Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-14


Salta, 14 de Octubre de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "LA INVERNADA S.A. POR CONCURSO PREVENTIVO (pequeño)", Expte. n° 4489/00 del Juzgado 1ª. Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades de 2ª. Nominación, Expte. n° CAM -292.419/09 de esta Sala Tercera, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

I) La resolución de fs. 1.332 es apelada a fs. 1.340 por el Dr. Gonzalo Caro. A fs. 1349 Dr. Roberto F. Cabezas, nuevo apoderado de la Dirección General de Rentas, expresa agravios. Dice que la sentencia señala que no corresponde efectuar cálculo alguno de intereses, desde el plazo que va desde la homologación del acuerdo hasta la determinación de la tasa, ya que el obligado al pago del capital aún no toma conocimiento de su exigibilidad. También toma en cuenta para el cálculo de la tasa períodos que van desde el 08/03/2005 al 05/08/2005, lo que el Organismo considera incorrecto pues la Ley Tributaria adopta como criterio el momento que se debe dar vista a la Dirección para el cálculo de la tasa, es decir después que se dicta la resolución del artículo 36 de la Ley de Concursos, por lo que desde allí deberán correr los intereses, independientemente del criterio de su exigibilidad. En cuanto a la tasa de justicia en la quiebra, la misma se determina al tiempo de liquidarse cada uno de los bienes del fallido que es cuando el Juzgado debe dar intervención al Organismo y si no se cumplimenta con el pago del gravamen, cabe aplicar intereses desde esa fecha. Asimismo, se desprende del informe de la Sindicatura que en ningún momento se cuestionó la base imponible tenida en cuenta para la determinación del gravamen. Luego precisa que la Ley 6.611 establece el marco legal tributario para determinar la forma y los porcentajes relativos a los distintos tipos de proceso y se remite al artículo 31 del plexo impositivo. Dice que se trata de un impuesto instantáneo que se calcula y paga en los momentos y plazos procesales establecidos, sin perjuicio del ajuste al final del juicio si resultare un importe mayor al resultante de aplicar la tasa general, aclarando que este último importe es válido para toda clase de procesos. Señala por último que la sentencia pretende que se ignore lo que especialmente se legisla en el derecho tributario sobre el tema, desconociendo su autonomía y el principio de legalidad.

A fs. 1365 luce el dictamen de la Sindicatura. Precisa que la determinación de la tasa de justicia en el concurso genera una notable diferencia de criterios respecto de los demás acreedores y que no puede cobrarse intereses sin que la concursada hubiere tenido conocimiento del monto del tributo. Que la Dirección llega a la cifra de $ 31.462,06 y lo que corresponde es tomar como base de cálculo la suma de $ 9.037,56 y a este importe aditarle los intereses a la tasa del 1,41% mensual que por ciento cincuenta días importan $ 637,15, lo que hace un total de $ 9.674,71 y si se adiciona la multa del cien por ciento llegamos a la cifra de $ 19.349,42 que es la que se debe considerar a los efectos de la distribución.

A fs. 1441/1442 obra el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara. Dice que el motivo de los agravios se centra en determinar la fecha a partir de la cual corresponde aplicar intereses a la tasa de justicia por la etapa del concurso preventivo. El capital, asciende a la suma de $ 9.037,56 y con más los intereses se llega a la cifra de $ 11.627,72 que fuera el monto que se le notifica al concursado el día 2 de marzo de 2005. Luego transcribe las disposiciones respectivas de la Ley 6.611 y concluye que la fecha de notificación de la deuda fija el término a partir del cual comienza a devengarse los intereses. La cuestión que motiva la nueva intervención de esta Sala se genera a partir del dictamen de fs. 1.289 en donde la Dirección General de Rentas determina la tasa de justicia en la suma de $ 31.462,06 para lo cual se parte de la base imponible de $ 9.037,56; se aplican los intereses del artículo 36 con lo cual la deuda tributaria ascendería a la suma $ 11.627,72; por último, al estar impaga la tasa y en orden a lo dispuesto en los artículos 36 y 371 se fija la deuda fiscal en la suma de $ 31.462,06.

II) En el auto venido en revisión la Sra. Jueza de grado destaca que hay coincidencia en la determinación del capital de parte del acreedor y de la Sindicatura, más -entiende se equivocan en su planteo respecto de los intereses entendiendo que no pueden percibirse sino a partir de que el obligado al pago del capital es impuesto de su determinación, lo que sucede con la notificación de fs. 768 y el vencimiento del plazo para cumplir con el pago, razón por la que el cálculo debe efectuarse por el período comprendido entre 08/03/05 y el 05/08/2005 que es cuando se declara la quiebra. Arriba así a la suma de $ 19.331,96.

Es dable reparar que antes del dictado de la sentencia y en orden a la determinación del tributo que contiene el dictamen de fs. 1273 de la apelante, a fs. 1.326 la Sindicatura evacua la vista que se le corriera y dice que la tasa de justicia del concurso preventivo es de $ 30.438,50 y no de $ 31.462,06.

III) Como criterio general es dable tener en cuenta que el interés es el rédito, beneficio o ganancia que produce un capital monetario. Jurídicamente, es un fruto civil; es la renta que el dinero produce (Busso, Eduardo, Código Civil Anotado, Edit. Ediar, año 1958, pág. 271). Digo rédito como elemento típico que define el interés señalando que la primera función que cumplen los intereses es la de proporcionar un lucro, beneficio o ganancia al acreedor. Aquí radica la causa por la que éste se desprende de capital y lo transfiere al deudor por cierto tiempo. Con ello estoy señalando que el capital genera intereses a medida que pasa el tiempo, pero como bien lo señala el auto en crisis tales acrecidas no pueden ser consideradas en tanto el deudor no sea notificado de la existencia y exigibilidad del crédito y no se encuentre en condiciones de asumir el pago, conclusión que debe afirmarse en los juicios de concursos, por las razones que señalaré más adelante.

En otras palabras, si no hay retardo en el pago del impuesto cabe entender que -como principio no corresponde el reconocimiento de intereses. Y no puede retrotraerse la mora a la fecha de la homologación del acuerdo, sino que se debe tomar como fecha de inicio de cómputo de las acrecidas el de la determinación de la tasa, sin que ello importe desconocer el principio de autonomía de las obligaciones tributarias, máxime cuando se está en presencia de un proceso concursal en donde se persigue cristalizar el pasivo, con la suspensión del devengamiento de los intereses salvo las excepciones legales, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra (artículos 19 y 129 de la Ley 24.522), a partir del presupuesto objetivo que genera la apertura de sendos procesos universales, cual es el estado de cesación de pagos del concursado (art. 1° de la Ley).

Es que si se evidencia la manifiesta impotencia del deudor para afrontar el cumplimiento de las obligaciones exigibles, y se establece un procedimiento especial que persigue el propósito del saneamiento de la empresa, ello va de la mano con la necesidad de propiciar interpretaciones que no graven en demasía el patrimonio cesante.

IV) Ello sentado, y dado que no hay discrepancias entre los contendientes en cuanto al encuadre normativo del caso, es dable reiterar que la Ley 6.611, en su artículo 31 2 e) y en su inc. 4° fija parámetros objetivos para determinar la tasa, cuales son el importe de la liquidación en el caso de la quiebra y el monto de los créditos verificados en el supuesto del concurso preventivo, razón por la cual es ajustado a derecho el criterio de la sentencia en crisis que admite los intereses pero recién desde el vencimiento del plazo a partir de la notificación de fs. 768 para el concurso preventivo y que deniega su cómputo para la quiebra en tanto no se ha aprobado todavía el proyecto de distribución.

Dejo así formulado mi voto. Costas del recurso por su orden, dado que la quejosa bien pudo considerarse con derecho a litigar ante las razonables dudas que la cuestión genera.

El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

Que por sus fundamentos, adhiere al voto del Dr. Domínguez.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, y concordante dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido por la Dirección General de Rentas de la Provincia a fs. 1340 CONFIRMANDO la sentencia de grado de fs. 1332 en lo que fuera materia de agravios. COSTAS en esta Sede por el orden causado.

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.