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Daños y perjuicios, muerte de la madre, indemnización, daño material, daño moral, base imponible
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ, CARLOS ANTONIO. c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN. s/ D. Y P. RESPONSABILIDAD CONT. ESTADO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-07-23

La pretensión en cuanto al rubro "daño material", si bien carece de mayores precisiones, es clara en cuanto se refiere al perjuicio patrimonial derivado de la muerte de la madre, daño que tiene evidente repercusión en la esfera patrimonial del menor y que, contrariamente a lo afirmado por la magistrada, no requiere prueba acabada, sino que se presume por aplicación directa de las disposiciones de los artículos 1084 y 1085 del Código Civil.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Segovia, María Inés c/ Montiel, Damián y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

La culpa de la víctima, para eximir de responsabilidad totalmente al dueño o guardián de la cosa riesgosa que materialmente causó el daño, requiere que se haya constituido en su "única causa".-
Contratos comerciales, resolución del contrato, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: BONINA, VICENTE c/ LE PERGAU  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-26

El alcance de la facultad resolutoria es objetivo y ha de aplicarse por el solo hecho de la voluntad de una de las partes, siempre y cuando medie incumplimiento de la otra e independientemente del cumplimiento parcial y en tiempo de algunas de las prestaciones o de la buena relación anterior de las partes contratantes.

La procedencia de la facultad resolutoria resulta independiente de intimación o requerimiento alguno, cuando se ejerce por vía jurisdiccional.

Para que el incumplimiento atacado resulte de relevancia, es menester que el mismo revista gravedad e importancia.

Resulta contradictorio pretender resolver un contrato -esto es, volver las cosas al estado anterior a la contratación- e intentar en la misma causa el cobro de las sumas derivadas de aquélla, pues la contratación base del segundo reclamo queda resuelta y los pagos que pretenden quedarían a su vez sin causa (Código Civil 499).
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, ejecuciones especiales, inhabilidad de título, fianza comercial, fianza de obligaciones futuras, codeudor solidario, abuso del derecho, moral y buenas costumbres, actos contrarios a la moral y buenas costumbres, buena fe
Materia: BANCARIO - CIVIL - PROCESAL
Carátula: LLOYDS BANK (BLSA) LTD. c/ CZERNIKOWSKI, PEDRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-06

Procede rechazar la pretensión del banco ejecutante, en cuanto a proceder ejecutivamente con un certificado de saldo deudor de la cuenta corriente bancaria de una SA y un instrumento donde consta que ciertas personas de existencia visible se obligaron como "codeudores solidarios, lisos y llanos pagadores", papel éste que aparece firmado en el año 1966, el cual describe el compromiso que abarca "todas las facilidades de crédito, cualquiera sea su naturaleza o la forma que ellas revistan que ese banco tenga concedidas al presente o llegue a conceder en el futuro". Si bien el ejecutado dio al pretensor una garantía de la clase que cierta doctrina conoce con el nombre de "ómnibus", comprensiva de cualquier operación de crédito que éste celebrase -dando crédito- con la SA citada, sin embargo, es de observar -como en la especie- que la banca reclamante invocó una garantía sin limite cuantitativo ni temporal de ninguna naturaleza, por lo que ello importó conducta abusiva de la banca. A más, la circunstancia que la Legislación Nacional admita garantía de obligación futura, y prevé que su "cifra" pueda ser indeterminada (CCiv: 1988/89; 1996/97 y conc.), ello no autoriza al beneficiario de la seguridad a dilatar tan excesivamente -como en el caso- la responsabilidad del garante, puesto que tal modo de actuar es contrario a la regla moral del orden jurídico (CCiv: 953), a la vez que violatorio de la buena fe que deben observar los celebrantes del pacto (doct. CCiv: 1198). Por su parte, es de destacar que la reciente exhumación de la garantía dada en 1966, es reveladora de la pretensión de la banca de oponer una suerte de perpetuatio fideiussionis al ejecutado; lo cual también es contrario al funcionamiento y ejecución regulares del negocio celebrado. De lo expuesto, se evidencia que se quiso proceder ejecutivamente con evidencia de no haber título sustantivo oponible al accionado, lo cual resulta inadmisible (CPr: 544-4.).
Recurso de casación, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: S., H.M.; C., M.E.; P., R.A.; M., W.M. s/ Homicidio Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-12-19

La corrección o incorrección del "in dubio pro reo" es materia extraña al recurso de casación por tratarse de un diagnóstico que incumbe, propia y exclusivamente, a los señores jueces del mérito en el acto de apreciar la prueba que fundamenta el fallo.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, derechos y garantías constitucionales, contrato de trabajo, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASEM, MARTA ROSANA c/ MI CASITA HOGAR DE PROTECCION AL MENOR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO.  164 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que no convence la quejosa que el A quo privilegie preceptos inferiores (Ley de Contrato de Trabajo) por sobre cláusulas de rango constitucional (Convención Internacional de los Derechos del Niño y Convención sobre los Derechos del Niño), en tanto no se demuestra -en concreto- la existencia de una verdadera colisión normativa en el caso; tratase en la especie de una demanda laboral en donde ninguna de las disposiciones que se estiman conculcadas se encuentran en juego, pues ninguna relevancia ostenta en la causa los fines que persigue la institución demandada (protección al menor).
Prueba testimonial, declaración testimonial, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: R., A. P. c/ V. H., F. s/ INTERDICTO DE RECOBRAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-24

Un testigo es atendible cuando su declaración es idónea para crear la convicción del juez sobre la verdad de los hechos a los cuales refiere.

En este orden, para apreciar la eficacia del testigo deben atenderse las circunstancias o motivos que corroboran o disminuyen la fuerza de sus declaraciones, pues ni el juramento de decir verdad impuesto por la ley ni las manifestaciones formuladas al responder por las generales de la ley impiden que el juez ejerza la potestad legal de apreciarlas según las reglas de la sana crítica.
Empleo público, declaración en sede administrativa, reclamo salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montaña de Zárate, Silvia s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-06-04

Parece indudable que en la relación de empleo público, en todo lo atinente al derecho subjetivo del empleado o funcionario público a percibir salarios o remuneraciones, trátese de haberes íntegros o diferencias en su composición, supone la declaración administrativa previa por medio del correspondiente acto administrativo. La decisión de todo litigio promovida por la ejecución e interpretación controvertida de los contratos administrativos es de competencia de los tribunales contencioso-administrativos. Autores modernos han seguido estas enseñanzas: "En caso de controversia suscitada a raíz de un contrato administrativo, la jurisdicción que deberá dirimir la contencioso-administrativa, como lo prevé el ordenamiento jurídico positivo. Este principio se aplica inclusive en los casos de daños y perjuicios y/o devolución o pago de sumas de dinero originadas en incumplimiento de contrato.
Despido, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: COLAZO HILARIO RAMON c/ MEDA HNOS Y C.I.A. Y/U OTROS s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-06-18

Así como cuando el empleador alega la existencia de una causa que justifica el despido pesa sobre él la carga probatoria, en el despido indirecto recae sobre el trabajador el deber de acreditar el hecho que invoca para darse por despedido (por aplicación de los arts. 242, 243 LCT y 363 del CPCyC -ley 4870- y la estricta inversión del art. 76 CPL).
Improcedencia del recurso, homicidio calificado, arma de fuego, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: ROCCO, HÉCTOR MARCELO S/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO (VTMA. DELL ORO, WALTER FABIÁN) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-08-02

En tanto no puede afirmarse que la imposición de pena verificada en este legajo haya significado una individualización arbitraria, la impugnación extraordinaria deviene inadmisible (arts. 227, primer párrafo, y 248, inc. 2), ambos a contrario sensu, del CPPN).
Procedimiento tributario, AFIP DGI, recurso de reconsideración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: KODRICH, DANILO s/ RECURSO POR RETARDO - IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-30

En cuanto a pretender que en el caso de recaer una resolución contraria a sus reclamos se remita la causa a la Dirección General Impositiva, para tratar adecuadamente el recurso deducido e imprimir al mismo el procedimiento establecido para aquél de reconsideración ante el Superior del organismo recaudador, resulta inatendible, toda vez que no fue presentado, por ate el Tribunal Fiscal y excede en consecuencia la competencia de ésta Cámara, habida cuenta el limitado recurso que por ante ella puede interponerse respecto de las decisiones del a-quo.
Concursos, acreedores del concurso, actos ineficaces
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Navarro de Lucero, Estela y otros c/ Lucero Torres, Ramón V. s/ Concurso s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

La masa es considerada tercera en las relaciones particulares que vincularon al presunto acreedor con la fallida y, por ello, a diferencia de lo que sucede en los procesos ordinarios de conocimiento en los que en general sólo se debaten derechos que afectan directamente a los que crearon esas relaciones, no puede atribuirse a ciertos actos de las partes contratantes, el alcance categórico que hubiera podido tener entre ellos.-
Careo, defensor, situación del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CORREA, WALTER A. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-20

La incompatibilidad entre la defensa de uno u otro imputado se verifica cuando las razones de la defensa de aquel excluyan las razones de la defensa de este; ejemplo típico es el de los imputados, se acusan recíprocamente del delito cometido.
Contratos administrativos, equilibrio económico financiero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ABILCO SOC. EN COMANDITA POR ACCIONES c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-25

La pacífica y constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y demás Tribunales inferiores, con fundamento en los principios de la justicia conmutativa, por lo que debe estarse a la igualdad estricta de las prestaciones recíprocas, lo que no se daría de admitirse, frente a situaciones como la de autos, un desequilibrio que beneficiara a una de las partes en detrimento de la otra, que no sólo rompería con la ecuación económica financiera sino también con legítimas expectativas.
Proceso penal, declaración de la víctima menor, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: C.J.P. c/  s/ abuso sexual - Ley 5020
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-12-07

Cabe puntualizar lo que constituye la tarea de valoración común par estos casos, que consiste en el examen completo del testimonio de la víctima y su correlación con el resto de las pruebas. Como se ha dicho reiteradamente, ésta es una prueba esencial y siempre es necesario determinar su relevancia y posterior corroboración. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: González, Manuel Víctor y otro c/ Teledifusora Olavarría S.A. y/o Nativa Compañía Argentina de Seguros s/ Indemnización por muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe realizar la necesaria correlación entre el precepto legal que anuncia como violado y el agravio que se somete a consideración de la Suprema Corte.
Empleados públicos, responsabilidad patrimonial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bravo Almonacid, Eduardo Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-25

Si en el caso no ha sido alegado ni acreditado por la administración que los objetos sustraídos le hayan sido encomendados al actor para su guarda o custodia, ni que haya utilizado las máquinas luego del traslado del departamento que las tenía asignadas hacia otra localización, la decisión por la que se lo declaró responsable patrimonial por su pérdida, no se ajusta a derecho.
Honorarios, regulación de honorarios, incidentes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carbometal Sociedad Anónima Industrial y Comercial en juicio: Sociedad Anónima Pablo Casale Limitada c/ Carbometal Sociedad Anónima Industrial y Comercial s/ Demanda ordinaria - Casación (Libro: S060-070)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1955-10-17

La estimación de los honorarios devengados en un incidente cuya decisión no incide en la resolución definitiva de la causa, no debe efectuarse teniendo en cuenta el monto de la demanda. (art. 14, inc. c ley 1042).
Responsabilidad médica, mala praxis, intervención quirúrgica, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MALDONADO, Cirilo Ricardo y Otro c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-11

Es el paciente quien debe acreditar la culpa imputada al médico en el desarrollo de su tratamiento o en la realización de una operación quirúrgica demostrando la existencia de negligencia evidente o errores graves de diagnóstico o tratamiento. La tesis contraria podría estimular en demasía las demandas malévolas o extorsivas y poner en constante jaque a los facultativos obligándolos a probar a cada momento su dilengia.
Fuero de atracción, concursos, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ SCIOLI S.A.C.I.I.F. y otros s/ EJECUCION - EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

Conforme al régimen establecido por la ley 24.522 (art. 21, incs. 1º y 2º), las ejecuciones de garantías reales deben radicarse ante el Tribunal del concurso, si bien su trámite posterior está subordinado a la presentación del pedido de verificación respectivo.-
Cosa juzgada, efectos con relación a terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: B.C.R.A. c/ Garfunkel Jorge Alfredo s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

La cosa juzgada comprende solamente a quienes han revestido el carácter de parte en el proceso en el cual se dictó la sentencia que adquirió aquella eficacia. Por lo tanto, la cosa juzgada no puede beneficiar ni perjudicar a los terceros que -como el demandado- han permanecido ajenos a aquél proceso (conf. Palacio, Lino E. "Derecho Procesal Civil" t. V. -Actos Procesales- pag. 521 Ed. Abeledo Perrot 1979; Alsina Hugo "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial t. IV pág. 78 Ediar S.A. Editores 1980), porque cuando los efectos de la cosa juzgada han de extenderse a otro interesado, corresponde su participación en la causa (Fallos 256:198), pues el instituto de la cosa juzgada encuentra límites subjetivos en quienes han sido parte con anterioridad a la sentencia cuyos efectos se invocan (Fallos 311:1368). (cons. 4º).
Constitucionalidad, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bruno, Jorge Pablo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 11.761
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

No corresponde emitir pronunciamiento alguno respecto a la constitucionalidad del artículo 76 de la ley 11.761, en tanto se ha agotado su vigencia por haber expirado el plazo de treinta y seis meses en ella establecido y no advertirse que el actor conserve un interés concreto en obtener una declaración judicial (doctor SORIA, sin disidencia).
Concursos, pedido de quiebra, trámites judiciales, prueba sumaria del crédito, obligaciones negociables
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALPARGATAS SAIC, LE PIDE LA QUIEBRA GOMEZ GARCIA, MANUEL MARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-14

Procede hacer lugar a la citación prevista por el art. 84 de la Ley de Concursos, cuando el estado de cesación de pagos se fundo en la insatisfacción de obligaciones negociables, adjuntándose certificado expedido por la Caja de Valores S.A., del que resultaría la calidad de acreedor del peticionante, y el vencimiento del plazo de la deuda, así como las condiciones de emisión de los títulos, respaldados por información brindada por la referida caja, apareciendo de tal modo satisfechos los presupuestos exigidos por la normativa concursal para proveer favorablemente lo requerido; ello, sin perjuicio de lo que ulteriormente pueda decidirse una vez oída la sociedad.
Contrato de trabajo, empleados públicos, fraude laboral, estabilidad del empleado público, efectos del contrato, autonomía de la voluntad, indemnización por despido, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: MARRERO, Miguel c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-08

Cuando la contratación es fraudulenta, con el sólo objeto de privar de todo derecho a la estabilidad al trabajador, en oposición a derechos expresados por la C.N., no puede hacerse valer la voluntad expresada en tales contratos, de por sí carentes de validez. En tales casos excepcionales corresponde aplicar la norma de rango superior que garantiza a todo trabajador público o privado un resarcimiento en el supuesto de despido arbitrario. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de la Causa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Paron, Carlos Emilio c/ Sencovich, Nicolás Roberto s/ Demanda ejecutiva. Queja por denegación del Recurso de   Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 682-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-16

En "Di Mascio", el más Alto Tribunal estableció que "...la decisión del legislador, plasmada en la ley 48, fue que todo pleito radicado ante la justicia Provincial, en el que se susciten cuestiones federales, debe arribar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sólo después de "fenecer" ante el órgano máximo de la "judicatura" local, dado que los tribunales de Provincia se encuentran habilitados para entender en causas que comprenden puntos regidos por la Constitución, las leyes Federales y los tratados internacionales, cabe concluir en que las decisiones que son aptas para ser resueltas por esta Corte Nacional no pueden resultar excluidas del previo juzgamiento por el órgano judicial superior de la provincia...".
Caducidad de instancia, impulso de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirr Daniela c/ Gobbi de Tursi Josefina s/ Consignación de LLaves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

Si las demoras en el Proceso no se vinculan con el dictado de resoluciones que hacen al fondo del asunto, es obligación de las partes urgir e instar el procedimiento en todas aquellas cuestiones de simple trámite, so pena de caer en la perención de la instancia.-
Prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Hussen, Héctor F. c/ Empresa Libertador San Martín S.A.T. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Deben tenerse por acreditadas las tareas invocadas en el escrito de demanda si sus modalidades de prestación no fueron objeto de negativa por parte de la accionada (art. 375, C.P.C.C.).
Violencia de género, responsabilidad del Estado, tratados internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Enciso, Sergio Gustavo s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-03

Frente al aprovechamiento del estado de vulnerabilidad de una mujer extranjera, víctima del delito de captación, transporte y acogimiento de personas con fines de explotación, no pueden dejar de evocarse los deberes del Estado asumidos en virtud de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) incorporada por la ley 24.632, por cuyo art. 7, se "condenan todas las formas de violencia contra la mujer". -(Del voto de la Dra. Catucci.)
Sentencia, cuestiones prejudiciales, daños y perjuicios, juicio ordinario
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ascar, María Andrea c/ Ahibe, Rosa Argentina y otros  s/ Ordinario daños y perjuicios (Turno A)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-29

Puede ocurrir que el contrato de fideicomiso no sea un acto jurídico real o se encuentre montado en fraude a la ley civil, pero no significa que necesariamente deba ser un delito penal. La existencia de lo que se denomina un fideicomiso "mampara", puede o no transitar la ilicitud criminal.
AFIP DGA, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DONNA  S. C. A. s/ TRIBUNAL FISCAL- ADUANA- COMPETENCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

Es admisible el reconocimiento de atribuciones razonablemente implícitas en la competencia expresa que, por razones de especialización, se acuerdan a la Administración Nacional de Aduanas conforme el art. 32 de la ley 20631, facultades que concilian con las que le son conferidas por el propio ordenamiento aduanero (ley 22415, arts. 17 y 23 inc. C y antes, ley de aduana, t.o. 1962, con las reformas de la ley 22091); siendo que es ineludible función de los jueces determinar la versión técnicamente elaborada de la norma sin que la intención del legislador pueda ser obviada por posibles imperfecciones de instrumentación legal; máxime si de tal modo se evitan dilaciones rituales no fundadas en cuestiones substantivas o manifiestas.
Constitución Nacional, garantías procesales, debido proceso, defensa en juicio, acusación, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Arancibia  Clavel,  Enrique  Lautaro s/ homicidio  y asociación ilícita -causa nº 259-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-08

La defensa sólo es posible si el imputado sabe, concretamente, de qué debe defenderse, en tanto es la descripción circunstanciada la que permite negar todos o algunos de los elementos de la imputación, o bien incorporar otros, a fin de evitar o aminorar las posibles consecuencias jurídico-penales (Disidencias del Dr. Enrique Santiago Petracchi, del Dr. Augusto César Belluscio y del Dr. Carlos S. Fayt).