Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-15


------En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los días del mes de diciembre del año dos mil diez, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia del subrogante legal del Dr. Jorge Luis Früchtenicht y la asistencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Claudio Alejandro Petris y de la Sra. Juez de Cámara Subrogante Claudia Lía Melidoni, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "T. C., J. M. c/ A. C. de la E. E. A. T. s/ Laboral" (Expte. N° 123/10 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

------Practicado a fs. 543 el sorteo establecido por el art. 271 de la Ley XIII N° 5 del Digesto Jurídico provincial, antes Ley 2203, y atento lo dispuesto a fs. 582 correspondió el siguiente orden para la votación: Dres. PETRIS - FRÜCHTENICHT - MELIDONI.---- ------Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 506/512vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

------A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. PETRIS dijo:

------Contra la sentencia definitiva dictada a fs. 506/512 apeló el actor a fs. 516 y expresó agravios a fs. 518/524 los que merecieron la respuesta de la contraria a fs. 531/536.

------La sentencia dictada por el juez "a quo" rechazó en todos sus términos la demanda laboral deducida por el actor Sr. J. M. T. C. contra la A. C. de la E. E. A. T. en virtud de que el despido indirecto protagonizado por el trabajador resultó incausado o injustificado desestimándose los rubros derivados del mismo y que fueran peticionados a fs. 7, imponiendo las costas del proceso a la accionante perdidosa. ------- ------El actor se agravió de dicha decisión jurisdiccional mediante la pieza recursiva que obra glosada a fs. 518 y ss., focalizando sus quejas en dos aspectos: por un lado en el rechazo del despido indirecto contenido en la sentencia puesta en crisis y por el otro en el rechazo de las diferencias salariales del trabajo a destajo que se reclamaran y que merecieran idéntico resultado.

------Luego de centrar sus agravios procedió a desarrollar las críticas mediante la utilización de una técnica de interrogación que por momentos no reúne a mi juicio la correcta. Así utilizó interrogantes tales como ¿debió pedir aclaración de su situación laboral bajo apercibimiento de darse por despedido?, ¿es razonable que el empleado solicite a la patronal que se le aclare la situación de despido incausado -pues todo despido verbal es incausado-, bajo apercibimiento de darse por despedido? , ¿quería el actor colocarse en situación de despido?, ¿debe esperar el plazo establecido en la ley para considerarse despedido cuando durante dicho lapso se le reitera el despido verbal?, etc., que de ninguna manera se compadecen con la técnica recursiva.--- ------Es que la expresión de agravios no es una fórmula, un interrogante, sino un análisis razonado y crítico de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho. Luego intentó reencausar las críticas sorteando el análisis de admisibilidad de la pieza bajo análisis afirmando que el despido verbal existió, que no sólo desnudó la falta de justificación por parte de la empleadora sino también su conducta reñida con la buena fe contractual al negar tal extremo, que resulta improcedente imponerle una carga al trabajador que vaya más allá de la comunicación formal de un hecho que ocurrió y que tiene plena trascendencia, que se pretende que soporte estoicamente el embate agraviante de la patronal hasta que venza el plazo de la primera comunicación, que la realidad es que estamos frente a un despido verbal, frente a una ficción de comunicación, que los telegramas no reflejaron lo que en verdad se gestó pero que no es tan difícil avisorar, que no se advierte cual es la razón jurídica para no acreditar los dichos del testigo Sr. A. quien ninguna mengua, ni tacha para descreer en su relato se le puede señalar, que no se entiende cómo pretende el "a quo" que se pruebe un hecho si al que estuvo presente no le cree, que no se alcanza a comprender que pretende contraponer -forzadamente- al testimonio que no se encuentra sospechado, que el testigo A. relató que el Sr. B. -representante acreditado en autos de la demandada-, le manifestó al actor "que hacía que él estaba despedido" y afirmó la existencia del despido verbal, que en nuestro derecho carece de vigencia la máxima "testigo único testigo nulo", que dicho testimonio quedó plasmado en la última comunicación que remitió el actor haciéndole saber a la empresa que efectivamente el despido verbal se había desarrollado ante testigos, que el Sr. A. fue considerado en el telegrama cuando aún no se sabía cual iba a ser la postura de la hoy accionada, que en este aspecto debe primar el principio protectorio del derecho laboral cual es la primacía de la realidad. -- ------El juzgador de la instancia inferior sostuvo -y ganó firmeza por ausencia de impugnación-, que en todas las misivas que remitiera la patronal al trabajador en contestación de aquellas, que éste le enviara, su voluntad de mantener vigente el contrato de trabajo achacándole al trabajador conductas tendientes a "fabricar un despido indirecto", incluso en la carta documento que contestara la empleadora a la enviada por el trabajador con fecha 28 de junio del año 2005, le hicieron saber por dicho medio que el encargado jamás le manifestó al hoy actor que estaba despedido, razón por la cual el contrato laboral seguía vigente y en los mismos términos en que se venía desarrollando, también argumentó el sentenciante de grado y ganó firmeza por ausencia de observación impugnativa en este tópico que la circunstancia por la cual el trabajador se colocó en situación de despido indirecto fue en definitiva la negativa de trabajo y un supuesto despido verbal por parte de la empleadora, entendiendo que al no referirse el actor a los anteriores intercambios epistolares los mismos ya habrían sido zanjados en tanto que las últimas comunicaciones mencionadas ninguna referencia a ellas hiciere el empleado (ver fs. 511 vta. apartados segundo y cuarto).

------El despido puede ser conceptualizado como una forma de extinción del contrato de trabajo que surge de la voluntad de alguna de las partes y puede fundarse en una justa causa o disponerse sin expresión de esta. El despido directo es la extinción decidida unilateralmente por el empleador, y puede consistir en despido sin causa o con justa causa. ----- ------Si es sin causa lo dispone el empleador en forma unilateral sin invocar razón alguna (ad nutum, arbitrario o inmotivado), también cuando expresa una causa en forma insuficiente o habiéndola invocado correctamente no logra luego probarla en juicio. Cuando lo es por justa causa o injuria grave que no admita la prosecución del vínculo, el empleador extingue el contrato de trabajo con fundamento en el incumplimiento grave de alguna de las obligaciones en que incurriera el trabajador. En este supuesto el patrón debe expresar por escrito en forma suficientemente clara, la causa que motivó su decisión rescisoria (art. 243 LCT.). La carga de la prueba recae en el empleador que, de demostrarla, no debe pagar ninguna indemnización.- ------Por su parte, el despido indirecto es el decidido por el trabajador ante el incumplimiento del empleador de suficiente envergadura o gravedad que se erija en injuria que impida la prosecución del vínculo laboral, debe ser notificado por escrito, previa intimación formulada al empleador para que revea su actitud, expresando en forma suficientemente clara los motivos que justifican tal decisión. La prueba de la causa invocada está en este caso a cargo del trabajador y de acreditarla generará el derecho al cobro de las indemnizaciones que prevé la manda del art. 245 y concs. de la LCT. (doctrina del art. 246 de ese cuerpo de normas, conf.: Grisolía, "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 9º ed., Lexis Nexis Depalma, pág. 548 y ss.).

------Bajo esas premisas legales y conceptuales, con data 28 de junio del año 2005 el accionante remitió a la patronal la CD ******** AR que tengo a la vista en este acto donde solicitó se le aclarase su situación laboral en atención al despido verbal incausado, achacándole además no haberle abonado los salarios los que le fueron requeridos ante el encargado de la empresa en el lugar de trabajo. Al día siguiente, esto es el 29 de junio remitió una nueva carta documento esta vez bajo el nº ******** también tenida a la vista donde manifestó el actor que se presentó a trabajar y luego de percibir sus haberes -reclamados el día anterior-, el Sr. C. B. le reiteró ante testigos que la empresa prescindía de sus servicios y ante la falta de notificación y negativa de trabajo se dio por despedido. La patronal dio respuesta a sendas cartas documentos referenciadas mediante las piezas postales ******** AR y ********* AR de fechas 4 y 5 de julio del año 2005 en donde rechazó por falaz, temerario y malicioso las conductas enrostradas, se negaron los hechos atribuidos, se le dijo al trabajador que el contrato laboral seguía vigente y en los mismos términos en que se venía desarrollando y por último se rechazó el despido indirecto intentado por el actor (ver cartas documento reservadas en Secretaría de esta Cámara).

------Ante dicho cuadro fáctico, soy de opinión que si hubiese habido un despido directo injustificado dispuesto por la patronal, la empleadora no hubiese emitido las cartas documento de los días 4 y 5 de julio del año 2005 informando enfáticamente que el contrato de trabajo seguía vigente en idénticos términos y que el trabajador nada dijera al respecto (doctrina arts. 63 y concs. de la LCT). Nótese que allí se cerró el intercambio epistolar, porque el trabajador nada dijo sobre la cuestión.

------Si como bien lo refiriera el actor su firme intención era la de preservar el trabajo, no se logra comprender el proceder asumido. La insistencia de la prueba del despido directo a través del testimonio del Sr. A. se desvanece ante el proceder de la patronal quién no solo negó la existencia de un despido directo verbal, sino que afirmó la vigencia del contrato de trabajo en idénticos términos a los mantenidos con T. C. y el silencio del trabajador ante tales comunicaciones formales (doctrina arts. 62, 63 y concs. LCT).

------Luego, tampoco puede convalidarse o justificarse el despido indirecto para resultar acreedor de las indemnizaciones previstas para este tipo de distractos. El art. 57 de la LCT edicta que "Constituirá presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, sea al tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen, o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable el que nunca será inferior a dos (2) días hábiles". T. C. sin esperar el plazo legal, al día siguiente de la intimación a través de la CD de fecha 28 de junio del año 2005 referida, se dio por despedido. No esperó el término de dos días para prevalerse del silencio del empleador en su contra. El 29 de junio de ese año remitió nueva misiva donde afirmó que ya había percibido los salarios antes reclamados y reiterando despido verbal pero sin esperar la respuesta del empleador erigió la conducta que reiteraba en despido indirecto violando el principio de la buena fe que debe imperar en materia laboral.

------Ese despido devino injustificado por el hecho de que el trabajador no dejó transcurrir el plazo mínimo legal que impone la manda del art. 57 de la LCT. para prevalerse del silencio como presunción en contra del empleador.- ASI LO VOTO.

------El segundo de los agravios no ha de seguir mejor suerte, a mi humilde entender y conocimiento. En efecto, el Sr. Juez de la instancia anterior abordó de manera correcta y ajustada a derecho la valoración de la prueba colectada en la causa en torno al reclamo que por diferencias salariales dedujera el actor en el libelo de demanda y aplicó eficazmente las reglas y principios que regulan la materia.

------Resulta principio general en materia probatoria el de que cada parte debe acreditar el presupuesto de hecho en que funda su pretensión. De tal manera, al actor correspondería haber demostrado a lo largo del proceso y puntualmente en la etapa de pruebas habida que le habrían liquidado mal los haberes, que estos eran abonados una parte en blanco y otra en negro, que la modalidad de pago acordada era a destajo y que en atención a la variabilidad de la cantidad de trabajo tomó como promedio para calcular la diferencia existente a su favor la cantidad de 30.000 pies de madera por mes.

------Así como al actor le corresponde la carga de probar los hechos constitutivos del derecho que invoca -en este caso el cobro de las diferencias salariales alegadas-, el demandado tiene la carga de acreditar los hechos extintivos, impeditivos o modificativos que opone a aquellos (conf.: LLBA, 1999-492).

------A su vez, la carga probatoria dinámica o el deber de cooperación que hace que quién se encuentra con aptitud y comodidad para prestar su ayuda a esclarecer la verdad lo haga, fue utilizado de manera enjundiosa por el magistrado de la instancia inferior a lo largo del análisis que de la prueba llevara a cabo. Así lo aprecio ha sucedido en el "sub-discussio". No pudiendo pasar por alto en este aspecto que la prueba por excelencia en materia de reclamos por diferencias salariales no es la testimonial, todo lo contrario, es la documental, constituida por los recibos que si están firmados y reúnen como en el caso todos los recaudos legales, constituyen una prueba concluyente de la remuneración, categoría, tareas del trabajador y su cobro. Amén de ello, no se hizo cargo el quejoso del razonamiento efectuado por el "a quo" en torno a la prueba testimonial donde justamente los testigos ofrecidos por el propio reclamante (Sres. B., L., y R. T.) han venido a desvirtuar el promedio de madera que el accionante refiriera para fundamentar su pedido, que dicho promedio era trabajado de manera grupal por al menos cuatro personas y no individual como lo pretendía el reclamante y así lo sostuviera (30.000 pies por mes como promedio, ver libelo de demanda a fs. 11) y que al momento de expresar agravios abandonara y se apoyara en lo dicho por los testigos (aproximadamente 40.000 pies de manera grupal), modificando lo afirmado en el escrito postulatorio, proceder que invalida la queja (doctrina arts. 280 y 268 de la Ley XIII Nº 5 del DJP, antes Ley 2203). También pasó por alto el recurrente el análisis que el juzgador efectuare acerca de las tachas que de los referidos testigos la parte demandada formulare en su oportunidad y que fueran apreciados en la sentencia a fs. 508 vta. apartado tercero de conformidad con las previsiones normativas de la manda del art. 34 de la Ley XIV Nº 1 del DJP (antes Ley 69). Sin hacerse cargo de ello insistió con su análisis de la prueba testimonial como si el sentenciante nada hubiera dicho. No fue así. El aspecto de la queja en este tópico constituye más bien una especie de alegato de bien probado sobre aspectos que ya han sido juzgados, olvidándose el quejoso que lo que ahora está en juicio es el razonamiento del sentenciante. No es lo mismo subrayar la prueba producida o criticar por insuficiente o impertinente la de la contraria, que atacar de equivocado las conclusiones del juez apelado. La Alzada no está facultada institucionalmente para suplir déficit argumentales del recurrente. No se trata de ritos caprichosos, sino de una forma necesaria como medio idóneo para la certeza en el derrotero de la jurisdicción, que hace a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, esto es ni más ni menos a la garantía de la defensa en suma.

------Por otra parte, en materia de selección y valoración de las pruebas, los jueces no están obligados a tratar una por una todas las producidas, sino que basta con que se mencionen aquellas que, a su juicio, sean decisivas para fundar la solución que adopten (conf.: CSJN, ED 124-304). Es que la elección de la prueba es facultad privativa del juzgador quien, conforme lo llevo dicho, puede seleccionar aquellas que estime relevantes y decidirse por una descartando otras, que considere inconducentes o inoperantes siendo suficiente a tal efecto, que haga referencia a las que han servido decididamente a la conclusión. La preferencia del juez por unas pruebas respecto de otras no viola las leyes que rigen su valoración, por lo que el fallo puede apoyarse en determinados testimonios, pruebas corroborantes de las que estos resulten, presunciones con prescindencia de otras declaraciones testificales, etc. (conf.: SCBA, DJBA, T CXIV-354). Cuando se pretende como en el caso dar por demostrado un hecho sólo por prueba testimonial, las declaraciones deben ser categóricas, amplias, sinceras, con razón de sus dichos y no debiendo dejar duda alguna al respecto. Y dicha prueba (testigos de parte a fs. 257/259; 263/265; y fs. 310/312), más allá de la tacha de testigo apreciada y acreditada, no logró ni siquiera coincidir con lo que estaba encaminada a demostrar, esto es la cantidad de pies que según el actor aserraba el solo y los otros en conjunto, como para poder justificar una diferencia salarial (doctrina arts. 381 y 390 de la Ley XIII Nº 5 del DJP, antes Ley 2203).

------Asimismo, tanto los libros del empleador como la experticia contable llevada a cabo en las presentes actuaciones no hicieron más que avalar la posición adoptada por la patronal al respecto y no pudo el actor desvirtuar ello. Nótese que ni siquiera se intentó observar las conclusiones del experto en el sentido que las liquidaciones practicadas por la empleadora eran correctas de acuerdo con la documentación revisada y evaluada, esto es libro especial del art. 52 LCT, recibos de sueldo y certificados de productividad del aserradero (ver fs. 215 vta. "in fine" y 216), y ante la ausencia de otros elementos que permitan apartarse de la misma, no existen razones jurídicas que permitan hacerlo sin argumentación legal, que no la hay (doctrina arts. 477 y 481 de la Ley XIII Nº 5 del DJP -antes Ley 2203- y 73 de la Ley XIV Nº 1 del DJP -antes Ley 69-). Nótese que no se han dado los presupuestos para hacer valer las presunciones favorables a las afirmaciones del trabajador que contemplan los arts. 55 de la LCT. y 41 de la Ley XIV Nº1 DJP (antes Ley 69). La prueba testimonial tampoco pudo acreditar lo reclamado primigeniamente en la demanda y luego modificado al tiempo de expresar agravios. Finalmente diré para cerrar este agravio que cuando se reclaman diferencias salariales y de toda la prueba instrumental se desprende la inexistencia del rubro así como la inexistencia de reclamo al respecto durante la vigencia del vínculo laborativo sólo intentado al poner en marcha el mecanismo del despido indirecto y luego abandonado a lo largo del profuso intercambio epistolar habido entre las partes, no cabe otra solución que su desestimación al no haber logrado su comprobación. La labor axiológica cumplida por el sentenciante no es censurable, no hizo más que referenciar las reglas de la sana crítica, la lógica, la experiencia, en función del principio de primacía de la realidad para fundar su convicción que así aparece inobjetable. Rechazo el recurso, que ASI TAMBIEN LO VOTO. ------- ------A la MISMA CUESTION el Dr. FRÜCHTENICHT dijo:------ ------1. Llegan los presentes autos a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación intentado por la actora a fs. 516 y concedido a fs. 517, enderezado contra la sentencia definitiva de la instancia inferior que luce agregada a fs. 506/512vta., la que en lo sustancial decidió: I.- Rechazar en todas sus partes la demanda laboral entablada por el Sr. J. M. T. C. contra la A. C. de la e. E. A. T.; II.-Imponer las costas del proceso a la actora y reguló los honorarios de los profesionales que asistieron a las partes. ----- ------Los agravios de la parte la actora lucen en la pieza procesal de fs. 518/524vta. y conforme al traslado ordenado a fs. 526, merecieron la réplica de la contraria, la que se agrega a fs. 531/536.- ------2. De lo expuesto en su memorial de fs. 518/526vta., el actor centra su queja en dos cuestiones que prolijamente identifica al último párrafo del punto 1.- de fs. 518, ellas son: a) el rechazo del despido indirecto invocado por su parte en el escrito inaugural de la instancia; y b) el rechazo de las diferencias salariales por el trabajo a destaco, que reclamase al inicio de este proceso. Los argumentos que sustentan su queja fueron excelentemente referenciados por el vocal que me precedió en el voto, y a ellas me remito en homenaje a la brevedad procesal.

------3. Así las cosas, debo anticipar que comparto el criterio sustentado por el vocal preopinante. En efecto, el despido indirecto invocado por el trabajador, para ostentar suficiencia extintiva de la relación laboral habida con la actora por imposibilidad de continuación de aquélla y habilitar la percepción de las indemnizaciones que se reclaman por despido injustificado, debe sobrevenir a una injuria de la patronal, la que en la especie no se ha logrado acreditar con el grado de certeza que permita acceder a lo demandado.

------Tal acreditación se encuentra a cargo del trabajador y se alza como una verdadera carga procesal, en los términos en que Couture la definiese, es decir: ".como una situación jurídica instituida por la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él." (v. COUTURE, Eduardo J.; "Fundamentos del Derecho Procesal Civil"; Ed. BdeF; Bs. As.; 2005; p. 173). En tal sentido. La ausencia de acreditación de aquella injuria, como toda carga procesal, se erige entonces en un imperativo del propio interés, y su incumplimiento por parte de quien debe hacerlo lo expone al riesgo de una sentencia desfavorable.

------En efecto, de las comunicaciones cablegráficas habidas entre las partes de manera contemporánea al distracto, se advierte que mediante TCL ****** de fecha 24.05.05, el actor intimó el pago de sumas que se le adeudaban y reclamó la debida registración. Tal misiva fue respondida por la aquí demandada por su similar CD ******** AR de fecha 01.06.05, negando adeudarle salarios, e invocando una supuesta intención del hoy actor de desvincularse de la Asociación demandada por estar laborando para otro patrón con idéntica actividad, con más las ausencias sin aviso de las fechas que señala, lo intima a que justifique inasistencias y se presente a trabajar, bajo apercibimiento de aplicársele sanciones disciplinarias.

------Posteriormente, en fecha 28.06.05 el actor cursa nueva misiva, identificada como TCL ********, donde reclama el pago de su sueldo, y refiriendo un despido verbal por parte del encargado de la actora en el lugar, solicita se aclare su situación laboral. Al día siguiente, esto es el 29.06.05 el actor envía nueva misiva, TCL ******, manifestando que habiéndose presentado a trabajar y luego de percibido su sueldo, el Sr. B. le manifestó ".que la empresa prescindía de mis servicios, y ante falta de notificación formal y negativa de trabajo, que constituye agravio laboral, pese a la intimación cursada (en obvia alusión a la comunicación cursada el día anterior), me doy por despedido por su exclusiva culpa." ------A ella responde la empleadora mediante CD ******* 5, de fecha 04.07.05, rechazando aquel telegrama TCL *******, el despido y la negativa de trabajo. Reitera vigencia del contrato laboral que los une en los mismos términos en que se viene desarrollando y lo intima también a que justifique ausencias. ------Al día siguiente, esto es el 05.07.05 la empleadora envía nuevo telegrama, rechazando el despido y la negativa de trabajo. Reitera vigencia del contrato laboral que los une y lo intima también a que justifique ausencias. En consecuencia, y ante la ausencia de injuria, entiende carente de marco jurídico que la justifique a la situación de despido indirecto en que se colocó el hoy actor.-------- ------De la lectura de las piezas cablegráficas cruzadas entre las partes y que tengo a la vista al momento de emitir mi voto, no se desprende la existencia de injuria laboral alguna por parte de la empleadora hoy demandada, que habilite el despido indirecto invocado por el actor. Tampoco ha podido el accionante acreditar por otros medios la existencia de injuria alguna que lo habilitarse a colocarse en situación de despido indirecto, por lo que el primer agravio no podrá prosperar en esta sede. Así lo voto. ---- ------4. En orden a su segundo agravio, se impone advertir que vengo sosteniendo desde antiguo que nuestro máximo tribunal nacional y en relación con materias como las del sub exámine, ha resuelto en numerosos precedentes que: "Los jueces no están obligados a ponderar una por una todas las pruebas. No existe arbitrariedad si la sentencia merita con claridad los elementos de juicio que estima relevantes para la solución del pleito." (C.S.J.N., sala I, 21-6-90, causa 47.051, Schmid, José D. en j.: "Schmid, José D. c/Daniel Tarifa p/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 215-411; íd., 28-6-90, causa 47.695, Espósito, Manuel y otro en j.: "Valverde, José y otros c/Adán A. Acevedo p/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 216-28; íd., 26-8-91, causa 48.377, Caja Nacional de Ahorro y Seguro en j.: "Sini, Nancy Edith c/Dante Capitanelli y otros s/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 222-419; íd., 22-6-92, causa 50.239, Giovarruscio, María E. en j.: "Giovarruscio, María E. c/Carlos Alberto Zocco Guatelli p/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 228-192; íd., 18-3-93, causa 51.145, Benavídez, María y otro en j.: "Benavídez, María y ot. c/Ricardo Blanco p/su hijo menor p/Sumario s/Inconstitucionalidad", L. S. 235-345; íd., 11-4-96, causa 54.359, Inca S. A. Compañía de Seguros en j.: "Borda Ballara, Casimiro c/Hugo Bordón Gómez y otro p/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 264-95). Y en el marco descripto, entiendo ajustada a las reglas de la sana crítica la evaluación de los elementos de convicción arrimados a estos autos la realizada por el Sr. Juez apelado. Así las cosas, entiendo que el recurrente no se hace cargo de desarticular los argumentos de suficiente solidez ni los detallados fundamentos legales dados por el sentenciante para explicar la decisión adoptada al fallar y que se hallan expuestos y suficientemente desarrollados en el Considerando único del decisorio puesto en crisis.

------Concluyendo esta consideración, entiendo que este segundo agravio vertido por el quejoso, ha consistido en una discrepancia con el razonamiento desarrollado por el sentenciante que no alcanza la entidad necesaria que habilite su viabilidad impugnaticia en esta instancia. Por todo ello, el agravio en análisis tampoco podrá prosperar en esta sede. Así lo voto. --- ------5. Tal y como propondré al Pleno se resuelvan las cuestiones traídas al conocimiento de esta jurisdicción, estimo que las costas de esta instancia deben aplicarse al apelante vencido (art. 69 de la Ley XIII Nº 5 DJP, antes Ley Nro. 2223, en adelante: CPCC). Así lo voto.--- ------A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. PETRIS dijo:

------Atento lo expresado al votar a la primera cuestión, propongo: I) CONFIRMAR, en todos sus términos, la sentencia definitiva N° 22/2010, de fecha 23/05/10 y que obra a fs. 506/512 vta. II) IMPONER las costas de esta Instancia al recurrente vencido (art. 69 de la Ley XIII N° 5 DJP, antes Ley 2203, de aplicación a autos conforme lo dispone el art. 73 de la Ley XIV N° 1 DJP, antes Ley 69). III) REGULAR los honorarios del Dr. R. T. G. L. en la suma de $7.200 y los del Dr. O. S. G. en la de $5.000, ambas sumas con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada, (art. 13 Ley XIII N° 4 DJP, antes Dto. Ley 2200).----- ------A IDÉNTICA CUESTIÓN, el Dr. FRÜCHTENICHT, dijo:--- ------Por todo lo expuesto en ocasión de votar a la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I.- CONFIRMAR la sentencia apelada; II.- IMPONER las costas de esta instancia al apelante vencido (art. 69 del CPCC); y III.- REGULAR los honorarios del Dr. R. T. G. L. en la suma de $ 7.200 y los del Dr. O. S. G. en la de $5.000, ambas sumas con más el IVA pertinente, por su actuación en esta Alzada (art. 13 de la Ley XIII del DJP, antes Dto. Ley 2200).

------Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

--------S E N T E N C I A ------Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:

------I.- CONFIRMAR, en todos sus términos, la sentencia definitiva N° 22/2010, de fecha 23/05/10 y que obra a fs. 506/512 vta.

------II.- IMPONER las costas de esta Instancia al recurrente vencido (art. 69 de la Ley XIII N° 5 DJP, antes Ley 2203, de aplicación a autos conforme lo dispone el art. 73 de la Ley XIV N° 1 DJP, antes Ley 69).--- ------III.- REGULAR los honorarios del Dr. R. T. G. L. en la suma de $7.200 y los del Dr. O. S. G. en la de $5.000, ambas sumas con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada, (art. 13 Ley XIII N° 4 DJP, antes Dto. Ley 2200). ---- ------IV.- REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.-- ------La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 7 y 8 de la Ley V N° 17 del Digesto Jurídico de la provincia), encontrarse excusado de actuar el Dr. Günther Enrique Flass y no haber hecho uso la Dra. Claudia Lía Melidoni de la facultad que le asiste conforme a lo dispuesto por el art. 274, último parte, de la Ley XIII N° 5 DJP (antes Ley 2203).

JORGE L. FRÜCHTENICHT CLAUDIO A. PETRIS REGISTRADA BAJO EL N° CANO DEL LIBRO DE SENTENCIA DEFINITIVAS DEL AÑO 2010. CONSTE.