marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, transporte de hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Materia: CIVIL
Carátula: PAZ, DORA DEL VALLE c/ YPF s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-03

Si la víctima perdió la vida al ser atropellada por el acoplado de un camión cisterna, la sigla identificatoria YPF en el mismo alude a la designación de la empresa que produce el producto transportado, pero no avanza en modo alguno sobre los factores de imputación de responsabilidad de YPF en su vinculación con la cosa que produjo el daño, es decir, no el combustible sino el automotor que lo transportaba. La existencia de contratos celebrados por YPF con terceros para la distribución del combustible tampoco puede servir para imputarle responsabilidad ya que la empresa reservaba en ellos para sí funciones de control y supervisión de tareas de traslado de combustible pero no resulta verosímil concluir que a pesar de transferir la guarda del producto asumiera obligaciones no vinculadas a ésta sino comprensivas de la responsabilidad que pudiera surgir de la circulación del automotor, máxime cuando surge de la prueba pericial contable, que no es propietaria de ningún camión tanque, pues estos pertenecen a terceros.
Actualización monetaria, aplicación de la ley, ejecución de sentencia, liquidación judicial, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: CARREFOUR S.A. c/ RALDUA S.A. s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

La circunstancia de que el importe que emerge de la condena no haya sido abonado, no impide la invocación del art. 1 de la ley 24.283, pues el propio precepto se refiere -entre otros- al supuesto en que la liquidación deba practicarse conforme a las pautas de una sentencia, por lo que no puede sino suponerse que alcanza incluso a las decisiones pasadas en autoridad de cosa juzgada. De lo contrario, mal podría establecer que el resultado de la liquidación judicial no podrá superar el valor real de la cosa, bien o prestación, al momento del pago.
Bienes inmuebles, dominio, contrato de publicidad
Materia: CIVIL
Carátula: TINERI CAMILO Y OTROS c/ GALLARETTO JOSE s/ APELACION  -  NULIDAD  -  REMATE:  PUBLICIDAD  -  DOMINIO: PUBLICIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-11-19

De acuerdo al sistema de nuestro código, el dominio de los bienes inmuebles se adquiere por título y modo, de manera tal que la posesión que se adquiere mediante tradición, es un requisito para la adquisición del dominio desempeñando también el rol de la publicidad, porque publicita el derecho de que se trate, mediante la detentación de la cosa. A lo que se agrega ahora, conforme al art.

2 de la Ley 17801 y el art. 2505 del C. Civil la publicidad registral.
Caducidad de instancia, depósito, pago, depreciación monetaria, intereses, moneda, costas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Dirección Nacional de Recaudación Previsional c/ C.A.V.I.C. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Si la demandada depositó el importe del capital reclamado con más la suma presupuestada provisoriamente para responder a intereses y costas, manifestando que "pagó mediante depósito judicial" y prestando conformidad para que la actora cobre y perciba libremente lo depositado, y ésta aceptó el pago, si bien no había suma líquida en cuanto a accesorios, que quedaba sujeta a las resultas del juicio, tal pago fijó de manera irrevocable la situación de las partes, y la caducidad de la instancia, acusada por un tercero interesado cerró la discusión en relación a las demás cuestiones planteadas, inclusive la liquidación de los intereses.
Ministerio Público Fiscal, ejercicio de la acción pública
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Herrera, Ricardo E. y otro s/ recurso de casación. Causa: 481
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-08

El Ministerio Público Fiscal es el encargado de ejercer la acción penal (artículo 5 C.P.P.N.), quedando ésta fijada de manera exclusiva y excluyente con la petición de la correspondiente sanción, que es en definitiva la que le concederá a la defensa la posibilidad de ejercer su ministerio cabalmente.
Ahorro obligatorio, ahorro en función de la renta, ahorro en función del patrimonio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Deutz Argentina S.A. (T.F. 11.912-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-20

La ley 23.549 prevé dos categorías de obligaciones de ahorro, una en función del patrimonio, y otra en función de la renta (confr. lo expresado en el punto por la Sala III, in re "Clínica Güemes S.A.", del 23/8/94), tomando como base para el cálculo de la obligación resultante la magnitud que exhibieron dichas manifestaciones de riqueza -renta o patrimonio- en ejercicios anteriores, sin posibilidad de modificación alguna (confr. arts. 13 y 28, ley 23.549). Cualquier alteración producida entre el capital o la renta existente en el período que la ley toma como base y aquél al que corresponde la obligación, no autoriza a prescindir del sistema legal, en tanto éste se siga presentado en cada ecuación particular como razonable (del fallo "Elías J. Saleme S.A.", dictado por la Sala III, el 28/8/94).
Juicio ejecutivo, cuestión constitucional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carrozzo, Luis Osvaldo c/ Cstella, Julio Eleuterio y Otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-09-05

Si bien en principio no correspondería atender una cuestión constitucional en una ejecución, no puede soslayarse - en el marco y las características de la emergencia a que aluden las normas cuestionadas - la necesidad de su consideración. En definitiva las cuestiones debatidas radican esencialmente en elementos que afectan la naturaleza de la obligación objeto del reclamo y se intenta a través de ella precisar los términos del título base de la ejecución, ya que lo contrario importaría consagrar un exceso ritual manifiesto.
Actualización monetaria, Ley de desindexación, intereses, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA SA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. RIO GUALEGUAY s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-14

El espíritu que inspira a la ley 24.283 es desindexar aquellas deudas que, a raíz de la aplicación de mecanismos de actualización no mantienen el equilibrio entre el valor adeudado originariamente y el que resulta al momento del efectivo pago. En efecto, dicha norma se refiere a un tope para la actualización del capital y no a la aplicación de intereses, siempre y cuando estos no contengan carga indexatoria ni conduzcan a soluciones disvaliosas (cfr. CNCom., Sala B, in re: "Dauco, S.A.I.C.F. c/Calatayud, Alfredo E. s/Sumario" del 30.12.94; pub. ED del 2.6.95).
Política salarial, facultades del Poder Ejecutivo, ley provincial, adicionales de remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Avilés, Manuel Enrique c/ Provincia de Río Negro (Jefatura de Policía) s/ contencioso administrativos/inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-06-24

No le compete al Poder Judicial establecer las políticas en materia salarial correspondiente a los empleados dependientes de otro poder del Estado. Es potestad del Poder Ejecutivo provincial fijar las bonificaciones y adicionales en su ámbito de actuación; es una atribución legal que surge del ordenamiento jurídico provincial y permite llevar adelante la política salarial del sector público con estricto apego a las realidades financieras y presupuestarias de la Provincia, como lo señala el propio recurso que se trata. Sostener lo contrario podría por vía judicial llegarse a una indebida injerencia en las atribuciones del Poder Ejecutivo para determinar la remuneración de sus empleados, actividad que trasunta el ejercicio de una decisión en materia de política salarial que se enmarca en su rol de jefe de la administración (art. 181 de la Const. Pcial.). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)
Condena penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Grégori, Dante Alberto s/ Recurso de Casación en contra de Sentencia Nº 13/2009 recaída en causa Expte. Nº 166/07 caratulada: "Grégori, Dante Alberto p.s.a. Abuso Sexual Simple Agravado, etc. - Capital - Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-18

La facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

Bajo este estrecho margen de recurribilidad, relativo al común denominador de las potestades privativas del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva.

Así acotado, el control del ejercicio de estas facultades discrecionales se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL
Carátula: CUBA SANTOS c/ RICARTE ALBERTO EDMUNDO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-04-29

No cabe concebir al mas Alto Cuerpo jurisdiccional de la provincia como una tercera instancia ordinaria donde hayan de apreciarse nuevamente los hechos de la causa salvo que los jueces de grado hubieran transgredido las reglas legales que gobiernan la apreciación de la prueba; o que en dicha labor hayan incurrido en absurdo o la hubiesen realizado en forma irrazonable, o arbitraria, sin que resulte suficiente para dar sustento a dicha crítica, que la referida valoración sea discutible, objetable o poco convincente.
Decretos, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: PROCESAL
Carátula: VAZQUEZ, FELIX c/ ASEGURADORA DE CAUCIONES  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-23

El decreto 2128 inc. 5), establece que "...las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas llevando a este importe las que exceden de 5 décimas de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere esa cantidad..." con lo cual, el "redondeo hacia arriba" se encuentra justificado.
Proceso penal, recurso de reposición (procesal), plazo, oportunidad procesal, presentación extemporánea, rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: Silva, José Avelino s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Jorge A. Silva Molina en Expte. "S" Nº 147/07 "Silva José Avelino s.a. Abuso Sexual c/ Acceso Carnal - Colonia del Valle - Capayan - Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-05-06

El C.P.P. de la provincia establece que los recursos deberán interponerse, bajo pena de inadmisibilidad, en las condiciones de tiempo y forma que se determinen (art. 436), imponiendo así un término perentorio, lo cual implica que su vencimiento acarrea la caducidad del derecho a recurrir.

Si la defensa del imputado se notificó de la fecha de iniciación de audiencia de debate el 09/08/07 el recurso de reposición deducido el 15/08/07, era extemporáneo- art. 444 del C.P.P-, en cuyo caso se imponía su rechazo in limine.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: VOLPATO, JOSE Y OTROS c/ MINISTERIO DEL INTERIOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-21

La garantía que consagra el art. 18 de la Constitución Nacional no queda resguardada si el procesado no obtiene una sentencia oportuna y resulta en cambio condenado de facto por la merca circunstancia de mantenérselo detenido más allá del tiempo razonable para averiguar la verdad. No se pone en tela de juicio la validez y legalidad de lo actuado en el proceso penal, las decisiones dictadas allí y la improcedencia de su excarcelación no son revisables, sino de responsabilizar al Estado por los actos que, si bien son en sí legítimos, han ocasionado un daño injusto. Y, en este orden de ideas un estándar de responsabilidad respecto del lapso de detención que se debe admitir como aceptable sin que exista condena, lo determina el art. 701 del C. de Procedimiento en materia Penal, según el texto de la ley 22383 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por la ley 23054, que establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, art. 7 inc. 5. Aunque el actor hizo este tipo de planteos ante la justicia penal, los que fueron desestimados, no se intentó aquí revisar lo allí decidido, sino recurrir a esos preceptos como un estándar de razonabilidad, a efectos de determinar en qué medida ha resultado injustamente lesionado el actor por un procedimiento legítimo.
Delito penal, robo con armas, arma descargada
Materia: PENAL
Carátula: C., C. s/ Robo (Expte Nº 128-93, Resolución Nº 70, Tomo 2, Folio 3)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-30

Para la configuración del robo con armas es menester que el elemento empleado signifique una verdadera violencia sobre la víctima por aumento efectivo del riesgo personal, no bastando con la sola creación o incremento de la intimidación. Para esto se requiere que el medio utilizado como arma sea tal por aumentar efectivamente el poder agresivo del atacante, lo que no hace el elemento que aún habiendo sido fabricado originalmente como arma, en el momento del hecho no lo es por carecer de municiones o presentar defectos esenciales en su funcionalidad.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, daños y perjuicios, faltas del servicio, responsabilidad de la provincia, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Barreto,  Alberto  Damián  y otra c/ Buenos Aires, Provincia de yotro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

La inhibición para entender en forma originaria respecto de la responsabilidad de una provincia por los daños y perjuicios que crean sufrir los ciudadanos de otra provincia, o un extranjero, por falta de servicio, no frustra la intervención del Tribunal a fin de conocer sobre las cuestiones federales que pudieran suscitarse, mediante la instancia revisora que -verificados los demás recaudos que condicionan su admisibilidad- regla el art. 14 de la ley 48, y de la cual no está excluida la cuestión concerniente a la violación de garantías constitucionales por la ausencia de imparcialidad del órgano judicial interviniente.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-10


Salta, 10 de Febrero de 2011.

______ Y VISTOS: estos autos caratulados: "SALT CARD S.A. vs. ALVAREZ, Sergio Roberto - RECURSO DE QUEJA por apelación denegada" (en expte. nº 272.958/09 s/ Preparación de Vía Ejecutiva), Expte. CAM nº 282.343/09 de esta Sala Tercera, y __________________________ ____________________ CONSIDERANDO _________________________ ______ I) A fs. 42 del expediente principal nº 272.958/09 (copiada a fs. 25 del sub lite), el Dr. Néstor D. Álvarez Sabbaga solicita se regulen sus honorarios profesionales por la tarea cumplida en la queja tramitada en los presentes autos.__ ______ La labor desplegada en éstos por el mencionado abogado, actuando como apoderado de Salt Card S.A., consistió en la deducción (fs. 11 y vta) del recurso de queja por apelación denegada en providencia de fs. 25 del expediente principal. Dicho planteo fue desestimado por este Tribunal a fs. 19/22.__ ______ II) La queja, desde el punto de vista de la Ley de Aranceles, debe ser considerado como un juicio sin monto, habida cuenta que la cuestión central a resolver gira en torno a aspectos de derecho estrictamente procesal ( decidir si la queja ha sido bien o mal denegada). Y aunque en la hipótesis de la apertura del recurso -que no es el caso de autos- las consecuencias mediatas podrían, eventualmente, ser de carácter patrimonial, ello no convierte a la queja en lo que el Dcto. Ley 324/63 llama de apreciación económica. Por ello cabe estimar los honorarios del profesional requirente, apreciando el mérito jurídico, la extensión del trabajo realizado, su complejidad, naturaleza o novedad de la cuestión planteada, etc., de conformidad a lo previsto por el art. 4º incs. b, c, d, y art. 5º del régimen arancelario mencionado. Así lo entendió el Superior Tribunal Provincial al expresar que el recurso de queja debe ser considerado como un juicio sin monto (CJSalta, Fallos T 52, f° 269/272).____ ______ III) En consecuencia, teniendo en cuenta que el planteo de queja que formulara el peticionante no fue novedoso ni revistió complejidad; que no demandó de su parte un empleo de tiempo que no sea el normal para el tipo de actuación de que se trata; y que no resultó exitoso, se considera justo y equitativo fijar su retribución en la cantidad de $ 350, a cargo de su mandante.______________________________________________________ ______ Por ello:_________________________________________________ ______ LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL ______________________________________ ______ I) REGULA los honorarios del Dr. Néstor Álvarez Sabbaga, por el trabajo cumplido en el sub júdice, en la suma de $ 350 (Trescientos Cincuenta pesos), a cargo de su mandante._____________________________________ ______ II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese, agréguese una copia de la presente al expediente principal y oportunamente BAJE.
Prescripción, demanda, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: FERRIGNO, ROQUE Y OTROS c/ CP. Y/O PROP. Y/O ARM. BUQUE "BOW CECIL" s/ SALARIO DE ASISTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

La demanda, como acto interruptivo, es un hecho continuado que se prolonga en el tiempo y no se extingue, ni deja de producir efectos, mientras no haya caducidad de la instancia, desistimiento o sentencia firme, de tal modo que mientras no se agote la relación procesal no comenzará a correr de nuevo el plazo de prescripción.
Retiro militar, haber jubilatorio, diferencia de haberes jubilatorios, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORTIZ, FELIX RAUL c/ LA NACION ( I.A.F. ) s/ COBRO DE HABER
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-07

El I.A.F. no puede negar el alcance de reconocimiento interruptivo al inicio del pago regular de los haberes previsionales del actor, ya que el reajuste no habría podido tener lugar sin el cumplimiento previo de los hechos del art. 2do. de la Resolución del Ministerio de Defensa N. 598/85 que lo condicionaba, o cuanto menos, así debe presuponerse en atención a la presunción de legitimidad de todo acto administrativo.
Recurso extraordinario, jurisprudencia vinculante, recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, prórroga del plazo, dirigente gremial
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: SANTIYU, ISABELINO c/ COOPERATIVA LA PRIMERA AVICOLA Y DE CONSUMO LIMITADA s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 545-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-02

Conforme lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no constituye derivación razonada del derecho vigente, la interpretación efectuada por la mayoría de la Cámara del Trabajo respecto a que, por propio imperativo de la razón o fundamentación de la ley 21356, los mandatos de los dirigentes gremiales se encontraban prorrogados mientras no se les comunicara lo contrario, obligando de alguna manera a los trabajadores dirigentes a continuar en sus funciones para impedir la acefalía de las organizaciones, sin que fuera necesaria la existencia de prórroga formal. El carácter vinculatorio que, en el caso, ostenta la doctrina de ese Alto Tribunal, determina la nulidad del pronunciamiento impugnado a través de la ley 7055.
Juicio ejecutivo, rebeldía, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GARCIA NORBERTO c/ NORMA CASAMASSA s/ EJECUCION HIPOTECARIA - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-21

Por imperio del art. 871 del C.P.C. en el juicio ejecutivo sólo son recurrible los autos y resoluciones que la ley declara tales, y con respecto a la providencia que manda a purgar la rebeldía no existe en el ordenamiento instrumental norma alguna que autorice la apelación.-
Posesión, constituto posesorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Chaves,Orlando c/ Luna,Ramón y/u otro ocupante s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-20

La posesión nace como una relación de hecho pero después de nacida se convierte en una relación de derecho en cuanto es productora de efectos jurídicos.
Contratos, locación, locación de cosas, locación de inmuebles, responsabilidad de la concesionaria, industria automotriz, responsabilidad del fabricante, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Forgione, Damian y otro c/ Autovisiones SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-16

Corresponde rechazar la demanda promovida por el locador de cierto inmueble contra la locataria del mismo, en reclamo de la aplicación de una multa contractual, prevista en atención de la falta de transferencia de la habilitación comercial del inmueble al titular original, en este caso el actor. Ello así, en tanto la locataria cumplió las obligaciones asumidas en el contrato y en consonancia con la normativa vigente a fin de reintegrar la habilitación comercial, pero la gestión no pudo ser perfeccionada a causa de la injustificada falta de colaboración de la parte actora.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Massalín Particulares  S.A. c/ Resolución  nx37/90    de la Subsecretaría de Finanzas Públicas de la Nación. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

Teniendo en cuenta que la ley 16.986 se inspira, de manera inmediata y directa, en la jurisprudencia que la precedió, tal doctrina es la mejor frente a la interpretación de las disposiciones contenidas en dicha ley.
Juicio político, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROCURADOR GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -DR EMILIO MALDONADO PUIG- FORMULA DENUNCIA CONTRA EL SR. JUEZ DE CAMARA SALA I PENAL DE ROSARIO DR. T. CONFORME LO DISPUESTO EN ART 11 LEY 7050 s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 532-86) V.,  A.;  P.,  J. M. E. I,  D.  G. -FISCALES DE CAMARAS TRIBUNALES  DE  ROSARIO-  ELEVAN  INFORME  S/INVESTIGACION REALIZADA EN CUMPLIMIENTO  DE LO DISPUESTO POR ACTA ACUERDO Nº 24 DE FECHA 11-3-91 (JUZGADO DE INSTRUCCION  DE  LA  DECIMA  NOMINACION: DR M. F., F.) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 74-94) B., G. B. s/ Tribunal de enjuiciamineto. Queja por denegación del recurso de   inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº 696-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-24|1996-07-02|1995-02-22

La denominación de juicio "político" es consecuencia de que tal proceso no es un juicio "penal"; en el no se persigue castigar, si no separar del cargo; no juzgar un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno como inconveniente para el Estado. O sea, alejar del ejercicio del poder a quien es portador del mismo. Por eso, el juicio político termina y agota su objetivo cuando el funcionario se separa o ya no esta en el cargo.