marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: SORIA DE REINAGA, CRISTINA DEL VALLE c/ IRALASKY, SERGIO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC. BOLE ANDRES c/ EMPRESA VIENTO NORTE S.R.L. s/ DIFERENCIA DE SUELDOS ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-17|1999-04-15

Respecto del presentismo, jornada y horario de labor no opera la inversión de la carga de la prueba ni la presunción iuris tantum a favor de las afirmaciones del trabajador, sino que rigen las normas procesales que imponen la carga de la prueba de tales hechos a quien los afirma.
Insuficiencia del agravio, comercialización ilegal de estupefacientes, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Marcolongo, Reynaldo Oreste y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-10

Debe rechazarse también el cuestionamiento de las defensas de los otros condenados relativo a la errónea aplicación del delito de confabulación para comercializar previsto en el art. 29 bis de la ley 23.737, toda vez que de la descripción concreta referida en el fallo, surge sin ningún margen de duda la intervención coordinada de los tres imputados en la maniobra, no sólo por haberse constatado su trabajo consensuado durante el tiempo en que fueron investigados, sino también por su participación en los hechos de manera organizada para adquirir los estupefacientes y posteriormente distribuirlos, habiéndose señalado con precisión en la sentencia cuál fue el rol y en qué consistió la actividad ilícita que se les atribuyó a los encausados.
Impuesto a las ganancias, actualización monetaria, quebrantos impositivos, confiscatoriedad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Giorno SA c/ AFIP - DGI s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

La aplicación del mecanismo de ajuste por inflación en los términos del precedente "Candy S.A." lo es al solo efecto de evitar la confiscatoriedad que se produciría al absorber el Estado una porción sustancial de la renta o el capital, lo que impide utilizar tal método correctivo para el reconocimiento de un mayor quebranto que pueda ser utilizado por el contribuyente en períodos posteriores, por la sencilla razón de que en tal supuesto no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión no decisiva, acción meramente declarativa, libertad sindical
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS PETROQUIMICOS UNIDOS (SOEPU) c/ IDM S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-09

La Cámara desestimó las implicancias que el recurrente pretendía asignar a la acción meramente declarativa, iniciada por la aquí accionada, en tanto no se demostraba qué decisividad podría tener aquella demanda, dado el estado de incertidumbre que lleva implícita, circunstancia ésta última que -agregó el Tribunal a quo- había sido reconocida expresamente por el propio compareciente al admitir su falta de suficiencia para consolidar una conducta antisindical, y finalmente, entendió que, contrariamente a lo sostenido por el actor, lo resuelto había dejado expresamente en firme la condición y legitimidad del reclamante como asociación gremial a pesar de encontrarse simplemente inscripto, consideraciones que se mantienen incólumes dada la omisión de controvertir en concreto dichos puntuales argumentos expuestos por la Alzada en el auto denegatorio.
Ahorro obligatorio, empréstito forzoso
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Horvath, Pablo c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ ordinario (repetición).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La creación de la ley 23.256 se adecua a la categoría que en el derecho tributario se conoce como empréstito forzoso.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso de rescisión, ley procesal, interpretación de la ley, juicio, demandado, declaración de rebeldía
Materia: LABORAL
Carátula: FABRIZI, ALDO ALBERO c/ HORST S.R.L. Y/O HORACIO LUIS HORST s/ Cobro de pesos - Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

El recurso de rescisión se encuentra legislado en la ley adjetiva en la Sección VI del Título III del C.P.C.C. intitulado "Rebeldía" y, conforme lo dispuesto por los arts. 77 y 83 del C.P.C.C., la posibilidad de promover un recurso de rescisión depende imprescindiblemente de un presupuesto procesal cual es la declaració n de rebeldía. En el proceso laboral se ha tratado de lograr una abreviación de trámites, motivo por el cual se ha dispuesto en forma conjunta el emplazamiento, contestación de la demanda y ofrecimiento de determinadas pruebas en un mismo plazo, a la vez que el incumplimiento de tales cargas especiales acarrea como inmediata consecuencia, la efectivización de los apercibimientos previstos en los arts. 44 y 50 del C.P.L.. No teniendo cabida en el proceso laboral la "declaración de rebeldía" que es uno de los puntos de partida para la interposición del recurso de rescisión, existe una imposibilidad de dar trámite al mismo. (Del Voto de la Dra. Bugni de Basualdo) En el caso, la cuestión a resolver era la procedencia de la aplicación del recurso de rescisión en el procedimiento laboral.
Retiro militar, jueces
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - MILITAR
Carátula: De Pirro, Héctor c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-03

De la interpretación de los arts. 53 bis de la ley 19.101 y 1. de la ley 23.199, y del decreto 1770/91, resulta que el titular de un retiro militar no está legalmente equiparado a los jueces, lo que diferencia su situación de aquélla en la cual - por existir esa equiparación funcional - la Corte Suprema entendió que había una correlativa equivalencia de los derechos anejos a esas funciones.
Designación de jueces, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: SERRANO GUSTAVO ENRIQUE C/ c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-12-05

La intervención de un nuevo juez en la causa, en razón de sustitución del anterior magistrado por nueva designación, por tratarse de un acto público que se presume por todos conocidos, no determina la obligación de hacerlo saber a las partes mediante notificación personal o por cédula, sin que ello afecte su derecho de recusar con o sin expresión de causa. ya que tales situaciones siguen rigiéndose por las normativas del código de rito.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Caputo, Antonio L. c/ Corp. Mercado Central de Bs.As. s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

Es facultad de la Corte otorgar el conocimiento de las causas a los jueces realmente competentes, aunque no hayan intervenido en la contienda.
Proceso penal, partes, actor civil
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: F., J. R. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA  POR EL ACTOR CIVIL- HOMICIDIO CALIFICADO, AMENAZAS COACTIVAS Y ROBO  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 267 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-06-27

La intervención del actor civil dentro del proceso penal se proyecta hacia la restitución del objeto del hecho incriminado o la indemnización o reparación del daño causado por él (artículo 16 C.P.P.), siendo claro que no puede interferir en lo relativo a la demostración de la eventual concurrencia de los extremos que hacen a la responsabilidad penal del imputado.
Accidentes de trabajo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Cuenca, Rubén Darío c/ Inarco S.A. s/ Accidente acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1998-11-10

Cuando, en procura de obtener una indemnización que pretenda revestir el carácter de "integral", se suprime a la víctima de un siniestro el derecho de recurrir a una norma a la que puede acceder por el mero hecho de su condición de habitante (art. 1, Cód. Civil), se violentan las garantías previstas por los arts. 16, 14 y 18,todos de la C.N. La del art. 16, porque no considera al trabajador como un igual ante la ley. La del art. 14, porque cercena al trabajador la posibilidad de obtener mayores beneficios. La del art. 18, porque violenta la defensa en juicio del trabajador y de sus presumibles derechos.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ CARLOS EDUARDO c/ I.P.V.U. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-21

La omisión de la entrega de las copias en el acto de notificación no importa la nulidad de la diligencia, y ello solamente autoriza a solicitar en término la suspensión del plazo hasta que se subsane la omisión.-
Código penal, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: MEDINA JORGE ALBERTO S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. ASIS VICTOR GABRIEL s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-27

Si bien nuestro Código Penal contiene distintos tipos penales que son sensiblemente agravados cuando se hace empleo de "armas" (por ejemplo, el abuso sexual del art. 119.d, las amenazas del art. 149 bis), el uso de armas de fuego pasó a agravar (incrementando en un tercio los mínimos y máximos de las escalas respectivas) a la totalidad de los delitos a partir de la incorporación del art. 41 bis, según ley 25.297. Dicho dispositivo legal, al imponer un aumento de la escala penal cuando alguno de los delitos previstos en la Parte Especial "se cometiera con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego", establece una circunstancia calificante genérica para cualquiera de las figuras delictivas especiales, que apunta a la consideración de la modalidad de ejecución del ilícito y encuentra basamento en el mayor poder ofensivo y lesivo del medio empleado por el sujeto activo en la comisión del hecho.
Prueba pericial, debido proceso administrativo
Materia: LABORAL
Carátula: CADAGAN VERA PEDRO SEGUNDO c/ MILICEVIC EMILIO s/ LABORAL (INCAPACIDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-10-12

La pericia médica, cuya validez probatoria fue efectivamente impugnada en la contestación de la demanda, se efectuó en sede administrativa, a solicitud del actor y sin que se diera oportunidad alguna al demandado de controlar o impugnar su producción o su contenido.

La sola ratificación del profesional en el juicio de haberla efectivamente producido, no purga los vicios enunciados y es el caso que, habiendo tenido el actor oportunidad de probar la incapacidad que invoca, como era su obligación pues a él correspondía la carga de la prueba, mediante pericial a producir en juicio, no lo hizo ni tan siquiera intentó hacerlo.
Personal policial, retiro policial, adicionales de remuneración, carácter no remuneratorio, carácter no bonificable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cruz Delfín Hipólito c/ Caja de Ret. Jub. y Pens. de la Pol.Fed. s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-02

Debe hacerse lugar a la demanda presentada por el actor en su carácter de retirado de la Policía Federal como Auxiliar de 4ta., contra la Caja de Ret.Jub. y Pens. de la Pol.Fed., a fin de que le sean liquidadas las sumas que le adeudan y corresponden por los suplementos dispuestos como no remunerativos -no bonificables, por el decreto 2744/93. (La cuestión debatida en autos resulta sustancialmente análoga a la ya resuelta por esta Tribunal en las causas "Mahmud Jacinto", del 13/2/96 y "Martínez Elbio", del 10/7/96).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, Poder Legislativo, inmunidad de jurisdicción, leyes, constitucionalidad, igualdad ante la ley, prescripción de la acción penal, plazo, suspensión del plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-17

La quejosa se conforma en esgrimir genéricas alegaciones de afectación al principio de igualdad, de falta de confordancia e invalidez, no logrando demostrar arbitrariedad en la decisión de esta Corte provincial, que invalidó el decisorio del Tribunal Unipersonal de Segunda Instancia -que con sustento en la vulneración del principio de igualdad (entre iguales) previsto en el artículo 16 de la Constitución nacional, en el entendimiento que permite inmunidades a legisladores provinciales (inmunidad de proceso) que no se verifica para los legisladores nacionales en la Carta Magna declarando la inconstitucionalidad de los artículos 51, segundo párrafo, de la Constitución provincial y 27, primer párrafo, del Código Procesal Penal-, por considerarlo inmotivado e infundado, desde que la declaración de inconstitucionalidad de las normas locales efectuada en el decisorio recurrido, fue realizada por el A quo con liviandad y prescindiendo de ensayar siquiera una interpretación armónica y sistemática de las normas que supuestamente considerara en pugna, máxime tratándose una de una norma constitucional; señalándose que la correcta hermenéutica que cabía otorgarle a las inmunidades parlamentarias no era de privilegio sino de prerrogativa, ya que la naturaleza de tales prerrogativas se instituyen en razón de las funciones públicas que los legisladores deben ejercer como garantía de la independencia de las cámara de las cuales son miembros, siendo inherentes al órgano y no en relación al individuo, limitándose al marco temporal de duración del mandato legislativo y destacándose la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. (Del voto de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 16; Constitución provincial, artículo 51, segundo párrafo; Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 27, primer párrafo.
Costas al vencido, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: LEIVA LUIS RICARDO c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-12

Las costas se imponen al vencido, salvo cuando la ley prevé un régimen específico (arts. 70 a 74 y 76 del Cód. Procesal) o, tratándose de una controversia en que no concurre alguna de esas circunstancias, el juez exima expresamente por existir mérito para ello. El fundamento de la condena en costas es el hecho objetivo de la derrota (conf.Colombo, "Código Procesal...", 4ta. Ed., T.I, p.162 163).- Por parte vencida debe entenderse a los efectos del art.68, primera parte del Código Procesal, a aquélla que obtiene un pronunciamiento judicial adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso.

Desde que el vencimiento no requiere la existencia de una efectiva discusión o controversia, cabe hablar de demandado vencido en el supuesto que su oposición sea rechazada o de que habiéndose verificado su incomparecencia o falta de réplica, la sentencia actúe la pretensión del actor (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t.

III, p. 369; Chiovenda, "La condena en costas", p. 315).-
Competencia, remoción de jueces, estado parte, PERÚ
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Casos Castillo Paéz, Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi y Otros, Ivcher Bronstein y del Tribunal Constitucional s/ Cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-06-01

Resulta inadmisible el pretendido retiro por el Perú del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana con efectos inmediatos, así como cualquier otra consecuencia que quiera derivarse de dicho retiro, entre ellas, la devolución de la demanda -en el caso en que fue demandado el Estado Peruano por la destitución supuestamente arbitraria de tres magistrados integrantes del Tribunal Constitucional- , pues aquella declaración carece de toda relevancia, debiendo el Tribunal -conforme el artículo 27 de su reglamento-, continuar con la tramitación del caso.
Retención indebida, martillero, responsabilidad del martillero, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: Izsak, E. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-24

La conducta del martillero que no entregó el dinero percibido en la subasta a los propietarios de los bienes vendidos, encuadra en el delito de defraudación por retención indebida previsto por el art.

173 inc. 2 del C.P., pues encontrándose regida su actividad por las reglas del mandato (arts. 1869 y ss. del C.C. y 221 del C. Com.) actuaba como representante del mandante y no como un administrador de bienes ajenos.
Juicio oral, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Garritano, Luis Alberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que se denuncia la transgresión del art. 281 inc. 4° del Código de Procedimiento Penal al haber valorado la Cámara el dictamen de un perito psiquiatra que no concurrió a la audiencia de debate, si la defensa no se disconformó oportunamente con la cuestionada pericia, de allí que la valoración del informe sumarial lo fue conforme a la ley (art. 281 inc. 2° del C.P.P.).
Sentencia arbitraria, acción de inconstitucionalidad, decretos provinciales, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, capacidad contributiva, igualdad ante la ley, tasas, vías navegables
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Cooperativa Minera de Productores de Arena y Piedra del Noreste Ltda. s/ acción de inconstitucionalidad - medida cautelar c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-19

Es arbitraria la sentencia que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto 2557/12 de la Provincia de Chaco, toda que vez que omitió analizar fundadamente, conforme los principios de igualdad y capacidad contributiva consagrados en el artículo 59 de la Constitución local, el agravio relativo a la inconstitucionalidad de los coeficientes establecidos en el citado decreto para la liquidación de la tasa por el uso de la vía navegable, en tanto tales principios tienen incidencia para la determinación del modo de calcular la base imponible de la tasa, referida a los costos de la prestación del servicio.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bco. de la Pcia. de Bs. As. c/ Reale, Primitivo y ots. s/ Ejec. Recurso de queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

No reviste carácter de definitiva (arts. 278 y 296 del C.P.C.) la resolución de la Cámara dictada en un juicio ejecutivo, que declaró desierto el recurso de apelación deducido contra una decisión de primera instancia que no ostenta dicho carácter desde que ha sido dictada en el tramo de liquidación con motivo de la aplicación de los intereses pactados en el contrato de prenda y conforme a lo resuelto en la sentencia de remate firme y consentida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Roca Cooperativo Limitado c/ Mario Mussi s/ Ejecucito (LIBRO: S131 - 394)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-07

Una sentencia puede ser nula por haber sido pronunciada con vinculación de las formas y solemnidades que prescriben las Leyes o por defectos en el procedimiento. El recurso de nulidad por errores "in procedendo" o vicios de procedimiento se encuentra limitado al supuesto de que aquéllos hayan sido conocidos por el interesado con posterioridad al dictado de la providencia atacada, más cuando la nulidad no puede ser una espada de Damocles que esté suspendida sobre el proceso a voluntad de una de las partes que pueda esgrimirla cuando a su criterio le sea conveniente. EL deber de lealtad procesal exige lo contrario.
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Godoy Natividad s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-06-26

Pretender a través del recurso de inaplicabilidad de ley una nueva apreciación de los hechos y de valoración y/o selección de las pruebas por no compartir los criterios con los que lo hicieron los Jueces conforme su propio raciocinio, "no es suficiente para habilitar la vía extraordinaria de este recurso, que no se otorga por la simple disparidad de criterios, ni aún por el simple "mal juzgamiento", ya que no estamos examinando la justicia o injusticia de la sentencia, sino su legalidad.
Lealtad comercial, identificación de mercaderías, Secretaría de Comercio, resoluciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Viajes Meliá Argentina  S.R.L.  y otros s/ inf. ley 22.802.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

Ni la ley 22.802 ni las resoluciones 421/84 y 561/84 de la Secretaría de Comercio exigen en modo alguno que la individualización del responsable del ofrecimiento se efectúe con la inscripción de términos sacramentales; es suficiente que se especifique con precisión quién es la persona de existencia física o jurídica que formula la oferta en defensa de los intereses del usuario en caso de un eventual incumplimiento.
Derecho civil, responsabilidad civil, titular del automotor, transferencia del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Genaro, María Viviana c/ De Zan, Atilio Nicolás y otro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-05-31

Frente a la responsabilidad objetiva que establece la ley para los titulares registrales de los vehículos involucrados en accidentes, quien pretenda liberarse de responsabilidad en base a que trasfirió la guarda del rodado antes de que acontezca el hecho, tiene a su cargo la demostración efectiva y clara de dicha transmisión. No basta con presunciones, tiene que tratarse de un hecho probado (art. 27 del decreto ley 6582/58; y art. 1758 del CCC).
Ejecución de la pena, principio de progresividad
Materia: PENAL
Carátula: BELIZAN, MANUEL LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-02

Teniendo presente que el principio de progresividad del régimen penitenciario no cuenta con raíz constitucional, sino que es un principio incorporado por la ley 24660 en su artículo 6, y es esta misma norma la que establece en su artículo 56 bis los casos en los que se encuentra vedada la posibilidad de determinados condenados a acceder a los beneficios comprendidos en el período de prueba, al de la libertad asistida y a los referidos a la prisión discontinua o semidetención, cabe afirmar que no resulta irrazonable que sea precisamente el legislador quien establezca la existencia o no de estos institutos liberatorios, cuándo y en qué casos proceden, quiénes son sus destinatarios y los requisitos que deben cumplimentarse para su acceso. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhirieron los Dres. Spuler y Burtnik. En disidencia: Dres. Erbetta y Gastaldi.
Recusación, recusación con causa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Falconi, Clemar José c/ Municipalidad de Cañada de Gómez s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 565-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-14

La doctrina procesal ha entendido el alcance de la causal de enemistad para fundar una recusación, acotándola a los ataque u ofensas sufridas antes de comenzada la intervención del juez o instructor. Este criterio ha sido recepcionado también por el derecho objetivo (artículo 50, inciso 8 del Código Procesal Penal, según ley 10852, B.O. 17/9/92), aplicable al caso en virtud de lo normado por el artículo 111 de la ley 9286.