marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción contencioso administrativa, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA s/ Solicita
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-30

En el orden provincial no es sólo pertinente discernir la materia, para determinar la competencia para el conocimiento de causas contencioso administrativas, sino también "las personas" que intervienen en el pleito, ya que existen diferencias según el contencioso sea Provincial o Municipal, en la medida en que están regulados por diferentes normas.

Así, la competencia establecida (por la Ley Nº V N° 3, art. 32, inciso 3), en forma originaria, se ciñe a aquellas que involucran a la Provincia, sus entidades descentralizadas y autárquicas.

En el caso de las Corporaciones Municipales, el contencioso-administrativo se encuentra regulado por la Ley N° XVI N° 46, Capítulo XI.

Mas en este contexto normativo no encuentra regulación expresa el proceso instado -Acción Declarativa de Certeza- y por lo tanto no corresponde atribuírsela a las Cámaras de Apelaciones.
Mala praxis, responsabilidad médica, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SABARIEGO AMANCHEKI, JUAN ANGEL (EXPT. N° 38371) c/ POVINCIA ART Y OTS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-02-02

En materia de responsabilidad de los profesionales del arte de curar no existen presunciones legales generales de culpa; esto significa que no existe una inversión general de la carga de la prueba de la culpa de los médicos y, por lo tanto, más allá de la vigencia de la teoría de la cargas probatorias dinámicas, la regla general es que al paciente le corresponde cumplir con ese imperativo procesal: probar la culpa.
Duración del proceso, proceso penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V., P.F. s/ Abuso Sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-01-30

El nuevo procedimiento penal vigente en la provincia desde el 31 de octubre próximo pasado, establece en los arts. 146 y 358 un plazo máximo de duración de los procesos, vencido el cual el tribunal se encuentra obligado a dictar el sobreseimiento del imputado de la causa de que se trate, archivando definitivamente las actuaciones. Por primera vez en la legislación de nuestra provincia una norma le pone número al principio de razonabilidad, y ese número opera automáticamente en todos y en cada uno de los procesos.

Ya no le es dable al juez indagar en cada caso a fin de determinar si los tiempos consumidos por el proceso conculcan o no este principio, de aquí en mas se tratará de llevar a cabo una simple cuenta que tiene su punto de inicio en la apertura de la investigación, y su final, indefectiblemente, al tercer o quinto año, según la complejidad del caso.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, juicios contra el Estado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Formosa, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Corresponde a la competencia originaria de la Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional toda vez que la provincia -a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el art. 117 de la Constitución Nacional- demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental, por lo cual la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en la instancia originaria.
Pericia médica, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Ríos, Celio Domingo c/ Municipalidad de Diamante s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-08-26

La fuerza probatoria de la pericial médica se sustenta en su debida fundamentación científica y no en el hecho de que sea realizada por el Médico de Tribunales.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, contenido de la demanda, exposición de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: Impel  Center  S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo -resols. 143/01 y414/99. s/ cuestion de competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

Para determinar la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda, y después, sólo en la medida que se adecue a ello, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión.
Juicio de desalojo, prueba de la posesión, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castro, Ana c/ Castro, Juan y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-02

Todo tenedor cuya obligación de restituir sea exigible, e invoque la interversión de su originario título por el de poseedor animus domini, debe haber exteriorizado inequívocamente tal mudanza, con antelación al reclamo o interpelación restitutoria de quien confirió la tenencia.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: LABORAL
Carátula: De Arzave, Miguel Angel c/ L.O.S.A. S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

La asimilación del empleador en una tarea de relación de dependencia con la figura civil del dueño o guardián respecto de las consecuencias del riesgo de la labor que se le presta subordinadamente, representa una adecuada utilización del respectivo concepto, enmarcado en la unidad y contextualidad del orden del derecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación de cosas, rescisión del contrato, daños y perjuicios, indemnización, daño moral, concubinato
Materia: CIVIL
Carátula: VILLALBA, Elba Lidia c/ GUGLIOTTA DE MAISANO, Fortunata s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

Si bien es cierto que la ley 23.081 de Locaciones, no prevé qué indemnización ha de pagar la locadora para el supuesto de que rescinda el contrato, como lo hace con el inquilino (art. 8), el resarcimiento se impone en virtud de las normas de fondo previstas en el Código Civil. El art. 1197 establece que los contratos se celebran para ser cumplidos, disponiendo el art. 512 que "el deudor de la obligación es también responsable de los daños e intereses, cuando por culpa propia ha dejado de cumplirla", imponiéndose igual conclusión cuando el incumplimiento es doloso (art. 506).

Cuando a raíz de la rescisión del contrato de locación por parte de la locadora, la locataria se vio privada del uso y goce durante todo el tiempo de dicho contrato, resulta aplicable el criterio utilizado reiteradamente cuando el dueño se encuentra en la misma situación. En tanto pudo obtener en el mercado un inmueble equivalente, sólo corresponde abonarle el costo de la privación de aquél durante el tiempo que razonablemente le hubiere insumido obtenerlo de la contratación con un tercero.

Si las razones que llevaron a la locadora a rescindir el contrato -que la locataria iba a vivir en concubinato-, en definitiva se traducen en un reproche a su elección de vida, tal actitud seguramente debió inferirle dolor moral justificando una indemnización por dicho perjuicio.
Adopción, condiciones del adoptante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: K., N. C. s/ Ley 10067 art. 10 inc. "b"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Los dos tipos generales de moralidad que se distinguen son el de la coerción y de la cooperación siendo principalmente el producto respectivo de estos dos tipos de relación; la moralidad de la coerción es la moralidad de un deber objetivo basado en el respeto unilateral por las personas dotadas de autoridad y sus reglas se consideran superiores, externas, absolutas y situadas más allá de la comprensión. La moral de la cooperación basada en la comprensión mutua entre iguales y las reglas no tienen superioridad mística o carácter absoluto en sí misma, sino que son simplemente los principios fundamentales de la asociación, posibles de modificarse según las consideraciones racionales y necesidades de los participantes.
Prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lunello de Fernández Alicia c/ Lazaro Tocino s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S127 - 172)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-07-30

El onus probandi es el imperativo que pesa sobre el litigante de suministrar la demostración de un hecho controvertido, mediante su propia actividad, si quiere evitar la pérdida del proceso o de la respectiva articulación.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ LA ROSA PEDERNERA, Lucio E. y otros y/o q.r.p. s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-30

Si bien es cierto que, al ser de diversa índole las situaciones que habilitan la admisibilidad de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley, su planteamiento y resolución se realiza generalmente de manera individual, no lo es menos que excepcionalmente- su tratamiento puede abordarse en forma conjunta cuando, como en el caso, los preceptos involucrados son de idéntico contenido normativo, tal como acontece con el art.17 de la Constitución Nacional y el art.27 de la Constitución Provincial.
Responsabilidad de los directores de establecimientos educacionales, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: ROMERO DE KALINA, CATALINA O. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-07

Si un menor sufrió un accidente que le ocasionó la fractura de la rótula de la pierna derecha debido a que las prácticas de gimnasia dirigidas por la profesora se desarrollaron en la terraza de la escuela sobre el piso de cemento o de baldosas graníticas, cabe concluir que medió culpa de los responsables del establecimiento escolar en términos de los arts. 1109 y 1113, párrafo primero del Código Civil porque ese piso es inadecuado para la práctica de ejercicios físicos.

El hecho de que un compañero hiciera perder estabilidad y caer al alumno accidentado al tocarle una pierna mientras cumplía con los ejercicios físicos, no exime de responsabilidad al director de la escuela en los términos del art. 1113 segunda parte, hipótesis segunda, del Código Civil, porque el actuar del tercero no constituyó ningún hecho ilícito dado que aquel se limitó a cumplir de modo más o menos razonable- con las directivas impartidas por la profesora a cargo del curso.
Títulos ejecutivos, excepción de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco del Sud c/ César Sigman s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-11-12

En cuanto a la excepción de pago, cuando el demandado no tiene en su poder el documento en el que consta el pago realizado puede individualizarlo indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública y persona en cuyo poder se encuentra, conforme lo faculta el Art. 310 del Código de Rito; más es del caso que, ofrecida la prueba por el apelante al excepcionarse y contestado el respectivo traslado, el juez llamó autos para resolver, por lo que tácitamente denegó tal pedido de abrir a prueba los autos y esa providencia fue consentida por la parte que ahora apela. Tal consentimiento, sello necesariamente la posibilidad de incorporar tales documentos a autos y más aún de producirlo en esta instancia (CFR. Art. 274, 2do.

párrafo del C.P.C.C.), por lo que, al no existir en autos documento emanado del ejecutante que demuestre el pago invocado, la excepción opuesta deviene inadmisible.
Aportes previsionales, omisión de retener o percibir aportes, muerte del trabajador
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "NEIL, STELLA MARIS c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-30

La C.S.J.N. se ha expedido en el sentido de que la regularidad de los aportes debe ser valorada sobre los lapsos trabajados y no sobre la base de considerar sólo un período laboral que no pudo ser completado por muerte del afiliado. Asimismo sostuvo que si la protección previsional que debe ser otorgada deriva de la muerte del afiliado, no puede hallarse sujeta a condiciones de satisfacción imposible por haberse producido el fallecimiento antes de que se cumpliera el tiempo de actividad requerido (cfr. Tarditti, Marta E.", sent. del 07.03.06); máxime cuando el organismo reconoce el ingreso de los aportes por parte del causante durante los períodos mencionados, por lo que, cumplida la obligación solidarista, no puede decirse que el otorgamiento del beneficio solicitado pueda perjudicar a un grupo específico de personas o establecer privilegios o excepciones que excluyan a unos a favor de otros, y menos aún que la falta de aportes en tiempo oportuno constituya una valla para acceder a los beneficios previsionales (Fallos 269:45; 287:466 entre otros, citados por Rodríguez Simón - Jáuregui en "El afiliado regular", RJYP, Tº VII, pág. 162 y ss.).
Obligaciones condicionales, condición suspensiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Monti, Felipe Juan c/ Martínez y de La Fuente S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-03-22

En la terminología jurídica el vocablo condición es usado en diversos sentidos, pero en sentido técnico la expresión se usa respecto de los actos jurídicos como la cláusula por la cual se subordina la adquisición o la extinción de un derecho a la realización de un hecho incierto y futuro. Es suspensiva cuando queda supeditada la adquisición de un derecho a la realización del hecho previsto (art. 545, Cód. Civ.).
Mala praxis, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, falta de prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ortiz Amarilla, Mariela y Otros  c/ Hospital de la madre y el niño y/u otros  s/ Juicio Ordinario (Daños y Perjuicios) 6262
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-03-26

Al no encontrarse acreditados los extremos legales de la responsabilidad médica, el acto o hecho médico no resulta idóneo o apto para producir un resultado dañoso en la paciente, y en consecuencia, el presupuesto de la responsabilidad no fue acreditado.
Juicio de apremio, título ejecutivo hábil, Administración Pública, interpelación, pago, sentencia de trance y remate
Materia: PROCESAL
Carátula: ALMITRANI, ROBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE APREMIO     EXPTE NRO 510-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-03-07

Si al momento de la sentencia de remate, el título encierra una perfección legal completa, carece de finalidad útil rechazar la ejecución simplemente porque al comienzo faltaba una de las circunstancias requeridas y que fuera subsanada después. En el caso, no se había cumplido el término de sesenta días prescripto para la intimación por el artículo 9 de la Ley de Defensa en Juicio de la Provincia Nro 7234.
Hurto de automotor, decretos, principio de legalidad, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, L.P. s/ Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05

La resolución N. 586/88 no atenta contra el principio de legalidad, pues se trata sólo de una estipulación para saber que clase de vehículos deben ser considerados automotores en los términos del art. 5 del decreto - ley 6.582/58, autorizado por ley 14.467.
Caducidad de instancia, segunda instancia, demora en la elevación de los autos
Materia: PROCESAL
Carátula: D'ELIAS   LOBO  ANA  SOFIA c/ COMISION  NAC.  ASESORA  PARA  LAINTEGRACION DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y OTROS S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-17

El Tribunal considera que la demora en la elevación de la causa es susceptible de ser atribuida al juzgado puesto que resulta razonable que el recurrente diera prioridad al hecho de cuestionar la intimación para dar cumplimiento a una medida que no se encontraba firme -con un recurso concedido en ambos efectos-, en lugar de urgir la elevación de la causa. Cabe destacar que -de todos modos- en la presentación en la que se recurrió la intimación ordenada, se solicitó que -una vez resuelto el recurso- se elevaran las actuaciones a los fines de dar tratamiento a la apelación deducida contra la medida cautelar dispuesta. Por lo expuesto, el planteo de caducidad de segunda instancia debe ser rechazado.
Revocación de sentencia, Ley de Procedimiento Tributario, interpretación de la ley, nulidad del acto jurídico, determinación de oficio, AFIP, obligación tributaria, deudor principal, agentes de percepción, defensa en juicio, tribunal fiscal, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Bozzano, Raúl José c/ D.G.I. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

Cabe revocar la sentencia que declaró la nulidad de la resolución mediante la cual la AFIP determinó de oficio, con carácter parcial, la obligación impositiva del actor como responsable solidario de una empresa, en los términos del art. 8°, inciso a, de la ley 11.683, dado que no corresponde que al interpretar dicha norma se incorpore un recaudo -la firmeza del acto que determina el impuesto del deudor principal- no contemplado en ella, máxime si se considera que en el ordenamiento de la ley 11.683 -en el que aquella disposición está incluida- se resguarda el derecho de defensa de las personas a las que el ente fiscal pretende endilgar responsabilidad por la deuda de un tercero, al establecerse que, a tal fin, el organismo recaudador debe sujetarse al procedimiento de determinación de oficio establecido en el art. 17 de la ley 11.683, lo que implica -además de la necesaria observancia de las reglas que lo conforman- que la resolución respectiva pueda ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal permitiendo al responsable formular con amplitud ante ese organismo jurisdiccional los planteos que considere pertinentes a su derecho.
Procedimiento policial, privación ilegal de la libertad con abuso de funciones, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: SANDOVAL RODRIGUEZ s/ ACTA SECUESTRO. POLICIA. NULIDAD PROCESAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-15

Debe declararse la nulidad de diversas piezas procesales -acta, declaraciones de policias, peritación, etc.- por estar relacionadas con un actuar ilegítimo por parte de los policías, quienes no dieron cumplimiento a las disposiciones legales previstas en la ley nacional 20.711 y provincial Nro. 8055, debiendo remitir los antecedentes a la justicia provincial a fin de que se investigue el posible delito de infracción al art. 144 bis inc. 1ro. C. Penal, que se habría cometido al detener los nombrados sin los recaudos legales a la procesada, en ajena jurisdicción.
Ética profesional, delitos contra la integridad sexual, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: Luza Montalvo, Walter; Ramos, Lautaro Emmanuel; Ramírez, Emanuel Nicolás s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-10

Resulta apropiado enviar una comunicación al Colegio Público de Abogados a fin de que se analice el apego a las reglas de la ética en el ejercicio de la profesión de los abogados defensores en virtud de la presentación de fotos de las mujeres expuestas en situaciones de alto contenido sexual y/o erótico expuestas a simple vista acompañando la presentación de la defensa, sumado a los reiterados usos de mecanismos retóricos como la ironía por parte de los letrados con la aparente intención de desprestigiar a las mujeres víctimas de los delitos cometidos contra su integridad sexual y con especial incidencia como actos de violencia de género. (Figueroa -en disidencia parcial-).
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1960-03-11


Buenos Aires, marzo 11 de 1960.

Considerando: Que las cuestiones referentes a la forma en que ha sido caratulado el expediente fueron objeto de pronunciamiento por esta Corte al declarar improcedentes las peticiones formuladas a fs. 30/31 y fs. 35/37, respectivamente.

Que la liquidación de fs. 43 no ha sido observada ni tachada de errónea. En cuanto a la procedencia de la reposición del sellado, aunque el punto ha quedado definitivamente resuelto por el tribunal con la sentencia de fs. 40, cabe señalar que el recurso extraordinario y el de queja por su denegación se refieren al ejercicio de la jurisdicción apelada de esta Corte, es decir, constituyen actuaciones judiciales sujetas a reposición del papel, cuando corresponde, como se ha decidido en el caso (Fallos: 191:458; 234:791 y los allí mencionados [LA LEY, 25-364; fallo núm. 12.945 y t. 86, p. 171; fallo núm. 40.354]). La cita de la disposición de la ley de sellos que se refiere a las peticiones a los poderes públicos en ejercicio de los derechos políticos no es, entonces, pertinente.

Que la recusación de los secretarios del tribunal debe ser desestimada de plano, por improcedente (art. 40, ley 50 [Adla, 1852-1880, 391]). En cuanto a la supuesta injuria y a la reserva que se formula respecto de los directores de la publicación oficial de los fallos del tribunal, son igualmente improcedentes, pues la transcripción contenida en el t. 944, p. 391 de la respectiva colección, se ajusta estrictamente a la redacción dada por esta Corte a la sentencia que, en original, corre a fs. 28 de esta causa y se halla registrada en el t. 115, f. 588 del libro de sentencias del tribunal.

Por ello, se declara no hacer lugar a lo solicitado a fs. 44/45. Y encontrándose vencido el plazo acordado por el auto de f. 42, vista el Procurador General. - Benjamín Villegas Basavilbaso. - Julio Oyhanarte. - Pedro Aberastury. - Ricardo Colombres.
Pagaré, pago, contrato de comisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREZ DE INGA JUSTINA c/ ALVAREZ DE RODRIGUEZ s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-09-27

Si la parte demandada pretendía pagar lo adeudado, ante la presunta negativa de recibir el pago por parte de la actora, le quedaba el juicio de consignación, no bastando para ello el simple amago que formula en su carta documento.

La mora no es entonces de la actora, sino suya, porque en todo caso, debió consignar la suma que ella consideraba adecuada, con los comprobantes de pagos correspondientes para acreditar su derecho, dentro del lapso que marca la ley para no caer en mora, ya que el acreedor no está obligado a aceptar la consignación de pago tardío (758 C.C.).
Accidentes de trabajo, ingreso base mensual, indemnización
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Medrano, Andres Roberto c/ Experta Art S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-20

En lo concerniente a la determinación del ingreso base mensual, no resulta aplicable en autos la doctrina del fallo "Amulef c/ Texey S.R.L." (expte. 447.161/2011, 29/9/2015), ya que en este precedente se trató del rubro viáticos, en tanto que en autos las sumas no remunerativas que percibió el trabajador responden a: 1) vianda; y 2) suma expte. MTEySS 2015 (...).
Sociedad accidental o en participación, compraventa, prehorizontalidad, simulación, prescripción decenal, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Bidart, Néstor Horacio c/ Alvarez Thomas  S.R.L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

Si la formación de una sociedad en participación, en la que incluyeron al adquirente de una unidad, sólo fue un subterfugio adoptado por los vendedores para eludir el cumplimiento de las normas de prehorizontalidad, que son de carácter de orden público, dictadas por el legislador con la finalidad de proteger a los tenedores de boleto de compraventa de inmuebles el plazo de prescripción de la acción debe ser establecido por el art. 4023 del Código Civil, porque la acción de simulación relativa intentada lo fue a fin de hacer valer los derechos emergentes de la relación jurídica real.