marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Facultades del juez, modificación de la tasa de interés
Materia: CIVIL
Carátula: De Almeida, Manuel y Carreño, María del Carmen c/ Bernatta, Javier Adrián y otra s/ Incumplimiento de contrato de compraventa y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

Los jueces tienen facultades de morigerar la tasa de interés convenida en los negocios privados cuando fuere abusiva, usuario o confiscatoria, solución adoptada por numerosa jurisprudencia con base en lo preceptuado por los arts. 21, 953, 1071 y conc. del Código Civil y, en su caso, de lo normado por el art. 37 de la ley 24.240. Ello pues la obligación del deudor no puede exceder el crédito actualizado con un interés que no trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres. Mas ello no habilita a establecer pautas fijadas en materia de intereses con abstracción de las circunstancias concretadas de cada caso.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Villa Leonor c/ Pilla Miguel y otros s/ Ejecución de alquileres Molinero Maria c/ Baez Raul s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-25|2000-03-14

El acto inexistente no constituye una mera clasificación dentro de la teoría de la nulidades. Se mueve en un plano distinto, no delimitado por la Ley sino indicado por nuestro entendimiento, que no puede prescindir de ese concepto, so pena de confundir todas las nociones acerca del presunto acto.
Divorcio, exclusión del hogar, matrimonio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Macías, Nanci Edith c/ Ghezzi, Luis Roberto s/ Exclusión del hogar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-09

Conforme el art. 237 bis del Código Procesal Civil y Comercial la exclusión del hogar puede arbitrarse como medida cautelar y también como pretensión de fondo, y en este segundo supuesto las vías procesales a utilizar son el juicio sumarísimo cuando la articulación tiene lugar antes de la promoción de la demanda de separación personal o divorcio vincular, o incidente, cuando estas últimas estuvieren ya inciadas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Determinación de la paternidad, exceptio plurium concubentium
Materia: CIVIL
Carátula: R., A.I. c/ D., J. s/ Filiación Paterna Extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-16

La llamada "exceptio plurium concubentium" es una defensa que en la actualidad ha caído en total desprestigio frente a la disponibilidad de medios científicos que permiten determinar con toda precisión la paternidad, desplazando a los elementos puramente indiciarios y por tanto, carentes de toda fuerza convictiva para sustituir a dichos medios técnicamente precisos y por tanto plenamente aptos para dilucidar esta cuestión.
Expropiación irregular, cooperativa de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUIRRE, HECTOR MARIO Y OTRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ EXPROPIACION INVERSA (INCIDENTE DE OPOSICION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-03-26

En razón de las particularidades que contiene la causa, y de manera excepcional, no es obstáculo para decidir la continuación del trámite expropiatorio, la circunstancia que las leyes que declararon el interés general de los bienes de los demandantes hayan sido dictadas con fundamento en la modificación que la ley 12167 realizó a la ley de expropiaciones 7534 -que posibilitó la expropiación del uso temporal de bienes cuando se trate de uno o más establecimientos que se encuentren dentro del activo concursal de empresas declaradas en quiebra, supuesto de hecho que no se configura en el presente-, pues si bien dicha afectación -que comenzó por un plazo de dos años y se mantiene en la actualidad- se ha realizado invocándose la ley citada, la realidad indica que -por la prolongación en el tiempo de la expropiación- la intención del legislador provincial es la de transferir no de una manera temporal el uso de los bienes perteneciente a los actores a la cooperativa de trabajo, sino la consolidación de una situación ya dada. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7534 y 12167.
Concurso preventivo, balance, comerciante no matriculado, libro IVA compras, libro IVA ventas, establecimientos mayoristas
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAPALBO, GENARO s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-29

Cabe revocar la resolución que rechazo la solicitud de concurso preventivo del recurrente por incumplimiento de lo establecido en la LC: 11-41, al considerarse que la calidad de comerciante "mayorista" del peticionante, implico su obligación de confeccionar balances en forma anual, aun atendiendo su carácter de comerciante no matriculado, toda vez que, cabe advertir que las disposiciones del CCOM 43 y 44 están establecidas para los comerciantes matriculados, calidad que -en el caso- no reviste el solicitante y, por lo tanto, no se encontraba legalmente obligado a llevar los libros allí indicados. A mas, el presentante ha puesto a disposición del a quo los libros de contabilidad que lleva de sus negocios (libro de IVA compras, libro de IVA ventas y libro de sueldos y jornales), documentación que, en forma preliminar, debe considerarse idónea para ilustrar el desenvolvimiento de su actividad.
Marcas, caducidad del registro, uso de marca, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: TESTAI SACII c/ RELAX SA s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-28

La interpretación correcta del uso de la marca, debe circunscribirse al hecho de que el producto que ella ampara, debe estar efectivamente en el comercio. En autos obra un aviso publicado en el diario Crónica, el día 4.1.89, en el cual en una de las ofertas se lee "Raqueta de aluminio c/magnesium, encordada, modelo Campeon". Dicha fotocopia fue reconocida como autentica. Obviamente, el ofrecimiento de un producto al publico, publicado en un diario hace presumir seriamente, que la marca que ampara el producto, en el caso la raqueta, ha sido explotada.
Regulación de honorarios, abogados
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. EN J° 79.356/29.814 COMPULSA EXPTE. 79.356 CABRERA MARÍA A. P/ SUS HIJOS MENORES (EXPTE. N° 87.463 ) c/ ZURICH S.A. CIA DE SEG. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-02-01

En materia de daños y perjuicios, cuando se reclaman montos que quedan librados al arbitrio judicial, no es correcto regular anticipadamente honorarios ni por la actividad del principal ni por la de incidente alguno, hasta tanto no recaiga sentencia que determina y fije los montos efectivos de condena.

En tales casos, la regla de la proporcionalidad que debe primar en materia de honorarios, se impone por lo dispuesto en el art. 14 inc. d) ley 3641, debiendo, en consecuencia, los profesionales esperar al dictado de la sentencia definitiva, para obtener la regulación de sus honorarios.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferrari, Raul Oscar c/ Grino Nicolás Luis s/ Daños y Perjuicios Gonzalo, María Laura c/ Lopez, Ariel Osvaldo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-05|2001-08-17

El recurrente pretende demostrar que el daño provocado por la privación de uso del vehículo se encuentra probado por el hecho de que, según pericia, el vehículo siniestrado estuvo entre 21 y 35 días esperando para ser arreglado. Si la prueba fuere tan sencilla nos encontraríamos ante un daño de los denominados "in re ipsa" y claramente la casación provincial le ha negado tal carácter , porque el daño no resulta de la inmovilidad del automóvil siniestrado, sino del dinero que su usuario debió emplear para reemplazarlo normalmente.
Divorcio contradictorio, audiencia de conciliación, divorcio del 67 bis, vicios de la voluntad, lesión subjetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: R.N.A. c/ W.D.A. s/ NULIDAD DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-30

Si el divorcio entre las partes comenzó como controvertido, iniciado por la cónyuge y la conciliación ante el juzgado lo llevó a desistir de ese procedimiento y acogerse al que presta el art. 67 bis de la ley 2393, si allí mismo, puestas de acuerdo las partes, judicialmente formularon el acuerdo de las partes, judicialmente formularon el acuerdo de voluntades que luego parcialmente el marido ataca por lesivo dicha conversión y el pacto general celebrado es presunción muy fuerte de que en realidad no pudo haber explotación de la necesidad, debiendo considerarse que, por una parte, los cónyuges eran en ese momento patrocinados por letrados de cada uno, y por otra, que se hizo con intervención activa del juzgado. La actuación del juez del divorcio, obligadamente personal, es el principal elemento que destruye por sí la presunción legal del art. 954 del Código Civil. Cabe inducir que el esposo no estaba presionado ni en estado de inferioridad, pues eso no lo habrían admitido su letrado defensor, ni el señor juez actuante, y si ninguna prueba aportó para apuntalar su demanda de nulidad parcial del acuerdo, ésta debe ser rechazada.
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Siemens Lidia Beatriz c/ Dirección General de Escuelas de la Prov. de Bs.As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

Obsta al progreso de la pretensión accesoria pecuniaria la ausencia de reclamo administrativo previo, pues cuando el acto que se impugna ante esta Corte no decide nada acerca de lo que luego se reclamó aquí, no vulnera ningún derecho administrativo establecido en favor del reclamante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lauletta, Alfredo Antonio c/ Telefónica Argentina S.A. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-02

Por razón de la materia, los tribunales provinciales no tienen competencia para intervenir en los procesos que se hallan en juego las potestades de fiscalización que sobre el servicio de telecomunicaciones acuerda el art. 4 inc. c) de la ley 19778 al Poder Ejecutivo Nacional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad civil, indemnización, daño por vicio o riesgo de la cosa, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Cornejo Córdoba, Cecilia del Carmen y Otros c/ Compañía Artico Pesquera SA y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-07

La doctrina del riesgo parte de la relación riesgo-provecho que toda actividad económica involucra. La reparación del daño es consecuencia, entonces, de la incorporación de un elemento potencialmente dañoso y del beneficio obtenido con su utilización, que impone correlativamente la obligación de asumir la responsabilidad de reparar los daños causados. Por otra parte, el daño se encuentra en relación de causalidad directa con la cosa; el accionar humano queda en segundo plano y es absorbido por la presencia de la cosa y lo esencial y decisivo es la incidencia causal de la cosa en el resultado nocivo, al margen de su condición de cosa riesgosa o no. La contingencia del daño puede provenir de cualquier cosa, riesgosa o no por naturaleza, en tanto y en cuanto, por las especiales circunstancias del caso dado, sea idónea para llegar a ocasionar el perjuicio y pueda tener efectiva incidencia causal en su producción.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ariño, Silvana c/ Paulini, Benigno Pedro s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-14

Las resoluciones impugnadas -que dispusieron se brinde aclaración sobre divergencias en cuanto al DNI del demandado con el boleto de compraventa y la partida de defunción; la agregación de saldo bancario acompañado haciéndole saber a la contraria el pago de la segunda cuota; y la necesidad de acudir al procedimiento del artículo 597 del C.P.C y C. por no constar que se hubiere dictado declaratoria de heredero de aquél- constituyen resoluciones ordenatorias y, por tanto, no revisten carácter definitivo por ser dictadas durante el transcurso del proceso en forma de providencias simples, que no descartan la posibilidad de que en un pronunciamiento posterior se torne innecesaria la intervención de esta Corte en la causa por encontrar remedio durante el desarrollo de las instancias ordinarias o porque dichos agravios pueden ser considerados por este Cuerpo en oportunidad de conocer el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia definitiva, en tanto el contenido de ésta resulte influido por el de aquellas resoluciones; y si bien es cierto que tal principio admite excepción en los casos en que se demuestre claramente la existencia de un daño irreparable o de una situación que por su incidencia en los derechos de la recurrente haga indispensable arbitrar una solución excepcional. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 597.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, aplicación de la ley, inconstitucionalidad, improcedencia del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PEREZ MARTA SUSANA c/ ANSES s/AMPAROS Y SUMARISIMOS c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-22

La modificación del art. 32 de la ley 24.241 introducida por el art. 2° la Ley 27.426, tiene un neto carácter regresivo, por cuanto la afectación de la movilidad dispuesta por la ley anterior se traduce en un perjuicio económico confiscatorio para el beneficiario, reduciendo en forma retroactiva el monto del haber que le hubiese correspondido. Por lo tanto, la modificación de la fórmula de cálculo de la movilidad no puede proyectarse en perjuicio de los jubilados y pensionados, debiendo adoptarse la solución que mejor se adecue a los Principios y Garantías previstos en la Constitución Nacional y que favorezca la progresividad de los derechos humanos. Por ello, corresponde hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley 27.426, ordenando que, para determinar la actualización de las remuneraciones correspondiente al mes de marzo de 2018, el cálculo se realice de conformidad con las pautas fijadas en la Ley 26.417, debiendo considerarse las sumas percibidas al momento de determinar los subsiguientes ajustes a fin de evitar la superposición de periodos. (cfr. Esta Sala en autos "Lavecchia, Roberto c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios", Expte N°: 53858/2014, sentencia de fecha 08.03.19). (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, Derecho laboral, despido, jubilaciones, interpelación
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Serra, María del Carmen c/ Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe Segunda Circunscripción s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de   indemnizaciones laborales (Expte. CSJ Nº 390-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-01

No resulta irrazonable en orden a lograr la apertura del recurso de inconstitucionalidad el pronunciamiento de la Sala que estimó que la trabajadora que está en condiciones de jubilarse debe reunir todos los requisitos exigidos por la ley para obtener el porcentaje máximo de la jubilación ordinaria -el que en el marco del artículo 14 de la ley 6915 es del 82 por ciento-, y que el Régimen de Contrato de Trabajo cuando se refiere al porcentaje máximo del haber de la jubilación ordinaria remite a la regla general y no a las excepciones que permiten aumentar porcentajes -cuando ambas partes voluntariamente mantienen la relación laboral- más allá del mentado 82 por ciento. En el caso, el Tribunal A-quo resolvió que el requisito del porcentaje máximo estaba claramente cumplido al momento de la intimación de la empleadora y ponderó, además, la actitud de la actora de guardar silencio frente a la intimación y acatar a posteriori el requerimiento iniciando los trámites para jubilarse a tenor de la aplicación estricta de los artículos 252 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 73 de la ley provincial 6915; por ello resolvió la disolución del contrato sin obligación de pago de indemnización para el empleador pues consideró que si la actora pretendía continuar trabajando para la demandada (artículo 75), debió hacérselo saber cuando ésta la preavisó en debida forma, y no cuestionarlo tardíamente cuando se había cumplido un año y se había producido ya la disolución del contrato.
Accidentes de trabajo, derechos y garantías constitucionales, decreto de necesidad y urgencia
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Zapata Roque Antonio c/ Experta ART S.A.  s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-03-08

La Sala del Trabajo del STJER estableció en "Crettaz" que las consideraciones allí vertidas constituye doctrina que resulta de aplicación obligatoria (art. 284 y 285 del CPCC), al disponer que el análisis de la validez de la norma -en la especie el decreto 669/19-, debía efectuarse en cada caso en concreto, evaluando si la misma resultaba perjudicial o no para el trabajador, sujeto de preferente tutela, atendiendo a las garantías constitucionales del mismo, y con ello prescindió del análisis de la procedencia formal del decreto, es decir, si se daban los presupuestos de su dictado, necesidad y urgencia. En lo puntual, se debe comparar en cada caso, si la aplicación del DNU 669/19 resulta o no una mejora sustancial de las prestaciones a percibir por el trabajador, en relación a los que surge del cálculo efectuado tomándose la tasa activa. O sea, deben confrontarse los resultados entre las disposiciones del art. 12 de la Ley 24.557 (luego de la reforma del art. 11 de la Ley 27.348), y las contenidas en el referido Decreto de Necesidad y Urgencia (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Excepción de nulidad, incidente de nulidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOTTARI ALFREDO c/ HILDA GLADYS ANAYA s/ Ordinario (LIBRO: A130 - 097)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-11-10

Correctamente ha expresado la señora juez a quo, en torno del cuestionamiento de invalidez, que en primer lugar, el planteo resulta extemporáneo. Habiéndose efectuado requerimiento de pago y citación para defensa por tres días... y tratándose de impugnar actos anteriores del despacho de la ejecución, la nulidad debió ser articulada vía excepción y en el plazo acordado, lo que no ocurrió. Ello es, efectivamente adecuado porque: a) Este cuerpo tiene reiteradamente dicho que el incidente de nulidad se configura como un remedio jurisdiccional de excepción, viable sólo cuando no existen otros para subsanar los eventuales defectos procesales. b) Señala A. Maurino, en Nulidades procesales Bs.As. 1982,p.154, que Palacio,Colombo,Alsina y Fassi, entre otros, coinciden en que la excepción es la vía idónea para impugnar la validez de los actos procesales anteriores a la citación para defensa, o de remate. c) Sobre ejecución de resoluciones judiciales, dispone el art. 275 del C.P.C. sólo son admisibles las siguientes: 1) Falsedad material de la sentencia o laudo.

2) Prescripción decenal de la ejecutoria. 3) Pago. 4) Quita, espera o renuncia, y en materia de ejecución de sentencias, establece en forna análoga el art. 506 de la Nación Sólo se considerán legítimas las siguientes: 1) Falsedad de la ejecutoria 2) Prescripción de la ejecutoria 3) Pago 4) Quita, espera o remisión. Mas en el ámbito nacional, la jurisprudencia ha debido admitir otras excepciones, como la de incompetencia, de falta de personería y de nulidad de la ejecución (ver Fassi,Santiago), lo que se entiende también debe ocurrir entre nosotros (2da. Camara Civ. LA 68-227), especialmente en lo que respecta a la última, siendo que es la que se autoriza en procesos compulsorios para asegurar la defensa.-
Prescripción de la acción penal, prisión, pena de inhabilitación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Inc. prescripción de acción penal "Teiblum, Víctor" s/ Inc. prescripción de acción penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-03

Como en ninguno de los supuestos contemplados por el art. 62 del C.P. se alude a la prescripción de la acción en los delitos reprimidos en forma conjunta con inhabilitación y prisión, la admisión del instituto en estos casos se debe realizar tomando en cuenta el término máximo de la pena más grave, que conforme la normativa del art. 5 del C.P. resulta ser la de prisión.
Acción de amparo, rebeldía, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: SCRIMINI CARLOS ARTURO c/ RESOLUCION EMANADA DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-11-30

La "rebeldía" implica principalmente "no comparecencia durante un plazo de citación o abandono del juicio...", y si bien es posible asignar los mismos efectos al supuesto de comparencia viciada, estos vicios deben ser denunciados por el damnificado, y en principio, debatidos con el supuesto autor del vicio. El hecho de que, la contestación de la demanda haya sido suscripta por el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados (y de vicegobernador), no permite el rechazo de plano de la misma, dicha argumentación carece de entidad suficiente para sustentar la revocatoria deducida.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, notificación por cédula
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. c/ Ravelli, Daniel s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Demanda ordinaria (Expte.: C.S.J.  Nro. 99 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

Merece reproche constitucional el fundamento esbozado por la Sala con relación al recurso de nulidad, al entender que las providencias que el recurrente indica como no anoticiadas adecuadamente a su parte no son de aquéllas que deben ser notificadas por cédula, por lo que regiría lo normado por el art. 60 de la ley de rito. Ello por cuanto, sostener que las providencias no debían notificarse por cédula, es prescindir del texto expreso de la ley, ya que el artículo 62 incs. 3 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial, así lo disponen ("Deben notificarse por cédula,... 3) Toda providencia posterior al llamamiento de autos... 5)...medidas precautorias o sus levantamientos...").
Obligaciones solidarias, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, Alfredo Ramón c/ RIO URUGUAY SERVICIOS SOCIALES S.R.L. y Otros s/ Indemnización por despido y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-06-29

Admitida la relación laboral del actor con la sociedad irregular a la que se condena -punto sobre el cual la sentencia ha quedado firme -, surge necesariamente la responsabilidad solidaria de sus integrantes -artículos 21, 23, 24 y concordantes de la Ley 19.550-, calidad que los codemandados han admitido explícitamente, tanto en los escritos de contestación de demanda, como en las interpelaciones previas al juicio.
Condiciones de visibilidad, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: CANGA, Miriam Erica c/ Samat, José Luis s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-02-25

Es sabido que muchas, frecuentes y cambiantes son las alternativas que van a dificultar la visibilidad en el tránsito por la vía pública, pero ello no actúa como eximente, no explica, ni mucho menos justifica que quien ve disminuía la visibilidad avance a ciegas creando un riesgo para sí y para terceras personas.

Por el contrario, dada esa situación, obliga a poner toda la precaución que sea necesaria - incluso detenerse - para neutralizar la dificultad en la visión.

La visibilidad, en el área de incidencia del automotor en movimiento, debe ser absoluta. No entenderse así implicaría admitir que se transite sin observar todos los detalles y variables que naturalmente se originan en el andar por la vía pública, y por tanto justificar las consecuencias derivadas de esa relativa observación.