Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-03-29


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 9 San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de Marzo de 2.006.

Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 121/03 "RIOS, Roberto Daniel c/ Provincia de Catamarca y Policía de la Provincia Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción y de Ilegitimidad ó Anulación", en los que a fs. 209 tiene lugar la audiencia que prescribe el Art. 39 de la Ley 2.403, obrando a fs. 210/214 y vta. Dictamen Nro. 110/05 del Sr. Procurador General; llamándose autos para Sentencia a fs. 215. En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es procedente la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción y de Ilegitimidad ó Anulación interpuesta?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?. Practicado el sorteo, conforme al acta obrante a fs. 216 , dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, JOSÉ RICARDO CÁCERES y MANUEL DE JESÚS HERRERA. A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que a fs. 74/86 se interpone acción contencioso administrativa de Plena Jurisdicción y de Ilegitimidad o Anulación en contra del Decreto N° 476/03 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial y por el que se da de baja de la filas policiales al ahora ocurrente, quien solicita se declare la nulidad del instrumento de cita y se lo reintegre a sus funciones en la Policía de la Provincia en el escalafón en vigencia, más el pago de los salarios caídos hasta la fecha de su reintegro, con el correspondiente beneficio de ascenso y aplicación de costas a la demandada. Que ingresando a la relación de hechos de la causa la actora expone que ingresó a la policía en el año 1991 cumpliendo su tarea eficientemente, hasta que en el año 2001 por motivo de persecución se le inicia sumario administrativo por supuesto cohecho. Dichas actuaciones, sugestivamente, se pierden en ámbitos de las Asesoría General de Gobierno; ordenada su reconstrucción no se logra recuperar el material probatorio agregado a las actuaciones originales, incorporándose sólo las resoluciones previas al Decreto que se ataca, por lo que tal acto Administrativo a criterio de la actora carece de motivación objetiva al no tener quien lo dicta conocimiento de las actuaciones en las que pretende fundarse. A continuación analiza diversas testimoniales afirmando que la Administración ha realizado una laboriosa tarea de invención de circunstancias por la que ha incurrido en violación sistemática del derecho de defensa, del debido proceso y desviación de Poder, afectando de tal modo su derecho de propiedad y su derecho al honor. Ofrece prueba, hace reserva del caso Federal y solicita que oportunamente se haga lugar a la acción.

Que a fs. 89 este Alto Tribunal declara su competencia para entender en autos. Que a fs. 101/117 obra informe de la Administración en el que se afirma la regularidad del Proceso sumarial y sancionatorio, solicitándose que en definitiva se rechace la demanda, con costas.

Que a fs. 127 vta. Se abre la causa a prueba, clausurándose el período a fs. 186 vta. Que a fs. 191/196 y 197/208 corren agregados los alegatos de las partes, y a fs. 210/214 luce dictamen del Señor Procurador General, ordenándose a fs. 215 el llamado de autos.

Que ello así la cuestión traída a decisión queda delimitada a la impugnación del Decreto N° 476/03 por considerar el accionante que el mismo carece de motivación objetiva al fundarse en resoluciones anteriores y no haber tenido a la vista el material probatorio por extravío de las actuaciones administrativas, en sede de la Asesoría General de Gobierno y antes de su dictado. Que antes de ingresar al análisis de la cuestión debatida, creo necesario recordar lo que tiene dicho la jurisprudencia en relación a los límites que debe observar la Jurisdicción Judicial en la revisión del ejercicio de las facultades disciplinarias de la administración, en tal sentido se ha sostenido que: "Aunque las potestades disciplinarias de la Administración sean reguladas, mientras no trasciendan los límites de lo legalmente autorizado o no se ofrezca su ejercicio como expresión de una merituación irrazonable, los criterios empleados, conservan, dentro de tales delimitaciones el trasfondo de una discrecionalidad adecuada a las razones ínsitas en la eficacia misma del servicio público con cuya prestación responsable se vinculen. La revisión Judicial, pues, debe encararse con criterio excepcional o restrictivo". También se ha considerado que: "La exclusión al control Jurisdiccional ... se justifica, por una parte, por la autonomía funcional de la Administración Pública, que está dotada de una Jurisdicción disciplinaria exclusiva ... y, por otra parte, por la posibilidad de una relajación de la disciplina y una pérdida de prestigio de la autoridad, si sus decisiones en materia disciplinaria, que incluiría menudencias sin importancia, estuvieran sometidas a una revisión que dilatara los efectos de la sanción" (a salvo por supuesto la hipótesis de incompetencia y violación de las formas sustanciales) C.S.J. Bs.As 10/12/79 y 13/04/81. Que a la luz de tal criterio restrictivo cabe analizar las actuaciones Administrativas que derivaron en el dictado del decreto cuestionado y que determinaba la baja de la institución policial de la ahora accionante. Que de las constancias obrantes en autos incorporadas por las partes y resultado de la reconstrucción de las actuaciones Administrativas dispuesta por la Asesoría General de Gobierno, entre ellas, Resolución interna N° 99/01 por la que se ordena sustanciación de sumario; Resolución interna N° 979/02 por la que la jefatura de la policía solicita al Poder Ejecutivo la baja del actor; Resolución interna N° 017/03 que rechaza recurso de consideración; Resolución ministerial N° 448/03 por la que el Ministerio de Gobierno rechaza recurso jerárquico y el decreto 476/03 que da de baja al actor, surge como primera cuestión el cumplimiento regular de las instancias en el ámbito Jurídico de una investigación sumarial y el cumplimiento de los principios del debido proceso y defensa en juicio, que resultan del respeto a las diversas fases del proceso y del ejercicio por el imputado en sede Administrativa de los recursos de Ley en protección de sus derechos. Por otra parte los diferentes instrumentos de cita lucen debidamente fundados al respetarse la lógica correlación entre su consideración y su consecuencia Jurídica. Que en cuanto a la incolumidad del principio de legalidad, no es admisible el argumento de falta de motivación argüido por la actora en virtud de que por la presunción de legitimidad establecido el Art. 38 del C.P.A., el material probatorio incorporado y valorado por los actos Administrativos que sirven de antecedentes al Decreto Ejecutivo de baja, deben considerase como parte integrante de aquellos actos y en consecuencia gozan de la presunción de legitimidad de las decisiones administrativas que concurren a conformar, no existiendo en autos redargución de falsedad y pruebas que la fundamenten que puedan generar la desvirtuación categórica de la legitimidad de la que gozan. Lo dicho me obliga a considerar las particulares circunstancias en que se produjo el extravío de las actuaciones administrativas originarias, coincidiendo en este punto con el pormenorizado análisis del señor Procurador General y que resulta de la evaluación de los testimonios colectados en la causa iniciada en la Asesoría General de Gobierno por el extravío, de ella surge la relación de amistad del coimputado Baigorrí con el ordenanza de Asesoría, del ingreso de Baigorrí a dependencias internas de Asesoría el día del extravío, que ese día el ordenanza fue el último en salir de las oficinas, que las llaves de la Asesoría se guardan en la guardia de la casa de Gobierno, que Baigorrí prestó servicios en tal dependencia y, por último, que el actor Ríos preguntó sobre la pérdida de las actuaciones el día posterior al hecho, cuando tales circunstancias sólo eran conocidas por el Asesor General, la Jefa de Despacho y la Jefa de Personal a la que pregunta el actor. Por último resulta por demás extraño que el actor, no habiendo colaborado en la reconstrucción del expediente, obligación que le cabía por el principio de buena fe procesal, pueda realizar tan pormenorizado análisis en su escrito de demanda de documentación supuestamente perdida y de cuyas copias también supuestamente carecía.

Por lo expuesto corresponde rechazar la demanda intentada, en tanto no le caben al Decreto cuestionado y a los actos administrativos que le sirven de antecedentes los vicios que se les endilgan, resultando por el contrario consecuencia natural y necesaria de un ejercicio regular de las potestades disciplinarias de la Administración demandada.

Que corresponde asimismo y por imperio del Art. 316 Inc. 1° del C.P.P. remitir copia de las actuaciones cumplidas para la reconstrucción del expediente Administrativo, incluyendo la testimonial obrante en autos, al Fiscal de Instrucción en turno a todos sus efectos. Con costas a la vencida (Art. 65, Ley Nro. 2403). A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Tocándome votar en segundo término, he de señalar que en autos Corte Nro. 120/03 "Baigorrí, Félix Alberto c/ Estado Provincial", he tenido la oportunidad de pronunciarme por idéntica cuestión a la aquí resuelta, por lo que existiendo conexidad objetiva de los hechos investigados e imputados a los oficiales recurrentes, me permitiré reproducir todo lo allí expuesto. En tal sentido, debo recordar que a través de la presente acción el actor procura se declare la ilegitimidad del Decreto 476/03 que dispone su baja de las filas de la Institución Policial, en razón de haberse determinado su responsabilidad en varios pedidos de coimas.

A tal fin aduce, que el acto administrativo impugnado no cuenta con motivación objetiva suficiente y ello debido a que los hechos imputados han sido falsos, y que el órgano emisor del mismo no contaba a la fecha de su dictado con las pruebas que avalen su decisión por encontrarse extraviadas las actuaciones administrativas, razón por la cual pide que aquél sea dejado sin efecto al no poder sustentarse válidamente en resoluciones administrativas previas.

Es dable consignar que en los considerandos del Decreto 476/03 se señala que por Resolución Interna Nro. 979/02, el Jefe de Policía de la Provincia, solicita la Baja del actor, por haber incurrido en falta grave prevista por el artículo 10º concepto genérico del reglamento del régimen disciplinario policial, siendo de aplicación lo previsto por el Art. 62º Inc. A) de la ley Personal Policial Nro. 244, modificada por similar Nro. 4661.

Como es sabido la técnica del control de los elementos reglados es una de las modalidades más útiles de control de la discrecionalidad, constituyendo una realidad insoslayable el hecho que los actos derivados de facultades discrecionales exijan con mayor razón la motivación ya que en su dictado entran en juego valoraciones y parámetros no previstos en el ordenamiento jurídico. En tal sentido, nuestro máximo Tribunal ha expresado que: "El control judicial de los actos denominados tradicionalmente discrecionales o de pura administración, encuentra su ámbito de actuación en los elementos reglados de la decisión, entre los que cabe encuadrar, esencialmente, a la competencia, la forma, la causa y la finalidad del acto. La revisión judicial de aquellos aspectos normativamente reglados se traduce así en un típico control de legitimidad imperativo para los órganos judiciales en sistemas judicialistas como el argentino ajeno a los motivos de oportunidad, mérito o conveniencia tenida en mira a fin de dictar el acto.

Criterio que es compartido por la jurisprudencia al resaltar el rol de la motivación en casos en los que especialmente se limitan derechos o se imponen sanciones, en razón del conocimiento que la persona afectada debe tener de los antecedentes que justificaron la limitación de sus derechos o la aplicación de la sanción.

Estimo que el análisis de la cuestión ha de comenzar por establecer si resulta razonable que la Administración sustente su decisión en resoluciones administrativas previas las que valorando el material probatorio incorporado a las actuaciones extraviadas, han aconsejado la baja del actor de la Institución Policial.

En tal sentido, cabe señalar que por Resolución Nro. 99/01 se ordena la sustanciación del sumario administrativo. Que el hecho investigado ha sido el descrito en el Art. 10 "Concepto Genérico" del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial. Que por Resolución 979/02 el Jefe de Policía solicita en base a las razones que allí se exponen, la baja del actor de la Institución Policial. Que posteriormente y ante el planteo del recurso de reconsideración, por resolución debidamente fundada no se hace lugar al recurso presentado, siendo notificado de ello el actor; y luego por Resolución Nro. 448/03 el Ministro de Gobierno rechaza el recurso jerárquico. Ante ello se presenta el actor ante el Gobernador de la Provincia cuestionando nuevamente y solicitando la nulidad de la Resolución Nro. 979/02, por la que se solicita la baja. Finalmente y previo dictamen de Asesoría de Gobierno, se emite el Decreto Nro. 476/03. Del relato efectuado infiero fácilmente el cabal cumplimiento de las reglas del procedimiento y en especial el respeto a la garantía del debido proceso, lo que implicó que el actor haya tomado conocimiento de las actuaciones, haya tenido la oportunidad de expresar las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto y desde luego también después interponiendo los recurso y reclamos correspondientes.

Por lo que, la decisión adoptada aparece como una consecuencia lógica y necesaria de un procedimiento donde se han comprobado y merituados los hechos imputados, de ahí que carezca de sustento el argumento esgrimido en torno a la falta de motivación del acto administrativo, pues sabido es que a los fines de realizar un auténtico control, su examen no deberá limitarse a un análisis meramente formal, sino que habrá que indagar la cuestión sustancial o material.

Con ello quiero expresar que en el sub lite deberá vincularse necesariamente la causa o antecedente de hecho y de derecho tenido en cuenta por la Administración, con los actos preparatorios del acto administrativo en especial con la Resolución Nro. 979/02 del Jefe de Policía, en la cual se explicitan en forma pormenorizada las razones por la que se aconseja la baja del actor, todo ello en consideración a la finalidad que ha debido inspirar el obrar de la Administración. Siendo ello así, he de concluir que las resoluciones administrativas utsupra mencionadas han integrado y justificado racionalmente el Decreto 476/03. Por lo expuesto corresponde rechazar la demanda, con costas. Así voto. A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Herrera dijo:

Mis dos colegas dan acabada respuesta a los cuestionamientos que realiza el actor vía contenciosoadministrativa de plena jurisdicción y de ilegitimidad, siendo absolutamente redundante la emisión de cualquier argumentación por mi parte. Que en consecuencia voto por la desestimación del recurso. En el único supuesto de disenso, la remisión de las actuaciones por la pérdida del expediente en la Asesoría General de Gobierno, comparto la tesitura de quien vota en primer lugar acerca de la remisión de las actuaciones a al justicia penal. Es mi voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe.

San Fernando del Valle de Catamarca, de Marzo de 2.006.

Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción y de Ilegitimidad o Anulación interpuesta.

2) Con costas a la parte actora.

3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello. 4) Por Secretaría procédase a extraer las copias pertinentes de las actuaciones cumplidas en Asesoría General de Gobierno con motivo de la reconstrucción del expediente administrativo, incluyendo la testimonial obrante en autos, a la Fiscalía de Instrucción en turno, a todo los efectos. 5) Protocolícese, hágase saber, y firme o ejecutoriada por Secretaría procédase a la devolución al Organismo correspondiente de la documental agregada por cuerda al principal y archívese.