Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-04-20


En la ciudad de Trelew, a los 20 días de abril del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de- Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "A. D. S. S.A. c/ N., A. s/ cobro de pesos (ordinario)" (Expte. N° 56 - año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es ajustada a derecho la sentencia apelada?,y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 87.----------------------------------------------------------------------------- --------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero: -------------------------------------------------------- ---Vienen los presentes actuados a conocimiento de esta alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 69) en contra del fallo definitivo dictado en autos (fs. 64/67) por el cual se rechaza la demanda entablada por "A. d. S. S.A." contra el Sr. A. N., con costas.-----------------------------------------------------------	El escrito de expresión de agravios luce agregado a fs. 77/80.----------------------------------Ordenado su traslado a la parte contraria (fs. 81), el mismo fue evacuado con escrito que se encuentra glosado a fs. 82/84 vta.-----------------------------------------------------------------I.- La parte actora recurrente formula los siguientes agravios: 1) En relación a la falta de claridad que se le atribuyera a la pretensión deducida por su parte, sostiene que la demanda se encuentra enderezada a reclamar el incumplimiento de una obligación de pago. Refiere que el demandado se obligó a pagar la suma de $ 29.830 y para cancelar esa obligación entregó una unidad ajena respecto de la cual su parte jamás pudo disponer porque fue secuestrada en el marco de un reclamo en juicio ejecutivo seguido en contra de la titular de la unidad Sra. S. Es por ello que reclamó el pago de la obligación asumida por el demandado traducido en el valor de $ 29.830 que representa la unidad entregada al ver frustrado el fin del negocio jurídico iniciado por el demandado ya que no puede disponer de la unidad cuyo titular era S. ajeno a la operación incumpliendo así con su obligación. Efectúa cita doctrinal a la que remito. En síntesis, expresa, el Sr. N. asumió una obligación que jamás canceló siendo él el principal interesado para que ello ocurra. Puntualiza que su parte reclama el pago de la suma de $ 29.830 estando ello perfectamente determinado en el escrito de demanda por lo que critica, dice, la aseveración del juez sentenciante. 2) Previa trascripción del párrafo octavo del punto II del considerando segundo y referir a la descripción que efectuara la sentenciante de los hechos y que califica como exacta, manifiesta que el demandado le entregó un rodado para que su parte lo pusiera a su nombre o lo transmita a un tercero. Alude que es obvio que por el objeto comercial que persigue la finalidad de la adquisición de la unidad era transmitirla a un tercero por cuanto resultaría antieconómico que todas las unidades que A. d. S. S.A. recibe en parte de pago se transmitieran a su nombre para luego ser vendidas a un tercero. Refiere que en la práctica comercial se reciben las unidades juntamente con la suscripción del 08 y permanecen en ese estado hasta su posterior venta momento en el que se realiza la transferencia a favor del tercero comprador. Indica que jamás esas unidades son transferidas a las concesionarias porque, insiste, resultaría antieconómico para el objeto comercial de su parte. Excepcionalmente se transfiere a nombre de la concesionaria cuando se tiene dudas sobre la solvencia o buena fe de quien entrega en parte de pago un vehículo, cosa que no ocurrió en la operación con el demandado porque no se desconfiaba hasta entonces del Sr. A. N.. Alude que la unidad entregada por el valor indicado de $ 29.830 permaneció varios meses en el patio de usados de su parte hasta que por fin se vendió a un tercero pero al momento de avanzar en la transferencia surge que el mismo se encontraba con una medida cautelar. Postula que en el marco de buena fe que debe existir en todo contrato se esperaba que la unidad entregada estuviera disponible pero ocurrió lo contrario por cuanto dicha unidad se encontraba embargada en los autos cuya carátula del expediente judicial individualiza. Expresa que la prohibición que trae aparejada el citado art. 1329 dista de ser absoluta ya que cuando el contrato versa sobre una cosa mueble cuya tradición se ha efectuado al comprador, la tradición vale por título si la cosa no fuese robada o perdida y el comprador la recibe de buena fe. Se apoya en cita doctrinal a la cual remito. En conclusión, dice, del sistema comercial que regula la relación jurídica que se ventila en A. resultan las siguientes conclusiones: a) la compraventa de cosa ajena está permitida si el comprador y vendedor contratan de buen fe y la obligación del vendedor consiste en procurar a través de medios lícitos conducentes que el comprador obtenga la propiedad de la cosa vendida, b) la regla que establece que la posesión de cosa mueble vale título si es de buena fe y se trata de una cosa que no sea robada ni perdida, se aplica a toda compraventa sin distinción. Termina diciendo, que el demandado entregó una cosa ajena como parte de su obligación pero su parte no pudo disponer de la misma por lo tanto no ha cumplido con el pago de su deuda. Asevera que no le asiste razón al juez del anterior grado cuando considera que porque no se efectuó la transferencia al pretendido comprador del vehículo frustrándose el negocio entre la actora y M. B. S.R.L. no le es imputable al accionado. Señala que no se reclama en estos A. ni la transferencia de la unidad en cuestión ni la frustración del negocio que su parte no pudo concretar con M. B. S.R.L., sino que lo que reclama es el pago de $ 29.830 que el demandado no integró aún tras los reclamos realizados por su parte y que fueron reconocidos por el Sr. N.. Manifiesta que aunque no lo haya encuadrado en el instituto hay en el caso un enriquecimiento sin causa en el patrimonio del demandado y un empobrecimiento en el de su parte. Efectúa cita legal vinculada al tópico a lo cual remito. 3) Postula que en el improbable caso que se confirme la sentencia de primera instancia, reclama que los honorarios sean impuestos en el orden causado ya que su parte se consideró con derecho a reclamar las sumas que le adeuda el demandado.------------------------------------------------------------------La parte demandada al responder a los agravios previo reseñar la demanda, su responde y la sentencia expresa que los agravios vertidos por la actora recurrente no constituyen una crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo en crisis y, en consecuencia, debería declararse desierto el recurso. A todo evento expresa que el razonamiento expuesto por la actora en su escrito de agravios adolece de severos vicios de razonamiento fáctico y jurídico, pues si bien su pretensión radica en el cobro de la suma de $ 29.830, importe por el que cotizó la toma del rodado dominio XXX-***, al no haber podido disponer del mismo por haber sido embargado en el marco de un juicio ejecutivo a la titular dominial, dicha circunstancia no se le puede achacar a su parte toda vez que en tiempo y forma recibió el vehículo y la totalidad de la documentación necesaria para transferirlo, además, que para esa fecha no pesaba sobre el mismo ninguna medida cautelar. Puntualiza que desde el momento mismo de concretarse la operación el actor estuvo en condiciones legales de efectuar la transferencia del vehículo en cuestión. Manifiesta que si bien no alcanza a comprender qué quiere decir la actora respecto a la frustración del negocio jurídico iniciado por el demandado, si resulta clara su intención de que su parte le abone la suma de $ 29.830 por no haber podido enajenar el rodado a un tercero. Sostiene que es evidente que no ha existido frustración de la operación de referencia tal como Surge de los propios términos del escrito de demanda y su responde. A todo evento, dice, lo único que se habría frustrado por circunstancias absolutamente ajenas a su parte fue la venta del automotor a la firma M. B. S.R.L., situación que obviamente no se le puede imputar. También se equivoca la actora al decir que nunca pudo disponer del rodado por haber sido secuestrado en el marco del reclamo ejecutivo contra la titular dominial, ya que como Surge de A. ese embargo fue trabado transcurridos más de seis meses de perfeccionada la operación momento desde el cual la actora tuvo la libre disponibilidad del mismo. Afirma que su parte cumplió en tiempo y forma con la obligación asumida con la actora toda vez que entregó el vehículo y la totalidad de la documentación necesaria para su transferencia, es decir, pago como se obligó a pagar, esto es, con la entrega del vehículo marca Renault, dominio XXX-***, ergo, cumplió con lo que se obligó a cumplir, por lo que la circunstancia de que la actora no pudiera transferir el rodado a la firma M. B. S.R.L. por encontrarse embargado en el expediente que individualiza, es ajena a su parte por cuanto, insiste, al momento de contratar con A. del S. S.A. entregó el vehículo libre de todo gravamen o medida cautelar. En consecuencia, yerra la quejosa al considerar que su parte incumplió con el objeto de la prestación que, según ella, es la cancelación del crédito que posee en su contra, por cuanto pagó en tiempo y forma con la entrega de una unidad y de la totalidad de la documentación correspondiente a la misma. En relación al segundo de los agravios expresa que la actora intenta forzadamente agraviarse argumentando que el fin de la adquisición de la unidad lo fue para trasmitirla a un tercero resultando antieconómico que todas las unidades que se reciben se transmitieran a su nombra para luego ser vendidas a un tercero aludiendo a la práctica comercial de cualquier concesionario e insiste en que se le entregó una cosa ajena pero que no pudo disponer de la misma por lo que su parte no cumplió con el pago de su deuda. Indica que los fundamentos de la quejosa son inconsistentes, endebles, superfluos y no jurídicos. Asevera que la metodología comercial invocada no se le puede hacer pesar sobre la cabeza de su parte por más que resulte antieconómica para a la actora ya que como empresa profesional de la comercialización de unidades nuevas y usadas no puede ignorar las alternativas que se pueden suscitar en las operaciones sobre vehículos siendo siempre una alternativa posible que quien es titular registral pueda tener una deuda que a la postre pese sobre sus bienes. Alude a que si la actora no hubiera querido transferir a su nombre el vehículo tenía la posibilidad mientras aparecía un comprador de solicitar sucesivos certificados de dominio al registro del automotor que bloquearan el mismo e impidieran el ingreso de cualquier cautelar. Destaca que no puede la actora invocar su propia torpeza en no haber obrado conforme a derecho, por más que ello le implicara un costo o, en su caso, según sus palabras le resultara antieconómico. Además, los usos y costumbres comerciales invocados por la quejosa no justifican, dice, que se haga cargar sobre su parte la culpa en no obrar conforme a derecho. En relación al enriquecimiento incausado al que se elude al expresar los agravios señala que la juzgadora de grado fundamentó su decisorio en los hechos invocados por cada una de las partes y el derecho aplicable al caso particular, concretamente que la compraventa de cosa ajena es válida, donde el vendedor está obligado a su entrega o, en su defecto, a resarcir los daños y perjuicios siempre y cuando el comprador ignorase que la cosa es ajena. Entonces la venta de cosa ajena es válida, dice, en tanto el comprador y vendedor tengan pleno conocimiento de tal circunstancia. Expresa que objetivamente lo único claro del líbelo promocional es que la actora reclama el pago de la suma de $ 29.830, con más sus intereses legales e imposición de costas a la demandada ya que del relato de los hechos no Surge con claridad si se reclama por un incumplimiento contractual y/o, en su caso, por enriquecimiento sin causa. Enumera los que indica como requisitos para la procedencia de la acción in rem verso, postulando que su parte no se ha visto enriquecida a costa de la actora ya que hizo entrega en tiempo y forma del rodado y de la totalidad de la documentación del mismo que permitía la transferencia inmediata del mismo y, termina diciendo, que si bien la actora supuestamente experimentó un empobrecimiento el mismo no ha sido a causa de su parte sino producto de su propio negligencia.----------------II.- En los límites determinados por los agravios formulados comenzaré por establecer que allende a lo que expusiera la Sra. Juez a quo al inicio de su análisis al aludir al recaudo de claridad que debe cumplirse al plantear la demanda, aunque refiriendo al objeto de la misma, efectivamente de la lectura de los escritos con los que se trabara la presente litis no es factible elucidar en todos sus perfiles en qué consistió el negocio jurídico en virtud del cual "A. d S. S.A." recibió la entrega en posesión del automotor Renault, modelo Scenic, año 1999, dominio XXX-*** y cuyo valor asignado en el formulario que luce agregado a fs. 9 de A., que se individualiza bajo la leyenda "comprobante de compra de bienes usados a consumidor final" numerado 0001-00001009, es el mismo por el que reclama su cobro tal como lo enuncia el objeto de la demanda (vide: punto II de fs. 39).--------------------------------------------------------------------------Es que queda claro para mi, tanto del relato de los hechos formulados por cada una de las partes como así también de la visualización de los documentos adjuntos a la demanda y que fueran reconocidos por la accionada, que no se trató de un lisa y llana compraventa de un automotor sino que dicha operación formó parte de otro negocio jurídico al cual se encontraba indisolublemente vinculado. Y digo de tal manera, por cuanto si bien no es explícitamente manifestado por la actora ello Surge de la manera de describir la compraventa en el relato de los hechos. Así, la parte actora se expresó: "En noviembre de 2004, el Sr. N., le vende a A. del S. S.A. en parte de pago de una operación, una unidad usada..."(sic) (lo destacado en negrita me pertenece) (fs. 39 vta.).-------------------------------------------------------------------------- ---------------El demandado, en el mismo sentido, expresó "El día 21/10/2004 esta parte entregó a la hoy actora en parte de pago de una operación una unidad usada..." (sic) (lo destacado me pertenece)(punto II del escrito contestatario -fs. 53-).------------------------------Y la existencia de tal "operación" a la cual se alude en los párrafos trascriptos se ve corroborada por la documental de fecha 10/11/04, obrante a fs. 22, la que a diferencia de la anteriormente citada no se individualiza con ninguna leyenda pero que en su contenido se consigna como cliente al Sr. A. N. con sus datos personales completos y se indica un automotor Ford, modelo F-100 STD, año 1997, dominio XXX-***, cuyo valor de "venta al contado" se indica en la suma de $ 24.000 a la que se añade los gastos de gestoría por la suma de $ 830, y cuya sumatoria da el total de $ 24.830. En el cuadro inmediato inferior se consigna bajo el titulo "forma de pago" un "usado recibido" cuyos datos de individualización y valor asignado son idénticos a los del automotor que supuestamente "A. d. S. S.A." habría comprado.-----------------------De tal reseña es evidente que ninguna de las partes de A. fue concreta y precisa en relación a cual fue el verdadero negocio jurídico en virtud del cual se entregara la posesión del rodado Renault y su documentación a los fines de la transmisión de su dominio a favor de "A. d. S. S.A." y que, como viene de verse, no consistió en una compraventa directa y autónoma sino de un negocio jurídico complejo en tanto que comprendió a otro automotor como objeto del mismo. Se añade a las dificultades derivadas de esta ausencia de claridad en la exposición de los hechos efectuado por las partes que tornara factible que diera contenido y posibles certezas a los posibles efectos jurídicos que correspondiera atribuir a tal relación jurídico sustancial que derivó en el presente conflicto de intereses, la circunstancia de que el automotor que supuestamente se habría entregado en "parte de pago" de otro que la concesionaria actora, a su vez, le vendía al demandado, es de un valor sensiblemente superior.-------------- Todas estas disquisiciones las efectúo a propósito de poner en el tapete que la solución que pueda obtenerse del ámbito jurisdiccional posiblemente no se ajusten más que al modo en que se planteo la controversia, es decir, con todos sus déficit.-----------------Dicho ello, es de ver que el enfoque con el cual la sentenciante de la anterior instancia emprendió su análisis fue el siguiente: "...del escrito de demanda no Surge claramente cuál es la pretensión de la accionante: si un cumplimiento de contrato o ha ejercido la acción de enriquecimiento incausado. Si se trata de la primera, adelanto que con la prueba colectada se ha demostrado que el accionado cumplió cabalmente el contrato al entregar toda la documentación a la demandada, para que ésta pudiera a su vez vender el automotor y concretar la transferencia con un futuro comprador."(sic)(conf. Considerando I, 2do. Párrafo de fs. 65). Contra dicha consideración la parte actora recurrente sostiene que "...la demanda se encuentra enderezada a reclamar el incumplimiento de una obligación de pago. El demandado se obligó a pagar la suma de $ 29.830, y para cancelar esa obligación entregó una unidad ajena,..." (sic)(ver escrito de expresión de agravios -fs. 77 y vta.-).--------------------------------Resulta evidente para mi, de la sola comparación del eje argumental seguido por la juzgadora y del ataque que se le dirige, que no hay en realidad crítica alguna que atender desde que no solo se desatiende de modo grosero el eje argumental esgrimido por la juzgadora, sino que además, se pretende postular como objeto perseguido con la acción deducida uno distinto al indicado al iniciar el proceso en tanto que no responde al planteado en el líbelo de inicio.------------------------------------------------------------------------- ---Para ello, resulta indispensable establecer que no es lo mismo que se exprese en el capítulo respectivo al objeto demandado que se persigue "... el cobro de la suma de pesos veintinueve mil ochocientos treinta ($ 29.830) con más intereses legales desde que cada suma es debida, e imposición en costas a la accionada..."(sic) (fs. 39); que pretender el cobro de una suma de dinero por el incumplimiento contractual en el que se afirma habría incurrido el co-contratante demandado consistente en la "cancelación" de una obligación dineraria con la entrega de un automotor. Máxime cuando, luego, del relato de los hechos se afirma que en noviembre de 2004 el demandado "le vende" una unidad usada de las características individualizadas.--------------------------------------------------Esto es, de los términos de la demanda y de su responde es valido decir que no responde al modo en que se trabó la litis postular como lo hace al tiempo de expresar agravios la actora recurrente, en el sentido que el demandado incumplió con una obligación dineraria que habría cancelado con la entrega de un automotor la que no se pudo inscribir luego -por las razones que fueran- en el registro respectivo.---------------------Es que, ateniéndome al modo en que se trabó la litis, y allende de las deficiencias antes apuntadas respecto al modo en que se describiera el negocio jurídico en el cual se insertara -bien o mal jurídicamente hablando- la denunciada compraventa instrumentada con el denominado "comprobante de compras de bienes usados a consumidor final" (fs. 9), resulta indisputable que no existió la mentada obligación de pago de una suma dineraria en virtud de la cual se entregara, en pago, una unidad automotor, lo cual implicaría un pago por entrega de bienes (conf. Arts. 779/783 del Código Civil).------------------------------------------------------------------------- -------------------------- No huelga señalar tampoco que no es viable "traducir" el valor del rodado como lo sostiene la actora recurrente transformando la obligación asumida por el demandado vendedor, cual es, la transmisión del dominio del automotor Renault Scenic. Es de ver que dicho vehículo se encontraba inscripto bajo la titularidad registral de un tercero (la Sra. S.). En tal sentido la Sra. Juez a quo indicó apropiadamente, con apoyo en las normas mercantiles de aplicación al caso, atento a la calidad de comerciante de la actora (conf. Art. 1° de la ley 19.550 y arts. 5°, 7° y 8°, incs. 1 y 2 del Código de Comercio) que la venta de cosa ajena es válida.--------------------------------------------------------Ello resulta correcto a partir de lo expresamente contemplado en el art. 453 del Código de Comercio, a lo cual corresponde adunar para el caso que simultáneamente con la entrega del automotor se hizo también entrega del formulario 08 suscripto por la titular registral antes individualizada (vide: formulario 08 original obrante a fs. 15/17 y vta.) con lo cual se satisfizo acabadamente el contrato de transferencia dominial que éste formulario implica restando únicamente la inscripción registral, actividad que se encontraba exclusivamente a cargo de la compradora.------------------------------------------------Abro un paréntesis para poner en claro que no se soslaya de modo alguno la sanción de nulidad con la cual fulmina dicho artículo de mentas la venta de cosa ajena supeditando su validez a la ignorancia del comprador, sino que a todo evento, en el marco de entendimiento propiciado por la parte impugnante, en tanto sostiene que la operación por la cual fue entregado el vehículo Renault -en cuanto afirma que fue entregado en parte de pago de otra operación-, sería un supuesto de anulabilidad relativa en los términos normados por los arts. 738 y 1045 del Código Civil (de aplic. por vía de los título preliminar I y art. 207 del Código de Comercio).------------------------------------Retomando lo que se viene explicitando antes, es claro que toda la diligencia debida para incorporar a su patrimonio el automotor recaía en cabeza de la sociedad actora en estos actuados por cuanto es de recordar que según el Código Civil, la compraventa es el título y la tradición el modo, y ambos actos están relacionados, de manera que la tradición (modo) debe tener título suficiente para trasmitir el dominio (art. 2.602, del Cód. Civ.), es decir debe responder a una causa. En estas condiciones, la compraventa, dentro del esquema del Código Civil, conforme constituir el título, más el modo -la tradición-, logran producir la transmisión del derecho real (conf. Art. 577 del Cód. Civ.)(Conf. Lorenzetti, Ricardo, en "Tratado de los Contratos", Ed. Rubinzal Culzoni, año 1999, T. 1, pág. 195).--------------------------------------------------------------------------- ----------------Sin embargo, los efectos que se le han reconocido a la compraventa en el Código Civil a sido desplazados por los artículos 13 y 14 del decreto ley 6582/58 del régimen jurídico del automotor. No se trata aquí de la problemática del boleto de compraventa como contrato preliminar o definitivo, porque esto puede ocurrir en el régimen de los inmuebles, pero no en el régimen de los muebles, en el cual el contrato de compraventa se puede realizar por instrumento privado. Esto lo confirma el art. 1° del mencionado decreto ley, cuando dice que la transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado. Pero los mencionados arts. 13 y 14 no permiten que el contrato de compraventa sea el título para transmitir el dominio del automotor, sino que es necesario celebrar un contrato de transferencia en un formulario especial establecido en la reglamentación para que se produzca la transmisión del dominio. El art. 14 de la ley 22.977 establece expresamente que los contratos de transferencia de automotores se inscribirán en el registro mediante la utilización de solicitudes tipo mencionadas en el artículo anterior, suscriptas por las partes. Y el art. 13 aclara que los pedidos de inscripción o anotación en el registro, y en general los trámites que se realicen ante él, sólo podrán efectuarse mediante la utilización de las solicitudes tipo que determine el organismo de aplicación, el que fijará su contenido y demás requisitos de validez. Es así, que las mencionadas normas de la ley 22.977, que modificaron al decreto ley 6582/58, excluyen a la compraventa como contrato hábil para producir la transmisión del dominio del automotor o, dicho de otra manera, la ley le quita a la compraventa los efectos de poder inscribir el contrato en el registro y producir con ello la transmisión del dominio del automotor. Esto es lo que permite afirmar sin hesitación que en la especie la venta comprometida por el demandado, Sr. N. fue cumplida con la entrega del formulario 08 suscripto por la titular registral, tal cual lo indicara la juzgadora del anterior grado. Desde tal perspectiva, pues, no hay incumplimiento alguno que enrostrarle al dicente vendedor demandado en A..------------Asimismo, bien se indicó también que a la fecha de la entrega del vehículo y del formulario 08 para su transferencia registral, el mismo no contaba con ningún gravamen ni inhibición que la impidiera (ver: informe registral de fs. 10/11).-----------------------------------Todas estas precisiones que efectúo son circunstancias que fueron perfectamente advertidas y argumentadas con total suficiencia por la Sra. Juez a quo, con apoyo en las constancias instrumentales adjuntas con la demanda y que no fueron desconocidas por la demandada, sin que se dirigiera en contra de tal eje argumental dirimente la más mínima crítica concreta y razonada que permita a este tribunal revisor, a través de la puntualización de las consideraciones de derecho o de hecho que estima configurativas de un yerro en el que habría incurrido la juzgadora, contar con el material de análisis indispensable para ejercer su facultad revisora.---------------------------------------------------------No abunda destacar que no cuenta con tal entidad crítica aludir a la práctica comercial seguida por las concesionarias automotrices respecto a los rodados que adquiere o que recibe por las operaciones que realicen en el mercado de compraventa automotor.---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------Ello, por cuanto además de no haber sido invocado al demandar y, por ende, no fue posible que se expidiera a su respecto el demandado ni fue posible siquiera que constituyera eventual materia de prueba si ello hubiera correspondido, tampoco constituyó el thema decidendum sobre el cual se expidiera la sentenciante (Conf. Arts. 271 y 277 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- ------------------Pero, además, cabe destacar que tal práctica comercial resulta ser contra legem debiendo afrontar quien la asume las consecuencias disvaliosas que le ocasione las posibles alternativas que pueden presentarse de seguirla, como sucediera en el caso, como lo es la traba de una medida de carácter ejecutorio (no cautelar como se aduce) por la cual termina secuestrándose el vehículo sustrayéndolo de quien detentando su posesión no lo inscribió debidamente en el Registro Automotor.------------------------------------La imposibilidad de disponer del rodado que en su tiempo se recibió con la documentación necesaria para su debida inscripción dominial entonces, no es más que la consecuencia de la incuria de un obrar propio respecto al cual nada debe responder el co-contratante que satisfizo todas las prestaciones a su cargo en los términos -insisto- en los cuales fue descripto el negocio jurídico al momento de trabarse la presente litis.-------------------------------------------------------------------------- ------------- ----------------Finalmente, la referencia de que se reclama al demandado la falta de pago de la suma que se pide y que no integrara el demandado, constituiría un enriquecimiento sin causa en el patrimonio de éste y un empobrecimiento del suyo, no constituye más que la aseveración de lo contrario a lo que expresara la juzgadora al tratar "ad eventum" el supuesto enriquecimiento incausado.---------------------------------------------------------------------- -La Sra. Juez a quo indicó respecto al tópico que "...si la acción entablada hubiese podido encuadrarse como de enriquecimiento sin causa, aún cuando no se mencionan los requisitos para ésta, debe recordarse que uno de ellos cual es la ausencia de justa causa invocada por el demandado (rectius: actora o demandante), obsta a su progreso, entendida como título legítimo que puede oponer al demandante (rectius: demandado) y que justifica que la adquisición del bien o valor entrado en su patrimonio, y en virtud del cual puede retenerlo..."(sic)(fs. 66). Ningún ataque dirigió en contra de tal aseveración sentencial por lo cual huérfana de materia crítica a quedado el tópico resultando imposible a este tribunal ingresar siquiera a su consideración.--------------------------------------Aduno a esta falta de concurrencia del requisito de ausencia de causa que justifique el desplazamiento patrimonial que lo provocara que el mismo se produjo por una razón que es imputable fácticamente exclusivamente a la omisión de obrar como era debido de quien dice haber sufrido tal empobrecimiento.-------------------------------------------------------Tampoco acompañaré en mi voto la pretensión impugnaticia de que se impongan las costas de primera instancia por el orden causado fundada en que se consideró con derecho a reclamar las sumas que le adeuda el demandado. Ello así, en tanto que bastará con advertir que, de común, quien concurre al Poder Judicial para que por su intermedio se diriman los conflicto de intereses es porque cree tener razón suficiente para presentarse al proceso e invocar el derecho que considera le asiste. Ahora, tal creencia de por sí no excluye que siendo vencido en el proceso deba cargar con las costas devengadas en él en los términos contemplados por el art. 68 del C.P.C.C.. Es por ello que propiciaré al acuerdo se desestime el agravio vertido al respecto.-----------------III.- En definitiva de resultas de todo lo expuesto propondré al acuerdo se desestime el recurso de apelación impetrado confirmándose el fallo venido en apelación, en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a cargo de la parte actora vencida en ella (Conf. Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.).-------------------------------------------Los honorarios de los letrados N. L. M. y D. H. G., letrada apoderada y patrocinante, respectivamente, de la parte actora; y del Dr. C. F. M., letrado patrocinante del demandado, por sus tareas cumplidas por ante esta segunda instancia, apreciándolas por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado regularlos en del siguiente modo: a los abogados intervinientes por la actora, en conjunto, en la suma equivalente al 1,75%; y al abogado patrocinante de la parte demandada, en la suma equivalente al 2,25%. En ambos casos, las alícuotas fijadas a aplicar sobre el monto pretendido en demanda que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Conf. Arts. 6, 14 y 47 de la ley 2.200;leyes 23.349 y 23.871) (Conf. S.D.C., Sala B, mi voto, N° 01/01, CANE).-----------------Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.--------------------------------------------------------------------- --------------------------------A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: -------------------------------------------------- --1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 69, que fuera concedido libremente a fs. 71, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 64/67 que rechazó la demanda instaurada por A. DEL S. S.A. contra A. N., con imposición de costas a la vencida.------------------------------------------------------Los agravios lucen a fs. 77/79 y vta., el traslado conferido a fs. 81 fue evacuado por su contraria a fs. 82/84 y vta., y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. Lucero, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.----------------------------------------------------------------------- --------------2. Al ingresar al estudio de esta causa coincidiré con el juzgador en cuanto a que del escrito de demanda no Surge claramente cuál es la pretensión del accionante, sin perjuicio de considerar a su vez que no existe certeza acerca de cual fue en definitiva el negocio jurídico celebrado pues las partes no brindaron mayores precisiones.-----------------Nótese que el objeto de la demanda consistió en "... el cobro de la suma de pesos veintinueve mil ochocientos treinta, ($29.830) ..." (p. II, fs. 39), pero de los términos expuestos en los escritos de demanda y contestación y prueba documental acompañada resulta que el reclamo se originó en un negocio que no se limitó a la compra por la sociedad del automotor Renault, modelo Megane Scenic, dominio XXX-***, como pareciera indicar el comprobante que luce a fs. 9.----------------------------------------En efecto, la constancia agregada con la demanda que obra a fs. 22 permite señalar una particular característica de la operación que concertaran las partes pues el vendedor del Renault recibió a su vez una camioneta Ford F 100, dominio XXX-***, que por lo demás su importe es sensiblemente inferior a la unidad que entregó.---------------------En ese direccionamiento, si bien la sociedad hizo referencia a que el Sr. N. le vendió una unidad usada, a continuación manifestó que lo fue "en parte de pago de una operación" (fs. 39 vta., segundo renglón) que no explicitó; en tanto que el demandado expresó que entregó el vehículo Renault "en parte de pago de una operación" (fs. 53, p.II, primer renglón) que tampoco individualizó, debiendo asimismo destacarse que ni siquiera mencionó haber recibido a su vez por esa "operación" una camioneta de menor valor.-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------Como puede observarse ninguna de las partes brindó una clara explicación del negocio celebrado que no consistió simplemente en la compraventa del automotor Renault, modelo Megane Scenic, y así lo puso de relieve el vocal que me precede en la votación al precisar que se trató de un negocio jurídico complejo al comprender la operación a otro vehículo, en el caso la camioneta Ford F 100, con la particularidad ya advertida en cuanto a que esta última unidad es de menor valor, por lo que a su vez se desconoce si la diferencia que asciende a $5.000.- (ver detalle de fs. 22) fue recibida por el hoy demandado o en cambio formó parte de otra negociación.-----------------------------Tales consideraciones permiten en definitiva advertir que la actora no explicitó en debida forma la cosa demandada y esa carencia determinó una falta de concordancia entre la alegación fáctica de introducción y la pretensión deducida.--------------------------------A su vez, la lectura del fallo en crisis permite señalar que fue razonamiento dirimente que si se trató de una pretensión de cumplimiento de contrato con la prueba colectada se ha demostrado que el accionado cumplió cabalmente el contrato al entregar toda la documentación a la demandada, para que ésta pudiera a su vez vender el automotor y concretar la transferencia con un futuro comprador.----------------------------Y la línea argumental esbozada por la quejosa no logra conmover este aspecto del decisorio toda vez que la manifestación vertida en lo que hace a que la demanda se enderezó a reclamar el incumplimiento de una obligación de pago ya que para cancelar la misma el demandado entregó una unidad ajena no constituye crítica concreta y razonada del fallo pues con ello elude hacerse cargo precisamente del fundamento antes referido.----------------------------------------------------------------------- ------------------------------Por lo demás, con esa expresión intenta modificar el objeto de la demanda pues no resulta lo mismo iniciar un juicio por cobro de una suma adeudada por la venta de una cosa ajena que le hiciera el Sr. N. (acápite II, fs. 39 y vta.), que precisar recién en esta instancia que la pretensión deducida se enderezó "a reclamar el incumplimiento de una obligación de pago" (fs. 77, último párrafo), pues en este último caso se trataría de la promoción de una acción por los daños emergentes del incumplimiento contractual habido por la falta de pago de una obligación asumida en un negocio jurídico que no comprendió exclusivamente esa venta al incluir la entrega de otro vehículo.--------------------De tal modo, la parte vendedora no asumió una obligación de pago de una suma de dinero sino que entregó un automotor, por lo que en todo caso se trató de un pago por entrega de bienes en los términos del art. 779 del Código Civil.-------------------------------------Sin perjuicio de ello, aún en el marco de la compraventa ante la determinación del precio de la cosa entregada (art. 781 Cód. Civ.), y sin poder zanjarse la cuestión referida a que el bien entregado superaba el objeto de esa contratación, lo cierto es que el sentenciante encuadró ese contrato con arreglo a las disposiciones del derecho mercantil ya que la compradora es comerciante por su calidad de sociedad incluida dentro de uno de los tipos societarios previstos en la ley 19.550 (arts. 1 y 163 de la L.S.C.), sin resultar necesario indagar cual era la condición del restante contratante ya que si un acto es comercial para una sola de las partes ello resulta suficiente para que todos los contrayentes queden sujetos a la ley mercantil (arts. 7 y 8, inciso 6º, del Código de Comercio), por tratarse al menos de un acto unilateralmente comercial o acto mixto como también se lo denomina.----------------------------------------------------------------------- Desde ya que no omito considerar que la venta de cosa ajena es valida en materia de compraventa mercantil siempre que el comprador ignorara que la cosa es ajena, pero también debe ponderarse que la nulidad impuesta por el art. 453 del Código de Comercio es relativa, sin perjuicio de precisar también que no puede solicitarla el comprador de mala fe (arts. 1047 a 1049 del Código Civil, de aplicación por expresa disposición del art. 207 del Cód. Com.).--------------------------------------------------------------------A su vez, en el régimen previsto por el Código Civil para la adquisición del derecho de dominio es necesario el título (compraventa) y el modo (tradición), requiriendo ésta última título suficiente para transferir ese derecho (art. 2602 del Código Civil).-----------------Y a partir del decreto 6582/58, los automotores son bienes registrables. La compraventa es el título, pero la tradición no es suficiente, siendo necesaria la inscripción registral que es constitutiva. De tal manera, quien está registrado como titular es el propietario, aunque haya vendido el vehículo a otra persona (Lorenzetti, Ricardo Luis, "Tratado de los Contratos", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, T. I, pág. 196).--------------------------------------------------------------------------- ----------------- ------------Así, la transmisión del dominio de los automotores debe formalizarse por instrumento privado (o público) y sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (art. 1 del decreto ley 6582/58, t.o. por decreto 1114/97).---------------------------------------------Pero corresponde dejar a salvo que el contrato de compraventa no resulta suficiente pues a su vez es necesario que el "contrato de transferencia" se inscriba mediante la utilización de solicitudes tipo (arts. 13 y 14 del citado ordenamiento, sustituidos por la ley 22.977).------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------Dicho de otro modo, el título (compraventa) debe volcarse ineludiblemente en el formulario tipo de transferencia determinado por el organismo de aplicación.-------------------Por eso, no cabe duda que el demandado fue diligente en la venta efectuada al cumplimentar la exigencia prevista por el art. 13 del citado ordenamiento mediante la entrega del formulario tipo de transferencia (08) firmado por la titular de dominio S. C. L. suscripto el 07 SEP 2004 (fs. 15/vta.), debiendo puntualizarse que a la época de esa venta (octubre de 2004, comprobante de fs. 9) no pesaba sobre el vehículo dominio XXX-*** afectación alguna (ver acápite "L", fs. 10 vta, informe en formulario 02).---------------------------------------------------------------------------- ----Bien entonces precisó a fs. 65 vta. la Sra. Juez de la anterior instancia que el demandado fue diligente, entregando a la accionante el rodado y toda la documentación pertinente y necesaria que estaba en su poder a la fecha de la operación, sin que figurara ninguna medida cautelar a ese momento, de manera que el embargo trabado más de seis meses después sobre el rodado que todavía estaba a nombre de la titular registral -Sra. S.-, por el que no se efectúo la transferencia al pretendido comprador del vehículo, no le es imputable de ninguna manera al accionado.---------------------------------------------------------------------- -------Tocante a que en la práctica comercial de cualquier concesionario automotor las unidades se reciben juntamente con la suscripción del 08 y permanecen en ese estado hasta su posterior venta, corresponde señalar que si bien se discute si los usos comerciales requieren ser probados, lo cierto es que la parte interesada en su demostración debe aportar aquellos elementos que permitan al juez determinar el valor y alcance del mismo.-------------------------------------------------------------------------- ------------------Prueba ausente en esta causa toda vez que dicha alegación no fue introducida en demanda y al no ser capítulo propuesto a la decisión del juez de primera instancia la prohibición impuesta por el art. 277 del C.P.C.C. impide su consideración y conduce a que la queja resulte inaudible.---------------------------------------------------------------------- ----------Sin perjuicio de ello, dicha "práctica comercial" es contraria al régimen jurídico del automotor por lo que si razones de conveniencia económica llevan a su utilización las consecuencias derivadas de la traba de medidas que afecten personalmente al titular registral o al dominio del vehículo recaen sobre la parte que hace uso de la misma.----------Por eso, la situación posterior generada que le impidió a la actora disponer del rodado responde a su obrar carente de la debida diligencia, pues el vendedor cumplió con todas las obligaciones a su cargo, debiendo hacerse notar que la medida de embargo se inscribió al 10/05/2005 (formulario 12434428 de fs. 12 e informe de dominio de fs. 13), esto es, más de seis meses después de la venta realizada por el Sr. N..------------Así, la omisión de diligencia recae sobre el comprador de la cosa ajena conforme exigencia impuesta por la naturaleza de la obligación en función a las circunstancias de las personas, ya que por su calidad de comerciante le es exigido un mayor deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (arts. 512 y 902 del Código Civil).------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------En lo que hace al alcance de las manifestaciones vertidas sobre la compraventa de cosa ajena y regla que establece que la posesión vale título, señalaré que si el comprador conoce el carácter "ajeno" de la cosa -tal el caso de A.-, no resulta aplicable la presunción del art. 2412 Cód. Civ., dado que la posesión no podría considerarse de buena fe. Es evidente que el comprador de mala fe no puede solicitar la nulidad, no sólo por aplicación supletoria de nuestra legislación civil en materia de nulidad, sino además porque el propio art. 453 que comentamos condiciona la posibilidad del comprador de demandar daños y perjuicios (uno de los efectos de la nulidad) a la circunstancia de que "ignorase que la cosa es ajena". Por ende, si no existiera tal ignorancia respecto del carácter ajeno de la cosa, ningún derecho le asiste al comprador de mala fe: no podrá demandar resarcimiento de daños y perjuicios ni la nulidad (Rouillón, Director, "Código de Comercio: Anotado y Comentado", La Ley, 2005, T. I, págs. 545 y 547, respectivamente).--------------------------------------------------------------- ----Del enriquecimiento sin causa aludido, tal expresión no se hace cargo del fundamento que vertebró el decisorio sobre tal cuestión y que luce al segundo párrafo de fs. 66, por lo que no hay agravio que atender.------------------------------------------------------------------------ --Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "Persiani e Hijos, José c. Productos Pulpa Moldeada S.A.", L.L. 1985-A, 309).--------------------------------No lo hizo así la apelante ya que no demostró cual fue el desacierto en que incurrió el sentenciante en su razonamiento, por lo que la queja se revela como una mera disconformidad que no es agravio, pues no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, 1975, T. V, pág. 267).

---Así, los agravios expuestos por todo recurrente deben alcanzar suficiencia técnica, pues de lo contrario se origina la deserción de la apelación que se intenta. Tal suficiencia se relaciona a su vez con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia, puntualizados de tal forma que la misma ha de perder la jerarquía de verdad conclusiva: debe contener un análisis crítico mediante el cual se demuestre, acabadamente, los motivos que tenían para considerarla errónea. De allí que, si no se rebaten, ni se critican razonadamente los fundamentos o motivaciones de la sentencia apelada en forma directa y concreta, bastaría remitirse a las mismas para que las argumentaciones del agraviado quedaran contestadas. Esta pauta, da lugar a que deba considerarse desierto el recurso. Como corolario de ello, si la expresión de agravios contra la sentencia de primera instancia no satisface la carga procesal que prevé el artículo 265 de Código procesal, procede aplicar lo dispuesto en el art. 266 de dicho cuerpo legal y declarar -a petición de parte o de oficio- desierto el recurso (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 373/374, y cita de fallos).

---Por otra parte, hay en el demandado justo título para no pagar ya que, como señalara el fallo en crisis, oportunamente entregó la documentación en forma que le hubiera permitido al comprador vender a su vez el vehículo, de modo tal que la situación de indisponibilidad posterior del rodado se produjo por una falta de obrar diligente que pesa exclusivamente sobre el comprador.---------------------------------------------------------------------< #LINE> ---Resta por considerar el pedido de imposición de costas en el orden causado por entender la apelante que se consideró con derecho.------------------------------------------------ ---No le asiste razón.-------------------------------------------------------------------------- --------------- ---Es el hecho objetivo de la derrota lo que determina la condena en costas. Su fundamento no es otro, que el de haber sostenido, sin éxito, una pretensión jurídica (conf. (Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ediar, 2da. ed., 1961, T. IV, pág. 527).--------------------------------------------------------------------------< #LINE> ---Por "parte vencida" debe entenderse, a los efectos de la norma que analizamos (art. 68, apartado primero, del C.P.C.C.) a aquélla que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso (Palacio, ob. cit., 1970, T. III, par. 312 b), pág. 369).-----------------------------------------------------------------------<#LI NE> ---Por eso, la eximición de costas es excepcional y de carácter restrictivo, y el apartamiento de la condena en costas sólo debe acordarse cuando medien razones fundadas, circunstancias objetivas y muy fundadas (Arazi-Rojas, "Código Procesal ...", Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, T. I, págs. 257/258), por lo que no advierto que en este proceso se den tales circunstancias como para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- ----- ---Tales razones conducen a desestimar los agravios de la apelante.-------------------------- ---3. En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).--------------------- ---Atendiendo a la naturaleza y trascendencia del presente proceso, y también a la extensión y eficacia de las tareas desplegadas en esta instancia, estimo prudentes los honorarios que propone regular el Dr. Lucero a favor de los profesionales de las partes actora y demandada, en las sumas equivalentes al 1,75% y 2,25% del monto pretendido en demanda con más sus intereses, a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia conforme a las pautas establecidas en el fallo de primera instancia (arts. 6, 9, 14 y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. pertinente.----------------------------------------------- ---Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.---------------- ---A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: -------------------------------------------------- ---El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios. 2) IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora recurrente vencida en ella. 3) REGULAR los honorarios de los Dres. N. L. M. y D. H. G., en conjunto, en la suma equivalente al 1,75%; y, al Dr. C. F. M., en la suma equivalente al 2,25%, del monto pretendido en este proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente.--------------------------------------------------ASI LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- ------------------- ---A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:------------------------------------------------- ---El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.----------- ---Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------------------------ Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Aldo Luis De Cunto (art. 8 de la ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: -------------------- --------------------------------------------- S E N T E N C I A: ------------------------------------------ Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: --------------------------------- CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios.--- IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora recurrente vencida en ella.--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- REGULAR los honorarios de los Dres. N. L. M. y D. H. G., en conjunto, en la suma equivalente al 1,75%; y, al Dr. C. F. M., en la suma equivalente al 2,25%, del monto pretendido en este proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente.---------------------------------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------------------------------------------------------<#LINE > REGISTRADA BAJO EL N° 15 DE 2009 - SDC.- Conste.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA