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Proceso contravencional, detención, requisa personal, falta de orden del juez, facultades de la autoridad de prevención, estado de sospecha, control de legalidad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de apelación en autos TARSIA Diego Ariel s/ Infr. Art. 85 Ley 1472" Infr. Art. 85 Ley 1472"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-28

Admitir que so pretexto de las facultades investigativas que por iniciativa propia los funcionarios policiales pueden realizar, lleven a cabo actos que afectan los derechos de las personas sin justificar siquiera mínimamente las razones de su actuación, equivale a sustraer una esfera de la administración -quizá la que pone en juego en mayor medida la esfera de los derechos fundamentales- del control judicial suficiente que de acuerdo a una inveterada jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal debe existir (Fallos CSJN., T. 247, P. 646, entre muchos otros).-
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tinnirello, Alberto J.L. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-04-11

Está vedado al Poder Judicial pronunciarse ex officio declarando la nulidad de actos administrativos, a mérito de la presunción de legitimidad que los acompaña, además de la improcedencia de revisar los actos de otros Poderes, en tanto no medie requerimiento expreso y claro de parte interesada. El criterio viene siendo irrestrictamente aplicado ante toda acción de condena, y, por cierto, ante las pretensiones constitutivas de situaciones jurídicas subjetivas distintas de las reconocidas o estatuidas por aquellos.
Seguros, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bajerski, Claudio c/ Tolcach, Pablo A. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

El art. 72 de la ley de seguros, se refiere a la carga del asegurado de proveer lo necesario para evitar o disminuir el daño, en tanto que en su segundo párrafo se dispone que la liberación de la aseguradora se produce, en caso de dolo o culpa grave, agregando otro recaudo para que este efecto tenga lugar: que el daño, sin la referida violación, hubiere resultado menor. Por su parte, el art.

77 impone la carga de no introducir cambios en las cosas dañadas.

También en este caso, la violación de la misma debe ser maliciosa para liberar al asegurador, pero, además, que, como resultado de la misma, se hiciera más difícil establecer la causa del daño mismo. En estos supuestos es la legitimada pasiva quien debe justificar que el incumplimiento de la carga ha tornado más gravosa su obligación.
Ministerio Público Fiscal, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, sistema de gestión, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Vertone, F. S. c/  s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-17

Corresponde librar oficio a la Presidencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a fin de hacerle saber las limitaciones derivadas de la falta de compatibilidad entre los sistemas de gestión de causas del Poder Judicial de la Nación y los del Ministerio Público Fiscal -Lex 100 y Coirón, respectivamente-, pues impide que las partes visualicen en tiempo real las diligencias y proveídos del Ministerio Público hasta que el juzgado a cargo las plasme en la plataforma virtual, resultando indispensable la adopción de los cambios tecnológicos que resulten necesarios a fin de lograr una mayor adecuación de aquéllos y superar las consecuencias negativas que de tales incompatibilidades se derivan.
Sociedad anónima, administración de la sociedad, directorio, mal desempeño de funciones
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BIGGEST BANK SA c/ LOPEZ BELLIZI, MARIO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

En lo que respecta a la aprobación de la gestión del directorio, si bien tal decisión opera a modo de inmunización de los integrantes del órgano contra reclamos ulteriores, produciendo un descargo de estos en caso de existir las irregularidades, con la consecuencia de neutralizar la acción social de responsabilidad (Cncom, sala C, "Bárbara, Alfredo c/ Mariland SA y otros", ll 1990-c, 102); el accionista se encuentra en condiciones de neutralizar tal efecto por otra vía: al promover la acción de impugnación de la asamblea que aprobó la gestión, se encuentra habilitado a deducir la acción social de responsabilidad prevista por la LS art. 279
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Sosa Norma B. c/ Di Carlo Enrique s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18

El valor de la madre como sostén del hogar, como medio de manutención pecuniaria de él, su aporte patrimonial en suma, se confunde con la atención al grupo familiar inspirada por su amor a sus hijos y ascendientes, al punto tal que resulta repudiable efectuar odiosas discriminaciones sobre los motivos que la llevan a realizar tareas que aporta al hogar y los efectos de su resultado en lo relativo a sus aspectos materiales y morales.
Recurso de apelación (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

SANTMA ofrece a sus clientes un sistema que pone a disposición de quien no los tiene, los medios necesarios para afrontar sus obligaciones financieras. La operatoria incluye diferentes actividades (vgr. atención al público, tareas administrativas conexas a los pagos y/o cobranzas, procesamiento de datos e informe a los clientes) que no transforman la intermediación en servicio, pues se trata en realidad de diversos aspectos del modo en que dicha intermediación se realiza de manera eficaz.

La complejidad de la intermediación no provoca que deje de ser tal su naturaleza. Por supuesto, la intermediación considerada no se da, como pretende la actora para negar su existencia, entre el acreedor y el deudor de la obligación cuyo pago o cobranza puede concretar SANTMA, sino entre los usuarios del sistema que ofrece la contribuyente, cuyo papel en la operación es indispensable e insustituible para el logro del fin ofrecido a los clientes. Bajo cualquiera de las hipótesis analizadas la O.T. exige el pago del impuesto bajo la alícuota del 4,9% (arts. 32, inc. 39, y 35 incs. 3, 8 y 12 de la O.T. 1994 y normas correlativas O.T. 1995/1997).
Indemnización, bienes embargables, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: D. G., D. R. y Otro c/ P., M. V. y Otros s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-26

No se encuentra destinado el daño moral a la satisfacción de necesidades de carácter alimentario, por lo que en relación a las sumas indemnizatorias establecidas, no puede pregonarse la inembargabilidad, y a contrario de lo que resolviera respecto del daño material, estos importes sí se encuentran expuestos a la acción de los acreedores, debiendo entenderse que son embargables en su totalidad.
Alimentos, obligación alimentaria, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Á. Y. A. c/ J. C. D. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-22

En el juicio de alimentos las costas deben ser soportadas por el alimentante, a fin de no disminuir la cuota acordada. Ello, en tanto no medie allanamiento al monto requerido, ni coincidencia entre la cuota que el marido se avino a pagar y la fijada judicialmente, que justifiquen un apartamiento del principio general.

Así, salvo casos excepcionales, no corresponde ordenar ninguna disminución a la cuota establecida. Admitir lo contrario, importaría gravar el monto acordado y desvirtuaría la finalidad de esta obligación. Cuando los beneficiarios de la prestación son únicamente los menores, no es prudente apartarse de la regla general, aún cuado media allanamiento o coincidencia entre lo ofrecido y la cuota establecida o las partes hayan arribado a una transacción.

En este orden de ideas, la jurisprudencia entiende que las costas deben ser soportadas por la parte alimentante, con prescindencia del resultado del litigio ya que trasciende, en sus efectos, a la circunstancia objetiva de la derrota, que, en otras hipótesis adquiere rango cardinal en la dilucidación del asunto.
Partidos políticos, candidatos, sistema representativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ventura, Magín s/ Presentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-06

En el marco referencial de lo público y lo privado, y en el contexto de la instancia mediadora de los partidos políticos, encontramos en el proceso de nominación de candidatos, uno de los primeros y fundamentales factores de legitimación del futuro representante, y como tal, un prerequisito ineludible de acceso a la representatividad, entendida ésta como un concepto que implica un "quantum" en la legitimidad de la representación.
Recurso de queja (procesal), Superior Tribunal de Justicia, recurso de casación, doble instancia, Pacto de San José de Costa Rica, fallos de la Corte Suprema, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: P., J. C. s/ Queja en: 'P., J. C. s/ Uso de certificado falso en concurso ideal con estafa a la administración pública M., A. G. s/ Abuso sexual c/ acceso carnal S. E., A. J. s/ Queja en: 'C. O., G. V. y Otro s/ Lesiones gravísimas culposas S., M. H. s/ Queja en: 'S., M. H. s/ Abuso sexual gravemente ultrajante
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-10-28|2005-11-22|2005-12-13|2006-06-28

"...en el precedente 'SANDOVAL', cuando, en respuesta al agravio vinculado con la supuesta extralimitación funcional del Superior Tribunal de Justicia en el ejercicio del control de legalidad del fallo cuestionado que alegó la defensa, este Cuerpo sostuvo la constitucionalidad de tal interpretación amplia del art. 426 inc. 2 en orden al análisis de fundamentación de la sentencia de acuerdo con la sana crítica racional, con precisas citas de las normativas implicadas, los fallos de la Corte Suprema anteriores al mencionado que ya establecían la necesidad de tal ejercicio jurisdiccional y las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, que son líneas directrices en torno a la interpretación de la garantía constitucional involucrada -doble instancia -.

"De tal modo se manifestó que '... no podría justificar una excepción a tal principio, dado que aquélla se originó en el análisis de la prueba pericial - que se estimó violatorio del principio de razón suficiente -, cuando tal pauta de análisis es exigida por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en una interpretación exegética del art. 456 inc. 2 del Código Procesal Penal de la Nación (idéntico a nuestro art. 426 inc. 2 C.P.P.) y en armonía con los arts. 8. 2. h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto Internacional, no obstante no ser ésta una sentencia condenatoria.
Jueces, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIVANCIN MIGUEL A. c/ LUCCHETTI ARMANDO A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-06

Para juzgar las conductas de los protagonistas de un accidente de tránsito, el intérprete debe hacer un singular esfuerzo mental consistente en tratar de asumir como vivida la situacionalidad total en que se han encontrado aquellos a quienes toca juzgar. Es que de no obrarse así, el análisis no estaría recayendo sobre algo que está allí, en el plano de la encarnada realidad, sino meramente en un ente de razón; en una entelequia. Las conductas deben ser juzgadas no como ecuaciones matemáticas sino como realidades existenciales.
Excarcelación, robo, reincidencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: N., J.C. s/ Incidente de Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-08

El Tribunal comparte el criterio sustentado por el Sr. Representante del Ministerio Público, toda vez que en el sub- examen no se dan los extremos previstos en el art. 284 inc. 1° y 2° del C.P.P. para conceder el beneficio solicitado, teniendo en cuenta el delito que se le atribuye, y su condición de reincidente.
Reajuste jubilatorio, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: JENSEN, OSCAR c/ CAJA NACIONAL DE PREVISION s/ EJECUCION PREVISIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-23

Los arts. 1 y 2 de la ley 23568 diseñan un procedimiento especial para el cumplimiento de las sentencias que admitían pretensiones de reajuste de haber que consiste en una suerte de espera por un plazo de 3 años, con organigramas y cancelación parcial. esta sistemática desplaza la normativa general de la ley 23696, pues de lo contrario no tendría sentido la exclusión contenida en su art. 54 inc. h) con respecto a las jubilaciones y pensiones que se "regirán por su régimen específico". Como consecuencia, no puede suspenderse el proceso de ejecución, en lo que respecta a los retroactivos.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Demattei Omar c/ Yachín Claudia s/ Cobro de Comisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-21

El art. 565 del Código de Comercio no impone a todas las obligaciones comerciales les sean aplicables necesariamente la denominada tasa activa.- Solo cuando se han pactado intereses en la convención entre las partes o los mismos se encuentran previstos en otra disposición legal se aplican los intereses a la tasa activa, pero no cuando no hay previsión entre las partes ni surge la obligación de alguna disposición legal.- El supuesto de autos -operación de corretaje- no encuadra en ninguno de los supuestos referenciados en que corresponde admitir los intereses a tasa activa, por lo que se ajusta a derecho la tasa pasiva fijada en sentencia.-
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Nicolás Rostas S.A. s/ Incidente por venta judicial por licitación pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-30

Si bien es doctrina sostenida por el Superior Tribunal de Justicia que lo atinente a la deserción de recursos es una cuestión de hechos y derecho procesal propia de los jueces de la causa y ajena al remedio extraordinario de la casación, esta regla admite excepciones, cuando se exponen argumentos serios, objetivos y concretos, que con referencia a las constancias de la causa hacen presumir "prima facie" que puede haberse configurado una aplicación equívoca de la ley del rito, o una valoración inadecuada de los supuestos normativos susceptible de afectar la garantía de la defensa en juicio, y ello sin que la apertura de la vía suponga abrir juicio ninguno sobre la procedencia sustancial del recurso intentado.
Restricciones al dominio, daños y perjuicios, impulso de oficio, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: MORENO, Antonio Francisco y otros c/ PROP. INM. ALVAREZ THOMAS 2669-71-73 s/ ART. 2618 DEL CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-05

El segundo apartado del art. 2618 del Código Civil en su actual redacción autoriza a los jueces, según las circunstancias del caso, a disponer la indemnización de los daños derivados de las molestias ocasionadas por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos que excedan la normal tolerancia, o la cesación de tales molestias. No obstante las amplias atribuciones concedidas al juzgador por el citado artículo en lo relativo a la posibilidad de disponer ya sea el cese de una actividad molesta o la indemnización de daños y perjuicios, esa facultad no puede ser ejercida de oficio, sino a pedido de parte, por lo que debe integrar la contienda.

De otro modo, no sólo se viola el principio de congruencia al fallarse "extra petita", concediéndose lo que ninguna de las partes reclamó, sino que también se afecta el principio de la defensa en juicio, que tiene jerarquía, constitucional (conf. arts. 34, inc. 4, 163,inc. 6, y 277 del Código Procesal).-
AFIP DGI, recaudación previsional, deuda previsional, ejecución fiscal, facultades del juez
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: DGI c/ BRUJULA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-18

Si bien es cierto que en función de las modificaciones introducidas por la resolución 3659/93 de la ejecutante en cuanto a la forma de recaudar los recursos correspondientes a la seguridad social, la inexistencia del acta de verificación y su correspondiente notificación podrían tornar imposible el cumplimiento del proveído atacado, no sucede lo mismo con los antecedentes administrativos a los que hace referencia el juzgador.

En efecto, mal puede sostener la recurrente la ausencia de constancias sobre cuya base se expidió el certificado de deuda que da origen a la acción, en la medida en que en el propio título ejecutivo se hace alusión a ellas. Cabe agregar que la presentación de las constancias requeridas, lejos de ordinarizar el trámite del juicio, tiende a facilitar la tarea judicial, en la medida en que tales instrumentos constituirán elementos de indudable valor a la hora de decidir respecto de las cuestiones planteadas con motivo de la oposición de eventuales excepciones.
Concurso de cargos, auditor municipal, competencia contencioso administrativa, competencia originaria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Sacabas, Carlos Adalberto c/ Comisión Examinadora para el Cargo de Auditor Municipal de la Municipalidad de Tinogasta s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-17

Por imperio del art. 204 de la Constitución Provincial, jurisprudencia de este Tribunal sentada a partir del "caso Altamirano" y posterior reforma del Art.4 de la Ley 4642 por el Art.1 de la Ley 4998, corresponde se declare la competencia de esta Corte de Justicia para entender en la acción de amparo deducida por un participante del concurso de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de Auditor Municipal, en contra del orden de mérito elaborado por la Comisión Examinadora constituida por el Consejo Deliberante de un municipio del interior provincial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Abel Oscar. Rodriguez, Juan Carlos s/ Robo calificado por uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

Los agravios que no han sido sometidos a conocimiento de la Cámara tampoco pueden ser traídos para ante esta Corte.
Estado Provincial, deuda pública, pagaré, acción cambiaria, competencia, competencia contencioso administrativa, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingeniero Oscar Diez SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

La Provincia -demandada por la ejecución de pagarés que librara oportunamente a favor de la actora por deudas de una obra pública-, al pretender llevar la discusión al plano de un juicio amplio como lo es el contencioso administrativo -como el último eslabón de una cadena de actos caracterizada por sucesivos incumplimientos- a la vez que lesiona diversos principios de relevante jerarquía -como lo son los relativos a la seguridad jurídica y a la protección de la buena fe- evidencia una conducta que no se ajusta estrictamente a las exigencias que recaen sobre el obrar de la Administración Pública. La Corte Suprema de la Nación, en una escueta y profunda fórmula expresada en el siglo pasado, dijo que la Administración "debe ser franca, leal y pública en sus actos", repitiendo las mismas pautas un siglo después, al destacar que la actuación administrativa "debe ser racional, justa, igual y proporcional". La admisión de la tesis del Tribunal a quo (que declara la incompetencia de la justicia ordinaria para entender en un juicio ejecutivo por entender que la causa de los títulos que se ejecutan es materia contencioso administrativa) supone una consciente renuncia a la tutela jurisdiccional de tales principios, que son cardinales en el moderno Estado de Derecho y que, si bien han de ser conjugados y ponderados con otros principios de idéntica jerarquía, no pueden ser desconocidos en modo alguno por los jueces -sobre todo, cuando se trata de resolver causas de trascendencia como la sometida al presente recurso-. (Del Voto en Minoría del Dr. Ulla).
Requerimiento de instrucción, falta de fundamentación, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "T.O.F. 5 s/ denuncia".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-15

No es admisible un proceso en el que su objeto recién aparezca como el resultado de una investigación porque, ésta se habría desarrollado precisamente con la ausencia de uno de los presupuestos esenciales del proceso, es decir, los hechos imputados.

Por el contrario la actividad procesal está limitada a la comprobación de un hecho concreto en el que se basa la pretensión jurídico penal deducida por el ministerio público y es ilegítima, por violación al principio ne procedat ex officio, la investigación que exceda el límite impuesto por el titular de la acción.

Pero cuando el hecho se encuentra indeterminado en el propio acto procesal relevante jurídico penal, la investigación no puede iniciarse válidamente porque no existe una atribución fáctica de haber hecho u omitido hacer algo. Así, cuando la imputación contenida en el requerimiento fiscal carece de una imputación clara, precisa, circunstanciada y especifica de un hecho se afecta la garantía de defensa en juicio por ausencia de una imputación necesaria y, por ende, acarrea la nulidad del requerimiento fiscal, del auto que tiene por legítimamente impulsada la acción y de todo lo obrado en consecuencia.