Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-10


Comodoro Rivadavia, 19de marzo de 2007.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY C/ COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE RADA TILLY (COOAGUA) s/ MEDIDA CAUTELAR (EMBARGO PREVENTIVO)", Expte. Nº 16.211/2007, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1, Secretaría N° 1 (Expte. Nº 737/2006), por haber interpuesto la parte actora, a fs. 79/83vta., recurso de reposición con apelación en subsidio contra el auto de fs. 76, que dispone rechazar la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio. Resuelto el recurso de reposición y denegado el mismo, se concede la apelación mediante auto simple de fs.84.- La recurrente se agravia contra la resolución del juez que no hace lugar a la medida cautelar, en tanto considera que no se encuentran configurados los requisitos mínimos para su dictado. Manifiesta la actora que el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho se han acreditado en forma suficiente.- En relación al primero de ellos expresa que la documental acompañada acredita el derecho que le asiste de requerir la medida cautelar pretendida por haberse demostrado que la demandada percibió de los usuarios del municipio la sumas adeudadas y que no las afectó al pago de las cuotas conforme se comprometiera.

Agrega haber demostrado que su mandante, en calidad de garante del préstamo, tuvo que afrontar pagos ante el ENOHSA por la reticencia de la cooperativa, y que el incumplimiento de la demandada surge de sus propios dichos. Cita jurisprudencia y hace reserva de caso federal.- Al referirse al requisito del peligro en la demora expresa que se encuentra configurado con las comunicaciones enviadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, al Ministerio de Economía y Crédito Público provincial, que en copias autenticadas obran a fs. 51 y 56, y en las que se solicita: la cancelación de la deuda, se fija último plazo de intimación y las consecuencias por su incumplimiento.- Ahora bien, del análisis de las actuaciones, surge que la actora no logra acreditar sus argumentaciones, lo que conduce al juez de grado a sostener que no se encuentran probados los requisitos necesarios para el dictado del embargo preventivo requerido.- Como lo sostiene la doctrina, si bien el dictado de medidas cautelares no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, pesa sobre quien las solicita la carga de acreditar prima facie la existencia de la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que las justifiquen. (Cfme. CSJN, 16-7-96. Líneas Aéreas Williams SA. 23-11-95, Grimbank c/ Fisco Nacional, entre otros. Revista de Derecho Procesal. Medidas Cautelares. Págs. 404 y ss. Ed. Rubinzal Culzoni).- El juez tiene el deber de apreciar con suma prudencia si se encuentran reunidos los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, sobre todo en los supuestos como el que nos ocupa, en el que se promueve la cautelar en forma previa a la interposición de la demanda y podría significar un anticipo de la tutela jurisdiccional que se pretende.

De una lectura liminar de las actuaciones surge la existencia de convenios celebrados en primer término entre ENOHSA -Ejecutor- y la Municipalidad de Rada Tilly -Subejecutor-, y luego entre el municipio mencionado y la Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos -Ente Beneficiario-; mediante los cuales se acordó la ejecución de la obra de ampliación del Sistema de Desagües Cloacales de Rada Tilly.

En los acuerdos mencionados se previeron obligaciones a cumplir por actora y demandada, entre las que se encuentran el pago del préstamo motivo de la presente cautela.- Mas allá de lo expuesto, existen contradicciones que impiden en esta instancia y con los elementos aportados otorgar la medida pretendida.

Por un lado se advierte la discordancia notoria entre el monto reclamado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento a fs.56 (U$S. 213.782,84) y lo que pretende percibir la accionante con la intimación de fs.58 (U$S. 213.782,84), y luego lo que efectivamente reclama en la demanda ($252.060,26), conforme fs.61 pto. II.- Por otra parte no surge de autos que la cooperativa haya efectivamente percibido de los usuarios la devolución del préstamo BID conforme lo argumentara la apelante en el escrito de expresión de agravios (pto. 12 de fs.86vta.); y mucho menos que la municipalidad actora haya tenido que afrontar pagos ante el ENOHSA por la reticencia de la cooperativa como lo invoca en el pto.13 de fs.12vta./13.- Sumado a ello, tampoco se advierte -con documental respaldatoria- las sumas efectivamente abonadas y las que estaría debiendo la demandada en virtud del contrato acompañado; lo que impide determinar el monto real de la pretensión, que sólo podrá establecerse, para el caso que correspondiera, en un proceso controvertido excediendo su tratamiento el marco de conocimiento de las medidas cautelares.

No es admisible la medida cautelar si para determinar la verosimilitud del derecho se hace necesario tratar por anticipado los temas que deben ser objeto de la acción principal (Cám. C. Com. Y Minería San Juan, 30/4/99, SAIJ, sum. 500004698).- Ahora bien, si la verosimilitud del derecho como primer requisito que debe tenerse en consideración no se cumple, como es el caso de autos, la existencia del peligro en la demora tampoco se puede inferir válidamente dado que la medida precautoria no puede ordenarse si previamente no se acredita al menos en grado de apariencia, que se haya vulnerado el derecho de la peticionante.

En este entendimiento asiste razón al juez de grado al afirmar que no acredita la accionante el peligro en la demora, dado que de las constancias obrantes en autos, éste no puede presumirse.- Este requisito de la acreditación mínima de los presupuestos enunciados no puede ser obviado pues si así fuera, por vía de hipótesis, cualquier medida cautelar podría ser dictada sin que el tribunal contara con los suficientes elementos de juicio para valorar su concurrencia, lo cual es inaceptable. (Revista de Derecho Procesal, Ob. Citada, págs. 406 y ss.).- Solo a mayor abundamiento y atento que en el libelo de inicio se ha fundado la pretensión cautelar en lo dispuesto en el art.209 incs. 2 y 3 (ver fs. 67vta. pto. 34 y fs.68vta. pto. 36), se destaca que en principio sólo podría encuadrar la pretensión en el inc.3° de la norma mencionada y, en esa inteligencia, tampoco se ha acreditado en modo alguno el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la actora que le correspondían en virtud del acuerdo celebrado.

Cuando la acción promovida se funda en un contrato bilateral, la ley exige, a fin de poder conceder la medida cautelar prevista en el art. 209 inc. 3º del Código Procesal -embargo preventivo-, la acreditación de la existencia del mismo, como su cumplimiento por parte de quien reclama.

Es decir, el demandante debe demostrar que de su lado ha satisfecho las prestaciones que la convención pone a su cargo, lo cual debe acaecer sumariamente, por cualquier medio, en los términos del art. 197 del cód. cit (conf. criterio CPC Art. 209 Inc. 3 CPC Art. 197 "N. I. c/ G. J. M. s/ Cobro de pesos" - CC0101 - MP 114597 RSI-1424-00 I - 19-10-2000).

En la especie sólo se ha limitado la actora a argumentar la existencia de un crédito a su favor en virtud de los reiterados incumplimientos por parte de la contraria, sin referirse a sus propias obligaciones, obviando de esta manera la exigencia que contiene el art.209 del código de rito.- Por todo lo expuesto, no se encuentran acreditados en autos, hasta el presente, los requisitos de admisibilidad necesarios para el dictado de la medida como la verosimilitud del derecho, y el peligro en la demora, por lo que se desestiman los agravios de la apelante, y se confirma lo resuelto en primera instancia a fs 76.- Atento como se resuelve la cuestión, las costas se imponen al apelante vencido, (arts. 68 del C.P.C.Ch.). A los fines de la regulación de honorarios por los trabajos realizados en esta instancia se tendrá en cuenta el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada y las pautas de los arts. 6 y 7 del Dto-Ley 2200 y su modificatoria la Ley 4335.

Ello así toda vez que aplicar al caso de autos las pautas previstas en el art.27 de la normativa reseñada, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente en orden al monto cautelar pretendido, conllevaría a una suma irracional de acuerdo a la labor desarrollada por el profesional interviniente, por lo que se considera justo y equitativo regular los honorarios del Dr. L. M. P. en la suma de pesos ciento cincuenta ($150). - Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E :

1) Rechazar el recurso de apelación en subsidio interpuesto a fs. 79/83vta. y, confirmar la providencia de fs 76.- 2) Costas al apelante vencido. Se regulan los honorarios profesionales del Dr. L. M. P. en la suma de Pesos ciento cincuenta ($150,00) conforme el considerando respectivo.- 3) Tener presente la reserva de caso federal.- 4) Regístrese, notifíquese, devuélvase.- La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse inhibida de actuar la Señora Juez de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y concordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo.:

Marta Susana Reynoso de Roberts, Presidente.

Nélida Susana Melero, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 44 DEL AÑO 2007.

DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS