marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interrupción de la prescripción, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Mulhall, J. A. c/ Nouguier, P. s/ Interrupcion De La Prescripcion
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1924-03-12

La interrupción de la prescripción de una acción o derecho se causa con la interposición de una demanda y sólo puede desaparecer, además de por las otras formas previstas en el art. 3987 del Cód Civ, por la deserción de la instancia, según lo disponga el Código de Procedimientos.
Derechos de incidencia colectiva, medidas cautelares, legitimación activa, protección del medio ambiente, derechos y garantías constitucionales, derecho a un medio ambiente sano, acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Béliz Gustavo -Incidente Med.- y otros c/ P.E.N. -Dto. 357/98 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

No existe fundamento razonable para limitar la legitimación que esta norma otorga a los supuestos en que se reclama la tutela jurisdiccional sólo a través de la acción de amparo, debiendo entenderse que el art. 43 de la C.N. habilita peticionar la protección judicial de los derechos allí individualizados aún cuando las personas que ella legitima lo intentaren por otras vías, máxime cuando la idoneidad de éstas determina la improcedencia de aquélla.

(Nota del Consid. V).
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramirez de Rey, María Haydeé c/ Lagos Perez, Osvaldo y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

La indemnización debe atender al principio de plenitud resarcitoria consagrado en el art. 1083 del Cód. Civil, y a traves de la reparación debe procurarse el restablecimiento del statu quo anterior al hecho. Si la víctima de un ilícito se ve impedida de realizar sus actividades, sea cuales fueren, como consecuencia de una incapacidad indiscutida, sin desconocer la incidencia de sus circunstancias personales, el desconocimiento de esa comunidad de actividades por sólo el hecho de haber superado en 19 años el límite femenino de vida laboral y en un año la expectativa de vida conforme promedio del INDEC,se estaría equiparando al derecho de daños a un "derecho de los fuertes", que no puede ser admitido e orden a la igualdad ante la ley.
Honorarios del abogado, régimen de consolidación de deudas, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Battaglia, Vicente y  otros c/ Estado  Nacional  (Ministerio  de Educación y Justicia) s/ Empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

La obligación de pagar honorarios quedará o no sometida al régimen de consolidación según que por sí misma constituya o no una obligación consolidable de acuerdo a la ley 23.982, lo cual se determinará sin consideración alguna acerca del carácter consolidable del capital de condena, y aunque tal capital de condena no exista porque los emolumentos se devengaron en un proceso que carece de un pronunciamiento condenatorio (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Ch., F.A. c/ M. P. SA s/ Incidente de Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-27

Si bien es cierto que debe priorizarce la mutabilidad y flexibilidad de las medidas precautorias, no lo es menos que quien requiere la sustitución debe acreditar no sólo la necesidad de la implementación de aquel, sino la titularidad, la libre disponibilidad de los bienes y su valuación.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Gullinelli, Dante P s/ Amenazas y daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-05-28

La omisión de la notificación a las partes de la radicación de la causa en la alzada en virtud de un recurso de apelación interpuesto por el agente fiscal contra la sentencia absolutoria de primera instancia, descalifica el pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido en razón del clarísimo perjuicio que él causa a los legítimos intereses del procesado y su defensa. Porque dicha omisión frusta la posibilidad de que la absolución dictada causa ejecutoria a través del eventual desistimiento del Fiscal de Cámaras, que no puede producirse cuando ya se emitió la resolución sobre el fondo. No hay forma de justificar la desatención de las normas de procedimiento que establecen expresamente esta específica manifestación del principio dispositivo que informa el sistema de los recursos, sin menoscabo concreto a la legítima expectación del imputado absuelto en primera instancia (art. 304, C.P.P. -n.a.-). Y en relación al propio Fiscal de Cámaras, la posterior notificación de la sentencia condenatoria de la Alzada sin que éste formule manifestación alguna acerca de la omisión producida, no puede interpretarse como un asentimiento retroactivo respecto de la supervivencia de la acción penal en tanto aquella fue dictada sin que el tribunal tuviera abierta su competencia, ya que no existía -precisamente- acción penal Legalmente mantenida (art. 304 cit.).
Carga de la prueba, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Cáseres, Víctor Daniel c/  s/ homicidio agravado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-27

Las sentencias, a diferencia de las leyes, resuelven casos concretos, constituidos por circunstancias del pasado, es decir, por hechos que, junto con lo pedido por las partes, limitan la competencia del tribunal. Por esto, los tribunales no resuelven cuestiones teóricas y cabe atenerse a los hechos que motivaron el caso, ya que de ellos depende la solución que se alcanzó. De allí que las sentencias no puedan interpretarse como leyes, abstrayéndolas de las específicas circunstancias que motivaron el pronunciamiento. Como consecuencia de ello, cuando se pretende que un caso sea resuelto conforme a la doctrina emanada de un precedente, carga el requirente con demostrar la analogía entre los presupuestos fácticos de uno y otro (voto del juez Bruzzone).
Cheque, cheque de pago diferido, espera
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARGENTINA  SA c/ GARCIA, ANTONIO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-12

La recepción de cheques postdatados no significa en sí misma, un pacto de espera.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Cáceres, Pedro Rafael c/ Barrancas del Paraná S.A. s/ Cobro de Pesos y Entrega de Certificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-21

Al negarse reiteradamente el actor, quien tenía como tarea específica de su categoría el "preparar bebidas frías para atender los pedidos de mozos y comises" (artículo 46 del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 130/90); a la tarea de acercar las bebidas a la heladera, la que realizaba normalmente como lo reconoció en la demanda citada, determina ajustado a derecho la conclusión del a-quo de que fue despedido con justa causa.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, legitimación procesal, contadores públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENSIAS ECONOMICAS s/ RECURSO  DE  RECONSIDERACION  DEL  PUNTO 4 DE LA ACORDADA NUMERO 4 DE  FECHA 8 DE JUNIO DE 1988     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 157-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-08

Se encuentra legitimado el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para recurrir la resolución de la Cámara de Apelación en Pleno de Rosario (Acordada Nro 4-88, confirmada por la Nro 6-88) que, reglamentando el procedimiento para la formación de listas de Síndicos Concursales -Contadores Públicos Nacionales-, conforme el artículo 277 de la ley concursal, establece que se designaría preferentemente para integrar dichas listas, a aquellos profesionales que hubiesen cursado carreras universitarias de especialización de post-grado porque, con ello no hay duda de que la institución pretende asumir la defensa de un interés profesional genérico, por entender que la discriminación que hace la Cámara es violatoria de la ley y de la Constitución. Esto es, no defiende el derecho subjetivo y el interés de los profesionales matriculados excluidos contra el de los incluidos en la preferencia -como lo interpreta la Cámara-, sino que considera que la discriminación es por sí misma arbitraria y contra legem.
Sanciones conminatorias, depósito
Materia: LABORAL
Carátula: MACHADO, ADRIAN EDUARDO Y OTROS c/ LA VALENCIANA S.R.L. Y OTRO s/ Cobro de Pesos (Sueldo imp., indemn. p/antig. y otros rubros)  -RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY ESCALANTE, JOSE LUIS c/ LA VALENCIANA S.R.L. y otros s/ Cobro de pesos (sueldo imp., preaviso, indemniz. por antig. y otros  rubros)-RUBROS DE INAPLICABILIDAD DE LEY BARRIOS, MARCELINO Y OTROS c/ LA VALENCIANA S.R.L. Y OTROS s/ Cobro de Pesos (sueldos imp., preav., indem. por antig. y otros  rubros)-RECURSO DE INAPLICABILIDAD LEY BERON, CARLOS ALBERTO Y OTROS c/ LA VALENCIANA S.R.L. Y OTROS s/ Cobro de Pesos (sueldo impago, preaviso, indem. por antig. y otros  rubros)-RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-09-10|2010-08-19|2010-09-10|2010-09-10

La extensión temporal y por ende cuantitativa del importe de la sanción del art. 132 bis de la LCT, está determinada por la acreditación fehaciente por el empleador del depósito total de las retenciones efectuadas, desde que la norma no ha otorgado potestad discrecional alguna a los jueces para reducir la sanción allí impuesta.
Asegurador, derechos del asegurador, subrogación en los derechos del asegurado, Ley de desindexación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Czernizer, Sergio Abel c/ Spatafora y Betattis S.R.L. y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Tratándose del reclamo de la aseguradora que pagó a su asegurado y acciona contra el responsable del daño (art. 80 de la ley 17.418) a los fines de la aplicación de la ley 24.283 el demandado debe demostrar que al 1° de abril de 1991 el poder de compra del importe del pago subrogatorio resulta superior al poder de compra que dicho importe tenía al tiempo del pago de la aseguradora al asegurado, y que la diferencia en más obedece a la aplicación de mecanismos de ajuste (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Tercería de mejor derecho, boleto de compraventa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Deschutter, Enrique c/ Gabriel Barbona y José Chelini s/ Tercería de Mejor Derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-10-30

Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la tercería de mejor derecho a base de un boleto de compraventa con posesión y pago de gran parte del precio, pero dejando debidamente aclarado, que tal solución responde a un supuesto singular de hechos que demandaron una solución también propia o singular. Consecuentemente con lo expuesto, y teniendo en cuenta que la plataforma fáctica consolidada en la sentencia de la Cámara, fija que el actor celebró con el demandado en el juicio principal un boleto de compraventa del inmueble en cuestión, que fue instrumentado el 5 de julio de 1963, que el mismo fue inscripto provisoriamente el 12-01-78, que el comprador tiene la posesión pacífica del bien, que el embargo del inmueble frente al cual se opone el boleto fue inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble, y que el comprador ha abonado más del 95% del precio, se considera que debe declararse correcta la aplicación del art. 1185 bis del Código Civil y la doctrina en que se funda el decisorio.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-07


Salta, 07 de mayo de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ZAMBRANO DE SAAVEDRA, MARTINA Y OTRO vs. OVEJERO DE DELGADO, AMELIA Y/U OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS POR DELITO Y/O CUASIDELITO" - Expte Nº 9068/97 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 1º Nominación del Distrito Judicial del Norte Circunscripción ORAN (Expte. N° CAM 45.171/2 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

A fs. 1102/1103 el Dr. Héctor José María Salomón solicita se declare la caducidad del recurso de apelación interpuesto a fojas 1057 por la parte demandada..

Corrido traslado contesta la demandada y solicita el rechazo del planteo con costas, por las razones que invoca a fs. 1108.

A los efectos de la perención, debe entenderse que la instancia comienza a partir de la interposición del recurso. Desde ese instante existe la posibilidad de que perima, ya que está a cargo del recurrente el deber de activar el trámite a fin de poner la apelación en condiciones de que el Tribunal de Alzada se pronuncie.

Este principio general resulta de aplicación aún cuando existan varios recursos planteados, caso en el que deberá analizarse por separado cada uno a fin de determinar la procedencia o no de la caducidad.

En los supuestos en que se encuentran en trámite distintos recursos de apelación que responden a intereses autónomos, se abren distintas instancias susceptibles de caducar independientemente unas de otras (SCMendoza, Sala I, 18-5-99, Rep. L.L. 2000-271, n° 92). Cuando la segunda instancia ha sido abierta por recursos distintos que ha tramitado en forma independiente, los actos interruptivos de la caducidad de instancia de un recurso no tienen efectos expansivos respecto del otro, pues se trata de instancias que se tramitaron como divisibles e independientes (SCMendoza, Sala I, 6-4-93, L.L. 1993-D-225, y E.D. 154-139).

En el caso, los recursos de apelación interpuestos han tramitado en forma independiente. El interpuesto por la actora y por la Cía de Seguros, llegaron ambos a un acuerdo transaccional, desistiendo del mismo; en cambio el de la demandada contra el que se interpuso la caducidad de instancia ha entrado en inactividad a partir de la providencia de fs. 1083 que ordena correr traslado del memorial, de fecha 16 de febrero de 2009.

En tales circunstancias, entonces, y habiendo transcurrido hasta el escrito de caducidad de fecha 4 de agosto de 2009, el plazo legal del art. 310 inc. 2°, resulta procedente la misma, no pudiendo tomarse como actos interruptivos los escritos y decretos mencionados por la demandada al solicitar el rechazo de la perención, dado que no se refieren específicamente a su recurso.Por lo expuesto se declara la caducidad de segunda instancia respecto del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 1057, contra la resolución de fs.1043, con costas al apelante en su carácter de vencido.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.
Confirmación de sentencia, código aduanero, infracciones aduaneras, sanciones aduaneras, tributos aduaneros, GATT
Materia: ADUANERO-PENAL
Carátula: Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA  s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Cabe confirmar la revocación de la multa impuesta por infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del Código Aduanero, pues la cámara concluyó que no correspondía aplicar dicha sanción al tener por acreditado que los precios declarados por la actora se correspondían con los efectivamente pagados por ella a una empresa vinculada, es decir limitó el análisis de la norma a la última venta realizada, independientemente de cuál había sido el precio pagado en la venta anterior y esta interpretación del art. 954, ap. 1, inc. c, del Código Aduanero coincide con la realizada por el Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas, órgano encargado de asegurar, a nivel técnico, la uniformidad de la interpretación y aplicación del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (El juez Rosatti, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario, art. 280 CPCCN).
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Llanos Roberto Alejandro c/ Díaz Barale Eduardo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Cuando en la producción de un daño interviene activamente una cosa, son responsables su dueño o guardián, salvo que se demuestre la concurrencia de alguna excepción legalmente prevista, y la solución en casos de colisiones entre cosas que presentan riesgos o vicios es la misma: cada dueño y cada guardián debe afrontar los daños causados a otro. No existe norma ni principio jurídico que permita otra interpretación del artículo 1113 del Código Civil.
Cesión de derechos, cesión de créditos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dymensztein, Marcos c/ Banco Coop. de La Plata ltdo. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-13

La cesión de créditos es de ordinario un acto de especulación, pudiendo el cesionario aprovechar toda la diferencia entre su desembolso o precio de la cesión y el monto del crédito cedido (arts. 1434 y 1458 Cód. Civil), lo cual no lo priva de la garantía de evicción ya que la ley de fondo no establece limitación alguna en función del precio de la cesión (arts. 499, 1476, 1477, 1478 y concs. del Cód. Civil).
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orrico Catering S.A. c/ Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 6, Código de Procedimiento de  lo Contencioso Administrativo D'Biassi, Liliana c/ Poder Ejecutivo provincial y otros s/ Acción de amparo. Cuestión de competencia, art. 6, C.P.C.A. Fiscal de Estado. Cuestión de competencia art. 6¦, Código de lo Contencioso Administrativo en autos: "García, Roberto Jaime (en representación del Rápido Argentino Compañía Microómnibus S.A)" s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27|1998-06-11|2000-02-23

La Suprema Corte es competente para entender en la acción de amparo sobre materia administrativa, en razón de ser aquélla el órgano judicial a quien compete decidir, en forma originaria y en única instancia, los litigios que deben resolverse por aplicación, exclusiva o preponderante, de normas de derecho administrativo y porque la Constitución, en su art. 20, establece que para entender en la acción de amparo resulta competente "cualquier juez", por lo que no cabe excluir a la Suprema Corte. (Minoría u opinión personal)
Cheque sin fondos, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: ETCHART, MONICA LILIANA s/ Cheque sin fondos Causa Nro. 35286.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

1-La aplicación del art. 302 inc. 3, no se ve impedida por el hecho de que las órdenes de pago hayan sido dadas sin el nombre del beneficiario que era recaudo de la ley comercial vigente en el momento del libramiento para que esas órdenes tuvieran valor de cheque.- 2-La sola falta de pago de una orden, castigada en los incs. 1 y 2 del art. 302 del Código Penal sólo puede entenderse erigida en delito en función de la fe pública que supone el empleo de las formas del cheque. En cambio la maniobra consistente en librar la orden y frustarla luego mediante contraindicación al girado o de otra manera, es algo más que un mero incumplimiento; es una verdadera maniobra y su castigo no puede estar supeditado al empleo de las formas.- 3-Es cierto que cuando una misma disposición legal enumera distintas alternativas sancionadas con igual pena debe suponerse que todas ellas obedecen a un mismo objeto de tutela. Pero esa suposición no es de ninguna manera una regla ni excluye que, en más de un caso, el intérprete de la norma tenga que clasificar las alternativas legales en categorías distintas. Eso no supone apartarse de la voluntad de la ley sino efectuar la interpretación que es propia de quien debe aplicarla.- 4-Debe desecharse el supuesto error alegado que finca en haber creído extraviados los cheques librados, si el autor reconoce haber suscripto el instrumento agregado a los autos en que se detalla precisamente la numeración de los cheques que entregó y resulta increíble que hubiera denunciado como único objeto del extravío precisamente esos cuatro cheques.
Daños y perjuicios, propiedad horizontal, cochera, responsabilidad del consorcio, filtraciones de humedad
Materia: CIVIL
Carátula: TREVISAN c/ RIZZO, Roberto s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18

Existe responsabilidad por parte del consorcio si, a raíz de una intensa lluvia, que provocó inundaciones en las cocheras, el vehículo de la accionante sufrió importantes daños, al quedar cubierto por las aguas, si dichas cocheras estaban en plantas no habilitadas para ello y el consorcio no ha tomado las precauciones correspondientes para evitar inundaciones, que eran previsibles, ni ha advertido éstas características a las personas que dejaban su vehículo en ese lugar.
Sanciones partidarias, fondos del partido, contribuciones partidarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Alianza Frente para la Victoria s/ Ley 25.600 elección del 23 de octubre de 2005
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-26

Corresponde confirmar la sanción impuesta a los partidos políticos en los términos del art. 38 de la ley 25.600, ya que han recibido aportes de una empresa que reviste el carácter de concesionario de servicio, obra o explotación pública y también de una entidad descentralizada del estado de la provincia de Buenos Aires, conductas prohibidas por el art. 34 incisos B y C de la mencionada norma.
Dictamen pericial, insuficiencia del agravio, habilitación municipal, obra en construcción
Materia: PROCESAL
Carátula: Tomazin, Vinko y otro c/ FMR Arquitectos S.R.L. y otros s/ d. y p. x resp. extracont. de part.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-20

[...] frente a la contundencia del informe pericial en punto a que los daños constatados son debido a la construcción del edificio lindante a la vivienda de los accionantes (...), ninguna de las cuestiones que mencionan los apelantes en sus presentaciones aparecen con entidad suficiente como para justificar el apartamiento de los términos de la pericia técnica. [...] Por ende, aun cuando la obra contara con autorización municipal y con estudios técnicos previos sobre su viabilidad y ejecución, lo cierto es que no se ha acreditado que tales medidas fueran suficientes para impedir la provocación de los daños reportados en la pericia de mención.