Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-15


Causa: Nº 19.948-01/CC/2006. Recurso de Queja en autos VISAT S.R.L. s/exceder la capacidad máxima permitida para el local".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de febrero de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa.

Y VISTOS:

1. Que a través del recurso de queja interpuesto a fs. 16/20 del presente incidente, la apoderada de Visat S.R.L. -Marisa Alejandra Gómez-, pretende se revoque la resolución de fecha 6 de diciembre de 2006, por la que el titular del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 23, denegó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2006, cuya copia obra a fs. 7/10 vta. de este incidente.

Que en la sentencia mencionada, el Norberto Luis Circo resolvió condenar a la firma VISAT SRL, a la pena de MULTA de veinticinco mil pesos ($25.000) por ser autora responsable de la infracción prevista por el art. 2.1.3 de la Ley 451 modificado por art. 4 de la Ley 1921 en función de lo normado por el art. 3 inciso 1º del DNU 1/GCABA/05.

Y CONSIDERANDO:

2. Que examinado el mérito de la queja instaurada, si bien ha sido interpuesta por quien está legitimado y dentro del plazo establecido por el art. 58 de la ley 1217, surge palmaria su insuficiencia pues no demostró la sinrazón de la denegación del recurso principal y careció de la idoneidad formal a los efectos de habilitar la vía de excepción a la que se pretende acceder. Adelantamos que dicho remedio procesal debe ser rechazado in limine por no ser autosuficiente.

3. Conforme refiriéramos, la quejosa no rebatió el argumento denegatorio del recurso ordinario interpuesto, omitiendo efectuar una crítica razonada de los motivos que llevaron al Sr. Juez a quo a vedarle la apertura de esta instancia.

En efecto, el contenido del remedio intentado debe ser autosuficiente, su sola lectura debe bastar para que el tribunal competente se expida sin más trámite y este extremo no se cumple en el caso sub examine.

La defensa nada dijo respecto de la resolución que rechaza el recurso de apelación interpuesto cuya copia obra a fs. 2/3 vta. del presente.

Tal como sostuviéramos in re "Causa 091-01/CC/2006, Recurso de Queja en autos TORRES, Héctor del Valle s/falta de certificado ignífugo y otras", el escrito por el que se deduce el recurso de queja debe contener una crítica concreta del auto denegatorio. "...La fundamentación en cambio, consiste en la demostración por el recurrente de la ilegalidad de la declaración de improcedencia del recurso interpuesto, poniendo de manifiesto las razones de su pretensión, es decir, debe sustentarse con indicación precisa del error que se atribuye a la denegatoria. Para satisfacer el requisito de la fundamentación se deben rebatir todos y cada uno de los argumentos denegatorios que operan con autonomía en la decisión del a quo sobre el recurso denegado. La crítica debe ser razonada y concreta (específica), tendiente a desvirtuar la inadmisibilidad declarada por el inferior. Como se puede observar, entonces, la fundamentación del recurso de queja consiste en la argumentación a favor de la concesión del recurso denegado, y no en la argumentación a favor de la cuestión de fondo del recurso denegado..." (Gabriela E. Córdoba, Recurso de queja en el Código Procesal Penal de la Nación en "Los recursos en el procedimiento penal", Julio B. J. Maier, Alberto Bovino, Fernando Díaz Cantón, Editores del Puerto, segunda edición, pág. 64).

En igual sentido, el Tribunal Superior de Justicia ha dicho: "...Es requisito necesario de la queja que ella contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad..." (TSJ in re "Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa N° 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. n° 865, rta. 09/04/01).

Por los fundamentos expuestos es que no habrá de prosperar el remedio intentado.

4. No obstante lo expuesto, no es ocioso mencionar que, al realizar el examen de admisibilidad del recurso de apelación, el tribunal a quo debe limitarse a determinar su procedencia o improcedencia desde un punto de vista puramente formal, siendo que "...No se puede denegar el recurso, o concederlo, discutiendo o aduciendo su razón o justicia, o en virtud de argumentos tendientes a demostrar la validez formal o la corrección sustancial de la sentencia, o en consideraciones relativas a la viabilidad de los motivos indicados...La limitación deriva de la naturaleza de este examen, que tiene un carácter necesariamente previo y formal. Respecto del tribunal a quo se debe señalar, además, que con la sentencia se agota la potestad cognoscitiva de la cámara de juicio, y le está vedado un examen del fondo del asunto que constituye su objeto. La actividad del tribunal en el procedimiento de admisión no puede exceder la mera comprobación sobre si las condiciones formales para la procedencia del recurso se verifican o no en el caso concreto, y no debe inmiscuirse en la valoración de la exactitud del motivo aducido." (Confr. Fernando De la Rúa, "La casación penal", ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, págs. 176/177).

Trasladando estos conceptos a la causa sub examine, se advierte que el Sr. juez de grado al efectuar el control de admisibilidad del recurso de apelación ha realizado una defensa de su propia sentencia excediéndose en su función, la cual debe limitarse a la verificación de la existencia o no, de las condiciones formales que hacen a la procedencia del recurso.

5. Sin perjuicio de ello la defensa en primer término sostiene que la sentencia es arbitraria, pues resiente la motivación lógica del fallo y se desentiende del principio rector de defensa en juicio (art. 18 C.N.), por lo que se erige con un fundamento sólo aparente.

En este sentido las objeciones del impugnante pueden calificarse como meras discrepancias con lo resuelto, ya que no logran señalar la posible existencia de un defecto de la magnitud de los requeridos por el art. 56, Ley 1217 como para que el recurso originario resulte procedente.

Ello es así toda vez que las cuestiones de hecho y prueba que se ponen en crisis -el modo de conteo de las personas que se encontraban en el lugar- escapan a esta instancia revisora, sin perjuicio de señalar que esta circunstancia no fue rebatida en la oportunidad procesal correspondiente. De allí entonces, no acreditándose ninguna fisura en el fallo atacado este agravio debe ser rechazado.

6. En segundo término, se agravia el recurrente en razón de que el magistrado de grado desechó el testimonio de Julieta Lorena Vaca, incurriendo de este modo en una inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa.

Al respecto la Gómez no sustentó fundadamente en qué hubiese cambiado la conclusión del sentenciante con los dichos de Julieta Vaca, que, por otra parte, no resulta ser una testigo dirimente; limitándose a brindar una argumentación dogmática sin sustento en la causa.

Asimismo el art. 2.1.3 de la ley 451 es claro en su redacción y establece: "El/ la titular o responsable de un local bailable...que permita el ingreso de una cantidad de personas superior a la tolerada por la capacidad del lugar...es sancionado/a con multa de diez mil pesos a ...".

Si bien Vaca al ser interrogada por el Sr. Fiscal manifestó ser la máxima autoridad y responsable del local cuando está funcionando y ser la encargada de atender a los inspectores y de controlar que no se exceda la capacidad máxima permitida (Confr. fs. 12vta.), y de acuerdo a la norma transcripta ut - supra podría caberle algún tipo de responsabilidad en la presente, se le debió haber recibido declaración relevándola del juramento de decir verdad.

No obstante ello, carece de sentido dictar una nulidad por la nulidad misma, de acuerdo a los argumentos expuestos, ya que, tal como manifestáramos, no se vislumbra en qué hubiera cambiado el resolutorio en crisis con la valoración de los dichos de la testigo citada.

7. En lo que respecta al tercer agravio planteado, el cual consiste en la aplicación errónea del derecho sustantivo, de la lectura de los fundamentos esgrimidos por la imputada -en los que reedita el planteo que realiza en su primer agravio-, surge palmariamente que se trata de meras discrepancias respecto de cuestiones de hecho y prueba debatidas y resueltas en la presente causa, tal como mencionáramos en el considerando 5, al que nos remitimos en consideración a la brevedad.

8. En relación al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la Gómez y que fuera desestimado por el judicante, cabe señalar que dicho rechazo no fue recurrido.

No obstante lo expuesto e independientemente del nomen iuris del remedio procesal intentado, lo concreto es que el recurrente se agravia del excesivo monto de la pena. Este agravio tampoco puede prosperar, pues el Sr. juez de grado ha justificado acabadamente la pena impuesta, circunstancia que elimina todo planteo de arbitrariedad.

9. Por las razones expuestas, en mérito al acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de queja por apelación denegada, obrante a fojas 16/20 del presente incidente (art. 58 de la ley 1217).

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase a primera instancia a sus efectos.

Ante mí:

La MARTA PAZ dijo:

Y VISTOS:

1. Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de queja interpuesto por la Marisa Alejandra Gómez, en su carácter de letrada apoderada de VISAT S.R.L. (fs. 16/20) contra la resolución que le denegara el recurso de apelación (fs. 2/3vta.) que interpusiera oportunamente contra la sentencia dictada el 24.11.06 en que se condenara a su representada a la pena de multa de veinticinco mil pesos por considerarla autora responsable de la infracción prevista por el art. 2.1.3 de la ley 451, modificado por el art. 4 de la ley 1921 en función de lo normado por el art. 3 inc. 1 del DNU 1/GCABA/05 (acta de infracción Serie 2 nº 0966437).

2. El recurso de queja ha sido interpuesto por quien se encontraba legalmente habilitado para hacerlo, en tiempo oportuno.

En efecto, fue presentado el 19.12.06 en las dos primeras horas, habiendo sido notificada de la denegatoria el 13.12.06 (fs. 1) por lo que conforme lo dispuesto por el art. 57 de la ley 1217 es temporáneo.

3. En relación a la forma, en cambio, resulta evidente que no reúne los recaudos de autonomía y autosuficiencia que reclama la ley.

Obsérvese que en lugar de criticar en forma concreta y razonada la resolución que ataca -que es la que denegó el recurso- directamente centra sus agravios en la sentencia como si se tratase de un recurso de apelación contra la misma.

4. La alegación del Ministerio Público Fiscal en esta instancia (fs. 25/26) en el sentido que el a quo habría excedido sus facultades al formular el juicio de admisibilidad del recurso no ha sido motivo de agravio de la quejosa que, no cuestiona -directamente- la resolución denegatoria de su recurso, por lo que no corresponde su tratamiento por el Tribunal.

5. La tacha constitucional al art. 2.1.3 de la ley 451 efectuada por la recurrente al interponer su recurso de apelación contra la sentencia condenatoria tampoco reúne los recaudos formales del mismo, siendo además su planteo inoportuno.

6. La insuficiencia del remedio intentado torna innecesarias otras consideraciones ya que no están configuradas ni la arbitrariedad ni la errónea aplicación de la ley sustantiva que se invocan, constituyendo meras discrepancias con el criterio del juzgador.

En efecto, la quejosa se agravia: 1) por la arbitrariedad de la sentencia que funda en la forma en que se realizó el conteo de los presentes; 2) porque se abortó el testimonio de la Sra. Vaca, encargada de que "no se exceda la capacidad máxima permitida" y; 3) en lo que a su juicio comporta una errónea aplicación de la ley sustantiva que funda en la irrelevancia de las personas que ingresan que sostiene, a su juicio, la sentencia de condena. A ello agrega el planteo de inconstitucionalidad del art. 2.1.3. de la ley 451.

Si bien, como antes he señalado, el recurso de queja critica defectuosamente la sentencia y no la denegatoria del recurso, lo que lo torna inadmisible, los agravios invocados no habilitarían tampoco el tratamiento en esta instancia, desde que no se advierte arbitrariedad en que para llevar a cabo el conteo de personas presentes se procediera a contar los egresos una vez cerrado el ingreso.

El argumento de la defensa en el sentido que el cierre de boleterías no impide que ingresen personas gratis, no justifica un excedente de aproximadamente quinientas personas por sobre el máximo permitido. Ante la realización del conteo la quejosa habría permitido un hecho que la podría perjudicar, lo que constituye en el mejor de los casos una alegación de propia torpeza.

En relación al testimonio de la Sra. Vaca, que la apoderada señala que "contradecía palabra por palabra las mendacidades vertidas por Castromán" (fs. 18) no surge en la causa una sola expresión de tal tenor. Se advierte que al señalarla como responsable de la infracción el a quo la relevó de la declaración bajo juramento para preservar su derecho a no autoincriminarse.

En cuando a la supuesta errónea aplicación de la ley sustantiva, la sentencia señala que se tomó en cuenta la capacidad en un momento dado, (como señaló expresamente el juez a quo), por lo que la interpretación de la norma no entrañó lesión alguna a la imputada.

La inconstitucionalidad de la norma no sólo se planteó tardíamente, sino que la imputada en subsidio había señalado durante el juicio que en caso de condena se la impusiera el mínimo de la multa. Constituye un cuestionamiento dogmático sobre la desproporción y enormidad de los montos fijados como mínimo y máximo para la multa, sin concretarlo en relación a los hechos de la causa.

7. La sentencia impugnada se encuentra fundada conforme a derecho y los agravios del recurrente sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta; decisión que cuenta con la debida motivación lo que impide la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido.

Conteste con lo anterior la doctrina sostiene que "es inatendible el recurso que no traspasa los límites de la exhibición de una subjetividad, sin convencer de la arbitrariedad o el absurdo de la labor axiológica desarrollada por los jueces de grado al apreciar la prueba. Es que no basta oponer al criterio del tribunal sentenciante la propia apreciación personal sobre el mérito de los elementos de juicio allegados al proceso, máxime si el juzgador puede preferir uno sobre otros descartando aquellos que no son conducentes pues hace a sus facultades privativas de apreciación". (Augusto Mario Morello, Prueba, incongruencia, defensa en juicio, Abeledo Perrot, Ed. 1977, pág. 131).

La Corte Suprema de la Nación ha establecido que: "la doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el pronunciamiento de los jueces como la sentencia fundada en ley a la que hace referencia el artículo 18 de la Constitución Nacional" (Fallos 312:246; 389, 608, 1839, entre otros).

Este Tribunal ha sostenido en la causa Nº 9928-00/cc/2006 "RITMO BAILANTERO S.R.L. s/ agresiones físicas y concurrentes en el interior y adyacencias del local y otra - Apelación" que: "por otra parte, se considera arbitraria la sentencia si el magistrado la sostiene sólo en un razonamiento y opinión personales. Para tacharla así debería carecer de todo sustento legal y estar fundada sólo en la voluntad del magistrado, pues la doctrina de la arbitrariedad atiende a las omisiones y desaciertos de extrema gravedad, cometidos en la sentencia, que tienden a su descalificación como acto jurisdiccional válido, lo que no ocurre en este caso".

8. Por todo lo expuesto, corresponde RECHAZAR el recurso de queja interpuesto. Con costas.

Ante mí:

Endede 2007 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2007 se libraron 2 (dos) cédulas. Conste.