Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-20


Trelew, 20 de febrero de 2.008.- VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 179, contra la sentencia de fs. 176, concedido que fuera el mismo a fs. 180, fundado mediante el memorial de agravios de fs. 181/183, corrido traslado a la contraria a fs. 184, contestado el traslado conferido a fs. 186/187. - Y CONSIDERANDO:

I.- Desestima la Sentenciante de Grado la excepción de incompetencia interpuesta por la accionada. Puntualiza que si bien el actor navegó en aguas interjurisdiccionales entre los años 2002 a 2004, el objeto de la demanda es la pretensión de cobro de una indemnización derivada del despido producido por decisión del dependiente en julio de 2006, invocando que la accionada no arbitró los medios para que el actor recibiera la cobertura correspondiente por accidente ni pagó los haberes adeudados.

II.- A fs. 179 apela lo resuelto la demandada excepcionante. Concedido a fs. 180 el recurso interpuesto, expresa agravios mediante el memorial de fs. 181/183. Manifiesta que el propio actor refiere en la demanda que en el año 2005 cumplía funciones a bordo de un buque de la demandada, en el cual afirma haber sufrido un accidente de trabajo, teniendo el despido indirecto vinculación con ese infortunio y las consecuencias derivadas del mismo. Cita jurisprudencia y doctrina. Invoca la aplicación de lo dispuesto por los arts. 515 y 610 de la ley nro. 20.094 y 5°, inc. 4°, del C.P.C.C.. Sostiene que la competencia federal se establece por el origen del crédito, en tanto sea derivado de un contrato de ajuste cumplido o a cumplirse en un buque, y no por su naturaleza o concepto. Sin perjuicio del reconocimiento que sobre el origen del crédito contiene la demanda, destaca que al interponerse la excepción de incompetencia se ofrecieron medidas de prueba tendientes a acreditar la navegación interjurisdiccional de los buques en los cuales navegó el actor, prueba sobre la cual no existió pronunciamiento, motivo por el que también se agravia. Peticiona su producción ante esta Alzada. Esgrime que involucrando la excepción planteada una cuestión de competencia federal en razón de la materia, cabe privilegiar su carácter de orden público absoluto. Plantea caso federal. Peticiona se revoque la sentencia interlocutoria que es motivo de recurso de apelación, declarándose la incompetencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral de la ciudad de Puerto Madryn para seguir entendiendo en los presentes autos, con costas.

III.- A fs. 186/187 contesta la contraria el traslado que a fs. 184 le fuera conferido de los agravios vertidos. Remite al escrito titulado "CONTESTA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA". Afirma que la demanda no tiene como materia controvertida hechos relacionados a causas de almirantazgo y/o jurisdicción marítima (art. 116, C.N.), ni tampoco constituye uno de los casos que expresamente prescriben los incisos 7° a 10 del art. 2 de la ley 48. Puntualiza que el objeto de la demanda es la pretensión de cobro de una indemnización por despido sin causa, que tuvo como origen los haberes adeudados por la empleadora, materia que se encuentra regulada en la Ley de Contrato de Trabajo, y para entender en la cual V.S. es competente. Invoca la aplicación del principio protectorio. Afirma que deberá tenerse presente que de los hechos narrados y de la prueba aportada surge que el domicilio de la empresa demandada concuerda con el del actor, por lo que resulta aplicable lo dispuesto por el art. 5°, inc. 3°, del C.P.C.C.. Peticiona se confirme la resolución dictada por la 'a quo', con costas.

IV.- A fs. 174 el Fiscal General Jefe, Dr. Daniel Esteban Baez, responde la vista que le fuera conferida a fs. 173. Puntualiza que no es objeto de la litis que el actor haya navegado en aguas distintas a las jurisdiccionales provinciales en cumplimiento de los contratos de ajuste y que no existen probanzas de actividad desarrollada por el actor fuera de la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Afirma que en autos no se advierte la existencia de interés federal comprometido. Sostiene que corresponde en autos la aplicación del art. 1 de la ley 69. Señala que estamos ante un conflicto individual de trabajo, entre un empleador y un trabajador, resultante de un contrato de ajuste celebrado en la ciudad de Puerto Madryn, domicilio de la demandada. Concluye que la cuestión debatida no se encuentra vinculada con la navegación y comercio marítimo interjurisdiccional que justifique la intervención del fuero de excepción, por lo que se pronuncia a favor de la competencia del Juzgado Laboral de la ciudad de Puerto Madryn.- V.- Conforme lo normado por el art. 116, C.N., corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas ... de almirantazgo y jurisdicción marítima. En tal marco, el art. 515 de la ley 20.094, establece que los tribunales federales son competentes para entender en las causas emergentes de la navegación interjurisdiccional, o que puedan considerarse conexas a ésta, mientras que el art. 616 de idéntico cuerpo normativo, edicta que son los tribunales nacionales quienes deben entender en todas las acciones derivadas del contrato de ajuste que fue o debió ser cumplido en un buque de bandera nacional. --- Por su parte, el art. 2 ley 48 establece que "...los jueces nacionales de sección conocerán en primera instancia de las causas siguientes:... 10) y en general sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo...". --- La jurisdicción marítima y de almirantazgo comprende los actos y contratos que tienen directamente por objeto la navegación y los medios para ella necesarios (Haro, Ricardo, "La competencia federal", 1989, Ed. Depalma, p. 14 y ss.) (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 10/06/2004, "Agliano, María v. Baxter S.A.", Lexis Nº 35000735). - La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiterada jurisprudencia que corresponde incluir entre las causas que afectan la jurisdicción marítima de competencia federal las que pudieren tener lugar con fundamento en el contrato de trabajo y en relación a empresas y servicios empleados en comercio interprovincial e internacional por afectar intereses que exceden el ámbito local (Ray, José D., "Derecho de la Navegación", con cita de Fallos 255:327, 295:235, "M. L. c/ E. de N. S. G. ", "P. , P. c/ S.C.A. de M. ", entre otros, Lexis Nº 2703/024290).

Nuestro máximo Tribunal Nacional tiene dicho que es competente la justicia federal para conocer en la causa en la cual un marinero demanda el cobro de sumas de dinero debidas como consecuencia de las tareas realizadas a bordo de un buque pesquero y en el marco de un contrato de ajuste, por aplicación de los arts. 610 a 616 de la ley 20.094, correspondiendo a dicho fuero entender en todas las causas derivadas de un contrato de ajuste cumplido en un buque de bandera nacional (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace suyo) (CSJN, 09/11/2004, "Dalmau, Marcelo R. c/ Liya S.A." laleyonline; en igual sentido CSJN, 27/05/2004, "Ortiz, José A. c/ Zagame, Alberto y/o quien resulte armador y/o propietario del barco pesquero Supremacía II", laleyonline). - Asimismo, los supuestos que justifican la competencia federal en los términos del art. 515 de la ley 20.094 se configuran toda vez que el trabajador haya prestado servicios en una embarcación destinada a la navegación interprovincial (Sup. Corte Bs. As.,29/05/1984- R. , L. E. v. V. Hnos. y B. S.A.C.I.F. y A. s/ Indemnización por despido, BA B3866, Lexis Nº 14/45102). -- Y, en el supuesto bajo examen, el propio actor en su escrito introductorio relata que sufrió un accidente laboral a bordo del buque A. Á. el día 06/05/05 y que al arribar el buque a la ciudad de Caleta Olivia fue asistido por un médico clínico que lo derivo a la clínica Asociación Española de la ciudad de Comodoro Rivadavia (ver fs. 96 y vta.). Por otra parte, de la fotocopia de la Cédula de Embarco acompañada por el actor al contestar la excepción de incompetencia surge, a modo de ejemplo, que el Sr. S. el 28/11/02 se embarcó en Caleta Paula, Provincia de Santa Cruz, desembarcando el 07/12/02 en Camarones, Provincia del Chubut (ver fs. 169). Ello así, más allá de que correspondiendo la concesión en relación del recurso de apelación interpuesto no admite la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos (arts. 242, 243. 246, 275 y concs. C.P.C.C., art. 76, ley 69), surgiendo de autos la navegación interjurisdiccional, no resulta necesaria para resolver el recurso interpuesto a fs. 179 la producción de la prueba ofrecida por el apelante en su memorial de agravios de fs. 181/183. -- Se ha sostenido que el conjunto de reglas que rigen la navegación se integra fundamentalmente con las normas de la Ley de Navegación, pero también con todas las que fueren aplicables de la Constitución Nacional y de los códigos Civil, Comercial, Penal, Procesal o de la legislación laboral. La parcelación del orden jurídico supone la estructuración de un sector en forma específica, para un fin determinado -en este caso la determinación de la competencia- bajo ningún concepto significa olvidar que en la decisión de cada caso gravita la totalidad del ordenamiento jurídico. Si por la circunstancia de aplicarse una norma de derecho común, cuando se encuentra de por medio una cuestión derivada de la navegación, se afirma que excede la órbita de ese sector, muchos casos típicos del derecho de la navegación se encontrarían al margen del mismo y se pasaría por alto lo dispuesto en el art. 116 de la Constitución Nacional y el 515 de la Ley de la Navegación (esta Sala, SIL 39/06, con cita de José Ray, "Derecho de la Navegación", Abeledo-Perrot, 1.992, Lexis N° 2702/027530). --- Finalmente, la conclusión a la que se arriba respecto de la competencia federal, por imperio de la apelación implícita, exige que se ingrese en el planteo introducido al contestar la excepción de incompetencia referido a que lo establecido por el art. 2, incs. 7 a 10 de la ley 48 contradice lo dispuesto por los arts. 5 y 121 de la Constitución Nacional y se entromete en materia de exclusividad provincial. Más allá de que no se cuestionó lo dispuesto por los arts. 515, 610 y 616 de la Ley de Navegación, normas que fundan la decisión a la que arriba esta Sala, olvida el actor al introducir el planteo lo dispuesto por el art. 116 de la C.N., norma que enmarca y da fundamento a lo dispuesto tanto por la Ley 48 como por la Ley de Navegación. Por otra parte, es la Constitución Nacional la que establece que todo lo referente al almirantazgo, legislación y jurisdicción sobre navegación y comercio marítimo corresponde a la Nación y no a las Provincias (arts. 26, 75, incs. 10 y 13). -- Tampoco se advierte de qué manera el principio protectorio sustenta la posición sostenida por el actor apelado, ya que la jurisdicción federal no fue establecida en desmedro sino en beneficio del trabajador, a la luz de la especialidad de la materia en la que desarrolla sus tareas. --- Ello así, surgiendo de autos la navegación interjurisdiccional del buque en que se desempeñaba el actor ha de revocarse el decisorio en crisis, para hacer lugar a la excepción de incompetencia interpuesta por la accionada y disponer el archivo del presente expediente (art. 354, inc. 1°, C.P.C.C.). -- Las costas de ambas instancias han de imponerse al actor vencido (arts. 68, 69 y concs., C.P.C.C.). --- Atento el modo en que se resuelve han de regularse los honorarios de los distintos profesionales intervinientes por la primera de las etapas cumplidas del presente proceso sumario. Ello así, a la luz de la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida en la instancia antecedente por los Dres. M. R. y C. del M. , letrados apoderados del actor, han de fijarse sus honorarios profesionales, en conjunto, en un 6 % del monto pretendido en la demanda; mientras que los del Dr. L. A. N. , letrado apoderado de la demandada, por idénticos parámetros y concepto, han de fijarse en un 8 % de igual monto (arts. 6, 7, 9, 39 y concs., ley 2.200 y modif.). - Por su actuación ante esta Alzada, a la luz de la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida y al resultado obtenido, han de regularse los honorarios del Dr. L. A. N. en un 35 % de los que a su favor son fijados por su actuación en la instancia antecedente y los correspondientes a los Dres. M. E. R. y C. del M. , en conjunto, en un 25 % de igual monto (art. 14, ley 2.200 y modif.). -- En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE:

REVOCAR la sentencia de fs. 176, para hacer lugar a la excepción de incompetencia interpuesta por la accionada y disponer el archivo del presente expediente (art. 354, inc. 1°, C.P.C.C.).

IMPONER las costas de ambas instancias al actor perdidoso (arts. 68, 69 y concs., C.P.C.C.).

REGULAR los honorarios por su actuación en primera instancia de los Dres. M. R. y C. del M. , letrados apoderados del actor, en conjunto, en un 6 % del monto pretendido en la demanda y los del Dr. L. A. N. , letrado apoderado de la demandada, en un 8 % de igual monto (arts. 6, 7, 9, 39 y concs., ley 2.200 y modif.).

REGULAR los honorarios por su actuación ante esta Alzada, del Dr. L. A. N. en un 35 % de los que a su favor son fijados por su actuación en la instancia antecedente y de los Dres. M. E. R. y C. del M. , en conjunto, en un 25 % de igual monto (art. 14, ley 2.200 y modif..).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. RAUL ADRIAN VERGARA - ALDO LUIS DE CUNTO - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL N° 03 DEL AÑO 2008. SIL. CONSTE.