marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-21


Trelew, 21 de marzo de 2.006- Y VISTOS: La apelación interpuesta por la querellante adhesiva a fs. 33/34 en subsidio, contra la resolución de fojas 30;

CONSIDERANDO: - I.-Se agravió la apelante, en lo fundamental, sosteniendo que el art. 491 C.P.P. la faculta para solicitar la cautelar de marras. Explicó que se denunció maltrato físico y psíquico por parte de su hijo cuando la expulsó de su hogar en forma intempestiva. Indicó que no se analizaron los presupuestos fundamentales para el otorgamiento de las medidas cautelares, esto es la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela, que se encuentran probadas en la causa. Sostuvo que la afirmación de la sentencia en el sentido de que la situación planteada "es un problema familiar de larga data", carece de sustento probatorio, pues surge de una prueba indiciaria totalmente parcial. II.- Las medidas cautelares son instrumentales por cuanto carecen de un fin en sí mismas, son un accesorio, instrumento o elemento de otro proceso, por cuanto se otorgan en consideración al derecho que ha de esclarecerse o actuarse mediante las formas regulares que aseguran la defensa en juicio . Se encuentran subordinadas y ordenadas funcionalmente a un proceso principal del cual dependen, en miras a asegurar el cumplimiento de la sentencia a dictarse en aquél. - El proceso cautelar sería aquel que sirve para garantizar el buen fin de otro proceso. Toda vez que la medida precautoria que se solicita no se encuentra vinculada con los autos principales de acuerdo a lo expuesto, se confirmará la resolución apelada en subsidio. - En la presente causa penal se investiga la presunta comisión por parte de J. B. A. del delito de "amenazas" (ver fs. 5/vta.), que puede eventualmente devenir en una condena de prisión para la citada persona, mas que no se relaciona con las medidas solicitadas.

Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones Instructoria de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; RESUELVE: Confirmar en todo lo que fue materia de apelación subsidiaria el decisorio de fs. 30. La presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Dr. Carlos Dante Ferrari (art. 8º, de la ley 1.130, to. ley 4.550). Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y devuélvase al Juzgado de origen a sus efectos.- Carlos A.Velázquez Juan Humberto Manino Juez de Cámara Presidente ANTE MI: José Alberto García REGISTRADA BAJO EL NRO._27_DE 2006 -SIP-SALA"A" - CONSTE.-
Concursos, quiebra, extensión de la quiebra, sociedad anónima, responsabilidad de representantes, confusión patrimonial
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANATORIO HUMBOLDT SA S/ QUIEBRA c/ DARIPOR SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-21

Si el síndico de una quiebra de una sociedad anónima pretende obtener la extensión de la falencia a otro ente societario, con fundamento en que el accionado constituye una sociedad destinada exclusivamente a aparecer como titular dominial de un inmueble que pertenece "en la realidad" a la fallida, para sustraer ese bien a la acción de los acreedores de esta, a fin de determinar la existencia de confusión patrimonial, es de ponderar que la circunstancia "de constituirse sociedad limita al aporte la responsabilidad del constituyente", no indica que quepa en derecho "limitar la responsabilidad mediante la separación de los bienes afectados a una misma explotación entre dos o mas sociedades". Ello pues, en la primera situación se aprecia la sincera formación de una persona colectiva, autosuficiente en tanto dotada de objeto, patrimonio y dirección, mientras que en el segundo supuesto, se está en presencia de la distribución como patrimonio de dos o mas sujetos, de las partes "separadamente inútiles" de una universalidad de hecho identificada por su destino o empleo. No es legítimo que la formación de personas de derecho pueda ser llevada a cabo de modo tal que cada una de dos partes de los bienes "cuya conjunción fuese imprescindible" para desarrollar un determinado objeto empresario, resulte atribuida como patrimonio diferenciado de dos sujetos de derecho distintos. Claro está que de ese modo el fracaso de la explotación determina la quiebra de uno de esos sujetos, y la indemnidad de la parte de los bienes colocada en el dominio de la segunda sociedad, aunque esos bienes fueran empleados unitariamente hasta el tiempo del fracaso. Pero esa organización patrimonial sería fraude. De permitirse tal proceder, todas las personas distribuirían los bienes afectados a sus empresas, de modo que "solo algunos" resultasen responsabilizados en el eventual fracaso de esa actividad, mientras que otros podrían ser separados de la masa afectada al riesgo empresario. Por tanto, es de concluir, que la limitación de responsabilidad de los aportantes del capital, al solo monto aportado, lo cual sucede con la formación de sociedad, es un efecto regido por el objeto fijado para la sociedad, y relacionado con el patrimonio afectado a la realización de ese objeto, siendo distinto el supuesto de que dos fracciones patrimoniales (el bien raíz, de un lado, y los muebles allí situados por el otro) fueron afectadas "a un mismo objetivo empresario" pero atribuidas como patrimonio "de dos sociedades distintas".
Intereses, pago extrajudicial, pago parcial, aceptación sin reserva, actualización monetaria, pago a cuenta
Materia: LABORAL
Carátula: MOSCHINO, VIRGILIO c/ EFA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-26

Si bien la percepción de un pago extrajudicial sin reservas sobre los intereses extingue la obligación del deudor respecto de ellos (artículo 624 código civil), resulta procedente su calculo sobre la diferencia entre el capital actualizado y el nominal percibido a fin de compensar la privación de su utilización, por cuanto lo abonado se considera un pago a cuenta.
Servidumbre de gasoducto, Ente Nacional Regulador del Gas, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transportadora Gas del Norte c/ Ferracioli, Roberto s/ sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-12-27

El Decreto 861/96 que establece la indemnización correspondiente a propietarios de fundos superficiarios en los que se desarrollen actividades petroleras, no contiene norma alguna que obligue al ENARGAS a la aplicación de las pautas allí establecidas o de respetar tales montos sin posibilidad de tener en cuenta las propias particularidades del transporte y distribución de gas, ya que, es sobre dicha actividad que ENARGAS tiene conforme el art. 22 la ley 24.076 atribuida sus facultades, entre ellas la de reglamentar la forma para fijar el monto provisorio a los efectos de la ley de expropiación, no existiendo ninguna remisión en el art. 22 citado a la obligatoriedad en la aplicación del decreto 861/96.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excepción de prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dillon, Juan Carlos c/ Maida, Guillermo s/ Ejecutivo en autos: 'Maida, Guillermo. Quiebra'. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-02

El pronunciamiento de la Cámara que desestima el planteo de prescripción del crédito principal porque ya se había decidido con anterioridad que tal cuestión resultaba ajena al proceso, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, gravedad institucional, elecciones, elecciones provinciales, gobernador, vicegobernador, nulidad de la elección, colegio electoral
Materia: PROCESAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Electores  y Apoderados de los Partidos Justicialista -UCR. y Partido Demócrata s/ nulidad  de  elec.  de gobernador y vicegobernador de la Provincia de  Corrientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-06

Habiéndose solicitado que la Corte asuma el conocimiento de la causa en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes referente a la nulidad de la proclamación de Gobernador y Vicegobernador, ocurrida en el seno del Colegio Electoral, y dado que la situación de extrema gravedad institucional acreditada, permite suponer el agravamiento de conflictos electorales provinciales, corresponde urgir a la máxima autoridad judicial local para que,sin dilación alguna, disponga las medidas tendientes a preservar el ejercicio eficaz de su jurisdicción en la causa y, en su caso, de la que pudiera corresponderle al Tribunal.
Medicina prepaga, afiliación a obras sociales, jubilados, doctrina de los actos propios
Materia: COMERCIAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: H., M. D. L. M. c/ OSDE s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

Debe ser revocada la sentencia que ordenó a una empresa de medicina prepaga mantener la afiliación de una jubilada, debiendo realizarse la misma con los aportes efectuados la actora de conformidad con lo establecido por los arts. 16 de la Ley 19.032 y 20 de la Ley 23.660, dado que la amparista fue beneficiaria de un plan de salud de la demandada efectuando los aportes en su condición de afiliada, pero dicha relación difiere de la que entabló a partir de su jubilación al contratar en forma privada dicho plan, regido por la Ley 26.682 (Marco regulatorio de medicina privada) y, en consecuencia, la acción resulta contradictoria con su conducta de contratar de manera directa y consentir por más de tres años su nuevo carácter afiliatorio. Cabe destacar que, según la doctrina de los actos propios, no es lícito hacer valer un derecho en contradicción con la anterior conducta pues la buena fe impone un deber de coherencia del comportamiento.
Costas, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Atuel, Fideicomisos S.A. c/ Rosa, Omar s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-29

Al reclamarse una tasa superior a la permitida, resulta equitativo que al morigerarse la tasa de interés, el ejecutante se haga cargo de las costas por el importe que en exceso ha peticionado, ya que el planteamiento de los intereses constituye un planteo autónomo y en virtud de ello corresponde que las costas de primera instancia sean soportadas por la actora en proporción a la morigeración. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización por incapacidad, enfermedad accidente
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez, María Dora c/ Superior Gobierno Provincia de Entre Ríos s/ Indemnización y enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-30

Si la actora fue intervenida quirúrgicamente de la hernia de disco de que era portadora, pero ello no solucionó la discopatía quedándole un déficit neurológico que le ocasiona al momento del examen una lumbociática, la minusvalía que se constata configura una enfermedad en cuyo origen o agravamiento ha contribuido el tipo de tareas realizadas, por lo que la responsabilidad patronal dispuesta por el sentenciante debe ser confirmada. Si bien la ley 24.028 dispone que debe realizarse la discriminación del grado de incidencia de los factores causales atribuibles al trabajador y al trabajo, al no haberse invocado ni probado en juicio pauta alguna referida a dicha cuestión, y tampoco hacer referencia a ello en su memorial de agravios la recurrente, este tribunal se encuentra inhibido de tratar el tema a pesar del imperativo lega contenido en el artículo 2 de la citada norma.Por no mediar agravio, tampoco corresponde evaluar el grado de incapacidad asignado a la actora como proveniente de su hernia de disco, que lo ha sido teniendo en cuenta la minusvalía para sus tareas específicas, cuando la doctrina del S.T.J. (Benítez c/De Miguel) determina que en el régimen de la ley 24.028 el grado de incapacidad debe entenderse referido a la total obrera. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, daño moral, simple damnificado, competencia de menores, admisibilidad formal
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Bruno, Marcela Paola y otro  c/ Matercell SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Un menor de edad puede ser damnificado directo en los términos del CCCN 1741. Ahora bien, una cosa es la admisibilidad jurídica del reclamo por daño moral de menores de edad y otra la constatación de la existencia un efectivo perjuicio susceptible de reparación.
Procedimiento tributario, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, plazos administrativos
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: CLINICA ESPORA  S.A. c/ TFN s/ RESOLUCION APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-10

Los arts. 78, inc.b) y 148 de la ley 11683 establecen con toda claridad que el plazo para apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación las resoluciones de la DGI es de quince días, contados a partir de la notificación del acto administrativo.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, convocatoria a la asamblea de accionistas, nulidad de asamblea de accionistas, acciones societarias, depósito de acciones, sociedad anónima de familia
Materia: COMERCIAL
Carátula: FORGAN, HECTOR FRANKLIN c/ FORGEGAL SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

El libro de comunicación y asistencia regulado por la ley de sociedades, art. 238 parr. 2°, -tratándose de una sociedad cerrada integrada por pocos accionistas titulares de acciones por partes iguales y nominativas no endosables-, cumple con la sola finalidad de permitir al accionista, en cuanto socio, tomar conocimiento de aquellos que comunicaron su concurrencia al acto asambleario y deliberativo. El plazo a que hace alusión dicha norma legal, no pasa de ser un requisito meramente formal de orden interno que no conlleva "per se" a la nulidad de la asamblea, diferenciando el plazo de comunicación con el plazo establecido para el depósito -innecesario en la especie, puesto que resulta arbitrario fijar tanto tres, cinco o dos días, como lo hace la ley de sociedades, debido a que es una mera apreciación subjetiva. Y, será la asamblea quien decida todas aquellas cuestiones formales que contribuyan a la integración del acto asambleario -figure o no en el orden del día-, sea aceptar o no el depósito de acciones tardíamente presentadas (conf.

Sasot-Betes-Sasot, "Sociedades Anónimas, Las Asambleas", pág. 151/152) -en la especie, la comunicación-.
Prescripción, cobro de sumas de dinero
Materia: CIVIL
Carátula: Ojeda Pedro Manuel c/ Confalonieri Antonio Javier  s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-03

El instituto de la prescripción debe ser interpretado en forma restrictiva cuando es opuesto como defensa legal, teniendo en cuenta el principio de conservación de los derechos, máxime cuando se hallan en juego derechos tutelados por el orden público laboral y el principio de irrenunciabilidad. El acaecimiento de la prescripción debe interpretarse restrictivamente, y las causales de suspensión e interrupción en forma amplia. Asimismo, la doctrina también se ha pronunciado en igual sentido al considerar que en materia laboral los actos suspensivos o interruptivos de la prescripción deben ser interpretados con criterio amplio, a la inversa que en el derecho común, decidiéndose en caso de duda, por la solución más favorable a la subsistencia del derecho del trabajador (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, criterio de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Obra  Social  del Personal Dirección Sanidad Luis Pasteur c/ E.N.-PEN  Dtos.  1287/01  380/01 969/01- Ley 25.413 y 25.453 s/ amparoley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-26

El actual principio de igualdad ha retomado la vieja idea aristotélica de justicia, según la cual los casos iguales deben ser tratados de la misma manera y los casos diferentes de diferente manera. Así, salvo que argumentos razonables exijan otro tipo de solución, la regulación diferenciada de supuestos iguales es tan violatoria del principio de igualdad como regulación igualada de supuestos diferentes. (Del voto en disidencia del Dr. Galli).
Interpretación de la ley, beneficios previsionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Jara,  Mario Alberto c/ Instituto de Seguridad Social del Neuquén s/ acción procesal administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Si bien debe privilegiarse el carácter sustitutivo del haber de pasividad respecto de las remuneraciones en actividad también es cierto que los jueces, al interpretar las disposiciones legales con el objeto de decidir el concreto contenido de las prestaciones previsionales, deben ponderar las posibilidades financieras de los entes de previsión social (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Falso testimonio, concubinato
Materia: PENAL
Carátula: TACUL ALEJANDRA s/ FALSO TESTIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-06-17

Ninguna duda cabe que la relación que une a la procesada con XX jugó un papel preponderante para que esta se viera en la necesidad de aportar a la causa una versióna en sentido inculpatorio para su concubino, como la única vía idónea para franquear la disyuntiva que se le planteaba: es decir optar por la lealtad al correcto funcionamiento de la justicia, o por el contrario a seguir manteniendo una posición desincriminante hacia XX.

Por lo tanto, comparte las motivaciones del órgano jurisdiccional para la adopción de una solución desencriminante, puesto que la figura del concubino, ha sido reconocida como relevante para casos como el de autos en sentido excusante. Por ende se torna procedente en la especie, admitir al estado de necesidad en que funda su decisión el magistrado como causal de justificación de la conducta de la encartada.
Robo con armas, delito penal, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: M., O. Y OTRO s/ Robo (Expte Nº 145-93, Resolución Nº 15, Tomo 2, Folio 112)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-29

Pese a carecer de las características que la hagan arma propia, un arma puede ser empleada en algún supuesto en forma impropia a través de su uso como medio contundente. Sin embargo, en el caso de autos, nada nos indica que concretamente quien esgrimiera el arma, la utilizara en esa forma impropia, con la que la hipótesis debe ser rechazada, toda vez que sería intolerable reprochar a alguien algo que es meramente una posibilidad no concretada en los hechos ni demostrada en el proceso. (DE LA AMPLIACION DE FUNDAMENTOS DEL DR.

OLAZABAL)
Delitos de los recursos de la seguridad social, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, AFJP
Materia: PENAL
Carátula: GUTIERREZ, MARIA JOSE s/ Sistema integrado de jubilaciones y pensiones, Incidente de  apelación del auto de procesamiento, Causa: 37164.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-21

Corresponde confirmar el auto de procesamiento de la imputada como autora del delito previsto por el Art. 135, párr. 1, de la ley del Sistema integrado de jubilaciones y pensiones, pues ante la modalidad de trabajo de repartirse entre varios promotores los formularios de solicitud de afiliación a la administradora, con los datos y las supuestas firmas de los trabajadores insertas en ellos, la encausada no podría haber descartado la posibilidad de recibir uno de esos formularios de afiliación en el que se hubiera insertado una firma falsa del trabajador supuestamente entrevistado, por lo cual, pese a que se había representado dicha probabilidad de producción del resultado, habría optado por suscribir tales solicitudes en calidad de promotora interviniente asumiendo el riesgo referente a que tal situación se concrete.
Prestación de servicios, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Roxana Paola Elizabeth c/ Asociación Docente Provincial ADP s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-02-14

Con relación a la interpretación del art. 23 de la L.C.T., la presunción que establece la ley es a favor del contrato de trabajo, no de la relación de trabajo; esto significa que el legislador ha establecido que debe presumirse que la relación de trabajo, si se prueba, proviene de un contrato y no de otra fuente.

Para determinar la existencia del contrato de trabajo, el juez debe basarse en el principio de primacía de la realidad, que otorga prioridad a los hechos efectivamente ocurridos en el marco de la relación, y que lo decisivo es la apreciación razonable de la prueba a la luz de los principios básicos que rigen el derecho laboral.
Sociedad accidental o en participación, pago, administración de la sociedad, socio gestor
Materia: COMERCIAL
Carátula: INGENIEROS  AGRONOMOS  CONSULTORES  ASOCIADOS    I.N.A.C.O.     S.A. c/ EDIFICADORA SUDAMERICANA  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-04

La realización de pagos por encargo y con fondos de otro no constituye al agente pagador en socio del titular pasivo de las deudas, ni significa asumir la administración de la supuesta sociedad atribuida a esos sujetos.

Tal actuación -la realización de un acto conforme la recibida- no convierte al pagador en socio gestor, pues aún dentro del régimen de las sociedades accidentales lo serían aquellos en cuyo nombre se realizaren los aportes.
Accidente de tránsito, vehículo embistente, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barbosa, Adrían c/ Barbieri, Hugo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Si el actor vio, con debida antelación la presencia del automóvil del demandado, que accedería a la bocacalle por el lado derecho, no hubo de entrar en cálculos de posibilidades sobre quien podría pasar primero, sino que debió ceder espontáneamente el paso (art. 71 inc. 2 ley 5800). Al no proceder de tal manera, realizó un adelantamiento indebido, forzando una situación y colocando -por ello- al suyo en la calidad de vehículo embestido. Pero -por esas circunstancias- tal calidad sólo reviste carácter físico, mas no jurídico, que es el único relevante como elemento para analizar y resolver la responsabilidad en un accidente de tránsito (arts. 1068, 1113 Cód. Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CABRERA MIGUEL c/ VELASCO DE ATAN VIOLETA s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-06-04

Para la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, es necesario el cumplimiento del requisito de admisibilidad previsto por el art. 12 de la Ley 2275, consistente en el oportuno planteamiento e introducción de la cuestión constitucional en las instancias de mérito, cuando ello era previsible, máxime si se tiene en cuenta que el fallo de segunda instancia es confirmatorio del dictado en primera instancia.