Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-07-12


Causa 1025/12. N Orden 11990 "FRIAS, Hugo Augusto y otros c/ E.N. - S.P.F. s/ Ordinario - Incidente" Juz.Fed.S.Martín 2. Sec. 1 SALA I.Sec.Civ.Reg.N 285/12 F 593/596 ///Martín, 12 de julio de 2012.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I. Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación en subsidio interpuesto por la demandada contra la resolución de fs. 33/34 y aclaratoria de fs. 42 mediante la cual la Sra. Juez a-quo hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora.

II. A fs. 71/72 obra el dictamen del Sr. Fiscal General.

III. Es principio general que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en una causa; y la fundabilidad de la pretensión que configura su objeto, no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el juicio principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda la relación jurídica. De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación de no prejuzgar que pesa sobre él, es decir, de no emitir opinión o decisión anticipada a favor de cualquiera de las partes (Fallos 306:2062 y 314:711).

El deslinde entre tales perspectivas de estudio debe ser celosamente guardado, pues de él depende la supervivencia misma de las vías de cautela. Ello requiere un ejercicio puntual de la prudencia a fin de evitar la fractura de los límites que separan una investigación de otra.

Para la procedencia genérica de las medidas precautorias son presupuestos de rigor la verosimilitud del derecho invocado -fumus bonis iuris- y el peligro de un daño irreparable -periculum in mora-, ambos previstos en el art. 230 del ritual, a los que debe unirse un tercero, establecido de modo genérico para toda clase de medidas cautelares en el art. 199 del mencionado Código (esta Sala causas 601/11, 1844/11, 2131/11 y 2140/11, resueltas el 28/6/11, 27/9/11, y 8/11/11, respectivamente, entre otras). Estos recaudos se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atenuar.

Sin embargo, no se desconoce que tales requisitos para la admisión de medidas precautorias contra actos de poderes públicos -en la especie decretos 2807/93; 1275/05; 1223/05; 872/07; 884/08 y 752/09- son de cumplimiento riguroso, en razón de que aquellos gozan de presunción de legitimidad. Empero, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos 250:154; 307:1702).

Así pues, cabe determinar si obran elementos que, en esta etapa inicial del proceso, permitan que se configuren la verosimilitud del derecho invocado y la real existencia del peligro en la demora (art. 230 CPCC).

No es ajeno a este Tribunal que la cuestión sometida a estudio es sustancialmente análoga a la de la causa 2051/10, resuelta el 21/12/10, en la que se confirmó la sentencia de grado que había hecho lugar a la acción de amparo, ordenando que se liquiden los haberes de los actores incluyendo los suplementos salariales denominados adicionales transitorios creados y actualizados por los decretos 1104/05; 1246/05; 1126/06; 861/07; 884/08 y 752/09, en el concepto de sueldo y que a partir de ello se recalcularan y actualizaran el resto de los conceptos y/o rubros que integraban el salario mensual. A la vez, que se había dispuesto el pago de retroactividades desde la entrada en vigencia de cada uno de los decretos que se cuestionaban con aplicación de intereses de la tasa pasiva del BCRA. Tal circunstancia y sin perder de vista el ámbito provisional que es propio de estas medidas, torna prima facie verosímil el derecho invocado.

Por otro lado y en lo que atañe al peligro en la demora, también se encuentra configurado. En efecto, la espera de obtener una sentencia definitiva traería graves perjuicios al accionante, máxime en consideración al carácter alimentario de los rubros reclamados.

IV. Sin perjuicio de ello, deben tomarse en consideración los lineamientos recientemente brindados por el cimero Tribunal en el fallo del 17/4/12, in re: "Zanotti, Oscar Alberto c/ EN-M°Defensa-Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg." donde se trató una cuestión sustancialmente análoga a la presente y de conformidad al precedente "Salas" se reconoció el carácter general de los aumentos mínimos asegurados por los decretos que se impugnaban. Allí se expresó que tal criterio tenía "consecuencias decisivas sobre la arquitectura ideada por el Poder Ejecutivo para disponer los incrementos salariales . que se basó, exclusivamente, en un aumento de conceptos salariales no remunerativos ni bonificables" y que por esa razón la liquidación de las sumas que se reconocían no podían partir "de la aplicación literal y estricta de los decretos en cuestión pues su estructura y fórmula de cálculo" había sido descalificada por ese Tribunal. Entonces, para "compatibilizar la finalidad de las normas involucradas con el modo de calcular las retribuciones" establecido por ley, y evitar resultados irrazonables "en relación con los incrementos salariales otorgados" que desvirtuarían la proporción que debe existir entre los grados de todo escalafón, sentó pautas de liquidación. En este sentido dispuso que "los porcentajes referentes al aumento mínimo asegurado" debían calcularse sobre el haber mensual (no sobre el sueldo bruto) y sumarse al mismo, constituyendo así "la base para determinar el valor de todos los suplementos que se determinen como un porcentaje o parte proporcional de aquel ítem, con excepción de los particulares previstos en los arts. 1° a 4°" de los decretos involucrados en ese caso. Con respecto a estos últimos suplementos, entendió que correspondía calcularlos "mediante la aplicación de los porcentajes dispuestos en cada uno de los reglamentos" allí en cuestión, "sobre el sueldo vigente con anterioridad a la aplicación del decreto 1104/05, para evitar una indebida repotenciación de los aumentos otorgados", es decir de la primera reglamentación que actualizó dichos adicionales particulares, luego de su creación. Por último -en lo que aquí interesa, atento los términos en que se dispuso la cautelar en crisis- sostuvo que la suma que pasa a ser remunerativa por su incorporación al sueldo no podía ser "inferior a la suma que, por los conceptos no remunerativos ni bonificables, percibía el agente en el período inmediatamente anterior a la vigencia del decreto 1104/05".

V. Con respecto a la contracautela y teniendo en cuenta la índole de la cuestión planteada, se considera razonable la caución juratoria fijada por la Sra. Juez de grado en el pronunciamiento en crisis.

VI. No obstante lo hasta aquí expuesto, cabe recordar que la resolución sobre competencia para juzgar un hecho representa una cuestión de orden publico y es presupuesto para el dictado de la que recaiga sobre el fondo del pleito, por lo tanto puede ser examinada aun de oficio (Fallos: 330:2215). Para su determinación debe atenderse de modo principal a la exposición de los hechos que la actora hace en la demanda y, en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (Fallos: 303:1465; 305:1172; 306:229, 731; 307:505, 1595; 324:3999, 4491; entre otros).

Al respecto es dable puntualizar que en las acciones personales será juez competente el del lugar que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecida conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato (art. 5 incs. 3° y 5° del CPCC). Entonces, debe tomarse en consideración que el actor se encuentran en situación de retiro y que la demandada tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde, en su caso, debería cumplir las obligaciones que se reclaman en la presente (este tribunal, Sala II, causas 1582/10, 1919/10, 1920/10 y 98/11, rtas. el 2/12/10, 21/12/10 y 29/3/11, respectivamente). En consecuencia, corresponde declarar la incompetencia territorial de los juzgados dependientes de esta alzada, debiendo seguir conociendo en autos, la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por lo expuesto, y oído que fue el Sr. Fiscal General, el Tribunal RESUELVE:

1°) CONFIRMAR la resolución de fs. 33/34 y aclaratoria de fs. 42 con el alcance indicado en el considerando IV, y con costas en la Alzada a la recurrente vencida (arts. 68 y 69 del CPCC).

2°) DETERMINAR la incompetencia territorial del Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín para seguir entendiendo en la presente y devuelta que sea al juzgado de origen, deberá ser remitida conjuntamente con el principal a la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a sus efectos. Previamente, anotíciese al juez de grado, mediante oficio a librarse por secretaría, acompañando copia de esta resolución.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMANTES: CULOTTA, FOSSATI, BARRAL.

SECRETARIA: DRA PEREZ.