marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, derecho a la salud, menores, personas con discapacidad, interés del menor, elevación de la cobertura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CABEZAS  VIVIANA  DEL  VALLE Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIODE DEFENSA EMGA DIBA S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-24

No está discutida la condición de discapacitado del menor (cfr.

copia del certificado de discapacidad), la enfermedad que padece -discapacidad, deficiencia en el lenguaje intelectual y minusvalía en integración social- ni su condición de afiliado a la Obra Social demandada DIBA. Está en debate, en cambio, la obligación de la accionada de proveer la cobertura total de los gastos que irrogue el tratamiento en INECO por todo el tiempo que el menor lo requiera, tal como lo decidió el juez a quo y como lo prescribió la profesional médica especialista tratante.

Corresponde tratar el reproche de la demandada referente a la exclusividad del tratamiento que brinda el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), el que -según la accionada- haya sustento en las pruebas emitidas por la propia institución. El señor juez resolvió de acuerdo a los elementos probatorios obrantes en la causa, la demandada tuvo la oportunidad de cuestionar las pruebas "debidamente" o bien producir alguna prueba tendiente a desvirtuar la contraria, pero no lo hizo (cfr. esta Sala, causas 129/94 y 1614 del 27/5/97 y 7678/00 del 26/9/02, entre otras; Fassi-Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial", 3a. ed., t. I, págs. 470/71). En tales condiciones, considerando los términos de la prescripción de la médica tratante, ponderando los superiores intereses del menor discapacitado, cabe concluir que la decisión denegatoria de la prestación requerida puede ocasionar el agravamiento de las condiciones de vida del niño.
Juicio de desalojo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hiene de Limmer Elke Carla c/ Foster Ronald F. s/ Desalojo anticipado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Dispone el art.677 del CPCC que tratándose de un contrato de locación pendiente de un plazo convencional, el locador puede para asegurarse el recupero del inmueble arrendado en el tiempo convenido reclamar anticipadamente el desalojo. Siendo que ello presupone la posibilidad de una condena de futuro, limitada a una orden de desahucio condicionada a que el inquilino no cumpla con la entrega en el tiempo convenido, es lógico que la imposición de costas deba diferirse si la sentencia se dicta con antelación al plazo y el demandado se allana a la demanda comprometiendo la entrega oportuna.

Llegado el momento, de acuerdo a la norma citada (que sigue el principio general edictado en el art.70 del CPCC), las costas habrán de imponerse en función de lo acontecido. Serán a cargo del demandado cuando no haya cumplido con la devolución en tiempo propio y serán a cargo del actor cuando aquel, sume al oportuno allanamiento la desocupación y entrega del bien arrendado en la forma convenida. La devolución del bien arrendado vencido el plazo de arriendo es una obligación del locatario (art.1156 y 1606 del Cód.Civil), que requiere la colaboración del locador, que debe tomar razón de la cosa y recibir nuevamente su tenencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia definitiva, cesación de cuota alimentaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bianculli, Víctor José c/ Lotito de Bianculli, María Rosa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

El pronunciamiento que dispuso implícitamente el cese de la cuota alimentaria convenida, constituye la sentencia final de la causa en el marco de los derechos debatidos.
Ejecución de sentencia penal, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Melo Ponce, Marianella s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-01

Si el legajo de ejecución fue remitido al juez de ejecución después de entrada en vigencia de la ley 26.371, corresponde que la cuestión se rija por ella y que el tribunal oral en lo penal económico designe el juez que habrá de tomar a cargo el cumplimiento del control de la ejecución de las penas impuestas, toda vez que los arts. 11 y 12 de la ley 26.371 no están sujetos a la condición de implementación una vez que se provea de sustento financiero. (Dres. Mitchell, García y Yacobucci).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cicare, Augusto Ulderico y otros s/ Preparación vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-11

Si el recurso de apelación se sustenta en el hecho de haber omitido el juzgador la decisión de un tópico determinado sometido a su consideración, en la especie el agravio es improcedente, puesto que la hipótesis del art. 273 del Código Procesal, se encuentra referida a las sentencias contra las cuales se haya concedido libremente el recurso de apelación; es decir, la norma prealudida versa sobre omisiones en que se incurriera al dictar la sentencia definitiva y no cuando el recurso se concede en relación.
Cosa juzgada, partes del proceso, terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., V. E. c/ D. S.A. y otros s/ Diferencias salariales e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-02-29

La circunstancia de que un sujeto no haya intervenido en un proceso no significa que sea él un tercero totalmente ajeno a la conducta reglada por la norma individual dictada; si la relación jurídica sustancial juzgada le es común o conexa, la cosa juzgada le beneficia o le perjudica, según el caso, alcanzándole la identidad jurídica de la cuestión definida.
Competencia contencioso administrativa, habilitación de instancia, acto administrativo definitivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ JUAN CARLOS; FILI JUAN JOSÉ; LUNA ADA ESTHER; BARRIONUEVO NANCY DEL V. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-12-17

Debe entenderse como decisión administrativa definitiva aquélla que causa estado, resolviendo el fondo de la cuestión tratada y apta para cerrar la instancia ante la administración, lo que se logra una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el trámite administrativo -tal cual lo expresa el art. 4 de la Ley 2.297. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prenda, derecho de retención, privilegios (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: TRANSPORTADORA CORAL S.A. c/ CELIA S.A. Y OTRA s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

El ejercicio del derecho de retención por parte de la depositaria sólo le da un derecho preferencial a ésta para cobrar antes que el acreedor prendario en el supuesto de haberse ejercido con anterioridad, pero no le impide al dueño de la cosa la constitución de esa garantía.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, intervención de línea telefónica, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILCHES, LEANDRO ALBERTO c/  s/ ASOCIACION ILICITA, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

Respecto a la atribución del contenido de las escuchas telefónicas, se advierte que la Cámara con una amplia fundamentación, explicó por qué entendió que la prueba científica no es el único medio probatorio válido para atribuir una voz a una persona, y que ante la carencia de dicha prueba o su insuficiencia, resultaba válida la forma en que las escuchas telefónicas habían sido atribuidas al imputado, toda vez que dio cuenta de los elementos que permitían afirmar la identidad del usuario de la línea con éste y las particularidades repetidas en la misma, que sumados a la referencia a hechos reales constatados, permitieron arribar a la conclusión unívoca de que su usuario era el mencionado, todo ello en el contexto global de la totalidad de las escuchas y entrecruzamiento de llamadas y de la normativa procesal aplicable en lo relativo a reconocimiento de voz. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 292, conforme Ley 12912. - Jurisprudencia concordante con Machuca, AyS T 316, p 42/57, sumario J0049756.
Alimentos provisionales, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: D. S., A.  c/ G., L.H. s/ modificación de asistencia alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-12

La finalidad de los alimentos provisorios es satisfacer las necesidades urgentes e impostergables del menor, decisión que no causa estado y puede ser modificada en cualquier instancia del proceso conforme las probanzas del juicio. Toda obligación alimentaria comprende la cobertura de las necesidades de los hijos de manutención, educación, vestimenta, habitación, asistencia, gastos de enfermedad, etc.-
Repetición de impuestos, traslación de impuestos, medidas para mejor proveer, pericia contable, enriquecimiento sin causa
Materia: TRIBUTARIO - PROCESAL
Carátula: FIAT CONCORD S.A.I.C. c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANA. s/ ADUANA - IMPORTACION.    REGIMEN DE PROMOCION INDUSTRIAL.    REPETICION DE IMPUESTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-25

A fin de precisar si el actor no fue desinteresado por medio de una de las traslaciones de que el impuesto haya podido ser objeto, y en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 36, inciso 2do., del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, corresponde ordenar como medida para mejor proveer la realización de un peritaje contable en los libros y papeles de la actora a fin de establecer si los importes objeto de la repetición que se persigue en el SUB LITE se trasladaron a los precios de sus productos, verificando a ese fín las variaciones que se registren en aquellos y, en caso afirmativo, cuál fue su incidencia.
Responsabilidad civil, cosa riesgosa, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: J., R. O. c/ P., M. A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-07-26

La admisión de la responsabilidad por el daño "causado por el riesgo de la cosa" ha significado acoger en el ordenamiento argentino la teoría de la responsabilidad objetiva o sin culpa, conocida como "teoría del riesgo creado", conforme la cual se habrá de responder "no porque haya mérito para sancionar una conducta reprochable, sino porque se ha originado el factor material del cual, como condición sine qua non, provino el daño, bastando con la trasgresión objetiva que importa la lesión del derecho ajeno (resultado dañoso).
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho constitucional, cuestión constitucional
Materia: PROCESAL
Carátula: CHOCOBAR, Damaso; CRUZ DE CHOCOBAR, María s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-15

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la ausencia de sentencia definitiva no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ni por la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento o la alegada interpretación errónea del derecho que exige el caso.- Las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos ante los tribunales locales no justifican, como regla, el otorgamiento de la apelación extraordinaria, en virtud del carácter fáctico y procesal de las cuestiones que suscitan, con excepción de los casos donde lo decidido frustra la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación idónea suficiente, con vulneración de la garantía de la defensa en juicio
Autonomía universitaria, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Universidad  Nacional de Córdoba (doctor Eduardo Humberto Staricco- rector) c/ Estado Nacional - declaración de inconstitucionalidad- sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

La organización académica - que comprende la atribución de fijar los planes de estudio, el régimen de admisión y promoción de los estudiantes, la actividad docente, de investigación y de extensión, las instancias disciplinarias que sean necesarias para el desarrollo de la vida académica, etc. - constituye un ámbito tradicionalmente reservado a las universidades, que les corresponde hoy por mandato constitucional como atributo inescindible de la autonomía (Disidencia parcial del Dr. Augusto César Belluscio).
Honorarios, juicio de apremio, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: HODARA ISAAC c/ CRIVELLI GUIDO s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-07-28

El régimen previsto en la Ley 8226 por los arts. 115 y 116, no diferencia según sea la naturaleza del pleito donde la regulación de honorarios impugnada se encuentra. Desde esta perspectiva, una regulación arancelaria defectuosa en un juicio de apremio es recurrible en dicho mérito. Así, habiéndose recurrido en un juicio de apremio los honorarios regulados por ser excesivos y arbitrarios, a la luz del principio de la doble instancia y dado que la apelación es una instancia recursiva ordinario y no restricta, corresponde hacer lugar al recurso.
Buques, requisición, daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante
Materia: NAVEGACION - CIVIL
Carátula: Mediterránea  SA . c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa-EMGA.) s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

La circunstancia de que se haya abonado parcialmente el lucro cesante al indemnizar los perjuicios derivados de la requisición de un buque, siendo que el art. 37 de la ley 16.970 dispone que en estos casos la indemnización no incluye ese rubro, no obsta al posterior rechazo de éste, por aplicación del art. 723 del Código Civil.
Excepciones procesales, competencia por la materia, Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: SALABERRY, PEDRO c/ INDER s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-30

No existe disposición alguna en el art. 8 de la ley 23473 que permita inferir que la CNASS actúa como organismo jurisdiccional revisor de lo decidido por los jueces nacionales de primera instancia del trabajo. En consecuencia, la acción de amparo destinada a cuestionar la afectación del subsidio que percibirán los interesados de un fondo compensador, debe considerarse regida por los arts. 22 y conc. de la ley 18345, complementaria en este tema de la ley 16986.
Juicio de desalojo, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRU JULIO c/ MARIO GALVAN Y OTRO s/ Desalojo (LIBRO: S082 - 156)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-04-03

En los supuestos de desalojo contra intrusos bastará al actor probar su derecho de dominio sobre la cosa, y entonces el demandado, para resistir la acción, debe recurrir a la demostración de hechos impeditivos o limitativos del derecho de uso y goce que le corresponde al titular dominial, como sería la prueba de la existencia de cualquier relación jurídica vinculante que lo autorice a retener el inmueble o invocar en su caso, la existencia de un título a la posesión, según exige la norma, tal prueba indudablemente corresponde al demandado en su calidad de excepcionante, pues argumentar que se de detenta la cosa, por un título que impida la restitución, es sin duda alguna excepcionar y la consecuencia es ineludible.-
Pesificación, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, reordenamiento del sistema financiero, obligaciones en moneda extranjera, interpretación de la ley, facultades del juez
Materia: ECONOMIA
Carátula: S., H. O. c/ BOCCHI HOLDING B.V. y Otro s/ ORDINARIO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-31

Una interpretación razonable y sistémica de la Ley 25820, es decir a la luz de la totalidad del plexo normativo que rige la pesificación y de los fines tenidos en cuenta por el legislador al instaurar ese régimen, de modo alguno lleva a concluir que dicha ley tuvo por finalidad, entre otras, derogar las excepciones establecidas en el Decreto Nro. 410/02 y sus modificatorios.

A tal punto esto es así que la Ley Nro. 25967 ratificó - art. 64 - los Decretos Nros. 214/02, 320/02, 410/02 y 70/03.

Como es sabido, conforme a inveterada jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, los jueces deben expedirse de acuerdo con el derecho vigente al tiempo de dictar sentencia de modo tal que deben considerarse las modificaciones introducidas por nuevas normas, en tanto configuran circunstancias sobrevivientes de las cuales no es posible prescindir.
Recurso de apelación (procesal), error judicial, nulidad de sentencia, pena inferior al mínimo legal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SERSOSIMO, Rafael P. s/ Causa 44.110
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

El error cometido en una sentencia que impone una pena por debajo del mínimo legal previsto, no es esencial o irreparable, y por ende puede ser subsanado en segunda instancia en el marco del recurso de apelación que se deduzca para incrementar la pena.
Ruidos molestos, facultades del juez, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Piaggi, Ana Isabel c/ Embajada de la República Islámica del Irán s/ cesación de ruidos molestos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

Si, de conformidad con las amplias facultades que otorga a los jueces el art. 2618 del Código Civil, se dispuso la cesación de las molestias, no corresponde hacer lugar a la indemnización pedida.
Declaración indagatoria, competencia
Materia: PENAL
Carátula: LASERNA Rodolfo y otro s/ HURTO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

No puede acordarse valor probatorio alguno a la admisión de autoría que formulara el procesado al prestar declaración indagatoria -sin la presencia del defensor- ante un Juez que intervenía en una causa donde se investigaban otros hechos distintos al del caso.
Regulación de honorarios, monto del juicio, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Miranda, Jorge Humberto y- O. c/ Tecnomater ICSA s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-08

"Para determinar la entidad económica del pleito a los fines regulatorios, debe partirse del principio jurisprudencialmente admitido según el cual el interés económico discutido no varía según que la pretensión deducida prospere totalmente o sea rechazada. A tales efectos la misma trascendencia tiene el reconocimiento de un derecho como la admisión de que el supuesto derecho no existe. De ahí que ante la alternativa de rechazo de la demanda, debe computarse, como monto del proceso, el valor intrínseco de aquella, aplicándosele analógicamente las reglas que rigen el supuesto de la demanda totalmente admitida".
Concurso preventivo, quiebra, conversión de la quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ochoa, Claudia Cristina s/ Pedido de propia quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

La circunstancia de ser la fallida la peticionaria de su propia quiebra la inhibe para solicitar la conversión en los términos del art. 90 de la ley 24.522 en tanto, conociendo su estado, bien pudo haber optado por el inicio de su concurso preventivo en lugar de escoger voluntariamente requerir su quiebra; hecho que torna incongruente esta transformación sin perjuicio de la injustificada dilatación del trámite concursal que origina la actitud del deudor quien pretende desvirtuar "motu propio" sus actos jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, dando así marcha atrás con un proceso en pleno desarrollo.
Buques, embargo, medidas cautelares, contracautela
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FAROSHIPPING  SA c/ DGA. s/ EMBARGO DE BUQUE/ INTERDICCION DE NAVEGAR BQ.PORTO CAYO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Las medidas precautorias sólo pueden ser decretadas bajo responsabilidad de la parte que la solicitare "quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho" (conf. Sala 3, causas 4757/92 del 14.10.92 y 7627 del 24.4.91; Sala 2, causas 4001 del 3.10.85 y 3969 del 24.9.85; entre muchas otras). En consecuencia, el hecho de que la demandada consintiera la cautelar decretada no es razón -como principio- para que tenga que devolverse la contracautela, toda vez que recién con el dictado de la sentencia de fondo puede verificarse si la medida fue pedida sin derecho, y destinar -eventualmente- la caución a satisfacer los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado (Sala 3, causas 6529/98 y 6533/98, ambas del 18.11.99). Por lo tanto, la decisión de la señora Juez de requerir la conformidad de la parte contraria, como requisito previo a emitir un pronunciamiento respecto de la restitución de la contracautela oportunamente depositada, debe ser confirmada.
Intervención del sindicato, acción de amparo, competencia laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION  GREMIAL DEL PERSONAL DEL FRIGORIFICO LISANDRO DE LA TORRE s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1959-05-20

La Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal es incompetente para entender en los recursos de amparo interpuestos con motivo de la intervención por el Poder Ejecutivo Nacional de una asociación profesional.
Escritos judiciales, presentación del escrito, fax
Materia: PROCESAL
Carátula: Raña, Luis Angel s/ Amenazas calificadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-12-30

El derecho de defensa en juicio y el derecho al debido proceso se encuentran reglados (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional), y es en dicho marco procedimental y con las pautas que en él se fijan donde el pleno juego de dichos derechos no debe ser restringido arbitrariamente. Más, y conforme lo indica el principio general del derecho establecido en el art. 17 del Código Civil Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente.
Horas extra, prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: SARAPURA DE MEDRANO, Mercedes Amanda c/ NADRA, José Humberto y/o NEVADA S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-06-25

La prueba de las horas extras debe ser perfecta si se pretende exitosa, ya que lo que se presume es la duración normal de la jornada. Quien demanda no puede hacer valer a su favor el principio de la inversión de la prueba, ya sea por una confesional ficta o por la falta de presentación del libro especial, que sólo cobraría vigencia respecto del monto de horas trabajadas, luego de demostrada su existencia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Restiffo, Daniel Mauricio s/ Adulteración de sustancias alimenticias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-03

El artículo 350 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) establece que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo procede en los casos en que la sentencia definitiva revoque una absolutoria o imponga pena superior a tres años de prisión supuestos que no son los de autos en que la cámara condena al procesado a la pena de un año de prisión en suspenso.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tercería de dominio, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PISANO JOSE LUIS c/ RODOLFO TASADA s/ EJCUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-06-03

Habiéndose allanado el embargante expresa e inconstitucionalmente a la pretensión del tercerista, corresponde imponer sin más las costas del incidente por el orden causado.