marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: González, Humberto Alcides c/ Sahara Hotel S.A.C.I.A. y/o María Luisa Ferradas y/u otros s/ Reajuste de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-07-08

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo que lo condena al pago por diferencia de haberes, alegando que la base fáctica no se encuentra acreditada. Ello así, ya que no puede seriamente afirmarse que es improcedente la condena de "diferencia de haberes", por el motivo aludido, por cuanto contemporáneamente olvida la preposición normativa de índole presuncional contenida en el art.91 de la Ley 2383. Este dispositivo procesal produce la inversión de la carga probatoria, pero permitiendo prueba en contrario. En el fuero, las presunciones nacidas del ordenamiento jurídico vigente, no pueden ser soslayadas en su aplicación, desde que responden a estrictas razones de políticas legislativas, orientadas a brindar un medio expeditivo para aliviar el esfuerzo jurisdiccional del trabajador demandante, con la finalidad de afianzar la paz social, mediante la certeza prestada por el legislador, en consideración precisamente a los principios tuitivos que informan el fuero laboral.
Notificación por nota, copias, falta de copias
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIANA  AUTOMOTRIZ  SOCIEDAD  ANONIMA  S.A.  DE CREDITO Y AHORRO c/ LIZONDO, DOMINGO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-21

La notificación por nota que dispone el art. 120 del Código Procesal, sólo puede tener lugar cuando al proveerse a la presentación del escrito o documento se exige "ab initio" la agregación de las copias pertinentes, como lo prescribe la norma.

Cuando se la provee sin esa observación y en una oportunidad posterior se requirió acompañar las copias, no se trata estrictamente de la intimación a que se refiere el art. 120, correspondiendo su notificación por cédula (art. 135, inc. 6 del Código Procesal).
Televisión por cable, ordenanzas municipales, base imponible, derecho tributario, interpretación de la ley, ley tributaria, contribuyentes, doctrina de los actos propios, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Cable Sono Visión S.R.L. c/ Municipalidad de Tinogasta s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-31

En el caso, la cuestión debatida que no es otra que la presunta inconstitucionalidad de normas de la ordenanza impositiva anual de la municipalidad demandada, que le impone al accionante-titular de una licencia para la explotación en la ciudad del servicio cerrado de televisión- el pago de contribución por el uso del espacio aéreo, calculando su monto en un porcentaje de la facturación de la empresa. Dicha cuestión resulta análoga a la resuelta en otra causa: Autos Corte Nº 126/01, en la que siendo Ministro de primer voto tuve oportunidad de exponer en relación a la eficacia de la alegación de inconstitucionalidad luego del supuesto acatamiento a la normativa cuestionada que: "el problema que se presenta para la recepción de tal doctrina no es otro que la fuerte imperatividad coactiva que pesa sobre el contribuyente en sus relaciones fiscales. donde no existe posibilidad alguna de consenso en la fuente originaria de imposición del tributo, pues éste es puesto en cabeza del sujeto pasivo de la obligación en forma unilateral.Por otra parte, sociológicamente o mejor dicho, en la cotidianeidad de la vida, le resulta mas que difícil al ciudadano contribuyente corroborar la legalidad de los actos jurídicos-administrativos que le imponen obligaciones, generalmente porque éstos surgen de organismos técnicos que se presumen conocedores de los actos que generan y del orden jurídico; segundo, porque también en la mayoría de los casos el obligado carece de formación para evaluar legalidades.". Dilucidada así la habilitación procesal del ocurrente para cuestionar la constitucionalidad de normas Tributarias Municipales y sobre la cuestión sustancial debatida, al igual que en el precedente de cita se presenta la contradicción en el caso que se analiza, pues mientras el Código Tributario establece como base imponible el metro lineal o cuadrado ocupado o utilizado, la ordenanza impositiva toma como criterio de cuantificación un porcentaje de la facturación de la gestión comercial del contribuyente; de lo que se deriva que la ordenanza impositiva cuestionada contraría los principio impositivos por el Código Tributario Municipal para el cálculo y percepción de la contribución, violando en consecuencia el principio de legalidad tributaria, por lo que corresponde declarar su inconstitucionalidad.

Del voto de la Dra.Sesto de Leiva-en disidencia
Apreciación del juez, pericia médica, auxiliares de justicia, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: "Martínez José Alberto c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Enfermedad profesional" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-26

Si bien al Juez corresponde decidir entre las conclusiones periciales, comparando los trabajos, debe destacarse el especial rol que desempeñan los médicos forenses: debe otorgarse primacía al informe de los integrantes del cuerpo médico forense por sobre los peritajes de los peritos de oficio, dada su autoridad científica y ya que se trata de un asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia, cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y generales que amparan la actuación de los funcionarios judiciales (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional - Administración Nacional de Aduanas s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

La inconsecuencia y la imprevisión no pueden presumirse en el legislador (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Proceso penal, Ministerio Público
Materia: PENAL
Carátula: Incidente  de  nulidad  por  inconstitucionalidad  en autos: Fretes, Hernán Urso s/ Homicidio-art. 84 C.P. autos: Fretes, Hernán Urso s/ Homicidio-art. 84 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-03-20

Lo importante es observar, desde el punto de vista lógico, que la función requirente es similar a la jurisdiccional (en sentido estricto); lo mismo que el juzgador, aunque no siempre cuente con los mismos elementos de juicio, con la misma base y aún cuando su requerimiento adelante una hipótesis que aquél ha de verificar, el Ministerio Público aprecia las pruebas recogidas en el proceso conforme al sistema legal aplicable y valora los hechos de acuerdo con la ley penal cuya actuación demanda. Su función es de tono objetivo y jurídico y siempre ajena a toda consideración de conveniencia política, puesto que, en la misma medida que el Juez carece de poderes discrecionales, desde el momento inicial de ella, durante su ejercicio y hasta el final, el Ministerio Público está sometido al derecho penal, sustantivo y procesal.
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, propietario no constructor, responsabilidad civil, muerte del trabajador, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la Defensora Pública de Menores e Incapaces en la causa F. V., J. A. y otros c/ Castelli, Rubén Maciel y otros s/ indemnización por fallecimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-29

Es arbitraria la sentencia que al descartar la aplicabilidad al caso de las normas relativas al régimen de la construcción respecto del propietario no constructor, liberó de todo cargo a quien había sido demandado como dueño de la vivienda en la que el causante perdió la vida y de la escalera sobre la cual trabajaba al tiempo de accidentarse, sin ponderar la viabilidad del reclamo de responsabilidad civil deducido en los términos del art. 1113 del Código Civil, pues lo decidido pone de manifiesto un enfoque parcial e inadecuado de la controversia en tanto prescinde de valorar disposiciones específicas que resultaban de inequívoca consideración para resolver el caso, con menoscabo de las garantías constitucionales. - Los jueces Rosenkrantz y Rosatti, en disidencia, consideraron que el recurso extraordinario no refutaba todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada -.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del concesionario (administrativo), autopistas, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: MACCHI, Horacio Martín y otro c/ GOMEZ, Pablo Daniel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-22

La empresa concesionaria genera diversos tipos de obligaciones, por ejemplo: una obligación típica de habilitar al usuario el tránsito por la ruta y también en forma tácita una obligación de seguridad por los daños que pueda sufrir con motivo de la circulación por esa ruta. Las obligaciones asumidas por las empresas prestadoras frente al usuario son de resultado y la responsabilidad de carácter objetivo. Asimismo, asume una obligación de seguridad. Este deber de indemnidad está presente en todo contrato de servicio y es invariablemente de resultado.
Policía, personal policial, ascenso laboral, orden de mérito
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Del Pozo, Rafael c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 86-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-04

En lo que respecta a los ascensos a los grados de Oficiales Superiores, el factor "antigüedad" es de relativa incidencia.

Asimismo, la promoción a las diferentes jerarquías no reciben un trato idéntico, y en concreto, para el ascenso al grado de Comisario Inspector rige especialmente el artículo 96 de la ley 6769, que establece un estricto sistema de promoción ("rigurosa selección y orden de mérito"), esto es, permite el ascenso únicamente por el sistema de "selección", descartando el de "antigüedad calificada", y en estos tipos de promoción no es decisiva la antigüedad (general o relativa), sino el promedio final obtenido; por ende, aunque el recurrente tuviera mayor antigüedad, no es sin más irregular la promoción de otros agentes con menor antigüedad pero que presentan superioridad de promedio final, en base al cual se establece el orden de mérito de la "selección".
Asociaciones sindicales, convenios colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Potenze, Pablo c/ Federación de Empleados de Comercio s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1972-04-12

Toda vez que es de la esencia de los convenios colectivos de trabajo su carácter de obligatorios para las personas representadas por las entidades que los suscriben y mediante ley que reglamenta la institución, no resulta viable la impugnación constitucional de tales convenios con fundamento en la falta de aquiescencia individual a sus términos. (Voto del Dr. Roberto Chute).
Renuncia al empleo, retractación tácita
Materia: LABORAL
Carátula: MEYER KWASNIESWISKI, JOSE c/ PROTEXIN AMERICANA  S.A.C.I.F.I.M.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

La renuncia produce, en principio, la extinción del contrato de trabajo, pero nada impide que sea retractada de común acuerdo de las partes (argumentando artículo 234 Ley de Contrato de Trabajo) ni tampoco que esa retractación sea tácita (conforme Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IV, 'Gerez, Antonio c/ Unión Obreros y Empleados Plásticos, 30 de abril de 1980, LT XXVIII - B. -670).
Irretroactividad de la ley, aplicación de la ley, derecho de propiedad, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VICENTE, ELVIRA RAQUEL c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

El principio de irretroactividad de la ley alcanza nivel constitucional cuando la aplicación de una nueva ley posterior conduce a privar a alguien de un derecho incorporado a su patrimonio (cfr. Bidart Campos, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", T. I, pág. 329/330). Al respecto tiene dicho nuestro Máximo Tribunal "...puede considerarse que existe un derecho adquirido cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en la misma para ser titular de un determinado derecho (en el caso, dictado de una sentencia), de manera que la situación jurídica general creada por esa ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por la ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado por el art.

17 de la C.N. ..." (Fallos 306:1799), "...aún cuando falta la declaración formal de una sentencia o acto administrativo" (C.S.J.N., P 126.140, XXXI, sent. del 26.04.95). Ello ocurriría de aplicarse el art. 24 de la ley 24.463, por lo cual debe descalificárselo por inconstitucional. (Disidencia del Dr. Díaz).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, sobreseimiento definitivo, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, violación de sellos, falsificación de documentos, privación ilegal de la libertad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Becerra, Orozco y Pérez s/ SOBRESEIMIENTO EN AUTOS NUMERO 47581-F-9726 - SUMARIO POR   DESAPARICION DE GRACIELA FIOCHETTI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-20

Es improcedente el recurso extraordinario contra la resolución que sobreseyó en forma definitiva de los delitos previstos en los arts. 255 y 293 del Código Penal, y en forma provisional por el delito del art. 144 bis, inc. 3, pues remite al examen de cuestiones de hecho y de orden común y procesal.
Gestor judicial, apoderado
Materia: LABORAL
Carátula: WILHEIM, DANIELA ADRIANA c/ MICIESLAO TREMBECKY e HIJOS S.R.L. s/ Cobro de Pesos-Apelación de Sentencia-RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE  LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-04-28

El art. 14 del C.P.L. contempla los supuestos en que -excepcionalmente- es posible admitir la intervención en el juicio en representación de alguna de las partes sin los instrumentos que acrediten la personería, no revistiendo a tal fin el carácter de parte el representante -voluntario o necesario-que interviene en defensa de un interés ajeno.
Legitimación procesal, querellante, responsabilidad internacional del Estado, promoción de los derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Tovfigh, Rafii Ramín y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-04

Corresponde reconocer la existencia de legitimación procesal para la constitución en parte querellante de un órgano perteneciente al Poder Ejecutivo Nacional -Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- frente a la existencia de hechos que prima facie constituyen graves violaciones a los derechos humanos que causan alarma y/o conmoción social. El interés representado por la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se erige como tarea guardiana de la responsabilidad del Estado Nacional ante la comunidad internacional en la defensa y promoción de los derechos humanos, deber de raigambre constitucional y convencional, el cual constituye el ámbito de actuación del órgano en cuestión, lo que afirma la existencia de un interés diverso y autónomo del representado por el Ministerio Público Fiscal. (Dres. Figueroa, Boico y Frontini).
Defecto legal, formalidades procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: ALDABA SRL c/ CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE Y OTRO s/ ALIMENTOS Y LITIS EN JUICIO ORDINARIO      EXPTE NRO 152-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-02-23

"Las formalidades, en referencia a las que la ley exige al demandar, no pueden extremarse al punto de desnaturalizar el proceso y considerarlo con un criterio excesivamente formalista", salvo claro está, si no se resguarda la plena vigencia de la bilateralidad del proceso.
Prenda, acuerdo de partes, ejecución prendaria, citación al deudor
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Santander Rio S.A. c/ Botto, Stella Maris  s/ secuestro prendario - art. 39 ley 12.962
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-11-13

Ante el pedido de secuestro prendario en los términos del art. 39 LPR, corresponde compatibilizar la tutela diferenciada que establece la LDC y el régimen especial de la Ley de Prenda con Registro. En tal sentido, debe citarse previamente al deudor para que oponga en el término de cinco días defensas válidas frente al reclamo del secuestro, utilizando al efecto lo normado por el art. 585 CPCC. No opuestas excepciones o desestimadas las mismas, el acreedor podrá proseguir con el trámite instado y restantes secuencias establecidas en la LPR, pudiendo de modo previo, rencauzar los términos y alcances con que fue articulado el escrito inicial. Adicionalmente debe garantizarse la intervención del MPF en los términos ordenados por el art. 52 LDC
Tasa de justicia, multa procesal, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Ruben Alberto c/ Galeno Argentina S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-02-16

Corresponde aplicar a la parte recurrente, la multa equivalente al 100% de la tasa judicial, derecho de archivo e intereses -art. 311 apart. b), Ley VI-0490-2005 de San Luis- no ingresados oportunamente, bajo apercibimiento de ejecución fiscal, pues no ha dado cumplimiento a la intimación que se le dispuso para efectuar el pago correspondiente, conjuntamente con el pago de lo adeudado de la obligación principal y sus accesorios.
Juicio ejecutivo, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO BIRCO COOPERATIVO LIMITADO c/ RADIODIFUSORA LABOULAYE SRL Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - JUICIO EJECUTIVO (CSJ EXPTE N.  449-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

El limitado marco cognoscitivo de los procesos de ejecución no constituye impedimento para que proceda en ellos el reajuste de los créditos.
Juicio de desalojo, demanda, notificación, intimación previa, LEY DE LOCACIONES URBANAS, mora
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mauro, Ana María c/ Morejón, Gustavo y-o Quien Resulte Ocupante s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-31

La notificación de la demanda constituye una interpelación suficiente que permite hasta obviar la intimación prevista en la Ley 23.091, por admitir las variantes antes mencionadas de depositar el canon adeudado, no teniendo sentido pretender exigir el cumplimiento formal de la previa intimación por la intimación misma, cuando ella resulta inoperante para los derechos del locatario, al no advertirse cuál sería el interés legítimo invocable por el mismo en sustentar toda su defensa en el presunto incumplimiento de la ley, cuando está incurso en mora en el pago de los alquileres.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CAMINO, VICTOR HORACIO s/ MEDIDA DE NO INNOVAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-09-08

La contracautela tiene como finalidad ser garantía de los eventuales daños que pudiera sufrir la contraparte con motivo de la medida precautoria. Por ello no es correcto ofrecer como contracautela las acciones cuya titularidad es precisamente lo que se discute en el juicio principal.
Daños y perjuicios, contrato de obra, obligaciones del locador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fritz, Jorge Emilio c/ Construcciones Atlántica s/ Incumplimiento contractual. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

Si no ha existido recepción de la obra por el comitente, no funciona la previsión contenida en el referido art. 1647 bis de la ley civil y que el recurrente invoca como causa de liberación de su responsabilidad (arts. 260 y 261 Cód. Proc.).
Sociedad anónima, acciones societarias, calidad de accionista, prueba, derechos del socio
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCONDRAS, HORACIO c/ FERRETERIA CONSTITUCION  S.A.C.I.I. s/ PRESCRIPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-25

La acción acredita la posición de quien la posee en relación con la sociedad emisora, fijando su participación en ella y estableciendo a partir de la suscripción un status social o lo que es lo mismo, una situación que presupone una compleja trama de derechos, deberes y facultades del socio respecto de la sociedad y viceversa, es decir, la acción incorpora en si la condición de socio, título que puede existir o emitirse porque desde antes se es accionista, en consecuencia, la calidad de socio nace desde el momento mismo de la suscripción del capital.

La acción no es un título constitutivo, sino de crédito no constitutivo que faculta a su poseedor para ejercitar los derechos inherentes a la calidad de socio que están contenidos en el mismo;

la documentación del derecho no es, por consiguiente, concomitante con el nacimiento del derecho documentado, sino posterior.

El título acción, una vez emitido, manifiesta la posición del socio, lo legitima y facilita su circulación en tanto constituye la representación material de la participación en el capital y de la condición de socio. Pero tal condición preexiste a la emisión del documento, y se la tiene aunque en los hechos nunca se emitan los títulos, resultando del contrato mismo el derecho a reclamar la entrega de las acciones.

En lo atinente a los derechos individuales de los accionistas, el referido a la conservación del status de accionista se mantiene hasta el momento de la aprobación del balance final de liquidación.
Defensa del consumidor, arbitraje de consumo, competencia, juicio de amigables componedores
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOL CLUB VACATION SA c/ TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO. (JA 15.8.01) -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-08

De conformidad con lo previsto por Decreto 276/98 art.16, la intervención de las cámaras de apelaciones, sólo está prevista para el caso de recursos de nulidad de arbitrajes de derecho; más en casos de nulidad de un laudo dictado por el tribunal arbitral de consumo, tramitado por el procedimiento de amigables componedores debe conocer el juez de primera instancia, máxime cuando -como en el caso- los árbitros manifestaron expedirse según equidad, lo cual descarta la existencia de arbitraje de derecho -arg. C.P.C.C. art.766-.
Banco central, poder de policía, entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: Durañona, Elena c/ Banco Central de la República Argentina s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Es función del Banco Central ejercer el llamado "poder de policía" en el ámbito bancario y financiero, tanto en situaciones normales como de excepción y esa tarea incluye, como faceta esencial, a más del dictado de las reglamentaciones que regulan la actividad, la de hacer cumplir las normas que rigen la intermediación financiera, tanto en su faz formal como material.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, control abstracto de constitucionalidad, ley general
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Confederación CORDIC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-10

La acción declarativa de inconstitucionalidad del ámbito local y de competencia originaria y exclusiva el Tribunal Superior tiene por único objeto impugnar la validez constitucional de una norma de carácter general emanada de las autoridades locales, donde el control de constitucionalidad es concentrado y en abstracto, y no puede confundirse con el control difuso que, reconocido a todos los jueces, se orienta al dictado de sentencias en las que se valoran situaciones jurídicas individuales. (Voto del Dr. José O. Casás, al que adhiere la Dra. Ana María Conde).