Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-07


RAWSON, 07 de Marzo de 2007.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "A., R. M. Registro Notarial Nº .. s/ SUMARIO"(Expte. Nº 20.647A2006).

DE LOS QUE RESULTA:

Que a fs. 483/492 vta., el Escribano R. M. A., intenta el Recurso de Apelación previsto por el art. 47 de Ley N° 5.055 ante este Superior Tribunal de Justicia, contra la destitución de la que fue sujeto por Acuerdo Nº 342 el Tribunal de Superintendencia Notarial a fs. 477/481 y vta. del cargo de Titular del Registro Nº .. de la ciudad de Puerto Madryn.

La pieza de alzamiento, efectúa una reseña de lo actuado en el procedimiento disciplinario seguido a su respecto y de la Sentencia impugnada en los Capítulos II y III, y funda la admisibilidad de esta Apelación y el cumplimiento de sus requisitos formales en los Capítulos IV y V.

Expresa sus agravios en el Capítulo VI del libelo, alegando primero "exceso de jurisdicción por violación de la preclusión" (apartado A), sosteniendo que la decisión definitiva adoptada por dicho ///Tribunal de Superintendencia Notarial ha sido dictada fuera del plazo legal previsto en el art. 63 de la Ley Orgánica Notarial del Chubut Nº 5.055.

Transcribe sus arts. 61, 62 y 63, señalando que los mismos describen el procedimiento: formulación de cargos, traslado de éstos al imputado, ofrecimiento y producción de prueba, finalmente el dictado de la sentencia, el cual fue seguido expone desde la iniciación del sumario el 21 de Abril de 2.006 hasta el 4 de Julio siguiente, día en que ingresó el Expediente al Tribunal de Superintendencia Notarial.

Añade que fue remitido por el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, atento la magnitud de la sanción recomendada, ya que las sanciones graves solamente pueden ser adoptadas por dicho Tribunal aduce dentro de los treinta días de la recepción del expediente los que a su juicio deben contarse en días corridos.

Así lo considera, porque la Ley N° 5.055 cuando quiere darle a un plazo el carácter de hábil sostiene lo hace en forma expresa. Cita como ejemplos los arts.6, 26, 33, 34, 47 y 61; diferencia otros casos en los que no agrega el calificativo de "hábiles" arts. 19, 22 inc. a), 24, 25 tercer párrafo, 27, 29, 44, 62, 63 y 64 concluyendo en que en éstos hay que entender que "son corridos"; que la cuestión es clara y en caso de duda, debe imperar el principio de la interpretación más favorable al administrado.

En esa inteligencia, se agravia porque entiende que dicho Tribunal dejó vencer aquel plazo sin adoptar una sanción de condena o absolverlo y ello implicó la imposibilidad jurídica de hacerlo en el futuro sin transgredir el principio de preclusión. El vicio se concretó ///entonces el 25 de Agosto de 2.006, con la sentencia que resolvió su destitución en el cargo de escribano titular del Registro N°.., cuando el plazo de 30 días había vencido el día 3.

Ya había operado en esta oportunidad aquel principio, impidiendo "en forma definitiva el dictado de una sentencia condenatoria y un nuevo juzgamiento por los mismos hechos". En tanto argumenta, el Tribunal había perdido la competencia para dictarla, la sentencia que viene a impugnar es inválida e ineficaz, y el acto ha incurrido en "exceso jurisdiccional".

Con citas de doctrina se explaya respecto del instituto de la preclusión. Añade que el concepto de sentencia arbitraria se ha extendido a aquellos pronunciamientos que ilegalmente intentan vulnerarlo, constituyendo en su caso, insiste un exceso de jurisdicción.

Además cuestiona que dentro del término previsto, el 7 de Julio, adoptara el Tribunal una medida cautelar de suspensión por dos años, que califica de impropia, y recuerda que frente a ésta planteó un Recurso de Casación que se encuentra en trámite.

Critica asimismo el procedimiento seguido, porque entiende que no es el aplicable al caso. Señala que en esa última Resolución impugnada también se dispuso correrle traslado del Expediente aplicando el art. 47 de la Ley N° 5.055. Advierte que este precepto establece un procedimiento diferente, que no se compadece con el que se había llevado a cabo hasta ese momento, estimando que el mismo es incompatible con la razón por la cual había sido elevado por el Colegio ///al Tribunal de Superintendencia Notarial:

decidir sobre el fondo. En cambio expresa efectuó una especie de "mixtio" entre el procedimiento ya cumplido y el establecido en el art. 47 citado al correr traslado como si se tratase de un Expediente "recién nacido" y no uno ya tramitado. Explica que este artículo sólo resulta aplicable si se trata de una denuncia elevada directamente a aquél o de un sumario en "estado embrionario", no cuando el sumario tramitó por completo y ya han sido emitidas las conclusiones por el órgano juzgador, quedando sólo por establecer sostiene el quid y el quantum de la sanción, exclusiva competencia de dicho Tribunal.

Concretamente aduce que suspenderlo preventivamente, y correrle traslado del sumario cuando correspondía decidir sobre el fondo del asunto, constituye un apartamiento inequívoco de la ley, y que éste fue el objeto del Recurso de Casación que intentó.

Asevera que el art. 9 de la Ley N° 5.055 fue aplicado en forma indebida, pues sostiene que está fuera de la competencia del Tribunal impedir la asunción de la adscripta M. E. D..

Al respecto agregará en el apartado F) Conclusión (a fs. 491 y vta.) que el evitar que ésta asumiera, lo que entiende se imponía automáticamente por Ley, constituye una violación al principio de culpabilidad, art. 18 CN, y de intrascendencia a terceros de la pena, porque en el estado de derecho ésta debe ser personal y no trascender la persona del infractor. Encuentra en ello un proceder inconstitucional.

Concluye el punto bajo otro título cuestionando el dictado de la decisión impugnada, por violación del efecto suspensivo de los recursos, pues arguye que no debió adoptarse, desde que habían sido planteados primero el de Apelación y luego de Casación, y tuvo que ///aguardarse la resolución definitiva acerca de la legalidad o no de esos trámites .

Expone como segundo agravio en el apartado "B) Exceso de jurisdicción por apartamiento de los supuestos legales de destitución" que el mismo Tribunal ha dispuesto esta sanción por causales que no se encuentran contempladas en la Ley N° 5.055.

Transcribe su art. 20, y señala, respecto de la "no figuración como agente de retención de tributos federales", presuntas retenciones y omisiones en depositar tributos federales o locales, inhibiciones generales de bienes... que no constituyen "inconductas" previstas en tal norma como causales de remoción de un escribano.

Aduce que más allá del principio general de la observancia de buena conducta, la ley procura preservar al escribano de la discrecionalidad y de la arbitrariedad, estableciendo que sólo podrá ser destituido, previo proceso llevado en legal forma, si se verifican las causales que taxativamente prevé la ley. De lo contrario estima debe ser preservado en su función "por más que a juicio de sus detractores el escribano pudiera hallarse incurso en mala conducta".

Señala que cuando el Tribunal sostiene en la Sentencia impugnada que "las conductas probadas constituyen infracción a las obligaciones esenciales de los escribanos particularmente aquellas prescriptas por el art. 16 incisos a) y c), amén de importar mal desempeño las transgresiones que implicaron maniobras perniciosas al Fisco Nacional y Provincial...", si se recorren todos los supuestos de ///este artículo y el resto de la Ley N° 5.055, no se encuentra ninguno que se refiera a la relación del escribano con el Fisco, ni con inhibiciones generales de bienes que haya debido soportar, y advierte que además, son consecuencia del alegado incumplimiento tributario.

Destaca que todos ellos los supuestos se refieren a la relación del escribano con los interesados, por su actuación notarial, citando como ejemplo: la preservación del secreto, atención de sus demandas, adecuado asesoramiento y el tratamiento correcto de la documentación notarial, ámbitos en los cuales asegura ha tenido una trayectoria intachable y que no han sido objeto de condena por tal Tribunal.

Remite a lo dicho en el Recurso de Casación que dijo interponer y concluye en que los supuestos del art. 11 de la Ley son en realidad impedimentos para el ejercicio de la función notarial y no sanciones ni supuestos de remoción.

Anota que existe un artículo que sí habla de la relación con el Fisco: el art. 43, cuando prevé que "la responsabilidad administrativa deriva del incumplimiento de las Leyes Fiscales, y de ella entenderán directamente los Tribunales que determinen las Leyes respectivas".

Entonces interpreta la cuestión relacionada con el cumplimiento o no de leyes fiscales, está excluida del interés disciplinario notarial y reservada a tribunales con competencia en la materia específica para su juzgamiento y eventual sanción; que mucho menos puede ser una causal de remoción, pues no está expresamente contemplada, como lo exige la Ley.

Encuentra en esto un supuesto de arbitrariedad por "exceso de jurisdicción", por haberse adoptado una solución que no deriva de las normas en vigor, y agrega que se vulnera la estabilidad del empleo y la ///inamovilidad que la misma viene a consagrar y tutelar. Aduna jurisprudencia de la Corte Nacional.

El tercer agravio está contenido en el punto "C) Presuntas inconductas bajo investigación judicial" dado porque en el fallo en crisis el Tribunal ha ignorado entiende "todo lo que tiene que ver con la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut y con la retención del impuesto de sellos".

Sostiene que "el grueso de la imputación tributaria" de la cual es objeto y por la que se lo condena, está siendo investigado en los autos caratulados: "O., F. H. s/denuncia" Expte. N° 5.012/2.003, que tramitan ante la Fiscalía N°4 de Puerto Madryn; señala que la descripción de los hechos de esa denuncia coincide literalmente con la nota de fs. 36 de este sumario, que es "un calco" de la nota de O. de fs. 23/25.

Añade que la existencia y estado de tales actuaciones se informa a fs. 383 del presente.

Toma un párrafo del decisorio en que vislumbra una afectación al principio de inocencia y un uso exacerbado del poder disciplinario, cuando refiere "si se pusiera sobre la mollera de A. la existencia de causas judiciales seguidas en su contra en las cuales no ha recaído sentencia firme..." y refiere que esa investigación se encuentra en la etapa preliminar, que no ha sido ventilada aún en juicio, encontrándose aún vigente aquél principio.

Por ello, corresponde a su juicio se deje sin efecto la destitución en lo concerniente a este cargo, que encuentra como el más importante y significativo que da sustento a la sanción.

/// En el acápite D), "Inconsistencia de los cargos restantes", refiere al párrafo del fallo en el que se dijo que al menos en dos casos "otorgó escrituras y retuvo desde los contribuyentes la suma correspondiente al impuesto a las ganancias sin cumplir las obligaciones consecuentes, resultando de ello la posibilidad de un beneficio ilegal, con perjuicio para el contribuyente y para el Fisco...".

Y dice que en relación con ello se sostuvo que se encontraban adosadas al sumario dos escrituras que allí se individualizan "elocuentes, por sí de la conducta de que se trata", lo que el apelante controvierte alegando que de la lectura de tales escrituras no se desprende en modo alguno que haya retenido suma alguna, entendiendo que ese cargo debe ser desestimado, o al menos reformulado por uno más leve, porque jamás hubo un perjuicio para el contribuyente dice ni un beneficio en su provecho.

Párrafo aparte dedica a advertir que aunque otorgó un contrato de compraventa entre cónyuges, existiendo impedimento legal para ello, no ocasionó daño a terceros de ninguna naturaleza. Destaca que el bien era propio de uno de los otorgantes y se adquirió con dinero propio del otro, no afectándose la comunidad de bienes de la sociedad conyugal ni los intereses de la sociedad.

En el apartado E), "Violación de la defensa en sede del Colegio de Escribanos" expone que el procedimiento cumplido ante éste implicó una lisa y llana violación del derecho de defensa en juicio, art. 18 CN, pues no existió un traslado efectivo de los cargos que le ofreciera la posibilidad de ofrecer contraprueba, participar en su producción, controlar la producción de la que estuviera a su cargo y del mérito de la producida en descargo... no observándose la garantía del contradictorio en dicha sede.

Agrega que lo único existente son meras comunicaciones ///tardías, posteriores al auto que orden la producción de la prueba de cargo en forma exclusiva, y ni siquiera a él dirigidas como indica la ley. Dice que está probado un tardío traslado de los cargos, porque el Tribunal de Superintendencia Notarial el 7 de Julio intenta otorgarlo trastocando el procedimiento.

Ve en ello un reconocimiento de la privación de la defensa en sede de aquel Colegio, y estima que su consecuencia es la invalidez del procedimiento, lo que dice haber expuesto en el Recurso de Casación.

Hace reserva del caso federal, y solicita se revoque la sentencia condenatoria impugnada en todas sus partes, dejándose sin efecto la destitución; que se declare la nulidad de todo lo actuado en la sede del Colegio de Escribanos y en la sede del Tribunal de Superintendencia Notarial, con imposibilidad de renovación del proceso por preclusión.

A fs. 493 se corre vista de la expresión de agravios al Colegio de Escribanos, la cual se hace efectiva a fs. 494/496.

El Colegio Público de Escribanos del Chubut, a través del Presidente a cargo y su Secretario contesta a fs. 502/505, peticionando se desestime el Recurso de Apelación deducido contra la Sentencia que dispuso la destitución del Escribano A., considerándola ajustada a derecho y justa.

Sostiene que en el sumario instruido se ha respetado y resguardado debidamente y conforme la Ley del Notariado, el derecho de defensa en ///las dos instancias, y que no existen, razonadamente y con seriedad, observaciones a su tramitación o su resolución.

Aduce que la gravedad de los hechos denunciados, investigados y debidamente probados, han llevado inexorablemente a la decisión contenida en el Acuerdo N° 342. Que además se ha enviado copia de éste a la Agencia Fiscal correspondiente de la ciudad de Puerto Madryn, evidenciando tal circunstancia la inusual gravedad de los hechos sancionados.

Efectúa una crítica del Recurso impetrado, señalando que contiene notables y numerosas inexactitudes y "transgiversaciones" impropias de este elevado ámbito jurisdiccional.

Destaca que el Colegio Profesional de Escribanos no otorga competencia alguna al Tribunal de Superintendencia Notarial y menos para que adopte o no sanción de destitución. Refiere que la competencia la otorga la Ley N° 5.055 en sus arts. 45 al 48, marcando sus límites.

Que el art. 45 citado establece que el poder disciplinario del Notariado estará a cargo del Tribunal de Superintendencia Notarial y el Colegio de Escribanos del Chubut; que el art. 46 dispone que el primero conocerá como Tribunal de Apelación y a pedido, de todas las resoluciones del segundo, y especialmente de los fallos que éste pronuncie en asuntos relacionados con la responsabilidad profesional y ética de los escribanos.

El art. 47 a su vez regula la tramitación ante el primero, estableciendo que entablada una denuncia, se dará vista de las actuaciones al escribano inculpado para que realice su descargo y proponga las medidas probatorias que hacen a su derecho de defensa; y ///que sin perjuicio de los medios de prueba ofrecidos por el involucrado, el Tribunal dispondrá las medidas que estime conducentes para mejor proveer, debiendo pronunciarse en el término de 30 días hábiles.

Sostiene que el apelante ha distorsionado y deformado "torpemente" el texto legal y las facultades del Tribunal de Superintendencia Notarial.

Señala como contradictorio que el ocurrente alegue "falsamente" dice una lesión a su derecho de defensa y por otro lado, se moleste e impugne el traslado de los cargos imputados y la posibilidad brindada por ese Tribunal para que se defienda y ofrezca prueba.

Frente al agravio en que se cuestiona el procedimiento seguido para impedir la asunción de la Escribana adscripta, responden con una interpretación propia de la Ley N° 5.055.

Encuentra desatinada e impropia la afirmación de que el Tribunal de Superintendencia Notarial actuó fuera de su competencia, al igual que las críticas relativas a la inobservancia de normas de procedimiento.

En particular se opone a la interpretación que califican de "deformada" efectuada por el apelante del art. 63 de la Ley N° 5.055, el que estiman debe ser armónicamente analizado, no con una mirada parcial y antojadiza.

Afirma que el Tribunal de Superintendencia Notarial tiene todas las facultades concedidas por la ley y que en forma ejemplificativa y genéricamente insinúa en el art. 47; que tiene como ///objetivo el debido proceso, la búsqueda de la verdad real, el respeto al derecho de defensa en juicio y la potestad jurisdiccional propia de la altísima actividad que desarrolla.

Considera claro el texto de dicho art. 47 en cuanto atribuye solamente al Colegio de Escribanos facultad para elevar una denuncia o iniciar un sumario. Adjetiva como precaria e inconsistente la interpretación del apelante.

Alude a una condena penal que éste recibió y no cumplió al otorgar instrumentos públicos estando inhabilitado por Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal de Comodoro Rivadavia, hecho que se individualizó como número nueve en la denuncia que efectuó el Colegio de Escribanos del Chubut, y que generó severos daños y perjuicios a terceros y a la seguridad jurídica toda, al otorgarse escrituras por un funcionario inhabilitado.

Entiende que no existe preclusión alguna por parte del Tribunal de Superintendencia Notarial y que la interpretación del apelante al respecto es desafortunada.

Respecto a la dimensión constitucional a la que el recurrente alude, su referencia a pronunciamientos de la Corte Nacional y otros órganos jurisdiccionales, como a la potestad de aquel Tribunal, estima que ello es materia propia e indelegable de los altísimos Tribunales; que éstos son los jueces que juzgan a los escribanos cuando existe infracción grave de su actividad reglada y no a la inversa, como intelige pretende advertir el apelante.

/// Aduce que los supuestos legales que habilitan la destitución se encuentran íntimamente vinculados a razones de ética y moral, que la buena conducta es el respeto a estas normas liminares y que sostener que las causales de destitución determinadas por el Tribunal de Superintendencia Notarial no configuran infracciones a las obligaciones esenciales de la actividad notarial resulta "afrentoso" para ese Colegio que representan los presentantes e implica un menosprecio a la honestidad y un agravio a la actividad del Notariado.

Se explaya respecto de la importancia de los poderes conferidos a los escribanos y la independencia de ellos respecto de la administración, asumiendo personalmente las atribuciones inherentes a su función.

Sostiene que la Ley debe ser rigurosa en exigir responsabilidad a quien pudiera burlar la confianza que le ha sido depositada, o si abusa de ella, faltando a la misión conferida. Recuerda que diariamente son entregados a la pericia, consejo, discreción y buena fe del escribano, ingentes intereses de los requirentes que podrían ser desbaratados por una actuación imprudente o maliciosa del profesional, y que en tales supuestos, son máximas las responsabilidades sobre el notario.

Agrega otras consideraciones respecto de la responsabilidad del notario, de su función de agente del Fisco con posibilidades de recaudación, retención e información, a más de la responsabilidad disciplinaria en que incurre cuando infringe normas profesionales y éticas deontológicas.

///Finalmente califica de "vacío y meramente formal" el Recurso impetrado, señalando que ni siquiera relata el apelante, al referirse a la presunta limitación de su derecho de defensa, qué prueba no pudo presentar, o cuál es su mejor derecho, o en qué consisten las razones que fundamentaron los actos por los que se lo destituye, a qué obedece su conducta...

Y recuerda que en un plano totalmente teórico, no existe la nulidad por la nulidad misma y que el Recurso se basa en dicho planteo; que debiera contener mejores fundamentos que los que sostienen el acto impugnado. Culmina solicitando su rechazo.

CONSIDERANDO:

Que a todo evento ha de establecerse primero que la vía que transita el presentante prevista en el art. 47 de la Ley Nº 5.055 configura uno de los llamados Recursos jurisdiccionales o directos caracterizados como una instancia de protección para promover la revisión de actos administrativos.

De conformidad con el criterio seguido por el Superior Tribunal de Justicia, estos medios de impugnación son de conocimiento limitado, en tanto se satisfacen en la medida en que constituyan un control judicial suficiente de la decisión emanada del órgano público, exigencia asegurada en tanto el Tribunal actúa como "de derecho", decidiendo sobre la correcta aplicación de las normas jurídicas, poseyendo la facultad de revocar o anular aquélla decisión si no fuera suficientemente razonable o se apoyara tan sólo en la voluntad de los funcionarios, o implicara denegación de la defensa en juicio, control revisor que podrá ser más o menos extenso o profundo según los aspectos específicos que singularicen la materia litigiosa (SD 18/SRE/02; 69/SRE/03).

/// Que en ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal de Superintendencia Notarial dictó el Acuerdo N° 342, obrante a fs. 477/481 vta., resolviendo la destitución del Escribano R. M. A. del cargo de Titular del Registro Nº .. de la ciudad de Puerto Madryn.

Para arribar a tal decisión, dicho Tribunal analizó cada uno de los cargos que se le imputaron a aquél, por separado, indicando las probanzas consideradas y la vulneración al ordenamiento jurídico que se encontró.

Al inicio de la primera cuestión se advirtió que habían llegado los autos a dicho Tribunal como consecuencia de las conclusiones del Acta de fs. 425/428 suscripta por los miembros del Colegio de Escribanos de la ciudad de Puerto Madryn "y en los términos del art. 63 de la Ley 5.055", remitiendo al art. 45 de esta norma.

Se dijo que la "gama de cargos" en perjuicio del Escribano había sido descripta en ese Acta, previa sustanciación del sumario administrativo remitido por Oficio Nº 64/2.006 firmado por los Escribanos E. D. B. y E. J. M..

En apretada síntesis, conforme el detalle efectuado en el punto tercero apartados a) al i) de la primera cuestión del Acuerdo Nº 342/06 que se impugna, los cargos analizados y sus conclusiones indicaron:

Se entendió acreditado que el Escribano no figuraba inscripto como agente de retención de Tributos Federales vinculados con su profesión ante la AFIP al 12/06/06, a pesar de que existían constancias de detracciones y depósitos hasta el año 2.000, no así durante los años ///2.003, 2.004, 2.005 y 2.006, aún cuando era sujeto obligado a actuar en ese carácter; y que no obstante, al menos en dos casos, había otorgado escrituras y retenido la suma correspondiente al impuesto a las ganancias, resultando de ello la posibilidad de un beneficio ilegal, con perjuicio para el contribuyente y para el Fisco.

Se analizaron normas que establecen la obligación de actuar como agente de retención a los Escribanos.

b) se estimó acreditado que el mismo se encuentra registrado ante la Dirección General de Rentas del Chubut como agente de retención y que, en la mayoría de los casos en los que interviniera como fedatario en operaciones gravadas, retuvo de los contribuyentes las sumas de dinero correspondientes al Impuesto de Sellos, omitiendo ingresarlo al erario público o haciéndolo fuera de término.

c) se consideró probado que el Escribano posee ocho inhibiciones generales de bienes inscriptas ante el Registro de la Propiedad Inmueble y catorce inhibiciones generales inscriptas ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Delegación Puerto Madryn.

d) se dijo haber verificado que aquel otorgó una escritura traslativa de dominio en relación con una compraventa de inmueble entre cónyuges; que ello implicaba dar fe de un acto nulo de nulidad absoluta y manifiesta, con fundamento en el art. 1.358 CC, sobre la base de circunstancias conocidas por el notario.

e) se razonó que aunque el Escribano en cuestión había padecido tres sanciones de apercibimiento impuestas por el Colegio de Escribanos, esta circunstancia no había de aceptarse como cargo, en la medida que implica sólo antecedentes de otras puniciones mas no inconductas en sí mismas; y que de aceptarse una posición diferente se incurriría en doble persecución, vedada en cualquier clase de procedimiento.

/// f) asimismo, se desestimó y se consideró absuelto al inculpado en este sentido, respecto del cargo relacionado con una serie de escrituras de fraccionamiento y transferencias de inmuebles otorgadas en base a un poder especial irrevocable "post mortem", por no reunir los requisitos de los arts. 1.977 y 1.982 CC, por tratarse de un tema controvertido y en el que el Escribano en cuestión pudo sostener una posición diferente a la de los instructores.

g) en cuanto a la existencia de causas judiciales seguidas en su contra, se entendió que no puede como cargo, se entiende ponerse sobre la mollera de A., por no haber recaído sentencia firme; que constituiría una grave afectación del principio de inocencia y un uso exacerbado del poder disciplinario endilgarle al profesional inconducta basada en investigaciones preliminares que no han sido aún ventiladas en juicio.

h) además se desestimaron las acusaciones sostenidas en la denuncia de particulares que habían manifestado verse afectados por el accionar de A.. Se dijo que debían ser giradas las denuncias a la Agencia Fiscal que correspondiese, porque podían constituir hechos delictivos, pero que en los folios no había evidencia razonable que justificase reproche administrativo, no existiendo elementos que apuntalasen las afirmaciones anotadas.

i) finalmente se desestimó el cargo atinente a la realización de un acta de constatación fuera de la jurisdicción judicial correspondiente al Registro N° .. de Puerto Madryn.

En la segunda cuestión se dijo que el art. 20 de la Ley 5.051 se erró el número de Ley pues se refiere a la N° 5.055 expresa que los ///Escribanos no podrán ser separados de sus cargos mientras dure su buena conducta, y que se entendían probadas las que constituyen infracción a las obligaciones esenciales de los escribanos, "particularmente aquellas prescriptas por el art. 16 incisos y c), amén de importar mal desempeño las transgresiones que implicaron maniobras perniciosas al Fisco Nacional y Provincial, conforme lo establecido al declarar la primera cuestión".

Se estimó que el "concepto de buena conducta" había sido trasegado por la actividad del acusado y con ello mellado el derecho a permanecer en el cargo que "por su importancia social y económica requiere una especial calidad ética y un apego incondicional a la Ley ya que se trata, nada menos, de quien ha sido investido de la condición de depositario de la fe pública".

Con estos fundamentos se llegó a resolver que el Escribano A. debía ser destituido del cargo, remitiendo copia del resolutorio a la Agencia Fiscal correspondiente de la ciudad de Puerto Madryn.

Disconforme con la medida, el Escribano sancionado cuestiona ese decisorio bajo fundamentos que en detalle han sido descriptos en los resultandos de la presente. El examen de su primer agravio se recuerda, exceso de jurisdicción por violación de la preclusión impone tomar como punto de partida el ordenamiento que otorga la competencia al Tribunal de Superintendencia Notarial.

En la Constitución Provincial texto vigente el Constituyente ha establecido en su art. 178, entre otras atribuciones del Superior Tribunal de Justicia, que "integra y preside el Tribunal de Superintendencia Notarial" (inc. 8). La Ley Orgánica Notarial del Chubut Nº 5.055, en su capítulo IX, legisla sobre la función del Tribunal ///de Superintendencia Notarial y el procedimiento ha seguir ante éste.

El art. 45 de Ley N° 5055, ha previsto su integración con los miembros del Superior Tribunal de Justicia y dos Escribanos de Registro que no pertenezcan al Consejo Directivo del Colegio de Escribanos.

De tal suerte de conformidad con la normativa vigente en esta Provincia la intervención de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y los representantes del Colegio Notarial en Tribunal de Superintendencia Notarial, se efectúa en ejercicio de funciones administrativas.

Así lo estimó la Corte Suprema de la Nación, si bien en oportunidad de analizar la atribución otorgada a otro Tribunal de Superintendencia Notarial en ese caso compuesto de magistrados integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil advirtió que "no debe perderse de vista que la función que le asigna la Ley ... reviste naturaleza administrativa...".

Consecuentemente, el impugnado Acuerdo Nº 342/06, es un acto administrativo, cuya opugnación, ante la presunción de legitimidad de la que estos actos gozan, debe fundarse en vicios esenciales que afecten su validez.

Así es que en fallo reciente SD N° 15/SCA/06, la Sala recordaba, con cita de Tomás HUTCHINSON que esta presunción de legitimidad es considerada relativa, provisional, transitoria, calificada como presunción iuris tantum, que puede ser desvirtuada por el interesado en la medida que demuestre que el acto controvierte el orden jurídico, es decir, en tanto pueda el particular acreditar que el acto tiene alguna ///ilegitimidad; pues aun cuando el impugnante considere manifiesto y gravísimo el vicio y diga que origina la nulidad del acto, éste no puede cesar por eso automática e instantáneamente los efectos que produce (Conc.: "Elementos de Derecho Administrativo" Colección de análisis jurisprudencial La Ley 1ra. Reimpresión 2005 pág. 435).

Por ello, en virtud de la presunción mencionada, la principal carga que pesa sobre quien pretende la revisión del acto, es la demostración de la ilegitimidad que lo agravia; es obligación del recurrente incoar una impugnación concreta, metódica y razonada de los argumentos que sustentan la decisión que se cuestiona; su omisión no se salva con la remisión a piezas obrantes en el expediente agregado a la causa y la consecuencia de este déficit es que los fundamentos esenciales de aquélla adquieran firmeza. (Conc.: Carlos VALLEFIN "Proceso Administrativo y Habilitación de Instancia" Ed. Librería Editora Platense S.R.L. 1994 PÁG. 128).

Se decía asimismo, que necesariamente la revisión implica determinar la existencia o no y merituar los supuestos vicios que portarían los elementos de esos actos, pues a este sistema para discernir la invalidez a través de sus elementos postulado por gran parte de la doctrina, adhiere el Dto. Ley 920, la Corte Nacional y este Tribunal según quedó establecido en fallos anteriores (vg. SD N° 17/SCA/97 conc. CSJN Fallos 308:108, 311:161 entre otros).

Como lo expone COMADIRA "el examen de la validez del acto administrativo supone siempre un juicio lógicojurídico de comparación entre el acto, sus elementos y las normas aplicables.

Este juicio implica confrontar las exigencias impuestas por el ordenamiento, en cuanto a los elementos esenciales del acto, con la realidad del acto administrativo emitido" ("Procedimientos Administrativos Ley Nacional de Procedimientos ///Administrativos, Anotada y Comentada Tomo I arts. 1° a 34° La Ley 2002).

Elementos, que sin perjuicio de alguna discrepancia doctrinaria se vinculan "...con la competencia, con la forma y con los procedimientos esenciales.." que todo acto administrativo debe cumplir.

Debe decirse, que el cumplimiento de esta carga por el apelante ha sido deficiente. Sea por enunciar erróneamente el vicio, sea por no precisarlo adecuadamente. Mas de cualquier modo, aventando cualquier atisbo de exceso ritual, este Tribunal subrogante habrá de atender a las quejas puntuales que se exponen y trasuntan denuncia de vicios de ilegalidad, arbitrariedad y desviación de poder en que se involucran las enunciadas.

Dicho esto ha de establecerse, que si en ejercicio de su poder disciplinario el Tribunal de Superintendencia Notarial tiene la atribución dada por el art. 46 de Ley N° 5055 de conocer como Tribunal de Apelación, y a pedido de parte, de todas las Resoluciones del Colegio de Escribanos y especialmente de los fallos que éste pronunciare en los asuntos relacionados con la responsabilidad profesional y la ética de los Escribanos, y por el art. 63, la de intervenir directamente en el juzgamiento de aquellos casos en que el Colegio de Escribanos previniendo, considera que la pena debe ser superior a un mes de suspensión o apercibimiento, es claro que en el caso ha obrado en los límites de su poder atribuido.

La supuesta incompetencia entonces que se endilga al órgano, deficientemente fundada pues se deriva del incumplimiento de un ///plazo, debe desestimarse de plano, considerando a todo evento el agravio como una pérdida de jurisdicción.

En esta tesitura, en el procedimiento ante dicho Tribunal previsto por el art. 47 de Ley N° 5055, pueden diferenciarse distintas etapas:

de denuncia y descargo: presentada una denuncia, sumario o causa contra un Escribano, se corre vista de las actuaciones al inculpado para que realice su descargo y proponga las medidas probatorias que hagan a su derecho de defensa;

de prueba: sin perjuicio de ordenar las que ofreciera el notario involucrado, se prevé que el Tribunal dispondrá las que estime conducentes "para mejor proveer";

de Sentencia: la decisión debe pronunciarse en el término de 30 (treinta) días hábiles "contados desde la fecha de entrega de las actuaciones al Tribunal".

En el resto del precepto se describe la vía utilizada en esta oportunidad, esto es el Recurso de Apelación. Si el fallo resultare condenatorio, es apelable dentro de los 5 (cinco) días de notificado al interesado, debiendo interponerse el recurso ante el mismo Tribunal de Superintendencia Notarial, el que lo eleva, a conjuntamente con la expresión de agravios presentada por el recurrente, al Superior Tribunal de Justicia, para que dicte la resolución definitiva, previa vista de dicha expresión de agravios al Colegio de Escribanos.

Verificadas las constancias de autos, no surge de ellas que se haya seguido un procedimiento diferente al establecido en la Ley N° 5.055. El planteo de pérdida de jurisdicción no tiene asidero, a la luz de una ///interpretación armónica de los arts. 45, 46, 47, 61, 62 y 63 de este cuerpo normativo.

La aseveración del apelante de que se ha excedido para emitir fallo el plazo previsto por el art. 63, es errónea, comprobable a poco que se analiza la Ley Notarial en los dos capítulos diferentes en que se describe el procedimiento ante el organismo.

Así, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica que "la inteligencia de las leyes debe tener en cuenta el contexto general y los fines que las informan y, a ese objeto, la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente para evitar la frustración de los objetivos de la norma" (Fallos 308:2246).

"No se trata de desconocer la palabra de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del Derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto basado exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencia notoriamente contradictorias" (Fallos 302:1611, 312:111).

Bajo esta óptica ha de entenderse que por un lado, en el art. 47 comentado en el capítulo IX la Ley N° 5.055 se circunscribe a ///describir el procedimiento desde que se eleva la denuncia al Tribunal de Superintendencia Notarial, y expresamente fija en treinta (30) días hábiles el plazo para que éste dicte el pronunciamiento, contados desde la fecha de entrega de las actuaciones.

Por otro, en los artículos que menciona el apelante que a su juicio constituyen el procedimiento que debió seguirse contenidos en el capítulo XI "Medidas Disciplinarias" primero se describe el trámite desde que se formula la denuncia e instruye el Concejo Directivo del Colegio de Escribanos el sumario pertinente, hasta que éste se expide dictando la resolución que establece la sanción arts. 61 y 62.

Luego, se han previsto los dos supuestos en que la causa llega al Tribunal de Superintendencia Notarial por elevación del Concejo.

Uno, cuando terminado el sumario y dictada la resolución que corresponda por el Colegio de Escribanos, el sancionado plantea Apelación contra la misma (art. 62 in fine); otro, y se reitera, para el caso en que el Colegio estime que la pena merecida fuera "superior a un mes de suspensión o apercibimiento....", caso en que deberá expedirse dice en treinta días (art. 63).

Es cierto que este último precepto de la Ley no ha aclarado si el cómputo debe serlo en días hábiles o corridos. Mas una correcta inteligencia a la luz de las doctrinas de hermenéutica enunciadas, conduce a discernir que la Ley, en un capítulo previo, describe facultades y procedimiento ante el Tribunal de Superintendencia Notarial, y en uno posterior, encara una descripción generalizada del proceso al que han de estar sometidos los notarios.

Y al aludir a la etapa final, en el art. 63, para el caso de que fueran elevadas las actuaciones al Tribunal de Superintendencia Notarial, se ha reiterado el procedimiento que se detalló en el art.47, de un modo sintético.

Armonizadas ambas normas, los arts. 47 y 63 refieren al mismo plazo, a contarse en días hábiles. Tal interpretación se concilia además con la razonabilidad, pues si se concede un plazo de treinta días hábiles para que el Tribunal se expida en Apelación revisando sanciones menores, ya juzgadas, ningún motivo de lógica jurídica puede conducir a discernir que cuando debe juzgar la aplicaciones de sanciones mayores el plazo legal se prevea menor .

Más aún, la posición del apelante que afirma que por no aclarar la norma que los días son hábiles deben calcularse corridos, no se compadece con otras reglas que son aplicables. Véase que no habiendo sido reglamentada la Ley Nº 5.055, es pertinente recurrir a las previsiones de la Acordada Nº 2874 dictada por el STJ el 12/09/91que establece que serán de aplicación supletoria para la actividad administrativa que se desenvuelva en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia y según se aclaró antes, tal es la naturaleza de la actividad del Tribunal de Superintendencia Notarial las normas contenidas en los Dtos. Leyes N° 920 y N° 1510, de procedimientos administrativos y procedimiento sumarial administrativo respectivamente, en todo lo que no esté normado o resulte modificado en el futuro, por reglamentaciones específicas del Superior Tribunal y en tanto no se opongan a los mismos.

El primer ordenamiento prevé en su art. 45º que "Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate". Y en su art. 46º, inc. 1) "Siempre que no se exprese otra cosa, cuando los plazos ///se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del computo los feriados provinciales".

Y, a más de días hábiles, debe aclararse que son días hábiles judiciales, pues conformado el Tribunal de Superintendencia Notarial con los miembros del Superior Tribunal de Justicia, los procedimientos se llevan a cabo en la sede de este último durante los días y horarios en que funciona, aplicándose supletoriamente el art. 152 del CPCC en tanto ha determinado que "son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento para la justicia provincial", lo que indica que deben excluirse las Ferias Judiciales.

Esta analogía ha sido impuesta en el trámite de estar a las constancias de autos. Expresamente en la providencia del 17 de Julio de 2.006 (fs. 453) se le hizo saber al Defensor Público que "el término allí establecido comenzará a correr a partir del primer día hábil de transcurrida la Feria Judicial Especial".

Ello, a los efectos de lo dispuesto en el punto 2 del Acta Nº 338/06, en la que consta que se había dispuesto nombrar abogado oficial al Escribano imputado y correrle traslado por cinco días hábiles para que en ese término ofreciera la prueba que hiciera a su derecho de defensa. Y en el escrito de fs. 457 el Sr. Defensor General hizo saber a dicho Tribunal quién asumiría la defensa, una vez "finalizada la feria judicial especial de invierno".

El Escribano ahora apelante a su vez, al tiempo de interponer otro recurso Recurso de Apelación y Nulidad de fs. 464/467 vta. nada objetó respecto a la forma en que se estaban computando los plazos en días hábiles judiciales, consintiéndola.

/// Desde que llegara el Expediente al Tribunal de Superintendencia Notarial el 4 de Julio de 2.006 fecha del cargo de recepción a fs. 435 hasta que dicta el pronunciamiento impugnado, el 25 de Agosto siguiente, en el interregno, se produjo la suspensión de términos judiciales como consecuencia de la feria judicial especial de invierno, fijada desde el 17 al 28 de Julio del año 2.006, dispuesta por Acuerdo Plenario N° 4557.

En consecuencia, al 25 de Agosto de 2.006, fecha en que el Tribunal de Superintendencia Notarial se expide aplicando la sanción de destitución al apelante por Acuerdo N° 342 objeto de esta opugnación el plazo no había fenecido. El final del cómputo alcanza excluyendo la Feria Judicial de Invierno al 30 de Agosto del mismo año, inclusive.

La supuesta pérdida de jurisdicción del Tribunal sancionador de lo que se queja el apelante, de conformidad con el análisis precedente, no puede entonces prosperar.

Las restantes disquisiciones del Recurso en orden a los procedimientos, también resultan inaudibles. Esencialmente, porque el apelante no ha demostrado cuál es el agravio sufrido en su derecho de defensa como consecuencia de las que describe como deficiencias.

Como hace notar el Colegio de Escribanos al responder el traslado, el Esc. A. ha reconocido que se dispuso correrle traslado del Expediente, y tuvo oportunidad de ofrecer las probanzas que considerase convenientes para desvirtuar las acusaciones formuladas. ///La crítica de que se le corrió traslado como si se tratase de un "expediente recién nacido y no uno ya tramitado" no le creó ningún tipo de gravamen.

En lo que respecta a los vicios que denuncia en el procedimiento seguido ante el Colegio de Escribanos que trae en éste y en el quinto agravio no pueden constituir materia de esta apelación, pues no fue esta cuestión planteada al Tribunal de Superintendencia Notarial, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo al presentarse a fs. 464/467 y vta.

Así ante la naturaleza ya establecida de los Recursos Jurisdiccionales y el conocimiento limitado con que el Tribunal entiende, destacadas en el segundo considerando.

Sin perjuicio de lo cual, rige además el "tantum devolutum" aplicable a toda revisión por vía de alzada, cuyo ámbito de conocimiento como señala la jurisprudencia " se encuentra limitado por el contenido de las cuestiones sometidas a la decisión del juez de la causa. De ahí entonces que no resulta admisible la introducción de argumentos que no fueron objeto de debate en la instancia precedente" (vg. CNCiv., sala G, 15/8/81, ED 97624).

A mayor abundamiento, en cuanto a la postergación de la bilateralidad aducida, tampoco puede tener andamiento. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), establece en su Art. 8, inc. 1, que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente.

Por ello se ha destacado lo hace el maestro MORELLO que no necesariamente el principio de bilateralidad, entendido como la confrontación entre para el subexamen quien acusa de una infracción y quien pretende "defenderse" de la misma ///tiene que ser observado en el inicio mismo de la controversia, pues circunstancias relevantes pueden condicionar su alteración nuevamente "razonable" desplazándolo en el tiempo o aún invirtiéndolo.

Si bien el autor reafirma que en ningún momento puede soslayarse la estructura dialéctica del "juicio", del conflicto, ya que hace a su esencia, el momento y la forma de su organización empero pueden ser establecidas de manera especial en base a razones políticas de conveniencia, pero con el propósito siempre de servir al resultado público y esencial de la justicia. (Conf. Sentencia Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, SD N°20/2004).

En lo atinente a los cuestionamientos referidos a lo resuelto por el Tribunal de Superintendencia Notarial respecto de la Escribana adscripta al Registro Nº ... de Puerto Madryn, M. E. D., y "de intrascendencia de terceros de la pena...", ha de decirse que no se encuentra legitimado el apelante para efectuar dichos planteos, desde que no ha demostrado "agravio personal" derivado de ello.

Ha de recordarse que el interés es el principio basal del instituto de la apelación, y el recurso"se acuerda a aquellos que de cualquier manera pudieran resultar afectados por una decisión judicial" y "la legitimación para interponer un recurso de apelación incumbe a la parte y no a los terceros, cuya actuación no encuadra en ninguna de las modalidades de intervención prevista por el Código Procesal..." (CNCiv., sala D, 13/5/83, LL 1983D174).

En el descripto como segundo agravio exceso de jurisdicción por apartamiento de los supuestos legales de destitución el apelante ///interpreta que Tribunal de Superintendencia Notarial ha dispuesto la sanción por causales que no se encuentran contempladas en la Ley N° 5.055 y aduce que sólo puede ser destituido si se verifican las que taxativamente prevé la ley.

Justamente lo contrario a la taxatividad, es lo que impera en el Derecho Administrativo Disciplinario, el que "... no tiene, por su propia finalidad, ni el rigor ni la inflexibilidad que requiere la violación de las normas del derecho penal sustantivo, ni rige en él en toda su plenitud el principio "Nullum Crimen sine lege".

Analizando la técnica utilizada en la Ley Orgánica del Notariado de la Provincia de Buenos Aires, la jurisprudencia ha advertido "sin que medie definición normativa que indique qué debe entenderse por "mal desempeño en la función" o por "faltas de ética o que afecten la dignidad de la investidura o el prestigio del notario", aquellas configuran responsabilidad disciplinaria y abren la competencia del juez notarial... , mientras que las últimas, también dan lugar a dicha responsabilidad y son juzgadas por el Tribunal Notarial...

Conforme a lo expuesto, la falta de previsión legal puntual de la conducta observada por el notario que la tipifique como falta de ética o hecho punible como él lo denomina, en modo alguno impide analizar su actuación y encuadrarla en la norma del artículo... si como aquí ocurre, aquélla afecta el decoro y el prestigio de la profesión... (JUBA BsAs sumario Civil y Comercial B254711;CC0201 LP 97996 RSD2312; SD 7112002 en "Deleg. La Plata eleva dcia. de la Sra. S. E. P. c/ Not. J. P. P. s/ Pta. Falta de ética").

Alejandro NIETO, en su obra "Derecho Administrativo Sancionador" analiza las peculiaridades de la tipificación de las ///infracciones administrativas, la que estima tiene dos elementos: la descripción de la infracción, y luego, la conminación de la sanción, o sea una precisión de las consecuencias punitivas de cada una de las infracciones.

Pero sucede advierte que con frecuencia presentan las normas una estructura más complicada al descomponer el primer elemento en dos fases: la norma tipificadora en sentido estricto carece de contenido material, tiene un carácter absolutamente genérico, de tal manera que se limita a calificar de infracción el incumplimiento de los mandatos y prohibiciones que aparecen en otra norma, a la que se remite.

De lo que concluye: el tipo no se realiza a través de una descripción directa sino que surge de la conjunción de dos normas: la que manda o prohíbe y la que advierte que el incumplimiento es infracción.

El apelante trae el art. 20 de la Ley N° 5.055, en el que precisamente se comprueba lo advertido por ese autor. Reza el precepto que "los Escribanos de Registro no podrán ser separados de sus cargos mientras dure su buena conducta. Su suspensión, remoción o pérdida de Registro y/o matrícula sólo podrá ser declarada por las causales y en la forma prevista en esta Ley".

Su carácter es general y no están tipificadas expresamente dichas causales ni en éste ni en otro artículo. En el capítulo IVDe los Escribanos de Registro se establecen sus deberes y obligaciones (arts. 16 al 22), cuyo incumplimiento dará lugar a la responsabilidad del Escribano.

Así lo dice el capítulo VIII Del Gobierno y Disciplina del Notariado cuando lo prevé por incumplimiento de "esta ley, de los Estatutos del Colegio, del Reglamento del Colegio de Escribanos, de las disposiciones que ///dictaren al respecto y de los principios de la ética profesional, en cuanto esas transgresiones afecten a la Institución Notarial, los servicios que le son propios o el decoro de la institución", responsabilidad profesional que será juzgada por el Tribunal de Superintendencia Notarial y el Colegio de Escribanos (art. 42).

Estos Cuerpos son los encargados de verificar el cumplimiento de tales ordenamientos; de decidir la aplicación de la sanción que pudiera corresponder según la gravedad del incumplimiento, y en su caso, evaluar si se mantiene o no la "buena conducta del Escribano", cuestión que remite insoslayable a la discrecionalidad administrativa, que no pocos esfuerzos cuesta penetrar, concatenada con los que la doctrina ha dado en llamar "conceptos jurídicos indeterminados".

Así porque es evidente, que del modo en que se legisla, la norma otorga, para la apreciación del grado de la sanción que corresponderá aplicar, facultades discrecionales a los órganos de control de la actividad notarial, como ocurre en general con respecto a la apreciación de las conductas que constituyen faltas administrativas, como numerosos fallos del Superior Tribunal de Justicia lo destacan (SD Nº 14/SCA/99, 4 y 5/SCA/00, 4/SCA/01, 11/SRE/01, 22/SRE/04, entre otras).

Pero lo hace dentro de un marco dado por una determinada realidad de hecho determinante en un proceso intelectivo de comprensión de esa realidad, en el sentido en que la ley lo ha pretendido.

Si bien es sobreabundante una exposición teórica sobre las diferencias que la doctrina encuentra entre concepto indeterminado y poder discrecional, baste señalar que la "buena conducta del escribano" no está definida por la Ley; es un concepto que debe definirse ///valorándolo según el sentido de la Ley que lo crea y atendiendo retrospectivamente a hechos vigentes al momento del dictado del acto impugnado.

Valoración que en el caso tendrá como parámetro y límite, las que constituyen obligaciones del notario que impone la misma Ley. La medida concreta para la aplicación de estas normas flexibles a una situación de hecho devendrá de desentrañar la unidad de una solución justa a un concepto definido genéricamente por el ordenamiento jurídico positivo a través de valorar o estimar el concepto según el sentido de la Ley, pues toda potestad discrecional se apoya en una realidad de hecho que funciona como supuesto de hecho de la norma cuya aplicación se trata, y cuya adecuación al derecho aplicable será el objeto del control judicial (Conc. Los límites de la discrecionalidad administrativa Los conceptos jurídicos indeterminados y los hechos determinantes Vicente Ernesto PÉREZ FERNÁNDEZ LL 1994B1066).

Adecuación que indica GARCÍA DE ENTERRÍA, citado en la SD N° 5/SCA/97 se verifica "por el control de los elementos reglados del acto administrativo, inclusive el fin, cuyo apartamiento importa la desviación de poder, de los hechos determinantes presupuestos fácticos de la norma de cuya aplicación se trata y hasta por los principios generales del derecho" (Derecho Administrativo Tomo I pág.442 a 467 ).

Esta postura no es ajena se advirtió también en aquella mencionada Sentencia a alguna jurisprudencia nacional que ha asegurado "El órgano judicial que debe efectuar el control de legalidad de un acto administrativo, tiene que desentrañar los motivos y los hechos que le sirvieron de origen, valorando ///objetivamente los antecedentes que se encuentran en la causa y fueron la motivación de su dictado, para resolver si corresponde o no la modificación de la decisión dictada..."(C.Nac.Fed. Cont.adm. Sala II Octubre 20/1994 in re "P....", comentario de Armando CANOSA "El control de legalidad de los actos administrativos a través de la verificación de sus elementos" (LL 1995B504).

Además, en ese fallo y en SD Nº 4/SCA/04, refiriéndose a las facultades discrecionales, y a la necesidad de su encorsetamiento en el orden jurídico, el Superior Tribunal prevenía que "esta absolutez que tal doctrina propone como premisa, será de práctica imposible en aquellos casos que acercándose a la discrecionalidad los conceptos indeterminados suponen u otorgan un grado de libertad aceptable a la voluntad administrativa, propia de su reserva, lo cual constituye un escollo para la revisión judicial...

Habrá de establecerse entonces en cada caso concreto, cuándo el accionar administrativo es objetivable, según pautas regladas y concreciones posibles, y cuándo hay efectivamente discrecionalidad, y en qué grado".

Si se examina la jurisprudencia en particular respecto de la naturaleza de las facultades otorgadas a los órganos que juzgan la conducta de los escribanos, en casos en que se le aplicaron sanciones disciplinarias, se verá que ha entendido "con atingencia a la consideración y calificación de los hechos que originan esas faltas, y la determinación de la sanción a aplicar, debe dejarse en claro que constituyen esas apreciaciones facultades discrecionales de los órganos de control de la actividad notarial, puesto que en el ámbito administrativo disciplinario existe la necesidad de una razonable discrecionalidad, tanto en la graduación de la ///sanción como en el carácter abierto de los tipos que describen las conductas ilícitas" (JUBA BsAs, sumario Civ. Y Com. B353340; individualizado como CC0203, LP 94131, RSD21, SD del 622001, en "S., J. H. s/ Registro de Contratos Públicos N° .. M."; causa 90.741).

En autos, el Tribunal de Superintendencia Notarial ha optado, entre las distintas sanciones disciplinarias a que pueden ser sometidos los Escribanos por mal desempeño enumeradas en el art. 60 de la Ley N° 5.055, por la destitución del Escribano apelante. Y al hacerlo ha motivado su decisión en los fines que inspiran la labor de los notarios.

En tal sentido se ha interpretado que "los límites y estrictas exigencias que organiza la Ley del Notariado... se justifican por su especial naturaleza, porque ante la facultad atribuida a los escribanos de dar fe a los actos y contratos que constituye una concesión del Estado otorgada por la calidad de funcionario público, es razonable que se sancionen con rigurosidad las transgresiones, guardando ello adecuada proporción con la necesidad de tutelar el bien público comprometido.

Es por ello que puede afirmarse que el artículo... no vulnera garantías constitucionales, porque los derechos que la Constitución y los Tratados internacionales consagran no son absolutos y deben ejercerse de conformidad con las leyes que los reglamentan, siempre que guarden éstas un marco de razonabilidad (arts. 14, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 C.N.)")(JUBA Buenos Aires, CC0202 LP 96357 RSD22; SD 522002; en "Registro de ///contratos públicos N° ... Localidad:T. . L. E. A.. s/ xx").

En los fallos antes citados este Superior Tribunal analizaba el art. 26 inc. 1 a) y b) del Dto. Ley 920 aplicables en la especie cuando dice, refiriéndose a las facultades de los órganos : "en los casos en que por la ley, o disposición basada en ella tienen el poder de decidir según su libre apreciación, la decisión debe tomarse dentro de los límites del poder atribuido y de conformidad con la finalidad para la cual ha sido conferido...aún cuando tienen la facultad de decidir según su propia convicción ".

Y se citaba a Domingo Juan SESIN que destaca la sujeción en la aplicación de estos conceptos al control judicial, la cual es "complicada" pues se corre el riesgo de sustituir un criterio administrativo "opinable" por una decisión judicial que trasunte un juicio de valor "discutible"...

Pero, agrega, para determinarlo así, habrá de estarse a los supuestos fácticos concretos, y, en algún caso, habrá de reconocerse un margen de apreciación, como una particular modalidad discrecional, que por ser privativa y subjetiva, quedará exenta del control judicial...en estos casos la revisión se limitará a controlar la integración de la libertad dentro del ordenamiento jurídico...

Esto es, cuando la propia realidad del objeto o situación admite márgenes de opinabilidad...cuando no existe posibilidad de reconducción a pautas objetivas, cuando se trate de verdades relativas, que no pueden ser convertidas en "ciertas ", ni por el administrador, ni por el juez... (Administración Pública, actividad reglada, discrecional y técnica Depalma 1994).

Existe, se insistía, un margen de reserva irrevisable, o limitadamente revisable de acuerdo a pautas de razonable tolerancia, lo cual debe analizarse frente a las particularidades de cada caso concreto, atendiendo a los actos, sus ///elementos, a las normas que confieren las potestades por las que se ejercitan, y como siempre al coto que al quehacer administrativo imponen la ausencia de arbitrariedad manifiesta, la logicidad, la razonabilidad." Que atendiendo a estas pautas, puede observarse que la discrecionalidad del Tribunal de Superintendencia Notarial no ha violentado en el marco de revisión autorizado las reglas y principios que acotan su ejercicio, atento la trascendencia de la función del escribano y la estrictez del control que el Estado debe ejercer sobre ella, las obligaciones estatuidas y los hechos comprobados.

Señala la Dra. Elena HIGHTON de NOLASCO que "Cuando el escribano interviene como funcionario, esto es cuando da fe de los actos y contratos que ante él se extendieren o pasaren, según la definición legal, actúa por delegación del Estado de quien emana la fe pública y actúa también con el aval del Estado, porque es éste quien lo inviste de esa facultad, porque es éste quien responde, siquiera moralmente, de la corrección de sus intervenciones y porque es éste, en fin, quien obliga al cumplimiento de las manifestaciones o estipulaciones del instrumento notarial" ("Responsabilidad del Estado por los escribanos. Por quien no es propietario.

El caso de enajenación.", LL 1977C953; con cita de José A. NEGRI "La fe pública y el notariado", Rev. Del Notariado nº 731p.1765). El interés público comprometido justifica la adopción de las medidas razonablemente necesarias a esos fines y el grado de discrecionalidad aplicado se insiste aparece razonable y adecuado a la finalidad de la Ley.

/// Comprende lo expresado, la queja que trae el recurrente en el cuarto agravio, cuando afirma que al estar la principal imputación por la que se lo destituye relacionada con los impuestos nacionales, y desde que a su juicio, de la lectura de las escrituras no se desprende que haya retenido el apelante suma alguna, entiende que ese cargo debe ser desestimado, o al menos reformulado por uno más leve.

Por una parte, en verdad la sentencia no expone que tal sea la "principal" imputación; por la otra, en el contexto de las facultades discrecionales que según lo antes dicho deben reconocerse al Tribunal de Superintendencia Notarial, no cabe a este Tribunal sustituir la sanción aplicada que involucra esta conducta, adoptada en resguardo de la ética y el decoro del cuerpo notarial, pues la jurisprudencia nacional y la del Superior Tribunal, adscriben a la que BIANCHI refiere como "teoría de la deferencia" (Ver en Rev. Derecho Procesal Administrativo Tomo I Hammurabbi) que no admite sustituir por la propia la discrecionalidad de los órganos de juzgamiento administrativos.

Lo mismo ha de responderse respecto al agravio referido a "la inconsistencia de los cargos restantes", que como título se invoca en ese cuarto agravio.

El criterio del apelante que reclama que desde que se encuentran en trámite distintas causas judiciales, los incumplimientos que se le achacan como faltas deben de ser juzgados "por las vías judiciales correspondientes" tampoco puede ser atendido.

Igual suerte ha de correr el agravio que se concatena con una alegada vulneración del principio de inocencia que no se configura, y el apelante sostiene se produce cuando para aplicar la sanción se toman causas judiciales que se encuentran vinculadas a una causa penal que no ha pasado en autoridad de cosa juzgada, pues ha presentado contra la sentencia que le aplicó una condena, un Recurso de Casación cuya copia simple ///adjunta sin firma de cargo o cuando afirma que en el fallo en crisis el Tribunal ha ignorado "todo lo que tiene que ver con la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut y con la retención del impuesto de sellos", razonando que "el grueso de la imputación tributaria" de la cual es objeto y por la que se lo condena, está siendo investigado en otros autos ("O....") que tramitan ante la Fiscalía N°4 de Puerto Madryn, de cuyo estado se informa a fs. 383 del presente.

Afirma la queja, que la descripción de los hechos de esta última denuncia coincide literalmente con la nota de fs. 36 de este sumario, que es "un calco" de la nota de O. de fs. 23/25, y con ese sentido, toma como fundamento el mismo fallo, que vislumbra una afectación al principio de inocencia y un uso exacerbado del poder disciplinario "si se pusiera sobre la mollera de A. la existencia de causas judiciales seguidas en su contra en las cuales no ha recaído sentencia firme...".

Pide por ello que se deje sin efecto su destitución en lo concerniente a este cargo, desde que entiende es el más importante y significativo que da sustento a la sanción.

Equivoca el apelante la influencia que deriva de la supuesta "prejudicialidad" que el régimen al que se sujeta, impone de la decisión judicial.

Se trata de pena administrativa la aplicada, y en el Derecho Administrativo Sancionador rige el principio de independencia entre causa penal y causa administrativa, que en SD Nº 4/SCA/04 el Superior Tribunal voto del Dr. Royer desarrolla, exponiendo que un mismo hecho y tal el caso puede constituir al mismo tiempo, delito criminal y ///falta del tipo administrativo, y en estos casos "la conducta reprochable del agente resulta susceptible de una valoración distinta según sea el enfoque disciplinario o delictual del caso.

Así puede un hecho no constituir delito y configurar en cambio clara prueba de incapacidad o negligencia administrativa en cuyo supuesto se justificaría la sanción en ese ámbito con prescindencia de la absolución judicial" (Cita de GORDILLO Tomo 4.1 pág. VII29 Ed. Macchi Proc. Del Tesoro Tomo 92, pág. 215, 97, pág. 310).

El proceso penal como el derecho penal es distinto en su naturaleza y finalidad del proceso disciplinario propio del derecho administrativo. Ambos son ciertamente de represión, pero tal señala FIORINI, sin perjuicio de tener su origen en la sanción, ambos regímenes jurídicos no se pueden identificar. La potestad disciplinaria se distingue como actividad de la custodia y el buen orden de la función y organización de la administración pública y sus agentes.

El derecho procesal disciplinario tiende a investigar la existencia de una falta, en ninguna forma la búsqueda del cuerpo del delito.

Su objeto sustancial es comprobar, verificar, investigar, el incumplimiento que ha provocado la falta..., para luego juzgar con libre convicción las que fueron comprobadas (Derecho Administrativo Abeledo Perrot 2º Edición Tomo I págs. 844/846). COMADIRA lo explica diciendo que "la télesis profunda de la legislación penal no se confunde con el fin específico de la represión disciplinaria y no vacía a ésta de contenido que conserva de ese modo en el bien jurídico concreto del buen funcionamiento administrativo, su particular sentido" (Derecho Administrativo 2° Ed. Lexis Nexis pág. 568).

La inexistencia de ofensa a la colectividad, de delito, no necesariamente determinará la ausencia de afectación al buen orden de la administración.

/// Tales son los criterios que guían la jurisprudencia cuando falla "en el ejercicio profesional el notario puede cometer faltas por acción u omisión que pueden originar, a su vez distintos tipos de valores jurídicos que cada uno de esos tipos tienden a proteger o tutelar y, por tanto, más allá de las responsabilidades de tipo penal, civil o fiscal, existe la responsabilidad disciplinaria del escribano que se vincula específicamente con la conducta o proceder del notario que lesione el correcto desempeño de su función, por la inobservancia de los deberes inherentes al cargo conforme lo disponen las leyes que regulan su ejercicio." (JUBA Buenos Aires, Sumario Civil y comercial B353339; CC0203 LP 94131 RSD21; SD 622001; en "S., J. H. s/ Registro de Contratos Públicos N° .. M."; causa 90.741; Reg. Sent. 111/99).

El no pago "de aportes e impuesto de sellos es una conducta tipificable como falta de ética profesional porque afecta el decoro y prestigio del notariado y es en definitiva lesivo a la dignidad inherente a la función..." para concluir que "en definitiva quebranta deberes profesionales que preceptúan leyes y reglamentaciones pertinentes..." (C1º.CCom.La Plata, sala II, 13/11/01, en "Colegio de Escribanos s/Omisión de pago de aportes J. C. M. G.", JUBA B 152544).

"La sanción disciplinaria que los incumplimientos fiscales pueden generar deriva del incumplimiento que importan de los deberes del notario a su ejercicio funcional, en resguardo de la ética y el decoro del cuerpo notarial (TSJ Ciudad Autónoma de Bs.As. 18/06/02 elDial AQ5F5).

Además es de destacar que el Tribunal de Superintendencia estuvo constreñido en su decisorio no sólo por esos principios, sino por ///los especiales caracteres de la función del notario.

Y si bien es cierto que se tuvieron en consideración para fundar la sanción numerosas inhibiciones de bienes e incumplimientos, éstos aún cuando puedan coincidir la denuncia del Director de Rentas, o con la iniciación de una causa penal han sido valorados como faltas en el ejercicio de la función.

En el marco dado por la normativa antes descripta en ejercicio de sus poderes discrecionales, el Tribunal de Superintendencia Notarial tuvo facultades suficientes para merituar si estos hechos al margen de su naturaleza delictiva o no configuran la pérdida de la buena conducta que da a lugar a la destitución de los Escribanos. Así ha sido concebido por la Ley N° 5.055, y no se aprecia ni se demuestra en la decisión, ni ilegalidad, ni arbitrariedad, ni desviación de poder.

Específicamente no se observa afectación de derechos o garantías, pues la presunción de inocencia no resulta de ningún modo violentada en el marco de los principios enunciados y las normas vigentes y aplicables al caso bajo análisis. Máxime si se considera que las conductas constatadas de faltas o incumplimiento del ordenamiento impositivo, evidencian que están estrechamente vinculadas a la profesión de Escribano.

En cuanto al argumento defensivo que A. esgrime con respecto a la imputación de haber otorgado una escritura traslativa de dominio en una compraventa de inmueble entre cónyuges, lo cual se dijo que implicaba dar fe de un acto nulo de nulidad absoluta y manifiesta con fundamento en el art. 1.358 CC sobre la base de circunstancias conocidas por el notario, de que "jamás hubo perjuicio...", o bien el que cerró el anterior negando daño "para el ///contribuyente ni un beneficio en su provecho", cabe recordar lo explicado por la Dra. HIGHTON de NOLASCO en el artículo publicado en La Ley arriba citado, en que trae la opinión de Manuel SANATURA ("La fe pública notarial", Rev.Notarial n°778, p.771) que dice que la conducta del notario como funcionario público, puede ser considerada en dos formas: a) en su interferencia intersubjetiva con la comunidad, representada por el Estado; b) en su interferencia intersubjetiva con los otorgantes del documento notarial.

En el primer caso el notario como órgano del Estado, cumple una función pública mediante la creación del documento notarial, que se realiza de acuerdo con normas formales y técnicas de derecho notarial, aplicadas por el notario para lograr la seguridad jurídica.

En cuanto al segundo caso, al ser creado el documento por el notario, éste le otorga la autenticidad de tal modo que los otorgantes quedan "impletados" en el ordenamiento jurídico desde el momento en que el notario confiere autenticidad al documento.

Para finalmente concluir que para que este valor de autonomía, que es la seguridad, tenga vigencia en toda la comunidad, es menester que ésta le otorgue a su vez un valor de heteronomía por medio de la coacción, que a su vez deriva de los valores de poder y orden. Pero esta coacción no la pone el notario sino que está puesta por el Estado como representante de la comunidad (LL 1977C953).

Claro es que ante la falta imputada no interesa el consentimiento de los firmantes del acto, o si éste produjo o no perjuicios. El Tribunal de Superintendencia Notarial estuvo constreñido a analizar la conducta del notario en aquellas dos perspectivas al resolver la sanción.

/// Se ha coincidido entonces con la jurisprudencia que informa que "para juzgar o dar por configurada la falta disciplinaria prevista por el decreto ley... no es necesario que se produzca perjuicio alguno, dado que la inconducta se constituye por el solo y objetivo hecho del incumplimiento de normas legales expresas que encuadran el ejercicio del notariado". (Sumario Civ. y com. B200964; CC0103 LP 219153 RSD18895; SD 1581995; en "M., J. C. s/ Juzgado Notarial"), ponderando que "la finalidad del régimen disciplinario que estatuye la ley de la materia, no se halla dirigida a la protección de los derechos particulares que pudiere vulnerar el accionar del notario como consecuencia de su actividad propia.

Basta la configuración de las faltas formales relacionadas con la lesión a la confianza pública, para la procedencia de la sanción impuesta al notario, no hallándose la misma condicionada a la efectiva concreción de daños devenidos en los negocios para los que se ha requerido su intervención.

Es en el acto de afectación a la fe de la comunidad, que descansa sobre estos funcionarios, verdaderos custodios de los objetivos de certeza y seguridad y cuya realización les ha encomendado el derecho objetivo, donde debe buscarse el daño cometido..... (dec. ley 9020/78). (JUBA Buenos Aires, Sumario Civil y comercial B300447; CC0202 LP, B 80400 RSD17996; SD 1671996; "Registro de Contratos Públicos Nro. .. de G. S. M.. G. M. D. l. A....").

En relación con una supuesta vulneración al derecho de trabajar que invoca el apelante, en cuanto a su función notarial, ha de recordársele: "Si bien en sanciones como la presente pueden avizorarse eventualmente afectaciones al derecho a trabajar o a otros de índole personal del sancionado, la imposición de penas de estas ///características consulta a la preservación del interés público comprometido en la cuestión, y los derechos invocados (patrimoniales, de trabajar, profesionales, etc.) se encuentran sujetos a las leyes que "reglamentan su ejercicio" a las cuales se ha sometido el notario ante el otorgamiento de la concesión a su favor de un registro notarial, asignado en su actividad por la legislación cuyas pautas preceptúan justamente las sanciones aquí involucradas y el ejercicio de este poder disciplinario a través de la jurisdicción, con lo cual quedan desde ya escindidas eventuales violaciones de orden constitucional que pudieran alegarse respecto al poder sancionatorio en cuestión y a la legitimidad de las penas establecidas normativamente (arts. 14, 16, 17, 18, 75 inc. 22 C.N....) (JUBA Buenos Aires, CC0203 LP 94131 RSD21 S 622001; en "S., J. H. s/ Registro de Contratos Públicos N° .. M.; causa 89.153).

Atento los fundamentos expuestos, ninguno de los agravios puede atenderse. La actuación del Tribunal de Superintendencia Notarial se ajusta a derecho y su decisión debe confirmarse.

Que si bien los Recursos Jurisdiccionales de la índole del tratado no generan costas, procede regular honorarios profesionales de acuerdo a la manda del art. 47 del Dto. Ley Nº 2.200 T.O. Dto. Nº 138/99.

Atento que el art. 8° del citado cuerpo legal no ha previsto mínimos para este tipo de actuaciones, corresponde estar a lo dispuesto por el art. 6°, aplicando cuyos parámetros corresponde fijándolos en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300) para el Dr. F. D. ///C., y en la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500) para el Dr. N. M..

Por ello la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia:

R E S U E L V E:

1º) NO HACER LUGAR al Recurso de Apelación incoado por el Escribano R. M. A. en contra del Acuerdo N° 342/06 del Tribunal de Superintendencia Notarial, y en consecuencia, confirmar este último.

2º) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. F. D. C. en PESOS TRESCIENTOS ($ 300), y en la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500) para el Dr. N. M. (arts. 6º y 8° Dto. Ley Nº 2.200 T.O. Dto. Nº 138/99), con más el I.V.A. si correspondiere.

3º) REGÍSTRESE y notifíquese.

Fdo. Dres. Carlos D. Ferrari, Carlos A. Velásquez y Juan H. Manino.

Recibida en Secretaría el 07/03/07 y Registrada bajo el N° 19/SCA/07.