Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26


E., C. A. y F., J. C.

Reg.: A y S t 193 p 341-346.

Santa Fe, 26 de noviembre del año 2003.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor técnico del acusado C. A. E. contra la sentencia del 20 de junio de 2003, dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad en autos "E., C. A. y F., J. C. -Homicidio calificado por alevosía, etc.- (Expte. 203/02)" (Expte. C.S.J. nro. 362, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso de inconstitucionalidad local, la Sala a quo rechazó la nulidad articulada y confirmó en su totalidad la decisión del Juez en lo Penal de Sentencia Número Dos de esta ciudad que condenara a C. A. E. como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por alevosía y partícipe principal de abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes, en concurso real y a J. C. F. como partícipe principal de homicidio calificado por alevosía y autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes, en concurso real a cada uno de ellos, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por igual tiempo, con costas (fs. 1/16).

En el memorial introductor del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 20/25), el defensor técnico de E. tachó de arbitrario al fallo de la Alzada en mérito de las siguientes razones:

En primer término, endilgó a la decisión haberse apartado de la regla de congruencia procesal, por advertirse disposiciones contradictorias entre sí, como así también un alejamiento manifiesto del texto expreso de la ley.

A su vez, afirmó que el pronunciamiento incurrió en omisiones, contradicciones y modificó el sistema de apreciación de la prueba. Tras poner énfasis en que en el caso, el autor es sólo uno y se llama J. C. F., efectuó una reseña de los argumentos de la sentencia que, a su juicio resultan arbitrarios.

Así: a) lo aseverado en el fallo acerca de que E. tomó el colectivo a las 17,00 horas y tuvo tiempo suficiente para matar a su tía, lo que es falso, ya que de los dichos de F. surge que su defendido se retiró de la vivienda a las 15,30 horas; b) pese a que se admiten insuficiencias en los dichos de F., se parte de ellos para resolver el caso;

c) el reconocimiento de F. de haber intervenido en la muerte y violación, luego de varias declaraciones y abrumado por las pruebas;

d) que existió un plan delictivo porque F. fue atado débilmente y no intentó liberarse hasta que llegó E. ni pidió ayuda, no obstante no se conjetura con algunas contradicciones;

e) minuciosamente se descarta toda prueba favorable a E., afirmando el fallo que no aparece lógico que A. y F. escucharan ruidos en el domicilio de E. y F. no escuchara la conversación entre aquéllos, afirmando al respecto que es arbitrario entender que todos los ruidos son iguales;

f) sostiene que los ruidos pudieron ser producidos por el mismo F., completando la escena preparada con E., lo que resulta solamente una presunción;

g) la defensa de E. sostiene y ratifica que F. con atribuir el hecho a aquél se colocaba en posición de obtener su libertad, y que el fallo niega este aserto pero no lo demuestra, y según el relato de F., la participación en el homicidio es secundaria ya que niega haber golpeado a la víctima o realizado sobre ella actos que fueran necesarios, y la violación sobre una persona muerta es un delito imposible;

h) considera que E. hizo la promesa de entregar una casa a F., pero no surge de autos prueba alguna de ello;

se acepta que F. intenta eludir su responsabilidad, contradiciendo todo el fallo;

j) la sentencia tiene por probado que E. se retiró de la casa a las 15,30 y regresó a las 24,00; y por otra parte considera que la muerte se produjo "en más de seis horas antes del informe", y el informe es de hora 1,30 del día siguiente;

k) la resolución modifica el horario de salida de E. de la casa, cuando dice que fue a las 16,00, siendo que F. aceptó que ello fue a las 15,30 horas; y l) el Sentenciante crea una "mise en scene" sostenida en datos falsos para llegar a la condena.

Adujo que la no aplicación de la duda razonable que se aprecia en autos, es demostrativa de lo injusto y arbitrario del resolutorio.

Por último, expresó que la sentencia resultaba violatoria de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa en juicio.

La referida impugnación fue denegada por el A quo (fs. 29/30); motivo por el cual el interesado acudió por vía de queja ante esta Sede (fs. 33/37).

2. La presente impugnación no ha de prosperar, toda vez que al ingresar liminarmente en la sustancia de la imputación relativa a que la decisión impugnada carece de las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, se advierte que si bien el recurrente invoca la existencia de diversas causales de arbitrariedad -tales, prescindir de pruebas decisivas aportadas por su parte, invocar pruebas inexistentes sustentadas en verdaderas suposiciones del juez, contradecir las constancias de autos, sustentar el fallo en fundamentos sólo aparentes, e incurrir en autocontradicción-, a pesar del matiz constitucional que aquél intenta asignarles, traducen tan sólo su cuestionamiento a la labor cumplida por el órgano jurisdiccional de segundo grado al tratar las cuestiones sometidas a su juzgamiento, en ejercicio de funciones propias, lo que resulta insuficiente para lograr la apertura de la instancia extraordinaria intentada.

En efecto, del memorial introductor en confrontación con la sentencia impugnada, surge que el defensor técnico de E. discrepa con el alcance otorgado por la Sala a los medios probatorios reunidos en el sub litem que la llevaran a entender que debía respaldarse el criterio del Juez de Sentencia y, por ende, confirmar la decisión que oportunamente condenara a E. como autor de homicidio calificado por alevosía y como partícipe principal de abuso sexual agravado por la pluralidad de intervinientes, tratando de imponer su propio criterio interpretativo de los hechos, prueba y derecho -centrándose en afirmar, enfáticamente, que el único autor del hecho es el coimputado F.-, mas sin lograr convencer a este Cuerpo acerca de que en tal labor -independientemente del acierto o error en la decisión- aquélla se hubiese apartado de los parámetros fácticos, probatorios y jurídicos con que contaba.

En tal sentido, dable es señalar que carece de asidero la tacha esgrimida por el impugnante encaminada a cuestionar, desde diversas perspectivas, el valor que otorgara el Tribunal a determinadas pruebas en orden a fundar su tesitura incriminante, fundamentalmente, a la declaración del coimputado J. C. F., como así al informe del médico de policía y a la autopsia del médico forense, en cuanto a determinar la hora de la muerte de la víctima.

Y es que las genéricas alegaciones de la defensa no logran conmover los fundamentos del fallo impugnado, desde que no fueron seguidas del desarrollo argumental indispensable para demostrar la desincriminación de E., reiterando -casi simétricamente- los agravios formulados en otras instancias del proceso, y por sí solas, no alcanzan para demostrar que el razonamiento de la Alzada en ese aspecto no constituya una derivación razonada del derecho vigente a los hechos probados del caso (Fallos CSJN 302:579; 303:378 y 210; 307:1858; 312:287).

Antes bien, surge de la lectura del pronunciamiento puesto en tela de juicio que la Alzada efectuó un pormenorizado análisis del material probatorio incorporado legítimamente a la causa a la luz de la sana crítica al concluir, frente a los agravios expresados por la defensa, y sin subsistencia de duda razonable, que "aparece acreditado, en consecuencia, que una vez llegado F. a la casa de E., alrededor de las 15 o 15,30, éste último, como lo habían planeado con anterioridad, atrajo a su tía Raquel con la excusa de que la llamaban por teléfono y cuando se acerca a la mesita donde se hallaba el aparato de teléfono...desde atrás, le propinó varios golpes con un instrumento contundente.

Caída pesadamente la víctima, lastimándose en el brazo izquierdo y en el rostro ...fue objeto de compresión en el cuello desde atrás, siendo también accedida sexualmente y abandonada en el lugar mientras E. ata a F., se cambia y se retira de la casa hacia la estación de colectivos"; y que "Esa 'mise en scene' es armada para justificar la coartada planeada" (fs. 13vto./14).

En orden a cimentar tal decisión, ponderó en primer lugar -si bien asignándole un alcance diverso al propugnado por la defensa técnica de E. en su afán exculpatorio- la versión de Julio César F., afirmando que aquélla "preside el material de convicción que permite la dilucidación de los extremos fácticos de la imputación respecto a ambos justiciables" (f. 8vto.), -en cuanto admitiera la intervención de ambos en los hechos acaecidos y el modo en que aquellos se desarrollaron, si bien desestimando su pretensión de que había obrado en virtud de haber sido amenazado por E. con revelar a su concubina la relación que vinculaba a ambos-, desechando por ingenuos e interesados los testimonios de R. y L. enderezados a ubicar la autoría exclusivamente en cabeza de F.

Ya en tren de abordar la concreta situación de E., sostuvo que resultaba de particular importancia la determinación del horario de la muerte de la víctima, ante el reparo efectuado por su letrado defensor en punto a la hora en que el sentenciante tuviera por probado el deceso -entre las 15,30 y las 18,30- siendo que el imputado no se encontraba en el lugar de los hechos sino en San Carlos Centro.

En relación a ello, evaluó el Tribunal el informe médico forense obrante a foja 12 que refiriera a "livideces móviles, rigidez progresiva, cadáver tibio".

Afirmó entonces -apoyándose para ello en profusa bibliografía científica que "no resulta cuestionable que, a la hora del examen primitivo (1,30 del día 6) las livideces aún eran móviles, sin que esta circunstancia limite la hora de la muerte a las 6 anteriores, pudiendo llevarse el máximo hasta entre 12 y 15 horas posteriores al deceso"; en cuanto a la rigidez progresiva del cadáver, también tomó en consideración criterios científicos acerca de que en un primer momento de la muerte los músculos se relajan y luego de cierto tiempo comienzan a endurecerse para corroborar el razonamiento de que la muerte se produjo entre 3 y 10 horas antes del examen practicado por el facultativo policial; y por último, respecto del enfriamiento del cadáver, tuvo en cuenta que la temperatura ambiente era elevada, lo que había influido en el enfriamiento de aquél, provocando que se produjera con mayor lentitud.

Y de todo ello, estimó que podía convalidarse "la conclusión del magistrado inferior y considerar que la muerte de Raquel E. se produjo, por lo menos, entre 6 horas antes del informe médico efectuado a la 1,30 del día 6 de marzo y a no más de 10 horas del mismo, por lo que no existe razón que impida la estimación de que el óbito pudo producirse a partir de las 15,30 del día domingo 5 de marzo" (f. 11vto.).

Asimismo, ponderó el A quo que ese horario resultaba consonante con los restos de comida que la autopsia permitiera verificar, ante el cuestionamiento del letrado de que la hora del deceso había estado más alejada de la finalización del almuerzo y por tanto cuando E. ya había salido hacia San Carlos Centro, afirmando, con base en datos recogidos de la Medicina Legal, que no había razones para descartar la posibilidad de que R. E. hubiese ingerido los alimentos alrededor de las 12,15/13 horas y entonces pudo haber ocurrido la muerte a partir de 15,30, "sin poderse precisar la hora exacta, en la que no puede tampoco desestimarse que haya incidido un período de tiempo de agonía" (f. 12vto.).

Consideró entonces que de la relación de horario y evaluación del momento de la muerte y sus circunstancias podía llegarse a la conclusión de que E. se encontraba en el lugar de los hechos cuando aquellos sucedieran; tanto más, estimó que numerosos indicios corroboraban la autoría de aquél, tal el orden exhibido en la habitación donde tenía su estudio jurídico, en contraposición con el absoluto desorden en otras habitaciones, el hallazgo del objeto que le fuera introducido a F. pero no del objeto utilizado para golpear a la víctima, como así la carencia de huellas o rastros que permitieran suponer un ingreso violento.

Tras ello, ante el cuestionamiento de la defensa de E. en cuanto que los actos de contenido sexual realizados sobre la víctima lo fueron una vez ocurrido el óbito, por lo que -según el imputado- se le enrostraría una participación en un delito imposible, ponderó el Tribunal lo afirmado por F. acerca de que la víctima se encontraba viva y moviendo la cabeza cuando esas acciones fueron efectuadas, en consonancia con lo sostenido en el informe de la Junta Médico Forense en relación al tema, evaluando que "no puede hacerse una lectura parcial de cada respuesta del mencionado informe, sino efectuarse una interpretación de su totalidad, y allí apreciamos que no existe afirmación de que las lesiones sufridas en esas zonas fueran 'post mortem',...la mujer se hallaba con vida, como lo relatara F. en su deposición, configurándose el delito sexual por el que también fueron condenados los justiciables" (f. 14vto.).

Y, seguidamente, frente al reparo esgrimido por la defensa en torno a la acreditación de los extremos de la alevosía, consideró el A quo que aquellos se hallaban reunidos, concluyendo en "la existencia de un hecho preordenado, en el que días antes E. preparó, planificó, ensayó las excusas y el relato ficticio que el nombrado debía recordar para consolidar la coartada..." y que de acuerdo a la recreación del hecho, "el ataque por la espalda a una víctima octogenaria que ha sido engañada sobre un eventual llamado telefónico, es suficiente demostración de la acción alevosa por parte de E. (colocando a su tía en posición tal que le impidiera defenderse o intentar huir)" (f. 15). A lo que añadió que "no caben dudas que la actitud posterior del imputado con llamados a los medios, con requerimientos casi apremiantes de que tomen fotografías de todo, con sus consideraciones acerca de las diversas denuncias que había presentado, nos muestran una persona más preocupada porque se diera respaldo a su argumento de que era perseguido y así justificar las denuncias realizadas, que a alguien conmovido por el homicidio de una octogenaria que lo criara como una madre" (f. 15vto.).

Vale decir, las objeciones planteadas frente a lo argumentado por la Sala, no encuentran suficiente asidero, y no logran superar el nivel de la mera discrepancia con la valoración realizada por los sentenciantes, para llegar a poner en cuestión la propia aceptabilidad constitucional del fallo impugnado.

En definitiva, más allá de que -como se dijera- la solución alcanzada no satisfaga al recurrente, se efectuó una evaluación razonada de los hechos de la causa y se brindaron los motivos por los cuales se encontraba acreditada la autoría de E. en el homicidio como así su participación necesaria en el delito contra la integridad sexual del que fuera víctima su tía R. E. y que -por ende- la decisión del Inferior merecía ser confirmada, y sin que su argumentación alcance a persuadir a este Cuerpo acerca de que se hubiese brindado una respuesta jurisdiccional sin suficientes fundamentos que avalen la solución adoptada e incumpliendo de tal modo el mandato que emana del artículo 95 de la Constitución provincial.

Por último, resta agregar que tampoco puede tener acogida favorable el restante agravio referente a la no aplicación por parte de la Sala del principio "in dubio pro reo".

En primer lugar, conviene recordar que el beneficio que consagra el artículo 5 del Código Penal se encuentra limitado a la duda en el ámbito de la valoración de la prueba, y dirigido con exclusividad al órgano jurisdiccional, y así lo tiene dicho esta Corte en numerosas oportunidades, al afirmar que tal cuestión "...-inexorablemente ligada a la valoración de la prueba- es materia propia de los jueces de la causa" (A. y S. T. 43, p. 73, T. 76, p. 119/121; T. 77, p. 384/387; T. 84, p. 214/216; T. 110, p. 262/265, entre otros).

Y en segundo término, como puede verse de acuerdo a todo lo expuesto en la decisión atacada de arbitrariedad, el Vocal preopinante, en orden a concluir que tenía por suficientemente acreditados los hechos imputados y la intervención de E. en aquellos, dio argumentos por los cuales no resultaba de aplicación al caso la referida máxima procesal.

En suma, sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba (Cfr., entre muchos otros, A. y S. T. 99, p. 102; T. 101, p. 408; Fallos C.S.J.N. 297:29; 307:716); ni puede configurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en cuestiones que les son privativas (A. y S. T. 95, p. 341; T. 100, p. 251, etc.); a lo que acabe añadir que el remedio previsto en la ley 7055 no tiene por objeto crear una tercera instancia ordinaria donde se pueda discutir decisiones que se estimen equivocadas según las divergencias del apelante con la interpretación del derecho aplicable.

Por ello, al no lograr la compareciente persuadir acerca de que los juzgadores incurrieron en un inequívoco apartamiento del derecho aplicable, ni en omisiones, valoraciones o interpretaciones arbitrarias -y aunque lo decidido no la conforme- el remedio intentado queda reducido a una mera disconformidad con lo resuelto por los jueces de la causa en ejercicio de funciones propias, lo que no depara caso constitucional que permita la apertura de esta instancia excepcional, por cuya vía se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción, y conviertan al pronunciamiento en una no sentencia, mas no autoriza a sustituir a las instancias ordinarias, en la interpretación del derecho sustantivo o procesal o en la ponderación del material fáctico del litigio.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)