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Recursos, sobreseimiento, excepciones procesales, usurpación, rechazo del reclamo, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Zumelzu, María Luisa y otros sobre 181 inc. 1 - usurpación (despojo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-03

Corresponde rechazar la queja pues el MPF recurrente no muestra comprometida una cuestión constitucional o federal. En este orden de ideas, la decisión que en último término se cuestiona -aquella que revocó la sentencia de primera instancia, hizo lugar al planteo de atipicidad formulado por la defensa oficial y sobreseyó a las imputadas por el delito de usurpación-, encontró apoyo en la interpretación de legislación infraconstitucional (cuya validez no ataca), y en la valoración de extremos de hecho cuya arbitrariedad no acredita. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Consejo de la Magistratura, jueces, procedimiento de selección
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maida, Juan Adolfo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

Lo resuelto por el Consejo de la Magistratura en punto a qué debe considerarse "práctica de la abogacía", se adecúa al texto de la Constitución, cuyo propósito evidente es que quienes aspiren a desempeñar alguna magistratura hayan previamente experimentado "en la práctica" el ejercicio de la profesión de abogado.
Contratos civiles, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: ESCOLAR Fanny Mirta y Otras c/ Bottino José s/ Resolucion de Contrato - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-11-29

La derogación tácita resulta de las disposiciones de otro contrato posterior, suscripto por las mismas partes, cuyas disposiciones sean incompatibles con el primero. En el derecho no tiene importancia alguna que hubiera habido principio de ejecución del convenio anterior.

Asímismo, la rescisión de un contrato consiste en el mutuo disenso o distracto por el cual las partes dejan sin efecto un contrato validamente celebrado. Es decir, se extinguen las relaciones jurídicas creditorias y reales por un nuevo contrato, configurándose en un contrato extintor de relaciones jurídicas antes creadas, proyectándose hacia el futuro, sin alterar los efectos ya producidos.
Recurso de revisión (procesal), demanda
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GIRARO NESTOR ANTONIO c/ ALBERTO CECILIO BELLA Y OTROS s/ ORDINARIO - RECURSO DIRECTO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-08-06

Ningún recurso, excepción o defensa, lo mismo que ninguna demanda, puede ser deducido sin afirmar la causa o título en cuya virtud se procede, esto es sin invocar los hechos en que se funda.
Jubilaciones, jubilación por invalidez, suspensión del beneficio, relación de dependencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BARBOSA, PEDRO TIMOTEO c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-16

La ley es clara al disponer que el goce de la jubilación por invalidez es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia (arts. 65 Ley 18.037, 47 Ley 18.038, art. 34, inc. 5, Ley 24.241). Siendo ello así, si bien es cierto que el magro haber que perciben los acreedores sociales es un mal imposible de negar y vulnera a todas luces sus derechos humanos, no lo es menos que este deterioro no se corregirá otorgando beneficios a quien el legislador excluye expresamente por razones de bien común general, sino incrementando el poder adquisitivo de las prestaciones en consonancia con los haberes de actividad, tal como lo postula el principio sustitutivo.
Materia: PENAL
Carátula: LAZARTE ANGEL JULIAN; RUIZ SERGIO BERNARDINO S.D. HOMICIDIO E.P. SUAREZ MARIO SIMEON, ORTIZ JOSE OSCAR s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-26

Es preciso que el partícipe haga un aporte útil al hecho principal, de modo que queda fuera de la tipicidad objetiva, la acción que por cualquier razón resulta ineficaz.
Domicilio, actualización de domicilio, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: CASSAB HNOS S.R.L c/ Telefónica Comunicaciones Personales S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-02-27

La responsabilidad por la falta de entrega de la notificación efectuada mediante dicha carta documento recae sobre la parte demandada recurrente, en razón de que al no haber cumplido con su carga de denunciar el cambio de su domicilio real, hace que dicha crítica resulte ineficaz para enervar los efectos de la misma y declarar su nulidad, tal como lo consideró el Sr. Juez de primera instancia, pues -como se ha indicado precedentemente- incumbe a quien cambia su domicilio real la denuncia de dicha circunstancia, y el denunciado en la primera oportunidad por la propia parte recurrente subsistirá para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo (art. 41, C.P.C.C.M.).

En consecuencia, si la accionada recurrente no actualizó en su oportunidad el domicilio real, debe tenerse como válida la notificación practicada en dicho domicilio, aunque en la carta documento se indique que el destinatario se mudó.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), incumplimiento de resolución judicial, exclusión del hogar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMERO, CRISTIAN HORACIO c/  s/ DESOBEDIENCIA A UN MANDATO JUDICIAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-20

En relación a la invocada arbitrariedad en la que -dice- habría incurrido el Tribunal al convalidar la condena impuesta al imputado por el delito de desobediencia -acusando falta de fundamentación y omisión de tratamiento de ciertas defensas planteadas en la sentencia de grado-, cabe señalar que la compareciente no logra persuadir a esta Corte de que las apreciaciones efectuadas por el Tribunal encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad que habilite la vía excepcional intentada, toda vez que la Alzada partió por recordar que al justiciable se le atribuyó haber concurrido al domicilio de su expareja y, al ser hallado por ésta, haberle proferido insultos, todo ello a sabiendas de la existencia de una orden de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento respecto de aquélla y sus hijos menores de edad, dispuesta por el Juzgado de Familia; y, en tal sentido, remarcó el Tribunal que el encartado reconoció el hecho, mas aduciendo que sólo quería ver a su hija y que nunca la agredió, excusa que -advierte la Judicatura- no se logra acreditar conforme el hecho fuera descripto, señalando que el mismo no sólo se conoció por los dichos aportados por la víctima, sino también a partir de lo relatado por una testigo presencial, y teniendo en consideración la aludida orden judicial -vigente a la fecha del suceso juzgado, entendiendo el A quo que para su acercamiento al domicilio familiar, requería del consentimiento de su ex pareja, que no existió el día en cuestión.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestiones de competencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Flores, José Reynaldo del Corazón de Jesús s/ robo  a  mano  armada  de  automotor  y  tenencia  de arma de guerra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Es admisible el recurso extraordinario contra la resolución que decide una cuestión de competencia, si media denegación del fuero federal.
Declaración de inconstitucionalidad, cuestión política, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Vaquita de Oro y La Vaquita de Oro I s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-01

La atribución de declarar la invalidez constitucional de los actos de otros poderes, reconocida a los tribunales federales o provinciales, ha sido equilibrada poniendo como límite infranqueable la necesidad de un caso concreto para que aquella sea puesta en juego, excluyéndose el control genérico o abstracto, o la acción popular. En principio, debe exceptuarse del control de constitucionalidad las llamadas cuestiones políticas. Salvo que caigan en arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Piturro, Aníbal Adrián c/ Radiotrónica S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó a las accionadas ignorando el informe en que ambas constan inscriptas a los fines de la ley 22.250 si a su referencia oportuna le sigue la alegación del perjuicio irrogado por la omisión y de las razones que vendrían a avalar la procedencia de su agravio (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Ricardo Luis Lorenzetti). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Intención de eludir la acción de la justicia, arresto domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: Báez, Lázaro Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-06

Finalmente, debe remarcarse lo sostenido por los jueces del tribunal, en los términos del art. 222, inc. "b", del C.P.P.F., en cuanto a que subsiste la concurrencia de peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad en lo relativo al aseguramiento del provecho del delito. Ello en virtud de que, como lo refiere el representante del Ministerio Público Fiscal de grado, persiste la sospecha acerca de que parte de los fondos expatriados aún permanecerían ocultos.

En este contexto es dable concluir, como lo ha hecho el a quo, que el mantenimiento del arresto domiciliario del imputado, con la supervisión del Programa de Asistencia a Personas bajo Vigilancia Electrónica, en los términos del art. 210, inc. "j" del C.P.P.F. -que, huelga aclarar, no es la medida cautelar más gravosa que prevé el ordenamiento procesal vigente-, resulta la sujeción adecuada a los fines de conciliar la necesidad de asegurar la comparecencia del nombrado a los actos de juicio y garantizar los derechos que le asisten.

Finalmente, confirmado el punto recurrido de la resolución cuestionada, no puedo dejar de advertir la contradicción respecto de su coexistencia con el punto II (cese de la prisión preventiva) -no impugnado por las partes- del decisorio. A tal fin resulta necesario remarcar que el tiempo que el encausado continúe sometido a la medida cautelar dispuesta y establecida en el inciso "j" del art. 210 C.P.P.F., atento al grado de restricción a la libertad ambulatoria que implica, debe ser computado como días de prisión preventiva a todos sus efectos, exhortándose al tribunal de origen a que de cabal cumplimento a tal extremo.
Prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, procedimiento administrativo, eficacia del acto administrativo, notificación del acto administrativo, procedimiento tributario, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Fravega S.A. s/ Rec. de apelación -T.F. 5733-A-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

La circunstancia que el art. 68 inc. b) de la ley 11.683 -que es el que resulta aplicable al momento de los hechos, en virtud del reenvío que efectuaba el art. 8° del decreto 6692/63-, al igual que actualmente lo hace el inc. d) del art. 937 del Código Aduanero -aunque otorgándole efectos interruptivos-, establezca que el curso de la prescripción de la acción penal se suspende "desde la fecha de la resolución condenatoria", no autoriza sin más a acordar a ese acto administrativo efectos jurídicos con prescindencia de la debida notificación en contraposición con el principio general establecido en el art. 11 de la ley 19.549. Ello así, a poco que se advierta que es propio de la interpretación de las leyes indagar su verdadero sentido y alcance mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, teniendo en cuenta su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, con el que deben armonizar del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 297:142; 299:93, 301:460; 302:1600, 314:1445, 1717 y 1784, entre muchos otros).
Accidentes de trabajo, acción civil, guardián de la cosa, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: CALDERON, ROLANDO RUBEN c/ A.R.T. S.A. y EL OBRERO S.A. s/ Demanda por Accidente de Trabajo s/ Demanda por Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-08-25

El accidente sobrevino a raíz del cumplimiento por parte del trabajador de tareas del limpieza en las maquinarias de la panadería de la demandada. Esas fueron las tareas que debía cumplir el actor en el momento del infortunio. Está acreditado de que la máquina que ocasionó la lesión era de propiedad de la demandada, también que a la misma le faltaba la tapa de seguridad. Lo que la hacía más peligrosa y por ende mas riesgosa. Ello de por sí le acarrea responsabilidad a la demandada como guardián de la cosa, entiéndase que es quien se aprovecha, usa y obtiene un beneficio económico o personal de la misma, de modo que si el actor realizaba tareas de limpieza en el establecimiento y a consecuencia de ello la mencionada máquina le succiona la mano derecha, el empleador debe ser considerado responsable por ser el guardián de la cosa riesgosa. Debe entenderse que quien se vale de una cosa o de una actividad obteniendo provecho o ventajas debe responder. De ello se colige que el daño sufrido por el actor respondió al riesgo propio de la tarea que le fue impuesta en provecho del empleador, ello hace que se encuadre su conducta en las previsiones del art. 1113 del C. Civil debiendo concluirse en que las tareas de limpieza de una maquinaria peligrosa, sin la tapa de seguridad, sin la protección debida, constituyó una cosa riesgosa de la que se servía el empleador para realizar su actividad.
Privilegios especiales (comercial), concursos, contrato de trabajo, depreciación monetaria, crédito laboral
Materia: COMERCIAL - LABORAL
Carátula: COMPLEJO TEXTIL BERNALESA S.R.L. s/ QUIEBRA.    CREDITOS LABORALES.    PRIVILEGIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

La ley 21.488 no restringe la extensión del privilegio de los créditos laborales, ya que sólo después de abonados los créditos de pronto pago corresponde formular y aprobar el estado de distribución definitiva y determinar la existencia del remanente, tornándose aplicable a partir de entonces la actualización allí prevista cuya locución "sin considerar los privilegios" (art. 4to.) no afecta los de los empleados, pues presupone que éstos ya han podido ser satisfechos. Igual expresión está incluida en el segundo párrafo del art. 228 de la ley 19.551 sin que ella cercene el pago privilegiado de los trabajadores, que han podido ser satisfechos con independencia de la determinación de remanente. Ello no priva de operatividad al art. 4to. de la ley 21.488, pues la no consideración de privilegios juega respecto de los que deben esperar el estado de distribución definitiva del art. 228 de la Ley de Concursos, por carecer del derecho de reclamar con anterioridad el pago con el resultado de la explotación, con los primeros fondos que se recauden o con el producto de los bienes sobre los cuales recae su privilegio especial (art. 266 de la Ley de Contrato de Trabajo), y no gozar de la ventaja de la no suspensión de los juicios (art. 265 de la Ley de Contrato de Trabajo).
Comodato, automotores, robo, obligaciones recíprocas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PELATTI, JUAN BAUTISTA c/ CURCIJA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-02

Corresponde hacer lugar a una acción por cobro de sumas de dinero en el marco de un contrato en el que mediaren obligaciones reciprocas, -sin rescindir el contrato en cuestión puesto que esto no era lo querido por las partes- toda vez que, el rodado que era utilizado por el actor para el referido cumplimiento de las obligaciones que le pesaban, y que era propiedad de la demandada, fue robado y ésta no arbitró los medios necesarios para volver a colocar a aquél en la misma situación en la que se encontraba antes de ese robo. Adviértase que, al momento del robo, el demandante no era el propietario sino el comodatario del bien en cuestión, por lo que, si tal bien se perdía, esa pérdida debía recaer sobre su dueña, que era la demandada. Por tanto, su pretensión de que ese bien se perdió para el actor en razón de que constituía la garantía de las obligaciones por éste asumidas, carece de respaldo. Sin duda, al haber mantenido la propiedad, la demandada quedó en mejor posición frente a un eventual incumplimiento del actor: si tal supuesto (ese incumplimiento) se configuraba, ella no debía acudir a ninguna ejecución prendaria, con sus consabidos riesgos, demoras y costos. Pero, como contrapartida, también asumió los riesgos de pérdida o destrucción del rodado, por lo que, si esto último sucedía, su parte debía proceder del referido modo -reponiendo el bien prometido al actor- a efectos de poder cumplir lo pactado. Por lo expuesto, no se encuentra razón para relevarla de indemnizar al demandante de los daños que sufrió por su imposibilidad de continuar usufructuando el camión durante el lapso que faltaba hasta que el comodato terminara.
Alteración de la tranquilidad pública, prueba, apreciación de la prueba, tipo penal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: I, M. s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-05

En el caso, de la prueba fílmica aportada no surge la lesión o puesta en peligro concreto del bien jurídico que la norma tutela: la tranquilidad pública. El elemento probatorio nos muestra una persona vestida de mujer, sentada y, acto seguido, un automóvil que se detiene y es abordado por el imputado. Dicha secuencia transcurrió sin interrupciones y, si prescindimos de la explicación del preventor en la audiencia de debate, se asemejaría perfectamente al encuentro de una pareja que se cita en un determinado lugar y esta situación no tiene entidad suficiente para alterar o poner en peligro concreto el bien jurídico contravencionalmente protegido por el artículo 71 del Código Contravencional.

(Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli).
Prescripción, acción, interpretación restrictiva, honorarios, regulación de honorarios, prescripción bienal, prescripción decenal
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA DE DIDIER, NOEMI DE LOS ANGELES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-20

La prescripción de las acciones es una institución de orden público, razón por la cual no se admiten interpretaciones extensivas o restrictivas cuando la norma es clara.

Que en tal inteligencia, si reparamos que el artículo 4032 inciso 1 del Código Civil establece que se prescribe por dos años la obligación de pagar a los abogados y procuradores sus honorarios o derechos desde que feneció el pleito por sentencia o transacción, o bien desde la cesación de los poderes del procurador, o desde que el abogado cesó en su ministerio cuando la acción se halla dirigida a percibir los mismos de su propio cliente, necesariamente tendremos que concluir que ello no sucede cuando, como aquí acontece la pretensión deviene de la condenación en costas, puesto que en esa especial situación se aplica el plazo decenal ordinario del artículo 4023 del mismo cuerpo legal.

Sobre todo si se observa que frente a los honorarios regulados sucede la intervención del plazo en razón de aparecer el título de la actio judicati que atribuye el plazo de mención. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Müller).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferrari, Osvaldo J. c/ Almuina, Nestor E. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09

El sobreseimiento definitivo no hace cosa juzgada en sede civil, si se trata no del juzgamiento de la inexistencia del hecho, sino sobre la irresponsabilidad del imputado; ello no puede tener incidencia en sede civil, máxime frente a la atribución de responsabilidad objetiva a título de riesgo creado perseguida en la acción promovida por el padre de la víctima, con fundamento en el art.1113, 2da.

parte 2do.párrafo del C.Civil, factor éste de imputabilidad extraño al campo penal.-
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación procesal, directorio, ejecución comercial, asambleas especiales, administración ruinosa
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lavorano, María Alejandra  c/ Gonzalo First SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

La "reconsideración" ha sido admitida por la doctrina como la facultad de una asamblea posterior de reexaminar lo resuelto por una anterior (conf. Sasot Betes, M. y Sasot, M., Sociedades Anónimas - Las asambleas, Buenos Aires, 1978, p. 320, n° 53), parece absolutamente claro que cuando se convoca a ello, cuanto menos debe indicarse en el orden del día cuál es el objeto concretamente perseguido, pues de otro modo se alcanza un resultado equívoco ya que no se define adecuadamente para qué es convocada la asamblea, tanto más si se piensa que "reconsiderar" podría servir ambivalentemente tanto para revocar como para confirmar, causando ello perplejidad en los accionistas en orden al sentido del voto y conveniencia o no de concurrir a la asamblea (conf. CNCom, Sala D, 30/5/08, "Gysin, Norberto y otros c/ Garovaglio y Zorraquín SA s/ nulidad de asamblea", registro n° 3985/2006; "Carril, Miguel Jesús y otros c/ Garovaglio y Zorraquin SA s/ nulidad de asamblea", registro n° 3991/2006; y "Péres Moore, Claudio y otros c/ Garovaglio y Zorraquin SA s/ nulidad de asamblea").
Proceso judicial, facultades del tercero, tercero citado en garantía
Materia: PROCESAL
Carátula: "Farias, Gabriela Liliana c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

La intervención obligada de la aseguradora al pleito resultó accesoria y subordinada a la de su co-contratante asegurada, pues no ostentó el mismo rango que ella respecto de la pretensión sustancial (arg. art. 90, inc. 2°, CPCCN). Es decir, ingresó al pleito como un "tercero adhesivo simple o coadyuvante", lo que importó, a su vez, que no pudiese probar ni alegar lo que no pudo la parte principal, "no sólo por aplicación extensiva del criterio del artículo 91, primera parte, del CPCCN sino por la naturaleza del proceso" (cfr., entre otros, Falcón, Enrique M. "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial". Rubinzal Culzoni Editores. Buenos Aires. 2006. Tomo I "Parte General". Pág. 421 y ss.). Al respecto, se ha dicho, "Mediante la citación que contempla el art.18 de la ley 17418, el asegurador es llamado a juicio para que cumpla la prestación debida a su único acreedor, ello es, mantener indemne a su asegurado (art 109, ley cit), sin constituirse en deudor del acreedor de su acreedor. De tal modo, quien responde a la citación en garantía sólo puede oponer a la misma las defensas que hacen a su legitimación pasiva, es decir, aquellas anteriores al siniestro y resultantes del contrato de seguro, que demuestren que en el momento del siniestro no existía cobertura o, en su caso, la limitación que ésta tenía." (Sup Corte Bs. As., 19/9/92 - Novoa, Abel E v. José Moscuzza y Cía y otros). 1994 -Delli Arciprete, Emilio v. Collado, Lorenzo). 1994-III, síntesis.