Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27


ALEGRE, Víctor Oscar Clemente contra MATIASEVICH, Germán y otros Reg.: A y S t 206 p 397-399.

Santa Fe, 27 de abril del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia nro. 158 del 12.9.2003 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "ALEGRE, Víctor Oscar Clemente contra MATIASEVICH, Germán y otros -Cobro de Pesos Laboral- (Expte. 190/02)" (Expte. C.S.J.

NRO. 57, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Por sentencia del 12.9.2003 pronunciada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario se resolvió: "1) Rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos contra el auto interlocutorio nro. 508/98, con costas a la perdidosa... 2) Rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la demandada y receptar parcialmente el de apelación de la misma parte. En consecuencia, se confirma la sentencia impugnada, con la sola modificación en lo siguientes puntos: rechazando el rubro "asignaciones familiares" e imponiéndose las costas de primera instancia según el éxito obtenido. Las costas de la Alzada, a cargo de la demandada...".

Contra dicho fallo dirige la parte accionada recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055, juzgándolo lesivo de los derechos constitucionales de defensa en juicio y debido proceso y, carente de motivación suficiente (artículo 95 de la Carta Magna provincial).

En sustento de su impugnación, cuestiona la aplicación que del artículo 128 del C.P.L. efectuó la Alzada como así la presunta convalidación o subsanación del acto. Ello así, por cuanto la audiencia no se celebró a la hora designada (10.30 horas), sino que se realizó a las 12.40 horas, razón por la cual la misma debió suspenderse fijándose una nueva fecha, según lo estatuye el artículo 51 inciso a), C.P.L.. Destaca el yerro en que incurre la Sala al sostener que su parte asistió a la audiencia, desde que tan sólo asistió al Tribunal a fin de presentar el escrito pertinente a las 12,40 horas.

Por consiguiente, sostiene, al no cumplir la audiencia con su finalidad legal, no puede tenerse por convalidada ninguna actuación procesal, situación ésta que lesiona la buena fe procesal.

Asimismo le agravia que los sentenciantes consideraran que la prueba rendida resulta superflua (artículo 59, C.P.L.), pues cuando se encuentran en juego derechos garantidos constitucionalmente, siempre debe estarse a la justa solución del caso. Entiende que la prueba oportunamente ofrecida debió proveerse, puesto que no puede rechazarse la misma con el sólo fundamento que ella no resulta pertinente.

Expresa que el código de rito remite a una ficción legal al establecer que la imposibilidad en que alguna de las partes se encuentran de concurrir a las audiencias fijadas debe acreditarse en el mismo momento de celebrarse las mismas.

Afirma que los certificados médicos presentados (artículo 74, C.P.L.) revisten el carácter de documentos ad-probationem y no ad-solemnitatem, por lo que el mero rechazo de los mismos no deviene procedente, máxime cuando un autos, la jueza de grado, sin previo traslado del incidente a la actora y sin ordenar el proveimiento de la prueba, los rechaza.

Al respecto, aduce que los certificados médicos obrantes a fs. 45 y 46 se expidieron según lo exigido por la referenciada norma (artículo 74, citado), debiéndose observar que en el de f. 45 obra una estampilla de la Asociación Médica del Departamento Constitución (entidad oficial, reconocida por el Colegio de Médicos) y el segundo se encuentra suscripto por un profesional del SAMCO, también entidad oficial reconocida legalmente en la Provincia. Por consiguiente, los documentos se encuentran exentos de reconocimiento.

Sostiene finalmente que el fallo vulneró las formas del proceso al no darle al incidente de nulidad el trámite correspondiente, a pesar de haber sido planteado en término, lo que resulta lesivo de la garantía constitucional de defensa en juicio.

La Sala a quo, mediante auto nro. 2 del 11.2.2004 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa de la compareciente ante esta sede, insistiendo en la arbitrariedad del decisorio.

2. La presente queja no ha de tener favorable acogida desde que en su presentación directa la recurrente intenta lábilmente desvirtuar los fundamentos brindados por la Sala en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, mas sin lograr tal cometido, incumpliendo así con la carga que impone el artículo 8 de le ley 7055.

En efecto, sostuvo el Tribunal a quo que el escrito recursivo no reúne los requisitos previstos por los artículos 1 in fine y 3 inciso 2 de la citada ley, además de no puntualizar las hipótesis de arbitrariedad en que había incurrido. Juzgó así que el escrito se asemeja a una expresión de agravios, destacando que la argumentación a que apela la quejosa a fin de revertir el resultado adverso a su parte sólo evidencia disconformidad con los fundamentos y la solución arribada por el Órgano, lo que no constituye agravio constitucional.

En relación a los argumentos aducidos en torno a la nulidad de la audiencia del artículo 51 del C.P.L., la Alzada entendió que en gran parte ellos constituyen reiteración de las quejas expuestas al expresar agravios, los que fueron oportunamente tratados al dictarse el pronunciamiento impugnado, motivo por el cual debe estarse a los términos del mismo.

Y a la luz de la sana crítica, tuvo especialmente en cuenta -entre otros argumentos- que su parte consintió la providencia de f. 51 vto. por la cual se llamaba autos para resolver el incidente de nulidad de la mencionada audiencia, así como también que los certificados médicos acompañados a fin de justificar su ausencia no se encontraban debidamente certificados, por lo que resultaban insuficientes para acreditar en forma fehaciente que los accionados no comparecieron a la audiencia de trámite y a prestar absolución de posiciones con justa causa.

El Tribunal consideró además, que las disconformidades formuladas al respecto resultan intrascendentes a fin de obtener la apertura de la instancia, por cuanto, "...

si bien insiste con que el planteo de nulidad habría sido introducido oportunamente, no logra ni siquiera intenta refutar los demás fundamentos expuestos por el Órgano, entre ello, que su parte no impugnó la providencia de f. 51 vta., quedando firme y consentida.

Agregó que lo propio se observa en cuanto a que la informativa ofrecida era superflua...".

Y en relación a los certificados médicos, la Sala sostuvo que el artículo 74 del C.P.L. es claro con respecto al recaudo que deben reunir los certificados médicos que se presenten en juicio para que estén exentos de reconocimiento, señalando que las elucubraciones que formula la demandada respecto a esta cuestión, a lo sumo, constituirían una interpretación particular sobre una norma que, como la contenida en dicho artículo, es privativa de los jueces ordinarios de la causa, lo que no autoriza el franqueamiento de la instancia, añadiendo que se trata de una cuestión procesal, la que como bien sabido es, resulta ajena al recurso intentado.

En conclusión, sostuvo que la recurrente incumplió con los siguientes recaudos que hacen a la fundamentación del recurso: expresar una hipótesis de inconstitucionalidad elaborada en abstracto; manifestar acerca de la aplicación de esta hipótesis de inconstitucionalidad elaborada al caso concreto y exponer de qué manera una solución distinta haría cambiar la suerte de la litis y lograría su adaptación al esquema constitucional.

Sin embargo, nada expresa la quejosa en su escrito en orden a rebatir aquellas conclusiones, reiterando únicamente los planteos ya esgrimidos en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad, memorial que asimismo incumple con la exigencia de autosuficiencia, toda vez que además de no contar siquiera con una mínima referencia a los antecedentes fácticos de la causa -desde que la reseña formulada hace únicamente a la cuestión de fondo, objeto de la demanda laboral, la que no se encuentra sometida a discusión-, carece también de la fundamentación suficiente y autónoma que permita -aún cuando pudiera llegar a comprenderse el alcance de sus agravios- comprobar de qué manera los mismos encuentran su nexo con las normas constitucionales que la recurrente dice vulneradas y la decisividad de sus planteos para con una solución distinta de la litis.

En suma, las deficiencias apuntadas sellan la suerte adversa del remedio intentado.

Por tales razones, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la compareciente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)