marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excarcelación, revocación de la excarcelación, ampliación de la declaración indagatoria
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Rodríguez, Hugo P. s/ Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-01-04

El llamado a ampliar indagatoria por otro hecho (asociación ilícita) no justifica la revocatoria de la excarcelación concedida al procesado, al no darse ninguno de los supuestos que legalicen tan drástica decisión (art. 388 del C.P.M.P. ), máxime cuando la penalidad fijada para todos los hechos materia de investigación permitirían la aplicación del art. 379 inc. 1ro., segundo párrafo del C.P.M.P. , al carecer el imputado de condenas anteriores.
Contratos, compraventa, automotores, círculo cerrado, derechos de las partes, obligaciones de las partes, obligaciones del fiador, notificación, responsabilidad de la administradora del plan, responsabilidad de la concesionaria, responsabilidad del fabricante, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Mps Medicina Platense Solidaria SA c/ Fiat Auto Argentina SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-31

En virtud de lo expuesto, corresponde juzgar que la administradora incumplió el contrato de plan de ahorro celebrado con la accionante en tanto no respetó el procedimiento por ella misma establecido para proceder a la baja de la adjudicación, debiendo -por ende- responder por los daños y perjuicios que dicho proceder ocasionó.
Acto administrativo, presunción de legitimidad, ejecutoriedad del acto administrativo, recursos, suspensión de la ejecutoriedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PULICHINO, Roberto Martín c/ E.N. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-10

En virtud de la potestad de autotutela que el ordenamiento confiere a la Administración Pública, sus actos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. Por ello, en principio, los recursos administrativos y/o judiciales mediante los cuales se instrumenta la discusión de su validez no suspenden la ejecución de tales actos. No obstante, la jurisprudencia admite desde antiguo que, cumplidos ciertos requisitos, la prerrogativa de autotutela encuentra adecuado equilibrio en la suspensión cautelar de los actos administrativos. Posibilidad que, con carácter excepcional, también se admite con respecto a las leyes.
Salarios caídos, límite temporal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARQUEZANO DE ACCINELLI, MIRTA A. c/ MUNICIPALIDAD DE MONTE QUEMADO (DPTO. COPO) s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION SALVATIERRA ELIO ENDOR c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-25|2007-09-18

A partir del leading case Vidarte, Eduardo Daniel c/ Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción". (ST. 21912. Sentencia del 16 /09/2005.) el Alto Tribunal Provincial dispone respecto a la aplicación del art. 54 de la ley 5642 que tal norma no puede ser interpretada como concediendo el derecho a percibir, sin límite temporal razonable, los haberes caídos por todo el período que medie entre el cese y la reincorporación.
Sociedades comerciales, documentación administrativa, derecho a la información
Materia: COMERCIAL
Carátula: Palmisciano, Juan Pablo  c/ Virgen del Carmen SRL  s/ medida precautoria s/incidente art. 250 cpr
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-07

El derecho de información debe ser ejercido de buena fe y refiere exclusivamente a la marcha de la sociedad, pues el socio en forma individual no puede constituirse en un fiscalizador de la administración de la empresa, sino que deben conciliarse los derechos particulares de aquél con el interés social (cfr. Halperín Isaac, "Sociedades Anónimas", Edición de Depalma, 1998, 2 ed. Act por Otaegui, p. 408, y ss.).

En este mismo orden de ideas, debe articularse el derecho de información de los socios con la normativa que impide su acceso directo a los libros (v. CNCom, Sala F, in re "Dermarco, José Francisco y otro c/ Kadira SA s/ diligencia preliminar", del 05/08/21, entre otros). Al fin y al cabo, no debe perderse de vista que el ejercicio disfuncional de un derecho se consuma, en una de sus modalidades, cuando contraría los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlo (CCCN 10).
Derecho laboral, contrato de trabajo, presunciones, ley de contrato de trabajo, emisoras de radio, emisoras de televisión
Materia: LABORAL
Carátula: Muñoz, Francisco Daniel  c/ Radio y Televisión Argentina Soc. del Estado s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-24

El actor se desempeñaba en Radio y Televisión Argentina S.E. como productor de diversos programas radiales, confección de guiones, programación de entrevistas y grabaciones, elaboración de columnas y conducción de radio. El vínculo entre el empleador y el actor era remunerado por la accionada a partir de las facturas que mensualmente extendía el actor. La juez de grado consideró acreditada la existencia de un contrato de trabajo y por tal se agravia la demandada, quien no logró probar el carácter de trabajador autónomo e independiente que pretende adjudicarle al accionante. Si bien la valía de la prestación del actor, su alta expertise y la destacada aptitud artística o técnica, generaron un mayor grado de autonomía en la satisfacción del débito comprometido, ello no habilita a descartar la posibilidad de que haya mediado un vínculo de carácter dependiente. Resultaron excepcionales las programaciones en cuyo marco se concertó la delimitación de la contraprestación del actor en porcentajes de los ingresos recibidos por la sociedad accionada en concepto de publicidad, lo cual impiden considerar ese rasgo como excluyente del carácter laboral que reclama el actor. Todo ello torna operativa la presunción prevista por el art. 23 LCT. Las tareas del actor encuadran en el Estatuto del Periodista Profesional.
Competencia, hábeas data
Materia: COMERCIAL
Carátula: Tolosa, Lelio Enrique s/ acción de habeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-09-23

Debe declararse la incompetencia de la justicia federal para entender en la acción de habeas data, pues ésta se articula contra un banco de orden privado, el cual es una persona jurídica ajena al ámbito nacional, no destinada, por su origen a brindar ni difundir datos mediante redes inter jurisdiccional, nacional o internacional, por lo tanto el caso de autos no queda atrapado en los supuestos de competencia federal que prevé el segundo párrafo del art. 36 de la ley 25326
Acusación, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: M., J.C.-G. de P., M.G.-P., J.R.R.-S., D.R.-G., A.J. s/ Falsificación de Instrumento Público
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-18

La doctrina y jurisprudencia mayoritaria sostiene que el bien jurídico tutelado es la afectación concreta de un bien jurídico en su real disponibilidad. En el caso del epígrafe, debe descartarse de pleno que hubiere siquiera la puesta en peligro de algún bien jurídico de la comuna, por lo que la conducta atribuida a los imputados no ha sido correcta y fielmente imputada, ya que la acusación nada dice respecto de cuál de las hipótesis que contempla en artículo 292 del Código Penal ha encuadrado la conducta de los encausados. No surgen posibilidades ciertas de sostener una hipótesis condenatoria, so pena de quebrantar uno de los principios basilares del proceso mixto vigente en la provincia, esto es el aseguramiento del derecho de defensa en juicio, que tiene como uno de los pilares del debido proceso, el garantizamiento de acusación, defensa, prueba y sentencia; si falta alguno de ellos estamos ante un vicio que por su gravedad torna irrito lo actuado. Mal puede pretenderse edificar una sentencia condenatoria sobre una hipótesis acusatoria, deficiente, donde la plataforma fáctica no existe, porque la conducta ilícita allí formulada, no se sabe en que consiste concretamente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones recurribles, gravamen irreparable, recurso de nulidad, juicio ordinario, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BRANCATTO, ALBERTO HECTOR c/ FAZZOLARI, VICENTE PAZ y OTROS s/ RECURSO DIRECTO- ORDINARIO (EXPTE: Sala I, N  134 Año 2003) (TRIBUNA L PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-28

En la hipótesis de admitir la reparabilidad por vía del recurso de nulidad contra la sentencia definitiva, no puede dejar de considerarse que el tema de la caducidad está vinculado con el de la prescripción de las acciones, porque la interrupción de la prescripción por la promoción de la demanda se tendrá por no sucedid a si se declararse la caducidad de instancia (art. 3987 Cód. Civil).La tardía decisión de la caducidad, en la sentencia definitiva, podría determinar en algunos casos la prescripción de la acción, con el consecuente irreparable perjuicio para su titular, lo que quizás puede no ocurrir de haberse resuelto en su momento concediendo la apelación de la resolución de primera instancia que rechazara indebidamente la caducidad, y este riesgo debe ser evitado .

Por todo lo expuesto, considero que el auto que rechaza la pretensión de declaración de caducidad del proceso es apelable en un juicio ordinario -siendo distinta la solución en el supuesto de mantenerse dentro de un juicio ejecutivo atento al régimen de recurribilidad establecido en la primera parte del artículo 484 del CPCyC. (Del voto del Dr. Muller). En el caso, la cuestión a resolver era la apelabilidad del auto que rechaza la pretensión de declaración de caducidad del proceso.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, recursos, improcedencia del recurso, agravio concreto
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: BAZÁN, MARÍA NOEMÍ c/ LIZONDO, OSCAR FABIÁN   y/o  CAMPOS, MARIELA y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-18

La ley 24013 sanciona el trabajo sin registración del trabajador, Y corresponde la sanción del empleador y su aplicación está sujeta a la previa intimación del trabajador que en el caso ha existido, tornando aplicable la sanción legal; que el art. 1 de la ley 25323 establece que ante la falta de registración de la relación laboral, sin requerir intimación, se aplica la duplicación de la indemnización y que con relación a la ley 25345, la inobservancia del deber de entregar al trabajador constancias documentadas de las cotizaciones y los certificados de servicios y remuneraciones, será sancionada con una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual.

Analizadas las normas en cuestión, los fundamentos del rechazo y la claridad del reclamo, se comprueba que no hubo reclamo global, oscuridad al momento de perfeccionar el reclamo ni menos indeterminación de los períodos correspondientes, lo que unido al carácter de trabajador en negro, hace cobrar operatividad a las leyes mentadas.
Derechos de importación, aranceles consulares, importación para consumo, tipo de cambio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fisco Nacional (D.G.I.) c/ Ingenio La Esperanza S.A.I.C.A. y G. s/ Ejecución Fiscal -D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-30

El art. 2° de la ley 22.766 que restableció la vigencia del Arancel Consular, dispone que el tributo pagado en tal concepto se debe considerar como pago a cuenta de lo que resulte adeudarse por derechos de importación, en caso de producirse el hecho gravado por estos derechos, es decir la importación para consumo. En tal supuesto, para la conversión de la moneda extranjera en que se hubiera pagado el tributo de marras a moneda de curso legal en nuestro país deberá tomarse en consideración el tipo de cambio aplicable de conformidad con las disposiciones reglamentarias vigentes a la fecha que correspondiere por aplicación de los arts.

637 y 638 del Cód.Aduanero, en atención a lo previsto en el art.

639).
Quiebra, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BALMACEDA EN J: 128.189 ISUANI Y ELASKAR s/ Quiebra - Incidente Verificación (LIBRO: A148 - 031)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-04-03

Debe hacer pronunciamiento sin costas, entendiendo la doctrina y jurisprudencia que al no haber acudido el acreedor al tramite normal, aunque se haga lugar a la verificación debe soportar las costas (Conforme Cámara H. "El Concordato Prev. y la Quiebra" T. I, pag. 641- García Martinez F. "Concursos y Quiebras" T.

I, pag. 413; J. Mza. T XXX pag. 305).-
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Cooperativo de Caseros Limitado c/ Gonzalez, Nestor Hugo s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-20

Las costas, como cuestión accesoria, dependen de la suerte de lo principal. Si éste se ha tornado abstracto, expedirse sobre el tema a efectos de determinar quién habría de haber cargado con ellas, conduciría a variar su naturaleza de accesorias. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Demanda, ampliación de la demanda, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Said, José c/ Cominotti, Hugo A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

La demanda deducida antes del vencimiento del plazo de prescripción tiene efectos interruptivos y cabe promoverla a ese solo efecto aún con defectos u omisiones y procede su ampliación antes de su notificación que no necesariamente debe estar referida a la cumplimentada mediante cédula. Ya que el límite después del cual no es posible transformar o modificar la demanda está dado por su notificación al demandado cualquiera sea la manera como se haya operado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zamora, Horacio Esteban c/ Zorzi, Orlando Fidel y otros s/ Daños y perjuicio Atienza, Juan c/ Sardi, Víctor y otros s/ Daños y perjuicios Girón, Pedro y otro c/ Lépore Damiani, Américo Nicolás y otro s/ Nulidad de escritura pública Román, Olga Noemí c/ Isnard, Raúl Alberto y otros s/ Daños y perjuicios García, Roberto Jacinto y otros c/ Díaz, Antonio s/ Indemnización de perjuicio Ramos, Hermenegildo y otro c/ Teve, Víctor Ismael y otra s/ Daños y perjuicios Arévalo, Raúl Héctor c/ Giovanetti, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios Suárez, José Domingo c/ Esteras, Marcelo s/ Daños y perjuicios Basualdo, Oscar Federico y otra c/ Distéfano, Cayetano s/ Daños y perjuicios Mensegues, Julio y otro c/ Braicovich, Silvia y otro s/ Daños y perjuicios Agis, Raúl Alberto y otra c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Agodi, Cristian Luis c/ Castro, Néstor Gerardo y otro s/ Daños y perjuicios Casas, Delia Esther y otro c/ Moris, Fermín s/ Daños y perjuicios derivado de cuasidelito Ventura de Veigas, J. y ots. c/ Segovia, Rubén y otro s/ Daños y perjuicios Agodi, Cristian Luis c/ Castro, Néstor Gerardo y otro s/ Daños y perjuicios Casas, Delia Esther y otro c/ Moris, Fermín s/ Daños y perjuicios derivado de cuasidelito Ventura de Veigas, J. y ots. c/ Segovia, Rubén y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18|1992-06-02|1989-07-04|1991-03-19|1990-03-13|1995-10-17|1993-03-12|1997-09-16|1998-09-29|2000-08-02|2001-12-05|2002-02-19|2004-03-01|1999-11-17

La presentación como particular damnificado no puede equipararse a la querella a la que alude el art. 3982 bis del C.C. porque el Código de Procedimiento Penal no la admite en los delitos de acción pública (arts. 84, 85, 91 y 97 t.o. Código citado). Carece entonces aquélla de eficacia suspensiva del plazo de prescripción.
Desregulación económica, Junta Nacional de Carnes, Servicio Nacional de Sanidad Animal, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cámara de Industrias Frigoríficas Argentinas y Otros c/ E.N. -SENASA- s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

La desregulación económica no significó que el Estado renunciara al poder de policía en la materia, por lo cual la reflexión de la sentencia -relativa a que "...la única función transferida y que mantiene vigencia respecto del Senasa es la de certificaciones de calidad y por ende el ejercicio del poder de policía vinculado con las mismas"- no constituye una interpretación correcta de la normativa citada, (art. 3 decreto 2488/91 y 40, decreto 2284/91), ya que ninguna de las normas que instrumentaron la desregulación económica y administrativa significó la derogación de la Ley 21.740, sino que solamente fueron suprimidas las disposiciones que establecían regulaciones restrictivas del comercio, fijaban precios mínimos, establecían cupos y restricciones cuantitativas y reglamentaciones contractuales, limitando el libre juego de los mercados, quedando -en cambio- vigentes las demás disposiciones relativas al control higiénico sanitario en materia de faenamiento, industrialización y comercialización de carnes que fueron transferidas al Servicio Nacional de Sanidad Animal, ampliándose la competencia que en tal sentido le confiere la Ley 23.899 (conf. consid. 12), decreto 2284/91: "Que no obstante los principios generales de la desregulación del comercio exterior, el Estado debe ejercer las atribuciones de policía sanitaria sobre la base de procedimientos simples, bien definidos y rigurosos, a fin de tutelar convenientemente la salud de la población, por lo cual corresponde establecer los marcos de intervención de cada organismo público responsable". (Consid. IV).
Terceros, intervención obligada, juicio ejecutivo, intervención de terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Dora I c/ Dardanello s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

La intervención obligada de terceros no es dable en los procesos de ejecución ya que carecen de las etapas de oposición de excepciones previas y de contestación de la demanda, y además por las particularidades de esos tipos de procesos, caracterizados por la sumariedad, que eliminan la posibilidad de incorporar a personas ajenas a las partes litigantes, y además porque las defensas del ejecutado se encauzan por medio de las excepciones previstas en el art. 542 del Código Procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, Gerencia de Medicina Social, obras sociales, prestaciones de la obra social, cobro de sumas de dinero, factura
Materia: COMERCIAL
Carátula: INVESTIGACIONES  MEDICAS  SA c/ OBRA  SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA  DEL  PLASTICO  S/ s/ INCUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE OBRA SOCIAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-13

El contrato de gerenciamiento médico, es aquel en cuya virtud un sujeto colectivo, denominado "gerenciado", a cuyo cargo se encuentra el proveimiento de asistencia médica a un número determinado de personas físicas (beneficiarios), delega en otro, denominado "gerenciador", la gestión y administración de los recursos financieros destinados a la atención sanitaria de tales beneficiarios, obligándose a abonarle periódicamente una suma determinada o determinable, que servirá para solventar los honorarios del segundo y el costo de los servicios médicos involucrados. Se advierte así que, no resulta admisible que las obras sociales se aparten del cumplimiento de la función que la ley les asigna de manera expresa (Ley 23660 y 23661). Y es que el concepto de obra social es indisociable del de la atención sanitaria a sus beneficiarios. Si tales servicios fueron efectivamente prestados, y éstos eran necesarios para el sostenimiento de la salud de dichos beneficiarios, su pago será debido por la obra social, aún cuando no medie una relación contractual entre ésta y el prestador médico (cfr. Romero, Miguel, nota del fallo "Clínica Privada San Jorge S.A. c/ Obra Social del Personal de Fabrica de Pinturas", CNFED. CIV. y COM.

sala ii, del 21.5.02, publicado en ll el 16.12.02).

(en la especie, se hizo lugar a la acción deducida por una gerenciadora por la que se persigue de una obra social el pago de una obligación documentada en ciertas facturas).
Homicidio preterintencional, in dubio pro reo, pericia médica
Materia: PENAL
Carátula: Sr. Fiscal de Cámara subrogante J. C. Reynaga s/ Casación en autos 07/93 sumario instruido a raíz de la muerte de  María Soledad Morales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1993-04-19

Observándose en el caso de autos numerosos claros en la investigación, tales como la falta de precisión y contradicción que se advierten en la opinión de los profesionales médicos encargados de determinar la causa eficiente de la muerte de la víctima, como tampoco existe uniformidad de criterios en lo que respecta al acceso carnal mantenido por la menor víctima en el sentido de que si dicha relación fue o no consentida por ésta, índice todo ello en esta etapa procesal y en base a los elementos probatorios colectados a tipificar la conducta del encartado en la norma que le es más favorable y ella no es otra que la contemplada por el art. 81 inc. 1 del Cuerpo Legal de fondo; en efecto, cuando la ley penal para configurar el Homicidio Preterintencional requiere que el medio empleado no deba necesariamente ocasionar la muerte, no indica una circunstancia meramente objetiva que resulta en forma afirmativa descartar el examen de la culpabilidad del autor. La mención que nuestra ley hace del medio empleado sólo indica una pauta preferencial para el juzgador en virtud de la cual se pueda apreciar la verdadera intención del sujeto activo, y si la prueba reunida en la causa resulta insuficiente para concluir categóricamente acerca del dolo directo de matar en la conducta que es materia de juzgamiento, aún en esta etapa la duda debe favorecer al imputado.

En consecuencia, se resuelve ordenar al procesamiento del imputado, como probable autor culpable del delito de Homicidio Preterintencional.
Prisión domiciliaria, madre del menor, interés del menor
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Claudia Beatriz s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-16

El beneficio de detención domiciliaria que solicita la encausada no se presenta como la mejor opción para contemplar el interés superior de los niños, máxime cuando, los menores se hallan al cuidado de familiares y allegados, quienes cubren satisfactoriamente sus necesidades afectivas y materiales, gozan de buena salud y se están ocupando de la escolaridad del menor en edad de ello, todo lo cual evidencia un marco de contención favorable para su adecuado desarrollo. (Dres. Riggi, Catucci, Ledesma).
Calificación legal, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Alvez, Leandro Martín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-26

Si bien se ha considerado que el cambio de calificación jurídica de los hechos dispuesto en la instancia de casación lleva en la mayoría de los casos al reenvío de las actuaciones a otro tribunal para que determine una pena nueva, previa audiencia con las partes, también se ha dispuesto fijar la pena en esta instancia en razón de la experiencia desarrollada, el conocimiento personal del imputado (art. 41 inc. 2º, última oración, del Código Penal), y en definitiva, por razones de economía procesal, para concluir con los asuntos evitando nuevos recursos. No obstante ello, si las particularidades del caso impiden aplicar este último criterio, corresponde el reenvío para que se fije una nueva pena según los parámetros que se indiquen (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Morin).