Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-06


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los seis días del mes de julio del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia de su titular Dr. Jorge Luis Früchtenicht, y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y Benjamín Moisá, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "C., E. O. c/ V. y C. P. y otros s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 133/06 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Practicado a fs. 988 el sorteo establecido por el art. 268 del C.P.C.C., correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: FLASS - MOISÁ -FRÜCHTENICHT.- Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 890/896 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Flass dijo:

A fs. 49/71 vta se apersona el Sr. E. O. C. por intermedio de su apoderado el Dr. L. A. R. e incoa demanda de daños por incumplimiento del contrato de transporte contra C. P. SCC, C. J. N., P. de S. M. y S. J. R..

Relata el actor que habiendo contratado el transporte de maquinarias desde el puerto de Buenos Aires hasta la localidad de El Bolsón las mismas nunca fueron entregadas por haber sido robadas en el camino sin que la demandada las hubiera asegurado. Pretende un resarcimiento de $352.064.

A fs. 293/306 contestan los demandados por intermedio de su apoderado el Dr. Al. F. V. planteando prescripción y oponiéndose al progreso de la acción.- A fs. 890/896 vta. se dicta sentencia nº 35/2006 del 12 de junio de 2006 conforme a la cual: Primero, se rechaza la excepción de prescripción.

Segundo, se rechaza la demanda por considerar que no se ha probado suficientemente el contrato y que el chofer Sr. C. no actuó en ocasión de la función y en consecuencia no se puede extender su responsabilidad al principal. Tercero, se imponen costas a la actora.

Cuarto, se regulan los honorarios de los Dres. A. D. F. V. y J. C. G. en $73.900 en conjunto; los de los Dres. J. A. R. y J. J. R. M. en $56.300 en conjunto; los de la Perito Calígrafa M. R. B. en $3.500, los del Perito Contador G. J. T. en $3.520 y los del Perito V. J. F. en $3.520.- En primer término, es de señalar que debe corregirse el error de tipeo al consignarse J. A. R. en vez de L. A. R., dejándose debida constancia en la parte resolutiva.

A fs. 902 apela la parte actora expresando a fs. 968/979 vta. los siguientes agravios: Primero, se queja de que se haya negado el resarcimiento por falta de prueba del contrato. Segundo, impugna por absurda la valoración de la prueba. Tercero, invoca responsabilidad refleja del principal por el hecho del dependiente .- A fs. 903 apela la demandada mas no expresa agravios y ha de tenerse por desierto su recurso.

A fs. 904 apela el Dr. A. F. V. en su propio derecho, por lo que cabe entender que lo hace por considerar bajos los honorarios que se le regularan, ya que el escrito obrante a fs. 960/962 y mediante el cual expresa los agravios, es inoportuno y, consecuentemente, no debe ser considerado.

Resumidas en lo pertinente las constancias de autos considero es necesario dilucidar las siguientes cuestiones:- 1) Existencia de contrato de transporte entre las partes:

El a quo ha considerado escueta la prueba del contrato y de ello se agravia el actor.

Es evidente que la testifical resulta insuficiente para acreditar un contrato de la envergadura del sub lite (arts. 208, 209 del Cod. Com. y 1193 del Cod. Civ.) y no puede fundarse en ella el decisorio- La actora adjuntó un documento (fs. 21) que tenía impreso el logotipo, denominación social, teléfono y dirección de la demandada.

En forma manuscrita se consignaban los datos del Sr. R. C. y del camión de P. SCC; más abajo con otra letra y otra tinta puede leerse "Flete $2.000 + IVA Seguro".

La demandada negó expresamente la autenticidad de este documento imponiendo así a la actora la carga de demostrar lo contrario. Dice DEVIS ECHANDIA "Los instrumentos privados no gozan de la misma presunción, salvo norma legal expresa que la consagre...

Por consiguiente, sin la prueba de su autenticidad o legitimidad incluyendo en esta el reconocimiento expreso o implícito (cfr. Núms. 315-354), el documento privado carece de toda eficacia probatoria y ni siquiera puede servir de indicio, porque el hecho indicador debe estar plenamente probado (cfr. Cap. Siguiente).

Lo anterior es lógico, por que si no se puede saber con certeza si el documento es legítimo o falso, no es posible imputárselo a quien aparece como su autor jurídico y mucho menos deducir de su contenido una consecuencia que le resulte adversa" (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial" Ed. Victor P. De Zavalía, Buenos Aires 1970 pag. 535/536) .- La actora no ha producido ninguna prueba que avale la autenticidad del documento oportunamente impugnado pues la ofrecida caducó, en consecuencia no ha de ser hábil para formar convicción.- La recurrente invoca la teoría de la carga dinámica de la prueba pues -entiende- que es la demandada la que se encontraba en mejor situación probatoria.

Esto merece al menos dos reflexiones: Primero, es cierto que en el estado actual de la ciencia del derecho el adagio de que "quien invoca prueba" ha perdido el carácter dogmático que anteriormente tenía; la lealtad, la probidad y la buena fe imponen a quien está en mejor situación fáctica la carga de ayudar en la búsqueda de la verdad pues resulta írrito al sentimiento de justicia que uno de los litigantes permanezca en total inercia escudándose en su situación procesal pasiva cuando un mínimo de colaboración hubiera sido suficientemente esclarecedora.

Ahora bien, el principio general y ordinario sigue siendo aquel de que "quien invoca prueba" aún cuando excepcionalmente se puedan imponer las cargas probatorias en forma paritaria.

Considero, por las razones que expondré ut infra, que no se dan en el sub lite las condiciones de excepcionalidad necesarias para apartarse del art. 377 C.P.C.

Segundo, la teoría de la carga dinámica de la prueba indica que la prueba ha de ser producida por quien se encuentre en mejor situación para ello pero ¿Está realmente P. SCC en mejor situación para probar respecto al documento?.

Considero que no, pues al afirmar que es falso, su prueba versaría sobre circunstancias negativas debiendo acreditar que el impreso no le pertenece, que nunca encargó a ninguna impresora la elaboración del mismo y que el párrafo manuscrito ha sido escrito por una persona ajena a la empresa a quien nunca le encomendaron tal escritura; sería absurdo imponer tal actividad a la demandada.

La distribución dinámica de la carga probatoria es entonces improcedente en el sub lite.

Ahora bien, cabe indagar si, acreditándose aún la autenticidad del documento, ¿Constituiría este prueba suficiente del contrato?.

Adelanto mi respuesta negativa pues las expresiones en él contenidas pueden ser interpretadas como una oferta, una invitatio ad oferendum o una simple recomendación, dada por un empleado de la empresa, para que el actor pacte directamente con el Sr. C. la realización del transporte.

No hay entonces un indicio claro de expresión de voluntad que permita creer en la existencia de un contrato.- Por último, la recurrente invoca una serie de indicios que -a su entender- acreditarían la existencia del contrato, así dice que la sanción impuesta al empleado es demasiado leve, que la titularidad en el dominio del vehículo con el cual se realizó el transporte indicaría el verdadero contratante, etc.

Sin perjuicio que conforme a la sana crítica los considero insuficientes, existen otros hechos que permitirían afirmar en adverso, tales como los remitos de fs. 15 y 16 donde consta que retira el Sr. R. C. "siendo el transporte hasta destino por cuenta y riesgo de E. O. C."; la propia declaración del Sr. C. y fundamentalmente la actitud del actor pues resulta incomprensible, poco creíble y contrario al acontecer normal de los acontecimientos, que un comerciante dedicado a la venta de maquinarias que requieren ser transportadas habitualmente desde otros lugares, otorgue con total liberalidad una autorización para retirar bienes por ciento treinta mil dólares sin exigir carta de porte confeccionadas conforme a la ley o al menos un documento que acredite mínimamente el negocio.

Encuentro que la actitud descripta indica una absoluta e inexcusable negligencia o que efectivamente, tal como dice el Sr. C., se trató de un "viaje para el silencio" contratado directamente con el conductor y obviando a la empresa.

2) Aplicabilidad de la teoría de la apariencia:

La teoría de la apariencia indica que quien genera en los terceros que contratan con sus empleados, la sensación legítima de que éstos tienen facultades suficientes para representarlos, debe asumir las consecuencias que tal apariencia produce.

Es una emanación tanto del principio de buena fe que debe imperar en las relaciones contractuales como de la doctrina de los propios actos y requiere que:

1) El responsable haya generado efectivamente la creencia, 2) Que tal circunstancia resulte probada por quien la invoca y 3) que provenga de un error excusable. A este último respecto se ha dicho que "En nuestro ordenamiento jurídico el verdadero fundamento conditio iuris para que funcione la teoría de la apariencia es la buena fe engendrada por un error inexcusable, es decir, que no provenga de una negligencia culpable lo que lleva a aplicar los patrones sobre la valuación de la culpa tal como lo señala el art.

512 CC" (Cciv. Y Com. Junín 4/5/1995 - Ossella de Rossi, Delma v. Remy Hnos. S.A.C.I.F. JA 1996-II-46) .

No ha quedado demostrada la existencia de la apariencia ni tampoco que la misma sea imputable a la demandada, sin embargo el mayor escollo para la aplicación de la doctrina que venimos refiriendo es lo atinente a la excusabilidad del error.

Estamos ante un negocio con una magnitud económica importante -transporte de maquinarias por ciento treinta mil dólares- donde el supuestamente engañado es persona habituada a este tipo de operaciones (que comercializa máquinas que necesariamente deben ser transportadas desde otros lugares).

La mas mínima diligencia hubiera implicado exigir carta de porte completa y regular o al menos un documento que resulte suficiente para acreditar el negocio. Parece realmente increíble que alguien otorgue autorización a otro para retirar maquinarias de tal precio y no exija constancia escrita pues ello significa un obrar negligente.

El actor, empleando la diligencia mínima habitual en cualquier hombre de negocios hubiera podido evitar llamarse a engaño.

Sólo puede invocar la apariencia quien haya sido diligente conforme a la naturaleza del negocio y las circunstancias en que se desarrolló, razón por la cual considero que el citado instituto es inhábil para crear responsabilidad en el demandado tal como pretende la recurrente.- 2) La responsabilidad indirecta de los demandados.

Según el a quo no existiría responsabilidad indirecta de los demandados por el hecho de su dependiente en virtud de que el mismo no actuó en ocasión de la función asignada sin dar mayores explicaciones del por qué llega a tal conclusión. La recurrente se agravia expresamente y solicita se responsabilice a P. SCC por la contratación que celebrara su empleado y de la cual derivó un daño a la actora.

Expresamente cita los arts. 1113, 1118 y 1119 del Cod. Civ.

En primer lugar debo destacar que el art. 1107 declara que las disposiciones del Título 9 Sección II Libro II del Código Civil resultan inaplicables a los hechos o las omisiones en el cumplimiento de obligaciones convencionales salvo cuando degeneren en delitos del derecho criminal.

Es evidente que el art. 1113 está incluido entre los mencionados y que la responsabilidad refleja del empleador por el hecho de sus empleados se limita solo al ámbito extracontractual y es que resultaría completamente ilógico responsabilizar al empleador por los contratos que individual y personalmente celebren sus empleados.- Los artículos 1118 y 1119 han sido objeto de airadas objeciones metodológicas pues como bien dice BUSTAMENTE ALSINA "Estas normas están desubicadas en el Título IX de la Sección II, del Libro II del Código Civil, entre las normas relativas a obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos" (BUSTAMENTE ALSINA, Jorge "Teoría de la Responsabilidad Civil" 8ª ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1993, pág. 392).

La responsabilidad de los agentes del transporte terrestre por las averías que sus empelados provoquen es una típica obligación de garantía que pesa sobre cualquier contratante.- En la causa de marras no se ha logrado probar que el demandado hubiera contratado con el actor y ninguna responsabilidad contractual le cabe y es que no puede ser calificado como agente del transporte terrestre frente al Sr. C. y en consecuencias no le incumbe la responsabilidad del art. 1119.

3) La regulación de los honorarios de la primera instancia.

Con respecto a la apelación deducida por el Dr. A. F. V. contra los honorarios que le fueran regulados, entiendo que le asiste razón al recurrente y deben ser elevados.- Entre las pautas a seguir para la regulación de honorarios, el art. 6º de la norma arancelaria incluye el monto del proceso que a su vez es conceptualizado en el art. 19º como "La suma que resultare de la sentencia o transacción".

No caben dudas, para mi, que cuando una sentencia condenatoria de daños condena a pagar capital mas intereses estos últimos se encuentran incluidos en aquella y es que la obligación de resarcir implica una típica deuda de valor hasta el momento del dictado de la sentencia en el cual se transforma en dineraria, el juez puede entonces, indistintamente, estimar una suma actual o declarar la magnitud del daño al momento de producido adicionando los intereses devengados.

Resultaría arbitrario en este último caso considerar como monto del proceso solo lo que "históricamente" se debió pagar excluyendo el fruto civil que el capital generó hasta el efectivo pago.- En tal sentido, esta Alzada ha manifestado que cuando, como en el caso de autos, se rechaza la demanda el monto a considerar es el reclamado con más los intereses pertinentes calculados a la tasa activa que el Banco de la Nación Argentina utiliza en sus operaciones de descuento de documentos.- Efectuados los cálculos en base a las pautas de los arts. 6, 7, 9, 19 y 39 del Arancel, corresponde elevar los emolumentos fijados al Dr. A. F. V., en conjunto y proporción de ley, a la suma de $210.000, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en primera instancia.

4) Costas:- Las costas de la presente instancia se deben imponer al actor recurrente vencido pues no existe motivo para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPC).

5) Honorarios:- Los honorarios del Dr. L. A. R., profesional interviniente en la presente instancia, se deben regular en la suma de $35.000, con más el IVA pertinente. (art. 14 Dec. Ley 2.200).- A la misma cuestión, el Dr. Moisá dijo:

1. Por la Sentencia N° 35 de fecha 12 de junio de 2006 (fs. 890/896 vta.), en lo sustancial, el Sr. Juez de primera instancia decide rechazar en todas sus partes la demanda incoada por el Sr. E. O. C. contra V. y C. P. S.R.L. (rectius: S.C.C.) y los Sres. J. N. C., M. P. de S. y J. R. S., con costas al vencido.

2. Contra tal decisión se alzan en apelación la parte actora (fs. 902), la parte demandada (fs. 903) y, por derecho propio, el letrado A. F. V. (fs. 904); siendo concedidos libremente los dos primeros recursos, mientras que el último lo es en los términos del art. 49 del Dcto. Ley N° 2.200 (fs. 905).- Puesto el expediente en la oficina a los fines del art. 259 del CPCC, solamente la parte actora expresa agravios (fs. 968/979 vta.), sin que los mismos sean contestados por la contraria.- En consecuencia, corresponde declarar desierto el recurso de apelación de la parte demandada (art. 265, CPCC) y no considerar el escrito presentado por derecho propio por el abogado A. F. V. a fs. 960/962, en virtud de que el mismo es inoportuno en atención al régimen recursivo arancelario (art. 49, Dcto. Ley N° 2.200 y art. 244, in fine, CPCC).

Asimismo, advirtiendo en la sentencia un error en el nombre del Dr. L. A. R. corresponde, por razones de economía procesal, corregir la misma.- 3. En lo conducente, el actor apelante concreta su crítica contra la sentencia en crisis básicamente en tres agravios:

a) denegación del resarcimiento por inexistencia del contrato de transporte; b) valoración absurda de la prueba; y c) rechazo de la responsabilidad civil del principal por el hecho del dependiente. Ello, sin perjuicio de otras consideraciones formuladas de un modo no muy ordenado en el acápite II de su escrito de expresión de agravios y de lo que denomina "agravios por omisión".

De ellos me ocuparé pormenorizadamente a continuación, a fin de evitar reiteraciones innecesarias.- 4. Puesto en la tarea de dar fundamento a mi voto y siguiendo el orden propuesto por el apelante, tenemos:

a) Falta de prueba del contrato de transporte. El actor en su escrito de demanda (fs. 49/71 vta.) reclama daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un "contrato de transporte" (acápite I), por lo tanto, en atención a lo dispuesto en el art. 1107 del Código Civil, su pretensión queda sujeta al régimen de la denominada "responsabilidad contractual" previsto por dicho ordenamiento.

Sentado ello, la responsabilidad por incumplimiento contractual supone obviamente la existencia de un contrato válido, cuya inobservancia haya provocado un daño injustificado a alguno de los contratantes que haga viable su reparación por parte del obligado (cfr. TRIGO REPRESAS, Félix A. - LÓPEZ MESA, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, t. II, p. 75, La Ley, Buenos Aires, 2005).

Ahora bien, ninguna prueba producida en la presente causa acredita mínimamente la existencia de un "contrato de transporte de cosas" -verbal o escrito- entre el Sr. E. O. C. y V. y C. P. S.C.C., presupuesto indispensable -como es lógico- para la procedencia de la responsabilidad civil por incumplimiento contractual, no obstante gozar el actor de "todos los medios de prueba admitidos por la legislación comercial o civil" (cfr. ETCHEVERRY, Raúl Aníbal, Derecho Comercial y Económico. Contratos, t. 2, p. 308, § 506, Astrea, Buenos Aires, 1994).

En efecto, la causa penal, las constancias de salida de Aduana, los remitos de la empresa importadora, la prueba informativa del despachante de Aduana, invocadas por el apelante, prueban que las palas cargadoras robadas al Sr. C. fueron retiradas por el Sr. R. H. C., chofer de la empresa demandada, en un camión y semiremolque de la firma; pero, ello está muy lejos de demostrar la existencia de un contrato de transporte entre el Sr. C., como cargador, y V. y C. P. S.C.C., como transportista, lo que supone un acuerdo entre las partes sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos (art. 1137, Cód. Civ.), el cual no ha sido probado.- Ante la insistencia del recurrente, reitero, el hecho de que "al momento de producirse el robo, las máquinas de propiedad del actor eran trasportadas en un camión de propiedad de la accionada, conducido por un chofer empleado de la accionada, que notificó del robo de la consiguiente pérdida del camión y de la carga transportada, a su propia empresa... y que había solicitado a la empresa importadora la constancia de la salida de aduana para acreditar el robo de la carga que iba en el camión" prueba únicamente eso, sin que de ningún modo pueda considerarse "principal prueba [ni prueba alguna, agregamos] de la existencia del contrato de transporte".

Adviértase, que el camión de la empresa bien pudo haber sido utilizado por el chofer, Sr. C., en su propio beneficio al efectuar el flete para el Sr. C., y sin conocimiento de V. y C. P. S.C.C.- En suma, para que los demandados quedaran contractualmente obligados, el Sr. C. debió haber acreditado la celebración de un contrato de transporte -verbal o escrito- con V. y C. P. S.C.C., con intervención del representante de la sociedad, único con suficiente poder para obligarla en los términos de los arts. 58 y 127 de la Ley N° 19.550, lo cual en la causa no ocurrió.- b) Valoración de la prueba. Omisiones. Conforme a lo precedentemente expuesto, la valoración de la prueba efectuada por el a quo no se presenta como absurda.- Por lo demás, las omisiones señaladas en el acápite III, 12) no modifican la conclusión, pues carecen de entidad para demostrar la existencia de un contrato de transporte entre el Sr. C. y V. y C. P. S.C.C., el cual, al exceder el objeto ordinario de la sociedad (fs. 82 vta., cláusula cuarta), debió ser celebrado con su representante (arts. 58 y 127, Ley N° 19.550) y, dada la importancia de las cosas transportadas, debió exigirse la forma escrita, recaudos mínimos exigibles según la pauta de diligencia de un buen hombre de negocios.- En tal sentido, cabe recordar que: "Los jueces no tienen el deber de ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas; basta que lo hagan respecto de las que 'estimen conducentes o decisivas para resolver el caso' (CSJN, 14/3/93, JA, 1994-II-222), pudiendo preferir algunas de las pruebas producidas a otras, y omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales (FENOCHIETTO, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial, p. 381, Astrea, Buenos Aires, 1999).

c) Responsabilidad civil del principal por el hecho del dependiente. Habiendo optado el actor por el régimen de responsabilidad civil "contractual", no resulta aplicable el primer párrafo del art. 1113 del Código Civil, norma propia del sistema de responsabilidad civil "extracontractual" (art. 1107, Cód. Civ.).

Con razón se ha dicho: "No hay posible cúmulo de responsabilidad contractual y extracontractual, por el cual el damnificado quiera integrar el contenido de su pretensión accionable, tomando parte de uno y otro régimen" (LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. III, p. 558, n° 2174, Perrot, Buenos Aires, 1987; en igual sentido, TRIGO REPRESAS - LÓPEZ MESA, op. cit., t. II, p. 63 y ss.).- 5. En cuanto a la apelación por derecho propio del letrado A. F. V. (fs. 904), al expresar que la sentencia recurrida le causa "gravamen irreparable", debe entenderse que la misma se refiere a sus honorarios -como fue concedida a fs. 905-, los cuales son considerados bajos por el profesional.- Entrando a analizar la cuestión, cabe recordar que, aunque con otra composición, desde "U., M. N. c/ A. del S. S.R.L. y otros s/ Laboral" (SIC N° 8/05 CANO, Expte. Nº 10/05 CANO), esta Alzada tiene dicho que a los fines regulatorios debe tomarse como monto el reclamado en la demanda, con más los intereses correspondientes calculados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

Ello, conforme a lo dispuesto por el art. 6, inc. a) del Dcto. Ley N° 2.200 y a lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación, in re "Dodero c. Prov. de Buenos Aires" (LL, 1976-B, 317, cfr. SERANTES PEÑA, Oscar Enrique y otros, Aranceles de Honorarios para Abogados y Procuradores, p. 63, Depalma, Bs. As., 1979).

Por lo tanto, efectuados los cálculos pertinentes, concluyo entonces en que los emolumentos atacados son bajos, correspondiendo consecuentemente modificarlos y fijar en la suma de $210.000 con más el IVA pertinente los honorarios profesionales por la labor realizada en la anterior instancia con respecto al abogado A. F. V., en conjunto y proporción de ley con relación a la actuación del letrado J. C. G. (arts. 6, 7, 9, 10, 19 y 39, Dcto. Ley 2.200).- A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Flass dijo:

Conforme a lo manifestado al analizar la primer cuestión considero se debe: 1) declarar desierto el recurso interpuesto por la demandada a fs. 903. (art. 265 y 266 CPCC); 2) confirmar parcialmente la sentencia de grado nº 35/2006 del 12 de junio de 2006, modificándola sólo en lo atinente a la regulación de honorarios del Dr. A. F. V., los que deben fijarse en la suma de $210.000 con más el IVA pertinente, en conjunto y proporción de ley con relación a la actuación del letrado J. C. G. (arts. 6, 7, 9, 10, 19 y 39, Dcto. Ley 2.200); 3) corregir el punto III) de la sentencia en cuanto donde dice J. A. R. debe decir L. A. R.; 4) imponer las costas de la presente instancia a la recurrente vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC), debiéndose regular los honorarios del Dr. L. A. R., en la suma de $35,000, con más el IVA pertinente, por la labor efectuada en esta Alzada. (art. 14 Dec. Ley 2.200), y 5) tener presente la reserva del Caso Federal.

A idéntica cuestión, el Dr. Moisá dijo:- Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 903; b) confirmar, parcialmente, la Sentencia N° 35 de fecha 12 de junio de 2006 (fs. 890/896 vta.), modificándola sólo en cuanto a los honorarios regulados al letrado A. F. V., los que deben fijarse en la suma de $210.000 con más el IVA pertinente, en conjunto y proporción de ley con relación a la actuación del letrado J. C. G.

(arts. 6, 7, 9, 10, 19 y 39, Dcto. Ley 2.200); c) corregir el punto III) de la sentencia, debiendo entenderse que donde dice "J. A. R." debe leerse "L. A. R.";

d) imponer las costas de esta instancia al actor apelante (art. 68, CPCC); e) regular los honorarios del Dr. L. A. R. en la suma de $35.000, con más el IVA pertinente, por la labor efectuada en esta Alzada. (art. 14 del Arancel); y f) tener presente la reserva del denominado Caso Federal.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:- 1°) DECLARAR desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 903. (arts. 265 y 266, CPCC).- 2°) CONFIRMAR, parcialmente, la Sentencia N° 35 de fecha 12 de junio de 2006 (fs. 890/896 vta.), modificándola sólo en cuanto a los honorarios regulados al letrado A. F. V., los que se fijan, en definitiva, en la suma de $210.000 con más el IVA pertinente, en conjunto y proporción de ley con relación a la actuación del letrado J. C. G. (arts. 6, 7, 9, 10, 19 y 39, Dcto. Ley 2.200).

3°) CORREGIR el punto III) de la sentencia, debiendo entenderse que donde dice "J. A. R." debe leerse "L. A. R.".

4°) IMPONER las costas de esta instancia al actor apelante (art. 68, CPCC); regulando los honorarios del Dr. L. A. R. en la suma de $35.000, con más el IVA pertinente, por la labor efectuada en esta Alzada (art. 14 de la ley arancelaria).- 5°) TENER presente la reserva del Caso Federal efectuada por el actor.

6°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y no haber hecho uso el Dr. Jorge Luis Früchtenicht de la facultad que le asiste conforme a lo dispuesto por el art. 271, último parte, del C.P.C. y C., texto según Ley 4.550.- GÜNTHER ENRIQUE FLASS BENJAMÍN MOISÁ REGISTRADA BAJO EL N° 31 DEL AÑO 2007. CONSTE. Norma Marrero, Secretaria