Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-08


Comodoro RivadaviaOCHOde marzo de 2007.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "M, R J c/ C DE T "E G LTDA. Y OTROS s/ DEMANDA LABORAL (Acc. de Trabajo)", Expte. Nro. 15.693/06, venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. Nro. 301/00).

Que a fs. 1169/1180vta. y 1182/1196 vta. las codemandadas interponen recursos de casación contra la sentencia definitiva Nro. 80/06 de fs. 1114/1149.

Ambas por la causal violación de la ley o doctrina legal en su especie arbitrariedad (art. 288 inc. e) CPCyC).

Efectúan reservas del caso federal.

Que en el marco del juicio de admisibilidad que corresponde efectuar conforme art. 290 CPr, las codemandadas, C*** ART. S.R. e Y*** continuadora R//, presentan los escritos en término con copias de ley y constituyen domicilio ante el Superior en la ciudad de Rawson.

Ambos acreditan el pago de la tasa de justicia conforme constancias de fs. 1168 y 1181.

Cumplen los mismos con el requisito de autosuficiencia mediante la reseña de los antecedentes de la causa.

En función de lo expuesto, cabe adentrarse ahora en el examen de los motivos casatorios invocados por las recurrentes; a tal fin se dará tratamiento por separado atendiendo al orden cronológico de las presentaciones, "efectuando el enfoque desde el punto de vista del recurrente; sin colocar al Tribunal ante la agria posibilidad de defender o atacar su propio decisorio", de conformidad a la enseñanza reiteradamente citada de Augusto Morello (J.A.1987-IV-5, "La adecuada fundamentación de la concesión o denegatoria de la apelación federal").

La parte codemandada C** ART S.A., sostiene que las sentenciantes se han apartado de los lineamientos normativos aplicables al caso y prescindieron de la evaluación del material probatorio.

Acusa al decisorio de contener un análisis parcial y vicioso de la norma fundamental omitiendo considerar planteos efectuados por su parte.

Afirma que se descalifico el sistema de riesgos de trabajo, sobre la base de premisas ideológicas, esencialmente valorativas y subjetivas.

Indica que existe desconocimiento y errónea interpretación del sistema aludido que lleva a admitir que el derecho vigente le otorga al empleador un derecho de dañar a los trabajadores.

Sostiene que es jurídicamente incorrecto la condena solidaria impuesta a su parte y que la misma lo sea a título de responsabilidad civil, ya que no se identifica ningún incumplimiento puntual de su parte que justifique tal conclusión, terminando por imponer en cabeza de la aseguradora una obligación de resultado, condenándola por la culpa del empleador.

Señala que el razonamiento es inadmisible, ya que en ningún momento se señaló cual era la acción, obligatoria según las normas de seguridad e higiene, que de haberse cumplido hubiera evitado el resultado dañoso y sin reparar en la formulación del nexo causal entre las omisiones que se le endilgan a su parte y la enfermedad denunciada.

Indica que no cuenta con la facultad de obligar a sus aseguradas a cumplir con la normativa vigente sobre seguridad e higiene.

Denuncia la falta de consideración de la defensa de falta de legitimación del reclamo contra la aseguradora oportunamente planteada.

Entrando al tratamiento del recurso de casación presentado por la parte aseguradora codemandada, dentro del control formal que corresponde realizar en esta instancia.

En tal sentido, en lo que respecta a la causal prevista en el art. 288 inc. e) del CPr., este Cuerpo siguiendo el criterio sustentado por el Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, al que este Cuerpo adhiere en forma permanente, sobre la procedencia del recurso de casación en "cuestiones laborales vinculadas con las obligaciones emergentes entre empleados y empleadores" es sumamente restrictivo en razón de tratarse mayoritariamente de cuestiones de hecho y prueba ajenas al remedio extraordinario.

Ahora bien, en casos de excepción, idóneamente invocada y demostrada la arbitrariedad, procede morigerar la rigurosidad de tal criterio y habilitar la vía de excepción, con fundamento en la posible concurrencia de un error en la subsunción de las referidas cuestiones de hecho en los preceptos legales aplicables.

Como fue planteado el recurso, gira en torno a la existencia de solidaridad laboral entre los codemandados, tratándose en definitiva deinterpretación y aplicación de las normas que indica en el supuesto fáctico de la causa por lo cual, se colige que el cuestionamiento del recurrente podría ir más allá de una mera disconformidad con el criterio del a quem sobre el modo de resolución del conflicto, y se dirige al control de legitimidad al que la norma procesal somete la construcción lógica de la sentencia, en vinculación con los hechos de la causa y la normativa aplicable, de modo que, el punto se relaciona con la causal de violación de la ley (Morello "Las cuestiones de hecho en la casación de Buenos Aires", JA 1991-III, 854; Juan C. Hitters "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", p. 317).

En cuanto al recurso interpuesto por la codemandada Y** o su continuadora R** S.A. sostiene que la arbitrariedad radica en que la admisión de la solidaridad laboral de su parte carece de fundamentación.

Entiende que no resulta válido para concluir en la existencia de solidaridad, que la C de T demandada informara a Y** sobre los cursos que realizaban los empleados, como tampoco que el accidente sucedió en los almacenes de Y** con materiales de ella, ya que ello no autoriza a sostener que Y** cedió su actividad normal y específica a su contratista, presupuesto necesario para la aplicación de la norma del art. 30 de la LCT.

Indica que la solidaridad de la citada norma no se aplica al caso de accidentes de trabajo.

Precisa que el actor demandó en los términos del art. 1113 del Cód. Civ. y sin mencionar cual fue la cosa de propiedad de Y** que ocasionó el daño o que fuera riesgosa o viciosa por la cual debía velar el casacionista.

Tampoco individualizan las sentenciantes cual sería esa cosa o los materiales que usó el actor y que provocaron el infortunio.

Se agravia también de la interpretación que la sentencia en crisis efectúa para la declaración de la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley 24.557, señalando que se omitió considerar si en el caso concreto el sistema de riesgos de trabajo cubre los supuestos daños que padeció el actor.

Con respeto a dicho recurso de casación cabe señalar, que conforme se encuentra estructurado el sistema casatorio en nuestro ordenamiento procesal, la arbitrariedad constituye uno de los motivos de casación contemplados en el supuesto de violación de la ley (art. 288 inc."e" del C.P.C.Ch.), configurándose esta última cuando "el magistrado desconoce la existencia de una norma jurídica vigente, o yerra al interpretarla en su alcance general y abstracto, o aplica a los hechos de la causa una norma distinta de la que correctamente debiera aplicárseles" (Cfme. Superior Tribunal de Justicia, Sent.Int. Nro.104/91 en autos: "R Comodoro S.A. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Otro s/ Ordinario", con cita de Di Santo: "El Proceso Civil", T. VIII-B-558).

Que, en tal sentido, habiendo el recurrente manifestado las normas que estima vulneradas por el fallo, lo cual ofrece el debido sustento de su pretensión impugnatoria, corresponde conceder el recurso por la causal invocada.

Por ello la SALA B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E :

1) Declarar admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1169/1180vta. por la parte co demandada C.. ART S.A., contra la sentencia definitiva Nro. 80/06 obrante a fs. 1114/1149, por la causal de arbitrariedad (art. 288 inc. e CPr.) 2) Declarar admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1182/1196vta. por la parte co-demandada Y** S.A. o su continuadora R** S.A., contra la sentencia definitiva Nro. 80/06 de fs. 1114/1149 por la causal de arbitrariedad (art. 288 inc. e) del CPr.).

3) Elévense las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia conforme lo dispone el art. 291 CPr.

4) Téngase presente la reservas formuladas con relación al caso federal.

5) Regístrese, notifíquese.

FDO.:

Graciela Mercedes García Blanco, Presidente;

Marta Susana Reynoso de Roberts, Juez de Cámara;

Nélida Susana Melero, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 35 DEL AÑO 2007.

DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS