Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-01-12


Salta, 12 de enero de 2016.	(Tomo 203: 57/90) Y VISTOS: Estos autos caratulados "C/C Y., C. E. M. S; L., D. A. - RECURSO DE CASACIÓN" (Expte. Nº CJS 37.434/14), y	__________________________CONSIDERANDO:	Los Dres. Sergio Fabián Vittar y Guillermo Alberto Posadas, dijeron:	1º) Que a fs. 1/5, la Sra. Defensora Oficial Penal Nº 5, Dra. Martha López de Aguilar, en ejercicio de la asistencia técnica de D. A. L. y C. E. M.Y., interpone recurso de casación en contra de la sentencia del Juzgado de Garantías de Sexta Nominación de fs. 188 y vta., cuyos fundamentos obran a fs. 193/205, que condena a D. A. L. a la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva y multa por la suma de $ 200,00 (pesos doscientos), por resultar coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y a C. E. M. Y. o E. F. a la pena de cuatro años y tres meses de prisión de ejecución efectiva y multa por la suma de $ 200,00 (pesos doscientos), como autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con resistencia a la autoridad.	La impugnante sostiene que la sentencia incurre en una errónea reconstrucción de los hechos y en un contradictorio razonamiento sobre la valoración de las pruebas.	En relación al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización que se imputa a L.y Y., señala que el tribunal carece de fundamento científico para aseverar que cuatro gramos de sustancia prohibida pueden fraccionarse en sesenta dosis. Afirma que la sustancia secuestrada era para consumo personal; que no se procedió al secuestro de balanza, envoltorios, elementos fraccionadores o alargadores, y que tampoco se encontraron mesas o algún tipo de bases que facilitaran la concreción de las ventas en la vía pública. De igual modo cuestiona las imputaciones de los policías que participaron del operativo y les resta sustento objetivo que corrobore la versión de venta de estupefacientes, a la vez que impugna la validez de las actuaciones preventivas por haberse incumplido lo dispuesto por el art. 188 del C.P.P.	Estima que existen discordancias en las declaraciones testimoniales en cuanto a aspectos esenciales de la realidad, que impiden reconstruir intelectualmente el hecho en orden a cómo se realizó la requisa, el lugar y lo que se secuestró en realidad.	Indica que cuatro gramos de sustancia resulta una cantidad compatible con el consumo personal de dos adultos y pone de resalto la adicción crónica de sus defendidos; asegura que las sumas de dinero secuestradas no evidencian con sentido unívoco que son ganancias obtenidas por la venta de droga.	En cuanto al delito de resistencia a la autoridad, por el que se condenó a C. E. M. Y. o E. F., puntualiza que la sentencia incurre en contradicciones entre los testimonios de los oficiales de policía, los que difieren sustancialmente respecto del lugar donde fue encontrado el elemento punzante secuestrado al acusado. Afirma que se debe aplicar el principio "in dubio pro reo" y absolverlos, en tanto no existen pruebas objetivas que corroboren la hipótesis policial.	2º) Que el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 2 (i) se pronuncia a fs. 23/24 vta. por el rechazo del recurso. Destaca que el "a quo" efectuó una minuciosa apreciación de las circunstancias del caso y que la prueba de cargo colectada y producida en la causa es suficiente para concluir en la culpabilidad de los acusados en grado de certeza.	3º) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los interesados, en tanto el recurso fue oportunamente concedido (v. fs. 7 y vta.), previo al análisis de los motivos invocados por el recurrente, incumbe a esta Corte, en la presente instancia, efectuar un nuevo control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina su admisibilidad.	A ese respecto, se observa que ha sido presentado en término y por parte legitimada (ver fs. 1/5); además, la resolución resulta objetivamente impugnable y los motivos expuestos encuentran adecuación legal (arts. 539, 542 inc. a) y cc. del C.P.P., Ley 7690), razón por la cual cabe ingresar al examen de las cuestiones planteadas.	4º) Que el tribunal "a quo" consideró a D. A. L. coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y le aplicó una pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva y multa de doscientos pesos. También condenó a C. E. M. Y. o E. F. a cuatro años y tres meses de prisión efectiva y multa de doscientos pesos, como coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con resistencia a la autoridad.	En la sentencia se tuvo por acreditado que los acusados se encontraban en la intersección de las calles Samuel Quevedo y Francisco Muñiz, del Barrio 20 de Junio, y que se aproximaban a ellos personas de uno y otro sexo, quienes, tras un breve diálogo, entregaron dinero y recibieron sustancia proveniente del raspado que realizaba uno de los imputados sobre un envoltorio que sacaba del bolsillo de su pantalón. Destacó que al acercarse el personal policial, L. corrió con el objeto de evadirse mientras que Y. intentó agredir a los oficiales con puntapiés y un elemento punzo-cortante.	Estimó configurado el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en virtud de que el personal policial observó, al menos en tres oportunidades, que los encartados efectuaban la operatoria conocida como "pasamanos".	5º) Que en autos no se encuentra controvertido que D. A. L. y C. E. M. Y. o E. F., al momento de su aprehensión, tenían estupefacientes en su poder, circunstancia que incluso fue alegada por los acusados al ejercer su defensa material, al manifestar que son adictos crónicos a la sustancia secuestrada.	Lo que es objeto de cuestionamiento es el destino que cabe asignar a dicho señorío, es decir si los acusados tenían la sustancia prohibida a efectos de comercializarla o si la detentaban con motivo de su adicción.	6º) El fin de comercialización debe ser probado a partir de los datos empíricos que surjan tanto de la materialización de la conducta imputada como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la rodean. Ese proceso intelectivo, para ser válido, debe ceñirse a los elementos de convicción legítimamente incorporados al proceso y, lógicamente, no escapa a las reglas de la sana crítica racional, esto es, la lógica, la psicología y la experiencia común. Esta regla, además, cuenta con expreso reconocimiento en la Ley 23737, ya que al tipificar la figura especial de tenencia para consumo (art. 14, 2do. párrafo) exige que ese destino surja inequívocamente tanto de la cantidad como de las demás circunstancias.	7º) Que de acuerdo a lo expresado, en autos no se logró acreditar con certeza que los acusados hayan tenido estupefacientes para comercializarlos.	Ello es así, porque al no haberse secuestrado elementos aptos para el fraccionamiento, alargadores ni envoltorios ni otra prueba que resulta determinante, no es posible concluir, con la certeza necesaria para condenar que los acusados hayan estado comercializando sustancias prohibidas.	8º) Que en cuanto a las declaraciones testimoniales de los siete policías citados, sólo tres - Herrera, Aguierrez y Álvarez.- afirmaron haber visto, momentos antes de la aprehensión, tres operaciones comerciales que habrían llevado a cabo los imputados (v. fs. 178/179, 175, 179 vta./180, 180/181); los restantes, en cambio, no ratificaron ese extremo, circunstancia que conduce a descartar el fin comercial.	Por su parte, el Oficial Sub. Ayte. Víctor Eduardo Herrera señaló, a fs. 178/179, que el día del operativo era la primera vez que veía a los imputados, y que no los había observado antes comercializando estupefacientes. Además, las declaraciones de familiares y vecinos de los acusados referidas en los informes ambientales incorporados a fs. 95/97 y 103/105, confirman que aquéllos sufrían una adicción crónica a los estupefacientes pero en ningún caso indican que pudieran haberlos comercializado.	Asimismo, en ocasión de reconocer el instrumento secuestrado a Y., el Oficial Herrera precisó que no es posible rayar tiza con ese elemento, que para ello se utiliza un "rayador" y afirmó haber visto el "pasamanos" y el "rayador" (fs. 185), pero el empleo de un "rayador" no surge del relato de los hechos contenido en las actuaciones de prevención, de la declaración del propio Oficial Herrera ni de los testimonios de los demás miembros de la fuerza policial y además, no se secuestró ningún elemento que pudiera utilizarse como "rayador".	9º) Que las actuaciones preventivas deben revestir las formalidades que dispone expresamente el art. 189 del C.P.P. (Ley 7690) en el sentido de que, cuando los oficiales o auxiliares de la policía que intervengan en el proceso deban dar fe de los actos realizados por ellos o cumplidos en su presencia, labrarán un acta en la que serán asistidos por dos testigos que, en ningún caso, podrán pertenecer a la repartición cuando se trate de las actas que acrediten actos irreproducibles y definitivos.	En el presente caso sólo participó en tal carácter el Sr. C. F. C. M., no encontrándose especificadas las causas que llevaron a la preventora a tal omisión. Ello no obstante, las demás pruebas acumuladas y el reconocimiento de los imputados forman convicción suficiente en el sentido de que, en ocasión de ser aprehendidos, los imputados tenían estupefacientes en su poder.	10) Que en razón de lo expuesto y de las constancias de fs. 97 vta., 105 vta., 161 y 314 vta., surge que los imputados son comprobadamente dependientes crónicos de la droga (v. fs. 135 y 136), razón por la cual, la conducta desplegada encuadra en la figura de tenencia para uso personal (Ley 23737, art. 14, 2º párrafo), que prevé una pena de un mes a dos años de prisión. Sin embargo, a partir del precedente "Arriola" (CSJN, Fallos, 308:1329), que declara la inconstitucionalidad de ese art. 14, segundo párrafo, sólo corresponde ordenar una medida de seguridad curativa en pos de su recuperación, a tenor de lo dispuesto por los arts. 16 a 20 del texto legal referido.	11) Que con relación al delito de resistencia a la autoridad atribuido a C. E. M. Y. o E. F. corresponde determinar la pena que se estima justo imponer. Sin embargo, al no contar este Tribunal con los elementos de valoración suficientes para fijar la pena a tenor de lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del C.P., corresponde reenviar los presentes autos al tribunal de origen para que ajuste la pena correspondiente a la concreta responsabilidad penal del imputado (Tomo 149:841).	En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto, modificar la calificación impuesta a los acusados por la de tenencia de estupefacientes para uso personal y, en su mérito, absolverlos de ese delito, y ordenar que bajen los autos al Juzgado de Garantías de Sexta Nominación del Distrito Judicial del Centro, a fin de que individualice la pena correspondiente a C. E. M. Y. o E. F por el delito de resistencia a la autoridad (art. 239 del C.P.).	El Dr. Abel Cornejo, dijo:	1º) Que por sentencia de fs. 188, cuyos fundamentos lucen a fs. 193/205, todas del expediente principal, el Juzgado de Garan-tías de Sexta Nominación condenó a D. A. L. a la pena de cuatro años de prisión y multa por la suma de $ 200 (pesos doscientos) por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5º inc. c) de la Ley 23737), y a C. E. M. Y. (o E. F.) a la pena de cuatro años y tres meses de prisión e idéntico monto de multa por el mismo delito, en concurso real con el de resistencia a la autoridad (art. 239 del C.P.).	A tal evento, se tuvo por acreditado que los imputados se encontraban en una esquina de Villa 20 de Junio, de la ciudad de Salta, uno parado y el otro sentado, aproximándoseles personas de uno y otro sexo, manteniendo un breve diálogo el que estaba parado, mientras el que estaba sentado efectuaba una acción de raspado sobre un envoltorio que sacaba de un bolsillo del pantalón.	2º) Que cabe primeramente observar que el personal policial nunca individualizó quién se encontraba parado y presuntamente dialogaría con los presuntos compradores, y quién se encontraba sentado, "rallando". En ese orden, se ha pretendido que los imputados "rallaban" la droga, sin haberse secuestrado algún "rallador", es decir, el elemento presuntamente utilizado como uno de los medios de fraccionar la sustancia. El Of. Sub-Ayte. Víctor Herrera declaró que comúnmente la droga se ralla con hojas de trincheta, pero que no lograron hallar tal elemento (v. fs. 178/179 vta. y 197).	Asimismo, si bien el único testigo civil (no cumpliendo así el procedimiento con el art. 189 del C.P.P.), C. F. C. M. -que concurría a la Escuela de Suboficiales de la Policía- refiere que cuando arribó al lugar se dio comienzo al operativo (fs. 196 y vta.), contradictoriamente el Of. Aux. Meneses afirma que cuando llegaron con dicho testigo civil los imputados ya se hallaban demorados (fs. 196 vta.).	Se secuestraron 2,4886 gramos netos de cocaína (v. Informe Nº TX-E 027/17, del 07/03/2014, fs. 87), así como $ 127 (pesos ciento veintisiete) de D. A. L.y $ 14 (pesos catorce) de C. E.que M. Y. (o E. F.), en su mayoría de baja denominación (v. fs. 1 vta., 4, 15, 31, 67 y 68), lo que claramente no se corresponde inequívocamente con el producido por la venta de estupefacientes que, como es sabido, asciende a cantidades mucho mayores que las encontradas en poder de los imputados.	3º) Que el control de convencionalidad y de constitucionalidad que le cabe a esta Corte nunca puede ser declamativo ni meramente formal, sino concretamente ajustado al caso en análisis, en el que se debe hacer un examen exhaustivo de las garantías individuales a fin de que el hecho investigado no sea sustituido por una versión diferente a lo históricamente acontecido, toda vez que un hecho se tiene por probado cuando no pudo haber ocurrido de otro modo.	Ello teniendo en cuenta que las fuerzas policiales y de seguridad tienen el deber de buscar testigos civiles que nada tengan que ver con la fuerza interviniente para llevar a cabo un procedimiento. De lo contrario, la omnipotencia del Estado se vería reflejada en la disminución de los derechos de las personas, máxime en materia penal, en donde las consecuencias de un proceso errado puede aparejar consecuencias irreparables para la reputación y la honra de una persona. Los testigos civiles e independientes hacen a la esencia de los principios de inocencia y de culpabilidad, indispensables para que el Estado de derecho no se torne en utópico. De modo que este tipo de procedimientos policíacos deben extremarse en ser incuestionables, lo cual es absolutamente plausible, pero además es un deber irrenunciable investigar y descubrir la verdad con los instrumentos legales vigentes que, por cierto, no resultan disponibles, sino de observancia obligatoria.	A continuación, es dable discrepar también con la calificación del hecho que se ha realizado, debido a que, más allá de que la peligrosidad abstracta de por sí limita notablemente la posibilidad de defenderse adecuadamente, por cuanto la razón de ser de la punibilidad reposa en el peligro de la cosa, y no en la culpabilidad real del sujeto, con mucha mayor razón debe realizarse una elección apropiada de las figuras de tráfico ilícito, debido a la dudosa constitucionalidad del tipo de tenencia con fines de comercialización de estupefacientes.	La tipicidad ("Typizität"), como característica del derecho penal moderno expresa, según Beling, esa necesidad de que los delitos se "acuñen en tipos" y no en vagas definiciones genéricas. La firme proclamación de este principio: ningún delito sin tipo ("kein Verbrechen ohne Tatbestant") como una exigencia agregada al tradicional requisito de la ley previa, es uno de los méritos más destacados de la obra de Beling (Soler, Sebastián, "Derecho penal argentino", act. por Guillermo J. Fierro, 11ª reimp. total, Ed. Tea, Bs. As., 1999/2000, t. 2, pág. 183).	Asimismo, la separación de lo que es punible de lo que no lo es, representa una condición básica del principio de reserva penal. Ella se logra mediante el acuñamiento de un "numerus clausus" de hechos punibles. Los hechos punibles no se confunden con los tipos delictivos (tipos penales o legales o figuras delictivas), que tienen una función principalmente sistemática. El hecho punible no se limita a la definición formal de los hechos delictivos, sino que comprende todos los presupuestos legales de la pena como son el disvalor jurídico del hecho definido (su antijuridicidad), la reprochabilidad a su autor (su culpabilidad) y la posibilidad de su castigo en el caso concreto (su punibilidad) (Núñez, Ricardo C., "Manual de Derecho Penal. Parte General", 5ª ed. act. por el Dr. Roberto E. Spinka, Lerner Editora S.R.L., Cba., 2009, pág. 80).	4º) Que con acierto la jurisprudencia dejó sentado que no es la interpretación aislada de los diferentes elementos de cargo a valorar lo que da cuenta de la presunción del dolo específico que exige la figura del art. 5o, inc. c), de la Ley 23737, sino el análisis global del conjunto de ellos (C. F. S. M., Sala de Feria, 13-1-95, in re "C, L. 0.", JPBA 96-35). Este criterio resulta de primordial importancia para poder entender el delito al que se denominó tenencia con fines de comercialización de estupefacientes. En efecto, con la tipificación de este delito -que no reconoce antecedentes ni en la ley anterior ni en las normas internacionales que rigen la materia- el legislador buscó aprehender al máximo los procederes vinculados con el tráfico ilegal de drogas. Empero, el caso de la tenencia con fines de comercialización presenta serios reparos, no sólo en cuanto a la falta de descripción del tipo, sino a la constitucionalidad misma del delito en análisis.	Ello por cuanto, dentro del cuadro general de clasificación de los delitos que formula la doctrina, los ilícitos de peligro abstracto son analizados con detenimiento y circunscriptos a sus justos límites, habida cuenta que, básicamente, no se distinguen estos injustos de los de pura actividad, en los que sólo es necesario la comprobación de la acción. Al no requerirse la producción de resultado material alguno, es menester poner especial cuidado en la imputación de ciertas figuras que la Ley 23737 prevé, principalmente por la dificultad de revertir la imputación concreta. Pero además, si existen tipos penales que adolecen de reparos como éste, el fin de la ley tampoco puede redundar en los objetivos que se propuso el legislador, ante la dificultad que presentan. Con la tenencia con fines de comercialización se castigó un acto preparatorio, porque en el dolo del autor en los delitos de tráfico subyace el propósito de lucro por encima de cualquier otra intención, razón por la cual, demostrar que la tenencia no era con estos fines se torna particularmente complejo, en virtud de que la propia ley califica un obrar de manera genérica, dando por sentado cuál es el fin que persigue el autor.	Ahora bien, con la tenencia con fines de comercialización, aparentemente se procuró castigar individualmente en la inteligencia de reprimir la acción del autor "ab initio", con lo cual no sólo no se explica en qué consiste la figura sino que tampoco deja posibilidad alguna de defensa cuando se le imputa este delito. Es decir, se castiga la ultraintencionalidad del autor, lo cual está reñido con el principio del "cogitationis poenam nemo patitur". Esa ultraintención que es tomada en cuenta por la jurisprudencia es precisamente la que torna inconstitucional la figura en análisis, debido a que al autor de un delito no puede atribuírsele, allende el dolo, algún otro recaudo que la propia definición del delito, como hecho antijurídico, culpable y punible. El dolo es el conocimiento y la voluntad de realización del tipo, por ello tiene un elemento cognitivo y otro volitivo. El autor quiso lo que sa-bía, por eso es que a éste no puede añadírsele una intención más allá de la que tuvo. El momento cognitivo del dolo debe darse en el momento del hecho, a lo que se le suma la intención de lo querido por el autor (elemento volitivo). En consecuencia, a éste no puede achacársele algo que no supo o no quiso.	Con arreglo a lo anterior, se ha dicho que: más allá de la tenencia de la sustancia tóxica que es considerada criminalmente prohibida, la figura en cuestión requiere un componente subjetivo denominado ultraintencionalidad de la acción que exige por un lado la posesión o tenencia del objeto prohibido, y por el otro, el expreso deseo del agente comisivo de alcanzar el fin propuesto, que en el caso se encuentra representado por el propósito de comerciar o traficar los estupefacientes. Por ello, además de acreditarse la posesión o tenencia, debe necesariamente acreditarse también la finalidad orientada a una proyección personal que trascienda la esfera íntima de la individualidad del agente, para trasladarse a la puesta en peligro de otros objetos jurídicos distintos al propio individual, donde este requerimiento subjetivo excede al dolo (Arbeo, Pablo J., "Apuntes sobre el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la República Argentina", en Revista de "Derecho Penal y Criminología", La Ley, Bs. As., Año III, Nº 8, septiembre 2013, pág. 31).	Así las cosas -sostiene Pedro J. Arbeo-, el elemento subjetivo del tipo que se encuentra más allá del dolo o que excede el dolo logra configurar el delito como un tipo penal de "intención" o tendencia interna trascendente, puesto que el autor persigue un resultado que ha de tener presente para la realización del tipo, pero que no precisa alcanzar y que va más allá del puro resultado o producción de la objetividad típica. Esta intención trascendente logra que se mire hacia el futuro -fin de comercializar-, que como se trata (a su vez) de un delito de resultado cortado, no es necesario que la comercialización se lleve efectivamente a cabo, y la intención en si misma constituye un plus que se asienta sobre el ánimo del dolo. Siendo que el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización sea de resultado cortado, es dable resaltar que no admite tentativa debido a que no es necesario que se comercialice la sustancia prohibida, sino que con sólo la tenencia queda consumada la figura delictiva, siempre y cuando existan además aquellos elementos que acrediten la posibilidad de probarse que el destino de esa sustancia pueda trascender a terceras personas con fines lucrativos. La figura penal tiene un elemento subjetivo que debe adaptarse fuera de los elementos volitivo y cognoscitivo para poder consumarse el delito. Esta ultraintención es necesaria para configurarse el delito en cuestión, porque sin ella se estaría hablando únicamente de un tipo penal similar a lo que expone el art. 14, primera parte, de la Ley 23737 (tenencia simple de estupefacientes).	5º) Que en ese orden, la culpabilidad ha de ser la correspondiente al delito de que se trata. Es decir, que cada delito tiene "su" culpabilidad. Es ésa una de las razones de la imposibilidad de aceptar la existencia de un dolo genérico (Fontán Balestra, Carlos, "Tratado de derecho penal", 2ª ed. corr. y act., 4ª reimp., Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1995, Tomo II: Parte general, pág. 224).	Esta singular figura delictiva es un acabado ejemplo de la búsqueda incesante de abarcar el máximo de procederes vinculados al tráfico, sin que se haya tenido en miras la duplicación o tergiversación de lo que el tráfico en sí consiste, ya que tratándose de un acto preparatorio punible, no se tuvo en cuenta el carácter esencialmente dinámico de estos delitos, como el transporte, la entrega, la compra y venta, etcétera: si quien fue contratado por una suma de dinero para transportar droga de un sitio a otro hace una posta, ¿acaso puede imputársele tenencia con fines de comercialización?	La figura de distribución, necesariamente, en todos los casos, desplazará a este delito y en otros al suministro, ya que si al autor se le encuentran elementos como balanzas de precisión, cucharillas, una máquina fraccionadora u otro elemento que señale el propósito de distribuir, indicará cuál es el fin que persigue. Por ello es que no parece que la tenencia con fines de comercialización describa esta conducta con exactitud, y de tal suerte permita que se desbarate una cadena de tráfico sin mayores reparos. Si el delito es de difícil prueba, puede colegirse, sin ambages, que también favorecerá a quienes se lo imputen invocar la falta de evidencias incriminatorias para su consumación.	De allí que resulte desaconsejable su aplicación y merezca iguales reparos que el tipo de comercio. La jurisprudencia sentada en la materia es una muestra cabal de la desorientación que provoca: en algunos casos se la confunde con transporte, en otros con almacenamiento, o en que se distingue del también ambiguo delito de comercio, lo cierto es que nunca hasta ahora se definió con certeza en qué consiste esta singular figura. Por consiguiente, en la especie debe absolverse a los causantes por aplicación del principio de la duda, al no haberse reunido testigos hábiles que pudiesen observar el procedimiento que dio origen a su imputación.

6º) Que además de todo lo expuesto y no poderse probar la ultrafinalidad de comerciar, surge de múltiples constancias de la causa (fs. 97 vta., 105 vta., 161 y 314 vta.) que los imputados son comprobadamente dependientes crónicos de la droga (v. informes psiquiátricos de fs. 135 y 136), y como lo expresa además el fallo del "a quo" (fs. 194, 198 y 201 vta.), razón por la cual si bien la tenencia de la droga tuvo ostentación a terceros, conducta que queda encuadrada en la figura del art. 14 de la Ley 23737, según se desprende del precedente "Arriola" (CSJN, Fallos, 308:1392), allende la imputación que les pueda caber por la posesión simple del tóxico, debe dictarse una medida de seguridad curativa en pos de que sean sanados, a tenor de lo dispuesto por los arts. 16 a 20 de la Ley 23737.	7º) Que por último, en lo tocante al delito de resistencia a la autoridad atribuido a C. E. M. Y. (o E. F.), se cuenta en la causa con los testimonios del Cbo. Andrés Jorge Aguierrez (fs. 179 vta./180), del Cbo. Diego Ramón Álvarez (fs. 180/181), quien fue el agredido, del Agte. Ángel Alberto Flores (fs. 181 vta./182), acerca del forcejeo y la resistencia del imputado, y del Of. Sub-Ayte. Víctor Eduardo Herrera (fs. 178/179 vta.) acerca de que el imputado se resistió a su detención con puntapiés y golpes de puño y utilizó el objeto referido a los fines de resistirse, lo que coincide con lo declarado por el Agte. Álvarez. Además declaró C. F. C. M. acerca del hierro de construcción con el que se resistió el imputado (fs. 4 y 181 y vta.).	En el delito de resistencia a la autoridad previsto en el art. 239 del C.P., el delito es de carácter doloso y tiene como presupuesto fundamental que quien desarrolla el accionar ilícito tenga preciso conocimiento de que contraviene a un mandato del poder público (esta Corte, Tomo 120:841). Se trata de la oposición activa a la acción de un funcionario público o de la persona que a su requerimiento o por obligación legal le presta asistencia, ejecutiva de una orden legítima dada por el propio funcionario actuante o por otra autoridad pública (Núñez, Ricardo C., "Manual de Derecho Penal. Parte Especial", Lerner Editora S.R.L., 3ª ed. act. por Víctor F. Reinaldi, 2008, pág. 435). Los motivos de la orden no son discutibles ante el ejecutor, sino ante la autoridad que la ha emitido o ante autoridad competente, a menos que su improcedencia aparezca evidente (ob. cit., pág. 436).	El bien jurídico protegido es la acción libre del funcionario público. La resistencia lesiona el orden de la administración pública atacando el ejercicio de la libertad funcional, de modo que es la libre acción del funcionario durante el ejercicio de su cometido legal, lo que el tipo penal protege inmediatamente. Se trata, en otros términos, de la protección a la legal actuación del funcionario público, dentro del imperio del Estado, ante la resistencia de una persona (esta Corte, Tomo 174:345).	En efecto, la acción típica es resistir a un funcionario público, en el ejercicio legítimo de sus funciones. El delito se configura cuando hay oposición del sujeto activo a la acción di-recta del funcionario público, valiéndose de medios violentos, que se ejercen sobre él, con el fin de impedirle su acción siempre den-tro del ámbito legal. Se trata de la oposición del agente a la acción que ya ejecuta el funcionario, en contra de personas determinadas, que hayan estado en condiciones de percibirla, a través de la actitud asumida por el funcionario y las circunstancias particulares que la condicionen. La resistencia presupone una ejecución actual e inminente de parte de una autoridad que debe hallarse en el ejercicio legítimo de sus funciones, es decir, se debe reconocer una causa legítima en el actuar del funcionario público y que ese acto sea realizado dentro de los límites prescriptos por las leyes y reglamentos o impuestos por la necesidad. Comete delito de resistencia a la autoridad quien se resiste al arresto intentado por un agente del orden que se hallaba uniformado y ejerciendo una actividad propia de sus funciones (esta Corte, Tomo 142:1013; 154:191; 170:767; 193:387).	8º) Que de tal modo, la conducta desplegada por el imputado realiza el tipo penal y debe responder en calidad de autor por el mencionado delito, restando entonces determinar la pena que se estima justo imponer. A tales fines, al no contar este Tribunal con los elementos de valoración suficientes (Tomo 130:891; 149:841; 178:651) para fijar la pena de C. E. M. Y. (o E. F.) a tenor de los arts. 40 y 41 del C.P., debe reenviarse la causa al tribunal "a quo", para que la ajuste a la concreta responsabilidad penal del imputado, establecida en el presente (cfr. Tomo 71:1043; 126:841). En virtud de lo cual corresponde ordenar que bajen los autos al Juzgado de Garantías de Sexta Nominación, del Distrito Judicial del Centro, a fin de que individualice la pena correspondiente al nombrado imputado por el delito de resistencia a la autoridad (art. 239 del C.P.), de conformidad a lo establecido en el presente.	El Dr. Ernesto R. Samsón, dijo:	1º) Que a fs. 1/5, la Sra. Defensora Oficial Penal Nº 5, Dra. Martha López de Aguilar, en ejercicio de la asistencia técnica de D. A. L. y C. E. M. Y., interpone recurso de casación en contra de la sentencia de fs. 188 y vta., cuyos fundamentos obran a fs. 193/205 dictada por el Juzgado de Garantías de Sexta Nominación, que condenó a D. A. L. a la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva y multa por la suma de $ 200,00 (pesos doscientos), por resultar coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y a C. E. M. Y. o E. F. a la pena de cuatro años y tres meses de prisión de ejecución efectiva y multa por la suma de $ 200,00 (pesos doscientos), por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con resistencia a la autoridad.	La recurrente funda el derecho que asiste a sus representados en lo dispuesto por los arts. 539 y 542 incs. a), b) y c) del C.P.P. -Ley 7690- y en los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994. Propone, medularmente, que el fallo recurrido posee vicios esenciales vinculados a la reconstrucción de los hechos, a la selección y valoración de las pruebas, y solicita que se lo declare nulo en razón de resultar contradictorio en su razonamiento y conclusiones.	Respecto del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización que se imputa a L. y Y., manifiesta que el sentenciante carece de fundamento científico para aseverar que cuatro gramos de sustancia prohibida pueden fraccionarse en sesenta dosis. Insiste en que la sustancia secuestrada era para consumo personal y argumenta que no se procedió al secuestro de balanza, envoltorios, elementos fraccionadores o alargadores, y que tampoco se encontraron mesas o algún tipo de bases que facilitaran la concreción de las ventas en la vía pública. Afirma que las imputaciones de los policías que participaron del operativo aparecen desprovistas de todo sustento objetivo que corrobore la versión de venta de estupefacientes, lo que torna infundada la sentencia recurrida.	Expresa que existen discordancias en las declaraciones testimoniales en relación con elementos esenciales de la realidad, que impiden reconstruir intelectualmente el hecho en orden a cómo se realizó la requisa, dónde y qué se secuestró realmente. Cuestiona la validez de las actuaciones preventivas en tanto considera que se ha transgredido lo dispuesto por el art. 189 del C.P.P. (texto según Ley 7690) respecto de la necesidad de dar intervención a dos testigos civiles que no pertenezcan a la repartición cuando los oficiales o auxiliares de la policía confeccionen actas que acrediten actos irreproducibles y definitivos. Precisa que en ocasión de labrarse el acta de requisa sólo participó un testigo, y que es parte de la fuerza atento a su calidad de alumno de la Escuela de Suboficiales.	Sostiene que la experiencia y el sentido común indican que cuatro gramos de sustancia resulta una cantidad compatible con el consumo personal de dos adultos; enfatiza la adicción crónica de sus defendidos y agrega que las sumas de dinero secuestradas no evidencian con sentido unívoco que son ganancias obtenidas por la venta de droga.	Con relación al delito de resistencia a la autoridad, por el que se condenó a C. E. M. Y., puntualiza que la sentencia se torna infundada en razón de las contradicciones que se verifican entre los testimonios de los oficiales de policía, los que difieren sustancialmente respecto del lugar donde fue encontrado el elemento punzante secuestrado al acusado.	Concluye diciendo que el fallo impugnado se aparta del principio "in dubio pro reo" y que deviene infundado en tanto no existen pruebas objetivas que corroboren la hipótesis policial. Pide que se deje sin efecto la condena dictada contra sus defendidos.	2º) Que el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 2 (i) se pronuncia a fs. 23/24 vta. por el rechazo del recurso. Destaca que el "a quo" efectuó una minuciosa apreciación de las circunstancias del caso y que la prueba de cargo colectada y producida en la causa es suficiente para concluir en la culpabilidad de los acusados en grado de certeza.	3º) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los interesados, en tanto el recurso fue oportunamente concedido (v. fs. 7 y vta.), previo al análisis de los motivos invocados por el recurrente, incumbe a esta Corte, en la presente instancia, efectuar un nuevo control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina su admisibilidad.	A ese respecto, se observa que ha sido presentado en término y por parte legitimada (ver fs. 1/5); además, la resolución resulta objetivamente impugnable y los motivos expuestos encuentran adecuación legal (arts. 539, 542 inc. a) y cc. del C.P.P., Ley 7690), razón por la cual cabe ingresar al examen de las cuestiones planteadas.	4º) Que el tribunal "a quo" consideró a D A. L. coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y le aplicó una pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva y multa de doscientos pesos. También condenó a C. E. M. Y. o E. F. a cuatro años y tres meses de prisión efectiva y multa de doscientos pesos, como coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con resistencia a la autoridad.	El fallo impugnado tuvo por cierto que el día 3 de febrero de 2014, a horas 19:30, aproximadamente, los encartados se encontraban en la intersección de las calles Samuel Quevedo y Francisco Muñiz, del Barrio 20 de Junio, y que se aproximaban a ellos personas de uno y otro sexo , quienes, tras un breve diálogo, entregaron dinero y recibieron sustancia proveniente del raspado que concretaba uno de los imputados sobre un envoltorio que sacaba del bolsillo de su pantalón. Cuando se acercó el personal policial, alrededor de horas 20:30, L. corrió con el objeto de evadirse mientras que Y. intentó agredir a los oficiales con puntapiés y un elemento punzo-cortante.	Con base en la prueba incorporada en la causa, valoró que se verificaron los requisitos exigidos para la configuración del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en tanto el personal policial observó, al menos en tres oportunidades, que los encartados efectuaban la operatoria conocida como "pasamanos".	5º) Que si bien la casación es un recurso que en principio sólo procede por las causales expresamente señaladas en la ley, a partir del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 328:3399) y de pronunciamientos siguientes, se ha acuñado una nueva doctrina que amplía el examen revisorio. En efecto, en el citado fallo, el Máximo Tribunal Federal dijo: "En modo alguno existe una incompatibilidad entre el juicio oral y la revisión amplia en casación. Ambos son compatibles en la medida en que no se quiera magnificar el producto de la inmediación, es decir, en la medida en que se realiza el máximo esfuerzo revisor, o sea, en que se agote la revisión de lo que de hecho sea posible revisar. Rige a su respecto el principio general del derecho: la exigibilidad tiene por límite la posibilidad o, dicho de manera más clásica, `impossibilium nulla obbligatio est´. No se le exige a los jueces de casación que revisen lo que no pueden conocer, sino que revisen todo lo que pueden conocer, o sea, que su esfuerzo de revisión agote su capacidad revisora en el caso concreto".	6º) Que sobre la base de estas premisas, cabe ingresar a un nuevo análisis de las constancias de la causa para examinar todo el material probatorio y verificar si se configuran los delitos y la participación de los imputados en los hechos.	7º) Que en autos no se encuentra controvertido que D. A. L. y C. E. M. Y.o E. F., al momento de su aprehensión, tenían estupefacientes en su poder. Esa circunstancia fue admitida sin cuestionamientos en toda la investigación e incluso fue alegada por los acusados al ejercer su defensa material, en tanto insistieron en su calidad de adictos crónicos a la sustancia secuestrada.	Lo que se impugna es el destino que cabe asignar a dicho señorío, esto es, si los acusados tenían la sustancia prohibida a efectos de comercializarla -según se afirma en la acusación y en la sentencia-, o si la detentaban con motivo de su adicción.	8º) Que al igual que todo elemento atinente a la responsabilidad, el fin de comercialización debe ser probado a partir de los datos empíricos que surjan tanto de la materialización de la conducta imputada como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la rodean. Ese proceso intelectivo, para ser válido, debe ceñirse a los elementos de convicción legítimamente incorporados al proceso y, lógicamente, no escapa a las reglas de la sana crítica racional, esto es, la lógica, la psicología y la experiencia común. Esta regla, además, cuenta con expreso reconocimiento en la Ley 23737, ya que al tipificar la figura especial de tenencia para consumo (art. 14, 2do. párrafo) exige que ese destino surja "inequívocamente" tanto de la cantidad como de las "demás circunstancias" (esta Corte, Tomo 194:576, voto de los Dres. Catalano y Samsón).	En ese sentido, los tribunales federales -otrora competentes en las llamadas causas de microtráfico- armónicamente y desde hace tiempo atrás han remarcado la premisa probatoria, enumerando casuísticamente determinadas circunstancias con fuerza probatoria para afirmar la finalidad comercial; así, por ejemplo, se ha precisado que la cantidad de estupefacientes, por sí, sólo acredita la finalidad de comercio si resulta inequívoca (Tribunal Oral Fed. Nº 3, "Pizzicati", Capital Federal, 24/6/93), se han demostrado actos concretos (Tribunal Oral Fed. Nº 2, "Rivadeiro" Córdoba, 26/11/95), o es acompañada de otras circunstancias que la indican, como ser, el secuestro de balanzas y elementos aptos para fraccionarla, etc. (Tribunal Oral Fed. Nº 2, "Sánchez", Córdoba, 15/10/ 96). Inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expedirse sobre la constitucionalidad de la figura en cuestión, ha destacado que la finalidad de vender debe surgir de una valoración conglobante al referir a los elementos que en el hecho llevado a su consideración demostraban la existencia del ilícito (v. CSJN, "Bosano", 9/11/10; dictamen del Procurador General que el Tribunal hizo suyo) (esta Corte, fallo citado).	9º) Que de acuerdo a lo expresado, en autos no se logró acreditar con certeza que los acusados hayan tenido estupefacientes para comercializarlos, pero tampoco cabe afirmar en ese grado de convencimiento que se encontraban destinados exclusivamente a consumo personal.	Ello es así, en primer lugar, porque en la especie, la cantidad y la forma de la sustancia secuestrada resultan datos equívocos, en cuanto pueden indicar cualquiera de las finalidades normativas en juego. En efecto, la cantidad de sustancia secuestrada, casi dos gramos y medio de cocaína base mezclada con fenacetina en una "pila" (2,48 g. según informe toxicológico de fs. 87/88), es compatible tanto con la venta como con el consumo._	Por otra parte, al no haberse secuestrado elementos aptos para el fraccionamiento, alargadores ni envoltorios ni otra prueba que resulte determinante, no es posible concluir, con la certeza necesaria para condenar, que los acusados hayan estado comercializando sustancias prohibidas.	10) Que respecto de la prueba testimonial producida en au-tos, es preciso señalar que, de los siete policías citados, sólo tres -Herrera, Aguierrez y Álvarez- afirmaron haber visto, momentos antes de la aprehensión, tres operaciones comerciales que habrían llevado a cabo los imputados (v. fs. 178/179, 175, 179 vta./180, 180/181); los restantes, en cambio, no ratificaron tales extremos, de modo que, aun cuando resulte posible que no hubieran percibido esa situación porque -según sus dichos- realizaban tareas de contención, apoyo o seguridad, el cuadro probatorio -que fuera producido a instancia del fiscal- impide afirmar el fin comercial.	A fs. 178/179, por su parte, el Oficial Sub. Ayte. Víctor Eduardo Herrera indicó que patrullaba la zona hace un año y medio, que el día del operativo era la primera vez que veía a los imputados, y que no los había observado antes comercializando estupefacientes. En este sentido, las declaraciones de familiares y vecinos de los acusados referidas en los informes ambientales incorporados a fs. 95/97 y 103/105, confirman que aquéllos sufrían una adicción crónica a los estupefacientes pero en ningún caso indican que pudieran haberlos comercializado.	En ocasión de reconocer el instrumento secuestrado a Y. (fs. 185), el Oficial Herrera precisó que no es posible rayar tiza con ese elemento, dijo que para ello se utiliza un "rayador" y afirmó haber visto el "pasamanos" y el "rayador" (fs. 185). No obstante ello, el empleo de un "rayador" no surge del relato de los hechos contenido en las actuaciones de prevención, de la declaración del propio Oficial Herrera ni de los testimonios de los demás miembros de la fuerza que manifestaron haber observado la operatoria de comercialización. Por último, debe señalarse que no se incautó elemento alguno que pudiera utilizarse como "rayador".	11) Que en cuanto a las formalidades que deben revestir las actuaciones preventivas, dispone expresamente el art. 189 del C.P.P. (Ley 7690) que, cuando los oficiales o auxiliares de la policía que intervengan en el proceso deban dar fe de los actos realizados por ellos o cumplidos en su presencia, labrarán un acta en la que serán asistidos por dos testigos que, en ningún caso, podrán pertenecer a la repartición cuando se trate de las actas que acrediten actos irreproducibles y definitivos.	Si bien la citada disposición exige la asistencia de dos testigos de actuación civil, en el caso bajo análisis sólo participó en tal carácter el Sr. C. F. C. M., no encontrándose especificadas las causas que llevaron a la preventora a tal omisión.	Se ha sostenido que el acta es la comprobación del acto procesal, de manera tal que debe contener lo más fielmente posible cada uno de los pasos dados en su realización, sin omitir nada, ya que por su intermedio podrá reconstruirse en el momento del debate (lejano a la época en que se labró el acta), todo el cúmulo de circunstancias que lo rodearon, sirviendo asimismo para alentar la memoria de quienes actuaron en él (Ábalos Raúl Washington, Código Procesal Penal de la Nación, Ed. Ediciones Jurídicas Cuyo, pág. 331).	En este sentido, la jurisprudencia ha precisado que es necesario destacar que la obligación que tienen las fuerzas de seguridad de prevenir el delito y de acudir en la búsqueda de sus responsables, obedeciendo a una orden judicial, no puede contradecirse con las reglas que imponen los códigos de forma en pos de salvaguardar garantías constitucionales. Debe resaltarse la importancia que ostentan las actas de procedimiento que llevan a cabo las distintas fuerzas de seguridad, las que además de ser uno de los actos definitivos e irreproducibles, al ser instrumentos públicos dan fe de lo sucedido y son el relato valedero del que se nutren los distintos tribunales que intervienen en la causa para tener por acreditados los hechos que en aquéllas se describen (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala Primera, Expediente Nº 5802, "R., F. L. s/ Inf. Ley 23737", 6/9/2011).	La convocatoria a los testigos y su firma en el acta que se confecciona son el medio de autenticación de los actos del funcionario policial, por lo que su omisión es susceptible de quitarle valor probatorio a la información de la que ella da fe, de realidad y regularidad a la vez. No es aceptable que la verdad sea descubierta a costa del sacrificio de normas que han sido dictadas para asegurar las garantías constitucionalmente consagradas, y que tienen indudable superioridad jerárquica (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala Primera, Expediente Nº 5932, "Incidente de Nulidad a favor de B.M.A.", 16/8/2012).	Si bien en la especie no se cumplió con la exigencia de dos testigos civiles prevista en el art. 189 del C.P.P., las demás pruebas acumuladas y el reconocimiento de los imputados forman convicción suficiente en el sentido de que, en ocasión de ser aprehendidos, los imputados tenían estupefacientes en su poder.	12) Que en términos de subsunción, los encausados tenían el señorío o dominio de una sustancia que sabían prohibida y de la cual podían decidir su destino, conducta que, entonces, sólo puede ser encuadrada en la figura básica de simple tenencia (art. 14, 1er párrafo de la Ley 23737).	Al tipo básico de la tenencia se le ha asignado un carácter residual, circunscribiendo su procedencia a la imposibilidad de probar concretamente el fin del señorío con la cosa prohibida y, en especial, como sucede en autos, el designio comercial (cfr. D´Alessio, Andrés José y otros, op. cit., págs. 1086 y 1087 y sus citas; Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I "Navarrete Venegas", 4/2/09; Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, "Recart", 4/4/00; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, "Novello", LL 2008-C, 59, entre otros). Sin embargo, al tratarse de un tipo de peligro y aun cuando éste se proyecte a modo de presunción legal, su aplicación, para no controvertir mandatos constitucionales, se encuentra supeditada a que las circunstancias especificas de cada caso demuestren que la tenencia crea un riesgo penalmente relevante a la salud pública, que excede el ámbito de intimidad y puede afectar al orden público o a terceros.	Esa es la situación que se presenta en autos, en tanto, según lo ya expresado, la cantidad de estupefacientes secuestrada -casi dos gramos y medio de cocaína-, el lugar -la vía pública- y las demás circunstancias que rodearon el hecho resultan idóneos para tener por configurado el riesgo que traspasa el ámbito de libertad de los acusados y legitima la aplicación del mencionado art. 14, 1er. párrafo de la Ley 23737.	13) Que por esas razones, la calificación de la conducta -tenencia con fines de comercialización- debe ser sustituida por la de tenencia simple. Resta, en consecuencia, determinar la pena y definir la situación procesal de los acusados.	Al no contar este Tribunal con los elementos de valoración suficientes, debe reenviarse la causa al tribunal "a quo", para que ajuste la pena a la concreta responsabilidad de los imputados (esta Corte, Tomo 71:1043, 126:841).	14) Que con relación al delito de resistencia a la autoridad, por el que fuera condenado C. E. M. Y. o E. F., el "a quo" tuvo por acreditado que en ocasión de ser aprehendido por personal policial, el imputado intentó evadirse ofreciendo resistencia, arrojando golpes de puño y puntapiés, utilizando un elemento punzo cortante (hierro en forma de L).	De las testimoniales incorporadas en la causa surge que, en ocasión de acercarse los efectivos oficiales, Y. corrió para evitar ser detenido y que, cuando estaba por concretarse la aprehensión, agredió al Cabo Ramón Diego Jesús Álvarez (v. fs. 178/179 vta., 179 vta./180, 180/181 y 181 vta./182).	Respecto del instrumento que le fuera secuestrado, si bien el acusado afirma que no es más que la pipa que emplea para consumir, los testigos indicaron que se trata de un hierro en forma de L con uno de sus extremos afilados, y que lejos de servir para el consumo de alguna sustancia, puede ser empleado como arma blanca._	No obstante ello, y sin perjuicio de que no existe certeza respecto del lugar donde fuera encontrado el elemento incautado, toda vez que los testigos Á. y F. (v. fs. 180/181 y 181 vta./182) expresan que el mismo cayó al piso, mientras que F. C. y H. (v. fs. 4 y 178/179 vta.) precisaron que fue sustraído de las prendas de vestir de Y. el tipo penal bajo análisis ha quedado configurado. En efecto, para ello se requiere que el imputado haya resistido o desobedecido a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, o a quien le prestare asistencia, con independencia de que para ello hubiera utilizado algún elemento.	Esta Corte tiene dicho que el bien jurídico protegido es la acción libre del funcionario público, y que la resistencia lesiona el orden de la administración pública atacando el ejercicio de la libertad funcional, de modo que es la libre acción del funcionario, durante el ejercicio de su cometido legal, lo que el tipo penal protege. Se trata, en otros términos, de la protección legal de la actuación del funcionario público, dentro del imperio del Estado, ante la resistencia de una persona. La acción típica es resistir a un funcionario público, en el ejercicio legítimo de sus funciones. El delito se configura cuando hay oposición del sujeto activo a la acción directa del funcionario público, valiéndose de medios violentos, que se ejercen sobre él, con el fin de impedirle su acción siempre dentro del ámbito legal (Tomo 193:387).	En razón de lo dicho, y atento que de las pruebas rendidas en autos surge que C. E. M. Y. resistió el actuar legítimo de los funcionarios policiales de manera violenta, la sentencia que tiene por configurados los extremos exigidos por el tipo penal bajo análisis es ajustada a derecho, toda vez que ha subsumido los hechos probados en la figura penal correspondiente sin rebasar los dictados de la sana crítica y ha satisfecho las exigencias de toda decisión jurisdiccional producida dentro del marco de legalidad y razonabilidad de sus fundamentos al contar con una debida motivación (esta Corte, Tomo 172:683), por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 1/5 en lo relativo al delito de resistencia a la autoridad.	Por lo que resulta de la votación que antecede,	____________________LA CORTE DE JUSTICIA EN FERIA,	_____________________________RESUELVE:	I. HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 1/5 y, en su mérito modificar la sentencia de fs. 188 y vta., cuyos fundamentos obran a fs. 193/205, en el sentido de absolver a D. A. L. y a C. E. M. Y. o E. F. del delito de tenencia de estupefacientes para uso personal y ordenar que se les aplique al respecto una medida de seguridad curativa; y confirmar la condena a C. E. M. Y. o E. F. por el delito de resistencia a la autoridad, disponiendo que bajen los autos al Juzgado de Garantías de Sexta Nominación a fin de que individualice la pena correspondiente.	II. MANDAR que se registre y notifique.	Fdo. Dres. Ernesto R. Samsón -Vicepresidente a/c de la Presidencia-, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas y Abel Cornejo -Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. Mónica Vasile de Alonso -Secretaria de Corte de Actuación-).