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Estupefacientes, facultades del juez, cantidad de estupefacientes, almacenamiento de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal
Materia: PENAL
Carátula: DOMINGUEZ, CRISTINA CONCEPCION s/ CONFLICTO Causa 742
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

La ley 23.737 no fija un "quantum" a partir del cual una tenencia pueda ser calificada como almacenamiento. Es por ello que serán las circunstancias de cada caso en particular las que los sentenciantes tendrán en cuenta para calificar la conducta de una persona como constitutiva del delito de tenencia simple, tenencia para consumo personal o almacenamiento (voto del Dr. Mitchell).
Prueba, doctrina de los actos propios
Materia: LABORAL
Carátula: Figueroa, Jorge c/ Homisa S.A. Planes de Salud y/o Federico Napoleón Jorge Decoud Griet y/o Irma Juárez y/o quien resulte responsable s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-02-23

Por mucho que no se haya acompañado el contrato social, resulta contrario a la doctrina de los actos propios el hecho de que el dependiente niegue la existencia de la persona jurídica a la cual dirigió sus reclamos.
Acción civil en el proceso penal, principio objetivo del vencimiento, costas al vencido
Materia: PENAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Estado Provincial -Actor Civil y Querellante particular s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Marcos José Denett y Tomás Hugo Aibar en su carácter de representantes por parte de la Actora Civil y Querellante Particular en contra de la Sentencia Nº 19/09 recaída en causa Expte. Nº 153/99 caratulado: Moreno, Ricardo Héctor y otros p.ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23

Sobre las costas es preciso recordar que, en una acción de daños y perjuicios, ellas integran el resarcimiento; que el principio general en la materia, como fundamento de la imposición de costas, es el criterio objetivo de la derrota y que el carácter de vencido se configura si la acción prospera, aun cuando sea en mínima parte, por lo que la noción de vencido ha de ser fijada con una visión global del juicio y no por análisis aritmético de pretensiones y resultados.

En ese sentido se ha dicho lo siguiente: que "Las circunstancias de que se desestimen algunos rubros, no le cambia al actor la calidad de victorioso ni a la demandada la de vencida" (SCBuenos Aires, dic 20-980 Gómez Carlos c Swif SAJ DJBA 138-1680).
Empleo público, prescindibilidad, revisión judicial de actos administrativos, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GUGLIANDOLO, ANTONIO JOSE c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA) s/ ORDINARIO - ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-04

El agente cuyos servicios fueron declarados prescindibles con fundamento en leyes como la 22.140 no tuvo jurídicamente la posibilidad de optar por el recurso previsto en el art. 42 del Régimen Jurídico de la Función Pública, por lo que no puede, sin lesión al principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional, estar en peor condición que aquél que ha sido separado en definitiva por la misma sanción y obligarlo a una prueba casi siempre costosa para demostrar el perjuicio causado por la medida ilegítima.-
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, accidente de tránsito, ambulancia, responsabilidad del conductor, sentencia absolutoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: F., H. F. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO CULPOSO (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 113 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Fiscal contra el decisorio que revoca la sentencia apelada y absuelve de culpa y cargo al imputado, limitándose a valorar la conducta de la víctima y haciendo hincapié en que la ambulancia anunciaba su paso mediante la sirena y las luces reglamentarias, desentendiéndose del planteo relativo a la "existencia o no de la situación de urgencia".

Ello así, pues con el dogmático argumento de que no correspondía merituar en el ámbito del proceso penal si era legítima o no la causa por la cual el conductor decidió emitir esa señal de urgencia, "aunque sí donde se ventile la hipotética acción civil" , renuncia al análisis de una circunstancia que tenía especial trascendencia en la resolución del caso.

Efectivamente, siendo el delito un "hecho típico, antijurídico y culpable", resulta indudable, liminarmente, que la Alzada no podía desentenderse de un aspecto que hace a la estructura misma del delito: la antijuridicidad, y en su caso, las excepciones justificadoras, adquiriendo -en consecuencia- entidad suficiente los planteos del recurrente en cuanto a que la Sala omite considerar cuestiones sustanciales propuestas, prescindiendo del texto legal aplicable sin dar razones plausibles.
Recurso de casación, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Johnson y Johnson S.A.I. y C. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-09-19

La denuncia referida a normas procedimentales, en referencia a la actividad desplegada por el a-quo en lo que respecta a la aplicación de las costas, no puede ser atendido en el presente Recurso de Casación, por vía del art. 257 inc. 1º del C.P.C. (Violación de la Ley), toda vez que ante la inobservancia de las formas prescriptas, constituyendo ello un error "in precedendo", solo puede acudirse ante esta sede por el sendero especialmente previsto por el caso, que es el inc. 2º del mismo art. 257 del C.P.C.
Riesgos del trabajo, accidente in itinere, trayecto, desvío del recorrido, familiar enfermo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PÉREZ, JOSÉ LUIS c/ Provincia A.R.T. y otro s/ Ley 24.557".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-16

Si bien no puede desconocerse que el Dec. 491/97 refiere el caso de un "familiar directo enfermo y no conviviente", circunstancia que en principio podría dar pie a rebatir que la manda no es de aplicación cuando el trabajador fallecido convivía con sus padres, afirmar dicha interpretación literal es absurdo. La norma busca la apertura de quienes por su relación de consanguinidad o parentesco y que no conviven con el trabajador en su domicilio -pero que no por ello dejan de ser fuente de afecto o preocupación de los sentimientos de éste-, facilite por un mínimo grado de solidaridad humana a comprender como atendible la necesidad de acudir a ese encuentro. Dicha posibilidad es razón suficiente para que el legislador dote de carácter de razonable el ayudar en dicha urgencia respecto de quienes no comporten la vivienda del trabajador. Dicha finalidad, por su naturaleza, no tolera una ponderación restrictiva, mezquina del cúmulo de posibilidades a sucederse y, por lo mismo, no impide concluir que el familiar directo conviviente, si se halla en una situación extrema de salud, no pueda ser objeto de acompañamiento si se encuentra fuera de la residencia habitual por la persona -en el caso, un trabajador con quien comparte la vivienda, sin que ello signifique que el desvío obligado a que se enfrente éste lo exonere de la protección legal (ley 24.557, art. 6).
Prevención, policía judicial, instrucción
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LOPEZ JORGE EDUARDO Y OTRO s/ ROBO CALIFICADO - SECUESTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-12-17

Dos son las situaciones que se pueden distinguir claramente: por un lado la hipótesis de un magistrado avocado a la instrucción y decisión de una causa en cuyo caso el secuestro sólo puede ser practicado por el mismo salvo excepcionalísimas razones de urgencia ante lo que podrá delegar el acto por decreto fundado en la policía judicial. El otro supuesto al que categóricamente alude el art.

192 plantea una hipótesis distinta: la actuación de la Policía judicial labrando el sumario de prevención cuando los magistrados no intervengan enseguida, en tales circunstancias las actuaciones y las cosas que se secuestraron deberán ser remitidas al juez competente o al juez de paz dentro del plazo de tres días.

Obviamente la hipótesis supone la posibilidad legal de que la policía judicial por iniciativa propia practique un secuestro.-
Procedimiento administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ACOSTA DOMINGO DEL VALLE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE CLODOMIRA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-25

El art. 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que al interponerse el Recurso contencioso administrativo se podrá solicitar que "se decrete la suspensión de la medida que lo motiva".

A su vez el art. 30 del mismo texto legal consagra los supuestos que habilitan la "suspensión" de los actos administrativos: a) nulidad prima facie, por incompetencia o violación manifiesta de la Ley y, b) cuando la ejecución pueda producir un daño irreparable si a la vez la resolución es prima facie ilegal por motivos diferentes del supuesto anterir. se interpreta que la nulidad "a primera vista" del primer supuesto como la ilegalidad del segundo se verifica cuando, en el caso del acto impugnado, se obseva una perceptible contradicción con las normas jurídicas que le otorgan sustento y validez.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, pagaré, títulos de crédito, cancelación del pagaré, pagaré en blanco
Materia: COMERCIAL
Carátula: PANIGUTTI LISA, DANILO ENZO c/ LUIS, VERONICA LORENA s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-02

Tratándose de un pagaré, el nombre del beneficiario aparece como un requisito necesario en tanto, si bien puede quedar en blanco al momento de la creación del título, debe completárselo al momento de la presentación (Sala III, 2002, fs. 1103).

El que el pagaré haya sido dado con el nombre del beneficiario en blanco, es aceptada por el artículo 102 del Dcto ley 5965/63, que expresamente establece, que no es válido como pagaré salvo los supuestos establecidos allí, pero ello no obsta a su habilidad ejecutiva, ya que importa una promesa de pagar en forma privada, en cuyo caso la hipotética omisión sería irrelevante, si se admite la autenticidad material del papel, ya que esa omisión puede ser suplida por el portador con posterioridad a su creación (art. 11 del dcto. mencionado).

De manera que la carencia de nombre del beneficiario, no obsta a su habilidad ejecutiva, ya que importa un reconocimiento de deuda líquida, a pagarse en fecha determinada que se encuentra vencida, lo que si deberá prepararse la vía ejecutiva, ya que no es válido como pagaré pero si reiteramos, importa una promesa de pagar bajo forma privada.
Empleados de banco, irretroactividad de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: DOMB, RICARDO SALOMON c/ BANCO SINDICAL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-19

La ley 22425 no tiene efectos retroactivos ni puede afectar derechos definitivamente adquiridos, por lo tanto, sus previsiones no pueden aplicarse cuando el contrato de trabajo ya ha sido roto, con anterioridad a su vigencia, aunque la sentencia del tribunal, que acoge la demanda, sea posterior.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, proceso penal, prescripción, excepciones procesales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ DENUNCIA DE FRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-20

Si bien se han agotado los actos del plenario, corresponde revocar la resolución de la Cámara que no se consideró habilitada para decidir el tema de la excepción de prescripción -que constituiría un medio conducente para salvaguardar las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y del adecuado servicio de la justicia, en un proceso iniciado catorce años atrás- por no habérselo introducido en la oportunidad prevista en el art. 444 del Código de Procedimientos en Materia Penal, bajo excusa de incurrir en prejuzgamiento. Ello así, pues lo decidido adolece de un excesivo apego ritual que no condice con la necesidad de tutela destacada.
Procedimiento administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOAVE DE PEREZ, NIVEA LILIANA c/ ESTADO PROVINCIAL Y/O INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCION SOCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-01

Nos encontramos ante una infracción de tipo formal que se consuma con la sola falta de dicha documentación de propiedad del IAFAS en poder de los agencieros, sin que sean necesarias consecuencias para su perfeccionamiento ni que se produzca daño real al ente, como así tampoco la existencia de intencionalidad del agenciero.-
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, deserción del recurso, memorial
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Porto, Jesús Edelmiro c/ Estado Nacional s/ da$os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Si el Estado no cumplió con la carga procesal de fundamentar el recurso en la oportunidad idónea, corresponde declararlo desierto (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Proceso penal, sentencia condenatoria, notificación, notificación al condenado, recursos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Vilar, Juan Carlos s/ estafa en grado de tentativa -Causa nx 20.126-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

No toda infracción a la exigencia del art. 42 del Reglamento para la Justicia Nacional impide que la condena quede firme. Debe tenerse en cuenta si las circunstancias de la causa son inequívocamente demostrativas de que no obstante la falta de notificación personal, el condenado ha tomado conocimiento completo de la condena y de sus fundamentos y, en caso afirmativo, computar desde ese momento el plazo para impugnarla.
Prescripción decenal, plazo, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VON FEHLEISEN, CELESTINO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-17

Respecto a la prescripción de la ejecutoria, no existiendo un texto legal expreso y tratándose de una pretensión personal, le es aplicable el plazo de diez años establecido por el art. 4023 del Código Civil (conf. Manual de Derecho Procesal Civil, Lino E. Palacio, pág. 683).
Universidades, facultades universitarias, superintendencia, establecimientos educacionales, política educativa, derechos y garantías constitucionales, derecho de enseñar y aprender, discriminación por razones de sexo o inclinación sexual, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: González de Delgado, Cristina y otros c/ Universidad Nacional deCórdoba.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

La Universidad Nacional de Córdoba, al disponer que las inscripciones en el Colegio Nacional de Monserrat se efectuarán sin distinción de sexo, no sólo actuó como órgano competente dentro de la esfera de sus atribuciones, sino que, más aún, removió un valladar discriminatorio -que hoy resulta moral y jurídicamente abominable- que impedía la plena participación de las jóvenes cordobesas en la vida educacional y cultural de su provincia (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Hábeas corpus, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRIOS PIÑA, HUMBERTO s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-21

La apelación no corresponde respecto del auto que desestima la acción (art. 19, ley 23.098).
Principios procesales, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: A. de R., A. c/ P., R.C. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-20

La doctrina de los actos propios es un principio general del derecho, fundado en la buena fe, que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JUAN, HORACIO RAÚL c/ CAROZZO,LUIS CARLOS s/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.RECURSO DIRECTO.    QUEJA   POR  DENEGACIÓN DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    EXPTE NRO 194-83 INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.RECURSO DIRECTO.    QUEJA   POR  DENEGACIÓN DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    EXPTE NRO 194-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-03-07

La invocación de vicios descalificantes propios de la sentencia de la sala -que rechazó la queja por apelación extraordinaria denegada contra la resolución dictada por el tribunal colegiado de instancia única en lo civil- habilita la vía del recurso de inconstitucionalidad, por ser ésta, sentencia definitiva.
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo, Miguel Ricardo c/ Empresa Argentina de Cemento Armado Sociedad Anónima de Construcciones -EACA- y Otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-11

"Si bien el art. 19 de la Ley 9688 establece que las acciones emergentes de dicha ley prescriben a los dos años de producido el hecho generador de responsabilidad, el art. 258 L.C.T. determina que dicha prescripción acaece a los dos años desde la determinación de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima, y es a esta última que se ciñe la jurisprudencia en forma pacífica".
Rendición de cuentas, Derecho comercial, obligaciones del mandatario, obligaciones de hacer, trámites judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE Nro. 37953 - CLUB DEL PERSONAL DEL BANCO DE MENDOZA c/ GONZÁLES, CARLOS ALBERTO s/ RENDICIÓN DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-02-10

Que el proceso de rendición de cuentas, en el cual una de las partes exige de la contraria el cumplimiento de una obligación de hacer, consta de dos etapas estrechamente vinculadas: la primera consiste en establecer si existe o no la obligación de rendir cuentas y la segunda, que procede en caso de que se haya reconocido tal obligación, en la que el juez debe analizar la rendición practicada.
Daños y perjuicios, intereses, tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: ROGALA,  Diego  Hernán c/ NUEVO  IDEAL  SA  y  otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-27

1- Cuando los valores indemnizatorios se fijan al momento del dictado de la sentencia de grado, la tasa activa establecida por el plenario "Samudio" debe regir recién a partir de aquel pronunciamiento, por lo que de imponerse la tasa activa desde el origen de la mora se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia que configuraría un enriquecimiento indebido, dado que uno de los factores que consagra la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida del valor de la moneda, extremo ponderado al definir el capital en la sentencia.

2- En consecuencia, corresponde que los intereses se calculen a la tasa del ocho por ciento anual desde el inicio de la mora y hasta el pronunciamiento apelado y, desde entonces y hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco dela Nación Argentina.

(Sumario N°18701 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Prueba testimonial, matrimonio
Materia: PENAL
Carátula: G., D. C. c/ SUC DE J R s/ NULIDAD DE MATRIMONIO MATRIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-03-18

Dice el a quo que las testimoniales son contestes en afirmar que el matrimonio de G. y R. fue el fruto de una larga relación concubinaria, que era conocida por la gente que habitaba el lugar donde vivían, como que tenían actividades comerciales de las cuales ambos participaban, habiendo vendido animales G. hasta poco tiempo antes de su fallecimiento.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Zonanor Cooperativa Limitada c/ Bilbao La Vieja, Jorge y Romero, Juan s/ Ejecución Banco Zonanor Cooperativa Limitada c/ Racamonde, H. s/ Ejecución Banco Cooperativo de Caseros c/ Carrizo, Adán N. y otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-27|1986-12-16|1995-03-28

El título ejecutivo previsto en el tercer párrafo del artº 793 del Código de Comercio, si bien se encuentra dotado originalmente de autonomía, requiere como sustento la existencia de una cuenta corriente que funcione como tal, provisión de fondos o autorización para girar en descubierto, y movimiento de los mismos a través de los cheques librados por el titular. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución hipotecaria, ejecución extrajudicial, facultades del acreedor, suspensión de la ejecución
Materia: CIVIL
Carátula: NOVOGRUDSKY, Eleonora Sabrina y otro c/ ESCUDERO, Juan Gualberto s/ EJECUCIÓN ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-28

La venta del bien en los procesos de ejecución extrajudicial es una facultad que la ley otorga al acreedor sin que se requiera intervención judicial, conforme lo establece el art. 57 de la ley 24.441, no pudiendo el ejecutado interponer defensas, incidente o recurso alguno tendiente a interrumpir el lanzamiento previsto por el art. 54 ni la subasta, salvo los casos de excepción previstos (art. 64 del mismo texto legal). De ahí que, al no existir norma alguna que establezca la suspensión del trámite ni de los actos de ejecución, resulta contrario a derecho la resolución que dispone la suspensión de la subasta.
Accidente de tránsito, indemnización por muerte, legitimación activa, cónyuge supérstite, hijo menor de edad, subsistencia de la viuda e hijos menores
Materia: CIVIL
Carátula: TOPORTOVSKY, Angel c/ BENITEZ, Alberto s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

La limitación contenida en el art. 1085 del C. Civ. debe interpretarse en el sentido que sólo la viuda y los hijos menores de la víctima de un accidente de tránsito son titulares de la "acción especial" que se beneficia con la presunción legal respecto del presupuesto daño.
Pensiones, irregularidad de aportes, principio de solidaridad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CEJAS, CIRA INÉS c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-17

La integración del acervo social no queda librado a la decisión voluntaria de sus miembros, sino que la obligación de aportar constituye la esencia del sistema. En el régimen de autónomos, donde la exteriorización del trabajo que se efectúa depende de un acto de voluntad, el legislador ha considerado ajustado al logro de obtener el pago de la contribución respectiva -esencial para la subsistencia del sistema- a subordinar el reconocimiento de la prestación a la previa cancelación de los aportes que instituye. Si bien el modo adoptado encuentra su justificación en una razón de orden económico -mantener el equilibrio de egresos e ingresos del fondo en atención al sistema de reparto existe, además, el principio preliminar de la solidaridad social, que constituye el basamento ético sobre el cual se sustenta toda la filosofía que vincula a la comunidad de intereses y que se traduce en que cada miembro se halla obligado hacia el conjunto societario y su débito sólo se extingue entregando a éste una parte de su esfuerzo productivo. (Disidencia del Dr. Fernández).