Tribunal: 1ra CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-12-23


Expte: 50.462 Fojas: 195 En la Ciudad de Mendoza a los veintitrés días del mes de Diciembre de Dos mil catorce, reunidas en la Sala de Acuerdos de la Primera Cámara Civil de Apelaciones las Dras. Silvina Miquel, Marina Isuani y Alejandra Orbelli, trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos Nº 240.829/50.462 caratulados: "FACELLO DE ALEMAN, SILVINA DEL CARMEN C/ PLAYA ZAPATA 172 Y OTS. P/ D. Y P.", originarios del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Mendoza, venidos al Tribunal por apelación de la actora, contra la sentencia de fs. 129/37 vta.

Practicado el sorteo de ley arrojó el siguiente orden de votación: Dras. Miquel, Isuani y Orbelli.

De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial y previo dictamen del Ministerio Fiscal, se plantearon las siguientes cuestiones:

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia? Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Silvina Miquel dijo:

I. Se alza la actora contra la sentencia que rechazó la demanda planteada por su parte contra Playa Zapata 172 y Eduardo Marcelo Hachi, impuso costas y reguló honorarios.

Para resolver como lo hizo, la juez de grado explicó que debía determinar si la suma de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500), por cuya sustracción reclamó la actora, se encontraba en un maletín ubicado en el interior del auto que la accionante aparcó en la playa del demandado. En ese orden, reconoció las dificultades probatorias que existen en casos de este tipo y también que no puede exigírsele al actor la prueba diabólica de lo sustraido, pero, aclaró, al menos deben existir suficientes indicios y presunciones que permitan reconstruir lógica y verosímilmente el relato de los hechos en que se funda el reclamo.

Estimó desde esa perspectiva que la declaración vertida en el expediente penal por la parte actora es veraz, pero el problema se suscita con la testimonial de su secretaria- Sra. Susana Carrillo- ya que, pese ser testigo presencial, sus dichos resultan contradictorios con los denunciados por la accionante.

Apreció, entre otras circunstancias, que de la declaración de la señora Facello en sede penal no surge que al ingresar a la playa de estacionamiento lo hiciera en compañía de su secretaria; que cuando le preguntaron si alguien tenía conocimiento de que transportaba el dinero, expresamente dijo que no y que, sin embargo, la señora Carrillo expresó que la accionante le entregó algún dinero para pagar impuestos el 14 de febrero y que estuvo presente cuando ella guardó el resto del efectivo en su maletín. Destacó asimismo que la actora describió que el efectivo estaba en un sobre, que eran billetes de cien, separados por fajos de mil, sin elástico, pero dijo que, tal descripción, no coincide con la aportada por la secretaria con relación a los billetes.

Recalcó la magistrada la importancia que tienen esos detalles a nivel presuncional, agregó que le resultaba llamativo que la testigo nunca fuera ofrecida para testificar en el expediente penal y subrayó que la secretaria incurrió en contradicciones. Especificó que no quedaba clara la cuestión relativa a la entrega del dinero a la Sra. Facello y menos que efectivamente la dependiente hubiera percibido que el dinero se guardó en el maletín que desapareció. Adujo, en síntesis, que el valor de ese testimonio resultaba endeble para responsabilizar al propietario de la playa de estacionamiento y concluyó en que, la inversión de la carga probatoria, no eximía a la actora de la carga de acreditar la existencia de los presupuestos indispensables de la responsabilidad.

III.- A fs. 159/166 la demandante expresa agravios y solicita que se revoque el fallo de grado.

Aduce que la juzgadora incurrió en interpretaciones arbitrarias, realizó afirmaciones relativas a hechos inexistentes y erró cuando consideró contradictorias las declaraciones de la Sra. Carrillo con respecto a lo denunciado por su parte. Asevera que se le solicitó a la testigo que dijera si el dinero guardado se encontraba suelto o en un sobre, que ella respondió que estaba en un sobre y nunca contestó que los billetes estaban "sueltos en un sobre", ni dijo que presenció el hecho delictivo, como afirmó la juez. Añade que tampoco existió contradicción entre las declaraciones de la actora en sede penal y las de la testigo, en lo relativo a las circunstancias en que acaeció de la entrega del dinero a la notaria. Se queja porque la pronunciante afirmó que no resultaba creíble el modo en que percibió la testigo los hechos y destaca que en sus respuestas la secretaria ratificó lo que expuso su empleadora en su denuncia policial.

Aclara que, si dijo o no dijo en su denuncia que nadie sabía que transportaba el dinero, es sólo anecdótico. Aduna que, aun en la hipótesis de que hubiese dicho que antes del ilícito estuvo con la Sra. Carrillo y que ella sabía que llevaba el dinero en el auto, eso no hubiera agregado absolutamente nada, pues cuando ocurrió el hecho nadie estaba presente. Sostiene que sí está claro que su secretaria sabía que el dinero estaba en el maletín y en el auto. Como conclusión, dice que su parte acreditó la existencia del dinero en el sobre, dentro del maletín, a los pies del lugar del acompañante del automotor, y, además, probó el origen de dicho dinero.

Seguidamente solicita la revocación de los honorarios regulados a los profesionales de la demandada, en virtud de lo preceptuado por el art. 40 del C.P.C., por entender que ambos profesionales actuaron bajo un único patrocinio. Pide se establezca como monto total para ambos letrados el 20% del monto del proceso IV- A fs. 171/173 contesta traslado la Dra. María Agustina Rozzi, por el demandado Eduardo Marcelo Hachi, solicitando el rechazo del recurso de apelación por las razones que expone y que doy por reproducidas en mérito a la brevedad.

V. La solución.

V. 1. La juzgadora de primera instancia calificó al vínculo que unió a las partes como un "contrato de garaje". Esa calificación no fue cuestionada en la alzada, lo que no me impide empero efectuar algunas precisiones, que servirán para clarificar el punto de vista sobre el que edificaré mi voto.

Se dice que estamos frente a un "contrato de garaje" cuando un sujeto, "sea propietario o no, entrega un vehículo a otro, para su guarda, mediante el pago de una remuneración que puede determinarse por hora, día, semana o mes" (Gotlieb, V. y ots., comentario al artículo 574 del código de comercio en Código de Comercio comentado y anotado, Dir. Rouillón, La Ley, Bs. As., 2005, T. I, pág. 1043). Para otros, "Habrá contrato de garaje cuando una parte, organizada en forma de empresa, se obligue a prestar un servicio de guarda y custodia de rodado y su posterior restitución, ofreciendo a tales fines un espacio adecuado y la otra parte se obligue a pagar un pre-cio en dinero, por un plazo determinado" (Cabrera- Ojeda en Contratos especiales en el siglo XXI, Coord. López Cabana, Abeledo- Perrot, Bs. As., 1999, pág. 188; véase también: Argeri, Saúl, Contrato de garaje, LL 1980-D-1420; Lorenzetti, R., Tratado de los contratos, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2.000, T. III, pág. 689).

La doctrina autoral y jurisprudencial eventualmente alude a que se trata de un contrato "innominado" o "atípico", porque el mismo no tiene una disciplina legal establecida. Por mi parte, considero más apropiado decir que se da en este caso un su-puesto de tipicidad social, en el que, como por lo general ocurre, los usos y costumbres tienen medular importancia tanto a los fines interpretativos, como cuando debe procederse a integrar el contrato en aquellos aspectos que no han sido previsto por las partes. Nada de ello es óbice para que, dado el caso, entren también a jugar ante litigios de estas características las reglas del derecho del consumo, o bien las directrices que rigen en materia de contratos por adhesión a cláusulas predispuestas, que inclinan, en ambos casos y ante el menor dilema, a interpretar del modo más beneficioso para la parte débil (Farina, Juan, Contratos comerciales modernos, Astrea, Bs. As., 1.993, pág. 282/283; Fontanarrosa, R., Derecho comercial argentino- contratos comerciales, Zavalía, Bs. As., 1976, pág. 37; Moeremans, Daniel, Interpretación en los contratos sujetos a condiciones generales de contratación, LL 1992-B-234; Alegría, Héctor, La autonomía contractual frente al panorama actual del derecho mercantil, LL 2008-E , 1186 o Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales Tomo IV, 335).

Considero también de interés mencionar que el "contrato de garaje" es para los autores un contrato consensual y oneroso, que está desprovisto de una forma específica en cuanto a exigencia de validez, ya que en la mayoría de los casos se instrumenta en forma verbal. Se dice por otra parte - en términos que por obvias razones subrayo- que la obligación del garajista, consistente en la custodia y guarda del vehículo depositado, es un deber de resultado, que se cumple con la restitución de la cosa en el estado en que se recibió. Como contracara, se reconocen como eximentes de la responsabilidad del garajista al caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa exclusiva del propio usuario o alguna circunstancia que rompa el nexo de causalidad. Se acepta, no obstante, que las causales de eximición deberán considerarse de manera restrictiva y, dados los presupuestos correspondientes, analizarse bajo el prisma protectorio de la ley consumeril, que, en este caso, el Sr. Fiscal de Cámara consideró aplicable, en condiciones que aceptaré, más allá de las dudas que abrigo al respecto (argumento del art.2210 del CC.; Wayar, Ernesto, Contratos, Edit. Zavalía, Bs.As., 1993, pág.447; Lorenzetti, cit., pág.691 y sgtes.).

Ahora bien, no puedo soslayar que alguna doctrina autoral y jurisprudencial distingue entre el ya nombrado "contrato de garaje" y el denominado "contrato de estacionamiento en playa", hipótesis que, concretamente, se presentaría en autos. Se re-conoce, no obstante, que el segundo sólo constituye una modalidad del primero, diferenciada por algunos aspectos tales como la carencia de continuidad en la relación contractual (el rodado se entrega al custodio por hora o fracción que no excede, el día de guarda), el carácter real del contrato (que queda perfeccionado, si hay espacio libre, cuando el automotor ingresa a la playa y se entrega su guarda), o el valor probatorio que se reconoce al ticket que normalmente entrega el "playero" (Cabrera- Ojeda en Contratos especiales. cit., pág. 202; en la jurisprudencia local puede verse: CC3, expte. Nro. 34.474, "Rodríguez, José S. c/ Alegrini, Guido p/ d y p").

Otros autores, sin embargo, borran todo tipo de distinción entre ambas figuras y dicen, simplemente, que en cualquiera de los dos supuestos estamos frente a un contrato de garaje, con los consiguientes deberes esenciales de guarda y custodia del rodado estacionado, que se suman a la obligación de restituir a cargo del custodio (Fernández- Gómez Leo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial, Depalma, Bs. As., 1987, T. III- B, pág. 320).

Se compartan o no las distinciones a las que anteriormente aludí, lo cierto es que las mismas, en sí, no son relevantes en autos, como podrían eventualmente haberlo sido si se encontrara bajo discusión la responsabilidad del custodio por daños causa-dos por inclemencias climáticas (Cabrera- Ojeda cit., pág. 203).

Sí resulta de interés mayúsculo precisar que, desde una u otra de las perspectivas delineadas, se coincide en eximir de responsabilidad al garajista o playero por la pérdida o sustracción de los efectos dejados dentro del vehículo, salvo que se pruebe que los mismos fueron oportunamente denunciados y que el custodio prestó su conformidad para hacerse cargo de su vigilancia (Gotlieb y ots., cit. pág. 1047).

Esto es lo que ha resuelto de manera invariable la jurisprudencia capitalina, que ha sostenido que: ".es improcedente extender los efectos del contrato de garaje a los efectos que eventualmente se dejen en el interior del vehículo, de modo que éstas no comprometen la responsabilidad del garajista, cuando no se ha probado que hubiera asumido el compromiso de guardarlas.". En el fallo que cito, se ha agregado incluso lo siguiente: "El contrato de garaje, no obstante su atipicidad legal, se ha ido perfilando con caracteres nítidos a través de la jurisprudencia y ellos se vinculan con la obligación de guardar y restituir el rodado y sus accesorios para el normal funcionamiento del vehículo (herramientas, ruedas de auxilio, etc.) o del confort de quienes lo utilizan (equipo de audio, aire acondicionado, etc.); pero no compromete la responsabilidad del garajista por mercaderías totalmente ajenas al rodado." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, 22/10/2002, Tozzi, Pedro E. v. Canosa Martínez, Manuel y otro, Abeledo Perrot Nº: 30002751; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E, 26/10/1993, "Esman V. Edifa Sa S/ Sum", Abeledo Perrot Nº: 11/4462).

Como de algún modo he venido anticipando, la solución que proporcionan la doctrina y jurisprudencia citadas es plenamente aplicable en el presente caso en el que, básicamente, verifico que los efectos pretendidamente sustraídos del interior del rodado no fueron, por ejemplo, una rueda de auxilio, o herramientas del tipo de las que normalmente se llevan en un auto. Por el contrario, según su versión, lo que la actora dejó en su vehículo fue una suma de dinero considerable o que, al menos, no se corresponde con lo que regularmente suelen dejar en un automóvil las personas que requieren los servicios de una playa de estacionamiento. No puedo dejar de agregar que razones de mínima prudencia exigían que, en todo caso, la accionante comunica-ra al custodio que, en el vehículo que dejaba abierto y con las llaves puestas, había una suma de dinero como la que ahora persigue que se le devuelva.

Aclaro a mayor abundamiento que mi punto de vista se compadece con el que adopta la ley civil vigente para resolver cuestiones análogas, tales las que se suscitan, por ejemplo, en contratos afines como el de hospedaje (Lorenzetti, cit., pág. 688).

Mi posición no contradice por otro lado la interpretación que merece lo regulado sobre el particular en el Código Civil y Comercial de la Nación que prontamente entrará en vigencia. Allí, efectivamente, el juego de los artículos 1371 y 1375 llevaría a interpretar que, en los garajes, lugares y playas de estacionamiento que prestan sus servicios a título oneroso, el custodio responde por las cosas dejadas en los vehículos; sin embargo, no debe olvidarse que también rige en lo pertinente lo establecido en el art. 1.372 del mismo ordenamiento, que sigue el criterio que adopta el Código Civil (art. 2.235) en cuanto al límite que tiene el deber de custodia, en los casos en que el viajero (en este caso el depositante) que ingresa al establecimiento efectos de gran valor, de los que regularmente no llevan consigo los viajeros, no informa esa circunstancia al hotelero (en este caso, el depositario o playero).

Todo lo dicho hasta aquí fortalece el sentido de mi pronunciamiento favorable a la confirmación del decisorio de primera instancia, aunque por motivos parcialmente diversos a los que sostuvo quien me precedió en el juzgamiento.

Es decir, no cuestiono que el primer presupuesto que debe normalmente acreditar quien pretende motorizar un régimen de responsabilidad objetiva como el que se ana-liza es el daño. Advierto incluso que todo el razonamiento que sustenta el fallo apela-do e, incluso, la crítica que al mismo se hizo en la alzada, rondan en torno del criterio de valoración de las pruebas que llevó al rechazo de la demanda, por falta de acreditación del perjuicio alegado por la accionante.

Por mi parte diré al respecto que, si considerara veraz la versión de la actora (no tengo motivos para no hacerlo, ni para dudar siquiera de su honestidad), diera crédito a los dichos de su secretaria y aceptara, por último, la convicción que conforman la serie de indicios serios y concordantes que ella esgrime, sólo podría aseverar, en todo caso, que la Escribana Facello ingresó en el día de los hechos a la playa de estacionamiento de la accionada y dejó su vehículo con las llaves puestas, para ser estacionado con el maletín que tenía los pesos cinco mil quinientos ( $ 5.500) en su interior, los cuales luego desaparecieron, sin que se sepan las razones por las que ello ocurrió.

Lo dicho indica, en pocas palabras, que, aun si mi definición en torno a la des-aparición del dinero fuera acorde con lo que la apelante alegó en la pieza inicial, igualmente debería confirmar el rechazo de la demanda. Puntualizo, en ese plano, que la resistencia de la accionada, basada en el límite de las obligaciones que asume el playero en casos de este tipo, fue oportunamente plasmada en la pieza defensiva e, incluso, fue reiterada por la apelada en esta instancia, en condiciones que no puedo, obviamente, soslayar.

Nada dijo en torno a esa defensa la actora cuando se le corrió el traslado dispuesto por el art. 212 del CPC y recién al alegar citó la jurisprudencia que se ha elaborado en torno al robo o hurto de vehículos estacionados en playas de estacionamiento situadas en centros de consumo masivos. Esas hipótesis, aclaro, no son asimilables a las de autos, porque los especiales fundamentos que sustentan el deber de responder en los casos de mención nada tienen que ver con lo que resulta de los hechos ventilados en autos. Me refiero a que, en los casos aludidos, se produce un ensanchamiento del deber de seguridad por razones que contemplan, por ejemplo, que el estacionamiento habilitado en esos sitios refleja políticas de atracción de clientela, o bien responde al fenómeno de los denominados "contratos conexos", que se rigen por pará-metros específicos, incluso en cuanto a las reglas de interpretación aplicables. Esas y otras razones- sobre las que no viene al caso profundizar- justifican, a la luz de la tipicidad social ya mencionada, soluciones diversas que se corresponden con realidades que también lo son (véase, en tal sentido: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala II, 28/12/2010, "Giordano, N. M. c/ Coto CICSA", La Ley online, cita online: AR/JUR/90119/2010; CNCiv., Sala C, 30705/06, "Doporto, Martín c/ Cencosud S.A. (Jumbo Palermo)", La Ley Online, cita online: AR/JUR/8298/2006).

En último término puedo decir que, el deber de seguridad implícito en la relación de consumo, no alcanza para extender los límites de la responsabilidad de la accionada como se pretende (arts. 5, 6, 40 y cc. Ley 24240). No puedo minimizar en tal sentido que, lo que es previsible en estos casos, es eventualmente el robo o hurto del automotor, pero no el de una suma de dinero guardada en un maletín existente en el interior del rodado.

Por todo lo expuesto, en suma, si mi opinión es compartida, procede en cuanto a lo sustancial confirmar el fallo de grado.

V. 2. No corresponde finalmente acoger el pedido de modificación de los honorarios regulados a los letrados de la vencedora, porque la misma se ajusta a la base regulatoria y también a las disposiciones que en lo pertinente establecen los artículos 19, 31 y cc. de la Ley Arancelaria.

Así voto.

Las Sras. Juezas de Cámara Marina Isuani y Alejandra Orbelli ahieren al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Silvina Miquel dijo:

Las costas de alzada deben ser impuestas a la apelante (art. 36 CPC), con excepción de lo actuado en los términos del art. 40 CPC.

Así voto.

Las Sras. Juezas de Cámara Marina Isuani y Alejandra Orbelli adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 23 de diciembre de 2014.

Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RE-SUELVE:

I. No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de fojas 129/37 vta. que, en consecuencia, se confirma.

II. Imponer las costas a la apelante vencida, con excepción de lo dispuesto por el art. 40 CPC.

III.-Regular los honorarios profesionales por el recurso deducido a fs. 144, a la Dra. María Agustina Rozzi en la suma de PESOS XXX ($ XXX) y al Dr. Agustín Ricardo Aleman en la suma de PESOS XXX ($ XXX) (arts. 15 y 31 de la Ley 3641) NOTIFÍQUESE. BAJEN.

Dra. Silvina Miquel -Juez de Cámara- Dra. Marina Isuani -Juez de Cámara- Dra. Alejandra Marina Orbelli -Juez de Cámara-