Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-14


GROSSI, Juan Domingo contra ACINDAR S.A.

Reg.: A y S t 211 p 165-170.

Santa Fe, 14 de diciembre del año 2005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia del 6 de mayo de 2003, dictada por la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario en autos "GROSSI, Juan Domingo contra ACINDAR S.A. sobre Acción Civil (Expte. 384/01)" (Expte. C.S.J. n 263, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante decisorio de fecha 6 de mayo de 2003, la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en lo que aquí concierne, admitió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocó el fallo de primer grado de conocimiento en cuanto rechazaba la compensación propuesta por la accionada, y declaró cancelada la deuda aquí reclamada con el pago efectuado al actor como gratificación en oportunidad de su retiro de la empresa (fs. 1/10).

Contra aquel pronunciamiento deduce el accionante recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1, inciso 3, de la ley 7055. Afirma que el Sentenciante arremetió contra la ley, la doctrina y la jurisprudencia imperante, lesionando su derecho de propiedad, las garantías de defensa en juicio y del debido proceso, la igualdad ante la ley, y el principio de razonabilidad (fs. 11/66).

Los vicios descalificantes que el recurrente endilga al pronunciamiento son, en síntesis, los siguientes: a) Violación de normas del Código Civil: Aduce que, de conformidad con lo normado por el artículo 818 del Código Civil, es requisito para que opere la compensación de las obligaciones, que ambas personas reúnan la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, circunstancia que considera ausente en la especie, dado que Grossi no era deudor de la empleadora.

Menciona que el artículo 819 del referido digesto expresa que: "Para que se verifique la compensación, es preciso que la cosa debida por una de las partes, pueda ser dada en pago de lo que es debido por la otra; que ambas deudas sean subsistentes civilmente; que sean líquidas; ambas exigibles; de plazo vencido, y que si fueren condicionales, se halle cumplida la condición", indicando que en el caso que nos ocupa, no solo el actor no es deudor de la empresa, sino que además las supuestas deudas no son líquidas, ni exigibles, ni de plazo vencido, ni se ha cumplido la condición, y que por todo ello no hay compensación.

Apunta que otro de los requisitos de la compensación es que ambas deudas consistan en cantidades de dinero, o cosas fungibles entre sí, de la misma especie y calidad, en función de lo dispuesto por el artículo 820 del mismo Código, requisitos que -dice- tampoco se dan en el "sub lite".

Resalta la importancia del artículo 825 del Código Civil -que establece que no son compensables las deudas de alimentos-, coligiendo que no puede proceder la compensación en estos autos por tratarse, precisamente, de deudas alimentarias. Transcribe los artículos 773, 774 y 775 del Código Civil.

Expresa que en el caso no ha mediado dolo, violencia, ni sorpresa del acreedor, y que no existió un pago a cuenta en los términos del artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues no surge del acuerdo imputación específica a indemnizaciones de la ley de accidentes de trabajo, exigencia expresa que resulta ineludible para otorgarle ese carácter en los artículos 773 y siguientes del Código Civil.

b) Violación a las normas de la Ley de Contrato de Trabajo: Entiende que el fallo de la Sala contraría los principios consagrados en los artículos 7, 14 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo; indica que el mentado artículo 7 reza: "Las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley"; dice que el aludido artículo 44 prevé la sanción de nulidad, aun sin mediar petición de parte; agrega que según el artículo 131 de la misma ley no podrá compensarse suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones, y que según el artículo 149 del mismo cuerpo, las disposiciones del capítulo correspondiente rigen respecto de las indemnizaciones debidas al trabajador o a sus derechos habientes, con motivo del contrato de trabajo o de su extinción.

Cuestiona que la sentencia impugnada haya aplicado el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo en desmedro y contraposición con lo establecido por las normas citadas en precedencia.

c) Violación a los artículos 13 y 22 de la ley 23643 y de los artículos 11 y 13 de la ley 24028: Considera que el supuesto mutuo acuerdo (art. 241 L.C.T.) no podía ser objeto de transacción o renuncia alguna de indemnización por accidentes de trabajo y tenía el privilegio y franquicia del crédito por alimentos, por lo cual no puede sobreentenderse que dicho supuesto acuerdo incluía tales indemnizaciones, que tenían otra regulación (ley 23643). Manifiesta que, para que la gratificación fuera imputable a indemnizaciones por infortunios de trabajo, la accionada debería haber efectuado el correspondiente depósito en el juzgado o repartición administrativa del trabajo. En punto a ello, señala que en nada varía la situación el hecho de que el actor hubiera elegido accionar por la ley común.

Concluye que, darle al pretendido mutuo acuerdo la interpretación que le da el Tribunal, es ir contra el texto expreso de las leyes 23643 y 24028.

d) Violación del principio de igualdad ante la ley: Sostiene que, al haber hecho lugar el fallo impugnado a la compensación, incurrió en una seria discriminación, violando el principio de igualdad ante la ley, pues solo gozaría de una verdadera gratificación el trabajador sano, resultando perjudicado aquél que es víctima de una incapacidad derivada del trabajo. Cita jurisprudencia vinculada a casos similares al "sub lite", y hace notar que la conducta de la accionada en otros juicios fue de no cuestionar en instancia extraordinaria el rechazo a la compensación, y muchas veces -aun con posterioridad al caso "Gatarri" de la Corte nacional- ni siquiera lo cuestionó en la Alzada, aceptando que lo entregado al egreso fue por rubros laborales y que nada tenía que ver con ello la indemnización de incapacidades laborativas. Postula la aplicación de la doctrina de los actos propios, que -a su juicio- desvirtúa en la especie la referida compensación.

e) Interpretación inadecuada del convenio: Plantea que el Tribunal otorgó un alcance inadecuado al convenio, pues la jurisprudencia ha dicho que los acuerdos en los que se deja constancia de que nada más tiene que reclamar el trabajador, no incluyen la indemnización por incapacidades derivadas del trabajo, y -a su criterio- ello torna a todas luces improcedente la compensación practicada en el "sub examine". Dice, también, que el supuesto convenio o mutuo (art. 241 L.C.T.) y el pretendido pago a cuenta (art. 260 L.C.T.) solo pueden y deben aplicarse dentro del marco de la Ley de Contrato de Trabajo, pero nunca a incapacidades laborativas -que tienen otra regulación jurídica-.

f) Solución contraria al plenario "Aizaga", a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y a jurisprudencia actual: Afirma que se viola el plenario "Aizaga" (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 25/8/82, D.T. 1982, B, 1341), en el cual se sostuvo: "La manifestación del trabajador en un acuerdo conciliatorio de que nada más tiene que reclamar del empleador por ningún concepto emergente del vínculo laboral que los uniera no comprende la acción fundada en el artículo 1113 del Cód. Civil"; "...Si se trata de los reclamos fundados en las leyes especiales de accidentes, la solución no podría ser distinta. No obstante todo ello, cabría considerar la posibilidad de que la declaración liberatoria contemple expresamente los reclamos por accidentes, ya sea del derecho común o de la ley especial...En ambos casos, la cuestión sólo podría tener cabida en el marco de lo dispuesto por los artículos 13, inc. 4 y 15 de la ley 24028 (DT, 1191-B, 2352)...".

Aduce que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, ha mantenido en los últimos años la doctrina legal según la cual "es nulo el pago anticipado de sumas de dinero que se pretenden imputar a las indemnizaciones derivadas de la ley de accidentes de trabajo 9688 efectuado en forma directa al trabajador..., al obviarse la transferencia y posterior percepción a través de la caja de accidentes según lo impone el artículo 9 de la ley 9688 y su modificatoria...". Transcribe, asimismo, jurisprudencia que considera aplicable, emanada de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El impugnante hace hincapié en que existen importantes diferencias entre el presente caso y el precedente "Gatarri" de la Corte nacional, que derivan en que la doctrina de este último no pueda ser aplicada en esta causa, porque tiene aristas diferentes.

g) Interpretación que restringe o niega derechos y garantías constitucionales: Entiende que el fallo atacado, al privar al actor de una indemnización prevista legalmente, es contrario a los preámbulos tanto de la Carta Magna local como de la Constitución nacional, pues no hace operativo el principio constitucional de "afianzar la justicia", priva de tutela al "valor justicia", no estimula ni dignifica el trabajo, no fomenta la cooperación y solidaridad sociales, ni promueve el "bienestar general".

Considera que, además, viola el sistema republicano de gobierno y el principio de división de poderes, pues el "A quo" dejó de lado lo dispuesto por las leyes laborales y civiles, e hizo su propia ley, invadiendo la esfera de atribuciones de otro poder del Estado, el legislativo.

Finaliza aseverando que el acuerdo recurrido también viola los artículos 14, 14 bis, 17, 18, 19, 20 y 31 de la Ley Fundamental de la Nación y los artículos 6,7, 8 y 23 de la Constitución provincial.

Por auto del 24 de diciembre de 2003, el Tribunal denegó el remedio extraordinario intentado (fs. 76/78), lo que motivó la presentación directa del actor ante esta sede (fs.

81/138).

2. De la confrontación del memorial recursivo con la sentencia atacada surge que el impugnante no logra esbozar la formulación de planteos de jerarquía constitucional idóneos para el franqueamiento de esta instancia de excepción, transitando los agravios vertidos por el carril de la mera discrepancia con lo resuelto por la Alzada.

Así, la liminar lectura del escrito introductor del recurso de inconstitucionalidad evidencia que el perdidoso, en esencia, discrepa con el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional en la solución dada al "sub júdice", intentando hacer prevaler su propio enfoque opuesto al de la Sala, asentado todo ello en su particular apreciación de los hechos y de la interpretación de las disposiciones normativas aplicadas; mas sin lograr persuadir a este Cuerpo de que en tal labor -más allá de su grado de acierto o error- el Judicante se hubiese apartado de los parámetros fácticos y jurídicos con que contaba para evaluar que resultaba receptable la pretensión de la demandada de compensar la gratificación especial recibida por el actor al extinguirse por mutua voluntad el vínculo laboral.

Para arribar a esa conclusión, el A quo entendió que "...es claro que la escritura pública da cuenta de la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, en los términos del artículo 241 LCT y el mismo actor en ningún momento alegó la existencia de vicio formal o sustancial (vicios de la voluntad) que lo afecte...nada in Frente a ello, cabe afirmar que podrá o no compartirse la solución a que arribara la Alzada, pero lo cierto es que el recurrente no logra persuadir con su planteo que resulte irrazonable el criterio adoptado por el Juzgador en torno a la posibilidad de compensar, discurriendo los agravios por la senda de la mera disconformidad con lo decidido.

Así pues, el quejoso no aporta razones en esta sede que convenzan de que la interpretación de la situación fáctica y normativa efectuada exceda los márgenes de legalidad y razonabilidad tolerados que permitan considerarla inadmisible, resultando insuficientes sus alegaciones vinculadas a la violación de normas del derecho civil, laboral o constitucional, o apartamiento de cierta doctrina o jurisprudencia. Ello es así, pues el planteo recursivo solo refleja el intento del compareciente de imponer su propio criterio interpretativo respecto de la solución que correspondería dar al caso, mas sin lograr acreditar la configuración de la arbitrariedad endilgada.

En orden a desestimar los planteos del impugnante, es dable apuntar que esta Corte ha señalado en el antecedente "Wagner" (A. y S., T. 210, págs. 62/69), que: "...si del acuerdo de voluntades extintivo de la relación de trabajo surge la posibilidad de compensar lo abonado en el futuro, es razonable suponer que ha sido tenida en miras la posibilidad cierta de que reclamos derivados de circunstancias hipotéticas o eventuales se produzcan.

Ahora bien: el posterior reclamo podría originarse en una incapacidad derivada de algún accidente o una enfermedad, lo cual no dependerá necesariamente de que se hubiera previsto específicamente la compensación futura de un reclamo derivado de tales rubros, dicho esto último a la luz de la interpretación de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 'Gatarri', ya que en este antecedente además de validarse la posibilidad de compensar, el Alto Cuerpo no se detuvo en el razonamiento opuesto que parte de la imposibilidad de compensar lo que podría ser consecuencia de una enfermedad o un accidente que no fuera conocido al momento de la celebración del acuerdo...".

También se destacó, en el citado precedente, que: "...de la lectura de lo resuelto en 'Gatarri', no se advierte que hubiese sido un elemento íntimamente vinculado a la voluntad decisoria del más Alto Cuerpo la inclusión en el acuerdo de los reclamos indemnizatorios basados en la ley 9688, dado que si bien hizo mención de tal circunstancia, en párrafo posterior aludió a que el pago realizado era genéricamente compensable 'con todo crédito' que tuviese el actor con motivo de la disolución del vínculo contractual...".

Se sostuvo, además, con relación a que en el caso "Gatarri" el acuerdo se habría celebrado ante una Delegación del Ministerio de Trabajo, que "...no pudo dejar de considerarse el acuerdo celebrado por las partes como pago a cuenta de lo adeudado con motivo de la relación habida, aunque no hubiera reunido las formalidades consideradas por el más Alto Tribunal, en tanto ha sido reconocido por las partes, no ha sido atacado por algún vicio que pudiera haberlo afectado, y porque además a tenor de lo dicho en 'Gatarri' atinente a que si bien el acuerdo se había celebrado ante la autoridad de aplicación, no contaba con la homologación pertinente, es razonable considerar que se debilita la relevancia de la intervención de la referida autoridad...".

Y, finalmente, se dijo en "Wagner", y puede reiterarse sin lugar a dudas para estos autos, que "no se advierte que se hubiese en modo alguno limitado la potestad del agente de reclamar lo que creyera pertinente, con lo cual quedarían a resguardo tanto el orden público laboral como la irrenunciabilidad consagrada".

En definitiva, todo lo expuesto conduce a concluir que no existe en el "sub examine" una cuestión constitucional aprehensible que legitime el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte. Es que, como se dijo, la conclusión a que arribó la Sala podrá o no compartirse, pero en la medida en que no implica un palmario apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)