Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, CONTENC. ADM.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-08-23


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: OCHENTA Y UNO En la ciudad de Río Cuarto, a los veintitrés días del mes de Agosto de dos mil doce, se reunieron en acuerdo público los señores vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, por ante mí, Secretaria autorizante, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/ PODETTI, ANGEL R. - EJECUTIVO" (Expte. Nº 396582), elevados en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, a cargo del Dr. Rolando Oscar Guadagna, quien mediante Sentencia Número Siete (fs. 94/97), dictada con fecha quince de junio de dos mil once, resolvió: "I) Hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título y en consecuencia rechazar la demanda promovida por el Fisco de la Provincia de Córdoba en contra del señor Angel R. Podetti. II) Imponer las costas a la actora vencida y regular los honorarios de los Dres. Javier E. López y Franco A. Podetti, en conjunto y proporción de ley, en la suma de Pesos un mil cuarenta y cinco con ochenta centavos ($1.045,80), que devengarán los intereses fijados en los considerandos. Protocolícese.".

El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

1era.) ¿Resulta procedente el recurso de apelación deducido por la parte actora? 2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad al resultado del acuerdo, se estableció que el orden para la emisión de los votos es el siguiente: señores Vocales José María Ordoñez, Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei.

A LA PRIMERA CUESTION el señor Vocal José María Ordoñez dijo:

I)- Breve relación de la causa.

El fallo venido en apelación contiene una relación de la causa que satisface los recaudos exigidos por nuestra ley ritual (art. 329, CPCC), por lo que en este punto me remito a él en honor a la brevedad. Resta por decir, para completar la misma, que interpuesto por la apoderada de la actora el recurso de apelación que nos convoca a fs. 99, el mismo fue concedido a fs. 100. Elevados y radicados los autos en esta alzada, corrido que fue el traslado a la apelante para expresar agravios, lo contestó la representante del Fisco provincial a fs. 106/108, solicitando a su través que se revoque el punto II del fallo y que se impongan las costas por el orden causado, con costas en caso de oposición. Ordenado traslado a la contraria, lo contestan a fs. 112/113 sus apoderados en juicio, pidiendo se confirme la sentencia recurrida, con costas. Dictado el decreto de autos a estudio (fs. 114), firme y consentido el mismo, quedó de tal forma la causa en condiciones de ser fallada.

II)- El recurso. Agravios.

Que contra la sentencia cuya parte resolutiva fuera objeto de transcripción en el encabezamiento, la parte actora se alzó en apelación planteando los agravios que aquella le ocasiona en relación con la imposición de costas dispuesta.

En apretado resumen, concreta sus quejas la apelante sosteniendo que diversamente a lo sustentado en el pronunciamiento impugnado, el inicio de la acción estaba plenamente justificado, ya que el demandado jamás comunicó a la Dirección de Rentas el cese de su actividad con los recaudos formales exigidos por la legislación vigente, lo que considera determinante para la promoción del juicio. Agrega que de un simple análisis de autos se advierte que el Fisco tenía razón fundada para litigar, abonando ello con citas de doctrina y jurisprudencia a las que me remito.

Se queja también porque el Juez a quo no obstante reconocer que el contribuyente incumplió su obligación de comunicar el cese del hecho imponible, le impone las costas al actor apartándose tanto de sus propios precedentes como de lo dispuesto por la jurisprudencia en que se funda, citando el fallo aludido y que fuera confirmado por esta Cámara.

Funda sus agravios en lo dispuesto en la parte final del art. 130, CPCC, invocando más jurisprudencia en apoyo de su posición, a la par que denuncia contradicción en el pronunciamiento, como así también arbitrariedad, toda vez que el fundamento esbozado para imponerle las costas es una simple misiva de manifestación unilateral del demandado sin cumplir con los recaudos de ley (arg. art. 37 inc. 3°, CTP), a la par que mal puede el Fisco tomar "conocimiento informal" de un deber "formal" del contribuyente, insistiendo en que el Fisco tenía razón fundada para litigar.

III)- Contestación.

Que la parte demandada - por las razones que expresa en el escrito de contestación a las que cabe remitir -, refuta los agravios y solicita la confirmación de la sentencia, con costas.

IV)- La solución.

Estimo que le asiste razón a la actora apelante en cuanto cuestiona, puntualmente, el capítulo inherente a la imposición de costas, cuales tuvieron como fundamento la circunstancia de que el Fisco había tomado conocimiento informal del cese de actividad del demandado, otorgando a la carta documento que en copia luce a fs. 24, un valor que, a mi juicio, no tiene sustento como para alterar la legislación vigente.

En efecto, los arts. 40 inc. 3) y 172 del CTP entonces vigente (t.o. en 1988 y sus modif.), que rige la cuestión litigiosa, ponen en cabeza del contribuyente inscripto una serie de obligaciones de carácter formal que, si bien no cambian -ni pueden hacerlo- la realidad de las cosas, cuales fluyen por sí mismas, no pueden ni deben pasar desapercibidas a la hora de juzgar una situación como la que aquí se nos presenta.

A través del primero de esos dispositivos, se impone como deber formal a cargo del contribuyente inscripto, la obligación de comunicar "a la Dirección dentro del término de quince (15) días de ocurrido, todo cambio en su situación que pueda originar nuevos hechos imponibles, modificar o extinguir los existentes, como asimismo la transformación, fusión o escisión de sociedades o empresas, transferencias de fondos de comercio, cambio de nombre o denominación, apertura de nuevos locales, y/o modificación en el régimen de tributación.".

Por otro costado, el segundo de esos preceptos dispone que: "Todo cese de actividad en la Provincia. deberá ser precedido del pago del impuesto y presentación de la declaración jurada respectiva, aún cuando no hubiere vencido el plazo general para efectuarlo, debiéndose tributar un importe no menor al mínimo establecido por la Ley Impositiva Anual proporcionado al tiempo en que se ejerció la actividad.".

Si bien de la normativa transcripta no es posible inferir válidamente que porque no se haya pagado el tributo ni comunicado el cese de la actividad comercial gravada, deba tenerse por verificado inexorablemente el "hecho imponible", tal como lo proponía la actora al contestar la excepción, ya que la actividad comercial gravada constituye el presupuesto de hecho necesario para que se origine la obligación tributaria (arg. art. 145, CTP), habida cuenta que nada le impide al Fisco el reclamo respecto de las obligaciones tributarias devengadas de manera previa al cese de la actividad, y, por otro lado, porque la circunstancia de haber omitido el contribuyente el cumplimiento de su deber formal de comunicar el cese, no le genere responsabilidad que, precisamente, el mismo CTP prevé para estos supuestos, cuales son, aparte del reclamo por la deuda tributaria que no hubiere declarado y le correspondería ingresar según lo anteriormente dicho, aquellas sanciones por infracciones reprimidas con multas, en los términos del art. 59 y sgtes., CTP (art. 59: "El incumplimiento de los deberes formales establecidos en este Código [.] constituye infracción que será reprimida con multas cuyos topes mínimos y máximos serán establecidos por la Ley Impositiva Anual, sin perjuicio de las multas que pudieren corresponder por otras infracciones. En caso en que la infracción consistiere en la omisión de presentar la Declaración Jurada dentro de los plazos establecidos, corresponderá la aplicación de la multa sin necesidad de requerimiento previo por parte de la Dirección de Rentas, dentro de los límites fijados por la Ley Impositiva."), no lo es menos que, como lo dijéramos en el precedente que la actora se encarga de recordar, el incumplimiento de dichos deberes formales impuestos por la legislación tributaria, no constituye un dato para nada menor (conf. Sent. N° 24 del 14/04/2011, in re: "Fisco c/ González").

En tal sentido, señalábamos que la conducta de las partes no puede resultar indiferente porque es indudable que la falta de comunicación del cese de actividad no le permitió al Fisco conocer cual era la real situación del contribuyente inscripto y, por ende, promover la ejecución de autos, asunto que requirió del ofrecimiento y producción de prueba que corroboró la misma, tal como surge de la sentencia (véase: punto II, primer párrafo, de los considerandos; en idéntico sentido en cuanto a la conducta de las partes: Sent. N° 28, del 06/04/2010, in re: "Abracen, Viuda de Goldfarb Raquel c/ Grinspan, Guillermo Augusto - Dda. Rendición de Cuentas", y Sent. N° 45 del 14/03/2012, fallada por el TSJ en la misma causa por vía del Recurso Directo, entre otras).

Siendo así, y no habiéndose cuestionado -desde ningún aspecto- la aludida normativa, más allá de que no se verifique en autos el hecho imponible como condición de exigibilidad del tributo, lo cierto es que no es posible que por la sola comunicación a través de una carta documento del cese de actividad, se concluya en la inaplicabilidad de los preceptos que rigen el caso, pues no es esa la formalidad que la ley le impone al contribuyente, cual es que el mismo se encuentre al día con el pago del tributo, circunstancia que ha sido expresamente reconocida en la referida carta documento por el demandado, motivo por el que resulta aplicable a su respecto la doctrina de los actos propios, según la cual nadie puede ponerse en contradicción incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (conf. CSJN, 11/3/1976, ED 67-335; LL 1976-C-435, entre otros; véase además: "Doctrina sobre los Propios Actos" en Manuales de Jurisprudencia LA LEY, que trata específicamente conductas desplegadas en el proceso -nros. 128 y 141- a más de toda la doctrina desarrollada sobre el punto y que ratifica la necesidad de coherencia en la conducta de las partes en el proceso, entre ellos: BORDA: "La Teoría de los Actos Propios", Abeledo-Perrot, 2da. Edic., aspecto que, además, se ha interpretado como receptado por el art. 316, segundo párrafo, CPCC, en cuanto al valor convictivo que se le asigna a la conducta de las partes -conf. MOLINA SANDOVAL: "La teoría de los actos propios en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba", Foro de Córdoba, Advocatus, Nro. 43, págs. 41 y sig.). En definitiva, soy de la opinión que en el caso de autos las costas deben imponerse por el orden causado, precisamente por darse claramente la circunstancia de no haber comunicado el contribuyente el cese de actividad al Fisco, como correspondía, teniendo éste razón plausible para litigar (arg. art. 130, última parte, del CPCC).

Voto por la afirmativa.

A LA PRIMERA CUESTIÓN los señores Vocales Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei dijeron:

Que adherían al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el señor Vocal José María Ordoñez dijo:

I) Que de conformidad con el resultado de la votación a la anterior cuestión propuesta al Acuerdo, corresponde que se sentencie esta causa haciéndose lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora, debiendo revocarse la sentencia recurrida en lo que fue motivo de agravio, y que las costas de la instancia inferior se impongan por el orden causado, dejándose sin efecto la regulación de honorarios practicada en su consecuencia, debiendo diferirse la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes, Dra. Rosa Inés Cravero por la actora, y Dres. Javier E. López y Franco A. Podetti por el demandado, para cuando ello sea solicitado (arg. art. 25 "a contrario sensu", del CAAP, ley 8226, aplicable en función de la vigencia temporal de dicho ordenamiento, según art. 125, ley 9459).

En cuanto a las costas devengadas por el recurso, ellas deben imponerse a la parte demandada, toda vez que de acuerdo con la solución que se propicia, nada relevante se puede erigir en argumento que permita apartarse del principio objetivo de la derrota que sienta, como regla general, el art. 130, CPCC.

Por ello, y teniendo en cuenta que lo debatido en esta alzada solo se encuentra circunscripto al monto de los honorarios que se regularan a los letrados de la parte demandada, dado que su importe - de conformidad con las pautas cualitativas y cuantitativas que establece la ley arancelaria aplicable al caso, arts. 34, 36 y cc. del CAAP, ley 8226 - no supera el mínimo legal, han de fijarse los honorarios de la apoderada del Fisco, Dra. Rosa Inés Cravero, en la suma equivalente a dicho mínimo de 4 "jus" a su valor actual, por lo que sus estipendios se fijan en Pesos quinientos treinta con doce centavos ($ 530,12), no correspondiendo regular honorarios a los letrados del demandado (art. 25 "a contrario" cit.).

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN los señores Vocales Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei dijeron:

Que haciendo suya la propuesta de resolución brindada por el señor Vocal de primer voto, adherían a la misma.

Por el resultado del Acuerdo que antecede, y por unanimidad del tribunal;

SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora, revocándose la sentencia en cuanto impuso las costas de primera instancia a la actora, disponiendo que las mismas sean determinadas por el orden causado, dejándose sin efecto la regulación de honorarios practicada a favor de los letrados del demandado.

II) Imponer las costas devengadas por el recurso a la parte demandada, regulándose los honorarios de la Dra. Rosa Inés Cravero en la suma de Pesos quinientos treinta con doce centavos ($ 530,12). Sin perjuicio del IVA.

PROTOCOLICESE Y BAJEN.