Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-07


Buenos Aires, 7 de abril de 2010.

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El Sr. Gastón Maximiliano Basualdo interpuso el 27/12/2006 una demanda "al solo efecto interruptivo de la prescripción para el reclamo de la fijación y cobro de daños y perjuicios emergentes del penoso y lamentable hecho acaecido en el interior del local conocido como 'REPUBLICA CROMAÑON' (...) en donde fui victima de tal suceso, produciéndome serios trastornos psicofísicos" (fs. 1). Dirigió su demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otras personas físicas y jurídicas. En el petitorio, solicitó que "se proceda a ordenar el archivo de las presentes actuaciones" (fs. 2).

El juzgado de primera instancia lo tuvo por presentado y dispuso "Previo a todo trámite, deberá el presentante acompañar en el plazo de tres días las copias para traslado..." (fs. 3).

El actor planteó revocatoria con apelación en subsidio contra la intimación a presentar copias pues, sostuvo, que el objeto de la demanda "es la interrupción de la prescripción, y que dicho objeto se agotó cuando esta parte inició la presente demanda..." (fs. 6) La jueza de primera instancia admitió la revocatoria "Teniendo en cuenta que la actora interpuso la demanda de fs.1 al sólo efecto de interrumpir el curso de la prescripción de la acción, en los términos del art.3986 CC (...) sin perjuicio del cumplimiento de la carga procesal en su oportunidad" (fs. 11), lo que se notificó al actor el 09/03/2007 (fs. 12 y vuelta).

El 13/03/2007 la parte actora solicitó nuevamente el "archivo de las presentes actuaciones, toda vez que las mismas han cumplido con su objeto" (fs. 13). La secretaría del juzgado dispuso el 21/03/2007 "En atención a los términos dispuestos en el art. 3987 del Código Civil de la Nación, aclárese lo solicitado y se proveerá" (fs. 14).

Ante la inactividad de la actora el 12/11/2008 la jueza de grado dictó la sentencia que declaró perimida la instancia (fs. 15).

2. Notificado el actor de esa decisión (fs. 18 y vuelta) apeló la sentencia (fs. 16) y expresó agravios (fs. 30/34). Sostuvo que la resolución de primera instancia decretó erróneamente la caducidad de la instancia sin atender que no había instancia abierta pues el objeto de la acción había concluido, ya que se trataba de una demanda al sólo efecto interruptivo de la prescripción y para su posterior archivo. Acompañó copia de la demanda iniciada el 23/12/2008 ante la Justicia Nacional en lo Civil, referida a los daños y perjuicios que reclama (fs. 21/29).

La Sala II de la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia. Sostuvo que el problema central no residía en los efectos de la demanda interruptiva de la prescripción, sino que "a fs. 14, en fecha 21/3/2007, se proveyó -ante la petición del actor- que 'aclarado que sea se proveerá' -aspecto que se encuentra firme-, la inactividad del actor, frente a la carga procesal impuesta, determinó que el 12/11/2008 se decrete la caducidad de la instancia por haber transcurrido el plazo previsto en el art. 260, inc. 1 del CCAyT (v. fs. 15)".

3. El actor interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 41/54 vuelta). Sostuvo que el fallo "incurre en arbitrariedad manifiesta como consecuencia de una arbitrariedad normativa y fáctica, en el sentido que se trata de una resolución inadecuadamente fundada y por ende arbitraria y violatoria del debido proceso y del derecho de defensa de mi parte" (fs. 41). Afirmó que "se le exige una actuación que va más allá del objeto de la acción intentada y que a raíz de ello y del decreto de caducidad establecido conllevaría la pérdida de la acción para reclamar su legítimo derecho" (fs. 42 vuelta). Agregó que "LA PARTE ACTORA SE VIO INMERSA EN UNA CONFUNSIÓN QUE BIEN ´PUDO HACERLE CREER QUE LOS AUTOS DE MARRAS YA SE ENCONTRABAN EN ARCHIVO." (ídem, mayúsculas, negritas y subrayados corresponden al original). Planteó también que la arbitrariedad se presenta también en que se ha efectuado una aplicación no restrictiva del instituto de la caducidad de instancia (fs. 43).

La Sala I concedió parcialmente el recurso (fs. 56/57). Expresó que "el fallo impugnado se trata de una sentencia interlocutoria que resolvió sobre una cuestión procesal circunscripta a la declaración de la caducidad de la instancia que, como principio, no conlleva la calidad de definitiva. Sin embargo, cabe destacar que el decisorio recurrido es equiparable a tal, en función de impedir la prosecución del proceso [y] por la imposibilidad de iniciar una nueva acción ante la prescripción de la misma". Agregó que "de los propios términos de la sentencia cuestionada, surge que fue objeto de tratamiento y decisión - tal como se expresó anteriormente- una cuestión específicamente procesal."; no obstante lo cual entendió que se planteaba "un efectivo agravio que constituye una cuestión constitucional, encuadrable en el supuesto contemplado en el artículo 27 de la ley 402, en tanto la cuestión resuelta se halla en directa relación con la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Y ello es así por la sola circunstancia de que la sentencia en crisis se proyecta más allá de la presente litis, por cuanto, ante la posibilidad de encontrarse prescripta la acción, no podrá acudir a otra instancia judicial en que puedan debatirse los derechos en juego, negando así, en modo definitivo, la posibilidad de que la actora haga uso de lo que considera son sus atribuciones constitucionales". Por lo contrario, denegó la concesión del recurso en relación a la supuesta "arbitrariedad" del fallo. El Fiscal General Adjunto consideró que debía declararse mal concedido el recurso por ausencia de un caso constitucional (fs. 63/64 vuelta).

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

El recurso fue incorrectamente concedido por el tribunal de alzada, toda vez que la sentencia contra la que está dirigido no es una definitiva ni equiparable a tal (conf. art. 27, ley nº 402), toda vez que no ha impedido al recurrente promover la acción ante la jurisdicción en la que entiende que le asiste derecho a hacerlo.

La revisión de la providencia que tuvo por perimida la instancia no tiene por propósito la prosecución del proceso cuya caducidad viene impugnada. Ello torna inaplicable las razones que fundan la jurisprudencia de la CSJN con arreglo a la cual "es admisible el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que declaró operada la caducidad de la instancia, si el caso es de aquellos que pueden ocasionar un agravio de imposible reparación ulterior, pues la situación podría encuadrarse en lo dispuesto por el artículo 3987 del Código Civil, con lo cual la apelante perdería la oportunidad de reiterar su demanda en las instancias ordinarias" (Fallos: 327: 4113; 327:3024; 326:1183; entre muchos otros), ciertamente en circunstancias en que la revisión de la caducidad importa remover un obstáculo para continuar el desarrollo del pleito.

La presente demanda fue interpuesta con expresa indicación de que perseguía el sólo efecto interruptivo, no su trámite, ni aún en la etapa primera del traslado a la accionada. El actor indicó luego que entendía incompetente a esta jurisdicción, y llevó su reclamo al Fuero Nacional en lo Civil. En definitiva, el proceso estaba destinado a concluir sin completar su trámite. El interés jurídico que refiere el recurrente no es el de mantener viva la acción sino el de evitar que sus peticiones sean interpretadas como un abandono de la acción susceptible de acarrear la aplicación del art. 3987 del Código Civil. Acerca del contenido de la voluntad puesta de manifiesto por el accionante corresponderá pronunciarse, según la radicación de la causa que refiere en estas actuaciones, a jueces que no integran el Poder Judicial de la CABA, aunque ejerzan competencias que el art. 129 de la CN atribuya a ésta. Esa será la jurisdicción a la que cabrá establecer si los pasos dados por el recurrente, que en todo momento dejó expuesta su voluntad de limitar el trámite de este proceso a lo efectivamente obrado, pueden conllevar a la aplicación del art. 3987 del Código Civil, sin que quepa sostener que el modo en que pasan al archivo -perención de instancia- las actuaciones labradas en esta jurisdicción proyecta efectos distintos de los que la parte pidió, puesto que las leyes locales pueden escoger las modalidades que estimen adecuadas para archivar las actuaciones a las que corresponda aplicarlas; pero, no proyectar efectos sobre las relaciones jurídicas tratadas por los códigos de fondo del art.75, inc. 12 de la Constitución Nacional.

Por las razones expuestas, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, voto por declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad obrante a fs. 41/54.

La jueza Ana María Conde dijo:

Como acertadamente destaca el Dr. Lozano en su voto, al que adhiero, la sentencia cuestionada por el recurrente no reviste carácter definitivo ni equiparable a tal, ya que la caducidad de instancia decretada en autos pone fin a un proceso que fue iniciado al único efecto de interrumpir la prescripción liberatoria, mientras que el reclamo de fondo fue deducido en el marco de otro juicio que tramita en otra jurisdicción -ante la justicia nacional en lo civil-.

Asimismo, el recurrente no plantea un genuino caso constitucional, ya que sus agravios constituyen una mera discrepancia con la forma en que los jueces de mérito aplicaron normas rituales infraconstitucionales para resolver una cuestión de neto corte procesal.

En virtud de lo expuesto, voto por declarar inadmisible el presente recurso de inconstitucionalidad.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El decisorio impugnado por el actor -que confirmó la resolución de primera instancia que había declarado la caducidad de instancia en los términos del art. 266 del CCAyT- resulta equiparable a una sentencia definitiva por los efectos que produce en cabeza del recurrente. En caso que la perención de instancia declarada en el caso devenga firme, es razonable pensar que, cuando ella tenga que ser valorada en el marco del proceso de daños y perjuicios iniciado ante la justicia nacional en lo civil, podrá llegar a tener una incidencia determinante y privar al actor de la posibilidad de accionar -si se entiende que la interposición de la demanda en sede local no resultó hábil para interrumpir la prescripción a tenor de lo dispuesto en el art. 3.987 del Cód. Civil-.

2. Sin perjuicio de ello, coincido con mis colegas preopinantes en cuanto a que, en el caso, corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad local. Ello así, toda vez que la accionante no ha logrado plantear fundadamente un agravio constitucional en los términos del art. 113, inc. 3º, de la CCABA. En efecto, la decisión que declaró operada la caducidad de instancia del proceso iniciado "al sólo efecto interruptivo de prescripción" con fundamento en que había transcurrido el plazo previsto en el art. 260, inc. 1, del CCAyT y aquella de la Sala II que la confirmó -más allá de su acierto o error- versaron exclusivamente sobre aspectos propios de los jueces de la causa, relativos a cuestiones de hecho y de derecho procesal infraconstitucional, que resultan ajenos a esta instancia recursiva. En este punto, cabe añadir que la genérica invocación de disposiciones constitucionales (arts. 5,14, 16, 17, 18, 28, 31 y 75, inc. 22, de la CN y art. 13 de la CCABA) o la alegación de la arbitrariedad de la sentencia no resultan suficientes para cumplir con el recaudo aludido.

Por los motivos expuestos, de acuerdo con lo dictaminado por el señor Fiscal General Adjunto a fs. 63/64 vuelta, corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad articulado a fs. 41/54 vuelta.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1.El recurso de inconstitucionalidad, en los términos en que fue admitido por el tribunal superior de la causa, ha sido correctamente concedido.

2.La sentencia recurrida resulta equiparable a definitiva pues deja, en el mejor de los casos, en total incertidumbre al actor respecto de saber qué eficacia tiene la interposición de su demanda al sólo efecto de interrumpir el curso de la prescripción liberatoria. En consecuencia, esa incógnita no despejada por el trámite judicial se proyecta sobre el derecho de acción y el acceso a la justicia (cfr. art. 8.1., CADH), los cuales cuentan con expresas herramientas legales (v.gr.: art. 3986, Cód. Civil) que coadyuvan a no vaciarlos de contenido ni eficacia. En rigor de verdad, en mi opinión la decisión recurrida podría ser interpretada con toda razón, por otro órgano jurisdiccional en un proceso que tenga la misma pretensión, como justificación para tener por no interrumpida la prescripción.

3.Lo expresado se corrobora si se advierte que lo decidido por las instancias inferiores va en sentido definitivamente contrario del objeto de la demanda interpuesta. En efecto, el actor pretendía interrumpir la prescripción y lo que obtuvo fue una declaración de perención de instancia que, precisamente, neutraliza el efecto interruptivo de la interposición de la demanda (cfr. art. 3986, Cód. Civil). Con mayor precisión, puedo decir que las decisiones recaídas no rechazan la solicitud de tener por interpuesta la demanda con efecto interruptivo -esa hubiera sido estrictamente una decisión contraria a lo peticionado por el justiciable- sino que deciden extrapetita, algo no comprendido ni previsto en el propósito al que apunta el objeto de la demanda.

4.Este proceso se presenta entonces como una suerte de extraña reformatio in pejus en donde el actor, en vez de consolidar una posición jurídica con una herramienta expresa destinada a ese fin - interrumpir la prescripción mediante la interposición de la demanda y a ese sólo efecto- fue perjudicado por un desarrollo del trámite sorpresivo que ubicó a Basualdo en peores condiciones, en cuanto a sus expectativas jurídicas, que las que tenía antes de poner en marcha lo que debió ser una sencilla actividad jurisdiccional.

5.Entre los errores del trámite que repercuten en el derecho de defensa del actor y que éste señala en su recurso, se destacan dos, uno en el procedimiento y otro en la decisión impugnada: a) La notificación por ministerio de la ley de la resolución del 21/03/07 que debió hacerse por cédula según los términos del art. 119, CCAyT y de una recta interpretación de la dirección del proceso cuyo fin no puede ser sorprender a la parte con un mecanismo ficto de conocimiento, y; b) la inteligencia del tribunal superior de la causa y del magistrado de primer grado en cuanto que la instancia estaba abierta y, por lo tanto, podía caducar. En rigor, la "instancia" -desde el punto de vista de la carga de impulso y de su correlato, el instituto de la caducidad de instancia-, se abre sólo a partir de la firma de la resolución que ordena el traslado de la demanda aunque no se encuentre notificada a la parte demandada (arg., art. 260 CCAyT, incorrecta e imparcialmente citado por el tribunal superior de la causa en su resolución del 17/9/09).

Antes de esa resolución pueden existir cargas de integración de la demanda, que de no satisfacerse autorizan a su archivo, pero no una declaración de perención de una instancia que no ha comenzado.

Como los fundamentos de la sentencia atacada se apoyan en los errores indicados, la decisión impugnada lesiona la garantía constitucional del derecho de defensa desde el inicio: el acceso a la justicia y la oportunidad de ser oído con alguna chance en la defensa de los derechos en juego.

Por las razones expuestas, voto por: a) declarar procedente el recurso, b) revocar la decisión impugnada y mandar que un tribunal distinto dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a lo aquí expresado.

Por ello, de acuerdo a lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Gastón Maximiliano Basualdo.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva a la Cámara remitente.