Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-11


SENT Nro. 27 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 11 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Zamora, Rosa Yolanda vs. Banco del Tucumán S.A. s/Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 286/297, la parte demandada plantea recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 30 de mayo de 2002, obrante a fs. 279/281 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 6 de setiembre de 2002 (cfr. fs. 304). Unicamente la parte actora, según surge del informe actuarial de fs. 312, ha presentado la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del CPT.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como Tribunal del recurso casatorio la de revisar el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario local realizado por la Excma. Cámara, la primera cuestión a examinar es justamente, si el mismo ha sido correctamente concedido.

De las constancias obrantes en el cargo actuarial de fs. 297 y cédula nº 1310 de fs. 282/vta., surge que el recurso ha sido incoado tempestivamente. La sentencia que se impugna, es definitiva; se cumplió con el afianzamiento establecido en la ley ritual mediante depósito del monto de la condena; el escrito en que se documenta, se basta a sí mismo, con cita de las normas que se alegan quebrantadas; finalmente, el recurso se motiva en violación de normas del derecho. Ello así, el recurso de casación en examen resulta admisible; voto porque así se declare.

III.- Sostiene la parte demandada para fundar su recurso de casación que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, al acoger la demanda de la actora considerando que no hubo justa causa de despido, ha incurrido en gravedad institucional y arbitrariedad, conculcando los artículos 84, 85, 86 242 y cc. de la LCT, Decreto Nº 1088/45; artículos 3º y 4º; artículo 22 de la Constitución Provincial; artículos 16,17, y 18 de la Constitución Nacional., violando los derechos de igualdad ante la ley, propiedad y defensa en juicio.

Se agravia porque no se tuvo en cuenta lo expresado por la accionada en el responde, ni tampoco las sucesivas impugnaciones formuladas a la pericial contable del CPN Tamer, al punto que en el alegato se solicitó a la Cámara se cite a audiencia informativa al señor Perito a fin de que responda a las impugnaciones formuladas, a las que no se había dado trámite en la instancia inferior, de las que surgiría que el despido fue con justa causa.

Expresa que la pericial contable fue analizada parcialmente por la sentencia, sin tener en cuenta las observaciones e impugnaciones; en especial la formulada a fs. 242, a la rectificación (obrante a fs. 239) por parte del perito a la respuesta nº 15 de fs. 232 (donde rectificando su anterior respuesta, afirma que no se acredita la causal de despido de la actora); y la contradicción e incongruencia que surge de la misma con relación a las respuestas dadas por el mismo perito a las preguntas formuladas por la accionada (nº 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11, de fs. 198/200).

Afirma que se ha probado la justa causa del despido, la arbitrariedad e irrazonabilidad de sus considerandos al desconocer los hechos que prueban la falta justificativa de la pérdida de confianza y, particularmente, la violación al deber de fidelidad tan importante en la actividad bancaria.

También se agravia porque reconociendo que la actora se desempeñaba como Jefe Administrativo, la sentencia hace lugar al reclamo de horas extras, cuando en virtud del artículo 4º del Decreto Nº 1088/48, tratándose de personal jerárquico no corresponde el abono de horas suplementarias o, en su defecto, si consideraba que sólo era una auxiliar, sí procedía el pago de horas extras mas no diferencias de haberes.

Por todo ello descalifica al pronunciamiento por arbitrario.

IV.- La sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, hace lugar a la demanda de la actora, condenando a la accionada al pago de $ 75.888,81 en concepto de indemnización por despido, preaviso, horas extras, y diferencias de categorías.

Primeramente transcribe la carta documento de despido de fecha 20-02-98, por incumplimiento de normativa del Banco de fecha 09-9-97 y destaca que también por carta documento, la actora rechaza la causal de despido negando que le haya sido notificada tal normativa, como así también que haya asumido alguna responsabilidad por nota de fecha 09-01-98, pasando luego a analizar la justa causa del despido.

Igualmente transcribe algunas respuestas del perito a la impugnación formulada por la parte actora. Ellas son: a fs. 228 (respuesta nº 5) de la que surge la falta de notificación de la normativa bancaria a Zamora; y a fs. 231 (respuesta nº 11), no se desprende que la actora reconoció y asumió responsabilidades en la demora al BCRA de cheques devueltos con la información correspondiente, etc.; (respuesta nº 12), que no consta en el legajo de la actora notificación sobre las obligaciones del Jefe Administrativo; (respuesta nº 14), que no existían instrucciones precisas notificadas a la actora como Jefe Administrativo en la situación de acefalía de la Sucursal Banda del Río Salí desde el despido de la Gerente; y, finalmente la rectificación de fs. 239, donde se expresa que la documentación presentada por la accionada en el juicio no acredita la causal de despido de la actora.

En base a tales elementos probatorios, considera arbitrario e injustificado el despido.

Por otro lado, hace lugar al reclamo de la actora de diferencias de categoría (período noviembre/96 a febrero/98). Porque a partir de noviembre/96 se pasó a desempeñar como Jefe Administrativo y aunque la demandada no la tuvo registrada como tal, así lo reconoce en el telegrama de despido (fs. 17) y en el responde.

Igualmente hace lugar al reclamo de horas extras, a partir de las planillas proporcionadas por la empresa SEGUBANK, (de entrada y salida del personal) y liquidadas por el perito contador, al no ser este rubro impugnado.

V.- De la reseña realizada se infiere la existencia de dos cuestiones a debatir: a) valoración del cuadro probatorio en relación a la existencia de justa causa de despido y b) pago de horas extras tratándose de personal jerárquico. Sin embargo, del tratamiento de la primer cuestión, dependerá la necesidad o no de abordar la segunda.

Como luce palmariamente de las lecturas confrontadas del escrito introductorio de la instancia y de la sentencia, el único elemento probatorio tomado en consideración por el decisorio para reputar injusto y arbitrario el despido de la actora, ha sido la transcripción textual de unas pocas respuestas extraídas de la contestación y ampliación del CPN Tamer (fs. 227/232) a la impugnación efectuada por la actora (a fs. 216/219) a la pericial contable practicada por dicho perito.

Sin embargo dicha pericial fue objeto de ampliaciones (fs. 202/205), aclaraciones (fs. 209/211) e impugnaciones por ambas partes (de la actora a fs. 238, lo que motivó la rectificación de la respuesta nº 15 de dicha pericial obrante a fs. 239) y en especial la impugnación de la demandada de fs. 242, por la rectificación de fs. 239. Tampoco analizó las respuestas del perito a los requerimientos formulados en el cuaderno nº 2 del demandado (fs. 198/200).

Como es fácil advertir, la sentencia ha omitido considerar y valorar dicha prueba pericial contable en su integridad, haciendo mérito de sus aclaraciones, ampliaciones, rectificaciones, y demás vicisitudes, a tenor de los hechos objeto de la litis, de modo tal que con fundamento claro los acogiera o rechazara, dando razón de los elementos que crean su convicción, máxime cuando hubo rectificaciones que dicen lo contrario al informe original.

Esta omisión, relativa a un aspecto fundamental de una de las pruebas esenciales para la procedencia de la pretensión articulada en la demanda, descalifica a la sentencia en recurso como acto jurisdiccional válido, por ausencia de razonabilidad en la estimación de las probanzas, produciendo como corolario una sentencia arbitraria.

En el presente caso, como acertadamente lo aprecia la recurrente, el sentenciante ha efectuado una valoración, cuanto menos parcializada de la prueba pericial, tomando solamente algunas de sus partes, sin expresar las razones por las que la reputa atinentes y con adecuado valor probatorio, no obstante los cuestionamientos que se le efectuaron. En consecuencia estimo que se ha configurado un supuesto de arbitrariedad fáctica, originada en una deficiente valoración del cuadro probatorio, que descalifica el pronunciamiento.

En efecto; la consideración retaceada de las constancias que obran en el expediente, dando a los hechos una interpretación parcializada de la que surge del total de las acreditaciones, implica lisa y llanamente prescindir de un medio probatorio esencial con relación al tema del presente litigio, implicando a mi juicio, un apartamiento flagrante de las normas que gobiernan la valoración de las pruebas constituyendo una infracción formal configurativa del vicio de arbitrariedad.

Atento a la conclusión nulificante a que se arriba, con la consideración de este primer agravio, estimo inoficioso el tratamiento del restante.

Por las razones expresadas, voto porque se case la sentencia en recurso, conforme a la siguiente doctrina legal: "Configura un supuesto de sentencia arbitraria y, por ende, jurídicamente descalificable, la que se dicta omitiendo considerar en la integridad de su contenido una prueba pericial que obra en el juicio, cuando ésta reviste el carácter de pertinente para la solución sentencial del litigio".

Es del caso resaltar que la conclusión a que se arriba es sin desmedro del juicio prudencial privativo del tribunal de mérito sobre si, en la especie, con arreglo a todas las probanzas producidas y procesalmente válidas, se ha configurado o no el supuesto fáctico invocado por la demandada. Por ello, debe remitirse este proceso a la referida Cámara a fin de que, por la Sala que resulte competente, dicte nuevo pronunciamiento.

VI.- Atento a la naturaleza del resultado arribado, las costas de esta instancia casatoria deben imponerse por el orden causado.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación, planteado por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 30 de mayo de 2002, obrante a fs. 279/281 vta. de autos. En consecuencia, CASAR la misma conforme a la doctrina legal expresada en los considerandos y remitir este juicio al referido Tribunal para que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO