marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedencia parcial, accidente de tránsito, muerte, cómputo de intereses, intereses moratorios, daño moral, daño emergente, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: Mendoza Daniel Orlando c/ Vega Antonia Del Valle y Otro s/ daños y perjuicios - Expte. N°5/20.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-08-07

Procede parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora, y en su mérito, se modifica la sentencia condenando a la demandada y a la citada en garantía a abonar a los actores en forma indistinta o in solidum las sumas correspondientes en concepto de daño moral, incapacidad y daño emergente. Respecto a los dos primeros rubros, se aplican intereses tasa activa general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días que fija el Banco de la Nación Argentina desde la fecha de sentencia y respecto del tercero, desde fecha del siniestro; asimismo, en la indemnización por incapacidad se aplican intereses puros del 8% desde la fecha del accidente hasta la fecha de la muerte de la víctima y a partir de la fecha del deceso se aplican intereses de tasa activa, desde la fecha de sentencia de Primera Instancia hasta la fecha del efectivo pago. El apelante se agravió por los intereses aplicados en la indemnización por incapacidad, solicitando que sean aplicados desde la fecha del siniestro y no desde la fecha de muerte de la víctima -como lo decidió la sentenciante-. En razón de ello, se señala que le asiste razón, desde que la a quo omitió computar los intereses moratorios que comenzaron a computar desde la fecha del hecho ilícito y por tal motivo, debe modificarse la sentencia en ese punto y en la indemnización por incapacidad aplicar intereses puros del 8%. También hizo referencia a los intereses aplicados en la indemnización por daño moral, sin embargo se observa en la sentencia que los intereses fueron aplicados correctamente y por tanto, dicho agravio se rechaza.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: Codi S.R.L. c/ Leonardelli Omar Antonio s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-10-26

El principio que insufla la legislación arancelaria es el de que la retribución del profesional guarde una adecuada relación entre la realidad económica del caso y su desempeño profesional, sin que ello implique la admisión de un enriquecimiento incausado.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Leyes, Fermín Bruno c/ Antonio y Alfredo Mercuri, Sociedad de Responsabilidad Limitada s/ Usucapión Argenbel S.A. Quiebra c/ Banco español del Río de la Plata S.A. y otra s/ Acción revocatoria concursal Andriola, Raúl R. c/ Giannone, Hugo Omar s/ Interdicto de recobrar B., J. M. c/ A. M., J. P. s/ Divorcio art. 215. Incidente disolución conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17|1988-12-27|1991-03-05|1997-12-16

Para determinar el monto del juicio a los efectos del dec.ley 8.904 debe mensurarse, en términos económicos, el interés puesto en juego por las partes pues éste -cuando es susceptible de apreciación pecuniaria- constituye la base regulatoria.
Resoluciones irrecurribles, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Información Sumaria a Fin de Establecer Ilícito Penal, Iniciado por Di Santo Esther Carolina c/  s/ Queja por Casación Denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-04-18

La providencia que ordena una medida judicial no es de aquellas cuya impugnación se habilita mediante la vía casatoria, dado que no es una sentencia definitiva a los fines del recurso, al no poner fin a la acción o a la pena y dado que no imposibilita la continuación de las actuaciones, ni versa sobre la extinción, conmutación o suspensión de la pena. El resolutorio impugnado, tampoco resulta equiparable a sentencia definitiva por no causar un gravamen de imposible, tardía o insuficiente reparación ulterior.
Juicio de desalojo, intimación previa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iraeta Juan Carlos c/ Andino Héctor Daniel y/u otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-05

Siendo que la intervención del fiador, lo fue en su condición de obligada respecto de las costas y gastos causídicos generados por la incumplida obligación de restituir, aquélla es ajena, en consecuencia al objeto principal del juicio de desalojo, no siéndole exigible la obligación de desocupar el bien. Ello así constituye un exceso hacer extensiva a su respecto el recaudo de la interpelación previa, prevista por el art.5, Ley 23.091 sólo para el inquilino.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CRISAFULLI VICTOR RAUL c/ JUAN ALBERTO AUDENINO Y OTRO s/ PREPARA VIA EJECUTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-09-19

La excepción de inhabilidad de título debe admitirse cuando, no existiendo controversia sobre la mediación de pagos parciales previos, el actor demanda la deuda en bruto y no por el saldo restante.
Inconstitucionalidad, personal de casas particulares, remuneración
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: LOPEZ NORMA B. c/ GARRO GABRIELA Y OTRO s/ COBRO DE PESOS - EXPTE. N° 1-L-2004
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2006-12-06

La inconstitucionalidad señalada por este Tribunal en RL Lab. N° 33/05 (Mariani c/ Cors. SRL) no se propaga al caso sub-studio. Ello así porque el decreto reglamentario (N° 7979/56) del Estatuto (decreto ley 326/56) faculta a las provincias a fijar retribuciones de los empleados del servicio doméstico (art. 24). Por lo que cuando en función del art. 13 del último el MTE y SS lo hace para todo el país, ello será así en la medida que las provincias no hayan legislado sobre esa materia (ver art. 2 Resolución 962 MTE y SS en BO 3/10/06).
Robo simple, robo en poblado y en banda, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: CUESTA, JORGE s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-06

"...En las presentes actuaciones no se ha acreditado que hayan tomado parte en la ejecución del hecho tres o más personas como se dejó sentado en el plenario 111 "Quiróz, Julio A.". Lo cierto es que únicamente se ha comprobado la participación responsable de dos autores. Tomar parte en la ejecución del hecho implica participar ya sea como autor, cómplice o instigador. En cualquiera de las tres calidades señaladas es necesario que quien intervenga haya ejecutado una conducta que le sea reprochable. En la especie no se ha comprobado que los supuestos participantes en la comisión del ilícito en estudio hayan realizado una conducta y en su caso que la misma les sea reprochable, o sea que hayan actuado con pleno conocimiento de la antijuridicidad, y con capacidad de auto determinación. Por todo lo expuesto voto por que se confirme la sentencia apelada en cuanto condena a J.A.C. y se modifique la calificación efectuada la que será robo simple (art. 164 del C.

Penal), debiéndose reducir la sanción aplicada a la pena de dos años de cumplimiento en suspenso, con costas de Alzada.
Establecimientos educacionales, responsabilidad extracontractual del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: FRANCO, FABIO RAMON c/ MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-05-03

La consagración de una responsabilidad objetiva con la nueva redacción del artículo 1117 del Código Civil (Ley 24830, de 1997) - que estableció un régimen único de responsabilidad objetiva de los propietarios de los establecimientos educativos privados o estatales, por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallasen bajo su control, salvo caso fortuito, con la finalidad de que se reemplace la responsabilidad subjetiva del antiguo articulado- no modificó al ámbito extracontractual de reparación al ser un establecimiento de enseñanza gratuito, cuyo propietario es el Estado provincial, el lugar donde se produjo el daño (Citas: CSJStaFe: Coronel, AyS T 236, p 70)
Recurso de casación penal, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Carignano, Jorge Alberto s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-29

Es doctrina reiterada de este Tribunal que la valoración de los elementos probatorios que determinaron las conclusiones del Tribunal de mérito, constituye una atribución que le es propia y que resulta ajena -por vía de principio- al control casatorio. En esta misma línea de pensamiento, corresponde apuntar que resulta improcedente en esta instancia provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia, toda vez que el valor de la pruebas no está prefijado y corresponde a la propia apreciación del tribunal de mérito determinar el grado de convencimiento que aquéllas puedan producir, quedando dicho examen excluido de la inspección casacional, salvo casos de arbitrariedad o absurdo notorio.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bauer, Silvio Omar s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-06-19

De la mensura surge quiénes eran los titulares registrables de los inmuebles motivo de la litis.- En salvaguarda del debido proceso, para evitar nulidades, estimamos conveniente ejercer las facultades del art. 33 inc. 2) y ordenar se publiquen edictos, citando a los titulares registrales, según plano de mensura para lo que bajará el expediente al juzgado de origen y oportunamente volverá por lo dispuesto en el art. 329 del CPCCER.-
Delitos contra la integridad sexual, corrupción de menores, corrupción calificada de menores, apreciación de la prueba, declaración testimonial, sana crítica racional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M.W.H S/ CORRUPCION DE MENORES AGRAVADA POR EL VINCULO, Expte. Nº 2494 (M-531/06/T.S.J.) s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2007-03-29

Atento la naturaleza de los hechos investigados - corrupción de menores agravada por el vínculo-, que podemos encuadrar como "delitos de alcoba, ocultos o de intimidad", en función de las circunstancias en las que se cometen, la prueba directa de la materialidad y autoría del acto resulta de escabrosa obtención, agravada tal situación por la edad de la víctima para obtener una declaración fluida de la misma, y que el autor reside dentro del seno familiar.

Ello no implica que los dichos del menor tengan que descalificarse si el tribunal los considera dignos de credibilidad y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos. La fundamentación de ello se encuentra conforme al régimen probatorio de la sana crítica racional previsto en el art. 381, párrafo 3 del C.P.P.-
Legitimación activa, legitimación pasiva
Materia: PENAL
Carátula: BALO GERMAN LEONEL c/ ANSES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-19

La legitimación activa implica la aptitud para estar en juicio en calidad de parte actora, a fin de lograr una sentencia sobre el fondo o mérito del conflicto suscitado, que puede ser favorable o desfavorable; mientras que la legitimación pasiva se vincula con la identidad entre la persona demandada y el sujeto pasivo de la relación sustancialmente controvertida. (Del dictamen fiscal al que adhiere la Sala).
Sentencias contradictorias, juicio ejecutivo, caducidad de instancia, interpretación restrictiva, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CATRIEL c/ CIUDAD DE CATRIEL SRL s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-11-24

Expresado el criterio rector de interpretación restrictiva del instituto (de caducidad de instancia) y analizando puntualmente el caso de autos nos encontramos ante sentencias contradictorias que corresponden a procesos ejecutivos, en los que entre el inicio y la traba de la litis transcurrieron más de dos años; realizado nuevo libramiento de mandamiento, dentro de los tres meses se diligenció, y así notificada la demandada la ejecutada dedujo la caducidad de instancia.

El juez de la ejecución hizo lugar al planteo mientras que en un caso la Cámara revocó la resolución (Gral. Roca) y en el otro la ratificó (Cipolletti). Ahora bien, habiendo transcurrido el plazo de caducidad, y no habiendo el juez decretado la perención de oficio, si después del vencimiento de aquel plazo, el ejecutante realiza actos idóneos para impulsar el proceso hacia su fin natural que es la sentencia, no depende la eficacia de tales actos del consentimiento que preste el demandado que todavía no ha sido convocado al pleito.
Culpa civil, presunciones, responsabilidad objetiva, daño causado con la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA María Mercedes c/ TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A. s/ RESPONSABILIDAD  DEL CONDUCTOR - ACCIDENTES DE TRANSITO - PRESCRIPCIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

La situación del conductor del ómnibus cae en la previsión del art.

1113, primera parte del segundo párrafo, del Código Civil que -al contemplar el daño causado por el hecho del hombre "con la cosa"- establece una presunción de culpa del autor del daño, impropiamente denominado "guardián".
Contracautela, monto de la caución, facultades del juez, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: CONOSUD SA CIA ARGENTINA DE SEGUROS c/ INDER SOC DEL ESTADO EN LIQUIDACION s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-09

La fijación del monto de la contracautela es tarea que la ley procesal confiere al prudente arbitrio de los jueces, quienes deben proceder ponderando la gravedad de la medida cautelar de que se trate, el valor de los intereses afectados por ella y, de modo particular, la verosimilitud del derecho invocado, habida cuenta de que a mayor credibilidad del derecho menos gravosa debe ser la contracautela y viceversa (cfr. CNCiv. Sala D, del 18.8.82, LL 1983-A, pág. 558), pero sin llegar al extremo de que el monto de la caución sea tan gravoso que torne ilusorio el derecho del peticionante (cfr. Morello, A. M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", pág. 574; Palacio - Alvarado Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente", T. 5, pág. 72).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, jubilaciones, depreciación monetaria, intereses, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ANGEL DIEGO MONTES DE OCA s/ JUBILACION Y PENSION    DEPRECIACION MONETARIA- INTERESES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-15

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que al declarar la inconstitucionalidad del decreto 1645-78 y su modificatorio Nro.

434, revocó la decisión administrativa y ordenó al Instituto Municipal de Previsión Social que abonara los reajustes que resultaran de aplicar la ordenanza 30.062, con más la actualización monetaria e intereses. Ello es así, pues la negativa del a quo a pronunciarse respecto de los adicionales invocados por el apelante como parte de su haber jubilatorio porque el punto excedía los límites de lo resuelto en sede administrativa, se presenta revestida de un injustificado rigor formal, incompatible con el derecho de defensa, la mantuvo en las sucesivas etapas procesales, sin que se advierta que haya sido razonable la falta de tratamiento por la alzada judicial.
Constitución Nacional, derechos adquiridos, beneficios previsionales, San Juan
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sánchez, Gregorio Hernán c/ Gobierno de la Provincia de San Juan y otro s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-11

"En época reciente el Tribunal ha afirmado, con particular referencia al art. 14 bis de la Ley Fundamental, que esta última, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en debate un derecho humano", y que "los derechos constitucionales tienen, naturalmente, un contenido que, por cierto, lo proporciona la propia Constitución. De lo contrario, debería admitirse que ella enuncia derechos huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, o que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este último" -v. C.S.J.N., "Vizzoti, Carlos Alberto c/AMSA S.A.", sent. del 14.09.04, considerando 8°, párrafos 3 y 4)- (cfr. voto del Dr. Juan Carlos Maqueda, en la causa "Sánchez, María del Carmen", sent. del 17.05.05). En línea con lo anterior, el Tribunal Cimero también ha sostenido desde antiguo que "los elementos constitutivos del status jubilatorio, resultante de la situación del agente al momento del cese, deben ser mantenidos para evitar que se opere en los hechos una retrogradación por obra de modificaciones reglamentarias que alteren las condiciones existentes al concederse el beneficio" (Fallos 311:530). (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Violación de derechos humanos, competencia penal, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: Marinero, Susana recurso de casación- reg. 1661/17 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-22

El voto concurrente recordó que resulta ineludible, en este contexto, que el servicio de administración de justicia penal cumpla acabadamente su deber de investigación de los hechos denunciados para de ese modo arrojar luz sobre lo acontecido y ya, con algún grado de conocimiento más avanzado, descartar o afirmar la hipótesis delictiva sostenida por el requirente, máxime cuando se trata de delitos en donde se encuentra involucrada la conducta de funcionarios policiales como violatoria de los derechos de las personas implicadas en el caso, por resultar un trato cruel, inhumano o degradante (art. 18, CN, art.5, DUDH, art. 5 CADH, art. 7 de PIDC y P; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes). (Dres. Borinsky, Hornos -voto concurrente-, Gemignani).
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, impugnación del acuerdo preventivo, incidente de revisión, resoluciones inapelables
Materia: COMERCIAL
Carátula: GAMEN  S.A. s/ CONCURSO - INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-23

El impugnante del acuerdo preventivo que dejó perimir su incidente de revisión no puede apelar la decisión denegatoria de la impugnación, pues sólo están legitimados para aquellos los acreedores o quienes mantengan expectativa de serlo (LC 59).
Daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente
Materia: CIVIL
Carátula: S.E.C. SRL. c/ Coop. Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Caucete Ltda. s/ Cobro de Pesos - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-02-11

el rubro lucro cesante indemniza no la pérdida de una mera expectativa o probabilidad de beneficios económicos futuros, sino el daño que supone privar al patrimonio damnificado de la obtención de lucros a los cuales su titular tenía derecho, es decir, título, al tiempo en que acaece el eventus damni.

La chance es la posibilidad de un beneficio probable, futuro que integra la facultad de actuar del sujeto en cuyo favor la esperanza existe. Privar de esa esperanza al sujeto conlleva daño, aún cuando pueda ser dificultoso estimar la medida de ese daño, porque lo perdido, lo frustrado, en realidad, es la chance y no el beneficio esperado como tal.

Opuestos los conceptos de daño emergente y lucro cesante, el primero constituye un empobrecimiento patrimonial, mientras que el segundo constituye una falta de enriquecimiento o falta de crecimiento patrimonial; en el primero, la pérdida o detrimento consiste en algo que sale del patrimonio, mientras que en el segundo consiste en algo que deja de entrar en él; en un caso, hay riqueza perdida, algo que se va, y, en el otro, riqueza inconseguida, algo que no viene; en un caso, hay la disminución de una utilidad integrada de antemano en el patrimonio del sujeto perjudicado, y, en el otro, privación de una utilidad no poseída, pero que se habría poseído y habría formado parte de su activo patrimonial.

El lucro cesante es un daño de relativa certeza, pues se apoya en un juicio de probabilidad y no de seguridad, entendiéndose que es ganancia frustrada la que era de esperar de acuerdo con el curso normal de los acontecimientos o regularidad de las cosas.
Corrupción de menores, grooming
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fragosa, Leandro Nicolás s/ Corrupción de Menores Agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-05

El grooming es un proceso sexual abusivo facilitado por el uso de las nuevas tecnologías que consiste en la interacción comunicacional de un adulto con un menor con fines sexuales y abusivos, el cual se lleva a cabo como proceso, a transitar evolutivamente. En primer lugar debe conectar con un niño, lograr la relación empática, para luego llevar al menor a instancias donde el matiz sea sexual, que erotice la situación. En este tramo del proceso el objetivo del adulto es ganar la confianza del menor. Luego se busca sexualizar el vínculo con temáticas sexuales o intercambio de imágenes sexuales y/o pornográficas. Establecido esto, se intenta obtener la propia imagen del menor contactado, de características sexuales. Luego de obtener la primer imagen de los niños, el objetivo es la extorsión a través de la amenaza de su utilización y publicidad para que el menor acceda a mayores requerimientos de contenido sexual abusivo por parte del adulto, sea por imágenes más comprometidas sexualmente hasta lograr el efectivo encuentro y contacto físico para lograr el abuso sexual del menor, siempre con utilización de amenazas, engaños y extorsiones.
Constitución Nacional, jerarquía de las leyes, inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Leiva, Horacio y otros c/ Swift Armour S.A. s/ Despido Sola, Alberto C. c/ Sein y Cía SAIC y C. s/ Indemnización art. 212, LCT
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-06|2001-10-24

Cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma sin previa argumentación de parte no se omite aplicar derecho vigente, pues su circunscripto desplazamiento en un litigio concreto obedece a que es repugnante a la Constitución y -cabe recordarlo- la Constitución también es derecho vigente, y el de mayor jerarquía. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jubilación de escribanos, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferreyra de Vadone, Alicia Rosa c/ Caja de Previsión Social Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Airres. Coady:Scorolli, Ofelia I. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

La circunstancia que la actora se hubiese divorciado en Méjico no permite arribar a la conclusión de la existencia de culpabilidad predicada por la norma (art.52 inc. b) de la ley 6983) para excluirlo del derecho a pensión, ya que el divorcio decretado en aquel país al tiempo de tramitarse el proceso, teniendo los cónyuges domicilio en nuestro país, carece de validez por falta de competencia internacional del juez extranjero.
Responsabilidad médica, mala praxis, homicidio culposo
Materia: PENAL
Carátula: Encinas, José Luis s/ Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-06-08

...el arte de curar ejercitado sobre un paciente golpeado pero lúcido a quien se prescribe medicación, reposo y observación dentro del hospital público, fue suprimido por quien soberanamente y con la aquiescencia de un familiar, se substrajo del incipiente tratamiento y dejó el establecimiento que lo albergaba. La interrupción que llegó con el alejamiento hizo sucumbir la adecuada prestación sanatoria, no sólo frustrando toda posibilidad de ella sino también perjudicando la breve atención lograda hasta entonces, opacando hacia atrás a la responsabilidad que podría juzgarse, en hipótesis, según su calidad.