Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-08-06


///MA, 6 de agosto de 2014.

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Adriana Cecilia Zaratiegui, Sergio M. Barotto, Ricardo A. Apcarian, Liliana Laura Piccinini y Enrique J. Mansilla, con la presencia de la señora Secretaria doctora Elda Emilce Alvarez, para pronunciar sentencia en los autos caratulados:

PAEZ, Gustavo Darío c/PROVINCIA DE RIO NEGRO y Otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS s/CASACION (Expte. N* 26658/13-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación deducido por la actora a fs. 468/482 y vta., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria.

Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:- C U E S T I O N E S 1ra. ¿Es fundado el recurso- 2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde- V O T A C I O N A la primera cuestión la señora Jueza doctora Adriana Cecilia Zaratiegui dijo:- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido por la actora a fs. 468/482 y vta., contra la Sentencia N* 5 de fecha 8 de febrero de 2012, dictada a fs. 444/453 de autos, que resolvió, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora, confirmando la sentencia de Primera Instancia, la que a su vez, había rechazado la demanda///.

///2.-incoada en autos.

En sustento de la pretensión recursiva articulada, el recurrente, luego de efectuar algunas consideraciones previas respecto al desempeño del doctor Lagomarsino, afirma que la sentencia de Cámara es arbitraria y susceptible de revisión en casación, por resolver cuestiones no planteadas y violar los principios dispositivo y de congruencia, resultando afectado el art. 18 de la Constitución Nacional y art. 34, inc. 4* del CPCyC..

AGRAVIOS:- 1) ARBITRARIEDAD: Expresa el recurrente la arbitrariedad que atribuye al pronunciamiento en que el mismo soslaya las invocaciones efectuadas por su parte, sobre el error judicial, sosteniendo que no ha señalado, ni en la demanda, ni en la expresión de agravios cuál es el error judicial que amerita la indemnización. Así expresa que a fs. 35/36 vta.- sostuvo concretamente que, pese a la falta de elementos para dictar la prisión preventiva, igualmente se la dispuso.

Recuerda, que la menor denunció cambiando dos veces el sujeto, siendo su representado el tercero mencionado por la niña, por lo que frente a tal imprecisión debieron multiplicarse los esfuerzos por dar con exactitud con el sujeto a investigar; y que esta carencia, harto invocada, es ni más ni menos que el error judicial (ver fs. 471 y vta.).

2) INCONGRUENCIA TRATAMIENTO DE CUESTIONES NO PLANTEADAS: Como segundo agravio alega la incongruencia de la sentencia por haber ingresado en el examen de cuestiones no planteadas, tales como la responsabilidad del Estado por las consecuencias///.- ///3.-dañosas de su actividad lícita, y a la vez haberlas valorado negativamente al momento de sentenciar. En orden a ello expresa que su parte ha aludido al error judicial desde el inicio del pleito, indicando que la detención y la prisión preventiva por 105 días, como un error evitable; y a la vez que no podría haber demandado al Estado por responsabilidad con base en otro factor que no sea error judicial, y que sólo en subsidio hizo mención a la responsabilidad objetiva.

Continúa expresando que existen otros factores de atribución de responsabilidad, pero el único, en actividad judicial, es el error judicial, dado por la culpa grave o el dolo, invocado por su parte. Por ello, el que la Cámara se haya adentrado en el análisis de la responsabilidad del Estado por actividad lícita, es una sutil manera de introducir cuestiones antijurídicas (como dichas por su parte) al único efecto de hallar argumentos para rechazar una sólida apelación.

Concluye, en este punto, que el Juez votante analiza cuestiones jurídicamente inaceptables (como lo es la responsabilidad del Estado por su actividad lícita en un proceso judicial), y pretende dejar sentado que tal petición le correspondió a su parte cuando lo que ésta invocó como factor de atribución fue el error judicial. Alega que en el caso la incongruencia está dada por decidir el fallo cuestiones no planteadas por las partes.

3) EL ERROR JUDICIAL ARBITRARIEDAD POR OMISION DE TRATAMIENTO:

Sostiene que es falso y absurdo lo expresado en la sentencia acerca de que su parte no habría señalado el error judicial y destaca que: ..., se partió de la base indudable/// ///4.-que al demandar al Estado por actividad judicial EXCLUSIVAMENTE SE LO PUEDE HACER POR ERROR JUDICIAL. (sic. fs. 473 vta. in fine); a lo que agrega que su parte ha reiterado en numerosas oportunidades el error judicial en la presente causa e individualiza en nueve ítems, con cita de fojas, expresiones vertidas a lo largo del proceso alusivas a la existencia de error; puntualizando que la sentencia resulta arbitraria por incongruente al sostener que el error no ha sido siquiera señalado.

LA ESTRATEGIA DEFENSIVA PENAL: Al respecto sostiene el recurrente que la misma fue insólitamente atacada en la sentencia de Primera Instancia, la que posteriormente fue confirmada por la Cámara.

Entiende que la estrategia defensiva no puede ser cuestionada cuando su resultado fue tan exitoso y demoledor, que Páez recuperó la libertad en 105 días, cuando es sabido que la apelación de la prisión preventiva al menos en los tribunales penales de Bariloche- demora tanto o más que apurar el expediente para llegar a debate.

También considera que la Cámara incurre en un reduccionismo malintencionado y falaz cuando afirma que todo el argumento es la expresión de uno de los Jueces que no tuvo la adhesión de la mayoría; porque no se trata del único argumento que sostiene la presente demanda y porque la no adhesión al voto del doctor Lara (emitido en segundo orden) no se refleja en una opinión contraria de los restantes votantes como tramposamente pretende hacer pasar la sentencia.

Entiende que dichas afirmaciones de la sentencia de Cámara han sobrepasado la violación de los Principios de Bangalore que iluminan toda la actividad judicial,///.- ///5.-consagrados en el derecho rionegrino por la Acordada N* 1/2007.

4) COSTAS ARBITRARIEDAD E INCONGRUENCIA: Por último, considera que la sentencia de Cámara es incongruente y arbitraria al rechazar su pedido de exención de costas por la citación de la Psicóloga del hospital, de la Jueza de Instrucción y a los Fiscales de Primera Instancia y de Cámara, con el argumento de que los mismos fueron citados por su parte, cuando quien los trajo a juicio fue la Provincia demandada.

A fs. 484/487 y vta., obra contestación del traslado del recurso por parte de la demandada quien afirma que el escrito sub examine carece de todo sustento jurídico sólido y expresa una mera discrepancia subjetiva en contra de la sentencia de la Cámara. Sostiene que el recurrente plantea cuestiones de hecho y prueba ajenos a esta instancia extraordinaria; y que no se demuestra la arbitrariedad alegada.

ANTECEDENTES:- Ingresando ahora en el análisis de las cuestiones traídas a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia, se observa que la temática a resolver se halla circunscripta a determinar si en autos existe responsabilidad del Estado por su actuación judicial en la detención del actor en el proceso penal seguido en el Expte. N* D-72/03 de la Cámara Segunda Criminal de la IIIa. Circunscripción Judicial, y que finalmente concluyera en la absolución del mismo.

A tal efecto, y de modo preliminar, es preciso efectuar una somera síntesis de los extremos que son materia de análisis en la presente causa. Así tenemos que, en autos se reclama el///.- ///6.-resarcimiento de los daños y perjuicios padecidos por el actor en virtud de la privación de su libertad ambulatoria por el lapso de tres meses y medio, que sufriera como consecuencia de la detención ordenada en fecha 2 de mayo de 2003 (fs. 61 del Expte. N* D-72/03 de la Cámara Segunda Criminal de la IIIa. Circunscripción Judicial) y del auto de prisión preventiva (fs. 185/201 del mencionado expediente penal) ambos dictados por la Jueza Titular del Juzgado Penal N* 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, en el marco de la investigación penal del delito de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante; proceso en el cual el aquí actor resultó absuelto por la Cámara Segunda en lo Criminal de la IIIa. Circunscripción Judicial, por considerar: que los hechos materia de acusación no han existido y por tanto la atribución en cabeza de Páez debe desaparecer, concluyéndose con la absolución por certeza negativa sobre su participación (sic. fs. 12, ante últ. párr. y 13, 1* párr.).

Siguiendo con este derrotero, se puede observar que la sentencia de Primera Instancia, para rechazar la demanda incoada en autos, analizó el presente caso en base al supuesto de la responsabilidad del Estado por error judicial, concluyendo en la inexistencia del imputado error como generador del hecho dañoso que el actor invoca como presupuesto del resarcimiento que peticiona.

Por su parte, el actor, si bien fundó su expresión de agravios de fs. 405/421, mayoritariamente en argumentos relativos a la responsabilidad del Estado por error judicial, también alegó, aunque en menor medida, la responsabilidad por actividad lícita del Estado.

En este contexto, la demandada,/// ///7.-en la contestación de traslado del memorial de agravios (fs. 429/432 vta.), expuso los argumentos defensivos dirigidos a rebatir los distintos supuestos esgrimidos por el actor.

Por último, la Cámara, si bien coincidió con el pronunciamiento de la instancia anterior, en cuanto a que aquí no se encontraba probado el error judicial, avanzó un poco más y también descartó la posibilidad de responsabilizar al Estado por las consecuencias dañosas de su actividad lícita.

EXAMEN DEL RECURSO:- Ahora bien, efectuada esta reseña de los diversos actos procesales, en lo que respecta al supuesto error judicial, el recurrente señala a contrario de lo sostenido por la Cámara-, que ha desarrollado tal hipótesis al sostener, concretamente, que pese a la falta de elementos para determinar la prisión preventiva, igualmente se la dispuso, y que el error se visualiza en la detención y el procesamiento con absoluta carencia probatoria, abonando ello con cita de nueve distintas alegaciones efectuadas a lo largo del proceso, en las cuales habría puesto en evidencia la existencia del alegado error judicial.

Ahora bien, analizados los extremos invocados, entiendo que la pretensión del actor no puede ser receptada por aplicación de dicho criterio, puesto que, tal como se señalara en las sentencias precedentes, el recurrente no demuestra que en la causa penal se haya configurado una actividad judicial irregular, que exceda lo que constituye el funcionamiento normal y razonable del sistema penal. Es decir, no es suficiente a los efectos de demostrar el error judicial señalar que el mismo///.- ///8.-se visualiza en la detención y el dictado del auto de procesamiento con absoluta carencia probatoria que respalde tal decisión; cuando en el auto de procesamiento que dispuso la prisión preventiva del actor (fs. 185/201 del expediente penal) se hizo un puntual y pormenorizado análisis de las pruebas producidas (certificaciones médicas, informes psicológicos, declaraciones testimoniales, relato de la menor, etc.).

Lo que el recurrente debió haber acreditado era que el auto de procesamiento, que dispuso la prisión preventiva, era absolutamente infundado o arbitrario o que se hubiera fundado en meras afirmaciones genéricas y dogmáticas; o que proviniera de una irrazonable apreciación por parte de la Jueza interviniente- de las concretas circunstancias de la causa; todo ello, valga recordar, en ese estadio del proceso, en el cual el Magistrado emite un juicio de probabilidad y no de certeza; dado que no puede olvidarse que el proceso se encontraba en etapa de instrucción.

Es que, a los efectos de determinar si ha existido o no error judicial, no es suficiente lo alegado por el actor, sino que, para que se configure tal causal es necesario que se demuestre que en la oportunidad de dictarse la prisión preventiva se ha incurrido en una grave equivocación sobre los hechos del caso y la consiguiente aplicación del derecho a hechos que no existieron; o de haberse valido el Juez, para dictar tal medida, de pruebas falsas o fraguadas, viciadas por el error, o por parcialidad, o error de los peritos, etc.; extremos estos que no se alegan ni se advierten en el caso sub examine.

///9.-En los presentes, la actora-recurrente, sustenta el error en lo que considera una insuficiente investigación de los hechos acaecidos, en la etapa de instrucción, al haberse dictado la prisión preventiva a su representado; cuando el resultado final, esto es la sentencia dictada por la Cámara Criminal dispuso la absolución de Páez por certeza negativa de su participación en el hecho que le había sido atribuido.

En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: Corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios derivados del invocado anormal funcionamiento del Poder Judicial cuando la prisión preventiva resultó como en el caso- razonable y compatible con las circunstancias fácticas del auto de procesamiento, con la complejidad y particularidades del caso y con la severa penalidad prevista por la ley sustantiva y sólo la insuficiencia probatoria determinó el dictado de la absolución. (I., H. M. c. Poder Ejecutivo de la Nación, Se. del 14/12/2010, Fallos Corte: 333:2353).

Algunas consideraciones más merece el recurso de la parte actora en relación con los agravios vertidos; así sostiene el recurrente en los puntos 1) y 3) de su recurso, que la sentencia de Cámara habría incurrido en arbitrariedad al sostener que su parte no invocó el error judicial en virtud del cual demanda la reparación por parte del Estado; no obstante lo cual, a fs. 471 vta. segundo párrafo, en un solo renglón reconoce en relación a este tema: No hemos sido tan explícitos. Pero hemos sido muy claros..

Ahora bien, partiendo de la base de que la arbitrariedad está dada en supuesto extremos en que la decisión se aparta de las constancias de la causa y se funda///.- ///10.-exclusivamente en la voluntad del Magistrado, no resulta tan extrema caracterización atribuible en mi opinión a la sentencia en recurso.

Así también en lo que respecta al segundo agravio vertido, que endilga al pronunciamiento haber incurrido en incongruencia por exceso al analizar el reclamo resarcitorio desde el marco de la responsabilidad por el actuar lícito del Estado; valga recordar al recurrente que en el memorial de agravios del recurso de apelación, desarrolló un acápite sobre Responsabilidad de Estado por actividad jurisdiccional lícita, de fs. 418 a 419; lo que incontestablemente evidencia que el tema, aún en subsidio de la responsabilidad por error judicial, fue introducido por él, como apelante y desvanece la incongruencia por exceso acusada a la sentencia.

Al mismo tiempo, la categórica aseveración del casacionista en el recurso en examen, acerca de que demandó únicamente por error judicial y su afirmación de fs. 473, 5* párrafo, en el sentido de que existen otros factores de atribución de responsabilidad, pero EL UNICO, EN ACTIVIDAD JUDICIAL, ES EL ERROR. EL INVOCADO POR ESTA PARTE ACTORA.; releva a este Cuerpo de incursionar en el análisis de la verificación de tal supuesto en estos autos.

Abordando ahora el tratamiento del cuarto agravio vertido, referido al tema costas por la participación de los terceros traídos a juicio, se impone también su desestimación. El fundamento expresado por el recurrente para sostener la incongruencia de la decisión sobre el tópico, está basado en que no fue su parte la que promoviera la citación de ninguno de los Funcionarios y Magistrados traídos a juicio, ello se torna///.- ///11.-inoficioso con la sola lectura del art. 57 de la Constitución Provincial que establece: La Provincia o sus Municipios demandados por hechos de sus agentes, deben recabar la citación a juicio de estos últimos para integrar la relación procesal, a efectos de determinar las responsabilidades establecidas en el art. 54 de esta Constitución ..

De manera entonces que quien demanda a la Provincia, como en el presente caso, sabe de antemano que la litis se integrará necesariamente con los agentes intervinientes en el hecho en base al cual se demanda la responsabilidad estatal; puesto que la omisión de traerlos a juicio, genera la responsabilidad personal del representante legal que incumpliere con dicha obligación (conf. art. 57 in fine precitado). La aseveración efectuada por el propio recurrente a fs. 479, 4* párrafo, de que se trataba de una participación de intervención obligada evidencia su reconocimiento.

No existe, por ende violación del principio de congruencia ni arbitrariedad en la condena en costas devengada por la intervención de los terceros citados, salvo el caso de la participación del doctor Enrique Sánchez Gavier, Fiscal de Cámara que intervino en la causa penal en la etapa de apelación; tal como lo manifiesta el casacionista y como el propio Fiscal de Cámara lo hace saber a fs. 139, él no fue demandado pero además no tuvo intervención alguna en la etapa del proceso en que se dictó la privación de libertad del imputado, y su falta de acusación respecto de Páez motivó el dictado de la sentencia absolutoria; razones que evidencia la innecesariedad de integrar la litis presente con dicho Funcionario y determinan la///.

///12.-imposición de las costas generadas por su actuación a la propia demandada. ES MI VOTO.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:- Habiendo abordado el análisis de la causa en relación con los agravios vertidos por el recurrente, arribo a una conclusión coincidente con la posición de la doctora Zaratiegui, quien me precediera en el tratamiento del recurso que nos convoca, por lo que manifiesto mi adhesión al mismo. No obstante lo cual, habré de formular, a simple modo de agregado, alguna consideración adicional relativa a los agravios vertidos por el recurrente.

Manifiesta el casacionista que las sentencias de grado han efectuado un análisis de la estrategia defensiva desarrollada por su parte en la causa penal, sosteniendo que al no apelar el procesamiento y el auto de prisión preventiva, su parte habría convalidado el accionar de los jueces penales, consistiendo la detención en una suerte de aval. Frente a ello manifiesta que la estrategia defensiva desarrollada en el fuero penal no puede ser cuestionada y mucho menos si su resultado fue tan exitoso que concluyó en una sentencia absolutoria.

Quiero señalar que la estrategia defensiva penal, es en cada caso el resultado de un análisis técnico-jurídico, que el letrado interviniente, en ejercicio de su rol de asesoramiento profesional, diseña en acuerdo con su cliente-, para el abordaje y defensa del caso. En autos no se ha cuestionado la estrategia en sí misma, y menos aún su resultado en el fuero penal, ya que ello no es materia de revisión en esta litis; sino que se han analizado los efectos que las decisiones///.

///13.-adoptadas pudieran proyectar respecto del reclamo de resarcimiento de orden civil en curso.

Es conocida la existencia de difundido criterio jurisprudencial, que involucra decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido que la falta de agotamiento de los recursos procesales disponibles, a fin de revertir una decisión judicial que causa agravio a una parte, la inhabilita a posteriori para reclamar la reparación de los perjuicios que ella pudiera irrogarle.

En tal sentido: El Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en el caso, por el dictado de prisión preventiva durante un proceso que concluyó en absolución- en la medida que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostente la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. (CSJN., Se. del 18-07-2002, en autos: Robles, Ramón c/Provincia de Buenos Aires y Otros).

Partiendo entonces de dicho criterio, en relación con la obligación que impone el artículo 902 del Código Civil, en cuanto establece que Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos., se desprende de ello un insoslayable deber de previsibilidad que debió haber llevado al asesor técnico-legal, a considerar como uno de los resultados posibles, que el consentimiento del auto de prisión preventiva, obstara a posteriori, en un proceso resarcitorio a la procedencia de la pretensión.

///.- ///14.-Con ello no se juzga la estrategia procesal llevada a cabo en la causa penal, sino uno de los efectos posibles de la decisión adoptada, en el caso, la de no recurrir la prisión preventiva, cuando a su vez, no se logra poner en evidencia la existencia del alegado error judicial al tiempo del dictado de la medida.

Una cosa es analizar la pertinencia de la decisión limitativa de la libertad ambulatoria conjuntamente con la sentencia absolutoria y otra diferente, en el estadio del proceso en el que se dictó la prisión preventiva, a cuyo respecto tampoco ahora se ha demostrado arbitrariedad, carencia probatoria que sustente la decisión, o que la misma sea infundada.

Así se ha dicho: Corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios derivados del invocado anormal funcionamiento del Poder Judicial cuando la prisión preventiva resultó como en el caso- razonable y compatible con las circunstancias fácticas del auto de procesamiento, con la complejidad y particularidades del caso y con la severa penalidad prevista por la ley sustantiva y sólo la insuficiencia probatoria determinó el dictado de la absolución.. (Del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo en autos: Iacovone, Hernán Mariano c. Poder Ejecutivo de la Nación, sentencia del 14/12/2010, Fallos 333:2353). MI VOTO.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:- ADHIERO a los fundamentos expuestos en los votos de los doctores Zaratiegui y Barotto, VOTANDO en IGUAL SENTIDO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Liliana///.

///15.-Laura Piccinini y Enrique J. Mansilla dijeron:- Atento la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión.

A la segunda cuestión la señora Jueza doctora Adriana Cecilia Zaratiegui dijo:- Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 468/482 y vta., receptándolo exclusivamente en lo que respecta a la imposición de las costas generadas por la intervención del doctor Enrique Sánchez Gavier. II) Imponer las costas de esta instancia por su orden, en razón de que la parte actora pudo considerarse con derecho a recurrir en razón de no existir pronunciamiento actual de este Superior Tribunal en tan particular materia (art. 71 del CPCyC.). III) Regular los honorarios profesionales de los doctores Rodolfo L. Rodrigo y Joaquín Rodrigo en forma conjunta-, en el 30%; a calcular sobre los emolumentos que oportunamente les sean regulados por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.). ASI MI VOTO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Ricardo A. Apcarian dijeron:- ADHERIMOS en un todo a la solución propuesta en el voto que antecede.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Liliana Laura Piccinini y Enrique J. Mansilla dijeron:- NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).

Por ello, ///16.- EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 468/482 y vta., receptándolo exclusivamente en lo que respecta a la imposición de las costas generadas por la intervención del doctor Enrique Sánchez Gavier.

Segundo: Imponer las costas de esta instancia por su orden, en razón de que la parte actora pudo considerarse con derecho a recurrir en razón de no existir pronunciamiento actual de este Superior Tribunal en tan particular materia (art. 71 del CPCyC.).

Tercero: Regular los honorarios profesionales de los doctores Rodolfo L. Rodrigo y Joaquín Rodrigo en forma conjunta-, en el 30%; a calcular sobre los emolumentos que oportunamente les sean regulados por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.).

Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse. FDO. ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI JUEZA SERGIO M. BAROTTO JUEZ RICARDO A. APCARIAN JUEZ LILIANA LAURA PICCININI JUEZA EN ABSTENCION (ART. 39 L.O.) ENRIQUE J. MANSILLA JUEZ EN ABSTENCION (ART. 39 L.O.) ANTE MI: ELDA EMILCE ALVAREZ SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.-