marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos, autoridad de prevención, facultades de la autoridad de prevención contravencional, coacción directa, Ministerio Público Fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Fernández, Ariel Gustavo s/ s/Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación-Incidente de Nulidad en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-28

La Resolución 9-MPF-99 de la Fiscalía General no resulta aplicable a los casos en que se investigan contravenciones por el artículo 81 del Código Contravencional.

En efecto la resolución mencionada, en su artículo 2 incisos 1) y 2), prescribe que el personal policial ante una conducta de flagrante contravención deberá intimar al presunto contraventor a que desista de la misma y labrará, en todos los casos, el acta prevista en el artículo 36 de la Ley de Procedimiento Contravencional y que, además, es función esencial de la autoridad hacer cesar la conducta ilícita, facultándola a adoptar la medida de coacción directa que resulte adecuada en caso de que el contraventor desobedezca la intimación; sin embargo el artículo 81 prevé para la contravención tipificada un tratamiento especial.

Ello se desprende tanto de una interpretación literal de la norma, que impone la necesidad de contar con la previa autorización de un representante del Ministerio Público Fiscal para proceder al inicio de las actuaciones, como de la que atiende a la voluntar del legislador al momento su sanción, que tuvo por objeto evitar posibles arbitrariedades de la autoridad preventora respecto a la persecución de este tipo de contravenciones (ver Debate Parlamentario, 8° Sesión Especial -continuación-, VT 56, correspondiente a las exposiciones de los Sres. Legisladores Enríquez, De Giovanni, Velasco, La Ruffa y Melillo, obrante en las págs. 79, 81, 84, 85 y 87 respectivamente).

Ello así, no corresponde que la prevención realice actividad alguna sin intervención previa de un representante del Ministerio Público Fiscal, pues el cese de la conducta se encuentra indisolublemente ligado al inicio de las actuaciones, de modo que no resultaría correcto hacer cesar una acción en relación a la cual no se va a iniciar actuación. En otras palabras, es el Fiscal quien debe decidir si el hecho constituye prima facie la contravención prevista en el artículo 81 del Código Contravencional para que la autoridad policial pueda proceder a ordenar su cese.
Concursos, efectos de la apertura, actos sujetos a autorización judicial, compraventa inmobiliaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: JOSE E. TEITELBAUM SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-10

Procede autorizar al concursado a vender ciertos inmuebles de su propiedad cuando, -como en el caso-, se verifica que el deudor estima que existe en la actualidad una sobredimensión de su sector de administración, y que la enajenación de sus oficinas en las que actualmente funciona ese sector -y su consecuente reducción- permitiría optimizar los recursos de la empresa.

Máxime, si el acreedor hipotecario (en cuyo favor se constituya el gravamen sobre los mentados bienes) y la sindicatura han prestado conformidad a esa operación, y ningún elemento obrante en las actuaciones indica que la versión del concursado en el sentido de que su administración se encuentra sobredimensionada no se corresponde con la realidad. En tal sentido cabe precisar, que la optimización de utilización de los recursos disponibles le permitirá contar con mayores posibilidades de cumplir el acuerdo, preservando así la empresa y protegiendo los derechos de los acreedores. Adoptar una solución contraria, implicaría obligar al deudor a mantener estructuras de recursos ociosas, en perjuicio de las posibilidades de cumplimiento del acuerdo, y por ende, de los derechos de los acreedores.
Honorarios del abogado, cobro al cliente, prescripción bienal, costas, sentencia condenatoria, cómputo del plazo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Formosa, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad de convenios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

La prescripción bienal se limita a la acción por cobro de honorarios del profesional contra su cliente - respecto de quien cabe la posibilidad de solicitar regulaciones provisorias - pero no es aplicable a supuestos donde se persigue el cobro de la parte vencida en costas, ya que su imposición determina no sólo el nacimiento del crédito sino también la intervención del plazo, en tanto se impone el propio de la actio judicati (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Tributos, repetición de impuestos, facultades del juez, acceso a la justicia
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CENTRAL PUERTO S.A. c/ G.C.B.A s/ REPETICIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28

Si bien deben tenerse en cuenta los recaudos generales de admisibilidad que hacen a la acción de repetición en cuanto acción procesal (así, por ejemplo, la existencia de un gravamen, conforme lo sostuviera recientemente la Corte Suprema en el caso "Nobleza Piccardo", Fallos: 327:4023), en conjunción con las características técnicas que derivan de cada uno de los tributos (ver en este punto lo relativo a los impuestos indirectos, al fenómeno de la traslación y a la prueba del empobrecimiento, conforme el clásico fallo de la Corte, "Mellor Goodwin", Fallos: 287:79), lo cierto es que nada habilita a los jueces a introducir de por sí recaudos que, sin ninguna razón sustancial o procesal consistente, restrinjan el acceso a la Justicia.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Ledo,   Juan Carlos c/ Obra Social de la Actividad Vitivinícola yAfines. s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Los jueces deben evitar la adopción de criterios rigurosos que hacen del procedimiento un conjunto de solemnidades que desatienden su finalidad específica (Disidencia de los Dres.

Augusto César Belluscio y Adolfo Roberto Vázquez).
Excepciones procesales, arraigo, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: D'ANGELO c/ TRANSPORTE AEREO RIOPLATENSE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-17

El pacto que establece jurisdicción opera como causal eximente de la carga de arraigar. Debe en tal caso desestimarse la excepción de arraigo.
Recurso de queja (procesal), legitimación pasiva, cosa juzgada, ejecución fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-04

Corresponde admitir el recurso de queja pues, para resolver la excepción de falta de legitimación pasiva, el tribunal de alzada no tuvo por acreditada la autenticidad de la firma inserta en el plan de facilidades cuya falta de pago originó el pleito, imputando en la situación de autos al GCBA la carga de hacerlo y las consecuencias del incumplimiento, circunstancia que trae aparejado que lo decidido -de quedar firme- produzca los efectos de la cosa juzgada material y, por lo tanto, que no pueda ser discutido nuevamente en un proceso posterior extremo que, a su vez, impediría a la Administración volver a intentar la ejecución de la obligación tributaria en cuestión con apoyo en el aludido plan de facilidades. (Voto en disidencia de los Dres. Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Estado Provincial, Salud pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANZO, ROGELIO c/ COMUNA DE PILAR s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-20

La sanidad es uno de los cometidos esenciales del Estado, inclusive de sus entes menores, y la Constitución Provincial (artículo 19) reconoce como derecho fundamental de todo miembro de la comunidad la tutela de su salud.
Segunda instancia, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Maza, María Beatriz c/ Furque, José Alberto y Granizo, Angel s/ Acción de Réplica, Rectificación o Respuesta - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-29

La primera cuestión a analizar que se presenta en autos es la naturaleza de la sentencia para ser objeto del recurso de Casación, en la medida en que se pronuncia sobre la concesión del recurso de apelación por el Juez de primera instancia y no sobre la cuestión sustancial debatida, lo que a prima facie la privaría del carácter de sentencia definitiva.

Sin embargo, en forma pacífica y constante se ha dicho que si bien son sentencias definitivas las que ponen fin al pleito, son asimilables a ellas las que no haciéndolo provocan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, hipótesis que se da en autos puesto que, si la Cámara declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la actora, se le cierra a la recurrente toda posibilidad de cuestionar y obtener la revisión de la sentencia de primera instancia que en su oportunidad rechazó la Acción de Réplica, objeto central de la controversia originaria.

Por otra parte, también cabe considerar que, si bien en principio las cuestiones procesales deben quedar reservadas al ámbito decisional de los tribunales de grado, tal principio cede cuando se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta.

Despejada así entonces la cuestión sobre la habilitación del recurso de Casación en orden a la naturaleza de la sentencia y de la propia controversia que se intenta ventilar en ésta instancia extraordinaria, cabe ahora sí avocarse al análisis de aquella y de los argumentos esgrimidos por las partes.
Concursos, facultades del juez, potestad disciplinaria, homologación del acuerdo
Materia: COMERCIAL
Carátula: TALLERES  REUNIDOS  ITALO ARGENTINO SA s/ CONCURSO PREVENTIVO (LL11.6.12, Fº 116333).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

El texto del artículo 52, apartado 4 LCQ, según el criterio de la Ley 25589, impone al juez la obligación de no homologar en ningún caso una propuesta abusiva o en fraude a la ley. En rigor, como advirtió en su momento la mayoría de la doctrina nacional, el juez nunca perdió sus facultades homologatorias desde la Ley 11719 hasta el régimen actual: por ello, no debe homologar el acuerdo cuando se trata de la consumación de un fraude (Julio César Rivera - Daniel Roque Vitolo, Comentario al proyecto de la ley de concursos y quiebras, p. 48; Adolfo A. N.

Rouillon; Régimen de Concursos y Quiebras Ley 24522, p. 128;

Mauricio Boretto, Las facultades legales del juez concursal con respecto a la homologación de la propuesta de acuerdo preventivo de quita y espera, E.D. 197-210; Héctor Alegría, Nueva reforma a la Ley de Concursos y Quiebras (Ley 25589), LL sup. especial Reformas a la Ley de Concursos (25589), junio 2002, p. 8; Ricardo S. Prono y Mariano R. Prono, La novísima legislación de Concursos y Quiebras. Algunas consideraciones sobre la Ley 25589, rev. cit., p. 28; Ignacio A. Escuti (h), Los poderes del juez concursal en la Ley 24522, E.D. Tº 164-1137;

Pablo D. Heredia, Tratado de Derecho Concursal, Ed. Abaco, Año 2000, Tº 2 p. 210).En esa línea, varios autores destacaron que aún bajo el régimen originario de la Ley 24522 no era tolerable el abuso del derecho ni el fraude, por lo que el magistrado debía abstenerse de homologar el acuerdo obtenido si el mismo violaba los estándares de los artículos 953 y 1071 del Código Civil y normas concordantes (Fassi- Gebhardt, Concursos y Quiebras, 6ta. Ed., Astrea, Buenos Aires, 1997, p. 173; García Martínez, Roberto, La homologación del acuerdo preventivo en la nueva ley de concursos, ED 164- 1250; Grispo, Jorge D., "Homologación del concordato y facultades del magistrado", ED 197-761; Lorente, Javier, Ley de concursos y quiebras, Gowa, Buenos Aires, 2000 p. 558; Mosso, Guillermo El juez concursal ante la homologación del acuerdo preventivo ED 176-969; Monti, José L., El concordato como negocio jurídico. Sobre la homologación del acuerdo y las atribuciones del juez del concurso, LL 2000-F-1089, entre muchos otros). Por lo demás, y como es sabido, la reforma de la ley 25.589 hizo explícitas aquéllas facultades, disponiendo en el artículo 52 inciso 4º de la Ley 24522 que "En ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley" (.Julio César Rivera, Instituciones de Derecho Concursal, T°. I, p. 478; Roberto García Martínez, La homologación del acuerdo preventivo en la nueva ley de concursos, E.D. Tº 164-1249; Pablo C. Barbieri, Las facultades judiciales ante la homologación del acuerdo preventivo. Implicancias de la Ley 25589, LL sup. especial Reformas a la Ley de Concursos (25589), junio 2002, p. 41).
Actos jurídicos, manifestación de la voluntad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BECHIS, ARMANDO LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 18-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-03-06

Hay valores que la comunidad nacional, en su conjunto, considera esenciales para la convivencia democrática y el desarrollo personal:

la libertad, el pluralismo político, la estabilidad laboral, el respeto a la dignidad humana. Por ello produce inquietud planteos que refieren a vicios en la voluntad del agente, que pueden invalidar el acto jurídico, por no ser resultado de un acto libre, sino producto de un estado de perturbación psicológica.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Stancarelli, Ricardo Daniel s/ denuncia  por  lesiones  y privación ilegal de la libertad Recurso de  hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

El beneficio de litigar sin gastos no es apto para obtener la exención del deber de integrar el depósito previsto por el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial si no fue promovido y obtenido en la misma causa en que pretende hacérselo valer (art. 86, a contrario sensu, del mismo ordenamiento).
Facultades tributarias provinciales, facultades tributarias del GCBA, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Aguas Argentinas S.A. c/ GCBA y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-06

El principio por el cual las provincias cuentan con la potestad de darse leyes tributarias en los términos del art. 75, incisos 1, 2 y concordantes de la Constitución Nacional y, en general, dictar las normas que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad resulta plenamente aplicable a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las competencias asumidas como consecuencia del reconocimiento del rango de ciudad constitucional federada proveniente de la reforma de la Ley Fundamental de 1994 (art. 129, Constitución Nacional) (Disidencia parcial del juez Rosatti).
Estupefacientes, contrabando de estupefacientes, competencia, cuestiones de competencia, competencia en lo penal económico
Materia: PENAL
Carátula: BLANCO, MARCELO s/ ESTUPEFACIENTES. CONTRABANDO CALIFICADO. COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-21

1) Constituye el delito de contrabando calificado, la acción de los procesados que introdujeron cocaína procedente de Bolivia, parte de la cual fue hallada en los respectivos domicilios donde ambos residían; delito que guarda estricta correspondencia con la minuciosidad con que dicha figura tipifica tal conducta, y que resulta ser posterior a la vigencia de la ley 20.771.

2) Si bien desde septiembre de 1986, en que se promulgó y publicó la ley 23.353 estas acciones de ingreso ilegítimo de estupefacientes al país han quedado comprendidas por el Código Aduanero, cuyo juzgamiento corresponde a la Justicia en lo Penal Económico; pero no procede la cuestión de competencia, por haber surgido cuando la causa ha alcanzado el plano de juzgamiento definitivo, con lo que se conculcarían los derechos que tienen los procesados a la certeza jurídica y a ser liberados del estado de sujeción personal que entraña todo proceso penal.
Obligaciones solidarias, ley de contrato de trabajo, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑIZ, PATRICIA MABEL C/ SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S.A. Y OTRO S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-04-30

El Alto Tribunal expresó en el precedente "LUNA" (cf. Fallos: 316:1609) que las directivas del art. 30 de la LCT no implican que todo empresario deba responder por las relaciones laborales que tengan todos aquellos otros empresarios con quienes establece contratos que hacen a la cadena de comercialización o producción de los bienes o servicios que elabore. El sentido de la norma es que las empresas que, teniendo una actividad propia normal y específica y estimen conveniente o pertinente no realizarla por sí, en todo o en parte, no puedan desligarse de sus obligaciones laborales, sin que corresponda ampliar las previsiones de la regla; pues la protección de los derechos laborales no justifica que se pongan en tela de juicio otros derechos también garantizados constitucionalmente. Base sobre la cual no procede una interpretación lata del art. 30 de la LCT, que extienda desmesuradamente su ámbito de aplicación por la cesión de tareas que no hacen a la actividad normal y específica propia del establecimiento comercial explotado (cf. Mario S. Fera, Ibíd., p. 463/469). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)
Acción de amparo, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ullate, Sergio Raúl c/ Provincia de Córdoba y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

La acción de amparo, de manera general, puede tramitar en la instancia de la Corte, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en los arts. 116 Y 117 de la Constitución Nacional (reglamentados por el art. 24, inc. 1, del decreto-ley 1285/58) porque, de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Despido, injuria laboral, invariabilidad de la causa
Materia: LABORAL
Carátula: HERMELO MIGUEL ANGEL c/ ZIMMERMANN SILVIA ESTELA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-03-12

Al momento de ponderarse la injuria laboral que motiva la resolución del contrato de trabajo, conforme el principio de invariabilidad de la causa de despido (art. 243 de la LCT) solo juegan los motivos que se invocaron para ello, extremo que adquiere trascendencia en el marco de una controversia judicial.
Accidentes de trabajo, fondo de garantía de la ley sobre riesgos del trabajo, denuncia de insolvencia
Materia: LABORAL
Carátula: VALDEZ, INOCENCIO c/ AUTOMOTORES SAN JOSÉ DE FLORES S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

Para que proceda la declaración de insolvencia de la demandada, en los términos exigidos por el art. 14 de la ley 24028, y así acceder al pago por parte del Fondo de Garantía, es necesario prueba específica referida a la incapacidad por parte de la empresa de continuar con el giro de su negocio y de administrar su patrimonio. No es suficiente la apertura del concurso preventivo. (Del voto del DR. Guibourg, en minoría).
Multa, intereses, base imponible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "SOCIEDAD  ITALIANA  DE  TIRO  AL  BLANCO c/ A.F.I.P.  - D.G.I. s/ Impugnación de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-28

No corresponde incluir los intereses en la base de cálculo de la multa (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 23.06.03, "Servin S.A."). Así también lo dispuso la A.F.I.P. mediante la Instrucción Gral. 4/06.
Usurpación, contrato de hospedaje, falta de pago, violación de domicilio, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: HUNG, Chuan H. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-24

El contrato de hospedaje es una figura contractual sui génesis, entraña un contrato de locación innominado por el cual el posadero se obliga a prestar al huésped determinados servicios, a cambio de una suma de dinero, periódicamente exigible. Este contrato ni siquiera trasmite al pensionista la tenencia de la habitación, la que se reserva el hotelero en su totalidad, sino que le da simple alojamiento o morada, y en caso de falta de pago puede válidamente impedir el acceso a la habitación sin incurrir en delito de usurpación, mas la ausencia de trasmisión de la tenencia también impide cometer el delito de violación de domicilio.

Por ello, debe confirmarse el sobreseimiento del imputado en orden al delito de violación de domicilio y usurpación.
Juicio de desalojo, defensor de menores
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA MARRO, EXEQUIEL. s/ INCIDENTE DE DESALOJO E/A 243687/0
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-09

Dado el particular caso que se presenta, donde los progenitores no han ejercido la representación legal que les asiste, y frente a la posibilidad que el curador ad litem o los restantes operadores del sistema público no puedan atender las necesidades de asistencia y habitación de los menores, requiriendo albergue separados de aquellos luego cumplido el desalojo, considero ajustada la intervención de la Defensora del Niño y del Adolescente en el acto de desahucio. (Del voto del Dr. Medori, en disidencia).
Empleo público, remuneración, adicionales de remuneración, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, aportes previsionales, procedencia parcial
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Chimbo, Alejandrina del Valle y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

Toda vez que el recurrente no muestra que, al limitar los descuentos por aportes previsionales a los créditos reconocidos en la sentencia definitiva y rechazar aquellos correspondientes a sumas ya abonadas como no remunerativas, la sentencia impugnada se hubiera apartado de la sentencia definitiva, corresponde rechazar la queja en ese punto. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren los jueces Santiago Otamendi y e Inés M. Weinberg).