marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obligación de seguridad, responsabilidad del transportador, policía federal
Materia: CIVIL
Carátula: GUIÑEZ,  Víctor  Hugo c/ TRANSPOERTES METROPOLITANOS GENERAL ROCAS.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-16

Disidencia del Dr. Carranza Casares:

1- La interpretación de la extensión de la obligación de seguridad que tiene causa en el contrato de transporte de pasajeros, debe ser efectuada con sustento en el derecho a la seguridad previsto en el art. 42 Constitución Nacional para los consumidores y usuarios. 2- La existencia del poder de policía estatal no enerva el deber de seguridad propio de la concesionaria del transporte público. Es que, si bien el hecho delictivo puede resultar imprevisible para el transportador, ello no quita que frente a una habitual situación de riesgo como el caso, -hinchas de un club de fútbol se deban tomar las medidas de seguridad para evitar daños previsibles o evitables. La sola medida de concentrarlos en dos vagones es claramente insuficiente cuando ni siquiera se requirió presencia disuasiva o preventiva de fuerzas de seguridad. (Sumario N°20283 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Latini, Julio Luis y otro s/ Extorsión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación del art. 259 del Código de Procedimiento Penal, si el recurrente sólo realiza afirmaciones genéricas sobre la prueba de indicios sin relacionarlas con la sentencia.
Administración fraudulenta, fraude a la Administración Pública, ministros, sentencia condenatoria, confirmación de sentencia, accidente ferroviario
Materia: PENAL
Carátula: De Vido, Julio Miguel y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

Debe ser confirmada la sentencia que condenó al imputado (ex Ministro de Planificación Federal), en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco del juicio por un accidente ferroviario en el cual fallecieron 51 personas, habida cuenta que el encausado era la máxima autoridad a cargo de la protección de los bienes públicos en cuestión, resultando insuficiente escudarse detrás de su posición jerárquica y una alegada lejanía causal con los bienes materiales confiados a su competencia funcional, para sustraerse de sus funciones primordiales y de los deberes institucionales asumidos.
Trabajador autónomo, afiliados previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PASTOR DE GAMEZ JOSEFA G. s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-04-28

La afiliación al régimen de la ley 14397, no obstante estar impuesto obligatoriamente por el artículo 2, requiere para generar derecho a los beneficios de pensión estatuidos en el sistema la incorporación del causante a los registros de la Caja antes de producirse su deceso, sea por un acto formal del mismo o mediante la actividad que al respecto pueda haber desplegado el ente previsional.
Violencia de género, solicitud de excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: G.C.F. s/ S.d. Amenazas e.p. O.M.A. (Cuardenillo de Apelación contra Denegatoria de Excarcelación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-03-25

Cabe denegar la excarcelación al imputado del delito de amenazas en perjuicio de su ex pareja, a quien habría conocido cuando se encontraba en prisión, privado de su libertad por el supuesto incendio agravado por muerte de su anterior consorte, pues tratándose de un delito que se enmarca en un cuadro de violencia de género, la concesión del beneficio, y sin que implique prejuzgamiento, constituiría una revictimización de quien ha sentido gravemente afectada su seguridad física y psicológica.
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferreyra, Jorge Luis c/ S.E.G.B.A.  y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Al margen de ello, lo dispuesto en el nuevo artículo 623 del Código Civil, también se admite la capitalización de intereses en los supuestos previstos en el artículo 569 del Código de Comercio, así como, por períodos no menores a tres meses, en el artículo 788 de ese Código, para la cuenta corriente mercantil, y por mismo lapso, salvo estipulación en contrario, para la cuenta corriente bancaria en el artículo 795.
Sanciones disciplinarias, recurso de apelación (procesal), Corte Suprema de Justicia de la Nación, superintendencia, auxiliares de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOS DOS CHINOS SCA c/ BURGOS, JOSE Y OTROS s/ DESALOJO.   QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 171-84 C., G. B. s/ QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 554-87 I. F. L. Y E. V. D. c/ R. M. Y J. P. s/ QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 379-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-10-10|1988-03-23|1988-03-29

Las decisiones sancionatorias del tribunal de disciplina del colegio de abogados -con excepción de las más benignas previstas en el inciso 1) del artículo 226 de la ley orgánica de los tribunales-, son apelables ante la Corte quien ejercita en ese caso su potestad de superintendencia sobre los abogados, en su carácter de "auxiliares de la justicia".

En el caso de autos, la sanción impuesta a la colegiada fue de "apercibimiento público".
Sentencia arbitraria, honorarios del escribano, reglamento de copropiedad y administración, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Aristizábal de Doldán, María Cristina c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que al fijar los honorarios del escribano autorizante de un reglamento de copropiedad, se apoyó en que la encomienda había sido efectuada sobre la base de ciertas directivas, omitiendo ponderar que aquéllas fueron dejadas sin efecto, en tanto conduce a un resultado desvinculado de las circunstancias comprobadas en la causa, lo que afecta el derecho de propiedad de la demandante al convertir en difícil e incierta la posibilidad de percibir los honorarios que les son debidos.
Interpretación de la constitución, tratados internacionales, Derechos humanos, jerarquía constitucional, Poder Legislativo Nacional, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Cuando el Congreso confiere jerarquía constitucional al tratado hace un juicio constituyente por autorización de la Constitución misma según el cual al elevar al tratado a la misma jerarquía que la Constitución estatuye que éste no sólo es arreglado a los principios de derecho público de la Constitución sino que no deroga norma alguna de la Constitución sino que la complementa. Tal juicio constituyente del Congreso Nacional no puede ser revisado por la Corte para declarar su invalidez sino sólo para hallar armonía y complemento entre tales tratados y la Constitución (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Faltas del servicio, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, culpa de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: M.M.Z c/ Gcba s/ Daños Y Perjuicios (Excepto Resp. Medica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-02

Frente al cumplimiento irregular de las obligaciones a cargo del hospital demandado - en el caso, dependiente del GCBA-, originadas a partir de una internación que tuvo por objeto resguardar la integridad de quien por un cuadro agudo de psicosis representaba un peligro para sí mismo, queda interrumpida la cadena con causal con el hecho de la víctima en la producción de su deceso,- en el caso, se suicidó tras fugarse del nosocomio- pues el deber de mantener la indemnidad física del paciente constituyó el núcleo de la relación, más aún cuando la historia clínica da cuenta de que debían tomarse a su respecto recaudos y cuidados intensivos.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García Laure, Irma Y. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

La pérdida del derecho a gozar de jubilación por parte del causante operada por aplicación del art. 98 inc. "a" de la ley 5425 (t.o.

1959) vigente a la fecha de su cese (art. 25, ley 6469), no importa por sí misma la pérdida del derecho de acceder a la pensión por parte de las personas legitimadas a ese efecto por la ley vigente a la fecha de su fallecimiento. En el caso, el decreto ley 9538/80 preserva el derecho de los beneficiarios con derecho a pensión aún en los supuestos en que el afiliado directo no estuviera gozando de jubilación por alguna de las causales de pérdida o suspensión que enumerara.
Concurso de delitos, falsificación de sellos, falsificación de instrumento privado, pagaré
Materia: PENAL
Carátula: FORMICA, Guillermo s/ inf. art. 172 y 288 del CP-causa 15.694
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-28

La impresión efectuada a través del matasellos perteneciente a una sucursal de ENCOTEL., a diferencia de los sellos oficiales previstos por el art. 288 del Código Penal, no brindan autenticidad al documento donde fueron usados, caracterización que es exigida para dar por conformados los elementos objetivos de esta figura penal.

Este sello, en realidad, permite constatar el cumplimiento impositivo relativo a este tipo de operaciones comerciales (pagarés), de acuerdo a las previsiones del art. 17 de la Ley de Sellos, nro. 18.524, reglamentada mediante decreto 2156, por lo que en el mejor de los casos lo que podrá otorgársele es la utilidad de ser un medio de prueba que recaiga sobre la certeza de la fecha en la cual se haya celebrado un acto de esta naturaleza pero no un requisito del instrumento cartular. Por tal razón no constituye el delito de falsificación de sellos la acción de imponer un matasellos con fecha antedatada, con el objetivo de acceder a la vía ejecutiva contra un inmueble constituido como bien de familia con posterioridad a ésta. Va de suyo que la caracterización evidenciada a través de la coincidencia de las fechas impresas por el sello postal y la manuscrita en dicho título, ha tenido por función la concreta producción de un error en el Juez que, finalmente, intervino en la ejecución de éste, a los efectos de lograr la venta en pública subasta de la propiedad del damnificado y cobrar la suma reclamada. (Del voto en disidencia del Dr. Irurzun)
Garantías procesales, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Funes, Alejandra Patricia c/ Clínica Modelo Los Cedros S.A. y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-28

La magna labor de administrar justicia no se basa en la sola voluntad o en el derecho libremente aplicado sino en leyes, ya que nadie está sobre ellas, siendo que nuestra Constitución estableció un Poder Judicial integrado por jueces que actúan conforme a reglas que la comunidad debe conocer, y a las que deben ajustarse para que las soluciones sean previsibles, todo lo cual la Corte debe hacer respetar porque constituye un elemento de la garantía constitucional de debido proceso (Disidencia del Dr. Ricardo L. Lorenzettti).
Recurso de inconstitucionalidad, defectos en la fundamentación normativa, jurisdicción, sentencia ultra petita, daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización, culpa concurrente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SUAREZ, TILDA L. EN SU CARACTER DE CURADORA PROVISORIA DE ROBERTO R. SUAREZ c/ GIRAUDO, RAUL J. Y SUC. DE ALFREDO WILLINER S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 922 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-01

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora, desde que en el caso la Alzada ingresó al análisis de una cuestión que no le había sido propuesta -y que, por consiguiente, se encontraba ya cerrada para el debate con la autoridad propia de la cosa juzgada-, con lo que incurrió en una violación a reglas fundamentales que rigen la revisión de las sentencias por los tribunales de segunda instancia. En el caso, el análisis de los agravios planteados por las partes no tornaba "inexcusable" la consideración de la concurrencia de culpa de la víctima, pues si bie n ésta había sido introducida como defensa por los demandados, los mismos no objetaron en su apelación el juicio formulado por el Juez de baja instancia sobre la "premisa menor" del pronunciamiento, esto es, la reconstrucción de la materia fáctica del expediente (en concreto, la mecánica del accidente y sus causas). Dichos argumentos conclusivos no fueron controvertidos en las apelaciones de las partes, que a su turno se limitaron a cuestionar los montos indemnizatorios por daño patrimonial y moral (la actora) y por daño moral exclusivamente (la demandada), por lo que resulta forzoso concluir en que la Cámara ha fallado sobre un punto que, al no haber sido recurrido, había quedado firme y, por consiguiente, no podía ser revisado por ella sin violación al principio de "tantum devollutum quantum appellatum" (que ostenta jerarquía legal y constitucional) y sin desmedro de las garantías del debido proceso y de la propiedad, por lo que en definitiva su respuesta no puede ser considerada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, gravamen irreparable, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASAL DE SANCHEZ, MARTHA SUSANA c/ COMUNA DE ALCORTA s/ APREMIO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 245-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-13

Al invocar mediante agravio, irreparabilidad y gravedad institucional debe demostrarse que tal irreparabilidad advenga como consecuencia inexcusable de la pretensa ilegitimidad de que adolecería la decisión que se impugna y que la cuestión exceda el mero interés particular de la litigante como para asumir trascendencia institucional.
Acción de amparo, fertilización asistida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., S. y otro c/ Obra  Social Poder Judicial de la Nación y otro s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

Corresponde hacer lugar a una acción de amparo entablada contra una obra social y una empresa de medicina prepaga, ordenando a estas a que brinden a los actores la cobertura integral del tratamiento de Fertilidad Asistida de Alta Complejidad y medicación que prescriba el médico tratante, toda vez que entiende que uno de los actores es afiliado a la obra social demandada y el otro es afiliado a la empresa de medicina prepaga también accionada, ambas legitimadas pasivamente en autos, y en atención a la prescripción médica efectuada por el galeno especialista de tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad, realizada en función de su diagnóstico de esterilidad 1 y factor masculino severo.
Ejecución de la pena, salidas transitorias, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: BELIZAN, MANUEL LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-02

La posibilidad de atemperar la rigurosidad del encierro a través de los derechos del período de prueba y luego mediante la libertad condicional ha sido considerada por la ley 24660 como una herramienta fundamental teniendo en miras la necesidad de incorporación paulatina y controlada del penado a la vida libre, es decir, la progresividad y, por tanto, la resocialización.

Es por ello que una norma que priva a los condenados por determinados delitos de modo objetivo y absoluto de uno de los períodos del tratamiento penitenciario (o lo que es lo mismo de los derechos que éste conlleva), desvirtúa un derecho fundamental como lo es el de todo condenado a cumplir su pena dentro de un régimen progresivo que aspire a alcanzar la finalidad resocializadora, violentando de modo manifiesto las disposiciones derivadas de normas superiores previstas tanto en la Constitución Nacional como en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos con igual jerarquía. (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Divorcio por presentación conjunta, aplicación de la ley, código civil y comercial
Materia: PENAL
Carátula: H. A. y S. A. I. c/  s/ Divorcio por mutuo consentimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-03-02

A tenor de las reglas de derecho transitorio incluidas en el art. 7 del nuevo Código Civil y Comercial, las causales de extinción de las obligaciones en curso se rigen por el derecho vigente al momento que las mismas acontecen, de modo que aún no extinguidas, corresponde aplicar el nuevo Código Unificado.
Diputados nacionales, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires
Materia: ELECTORAL
Carátula: Pérez, José Adrián s/ acción declarativa de certeza certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-18

El actor prestó juramento y asumió su cargo de diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires con fecha 19 de diciembre de 2007, con lo cual, al haber nacido en la Provincia de Córdoba, forzosamente, al momento de acceder a ese cargo debió haber acreditado dos (2) años de "residencia inmediata" en el distrito por el cual resultó electo para poder cumplir con las previsiones contenidas en el art. 48 de la Constitución Nacional para ser diputado. (Voto del Dr. José O. Casás).
Propiedad industrial, patentes, novedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIETE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCRAS c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

La ley 24.481 considera "novedosa" toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que los conocimientos que conforman el "invento" no se hayan hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero (artículo 4, b y c, LP). Se trata de un concepto jurídico de "novedad" y de una apreciación universal y objetiva. Dada esta nota de novedad absoluta o universal, ésta se determina en relación con los conocimientos técnicos existentes en el país o en el extranjero y se entiende que la novedad se frustra cuando esa tecnología es comunicada de alguna forma a terceros. Sin duda, la solicitud de una patente ante una oficina de patentes -tanto nacional como en un sistema regional o universal- es un acto voluntario que contribuirá a incrementar el acervo tecnológico de la humanidad, pues la acción lleva implícita la publicación según el sistema legal de que se trate. Precisamente, el otorgamiento de un derecho de patente tiene su justificación económica en el aporte del conocimiento a la comunidad y, posteriormente, expirada la vigencia de la patente, en el ingreso de este aporte al dominio público.
Excarcelación, prisión preventiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BASSI, Haroldo Luis; RIGLOS, Norberto Fabián s/ recurso de casación por excarcelación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-09-15

El instituto de la prisión preventiva gira en torno a diversos derechos tales como la defensa en juicio, el estado de inocencia y el debido proceso, situación que ha generado diversas posiciones al respecto. Pero existe claridad, como sostiene Ledesma en que la regla general es que el imputado permanecerá en libertad durante el transcurso del proceso, pues de lo contrario significaría aceptar que la libertad es una presunción legal en abstracto, sin posibilidad de interpretación en contrario y que permitiría que "el legislador fije una presunción iure et de iure en contra de la Constitución" (LEDESMA, Ángela. La reforma procesal penal. Ed. Nova Tesis. Buenos Aires, 2005: p.61).- Es por ello que para aceptar la procedencia de la prisión preventiva se requiere de la configuración de dos aspectos: el llamado fumus bonis iuris y el peligro en la demora. El primero "consiste, en el plano fáctico, en la presencia de 'suficientes indicios a cargo de aquel contra el cual se emite la providencia'".

El segundo se manifiesta "cuando los códigos procesales individualizan las hipótesis en las que consideran que habrá riesgos para los fines del proceso si la coerción no se dispone tempestivamente, a la vez que instituyen y regulan las medidas coercitivas encaminadas a neutralizarlos" (LA ROSA, Mariano. Excención de prisión y excarcelación. Ed. Astrea. Buenos Aires, 2006: pp.270, 276/7).- Estos dos aspectos deben surgir de la resolución que imponga la procedencia de la medida coercitiva, no como fórmulas genéricas, sino demostrando la existencia de pruebas que justifiquen la acusación.-
Legítima defensa, racionalidad del medio empleado, exceso en la legítima defensa, dispositivo antirrobo, muerte de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: REINOSO, LORENZO RAMON s/ HOMICIDIO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1985-10-17

Si para la defensa de la vida o de la integridad corporal resulta la necesidad racional de la colocación de aparatos mecánicos mortíferos, para la defensa de la propiedad resulta casi siempre desproporcionada. No puede invocar legítima defensa quien para defender los bienes de su propiedad, instala un aparato que al funcionar ocasiona la muerte. Uno de los requisitos que integra la legítima defensa es el de la necesidad racional del medio empleado con ajuste a la proporción entre el ataque y la reacción.

Por lo que la muerte de un ladrón con aparatos mecánicos predispuestos para la defensa de los bienes, no representa el ejercicio de un derecho ni tampoco un supuesto de defensa legítima.

Pero sí un caso de exceso en la legítima defensa y, por tanto punible con pena de delito culposo (artículo 35 del Código Penal).

La muerte de una persona inocente en las mismas condiciones anteriores puede conllevar la aplicación de los principios de la defensa putativa culposa, siempre y cuando hayan concurrido en la especie los extremos configurativos del error en la defensa.
Tribunal de disciplina, sanciones del Colegio Profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendoza, Juan Abel c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ Ejercicio de la abogacía - Ley 23.187 - Art. 47
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-28

Las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados remiten a infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales que caben en un régimen de supremacía especial como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que los envuelve a todos, siendo irrelevante que las mismas no resulten asimilables en un sistema punitivo abstracto.