Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-16


2º Instancia. Buenos Aires, 16 de octubre de 2008.

Considerando: 1.) Apeló la parte demandada el pronunciamiento dictado en fs. 36/37, en cuanto impuso a su cargo las costas del presente proceso.

Los fundamentos fueron expuestos en fs. 48/50 y respondidos en fs. 58/59.

2.) El recurrente se quejó de la decisión adoptada en la anterior instancia alegando que el a quo no ponderó adecuadamente que los pagarés aquí ejecutados no llevan cláusula "sin protesto", lo que habría llevado a confundir "exigibilidad" de los cartulares con "constitución en mora" del deudor, conceptos que si bien habitualmente van unidos en materia cambiaria, en la especie, no ocurre así. Explicó que para que su parte incurriera en mora resultaba inexcusable la presentación de los documentos para el pago, lo que la actora no habría cumplimentado. Indicó que no se tuvo en cuenta que de acuerdo con el fallo plenario del fuero "La Docta" del 29.04.75, la norma del art. 509 CCIV referente a que en las obligaciones a plazo la mora se produce por su solo vencimiento, no es aplicable a las obligaciones instrumentadas en pagarés. Indicó que, en virtud de ello, no podía afirmarse que su parte hubiera dado motivo a la promoción de estas actuaciones, y que visto que el allanamiento formulado fue total e incondicionado, las costas deberían ser impuestas a la parte actora.

3.) De las constancias habidas en la causa resulta que Alejandro Pablo Señoriño promovió el presente proceso a efectos de ejecutar seis (6) pagarés con fecha de vencimiento cierta -01.04.05, 01.05.05, 01.06.05, 01.07.05, 01.08.05 y 01.09.05- a los cuales no se les incluyó la habitual cláusula "sin protesto" (fs. 8/10). En el escrito de inicio, solicitó que se hiciera lugar a la ejecución por la suma del capital reclamado, con más sus respectivos intereses desde el vencimiento de cada uno de los cartulares, dado que en esas fechas fueron presentados al cobro (fs. 18/19).

Antes de que se efectivizara la diligencia de intimación de pago, el demandado se presentó espontáneamente, manifestando que había tomado conocimiento de la existencia de estas actuaciones con motivo del embargo trabado sobre el inmueble de su propiedad. Dio en pago la totalidad del importe reclamado en concepto de capital y depositó a embargo la suma presupuestada para responder a intereses y costas. Por otro lado, negó hallarse en mora en el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los títulos, ya que, contrariamente a lo afirmado por el actor, los pagarés nunca fueron presentados al cobro, por lo que desconocía quién era el tenedor legitimado para recibir el pago, extremo que le impedía satisfacer debidamente la obligación. Indicó que por esa razón no correspondía el devengamiento de intereses, ni tampoco que su parte cargase con los gastos y costas del juicio (fs. 28/30).

Conferido el traslado de rigor, el actor desistió del reclamo de intereses moratorios, compensatorios y punitorios (fs. 34vta.), a resultas de lo cual se dictó sentencia de trance y remate contra Jacobo Zas, condenándolo a abonar la suma reclamada en la demanda "sin intereses", con más las costas del proceso.

4.) Así planteada la cuestión, cabe puntualizar que en materia de costas, el ordenamiento procesal adopta como regla el principio general de la derrota, a resultas del cual los gastos del juicio deben ser satisfechos por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello así, en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido (CPCC: 68 y 69).

A su vez, el CPCC:70 establece que no se impondrán las costas al vencido, cuando aquél se allanare a las pretensiones del actor en forma real, incondicionada, oportuna, total y efectiva.

Sin embargo, para el juicio ejecutivo se prevé un régimen específico. En efecto, el CPCC:558 dispone que "Las costas del juicio ejecutivo serán a cargo de la parte vencida, con excepción de las correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas...", agregándose que "si se hubiese declarado procedente la excepción de pago parcial, al ejecutado se le impondrán sólo las costas correspondientes al monto admitido en la sentencia".

Síguese de lo expuesto que en procesos de naturaleza como el del sub lite, quien resultó perdedor deberá solventar las costas del proceso, sin que el Juez pueda considerar circunstancias particulares de la causa para eximir al vencido del pago, salvo en los supuestos objetivos expresamente contemplados en la ley (esta CNCom., esta Sala A, 14.12.04, "Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Templar Ltda c. Creaciones Lady SA s. Ejecutivo"; id. Sala D, 24.10.07, "Granar SA Comercial y Financiera c. Agro Santi Cereales SRL s. Ejecutivo"; íd. Sala E, 08.08.99, "Santamaría Aldo c. González Enrique").

5.) Por otro lado, no es posible desatender que el régimen del pagaré ostenta un sistema normativo propio en razón de las peculiares modalidades que lo caracterizan. Dicho título, distinguido por los principios de autonomía, abstracción y literalidad, tiene su propia forma de circulación, que hace indeterminable para el deudor la persona del acreedor hasta que éste se presenta con el título que no sólo es probatorio, sino también constitutivo de la obligación.

Sobre el particular, cabe recordar que las obligaciones cambiarias han sido denominadas "querables" en razón de que el acreedor debe constituirse en el domicilio del deudor (art. 40, 41, 103 y cctes. dec. ley 5965/63), quien debe pagar contra la certeza de la presentación del título. Se ha señalado en doctrina que si la mora en materia civil y comercial puede resultar en ciertos casos de la "intimación", en las obligaciones cambiarias, el medio que la ley determina como idóneo a ese fin, lo constituye "la presentación" del instrumento, requisito necesario e ineludible, único contra el cual el deudor debe pagar.

La presentación debe ser realizada mediante la exhibición material del título en los términos prescriptos por la ley, tanto como condición para exigir el pago como para accionar, en caso de rehusarse éste, como condición para la constitución en mora del deudor, ya que si el acreedor no cumple con el acto de cooperación que consiste en la referida presentación de la letra de cambio o el pagaré, el deudor no se encuentra en condiciones de cumplir su obligación, por ignorar quién es el portador legitimado del título para exigir dicho pago.

El portador, dado el carácter que tiene la, presentación del documento, no puede ser dispensado de la presentación al pago de ninguna manera, ni aún mediante la cláusula "sin protesto" (art. 50 y 57 dec. citado) (Williams, op. cit. Tº II p. 372, véanse asimismo los votos de los Dres. Morandi y Williams en plenario de esta Excma. Cámara en autos "Kairus José c/ Romero Héctor y Otro" del 17/6/81 ED 332 y sig).

En la especie, los pagarés en ejecución fueron librados sin que se incluyera la cláusula "sin protesto". Síguese de ello que la negativa de pago debió ser constatada mediante un acto auténtico de acuerdo a las reglas previstas para el "protesto" por falta de aceptación (art. 48. Decreto-ley 5965/63). Y si bien la falta realización del "protesto" no obstaculiza el ejercicio de la acción directa (art. 57), pesa sobre el accionante la carga de acreditar la constatación de la situación cambiaria insatisfecha -por el medio que se hubiera realizado-, como presupuesto ineludible para tener por configurada la situación de mora alegada en el escrito de inicio.

Este fue el criterio sustentado en el fallo plenario "La Docta Cooperativa de Seguros c. García Freire Juan" (esta CNCom, en pleno, 28.04.75), que fijó como doctrina legal "que la norma del art. 509 del Código Civil referente a que en las obligaciones a plazo la mora se produce por su solo vencimiento, no es aplicable a las obligaciones instrumentadas en pagarés".

En consecuencia, aún cuando en los pagarés ejecutados se hubiera consignado fecha cierta de vencimiento, al no haberse acreditado la presentación al cobro legalmente exigida, no es dable tener al deudor incurso en mora en el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dichos títulos.

Véase que por aplicación de dicho principio, precedentes jurisprudenciales se han pronunciado en el sentido de que frente al pagaré no protestado a su vencimiento, si una vez iniciada la ejecución, la demandada paga su importe antes de concretarse la diligencia de intimación de pago, no corresponde hacerla pasible del pago de las costas, toda vez que tal presentación implica un allanamiento incondicionado, oportuno, total y efectivo en los términos del art. 70, párrafo segundo, CPCC (esta CNCom., esta Sala A, 29.12.72, "Arlan SCA c. Piera SA"; íd. Sala B, 25.10.72, "Manara y Cía SCA c. Galda SA s. Ejecutivo"; íd. íd., 02.09.76, "González Lidia c. Laroza Alfredo").

6.) Como corolario de lo expuesto, cabe concluir en que más allá de de los términos del art. 558 CPCC, también debe examinarse el caso bajo los supuestos del art. 70 CPCC, atendiendo a sus particularidades.

En la especie,, visto el especial régimen al que se encuentran sometidos los títulos ejecutados -Decreto-Ley 5965/63-, los términos en que aquéllos fueron librados -sin la habitual cláusula "sin protesto", lo que torna inaplicable al sub examine la doctrina del fallo plenario "Kairus José c. Romero Héctor", del 17.06.81-, la falta de constitución en mora del deudor cambiario ante la omisión de la acreditación de la presentación al cobro de los cartulares, y el depósito del quantum de aquéllos antes de la realización de la diligencia de intimación de pago, estímase procedente que en el caso las costas sean distribuidas en el orden causado (CPCC:70), toda vez que el accionado también pudo recurrir al procedimiento de consignación para eximirse totalmente del cargo de los gastos del proceso.

Con este alcance, entonces, ha de admitirse el remedio intentado sobre el particular.

7.) Por todo ello, esta Sala resuelve: Estimar parcialmente el recurso interpuesto y, por ende, modificar el pronunciamiento apelado en los términos que se desprenden del considerando 6.) de la presente resolución.

Las costas de Alzada serán distribuidas en el orden causado, dado el modo que se resuelve (CPCC:68, 69 y 558).- María Elsa Uzal.- Isabel Míguez.- Alfredo Arturo Kölliker Frers.