marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Villa Paranacito c/ AMX Argentina S.A. s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-09-07

Uno de los aspectos que diferencia al proceso de apremio fiscal del ejecutivo es que el art. 123 del Código fiscal provincial, cuando refiere a la inhabilidad de título, y a diferencia de lo que establece art. 530 inc. 4 del CPCC, no dice que ésta excepción solamente "se limitará a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa". De tal modo, el código fiscal, aunque fuera de modo tácito, permite -porque no lo prohíbe-, discutir la legitimidad de la causa de la obligación en juicios de apremio.
Concursos, actos ineficaces
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alfredo Alvarez e Hijos Sociedad Colectiva (Su quiebra) c/ Jáuregui Abel y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Tratándose de un pago por entrega de bienes, en los términos de la ley entonces vigente que estigmatizaba el acto como ineficaz de pleno derecho (art. 122, inc. 3 Ley 19.551) si bien es cierto que fue necesario citar al cesionario del crédito -reclamado por la actora- a efectos de esclarecer el mismo frente a los demandados, también lo es que la dilucidación de la cuestión no reclamaba el contenido propio de una litis sino la constatación de la ineficacia, como surge de aquella norma. Tal encuadre, al que se suma el allanamiento liso y llano del cesionario, torna procedente eximirlo de las costas.-
Excusación, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: KNOPP JUAN CARLOS Y LOPEZ VARGAS ROGELIO LUIS s/ PROHIBICION DE INNOVAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1985-04-17

No constituye causal suficiente de excusación la expresión de opiniones en términos generales y en abstracto con referencia al alcance o vigencia de una ley, habida cuenta que el artículo l4 inc.

7 del Codigo Procesal Civil, limita la causal a los conceptos veritidos de manera concreta sobre el fondo del caso a fallar, en consecuencia no implica prejuzgamiento trabajos jurídicos presentados en un congreso u opiniones pronunciadas en la docencia
Contrato de trabajo, indemnización por despido, multa laboral, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: CHEBUK  MARIA  GABRIELA c/ TELESERVICIOS Y MARKETING S.A. Y OTROS/ s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-14

El recargo indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25323 resulta improcedente cuando la interpelación contemplada en dicha norma se efectúa contemporáneamente con la comunicación del despido. Ello así, toda vez que la norma exige de manera clara que la intimación que prevé debe ser realizada cuando menos, luego de producido el distracto y si éste se produjo, como en el caso, por despido indirecto, el dependiente debe cursarla una vez disuelta la relación. Es que si el dispositivo aludido establece que dicho rubro resulta procedente cuando se abonaren las indemnizaciones por despido, parece evidente que el requerimiento deba efectuarse una vez producida la extinción del vínculo, en tanto es en ese momento (si es que no se quiere aguardar al vencimiento del plazo contemplado en el art. 128 L.C.T. al que remite el 149 del mismo cuerpo legal) en que resultan exigibles los resarcimientos derivados del despido, es evidente que mal podría intimarse el pago de una determinada acreencia cuando ésta, por el motivo que fuere, no se ha hecho aún exigible. Finalmente, hasta que no se encuentre debidamente formalizado el distracto, no existe derecho alguno a la reparación por despido ni, consecuentemente, posibilidad alguna de intimar su pago.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Aufderman o Aufdermaur, Ricardo Kurt y otros s/ Robo calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-15

Es insuficiente el agravio en el que el recurrente se limita a exponer su criterio discordante respecto de la apreciación que la prueba reunida se realizó en el fallo sin lograr evidenciar que haya incurrido en error lógico alguno. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, servicio público, energía eléctrica, defensa del consumidor, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: BERRA, JORGE RUBEN c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA (EPE) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-07-22

Merece descalificación constitucional por prescindencia del texto legal la respuesta de la Cámara que rechazó la pretensión actoral por entender que el procedimiento llevado a cabo por la Empresa Provincial de la Energía se ajustaba a la reglamentación vigente , sin que surgiera ninguna irregularidad o incumplimiento de su parte, desde que debía analizarse la actividad material desplegada por la Empresa demandada no sólo desde el punto de vista de la reglamentación específica sino también, y primordialmente, desde las disposiciones de la ley 24240- eje de la pretensión entablada por los actores- , análisis que no queda suplido por la lacónica afirmación efectuada por los Judicantes respecto a que el artículo 25 de la Ley de Defensa del Consumidor manda a aplicar la reglamentación específica, habida cuenta que los Jueces estaban compelidos a examinar la integración normativa, su compatibilidad e incluso la prevalencia de unas sobre otras en caso de una oposición conceptual de los preceptos. ( Del voto del Dr. Netri al que adhieren los Dres. Erbetta y Falistocco).-
Pago, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SALAZAR DE MORALES, JULIA RAMONA c/ ENRIQUE IGLESIAS Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC. FLORES DE ZAIDENBERG, GRACIELA c/ ZAIDENBERG, HUGO R. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-10-20|2000-09-27

Corresponde al accionado ofrecer todos los medios de probatorios tendientes a acreditar el pago, conducta que no puede limitarse a la mera presentación de los instrumentos probatorios, sino que debe integrarse por una actitud diligente de su parte, como la de instar temporalmente la producción de la prueba ofrecida y omitida.
Prescripción, interrupción de la prescripción, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lecchi, Patricia c/ Policía de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-26

La promoción del beneficio de litigar sin gastos interrumpe la prescripción. Si la condición única para que se cumpla la prescripción liberatoria es el silencio o inacción del acreedor, basta para interrumpirla, una manifestación de voluntad suficiente que desvirtúe la presunción de abandono de su derecho que se induce de ese silencio o inacción, y esta manifestación tanto puede exteriorizarse mediante demanda en su sentido técnico procesal, como por cualquier otro acto que demuestre en forma auténtica que no ha abandonado su crédito y que su propósito es no perderlo.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gaggino de Vitali, Haydeé A. y ot. c/ Alpino, Fabián A. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-21

En el ámbito de la norma del art. 1113 del CC los impedimentos de la responsabilidad civil deben ser juzgados y apreciados con criterio restrictivo, porque aquella, con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deban cesar sólo en casos excepcionales, trascendiendo los límites legales.
Proceso contravencional, medidas cautelares, aprehensión, prisión preventiva
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C.V.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-29

La aprehensión no debe asimilarse con el régimen de prisión preventiva que estatuye el Código Procesal Penal de la Nación, ya que este instituto está expresamente excluído de la materia contravencional por el artículo 13 inciso 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fin de la aprehensión, además del cese de la flagrante contravención, no es otro que el de hacer comparecer al presunto autor directa e inmediatamente ante el Juez, para la realización del juicio oral.

En efecto, el régimen de prisión preventiva ordenado para el procedimiento penal nacional, detenta notas características que lo conciben incompatible con nuestro procedimiento aprehensivo antes explicado.

Así, la orden judicial que dispone la prisión preventiva de un imputado en el proceso penal, presupone que éste ha sido ya escuchado por el juez interviniente, conforme a las previsiones de los artículos 294 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, cuestión que no se verifica en el procedimiento contravencional, pues la aprehensión es previa a la celebración de la audiencia de debate, e incluso anterior a ser, el sospechado, oído por el instructor fiscal.

La prisión preventiva implica la existencia de una consideración de necesidad de una medida para asegurar el juicio requerido, por parte del órgano jurisdiccional interviniente, que la ordena conjuntamente con el auto de procesamiento (conforme a las previsiones y requisitos de los art. 312 y 319 del C.P.P.N.) declarando así la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar el hecho delictuoso y la culpabilidad del procesado como partícipe de éste, diferencia notoria con nuestro sistema, donde la aprehensión implica una medida únicamente destinada a la interrupción de una situación violatoria del Código Contravencional de naturaleza flagrante. Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli.
Transporte marítimo, contrato de transporte, obligaciones del transportador, daño
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BRADESCO  CIA.  ARGENTINA DE SERGUROS SA c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP.BQ  AMBER  I  Y  OTROS  S/ s/ FALT.  Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTEMARITIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

El consignatario tiene acción sólo contra el buque para reclamar por el daño sufrido -"el transportador procederá en forma conveniente y apropiada a la carga, manipuleo, estiba, transporte, custodia, cuidado y descarga de la mercadería..." (art. 271 de la ley 20.094)-, sin perjuicio de las acciones de regreso que el transportista decida ejercer, en su caso, contra el descargador, toda vez que el incumplimiento del contrato de transporte marítimo no se ve alterado porque el naviero ejecute la operación por medio de subcontratistas (Sala 3, causa 1.628/97 del 27.9.00).
Derecho procesal, procesos de ejecución, ejecución de sentencia, citación de venta, autorización judicial, inscripción registral, efectos entre partes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sullair Argentina SA c/ Grupo Isolux Corsan SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Procede confirmar la resolución que rechazó cierta excepción incoada por la demandada y mandó llevar adelante la ejecución en su contra. Ello por cuanto, en el caso, la actora obtuvo la traba de un embargo sobre un automotor inscripto a nombre de la demandada, y tras la citación de venta, ésta denunció que la totalidad de sus activos y pasivos habían sido transferidos a otra sociedad y que el vehículo en cuestión se hallaba denunciado en el pasivo concursal de dicha sociedad. Dado a que nos encontramos ante un supuesto de inscripción registral con efecto constitutivo (Dec. 6582/58: 1), dicha inscripción es presupuesto necesario y suficiente a los fines que aquí interesan. La aludida transferencia por parte de la demandada, no tuvo ninguna exteriorización en el registro del automotor, por lo que la cuestión ingresa en la regla general según la cual son res inter alias acta frente a terceros (CCCN 1021).
Honorarios del abogado, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ VACA, María c/ SAINT GERMAIN, Héctor s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-11-03

En virtud del art. 25 del arancel de los honorarios deben fijarse "con la escala de art. 6 tomado como base los alquileres de dos años" sin computar los intereses que no forman parte de la presentación en el juicio de desalojo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pacto de San José de Costa Rica, violación de derechos humanos, derecho de propiedad, accionista mayoritario, accionista minoritario, medidas cautelares, canales de televisión, bienes muebles, bienes inmuebles
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Ivcher Bronstein c/ Perú s/ Sentencia de Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-02-06

El derecho de propiedad privada, en cuanto veda la confiscación -artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos-, comprende tanto las cosas materiales apropiables como los derechos que puedan integrar el patrimonio de una persona -en el caso, la participación mayoritaria en un canal televisivo, de cuya titularidad se privó al accionista a raíz de una medida cautelar dictada en el marco de la acción de amparo promovida por los socios minoritarios-, lo que abarca las cosas muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto susceptible de materialización desde el momento de su adquisición.
Interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: De la Horra,  Nélida c/ Administración  Nacional de la SeguridadSocial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Los principios hermenéuticos llevan a la interpretación restrictiva de las normas que crean privilegios a fin de evitar que las situaciones excepcionales se conviertan en regla general.
Acto administrativo, Administración Pública, facultades disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VILLAR, NESTOR LINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Previo al dictado del acto administrativo sancionatorio, la investigación se vuelve obligatoria, por tratarse de un acto aplicación de sanciones- cuya propia naturaleza lo requiere obligatoriamente, aunque no haya norma que así lo establezca, toda vez que la resolución que se adopte puede incidir desfavorablemente en la esfera jurídica del empleado.
Cuestiones de competencia, competencia penal, delito penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Vodnik, José s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

Para la resolución de cuestiones de competencia en materia penal no cabe sujetarse en demasía a consideraciones de derecho de fondo, sino que deben decidirse de acuerdo con la real naturaleza del hecho y las circunstancias especiales en que se haya producido, según puedan apreciarse prima facie, y con prescindencia de la calificación que, en iguales condiciones, le atribuyan los jueces en conflicto.
Seguros, seguro de caución, prueba, medios de prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: COSENA COOP. DE SEG. NAV. LTDA. c/ LA AGRICOLA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-23

No basta para acreditar la cancelación de operaciones garantizadas con un seguro de caución, las registraciones contables de la tomadora del seguro, si estas no se encuentran avaladas por documentación fehaciente en los términos del Cód. comercial art. 43
Daño ambiental, contaminación ambiental, vertimiento de desechos, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, competencia provincial
Materia: MEDIO AMBIENTE-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Schröder, Juan y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daño ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-01

La causa iniciada a partir de una demanda por daño ambiental no corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional si no se encuentra acreditado, y ni siquiera ha sido invocado, que "el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales" (art. 7° de la ley 25.675), de modo de justificar la competencia federal y el Estuario de Bahía Blanca cuya recomposición se pretende está ubicado en la Provincia de Buenos Aires y la contaminación denunciada, atribuida al derrame de desechos y efluentes derivados de las actividades que realizan las empresas demandadas, también encontraría su origen en territorio de ese Estado provincial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Murialdo, Eduardo c/ S.O.M.I.S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-27

El modo en que, según el tribunal del trabajo, se trabó la litis no obsta a que aquél deba aplicar correctamente la ley, de manera que si no lo hace en debida forma las partes pueden traer la cuestión a la instancia extraordinaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, sentencia definitiva, fallos del Superior Tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: Colegio Médico Regional Bariloche s/queja en: Olguín, Jorge Luis c/Colegio Médico Regional Bariloche s/ordinario c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2023-05-08

La sentencia que habilita el recurso de casación es la que decide el fondo del asunto, agotando las instancias ordinarias o haciendo imposible la continuación del pleito (cf. STJRNS3 Se. 66/15 "COIMBRA MELGAR"). (Voto del Dr. Ceci sin disidencia).
Intervención judicial, Ley de Sociedades Comerciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ayan, Mónica Angelica c/ Caños Luz S.A. s/ Medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-27

La intervención judicial -en cualquiera de las formas previstas legalmente- es un instituto con características singulares y de excepción, siendo la Ley 19.550 la normativa que legisla exclusivamente en protección de la sociedad para los casos en que los actos de los administradores pongan en peligro sus derechos, su procedencia concurre, entonces, siempre que se acredite la presencia de un riesgo calificado como grave y que ponga en peligro la existencia misma del ente.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.O.A. c/ G.de A.L.B. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

La referencia del actor respecto de los procesos civiles y penales motivados por las diferencias entre los cónyuges, estimando que las injurias quedan constituidas no por las imputaciones efectuadas en los mismos, sino por la "...conducta asumida en dichos procesos", no puede ser receptada de tal modo en cuanto no concreta -como estaba obligado a hacerlo- cual fue tal conducta injuriante. En tal sentido, tampoco conforma injuria la utilización del término "reo" que se denuncia, por cuanto es evidente que el mismo en su significación jurídica es atribuible al letrado patrocinante de la demandada y no a ésta, sin que se verificare al respecto una ratificación en el proceso por una conducta personal de dicha parte en igual sentido.
Crédito verificado, concursos, incidentes, juicio sumarísimo, demanda, contestación de la demanda, reconocimiento en sede judicial, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHANTIRI, ORLANDO s/ CONCURSO CIVIL (HOY QUIEBRA)     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 185-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-03-01

En el trámite del incidente de revisión de crédito verificado en un proceso concursal, no estamos frente a un mero traslado, sino a un verdadero juicio que se sustancia por el procedimiento dispuesto por el artículo 413 -juicio sumarísimo-, en el que el traslado de la demanda se notifica por cédula, con entrega de copias y bajo apercibimiento del artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial.

Del voto del Dr Iturraspe (al que adhiere la mayoría). En disidencia los Dres Iribarren y Barraguirre.
Administración de vialidad provincial, convenios colectivos de trabajo, antigüedad, Constitución Nacional, facultades no delegadas
Materia: Administrativo Constitucional
Carátula: Jure, Luis César y otros c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-06-05

Distinto se ofrece el caso de la ley 2693, pues con ella se relaciona la contienda y es la que obsta al reconocimiento del derecho que por esta acción se persigue. Esta ley modifica tácitamente el art. 4 de la ley 2493, y ya vencido el plazo fijado por la misma para la aplicación plena de la Ley Convenio en su Capítulo V, que incluye el art. 18 -antigüedad-, da al mismo una redacción distinta, reformando la base del cálculo del adicional, hasta tanto -reza- se reúna la Comisión Paritaria Nacional. Y ello con efecto retroactivo al 1-1-86.

Es en consecuencia una modificatoria del convenio mismo, que los actores dicen es inconstitucional, pues debe aplicarse, por primacía la Ley Nacional. Se adelanta opinión sobre el error de este argumento.

Conforme el art. 104 de la Constitución Nacional, de modo que, y tal como lo reconoce la actora en el libelo introductivo de su demanda, la supremacía que impone el artículo 31 de la Norma Fundamental, no se aplica a todas las leyes nacionales sino a aquellas que dictan en ejercicio de los poderes delegados al Congreso Nacional.
Recurso de casación penal, sentencia condenatoria, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., J.A. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-23

Cabe recordar que la sentencia de la Corte Surpema de Justicia de la Nación dictada en autos: C.1757. XL. Casal, Matías Eugenio y otros s/robo simple en grado de tentativa -causa Nro. 1681- que determinó el alcance del recurso de casación, permite una revisión amplia de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal inferior, pero únicamente contra las sentencias de condena y des-tacando el derecho del condenado a recurrir la misma.	De esta manera, las impugnaciones del Ministerio Público Fiscal contra una sentencia absolutoria, seguirán rigiéndose por la casación tradicional, con los mismos requisitos y restricciones que aquella imponía. (Mayoría)
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, telegrafía, telegrama, despido, delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: ESTABLECIMIENTOS FABRILES GUEREÑO S.A. c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ TELEGRAMA DE DESPIDO-PLAZO.    DELEGADO GREMIAL.    DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30

Pese a que está probada la demora de 12 días en la transmisión del telegrama de despido, no existe suficiente relación causal entre esa tardanza y los perjuicios denunciados por la actora -como consecuencia de que luego de la remisión del telegrama y antes de que éste se recibiera el operario fue designado delegado gremial por la Unión de Viajantes de Comercio-. Ello es así, pues teniendo en cuenta que en esta materia rige el plazo de 48 horas establecido por el art. 96 de la ley 7501-2 y que la notificación de la designación fue cursada por la organización gremial y recibida por la empresa al día siguiente al de la remisión del citado telegrama de despido, el Telégrafo no estaba obligado a efectuar la operación de transmisión y entrega del telegrama entre las 17,40 horas del 2 de abril de 1973 -momento en el que fue impuesto- y las 18 horas del día siguiente -momento en que la empleadora recibió la notificación de la designación-.