Acción de inconstitucionalidad, dictamen fiscal, medida de no innovar, cronograma electoral
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: Sesma Laura J. y otro s/ Accion Declarativa de Inconstitucionalidad y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-09-17

Habida cuenta de la excepcionalidad de la competencia originaria acordada al Tribunal Superior por el artículo 165 inciso 1 apartado a) de la Constitución Provincial, el trámite habitual a que se someten las acciones de inconstitucionalidad requiere un pronunciamiento fundado sobre admisibilidad de la demanda, previo dictamen del Señor Fiscal General de la Provincia; pero en el caso los actores requieren, como medida urgente, la prohibición de innovar y el juzgamiento de tal cuestión requiere evaluar la verosimilitud del derecho invocado (art. 483 inc. 1 C.P.C. y C.) lo que importa emitir juicio sobre la admisibilidad formal de la demanda.

Por eso, y porque la orden de no innovar es medida cautelar que no puede adoptarse sino frente a una acción principal en curso (art. 456 C.P.C. y C.) resulta obligado pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción sin previo dictamen fiscal.

A los fines de resolver sobre la admisibilidad formal de la acción declarativa de inconstitucionalidad, es menester analizar si en la especie concurren los presupuestos necesarios para ello, establecidos en el artículo 165 inciso 1, apartado a) de la Constitución Provincial y en el artículo 11, inciso 1, apartado a) y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nro. 8435.

Dicho examen, por mandato constitucional, corresponde efectuarlo con un criterio restrictivo, impuesto por el carácter excepcional de la intervención originaria y exclusiva de este Tribunal Superior de Justicia en pleno, lo que determina la inadmisibilidad de la acción toda vez que la naturaleza y objeto de la pretensión ejercida no se ajuste a la normativa antes citada, o cuando existan otras vías procesales para alcanzar la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos y garantías constitucionales en juego.

En orden a los actos de autoridad que pueden ser objeto de la acción de inconstitucionalidad ("leyes, decretos, reglamentos...") es conocida y reiterada la doctrina según la cual pueden serlo aquellos ordenamientos que tienen en común constituir mandatos generales, abstractos e impersonales.

La jurisprudencia emergente de autonomías provinciales que han desarrollado en sus constituciones la acción autónoma o directa, ha fijado de manera clara y contundente esta posición sobre el particular.

La jerarquía constitucional de las normas objetadas no obsta a la procedencia de la acción declarativa de inconstitucionalidad, desde que toda reforma de la Ley Fundamental de la Provincia puede ser declarada inconstitucional, si contraviene normas de superior jerarquía (Constitución Nacional o Leyes Nacionales, art. 31 Const. Nacional), si desborda el objeto de la reforma, según la convocatoria dispuesta por la Legislatura Provincial. (art. 196 Const. Pcial.), o si los textos reformados entran en pugna con disposiciones de la propia Constitución de la Provincia, de aplicación prevalente.

De lo expuesto se concluye que la Constitución de la Provincia está, como todo el ordenamiento legal, sujeta al control de constitucionalidad del Poder Judicial.

La naturaleza excepcional de la acción declarativa de inconstitucionalidad autoriza al Tribunal a disponer su rechazo in limine cuando su improcedencia aparece en forma manifiesta y ostensible.

Este aspecto se relaciona con la posibilidad que el juez examine la proponibilidad jurídica de la cosa demandada para, en función de ella, dar o no curso a la demanda. Desde una óptica privatista del proceso, se ha sostenido que el juez no puede pronunciarse sobre la procedencia sustancial de la demanda sino en la sentencia, previa sustanciación del juicio.

Tan sólo podrá rechazarla "in limine" por vicios que hagan a su admisibilidad formal. Sin embargo, esta tesis restrictiva no es la que ha prevalecido en el seno del TSJ donde se comparten las tesis doctrinarias de quienes postulan que cuando "ab initio" se tiene la certeza que ni la causa, ni el objeto de la pretensión revisten idoneidad para lograr los efectos jurídicos perseguidos, se justifica el rechazo de oficio de la demanda, a fin de impedir la sustanciación de un proceso a todas luces innecesario.

Es que carece de utilidad jurídica y práctica sustanciar un proceso que desde su postulación inicial resulta inidóneo para alcanzar una decisión de mérito favorable.

Las doctrinas que justificaban la exclusión del control judicial de las cuestiones políticas como una manifestación de las inmunidades del poder, hoy han quedado en desuso. En efecto, se ha reforzado y ampliado el derecho de defensa en el marco de la "tutela judicial efectiva" con una mayor accesibilidad incluso respecto de la legitimación para ser parte en una causa judicial (derechos subjetivos, intereses legítimos y difusos), como asimismo el principio de juridicidad que exige el pleno sometimiento de los poderes del Estado a la ley y al derecho.

Una reforma constitucional conforme a la citada orientación conceptual también debe enmarcarse en la juridicidad, debiendo señalarse que aún cuando el control judicial es posible y necesario para salvaguardar los derechos fundamentales y la esencia del sistema democrático, sin embargo, tal control debe ejercerse con la prudencia necesaria.

El constituyente dispuso la caducidad de los mandatos de los actuales legisladores (Claúsula Transitoria Primera) y admitió una eventual reparación, si así correspondiere, solución de carácter excepcional que emerge cuando por razones de interés general, oportunidad, mérito o conveniencia debidamente justificados, se modifica el derecho objetivo con el trazo del nuevo diseño organizacional que se ha resuelto y que debe entrar en vigencia en forma inmediata.

Tal solución pertenecen a la zona de reserva político-discrecional, ya que sólo compete al Constituyente, las razones de oportunidad y conveniencia que fundamentan el inmediato acortamiento de los mandatos, por lo tanto el ejercicio de tales potestades queda excluido del control de los jueces quienes no pueden revisar ni sustituir dicha cuestión, más aún, cuando en el mismo texto normativo está prevista su eventual reparabilidad.

El fundamento de la reducción de los mandatos de los legisladores presenta analogía con la expropiación, donde el interés público prevalece respecto del privado por razones de interés público, dando origen a la obligación de indemnizar el menoscabo patrimonial pertinente.

En este supuesto resultan de aplicación los principios relacionados con la revocación de los actos estatales por razones de mérito y aún la responsabilidad del Estado por actos lícitos. Su fundamento es el principio general con base en la igualdad de las cargas públicas dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Nacional, que lo ha reconocido como un trascendente principio de derecho natural. La responsabilidad del Estado es objetiva, pues deriva de un acto legítimo del mismo.

El cronograma para el llamado a elecciones aprobado por la Convención Reformadora ha adquirido, en consecuencia, rango constitucional. Por ello, el ejercicio del control jurisdiccional es acotado. Debe limitarse a lo que comporta una grave desnaturalización de derechos resguardados por la Constitución Nacional y los tratados pertinentes.

Así, el nuevo cronograma dispuesto por una norma transitoria de la Reforma Constitucional es de carácter excepcional, fundado en justificadas razones de interés público como consecuencia ineludible de la caducidad de los mandatos de los actuales legisladores y de la necesidad de que el nuevo diseño reducido comience a efectivizarse a partir del diez de diciembre próximo, aprovechando la elección convocada en el orden nacional.

Ello no implica una grave desvirtuación de los derechos o intereses legítimos de los partidos políticos, sino de meras restricciones o limitaciones temporales insertas en el nuevo orden constitucional y en un ámbito excepcional, cuya motivación no es otra que la disminución del gasto político a la mayor brevedad.- (voto en mayoría de la Dres. Orchansky y Sesin).