marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Perugini, Gustavo c/ Schmarson, Carlos s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-15

Quien toma la iniciativa y se dispone a producir, de alguna manera, un cambio en el tránsito en relación con la corriente de vehículos o la dirección en que está debe tomar precauciones especiales tales como advertir la maniobra con suficiente antelación, reducir la velocidad paulatinamente, e inclusive esperar a que no exista riesgo alguno (art. 65, 1a. p., 85, 86, ley 5.800; art. 51 inc. 3, 2a. parte, 53, ley 11.430; art. 902 Cód. civil)
Pagaré, pago, pagaré a la vista, presentación al cobro
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado (su quiebra) c/ Romagnoli Roberto Omar y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

Es al deudor excepcionante a quien le incumbe la demostración de los hechos sobre cuya base articula su defensa (art. 547, segundo párrafo del Código Procesal), calidad ésta a la que no escapa el pago con su efecto liberatorio sobre las obligaciones, correspondiendo su prueba a quien lo invoca (art. 725 del Código Civil). A tal fin, resulta del todo insuficiente la mera referencia a la fecha en que se produjo el visto, sin respaldo documental o pericial.-
Supervisión de cumplimiento de sentencia, reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, buena fe, CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, obligaciones del Estado miembro
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de las Niñas Yean y Bosico c/ República Dominicana s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-27

Resulta una facultad inherente a la función jurisdiccional de la Corte Interamericana, con base en los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención y 31 y 69 de Su Reglamento, el supervisar el cumplimiento de sus sentencias, las que deben ser cumplidas en forma íntegra, acatadas de buena fe sin que los Estados puedan invocar razones de orden interno para justificar su incumplimiento -Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados-, asegurando la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal.
Ejecución hipotecaria, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Comité de Administración del Fideicomiso (Ley 12726 /12790 y mod.) c/ Intergas Pehuajó S.A.C.I.A. y T.S.  s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

Cabe recordar que la nulidad no es una sanción para emprolijar estéticamente el procedimiento, sino para evitar la indefensión violatoria del debido proceso, la indefensión abre las puertas a la nulidad procesal y, en la duda, debe estarse por la nulidad del acto procesal cuya irregularidad hubiera comprometido el derecho de defensa (cfrme. Sosa, Toribio E., "Código Procesal...", t. II, pág- 72, ed. Librería Editora Platense, año 2021).
Matrimonio, disolución del matrimonio, divorcio, igualdad ante la ley, derecho a la protección integral de la familia, aptitud nupcial, concubinato, derecho a contraer matrimonio
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

Dado que la indisolubilidad del matrimonio no genera una cierta garantía de cohesión social, la desaparición de la aptitud nupcial frente a un fracaso sólo produce la proliferación de relaciones de hecho, que son socialmente admitidas como si fueran matrimonios y, sin embargo, carecen de la protección jurídica con que la Constitución inviste a la decisión de casarse. Esto conduce a plantearse si tal reglamentación, además de desnaturalizar un derecho expreso como el establecido en el art. 20 de la Constitución, no comporta también la alteración de la protección jurídica de la familia que asegura su art. 14 bis y de la igualdad ante la ley que establece el art. 16.
Prueba, segunda instancia, negligencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MANFREDI JORGE c/ EL PORVENIR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA s/ PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-02-29

La prueba instrumental, puede ser ofrecida -y por lógica diligenciada- en cualquier estado del proceso, incluso después de los escritos ordinarios del juicio y aún en segunda instancia (arts.

255 y s.s. C.P.C.), por lo que deviene ociosa toda referencia a la expiración del término fatal de prueba.

Si el ofrecimiento de la documental puede tener lugar en todo momento, es evidente que lo mismo vale para su recepción o tramitación. Si aún en la alzada puede ofrecerse y producirse la documental respectiva u otra cualquiera, no tiene sentido hablar de negligencia. Y naturalmente, el litigante que ofrece una documental en segunda instancia, no puede estar en mejor situación que el que la ofreció y no la diligenció en la primera dentro del término ordinario de prueba.-
Honorarios del abogado, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fonrouge, Guillermo c/ Lazana, Gustavo s/ Incum. contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

En los supuestos de ejecución de honorarios de abogados, si así se pide, debe aplicarse el art. 54 inc. b del dec.ley 8904/77 por lo que el capital devengará en el caso, el interés que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa, modalidades de la compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: Gon, Felipe Hilario c/ Chagra, Elsa Alicia y/o Alfredo F. Chagra s/ Rescisión de Boleto de Compraventa F. Chagra s/ Rescisión de Boleto de Compraventa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-03-07

La omisión por el vendedor de cumplir con los requisitos de forma establecidos en los arts. 2 y siguientes de la ley 14.005, no se puede ser esgrimida por éste, para sostener que el contrato en cuestión no está encuadrado en las disposiciones de la citada ley.
Temeridad o malicia, defensa en juicio, in dubio pro reo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Vittar, Eduardo Calim c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ Cobro - Incidente de Honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-20

Los preceptos que sancionan la conducta que se considera incorrecta deben ser aplicados con suma prudencia a fin de no condicionar inapropiadamente el ejercicio constitucional de la defensa en juicio. El derecho de que se trata, que reconoce raíz en la ley natural y que ha sido puesto por nuestro ordenamiento jurídico en rango constitucional consiente un amplio margen dentro del cual no es prudente introducir censuras o restricciones, en tanto su ejercicio no revele un abuso manifiesto o una abierta contradicción con los deberes de lealtad y buena fe, extremos estos que deben ser juzgados restrictivamente. Si existe alguna duda para considerar que la actuación cuestionada ha sido malintencionada, o temeraria, a tal punto de causar un injustificado perjuicio a la contraria esa duda debe ser volcada en beneficio de los imputados y justifica la no aplicación de sanciones.
Recurso de queja (procesal), fundamentación del recurso, recurso de casación, denegatoria del recurso, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: FREUE, JOSE s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-10

La queja debe autoabastecerse y su sola lectura debe ser bastante para la comprensión del caso, sin necesidad de remitirse a otras piezas del expediente, y además debe realizarse una critica del auto que denegó el recurso de casación expresando los fundamentos jurídicos de la discrepancia con aquel.
Asociaciones sindicales, asociaciones profesionales, estabilidad del delegado gremial, despido del delegado gremial, proceso judicial, suspensión por justa causa, medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: CIRCULO MILITAR - ASOCIACION CIVIL c/ DELLASANTA, MIRTHA s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27

En el diseño del art. 52 de la ley 23551 no toda inconducta que justificaría un despido permite viabilizar la cautela, y más allá de la evaluación final, es exigible un potencial peligro para la seguridad de las personas y los bienes, art. 52 ya mencionado y art.

30 del decreto 467/88, para que sea admisible separar al trabajador protegido de su fuente de labor durante el lapso que abarque la secuela del proceso celérico de conocimiento.
Recurso de inconstitucionalidad, accidentes de trabajo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: 80185 - ASOCIART A.R.T.EN J:308484 PINNA MARIA TERESA Y OTR. c/ CERAMICA INDUSTRIAL MENDOZA S.A. s/ inm. por muertes/ inc. cas
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-06-22

La inconstitucionalidad del art. 18 de la ley 24.557 y 53 de la ley 24.241 es procedente cuando el reclamo de la indemnización de la LRT es incoado por uno de los progenito-res de la víctima y no existen otros derecho habientes, de lo contrario significaría violar normas constitucionales (Art. 14 bis CN).-
Riesgos del trabajo, indemnización por accidente de trabajo, jugador de fútbol, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad del asegurador, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Voboril, Germán Ariel c/ Galeno ART S.A. y otro s/ Accidente ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-05

Corresponde confirmar la sentencia que condenó a dos aseguradoras de riesgos del trabajo a indemnizar a un futbolista profesional por dos lesiones que sufrió mientras desarrollaba sus tareas para un club de fútbol, dado que si bien la regla del apartado 1 del art. 43 de la Ley de Riesgos del Trabajo determina que el derecho a recibir las prestaciones asistenciales nace con la denuncia de los hechos causantes de daños derivados del trabajo, no se encuentra controvertido que los sucesos dañosos ocurrieron dentro del establecimiento laboral mientras el actor desarrollaba sus tareas habituales y que fue atendido por el cuerpo médico profesional de primera división del club, y que dichas circunstancias determinan la acreditación de acontecimientos súbitos y violentos ocurridos por el hecho y en ocasión del trabajo que afectaron al trabajador y por los cuales se determinó un grado de incapacidad que debe ser reparado, dentro de los parámetros de la acción sistémica. Es decir que los presupuestos de hecho que, en el marco de lo normado por la ley 24.557, permitirían establecer la existencia de relación causal adecuada entre la minusvalía y el factor objetivo de responsabilidad atribuible a la demandada, se encuentran debidamente acreditados.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, jueces naturales, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T, J A s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad en autos:   "Recurso de queja por apelación denegada planteado por el Dr.   Ernesto Segui en autos "Marcelo Rosello y otros -cohecho" (Expte. CSJ  Nº 599-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-08

Corresponde rechazar la queja interpuesta si de la compulsa de la pieza impugnativa con la decisión criticada no se alcanza a advertir razones que persuadan -ni tan siquiera prima facie- acerca de la efectiva existencia de las violaciones a la garantía del debido proceso legal (comprensivo de las garantías de defensa en juicio y del juez natural, entre otras) que según la recurrente se derivaría de la resolución, ni tampoco resultan otros elementos que por su seriedad demuestran que se haya ocasionado a aquélla -en su esfera de derechos- un gravamen tal que habilite hacer excepción a dicho principio. En efecto, en el caso, la impugnante -a pesar de las tachas propuestas y de la extensa argumentación desarrollada- no ha logrado llevar la discusión al plano de la propia aceptabilidad constitucional de lo resuelto, careciendo su presentación de razones idóneas para descalificar la justificación expuesta por la Sala al desestimar los planteos formulados -tendentes al apartamiento de los vocales por supuesta parcialidad-, efectuando para ello una interpretación de los principios y las normas procedimentales aplicables al caso que, por su razonabilidad satisface adecuadamente las exigencias de la fundamentación impuesta con carácter amplio por el artículo 95 de la Constitución Provincial.
Jubilación ordinaria, cómputo de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: POZZO, ANDRES ANGEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-31

La ley 14499 vincula la determinación del haber de pasividad a las remuneraciones percibidas por el titular en actividad; no corresponde entonces considerar - a los efectos de completar el período de 12 meses exigidos por el artículo 2 de dicha ley - el tiempo de desempeño interino de un cargo, si durante este no percibió la remuneración correspondiente al titular.
Transporte aéreo, indemnización, obligaciones de dar sumas de dinero, moneda nacional, vacío legal
Materia: AERONAUTICO
Carátula: CAJA  DE  JUBILACIONES,  SUBSIDIOS Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS. SADATEL  S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-28

Por no tratarse de una obligación en moneda extranjera -que tiene su propio régimen legal-, sino de fijar en esa moneda, como unidad de cuenta, un tope legal a una indemnización pecuniaria, vale decir, a ser satisfecha en dinero, denominación que sólo cuadra a la moneda nacional, no es pertinente estar a la fecha de la mora para efectuar la conversión.
Juicios contra el Estado, ejecución de sentencia, plazo, ley de emergencia
Materia: LABORAL
Carátula: Vega Daniel Osvaldo c/ Sup. Gob. Prov. Cba. s/ Incapacidad -  Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-04-26

El dictado del auto liquidatorio diferido para una etapa ulterior es idóneo para poner en marcha el plazo de espera legal previsto por el art. 40 ley 8575.

Transcurridos ciento ochenta días "corridos" sin que medie cumplimiento voluntario se podrá ordenar la ejecución forzosa. El principio cardinal en materia de ejecución de sentencias, es el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal a los fines de asegurar la vigencia irrestricta del estado de derecho.

Los supuestos excepcionales amparados por regímenes especiales deben ser interpretados restrictivamente, criterio también postulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 303:373). Luego, el término debe contarse en forma corrida porque de admitirse lo contrario se añadiría un plus en la restricción de los derechos y postergación de la fecha de pago, en abierta contradicción con el orden jurídico vigente y con la destacada doctrina reseñada.
Ejecución de sentencia, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAPUTO TALLARICA, CONSTRUCCIONES  S.R.L. c/ BANCO NACIONAL DE DESARROLLO s/ COBRO DE PESOS - HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-21

En el SUB LITE, tanto los escritos donde se practica la liquidación, como el que se pide cheque, y la cédula diligenciada, corresponden a la hipótesis enunciada en el Considernado II del fallo plenario "Ferrando" (del 24-8-82), por lo que no procede regular honorarios del profesional de la actora por los trabajos de ejecución de sentencia.
Acción, costas, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Boese, Irene c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Prov. de Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-17

Se encuentran configuradas en el caso las circunstancias que justifican la aplicación de las costas a la demandada en tanto ésta, con su conducta remisa y con evidente falta de fundamentación, ha obligado a la actora a promover el proceso y sustanciarlo hasta su terminación, obrando con notoria temeridad (en el caso los actos que se impugnan se basan en la negativa de la Caja profesional a cumplir con la sentencia dictada para el caso concreto por la que se declaró la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 5920).
Infracciones de tránsito, tenencia de estupefacientes, detención, control policial, menores
Materia: PENAL
Carátula: RIVADENEIRA, Luis Fernando c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-15

Es válida la detención si la intercepción del vehículo se debió a que el imputado se encontraba circulando en una motocicleta infringiendo normas de seguridad -sin cascos y sin patente a la vista- lo que motivó la intervención de los preventores que se encontraban realizando tareas de control vial y, en ese contexto, procedieron a solicitarle la documentación de la motocicleta, ocasión en la que el hijo menor del imputado entregó voluntariamente el material estupefaciente a los preventores.
Cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Grosso, Carlos Graciano s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Aunque haya dirimido una contienda de competencia, la Corte puede modificar su propia decisión sobre la base de nuevos elementos de juicio que sólo puede conocer mediante las actuaciones posteriores al fallo.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado por actos lícitos, abuso del derecho, expropiación
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ DE NEBBIA MARIA C. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - EXPROPIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-05

La responsabilidad del Estado para indemnizar daños civiles, no sucede si al hecho generado le falta la ilicitud indispensable (art.

1066 C.C., "prohibidos por las leyes ordinarias"), y no consta dolo culpa o negligencia por parte de sus agentes, asimismo necesaria (art. 1067 C.C.).

El concepto según el cual toca al Estado resarcir en caso de daño por actos lícitos, no es de Derecho Civil, sino público o administrativo, y se asienta fundamentalmente en la compensación patrimonial de actitudes políticas o finalistas.

Responsabilizar al Estado en el plano civil y por actos lícitos, sólo por ser Estado, enfrenta la igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) y se opone al art. 1071 del Código Civil en cuya virtud el ejercicio regular de un derecho no constituye como ilícito (se lee "dañoso") ningún acto, con reserva de abuso de derecho que, claro está, nada opera aquí.
Excepción de prescripción, recurso de apelación (procesal), obligaciones solidarias
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: LOPEZ GAUDERIO, Fernando Arián c/ PADILLA, Miguel Manuel y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

La circunstancia de que solo uno de los codeudores solidarios haya apelado la decisión de primera instancia que rechazó la excepción de prescripción, no impide que el acogimiento de la excepción en la Alzada beneficie por propagación de los efectos de la prescripción admitida al resto de los codeudores solidarios, tanto a aquel que también apeló y solicitó la revocación de la sentencia, pero sin agraviarse de lo resuelto en cuanto a la prescripción, como a los codemandados contra los que se había rechazado la acción.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos y garantías constitucionales, empleo público, sanciones disciplinarias, sumario administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRATI MARIA TERESA c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

En el caso, es procedente el cauce procesal de la acción de amparo si se tiente en cuenta que la amparista fundó la acción en la falta de resolución del sumario administrativo que se le inició hace más de cinco años (cuatro al momento de interponer la acción), circunstancia que llevó a la separación de su cargo y, consecuentemente, importó el ejercicio de otras funciones que no son las que le corresponden -conducta que considera arbitraria e ilegítima- por vulnerar su derecho a trabajar, al debido proceso y a la seguridad jurídica.
Aplicación de la ley, Constitución Nacional, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Masiriz, Jorge Raúl c/ Instituto de Previsión Social s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

Las normas de interpretación de la ley consagradas en el Título Preliminar del nuevo Código Civil y Comercial poseen aplicación inmediata, constituyen un mandato que tiene como naturales destinatarios a los jueces, a todos, a los jueces concretos y actuales, a los jueces a quienes toca resolver y que tienen la misión de definir la ruta que ha sido señalada por el legislador. En otras palabras, ese Título preliminar es de aplicación inmediata al cumplir el rol de indicar la manera en que el juzgador debe llevar a cabo la tarea interpretativa. Ya no es posible sostener que la ley es la exclusiva o preponderante fuente del derecho y que la única interpretación vàlida sea la literal o la que busca exclusivamente la intención del legislador.(del voto del doctor de Làzzari)
Daños y perjuicios, medidas para mejor proveer
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARRERE DE BUTUS YOLANDA IRMA c/ YOSHIDA ERNESTO HUGO SATURNINO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-06-06

El ejercicio de las facultades de ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, artículo 36 inciso segundo del Código Procesal Civil y Comercial, no es revisable a través del carril sub-exámine, porque se trata de prerrogativas propias de los tribunales de la instancia ordinaria, que son - dice la Suprema Corte - quienes en definitiva juzgan la necesidad y oportunidad de las medidas que pueden adoptarse.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, defensa del consumidor, daños y perjuicios, responsabilidad civil, responsabilidad extracontractual, actos ilícitos
Materia: PROCESAL
Carátula: Unión  de  Consumidores de Argentina c/ Arcos Dorados S.A. y otro s/ diligencias preliminares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

La demanda interpuesta por una asociación de consumidores -con fundamento en la ley 24.240- a fin de diligenciar una serie de medidas previas a la promoción de una acción principal por los daños y perjuicios causados a los consumidores actuales y en defensa de los potenciales que verían en riesgo su salud y aún sus vidas -por la ingesta de alimentos afectados por la bacteria "escherichia coli"-, tiende básicamente a una reparación por responsabilidad extracontractual derivada de actos ilícitos y debe resolverse en el ámbito del derecho civil. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, acción de amparo, juicio sumario, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Castro, Ramón Andrés c/ Provincia de Salta s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

La tutela de los derechos y facultades constitucionales puede canalizarse por vías procesales que no se limitan a la específicamente reglada en la ley 16.986, por lo que cabe disponer que la demanda iniciada por el trámite de amparo se sustancie conforme al trámite previsto para el juicio sumario en el Código Procesal.