Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-07


Reg.: A y S t 281 p 105/112. En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Mario Luis Netri, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "CHLUS, JORGE CARMELO contra VILLALBA, ESTEBAN RAÚL -APREMIO- (EXPTE. CUIJ N° 21-00026711-9) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00509426-4). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Netri, Falistocco y Gutiérrez. A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Por sentencia de fecha 02.08.2013 (fs. 244/246), la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de la ciudad de Santa Fe hizo lugar a la demanda de apremio, mandando llevar adelante la ejecución por la suma reclamada en concepto de honorarios según el valor de la unidad jus vigente (conf. Art. 32, ley 6767 modificada por ley 12851), más el 13% en concepto de aportes profesionales a cargo del deudor y con un interés del 12% anual, imponiendo las costas a cargo del demandado. Contra dicho pronunciamiento interpuso el demandado el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055 (fs. 256/262), alegando que la sentencia incurrió en violación de principios y garantías constitucionales, así como de la ley nacional 23928, postulando asimismo la inconstitucionalidad del artículo 32 de la ley 6767 (texto según ley 12851). La nueva titular del juzgado de grado concedió la impugnación extraordinaria, por entender que la postulación del recurrente importaba plantear con idoneidad suficiente un supuesto de posible afectación de derechos y garantías amparados por la Constitución (fs. 302/305). En el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, no encuentro razones para apartarme de dicha conclusión, pese a lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 312/315). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Falistocco y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. Conforme surge de las constancias de la causa, en fecha 21.10.2009 Jorge Carmelo Chlus solicitó, de acuerdo con el artículo 24 y concordantes de la ley 6767, la regulación de honorarios extrajudiciales por gestiones administrativas que afirmó haber llevado a cabo ante la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado en favor de Esteban Raúl Villalba (según actuaciones obrantes a fs. 8/76), a fin de obtener el cobro del seguro social por fallecimiento de su madre, según contrato que dijo haber celebrado con éste el día 23.06.2008 (obrante en copia a f. 1). La jueza de primera instancia, por resolución de fecha 28.03.2012 (fs. 164/166), reguló los honorarios del doctor Jorge Carmelo Chlus por sus trabajos en sede administrativa, en la suma de $12.460 equivalentes al 21.10.2009 a 66,70 jus. Tomó como base regulatoria la suma en juego en las actuaciones administrativas, de $83.073, y el pacto de cuota litis (del 15%) plasmado en el convenio de foja 1. Fijó el interés moratorio en una tasa del 12% anual. Finalmente, ordenó la notificación del auto regulatorio a Esteban Raúl Villalba. Comparecido Esteban Raúl Villalba, interpuso recursos de revocatoria y apelación subsidiaria contra el auto regulatorio (a fs. 177/181). Sustanciada la impugnación, la jueza de grado, por auto de fecha 06.03.2013 (fs. 204/206), la tuvo por no interpuesta en función de lo normado en el artículo 28 inciso g de la ley 6767 (texto agregado por ley 12851), sin perjuicio de lo cual puso de resalto que la disconformidad del recurrente con la base regulatoria resultaba infundada. Firme el auto regulatorio, el actor promovió juicio de apremio contra Esteban Raúl Villalba, tendiente al cobro de los honorarios regulados, actualizados al valor del jus vigente a la fecha del efectivo pago, más los respectivos intereses (fs. 228/230). Notificado de la citación de remate en fecha 13.05.2013 (según cédulas de fs. 236 y 237), el demandado expresó su allanamiento y ofreció en pago el dinero depositado a embargo en cuenta judicial, peticionando la eximición de la carga de las costas (f. 234). El actor postuló la inidoneidad del allanamiento debido, entre otras razones, a la alegada insuficiencia de la suma depositada (de $15.066,20) para cancelar los honorarios regulados por 66,70 jus, según valor del jus vigente a la fecha de la notificación de la citación de remate (de $464,94 la unidad), más los aportes profesionales respectivos (fs. 240/241). Por sentencia de fecha 02.08.2013 (fs. 244/246), la jueza de grado estimó que el auto regulatorio de fecha 28.03.2012 había adquirido firmeza y constituía, por tanto, título hábil para la ejecución. Señaló que el ejecutado no opuso excepción alguna y, en consecuencia, mandó llevar adelante la ejecución por la suma reclamada en concepto de honorarios, destacando que, a tenor del valor de la unidad jus vigente a la fecha del decisorio ($511,43), la misma ascendía a $34.112,38, más $4.434,60 en concepto del 13% de aportes profesionales a cargo del deudor, más un interés del 12% anual desde el 08.03.2013 en que los mismos quedaron firmes y hasta su efectivo pago. Finalmente, descartó la eximición de costas postulada por el demandado en razón de no hallar configurada ninguna de las excepciones previstas en el artículo 251 del Código Procesal Civil y Comercial. 2. Contra la sentencia dictada en el juicio de apremio interpuso el demandado el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055 (fs. 256/262), alegando -sustancialmente- que se incurrió en violación de principios y garantías constitucionales, así como de las leyes nacionales 23928 y 25561, y postulando asimismo la inconstitucionalidad del artículo 32 de la ley 6767 (texto según ley 12851). El remedio excepcional fue concedido por la Jueza de grado, como se expresó al tratar la primera cuestión. 3. Entiendo que las cuestiones debatidas en autos guardan sustancial analogía con las que fueran materia de análisis y decisión en la causa "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c. BERGAGNA, EDGARDO -APREMIO FISCAL- (Expte. 121/10) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S. T. 276, pág. 294), por lo que "brevitatis causae" me remito a los fundamentos y solución que en la misma expuse. Conforme a lo que sostuve en aquel precedente, las alegaciones del impugnante no logran demostrar que la disposición arancelaria local (art. 32 de la ley 6767, texto según ley 12851) encuadre manifiestamente en un supuesto con virtualidad indexatoria y prohibido por la legislación nacional. En efecto, ya he manifestado mi opinión señalando que, a estar a las finalidades prácticas y procesales que primaron en la normativa arancelaria al adoptar la unidad jus, se infiere que al momento en que la regulación se encontrara definitivamente firme, los módulos establecidos se convertirán por "su equivalente en pesos o moneda de curso legal" (v. art. 32, ley 6767, texto según ley 12851, ya citado), estableciéndose de tal modo la suma líquida y exigible que corresponda, que de no ser cancelada, producirá el devengamiento de los intereses que en cada caso se fijen. En autos echa de verse que, habiendo concluido la discusión habida sobre la cuestión regulatoria y firme el auto respectivo -vide a fs. 207 y v. la notificación practicada al apoderado de la demandada en fecha 08.03.2013-, el actor promovió demanda de apremio el 30.04.2013 pretendiendo el cobro del monto en pesos equivalente a las 66,70 unidades jus ya reguladas por su labor profesional. Se advierte que tanto a la fecha de la firmeza de la regulación de honorarios como a la de inicio del apremio, la unidad jus vigente ascendía a la suma de $511,43; monto que también fue tomado por la sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución (v. f. 245v.) para convertir los módulos por su equivalente en dinero, estableciendo en $34.112,38 los honorarios, con más la suma de $4.434,60 en concepto de aportes a cargo del deudor, e intereses del 12% anual desde la fecha en que el auto regulatorio quedó firme. A partir de lo lo expuesto "ut supra" se colige que, pese a su esfuerzo discursivo, las alegaciones del compareciente no resultan suficientes para demostrar la efectiva vulneración de sus derechos y garantías de raigambre constitucional, ni la arbitrariedad de la sentencia recurrida, por lo que ésta debe ser convalidada. Voto, pues, por la negativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Las cuestiones debatidas en autos guardan sustancial analogía con las que fueron materia de análisis y decisión en la causa "Municipalidad de Santa Fe contra Bergagna, Edgardo" (Expte. C.S.J. N° 578/2011, A. y S. T. 276, pág. 294). Conforme al criterio sustentado en aquella oportunidad, el sistema diseñado por el legislador provincial en ejercicio de sus facultades constitucionales, mediante el artículo 32 del la ley 6767 (modif. por ley 12851) por el cual se instituye la unidad jus aplicable a la regulación de honorarios de abogados y procuradores, constituye un mecanismo indirecto de recomposición del capital, en tanto que resulta enmarcable en la categoría de creación pretoriana de "obligaciones de valor" -ahora receptada en el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación- y, como tal, queda al margen del principio nominalista de la ley 23928 (y modificatorias) hasta su conversión en deuda de dinero, hecho que ocurrirá cuando el pago de la obligación por honorarios resulte exigible, es decir al quedar firme la regulación respectiva, momento desde el cual la integridad de la remuneración pasará a ser resguardada por la tasa de interés moratorio -para cuya fijación la ley exige que se atienda a las vicisitudes del mercado, al valor adquisitivo de la moneda y al carácter alimentario del honorario profesional-. Tal diseño normativo elegido por el legislador provincial tuvo como propósito directo preservar la integridad de la remuneración de los profesionales del derecho y, con el alcance expuesto, el medio empleado -institución de la "unidad jus"- luce en principio razonable, justificado dada la naturaleza y características de la modalidad de percepción de los honorarios, erigiéndose como un modo de mantener incólume la propiedad del crédito alimentario y, en dicho sentido, hay un equilibrio o legítimo apego al texto constitucional que, además del principio de jerarquía normativa y el reparto de competencias, consagra la garantía de propiedad y la protección del trabajo profesional. Ello sin perjuicio, claro está, de que el interesado invoque y desmuestre que la regulación de honorarios resulte, en su caso, descalificable por prescindencia del principio de proporcionalidad entre la retribución y la importancia de la labor cumplida consagrado en el artículo 1627 del Código Civil (según ley 24432) y en el artículo 1255 del Código Civil y Comercial -extremo que en el "sub lite" el recurrente no se ha esforzado por demostrar, no resultando suficientes sus meras afirmaciones acerca de la existencia de arbitrariedad o afectación de garantías fundamentales-; o de la aplicación, llegado el caso, del tope previsto en el artículo 505 del Código Civil (según ley 24432) o en el artículo 730 del Código Civil y Comercial según corresponda. Trasladando dichas pautas "al sub examine", surge de las constancias de autos que por resolución de fecha 28.03.2012 (fs. 164/166), en lo que aquí interesa, la Jueza de baja instancia reguló los honorarios del abogado Jorge Carmelo Chlus por las gestiones administrativas llevadas a cabo ante la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado en favor de Esteban Raúl Villalba (art. 24 ley arancelaria) en la suma de $12.460 equivalente a 66,70 jus; y fijó la tasa de interés moratorio en el 12% anual. Notificado el auto regulatorio al cliente, éste interpuso recurso de revocatoria con apelación subsidiaria (a fs. 177/181); y sustanciada la impugnación, la Jueza de grado, por auto de fecha 06.03.2013 (fs. 204/206), la tuvo por no interpuesta en función de lo normado en el artículo 28 inciso g de la ley 6767 (texto agregado por ley 12851), resolución que fue notificada a Villalba el 08.03.2013 (f. 207) y que posteriormente quedó firme. De modo que, de acuerdo con lo considerado precedentemente, el fallo impugnado en esta instancia extraordinaria, en cuanto hizo lugar al apremio por honorarios por la cantidad de 66,70 unidades jus -cuantificados según su valor vigente entre el 01.03.2013 (según Acordada de esta Corte del 28.05.2013, Acta 19, punto 2) y el 30.06.2013 (según Acordada del 01.10.2013, Acta 40, punto 3)- más los intereses devengados desde la firmeza del auto regulatorio, no puede descalificarse desde el plano constitucional. En definitiva, las alegaciones del compareciente, pese a su esfuerzo discursivo, no resultan suficientes para demostrar la efectiva vulneración de sus derechos y garantías de raigambre constitucional, ni la arbitrariedad de la sentencia recurrida. Voto, pues, por la negativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Las cuestiones debatidas en autos -en cuanto refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus- guardan sustancial analogía con las que fueron materia de análisis y decisión en la causa "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c. BERGAGNA, EDGARDO -APREMIO FISCAL- (EXPTE. 121/10) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S. T. 276, pág. 294), por lo que "brevitatis causae" me remito a los fundamentos y solución que allí expuse.	En ese orden, cabe señalar que en aquella oportunidad se trazó como pauta clara y uniforme que la deuda de valor se transforme definitivamente en una obligación dineraria alcanzada por la prohibición de indexar a partir de que la regulación del honorario adquiera firmeza. A dicha solución hermenéutica se la completó con la tasa de interés a aplicar, disponiéndose que la misma se debe fijar desde que la obligación se cuantificó definitivamente en dinero, ya que al no ser posible de acuerdo al análisis efectuado una nueva cuantificación a valores reales y actuales, la tasa de interés deberá compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y, por tanto, deberá ser definida por el juez en cada caso en función de la realidad económica imperante. 2. Proyectando las pautas que expuse en aquel precedente al "sub judice", surge de las constancias de autos que la Jueza de grado reguló los estipendios del abogado Jorge Carmelo Chlus por las gestiones administrativas que llevó a cabo ante la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado a favor de Esteban Raúl Villalba en la suma de $12.460 equivalentes a 66,70 jus (al 21.10.2009), fijando la tasa de interés moratorio en el 12% anual (fs. 164/166). Notificado el auto regulatorio al obligado al pago, éste interpuso recurso de revocatoria con apelación subsidiaria (fs. 177/181). Sustanciada la impugnación, la Jueza de baja instancia por auto del 06.03.2013 (fs. 204/206), la tuvo por no interpuesta en virtud de lo establecido en el artículo 28 inciso g) de la ley 6767 (texto agregado por la ley 12851), resolución que fue notificada a su cliente el 08.03.2013 (f. 207) y que a posteriori quedó firme. Y bien, el pronunciamiento impugnado en esta instancia extraordinaria, en cuanto hizo lugar al apremio por honorarios por la cantidad de 66,70 unidades jus, equivalentes a $34.112,38, con más la suma de $4.434,60 en concepto de aportes e intereses del 12% anual desde la fecha de la firmeza del auto regulatorio, no se aparta del valorismo atenuado adoptado en el precedente mentado, toda vez que se advierte que el valor de la unidad jus vigente tanto a la fecha de la firmeza de la regulación de honorarios cuanto a la del inicio del apremio, ascendía a la suma de $511,43, monto que también fue tomado por la sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución (f. 245v.). De tal modo, las postulaciones del impugnante no logran demostrar que la disposición arancelaria local (art. 32 de la ley 6767, texto según ley 12851) implique desconocer la vigencia de la ley 25561 que establece la prohibición indexatoria. Por lo expuesto, voto por la negativa, con costas por su orden (arts. 250 C.P.C.C. y 13 ley 7055). Así voto.	A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: 1. Las cuestiones debatidas en autos, en cuanto refieren al planteo de inconstitucionalidad de la unidad jus, guardan sustancial analogía con las que fueron materia de análisis y decisión en la causa "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE contra BERGAGNA, Edgardo -apremio fiscal- (Expte. 121/10) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S. T. 276, pág. 294). 2. Proyectando las pautas expuestas en el precedente citado al presente caso, a las que "brevitatis causae" me remito, surge de las constancias de autos -en lo que ahora es de estricto interés- que el A quo, al hacer lugar al apremio por honorarios por la cantidad de 66,70 unidades jus cuantificadas al valor vigente entre el 1.3.2013 y el 30.6.2013, utilizó un valor similar al que tenía la unidad jus al momento de quedar firme la regulación de honorarios. Siendo ello así, el fallo impugnado en esta instancia no resulta descalificable desde el plano constitucional. Voto, pues por la negativa, con costas en el orden causado. A la tercera cuestión, la Señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas en el orden causado -art. 250 C.P.C.C. y art. 13, ley 7055-. Así voto. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Falistocco y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Minstra doctora Gastaldi y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas en el orden causado -art. 250 C.P.C.C. y art. 13, ley 7055-. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo civil y Comercial de Santa Fe. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 1 de Santa Fe.