marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, competencia, prestación de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Unidad Renal Brigth S.R.L. c/ I.O.M.A. s/ Cobro de pesos (ordinario) - cuestión de competencia Centro de Enfermedades Renales Florencio Varela SRL c/ Instituto de Obra Médico Asistencial s/ Cobro de pesos (ordinario) cuestión de comp. art. 6 C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17|1997-05-27

Los convenios celebrados por el IOMA con entidades representativas de los prestadores o con éstos individualmente revisten carácter público porque son celebrados con la finalidad de que ese organismo haga efectivos sus servicios a los beneficiarios y se formalizan en miras al interés público, para dar satisfacción a los fines de la Provincia en materia médico asistencial. En consecuencia, ocupando la accionante una situación jurídica surgida de una relación contractual de derecho público, la cuestión litigiosa planteada con respecto a estos convenios, corresponde a la competencia originaria que, transitoriamente, la Const. Prov. atribuye a la Suprema Corte arts. 215 Const. Prov.; 1, 3, 28 inc. 3 y concs. del C.P.C.A.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pericia química, ebriedad, dosimetría alcohólica, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: AGUIRRE, Alcides Sergio s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-22

En los casos de ebriedad el Juez no está sujeto al dictamen del perito médico sino que debe hacer un análisis total de la situación (declaraciones del imputado, conducta anterior contemporánea y posterior al delito, testimonios, constancias sumariales, etc.)
Empleados públicos, reincorporación, policía, personal policial, cesantía, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SUAREZ, ABEL ADAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-12

La ley 9528, que facultó al Poder Ejecutivo para disponer el reintegro de quienes se considerasen con derecho a pedirlo, en el término y bajo las condiciones establecidas, no exigía la declaración de invalidez del acto de cesantía, ni limitaba el reingreso a los casos en que no hubieran transcurrido más de tres años desde la fecha de la baja, ni exigía la devolución de las indemnizaciones que se hubiesen percibido. Habiendo adherido a este régimen el recurrente, resulta improcedente la pretensión de que se produzcan en su favor las consecuencias previstas en el régimen general de la ley 6769 -por el que optara originariamente la actora al solicitar la revisión de la causa conforme lo establecido por el artículo 129-, siendo que no ha demostrado haberse acogido con reservas a ello, ni efectuado planteo alguno acerca de la constitucionalidad del régimen legal que condicionara su "reingreso" al desistimiento de los juicios, aspecto éste que ni siquiera constituye materia a considerar en esta causa.
Recurso contencioso administrativo, demanda, personería, poder especial, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: DELSSIN, ALFREDO ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-17

Es idóneo para acreditar la procura en sede judicial, el poder otorgado al iniciar el trámite administrativo en tanto expresa que el actor "confiere poder especial para que conjunta o separadamente o uno en sustitución de otro inicie y-o prosiga hasta su total terminación y en su nombre y representación, interpongan recurso de revocatoria con nulidad y apelación ante la Sección Recaudaciones y Multas de la Policía de la Provincia y oportunamente juicio contencioso administrativo contra la Provincia de Santa Fe, con reserva de recursos ordinarios y extraordinarios, tendientes a obtener se deje sin efecto, se revoque o anule el acta de infracción por exceso de carga y el pago de la multa o penalidad que surge de la nota de fecha 5-5-1989, expediente 076-89 de Recaudaciones y Multas de la Policía de la Provincia remitida a la URIX -General Obligado de Santa Fe- otorgándoles al efecto las facultades del artículo 41 y 44 del Código Procesal Civil y Comercial sin limitación alguna, interviniendo en todas sus instancias e incidentes...".
Contratos informáticos, software, precio, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: OPTIMUM SA c/ EDENOR SA EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Resulta improcedente reclamar el precio de un programa de computación con base en la invocada instalación que habrían efectuado dependientes de la actora en instrumentos o bases del accionado, cuando el pretensor solo refirió la admisión por el demandado del "hecho de la carga del programa", pero no invoco ni probo que el reclamado dispusiera "de la utilización de ese programa". Ello, porque el suministro de un programa de computación es mas complejo que la carga o imposición electrónica del mismo en alguna base adecuada para recibirlo. Para suponer "dado" un programa, en el sentido legal de su tradición al usuario, es menester que este disponga de los medios que lo habiliten para emplear ese programa.
Juicio de apremio, obligaciones propter rem, poseedor
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO c/ SILVANA S.R.L. s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-06-06

El en caso de deudas por tributos municipales se trata de obligaciones propter rem, ya que se constituyen en relación al señorío que tiene una persona indeterminada con respecto a una cosa determinada, en el que el crédito, deuda, nace, subsiste o se extingue junto con la relación de señoría, de manera que si el deudor propter rem deja de estar en dicha relación, queda desobligado por lo menos en lo sucesivo desplazándose hacia el nuevo propietaria o poseedor. Se trata de obligaciones concernientes a una cosa, que no gravan a personas determinadas, sino indeterminadamente al propietario o poseedor de la cosa (art. 2416 del C.C.), ya que gravitan sobre el inmueble; ello claro está , sin perjuicio de que el demandado se crea con derecho a reclamar al propietario o poseedor anterior el pago de los daños que no le corresponden, por la vía que corresponda.
Fundamentación de sentencias, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: CÁCERES, Florencia Natalia c/  s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-21

El voto concurrente agregó que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada, encontrándose satisfecho el derecho al doble conforme de la peticionante.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Arias Joaquín Ignacio s/ Demora injustificada de pago reiterado - Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

El pronunciamiento de la Cámara que desestima la nulidad de los procedimientos de primera instancia -en el caso la declaración indagatoria del procesado- no reviste carácter de definitivo en el concepto del artículo 357 del Código de Procedimiento Penal.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa, boleto de compraventa, corretaje inmobiliario, comisión del corredor, obligaciones condicionales, condición suspensiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ, Daniel Oscar c/ GONZALEZ, José Manuel s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-14

Si las partes -corredor y comitente- constituyeron como formalidad esencial para el devengamiento del "honorario" la firma de un boleto de compraventa y la suscripción de la escritura traslativa de dominio, al diferirse el cobro de dicha retribución para tales oportunidades, sólo correspondía esperar a que estas formalidades se llevaran a cabo. De ahí que, si la operación de compraventa se resolvió en el pago de daños y perjuicios sin que siquiera se hubiere celebrado el boleto de compraventa cabe concluir que la obligación quedó sin efecto por la imposibilidad de cumplimiento de la condición (art. 545 del Código Civil).
Jubilaciones, intereses moratorios, pago
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: POIRE, EDY MARIA FELISA. s/ JUBILACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-03

Corresponde hacer lugar al pago de intereses moratorios frente a la ineficacia cierta de todo reclamo sobre el tema al ente previsional, por haberse denegado allí toda viabilidad a la pretensión del afiliado.
Condena penal, debida fundamentación, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ruiz, Daniel Antonio s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Juan Mariano Cerezo en causa Nº 21/07 "Ruiz Daniel Antonio s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por el Vínculo en forma continuada - Recreo - Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-03

Contra la sentencia que declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en forma continuada y lo condenó a diez años de prisión, la defensa técnica interpuso recurso de casación con fundamento en el motivo sustancial de casación previsto en el inciso 3ro. del art. 454 del C.P.P..

Sostiene que el fallo viola lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del C.P., al analizarlos de manera parcial, sin un razonamiento correcto y profundamente fundado, lo que resulta en una errada mensuración de la pena, que califica como incongruente y arbitraria, por lo que pide su reducción.

Esta Corte ha sido dicho reiteradamente que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (S. nº 8, 30/04/08; S. nº 24, 22/12/08, entre otras).

También ha dicho que "La inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implican por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo (S. nº 26, 23/12/08). Ello así puesto que tanto los máximos sancionatorios como los mínimos legales, resultan de excepción y se encuentran reservados exclusivamente para los supuestos extraordinarios que así lo justifiquen".

En autos, el tribunal ha expresado concretamente las circunstancias atenuantes y agravantes tenidas en cuenta al imponer la pena de diez años de prisión, por lo que cabe concluir que, más allá de sus críticas, la defensa no logró evidenciar que la individualización de la pena resulte arbitraria., por lo que corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto por este agravio.
Sucesiones, fuero de atracción, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: DAVILA DE VAZ ROMERO, MARIA MAGDALENA c/ ROBERTO JUAN PAGES (HOY SU SUCESION) Y JUAN ANTONIO ALFARO. s/ ACCION AUTONOMA DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-20

El fuero de atracción es de orden público, y el juez, puede analizar su competencia incluso antes de dictar sentencia definitiva, o en el proceso de ejecución, en razón de la propia naturaleza del fuero, improrrogable, e irrenunciable. Es una facultad, dentro de los poderes, deberes de los jueces, el de examinar su propia competencia antes de dictar sentencia definitiva.
Defraudación, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: S, E Y OTROS s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA      EXPTE NRO 204-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-06

Para que se configure el delito de administración fraudulenta es condición necesaria la existencia de un daño y de naturaleza patrimonial. No estamos de acuerdo con una diversidad de especie en el perjuicio y en remate de la afirmación del daño patrimonial, citamos la sistemática del Código Penal, al ubicar el artículo 173 inciso 7 en el título VI, "Delitos contra la Propiedad".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Etamar, Luis Orlando s/ Homicidio en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

Es insuficiente el agravio en el que se alega que de los elementos probatorios obrantes en la causa se desprende que se encuentra ausente en el hecho en juzgamiento el elemento subjetivo requerido por el art. 42 del Código Penal, en tanto no se hallaría probada la intención de matar por parte del procesado, calificando de sospechosos los testiminios invocados por el tribunal a quo, si, y sin perjuicios de otras consideraciones, el recurrente omite relacionar sus agravios con las normas que -estima- han sido transgredidas por el juzgador (art. 355, C.P.P., según ley 3589 y sus modif.).
Declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: GAVASSA, Gustavo L. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-19

La falta de notificación a la Defensa de la decisión jurisdiccional de indagar, acarrea la insanable nulidad del acto que es su consecuencia, como así también de lo actuado con posterioridad. Ello resulta de la expresa disposición del artículo 128 C.P.P. -en perfecta armonía con el art. 18 de la Constitución Nacional-, impidiendo que los dichos del inculpado -carente de la debida asistencia letrada- puedan ser eventualmente meritados en su contra.

- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, facultades jurisdiccionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SUBILS, HUGO DANIEL c/ ESCUELA TECNICA Nº 3 INGENIERO SANTIAGO MARADONA s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-01

La cuestión referida al cobro de haberes no percibidos no habilita la apertura de la excepcional vía sumarísima del Amparo. No obstante ello, se estima prudente adoptar una solución distinta a la contemplada en otros precedentes, guiado especialmente por el afianzamiento del derecho fundamental a la tutela efectiva, entiende debe darse a la causa interpuesta el trámite contencioso administrativo y otorgarle al actor un término de treinta días para que adecue a sus pretensiones a la Ley que regula dicho proceso.-
Derecho laboral, ley de accidentes de trabajo, prueba, daño psíquico
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Raimondi, Rubén Marcelo c/ Prevención A.R.T. S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-02

En el caso, el actor cuestionó la decisión de la magistrada de grado de no receptar el reclamo de daño psicológico, soslayando lo informado por la perito médica en cuanto a que presenta una incapacidad psíquica del 10% de la total obrera. El apelante también argumentó que en el porcentual de incapacidad fijado en grado, la señora juez "a quo" efectuó un erróneo cálculo del porcentaje de secuelas allí determinado (16%) en el entendimiento de que si no contempla el daño psíquico, la incapacidad ascendería al 16,4%. Resulta relevante destacar que para determinar el carácter indemnizable de las dolencias psíquicas no basta con tal comprobación por parte del perito médico sino la necesidad de aportar elementos de juicio que evidencien el nexo causal con el evento dañoso (art. 377 del C.P.C.C.N.). Cabe señalar que las pericias de los auxiliares de justicia no resultan vinculantes para los magistrados y la apreciación de estos dictámenes es facultad de los jueces, que tienen respecto de este tipo de prueba las mismas atribuciones que para el análisis de las restantes medidas probatorias, pudiendo hacerlo con la latitud que le adjudica la ley. En esta inteligencia, se postula admitir la decisión "a quo" del rechazo del nexo laboral y resarcible del cuadro "post traumático leve" informado por la perito médica. (Del voto del Dr. Stortini).
Suspensión del trabajador, impugnación de la suspensión
Materia: LABORAL
Carátula: SALVATIERRA, JULIA c/ RECOMEN SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-05-10

El cuestionamiento de las medidas disciplinarias que debe realizar el trabajador dentro de los treinta días (artículo 67 RCT., to.) no es necesario que sea ante autoridades administrativas o judiciales porque basta la disconformidad expresada en el momento de la notificación u, obviamente por medio de un telegrama al serle comunicada la decisión patronal. (Conforme CNAT., Sala 4 sentencia 43273 del 21 de marzo de 1979: "Hroncich, Héctor Federico c/ LR1., Radio El Mundo").
Subsidio estatal, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ DE BUSTAMANTE, MARCELA NOEMI. c/ GCBA y OTROS. s/ AMPARO (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-08

No resulta inconstitucional el otorgamiento de subsidios temporarios para hacer frente a la manda del art. 31 de la CCBA, ni tampoco que su monto no sea suficiente, por sí sólo, para solventar el costo de una vivienda digna, pero sí lo es que la distribución de esos subsidios, por naturaleza limitados, no respete las prioridades establecidas en el art. 31 de la CCBA; situación que, hoy en día, puede ser presumida por los jueces cuando el beneficio le es denegado a una persona que se halla dentro del universo de personas con prioridad (cf. art. 31 de la CCBA;

voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Concursos, crédito laboral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Misuraca, Eduardo Francisco s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Siendo que la ruptura del contrato de trabajo se produjo por la quiebra de la compañía aseguradora empleadora, como consecuencia de la resolución de la autoridad administrativa de contralor que dispuso su liquidación judicial, no es procedente los rubros reclamados por el empleado de preaviso o indemnización sustitutiva equivalente. Ello así por cuanto no media denuncia voluntaria del contrato por el empleador ya que el distracto resulta consecuencia automática de una disposición legal (art. 196 y 294 ley 24.522; 51 y 52 le 20.091; 156 y 251 ley de Contrato de Trabajo).
Injurias graves, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: V. A., L. D. c/ C., L. C. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-06

Ha dicho la jurisprudencia que "La circunstancia de que la demanda de divorcio anterior fuera rechazada por falta de prueba no significa de por sí que las imputaciones allí contenidas hayan sido hechas con animus injurandi. Es menester la cabal demostración que el relato de los hechos, haya sido realizado con malicia, con el dolo específico de zaherir al adversario o de difamarlo".
Juicio de apremio, reincidencia, multa, constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dirección de Vialidad Provincial. c/ Pedro Kucharuk e Hijos S.A.C.I.A.F s/ Apremio. Dirección de Vialidad Provincial. c/ Pedro Kucharuk e Hijos S.A.C.I.A.F s/ Apremio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1989-09-21|1989-09-21

No habiéndose demostrado que el gravamen que se pretende cobrar mediante el juicio de apremio afecte de alguna manera la estructura económica de la empresa demandada, la cuestión debe ser rechazada.

El ejecutado debe demostrar que la suma reclamada (en este caso por la octava reincidencia contravencional -peso excesivo de la carga-, art. 36, inc. b) Ley 3.078/85 puede llegar a afectar el desenvolvimiento de la Empresa. El carácter confiscatorio de la multa no debe establecerse como una cuestión abstracta, sin surgir fehacientemente de las probanzas.
Honorarios del abogado, prescripción, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Conti, Antonio Andrés Benito s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-02-20

El término decenal aplicable establecido en el art. 4023 del Código Civil, debe computarse desde el momento mismo de la regulación de honorarios, entendiendo que a partir de allí el abogado tiene expedito el camino para exigir el cobro de su acreencia.
Honorarios, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garcia, Patricia Monica c/ Ohana de Yasdi, Rivka s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

Por más que el fallo principal haya diferido a la realización de una nueva pericia la determinación del quantum de la obra, base para determinar el honorario impago de la actora en su labor profesional de arquitecto dicha actividad accesoria ulterior a la sentencia no puede concluir en la virtual duplicación de los valores que se tuvieron como pauta guardar unidad conceptual y de contenido económico so riesgo de nulidad.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concurso preventivo, quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Popular de La Plata S.A. s/ Liquidación sin quiebra. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

En el caso, no siendo definitiva la decisión de primera instancia que resuelve sobre el nombramiento del síndico liquidador, tampoco lo es la de la Cámara que declara mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra aquella decisión (art. 278, Código Procesal Civil y Comercial). (Minoría u opinión personal)
Obligaciones del empleador, intimación al empleador, silencio del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: LUQUEZ, MIGUEL ANGEL c/ SERVICIOS EMPRESARIOS ARGENTINOS  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-30

El art. 57 LCT condiciona la presunción en contra del empleador a que su silencio subsista durante un lapso nunca inferior a dos días hábiles, tiempo que no debe ser entendido para "emitir la comunicación" sino "para comunicar", lo que implica que la intimación debe quedar aclarada a través de una respuesta que llegue a conocimiento del trabajador dentro del plazo de esos dos días hábiles.
Indulto, conmutación de penas
Materia: PENAL
Carátula: BARBOZA, MOISES ARIEL. s/ CONMUTACION DE PENA" (Expte. Nº SDH 000551/12)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-10-02

Dado que la pena es la consecuencia jurídica del delito, el informe previo que debe darle la Corte Suprema de Justicia al Poder Ejecutivo provincial sobre conveniencia y oportunidad de un indulto o conmutación de penas en virtud del art. 144 inc 5 de la Constitución de la Pcia de Salta, si bien no admite que la Corte se inmiscuya en los fundamentos del fallo cuya sanción se pretende sortear o acortar, debe ser efectuado en cada caso con la mayor mesura, en atención a un imperativo ético.
Transporte de carga, transporte de carga por agua, entrega de la carga, nota de carga, presunciones, interrupción de la prescripción
Materia: NAVEGACION
Carátula: NUMANCIA SEG. EN GRAL.  S.A. c/ CAP. Y/O PROP. Y/O ARM. BQ. "PATAGONIA ARGENTINA" s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-05

La expedición de la nota de carga revisada -que se emite a instancias del consignatario o inclusive por impulso del transportista en la medida en que al acto de revisación conjunta concurra aquél- tiene en miras destruir la presunción de buena entrega establecida por el art. 522, último párrafo, de la ley 20 094 y efectos interruptivos de la prescripción, en tanto se exterioriza de esa manera la intención del consignatario de proteger su derecho.
División de poderes, conflicto de poderes, jueces, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Saneamiento  y  Urbanización  S.A.  (TF  14.163-I) c/ Dirección General Impositiva. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Si los jueces pudieran omitir discrecionalmente la aplicación de lo establecido por las disposiciones arancelarias, se permitiría que se arrogaran el papel de legisladores, invadiendo la esfera de las atribuciones de los otros poderes del gobierno federal al modificar los límites de las retribuciones de los profesionales que dichos poderes han establecido en el legítimo ejercicio de las facultades que les asigna la Constitución (Disidencia parcial de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Augusto César Belluscio).