Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-07


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 7 de 2009.

Y Vistos: 1. Apeló el accionado en forma subsidiaria el decreto dictado en fs. 115 por el que se otorgó a la parte actora el beneficio de litigar sin gastos, con sustento en lo dispuesto por el art. 28 de la ley 26.361.

Los fundamentos de la apelación fueron desarrollados en fs. 125/128 y contestados por su contraria en fs. 131/137.

La Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara se expidió a fs. 146, propiciando la confirmación del fallo recurrido.

2. La entidad bancaria se agravió de la decisión adoptada en la anterior instancia, alegando que por el principio de irretroactividad de las leyes, resultan inaplicables a esta demanda, las disposiciones de la ley 26.361, modificatoria de la ley 24.420, iniciada y basada en relaciones de consumo anteriores.

Asimismo, alegó que tampoco resulta de aplicación al caso la ley de defensa del consumidor por cuanto A.D.E.C.U.A. carecería de legitimación activa para arrogarse la representación de los clientes del banco demandado, en atención a que la demanda no tendría por objeto la defensa de intereses de incidencia colectiva.

3. El presente beneficio de litigar sin gastos fue iniciado con fecha 6 de junio de 2007 es decir, con anterioridad al momento de la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas a la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (Ley 26.361).

En lo que aquí interesa, la ley 26.361, sancionada el 12/3/08 y promulgada parcialmente el 3/4/08, resulta modificatoria de la ley 24.240 y, en su artículo 28 -que sustituyó el artículo 55 de esta última norma-, dispone que "Las acciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación, están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de la intervención de éstos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de esta ley. Las acciones iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita".

4. En función de lo expuesto, cabe entonces indicar la manera en que han de efectivizarse los efectos de la nueva ley con relación al tiempo y a las relaciones preexistentes, lo cual exige ahondar en los alcances del art. 3º del Cód. Civil con respecto a la aplicabilidad al caso de lo normado por el art. 28 de la ley 26.361, que impone el otorgamiento del beneficio de gratuidad a las acciones de incidencia colectiva, como la que aquí nos ocupa.

Es necesario puntualizar que el art. 3º del Cód. Civil tiene como pilares dos principios fundamentales: la irretroactividad de la ley -salvo disposición en contrario que en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales- y su aplicación inmediata a partir de la entrada en vigencia "aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes".

Ha de profundizarse aquí en el primero de esos principios, esto es, aquél que veda toda posible aplicación retroactiva no prevista expresamente y que lleva de la mano a precisar cuándo una ley es retroactiva, lo que presenta particulares dificultades si se trata de hechos en curso de desarrollo.

Al respecto, se ha dicho que se configurará una aplicación retroactiva: a) cuando se vuelva sobre la constitución o extinción de una relación o situación jurídica anteriormente constituida o extinguida; b) cuando se refiera a los efectos de una relación jurídica ya producidos antes de que la nueva ley se halle en vigencia; c) cuando se atribuyan efectos que antes no tenían hechos o actos jurídicos, si estos efectos se atribuyen por la vinculación de esos hechos o actos con un período de tiempo anterior a la vigencia de la ley; d) cuando se refiera a las condiciones de validez o efectos en curso de ejecución que resulten ser consecuencias posteriores de hechos ya cumplidos, con valor jurídico propio, en el pasado y que derivan exclusivamente de ellos, sin conexión con otros factores sobrevinientes (cfr. Roubier P., Les conflicts des lois dans le temps, T. 1 p. 376 y siguientes.; Borda G. La Reforma del Código Civil. Efectos de la ley con relación al tiempo, ED T. 28 p. 809; Coviello y Busso, citados por Llambías J.J., Tratado de Derecho Civil. Parte General, T. 1 ps. 144/5, en nota 68 bis).

En la especie, se observa que no se configuran ninguno de los supuestos antedichos pues aquí se está en presencia de una situación legal "en curso" (in fieri) cuyas consecuencias quedan alcanzadas por la reforma introducida a la ley 24.420 (Cód Civil: 3º). Ello no implica aplicar retroactivamente las disposiciones de la ley 26.361, sino su efecto inmediato que la hace operativa sobre una relación jurídica no consumada al tiempo de su entrada en vigencia.

En consonancia con lo anterior, para la solución de la materia propuesta a conocimiento de este Tribunal, cabe atenerse a la innovación introducida por los arts. 26 y 28 de la ley 26.631 en los nuevos arts. 53 y 55, LDC, que impone derechamente el beneficio de justicia gratuita a las acciones colectivas promovidas por asociaciones de consumidores, sin necesidad de otra valoración para la concesión de tal franquicia.

Consecuentemente, la falta de legitimación activa introducida por el banco apelante, con fundamento en el alcance que cabe asignar a la condición dispuesta por la ley en cuanto refiere a la defensa de intereses de incidencia colectiva, no es cuestión que deba ser analizada en el contexto de este incidente, sino que deberá ser motivo de un eventual planteo y consecuente resolución en la instancia de grado.

5. Resuelta esta primera cuestión cabe considerar el "beneficio de litigar sin gastos" concedido por el Sr. Juez de Grado.

Tiene dicho esta Sala que cabe diferenciar los términos "beneficio de justicia gratuita" -que emplea la ley 26.361- y "beneficio de litigar sin gastos".

En primer lugar, apúntase que los institutos antedichos reconocen un fundamento común, aunque revisten características propias que los distinguen entre sí. Desde tal perspectiva, cabe entonces desentrañar el alcance que la L.D.C. otorga al concepto de "justicia gratuita".

Un análisis semántico del tema revela diferencias entre ambos conceptos, mientras que "el beneficio de litigar sin gastos" abarca desde el comienzo de las actuaciones judiciales -pago de tasas y sellados- hasta su finalización (eximición de costas), el término "justicia gratuita" refiere indudablemente al acceso a la justicia, que no debe ser conculcado por imposiciones económicas. Por lo tanto, una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido, a los avatares del proceso, incluidas las costas (véase Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, pág. 22), las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de la justicia, de carácter alimentario. En ese orden de ideas, los antecedentes parlamentarios vinculados con la cuestión permiten arribar a igual conclusión en punto a que la justicia gratuita no implica un avance sobre las costas de los procesos que regula la LDC. A respecto, señálase que varios proyectos de ley incluían expresamente el beneficio de litigar sin gastos, sin embargo, se optó por la justicia gratuita. Súmase a ello, el alcance de la gratuidad en el derecho laboral que refiere al pago de la tasa de justicia, pero no al de las costas judiciales cuando el trabajador es vencido en el pleito, eximición esta última que queda diferida, en su caso, a la concesión del beneficio de litigar sin gastos, en el caso de corresponder (véase en esta misma línea, Enrique J. Perriaux, La Justicia Gratuita en la Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, La Ley, 24/09/08).

Sobre este último aspecto, en el orden provincial, la casi totalidad de los ordenamientos que regulan el procedimiento laboral en las distintas provincias distinguen el concepto de justicia gratuita -limitándolo a la exención del pago de todo impuesto o tasa- (vrg. Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Luis, Catamarca, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán etc.), mientras que la Provincia de Bs. As. conforma una excepción a los regímenes provinciales, pues con la sanción de la ley 12.200 se prescribió que los acreedores laborales y de seguridad social tienen acordado el beneficio de litigar sin gastos, con todos sus alcances.

Síguese de todo lo hasta aquí expuesto que cabe hacerse eco de la crítica que apunta a que no resultaría equitativo conceder una mayor protección la consumidor que al trabajador, pues ello afectaría el principio de igualdad de la CN:16, por lo que otorgar al consumidor la misma protección que al trabajador, limitada a la exención del impuesto de justicia para acceder a la justicia, resulta ya suficiente garantía tuitiva por parte del legislador. Con base en todo ello, debe entenderse que la LDC sólo determina para las acciones del tipo que aquí se debate la eximición del pago de la tasa de justicia (cfr. arg. esta CNCom., esta Sala A., in re: "Padec c. Banco Río de la Plata S.A. s. beneficio de litigar sin gastos", del 04/12/08; ídem in re "Geddes Enrique c. General Motors de Argentina SRL s/Ordinario" del 31 de marzo de 2009).

6. Sentado todo lo expuesto, cabría tratar, entonces la procedencia o no del beneficio de litigar sin gastos, toda vez que así fue planteada la incidencia ab initio, habiéndose producido prueba al efecto.

En tal sentido, adviértese que la cuestión no se encuentra en estado de resolver dado que, no obstante lo dispuesto a fs. 111 in fine, en la instancia de grado no se dio intervención al Sr. Representante del Fisco a fin de que emitiera el dictamen pertinente y por tanto no se dictó tampoco resolución haciendo mérito de la prueba producida, toda vez que la cuestión se resolvió, en razón del recurso de revocatoria interpuesto a fs. 113/114, de conformidad a la disposición de la Ley de Defensa al Consumidor.

En este marco, y visto el alcance conferido al beneficio de gratuidad, que resulta menor al pretendido por la accionante, en tanto, se reitera, comprende sólo a la exención al pago de la tasa de justicia, corresponde que el Sr. Juez de Grado, previa vista al Representante del Fisco y haciendo mérito de la prueba producida, se expida ahora en torno a la procedencia del pretendido beneficio de litigar sin gastos, en la extensión que le otorga el código de rito.

7. Por todo lo hasta aquí expuesto, oída la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE: a) Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto y revocar la resolución recurrida con el alcance que surge de la presente, es decir, reconociendo a la accionante el beneficio de justicia gratuito y eximirla del pago del impuesto de justicia atento lo expuesto en el considerando 5. b) Disponer la remisión de las presentes actuaciones a la anterior instancia, encomendando al Sr. Juez de Grado disponga el envío de las actuaciones al Sr. Representante del Fisco a efectos de expedirse luego sobre la procedencia del beneficio de litigar sin gastos respecto a las costas y gastos del proceso principal atento a lo expresado en el considerando anterior con la totalidad de la prueba producida.

c) Imponer las costas en ambas instancias en el orden causado, atento las particularidades del caso analizado y por fundarse la solución en un cambio de legislación sobreviniente en la promoción de la litis (arts. 68, párr. 2do y, 279, CPCC). - María Elsa Uzal. - Isabel Míguez. - Alfredo Arturo Kölliker Frers.