Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-15


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de diciembre de 2006, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch para resolver las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

Contra el pronunciamiento del titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 13, Guillermo E. H. Morosi, que no hace lugar a la excarcelación de Gustavo Walter Rosello bajo ningún tipo de caución (fs. 6/9 apartado I), el Sr. Defensor, Roberto Guinney, interpuso recurso de apelación solicitando que sea revocado dicho auto, disponiéndose la inmediata libertad de su asistido (fs. 11/16).

El recurrente individualizó dos cuestiones generadoras de agravio en respaldo de la viabilidad del remedio articulado: 1) menoscabo a los derechos y a la libertad de la que debe gozar el imputado durante el trámite del proceso por su condición de inocente (art. 18 de la C.N.) y 2) errada presunción de fuga vaticinada por el A-Quo fundada en los antecedentes condenatorios que Rosello registra y en la carencia de domicilio determinado. Formuló reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad y la CSJN en los términos de la Ley 48 -art. 14- (fs. 11/16).

Por su parte el Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, luego de considerar formalmente admisible el recurso de apelación (punto II, fs. 23) y de reseñar las circunstancias personales del imputado con especial atención en los antecedentes condenatorios informados y el domicilio que habita el nombrado (punto III, fs. 23vta./25) expresó que "...los argumentos del Sr. Magistrado han sido correctos y debidamente fundados, y que los mismos no han podido ser desvirtuados por el recurrente. En tanto, se limita a exponer sus propios argumentos sin desvirtuar los dados por el Sr. Juez", concluyendo en que "...corresponde rechazar el recurso impetrado confirmando la resolución en crisis..." (punto IV, fs. 25).

La Defensa mantuvo los agravios expuestos oportunamente y refirió -contrariamente a lo sostenido por el Fernández en relación a la falta de certeza del domicilio que habita su asistido- que "...el Sr. Gustavo Rosello tiene un fuerte vínculo afectivo, no sólo con su pareja con quien reside, sino que también lo mantiene con su hermano, lo que da un indicio cierto de la existencia de un fuerte arraigo al lugar donde reside..." (fs. 30/31).

Cumplidos los pasos y plazos procesales de rigor, se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

CONSIDERANDO:

I.- Del examen de admisibilidad del recurso ordinario intentado, surge que fue interpuesto en tiempo oportuno, ante el juez que dictó la resolución cuestionada y por quien tiene derecho a hacerlo (impugnabilidad subjetiva) y se trata de un auto expresamente declarado apelable (impugnabilidad objetiva) -art. 332 del C.P.P.N. de aplicación supletoria, según el art. 55 de ley 1287 ref. 1330- II.- En la resolución en crisis el A-Quo consideró que existen pautas objetivas que impiden descartar el peligro de fuga emergente de la amenaza de una pena de efectivo cumplimiento acreditándose de tal manera el riesgo procesal que torna improcedente la excarcelación del encartado.

También meritó que los antecedentes que Rosello registra constituyen parámetros objetivos que satisfacen los extremos requeridos por el art. 319 del C.P.P.N. para habilitar la presunción contenida en la última parte de dicha norma en función del aseguramiento de la realización del proceso y de la eventual observancia de la pena -causa nº 864 con intervención del Tribunal Oral Nacional en lo Criminal Nº 20 en la que el 7 de abril de 2000 fue condenado a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, declarándolo reincidente, accesorias legales y costas en orden a los delitos de robo con armas en grado de tentativa en concurso real con encubrimiento por receptación de cosa de procedencia sospechosa en concurso ideal con tenencia ilegítima de arma de guerra y a la pena única de siete años de prisión, accesorias legales, declarándolo reincidente, rigiéndose las costas por sus respectivos pronunciamientos, comprensiva de la dispuesta anteriormente y la condena única recaída el 23 de abril de 1997 en la causa nº 121 del Tribunal Oral de Menores Nº 2 a la pena única de cinco años, seis meses y quince días de prisión y accesorias legales, comprensiva de la de un mes de prisión de efectivo cumplimiento dictada en esos autos por el delito de robo en grado de tentativa y de la pena única de cinco años y seis meses de prisión y accesorias legales, impuesta el 20 de noviembre de 1996 en causa nº 206 del registro del Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 28 comprensiva, Causa Nº 29941-01/CC/2006 Sala II a su vez, de la sanción de ocho meses de prisión que se le impuso en esos autos, por el delito de robo y de la pena única de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, dictada por el Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 5, en la causa nº 326 el 11 de julio de 1996, que comprendía la de cinco años de prisión en suspenso -cuya condicionalidad se revocó- impuesta el 19 de octubre de 1995 en la causa nº 221 del Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 21 en orden al delito de robo simple en grado de tentativa. Además, el 27 de febrero de 2004 en la causa nº 1629 del Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 18 fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo nuevamente reincidente en orden a los delitos de robo con armas en grado de tentativa en concurso ideal con portación de arma de uso civil sin la debida autorización, habiéndosele otorgado la libertad asistida el 22 de abril de 2006- (ver informes que en copias certificadas obran a fs. 19 a 26 del legajo acollarado).

Al respecto, la Cámara Nacional de Casación Penal ha sostenido que "El artículo 319 del C.P.P.N. contiene las pautas que impedirán la concesión de la exención de prisión o excarcelación, cuando, no obstante verificarse la concurrencia de los recaudos objetivos previstos en los artículos 316 y 317, las particulares circunstancias del caso hicieren presumir que el imputado podría intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de las investigaciones, su fundamento radica en que en aquellos casos en los que la liberación podría significar una frustración a los fines del proceso, debe hacerse prevalecer el interés general de la sociedad en la prevención y represión del delito. En el caso, el tribunal valoró tanto las condiciones personales del imputado como sus antecedentes judiciales y la posibilidad de ser declarado reincidente como parámetros suficientes para concluir que una vez obtenida la libertad podría eludir la acción de la justicia, por lo que la denegación del beneficio resulta ajustada a derecho (voto del Riggi, al que adhieren el Tragant y la Catucci, C.N.C.P. Sala III, 30-09- 2003, "Ñancupel Uribe, Guido Adrián s/ REc. de Casación", causa nº 4710, sumario publicado en la Revista de Derecho Procesal Penal, 2005, Excarcelación- Jurisprudencia, Director Edgardo Alberto Donna, Rubinzal-Culzoni, Editores. 1ª Edición, Santa Fe, septiembre de 2005, pág. 158).

Por otra parte y de acuerdo al criterio expuesto en anteriores pronunciamientos la circunstancia de que entre la comisión del hecho que dio origen a estos actuados y el cumplimiento de la condena anterior no hubiere operado el plazo previsto en el art. 27 del C. Penal, permite descartar la posibilitad de que en caso de recaer sentencia condenatoria ésta fuera de ejecución condicional, sin que ello constituya un juicio adelantado como manifiesta la Defensa, toda vez que dicho extremo se erige en pauta objetiva de valoración a la luz de la norma ritual referida, al momento de evaluar la procedencia del instituto liberatorio.

En este sentido la Cámara Criminal y Correccional Federal de San Martín ha dicho que "Se erige como obstáculo a la soltura impetrada el hecho de no haber transcurrido diez años desde el dictado de su condena anterior y por ello, la suspensión no podrá ser acordada por segunda vez (Cód. Penal, art. 27 2º párrafo). Por tanto, es dable concluir que de recaer condena la misma no sería de ejecución condicional -CPP. arts. 312, inc. 1; 317 inc. 1ª en función con el art. 316, segundo párrafo a contrario-" (C.C.C.Fed. San Martín, Sala II, 27-05-2004, causa nº 2634 carat. "Incidente de excarcelación e/f. de Luis Alberto Magr", sumario publicado en la Revista de Derecho Procesal Penal, 2005, Excarcelación- Jurisprudencia, Director Edgardo Alberto Donna, Rubinzal-Culzoni, Editores. 1ª Edición, Santa Fe, septiembre de 2005, pág. 141).

Por ultimo, resta destacar que pese a las divergencias en orden al domicilio real del encartado (ver fs. 1, 15, 22, 24, 28 y 39/40) hasta el momento no ha sido certificado fehacientemente. No obstante, la carencia de tal dato por sí sola no podría conducir a la presunción de una posible fuga o entorpecimiento de la investigación, dado que la futura comparecencia del nombrado podría asegurarse mediante la imposición de una caución. Sin embargo, de una consideración integral de las circunstancias del caso - antecedentes condenatorios anteriores que registra y que el inicio de las presentes actuaciones tuvo lugar a pocos días del vencimiento de la pena impuesta en la última condena, respecto de la cual se hallaba gozando del beneficio de la libertad asistida-, permiten concluir que resulta acertada la decisión del Magistrado en cuanto no hace lugar a la excarcelación de Gustavo Walter Rosello bajo ningún tipo de caución.

Por todo lo expuesto, habiendo finalizado el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

Causa Nº 29941-01/CC/2006 Sala II I.- CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 6/9 en cuanto no hace lugar a la excarcelación de Gustavo Walter Rosello bajo ningún tipo de caución.

II.- TENER PRESENTE las reservas formuladas por la defensa.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente a fin de que se cumplan con las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.