Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-12


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 12 de 2009.

Yvistos:

I. Viene apelada la sanción (300 MOPRE) de fs. 66/70 por infracción a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del art. 3, en el Anexo II de la res. SRT 43/97 y en los arts. 5 y 6 de la res. SRT 054/98. El memorial obra a fs. 79/90.

II. Plantea la recurrente la inconstitucionalidad de la res. 43/97. Aduce que si bien dicha resolución enfatiza la responsabilidad del empleador en la realización de los exámenes médicos, las sucesivas reglamentaciones desnaturalizan progresivamente dicha exigencia. Lo expuesto (contrariando una norma superior en exceso de las facultades atribuidas a la SRT) ha culminado con un desplazamiento de esa responsabilidad sobre la aseguradora en lo que respecta a los exámenes médicos. Empero, agregó, que dicho desplazamiento no es absoluto dado que también dicha resolución permite que la aseguradora acuerde con el empleador que sea éste quien los realice. Expresó también que con la aplicación de los dec. 1338/96 y 170/96 la SRT (erróneamente) pretendió sancionar a la ART cuando éstas tienen sólo un deber de colaboración. Recalcó que por el principio de jerarquía normativa una resolución administrativa no puede modificar una ley de jerarquía superior. Se agravió, asimismo, del monto de la multa impuesta, por considerarlo injusto y desproporcionado.

III. Respecto del planteo de inconstitucionalidad, comparte el Tribunal los fundamentos del dictamen de la Sra. Fiscal de fs.104/106, los que se dan por reproducidos en razón de economía en la exposición, y, en consecuencia, corresponde desestimar el agravio en este aspecto.

IV. La sanción se aplicó dado que la ART no habría respetado la fecha límite para el inicio del primer examen ni el cronograma de realización de exámenes médicos posteriores, con la frecuencia semestral o anual de acuerdo al agente de riesgo denunciado a partir del vencimiento del plazo para los primeros estudios, en relación a los trabajadores expuestos que prestaban servicios en los establecimientos del empleador, Química Industrial Orbe SRL.

V. En primer lugar, corresponde aclarar, que la ley de riesgos de trabajo faculta al órgano de contralor a dictar disposiciones reglamentarias de la ley o de sus decretos reglamentarios. Por ende, las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dentro del marco de reglamentación de la ley y de conformidad con los requisitos procedimentales acordados a esos fines, son legítimas y por tanto obligatorias. La posibilidad de sancionar su incumplimiento también será legítima, dado que opera dentro de un marco de complementariedad respecto de la ley sustantiva, que es la que determina la sanción.

VI. De las constancias arrimadas al sub lite surge el incumplimiento por parte de la ART de sus obligaciones a su cargo. Ello, dado que no surge de autos probanza alguna que resulte suficiente para apartarse de los fundamentos que motivaron la sanción impuesta (v.fs. 29/44).

Y si bien es cierto, tal como señaló la recurrente que la res. 43/97 "permite que la aseguradora acuerde con el empleador que sea éste quien realice los mencionados exámenes médicos", no es menos cierto que la obligada principal frente a la SRT es la aseguradora.

No debe pasarse por alto, además, que la recurrente con su inacción causó un evidente perjuicio a los trabajadores poniendo en riesgo la salud de los mismos.

Resulta oportuno destacar aquí, que el principal objetivo de la ley 24.557 es la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, mediante herramientas como la del monitoreo del estado de salud de los trabajadores derivado de la exposición a riesgos laborales a través de la realización de exámenes médicos y la obligación de vigilar continuamente las condiciones y medio ambiente del trabajo.

Así las cosas, la infracción ha quedado objetivamente evidenciada en el caso y el acto administrativo impugnado se encuentra suficiente y razonablemente motivado.

Es por ello, que los agravios de la sumariada han de ser desestimados.

VII. En referencia al monto de la multa impuesta, si bien no cabe soslayar la procedencia de la sanción, en virtud de lo hasta quí expuesto y aun teniendo en consideración que la aseguradora cuenta con numerosos antecedentes por incumplimientos en materia que aquí se trata (v.fs. 68, párrafo cuarto) considera este Tribunal que el importe correspondiente a ciento cincuenta (150) MOPRE, se adecua la entidad de la falta cometida.

VIII. Por ello se resuelve: modificar la resolución de la Superintendencia de Riesgos de fs. 66/70, con el alcance referido y reducir la multa aplicada a Interacción ART S.A. a ciento cincuenta (150) MOPRE.

Notifíquese por Ujiería, a la Sra. Fiscal General en su despacho y, oportunamente, devuélvase al organismo superintendencial.

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana actúa conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 542/06 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15/11/06 de esta Cámara de Apelaciones. -José Luis Monti. -Bindo B. Caviglione Fraga. -Juan Manuel Ojea Quintana.