Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 73975 . SALA V. AUTOS: "MELHEM DANIEL ALBERTO C/CONSOLIDAR AFJP S.A. S/ INDEM. ART. 80 LCT L. 25345" (JUZGADO Nº 18).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 21 días del mes de marzo de 2012 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I.- Contra la sentencia de la anterior instancia (ver fs. 111/115), se alza la deman-dada en los términos del memorial que luce a fs. 116/121.

II.- La recurrente se queja porque considera que el actor no cumplió en tiempo oportuno con la exigencia contenida en el art. 3 del decreto 146/01 porque no efectuó el actor la intimación de la entrega del certificado dentro del transcurso del plazo de 30 días corridos que debe contarse desde la extinción del contrato, sino que la realizó mucho después de extinguido el vínculo laboral.

La interpelación efectuada por el actor el 24/06/2009 (ver fs. 4) vencido amplia-mente el plazo que establece el art. 3º del dec. 146/2001 resulta ajustada a la exigencia normativa, toda vez que llega firme a esta instancia que el vínculo laboral se extinguió el 13/01/2009.

En consecuencia, propongo confirmar la sentencia de grado en este aspecto.

III.- Otro agravio a considerar es que la demandada se queja de que ella puso a disposición del actor los certificados del art. 80 L.C.T. y que éste demostró un total desinterés en el retiro de los mismos.

Por lo común es harto dificultoso para los trabajadores su concurrencia a percibir sus créditos, por lo que es casi imposible concurrir a un escribano público; el valor de la deuda no siempre justifica y muchas veces no se permite ingresar a las personas que los acompañan para eventualmente testificar el hecho, o están ligados por vínculos que hacen que sus dichos deban apreciarse con una estrictez que lleva a concluir que no se probó lo pretendido (cfr. Eduardo O. Alvarez, "Acerca de la mora del trabajador en la percepción de la remuneración", D.T. XXII-B, pág. 1590).

En el Derecho del Trabajo el postulado fundamental radica en la consideración, como punto de partida, de la existencia de desigualdad entre las partes laboral y empleadora, que reclama un tratamiento desigual, a fin de lograr cierta nivelación. El apartamiento operado en el derecho especial laboral frente al derecho común obedece a la necesidad de dispensar ese trato de favor compensatorio de la desigualdad de las partes (cfr. Oscar Zas, "La mora del acreedor en materia laboral", Doctrina Laboral, T. II, pág. 167).

En esa inteligencia, la solución adoptada por el plenario de la C.N.Civ. "in re", "Caja de Buenos Aires c/Juan Carlos y Ruíz de Juan Teresa" el 21/3/80, en cuya virtud "En el caso de que la obligación deba pagarse en el domicilio del deudor y la mora fuese de constitución automática, para eximirse de ella, el deudor debe acreditar que el acreedor no compareció al efecto", es axiológicamente positiva en el ámbito de la relación laboral y adecuada al espíritu del Derecho del Trabajo.

De las constancias de autos no surge que el empleador haya acreditado la no concurrencia del trabajador con la finalidad de recibir el certificado de trabajo, ni que la falta de entrega de esa documentación haya obedecido a la negativa de este último.

La "puesta a disposición" de los certificados no basta por sí sola en el presente caso para configurar la mora del acreedor, ya que -reitero- la demandada no acreditó la no concurrencia del trabajador a recibirlos con posterioridad a la mencionada interpelación.

Por otra parte, "poner a disposición" no es sino una mera exteriorización de la vo-luntad que sólo traduce una actitud frente a un acontecer que no escapa a la mera subjetividad, no pudiendo, por tanto, alcanzar a producir los efectos de una "intimación" que, como tal, importe condicionar el comportamiento del acreedor que se ve obligado a adoptar su conducta a los lineamientos que le fija el deudor, imponiéndole de tal manera asumir un proceder activo frente a la reclamación formulada (cfr. C.N.A.T., Sala VII, sent. nº 12.340, 26/12/86, "Cáceres, Héctor c/Volkswagen Argentina S.A.").

IV.- El artículo 80 de la L.C.T. dispone que una vez extinguido el contrato de tra-bajo, y luego de haber sido fehacientemente intimado por el trabajador a tal efecto, el empleador tiene obligación de hacerle entrega de:

1) Un certificado de trabajo en el que debe constar lo siguiente:

a) el tiempo de prestación de los servicios, esto es, la fecha de ingreso y de egre-so.

b) naturaleza de dichos servicios, es decir, las labores que cumplía, cargo o cate-goría profesional, etc.

c) los sueldos percibidos.

d) la calificación profesional que hubiere obtenido en los puestos de trabajo en que se desempeñó el trabajador;

2) Una certificación (constancia documentada) de pago de las obligaciones de la seguridad social y sindicales;

3) El certificado de servicios y remuneraciones de la ley 24.241 establecido en el formulario ANSeS 6.2.

En el caso sub examine la accionada solo hizo entrega de los instrumentos obran-tes a fs. 26, restando la constancia documentada de los aportes y contribuciones a la seguridad social, por lo que, a mi modo de ver, debería confirmarse la condena a su entrega dispuesta en la sede de grado.

V.- En lo que respecta al agravio referido a la mejor remuneración normal, mensual y habitual tomada por el sentenciante diré que no constituye una crítica seria, concreta y pormenorizada en los términos del art. 116 de la ley 18.345, ya que no establece que remuneración debería considerarse.

VI.- Tampoco resulta una crítica seria lo expuesto respecto de la imposición de as-treintes (en virtud del art. 116 de la ley 18.345.

VII.- Teniendo en cuenta el monto del proceso, la calidad, relevancia y trascen-dencia de la tarea profesional cumplida, estimo que los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la actora no son elevados, por lo que propongo su confirmación, dando tratamiento al recurso interpuesto a fs. 160 (conf. arts. 38, L.O.; 6, 7, 8, 9, 19, 37 y concs., ley 21.839).

VIII.- Propicio imponer las costas de alzada a la demandada vencida (conf. arts. 68, C.P.C.C.N. y 155, L.O.) y regular los honorarios de la Dra. Clelia Viviana Lentini en el 25% de lo que le corresponda percibir por la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en la instancia anterior (conf. art. 14, ley 21.839).

LA DRA. MARIA CRISTINA GARCIA MARGALEJO dijo:

Adhiero al voto del Dr. Zas en la solución que propicia para el tema del certifica-do de trabajo (entrega), por compartir la aplicación analógica de lo dispuesto en el fallo plenario de la Cámara Nacional en lo Civil de fecha 21-3-1980, y al no haberse acredita-do la no concurrencia del actor al domicilio del deudor para recibir el certificado, sin que ello implique adherir a todas las demás consideraciones efectuadas en el punto III de su voto. Destaco asimismo que la Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires ha resuelto que la puesta a disposición del trabajador del certificado art. 80 L.C.T. no constituye el adecuado cumplimiento por parte del empleador de su deber de efectuar la entrega, por lo que es procedente la sanción prevista por el art. 45 ley 25.345 ("Catalano, Mauro J. c/ Sealy Argentina S.R.L. y otro s/ indemnización por despido", sentencia del 6-10-2010, T. y S.S. 2010, pág. 890).

En cuanto al punto IV, formulario PS.6.2 de ANSES, por mi parte en forma reiterada ya me he expedido en cuanto a que dicho formulario cumplimenta adecuada y suficientemente lo previsto por la L.C.T. art. 80 en lo que respecta a aportes y contribuciones (entre muchos otros casos "Espíndola, Juan Jorge c/ Fidelitas S.A. s/ Cert. Serv. y Aport. Previs.", sentencia definitiva de esta Sala nº 67.323 del 28-10-2004 y "Kiernan, María c/ Proyecto Profesional Recursos Humanos S.A. s/ Despido", sentencia definitiva nº 68.399 del 28-4-2006; y posteriormente con la Sala integrada por el Dr. Fernández Madrid ante la vacancia en la vocalía nº 3 entre otros en "Rodríguez, Stella Maris c/ Swiss Medical S.A. s/ Despido", sentencia definitiva nº 70.804 del 30-6-2008 y "López, Paola Vanina c/ Sobreaguas S.A. y otro s/ Despido", sentencia definitiva nº 71.247 del 12-12-2008). Aunque pueda admitirse que, formalmente, no conste en estos formularios mediante los cuales se expiden los certificados, el importe de los aportes y contribuciones efectuados -sí consta la fecha de ingreso y egreso-, éstos se deducen tácitamente de las remuneraciones de las que sí se deja expresa constancia (los porcentuales del aporte surgen de normas legales y/o reglamentarias y, no tratándose de relaciones clandestinas, los trabajadores tienen mes a mes indicados en sus recibos -de los cuales se les suministra copia a esos efectos, entre otros- los montos de las retenciones correspondientes, de modo que no veo que en tales casos se puedan generar dudas tales que impidan el objetivo legal).

En este caso además, aclaro que no se han invocado pagos "en negro".

Del mismo modo se expidió la Sala en los casos "Dupla'a, Lilian Eve c/ Consolidar A.F.J.P. S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L.25.345" (sentencia definitiva nº 73.305 del 15-7-2011), "Medina Laura Graciela c/ Máxima S.A. AFJP s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25.345" (sentencia definitiva nº 73.399 del 31-8-2011), "Acuña Flores, María Elisa c/ Consolidar A.F.J.P. S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25345" (sentencia definitiva nº 73.401 del 31-8-2011) y "Ojeda, Rafael Gerardo c/ Consolidar Comercializadora S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L.25345" (sentencia definitiva nº 73.427 del 20-9-2011).

Considero que lo que la L.C.T. art. 80 prescribe es que debe entregarse una "constancia" de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social. Aquí no está en duda que hay una constancia de las remuneraciones (fs. 26); y se está presentando además un certificado plasmado en un formulario que suministra la autoridad pública -en el caso la ANSES-, con firma certificada (fs. 26 vta.), y cuyos requisitos fueron diseñados en su momento por el organismo competente solicitando solo aquellos datos necesarios para esa Administración, ya que los aportes y contribuciones figuran en sus sistemas según reiteradamente ha informado aquella en juicios de similares características (me remito a la sentencia en "Espíndola c/ Fidelitas" antes citada). Además, los interesados pueden solicitar concurriendo personalmente con documento de identidad a cualquier unidad de atención integral de la ANSES, un informe de sus aportes y contribuciones ingresados al sistema; e incluso consultar el tópico vía Internet.

En la época en que entró en vigencia el art. 80 cit. en su redacción original, el sistema y la forma de retención y depósito de los aportes y contribuciones jubilatorios, eran diferentes a los actuales; no existían las actuales aplicaciones de los sistemas informáticos en las relaciones entre las empresas y los entes recaudadores ni, ciertamente, podía consultar el empleado como particular on line vía "Mis aportes" si el patrono había cumplido o no sus obligaciones; nadie le enviaba a los trabajadores a su domicilio un reporte periódico de los aportes que le habían sido efectuados. Es en ese marco en el que debe juzgarse lo que la norma disponía y su actual aplicación.

Efectuando una interpretación "finalista" de la normativa, no es posible obviar que el objetivo propuesto no es un mero formalismo, ni se busca que aquella disposición resulte ser meramente la vía para obtener una indemnización (art. 80 cit. último párrafo en su actual redacción), sino procurar que el patrono cumpla con sus obligaciones de ingreso de los aportes y que el dependiente esté anoticiado de ello; y desde una perspectiva histórica debe admitirse que el contexto en el que la norma primigenia fue establecida no es igual al actual, y ha perdido de hecho toda utilidad práctica la constancia a los efectos de conocer la realidad de los aportes efectuados, cuando el trabajador puede simplemente obtener el informe por su cuenta directamente con resultados más precisos y ajustados. El simple formalismo no debería prevalecer por encima del real objetivo perseguido por la ley. Sí tiene utilidad práctica -y no ha perdido en modo alguno vigencia- el formulario PS.6.2 cuando se trata de obtener los beneficios jubilatorios y/o el reconocimiento de servicios, pues la agencia gubernamental lo exige. Pero, justamente, en esos casos lo que se necesita es el citado formulario y no otras constancias a partir de las cuales aquella administración no habrá de dar curso al trámite, porque deben necesariamente seguirse los pasos y utilizarse los instrumentos que ella misma diseña.

Así, el citado formulario tiene indudablemente -al menos- una doble finalidad: informativa para el trabajador, y formal necesaria para el trámite que debe forzosamente realizarse ante la autoridad previsional. En tanto que la entrega de otro tipo de constancia por el empleador -cuando la realidad de los aportes (efectuados o no) puede obtenerse por vías mucho más fidedignas en cuanto a su resultado-, resulta ser en definitiva un mero formalismo; y, dado que la finalidad de la norma no es viabilizar un medio para obtener una suma de dinero -ya sea por la vía de las astreintes en caso de no entrega, o a través de la indemnización que el último párrafo del art. 80 prevé- privar al formulario de valor a estos efectos (remuneraciones, aportes y contribuciones) no me parece atendible ni razonable.

Lógicamente lo expuesto reivindica la postura del empleador que sí cumple con sus obligaciones, efectúa los aportes pertinentes y entrega el certificado previsto por la ley y la reglamentación; en modo alguno puede ser utilizado para justificar a aquellos que no cumplen sus obligaciones o no entregan los certificados en legal forma en cuyo caso, sí, deben ser condenados sin duda a la entrega y/o a la indemnización pertinente.

Sin embargo, lo cierto es que en casos de similares aristas (esta Sala, sentencia definitiva nº 73.799 del 8-2-2012 "Echeverría, María Paola c/ Máxima AFJP S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25345" y sentencia definitiva nº 73.789 del 30-12-2011 "Cabral, Claudio Gabriel c/ Transmedic International Group S.A. s/ Despido") los distinguidos colegas de Sala Dres. Arias Gibert y Zas han finalmente coincidido en una solución que se compatibiliza con lo aquí propuesto por el segundo de ellos, por lo que solo ante razones de economía procesal -y sin que implique ello en modo alguno abdicar de mi propia opinión al respecto- considero que debo adherir a esa posición mayoritaria.

Agrego que a partir de la decisión de la AFIP relativa a la expedición del certificado por vía informática, es lógico que los empleadores deban adecuarse a tal temperamento. Precisamente, ahora que es esa la forma en que se emite el certificado (ver demanda fs. 6), ello no hace sino reforzar mi propio criterio, pues el informe que así se emite atraviesa incluso los datos y controles del propio organismo recaudador y así, más que nunca, el citado formulario PS.6.2 adquiere fuerza constatadora de los aportes y contribuciones efectuados y viene a respaldar -desde esa óptica- todo lo que he venido sosteniendo hace años y que aquí expresé.

Pero -reitero- en aras de la economía del procedimiento y para evitar un inútil dispendio, habré de seguir lo que propugnan los colegas de esta Sala. Ello implica adherir también en este tópico al primer voto.

En lo demás, por análogos fundamentos a los que lucen en el voto que antecede, a ello me sumo.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio. II.- Imponer las costas a la demandada vencida. III.- Regular los honorarios de la Dra. Clelia Viviana Lentini en el 25% de lo que le corresponda percibir por la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en la instancia anterior. IV.-Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Enrique Néstor Arias Gibert no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MLF Oscar Zas María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara