marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Leiva, Nancy Adela  c/ Vaena, Regina y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-18

La accionante cuestiona el rechazo de la demanda entablada contra los accionados al entender que el sentenciante de origen habría pasado por alto que dicho reclamo halló cimiento en las previsiones de los artículos 59, 274 y 54 de la ley 19.550. En el caso, verificada la existencia de una omisión parcial registral durante la integridad del vínculo anudado con la trabajadora, dicho comportamiento representa un quebramiento del plexo que estructura el orden público laboral y previsional. El art. 54 de la ley 19.550 alude a "la "actuación" de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios...". De allí que debe analizarse si en el caso lucen reunidos elementos que ameriten la penetración del ente societario para responsabilizar personalmente a los socios codemandados. Teniendo en cuenta que las personas físicas coaccionadas organizaban al personal dependiente, disponían el direccionamiento de la marcha empresaria e inclusive la gestión de la contabilidad, dichas personas humanas no podrían haber resultado ajenas a la grave ilicitud que constituye el mantenimiento de un contrato de trabajo bajo un manto de parcial clandestinidad registral, sino que en la terminología de la ley 19.550, "hicieron posible" la perpetración de una actuación societaria representativa de un "mero recurso" para eludir los plexos laborales y previsional, además de una franca defraudación de los derechos de terceros. La verificación de dicha conducta sólo puede ser calificada como una utilización desviada de la figura societaria, ejercicio abusivo que el derecho y sus principios cardinales no sólo no amparan, sino que tampoco toleran (art. 10 CCCN). Tales circunstancias habilitan a desvanecer la personalidad jurídica en el caso, prescindiendo de la ficción legal para ceder paso a la realidad material, lo que conduce a revocar el pronunciamiento de grado que no hizo lugar a la responsabilidad personal aunque limitada respecto de los codemandados que resultan responsables solidariamente con la sociedad codemandada. (Del voto del Dr. Catani, en mayoría).
Despido, crédito laboral, intereses, actualización monetaria
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Cambronero, Hernán Matías  c/ Sentinell SA  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-26

Toda vez que la CSJN ha descalificado fallos en los que los tribunales inferiores, a fin de conjurar el envilecimiento de los créditos alimentarios intentaron distintas vías para ello duplicando la tasa de interés, recurriendo a un índice como el CER más un interés puro o permitiendo que se capitalice anualmente la deuda, sólo queda recurrir a la tasa de interés bancaria pura reglamentada por el BCRA. En atención a lo dispuesto en el art. 7 de la ley 23928 con las modificaciones de la ley 25.561 que vedan la actualización monetaria, cabría tener en cuenta, para determinar de qué modo se ha de intentar mantener someramente el valor del crédito laboral y cubrir, asimismo, el daño ocasionado por la privación oportuna del capital, al Acta 2658 de la CNAT, en la cual se tomó en consideración la tasa activa del Banco Nación allí descripta, una de las más altas tasas bancarias sin capitalización. A fin de determinar si el monto al que se arriba por aplicación de dicha tasa bancaria permite mantener el valor del capital debido -supuesto que de no cumplirse implicaría la afectación del derecho de propiedad (art. 17 CN) y, por ende, tornaría inconstitucional la norma desindexatoria-, cabe cotejarlo con los datos que emanan del INDEC acerca de la tasa inflacionaria en el período en cuestión. Sin embargo, en el caso según se aplique el Acta N° 2658 con más una capitalización en los términos del art. 770 inc. b) del CCyCN o el IPC, la diferencia entre ambos montos demuestra la licuación del crédito laboral. Ante el infructuoso intento de la CNAT de buscar una solución que permita conjurar la lesión del contenido sustancial de los derechos patrimoniales de las personas que trabajan. Cabe recurrir a la última ratio del orden jurídico, esto es, declarar la invalidez constitucional de la norma que veda la actualización monetaria: el art. 7 de la ley 23.928 con las modificaciones de la ley 25.561. La brecha existente entre la actualización monetaria con más una tasa de interés puro del 3% ( pauta que fue adoptada en el decreto 70/2023, que si bien ha sido declarado inconstitucional en la causa "Confederación del Trabajo y se encuentra suspendido, con un recurso pendiente ante el Máximo Tribunal, permite observar que incluso ha sido tenido en consideración como parámetro para mantener el valor del crédito laboral) y la que deriva de la aplicación de una tasa autorizada por el Banco Central tal como la que surge del Acta 2658, implica una pulverización del crédito del actor que es de carácter alimentario. Declarada la inconstitucionalidad, en el caso, de la norma que prohíbe la indexación, la suma por la que prospera la acción ha de ser actualizada desde la fecha de su exigibilidad y hasta su efectivo pago, de acuerdo con el índice de precios al consumidor que publica el INDEC (IPC), con más una tasa de interés pura del 3% anual por igual período.
Despido, crédito laboral, capitalización de intereses, RIPTE
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Yturria, Fundora Aliandy  c/ SKFArgentina SA y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-10

En el caso, según se aplique las Actas N° 2601, 2630 y 2658 con más una capitalización en los términos del art. 770 inc. b) del CCyC, o el IPC y el Ripte para el período que corre entre el 1/11/2015 y el 1/5/2016, atento a la ausencia de datos oficiales del mencionado IPC durante ese lapso, la diferencia entre ambos montos demuestra la licuación del crédito laboral. Por ello, debe declararse inconstitucional el art. 7 de la ley 23.928 en tanto impide la actualización del capital de condena. Tal decisión impone la adecuación del capital de condena a través de una pauta de razonabilidad, esto es, mediante la aplicación del indicador salarial de naturaleza previsional elaborado por la Subsecretaría de Seguridad social denominado "Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables" (Ripte), previsto incluso en otras normas de naturaleza social, tales como la ley 27.348 -lo que exhibe el reconocimiento legislativo de la necesidad de actualización de créditos afectados por la inflación habida desde la sanción de la ley 23.928 hasta hoy-, con más un 7% anual de interés puro sobre el capital, sin perjuicio de las facultades previstas en el art. 771 del CCyCN. (Del voto del Dr. Díez Selva. Teniendo en cuenta que el criterio mayoritario es la actualización mediante la aplicación del IPC más una tasa pura anual del 3%, adhiere por razones de economía procesal).
Confirmación de sentencia, juicio sumarísimo, modificación del contrato, ius variandi
Materia: PROCESAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Heredia, Viviana Alejandra  c/ Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES  s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-25

La accionante, trabajador de ANSES, se agravia que en origen se hubiera rechazado la acción intentada por considerarse que estaba dentro de la órbita de la administración la facultad de modificar las condiciones esenciales del contrato. Señala que debe rectificarse el fallo de primera instancia por cuanto la Res. N° 341/2020 fue nula, ya que implicó un ejercicio irrazonable de las facultades de la demandada, lo que implicó un ejercicio abusivo del ius variandi, ante la desafectación de su cargo como Jefe, reemplazo de tareas y salario (art. 66 LCT). La actora es personal de carrera, bajo la órbita del CCT 305/98 E, y por decisión estructural de la administración se la designó en un cargo de Conducción Superior en forma transitoria. La transitoriedad bajo la cual fue designada no tuvo modificaciones posteriores, pues no fue confirmada en el cargo con carácter permanente. La demandada al atribuir la designación en el cargo referido a una ampliación de la estructura jerárquica, justificó el carácter transitorio del nombramiento de la actora (cfr. arts. 10 y 11 de la ley 25.164). La Res. N° 341 dictada por la máxima autoridad del organismo reorganizó las áreas jerárquicas y desafectó a la actora del cargo transitorio de jefatura y la reubicó en las funciones de asesoría, conforme CCT 305/98 E y dentro de los parámetros del art. 11 de la ley 25.164. Las decisiones que se tomen no pueden avasallar principios rectores del derecho del trabajo. Así, la normativa específica debe contemplar que ante esta posibilidad no se afecte condiciones esenciales del contrato, tal como prevé en el art. 29 CCT 305/98 E, en el sentido que, ante los cambios que estime pertinentes la autoridad del organismo sobre los cargos de conducción se reubique a aquellos agentes desafectados de sus funciones en tareas de asesoramiento. En este sentido la facultad conferida al poder administrador no se encuentra seccionada del sistema jurídico constitucional general en el que el régimen normativo está inserto, condicionándose la legitimidad a la funcionalidad de la medida y a la inexistencia de perjuicio material o moral de trabajador. Por ello, lo primero que hay que verificar es si el objeto modificado es pasible de tal cambio en forma unilateral por la empleadora y si existe justificación para la misma vinculado el análisis a la razón funcional por la cual se decidió (cfr. art. 4 y 46 LCT.). Y en el caso, la modificación fue producto de la transitoriedad sobre la cual se designó a la actora, es decir que el objeto era pasible de modificación, encontrándose justificada la medida en la razón funcional de los cambios en la estructura orgánica que afectó al personal de conducción. Cabe confirmarse lo decidido en la instancia anterior.
Iura novit curia, fallos de la Corte Suprema, deberes del juez, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F. c/ Pinavaría Corvalán, Francisco p/ homicidio criminis causa en concurso ideal con femicidio s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2024-11-27

Conforme lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca del principio iuria novit curia, se trata de la facultad del juez para dirimir conflictos jurídicos según el derecho vigente, calificando la realidad fáctica según las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes, siendo elemento central de esta facultad su vínculo con los hechos que las partes alegan y prueban antes que con el derecho que invocan e incluso ante el silencio de las partes, operando como límites a dicha facultad las prohibiciones de alteración de las bases fácticas del litigio, de la causa pretendi y de los hechos o defensas no alegadas por las partes.
Confirmación de sentencia, despido, dictamen fiscal, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Costa, Agustín  c/ COFCO International Argentina S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-29

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el decisorio de origen que, con apoyo en el dictamen fiscal previo, admitió la excepción de prescripción deducida por la demandada, conduce a memorar que las acciones fundadas en el derecho del trabajo prescriben a los dos años. Sin perjuicio de ello, el curso de la prescripción quedará suspendido por el lapso de seis meses al presentarse la demanda de conciliación ante el SECLO. Ello así, a partir del Fallo Plenario N° 312 "Martínez Alberto c/ YPF. S.A. a/ Participación Accionariado Obrero". Existen dos eventos suspensivos. El primero de ellos es la constitución en mora mediante telegrama labor -cfr. art. 2541 CCCN- fechado el día 7/10/2020, y el otro, es la tramitación en la instancia ante el SECLO de fecha 12/11/2020 cuyos efectos se superponen temporalmente en forma parcial. Y toda vez que la fecha de interposición de la demanda fue el 5/04/2022, se evidencia claramente que la acción resulta alcanzada por el instituto de la prescripción (cfr. art. 256 de la LCT, art. 7 de la ley 24.635 y doctrina emanada del Fallo Plenario N° 312 del 06/06/2006). No obsta a dicha solución en el caso las citas de la diversas acordadas del Máximo Tribunal y con relación a la pandemia COVID-19, toda vez que la Acordada N° 12/2020 del 20/04/2020 estableció mecanismos de presentación de demandas por vía digital para superar tal situación extraordinaria. En virtud de ello, y teniendo en cuenta el lapso temporal en juego, corresponde confirmar la resolución de primera instancia.
Confirmación de sentencia, medidas cautelares, reinstalación en el puesto de trabajo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Mengarelli, María Eugenia c/ Instituto Nacional Asociativismo y Economía Social Estado Nacional  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-30

La actora interpone medida cautelar tendiente a su reinstalación preventiva en su puesto de trabajo. El pronunciamiento interlocutorio de grado admitió la medida solicitada. Apela la accionada. La actora fue designada secretaria adjunta de la Comisión Ejecutiva Nacional y el otorgamiento de tal mandato por parte de sus semejantes alcanza para considerar verificada la presencia del recaudo inherente a la verosimilitud en el derecho invocado con la intensidad necesaria para esta tipología de análisis. Aun cuando el vínculo individual anudado entre los litigantes se haya encontrado identificado, en su faceta formal, recurriendo a la modalidad temporal de contratación que prevé el artículo 9 de la ley 25.164 que desencadena el rol sindical. También puede reputarse satisfecho el recaudo de la urgencia en la demora, en tanto el desarraigo de la trabajadora requirente de la estructura de la demandada y la desafectación del establecimiento donde prestaba funciones, conlleva ínsita una obvia dificultad de ejercer la amplia gama de derechos derivados de la libertad sindical, omnicomprensivos de la defensa de los intereses del colectivo obrero que representaría en carácter de secretaria adjunta. Cabe confirmar el pronunciamiento apelado (Del voto del Dr. Catani, en mayoría. La Dra. Hockl, en minoría y adhiriendo al Dictamen Fiscal, desestima el pronunciamiento de grado).
Intereses moratorios, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Carabajal, Franco Gabriel c/ Terminal 4 SA  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-29

La aplicación de cualquiera de las tasas de interés actualmente reglamentadas por el Banco Central de la República Argentina, resulta -por sí sola- insuficiente para compensar de manera adecuada y justa el crédito diferido a condena. La aplicación lisa y llana aún de la tasa más alta prevista a través de la reglamentación del Banco Central de la República Argentina, se encuentra por debajo de los índices inflacionarios y no sólo no cumple con la finalidad de reparar al acreedor del crédito alimentario sino que, además, provoca un infundado beneficio al deudor que ha incurrido en dilación del pago, razón por la cual, debe contemplarse al tiempo de la adecuación del crédito, que el mecanismo que se utilice contemple tanto la necesidad de establecer un interés moratorio por el solo curso del tiempo sin satisfacción de la deuda, como así también el interés compensatorio por la privación de uso de ese capital. Por ello, procede la declaración de inconstitucionalidad de las pautas que prohíben la indexación de los créditos (leyes 23.928 y 25.561). Corresponde disponer que el crédito diferido a condena sea actualizado conforme el índice IPC Nación, según publicaciones oficiales del INDEC, desde que cada concepto que integra la condena fue debido y hasta la fecha del efectivo pago, a lo que deberá adicionarse un interés del orden del 3% anual. (Del voto del Dr. Balestrini, en mayoría)
Concursos, honorarios, conclusión de la quiebra, pago total
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Di Biasi, Leonel Alejandro  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-12

En el marco de un proceso que ha concluido por pago total y siendo que los acreedores verificados habrían percibido la totalidad de su acreencia, a los fines de la fijación de honorarios debería tomarse como pauta objetiva el importe afectado efectiva e íntegramente a los acreedores falenciales (conf. esta CNCom, esta Sala A, 25/03/08, "San Marti Osvaldo s/ quiebra"; íd., íd., 09/09/14, "Maffi Gustavo Alfredo s/ quiebra"). Por ende, en situaciones como la del sub lite, donde no hay un activo realizado, sino un pasivo satisfecho, se genera una situación de colisión de normas que impone al órgano judicial optar entre respetar solo una de las dos directrices en juego: o bien el "piso" de los tres sueldos actuariales o, bien, en su defecto, el "techo" de un porcentual máximo sobre el monto depositado en autos e invertido en plazo fijo para satisfacer el pasivo. En razón de los valores económicos en juego corresponde pues, en el caso, regular los honorarios de los profesionales intervinientes con prescindencia de la pauta fundada en el salario del secretario de juzgado que contempla la LCQ 267, tomando a ese efecto un porcentual de los montos habidos en autos, que posibilite compatibilizar la finalidad última de este tipo de procedimiento con el derecho a una retribución digna por parte de los beneficiarios de esos emolumentos. En esta línea, estima prudente el Tribunal asignar a las retribuciones de los funcionarios actuantes en el presente trámite falencial, alrededor del 30% de los fondos depositados en autos como tope regulatorio por lo actuado en la quiebra.
Recurso de apelación (procesal), competencia del Superior Tribunal de Justicia, medios de prueba, cuestiones de hecho y prueba, revisión judicial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-241.194/2023 - Cencosud S.A. c/ Estado Provincial s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2024-11-26

En materia de apelaciones el Tribunal ad-quem conserva siempre las facultades para analizar cuestiones de hecho y derecho puesto que se trata de un recurso ordinario, encontrándose a tal fin en plenitud de su jurisdicción y en idéntica posición que el inferior correspondiéndole iguales derechos y deberes para examinar la demanda en todos sus aspectos, analizar nuevamente la prueba, admitir o rechazar defensas e incluso examinar cuestiones no consideradas por el inferior.
Prácticas desleales, medidas cautelares, personería gremial
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Unión de Empleados de la Justicia de la Nación c/ Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ práctica desleal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-14

La actora (UEJN) promovió acción por práctica desleal contra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- al perseguir el cese inmediato de las conductas que denuncia como práctica desleal (haber sido excluida de la discusión salarial) con más la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo N° 1259/2015 y de la CCT, para así obtener la inclusión en la mesa de discusión salarial en ese ámbito. La jueza de grado rechazó las medidas cautelares peticionadas por la actora para ser insertada en la mesa salarial pero precisó que fue arbitraria la medida de excluir a la entidad gremial actora y enmarcó el proceder del demandado en los arts. 53 incs. a) y f) de la ley sindical 23.551. Ordenó al Consejo a pagar un importe dinerario en concepto de multa y ordenó cesar los comportamientos constitutivos de práctica desleal para que se incluya a la actora en la mesa salarial. Se agravia la demandada. La prueba aportada da cuenta que a la fecha de los hechos, la asociación sindical actora contaba con personería gremial y fue apartada por la parte accionada de manera ilegítima de la instancia de negociación colectiva. La CNAT ha reconocido la operatividad de la Res. 255/03 en diversos ámbitos del sector público, nacional, provincial, municipal y de CABA. En virtud de la citada Resolución al no haber desplazamiento de personería gremial carece de virtualidad, los efectos de la petición el potencial tránsito de la vía de resolución de conflictos de encuadramiento sindical. El régimen de asociaciones sindicales (ley 23.551), soslayado por el ente quejoso reviste carácter nacional, por lo cual el fundamento de su queja deviene inconducente. Por ello si la UEJN continua manteniendo hasta el presente su personería gremial vigente para el universo de representación que se encuentra en juego en el reclamo, más evidente resultaba esa vigencia al tiempo de adoptar el organismo accionado su exclusión de la actividad negocial.
Despido, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Diez, Fernando José  c/ Unidad de Información Financiera s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-29

La juez de grado desestimó el planteo de incompetencia opuesto por la demandada con fundamento en que la Justicia Nacional el Trabajo se expidió en un expediente conexo. La competencia se determina por el derecho que sustenta la pretensión del art. 5 CPCCN, siendo criterio del Máximo Tribunal de la Nación, pacíficamente aceptado, y que a tales efectos corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor realiza en su demanda y después, solo en la medida en que se adecuare a aquéllo, al derecho invocado como fundamento de la acción. Toda vez que el reclamo del actor se funda en el art. 208 de la LCT y en el Convenio OIT 190, y porque la propia demandada despidió al actor en los términos del art. 242 de la LCT -situación que el propio ente demandando admitió-, corresponde aplicar las normas de la especialidad del tribunal. Asimismo, el Convenio Colectivo de carácter sectorial para la UIF aprobado por el Decr. 1298/2016, dispone en su art. 7 que el personal de la entidad queda comprendido en las normas de la ley 20.744. Esta ley se hallaba vigente al momento de la desvinculación del actor, y esta inclusión de la relación laboral en el régimen de la LCT habilita inobjetablemente la competencia de este fuero. Finalmente, a tenor de los dispuesto en el art. 20 de la LO y que fuera expresado por el tribunal en el expediente conexo aludido, serán competencia de la Justicia Nacional del Trabajo "...las causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, cualquiera fueren las partes - incluso la Nación, sus reparticiones autárquicas, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público -por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia e convenios colectivas o disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo", extremo que se verifica cuando, como en el caso, a la fecha de los hechos objeto de debate el Derecho Privado resulta aplicable a la entidad demandada respecto de su personal. Cabe declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.