marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ciudadanía, abogados, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PHAM ANNE MONG LAN s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-13

Este Tribunal ha decidido en casos análogos al presente que si bien el trámite para la obtención de la ciudadanía es gratuito y no es necesaria la asistencia de un letrado -como también lo señaló el Sr. Fiscal General ante esta Cámara- , no existe norma que prohíba a la peticionaria la contratación de un abogado que la represente, a efectos de contar con asesoramiento letrado o para efectuar peticiones en el trámite de la ciudadanía y efectuar su seguimiento, sin perjuicio de los actos jurídicos personalísimos que deberá realizar la propia interesada. El art. 3º de la ley 21.839 señala: "la actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso.". La peticionaria tiene derecho a contratar asistencia letrada y a pagar honorarios, a pesar de que ello no sea necesario dada la índole del trámite, pues tales consideraciones importan un avance sobre el libre albedrío, cuyo ejercicio le permitirá evaluar la conveniencia o inconveniencia de contratar un abogado (cfr. causa 1987/06 del 2/11/06). En tales condiciones, no se advierte que exista razón alguna que impida a la interesada otorgar un poder especial para ser representada en este trámite, puesto que en definitiva ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe, según lo establece el art. 19 de la Constitución Nacional (cfr. esta Sala, causas nº 2565/98 del 16/7/98 y nº 1987/06 citada, entre otras).
Haber jubilatorio, impuestos, leyes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Muñoz, Victor Hugo s/ Acción de Inconstitucionalidad (Ley 2972/96) Arnstedt, Berta Gretchen s/ Acción de Inconstitucionalidad (Ley 2972/96) Tuda, Ana María s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-04-09|1997-04-09|1997-09-04

Los haberes previsionales en cuestión primeramente fueron afectados por el impuesto de emergencia y luego por la ley aquí impugnada -Ley No.2972 por la cual se crean los Certificados de Deuda Previsional-.

Sobre el punto ya se ha entendido que el sistema previsional se sustenta en la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, atendiendo a la naturaleza sustitutiva que debe reconocer el primero respecto del segundo, y que en virtud de dicha sustitución, resulta su naturaleza alimentaria, vinculando íntimamente con las necesidades elementales y primarias del afectado.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARISI Mario Héctor c/ Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-06-08

La acción de amparo no tiene por finalidad facultar a los jueces a sustituir a los Órganos competentes, los trámites y procesos ordinarios, en tanto no se verifiquen los recaudos condicionantes para su procedencia; quedando reservado a los supuestos en que exista arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y, además, cuando las vías ordinarias carezcan de idoneidad para otorgar al justiciable una efectiva reparación del derecho invocado..............La naturaleza propia del amparo, como así los presupuestos que son necesarios para que proceda, imponen la presencia de actos claros, patentes, que evidencien de manera "manifiesta" la ilegalidad o arbitrariedad que se pretende subsanar.

Esa característica, tanto de la conducta ilegítima o arbitraria, al igual que la presencia de un agravio incontrovertido y cierto, son presupuestos de admisibilidad que explican la brevedad de trámite, la limitación defensiva, de debate, y prueba. De manera que las circunstancias que habilitan la utilización de esta vía excepcional - por ser manifiestas - no necesitan de ese esfuerzo procesal, sino que debe bastar la mera verificación de la conducta u omisión lesiva.

Por consiguiente, se frustra la procedencia del amparo cuando la arbitrariedad o ilegalidad que se invoca no surge con total nitidez; siendo ajeno a esta acción todas aquellas cuestiones que excedan las posibilidades cognoscitivas propias de esta acción.
Remuneración, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: M., J.A. y Otros c/ T. SA s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-06-04

Las "prestaciones complementarias" integran la remuneración del trabajador, determinando, en sus cuatro incisos, los rubros que constituyen excepciones a ese principio, las que así, constituyen "prestaciones complementarias no remuneratorias", y que dada tal naturaleza jurídica "no se computan a fin de realizar los aportes y contribuciones de la seguridad social, para el sueldo anual complementario ni para determinar la base para el cálculo indemnizatorio".
Revocación de sentencia, procedencia del recurso, medidas cautelares, medida de no innovar, obras sobre inmuebles, derechos del cesionario, escritura pública, cesión de derechos hereditarios, abuso del derecho, deber de prevención del daño, dominio
Materia: PROCESAL
Carátula: Cautelar: Prohibición de Innovar: R. E. E. c/ G. E. d. C. y G. G. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2024-07-24

Corresponde hacer lugar a la demanda de no innovar revocando lo dispuesto por el a quo quien no atendió lo pedido por tres hermanos cesionarios de derechos hereditarios -probado mediante escritura pública-, respecto de un inmueble objeto de litigio en otro expediente sucesorio y en el que estaban haciendo reformas cuando fueron atacados por los demandados, pues no admitirla significaría avalar que los actores no ejerzan actos de dominio avasallando su potencial derecho e incumpliendo el deber de prevención del daño y el de evitar el ejercicio abusivo de los derechos.
Procesos de ejecución, honorarios, intimación previa
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREZ, MARCOS E HIJOS c/ PROVINCIA DE FORMOSA s/ ACCION   ADMINISTRATIVA    CONTRA  DECRETO  PROVINCIAL  -  INCIDENTE  EJECUCION DE HONORARIOS   ADMINISTRATIVA    CONTRA  DECRETO  PROVINCIAL  -  INCIDENTE  EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-07-24

Pretender que transcurrido el plazo de 60 días en que la Administración debió abonar las costas integrantes del condenatorio aquí dictado -art. 78 D.L. 584- deba adicionarse -intimación mediante- el plazo de 30 días que prevé el art. 13 de la ley 515, constituye un exceso que no resulta de la recta interpretación de la ley, la que en definitiva, y en cuanto consagra un privilegio para la Administración perdidosa en juicio que lesiona el pivilegio para la Administraciónes en el proceso, debe ser apreciada con criterio restrictivo.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia civil, daños y perjuicios, educación, becas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Codiroli, Malen  c/ Cema  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

Resulta competente el fuero civil para entender en el conflicto motivo de esta litis, que se circunscribe al reclamo derivado de una relación entablada entre un establecimiento educativo y un alumno en virtud del incumplimiento en que habría incurrido el primero en la aparente intermediación de una beca de estudios en el exterior, materia que, en principio, resulta ajena - por su naturaleza- a la competencia mercantil. En efecto, tiénese dicho que la aparente conexión del hecho con la actividad profesional de la demandada no constituye per se una suerte de ilícito comercial, toda vez que los cuasidelitos siguen siendo tales y regulados por el derecho civil aun cuando sean cometidos por quienes desarrollen actividad comercial o generen la responsabilidad de un empresario comercial, habiéndose atribuido, expresamente, al fuero civil la competencia en aquellas causas en las que se reclame la indemnización de daños provocados por hechos ilícitos conforme a lo dispuesto por decreto 1285/58: 43-b) -ref. ley 23637- (esta CNCom, esta Saña A, 20/07/06, "Flores Alberto Nicolás c/ Minassian Roberto Esteban s/ Sumarísimo").
Cuestiones de competencia, tenencia de armas de guerra, bien jurídico protegido, competencia federal, competencia ordinaria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aguirre, Pedro Oscar s/ infracción ley 25.086.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

Los fundamentos de la sanción de la ley 23.817 -modificatoria del inc. 5, art. 3, de la ley Nro. 48- que atribuyó jurisdicción a los jueces locales para entender en la simple tenencia de armas de guerra, radican en que ese delito no afecta a los bienes jurídicos tutelados -interés nacional comprometido y seguridad pública- que justifican la competencia federal, sino que por el contrario, aquélla está generalmente vinculada con la comisión efectiva y potencial de delitos comunes.
Nulidad de sentencia, prisión preventiva, adulteración de medicamentos, falsificación de medicamentos
Materia: PROCESAL
Carátula: Zanola, Juan José y otros c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-08

Cabe disponer la nulidad de la declaración efectuada por el Sr. Juez de grado a través de la cual reafirmó las prisiones preventivas oportunamente dictadas contra Juan José Zanola, Paula Margarita Aballay y Susana Gnselda Fionna. El criterio seguido por el magistrado de grado para resolver la homologación del temperamento restrictivo, deja al descubierto una argumentación contradictoria que impide evaluar debidamente su razonabilidad. Ello así, si bien consignó que se verifican las circunstancias objetivas que permiten sustentar el mantenimiento de sus prisiones preventivas, a renglón seguido y contradictoriamente reveló la voluntad de avanzar hacia la siguiente etapa procesal por entender culminada la instrucción en lo que respecta a los nombrados. A mayor abundamiento, dicha dicotomía, planteada en una misma resolución es incompatible e irreconciliable con el razonamiento lógico que debe fundar toda decisión y, en particular, una como la presente, dada la naturaleza restrictiva y excepcional de la materia tratada. No puede desconocerse que el tiempo que ha insumido esta etapa fue razonablemente suficiente para producir aquellas probanzas que hacen a la responsabilidad de quienes se encuentran privados de libertad, con lo cual el único fundamento plausible para reafirmar la necesidad de prolongar el encierro tendría que partir de elementos objetivos y contrastables que den cuenta de que no hay otras alternativas viables. En ese contexto, no resulta suficiente la mención a los eventuales cursos de acción a seguir en el proceso, en la medida en que no se explica el modo en que podrían ser obstruidos por los imputados.
Ejercicio profesional, matrícula profesional, facultades reglamentarias, gobierno provincial, poder de policía, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Antonini Modet, Martiniano E. c/ Buenos Aires, Provincia de (Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, Ministerio de Economía de la Provincia) s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

No cabe considerar alterado un derecho por la reglamentación de su ejercicio, ya que el requisito que establece la necesaria matriculación, no contraría a la Constitución Nacional, pues mediante dicha exigencia, la provincia ejerce el poder de policía que corresponde reconocerle.
Sentencia arbitraria, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Bertino, Jose Francisco  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en bertino, jose francisco contra gcba y otros sobre otros procesos especiales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

La resolución de la Cámara que, con sustento en que el cumplimiento de la obligación de suministrar información no resultaba posible porque la parte demandada había dejado de desempeñarse como administradora del consorcio, rechazó la solicitud de la actora para que se procediera de acuerdo con el art. 413 del CCAyT, y se ordenara que el requerimiento para el suministro de la documentación fuera realizado por una tercera persona a cargo del demandado, resulta arbitraria. Ello así, en tanto la Cámara entendió que la pretensión de la actora no encuadraba dentro de ninguno de los supuestos previstos en el artículo 413 del CCAyT sin ofrecer fundamentos que sostengan esta afirmación genérica. No se advierte, en principio, cuál sería el impedimento para cumplir con la orden de llevar adelante la ejecución del convenio (que imponía la obligación de la entonces administradora de proporcionar la documentación requerida al actor) por el mero hecho de que la obligada ya no era más administradora, sobre todo teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 30 de la ley n° 941. En consecuencia, en este aspecto la sentencia recurrida no se advierte como suficientemente fundada. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano y Alicia E. C. Ruiz).
Acción reivindicatoria, vivienda familiar, modalización del cumplimiento de la sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: Carro De Piñeyro Pombo, Elba Simona c/ Sánchez, María Alejandra Ramona y otros s/ ordinario acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-17

Aun cuando no es posible flexibilizar los recaudos para declarar cumplida la prescripción adquisitiva articulada como defensa de una acción reivindicatoria, sí corresponde modalizar la condena en los casos en que el inmueble en cuestión se trate de la vivienda familiar del accionado, e incluso, el principio de solidaridad así lo aconseja. En tal sentido, en tales supuestos, y como condición previa al cumplimiento de la sentencia que ordena la entrega del bien inmueble, resulta pertinente se lleve a cabo una nueva instancia de mediación judicial a cumplirse en el lapso de cuarenta días hábiles, a cuyo fin el juez a cargo dará intervención a la mediadora que intervino previo al juicio, y cuyo costo (salvo acuerdo de partes en contrario) deberán soportar los demandados, a fin de procurar una solución consensuada de la disputa en el marco dado por la sentencia o bien llegar a un acuerdo acerca de los términos de la desocupación, en defecto de lo cual, y vencido dicho plazo, la sentencia quedará expedita.
Funcionarios públicos, empleo público, docentes, pena de inhabilitación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bersan, Hugo Luis s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-09

La disidencia sostuvo que el concepto de funcionario público es funcional, no debiendo diferenciarse entre funcionario y empleado público y que el cargo de docente en una universidad pública se encuentra alcanzado por la inhabilitación perpetua del art. 19 CP.
Nulidad procesal, oportunidad procesal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTRAGAMOU, PEDRO ANTONIO C/ GRASSET, LUIS MARCOS c/ GRASSET, LUIS MARCOS s/ CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-30

No se ha cercenado el derecho de defensa en tanto se ha podido en segunda instancia no solo decir de nulidad sino también poner de relieve todo aquello que se consideró conveniente al ejercicio de los derechos.
Empleados públicos, régimen disciplinario administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, cesantía, sumario administrativo, defensa en juicio, Derecho penal, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sotelo, Teresa c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

El Tribunal no puede dejar de señalar la irregularidad del procedimiento seguido en la especie para separar a la actora de los cuadros del personal de la demandada, toda vez que, si se le imputaba la comisión de una falta disciplinaria merecedora de una sanción expulsiva, lo lógico y jurídicamente correcto hubiera sido que se le instruyera el sumario correspondiente en protección de sus derechos. Nada de ello, sin embargo, ocurrió en el sub lite, por lo que resulta atendible la alegada violación de la defensa en juicio cuando surge de las actuaciones administrativas que la actora no tuvo la oportunidad de ser oída en ese ámbito. En este sentido cabe reiterar lo expuesto por esta sala en el pronunciamiento recaído en la causa "Rava, Marta Inés c/ Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas s/ empleo público", sentencia del 30/11/95. Allí se concluyó que: "los principios cardinales del Derecho Penal General resultan de aplicación en el ámbito del Derecho Administrativo sancionador, pues ambos en definitiva quedan inferidos dentro de la potestad punitiva del Estado, si bien ello se da con las modulaciones propias que especifican el ámbito del derecho disciplinario. La garantía del debido proceso no se circunscribe al ámbito exclusivo del derecho penal. Por el contrario, los principios inherentes al "debido proceso legal" emergen de la Constitución Nacional, motivo por el cual no caben dudas respecto a su debida observancia no solo en el proceso penal sino también en el procedimiento administrativo disciplinario. Como consecuencia del principio cardinal de legalidad administrativa, es deber de la Administración Pública encauzar su actuación dentro del marco y con sujeción estricta a la ley y al derecho, evitando, en la materia específica aquí tratada, prescindir de las garantías consagradas en el ordenamiento jurídico". (cons. 6º).
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pippo, Federico Antonio c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Acción de amparo Cuestión de competencia art.6 CCA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

La omisión de la autoridad administrativa en resolver un sumario administrativo en el que se dispuso siete años y medio atrás la disponibilidad preventiva del accionante, no genera imposibilidad de acceder a la revisión judicial de este acto ya que, aún para el supuesto de retardación de la administración en el dictado de las providencias de trámite, la legislación aplicable prevé el modo de instar el procedimiento para tener por configurada la denegatoria tácita (art.7 CCA). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Notificación del acto administrativo, validez del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Herrera, Elsa Otilia c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios s/ Ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-30

La notificación del acto es requerida para su eficacia pero no para su validez (conf. CS Fallos 298:172; 306:1670,1671; 307:321;

esta sala in re "Tula de Gonzalez", del 11/5/89). (Del voto del juez Argento, cons. III).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Galmarini, Marcelo Fabio y otros c/ Aguas Argentinas S.A. y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

El recurso extraordinario, cuya denegación motiva esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: V.V., M.L. c/ M.A.O. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-22

El automotor experimenta -salvo excepcionales supuestos- por razón de las reparaciones y por ese motivo, una disminución en su valor venal. Se trata de una consecuencia propia del hecho y aplicación de lo que comúnmente acaece.
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, moneda extranjera, mutuo, dólares, cancelación de deudas, moneda de curso legal, procedencia del recurso, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: STAGNARO, MARIA CRISTINA c/ FRUHWIRTH, HUGO FRANCISCO Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-23

Procede modificar la sentencia que desestimó el tratamiento del planteo de pesificación de la obligación, introducido por la parte demandada, difiriendo la cuestión para el momento de practicarse la correspondiente liquidación. Ello por cuanto, en el caso, se encuentra involucrada una obligación asumida en moneda extranjera, que los accionados pretenden cancelar mediante el pago de una suma equivalente en pesos. En orden a la naturaleza del proceso involucrado y que, en definitiva, la sentencia apelada manda llevar adelante la ejecución, no se advierte motivo para diferir el planteo en cuestión, dado que es necesario, justamente, establecer la moneda de pago y sus eventuales parámetros de conversión a los fines de practicar la liquidación respectiva. Cabe recordar que la deuda de valor finca en el deber del deudor de entregar al acreedor el equivalente para la adquisición de determinado bien. La obligación es así, una abstracción, sobre la cual se dan pautas de referencia que deben ser colectadas y cotejadas a fin de determinar el quantum de la prestación que debe satisfacer el deudor en el momento previsto para la evaluación de la deuda, con base en determinada unidad de valor. En efecto, este mecanismo ha sido muy utilizada en épocas de alta inflación con anterioridad a la convertibilidad (ley 23928) y lo sigue siendo ahora, en aquellos contratos celebrados en moneda extranjera, estableciéndose como alternativa, en caso de imposibilidad material de adquirir esa moneda extranjera en el Mercado de cambios interno, la cantidad de pesos suficientes para adquirir, por ejemplo, bonos de deuda nacional expresados en moneda extranjera (Cura José María -Director-, "Código Civil y Comercial de la Nación", T° III, p. 99). Ello conduce a la aplicación al caso, de las disposiciones del CCCN 765. Así, frente a lo pactado por las partes en ciertas cláusulas del mutuo, es claro, que en virtud de las medidas de control de cambios adoptadas sobre el dólar oficial, los particulares sólo pueden acceder al cumplimiento en la moneda extranjera, de modo restrictivo, pese a lo cual, no obstante, la demandada actualmente podría mediante otras modalidades de acceso al dólar, procurar hacerse de los dólares billetes necesarios para cancelar su obligación a través de otras modalidad habilitadas en el mercado, como son los llamados dólar de contado con liquidación o dólar "Bolsa" o MEP, a las que, sin embargo, los particulares sólo pueden acceder, también, de modo restrictivo. Así las cosas sin embargo y, en caso de no poder concretar tal operatoria, en última instancia, no puede sino admitirse, la posibilidad de que ante la imposibilidad de acceder a satisfacer la deuda del modo pactado, cancele en pesos la obligación debida.
Cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, sucesores, derechos irrenunciables, derechos del trabajador, orden público
Materia: LABORAL
Carátula: Ferroni Nestor Miguel c/ Distribuidora Nani Hernos SRL y Otros s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-02

Examinados los antecedentes del caso, se advierte que los presentantes concurren con asistencia letrada, lo cual indica un correcto asesoramiento y comprensión de los intereses que se concilian; por su parte, la derecho habiente del trabajador, según se aprecia en la ratificación que se agrega previo a la presente, ha expresado en forma libre y sin condicionamientos su voluntad al momento de suscribir el convenio que vehiculiza una percepción ágil e inmediata del crédito reconocido. Evitando el trámite de la ejecución y la demora que ello acarrea. A más de quedar descartada la instancia extraordinaria. Además, el acuerdo en cuestión versa sobre derechos que al momento de su celebración se presentaban aún litigiosos pues, al tiempo de su presentación, estaban los autos en término para su impugnación, lo cual a priori descarta la existencia de abdicación de derechos considerados irrenunciables para el trabajador (art. 12 LCT), no afectándose en consecuencia, el orden público (Voto Ronconi-Romero)