Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-26


SENT Nro. 1039 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 26 DE DICIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Molina, Jesús Manuel vs. ARCOR S.A.I.C. s/Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala VI de la Excma. Cámara del Trabajo el 07/11/2002 (fs. 285/286), la parte demandada dedujo recurso de casación, que fue concedido mediante resolución del 30/4/2003 (fs. 339). Consta en informe actuarial de fs. 359 que ambas partes han presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- El fallo consideró que en la empresa demandada rigen dos convenios colectivos de trabajo, que son el de la industria de la alimentación y el de empleados y obreros del comercio, y sostuvo que la categoría profesional del actor no se encuentra incluida en ninguno de dichos convenios. Sobre la base de tales circunstancias, enfocó la situación dentro de lo establecido en el 3er párrafo del art. 153 de la ley 24.013, tomando como tope el sueldo de $1.237,68 fijado por el CCT nº 130/75 e hizo lugar a la demanda por $13.463,55 en concepto de diferencia de indemnización por despido.

3.- El recurrente afirma que la Cámara, sin prueba alguna que lo avale, sostuvo la aplicación de dos convenios colectivos de trabajo en el establecimiento de su mandante.

Sostiene que nunca fue pretensión del actor sostener que el CCT del comercio se aplicaba a su reclamo, y que el thema decidendum de estos autos fue la utilización del mejor sueldo para el cálculo de la indemnización. Afirma que el actor introdujo subrepticiamente su reclamo, y esto motivó que su parte no pudiera alegar ni probar la inaplicabilidad de dos convenios en su establecimiento.

Entiende que la Cámara debió haber prestado especial importancia al CCT nº 244/94, especialmente a sus artículos 5 y 6 que aluden a personal y tareas que no son específicas de la alimentación. Postula que al estar contemplado en dicho convenio el ámbito comercial de la empresa, debe aplicarse el convenio de la alimentación, excluyéndose el de comercio que solo incumbe a aquellos empleados de explotaciones meramente comerciales y no industriales.

Asevera que la Cámara confunde los conceptos de establecimiento y empresa y que la norma dispone que el tope será el que corresponda al convenio de actividad aplicable al establecimiento donde preste servicio, refiriéndose al establecimiento como unidad técnica o de ejecución y no a la empresa como un todo. Señala que en el establecimiento Misky hay un solo convenio aplicable que es el de la alimentación, y argumenta que aún cuando en la empresa demandada se hubieren aplicado dos convenios, ello es irrelevante para la ley, pues lo que interesa es interrogarse si en el establecimiento se aplica más de un convenio.

Denuncia que se violó lo dispuesto por el art. 277 LCT, que restringe la responsabilidad de su mandante en los honorarios regulados al porcentaje del 25%, pues la sentencia ha regulado casi un 39% sobre el monto de condena.

Señala finalmente que el método de la tasa progresiva utilizado por la Cámara para el cálculo de la tasa pasiva lleva a un resultado que en comparación con cualquier otro sistema es indexatorio y por ende inflacionario, lo que está absolutamente vedado por las leyes 23.928 y 25.551. Esgrime que la Cámara debió haber aplicado el sistema de la tasa acumulada, cuyo resultado no tiene consecuencias indexatorias.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT), se invocan los motivos del art. 131 inc. a) y se encuentra cumplido el afianzamiento que exige el art. 133 CPTT. Habiéndose cumplido con la totalidad de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación intentado, corresponde abordar el análisis de su procedencia.

5.- En la determinación del tope de la remuneración base para el cálculo de la indemnización por antigüedad, la Cámara sostuvo la coexistencia de dos convenios aplicables a la empresa demandada, para lo cual atendió a lo manifestado por el actor, acerca de que la demandada Arcor SAIC es una empresa industrial y comercial conforme al poder general para juicios glosado a fs. 44/47 de autos, y seguidamente, aplicó el tope que resulta del Convenio Colectivo nº 130/75 correspondiente a los empleados de comercio, por entender que conforme al párrafo tercero del art. 153 ley 24.013, el mismo es el más favorable al trabajador.

La modificación introducida al art. 245 LCT por el art. 153 de la ley 24.013, determina en su párrafo 3º las pautas específicas a seguir para la liquidación de la indemnización por antigüedad en el caso de los trabajadores que no se hallan amparados por convenios colectivos de trabajo, como ocurre en el caso que nos ocupa.

Entre dichas pautas, se establece que el tope de la base a tomar para el cálculo de la indemnización por antigüedad será el que corresponda al convenio de actividad aplicable al establecimiento donde el trabajador preste servicios, o al convenio más favorable en caso que hubiera más de uno.

En tal sentido, se ha dicho que "cuando el trabajador, por su cargo jerárquico no está amparado por convenio alguno, resulta de aplicación el tope del convenio de la actividad aplicable al establecimiento donde presta servicios, y dentro de ellos el más favorable" (CNTrab., Sala IX, marzo 24-998.- Rosales, Tomás N. c/papelera Pacar S.A.: DT, 1998-B, 2275).

Cabe reparar en que a diferencia de lo establecido para los trabajadores remunerados con comisiones variables (4º párrafo del art. 245 LCT), en el supuesto que nos ocupa la ley no menciona la empresa sino que alude únicamente al establecimiento donde presta servicios el actor.

La distinción entre empresa y establecimiento se encuentra plasmada en los artículos 5 y 6 de la LCT, en donde el establecimiento aparece como una parte diferenciada y técnicamente autónoma, pero no independiente de la empresa. En doctrina se ha explicado que cuando todos los trabajadores de una empresa están agrupados en un mismo establecimiento las dos nociones se confunden, pero a menudo, la empresa está dividida en establecimientos distintos, alejados geográficamente unos de otros (citándose como ejemplo las empresas que tienen su sede social en la ciudad de Buenos Aires y diversas fábricas en las provincias), siendo necesario en tal caso determinar las reglas jurídico laborales que se aplican en el marco de la empresa enfocada globalmente y en cada uno de sus establecimientos (cfrme. Etala, Carlos Alberto; Contrato de Trabajo, 2da. Edición ampliada y comentada; Ed. Astrada; Bs. As. 1999; pág. 32).

La distinción apuntada entre ambos conceptos adquiere relevancia en el supuesto del tercer párrafo del art. 245 LCT (modif. por ley 24.013) invocado por el fallo, pues lo que debe determinarse a la luz de dicha norma es qué convenio colectivo se aplica al establecimiento donde prestó servicios el actor, sin tener en cuenta la empresa considerada globalmente.

De los términos de la sentencia, surge que la Cámara omitió efectuar el examen del cuadro fáctico de la causa tendiente a establecer cuál es el convenio colectivo aplicable al establecimiento donde el trabajador prestó servicios (división Misky - Lules, Provincia de Tucumán), resultando irrelevante a la luz del dispositivo legal, su postura acerca de los convenios que funcionan en la empresa demandada (Arcor SAIC) con sede en Arroyito -provincia de Córdoba- (ver fs. 44/46).

Consecuentemente, corresponde CASAR la sentencia conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que habiendo enfocado el caso en las prescripciones del párrafo tercero del art. 153 de la ley 24.013, omite determinar cuál es el convenio aplicable al establecimiento donde el trabajador prestó sus servicios", debiéndose remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo, a fin de que por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento.

Atento al modo en que se resolvió el recurso de casación, el análisis de los restantes agravios deviene de inoficioso tratamiento.

6.- Las costas del recurso deberán ser soportadas por el orden causado, por cuanto el vicio que ocasiona la nulidad proviene de la actuación del órgano jurisdiccional (art. 49 CPTT y 106 inc. 1º CPCC)..

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Sala VI de la Excma. Cámara del Trabajo el 07/11//2002 (fs. 285/286), y en consecuencia, CASAR la misma en base a la doctrina legal sentada en los considerandos, debiéndose remitir los autos a dicho Tribunal, para que por la sala que por turno corresponda, dicte un nuevo fallo.

II.- COSTAS conforme se considera.

III. DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO