marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Locación de cosas, compact disc, autorización del autor
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES c/ COMPACT DISC s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-09

En una acción que verso sobre la posibilidad de alquilar compact disc, es de precisar que con anterioridad a la formulación legislativa, el alquiler debía ser autorizado, para que pudiera ser concretado. Dicha autorización dependía y depende exclusivamente de la voluntad del titular del derecho, ya que para que existiera posibilidad diversa, como acontece en ciertos países que han instalado el régimen de licencias "no voluntarias" (Alemania, Suiza, Reino Unido, Japón), seria menester contar con norma expresa. De lo contrario se produciría colisión con los principios generales que inspiran nuestro ordenamiento en materia de propiedad.
Reformatio in pejus, derechos adquiridos
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Guiñez, Nelson Edgardo s/ Recurso de casación  Causa n. :1793.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-10

La valla que significa la prohibición de reformatio in peius, consagrada en el párrafo 3? del artículo 445 del C.P.P.N., de inequívoco fundamento constitucional pues preserva la vigencia de la garantía de la defensa en juicio y del derecho de propiedad en tanto, respectivamente, impide el empeoramiento de una situación jurídica frente a un recurso que la ley concede, precisamente, para asegurar su eventual mejora, y asegura la estabilidad de las resoluciones judiciales que en los aspectos no impugnados configuran, un derecho adquirido para la parte a quien benefician. (Voto el Dr. Riggi).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, opción del trabajador, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL
Carátula: CARRIZO, Marcelo Ricardo c/ EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS (ENCOTEL) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACCIDENTE DE TRABAJO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-30

Si el actor ha ejercido su derecho de opción por la vía civil, uniéndolo a su empleador una relación laboral, y no existe un delito del derecho criminal, la responsabilidad que asume el empleador frente a la víctima del daño es de naturaleza contractual y la normativa a aplicar es la del art. 75 de la ley de Contrato de Trabajo.
Daños y perjuicios, valor vida, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: ARCE MARINA ALEJANDRA Y OTROS c/ F.A.T.S.A. s/ COBRO DE PESOS - VIDA DE LA VICTIMA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-09

Para la aplicación del daño material son de aplicación los arts.

1084 y 1085 del Código Civil que rigen todos los hechos ilícitos que tienen por resultado la muerte de una persona, sean dolosos o culposos, puesto que la intención del autor no cambia la sustancia del acto contrario a derecho. A los fines de la fijación del resarcimiento no se pueden aplicar pautas matemáticas, sino que es preciso valorar las circunstancias de la causa, sin olvidar el fin de la norma que, por lo demás, deja "a la prudencia de los jueces fijar el monto de la indemnización" (art. 1084, segunda parte del Código citado). La muerte de un ser querido no constituye para los suyos un capital que se mida por la renta que pueda dar. De allí que, la ley apela con énfasis a la prudencia de los jueces.

Son relevantes, como lo sostiene la jurisprudencia el sexo, la edad, el tiempo probable de vida útil, educación, oficio, ingresos que aportaba, aptitudes para el trabajo, nivel de vida y demás circunstancias del occiso. Y en cuanto a los damnificados, también debe valorarse, además del grado de parentesco, la edad tanto de los mayores, como de los hijos menores, número de miembros de la familia, ayuda que recibían, etc.
Jubilación por invalidez, otorgamiento del beneficio, beneficiario previsional de escasos recursos, falta de prueba, fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte, ley derogada, abrogación implícita
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: CHAVEZ, AMALIA c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-02

No procede aplicar mecánicamente la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el caso "Rei Rosa, Alfredo" porque ello conduciría a la abrogación tácita de una norma, efectuada por un juez, a quien no cabe en principio modificar el criterio del legislador. Por ello, no corresponde otorgar la jubilación por invalidez al peticionante que, no habiendo cumplido con lo prescripto por el art. 31 de la ley 18.038, no intentó probar la precariedad económica; y aunque la edad y la actividad denunciada sean indicios a tener en cuenta, no pueden establecerse presunciones iuris et de jure al respecto, particularmente en épocas de crisis financiera del sistema previsional.
Contrato de trabajo, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Goicoechea, Alicia Antonia c/ Comercial del Oeste S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-22

La calificación de la injuria está librada a la prudencia de los jueces, sin otra exigencia que la de tomar en consideración el carácter de las relaciones entre superiores e inferiores.
Declaratoria de herederos, cesión de derechos hereditarios, acta judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ JUAN ARGENTINO s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-31

El Registro de la Propiedad, en ejercicio de la función calificadora, sólo puede examinar la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos presentados para su inscripción, y rechazar los documentos viciados de nulidad absoluta o manifiesta. En consecuencia, va más allá de sus facultades la observación del Registro de que la instrumentación de una cesión de derechos hereditarios debe hacerse por escrituración pública, máxime cuando existe una decisión judicial que acepta como válida la instrumentada en acta judicial; y una disposición legal que así lo determina (art. 1455 C.C.), la cual sólo puede ser interpretada y aplicada por los jueces. Del voto del Dr. Griffi.-
Intereses usurarios, lesión subjetiva, actos contrarios a la moral y buenas costumbres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL SUQUIA S.A. c/ MVP CONSTRUCTORA S.R.L. s/ Prepara Vía Ejecutiva (LIBRO: S129 - 225)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-21

Dos requisitos o condiciones es necesario que se cumplan para que se configure la situación de lesión subjetiva: en primer término se trata de un requisito o elemento objetivo que consiste en que mediante el contrato o acto se obtenga una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.

Esa desproporción debe ser manifiesta, perceptible en forma inmediata y sin que nadie pueda ponerla en duda, pudiendo calificársela como grosera y chocante. La otra condición o elemento subjetivo es que una de las partes se haya aprovechado o explotado la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, extremos que deben ser demostrados por la víctima. La necesidad alude a una situación de peligro para el lesionado o su familia que requiere un urgente auxilio. La ligereza, por su parte es un estado psíquico patológico en el que se encuentra el sujeto que no mide el alcance de la obligación que contrae, no porque no quiera verlo, sino porque no puede hacerlo. "...siendo por último la inexperiencia una ausencia de los conocimientos que se adquieren con el uso de la práctica". "...comparto plenamente la corriente según la cual no existen intereses usurarios o exorbitantes en abstracto sino que en cada caso deben analizarse las circunstancias de tiempo y lugar en donde sucede, como todas las demás condiciones que lo rodearon". Extraigo entonces que para que el caso se considere encuadrable en el art. 953 del CCI, o debe ser atentatorio a la moral, o ser repelido por la sociedad pues afecta normas de convivencia, o debe trascender el mero interés particular o importar un supuesto de lesión subjetiva, de acuerdo a las distintas opiniones citadas, valorando a modo de síntesis que si no se le ha provocado al deudor un perjuicio importante y evidentemente desproporcionado de acuerdo a las nomas de convivencia de ese lugar y momento histórico, resultando además el accionar del acreedor necesariamente inadmisible a la luz de la moral y costumbres de esa sociedad, no corresponde la aplicación de la norma contenida en el art. 953 del CCI.
Apertura del concurso, presentación en concurso, libros de comercio, omisión de llevar libros de comercio
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Servipan S.R.L s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-09

La Sala II ha rechazado la apertura de concursos por la falta de libros de comercio, ya que su no presentación impide acogerse a los beneficios de la ley 19.551.
Recurso de reposición (procesal), oportunidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DOMINGUEZ ADAN ALBERTO s/ RECURSO DE REPOSICION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1978-05-10

El art. 488 del C.P.P. exige que la petición de informe oral se haga en el momento de notificarse el decreto, contra el cual se deduce reposición. Conforme a esta interpretación razonable del espíritu de la ley, debe concluirse en que la voluntad de informar oralmente debe exteriorizarse en la primera oportunidad procesal subsiguiente o sea en el primer día hábil posterior a la fecha de la notificación.-
Constitución Nacional, constitucionalidad, inconstitucionalidad, ley nacional, obediencia debida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mántaras, Mirtha s/ plantea inconstitucionalidad ley 23.521.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-24

La ley 23.521 es constitucional.
Escritos judiciales, cargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Adcano, Joaquín Enrique c/ Garcia, Héctor Horacio y López, Héctor Agustín s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-17

Incumbe al presentante del escrito controlar la exactitud de los datos consignados en el cargo, debiendo adoptar para ello las precauciones necesarias.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, ley especial, competencia por el territorio
Materia: LABORAL
Carátula: Albornoz Renee Armando c/ Provincia ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-16

En el caso, el actor entabló demanda a causa del accidente ocurrido el 08/09/2016 contra la aseguradora, destinada a obtener el resarcimiento pleno de la incapacidad invocada. La juez a quo se declaró incompetente en razón del territorio ya que interpretó que las disposiciones de los arts. 1, 2 y concs. de la ley 27.348 afectan los alcances del art. 24 L.O.. La parte actora cuestiona dicha resolución argumentando que la ley 27.348 complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, cuya norma instaura como instancia previa, obligatoria y excluyente la intervención de las comisiones médicas jurisdiccionales, fue sancionada, promulgada y tomado vigencia con posterioridad al cierre de la instancia administrativa ante el Seclo (30/12/2016) , por lo que se torna aplicable el Plenario Nº 225 sobre la aplicación de la ley vigente al tiempo de producirse el accidente. No resulta aplicable en el caso lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 2 de la ley 27348, que ha sido estructurado para el conocimiento de un recurso que supone la vigencia de la Comisión Médica local o central, en una vía de reexamen, la cual en el momento en que el trabajador estaba en condiciones de formular el reclamo, ni siquiera existía. Asimismo, el principio de aplicación inmediata de la nueva norma procesal rige en tanto y en cuanto el derecho al que se refiere hubiere existido con anterioridad a su dictado y, no en aquellos casos, como el presente, donde en virtud de la fecha en la que el actor estaba en condiciones de instar a la revisión (30/11/2016), no existía el recurso a cuya competencia territorial se aferra la decisión recurrida. Por lo tanto corresponde revocar la sentencia de primera instancia y declarar la aptitud jurisdiccional de la J.N.T. para entender en la causa.
Competencia contencioso administrativa, acto administrativo definitivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DÉCIMA JUAN ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RÍO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-04-22

El Art. 1º de la LPA exige, a efectos de la admisibilidad de la acción contenciosa administrativa, la calidad de definitivo en el acto impugnado. Acto definitivo es aquel que resuelve el fondo de la cuestión planteada. Este requerimiento de la ley procesal radica en que la falta de definitividad e impugnabilidad del acto administrativo se sustenta en la carencia de efectos jurídicos respecto del agente. Por lo tanto no son susceptibles de ser impugnados en sede judicial, salvo disposición legal expresa, la actividad de asesoramiento, informes, actos sujetos a aprobación de autoridad superior, actos provenientes de órganos consultivos y en general medidas meramente preparatorias del acto administrativo, en tanto no sean éstas productoras de efectos jurídicos directos e inmediatos.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: BONACINA, EDUARDO REMIGIO c/ MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-13

En el caso, se discute por vía de la acción de amparo la inteligencia de una relación de derecho público que ligaría al amparista con la administración pública.

En principio, la existencia de una vía legal paralela para la protección de los derechos que se dicen lesionados excluye, como regla, la procedibilidad del amparo, pues este medio no resulta apto para alterar el juego de la jurisdicción legal y constitucional de los jueces (Conf. Corte Sup., "Brieba, Rodolfo v. Estado Nacional", del 19/3/87, T. 310, p. 622, entre muchos otros), y tampoco cabe admitirla cuando la dilucidación de las cuestiones planteadas requieren mayor amplitud de debate y prueba, por cuanto su grado de complejidad excede el trámite sumarísimo del amparo (Conf. esta sala, 16/5/96, "Brait, Herminio y otros v. Grasso Molina y otros s/Inc. De medidas cautelares y sus citas).
Responsabilidad del Estado, derecho público, jurisdicción y competencia, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: CAMP, CARLOS ALBERTO c/ GCBA Y OTROS s/ Daños y Perjuicios (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-25

El derecho público (no penal) es uno de los ejes de las soberanías provinciales (y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Cada provincia tiene la competencia para dictar su propia Constitución y, con arreglo a ella, reglar los diversos capítulos del derecho público local, entre ellos los que componen el derecho administrativo y el derecho financiero. Así, es competencia local configurar los diferentes institutos de dichas ramas jurídicas, entre ellos, el acto y contratos administrativos, el procedimiento administrativo, el sistema de los recursos administrativos, la expropiación, el poder de policía, el sistema tributario, la administración financiera y, además, la responsabilidad del Estado local.

En consecuencia, tal como destaca José L. Said, la responsabilidad del Estado es una cuestión de derecho público local, de suerte que su reglamentación no corresponde al Congreso de la Nación sino a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, tanto el Estado federal como, en general, los Estados locales, no se han hecho cargo de regular el tema de la responsabilidad estatal en forma integral y sistemática (cfr. "La responsabilidad del Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, año XXVIII Nro. 326, pp. 257/8; y en la misma publicación, cfr. el ensayo de Petrella, A., "Acerca de la responsabilidad pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", p. 283 y ss.).
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, competencia de la Corte Suprema, resoluciones irrecurribles, impuestos, repetición de impuestos, leyes, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Alvarez Palacios, Juan C. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción.   Inadmisibilidad (Expte. CSJ Nº 734-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-08

No corresponde a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia (artículo 25 ley 4106, aplicable a la causa en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 segundo párrafo de la ley 11330) la pretensión de repetición de un tributo con sustento en la inconstitucionalidad del acto que lo establece, desde que el mismo se halla por ley substraído del conocimiento y decisión de ese órgano jurisdiccional (artículo 5 inciso j Código Procesal Civil y Comercial).
Competencia, conflictos interadministrativos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M.C.B.A. c/ ENTEL TELEFONICA DE ARGENTINA s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

Ante la sanción del nuevo régimen autónomo, diseñado por la reforma constitucional de 1994 y por el Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires, los conflictos suscitados entre el Estado Nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se han visto profundamente alterados y por cuanto se está en presencia de una contienda entre personas de naturaleza distinta, no existen razones para impedir que el conflicto se dilucide en sede judicial.-
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, omisión de considerar cuestión propuesta, prueba crítica, mala praxis, historia clínica
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: D., C. c/ INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-08

La omisión del Tribunal de ponderar una historia clínica que puede tener una decisiva influencia para una acabada solución del caso -desde que hizo caso omiso a las irregularidades denunciadas por las partes y mantuvo un pronunciamiento a favor de la demandada, que era la responsable de adjuntar los registros médicos fidedignos- importa la vulneración del deber de la jurisdicción de resolver las cuestiones que los particulares interesados les sometan en forma legal que puedan ser conducentes para la efectividad de los derechos controvertidos; lo que basta para descalificar el pronunciamiento por no ser derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa.
Comercialización ilegal de estupefacientes, prueba insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: LESCANO, Rosa y otro s/ procesamiento Causa nro. 11.652
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

Tampoco resulta admisible subsumir la conducta de los nombrados en la figura del comercio puesto que, en este caso particular, no se ha logrado acreditar la existencia de un acto vinculado con esta actividad. Si bien es cierto que para afirmar el comercio no resulta indispensable acreditar la tenencia del material, no es menos cierto que deviene imperativo referirse a un hecho o hechos concretos y en alguna medida probados, que lo justifiquen.
Liquidación, reserva de la cuestión federal
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: BAIGORRIA,L. c/ CENTRO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS. s/ ORDINARIO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-06-08

La omisión de impugnar en forma detallada la liquidación que efectuara la actora, tiene por resultado que la cuestión constitucional que se pretende plantear a través de la inconstitucionalidad, no haya sido oportunamente introducida. La obligación de impugnar clara y concretamente y en forma oportuna una liquidación, no puede ser dejada de lado por la simple invocación de que es un deber de la vencedora efectuar la liquidación de la condena menos aún ante la letra clara del art. 486 del CPC y la carga impuesta al impugnando por el art. 184 del mismo Código.
Recurso de inaplicabilidad de ley, expresión de agravios, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro de Misiones y Alto Paraná Sociedad Anónima s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-04-07

Calificar el mérito de una expresión de agravios, constituye una facultad privativa de los jueces de grado, sólo revisable en casación en caso de arbitrariedad.
Régimen de faltas, sanciones en el régimen de faltas, facultades del juez, fundamentación de la resolución, falta de fundamentación
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: De Marchi, Facundo y De Marchi Lucas -Sociedad de hecho s/ exceder capacidad de personas - apelación s/ exceder capacidad de personas - apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

En el caso, el Juez no fundó adecuadamente la necesidad o conveniencia de utilizar la potestad contenida en el artículo 30 de la Ley Nro. 451 de atenuar las penas prevista imponiendo en su lugar la pena sustitutiva de amonestación, de la lectura de la sentencia en crisis se advierte que el Magistrado equiparó lisa y llanamente la noción de reparación voluntaria del daño a la noción de reparación espontánea. Si bien ambas nociones se encuentran emparentadas, ellas no son sinónimo.

En efecto no corresponde equiparar la noción de reparación espontánea con la de reparación voluntaria, la reparación espontánea reclama, además de un obrar voluntario, que ella sea por impulso propio o por propia iniciativa, es decir, sin la concurrencia de medidas coactivas por parte de la autoridad administrativa que determinen ese obrar voluntario.

Equiparando las nociones de reparación espontánea a la de reparación voluntaria, la gran mayoría de las infracciones al Régimen de Faltas que podríamos imaginar entrarían dentro de dicha hipótesis. Ello así porque en pocos casos la autoridad administrativa aparece legalmente autorizada para ejecutar la reparación de una situación de riesgo por propia mano, es decir, prescindiendo de la voluntad del propio infractor; algunos ejemplos de esta potestad legal la representan los supuestos de protección de bienes del dominio público, desalojo o demolición de edificios que amenacen ruina, incautación de bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad así como la intervención para higienizar inmuebles (conf. art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad). Por el contrario, el legislador escogió como forma de motivar a los Ciudadanos en el cumplimiento voluntario de las normas en cuestión la amenaza de pena. Dicha amenaza parte del presupuesto básico del obrar voluntario a partir del cual se decide si adec uar la conducta a las reglas regulatorias o exponerse a la sanciones que puede acarrear su incumplimiento.

Ello así, al no verificarse el supuesto de reparación espontánea de las irregularidades que le fueran advertidas al infractor (art. 30 inc. 1 Ley Nro. 451) corresponde imponer las sanciones legalmente previstas y no la aplicación de la sanción sustitutiva de amonestación.