Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-15


Nº___304___/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y ALBERTO MARIO MODI, asistidos por el Secretario Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "Fernandez, Emilio Oscar C/ San Cristobal Sociedad Mutual De Seguros Generales Y/O Municipalidad De Resistencia S/ Cobro De Seguros Por Incapacidad", Nº 8764/04-1-C, año 2014, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 589/598, por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 568/576 vta.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? 1º) Relato de la causa. El remedio de marras fue declarado admisible a fs. 599 y vta., corriéndose el pertinente traslado fue contestado a fs. 613/628 por la co-demandada Municipalidad de Resistencia y a fs. 629/630 por San Cristóbal Mutual de Seguros Generales, concediéndose el mismo a fs. 632 y vta. Luego a fs. 635 se radicó el expediente ante esta Sala Primera y se llamó autos, quedando la cuestión en estado de resolver.

2º) Recaudos de admisibilidad. En el estudio de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del presente remedio, advertimos que se encuentran reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, sentencia definitiva y oportuno planteo de la cuestión constitucional, por lo que cabe ingresar a su faz sustancial.

3º) El caso. Conforme quedara trabada la litis, el actor promovió reclamo por cobro de diferencias impagas de los seguros de vida colectivos optativo y obligatorio, contra San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, por la incapacidad que le generó el siniestro ocurrido el 12/12/2001, durante la jornada laboral. Adujo que se le abonaron dichos seguros como si la invalidez total y permanente proviniera de una enfermedad y no de un accidente.

A su turno, la demandada opuso excepción de falta de legitimación pasiva, por inexistencia de contrato de seguro al momento del hecho, pues el mismo entró en vigencia el 01/01/2003.

A su vez, la Municipalidad de Resistencia opuso excepción de prescripción, por cuanto transcurrió en exceso el plazo de 2 años entre la fecha en que el Sr. Fernández tomó conocimiento de la incapacidad y su patología y la de interposición de la presente acción. Insiste en sostener que de las juntas médicas surge que la causa de invalidez fue "enfermedad inculpable", cobertura respecto de la cual cubrió la aseguradora.

4º) La sentencia de primera instancia. La juez a-quo: a) declaró falta de acción del actor contra la Municipalidad de Resistencia; b) desestimó totalmente la demanda de cobro de diferencias impagas, por entender que de la pruebas colectadas en la causa surge que el hecho que le ocasionó las lesiones que generaron la incapacidad del accionante, ocurrieron el 12/12/2001, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de los contratos de seguros celebrados entre la Municipalidad de Resistencia y San Cristóbal S.M.S.G.; c) impuso costas del juicio al actor y reguló honorarios profesionales.

5º) Este fallo fue apelado por la parte actora. La Cámara confirmó "in totum" la sentencia de origen. Contra dicho pronunciamiento, el accionante interpuso el recurso de inconstitucionalidad en trato.

6º) Los agravios extraordinarios. Básicamente el impugnante centra sus protestas en: 1) la omisión de considerar que el hecho generador de la obligación de San Cristóbal S.M.S.G. es la incapacidad total y permanente que operó el 27/11/2003 con la toma de conocimiento de lo dictaminado por la junta médica y no el accidente de trabajo; b) lo actuado por la aseguradora es contrario a la teoría de los actos propios, ya que reconoció y aceptó el pago parcial del seguro; c) es incorrecto suponer que la compañía de seguros tomó conocimiento del reclamo con la demanda; d) no se valoró el silencio de la aseguradora frente a la intimación en los términos del art. 56 de la Ley 17.418 y el art. 919 del Código Civil; e) se confunden las prestaciones que fueron otorgadas por La Segunda ART y la reclamada en este proceso; f) la Municipalidad es responsable porque reconoció el siniestro, la vigencia de la póliza y realizó los trámites ante la aseguradora solicitando el pago de la indemnización correspondiente; g) la imposición de costas a su parte, sin ponderar los elementos que autorizan excepcionar su pago; h) los honorarios regulados son elevados, sin expedirse el Tribunal concretamente respecto de la aplicación del art. 1º de la ley 2868.

7º) La solución propiciada. Así planteada la cuestión sometida a conocimiento de esta Sala, el examen del presente remedio y su cotejo con el pronunciamiento atacado, permite visualizar que no concurre el supuesto de excepción a la regla general, que autorice la apertura de la instancia extraordinaria, toda vez que en realidad sólo evidencia la personal tesitura de la quejosa, respecto a la valoración de la prueba, la interpretación de los hechos y su incidencia en la solución brindada al caso, sin demostrar el desacierto, ni el vicio de arbitrariedad que invoca.

Ello así, pues además de reiterar e insistir en su punto de vista sobre los temas propuestos a debate que merecieron respuesta por parte del Tribunal de Apelaciones -más allá de ser o no compartidos-, no alcanza a desvirtuar los fundamentos que avalan las conclusiones que sirven de marco al pronunciamiento atacado. 8º) Los fundamentos de la sentencia de Alzada. En efecto, repárese que la Cámara, en orden a los agravios que competen al recurrente extraordinario, puntualizó: a) que el Sr. Fernández sufrió el 22/04/2001 un accidente de trabajo que le provocó lesiones que desembocaron en una incapacidad permanente y provisoria dictaminada por la junta médica celebrada el 04/09/2002, oportunidad en la que la Municipalidad de Resistencia tenía contratado seguro de vida colectivo optativo y obligatorio con La Segunda A.R.T., quien se hizo cargo de los gastos derivados de tal evento dañoso, tal como se nota de la historia clínica, antecedentes médicos y actuaciones administrativas adjuntadas al proceso; b) luego, a partir del 01/01/2003, rigió el contrato con San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, quien abonó al accionante la incapacidad decretada por "enfermedad inculpable" conforme lo informado por el ente municipal atento al acta emitido el 27/11/2003 por la junta médica del I.N.S.S.S.E.P., dictamen que le permitió acceder al beneficio de la jubilación por invalidez; c) del análisis de la póliza que obra a fs. 275 surge que la vigencia del seguro con la demandada comenzó a partir del 01/09/2003, por lo que sólo resulta responsable por los riesgos acaecidos desde esa fecha; d) la prueba pericial revela que San Cristóbal S.M.S.G. tomó conocimiento del evento por la presentación del formulario del 15/01/2004, donde se denunció "incapacidad" por causa de "enfermedad", lo que se corrobora con el informe de la junta médica que certifica un 70% de incapacidad total del baremo oficial; e) en función de dicha causa en fecha 20/01/2004 se le abonaron los siniestros Nº 297 y Nº 298, por la suma de $ 2.500 y $ 16.681,50 respectivamente, según surge de los recibos firmados de conformidad por el actor.

9º) La no arbitrariedad. Desde esta perspectiva claramente perfilada por la Alzada y coincidente con la de primer instancia, lucen superfluos los agravios expuestos por la recurrente, pues los fundamentos sentenciales denotan un análisis razonado y prudencial que deriva de las concretas constancias de la causa bajo estudio, en correlato con el material probatorio incorporado al proceso, contando con suficiente y acabada motivación al concluir que se acreditó que a la fecha del hecho que provocó la incapacidad del Sr. Fernández, la Municipalidad de Resistencia tenía contrato de seguro con La Segunda A.R.T. y no con la demandada San Cristóbal S.M.S.G. (v. fs. 572, 3er. párrafo), como que ésta última respondió y abonó las prestaciones por incapacidad total y permanente cubiertas por la prima de seguro. Cabe señalar que también remarcó la Cámara que la circunstancia alegada por la parte quejosa en el sentido que la accionada aseguradora reconoció supuestamente el reclamo al pagar las cifras correspondientes a la incapacidad, no implica en modo alguno admitir la solicitud incoada en estos autos, pues lo que se abonó fue el importe acorde al siniestro denunciado por el ente municipal, esto es, incapacidad derivada de la enfermedad inculpable decretada por la junta médica el 27/11/2003, la cual fue consentida por el actor, a tal punto que a través de la misma gestionó y obtuvo su jubilación por invalidez.

Precisamente este extremo no logra ser destruido por la parte impugnante, pues sólo insiste en su criterio interpretativo que no supera un mero desacuerdo, sin demostrar la arbitrariedad que endilga, ya que la apreciación de la prueba producida a fin de acreditar el hecho denunciado en el sub-lite, la causal plasmada en el trámite ante la compañía de seguro, en función a lo actuado ante el I.N.S.S.S.E.P. (enfermedad), su valoración y el encuadre jurídico brindado a la misma -amén de ser una cuestión que pertenece a la esfera privativa de los jueces de la causa-, no luce absurda ni antojadiza, sino que por el contrario, aparece seleccionada y valorada razonablemente conforme las reglas de la sana crítica, estimándose conducente para la mejor solución del litigio (confr. criterio de Sala en Sentencia Nº 59/12; Nº 74/13 y Nº 391/13).

Desde esta perspectiva, no podemos dejar de indicar que la propia conducta del actor es continuamente remarcada por el Tribunal de Apelaciones al valorar el proceder extrajudicial -donde aceptó la causal declarada por la junta médica, la pensión por invalidez que se le adjudicó como consecuencia de la misma y consintió el pago otorgado por la aseguradora- y su cotejo con lo aquí reclamado, aspecto que corresponde ponderarse bajo el prisma sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al señalar la necesidad de "valorar la conducta asumida por las partes en el proceso" (Fallos: 311:73).

10º) Por otra parte, tampoco pueden prosperar las alegaciones vertidas por la parte impugnante, en torno al silencio de la aseguradora, pues la Cámara dio respuesta a este agravio y expresó que atento a los términos del reclamo no le era exigible a San Cristóbal expedirse en tal sentido porque estaba dirigido al pago de la prima por incapacidad sobreviniente de un accidente laboral, cuando que ésta lo abonó por haberse denunciado bajo el concepto de una enfermedad inculpable (v. fs. 573 y vta.). Ahora bien, lo decidido por los magistrados de segundo grado podrá o no compartirse, pero en modo alguno de ello se infiere algún tipo de vicio.

11º) Seguidamente, corresponde remarcar la insuficiencia de la crítica ensayada en orden a la responsabilidad de la Municipalidad, pues el Tribunal "ad-quem" justificó la declaración de oficio por parte de la juez de origen de la falta de legitimación pasiva, por no existir razones para incluirla en el proceso. Ello así, toda vez que conforme surge de las constancias de la causa y de los propios términos de la demanda, durante toda la relación laboral el Sr. Fernández -y especialmente a partir del infortunio- contó con las prestaciones pertinentes brindadas por La Segunda A.R.T., e incluso las derivadas del mismo, ya que realizó los trámites para la cobertura por incapacidad de los seguros de vida colectivo optativo y obligatorio (póliza Nº 17-1507-5 y 17-1508-2, respectivamente), con vigencia a partir del 01/01/2003, bajo el marco de lo estrictamente contenido por la junta médica de fecha 27/11/2003, extremo respecto del cual no surge arbitrariedad alguna.

12º) Sentado lo anterior, cabe ingresar al análisis del agravio vinculado a la imposición de costas a la parte actora, partiendo de la premisa que por su naturaleza procesal es ajena al recurso extraordinario (Fallos 293:226, citado en Sentencia Nº 119/13 de esta Sala).

Desde este cuadrante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puntualizado "Lo decidido en materia de costas configura una cuestión de naturaleza procesal reservada a los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria" (C.S.J.N., 04/08/1983 "Galarraga, Delia c. Establecimiento Textiles San Andrés, S.A.", La Ley 1984-B, p- 484, Jurispr. Agrup. Caso 5219; en idéntico sentido C.S.J.N., 16/11/1982 "Rybnyk, Ignacio c. Canevaro de Frino, María y otro", Fallos: 304-1661). En ese lineamiento, dable es advertir que del cotejo del fallo cuestionado no surge configurado el supuesto de excepción que permita apartarnos de la regla expuesta, desde que la Alzada estimó que: a) la accionante no desconocía que fue la aseguradora La Segunda A.R.T. quien se hizo cargo de la cobertura de los tratamientos necesarios al momento del hecho; b) consintió lo dictaminado por las juntas médicas donde se establece como causa "enfermedad inculpable", lo que ahora cuando la suerte le es adversa pretende impugnar. Por lo tanto, consideró que frente al claro vencimiento del actor, propició confirmar lo decidido en origen.

Estas motivaciones justifican y avalan lo resuelto por la Cámara en orden a la materia causídica, habida cuenta que la parte impugnante sólo efectuó una mera formulación de tipo genérico consistente en una apreciación subjetiva inidónea a los fines de demostrar el error de la Cámara y por ende de la juzgadora de origen; tanto más cuando la imposición de costas a la parte actora es una obvia consecuencia de su calidad de vencida, por aplicación del principio del hecho objetivo de la derrota (conf. art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco), extremos que autorizan a desestimar esta queja. 13º) Por último y en orden a las protestas periféricamente ensayadas por la recurrente respecto a los honorarios regulados en primera instancia, resulta preciso indicar que el Tribunal de Apelaciones distinguió y analizó por separado el tema relativo a la aplicación de la ley Nº 2868 para los emolumentos fijados a los abogados de la Municipalidad de Resistencia, señalando que conforme lo establece el art. 1º de dicha norma, la reducción solicitada del 25% sólo resulta procedente cuando el ente provincial o municipal o del sector público provincial litigue en carácter de parte actora, situación que no ocurre en la especie (v. fs. 574 vta.).

Por otra parte, la Cámara examinó los estipendios fijados al abogado Domingo Donato, apelados por altos, en función de la base regulatoria tenida en cuenta por la juez a-quo, constituida por el monto de la demanda y demás pautas previstas en los arts. 3º, 5º y 6º de la ley Nº 2011 y su modificatoria ley Nº 5532. A partir de allí, efectuó los cálculos matemáticos de rigor, valorando además la extensión, mérito, eficacia, calidad y resultado del proceso, arribando a la conclusión de que los mismos se ajustan a derecho, haciendo referencia incluso a que el tope del 25% contemplado en el art. 505 del Código Civil no excluye la aplicación de las leyes arancelarias locales, atento reiterado criterio de esa Sala y de este Superior Tribunal de Justicia (v. fs. 574).

Por lo tanto, siendo que lo atinente a los honorarios regulados en las instancias ordinarias constituye en principio materia ajena al recurso extraordinario local, y no advirtiéndose en autos vicio de arbitrariedad alguno en las motivaciones expresadas por el fallo atacado, corresponde desechar el agravio en estudio. Sobre el particular el Máximo Tribunal Nacional reiteradamente manifestó "La determinación del monto del litigio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la interpretación y aplicación de normas arancelarias son, como regla, en razón del carácter fáctico y procesal de tales cuestiones, insusceptibles de tratamiento en la instancia extraordinaria" (C.S.J.N., 18/12/1984 "Hilanderías Olmos S.A.", La Ley, 1985-E, p.398 (37.036-S); ídem 06/10/1983 "Municipalidad de Las Peñas", La Ley, 1984-B, p. 484, Jurisp. Agrup., caso 5221; ídem 07/04/1981 "Orlowski Sobanska de Amadeo, Beatriz V. L. y otros c. Terán, René M. y otros"; Fallos: 303-509).

14º) Por consiguiente, concluimos en que todo lo expuesto resulta demostrativo que lo decidido no contiene un vicio de gravedad tal que lo haga descalificable como acto jurisdiccional válido, por lo que deberá desestimarse el recurso extraordinario en trato.	15º) Costas. Las correspondientes a esta instancia, dado el resultado que se propicia y lo normado por el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco, deberán imponerse a la parte actora recurrente, en calidad de vencida.

16º) Honorarios. Los emolumentos de los profesionales intervinientes, deberán regularse teniendo en consideración el monto demandado (firme y no cuestionado), aplicando las pautas previstas en los arts. 3º, 5º, 6º, 7º y 11º de la ley Nº 2011 (t.o.) y modificatoria ley Nº 5532, operaciones que arrojan las sumas que se consignan en la parte dispositiva.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA Nº_304__ I.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 589/598, por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 568/576 vta.

II.- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria a la parte recurrente, en calidad de vencida.

III.- REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes por la presente actuación como sigue: para el abogado Domingo Donato (M.P. Nº 1085) en el carácter de patrocinante en la suma de .y como apoderado en la suma de .; al abogado Ángel Marcelo Delovo (M.P. Nº 1933) en el carácter de patrocinante en la suma de .. y como apoderado en la suma de . y asimismo al abogado Rubén L. Martínez Ochoa (M.P. Nº 3407) en el carácter de patrocinante en la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS ($742).

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, a la señora Presidente de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y a la señora Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

ALBERTO MARIO MODI-RAMÓN RUBÉN ÁVALOS,SEC FERNANDO ADRIÁN HEÑIN