Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-05-31


Salta, 31 de Mayo de 2011.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "PIEZAS PROCESALES PERTENECIENTES AL COR Nº 84610/09 CARATULADO: "RIVERO, VICTOR GUSTAVO POR AMENAZAS EN PERJUICIO DE TERAN, ROMINA SOLEDAD"", Expte. Nº C01-84610/11 del Juzgado en lo Correccional y de Garantías Primera Nominación del Distrito Judicial del Centro. Causa Nº CAM 29362/11 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

I.- Tratan estos obrados de una eventual contienda inhibitoria que por violencia moral alegó la Dra. Mónica Faber, conforme auto resolutivo de fs. 15/16 y vta. a su vez rechazada tal pretensión por parte del Dr. Héctor Hugo Martínez mediante auto de fs. 17/20 y vta., Magistrados a cargo de los Juzgados Correccional y de Garantías Nº 8 y 1, respectivamente.

La primera, alegando haber tenido un serio conflicto con la Sra. Defensora Oficial Correccional Nº 8, suscitado en el despacho de sus Secretarios, entendió verse comprendida en la causal de violencia moral prevista en el inc.13 del art.51 del C.P.P., ya que a su criterio la aludida le "endilgó desconocimiento del derecho y la protección de un padrino que pone en tela de juicio su honorabilidad", agregando, que "llegó al colmo de los agravios cuando me acusó de un delito con la manifestación que realizó respecto a que yo le hacía cambiar las actas a mis secretarios", razón que la llevó a que en Sala de Audiencias y en momentos en que se reanudó la que con fecha 14 de abril de 2011 se llevaba a cabo en su Juzgado, transmitiera a las partes que se inhibía por violencia moral.

Las razones generadoras de tal motivo fueron claramente expuestas a lo largo del Considerando de la resolución comentada, ofreciendo las testimoniales de sus secretarios, los Dres. Víctor Walter Clark y Claudia del Valle Puertas, quienes depusieron en audiencias celebradas por ante esta Cámara de Acusación en fecha 19 y 20 del cte.mes y año, contenidos agregados a fs. 31 para la segunda nombrada y 33 para el primero; a su vez, también depusieron en el carácter de testigos, la Fiscal Correccional Nº 8, Dra. Claudia Noemí Geria quien lo hizo el 20 del cte. mes y año con contenido de audiencia obrante a fs. 33 y vta. y el Guardia del Tribunal, Cabo 1ro. César David Maizares, quien depuso en fecha 19 del cte. mes y año, con contenido de audiencia agregada a fs. 32.

A su turno, el Dr. Héctor Hugo Martínez, a cargo del Juzgado Correccional y de Garantías Primera Nominación, rechazó tal pretendida inhibición, consignando expresamente que "advierto de la lectura de los instrumentos mencionados en el apartado anterior que los términos que se consignan provenientes de la Dra. Mercedes Molina hacia la Sra. Juez Correccional y de Garantías Nº 8, no guardan prudencia, decoro y el respeto exigible en la crítica de los actos de cualquier Magistrado.

Se rebasa también el deber de abstención de toda expresión violenta o agraviante, ya que las exigencias de la defensa, no autorizan vejaciones inútiles o violencia impropia.

Estos deberes de seriedad no son solo exigibles para los abogados profesionales de la matrícula, sino que por su naturaleza guardan igual y aún más celosa exigencia para quien, por su investidura, como en el caso en análisis, la defensa es ejercida en el marco de las obligaciones propias de la defensa de oficio que proporciona el Estado.".

Al margen de lo expuesto, que en principio bien puede interpretarse como una clara aceptación a las razones y motivos alegados por su par, continua diciendo que entiende "que la cuestión debiera resolverse a través de las actuaciones disciplinarias correspondientes más allá de toda gravedad en las causales en que se motiva la inhibición, atendiendo muy especialmente a las especiales circunstancias de la causa...".

Continua diciendo, que del total de las causas en trámite en un Juzgado Correccional y de Garantías, "alrededor de un 90 a 95% aproximadamente, cuentan con la defensa oficial". Véase que de aceptarse la inhibición, ello implicaría el desplazamiento del mismo porcentaje de expedientes de ese Juzgado al Tribunal a mi cargo, ya que la causal alcanzará a todas las causas que se registren con defensa oficial.

Considera este Magistrado que tal desplazamiento importaría un obrar contrario al principio de razonabilidad ya que en los hechos ante tal eventualidad se producirá la paralización operativa de un Tribunal, su Fiscalía Correccional y por lógica su Defensoría Oficial, mientras aquél receptor de todas esas causas, quedará totalmente abarrotado con consecuencias directas y graves de verse afectada seriamente la prestación del servicio de justicia.

Son estas en rigor de verdad las razones alegadas por el Dr. Martínez para fundar su oposición y a su vez, lo que lo llevó a que remitiera copia de su resolución conforme así lo dispuso en el pto.III de su resuelvo, al Sr. Presidente de la Corte de Justicia de Salta a los fines "que entienda corresponder en orden a la normalización de las tareas de sendos Tribunales involucrados, atento el principio de distribución de trabajo que inspira la creación de Tribunales del mismo fuero con igual competencia en la materia".

II.- Del relato de los pormenores del hecho traído a decisión de esta Cámara de Acusación, es menester rememorar su eventual causal inhibitoria que por violencia moral la Dra. Faber trajo a colación en su resolución de fs. 15/16 y vta., transcribiendo aquellos puntos de su Considerando que dieron sustento a la causal aludida y que a su vez fueron el contenido de las respuestas dadas por los testigos que depusieron en estos obrados.

Así, consigna la primera "que estando en mi Despacho, durante el cuarto intermedio aludido, (se refiere a una Audiencia de Debate llevada a cabo el día 14 de abril de 2011 conforme acta agregada a fs. 1/5 vta. de estas actuaciones), escuché a la Sra. Defensora Dra. Mercedes Molina -quien se encontraba en el Despacho de los Secretarios, pegado al mío- efectuando consideraciones sobre mi persona y desempeño como Juez en voz alta (gritos) y cuando me dirigí hacia el lugar referenciado, pude escuchar que le manifestaba al Dr. Clark dichos como: "lo que pasa es que tu Juez es una burra, no sabe nada, no conoce el Código de Procedimientos".

También le refería que estaba en el cargo de Juez gracias a la ayuda de un padrino, pero que ese padrino ya no tenía poder y que me quedaba poco tiempo como Juez, ya que en cualquier momento me pedía el Jury y si no era ella, iba a ser algún abogado ya que todos comentan que no sé nada.

Ante ello ingresé al despacho actuarial y le dije que era una mala educada, una guaranga y que no podía referirse sobre mi persona en esos términos y menos aún delante de los funcionarios".

Ante tal respuesta continua diciendo la Dra. Faber, que aquélla afirmó en presencia del Dr.Clark, "si vos no sabés nada, no sé cómo llegaste al cargo de Juez, seguro que con ayuda", ante lo cual le dije que se retire del Despacho y que no quería seguir hablando con ella, consignando expresamente, que en oportunidad en que esa Magistrada se dirigía a su Despacho, le requirió "arbitrara los medios para que lo que resta de la Audiencia de Debate fuera grabado, ya que en caso contrario "iría a Superintendencia ya que la suscripta le había manifestado a su cliente, en medio de la audiencia, que "tenía que decir la verdad" y que no podía exigirle a su defendida que al momento de prestar declaración indagatoria dijera la verdad y eso era motivo de recusación".

En relación a esto último, se infiere que la Dra. Molina le exigía a la titular del Juzgado se graben las audiencias porque a su entender sería práctica del Juzgado cambiar el contenido de las Actas de Debate y ello "para que no consten las barrabasadas en las que incurro a diario y siempre para favorecer a la Fiscalía para perjudicarla a ella, ya que lo único que yo perseguía y quería es que la misma deje de ser la Defensora del Tribunal, pero que no lo iba a lograr, porque ella no se iba a ir, ya que se ganó el lugar que ocupa (con la mejor nota)".

Insiste la aludida Magistrada, que la Sra. Defensora "desde el pasillo y a los gritos manifestaba que se iba a Superintendencia a denunciarme, porque así no se podía seguir y repitió que la Suscripta estaba en el cargo de Juez gracias a la ayuda de un padrino, pero que ese padrino ya no tenía poder y que me quedaba poco tiempo como Juez, "ya vas a ver, ahora vas a conocer quien soy yo..." luego, después de unos minutos, vuelve y me exige entrar a la Sala de Audiencias diciéndome "entremos, ahí estoy con la Yobe".

Finalmente la Dra. Faber manifiesta que al preguntarle a sus Secretarios si la Dra. Molina algo más les había dicho en relación a su persona, éstos le respondieron textualmente "me alegro que los secretarios sepan el Código de Procedimiento porque su Juez no sabe nada", respondiéndole la Dra. Puertas, que al otro día tendría el acta lista para su firma, a lo que la Dra. Molina dijo, "Bueno, ojalá que sea así, que no pase lo que pasa siempre que viene la Jueza y cambia el Acta de Debate y pone lo que ella quiere y ustedes saben que eso pasa".

En oportunidad en que la Dra. Claudia del Valle Puertas depuso a fs. 31 y vta., hace conocer que al volver a su oficina se encontraba en su interior la Dra. Molina, "quien le pregunta si tenía el Código Procesal a mano, le contesta que sí y se lo da. La Dra. Molina procede a leer en voz alta el art. 384 del C.P.P., aclara que en su Código estaba escrito con lápiz entre paréntesis Nulidad Absoluta y es allí donde la Dra. Molina les expresa a ambos secretarios, me alegro que los secretarios conozcan el Código de Procedimiento, no como su Juez".

En relación al Acta de Debate, la Dra. Puertas recuerda que la Dra. Molina le preguntó "cuándo iba a estar el Acta de Debate, contestándole que estaría lista para mañana, a lo que la Sra. Defensora le respondió que ojalá que sea así porque ustedes saben perfectamente lo que pasa en el Juzgado, que se cambian las actas".

El guardia del Juzgado Cabo César David Maizares, a fs. 32 hace referencia a lo acontecido en la Audiencia de Debate, recordando "que la Dra. Molina cuando la Sra. Juez la quería hablar, la Sra. Defensora le hacía un gesto con la mano extendida al costado como queriendo significar que no interrumpiera"; finalizada la Audiencia en cuestión "él permaneció en la puerta de la Sala de Audiencia, del lado de afuera, casi llegando al pasillo, y allí pudo escuchar que la Dra. Molina quien venía del pasillo que da hacia la playa de autos, manifestó te voy a ir a denunciar, ahora me van a conocer".

En su momento la Dra. Geria a fs. 33 y vta., luego de recordar todas las secuencias procesales que acontecieron en la Audiencia de Debate, rememora que la Sra. Defensora hablaba de manera superpuesta cuando la Magistrada lo hacía, que le planteó discusiones sin dejarla hablar, resaltando que esta actitud es una constante en casi todas las audiencias. Ilustra "que fueron varias las veces en las que la Sra. Juez realizó llamados de atención a la Sra. Defensora sobre su forma de comportarse en las audiencias, lo que se puso en conocimiento de la Sra. Defensora General", siendo esto lo único sobre lo que se explayó la Sra. Fiscal.

Finalmente, el Secretario Dr. Víctor Walter Clark fue amplísimo en su deposición prestada a fs. 34 y vta., surgiendo de esta lo siguiente: Que encontrándose en su oficina ingresó la Dra. Molina y le comenta "Clark vos sabés lo que me hizo tu Jueza, había dos imputadas, una tenía que prestar declaración indagatoria y se la hizo salir a la otra, cuando volvió la otra imputada, le pedí que le leyera la declaración indagatoria para que lo supiera la coimputada, de conformidad al art. 384 del C.P.P. y la Juez no me hizo lugar".

Continua diciendo que al ingresar la Dra. Puerta, la Dra. Molina le pidió prestado su Código Procesal, quien"luego de leerlo le hace la acotación de que tenía marcado "bajo pena de nulidad", haciéndoles entonces el comentario si sabían lo que decía el artículo, a lo que le respondieron que sí, manifestando la Defensora que se alegraba que lo conocieran, ya que su Jueza no lo sabe".

Al referirse al tema del Acta de Debate, recuerda que le preguntó a la Dra. Puertas cuándo estaría confeccionada, respondiéndole que al otro día, para de inmediato escuchar de la Dra. Molina "que se alegraba que estuviera para mañana, ya que quería firmarla al acta antes que la Jueza la cambie, que como ustedes saben, pasa así en este Juzgado".

Después de lo dicho y previa aclaración de que la Dra. Molina se retiró de su despacho, al instante de ello ingresa nuevamente, oportunidad en la que encontrándose solo le dijo: "Sabés Clark porqué pasan estas cosas?, porque Mónica no sabe nada y la verdad si está acá, es por algún padrino, que todos los abogados ya comentan que no sabe y en cualquier momento le van a pedir un Jury".

Esto último lo dijo en voz alta, aunque aclara que no gritando, momento en que llega la Dra. Faber e ingresa al interior de su oficina, reclamándole a la Dra. Molina que porqué hablaba así sobre su persona delante de los funcionarios, que era una mal educada y que se retirara del Juzgado.

Relata también el testigo, que encontrándose todos ya en la oficina de la Dra. Faber, la Dra. Molina le expresó "Te exijo que se graben las audiencias", ya que en caso contrario acudiría a Superintendencia para denunciarla, aludiendo nuevamente "que si ella estaba en el cargo, era por un padrino, pero que ahora no tenía poder, y no como ella (la defensora), que había salido primero en el concurso y se ganó el cargo".

III.- Es de resaltar con carácter previo a resolver este planteamiento, que en tal cometido fundamentalmente se tendrán en cuenta las expresiones vertidas por la Sra. Defensora y si ellas en rigor de verdad son hábiles para generar un estado de violencia moral, más allá de la grave situación institucional que cualquiera sea la decisión que se tome, su solución será de cierto modo irreversible, por cuanto aún desaparecida en un futuro la causal inhibitoria, lo resuelto es de igual naturaleza.

En tal sentido también es dable recordar, que la violencia moral alegada por la titular del Juzgado Correccional Nº 8, estuvo generada en supuestas expresiones vertidas por su Defensora Oficial, de modo tal que por ejercitar sus funciones en un porcentaje alto de causas que tramitan en su Juzgado, ante una eventual solución inhibitoria, de hecho se paralizará en igual porcentaje.

Esto último, sin duda alguna fue advertido por el Dr. Martínez en su resolución de fs. 21/23 y vta., quien llega al extremo de adoptar este argumento como el principal y determinante para oponerse a las pretensiones de la Dra. Faber, no obstante a que con anterioridad admitiera que los dichos de la Dra. Mercedes Molina dirigidos a la Sra. Juez Correccional y de Garantías Octava Nominación, no guardan prudencia, decoro ni respeto exigible a las críticas de los actos que se puedan hacer en el obrar de cualquier Magistrado.

Pero también es digno resaltar la conceptualización que este Magistrado tiene sobre el tema en análisis, al entender que estos problemas deben solucionarse mediante la aplicación de las previsiones disciplinarias que el Código en la materia concede y de cierto modo exige se adopten en aras de una correcta administración de justicia, para que de este modo el Juez se haga respetar como director del proceso, exigiendo una heroica actitud en aras de preservar el principio constitucional del Juez natural.

Bajo estos parámetros más todos aquellos que la Corte de Justicia de Salta en distintos pronunciamientos fueron marcando el alcance y conceptualización de lo que se debe entender por violencia moral, sumado a esto lo dicho por esta Cámara de Acusación y en especial la Sala III en distintos pronunciamientos, me avocaré a continuación a tratar el tema en análisis.

Esta Sala, en Causa CAM I01-26193/09 entendió sobre violencia moral, que se trata de una causal de muy difícil apreciación al ser de naturaleza subjetiva, lo que de cierto modo impone su aceptación atento lo difícil y por qué no imposible verificación de todo aquello que un Magistrado siente en su interior como causal atentatoria a un obrar futuro en forma ecuánime.

Pero también se dijo que si ello se pone en duda porque a criterio del Magistrado que le sigue en orden de nominación, los motivos alegados no son suficientes para su apartamiento, se impone por ley que sea este Tribunal de apelaciones quien deba expedirse al respecto, a cuyo fin deberá tener presente lo dicho por la Corte de Justicia de Salta, los precedentes de este Tribunal y sobre todo, bajo inspiración de que en materia penal no existe la recusación sin causa por responder estrictamente al principio constitucional del Juez natural.

En base a ello, la Corte de Justicia de Salta en distintos y reiterados precedentes, entre muchos de los que se pueden citar los Exptes. Nºs. CJS-27709/05; 30532/07; 31463/08; 29331/06; 29729/06, marcó correctamente no sólo la conceptualización de lo que importa violencia moral, sino también su alcance, límite de apreciación y valoración de los dichos, hechos y circunstancias en las que el motivo genera tal sentimiento.

Fue por eso que esta Sala concibiera que la causal aludida es de muy difícil apreciación por ser de naturaleza subjetiva, lo que de cierto modo impone a su par su consecuente aceptación porque en los hechos importa lisa y llanamente una declaración y confesión de lo que un Juez siente en su fuero interno, materialización de un sentimiento que en razón a la persona, a las nobles funciones que presta y a la autoridad que tiene, no merece se pongan en duda lo que éste dice, y sí limitar su razonamiento y sus cuestionamientos sólo y exclusivamente a saber si para un Magistrado importa causal suficiente para apartarse de sus funciones jurisdiccionales, so riesgo de que en caso contrario se salpique o manche su objetividad en sus decisiones, máxime como en el caso, donde se ponen en tela de juicio la honra y libertad de las personas.

En tal sentido bien puede verse en peligro esto último ante un obrar excesivo del resolvente, quien en aras de preservar en exceso el principio del Juez natural, pone en riesgo valores que por ley está obligado a cumplir, permitiendo de este modo que afloren pasiones o espíritu de venganza que nada tienen que ver con una correcta administración de justicia.

Es por ello que el Juez ante el menor atisbo o riesgo en la presencia de tales bajezas propias y naturales en un ser humano, debe apartarse preservando de este modo se mantengan siempre firmes los principios de ecuanimidad y objetividad en sus resoluciones, más allá de todos aquellos mecanismos que la ley en la materia le conceden para que por vía correctiva y sancionatoria, imponga su autoridad de tal y fundamentalmente la de director del proceso, buscando de este modo orden en su marcha, más allá de las consecuencias subjetivas que ello le pueda traer aparejado, consecuencias que en su momento por lógica serán analizadas por parte de un Tribunal superior, quien bajo los parámetros de que ello no importe un exceso de celo, recato, decoro y delicadeza en su obrar, se acepte su eventual apartamiento, porque en caso contrario se le estaría exigiendo a un Juez que actúe y decida en contra de sus propios sentimientos, con graves consecuencias directas al justiciable por ponerse en riesgo su libertad y honra.

Así fue clara la Corte de Justicia de Salta en señalar dos aspectos que deben tenerse en cuenta en el tema de violencia moral; el primero, que en materia de excusación las razones invocadas por los Magistrados cuando no se consideran en libertad de opinión para dictar sentencia, deben ser evaluadas con amplitud (Expte.Nº CJS 29729/06) y, lo segundo, que los conceptos de decoro y delicadeza han de ser analizados sin violentar el fuero íntimo subjetivo que llevó al Magistrado a expresar la necesidad de su apartamiento, agregando que los motivos que aduce no son susceptibles de ser apreciados sino por quien los invoca en tanto suponen un estado subjetivo que en caso de tener que intervenir, podría generarle una situación de violencia moral (CJS-29331/06).

Pues bien, en base a tales parámetros debemos analizar el contenido de todas aquellas expresiones vertidas por la Dra. Molina en relación a la Dra. Faber, todo ello fundamentalmente en qué circunstancias y ante qué personas fueron dirigidos sus dichos, análisis necesario a llevar a cabo para saber si ellas conforme a los principios de la lógica, experiencia y criterio común, son o no susceptibles de ocasionar en las personas a quienes van dirigidas, un estado de ánimo o situación en su fuero interno que a la postre le trae aparejada una indiscutible situación de violencia moral, la que por imperio legal está obligada a poner a luz lo que siente en su interior, so riesgo de poner en tela de juicio su imparcialidad.

Pero si bien ello importa una conceptualización básica y elemental sobre el deber ser en el obrar de un Juez, también lo es con igual alcance la mesura, prudencia y delicadeza en la decisión a tomar, de forma tal que no se conciba como una muestra de exceso de celo, recato, decoro y demás, análisis difícil de llevar a cabo por parte de un tercero, como es el caso, para saber en su verdadero alcance y dimensión cuál es la situación de la Dra. Faber, qué siente en su fuero interno y si en rigor de verdad al confesar y advertir que su ecuanimidad en sus futuras decisiones corre un cierto riesgo, impone a mi criterio con carácter amplio, como lo dice la Corte, admitir sin más la causal inhibitoria por ella alegada.

Por si lo dicho fuera poco, debemos atenernos al contenido de las expresiones vertidas por la Dra. Molina, advirtiendo que ellas son de naturaleza agraviantes y amenazantes a la persona de un Juez, manchando y por qué no, denostando la figura de tal, máxime cuando todo ello es expresado a sus Secretarios y en un lugar público que en extremo fue escuchado por el personal policial afectado al Juzgado.

Así pues, fácil es imaginar la afrenta sufrida por la Dra. Faber al verificar que todo lo que ella sentía en su Despacho proveniente de la Dra. Molina, no sólo era vertido públicamente, sino fundamentalmente dirigido a sus Secretarios con el fin de que advirtieran la insuficiencia de conocimientos jurídicos de la Titular del Juzgado en el que ellos prestan sus servicios, o el cuestionado origen de su nombramiento, que por otra parte, mal que le pueda pesar a quien lo dijo, la Dra. Faber ocupa su cargo de Juez como resultado de un concurso de antecedentes y oposición llevado a cabo bajo el apego irrestricto de todas aquellas normas que al efecto rigen en la materia, al igual y de idéntica forma en que la Dra. Molina fuera designada en su cargo de Defensora.

Va de suyo pues, que si esta última tiene otra opinión en el tema, sólo y exclusivamente debió quedar en su fuero interno, importando su exteriorización cualquiera sea su alcance y en mayor medida si ello es vertido a personas que por sus funciones se deben a su Juez, por su gravedad, no queda duda alguna, afecta el fuero interno de la persona a quien van dirigidas y en mayor medida si se trata ésta de quien fue llamada para administrar justicia.

Si bien todo lo dicho a mi entender queda comprendido en la causal de violencia moral en los términos del inc.13 del art. 51 del C.P.P. y por ende, en su apreciación deben seguirse las pautas interpretativas de amplitud y preservación del fuero íntimo del Magistrado conforme fueran fijadas por la Corte de Justicia de Salta, tal como se dijera con anterioridad, no puedo dejar de señalar que también importa un deber de todo Magistrado defender y luchar por preservar el principio constitucional del Juez natural en la causa, contando en tal sentido por ser director de un proceso, de todas aquellas facultades sancionatorias que la ley le puso a su alcance, de modo tal que es su deber y obligación, evitar desde un comienzo poniendo límites al efecto, todas aquellas conductas, actitudes y expresiones de las partes y de terceros, que de un modo u otro atenten contra su investidura, obrar que si en autos se hubiera actuado en consecuencia, sin duda alguna hoy estaríamos en presencia de una situación totalmente distinta a la que se verifica, donde un Juzgado en un porcentaje alto se encuentra paralizado con grave perjuicio a otro y con difícil solución en lo inmediato atento lo irreversible que resultan sus consecuencias conforme lo claramente dispuesto en el art.62 del C.P.P.

Es que en rigor de verdad emerge de lo dicho por la Dra. Geria, a la sazón Fiscal Correccional en funciones en el Juzgado a cargo de la Dra. Faber y por ende testigo calificada por ello y por los innumerables sucesos en que le tocó presenciar, que actitudes de la Sra. Defensora que exceden con creces lo que importa el ejercicio de sus funciones, eran una "constante en casi todas las audiencias, que fueron varias las veces en las que la Sra. Juez realizó llamados de atención a la Sra. Defensora sobre su forma de comportarse en las audiencias, lo que se puso en conocimiento de la Sra. Defensora General", transcripción que muestra, pese a que la inhibida en su resolución de fs. 15/16 y vta., trajo sólo a colación puntualmente un suceso, que en realidad ello era permanente, aunque no de una gravedad tal de verse obligada a apartarse de la causa hasta el momento en que sucedieron los hechos en análisis, de suerte tal de que jugando estos como la gota que rebasó el vaso, debió tomar su decisión porque en sentido contrario corren serios riesgos los derechos de los justiciables.

Por último y en relación a todo lo hasta aquí dicho y en especial lo volcado en el párrafo que precede, es oportuno resaltar que nos encontramos en una situación de hecho, que sin perjuicio de todas aquellas medidas disciplinarias que la inhibida tuvo a su alcance aplicar y que como se viera quizás hubieran actuado como un medio correctivo, a la fecha no admitir ni aceptar que se encuentra violentada moralmente, pondría en serio riesgo los derechos de sus justiciables o a decir de Claria Olmedo en su Tratado de Derecho Procesal Penal, T.II, pág. 238, "Ese juez competente, no podrá permanecer como tal frente a un proceso penal concreto, si determinadas circunstancias vinculadas al mismo lo ponen en condición sospechosa de parcialidad".

De igual modo, nuestra Constitución Nacional en su art.18 en forma general y específicamente los Tratados Internacionales, para el caso la Declaración Universal de Derechos Humanos y en especial el Pacto de San José de Costa Rica, garantizan dentro de la concepción general del "debido proceso", que el mismo se lleve a cabo por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley (art.8, apart.1 del Pacto aludido), desarrollando Carlos Enrique Edwards en su obra Garantías Constitucionales en Materia Penal, que el concepto de independencia importa que no se encuentre subordinado a ninguna de las dos partes del proceso y que sea imparcial en el sentido de ser un verdadero tercero neutral ante las dos partes, conceptos que integran lo que se conoce como Juez natural, lo mínimo que debe presentar un proceso para ser legal y justo, verdadera garantía para el imputado, aunque más latamente para el justiciable. (conf.autor citado).

En definitiva y para concluir, no otra puede ser la solución del caso teniendo por vértice los derechos de los justiciables, que rechazar la Oposición formulada por el Dr. Martínez a las pretensiones inhibitorias de la Dra. Faber. Así voto.

El Dr. Edgardo Francisco Albarracín dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _________LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR a la Oposición formulada por el Dr. Héctor Hugo Martínez, a cargo del Juzgado Correccional y de Garantías Primera Nominación, plasmada mediante auto resolutivo de fs. 18/20 y vta., a la inhibición que por violencia moral formalizara la Dra. Mónica Faber, a cargo del Juzgado Correccional y de Garantías Octava Nominación, mediante auto de fs. 15/16 y vta., correspondiendo en consecuencia que sea el primero nombrado quien continúe con la tramitación de estos obrados.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente bajen los autos al Juzgado a cargo de la inhibida a los fines de su toma de razón y posterior remisión al Juzgado Correccional y Garantías que le sigue en orden de Nominación, donde quedaran radicados definitivamente.