Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-11


SENTENCIA Nº 89612 CAUSA Nº 17.155/05 "PAZOS, VICTOR HUGO C/ MANNOCCI, HECTOR ROBERTO Y OTROS S/ DESPIDO" JUZGADO Nº 52 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 11/04/08, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

El Doctor Guibourg dijo:

Contra la sentencia de primera instancia se alza el demandado Mannocci mediante el memorial de fs. 324/331, con replica a fs. 345/346.

El demandado se queja porque el juez entiende que el telegrama del despido no se ajustó a lo dispuesto por el artículo 243 de la LCT, por la remuneración, por la condena a pagar las indemnizaciones de las leyes 25561 y 25323, porque se considera que es empleador y por la regulación de honorarios, por elevada.

El actor es despedido por "faltas de respeto y malos tratos a los clientes".

Considero que la causal esgrimida en el telegrama rescisorio es ambigua e imprecisa, pues no explica en forma clara en qué consisten las faltas de respeto y los malos tratos a los clientes. Nótese que el testigo Jewgeniuk (fs. 180/181) refiere que "el actor no permitía pasar los coches a la playa de estacionamiento y había lugar, que sólo lo vio un día hacer eso", pero esto no fue invocado en el despacho telegráfico, por lo que no puede tener valor probatorio.

En consecuencia, corresponde mantener lo decidido en la anterior instancia en cuanto al punto se refiere.

El recurrente entiende que no se encuentra probada la remuneración denunciada por el actor. Este segmento de la queja debe declararse desierto, pues no rebate de manera alguna los argumentos dados por el sentenciante para tener por válido el salario denunciado por el actor, ya que no indica el yerro en que hubiese incurrido (artículo 116 de la LO).

Respecto de la fecha de ingreso, todos los testigos propuestos por el actor declaran que cuando ellos ingresaron el accionante ya estaba trabajando. Sumado a ello, dado que la parte demandada no puso los libros a disposición del perito contador, opera la presunción establecida en el artículo 55 de la LCT a favor de los dichos del trabajador, por lo que debe mantenerse lo decidido en la anterior instancia.	En cuanto a los salarios de los meses de febrero y marzo de 2004, amén de destacar que los recibos que supuestamente acreditan su cancelación no se acompañaron a estos actuados, los argumentos dados por el recurrente no fueron puestos a consideración del juez de grado, lo que impide su tratamiento en esta alzada (artículo 277 del CPCC).

Ante el resultado del pleito, resulta innecesario el tratamiento de las quejas por las diferencias de salarios y las indemnizaciones del artículo 2 de la ley 25323 y artículo 16 de la ley 25561.	Asiste razón al recurrente en cuanto al carácter de empleador que le asigna el juez.

En efecto, el actor demanda a Mannocci como empleador y como responsable solidario en los términos de los artículos 29, 30 y 31.

Ninguna prueba arrimó a autos tendiente a acreditar que las órdenes impartidas por el recurrente eran dadas como empleador: por el contrario, se demostró que Mannocci actuaba en representación de la empresa Heroma S.A. El artículo 36 es claro al disponer que se reputarán actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales o de quienes, sin serlo, aparezcan con facultades para ello.

Tampoco el actor acreditó los elementos esenciales para hacer viable la solidaridad invocada en los artículos 29, 30 y 31 de la LCT, ya que no probó la interposición fraudulenta, ni la subcontratación ni la delegación, como tampoco la existencia de un conjunto económico.

Todo esto, sin embargo, es irrelevante en el actual estado del caso: el juez de grado condena al demandado Mannocci como sucesor de Patricia Laura Rodotá, que sí fue empleadora del actor, circunstancia que llega firme a esta alzada.

El artículo 3410 del Código Civil establece que "cuando la sucesión tiene lugar entre ascendiente, descendiente y cónyuge, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces.". Y el artículo 3417 de la misma norma dispone que "el heredero que ha entrado en posesión de la herencia, continúa la persona del difunto, y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor, con excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesión".

En este sentido, no es necesario emitir una declaratoria de herederos, ni poner en posesión judicial de la herencia a Hector Roberto Manocci, pues el que resulte heredero de la causante será responsable ante el actor y, eventualmente, ante sus codeudores, en la forma y con los límites previstos en la ley. Así, la distinción entre Rodotá y Manocci se ha vuelto abstracta.

Por considerar que los honorarios son adecuados a la importancia y a la extensión de las tareas realizadas, así como a las normas arancelarias vigentes, propongo su confirmación (articulo 279 del CPCC).

Se hará saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al honorario el monto relativo a la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3) del citado art. 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80, ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II, Acordada CSJN Nro. 6/05).

En relación con la adición del I.V.A. a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Voto, en consecuencia, para que se confirme la sentencia en lo principal que decide y ha sido materia de agravios. Propongo imponer las costas de alzada al demandado vencido y regular los honorarios de los presentantes de fs. 324/331 y fs. 345/346 en 25 %, para cada uno de ellos, de lo que le corresponda por su actuación en la anterior. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. Se hará saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, debe adicionar al honorario el monto relativo a la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3) del citado art. 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80, ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II, Acordada CSJN Nro. 6/05).

El Doctor Eiras dijo:

Que por idénticos fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia en lo principal que decide y ha sido materia de agravios. II.- Imponer las costas de alzada al demandado vencido y regular los honorarios de los presentantes de fs. 324/331 y fs. 345/346 en 25 %, para cada uno de ellos, de lo que le corresponda por su actuación en la anterior. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. III.- Hacer saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, debe adicionar al honorario el monto relativo a la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3) del citado art. 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80, ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II, Acordada CSJN Nro. 6/05).

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Roberto Eiras Ricardo A. Guibourg Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Liliana Noemí Picón smn Secretaria