Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-10


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a losdel mes de julio de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge Franza y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa de la que:

El Jorge A. Franza dijo:

RESULTA:

1) Que el M. Roberto Guinney, defensor de Cintia Verónica Villalba, interpuso recurso de apelación a fs. 779/785 contra la sentencia definitiva obrante a fs. 764/770vta, mediante la cual se resolvió, condenar a la nombrada a la pena de doce días de arresto en suspenso, con costas, más la realización de dos jornadas de dos horas cada una, de tareas comunitarias en Caritas Argentina entre otras cosas, por considerarla autora responsable de la contravención prevista en el art. 117 de la ley 1472 -dos hechos que concurren en forma real entre sí-, tal como sostiene la sentencia.

Y CONSIDERANDO:

2) El recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 50 de la Ley Nº 12, cumpliendo con los requisitos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, en cuanto fue planteado por quien se encuentra autorizado para hacerlo por la ley procesal y por tener un interés jurídico en la impugnación contra una sentencia definitiva.

En efecto, el Sr. Juez de Grado resolvió condenar a Cintia Verónica Villalba el día 15 de mayo del corriente año (cfr. fs. 764/770vta) y el 22 del mismo mes y año (cfr. fs. 779/785vta) el Sr. Defensor Oficial interpuso recurso de apelación mediante escrito fundado con indicación de los motivos de sus agravios, por lo que el recurso de apelación ha sido interpuesto tempestivamente y en debida forma.

3) Que el Sr. Defensor Oficial al momento de recurrir la sentencia esgrime como argumentos que por el "...Hecho del 23 de septiembre de 2005...La orfandad probatoria...es absoluta, pues el único testigo -Rodas-, que supuestamente aportó el ticket, no concurrió a la audiencia oral, el acta labrada a fs. 11 que acreditaría la entrega de ese elemento probatorio, no fue incorporado por lectura al debate y finalmente el preventor que participó en el procedimiento, no recordó nada del hecho...El art. 392 del CPPN habilita la lectura de las actas en los casos previstos en los incs. 2º y 3º del art. 391 del mismo cuerpo. En este caso particular, tuvo como función la de ayudar a la memoria del testigo Esposito. Sin embargo -y ahí es donde radica la violación al derecho de defensa en juicio- la juez se extralimitó y utilizó aquella prueba como fundamento de la sentencia condenatoria contra mi asistida, función ésta que le estaba vedada al haber denegado oportunamente al fiscal la incorporación de aquella prueba...Tan excepcional es la facultad del tribunal de ordenar la lectura de las actas en estos casos, que el propio art. 392 in fine sanciona con pena de nulidad cualquier extralimitación. Y ello es lo que ha ocurrido en el caso de autos, pues al fallar, la juez incorporó por lectura una prueba que en un principio había sido rechazada, afectándose el principio de igualdad de armas ya que, difícilmente ésta defensa hubiera siqu iera imaginado que la lectura de aquella acta al momento de celebrarse el debate oral serviría de fundamento del fallo condenatorio....la única solución es la absolución de ...VILLALBA por el hecho ocurrido el 3 de octubre de 2005...no se ha logrado quebrantar la presunción de inocencia de que goza toda persona involucrada en un proceso penal, toda vez que resulta imposible -con el grado de certeza que toda sentencia condenatoria exige- aseverar que los días 23 de septiembre de 2005 y 3 de octubre de 2005 Cintia Verónica Villalba comercializó a Alberto Obispo Rodas y Adolfo Ruperto Carranza un juego de azar ilícito, denominado Quiniela, debiendo VV.EE. aplicar el principio "in dubio pro reo" por existir una duda razonable..." 4) Previo a efectuar el análisis de los agravios invocados por el impugnante, cabe recordar el alcance que posee el recurso de apelación en el ámbito contravencional, a los fines de fijar el ámbito donde será abordada la impugnación interpuesta.

En efecto, si bien el art. 50 de la Ley Nº 12 prevé la posibilidad de impugnar la sentencia mediante el recurso de apelación -que por su naturaleza implica un reexamen por parte de un tribunal superior de la situación de hecho y de derecho-, la oralidad propia del procedimiento contravencional solo impide una revisión de los aspectos probatorios que dependen exclusivamente del principio de inmediación.

En este sentido, cabe mencionar que dicha postura resulta conteste con la doctrina de la Corte Suprema de la Nación, al haber afirmado "... lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación. Esto es así porque se imponen limitaciones de conocimiento en el plano de las posibilidades reales y -en el nivel jurídico- porque la propia Constitución no puede interpretarse en forma contradictoria ... exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral. Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad, sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento. Se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso ..." (CSJN, C. 1757. XL. Causa Nº 1681 "Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa", rta. el 20/9/2005).

Delineada ya mi posición con respecto al alcance de las materias revisables por este Tribunal de Alzada, corresponde evaluar si las pruebas rendidas en la audiencia de juicio, analizadas en su conjunto en virtud de las reglas de la sana crítica, permiten tener por acreditada -con el grado de certeza necesario- las conductas imputadas a CINTIA VERONICA VILLALBA, por las cuales fuera condenada.

5) Para ello corresponde aclarar desde el inicio que, si bien la nombrada fue acusada y consecuentemente condenada por dos hechos, acaecidos el 23 de septiembre y 03 de octubre, ambos del año 2005, esta Sala entiende, tal como lo ha sostenido en causa Nº 121-00/CC/2006, caratulada: "REITOVICH, Saúl Pablo y otra s/ inf. Arts. 116 y 117 Ley 1472 - Apelación", en fallo de fecha 21de noviembre de 2006, que la realización de diversos hechos que encuadrarían en el art. 117 del C.C., figura por la cual Villalba viene acusada, no debe entenderse o vislumbrarse como una pluralidad de hechos típicamente antijurídicos y culpables que lesionan al mismo bien jurídico, pues pese a que el fenómeno da la sensación de una pluralidad de conductas, en rigor de verdad nos encontramos ante una única acción típica determinada por un factor final (conf. Zaffaroni, Eugenio y otro, "Derecho Penal, Parte General", Ediar, pág. 826 y ss.).

En efecto, el delito continuado requiere no sólo unidad de acción para la realización del tipo, lo que indudablemente implica unidad de lesión al bien jurídico, sino que además involucra un dolo general.

La formulación del delito continuado ha tenido históricamente la finalidad de lograr una articulación de los tipos penales que juegue a favor del imputado con el objeto de evitar una pena absurda e irracional. El Zaffaroni expresa "...no abarca la reiteración de la conducta como una nueva conducta típica independiente, sino como una mayor afectación al bien jurídico, es mayor el contenido del injusto de la única conducta típica pues otra interpretación se presenta como un absurdo ... aberrante..." (ob. cit.) El criterio que se sostiene, implica que ante pluralidad de conductas a juzgar igualmente calificadas, si a criterio del sentenciante alguno de los hechos que se imputaron como integrantes de la gestión global desarrollada no se comprobaron finalmente con el grado requerido en la instancia de debate -no siendo éste el caso para el juez a quo-, no cabe la absolución por esos sucesos aislados, ya que los demás sucesos conforman de todos modos una unidad de acción, que lesionan el bien jurídico tutelado, todo ello abarcado por el dolo general, sin perjuicio de que dichas circunstancias sí deben valorarse al momento de mensurar el monto de la pena a aplicar.

Lo expuesto a su vez, implica afirmar que la redacción y consecuente interpretación de la figura típica prevista en el art. 117 de la ley 1472, se satisface con la sola comprobación de la venta de juego clandestino y la atribución de responsabilidad en orden a tal conducta deviene correcta, con la salvedad favor rei que se trata de una única acción de tracto continuado.

En consecuencia cabe concluir que los hechos endilgados a Villalba oportunamente en el requerimiento de elevación a juicio y por los cuales fuera definitivamente condenada por la a quo, constituyen una unidad delictiva, de allí que corresponda analizar la gestión como una sola contravención extendida en el tiempo, no concerniendo en el caso concreto la aplicación de las reglas del concurso -Titulo IX del Código Penal- tal como se efectuara en la sentencia.

Sin perjuicio de ello y a los efectos de la revisión de la misma, como así también a los fines de obtener un mejor análisis y facilitar una adecuada com- prensión de la cuestión traída a estudio, examinaré individualmente cada uno de los sucesos que conforman el delito continuado.

6) En cuanto al primer episodio endilgado a Villalba, el Sr. Defensor Oficial, M. Roberto Guinney, destacó al momento de recurrir la sentencia compactando hábilmente los agravios, que "...La orfandad probatoria en torno a este hecho es absoluta, pues el único testigo -Rodas-, que supuestamente aportó el ticket, no concurrió a la audiencia oral, el acta labrada a fs. 11 que acreditaría la entrega de ese elemento probatorio, no fue incorporado por lectura al debate y finalmente el preventor que participó en el procedimiento, no reconoció nada del hecho..." Corresponde entonces contrastar tales afirmaciones con lo ventilado al momento de la audiencia del debate oral y público, a través del análisis de lo que se desprende de las actas continuadas de debate obrantes a fs. 682/685, 686, 708/710 y 750/752, poniendo de relieve que lo que se le intimó a Villalba a lo largo del proceso en cuanto a éste suceso, es que "...el día 23 de septiembre de 2005 aproximadamente a las 14,45 horas, en circunstancias en que el Principal Domingo Adrián Esposito, ..., efectuaba un procedimiento en el inmueble ubicado en Bonpland 1611, de esta Ciudad le fue informado que un local comercial que se encuentra emplazado entre el local tipo granja denominado "Grandes Carnicerías Palermo" y un local con el número 1511, de dicha arteria se estaría llevando a cabo la comercialización de jugadas ilegales, por lo que decide previa consulta con ... Fiscalía desplazarse hasta el lugar...Por lo expuesto...observó el ingreso al local de marras de una persona de sexo masculino que al ser identificado resultó ser Alberto Rodas quién refirió haber concurrido al lugar con el objeto de realizar unas jugadas de lotería Nacional y Provincial y una mujer le entregó como constancia un ticket computarizado el cual exhibió y entregó al preventor en presencia del tes tigo .... Báez Ayala. Asimismo identificó a la empleada del local quién resultó ser Cintia Verónica Villalba..." A tales efectos, corresponde mencionar que es cierta la afirmación efectuada en cuanto a que el testigo Rodas, quién desempeñara supuestamente un rol fundamental en el suceso investigado, esto es habría efectuado la apuesta en cuestión y aportado el ticket correspondiente, no compareció a la audiencia de debate.

De allí que dable es afirmar, que no se pudo comprobar su desempeño el día de los hechos, ni tampoco las circunstancias que rodearan a la confección del acta labrada a fs. 11, que acreditaría la entrega de la constancia de juego, ya que no sólo dicha acta no fue incorporada por lectura al debate en momento alguno, sino que además tampoco fue convocado a dicha audiencia el otro testigo que habría participado en el procedimiento, de nombre Silvino Báez Ayala -cfr. dicha acta de fs. 11 y testimonial de fs. 14- Por último, el preventor actuante en autos, Principal Domingo Adrián Esposito, lo único que pudo asegurar es que la letra manuscrita del acta de fs. 11 le pertenecía y que allí también constaba su firma, pero pese a ello, no recordaba el hecho ni tampoco cuestiones vinculadas a este procedimiento.

En consecuencia, a modo de sintética conclusión, podemos afirmar que lo único que se pudo acreditar respecto del hecho en estudio, es que la letra del acta de fs. 11 y una de las firmas insertas allí, pertenecen al preventor Esposito, más no se pudo comprobar de ninguna manera, la veracidad de lo consignado en dicha acta, ni tampoco el procedimiento en general que involucraría a Villalba, ya que el preventor no recordó absolutamente nada y no existen terceras personas que puedan aportar algún elemento incriminatorio en contra de la acusada.

La orfandad probatoria reseñada resulta a todas luces palmaria, no pudiéndose a mi juicio, con tan pobres elementos probatorios, sostener con la certeza necesaria que exige ineludiblemente la etapa procesal que nos convoca, que Villalba sea responsable del hecho que se le intenta endilgar.

En tal orden de ideas, entiendo que no se corresponden los razonamientos y afirmaciones esgrimidas por la a quo al momento de asignarle responsabilidad a Villalba por este hecho, con el material probatorio reunido en el debate oral y público desarrollado en autos, de allí que en este aspecto y en relación a este suceso particular, se advierte una irregularidad de magnitud tal que impide a esta alzada avalarla, convirtiéndose en este aspecto la sentencia en arbitraria-entendida en los términos que se consignan en el punto ocho del presente- debiendo en consecuencia por tal motivo ser modificada.

7) Ahora bien, en el segundo de los sucesos investigados que es sumamente similar al primero, diferenciándose nada más en la fecha y las personas involucradas, a excepción de la acusada, contrariamente, las falencias probatorias reseñadas en el punto anterior, no se han presentado; y sin perjuicio de resaltar que la defensa al momento de recurrir la sentencia no puntualizó adecuadamente los agravios respecto a este segundo hecho, tratándose la imputación que se achaca a Villalba una unidad de acción, tal como se sostuviera en el punto cinco del presente, a continuación desarrollaré lo afirmado.

En efecto, en cuanto a este episodio, que fuera producido el 3 de octubre de 2005, debemos resaltar que en la audiencia de debate, sí se pudo contar con el apostador, de nombre Adolfo Ruperto Carranza, quién jugó un papel preponderante en dicho momento procesal, ya que confirmó haber efectuado una apuesta en el local involucrado, también que una de las firmas del acta contravencional obrante a fs. 71 le correspondía, que el ticket obrante a fs. 72 podría ser el que le expidieron en dicho local, ya que el monto de la jugada coincide con el que él efectuara; y además pese al inicio haber tenido dudas de quién lo habría atendido el día del procedimiento, aseguró al final y disipando cualquier tipo de confusión, que quién lo atendió fue Villalba.

Sumado a ello, si bien el preventor actuante, de nombre Ariel Alberto Elhert, al igual que Carranza en el episodio anterior, no recordaba el procedimiento, aportó algunos elementos que abonan a lo afirmado por el apostador, tales como: aseguró que una de las firmas del acta de fs. 71 le pertenecía, que el ticket obrante a fs. 72 podría ser el de la apuesta en cuestión, que en las oportunidades en que fuera al local siempre fue atendido por una mujer.

Todas estas circunstancias, esto es la testimonial del apostador, más la del preventor, más la documental avalada, valoradas en conjunto conforme a las reglas de la sana crítica racional, permiten afirmar si lugar a dudas, es decir con la certeza necesaria que el acto exige, que evidentemente Villalba tuvo responsabilidad en éste suceso puesto en análisis.

De allí que las vagas objeciones del impugnante respecto a éste último suceso analizado, deben calificarse como meras discrepancias con lo resuelto por el a quo, mediante afirmaciones genéricas sin la necesaria conexión que debe existir con relación al material probatorio reunido en el debate, que no logran demostrar la existencia de un defecto, que a su vez sea de tal magnitud que permita calificar el acto jurisdiccional como inválido por clara arbitrariedad.

En este sentido se ha dicho que "... es inatendible el recurso que no traspasa los límites de la exhibición de una subjetividad, sin convencer de la arbitrariedad o el absurdo de la labor axiológica desarrollada por los jueces de grado al apreciar la prueba. es que no basta oponer al criterio del tribunal sentenciante la propia apreciación personal sobre el mérito de los elementos de juicio allegados al proceso, máxime si el juzgador puede preferir uno sobre otros descartando aquellos que no son conducentes pues hace a sus facultades privativas de apreciación..." (Augusto Mario Morello, Prueba, incongruencia, defensa en juicio, ed. Abeledo Perrot, año 1977, pág. 131).

A partir de lo expuesto, se advierte que en cuanto a este suceso puntual -acaecido el 3 de octubre de 2005- el Magistrado actuante ha efectuado una derivación racional de las constancias de la causa, valorando las pruebas testimoniales y documentales incorporadas a la audiencia de juicio, conforme las pautas de la sana crítica racional (principio lógicos, adquisiciones de la ciencia y máximas de la experiencia) .

En tal sentido, dable es mencionar que la motivación "debe ser legal (fundada en pruebas válidas), veraz (no podrá "fabricar" ni distorsionar los datos probatorios), específica (debe existir motivación para cada conclusión) y arreglada a las reglas de la sana crítica racional (principios de la lógica, las ciencias y la experiencia común)" (confr. José I Cafferata Nores, "Garantías y Sistema Constitucional, publicado en Revista de Derecho Penal, Tomo 2001-1 "Garantías constitucionales y nulidades procesales -I, Ed. Rubinzal -Culzoni, pág. 160); cuestiones éstas que han sido debidamente cumplimentas por la juez a quo al momento de adjudicar responsabilidad a Villalba por el hecho acaecido el 3 de octubre de 2005.

La postura defensista en relación a tal hecho, al no superar el carácter de mera discrepancia con el criterio utilizado por el a quo para valorar la prueba, mal puede repudiar de inválido por arbitrario el pronunciamiento de instancia.

8) Se considera arbitraria la sentencia si el magistrado la sostiene sólo en un razonamiento y opinión personal. Para tacharla así debería carecer de todo sustento legal y estar fundada sólo en la voluntad del magistrado, pues la doctrina de la arbitrariedad atiende a las omisiones y desaciertos de extrema gravedad, cometidos en la sentencia, que tienden a su descalificación como acto jurisdiccional válido, lo que no ocurre en este caso en relación al segundo suceso investigado. Para que proceda la descalificación de una sentencia como acto jurídico válido por la causal de arbitrariedad, la irregularidad debe poseer tal magnitud que constituya a la sentencia en una derivación irrazonable del derecho vigente.

En este sentido, el Tribunal Superior ha dicho reiteradamente que "...la mera contrariedad con los fundamentos utilizados por el Tribunal de mérito no implica que la sentencia carezca de fundamentos y sea descalificable en el sentido de que no conforma una decisión judicial (cfr. El Tribunal in re "Federación Argentina de Box c/ GCBA s/ Acción declarativa de Inconstitucionalidad", expte. nº 49/99, resolución del 25/8/99 y sus citas, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. I, ps. 282 y siguientes. Ello es aún más cierto para quien estima que tal motivo, pretorianamente imaginado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no informa el recurso por inconstitucionalidad y sólo es posible de aceptar por la vía de la carencia total de fundamento o del fundamento absurdo que caracterice a la decisión como un capricho del tribunal de la causa...".( TSJ, del voto del Maier, expte. 2266 citado. TSJ, in re: "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional Nº 6 - s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Oniszczuk, Carlos Alberto y Márquez, Sandra Rosana s/ Ley 255- Apelación", expte. Nº 2266, rta. 18/9/03).

La Corte Suprema de la Nación ha establecido que: "la doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el pronunciamiento de los jueces como la sentencia fundada en ley a la que hace referencia el artículo 18 de la Constitución Nacional" (Fallos 312:246; 389, 608, 1839, entre otros).

Por todo lo expuesto, en relación al segundo hecho endilgado de fecha 3 de octubre del año 2005, se verificó en esta Alzada de manera satisfactoria la labor argumental del sentenciante a través del control amplio de las pruebas que han sustentado su decisión, que en definitiva, permiten tener por acreditado -con el grado de certeza requerido para un pronunciamiento condenatorio-, que Villalba en el día mencionado comercializó quiniela clandestina en el local sito en la calle Bompland 1513 de esta ciudad.

La certeza puede definirse como "la firme convicción de estar en posesión de la verdad". En el camino que recorre el intelecto para arribar a la certeza, hay estados intelectuales intermedios como la "duda", "probabilidad" e "improbabilidad", siendo que la ley subordina el dictado de las decisiones judiciales que determinan el inicio, avance o conclusión del proceso a la concurrencia de esos distintos estados intelectuales del juez en relación con la verdad que se pretende descubrir... En torno al principio "in dubio pro reo", en la etapa que aquí se analiza, la "improbabilidad" y la "duda stricto sensu" impedirán el dictado de sentencia de condena". (confr. José I. Cafferata Nores, "La Prueba en el Proceso Penal", 2da. Edición, Buenos Aires, 1994, págs. 5 y ss.), no dándose en el caso concreto al momento de la sentencia, estos dos últimos estados consignados, sino más bien y claramente la firme convicción de la responsabilidad que le cupo a Villalba en relación al hecho mencionado.

9) Ahora bien, en relación a la pena aplicada en autos, teniendo en cuenta fundamentalmente los argumentos vertidos "ut supra" en los puntos cinco y seis, entiendo corresponde mensurar nuevamente el monto de la pena a aplicar, toda vez que es evidente que la lesión al bien jurídico tutelado por el art. 117 del C.C., en función de lo sostenido a lo largo del presente, no reviste la magnitud que tomara en cuenta la a quo para sostener el monto de la pena aplicada a Villalba.

En efecto, uno de los sucesos que le fuera achacado a la nombrada no ha sido debidamente acreditado al momento del debate oral y público, por lo que no puede adoptarse la hipótesis de "...reiteración de hechos..." como lo ha efectuado la a quo al momento de la sentencia, como elemento valorativo a los fines de la graduación de la pena, a la luz de lo previsto en el art. 26 del C.C.

De allí que, sin alterar las consideraciones vertidas por la a quo en el punto cuarto de la sentencia recurrida, puntualmente a fs. 768vta/769, reflexiones que se corresponden a las pautas a tomar en cuenta, exigidas por la norma referida-art. 26 C.C-, corresponde únicamente hacer la excepción en relación a la supuesta reiteración de hechos que se le achacara y que se valorara para la graduación de la pena.

En tal sentido, entiendo equilibrado y ajustado a derecho a tales fines, asimilar la situación de Cintia Verónica Villalba a la de la co-imputada en autos Natalia Soledad Salinas, quién fuera sancionada en la misma sentencia pero por un único suceso constitutivo de la misma figura que se le endilga a la primera de las nombradas, a la pena de 10 días de arresto en suspenso, más una jornada de dos horas de tareas comunitarias, toda vez que además de ello, los demás elementos valorativos en función del art. 26 referenciado, resultan similares al contexto y características de Villalba.

10) Por todo lo expuesto, corresponde:

I) CONFIRMAR la sentencia recurrida, obrante a fs. 764/770vta, en su punto II en cuanto CONDENA a CINTIA VERÓNICA VILLALBA por promover o comerciar sorteos, apuestas o juegos, por encontrarla autora responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 117 del Código Contravencional, y en cuanto aplica COSTAS, y REDUCIR LA PENA IMPUESTA, a la de 10 DÍAS DE ARRESTO en suspenso (arts. 20, 22 inc. 3, 25 inc. 3, 31 y 46 de la ley 1472 y arts 14 y 48 de la ley 12).

II) REVOCAR el punto III c), DISPONIENDO que CINTIA VERONICA VILLALBA realice una sola jornada de tareas comunitarias de dos horas en CARITAS ARGENTINA, sito en Melincué 5031 de esta Ciudad (art. 46 de la ley 1472).

III) TENER PRESENTE la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal impetradas por el impugnante.

Así voto.

La Dra.Marta Paz dijo:

Por los fundamentos y conclusiones que brinda el Jorge Franza adhiero a su voto en todo cuanto propone.

Asi lo voto.

Por todo lo expuesto este Tribunal RESUELVE:

I) CONFIRMAR la sentencia recurrida, obrante a fs. 764/770vta, en su punto II en cuanto CONDENA a CINTIA VERÓNICA VILLALBA por promover o comerciar sorteos, apuestas o juegos, por encontrarla autora responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 117 del Código Contravencional, y en cuanto aplica COSTAS, y REDUCIR LA PENA IMPUESTA, a la de 10 DÍAS DE ARRESTO en suspenso (arts. 20, 22 inc. 3, 25 inc. 3, 31 y 46 de la ley 1472 y arts. 14 y 48 de la ley 12).

II) REVOCAR el punto III c), DISPONIENDO que CINTIA VERONICA VILLALBA realice una sola jornada de tareas comunitarias de dos horas en CARITAS ARGENTINA, sito en Melincué 5031 de esta Ciudad (art. 46 de la ley 1472).

III) TENER PRESENTE la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal impetradas por el impugnante.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, remítase al Juzgado de origen.

Ante mi:

La Silvina Manes no vota por hallarse en uso de licencia. Conste.

Ende julio del corriente notifiqué al Sr. Fiscal y firmó. Doy fe.

En de julio del corriente se libró una cédula. Conste.

Causa Nº 7857-00/CC/2005 Caratulada: "CINTIA VERONICA VILLALBA Y OTROS s/ inf. Arts. 116 y 117 Ley 1472 - Apelación".

En de julio del corriente notifiqué a la Secretaría General de la Cámara de la remisión de las presentes al Juzgado de origen. Conste.

Ende julio del corriente se remitieron las presentes al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 16. Conste.