Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-09


Salta, 09 de abril de 2013.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "JOVANOVICS DE CORNEJO TORINO, AMALIA; JOVANOVICS, TEODORO; JOVANOVICS, HUGO OSVALDO; JOVANOVICS VELARDE, FRANCISCO; JOVANOVICS VELARDE, MARIA; JOVANOVICS VELARDE, MERCEDES; JOVANOVICS VELARDE, AGUSTINA CONTRA SARA, ANDREA Y/U OCUP. POR DESALOJO"- Expte n° 354373/11 del Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial 8va. Nom. (CAM 407294/12 de Sala Primera), y, CONSIDERANDO I.- Que contra la resolución de fs. 69/70 vta., mediante la que el Sr. Juez A quo rechazó el pedido de suspensión de audiencia solicitada por la demandada a fs. 30/33 (personería de urgencia invocada por la Dra. Verónica Huber a fs. 29), ordenó librar oficios a la Inspección General de Personas Jurídicas y al Equipo Técnico Operativo y fijó nueva fecha de audiencia en los términos del artículo 503 del Código Procesal Civil y Comercial, interpuso recurso de apelación la Dra. Huber a fs. 75, invocando personería de urgencia en nombre de la Comunidad Ayllu Valle del Sol, el que fue concedido a fs. 76, en relación y con efecto suspensivo.

En su memorial (fs. 77/80 vta.), la apelante -Comunidad Indígena Ayllu Valle del Sol- solicita se declare la nulidad de la audiencia celebrada a fs. 72, en razón de no encontrarse firme a su respecto la sentencia de fs. 68/70.

Se agravia de que el Juez de grado no revolvió su petición tendiente a que se suspendan todos los actos procesales respecto del inmueble objeto del presente proceso, hasta la finalización del relevamiento territorial, con costas.

Manifiesta que la comunidad fue tenida por presentada a fs. 34 pto. II, que el planteo de fs. 30/33 se hizo con expresa invocación de derechos comunitarios y que se peticionó la suspensión de la audiencia y de todo el proceso con fundamento en lo dispuesto por la ley 26.160, no obstante lo cual nunca se le notificó lo resuelto a fs. 69/79, aunque sí a la Sra. Sara, demandada en estos autos.

Que tampoco fue citada la comunidad a la audiencia de fs. 72 y que ésta se realizó incluso antes de quedar consentida la sentencia por la demandada, en violación a lo dispuesto a fs. 18 pto. V.

Afirma que tampoco se dio cumplimiento a lo dispuesto a fs. 18 pto. IX -constatación del estado de ocupación del inmueble, identificación de restantes ocupantes, calidad invocada, prevención de que las resultas del juicio les serán opinables, todo ello -señala- requisito sine qua non para la celebración de la audiencia, por lo que en su criterio deben declararse nulas la audiencia y la sentencia.

Al fundar el recurso de apelación de la resolución de fs. 69/79, solicita la suspensión de todos los actos procesales en estos autos por el plazo establecido por la ley 26.554. Sostiene que la conclusión a la que arriba el A quo es insólita.

Destaca el carácter de orden público de la ley que ordena la suspensión de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º de la ley 26.160. Menciona que en la sentencia impugnada se analizó la personería invocada por la Dra. Huber pero sin expedirse respecto de la legitimación de la comunidad; entiende que se la ha tenido como legitimada en estas actuaciones.

Expresa que en la sentencia sólo se menciona la presentación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de fs. 54/56, omitiendo considerar que de dicho informe se desprende que la Comunidad Ayllu Valle del Sol se encuentra en el listado de comunidades a ser relevadas, que el relevamiento no se llevó a cabo por responsabilidad del ETO (IPPIS) local, circunstancia que habría motivado la caducidad del convenio suscripto por la Provincia; manifiesta que actualmente existen tratativas para la suscripción de un nuevo convenio y que el INAI considera independientes los actos administrativos y de ejecución de sentencia, habiéndose expedido a favor de la suspensión de todo acto procesal.

Por lo señalado, considera absurda la conclusión del A quo según la cual nada obsta a la realización de la audiencia prevista por los artículos 503 y 691 del Código Procesal Civil y Comercial, pues la audiencia se encuentra comprendida dentro de los actos procesales a los que refiere la ley citada.

Se agravia asimismo porque se rechazó la pericial solicitada por la Comunidad con el argumento de que debe realizarse en el marco del relevamiento territorial.

Destaca el contenido del dictamen emitido por la Sra. Fiscal y alude a los fines tenidos en cuenta por la ley 26.160, entre los cuales se encuentra la necesidad de evitar la superposición de acreditaciones de difícil realización sobre todo en un proceso de trámite sumarísimo.

Entiende que al disponerse la continuidad del juicio de desalojo no queda a la Comunidad posibilidad de hacer valer sus derechos como poseedora de las tierras desde tiempo inmemorial para poder oponerse al progreso de esta acción.

Coincide en que la pericial debe realizarse en el marco del relevamiento pero afirma que es la única prueba con la que podrán acreditar la esgrimida propiedad comunitaria.

Afirma que lo decidido resulta violatorio del derecho de igualdad entre las partes, de la garantía de debido proceso y de los derechos indígenas consagrados por el artículo 75 inc. 16 de la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT, ratificado por la República Argentina, pues le priva de la producción de la única prueba tendiente a acreditar su derecho, difiriendo el resto de la prueba ofrecida al momento de realización de la audiencia de prueba, sin tener en cuenta que fue ofrecida en tiempo y forma.

Señala las dificultades de notificación de los testigos. Afirma que a fs. 30/33 tuvo por fin obtener la suspensión de todo el proceso y no solo de la audiencia, por lo que en realidad se resolvió sobre un pedido no formulado (suspensión de audiencia), rechazándolo y sin embargo suspendiendo la audiencia de fs. 29. Pido expresa imposición de costas por entender que en autos no se ventila una cuestión novedosa y porque a su criterio la accionante demostró mala fe procesal.

A fs. 86/89 los accionantes contestan el memorial de agravios, solicitando su rechazo.

Mencionan que la Dra. Verónica Huber es abogada patrocinante tanto de la demandada como de la Comunidad Ayllu Valle del Sol -a través de su representante Sr. Lucio Zerpa-, que en ambos casos se constituyó el mismo domicilio procesal, que la demandada fue notificada de la sentencia en el domicilio por ella constituído (Calle General Güemes Nº 1.390) y que en consecuencia la Dra. Verónica Huber se anotició de la audiencia y pudo haber comparecido a invocar sus derechos.

Agrega que no obstante la participación otorgada a la mencionada comunidad, la demandada en autos fue dirigida contra la Sra. Andrea Sara.

Considera que la sentencia impugnada se dictó de acuerdo a las reglas procesales y al derecho de fondo aplicables al caso. Invoca el principio que impone a las partes la producción de la prueba que haga al derecho que cada una invoca. Manifiesta que la Sra. Sara no pudo probar ningún derecho y que no concurrió a la audiencia del 7 de Agosto de 2.012.

Entiende que los argumentos de la apelante constituyen manifestaciones soeces contra el A quo sin fundamentación alguna salvo cuestiones subjetivas, y que el proceso respetó todos los plazos procesales correspondientes.

En síntesis, asevera que no se encuentran conculcados los derechos y garantías que invoca la apelante.

A fs. 101 se llaman autos para sentencia, encontrándose la causa a Despacho por providencia firme de fs. 102.

II.- Que, para resolver como lo hizo, el Sr. Juez A quo tuvo en cuenta los términos de la ley 26.160, consideró que la demandada manifiesta en autos pertenecer a la comunidad indígena comunitaria Ayllu Valle del Sol, personería Jurídica 273/09, alegando que el inmueble del que se la pretende desalojar (Matrícula Nº 12.710 de la Localidad de Rosario de Lerma - Campo Quijano, Paraje El Cerro, Finca Quijano) fue reclamado bajo el amparo de la ley citada.

Consideró la prueba agregada según la cual la referida comunidad está incluida en el Programa de Relevamiento Técnico Jurídico Catastral y evaluó el informe de fs. 54/56.

En tal contexto encontró viable la realización de la audiencia prevista por el artículo 503 del Código Procesal Civil y Comercial a fin de que cada parte haga valer sus derechos y para que, en caso de dictarse sentencia a favor de la accionante, se suspenda su ejecución en los términos de las leyes 26.160 y 26.554.

Por tal motivo, rechazó la petición de suspensión de la audiencia, solicitada por la Dra. Huber en representación de la parte demandada, con costas por el orden causado.

En otro orden, con fundamento en el artículo 501 del Código Procesal Civil y Comercial, proveyó la prueba informativa y pericial ofrecida por la demandada y denegó la prueba pericial antropológica ofrecida a fin de acreditar la preexistencia de la Comunidad Ayllu Valle del Sol, la pertenencia a la misma de la demandada y grupo familiar, entre otros extremos.

Teniendo en cuenta que se trata de un trámite que debe llevarse a cabo oportunamente en el marco del correspondiente relevamiento a realizarse mediante convenio entre el INAI y la Provincia de Salta.

Dejó pendiente el resto de la prueba, para ser proveída oportunamente.

Finalmente, con base en lo proveído a fs. 34, puntos IV y V, fijó nueva fecha de audiencia para el 7 de Agosto de 2.012, ordenándose la notificación de lo decidido en el domicilio procesal constituido por la parte demandada, bajo apercibimiento de lo establecido en el artículo 120 del Código Procesal Civil y Comercial.

III.- Que corresponde en primer término cabe destacar que en autos se inició acción de desalojo en contra de la Sra. Andrea Sara y otros ocupantes del inmueble Matrícula 12.710, habiendo invocado la Dra. Verónica Huber representación de la Sra. Sara en los términos del artículo 49 del Código Procesal Civil y Comercial a fs. 29, la que fue proveída a fs. 34 y ratificada a fs. 50 por su representada, oportunidad en la que se dejó constituído su domicilio procesal en calle General Güemes Nº 1.390.

Por otra parte, también a fs. 29 la Dra. Huber invocó la legitimación pasiva de la Comunidad Indígena Ayllu Valle del Sol, Personería Jurídica 273/09, manifestando actuar como patrocinante letrada de la misma y suscribiendo el escrito el Sr. Lucio Zerpa, representante de la comunidad, quien dejó constituído su domicilio procesal también en calle General Güemes Nº 1.390. En dicho domicilio se notificó el 31 de Julio de 2.012 la sentencia de fs. 69/79, mediante cédula dirigida a la Dra. Huber. Por ende, no obstante haberse consignado entre paréntesis "letrada apoderada de la Sra. Andrea Sara" (v. fs. 71 y vta.), debe tenerse por notificada a sus dos patrocinadas -la demandada y la comunidad representada por el Sr. Zerpa-, sin que quepa entender que dicha letrada sólo tomó conocimiento de la sentencia en relación a una de sus patrocinadas y no respecto de la otra.

Siendo ello así, el recurso que invocando personería de urgencia en nombre del Sr. Lucio Zerpa interpuso la Dra. Huber el 10 de agosto de 2.012 (v. fs. 75), resulta extemporáneo, debiendo declararse mal concedido. (art. 155 del C.P.C.C.).

IV.- Que, habiéndose solicitado que se declare la nulidad de la audiencia celebrada el 7 de Agosto de 2.012 con fundamento en la supuesta falta de notificación de la sentencia de fs. 69/70 a la Comunidad Indígena Ayllu Valle del Sol, y atento lo expuesto en el punto precedente, debe rechazarse el pedido de la nulidicente.

V.- Que la sentencia no fue objeto de apelación por parte de la Sra. Andrea Sara, quedando firme, como resultado de lo resuelto en los puntos anteriores, los actos celebrados en audiencia de la que dan cuenta fs. 72 y vta.

Es imprescindible tener en cuenta que, más allá de la especial protección que los derechos humanos en general y particularmente los atinentes a los integrantes de las comunidades indígenas tienen en el orden nacional e internacional, resulta improcedente invocar el sistema normativo que los tutela si no se lo hace en el tiempo y forma que según ley corresponda.

De tal modo, la interpretación amplia que es dable exigir a las autoridades judiciales para permitir la protección de los derechos que se dicen lesionados, y con ello la plena operatividad de las normas que los amparan, no puede suplir la inactividad de las partes o letrados que no hicieron uso adecuado y oportuno de sus derechos.

Finalmente, tampoco es posible declarar de oficio la suspensión de la presente causa, a pesar de la naturaleza de orden público de la ley 26.160, debido a que no se encuentra acreditada en estos autos la concurrencia del presupuesto tenido en miras por dicha norma y su decreto reglamentario Nº 1122/07, cual es la pertenencia de la demandada a una comunidad indígena que tradicionalmente haya poseído el inmueble cuya desalojo se pretende.

En razón de lo expresado, corresponde rechazar la presentación efectuada a fs. 77/80 y vta., por la Comunidad Indígena Ayllu Valle del Sol, con costas. (art. 67 C.P.C.C.) Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FALLO I.- DESESTIMAR la presentación formulada a fs. 77/80 vta. por la Comunidad Indígena Ayllu Valle del Sol, en razón de su extemporaneidad. Con costas.

II.- ORDENAR se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.