Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-21


SENT Nº 278	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiuno (28) de Mayo de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Aybar Julio César vs. Caja de Seguros S.A. s/ Amparo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

I.- Que viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia Nº 81 del 17 de mayo de 2012 expedida por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción. Por dicho pronunciamiento no se hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nº 266 de fecha 31 de agosto de 2010 expedida por el Juzgado Civil y Comercial Común de la IIª Nominación perteneciente al mismo centro judicial.

Por éste último fallo se ha declarado inadmisible un recurso de amparo interpuesto en el marco de la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias en contra de la Caja de Seguros S.A. para que esta institución cubra un seguro de vida o por enfermedad incapacitante para docentes secundarios de la Escuela ENET Nº 1 a favor del titular (hoy actor) o su cónyuge. El actor había requerido el pago de una suma de $200.000 en concepto de daño directo, lucro cesante y daño punitivo.

II.- La sentencia cuestionada en casación, entiende que no se ha configurado un presupuesto esencial de admisibilidad del amparo, que es la irreparabilidad por vía ordinaria del perjuicio invocado. La intención de obtener el cumplimiento de un contrato de seguro celebrado por las partes, puede ser satisfecho mediante la promoción de un proceso ordinario y no se ajusta a los requisitos previstos por el artículo 50 del Código Procesal Constitucional de Tucumán (en adelante CPCT) ni por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

Para el fallo el actor intentó la acción en el marco de la Ley Nº 24.240 y su modificatoria (Ley Nº 26.361), sin analizar si el contrato de seguro es o no una relación de consumo. Aún considerando que lo fuera, resulta aplicable el artículo 53 de la Ley citada que prescribe: "En las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley, regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente.". En consecuencia, el amparo no es la vía idónea por no ser un proceso de conocimiento. La Excma. Cámara entiende que debe reservarse el instituto para situaciones en las cuales las vías comunes puedan representar la configuración de un daño grave o irreparable, lo que no se observa en la especie.

Por último agrega que dentro del reducido marco congnoscitivo propio de la acción intentada y de acuerdo a las probanzas arrimadas por la parte actora no surgen la arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que pretende el amparista, por lo que la acción deviene improcedente.

III.- El escrito recursivo considera admisible el remedio tentado y realiza una síntesis, tanto de las circunstancias que entiende relevantes a la presentación como del fallo cuestionado.

Al expresar agravios sostiene que es deber del máximo tribunal indicar la vigencia en el ámbito legal y jurisprudencial de los derechos del usuario y del consumidor, como norte orientador de las relaciones de consumo que excede al derecho privado y se proyecta como principio vigente para todo el orden jurídico interno. En este contexto cita textualmente parte del fallo de la Corte Suprema de la Nación caratulado "Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra Ramón c/V.I.C.O.V.-S.A. s/Daños y Perjuicios" (votos de Higton de Nolasco, Zaffaroni y Lorenzetti).

Para el recurrente, el fallo no reconoce "el alcance de derecho humano fundamental el del usuario y consumidor" y "desarticula normas explícitamente incluídas en la Carta Magna" e "incumple principios, reglas, pautas de actuación creadas por el derecho intenacional a fin de obtener el respeto a derechos fundamentales incluidos en pactos internacionales a los cuales nuestro país adhirió incluyéndolos como normas esenciales de la nación".

Se agravia porque el fallo declara improcedente el amparo cuando lo que se reclama es el pago de una indemnización derivado de un contrato de seguro, contrariando lo que dispone el artículo 43 de la Constitución Nacional. En relación al trámite a imprimir el recurrente entiende que, de no existir una regulación expresa del amparo correspondería aplicar un procedimiento sumarísimo como ocurre en otras jurisdicciones. Sin embargo, al estar regulado expresamente en el Código Procesal Constitucional de Tucumán la vía idónea para el reclamo es el amparo. Citando jurisprudencia afirma que no es la existencia de otra vía lo que cierra indefectiblemente al amparo. Por el contrario, la ineptitud de las mismas para evitar daños graves o irreparables es lo que abre el instituto. Entre otras manifestaciones agrega que es derecho de las partes seleccionar la vía legal a los fines de ver protegidos sus derechos, que el seguro de vida colectivo obligatorio es un seguro social ubicado en el ámbito laboral.

Continúa manifestando que le descontaron la cuota desde que ocurrió el accidente cerebro vascular hasta la jubilación y cuando tuvo conocimiento de estar amparado por el seguro le fue denegado el beneficio. En razón de ello concluye que la ilegalidad y la arbitrariedad de la negativa es manifiesta.

El escrito recursivo expresa que la asegurada nunca recibió información clara, detallada o veraz sobre la existencia de dicha cobertura. Luego de otras consideraciones concluye que la sentencia recurrida deviene arbitraria y nula por grave violación de los principios de congruencia y motivación. Cita como normas violadas el artículo 42 de la Constitución Nacional, el artículo 28 de la Constitución de Tucumán y los artículos 34, 272, 273, 285 inciso "4" y 299 inciso "3" del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante CPCCT). Por último propone doctrina legal que entiende aplicable y hace reserva del caso federal.

IV.- A fojas 389/390 la representación de la parte demandada contesta el traslado sosteniendo que el recurso intentado deviene formalmente improcedente por no cumplir con el depósito previsto por el articulo 752 (CPCCT). Además la presente acción no se encuentra entre las excepciones reguladas por el artículo 753 (CPCCT), ni el recurrente ha solicitado ni tampoco se le ha otorgado el beneficio para litigar sin gastos.

El demandado afirma que deben aplicarse las normas del proceso de conocimiento más abreviado y por ello el actor no puede elegir la vía del amparo, que es excepcional y reservada cuando no exista otra vía ordinaria para la reparación. La mera alegación de una infracción a derechos constitucionales no justifica la acción de amparo. Entiende además que no se advierte arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, dado que el actor persigue el cumplimiento de un contrato de seguro o el pago de una indemnización. Por otra parte no se ha probado que el alegado incumplimiento implique una amenaza actual e inminente a un derecho constitucional que habilite la vía del amparo.

La demandada sostiene que el seguro no es obligatorio. La póliza Nº 5110-9911176-01 contratada en carácter de tomador por la Secretaría de Educación y al cual adhirió el actor indica que el seguro es de carácter facultativo y las condiciones fueron expresamente notificadas mediante un formulario firmado por el actor en fecha 05/10/2005. El artículo 2º de las condiciones generales de la Póliza dispone expresamente su carácter facultativo y el asegurado puede o no contratarlo y como tal está regido por el derecho comercial. Agrega que no existe violación alguna o falta del deber de información atento a que el actor ha sido debidamente notificado de las condiciones de la póliza.

Por último afirma no se ha demostrado la urgencia alegada ya que el accidente cerebro vascular sufrido por la cónyuge del actor es 10 (diez) años anterior a la interposición de la demanda y los informes médicos tampoco dan cuenta de la mentada urgencia.

V.- La casación fue concedida por sentencia N° 115 de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción. Entiende el fallo que el recurso es admisible por cumplir con los recaudos de los artículos 750, 751 y 754 (CPCCT), siendo inexigible el depósito requerido por el artículo 752 (CPCCT) en virtud de lo establecido por el artículo 24 del Código Procesal Constitucional de Tucumán.

VI.- Atento a lo referido en los parágrafos precedentes corresponde a esta Corte Suprema expedirse en definitiva sobre la admisibilidad y en su caso sobre la procedencia del remedio tentado.

De la lectura del recurso interpuesto, surge que el escrito casatorio se ajusta a lo prescripto por el artículo 751 (CPCCT) por haber sido deducido en término, ser autosuficiente, citar normas que estima infringidas y proponer doctrina legal que considera aplicable al caso. Aduce el recurrente que el fallo en crisis es nulo, que incurrió en arbitrariedad, infracción a norma de derecho y que no respeta el principio de congruencia. Es inexigible el depósito del artículo 752 (CPCCT) en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 del Código Procesal Constitucional de Tucumán y el artículo 53 de la Ley Nº 24.240 (y sus modificatorias), último párrafo.

Sin embargo, la sentencia cuestionada no queda comprendida en las previsiones del artículo 748 inciso "1" (CPCCT). No es un acto jurisdiccional que dirima la controversia planteada por existir otras vías eficaces para actuar las pretensiones incoadas en la demanda y dejar subsistentes las acciones ordinarias que pudieren corresponder a cualquiera de las partes para la defensa de sus derechos (artículo 64 CPCT). Tampoco se verifica el excepcional supuesto de gravedad institucional, amén que el mismo no fue invocado por el recurrente, ni se advierte que lo decidido tanto por el Tribunal de grado como por la Excma. Cámara trascienda el interés de las partes intervinientes e involucren valores que atañen a la colectividad. Tales valores estarían en peligro cuando pueden resultar frustrados derechos de naturaleza federal y tal frustración se manifieste de una manera tan evidente que exima al tribunal de un conocimiento con amplio debate y prueba en el marco del amparo.

En virtud de lo expuesto esta Corte entiende que no ha sido bien concedido el recurso de casación por no superar el test de admisibilidad.

VII.- Sin perjuicio de lo expuesto en los parágrafos precedentes, surge de la compulsa del escrito casatorio con los antecedentes de la causa, que el remedio intentado no puede prosperar.

En este contexto, es un punto dirimente que hace al examen de la procedencia casatoria, determinar la idoneidad de la vía del amparo para el reclamo intentado o en otras palabras si se han cumplido los extremos exigidos por el artículo 37 de la Constitución de Tucumán y el artículo 50 del Código Procesal Constitucional de Tucumán.

Corresponde determinar si la denegatoria de la Caja de Seguros S.A. a cumplir con un seguro de vida o por enfermedad incapacitante reclamado por el actor ha configurado un acto que en forma actual o inminente, viole, lesione, restrinja, altere o amenace violar con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos, libertades o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Provincial o Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.

Se advierte que no asiste razón a la recurrente atento a que el hecho que motivó el posterior pedido de cobertura data del 12 de julio de 1998 (fojas 10) y el reclamo a la aseguradora fue realizado el 14 de mayo de 2008, conforme consta en la contestación de la demanda a fojas 127 (dato no impugnado por el actor). La actualidad e inminencia requeridas por el instituto extraordinario, no se verifican en el acto denegatorio que se cuestiona.

Tampoco se evidencia que el derecho reclamado resulte claro e inequívoco a favor de la actora ni que la conducta de la demandada se aparte ostensiblemente de las normas y procedimientos que rigen el contrato de seguros. Muy por el contrario, las pruebas aportadas exigen un examen y debate que excede el limitado ámbito probatorio del recurso de amparo, deviniendo improcedente la casación intentada.

En consecuencia, corresponde desestimar la casación interpuesta por la parte actora en contra de la Sentencia Nº 81 del 17 de mayo de 2012 expedida por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción y confirmar la misma en todas sus partes. Todo ello en el marco del artículo 762 (CPCCT) con imposición de costas a la vencida en virtud de lo dispuesto por los artículos 105 y 107 (CPCCT).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida en el voto del vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse.

II.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de presentación tempestiva, el escrito se basta a sí mismo, y propone doctrina legal. En cuanto al depósito, no es exigible el requisito, conforme el art. 24 del CPC.

En lo concerniente a la existencia de una quaestio juris, el recurrente invoca arbitrariedad. El suscripto mantiene el criterio reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia N° 556 de fecha 16/8/2011 recaída in re: "Capozzuco Carlos Ángel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos". Es que, como allí se dijera, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia N° 820; 28/10/2010, "Argañaraz César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. s/ Despido", sentencia N° 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia N° 997 del 17/12/2010).

En efecto, tal como se venía sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia N° 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia N° 227; 06/5/2011, "Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley Internacional Art S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 252 del 11/5/2011).

III.- Sin embargo, y entrando a un examen de la cuestión traída a conocimiento del Tribunal, se advierte que el caso es substancialmente idéntico al resuelto mediante sentencia del 11 de marzo de 2013 recaída en autos "Toledo Patricio vs. San Cristóbal Seguros Generales s/ Amparo" (Expte. N° 398/10), donde el suscripto adhiriera al voto del señor vocal doctor Antonio Gandur.

En efecto, y tal como también lo pone de relieve el voto del señor vocal ahora preopinante, en la concreta especie bajo examen no comparecen otros recaudos de admisibilidad que son exigidos por la ley de manera autónoma. Ello torna inadmisible la vía intentada pues la mera alegación de arbitrariedad, no releva a la recurrente de la carga de cumplimentar todos los requisitos de admisibilidad exigidos por la ley.

IV.- En consecuencia, y de conformidad con el art. 755 del CPCyC, corresponde desestimar el recurso intentado sin más trámite.

En tal sentido mi voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia Nº 81 del 17 de mayo de 2012 expedida por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción.

II.- CONFIRMAR la sentencia Nº 81 del 17 de mayo de 2012 expedida por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción.

III.- IMPONER las costas al vencido conforme lo considerado.

IV.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.