Tribunal: CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-27


2º Instancia. - Buenos Aires, febrero 27 de 2004.

La doctora Maffei de Borghi dijo:

I. A fs. 123/125 se interpuso el recurso de apelación, manifestándose a fs. 123 pto. IV la imposibilidad de efectuar el depósito previo exigido por el art. 15 de la ley 18.820, en virtud de hallarse en concurso preventivo (ver también la documental de fs. 134 e informe de fs. 157).

Respecto a la exigencia mencionada en el párrafo anterior, para la viabilidad de este tipo de reclamos, es condición el depósito previo que prevé el art. 15 de la ley 18.820 Dicho art. 15 de la ley 18.820 regula el recurso de apelación contra las resoluciones de la Dirección General Impositiva. Impone dicha norma que "...deberá depositarse el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa; su omisión producirá la deserción del recurso". Al respecto, la Corte ha dicho en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, sin que ello importe una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57, entre otros), existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que tornaría ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento(C.S.J.N.: Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem "Mussio Hnos S.A. s/impugnación actas de inspección", sent. del 25/3/86 y, específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, cons. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos: 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 cons. 10)".

Ello así, la situación de la recurrente debe encuadrarse en la primera de las hipótesis de excepción de creación pretoriana del alto tribunal y corresponde, en consecuencia, eximir a aquella del depósito previo exigido por el art. 15 de la ley 18.820 y declarar abierta la instancia judicial.

En igual sentido, se ha expedido esta sala en autos "Lencemar S.A. c. Dirección General Impositiva s/impugnación de resolución", mediante Sentencia Definitiva Nº 12.201 del 8 de noviembre de 1999.

II. La Administración Federal de Ingresos públicos desestimó a fs. 117/118 la solicitud de revisión interpuesta por Harengus S.A. contra la res. 1250/98 (DI LTRS), del 30/10/98, la que desestimó parcialmente la impugnación planteada con relación a las Actas de Inspección Nros. 052540; 052541; 052542; 052543; 025171; 025172; de la ex CASFPI cuya clave de Inspección es la Nro. 8103111 en lo atinente a "Gastos de Vivienda", "Pasajes Aéreos" hasta 01/10/90 y "Servicio de Vigilancia" en razón de no haberse demostrado la improcedencia de los cargos.

La quejosa manifiesta que el único acto del que trata el expediente son las actas de inspección nros. 052540/43 y 025171/72, labradas en fechas 16 y 29 de mayo de 1991, y de su impugnación interpuesta el 19/6/91.

Expresa que las comunicaciones internas de CASFPI y en particular la de fs. 23 no son actas de inspección, no establecen saldos ni fueron notificadas al empleador.

Dice que en su impugnación cuestionó que el acta no explicitaba ni fundaba cómo se determinaban las cifras consignadas como gastos de vivienda, a nombre de quiénes estarían asignadas las mismas, ni el lugar en que se encuentran.

Agrega que si no es remuneratorio el alquiler de vivienda, tampoco deben serlo los gastos que las mismas producen, ya que, como prestación necesaria para la radicación en el lugar tiene carácter accesoria de la primera.

Considera que las mismas argumentaciones caben para los rubros "pasajes aéreos" y "servicios de vigilancia".

III. En orden al agravio vertido con relación al acto que aquí se impugna, cabe señalar que si bien en las actas de inspección no se consignaron los elementos que pone de manifiesto el recurrente, no es menos relevante la circunstancia de que el informe del inspector obrante a fs. 23/26 fue suscripto por el "titular o representante legal "de la firma, que no es otro que el firmante del recurso de apelación, de donde no se puede alegar que el ex ente previsional lo haya colocado en estado de indefensión al no dejar sin efecto las actas y emitir otras, pues habiendo tomado conocimiento del citado informe en la oportunidad de la verificación efectuada en la empresa, la misma no efectúo ningún tipo de objeción en sede administrativa.

Entrado a considerar los cargos formulados, en mi opinión, los elementos de juicio analizados resultan suficientes para tener por acreditada la naturaleza remuneratoria del rubro "pasajes aéreos".

En el caso de autos, surgen acreditadas la periodicidad y habitualidad de los pagos que se efectúan por parte de la empresa y su relación directa con el contrato de trabajo, y que el mismo significa un ahorro para el trabajador, sin que se haya acreditado que los pagos eran efectuados por éste y sujetos al reintegro por parte del empleador (ver recibos de fs. 39/42).

Por ello, ante la ausencia de prueba en contrario, atento los términos del art. 106 LCT, los mismos tienen carácter remuneratorio, sujetos a aportes y contribuciones (conf. esta sala en "Empresa Argentina de Cemento Armado S.A. Gesiemes S.A. U.T.E. c. Dirección General Impositiva s/ impugnación de acta Nº 1122941", sent. def. 79488 del 20/02/1998).

De allí que no encuadre en el concepto de beneficios sociales en cuanto se los define como "las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo".(Ver dec. 333/93 y sus modificatorios; dec. 849/96 y art. 103 bis de la L.C.T. No. 20.744, incorporado por ley 27.400).

En cuanto al rubro pagos de servicios, cabe señalar que estos accesorios son gastos propios del trabajador y si el empleador los toma a su cargo, sin obligación legal o convencional, está otorgando un salario en especie (cfr. art. 105 RCT); esto es, un ingreso patrimonial indirecto complementario de la remuneración en dinero, debiendo el empleador por lo tanto efectuar el aporte correspondiente (cfr. esta sala en "Merck Química Argentina S.A.I.C. c. Dirección General Impositiva s/ impugnación de actas 51368 y 51369", sent. def. 77.639 del 10/10/1995).

Con relación al último cargo formulado ("servicio de vigilancia"), resulta primordial determinar previamente si existe una relación de dependencia entre los supuestos dependientes y la impugnante. Sobre el particular, cabe puntualizar que tanto la jurisprudencia como la doctrina laboral, afirman que la principal característica que permite diferenciar al contrato de trabajo de otras figuras aparentemente análogas, es el elemento de subordinación, el que en su concepción jurídica implica un estado de limitación de la autonomía del trabajador, quien se halla sometido a la potestad del empleador, obviamente dentro de los límites y con el alcance que la legislación impone, de la cual derivan derechos y deberes para ambas partes.

Respecto del empleador, ello se traduce fundamentalmente en la facultad de organización, que consiste en la posibilidad de disponer lo que debe hacerse, en la facultad de dirección, que es el atributo del principal de regular cómo habrán de efectuarse las tareas, y en todas aquellas facultades vinculadas con la potestad disciplinaria.

Como necesario correlato de lo anterior, al trabajador le corresponde principalmente el deber de poner su capacidad laboral a disposición del empleador y de aceptar el ejercicio de las facultades que éste ejerce.

La relación de dependencia -piedra de toque del contrato laboral- no es definible en términos de características precisas y unívocas. Constituye un conglomerado de circunstancias que, en mayor o menor medida, contribuyen a crear un clima económico y social concreto, susceptible de encajar razonablemente en aquel encuadre jurídico, que depende de varios criterios y normas: contenido de la obligación, circunstancias especiales y temporales en que se desempeña la tarea, grado de asunción de riesgos, forma de pago, mayor o menor preeminencia de la prestación, solvencia del prestatario del trabajo y otras circunstancias, según el caso de que se trate. Es decir que el contrato de trabajo no es una institución de características definitorias precisas: la relación de dependencia se manifiesta en diversos elementos que, en su conjunto y valorados razonablemente según las circunstancias de cada caso, contribuyen a encuadrar el vínculo en el ámbito laboral (conf. Frías, Rosario del C. c. Suárez, Ramón", C.N.A.T., sala III, sentencia del 28/5/93).

Estimo que con los elementos de juicio obrantes en autos no se ha logrado objetivar la existencia de las notas descritas.

Al respecto cabe señalar que en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada. Aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (ver Hutchinson, Tomás; "Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549", pág. 29 y sigtes.).

Por todo ello surge claro entonces que no se ha cumplido con la garantía del debido proceso adjetivo derivado del art. 18 CN, con lo que ello implica: a) derecho a ser oído; b) derecho a ofrecer y producir pruebas; c) derecho a una decisión fundada. Por ello, al valorar las distintas pruebas, el organismo administrativo debe actuar con razonabilidad, a fin de que sus pronunciamientos produzcan efectos jurídicos válidos, debiendo arbitrar las medidas tendientes a indagar la verdad objetiva de los hechos (cf. art. 1º incs. a, b, c y f de la ley 19.549).

IV. En relación a las costas, es criterio reiterado del Tribunal la aplicación de la doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Gomerías Alberdi" (Fallos 300:895 y sus citas) y más recientemente en autos "Farmacia España S.C.S c. Dirección General Impositiva"(F. 28. XXXIV; 239:3320), del 1 de julio de 2000, para los casos de impugnación de deuda, y no existiendo mérito actual para apartarse de ello, así debe ser resuelto (conf. "Juan Bracho García e Hijos S.A.C.I.A. c. Impugnaciones de Deuda (DNRP)", Exp. N. 16.612/95, Sent. Def. Nº 80943 del 12/3/1999, entre otros). De tal modo, las costas serán soportadas en el orden causado.

Por todo lo expuesto, considero que debe confirmarse la resolución recurrida en cuanto a los cargos "Gastos de Vivienda" y "Pasajes Aéreos" y revocarla en cuanto al cargo "Servicios de Vigilancia". Costas por su orden.

Los doctores Díaz y Chirinos, por compartir la solución propuesta, adhieren al voto que antecede.

Por ello, el tribunal resuelve: Declarar formalmente admisible el recurso. Confirmar la resolución recurrida en cuanto a los cargos "Gastos de Vivienda" y "Pasajes Aéreos". Revocar el cargo "Servicios de Vigilancia". Costas por su orden. - Lilia M. Maffei de Borghi. - Roberto Díaz. - Bernabé Chirinos.