marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad del abogado, abogado apoderado, deber de obrar con prudencia, costas
Materia: CIVIL
Carátula: MILLITARI, Walter Horacio c/ GUZMAN, Carlos Alberto s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-27

Incurre en omisión profesional culposa el letrado apoderado que de haber actuado con la diligencia que era dable esperar, habría evitado la condena en costas de su cliente. La circunstancia de que el cliente no haya abonado aún a su letrado los honorarios regulados y firmes, no le impide demandarlo por responsabilidad profesional, si el perjuicio está ya configurado.
Poder Judicial, sistema informático de seguimiento de causas, juicio, partes, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: P., J. D. c/  s/ ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR EL VINCULO Y ABUSO SEXUAL DOBLEMENTE AGRAVADO POR ACCESO CARNAL Y POR EL VINCULO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-09

Frente a la procedencia del recurso de inconstitucionalidad incoado por la Fiscalía y la anulación de la resolución de segunda instancia, constituía carga indelegable de aquel Órgano efectuar el seguimiento correspondiente de la causa a través del SISFE a los fines de tomar conocimiento del eventual recurso extraordinario que pudiera deducir -como efectivamente lo hizo- el Servicio Público de la Defensa, carga que se acentuaba aún más frente a las numerosas medidas adoptadas por esta Corte en el marco de la pandemia de COVID-19 referidas a las notificaciones electrónicas y el acceso a los expedientes a través del SISFE; y si bien la recurrente manifiesta que se le otorgó con posterioridad matrícula y contraseña para entrar al sistema, lo cierto es que con anterioridad también podía cumplir con la carga de acceder al mismo y consultar el trámite de los expedientes, a través de la solicitud de la clave particular correspondiente.
Viajantes de comercio, contrato de trabajo eventual, prestación de servicios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RINALDI   MARCELA c/ SUMINISTRA   S.R.L.   Y  OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

El viajante de comercio es un sujeto que actúa como intermediario entre la oferta y la demanda de bienes y se encuentra relacionado con la empresa a través de un vínculo de dependencia laboral. Uno de los elementos más relevantes para que un trabajador sea aprehendido por el Estatuto del Viajante de Comercio es la "habitualidad", es decir, debe realizar habitualmente la concertación de negocios para un empleador y que tal tarea sea la labor más importante dentro de la prestación de sus servicios. De modo que, debe concertar operaciones por cuenta de su empleador de forma frecuente y repetida, por lo que constituye el objeto principal de su prestación de servicios. No alcanza para aplicar la ley 14.546 la gestión o concertación de negocios habitual o incidental pero secundaria respecto de otras prestaciones del dependiente. Por lo tanto no es viajante de comercio el trabajador cuyos servicios consistieron en la venta de servicios de personal eventual a distintas empresas. (Del voto de la Dra. Ferreirós, en minoría). BN 323
Recurso de casación, improcedencia del recurso, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: M., R.H. s/ Denuncia Apremios Ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-05

Desde que la casación procede, entre otros supuestos, por inobservancia de las normas que el Código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, es inaudible la denuncia consistente en que uno de los Vocales no suscribió el fallo y que el Tribunal no dejó constancia de los motivos de la ausencia del Magistrado, ya que la precisión del concreto impedimento ulterior a la deliberación no está conminada con sanción procesal, según la regla del C.P.P., art. 358 in fine.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: W., R.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Homicidio  simple (Expte.: C.S.J. Nro. 331 año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26

La queja es un recurso autónomo, que debe cumplimentar a los fines de su recepción recaudos formales propios, siendo fundamental el que se sustente en los fundamentos del auto denegatorio.
Aplicación de la ley, accidente de tránsito, daños y perjuicios, legitimación pasiva, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Martinez, Aldo Dario c/ Ortiz Ortuno, Alfonso y otros s/ d. y p. uso automotor (sin lesión)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-18

Acreditado que el excepcionante había formulado la denuncia de la venta del automotor en el registro correspondiente con anterioridad al suceso y con identificación del adquirente, extremo que pudo ser conocido con anticipación a la integración de los sujetos al proceso y traba de la litis, sin que se hubiera impugnado la veracidad de los hechos ni ofrecido prueba para desvirtuarlo, se puede decir que el defensista ha cumplido con la consigna legal para exonerarse de responsabilidad sobre los perjuicios ocasionados por el vehículo en cuestión.
Temeridad o malicia, deberes del juez, sanciones disciplinarias
Materia: LABORAL
Carátula: Caballero, Francisco c/ 9 de Julio Muebles y otro s/ Reclamo laboral Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-09-13

El magistrado tiene el deber de sancionar el improbus litigatur toda vez que el principio de moralidad, basamento fundamental de la actuación procesal, debe ser observado estrictamente por las partes.

Desde el momento que constituye un deber del juez, el juzgamiento de la conducta procesal es independiente de la petición de la contraparte.
Recurso de casación, cámaras de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Páez, Honorio Gerónimo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-05-17

El libelo casatorio debe cumplir con el art. 259 inc. 5 del C.P.C.:

Expresión de los argumentos por los que se trata de demostrar que ha incurrido el motivo de casación invocado; requisito que ha sido pacíficamente interpretado por este tribunal como la necesidad de fundar separadamente, con argumentos propios, específicos, cada una de las causales invocadas; desde que dada la extraordinariedad del recurso no basta la existencia del agravio, sino que es menester la existencia de un motivo de los que la ley taxativamente prevé y su adecuada explicitación. Ello por cuanto son los fundamentos ajustados a cada causal, los que proporcionan el marco dentro del cual debe efectuar el control casatorio el Tribunal Superior.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, exceso ritual manifiesto, cuestiones de hecho y prueba, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Ruiz Joaquín contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-25

Corresponde rechazar la queja toda vez que, más allá del acierto o error de la decisión adoptada, el recurrente no logra poner en evidencia que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario haya excedido el límite de las facultades que le son propias, ni resuelto la cuestión a través de un injustificado rigor formal incompatible con su derecho de defensa. Las objeciones que formula no permiten habilitar la instancia extraordinaria local prevista en el art. 113, inc. 3°, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tanto únicamente remiten a cuestiones de hecho y de derecho infraconstitucional y de índole procesal. A los fines de habilitar la vía recursiva intentada, era menester que el interesado evidenciara un desacierto extremo, incompatible con el ejercicio del derecho de defensa en juicio protegido por el art. 18 de la Constitución Nacional, pero no lo hizo, por lo que su recurso no puede prosperar. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Tratados internacionales, aplicación territorial de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hoechst A.G. c/ D.G.I. s/ repetición -D.G.I.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

Siendo los tratados internacionales normas jurídicas, en el trance de su aplicación en el ámbito interno de un país el exégeta no puede apartarse de las reglas que en la materia han sido impuestas a lo largo de la historia por la Corte Suprema de Justicia.
Reclamo administrativo previo, entes autárquicos, agotamiento de la instancia administrativa, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Barrionuevo de Acosta, Marta Ofelia c/ Obras Sanitarias Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-31

La presentación de la actora ante el administrador general de Obras Sanitarias, a fin de probar su reclamo en sede administrativa, no resulta suficiente, toda vez que no obra reclamo alguno ante autoridad administrativa de grado jerárquicamente superior al titular de la entidad autárquica que pueda ser considerada según la ley, y a efectos del agotamiento de la vía, autoridad administrativa de última instancia.

En efecto, pretendiendo la ocurrente cuestionar acciones u omisiones de las autoridades de un ente autárquico, debió ante la denegatoria expresa o tácita de éstas, interponer los recursos que la ley acuerda ante autoridad administrativa de última instancia, a fin de que ésta se pronuncie y recién entonces en caso de denegatoria también expresa o tácita computar los plazos contemplados por los arts. 6 y 7 del Código Contencioso Administrativo para considerar expedita la vía contenciosa.

Por ello, resultando requisito sine qua non para la apertura de la jurisdicción judicial, corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal por falta de agotamiento de la vía administrativa para entender en la causa.
Recurso extraordinario federal, fundamentación insuficiente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TORRES, María Rosa; TORRES, Rodrigo Javier Iván c/ ESCALANTE, Dardo s/ ORDINARIO - MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-10-18

Las meras enunciaciones de los principios constitucionales y la indicación de los artículos violados de la Constitución no resultan suficientes para tener por demostrada la existencia de " cuestión federal o constitucional ", recaudo de admisibilidad del recurso extraordinario.-
Competencia, sucesiones, fuero de atracción, acciones personales contra el causante
Materia: CIVIL
Carátula: BOGINO, ALFREDO FRANCISCO c/ CETTARO, HUGO RAMON FERNANDO s/ COMPETENCIA (CONFLICTO DE COMPETENCIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-14

El criterio interpretativo según el cual deben excluirse del fuero de atracción que imponía el derogado artículo 3284 del Código Civil a las acciones personales de los acreedores del causante, en tanto éstas no fueron mencionadas expresamente en el nuevo artículo 2336 -ley 26694- supone asignar a la norma un alcance fraccionado y literal aislándola del contexto orgánico en el cual se encuentra inserta, lo cual no constituye una derivación razonada del derecho aplicable, debiendo por ello ser descartada.

La interpretación sistemática que entiende al derecho objetivo como una unidad orgánica y armónica de normas imponen en el caso efectuar un análisis abarcativo de las normas que regulan nuestro proceso sucesorio integrando el precepto en los fundamentos y objeto del instituto en el que se encuentra comprendido, lo cual lleva a concluir que el fuero de atracción no ha sido modificado en la nueva regulación civil y comercial, por lo cual deben necesariamente acudir al juez de la sucesión, o sea el del último domicilio del causante.
Competencia, gobierno nacional, Derecho administrativo, competencia administrativa, jurisdicción administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "VALMAGGIA,   DANIEL   ANÍBAL c/ CASSABA s/ Acción  meramentedeclarativa".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-16

La presencia del gobierno federal en función del Estado Federal, juntamente con el gobierno también federal, pero en función de la Capital Federal, nos lleva con alguna claridad a comprender la distinción entre legislación, administración y jurisdicción federal y la legislación, administración y jurisdicción local. Por ello, lo que es objeto del derecho administrativo local, va a la justicia local u ordinaria (cfr. Ricardo Haro, "La competencia federal", pág. 347).

Desde esta perspectiva, cabe señalar que del art. 100 de la ley 1.181 surge clara la intención del legislador de someter las cuestiones que mezclan intervención judicial a los Tribunales de la Ciudad, sin que quepa efectuar otras distinciones allí donde la Legislatura mediante una ley especial y posterior al Código Contencioso no lo ha hecho.

(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Indemnización por despido, intimación fehaciente, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez Manuel c/ Galvasa SA y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-27

El art. 2 de la ley 25323 exige como presupuesto para la viabilidad del incremento en cuestión, que el empleador esté fechacientemente intimado y que pese a tal intimación no abone las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 LCT. Es decir que la intimación fechaciente debe ser al pago de tales rubros, resultando a todas luces insuficiente la intimación en la cual el accionante consignó que reclamaría abnte el Ministerio de Trabajo todos sus derechos, así como el acta por la cual se da cuenta de la celebración de una audiencia sin mayor detalle.
Derecho laboral, recurso de apelación (procesal), contrato de trabajo, ley de contrato de trabajo, presunciones, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: ACUÑA, Héctor René. c/ BASUALDO, José Lizardo s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-08-27

Respecto a las características de la relación, para descartar la posibilidad de que se tratara de un trabajador temporario, que se desempeñara "no trabajando años redondos ni mucho menos permanente y sólo cuando por razones de cosecha se lo requería, previa firma del contrato por tiempo determinado".

La circunstancia de que hayan sido "cinco los contratos suscriptos hace enmarcar la cuestión dentro del art. 90 LCT in fine, donde dice "la formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, que exceda de las exigencias previstas en el apartado b de este artículo, convierte el contrato en uno por tiempo indeterminado", toda vez que las distintas épocas, en un caso, la continuidad de quince meses, en otro, imposibilitan avizorar de qué modo "la cosecha de finca estaría en su apogeo" en cualquiera de esos momentos, dando a entender, por el contrario y conforme al principio de continuidad en los contratos de trabajo, que los requerimientos de transporte de personal y consiguientemente los de desenvolvimiento de la función de chofer, eran de carácter permanente.
Jubilación por invalidez, aportes previsionales, aplicación de la ley, apreciación de la prueba, moratoria previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PEREZ HUGO CESAR c/ ANSES s/JUBILACION Y RETIRO POR INVALIDEZ c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

La motivación de la ley 26.970 aparece patente en la explícita ponderación de las circunstancias de extrema vulnerabilidad socio-económica que impiden a ciertos afiliados acceder a otros planes vigentes para liquidar sus deudas con el Sistema Previsional Argentino.-. Es así, que el legislador no prescindió de una valoración cuidadosa de la situación en la que se encuentran hoy aquéllos aportantes y/o causahabientes que pretenden acogerse a un plan de moratoria en las circunstancias recién señaladas, estableciendo pautas más flexibles, demuestra una revisión exhaustiva de la cuestión, tendiente a remover aquellos obstáculos que someten al obligado a recaudos y/o requerimientos de imposible cumplimiento por su reducida capacidad económica, en miras de no afectar implícitamente el carácter de irrenunciabilidad que hace a la naturaleza de los beneficios de la seguridad social.
Dictamen fiscal, facultades del juez, Ministerio Público Fiscal, control de razonabilidad, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMOS, N. c/  s/ Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-09

Cabe confirmar la nulidad del dictamen fiscal declarada por el a quo, por cuanto la conclusión basada en la ausencia de pruebas y en la circunstancia de que, a criterio de la fiscalía no restan medidas de prueba a producir, torna infundado el dictamen al no expresar los motivos por los que además, resuelve prescindir de las ya ordenadas.
Seguros, obligaciones del asegurador, indemnización, pago, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: García, Norberto Teodoro c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-16

Si entre la fecha de producción del siniestro y aquél en que la aseguradora se encuentra obligada a cumplir con su obligación indemnizatoria, transcurre un lapso considerable en que no cesa el envilecimiento de la moneda, el desconocimiento de la repotenciación de la deuda importaría acatar la intangibilidad de las prestaciones que las partes quisieron resguardar.

Para actualizar este tipo de créditos la Cámara ha recurrido a la aplicación de los índices de precios al consumidor.
Indemnización, daño material, lucro cesante
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: DIAZ DANIEL ROBERTO s/ HOMICIDIO  CULPOSO  -  PROCESO  PENAL  - ACCION CIVIL - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-02-28

El lucro cesante consiste en la frustración de ganancias que la víctima podía razonablemente esperar según las circunstancias generales o especiales del caso, sino hubiese acaecido el acto ilícito (Cfr. Ulpiano, Digesto, 43, 8, 2 y 11; Orgaz, Alfredo "El daño resarcible", pág. 20), distinguiéndose dicha frustración en lucro cesante actual y futuro según que la pérdida sea ya padecida o bien cuando ella lo será en el futuro, respectivamente, respondiendo tales conceptos a la idea que tiene la Ley de lo que constituye un daño patrimonial, esto es un menoscabo del patrimonio en sí mismo, sea en sus elementos actuales, sea en sus posibilidades normales y previstas.-
Competencia contencioso administrativa, medidas cautelares, deuda previsional, resoluciones, AFIP DGI, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: POLARSA S.A. c/ D.G.I.y OTRO s/ MEDIDA PRECAUTORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

Es competente el fuero Cont. Adm. Fed. (y no el Civ. y Com. Fed.) cuando si bien la medida cautelar solicitada involucra la intimación de pago de deudas previsionales, en rigor el planteo de la recurrente se encuentra dirigido a impugnar la Resol. Gral (D.G.I.) 3795/94, dictada por Fisco Nac. en uso de las atribuciones que le confiere el art. 7 de la ley 11.683 por encontrarse en colisión -según se sostiene- con el art. 35 de esta ley.
Sentencia absolutoria, acción civil
Materia: PENAL
Carátula: César Gustavo Acevedo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-03-04

El sentido absolutorio de la sentencia en relación a la acción principal (acción penal) no impide que el Tribunal 'se pronuncie' con respecto a la acción civil ejercida en el mismo proceso; por el contrario, del art. 391 del C.P.P. deriva que la sentencia absolutoria ordenará cuando sea el caso la restitución o la indemnización demandada. Esta facultad del Tribunal está en la misma ley, lo que no significa desconocer que existieron y existen tribunales que unifican la culpabilidad penal y la civil, pero esta corriente se fue dejando de lado en tanto que en la actualidad y desde hace mucho tiempo se impone la corriente que entiende que cuando en el proceso penal se declare que no existió dolo, se pueda hacer lugar a la acción civil por culpa a partir del mismo hecho, o aún cuando no haya habido culpa se haga igualmente lugar a dicha acción en base a la responsabilidad por el riesgo creado. En el caso de autos, el accidente que sufriera la damnificada debe ser reparado a la luz de la teoría del riesgo creado que deriva precisamente de que el transporte de pasajeros en automotores crea un riesgo por el que se debe responder, estando el tribunal facultado a estimar prudencialmente tanto el daño moral como material.
Extorsión, amenaza anónima
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Walter J. s/ Extorsión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-09

Configura violencia moral suficiente para producir temor en los sujetos pasivos el envío de misivas anónimas en las cuales se amenazan la vida y los bienes de dichos sujetos, pues la idoneidad del medio intimidatorio debe juzgarse con referencia a una persona normal y con prescindencia del hecho de no accederse a las demandas, pues la afectación de la libertad de decisión es consecuencia necesaria de las graves amenazas proferidas.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, cesantía
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Flores de Castañares, Lidia E. c/ Consejo Provincial de Educación s/ RECLAMO S/CASACIóN. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-10-11

La interpretación de la resolución que dispuso la cesantía de la actora, es una cuestión de hecho privativa del mérito y ajena -en principio-a la recurso de inaplicabilidad de ley.
Legitimación activa, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: De Sousa Canada, Manuel c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-01

Según haga al derecho a demandar o a la circunstancia de ser demandado, la misma se adjetivará como activa o pasiva y siempre habrá de ser acreditada por el pretensor demandante o demandado so riesgo de serle opuesta la defensa de falta de acción, ya sea porque el accionante no es titular del derecho, o porque el contrario no es el obligado al cumplimiento del deber jurídico al que se lo quiere conminar. Este instituto se proyecta en su faz dinámica en el derecho procesal. Así lo considera la doctrina al tipificar la legitimación como una de las condiciones de admisión de la acción o como la calidad entendida como la exigencia de que la acción sea intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada, es decir, las partes en relación jurídica sustancial.