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Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., M. J. y Otro c/ L. S.C.T.L s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-31

El principio de igualdad exige también el trato diferenciado, ya que la igualdad entendida mecánicamente y aplicada de manera indiscriminada, como un criterio formal y abstracto, podría degenerar en una sucesión de desigualdades reales. La igualdad supone diversas exigencias, entre las que cabe mencionar la equiparación y la diferenciación. La mayor discriminación puede consistir en tratar cosas que son diferentes como si fueran exactamente iguales.

Por tanto, cabe concluir que no toda diferenciación es violatoria del principio de igualdad, sino que por el contrario, existen discriminaciones justas e injustas. La diferenciación o distinción de trato es justa cuando tiene como causa una diferencia real que afecta al fundamento y a la razón del derecho o del deber, respecto del cual se establece dicha distinción de trato.

Contrariamente, la discriminación injusta consiste en aquella diferencia de trato dado a diversos sujetos que tiene por causa algún motivo que no es una diferencia real que afecte al fundamento y a la razón del derecho o del deber respecto del cual se establece la distinción de trato.
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Iofreda, Mario c/ Ventresca, Juan s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-27

Es el reclamante quien debe probar el acto constitutivo de su derecho y el que se opone debe acreditar los hechos contrapuestos que le son favorables por ser impeditivos o extintivos.
Régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia, movilidad del haber jubilatorio, confiscatoriedad
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Si bien son legítimos los topes que fija el art. 55 de la ley 18.037, debe quedar a salvo el derecho del beneficiario de la jubilación cuando su resultado llevara aparejado consigo la confiscatoriedad de los haberes (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Calificación legal, lesiones leves, amenazas
Materia: PENAL
Carátula: SOSA RAMOS, W. B. s/ CONCURSO DE DELITOS - APARENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-05

Encontrándose dirigidas las amenazas a alarmar o amedrentar al sujeto pasivo, debe necesariamente transcurrir un lapso de tiempo suficiente para que la víctima llegue a padecer la conturbación anímica que demanda el tipo, lo que no ocurre cuando no hubo prácticamente solución de continuidad entre tales amenazas y su concreción.

En tal caso, debe calificarse el hecho como lesiones leves calificadas, por cuanto éstas afectan tanto al ánimo como a la integridad física.
Prueba testimonial, prevención
Materia: PENAL
Carátula: CUCERO, s/ PRUEBA   DE  TESTIGOS.  FALTA  DE  RATIFICACIÓN  DE  LOS  TESTIMONIOS  POLICIALES.  VALORACIÓN  SEGÚN  EL  ART. 277 C.P.C. CORROBORACIÓN POR  OTRAS PRUEBAS. POLICIA (ÍD.).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-03

la falta de ratificación de los testimonios policiales no obsta procesalmente a su valoración conforme a lo establecido por el art 277 c.P.C. El art. 484 Cód. Cit. Ampara la validez de esos dichos si no fueron impugnados ni se pidió su ratificación, ni el juez usó de lo dispuesto en la última parte del primer párrafo de dicha norma, con más razón si de esos testimonios fluye sin hesitación su verosimilitud y aparecen corroborados por el reconocimiento que el damnificado efectúa de los efectos secuestrados y la mendacidad de los indagados.
Sentencia, extensión de los efectos de la sentencia, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, ELMA, igualdad entre acreedores, acreedor privilegiado, régimen de consolidación de deudas
Materia: COMERCIAL
Carátula: COLUMBIA SA DE SEGUROS c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. SAN JUAN s/ FALTANTE DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

La extensión de la condena a la CNAS no importa una burla a la ley 23.982 en el sentido de que por la vía elegida se coloca a la actora en una situación de privilegio respecto a los demás acreedores del Estado. La distinta situación a que alude la CNAS resulta de la ley misma ésta incluyó a ELMA y excluyó a la CNAS del régimen de consolidación. En tales condiciones, la situación de la actora no se debe comparar con la de los otros acreedores del Estado sino con la de los demás acreedores de la CNAS y todos ellos están en un pie de igualdad frente a la aseguradora.
Emergencia económica, contratos bancarios, depósito a plazo fijo, depósito en moneda extranjera, certificado de depósito a plazo fijo, moneda nacional, tipo de cambio, intangibilidad de los depósitos, derechos adquiridos
Materia: COMERCIAL
Carátula: REBOTTARO, HECTOR c/ BANCO RIO DE LA PLATA SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-04

Cabe ordenar la restitución del importe de un certificado de depósito a plazo fijo emitido en favor de los accionantes en la moneda de origen, o su equivalente en moneda nacional al día de pago según la cotización del mercado libre de cambios, toda vez que el depósito dinerario cuya restitución reclama fue realizado durante la vigencia de la ley 25466, que reforzó la garantía constitucional de inalterabilidad del derecho de propiedad (CN art. 17) al consagrar la intangibilidad de los depósitos bancarios, plasmando tanto la imposibilidad por parte del Estado Nacional de modificar las condiciones del contrato concertado entre depositantes de dinero a plazo fijo y la entidad financiera, cuanto la prohibición de canjearlos por diferentes activos del estado nacional, o de prorrogar el pago, o reestructurar el vencimiento (ley 25466 arts. 1 a 4), con lo cual, el crédito de los accionantes vino a constituir un derecho adquirido -según pacifica doctrina de la CSJN-, tornándose tal derecho inalterable e insusceptible de ser suprimido por ley posterior, so pena de conculcar el derecho de propiedad consagrado por la CN art. 17 (fallos, 314:1477; 316:2090 y 317:1462); procede destacar, además, que el acatamiento de las normas preestablecidas genera un clima de seguridad en el cual los particulares conocen de antemano las reglas a las cuales se sujetara la actuación de los gobernantes, de manera que la conducta de estos sea previsible (cfr. CSJN, 5/3/03, "San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ Acción de Amparo"), de lo que se sigue que la seguridad jurídica se resentiría gravemente si se admitiera que los efectos de una norma dictada con una finalidad precisa -intangibilidad de los depósitos, para alentar a los particulares a mantenerlos-, puedan ser desconocidos, trastornándose las relaciones patrimoniales.
Contrato de suministros, ley supletoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ecla S.A. c/ D.E.B.A. s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-10

En los casos de contrataciones administrativas deben aplicarse ante todo las normas administrativas que contemplen la cuestión, pero, cuando no hubiere una norma administrativa expresa, ni principios de derecho administrativo aplicable en la especie, corresponde recurrir a las normas y principios del derecho privado civil, los que se aplican por analogía con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia que constituye la sustancia de estas últimas disciplinas.
Juicio de desalojo, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Peruca, Ernestina c/ Jaime, Norberto R. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

En el juicio de desalojo, los meses de ocupación posteriores al vencimiento del plazo contractual o legal, no pueden ser tenidos en cuenta a los efectos de conformar la base regulatoria establecida en el art. 40 de la ley 8904, salvo que exista una prórroga expresa convenida por las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo eventual, prueba del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ABREGU, MERCEDES c/ HOTELES SHERATON DE ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-30

Para que se admita la modalidad caracterizada por el art. 99 LCT, que es una excepción, no basta con que la trabajadora haya sido contratada por intermedio de la bolsa de trabajo administrada por el sindicato, sino que se deben probar cuáles son los servicios extraordinarios determinados de antemano o las exigencias transitorias de la empresa, explotación o establecimiento.
Tribunales provinciales, competencia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Ascencio, Roberto c/ A.T.E. s/ Recurso de Amparo - Medida de no Innovar - Apelación Auto  Interlocutorio.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-03

El art. 63 ibid de la ley 23.551 dispone la competencia de los jueces de las respectivas jurisdicciones en los casos de las acciones previstas en el art. 47, de donde se sigue que los jueces y tribunales provinciales, como excepción, actuarán en los conflictos intrasindicales en que se difiere su entendimiento a los jueces nacionales.
Aborto, secreto profesional, sobreseimiento
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FARFAN ELSA s/ ABORTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-08-11

No corresponde instruir sumario judicial en contra de la mujer que ha ya causado su propio aborto o consentido en que otro se lo causare sobre la base de la "notitia criminis" o denuncia expresa o implícita efectuada por un profesional del arte de curar que haya conocido el hecho en ejercicio de su profesión o empleo, sea o no oficial, sin que pueda hacerse extensivo dicho obstáculo a los co autores, instigadores o cómplices.
Indemnización por despido, despido por imputación de delito, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: LUNA, ROBERTO c/ BAJ SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-28

En principio, el resarcimiento tarifado cubre todos los daños derivados del despido arbitrario, incluidos los padecimientos producidos por la invocación de una injusta causa. La indemnización civil, solo resulta procedente en los casos en que el despido vaya acompañado de una conducta adicional que resulte civilmente responsable. En el caso concreto procede, toda vez que al actor no sólo se le imputó un delito que no pudo demostrarse, sino que también se lo sometió a la situación de tener que desvestirse delante de los compañeros y las autoridades de la empresa a fin de buscar entre sus ropas los elementos del hecho ilícito imputado.
Hipoteca, autorización judicial
Materia: CIVIL
Carátula: VILLALBA ADELAIDA s/ SUCESION - PIEZA SEPARADA - RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-07-31

La capacidad de administradores de bienes sucesorios para constituir hipoteca sólo se encuentra condicionada por el art. 3390 del Código Civil, que expresamente establece la facultad del "heredero beneficiario', de constituir hipotecas con autorización del juez de la causa (interpretación a contrario sensu).

Incluso olvida e "a-quo" que aún pueden los administradores judiciales realizar, previa autorización judicial, actos de disposición de bienes, si así lo aconsejan las circunstancias del caso, en la administración, como venta de frutos y productos e incluso de inmuebles.
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arriola, América c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

El dato esencial que sustenta el sistema jubilatorio es la real prestación de servicios, siempre que se hubiesen cumplido de modo de permitir la liquidación de las retribuciones correspondientes.
Ley sobre riesgos del trabajo, interpretación de la ley, enfermedad profesional, enfermedad accidente, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: Ledesma, Alberto R. c/ Municipalidad de Rafaela s/ Ordinario (Expte Nro. 10-02, Resolución Nro. 188, Tomo 9, Folio 131)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-19

Los artículos 21 y 22 de la ley 24.557 atribuyen competencia a las comisiones médicas para determinar la naturaleza laboral del accidente o el carácter profesional de la enfermedad, para definir el carácter y grado de la incapacidad y para fijar el contenido y alcances de las prestaciones en especie, así como también para revisar el tipo, carácter y grado de la incapacidad y resolver cualquier discrepancia en las materias de su competencia, entre la ART y el damnificado o sus derechohabientes... No obsta a lo concluido que el actor pretenda la reparación por la vía del derecho civil, ya que sobre el particular rige lo que dispone el inc. 1) del art. 39 de la ley 24.557 y no se ha demostrado que la aplicación de esa norma al caso de autos comporte la postergación o frustración de los derechos a la reparación.
Medidas cautelares, medida de no innovar, Administración Pública
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: T.V. Cable Andalgalá S.R.L. c/ Municipalidad de la ciudad de Andalgalá s/ Acción declarativa de certeza y de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-11-25

Bajo el título de medida cautelar de no innovar, la actora solicita que la Municipalidad de Andalgalá se abstenga de librar boleta de deuda y de iniciar ejecución fiscal contra la empresa T.V. Cable por la utilización y ocupación de espacios de dominio público municipal. Analizadas las constancias de autos no se advierte la concurrencia de los requisitos ineludibles para la viabilidad de la medida cautelar de no innovar solicitada; no se ha demostrado la existencia del daño que se aduce ocasionar, ya que el mismo debe ser de tal magnitud que no pueda ser reparado ni revisado con posterioridad; tampoco existe la concurrencia del peligro en la demora ya que se trata de una cuestión de carácter netamente patrimonial; en cuanto a ello, la C.S.J.N ha dicho que : "como la acción de mera certeza está destinada por su índole a abocarse en la declaración del derecho, en su marco no se configura, en principio, el requisito del peligro en la demora, exigible para la procedencia de medidas cautelares, máxime cuando en el caso las consecuencias que podría derivar para la actora son de estricto contenido patrimonial y ésta podría obtener la pertinente reparación -por el medio procesal que corresponda- en caso que resultare de la decisión final de la causa, que la actividad estatal le hubiere causado un daño injustificado". En consecuencia, y ante el gravísimo perjuicio social que causa la ilegítima afectación del régimen de los ingresos públicos causada por excesiva e injustificada demora para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, este Tribunal concluye que no se encuentran reunidos los presupuestos que la ley procesal exige para la viabilidad de la medida precautoria solicitada.
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: P., G. D. c/ O., M. S. y/o quien resulte responsable de los comercios "M. B." y "K" s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-24

Cada parte debe probar los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende, ya que la actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés y de esa actividad procesal depende producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos, pudiendo el litigante llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una conducta omisiva.
Trabajadores marítimos, indemnización por despido, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: VALDIVIEZO, JORGE c/ NAVIGAS SACIM. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-12-17

Las exigencias necesarias para adquirir el carácter de trabajador efectivo contempladas en el artículo 1 del CCT. 370/71, No han sido modificadas por el artículo 25 del CCT. Numero 256/75, por cuanto la antigüedad reconocida o computada por el empleador a los fines de esta ultima norma, lo es al solo efecto del beneficio contemplado en la misma.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Reynoso, Petrona Elma c/ Carpachay, Regino s/ Formación de Título por Prescripción Veinteañal - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-03-20

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones, que confirma el decisorio del juez de primera instancia, que rechaza la acción de formación de título por prescripción.

Dentro del marco de los requisitos establecidos por el art. 299 del CPC, se encuentra la exigencia de la debida fundamentación del recurso, por lo cual la crítica debe estar directamente relacionada con la causal o causales que intenta el impugnante basar su alegato y los fundamentos del fallo.

Analizada la presentación del recurrente en ese orden, se advierte con meridiana claridad la ausencia del requisito de forma mencionado, ello en razón que el memorial de agravios en su carátula enuncia las tres causales de impugnación previstas por el art. 298 del CPC, como también en el desarrollo del mismo, pero luego en la exposición del recurso se ha limitado al desarrollo de la causal de arbitrariedad únicamente, quedando por tanto sin el debido desarrollo las dos causales restantes, lo que conduce a una falta de fundamentación autónoma manifiesta.

En relación a la causal de arbitrariedad, el recurrente asienta la crítica en cuestiones relativas a prueba, como es la valoración efectuada por el tribunal de alzada para llegar a la conclusión que en autos no se encuentra acreditada la posesión a los fines de la formación de título por prescripción. El impugnante intenta remitir a un re-examen de las pruebas, lo cual es una actividad ajena en principio al recurso extraordinario de casación, como lo ha venido sosteniendo en forma reiterada y permanente esta Corte de Justicia, quedando limitada su competencia a aquellas situaciones donde el vicio del absurdo se configura claramente con el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o del razonamiento. Tal extremo de excepción no fue expuesto en el recurso, ni resulta perceptible de la lectura de la sentencia impugnada, por el contrario el fallo cuenta con fundamentos suficientes, por lo que no es factible hacer una excepción al principio y rever en casación la valoración realizada por los jueces de grado.

Asimismo se observa el incumplimiento de las disposiciones establecidas por la Acordada 4070/08 dictada por este Tribunal, que reglamenta la presentación del recurso de casación, en la que expresamente dispone los recaudos formales que debe tener a los fines de su viabilidad. Por lo precedentemente expuesto el recurso debe rechazarse por ser manifiestamente inadmisible ante la ausencia de los requisitos básicos del recurso extraordinario de casación.
Cómputo de servicios, evasión previsional, obligación de denunciar, inconstitucionalidad, vicio de irrazonabilidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLA, JUANA DAMIANA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SERVICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-23

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 25 de la ley 18.037 toda vez que al imponer al trabajador dependiente, en caso de incumplimiento del depósito de aportes y contribuciones por parte del empleador, la obligación de denunciarlo ante el organismo previsional so pena de que no se le reconozca los servicios correspondientes, se aparta del requisito de razonabilidad establecido por el art. 28 de la C.N., colocando al potencial beneficiario ante una disyuntiva irrazonable toda vez que si efectúa la denuncia no resulta arriesgado suponer que perderá su trabajo, y en caso de no hacerla perderá su derecho a que se le computen y reconozcan esas tareas, colisionando de esa forma con el derecho a los beneficios de seguridad social que el art.

14 de nuestra Carta Magna consagra. (Del voto del Dr.

Laclau).
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Carenzio, Antonio s/ Tentativa de robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad que denuncia la transgresión del art. 159 de la Constitución provincial si con toda evidencia se advierte que las citas legales contenidas en la sentencia incurren en un error numérico fácilmente advertible del contenido de la misma que no impide tenerla fundada en ley.
Competencia, competencia federal, contrato de transporte, transporte terrestre, retención indebida
Materia: PROCESAL
Carátula: TAKACS DE PEREMIANSKY c/ TRANSPORTES UNION FORMOSEÑA  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-21

Dado el carácter restrictivo del fuero federal, para abrir su competencia debe tratarse de cuestiones vinculadas al transporte terrestre. Conforme las disposiciones de la ley 13998: 42-A. En consecuencia, si el reclamo deriva de una operación relacionada con las actividades de empresa de transporte de la demandada y su causa no comprende el incumplimiento del acto o del contrato relativo a la prestación del transporte. No corresponde la intervención de aquellos tribunales.

No resulta de aplicación la norma legal citada cuando la acción intentada no proviene del incumplimiento del contrato de transporte celebrado entre las partes, sino de la retención indebida del importe abonado por un tercero, en virtud del mandato otorgado por la actora.
Aplicación de la ley, competencia laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: IRIBARNE, LEON MIGUEL c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Acordada 75 (26/11/96) estableció los parámetros a tener en cuenta a los fines de lo dispuesto en el art. 7 de la ley 24.655, a partir de esa fecha. En particular, y respecto a los expedientes radicados ante el fuero del trabajo, dicha acordada estableció una clara línea divisoria al decir que "Las causas continuarán tramitando ante los Tribunales en que se encuentren actualmente radicadas, hasta su completa terminación" (art. 2). En consecuencia, tratándose de una actuación que se encuentra comprendida en este supuesto, corresponde devolver las actuaciones a la Excma. Cámara Nacional Apelaciones del Trabajo, invitándola a reasumir su competencia o de lo contrario, remitirlas a la Corte Suprema de Justicia para que dirima el conflicto.
Actualización monetaria, índices de actualización, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: DAEN CONSTRUCCIONES S.R.L c/ GESTOSO ROBERTO s/ SUMARIO SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-17

El Juez no se encuentra constreñido a escoger un índice determinado, pudiendo definirse por el que en su interpretación resulte el más apto para cubrir el proceso del continuo deterioro del signo monetario. Únicamente en el supuesto de apartarse el Juzgador de los índices oficiales del INDEC debe expresar las razones que justifican dicho apartamiento, pero si el Juez se pronuncia por un índice oficial determinado, el interés del acreedor se encuentra debidamente a cubierto con un indicador oficial.