Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-13


SENTENCIA NUMERO: CATORCE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los trece días del mes de abril de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 59/11, caratulados "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en Causa Nº 91/11 -Solicitud de Suspensión de Juicio a prueba en Causa Nº 263/09 - V., M. D. -Abuso sexual s/ acceso carnal, etc", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º)¿Es formalmente admisible el recurso de casación interpuesto? ¿Es nula la resolución atacada por haber aplicado erróneamente el art. 76 bis del Código Penal? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 13 los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, la Dra. Amelia Sesto de Leiva; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

I. El recurso interpuesto por el defensor del imputado M. D. V. ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva (S. Nº 4/09 "Herrera"; S. Nº 17/09 "Vargas"; S. Nº 07/10 "Segura"; S. Nº 20/10 "Agüero", S. Nº 43/11 "Finazzi"; S. Nº 44/11 "Londero") y, por ende, es formalmente admisible. Por ello, mi respuesta al primer interrogante planteado es afirmativa. Así voto.

II. Por Resolución dictada el día 15/06/2011, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: I) No hacer lugar a la solicitud de suspensión de juicio a prueba incoada por M. D. V. con representación de su abogado defensor Dr. Víctor García (art. 76 bis del CP y normas del cctes) (...).

III. Contra esa decisión, el Dr. Víctor García, en representación del imputado, interpone este recurso de casación por los motivos formales previstos en el inc. 1º del art. 454 del C.P.P.

III.a. El recurrente denuncia inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Manifiesta que para rechazar la solicitud de la probation, el Tribunal sólo se basó en el dictamen fiscal, al que calificó como vinculante. En tanto éste, en su oposición a la concesión, argumentó que el contenido de autos autorizaba a presumir que, en caso de condena, ésta no será de ejecución condicional, opinión que se apoyaba en elementos extraños a la cuestión, como lo son el daño causado, el lugar de comisión, la relación entre víctima y victimario, los derechos del niño; y sostiene que, de tal modo, fue dejado de lado el estado de inocencia del imputado, colocándolo ante una condena anticipada o un pedido anticipado de condena.

También expresa el recurrente, consideraciones en cuanto a lo prescripto en el Código Penal con respecto a la probation y a los fundamentos de este instituto.

Finalmente plantea reserva de recurrir ante la Corte Federal mediante Recurso Extraordinario.

IV. Después de estudiar el planteo efectuado, estimo que los agravios que invoca el recurrente no son de recibo.

Por el contrario, constato que la resolución impugnada tiene suficiente sustento en la negativa fiscal a la concesión de la solicitada suspensión del juicio en tanto la opinión del representante del Ministerio Fiscal no es arbitraria, caprichosa ni ilógica, encontrándose su dictamen adecuadamente fundado en circunstancias pertinentes.

Como lo sostuvo esta Corte en las sentencias Nº 23/09 y Nº 34/09, si se encuentra debidamente fundada, la oposición fiscal a la suspensión del juicio obliga al Tribunal por lo que, en honor a la brevedad, y para evitar repeticiones innecesarias, me remito a las consideraciones efectuadas en las nominadas resoluciones.

En cuanto a las razones suministradas por el Representante del Ministerio Público, considero que constituyen adecuado fundamento de su oposición en tanto se vinculan con circunstancias de imprescindible consideración a los fines de formular un pronóstico serio sobre la probable modalidad de ejecución de la pena.

Por la escala punitiva conminada en abstracto en el 5º párrafo del art. 119 del Código Penal, de 3 a 10 años de prisión, prevista para el delito atribuido al imputado, de Abuso sexual sin acceso carnal, agravado, cuyo máximo se eleva a 30 años en consideración a su reiteración (tres hechos), la procedencia del instituto debe ser analizada en los términos del art. 76 inc.4º del Código Penal, que categóricamente exige consultar las circunstancia del caso dado que, en ese marco legal, sólo éstas pueden permitir dejar en suspenso el cumplimiento de la eventual condena.

De hecho, en las presentes, el precepto puso a cargo del Ministerio Público Fiscal la faena de opinar fundadamente sobre la existencia de razones que justifiquen abandonar en esta causa el mínimo previsto en esa escala punitiva.

Según reseña el recurrente y constato en la sentencia apelada, el Fiscal estimó que si fuera realizado el debate correspondería solicitar una condena de cumplimiento efectivo y el Tribunal aplicaría una condena de ese tipo, -entre otros motivos- por la edad de las supuestas víctimas, el daño supuestamente causado a éstas y el lugar de la supuesta ocurrencia de los hechos.

Así las cosas, en tanto -contrariamente a lo que sostiene el recurrente- las mencionadas circunstancias no son elementos extraños al proceso sino que constituyen pautas expresamente previstas como parámetros válidos y útiles para la individualización en cada caso de la pena justa, con la invocación de dichas circunstancias el Fiscal consultado dotó de suficiente fundamento legal su pronóstico de ejecución efectiva de la eventual condena y, por ende, su oposición a la solicitada concesión de la suspensión del juicio a prueba, sin que ello afecte, como dice el recurrente, la presunción de inocencia de la que goza el imputado hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Por ello, dado que el examen sobre la procedencia en el caso del instituto de la probation autoriza la consideración de las circunstancias invocadas en el dictamen fiscal como óbice a esa procedencia, carece de fundamento la pretensión del recurrente según la cual el mérito efectuado importa una condena anticipada o su anticipado pedido.

Por otra parte, no demuestra el discurso recursivo la irrazonabilidad que implica prever que, en caso de recaer condena, esas circunstancias podrían justificar la aplicación de una pena de prisión que supere el mínimo de 3 años que amenaza la escala aplicable, por lo que su cumplimiento no podría dejarse en suspenso; y tampoco demuestra la falta de correspondencia que predica de las circunstancias consideradas en la sentencia recurrida con las referidas en el 4º párrafo del art. 76 bis del Código Penal y con la gravedad del delito a la que remite el art. 76 ter para tener en cuenta al fijar el tiempo de duración de la suspensión del juicio.

Con ese déficit, los referidos argumentos carecen de idoneidad a los fines de conmover lo decidido.

También se agravia el recurrente con relación a los fundamentos del fallo vinculados con la oposición fiscal por la incompatibilidad del instituto de la suspensión del juicio a prueba con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en la Convención sobre los Derechos del Niño -aplicable al caso dada la edad de las supuestas víctimas-, de arbitrar todos los medios para proteger a los niños contra toda forma de perjuicio o abuso, incluido el sexual. Sin embargo, contrariamente a lo que pretende, el recurrente no refuta esos fundamentos con la mera invocación que opone de los derechos del imputado, garantizados en la Constitución Nacional y en el Pacto de San José de Costa Rica debido a que, enfrentados unos con otros, los derechos de los niños tienen primacía sobre los del imputado.

De modo que la decisión en ese sentido expresa compasión y respeto por la dignidad de las víctimas menores de edad y, de tal modo, satisface los principios fundamentales de justicia para víctimas de delito adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas -resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985- (C.S.J.N., G. 1359. XLIII, Recurso de hecho, Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).

Estimo que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la garantía de la protección a la persona menor de edad de toda forma de abuso sexual exige investigar el delito de esa naturaleza del que haya sido víctima, con arreglo a un procedimiento judicial favorable a ella, y realizar el juicio para que, en su caso, el autor sea declarado culpable y condenado a sufrir la justa pena. En esa inteligencia, la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba resuelta por el a quo permite la efectiva dilucidación y persecución de los hechos de la causa presuntamente perpetrados en contra de tres personas menores de edad, y asegura que al supuesto perjuicio padecido por ellas como consecuencia del delito no se sume otro derivado de la tramitación del proceso o del sistema procesal.

Las razones expuestas bastan para rechazar el recurso interpuesto. No obstante, estimo pertinente recordar que otras razones de pareja entidad concurren en el caso para convalidar la resolución impugnada y son las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscripta en Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada por Ley del Congreso Nº 24.632, el 13 de marzo de 1996.

Entre otras acciones, el Estado argentino comprometió entonces su debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; incluir en su legislación interna las normas necesarias a esos fines y para erradicar esa violencia; establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, y los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (art, 7º), teniendo especialmente en cuenta la mayor vulnerabilidad en que pueda encontrarse en razón de ser menor de edad -entre otros motivos- (art. 9º).

Por ello, considerando que son mujeres y son menores de edad las supuestas víctimas de los hechos constitutivos de los actos de violencia sexual de que se trata en las presentes, la resolución impugnada, denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, resulta ajustada a Derecho por expresar conformidad con lo dispuesto en las normas referidas y la debida diligencia comprometida por el Estado argentino ante la comunidad internacional para la prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia en contra de la mujer. Sobre el tema, estimo necesario destacar que idéntico criterio fue sustentado por la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, con fecha 7 de diciembre de 2010, en causa en la que se investigaba la presunta comisión del delito de abuso sexual simple cometido en perjuicio de una mujer ("Ortega, René Vicente").

Por ende, el agravio sobre el punto no puede prosperar. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da la Sra. Presidente, por lo que adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

La Sra. Presidente da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a la misma en un todo, votando de igual forma.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la primera cuestión, y atento a la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs.1/3., por el Dr. Víctor García, en su carácter de asistente técnico del imputado M. D. V. II) Rechazar el recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva del recurso extraordinario.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

La Sra. Presidente da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da la Sra. Presidente, por lo que adhiero a la misma en un todo y voto del mismo modo.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs.1/3, por el Dr. Víctor García en su carácter de asistente técnico del imputado M. D. V.

2º) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del recurso extraordinario.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.