marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: MORALES, GERARDO ANTONIO. c/ SALDAÑO, DAVID OSCAR Y OTRO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-02-07

Si bien se encuentra acreditada la circunstancia de que el camión invadió el carril contrario a su sentido de circulación, el actor no probó que ese extremo haya constituido la causa de los daños, en tanto que no acreditó el contacto con la motocicleta, en efecto, la sola circunstancia de que el camión haya utilizado parte del espacio perteneciente al carril de circulación opuesto, no puede constituir por sí solo fundamento de la responsabilidad atribuida a los demandados, por lo que resulta insuficiente a los efectos de enervar el razonamiento de la sentencia impugnada, en especial, cuando se encuentra acreditado en estos autos que -como lo señala la Cámara- el actor realizó una maniobra de alto riesgo al sobrepasar al camión sin constatar previamente que se encontrara despejado el carril opuesto y que las circunstancias permitían el adelantamiento en condiciones de seguridad, por el contrario, cuando intentó sobrepasar al camión se encontró con la camioneta, la cual no circulaba a baja velocidad, todas estas circunstancias incidieron decisivamente en la existencia del accidente. DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR - POSSE.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, cirugía estética
Materia: CIVIL
Carátula: L.S.S. c/ O.E. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-11

Cuando pese a que ciertas intervenciones quirúrgicas puedan titularse como "estéticas" si tienen como fundamento más cercano una urgente cuestión de salud, el fin no es estético sino la curación.

Con este enfoque, si la paciente se había inyectado silicona industrial en sus mamas con anterioridad a la consulta con los cirujanos, la cirugía de adenosmactectomía bilateral de mama no se originó en una cuestión exclusivamente estética sino a causa de la complicación que presentó -mamas asimétricas e irregulares y salida serosa de líquido por los bordes submamarios, con múltiples nódulos de diferente tamaño y dolorosos a la palpación-. Es que la aplicación de una inyección de silicona líquida es un procedimiento prohibido hace décadas y produce efectos de cuerpo extraño que en ocasiones produce la muerte por rechazo inmunológico. En consecuencia, en este caso no se evidencia que el resultado lesivo fuera causado por los médicos sino por un hecho anterior que trataron de revertir con la cirugía. (Sumario N°20839 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Contratos administrativos, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sanecar S.A.C.I.F.I.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

En materia de contratos públicos, al igual que en los demás ámbitos en que se desarrolla su actividad, la Administración y las entidades estatales se hallan sujetas al principio de legalidad, en cuya virtud se desplaza la regla de la autonomía de la voluntad de las partes, en la medida en que somete la celebración del contrato a las formalidades preestablecidas para cada caso y el objeto del acuerdo de partes a contenidos impuestos normativamente, sobre los cuales las personas públicas no se hallan habilitadas para disponer sin expresa autorización legal (Voto del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Régimen penal tributario, amnistía, cancelación de deudas, suspensión del proceso judicial, extinción de la acción penal, sobreseimiento
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: S.M.A.T.A. s/ Régimen penal tributario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-08

1 - No corresponde otorgar la amnistía comprendida en el Art. 73 de la Ley 25401 en caso de no existir cancelación total de la deuda, puesto que como segundo requisito de esa norma es necesario el cumplimiento "total" de las obligaciones adeudadas; por tanto, sólo resta suspender el proceso a las resultas del cumplimiento del plan de pagos (Del voto del Dr. Bonzón).- 2 - Toda vez que la deuda previsional reclamada en la denuncia se encuentra incluida en dos Regímenes de Asistencia Financiera que se encuentran vigentes y no habiendo el contribuyente faltado a los pagos - dado que si se encuentran vigentes no han sido observados ni han caducado-, corresponde dejar el proceso en suspenso por aplicación del criterio sentado por la Corte Suprema in re "Backellian" que, por remisión al dictamen del Procurador General, entiende que para la concesión del beneficio dispuesto por el Art. 73 de la Ley 25401 se establece como requisito adicional el pago total de las obligaciones tributarias omitidas y la previsión por parte del legislador de un plazo para el cumplimiento de las obligaciones importa implícitamente una suspensión ministerio legis del trámite del proceso y de la prescripción de la acción, hasta tanto el contribuyente cumpla satisfactoriamente con la totalidad de los pagos estipulados en el régimen de regularización, en cuyo caso deberá desistirse de la pretensión punitiva, o se produzca la caducidad del plan de facilidades de pago por incumplimiento, en cuyo caso deberá reiniciarse el ejercicio de la acción pública penal (Del voto del Dr. Grabivker, quien deja a salvo su opinión personal).- 3 - No corresponde suspender el proceso hasta tanto se cumpla con el convenio de pago en cuotas pactado por el contribuyente con el organismo recaudador puesto que, más allá de que no estén pagas la totalidad de las cuotas pactadas, el ordenamiento procesal aplicable no autoriza a suspender el proceso penal por ninguna circunstancia, sino que dispone resolver la situación por la que a una persona se le imputa un hecho delictivo, no siendo éste el caso de la suspensión del proceso a prueba (Art. 76 bis del CP), sino que, por el contrario, el Art. 73 de la Ley 25401 importa una amnistía que tiene carácter general y que es atribución del Congreso de la Nación dictar y, consencuentemente, el sobreseimiento del imputado es ajustado a derecho (conf. Art. 75, inc. 20, de la CN) (Del voto del Dr. Repetto, en disidencia).
Sentencia ultra petita, monto de la demanda
Materia: PENAL
Carátula: Robledo, Carmelo A. c/ Homicidio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-04-13

El fallo no debe sobrepasar las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, no pudiendo conceder o negar más de lo peticionado por los litigantes so pena de lesionar las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio. Ahora bien, el monto de la demanda no actúa como tope indemnizatorio si lo pedido lo es con la salvedad de "lo que en más o en menos resulte de la prueba", no siendo por ello lesiva de garantías constitucionales la sentencia que sobre la base de tal reserva acuerda una suma mayor a la reclamada. En estos casos no se incurre en el vicio de "ultra petita". Fundamento de la Dra. B. Cardona.
Non bis in ídem, cosa juzgada
Materia: PENAL
Carátula: Polemann, Eduardo Mario y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-14

No se demuestra la existencia de cosa juzgada si se trata de determinar la alegada participación y responsabilidad de los imputados en contrataciones distintas de aquellas en las que se dictó sobreseimiento por no haberse probado la participación de los imputados, y realizadas en el marco de la misma administración. El voto concurrente señaló que el recurso carece de la debida fundamentación y que la resolución impugnada -rechazo de la excepción de falta de acción- no reviste carácter de sentencia definitiva. (Dres. Fégoli -voto concurrente-, García y Yacobucci).
Procedencia del recurso, acción de amparo, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, inscripción de nacimientos, gestación por sustitución, principio de no discriminación
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros contra GCBA y otros sobre amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-04

Procede hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia dejar sin efecto el rechazo in limine del amparo colectivo interpuesto por el Defensor del Pueblo de la C.A.B.A. y la Secretaria General de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans FALGBT, pues para que proceda dicho rechazo, la inadmisibilidad de la acción debe ser manifiesta, ésto es, surgir claramente del contexto sin posibilidad de duda alguna en cuanto a su improcedencia. La pretensión se refiere a un bien colectivo y no a una suma de intereses individuales homogéneos, en efecto, se persigue que el GCBA inscriba a los niños y niñas nacidos/as por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizada en el país, denominada gestación solidaria, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por él/la, los/as comitente/s con voluntad procreacional, sin emplazar como progenitor/a a la persona gestante que expresamente manifestó de manera fehaciente no tener voluntad procreacional. El objeto de la acción intentada es la reparación del derecho a la no discriminación de los niños y progenitores que trasciende la simple sumatoria de una multiplicidad de derechos individuales lesionados, adentrándose en el terreno de los derechos colectivos. Si bien en el escrito de demanda se ha sostenido la configuración de un derecho de incidencia colectiva relativo a intereses individuales homogéneos, ello no obsta a que el juez adopte otro encuadre jurídico para la pretensión (bienes colectivos), en razón del principio iura novit curia.
Transporte de carga, depósito de la carga, responsabilidad del depositario, incendio de la cosa, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solvencia  S.A.  de Segs. Grales. c/ Administración Gral. de Puertos s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-07

Se debe recordar que el hecho que generó la responsabilidad de la demandada, radicó en el incumplimiento del contrato de depósito, y éste comenzó cuando los bultos ingresaron en el depósito fiscal y finalizó con la destrucción de la mercadería a raíz del incendio desatado. La norma que rige el presente "casus" son las Ordenanzas de Aduana (Ley 810, artículo 270). Ello ha sido reiteradamente sostenido por la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, como por la de esta Cámara. Y en virtud de lo establecido por el artículo 209 de dicha normativa, aplicable al "sub lite", el fisco responderá en caso de pérdida, deterioro o avería de la mercadería por el valor señalado en la tarifa de avalúos o valor de aforo del artículo perdido.
Excepciones procesales, litispendencia, acumulación de procesos, sentencias contradictorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Durrieu Vidal y Cía. Soc. de Responsabilidad Ltda. c/ Buenos Aires, Pcia. de s/ indemn. por daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Corresponde admitir la excepción de litispendencia, aunque no concurra la triple identidad de sujeto, objeto y causa, cuando se evidencia la posibilidad de fallos contradictorios, en cuyo caso la solución se logra, por razones de conexidad, a través de la acumulación de procesos: art. 188 y siguientes del Código Procesal.
Prueba, apertura a prueba, segunda instancia
Materia: PENAL
Carátula: CORTEZ, EVELIO HECTORCHALAP, ALICIA s/ Cheque sin fondos Causa 33487
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-29

Si la defensa no ha urgido la realización de la audiencia testimonial en la oportunidad procesal correspondiente, no cabe hacer lugar a la apertura a prueba solicitada pues ésta, en segunda instancia, corresponde cuando la medida de prueba solicitada por la parte no se hubiere practicado por causas ajenas a su voluntad .
Tasa de justicia, desistimiento de la acción
Materia: PROCESAL
Carátula: MALM GREEN, CARLOS ALBERTO c/ BARRIONUEVO, CECILIA Y/O PROPIETARIO s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-26

La tasa de justicia, que persigue una mayor contribución en los gastos de administración de justicia por parte de quienes recurren a ella, debe ser abonada por el monto reclamado en la demanda, independientemente de que el actor haya desistido de la acción, en tanto el hecho imponible está constituido por la circunstancia de haber promovido el actor esas actuaciones.
Contrato de trabajo, despido por falta o disminución de trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Ferreyra de Morales Mabel c/ Compañía Cuyana de Cómputos S.A. s/ Ordinario (LIBRO: S076 - 440)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-05-20

Si el empleador durante dos años percibe los cambios económicos que inciden negativamente en su organización empresaria, y recién al perder a su mas importante cliente decide despedir por falta de trabajo a la actora, no se advierte de qué modo actuó diligentemente para no resultar imputable de la falta de trabajo que opone como causa.-
Saneamiento del vicio, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Cassi, Marta Noemí c/ Moraga, Narciso s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-02

Es inviable, en consecuencia, declarar la nulidad de una sentencia por los vicios que tuviere cuando ellos pueden ser subsanados por vía de apelación, pues no existe perjuicio efectivo, careciendo de interés práctico y jurídico proceder en forma diferente.
Contrato de trabajo, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Gauna, Feliz c/ EDEFOR S.A. y/u otros s/ Reclamo Laboral Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-08-28

Cuando las partes celebran un acuerdo de voluntades con discernimiento, intención y libertad no pueden unilateralmente solicitar que se deje sin efecto por razones de oportunidad o conveniencia en ausencia de vicio nulificante, porque aún en el marco del orden público laboral lo que las partes convengan con los requisitos señalados constituye una regla a la que deben someterse como a la ley misma por razones de seguridad jurídica, máxime cuando contra el acto administrativo se omitió los recursos pertinentes, el acta en cuestión adquiere autoridad de cosa juzgada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, jubilaciones, competencia previsional, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CABRERA, ARMANDO RAMON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-08-07

La presente queja no ha de prosperar desde que, si bien el compareciente plantea la necesidad de adoptar un rol tutelar atento a la naturaleza de la materia en cuestión- previsional- , no se encuentra controvertido en autos que - si bien se le denegó el beneficio de retiro por invalidez-, el recurrente se encuentra en el goce de retiro obligatorio por el cumplimiento de los años de servicios requeridos, por lo que en principio, no se encuentra en una situación de desprotección del sistema de la seguridad social, y en cuanto al reconocimiento de su incapacidad laborativa para los fines que el actor juzgue pertinentes, los reparos en esta instancia no revelan entidad constitucional, pues sólo trasuntan su afán por imponer una distinta lectura y valoración de las circunstancias fácticas de la causa, sin demostrar que se hubiese efectuado una valoración irrazonable de las mismas, que habilite esta instancia extraordinaria.
Regulación de honorarios, improcedencia del recurso, apoderado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ponchon, Jesús Antonio c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-13

En virtud que la alzada confirmó el rechazo del beneficio de litigar sin gastos, no corresponde acceder al pedido de regulación de honorarios de la representación letrada de la demandada por su intervención ante esta alzada, habida cuenta el objeto de la causa y que no hay liquidación que permita establecer monto del juicio.
Daño moral, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Del Río, Pedro y otra c/ Guichart, Enrique O. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-14

En cuanto a la reparación por daño moral debe ponderarse la calidad de implicado en el proceso penal, en el que el actor debió soportar las contingencias propias del proceso hasta su sobreseimiento definitivo.-
Trabajadores marítimos, naufragio, responsabilidad del armador, daño moral, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: RAMIREZ, Guillermo O. c/ CAPITAN. ARMADORES. PROPIETARIOS DEL BUQUE JOHN P. s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-23

Corresponde condenar al armador del buque que naufragó por circunstancias que no obedecieron a fuerza mayor, al pago del daño moral a los tripulantes. Esto es así, toda vez que éstos debieron soportar los riesgos propios del naufragio, la demora impuesta para su repatriación (obligación primordial del armador y derecho natural de la gente de mar) y la indigencia motivada por tal suceso ( en el caso debieron acudir a la asistencia privada para poder subsistir).

Tal condena es procedente en los términos de los arts 522 y 1078 del C. Civil.
Recurso de revisión (procesal), cheque, competencia, domicilio del deudor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALTAMIRANO H. c/ J.C. UCHETTI Y OTRO s/ EJECUTIVO - REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-10-03

Las alternativas de elección para el ejercicio de la acción cambiaria por el titular del cheque, en cualquier supuesto, no enerva en términos absolutos, la facultad de demandar en el domicilio del deudor, fundada en la tesis jurisprudencial de la inexistencia de agravios. Resulta contrario al sentido común que aquel cuyo incumplimiento motiva el litigio se agravie de que el acreedor concurra a buscarlo a su domicilio -según la regla primaria forum rei - salvo que el deudor alegare y demostrare, además de la incompetencia, el perjuicio o restricción a su derecho de defensa que ello le ocasiona. La solución por lo razonable y práctica, es la que mejor contempla: los intereses de ambas partes, la celeridad de las relaciones comerciales y la eficacia del cheque como medio de pago.
Entrega del certificado de trabajo, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, HUGO DARIO c/ STANCANELLI, CARMELO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-30

El trabajador se encuentra habilitado para emplazar al empleador a la entrega de los certificados previstos en el Art. 80 de la LCT, luego del término de treinta días corridos desde la finalización de su contrato de trabajo (Art. 3 del Dec. 146/01 del PEN).
Recurso de apelación (procesal), domicilio constituido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Comercial del Tandil S.A. c/ Depietri, Guillermo A. y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

Cuando se da el supuesto del art. 249 del Código Procesal Civil y Comercial, esto es, que el tribunal ad quem tiene su asiento en distinta localidad a la del juzgado apelado, el recurrente debe -en los recursos en relación- constituir domicilio en la sede de aquel tribunal en la oportunidad del art. 246 del citado Código.
Contrato de suministros, costo financiero, IVA
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RADIO LLAMADA S.A.I.C. c/ ESTADO NACIONAL- EJERCITO ARGENTINO s/ COBRO DE PESOS - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-12

El actor inscripto, cotizó el precio de los materiales en donde incluyó IVA, sin discriminar por ser la demandada un consumidor exento los gastos financieros integran el precio neto gravado según el art. 6 (2Do. Apartado) de la ley 20.631.

Es válido inferir que los gastos financieros convenido en los tres contratos de suministros de marras incluyen el tributo, debiéndose interpretar que la tasa de interés convenido satisfacía las expectativas de la actora en cuanto al costo definitivo de la financiación. No resulta precedente ponderar el "quántum" de dicha tasa toda vez que la misma fue aceptada por ambas partes de común acuerdo. Lo contrario implicaría instituir la inseguridad jurídica sobre operaciones concluyidas firmes, al tener que verificar los sujetos no alcanzados por el impuesto, sin el precio ofrecido incluye al tributo, creándose una obligación de control que carece de fundamento.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lesiuk, Teodoro y otra c/ Stella, Domingo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

Determinar si los padres del menor causante del daño se hallaban imposibilitados de impedirlo, constituye una cuestión de hecho.
Principio de congruencia, requerimiento de elevación a juicio, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: I., J. J. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-06

No se verifica afectación al principio de congruencia si de las descripciones de los hechos imputados en el requerimiento de elevación a juicio, el alegato del fiscal durante el juicio y la sentencia muestran con claridad que en el caso, la idea básica de las imputaciones dirigidas contra el imputado se mantuvieron inalterables en los mencionados actos procesales y que las diferencias remarcadas por la defensa no se vinculan con aspectos esenciales de los hechos que de alguna manera hayan sorprendido al imputado o le hayan impedido ejercer adecuadamente su defensa (voto del juez Sarrabayrouse).
Bien jurídico protegido, narcotráfico, tenencia de estupefacientes para consumo personal, tráfico de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Escudero, Juan Antonio s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-10

La referencia a la salud pública, o seguridad nacional, o la subsistencia de la familia, la nación o la humanidad, como bienes jurídicos a proteger, sólo podría resultar razonable si se vincula a la agresión que pueden recibir de las organizaciones ilícitas dedicadas al narcotráfico (desde ya, en función de las circunstancias particulares del caso sometido a consideración), pero resulta claramente desproporcionada si se entiende que la tenencia de una pequeña cantidad de estupefacientes, destinada al consumo personal, puede -por sí misma- poner en riesgo tan importantes como difundidos intereses sociales. De allí que se haya argumentado que la sola adquisición para el consumo contribuye a la propagación del tráfico ilícito de estupefacientes, lo cual es lógica e históricamente válido, pero tal contribución debe ser considerada en su significación real, en cada caso concreto. De otro modo, resultaría la grave inmoralidad de hacer responsable al simple tenedor para consumo por toda la organización criminal, a la que no pertenece y que, incluso, lo tiene por víctima.