Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-07


2º Instancia. - Rafaela, marzo 7 de 2003.

1º ¿Es nula la sentencia apelada? 2º En caso contrario ¿es ella justa? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? 1º cuestión. - La doctora Carbone dijo:

El recurso de nulidad interpuesto por la parte actora no ha sido sostenido en esta instancia alzada; tampoco se advierten en la sentencia o en el trámite que le precedió, vicios procesales sustanciales que autoricen una declaración oficiosa de invalidez.

Voto por la negativa.

El doctor Berger dijo:

Que por idénticos fundamentos votó asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

El doctor Macagno dijo:

Que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

2º cuestión. - La doctora Carbone dijo:

La sentencia acogió la excepción de inhabilidad de título y rechazó la demanda de apremio promovida por la Comuna de Suardi, contra la demandada, tendiente al cobro de la suma de $20.599,50 e intereses, en concepto de Tasa de Servicios Públicos urbanos de esa Comuna. Para llegar a esa decisión, el a quo consideró que el concesionario demandado Nuevo Central Argentino no es propietario de los terrenos que integran la concesión, detentando sólo la tenencia de la infraestructura para la explotación de la red ferroviaria ex Línea General Mitre, todo lo cual es propiedad del Estado nacional Argentino, y que ello, a la luz de lo dispuesto por los arts. 70 y 75 de la ley provincial 8173 (Código Tributario Municipal) impide la admisión de la demanda, por cuanto esas normas disponen que sólo son contribuyentes de la tasa los propietarios o poseedores a título de dueño y el Estado nacional se encuentra exento del gravamen municipal.

Contra el decisorio apela la parte actora quien al expresar agravios, sostiene que la sentencia se equivoca cuando concluye que por no resultar el concesionario demandado propietario del inmueble sobre el cual recae el gravamen que pretende cobrar la Comuna de Suardi, no resulta deudor de tasa municipal; que en el derecho administrativo los efectos de los contratos se extienden a terceros, siendo ejemplo de ello, justamente la concesión de los servicios y obra públicos; que en el caso de autos, surge expresamente del acta de toma de posesión por parte del concesionario, que éste toma posesión del sistema en aptitud de cumplir todas y cada una de las obligaciones a su cargo emergentes de la explotación del servicio ferroviario de cargas objeto de la concesión..., lo cual constituye una cláusula operativa de parte del concesionario que le genera derechos y obligaciones frente a terceros; que el demandado Nuevo Central Argentino desde la toma de posesión del ramal ferroviario concedido, goza de los servicios efectivamente prestados, de barrido, alumbrado, desmalezamiento, recolección de residuos y limpieza de los terrenos que en gran dimensión atraviesan todo el distrito de Suardi; que siendo el concesionario quien explota el ramal y quien se beneficia con el servicio de tasa, mal se puede interpretar que sea el titular dominial quien deba asumir dicha obligación; que la CSJN ha reconocido que la vinculación existente entre los prestadores estatales de servicios públicos con las provincias y municipios en que tales servicios se brinden resulta novada por la aparición de los concesionarios o licenciatarios privados de esos mismos servicios públicos por la transferencia con carácter de sucesión singular que de esas prestaciones efectuara el Estado nacional; que y en relación a las tasas municipales el Máximo Tribunal sostuvo el pleno derecho de los Municipios a reclamar su percepción; que se equivoca el a quo cuando omite en su decisorio abordar el concepto y naturaleza jurídica de la tasa para diferenciarla del impuesto, y que de no haber incurrido en esa omisión el a quo hubiera advertido la diferencia entre ambos tributos; que la comuna de Suardi ha dictado la ord. gral. tributaria 01/2001 que contempla la tasa por servicios, cuyo cobro se reclama en autos; que el demandado Nuevo Central Argentino es quien se ha beneficiado con todos esos servicios por lo que surge diáfana su obligación de responder por el pago de la tasa correspondiente; que se ha equivocado el a quo al sostener que a la luz de los arts. 70 y 75 del Cód. Tributario Municipal, sólo son contribuyentes de la tasa "los propietarios o poseedores a título de dueño" y que "el Estado nacional se encuentra exento del gravamen municipal"; que tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido que la aplicación estricta de dicha normativa no puede dejar de lado a la incorporación de las nuevas figuras de contratación que no se daban al momento de ser sancionada la normativa como son los contratos de concesión; que el concesionario demandado no está exento del pago de la tasa a la luz de lo prescripto por el art. 75 del Cód. Tributario provincial desde que persigue fines comerciales y detenta la explotación de un servicio público como lo es el Transporte Ferroviario; que así lo ha informado en autos la Subsecretaría de Comunas y Municipios de la provincia de Santa Fe; que el concedente (Ferrocarriles Argentinos) se ha desprendido en forma "integral" de las obligaciones detentando sólo el control sobre el cumplimiento del contrato. Reclama la revocación del fallo y la admisión de la demanda promovida.

Los agravios fueron contestados por la parte demandada, quien refutándolos con amplia fundamentación, solicita su rechazo y la confirmación de la sentencia en todas sus partes.

Establecido lo antecedente y después de examinar los agravios del apelante, fundamentos y conclusión del fallo impugnado, normas de aplicación y constancias de autos, arribo a un resultado negativo para su pretensión recursiva.

Como punto de partida del examen de la cuestión debatida en autos, considero necesario destacar en primer término, que no obstante la demanda haber sido promovida contra "la Empresa Nuevo Central Argentino y/o contra quien o quienes resulten titulares dominiales del inmueble cuya identificación obra en la liquidación de deuda..." (demanda, II, fs. 9), la ejecutante, no continuó el juicio, al no citarlo de remate ni cumplir con las demás etapas del juicio, al titular dominial que resulta ser el Estado nacional según los términos del Contrato de Concesión obrante a fs. 53 y siguientes.

Quiere decir entonces que la relación procesal quedó trabada entre la Comuna de Suardi y la Empresa Nuevo Central Argentino, tendiente al cobro del importe correspondiente a la Tasa de Servicios Públicos urbanos de esa Comuna, ésta por su carácter de "concesionaria del ramal" ferroviario y por ende de los terrenos que estuvieren lindantes con ese ramal, y cuya ubicación y datos catastrales se describen en la liquidación..." (demanda, fs. 9 vta., punto III).

Siendo ello así, la demanda no puede prosperar a mérito de las siguientes razones:

El Código Fiscal Municipal, ley provincial 8173, en el Título II, Cap. I, La Tasa General de Inmuebles, al determinar quienes son los sujetos pasivos del referido gravamen, dispone que "son contribuyentes de esta tasa, los propietarios de bienes inmuebles o poseedores a título de dueño. En caso de modificaciones en la titularidad de dominio, serán solidariamente responsables por los gravámenes adeudados hasta la fecha de la modificación, los sucesivos titulares y transmitentes" (art. 70).

El demandado, no es propietario ni poseedor a título de dueño; tampoco se ha acreditado en autos que hubiesen ocurrido modificaciones en la titularidad del dominio, por lo tanto el concesionario, no resulta sujeto pasivo de la tasa cuya liquidación se pretende ejecutar en autos.

No obstan a tal conclusión, los términos del Acta de Toma de Posesión (fs. 95 y sigtes.) que integra el contrato de concesión, cuando expresa que "el concesionario declara que toma posesión del sistema en aptitud de cumplir todas y cada una de las obligaciones a su cargo emergentes de la explotación del servicio ferroviario de cargas objeto de la concesión...", porque lo que la ley fiscal exige es el carácter de propietario o poseedor a título de dueño, y lo que se ha pactado en el contrato de concesión es la entrega de la posesión del sector de la Red Ferroviaria nacional..." (fs. 96), "adquiriendo el concesionario la tenencia de la infraestructura, material rodante, materiales, equipos, muebles y útiles entregados por el ME y OSP, los que seguirán siendo de propiedad de Ferrocarriles Argentinos" (art. 15, "Régimen jurídico de contratación", fs. 97); resultando que el plazo de la concesión es de treinta años (art. 3º, contrato de concesión, fs. 105) con opción de prórroga, vencido el cual el concesionario debe proceder a la devolución de los bienes objeto de la concesión.

Consta en autos, además, el informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, del que surge que: Nuevo Central Argentino S.A. es concesionaria del Estado nacional para la explotación de la ex Línea Mitre (dec. 994/92) desde el 22/12/92 (fecha en que se suscribió el Acta de Toma de Posesión), la contratación se efectivizó mediante el régimen de concesión, adquiriendo el Concesionario sólo la tenencia de la infraestructura, material rodante, materiales, equipos, muebles y útiles entregados por el Concedente (ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, los que seguirán siendo de Ferrocarriles Argentinos) (fs. 126).

Según Cassese ("Las bases del Derecho Administrativo", p. 189, en Revista de Derecho de Daños, "Responsabilidad del Estado", Nº 9, noviembre de 2000), la concesión de los servicios públicos se da cuando la administración los confía a un particular. Para ello la administración transfiere en virtud de las bases en que contratará la concesión, los alcances de la misma. En fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha precisado la idea señalándose que concesión es el acto por el cual el Estado hace delegación a una empresa particular para la debida realización del servicio público, que el Estado debe o puede prestar directamente dentro de los límites prefijados, determinándose las condiciones de tiempo, forma y elementos de la construcción y explotación, privilegios y exenciones otorgadas a la empresa, derechos o ventajas reservados para el Estado, etc. (CSJN, Fallos: 204:626; 178:243; 183:116).

Por su parte Juan Carlos Cassagne ("Derecho Administrativo", t. II, p. 372), expresa que el modo más típico de gestión para la prestación de los servicios públicos continúa siendo la figura de la concesión, de naturaleza contractual, por la que se otorga a una empresa privada, el derecho de explotar (comercializar y distribuir) un determinado servicio público con o sin exclusividad.

Resulta claro que si debemos atenernos a los términos del contrato (por ser la figura de la concesión de naturaleza contractual), para determinar los alcances del mismo, de esos términos no surge nada más que la entrega de la tenencia del sistema ferroviario para su debida explotación y prestación como servicio y su correlativa devolución a la expiración del plazo acordado como finalización de la concesión y por ende el sujeto pasivo del gravamen dispuesto en la ley pcial. 8173 no es el concesionario, por no revertir la condición de propietario o poseedor a título de dueño (art. 70).

Tampoco hubiese podido el contrato establecer un contribuyente distinto al determinado por ley, ello por el principio de legalidad fiscal, derivado del consagrado en nuestra Constitución Nacional en el art. 19, en cuanto expresa que "nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe". El principio de legalidad fiscal es de plena aplicación al poder tributario de las provincias y municipios y descansa en la exigencia propia de la concepción democrática del Estado de que sean los representantes del pueblo quienes tengan directa intervención en el dictado de los actos del poder público tendientes a obtener de los patrimonios de los particulares, los recursos para el cumplimiento de los fines del Estado. Consecuentemente, sólo la ley puede definir el hecho imponible, indicar el contribuyente y, en su caso, el responsable del pago del tributo (Spisso, Rodolfo, "Derecho Constitucional Tributario", ps. 187/195). Más precisamente sobre las tasas, se ha expresado que "el mismo carácter de tributo de la tasa torna esencial... que únicamente pueda ser creada por ley (Villegas, Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", p. 90), la que también debe determinar el obligado al pago, pues sólo será sujeto pasivo si el mandato de la norma tributaria lo obliga a pagar el tributo (el destinatario legal tributario se denominará en tal caso "contribuyente").

En el caso de autos, la norma fiscal no ha establecido sujeto pasivo sustituto ni solidario, por lo que, el demandado no resulta sujeto pasivo de ninguna forma, del gravamen que se pretende ejecutar.

No obsta a tal conclusión, lo dictaminado por la Subsecretaría de Comunas y Municipios de la provincia de Santa Fe (fs. 77) en el sentido de que "si la Comuna no ha exceptuado del pago de la tasa a la empresa en particular, corresponde se proceda con la liquidación y exigir su pago", puesto que tal aseveración contradice lo dispuesto por el art. 70 del Cód. Fiscal Municipal, de la provincia de Santa Fe, a la luz del método de interpretación que exige el art. 6º del mismo ordenamiento legal, al expresar que "Para la interpretación de este Código y de las demás Ordenanzas Fiscales Complementarias, que no se refieran a exenciones, son admisibles todos los métodos, pero en ningún caso se establecerán tasas, derechos o contribuciones, ni se considerará a ninguna persona como contribuyente del pago de una obligación fiscal, sino en virtud de este Código, u otra Ordenanza Fiscal Complementaria. En materia de exención, la interpretación será restrictiva".

Por las razones explicitadas, propicio: 1º. Rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte actora, y en consecuencia, confirmar la sentencia de fecha 13 de marzo de 2002 (fs. 135/140) en cuanto ha sido materia de recurso. 2º. Imponer las costas de la alzada a la parte recurrente vencida (art. 251, C.P.C.).

Voto por la afirmativa.

El doctor Berger dijo:

Que, haciendo suyos los conceptos y conclusiones a que arribara la jueza de Cámara preopinante, votaba en el mismo sentido.

El doctor Macagno dijo:

Que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

3º cuestión. - La doctora Carbone dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde: 1º. Rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte actora, y en consecuencia, confirmar la sentencia de fecha 13 de marzo de 2002 (fs. 135/140) en cuanto ha sido materia de recurso. 2º. Imponer las costas de la alzada a la parte recurrente vencida (art. 251, C.P.C.).

Fijar los honorarios de la alzada en el 50% de los que en definitiva se regulan en la baja instancia.

El doctor Berger dijo:

Que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la doctora Carbone, y en ese sentido emitió su voto.

El doctor Macagno dijo:

Que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Por las consideraciones del acuerdo que antecede la Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral, con la abstención del doctor M. (art. 26, ley 10.160), resuelve: 1º. Rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte actora, y en consecuencia, confirmar la sentencia de fecha 13 de marzo de 2002 (fs. 135/140) en cuanto ha sido materia de recurso. 2º. Imponer las costas de la alzada a la parte recurrente vencida (art. 251, C.P.C.).

Fijar los honorarios de la alzada en el 50% de los que en definitiva se regulan en la baja instancia. - María L. Carbone. - Camilo S. Berger. - Lorenzo J. M. Macagno.