Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-07-31


///MA, de julio de 2014. VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: CURAQUEO, Carmen Beatriz y Otros s/Queja en: CARRASCO, Nicolás Alberto y CÁRDENAS, Sergio Jorge s/Vtma. Homicidio (Expte.Nº 26849/13 STJ), puestas a despacho para resolver, y CONSIDERANDO:- Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.

La señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:- 1.- Antecedentes del caso:- 1.1.- Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 489, del 22 de octubre de 2013, la Cámara Segunda en lo Criminal de la IIIª Circunscripción Judicial resolvió en lo pertinente- rechazar la apelación interpuesta por la doctora Marina Schifrin apoderada de los querellantes Carmen Curaqueo, Ricardo Abel Carrasco, Gabriela Beatriz Curaqueo y Ricardo David Carrasco- contra los proveídos de fecha 24 de junio de 2013 (fs. 2580), 7 de agosto de 2013 (fs. 2696), 16 de agosto de 2013 (fs. 2703) y 3 de septiembre de 2013 (fs. 2720). Contra lo decidido, la doctora Marina Schifrin, apoderada de los querellantes supra citados, dedujo recurso de casación, cuya denegatoria motiva la queja en examen.

1.2.- Del expediente principal surge que la recurrente solicitó al Juez de Instrucción que se ordenara el diligenciamiento de medidas de prueba (averiguar números de teléfonos de testigos para luego poder establecer horarios de llamadas y consecuente obtención de cartuchos de escopeta que posiblemente utilizó la policía) y la citación a prestar ///2.- declaración indagatoria del empleado policial Víctor Cañupal (en función de una declaración testimonial que lo identificaría en el homicidio de Carrasco fs. 2574/2575 vta., expte. ppal.-).

El magistrado resolvió respecto del pedido de declaración indagatoria de Víctor Cañupal, y toda vez que de las promociones de acción del Ministerio Público Fiscal no surge una imputación en contra de dicha persona por la muerte de Nicolás Carrasco, remítase al Agente Fiscal, para que en el caso que lo considere, amplíe su requerimiento de investigación [] En relación a las medidas propuestas, toda vez que Ricardo Patricio Aballay no reviste el carácter de imputado, no ha lugar (fs. 2580, expte. ppal.).

El Agente Fiscal no amplió la promoción de acción penal respecto de Víctor Cañupal, remitiéndose al hecho descripto a fs. 2038/2079, punto 7 (fs. 2068/2069) (fs. 2693, expte. ppal.).

La doctora Schifrin en el carácter invocado- interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio (fs. 2691/2692 vta.), a lo que el Juez de Instrucción decretó no hacer lugar a la reposición intentada (ratificando los argumentos expuestos) y, a la apelación planteada, toda vez que la denegación de medidas de prueba no resulta susceptible de recurso, de conformidad al artículo 184 del Código Procesal Penal (fs. 2696, expte. ppal.).

Contra esta última resolución, la apoderada de la parte querellante interpuso recurso de apelación (fs. 2701, expte. ppal.).

///3.-- El magistrado proveyó: A la apelación presentada por la Dra. Schifrin respecto del rechazo del llamado a indagatoria, y de la denegatoria de producción de pruebas, no obstante tener presente que el Código Procesal no prevé la posibilidad de recurso, considerando la jurisprudencia de ambas Cámaras del Crimen que han tratado situaciones como las planteadas, a fin de no vulnerar el debido proceso, concédaselas en relación (fs. 2703, expte. ppal.).

En el trámite del recurso de apelación, el Fiscal de Cámara dictaminó que el mismo no puede prosperar en concordancia con los argumentos del Juez de primera instancia (fs. 2737/2738, expte. ppal.).

Luego, la Cámara en lo Criminal realizó una reseña de las actuaciones, señaló que subsisten hoy: el requerimiento de fs. 51/52 de fecha 23/06/2010 y el de fs. 2038/2079 que es la especificación del avance de la investigación y concluyó:

No habiéndose determinado la pertinencia y utilidad de la medida de prueba solicitada por la querellante que motivara el decreto cuestionado obrante a fs. 2696 de fecha 07/08/2013, cabe ratificar lo allí dispuesto por el juez instructor declarando mal concedido el recurso conforme lo normado por el art. 184 del rito.

Asimismo, dijo compartir plenamente los fundamentos del a quo al resolver la denegación de la solicitud de citación a indagatoria (fs. 2741/2753).

2.- Fundamentos del juicio de admisibilidad formal del recurso:- Al desestimar la casación, el a quo sostuvo que se recurre un resolutivo que rechaza medidas de prueba, por ///4.- lo que resulta formalmente inadmisible toda vez que la resolución que se ataca no reúne en modo alguno las características de sentencia definitiva ni tampoco situación que resulte equiparable.

3.- Argumentos del recurso de hecho:- En su recurso de queja, la doctora Marina Schifrin, invocando el carácter de apoderada de los querellantes antes mencionados, solicita que se declare admisible el recurso de casación, ordenando oportunamente que se investigue el homicidio de Nicolás Carrasco dejándose sin efecto las resoluciones que impiden la investigación denegando medidas de prueba.

Refiere que la inobservancia de las leyes sustantivas derivó en el rechazo de todas las medidas de prueba solicitadas por esa querella para establecer quiénes son los autores (materiales o intelectuales) del homicidio de Nicolás Carrasco, impidiendo su investigación, toda vez que no hay ninguna medida de prueba pedida por el Agente Fiscal para avanzar en el esclarecimiento del hecho y la participación del crimen.

Argumenta que el impedir que se investigue un homicidio (nótese que se han pedido medidas de prueba para dilucidar quién o quiénes mataron a Carrasco), es un acto procesal que pone fin a la acción penal ya que mucho antes del término de prescripción de la pena, se está decidiendo la clausura de la investigación. Porque si no se permite citar a prestar declaración indagatoria a un empleado policial que fue reconocido por un testigo como uno de los que disparaban desde la esquina de Elordi y Osés de ///5.- Bariloche en el momento que cayó Carrasco, ni se permite establecer si existieron llamadas telefónicas entre el policía que adquirió las balas con postas de plomo en la empresa Prosegur antes de la muerte de Carrasco (ya que en ese caso existiría un importante indicio de que esos son los proyectiles que dieron muerte a Carrasco), ni se permite conocer si existieron llamadas telefónicas con órdenes directas sobre la represión ilegal entre los empleados policiales y sus superiores jerárquicos llegando hasta Víctor Cufré, y además, no hay medida alguna pedida por el Agente Fiscal para investigar el homicidio de Carrasco, entonces, se está cerrando de hecho la investigación, impidiendo que mis mandantes tengan derecho a un recurso efectivo ante la justicia para esclarecer el asesinato de su hijo y hermano, configurándose además la denegación de justicia.

Afirma que se vulneraron artículos de la Constitución Nacional, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por último, solicita se case la resolución recurrida ordenando que se investigue el homicidio de Nicolás Carrasco.

4.- Análisis y solución del caso:- 4.1.- He de adelantar mi criterio negativo al progreso del recurso de queja en estudio, en tanto la querella no logra refutar el argumento denegatorio sustentado en la falta de definitividad de lo resuelto y ello impide habilitar esta vía.

///6.-- Así, se ha establecido en numerosas oportunidades que por imperio de la taxatividad del art. 430 del rito, la casación solo puede deducirse contra las sentencias definitivas o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

Condición que no se presenta en el caso, toda vez que, tal como se reseñara en los antecedentes, se trata de un interlocutorio de la Cámara en lo Criminal que por vía de apelación ha ratificado o confirmado un decreto del Juez de Instrucción por el cual no se ha hecho lugar a medidas solicitadas por la aquí recurrente, relacionadas con medios de prueba y convocatorias a declarar en indagatoria.

La equiparación de la decisión impugnada a sentencia definitiva solo sería posible ante la comprobada existencia de un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, lo que no ha demostrado con suficiencia la quejosa, quien tampoco explica de modo claro y suficiente cómo los artículos de la Constitución y los tratados internacionales de igual jerarquía que dice vulnerados estarían siendo afectados en el estado actual del trámite.

La sola invocación de arbitrariedad o la simple enunciación de garantías constitucionales pretensamente vulneradas, en el marco de este remedio de hecho que está diseñado para demostrar que se le ha declarado incorrectamente inadmisible el recurso extraordinario de casación-, no resulta idóneo para superar el obstáculo derivado de la ausencia de definitividad de la resolución casada.

///7.-- En consecuencia, el presente recurso de hecho no se autoabastece y de modo liminar se advierte que tampoco se han invocado siquiera tangencialmente- circunstancias que permitieran excepcionar la prenotada taxatividad. Para lo cual, sabido es que resulta excepcional y permite dejar de lado ápices procesales o recaudos formales, la debida fundamentación de circunstancias que demuestren gravedad institucional.

Cabe recordar, en la doctrina judicial de la Corte Suprema de la Nación, que el concepto de gravedad institucional remite a una télesis de salvaguarda de la supremacía del orden constitucional y aseguramiento de la vigencia de las instituciones fundamentales de la República (CSJN en Jorge Antonio, del 28/10/1960; Penjerek, Norma, en JA, 1963,VI,249); o en supuestos en que la solución alcanzada exhiba deficiencias, susceptibles de afectar una irreprochable administración de justicia (Fallos 257:132); o cuando se atienda a la adecuada preservación de los principios de la Constitución y en particular del objetivo de afianzar la Justicia (causa Todres, Isaac, resuelta el 18/08/71, y causa Industria automotriz Santa Fe S.A., resuelta el 18/01/71); o en situaciones donde los fundamentos del recurso revistan un interés institucional que excede al de los recurrentes (Toculescu, Esteban).

El concepto, conveniente es decirlo, ha sido validado pretorianamente tanto para sortear requisitos procesales que impedían acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el recurso extraordinario federal como también para dar sustento a la facultad del máximo Tribunal nacional de ///8.- conocer y decidir por vía de per saltum, aun sin ley que lo regule.

En lo que atañe al recurso extraordinario declarado admisible por advertirse gravedad institucional, cabe recordar que, a diferencia de la arbitrariedad que se circunscribe al agravio individual que ocasiona la sentencia injusta, la doctrina de la gravedad institucional supera el radio de aquella, exigiendo que el supuesto interés lesionado, posea una incidencia institucional, social o comunitaria, adquiriendo de este modo el recurso extraordinario federal una amplitud tuitiva que antes no gozaba, al encontrárselo también como medio idóneo destinado a custodiar las instituciones republicanas y convencionales, y el orden jurídico, o la renta pública; circunstancias todas que trascienden el mero interés personal de los litigantes agraviados (conf. S.B. Palacio de De Caeiro, El Recurso Extraordinario Federal, Ed. La Ley; CSJN Fallos 303:221; 304:1242; 305:2067; 312:575).

[] Debe rechazarse la existencia de un supuesto de gravedad institucional, si no se demuestra que la intervención de la Corte tuviera otro alcance que el de remediar eventualmente- los intereses de la parte. (CSJN., Luque, Guillermo Daniel y Tula, Luis Raúl s/homicidio preterintencional causa nº 117/94-., del 26/11/2002); Procede el recurso extraordinario cuando la materia en debate intervención de la Corte Suprema o de la justicia federal- configura una situación de evidente gravedad institucional que excede el mero interés de los litigantes y atañe a la comunidad toda. (CSJN., Pcia. del Chaco c/Parra ///9.- de Bosco, Ana M. y otros s/expropiación expte. 6214/99 s/inhibitoria, del 6/03/2001); La Corte Sup. ha desestimado la existencia de esta causal cuando lo resuelto no excede el interés individual de las partes o del apelante ni atañe en modo directo a la comunidad (Fallos: 303:962; 304:848; 308:206) o no compromete instituciones básicas de la Nación (Fallos: 307:973) (STJRNS1 28/12 R.H.F.).

Concretamente, la gravedad institucional se manifiesta cuando la cuestión excede el mero interés de las partes del proceso y tiene entidad como para comprometer la buena marcha de las instituciones. Dicha cuestión debe tener virtualidad para afectar el interés de toda la comunidad o principios del orden social, o proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano.

Con relación a ello, nada ha expuesto la parte querellante al elevar su queja a este Cuerpo.

Por consiguiente, el análisis a realizar está dado en los límites de los argumentos que, como se adelantara, carecen de contundencia para demostrar que el recaudo de admisibilidad ausente, conforme expusiera la Cámara en lo Criminal, fincado en la ausencia de definitividad del dispositivo recurrido, debe ser dejado de lado.

4.2.- En definitiva, respecto del punto en discusión sobre la definitividad o equiparación a tales efectos de la resolución que rechazó el recurso de apelación, advierto que la queja no rebate los argumentos de la denegatoria, toda vez que no se observa ni demuestra un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior ni que la decisión ponga fin a la acción penal o haga imposible que continúe (arts. 430 y ///10.- ccdtes. C.P.P.).

De tal modo, la declaración de inadmisibilidad que se recurre se ajusta a las exigencias rituales, y no basta la mera afirmación en contrario de la quejosa para que proceda su reclamo.

5.- Notificación al señor Fiscal General y a la Superintendencia del Fuero Penal:- Este Cuerpo ha solicitado la remisión de los autos principales y ha ordenado agregar copias de las partes pertinentes a las presentes actuaciones. El insoslayable conocimiento adquirido a partir de tal remisión, para los fines de dar acabada definición al recurso en trámite, obliga a señalar algunas particularidades y avatares detectados en el curso del proceso.

Así surge que: a) no está controvertido que se promovió acción penal por los sucesos acaecidos en la ciudad de San Carlos de Bariloche el 17/06/2010, entre ellos la muerte de Nicolás Carrasco en dicho contexto fáctico; b) el Juez de Instrucción receptó parte preventivo relacionado con los acontecimientos, entre ellos la muerte de dos jóvenes (uno de ellos como ya se apuntó- el adolescente Carrasco); c) el Fiscal, no obstante dicha actuación oficiosa de la jurisdicción merced a la actividad preventora (a fs. 51/52 del principal y 11/12 de esta incidencia), tomó activa intervención solicitando que se investigue a las autoridades policiales responsables del operativo); d) con posterioridad, habiéndose individualizado a efectivos policiales (merced a imágenes aportadas, pericial mediante) y contando desde siempre con la identificación de las ///11.- autoridades responsables de la conducción de la Fuerza, el Fiscal realizó imputaciones concretas y esbozó primigenias calificaciones jurídicas (fs. 2238/2239 del ppal., 14/55 de esta incidencia); e) la Cámara en lo Criminal resolvió anular parcialmente el requerimiento y la convocatoria a indagatoria por entender que no estaban descriptas las conductas que se reprochaban (int. 194/12 del inc. de nulidad, copias a fs.82/93 del presente), señalando que la correcta intimación que proponga el Ministerio Público Fiscal resulta esencial al progreso de la acción y al éxito de la investigación; f) hasta el presente no se advierte en el trámite actividad alguna del Ministerio Público Fiscal para completar la tarea que se le señaló como deficiente; g) se ha llamado a declaración indagatoria a los restantes imputados y se encuentra pendiente de resolución su situación procesal; h) el Ministerio Público Fiscal manifestó que evaluará oportunamente la ampliación de la acción penal y/o la reformulación de la acusación, e i) con relación a la vista que se le confirió relacionada con el pedimento de la querella y la necesidad de ampliar las imputaciones, el Ministerio Público Fiscal se ha remitido a la anterior presentación, concretamente, a lo que quedara subsistente luego de la nulidad decretada por la Cámara (pto. 7 de fs. 2038/2039).

Dable es recordar que el instituto procesal del querellante particular le posibilita al particularmente ofendido por el delito participar en el proceso que se inicia con la etapa de instrucción (etapa que tiene por objeto comprobar si existe un hecho delictuoso y sus ///12.- circunstancias; individualizar a los partícipes y comprobar la extensión del daño causado por el delito) y tiene por finalidad arribar a una sentencia definitiva. Dicha participación no le confiere ciertamente- la facultad de promover la acción, tanto menos ampliarla, por lo que necesariamente se encuentra en dichos aspectos- atado a la actividad del Ministerio Público Fiscal, en lo que a promoción e investigación se refiere.

En este contexto, los funcionarios y magistrados de las instancias inferiores entendieron que el Agente Fiscal, en ejercicio de sus funciones, promovió y ejercitó la acción penal pública y luego fijó el núcleo fáctico de la imputación a investigar respecto de determinados hechos y personas, por lo que estimaron que no se puede avanzar en el sentido que impulsa la parte querellante (ver fs. 2749/2752 del expte. ppal. y fs. 131 del incidente caratulado Carrasco, Nicolás y Cárdenas, Sergio Víctimas de Homicidio (Incidente de nulidad), registrado bajo el Nº 12-048-A de la Cámara Segunda en lo Criminal resolución de fecha 30/05/12-).

La imposibilidad de ponderar la correcta o incorrecta determinación de los órganos jurisdiccionales de las instancias inferiores, en virtud del temperamento que inicialmente se propicia, encaminado al rechazo de la queja, no empece a la advertencia que en este desarrollo se encamina.

Es claramente visualizable y tangible que la actividad investigativa de la Fiscalía, inicialmente, fue ardua y sostenida, para luego diluirse paulatinamente hasta la ///13.- inactividad casi total, al punto de no reformular las imputaciones dirigidas al ex Secretario de Seguridad Víctor Cufré, al otrora Jefe de Policía Villanova y al Comisario Hermosa, Jefe de la Regional IIIª a la fecha de los sucesos; como tampoco a requerir y acompañar las medidas solicitadas por la querella, encaminadas a individualizar a otros presuntos partícipes que, tal como se colige de la primera intervención del Ministerio Público, era menester identificar; asimismo, también era de su interés como representante de la acción penal pública- establecer quién o quiénes tenían a su cargo el operativo en el cual se utilizaron proyectiles PG y no de goma.

Por otra parte, habiendo anotado más adelante que la instrucción se inició merced al parte preventivo de la policía, no estará de más recordar que este Cuerpo ha dictado la Acordada 2/09 en el marco de la competencia que otorga el art. 5º del Código Procesal Penal, en la que claramente se dispone que el sumario de prevención, con o sin intervención del Fiscal, será responsabilidad del Juez de Instrucción (art.10), en tanto los organismos del fuero en lo Criminal, Correccional y de Instrucción, como el Ministerio Público, se encuentran obligados a la observancia y aplicación de la prenotada acordada (art. 9). Ello, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe al representante de la acción penal pública de efectuar sus intervenciones en defensa del interés que representa, encaminándolas a establecer con la mayor precisión posible tanto el acaecimiento del evento reputado ilícito como la individualización de sus autores, cómplices, encubridores o ///14.- instigadores.

No puede dejar de evidenciarse en este pronunciamiento que, no obstante no encontrarse alegada la gravedad institucional, el aletargado y sinuoso derrotero de estas actuaciones, que están destinadas a determinar las responsabilidades penales por lo sucedido en la ciudad de San Carlos de Bariloche en la fatídica jornada del 17 de junio de 2010, de seguir esta suerte, podría llegar a configurar un supuesto de denegación de acceso a la justicia a las víctimas, con la consiguiente vulneración de su derecho a la verdad, generando responsabilidad del Estado argentino.

Por las circunstancias apuntadas, y sin perjuicio del temperamento que se propone respecto de la suerte del recurso de hecho, corresponde, y así lo propongo al Cuerpo, remitir copia de la presente resolución a la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público; en el caso, el señor Fiscal General, toda vez que la señora Procuradora no podrá tomar intervención en el caso concreto por dos razones: la primera, porque no puede emitir instrucciones particulares en causa concreta, y la segunda, aun pudiendo instruir mayor contracción a la labor y celeridad a los funcionarios bajo su dependencia, en este caso estaría comprendida por una causal de recusación/excusación, toda vez que ya intervino como Jueza disponiendo las nulidades que fueron supra referidas.

Asimismo, corresponderá remitir copia al Tribunal de Superintendencia del Fuero Penal de la IIIª Circunscripción Judicial, para dar cumplimiento a las obligaciones del art. 114 del Reglamento Judicial como ///15.- también recordar el cumplimiento de la Acordada 2/09 STJ.

6.- Conclusión:- Por los motivos que anteceden, propongo al Acuerdo: 1) rechazar el recurso de queja interpuesto en las presentes actuaciones, sin costas atento a las particularidades del caso; 2) remitir copia de la presente resolución al señor Fiscal General y al Tribunal de Superintendencia del Fuero Penal de la IIIª Circunscripción Judicial, en conformidad con lo expuesto en el punto 5. MI VOTO.

Los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui, Enrique J. Mansilla y Ricardo A. Apcarian dijeron:- Adherimos al criterio sustentado y a la solución propuesta por la vocal preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.

El señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:- Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que me preceden en orden de votación, ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 L.O.).

Por ello, y dejando debida constancia de que, no obstante haber participado del Acuerdo y haber emitido opinión en el sentido expuesto precedentemente, el doctor Ricardo A. Apcarian no firma la presente por encontrarse en comisión de servicios, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E :

Primero: Rechazar el recurso de queja interpuesto a fs.

-- 1/4 vta. de las presentes actuaciones por la doctora Marina Schifrin, apoderada de los querellantes ///16.- Carmen Beatriz Curaqueo, Ricardo Abel Carrasco, Gabriela Beatriz Curaqueo y Ricardo David Carrasco, sin costas.

Segundo: Remitir copia de la presente al señor Fiscal General y al Tribunal de Superintendencia del Fuero Penal de la IIIª Circunscripción Judicial, en conformidad con lo ordenado en el punto 5 del voto que comanda el Acuerdo.

Tercero: Registrar, notificar y, oportunamente, archivar.