Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-27


Reg.: A y S t 281 p 360/364. Santa Fe, 27 de marzo del año 2018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado contra la resolución de fecha 21 de octubre de 2016, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe, en autos "RANALLO, Daniel Hugo contra SANCOR CUL sobre Cobro de Pesos -rubros laborales- (Expte. CUIJ 21-04612067-9) (Expte C.S.J.S.F. 21- 00511136-3). CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de autos que la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe rechazó los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la demandada con costas contra la sentencia que -a su turno- receptara parcialmente la demanda laboral con costas a la accionada. Contra este último decisorio el quejoso articula recurso de inconstitucionalidad por entender que el mismo resulta arbitrario en base a tres causales. Como primer agravio alega que el pronunciamiento no considera ni resuelve sobre defensas que -a su criterio- resultan decisivas para la justa solución del litigo, por omisión del análisis de prueba -que entiende- resulta esencial, por lo cual sostiene que ello afecta el debido proceso y lesiona su derecho de propiedad. En ese razonamiento achaca al tribunal no haber tenido en cuenta el sumario administrativo, la confesional del actor -que entiende falsa-, los apercibimientos de la ley procesal -artículo 166 in fine del Código Civil y Comercial- y la pericial caligráfica. Reprocha también la valoración que efectúa el A quo de los testimonios aportados por el actor. También se queja de que dicha Sala haya omitido considerar una sentencia de la Sala I de la misma Cámara que -según asegura- agregó en copia en oportunidad de expresar agravios, referente al mismo hecho causal del despido pero protagonizado por un compañero de trabajo -aquí testigo-. Puntualiza al efecto que, la Cámara en dicho caso, revocó la resolución que acogía la demanda. Como segundo agravio achaca al pronunciamiento carecer de motivación suficiente en el entendimiento de que la misma no brinda razones del apartamiento de las pruebas que, según dice, acreditan que el actor fue despedido con causa. Si bien acepta que la carga de la prueba recae sobre su parte, discrepa con la determinación de ambas instancias referida a que éste no haya aportado pruebas. Por último acusa a la Cámara de arrogarse el rol de legislador al confirmar los intereses fijados por el juez inferior, en el entendimiento de que ello es derogatorio del derecho vigente. Califica la aplicación del doble del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina como usurarios, confiscatorios y lesivo del derecho de propiedad y, a la capitalización bimestral -artículo 770 inc c del Código Civil y Comercial- como contrario a lo normado por el artículo 771 del mencionado digesto. 2. La Sala, mediante decisorio del 10 de febrero de 2017, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad con fundamento en que no se planteó la cuestión constitucional no se mantuvo en las etapas del juicio y por entender no existió agravio constitucional ni se presentó un argumento de arbitrariedad que se pueda considerar viable en abstracto. 3. La postulación de la demandada recurrente, cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que podrían configurar hipótesis de violación del dereho a la jurisdicción, con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta vía extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria -propia de esta instancia- y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, RESUELVE: Admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Ordenar la devolución del depósito efectuado. Disponer que por Presidencia se requiera la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda. Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ (EN DISIDENCIA PARCIAL) ERBETTA FALISTOCCO GASTALDI NETRI SPULER (EN DISIDENCIA PARCIAL) FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR SPULER Y DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUTIERREZ: Consideramos que la presente queja debe ser parcialmente admitida. Y ello así, por cuanto en relación al primer agravio relativo a la omisión de análisis de pruebas que -según el recurrente- resultan decisivas, aun de entenderse superado el recaudo de oportuno planteamiento y mantenimiento de la cuestión constitucional que la Alzada estima incumplido, dicho remedio no puede prosperar. Ello por cuanto, de la confrontación de los argumentos que hace referencia el presentante en su escrito introductorio con los fundamentos del fallo impugnado, se pone de manifiesto su disconformidad con la decisión de tener por no acreditada la causal invocada por la patronal para rescindir el vínculo y que determinó la procedencia de los rubros indemnizatorios. Para decidir así, el A quo coincidió con el juez de primer grado, en la consideración de que la patronal no aportó prueba para cumplimentar la carga que sobre ella pesaba. Al respecto estimó no demostrado en el expediente los hechos objetivos que invoca como justa causa del distracto y juzgó insuficiente el sumario interno de la empresa -como prueba preconstituída- en virtud de la ausencia de corroboro en sede judicial. En esa inteligencia señaló que dicha situación priva del contralor de partes al no existir contradicción. Asimismo estimó carente de significación jurídica el intento del accionado de desmerecer los dichos de los testigos aportados por el actor en autos, en virtud de estimar que ello no alteraba la suerte del pleito. Y agregó que la simple intención de descalificarlos alegando parcialidad, subjetividad y falta de credibilidad no resulta suficiente, siendo que el juzgador ha de basarse en las reglas de la sana crítica como método que le deja en libertad de admitir la prueba que considere útil y apreciarla conforme a las máximas de lógica, psicología y experiencia común, correspondiendo exclusivamente a los jueces determinar la fe que merecen los testigos, todo ello excepto valoración absurda o conclusiones contradictorias lo cual a criterio del A quo no era del caso. En contra de ese razonamiento, el quejoso insiste con su postura de tener por acreditada la causal de despido por medio de la consideración de las actuaciones internas y el dictamen pericial que -según dice- puso en evidencia al actor -en su confesional- al negar su rúbrica en las actuaciones internas de la empresa, postulando que el juez debió tener por exactas las afirmaciones del pliego de posiciones conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Código Procesal Civil y Comercial. Cabe señalar que dichos extremos no tiñen de arbitrariedad el fallo, desde que el mismo contiene fundamentos bastantes para sustentarse. Ello así, por cuanto los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas del autos, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (A y S. T. 272 P. 433/436). En lo referente a la alegada prescindencia de la sentencia dictada -según dice el recurrente- por igual hecho, con iguales pruebas y con idéntica demandada por la Sala I de la misma Cámara, dicha situación tampoco otorga al acto judicial la calificación de arbitrario en tanto y en cuanto el mismo resulte suficientemente fundado. En ese razonamiento se ha dicho que la independencia de los sentenciantes como órganos jurisdiccionales diferentes y autónomos para la interpretación y aplicación de la ley puede acarrear efectivamente la existencia de resoluciones dispares. (A. y S. T. 69 ps. 380-383.) En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho: "La circunstancia de que ...existan precedentes contradictorios, respecto de la interpretación de normas de derecho común, no comporta impugnación atendible de arbitrariedad. (259:143). En cuanto al segundo agravio referido a la supuesta falta de motivación suficiente, ello no resulta idóneo para desvirtuar los argumentos dados por el magistrado que, para decidir como lo hizo en base al resultado ya referido que determinó no acreditada el motivo del distracto y en consecuencia tuvo por incausado el despido que confirió al actor derecho a los rubros indemnizatorios. Frente a este razonamiento, el planteo del compareciente no logra demostrar que la sentencia impugnada hubiese incurrido en una hipótesis de violación de garantías constitucionales, sino que sólo revela su mera discrepancia con lo decidido por el A quo en ejercicio de funciones propias, lo que impide la apertura de la instancia extraordinaria. Tal como esta Corte ha señalado en numerosas oportunidades, el recurso de inconstitucionalidad no tiende a revisar el criterio de los juzgadores ni el acierto con el que los mismos han merituado las constancias de la causa, sino que sólo encuadra en aquellos supuestos en que media absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para los mismos. Lo contrario implicaría desplazar de sus funciones privativas a los jueces ordinarios y transformar este remedio de excepción en una tercer instancia (A. y S. T. 156 p. 254-258). En resumen, hasta aquí, las quejas del recurrente relativas a la invocada omisión de defensas y falta de fundamentación suficiente, y con los autos a las vista, evidencian la mera disconformidad del impugnante frente al razonamiento de los jueces, resultando el planteo ajeno a esta instancia extraordinaria y sellando la suerte adversa del mismo en tales aspectos. En cambio distinta es la suerte del agravio por el cual el impugnante achaca al A quo arrogarse el rol de legislador en la fijación de la tasa de interés aplicada -doble de la tasa activa y capitalización bimestral con fundamento en el artículo 770 inciso c del CC y C-. Al respecto, si bien la cuestión en principio quedaría ubicada en el espacio de la razonable discrecionalidad de los magistrados, ello encuentra su excepción en los casos en que se demuestre la fijación de índices confiscatorios o usurarios (A. y S. T. 208 p. 186-190). En consecuencia consideramos que la postulación del recurrente, únicamente en este aspecto, debe ser admitida. FDO: GUTIÉRREZ-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)