Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-14


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 14 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta la doctora Ana María Brilla de Serrat, dijo:

I.- La sentencia de fs. 210/15 hizo lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios iniciada por Pedro Carlos Miraglia contra Carlos Rotela y Rosa Belvedere de Adimari y condenó a éstos y a su aseguradora a abonar al actor la suma de $ 19.680, con más sus intereses y las costas del juicio.

El fallo fue apelado por la totalidad de las partes, habiendo expresado agravios la demandada y la citada en garantía a fs. 236/37 y el actor a fs. 238/41. Corrido el traslado de ley, sólo fue contestado por el accionante a fs. 244/45.

II.- Se agravian ambos recurrentes de la indemnización acordada en concepto de incapacidad psicofísica, fijada en la suma de $ 10.000, de los cuales corresponden $ 6.000 al aspecto físico y los restantes $ 4.000 al daño de orden psíquico.

Señalan la demandada y la citada en garantía que el "a quo" no tuvo en cuenta la impugnación a la pericia médica y psicológica y que no se explican el por qué de la cuantía consignada.

Se quejan asimismo de la suma conferida por costo del tratamiento psicológico -$ 5.760-, argumentando que, si carece de sustento probatorio la merma psíquica, resulta improcedente dicha partida.

El magistrado de grado sostuvo que, más allá de la orfandad científica de la pericia, aceptaba sus conclusiones porque no se aportaron otras de rigor científico para desvirtuarlas, pero que la valoraría siguiendo las pautas de interpretación que fija el art. 477 del Código Procesal y sin olvidar que los porcentuales de incapacidad establecidos pericialmente no vinculan al juzgador. Finalmente, tuvo en cuenta la edad del actor a la fecha del hecho -61 años- y sus demás condiciones personales, para establecer la cuantía de la indemnización.

Como se advierte de la lectura de la sentencia, el "a quo" sí sopesó los fundamentos científicos de la pericia y se expidió acerca de las dudas que ésta generaba, pero también tuvo en cuenta que no se le habían opuesto argumentos de mayor valor.

Ello así, la breve queja de la demandada, que nada argumenta al respecto sino que se limita a remitirse a una supuesta impugnación a la pericia médica -en realidad no la hubo, por lo que la recurrente debe referirse al dictamen de su consultor técnico de fs. 136/43-, representa una mera expresión de disconformidad con lo resuelto en la sentencia que no cumple con los requisitos establecidos por los arts. 265 y 266 del Código Procesal.

Es dable recordar que la formulación de simples apreciaciones personales sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, omitiendo concretar punto por punto los errores u omisiones en los que habría incurrido el "a-quo" respecto de la apreciación y valoración de los elementos de convicción a los que arriba en la aplicación del derecho, no constituye fundamento suficiente para la expresión de agravios.

La misma para poder ser considerada como tal, debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.

Por ello, en aquélla se deberá indicar puntualmente las deficiencias de la sentencia recurrida sin que las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, la remisión a escritos anteriores o el mero desacuerdo con lo resuelto puedan considerarse agravios en los términos exigidos por el art. 265 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La queja en análisis no constituye una expresión de agravios en los términos de los artículos citados, resultando solamente un mero desacuerdo con lo decidido por el magistrado de la anterior instancia, por lo que propongo se desestime el planteo, declarando desierto el recurso en este punto.

Por su parte, el actor solicita la elevación de la indemnización acordada por los conceptos en análisis. Señala que el sentenciante no determina de manera concreta cuáles han sido los elementos que ha tenido en cuenta para arribar al monto otorgado, que considera exiguo. Sostiene que tanto la pericia médica como el consultor médico de su parte fundan científicamente los porcentuales de incapacidad que asignan y su relación causal con el accidente de autos.

El examen médico obrante a fs. 7 vta. de la causa penal da cuenta de que el actor padeció, como consecuencia del accidente, escoriación en cara anterior de pierna izquierda, lesión que se califica de leve y con un tiempo de inutilidad para el trabajo menor a un mes (v. fs. 7 vta. de la causa penal).

La perito médica designada en autos informa que, en el aspecto físico, el actor presenta hipotrofia leve del cuádriceps de pierna izquierda con discreta disminución de la fuerza y leve hipertrofia de las espinas tibiales, como así también varias lesiones pigmentadas que podrían corresponder a las cicatrices de las escoriaciones sufridas en el accidente. Sostiene que las lesiones que presenta son indudablemente de origen traumático y podrían tener relación de causalidad con los hechos de autos. Estima la incapacidad consecuente en un 15%.

En cuanto al aspecto psíquico, acompaña un informe psicodiagnóstico que arroja como resultado la constatación de un Trastorno Adaptativo con Ansiedad, crónico y de grado leve (Fs. 120/21), al que la perito adjudica un 10% de incapacidad.

El "a quo" destaca acertadamente que no se encuentra expuesto con claridad el diagnóstico ni cuál ha sido el razonamiento pericial ni el mecanismo por el cual el perito y el psicólogo colaborador llegaron a tales conclusiones y porcentajes; como así también que no se han acompañado fotografías de las manchas en la pierna en relación a las cuales la propia perito afirma, dejando entrever sus dudas, que "podrían tener relación de causalidad con los hechos de autos".

No se encuentra cuantificada ni objetivizada de alguna manera la magnitud de la disminución de la fuerza y de la hipotrofia del cuádriceps que se informan ni explicitadas las consecuencias de la hipertrofia de espinas tibiales radiológicamente comprobada.Por otra parte, contrariamente a lo afirmado con relación a la disminución de la fuerza, el consultor técnico de la propia parte actora explica que la fuerza muscular se encuentra conservada y simétrica en ambos miembros inferiores, refiriendo únicamente una diferencia de 2 cm en el perímetro del muslo, y diagnostica una secuela de esguince de rodilla de grado leve, que afecta al ligamento lateral interno y que no impide la marcha ni la bipedestación. Atribuye a éste un 12% de incapacidad, al cual suma un 3% por las cicatrices (v. fs. 157/8).

A ello agrego que en la historia clínica del actor sólo consta que ha recibido atención médica en una oportunidad, habiéndose consignado únicamente que presentaba hematoma en pierna izquierda y que el estudio radiológico no presentaba particularidades (v. fs. 126), lo cual por sí solo no permite establecer sin duda alguna la relación causal de las lesiones ligamentarias con el hecho de autos.

Por otra parte, el dictamen del consultor técnico del actor debe ser ponderado con rigor, dado que se trata, en el régimen procesal nacional, de un verdadero defensor de la parte que lo designara, presentando una figura estrictamente análoga a la del abogado y opera en el diligenciamiento de la prueba pericial, a manera de este último, por lo cual debe comprendérselo en el amplio concepto de defensor. Es decir que, a diferencia del perito, que es un auxiliar del juez, el consultor técnico interviene desde la parcialidad de su instituyente como un verdadero defensor técnico. De ahí que el valor probatorio de sus conclusiones no puede ser asimilado al de las enunciadas por el perito de oficio; "habiéndose acotado que no corresponde aplicar la norma prevista por el artículo 477 del Código Procesal al informe del consultor técnico de parte, ya que dicha norma está literalmente referida al dictamen del perito designado de oficio por el juzgado" (esta Sala, 23-2-89, LA LEY, 1990-A, 349).

En suma, comparto la apreciación del magistrado de grado en el sentido de que la pericia no es lo suficientemente explícita ni fundada para admitir los elevados porcentuales que fija de incapacidad física y psíquica, más allá del valor relativo de éstos a que el "a quo" hace referencia. Teniendo en cuenta además la circunstancia de que se otorga un tratamiento psicológico para paliar, al menos parcialmente, el cuadro de esta índole; la edad del actor; la nula incidencia patrimonial del daño estético que generan las cicatrices que presenta, en razón de su ubicación y de las características personales del actor -sexo, edad, actividad laboral, etc.-, considero que las sumas acordadas son fruto de prudente estimación, por lo que propicio se las confirme.

III.- La demandada y la citada en garantía se agravian además de que se haya reconocido la cantidad de $ 250 en concepto de gastos médicos, dado que el actor recibió atención en establecimientos públicos.

En realidad, el "a quo" acordó a suma de $ 200 por gastos médicos y de farmacia (v. fs. 214).

Reiteradamente se ha decidido que para que proceda la reparación de este tipo de daños no es necesaria la existencia de prueba fehaciente, sino que en atención a la entidad de las lesiones se puede presumir su extensión, mas ante la falta de prueba acabada, la estimación debe hacerse con suma cautela, máxime cuando la víctima recurrió a los servicios de instituciones públicas, como ocurre en la especie, sin olvidarnos igualmente que ninguna obra social ni institución pública cubre por completo estos gastos.

Dado que presumiblemente, en razón de los traumatismos y escoriaciones padecidos, el actor debió adquirir analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos, en razón de la infección sufrida en una herida de la que da cuenta el consultor técnico de la demandada (v. fs. 138), considero que la suma acordada no es elevada, por lo que propongo su confirmación.

IV.- Ambos apelantes se quejan de la suma reconocida en concepto de daño moral -$ 3.000-.

En relación a este rubro, debe reconocerse la extrema dificultad que presenta al juzgador su estimación, pues tratándose de vivencias personales, no puede precisar cuánto sufrió el damnificado a raíz del suceso, pudiendo sólo evaluar la magnitud del dolor que puede provocar el hecho en el común de las personas, valorándolo a la luz de las circunstancias particulares acreditadas en la causa.

Teniendo en cuenta que el actor padeció traumatismo de pierna izquierda, con escoriación de la misma y, aparentemente, lesión ligamentaria leve; que sólo se acreditó que ha recibido la atención médica de urgencia; que no debió ser sometido a tratamientos cruentos ni prolongados; que debió permanecer en reposo durante cierto tiempo de recuperación, con la consiguiente interrupción de sus actividades habituales; que padece una leve incapacidad física y psíquica de carácter permanente y que deberá realizar kinesioterapia y tratamiento psicoterapéutico, entiendo que la suma acordada es fruto de prudente estimación, por lo que propongo se la confirme.

Por todo lo expuesto, voto por la confirmación de la sentencia apelada, con costas de alzada en el orden causado, en atención a los vencimientos parciales y mutuos.

El señor juez de Cámara doctor Miguel Angel Vilar, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

El señor juez de Cámara doctor Diego C. Sánchez no interviene por hallarse en uso de licencia.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirme la sentencia apelada, con costas de alzada en el orden causado, en atención a los vencimientos parciales y mutuos. Notifíquese por secretaría y devuélvase. -Ana María Brilla de Serrat. -Miguel Angel Vilar.