según la Dirección de Ingresos Públicos de la Provincia, Pretel, que fuera el dador de trabajo de la actora tenía como actividad principal la venta de billetes de lotería y quiniela (fs. 280) y secundaria, el transporte de valores, documentación, encomiendas, esto es, la actividad del grupo Andreani, requerido como obligado según interpretación del Art. 30 de la L.C.T..

Resistiendo estas argumentaciones la actora, con esmerado esfuerzo, a fs. 556/563 señala cantidad de testimonios y documentos ? ocasionalmente consignando su ubicación- para su control por la jurisdicción ? y que, básicamente podríamos sintetizar como la descripción de las múltiples intervenciones de la actora en trámites y apreciaciones vinculadas a Andreani en el negocio de Pretel.

Yo voy a seguir el criterio de la Corte Suprema cuando en ?Rodríguez? dijo, entre tantas razones, que el objetivo del legislador era cubrir al trabajador contra la institución del ?hombre de paja?.

Ricardo Foglia se ocupa muy bien del tema en ?Ley de Contrato de Trabajo? dirigida por Jorge Rodríguez Manzini, Ed. La Ley T.II pgs. 281/460, proporciona una síntesis que transcribiré: ?Los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contienen argumentos de derecho general y argumentos específicamente referidos a la situación planteada por el art. 30, LCT. ? En cuanto a los primeros pueden señalarse los siguientes: Las cuestiones referidas a la contratación comercial tienen trascendencia para la economía del país.

Una de las reglas más seguras para medir la razonabilidad de una Sentencia es analizar las consecuencias que se derivan del mismo.

Toda norma que obligue al pago de una deuda ajena tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad.

En cuanto a los segundos (argumentos específicamente referidos a la situación planteada por el art. 30, LCT) son los siguientes: La contratación no debe ser aparente sino real, ya que en caso contrario son de aplicación los arts. 14 y 31, LCT.

No es aplicable el art. 30, LCT a los contratos de concesión y distribución cuando la actividad normal de distribuidor o concedente excluye las etapas realizadas por el distribuidor o concesionario.

Para que nazca la solidaridad del art.30, LCT es necesario que una empresa contrate o subcontrate servicios que complemente o complementen su actividad normal debiendo existir una unidad técnica de ejecución (art. 6°, LCT).

Cuando la contratación es un paso en la condena de comercialización no resulta aplicable el art. 30, LCT.

El art. 30, LCT no incluye a las actividades coadyudantes.

Como señala Rodríguez Manzini (365) refiriéndose al criterio de la Corte Suprema Justicia de la Nación emergente de los fallos, ?..... cuando una empresa vinculada contractualmente con otra suministra a esta última un producto determinado y terminado, desligándose de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución celebrándose ?a ese efecto? contratos de concesión distribución, franquicia, etc.

No corresponde la aplicación del mandato del art. 30, LCT, en el sentido de considerar que la empresa principal responde por las obligaciones laborales y de seguridad social de la segunda.....

En el mismo argumento es sustentable cuando el producto no está destinado al consumo, sino que constituye un insumo en un proceso de producción posterior?.

Finalmente y derivados de la globalización y nuevos aspectos de la contratación mercantil, apreciables por máximas de la experiencia, se constata que un quiosco no puede subsistir con un solo rubro y se adicionan en general, correo, locutorio, Internet, etc., o como una librería, como El Ateneo, tiene servicios gastronómicos, espectáculos, conferencias, exposiciones ? en nuestro medio también se ve, o en una bodega, hoteles, spa, turismo, etc. Con estos simples ejemplos quiero destacar los argumentos de ?Rodríguez? en la medida que la mesura y templanza en la aplicación del Art. 30 tienen gran influencia en la economía del país y en el aseguramiento del sistema protectorio del trabajador.

Voto en consecuencia, por la negativa debiendo declararse desierto el recurso de fs. 525/531 acogiéndose el de fs. 545/553 excluyendo de la condena recaída en el punto 2° de la parte resolutiva del fallo apelado a Andreani S.A y Andreani Logística S.A. Costas a los vencidos (Art. 104 C.P.Laboral).

A ESTA ÚNICA CUESTION EL DR. OSVALDO H. SURIANI, DIJO: Que coincidiendo en un todo con los fundamentos y razones dadas por el DR. CACACE, vota en igual sentido que este.

Con lo que se dio por terminado el acto, disponiendo la sentencia que va a continuación Firman los Sres. Magistrados por ante mí que doy fe.

FDO. DRES. CACACE Y SURIANI. SEC. DRA. ESTEVES.

SAN LUIS, VEINTIOCHO de FEBRERO de dos mil ocho.

Y VISTO: En mérito al resultado obtenido en la votación que antecede, SE RESUELVE: Declarar desierto el recurso de fs. 525/531 acogiéndose el de fs. 545/553 excluyendo de la condena recaída en el punto 2° de la parte resolutiva del fallo apelado a Andreani S.A y Andreani Logística S.A. Costas a los vencidos (Art. 104 CPLaboral).

Se hace constar que la presente resolución sale con dos firmas por encontrarse excusada la DRA. BEATRIZ A. TARDIEU DE QUIROGA.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y OPORTUNAMENTE BAJEN.