Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-12-20


Salta, diciembre 20 de 2004.

Considerando: 1º. Que contra la sentencia de esta Corte de fs. 282/286, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad de la ley 7137 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble identificado como finca "Luracatao", la actora dedujo recurso extraordinario federal, a fs. 289/296 vta.

Sostiene la impugnante, luego de efectuar un relato de los hechos relevantes de la causa, que en el caso existe cuestión federal, porque la sentencia recurrida ha omitido considerar el argumento central de la demanda, referido a la arbitrariedad incurrida en la ley 7137 que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la finca Luracatao, al no haberse fundamentado las razones de hecho que estructuren la "utilidad pública" declarada en la norma y que permitan el dictado de la misma, siendo que la finalidad social invocada, consistente en permitir el acceso a la tierra de los pobladores de dicho predio ya estaba satisfecha desde antiguo por el Estado Provincial, sin afectar la propiedad privada, con el dictado de la ley 6321, denominada como Régimen de Regularización de Ocupación de Tierras respecto de las fincas Luracatao y Entre Ríos, mediante la cual el propietario que deseara poner en venta las parcelas sólo podía hacerlo a los pobladores naturales del lugar y con los beneficios de tipo registral señalados en la norma.

Según la recurrente, la finalidad del dictado de la ley 7137, que tacha de inconstitucional por vulnerar su derecho de propiedad (arts. 17, Constitución Nacional y 75, Constitución Provincial), sólo persigue quitar la propiedad de uno para entregársela a otro y consiste en una maniobra política de los caudillos del Dpto. Molinos tendiente a transformar en electorado cautivo a los pobladores de la finca Luracatao, lo que -sostiene- tiñe de arbitrariedad la calificación de "utilidad pública" declarada por la cuestionada ley, siendo en este caso revisable por los tribunales de justicia porque se encubre una verdadera arbitrariedad.

En el mismo orden, manifiesta la impugnante que se ha omitido considerar en el fallo recurrido el silencio guardado por la Provincia de Salta sobre la ley 6321, el dec. 3572 y la res. 342, 31/08/99, lo que es esencial, porque existe un proyecto de convenio para vender por el nuevo precio fijado por el Tribunal de Tasaciones, conforme surge del expediente administrativo 29-370480 de la Dirección General de Inmuebles. Tales omisiones en el fallo recurrido vulneran, a decir de la apelante, el derecho de defensa en juicio, establecido por el art. 18 de la Constitución Nacional.

Corrido traslado, a fs. 299/302 vta. contesta el representante de la Provincia de Salta y solicita se deniegue el recurso por carecer de fundamentación autónoma. Niega la existencia de una cuestión federal y de un gravamen o afectación de garantías constitucionales, limitándose la recurrente a manifestar una mera disconformidad con la resolución impugnada, centrando sus agravios en situaciones no planteadas durante el proceso. Sostiene que en la sentencia se han considerado los argumentos de la demanda, exponiéndose las razones por las cuales no existe sustento fáctico y jurídico que demuestre la inconstitucionalidad de la ley 7137 y que, además, la prueba producida por la propia actora demuestra el interés social y la utilidad pública de la expropiación dispuesta. Agrega que, en definitiva, el fallo recurrido constituye una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias de la causa.

2º. Que a esta Corte no le incumbe juzgar sus propios pronunciamientos cuando es llamada a decidir sobre la concesión o denegación del recurso extraordinario, pero ello no la exime del deber de examinar, además de la admisibilidad formal, la cuestión federal propuesta por el recurrente (CSJN, Fallos: 308:490), analizando, cuando se invoque la causal de arbitrariedad, si la apelación federal "prima facie" valorada, cuenta, a la luz de la conocida doctrina del más Alto Tribunal de la República, con fundamentos suficientes para dar sustento a un caso que reviste un inequívoco carácter excepcional (Fallos: 310:1790, entre otros).

3º. Que, si bien el recurso ha sido interpuesto en tiempo oportuno y por parte legitimada para ello, es de recordar que el mismo, en tanto vía impugnaticia especial, está dirigido a un objetivo concreto y restringido: reparar agravios constitucionales; por eso, la existencia de una cuestión federal o constitucional resulta la base del recurso (CSJN, Fallos: 148:62; 306:1740; 307:129).

En orden a tales premisas, constituye carga procesal del recurrente demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional (CSJN, Fallos: 300:443; 301:106; 303:2012; 306:947), extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona determinadas garantías de la Constitución, si el impugnante no precisa ni demuestra en concreto cómo se ha operado efectivamente tal violación en la sentencia.

4º. Que es principio básico en la teoría de los recursos el que sostiene que los fundamentos del juzgador deben ser rebatidos por el apelante a través de una crítica concreta y razonada, como consecuencia de lo cual no basta a ese efecto la reiteración -efectuada en autos por la recurrente- de manifestaciones anteriores atendidas a su turno por el sentenciante, máxime aún si esas objeciones se vinculan con aspectos irrevisables en la instancia del art. 14 de la ley 48 (confr. CSJN, Fallos: 310:1560).

La correcta deducción del recurso extraordinario exige que la apelante demuestre la inconsistencia de las razones expuestas en el fallo que pretende impugnar (confr. CSJN, Fallos: 305:853), lo que en el caso ha quedado incumplido; y la reedición de argumentos vertidos en etapas anteriores del procedimiento sólo da cuenta de una mera divergencia con lo resuelto, insuficiente para viabilizar el remedio excepcional.

En efecto, la recurrente no logra conmover los fundamentos que, basados en las Constituciones Nacional y Provincial, en las leyes provinciales aplicables y en la doctrina de la Corte Suprema Nacional, sustentan el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. Tales fundamentos son: que del debate parlamentario de la ley 7137 se desprende que el proyecto tiende a lograr que los actuales ocupantes, que moran en diferentes fracciones o terrenos de la finca Luracatao, puedan acceder a ellos, ya que son pobladores asentados en dichos lugares desde tiempos inmemoriales, privados hasta el momento de retener la tierra propia, inclinándose el debate por no continuar con las instancias de negociación con los propietarios de la finca y considerando la expropiación como el único medio real para que los pobladores accedan a la propiedad del suelo en el que han desarrollado, dentro de sus posibilidades, las actividades tendientes a su subsistencia, y por ello constituye el contenido social y el interés colectivo de los pobladores, el sustento de la calificación de "utilidad pública" que otorga fundamento a la expropiación dispuesta en la ley.

Como otro fundamento del fallo, en cuanto al segundo artículo de la ley, que exceptúa de la expropiación al casco principal de la finca, se ha señalado que las objeciones de la actora no demuestran la afectación de su derecho de propiedad, al decir que el efecto perjudicial consiste en sacarle a ella la propiedad para entregársela a otros, habida cuenta que la norma deja a salvo el casco o parte principal del inmueble para sus propietarios en una determinable fracción que permita una explotación agropecuaria y turística racional, de conformidad con lo dispuesto por el art. 8º de la ley 1336, sin que se evidencie el perjuicio o vulneración de derechos de raigambre constitucional invocados.

5º. Que ello sentado, los agravios de la impugnante ponen de manifiesto una mera discrepancia con la interpretación y aplicación de normas de derecho público local, materia ajena a la instancia extraordinaria federal (CSJN, Fallos: 300:200; 304:1326; 306:90; 308:1757; 315:482, entre otros), dado el respeto debido al derecho de los estados provinciales de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Fallos: 308:670; 311:2004; 308:1855, entre otros), lo que se encuentra garantizado por los arts. 5º y 122 de la Constitución Nacional. Así, el resguardo de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las cuestiones que versan sobre aspectos propios de las instituciones locales (confr. Fallos: 310:295; 312:65, entre otros).

En ese sentido, la misma Corte Suprema Nacional ha dicho que la inteligencia de cláusulas constitucionales y legales de las provincias son temas extraños a la vía del recurso extraordinario federal (Fallos: 297:535 y sus citas).

6º. Que el agravio referido a omisiones de tratamiento argumental que la recurrente atribuye a la sentencia sólo da cuenta de la reiteración de las cuestiones fácticas y jurídicas por las cuales la apelante sostiene la inconstitucionalidad de la ley que dispone la expropiación de la finca Luracatao. Reeditar esos argumentos como apoyo, esta vez, del recurso extraordinario federal, implica la pretensión de acceder a una instancia de revisión con el sólo propósito de lograr una distinta interpretación de la ley, lo que desnaturalizaría la finalidad del remedio intentado, el que, por definición, reviste carácter excepcional.

El fallo apelado cuenta con fundamentos suficientes que impiden su descalificación a la luz de la doctrina de la arbitrariedad, la que no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que les son privativas. Y, por lo demás, los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas, bastando que lo hagan sólo respecto de aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni tampoco lo están a tratar todas las cuestiones expuestas por las partes ni a analizar los argumentos utilizados por ellas que, a su juicio, no sean decisivos (CSJN, Fallos: 297:222, entre otros).

7º. Que como lo ha destacado reiteradamente la Corte Suprema Nacional, la doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional, y no resulta apta para corregir fallos equivocados o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que tiende a cubrir defectos realmente graves de fundamentación o razonamiento, que impiden considerar la sentencia apelada como acto jurisdiccional (Fallos: 301:1218; 302:588; 312:608, entre muchos otros). Luego, no cubre las discrepancias del recurrente con el alcance asignado por el Tribunal a los planteos no federales propuestos, cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa (Fallos: 308:1708; 311:1668; 312:608; 313:209, 840).

En ese orden de consideraciones, el Alto Tribunal Federal ha resuelto que la doctrina de la arbitrariedad "no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que les son privativas, como así tampoco abrir una nueva instancia ordinaria para debatir temas ajenos a la competencia específica de la Corte, cuando no se demuestra que el pronunciamiento impugnado contenga, en estos aspectos, graves defectos de fundamentación, o de razonamiento, que lo hagan inválido como acto jurisdiccional" (Fallos: 313:946).

Lo contrario importaría extender la jurisdicción de la Corte Nacional para revisar todos los pronunciamientos que se dicten en el país, con menoscabo de los límites establecidos por la Constitución y las leyes (Fallos: 306:263 y sus citas).

8º. Que, en mérito a los fundamentos expuestos, corresponde denegar el recurso extraordinario federal deducido a fs. 289/296 vta. Con costas (art. 68, Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello; la Corte de Justicia, resuelve: I. Denegar el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 289/296 vta. Con costas. - Guillermo A. Posadas. - Edgardo Vicente. - María C. Garros Martínez. - Antonio O. Silisque.