Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL,COMERC., LABORAL, MINERIA Y FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-24


San Martín de los Andes, 15 de Abril del año 2014.

VISTAS: Las presentes actuaciones caratuladas: "PRESTISIMONE JOSEFINA Y OTRO C/ HORKLA S.A. Y OTRA S/ RESICION DE CONTRATO Y COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES" (Expte. Nro.: 9364/1999), venidas del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° UNO de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de los Andes, reunidos en Acuerdo los señores Vocales de la Sala II de ésta Cámara de Apelaciones Civil del Interior, doctores Dardo Walter Troncoso y María Julia Barrese, a efectos de resolver, y;

CONSIDERANDO: I.- Vienen los presentes a estudio de este Tribunal para el tratamiento del recurso de apelación subsidiario articulado a fs. 1426/1427 por el Dr. Luciano Fernández Menta, por derecho propio, contra la providencia del 20 de Septiembre de 2012, de fs. 1423, en cuanto rechaza la petición efectuada por dicha parte a fs. 1421, de regular honorarios por la etapa de ejecución de sentencia. El a-quo, en dicho decreto, rechaza la solicitud por cuanto no se habría iniciado etapa de ejecución de sentencia, y porque en el incidente de embargo que se iniciara con relación a las presentes se regularon los honorarios profesionales que correspondían.

Manifiesta el recurrente que la providencia recurrida se basa en generalidades e imprecisiones que no encuentran sustento alguno, cuando entiende que de la simple lectura de las constancias de autos -ver fojas 1389- no solo se advierte que se dio inicio a la ejecución de sentencia en legal tiempo y forma, sino que también la parte demandada ha dado en pago luego de vencido el plazo, quedando expedito el inicio de la ejecución de sentencia.

Aduna que si bien se le regularon honorarios profesionales en los autos caratulados "Prestisimone Josefina y otros c/ Horkla S.A. s/ Inc. de embargo" (Expte. Nº 70/2009), corresponde de igual modo se le regulen sus emolumentos por la participación en el incidente de ejecución de sentencia.

Asegura que la demora en proveer la ejecución de sentencia no puede serle imputada, ya que si ese escrito hubiese sido proveído con la misma celeridad que el presentado por Horkla S.A. a fojas 1392 no solo se hubiere aprobado la planilla de liquidación, sino que también se hubiese tenido por iniciada la ejecución de sentencia conforme lo prescripto por el articulo 502 y ss. del Código de Procedimiento.

Así, solicita se revoque la providencia cuestionada y se regulen los honorarios profesionales por todos los trabajos efectuados con posterioridad a la sentencia, imponiéndole las costas a la demandada vencida.

II.- A fs. 1429 se rechaza la revocatoria por los mismos fundamentos de la providencia, es decir, por no surgir de estos actuados que se haya iniciado la etapa de ejecución. Sin embargo, se concede la apelación subsidiaria en relación y con efecto suspensivo, teniendo por fundado el recurso con el mismo escrito.

III.- Con carácter previo y a fin de dar luz a la situación que ahora analizamos, es imperioso realizar una breve reseña de las ultimas constancias de este proceso, por tanto debemos expresar que a fojas 1380/1382 los actores con el patrocinio letrado del Dr. Fernández Menta practican planilla de liquidación considerando los rubros conforme lo establecido en la sentencia de segunda instancia dictada a fojas 1369/1375.

A fojas 1384 se corre traslado a las partes de la planilla de liquidación efectuada por los actores.

A fojas 1389 -en fecha 27/09/2010- los actores solicitan la aprobación de la planilla de liquidación practicada, el inicio del trámite de la ejecución de sentencia, la transferencia de la sumas embargadas en los autos caratulados "Prestisimone Josefina y otro C/ Horkla S.A. S/ Incidente de Embargo" (Expte. INC. Nº 70/2009) y la reserva de las actuaciones judiciales.

A fojas 1392 -en fecha 29/09/2010- el representante de la parte demandada se presenta, acompaña el saldo bancario de la cuenta judicial Nº 168333 y da en pago las sumas depositadas en estos autos y en el incidente Nº 70/2009.

También, con fecha 1 de Octubre de 2010 (ver fojas 1393) el juez a-quo aprueba la liquidación practicada por no haber merecido observación alguna, ordena la transferencia de las sumas depositadas en el incidente de embargo (INC Nº 70/2009) y a lo demás -esto es el inicio del incidente de ejecución de sentencia y la reserva de las actuaciones- se decide estar a la dación en pago efectuada por la parte demandada.

Seguidamente, con fechas 5 y 20 de Octubre de 2010 (fojas 1394 y 1405) se presentan los actores y solicitan se les libre órdenes de pago por las sumas depositadas y dadas en pago (ver fojas 1403 y 1406) percibiendo así la totalidad de las sumas de dinero correspondientes a la planilla de liquidación practicada y aprobada en estos actuados.

Finalmente, a fojas 1421 (31/07/2012) se presenta el Dr. Luciano Fernández Menta solicitando se le regulen sus honorarios profesionales por su participación en la etapa de ejecución de sentencia y se le impongan las costas a la parte demandada. Ante dicha petición el juez de grado rechaza lo solicitado por considerar que no se ha dado inicio a la ejecución de sentencia.

IV.- Ahora bien, entrando en el análisis del recurso interpuesto por el Dr. Luciano Fernández Menta, es importante destacar que conforme a lo que surge de las constancias de autos, el tramite previsto por el artículo 502 del Código de Procedimiento no fue iniciado por el Juez de grado a poco que se repare que si bien es cierto que la parte actora el día 27 de Septiembre de 2010 (ver cargo de fojas 1389 vta.) solicitó el inicio de la ejecución de la sentencia y la reserva de las actuaciones judiciales, dicho escrito no tuvo una acogida favorable por parte del magistrado de primera instancia. Tal decisión no fue cuestionada oportunamente por los actores, quienes luego de ello percibieron la totalidad de las sumas reclamadas, adquiriendo esa decisión jurisdiccional firmeza y autoridad de cosa juzgada.

Enrique M. Falcón señala que la formación de un incidente propiamente dicho supone un contradictorio puramente procesal vinculado con la pretensión sustancial discutida, pero con cierta envergadura que requiera la solución previo traslado y prueba, a través de una sentencia propia; por tanto surge con meridiana claridad que estos presupuestos no se han configurado en el caso que ahora analizamos, determinando así la ausencia de la tramitación del incidente de ejecución de sentencia por el cual el recurrente requiere se le regulen sus honorarios profesionales (cfr. aut. cit., "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, T. I, pág. 700).

Ello es así, toda vez que de la simple lectura de la providencia de fecha 01/10/2010 dictada a fojas 1393 (y del propio reconocimiento que hace el recurrente a fs. 1426 vta.-5° párr.) surge que en la misma se resolvió que respecto al inicio de la ejecución de sentencia, debía estarse a la dación en pago efectuada por la parte demandada. Entendemos pues, que por vía de principio, causaría una grave lesión a los postulados de la cosa juzgada, de la preclusión y, por lo tanto, a la defensa en juicio y al derecho de propiedad de la condenada, una decisión en contrario a esa providencia que como ya se ha dicho adquirió firmeza y pasó en autoridad de cosa juzgada (ver en este sentido, CSJN, Fallos: 327:2836 "Plásticos Silvatrim S.A. s/ Quiebra", 6/7/2004, publicado en DJ2004-3,873, LL 2005-A, 430 y en www.laleyonline.com.ar).

Desde un punto de vista doctrinario se ha dicho que "...precluida no está solamente la facultad de renovar las cuestiones que fueron planteadas y decididas, sino que precluida está también la facultad de proponer cuestiones no planteadas y que habrían podido plantearse, cuestiones que, en general, tienden a negar o disminuir el bien reconocido o a afirmar el bien negado" (Chiovenda, Giuseppe, "Cosa juzgada y preclusión", en "Estudios de Derecho Procesal Civil", t. III, p. 229, que citan Fenochietto-Arazi, "Código Procesal", cit., t. I, p. 578). En otros términos, "la cosa juzgada abarca no sólo los planteos alegados efectivamente en el proceso, sino también aquellos que debieron haber sido articulados, o sea, no sólo lo aducido sino lo aducible, o, mejor aún, lo que debió aducirse" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, del 15/5/84 "Fayanes, Jorge O. c. Viña, Norberto J.", publicado en: LA LEY 1985- E, 175 - DJ 1986-1, 411).

A esta altura es necesario enfatizar que la justificación del instituto de la cosa juzgada se encuentra en la propia complejidad de las relaciones jurídicas que se presentan y que requieren que estén dotadas de seguridad jurídica.

Precisamente, una manera de lograr seguridad es reconocer que las decisiones judiciales firmes son, por principio, inmutables; con ello se logra uno de los valores más importantes que salvaguarda el Estado: la certeza de las relaciones jurídicas. Por consiguiente, la adopción de este instituto impide que se decida nuevamente sobre una materia que ya ha sido decidida con autoridad de cosa juzgada (cfr. Corte Sup., 1/3/1994, "Rocatagliata v. Instituto Municipal de Previsión Social ", DJ 1995-2-440; 27/12/1996, "Chocobar v. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado", JA 1997-II-557; 29/10/1996, "Egües, A. v. Provincia de Buenos Aires", LL 1998-A-116Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial, Sala I, 17/10/2013, "Quezada Merino Heriberto c/ Iglesia Evangélica Pentecostal s/ Acción de Nulidad" este último fallo puede leerse en www.jusneuquen.gov.ar).

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad a la doctrina y jurisprudencia citadas, y a la legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara Única Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de apelación deducido y fundado a fs. 1426/1427, y, en consecuencia, confirmar íntegramente la providencia de fecha 20/09/2012 dictada a fs. 1423 del presente; sin costas de Alzada, en virtud de que la resolución impugnada fue decretada de oficio.

II.- Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula a las partes y letrados que hayan constituido domicilio ante la Alzada y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dra. María Julia Barrese - Dr. Dardo Walter Troncoso Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante Registro de Sentencias Interlocutorias N°: 12/2014.