Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-06


Comodoro Rivadavia seis de abril de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "G., H. O. y Otra c/ PROVINCIA DEL CHUBUT y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Expte Nº 15.481/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, Secretaría Nº 4 (Expte Nº 475/2005).

I.- Que llegan las presentes actuaciones a estudio de esta Sala por haber interpuesto la parte actora, a fs. 638, recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de fs. 636/637 vta. que rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva de la Provincia demandada y admitió la excepción de falta de habilitación de la instancia interpuesta a fs. 269/272 vta. y en consecuencia rechazó la demanda contra la Provincia del Chubut.

Que a fs. 641/655 la actora presenta memorial de expresión de agravios. Se agravia, postulando la nulidad del fallo por carecer de fundamentación.

Señala que esa carencia le impide conocer el razonamiento lógico desarrollado por el a quo para desestimar la excepción de falta de legitimación para obrar de la Provincia por lo que resulta nula.

Con relación a la excepción opuesta por la codemandada de falta de habilitación de la instancia, sostiene que el a quo hace lugar a la misma con la simple transcripción de una sentencia del Superior Tribunal de Justicia alegando que resulta ser doctrina legal, sin haber merituado la prueba ofrecida por la propia recurrente, resultando nula la sentencia que omite decidir sobre cuestiones esenciales.

Entiende en consecuencia, que la sentencia recurrida es arbitraria.

Subsidiariamente, sostiene que resulta inaplicable la doctrina legal sentada en "H. G." y de ser ello así, la reclamación administrativa en autos resulta un ritualismo inútil, dado que de la propia prueba acompañada por la Provincia excepcionante (Expediente 2525/99 del Ministerio de Educación) surge que la demandada tuvo conocimiento oportuno de los hechos, que luego, al contestar la demanda los negó.

Señala que de esa prueba producida por la actora surge que el reclamo previo resulta un privilegio de la Administración, injusto e irrazonable, extremo que debería haber valorado la sentencia en crisis.

Formula reserva del caso federal.

A fs. 659 contesta el memorial la Provincia del Chubut solicitando la confirmación del fallo apelado.

II.- Adentrándonos en la cuestión a resolver, corresponde en primer término abordar el tratamiento del rechazo de la excepción de falta de personería opuesta por la actora.

A fs. 57 se presenta el Dr. D. O. H. como apoderado de la Provincia del Chubut, acompañando un poder general para juicios otorgado por el entonces gobernador Dr. Néstor Perl el 25 de Abril de 1988.

A fs. 276/282, la actora opone excepción de falta de legitimación para obrar, en el entendimiento que el poder invocado por el letrado no fue otorgado por el Fiscal de Estado, único órgano facultado para intervenir en juicio en representación de los intereses de la Provincia a tenor de la norma contenida en el art. 215 de la Constitución del Chubut. Solicita en consecuencia, que se tenga por no contestada la demanda instaurada y se ordene el desglose y devolución del escrito.

Que sin perjuicio de la falta de fundamentación del a quo, respecto del rechazo de la excepción de marras, y de la conclusión a la que más adelante se arriba respecto de la excepción opuesta por la Provincia codemandada, corresponde dar adecuada respuesta a la defensa opuesta por la actora.

La Provincia del Chubut a fs. 338/339, manifiesta que el art. 215 de la Constitución Provincial no fue modificado en la reforma de 1994, y por imperio de la ley 72 -vigente al momento de la presentación- el poder otorgado por el Gobernador de la Provincia es válido.

Ello, porque a tenor del art. 10 de la mencionada ley, el Gobernador como representante natural de la Provincia, se halla facultado para la designación de los letrados que representarían a la misma en juicio.

Que como prueba de la vigencia de la disposición de la regla contenida en el art. 215 de la ley suprema local en el momento del otorgamiento del poder (año 1988), la representación de la provincia en juicio debía hacerse bajo las instrucciones que fueran impartidas por la Fiscalía de Estado (ver fs. 53).

Que en apoyo de ello, obra en autos, constancia de la documentación remitida al letrado apoderado, por la Fiscalía de Estado para la contestación de la presente demanda (ver fs. 337). Tal documentación fue acompañada por la codemandada Provincia del Chubut con fecha 18 de octubre de 2001.

A tenor de lo dicho, la defensa opuesta por la actora, no resulta viable, no correspondiendo desglosar el escrito de contestación de demanda y tener por no contestada la acción como pretendiera la actora.

Corresponde señalar que con fecha 2 de enero de 2004, -con posterioridad a la oposición de la defensa y correspondiente contestación- se promulgó la ley provincial Nº 5117 que establece el nuevo marco normativo y regulatorio de la Fiscalía de Estado y deroga expresamente la ley 72 (art. 23).

La nueva normativa dispone que al Fiscal de Estado le compete intervenir en juicio en representación de los intereses de la provincia (art. 1 ley 5117 y 215 Const. Pcial) y que podrá encomendar la representación procuratoria en los juicios que se ventilen en la Provincia del Chubut a los funcionarios letrados de la Fiscalía u otros abogados dependientes del Estado, mediante el otorgamiento del Poder General y/ o Especial extendido por Escribanía General de Gobierno o mediante simple Nota poder (art. 10), y si bien en su art. 23 deroga la ley 72 con lo cual se deja sin efecto la facultad que otorgaba al Poder Ejecutivo para proveer la designación de letrados, lo cierto es que no prevé la caducidad de los mandatos otorgados con anterioridad a la vigencia de la nueva ley. En consecuencia, habiéndose presentado a este proceso la provincia del Chubut con poder vigente y válidamente otorgado (a ese momento) por el entonces Gobernador de la Provincia no resulta viable, se reitera, en el sub-judice la falta de personería opuesta.

III.- Respecto del agravio referido a la solución propuesta para hacer lugar a la excepción de falta de habilitación de la instancia deducida por la Provincia codemandada, hemos de señalar que se queja la recurrente por cuanto no se valoró la prueba producida.

Que del examen de las constancias del mencionado Expediente del Ministerio de Educación cuyas copias obran agregadas a la causa (fs. 85/268) y su confronte con lo resuelto en autos, demuestra que no existen motivos que autoricen la revisión del pronunciamiento en crisis.

En este orden de ideas, es dable señalar que conforme lo tiene dicho nuestro máximo Tribunal citando a Liliana Graciela Fleksers, en su trabajo publicado en LL el 23-04-94, que el reclamo administrativo previo "se inscribe en la vía reparatoria, que permite al particular -además de impugnar un acto administrativo de alcance individual o general- demandar el pago de sumas de dinero". Y desde que esto último habilita la acción civil -reparatoria, resarcitoria, reinvindicatoria, de repetición.- el art. 138 del Dto. ley 920, lo hizo exigible como "requisito previo a toda clase de acciones fundadas en el derecho común., bajo el epígrafe de la reclamación resarcitoria" (STJ 19-09-96)".

La regla es la exigibilidad de la reclamación previa y cuando se trata de acciones civiles . ha de acatarse el Dto. ley 920, siempre salvo que las normas comunales dispusieren lo contrario (STJCH H. G.a N. c. Provincia del Chubut y otro s/ Sumario (daños y perjuicios). Expte Nº 17103/1999)".

En el sub-lite no se evidencia del Expediente del Ministerio de Cultura y Educación, actividad alguna de los aquí actores, que permita tener por configurada ninguna de las alternativas previas a las que se ha hecho referencia.

Repárese que dicho Expediente iniciado por la Supervisión General Técnica de Educación General Básica para deslindar responsabilidades por el hecho ocurrido el 9 de octubre de 1998, en el que los aquí actores no tuvieron ninguna intervención, no es válido para pretender que constituye un reclamo administrativo previo, aún cuando se ha dicho que "el reclamo es simple, sin fórmulas sacramentales" (Del voto del Dr. Royer el precedente "H. G.").

Claramente la ley 920, en su art. 140 establece que: "La reclamación deberá presentarse por escrito ante el ministerio del ramo o ante el órgano superior del respectivo ente autárquico.", extremo que no se verifica por el hecho que el propio Ministerio inicie sumario administrativo frente a hechos u omisiones que importen transgresión a normas legales o reglamentarias en que aparezcan directa o indirectamente involucrados agentes de la Administración Pública Provincial (art. 1 Ley 1510).

Corresponde en este sentido diferenciar el interés de la Administración a fin de investigar hechos que afecten su patrimonio, su imagen pública, la eficiencia de los servicios que ella presta o que de cualquier modo impliquen un perjuicio actual o potencial para la misma, con el interés del particular de obtener un resarcimiento o indemnización por hechos que pudieren dar lugar a la investigación por parte de la Administración.

El art. 138 de la ley 920 dispone como requisito previo el reclamo administrativo para habilitar la instancia. Esto es, se requiere el mismo como un recaudo más para ejercer la acción en sede civil, cuando el objeto es la reparación del supuesto daño sufrido basado en el derecho común.

En este contexto no corresponde sostener como pretende el actor que el sumario instruido por el Ministerio de Educación en ejercicio de funciones disciplinarias, tuvo los efectos del reclamo previo exigible legalmente, máxime que del documento acompañado no indica el agotamiento de la vía administrativa.

Es más, todo indica una apertura investigativa dentro de las facultades propias de la administración y a los fines de determinar responsabilidades administrativas y patrimoniales que pudieran corresponder al personal de la Administración Pública Provincial, y, en todo caso, tratándose de hechos delictuosos en los que haya tomado intervención la autoridad competente, para aportar elementos de juicio (Cfe. art. 3 ley 1510).

No existe declaración de voluntad administrativa, menos en función de lo demandado en autos cuya decisión causa estado por el recurso que finalmente se interponga ante la administración o por el transcurso del plazo sin pronunciamiento (art. 130 ley 3098) y jurisprudencia dominante: "C. M. y Cía. S.C.- N. y C. E. S.R.L.-UTE c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA s/ RECURSO CONTENIOSO ADMINISTRATIVO" Expte Nº 18623-C-2002 STJCH).

Se queja también el actor en cuanto la doctrina legal sentada en "H. G." no resulta aplicable al caso por constituir, en lo concreto, un ritualismo inútil.

Para dar respuesta a ello, ha sostenido esta Cámara de Apelaciones (Sent. Interl. 28/05 Sala A) que el reclamo previo constituye un recaudo necesario para habilitar la jurisdicción, exigencia impuesta con "imperium", más allá de adherirse a la postura de la utilidad o no del reclamo previo, ésta vía es impuesta ministerio ley y no cabe admitir excepción si la misma ley no lo establece. "En términos más claros, el derecho provincial no habilita al juez a discernir si en el caso que analiza la reclamación es un ritualismo o no, como sí ocurriría antes en el marco de la Ley Nacional 19.549. El requisito es exigible para habilitar la instancia civil ordinaria con prescindencia de su utilidad, y sólo cuando el Estado renuncie al derecho a oponer la excepción o defensa -puesto que es renunciable (SD Nº 29/SRE/00, 8/ SRE/01)- podrá desatenderse la exigencia" (STJCH, Expte. Nº 18.689-M-2002, "M. C. y Otra c/ PROVINCIA DEL CHUBUT y Otro s/ SUMARIO" 9/SRE/03, 26/08/2003).

A mayor abundamiento, bástenos agregar lo sostenido por los propios Ministros del Superior Tribunal -en anterior composición- quienes expresamente dedicados a la función que como unificador de la jurisprudencia de los Tribunales inferiores le corresponde a ese Alto Cuerpo, marcaron la que en definitiva es la doctrina legal aplicable sentando en el citado fallo, que la misión de la justicia no es sustituirse en las facultades del Legislador y mientras el poder atribuido por la Constitución no imprima modificaciones ni autorice excepciones, el presupuesto de la reclamación previa debe ser exigido (Voto del Dr. Pasutti) y más adelante el Dr. Torrejón dijo: "Puedo concordar con el Dr. Pasutti, en que la norma merecería revisarse, si es que se considera que ya no cumple, tal como está redactada, sin excepción ninguna- la finalidad a la que sirve. Mas no es esta tarea de la justicia sino del Poder Legislador. Por ahora, insisto, el recaudo de la reclamación previa puede entenderse un privilegio en sentido propio -y así lo ha utilizado este Cuerpo y la Corte Nacional cuando lo califica en sus decisorios- pero no es éste el referido por la norma constitucional".

Por todo lo expuesto corresponde rechazar los agravios y confirmar la sentencia venida en apelación en cuanto fuera materia de recurso por la parte actora.

IV.- Las costas de esta instancia, a tenor de cómo se resuelve la cuestión, serán impuestas a la actora apelante vencida por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPr.). Se regulan los honorarios profesionales de acuerdo a la labor desarrollada, celeridad procesal, monto del proceso de acuerdo a las pautas previstas por los arts. 6, 7, 39 y 14 de ley de aranceles 2200, t.o. 4335).

Por ello la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1)Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 638 y confirmar la resolución de fs. 636/637 vta.

2)Costas de la Alzada a la actora perdidosa. Regúlanse los honorarios correspondientes a los Dres. D. O. H. e I. A. M. en la suma de pesos doscientos ochenta ($280) y los de la Dra. V. H. en la suma de pesos ciento cincuenta ($150).

3)Regístrese, notifíquese y devuélvase. Fdo.: Nélida Susana Melero, Presidente.- Graciela Mercedes García Blanco, Juez de Cámara.- Marta Susana Reynoso de Roberts, Juez de Cámara.- REGISTRADO BAJO EL Nº 55 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS