Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-27


SENT Nro. 80 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 27 de FEBRERO de 2004.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la querellante, en contra de la sentencia dictada por la Sala Vª de la Cámara Penal, del 25/6/2003 obrante a fs. 211, el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 22/9/2003 (cfr. fs. 218). En esta sede, la defensa técnica de los imputados presentaron memoria sobre el recurso (fs. 226/232), mientras que a fs. 234/235, corre agregado dictamen del señor Ministro Fiscal. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la parte querellante contra la sentencia de la Sala Vª de la Cámara Penal, de fecha 25/6/2003, que declara desierto el recurso de apelación interpuesto por aquél.

II.- El recurrente se agravia por entender que la sentencia importa una errónea violación de la ley sustantiva, en el caso, el art. 189 CPP; impugnándosela a la luz de las reglas de la sana crítica -art 193 CPPC- al traducirse en una vulneración al art. 18 CN, del instituto de la preclusión procesal y la regla de la convalidación de actos jurídicos afectados por nulidades relativas.

Expresa que el fallo impugnado no tuvo en cuenta los modos legales de subsanación de nulidades del CPP; o que su parte cumplimentó todos los requisitos procesales exigidos por ley para asumir el rol de querellante, incluso la formulación del Acta Poder ante la Fiscalía Instructora. Que por ello, la mera omisión del Ministerio Público de la formalidad de conceder el carácter de parte no amerita la decisión del tribunal a quo ya que ello fue absolutamente consentido por las partes, dándosele impulso a su denuncia y cumpliéndose los actos procesales válidamente, sin impugnación alguna, lo que implica el pleno conocimiento y aceptación del carácter de parte con que actuó dentro del proceso. Que, en consecuencia, se trata de una nulidad relativa producida por el Instructor, que fue subsanada o convalidada otorgándosele plena legitimidad al acto perfeccionado. Que ello impide que se pueda hacer valer ulteriormente la nulidad por ningún medio y en ningún grado o estado del proceso.

Sostiene que el fallo incurre en incongruencia, aplicando un absurdo criterio, examinó en forma caprichosa lo actuado en el proceso soslayando la aplicación de la subsanación de las nulidades relativa por el consentimiento.

Propone doctrina legal y concluye solicitando se haga lugar al recurso tentado.

La contraria presenta memorial que rola a fs. 226/232.

III.- Por auto interlocutorio del 22/9/2003 la alzada concede el recurso interpuesto, correspondiendo ahora el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- El fallo impugnado, basado en el informe actuarial que le antecede, considera que el recurrente no habría adquirido la condición de parte en el presente proceso. Que el juez de la causa debe, siguiendo las reglas sobre capacidad y legitimidad, dictar resolución que expresamente incorpore o rechace al pretenso querellante, que lo constituya o no en parte, lo que no sucede en el presente caso, circunstancia jurídicamente relevante, que ninguna de las partes ni sujetos intervinientes advirtieron. Por ello, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 465 CPP declara desierto el recurso con costas a cargo del pretenso querellante, difiriéndose honorarios para su oportunidad.

V.- Los Sres. Miguel Espasa y Mirta Josefina Salvador, por intermedio del letrado Ricardo Andrés Monteros, promovieron querella criminal, conforme consta a fs. 5 del expediente, asumiendo el rol de acusador particular contra la imputada. En dicho libelo se solicita a Secretaría que se redacte poder Apud Acta designando al mentado letrado como apoderado querellante en esta causa, con las facultades de ley. Se pide también ser tenido por parte en el proceso.

En 15/10/2001 se dictó un decreto citando a los Sres. Espasa y Salvador a ratificar los términos de la querella y a confeccionar poder apud acta conforme se solicita (fs.8). A fs. 9 se ratifica la querella. A fs. 10 obra poder apud acta por el que se designa a Ricardo Monteros, para que lo representen en la causa, asuma el rol de querellante contra los imputados por el delito de autorización de actos indebidos y otros que surgieren a través de la investigación. A partir de allí el apoderado querellante se presenta como tal instando el proceso de investigación a través de una serie de escritos por los cuales adjunta documentación, solicita el libramiento de oficios, citación de los imputados, medidas urgentes; amplía acusación (conf. consta a fs. 11, 88, 89) obteniendo, en cada oportunidad, el dictado de los decretos correspondientes.

Luego de diligenciados los oficios solicitados, de recibida la declaración de los imputados, la Sra. Fiscal de Instrucción solicita el sobreseimiento de los mismos lo que es así sentenciado por el Juez de Instrucción interviniente (fs. 146 y 155/156). El apoderado Monteros apela tal resolución, dictándose la sentencia que se recurre en casación.

VI.- Ahora bien, conforme surge de lo antedicho, los recurrentes invocaron su legitimación para intervenir en el proceso como querellantes particulares, a tales fines, se cumplieron los actos procesales detallados (presentación de la querella, ratificación de la misma, poder apud acta, solicitud de ser tenidos por parte en tal calidad). Conforme al sistema establecido en el CPP el querellante tiene derecho a instar su participación en el proceso (art. 91 CPP), ajustándose a los recaudos impuestos en la ley procesal local (art. 91, 2° párrafo).

El mentado pedido de intervención debió ser resuelto por la Fiscal de Instrucción de conformidad a lo normado en el art. 92, 2° párr. CPP, y en caso de que la decisión les hubiera sido adversa, los presentantes tenían la posibilidad de deducir apelación por ante el Juez de Instrucción (art. 93 CPP).

A los peticionantes les asistía el derecho de obtener una resolución expresa del órgano judicial sobre la pretensión articulada por su parte, lo que no aconteció, al no haberse resuelto su pedido de intervención, privándoselos, a la vez, de la posibilidad de recurrir la decisión por vía de apelación, en caso de que les hubiera sido adversa.

Las circunstancias apuntadas -falta de resolución del pedido de intervención como querellantes- importa obstaculizar el ejercicio de una facultad procesal, acordada por la ley a los presentantes y que les permitiría intentar acreditar el hecho que denuncian como lesivo y la posible responsabilidad penal del imputado, todo en los términos del art. 94 CPP.

La falta de pronunciamiento expreso por parte del órgano judicial sobre una petición formulada por los recurrentes, tendientes a lograr una intervención procesal para la que se encuentran facultados conforme a la ley, lesiona el debido proceso y priva a las partes de potestades procesales sin que se advierta la existencia de ninguna circunstancia o situación que justifique la pérdida o extinción de aquéllas.

Existe en el caso un enfoque parcializado de la cuestión por parte del tribunal de alzada, pues los presentantes no adquieren el rol de parte al no pronunciarse sobre el mismo la Fiscal actuante, no obstante la petición expresa de los presentantes a fs. 5. Por tanto, no se trata simple y exclusivamente de que aquellos no habrían adquirido la calidad de parte (conforme lo sostenido por la sentencia en recurso), sino ante todo -y esto es lo que la sentencia del 25/6/2003 no pondera- que la Fiscal no se ha pronunciado respecto de esa participación como reglan los arts. 92 y 93 CPPT.

Por lo expuesto, corresponde anular y casar la sentencia a tenor de la siguiente doctrina legal: "Es deber inexcusable del Fiscal expedirse en el plazo de tres días sobre el pedido de intervención como querellantes particulares, formulado tempestivamente por quienes estiman ser ofendidos penalmente por un delito de acción pública" (conf. CSJT, sent. nro. 839 de fecha 04/11/99).

A fin de regularizar el procedimiento corresponde: a) anular la sentencia del 25/6/2003; b) disponer que se suspenda la resolución del recurso de apelación concedido a fs. 169 (que ya ha sido sustanciado) y enviar la causa a la Fiscalía actuante a fin de que se pronuncie respecto del pedido de participación como querellantes particulares.

Una vez resuelta la cuestión, volverán los autos al tribunal de alzada para que resuelva la apelación pendiente, teniendo en cuenta, obviamente, lo que se decida respecto de la asignación o no del rol de querellantes particulares.

Atento al modo en que se resuelve el recurso, las costas se imponen en el orden causado (art. 551 CPP).

A las cuestiones propuestas los señores vocales Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, RESUELVE:

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte querellante contra la sentencia de la Sala Vª de la Cámara Penal, de fecha 25/6/2003, de conformidad con la doctrina legal enunciada en los considerandos de la presente resolución y, en consecuencia: a) ANULAR la sentencia del 25/6/2003; b) DISPONER la suspensión de la resolución del recurso de apelación concedido a fs. 169 y el envío de la causa a la Fiscalía actuante a fin de que se pronuncie respecto del pedido de participación como querellantes particulares; fecho lo cual volverán los autos al tribunal de alzada para que resuelva la apelación pendiente, teniendo en cuenta, obviamente, lo que se decida respecto de la asignación o no del rol de querellantes particulares.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA