Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-28


NEUQUEN, 28 de julio de 2011 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "TORRES MARCELO EDUARDO C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO" (EXP Nº 427624/10) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL N 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Federico GIGENA BASOMBRIO, en subrogancia legal -Acuerdo N° 4689 del TSJ- con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

I.- La sentencia de fs. 89/93 hace lugar al amparo deducido y, en consecuencia, ordena a la demandada que mantenga el salario del actor de conformidad con la "categoría referencial" que percibía al momento de la reestructuración del decreto 1.983/9, con costas.

La decisión es apelada por la demandada en los términos que resultan del escrito de fs. 94/95 y cuyo traslado no fuera respondido.

II.- Sostiene el quejoso que el actor dejó de percibir la categoría referencial en virtud del dictado del decreto 1983/09 que aprobó la nueva planta política de la Secretaría de Estado de Educación, Cultura y Deportes, razón por la cual existió el acto administrativo que dispuso el cese de dicho pago.

Señala que la creación de cargos y la designación de personal en planta política son una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, conforme lo dispone el artículo 38 de la ley 2.571, citando luego jurisprudencia que avala su postura.

Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada adelanto que no le asiste razón al apelante.

En primer lugar coincido con el quejoso en que el Poder Ejecutivo posee facultades discrecionales, que deben ser ejercidas con razonabilidad, para conformar la planta política de la Administración Pública así como que la ley lo faculta para la reestructuración de ella.

Pero en el caso de autos entiendo que dichas facultades no están cuestionadas ya que el tema debatido se refiere a si resulta procedente la disminución salarial que se le efectuó al actor como consecuencia de haber suprimido el ítem "categoría referencial".

Como bien señala la sentenciante mencionando precedentes de la Cámara, la afectación del salario de un empleado público requiere que se efectivice por la vía judicial, doctrina ésta que no ha sido cuestionada por el apelante y que por lo tanto ha quedado consentida.

En tal sentido lo cierto es que al actor se le pagara el ítem antes aludido, conforme ha sido reconocido por la administración pública, pero que entendió que el mismo no era pertinente a partir del dictado del decreto 1983/09.

Sin embargo no advierto que dicha disposición legal, obrante en copia a fs. 23, disponga el cese del pago del ítem aludido toda vez que aprueba la nueva estructura orgánica funcional de la Secretaría de Estado de Educación, Cultura y Deportes pero no deroga, al menos en forma expresa, las categorías referenciales a que se hace mención en el decreto 345/08 -copia obrante a fs. 15-, con lo cual entiendo que no hay acto administrativo que disponga su derogación.

En tales circunstancias, y teniendo en cuenta lo expresado con anterioridad en el sentido que no pueden efectuarse descuentos salariales sin decisión judicial, es que considero que la sentencia dictada resulta ajustada a derecho.

III.- Por las razones expuestas propongo se confirme la sentencia apelada, con costas, debiendo regularse los honorarios en base a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 1.594.

Tal mi voto.

La Dra. Patricia CLERICI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs.89/93 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art.17 Ley Nº921).

3.- Regular los honorarios profesionales de esta Instancia a la Dra. ..., letrada apoderada del actor, en la suma de pesos ... (art.15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Federico GIGENA BASOMBRÍO - Dra. Patricia M. CLERICI Dra.Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 125 - Tº IV - Fº 640/641 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2011