Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14


Buenos Aires, agosto 14 de 2007.

RESULTA:

1. El Defensor General de la Ciudad interpuso recurso extraordinario federal (fs. 231/242) contra la sentencia dictada con fecha 23 de mayo de 2007 (fs. 216/227) mediante la cual el Tribunal, por mayoría, resolvió rechazar el recurso de inconstitucionalidad obrante a fs. 181/189vta. y, en consecuencia, confirmar la decisión de la Cámara en cuanto entendió que la acción contravencional iniciada contra Rodrigo Félix Moreno no había prescripto (fs. 172/175).

El recurrente solicitó la apertura de la vía extraordinaria federal porque, según consideró, la sentencia en cuestión resulta arbitraria y la interpretación del art. 31 del CC realizada en ella por la mayoría vulnera el principio de legalidad, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y el principio de inocencia. Asimismo, sostuvo que la resolución recurrida contraría sin nueva argumentación lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en Fallos: 328:3928 ("Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC causa Nº 555 CC/2000 s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad -incidente de prescripción-", C. 459. XXXVIII, 08/11/05) y ratificó el 15/08/06 en autos O. 309. XLI, caratulado "RECURSO DE HECHO: Oniszczuk, Carlos Alberto s/ infracción ley 255 -causa Nº 3726-", lo que habría derivado, en el caso y según su entender, en una afectación del derecho de defensa en juicio y una "desigualdad en la aplicación de la ley" en perjuicio del imputado (fs. 239vta./240).

2. El Sr. Fiscal General Adjunto, al contestar el traslado, se pronunció por la declaración de inadmisibilidad del recurso intentado en tanto la presentación no expone un caso de competencia de la CSJN en los términos del art. 14 de la ley federal nº 48 (fs. 245/247vuelta).

FUNDAMENTOS La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso extraordinario federal interpuesto por el Sr. Defensor General a fs. 231/242 es admisible. Es deducido contra una resolución dictada por un tribunal de justicia, en un juicio que aborda una cuestión justiciable, actual y que causa un gravamen irreparable.

Contiene, además, un relato de los hechos relevantes de la causa y desarrolla una crítica razonada de los argumentos que fundaron la sentencia recurrida.

2. Tal como sostuve en casos análogos ("Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Oniszczuk, Carlos Alberto s/ inf. ley 255 -apelación-'", expte. nº 3726, resolución del 26/05/05 y "González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos; Lacquaniti, Roque y otros (Bingo Congreso) s/ inf. ley 255 -apelación-'", expte. nº 4066, sentencia del 22/03/06) considero también en este caso que el recurrente ha introducido válidamente con su recurso extraordinario una cuestión federal que guarda relación directa con la resolución de la causa porque remite a la constitución válida del proceso (presupuesto procesal de competencia del Tribunal), y a garantías procesales tuteladas por la Constitución Nacional y por los instrumentos internacionales mencionados en el art. 75, inc. 22, de esa misma norma.

En efecto, el Sr. Defensor logra articular con éxito dicha cuestión al controvertir la interpretación del art. 31 de la ley nº 10 efectuada en autos con el principio de legalidad, el de inocencia y el derecho a un proceso de duración razonable, todos ellos incluidos en la CN y en los tratados internacionales de derechos humanos de igual jerarquía.

Asimismo, plantea adecuadamente la contradicción entre la decisión recurrida y lo fallado en los precedentes de la CSJN que se mencionan en el punto 1, segundo párrafo, de las resultas.

3. Por lo expuesto, voto por conceder el recurso extraordinario federal planteado por el Sr. Defensor General contra lo decidido en la resolución de fecha 23/05/07.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa del Sr. Moreno cumple con los requisitos de tiempo y lugar básicos exigidos por la ley procesal aplicable (cf. arts. 14 y cc., ley nº 48 y arts. 256 y 257, CPCCN). No obstante ello, debe señalarse, de modo preliminar, que la interpretación de la ley común de la Ciudad, infraconstitucional -Código Contravencional, ley nº 10-, resulta una tarea claramente local, esto es, no federal, conforme al texto indudable de los arts. 121 y 129 de la CN (ver, además, Núñez, Ricardo C., La diferencia entre delitos y contravenciones, en Temas de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, Ed. E.J.E.A., Buenos Aires, 1958, ps. 7 a 37). De tal manera, a pesar de haber votado anteriormente en favor del recurrente en el asunto traído a decisión (prescripción de la acción contravencional), considero que su argumentación central en torno a la supuesta lesión del principio de legalidad no compromete, en el caso, materia constitucional o federal alguna. En este sentido, debo enfatizar que el recurso extraordinario federal representa una herramienta de carácter excepcional, cuya procedencia debe ser tratada con suma prudencia tanto por los recurrentes como por los tribunales inferiores a la CSJN. De acuerdo con esta tesitura, resulta sencillo advertir que los restantes desarrollos del recurso intentado -como ser, aquellos relativos a la presunta lesión al derecho de defensa, a los principios de inocencia y de igualdad, o bien, la arbitrariedad genérica que se imputa a la sentencia del TSJ- no alcanzan para demostrar, con la seriedad requerida, el concurso, en el caso, de una cuestión federal o constitucional involucrada en él. En este sentido, debe recordarse que la mera mención de principios constitucionales carente de conexión adecuada al caso no alcanza para fundar recurso extraordinario alguno, según ya lo ha advertido de manera reiterada este Tribunal (cf., entre otros, "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja" en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. II, ps. 20 y siguientes).

2. Sin embargo, y pese a las claras debilidades del recurso interpuesto que, como dije, no logra articular de modo suficiente cuestión federal o constitucional alguna con respecto a los motivos citados en el párrafo anterior, sino, tan sólo, enunciarla, no puedo ignorar que, en causas similares, tratadas por este Tribunal (cf. "Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad s/ incidente de prescripción", expte. nº 912-1/01, sentencia del 05/12/2001; "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional nº 3- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Abalos, Oscar Adrián s/ art. 71, CC -apelación-'", expte. nº 1509/02, resolución del 21/02/2003 y, más recientemente, "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Oniszczuk, Carlos Alberto s/ inf. ley 255 -apelación-'", expte. nº 3726/04, sentencia del 30/03/2005) la CSJN se ha pronunciado por la procedencia de la instancia extraordinaria para sostener, precisamente, una opinión contraria acerca del instituto de la prescripción y sobre la interrupción de la prescripción a aquella que da pie, por mayoría, a la decisión ahora impugnada del TSJ. Sólo por ello, me inclino por admitir el recurso en relación con la garantía de la duración razonable del proceso (cf. art. 8, inc. 1, CADH y art. 14, inc. 3, c, PIDCyP, de conformidad con el art. 75, inc. 22, CN), en este caso fijada por la ley, que el recurrente apenas nombra (cf. fs. 238 vta./239).

3. Por las consideraciones expuestas en el punto precedente de este voto, propongo conceder el recurso interpuesto por el Defensor General a fs. 231/242, sólo por el motivo antes citado.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Coincido con la jueza preopinante en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales exigidos en la especie, pero discrepo con la solución que propicia, pues, en mi opinión, el recurso extraordinario federal interpuesto no logra desarrollar ninguna cuestión federal que amerite una intervención de la CSJN. Es simple, el propósito perseguido con esta presentación consiste en controvertir la interpretación que sostiene la mayoría de este TSJ acerca del art. 31 de la ley nº 10, pero, en su afán por demostrar la "arbitrariedad" de este criterio hermenéutico, el señor Defensor General olvida explicar cuál es la relación directa e inmediata entre nuestro pronunciamiento y los principios constitucionales que -de pasada y sin mayores argumentos- invoca en su recurso (legalidad, inocencia y plazo razonable; según la enumeración de fs. 235 vta., segundo párrafo). La Defensa, por lo contrario, considera suficiente fundamento -para la apertura de esta vía extraordinaria- que la CSJN ya se ha pronunciado en otras ocasiones en el sentido que propone, por lo cual insistir con la exégesis descalificada, como, en su opinión, lo hace este TSJ, importa un palmario desconocimiento de las sentencias del máximo Tribunal del país y un desacato a su autoridad de último intérprete de la CN. Es claro, en virtud de lo reseñado, que el recurrente intenta surtir la competencia de la CSJN exclusivamente sobre la base de la doctrina de la "arbitrariedad" y ello determina su suerte adversa, al menos, por tres motivos:

a) En primer lugar porque es pacífica la jurisprudencia de este TSJ en cuanto a que, en principio, la mera invocación de la arbitrariedad no alcanza para fundar un recurso extraordinario -sea local o federal- y tampoco para concederlo cuando aquélla es su única objeción. Ello así, pues, aun desde la perspectiva de la CSJN, la causal de arbitrariedad tiene carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos equivocados, o que a criterio del recurrente se estimen errados, sino que sólo atiende a cubrir fallos en los que se verifican "deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo" (Fallos 312:1839), extremos éstos que no se dan en autos, pues una cosa es que el Defensor no comparta los argumentos de la decisión cuestionada y otra muy distinta es que estos argumentos resulten antojadizos o irrazonables; máxime cuando aquellos constituyen un genuino intento por armonizar las previsiones locales que juegan en la materia (arts. 31 y 32 de la ley nº 10, y 33 de la ley nº 402) con los criterios hermenéuticos expuestos por la CSJN, desde tiempos inmemoriales. La sentencia objetada aparece debidamente fundamentada y las consideraciones del recurrente a su respecto no constituyen más que simples discrepancias con la solución a la que arriba la mayoría del TSJ, discrepancias que, por otra parte, no cabe admitir ni aun bajo la óptica de la arbitrariedad, toda vez que no corresponde soslayar que la interpretación y aplicación de las normas contravencionales, por regla, sólo incumbe a los magistrados locales.

b) En segundo lugar porque no puede aplicarse sin más el precedente "Caballero", pues, también desde la perspectiva de la CSJN, sólo en materia federal la doctrina de sus sentencias constituye una directiva a la que deben conformar sus decisiones los jueces inferiores (Fallos 307:1094), por lo cual, dado que todo este asunto remite a una materia de naturaleza estrictamente local, nada me impide mantener un criterio distinto, las veces necesarias, en la medida en que exprese fundamentos que no han sido considerados y que resultan válidos, en mi concepto, para afianzar una solución diferente (Fallos 304:900). Ello, claro está, hasta tanto tales fundamentos sean expresamente considerados y, eventualmente, desechados por el máximo Tribunal, lo cual, de momento, no ha ocurrido. En tal sentido, no desconozco que la CSJN ya se ha expedido en los autos "González", pero, con independencia de lo que corresponda decidir oportunamente allí en razón de algunas particularidades que presenta aquella causa, lo cierto es que al haber fallado "por remisión" a lo resuelto en "Caballero" parece no haber advertido las modificaciones que la mayoría del TSJ ha efectuado sobre tal exégesis y, vale decir, tampoco ha distinguido los motivos por los cuales rechaza el razonamiento sobre el cual dicha interpretación se asienta. En otros términos, atento que las sentencias de la CSJN no son de "acatamiento general" y que menos aún podrían serlo cuando sus razones no logran ilustrar de manera suficiente o aparecen poco convincentes, este Tribunal debe continuar con su criterio a la espera de una decisión expresa y ajustada a nuestras conclusiones, acertadas o no.

Sin embargo, una cosa es sostener que existen algunas razones para creer que la CSJN podría pronunciarse sobre la interpretación de esa norma local, por considerarla arbitraria, y otra muy distinta es afirmar que el recurso extraordinario federal procede ante la sola proposición de una interpretación diferente de esa norma local, pues, dicha cuestión, raramente discutible ante la CSJN, en principio está reservada a los magistrados de esta Ciudad como también lo está la obligación de preservarla a todo trance de las injerencias contraproducentes.

c) En tercer lugar, porque, más allá de que el señor Defensor General esté convencido de que usualmente propone "agravios de matriz federal" (fs. 238 vta.) que no son "satisfechos" en esta instancia, lo cierto es que la CSJN en los nueve (9) años de funcionamiento de nuestro Tribunal no ha advertido ninguna "cuestión federal" (art. 14 de la ley nº 48) en esta particular materia. En efecto, si bien la CSJN se pronunció recientemente sobre la arbitrariedad de nuestra interpretación de la prescripción contravencional (C.459.XXXVIII), por cierto, modificada en este otro sumario, nunca se ha expedido acerca de cómo puede o no interpretarse alguna conducta sancionada por el código de convivencia y tampoco ha resuelto revocar ninguna condena confirmada por este Tribunal (ni siquiera por arbitraria), por lo cual, si sus agravios federales no fueron satisfechos es justamente porque no eran tales. Dicha situación es muy interesante desde otro punto de vista, por cuanto, en definitiva, la CSJN ha considerado irrelevante o insustancial (art. 280, CPCCN) pronunciarse en cuanto al fondo de todas las controversias contravencionales que le han sido sometidas a su limitado y excepcional conocimiento pero paradójicamente sí ha entendido relevante ocuparse de su prescripción desde aquel entonces; y basta para ello recordar que, en estas actuaciones, ha suspendido el trámite de la queja (por recurso extraordinario federal denegado) a las resultas de lo que finalmente se resuelva en el incidente de prescripción respectivo (de ello da cuenta el interesado y la constancia de fs. 212). Frente a tal evidencia, no puedo menos que ratificar la interpretación de la mayoría de este TSJ, para garantizar, entre otras cuestiones, que el principal Tribunal del país no opere como la cuarta instancia obligada en todos los procesos Contravencionales y de Faltas que se suscitan en la Ciudad de Buenos Aires, competencia que, en rigor, resulta extraña a su incumbencia por su entidad y naturaleza.

2. En virtud de las consideraciones precedentes, voto por denegar el recurso extraordinario federal intentado.

Los jueces Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás dijeron:

Compartimos la solución propuesta por la Dra. Ana María Conde y adherimos a sus fundamentos concordantes.

Más allá de la cita de distintas normas de la Constitución Nacional y de diversos tratados internacionales realizada por la defensa, las argumentaciones vertidas en el recurso extraordinario federal en torno a la supuesta vulneración del principio de legalidad se limitan a manifestar una disconformidad con la interpretación que este Tribunal ha hecho de normas locales (art. 31, ley nº 10), cuestión que resulta ajena a la competencia de la CSJN.

En cuanto al alegado desconocimiento de los precedentes "Caballero" (Fallos: 328:3928, sentencia del 8 de noviembre de 2005) y "Oniszczuk" (O.309.XLI, sentencia del 15 de agosto de 2006) de la CSJN, como se sostuvo en esta causa, en la sentencia del 23 de mayo de 2007 (fs. 216/227), la interpretación realizada por este Tribunal in re "González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos; Lacquaniti, Roque y otros (Bingo Congreso) s/ inf. Ley 255 -apelación-'", expte. nº 4066, sentencia del 19/12/2005, no desconoce ninguno de los votos vertidos por los magistrados de la CSJN en los citados precedentes.

Por otra parte, tanto la garantía del plazo razonable como el principio de inocencia fueron mencionados por primera vez en el recurso extraordinario, nada decía el recurso de inconstitucionalidad de fs. 181/189 de estas garantías que, además, el recurrente omite conectar, siquiera someramente, con el caso en particular.

En lo relativo a la arbitrariedad de la interpretación cuestionada, salvo casos excepcionales, resulta improcedente que el mismo Tribunal que dictó la sentencia pueda evaluar, desde la perspectiva de dicha doctrina, los argumentos en los que basó su decisión. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que la causal invocada, desarrollada por la CSJN a partir de Fallos: 184:137, es estricta, pues tiende a cubrir casos de carácter excepcional (Fallos: 312:246, 389, 608, entre otros). En efecto, la Corte ha sostenido que "[l]a tacha de arbitrariedad no cubre las discrepancias del apelante con respecto a la inteligencia asignada por la sentencia a problemas regidos por normas de derecho público local extrañas al remedio federal que se intenta" (Fallos: 308:1757) y que "[e]sta tacha no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales" (Fallos: 294:376 y sus citas).

Por lo expuesto, si bien el recurso extraordinario federal de fs. 231/242 ha sido interpuesto en tiempo oportuno y forma adecuada, toda vez que no plantea en forma suficiente una cuestión federal, debe ser denegado.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve: 1. Denegar el recurso extraordinario federal agregado a fs. 231/242. 2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se cumpla con la remisión ordenada a fs. 227, punto 3. -Alicia E. Ruiz. -Julio B. J. Maier. -María Conde. -Francisco Lozano. -José O. Casás.