Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 2da NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-11-30


2º Instancia.- Santiago del Estero, noviembre 30 de 2009.

Considerando: 1) Que el acreedor del concursado, A.F.I.P., cuestiona la providencia de fs. 2364 en cuanto no hace lugar a la solicitud de intimación a la concursada a efectuar el depósito judicial por los montos y conceptos correspondientes, por no haber sido reconocido su crédito como acreedor quirografario. La crítica versa sobre los siguientes aspectos: Alega que mediante sentencia de fecha 12/07/00 resolvió declarar admisible el crédito presentado por la A.F.I.P. reduciendo su importe en la suma de $ 444.723,38 manifestando que de dicho importe corresponde a crédito quirografario la suma de $ 77.477,33; agrega que esto surge de la carta presentada al síndico de fecha 01/06/99 mediante la cual solicitara la verificación de la suma de $ 830.334,93 de la cual detrayendo la suma de $ 444.723,38 se obtiene un crédito admisible de $ 385.611,55. Asimismo menciona que la sentencia de fecha 29/06/01 aprueba la categorización propuesta y en consecuencia constituye el Comité Provisorio de acreedores entre los que se encuentra la A.F.I.P. Agrega que mediante sentencia del 11/03/02 se resolvió homologar el acuerdo preventivo ordenando la conformación del Comité Definitivo de acreedores lo que es justamente por su condición de acreedor quirografario y de mayor monto dentro de su categoría. 2) También cuestiona la imposición de costas a su parte mediante la resolución que no hiciera lugar al recurso de revocatoria contra el proveído mencionado ut supra. Que la resolución impugnada regula que las costas deben imponerse a la incidentista (A.F.I.P.). El libelo postulatorio que rola a fs. 2436/2438 centra los agravios en que en nuestro sistema legal existe un principio objetivo para determinar la imposición de costas las que deben ser soportadas por la parte vencida en el juicio o en incidente. Agrega que en este caso no existe parte vencida ya que su parte se limitó a denunciar irregularidades del proceso concursal y las mismas implican cuestiones atinentes al orden público. Manifiesta que las costas debieron haber sido compensadas en virtud del art. 71 del C. P. C. y C. e imponerlas en el "orden causado o costas por su orden". 3) Por razones de orden, se abordará en primer término el recurso articulado contra la providencia de fs. 2364. Del examen de las cuestiones planteadas se desprende que a fs. 1578/1580 obra el informe individual del Síndico del cual surge que la A.F.I.P. es acreedor con Privilegio General. Este informe individual tiene por objeto referenciar separadamente a cada acreedor, se trata de una pieza de vital importancia en la etapa de verificación (Maffía, Verificación de créditos, 4º Edición, Desalma - Lexis Nexis, p. 200) ya que condiciona en cierta forma la decisión judicial y habilita la sentencia verificatoria aunque no es vinculante para el Juez. Que a fs. 984 obra el legajo Nº 6 de la A.F.I.P. base del informe del Síndico, en el cual se concluye que la Sindicatura aconseja declarar procedente la verificación intentada por la A.F.I.P. por la suma de $ 752.857,60 en la categoría de acreedor con privilegio general y de $ 77.477,33 en la categoría de acreedor quirografario. Que a fs. 1084 obra la resolución de fecha 12 de julio del 2000 mediante el cual se declara admisible el crédito de la A.F.I.P. por el importe de $ 444.723,38 por haber surgido elementos que demuestran una liquidación errónea, y específicamente correspondientes a la liquidación de aportes patronales; sin embargo omite la referencia también a la verificación del monto de $ 77.477,33 aconsejado por el Síndico como crédito quirografario y no se aclara, en última instancia, si se tuvo en cuenta el importe comprensivo de ambos montos. Cuando la A.F.I.P. solicita la verificación requiere que los importes correspondientes a impuestos, actualizaciones, multas, aportes, contribuciones lo sean con privilegio general y el resto referente a intereses como común; de esto se infiere que se verificó solamente el importe aconsejado por el Síndico con privilegio General y por el monto resuelto. Que a fs. 1381/1383 mediante resolución se fijan las categorías de acreedores intimando al Síndico para confeccionar el listado de los acreedores conforme a la categorización fijada. Que a fs. 1385/1387, 1575/1577 el listado menciona a la A.F.I.P. solo como acreedor con privilegio General. Que a partir de fs. 1623 obran las conformidades de los acreedores a la propuesta formulada por la concursada: los de la 1º categoría (fs. 1623), 2º categoría (fs. 1637), 3º categoría (fs. 1644) correspondientes a los créditos quirografarios entre los cuales no figura la A.F.I.P. A fs. 1659/1660 obra la Sentencia Homologatoria del Acuerdo Preventivo respecto a los Acreedores Quirografarios. De todas las actuaciones efectuadas con posterioridad al informe inicial del Síndico no obra acto alguno de la A.F.I.P. que formule observaciones, solicite aclaratorias, revocatorias o revisión de las resoluciones o decretos dictados en pos de determinar el carácter de su crédito habiendo precluido el derecho a hacerlo. Que el hecho de estar conformando el Comité de acreedores no le otorga otro carácter ya que el art. 42 de la LCQ hace referencia a que se encontrarán representadas todas las categorías establecidas con participación necesaria del acreedor de mayor monto dentro de la categoría, como lo es la A.F.I.P. dentro de los acreedores con privilegio especial. 4) Así planteada la cuestión y en relación a las costas debe reseñarse que las mismas se distribuyen en función al principio objetivo de la derrota que rige en todos los códigos procesales y en relación al modo en que las costas se imponen en materia concursal rigen las reglas generales propias de la materia. Ahora bien, lo fundamental para dirimir el régimen de las costas consiste en determinar quién fue el responsable de la sustanciación de la causa o lo que es lo mismo, será necesario analizar quién es el causante del desgaste jurisdiccional (C 3º C. Com. de Córdoba, 29-08-2002, "Sigmus Electrónica SA s/Conc. Prev. Revisión por TRV Dispositivos Electrónicos SRL). Analizado el caso en estudio, pese al informe del Síndico en donde discrimina el importe correspondiente al crédito quirografario y con privilegio general de la A.F.I.P., su opinión no es vinculante y el Juez puede verificar el crédito si lo estima procedente (C. C. Com. de Rosario, sala I, 28-6-93, JA 1994-II- 424). En autos si bien se declara verificado el crédito del acreedor lo es por un importe menor al requerido pero sin determinar cual es la categorización del mismo, ni discriminando montos. Corresponde también evaluar la conducta de las partes a la luz de la nueva ley concursal, con las interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales actuales. En efecto, no se observan irregularidades en el trámite concursal aunque si una inacción del acreedor interesado en plantear las observaciones, impugnaciones o recursos disponibles en defensa de su crédito. Conforme a lo expresado no existen razones para apartarse del principio de imposición de costas previsto por las leyes procesales ya que no se advierten razones justificadas que determinen un apartamiento de la regla general que sigue al principio objetivo de la derrota por lo que corresponde imponer las costas al acreedor.

Por lo que el Tribunal resuelve: 1) No hacer lugar al Recurso de Apelación Subsidiaria en contra del proveído de fs. 2364. 2) Costas al acreedor en ambas instancias. Notifíquese y agréguese copia de la presente, la que se reservará por Secretaría.- Azucena Brunello de Zurita.- Pablo S. Sirena.- María P. De La Rúa.