marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prisión preventiva, homicidio calificado, declaración testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Osvaldo Emir s/ cese de prisión preventiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-26

Debe mantenerse la prisión preventiva impuesta al imputado en orden al delito de homicidio simple y homicidio calificado en concurso real, pues en contraposición a lo sustentado por el propio encartado respecto de que se encontraba en su casa al momento del ilícito, se aduna el testimonio de un testigo que ratificó haberlo visto llegar a su domicilio en un horario posterior al hecho, en un auto que no era de él, porque el suyo estaba estacionado en la vereda, recordando que estaba con el torso desnudo y que llevaba algo en la mano como si fuera ropa. (Del voto en disidencia del Dr. Villordo)
Despido, sociedad de responsabilidad limitada, socio gerente, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Zulatto, Mariano Dante  c/ Vittomuna SRL y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-28

En relación a la extensión de responsabilidad a los codemandados, socios de la persona jurídica accionada, cabe destacar que la práctica de no registrar ni documentar una parte del salario efectivamente convenido y pagado, generala responsabilidad de los socios y controlantes en los términos del art. 54 de la ley 19.550. Estas conductas constituyen un recurso para violar la ley, el orden público y para frustrar los derechos de terceros, el propio trabajador, el sistema de la seguridad social, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial. El trabajador sufre un perjuicio o daño por las referidas irregularidades, que configuran violaciones de la ley, y que generan responsabilidad solidaria de los administradores. No es lo mismo omitir el pago de un salario o no efectuar los aportes y contribuciones en tiempo oportuno al sistema de la seguridad social-que constituyen incumplimientos típicos de índole contractual- que urdir maniobras defraudatorias, en las que si resultan directamente responsables las personas físicas que las pergeñan. Cabe memorar que la acción de responsabilidad contra los directores está sujeta a los presupuestos de la teoría general de la responsabilidad civil, entre los que se encuentra la adecuada relación de causalidad entre la inconducta y el daño causado. Por ello, cabe responsabilizar a los codemandados con sustento en los arts. 54, 59, 154 y 274 de la LSC en forma solidaria e ilimitada por los daños que son consecuencia de su conducta fraudulenta (la falta de inscripción y la inscripción defectuosa). En cambio, no hay razón para hacerlos personalmente responsables por los otros rubros reclamados (salarios, certificados y aguinaldos) pues estos créditos tienen su origen en la prestación del trabajo o en simples incumplimientos contractuales pero no en una actuación fraudulenta de los socios y administradores, pues no guardan relación causal con la inscripción defectuosa de la relación laboral. Corresponde ratificar la extensión de la condena con sustento en los art. 54 y 157 LSC aunque solo con respecto a los rubros que guardan relación causal con las deficiencias del registro de la relación causal. En consecuencia se admite parcialmente la queja y se modifica parcialmente la sentencia de la anterior instancia. (Del voto en mayoría del Dr. Díez Selva, al que adhiere el Dr. Guisado)
Recurso de casación, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: OVEJERO OSCAR s/ S.D. VIOLACION E.P. LUZ DIVINA NIEVA(M)-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-03-16

Excepcionalmente se ha admitido por la vía de la casación revisar la condena impuesta en base a argumentos casatorios que se concentren no en cuestiones de derecho, sino en la errónea interpretación que de los hechos ha realizado el inferior, interpretación que por su absurdo pueda imputar al condenado un tipo legal que no se condiga con el relato que de los hechos se acreditan en el expediente.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), derechos y garantías constitucionales, violación, pena
Materia: CONSTITUCIONAL-NAVEGACION
Carátula: Silvera, Pablo Andrés c/  s/ robo calificado por uso de arma de fuego-apelación de sentencia condena prisión efectiva-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-19

El análisis de las postulaciones vinculadas con el tratamiento que se hiciera en la Cámara de sus agravios referidos a la determinación de la pena impuesta, revela que cuentan prima facie con suficiente asidero en las constancias de la causa e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación a garantías constitucionales con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria, dicho esto en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. (De la disidencia parcial del Dr. Erbetta)
Leyes, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, ISABELINO c/ ESTANCIA LAS TIJERAS Y OTRO s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 346-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

Cada vez que el legislador dicta una ley, debe efectuar esa valoración de razonabilidad para determinar el alcance del hecho antecedente, incluir cierta clase de circunstancias del caso en él y excluir otras siempre que no sean iguales. El excluir éstas, significa que estimados los hechos o circunstancias, unos se incluyen como hechos antecedentes de la norma y otros no, por ser merituados como distintos.
Secuestro de bienes, prenda, extraña jurisdicción
Materia: PROCESAL
Carátula: RUTA SIETE S.A c/ GIUDICE, PABLO s/ EJECUTIVO PRENDARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-16

Las actuaciones cumplidas en extraña jurisdicción tendientes a efectivizar el secuestro del bien prendado, tiene indudable virtualidad impulsoria del proceso.
Amparo por mora, jurisdicción y competencia, competencia por el grado
Materia: CONSTITUCIONAL- PROCESAL
Carátula: Puigdomenech Julio César s/ Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-04-23

A partir de la reforma operada en el año 1986, la Constitución Provincial ha previsto en el segundo apartado del art. 28, la figura del Amparo por Mora de la Administración Pública, estableciendo, entre otros recaudos, que debe ser planteada ante Juez competente, por lo que, ante la presentación, corresponde determinar la competencia o no de este Tribunal Superior de Justicia, para entender en la causa.

La carta provincial nada ha establecido en materia de competencia, tanto para la Acción de Amparo propiamente dicha, como parte de esta acción especialísima de Amparo por mora, no obstante haber previsto expresamente, tanto la competencia originaria y exclusiva, como la recurrida de este Tribunal.

Ante esta realidad, corresponde a este Colegio determinar a que órganos de la función judicial compete ejercer jurisdicción en esta materia. Atento a la naturaleza y particularidades que perfilan este instituto, como la de ser un proceso "unilateral", "no contencioso", en el sentido que la administración no es parte en el sentido estricto, ya que solo se limita a informar al juez sobre el estado del trámite respectivo y que, no obstante, encontrarse comprometida materia contencioso administrativa, a diferencia del amparo común, la actividad jurisdiccional a desplegar por el órgano judicial compete, no decide sobre el fondo del asunto, sino que "transitoriamente", interviene en un segmento del trámite administrativo para verificar o constatar el acaecimiento o no de la mora denunciada, y proceder a librar el pertinente "mandamiento de ejecución o de prohibición según el caso", los tribunales inferiores, son competentes para entender en esta acción de amparo por mora, prevista en el art. 28 segunda parte de la Constitución Provincial. (SEGUN SU FUNDAMENTO- VOTO DEL DR. FELIX ANTONIO RIVERO)
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bianchi Gladys c/ Garcia Damián s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-14

Es título ejecutivo la factura notarial ya que su fuerza ejecutiva surge del art. 24 de la ley 6925, diciendo que en el reverso de la factura obra la conformación otorgada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires donde hace referencia a esa norma.
Presunciones, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: GILABERT MARCELO SILVIO c/ C.I.M.S.A Y/O RESPONSABLE S/ COBRO DE PESOS s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-04-24

Para que las presunciones alcancen eficacia probatoria es preciso que, respecto de cada una de ellas concurran sus tres circunstancias indispensables: el hecho conocido, el hecho desconocido y la relación de causalidad entre ambos.
Acta de secuestro, prueba, requisa personal, defensa en juicio, Pacto de San José de Costa Rica, contrabando calificado, agravantes de la pena, nulidad procesal, control aduanero
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ, JUANITO s/ Contrabando de estupefacientes, Incidente Causa 25710-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-01-29

1- No es nulo el secuestro de estupefacientes (cocaína) recogidos de las heces del imputado a raíz de la aplicación de enemas indicadas médicamente y consentida por el mismo.- 2- La advertencia previa al imputado acerca de las consecuencias autoincriminatorias del secuestro realizado en tales condiciones, no está prevista legalmente y resulta irrelevante en cuanto la expulsión del estupefaciente habría de producirse inexorablemente.- 3- El derecho constitucional a no declarar contra sí mismo es pilar del derecho procesal penal, por lo que debe invalidarse cualquier medio coercitivo que venza la voluntad del individuo de guardar silencio en relación al hecho que se le imputa.- 4- Sólo el propio imputado y no el Juez puede autorizar la realización del procedimiento en cuestión, ya que ningún tipo de coacción permite nuestra Carta Magna contra el individuo (Art. 18).

Si un procesado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo, si no puede obligársele a ser careado ni siquiera compelido a concurrir a un reconocimiento o rueda de personas, no puede pretenderse que un juez ordene (o autorice) la aplicación de un enema contra su propia voluntad.- 5- Una irrupción ilegal en su intimidad corporal, representa una ofensa equiparable a la tortura (1).- 6- La persona humana posee el derecho inalienable de disponer de su propio cuerpo. El derecho a la vida privada protege la libertad de conciencia, la intimidad y la dignidad del individuo. Esa libertad reside en el derecho de obrar en privado en la forma que mejor le parezca a uno y se extiende a la propia intimidad tanto del hogar como de la conciencia, alcanzando al derecho que tiene toda persona a la propia disponibilidad corporal, no siendo equiparable la aplicación de un repulsivo (con fines de colecta probatoria) al supuesto de allanamiento de morada en cuanto requiere orden judicial.- 7- La consideración de la aplicación de medios terapéuticos tendientes a superar un riesgo para la vida del imputado (en el caso, derivada de la ingestión de estupefacientes con el fin de introducirlos en el país burlando la vigilancia aduanera) como situación de necesidad, resulta inoficiosa cuando media consentimiento válido del interesado, pero, en su caso, debe ser realizada casuísticamente y a la luz del Art. 34 Código Penal, como asimismo teniendo en cuenta que la abstención puede eventualmente configurar el delito de omisión de auxilio (Art. 108, cód. cit.).- 8- En el caso la aplicación de este medio no importa crueldad ni tortura ni un vejamen ni un trato degradante en el sentido del Pacto de San José de Costa Rica, que si bien es ley suprema de la Nación (Art. 31 Constitución Nacional) debe ser conjugado con la jerárquicamente análoga Convención Unica de Estupefacientes de 1961 y Protocolo Modificatorio de Ginebra de 1972.
Prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Palacios, Carlos Virgilio y otro c/ Ranalletta, Alejandro y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Las pericias deben valorarse conforme con los principios científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y las demás pruebas que la causa ofrece. Cuando están suficientemente fundadas y son uniformes en sus conclusiones, debe acordársele pleno valor probatorio. Si se producen varios dictámenes con distintos peritos (como es el caso de autos), el juez debe compararlos cuidadosamente, para decir, en el caso de existir desacuerdos, a cuál le da preferencia, según la calidad de los peritos y de las razones expuestas, teniendo en cuenta si reúnen o no los requisitos para su validez y eficacia (doct. art. 474, 384 del CPCC).
Rehabilitación (penal), inhabilitación para conducir, daños y perjuicios, indemnización, cobertura, asegurador, responsabilidad del asegurador, obligaciones del asegurador, citación en garantía
Materia: PENAL
Carátula: GOYENECHE, OSVALDO s/ REHABILITACION. PLAZO CUMPLIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-01

Corresponde hacer lugar a la rehabilitación del condenado, no obstante no haber reparado aún los daños sufridos por el querellante, si transcurrió con exceso el término requerido por el art. 20 ter del C.Penal y de las constancias obrantes en el juicio civil por daños y perjuicios surge que el colectivo se encuentra asegurado por una compaÑía de seguros, contando para el rubro responsabilidad civil con "cobertura sin límite"; no admitiéndose que exista impedimento alguno para que, resulta dicha demanda, la aseguradora responda eventualmente por el monto indemnizatorio que se estipule, máxime habiendo contestado adhiriéndose a la citación en garantía que se le cursara a instancias de la demandada, probando ello además la intención de esa parte de cumplir con los requisitos formales necesarios al efecto.
Cuestiones de competencia, relación de dependencia, in dubio pro operario
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Míguez, José Fernando y otra s/ Inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

Dado el principio propio del derecho del trabajo que impone la distinción entre empleados y patrones, debe evitarse con especial cuidado que el trabajador pueda verse privado del derecho de litigar ante los tribunales que le corresponden en razón de la materia y del territorio.
Contrato de trabajo en general, relación de dependencia, intermediación de servicios, primacía de la realidad
Materia: LABORAL
Carátula: A., C.M. c/ C., M. y/o quien resulte responsable del Establecimiento "C.V." s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-22

Aún cuando el trabajador hubiese sido contratado por un tercero, la relación sustancial caería bajo las previsiones del art. 29 de la LCT. Se ha interpretado esta norma, desde cierta perspectiva distinta a la finalidad práctica de evitar la insolvencia del intermediario, en el sentido de que lo que efectúa la misma es tener en cuenta la persona del real destinatario de la prestación laboral y que se utiliza un mecanismo de mera interposición sin que la actividad lo justifique; por lo que la norma es una razonable derivación del principio de realidad recogido por el art. 14 de la LCT.
Régimen disciplinario administrativo, cuestiones prejudiciales, sobreseimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cardoso, Binotti Angel Raúl s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción Cáceres, César s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1988-04-29|1991-11-29

La circunstancia de haberse sobreseído en sede penal a los actores no constituye obstáculo para una determinación de responsabilidad disciplinaria, ya que el pronunciamiento administrativo es independiente del judicial, en razón de ser distintas las finalidades perseguidas y los bienes jurídicos tutelados en cada uno de ellos, así como también son diferentes los principios que se aplican en uno y otro sector. La regla "non bis in idem" no impide que las sanciones disciplinarias pueden ser sumadas a las civiles, penales, etc. Se respeta dicha regla si una conducta no es juzgada dos veces dentro de una misma jurisdicción. (Bertolini:

Según su voto).
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, mala praxis, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: KASPAR c/ SANATORIO MITRE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-25

La mala praxis médica supone un perjuicio al paciente a causa de un tratamiento no acertado, más ello no significa ineludiblemente una culpa del profesional. La intervención médica puede revelar falencias por incumplimiento, diligencia amenguada provocada por la confianza en su arte, inadecuación del tratamiento, pero no necesariamente conducta culposa. No obstante, cuando de ello -sin "casus"- surge un daño al paciente, la respuesta resarcitoria se impone.

El establecimiento asistencial no sólo responde frente al paciente por culpa del médico que interviene, sino también en caso de un incumplimiento que no necesariamente signifique culpa o negligencia del profesional. La garantía que brinda la institución contratante de tales servicios frente a quien recurre a ella, respaldada por el aval de un nombre o de un prestigio, obliga a tal entidad a responder.
Ministerio Público, fiscal de Cámara, acusación fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: ROPPULO, NICOLAS JAVIER c/  s/ 1) HOMICIDIO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO EN GRADO DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL O CONCURSO REAL 2) PARTICIPE PPAL. DE HOMICIDIO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

La opinión del fiscal de alzada sobre el todo de la acusación o sobre alguna de las partes (como la pena) no puede ser vinculante para la jurisdicción, pues lo que ésta debe verificar, en el marco de los agravios del apelante y con máximo rendimiento, es la validez y/o la justicia del fallo. En efecto, la acusación siempre será una referencia necesaria, pero en un sistema de ejercicio de la acción procesal como el que rige el caso --el de la ley 12912 que, por lo demás, sólo difiere del de la 12734 en la posibilidad de conversión de la acción y la plena disponibilidad que esta permite-- la misma no puede considerarse modificada por la simple opinión de los funcionarios que intervengan en etapas recursivas; caso contrario, podría llevar al absurdo de que la opinión del Procurador de la Corte, que dictaminara durante el trámite de un recurso de inconstítucionalidad basado en la arbitrariedad de un fallo --poniendo elípticamente en jaque a los hechos y la prueba del caso--, fuera vinculante para esta Corte, o que algo similar ocurriera con el recurso extraordinario federal (Del voto del Dr. Oliva) - CITAS: CSJStaFe: Bustamante, AyS T 117, p 222; EAO, T 209, p 485/489; Garces, AyS T 114, p 486 - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 12912 y 12734.
Despido indirecto, salarios adeudados
Materia: LABORAL
Carátula: Fleitas, María Teresita c/ Gastaldi, Gregorio Francisco s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-11-02

La falta de pago de un haber -hecho no discutido por las partes-, es causal suficiente para justificar el distracto. Esta Sala ha resaltado en ocasiones anteriores la importancia del pago de haberes. Es obligación esencial de la patronal, tal vez la primordial, el pago de los haberes en la forma que impone la ley o haya sido pactado (Voto Welp)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, excepción de prescripción, nombre comercial, uso de nombre comercial, cese de uso de nombre comercial, jurisprudencia, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Expofoto  S.R.L. c/ Expofot  S.R.L. s/ cese de uso de nombre.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que desestimó la excepción de prescripción y condenó a la demandada a cesar en el uso de su nombre comercial, con la mera cita de jurisprudencia de la Corte referente a hipótesis diversas a la examinada.
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, empleados de banco
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Borelli, Julio M. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-17

No se advierte que el art. 81 del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires agravie el derecho de propiedad del agente atento el carácter cautelar de la suspensión preventiva, en tanto se encuentra destinada a mantener al mismo en inactividad mientras dura la sospecha, siendo su esencia la de un alejamiento temporario, sin implicar prejuzgamiento.
Prueba, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: GODOY MARIA MARGARITA c/ COOPERATIVA AGRICOLA GENERAL SAN MARTIN LIMITADA s/ JORNALES INDEMNIZACION S.A.C. Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-25

El artículo 125 inciso c) del Código Procesal Laboral, el cual alude a documentos posteriores a la puesta del expediente a despacho para sentencia o anteriores ignorados, los que deben obviamente referirse a hechos concretos, oportunamente invocados y litigiosos En este caso, la invocada por la demandada al contestar los agravios, es un hecho nuevo que, aún cuando se relacione con una de las concretas causales de despido, no fue aducido hasta la oportunidad prevista en el artículo 65, 3º apartado del Código Procesal Laboral, lo que torna improcedente la pretensión de invocarlo y acreditarlo ahora.