marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Expropiación, indemnización expropiatoria, intereses
Materia: CIVIL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: S.A.L.P.E. c/ Ministerio de Bienestar Social s/ EXPROPIACION IRREGULAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

Corresponde confirmar la sentencia de cámara, si el único agravio se halla dirigido a obtener la condena al pago de los frutos civiles devengados por la indemnización acordada y, sobre el particular, no se ha aportado ningún elemento nuevo de convicción u otras razones que justifiquen una solución distinta a la adoptada en la anterior instancia, que se ajusta a las normas legales invocadas (art. 20 de la ley 21.499) y a la jurisprudencia de la Corte en la materia.
Emergencia económica, orden público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

Las medidas de orden público adoptadas por el Estado para conjurar la crisis económica y social no resultan medios regulatorios desproporcionados con relación a la finalidad perseguida ni carecen de la razonabilidad necesaria para sustentar su validez constitucional.
Procedimiento laboral, recurso de reposición (procesal), reposición in extremis
Materia: LABORAL
Carátula: Medici Claudio Alejandro c/ Centro Naval Asoc. Civil s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-21

No cabe hacer lugar a la revocatoria in extremis solicitada por la parte actora contra la sentencia definitiva dictada por la Sala, pues por más amplias que se reputen las facultades instructorias o saneatorias conferidas a los magistrados, ni aún forzadamente éstos se encuentran habilitados a recurrir a soluciones "pretorianas" como las pretendidas por el quejoso, cuando lo que se intenta no es salvar un mero error u omisión, sino modificar el sentido de una decisión judicial. En tal sentido, debe remarcarse que si el planteo se considera enmarcado en las normas regulatorias del recurso de revocatoria, su inadmisibilidad deviene evidente por imperativo de lo dispuesto en el art. 238 CPCCN, estimándose prudente dar tratamiento al mismo sólo en resguardo del derecho de defensa que asiste a las partes en el proceso, y en lo que hace a su admisibilidad formal, elementales razones de seguridad jurídica impiden reconocer virtualidad al instituto invocado, máxime cuando de conformidad con los argumentos del pretendiente, el fallo dictado se reputa errado o injusto en sus aspectos sustanciales, lo que, eventualmente, habilitaría la vía del recurso extraordinario, con lo que tampoco el decisorio resulta insusceptible de revisión a través de los remedios procesales previstos en la normativa vigente.
Honorarios del perito, recurso de reposición (procesal), plazo
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.R.L. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 150 AÑO 1986)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-15

Resulta inadmisible por extemporánea la revocatoria de honorarios del perito interpuesta por la parte actora desde que el auto regulatorio ha sido impugnado fuera del plazo legal establecido por el artículo 345 del Código Procesal Civil y Comercial (supletoriamente aplicable art. 23 ley 4106) duplicado por ley 7234.
Competencia, Derecho administrativo
Materia: AERONAUTICO
Carátula: AERONAUTICA  S.A. c/ AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. s/ incidentede apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-24

Al tratarse de una materia regulada por el Estado en virtud de razones que huelga explicar, existen y seguirán existiendo actos de autoridad nacional relacionados con ella. Es la amplitud del contenido normativo -integrado, tanto por disposiciones de derecho privado como de derecho público, sin contar las de derecho internacional (conf. Lena Paz, Juan A. "Compendio de derecho aeronáutico" Plus Ultra, págs. 10 y ss.)- la que excluye la aplicación de una norma dirimente de derecho administrativo (ANCAF, Sala I, causa "CPACF c/ Loza, E.R. s/ ejecutivo" del 25-2-92; Sala IV, causa "Cachizumba, B. c/ SEGBA s/ amparo" del 5-5-92). Tampoco la reconvención deducida -que consiste en el resarcimiento de daños y perjuicios ajenos, por naturaleza, al derecho administrativo- favorece la posición de la recurrente.

La circunstancia de haberse apartado el a quo del dictamen del Fiscal carece de sustento en virtud de lo dispuesto por el artículo 28 de la ley 24.496, sin perjuicio de señalar que existe otro dictamen del Fiscal obrante en el expediente nº 2695/10 contrario al que invoca el ORSNA. La competencia debe ser decidida a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Competencia nº 672 XLVI "Grande, Luís Adolfo c/Estado Nacional -Ministerio de Justicia PSA s/medida cautelar autónoma" fallada el 30/11/2010.
Poder Judicial, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Donate, Fermín. s/ Mandamus. Jueces.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-11-29

El propósito del art. 96 de la Constitución Nacional y del art.

130 de la Constitución de Río Negro en definitiva es similar: evitar reducciones arbitrarias, parciales, discriminadas, que generen una lesión al equilibrio tripartito de los poderes del Estado, desvirtuando el funcionamiento independiente del Poder Judicial.
Medida de no innovar, verosimilitud del derecho invocado, derecho a la salud, prestadores médicos, actor procesal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ROA, EDUARDO NORBERTO c/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL (IOS) s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

No cabe presumir que el actor -persona de edad avanzada con tratamientos e historias clínicas conducidas por profesionales de su confianza desde antaño-concurra ante la justicia por su exclusivo antojo y sin fundamento de ninguna especie, no cuadrando exigir para el dictado de la medida la acreditación en forma sumaria de la verosimilitud del derecho que posee. En tales condiciones, solo cabe exigir un "fumus bonis iuris" -entendido como la probabilidad de la existencia del derecho y no como una incontestable realidad (cfr. esta Sala, Causas 2140 del 21.6.83; 9010 del 6.3.92; 101 del 18.8.92; 443 del 15.12.92, entre muchas otras) -, meritando particularmente las condiciones personales del actor -en especial la aflicción espiritual que le causa esta situación de incertidumbre que se traduce en una desconfianza en su futura atención médica y el hecho de que la cautelar en examen no se traduce en un perjuicio para la comunidad, se juzga apropiado mantener la decisión adoptada por el a quo, bien que con el alcance otorgado.
Indemnización, monto de la indemnización, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: DE LA ESPRIELLA DE RODRIGUEZ NARANJO, Policarpa c/ NAHUEL PROPIEDADES S.A. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-20

La cláusula penal no es abusiva cuando el monto de la pena no supere el triple del alquiler pactado.
Medidas cautelares, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Vergara, Mariela c/ Frigorífico Santa Rosa S.R.L. s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-15

Si bien en materia de medidas precautorias es principio que la carga de las mismas depende del juicio principal, ello es así en el caso de que la medida no haya sido en su momento cuestionada por el demandado, sea en sí misma o en sus alcances.
IVA, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Los Tilos S.A. c/ Perin, Nélida Margarita s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

No es procedente la inclusión en la condena el pago del impuesto al valor agregado, correspondiente a las colocaciones o prestaciones de la actividad financiera, en tanto el reclamo se muestra ajeno al título que sirve de base al juicio y de cuyas constancias resultan los límites de la obligación líquida y exigible por cuyo monto el acreedor se encuentra autorizado a proceder ejecutivamente.
Embargo, levantamiento del embargo, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: S., H.D. c/ S. SA s/ Incidente de Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-03

La vía incidental, como hemos dicho, es idónea para levantar el embargo solo si se acredita que las circunstancias que motivaron el dictado de la cautelar han mutado, extremo que la incidentista no ha demostrado en autos.
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Britos, Marcos Raúl c/ Liga Diamantina de Fútbol y otros s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-12-20

La prohibición de acceder al estadio como espectador, para que no produzca desórdenes, aparece como un claro exceso de poder por parte del Presidente del Club, que no encuentra en sus propias explicaciones ni en los hechos comprobados, justa causa motivante, lo que se revela viciado de arbitrariedad.
Insuficiencia del agravio, reparación integral, sistema acusatorio, extinción de la acción penal
Materia: PROCESAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Este de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos tadino, brian josé sobre 89 - lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Corresponde desestimar los planteos de la fiscalía relativos a que la incorporación del instituto de la reparación integral del perjuicio (art. 59, inc. 6° del CP) constituiría una vía alternativa de resolución de conflictos y, que por ello, requeriría conformidad del Ministerio Público Fiscal para su aplicación, por quedar abarcado por las reglas del sistema acusatorio que gobiernan el proceso penal local. Estos planteos son una reiteración de lo ya desestimado por la Cámara con sustento en que: i) la ley n° 27147 modificó el art. 59 del Código Penal e incluyó en su inciso 6° una nueva causal de extinción de la acción penal que resulta notoriamente operativa y aplicable en todo el territorio nacional; ii) que la incorporación de este instituto busca otorgarle un rol protagónico a la víctima de un delito y que, en el caso, prestó conformidad para su aplicación; iii) que, en tanto no aparece aún reglamentado en el CPPCABA, no requiere para su procedencia el acuerdo del MPF, y que agregar ese recaudo importaría incurrir en analogía en perjuicio del imputado. Ello así, los argumentos articulados por la fiscalía solo exponen su disconformidad con la decisión adoptada pero no logran vincular sus motivos de agravio con los postulados constitucionales que estima conculcados. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, proceso penal, imputado, libertad condicional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLASBOAS, JUAN CARLOS c/  s/ APELACION DECRETO DE FECHA 02/10/17 QUE ORDENA LIBRAR ORDEN DE CAPTURA Y REENCARCELAMIENTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-12

Del análisis del razonamiento de la Alzada -que confirmó la revocación de la libertad condicional del imputado fundado en que el mismo incumplió con la obligación de residencia que se había fijado en el auto de soltura, afirmando que tal violación tuvo visos de haber sido maliciosa- surge un déficit de fundamentación desde que el A quo no explicó suficientemente -de acuerdo a las circunstancias del caso concreto- cuáles eran las razones por las que estimaba que el abandono del domicilio por parte del encartado, por haber sido detenido y puesto en prisión preventiva -luego morigerada- por orden de un Juez competente, resultaba una sustracción maliciosa; y tal motivación resultaba necesaria, desde que el Judicante no se hizo cargo de que en el caso hubo una orden judicial que dispuso una medida cautelar privativa de la libertad y, por ende, el abandono no había sido voluntario. (Del voto del Dr. Falistocco)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, indemnización por despido, carga procesal
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Roig, Magdalena María c/ Prosal S.A.; Zadar S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-04-05

Procede el rechazo del recurso de inconstitucionalidad incoado, puesto que esta vía extraordinaria, lejos de importar la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y no para revisar sentencias pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no revistan vicios de entidad grave que lesionen un principio constitucional o que impliquen su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; tal doctrina es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del Derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas. La sentencia en crisis resolvió que procedía hacer lugar al incremento que establece el art. 2º de la Ley 25323, atento a que a la trabajadora le correspondía la indemnización que contempla el art. 245 de la LCT. y no la reducida del art. 247, abonada por el empleador. Para que el empleador pueda hacer valer la causa o motivo invocado para el despido y abonar la mitad de la indemnización, debe expresar claramente las razones o causas en que se funda la ruptura del contrato de trabajo -art. 243 de la misma ley-. Dicho ésto, la recurrente no logra rebatir los fundamentos de la sentencia impugnada, en efecto, no consigue desvirtuar lo considerado por el a quo de que si bien quedó demostrado que promovió el procedimiento preventivo de crisis y que las partes no llegaron a un acuerdo, como así también las dificultades económicas que atravesaba la empresa durante los períodos previos al distracto, no alcanzó a acreditar que éstas hayan sido imprevisibles, inevitables e inimputables a su conducta, por acción u omisión, es decir, los recaudos necesarios para la aplicación del art. 247 antes mencionado.
Incidentes, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gross, Enrique c/ Goldstein, Alberto s/ Separación de patrimonio-Derecho a prefer.-Inoponib.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

Las decisiones del juez en lo que hace al trámite del incidente, en principio, son irrecurribles. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández Valdé, Luis A. c/ Secretaría de Comunicación Social Pcia. Bs. As. s/ Amparo -cuestión de comp. art. 6º C.C.A.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

Si el derecho cuya vulneración se alega reviste la calidad de una situación jurídica subjetiva de naturaleza administrativa proveniente de la relación de empleo público que mantiene con la demandada, el conocimiento de la materia sometida a juzgamiento es propio de esta Suprema Corte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mediación, caducidad de instancia, aplicación de la ley, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: CENCOSUD SA c/ SORIA, CYNTHIA VANESSA Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-04

Procede revocar la resolución por la cual rechazó la presente acción por considerar caduco el trámite de mediación. Ello por cuanto, de lo dispuesto en la ley 26589: 51 surge que la caducidad de la instancia de la mediación se produce cuando no se inicie el proceso judicial respectivo dentro del año contado desde la fecha en que se hubiera expedido el acta de cierre; no obstante, la caducidad de la instancia de la mediación no es asimilable a la caducidad sustancial (Falcón Enrique, Sistemas Alternativos de resolver conflictos jurídicos, Rubinzal Culzoni Editores, 2012), en tanto, a diferencia de esta última, aquélla no extingue el derecho del requirente sino que determina la necesidad de una nueva mediación (esta Sala, "Guzmán Silvia Gabriela c/ Transportes Atlantida SAC -Línea 57 Ramal Pilar- y otro s/ ordinario", 25/6/15). En consecuencia no es posible aceptar que ella autorice a tener el juicio por no iniciado, pues lo único previsto es la necesidad de que el actor subsane el defecto advertido, procediéndose en los términos dispuestos por los arts. 16-d) y 17 de la ley citada, normas que, claramente aplicables al caso por analogía, habilitan a mantener la asignación del proceso inicialmente efectuada, por lo que cumplido el trámite previo obligatorio corresponde que la causa continúe según su estado ante el juez primeramente sorteado.
Prioridad de paso, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: González, Vanesa Johana por su Hija Menor: Espinosa González, Agustina Martina  c/ Empresa Provincial de Transporte de Mendoza s/ D. y P. (Accidente de Tránsito) P/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-06-09

En materia de prioridad de paso versus vía de mayor jerarquía, tanto antes como después de la sanción de la ley 9.024 se entiende que: 1) el legislador quiso establecer la prioridad derecha como una regla de oro de la circulación; 2) que no obstante que siente esta regla como absoluta, la ley contempla situaciones excepcionales ante las que se pierde, siendo una de ellas la arteria de "mayor jerarquía"; 3) que en lo atinente a esa excepción, la ley 6.082 carece de reglamentación, lo que coloca al juzgador en la tarea de determinar esa jerarquización a partir de los datos concretos que en cada caso se presentan; 4) que, no obstante, la diferencia de jerarquía entre ambas vías de circulación debe resultar notoria, no puede fundarse en datos subjetivos ni en una sola pauta. La mayor jerarquía debe surgir patente, indubitable, manifiesta aún para personas que llegan por primera vez a la ciudad de Mendoza; 5) que la determinación de esa jerarquía exige hechos objetivos y datos certeros.
Acción de amparo, plazos procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CARACOL ASOCIACION CIVIL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-14

La Cámara, al rechazar el recurso directo por apelación extemporánea -en el entendimiento de que no operaba en el caso la duplicidad de términos pretendida- se ajusta al parámetro de esta Corte de la regla clara que debe haber en el debate y que es una derivación del principio de moralidad procesal, ya que lo contrario se traduciría en un menoscabo del derecho de defensa de la parte actora, al cambiarse sustancialmente una de las premisas en que se asentó la discusión (que los plazos procesales eran los estipulados en la ley de amparo) que el Juez de baja instancia había dispuesto y los litigantes consintieron; habiendo el Tribunal brindado fundamentos bastantes para no juzgar aplicable al proceso de amparo el instituto de la duplicidad de términos procesales contenidos en una ley anterior.
Sociedad anónima, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PRIETO EDMUNDO c/ EMPERADOR s/ Ordinario (LIBRO: S113 - 079)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-04-28

Entre la sociedad anónima y el actor medió un contrato de locación de servicios, oneroso por definición y por expresa disposición del art. 292 de la Ley de Sociedades, por lo que la función del síndico es remunerada. Si la demandada celebró asamblea y en ella fijó la remuneración del contador, como síndico, en los términos del art. 292 ("...si la remuneración no estuviera determinada por el estatuto, lo será por la asamblea"), es elemental que esa decisión determinando el monto es impugnable judicialmente si se valora por el síndico que no retribuye razonablemente la labor por el desarrollada
Gobierno de facto, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gomez de Vilches, Benedicta B. c/ Municipalidad de Colón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

Las resoluciones -llámense decretos leyes o leyes- dictadas por un gobierno de facto, tienen los mismos efectos jurídicos que las dictadas dentro del orden constitucional mientras subsista el gobierno que las dictó y hasta que no sean derogadas por el orden constitucional siguiente.
Pensiones militares, conviviente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chiappeta, Nelba Edith c/ E.N.  (Dirección Nacional de Gendarmería) s/ Haberes militares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-04

La Ley 23.570 establece requisitos y condiciones que necesariamente deben ser cumplidos para otorgar el beneficio que establece, en especial: que el causante se encuentre separado de hecho y que hubiere convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento, requisitos ambos que deben ser probados para otorgar el beneficio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Pacholezuk, Wladimiro c/ Treinta de Agosto S.R.L. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

Es insuficiente el agravio por el que se cuestiona la aplicación del tope del art. 8 inc. "a" de la ley 9688 con el cálculo del salario mínimo vital y móvil previsto por Resolución del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil 1-91 toda vez que pretendiendo su colisión con normas de jerarquía constitucional, la única vía posible para soslayar su aplicación es la declaración de inconstitucionalidad, alternativa omitida por el interesado.
Excarcelación, duración del proceso, plazos procesales, tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PENAL
Carátula: CUCCARESI, R. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-06

No procede la excarcelación solicitada pues la pena máxima aplicable al procesado supera los 8 años de prisión, no existiendo posibilidad que la sanción que pudiera recaer, sea de ejecución condicional.

No es aplicable el art 379 inc. 6 CPC (detención que superó el término del art. 701 CPC) , dado que la genérica declaración de principios que contiene la Convención Americana sobre derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, jamás puede ser interpretada como tácita derogación de un plazo expresamente previsto, luego del debate parlamentario en el que se escucharon distintas opiniones al respecto, teniéndose en cuenta este derecho a la celeridad judicial, cuya tutela no impide el establecimiento de un prudente lapso de reacomodamiento para la vigencia de la nueva figura excarcelatoria, por todo lo cual es improcedente considerar si el Pacto es norma obligatoria para el derecho interno, aun cuando no se haya cumplido con el depósito de la ratificación por once de los Estados firmantes.
Concursos, efectos de la apertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Delrieux, Angélica, Registro de contratos públicos Nº3 de Villarino s/ Cesantía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-07

Es a partir de la apertura del concurso en que se operan los efectos del mismo, debiendo tenerse en cuenta las inhibiciones y prohibiciones que por ministerio de la ley deben establecerse (arts.

1, 14 inc.8º, 26 y cc. de la ley 19551, t.o.).
Prueba pericial, desistimiento de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Sociedad Anónima Establ. Vitivinícolas Escorihuela c/ Instituto Nac. de Vitivinicultura s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

La prueba pericial es común, a menos que la parte se hubiese manifestado en los términos del art. 478 inc. 2, del C.P.C.C.N.

expresando su desinterés.