marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), segunda instancia, regulación de honorarios, escala arancelaria, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Mamonde, Enrique del Valle c/ Alica S.A. s/ Daños y perjuicios - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-03-23

No es lo mismo el objeto del juicio que el objeto de la apelación a los fines arancelarios, sin perjuicio que en algunos casos pueda coincidir. En efecto, la base de cálculo para regular honorarios de la segunda instancia o de la alzada se determina por el interés económico comprometido en el pertinente trámite, que se introduce y precisa en los agravios, en base al principio tantum apelatum tantum devolution.

En autos, al no existir expresión de agravios mal puede pretenderse que el monto de la Primera Instancia sirva de base de cálculo y se aplique el art. 14 de la ley arancelaria.

Por ello considero acertada la resolución de grado cuando fija los honorarios en forma estimativa, ya que la ley arancelaria no prevé expresamente el caso en cuestión, sino únicamente cuando se agotó la segunda instancia y hay un vencido, debiendo en consecuencia rechazarse la casación articulada. (Dr. Caceres, en disidencia)
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castro, Baltazar T. y otra c/ Sueldo Sergio G. y otros s/ Daños y perjuicios LOPEZ, DARDO ELIO c/ GRAFA S.A. Y/O PROPIETARIO s/ SUELDO INTEGRATIVO MES DESPIDO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-07-11|2002-05-23

Lo acordado por la actora con otros codemandados en lo que hace al monto del juicio no resulta oponible a los letrados de la parte que no tuvo intervención en dicho acuerdo.
Incidentes, traslado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iglesias, Genaro s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

Tratándose la clasificación de los trabajos de un verdadero incidente, entendiendo por tal a toda cuestión contenciosa que pueda suscitarse durante el desarrollo del proceso, el traslado que del mismo se configura debe notificarse personalmente o por cédula (doct.art.180 CPC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Nulidad del acto administrativo, acceso a la justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Revocatoria Disposición Nº 04/01 de la DirecciónGeneral de Cooperativas y Mutualidades de la Provincia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-07

Si el acto decisorio de aquéllas vinculado estrechamente a otros precedentes, asume con respecto a aquéllos un carácter accesorio o complementario, de tal suerte que no implica modificar una situación ya creada por la misma Administración, el exigir se acuse este último acto de nulidad para habilitar la jurisdicción constituye un rigorismo formal. Y se acotaba que así es, no porque ese acto no goce de presunción de legitimidad, sino porque -entre otros supuestos- se limita a reiterar decisiones anteriores, poniéndose como ejemplo de esta situación justamente los actos que deniegan recursos seguidos por la vía impugnativa.
Demanda, allanamiento, escrituración, intereses moratorios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: MIGONI, GUILLERMO OSCAR c/ NAVARRO, CLAUDIA MARCELA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-02

Corresponde declarar procedente el recurso interpuesto, toda vez que el A quo le ha otorgado al allanamiento -que sólo lo era respecto de la obligación de escriturar- un alcance impropio al extender sus efectos al rubro intereses, lo que no surge de ese acto procesal ni del posterior comportamiento de la demandada, que manifestó de manera indubitable su voluntad respecto de que no mediaba mora previa a la interposición de la demanda y que, es más, consignó el pago de los intereses desde la fecha de la demanda en un marco de coherencia con esa premisa inicial, desatendiendo además las consecuencias económicas de dicha resolución.
Obligaciones, compensación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tecca, Hector M. c/ Tocchetton, Hector D. s/ Consignacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

La compensación, para que sea operable, requiere que ambas deudas sean exigibles, y que si alguna de ellas está sujeta a condición ésta se encuentre cumplida. En el caso de autos, la obligación que pesa sobre apelante de pagar los daños y perjuicios que fija la sentencia es pura simple, en tanto que la de pagar el remanente del precio que compete a demandado está sujeta a la condición de que las máquinas le sean efectivamente entregadas. Como consecuencia, hasta que esa entrega no verifique y cuente con la conformidad del comprador, el apelante no podrá retirar el precio que se deposite en autos, no siendo por ello admisible la compensación pretendida (Cód.

Civ. arts. 527, 819, 1411 y 1412; Cód. Com. arts. 464, 465 y 467).
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, reglamentación de la ley, decreto reglamentario, exceso en las facultades reglamentarias
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Nacional - PEN - Mº.de Justicia de la Nación s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

Cuando un decreto reglamentario desconoce o restringe irrazonable mente derechos que la ley reglamentada otorga o de cualquier modo subvierte su espíritu y finalidad, ello contraría la jerarquía normativa y configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución concede al Poder Ejecutivo.
Faltas, procedimiento administrativo de faltas, unidad administrativa de control de faltas, control de legalidad, proceso de faltas, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, debido proceso, iura novit curia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: FLEITAS, Luis Alberto s/ Incidente de Medidas Cautelar (Cañada de Gomez 5483/87) APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-17

La resolución del Controlador sobre la adopción de una medida cautelar constituye un acto administrativo frente al cual el único "recurso" legalmente diseñado está conformado por el pedido de revisión a que hace referencia el artículo 8 de la Ley Nro. 1217; que a efectos de expedirse sobre la "suficiencia" de este examen la doctrina y la jurisprudencia predican la exigibilidad mínima de una instancia formalmente judicial -en tanto la decisión del Controlador participa de aquella naturaleza-; que ésta se ha sustanciado y, como resultado, se ha generado un acto jurisdiccional plenamente válido -derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias de la causa; y, finalmente, que el recurso en tratamiento viene acotado estrictamente por las causales de procedibilidad del artículo 56 de la misma norma, no cabe sino concluir que el a quo no debió haberlo concedido so color de existencia de agravios o vulneración alguna del derecho de defensa del peticionante. En este orden de ideas, cabe recalcar que la primera nota del debido proceso es su estructuración por canal estrictamente legal, carácter que, por simple inferencia, veda al juzgador la posibilidad de crear pretorianamente senderos procedimentales, aun bajo la apariencia de tender -oficiosamente- a una debida actuación del derecho. Lo contrario implicaría no sólo desconocer la garantía de marras -cuyo delineamiento objetivo aspectaría así ordenado por vía de exégesis- sino, además, dotar al Tribunal de una competencia que la ley no le otorga, lo que resulta repugnante a la esencia de aquella tutela constitucional, a más de evidenciar una incorrecta invocación del principio iura curia novit, cuyo andamiento sólo resulta posible dentro de los límites de la jurisdicción ejercida y no más allá de ella -lo que se verificaría al atribuirse el órgano una facultad de conocimiento extraña al marco legalmente instituido.
Cuenta simple o de gestión, cuenta corriente mercantil
Materia: COMERCIAL
Carátula: Rot Automotores c/ Sevel Argentina S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-10

La cuenta simple o de gestión no se rige por las disposiciones de la cuenta corriente mercantil (arts. 771 y ssgtes. del Cod. Com.), pues entre ambas existen diferencias sustanciales: en la cuenta corriente se produce la pérdida de la individualidad de los créditos, que se desvinculan de su origen y su extinción da nacimiento a una obligación inexigible hasta la época convenida para cerrar y liquidar la cuenta, en tanto que en la cuenta simple o de gestión cada partida no pierde su individualidad ni se produce novación alguna.
Derecho procesal, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, GABRIEL c/ SANCHEZ, JULIAN Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-21

La temeridad o malicia debe ser demostrada en juicio, o surgir la sin razón infundada de la actuación. Es decir que incurre en temeridad la parte que litiga sin razón valedera, y tiene además coincidencia de la propia sin razón. Esta así configurada la temeridad. La malicia consiste en utilizar el proceso en contra de sus fines, actuando de mala fe con el objeto de retardar el cumplimiento de la sentencia, porque sus pretensiones carecen totalmente de fundamento.
Beneficio de litigar sin gastos, alimentado con recursos económicos
Materia: PROCESAL
Carátula: LARESE DE RATTO, Diana Florencia c/ KROMPEWSKY, Juan s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-28

La procedencia del beneficio de litigar sin gastos debe juzgarse en relación directa con la importancia de la demanda en la que intervendrá el peticionario, pues está destinado a asegurar la defensa en juicio, que se vería frustrada si no se contara con los medios necesarios para afrontar los gastos que comportan. De allí que el legislador haya delegado en el prudente arbitrio judicial la apreciación de la prueba, pudiendo el juez acordar el beneficio total o parcialmente o, en su caso, denegarlo, según la cuantía de los ingresos, si los hay, y en función de la importancia económica del juicio.-
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Eduardo Paz s/ Incumplimiento de asistencia familiar. Pergamino
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Las dificultades económicas no importan eximentes, toda vez que llevadas éstas al extremo de la miseria, han merecido del legislador tratamiento de atenuantes (art. 41 C.P.).
Estafa, credenciales falsas, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: LENCZNER, E. Y OTROS. s/ DEFRAUDACION. ESTAFA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-05-07

1) La acción de entrar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires a presenciar un espectáculo automovilístico con CREDENCIALES FALSAS, no configura el delito de estafa, por cuanto la entidad organizadora no fue perjudicada por un desplazamiento patrimonial viciado, ya que no se la privó mediante fraude de cosas, ni se le enervaron derechos de contenido económico, jurídicamente incorporados a su propiedad al tiempo de los acontecimientos.

2) En efecto, el único perjuicio para la entidad organizadora derivaría de la FRUSTRADA COMPRA DE LOCALIDADES por parte de quienes emplearon títulos legitimadores falsos para evadir el pago del precio, de donde se infiere exclusivamente el fracaso de un LUCRO EVENTUAl O HIPOTETICO, puesto que el ingreso pecuniario conjetural no representaba un contenido patrimonial cierto al momento del hecho y tampoco era jurídicamente exigible a los advenedizos la adquisición onerosa de entradas en defecto de las falsas.

3) O sea que si no se ocasiona una disminución del patrimonio existente en el momento de realizar el hecho, si no originan gastos adicionales a quien da el espectáculo u organiza el viaje, no puede hablarse de estafa, por falta de perjuicio patrimonial, aún cuando haya mediado engaño.

4) Por otra parte, el PATRIMONIO DEL ORGANIZADOR ha permanecido incólume según su situación anterior, debido a que la prestación asegurada es general e indivisible para los eventuales tomadores, sin atribución de partes alícuotas con destinatario especial.

5) Existe un concepto puramente ECONOMICO del patrimonio, definido como "el conjunto de los valores económicos de una persona" y un concepto JURIDICO del mismo, en que se exige una sujeción jurídica del ente económico a la persona del titular, sin la cual "no media una vinculación de propiedad entre una persona y una cosa, derecho o situación jurídica, aunque aquélla pueda invocar una posibilidad de que éstas lleguen a ser suyas"; criterio éste último que adopta nuestro sistema legal, al establecer que el patrimonio se integra por la universalidad jurídica de las cosas y los "objetos inmateriales susceptibles de valor" o derechos personales en sentido amplio ( art. 2311 y 2312 Código Civil).

6) El desplazamiento patrimonial típico de la estafa es el que recae sobre bienes (cosas o derechos) atribuidos jurídicamente en propiedad a una persona por cualquier título. Las EXPECTATIVAS económicas constituyen un derecho subjetivo y forman parte del patrimonio cuando son garantizadas por el derecho, de manera que pueden ser "actuadas" incondicionalmente, como ocurre con el LUCRO CESANTE CIERTO (art. 1069 C. CIVIL), quedando fuera del contenido patrimonial admitido legalmente el lucro cesante hipotético, fundado en una simple expectativa o esperanza de enriquecimiento que no puede ser objeto de una pretensión jurídica.
Intervención de terceros, HUNGRÍA, derecho de voto, discriminación arbitraria, discriminación por discapacidad, control de razonabilidad, regla de proporcionalidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - Zsolt Bujdosó, Jánosné Ildikó Márkus, Viktória Márton, Sándor Mészáros, Gergely Polk y János Szabó Vs. Hungría - Discapacidad intelectual y derechos políticos - Derecho de voto y participación en la vida pública c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2013-09-09

Resulta ilegítimo y discriminatorio que el Estado Húngaro defienda la evaluación de la capacidad de voto, privando en términos absolutos el ejercicio del derecho a quienes sufran discapacidad intelectual, so pretexto de tener como finalidad la protección de la integridad del sistema electoral, pues solo se centra en una pequeña parte de los electores potencialmente incapaces, es decir, aquellos que han sido caracterizados como personas con discapacidad, lo que de ninguna manera resulta aceptable a la luz de lo normado por el artículo 29 de la Convención aplicable (De la intervención de terceros de la Facultad de Derecho de Harvard, en apoyo de los actores, autorizada por ellos y por el Comité)
Procedimiento tributario, ejecución fiscal, conflictos interadministrativos, reclamos pecuniarios entre entes estatales, aplicación de la ley
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional DGI. c/ Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario s/ incidente de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Lo dispuesto por el párrafo cuarto del art. 92 de la ley 11.683 - incorporado por el punto 5 del art. 11 de la ley 23.871 - que coloca los procedimientos de apremio al margen de la ley 19.983, sólo se refiere a las ejecuciones fiscales que tramiten de acuerdo con las disposiciones del capítulo XII del título I de la ley 11.683.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, efectos de la sentencia penal en sede civil, sentencia absolutoria, in dubio pro reo, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Alexay, Alejandra Virginia c/ Hospital Italiano y otros. s/ SENTENCIA ARBITRARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Es arbitrario el pronunciamiento que, al asignar a los términos de la sentencia penal absolutoria por aplicación del beneficio de la duda los alcances de cosa juzgada, coarta injustificadamente el ámbito de aplicación fáctica que le compete al juez de la causa, según lo dispuesto por los arts. 1102 y 1103 del Código Civil.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Comas, Juan Angel y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no evidencia que la circunstancia de ser denunciante y víctima (arts. 141 incs. 9 y 11 -n.a.- del C.P.P.) implique ser testigo inhábil siendo que la concurrencia de tal vicio depende, en el caso, de la aplicación del art. 142 -n.a.- que la defensa no invoca.
Honorarios del perito, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA ARGENTINA DE SEGS. SA s/ RECONOCIMIENTO PERICIAL BUQUE MONTE ROSA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-24

Habida cuenta del resultado de la peritación de la mercadería objeto de examen, que no sufrió daños ni existieron faltantes, cabe atenerse principalmente a la naturaleza, complejidad y extensión de la tareas desarrolladas por el experto. Ello sin perjuicio de que además el valor total del cargamento -relacionado directamente con la importancia del asunto- se utilice como pauta orientativa para disminuir o elevar razonablemente el monto de la retribución de los peritos.
Recurso de casación, recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Feifer, Abram s/ recurso de queja. Causa: 398
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

El recurrente debe determinar con precisión de que modo se vulnera la norma constitucional o su irrazonable aplicación al caso concreto.
Depreciación monetaria, intereses, actualización monetaria, moneda extranjera, desagio, buques
Materia: ECONOMIA-NAVEGACION
Carátula: La  Naviera  Línea  Argentina  de  Navegación  Marítima y FluvialS.C.A. s/ incidente de revisión por Estado Nacional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

Si las partes consintieron la procedencia de la cláusula de ajuste dólar promedio, la coherencia del sistema exige que se aplique el desagio previsto en el decreto 1096/95, pues de los dictámenes de la Contaduría General de la Nación -solicitados con motivo de los planes de amortización de préstamos otorgados con el Fondo Nacional de la Marina Mercante- resulta que en contratos con cláusula de ajuste dólar promedio correspondía aplicar el desagio y cuando se usaba el ajuste por dólar final las obligaciones no debían desagiarse por no existir rezago o asincronismo en los índices utilizados.
Excepciones procesales, excepción de espera, juicio de apremio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE VICTORIA c/ TALEB HERMANOS S.R.L. Y/U OTRO s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-28

La excepción de plazo concedido documentado contemplada en el artículo 119 del Código Fiscal, similar a la de espera prevista en el artículo 530 inciso 6 del Código Procesal Civil y Comercial, requiere que el pago sea posterior al crédito que se ejecuta y debe acompañarse la prueba documental que lo justifique en el momento de su oposición.
Locación, precio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PLANETARIO S.R.L. c/ BLAS ALBERTO GALVEZ RUIZ s/ PAGO POR ONSIGNACION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-30

No se infiere lesión al interés general al exigirse que para los últimos seis meses del término locativo pactado en veinticuatro meses, el precio del alquiler se elevara al doble de lo acordado para los dieciocho primeros meses.
Contrato de trabajo, certificado de trabajo, entrega del certificado de trabajo, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: LAROTONDA  SILVIA  LILIANA Y OTRO c/ SAN FRANCESCO S.R.L. Y OTROSS/ s/ ESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-09

Si bien -en principio- el trabajador debe respetar el plazo de treinta días establecido por el dec. 146/01, la finalidad del decreto es otorgar al empleador un plazo razonable a fin de dar cumplimiento con la obligación de hacer entrega de los certificados en cuestión, por lo que dicho plazo no es riguroso, sino que tiene un carácter referencial. De allí que resulta suficiente la intimación cursada cuatro días antes de cumplirse los treinta previstos por la norma.
Contratos administrativos, incumplimiento del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Crediserv S.A. y Amigal Ltda. c/ Provincia de Rio Negro- Ministerio de Familia s/ Contencioso administrativo s/apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-10-29

Le asiste derecho a la Administración provincial para suspender la certificación de deuda originada en una contratación para la provisión de alimentos, cuya legitimidad se encuentra controvertida administrativa y penalmente, en tanto se advierte que la demora en la entrega de la certificación no obedece a la mera voluntad o capricho de la administración, sino que lo hace en cumplimiento de la obligación de actuar dentro de la legalidad.
Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-27


"Buenos Aires, 18 de marzo de 2003.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por los Dres. Fernando Raúl Cano y Eduardo E. Guarda, contra el pronunciamiento dictado el 2 de septiembre pasado, por el cual no se hizo lugar al planteo de prescripción de la acción penal respecto de Emilio Quiroga (ver fojas 5/6).

Sostienen los incidentistas que la declaración indagatoria no puede tener carácter de secuela del juicio a la luz de la ley 23.984, ya que solo es un acto de defensa.

II- En torno a la cuestión debatida, esta Sala tiene dicho que las características de los actos procesales con entidad suficiente para interrumpir la prescripción de la acción penal es aquella tendiente a afianzar la imputación ya formulada, lo que no puede asignarle al acto que la contiene y si a la convocatoria a prestar declaración indagatoria (conforme de esta Sala causa nº 12.937, "Cetra, Luis María s/falta de acción, registro 13.844 del 19-12-96).

Reafirmando esta postura, el Tribunal habrá de citar lo sostenido por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal al decir que "...el llamado a prestar declaración indagatoria es el primer acto de impulso procesal con identidad interruptiva de la prescripción, pues sin él no podría proseguirse la causa contra persona determinada. Es aquí donde el Juez instructor encamina el juicio contra un sujeto concreto..." (ver causa nº 13.870, "Inc. de apelación de Paganini Pizarro, Miguel Angel s/prescripción", registro nº 14.879 del 18 de noviembre de 1997, causa nº 12.269, "Fernández, Carlos s/prescripción", registro nº 13.610 del 15-10-96; y sobre el alcance secuela del juicio ver causa nº 16.723, "Stupenengo", registro nº 18.323 del 27/12/00).

Sentado ello, cabe tenerse en cuenta que en autos se ha verificado, en relación a Quiroga, un acto de aquellos denominados secuela del juicio, es decir, su llamado a prestar declaración indagatoria dispuesto el 22 de septiembre de 1999 (ver fojas 332 del principal), por lo que no habiendo variado su situación respecto de anterior resolución de este Tribunal en igual pretensión (ver causa nº 18.130, "Quiroga, Emilio s/prescripción de la acción penal", registro 19.388 del 28 de diciembre de 2001), es que habrá de confirmarse la decisión adoptada por el instructor.

Es en virtud de ello que este Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución del Sr. Juez de grado obrante a fojas 5 del presente incidente en todo cuando decide y ha sido materia de recurso. Regístrese, hágase saber al Sr. Fiscal General y remítase a la anterior instancia, donde deberán practicarse las restantes notificaciones a que hubiere lugar".