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Proceso contravencional, audiencia ante el fiscal, declaración del imputado, nulidad procesal, Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal, requerimiento de juicio contravencional, defensa en juicio, derecho a ser oído, derecho a conocer el hecho imputado, derecho a la presencia del defensor
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L. V., O. R. s/ inf. art. 73- Ley 1472 (Junín 381).Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-11

El hecho que en la audiencia dispuesta por el artículo 41 de la Ley Nro. 12 se informara al imputado que podía presentarse a declarar ante el Fiscal dentro de los diez días posteriores, no es un argumento válido para justificar el incumplimiento de los requisitos previstos en el citado artículo.

En efecto, esta norma dispone que el Fiscal "oye al presunto contraventor en presencia del defensor", por lo que frente a tal claridad no resulta posible mutar el objeto de la audiencia a la simple información de los derechos que posee el imputado, entre ellos, el de declarar, a cuyos fines nunca fue citado.

En otras palabras, a los efectos de la realización de dicho acto, garantizándose debidamente el derecho de defensa en juicio, no resulta suficiente con que el Fiscal cite al imputado para hacerle saber que puede solicitar ser oído, sino que se requiere su presencia a fin de que en ese acto pueda hacer uso de ese derecho o de negarse a declarar.

Frente a la entidad de tal vicio, la circunstancia de haberse celebrado una pretendida audiencia del artículo 41, sin otorgarle en ella la posibilidad de declarar, causa por sí sola un perjuicio concreto, por ser aquélla -junto con la audiencia de debate- la oportunidad por excelencia para el ejercicio de su defensa material.

De las consideraciones que anteceden se desprende que la Res. de la Fiscalía General Nº18/01 contraría la ley procesal vigente, causando la nulidad del requerimiento de juicio, pues la validez de la audiencia mencionada es presupuesto de validez de la requisitoria.
Daños y perjuicios, personas privadas de la libertad, servicio penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Capobianco, Angel Miguel y otro c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y derechos humanos- Servicio Penitenciario s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-25

Corresponde hacer lugar a la demanda condenando parcialmente al Estado Nacional al pago de una indemnización por los daños y perjuicios reclamados en una demanda por los familiares de un interno penitenciario quien resultó muerto al participar en una pelea dentro del sistema carcelario. En este sentido, se ha acreditado en autos que el deceso se produjo por una herida en la aorta causada por otro interno mediante el uso de un instrumento punzante; razón por la cual revelan una falta injustificable de parte del S.P.F. la existencia de armas blancas dentro del establecimiento carcelario, generando una falta de control incompatibles con el adecuado cumplimiento de las obligaciones de custodia del Estado.
Acción de inconstitucionalidad, terceros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marafuschi, Miguel A. s/ Inconst. arts. 39 y 40 de la ley 6716 (Modificada por dec. ley 9978  /83 T.O. 10268)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Si de las constancias de autos surge "prima facie" que el resultado del pleito pueda tener relación con intereses propios de la Caja de Previsión corresponde citarla en el carácter de tercero (arts. 92 y 94 del C.P.C.C.), para que en el término de quince (15) días tome en el proceso la intervención que pudiere corresponderle (arts. 94, 96 C.P.C.C.) suspendiéndose el desarrollo del mismo (arts. 89, 95 C.P.C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Municipalidad, poder de policía, competencia contravencional, Superior Tribunal de Justicia, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Vicentin SAIC c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Recurso contencioso administrativo. Revocatoria (EXPTE CSJ Nº   433-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-22

Declarar que la sanción en materia de contravención municipal corresponde a la competencia contencioso administrativa de la Corte provincial, iría en pugna con uno de los principales objetivos de la misma ley 10160, en cuyo mensaje de elevación se destaca -como un "antiguo anhelo de la población toda"- el de la descentralización de la actividad judicial y el de "lograr un mejor servicio judiciario".
Improcedencia del recurso, fundamentación insuficiente, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: SMART, Jaime Lamont c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-16

La disidencia consideró que el recurrente no logró demostrar el vicio jurídico que alega, ni se advierte que se halle involucrada una cuestión federal suficiente, toda vez que no se ha hecho cargo de rebatir adecuadamente los argumentos en los cuales se sustentó el pronunciamiento impugnado, el cual no adolece de arbitrariedad. (Mahiques -disidencia-).
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, menores, debido proceso, sistema acusatorio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C., G. N. c/  s/ 1. ROBO Y HOMICIDIO CALIFICADO; 2-3) HOMICIDIO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-18

Sin perjuicio del rechazo de la queja interpuesta, se impone comunicar a los poderes públicos competentes (Legislativo y Ejecutivo) sobre la necesidad de impulsar en el más corto plazo posible la adecuación legislativa del sistema de investigación y enjuiciamiento de los hechos delictivos atribuidos a menores de edad a los efectos de garantizar normativamente de manera plena las exigencias del debido proceso y los extremos propios de un sistema acusatorio; correspondiendo, entre tanto, a la jurisdicción asegurar en cada caso la plena vigencia de los estándares normativos previstos para los imputados mayores de edad. - Jurisprudencia concordante con F., C., AyS T 270, p 137/140, sumario J0042177.
Recurso de casación, enfermedad accidente
Materia: LABORAL
Carátula: Tobares, Alicia Susana c/ Medisur S.A. (Policlínico del Atlántico Sur) s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-02-27

La enfermedad accidente nació para dar cabida a una serie de situaciones que no constituyen el accidente de trabajo típico y violento, ni enfermedad profesional; para que se configure no es necesario que el trabajo actúe sobre el organismo del trabajador como factor directo, único y exclusivo, sino que basta con que obre concausalmente en la aparición o agravación de la enfermedad. Aún cuando no sea necesario que el trabajo aparezca como único elemento desencadenante de la enfermedad, debe cuanto menos, acreditarse que la situación de enfermedad se halla emparentada con la labor desarrollada. No es suficiente que se advierta un agravamiento del desequilibrio clínico del individuo, debe comprobarse que el mismo no resulta una consecuencia del curso normal de evolución de la dolencia sino de una tarea atentadora del mantenimiento de la salud del individuo.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, sentencia suficientemente fundada, tribunal colegiado, sentencia interlocutoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Genaro García S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Amparo. Recurso directo (Expte. CSJ Nº 342-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

Deviene insustancial el agravio sobre la transgresión de las formalidades esenciales que debe reunir toda resolución judicial fundada, particularmente, en el artículo 382 del código de rito aplicable, cuando la argumentación recursiva no logra perfilar que la Sala haya dejado de lado las formas previstas en la ley ritual de modo que su decisión carezca de la fundamentación suficiente exigida por el artículo 95 de la Constitución Provincial. Es que frente a lo prescripto por dicha disposición del Código Procesal Civil y Comercial, -al determinar las formalidades sustanciales en el dictado de las sentencias emanadas de tribunales colegiados- no aparece nítido que el Tribunal, al emitir su decisorio, estuviera sujeto a tales prescripciones, al juzgar los recursos ordinarios impetrados contra el auto inferior que declaró la incompetencia.

Tanto más, cuando una interpretación armónica de las normas procesales en juego (artículos 107, 244 y 382 del Código Procesal Civil y Comercial) conduce a concluir que a los autos interlocutorios no son aplicables las formalidades que imperan en el dictado de las sentencias definitivas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), resolución denegatoria, recurso de reposición (procesal), gravamen eventual, Cámara de Apelaciones, actos y diligencias procesales, consentimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Laguzza, Rodolfo A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Concurso   preventivo. Incidente de revocatoria (Expte CSJ Nº 606-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-26

No ha de merecer favorable acogida el reproche atinente a que la resolución criticada fue dictada por tres jueces y no por el Tribunal integrado, a poco que se atienda que la argumentación recursiva esgrimida en torno a dicha temática, no logra conmover las aseveraciones contenidas en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad relativas a que la Sala constituía el Tribunal natural de la causa, en cuanto así lo habían consentido los impugnantes; así como las concernientes a que la integración en mayor número de jueces solicitada lo había sido para el tratamiento de una cuestión que por su complejidad así lo hacía aconsejable, sin que por ello correspondiera forzosamente la intervención sin más de la totalidad de los jueces convocados a este fin en todas y cada una de las decisiones de la Alzada dictadas a partir de entonces. Por otra parte, forzoso es reconocer que los gravámenes que invocan los recurrentes resultan hipotéticos, toda vez que el mismo reconocimiento por parte de aquéllos de que no fueron objetadas las anteriores decisiones a partir de que fueron dictadas por tres votos de manera unánime no parece ser un razonamiento eficaz, por cuanto los propios recurrentes estarían aceptando que hubo resoluciones en esta causa que, más allá de su resultado, lo cierto es que pone en evidencia que para aquéllos era previsible que aquí el decisorio fuera adoptado por tres vocales, y no alcanzan a demostrar que hicieran el planteo oportuno para que el Tribunal en este caso se integrara con cinco vocales, más aún teniendo en cuenta aquellos antecedentes.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: CACERES FABIANA ALEJANDRA c/ CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-14

Cuando el daño es producto del riesgo o vicio de la cosa, debe atribuirse un factor objetivo de responsabilidad (art. 1113 Código Civil), sobre quien pesa el deber de responder con el fin de brindar una adecuada protección a la víctima, debiendo ser de interpretación restrictiva los alcances y límites de los eximentes que puede invocar el dueño o guardián de la cosa riesgosa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defensa del consumidor, acción de nulidad, pagaré, pagaré en blanco, venta a crédito, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Budman Horacio Jorge c/ Iosa Federico Miguel s/ especiales (residual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-10-25

El pagaré fue librado para garantizar una operación comercial de consumo y la práctica comercial llevada a cabo por el demandado era hacer firmar un pagaré en blanco. Por ello, teniendo en cuenta la operación comercial realizada y acreditada y el monto ejecutado en el pagaré cuya nulidad se pretende, se demuestra claramente un abuso de la posición contractual del demandado utilizando dolosamente un pagaré firmado en blanco sin justificar la procedencia del monto consignado en el mismo, el cual resulta excesivamente superior al monto de la operación constatada.

Por otro lado, el art. 53 LDC dispone una "inversión de la carga de la prueba" en favor del consumidor (en el caso, la actora) y era el demandado quien debía aportar pruebas que legitimen el llenado del pagare en correspondencia con las condiciones pactadas en la relación causal consumeril, pero no lo hizo. Por lo expuesto, no cabe más que rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y hacerse lugar a la demanda de nulidad.
Superior Tribunal de Justicia, prejuzgamiento, rechazo in límine, superintendencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: WACKER, HERNAN CARLOS c/  s/ INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO -RECUSACION E INHIBICION DEL DR. HERNAN POSTMA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-29

Corresponde el rechazo in limine de la pretensión recusatoria contra los miembros de esta Corte, desde que, encontrándose ésta vinculada a la confirmación por parte de la Alzada del Juez de la causa que se sigue en el fuero penal, el recurrente no demuestra -ni se observa- la existencia de vinculación alguna entre las actuaciones administrativas a que alude y la cuestión recusatoria traída a consideración, resultando palmaria la ausencia de la causal recusatoria invocada, en cuanto a que los integrantes de este Cuerpo ya han expresado su opinión en relación al tema en estudio; debiendo recordar, a mayor abundamiento, que la resolución de gobierno a que el recusante refiere, lo fue en ejercicio de sus atribuciones específicas constitucionalmente conferidas al Poder Judicial. (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Sentencia condenatoria, revocación de sentencia, robo calificado, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Núñez, Maximiliano s/ causa n° 12.183
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-24

Cabe dejar sin efecto la sentencia que rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y aclaró que la condena a nueve años de prisión era por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión mediante el uso de arma de fuego, que se agravaba por la participación de una persona menor de 18 años de edad, pues se ha violado el principio de culpabilidad, dado que se consagró una responsabilidad objetiva en materia penal, incompatible con la Constitución Nacional, que en el caso consistió en no haberse valorado el dolo del agente, toda vez que ni el tribunal de juicio ni el a quo examinaron la cuestión del desconocimiento que el agente habría tenido acerca de la edad del menor participante. -Disidencia del juez E. Raúl Zaffaroni-. -La mayoría de la Corte declaró inadmisible el recurso (art. 280 CPCCN)-.
Contratos bilaterales, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Albertón, Mario c/ Codesal, Isabel s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-09-24

Es norma general que en los contratos bilaterales la condición de ambas partes se encuentra subordinada a un régimen de igualdad, considerando que las prestaciones recíprocas guardan entre sí una relación de equivalencia, concepto del que se infiere que cuando ambas han faltado a sus compromisos, el contrato se resuelve, en principio, si una de ellas opta por esta solución.
Ejecución de la pena, salidas transitorias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: HERRERA, LUCIA MIRTA c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-04

Un exhaustivo estudio de la causa, efectuado con los principales a la vista, permite observar que más allá de la vehemencia con la que tanto el decisorio de la Jueza de grado, como la resolución confirmatoria del Tribunal de Alzada afirman que la aplicación del artículo 56 bis de la ley 24660 -incorporado por la ley 25948- atenta contra los principios de igualdad, progresividad, resocialización y dignidad de las personas, en rigor de verdad, la sentencia impugnada presenta una fundamentación sólo aparente en tanto se desentiende de analizar las concretas circunstancias de la penada, soslayando dar razones valederas en atención a las particulares circunstancias del caso. (Del voto del Dr. Netri, al que adhirió el Dr. Reyes. En disidencia: Dres. Erbetta y Gastaldi) .
Contrato de trabajo, contrato de servicios, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Pagola, Mariana c/ Primera Escuela Integral Aerobismo Argentina s/ Cobro de Pesos y Entrega de Certificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-05-04

Concurren todos los elementos propios de un contrato de trabajo, conforme artículos 21, 22, 23, 25, 26, 37 y concs. de la Ley de Contrato de Trabajo, puesto que la actora prestaba servicios en forma personal y voluntaria; durante un alongado tiempo la propia accionada admite su prestación de servicios, aunque en forma discontinua, mencionando que se le pagaba a título de colaboración.

Además, la supuesta limitación de la duración de su vínculo no puede conllevar la renuncia de derechos que son, por naturaleza, irrenunciables, conforme artículos 7, 12, 13, 14 y concs. de la Ley 20.744, para satisfacer necesidades de la actividad de la accionada, la que como titular del pertinente establecimiento organiza y planifica, sujetando a la actora a las directivas que le diere (horarios, actividades, etc.). Los testimonios son contundentes en orden a que su directora fijaba horarios, daba directivas a los instructores, etc.; en realidad, ningún testigo sostiene que las actividades fueran determinadas por aquéllos con total independencia de los órganos de la accionada, magüer de que pudieran sugerir aspectos técnicos -propios de sus conocimientos-, o algún horario que les fuera compatible, no asumiendo la demandante riesgo económico alguno; por el contrario, percibía remuneración por su labor. Además de la ausencia de la accionante en la documentación laboral de su contrincante, abonársele "honorarios" en vez de remuneraciones sujetas a descuentos de ley, o su inscripción como trabajadora autónoma, sólo revelan incumplimientos legales por la empleadora.
Síndico del concurso, deberes y facultades del síndico del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jelpa S.A. s/ Concurso Preventivo Ite.de impugnación acuerdo preventivo por  Induzán S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

El art.175 de la ley 19.551 (t.o.) exige al síndico que, para otorgar esperas a los deudores de la fallida, requiera la autorización judicial porque las facultades acordadas a la sindicatura se limitan en actos de conservación y administración del patrimonio de la fallida y todos los demás actos referidos por el citado artículo quedan fuera de las facultades del síndico y es por tal razón que el legislador los descarga en el órgano jurisdiccional.
Tasa de justicia, falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.S.U. c/ A.E. s/ Divorcio contradictorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

No se puede dar por concluido el juicio si no se encuentra abonada la tasa de justicia, sea en forma espontánea o a través de la ejecución prevista por el art. 260 del Código Fiscal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, proceso penal, desobediencia
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CARLOS ALBERTO DEL CORAZON DE JESUS CECCHINI Y OTROS s/ DESOBEDIENCIA.    JUICIO CRIMINAL.    DERECHOS CONSTITUCIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-11

Los agravios dirigidos contra la sentencia que condenó al apelante como autor responsable del delito de desobediencia conducen al examen de cuestiones de hecho y prueba y de derecho común, propias de los jueces de la causa extrañas por su naturaleza de la vía extraordinaria; máxime si lo resuelto cuenta con fundamentos de aquel carácter que bastan al margen de su acierto o error, para sustentarla.
Sanciones disciplinarias, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bargo, Jorge Antonio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

Tanto el art. 1 del Código de lo Contencioso Administrativo como el 57 y concordante de la ley 8721 habilitan la remoción, por vía contencioso administrativa, de toda transgresión normativa producida en relación al sumario administrativo y su decisión respecto del agente, por lo que debe desestimarse la acción si ninguna de las impugnaciones formuladas se funda en la demostración de haberse violado norma alguna. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transporte de carga por agua, responsabilidad del transportador, transporte de hidrocarburos, buques tanque
Materia: NAVEGACION
Carátula: PASA PETROQUIMICA ARGENTINA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. MANGURUYU s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP. MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-17

La idoneidad de la bodega para recibir la mercadería encomendada, según lo ha resuelto esta Sala, debe estar en relación con la específica carga a transportar.
Juicio ejecutivo, fianza, representación de la sociedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco del Sud S.A c/ La Gerónima S.A. y otra s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-11-03

El principio rector del art. 58 LSC debe interpretarse teniendo en cuenta la protección de los terceros, con especial énfasis en el campo de los títulos de crédito, ya que la buena fe de aquéllos debe ser necesariamente preservada en aras de la seguridad y legitimidad de que están investidos los títulos cambiarios.
Contravenciones, derecho a la privacidad, derechos y garantías constitucionales, derecho a la intimidad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ A, O. A s/ artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-08

Para precisar fielmente lo que significa el principio de reserva se debe acudir al concepto de intimidad, en el sentido de lo privado, de lo interno, de lo que no trasciende a terceros; si existe intimidad en el sentido indicado, el principio aludido tendrá plena vigencia; de otra manera, faltando aquélla, nadie podrá siquiera intentar hacer uso de tal derecho. Resulta equivocado sostener que una acción efectuada en un ámbito público pueda ser considerada privada si no ofende la moral media; una pareja de jóvenes que se besan en una transitada calle del centro de la ciudad no ofende con esa conducta ningún precepto moral de este tiempo y lugar, y sin embargo mal podría decirse que tal conducta es privada, cuando se efectúa en las condiciones señaladas.
Personal municipal, resoluciones, inconstitucionalidad, pensiones, denegatoria del beneficio, conviviente, concurrencia de beneficiarios, prueba, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SEPPIA de CALVETE, María c/ Instituto Municipal de Previsión Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Resulta arbitraria y contraria a lo dispuesto por el art. 18 de la C.N., la resolución del I.M.P.S. que desestimó el beneficio de pensión solicitado por quien invocó calidad de concubina del causante y, con fundamento en la ordenanza 40.464, lo otorgó a la cónyuge supérstite, si no obstante aparecer controvertido el derecho en cuanto surgían de autos dos pretensiones distintas, sólo produjo prueba en apoyo de una de ella (que ni siquiera aparecía previamente ofrecida) omitiendo no ya producir, sino siquiera pronunciarse sobre la ofrecida por la conviviente.
Injuria laboral, asistencia médica
Materia: LABORAL
Carátula: Alexander, Sebastián Javier c/ International Health Services Argentina S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-13

El trabajador profesional de la salud empleado de la empresa de asistencia médica que durante la prestación de un servicio de emergencia extrajo fotografías del paciente y las subió a su página de facebook incurrió en injuria -art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo-, examinando los hechos a la luz de la sana crítica y en el marco de las obligaciones que emanan de un contrato de trabajo.