Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-05-11


SENT Nº 428	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Once (11) de Mayo de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Casa de Cambio Maguitur S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte demandada plantea recurso de casación (cfr. fs. 361/369 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de fecha 14 de marzo de 2007 obrante a fs. 352/357 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal el 09-8-2007 (cfr. fs. 379), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 816 in fine, del CPCC, norma ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del CPA.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como Tribunal del recurso de casación la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

El recurso ha sido interpuesto en término; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; se ha dado cumplimiento con el depósito que exige la ley del rito; si bien el escrito de presentación del recurso no rebate contundentemente las conclusiones a las que arriba la decisión del fallo impugnado demostrando acabadamente sus desaciertos, de su lectura puede inferirse lo básico de su cuestionamiento, motivo por el cual y a fin de no incurrir en exceso de rigor formal, se lo tiene por admisible en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos.

III.- Sostiene la recurrente para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II al hacer lugar a la demanda, declarar erróneamente inconstitucional en relación a este caso el artículo 120 del Código Tributario Municipal, modificado por las Ordenanzas N° 1424/90 y 2018/92 (PACIS), Ordenanza Nº 3032/01 (TACIS); la inconstitucionalidad del artículo 55, inciso 3º de la Ordenanza Nº 229/77 (fija en cinco años la prescripción de la acción de repetición de tributos), erróneamente aplica el artículo 4023 del Código Civil, cuando en rigor debió tenerse en cuenta la norma nacional tributaria específica contenida en la Ley 11.683, que fija el mismo plazo para la misma acción, y omisión de pronunciarse en su parte resolutiva sobre el rechazo de los importes que se habrían abonado en concepto de PUBLICIDAD y PROPAGANDA (ya que su declaración de inconstitucionalidad no se ha incoado), con más la suma abonada en concepto de renovación de tasas.

Sobre estos agravios desarrolla argumentos que, en lo pertinente y debidamente confrontados con los fundamentos que expone el Tribunal al respecto en el considerando de la sentencia en crisis y con las constancias obrantes en el proceso, paso de inmediato a ponderar al adentrarme en el examen de la procedencia del recurso de marras.

IV.- La sentencia en crisis, ¿incurre en las transgresiones que alega la recurrente? Varias son las cuestiones de derecho a debatir por las que se agravia la recurrente. De ellas paso a hacerme cargo discriminadamente.

IV.1.- La primera cuestión consiste en examinar la afirmación de la recurrente sobre la necesidad de obtener previamente sentencia firme de declaración de inconstitucionalidad de un tributo, título con el cual agotar la instancia administrativa, para que recién proceda judicialmente la pretensión de repetición.

Respecto a este agravio, considero que no es exacto que la sentencia arbitrariamente haya omitido la aplicación, vía principio "iura novit curia", del artículo 66 del Código Tributario Municipal, con la modificación introducida por Ordenanza Nº 3032/01 (que exige el reclamo administrativo previo para la procedencia de la acción de repetición) y del artículo 13, inciso b) del CPA (que establece entre las excepciones al agotamiento de la vía administrativa previa, en casos en que se pretende repetir judicialmente lo pagado, cuando el mismo se haya efectuado a requerimiento de la Administración, luego de agotada la vía administrativa de determinación), pues a mi juicio, la recurrente equivocadamente entiende que en virtud de dichas normas y ante la ausencia de reclamo administrativo previo, el actor carecía de acción o título para interponer judicialmente acción de repetición.

Al respecto, destaco que el título que habilita la pretensión de repetición interpuesta por el actor en la demanda, radica en la declaración previa de inconstitucionalidad del tributo, también articulada en la demanda.

Partiendo del principio de que se encuentra vedado a la administración declarar la inconstitucionalidad de una norma jurídica, la sentencia que declara la inconstitucionalidad de un tributo constituye título suficiente para iniciar la acción de repetición, sin que exista obstáculo legal alguno para que el contribuyente, sea en la misma demanda o separadamente, plantee ambas cuestiones.

El artículo 66 de la ordenanza tributaria dispone: "Para obtener la devolución de las sumas que consideren indebidamente abonadas, y cuya restitución no hubiere sido dispuesta de oficio, los contribuyentes o responsables deberán interponer acción de repetición ante el Organismo Fiscal acompañando todas las pruebas. No será necesario el requisito de la protesta previa para la procedencia de la acción de repetición en sede administrativa, cualquiera sea la causa en que se funde".

Regulada en el Título Noveno "Repetición por pago indebido", la norma refiere a todo supuesto de repetición por pago indebido de tributo no restituido de oficio por el organismo fiscal, pero no exige que mediando declaración judicial firme de inconstitucionalidad del mismo, sea menester retomar ineludiblemente la vía administrativa del reclamo previo para que concluida la misma, recién quede habilitada la instancia judicial.

Se trata de pretensiones sucesivas, donde la primera (declaración de inconstitucionalidad), desencadena, como lógica consecuencia, la pretensión de repetición de lo pagado indebidamente, sin necesidad de retornar a sede administrativa.

A su turno, el artículo 13, inciso a) del CPA, establece entre las excepciones al principio de agotamiento de la vía administrativa previa, el supuesto en que el contribuyente pretenda repetir lo pagado, cuando este se haya efectuado a requerimiento de la administración, luego de agotada la vía de determinación.

Justamente en el sub examine, se trata de repetir lo pagado, efectuado a pedido de la administración luego de quedar firme la instancia de determinación. Vale decir, que contrariamente a lo afirmado por la parte demandada, el caso de autos se encuentra aprehendido en el supuesto de excepción previsto en dicha norma, siendo no valiosa la interpretación legal que realiza la recurrente, en cuanto predica la obligatoriedad de recorrer previamente la vía administrativa del reclamo, acompañado del título que representa una declaración judicial firme de inconstitucionalidad, para pretender recién judicialmente la repetición del tributo inconstitucional.

Desde esta perspectiva, debe desestimarse por improcedente legalmente el argumento de la accionada que al momento de la traba de la litis, la actora carecía de título válido y eficaz para repetir, esto es no haber contado con sentencia firme que declare la inconstitucionalidad del tributo, reclamo administrativo previo y prueba de que el actor lo hubiere abonado y absorbido indebidamente. Hasta tanto tal declaración de inconstitucionalidad no se encuentre firme, alega la recurrente, no puede iniciarse la acción de repetición, porque se afectaría la garantía constitucional de defensa en juicio.

El título que habilita la acción de repetición es la declaración de inconstitucionalidad del tributo. Si la sentencia que la declara y que en su consecuencia acoge la acción de repetición no se encuentra firme, ninguna de las dos cuestiones podrán concretarse hasta tanto el fallo no pase en autoridad de cosa juzgada.

Asimismo, debe descartarse la afirmación de la recurrente de que el actor no ha probado que la administración se haya enriquecido sin causa o más bien, que el contribuyente no ha trasladado el importe del tributo a sus clientes, pues el precedente de la CSJN que marcó el nuevo cambio de jurisprudencia del alto tribunal (causa "Nobleza"), es esencialmente distinta, es la situación configurada en estos autos en la cual por la naturaleza jurídica de la contribución municipal en disputa (tasa retributiva de servicios, publicidad y propaganda), que no sólo no se ha probado la insoslayable prestación de servicio alguno por la demandada, sino que el hecho generador que se integra con la actividad que debe cumplir el Municipio no se vincula con el sujeto pasivo sino que refiere a la población en general, lo que impide asimilar ambos supuestos precedentemente cotejados. Siendo ello así, en lo que a éste agravio se refiere, el recurso resulta improcedente.

IV.2.- Con relación a la procedencia de la pretensión declarativa de inconstitucionalidad del artículo 120 de la Ordenanza Nº 229/77, modificado por Ordenanza Nº 1424 del 14-3-90; Ordenanza Nº 2018/92 y Ordenanza Nº 3032/01, conforme jurisprudencia de la CSJN que cita, presunta gravedad institucional; en este punto resulta conveniente transcribir y examinar las normas en juego.

El antiguo artículo 120 de la Ordenanza Nº 229/77, al definir el hecho imponible de las contribuciones que inciden sobre la actividad comercial o industrial, expresamente disponía: "El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al progreso regular y continuo de la ciudad, está sujeta al pago del tributo establecido en el presente Título, conforme a las alícuotas, importes fijos, índices y mínimos que establezca la Ordenanza Fiscal Anual, en virtud de los servicios municipales de contralor, seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población".

Luego, el aludido artículo 120 reformado, y bajo el Título Segundo referido a "Patentes sobre Actividades Comerciales, Industriales y/o de Servicios", establece que: "Por los servicios de inspección prestados por la Municipalidad, destinados a preservar la seguridad, higiene, salubridad y moralidad de la población, derivados del ejercicio de la actividad comercial, industrial y/o de servicio que desarrollan las empresas unipersonales o asociaciones civiles, sociedades comerciales o de cualquier otro tipo, siempre que posean local establecido o fuente de renta en esta jurisdicción, estarán sujetos al tributo establecido en el presente Título, conforme las alícuotas, importes fijos o mínimo que establezca la Ordenanza Fiscal Anual".

A su turno, los artículos 122 y 123, establecen que el tributo se liquidará y abonará por el año calendario y que la base imponible estará constituida por los ingresos brutos devengados en el transcurso de cada ejercicio fiscal, en concepto de bienes, remuneración de los servicios o pago en retribución de la actividad ejercida, no computándose como ingreso el impuesto al valor agregado.

De la lectura de las disposiciones transcriptas se advierte que el artículo 120, con la modificación introducida por la Ordenanza Nº 2018, difiere del texto del artículo 120 de la Ordenanza Nº 1424/90, en lo siguiente: a) en la denominación del tributo, ya que antes el Título Segundo se refería a "Contribuciones que inciden" (CIACIS) y actualmente "Patentes sobre...." (PACIS); b) antes y ahora se grava el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial y/o de servicios, vale decir se mantiene el hecho imponible de idéntico modo, salvo que actualmente se indica que la actividad debe ser desarrollada por empresas unipersonales o asociaciones civiles o sociedades comerciales o de cualquier otro tipo, siempre que posean local establecido o fuente de renta en la jurisdicción; c) en ambos textos normativos se alude expresamente a la prestación de servicios municipales de inspección, destinados a preservar la seguridad, higiene, salubridad y moralidad de la población, aunque con términos diferentes.

Sin embargo, las modificaciones introducidas al texto del artículo 120 por la Ordenanza 2018/92, carecen de entidad suficiente como para alterar la naturaleza jurídica del hecho imponible, conforme quedara definido por la CSJN, cuando se declaró la inconstitucionalidad del artículo 120 en su redacción primigenia, en autos "Cía. Química S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ recurso contencioso administrativo y acción de inconstitucionalidad", cuyo considerando 7º expresó: "...que todos los precedentes citados presupone empero la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, como es que el cobro de dicho tributo debe corresponder siempre a la concreta, efectiva, e individualizada prestación de su servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente" (Fallos 236: 22).

En efecto, tal concepto ha sido receptado constitucionalmente en el artículo 132 de la Carta Magna Provincial de 1907 y precisado aún más en el referido artículo 114 de la reforma de 1990, cuando alude a tasas que fijará por el servicio efectivamente prestado.

Asimismo, tanto con el antiguo artículo 120, como con el actual, se está frente a una tasa retributiva de un servicio público colectivo que beneficia a toda la comunidad de la jurisdicción y no al contribuyente en particular.

Por ello, la descripción del hecho imponible establecida en el artículo 120 reformado, tampoco se adapta a la previsión del artículo 114, inciso 1) de la Constitución de Tucumán, al establecer que "los recursos municipales se formarán con: 1) las tasas que fijare el municipio por servicios efectivamente prestados...", toda vez que la prestación efectiva de servicios que la norma constitucional requiere es concreta y los servicios que se mencionan en la norma atacada son generales, relativos a toda la comunidad del municipio y no individualizados, ni vinculados directa y específicamente a las personas físicas o jurídicas que la disposición menciona como contribuyentes o sujetos pasivos, consagrando, al decir de Augusto C. Belluscio, una manifiesta iniquidad.

Si bien desde el fallo Cía. Química S.A. c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán, antecedente tenido en cuenta, las condiciones jurídicas y políticas de los municipios han variado pues hoy en la Nación se encuentra consagrada constitucionalmente la autonomía municipal, al igual que en nuestra Provincia desde junio de 2006, aún no se ha realizado la adecuación correspondiente a la Carta Magna de Tucumán.

No obstante esta cuestión resulta irrelevante a los fines de resolver el tema en debate, pues el mismo gira en torno a la naturaleza jurídica del tributo y su ajuste constitucional.

Desde esta última perspectiva, asiste razón al tribunal a quo en que el principio constitucional de igualdad, no ha sido respetado por la imposición tributaria, ya que, tratándose de una tasa retributiva de servicios, el hecho imponible esta dirigido a quienes desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y no al resto de la población, esta última sin duda la beneficiaria de los servicios de inspección destinados a preservar la seguridad, higiene, salubridad y moralidad.

Conviene recordar que, además de las clasificación tradicional de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones, caracterizada doctrina los divide entre "tributos vinculados y no vinculados", según que el hecho imponible esté estructurado en forma tal que dentro de sus elementos constitutivos exista una actividad o gasto del Estado que de alguna forma se particularice en el obligado o repercuta especialmente en su patrimonio; Ej. tasas y contribuciones (caso de los primeros) o que el hecho generador esté totalmente desvinculado de cualquier tipo de actuación estatal, por Ej. impuestos, como en el caso de los segundos, (cfr. Villegas, Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Ed. Depalma, 1979, T° I. pág. 77).

A su vez, la doctrina enseña que la tasa es la prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado, en virtud de ley, por la realización de una actividad que afecta especialmente al obligado (Giuliani, Fonrouge, Carlos M. "Derecho Financiero", Ed. Depalma, 1993, Vol. II, pág. 990), vale decir que la característica fundamental de este tributo, es el de ser "vinculado" y por lo tanto el hecho generador se integra con una actividad que el Estado cumple, vinculada con el sujeto pasivo.

De la descripción del hecho imponible (artículo 120 reformado), surge sin lugar a dudas, que nos encontramos en presencia de una tasa retributiva de los servicios municipales de inspección, tendientes a preservar la seguridad, higiene, salubridad, moralidad, de la población.

De suyo pues, que el hecho generador que se integra con la actividad que debe cumplir el municipio, no se encuentra vinculado con el sujeto pasivo solamente, sino que refiere a toda la población, lo que excede con creces lo que debe entenderse por tasa.

Desde esa óptica, la norma contenida en el artículo 120 de la Ordenanza Nº 229/77, reformado, resulta irrazonable pues alude a servicios generales, relacionados a toda la comunidad del municipio, no individualizados, ni vinculados específicamente con los contribuyentes.

Por las razones expresadas, concluyo que la norma en análisis, conculca el principio constitucional de igualdad y, por ende, resulta inconstitucional.

Por otro lado, la recurrente pretende que la reforma del artículo 120, alude a "patentes sobre las actividades comerciales, industriales y/o de servicios", en el entendimiento que la reforma de 1990, al incorporar en el artículo 114, inciso 1) de la Constitución Provincial, como recurso municipal "...el producto de patentes...", ha facultado la creación de un impuesto, criterio seguido por Fonrouge habilitando a la demandada a establecerlo como consecuencia de la autonomía municipal reconocida por la CN.

Al respecto, se advierte que sin perjuicio que la reforma constitucional provincial data de 1990, es decir antes de la reforma de la nacional en 1994, la incorporación del producto de patentes como recurso municipal, en el artículo 114, inciso 1) de la Constitución de Tucumán, no lo ha sido en virtud de una presunta autonomía municipal, aún no declarada constitucionalmente en la Provincia, sino que por el artículo 113 de la Carta Magna local, la ley sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Provincia, determina las funciones a cumplir por los municipios referentes a tareas de seguridad, salubridad, moralidad pública y cualquier otra vinculada a los intereses locales.

Esa ley no es otra que la Orgánica de municipalidades Nº 5529/83, con sus sucesivas modificaciones, que aún se encuentra vigente y según la cual son atribuciones del Concejo Deliberante, entre otras, fijar tasas y contribuciones; reglamentar el funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y/o de prestación de servicios, adoptando medidas referidas a la seguridad, salubridad, moralidad, etc. de la población (artículo 24, inciso 8, 20, 36, 37 y 38; artículo 25; etc.).

Dentro de estas competencias se encuentra el ejercicio del poder de policía referido a estos aspectos (seguridad, salubridad, etc.) en la actividad de comercial, industrial y/o de servicios, para cuyo desarrollo es necesaria la habilitación municipal.

En cuanto a la patente, ha sido conceptualizada como un derecho que el municipio cobra para conceder la autorización de policía necesaria para instalar y habilitar un comercio, industria o un servicio.

Sin embargo, Giuliani Fonrouge, comentando el impuesto de patentes que rigió en la Provincia de Buenos Aires hasta 1976, donde el hecho generador era el ejercicio del comercio, industria, profesión, oficio, negocio o cualquier otra actividad con fines de lucro, consideró al mismo un verdadero impuesto directo que fue derogado y sustituido, primero, por el de actividades lucrativas y luego, por los ingresos brutos ("Derecho Financiero", Depalma, Bs. As., 2001, T°. II, nº 542 pág. 1154).

Como fácilmente puede advertirse, las patentes a las que alude la Constitución de Tucumán, no guardan relación alguna con el citado impuesto de la Provincia de Buenos Aires, como lo pretende la recurrente.

Por otra parte, la expresión utilizada por el artículo 120 reformado de la ordenanza tributaria, al describir el hecho imponible con la frase inicial de: "Por los servicios de inspección prestados por la Municipalidad...", disipa toda duda respecto a que se trate de una patente, pues en rigor de verdad, alude claramente a la contraprestación de un servicio estatal, sin su concreta, efectiva e individualizada prestación en beneficio del contribuyente.

Idéntica consideración merece la reforma introducida por Ordenanza Nº 3032/01, que modificó el Título II, de la Ordenanza Tributaria de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, estableciéndose la Tasa por Servicios a la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios (TACIS), en cuyo Capítulo I, el artículo 120, reformado, primer párrafo, define el hecho imponible: "Por los servicios municipales de habilitación, instalación y asesoramiento sobre el cumplimiento de los requisitos destinados al control de higiene, salubridad, moralidad, y preservación del ambiente; asesoramiento, control de seguridad, inspección de los requisitos y puesta en funcionamiento de mecanismos de defensa civil de la población; organización y la coordinación del tránsito vehicular, peatonal y transporte público; fiscalización de la fidelidad de las pesas y medidas, sobre el ejercicio de toda actividad comercial, industrial, de servicio u otra a título oneroso, siempre que posea local establecido, corresponde el pago del tributo establecido por este Título, conforme a las alícuotas, mínimos, adicionales, importes fijos, e índices que establezca la Ordenanza Fiscal Anual".

De la lectura de su texto, surge que los servicios municipales que allí se aluden también se encuentran referidos a la población, sin que aparezcan vinculados con el sujeto pasivo obligado al pago, -uti singuli-, por lo que vulnera el artículo 114, inciso 1º de la Constitución Provincial de 1990.

La jurisprudencia nacional (CSJN: caso "Cía Swift de La Plata SA Frigorífico c/ Nación s/Repetición, del 11-10-61, Fallos: 192: 139 y sus citas, entre otros) que cita la recurrente en apoyo de la constitucionalidad del tributo, primeramente se encuentra referida a legislación local de otras provincias, posiblemente con otro encuadre constitucional, de modo tal que no resultan aplicables en el presente caso y, en segundo lugar, se declara la facultad de los municipios para imponer tasas como modo de obtener recursos, cuestión que no se encuentra discutida en autos, sino su falta de vinculación con el sujeto obligado a su pago.

Desde esta perspectiva, también debe desestimarse que en el caso se haya configurado un supuesto de gravedad institucional, pues no se encuentra en tela de juicio la facultad de los municipios de la Provincia para establecer tasas, sino la constitucionalidad de las reguladas en las ordenanzas tributarias municipales.

Tampoco puede ser atendido el argumento de la recurrente respecto que con la reforma introducida por la Constitución Provincial en 2006, artículo 135 inciso 2º; la cuestión deviene abstracta, ya que eliminó la exigencia de que las tasas que fijara el municipio para formar sus recursos, lo fueren ".por servicios efectivamente prestados", pues la eliminación del requisito fue posterior a los hechos que motivan la demanda, es decir los tributos, cuya inconstitucionalidad y repetición se reclama, corresponden a un período anterior a la reforma constitucional, como surge de la demanda que también fue interpuesta con anterioridad a la reforma constitucional.

En su mérito, el recurso en lo que concierne a estos agravios, resulta improcedente.

IV.3.- Igualmente debe desestimarse el agravio referido a la omisión del fallo de pronunciarse en su parte resolutiva sobre el rechazo del monto de $12.764,11 cuya repetición se reclama, que se habrían abonado en concepto de PUBLICIDAD y PROPAGANDA (ya que su declaración de inconstitucionalidad no se ha incoado), con más la suma de $1.635, 51, abonados en concepto de renovación de tasa; pues entiende la recurrente que existiría progreso parcial de la demanda, circunstancia que ameritaría la modificación del modo de imposición de costas	En efecto, contrariamente a lo manifestado por la recurrente, el fallo expresamente ha dejado aclarado en su considerando (fs. 356 vta.) que no fueron computados los pagos del tributo denominado PUBLICIDAD y PROPAGANDA, justamente por no haber sido cuestionada en autos su constitucionalidad.

Lo que acontece es que consta en los recibos de pago agregados en autos, los tributos PACIS, TACIS, PUBLICIDAD y PROPAGANDA son pagados en forma conjunta en el mismo recibo y por lo tanto, el tribunal a los fines de establecer el monto de la condena, ordena que la liquidación a practicar por la demandada debe descontar los montos correspondientes al pago del tributo denominado PUBLICIDAD y PROPAGANDA ya que si bien constan en los recibos de pago agregados en autos, abonados conjuntamente con el PACIS y TACIS, su monto no debe computarse y debe ser descontado, habida cuenta que la actora no demandó su inconstitucionalidad. La referencia a dicho tributo (PUBLICIDAD y PROPAGANDA), solo se justifica por la necesidad de aclarar que los montos que surgen abonados en los recibos agregados en autos, comprenden conjuntamente a ambos tributos (PACIS, TACIS, PUBLICIDAD y PROPAGANDA) y deben descontarse porque su inconstitucionalidad no integra la litis.

Mal puede entonces en el fallo, pronunciarse expresamente por el rechazo del rubro (PUBLICIDAD y PROPAGANDA) en su parte resolutiva, resolviendo sobre un tributo no cuestionado en la demanda, violando así el principio de congruencia. Por el mismo motivo, no existiendo acogimiento parcial de la demanda sino total, no corresponde considerar arbitraria la imposición de la totalidad de las costas a la vencida, demandada en autos, como pretende la recurrente.

En mérito a lo expresado, el agravio de la accionada resulta improcedente.

IV.4.- Por último, debe descalificarse la apreciación de la demandada respecto a que el fallo erróneamente declara inconstitucional el plazo de prescripción del artículo 55 inciso 3º de la Ordenanza Nº 229/77 (fija en cinco años la prescripción de la acción de repetición de tributos), y dispone la aplicación del artículo 4023 del Código Civil, cuando en rigor debió tenerse en cuenta la norma nacional tributaria específica contenida en la Ley 11.683, que fija el mismo plazo para la misma acción, declarando, por el contrario, la constitucionalidad de dicha norma tributaria municipal y rechazar la repetición por los períodos no prescriptos.

Como sostuvo esta Corte en sentencia Nº 643 del 28-8-98: "En cuanto a la cuestión de hecho referida al plazo de la prescripción de la acción de repetición, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación privilegia la aplicación del Código Civil sobre lo contrariamente dispuesto por la legislación local, en la inteligencia de que la materia resulta facultad exclusiva de la legislación nacional, ejecutada aquélla mediante el dictado del Código Civil y de Comercio -fondo común del derecho-, no pudiendo una ley local derogar los plazos establecidos por leyes sustantivas dictadas por el Congreso (en esp. cfr. "Fallos: 176:115, y elenco jurisprudencial en idéntica línea, ver "Fallos: 119:417; 149:417; 161:397; 168:403; 169:296; 175:300; 178:9; 180:96; 183:143; 188:403; 190:142; 193:231; 200:444; 202:516; 203:274; 205:200; 215:5; 217:189; 222:587; 232:482; 235:571; 269:379; 282:20; 293:427, entre muchos otros, en doctrina cfr. Villegas, Héctor B., "La legislación impositiva y el derecho privado", L. I. t. L, pág. 870 y Enrique G. Bulit Goñi, L.I. año 67, n° 793, t. 73, enero 1.996 pág. 39: "el inciso 12 confiere al Congreso Nacional la atribución para el dictado de le legislación de fondo, lo que determina que los ordenamientos de niveles inferiores no pueden dictar normas en materia tributaria que pudieren contraponerse a tales regulaciones de modo de desarticular la unidad nacional de legislación sustantiva"). Asimismo la SC, en setiembre 30 de 1993, in re: "La Plata Remolques S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/repetición" (L-338. XXI-O) en su 2° considerando sostuvo: "Que tal como lo sostiene el señor Procurador General en su dictamen de fs. 337/344, las normas de carácter local atinentes a los plazos de prescripción no resultan, por las razones que allí se expresan, aplicables en el caso de demandas de repetición de impuestos que surtan la competencia originaria. Por lo tanto, cabe estar al plazo que en la materia contiene el art. 4023 del Código Civil...". En esta senda hermenéutica, se orientó también esta Corte local, en anterior composición, in re: "Banco Comercial del Norte vs. Provincia de Tucumán s/Recurso contencioso administrativo", sentencia del 27-12-68, como reseña el fallo del tribunal de grado que interviene en la especie. Coincidimos también con el pronunciamiento en recurso que en el caso, no resulta de aplicación el artículo 4027, inciso 3° del Código Civil como lo pretende la demandada, ya que no se trata de obligaciones que deban pagarse por años o plazos periódicos más cortos, sino de una acción de repetición de lo que se ha pagado indebidamente, siendo acertada la decisión de la sentencia en recurso de declarar la inconstitucionalidad del artículo 55, inciso 3° de la ordenanza tributaria en cuanto establece un plazo de prescripción menor y considera aplicable el artículo 4023 del Código Civil".

"A idéntica conclusión arribó este Tribunal en autos: "Banco Comercial del Norte S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Repetición de pago e inconstitucionalidad", sentencia N° 870 del 28-10-97".

Por todo lo expuesto, concluyo que el recurso de casación incoado por la Municipalidad demandada resulta improcedente, voto porque así se declare.

V.- Acorde al resultado a que se arriba y por aplicación del principio objetivo de la derrota, corresponde imponer las costas de esta instancia extraordinaria local, a la vencida, Municipalidad demandada en autos (CPCC, artículo 106 primera parte y artículo 89 del CPA).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 387/388, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación deducido por la parte demandada, contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de fecha 14 de marzo de 2007, obrante a fs. 352/357 de autos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.