Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2010-11-10


Santiago del Estero, noviembre 10 de 2010.

El doctor Juárez Carol dijo:

Considerando: I) Que llegan los presentes autos a este Tribunal en virtud del recurso de casación formulado por la parte actora (fs. 320/325), en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Trabajo y Minas de Primera Nominación, a fs. 316/319 vta. -como Tribunal de alzada-, en fecha tres de marzo de dos mil nueve, por la que se resuelve revocar parcialmente la sentencia apelada, en orden a la extensión de responsabilidad del Sr. Antonio Enrique Nebro y la condena a dos rubros. Que tal recurso es concedido por el Tribunal de origen por ante esta Sala, la que lo declara bien concedido y ordena el trámite de ley, quedando a despacho para resolver. II) El Sr. Fiscal General, se expide por el rechazo del presente recurso incoado (fs. 350 y vta.), por entender que la temática es de orden fáctico, sometida al arbitrio de los Sres. Jueces de grado y exenta del recurso de casación. III) Que en su escrito recursivo citado y luego de hacer un resumen de los antecedentes de la litis, el fundante casacionista censura y sostiene en lo esencial que la sentencia dictada resulta arbitraria, incongruente, contradictoria e ilegítima, puesto que existe por el Tribunal ad quem una fallida aplicación del derecho, al citar hechos que no obran en autos, no merituar debidamente las probanzas de la causa y aplicar erróneamente la doctrina de extensión de la responsabilidad a los socios que prevé la ley de sociedades en su aplicación al fuero laboral, en aras de la verdad real y objetiva, negando a su parte la posibilidad de obtener la acreencia indemnizatoria que le corresponde. Cuestiona así, que el Tribunal examina desacertadamente la normativa aludida, confrontando las constancias de autos, al sostener que no surge que se haya acreditado por el recurrente la insolvencia de la sociedad, ni que la sociedad demandada se haya desprendido del inmueble -integrante de su patrimonio- donde funcionaba (el que ha sido locado) y que habría sido aportado por el socio gerente en palabras del accionante, cuando éste en su versión expone que el bien raíz sería de propiedad del socio gerente y tal hecho surge de la aplicación del art. 105 del C.P.L., lo que sumado a la falta (por venta al Sr. Cánepa) de bienes muebles (maquinarias) del ente societario, habría producido el vaciamiento de la sociedad, descartando a tal fin el inventario y constatación practicado por el CPN H. G.. De igual modo, se agravia de la consideración jurisdiccional de la existencia de la sociedad, en contraposición a lo dispuesto por el art. 94 inc. 4 de la LSC 19.550 y modif. Pregona en síntesis, que la sentencia de alzada, es arbitraria pues no cumplimenta el deber de motivación suficiente, los principios de legalidad y congruencia, y el derecho de defensa de su parte. Que basado en dichos motivos, asevera que debe revocarse el fallo impugnado y en consecuencia solicita al Tribunal Casatorio que dicte sentencia, haciendo lugar al recurso. Finalmente hace reserva del caso federal. IV) El recurso no puede prosperar. Siguiendo una adecuada interpretación normativa de las vías de acceso previstas por la ley laboral de rito, y a efectos de no desvirtuar el verdadero alcance y esencia del recurso casatorio, este Tribunal ha señalado con particular énfasis, que resulta esencial el cumplimiento por parte del recurrente de una cabal demostración de la violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que denuncia del fallo impugnado, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia, especialmente teniendo en cuenta que estamos frente a una vía extraordinaria y por ende limitada y restringida como es la casación. Que, como es sabido, la instancia casatoria tiene un ámbito restrictivo en cuanto a la posibilidad de revisión de pronunciamientos de mérito, ya que la valoración probatoria y la apreciación de los hechos escapan al control de la vía recursiva intentada por ser cuestiones privativas de los jueces de la causa. Es de enfatizar entonces, que "al Tribunal de la Casación sólo le corresponde el contralor de la ley sustantiva aplicada por los tribunales de mérito. Su misión se limita a la revisión del derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiere a la determinación del objeto y al ejercicio de los poderes discrecionales quedan fuera de su ámbito" (De la Rúa, "Recurso de Casación", pág. 104/105 Nº 102). Así, la conclusión del Tribunal derivada del análisis de la prueba producida no puede ser objeto de censura en la instancia extraordinaria porque es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de mérito, salvo que se denuncie y demuestre perspicuamente la existencia de absurdo o arbitrariedad, lo que en mi análisis no surge de autos, y como lo propone el Sr. Fiscal General es motivo suficiente para el rechazo de la casación propiciada. Individualizados los agravios y en su análisis puede advertirse con respecto al memorial de agravios, que en su fundamentación el impugnante manifiesta que el motivo sustancial de la casación es la "violación y errónea aplicación del derecho y quebrantamiento de formas". Pero dicha congruencia tiene lugar en la formulación del problema, señalando la errónea o falta de consideración de probanzas dirimentes en orden a la extensión de responsabilidad al socio gerente de la entidad empresarial demandada, empero, al ofrecer luego los argumentos que esgrime en sustento a esta posición, se advierte que sus quejas han sido puntualizadas en extenso, a fin de encaminar sus agravios para lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta desechable en esta instancia por estar exento del marco en que se desenvuelve este recurso. O sea, en el examine, resulta improcedente la instancia casatoria para provocar un nuevo examen crítico de la prueba que da base a la sentencia, toda vez que el valor de las pruebas no está prefijado y corresponde a la apreciación del tribunal de mérito determinar el grado de convencimiento que aquéllas puedan producir, por lo que dicho examen queda excluido de la verificación casacional, salvo -como se dijo- los supuestos de arbitrariedad o absurdo que no se observan en el caso. En suma, no se detecta un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva ausencia de fundamentación. "En el proceso laboral, como en el civil, la selección y valoración de las pruebas es función privativa de los jueces de la causa, quienes no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino a tomar en cuenta sólo aquellas que estimen conducentes para la mejor solución del litigio" (CNTr., Sala I, 30/11/98, "Tellez c/Coto S.A.", D.T., 1999-A-1138; íd., 30/11/99, "Corzo c/Ricci", D.T., 2000-B-1817) {cit. por POSE, Carlos, "Ley 18345, de Organización y Procedimiento Laboral", pág. 170, seg. edic., Edit. David Grinberg, Libros Jurídicos, Abril/2001}. En efecto, "seleccionar los medios de prueba computables y atribuirles la jerarquía pertinente es, en principio, facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de casación" (Morello y otros, Código Proc. Civ. y Com. Comentados, pág. 279 y jurisp. allí citada) "La conclusión del tribunal derivada del análisis de la prueba producida, no puede ser objeto de censura en la instancia extraordinaria porque es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de mérito, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo" {S.C.Bs.As., AC 80753 S 19-2-2002, Juez De Lázzari (SD) carátula : Kolcevich, Norma Haydée c/Círculo médico de Lomas de Zamora s/Acción de amparo, Base JUBA}. Finalmente "la doctrina de la arbitrariedad tiene un carácter estrictamente excepcional..." (C.S.J.N, Fallos, 303:386; 326:2586; 330:717) y "no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideren tales sino que atiende solamente a supuestos de excepción en los que, fallas de razonamiento lógico en que se sustenta la sentencia, o una manifiesta carencia de fundamentación normativa, impidan considerar el pronunciamiento apelado como un acto jurisdiccional válido" (doctrina de C.S.J.N, Fallos 304:279; 316:420 y sus citas y 320: 1546, entre otros). Por consiguiente, las discrepancias del recurrente con el criterio seguido por los jueces en la selección y valoración de las pruebas, no sustenta la tacha de arbitrariedad en que se pretende fundar una casación, aún cuando se invoque error en la solución que se impugna" (conf. STJ, 23030, sent. del 13-VII-2006; STJ, 23125, sent. del 4-X-2006; STJ 22297, sent. del 19-X-2005; STJ, 23071, sent. del 21-XI-2006; STJ, 23189, sent. del 21-XI-2006; STJ, 23149, sent. del 27-II-2007; STJ, 23330, sent. del 23-IV-2007; STJ, 23390, sent. del 12-VII-2007; STJ, 23389, sent. del 10-VII-2007; STJ, 23531, sent. del 27-XII-2007, Base JUSE en JUBA). Sentado lo que antecede, tampoco puede considerarse desde el plano impugnativo y comportar el reproche de absurdo, la tarea de valoración que los jueces de grado han llevado a cabo respecto de la prueba reunida en la causa, y de la cual derivaron sus aseveraciones respecto de la responsabilidad solidaria invocada, pues con los argumentos esgrimidos, la parte recurrente no logra demostrar que el A quo ha incurrido en un error grave y ostensible del cual resulta una conclusión contradictoria o incongruente. El cuestionamiento realizado no logra trascender el plano de una discrepancia subjetiva, insuficiente como tal a los fines pretendidos. El absurdo consiste en el error palmario y fundamental, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes de las constancias objetivas de la causa, el que no concurre por la mera circunstancia de que el juzgador haya seleccionado el material probatorio. "No cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el absurdo, ni tampoco puede este Tribunal sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito. El absurdo no queda configurado aún cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias de la causa" (conf. S.C.B.A, AC 74596, sent. del 19-II-2002; S.C.B.A, AC 82487, sent. del 18-XI-2003; S.C.B.A, Ac 87026, sent. del 16-VI-2004; S.C.B.A, Ac 86829, sent. del 7-III-2005; S.C.B.A, Ac 90072, sent. del 9-VIII-2006; S.C.B.A, C 73725, sent. del 19-XII-2007; S.C.B.A, C 92100, sent. del 23-IV-2008, Base JUBA). En el sub examine, no obstante invocarse arbitrariedad, de la confrontación de los agravios con el fallo impugnado surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que el recurrente aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el tribunal a quo analizó las constancias de autos, ponderó las pruebas y aplicó el derecho laboral y societario en ejercicio de facultades privativas, ajenas a esta instancia. V) En lo que interesa destacar, el sentenciante de alzada juzgó no acreditado que el codemandado Antonio Enrique Nebro en su carácter de socio gerente de la S.R.L. se hubiera prevalido de la forma societaria para eludir obligaciones legales emergentes de la relación laboral, utilizándola para la comisión de alguna figura fraudulenta o para insolventar a los responsables de obligación patrimonial alguna. Con sustento en las constancias agregadas, destacó que, por el contrario, la sociedad demandada había sido regularmente constituida y vigente y señalando que no advertía maniobras de insolvencia (vaciamiento en los términos del recurrente) de magnitud suficiente para realizar aquella interpretación, conforme lo previsto en el art. 54 de la ley 19.550 y que permita posibilitar la extensión -en forma solidaria- hacia el socio administrador (Antonio Enrique Nebro) de la responsabilidad patrimonial que eventualmente pudiera gravitar sobre la sociedad demandada. Por tal motivo, y en vista a que la interpretación de normas como la del art. 54 LSC debe orientarse con criterio restrictivo, consideró que debía ser desplazado del atribuido rol de deudor como persona física conformante de la sociedad empleadora. Dicha conclusión, alcanzada por el sentenciante de grado en uso de facultades privativas, no logra ser desvirtuada por el quejoso. En efecto, mediante la reiteración de los argumentos expuestos en sus escritos a lo largo del proceso, el embate se limita a contraponer un criterio discrepante con lo resuelto en el pronunciamiento atacado, lo que -es sabido- resulta de suyo insuficiente. En el desarrollo de los agravios que porta la crítica, se postula que el sentenciante de mérito optó, a la hora de definir la suerte de la litis, por un criterio que no se compadece con el efectivo resguardo de los derechos del trabajador, por no constituir la interpretación más favorable a sus intereses. En mi estima ello no es así y sin perjuicio de lo expresado, que bastaría para el rechazo, explicito: A) El tercer párrafo del art. 54 de la ley de sociedades 19.550 y modif., hace mención expresa a la inoponibilidad de la persona jurídica y se refiere concretamente a las actuaciones de la sociedad que encubran la consecución de fines extrasocietarios, constituyan un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, y determina que, en el caso se imputará directamente a los socios que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Empero, resulta preciso tener en cuenta en primer lugar que la génesis de las sociedades comerciales reconoce como sustento esencial la existencia y acumulación de capitales destinados a la producción o intercambio de bienes y servicios (art. 1 y 2, ley 19.550) y, a través suyo, a la motorización de la economía nacional. Este es uno de los pilares en que se asienta el otorgamiento de la personalidad jurídica y la limitación de la responsabilidad de las personas físicas que integran dichas entidades. Es en este marco de certeza jurídica y patrimonial que puede realizarse el intercambio de bienes y servicios y la generación de capitales que permiten el desarrollo económico del estado (conf. Brunetti, Antonio, Tratado del derecho de las sociedades, trad.: Solá de Cañizares, F., Uthea, Bs.As., 1960, t. 2, cap. II, passim, entre otros doctrinarios). Sin perjuicio que esta afirmación no implica desconocer la télesis moralizadora en nuestro derecho ("vertiente ética", en los términos de la exposición de motivos de la ley 22.903, secc. VI. 3) y, a la vez, pragmática, que derivó en la incorporación del último párrafo al art. 54 de la L.S.C., que propicio la aplicación de la "teoría de la penetración de la personalidad jurídica" o "corrimiento del velo societario" -disregard of legal entity o o lifting de corporate veil del comon law-, la "inoponibilidad de la personalidad jurídica societaria" es una especie de "sanción" prevista para el caso, que la actuación de la sociedad encubra la consecución de fines extrasocietarios o se constituya en un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para la frustración de derechos de terceros, y como tal, dicha sanción amerita una aplicación restrictiva y si bien "La jurisprudencia reciente de la Corte Sup. ("Daverede, Ana M. v. Mediconex S.A y otros", del 29/5/2007) se inclina por aplicar la solución del art. 280, CPCCN. a los casos en que se analiza la responsabilidad solidaria de los administradores societarios -del dictamen de la Procuración General-" (CSJN, 28/05/2008, Funes, Alejandra P. v. Clínica Modelo Los Cedros S.A y otro, Base Lexis Nº 1/70045718-2), con voto en disidencia los Ministros Dres. Lorenzetti y Fayt, han propiciado que: "La doctrina de la desestimación de la personalidad jurídica debe emplearse en forma restrictiva y su aplicación requiere la insolvencia de la sociedad, pues ante la inexistencia de un perjuicio concreto a un interés público o privado no se advierten razones que justifiquen su aplicación, pero aún en dicho supuesto es preciso acreditar el uso abusivo de la personalidad, pues no cabe descartar que la impotencia patrimonial haya obedecido al riesgo propio de la actividad empresaria (Disidencia del Dr. Ricardo L. Lorenzetti)" (cfr. Funes, Alejandra Patricia c/Clínica Modelo Los Cedros S.A. y otro, 28/05/2008, T. 331, P. 1293; Ventura, Guillermo Salvador c/Organización de Remises Universal S.R.L. y otros, 26/02/2008, T. 331, P. 303 -conj. con el Dr. Carlos S. Fayt-; Bresciani, José Felipe c/Expreso San Antonio S.R.L. y otros, 26/02/2008, T. 331, P. 281; Daverede, Ana María c/Mediconex S.A. y otros, 29/05/2007, T. 330, P. 2445). B) En mi razonamiento, esta demostrado en autos, que la sociedad se encuentra registrada (fs. 104 y vta. Expte. 293.441/05) y el bien inmueble donde funcionaba la empresa demandada fue locado (fs. 21/24 vta. Expte. 293.441/05), sin que el recurrente demostrara la transferencia de fondo de comercio -y sus consecuencias- que pregona, y si bien por ende, cesó su funcionamiento la empresa comercial (informe fs. 96/98 Expte. 293.441/05, fs. 139 y 156/158 Expte. 245.188/03, ver pericia 179/217 Expte. 245.188/03), ello no implicó la de la vida de la sociedad, en los términos del art. 94 inc. 4º de la LSC 19.550 y modif. que el casacionista predice, pues como enseña Nissen: "No hay duda de que, a pesar del silencio de la ley 19.550, la inactividad en que incurre una sociedad comercial -que debe ser absoluta y con cierto grado de permanencia- constituye una causal de disolución que se encuentra subsumida dentro del art. 94 inc. 4º, de la Ley 19.550, estos es como un claro ejemplo de la imposibilidad de cumplir con el objeto social. La inactividad como causal de disolución no opera de pleno derecho, sino que su acaecimiento debe ser declarado por sentencia judicial, abriendo el paso a la liquidación del ente..." (Nissen, Ricardo Augusto, "Ley de Sociedades Comerciales (19.550 y modif.)", T1, pág. 903, 3º edic., Edit. Astrea). "Aun aceptando que la inactividad de la sociedad, mensurada por el tiempo transcurrido, puede hacer presumir la inexistencia de intención por parte de los socios o administradores de encarar cualquier actividad mercantil futura, y que ello permite tener por configurada, para una postura, una causal innominada de disolución o, para otra, una situación que puede encuadrar en la previsión del art. 94, inc. 4, de la ley 19.550, corresponde concluir que, cualquiera sea el caso, la sociedad de que se trate no pierde su personalidad jurídica, pues ella subsiste aun en la etapa de liquidación (art. 101 de la ley de Sociedades Comerciales) Disidencia de los Dres. E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Luis Lorenzetti)" (CSJN, "Ravecca, José Hilario c/Romaical S.R.L. y otros", 05/09/2006, T. 329, P. 3764) Es más, rezan los arts. 98 LSC: "La disolución de la sociedad se encuentre o no constituida regularmente, sólo surte efecto respecto de: terceros en su inscripción registral, previa publicación en su caso" y 100 LSC: "En caso de duda sobre la existencia de una causal de disolución, se estará en favor de la subsistencia de la sociedad". C) Respecto de la propugnada "insolvencia societaria" -y más allá de la no demostración del abuso que refiere el Dr. Lorenzetti que mencioné supra- tengo para mí que carece de asidero lo explicitado por el impugnante. En efecto, no ha acreditado que el bien locado sea de propiedad exclusiva del socio Sr. Antonio Enrique Nebro, no resultando a tal fin viable la conclusión a la que arriba en base al art. 105 del C.P.L. Ley 3.603 y modif., pues la primera parte de dicha norma hace referencia a hechos -pertinentes y lícitos-, modalidad o circunstancias y no a situaciones o estados de tipo jurídico. Cuando la ley se refiere a hechos, se esta refiriendo específicamente a eso, o sea "hechos" (alegaciones fácticas). Es decir, que la determinación jurídica de si una persona es o no "propietaria" o "condómina" de un bien registral, no puede calificarse estrictamente como un hecho, sino como una situación jurídica (cfr. en este sentido jurisp. cit. Palacio-Alvarado Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. 7, pág. 439 in fine, Edit. Rubinzal Culzoni). Para decirlo más claramente, los preceptos del Código Civil sobre eficacia probatoria tienen prioridad sobre lo que disponen las leyes procesales. Por otra parte, resulta válida la presunción hominis del Tribunal al estimar que el inmueble donde funcionaba el negocio social pertenezca motu propio o por aporte social al ente societario. Finalmente, en lo que concierne a la crítica del informe contable de inventario y constatación del CPN H. G. (fs. 34/35 del Expte. 293.441/05) -si bien puede ser cuestionable la constitución de prueba preconstituida e independientemente de su monto- no cabe restarle valor, pues proviene de un profesional de la ciencia contable y se encuentra certificado por su Colegio Profesional (fs. 106 del Expte. 293.441/05), siendo de fecha posterior a la medida cautelar (fs. 49 del Expte. 245.188/03) que cita el recurrente. Desde la perspectiva expuesta, concluyo -siguiendo a la Corte Suprema de la Nación- que el recurrente no demuestra jurídicamente el quebrantamiento de las norma citada de la ley de sociedades comerciales. En mérito a lo precedentemente señalado, debe establecerse la improcedencia de la vía recursiva extraordinaria deducida por la parte actora y derivar en su consecuencia en la confirmación del fallo resolutorio dictado por el Tribunal de alzada, en lo que fue materia de agravios. Por todo lo expuesto, oído el Sr. Fiscal General, doctrina y jurisprudencia reseñadas, Voto por: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte accionante, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Trabajo y Minas de Primera Nominación, a fs. 316/319 vta. -como Tribunal de alzada-, en fecha tres de marzo de dos mil nueve, en lo que fue materia de agravios. II)Con costas en esta instancia a la vencida, pero eximiendo de su pago a la parte recurrente actora, conforme lo normado por el art. 122 del CPL Ley 3.603 y modif.

El doctor Rímini Olmedo dijo:

Que comparte los argumentos esgrimidos por el Vocal preopinante, Dr. Raúl Alberto Juárez Carol, emitiendo su voto en idéntico sentido.

El doctor Suárez dijo:

Que se adhiere en un todo a lo sustentado por el Dr. Raúl Alberto Juárez Carol votando en igual forma.

En mérito al resultado de la votación que antecede, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte accionante, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Trabajo y Minas de Primera Nominación, a fs. 316/319 vta. -como Tribunal de alzada-, en fecha tres de marzo de dos mil nueve, en lo que fue materia de agravios. II) Con costas en esta instancia a la vencida, pero eximiendo de su pago a la parte recurrente actora, conforme lo normado por el art. 122 del CPL Ley 3603 y modif. Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese.- Raúl A. Juárez Carol.- Agustín P. Rímini Olmedo.- Armando Lionel Suárez.