Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-01


Causa Nº 17032-00/CC/06, Sala II caratulada "LAVALLE, Gustavo Francisco s/ inf. art. 82 CC- Apelación" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 1 días del mes de diciembre de 2006, se reúnen en acuerdo los señores jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este Tribunal el recurso de apelación interpuesto a fs. 178/181 por la asistencia técnica del imputado, Mariana Patricia Sica, contra la sentencia de fs. 162/174, dictada por la Magistrada a cargo del Juzgado CyF Nº 21 -Cristina Beatríz Lara-, en cuanto condena a Gustavo Francisco Lavalle a la pena de cuatrocientos pesos de multa, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con costas, por resultar autor de la contravención prevista en el art. 82 de la Ley 1472 (punto I del pronunciamiento), imponiéndole reglas de conducta por el término de dos meses (punto II).

Articula la presentación en torno a dos agravios: 1) la insuficiencia probatoria del fallo condenatorio, en tanto se basa únicamente en los dichos de los denunciantes y 2) la errónea exclusión de la aplicación al caso de la eximente del tercer párrafo del art. 82 del C.C. a pesar de que se encuentran dados los presupuestos fácticos: el lugar estaba acustizado y la música se tocaba fuera de los horarios de descanso.

Corrido el traslado correspondiente a fs. 187/189 el Sr. Fiscal ante la instancia -Walter Fernández- dictamina que se debe rechazar el recurso de apelación por cuanto no logra conectar de manera concreta los agravios alegados con las constancias de la causa.

Cumplidos los plazos y pasos procesales pertinentes se encuentran estos actuados en condición de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO Corresponde, en primer lugar, efectuar el análisis de admisibilidad de la pretensión incoada. El remedio impugnaticio cumple con los requisitos de procedencia formal, toda vez que ha sido interpuesto por quien tiene legitimación procesal para hacerlo (impugnabilidad subjetiva), está dirigido contra una sentencia definitiva (impugnabilidad objetiva) y contiene motivación autónoma y razonada.

Ahora bien, sin perjuicio de que la pieza recursiva fue introducida por la defensa dentro del plazo de cinco días contados desde que le fueron notificados los fundamentos del fallo -ver instrumento de fs. 160, el de 162/174, recurso de apelación obrante a fs. 178/181 y concesión del mismo por la "a quo" a fs. 182/183-, la práctica jurisdiccional empleada merece algunas consideraciones en este aspecto.

En efecto, como correctamente lo advierte el Sr. Fiscal ante la instancia, del cotejo del expediente se desprende cierta desprolijidad en el modo de dejar constancia de la notificación de la sentencia. Así, si bien al concluirse la audiencia de debate el día 1 de septiembre del corriente año a las 13:30 hs la Cristina B. Lara dispuso leer la parte dispositiva de la sentencia (ver fs. 160), fijando en dicha oportunidad a su vez, como fecha y hora en que se realizaría la lectura de los fundamentos el día 8 de septiembre a las 14:30 hs, no existe constancia en el expediente de que esta efectivamente se llevara a cabo. Y si bien la Sala -en su opinión mayoritaria- se ha manifestado en el sentido de que no existe regla alguna que establezca la obligatoriedad de consignarla expresamente, y que una cosa es la falta de constancia de la lectura y otra muy distinta que no se haya procedido a realizarla en término -hipótesis esta últimageneradora de la nulidad del acto (conf. art. 400 C.P.P.N.)-, en el caso difieren las fechas de audiencia (fijada para el 8/9), de redacción de los fundamentos (6/9), y de notificación (13/9), pudiendo ello acarrear confusiones innecesarias.

Precisamente, con fecha 13 de septiembre de 2006 la María Laura Ruiz, Secretaria del juzgado, suscribió una constancia al pie del resolutorio por medio de la cual "notificó" a la defensa de los fundamentos y le hizo entrega de una copia. Como si hubiera resultado insuficiente lo anterior, a fs. 174 vta. la Actuaria dejó constancia de haber librado una cédula sin que se individualizara su destinatario, ni obre el ejemplar diligenciado agregado a la causa.

Causa Nº 17032-00/CC/06, Sala II No obstante todo lo anterior, como surge claramente de fs. 178/181, la defensa interpuso el remedio dentro del plazo legal toda vez que, como expresamente lo invoca, debe entenderse notificada en la fecha estipulada para la audiencia de lectura integral de fundamentos (8/11/06). Llegado a este punto, se impone reiterar que la lectura de la sentencia ha sido reglada como obligatoria porque importa un especial modo de comunicación para las partes que hubieren asistido al debate, en concordancia con los principios que rigen el juicio (oralidad, publicidad, inmediación y continuidad). Y si bien tal exigencia es prescindente de la efectiva concurrencia de quienes deban ser anoticiados -pues aún cuando ninguno de los sujetos del proceso acuda a la expresa convocatoria del tribunal, es dicho acto el que marca el comienzo del plazo para la interposición de recursos-, ello no quita de modo alguno su obligatoriedad.

En otro orden de ideas, cabe apuntar que las diferentes normas procesales del ritual nacional invocadas por la Sra. Magistrada de grado para fundar las diversas consideraciones que virtió al tiempo de analizar la concesión del recurso (vbg. arts. 433, 449 y 450 del C.P.P.N.) no resultan de aplicación al caso de momento que, tratándose de una sentencia definitiva en materia contravencional, rige en la especie el art. 50 de la LPC (ver fs. 182).

Sentado lo anterior es preciso avocarnos al fondo del asunto. La defensa se agravia -en lo fundamental- en dos puntos: 1) insuficiencia probatoria; 2) en caso de considerarse acreditada la conducta debe entenderse alcanzada por la eximente del último párrafo del art. 82 en tanto consistió en tocar música en un ambiente acustizado fuera de los horarios de descanso.

En torno al primer cuestionamiento, analizando el fallo atacado se trasluce que la sentenciante evaluó correctamente la prueba producida e introducida al juicio, de modo de considerar acreditada la materialidad infraccionaria de la contravención cuya comisión en forma reiterada se le endilga al encartado. En tal sentido, valoró la prueba testimonial rendida en el debate, sin que corresponda a este Tribunal el examen del grado de convicción que los testimonios han producido en el ánimo de la magistrada, extremo este último que le ha sido reservado "...por su inmediación frente a los órganos de prueba...", encontrándose en condiciones de "...establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales..." (Conf. Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala II, 22-03-2001, "Ramón, Osvaldo Héctor s/recurso de casación", causa nro. 2789).

Al respecto se expidió el STJ de Entre Ríos, Sala I en lo Penal, al sostener que "El Tribunal que ha actuado en el debate oral es soberano para la selección de las pruebas de cargo, la determinación de su poder conviccional y la consecuente reconstrucción del factum en su materialidad objetiva y en la participación asignada a los acusados, sin ser de incumbencia del órgano de casación analizar, y muchos menos admitir, las críticas que tiendan a su modificación o invalidación, salvo que se hayan afectado principios de la lógica, de las ciencias o de la experiencia común, lo cual no ha ocurrido en el subexamen..."(STJ de Entre Ríos, Sala I en lo Penal, 31-05-2000 causa carat. "Barrera, Ramón Antonio s/ robo agravado por haberse causado lesiones graves en concurso real c/ violación de domicilio", sumario publicado en "Revista de Derecho Penal, Garantías Constitucionales y nulidades procesales" T. II- Donna, Edgardo Alberto, director, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe 2002, pág. 483).

En este sentido, resulta necesario destacar que no se detecta en el caso que la juez "a quo" hubiere faltado a las reglas de la sana crítica racional en el juicio de valoración de las pruebas producidas en la audiencia de debate, respecto de la cuestión que se ventila. Nótese que analizó las versiones de los denunciantes frente a la del personal preventor y la ausencia de cualquier otro canal probatorio que las enerve condujo indefectiblemente al dictado de la resolución recurrida.

Por otra parte las referencias de la defensa en torno a que los testimonios en que se basó el fallo condenatorio no fueron convincentes en tanto "...fueron más que exagerados en sus declaraciones..." van más allá de las posibilidades efectivas de revisión de esta instancia en el marco de la carencia de inmediatez respecto de dicha producción probatoria, lo cual repercute en estrictos límites para su valoración. De allí que corresponde avocar la evaluación a la validez y logicidad -en el marco del principio republicano de razonabilidad- de la motivación fáctica brindada por la Magistrada de mérito. Y es en ese sentido que como ya lo afirmáramos del cotejo de la sentencia se desprende una motivación suficiente en torno al valor de convicción y sentido probatorio brindado a cada uno de los elementos incorporados.

Causa Nº 17032-00/CC/06, Sala II En efecto, comienza correctamente sentando que no existe controversia en torno a la conducta realizada -tocar música en el domicilio constituido como salón de ensayos- sino sobre la trascendencia a la vivienda de los terceros -denunciantes- extremo que emerge claro de la lectura de los alegatos en el acta respectiva de fs. 151/159 y la naturaleza de "molestos" o no de los ruidos, su frecuencia, lesividad etc., contienda que se adapta a los límites brindados por la "a quo". Y a ese respecto, la jueza estima que "...fueron claros los denunciantes Vicino y López Canon, quienes refirieron que esa fue la razón por la cual en primer lugar intentaron infructuosamente de convencer al encartado que modificara sus horarios de prácticas o tomara otros recaudos", sumado a ello se encuentra el acta contravencional de fs. 4 cuyos datos -enfatiza la Magistrada- han sido corroborados por la declaración del subinspector Hernán Sáez quien "...indicó que al ingresar a la vivienda de los denunciantes se podía oír música nítidamente a través de la pared, la cual identificó como rock, que aparentemente era producida por una banda que estaba ensayando en la casa vecina...". Por otra parte, en relación al testigo presentado por la defensa, Lucas Maximiliano Pereyra, afirma la sentenciante que su declaración no desmerece lo anterior toda vez que si bien "...dijo ser vecino del Sr. Lavalle pues, conforme lo indicó y señaló en el croquis que efectuara a mano alzada en la audiencia, no poseía la misma ubicación que los denunciantes y además reside en la planta alta".

Acreditada la existencia del hecho, la Magistrada pasó a valorar si correspondía tildarlo de perturbador del descanso de los denunciantes, aspecto fundamental a los efectos de la tipicidad. En esa dirección, como se trata de un elemento normativo del tipo, partió del concepto de ruido aportado por la ley 1540 "...cuando dice que es todo sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas y animales, capaz de producir efectos sicológicos o fisiológicos adversos". La Defensa se agravia porque no existió prueba técnica alguna que convalide lo expresado en los testimonios. Y si bien la Jueza admite dicha ausencia, se remite a un antecedente del Tribunal Supremo local para sustentar el contenido valorativo y normativo del fallo, que no demanda la necesidad inexpugnable del mentado peritaje.

En función de dicho contexto, basándose en los testimonios -cuyo contenido fundamental transcribió a fs. 166vta/168- concluyó "...que la música originada en el salón de ensayos del Sr. Lavalle tuvo trascendencia significativa fuera de los límites físicos de su casa, de modo tal que excedió la normal tolerancia". En modo alguno puede alegarse que derivó arbitrariamente la mentada solución cuando a fs. 168 y sgtes. esgrime detalladamente los motivos para valorar la prueba en uno u otro sentido superando ampliamente el test de razonabilidad.

Por otra parte, no omitió la meritación -ni la explicitación- de los elementos de descargo incorporados al debate: los testimonios de Ricardo César Bruzzone y Lucas Maximiliano Pereyra y la prueba documental de la compra de materiales para la acustización del lugar. Así, a pesar de que "...no abrigo duda alguna que el encartado trató de isonorizar su sala de ensayos (...) a la luz de las constancias de la causa ello no fue suficiente, extremo que en todo momento Lavalle tuvo conocimiento, conforme lo pusiera de resalto el Sr. López Canon ...". Ello se explica fácilmente toda vez que "...los materiales que acreditó haber adquirido ....fueron utilizados por aficionados y no por profesionales dedicados al tema, y las protestas de los denunciantes me llevan a concluir que pese a las obras de insonrización efectuadas, las que resultaron a todas luces, y pese a la importancia que se les asigna el Sr. Lavalle, insuficientes e inadecuadas, el ruido que se generaba por la actuación de bandas de rock en la sala de ensayos(...) trascendió hacia el interior de la vivienda de López Canon y Visino ocasionándoles las molestias (...)puesta s de resalto".

Ahora bien, respecto del segundo agravio articulado en torno a la procedencia de la aplicación del tercer párrafo del art. 82 CC en cuanto dispone que "No constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso siempre que se utilicen dispositivos de amortiguación del sonido de los instrumentos o equipos, cuando ello fuera necesario" resultan a todas luces acertadas las manifestaciones de la "a quo" en relación a la calificación de la conducta. Ello en atención a que existen dos elementos que quitan relevancia contravencional al acto de ensayar o practicar música por no constituir lesión efectiva ni potencial al bien jurídico tutelado por la norma. En efecto, son requisitos ineludibles para que la acción devenga atípica que sea realizada fuera de los horarios de descanso y se utilicen de ser necesario dispositivos de amortiguación de sonido.

Así "...si bien estos horarios no están definidos legalmente conforme se ha visto, en la vivienda lindera uno de sus ocupantes en virtud de estado -embarazo- o bien por su corta edad necesitaban descansar en el horario en que Causa Nº 17032-00/CC/06, Sala II ensayaba el encartado, y por otra parte las medidas que implementara el mismo para disminuir el nivel de ruido producido por las bandas musicales resultaron insuficientes". Además enfatiza que los ensayos sucedían en período nocturno, por lo general a partir de las 21 horas, claramente en el horario que el común de la gente utiliza para descansar.

El corolario es que la lesividad de la conducta endilgada al Sr. Lavalle impide considerarla como una de las que se encuentra fuera de la materialidad infraccionaria como lo pretende la defensa técnica. Ello se inscribe en lo ya sostenido reiteradamente por esta Sala en torno a que la ley denota la norma, es decir la prohibición en el sentido de que establece su extensión abstracta, el bien jurídico connota a la misma brindándole significado jurídico y con el, legitimidad (toda aplicación por fuera de él no será válida), la jurisdicción denota el caso concreto al cual le es aplicable aquella bajo la luz de este último, y lo connota atribuyéndole significado jurídico a su vez (verificación fáctica y jurídica -denotación jurisdiccional/legalidad-, silogismo práctico -connotación jurisdiccional/equidad-) -conf. Causa Nº 50-00-CC/2005, Sala II caratulada "Coultas Juan Domingo s/inf. art. 83, Apelación", entre otras-.

Los fundamentos expuestos devienen en la improcedencia de los agravios alegados por la Sra. Defensora toda vez que la Magistrada "a quo" ha motivado fáctica y jurídicamente de manera suficiente el fallo condenatorio.

Por todo ello y habiendo concluido el acuerdo RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia de fs. 162/174 en cuanto condena a Gustavo Francisco Lavalle, de las demás condiciones obrantes en autos, a la pena de cuatrocientos pesos ($400) de multa cuyo cumplimiento se dejó en suspenso por ser autor responsable de la contravención prevista en el art. 82 del C.C. (Ley 1472) y costas, imponiéndole por el término de dos meses las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta; b) Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere; c) Asistir a un curso educativo sobre ruidos y sus consecuencias en la salud de la población ha efectuarse en la Asociación Civil "Oir Mejor" sita en Vuelta de Obligado 1255, 2 Piso 6 de esta Ciudad de dos horas de duración.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase a la primera instancia interviniente la que deberá practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo proveído de muy atenta nota.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.