Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13


Reg.: A y S t 281 p 158/160. Santa Fe, 13 de marzo del año 2018. VISTOS: Los autos "SECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE SANTA FE - (CUIJ N° 21-17598474-4) sobre CONFLICTO DE ATRIBUCIONES" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N° 21-17598474-4); y, CONSIDERANDO: 1. De las constancias de autos surge que se presenta ante esta Corte el Secretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, solicitando la intervención de este Tribunal en función de la competencia prevista en el artículo 93, inciso 6 de la Constitución de la Provincia, a fin de resolver un conflicto de atribuciones planteado entre el Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Ejecución Penal de Sentencia de Rosario y el Servicio Penitenciario de Santa Fe. Relata que el conflicto surge a partir del oficio de la señora Jueza de Primera Instancia de Distrito de Ejecución Penal de Sentencia de Rosario, doctora Luciana Prunotto, de fecha 20.10.2017, por el cual ordenó que todo traslado de personas privadas de libertad a disposición del Juzgado a su cargo a cualquier unidad que se encuentre fuera de la jurisdicción del mismo cuente con su previa autorización, considerando que implican cambio de jurisdicción y que se encuadrarían en la cláusula del artículo 7 IV de la ley 24660. Manifiesta el compareciente que discrepa con tal interpretación, por cuanto la ley 24660 faculta al director general del régimen correccional (entendiendo por tal a la administración penitenciaria) a ordenar el traslado de internos a otros establecimientos de "su jurisdicción" (art. 7 III), imponiendo la intervención judicial cuando el traslado sea a "otra jurisdicción" (art. 7 IV), alegando que el inciso III refiere a la "jurisdicción de la administración penitenciaria". Postula que, en consecuencia, la "jurisdicción" dentro de la cual puede ordenar traslados la administración penitenciaria es la provincial o federal de que se trate, sin importar en cuántos distritos judiciales ésta se subdivida y que los únicos que requieren autorización judicial previa serían los traslados a otra provincia o a la órbita federal, no siendo necesaria tal autorización ni siquiera entre el Servicio Penitenciario y la Policía dentro de la misma provincia. Explica que esta interpretación es la más lógica y acorde con los artículos 10, 4 y 72 de la ley 24660 y señala que este conflicto ya se había planteado de alguna manera con el oficio del 3.03.2012 del Juzgado de Ejecución Penal de Rosario, aunque el ahora cuestionado fue emitido luego de que la ley 27375 aclarase expresamente la cuestión de la potestad para ordenar traslados. Sostiene que el control judicial previsto en los artículos 3 y 4 de la ley debe estar siempre presente y que el Juez puede intervenir si se considere vulnerado alguno de los derechos del condenado en función de la decisión de la autoridad ejecutiva. Concluye que los Jueces no pueden arrogarse de manera general facultades que legalmente corresponden al Poder Ejecutivo, dado que se violaría la división de poderes y se convertiría al control judicial en una "co-administración" que obturaría la toma de decisiones con una perspectiva integradora del sistema a nivel provincial y diluyendo las responsabilidades funcionales por gestión institucional. Acompaña copia de ambos oficios de la Jueza de Ejecución Penal de Rosario. 2. Conforme el relato efectuado, se advierte que en los presentes llega a conocimiento de esta Corte un conflicto entre un Órgano dependiente del Poder Ejecutivo y una Jueza de este Poder Judicial, en función de lo previsto en el artículo 93, inciso 6 de la Constitución de la Provincia. La controversia gira en torno a si los traslados de personas privadas de libertad que se encuentran a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Ejecución Penal de Sentencia de Rosario a otros lugares de privación de libertad ubicados fuera de la jurisdicción de tal Tribunal -es decir, que implican un cambio de Órgano Jurisdiccional a cuya disposición se encuentra el interno- deben contar con previa autorización judicial, o bien, si pueden ser decididos directamente por la autoridad penitenciaria, quedando la eventual intervención judicial limitada al control posterior ante la invocación de vulneración de algún derecho del condenado. Ante tal situación, debe concluirse que si bien la administración penitenciaria se encuentra habilitada a disponer el traslado de internos dentro de la jurisdicción provincial (en función de lo previsto en el artículo 7III de la ley 24660), se encuentra obligada (conforme lo establece el artículo 72 de tal cuerpo normativo) a comunicar cualquier traslado de modo inmediato al Juez de Ejecución a cuya disposición se encontraba el interno, junto con una exposición de las razones que lo fundamenten. En tal momento, tal Juez deberá ejercer el control de la decisión, evaluando fundamentalmente si ésta no implica en algún sentido alguna vulneración en los derechos del interno, en cuyo caso la decisión judicial deberá ser inmediatamente acatada por la autoridad ejecutiva revirtiendo la misma. Todo ello en una interpretación armónica de las distintas normativas aplicables a la cuestión y teniendo en miras compatibilizar la necesidad de que la autoridad penitenciaria pueda decidir con una perspectiva integradora a nivel provincial con el adecuado resguardo de los derechos de las personas privadas de su libertad. Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Así disponerlo. Regístrese, hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)