marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, acción civil, daño
Materia: LABORAL
Carátula: PERALTA RUBEN FABIAN c/ EL INDIO NEUMATICOS - LUIS Y RUMILDO VISCA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-10-10

Como presupuesto de la responsabilidad del dueño o guardián, se da la necesidad de una actividad o intervención activa de una cosa. De lo contrario se admite también la responsabilidad del dueño o guardián aún cuando la cosa ha guardado una actitud pasiva en tanto y en cuanto de la actividad humana, en su contacto o su relación con la cosa, surja un daño que tenga su causación en el riesgo o vicio de la cosa.

Para que la responsabilidad del dueño o guardián emerjan en ese concepto amplio de cosa, tiene que haber una relación de causalidad directa entre el esfuerzo realizado; es decir, la actividad que realiza el operario en contacto mediato o inmediato de las cosas de una empresa determinada, siempre y cuando las cosas causantes del daño integren la empresa de propiedad del comitente principal o estén bajo su guarda. De esa responsabilidad quedará exonerado en el supuesto de que la cosa viciosa causante del daño, sea de propiedad de un tercero y no se encuentra bajo la guarda del principal o comitente.
Proceso contravencional, autoridad de prevención, facultades de la autoridad de prevención
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: ONISZCZUK, Carlos Alberto y VILLAR, Valeria s/ Infr. art. 116 ley 1472 (Elcano 3498) Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-20

Las fuerzas de seguridad están habilitadas a cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que lo disponga la autoridad competente, así como a interrogar testigos (artículo 184, incisos 2 y 7 del Código Procesal Penal de la Nación, respectivamente).

La posibilidad de realizar esta tarea sin orden judicial previa, no sólo se desprende de los términos en que está definida la función de policía de seguridad en la ley orgánica de la Policía Federal (Decreto Ley Nro. 333/58 ratificado por la Ley Nro. 14467) , sino también del artículo 183 del Código Procesal Penal de la Nación que dispone en su parte pertinente que la policía deberá investigar por iniciativa propia los delitos de acción pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación.
Recusación, gravamen eventual
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FRANCO, GRACIELA CRISTINA; AGUIRRE, ERIKA ADRIANA Y REYNOSO, EZEQUIEL LEANDRO c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-25

El pronunciamiento que motiva el remedio extraordinario -mediante el cual se resolviera no admitir la recusación formulada por la presentante- no reúne el requisito de sentencia definitiva, ni es interlocutorio con las características prescriptas en el aludido artículo 1 de la citada ley 7055; y si bien explica la quejosa que lo resuelto importaría la pérdida de la posesión por parte de la titular registral, lo cierto es que se trata de agravios conjeturales y eventuales (sobre todo vinculados con la aplicación al caso del artículo 231 bis del Código Procesal Penal y no con el pronunciamiento aquí cuestionado), por lo que tampoco sus alegaciones resultan suficientes en orden a evidenciar que la decisión impugnada cause un gravamen irreparable que habilite a superar el recaudo incumplido en autos.
Tribunal colegiado, existencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Garibotti, Rubén Ángel y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-29

Si en oportunidad de celebrarse la audiencia de debate, se informó la ausencia de uno de los magistrados habida cuenta de su requerimiento simultáneo para integrar otra sala, circunstancia debidamente notificada y consentida por la defensa, y llevada a cabo la audiencia y finalizada la deliberación dicho juez se expidió luego de haber oído la grabación de la audiencia celebrada conformando de tal manera la mayoría absoluta de la resolución recurrida, no cabe hacer lugar al planteo de nulidad, máxime si el impugnante no expresa ni acredita cuál fue el perjuicio concreto que dicha circunstancia le ocasionó a sus derechos.
Juicio abreviado, nulidad de sentencia, sentencia arbitraria, monto de la pena
Materia: PROCESAL
Carátula: E. S., C. Z. s/ Defraudación en perjuicio de la Administración Pública reiterada (dos hechos) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-09-12

Ante la omisión advertida, el a quo debió rechazar el juicio abreviado y obrar de acuerdo con el apartado b) del inciso y artículo precedentemente citados - conf. recurso de casación y dictamen de la Procuración General. "Con seguridad (el Tribunal no podrá corregir aquello que no podía ser pactado y alterar las condiciones por las cuales el imputado prestó su conformidad (En palabras de Bruzzone, alterar las reglas de juego para el que presta su consentimiento sería hacerle trampa, y una sentencia obtenida sobre esa base no sólo sería manifiestamente nula...; ver 'Hacia un juicio abreviado sin `tope´ y otras adecuaciones constitucionales'...). En la medida en que existe la posibilidad de que aquello que fue erróneamente pactado haya sido decisivo para la actitud asumida por el imputado, no queda otro camino que el rechazo del acuerdo...". "En vista a lo expuesto... corresponde interpretar la disconformidad del juez con la sustitución pactada (de pena de prisión por una medida de seguridad educativa, (como contradictoria con la pretendida procedencia del acuerdo de juicio abreviado receptado en la sentencia, contradicción que 'revela la arbitrariedad de lo resuelto con ajuste a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Contrato de obra, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOTTARI ALFREDO c/ HILDA G. AMAYA s/ Ordinario (LIBRO: S125 - 444)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-04-12

En la contratación entre un técnico o ingeniero y el locatario de obra, en que la costumbre ha hecho que no se documente la etapa preliminar, la prueba debe valorarse por los jueces, a fin de obtener una convicción de certeza al respecto.-
Competencia, contienda negativa de competencia, concursos, fuero de atracción, procedimiento laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: ACOSTA, CARINA RITA Y OTROS c/ ASOCIACION MUTUAL 2 DE OCTUBRE s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-07

Aún en el caso de que la demanda se dirigiera contra la fallida, no debe olvidarse que el artículo 132 de la ley 24522 aclara que no serán atraídos al Juzgado donde tramita la quiebra los procesos mencionados en los incisos 1 a 3 del artículo 21 de la misma ley, excluyendo el inciso 2 del fuero de atracción a los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los artículos 32 y concordantes, y de las constancias de autos no se evidencia que se haya ejercido la opción establecida en la norma, por lo que la causa que aquí nos ocupa -de indudable carácter laboral- tampoco sería alcanzada, en el supuesto que la demanda se dirigiera contra la concursada, por el fuero de atracción de la quiebra. (Del voto de los Dres. Falistocco, Gastaldi, Netri y Spuler) - REFERENCIAS: Ley 24522, artículos 21, incisos 1 a 3, y 132
Deberes procesales, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: NEBBIA, Carlos Ernesto c/ POLLOLA, José Luis Salvador s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-09

Debe obrarse con suma prudencia en la valoración de la conducta procesal, a efectos de considerarla temeraria o maliciosa y aplicar las sanciones consiguientes, por cuanto tal proceder cabe solamente respecto de aquellos casos en que se traspasen los límites dentro de los que deben ajustarse los litigantes y profesionales, con el adecuado respeto a los deberes de lealtad y buena fe.
Honorarios, honorarios del perito, aplicación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: PEGAMENTOS ARGENTINOS SRL c/ PROVINCIA SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

Del Dictamen Fiscal 130544:. Cabe rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 505 del Código Civil incoado por un perito, al sostener que la aplicación de la Ley 24432 (en particular, la reforma que introdujo el art. 505 CCIV) es inconstitucional en tanto afecta los arts. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional al privarlo de una retribución justa. Sin embargo, el tope regulatorio dispuesto a las costas judiciales del art. 505 in fine del Código Civil, no contiene limitación alguna en lo que al monto de los honorarios a regular judicialmente se refiere. Antes bien, se alude exclusivamente al alcance de la responsabilidad por las costas, cuestión distinta de la relativa al monto de los honorarios (CSJN in re "Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Provincia de Buenos Aires" -voto en disidencia del Dr. Fayt-, Fallos 319:1915). En conclusión, el art. 505 CCIV no afecta de ninguna manera la aplicación e interpretación de las normas que rigen el acto regulatorio, ni provoca reducción alguna en las regulaciones que se practiquen. Por el contrario, su función es limitar la responsabilidad del deudor.
Recurso de apelación (procesal), efecto suspensivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bugallo, Roberto s/ Incidente de revisión en autos: "Carrillo, Roque s/conc"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

Todas las actuaciones cumplidas en el principal "ad ulteriora" de la concesión del recurso de apelación interpuesto, carecían de virtualidad, como no podía ser de otra manera, desde que en virtud del efecto suspensivo otorgado al recurso intentado, se operó la cancelación de la competencia del "a-quo" para seguir el procedimiento consecutivo de la impugnada resolución (art. 243 del Código Procesal).
Procesos de conocimiento, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: B.Ch. c/ E., V. s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-05

La acción declarativa resulta improcedente cuando pretende ser utilizada como un modo de evitar la promoción de eventuales y futuros litigios, mediante la argución de defensas relativas a los temas que en ellos pudieran debatirse.
Cosa juzgada, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: B., L. A. c/ CONSEJO PCIAL. DE SALUD PUBLICA PCIA. DE RIO NEGRO. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-07-07

Si los jueces tienen la certeza de que una cuestión ha sido ya resuelta con carácter definitivo, luego de transitar un proceso de conocimiento ordinario, pueden y deben de oficio invocar la existencia de cosa juzgada; es el carácter de orden público ínsito en el instituto de la cosa juzgada que impone a los jueces el deber de su aplicación de oficio, aun en la instancia extraordinaria. (Voto de la Dra. Piccinini por la mayoría)
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Santángelo, Carmelo y otra c/ Kloosternan, Jorge C. y otros s/ Interdicto de obra nueva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

Para determinar el monto del juicio a los efectos arancelarios del decreto ley 8904/77 debe mensurarse, en términos económicos, el interés puesto en juego por las partes, pues éste -cuando es susceptible de apreciación pecuniaria- constituye la base regulatoria.
Accidentes de trabajo, obligaciones de dar sumas de dinero, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Sequeira Leandro Alberto c/ MAPFRE Argentina ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-18

El reclamo sobre la aplicación al caso del art. 3 de la ley 26.773, pretendiendo se sume el porcentaje previsto en la norma al monto de la prestación dineraria otorgada en la sentencia de grado no puede prosperar. Ello así, toda vez que al imponer una indemnización adicional, conlleva una modificación de los alcances de la responsabilidad, a diferencia del supuesto del art. 17 inc. 6 en que se trata de una mera actualización para mantener intangible las prestaciones.
Daños y perjuicios, indemnización, trabajadores ferroviarios, empleados públicos, Ferrocarriles Argentinos, extinción de la relación funcional
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Maschio, Willian E. c/ Ferrocarriles Argentinos s/ laboral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-24

La ruptura del vínculo entre el demandante y la empresa Ferrocarriles Argentinos impidió utilidades, pero contemporáneamente dejó liberada una capacidad laboral que debió verosímilmente aplicarse a otros objetivos fructíferos.
Derechos del empleador, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: D'AMICO, EDUARDO RUBEN c/ BANCO DE SAN JUAN s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-26

El ejercicio del jus variandi, como facultad del empleador, se acepta como valido cuando se ejerce razonablemente, pero no cuando ha sido el fruto de una actividad empresaria caprichosa o arbitraria. Por ello es que el principal que lo ejerció debe poder explicar sus razones, lo que supone la posibilidad de su control.
Compraventa, obligaciones del vendedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gugliotta, Francisco y otro c/ Casa Rimoldi S.A.C.I.F. y otro s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-02

Si la vendedora otorgó una garantía por un año, dicha garantía corresponde a ella y no al fabricante, pues no ha actuado ni como agente ni como representante de aquél, siendo aquella garantía distinta a la otorgada por el fabricante. Por consiguiente, no son aplicables aquí las disposiciones relativas a la acción redhibitoria o quanti minoris -art. 2.174 del C. Civil- máxime tratándose de una compraventa comercial, en donde respecto de los vicios ocultos de la cosa vendida, rige el art. 473 del C. de Comercio.
Seguros, obligaciones del asegurador, siniestro, notificación, pago, plazo, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MIGUEL VARELA c/ GALICIA Y RIO DE LA PLATA COMPAÑIA DE SEGUROS  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

Si la aseguradora comunicó por nota a la asegurada que indemnizaría el siniestro, el término para el pago de la indemnización comienza a correr desde la fecha de dicha comunicación.
Proceso judicial, tasa de justicia, pago, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: O.S.P.E.R. y H.R.A. c/ Consorcio de Propietarios del Edificio de la Calle Deheza 2351/57 s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-25

De conformidad a lo dispuesto por el cuarto párrafo del art. 11 de la ley 23.898 y el art. 10 de la Acordada 20/92 de la C.S.J.N., y en atención a la índole de la cuestión planteada, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación deducido contra el proveído por el que se intimó a abonar la tasa de justicia. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Tribunal de Cuentas Provincial, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia del Chubut s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-24

Este Superior Tribunal ha reconocido en algún caso, la "influencia o autoridad que los dictámenes del Tribunal de Cuentas puede tener en el ámbito del Poder Administrador...teniendo en cuenta la jerarquía constitucional que inviste y la función acordada de control de legitimidad de la hacienda pública". En concordancia con la Procuración General se ha insistido en la atribución -que frente al administrado se traduce en obligación- del ISSS de interpretar y aplicar la ley previsional, sin sujeción a otra autoridad administrativa en el marco que le confiere autarquía, sólo sujeto a la revisión judicial.... Del mismo modo ha aclarado que los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas no obligan en la decisión sobre la correcta hermenéutica de las normas a este cuerpo.
Indemnización por despido, tope indemnizatorio, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: FERREIRA, LUIS ALBERTO c/ RADIO EMISORA CULTURAL  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-27

No resulta violatoria de garantías constitucionales la solución dada por el legislador al fijar un tope en la indemnización establecida por el art. 245 LCT, en la medida que la misma prospera sin necesidad de que la parte interesada pruebe la existencia de un perjuicio concreto generado por la decisión patronal de despedirlo.
Sociedad de hecho, ejecución cambiaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: MATIAS, ESTEBAN SERGIO. c/ STRADDA GAGGIAMO, HECTOR Y PICON DE BARRERA, SUSANA DEL VALLE S.H. s/ COBRO EJECUTIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-04-04

La Ley de Sociedades Comerciales establece la responsabilidad solidaria, ilimitada y directa (no subsidiaria) de los socios de la sociedad de hecho, por lo que resulta razonable que los acreedores sociales puedan demandar directamente a aquéllos, o conjuntamente a la sociedad y a los socios, sin necesidad de que medie, necesariamente, previa condena a la sociedad de hecho. El pensamiento jurisprudencial que considera que para ello es necesario que exista previamente una sentencia condenatoria respecto la sociedad no resulta atendible, al menos en el presente caso en concreto, en tanto ello implicaría una distorsiva interpretación de los arts. 23 y 24 de la LSC y un exceso de rigorismo formal, que atentaría contra el principio de economía procesal, al menos ante una obligación cartular ejecutada. A mayor abundamiento, la propiciada parece ser la hermenéutica que mejor condice con la postura sentada por la Corte Suprema Federal (en autos: "Martínez, T. v. El Ceibal -Zeitune, Mizrahi y Cía.-", del 04/8/1969), que ha interpretado que los integrantes de una sociedad de hecho son parte interesada en un juicio en que es demandada la sociedad, y tienen derecho a estar en juicio y a ofrecer las pruebas que estimen convenientes.

En síntesis, en una ejecución cartular contra una sociedad de hecho comercial no resulta indispensable que medie previa condena del ente societario, para recién habilitarse la instancia de ejecución a sus socios, si las circunstancias del caso concreto así lo permiten.
Asignación por maternidad, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Trullinque Miguel Angel. c/ Axarquia S.A. y/o José María Putignano. s/ Laboral.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-09-22

Si bien al trabajador le compete la presentación de la partida de nacimiento a los fines de la percepción del subsidio,también resulta obligación de la empleadora efectuar la intimación que prevé el art.2 inc.C de la ley 22160 en los plazos y formas allí establecidos.Por ello,acreditado como resulta el vínculo que da lugar al subsidio y falta de prueba de la empleadora del requisito legal de intimación,corresponde condenar al pago de la asignación por nacimiento.
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Narvoish, Miguel Angel c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

En la vía contencioso administrativa resulta imprescindible impugnar tanto el acto denegatorio del reclamo cuanto el que rechaza el recurso administrativo contra él interpuesto.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, fundamentos insuficientes, competencia provincial, competencia federal, jueces, competencia por el territorio, pagaré, domicilio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RESNIK, JACOBO c/ ROSCIANI, EDUARDO NAZARENO s/ JUICIO EJECUTIVO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 320-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-04-10

No muestra consistencia el agravio del quejoso que invoca apartamiento del derecho si omite explicar en sus fundamentos cómo es que ocurre esa transgresión -quedar sometida a jurisdicción de juez incompetente ya que por ser vecino del Chaco le correspondía el fuero federal-, cuando el régimen jurídico del pagaré avanza más allá del aspecto cuestionado, y llega a considerar domicilio del suscriptor el lugar de creación del título, a falta de indicación especial (decreto ley 5965-63, artículo 102).

En el caso, el demandado, vecino de la provincia del Chaco, cuestiona la competencia de los tribunales de Santa Fe en un juicio ejecutivo de cobro de una pagaré, sosteniendo que debía ser sometido a la jurisdicción federal.
Responsabilidad objetiva, imputación objetiva, relación de causalidad, acción, delito de resultado, responsabilidad penal, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: T., R. A.  c/  s/ homicidio doblemente calificado por el vinculo y mediando contexto violencia de genero
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2018-04-20

Conforme la teoría de la imputación objetiva, la imputación jurídica de un hecho como realizador de la parte objetiva de un tipo de acción y resultado requiere en primer lugar, que el resultado haya sido causado por una conducta objetivamente peligrosa desde una perspectiva ex ante -la que crea el riesgo jurídicamente desaprobado-, y, en segundo lugar, que exista una determinada relación de imputación entre dicho resultado y la conducta, es decir que sea aquel riesgo creado el que se haya concretado en el resultado, y no en otro distinto, siendo sólo el tipo penal y la finalidad de la norma los que pueden determinar qué clase de vinculación debe requerirse entre el resultado y la conducta para que ésta sea penalmente responsable (Del Voto del Dr. Ariel Héctor Gustavo Azcona).
Sujetos de derecho, terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: Tradigrain S.A. c/ Mercado a Término de Buenos Aires S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

La aplicación del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es de aplicación restrictiva y excepcional y pesa sobre aquel que pretenda traer a juicio a los terceros, la carga de demostrar el vínculo jurídico que sustentaría la acción regresiva, lo que no ocurre si el recurrente se limita a sostener su pretensión en el carácter de accionistas de los terceros y en eventuales y conjeturales derechos que se le pudieran llegar a generar respecto de algunos de ellos, a quienes no identifica. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.