marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución hipotecaria, obligaciones en moneda extranjera, emergencia económica, pesificación
Materia: PROCESAL-CIVIL-ECONOMIA
Carátula: INVERSIONES SARMIENTO S.R.L. c/ BALBUENA, Oscar Abel y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-27

La ley 23.928, que modificó al art. 617 del Código Civil, y que era la vigente al tiempo de contraerse la deuda cuyo cobro se reclama, estableció que aquella obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero.

Empero, dicha ley, pese a que introdujo la convertibilidad, dejó bien en claro que "si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento" (art. 619 del Código Civil en su actual redacción).

Por tanto, el régimen vigente al tiempo del contrato, no ofrece ninguna dificultad: hay obligaciones de dar sumas de dinero en moneda nacional y en moneda extranjera. Dentro del ámbito de la libertad contractual y de contratar las partes tenían la posibilidad de contratar o no y, en su caso, de elegir libremente las cláusulas del contrato, pudiendo optar entre hacerlo en moneda extranjera o en pesos argentinos. Quien se obligó de la primera forma, debía reintegrar moneda en curso legal. Y quien lo hizo en moneda extranjera, debía esa misma especie de moneda. Sólo cancela su obligación en la forma pactada o entregando la cantidad de pesos suficientes para adquirirla en plaza, el día de pago. Dicha norma, no es más que una aplicación, de las tantas que contiene el Código, del principio "pacta sunt servanda", que confiere a lo pactado el rango de la propia ley (art. 1197 del Código Civil). Del voto en disidencia del Dr.

Dupuis
Competencia previsional, obras sociales, cobro de aranceles
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS QUE ACTUAN EN FRUTOS DEL PAIS c/ CASARTELLI, Norberto s/ ejecución de aportes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-26

Si la acción por cobro de cuotas de obras sociales impagas fue promovida con posterioridad a la vigencia de la ley 24655 (15/7/96) corresponde que entienda la justicia Federal de la Seguridad Social, pues el art. 2 de la ley citada así lo determina, aunque los períodos reclamados sean anteriores a dicha fecha.
Recurso de casación, homicidio en ocasión de robo, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Vicente Pezzo Daniel Alejandro Y Vicente Pezzo Adrian Silvio s/ Recurso De Casación Interpuesto Por Particular Damnificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-09-03

Corresponde admitir el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que dispuso la absolución de los acusados en orden al delito de robo triplemente agravado por su comisión con arma de fuego, en lugar poblado y en banda y por resultar la muerte de la víctima, en grado de tentativa, pues no son acertados los motivos en base a los cuales el órgano juzgador le restó todo valor probatorio a los informes confeccionados por la Dirección de Tecnologías Aplicadas a la Investigación en Función Judicial mediante el uso del sistema V.A.I.C., de los que surge la coincidencia en el corte de la frecuencia de llamadas entre los imputados desde la entrada y permanencia de uno de ellos al banco, y el reinicio de aquéllas inmediatamente después de la salida de éste último de la entidad financiera, dos o tres minutos después de que la víctima abandonara la sucursal bancaria.
Lesiones culposas, acción dependiente de instancia privada
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fernández Llorente de White, Marina s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-07

Corresponde absolver a la encartada por el delito de lesiones culposas pues, por un lado, la acción penal no fue debidamente instada por la víctima, a causa de la falta de información de parte de los agentes estatales sobre el significado del acto y, por el otro, el caso no involucra la "seguridad o interés público", dado que no se observa por parte de la imputada una actitud temeraria, el hecho ocurrió cuando cruzaba la calle con la luz del semáforo que la habilitaba y a poca velocidad y, si bien se trató de un comportamiento imprudente, no trasciende la esfera del conflicto entre partes. El voto concurrente agregó que, además de que la damnificada no comprendió que, con su declaración en sede policial estaba autorizando la persecución penal contra la imputada, no existe requerimiento de instrucción para habilitar legalmente la jurisdicción. La disidencia sostuvo que la decisión de instar la acción en sede prevencional no fue tomada sin plena libertad y sin evaluar sus consecuencias, pues la damnificada realizó al menos un inequívoco acto que confirma la postura contraria a la ensayada durante la audiencia de debate oral, cual es la de haber concurrido a realizarse el examen ante el médico legista y, asimismo, que tratándose de una acción pública dependiente de instancia privada, lesiones culposas previstas en el art. 94 CP, una vez instada, la acción penal no resulta disponible por parte de la damnificada, salvo el caso del derogado avenimiento previsto en el art. 132 CP
Cláusula penal, intereses punitorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guzman Arias, Margarita c/ Gross, Enrique C. A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

No corresponde hacer distingo alguno entre cláusula penal e intereses punitorios cuando su aplicación obedece al incumplimiento en término de las obligaciones dinerarias, que desempeña esencialmente en estos supuestos, una función más compulsiva que resarcitoria, y por lo que, en general, se la conviene a una tasa mucho más elevada que la que rige para los casos de mutuo.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: TREROTOLA, MIGUEL Y OTROS. s/ HOMICIDIO CALIFICADO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-03

Es improcedente el recurso extraordinario con base en el art. 18 de la Constitución Nacional si el recurrente no expresa de qué pruebas o defensas se ha visto privado y la incidencia que ellas habrían podido tener para modificar la resolución que impugna.
Prescripción veinteñal, prueba, pago de tributos
Materia: CIVIL
Carátula: Palacios, José Agustín c/ Personas Desconocidas s/ Prescripción Veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-09-03

Sin perjuicio de que lo afirmado por la recurrente en torno a que no es indispensable acreditar el pago de los impuestos por todo el tiempo exigido para la posesión, la ley es categórica en cuanto a que el fallo no puede basarse en las testimoniales, pues es allí donde adquieren relevancia otras probanzas, entre las cuales sobresale el pago de impuestos. Será entonces desechable o no indispensable, como alega la apelante, cuando el proceso contenga otras pruebas que sostengan adecuadamente la testimonial y formen la convicción necesaria sobre la procedencia de la acción, sin tener que echar mano a la prueba del pago de impuestos. Finalmente, el pago realizado por el actor de una sola vez y con escasa antelación al inicio de la demanda por usucapión, no es válido para crear la presunción de "animus" que es el extremo que tiende a demostrar esta prueba.
Sentencia condenatoria, sanciones conminatorias
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Hoffman de Cherby, Elvira Irene c/ Estado Provincial s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-10-29

En el ámbito judicial la sentencia que hace lugar a las acciones de ilegitimidad y plena jurisdicción, una vez firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, constituye un mandato judicial que debe ser cabalmente cumplido por la autoridad administrativa, en caso contrario resultan de aplicación las disposiciones del CPCC, entre ellas Art. 37 de aplicación supletoria por imperio de Art. 74 del CCA, norma en la que se fundamenta la imposición de astreintes.
Acción, habilitación de instancia, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Narvoish, Miguel Angel c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

El acto que resuelve el reclamo de un particular configura la decisión definitiva que habilita la instancia contencioso administrativa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, daño por vicio o riesgo de la cosa, indemnización por muerte, muerte de un menor
Materia: CIVIL
Carátula: SILVA, Avelino Raúl y otra c/ YEDIT, Elías s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-04

Demandados por los padres daños y perjuicios debido a la muerte de su hijo que a la fecha del accidente contaba con dos años de edad, en circunstancias en que mientras la madre se encontraba colgando ropa en la terraza el niño cayó al vacío por uno de los huecos existentes en el lugar y que carecía de toda protección, el hecho es encuadrable en lo prescripto por el 2do. párrafo del art. 1113 del Código Civil, es decir como daño causado por el riesgo o vicio de las cosas (conf. Belluscio, "Código Civil comentado anotado y concordado" t.V, p. 531 nro. 52 nota 624).- Si se encuentra acreditado que los accionados, propietarios del inmueble, estaban en infracción art. 5.10.l.l. del Código de la Edificación, ya que existían aberturas de aire y luz que carecían de protección, dicha situación los hace responsables de los daños que pudieran producirse por falta de seguridad, máxime si los testigos son contestes en afirmar que la totalidad del techo era utilizado como terraza por los ocupantes del edificio. Pero existió concurrencia de culpas ya que el hecho en importante medida se produjo por negligencia de la progenitora pues ante la falta de seguridad debió adoptar medidas tendientes a resguardar a su hijo de ese peligro. Si advirtió la caída al vacío del menor una vez que ello se produjo, demuestra que no se encontraba prestando la debida atención a los movimientos del niño, máxime si está demostrado que el menor solía subir solo al lugar, a punto tal que los vecinos colocaron una madera para que no se pudiera acceder a la escalera, advirtiéndole a la madre el peligro que tal circunstancia representaba por lo que cabe atribuir un 70 % de culpa en el evento dañoso a la madre y un 30 % a los accionados.
Rescisión del contrato administrativo, culpa concurrente, lucro cesante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SERAFINI, RICARDO D. s/ OBRA PUBLICA - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-12

No procede acceder al pago del lucro cesante cuando la declaración de existencia de culpa concurrente en la rescisión del contrato suscripto obsta a la procedencia del reconocimiento pretendido.
Administración fraudulenta, pagaré, depósito irregular, simulación ilícita, cesión de boleto, autorización de venta, autorización de venta vencida, coautoría, martillero
Materia: PENAL
Carátula: FREDES, RICARDO. s/ DEFRAUDACION - ADMINISTRACION FRAUDULENTA - PAGARES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-09

1) La entrega de un pagaré no genera una obligación posterior de restituir, dado que se trata de un instrumento de crédito circulable, y si bien debe reintegrarse ante su pago íntegro, su entrega constituye el depósito irregular que prevé el inc. 2 del art. 2189 del Código Civil.

2) La autorización de venta de un boleto a un tercero, sólo significa un mandato al locatario de esos servicios para que, en beneficio del locador y mandante, aquél transfiera a un tercero el contrato típico y autónomo de "hacer" una escritura teniendo derecho a percibir un cierto porcentaje sobre el precio de la transferencia.

La transferencia efectuada con la autorización vencida, a persona simulada y por vil precio, ocasiona un perjuicio patrimonial a los damnificados, estando encuadrada, desde el punto de vista típico, en la prohibición de administrar fraudulentamente.

La sustitución del primero por el segundo boleto, al que se grabó fiscalmente, hizo que en el momento de su firma, la autorización ya hubiese estado revocada "fehacientemente", como lo reclamaba la autorización, habiendo obedecido la operación intermedia a una pura y simple simulación.

3) En el caso de autos deben responder como coautores del delito de administración fraudulenta, el martillero asociado a la firma inmobiliaria, la propietaria única de esa empresa y la supuesta adquirente.
Contrato de trabajo, jornada de trabajo, guardias pasivas
Materia: LABORAL
Carátula: BEROIS GONZALEZ, JAVIER MAXIMILIANO c/ AUTOPISTAS URBANAS S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-15

La puesta a disposición del empleador, aun sin la efectiva prestación del servicio, debe ser remunerada al trabajador. Esa disponibilidad del tiempo en función de su propia organización personal encuentra limitaciones que emanan, justamente, de la probabilidad de una consulta o requerimiento de su presencia. No parece razonable concluir que se compute como tiempo de trabajo -dentro del concepto de jornada- el que se prolonga desde la hora normal de la salida del servicio hasta la hora de ingreso habitual del día siguiente. Las horas extraordinarias son las que se ejecutan en un trabajo efectivo tal como surge del art. 197 L.C.T. (primer párrafo), lo que no se verifica en la hipótesis de las guardias pasivas, puesto que el trabajador puede disponer con libertad de su tiempo, en tanto no sea requerido por el empleador. Al no prestar efectivamente el servicio, ese salario pasivo no debe llevar recargo aunque exceda el límite legal de la jornada.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, validez de la ley, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Mattos Pablo Jesús c/ La Segunda ART S.A. s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-04

Con la adhesión materializada a través de la ley provincial n° 10.532, no se ha trasladado a la Nación la potestad de los jueces provinciales de conocer y decidir en relación a situaciones cuya competencia les corresponde conforme a la constitución provincial, pues no se delegaron facultades jurisdiccionales propias en violación a la Constitución Nacional, sino que por el contrario, no solo no existió delegación alguna en tal sentido, sino que además, a través de la ley de adhesión el estado provincial pasó a tener cierta injerencia que no poseía en el andamiaje administrativo de las propias Comisiones Médicas (Voto Romero)
Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal, requerimiento de instrucción, defensa en juicio, falta de requerimiento de instrucción
Materia: PENAL
Carátula: Coque Huallpa, Ernesto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-23

El art. 120 C.N. no constituye obstáculo para la lectura literal del art. 195 C.P.P.N. en tanto las funciones del Ministerio Público habrán de coordinarse con las demás autoridades de la República. Son válidas las actuaciones iniciadas a raíz de un control migratorio aduanero a cargo de la prevención, según art. 186 C.P.P.N., máxime habiéndose dado inmediato conocimiento al Juez instructor y al fiscal, ya que el fundamento de la necesidad del requerimiento de instrucción, se vincula exclusivamente con la imposibilidad de que el magistrado actúe de oficio. No se advierte menoscabo al derecho de defensa si una vez notificado al consulado extranjero y al propio encartado de su derecho a la asistencia consular, en ninguna oportunidad procesal solicitó su apoyo, visita o asistencia y la defensa no recurrió el auto de procesamiento, consintió el cierre del sumario, ofreció prueba para el debate y no interpuso excepciones. El voto concurrente agregó que la intervención directa e inmediata del órgano jurisdiccional en los términos previstos por la ley en casos en que hubiera mediado prevención policial, no sólo en nada afecta los principios constitucionales que rigen la materia, sino que además se presenta como una forma racional de proteger la plena vigencia de las garantías individuales y que la decisión de ejercer la protección consular es discrecional del Estado interesado, que no puede ser objeto de control por parte de la República Argentina. La disidencia se fundó en la falta de impulso fiscal. (Dres. Catucci, Riggi -según su voto y Ledesma -en disidencia-).
Resoluciones inapelables, impulso procesal, traslado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Isotti, Ana Piera s/ Recurso de queja por apelación denegada ... denegada ...
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-11-28

De conformidad con el art. 150 C.P.C.C., cuando alguna de las partes deja de cumplimentar la carga procesal de evacuar un traslado, se deriva como consecuencia inexorable de la que resulta inapelable la resolución que recae en dicho incidente; "ratio legis" fundada en el desinterés evidenciado por el destinatario del traslado, como así en una razón de economía procesal.
Despido, abandono de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Celinda Cárdenas Villegas c/ Tintorería La Española s/ Laboral  Expte. N. 12311/89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-07-04

La suspensión dispuesta pudo carecer de causa que la justifique, los testimonios crean una severa presunción al respecto, pero ello no autoriza, por si misma, dado su término - dos días - a justificar el despido indirecto, teniendo en cuenta la conducta seguida por la actora a posteriori, como se describió, y la de la demandada que le cursó intimación para reintegrarse a sus tareas.
Recurso extraordinario, resoluciones equiparables a definitiva, medidas cautelares, conciliación laboral, laudo arbitral, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación del Personal Superior de  SEGBA . c/ Ministerio de Trabajo de la Nación. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Es equiparable a sentencia definitiva la decisión que, al hacer lugar a una medida innovativa, impuso la aplicación de un régimen laboral previamente suspendido por un acto administrativo del Estado Nacional con fundamento en razones de interés general, pues puede llegar a frustrar la aplicación de disposiciones legales dictadas en ejercicio del poder de policía y, de resultar rechazado el amparo, la reparación de los daños que habría ocasionado aquella.
Marcas, daños y perjuicios, monto de la demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS  SALADILLO  SA c/ TIGRE ARGENTINA SA s/ cese de uso demarca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-14

Los daños derivados de la infracción a una marca ajena, pueden ser de variada índole, dependiendo de las circunstancias propias de cada caso (conf. causas 14.236/03 del 14-4-05 y 7695 del 5-8-94; Etcheverry, O., "La reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres", Revista de Derechos Intelectuales, n° 3, ps. 14 y ss.; Fernández Novoa, "Derecho de Marcas", ps. 199 y ss., Madrid, 1990). La indeterminación del monto reclamado en demandas de resarcimiento de infracciones marcarias no da lugar, como regla, a la articulación de la defensa prevista en el art. 347, inc. 5°, del Código Procesal (conf. esta Sala, causa 5062 del 7-7-94, entre otras). Se trata de un supuesto en el que la exigencia contenida en el art. 330, inc. 6°, segundo párrafo, del ritual, debe ser morigerada, bastando al actor, en su caso, que indique únicamente la cosa demandada, pues tal precisión no se vincula ya con el monto del reclamo, sino con su objeto, el cual debe ser designado con toda exactitud conforme lo impone el inc. 3° de esa misma disposición procesal (conf. esta Sala, causa 7695 del 5-8-95).
Matrimonio, nulidad de matrimonio, impotencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: O., M. J. c/ P., G. E. s/ Nulidad de matrimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-11

La circunstancia que la mujer permanezca virgen es un indicio importantísimo y suficiente de la impotencia del marido, si no se justifica por éste la existencia de razones que expliquen la subsistencia de la virginidad. Por otra parte, la normalidad física y psíquica es la regla, los estados patológicos o irregulares son la excepción, por lo que, a falta de prueba -y aún en la duda- no se puede atribuir la virginidad de la mujer a desequilibrios que ella padeciera o a la existencia de un himen complaciente o indesgarrable, sino a la causa más evidente y común, como es la imposibilidad del marido de consumar la penetración.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, aclaratoria (procesal), honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja  de  Subsidios  Familiares  para  el  Personal  de la Industria c/ Sabattiello, Gerardo y otros. s/ NULIDAD RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

Corresponde dejar sin efecto la aclaratoria que modificó el criterio sobre el que se habían regulado los estipendios profesionales en el anterior fallo del mismo tribunal, dado que antes había diferenciado en función de personas integrantes de los estudios de los demandados y en la aclaratoria pasó de hacerlo en relación a los grupos integrados por esos profesionales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Orellana, Humberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Es insuficiente la denuncia de supuestos errores en el acta de audiencia del juicio oral si dicha supuesta falencia fue silenciada por la defensa en el momento oportuno.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, proceso penal, defensor, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, abandono del defensor
Materia: PROCESAL
Carátula: Enrique, José Humberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

El abandono de la defensa del procesado que implicó la inactividad de su abogado al no prestarle la asistencia necesaria, obligaba al tribunal a garantizar inmediatamente una concreta defensa de los intereses del justiciable manifestados el mismo día en que se leyó el veredicto y no aguardar a suplirla con la intervención del apelante, otorgada recién cinco meses después con motivo de la renuncia del letrado particular. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Asociaciones sindicales, encuadramiento sindical, convenio sectorial
Materia: LABORAL
Carátula: Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ Comisión Arbitral de la CGT s/ nulidad resolución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-28

A los efectos de resolver una cuestión de encuadramiento sindical, resulta irrelevante la aplicación de un CCT determinado, puesto que no debe confundirse el encuadramiento convencional con el denominado encuadramiento sindical.
Herencia vacante, curador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Lio, Pascual Antonio (sucesion vacante) c/ Lemos, Teodoro s/ Acción autónoma de nulidad de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

Durante la reputación de vacancia el curador -que cuenta con las facultades y está afectado por los deberes del heredero beneficiario - presenta con relación a éste una diferencia sustancial: no es heredero, por lo que no continúa la persona del causante; administra y liquida un patrimonio ajeno y su actuación se regula por las normas del mandato. Por lo tanto los actos que lleva a cabo la Fiscalía de Estado dentro de los límites de una sucesión que se reputa vacante son considerados como hechos personalmente por la representada y sólo responde con su propio patrimonio en caso de falta grave en su administración.