Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-05


Causa Nº 031-00-CC/2006 caratulada "Calderón, Carlos s/ inf. art. 83 CC-Apelación".

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de junio de 2006, se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Fernando Bosch y Marcela De Langhe, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este Tribunal el recurso de apelación interpuesto a fs. 66/70 por la Sra. Defensora Oficial, Marcela Paz, contra las resoluciones de los Dres. Gabriel Eduardo Vega -a cargo del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 12 (P.R.S.)- en cuantoconvalidó la medida precautoria de secuestro de ciento sesenta y ocho (168) discos compactos y diez (10) películas de DVD (fs. 12/3) y Germán C. Garavano -titular del juzgado mencionado- quien ordenó extraer testimonios de las partes pertinentes de estas actuaciones y remitirlos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad a fin de que se desinsacule al juzgado que corresponda para el conocimiento de la presuntainfracción a los artículos 71 y 72 de la Ley 11.723 (fs. 51/2 punto II).

A fs. 71 obra glosada la apelación de la defensa que fuera presentada en la instancia inferior. El Magistrado -previa certificación dando cuenta tanto del trámite de las actuaciones por ante la Alzada en virtud del recurso deducido por el Fiscal interviniente cuanto de la elevación de la causa "con antelación al tiempo que la Ley establece"-, efectuó el examen de admisibilidad considerando reunidos los requisitos necesarios para hacer lugar a la impugnación y dispuso la remisión de dichas constancias a la Cámara para ser agregadas al expediente.

Sin embargo, toda vez que la causa se había devuelto con anterioridad al ingreso de tales piezas en la Sala, éstas fueron remitidas al Juzgado a sus efectos (fs. 72), disponiendo el Garavano la nueva elevación de aquellas -una vez agregadas al principal- argumentando que se encontraba "pendiente el recurso de fs. 66/70" (fs. 73).

Así, radicada la causa en el Tribunal, se cumplió con el trámite previsto en el art. 51 de la LPC, pronunciándose el Sr. Fiscal de Cámara por la inadmisibilidad del recurso articulado en mérito a los argumentos vertidos en la presentación de fs. 77/8,mientras que la Defensa a fs. 84/5 mantuvo los agravios expuestos oportunamente y remarcó -con cita de un precedente de esta Sala- que corresponde revocar el auto que ordena la extracción de testimonios de las actuaciones y su remisión a la jurisdicción nacional.

Cumplidos los pasos pertinentes y plazos procesales de aplicación, ingresan las actuaciones a estudio del Tribunal.

Y CONSIDERANDO:

I.- Previo a todo examen se observa sin mayor esfuerzo el particular y desprolijo trámite que ha recibido el recurso de apelación de la defensa, toda vez que articulada la presentación y pese a que el legajo no se hallaba en la instancia -luego de ordenar su agregación ()- el examen de admisibilidad de aquel para considerar reunidos los recaudos que habilitarían su procedencia se efectuó fuera del contexto del expediente con lo cual, tal verificación devenía de imposible realización (ver fs. 71) Sin perjuicio de lo anterior, en atención a que el Sr. Fiscal de Cámara se pronunció por la inadmisibilidad del remedio intentado, se impone revisar la existencia de los requisitos que, a criterio del juzgador, se hallaron cumplidos para conceder la vía recursiva.

En ese sentido, se advierte que si bien ha sido presentado por quien tiene derecho a hacerlo y se dirigió ante el Juez de la causa, en forma y tiempo oportuno (impugnabilidad subjetiva), sin embargo no se trata en la especie de sentencias definitivas ni de autos equiparables a ella. En lo que atañe al primer interlocutorio como reiteradamente venimos sosteniendo, la convalidación -o su rechazo- en función de los artículos 18 inc. "c" y 21 de la LPC, no se encuentra dentro de los pronunciamientos que puedan ser atacados por vía del artículo 50 de ese ordenamiento, por no causar, precisamente, gravamen de ninguna naturaleza y mucho menos irreparable (impugnabilidad objetiva).

En efecto, la resolución jurisdiccional que convalida el secuestro de ciento sesenta y ocho (168) discos compactos y diez (10) películas de DVD dispuesto en el marco del art. 18 inc. c) y 21 de la ley 12, es de aquellas cuya apelación no ha sido expresamente Causa Nº 031-00-CC/2006 Sala II prevista en el ordenamiento procesal contravencional (conf. art. 50 Ley 12). Y si bien el art. 6 de la legislación local remite supletoriamente a la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación -arts. 432, primera parte y 449 in fine-, tampoco a la luz de tal normativa ha cumplido la defensa con el requisito exigido para habilitar la vía recursiva en cuestión, toda vez que no ha demostrado los agravios que el auto cuestionado irroga a su pupilo ni tampoco señaló los perjuicios concretos que le provoca, extremos que conducen a descartar la existencia de un agravio de insuficiente o imposible subsanación ulterior.

Igual suerte correrá la apelación interpuesta contra el punto II de la resolución de fs. 51/2, ya que la mera extracción de testimonios de las presentes actuaciones para su remisión a la jurisdicción nacional -que dicho sea de paso es la ordinaria y no la federal como afirma el a-quo- en aras de que se investigue la posible infracción a los artículos 71 y 72 de la Ley 11.723 en modo alguno constituye un pronunciamiento definitivo como tampoco equiparable a él puesto que no genera el gravamen irreparable que invoca la defensa "...en este fuero se continúa con la investigación sobre la posible comisión de la contravención tipificada en el art. 83 C.C....debido a que se ve afectado el derecho al debido proceso (arts. 18 CN, 10 y 13 CCBA), a la propiedad (arts. 17 CN y 12 inc. 5 CCBA) y también se ve afectado el estado de inocencia (arts. 18 CN y 13 CCBA, 14 inc. 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11 de la Declaración Americana de Derechos Humanos ´Pacto San José de Costa Rica´, todos ellos en función del art. 75, inc. 22 de la CN)..." -fs. 66vta.-.

En tal sentido ya nos hemos expedido in re: "Podliszewski, Oscar Mario s/ inf. art. 72 Ley 10 -Apelación" (Causa Nº 258-00-CC/2004, del registro de esta Sala), señalanado que: "...en el caso traído a estudio resulta claro que la decisión atacada -remisión de testimonios a sede administrativa- no constituye materia cuya apelación se encuentre prevista; tampoco el pronunciamiento en crisis pone fin a la cuestión sometida a consideración y, por último, no se ha demostrado que irrogue a la defensa agravio alguno de imposible reparación ulterior. Precisamente tales extremos impiden subsumir la cuestión en la hipótesis prevista por el art. 449 del C.P.P.N...Al respecto se ha resuelto que: ´Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que ordena la extracción de testimonios para su remisión a la Justicia en lo Civil a los fines del art. 152 bis del Cód. Civil -inhabilitación judicial-, por cuanto dicha medida no resulta susceptible de causar un daño al recurrente toda vez que en la sede judicial correspondiente se determinará la viabilidad de la aplicación de lo dispuesto en dicha norma´" (CCrim. y Correc., Sala IV, "P., C.D.", rta. 20/03/2000, LL, 2000-E, p. 694 - DJ 2001-I, p. 724).

II.- Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que si bien el desistimiento del Sr. Fiscal de Cámara (fs. 62/63) del recurso articulado por su colega contra la resolución obrante a fs. 51/52 que rechazaba el planteo de incompetencia del fuero (fs. 53/54), cerró en esa oportunidad la jurisdicción de esta Alzada para conocer en las presentes actuaciones (fs. 64), es lo cierto que la nueva apertura de la instancia en virtud de la vía articulada por la defensa impone el examen de aquella materia, sin que obste a tal fin la circunstancia de que no constituya objeto de apelación el punto I de aquel pronuciamiento.

En efecto, tratándose de una cuestión de orden público y abierta la jurisdicción de la Sala, como acertadamente resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con cita de Lino E. Palacios, ha de tenerse en cuenta que: "...en materia de competencia existen brechas en la aplicación de la máxima 'Tantum apellatum quantum devolutum' pues surge en casos como el presente en razón de ser la materia de orden público, la necesidad de aplicar el principio de economía procesal prescindiendo de aquellos trámites que sólo representan la vigencia de un ritualismo destructor..." (CNCrim. y Correc. Sala II, causa carat. "Raúl E. Irigoyen", rta. el 15-03-1991, publicada en LL 1991-E,152).

También se ha señalado que: "...la incompetencia en razón de la materia es una cuestión de orden público, por lo cual el tribunal debe declararla de oficio, en cualquier estado del proceso, aún al momento de dictar sentencia. Debe también, en tal caso, remitir las actuaciones a donde corresponda" (del voto de la Ana M. Capolupo de Durañona y Vedia de la CNCP, Sala IV, causa carat. "Paván, Angel y otro", rta. el 28-06-1999, publicada en LL 2000-C, 654).

Por tales circunstancias y en el contexto de los hechos que constituyen objeto de este proceso, corresponde sin más trámite declarar la incompetencia de este fuero en materia contravencional y de faltas para su conocimiento.

Así, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon al suceso investigado, es claro que la actividad lucrativa no autorizada que realizó Calderón implicó un uso indebido del espacio público precisamente mediante la venta o exhibición para la venta de copias ilegítimas o apócrifas de discos compactos y películas en DVD, configurándose sin lugar a dudas un supuesto de concurso ideal, pues un mismo Causa Nº 031-00-CC/2006 Sala II comportamiento resulta susceptible de dos calificaciones que no se desplazan (concurso aparente), sino que reclaman aplicación conjunta para que la subsunción legal refleje en toda su magnitud la gravedad del injusto.

Recientemente hemos señalado en un precedente similar donde se analizó idéntica circunstancia que:"...se trata en el caso prima facie de la presunta comisión de un ilícito contra la propiedad científica, literaria o artística, sea que se tenga por configurada la hipótesis relativa a la venta de obra publicada sin autorización de su autor o derechohabiente prevista en el art. 72, inc. a), Ley 11.723, o que se presente el supuesto de exhibición de copias ilícitas al que alude el art. 72 bis, inc. d), de esa norma. La comisión de los actos constitutivos de tales posibles delitos se llevó a cabo mediante un comportamiento que implicó a la vez el uso indebido del espacio público al que se refiere el art. 83 CC" (Causa Nº 024-00-CC/2006, "Atocha Jiménez, Alberto Manuel s/inf. art. 83 ley 1472-Apelación", rta. el 29-03-06).

La solución para supuestos como el suscitado en autos -concurrencia ideal entre delito y contravención- se encuentra en el artículo 15 del C.C. que impone el desplazamiento de la acción contravencional, razón por la cual habrá de declararse la incompetencia de este fuero en lo contravencional y de faltas para entender en el proceso.

En consecuencia, habiendo concluido el acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la resolución obrante a fs. 12 y contra el punto II del pronunciamiento glosado a fs. 51/52.

II. DECLARAR LA INCOMPETENCIA de este fuero en materia contravencional y de faltas para conocer en el proceso, y en consecuencia, DISPONER LA REMISION de las actuaciones a la oficina de sorteos de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a fin de que se designe el juzgado de instrucción que tomará intervención ante la posible comisión de hechos ilícitos previstos en la Ley 11.723.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y, oportunamente,devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones correspondientes y cumplir con la remisión ordenada. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.