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República de Serbia, Corte Europea de Derechos Humanos, competencia en razón del tiempo, muerte de un hijo, ilegalidad continuada
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto Zorica Jovanovic c. Serbia - Desaparición de recién nacido en centro médico - Derecho familiar a conocer lo sucedido con el niño c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Bajo Rin
Fecha: 2013-03-05

Resulta competente la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso que se demanda a Serbia por hechos sucedidos con anterioridad a que el Convenio Europeo entrara en vigor en marzo de 2004, pues el cuerpo del recién nacido que desapareció en el centro médico dos días después de su nacimiento -31 de octubre de 1983-, alegando los médicos su muerte, no sólo nunca fue entregado a su familia sino que tampoco existe registro alguno de su deceso, persistiendo el Estado en negarle a los demandantes información definitiva sobre lo ocurrido a su hijo en las distintas causas iniciadas por sus padres entre 2006 y 2010, razones por las cuales siguen teniendo derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido, configurando agravio concreto en razón de verificarse la continuidad de tales situaciones hasta el presente.
Responsabilidad del deudor, costas, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: D. N., N. M.  c/ C. I. P. s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

"Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".
Disminución de la pena, tenencia ilegítima de armas de uso civil
Materia: PENAL
Carátula: BAEZ BRIZUELA, Fulgencio c/  s/ Portación de arma de guerra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-19

Para que proceda la reducción de la escala del tipo atenuado prevista en el art. 189 bis, inc. 2º, parr. 6º, CP, se requiere que de las circunstancias de hecho y las condiciones personales del autor, resulte "evidente" la falta de intención de utilizar el arma portada con fines ilícitos. El Diccionario de la Real Academia Española define el vocablo "evidente" como aquello que es "cierto, claro, patente y sin la menor duda", de manera que tomando en consideración tales conceptos, la atenuante será de aplicación sólo cuando exista certeza negativa acerca de una finalidad ilícita en cabeza del autor. Cuando falte esa certeza que exige el tipo penal atenuado, subsistirá la duda en torno al ilícito eventual, que sin embargo no es duda que beneficie al imputado en los términos del art. 3º CPPN (voto del juez Bruzzone) Cita de "Ocampo", Sala 1, Reg, nro. 1326/2017 resuelta el 13 de diciembre de 2017
Recurso de casación penal, inadmisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: J., J. M. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-03-11

...si el recurso de casación necesita para su admisibilidad formal la cita concreta de las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas, con expresión de la aplicación que se pretende -conforme art. 421-, no equivale a cumplimentar dicha carga la mera introducción del gravamen que involucra al C.P.P., art. 363 inc. 3º, pivoteado para explicar una supuesta carencia de fundamentación del fallo en que dos declaraciones prestadas en el proceso por la damnificada serían contradictorias en puntos capitales, desde que, indemostrados esos extremos viciosos y su eficacia, tampoco se demuestra la pertinencia del canon ritual presuntamente conmovido, con daño a uno de los requisitos rigurosos exigibles en el medio empleado.
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Luz Verde S.R.L. c/ Ledesma Amilcar y otra s/ Cobro Ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

El plazo para deducir la nulidad de la subasta debe computarse desde Que el interesado está en condiciones de conocer el texto de los edictos o desde la fecha de la *ltima publicación si se trata de irregularidades anteriores al acto de la subasta en sí. Si bien los edictos instrumentan ante todo un medio de propaganda, constituyen además una forma de notificación para todos los interesados, incluidas las partes.
Nulidad de sentencia, tribunal colegiado, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Cantarini, Cintia P. c/ Pérez, Enrique O. y otra s/ daños.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-02

Corresponde declarar nulo, e inexistente como fallo de cámara, el pronunciamiento suscripto por dos de los integrantes de la sala, sin que la mención de la ausencia circunstancial del tercer miembro alcance a configurar algún supuesto de excepción al funcionamiento de los tribunales colegiados.
Competencia contencioso administrativa, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sosa, Sergio Héctor c/ Municipalidad de San Francisco s/ abreviado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-10-31

A los fines de determinar si las cuestiones resultantes de un contrato son de competencia contencioso administrativa, corresponde considerar el elemento finalidad de ese contrato, que convertirá en administrativo al mismo más allá del nombre que le hayan dado las partes, pudiendo evaluarse también los antecedentes en los cuales se celebró el acuerdo, si la contratación compromete el patrimonio estatal, así como la presencia de un régimen de derecho público
Acción de amparo, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Figueroa, Rosario Evangelina c/ Colegio Profesional de Martilleros Públicos s/ amparo, recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-03-10

Resulta procedente declarar la inconstitucionalidad del art. 48 inc. a) de la Ley 7629 y ordenar al Colegio Profesional de Martilleros cumplir con la inscripción de una persona que cuenta con título habilitante y detenta un derecho adquirido a ser considerada martillero público, hubiese o no ejercido la profesión, toda vez que la norma al diferenciar entre aquellos que dieron cumplimiento al trámite administrativo ante el Registro Público de Comercio con quienes no, por las razones que fueran, resulta atentatoria de los derechos a trabajar, art. 14 y de propiedad, art. 17, consagrados en la Constitución Nacional, pues la irrazonabilidad se muestra manifiesta frente a quien, por cuestiones privadas, decidió no ejercer la actividad inmediatamente de obtenido su título habilitante y, luego, al pretender con posterioridad desarrollar su profesión se ve impedida de ello frente a un cambio de legislación y por no haber tramitado, cuando aún no pretendía ejercer, un requisito de índole administrativo para quienes efectivamente pretenden desarrollar en lo inmediato su carrera profesional.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juan Luis Strada c/ Ocupantes del perímetro ubicado entre las calles Dean Funes, Saavedra, Barra y Cullen s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

Cuando las partes consideren que las vías previstas en el ordenamiento local quedan, para el caso concreto, terminadas con la intervención de las instancias inferiores de la justicia provincial, deberán exponer las razones pertinentes al interponer el recurso extraordinario federal, cuya concesión o denegación habrá de fundamentar, también en ese aspecto, el tribunal de la causa.
Sucesiones, tasa de justicia, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arrastúa Alicia Juanita s/ Sucesión ab-intestato.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-20

Mientras el art. 277 del Código Fiscal establece un procedimiento específico para la valuación de los inmuebles (a los efectos de pago de la tasa por servicios judiciales)partiendo de la pertinente declaración jurada y remisión a la Dirección de Rentas para que establezca forma y determinación de los valores computables, se fija concretamente un porcentaje preciso -diez por ciento-(10%) sin apelar a procedimiento evaluativo alguno. Ello es entendible dada la variabilidad y comoplejidad de tasar todo tipo de muebles y al sólo efecto del pago de aquella tasa, ya que no se trata aquí de los supuestos previstos por los arts. 756 y 757 del CPC. Se ha configurado así una ficción legal, globalizando en tal porcentual la pauta, atendiendo a una finalidad recaudadora de más fácil estructuración. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ESPINA DE JOURNADE, MARIA MAFALDA s/ SENTENCIA R0006230
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1979-08-10

Los alcances del art. 412, inc. 5to., C.P.P., se reducen al supuesto de que uno de los jueces no pudiere suscribir la sentencia luego de su redacción, en cuyo caso aquélla valdrá sin esa firma, siempre que se acuerde públicamente .

El impedimento producido antes de la lectura no puede ser impeditivo de la presencia del miembro en dicha sala, pues de lo contrario el acto sería nulo.-
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: T., H.E. y Otros c/ L. 28 J. SCTTL s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-26

Este Cuerpo sentó doctrina al dictar la SD Nro. 2/SRE/99, afirmando que es posible su planteamiento cuando los fallos provengan de una misma Cámara, pero de distintas Salas. Así lo sostuve en mi voto en la sentencia mencionada al expresar que: "Si en aquel entonces -refiriéndome a la SD Nro. 6/83- se abrió la casación, utilizando un criterio amplio en el caso de tratarse de una misma Cámara pero con diferente integración, hoy, cuando en las ciudades de Comodoro Rivadavia y de Trelew, están funcionando Cámaras de Apelaciones integradas por dos Salas, al no haber previsto la legislación la unificación de criterio mediante la implementación de fallos plenarios, se justifica, en mi opinión, ampliamente el apartarnos del criterio que volcáramos en los antecedentes citados (SD Nro. 5/91, 38/92, 17/98; SI Nro. 44/91, 212 y 224/94) e interpretar que cuando el inc. "a" del art. 288 del C.P.C.C., dice: "otro Tribunal", se está refiriendo a otra Cámara o a la otra Sala del mismo Tribunal".
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Domínguez, Alejandro G.; Zalazar, Ramón L.; Almada, Mario F. s/ Homicidio y robo en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia violación de los arts. 156 de la Constitución de la Provincia, y 72 inc. 2º del Código Penal y 92 inc. 7º del Código de Procedimiento Penal, sosteniéndose que la Cámara ha omitido expedirse sobre un hecho, si la supuesta obligación de tratamiento que se dice incumplida -que se refiere a un hecho distinto del juzgado y que no fuera oportunamente reclamada- devendría de la que el recurrente estima correcta aplicación de los textos legales que invoca, materia ajena a la vía intentada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho administrativo, acto administrativo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Transportadora   de   Gas   del   Norte   S.A. c/ Resoluciónl/587/08-ENARGAS (Expte 14274/08)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-23

Se exige un criterio estricto para la interpretación de la competencia. Ello parte del principio según el cual "ninguna competencia puede existir en el ámbito del derecho administrativo sin una regla de derecho que la regule" Villegas Basavilbaso, Benjamín: Derecho Administrativo, T. II T.E.A., Buenos Aires, 1950, p. 259), lo que lleva a que las reglas concernientes a aquélla sean "interpretadas y aplicadas muy estrictamente" (Diez, Manuel María: Derecho Administrativo, t II, 2a ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1976, p. 37) (Del voto del juez Coviello).
Prisión preventiva, plazo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VAZQUEZ CRISTIAN FABIAN s/ ROBO - VIOLACION DE DOMICILIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-11-10

Conforme lo dispone el art. 345 C.P.P., la prisión preventiva debe dictarse en un plazo no mayor de diez días. Siendo pacífica la jurisprudencia de esta Cámara de Acusación, en el sentido de que este plazo es ordenatorio, ello adquiere nueva y dinámica importancia con relación al orden sistemático que propicia el nuevo Código Procesal Penal. Esto es así, si se toma en cuenta lo dispuesto por el art. 1ro. del C.P.P. (el proceso no podrá durar más de dos años); el art. 182 C.P.P. (si el imputado estuviere privado de su libertad serán fatales los términos de los arts. 1ro., 337 y 346 C.P.P.); el art. 346 C.P.P. (la investigación debe realizarse en un plazo de tres meses en causas no complejas); el art. 350, inc. 5to. C.P.P. (el sobreseimiento procede cuando es evidente que vencieron todos los términos de la investigación penal preparatoria y la causa se encuentra con falta de mérito y no fuere razonable prever la incorporación de nuevas pruebas) a lo que se agrega que de acuerdo al art. 269 C.P.P. debe mantenerse la libertad evitando la empleo injustificado de medidas de coerción.

En el caso, el imputado fue aprehendido en flagrancia el día 30/9/95 y quedó desde entonces privado de su libertad, la causa siguió tramitándose y ante un pedido de cese de prisión solicitado por la defensa (con fecha 10/10/95) se rechazó el pedido de recuperación de libertad, por ello se recomienda al juez de instrucción que deberá extremar su esfuerzo y dedicación a los fines de compatibilizar en la etapa instructoria -según la complejidad de la investigación penal- la discrecionalidad que revisten los plazos procesales con la libertad de los sometidos a proceso, en virtud de un principio de raigambre constitucional.
Fuerzas de seguridad, adicional por título
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cortijo, Rubén Omar c/ Ministerio de Seguridad y otros s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-16

La terminología legal "suplemento por título" en singular y el hecho de que la escala del porcentaje de percepción se encuentra dispuesta en sub incisos enumerados I, II y III del inciso c) del artículo 77 de la 19.349, lleva a considerar que no corresponde la acumulación de títulos, sino que corresponde que se perciba solamente el porcentaje correspondiente al título de mayor cuantía.
Concurso de delitos, pena
Materia: PENAL
Carátula: T., S.M.;C. R.D.; D., J.C. s/ Robo Simple en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-08-03

No es atributivo de competencia el concurso material de delitos por la suma de los máximos. La consecuencia de esta disposición procesal posibilita que un juez correccional dicte una sentencia aplicando una pena que exceda lo que constituye el límite de su competencia. Es el caso de juzgamiento de varios delitos menores comprobados a un reincidente, porque la competencia se fija teniendo en cuenta la entidad cuantitativa de cada delito separadamente.
Jurisdicción, requerimiento de elevación a juicio, dictamen fiscal, descripción de los hechos, reenvío
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C., N.F. - I., O.A. s/ Hurto Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-22

La jurisdicción, salvo los casos que contemplan las mismas normas vigentes, queda fijada por los hechos de la requisitoria fiscal y si los eventos presentados por el Ministerio Público discrepan con los que resultan del debate, los vocales ceñirán su Ministerio a los mandatos del ritual, no absolverán -menos condenarán-, simplemente dispondrán la remisión del proceso al juez competente.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, falsificación de documentos, estafa
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN RICARDO MANCINELLI. s/ FALSIFICACION MATERIAL Y ESTAFA    JURISDICCION Y COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-14

Para que exista una concreta contienda negativa de competencia es presupuesto necesario que los tribunales intervinientes se atribuyan recíprocamente el conocimiento de la causa, lo que no suceden la especie en tanto el juez provincial consideró competente a su igual de la Ciudad de San Martín, a quien en ese caso debió remitirla.

Cabe recordar que cuando los tribunales de una jurisdicción se inhiben por entender que la causa corresponde a los Jueces de otra, no pueden estar obligados a remitirla al tribunal competente de acuerdo con el derecho procesal de esta última sede judicial, cuya interpretación y aplicación es ajena a los jueces de la primera en el caso, habiéndose declarado incompetente el Juez Nacional en lo Penal Económico, el Juez en lo Penal de Morón rechazó la declinatoria por entender que, de haberse producido las sucesos de falsificación material y estafa, la jurisdicción criminal estaría dada por el lugar donde se cometió el delito es decir en el Departamento Judicial de San Martín.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, expresión de agravios, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ozafraín, Horacio M. y otros c/ BCRA. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

La circunstancia de que el agravio remita al examen de materias de índole procesal no constituye óbice para revisar lo resuelto por la vía establecida en el art. 14 de la ley 48, si la alzada ha excedido el límite de su competencia apelada con menoscabo de garantías constitucionales (art. 17 y 18 de la Constitución Nacional).
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Amado, Anacleto Pedro s/ Sucesión testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

La declaración de legítimo abono que sólo es admisible cuando media conformidad expresa de los herederos, no constituye un incidente desde que no existe controversia de ahí que las costas son siempre a cargo de cada peticionario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y garantías constitucionales, alimentos, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: R., A.M. c/ R., A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-12-01

El derecho alimentario, de raigambre constitucional, es ".reconocido no sólo por encontrarse implementado en normas de fondo, sino que su existencia deviene desde el mismo nacimiento del alimentado. Sin embargo, cuando este derecho pretende hacerse efectivo, limita su alcance a la fecha de la interposición de la demanda, tal la manda del artículo 644 del C.P.C. y C., el cual, en su primer párrafo in fine, establece que: Admitida la pretensión, el juez fijará la suma que considere equitativa y la mandará abonar por meses anticipados, desde la fecha de interposición de la demanda".
Prestaciones básicas para personas con discapacidad, establecimientos geriátricos, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: F. A. c/ COBERMED s/ Sumarísimo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-03

En los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resulta suficiente para tener por acreditado el peligro en la demora en orden a la procedencia de una medida cautelar, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan, de modo que la medida sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto.
Menores, tutela
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARTINEZ, CLAUDIO s/ ROBO - DAÑO - TENTATIVA DE ESTAFA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-01

Si el hecho enrostrado fue cometido cuando el reo tenía diecisiete años de edad y el proceso en su contra se reanudó cuando aquél había superado los dieciocho años, resulta dispensable el requisito del tratamiento tutelar que requiere la referida ley.

No corresponde revocar la sentencia apelada ya que las exigencias del art. 8 de la ley 22.278 se encuentran satisfechas con los negativos antecedentes del reo, sumado a la rebeldía dictada en la causa en la que se expide el Tribunal y los restantes elementos de juicio colectados.

Es admisible que en forma simultánea se declare la responsabilidad del procesado menor de edad y se le aplique pena -sin que ello implique vulnerar el régimen que regula el caso- ya que parece irrazonable que quien cuenta ya con veintidos años de edad y se halla condenado en otras causas a la pena de prisión aún no vencida, deba esperar que se agote esa condena para luego ser sometido a un tratamiento tutelar que se presentaría como absolutamente inadecuado a su edad y antecedentes., y cuya aplicación desnaturalizaría el sentido tuitivo que en la ley poseen ese tipo de medidas, que aquí aparecen por completo inoperantes. (Del voto del Dr. Barral en disidencia.)
Derechos de exportación, nomenclatura común del Mercosur, delegación de facultades a la Administración, aplicación de la ley, ley vigente
Materia: ADUANERO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-15

La ley 25.645 -aprobación de legislación delegada- carece de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable -como la resolución 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura-, que estableció derechos de exportación del 10% y el 5% sobre las mercaderías que indica comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur, pero no existe razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia, por lo cual su invalidez se circunscribe al período comprendido entre el 5 de marzo de 2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el 24 de agosto de 2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga a su contenido rango legal. --Voto de los jueces Lorenzetti, Fayt y Maqueda-.