Confirmación de sentencia, mobbing, ius variandi, despido indirecto, daño moral
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Nakamurakare, Julio Alberto c/ The Buenos Aires Herald Limited  c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-27

La demandada, Buenos Aires Herald, recurre la sentencia de grado entendiendo que el actor periodista no pudo obtener pruebas que permitan corroborar que ha sido víctima de mobbing y mucho menos que se haya ejecutado un ejercicio abusivo del ius varíandi sobre su persona que ameriten la situación de despido indirecto en que se colocara. El accionante se desempeñaba como como periodista a las órdenes de Buenos Aires Herald Limited, al principio como Jefe de Sección de Cultura y Espectáculos, asignándosele luego una categoría laboral inferior -de cronista-, entendiendo que ello respondió al mobbing del que fue víctima hasta la época del distracto. Alegó haber sufrido por parte del Director del diario, hostigamiento, gritos sistemáticos, frente a sus pares, superiores y subalternos, para que presentara su renuncia, menoscabando su persona psicológicamente, discriminación constante con sobrecarga de tareas que debía cumplir durante extensas jornadas que vulneraban el máximo legal, lo cual le ocasionó graves problemas de salud. En la instancia de grado se admitió la acción incoada y se condenó a la ex empleadora a pagar una compensación por daño moral. A partir de la prueba testimonial quedó comprobada la rebaja de categoría, las extensas jornadas y el trato dispensado. En los supuestos de violencia resulta aplicable el principio fundamental de igualdad y no discriminación conforme el Convenio N° 190 OIT y la CEDAW. Las obligaciones genéricas de la ley laboral básica se encuentran reforzadas mediante la ratificación de los Convenios OIT 155 y 187 y de la Recomendación OIT 164 debiendo el empleador en cumplimiento de tales normas de la más alta jerarquía constitucional (conf. arts. 14 bis y 75 inc. 22 CN) implementar medidas idóneas para tutelar la integridad psicofísica de sus trabajadores y trabajadoras adoptando una actitud vigilante en cumplimiento de su deber de debida diligencia, máxime cuando el factor de riesgo se asocia a situaciones de violencia en el ámbito laboral. Resulta responsable el empresario ante lo que se denomina organización perversa o maltrato direccional, y ha sido receptada tanto por los tribunales y organismos de control internacionales como por la OIT en su Convenio N° 190 (Ginebra, 2019). A la prueba testimonial rendida relativa a los tratos inaceptables dispensados al trabajador, se agrega que éste notificó a la patronal el hostigamiento, lo cual puso a cargo de la empresa la obligación de investigar la veracidad de las circunstancias denunciadas. El criterio sentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indica que constituye una obligación específica y contractual del empleador, como así también de toda la comunidad, advertir, prevenir, denunciar y sancionar la existencia de situaciones de hostigamiento y analizar sus efectos no sólo para quien lo sufre, sino también para su entorno, la empresa y la sociedad en su conjunto. El empleador tiene el deber de prevenir adoptando medidas de seguridad adecuadas y de evitar tomar actitudes o comportamientos que causen daño a sus dependientes, el deber de indemnidad, arts. 75 y 76 LCT, tiene un "deber de actuar" con "debida diligencia", con motivo de la relación de empleo aplicando las normas que hacen a las facultades de dirección, organizativas y disciplinarias previstas en la LCT. Bajo tales premisas, ninguna duda cabe que con las actitudes adoptadas por la demandada, quien lejos de receptar la denuncia y, en su caso analizarla, se limitó a desconocer el reclamo de su empleado quien contaba al tiempo del distracto con casi 30 años de antigüedad. El hecho de no haberse realizado ninguna investigación, constituye un grave incumplimiento de los deberes propios de un buen empleador y configura un ilícito de carácter extracontractual por el que debe responder. Cabe confirmar la sentencia de grado con más compensación por daño moral.