Acción de amparo, sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: CARRIZO Ernesto Federico c/ Provincia de San Juan s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-10-31

En cuanto al sistema establecido por la ley nacional 24901 de "protección de las personas discapacitadas", la citada norma incorpora en su artículo 1 un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, tendientes a brindarles cobertura social.

En su artículo segundo establece como principio, que dichas prestaciones deben ser satisfechas por cada obra social, señalando que dichas obras sociales serán las establecidas en el art. 1 de la ley 23660, dentro de las cuales no se enumera a las obras sociales provinciales y/o municipales.

Pero no obstante ello en su artículo 4 establece que el Estado Nacional debe afrontarlas si la persona con discapacidad carece de esa cobertura.

También establece que el Poder Ejecutivo propondrá a las provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan principios análogos a los de la presente ley.

Esta ley posteriormente es completada con el reglamento n° 1193/98, que prevee que las provincias y municipios se adhieran al sistema de la misma. Nuestra Provincia se encuentra adherida a la misma y a su reglamento a través de la ley 7064, la que se encuentra integrada con la ley 7850.

De lo dicho se colige que las obras sociales provinciales (en nuestro caso de la D.O.S.) y las municipales no están, en principio, obligadas a brindar las prestaciones de la ley 24.901. Ahora bien, el problema surge cuando, como en el caso de autos, la persona con discapacidad está afiliada a una de estas obras sociales que no brindan esta cobertura integral.

Adelanto desde ya mi opinión en que de ninguna manera las mismas pueden quedar sin dicha cobertura, el obligado en este caso, es siempre el Estado Provincial o Municipal que se adhirió a la misma. Ello por que compartiendo plenamente lo expuesto por la Sra. Magistrada en su sentencia, entender que nadie tiene la responsabilidad de otorgar esta cobertura integral, controvierte el propósito abarcador del sistema de protección y violaría el derecho a la igualdad de los afiliados a otras obras sociales ya sean provinciales o privadas, además pondría a estos afiliados en peores condiciones que los que carecen de obra social.

Por otro lado esta también ha sido la solución que viene propiciando nuestra Corte de Justicia en los casos sometidos a su jurisdicción, cuando dijo:"las personas con discapacidad no deberían quedar desprotegidas: el art. 4 de la ley 24901 establece que "las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social tendrán derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la presente norma, a través de los organismos dependientes del Estado.

Por lo que vengo diciendo entiendo que el artículo debe ser interpretado en el contexto que el artículo 2 fija.

Es decir, comprendiendo, no sólo a los que carecen de obra social, sino también a los afiliados a obras sociales que, por no estar incluidas en la enumeración del artículo 1 de la ley 23660, tampoco están obligadas a las prestaciones".