marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio de desalojo, desalojo anticipado, allanamiento, costas
Materia: CIVIL
Carátula: ANNAN DE PERGAMINO S.A.I.C c/ DISMO S.A s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-01

El art. 688 del CPCC no contiene exigencia sobre el plazo en que debe realizarse el allanamiento y ello no es por omisión u olvido o porque el legislador haya querido el cumplimiento de las normas del art. 70 del mismo código, sino porque la situación resulta diferente, ya que la demanda es anterior al momento en que el cumplimiento de la obligación sea exigible y además porque preve que la imposición de costas no se realizara en la sentencia sino que su postergación obedece a que el allanamiento se cumpla en forma efectiva.
Demanda, prueba documental
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABAÑA JUAN LEANDRO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-06-05

El sustento racional de incorporar la documentación al comienzo del proceso por un principio de lealtad y buena fe procesal, para evitar "emboscadas", no juega cuando la documentación consiste en instrumentos que emanan del propio contrario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Kipperband,  Benjamín s/ estafas reiteradas por falsificación dedocumentos  -  incidente de  excepción previa de prescripción de laacción penal -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Aun cuando se trate de la interpretación de las reglas que rigen la prescripción y, en particular, de la del concepto de "secuela de juicio" como causal interruptiva, procede el recurso extraordinario cuando la sentencia contiene afirmaciones dogmáticas o carece de fundamentos mínimos (Disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Antonio Boggiano).
Marca de hecho, marca notoria, mejora de la contracautela, ampliación del monto
Materia: COMERCIAL
Carátula: Grinbank, Daniel Ernesto c/ García Moreno, Carlos y otros. s/ Medidas Cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-24

Cabe puntualizar -a los efectos de la determinación prudencial del aumento de la contracautela- que, en el caso, el peticionario no ha corrido con los gastos y riesgos propios de las contrataciones que interesan, de manera que no podría pretender una retribución o porcentaje pleno (doctr. del art. 1638 del Código Civil). Y, desde otro enfoque, tiénese presente que la actuación de los músicos ha tenido hasta la actualidad una notoria repercusión, más -como es obvio- por su propia naturaleza el resultado de un festival futuro no deja de tener, en cierto modo, un elemento aleatorio en cuanto a su producido económico. A la luz de las consideraciones que anteceden y computando sólo como un elemento indiciario el alcance de las pretensiones del Señor Grinbank, el Tribunal considera razonable elevar el monto de la contracautela a la suma actual de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000).
Sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: P.P. c/ P. DE P.L. s/ LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-07

Tratándose de un bien ganancial su uso corresponde indistintamente al marido y a la mujer y tratándose de un automóvil el uso es indivisible, no puede usarse una cosa por partes sino "in solidum", ya que de lo contrario habría que dividirla físicamente y dejaría ser lo que es. O sea que en estos casos la división debe hacerse de común acuerdo, fijándose días y horas para el uso alternativo del vehículo, tratándose de un automóvil destinado al uso del hogar, se entiende que dicho uso involucraba a la familia, cuyo manejo correspondía al marido y producida la separación el vehículo perdió su función primordial, de manera que ya no pudo ser usado del modo que lo había sido. El vehículo, a falta de convención, no pudo ser utilizado unilateralmente por ninguno de los cónyuges.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: LOHAIZA FIDELIA s/ DENUNCIA-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-10-07

Las declaraciones, derechos y garantías contenidas en la Constitución no son simples fórmulas teóricas, debiendo los jueces afirmar su vigencia sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una Ley que así lo disponga.
Legitimación procesal, querellante
Materia: PROCESAL
Carátula: López, José Francisco c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-09

El voto concurrente agregó que, de la presentación efectuada por el titular de la UIF -en los términos del art. 6º ley 25.246-, y de su confrontación con las constancias de la causa, el recurrente ha demostrado tener un interés legítimo para intervenir en el proceso en calidad de querellante. Dres. Slokar, Figueroa -voto concurrente-, Ledesma.
Sociedades comerciales, intervención judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: VAZQUEZ, JOSE c/ GARCIA CARLOS s/ INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-09

La intervención judicial -en cualquiera de las formas previstas por la ley 19550- es un instituto rodeado de características singulares, erigiéndose como medida cautelar societaria de excepción, a la cual puede recurrirse una vez que se hayan agotado todas las posibles instancias para conjurar el peligro potencial que provendría de acciones u omisiones.

De allí que impere un criterio restrictivo en la materia, habida cuenta que las cuestiones suscitadas de resultas de pretendidas irregularidades, deben ser sometidas a la decisión previa de los órganos naturales, conforme lo previsto por la ley y los estatutos.

La intervención judicial no puede justificar una intromisión o interferencia en los negocios de la sociedad, a fin de no provocar un daño mayor del que se quiere evitar (ley 19.550:114).
Responsabilidad del Estado, ferrocarriles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rojas, Arnaldo Adolfo y otra c/ Compañía de Omnibus Martín Miguel de Guemes y otra s/ Daños y perjuicios Canelo, Juan Alberto c/ Girves, Roberto Raúl y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29|2001-07-18

El mero incumplimiento de la obligación impuesta por el art. 5 inc.

8 de la ley 2873 a Ferrocarriles Argentinos no genera la responsabilidad concurrente de esta empresa si la causa del accidente fincó en la conducta del chofer del vehículo embestido por el tren.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión de derecho común, jueces, interpretación de la ley, riesgos del trabajo, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VERGARA, VICTORIO ORLANDO c/ LA CAJA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

El agravio vinculado con la falta de aplicación al caso del Decreto de Necesidad y Urgencia número 669/19 no puede merecer favorable acogida, desde que al no haber integrado este asunto la materia recursiva analizada en la sentencia en crisis, no corresponde que esta Corte se expida en punto a ello; sin embargo, no está de más aclarar que, como es sabido, la tarea de interpretación y aplicación del derecho común le es propia a los jueces ordinarios de la causa, resultando ajena a la órbita del remedio extraordinario, particularmente, en lo que atañe al ámbito del sistema de Riesgos del Trabajo, cabe señalar -como lo expresó este Cuerpo en el antecedente "Vallejos"- que en esa labor deben considerarse las pautas de ponderación esbozadas in re "Ceballos" en cuanto a que a los fines de determinar el alcance temporal de cada una de las normas que integran el mentado ordenamiento normativo, es menester tener en cuenta previamente el carácter legal que dicha norma ostenta, por lo que tal como se desprende de los considerandos del decreto en cuestión, la operatividad del mismo se extiende a los casos ocurridos al amparo de la ley 27348 desde que aquél tuvo por fin modificar la modalidad de ajuste dispuesta por esta disposición legal y no a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. - CSJStaFe: Vallejos, AyS T 313, p 467; Ceballos, AyS T 303, p 31. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 27348; Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19.
Libertad condicional, informe de establecimiento penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Claudio Fabián s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

El artículo 53 del Decreto Ley 412/58 expresamente señala que la calificación de conducta tendrá valor y efectos para el otorgamiento de ventajas tales como recibir visitas, correspondencia, etc. y la calificación del concepto servirá de base para la concesión de beneficios tales como las salidas transitorias, la libertad condicional, la conmutación de la pena y el indulto. Si bien es recomendable, como norma de prudencia y justicia la intervención de la Comisión de Egresos Anticipados conforme lo expuesto por el artículo 25 de la Ley 20.416, el informe del mencionado organismo se suple por todas las circunstancias enunciadas por el a quo quién efectuó una valoración integral de los informes proporcionados por la unidad de alojamiento, el concepto del interno, las sanciones disciplinarias a él aplicadas y la recomendación de la jefatura de trabajo de la unidad. (voto del Dr. David).
Pensiones, reapertura del procedimiento administrativo, declaración de puro derecho, resolución administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MOLINA DE BARILATI, ESTHER c/ ESTADO NACIONAL- MINISTERIO DE DEFENSA s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-21

Las resoluciones administrativas o judiciales firmes no impiden la reapertura de los procedimientos previsionales, ley 20606 sin que la restricción resultante de la ley 21690 sea aplicable a cuestiones que no han sido objeto de controversia en el juicio sino que estuvieron excluidas de éste por falta de planteamiento de parte.
Confirmación de sentencia, denegatoria del recurso, servidumbre de paso, acciones posesorias, sucesiones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ortiz Elsa Alicia c/ Barrionuevo de Tula Mirta, Tula Héctor y Mirta Tula s/ Acciones posesorias - Expediente Nº 679/17
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-03-16

Cabe rechazar la apelación deducida, confirmando en consecuencia la sentencia recurrida en la demanda posesoria, que ordenó a los accionados abstenerse de realizar actos tendientes a perturbar la posesión de la actora sobre el paso entre los inmuebles propiedad de ambos, pues ha quedado suficientemente acreditada la existencia de la sucesión respecto de aquéllos, integrando -los inmuebles de la parte actora y de la parte demandada- una mayor extensión en la que un predio quedaba encerrado, ubicado detrás del otro, siendo obligatoriamente la salida hacia adelante.
Prisión, pena privativa de la libertad, condena condicional, readaptación del condenado
Materia: PENAL
Carátula: Caranzi de Capello, Zelmira s/ Fraude a la administración pública
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-17

Debe ser en suspenso la pena de tres años de prisión impuesta al condenado después de casi diez años de comenzado el juicio, pues si bien puede tener fundamento en la culpabilidad del autor, no aparece así dentro de los criterios de prevención -límite de aquélla- tanto especial como general, habida cuenta que el procesado constituyó un hogar, tiene trabajo estable y no ha vuelto a delinquir, de manera que la resocialización aparece como cumplida pues ha demostrado su adecuación a las normas sociales y jurídicas después del hecho.
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: LABORAL
Carátula: BANCHERO RAMON ISIDRO c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-06

Del breve escrito no se deduce ciertamente una crítica concreta y razonada del fallo, sino simplemente una discrepancia más o menos detallada del mismo, lo que evidentementele está restando la categoría de "Expresión de Agravios" en los términos señalados por el artículo 125 inciso c) del Código Procesal Laboral y la abundante jurisprudencia al respecto de esta Cámara en sus dos Salas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, prueba testimonial, víctima menor de edad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., V. R. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL VICTIMA MENOR DE 16 AÑOS (ESTUPRO) CON ACCESO CARNAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-10

Lo invocado en referencia al delito de promoción de la corrupción de menores -aludiendo a que se lo habría condenado por un delito de omisión no previsto en la figura penal en cuestión- no aparece idóneo para configurar un supuesto que habilite la intervención de esta Corte, toda vez que el agravio fue descartado por la Alzada al expresar que sólo a partir de un desconocimiento de la fuerza probatoria de los testimonios de los niños y de los medios de confirmación que se correspondían con los mismos, podía afirmarse que no estaban demostrados los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales en los que la acusación y los Jueces de grado habían subsumido los hechos; y tal justificación de la Cámara no ha sido rebatida por la interesada, quien no demuestra su ilogicidad o insuficiencia, al mismo tiempo que no persuade a esta Corte de que la condena por el mencionado delito no se correspondiera con las conductas que se le atribuyeron oportunamente al imputado al describírsele la plataforma fáctica en la audiencia imputativa. - Jurisprudencia vinculada: F., C. A., AyS T 309, p 147/153, sumario J0048543.
Empleo público, estabilidad del empleado público, derecho a la carrera, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ JOSE SANTOS c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-17

El derecho a la estabilidad garantiza al agente público a conservar el cargo y nivel escalafonario alcanzado mientras dure su buena conducta y no exista una causa legal que determine la extinción del vínculo. A su vez, la estabilidad garantiza la efectiva realización del derecho a la carrera. Sin el respaldo de la estabilidad, el derecho a la carrera es una declaración teórica. La estabilidad concluye normalmente al finalizar la carrera administrativa del agente.

Sin embargo, la estabilidad garantizada al agente público, puede cesar, legítimamente por extinción del vínculo, en forma anticipada o no, entre otras causas por supresión del cargo, reorganización o racionalización administrativa y por jubilación ordinaria común.

Cuando el egreso del agente se produce, por cualesquiera de las causas mencionadas (cesantía legítima por reorganización administrativa o jubilación ordinaria común), una vez finalizada la carrera, no se vulnera el derecho a la estabilidad y consecuentemente, no debe abonarse ninguna indemnización.

La estabilidad constitucionalmente consagrada, no importa un derecho absoluto a permanecer en el cargo, sino que mediando autorización legislativa basada en causa legal de interés público, si la Administración decide remover anticipadamente, a un agente público por razones de reorganización administrativa, sin culpa de éste, esa estabilidad puede ser sustituida, sin agravio constitucional, por el derecho a una equitativa indemnización.

Vale decir que la garantía de la estabilidad, que normalmente ampara la carrera administrativa hasta su fin, se satisface con el reconocimiento del derecho a una indemnización por eventuales daños y perjuicios derivados de la extinción anticipada de la relación de empleo público que la hace cesar y deja trunca la carrera administrativa, sin que medie culpa del agente.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sabalain, Pedro T. c/ Khazki, David s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

La circunstancia en que el accionado fundamenta la excepción de inhabilidad de título opuesta, en la medida que implique entrar a considerar la causa de la obligación no puede prosperar, porque ello es contrario a lo expresamente dispuesto por el inc. 4 del artículo 542 del CPCC.
Responsabilidad parental, abandono de los hijos
Materia: CIVIL
Carátula: S.V. Y F.V. s/ REINTEGRO DE HIJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-04-27

No constituye abandono, la entrega de un hijo menor a otra persona para asegurar su subsistencia. (En el caso la madre del niño apremiada por la necesidad y sin auxilios oportunos e idóneos, incluso al parecer de la propia autoridad del patronato, procedió a entregarlo a un matrimonio que conoce, en medio de su desamparo, para que lo cuidaran y atendieran hasta que ella superara el trance en que se encontraba y estuviese en condiciones de hacerlo por sí).
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, resoluciones recurribles, recusación, recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: PROCURADOR GENERAL DE LA CORTE SUPREMA c/ E., R. s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Jury de enjuiciamiento (Expte. CSJ   Nº 141-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-08

No puede proceder el pedido de recusación por prejuzgamiento de los miembros del Jury de Enjuiciamiento solicitado por la recurrente, pues su acogimiento supondría admitir que mediante el simple expediente de recusar a todos los miembros del Tribunal por causales no previstas en la ley y manifiestamente improcedentes, es posible lograr la creación de otro tribunal para resolver el punto, alentando así a que, mediante sucesivas recusaciones y articulaciones dilatorias, se frustre el cumplimiento oportuno de los relevantes fines para los cuales el enjuiciamiento de magistrados fue instituido.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja  de  Subsidios  Familiares  para  el  Personal  de la Industria c/ Sabattiello, Gerardo y otros. s/ NULIDAD RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

Las discrepancias del recurrente con el criterio del tribunal concernientes a la selección y valoración de los distintos elementos probatorios y a la interpretación de cláusulas contractuales y normas de derecho común, no habilitan la vía del art. 14 de la ley 48, pues ella no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que le son privativas, salvo supuestos de arbitrariedad.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, proceso penal
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Simón,  Julio  Héctor  y  otros s/ privación  ilegítima de  la libertad, etc. (Poblete) -causa Nº 17.768-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-14

Uno de los contenidos esenciales de la garantía constitucional de la defensa en juicio es el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de libertad que comporta el enjuiciamiento penal.
Policía, personal policial, ascenso laboral, antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARNIQUEL, CARLOS DAMIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 426-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-26

No es misión del Tribunal analizar, en abstracto, la actuación del órgano calificador (Junta de Calificaciones de la Policía de la Provincia), sino sólo la de examinar aquellos aspectos que puedan ser de decisiva incidencia para la solución de la causa, sin que -en principio- las conclusiones a las que pueda arribar respecto de la situación de los candidatos aptos para ascender (promovidos o no) importe adoptar decisiones sobre la situación de ellos.
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, junta de acreedores, asistencia del deudor, declaración de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAINT MARTIN SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-04

No corresponde decretar la quiebra de una concursada por aplicación de la lc: 47-3, con motivo de no haber asistido a la junta de acreedores fijada oportunamente en día que resultó calificado de "inhábil" por acordada de la CSJN a raíz de medidas de fuerza cumplidas por él así en resguardo del derecho de defensa, de estirpe constitucional, que se vería conculcado por una interpretación rigorista en razón de la preeminencia de la vía preventiva por sobre la liquidataria con sagrada expresamente por la lc: 10, debiendo en consecuencia fijarse nueva fecha para la celebración de la junta.
Sentencia definitiva, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: T., S.L. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-10-26

En orden a las acciones de amparo, la jurisprudencia del Cuerpo no ha variado. "Cuando la acción de amparo ha sido rechazada... siempre el actor podrá renovar la cuestión por las vías ordinarias, por lo que la sentencia no es definitiva, al margen de la existencia o no de gravamen irreparable susceptible o no de habilitar, por asimilación un recurso extraordinario de casación".
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria, fraude laboral, relación de dependencia, contrato de trabajo de temporada
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Tedín Uriburu, Virgilio Ignacio c/ Banco de la Nación Argentina. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Es improcedente el recurso extraordinario interpuesto contra el pronunciamiento que estableció que mediante el contrato de trabajo temporario suscripto se había pretendido disfrazar la verdadera naturaleza de la relación habida entre las partes y limitado los derechos del interesado al asimilarlo, en su retribución, al cargo que ostentaba con anterioridad al destino en el extranjero, pues se trata de cuestiones de hecho y derecho común, ajenas al remedio federal, máxime cuando el recurrente no logra evidenciar la tacha de arbitrariedad (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Juan Carlos Maqueda). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Poder Legislativo, bien jurídico protegido, bien común
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Si los poderes legislativos debieran detenerse ante los intereses de partidos, el Estado se vería privado de abordar la realización de las medidas de gobierno que conceptúa útiles, con lo cual se abstendría de resolver insoslayables problemas que la realidad política cotidiana impone. No se trata de arribar a la omnipotencia de la Legislatura, ni de colocar ésta fuera del control del Poder Judicial, sino de mantener el imperio de las potestades legislativas que son indispensables para la armonía de las instituciones fundamentales que, en la Provincia deben ser organizadas conforme a los principios democráticos, representativo y republicano (artículo 1 Constitución Provincial). Es al Poder Legislativo al que le incumbe mantener esa equilibrada armonía mediante la adecuada apreciación de las circunstancias fácticas que deben someterse a riguroso e indefectible examen.