marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Depreciación monetaria, honorarios
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pronar  S.A.M.I.  y C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

Corresponde actualizar lo adeudado por honorarios desde la regulación hasta el libramiento del pertinente cheque, descontar lo percibido por el interesado, y al saldo resultante se lo debe reajustar hasta su efectivo pago.
Tribunal de disciplina, Colegio Público de Abogados, prueba, apertura a prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Reig, María E. y otros s/ Apel. Res. Colegio Público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

Para que proceda la apertura a prueba solicitada por los denunciantes, y para que ésta sea procedente se requiere la concurrencia de hechos controvertidos, siempre que la ofrecida no resulte manifiestamente inadmisible -art. 10 del Reglamento de Procedimientos para el Tribunal de Disciplina-.
Transporte aéreo, partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORTESFILMS ARGENTINA SA c/ KUEHNE & NAGEL LTDA. Y OTRO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-13

El cargador y el transportador, al perfeccionar la relación contractual, convienen derechos y obligaciones a favor de un tercero -el consignatario o destinatario- quien se integra a dicha relación contractual mediante una manifestación de voluntad expresa o tácita.

Podrá tratarse de una notificación dirigida al transportador o de un acto de disposición de la remesa, o de cualquier otro de los modos de reflejar un consentimiento con virtualidad suficiente para comprometerse jurídicamente en el vínculo convencional (cfr. esta Sala, doctr. de la Causa 5112/94, "Farina, Daniel Aldo c/Air France" del 28.6.95; Cosentino, Eduardo T., "Régimen Jurídico del Transportador Aéreo", p. 221, 2.3., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986).
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: BENEDETTI, EVARISTO JUAN c/ SEVEL ARGENTINA SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-28

La sola circunstancia de haber ingresado sano al servicio no es prueba suficiente de que la afección luego padecida sea imputable a la empleadora. Debe al respecto acreditarse la relación causal de de la misma con las tareas desarrolladas. (Conforme 'Astudillo Gavino c/ Grafanor Grandes Fábricas Argentinas del Norte SAIC.', sentencia 45094, 30 de mayo de 1983).
Prescripción adquisitiva, sucesores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dubertti, Ramona c/ Coria, Angel s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-02

La posesión hereditaria no importa la aprehensión material de los bienes de la herencia, sino que es una suerte de investidura, o sea el reconocimiento del título de herederos. Su contenido supone la continuación de la persona del difunto (art. 3417 1ra. parte del C.Civil), y, que los sucesores pueden articular las acciones posesorias del causante, aún antes de haber tomado de hecho posesión de los bienes relictos (art. 3418 del C.Civil).-
Derecho procesal, recusación, recusación con causa, juicio político, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Libedel SA c/ Ogresta, Fernando y otros s/ incidente de recusación con causa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-15

Resulta improcedente la recusación con causa deducida contra el titular del juzgado. Ello por cuanto, no procede la recusación si la denuncia se funda en hechos posteriores a la iniciación del litigio, máxime si no surge de autos que se hubiere dado curso a la denuncia. Así pues tales denuncias sólo pueden poner en marcha los mecanismos constitucionales respectivos, pero sin afectar la actuación del magistrado hasta que los organismos pertinentes se hayan expedido o se lo hayan suspendido en el ejercicio de su función (conf. Colombo -Kiper, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación". T. I, pág. 188). Así, para que proceda la recusación con fundamento en la causal prevista en el CPR 17-6°, es carga del recusante acreditar que se ha dado curso a la denuncia efectuada por ella ante el Consejo de la Magistratura, sin perjuicio del resultado que finalmente la misma arroje (conf. ob. cit.) (CNCiv, Sala L, 3/12/99, "García Badaracco Carlos Eduardo c/ Maggi Ida María s/ medidas precautorias"), y en la especie, se omitió acreditar tal circunstancia.
Retiro militar, haber jubilatorio, juicios contra el Estado, diferencia de haberes jubilatorios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bravo Nelson y Otro c/ E.N. s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar, a la demanda promovida por beneficiarios de retiro militar y condenó al Estado Nacional al pago de la diferencia de los haberes percibidos por los actores y lo que hubieran debido percibir de liquidarse los mismos con la inclusión de los conceptos incorporados a los haberes del personal en actividad por el decreto 1569/91 y el decreto 2000/91, prorrogado por el decreto 2115/91 y modificado por el 628/92. (Ver esta Sala, "Agraz" del 23/8/94; y C.S.J.N.: in re "Cavallo", del 28/3/95).
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Bucko, Juan Carlos c/ A.N.Se.S. s/ Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-24

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar, con el objeto de que se decrete la prohibición de innovar con relación al pago del importe, que en virtud del "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados" se le abona mensualmente junto con el haber jubilatorio, pues la verosimilitud del derecho invocado, aparece con nitidez habida cuenta de la correspondencia existente entre las acreencias que surgen de lo decidido en la sentencia de reajuste recaída en la causa principal y el origen de la deuda que motivó los pagos dispuestos por el organismo administrativo y que por esta vía se intentan mantener. Más aún, en el caso, es la propia accionada la que ha abonado unilateralmente el suplemento de reparación histórica, sin que medie consentimiento del interesado, lo que constituye un inequívoco reconocimiento por su parte del derecho a su cobro.
Sociedad conyugal, bienes propios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M. de C.,M.L. c/ C.,T. s/ Liquidación y división de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

El criterio adoptado por el art.1316 bis del Código Civil -introducido para asegurar el mantenimiento de los valores reales que conforman el patrimonio propio de cada cónyuge- no limita su aplicación a los "créditos" y a las "inversiones" sino que comprende todo el campo de las recompensas en el cual la subrogación no está circunscripta al supuesto de subrogación real.
Acción de amparo, personas con discapacidad, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fortino Darío Hernán c/ Galeno Argentina SA s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-12

En el caso concreto está demostrado que el actor requiere tratamiento de rehabilitación nervio ortopédico, en el marco de un proceso de restablecimiento cuya evolución es favorable. En tales condiciones, corresponde hacer lugar a la pretensión en lo que se refiere a la cobertura del tratamiento de rehabilitación indicado al accionante discapacitado, que la demandada deberá brindar de manera integral, en consonancia con la naturaleza y jerarquía del derecho a la salud que la ley 24.901 garantiza a través de sus disposiciones.
Accidente de tránsito, culpa concurrente, responsabilidad del conductor, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: ARQUEZ, ANA MARIA c/ DIEHL, RICARDO HORACIO Y/U OTRO s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-08

Hay culpa, tanto de la víctima como del conductor, en el accidente producido si aquélla al cruzar la calzada junto a sus dos hijos menores, uno inclusive de corta edad al punto de ser llevado en un carrito, lo hizo fuera del lugar que correspondía, la senda de seguridad, infringiendo así lo dispuesto en el art. 56, inc. a), de la ley 13.893, lo que de por sí conlleva una imprudencia grave de su parte.

También la hay en el conductor cuando al intentar doblar desatendió momentáneamente sin obligación de mirar hacia el frente, dirección donde avanzaba con su vehículo, y embistió a la víctima a quien con anterioridad no había visto, pese a que transitaba en compañía de dos niños. Esa desatención importa una transgresión a lo dispuesto en el art. 43 de la ley 13.893, desde que no tuvo el pleno dominio de la máquina que conducía, que por ser una cosa peligrosa para la seguridad tanto del propio conductor como de terceros, debe conservar en todo momento. Las normas de la ley de tránsito citadas no hacen sino elevar a la categoría de precepto legal determinadas reglas de prudencia, ya que genéricamente impuestas por los arts.

512 y 902 del Código Civil, de modo que su violación, al mismo tiempo que configura la ilicitud objetiva de la conducta, pone de manifiesto la culpa de los transgresores, que por tratarse de una culpa demostrada no requiere del auxilio de ninguna presunción legal, por lo tanto, ambas partes fueron culpables de la producción del accidente y, por consiguiente, parcialmente responsable el accionado de los daños sufridos por la accionante (conf. arts. 1109 y 1111 del Código Civil), de modo que deberá ser obligado a resarcirlos en la medida que contribuyó a causarlos.-
Recurso de inconstitucionalidad, honorarios, aplicación de la ley, desindexación, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: VANZINI, ALDO ADRIAN c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-04-10

En lo relacionado a la invocada colisión del artículo 32 de la ley arancelaria local con la ley 23928 (y sus modificatorias), los planteos guardan sustancial analogía con los que fueron materia de análisis y decisión en la causa "Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna"; y conforme lo expresado en dicho precedente, las alegaciones de la impugnante no logran demostrar que la disposición arancelaria local (artículo 32 de la Ley 6767, texto según Ley 12851) encuadre manifiestamente en un supuesto con virtualidad indexatoria y prohibido por la legislación. Ello desde que la hermenéutica que compatibiliza de manera ecuánime las distintas normas en juego, debe tomar como punto de partida el hecho de referencia del artículo mencionado que remite al "momento del pago", al momento en que dicha obligación por honorarios resulte exigible; es decir, que la conversión en deuda de dinero se debe producir no en la oportunidad de regularse los honorarios, sino al quedar firme la regulación respectiva, ya que de esa manera interpretada la norma en cuestión, le confiere un sentido acorde con la Constitución Nacional al lograr un justo equilibrio entre las normas arancelarias y las que prohíben la indexación. (Del voto del Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326.
Recurso de casación, arresto domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: Ferranti, Rómulo s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-05

Corresponde declarar mal denegado el recurso de casación interpuesto el rechazo de la solicitud -efectuada por dos fiscales- de que se organice un sistema de vigilancia sobre las personas que se encuentran cumpliendo prisión preventiva en arresto domiciliario, pues constituye gravedad institucional lo atinente a la responsabilidad del Estado argentino en cuanto debe garantizar la investigación y el efectivo cumplimiento de la pena impuesta a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Recurso de casación, denuncia, suspensión del trabajador, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Avellaneda, David Edgardo c/ Paya, Ernesto Carlos s/ Beneficios Laborales - s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-23

Más allá de lo opinable del tema originado, por cuanto la norma que rige la cuestión no contempla el caso puntual del sobreseimiento por prescripción, considero contradictorio y por ende arbitrario que en este caso en particular, que si la suspensión fue generada por la mismas situación que luego motiva y justifica el despido por falta de confianza, se obligue, al empleador al pago de los salarios durante el periodo de la suspensión, y atento la complejidad del asunto y la ausencia de contradictorio, corresponde imponer las costas por el orden causado.- Del voto del Dr. Cippitelli (por la mayoría).
Ejercicio ilegal de la medicina, curanderismo, médico falso, participación criminal, participación necesaria, médicos, responsabilidad penal, inhabilitación especial
Materia: PENAL
Carátula: CABRERA, Norberto H. y otro s/ EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA. INHABILITACION. PENA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

1) La acción del procesado, que sin tener título de médico, revisaba, diagnosticaba, recetaba e instituía tratamiento configura el delito de ejercicio ilegal de la medicina (art. 208 inc. 1ro C.P ).

El hecho de sustraer o desviar pacientes de la asistencia racional dado por las personas habilitantes para ello, de común acuerdo con su hermano médico, que fue quien lo presentó en la clínica -si bien no como médico, ello, según afirma " se dio tácitamente "-, configura el delito y la participación de ambos, uno como autor del delito mencionado y el otro - médico - como partícipe necesario del delito de ejercicio ilegal de la medicina.

2) El propósito de enmienda que supone la sanción, se estima acabadamente satisfecho y tras dos largos años de duración del proceso, lapso que ha servido de mortificación suficiente, debiendo haber meditado y reflexionado los procesados que el quehacer médico compromete una responsabilidad de orden público, indelegable en un practicante, con serios riesgos para la salud, en el caso de infantes, algunos de ellos de un mes de vida.

3) La accesoria de INHABILITACION a que se refiere el art. 207 C.P sólo es aplicable a personas que ejercen alguna profesión o arte, o sea sólo corresponde aplicarla al médico, sin que proceda imponerla al otro encausado, quien practicó el arte de curar sin título habilitante.
Pagaré, intereses, abuso del derecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco del Sud S.A. c/ Estipor S.R.L. y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-03

En cuanto a la alegación efectuada por el apelante respecto de que los intereses fijados son violatorios de los arts. 953 y 954 del Cód.

Civil y "...fueron establecidos sin duda aprovechando el apuro del deudor..." ha quedado precisamente en eso, una simple alegación por cuanto el quejoso ninguna acción inició a fin de obtener la nulidad o modificación del convenio acordado con el acreedor y en el limitado y restringido marco cognoscitivo del juicio ejecutivo no puede hacerlo dado que, para probar un abuso de derecho por parte del mismo, sería necesario incursionar en la causa de la obligación.
Honorarios del perito, regulación de honorarios, legitimación activa, traba del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Susana O. c/ Fundimotor  S.A.  y otro s/ Cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-13

El perito que cuenta con regulación de honorarios a su favor, se encuentra legitimado para requerir la traba de un embargo aún cuando aquella regulación se halle recurrida (artículo 212, inciso 3) del Código Procesal).
Procedencia del recurso, nulidad de sentencia, Ministerio Público Fiscal, remisión del expediente, libertad condicional, readaptación del condenado
Materia: PROCESAL
Carátula: Soria, Angel Jesús c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-20

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, anular la resolución recurrida y reenviar las presentes actuaciones al tribunal de origen a fin de que, previa sustanciación, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho y a las constancias de autos. Ello así, por cuanto la resolución recurrida se sustenta en una fundamentación aparente que no encuentra apoyatura en el examen integral de las concretas circunstancias comprobadas de autos. En efecto, el tribunal ha decidido concederle la libertad condicional a Soria apartándose infundadamente de los informes del Consejo Correccional que, de forma contundente, concluyeron que el nombrado presenta un pronóstico desfavorable de reinserción social. Ello, a partir de una argumentación que, frente a las particularidades del caso, resulta endeble. Asimismo, la afirmación del tribunal de mérito relativa a que Soria, al usufructuar salidas transitorias, "no ha registrado ninguna novedad relevante durante las mismas ni a sus reintegros", aparece desprovista de la debida fundamentación. No debe escapar al análisis que esta Sala ha tenido oportunidad de examinar la procedencia de la libertad condicional de Soria en reiteradas ocasiones, en las que por decisión unánime rechazó los recursos de la defensa. A partir de allí, se advierte que las circunstancias oportunamente valoradas, especialmente en lo que concierne a los informes del Servicio Penitenciario Federal, no han variado en lo sustancial en la actualidad. Las falencias antes expuestas permiten concluir que el decisorio en examen no cuenta con la fundamentación suficiente para considerarlo motivado en los términos del art. 123 del C.P.P.N.
Concursos, clausura del procedimiento, clausura por falta de activo, gastos del proceso
Materia: COMERCIAL
Carátula: APIS AGROINDUSTRIAL PISCICOLA  SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

Quien pretenda la clausura por falta de activo debe ingresar los fondos que estime necesarios para cubrir los gastos del proceso. La mera petición de que sean presupuestados tales gastos, más sin efectuar previo depósito de suma alguna tornan abstracta la cuestión, pues carecería de concreción al no haberse demostrado la posibilidad de atender esos costos.
Daños y perjuicios, mala praxis, homologación del acuerdo, litisconsorcio pasivo, litisconsorcio facultativo, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Ortiz, Claudia Verónica y otros c/ Clínica de Petroleros Privados y otros s/ D. y P. - mala praxis
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-15

Es arbitrario el decisorio de Alzada por deficiencias en la fundamentación, en tanto ha incurrido en falta de análisis de las circunstancias particulares, como así también la omisión de tratamiento de argumentos conducentes, derivaría inexorablemente en la trasgresión del estándar constitucional, y que hace a una motivación adecuada y suficiente, como exigencia de los actos jurisdiccionales, comprometiendo el derecho de defensa. Ello así, por cuanto adoptar una posición respecto al alcance de la caducidad de instancia en el particular supuesto de un litisconsorcio voluntario o facultativo, teniendo en cuenta la indivisibilidad o eventualmente la divisibilidad -que propugna buena parte de la doctrina- de la instancia, resultaría definitorio en la temática planteada. Ello demuestra que el resultado del razonamiento podría condicionar la solución del planteo. Lo cierto es que sobre esta cuestión nada se dijo en la resolución de la Alzada -aun cuando fue expresamente solicitado por la actora-, lo cual da cuenta del déficit en la fundamentación del decisorio, lo que conlleva a su anulación.
Recurso contencioso administrativo, recurso de nulidad, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: PROCESAL
Carátula: Goris, Carlos Jorge c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso de  nulidad (Expte. CSJ Nro. 35-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-25

Los únicos supuestos que autorizan la declaración de nulidad a través del remedio establecido en el artículo 80, inciso b) de la ley 4106, son aquellos que, por su entidad, también resultan idóneos para lograr (en instancia extraordinaria) la nulidad del decisorio por violación al derecho a la jurisdicción ('arbitrariedad' en la terminología de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), con fundamento en haberse omitido decidir cuestiones expresa y oportunamente planteadas que sean condicionantes del resultado del litigio. En consecuencia, si lo solicitado queda al margen de esa preceptiva, debe ser desestimado por resultar, lisa y llanamente, inadmisible.
Compraventa inmobiliaria, venta aleatoria, cochera, venta de cosa sujeta a riesgo
Materia: CIVIL
Carátula: KRAKATOA  S.A c/ DYCASA DRAGAD Y CONSTRUCCIONES  S.A.I.C.I. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-21

Si el texto de lo pactado entre las partes implica que la adquirente aceptó la posibilidad de que el espacio de la cochera no pudiera ser destinado a su uso correspondiente, de manera que admitía el riesgo del negocio, agregando que el boleto de compraventa se mantendría con plena vigencia en todo lo demás, de acuerdo con lo establecido por el art. 1332 del Código Civil esta asunción del riesgo hace que la venta sea aleatoria y que por aplicación de los arts. 1406 y 2101, inc. 2 y 3, el vendedor tenga derecho a percibir el precio integro, en tanto no se ha demostrado que la imposibilidad de uso para la compradora obedezca a haber sido otorgado el uso a un tercero.-
Derecho procesal, procesos de ejecución, dólares, moneda extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: Jebsen & Jessen (GMBH UCO) KG. c/ Dutch Starches International SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-01

Cabe confirmar la resolución que, tras el rechazo de las excepciones introducidas, sentenció la causa de trance y remate por el capital reclamado con más un interés del 7% disponiendo que la acreencia podrá ser cancelada en dólares billete o en pesos conforme la cotización del dólar MEP. Cabe precisar en primer lugar que si bien es exacto que el CCCN 765 habilita que el deudor pueda cancelar una obligación que contrajo en moneda extranjera mediante la entrega del equivalente en moneda de curso legal, aquella no dispone que la conversión deba realizarse según la cotización oficial. Esto último lo preveía el texto originario del proyecto de Código Civil y Comercial que elevó el Poder Ejecutivo Nacional en el año 2014, pero no fue aprobado por el Congreso al sancionarse la ley 26994. Teniendo en cuenta lo pactado por las partes, se coincide con la sostenida y mayoritaria doctrina y jurisprudencia que postula que el CCCN 765 segunda parte no es de orden público. Así, por no resultar una norma imperativa, no habría inconvenientes en que las partes en uso de la autonomía de la voluntad (arts. 958 y 962 del código citado) pacten -como dice el art. 766 del mismo ordenamiento- que el deudor deba entregar la cantidad correspondiente en la especie designada.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-03

El imperio del estado de derecho requiere de la Corte el respetuoso cuidado de su competencia reglada, de naturaleza excepcional e interpretación restrictiva (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).