marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad del Estado por actos ilícitos, estado de sitio, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, privación ilegal de la libertad, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, daños y perjuicios, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López Rega, Norma B. y otro c/ Mº del Interior
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Los supuestos que contempla la ley son: 1) el de aquellas personas que hayan estado detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y 2) el de aquellos que en su condición de civiles hayan sido privados de su libertad como consecuencia de decisiones militares. (Consid. IV.d).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez de Sotomayor Delia Ester c/ Ricciutti Nelder Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-24

Frente a la acreditación de la pérdida de estabilidad del edificio o su caída antes de concluir el ciclo útil, es carga del empresario acreditar su falta de responsabilidad contractual (art. 1646 C.

Civil).-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, nulidad de la notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Pagano de Echeverría, Diana c/ Tenis Club Las Lomas S.A. y ot. s/ Despido y cobro. Rec. de queja Omar, Manuel c/ Empresa Ciudad de San Fernando s/ Despido Fernández, Marta M. c/ Antonio Barillari S.A.C.I.F.I.A. s/ Indemnización por accidente Díaz, Luis A. c/ Vento, Adelaida y ots. s/ Despido. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23|1991-09-03|1990-06-12|1996-03-26

El pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que desestimó el planteo de nulidad de notificación de la demanda efectuado por el accionado declarado rebelde, no reviste carácter de definitivo en los términos del art. 278 del C.P.C.C. (arts.55 y 65, decreto-ley 7718/71).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prisión preventiva, libertad de circulación, prórroga de la prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: AGUILAR CESAR R.Y NUÑEZ GUILLERMO E. s/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-05-22

La denegatoria de la libertad ambulatoria que no respete el plazo máximo de prisión preventiva previsto en la Ley 24.390, constituye un agravamiento ilegítimo en la forma y condición de la detención, por cuanto la norma nacional dispone con absoluta claridad cuales son los tiempos que nuestro derecho positivo considera legítimos.
Fundamentación de sentencias, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-25

La sentencia condenatoria es un acto jurisdiccional válido por nutrirse de plurales elementos probatorios contestes e indubitables sumados a otros indicios y presunciones, que, de acuerdo con las reglas de la sana crítica -artículo 398 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación- permiten fundar la responsabilidad de los enjuiciados en los hechos imputados, de modo que el complejo probatorio cargoso existente desplaza toda posibilidad de arbitrariedad, bajo el ropaje de una afectación al principio de razón suficiente.
Inconstitucionalidad, honorarios del abogado, tasa pasiva, derecho a la justa retribución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ,  ADRIANA  MIRIAM  Y  OTRO c/ BOVEDA CARLOS HERMINIO YOTRO S/ s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-07

Procede rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 21839: 61, incoado por un letrado con relación al cobro de sus honorarios, quien requirió que el magistrado liquidara los intereses correspondientes a sus emolumentos aplicando la tasa activa que cobra el BCRA y no la pasiva mencionada en dicho artículo, ya que afecta su derecho a una retribución justa y su derecho de propiedad. Ello en tanto: 1) esta Cámara Comercial fijó como doctrina legal que "exceptuados los créditos propios de entidades financieras, en ausencia de convención o leyes especiales, no procede por aplicación de la ley 23.928 fijar, a partir del 1 de abril de 1991, el interés a tasa pasiva" (esta CNCom, en pleno, 27.10.94, "SA La Razón s/ quiebra s/ inc. de pago a profesionales). Síguese de ello que a falta de previsión legal especial y con el objeto de integrar la laguna, el deudor, como regla, debe solventar el interés que cobran los bancos públicos, conforme lo expresamente previsto por el artículo 565 Ccom., salvo que la obligación se trate de alguno de los supuestos contemplados, por leyes especiales que adopten una solución diversa. Sin embargo, encontrándose involucrada una acreencia por honorarios regulados a favor de abogado por su actuación en este proceso, la materia bajo examen tiene un régimen legal propio y específico -que esta constituido por el artículo 61 Ley 21839- que determina que los intereses que corresponde reconocer a los honorarios del quejoso por su labor deben ser liquidados -luego del 01.04.99- según la tasa pasiva promedio que publique el BCRA; y 2) en tanto lo expresado por el letrado no constituye una correcta tacha de invalidez de la norma, ya que si bien esbozó la afectación de garantías vinculadas al derecho de propiedad, no se ha demostrado al menos, planteo de entidad que justifique la declaración del Tribunal en el sentido solicitado.
Retención de aportes previsionales, sociedad anónima, responsabilidad de los directores, auto de procesamiento, falta de mérito
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: SANATORIO GÜEMES S.A.; BAMBALLI, ELIAS s/ Infracciones  tributarias, incidente de apelación relacionado con el auto de  procesamiento sin prisión preventiva
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-08

1 - Debe ser revocado el auto que dispuso el procesamiento del imputado, que se fundamentara en la estimación de que el mismo es responsable de la omisión de depositar los aportes previsionales retenidos al personal en relación de dependencia de la sociedad anónima de la que era responsable legal, en tanto los peritos contadores designados afirmaron haber tenido a la vista los recibos de sueldos de donde surgen las retenciones practicadas al personal en relación de dependencia, lo cual es prueba suficiente, en principio, del acto bilateral en que consiste una retención que no resulta desvirtuado por las deficiencias de dinero efectivo en poder de quien otorga un acto de esa índole. Pero, no obstante, asiste razón al recurrente en que el descargo de haber creído erróneamente que las retenciones se habían depositado es verosímil teniendo en cuenta la existencia de boletas de depósito contabilizadas y si bien existen indicaciones de que esos comprobantes serían apócrifos de acuerdo a lo informado por el Banco de la Nación Argentina y por el organismo de recaudación, resulta perfectamente creíble que el Presidente del Directorio de una empresa de gran magnitud haya sido engañado por obra de otros agentes de la entidad.- 2 - La declaración de que no hay mérito para disponer el procesamiento no equivale a un sobreseimiento, ni impide proseguir con la investigación (Cf. art. 309 del CPP). En todo caso, una medida atinada sería certificar las actuaciones iniciadas por el delito de defraudación en perjuicio de la sociedad y en las que el imputado se encontraría procesado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), conflicto de intereses, negociación colectiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIACION PERSONAL JERARQUICO EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA (EPE) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-10

Para la eventualidad de que se argumente que la convención colectiva de trabajo suscripta por la Federación Luz y Fuerza y la Empresa Provincial de la Energía avanza sobre temas que no le incumben, o que suponen colisión de intereses o derechos con el universo sindical o gremial que la asociación recurrente intenta representar, el A quo sostuvo con claridad que el remedio es atacar la antijuridicidad de estas últimas y no tratar de intervenir en la negociación de una convención que les resulta impertinente, postulación sobre la cual no se evidencia reproche constitucional alguno.
Estupefacientes, tráfico de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo Aragón, Henry s/ Estupefacientes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

La cantidad de estupefaciente secuestrado -4grs. de cocaína y 1gr. de marihuana-, el modo en que estaba acondicionado, el hecho de que se incautara también papel metalizado -utilizado para armar los llamados "ravioles"-, el lugar en que se encontraba la droga (escondida dentro de la habitación del procesado) y el secuestro de sustancias reducidoras, permiten afirmar que la relación posesoria que se mantenía con la sustancia tenía como finalidad comercializarla (art. 2, inc. "c" de la ley 20.771). A lo que se unen los dichos de un menor al que le fuera incautada droga, en el sentido de haberla adquirido al imputado, lo que condujo al secuestro, circunstancia que otorga credibilidad a su versión.
Defensa del consumidor, orden público, derechos del consumidor, bancos
Materia: COMERCIAL
Carátula: DERDERIAN, CARLOS c/ CITIBANK NA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

El derecho del consumidor exhibe la crisis de decadencia de la concepción decimonónica, levantada sobre las bases de la igualdad y la libertad formales. La condición de orden público de los derechos de consumidores y usuarios obedece a la necesidad de fijar directrices para el mercado, desde una perspectiva realista, lo que impone al juez una interpretación amplia, extensiva y sistemática del dispositivo legal. Y si bien la Ley 24240 no menciona explicitamente a las entidades bancarias -salvo en lo referente a los créditos para el consumo éstas quedan incluídas dentro de las personas jurídicas mencionadas en su articulo 2º.
Acto administrativo, resoluciones recurribles, caducidad, plazos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA CUBILLAS DE VALDEZ, Constancia Matilde c/ ESTADO PROVINCIAL Y CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-08

No siendo un acto emanado origimariamente del Poder Ejecutivo, su dictado puso fin al trámite administrativo dejando habilitada así la instancia contenciosa ante el Tribunal, sin que fuera menester interponer el recurso que admite el artículo 57 de la Ley de Procedimientos Administrativo (Dec.-Ley 7060).- Ante ello, el recurso que la actora dedujo contra el Decreto en cuestión -dado su carácter optativo- no tiene aptitud para modificar la situación procesal alcanzada con el dictado de la mencionada norma, la que en el sub-judice se yergue como el acto definitivo y causatorio de estado en los términos previstos por el artículo 4 del Código de rito y, consecuentemente, es a partir de la notificación del referido decreto que comienza a correr el plazo de caducidad establecido en el artículo 19 del Código de Procedimientos Administrativo.-
Doctrina legal, monto del juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz, Ramón Ángel c/ Eleprint S.A. s/ Fondo de desempleo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-18

En los casos en que el valor del litigio no supera el mínimo para recurrir previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto por el órgano judicial de grado contradice la doctrina legal vigente a la fecha de pronunciamiento impugnado, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (doctor NEGRI, sin disidencia).
Seguro de vida, enfermedad del asegurado
Materia: CIVIL
Carátula: Agüero, Eudocia Filomena; Zárate, Angel Adrián. c/ Caruso Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-10-31

Si no se acredita la ocultación ni el conocimiento por parte del asegurado de la enfermedad que produjo su muerte, no se configura la reticencia con los efectos eximentes que consagra la ley.
Legitimación procesal, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe; Arjol, Enrique; Redondo, Osvaldo Héctor; Cisaruk, Victorio y Orengo, José Ramón c/ Municipalidad de Venado Tuerto s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 212-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-04-13

A los fines de determinar la legitimación del Consejo de Ingenieros para interponer un recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, carece de importancia la cuestión que en sede administrativa no se le haya negado su participación, ya que el criterio de la Administración en modo alguno incide en las exigencias previstas por la ley 4106 para la admisibilidad del recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, cuyo carácter es de orden público.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, falta de acción, acción reivindicatoria, posesión, prueba, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Bennasar, Guillermo y Bennasar, Miguel R. c/ SAW. SA  (o quien resultare poseedor) s/ reivindicación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Corresponde dejar sin efecto el fallo que desestimó la defensa de falta de acción fundada en que la demandada no era ya poseedora de la fracción disputada y admitió la reivindicación, prescindiendo injustificadamente del art. 2783 del Código Civil, a tenor del cual, frente a la negativa del demandado, le incumbe al actor la prueba de la posesión pues este extremo constituye uno de los propios de la acción de reivindicación, la que resulta procedente contra el que se halla en posesión del inmueble a que se refiere el título del demandante.
Excarcelación, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Sajami Hoyos, Wilmer s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-13

La resolución que denegó la excarcelación tomando como único fundamento pertinente a la magnitud de la pena en expectativa es inconciliable con la doctrina plenaria "Díaz Bessone" de esta Cámara. La disidencia expresó que el a quo cumplió con las exigencias de la doctrina plenaria mencionada dada la extrema gravedad de los hechos atribuido al encausado -participación necesaria en el delito de contrabando de exportación, agravado por tratarse de sustancias estupefacientes destinadas inequívocamente a la comercialización y con la intervención de tres o más personas, en grado de tentativa, y coautoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización-. (Dres. Mitchell -en disidencia-, García y Yacobucci).
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria
Materia: PENAL
Carátula: Sr. Defensor particular de N.R.G. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-20

"Constituye secuela de Juicio en el actual ordenamiento procesal entre otros el auto llamando a prestar declaración indagatoria al imputado. En el caso particular de la notificación de la citación a juicio del imputado, tal acto procesal no cuenta con entidad impulsora propia del procedimiento, y por ello carece de calidad interruptiva del curso de la prescripción, pues sólo se limita a notificar al imputado una decisión jurisdiccional que sí tiene virtualidad impulsora, como así no tienen calidad de "secuela de juicio" la diligencia de notificación a las partes de la audiencia de declaración indagatoria o de la fecha de debate".
Excepción de prescripción, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villalba Palacios de Ordoqui, Carmen Amalia c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Corresponde diferir el tratamiento de la excepción de prescripción de las diferencias de haberes retroactivos hasta la oportunidad de dictarse sentencia definitiva, por tratarse de un tema supeditado a la decisión que se adopte acerca de la cuestión de fondo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Guardián de la cosa, Derecho laboral, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, obligación de seguridad, buques
Materia: LABORAL - CIVIL - NAVEGACION
Carátula: FLORENTIN, HUMBERTO c/ PEDACCI MAO SA s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

El derecho del trabajo ha contribuido a enriquecer el concepto de guarda de la cosa, ya que no puede dejarse de lado que el patrono carga sobre sí el llamado deber de previsión y seguridad, (art. 75 LCT) lo que hace que su responsabilidad aumente frente a los trabajadores que ocupa. La empleadora, al comprometerse a realizar cierta labor en el buque, había adquirido la condición de guardiana precaria de la cosa dañosa (en el caso una escalera) porque su deber como empresaria le obligaba a ejercer una función de vigilancia activa sobre el barco, velando por las condiciones de higiene y seguridad en que debían desempeñarse sus dependientes.
Juicio ejecutivo, inhibición general de bienes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cortopasso, Alcira c/ Ledesma, Beatriz s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

La única particularidad de la inhibición decretada en juicio ejecutivo atañe a la innecesariedad de prestar contracautela por el ejecutante en atención a la naturaleza del juicio, promovido sobre la existencia de un título al cual la ley le reconoce una especial certeza, privilegiando a su tenedor con un proceso especial, no siendo tampoco necesario acreditar la verosimilitud del derecho, ni el peligro en la demora, presupuestos de las medidas cautelares genéricas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tipo penal, situación de vulnerabilidad, víctima menor de edad, explotación sexual, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Taviansky, Ana Alicia; Olivera, Verónica del Jesús s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-29

Los agravios que introdujo la defensa referidos a que la víctima habría emprendido el viaje al sur en forma voluntaria, no tienen incidencia respecto a la tipicidad de la conducta de las imputadas toda vez que la voluntad en las víctimas de trata se encuentra condicionada por la vulnerabilidad del sujeto pasivo y, por tanto, su eventual consentimiento no vuelve atípica la conducta. Más aún en supuestos como en el caso, en los que la víctima es menor de edad, como expresamente establece el artículo 3ero., último párrafo, de la ley 26.364; ley aplicable al caso. Para la configuración del traslado no es necesario que éste haya culminado. Una vez que el traslado de un lugar a otro comienza, la acción típica ha quedado perfectamente configurada. Es decir que, desde que se inicia el traslado de una persona con fines de explotación, se pierde, en cabeza del sujeto pasivo, la posibilidad de disponer de su libertad, y es lo que fundamenta la consumación del delito.
Código penal, prisión perpetua, control de constitucionalidad, principio de proporcionalidad, proporcionalidad de la pena, libertad condicional, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Coronel, Lujan Alcides  c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2017-04-21

Resulta infundado el argumento de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua fijada para los homicidios agravados del artículo 80 del Código Penal, y que se basa en una supuesta desproporcionalidad de la pena en tanto se trataría de una pena de muerte encubierta, pues no es perpetua en sentido estricto, sino indeterminada y también determinable pues está limitada en el tiempo si el condenado cumple con los recaudos previstos para la libertad condicional, luego de cumplidas las porciones indispensables de la pena.
Recurso de revisión (procesal), sentencia definitiva
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SORGINI ANTONINO c/ RAFAEL M. SORGINI s/ DESALOJO RURAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-25

La resolución impugnada por vía extraordinaria, debe ser sentencia definitiva o interlocutorio equiparable a ella (art. 1273 C.P.C.).

El carácter ad summun de la resolución (objeto de la revisión) no resulta de la calidad de irrevocable de que goza todo acto decisorio firme o ejecutoriado, sino de su función procesal.

Es tan sólo aquella que compone el litigio y la que concluye el pleito (rectius, proceso), haciendo imposible su continuación, aunque hubiera recaído en un incidente; aquella decide parcialmente el conflicto de intereses; ésta impide el desarrollo o progreso del proceso, imponiendo su conclusión.

La habilitación de la instancia extraordinaria por la Cámara no obsta a esta conclusión; es facultad de esta Sala controlar -y en su caso rever- el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad del recurso.

La resolución no definitiva, sea cual fuere el agravio que pudiera ocasionar, o la supuesta injusticia que se le asigna, es inoficiosa para provocar, por esta vía de revisión, la intervención excepcional conferida al Tribunal Superior de Justicia.-
Reforma de la constitución, Consejo de la Magistratura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13) s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

En la reforma constitucional de 1994 se introdujo la institución del Consejo de la Magistratura, asignándole la función de administración del Poder Judicial, corriendo el gravísimo riesgo de introducir una institución novedosa sin estructurarla, argumentando de modo exactamente contrario al indicado por el buen sentido, afirmando que precisamente la novedad aconsejaba dejarla a medio hacer, para que la ley infraconstitucional la fuese definiendo conforme a lo que indicase la experiencia, siendo previsible que ésta la terminase de estructurar conforme a los espacios del juego de poder de cada coyuntura política. (Disidencia del señor Ministro Doctor Don E. Raúl Zaffaroni).