marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Municipalidad, personal municipal, ausencias injustificadas, cesantía, sumario administrativo, exoneración, leyes, interpretación de la ley, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: MOYANO, MARIO HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE EL TREBOL s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 199-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-23

El acto por el cual se dispuso la cesantía de un agente por faltas injustificadas que excedieron el plazo fijado en el artículo 63 inciso a) de la ley 9286 Estatuto y Escalafón para el Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia, por aplicación del artículo 65 último párrafo de dicha ley, interpretado en el sentido de que exime a la Administración de la instrucción del sumario respectivo; es violatorio del derecho de defensa, pues no se le permitió ni la menor posibilidad de ésta, representada por la vista previa.
Derecho procesal, jueces, multa, sanciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: LA BELLA, GENARO c/ RUGGIERO, SILVIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21

La aplicación de sanciones persigue una finalidad ejemplificadora o moralizadora, procurando sancionar a quienes utilizan las facultades legales con fines obstruccionistas, o mas aun sabiendo su falta de razón; pues es deber esencial de los litigantes la observancia del principio de moralidad, que consiste en que las actuaciones desarrolladas en el proceso no resulten contrarias a derecho, por abusivas o absurdas (Cfr. XXI Congreso Nacional De Derecho Procesal, San Juan, Junio 2001; CIT. Por Gozaini, Osvaldo, "Codigo Procesal...", T. I, P. 97, LL 2002).
Impuestos, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, verdad jurídica objetiva, hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Parfums Francais  SRL . s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

La interpretación de las leyes impositivas debe atenerse al fin de las mismas y a su significación económica, a la verdadera naturaleza del hecho imponible y a la situación real de base, con prescindencia de las formas y estructuras elegidas por el contribuyente, a fin de lograr la necesaria prevalencia de la razón del derecho sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutivo de la sustancia que define a la justicia, aprehendiendo la verdad jurídica objetiva.
Concursos, pronto pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: García, Mariela c/ Hormigonera Testa Hnos. s/ Incidente de pronto pago de pronto pago de pronto pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-18

El pronto pago no es susceptible de generar costas a cargo de su presentante cualquiera sea su resultado, puesto que se resume en que un mero trámite sumario de comprobación de las acreencias cuya insinuación se propende a través de este mecanismo que sólo dará lugar a ella en caso de que su existencia, legitimidad y determinación cuantitativa no ofrezcan controversia alguna, en caso contrario, se debe ocurrir por la vía verificatoria respectiva (en el caso, la del art. 56, tercer apartado ley 24.522), en la cual en su caso deberá mediar pronunciamiento sobre costas. Esta solución se consustancia con la naturaleza y la estructura procesal del pronto pago por lo que la deducción de esa vía insinuatoria una vez vencido el plazo para presentar la respectiva verificación no autoriza a alterarla, aún cuando permita suslayar la instancia de la verificación tardía, en la cual sí cabría pronunciamiento sobre esa cuestión.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, vehículo embistente, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. E. c/ P. G. A. y S., L. E. y/o contra quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-02

En el caso de colisión de dos vehículos existe una presunción de responsabilidad del embistente que con la parte delantera de su automóvil choca a otro en su parte trasera o en sus laterales, presunción que puede ser desvirtuada si se acredita el proceder culpable o imprudente de quien aparece embestido.
Derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión, Comunicaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provenzano Sergio Luis y otro c/ E.N. -Comité Federal de Radiodifusión- y otro s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

El derecho de "creación de medios de comunicación" constituye un derecho secundario o instrumental respecto del derecho primario -garantizado por la C.N.- a la libertad de expresión y de prensa.

(Del voto de la Dra. Garzón de Conte Grand, consid. V).
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, refinanciación de deudas, préstamo bancario, Unidad de valor adquisitivo
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de la Ciudad de Buenos Aires  c/ Florentin, Cesar Alberto s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-27

Los créditos instrumentados bajo la modalidad UVA (unidad de valor adquisitivo) han sido calificadas como deudas de valor. El Código regula estas obligaciones en el art. 772 el cual dispone que dado que lo adeudado es cierto valor abstracto, el mismo debe ser traducido o plasmado en dinero al momento de la evaluación de la deuda que puede traducirse en dos momentos: a) cuando las partes cuantifican ese valor, en ejercicio de la autonomía privada; o, b) cuando el juez o el árbitro lo determina en la sentencia o laudo arbitral. En punto a los parámetros para la cuantificación del valor adeudado, el Código establece una regla clara: debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Un valor real que puede ser mayor o menor al que tenía al momento de generarse la obligación. Y, una vez cuantificada la deuda de valor, se le aplica el régimen normativo previsto para las deudas dinerarias (cfr. Pizarro - Vallespinos, "Tratado de Obligaciones", T. I, pág. 457 y sgtes., Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017).
Compraventa inmobiliaria, compraventa a favor de menores
Materia: CIVIL
Carátula: SARCEDA DE VILLADONICA c/ ESCALERA s/ TERCERIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-24

Si el adquirente de un inmueble en la respectiva escritura manifiesta que efectúa la compra para sus hijos menores de edad, quienes la aceptarán una vez llegados a la mayoría de edad, sin especificar el origen de los fondos, el análisis del negocio jurídico concreto sometido a las cláusulas de referencia permite distinguir dos aspectos. Por un lado, una compraventa, lógicamente el titular originario y el adquirente. Por otro una oferta de donación, representada por la declaración unilateral del adquirente de que compra para sus hijos menores. El segundo aspecto resulta de que la donación, como contrato, requiere el consentimiento de ambas partes, el que se manifiesta a través de la oferta y la aceptación es decir que rigen las reglas generales sobre el consentimiento en los contratos con el agregado de disposiciones específicas del Cód.

Civil sobre este contrato en particular (los arts. 1792 y sgtes.

sobre la aceptación, etc.). Por otra parte, la oferta efectuada por el donante puede ser revocada mientras la donación no haya sido aceptada (doc. art. 1793 del Cód. Civil), sistema más amplio que el general del art. 1150 del mismo código, en cuanto este último contiene excepciones a la regla de la posibilidad de retractar la oferta. Si se está frente a una oferta de donación, contrato permitido por el art. 1805 del Cód. Civil, que no es irrevocable además, la situación del oferente no se halla limitada, en modo alguno, por lo que bien puede constituir una hipoteca con efectos plenos. Tratándose la declaración en cuestión de una oferta contractual, hasta que no mediara aceptación, el oferente no tiene limitación alguna a sus facultades de disposición y, por ello, quien luego adquiere el inmueble no puede oponerse a la acción del acreedor hipotecario, ya que recibe el derecho en las condiciones en que lo tenía su anterior titular - el padre de los menores- (doc.

art. 3270 Cód. Civil).
Transporte de carga por agua, transporte marítimo, responsabilidad del transportador, averías, reconocimiento de mercaderías, verificación de la carga, verificación conjunta, gastos del proceso
Materia: NAVEGACION
Carátula: SUR CIA. ARG. DE SEGS.  S.A. c/ PROP. Y/O ARM. BQ. "RIO SALADO" s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-16

Los gastos y honorarios devengados en el reconocimiento judicial de mercaderías averiadas deben ser resarcidos por el transportador marítimo. Y cuando ese reconocimiento judicial es sustituido por una revisación conjunta hecha privadamente (adviértase que el acto bilateral las partes le otorgaron expresamente el alcance de un peritaje judicial), parece justo que los gastos incurridos -en cuanto sean consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento contractual sean repetibles al transportador. A ello no obsta el principio del artículo 277 de la Ley de la Navegación, desde que esta norma no impide que en el resarcimiento se incluyan -aparte del valor de las mercaderías dañada- gastos relacionados con la conservación de ella o con la comprobación de las averías. El transportista debe, ciertamente, el daño constituido por la merma de valor de los efectos dañados, pero también debe los gastos que han sido ineludibles para verificar la extensión física y económica del daño; gastos éstos que pueden entenderse como formando parte de los propios del juicio de recupero, en la medida en que se trata de una erogación que puede ser devengada durante éste. El hecho de que el consignatario anticipara el pago de esos gastos no puede volverse en beneficio del verdadero causante de los daños que son una consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento contractual.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informes de organismos internacionales, deberes del juez
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-PROCESAL
Carátula: Acosta, Claudia Beatriz y otros s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Más allá de que los jueces de un Estado parte no están obligados a ceñir sus decisiones a lo establecido en los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe el deber de tomar en consideración su contenido (Voto de los Dres.

Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert).
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Del Valle Galiano de Barcia, Elba y otros c/ Transportes Automotores La Plata S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Como lo decidiera recientemente la Casación bonaerense -cambiando su anterior doctrina-, la vida humana no tiene por sí un valor pecuniario porque no está en el comercio, ni puede cotizarse en dinero. Es un derecho de la personalidad, el más eminente de todos, empero, no obstante la importancia que tiene para el hombre su vida, no constituye un bien en el sentido que usó esa denominación el art.

2312, C. Civil, como objeto material e inmaterial susceptible de valor, sólo tiene valor económico en consideración a lo que produce o puede producir (S.C.B.A., causa Ac. 35428 del 14/V/91).
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus, sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Lalanne, Osvaldo Carlos y otros s/ Cohecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Corresponde anular de oficio la sentencia de Cámara que disminuyó la pena impuesta en primera instancia y, sin mediar acusación fiscal, aplicó el art. 27 bis del Código Penal, imponiendo al condenado requisitos de la condicionalidad que no habían sido establecidos en la sentencia originaria, disminución que no desplaza el vicio en cuestión, por lo que constituye un caso excepcional de incompatibilidad con el debido proceso.
Contrato de garaje, robo de automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pelaez, José c/ Bidinost, Oscar Osvaldo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Si lo que caracteriza al contrato de garage es la organización de una empresa que mantiene personal de vigilancia y a la cual se hace entrega de la guarda material del vehículo; estando reconocido por ambas partes que en el local no permanecía personal alguno para atender a los usuarios, quienes abrían la puerta con sus propias llaves, es trato innominado en los términos del art. 1443 del C.

Civil, y aún cuando similar al de "garage" -pues participa de las características de la locación de cosas y del depósito-, es lo cierto que en atención a sus particulares características, no resulta justo establecer para el propietario del garage igual responsabilidad ante la sustracción de los vehículos guardados (arts. 1493, 1515, 1554, 2182, 2802 y cc. del C. Civil).
Contrato de trabajo, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Jajam, Mariela c/ Acuda Emergencias Médicas-SER s/ Cobro de pesos y entrega de certificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-18

Existe entre las partes contrato de trabajo en el que se da la prestación personal y voluntaria durante un alongado tiempo para satisfacer necesidades de la actividad de la accionada, sujetando a la actora a las directivas que le diere en el contrato celebrado entre las partes. Se le indica los pacientes a atender, se controla su labor, se les exige un mínimo de horas de desempeño o disponibilidad a atender emergencias, percibiendo remuneración de la demandada y no de los terceros (pacientes o clientes de ésta).
Derecho procesal, medidas cautelares, medida de no innovar, improcedencia del recurso, sociedades comerciales, cuota social, donación
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Chamula, Magali Sol y otro c/ Carrocerías Chamula SRL s/ convocatoria a asamblea
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Y si bien ésta medida también fue pedida respecto del ejercicio del derecho de voto que corresponde a las cuotas sociales donadas por la socia gerente, tampoco desde esa óptica el pedido cautelar resulta procedente. Y no sólo porque -aquí también- se advierte la inexistencia de instrumentalidad entre aquella medida y el objeto de este procedimiento, sino porque implicaría restringir derechos de terceros ajenos al presente trámite; afectando el derecho de defensa de sujetos que no han sido -ni serán- citados a este juicio, cuyo contenido se circunscribe a la inicial constatación de los requisitos necesarios para disponer la convocatoria judicial y, finalmente, a la efectiva celebración de la asamblea o reunión de socios.
Prueba confesional, cuerpo del delito
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Juan Alberto s/ Robos reiterados - Hurtos reiterados Piñones, Carlos Rafael s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16|1988-11-08

Para demostrar que el sentenciante violó el art. 235 inc. 7 (núm.

anterior) del C.P.P. el recurrente debió evidenciar -en cada caso- que la confesión del procesado es discordante con aquello que la ley llama "circunstancias y accidentes" del cuerpo de los delitos tal como éstos se tuvieron por acreditados.
Minería, promoción minera, facultades tributarias provinciales, aplicación de la ley tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Cerro Castillo  S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

La ley 2454 de la Provincia del Chubut, que fija un valor sobre los recursos que se obtengan de las explotaciones mineras, no vulnera los objetivos tutelados por la ley 22095, de promoción de la industria minera.
Pluralidad de intervinientes, agravantes de la pena, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Elizalde, Aníbal; Díaz, Gloria; Florentín, Tomás s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-04

En el presente caso se le imputó al encartado el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, previsto en el art. 5, inc. "c" de la ley 23.737 con la agravante del art. 11, inc. "c". En el particular caso no se encuentra obstáculo para que el juez pueda evaluar la amenaza que representa para el bien jurídico protegido el número de intervinientes en el ilícito. En este sentido es de resaltar que, entre otras valoraciones, el tribunal relacionó la cantidad de personas que tomaron parte del hecho con la mayor eficacia delictiva de dicha actividad, y es dicha eficacia la que se vincula íntimamente con la gravedad de la amenaza que corre el bien jurídico protegido, y su consideración a los efectos de la graduación de la pena está expresamente contemplada en el art. 41 inc. 1° del Código Penal (Voto del Dr. Madueño -en minoría-).
Ente Nacional Regulador del Gas, resolución administrativa, control de legalidad, revisión judicial de actos administrativos, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Distribuidora de Gas Pampeana S.A. c/ Ente Nac. Regulador del Gas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-12

Resulta claramente de la ley 24.076, que el legislador ha considerado necesario someter las decisiones del Ente Nac. Regulador del Gas que -de una u otra manera- afecten los derechos de los sujetos de la industria del gas, al conocimiento de los tribunales.

Previó, para ello, un régimen recursivo, estableciendo la vía admisible en cada caso, conforme a la naturaleza del acto atacado (arts. 66, 70 y 73).
Verificación de créditos, incidente de revisión, prueba, admisibilidad de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Citibank N.A. c/ Ochoa, Claudia Cristina s/ Verificación crédito
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

El incidente de verificación se rige en esto por los principios generales del proceso, entre los cuales juega el que indica que la apertura a prueba únicamente procede frente a hechos controvertidos cuya dilucidación no pueda lograrse con los elementos incorporados a la causa, debiendo resolverse la cuestión como de puro derecho cuando dichos elementos alcanzan, pues de lo contrario se entraría en un innecesario dispendio de actividad jurisdiccional (arts. 358 y 185 Cód. Proc.).
Empleados públicos, contrato de trabajo, ley de contrato de trabajo, aplicación analógica de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: RAMONET, Conrado c/ ISSB Instituto de Servicios Sociales Bancarios s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

A partir del pronunciamiento de la CSJN en la causa "Leroux de Emede, Patricia C/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", con su exigencia de una clara expresión de la voluntad de la administración de incluir una relación jurídica o una serie de ellas en el régimen de la LCT, estimo que no es posible continuar sosteniendo su aplicación analógica. Sólo lo es desde la perspectiva de la Corte, la directa, como consecuencia de un acto expreso del órgano administrativo. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).
Concesión administrativa, lanzamiento, costas
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: FE.ME.SA. c/ DEL VAL, RODOLFO s/ LANZAMIENTO LEY 17091
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-24

No corresponde la imposición de costas al ex concesionario lanzado toda vez que debe entenderse por vencido a aquel que obtuvo un pronunciamiento totalmente adverso a la posición jurdicia que asumió en el proceso y que la presente se tramitó inaudita parte.
Honorarios, monto del juicio, incidentes, cuestiones de competencia, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Biotrade Argentina SRL y otro c/ St Jude Medical Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

2 - Vale decir, que en supuestos en los cuales prosperó una excepción y no se llegó a adoptar una decisión jurisdiccional acerca del fondo del asunto, igualmente la base de cálculo de la retribución profesional está conformada por el monto reclamado (en similar sentido, CNCiv, Sala D, "Calderoni, María Cecilia c/ Cariglino, Federico Roberto s/ divorcio s/ alimentos", del 08/05/19, entre otros), con la siguiente aclaración relativa al objeto del proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RUIZ DE GALARRETA, HECTOR J Y OTRO c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    QUEJA    POR    DENEGACION   DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD. REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 127-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-07-04

No cabe resolver a este tribunal el pedido del recurrente de que la queja se conceda con efecto devolutivo, frente al texto del art 9 de la ley 7055 que establece expresamente las consecuencias de la concesión del recurso, aun por vía de queja.
Aplicación de la ley laboral, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CEÑAL, ANA Y OTRO c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-13

El art. 1 de la ley 23126 no consagra una mera prórroga de las disposiciones contenidas en la ley 21476, sino que tiene un contenido propio e independiente de ésta. Por ello, a los efectos de cuestionar su constitucionalidad no corresponde englobar ambas normas como si fueran una sola.
Recurso de casación, procedimiento laboral, depósito judicial, denegatoria del recurso
Materia: LABORAL- PROCESAL
Carátula: Montegay Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera, Industrial e Inmobiliaria s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-09-10

El cumplimiento al art. 377 del C.P.C.; Depósito previo a la presentación del Recurso de Casación, de la parte patronal, del importe del capital que se ordena pagar más el treinta por ciento para intereses y costas; es una exigencia que establece la ley para la procedencia del recurso de casación.- Al presentarse como fianza una institución bancaria hasta una fecha determinada, el tribunal decretó que a partir de esa fecha debía la parte patronal cumplimentar la obligación legal que impone el art.

377, pasada dicha fecha y no surgiendo en absoluto que la casacionista haya cumplimentado la carga que se le impusiera, en el sentido de mantener cumplimentado el art. 377 del Código ritual;

obsta a la prosecución del proceso, debiendo disponerse el rechazo del recurso de casación.
Acto administrativo, elementos del acto administrativo, motivación del acto administrativo, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguirre, Juan Angel Alberto c/ Gobierno de la Provincia de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1991-03-06

La jurisprudencia por su parte sostiene: "Los principios republicanos que imponen a la administración dar cuenta de sus actos;

los recaudos exigidos para permitir que éstos puedan ser impugnados por quienes vean afectados sus derechos, y la necesidad de que los jueces cuenten con los datos indispensables para ejercer la revisión de su legitimidad, imponen que en el ejercicio de facultades discrecionales los órganos administrativos satisfagan con mayor razón aún que en los predominantemente reglados, el imperativo de una motivación suficiente y adecuada a sus decisiones, máxime si la decisión adoptada importa un apartamiento de los precedentes uniformemente reiterados en el curso de los años.
Jueces, remuneración, acción de amparo, remuneración del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maggi, Juan Carlos y otros s/ Acción de amparo Scarpati, María Cristina y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05|1989-12-05

El reajuste de las diferencias de haberes debido con motivo de la procedencia del amparo con base en el art.96 de la Constitución nacional debe extenderse hasta el momento de la liquidación definitiva y no puede declararse que la actualización deba preservarse en el futuro.