marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Licitación pública, oferta, indemnización, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO CIVIL
Carátula: Tocho, Horacio c/ Instituto de Asistencia Social de la Provincia (I.A.S.) s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-03-30

Los gastos en que el actor incurre para la presentación de la propuesta: actuaciones notariales y legalizaciones y los ocasionados por el alquiler de un local con destino al concurso, son cargas impuestas al oferente por imperio de los pliego respectivos; no integran el concepto de daño en tanto el demandante resuelve libremente incurrir en los mismos, a fin de participar en la compulsa.

Ello forma parte del riesgo que asume al intervenir en el procedimiento. La presentación de la propuesta es un acto jurídico particular del oferente, que traduce una declaración de voluntad.

Desde que la adjudicación que se efectúa a favor de otro oferente -y consecuentemente la desestimación de la oferta del actor- es acto que goza validez y legitimidad, no se opera el presupuesto jurídico del daño, esto es, la responsabilidad del Estado fuente de resarcimiento.

"La relación de causalidad constituye un presupuesto de la responsabilidad civil cuya existencia resulta indispensable para que la demanda sea procedente, pues si falta este presupuesto -lo mismo que si faltare cualquiera de los otros como el hecho ilícito o el incumplimiento contractual, imputabilidad y daño causado- se impone el rechazo del reclamo sin que resulte preciso examinar otras circunstancias".
Prueba, principio de adquisición
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALGABA JUAN c/ BODEGAS CARLOS A. TONELLI Y OT. s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S113 - 088)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-04-25

En virtud del principio de adquisición de la prueba, los resultados de la actividad probatoria de cualquiera de las partes se adquieren para el proceso de manera definitiva, revistiendo carácter común para todas ellas, quienes se benefician o perjudican por igual con el resultado de los elementos aportados a la causa.- La preclusión es una institución general de orden pública que tiene frecuentes aplicaciones en el proceso, y que consiste -entre otros aspectos- en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados y estabilidad a los actos procesales; además "no hay duda que el tribunal de apelación se excedería en sus funciones, si se pronunciara sobre cuestiones no planteadas oportunamente.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, tasa de justicia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CHALES, ALFREDO LUIS. c/ CONSTRUCTORA NIRECO S.A. s/ ORT. 1113 CODIGO CIVIL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-14

La interpretación de las normas relativas a la tasa de justicia no suscita cuestión federal cuando se discute su aplicación en procesos sustanciados ante los tribunales ordinarios de la Capital Federal.
Daños y perjuicios, espectáculos deportivos, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castro, Santiago c/ Torbidoni, Oscar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

La responsabilidad atribuida por el art. 1113, apart. 2 del código Civil al dueño o guardián de la cosa riesgosa, alcanza tanto al organizador de una carrera cuadrera ilícita, como al locador del predio en la cual ésta se realizó por lo cual ambos deben responder por los daños sufridos por un espectador que fue embestido por un caballo durante la competencia.
Libertad de expresión, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROCHA JORGE A. c/ EDITORIAL PERFIL  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-22

La libertad de expresión contiene la de dar y recibir información y tal objeto ha sido, además de su apoyatura en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional, especialmente señalado por el art. 13, inc. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por la ley 23.054 que, al contemplar el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y expresión declara como comprensiva de aquélla "la libertad" de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. El derecho a la libre de expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador pueda determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles. Si bien en el régimen republicano la libertad de expresión, en el sentido amplio expuesto, tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa. La función primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar con la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas (arts. 14 y 33, Constitución Nacional). El honor de las personas no sólo puede verse afectado a través de los delitos e injurias o calumnias cometidas por medio de la prensa (art. 113, Cód. Penal), toda vez que puede existir injustificada lesión a este derecho que resulte de un acto meramente culpable o aún del ejercicio abusivo del derecho de informar, por lo que el propietario o editor del periódico que da a conocer falsas imputaciones no puede quedar exento -al igual que cualquier habitante de la nación- de la responsabilidad civil emergente de tales actos (art. 1109 Cód.

Civil).
Sucesiones, derechos y deberes del heredero
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Brola, Sergio Luis y otro c/ Rodríguez, Ricardo s/ sucesión s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-07

No corresponde atribuir a la condena el carácter de solidaria cuando se trata de obligaciones contraídas por el causante respecto de terceros acreedores y que deben ser satisfechas por sus herederos, habida cuenta que las deudas del autor de la sucesión se dividen y fraccionan en tantas obligaciones separadas cuantos sucesores universales dejó, en la proporción de cada uno. Por lo tanto, la responsabilidad del heredero es simplemente mancomunada y proporcional a sus respectivas porciones hereditarias (art. 3491 Cód. Civil) y si varios o todos ellos hubieran sido condenados conjuntamente en razón de la acumulación de acciones por parte del acreedor, se considera que cada uno ha sido condenado en proporción a su parte hereditaria (art. 3492 Cód. Civil).
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ JOSE MOISES c/ IACARUSO CARLOS Y/O QUIEN RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-04-12

El daño no ha sido causado "con" o "por las cosas", sino que conforme lo relatado en la demanda la lesión se produjo como consecuencia del esfuerzo desplegado sobre la cosa al desplazar un objeto inerte por sí solo. Por lo que no cabe asignar al mismo el carácter de agente productor del daño, sino a la fuerza y manipulación que debió realizarse sobre la misma, por lo que no corresponde hacer jugar la responsabilidad contenida en el art. 1113 del Código Civil.
Jueces, control de constitucionalidad, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: LABORAL
Carátula: Deniz, Rolando c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso Administrativo s/Casación. Acosta, María Elde. c/ Consejo Provincial de Salud Pública de la Provincia de Río Negro. s/ Enfermedad accidente de trabajo s/Inaplicabilidad de ley. Incidente de ejecución de sentencia en autos caratulados: Moraga, Jaime B. c/ Provincia de Río Negro. s/ Contencioso Administrativo s/Casación. Ibañez, Ricardo F. c/ Provincia de Río Negro s/ Ejecución s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-02-09|1995-02-22|1995-02-09|1995-02-09

La emergencia que puede y merece ser oída y atendida es aquélla que lo es de la sociedad y que debe acentuar el control de constitucionalidad. En tal sentido, el plazo de años para el pago dinerario excede razonablemente pautas temporales -al menos en determinados casos-, cuando está en juego la más elemental de las protecciones constitucionales de las que debe gozar de inmediato, sin postergaciones no recortes, todo individuo. El juez debe revisar la razonabilidad de la medida resultante del sistema aplicable al caso concreto, ello es, en cada situación particular que se plantee, y controlar la adecuación y proporcionalidad equitativa entre el medio empleado y el fin público perseguido. La ley de emergencia no puede frustrar un derecho constitucional. El Poder Judicial debe y puede entrar a examinar la constitucionalidad. Máxime cuando el sistema legal en cuestión evidencia la existencia de prioridades, particularidades y excepciones que, utilizadas legislativamente, no siempre coinciden con la exacta vigencia del orden constitucional superior. Distinciones entre deudas internas y externas, cuestiones controvertidas y no controvertidas, deudas corrientes y no corrientes, ausencia de régimen de devolución de lo percibido sin derecho por el Estado, posible alteración del sistema de expropiación como amenaza de alternativas próximas a la confiscación, etc. "El Poder Judicial no puede decir si hay o no emergencia cuando el Legislativo dice que existe, pero puede establecer si todas las medidas dispuestas son o no razonablemente constitucionales". (Del Voto del Dr. Echarren).
Suspensión del juicio a prueba, falta de motivación
Materia: PENAL
Carátula: Gálvez, Eduardo Michel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-18

Carece de motivación el pronunciamiento que se limitó a señalar que sin perjuicio de que el imputado no posee antecedentes penales condenatorios y que el fiscal había prestado conformidad para el otorgamiento del instituto, consideraba necesaria la realización del debate en virtud de la entidad de los hechos imputados y a fin de analizar la modalidad de la pena a imponer, sin analizar siquiera mínimamente en qué consiste la supuesta gravedad de los hechos ni brindar las concretas razones por las que consideró que la pena a imponer podría ser de cumplimiento efectivo.
Juicio ejecutivo, sentencia, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Wasiluk, Andrés s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-09-13

La naturaleza especial del proceso ejecutivo, en principio, hace improcedente la vía extraordinaria, habida cuenta quedar al vencido la posibilidad de reabrir el debate con el ulterior juicio ordinario que autoriza el artículo 553 del ordenamiento formal. Ello es así porque las resoluciones recaídas en juicio en ejecutivo adolecen de "definitividad", carácter esencial que debe reunir el pronunciamiento recaído .-
Recurso de casación, derecho al recurso, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa -causa N° 1681-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-20

El recurso de casación -art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación-, debe interpretarse, en armonía con los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto Internacional, conforme la doctrina que en el derecho alemán se conoce como la del agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento (Leistungsfähigkeit), abandonando definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho. (del voto del Seños Ministro Dr. Don Carlos S. Fayt por sus fundamentos)
Juicio por delitos de acción privada, Ministerio Público Fiscal, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MURGUIZUR, JUAN CARLOS s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-13

En los procesos seguidos por delitos de acción privada, el Ministerio Fiscal no es parte en orden a la relación principal, pero es parte incidental en ellos, respecto de las cuestiones procesales en las cuales se hallan comprometidos principios de orden público, especialmente en las cuestiones de competencia.
Revocación de sentencia, abuso sexual, daño psíquico, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Juarez, Elizabet  c/ Los Soles Internacional S.A. y otro  s/ accidente- acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-24

La actora quien efectuaba tareas de limpieza en el Hospital Italiano fue abusada sexualmente por su encargado. La actora solicita la reparación del daño psíquico resultante con fundamento en el art. 1113 del Código Civil y pretende la condena asimismo de la ART. La actora señaló que la ART no adoptó las medidas eficientes para evitar el infortunio que padeció, ni garantizó el cumplimiento de las mismas por parte de la patronal, tales como prevenir que se brindara un ámbito de trabajo seguro, con control para que el personal jerárquico respetara los derechos de las trabajadoras, medidas todas que podrían haber evitado el ataque o, al menos sus consecuencias. La sentencia de grado rechazó el reclamo. Cabe memorar que la aseguradora en todo momento cumplió con las obligaciones que le impone la LRT. Aceptó la patología, brindó atención médica a la actora y una vez recuperada le dio de alta sin incapacidad con derivación a su obra social por tratarse de una dolencia inculpable. Acreditada la existencia del hecho y el daño que padeció la trabajadora, resultó injustificable ni siquiera intentar imponer una medida tendiente a contener y velar por su salud, y no un trato indiferente, como el que finalmente adoptó, así como asegurarle una situación tendiente a evitar encontrarse con el agresor, cuanto de comunicar que este tipo de conductas están vedadas. La actora fue víctima de un delito que solo puede ser evitado inculcando normas de conducta en el equipo de trabajo. La falta de cuidados hacia la actora, que se materializó en el hecho de no tomar ninguna medida obligaba a la trabajadora -para mantener vivo su sustento- a reintegrarse en un ambiente nocivo para su salud lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el art. 75 de la LCT y concordantes así como en la lógica del fallo plenario "Natividad Frías" de la justicia penal, en tanto colocaba a la trabajadora en la posición de tener que elegir entre su seguridad personal y otro bien (su fuente de subsistencia). Del informe psicológico surge que la actora necesitaba trabajar en un ambiente seguro que -entre otras condiciones- consistía en no trabajar con hombres. Nada de ello fue considerado ni cuidado en beneficio de la trabajadora que había sufrido el ataque sexual. Por ello, cabe revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda condenando a Federación Patronal Seguros S.A. en forma solidaria junto a la empleadora a resarcir los daños provocados a la actora. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría)
Quiebra, cesación de pagos, hechos reveladores, compraventa inmobiliaria, escrituración
Materia: COMERCIAL
Carátula: FINCAR  S.A. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-27

Resulta en principio compatible el criterio de tomar como punto de arranque del estado de insolvencia la traba de un embargo por incumplimiento de la obligación de escriturar un inmueble.

Adviértase que un sólo incumplimiento es capaz de revelar el estado de cesación de pagos de manera más inequívoca que una pluralidad de ellos, y tal es precisamente el supuesto de autos, dada la magnitud de la obligación contraída, ello es, la escrituración de un inmueble.
Indemnización, ley de empleo, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Colombo, Fernando c/ Obes, Hugo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-02-26

Resulta procedente hacer lugar a la indemnización de la ley 24013 fundada en que intimada la demanda para que con los datos que se les daban registrara los contratos, no existe constancia de que lo hubiera hecho. No resultando válido el argumento dado por el demandado que hace referencia a la denuncia y a la registración de los actores a los fines del convenio de corresponsabilidad gremial y al pago de aportes no individualizado, pero sin lograr desvirtuar aquél fundamento que tenía que ver con la normativa del artículo 7 de la ley de empleo, que alude el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contratos de Trabajo, o a la documentación que haga sus veces y a través del inciso segundo, a la inscripción del empleador y la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y a la Obra Social correspondiente, todo ello descripto en el artículo 128 inciso a, de la propia Ley. La demandada no probó que haya cumplido con esta clase de registro, más aún de seguirse la línea de pensamiento del demandado podría llegar a darse una doble categoría de patronales incumplidoras de la obligación de registrar, la de los que aspirarían a ver subsanada la omisión del modo que lo pretende la demandada y la que de quienes, por no haberse acogido al régimen de corresponsabilidad gremial y a los aportes no individualizados, debieran soportar el peso de la ley. Solución que agrade por igual la lógica y el principio de igualdad previsto por el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Recurso de apelación (procesal), recursos, elevación en apelación, terceros, sujetos de derecho, terceros interesados
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMERO, VICTORIA; GUEDILLA, ADRIANA DEL VALLE; GUEDILLA, ARNALDO MOISES; GUEDILLA, DAVID ROQUE c/ EDESA S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-07

La intervención obligada o coactiva tiene lugar cuando a pedido de una de las partes, se dispone se cite a un tercero para participar en el proceso, pero en tal caso el tercero no es un demandado, ya que se lo pone en conocimiento del proceso a fin de que haga saber- y no es estrictamente valer-los derechos que estime corresponderle.

O sea que el tercero no pasa a ser demandado, sino solamente se le da la intervención imprescindible para que las actuaciones puedan serle opuestas en la eventual pretensión regresiva que anuncie la demanda (Jurisprudencia de las Cámaras Federales Civil y Comercial- Jurisprudencia, Causa 2133/98 del 23/9/99; Fallos 303:461; 313:826) en Lex Doctor voz citación de terceros defensas. Por ello la medida de la intervención no le autoriza al tercero a introducir defensas que le son personales, como la excepción de falta de legitimación, porque el no ha sido demandado en la controversia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, remisión a otro fallo, Poder Judicial, control de constitucionalidad, libertad de comercio e industria, Municipalidad, habilitación municipal, establecimiento comercial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SMART S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-29

Los Jueces remitieron a un precedente de la misma Cámara, recordando que el control de constitucionalidad alcanza a la razonablidad de normas y de actos, esto es, a la verificación de la proporción entre el fin querido y la medida adoptada para lograrlo y que el principio de razonabilidad de los actos estatales fue construido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos a partir del artículo 28 de la Constitución nacional, para finalizar diciendo que la contrariedad de lo dispuesto en la ordenanza con las normas superiores era bien apreciable porque la misma cercenaba indebidamente la libertad de ejercer el comercio y toda industria lícita, al tiempo que recortaba injustificadamente la iniciativa económica; asimismo afirmaron que no mediaba adecuada proporción entre el objetivo buscado -tal como promover la competitividad, priorizar el interés de los usuarios y consumidores- y el medio empleado, no habiendo sido la Ordenanza debidamente causada y fundamentada. (De la ampliación de fundamentos de los Dres. Falistocco y Erbetta. En disidencia: Dr. Gutiérrez) - CITAS: CCA N° 2, Helacor SA, AyS T 44, p 2. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 28
Colegio profesional, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CURIESES, ELVA DEL CARMEN c/ CAJA DE JUBILACIONES s/ DEMANDA ORDINARIA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 432-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-19

Los Colegios profesionales, en la legislación de nuestra Provincia no constituyen personas de derecho público no estatal, sino personas de derecho privado en ejercicio de funciones públicas.

Esta categoría de sujetos está prevista en nuestra propia Constitución, al establecer el recurso de amparo contra cualquier decisión ...de entidades o personas privadas en ejercicio de funciones públicas", lo que reitera la ley 7053.
Beneficio de litigar sin gastos, asistencia y salvamento, salario de asistencia y salvamento, falta de pago, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salvemini, Donato y otros c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. "Zukiya" s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-28

Si bien la petición de los actores no resultaría entonces admisible en su totalidad, - ponderando la prueba rendida - y teniendo en cuenta - por otro lado - que la concurrencia de aquel último extremo debe ser juzgado a la luz de cada caso concreto, así como la naturaleza del reclamo formulado en la demanda y el valor atribuido por el perito y los consultores técnicos de las partes al buque al cual habría sido prestada la pretendida asistencia y que aquéllos no percibirían una remuneración tal que les permita proveer al sostén de un grupo familiar y además hacerse cargo íntegramente de los gastos que demanda un pleito como el presente, y que la demandada, por su parte, no ha acreditado la existencia de bienes suntuarios que pudieran ser utilizados para tales fines, entiende el Tribunal que corresponde conceder parcialmente el beneficio solicitado, en cuanto a las sumas que deberían abonar en concepto de tasa de justicia y el 50% de las correspondientes a los honorarios que se regulan en autos.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Magallanes, Juana de Jesús c/ Federazzi, Osvaldo Oscar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

La reglamentación de tránsito no debe ser soslayada cuando se analizan las responsabilidades por accidentes en la vía pública, también tiene establecido que la eventual infracción a las reglas de tránsito no constituye -de por sí- la prueba cabal de la eximición de la responsabilidad por riesgo.