marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización, gastos de farmacia, gastos médicos, gastos de traslado, prueba del pago
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez, Jorge Enrique c/ GCBA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-13

No es necesaria la acreditación a través de recibos o facturas de los gastos médicos, de farmacia y traslado, siendo únicamente necesario que éstos guarden relación con las lesiones acreditadas por la víctima, quedando su monto resarcitorio librado al prudente arbitrio judicial (sumario confeccionado por el SAIJ).
Despido con causa, injuria laboral, trabajo prohibido, extranjeros ilegales
Materia: LABORAL
Carátula: DAVILA GUEVARA, EGLA LEONOR c/ ROVEPE S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-23

Quien contrata a una trabajadora extranjera en situación migratoria irregular no puede invocar como hecho injurioso lo que ella misma contribuyó a que se produzca.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, acción de amparo, derecho de trabajar, libertad de comercio e industria, igualdad ante la ley, derechos de la mujer, taxi, aplicaciones móviles, habilitación municipal, código de tránsito, Transporte, falta de reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juncos, María Eva c/ GCBA s/ amparo - aplicaciones móviles - internet s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

De acuerdo con la regla según la cual las sentencias han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando son pronunciadas, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso, corresponde declarar abstracta la cuestión aquí debatida y, en consecuencia, dar por concluido el trámite de las presentes actuaciones. Ello así, porque la norma restrictiva objetada en la demanda no está ya vigente, en tanto ha sido sustituida por otra que permite requerir el servicio de taxis por "cualquier aplicación de despacho de viajes autorizada" (texto según ley 6098). Sin embargo, la norma vigente no es eficaz aun. En ese estado de cosas, si bien la actora continúa impedida de utilizar la aplicación móvil cuya titularidad ostenta, no lo es más por las razones que dieron lugar a su demanda, sino porque la Cláusula Transitoria I de la ley n° 6098 condicionó la plena eficacia del nuevo segmento normativo al dictado de una reglamentación y a un plazo posterior a esa actividad reglamentaria. (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Roque Horacio s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que respecto de la prueba pericial apoya su crítica en la ausencia en la causa de elemento válido de convicción que la corrobore, pues esa exigencia no está contenida en el art. 252 (n.a.) del C.P.P..
Competencia, juez de ejecución, dictamen fiscal, suspensión del juicio a prueba, flagrancia
Materia: PENAL
Carátula: Yevenes Orrego, Robert Hans c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Resulta competente el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de Mendoza para continuar entendiendo en las actuaciones que dieran origen a la presente incidencia toda vez que, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal, las normas que regulan la competencia de los jueces de ejecución en el interior del país -y que ocupan la controversia en esta incidencia- surgen del art. 490 del CPPN en cuanto establece que 'Las resoluciones judiciales serán ejecutadas por el tribunal que las dictó o por el juez de ejecución, según el caso, el que tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución y harán las comunicaciones dispuestas por la ley'; y de la Ley de Implementación y Organización de la Justicia Penal, cuyo artículo 75 fija que 'Las funciones del juez de ejecución que establece el Código Procesal Penal de la Nación serán desempeñadas, en el interior del país, por un juez del tribunal oral respectivo, conforme lo determine el órgano judicial competente' (primer párrafo) y que 'En los casos de suspensión del proceso a prueba, las ejercerá el juez que dictó el beneficio (in fine). En el caso que nos ocupa, no se advierte contradicción alguna en las palabras de la ley (v.gr. art. 490 CPPN y art. 75 de la ley 24.121) y su interpretación armónica -sistemática- no dejan lugar a dudas que las funciones de juez de ejecución deben ser ejercidas, en el interior del país, por los jueces de los Tribunales Orales respectivos". No obsta a lo expuesto la aplicación al caso del régimen de flagrancia previsto en la ley 27.272, toda vez que dicho régimen se vincula únicamente con el juzgamiento de los delitos atribuidos al imputado, no a la ejecución de la condena que eventualmente se impone. Dres. Petrone, Figueroa y Barroetaveña.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Omar c/ La Papelera del Plata S.A. s/ Daños y perjuicios. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

En el caso, el pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que al resolver la excepción de incompetencia y el planteo sobre la obligatoriedad del procedimiento administrativo previo formulado por la demandada con sustento en la ley 24.557, decide diferir el tratamiento relativo al régimen legal aplicable para el momento de dictar sentencia, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)
Partidos políticos, persona jurídica pública no estatal
Materia: ELECTORAL
Carátula: Pepe,  Lorenzo s/ suspensión convocatoria Congreso Nacional Justicialista del 17/7/98.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

Los partidos políticos revisten la condición de auxiliares del Estado y son organizaciones de derecho público no estatal, necesarias para el desenvolvimiento de la democracia, que condicionan los aspectos más íntimos de la vida política nacional e, incluso, la acción de los poderes gubernamentales.
Derecho a la privacidad, derecho a la vida, derecho a la libertad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bahamondez, Marcelo s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Vida y libertad forman la infraestructura sobre la que se fundamenta la prerrogativa constitucional que consagra el art. 19 de la Constitución Nacional.
Régimen jubilatorio, reglamentos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bryce, Héctor Diego y otros c/ Banco de la Nación Argentina. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

La naturaleza pública existente en el sistema jubilatorio obliga a que las transformaciones de su reglamentación se produzcan por vía de las autoridades de la entidad empleadora, que aporta al fondo y administra su gestión con el consentimiento tácito de todos los beneficiarios.
Publicaciones obscenas, distribuidores, responsabilidad penal, videocassette, ultrajes al pudor
Materia: PENAL
Carátula: MURIAS, ALBERTO s/ PUBLICACIONES OBSCENAS - VIDEO CASSETTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-30

1)Configura el delito de publicación o exhibiciones obscenas, la conducta del procesado que distribuyó en alquiler video cassettes supuestamente introducidos en forma ilegal en la Nación, que contienen imágenes y secuencias marcadamente pornográficas, tendientes a excitar morbosamente la sexualidad.

2) El episodio no puede resultar atípico por la falta de una legislación que regule la materia referente a la venta y alquiler de video cassettes, ya que la ley no puede convalidar transacciones de ese tipo reñidas con la moral y las buenas costumbres, máxime si se considera que el ejercicio del poder de policía a cargo de la autoridad administrativa no es óbice para el contralor jurisdiccional que compete a la justicia criminal en casos como el presente que ofenden el bien jurídico protegido.

3) El texto legal vigente es análogo al de la ley 17.567 que señalo en su exposición de Motivos que la actualización de las figuras de los ultrajes al pudor finca en la adaptación a las necesidades de la práctica sancionando el art. 128, la publicación, fabricación, reproducción y difusión de objetos obscenos.

4) El texto anterior a la reforma -restablecido según la ley 21.338- exigía para que el hecho configurara delito de difusión. Ahora ello no es requisito necesario para que se constituya el ilícito, pues basta conque la "publicación", "fabricación", "reproducción", etc., se haya realizado con el propósito de difundirlo o exponerlo; es decir que ya no se necesita que la imagen haya sido pasada por la televisión o en un cine, sino que la nueva norma se conforma, con la finalidad, con el propósito seguido por el autor. Se reprime en definitiva, un acto que antes podía interpretarse como preparatorio.
Pena de inhabilitación, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: López, Claudia Alejandra c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-31

La inhabilitación es una restricción prudente, razonable y temporal apta para conciliar el texto del art. 76 bis del CP con los principios hermenéuticos establecidos en el fallo dela Corte Suprema "Acosta", brindando una solución alternativa a la pretensión punitiva estatal que permite superar ese obstáculo legal y conciliarlo con los fines del instituto de la probation, si se impone al imputado, con su consentimiento, como regla de conducta durante todo el período de prueba (voto del juez Jantus)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Wet, Adriana Angela c/ Infante, Oscar José s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-07-16

Determinar el punto de partida del plazo de prescripción, el cómputo de la misma, así como si ha mediado o no una manifestación de voluntad eficiente para tener por interrumpida la misma constituye una cuetión de hecho, irrevisable en principio en sede extraordinaria salvo denuncia y cabal demostración de absurdo.
Instigación, uso de documento adulterado, documentos de identidad
Materia: PENAL
Carátula: LONGHI, HUGO s/ PRISION PREVENTIVA    NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-09

III. Quien entrega su fotografía para sustituir la original que tenía el documento, resulta instigador del delito de adulteración de documento.
Inconstitucionalidad, facultades del Poder Legislativo, exenciones impositivas, promoción industrial, impuestos
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Superinox S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio  de Economía  de laNación - Secretaría de Hacienda) s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 45 y 46 del decreto 435/90, pues es inaceptable una tesis estricta que pretenda limitar la exclusiva competencia que la Constitución le asigna al Congreso en materia tributaria, a lo referente al establecimiento de nuevos impuestos (Disidencia de los Dres.

Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert).
Procedimiento tributario, tribunal fiscal, carga de la prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Gelblung Samuel (TF 22676-I) c/ DGI". s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

La carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377 del C.P.C.C.N., corresponde a cada parte probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Por ello, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción -y no el Tribunal Fiscal- acreditara la verdad de sus alegaciones.
Acción de amparo, integración de la litis
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bigot Oscar Ramón c/ Superior Gbno. Pcia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-13

La relación procesal ha sido imperfectamente construida en la instancia a quo y debe retornar allí con el objetivo preciso de verla corregida para obtener una decisión jurisdiccional legítima, toda vez que siendo el demandante agente público en actividad dependiente del Consejo General de Educación, no ha sido integrada la litis con dicho organismo autárquico de creación constitucional cfme.  art. 206 de la Constitución Provincial), quien debió ser citado a juicio. Tal como se ha sostenido en numerosos precedentes, al haberse omitido integrar debidamente la litis, cabe decidir en esta instancia la nulidad de la sentencia de primera instancia a fin de permitir con ello que antes de tomarse una decisión al respecto, se cite al Consejo Gral. de Educación, quien puede resultar afectado por el decisorio, dándole oportunidad de ejercitar el poder de contradicción dentro de ese proceso, conforme a las normas procedimentales aplicables al caso. Existiendo un defecto esencial e invalidante en la constitución de la relación procesal, producido en primera instancia y cuyas proyecciones no pueden ser corregidas en esta Alzada sin entrar al fondo de las pretensiones partivas, corresponde nulificar el pronunciamiento de grado y reenviar las actuaciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa mercantil, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Corporación Médica Laboral s.a. c/ Establecimientos Nadels s.a.c.i. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-19

Siendo facturas de contado una obligación de pago inmediato, la mora se produce de pleno derecho, acorde a la presunción del art. 474 del Código de Comercio y 207 de igual norma.
Concursos, proceso de verificación, crédito laboral
Materia: COMERCIAL
Carátula: DUVI  SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DECREDITO -PROMOVIDO POR OVANDO, JOSE-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-08

Si bien se ha dicho que ante la sentencia dictada en el fuero laboral al juez del concurso sólo le correspondería realizar la respectiva verificación del crédito que no puede alterarse en sus montos y en los conceptos reconocidos por el fallo, y que esa verificación, en consecuencia, tiene por objeto resolver sobre las diferentes clases de créditos y su graduación, quedando inmutable el quantum del crédito (cncom, sala c, 11.7.72, "nardi, julio y otro c/ cida SA"; cncom, sala c, 21.6.74, "argenio, a."; id. 8.11.83, "balart wilde sa", ll 1984-b-256); sin embargo, el juez si puede revisar y adecuar en el juicio concursal los intereses reconocidos en sede laboral, calculados luego de la fecha del concursamiento (cncom, sala b, 18.7.96, "resero SA s/ conc. prev.", ja 1997-i-98) (pablo d. Heredia, "tratado exegético de derecho concursal", t. 1, Pág.. 663, buenos aires, 2000).
Trasplante de órganos, interpretación de la ley, derecho a la vida
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Saguir y Dib, Claudia Graciela
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-11-06

Si bien la ley 21.541 se preocupa de precisar las distintas condiciones que han de cumplirse para la procedencia del transplante entre personas vivas, entre ellas las que debe reunir el dador, no puede dejar de tenerse presente que el espíritu que movió a la sanción de esa norma y el fin último por ella perseguido consisten primordialmente en proteger la vida del paciente, permitiendo que, al no haber otra alternativa terapéutica para la recuperación de su salud, se recurra a la ablación e implantación de órganos, que considera son ya de técnica corriente y no experimental. Es el derecho a la vida lo que está fundamentalmente en juego, primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Citibank N.A. c/ Cordero Gustavo Ramón y otra s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-16

De conformidad a lo dispuesto por el art. 542 inc. 6 del código procesal, en el estrecho marco cognoscitivo del juicio ejecutivo, el pago debe ser documentado, a cuyo fin cabe añadir que si los documentos adjuntados a ese efecto son de fecha anterior al título devienen ineficaces para el progreso de la excepción. (Minoría u opinión personal)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, proceso penal, recurso de revisión (procesal)
Materia: PENAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: GELMAN, ADOLFO. s/ RECURSO DE REVISION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-20

El recurso de revisión por el condenado es ajeno al conocimiento originario de la Corte, por no configurarse en el caso el supuesto del art. 533 del Código de Procedimientos en Materia Penal. Ello así, pues el pronunciamiento del Tribunal -revocatorio del anterior de la Cámara no constituye la sentencia final de la causa en los términos del art. 551 del mismo código, calidad que únicamente reviste el emitido en su consecuencia y con posterioridad, que no es susceptible de control por la vía intentada.
Haber jubilatorio, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: Cesarini, Mario Carlos s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-10-18

El dinero proveniente del trabajo o de la jubilación de la esposa es ganancial, y lo que con ellas se adquiere es por ende, ganancial.
Asociación ilícita, falsa denuncia, administración fraudulenta, robo de mercaderías, intervención de línea telefónica, prueba, contrato de transporte, competencia
Materia: PENAL
Carátula: GALLEGO, Carlos O. y otros. s/ FALTA DE MERITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-06

1- a) Se configura el delito de asociación ilícita si se advierte la permanencia en el tiempo requerida por el tipo penal del art. 210 del C.P., de una organización delictiva con la finalidad de cometer delitos dentro de dicha estructura y los hechos investigados no constituyeron maniobras individuales y aisladas, sino que, por el contrario, respondían a un plan general y bien orquestado, tanto mas si se han presentado más de trescientas denuncias de robo de mercadería en tránsito, hechos de similares características. Procede atribuir el rol de organizadora de una asociación ilícita si de las pruebas incorporadas -escuchas telefónicas y documentación secuestrada- surge que la imputada dictaba órdenes y regulaba el funcionamiento disvalioso de los restantes miembros de la asociación, quienes le reconocían el carácter alegado (*). b) Si las escuchas telefónicas fueron debidamente solicitadas por el fiscal a cargo de la pesquisa y dispuestas por el magistrado, tienen plena validez como prueba de cargo, con arreglo a lo dispuesto en el art. 213, inc. c) del C.P.P.N. c) Los delitos de asociación ilícita y falsa denuncia, concurren materialmente, por cuanto aquél se configura por el solo hecho de pertenecer a la agrupación, por lo que las distintas hipótesis delictivas que se adviertan dentro de la estructura, resultan ilícitos independientes y así deben ser analizados. d) Si bien es criterio de los suscriptos que la competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se encuentra limitada a consentir o disentir con las resoluciones que, puestas en crisis, llegan a conocimiento a la alzada, dicho criterio no se mantendrá en la especie, dada la complejidad del asunto de que se trata, y la gravedad de los hechos denunciados, permiten la excepción, por lo que procede revocar la falta de mérito dispuesta y dictar el procesamiento.

2- Además de la participación en los delitos de asociación ilícita y falsa denuncia, se ha configurado el delito de administración infiel (art. 173, inc. 7°, C.P.) si mediante un acto jurídico como lo es el contrato de transporte de cargas tuvo a su cargo el cuidado de intereses pecuniarios ajenos, ya sea de las empresas que lo contrataban, o de las que estaban destinadas a recibir la mercadería y con ese poder de hecho legítimo sobre la carga y con violación de los intereses a su cargo, dispuso de aquéllas para que luego se procediera a su comercialización.
Derecho laboral, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: NAVARRO, ELSA FLORA Y OTROS c/ ENTel. s/ VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

Cuando la demanda se sustenta en normas del derecho laboral y de seguridad social ella debe ser resuelta por la Justicia Nacional del Trabajo, dado que el estudio de dichas cuestiones exige una específica versación en la materia.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, pagaré, acción cambiaria, prueba, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Roque Vasalli SA s/ Quiebra. Cuestión a resolver: 1) ¿Es apelable la cuestión de costas   contenida en el auto denegatorio de la quiebra? 2) Imposición de las  costas del proceso de quiebra solicitado por el tenedor de un pagaré, cuando el deudor aduce la inversión de la carga de la prueba  de su presentación al cobro, porque ésta se realizó con posterioridad  a la fecha de vencimiento. (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1983-06-28

El decreto ley 5965-63, establece que el portador de una letra de cambio pagable el día fijo o a cierto tiempo fecha o vista debe presentarla para el pago el día en el cual la letra debe pagarse o en uno de los 2 días hábiles sucesivos (artículo 40); disposición que es aplicable al pagaré (artículo 103). El hecho de que el pagaré lleve inserta la cláusula "sin protesto", no exime al acreedor de la obligación de presentarlo en los términos prescriptos (artículo 50). Y si bien esta norma establece que la prueba de la inobservancia de los términos incumbe a quien la invoca contra el portador, es razonable entender que esa referencia a la carga de la prueba con respecto a la presentación del documento resulta aplicable cuando se invoca haberla efectuado en término y no con posterioridad al mismo, supuesto en que, la inversión de la carga probatoria, no rige y quien alega haber efectuado el requerimiento, debe probarlo. (Del Voto del Dr. Scavone).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Molinari, Víctor Raúl s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia violación del art.

255 del Código de Procedimiento Penal alegando que las pericias accidentológicas no permiten determinar la "mecánica del hecho", si la Cámara no las utilizó a tal efecto sino sólo para extraer -de las tablas en ellas citadas- la velocidad a que circulaba el automóvil del imputado.
Proceso judicial, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Manganiello S.A. c/ Pasquini, Emilio s/ Cobro ordinario Orruma, Francisco José c/ Duhalde, Eduardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20|1998-04-07

Está vedado a los jueces pronunciarse sobre cosas no pedidas o planteadas por las partes en los pertinentes escritos del período introductivo del proceso y sobre pruebas no solicitadas oportunamente y referidas a ellas, pues la prueba sólo tiene valor cuando se refiere a hechos articulados en la demanda.
Fallos de la Corte Suprema, revocación de sentencia, recurso de reconsideración, recurso de reposición (procesal), recurso de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Administración Enrique Duhau SAAG c/ E.N. ley 24.073 dto. 214/02 s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

Las sentencias de la Corte Suprema no son susceptibles de ser revocadas por vía de recurso de reconsideración, revocatoria o nulidad.