Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30


PETRICH , Gabriela y PETRICH, Sabrina contra PETRICH de DI BENEDETTO, María Nélida Reg.: A y S t 203 p 232-237.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PETRICH , Gabriela y PETRICH, Sabrina contra PETRICH de DI BENEDETTO, María Nélida -Medidas Previas y Cautelares - Acción de Simulación- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. C.S.J. Nro. 339, Año 2002).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?, y TERCERA: en consecuencia, qué resolución corresponde dictar. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Netri y Falistocco.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. Mediante resolución registrada en A. y S., T. 180, pág. 374, esta Corte admitió parcialmente la queja y, en consecuencia, concedió -excepto en cuanto al agravio vinculado con la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal a quo- el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral -integrada- de la ciudad de Venado Tuerto (fs. 83/86 v., Expte. C.S.J. Nro. 985, Año 2000, agregado por cuerda).

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 -delimitado a la materia recursiva que fuera objeto de concesión- no encuentro razones para apartarme de aquella conclusión provisoria, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 49/50 v..

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri, y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. En la presente causa el señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Melincué hizo lugar a la demanda de simulación planteada en representación de Gabriela Beatriz Petrich y Cora y de Sabrina Ivana Petrich y Lombardo, declarando consecuentemente nula la compraventa celebrada por escritura N 42 de fecha 28 de septiembre de 1990, y también acogió la acción de reducción, ordenando que se incluya el bien en el inventario de la sucesión de Pedro José Petrich y se determine el valor de los bienes dejados por el causante y de la porción disponible del mismo (fijada en un quinto del acervo hereditario), a fin de establecer la reducción que las herederas forzosas sufrirán en su legítima, de la cual resultará beneficiaria Nélida Petrich de Di Benedetto.

Apelado que fuera tal pronunciamiento, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral -integrada- de la ciudad de Venado Tuerto rechazó los recursos deducidos mediante sentencia de fs. 223/233 (Expte. 97/1998).

Para así resolver consideró el Tribunal a quo, en cuanto al agravio fundado en la existencia de dos acciones contradictorias (simulación de compraventa y pago del precio de la misma), que en el presente juicio "se han acumulado necesariamente dos pretensiones: reducción, junto a la simulación de un negocio oneroso que encubría una donación real entre el donante y su hermana (la demandada)", entendiendo que la alegada contradicción entre simulación y reducción "para la correcta doctrina es claramente superable porque en realidad no es tal", atento a que "para abrir camino a la reducción hay que demostrar previamente que se trata de un acto simulado", acto éste que en el caso es el contrato de compraventa que disimuló una donación.

"La apariencia creada con el fingido acto a título oneroso exige promover la acción de simulación a fin de revelar la naturaleza del acto encubierto. Una vez destruida la ficción la donación sufrirá las consecuencias de la reducción. La acción de simulación es la 'acción medio', la acción de reducción es la 'acción fin', que pretende la reintegración de la cosa donada al patrimonio relicto; es decir, aquélla es la acción accesoria y ésta la principal. (...) Queda claro en consecuencia que en la demanda no existen acciones autocontradictorias y que se peticiona la reducción a lo largo de toda la demanda y especialmente cuando se expresa (...) 'y a fin de evitar la dilación en el tiempo que perjudica los derechos de mis representados peticionamos la acción condenatoria, o sea, el pago del precio que no efectuó, reducida la porción que el causante podía disponer'".

Agregó que "una lectura detenida de la demanda y un estudio profundo de la reducción nos lleva a la conclusión de que declarada la simulación puede pedirse la restitución en dinero de la legítima"; en tal sentido la Cámara invocó doctrina (Zannoni, "Derecho de las Sucesiones", t. II, pág. 403) según la cual, determinado que el acto es simulado y encubre una donación, y demandado el donatario por reducción, pueden propiciarse dos soluciones: ordenar la restitución en especie ("como lo sostiene Borda") o bien conceder al donatario la facultad de conservar el bien pagando su valor al legitimario, hasta quedar cubierta la legítima, "solución compartida por Lafaille, Fornieles, y admitida implícitamente por la doctrina mayoritaria", que asegura la estabilidad de los negocios y de las posteriores transmisiones.

Sentado ello, la Cámara desestimó igualmente el agravio dirigido contra la declaración de simulación de la compraventa formalizada entre el causante y la demandada, señalando que en el caso se trataba de una pretensión planteada por un tercero, rigiendo entonces una total amplitud probatoria que tornaba admisibles las presunciones y los indicios, destacándose al respecto la relación que existía entre Pedro José Petrich y sus hijas Gabriela y Sabina, caracterizada por el desinterés del primero respec 2. Contra tal pronunciamiento interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 , de la ley 7.055 agraviándose -en lo que es materia de interés atento a la concesión parcial del mismo- de que el fallo resulta incongruente (pues admite una pretensión no planteada, como lo es la de reducción), viola el texto expreso de la ley (al reconocer a la actora el derecho a obtener una condena a pagar sumas de dinero cuando es potestad del donatario la de reemplazar la restitución en especie); incurre en autocontradicción (toda vez que admite la reducción, cuya finalidad es percibir una suma de dinero, al tiempo que confirma la sentencia apelada, que ordenaba la restitución en especie y colocaba a la demandada en posición de acreed Evacuado el traslado respectivo (fs. 25/34) la Alzada denegó la concesión del recurso por auto de fs. 39/42, accediendo la impugnante a esta instancia extraordinaria por vía de queja, conforme se expresara al tratar la primera cuestión.

3. El detenido estudio de las constancias de la causa me convence de que la impugnación planteada no ha de merecer favorable acogida en esta instancia, toda vez que a pesar del matiz constitucional que la recurrente pretende conferirle a sus agravios, lo cierto es que éstos no logran demostrar en definitiva la concurrencia de defectos de fundamentación que por su gravedad determinen que lo resuelto no pueda ser visto como la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas del caso.

En ese orden corresponde destacar primeramente -con relación a la tacha de incongruencia derivada de que el Tribunal habría acogido una pretensión no planteada en el escrito de demanda- que la misma no puede prosperar atento a que no se han aportado razones demostrativas de la necesidad de hacer excepción al principio (reiteradamente sustentado por este Cuerpo) conforme al cual la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis es materia propia de los jueces de la causa siendo por su naturaleza ajena a la órbita del recurso de inconstitucionalidad (vide R. A. y S. T. 173, pág. 53, entre muchos otros).

Al respecto cabe señalar que la impugnante omite hacerse cargo de que, en concordancia con los argumentos ut supra reseñados que diera la Alzada en Idéntica suerte han de correr sus planteos vinculados con la "violación del texto expreso de la ley" y la autocontradicción que exhibiría el fallo, pues más allá de la inocultable ausencia de fundamentación del primero (en cuanto se omite indicar -nada menos- cual sería el texto legal violado, y en definitiva el mismo sólo traduce la mera discrepancia de quien lo propone con la solución adoptada por los jueces de la causa en cuestiones que remiten a la interpretación y aplicación del derecho común, ajenas a la instancia extraordinaria), lo cierto es que la lectura del decisorio -en su correlación con el pronunciamiento que confirma por sus fundamentos- no permite constatar ni siquiera en grado liminar la concurrencia de una deficiencia discursiva que torne incomprensible lo decidido.

Es pertinente recordar al respecto que toda resolución judicial constituye una unidad lógico-jurídica, que debe interpretarse a través de los considerandos -"máxime si tales considerandos no consisten en meros desarrollos argumentales, sino que, virtualmente, anticipan de manera concreta la decisión" (conf. A. y S., T. 36, pág. 14)- por cuanto así lo exigen razones lógicas y de buen sentido.

Ya Chiovenda advertía sobre el riesgo de "aislar el pronunciamiento del juez de las razones sobre las cuales está fundado" -por cuanto ello puede conducir a resultados absurdos e inaceptables- y admitía que en ocasiones es necesario acudir a los motivos de la sentencia (conf. "Ensayos de Derecho Procesal Civil", Bosch, Bs. As., 1949, T. III, pág. 271), coincidiendo, en cierto modo, con las ideas de von Savigny, quien afirmaba que el verdadero pensamiento del juez sólo se conoce a través de los motivos y que la sentencia no es sino un todo único e inseparable, donde entre los fundamentos y lo dispositivo media una relación tan estrecha que unos y otros no pueden ser nunca desmembrados si no se desea desnaturalizar la unidad lógica y jurídica de la decisión (conf. Savigny, Friedrich Karl von, "Sistema de Derecho Romano Actual", v. 5, pág. 224).

Debiendo, por lo dicho, entenderse la parte resolutiva del fallo a la luz de su respectivo discurso justificatorio (vide R. A. y S., T. 143, pág. 228), no puede sino concluirse en que la Alzada lejos ha estado de incurrir en una irreductible contradicción a la hora de razonar y decidir el caso, y que la misma en definitiva -sin incoherencia alguna- ha corregido la conclusión del Juez de baja instancia cuando se pronunciaba por la necesidad de una restitutio en especie, admitiendo la posibilidad de una eventual sustitución mediante el pago de una suma de dinero a determinar (vide fs. 228 v.).

Por otra parte, el estudio del expediente también permite comprobar la ausencia de fundamentación idónea en los restantes agravios propuestos, como el vinculado con la arbitrariedad en que habría incurrido la Alzada con relación a la naturaleza jurídica de la acción de simulación -pues más allá de remitir igualmente al examen de cuestiones de derecho Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri, y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad, con costas (artículo 12, ley 7.055). Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri, y el señor Presidente doctor Falistocco dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)