Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73968 . SALA V. AUTOS: "PERALTA AGUSTINA SOL C/ BAEZ 243 SRL Y OTROS S/ DESPIDO" (JUZG. Nº 30).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 21 días del mes de marzo de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT dijo:

Contra la sentencia de grado que rechazó la demanda en términos del artículo 132 bis RCT se alza la actora pues sostiene que la Sra. Juez de grado se equivoca al entender que el reclamo de la multa se fundaba en la falta de aportes emergentes de diferencias salariales. Asiste razón al quejoso pues la demanda expresamente señala que se reclama la multa con fundamento en la falta de depósito de los salarios retenidos (fojas 7 párrafos 4 y 5), por lo que el informe de AFIP indicando la falta de registro de aportes torna procedente el reclamo en esos términos.

En cuanto a la cuantía del reclamo, consistirá en una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario desde la disolución de la relación laboral hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. Con un criterio interesante Pirolo ha sostenido la aplicabilidad al supuesto en análisis de la norma del artículo 331 del CPCCN, por lo que la condena debería detenerse en este proceso en el momento del dictado de la sentencia definitiva. Respecto de esta posición deben señalarse dos equívocos. En primer término, no es cierto que no exista condena a futuro. De hecho, toda acción de daños y perjuicios realiza, como señalaba Goldenberg, una prognosis póstuma. Por otra parte, sanciones conminatorias como las de astreintes sólo se aplican a futuro, si bien la capacidad del juzgador de ameritar la conducta del condenado para disminuir o enervar los efectos de la multa dispuesta importa una cierta retroacción de la condena con este juzgamiento complementario.

Esta característica de proyección en el tiempo futuro de las sanciones conminatorias, género al que la multa del artículo 132 bis RCT pertenece, obliga a replantear la aplicabilidad de la norma procesal citada como así también las diferencias específicas entre las sanciones conminatorias del artículo 666 bis del Código Civil y las del artículo 132 bis RCT. En primer término, debe tenerse en cuenta las diferentes características de la sentencia que declara la aplicación de una y otra sanción conminatoria. Mientras que la resolución judicial que ordena la aplicación de sanciones conminatorias es constitutiva de la obligación modal en que consiste la sanción conminatoria, el fallo que accede a la multa en los términos del artículo 132 bis RCT es esencialmente declarativo. Declara la existencia de una conducta tipificada por la ley y previamente sancionada, por lo que se reconocen las consecuencias del incumplimiento que preceden a la declaración judicial. En este sentido el ámbito de proyección de la condena mira hacia el pasado. ¿Implica esto que el carácter declarativo de la concurrencia de la conducta agota los efectos en el pasado? En primer término ello no es así, pues los efectos de la declaración se proyectan al futuro hasta el cumplimiento de la condición resolutoria que convierte la obligación en modal ". hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos". Tampoco es esto lo que sostiene Miguel Pirolo sino simplemente que los efectos inmediatos de la condena se agotan en el momento de la sentencia. Para la condena por períodos sucesivos habría de iniciarse un nuevo proceso en el que la sentencia anterior provocaría efectos (no podría volver a discutirse la existencia de la conducta típica, antijurídica y culpable que es uno de los presupuestos de la condena por períodos sucesivos) y restaría analizar la prueba del cumplimiento de la condición resolutoria.

Por ello es necesario establecer si la sanción conminatoria en análisis puede estar comprendida en el universo de supuestos para los que resulta aplicable el artículo 331 del CPCCN y si ello también excluye la necesidad de demandar un crédito ya líquido (con lo que el reclamo debería fijarse en la cuantía devengada hasta el momento de la demanda).

El presupuesto típico establecido por el artículo 331 CPCCN es el de cuotas de una misma obligación. Esto es, supuestos en los que una única prestación se divide en cuotas sometidas a plazos diferenciales pero la prestación (por ejemplo el precio) es única. Pretorianamente se ha admitido por razones de celeridad procesal y, adelantando a un criterio que se torna positivamente determinante a partir de la reforma constitucional de 1994, el de tutela judicial efectiva, se admitió su extensión a las obligaciones periódicas, donde cada prestación nace en lapsos distintos y tiene independencia de las otras, aunque mantiene igual naturaleza y contenido homogéneo con las demás (por ejemplo la obligación salarial o por alquileres).

La sanción conminatoria guarda diferencias notorias con ambas. En primer término no se trata de un pago en cuotas de una prestación única ya determinada ni de prestaciones distintas independientes de las otras. Se trata de una prestación única cuyo contenido, si bien determinable, se incrementa con el paso del tiempo, pero ello no hace nacer obligaciones nuevas sino que determina el monto de una sanción única exigible, con contenidos variables, hasta el momento en que se cumpla la condición resolutoria.

Esta característica de obligación única con contenidos variables torna inadmisible la aplicación tanto de la limitación del contenido de la pretensión al momento de la demanda como al momento de la sentencia pues no hay cuota ni obligaciones distintas sino una obligación única con contenido que se incrementa en el tiempo. Por tanto la condena que se dicta no hace otra cosa que declarar la existencia de la obligación sin que la cuantificación pueda determinarse en momento alguno hasta el momento de la ocurrencia del cumplimiento de la condición que, por ser tal, no es necesaria sino contingente. No hay una necesidad de una nueva condena porque la prestación es única y no es pasible de cumplimiento parcial (por lo que el acreedor podría oponerse al pago parcial en términos del artículo 742 del Código Civil) y por tal motivo tampoco devenga intereses.

En estos supuestos, la condena tiene como presupuesto la existencia del antecedente típico, antijurídico y culpable realizado en el pasado, pero los efectos de la sanción dependerán del momento en que se cumpla la condición. En este orden de ideas corresponde que la condena siga la suerte de la obligación. Esto es, que sea modal. De tal manera se cumple con el postulado de la tutela judicial efectiva, sin que exista mengua alguna al derecho de defensa del demandado y con la tramitación más económica.

Atento el resultado de la cuestión, las costas deben ser impuestas a la demandada vencida. Conforme lo normado por el artículo 14 de la ley de aranceles corresponde regular los honorarios del letrado actuante en el 25% de lo que fuera regulado por su actuación en la instancia anterior.

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO manifestó:

La parte demandada Báez 243 S.R.L. se halla rebelde (fs. 29); el resto de los codemandados originales resultó desistido a fs. 37/38. Debe pues tenerse por cierto que no se depositó la totalidad de los aportes retenidos (ver invocación de fs. 10; art. 71 L.O.).

El argumento de la sentencia para denegar la sanción art. 132 bis L.C.T. fue que el incumplimiento precedentemente indicado fue parcial y no total (fs. 40) cuando es claro, que conforme dicha normativa, entra a funcionar la sanción si el empleador hubiere retenido "aportes .con destino a los organismos de seguridad social ." sin expresarse allí que deba tratarse de una retención indebida de la totalidad de lo descontado.

En tal ilación, cobra virtualidad lo solicitado en la apelación (fs. 43 vta./44) y es por estas razones indicadas supra, que habré de adherir a la postura del primer voto en cuanto propugna se condene a dicha sanción desde el momento de operarse la extinción del contrato de trabajo y hasta la acreditación de haberse hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos.

Adhiero a la propuesta de costas de alzada a la parte demandada y regulación de honorarios.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1. Modificar la sentencia de grado condenando a la accionada a abonar al actor la sanción conminatoria establecida por el artículo 132 bis RCT equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. 2. Costas a la demandada vencida. 3. Regular los honorarios del letrado interviniente en el 25% de lo que le fuera regulado en la instancia anterior. Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que el Dr. Oscar Zas no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MMV Enrique Néstor Arias Gibert María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara