Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-23


ROSSI AMICONE, Fabiano contra GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 205 p 149-154. Santa Fe, 23 de Febrero del año 2.005.

VISTOS: Los autos "ROSSI AMICONE, Fabiano contra GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE -Amparo- (Expte. 57/03) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 316, año 2003), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la actora (fs.40/46v.), para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO: 1. En el "sub judice" este Cuerpo por resolución registrada en A. y S., T. 196, pág. 3, rechazó la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora contra la sentencia 75 del 4 de abril de 2003, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación Laboral de esta ciudad.

Pronunciamiento, este último, mediante el cual se revocó el fallo de baja instancia -que, a su turno, había hecho lugar a la acción de amparo por mora intentada por Fabiano Rossi Amicone tendente a que se ordene a la Provincia el pronto despacho de las actuaciones iniciadas a los efectos de obtener el cobro de bonificación por título para el personal de la Administración Pública- y se impusieron las costas de ambas instancias a la parte actora.

El fallo de este Tribunal -denegatorio del recurso directo- es impugnado a través del remedio extraordinario previsto por el artículo 14 de la ley 48.

En la pieza del remedio federal la apelante, después de realizar una reseña de los antecedentes de la causa, señala las falencias que a su entender reviste el fallo de la Sala, arguyendo en primer término, que de los considerandos de la sentencia del A quo surge la arbitrariedad del pronunciamiento por cuanto no resuelve el nudo de la cuestión, el objeto mismo de la acción, limitándose a afirmar que existe otra vía mas expeditiva, como lo es la contencioso administrativa, circunstancia que además, a su entender, resulta falsa habida cuenta de los plazos contenidos en el Código en lo Contencioso Administrativo.

Alega además, que también yerra la sentencia en considerar que se está en presencia de un reclamo que persigue la percepción de una acreencia de naturaleza salarial, lo que nada tiene que ver con la pretensión contenida en el escrito del amparo, ya que no se solicita el pago del adicional correspondiente a la "bonificación por título", sino que la Administración se expida sobre la procedencia o improcedencia de su solicitud.

Afirma que en el caso se vulnera la garantía del debido proceso, y el derecho a obtener un pronunciamiento justo, ya que si bien es cierto que la figura del amparo por mora no se encuentra contemplada en el ordenamiento jurídico provincial, debe primar el principio de supremacía constitucional y la jerarquía de normas nacionales, priorizándose al resolver la aplicación de un criterio más progresista y que evite el desgaste jurisdiccional, incorporando una figura legal como la del amparo por mora.

Se queja además que se considere que sus planteos recursivos se reducen a una discrepancia hermenéutica, en torno a cuestiones de derecho, que resultan extrañas a la vía intentada salvo que se demuestre irrazonabilidad o lesión a garantías constitucionales, ya que a su entender dicha vulneración ha quedado evidenciada y puesta de manifiesto a lo largo de toda la tramitación.

Aduce que la expresión "sin abrir juicio acerca del acierto o error de la decisión" se aparta abiertamente del derecho a obtener una sentencia justa, por cuanto no puede limitarse la justicia de un decisorio a la sencilla mención de que se cumplimentó con la exigencia de suficiente motivación, cuando en la práctica ha quedado palmariamente demostrado que el Juzgador se apartó abiertamente de lo peticionado.

Por otra parte, se queja de la confirmación de la imposición de costas a su cargo con el fundamento de que el Sentenciante determina la existencia o no de razón plausible para litigar. En tal sentido sostiene que no considerar suficientemente acreditada dicha razón frente a una solicitud de reconocimiento del derecho a percibir adicional por título, posteriores pedidos de pronto despacho, vencimiento de plazos y silencio de la administración implicaría violar lo dispuesto en el artículo 4 y 17 de la Constitución nacional, el derecho de propiedad y el principio de razonabilidad.

Afirma que en el marco de los considerandos, este Cuerpo yerra al remarcar que lo que se pretendió a través del amparo es "...obtener el cobro de bonificación por título para el personal de la Administración Pública..."; lo que -afirma- queda desvirtuado tan solo con la lectura del escrito de interposición del amparo el cual en su objeto expresamente indica que el fin de la acción es que "se ordene el pronto despacho de las actuaciones.....", que se repite en el petitorio, circunstancia que a su entender descalifica abiertamente el primer considerando del fallo de esta Corte que hoy impugna.

En tal sentido indica que este Tribunal omitió considerar cual fue "ab initio" la pretensión de su parte, receptando tan sólo la interpretación efectuada por la Sala al rechazar el recurso de inconstitucionalidad mencionando que se perseguía el cobro.

Expresa que quitarle al administrado el derecho a optar por exigir al órgano competente que se pronuncie e imponerle que deba accionar a través de la vía contencioso administrativa, vulnera la garantía del debido proceso adjetivo y que la sola existencia de la posibilidad de acudir a la vía contencioso administrativa por denegación presunta, no alcanza a conmover la viabilidad del amparo por mora a los fines de objetar una decisión fundada de parte del órgano administrativo.

Por último afirma que la jerarquía constitucional de las prescripciones establecidas en el artículo 14 de la Constitución nacional y XXIV de la Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre -norma de mayor rango que la falta de regulación de un instituto por una provincia-, deben necesariamente desplazar la imposición de las normas cuya aplicabilidad pretende privilegiar esta Corte Suprema de Justicia provincial.

2. En primer término, es menester reducir el planteo recursivo a su ámbito preciso. Por ello, las tachas esgrimidas que hacen al fallo de la Cámara no pueden ser consideradas por esta Corte en el examen de admisibilidad que le compete efectuar. Ello así, por cuanto la resolución referida no constituye objeto procesal de la impugnación extraordinaria intentada.

En efecto, es criterio de este Cuerpo que los agravios que sustentan el recurso federal, deben estar dirigidos contra la sentencia de este Tribunal, que es la que agota los remedios locales, y no contra las decisiones de las sedes ordinarias (A. y S., T. 52, pág. 491; T. 63, pág. 233; T. 86, pág. 147; T. 93, pág. 445; T. 97, pág. 156; T. 101, pág. 421; T. 102, pág. 401, entre otros).

Claro está que la mención de aquellos reproches debe entenderse al solo efecto de que tienden a tratar de esclarecer cómo ellos no tuvieron acogida por esta Corte al juzgar la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad. Pero, en modo alguno, pueden ser analizados los vicios que intentan reiterar los que sirvieron de fundamento al remedio local, aunque el impugnante pretenda endilgarlos como propios de este Tribunal.

En el "sub lite", este yerro en el objeto recursivo campea a lo largo de todo el escrito de interposición el recurso federal, habida cuenta que su sola lectura revela con toda claridad que los cuestionamientos efectuados por la quejosa se dirigen casi con exclusividad a la sentencia de Cámara y no a la de esta Corte, intentando fusionar, en el mejor de los casos, ambos pronunciamientos. Más, soslayando con dicho proceder la distinta labor jurisdiccional que le compete a cada uno de los Órganos en la especie: el primero, se situó dentro del marco de los recursos ordinarios interpuestos, en cambio, este Tribunal ejerció un control de constitucionalidad de lo juzgado por aquél en lo atinente a la valoración de los hechos, prueba y las normas que consideró aplicables.

Repárese, que -en definitiva- las críticas que podría considerarse que efectúa a la resolución de este Cuerpo estriban todas en haber convalidado la supuesta arbitrariedad en que incurrió la Cámara.

Aún mas, aquella que formula como propia de la sentencia de este Órgano al expresar que "...en el marco de los considerandos de este decisorio de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, este alto cuerpo judicial yerra una vez más al remarcar que lo que se pretendió a través del amparo es '...obtener el cobro de bonificación por título para el Personal de la Administración Pública...´(sic), lo que queda desvirtuado tan solo por la simple y sencilla lectura del escrito de interposición del amparo...." (f. 44v.), tampoco puede ser acogida, ya que el simple cotejo del párrafo completo del considerando cuestionado revela sin mas el desacierto de la recurrente en la interpretación que efectúa a partir de la trascripción parcial del mismo.

Adviértase al respecto que al iniciar el relato en los considerandos de la sentencia, esta Corte expresamente sostuvo: "...La resolución recurrida revocó el fallo de baja instancia -que a su turno, había hecho lugar a la acción de amparo por mora intentada por Fabiano Rossi Amicone tendente a que se ordene a la Provincia el pronto despacho de las actuaciones (expte. nro. 00201-0063956-2 del Ministerio de Gobierno) iniciadas a los efectos de obtener el cobro de bonificación por título para el personal de la Administración Pública -Decreto nro. 2595/83-, e impuso las costas a la actora en ambas instancias..." (confr. f. 32).

De allí que el intento de la impugnante de pretender achacarle a este Cuerpo, a partir expresiones sacadas de contexto, el haber desviado el objeto recursivo omitiendo considerar cual fue "ab initio" la pretensión de la parte, queda sin ningún sustento con la mera lectura del fallo mencionado, resultando su agravio un mero intento de reiterar argumentos expuestos al introducir el recurso de inconstitucionalidad local, pero que en modo alguno consiguen perfilar el apuntado vicio de haber errado el objeto de la acción intentada al avocarse al estudio del agravio, y menos aún no haber brindado respuesta al mismo.

No corre mejor suerte el agravio relativo a que este Cuerpo no se detuvo a considerar sus quejas relacionadas con la violación al derecho de defensa por haberle quitado al administrado el derecho a optar por la vía que consideró más adecuada, imponiéndole que deba accionar por la contencioso administrativa.

Ello así, puesto que a poco que se ahonde en la lectura del fallo que hoy cuestiona, puede advertirse que -contrariamente a lo sostenido por la impugnante- este Tribunal dio respuesta a sus planteos indicando que la previa identificación de la materia indica al Juzgador cuál ha de ser la perspectiva y la dirección desde la que proseguirá el análisis de la concurrencia de los demás requisitos de amparo; y que tal perspectiva consiste en que si la materia que se pretende debatir mediante la mencionada vía es contencioso administrativa, su dilucidación corresponde por su naturaleza a la justicia administrativa; razón por la cual, -en el entendimiento que se está detrayendo competencia a los Tribunales que constitucional y legalmente cuentan con atribuciones para controlar a otro poder del Estado- es que los magistrados y los justiciables deben analizar con especial estrictez si concurren, además, los requisitos del propios del amparo.

Desde esta óptica esta Corte consideró que en las circunstancias que rodearon el caso, la recurrente no expresó motivos suficientes que justificaran que el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa podría acarrearle un perjuicio irreparable - máxime cuando podría haber utilizado todos los mecanismos de tutela cautelar previstos por la ley-, ni aportó razones suficientes a los efectos de demostrar, a los fines de su viabilidad, que el derecho constitucional que se pretendió afectado dependiera de modo directo e inmediato del acto omitido; sumado ello a la necesaria concurrencia de todos y cada uno de los recaudos comunes exigidos por la ley 10456 para la procedencia del amparo tradicional.

Lo expuesto evidencia que este Cuerpo, al resolver, lejos de omitir considerar los agravios que invoca la recurrente, dio razones fundadas de sus conclusiones, con lo cual la tacha invocada deviene insusceptible de impugnación constitucional.

Igual suerte adversa merecen los reproches relativos a que se ha vulnerado el derecho a obtener una sentencia justa limitando la justicia del decisorio a la sencilla mención de que se cumplimentó con la exigencia de suficiente motivación; los relacionados con la imposición de costas por entender que no existía razón plausible para litigar, y el haber privilegiado normas locales por sobre otras de jerarquía constitucional, amparados en la falta de regulación legal en la provincia del instituto elegido.

Ello así, por cuanto, como se dijo, tales cuestionamientos reiteran -casi simétricamente- las alegaciones vertidas en la pieza por la que se dedujera el recurso de inconstitucionalidad local, a punto tal de que las expresiones sobre las cuales formula sus agravios son transcripciones de argumentos utilizados por la Cámara, y no del fallo de esta Corte que es el que debe erigirse como objeto de impugnación a los fines del recurso extraordinario federal.

En efecto, el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación estatuye que el escrito de interposición del recurso extraordinario sea "fundado con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48", disposición ésta que, a su vez, prescribe que "cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior, deberá deducirse la queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos...".

De dicha regulación legal surge que pesa sobre el apelante la carga de efectuar en la impugnación una crítica prolija, concreta y razonada de la sentencia atacada, así como la refutación de todas y cada una de las motivaciones enunciadas por el Tribunal superior de la causa para arribar a las conclusiones que originan sus agravios (Fallos:303; 109 y 481; 304:1306 y 1588; 306:503).

Como consecuencia del incumplimiento de la carga mencionada han quedado enhiesto, en pie las motivaciones brindadas por este Cuerpo a fin de desestimar el planteo deducido por la impugnante en el recurso de inconstitucionalidad local, cuales son que los cuestionamientos del recurrente traducían tan sólo su disconformidad para con la solución arribada por los Sentenciantes en ejercicio de funciones propias al decidir que la vía elegida aparecía en el caso exorbitada e injustificada por existir otras ordinarias y regladas aptas para el tratamiento y decisión de la pretensión recursiva y que toda la argumentación impugnativa resultó, en definitiva inconsistente a los fines de demostrar que, efectivamente los Sentenciantes hubieran propiciado una hermenéutica del instituto en cuestión -amparo por mora- que desnaturalizara o restringiera los fines para los cuales fue consagrado, ni efectuado una valoración de los recaudos de aquél que conllevara al soslayamiento de normas fundamentales.

La circunstancia de que este Tribunal haya optado por un criterio que difiere al sustentado por el quejoso no constituye agravio federal en tanto no se logre demostrar que lo decidido exceda lo meramente hermenéutico y menos aún que lesione garantías constitucionales.

Desde esta perspectiva, la recurrente no logra, en esta instancia, explicar, ni siquiera insinuar, cómo emerge la violación a los derechos y garantías constitucionales que estima preteridos, y, consecuentemente, al advertirse que las alegaciones por ella formuladas en el memorial del recurso extraordinario federal -encaminadas como ya se dijo, exclusivamente a reiterar reparos contra la sentencia de la Alzada y sin atribuir vicio alguno a este Cuerpo- no alcanzan a demostrar, ni siquiera "prima facie", que se configuren alguno de los supuestos contemplados en el artículo 14 de la ley 48, en orden a habilitar la instancia federal.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas a la vencida.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)