marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Sarmiento, Martín Horacio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-29

Es inadmisible el RE interpuesto contra la denegatoria del recurso de casación contra la condena de un piloto de la patrulla aérea policial de la Provincia de Córdoba por tráfico de influencias, pues la sustancia del planteo no implica el debate de una cuestión federal y los planteos formulados por la recurrente consisten en una reedición de agravios que han tenido adecuada respuesta en esta instancia y en meros juicios discrepantes con el criterio adoptado, tanto más cuando se vinculan, en lo sustancial, con discrepancias acerca de hechos, pruebas y derecho común, cuestiones que ajenas por su naturaleza a la instancia extraordinaria, sin que tampoco se haya demostrado la existencia de arbitrariedad en lo resuelto. (Dres. Figueroa, Hornos, Borinsky).
Excarcelación, revocación de sentencia, prisión preventiva, hurto simple, caución real, prohibición de salida del país, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: B. T., F. S. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

En la causa N° 82.232/2019, "B. T., F. S. s/excarcelación" del 27/11/19, la mayoría integrada por Ricardo Pinto y Hernán López, revocó la resolución que había denegado la excarcelación de quien fuera procesada con prisión preventiva por hurto simple y la concedió bajo caución real de 5000 pesos con más la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte. Hicieron mérito, entre otros aspectos, de que la nueva normativa, en los artículos 221 y 222, regula en forma precisa y concreta los supuestos de peligro de fuga o de entorpecimiento, y en el artículo 210 se prescribe en detalle las medidas de coerción personal posibles. Consideraron a favor de la imputada que el delito endilgado posee un bajo grado de injusto (hurto simple), no reviste aristas graves y no registra rebeldías, sin embargo valoraron en su contra la condena que registra y que proporcionó falsa información sobre su identidad. Destacaron que la medida de coerción no debía ser confirmada, "(...)por cuanto no surge como indispensable en tanto de las medidas subsidiarias a la coerción personal que restringe la libertad en prisión efectiva lucen otras sustitutas en las previsiones de los arts. 310, 320, 321 y 324 del CPPN como el art. 210 del CPF conforme ley 27.063 de forma tal de neutralizar el riesgo de fuga que aparece a partir de la forma efectiva de cumplimiento de la sanción y la mendacidad de la imputada en relación a sus datos personales en procesos previos y dado que no tiene arraigo constatado en forma fehaciente. De esta manera luce pertinente establecer una caución real de cinco mil pesos ($ 5.000) junto con la obligación de presentarse ante la autoridad, la prohibición de salir el país, y la retención de su pasaporte en tanto se presentan como idóneas a fin de garantizar la aplicación de la ley. (...)". En disidencia, Pociello Argerich, también a la luz de la nueva normativa procesal, votó por confirmar la resolución pues entendió existía un riesgo procesal de fuga.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, Constitución Nacional, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Carabajal de Paz, Hilda Nelly c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-28

La acción de amparo es un proceso de índole excepcional reservado para aquellas situaciones extremas en las que la carencia de otras vías legales aptas para zanjarlas pudiera afectar derechos constitucionales, y su viabilidad requiere, por consiguiente, circunstancias muy particulares caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas y la demostración, por añadidura, de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo; razones del mismo orden conducen a descartar su utilización no sólo para obviar los trámites legales aptos sino también para urgirlos.
Accidentes de trabajo, indemnización, naturaleza alimentaria, ley de consolidación de la deuda pública, Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: Incidente de ejecución de sentencia en autos caratulados: Moraga, Jaime B. Provincia de Río Negro. s/ Contencioso Administrativo s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-02-10

Resulta inaplicable la ley 2545 en lo que respecta a las obligaciones indemnizatorias originadas en accidentes de trabajo. Ello atento a que, por su carácter alimentario, la operatividad de aquella normativa supondría un alzamiento contra derechos y garantías tutelados por la Carta Magna provincial. También en función de la injustificada e irrazonable desigualdad entre los acreedores que instaura la ley consolidatoria local al excluir de su régimen a ciertas obligaciones (las estructuradas en el marco del decreto 804/92) y, paralelamente, someter a su severidad a otros que, por su mejor naturaleza, gozan de mayor y más rigurosa protección constitucional. (En disidencia: Dr.

Balladini).
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral, porcentaje de incapacidad, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Piedrabuena, Aníbal Ariel c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ accidente - ley especial c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

El texto del decreto reglamentario 49/2014 ha procurado impedir que se transforme en total una incapacidad parcial mediante la suma de los factores de ponderación cuya determinación permite cierto margen de discrecionalidad por parte de los peritos, pues de no ser así una minoración superior al 66% podría dar lugar a un reclamo de retiro por invalidez.
Prueba documental, redargución de falsedad
Materia: CIVIL
Carátula: Breviere Pablo Nicolás y Otro c/ Aseguradora de Personas Galicia S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-06-09

La redargución tiene por objeto destruir la eficacia de un documento, agregado al proceso principal como elemento probatorio.

Se ha dicho que, mientras no existe una sentencia que declare falsa la escritura, no puede plantearse la nulidad de la misma. Por ello, cuando recién esté resuelta la redargución de falsedad, podrá considerarse la nulidad.
Presunciones, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: De Pedro, Teodoro c/ Wells Argentina S.A.C.I.F. s/ Despido y enfermedad Andrada, María Antonia c/ Bolettieri, Antonia s/ Despido y salarios Bianchi, Hilario Oscar c/ Angelo, Mario César s/ Cobro de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31|1996-07-02|1993-10-26

Conforme al art.163 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial las presunciones constituirán prueba cuando se den las circunstancias que prevé la norma y así lo considere el juzgador de mérito porque han sido capaces de formar su convicción según la regla de apreciación "en conciencia" (art.44 inc. "e", dec.ley 7718/71).
Concursos, honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rua Hnos. s/ Quiebra-concurso especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-04

El concurso especial, que significa la promoción de una ejecución, no origina costas a cargo de la masa, sino solo en la medida de un incidente de verificación, siendo de aplicación las pautas propias de dicho incidente a los efectos de la regulación de honorarios, computándose el monto regulatorio sobre el crédito verificado o reconocido.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, pase a disponibilidad, funcionarios legislativos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Kohn Loncarica, Alfredo  Guillermo c/ Poder Legislativo NacionalBiblioteca del Congreso de la Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a la demanda de nulidad del pase a disponibilidad de un agente del Poder Legislativo Nacional - Biblioteca del Congreso de la Nación (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, delito reiterado
Materia: PENAL
Carátula: Vivas, Rey Segundo s/ Robo calificado Gramajo, Armando s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13|1995-11-28

La acumulación prevista por el art. 55 del Código Penal -que resulta exclusivamente de la pluralidad de delitos cometidos- no excluye la utilización de aquella circunstancia como agravante en los términos de los arts. 40 y 41 del Código de fondo.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Molinas, Ricardo Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Los motivos expresos del acto administrativo no pueden sufrir alteración por medio de alegaciones formuladas en una causa judicial destinada a su revisión.
Accidente de tránsito, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ, RICARDO c/ CORDERO, ARIEL EDUARDO s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-20

La circunstancia alegada por el apelante, de que el conductor de la motocicleta no tenía el dominio de su vehículo, no lo exime de responsabilidad, ya que el principio rector en delitos culposos en accidente de tránsito, es la no compensación de culpas, por lo que ante la mínima responsabilidad del imputado en el hecho, aún cuando también la tuviera la víctima, no implica desincriminación de aquel.
Acción reivindicatoria, prueba de la posesión, título de la posesión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sucesores de María Agustina González de Gallardo c/ González de Hourcade, Dora Esther s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-10

Interpretando los artículos 2789 y 2790 del Código Civil armónicamente, se concluye que si el reivindicado no presenta título y el reivindicante no posee título anterior a la posesión del reivindicado, pero agrega los títulos de los sucesivos antecesores, goza a su favor de la presunción establecida por el artículo 2790 del Código Civil, jugando a favor del actor la presunción de que el autor de dicho título anterior era poseedor y propietario de la heredad reclamada, no siendo menester remontarse más atrás en la investigación de su derecho, salvo que se rinda prueba en contra acerca de la propiedad y posesión del autor, pudiendo accionar por reivindicación ya que al trasmitir el causante sus derechos de propiedad, se entiende que ha habido una cesión de la acción revindicatoria que detentaba a título de propietario no requiriéndose la tradición para que el reivindicante pueda ejercer dicha acción en nombre propio, aunque no demostrara su propia posesión, inteligencia ésta de la norma que no sólo ha sido sostenida por esta Sala en otros fallos, sino que ha sido sustentada desde antiguo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación inclusive.
Trabajadores de la construcción, subcontratista, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: RIVEROS ANTONIO CARLOS Y OTROS c/ HORMIVIAL S.R.L. s/ COBRO DE PESOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1991-09-12

Si bien el art. 32 de la ley 22250 (que reproduce en general el mecanismo concerniente a la responsabilidad solidaria del art. 10 de la ley antes vigente 17258) agrega una limitación respecto de la anterior, pues la primera parte del art. citado impone dos exigencias:inscripción en el registro nacional de la construcción y comunicación de iniciación de la obra, la nueva norma no requiere que se tipifiquen los dos supuestos, sino que basta (para admitir la solidaridad) con la omisión en la inscripción, y por el contrario, la falta de comunicación de iniciación de la obra resulta insuficiente para generar la solidaridad en las obligaciones de dichos contratos o subcontratos respecto al personal que ocuparen en la obra.
Acción dependiente de instancia privada, violación, abuso deshonesto, calificación legal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS BARRIOS, T. s/ ACCION  PENAL.  ACCION DEPENDIENTE INSTANCIA PRIVADA. NULIDAD PROCESA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-09-14

1) Debe declararse la nulidad de todo lo actuado si no se instó correctamente la acción penal respecto a los delitos de violación y abuso deshonesto por los que fuera acusado.

2) Si bien existe un criterio jurisprudencial y doctrinal, e incluso legislativo, con arreglo al cual el Tribunal del juicio no se encuentra vinculado; -tratándose de procesos seguidos por delitos de acción pública,-ni a la calificación legal propuesta por las partes, ni a la extensión que puedan ellas acordarle el reclamo punitivo; es importante subrayar que esta regla -casi erigida en principio- encuentra la limitación que supone la absoluta inalterabilidad del hecho en su pura expresión natural. Si hay acusación por robo, podrá el juez condenar por hurto, porque este último, en su pura dimensión fáctica se encuentra básicamente enmarcado en lo que supone aquella otra figura. En cambio resultaría dudosa la situación inversa, si lo que convierte el hurto en robo no apareciera incluido en la descripción del factum que formula la requisitoria.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ricardo Omar Giménez s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1993-11-08

Debe rechazarse el recurso extraordinario por la arbitrariedad, si sus fundamentos se reducen a una mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto éstos no excedan de las facultades de apreciación de los hechos y el derecho que son propias de su función y cuyo acierto o error no incumbe revisar al Superior Tribunal.
Trabajadores de correos, feriados
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ, MIGUEL ENRIQUE Y OTROS c/ ENCOTEL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-09-20

El incremento establecido en el artículo 135 de la CCT. Numero 32/75 (to. Decreto 3591/77) solo procede si el trabajo se cumple en sábado, domingo o feriado nacional "pero en horas suplementarias - extraordinarias" (en igual sentido sala 4, sentencia numero 48659, "Mastronardi, Emilio c/ Encotel.", del 28 de septiembre de 1982).
Sociedad anónima, remuneración del síndico de la sociedad, buena fe
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAMALY,  ALBERTO  JORGE c/ ROTATIVOS  VENUS  SAN JUAN SA s/ SUMARIO. (ED 2.5.03, Fº52002).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-13

No corresponde hacer lugar al reclamo efectuado por quien se desempeñara como síndico de una sociedad anónima, por cobro de sus honorarios como tal por ejercicios vencidos, si durante un dilatado lapso de doce años aceptó una determinada suma como remuneración por diversas tareas, sin reclamar otra retribución diferente por esta labor -considerando que tal tarea es una actividad onerosa (L.S. Art.: 292)-, ni haber cuestionado en todos esos años que la asamblea no fijase tal retribución; ello así, forzosamente cabe interpretar que, tanto el como la sociedad, entendieron que la remuneración que recibía comprendía la totalidad de las tareas realizadas para la sociedad, incluidas las concernientes a su rol de síndico (CCOM art. 218-4°; CCIV art. 918);

interpretado ello a la luz del principio de buena fe contenido en el CCIV art. 1198, que debe regir la relación jurídica que vinculó a las partes; todo lo cual queda corroborado por lo que surge de los peritajes y testimonios aportados a la causa.
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Industrias Atlantic S.A. s/ Ejecución y embargo preventivo Mendoza, Ruben Oscar c/ Leto, Pablo Javier y Ot. s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12|2003-06-03

Dado el carácter de justicia del martillero en el remate judicial, debe tenerse por acreditada con su versión la "regularidad del acto" de la subasta, máxime si sus dichos están corroborados por el acreedor adquirente. Además, ante la existencia de versiones contradictorias, "debe estarse por la validez" atendiendo a la fe que merecen los dichos del martillero. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estado Nacional, Seguridad social, San Juan, beneficios previsionales, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, Constitución Nacional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sánchez, Gregorio Hernán c/ Gobierno de la Provincia de San Juan y otro s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-11

Sería impensable desde el prisma constitucional y a la luz de los principios de progresividad (Convención Americana sobre Derechos humanos, art. 29), favorabilidad (Fallos 292:447; 293:26, entre otros), e in dubio pro justicia socialis (Fallos 289: 430) que rigen en materia de seguridad social, que se excluyera así porque sí del concepto de "derechos adquiridos" la garantía constitucional de movilidad reglamentada por la ley local vigente hasta el momento de operarse la transferencia del régimen jubilatorio provincial a la esfera nacional. Ello entrañaría -entre otras cosas- un claro supuesto de enriquecimiento ilícito por parte del Estado Nacional, el cual mientras mantuvo congeladas las jubilaciones y pensiones por aplicación del art. 7 de la ley 24.463 desde el momento del traspaso (en el caso, año 1.996) hasta su derogación por la ley 26.417, percibió durante todo ese período los aportes y contribuciones de los trabajadores activos sanjuaninos debidamente actualizados. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, competencia civil, competencia contencioso administrativa, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: COMERCIAL
Carátula: GCBA SOBRE INCIDENTE DE INHIBITORIA - DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MÉDICA) c/  s/ CONFLICTO DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde declarar la competencia de la justicia en lo contencioso administrativo local si del objeto de la demanda surge que uno de los demandados es una persona jurídica pública estatal -el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-. En tales condiciones, y de conformidad con las previsiones de los arts. 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, la causa debe ser resuelta por el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la materia en debate refiere a un servicio público que provee el Gobierno de la Ciudad, esto es, el acceso al derecho a la salud. Esto implica que, aún bajo la interpretación adoptada por el juzgado nacional civil, según la cual la contienda debería resolverse en razón de la materia, también correspondería radicar en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Constitucionalidad, juicio por jurados
Materia: PENAL
Carátula: Barboza, Diego Javier s/ Homicidio simple en concurso real con homicidio en grado de tentativa (dos hechos)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-05-18

Cabe revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.543 de la Provincia de Buenos Aires que establece el juicio por jurados, en tanto se advierte que la sanción por parte de la Provincia de una ley que contempla el juicio por jurados no afecta el sistema republicano ni la jerarquía de las constituciones, pues si bien las provincias dictan las suyas y conservan los poderes no delegados al gobierno central, entre ellos el de asegurar su administración de justicia, deben hacerlo en este caso "de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional", tal como dispone el art. 5° de esa norma fundamental, y es precisamente en la parte dogmática de esta, en el art. 24, donde se alude a la promoción del juicio por jurados, debiéndose entender ello como un derecho para los justiciables. Ergo, aunque la Carta Magna provincial no menciona al juicio por jurados, no cabe interpretar que veda esa institución contenida en la Constitución Nacional en el capítulo de las "Declaraciones, Derechos y Garantías".
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concurso preventivo, quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González Omegna, Sergio c/ Expreso Paraná s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18

No resulta definitiva la decisión en que la Cámara resuelve transferir los fondos embargados al concurso de la citada en garantía. (Minoría u opinión personal)
Propiedad intelectual, obras intelectuales, música, derechos de autor, sucesores
Materia: COMERCIAL
Carátula: S.A.D.A.I.C. c/ González, Haydee s/ Cobro Sumario de Sumas dinero.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-13

Sin perjuicio de los derechos que acuerdan las normas a los autores de la letra, compositores de la música y a intérpretes, principales y secundarios, los productores de fonogramas o sus derechohabientes tienen el derecho a percibir un estipendio de cualquier persona que -en forma ocasional o permanente- obtenga un beneficio directo o indirecto con el empleo público de una reproducción del fonograma, tales como: los organismos de radiodifusión, televisión o similares; bares, cinematógrafos; teatros; clubes sociales; centros recreativos, restaurantes; cabarets, y, en general, quien los comuniquen al público por cualquier medio directo o indirecto; excepción hecha de las utilizaciones ocasionales de carácter didáctico o conmemoraciones patrióticas, en establecimientos educacionales oficiales o habilitadas por el Estado (v. art. 35, dec. Nº 41.233/34).
Régimen de consolidación de deudas, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: EDITORIAL COYUNTURA S.A.C. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ RECURSO DE APELACION - RECURSO DE CASACION - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-11-30

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad impetrado por la Municipalidad demandada y revocar la declaración de inconstitucionalidad pronunciada en lo tocante al régimen de consolidación de deudas.

Ello así, pues si bien es cierto que se acogió la demanda impetrada por la entidad actora, quien ejercitó una acción de cobro de facturas impagas derivadas de órdenes de publicidad contratadas por el Municipio, condenándose a la accionada a abonar un determinado importe dinerario con más intereses y costas, dicha acreencia queda incluida dentro del régimen de consolidación de pasivos, toda vez que no se encuentran presentes situaciones de excepcionalidad que autoricen a apartarse de la normativa de emergencia cuestionada, atento que el crédito reconocido a favor de la accionante no versa sobre la indemnización de menoscabos padecidos a raíz de la muerte de un ser querido, y tampoco es subsumible en los casos de inconstitucionalidad del régimen por tratarse de daños en la propia salud e integridad psico física de una persona de existencia física, desde que la acreedora es una persona jurídica y, por la misma razón, tampoco se presenta el supuesto excepcional de edad avanzada, en el cual tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal Superior de Justicia se han pronunciado por la invalidez del régimen de consolidación.