Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-18


L., J. A.

Reg.: A y S t 216 p 225-226.

Santa Fe, 18 de octubre del año 2.006.

VISTOS: Los autos "L., J. A. -Tentativa de Estafa- sobre Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad" (Expte. C.S.J. nro. 396, Año 1.995) venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto por el encartado para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia de fojas 108/113; y, CONSIDERANDO:

Mediante la sentencia impugnada, esta Corte resolvió desestimar la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor del señor J. A. L. contra el pronunciamiento de la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario que, a su turno, lo condenara como autor penalmente responsable del delito de estafa en grado de tentativa a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, e hiciera lugar a la demanda instaurada contra el mismo por T. P. vda. De T. y M. R. T., condenándolo a pagar la suma allí establecida, con intereses y costas del juicio.

En su presentación, el curial en ejercicio de la defensa técnica acusa la arbitrariedad de la sentencia impugnada por haber sido dictada encontrándose prescripta la acción penal, por haber transcurrido ampliamente, en el caso, el plazo previsto por la legislación vigente (art. 62, inciso 2do., C.P.), considerando, incluso, el máximo de la figura consumada (6 años) sin que haya existido causal alguna de interrupción de la prescripción.

Aduce, con cita de jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación, que la prescripción es de orden público, por lo que puede y debe ser declarada de oficio, e invoca la garantía de la duración razonable del proceso penal, aceptada como natural derivación de la garantía del debido proceso y consagrada a nivel constitucional e infraconstitucional (art. 1ro. C.P.P.).

Asimismo, señala que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido el derecho del justiciable a obtener una resolución judicial que decida su situación en un lapso razonable (menciona Fallos: 272:188).

Y en base a tal doctrina, solicita que el Máximo Tribunal sobresea directamente a su defendido, sin perjuicio de la pretensión subsidiaria de que se dicte dicho pronunciamiento por quien corresponda (fs. 118/122).

2. A fojas 133/134 obra la contestación del traslado que prescribe el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el señor Fiscal de Cámaras Nro.

1 de la ciudad de Rosario.

3. Al realizar el juicio de admisibilidad del presente recurso extraordinario federal, este Cuerpo no puede soslayar la consideración de lo decidido por el Alto Tribunal de la Nación in re "A. L. W. y Otro", del 23.10.2001 (Fallos: 324:3583).

En dicha causa, vale recordar, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires concedió el remedio federal interpuesto por el imputado, quien se agravió de la omisión de tratamiento de oficio de la prescripción de la acción penal de la causa que - según invocara- se había operado.

Con fundamento en su criterio de que "la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente, de tal suerte que debe ser declarada de oficio, por cualquier tribunal, en cualquier estado de la causa, en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo (doctrina de Fallos: 311:2205, considerando 9no.), y corre y se opera en relación a cada delito aun cuando exista concurso de ellos (Fallos: 201:63; 202:168; 212:324 y 305:990)" (considerando 3ro.), la Corte Nacional concluyó en que correspondía "declarar la nulidad del auto de concesión (...) toda vez que la omisión de examinar de oficio si la acción penal se hallaba prescripta es el único agravio alegado en el recurso, razón por la cual cabe devolver la causa con el fin de que se resuelva, por quien corresponda, el planteo en cuestión" (considerando 4to.).

La materia recursiva de autos guarda analogía, en sustancia, con la cuestión planteada y resuelta en el mencionado precedente, por lo que no cabe sino atender a las pautas que emergen de dicho decisorio a la hora de emitir pronunciamiento en el presente.

Por tal razón, no ha de seguirse en esta oportunidad el criterio adoptado por este Cuerpo in re "R.", del 13.11.1994 (A. y S. T. 110, p. 410), por el que se dispusiera la concesión de la impugnación federal deducida.

Sin embargo, el aspecto vinculado a la prescripción de la acción -que constituyó, como ya se relatara, el único agravio propuesto como cuestión federal- excede la competencia de esta Corte, la que fue abierta al solo efecto de juzgar acerca de la constitucionalidad del fallo en recurso y que no puede resultar ampliada fuera de los supuestos previstos en el artículo 93 de la Constitución provincial, por lo que, de corresponder, ella debe ser declarada por el juez de la causa.

Por ende, y conforme a lo ya resuelto por este Tribunal en situaciones similares (A. y S. T. 40, p. 115, 126, 132 y 140; T. 75, p. 153; T. 80, p. 205; T. 86, p. 336; T. 113, p. 260; T. 134, p. 308; T. 151, p. 309; T. 206, p. 477, entre otros), debe remitirse la causa al juez a quo, a efectos de que se pronuncie conforme legalmente corresponda y, en caso de que considere no prescripta la acción, eleve los autos nuevamente a fin de que este Cuerpo se expida sobre el remedio extraordinario federal interpuesto.

La solución a la que se arriba, por lo demás, no descuida la pretensión postulada por el propio recurrente en forma subsidiaria.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Así disponerlo.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)