Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-16


RAWSON, 16 de junio de 2.010.- ------ VISTOS: ------- ------ Estos autos caratulados: "W. G. P. A. S. S.A. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad" (Expte. N° 21.942 - F° 181 - Año 2.010 - Letra "W").---- ------ DE LOS QUE RESULTA: ------ ------ El Dr. D. M. C. B., en representación de la firma W. G. P. A. S. S.A., promovió ante este Superior Tribunal de Justicia una acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del C.P.C.C., con el fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del Capítulo X de la Ley 3.270 de la Provincia del Chubut.- ------ Señaló que la declaración de certeza resulta necesaria para determinar la constitucionalidad de la norma que atacó, ya que empresas de la región -sin mayores precisiones- habían decidido abstenerse de contratar con su representada, por no acreditar el pago de la gabela impuesta por el artículo 36 y siguientes de la ley impugnada.- ------ Agregó que W. G. P. A. S. S.A. no cumple con el pago del rubro previsto en el Capítulo X de la Ley 3.270, por considerarlo una imposición arbitraria y claramente confiscatoria que conculca las garantías constitucionales establecidas en los artículos 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional y lesiona, de manera irreparable apuntó, el derecho de propiedad en sentido amplio, tal como lo entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación.--- ------ Explicó que, en su opinión, el Fondo de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral establecido por la ley no reúne los requisitos mínimos para su procedencia, puesto que fija una tasa por servicios para los contribuyentes sin que se conozcan las prestaciones que la Secretaría de Trabajo de la Provincia brinda a las industrias de la ciudad (Comodoro Rivadavia) con los fondos recaudados. Además, entiende que las funciones inherentes al poder de policía del trabajo, a cargo de la Provincia, deben llevarse a cabo con recursos provenientes de rentas generales y no financiarse con fondos especiales.--- ------ Concluyó manifestando que la carga impuesta por la Ley 3.270 no tiene carácter de tasa compensatoria por servicios, sino de impuesto o tributo general, circunstancia que hace notoria -a su criterio- la inconstitucionalidad impetrada, al no haber tenido la norma el tratamiento legislativo exigido para la creación de esa clase de gravámenes.---------- ------ Apuntó que, como particular damnificado, sufría las consecuencias de la aplicación de la norma materializadas en la imposibilidad de llevar a cabo con normalidad sus actividades industriales y actos de comercio, por la postura irrestricta que asumieron sus habituales contratantes. Por ello, solicitó se haga lugar a la declaración de certeza que promovió y se declare la inconstitucionalidad del Capítulo X de la Ley 3.270 de la Provincia del Chubut, artículos 36 al 47.------- ------ A fs. 22/23 emitió dictamen el Sr. Procurador General de la Provincia, Dr. Jorge Luis MIQUELARENA. Opinó que la acción intentada debe ser declarada inadmisible porque la firma W. G. P. A. S. S.A. no logró acreditar la existencia de un agravio que la afecte de forma directa o sustancial, es decir, con la suficiente concreción e inmediatez como para poder instar la revisión constitucional de las normas que propicia.

------ Agregó que la accionante se limitó a argumentar, sin acompañar u ofrecer prueba alguna para acreditar las circunstancias que considera suficientes a los efectos del agravio, con lo cual no ha demostrado el presupuesto procesal de la existencia de un perjuicio o lesión actual de un derecho, que habilite la procedencia de la acción intentada.---- ------ CONSIDERANDO: --- ------ Que la pretensión de W. G. P. A. S. S.A., tal como ha sido planteada, exige un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor, y que éste no disponga de otro medio legal para ponerle término de manera inmediata (artículo 325 de la Ley XIII - N° 5, antes artículo 322 del C.P.C.C.). El requirente procura, entonces, despejar las dudas que recaen sobre una relación jurídica, mediante una sentencia declarativa de certeza con ejercicio del control constitucional. ----- ------ De la sucinta presentación hecha por el representante de la sociedad, no surge la referencia a una relación jurídica concreta sobre la que pese un estado de incertidumbre, determinante de la existencia de "causa o caso" como requisito imprescindible para habilitar la instancia judicial en el marco de la acción declarativa de certeza. Por el contrario, no hay más que referencias genéricas a vínculos jurídicos que habrían quedado truncos, del tipo "varias empresas han decidido abstenerse de contratar con mi representada" (fs. 5 vta.), sin mayores precisiones ni asomo fáctico que respalden esa afirmación.--------- ------ Al no haber acreditado el primer requisito que exige la norma adjetiva invocada, del cual dependen las demás exigencias procesales, es innegable que la acción declarativa de certeza impetrada no procede. Pero a poco de analizar el reclamo se advierte que el verdadero propósito es obtener una declaración directa de inconstitucionalidad sobre el Fondo de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral en los términos del artículo 179, inciso 1.1.1 de la Constitución Provincial, pauta legal que en su presentación no invoca. Es decir, el actor aspira obtener una sentencia que derribe la legalidad de los artículos 36 a 47 de la Ley X - N° 15, antes Ley N° 3.270, por considerarla contraria a nuestra Carta Magna Federal. -------- ------ La acción declarativa de inconstitucionalidad cuya competencia exclusiva y excluyente le fue otorgada a este Superior Tribunal de Justicia a través del artículo 179, inciso 1.1.1 de la Constitución Provincial es un ágil instrumento procesal que produce un enorme impacto sobre el ordenamiento jurídico impugnado, por ser la herramienta más directa con las que cuenta el Poder Judicial para ejercer el control de legalidad de las decisiones adoptadas por otro de los poderes del Estado, el Legislativo.- ------ Aún cuando el objeto de la acción es diferente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció jurisprudencialmente que los requisitos para la procedencia de la declaración de inconstitucionalidad directa son aquellos establecidos en el artículo 325 de la Ley XIII - N°5, antes artículo 322 del C.P.C.C., con una clara referencia a las normas constitucionales transgredidas.

------ El ataque debe dirigirse con precisión, bajo una clara indicación del modo en que la norma cuestionada violentó los derechos constitucionales cuya tutela se pretende; y en función de las significativas consecuencias que provoca la declaración de inconstitucionalidad, cualquier deficiencia argumental que exhiba la pretensión no puede ser suplida por el Tribunal, por lo que debe rechazarse sin más la acción.---------- ------ Bajo ese criterio nuestro máximo tribunal federal expresó que "La acción declarativa de inconstitucionalidad debe tener por finalidad precaver las consecuencias de un acto en ciernes -al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal- y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto. No existe caso que pueda ser resuelto por el Poder Judicial si no ha existido actividad alguna que haya puesto en tela de juicio el derecho que se ejerce, ni se ha afectado el interés que se invoca; no median actos concretos o en ciernes del poder administrador" ("Pereyra, Eliseo Armando c/ Estado Nacional y otro (Salta) s/ inconstitucionalidad" - 15/07/1997 CSJN T. 320, P. 1556) .--------- ------ El representante legal de la firma W. G. P. A. S. S.A., en la sucinta presentación de fs. 4/7 refirió sin demasiado rigor su pretensión, limitó el agravio constitucional a una referencia genérica de los artículos 14, 14 bis y 17 de nuestra Carta Magna, alegando una lesión irreparable del derecho de propiedad cuya causa generadora no queda claro cuál ha sido.

------ Es evidente que la causa ni el objeto de la acción revisten idoneidad para lograr los efectos jurídicos perseguidos, por lo que deberá rechazarse la demanda a efectos de impedir un dispendio jurisdiccional injustificable.

------ Por no haber existido contradictorio la imposición de costas no corresponde. No obstante, de conformidad con el artículo 46 de la Ley XIII - N° 4, antes Dto. Ley N° 2.200 - T.O. N° 138/99, modificado por Ley N° 4.335, procede regular los honorarios de los profesionales intervinientes, ajustados a la calidad y eficacia de la labor desarrollada, teniendo en cuenta que el proceso instaurado fue de naturaleza declarativa.--------- ------ En disidencia, el Dr. Alejandro Javier PANIZZI juzga:

------ I) El artículo 179 de la Constitución Provincial determina la competencia del Superior Tribunal, que conoce y resuelve, originaria y exclusivamente, en pleno, "De las acciones declarativas de inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas municipales, que estatuyen sobre materia regida por esta Constitución y se controviertan en caso concreto por parte interesada" (inciso 1.1.1). Es decir, que la autoridad originaria de este Tribunal tiene raíz constitucional y fuerza para excluir toda otra.--------- ------ II) Al leer la demanda -la acción de certeza. Declaración de inconstitucionalidad. Reserva- en la que la parte actora procura acabar con su perplejidad, descubro que ha tratado de engañarnos o se ha equivocado. Pretende hacernos creer que sus diligencias y esfuerzos se emprendieron para que ocurra la declaración de certeza -la que, según dijo, resulta necesaria e impostergable- para que decirnos, en rigor, que por no aplicar las normas de la Constitución Nacional, por profanar los derechos que dan los artículos 14, 14 bis y 17, debemos fulminar de inconstitucionalidad ciertas normas de la Ley X - N° 15 antes Ley N° 3270.---------- ------ Más allá del inexacto empleo del lenguaje técnico y del abordaje sorprendente del comienzo del escrito inaugural, el demandante ha tomado una acertada precaución que revela su designio. Es la de consignar en el capítulo III de la demanda, su pretensión de que se declare una inconstitucionalidad, indicar la norma que ataca y expresar los motivos para que ello ocurra.---------- ------ III) Es improcedente extender esa competencia originaria a los casos en que se procure adquirir certeza con respecto a una situación jurídica, pero como surge sin equivocación, del escrito inicial el propósito de la declaración de inconstitucionalidad de una ley, debe darse curso a la demanda, e iniciar el proceso correspondiente, de acuerdo a las normas rituales.--- ------ Así voto.--------- ------ Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, por Mayoría: ---------- R E S U E L V E --- ------ 1°) DECLARAR inadmisible la Acción Declarativa de Certeza y Declaración de Inconstitucionalidad intentada a fs. 1/7, por W. G. P. A. S. S.A.-------- ------ 2°) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. D. M. C. B., en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300) de conformidad con el artículo 5 incisos "c" y "d", y artículos 7, 37 y 46 de la Ley XIII - N° 4, antes Dto. Ley N° 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99 - modificado por Ley N° 4335, con más el I.V.A. que correspondiere.

------ 3º) REGÍSTRESE y notifíquese.-------- ------ La presente se dicta con cuatro Miembros, por encontrarse ausentes, en comisión de servicios, los Señores Ministros, Dr. Daniel Luis CANEO y Dr. José Luis PASUTTI.------ Fdo.: Dr. Daniel A. REBAGLIATI RUSSELL - Dr. Jorge PFLEGER- Dr. Fernando S. L. ROYER - Dr. Alejandro Javier PANIZZI.--- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2.010	REGISTRADA BAJO EL N° 10 S.R.O.E. CONSTE