Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-23


SENT Nro. 1030 San Miguel de Tucumán, 23 DE DICIEMBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la defensa técnica de Antonio Domingo Bussi en autos: "Bussi, Antonio Domingo y otros s/Fraude a la administración pública"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa de Antonio Domingo Bussi, contra la resolución de la Sala IV de la Excma. Cámara Penal, del 25/11/2003, que deniega la concesión del recurso de casación interpuesto contra el fallo del mismo Tribunal del 19/11/2003.

2.- El recurrente estima configurado en autos el excepcional supuesto de gravedad institucional, con fundamento en que por el cargo que detentaron los imputados la cuestión compromete a un gobierno elegido por la voluntad popular; y se extendería la situación a todos los funcionarios de la gestión anterior -"Gobernación Ortega"-, durante la cual se promulgó y aplicó la ley y que percibieron emolumentos conforme a ella, a pesar de que pareciera considerarse que dicha conducta sólo configura delito en relación con el imputado y algunos de sus ex ministros. Destaca la gravedad de la atribución frente a la sociedad de un delito que no es tal; así como la trascendencia que el presente proceso tiene en la vida institucional de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán puesto que impediría que el imputado Antonio Domingo Bussi asuma el cargo de intendente que ganó en las elecciones provinciales.

Desde otra perspectiva considera que existe gravedad institucional por violación al derecho de defensa en tanto no se tiene en cuenta que la ley 6398 nunca fue declarada inconstitucional; a la vez que la Cámara no toma en consideración lo decidido por la Corte de Justicia al resolver la queja anterior interpuesta por su parte, y que no es otra cosa que permitir el ejercicio de la defensa en juicio y la igualdad ante la ley. Añade que esta última garantía se ve además infringida por cuanto se deniega a su defendido un recurso que en iguales circunstancias fue concedido a un ex ministro de la gobernación de Miranda (Antonio Isaac Guerrero). Estima que también existe gravedad institucional por la trascendencia constitucional que tiene la causa, y las graves violaciones a los derechos constitucionales del imputado Antonio Domingo Bussi derivadas del fallo de la Sala Penal que impugna.

Sostiene que en todo el proceso, y en especial en el presente incidente, se avasalló el principio jurídico de inocencia, la defensa en juicio, el debido proceso, y la igualdad ante la ley, porque no se resolvieron nulidades debidamente planteadas, y que no fueron tratadas por cuanto el fallo de primera instancia sobreseyó la causa y no examinó aquellos planteos. Y que el rechazo de estas nulidades, oportunamente planteadas y nunca resueltas, con el escueto argumento vertido por el Tribunal de mérito en el sentido de que no hay motivo para la concesión del recurso de casación, provoca un daño irreparable. Agrega que las nulidades mencionadas no quedaron subsanadas por la sentencia de sobreseimiento sino que devinieron abstractas; y que al elevarse la causa a juicio se volvieron concretas, resultando necesario examinar si existen vicios que invaliden actos procesales que jamás fueron consentidos.

Hace notar que, no obstante que en el planteo articulado ante la Sala IV de la Cámara Penal, su parte insistió en la existencia de nulidades no resueltas, de la resolución impugnada emerge que dichos planteos ya habrían sido resueltos, lo que resulta inexacto.

Señala que su parte articuló expresamente la nulidad de los informes de fs. 33, 49/69 y 97/99 desde el momento de la declaración como imputado de su defendido; ordenando el Fiscal Instructor el pase al Juez de Instrucción para su conocimiento y resolución (fs. 550 del principal), y que aunque el pedido fue reiterado a fs. 557, la nulidad se encuentra sin resolución a la fecha. Al respecto manifiesta que dejar fuera del litigio el tema de las nulidades reviste gravedad por los efectos que contra su cliente y contra todos los justiciables tiene el tema, toda vez que puede interpretarse que existe preclusión y cosa juzgada, cuando ello no sucedió ni fue consentido.

Afirma que la prueba constituida por los informes de fs. 33, 49/69 y 97/99 fue obtenida ilegalmente; y que la nulidad existente y no resuelta debe ser tratada por la Corte, conforme al art. 468 inc. 2 CPP. Explica que lo cuestionado era que se tome como indicativo de la existencia de gastos reservados, dichos aislados de personas interesadas, como por ejemplo el Contador Sollazi, que es un funcionario estable del Gobierno de signo político contrario al de los imputados; y que a su cliente se lo privó de ejercer su derecho de defensa, así como de la posibilidad de proponer peritos, formular preguntas, pedir aclaraciones, solicitar ampliaciones etc. En consecuencia, prosigue, y atento a lo previsto por el art. 185 inc. 3 en concordancia con el art. 186 CPP, corresponde que se haga lugar al recurso de queja por casación denegada.

Por otra parte expresa que la sentencia que deniega el planteo de nulidad no tuvo en cuenta las constancias de autos, lo que, a su criterio, se deduce de la premura con que el Tribunal estudió y resolvió el planteo articulado, resultando imposible que haya tenido tiempo de leer este voluminoso expediente; a lo que añade que la resolución fue notificada el día viernes 21, cuando el Tribunal había sido recusado desde el día 20, todo lo cual pone de manifiesto la existencia de arbitrariedad en la resolución que motivó la casación y ahora la queja directa.

Se agravia por la falta de motivación de la sentencia del 19/11/2003, en la que, a su criterio, no se valoraron todos y cada uno de los elementos que conformaban la pretensión anulatoria articulada por su parte; y la falta de motivación del auto denegatorio del 25/11/2003, que rechazó el recurso de casación en 5 renglones, lo que resulta violatorio del art. 18 CN. Señala que la motivación, a la vez que un requisito formal de la sentencia, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico, el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que el Juez apoya su decisión, y que se consigna en los considerandos de la sentencia, requisitos que faltan en la resolutiva motivo de la queja interpuesta, y este déficit configura un supuesto de gravedad institucional.

Propone doctrina legal, formula reserva del caso federal, manifiesta que expresa y reitera la reserva de inconstitucionalidad provincial, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso interpuesto.

3.- Corresponde examinar si se han cumplido los recaudos de admisibilidad exigidos por el CPP para la interposición del recurso de queja, así como para la utilización de la vía impugnativa extraordinaria de la casación. Ello porque aun cuando se hallen reunidos los requisitos exigibles para la deducción del primero, resulta inoficioso admitirlo si no se han cumplido las exigencias de admisibilidad de la casación tentada.

4.- A modo de observación preliminar, cabe advertir que por sentencia del 17/11/2003 dictada en los autos caratulados "Incidente de Nulidad interpuesto por la defensa de Domingo A. Bussi, del requerimiento de elevación a juicio del Fiscal de Inst. de la VI Nom., y de la resol de la Sala VI de fecha 04/04/03", identificado como expediente Nro. 8233/99-I7 (que tiene a la vista esta Corte Suprema de Justicia), la Sala IV de la Excma. Cámara Penal rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado por el Fiscal de Instrucción de la VI Nominación y de la Resolución de la Sala VI de la Excma. Cámara en lo Penal del 04/4/2003, interpuesto por la defensa técnica de Domingo Antonio Bussi. Contra esa sentencia el ahora recurrente interpuso recurso de casación, el que fue denegado por auto interlocutorio del 21/11/2003 (cfr. fs. 25 del incidente mencionado), no habiéndose interpuesto recurso contra dicha resolución, la que en consecuencia ha quedado firme.

La cuestión traída ahora a decisión de esta Corte se origina en el dictado de la sentencia de la Sala IV de la Cámara Penal del 19/11/2003, recaída en los autos caratulados "Incidente de nulidad interp. por la defensa de Domingo A. Bussi, de todo lo actuado por el Señor Fiscal de Inst. de la VI Nom, a partir de fs. 33 de los autos principales", expediente identificado con el Nro. 8233/99-I6 que se tiene a la vista. Contra dicha sentencia se dedujo recurso de casación cuya denegatoria determinó la interposición de la queja en examen, y en consecuencia corresponde que esta Corte examine en esta oportunidad el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del recurso de casación y de la queja por su denegatoria con relación a las sentencias del 19/11/2003 y del 25/11/2003 dictadas en el incidente mencionado.

5.- En orden al juicio de admisibilidad del recurso interpuesto cabe advertir que la sentencia del 19/11/2003 que rechaza los planteos de nulidad formulados por la defensa de Antonio Domingo Bussi a fs. 49/54 de autos (fs. 1/6 y vta. del Incidente Nro. 8233/99-I6), no satisface el recaudo de definitividad y no resulta impugnable por los imputados a tenor de lo dispuesto por los artículos 469 y 472 CPP.

El artículo 469 CPP dispone: "Además de los casos especialmente previstos por la ley y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes, sólo podrá deducirse este recurso contra las sentencias definitivas o los autos que pongan fin a la acción, o hagan imposible que continúen, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Contra las demás resoluciones, únicamente en la medida en que el punto debatido asuma gravedad institucional".

La sentencia del 19/11/2003 no es definitiva; no pone fin a la acción, ni hace imposible que continúe, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena. La nota característica de las resoluciones recurribles en casación es el efecto de poner término al proceso, por lo que las decisiones cuya consecuencia es la supervivencia de la acción penal resultan ajenas a dicho concepto.

El precepto contenido en el art. 469 CPP establece el requisito de definitividad de la sentencia que se pretende impugnar, y al mismo tiempo expresa que tales resoluciones serán recurribles "con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes", entre los que se encuentra el artículo 472 que faculta al imputado a impugnar las sentencias condenatorias, las de sobreseimiento o absolutoria que le impongan una medida de seguridad, y los autos que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, supuestos que no se configuran en el sublite, donde lo que se cuestiona es declaración de validez de actos, lo que conlleva la continuidad del proceso en su faz plenaria.

Conforme a lo expresado, la resolución del 19/11/2003 no cumple los recaudos del art. 469 CPP ni encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 472 CPP, y en consecuencia los imputados no se encuentran habilitados para impugnarla por vía del recurso extraordinario de casación. Al no disponer los impugnantes de la vía recursiva que pretenden ejercitar, el remedio intentado deviene inadmisible (CSJTuc. "Ons, Rodolfo y otro s/ estafa. Recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa de los imputados").

6.- Tampoco concurre en el caso el supuesto excepcional de gravedad institucional que permitiría superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado, definido por esta Corte como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o pueden resultar frustratorios de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de servicios públicos (CSJTuc. "Villafañe Miguel y otro s/ homicidio. Recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa de Miguel Angel Villafañe", sentencia del 25/11/98; Gutiérrez Héctor Luis s/ lesiones culposas. Casación , sentencia del 21/9/99; "Juárez, O.M. s/ lesiones gravísimas", 21/12/94). La cuestión que se pretende ingresar no presenta tales caracteres, siendo insuficiente la mera invocación de la lesión a garantías constitucionales para que se admita la configuración de la gravedad institucional En la resolución del 19/11/2003 la Sala de instancia compartió el criterio de la Fiscal de Cámara actuante, quien se pronunció por el rechazo del planteo de nulidad articulado con el argumento de que los informes y medidas a que se refiere la defensa constituyen pruebas que pueden ser reproducidas durante el juicio oral, etapa en que las partes tendrán la oportunidad de solicitar y producir todas aquellas medidas que hagan a su derecho, como proponer peritos, formular preguntas, pedir aclaraciones.

Luego de advertir que el Plenario es la etapa del Proceso Penal que por sus características de oralidad, publicidad e inmediatez, permiten al acusado de un delito la posibilidad de ofrecer y producir pruebas pertinentes y útiles (art. 364 y ss CPP) de modo de garantizar al imputado el ejercicio de su defensa material, el Tribunal sostuvo que la prueba que la defensa técnica pretende nulificar son medidas practicadas por el Fiscal Instructor actuante de modo previo a toda intimación del hecho delictivo a los imputados, propias del órgano jurisdiccional a cargo de la investigación penal, la que de ninguna manera fue mantenida oculta ni acarreó violación alguna a las garantías constitucionales de la defensa en juicio.

Los argumentos proporcionados por el Tribunal, aunque breves, no fueron desvirtuados por el recurrente que no logró demostrar la ineficacia de las razones por las que se desestimó el planteo de nulidad fundado en los informes de fs. 33, 49/69 y 97/99, ni aportó fundamentos con entidad suficiente como para revertir la solución adoptada por la Alzada En ocasión de prestarse la declaración como imputado (fs. 550/551 del expediente principal traído a la vista), la defensa de Antonio Domingo Bussi expresó que los informes mencionados en el párrafo precedente, eran una prueba tendenciosa y carente todo valor jurídico. Sostuvo que le asistía el derecho a contar con asistencia profesional que indicara lo que a todas luces resultaba tendencioso al haberse indicado que como una subpartida de una cuenta de gasto reservados se liquidaban importes cometiendo lo que según la Fiscalía constituía un ilícito; y luego la suerte de ratificación tendenciosa e irregular al adjuntar el Contador Sollazi, imputando como gastos reservados, diferentes importes agregados a folios 98/99. Invocando los derechos que le asistían como imputado, solicitó que se realice un nuevo dictamen con participación de un perito de parte y sorteo de peritos imparciales, para que se informe si en el período 95/99 en que el imputado se había desempeñado como Gobernador de la Provincia, se habían o no liquidado importes en concepto de gastos reservados. Y sostuvo: "Para concretar esta defensa estima que si bien son informes, los mismos transgreden la garantía de efectivo control, que le asisten a su cliente " (cfr. fs. 550/551).

El argumento central de la sentencia del 19/11/2003 con relación a los informes ya mencionados, es que la prueba que la defensa técnica pretende nulificar son medidas practicadas por el Fiscal Instructor actuante de modo previo a toda intimación del hecho delictivo a los imputados, propias del órgano jurisdiccional a cargo de la investigación penal, la que de ninguna manera fue mantenida oculta ni acarreó violación alguna a las garantías constitucionales de la defensa en juicio.

El examen de los fundamentos recursivos permite advertir que el recurrente no ha proporcionado argumentos que justifiquen que las impugnaciones que se formulan contra los informes de fs. 33, 49/69 y 97/99, posean por sí solas entidad suficiente como para invalidar la acusación; ni que la falta de resolución de los planteos de nulidad fundados en la realización de dichos informes y articulados en la etapa de investigación, vaya a impedir obtener prueba esencial para la dilucidación de la cuestión planteada o a frustrar el esclarecimiento de la verdad. Al mismo tiempo, la sentencia del 4 de abril de 2003 que dejó sin efecto el sobreseimiento y dispuso la elevación de la causa a juicio, proporcionó los argumentos por los que consideraba que no correspondía el cierre anticipado del proceso, sino que las cuestiones planteadas merecían ser examinadas con la amplitud y extensión propias de la etapa plenaria.

En esas condiciones la gravedad institucional invocada en miras a obtener la apertura de esta instancia excepcional no aparece configurada en la especie. Ello obsta la admisibilidad del remedio casatorio intentado contra una sentencia carente de definitividad (arts. 469, 472 y conc. CPP).

Cabe advertir que en el memorial casatorio acompañado en copia a fs. 61/69 de autos, el quejoso reeditó los cuestionamientos a la requisitoria fiscal a partir de la nulidad de los informes de fs. 33, 49/69 y 97/99. Reiteró entonces parcialmente, las razones expuestas al formular oposición a la requisitoria fiscal (Cfr. fs. 913/927 del principal), en el sentido de que la acusación no satisface las exigencias del artículo 355 CPP, por carecer de motivación y no contener una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho.

Empero en el escrito de interposición de la queja el recurrente omite toda referencia a la nulidad de la requisitoria fiscal, que fuera desestimada por sentencia del 17/11/2003 de la Sala IV de la Cámara Penal, recaída en el "Incidente de Nulidad interpuesto por la defensa de Domingo A. Bussi, del requerimiento de elevación a juicio del Fiscal de Inst. de la VI Nom., y de la resol de la Sala VI de fecha 04/04/03" (Expediente Nro. 8233/99-I7), la que, como se consignó en el punto 4 de la presente resolución, quedó firme al no haberse cuestionado el auto denegatorio del recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia. Sus agravios quedaron circunscriptos a la nulidad de los ya citados informes de fs. 33, 49/69 y 97/99.

En definitiva en la estructura del proceso penal instaurada por la ley procesal vigente, el plenario constituye la etapa central del juicio propiamente dicho, donde se debatirán en amplitud los aspectos conducentes para la dilucidación de la causa. El imputado podrá declarar nuevamente, ofrecer y producir las pruebas que crea convenientes, o cuestionar la aptitud probatoria de los elementos ya incorporados en la etapa preliminar. La posible invalidez de los actos procesales debe en todo caso examinarse en función de la trascendencia que el pretenso vicio presentare respecto a la garantía de la defensa en juicio. La nulidad de los actos procesales -atento al principio de la instrumentalidad de las formas- requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual incompatible con el buen servicio de justicia (cfr. CSJNac., causa "Fiscal c/S., W:R. y otros", del 11/8/88).

7.- Por los fundamentos expuestos, el recurso de casación interpuesto resulta inadmisible a tenor de lo dispuesto en los artículos 469, 472 y conc. CPP, por lo que debe desestimarse la queja interpuesta contra su denegatoria.

Por ello, oído el Sr. Ministro Fiscal a fs. 83 y encontrándose excusados los doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se R E S U E L V E :

DESESTIMAR el recurso de queja deducido por la defensa del imputado Antonio Domingo Bussi, contra la resolución de la Sala IV de la Excma. Cámara Penal, del 25/11/2003.

HAGASE SABER.

ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO JULIO ESPINDOLA ARAOZ