Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-07


Buenos Aires, 7 de abril de 1999.

Vistos los autos: "Villalba, Julio Martín y otra c/ Santiago del Estero y otro (Acuña, Ignacio) s/ sumario", de los que Resulta:

I) A fs. 14/20 vta. se presentan Julio Martín Villalba y Silvia Noemí Perafan e inician demanda de daños y perjuicios contra Ignacio Leopoldo Acuña y la Provincia de Santiago del Estero.

Dicen que el 10 de septiembre de 1988, alrededor de las 13, en circunstancias en que su hija menor Eliana Judith descendía de un ómnibus de la empresa Carol, interno n 83, estacionado sobre la parada ubicada sobre el carril oeste, en dirección norte-sud, de la estación Gral. Paz, departamento Colón de la Provincia de Córdoba, y procedía a sortearlo por atrás y a encaminarse en sentido perpendicular a la mencionada ruta, fue embestida con la parte frontal de un vehículo pick up, marca Ford F.100, dominio G.038.498, afectado a tareas de ambulancia y perteneciente al Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Santiago del Estero. El rodado, que era conducido por Ignacio Leopoldo Acuña y a quien acompañaba Víctor Katchikian, circulaba a gran velocidad en sentido sud-norte y, al llegar a la parada oficial de la empresa Carol, aplicó los frenos, deslizándose con sus ruedas bloqueadas por espacio de aproximadamente 40m, desviándose hacia la derecha e invadiendo la banquina. En esas circunstancias, golpeó a la menor despidiéndola hacia adelante aproximadamente unos diez metros. La menor quedó tendida en el pavimento y sufrió lesiones de consideración que provoca- ron su muerte, la que se produjo en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba. Atribuyen la responsabilidad del hecho al mencionado Acuña y reclaman la reparación del daño emergente directo e indirecto y el moral. En el primero de estos conceptos, incluyen los gastos que debió afrontar en concepto de servicios de ambulancia y de sepelio, en tanto que con relación al segundo destacan el valor de la vida humana, la asistencia que la menor fallecida prestaba en las tareas domésticas, las expectativas de su desarrollo futuro y la asistencia que podía brindarles en su ancianidad. Solicitan asi- mismo el daño moral por sí y en representación de su hija Yamila y piden, finalmente, la citación de la aseguradora del vehículo propiedad de la Provincia de Santiago del Estero.

II) A fs. 22 el juez federal de la ciudad de Córdoba, ante quien se radicó la causa, se declara incompetente.

III) A fs. 36 se resuelve que el caso corresponde a la competencia originaria de esta Corte.

IV) A fs. 44/51 los actores ratifican la demanda, precisan el monto reclamado y se presentan, asimismo, en nombre y representación de la menor Yamila Villalba reclamando la indemnización del daño moral ocasionado.

V) A fs. 56 contesta la demanda Ignacio Leopoldo Acuña. Dice que en el ejercicio de sus funciones de médico que desempeña en la localidad de Sumampa, Provincia de Santiago del Estero, viajaba en la camioneta pick up y al llegar a la localidad de Colón, en la Provincia de Córdoba, pasó "entre un ómnibus estacionado a su izquierda y otros vehículos situados a su derecha, a muy prudente velocidad por razones obvias, cuando por detrás del ómnibus...cruzó raudamente la ruta la víctima -quien resultó ser la menor Eliana J. Villalba- a quien embistió a pesar de los esfuerzos realizados para evitar el accidente".

VI) A fs. 64/68 contesta la Provincia de Santiago del Estero. Reproduce el contenido de la demanda, realiza una negativa de carácter general y niega la procedencia del reclamo porque "los daños pretendidos no han sido demostrados". Sostiene que de los antecedentes reseñados se desprende la exclusiva culpa de la víctima y que el hecho dañoso no fue generado por sus dependientes.

Opone la prescripción basada en los arts. 3949, 4017 y 4037 del Código Civil y pide la citación del Instituto Autárquico del Seguro de la provincia.

VII) A fs. 116/118 se presenta la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Declina la citación en garantía por no ser titular de contrato de seguro alguno que cubra al vehículo en cuestión. Pese a ello se adhiere a la contestación de demanda y atribuye el hecho a la imprudencia de la víctima.

Considerando:

1) Que corresponde en primer término tratar la prescripción opuesta.

Según surge de las fotocopias del expediente seguido por las mismas partes ante la justicia local de la Provincia de Córdoba, los actores iniciaron esa demanda el 24 de julio de 1989. Declarada la incompetencia el 11 de diciembre de 1990, se inició esta causa el 20 de agosto de 1991 ante el Juzgado Federal n 2 de Córdoba, cuyo titular se declaró incompetente el 5 de septiembre de ese año (fs. 22 y 24). Producido el accidente que da origen al reclamo el 10 de septiembre de 1988 las sucesivas demandas iniciadas tuvieron la virtualidad de interrumpir la prescripción (art. 3986 del Código Civil). Por ello habida cuenta de que no ha transcurrido el plazo de dos años previsto en el art. 4037 de ese cuerpo legal, corresponde rechazar la defensa opuesta.

2) Que no se controvierte la existencia del hecho que provocó la muerte de la menor Eliana Judith Villalba, como tampoco la legitimación de los actores para reclamar la indemnización pretendida. Por lo tanto, sólo debe considerarse la defensa de los demandados que atribuye la muerte a la culpa exclusiva de la víctima. Pero ninguna prueba eficaz se ha aportado para acreditar tal eximente, por lo que cabe reconocer la responsabilidad del codemandado Acuña y, consiguientemente, la de su principal, la Provincia de Santiago del Estero (arts. 1109 y 1113, 2 parte, del Código Civil).

3) Que en tales condiciones corresponde decidir el monto del resarcimiento.

El reclamo comprende el daño material sufrido por los padres, estimado como la pérdida de la "chance" de contar con un futuro sostén económico por parte de la víctima.

Con relación a la posibilidad de ayuda futura, este Tribunal ha decidido que si de lo que se trata es de resarcir la "chance" que -por su propia naturaleza- es sólo una posibilidad, no puede negarse la indemnización con el argumento de que es imposible asegurar que de la muerte de un menor vaya a resultar perjuicio, pues ello importa exigir una certidumbre extraña al concepto mismo de "chance", de cuya reparación se trata (Fallos: 308:1160). Por otro lado, tampoco cabe excluirla en función de la edad del fallecido, pues aun en casos como el del sub examine es dable admitir la frustración de una posibilidad de futura ayuda y sostén para los progenitores, expectativa legítima de acuerdo con lo dispuesto por el art. 367 del Código Civil, y verosímil según el curso ordinario de las cosas, particularmente en medios familiares de condición humilde (conf. Fallos: 303:820; 308:1160 considerando 4).

Al tiempo de su fallecimiento, la menor Eliana Judith Villalba tenía 10 años de edad y cursaba estudios primarios en los que, según los certificados glosados a fs. 10/13, había alcanzado el cuarto grado con buenas calificaciones. Sus padres, Julio Martín Villalba y Silvia Noemí Perafan, de 32 y 25 años, tienen otra hija que contaba 9 años a la época del accidente y se desempeñaban en la empresa Tecmaq S.R.L. y en el Ministerio de Salud Pública provincial con ingresos de A 1.977,50 por quincena y A 4.413,63 mensuales respectivamente (ver recibos reservados en secretaría que en copia obran a fs. 8/9). Silvia Noemí Perafan era a la vez propietaria de un inmueble donado por su abuela Clementina Lucrecia Brito, ubicado en Estación General Pedanía Constitución, departamento Colón, Provincia de Córdoba. De acuerdo a estos antecedentes, es dable inferir la probabilidad de ayuda futura por parte de la menor -que contaría en la actualidad con 20 años- en el marco de una visión realista de la situación económico-social de la familia sin perder de vista, por otro lado, la existencia de otra hija y las po- sibilidades de sobrevida de sus integrantes. Por ello, resulta apropiado fijar en $ 30.000 la indemnización por este concepto.

4) Que en cuanto al reclamo por daño moral, el art. 1078 lo admite, en caso de muerte, solamente para los herederos forzosos, de modo que sobre la base de este principio corresponde rechazar el pedido efectuado por Yamila Villalba, hermana de la causante (conf. B.201.XXIII, "Bustamante, Elda y otra c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", pronunciamiento del 10 de diciembre de 1996) y hacer lugar al formulado por Julio Martín Villaba y Silvia Noemí Perafan. Para ello se tienen en cuenta las especiales circunstancias del caso, en que dos jóvenes padres perdieron a su hija de corta edad, viviendo la trágica experiencia que ello supone, quizá la mayor causa de aflicción espiritual, por lo que cabe estimar en $ 100.000 el monto de este rubro.

El reclamo se completa con el reintegro de los gastos en que se incurrió, los que comprenden el traslado en ambulancia de la menor desde la ciudad de Jesús María al Hospital de Niños en Córdoba y posteriormente a la localidad de General Paz, y el costo del sepelio, cuyos montos ilustran las facturas que en copia obran a fs. 6/7 y cuyos originales se encuentran reservados en secretaría. Los importes respectivos, actualizados al 1 de abril de 1991 ascienden a $ 2.072.

5) Que los intereses se deberán calcular a la tasa del 6% anual desde el 10 de septiembre de 1988 -día del accidente- hasta el 31 de marzo de 1991 y de allí en más los que correspondan según la legislación que resulte aplicable (Fallos: 316:165).

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1109, 1113, 2 párrafo y concs. del Código Civil, se decide: I.- Hacer lugar a la demanda seguida por Julio Martín Villalba y Silvia Noemí Perafan contra la Provincia de Santiago del Estero e Ignacio Leopoldo Acuña, condenándolos a pagar, dentro del plazo de treinta días, la suma de $ 132.072 con más los intereses que se liquidarán en la forma indicada en el considerando precedente. Con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). II.- Rechazar la demanda iniciada por Yamila Villalba. Con costas (art. 68 del código citado). Las derivadas de la intervención de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán serán soportadas por la Provincia de Santiago del Estero toda vez que su citación resultó improcedente pues no ha sido acreditado el contrato de seguros invocado.

Regúlanse los honorarios de los profesionales intervinientes, con relación al reclamo formulado por Julio Martín Villalba y Silvia Noemí Perafan, de la siguiente manera: los del doctor Alberto Bajar por el patrocinio letrado de los actores en la suma de mil cuatrocientos pesos ($ 1.400); los de los doctores Edelmira Milano de Sayavedra, Fabio Alejandro Pecchio y Sergio Roberto Capucello, en conjunto, por la dirección letrada y representación de los actores en la de diecinueve mil novecientos pesos ($ 19.900); los del doctor Ricardo Novillo Astrada, por la dirección letrada y representación de Ignacio Leopoldo Acuña en la de dos mil trescientos pesos ($ 2.300) y los del doctor Horacio R. Crespo, por la dirección letrada y representación de la citada en garantía en la de ocho mil cien pesos ($ 8.100) (arts. 6, incs. a, b, c y d; 7, 9, 11, 22, 37 y 38 de la ley 21.839).

Regúlanse los honorarios de los profesionales intervinientes, con relación al reclamo formulado por Yamila Villalba, de la siguiente manera: los del doctor Alberto Bajar por el patrocinio letrado de la actora en la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250); los de los doctores Edelmira Milano de Sayavedra, Fabio Alejandro Pecchio y Sergio Roberto Capucello, en conjunto, por la dirección letrada y representación de la actora en la de tres mil cien pesos ($ 3.100); los de los doctores Luis Abelardo Carbajal Campos, José Manuel del Campo y Julio C. González, en conjunto, por la dirección letrada y representación de la Provincia de Santiago del Estero, en la de tres mil doscientos pesos ($ 3.200); los del doctor Ricardo Novillo Astrada, por la direc- ción letrada y representación de Ignacio Leopoldo Acuña en la de mil pesos ($ 1.000) y los del doctor Horacio R. Crespo, por la dirección letrada y representación de la citada en garantía en la de dos mil cien pesos ($ 2.100) (arts. 6, incs. a, b, c y d; 7, 9, 11, 22, 37 y 38 de la ley 21.839). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO (por su voto) - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

Que el infrascripto coincide con el voto de la mayoría con exclusión de la regulación de honorarios que expresa en los siguientes términos:

Regúlanse los honorarios de los profesionales intervinientes, con relación al reclamo formulado por Julio Martín Villalba y Silvia Noemí Perafan, de la siguiente manera: los del doctor Alberto Bajar por el patrocinio letrado de los actores en la suma de mil cuatrocientos pesos ($ 1.400); los de los doctores Edelmira Milano de Sayavedra, Fabio Alejandro Pecchio y Sergio Roberto Capucello, en conjunto, por la dirección letrada y representación de los actores en la de diecinueve mil novecientos pesos ($ 19.900); los del doctor Ricardo Novillo Astrada, por la dirección letrada y representación de Ignacio Leopoldo Acuña en la de dos mil trescientos pesos ($ 2.300) y los del doctor Horacio R. Crespo, por la dirección letrada y representación de la citada en garantía en la de ocho mil cien pesos ($ 8.100) (arts. 6, incs. a, b, c y d; 7, 9, 11, 22, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

Regúlanse los honorarios de los profesionales intervinientes, con relación al reclamo formulado por Yamila Villalba, de la siguiente manera: los del doctor Alberto Bajar por el patrocinio letrado de la actora en la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250); los de los doctores Edelmira Milano de Sayavedra, Fabio Alejandro Pecchio y Sergio Roberto Capucello, en conjunto, por la dirección letrada y representación de la actora en la de tres mil cien pesos ($ 3.100); los de los doctores Luis Abelardo Carbajal Campos, José Manuel del Campo y Julio C. González, en conjunto, por la dirección letrada y representación de la Provincia de Santiago del Estero, en la de tres mil doscientos pesos ($ 3.200);los del doctor Ricardo Novillo Astrada, por la dirección letrada y representación de Ignacio Leopoldo Acuña en la de mil pesos ($ 1.000) y los del doctor Horacio R. Crespo, por la dirección letrada y representación de la citada en garantía en la de dos mil cien pesos ($ 2.100) (arts. 6, incs. a, b, c y d; 7, 9, 11, 22, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

ANTONIO BOGGIANO.