marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, personas privadas de la libertad, imputado, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: G, M L  Y  E, A M V DE s/ La cuestión a resolver: ¿El cómputo que establece el artículo 7 de  la ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al  tiempo de la vigencia de la ley, que continuan privados de su libertad? (Expte. Nro. 29-95; Expte. Nro. 28-95) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-11

La disposición del artículo 7 de la ley 24390 es de naturaleza eminentemente sustancial. Aún cuando se haya regulado en la misma ley tanto este mecanismo especial de cómputo de la prisión preventiva como el derecho excarcelatorio frente al lapso de privación de libertad sin sentencia firme que el legislador estimó irrazonable, se trata de dos institutos diferenciados, uno opera como presupuesto negativo del otro. (Voto del Dr. Nardin). En el caso la cuestión a resolver es ¿El cómputo que establece el artículo 7 de la Ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al tiempo de la vigencia de la ley, que continúan privados de su libertad?
Trabajadores de Luz y Fuerza, retenciones salariales
Materia: LABORAL
Carátula: MADEO, ANGEL c/ SEGBA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-27

El art. 47 de la ley 22105 incluyó el recaudo de la exigencia de resolución ministerial a los fines de la exigibilidad de la obligación de retener y no de la validez de la retención misma. Si la tesis del legislador hubiera sido la contraria, fácil hubiera sido instrumentar normativamente la reserva relativa a que no podía efectuarse retención sin la concurrencia de la resolución ministerial que así lo estableciera, pero tal situación no aparece reclamada en la norma citada y tampoco en los arts. 131 y 132 de la LCT.
Insuficiencia del agravio, relación de consumo, seguro colectivo, póliza, incumplimiento del deber de informar, derechos y garantías constitucionales, protección de consumidores y usuarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aparicio Manuel Oscar c/ Alico Cia. de Seguros SA y/o Metlife Seguros SA y/o Alpargatas SAIC s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-03-15

Siendo una relación de consumo la relación entablada entre asegurado, tomador y aseguradora, se rige en el cabal cumplimiento del deber de información, tanto en la en la etapa precontractual, cuanto en la celebración del contrato y liquidación del siniestro. El art. 42 de la CN establece como piedra angular de la protección del consumidor, el derecho a una información adecuada y veraz, derecho que ha sido delineado en el art. 4 de la LDC en cuanto establece que esa información debe ser cierta, clara y detallada sobre las características esenciales del contrato. No cabe duda que el asegurado no participó en la creación del contenido de las condiciones generales ni pudo influir en su texto, permaneciendo ajeno a la relación de intermediación que existió entre su empleador y la aseguradora, por lo cual es razonable que haya confiado en la cobertura contratada, creando una expectativa cimentada en la buena fe. En consecuencia, ponderando las particulares características del seguro de vida, no puede oponerse al asegurado la cancelación de la póliza sin depender de notificación alguna, por el contrario, en los contratos por cuenta ajena -como el sub examine- es el tomador el obligado al pago de la prima (art. 27 LS) y máxime cuando esos importes se encontraban descontados de los recibos de haberes, lo que hacía presumir al actor que su póliza de seguro seguía vigente. En efecto, al no haberse acreditado el conocimiento efectivo de su parte de la cancelación de dicha póliza, las derivaciones de ello son inoponibles al trabajador, sin perjuicio de las consecuencias que puedan verificarse entre el tomador y la aseguradora. Se concluye entonces, que el recurrente se confina a controvertir la ausencia de desequilibrio que pueda evidenciar abusividad contractual, pero omite por completo demostrar el cumplimiento oportuno del deber de información, en cuyo déficit el decisorio se cimienta.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la constitución, sociedad anónima, Inspección General de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Crédito Integrado s/ denuncia  Gloria  Elizabet  Bartoszvich ante la Inspección General de  Justicia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Existe cuestion federal, toda vez que, al reputarse el acto de la Inspección General de Justicia como contrario a las cláusulas de la Constitución Nacional que regulan el reparto de competencias entre las provincias y la Nación, en orden a autorizar y fiscalizar el funcionamiento de las sociedades anónimas que tienen por objeto actividades de capitalización y ahorro, ello requiere interpretar el sentido y alcance de tales cláusulas, así como la inteligencia de las diversas disposiciones de carácter federal que rigen la materia.
Contratos, resolución del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HERRERO VICTOR c/ COMPAÑIA MENDOCINA S.A. s/ Resolución de Contrato (LIBRO: S144 - 205)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-06-09

Cuando se demanda por resolución de contrato reclamando las sumas pagadas, la actualización de tales sumas debe hacerse a partir del momento en que los pagos se realizaron y no de que el contrato quedó resuelto por aplicación del art. 555 C.C.

(Ver Venini Juan C. "La Revisión del Contrato y la protección del adquirente" Ed. Univ. 1983, pag. 397 - nota 30 - J.A.

1984-III-Pag. 240.- Se ha ordenado el reajuste, pese a la inexistencia de mora en numerosos casos (J.A. 1976 IV-368).- Se aplica la teoria del "valorismo" (Moisset de Espanes Pizarro-Vallesprimos "Inflación y Actualización Monetaria" Ed.

Univ. 1981- Cap. IV pag. 77 y sgtes.-
Capitalización de intereses, código civil, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Fabiani, Esteban Mario c/ Pierrestegui, Jorge Alberto. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

La prohibición contenida en el art. 623 del Código Civil no es absoluta pues la capitalización de intereses se encuentra autorizada en disposiciones legales que regulan figuras jurídicas diversas;

dicha norma reconoce a las partes el ejercicio pleno de su voluntad negocial, en virtud de la cual pueden convenir - aun anticipadamente al hecho determinante del nacimiento de la obligación - la capitalización de los intereses devengados con posterioridad al vencimiento.
Accidente de tránsito, cómputo de intereses, gastos de reparación del automotor, sentencia, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: PREZZO, JUAN c/ FERNANDEZ, CARLOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-11

Los intereses requieren suma líquida, por eso si no se han hecho las reparaciones en el vehículo, se computan desde la notificación de la sentencia, lo cual es contrario a nuestro ordenamiento legal ya que la determinación del quantum debe operar con efecto retroactivo.
Automotores, daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Doval, Juan Carlos c/ López s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Si el demandado entregó (con apresuramiento y por mandatario) para la venta un automóvil al actor, conociendo que el mismo era robado o -cuando menos- que existía una grave anomalía a su respecto (número de motor) y que -a raíz de ello- éste último hubo de abonar a otra agencia del ramo la suma de $3000, en mérito a un encadenamiento de operaciones vinculadas, sin lograr luego que el accionado le reintegrara la misma, el demandado se encuentra obligado a resarcir el daño sufrido por el actor, representado por la suma mencionada debidamente actualizada (arts. 499, 505, 519 Cód. Civil, 2, 3 y 4 decreto ley 6582/58 t.o.).
Desestimación de la denuncia, inexistencia de delito, querella, facultades del querellante
Materia: CIVIL
Carátula: Dieguez Herrera, Esteban Julián s/ Denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-14

Ante un pedido de desestimación de la denuncia por inexistencia de delito por parte del Ministerio Público Fiscal, el pretenso querellante se encuentra en condiciones de impulsar la prosecución del sumario, pues la falta de interés estatal en la persecución del hecho denunciado no impide a la víctima impulsar en solitario o en forma autónoma el proceso, es decir por la sola instancia del particular ofendido, tal es el criterio establecido por la Cámara Nacional de Casación Penal.
Dominio, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Karpic, Daniel Guillermo s/ Tercería en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

El art. 20 de la ley 17801 específicamente dice que las partes, sus herederos y los que han intervenido en la formalización del documento, inclusive el notario y los testigos, en los casos en los que la ley lo exija, no pueden prevalerse de la falta de inscripción y respecto de ellos el documento se considerará registrado. Es decir, que el derecho nace con la escritura y la tradición, pero no es oponible a terceros mientras no está inscripto.-
Daños y perjuicios, indemnización, banco de datos personales, información crediticia, información errónea o desactualizada
Materia: CIVIL
Carátula: RAVINA, Arturo Octavio c/ ORGANIZACION VERAZ S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-06

Los datos suministrados respecto de la solvencia material de una persona no sólo deben ser veraces, sino que también deben ser actuales y para ello deben necesariamente ser chequeados y verificados por la empresa informante. Es deber de la empresa que lucra con la emisión de informes de los que surge la eventual solvencia comercial de las personas, el instrumentar las medidas necesarias para que la información suministrada se ajuste a la realidad o soportar sus consecuencias, sin que sean los propios sujetos pasivos de la información los que deban aportar los datos pertinentes. Del voto de la mayoría (Dres. Posse Saguier y Highton de Nolasco)
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Celia Nilda c/ Municipalidad del partido de Rivadavia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

La sola circunstancia de que la reclamante se encuentre mutualizada no autoriza a desestimar la pretensión resarcitoria. Ante la frecuencia con que las obras sociales no cubren determinados rubros, o no lo hacen en su totalidad.-
Privación ilegal de la libertad, condiciones de detención
Materia: PENAL
Carátula: Luna Vila Diana c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-20

En la tarea de velar porque la privación de la libertad se cumpla en forma acorde a los estándares mínimos fijados en la normativa aplicable, los jueces deben ordenar, en su caso, el cese de los actos u omisiones de la autoridad pública que impliquen un agravamiento ilegítimo en la forma y condición de la detención. (Dres. Hornos, Borinsky, Gemignani).
Juicio ejecutivo, obligaciones a plazo, mora
Materia: CIVIL
Carátula: Navarro S.A. c/ Ibarra, Salustiano s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-08-28

Entiendo que el art. 509 del Código Civil, en cuanto establece que la mora se produce por el mero vencimiento del plazo, no es aplicable a las obligaciones instrumentadas en pagarés. Y por ello, por la especial naturaleza de los títulos de crédito, cuando no se ha alegado ni siquiera el cumplimiento de la presentación, no cabe considerar que el deudor ha sido constituido en mora. Por o que la misma recién se habría operado en el acto de la diligencia de intimación de pago. Cabe precisar, como corolario, que siendo este requisito imprescindible para el andamiento del derecho del acreedor y para que "la demostración fehaciente" guarde equilibrio con la inversión de la carga de la prueba del art. 50, el portador debe acreditarlo mediante cualquier forma, bastando con que el escrito de inicio de la demanda manifieste haber cumplido con la carga de la presentación de la cambial, refiriéndose a fecha y lugar; único modo de que juegue la presunción del citado artículo, sin que la eventual oposición del deudor se convierta en una prueba diabólica.
Acción de amparo, rechazo de la demanda, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Louzán, Carlos Alberto c/ Ministerio  de  Economía  y  Obras  y Servicios Públicos de la Nación s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

La sentencia que rechaza el amparo es asimilable a definitiva cuando se demuestra que causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior.
Daños y perjuicios, sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CABRERA ERNESTO R Y OTRA c/ BENITEZ JUAN FRANCISCO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-08-31

Debemos destacar que el sobreseimiento definitivo en sede penal no produce cosa juzgada en sede civil, es decir, que puede revisarse la conducta del imputado para considerar la admisibilidad de la pretensión resarcitoria cuando como en el caso el sobreseimiento en favor del demandado no se fundó en la inexistencia del hecho principal.
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cuomo, Jorge Daniel c/ Dirección General de Escuelas s/ Cobro de haberes. Cuestión de competencia art. 6 CCA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

Es de la competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte el conocimiento y decisión de la causa en virtud de la cual el actor pretende que se condene a la Dirección General de Escuelas a abonarle una suma de dinero en concepto de bonificación por antiguedad y demás rubros devengados en la relación de empleo público que mantuvo con la demandada. Ello así, en virtud de la índole de los derechos que estatutariamente consagran las normas que rigen la relación de empleo público existente entre las partes.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso aparente de leyes, subsidiaridad, robo con violencia en las personas, lesiones leves
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ, M. s/ ROBO    CONCURSO IDEAL    LESIONES LEVES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-20

"...entiendo que las lesiones se encuentran subsumidas en la violencia empleada, descartando el concurso, ...razón por la cual M.

D. M., sólo deberá responder como autor de robo con violencia física en las personas, en grado de conato...".
Recurso de casación penal, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, defectos en la consideración de extremos conducentes, errónea apreciación de la prueba, pericia cinemática, facultades del juez, calificación legal, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL
Carátula: Konigseder Alberto Ismael s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2001-06-05

La sentencia en crisis evidencia omisiones y falencias en cuanto a la verificación de los hechos conducentes para la correcta solución del caso, de acuerdo a la prueba analizada, al hacer prevalecer la duda respecto a la validez probatoria de las pericias cinemáticas. Y, si bien el principio del "in dubio pro reo", presupone el especial estado de ánimo del juzgador por el cual no alcanza la certidumbre apodíctica sobre los hechos, dicho estado no puede sustentarse en una pura subjetividad, sino que debe derivarse "...racional y objetivamente de la valoración de las constancias del proceso..." Como consecuencia, el fallo atacado adolece del vicio de arbitrariedad, al no contemplar en su conjunto cada una de las pruebas colectadas y merituadas, concatenándolas en secuencia lógica conforme la jurisprudencia de éste Tribunal Superior de Justicia que ha sostenido que la sentencia definitiva "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones EN SU CONJUNTO y no en forma AISLADA o PARCIAL tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impide '...una visión de conjunto de la prueba reunida...', enseñando el Alto Tribunal que su eficacia: '...depende de la valoración conjunta que se hiciere ... teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ello no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...'. Por lo expuesto, ante la discordancia entre el hecho imputado, las pruebas merituadas y la subsunción de los hechos al derecho aplicable, procede la casación del decisorio en su punto 1ro., de conformidad a lo establecido en el Art. 453 del Código Procesal Penal por encontrarse acreditada la violación de la ley sustantiva, desempeñándose este Tribunal como órgano "rescindens" y "rescisorium", puesto que además de casar el fallo del tribunal de juicio, debe resolver el caso conforme a la ley aplicable, juzgando que la conducta del imputado encuadrándola bajo la calificación que corresponda.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, proceso penal, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: DÍAZ VÍCTOR HUGO; DÍAZ JUAN CARLOS; CATÁNEO JOSÉ (P); DÉCIMA BERNABÉ (P) S. D. ROBO SIMPLE, ROBO CALIFICADO, ROBO CALIFICADO EN GRADO DE PARTÍCIPE PRIMARIO, ROBO SEGUIDO DE MUERTE, ENCUBRIMIENTO, ETC. EN CONCURSO REAL E. P. NÉLIDA F. MARCOS Y OTROS s/ CASACIÓN CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-11-25

La prohibición de reformatio in pejus tiene jerarquía constitucional, dado que la agravación de la sanción cuando no existe recurso acusatorio, lesiona palmariamente la garantía -también constitucional- de la defensa en juicio.
Ejecución fiscal, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN "GCBA C/ SAVAGLIO TBWA Y ASOCIADOS S.A. S/ EJECUCIÓN FISCAL"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-22

La decisión recurrida, si bien ha recaído en una ejecución fiscal, constituye sentencia definitiva por cuanto el rechazo de la pretensión del cobro de la multa ocluye toda posibilidad para que el Fisco pueda intentar su ingreso en un juicio futuro, al disponer la resolución, de un modo irrevisable, la improcedencia de la sanción impuesta en sede administrativa. (Voto en disidencia del Dr. José O. Casás. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Comerciante, fallo de tribunal arbitral, arbitraje obligatorio, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Travel Cba SRL c/ Samsonite Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-27

El Código Civil y Comercial de la Nación ha innovado al incorporar al derecho de fondo, un medio alternativo de resolución de conflictos que aparece regulado como un nuevo contrato típico denominado "Contrato de Arbitraje" (v. arts. 1649 a 1665). Y, en lo que aquí interesa, expresamente y de manera imperativa excluyó de su alcance a las controversias sobre "...contratos de adhesión cualquiera sea su objeto..." (art. 1651 :d). El estudio y decisión de la excepción de incompetencia y que conlleva a analizar la validez del compromiso arbitral asumido por las contratantes, debe ser abordado con la legislación vigente al momento en que se suscitó la primera exteriorización de conflicto entre las partes considerando, en especial, el día en que la controversia se llevó al conocimiento de los estrados judiciales; es decir, en el caso, con el cuerpo normativo actual establecido por la ley 26994.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, jurisprudencia, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Giletta, Norberto A. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

No constituye óbice decisivo para la intervención de los superiores tribunales de provincia la invocación de jurisprudencia local que clausuraría la posibilidad de acceso a dicha instancia suprema provincial en virtud del carácter no definitivo de sus pronunciamientos en los que, de hallarse en juego la protección judicial de la Constitución Nacional, no cabía apartarse de los principios que en la materia ha elaborado la propia Corte Nacional como fiel intérprete y custodio de los derechos y garantías reconocidos por la Ley Fundamental.
Reajuste jubilatorio, ley derogada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Aguiar López, Eduardo c/ INPS - Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

El sistema de reajuste de la ley 18.038 ha sido derogado al sancionarse las leyes 23.928 y 24.463.
Transporte terrestre, cláusula eximente de responsabilidad, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: TOMASI, JUAN c/ E.F.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-10

Si se asienten las razones que determinaron su inclusión, una cláusula genérica carece de eficacia jurídica, arts. 162 y 204 del C. de Comercio debiendo recordarse que frente a la directiva general que torna de orden público el régimen de responsabilidad en el transporte, las cláusulas exonerativas o limitativas de responsabilidad, autorizadas para ciertos supuestos, art. 174, 177 y 178 C.Com., deben ser interpretadas con criterio restrictivo.
Cesación de servicios, certificado de cesación de servicios, multa laboral, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: ALMADA RAFAEL HUMBERTO c/ VANAY JUAN JOSE s/ DESPIDO - RECURSO DE CASACION Y DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-02-15

Cuestiona el decisorio del Inferior porque no hace lugar a la demanda de indemnización en los términos del art. 80 LCT. Observa que el a quo prescindió del requerimiento de los certificados de servicios y cese formulado con posterioridad. El punto en cuestión -entiende el votante- merece distinta solución. El Tribunal de Mérito sustentó el rechazo de la indemnización porque la intimación fue formulada en la misma pieza postal en la que se comunicó el distracto, omitiendo analizar circunstancias que resultaban relevantes.

Si bien el decreto 146/01 -reglamentario del art. 80 L.C.T. determinó que el trabajador quedará habilitado para remitir el mencionado requerimiento cuando no se hubiera hecho entrega de las constancias de aportes o del certificado dentro de los treinta días corridos posteriores a la extinción del contrato, frente a la negativa de la relación por parte del empleador, pierden relevancia los plazos legales otorgados a éste para que cumplimente con la entrega de documentación que, evidentemente, no proporcionará.

La negativa insincera de la naturaleza del vínculo indica que el empleador nunca estuvo dispuesto a cumplimentar la carga legal, por lo que los plazos fijados para respetar esa obligación, según se dieron las cosas, no son determinantes. En definitiva es la renuencia patronal la que justifica la sanción por lo que, verificada aquélla, se torna procedente la indemnización del artículo citado.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, Amelia Angélica c/ Dourtanis, Jorge Daniel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

El supuesto de suspensión de la prescripción contemplado por el art.

3982 bis sólo procede cuando la víctima del ilícito hubiera deducido querella criminal contra el responsable del hecho.