Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-10


B., A. B.Reg.: A y S t 194 p 112-116.Santa Fe, 10 de diciembre del año 2.003.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto porel defensor de A. B. B. contra la sentencia 97 del 17 de diciembre de 2002, dictada porla Cámara de Apelación en lo Penal de Rafaela en autos "B., A. B. -Infracción a la Ley14346 Art. 3 Inc. 8 del Código Penal- (Expte. 60/02)" (Expte. C.S.J. nro. 261, año2003);

y, CONSIDERANDO: 1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso de inconstitucionalidadlocal, la Cámara de Apelación en lo Penal de Rafaela confirmó la sentencia apelada -quecondenara a A. B. B. a la pena de tres meses de prisión en suspenso, por infracción alartículo 3 inciso 8 de la ley 14346-, con costas (fs. 1/4).

En el memorial introductor del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 7/19), eldefensor de B., tras una reseña de la plataforma fáctica de la causa, sostuvo que laCámara efectuó una desacertada interpretación de los preceptos legales, con erróneaaplicación de la normativa legal vigente y valoración de las pruebas reunidas en autos.

Afirmó que se ha realizado una valoración equivocada de la prueba reunida en elexpediente, aplicándose una normativa que para nada tipifica la conducta del ahoracondenado.

Señaló que el A quo se apartó de la prueba e interpretación jurisprudencial ydoctrinaria del artículo 3 inciso 8 de la ley 14346; adujo que no se puede aplicar sancióncuando la conducta no encuadra en tipo penal alguno. Aludió a que los artículos 2 y 3 de la ley 14346 no hacen más que especificar cuálesson los actos de maltrato y crueldad, realizando una enumeración taxativa de los mismosy sin dudas, las competencias deportivas de tiro al pichón no están previstas en la ley,por lo que no puede considerárselas pasibles de penas. De tal modo, en el caso, no puedehablarse de un obrar típico y antijurídico y por ende de la existencia de un delito.

Apuntó que los principios de legalidad y reserva se vieron quebrantados tanto en eldecisorio de primera como de segunda instancia, al condenarse a un sujeto por una conductano prevista en el ordenamiento jurídico, desde que no hay una norma expresa que impida laactividad deportiva desarrollada por el encartado.

Puso énfasis en la licitud de la conducta enrostrada a su defendido por cuantoexiste una ley que permite dicha actividad, efectuando así un análisis de la normativa deaplicación. Refirió que el decreto nacional 39914/47 permitió el tiro a la paloma en elámbito de la Nación en todos los polígonos de tiro oficializados o fiscalizados por elMinisterio de Guerra; que con posterioridad a ello se sanciona la ley 14346, determinandocuáles son los actos calificados como maltrato o crueldad de animales, no señalando elsupuesto de tiro a la paloma; que en el ámbito de la provincia de Santa Fe la resolución1506/86 prohibió dicha actividad, pero el decreto 3428 derogó dicha resolución.

Remarcó que existen entes nacionales que regulan y controlan el desarrollo de estetipo de competencias, como lo es el Registro Nacional de Armas -RENAR- y que quienesrealizan torneos como el investigado en autos deben solicitar las correspondientesautorizaciones, trámites que realizó B. ante el mencionado ente y la Comuna de Santa Clarade Saguier.

La referida impugnación fue denegada por el A quo (fs. 22/24), motivo por el cualel interesado acudió por vía de queja ante esta sede (fs. 26/36). 2. Si bien se encuentran cumplidas las exigencias estrictamente formales establecidas en la ley 7055, el remedio intentado igualmente no ha de prosperar, toda vezque al ingresar -mínimamente- en el ámbito de lo sustancial se advierte que si bien laquejosa acusa la invalidez del pronunciamiento criticado porque a su criterio no reúne lascondiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerdala Constitución de la Provincia, de la compulsa del escrito recursivo con la decisiónpuesta en tela de juicio, surge que los planteos enderezados por la defensa de B. carecende asidero en las constancias de la causa y, desde diversas perspectivas, traducen tansólo su empeño de hacer primar su tesitura, opuesta a la de los miembros de la Cámara,acerca de que debió haberse absuelto a B. de culpa y cargo del hecho atribuido por noconfigurar delito, lo que escapa -por regla- a la materia propia del remedio intentado.