Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-08


SENT Nro. 659 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 08 DE SEPTIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Augusto Fernando Avila -por encontrarse recusado sin causa el doctor Alberto José Brito y excusado los doctores Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato-, bajo la Presidencia del doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por la representación letrada de Seagram S.A. en autos: "Destilería del Norte S.A. vs. Ingenio Aguilares S.A.C.I.A. s/Restitución de cosa dada en comodato".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Augusto Fernando Avila, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 879/885 vta. por la letrada apoderada de Seagram S.A., contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción de fechas 20/9/2001 y 19/3/2002.

Alega que las resoluciones impugnadas contradicen las constancias de autos y aplican arbitrariamente las normas arancelarias, lesionando el derecho de propiedad de su mandante.

1.1.- En su exposición de los antecedentes de la causa, relata que en autos se ha debatido la restitución de cosas que la actora Destilerías del Norte S.A. había dado en comodato a la demandada Ingenio Aguilares S.A., en virtud de los contratos obrantes a fs. 1/4. Esta pretensión fue deducida por vía incidental ante el Juez que entiende en el concurso de la accionada, invocando lo dispuesto por los arts. 142 y 281 de la LCQ 19.551; y el incidente concluyó con la condena a restituir los bienes demandados. A los fines regulatorios, los letrados que representaron a la actora propusieron como base la suma de $ 619.720,73, resultante de tomar el valor de los bienes dados en comodato, con más sus intereses calculados desde la fecha en que debieron restituirse a su legítimo dueño. La condenada en costas impugnó la planilla respectiva, y propuso se considere el valor que las partes asignaron contractualmente a los bienes objeto del proceso; es decir la suma de U$S 114.330. Se procedió entonces a la designación de un perito, conforme a lo previsto en el art. 40, incisos 3 y 4 de la ley 5480.

La sentencia de primera instancia decidió que la base debía conformarse con el valor de las cosas dadas en comodato, evaluadas por las partes en la suma total indicada en los contratos respectivos. Puntualizó además que en la demanda incidental no se reclamaron intereses, por lo que éstos no integraron el contenido de la pretensión esgrimida; resultando aplicable lo dispuesto por los citados incisos de la ley arancelaria local, y no su inciso 1º. Apelado el pronunciamiento, la Cámara a quo hizo lugar al recurso promovido por los profesionales beneficiarios de la regulación, en pronunciamiento que la recurrente estima arbitrario y lesivo del derecho de propiedad. Destaca que su representada deberá abonar estos emolumentos, ante la insolvencia de la condenada en costas.

1.2.- Le agravia la conformación de la base regulatoria determinada por el Tribunal de alzada, en tanto computa intereses no reclamados en la demanda, con fundamento en que de no haberse restituido los bienes, la obligación se transformaría en dineraria; incorporando de este modo una cuestión ajena al debate de autos, en transgresión al principio de congruencia. Según afirma, en autos se ha debatido una obligación de restituir cosas ciertas, contemplada en el art. 574 del C.C.; cuyo incumplimiento puede dar lugar a un reclamo de daños e intereses por inejecución a su debido tiempo, conforme prevé el art. 519 del mismo cuerpo legal, y en oportunidad de ser ello reclamado por el acreedor; lo que no ha acontecido en el sublite. Por ende, la base regulatoria adoptada resulta de la errónea aplicación de la ley arancelaria; toda vez que el caso de autos queda subsumido en los referidos incs. 3 y 4 del art. 40, ley 5480 y no en su inc. 1º como sostuvo el Tribunal a quo. Igualmente, al aplicar la ley de convertibilidad 23.928, con el argumento de que las partes no se opusieron a e llo; cuando en autos constaría lo contrario, ya que tanto el Ingenio Aguilares S.A. como Destilerías del Norte S.A. se habrían opuesto a lo así resuelto.

Como doctrina legal, postula que "Contraría las normas del art. 40, incs. 3 y 4 de la ley 5480 la decisión jurisdiccional consistente en adicionar intereses a un reclamo de restitución de bienes que no tiene incorporada pretensión resarcitoria alguna" 1.3.- De otra parte, sostiene que en autos se ha calificado erróneamente la naturaleza del procedimiento, lo que incide en el cálculo de los honorarios. Atribuye arbitrariedad fáctica a la sentenciante, cuando afirma que se trata de un proceso de conocimiento sumario; ya que de acuerdo a las constancias de autos, la pretensión ejercida por la actora ha sido incidental, encuadrando su reclamo dentro del procedimiento estatuido en los arts. 142, 181 y cc. de la ley 19.551. Cita diferentes actos procesales, a su entender demostrativos de que se imprimió el trámite correspondiente a los incidentes; entre ellos la resolución del 19/3/93 (fs. 153 y 154), que hizo mérito de la naturaleza del proceso. Añade que aun cuando el trámite haya sido arduo y se dictaran numerosas interlocutorias, ello no cambia su naturaleza; cuestión que no fue tratada por la Cámara al decidir el recurso de revocatoria previsto en el art. 32 de la ley 5480. Propone como doctrina legal, que "Es constitutivo de un supuesto de arbitrariedad fáctica el temperamento sentencial consistente en tratar, a los fines regulatorios, un procedimiento incidental como demanda ordinaria autónoma"; y que "En un procedimiento incidental desarrollado en el ámbito de un proceso falencial -que no se trate de un proceso de verificación tardía- y a falta de regulación expresa en la ley concursal, corresponde aplicar las normas arancelarias locales del art. 60 de la ley 5480".

1.4.- Corrido traslado de ley, a fs. 892/893 es respondido por el letrado apoderado del Ingenio Aguilares S.A., quien sostuvo la inadmisibilidad de la vía impugnativa intentada. A fs. 894 y sig. responde el letrado Enrique José Martínez, por sus propios derechos, pide el rechazo del recurso intentado, por considerar que el sublite ha sido correctamente encuadrado en las normas arancelarias aplicables, negando que se trate de un incidente concursal. El Síndico, a su vez, solicita se haga lugar a la impugnación casatoria, por considerar que el planteo se ajusta a derecho.

La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 12/9/2002. Se verifica que fue interpuesta en término contra una sentencia que, en materia de honorarios regulados a los letrados intervinientes, resulta definitiva, al desestimar el recurso de revocatoria contra el pronunciamiento modificatorio de honorarios, previsto en el art. 32 de la ley 5480. Por lo contrario, la impugnación casatoria deviene extemporánea respecto de los emolumentos de los peritos, fijados en la sentencia del 20/9/2001; pues en relación a ellos, no procede el recurso de revocatoria previsto en el art. 32 de la ley 5480.

El memorial se basta a sí mismo, y contiene la cita de las normas que se pretenden vulneradas, proponiendo la doctrina legal que la recurrente estima correcta. A fs. 878 corre agregada boleta que acredita el depósito de ley.

2.- Asiste razón a la recurrente, en relación al indebido cómputo de los intereses para la conformación de la base regulatoria. La cuestión ha sido resuelta por la Cámara de manera arbitraria y autocontradictoria, con la consecuente errónea aplicación de la ley arancelaria local. El caso de autos excluye claramente la aplicación de la normativa contenida en el art. 40, inc. 1º de la ley 5480, toda vez que lo pretendido por la incidentista ha sido la restitución de bienes, y no un valor dinerario.

2.1. - El Tribunal a quo comienza afirmando que el reclamo de la actora consistió simplemente en la devolución de los bienes prestados en comodato. Mas estima que las disquisiciones sobre la naturaleza de la obligación demandada "resultan inoficiosas e inconducentes, porque para determinar el valor real de los bienes objeto de la pretensión, no podía prescindirse de la aplicación de los respectivos intereses, ya que la devolución según se había establecido contractualmente debía hacerse varios años antes". A su criterio, los profesionales beneficiarios de los honorarios serían "terceros afectados, que no pueden verse perjudicados por la no aplicación de intereses a la suma dineraria determinada por las partes a la fecha histórica remota" (cfr. fs. 868 vta.). De allí que resuelve adoptar como base "el valor asignado a los bienes, que sería tanto como la suma reclamada, pues a los fines regulatorios siempre debe considerarse como una suma dineraria", a la cual la ley arancelaria inexorablemente mandaría aplicar intereses, con cita del art. 40, ley 5480.

2.2.- El art. 40 de la ley 5480 establece criterios objetivos, que vinculan la retribución de los abogados o procuradores a la cuantía de los asuntos en los cuales desarrollaron su actividad profesional. Cuando lo demandado ha sido una suma de dinero, el inc. 1º dispone que el monto del juicio está dado por la suma reclamada en la demanda o reconvención, si ésta se hubiere deducido, sus intereses, gastos, multas y cualquier otro rubro que deba adicionarse. A su vez, los incisos 3º y 4º de la misma norma regulan los supuestos en que la demanda o reconvención involucra bienes o servicios susceptibles de apreciación pecuniaria; en cuyo caso el monto del juicio está determinado por el valor de esos bienes o servicios. La tasación respectiva se practica con intervención de todos los interesados; y a falta de conformidad con la base propuesta por alguno de ellos, el Juez determinará los valores, previo dictamen de un perito tasador (arg. art. 40, inc. 4º). El sentido de la norma es procurar que a los efectos regulatorios se consideren valores reales y actuales, en el tiempo más próximo posible a la fecha en que se practique la regulación. El experto aporta un antecedente técnico-económico, y proporciona pautas orientadoras que el juez no está obligado a seguir, pues a él le compete decidi r cuál habrá de ser la base regulatoria; ponderando además las circunstancias que particularizan el caso.

La obligación de restituir la cosa a su dueño es una típica obligación de dar cosa cierta, y no una suma de dinero. Por ende, la base está dada exclusivamente por el valor de los bienes comprometidos; y su evaluación en una suma de dinero a los fines regulatorios, por aplicación de la normativa contenida en el art. 40, inciso 3º de la ley 5480, en modo alguno la transforma en una obligación dineraria de las reguladas en su inciso 1º.

En el sistema provincial, resulta improcedente computar el accesorio de un capital que no fue demandado; toda vez que la pretensión de la incidentista estuvo limitada a la restitución de los bienes prestados en comodato; y éste ha sido el resultado obtenido, en un pronunciamiento que no condenó a pagar cantidad alguna, y por ende, nada expresó sobre intereses. El art. 40, inc. 1º no aprehende las demandas por restitución de bienes, ya que en ellas no se reclama ninguna suma de dinero; sino que se refiere a los juicios en que lo demandado ha sido un importe dinerario. De allí que en principio, no revista incidencia el valor contractual asignado por los contratantes a otros efectos; sin perjuicio de que las partes interesadas puedan coincidir en adoptarlo a los fines regulatorios.

Las disposiciones legales se orientan a establecer el valor real de los bienes objeto del litigio a los fines regulatorios; por lo que carecen de incidencia las proyecciones hipotéticas sobre el eventual incumplimiento de la obligación de restituir, o a los presuntos daños que la demora podría ocasionar al acreedor; ya que la única pretensión esgrimida estuvo circunscripta a la mera devolución de las cosas prestadas.

No cabe sino señalar que los intereses revisten naturaleza accesoria respecto del capital, y tienen carácter esencialmente indemnizatorio de la privación temporaria de aquél; lo cual descarta la posibilidad de su incorporación al valor de los bienes involucrados, al solo efecto regulatorio. Es improcedente incluir los intereses dentro de la base regulatoria, cuando los mismos no integraron la pretensión del actor, y la resolución que los contempla valora una contingencia no sucedida en la litis; reiterándose que en autos no fue demandado el pago de daños y perjuicios a título alguno. De otra parte, la extensión temporal del litigio, reiteradamente invocada por los profesionales, tampoco autoriza a adicionar rubros ajenos al objeto del litigio; pues a todo evento, dicha circunstancia podrá ser valorada al momento de practicar la regulación, según prevé expresamente el art. 16, inc. i) del mismo cuerpo legal.

Por las razones expresadas, corresponde hacer lugar al agravio en examen, de acuerdo a la siguiente doctrina legal: "A los fines regulatorios, el reclamo de restitución de bienes dados en comodato requiere el procedimiento previsto en el art. 40, incs. 3° y 4° de la ley 5480, tendiente a establecer el valor de los bienes involucrados. La naturaleza de la acción intentada excluye la aplicación de intereses, pues lo demandado no ha sido una suma de dinero -supuesto regulado por sus incs. 1° y 2°-, sino el cumplimiento de una obligación de dar cosas ciertas, para restituirlas a su dueño." 3.- Prospera igualmente el agravio fundado en la naturaleza incidental del proceso en el que se cumplió la labor profesional a retribuir.

La Cámara a quo sostuvo que la propia génesis de estas actuaciones demostraría su carácter sumario; y que si bien han sido atraídas al proceso concursal, no agreden el patrimonio falencial, por tratarse de una acción de recuperación de bienes ajenos al patrimonio del concursado o fallido. A su entender, el caso no encuadra en el concepto de incidente descripto en el art. 280, ley 22.242, pues tampoco importa una cuestión que tenga relación con el objeto principal del concurso, sino que resulta ajena al proceso de liquidación de bienes del deudor; por lo que tampoco procedía el trámite de verificación. Afirmó además que el sublite involucra la mera obligación de restituir bienes de propiedad de la actora, lo cual excluiría su calificación como incidente concursal, al no concurrir la hipótesis de crédito insinuado o verificado, que presupone el art. 287 de la ley 24.522. En base a estas consideraciones, concluyó que el reclamo de restitución de bienes es un proceso autónomo, que no pierde su condición de tal por haber sido atraído en virtud del fuero de atracción propio de los procesos universales.

3.1.- Examinadas las actuaciones, se verifica que en fecha 07/02/89 la actora demandó ante el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones del Centro Judicial de Concepción, la restitución de bienes cedidos en comodato. Por sentencia del 10/4/91, esta Corte Suprema de Justicia resolvió el conflicto de competencia planteado entre el Sr. Juez que entiende en el concurso de la demandada, y el titular del Juzgado donde radicó la demanda; declarando la competencia del primero, por tratarse de un juicio de contenido patrimonial contra el concursado, que no encuadra en ninguna de las excepciones al fuero de atracción (cfr. fs. 77). Seguidamente, la actora promovió ante el Juez del concurso el denominado incidente de restitución de bienes dados en comodato, y requirió se imprima al asunto el procedimiento previsto en los arts. 142, 181 y cc. de la ley 19.551, a fin de que se ordene la inmediata devolución de los bienes de propiedad de su mandante.

Cabe poner de relieve que las partes discutieron sobre la procedencia y alcances de la apertura a prueba; y por auto del 19/3/93, obrante a fs. 153/154, el Juzgado resolvió que a mérito de la naturaleza incidental del proceso, sólo procedía ordenar la producción de la prueba ya ofrecida. Señaló en tal sentido que lo resuelto por la Cámara -apertura a prueba- no significó la ordinarización del proceso. Fue así que el punto II de la resolutiva, dispuso no hacer lugar por extemporáneas a las pruebas ofrecidas por la incidentista; criterio que fuera confirmado por el Tribunal de alzada en la sentencia del 12/11/93 (fs. 186/189). A su vez, la sentencia del 06/9/96 (fs. 380/382), que hizo lugar a la pretensión de la actora, textualmente expresa, en lo pertinente, "Hacer lugar a la presente incidencia deducida por Destilería del Norte S.A. en contra de Ingenio Aguilares S.A. sobre restitución de cosa dadas en comodato"; decisión que fue igualmente confirmada por la Cámara, y por esta Corte Suprema de Justicia, en los términos de la sentencia del 23/12/98.

Es oportuno destacar que en su pronunciamiento, esta Sala Civil y Penal subrayó el sistema particular previsto en la LC y Q, distinto de la verificación stricto sensu del crédito, y que emerge de los arts. 142 y 181 de la ley 19.551 (cuya redacción se mantiene en la ley 24.522, arts. 138 y 188). En dicha ocasión, puntualizó que la normativa responde a las peculiares características de esta acreencia, relativa a un bien que no forma parte del patrimonio de la concursada o fallida. La ley contempla un régimen diferencial, relativo a aquellas situaciones en las que el fallido tuviera la tenencia de bienes de propiedad de terceros, que le han sido entregados por un título no destinado a transmitir el dominio; disponiendo un procedimiento específico para obtener su restitución (art. 138, LC), "mediante el breve y sencillo trámite del art. 188 de la LC" (cfr. Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Concursal, Tº II, pg. 157 y sgte., Rubinzal-Culzoni, 1987). Recordó, finalmente, que el sometimiento de todos los acreedores al régimen concursal no significa que todos ellos deberán recurrir al trámite de verificación de su acreencia, cuando la misma ley ha previsto reglas distintas respecto de aquellos titulares de derechos que se ejercen sobre cosas que no pertenecen al deudor.

3.2.- El trámite impreso a estas actuaciones, y el contenido de los pronunciamientos dictados en las sucesivas instancias procesales reseñadas, hacen evidente su naturaleza incidental. En consecuencia, resulta de aplicación al caso la doctrina legal que, con anterior integración, ha establecido esta Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 23/8/94, dictada en los autos "Villagrán, Rubén T. s/concurso preventivo-Incidente p.p. Alpargatas S.A. s/verificación tardía"; que ha sido desconocida por el Tribunal a quo, al asignar a estas actuaciones la calidad de proceso autónomo.

No cabe duda de que el trámite impulsado por la acreedora de la obligación de restituir, precisado ya en la interposición de su demanda y en las distintas etapas del proceso, ha sido el de un incidente; y ello se proyecta en la determinación de la base regulatoria a considerar. El caso no queda aprehendido en el art. 66 de la ley arancelaria local, como sostuvo erróneamente la Cámara a quo; toda vez que cuando la labor profesional se ha desarrollado en un incidente dentro de un proceso judicial, debe acudirse al principio contenido en el art. 60 de la ley 5480, con su correlativo art. 44.

En sustento de esta conclusión, reproduzco las razones expuestas por el Dr. Alberto José Brito, Vocal preopinante en el pronunciamiento antes citado, del 23/8/94. Al igual que en la causa referida, el sublite constituye un "incidente", que como tal está comprendido en la previsión normativa, conforme al tipo de proceso en que fue sustanciada la petición del actor. La terminología empleada tanto por la ley arancelaria como por la ley de concursos 19.551, es concluyente en cuanto a la calificación del proceso sustanciado en autos... En este sentido, no cabe sino calificar a las presentes actuaciones como un incidente dentro del proceso concursal. Tramitan por un procedimiento abreviado y distinto del de pleno conocimiento, en el que el demandante intenta simplemente hacer valer su acreencia, y no promover un juicio ordinario o sumario contra el concursado. La tarea interpretativa propia del órgano jurisdiccional importa buscar el sentido y valor de la norma en relación al caso, para lo que no sólo debe indagarse su significado gramatical, sino el espíritu de la misma; o, dicho de otro modo, sus motivos y fines, que le dan sentido..."(cfr. CSJTuc., sentencia del 23/8/94 en autos "Villagr án, Rubén T. s/Concurso preventivo-Inc. p.p. Alpargatas S.A. s/verificación tardía") Es doctrina del Tribunal, que el art. 60 de la ley 5480 establece una pauta general referida a todo proceso configurado como incidente; y por ende resulta de aplicación al sublite. Este dispositivo, como norma específica, debe conjugarse en lo pertinente con lo establecido en su art. 40; que se limita a establecer la base regulatoria en sus diferentes supuestos. Tal interpretación se ajusta a la realidad de la actuación profesional objeto de esta litis. Resulta incongruente entender que el órgano jurisdiccional trate al sublite como un "incidente", para luego aplicar las pautas del proceso ordinario a los fines regulatorios. Con esta inteligencia, debería también considerarse al incidente dividido en tres etapas, según el art. 43 de la ley 5480; lo que escapa a toda lógica, desde que sólo existieron las dos etapas señaladas por el art. 44, según corresponde a la estructura del proceso precisada por el órgano jurisdiccional en las diferentes instancias.

La aplicación inmediata de la escala prevista en el art. 40 lleva a un resultado abultado con la real labor desplegada, en un trámite que desde el punto de vista jurídico procesal constituye un incidente y no un juicio ordinario o sumario; y el citado art. 60 de la ley 5480 prevé específicamente la regulación que corresponde a los incidentes. "Con la solución que se propicia, se obtienen regulaciones de honorarios que no sólo observan íntegramente los textos legales, sino que guardan relación con los valores económicos en juego, consagrándose la justicia del caso." 3.3.- Dados los fundamentos que sustentan el decisorio en recurso, es también oportuno reiterar que, según tiene dicho este Tribunal, la presente litis involucra la interpretación de leyes provinciales, cuyas disposiciones presentan, en conjunto, diferencias significativas en relación a lo dispuesto por la ley nacional Nº 21.839, regulatoria del régimen arancelario para abogados y procuradores. En tal sentido, la similitud literal de los arts. 31, inc. c) y 60 de la ley local, no autoriza a concluir en la aplicabilidad de su doctrina al sublite, cuando existen criterios disímiles apreciables entre ambos ordenamientos. Así, el art. 60 de la ley local alude a la "naturaleza jurídica del planteamiento", como pauta para la determinación de honorario; referencia que está ausente en su similar de la ley nacional. La previsión normativa provincial no sólo refiere a procesos cuya base regulatoria pueda eventualmente identificarse con la del proceso principal, sino que también permite dar cabida a aquellos incidentes cuyo contenido se desvincule de aquél -en el caso, un incidente concursal-, pero cuya naturaleza jurídica resulta ser (como sucede en la especie) la del tipo de proceso regulado en sus disposiciones.

De otro lado, en la legislación provincial el "monto del proceso" definido por el art. 40, inc. 1º de la ley 5480, debe ser conceptualizado como "el capital actualizado de la suma reclamada en la demanda o reconvención...". En cambio, el art. 19 de la ley 21.839 considera monto del proceso a "la suma que resultare de la sentencia o transacción". Como puede advertirse, tal discrepancia de pautas en la conformación de la base regulatoria - las que se proyectan también en los incidentes-, ponen de resalto las diferencias de regímenes existentes entre ambas legislaciones. De allí que esta Corte se ha pronunciado por la inaplicabilidad de la doctrina jurisprudencial referida por la Cámara a quo, sentada en la causa "Sanfilippo", resuelta por la Suprema Corte Nacional en fecha 15/9/87; concluyendo que la establecida por esta Corte local en la causa "Villagrán", es la que se ajusta a la ley arancelaria provincial.

Por lo considerado, en relación a este agravio procede hacer lugar al recurso en examen, reiterando en lo pertinente la doctrina legal de esta Corte Suprema de Justicia, a tenor de lo siguiente: "Configura un supuesto de sentencia arbitraria y por ende, jurídicamente descalificable, la que se dicta prescindiendo de la normativa aplicable al caso, según doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, y de las constancias obrantes en la causa que resuelve". "El proceso de restitución de bienes de propiedad del demandante, previsto en los arts. 142 y 181 de la LC y Q 19.551, cc. con los arts. 138 y 188 de la ley 24.522, constituye un incidente que tramita en el marco del concurso preventivo, y se diferencia en su estructura y trámite procesal, del proceso de conocimiento ordinario o sumario. Los honorarios de los profesionales intervinientes deberán regularse según las pautas del art. 40, ley 5480, aplicando la escala prevista en el art. 60 de la misma, que dispone de manera genérica el modo de regular en todo incidente; atendiéndose además a las etapas efectivamente cumplidas, como señala el art. 44 de la misma ley".

4.- En autos, la sentencia de primera instancia del 07/7/2000 (fs. 744/746), adoptó como base regulatoria el valor de los bienes comprometidos, que las partes expresaron en los contratos glosados a fs. 1/5. Señaló además que la demanda incidental no incluyó reclamo de intereses, y que en la especie resultaban de aplicación los incisos 3º y 4º del art. 40, ley 5480, y no su inciso 1º; y desestimó las bases propuestas por el perito, imponiendo las costas de la incidencia por el orden causado. En lo pertinente, la regulación fue practicada aplicando los arts. 16, 19, 20, 21, 39, 40 inc. 3 y 4, 42, 44, 60 y cc. de la ley 5480.

Los agravios de los profesionales apelantes estuvieron dirigidos primordialmente contra la determinación de la base regulatoria. Del memorial obrante a fs. 756/763 surge que los recurrentes postularon tres alternativas para establecer la base a considerar regulatoria: a) valor origen de los bienes dados en comodato, a la fecha en que debieron ser restituidos por la concursada; estableciendo si debía ser expresado en dólares estadounidenses o en moneda argentina de curso legal; b) Valor actualizado de los bienes, por aplicación de las normas de la ley de convertibilidad; c) Determinación pericial del valor de los bienes. Atento al modo en que se resuelve la cuestión, y al contenido de los agravios expresados por los apelantes contra lo resuelto en la primera instancia, corresponde hacer lugar al recurso de casación, de acuerdo a las doctrinas legales enunciadas precedentemente, y restituir los autos a la Cámara a fin de que por quien corresponda, proceda a dictar nueva sentencia con arreglo a dichas doctrinas.

A mérito del resultado a que se arriba, los antecedentes de la causa y el modo en que ha sido resuelta la cuestión en la sentencia recurrida, las costas del recurso de casación se imponen por el orden causado (art. 106, primera parte y 108, CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Augusto Fernando Avila, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 879/885 vta. por la letrada apoderada de Seagram S.A., contra las sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción de fecha 19/3/2002, que resolvió el recurso de revocatoria planteado contra lo resuelto en fecha 20/9/2001, conforme a las doctrinas legales enunciadas en los considerandos precedentes. En consecuencia, se deja sin efecto el fallo impugnado, únicamente en relación a los honorarios de los letrados intervinientes, modificados por la Cámara a quo en los términos de la sentencia del 20/9/2001. Los autos se restituirán a la Excma. Cámara para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a las doctrinas establecidas en la presente sentencia, y con los alcances que emergen de la misma. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE AUGUSTO FERNANDO AVILA