marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedades comerciales, domicilio constituido, domicilio especial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Guerreiro, Julio s/ Inc. Nulidad autos "Yancovich, Alberto c-El Triángulo AutomotoresS.A.  y-o Julio Guerreiro s-Daños y Perjuicios"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-11-17

La correcta interpretación de la ley no permite inferir que su entrada en vigencia, tenga el efecto de operar "de iure" la mutación del carácter de los domicilios; requiere para ello según lo veo, un acto positivo como respuesta a la obligación impuesta en el art. 256 -LSC- a partir de la convocatoria de asamblea, máxime si tenemos en cuenta las particulares características que rodean la constitución de domicilio especial en su modalidad "convencional o de elección" donde el criterio para juzgar la validez procesal de su constitución es restrictivo, lo cual impone que en caso que no se aclare qué domicilio es el indicado en un instrumento -es decir si no está claramente designado como especial- deba ser considerado como real.
Derecho laboral, accidentes de trabajo, aplicación de la ley, fondo de reserva legal, publicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Antona, Cristian Adrián c/ ART Interacción S.A. y otros s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-08

El alcance de las obligaciones del Fondo de Reserva, se encuentran claramente establecidas en el Dec. 1022/17, modificatorio del Dec. 334/96, en el sentido que alcanza al monto de las prestaciones reconocidas por la ley 24.557 y sus modificaciones, excluyéndose costas y gastos causídicos. El Fondo de Reserva creado por el art. 34 de la ley 24.557, tiene por objeto abonar las prestaciones a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, que estas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación. La Superintendencia de Seguros de la Nación es la administradora del Fondo de Reserva de la LRT y, por tanto, la responsable directa de efectuar los pagos a que dicho fondo está destinado. Por esta razón, con relación a las costas y gastos causídicos para su ejecución deberá seguirse el trámite de verificación ante el juzgado comercial en el que tramita la liquidación de la aseguradora; ello es así porque la doctrina plenaria fijada "Borgia, Alejandro Juan c/ Luz ART s/ accidente ley- especial" (plenario 328 del 4/12/2015), ha quedado modificada con una norma posterior que expresamente dispone: " La obligación del Fondo de Reserva alcanza al monto de las prestaciones reconocidas por la ley 24.557 y sus modificatorias, excluyéndose las costas y los gastos causídicos" (art. 1 dto. 1022/2017, modificatorio del art. 22 del dto. 334/96). Cabe propiciar que para la ejecución de honorarios y tasa de justicia deberá seguirse el respectivo trámite ante el juzgado comercial en el que tramita la liquidación de la aseguradora, no obstante aclarar que la fecha tope de los intereses resulta el momento de su efectivo pago. En efecto, el art. 34 de la ley 24.557 expresamente establece que el objeto del Fondo de Reserva administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación abonar o contratar: "Lasprestaciones de la ART que estas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación" prestaciones que- ante la ausencia de aclaración de la ley- cabe interpretar como comprensivas del capital más los intereses, devengados desde la exigibilidad del crédito hasta el efectivo pago.
Pago con cheque sin provisión de fondos, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: LUNA, OSCAR s/ Cheque sin fondos, Cuaderno de prueba de la defensa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-31

La ley contempla los cheques dados "por cualquier concepto". La norma penal ha sido instituida como tutela de la fe pública con motivo de la emisión por particulares de cheques, equiparables bajo muchos aspectos a la moneda y aptos para circular, bajo la confianza de que sus importes serán satisfechos al ser presentados al cobro.

La aludida fe pública resultaría afectada por el mero hecho de los libramientos sin el correspondiente respaldo efectivo. (Del voto del Dr. Repetto).
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, leyes, interpretación de la ley, contratos administrativos, pago, mora, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martín y Martín S.R.L. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 551-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

El dictado de resoluciones denegatorias a reclamos idénticos a los propuestos (se pretende la actualización de "los pagos" correspondientes a certificados vinculados con la contratación como adjudicataria del servicio de recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza, por su cumplimiento tardío por parte de la Municipalidad demandada) no le veda a la recurrente la posibilidad de iniciar, en el futuro, reclamos por los mismos conceptos pero respecto de certificados distintos (en el caso, posteriores). Al respecto, cabe recordar que el sentido de la hipótesis prevista en el artículo 12 inciso d) de la ley 4106 no es otro que lograr un mínimo de seguridad jurídica, siendo preciso que ambas resoluciones hayan sido dictadas en presencia de los mismos hechos y en fuerza de idénticos fundamentos, circunstancias éstas que no se registran en el caso, donde los reclamos refieren a certificados distintos.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad, jueces
Materia: CIVIL
Carátula: RUZO NORA DEL VALLE c/ TELECOM ARGENTINA S.A Y/U OTROS S/ COBRO DE PESOS EXTRAS s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-12

La arbitrariedad no puede resultar de la sola disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de la argumentación jurídica. Esta última requiere, a su vez, que la decisión contenga una precisa descripción de los hechos con relevancia normativa, y si no se aplica la regla, deben darse las razones por las cuales resulta inaplicable, inválida o es corregida por razones de principios coherentes y consistentes, que resulten constitucionalmente fundados. La magna labor de administrar justicia no se basa en la sola voluntad o en el derecho libremente aplicado, sino en leyes, ya que nadie está sobre ellas, siendo que la Constitución estableció un Poder Judicial integrado por jueces que actúan conforme a reglas que la comunidad debe conocer, y a las que deben ajustarse para que las soluciones sean previsibles, todo lo cual el Superior Tribunal debe hacer respetar porque constituye un elemento de la garantía constitucional del debido proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Farmcity S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-20

No puede tener favorable acogida el agravio relativo a la violación del principio de igualdad que la quejosa afirma que le genera el pronunciamiento, en tanto los Magistrados analizaron el caso teniendo en miras el sostenido criterio de la Corte nacional afirmando que la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, lo que no impide al legislador contemplar en forma distinta situaciones que considere diferentes en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegítima persecución, aunque su fundamento sea opinable; añadiendo a ello los precedentes de la Corte local que reiteradamente expresaron que no puede soslayarse que no contraviene esto la formación de categorías a las que la Administración dispense diferente tratamiento, aún cuando el fundamento de esta distinción sea opinable, con tal que la discriminación no trasunte manifiestos propósitos injustos, persecutorios u hostiles contra determinadas personas o grupos de personas negando a unas lo que se otorga a otras en igualdad de condiciones; concluyendo en que la reglamentación establecida en la ley 2287 no vulneraba esa garantía, sino que -aunque incluso pudiera resultarle opinable- no podía ser declarada inconstitucional en tanto no se exhibía como manifiestamente caprichosa o irrazonable en los términos delineados por la jurisprudencia referida. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley provincial 2287
Daños y perjuicios, obligaciones de los propietarios, filtraciones de humedad
Materia: CIVIL
Carátula: ORLOFF, Hernán Alejandro c/ CONSORCIO PROP.ARENALES 1167/71 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-06

Si las causas de la falta de utilización del inmueble no radicaron en los deterioros producidos por las humedades, sino que reposaban en la voluntad de su propietario, que lo mantenía en forma muy descuidada con anterioridad a que comiencen las filtraciones y que, a lo sumo, lo facilitaba en comodato a un tercero, no es factible acordarle una indemnización que compense la falta de habitabilidad del bien a raiz de las humedades, dado que es probable que de no haberse producido las mismas, el actor mantuviese su temperamento de no ocuparlo ni arrendarlo.-
Competencia administrativa, recurso directo, Unidad de Información Financiera
Materia: PROCESAL
Carátula: "Banco   Masventas  S.A.  y  otro c/ UIF  -Resol  168/10-  (Expte1075/09)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-25

La competencia de este fuero para tratar cuestiones como las del sub lite, está prevista en el artículo 25 de la Ley N° 25.246, donde se establece que las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en su Capítulo IV (Régimen Penal Administrativo) serán recurridas ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos. Por su parte, el artículo 25 del Decreto N° 290/2007 -reglamentario la ley señalada precedentemente-, dispone que las resoluciones previstas en el articulado citado podrán recurrirse en forma directa por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y que el recurso judicial directo deberá interponerse y fundarse -sólo en la ilegitimidad de la resolución recurrida- dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de su notificación.
Procedencia parcial, recurso de revisión (procesal), pena privativa de la libertad, secuestro de estupefacientes, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: HANUN, Rodrigo c/  s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-13

Corresponde hacer lugar al recurso de revisión interpuesto por la defensa y casar parcialmente la sentencia disminuyendo la pena de prisión impuesta al encausado en cuatro años y seis meses, toda vez que de las constancias de la causa se desprende que el imputado ha sido condenado en virtud de un delito vinculado a sustancias estupefacientes y durante la sustanciación del proceso aportó información que permitió secuestrar material estupefaciente, por lo que debe ser beneficiado con una pena morigerada en los términos del art 29 ter de la ley 23.73, no siendo óbice al efecto que dicho precepto de la ley de drogas ya no integre nuestro plexo normativo en virtud de la derogación dispuesta por el art. 1 de la ley 27.304, pues se torna aplicable el principio de aplicación ultractiva de la ley penal más benigna.
Enfermedad profesional, personas con discapacidad auditiva
Materia: LABORAL
Carátula: Coca, Juan J. R. c/ Expreso "El Aguilucho" s/ Cobro de australes (Expte. Nro. 347-99, Resol. Nro. 41, Tomo 26, Folio 398)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-10

Teniendo en cuenta que hoy en Estados Unidos se utiliza el método "AMA 79" que considera un umbral de normalidad de 25 dbs., y que en el año 1964 se adoptó la norma ISO en la calibración de los audímetros, que consiste en una calibración biológica, con 0 relativo que corresponde a un promedio estadístico obtenido de umbrales auditivos de personas jóvenes, sin lesiones auditivas y que no hayan estado expuestas al ruido, debe seguirse la adaptación de la denominada "AMA 51" a las normas ISO ya que se tiene así los valores discriminados en cada frecuencia, se considera la pérdida en los 4000 hz,, y se adecua a la calibración actual de los audiómetros.
Prescripción, plazo, honorarios del perito, prescripción decenal
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRECO HNOS. SAICA s/ QUIEBRA   S/  INC.  DE  VERIFICACION  POR  FERROCARRILES  ARGENTINOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-07

A los fines de la prescripción liberatoria de la petición de determinación del honorario por parte de los peritos designados de oficio, rige el plazo decenal contemplado por el cciv 4023.
Seguros, prueba, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUD ATLANTICA CIA ARG DE SEGUROS SA c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ AVERIA Y/O FALTANTE DE CARGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

No debe considerarse la franquicia invocada por la aseguradora si no se ha ofrecido prueba alguna al respecto.
Concursos, incidente de revisión, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: S.A.    LA  RAZON    E.E.F.I.C.A.  S/CONCURSO S/INC. DE REVISION POR TESTA, JOSE s/ INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-16

En los incidentes de revisión corresponde tomar como base, según sea el caso, el monto verificado o insinuado. No existe diferencia alguna en los valores en juego según que la pretensión prospere o sea rechazada, pues a esos efectos la misma trascendencia tiene el reconocimiento de un derecho incorporado al patrimonio del interesado como la admisión de que el supuesto derecho no existe.

La limitación de la escala de la ley 21.839:7 establecida por el art. 33 para los incidentes, no es aplicable al incidente de revisión en tanto éste tiene asignada una solución específica por el art. 31, inc. c) del arancel, que excluye la prevista en forma genérica para los incidentes.
Participación criminal, participación necesaria, participación secundaria
Materia: PENAL
Carátula: AGIS, ROBERTO JORGE s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 932
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-17

El criterio para diferenciar la complicidad primaria de la secundaria es el valor del aporte prestado por el cómplice al autor del ilícito. Este -que sólo puede ser anterior o simultáneo al hecho -debe ser, para catalogarse como tal, necesario, pero no en el sentido de una conditio sine qua non de la posibilidad de delinquir, pues no es indispensable que sin tal auxilio o cooperación el delito no hubiera podido cometerse de ninguna manera. (Voto del Doctor Mitchell)
Acción de amparo, peligro en la demora, carácter alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "AMBROSIO, CLOTILDE ESTHER c/ A.N.Se.S.". s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-19

Encontrándonos ante una situación "delicada y extrema" -en el decir de la C.S.J.N.- donde peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, cuyo carácter alimentario nadie cuestiona, la vía del amparo aparece como el remedio más eficaz, rápido y expedito que posee el titular para proteger su derecho.
Caducidad de instancia, segunda instancia, cómputo del plazo, sentencia, notificación
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Juncal, Víctor M. c/ La Torraca, Fernando s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

La segunda instancia no se considera abierta mientras la sentencia recurrida no se encuentre notificada a todas las partes interesadas.

En consecuencia, el plazo al que alude el art. 310, inc. 2, del Código Procesal comienza a correr una vez que el pronunciamiento es notificado a todas ellas, aun cuando a alguna ya le hubiere concedido el recurso de apelación.
Derecho comercial, Inspección General de Justicia, auditor de fiscalización, facultades de control, transmisión de acciones, declaración de ineficacia, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Inspeccion General de Justicia c/ KMB SA  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-03

La potestad con que cuenta la IGJ para declarar la "irregularidad e ineficacia administrativa" de un acto sujeto a su fiscalización, es una herramienta puesta a su alcance para ejercer la función de control que le otorga la ley, facultad que se encuentra subordinada a la presencia de un interés público que emerja de actos que sean contrarios a la ley, al estatuto o a los reglamentos. Y siempre que aquellos se encuentren sometidos a su fiscalización (ley 22315: 6- f); CNCom, Sala A, in re "Inspección General de Justicia c/ Grufintas SA s/ organismos externos", del 11/05/06).

Pero de modo alguno, sea la ley 22315 o la Ley General de Sociedades, otorga a ese organismo de control facultades jurisdiccionales que le permitan disponer la nulidad de un acto societario por vía de su declaración de "irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos".

Tal disposición administrativa sólo habilita a la IGJ a incoar una acción judicial, conforme lo autorizan la LGS 303 y 251 a fin de obtener, por la vía competente, la decisión jurisdiccional que disponga la nulidad del acto cuestionado o la consecuencia jurídica que el organismo de control entiende derive del acto que previamente calificó de irregular e ineficaz y lo plasme como pretensión. Resulta claro así que la ley no otorga a la decisión administrativa naturaleza jurisdiccional, pues si así fuera la intervención del Poder Judicial sería innecesaria.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Kittler, Héctor Mauricio c/ Coop. Agrícola Ganadera Ltda. de Pirán s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

La admisión de la validez formal del acto extintivo del contrato laboral (art. 243, L.C.T.) en modo alguno conduce al reconocimiento de su justificación sustancial (art. 242, ley citada).
Denegatoria del recurso, sentencia condenatoria, insuficiencia del agravio, escala penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Medina Morales, Hernán Osvaldo Maximiliano - Medina, Felipe Hernán Alejandro - Medina, Víctor Hernán Antonio s/ Homicidio Agravado por Concurso premeditado de dos o más personas para cometerlo, por alevosía y por haber utilizado un medio idóneo para crear peligro común y por la participación de un menor de edad en carácter de coautores - Medina, Fabio Hernán Osvaldo - Cáceres, Sergio Paul S/ Homicidio Agravado por Concurso Premeditado de dos o más personas para cometerlo, por alevosía y por haber utilizado un medio idóneo para crear peligro común c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-04-28

Se rechaza el recurso de casación, confirmando la sentencia condenatoria en todas sus partes, dado que no supera el umbral de una diferente lectura de las mismas pruebas valoradas por el a quo, sin acreditar un apartamiento arbitrario de las reglas de la lógica al ponderar el caudal probatorio incorporado al proceso. Con relación a la pena impuesta a los condenados, vale decir que el Congreso Nacional establece -art. 75 inc. 12 de la CN- a partir de su competencia constitucional, distintas escalas penales con mínimos y máximos para que los jueces, en ejercicio también de atribuciones constitucionales, fijen en cada caso cuál es la sanción penal que consideran razonable en función de las pautas previstas en los arts. 40 y 41 del CP. Así las cosas, la sentencia recurrida expone los fundamentos para imponer las sanciones penales aplicadas, las cuales se encuentran dentro de las escalas penales vigentes.
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Vilches, Mario Ismael c/ Nestlé S.A. s/ Enfermedad accidente Zabaleta, Feliciano c/ Ojea, Raúl s/ Indemnización por enfermedad Giannini, Juan Miguel c/ Nicolás Dazeo SACIFI s/ Accidente de trabajo Villen, Oscar Ernesto c/ Palmar Mar del Plata S.A. s/ Indemnización por incapacidad laboral Galavotti, Berta N. c/ Hospital Interzonal Gral. Doctor J. Penna s/ Accidente de trabajo Bernachea, Francisco Omar c/ Celulosa Jujuy S.A. s/ Enfermedad accidente Ledesma, Angel A. c/ Molinos Chacabuco S.A. s/ Indem. art. 212, LCT y enfermedad accidente Arditi, Angel Arsenio c/ Municipalidad de Cañuelas s/ Indemnización enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11|1995-11-07|1996-04-30|1998-12-22|1999-09-28|2002-05-29|2001-12-05|2003-09-10

La prescripción de la acción indemnizatoria sustentada en las disposiciones de la ley 9688 aún luego de las modificaciones introducidas por la ley 23.643, se determina a partir de la fecha en que el trabajador adquiere conocimiento de la disminución de su capacidad laboral.
Desagio, contratos comerciales, inflación, fijación de precios, presunciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LORENZO LARROCA E HIJOS  S.A.I. Y C. c/ SOMISA  SOCIEDAD MIXTA SIDERURGICA ARGENTINA s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-02

La contratación en épocas de alta perspectiva inflacionaria y lapso no cubierto por la cláusula de ajuste de precios, y el hecho de que la actora es una empresa comercial, movida naturalmente por el afán de lucro, autorizan a presumir que en su cotización de precios incluyó un sobreprecio para cubrirse de las expectativas inflacionarias. En tales condiciones, la actora, para sustraerse del régimen general del decreto 1.096/85, pudo y debió, como imperativo de su propio interés, probar: que los valores cotizados no contemplaron la inflación futura; o que no existía plazo de pago no cubierto por cláusula de ajuste; o que no se produjo la caída de la inflación; o que, en todo caso, la inflación prevista e incorporada al contrato resultaba inferior al descuento previsto en la escala del art. 4 del decreto 1.096/85. No lo hizo y no puede entonces quejarse de las consecuencias de su propia conducta discrecional.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, contratos administrativos, locación de obra, actualización monetaria, obligaciones de dar cantidades de cosas
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Terranova, Daniel Armando c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-23

Frente al planteo serio contenido en la expresión de agravios, acerca de la aplicación de la ley 21.392 y el decreto 1618/86 para el reajuste de las indemnizaciones otorgadas, la sola afirmación por la Cámara de que tales normas regirían para "otros supuestos" sólo constituye una aserción dogmática de quienes suscriben el pronunciamiento, que invalida lo resuelto sobre el punto.