Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-05


En la ciudad de Trelew, a los 05 días de marzo del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Sergio Rubén Lucero, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "D. P., D. S. c/ I. S.R.L. y otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 22.264 - año: 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 417.- -	A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó: ---------- I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la pretensión indemnizatoria del actor, condenando a los codemandados -vendedor del inmueble y agente inmobiliario que intermediara en la compraventa- a pagarle a aquél la suma de cinco mil pesos en concepto de daño moral, con más sus intereses a liquidarse desde el 2/6/03, día en que el comprador recibió la posesión del bien. El decisorio desestimó en cambio el reclamo por el valor de las cosas sustraídas al demandante en un hecho de robo o hurto cometido por terceros, considerando que esa fue una consecuencia mediata que no comprometió la responsabilidad de los codemandados al no resultar acreditado el carácter doloso o malicioso de la inejecución parcial de la obligación contractual. Rechazó también la petición de aplicación de la cláusula penal incluida en el pto. 9 del boleto de compraventa, por entender que la misma compelía al vendedor sólo a cumplir su obligación de escriturar y no a la de ejecutar las obras de infraestructura básica de energía eléctrica, añadiendo el juzgador que, además, habría caducado el derecho del acreedor a reclamar la pena por no haber formulado reserva alguna al momento de escriturar. Finalmente, en el fallo fueron impuestas las costas en un 50 % a cada parte.--- II.- Apelaron tal sentencia el codemandado F. R. y el actor , fundando sus recursos con las expresiones de agravios de fs. 376/378 y 390/396 vta., respectivamente, las que fueron replicadas por sus mutuos adversarios a fs. 407/409 la primera y fs. 402/403 vta. y 404/406 vta. la segunda.-------- Ingresaré directamente de las quejas vertidas, ocupándome en conjunto de las expuestas por ambos apelantes cuando ellas confluyeran sobre un mismo punto.---- III.- Cuestionó liminarmente el codemandado recurrente la procedencia del resarcimiento por daño moral, señalando que él tiene carácter restrictivo en los supuestos de responsabilidad contractual, pues las simples molestias, dificultades, inquietudes o perturbaciones que puedan producir los incumplimientos contractuales no son equiparables a la lesión en los sentimientos personales, en las afecciones legítimas o en la tranquilidad anímica. Agregó este apelante que las molestias relacionadas con el uso de bienes materiales no pueden dar lugar a lesiones espirituales susceptibles de enjugarse patrimonialmente y que en este campo no caben las presunciones de menoscabo moral a partir de meras perturbaciones, correspondiendo a quien lo alega la prueba acabada de su existencia.---------- -	-- Comenzaré por recordar que el caso ocurrente ha sido subsumido por el Señor Juez "a quo" en la normativa de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor -encuadre este que no ha sido materia de agravios-, cuyo art. 8, para tutelar la confianza generada en los sujetos protegidos por la publicidad, incorporó ésta a la oferta, elemento a su vez del consentimiento y por ende del contrato (arts. 1137, 1140, 1144 Cód. Civ.; confr.: Ghersi y otros, "Contratos civiles y comerciales", Astrea 1998, I-383 y sgts.; Weingarten, "Derechos en expectativa del consumidor", Astrea 2004, págs. 56/57).-------- Ese contexto negocial condiciona en forma específica las repercusiones o impactos que el incumplimiento tiene sobre la persona del cocontratante en sus aspectos extrapatrimoniales, esto es las consecuencias (art. 901 cód. cit.) de índole moral (art. 522 ídem) que el tal incumplimiento produzca en las calidades de la persona o personalidad del sujeto (confr.; Mosset Iturraspe - Lorenzetti, "Defensa del consumidor", Rubinzal - Culzoni 1994, pág. 17), inclusive al quedar malogradas las legítimas y razonables expectativas generadas por la confianza en la oferta y propaganda que la integra (confr.: Weingarten, opus cit., pág. 50). De esta forma se lo protege de esas repercusiones de afectación en tal esfera extraeconómica (confr.: Vázquez Ferreyra, "Protección y defensa del consumidor", Depalma 1994, pág. 3).------- -	---- En supuestos como el de autos, que versan sobre el disfrute de servicios públicos domiciliarios de la casa habitación, lo que entra en la liza es nada menos que la calidad de vida del usuario, el cubrir sus necesidades básicas de consumo. El daño relacionado con tales servicios merma, desmejora la calidad de vida e implica entonces una afectación espiritual constitutiva del daño moral en los términos del art. 522 Cód. Civ. (confr. Ghersi, "La regulación jurídica del daño moral por incumplimiento contractual", en Revista de Derecho de Daños n° 6, Rubinzal - Culzoni 1999, págs. 69/70).-------- En esta especie, cual bien concluyó el sentenciante de origen, tanto la publicidad realizada aludió a que el lote adquirido contaba con "todos los servicios", cuanto prometió su provisión el boleto de compraventa al asegurar el cumplimiento por el vendedor de las obligaciones impuestas por el art. 1 de la ley provincial 1.425 que los exige para los loteos (fs. 12, 13 vta., 23 pto. 5). El incumplimiento ha sido patente, pues el reconocimiento judicial de fs. 271/272 y la prueba testifical rendida dieron acabada cuenta de que la calle frente al inmueble careció y carece aún de alumbrado público y de que el bien sólo fue provisto de un precario suministro de electricidad domiciliario -"luz de obra"-, que adolece de bajas tensiones importantes, alternados con súbitos incrementos de ella, lo que provoca graves inconvenientes en el funcionamiento de los aparatos eléctricos y riesgos para la integridad de éstos (fs. 268/ vta., resps. a las pregs. 10ma., 11era., 12da., 18va. a 20ma.; fs. 321/vta., resps. a las pregs. 12da. a 14ta., 20ma., 21era., 24ta.).

-	-- Que tales inconvenientes disminuyen la calidad de vida del actor es evidente y a partir de ello es harto presumible su lesión moral. Las máximas de la experiencia y los preceptos de la lógica, integrantes de las reglas de la sana crítica, autorizan a concluirlo así. A partir de que los seres humanos puestos ante idénticas situaciones injuriantes reaccionan de modo harto similar, puede el juez determinar aproximadamente el grado de la modificación disvaliosa del espíritu sufrida por el sujeto, pues no se trata sino de lo que acontece según el curso natural y ordinario de las cosas (confr.: Arazi, "Prueba del daño moral", en Revista de Derecho de Daños cit., pág. 108). Por lo demás, ha de tenerse presente que en nuestro derecho las presunciones son tan argumento de prueba como los aportados por los restantes medios probatorios reglados por la ley procesal (art. 163 inc. 5° párr. 2° C.P.C.C.; esta Cámara, c. 11.753 S.D.C. 12/96, c. 14.768 S.D.C. 33/99, c. 20.171 S.D.C. 20/05).----- -	---------- Verdad es que las inquietudes propias del mundo de los negocios no deben confundirse con la lesión de los sentimientos, con la modificación disvaliosa del estado espiritual del reclamante, pero cuando el incumplimiento genera consecuencias que superan el límite de las meras incomodidades para transformarse en una situación que afecta su estado de tranquilidad -del que cualquier persona tiene derecho a gozar- nace la obligación de reparar en los términos del art. 522 Cód. Civ. La degradación de la calidad de vida por el deficitario servicio público esencial en el en seno del propio hogar debió muy presumiblemente herir espiritualmente al actor, pues a nadie escapa que contar con un suministro de electricidad mediadamente eficiente formar parte del moderno standard de vida y la vivienda familiar aquí afectada es el refugio, la sede de tranquilidad más sensible que nuestra cultura nos ha impuesto y hasta el ordenamiento jurídico protege la seguridad espiritual que el hogar significa (confr.: Cám. 7ma. Civ. y Com., Córdoba, sent 43/1997, cit., en Revista de Derecho de Daños ind., pág. 391).- Considero por lo expuesto que en esta concreta especie el daño moral sufrido por el actor es indemnizable.----- IV.- Codemandado y actor han objetado el monto en que fuera determinada la indemnización del indicado daño, por cierto desde ángulos distintos.--- El primero, en subsidio del agravio antes tratado, halló elevada en exceso la suma de $ 5.000, la que, a su entender, consagraría un enriquecimiento del cocontratante en tanto ella equivale a casi el 90 % del monto del precio de compra del inmueble.------- -	- El segundo destacó la contradicción en que, en su concepto, habría incurrido el Señor Juez "a quo" al concluir que los hechos por sí solos permitían presumir las mortificaciones espirituales que le fueran causadas y, de inmediato, que faltó en autos la acreditación de una especial afectación mediante la prueba pertinente. Tras memorar la importancia atribuida en estos supuestos a las presunciones y poner de resalto el largo tiempo abarcado por sus incomodidades, los numerosas gestiones infructuosas que realizara en procura de solución, la sensación de haber sido víctima de un engaño ante el incumplimiento de lo ofertado mediante la propaganda y comprometido en el contrato, cuestionó la gruesa disminución del importe reclamado que el juzgador hiciera.--- Acerca de la utilidad de las presunciones judiciales para establecer la producción de un daño moral en la víctima vengo de expedirme. Ahora bien, ello no quita que la ausencia de pruebas directas del concreto alcance de la lesión espiritual pese en la cuantificación del resarcimiento. Tal fue lo apreciado por el sentenciante, sin por ello caer en autocontradicción. Con entera razón se ha expresado que si bien en estos supuestos el daño moral por notorio no precisa de prueba, ello es "sin perjuicio de que su acreditación tenga que relacionarse con la cuantía reclamada" (Ghersi, "La regulación jurídica del daño moral ..." ind., en Revista cit., pág. 70). Por más que, de acuerdo a la previsión del art. 165 C.P.C.C., comprobada la existencia del daño toque al magistrado fijar su importe aunque no resulta justificado su monto, frente a la ausencia de concretas probanzas que permitan establecer la extensión del perjuicio -la "aestimatio" de Tullio Ascarelli-, en el ejercicio de tal facultad deben los jueces actuar con la máxima prudencia y criterio restrictivo a fin de determinar el resarcimiento, con el que ha de cubrirse no más que el perjuicio efectivamente sufrido, evitando el riesgo de colocar al damnificado en mejor situación a la que tendría si el hecho no hubiere acaecido, lo que equivaldría a sancionar un enriquecimiento incausado (este tribunal, c. 18.378 S.D.C. 14/03, c. 18.524 S.D.C. 15/03, c. 20.376 S.D.C. 42/05).--------- Considero que los $ 5.000 fijados por el juzgador de la otra instancia no han sido una suma adecuada en este caso. El tiempo por el que ha perdurado la afectación espiritual del reclamante es pauta estimativa a la que debe atenderse y ella se remonta al día de la mora automática en el cumplimiento de la obligación de proporcionar una apropiada infraestructura del servicio eléctrico, es decir el 6/4/02 en que venció el plazo de ocho meses pactado a ese fin (pto. 5° del boleto de fs. 23; art. 509 Cód. Civ.), puesto que para entonces ya estaba el comprador en la tenencia del inmueble (pto. 4 del mismo contrato). Desde allí comenzó a padecer las consecuencias de la insatisfacción del servicio y vio defraudadas sus razonables expectativas creadas por la confianza en que sus adversarios respetarían las condiciones divulgadas por la publicidad y estipuladas en la convención; han transcurrido ya cinco años y once meses sin que ese estado remitiera.---- -	- Ante el tipo de interés lesionado -la tranquilidad espiritual afectada por la disminución de la calidad de vida-, las consecuencias que el ilícito acarreó -casi seis años de incomodidades y angustias- y la índole del hecho generador de la responsabilidad -la culpa contractual-, estimo que la indemnización cabe establecerla en la suma de $8.000.-- A ello no empece que ese importe signifique una reducción notable de lo reclamado por el demandante. Es que, tratándose de un rubro dependiente de evaluación judicial, lo peticionado en la demanda sólo importa una subjetiva estimación del actor que no vincula al juez, quien tanto puede compartirla cuanto reemplazarla por la suya propia.- Tocante al desequilibrio de tal suma con el precio de la compraventa, no puede perderse de vista, de un lado, el muy distinto poder adquisitivo que nuestra moneda tenía a la época del pago de aquél -y, consecuentemente del que se desprendió el comprador- y el que ella posee al tiempo de tasar el perjuicio. Del otro, que la obligación de reparar no tiene por causa el sinalagma en sí mismo ni tiene porqué guardar estricto paralelo con las prestaciones que lo plasman; su causa es el daño provocado por el incumplimiento y la comparación ha de hacerse con la extensión de tal perjuicio.------ Propondré en consecuencia elevar el importe del resarcimiento hasta la antedicha suma de $ 8.000.--------- -	- V.- Agravió al demandante el rechazo de su reclamo del valor de los efectos que le fueran sustraídos por terceros. Coincidió este apelante con el Señor Magistrado "a quo" en que esa habría sido una consecuencia mediata del incumplimiento de los demandados, pero sostuvo que ella era igualmente indemnizable sobre la base del art. 521 Cód. Civ. por haber sido maliciosa la inejecución de la obligación de suministrar la infraestructura de alumbrado público, ya que actúa de ese modo quien pudiendo cumplir omite hacerlo.----------- A mi ver, el rechazo de este reclamo merece ser confirmado, aunque por motivo diverso al apuntado por el sentenciante del previo grado, cual entra en los poderes del cuerpo hacer (art. 271 últ. párr. C.P.C.C., su doc.; esta sala, c. 20.839 S.D.C. 5/06, c. 21.435 S.D.C. 46/06, c. 21.737 S.D.C. 18/07), pues que el tribunal de apelación resuelva un punto en sentido idéntico pero con fundamentos diferentes a los del fallo del anterior grado, sólo supone el ejercicio por los jueces de la causa de la facultad que les incumbe de determinar y aplicar el derecho que la rige, en tanto no se alteren los presupuestos fácticos (confr.: C.S.N., L.L. 149-411).--------- Acepto que la falta de alumbrado público en las calles del loteo pudo facilitar el accionar de los delincuentes. Pero, conviniendo en ello con la codemandada I. S.R.L., considero que esa circunstancia no hace del ilícito penal perpetrado una consecuencia mediata del incumplimiento contractual de los demandados (fs. 403).--- Con la alusión a las consecuencias mediatas el "a quo" y el actor recurrente nos remiten al fenómeno de la concausalidad, es decir aquel supuesto en que la conexión de un hecho -en el subexamen el incumplimiento contractual de los codemandados- con un acontecimiento distinto -aquí el delito penal- arroja un determinado resultado dañoso (art. 901 Cód. Civ.). Pero la concausa para ser tal debe haber constituido una auténtica causa, aunque no haya sido única, haberse encontrado vinculada al resultado por un nexo de causalidad adecuado. Y en esta especie advierto que la ausencia de alumbrado público que allanara la acción de los malhechores no tuvo esa calidad de causa.------ -	- Recuérdese que nuestro Código Civil estructura un sistema que concuerda exactamente con la teoría de la causalidad adecuada, donde causa es únicamente el acto u omisión que según el curso ordinario y natural de la cosas era idóneo para producir el resultado, debía normal o regularmente producirlo de acuerdo a la experiencia de vida, en tanto que los demás antecedentes o factores de ese resultado configuran simples condiciones que, aun cuando hayan intervenido "sine qua non" en su producción, no forman la causa (art. 901 cód. cit., su doctrina), noción esta última que en el ámbito jurídico tiene significado distinto al que posee en la órbita de las ciencias naturales; de allí la conocida distinción entre "imputatio facti" e "imputatio iuris" (confr.: Goldenberg, "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Astrea 1984, págs. 7/14, párr. n° 4, y pág. 34; esta alzada, c. 15.968 S.D.C. 30/01, c. 20.449 S.D.C. 58/05). La falta de alumbrado, en la medida que facilitó la perpetración del hecho, fue condición mas no causa, pues ella no debía normal y regularmente producir la consecuencia robo o hurto.--- VI.- Objetó el demandante el rechazo de su reclamo del monto de la cláusula penal estipulada en el pto. 9 del boleto de compraventa. Sin desconocer que la pena fue pactada a los fines de la obligación de escriturar y que ésta fue satisfecha, afirmó que sin embargo no se otorgó tal escritura en "forma" cual se había se había prometido, pues ello suponía el previo cumplimiento de las disposiciones de la ley provincial 1.425 en materia de servicio eléctrico en los loteos, forma local a la que remite para los actos jurídicos el art. 950 Cód. Civ. Sumó a ello que de su parte no estuvo en condiciones de advertir la inexistencia del aludido servicio, toda vez que el vendedor al momento de escriturar presentó documentos que acreditaban la instalación del mismo y él era afectado por la vulnerabilidad técnica del consumidor no profesional, de manera que la formulación de una reserva respecto a la falta del servicio excedía su capacidad.--- Para el apropiado estudio de este tópico es menester realizar un distingo: la cláusula penal en relación a la obligación de escriturar y la misma respecto de la obligación de dotar al bien de una infraestructura de servicio eléctrico.--- -	A) Respecto del primer tema, las razones dadas por el sentenciante de la anterior instancia resultan ilevantables. Cumplida la obligación principal cuya satisfacción la cláusula accesoria conminaba, ésta se extinguió por vía de consecuencia (arts. 523, 525 Cód. Civ.). Por cierto que otorgada la escritura con retraso, puede el acreedor de esa obligación de hacer reclamar simultáneamente la pena como efecto de la mora o bien dejar a salvo su derecho a ella formulando la correspondiente reserva, mas si, como en el subexamen, no manifiesta tal reserva la cláusula queda igualmente extinguida (confr.: Kemelmajer de Carlucci, "La cláusula penal", Depalma 1981, págs 83 n° 61 y 290 n° 201). Aclararé aquí que, contra lo que parece entender el apelante, dicha reserva se refiere no al cumplimiento de la obligación principal -pues al momento de formular aquélla está recibiendo ya el pago de ésta- sino al derecho de reclamar el monto correspondiente a la cláusula penal. Afirma el quejoso que la obligación principal quedó incumplida, toda vez que al no llenarse los requisitos previos de la ley 1.425, no se escrituró en "forma", de modo que tampoco quedó extinguida la pena. En mi concepto, el apelante desinterpreta el sentido de la estipulación. Cuando el pto. 9 del boleto describe el supuesto de aplicación de la pena como el hecho de que no se pudiere otorgar la escritura traslativa de dominio en tiempo y "forma", alude evidentemente no a los requisitos anteriores a la escrituración cuya concurrencia debía verificar el notario, sino al prístino concepto de la forma esencial como elemento del acto jurídico, esto es la manera como se exterioriza la voluntad del sujeto respecto del objeto en orden a la consecución del fin propuesto -en la especie la traslación del dominio del bien- (confr.: Llambías, "Tratado... - Parte general", 2da. ed., II-363, n° 1569). Es más, así entendiéramos que el contrato se refirió a la noción de forma legal -no a la antes señalada esencial-, el texto del art. 973 Cód. Civ. no brindaría sustento a la postura del recurrente, pues el precepto define esa forma como "el conjunto de las prescripciones de la ley, respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico; tales son: la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano público, o por un oficial público, o con el concurso del juez del lugar" (los resaltados me pertenecen). Nada de todo ello se relaciona con los requisitos previos de dotar de infraestructura eléctrica al inmueble vendido. Tampoco viene a cuento la cita del art. 950 del indicado cuerpo legal realizada por el actor; al instituir esa norma, en consonancia con la del art. 12 ídem, el principio "locus regit actum" ello apunta a la forma del acto en si mismo, no a su contenido (Llambías, ob. ind., I-128, n° 147) y, por lo demás, las formas y solemnidades son contempladas por el recordado art. 950 a los fines de determinar la validez o nulidad de los actos jurídicos, supuesto este extraño al presente litigio, en el que no ha sido planteada esa disyuntiva para la escritura en cuestión.-- B) Atinente al segundo tema, es decir la relación de la cláusula penal con la obligación de dotar al bien de infraestructura de servicio eléctrico, basta la lectura del pto. 9 del boleto para notar que no existe nexo que las vincule. La pena fue estipulada como accesoria conminativa de la obligación de escriturar y no para compeler el cumplimiento de las disposiciones de la ley 1.425 comprometido en el pto. 5 de fs. 23. Bien sabido es que, a consecuencia del principio de interpretación restrictiva que informa a la cláusula penal, si ella se ha pactado a un fin determinado no es aplicable por analogía a otro distinto (confr.: Salas, "Código Civil anotado", 2da. ed., I-338. comentario al art. 652, n° 4; Llambías, "Código Civil anotado", Abeledo - Perrot 1979, II-A-427. n° 7, "f"; Kemelmajer de Carlucci, opus cit., pág. 22, n° 18, "b -	- Esta liminar conclusión releva de tratar los argumentos del apelante relacionados con su conocimiento o no del incumplimiento que le hubiera permitido el efectuar una reserva de derechos al momento de escriturar, pues todo ello hace a la hipotética caducidad de una cláusula inexistente.---------- VI.- Ambos apelantes criticaron la fecha establecida por el juzgador de grado como "dies a quo" del curso de los intereses moratorios. El codemandado sostuvo que si la ausencia de una reserva del comprador a la hora de la escrituración frustró su derecho a la cláusula penal, de idéntica manera tal omisión debe influir sobre el curso de los intereses generados por el importe de la indemnización de daños, de modo que la constitución en mora a ese respecto acaeció sólo con la notificación del traslado de la demanda. El actor alegó de su lado que la mora en la obligación de llenar los requisitos impuesto por la ley 1.425 tuvo lugar automática al agotarse el plazo de ocho meses pactado para cumplirlos. Considero que lleva razón el demandante. El plazo de ocho meses estipulado en el pto. 5 del contrato para que el vendedor dotara de infraestructura eléctrica al bien finiquitó el día 6/4/02 y allí tuvo lugar la mora automática en tal obligación (art. 509 Cód. Civ.). Ella coincidió en el caso con la producción del daño, pues para ese momento el comprador se encontraba ya en la tenencia del inmueble, otorgada en el acto mismo de celebrarse el boleto (fs. 23, pto. 4°), de manera que desde ese mismo instante sufrió los efectos lesivos del incumplimiento sobre su espíritu constitutivo del daño moral indemnizable. A partir de ese hecho perjudicial el damnificado tuvo derecho adquirido al resarcimiento, pues no es la sentencia la que crea el tal derecho, sino que declara su existencia y fija su cuantía; los intereses pues tienen el mismo punto de partida, sin que obste a ello la falta interpelación ni la iliquidez de la deuda (confr.: Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños", EDIAR 1985, V-268, n° 99; S.C.B.A., Ac. 22.402, D.J.B.A. 113-186).------ -	--------- - Propiciaré por tanto modificar este punto del fallo, a fin de disponer que los intereses sobre el capital indemnizatorio se computen desde el día 6/4/02.----------- VII.- Agravió igualmente al demandante que el magistrado "a quo" no emitiera resolución alguna acerca de su petición de condena al cumplimiento forzado de la obligación incumplida, a lo que replicaron los codemandados que esa pretensión no fue propuesta a la decisión del Señor Juez de Primera Instancia.---- Mal grado lo afirmado por estos último, el actor incluyó en su demanda esa pretensión de ejecución forzosa de la obligación pendiente: lo hizo a fs. 36, cap. 2 "in fine" y a fs. 42 pto. "h".------- -	Inadvertidamente sin duda el juez de origen no se expidió sobre ella, conculcando así el principio de congruencia por "citra petita" (art. 163 inc. 6° C.P.C.C.). Formulado en la expresión de agravios del actor el pertinente pedido, toca hoy a la alzada suplir la omisión en que aquél incurriera (art. 278 ídem).------- El art. 10 bis de la ley 24.240 (incorporado por el art. 2 de la ley 24.787) determina que el incumplimiento de la oferta o del contrato faculta al consumidor, sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que ejerza, a exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible, concordando tal preceptiva plenamente con el régimen general de los contratos para los supuestos de daños moratorios, en los que puede ser acumulada la pretensión indemnizatoria con la de cumplimiento (art. 505 incs. 1 y 3 Cód. Civ.; confr. Cazeaux - Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", 2da. ed., I-324, "b").---- -	Desde que en la especie no se alegó la imposibilidad de ese cumplimiento -antes bien, la codemandada I. S.R.L. expresó que no discutía de ninguna manera esa posibilidad (fs. 403 últ. párr.)-, la pretensión debe ser acogida en los términos del art. 513 C.P.C.C.). Puesto que en el caso el incumplimiento ha sido parcial, faltando sólo completar la infraestructura con un transformador adecuado, luminarias, conexiones, etc., estimo que fijar un plazo de ejecución de 40 días es suficiente (art. 163 inc. 7 cód. cit.), bajo apercibimiento de que si los codemandado no cumplieren en ese lapso con la porción pendiente de su obligación de hacer, ella se harán por medio de un tercero a costa suya o se los obligará a resarcir los daños provenientes de la inejecución, a elección del acreedor (art. 513 íd., ya cit.).--------- Por cierto, todo ello es sin perjuicio de los derechos que los codemandados entendieran les asisten en relación a la Coop. de Prov. de En. Eléc. y ot. Serv. Púb. y Viv. Ltda. de Gaiman, tercera en la relación contractual que en autos no ha intervenido.---------- VIII.- Por último, el actor atacó la forma de imposición de las costas, por cuanto lo libera de ellas el art. 11 de la ley provincial 4.219, de adhesión a la ley nacional 22.240.- -	"Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley gozarán de pleno derecho del beneficio de litigar sin gastos con exención total del pago de las costas, tasas y demás gastos causídicos", reza la mentada norma, con la que procuró el legislador facilitar el ejercicio de este clase de acciones compensando la desigualdad que aqueja al consumidor frente a las grandes empresas (confr.: Bersten, "Derecho procesal del consumidor", Ed. La Ley 2004, pág. 350, III). Cualquiera sea la opinión que la disposición nos merezca de "lege ferenda", ella está vigente en nuestra Provincia del Chubut y no hace distingos que autoricen al interprete a formularlos él a su vez en torno a vencimientos totales o parciales en el pleito, ni formular salvedades acerca de futuras e hipotéticas mejorías en la fortuna del consumidor a la manera que sí lo hace el art. 84 C.P.C.C.-- En principio, y ante el vencimiento parcial que importaba el rechazo de dos gruesos rubros reclamados y la drástica disminución del único que progresaba, bien hizo el Señor Juez "a quo" en cargar únicamente una porción de las costas a los codemandados, en tanto derrotados en el pleito de manera sólo fraccionario (art. 71 C.P.C.C.). Pero donde el magistrado cayó en yerro fue al imponer el resto de esas costas al actor, pues éste estaba de antemano eximido de ellas por imperio legal.--- Así pues, corresponderá modificar este apartado del decisorio, imponiendo las costas de primera instancia a los codemandados en un 50 % -tal alícuota ha quedado consentida- y eximiendo de la restante mitad al actor.---------- IX.- Las razones hasta aquí volcadas me conducen a proponer en este acuerdo la parcial revocación de la sentencia apelada a fin de: a) elevar la indemnización del daño moral a la suma de ocho mil pesos ($ 8.000); b) disponer que los intereses a liquidarse sobre ella sean computados desde el día 06 de abril de 2002; c) condenar a los codemandados a que en el plazo de cuarentas días completen la infraestructura de servicios público eléctrico domiciliaria y de alumbrado público del inmueble de autos para su correcto funcionamiento, bajo apercibimiento de que si no lo hicieren la obra será realizada por medio de un tercero a costa suya o se los obligará a resarcir los daños provenientes de la inejecución, a elección del acreedor; d) imponer las costas de primera instancia a los codemandados en un 50 % y eximiendo de la restante mitad al actor. El decisorio debe en cambio ser confirmado en todo lo demás que fuera materia de agravios.- No será menester practicar adecuación alguna a este fallo de los honorarios regulados en la precedente instancia, de acuerdo al art. 279 C.P.C.C., toda vez que fijados ellos en términos porcentuales el ajuste al nuevo monto de la condena operará automático.-- -	-- Visto que progresan tres de los agravios del actor, un cuarto lo hace parcialmente y otros dos resultan rechazados, mientras que son desestimados los tres vertidos por el codemandado F. R., también en segunda instancia queda delineado un vencimiento parcial y mutuo, a base del cual han de imponerse a los codemandados el 70 % de las costas de ella (art. 71 C.P.C.C.), eximiendo en cambio al actor de soportar la restante porción (art. 11 de la ley 4.219). Los honorarios de los Dres. A. M. C. P., D. M. C., R. J. L., A. A. F., E. R. M. y W. G. M., por sus labores de alzada y atendiendo a la extensión, calidad y resultado de ellas, propongo regularlos en las sumas respectivas equivalentes al 4,20 %, al 1,50 %, al 3,25 %, al 1,05 %, al 1,60 % y al 0,55 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200). Concluyo entonces expidiéndome en esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.------ -	-- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: --- Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte co-demandada, Sr. M. F. R. (fs. 365), por la co-demandada "I. S.R.L." (fs. 369), y por la parte actora (fs. 366) en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 355/361 y vta.) por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios promovida por el Sr. D. S. P. condenando a los co-demandados "I. S.R.L." y el Sr. M. F. R., a que en el plazo que fija, abonen al actor la suma de $ 5.000, con más sus accesorios. Asimismo, impone las costas en un 50% a cargo de ambas partes del proceso.--------------Los escritos de expresión de agravios se encuentran glosados a fs. 376/378 y 390/396 y vta., del co-demandado R. y de la actora respectivamente.----------Ordenado el traslado de los agravios presentados (fs. 398), éste fue evacuado por la co-demandada "I. S.R.L." (fs. 402/403 y vta.); por el co-demandado R. (fs. 407/409); y, por la parte actora (fs. 404/406 y vta.).-------A fs. 411, se dicta sentencia interlocutoria N° 141/2007, por la cual se declara desierto el recurso de apelación interpuesto por la co-demandada "I. S.R.L.".---I.- La reseña de los agravios fue efectuada por el magistrado que me precede en la votación al tratar particularizadamente cada uno de los tópicos que fueran motivo de impugnación. Atento a ello, estimo adecuado adoptar idéntica metodología; esto es, se indicará sucintamente en cada uno de los agravios sujetos al análisis en qué consiste la queja para seguidamente ingresar a su tratamiento particular.

-	Resultará útil sin embargo, a los fines de establecer una guía del examen a emprender, establecer puntualmente cuáles fueron los agravios formulados, que son los siguientes a saber: 1) agravios de la parte codemandada Sr. R.: a) procedencia del daño moral; b) cuantía fijada por daño moral; y, c) fecha de inicio del cómputo de los intereses sobre el daño moral. 2) Agravios del actor Sr. D. P.: d) cuantía fijada por daño moral; e) rechazo del daño patrimonial; f) cláusula penal moratoria; g) omisión de pronunciamiento sobre el pedido de condena de cumplimiento forzado; h) fecha de mora; i) condena en costas.-------------II.- Ingresaré al examen de los agravios siguiendo el mismo orden con el que se los individualizara precedentemente y analizándolos en conjunto cuando por su identidad o conexidad así lo permita.-------------1).- a).- Procedencia del daño moral: Principio por establecer mi opinión en un sentido diametralmente distinto a la tesitura argüida por el demandado recurrente en tanto, tengo para mi, que no existe fundamento ni razón jurídica alguna que permita aseverar válidamente que se exija en la evaluación del daño moral en la esfera contractual adoptar un "criterio restrictivo"(sic) tal como lo postula el co-demandado recurrente.--- -	--Y, si bien es cierto que no cualquier incumplimiento obligacional produce daño moral resarcible, también lo es que no hay una regla genérica que lo descarte o lo restrinja en todo supuesto que se presente. Esto es, por el contrario, "prima facie" bastará que se invoque y se pruebe un perjuicio extrapatrimonial para que éste torne en un daño resarcible independientemente de cual fuere la órbita de la responsabilidad por daños en la que se hubiera producido (contractual o extracontractual). Y en punto a la prueba del daño extrapatrimonial tampoco es predicable que haya diferencias en la exigencia para su acreditación entre una u otra órbita del deber de responder por los daños y perjuicios.------------ -	---En síntesis, no encuentro que sea admisible aceptar la postura que promueve que los jueces pudieran negar una reparación del daño moral pedido y probado sustentándose en argumentos como los invocados por el recurrente. En consecuencia, insisto, denunciado y acreditado el daño moral derivado del incumplimiento contractual el juzgador deberá ordenar su reparación (Conf. Pizarro, Ramón Daniel "Daño moral. Prevención. Reparación. Punición", Ed. Hammurabi, ed. Año 1996, pág. 202, & 34).----Establecida tal postura, aunque solo a título "obiter dicta", señalo, que bien advirtió el magistrado sufragante en primer término que el marco legal en el cual el Sr. Juez a quo subsumiera el caso es la ley de defensa del consumidor (ley 24.240 y sus modificatorias), encuadre que no ha sido objeto de cuestionamiento alguno sino que, más bien, fue soslayado absolutamente por el apelante.----------Y ello no es una cuestión menor toda vez que en dicha regulación protectoria de los derechos del consumidor o usuario se imponen obligaciones en todo el curso de la relación nacida del contrato, inclusive en la etapa previa y la de concreción del contrato, iter en el cual centra principalmente el sentido tutelar de su regulación en la previsión expresa del débito de proveer una información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del bien que se ofrece.---- -	--Es que el acceso al consumo garantizado por la Constitución argentina (art. 42, texto según reforma de 1994), resulta de la libertad de elección que de alguna manera se encuentra cercenada cuando se induce al potencial consumidor a contratar sobre bases distorsionadas, incompletas o falsas, esto es, cuando se le crea una falsa idea del bien que pretende adquirir.-------------Asimismo, el Derecho del consumidor modifica el sistema de derecho común de los contratos en tanto otorga eficacia jurídica de la oferta a personas indeterminadas asignándole efectos jurídicos vinculantes durante el tiempo en que se la realice. Vale decir que en la relación de consumo nuestro derecho vigente determina un rol preponderante de la publicidad en la oferta. Es decir, lo que se expresa en ella integra el contrato y debe reinar por ello el principio de autenticidad y verdad (Conf. Art. 8 de la Ley 24.240).--------En un sistema jurídico como el argentino que reguló autónomamente la defensa del consumidor y del usuario corresponde sostener que el derecho del consumidor se erige en un microsistema con principios propios y autosuficientes cuyas reglas en más de un aspecto derogan o modifican los que corresponden al derecho privado tradicional. Así, en lo que interesa en la especie, en relación a la responsabilidad contractual, el juego coordinado de los arts. 7° y 8° de la L.D.C. determina una solución en relación al régimen de la oferta al publico que difiere de la seguida por los Códigos Civil y Comercial. Sabido es que en estos ordenamientos de fondo la oferta para ser tal debe estar dirigida a persona determinada, conclusión que aparece explícitamente establecida en los arts. 1148 del Código Civil, y en modo implícito por el art. 454 del Código de Comercio. En cambio la Ley de Defensa del Consumidor, como ya lo indicara, determina primero que quien emite una oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados se obliga a respetarla por el tiempo en que se la realiza. Asimismo, en cuanto a los efectos de la publicidad se establece que integra la oferta señalándose que "Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios o prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato del consumidor..." (sic) por la generación de confianza que implican. Se trata de la idea de oferta permanente que se asigna en la doctrina moderna a ese modo de presentación en el mercado. Conforme a estas disposiciones, el consumidor podrá exigir todo lo que se le haya ofrecido en la actividad promocional o publicitaria, no pudiendo el oferente alegar que el contrato relativo a la adquisición de los bienes o servicios no aparece recogido. Y su incumplimiento genera, pues, decididamente, una responsabilidad contractual (Conf. López Cabana, Roberto, "La contratación en la ley de defensa del consumidor", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal Culzoni, N° 5, pág. 57, punto V).----- -	-------------La fuerza vinculante de las precisiones contenidas en la publicidad o anuncios ha sido propiciada por calificada doctrina con antelación, incluso, a la misma sanción de la ley 24.440, con base en la regla de la buena fe contractual (Conf. Alterini, Atilio Aníbal; López Cabana, Roberto M. Y Stiglitz, Gabriel A., "La defensa del consumidor en un proyecto de ley con estado parlamentario", en Revista del Colegio de Abogados de Río Cuarto, año 1990, pág. 673; id. mismos autores,"Responsabilidad precontractual. Deberes secundarios de conducta. Incumplimiento del deber de información. Relevancia en los contratos de consumo", en semanario J.A., n° 5799 del 21-10-1992, pág. 6; y, "La protección al consumidor en el marco de un proyecto de ley", en L.L. 1989-B-1005; id. Pizarro y Vallespinos, "Protección jurídica del consumidor; Derecho Civil y Comercial. Cuestiones actuales", en libro homenaje a José A. Buteler Cáceres, Ed. Advocatus, ed. Año 1990, pág. 581; id. Stiglitz, Gabriel A., en "Daños al consumidor: publicidad, información y cláusulas abusivas" en "Daños y protección a la persona humana", Ed. La Rocca, ed. Año 1993, pág. 225; ver: el exhaustivo trabajo sobre el tópico de Aída Kemelmajer de Carlucci, "Publicidad y consumidores" Ed. Rubinzal Culzoni, separata de la Revista de Derecho Privado y Comunitario N° 5).------- -	----------En el presente caso tratase de servicios públicos domiciliarios del lote en el cual construyera su casa habitación el actor, quien lo adquiriera atenido a la publicidad gráfica -mediante carteles- por la cual se los promocionaba para la venta con "todos los servicios".--Asimismo, se tradujo la oferta así publicitada en el boleto de compraventa posterior, a través del compromiso asumido por la vendedora a dar cumplimiento en el plazo acordado (8 meses) a las exigencias previstas por la ley 1.425. Pues, si bien se cumplió con los servicios de agua y desagüe, no se lo hizo del mismo modo, hasta la actualidad, al menos con los datos con los que se cuentan en este momento de resolver, con la provisión de energía eléctrica domiciliaria, toda vez que resta la instalación del alumbrado público y de un transformador. Es decir, el inmueble se encuentra provisto únicamente de un suministro eléctrico básico denominado "luz de obra" que no es el adecuado para el suministro de dicho servicio público a los fines de ser utilizado como servicio domiciliario toda vez que por sus variaciones de tensión puede afectar el funcionamiento de los aparatos que funcionan con dicha energía poniendo, inclusive, en riesgo la salud de sus usuarios por las potenciales graves consecuencias que pudieran derivar de las subas o bajas repentinas de tensión eléctrica.-- -	--Esto surge de los dichos de otros adquirentes del mismo loteo "R. del V. ", del gerente de la C. E. G. y de la informativa correlativa (Vide: reconocimiento judicial de fs. 271/272; y testimonios de los Sres.: B., respuestas a los puntos 12, 13, 18, 19, 22 del pliego de preguntas -fs. 266/267 y 268 y vta. respectivamente-; M. B., respuesta a la 7ma. -fs. 316 vta.-; Sr. B., respuestas a la 10, 11, 12, 13, 17, 20, 24 -fs. 321 y vta.-; informe de fs. 331)(Conf. Arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).------- -	-------------Bajo la denominación genérica de "servicios públicos domiciliarios" se encuentran incluido el suministro de gas, los servicios sanitarios y cloacales, como asimismo, el servicio de energía eléctrica. En ello y en su efectivo acceso juega la calidad de vida de una comunidad. Esta relación, que es proporcional además con la calidad del servicio que se preste y se reciba, se estrecha más, si se quiere, cuando se trata del suministro del servicio eléctrico como acontece en el supuesto bajo análisis. Y no abrigo duda alguna, por que es el natural acontecer de los hechos en la vida moderna actual, que no contar con suministro de energía eléctrica afecta el normal desarrollo de la actividad doméstica. Por caso, allende del constante peligro que representa para la preservación de los artefactos eléctricos ya incorporados como parte del estándar de vida contemporáneo (por caso: televisor, lavarropas, heladera, computadora, etc.), se añade que según la estación del año se intensifican las consecuencias derivadas de su carencia o deficiente prestación, ya en verano, por cuanto no se cuenta con refrigeración alguna; o, en invierno, por que puede afectar la calefacción si se cuenta con calefacción por aire o agua -que en algunos equipamientos funcionan con dispositivos eléctricos-, o bien lisa y llanamente, impide contar con luz domiciliaria en días con un período de luz natural más acotado que en el verano. Esto es, se infiere de las máximas de la experiencia, pues, que tal como surge de tan elementales enunciaciones que a mero título de ejemplo se efectuara precedentemente, que la carencia del fluido eléctrico domiciliario disminuye de modo evidente la calidad de vida de quienes la sufren y, por ende, tal situación puede provocar afectación moral a quienes se ven privados de ella.-------Y en tal sentido, si bien es enteramente compartible que las simples molestias o frustraciones no justifican la reparación del daño moral por incumplimientos contractuales, como asimismo, que la turbación espiritual ha de tener cierta entidad como para habilitar a su resarcibilidad; tengo para mi que, en la especie, no se puede tildar el incumplimiento de lo pactado de una mera molestia, ni tampoco puede predicarse que éste se trató de escasa entidad. Es que bastará con advertir el tiempo transcurrido desde que se efectuó la reserva de compra, que data del 14/09/00, o la fecha de suscripción del boleto de compraventa, de fecha 06/08/01, o bien, la fecha de escrituración traslativa de dominio, del 02/06/03, para ponderar la medida de la afectación que puede derivar del incumplimiento obligacional en el que se incurriera.- -	---De otro lado, bien precisó el juzgador del anterior grado que, sin perjuicio de la disputa sobre quién es el incumplidor en la efectiva prestación del servicio eléctrico comprometido (proveyendo e instalando los materiales y equipamiento necesarios y adecuado para ello), lo dirimente en la especie, en relación al adquirente actor en el presente litigio, es que quien se comprometió con él al ofrecer a la venta el lote con todos los servicios fue el demandado contratante -al firmar el boleto de compraventa-, y antes, la co-demandada "I. S.R.L." al realizar la promoción publicitaria de los lotes "con todos los servicios". Y, el incumplimiento de lo comprometido tornó objetivo con la sola inexistencia del servicio eléctrico domiciliario o, dicho de otro modo, con la mera materialidad del incumplimiento en tanto conformaba el "opus" comprometido al contratar (Conf. arts. 3 y 37 de la Ley 24.240).-------En suma, entonces, no abrigo duda alguna que el daño moral denunciado por el actor como sufrido a partir del incumplimiento contractual endilgado a los demandados no solo existe desde que es inferible válidamente que ocasionó molestias, angustias y frustración en el accipiens, sino que, además, es resarcible, debiéndose desestimar el presente agravio. Así lo dejo propuesto al acuerdo.-----------1).-; b); y 2).-d) Cuantía fijada por daño moral: Tanto la parte actora como el co-demandado apelante cuestionan la cuantía fijada por el juzgador del anterior grado por el daño moral sufrido. El actor por considerarlo exiguo. El demandado, aunque en subsidio del agravio precedente, por considerarlo excesivo.----Ya se ha señalado con claridad y suficiencia en el voto del Sr. Magistrado que me precede en la votación, la distinción que hay que hacer entre la determinación de la ocurrencia de un daño resarcible, en tanto media lesión a un interés jurídicamente protegido, con su posterior estimación o cuantificación.--- -	-El daño moral ya lo he tenido como sucedido en la especie al tratar el agravio anterior, a partir de tener por cierto vía inferencia de las máximas de la experiencia tanto como de datos extraídos del normal acontecer de los hechos en la actualidad y que son de público y notorio, que el incumplimiento obligacional afectó la faz espiritual del actor por cuanto el mismo implicó un deterioro a su calidad de vida con motivo del mismo con las mortificaciones que ello apareja. Ahora bien, en tren de cuantificar las consecuencias perjudiciales que generara y atendiendo a la índole del interés lesionado, a mi juicio, bien puntualizó el actor en qué consistió la lesión (v.gr. el largo tiempo abarcado por las incomodidades; las numerosas gestiones infructuosas realizadas en pos de lograr una solución; la inseguridad que le provoca la falta de alumbrado público; la sensación de haber sido víctima de engaño -ver: escrito de demanda punto 7.1., fs. 38 vta./39 de la refoliatura), los que complementados con los que juzgara vía presunción "hominis" el a quo al indicar "...no contar con el servicio regular de energía eléctrica, con los riesgos y molestias que ello implica en el uso del servicio..., así como carecer de alumbrado público -lo que importa vivir inmerso en un ambiente de oscuridad durante las horas de la noche, con la consiguiente sensación de inseguridad que esto acarrea-, generan de por sí frustraciones, molestias y contrariedades, que de haberse cumplido con lo prometido no se darían..."(sic)(ver: fs. 359 vta.), conforman el contenido del interés extra patrimonial lesionado.-------------- -	--------------Todos estos datos permiten por vía indirecta -presuncional- estimar prudentemente la cuantía ha fijar por daño moral a través del ejercicio de la facultad delegada al juzgador por el Código del rito (conf. Art. 165 del C.P.C.C.).-----A partir de la presunción expuesta por el Sr. Juez a quo, en virtud de una correcta y lógica valoración, en tanto que se encuentra basada en las reglas de la sana crítica, ponderando los datos fácticos del caso estableció la cuantía por el daño moral que se reconoce producido en la suma de $ 5.000 (art. 163, "in fine" del C.P.C.C.).-----------Sin embargo, compartiré con el Dr. Velásquez, que la suma en la cual cuantificara el presente rubro no justiprecia adecuadamente el presente rubro indemnizatorio por daño moral.-----Es que, atento que la razón o fundamento del valor probatorio de las presunciones judiciales es llenar el vacío existente entre los hechos conocidos con aquellos que se investigan y respecto de los cuales no se cuenta con prueba directa, a través de inducciones lógicas conforme al curso normal y ordinario de los hechos, corresponde inducir de los datos fácticos probados analizados bajo la óptica de la experiencia, que la suma concedida en el anterior grado es escasa a tenor de la entidad del daño a resarcir.----------- -	-Y a partir de tal hermenéutica hallo compartible que la disminución de la calidad de vida que aparejó para el damnificado, Sr. D. P. el incumplimiento obligacional de los demandados menoscabó su tranquilidad espiritual o su modo de estar habitual, mortificándolo y provocando justificados desasosiegos, inseguridades e incertidumbres sobre si podría hallar soluciones merced a los entredichos generados por quienes se comprometieron a un plan prestacional incumplido, aunque parcialmente, pero en una porción que proyectó razonablemente tales consecuencias -falta de provisión de energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público-.-------------- -	--Y en tal orden de ponderación, encuentro que la suma fijada por el Sr. Juez a quo representaría computando el tiempo transcurrido desde se produjera la mora automática por el incumplimiento obligacional de marras -falta de provisión de una adecuada prestación del servicio eléctrico domiciliario-, acontecida el 06/04/02 a tenor del plazo pactado en el contrato (ver: cláusula 5ta. del boleto de compraventa obrante a fs. 23 de la refoliatura), hasta el presente (5 años y 11 meses), representaría el equivalente a $ 70,42 por mes. Dicho monto parcial que se obtiene de tal cálculo pone en claro, a mi ver, que efectivamente el monto admitido en el anterior grado resulta exiguo.--- -	-Y, si bien, el propuesto por el Dr. Velásquez no es extremadamente superior a tenor de los mismos cálculos resulta más adecuado al daño a resarcir y su modo -tiempo- en que se viene generando. Sobrados argumentos expuso el magistrado que me precede en la votación para desvincular la cuantía que por daño moral se adecuara por el presente pronunciamiento respecto a la reclamada y al valor de adquisición del lote. La primera, en tanto no vincula al juzgador de modo alguno estando reservada su determinación a la justipreciación que efectúe según su prudente arbitrio; y la segunda, por cuanto la causa determinante de uno y otro valor -la del precio de la compraventa y la cuantía que se admite por daño moral derivado del incumplimiento- responden a presupuestos fácticos y jurídicos absolutamente distintos.--------------En consecuencia, por lo expuesto, compartiré la propuesta de dirimisión efectuada sobre el punto por el Dr. Velázquez, propiciando la elevación del monto de condena por daño moral a la suma de $ 8.000. Así lo voto.--------------2).- e).- Rechazo del daño patrimonial: La pretensión indemnizatoria por tal rubro se basa en sostener que el robo sufrido por el actor el 11/07/06 tuvo como causa la falta de alumbrado público y por la diferencia de valores que infiere de un inmueble como el que adquiriera según la oferta (con todos los servicios) y el que realmente comprara (con solo algunos servicios) (vide: punto. 7.2. -fs. 39 y vta. de la refoliatura). El juzgador desestimó la procedencia de dicho rubro indemnizatorio fundándose en la falta de causalidad adecuada entre el daño denunciado y el incumplimiento obligacional endilgado a la parte demandada, indicando que dicho evento sería una consecuencia mediata.--- -	-------El recurrente, previo admitir que se trataría lo reclamado una consecuencia mediata derivada del incumplimiento, postula que es de aplicación el art. 521 del Código Civil, por cuanto atribuye cierta contradicción en el argumento sentencial al calificar primero a la obligación contractual asumida por la vendedora como objetiva y luego justifica su incumplimiento como lo es la falta de aprobación de la obra por la Cooperativa, sin haber mediado ninguna causa de exoneración admisible a tal efecto como la caso fortuito o fuerza mayor que no concurren en la especie.----- -	-------------No existiendo disputa respecto al carácter mediato que como consecuencia derivada del incumplimiento contractual se le atribuye al ilícito del que fuera pasible el actor, igualmente habré de disentir con tal consenso.-------------Y ello, compartiendo con el sufragante en primer lugar, en el marco del ejercicio de la plenitud de la jurisdicción que cuenta este tribunal revisor respecto a los puntos que han sido objeto del recurso impetrado (Conf. Loutayf Ranea, Roberto, en "El recursos ordinarios de apelación en el proceso civil", Ed. Astrea, ed. año 1989, T. I, págs. 76 y sgtes., & 28, 29 y 30).-----Es que partiendo del significado de "causa" se arribará ineluctablemente a la conclusión de que ni siquiera es factible contemplar la concurrencia de una concausalidad atribuible al incumplimiento obligacional con la ocurrencia del robo sufrido por el actor por cuanto no configura la ausencia del alumbrado público propiamente una concausa sino una mera condición que con otras y en conjunto pudo insertarse en la causa adecuada del daño, y que, no huelga destacarlo, es ajena a la parte demandada trasladándose el análisis respectivo propiamente a la autoría del daño o imputación fáctica estrictamente.-----Con su habitual claridad conceptual el Dr. Velázquez advierte cual es la causa sobre la cual se estructura en nuestro régimen positivo el deber de responder por las consecuencias y la medida de ese responder. Añado de mi cuño que debe entenderse por "causa" o nexo causal al enlace material entre un hecho antecedente y un resultado (daño), lo que se conoce en doctrina como "imputabilidad o atribuibilidad objetiva" (imputatio facti).------------ -	------------Ahora bien, en la reelaboración a nivel jurídico de dicha conexión, con las particularidades que le atribuyen las teorías de la relación de causalidad nos conduce a encuadrar el supuesto de hecho indicado como sustento de la pretensión indemnizatoria deducida en la tesis de la equivalencia de las condiciones o "condicio sine qua non", que pregona que cada condición -y la falta de alumbrado público lo sería- origina la causalidad de las otras y en conjunto determina el evento. Y bien puntualiza el magistrado que me precede en la votación que el sistema sobre el cual se estructura la responsabilidad civil en nuestra legislación sustantiva sigue el criterio de la causalidad adecuada. Y en tal sentido, el nexo de causalidad adecuada se funda sobre la base de una previsibilidad objetiva relacionada con las consecuencias inmediatas y mediatas. Ello presupone la confrontación entre un hecho y determinadas circunstancias para determinar si éste ha sido eficiente o idóneo para producirlas. En consecuencia, la relación causal se infiere a partir de las características del hecho fuente, en el sentido de si este último es o no idóneo para producir las consecuencias que el actor invoca. A tal efecto resulta útil la mecánica propuesta por la teoría de la "prognosis póstuma" que atribuye la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos. En esta inteligencia, cuando aludimos al concepto de "causalidad adecuada" implica, pues, el de regularidad , apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma, es decir, el hecho al que se le atribuye tal calidad de causa adecuada tiene que determinar normalmente el resultado. Y, tengo para mi, que tal regularidad o normalidad no puede asignársele al hecho antecedente al resultado dañoso cuyo reparación se pide en la especie (Conf. Goldenberg, Isidoro H., "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Ed. La Ley, 2da. ed., año 2000, págs. 13 y sgtes.).--------- -	------------De lo dicho, concluyo, en que corresponderá desestimar el presente agravio, dejándolo así propuesto al acuerdo.2).- f).- Cláusula penal moratoria: Ineludible resulta destacar desde el inicio que, admitido que fue que la cláusula penal pactada en el punto 9 del boleto de compraventa se hallaba vinculada al otorgamiento de la escritura (fs. 23/24), ante la satisfacción de tal obligación de escriturar ningún sustento resta para justificar que se pretenda su devengamiento con motivo de incumplimientos distintos de aquellos por los que se pactara. Es que indiscutible resulta que para que la pena pueda ser exigible se requiere indispensablemente el incumplimiento del deudor.------No abrigo duda que los servicios públicos comprometidos en la oferta integraban el plan prestacional acordado a cargo del vendedor, pero ello no altera el señalamiento puntual que se efectuara "supra" habida cuenta que la cláusula penal tiene carácter accesorio extinguiéndose cuando se extingue el vínculo al cual ella se encuentra subordinada. Se ha dicho en tal dirección, que el principio es claro y responde a la propia razón de ser de la cláusula penal; si ésta se pacta para constreñir al cumplimiento de un negocio principal, acabado éste, la existencia de la cláusula carece de causa-fin (Conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, en "Cláusula penal", Ed. Depalma, ed. año 1981, pág. 288, & 200).------ -	--Y, a partir de tal entendimiento, no hay duda que cuando el deudor cumple con la prestación inherente al objeto de la obligación principal -en la especie la obligación de hacer la escritura- se extingue la cláusula penal a la que esta se hallaba vinculada (conf. op. y aut. cit. - pág. 289, & 201).---Por lo demás, el Sr. Juez a quo precisó claramente que la alusión a la omisión de reserva al tiempo de producirse la escrituración estaba relacionada a la mora en el cumplimiento de la escrituración por la cláusula penal devengada desde el vencimiento del plazo pactado para hacerlo y el día en que finalmente se concretó esta. Así puede verificarse de la sola lectura de argumento sentencial explicitado en los considerando de fs. 360 "in fine" apoyado en destacada doctrina que cita y a la cual adhiero (Conf., op. y aut. cit., & 201, pág. 290).-------Tales razones son suficientes para propiciar la desestimación del presente agravio. Así lo voto.---1).- c); 2).-h) Mora-fecha del cómputo de intereses del daño moral: El juzgador del anterior grado estableció el dies a quo para el cómputo de los intereses el día en que se efectivizó la escrituración, esto es, el 02/06/03 (fs. 360 vta.).--- -	--El actor cuestiona tal punto del decisorio indicando que la mora en el -	cumplimiento de los establecido por la ley 1.425, ocurrió por el solo vencimiento del plazo pactado para satisfacer tal obligación (8 meses de la cláusula 5ta. de fs. 23).--------El co-demandado R., de su lado, critica dicha data postulando que por los propios dichos del a quo en el considerando tercero en relación a la falta de reserva de la cláusula penal no habiéndola hecho tampoco respecto a los intereses por mora al tiempo de escriturarse no puede computarse desde la fecha indicada en el fallo. Indica que no habiendo constitución en mora por daños la misma no se habría materializado hasta la notificación de la demanda.----Rememoro que el daño moral que se reconoce en el anterior grado y se propicia confirmar elevando, incluso, la cuantía por la que se admite en el presente resolutorio tiene como causa generadora la demora incurrida en dotar del servicio de energía eléctrica domiciliaria al inmueble adquirido por el actor en estos actuados. Pues, al tiempo de instrumentar el negocio jurídico compraventa y más allá de que la oferta publicitada indicaba que el inmueble ya contaba con tal servicio al anunciar "con todos los servicios", se acordó un plazo de ocho meses a computar desde su fecha (06/08/01), para dotar de la infraestructura impuesta por la ley 1.425. Este plazo feneció de tal manera el día 06/04/02.------------- -	-En cuanto a dicho plazo cabe señalar que el mismo es un plazo determinado y cierto (Conf. art. 567, 2do. apart. del Código Civil). Y tratándose de obligaciones de plazo determinado y cierto, el momento de cumplimiento de la obligación no es otro que el día de su vencimiento. Tal es la solución que expresamente consagra el art. 750 del Código Civil el que guarda armonía con el art. 509 del mismo cuerpo legal sustantivo que, como es sabido establece el principio rector en materia de mora, cual es, que en las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo vencimiento. Recuérdese que la interpelación solo se requiere en supuestos de obligaciones de plazo indeterminado tácito (Conf. 2do. párrafo del citado art. 509 del C.C.).-Producida desde la fecha del vencimiento del plazo pactado la mora automática, los daños derivados de su incumplimiento -intereses- deberán, de tal manera, computarse desde que éste se produjo. Esto es, los intereses moratorios proceden desde el mismo momento en que se produjo el daño moral derivado del incumplimiento obligacional -puesto que desde dicha fecha es cuando se genera la obligación de resarcirlo-, sea la responsabilidad contractual o extracontractual.--------Es que no huelga recordar que ellos son debidos en razón de la mora en que incurre el deudor en el pago de su resarcimiento (Conf. Pizarro, Daniel R., en "Daño moral", Ed. Hammurabi, ed. año 1996, pág. 391; id. Alterini-Lopez Cabana-Ameal, en Derecho de obligaciones", Ed. Abeledo Perrot, 2da. ed., año 1998, pág. 176, n° 412; conf.: CNAC., en pleno, 16/12/58, L.L. 93-667 y C.S.J.N., Fallos 246:76; 250:136).------------ -	-En tal orden de ideas, compartiré la propuesta de dirimisión efectuada por el Dr. Velázquez sobre el tópico, proponiendo por ende, la modificación del fallo para establecer que los intereses fijados sobre el capital de condena por daño moral deberán ser computados desde el día 06/04/02 y hasta el día de su efectivo pago. -----Así lo voto.-----------2).- g).- Omisión de pronunciamiento sobre el pedido de condena de cumplimiento forzado: Efectivamente fue solicitado el cumplimiento forzado de la obligación incumplida al interponerse la demanda (ver: cap. 2 "in fine" de fs. 36 y punto "h" de fs. 42), sin que mereciera pronunciamiento alguno del juzgador del anterior grado.----------- -	--Atento a ello, merced a que fue materia de agravio, es facultad de esta alzada suplir tal omisión tal como lo prevé el art. 278 del C.P.C.C.).En los términos requeridos y desde que no se invocó imposibilidad de cumplimiento corresponde hacer lugar a tal petición fijándose un plazo prudencial para su satisfacción plena mediante la instalación de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de energía eléctrica domiciliaria, bajo apercibimiento de satisfacerla por un tercero a su costa (Confr. Art. 505 del Cód. Civ., en concordancia con el art. 10 bis de la Ley 24.240).------------ -	-Y a tal efecto estimo adecuado el plazo de cuarenta (40) días propuesto por el Dr. Velázquez. Así lo voto (Conf. arts. 163, inc. 7mo. y 278 del C.P.C.C.).-------------2).- i).- Imposición de costas: Ciertamente en nuestra provincia existe una norma específica de exención de costas, tasas y demás gastos causídicos que se deriven de actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con el régimen de defensa del consumidor (Conf. art. 11 de la ley 2419 -B.O. 14/11/96-).---En este aspecto la ley de adhesión provincial mejora a la propia ley nacional 24.240, que en su originario art. 53 disponía que quienes ejercieran las acciones previstas en su regulación "...gozarán del beneficio de justicia gratuida..."(sic). Ahora bien, dicho párrafo fue observado por el Dcto. 2089/93 no restituyéndose en las posteriores modificaciones que sufriera por ley 24.999 (ver respecto a una situación análoga en la provincia de Buenos Aires el comentario de Gozaíni, Osvaldo A., en "Protección Procesal del Usuario y Consumidor", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año2005, págs. 487 y sgtes, n° 7.3; ver también: Vázquez Ferreira-Romera, "lineamientos procesales y arbitraje en la ley de defensa del consumidor", en J.A., 1994-II-743).- -	Ahora bien, no obstante los comentarios favorables o desfavorables que pudiera merecer la norma vigente en nuestra provincia, es indisputable que la exención se encuentra establecida por ley no pudiéndose decidir "contra legem".-----Y, magüer que corresponderá, a la par, eximir a la parte demandada de la porción respectiva a las pretensiones que no tuvieron acogida ello no implicará atento a lo dispuesto por el citado art. 11 de la ley 4219, que deba cargar con las mismas el actor en autos que resultara vencido en tal porción de su reclamo.-----------Como resultado de todo ello, deberá modificarse la atribución de las costas para imponer las devengadas en la anterior instancia en un 50% a la parte demandada, eximiéndose absolutamente de ellas al actor. Así lo voto.----III.- Conclusión:

-	-Por todo lo expuesto, concluyo en que corresponderá revocar parcialmente el fallo venido en apelación, para: 1) elevar el capital de condena a la suma de Pesos Ocho Mil; 2) disponer que los intereses fijados en el anterior grado se computarán desde el 06/04/02 y hasta el día de su efectivo pago; 3) condenar a la parte demandada a que, en el plazo de cuarenta (40) días completen la provisión de las infraestructura necesaria que permita acceder al servicio de energía eléctrica domiciliaria y de alumbrado público al inmueble adquirido por el Sr. D. P., bajo apercibimiento de hacer cumplir con dicha provisión por un tercero a su costa o a resarcir los daños y perjuicios que su inejecución acarree a opción del actor en autos; 4) eximir de costas al actor; confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravios.---Desde que el incremento del monto condenatorio no altera las calidades de vencedor y vencido que el actor y demandados presentan en la anterior instancia, mientras que los honorarios allí regulados lo fueron en alícuotas porcentuales que se ajustarán automáticamente al nuevo importe, no será menester practicar las adecuaciones previstas en el art. 279 del C.P.C.C..------------Desestimados dos de los seis agravios formulados por el actor y prosperando -parcialmente uno de ellos- los tres restantes, mientras que se desestiman los tres planteados por la parte demandada, se delinea en segunda instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir prudencialmente en ella las costas, imponiéndolas en un 70% a la parte demandada y eximiendo al actor de las restantes (Conf. arts. 71 del C.P.C.C. y 11 de la ley 4.219).--Los honorarios de los Dres. A. M. C. P., D. M. C., R. L., A. F., E. R. M. y W. G. M., por sus tareas de alzada, apreciándolas por su extensión, calidad y resultado obtenido, estimo adecuado regularlos en las sumas respectivas equivalentes al 4,20%, al 1,50%, al 3,25%, al 1,05%, al 1,60% y al 0,55%, del monto final del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6 y 14 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).- -	-Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. ---A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió: -----------Visto el acuerdo antes alcanzado corresponde:--------------1) Revocar la sentencia apelada a fin de: a) elevar la indemnización del daño moral a la suma de ocho mil pesos ($ 8.000); b) disponer que los intereses a liquidarse sobre ella sean computados desde el día 06 de abril de 2002; c) condenar a los codemandados a que en el plazo de cuarenta días completen la infraestructura de servicios público eléctrico domiciliaria y de alumbrado público del inmueble de autos para su correcto funcionamiento, bajo apercibimiento de que si no lo hicieren la obra será realizada por medio de un tercero a costa suya o se los obligará a resarcir los daños provenientes de la inejecución, a elección del acreedor; d) imponer las costas de primera instancia a los codemandados en un 50 % y eximir de la restante mitad al actor.----------2) Confirmar dicho decisorio en todo lo demás que fuera materia de agravios.-------3) Imponer las costas de segunda instancia a los codemandados en un 70 %, eximiendo al actor de soportar la restante porción de ellas.-- -	-4) Regular los honorarios de los Dres. A. M. C. P., D. M. C., R. J. L., A. A. F., E. R. M. y W. G. M., por sus labores de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 4,20 %, al 1,50 %, al 3,25 %, al 1,05 %, al 1,60 % y al 0,55 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución.----------ASI LO VOTO.-----A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: -------El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Velázquez por resultar éste fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.-----ASI LO VOTO.-----Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la Ley 1130, To. Ley 4550).-------- -	- Trelew, 05 de marzo de 2008. En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:---- S E N T E N C I A: - REVOCAR la sentencia apelada a fin de: a) elevar la indemnización del daño moral a la suma de ocho mil pesos ($ 8.000); b) disponer que los intereses a liquidarse sobre ella sean computados desde el día 06 de abril de 2002; c) condenar a los codemandados a que en el plazo de cuarenta días completen la infraestructura de servicios público eléctrico domiciliaria y de alumbrado público del inmueble de autos para su correcto funcionamiento, bajo apercibimiento de que si no lo hicieren la obra será realizada por medio de un tercero a costa suya o se los obligará a resarcir los daños provenientes de la inejecución, a elección del acreedor; d) imponer las costas de primera instancia a los codemandados en un 50 % y eximir de la restante mitad al actor.---- -	--CONFIRMAR dicho decisorio en todo lo demás que fuera materia de agravios.-----IMPONER las costas de segunda instancia a los codemandados en un 70 %, eximiendo al actor de soportar la restante porción de ellas.---REGULAR los honorarios de los Dres. A. M. C. P., D. M. C., R. J. L., A. A. F., E. R. M. y W. G. M., por sus labores de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 4,20 %, al 1,50 %, al 3,25 %, al 1,05 %, al 1,60 % y al 0,55 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución. Regístrese, notifíquese y devuélvase.-- Fdo: CARLOS A VELÁZQUEZ - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL Nº 05 DE 2008 - SDC.- CONSTE.- PAULO EDUARDO KÖNIG - SECRETARIO DE CAMARA