marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria, sentencia condenatoria, delito de omisión, responsabilidad penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: ALI, WALTER ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-12-15

Correspondiendo a esta Corte hacer efectivo el derecho de revisión del condenado - atento la primer sentencia condenatoria en Cámara- (art. 8.2. h. C.A.D.H.), el detenido estudio de los antecedentes de la causa convence que la condena de prisión perpetua impuesta exhibe defectos graves de fundamentación y razonamiento, conculcando las garantías de debido proceso, defensa en juicio, juicio previo y culpabilidad establecidas en los artículos 18 C.N.; 9 C.P.; 7, 8 y 9 C.A.D.H.; 9, 14 y 15 P.I.D.C.P.

En efecto, la Alzada sustentó la condena en hipótesis fácticas contradictorias, a saber: que el imputado había participado activamente en la muerte de la hija extramatrimonial de su cónyuge o -que en todo caso- había omitido la realización de una acción que hubiera podido evitar dicho resultado.

Es decir, que sustenta su decisorio en un razonamiento pendular, que parte de una hipótesis del hecho comisivo que no había sido reprochado en la acusación fiscal y contrariamente contempla una hipótesis omisiva categorizando irrazonablemente al imputado en situación de garante en virtud de "relaciones de solidaridad".

En consecuencia, puede advertirse que el razonamiento sentencial se elaboró sobre dos hipótesis fácticas que quiebran la lógica del pronunciamiento y ponen en crisis la certeza del "suceso histórico" sobre el cual se asienta la condena del encartado, lo cual basta para anular el decisorio por arbitrariedad (De los Fundamentos de la Dra. Gastaldi).
Empleador, silencio, prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: Oliveira, Francisco c/ Giampaoletti, Juan G. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

El silencio del patrón durante el plazo que establece el art. 57 de la ley 20.744 (t.o.) frente a la intimación formulada por el dependiente en forma fehaciente debe considerarse como una presunción iuris tantum en favor del trabajador.
Derecho penal, delitos
Materia: PENAL
Carátula: HERNÁNDEZ, ARIEL RUBÉN c/  s/ LESIONES GRAVES Y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-24

Corresponde desechar el agravio vinculado con la ausencia de prueba que acredite el elemento subjetivo -conocimiento del origen espurio del arma- del tipo penal endilgado (art. 277, inc. 1°, apart. "c", CP) si se trata de un objeto que: como tal exige precauciones, cuidados y registros para su recepción como propietario y, además, pertenece a una repartición policial, imposible de encontrar en el mercado para compra de civiles.
Declaración de inconstitucionalidad, gravedad institucional, aplicación de la ley, consentimiento
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sosa, Miguel Ángel c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-23

Si el actor consintió el beneficio otorgado con fundamento en las normas que ahora impugna (en el caso, jubilación por invalidez conforme art. 38 de la ley 3.900 y sus modificatorias -leyes 4.579 y 4.910-, y art. 1 de la ley 5.089, todas la Pcia. de San Luis), no puede pretender que se revea su haber con arreglo a la ley 24.241, ni conforme normas provinciales que no han sido las que se tuvieron en mira al momento del otorgar el beneficio. En ese orden, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad que aduce contra dichas disposiciones, ya que al respecto, en reiteradas ocasiones el más Alto Tribunal de la Nación señaló que "la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de lagunas de sus partes es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerada como última ratio del orden jurídico" (cfr. Fallos 288:325; 290:83; 294:383; 312:1437 y 1681; "Rallin, Hugo Félix y otro", sent. del 07.05.91; "Iachemet, María", sent. del 29.04.93; "Conti, Juan c/ Ford Motor Arg. S.A.", sent. del 29.03.88, entre otros). En consecuencia, corresponde confirmar la decisión del a quo que rechazó el reclamo de reajuste de haberes por haberse planteado con posterioridad a la fecha de corte establecida en el Convenio de Transferencia celebrado entre el Estado Nacional y la Pcia. de San Luis.
Curatela, curador
Materia: CIVIL
Carátula: P., L.E. s/ Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-22

Las decisiones judiciales deben velar por el interés y amparo del incapaz tomando las decisiones más justas para su adecuada protección.- La apreciación de la idoneidad del curador es función privativa del juez y el orden establecido en la ley no es forzoso.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, prisión domiciliaria
Materia: PROCESAL
Carátula: LOBBOSCO, Héctor Francisco s/ Inv. de delitos de lesa humanidad. (c. 04/07 J.F.1) incidente de DETENCIÓN DOMICILIARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

Es improcedente el recurso de casación interpuesto contra la decisión que otorgó el beneficio de detención domiciliaria al imputado, pues no se trata de sentencia definitiva que con su dictado dirima la controversia no pone fin a la acción o a la pena, no imposibilita la continuación de las actuaciones, ni versa sobre la extinción, conmutación o suspensión de pena. Máxime que no se trata -en el caso- de la libertad del imputado sino de una modalidad de la ejecución de la prisión preventiva que sufre el mismo. (del voto en disidencia del Dr. Candisano Mera)
Concursos, entidades financieras
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos S.A. s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-11-09

Las entidades financieras no pueden concursarse, y ello surge de la simple interpretación de la Ley de Entidades Financieras en su artículo 50 antes de su modificación por la Ley 25780, cuando establecía que "Las entidades financieras no podrían solicitar la formación de concurso preventivo ni su propia quiebra, ni ser declaradas en quiebra a pedido de terceros, hasta la revocación de su autorización para funcionar, salvo lo dispuesto en el artículo 52 de la presente ley".

La doctrina en forma mayoritaria y tradicional se inclina por esta posición pues entiende que una entidad financiera se sustenta en la captación de fondos y en la confianza del público, por ello el estado de cesación de pagos que constituye un requisito esencial para la apertura del concurso, destruye inmediatamente la credibilidad de la empresa, impidiendo que continúe captando fondos de terceros y paralizando, en consecuencia su actividad.
Medidas cautelares, intervención quirúrgica, cirugía reparadora
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FULCHERI MIRTA ISABEL c/ ASOCIACION CIVIL MEDIFE s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-22

La prescripción de la segunda cirugía es consecuencia de la enfermedad de base sufrida por la actora (cáncer de mama), cuyo tratamiento debió efectuarse en etapas, tal como surge del relato de los hechos (reconocidos por la demandada). Por ello, la prescripción de esta nueva cirugía de reconstrucción mamaria y mastoplastía compensadora de la mama izquierda constituye la última etapa a fin de lograr una rehabilitación total de la paciente (extremo, que, por otra parte, no fue desvirtuado por la demandada que no aportó fundamento médico ni científico alguno). En base a la normativa señalada y conforme el certificado médico, queda acreditada la verosimilitud del derecho que hace viable la medida cautelar ordenada por el sentenciante, no correspondiendo en este contexto analizar pormenorizadamente las quejas relativas a que se trataría de "una cirugía estética" y no reparadora, las que deberán ser evaluadas a lo largo del presente juicio a la luz de las probanzas que se aporten.
Asegurador, siniestro
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pérez, Germán Gabriel c/ Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-03

Cabe condenar a la aseguradora a responder por los daños que la falta de cobertura oportuna de los siniestros denunciados le hubiere ocasionado al asegurado demandante. Es que la falta de pronunciamiento en término de la aseguradora, le impide a la misma alegar posteriormente defensas tendientes a exonerar su responsabilidad, aun cuando estas hubiesen sido idóneas para liberarla en caso de haberlas efectuado en tiempo. La circunstancia de que pudiera haber existido el supuesto de exclusión de cobertura y nulidad de contrato que invoca la demandada como defensa (utilización del rodado siniestrado como remis) no obsta a la conclusión que antecede. Puesto que el hecho de haber planteado ese escenario con posterioridad al vencimiento del término estatuido por la LS 56, lo torna improponible como causal exoneratoria.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Club Naútico Mar del Plata c/ Braga, Juan M. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

La certificación de un contador con relación a la existencia de una deuda registrada en los libros de la parte actora, por sí sola, no constituye un título ejecutivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio culposo, responsabilidad médica, responsabilidad penal, mala praxis, médico obstetra, diagnóstico médico, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: CABALLERO, O. s/ HOMICIDIO CULPOSO - MEDICOS - IATROGENIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

Cuando se enjuician los fracasos médicos, siempre parece escaso o inadecuado el tratamiento, más hay que tener en cuenta que la ley no castiga el acto imprudente (o negligente) en sí mismo, sino cuando ha ocasionado un resultado delictivo imputable a título de culpa y dicho resultado se halla en relación de causa a efecto con la acción u omisión reprochada.

Es fácil, una vez transcurrido el proceso morboso y efectuada la autopsia, analizar retrospectivamente lo que se debió hacer, pero esta reconstrucción intelectual no invalida la justificación posible del error galénico producido por un cuadro abstruso.

La equivocación diagnóstica es penalmente injustificable si se asienta en error grosero, pero no cuando después de un alumbramiento normal y varios días favorables, estalla un cuadro de sintomatología polifacética que enmascara una infección fulminante de difícil detección.

La medicina es una prestación de medios y no de resultados. El daño corporal por iatrogenia, aunque proveniente de la intervención del médico, no le es jurídicamente imputable, ya que constituye un hecho imprevisible en la problemática del riesgo terapéutico o quirúrgico.
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lynch, Alberto Patricio y otra c/ Alvarez, Roberto José y otros s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Los intereses se deben por el estado de mora y deben computarse tanto respecto del daño presente como del futuro, pues lo que hace indemnizable a éste es que sea cierto. El principio de reparación integral así lo impone.
Facultades del gobierno nacional, transporte interno, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Transporte   Interprovincial   Rosarina  S.A. c/ Buenos Aires,Provincia de s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

El transporte interprovincial resulta alcanzado por los poderes que el art. 75, inc. 13, de la Constitución Nacional confiere al gobierno central.
Poder de policía, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Orellana, María del Jesús y otros c/ Barragán, Norberto Rubén y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

El deficiente o indebido ejercicio del poder de policía puede llegar a comprometer la responsabilidad estatal, ello es así a condición de que se acredite, como en general en todo supuesto generador de un perjuicio resarcible, una relación de causalidad adecuada entre el incumplimiento de la obligación y el daño producido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reincidencia, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Pisano, Néstor c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-12

La disidencia sostuvo que la reincidencia es una situación jurídica del reo y su existencia depende únicamente de la comprobación objetiva de las circunstancias del caso. (Dres. Ledesma, David -en disidencia- y Slokar).
Daños y perjuicios, acciones personales, prescripción, escribanos públicos, mutuo hipotecario, falta de inscripción, cómputo del plazo, disidencia, excepción de prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Consultora Belleville S.A. c/ Lopez, Roberto Víctor s/ Daños y perjuicios responsabilidad contractual particulares
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-02-16

Cabe rechazar la excepción de prescripción opuesta por la accionada contra la demanda incoada por quien reclamó por daños y perjuicios derivados de la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de un mutuo con garantía hipotecaria, pues la existencia del incumplimiento formal, como lo es la falta de inscripción en el Registro de la hipoteca constituida en escritura pública, no resulta suficiente para que el acreedor inicie una demanda de daños y perjuicios contra el escribano que incurrió en dicha omisión, ya que para que la acción se encuentre expedita es necesario, además de dicha inobservancia, invocar la existencia del daño que se procura reparar a través del ejercicio de la correspondiente acción. Consiguientemente, la acción de daños y perjuicios no se encuentra expedita por el conocimiento que el interesado haya tenido sobre la falta de inscripción del mutuo con garantía hipotecaria, pues en tal caso dicho incumplimiento no revela por sí mismo un daño, que sí se produce cuando tal circunstancia le haya impedido al acreedor cobrar el crédito así afianzado. (Del voto del Dr. Fernando GHISINI, en mayoría).
Falta de prueba, daño moral, monto de la indemnización, intereses moratorios
Materia: PENAL
Carátula: S., F. G. POR SUS HIJOS MENORES c/ SUCESION DE E. C. C. Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-10-12

Si bien no se han aportado pruebas acerca de las características personales de C.J. y O. I., que demuestren sus gustos y hábitos. Aún así, imaginado cuál podría ser la satisfacción "sustitutiva y compensatoria", en razón de tratarse la primera de un niña de 12 años y el segundo de 10 (hoy), el costo promedio de las cuotas más matrícula correspondiente a un colegio semi privado (todo el ciclo de educación primaria y secundaria) podría servir como referencia o parámetro a la hora de fijar el valor de este rubro. Al efecto tendré en cuenta que el costo promedio mensual de la cuota del nivel primario de un colegio con régimen semi privado de la zona oscila en $575; lo multiplicaré por 11meses, más matrícula ($6.900), y ello a su vez por los 7 años que el ciclo importa ($47.150). Luego calcularé el costo promedio mensual de una cuota del nivel secundario de un colegio con régimen semi privado de la zona, que oscila en $700 por mes. Lo multiplicaré también por 11 meses, más matricula ($7.140) y computaré la misma por los 5 años que el ciclo conforma ($35.700). Claro está que esta referencia a bienes determinados se propone únicamente a los fines de estimar el daño, no por equivalencia sino como pauta de razonabilidad, resultando ese monto acorde a la entidad de la perdida. Por todo ello considero, coherente resarcirlos con la suma de: $82.850 para cada uno. Las sumas admitidas devengarán intereses desde la mora, es decir, desde la ocurrencia misma del hecho y hasta el efectivo pago, a calcularse conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, cartera general, ya que la prevista por el art.768 CCyC, inc c), aún no ha sido fijada ni publicada.
Expropiación, indemnización, liquidación, pago, efecto extintivo del pago, depósito judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (DPV y U) c/ ANATRO, ALBERTO JOSE Y CASTAÐO, RICARDO LUIS s/ EXPROPIACION c/ ANATRO, ALBERTO JOSE Y CASTAÐO, RICARDO LUIS s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-08-24

Teniendo presente el criterio reiterado en la jurisprudencia de que ni el sólo depósito en el expediente judicial de un importe dado en concepto de pago ni su mera notificación al interesado, autorizan a considerarlo realizado con efecto cancelatorio a esa fecha -pues es de toda lógica que los fondos recién estarán disponibles para aquél cuando puedan ser extraídos, obrando con diligencia-, corresponde considerar que, habiendo sido supeditada la disposición de los fondos depositados en pago por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo al visado de Caja Forense (conforme lo solicitado por la expropiante y exigido por imperativo legal), recién a partir de la intervención de ésta, la expropiada estuvo en condiciones de obtener el libramiento de los fondos. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler).
Tránsito automotor, automotores
Materia: CIVIL
Carátula: Jacamo Federico G. c/ Orrego, Sergio Heriberto s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-08-23

Cuando los vehículos circulan en caravana, los conductores deben mantenerse a distancia prudencial de los que preceden, para evitar el choque ante una imprevista detención de aquellos.
Enriquecimiento ilícito de funcionario público, control de constitucionalidad, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: TISSIERES, Juan E. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-24

Resultaría prematuro el sobreseimiento del imputado por el delito de enriquecimiento ilícito, si las medidas probatorias realizadas y mantenidas en esta alzada -peritaje contable sobre los ingresos y egresos en el patrimonio del imputado serían adecuadas para el esclarecimiento de los hechos investigados, y, con ello, corresponde revocar al resolución recurrida.

Disidencia del Dr. Donna: Tal como está redactado el tipo penal del art. 268 del C.P., resultan varias dudas respecto de su constitucionalidad, pues no se sabe si estamos ante un tipo de comisión o de omisión. De ser el primer caso, la conducta típica sería la de enriquecerse ilícitamente mediante el ejercicio de la función pública, en cambio, si se afirma que es un delito de omisión la cuestión se vuelve más compleja, porque sería una omisión de declarar el origen del aumento patrimonial, lo cual no sería más que una mera desobediencia ante el requerimiento del juez.

"Existe la posibilidad de un enriquecimiento perfectamente lícito, pero si el agente se niega a probar que lo es, igualmente podría encontrar cabida en el art. 268, 2°" (*), con lo cual el principio de culpabilidad, que tiene jerarquía constitucional, quedaría lisa y llanamente inexistente. Luego, si en el legítimo derecho que la constitución reconoce a toda persona, el funcionario público decide abstenerse de declarar, tal acto lo llevaría sin más a la condena. Por lo tanto, estamos ante una elaboración desafortunada de un tipo penal, que viola tanto el principio de culpabilidad, como el de presunción de inocencia.
Proceso penal, prisión preventiva, inadmisibilidad del recurso, prisión domiciliaria, coronavirus, cuestiones procesales, Servicio Penitenciario Federal, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Felino, Juan Gabriel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-18

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, en tanto la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes para rechazar la excarcelación y la detención domiciliaria solicitada, en subsidio. El a quo, para mantener la detención cautelar, tuvo en consideración la naturaleza y gravedad de los hechos que se atribuyen -tráfico de estupefacientes agravado (arts. 5, inc. c, y 11, inc. c, de la ley 23.737)-, la importante cantidad de intervinientes, la magnitud de la droga incautada y la imposibilidad de condenación condicional (art. 221 del CPPF). Todas estas circunstancias permitían inferir que el imputado en caso de recuperar podría eludir la acción de la justicia, lo cual tampoco se vería neutralizado por las medidas contenidas en el art. 210 del citado cuerpo normativo. Con relación a la situación del Covid- 19, evaluó que la defensa no invocó que Felino integrarse algún grupo de riesgo, ni de qué modo su salud se vería afectada al encontrarse en una unidad penitenciaria, circunstancias que impedían encuadrar la situación del nombrado en alguno de los supuestos contemplados en el art. 32 de la ley 24.660. Finalmente, con relación a los hijos del imputado, cabe señalar que el recurrente tampoco ha indicado ni aportado dato alguno relativo a que, en el caso concreto, pudiera encontrarse en juego el interés superior del niño (cfr. Convención sobre los Derechos del Niño -art. 75, inc. 22, de la C.N.-). No obstante lo expuesto, se debe encomendar al a quo disponga que la Unidad Carcelaria donde Felino se encuentra detenido, arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene. Dres. Borinsky y Carbajo.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SAURE, RAUL GUILLERMO c/ BANCO DE ENTRE RIOS s/ INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-08-30

Habiéndose determinado el carácter permanente de la incapacidad el 23/10/92, según acta de junta médica, las remuneraciones que deben ser consideradas para la determinación del salario diario son aquellas devengadas durante el lapso que corre desde el 23/10/91 al 18/06/92, fecha en que culminó el actor su licencia remunerada en los términos del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo ello así y con arreglo a lo expresamente dispuesto por los artículos 7 de la Ley 23.928 y 9 inciso f) de la citada ley 24.028, no procede a los fines que interesan, actualización de aquellos importes.
Gravamen irreparable, restitución del inmueble, situación de vulnerabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, WALDO; VILLALBA, GERMAN; VALLEGOS, ABIGAIL; ORO, PAULA PAMELA; RAMIREZ, LUIS; OVIEDO, GUIDO; GONZALEZ, MATIAS; GONZALEZ, LAURA; BARRERA, SILVIA L.; LAMAIRE, RAFAEL; CACERES, SAMANTA; MOREYRA, SELVA; OJEDA, SILVIA; JOFRE, BRENDA; LOPEZ, LORENA; LEGUIZAMON, M. ELENA; GONZALEZ, MARIA; MONZON, MARIA ROSA; ALVAREZ, ADRIANA Y OTROS c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-09

La naturaleza de los hechos investigados y los efectos de la decisión cuestionada (orden de desalojo forzoso de predios ocupados por grupos familiares en probable situación de vulnerabilidad social y la presencia de menores de edad) tornan inaplicable al supuesto de autos el principio de falta de definitividad de la resolución recurrida, por lo que cabe hacer una excepción a tal regla al poder la medida ordenada -atento las particulares circunstancias de la causa- originar un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. (De la disidencia del Dr. Erbetta).