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Acción de amparo, revisión judicial de actos administrativos, Poder Ejecutivo Provincial, cuestión política, competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cáceres de Torre, Nilda del Valle y otro s/ Amparo- acción de no innovar innovativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-03-12

El Alto Colegio es competente. El art. 380 2º parte del C.P.C., expresamente prescribe: "... Si el acto impugnado emanara del Poder Ejecutivo de la Provincia... el órgano competente para entender en la acción de amparo, será el Superior Tribunal...".

Queda claro entonces que, "donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir". Empero, aún admitiendo como juicio verdadero, que el acto impugnado se encontraría sujeto a la revisión "política" de la Cámara de Diputados, ello, no autoriza ni siquiera a suponer, que se encuentre exento de la revisión "jurídica" por parte del Organo Máximo de Revisión en la Provincia que es -desde luego- la Función Judicial, y dentro de ésta, por el Tribunal Superior de Justicia, en clara referencia al art. 128 de nuestra Carta Magna Provincial. (Del voto del Dr. José Carlos Grimaux, minoría.)
Bienes, inmuebles por accesión
Materia: CIVIL
Carátula: B.Ch. SA s/ Tercería de Mejor Derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-02

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2315 CC, son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física del suelo, con tal que esta adhesión tenga carácter de perpetuidad. Se trata de cosas que si bien por su naturaleza han comenzado siendo muebles, se transforman en inmuebles por la adhesión física al suelo.

Pero debe recordarse en el dato que caracteriza este tipo de accesión es la 'perpetuidad'; es decir, que no puede ser su adhesión transitoria, sino efectuada con el propósito de dejar indefinidamente las cosas adheridas al suelo. La mayor o menor adherencia al suelo de las cosas muebles, no es lo que determina su naturaleza, sino el carácter permanente o transitorio que ellas tengan; ésta es una cuestión de hecho sujeta a la apreciación del juez, según las modalidades del caso".
Sociedad de hecho, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martinez, Octavio c/ Parrilla, Enrique s/ Disol. y liquid. sociedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

De acuerdo al art. 25 de la ley de sociedades una de carácter irregular puede acreditarse por cualquier medio de prueba (arg. art.

209 Cód. Com.). De allí, la admisibilidad de la prueba testifical condicionada a la existencia de un principio de prueba por escrito.

Desde esa perspectiva, la admisión de hechos por parte de la contraria, aún cuando fuere en forma parcial, autoriza a estimar que existe dicho principio de prueba por escrito.
Concursos, recurso de queja (procesal), queja por recurso denegado, recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: PRODUCTOS   SUDAMERICANOS   SA s/ CONCURSO  PREV.  S/  INC.  DEIMPUGNACION POR VIA MARSELLA SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-06

Procede la queja por denegación de la apelación deducida por cierto acreedor subrogado en los derechos de un impugnante, contra la resolución que considero extemporáneo el recurso, con base en que las decisiones impugnadas remitían a una previa decisión. Ello así cuando, como en el caso, se verifica que la mentada decisión no rechazó de manera inequívoca la subrogación, sino el desistimiento de la impugnación. En tal sentido cabe precisar que, aunque por regla general una resolución no resulta apelable, cuando es consecuencia directa e inmediata de otra que se encuentre firme, no obstante, esa doctrina debe ser interpretada en sentido estricto, y en aquellos casos en que la decisión impugnada pudiera presentar caracteres autónomos respecto de otra anterior, corresponde juzgar la procedencia del recurso con amplitud de criterio, por ser esta actitud la que mejor armoniza -como en el caso- el adecuado ejercicio del derecho de defensa.
Crédito laboral, pronto pago, apreciación de la prueba, base indemnizatoria del despido, prueba del contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, registros laborales, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL - LABORAL
Carátula: CAÑOFLEX SACI s/ QUIEBRA S/ INC. DE PRONTO PAGO POR RUIZ, ROBERTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-16

Del dictamen fiscal 81030: si se solicita el pronto pago de un crédito laboral, resulta improcedente tomar como base de calculo de los rubros que integran el crédito insinuado, el mejor salario denunciado, sino, por cierto, el mejor salario probado por quien esgrimió la acreencia -tal como en el caso lo propuso el sindico concursal-. A mas, aun de considerarse que la diferencia en mas del mejor salario denunciado frente a lo que surge de los recibos, correspondiese a remuneraciones no registradas -supuesto no planteado por el incidentista-, tampoco debería tomarse en cuenta.

Ello pues, la presunción derivada de la LCT. art. 55, a favor de las afirmaciones del trabajador cuando se omite la presentación de libros, registros, planillas y otros elementos de control previstos por la ley, no es absoluta. En tal sentido, es de ponderar que puede ser desvirtuada con las conclusiones que resulten de las probanzas de la causa. Asimismo, de la citada norma y de las demás disposiciones de la LCT que aluden a la forma y prueba del contrato de trabajo, no se deriva, strictu sensu, una inversión de la carga de la prueba, sino, precisamente, en la presunción a favor de las afirmaciones del trabajador (cfr. CNTRAB., Sala I, 25.6.91, "Alomo, Máximo c/ Saffratti, Jacinto SA").
Extinción de la acción penal, imputado no procesado
Materia: PENAL
Carátula: CAROSIO, ARNALDO BRUNO s/ Cheque sin fondos Causa Nro. 35181.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

1-Corresponde confirmar la resolución apelada que declaró extinguida la acción penal de quien no se encuentra sometido a proceso una vez transcurrido el plazo legal de la extinción y lo que se cuestiona es la insuficiencia de la información de antecedentes de reincidencia sobre la comisión de algún delito por parte del imputado no procesado que sería causa de interrupción de dicho plazo, pues si bien los informes del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal deben recabarse acompañando una ficha de impresiones digitales, lo que en el caso se habría omitido, la obligatoriedad de esa clase de informes, establecida en la ley de creación del Registro debe entenderse referida a aquellos casos de pronunciamientos jurisdiccionales dictados a pedido del interesado o cuando se trata de personas sometidas a proceso.

2- Cuando la ley procesal autoriza a declarar la extinción de la acción en forma oficiosa y respecto de quien no se encuentra sometido a proceso, no puede contarse con una ficha de sus impresiones digitales ni puede atribuirse al pronunciamiento declarativo el valor de cosa juzgada material.
Aplicación de la ley, doctrina de la arbitrariedad, tráfico de influencias, cohecho
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Unidad Fiscal Unica J. A. c/  s/ invest. cohecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-22

La sentencia de condena y, por ende, la aplicación de una pena sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal de juicio que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado. Por el contrario, la falta de certeza que razonablemente motiva el sentenciante representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia que ampara al imputado, razón por la cual conduce a la absolución. En dicho razonamiento, "cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la duda o aun la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la absolución" (cfr. MAIER, Julio B. J.; Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos, 2° ed. 4° reimp., Editores del Puerto, C.A.B.A., 2012, p. 495). En ese contexto, la parte recurrente debió formular una crítica al pronunciamiento del Tribunal de Juicio y señalar el déficit en la valoración de las pruebas dirimentes como así también, que no subsistían argumentos lógicos suficientes para justificar el fallo absolutorio. En ese orden de ideas, los planteos del acusador sólo reflejan una mera discrepancia con los fundamentos vertidos y una grave acusación funcional a la labor del sentenciante, por lo que corresponde rechazar la procedencia de la impugnación ordinaria deducida por la parte acusadora. La mera invocación de una presunta arbitrariedad de sentencia resulta insuficiente para revocar una sentencia -y mucho menos para dictar sentencia condenatoria en esta instancia recursiva-, siendo su demostración una exigencia de cumplimiento ineludible.
Recurso de casación penal, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Altamirano, Jorge y otro s/ Recurso de casación - Causa:1319
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

Dable es advertir un defecto en la fundamentación frente a la huérfana enunciación de los motivos que condujeron a una paridad en el quantum sancionatorio ante distinta configuración de actuación delictiva y disímiles canones individualizadores valorados para cada uno de los nocentes. Esta circunstancia determina la viabilidad de la vía impugnativa por vía de la casación formal en la hipótesis del arbitrio. (Voto del Dr.

Casanovas).
Acción de amparo, derecho a la salud
Materia: CIVIL
Carátula: VILLAR SYLVANA BLANCA c/ I.O.S.E.P. (INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EMPLEADO PROVINCIAL) Y OTRO s/ ACCIÓN DE AMPARO - CUADERNILLO DE APELACIÓN - APELACIÓN EN AMPAROS SOCIAL DEL EMPLEADO PROVINCIAL) Y OTRO s/ ACCIÓN DE AMPARO - CUADERNILLO DE APELACIÓN - APELACIÓN EN AMPAROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-10-31

La resolución adoptada por el juez de grado -que obliga a la parte demandada, Obra Social, a mantener la cobertura total del medicamento necesario para paliar la patología de la afiliada- encuentra pleno fundamento en las constancias de autos, que acreditan que la misma debe recibir un tratamiento que no puede ser interrumpido por las graves consecuencias o riesgos que puede producir en su salud, puesto que cualquier demora o falta en el suministro de la medicación es en sí misma peligrosa, frente a la amenaza o probabilidad de que se concrete la afectación al verse alterada la normal contraprestación del servicio con la decisión injustificada de la institución de reducir la cobertura asistencial, sin que se demuestre fehacientemente en la instancia judicial que ha mediado una modificación relevante en las condiciones económicas y demás circunstancias de hecho que fueron tenidas en cuenta al momento del reconocimiento de la contratación de dicha prestación.
Mejoras, posesión de mala fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kalasnicoy, José y otra c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-08-04

Para descartar la aplicación del art. 2590 del Código Civil, no basta decir que los ocupantes sabían que ocupaban la tierra de otro, esto es, que tenían mala fe, pues el artículo se refiere precisamente a este caso: al poseedor de mala fe. Tampoco cabe apuntar en su contra que la propietaria demostró su interés en recuperar el predio al promover la acción de desalojo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tratados internacionales, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Simón,  Julio  Héctor  y  otros s/ privación  ilegítima de  la libertad, etc. (Poblete) -causa Nº 17.768-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-14

La armonía o concordancia entre los tratados y la Constitución es un juicio del constituyente. En efecto, así lo han juzgado al hacer referencia a los tratados que fueron dotados de jerarquía constitucional y por consiguiente no pueden ni han podido derogar la Constitución pues esto sería un contrasentido insusceptible de ser atribuido al constituyente, cuya imprevisión no cabe presumir (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Sentencia, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pogliani, Marta Guadalupe c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Revocatoria auto de  admisibilidad (Expte CSJ Nº 346-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-11

La sentencia que incurre en "exceso ritual manifiesto" es una pronunciamiento arbitrario, por no constituir derivación razonada del derecho vigente. El ritualismo pasa de tal modo a configurarse como un supuesto especial de sentencia arbitraria, consistente en la desnaturalización de las formas y de las regulaciones procesales, incompatible con el debido proceso y con el razonable formalismo jurídico.
Recurso de casación penal, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, prueba, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: PERASCO, LUIS CAYO s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 1105
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

El concepto de motivación legal involucra la necesidad de que aquélla sea concordante, es decir, que cada conclusión de la sentencia debe encontrar su apoyo en el elemento probatorio que le corresponde y por ello, no satisface ese requisito, y no es por tanto una motivación legal -lo que equivale a la falta de ella- la motivación que consiste en la sola mención global de medios de prueba introducidos al debate, método que tiene por efecto que el tribunal (ad quem) no pueda fiscalizar si existe o no la referida concordancia. El mismo impedimento para el control en casación, lo constituye la falta de enunciación del contenido de cada elemento de convicción, incorporado de acuerdo con el respectivo medio de prueba, y su reemplazo por la directa valoración de ese contenido.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, prórroga del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Celina Electromecánica de Joaquín F. Domínguez c/ Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

Los arts. 6 y 26 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, por cuyo juego es sólo a esta Corte a quien corresponde decidir en los conflictos de jurisdicción en los que se ve interesada su competencia originaria, presuponen la posibilidad de que, ante determinadas circunstancias deba admitirse su prórroga.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de queja (procesal), sucesiones, expresión de agravios, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Schwindt, Guillermo Horacio c/  s/ sucesorios (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-15

Si mediante recurso de queja, la Cámara concede la apelación en relación, ordena la comunicación a primera instancia para su conocimiento, demás efectos y dispone lo pertinente para la oportuna elevación para tratamiento del recurso, lo es para que el tribunal de grado procediese conforme a lo previsto por el 243 del CPCC, concediendo el plazo de cinco (5) días para que la apelante fundase el recurso.
Recurso de apelación (procesal), calidad de parte, agravio concreto, fundamentación del recurso, Derecho laboral
Materia: LABORAL
Carátula: SAMANIEGO, CARLOS ALBERTO c/ CALVO, RUBÉN DARÍO s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-14

Realizando una evaluación de las obligaciones" a cargo del empleador, se encuentra la de declarar, naturalmente, la jornada cumplida, que configura una de las cuestiones litigiosas, planteadas por el actor.

Aplicando el art. 196 LCT y el principio sentado por la Sala, en autos Meneses c. Jiménez, donde con fecha 14/12/12, se dijo que "en materia de jornada, la común es la de ocho horas, la reducida es la excepcional y la prueba de ésta, a cargo de quien la invoca".
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del funcionario público, faltas del servicio, policía federal, Estado Nacional, acción de repetición
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Meza Desiderio c/ EN -Mº Interior- PFA s/ Daños y Perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-07

Cuando el accionar de los miembros de la Policía Federal condenados en sede penal encuadra en las previsiones del art. 130 de la ley 24.156 -de la Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional- el Estado Nacional tiene a su favor la acción de repetición prevista en dicha norma (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. VII).
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, sentencia no firme
Materia: CIVIL
Carátula: GCBA S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN CCJZ Y OTROS  c/ GCBA  s/ AMPARO - HABITACIONALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal toda vez que la decisión contra la que la parte actora interpuso el recurso extraordinario federal no es la definitiva a la que se refiere el art. 14 de la ley n° 48. Aunque ese obstáculo pudiera superarse, la materia sobre la que versó -principalmente, la interpretación de la ley n° 4036- no suscita la competencia extraordinaria de la CSJN. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Impuestos, error excusable
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Guarracino, Luis -T.F. 22.927-I- c/ D.G.I".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-01

Si las diferencias detectadas por la inspección consistían e concepto de dudosa gravabilidad, por cuanto se trataba de los resultados por venta de títulos públicos nacionales atribuibles a personas físicas, en donde la doctrina y la jurisprudencia se encuentran divididas respecto de si el impuesto alcanza o no a tales conceptos, lo cual induce a considerar que existió error excusable eximente de sanción en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1988 y modif).
Querellante, legitimación activa, recurso de apelación (procesal), simple damnificado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GIANANTONIO, Héctor Alberto s/ denuncia Causa nro. 11.735
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-02

La facultad recursiva que otorga el código ritual supone la especial calidad de particular ofendido por el delito cuya investigación se pretende, extremo que, como paso previo debe analizarse y hallarse como requisito habilitante e ineludible de la instancia recursiva de este Tribunal. Siendo que la pretensión del recurrente de asumir el rol de querellante reúne las condiciones a que alude el artículo 82 del C.P.P.N., deberá tenérselo como tal.
Usurpación, cambio de cerradura
Materia: PENAL
Carátula: E, I R s/ USURPACION  POR  DESPOJO,  FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO Y HURTO  EN CONCURSO REAL      EXPTE NRO 248-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-23

El cambio de cerradura, o la variación de su combinación, es uno de los medios comisivos del artículo 181 inciso 1 del Código Penal, equiparable a la fuerza en las cosas, destinado a mantenerse en el inmueble despojado.
Compraventa inmobiliaria, simulación, acción reivindicatoria
Materia: CIVIL
Carátula: URIBURU CLEMENT, MARIA Y OTRO c/ ROUX ZAPIOLA, CELIA S. s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-09

Debe protegerse a los subadquirentes tanto en las hipótesis de invalidez como en las de ineficacia: nulidad, resolución, revocación, si entre los antecedentes se encuentra una compraventa después declarada simulada por encubrir una donación, hallándose el tercero alcanzado por la acción reipersecutoria aludida en el art. 3955 del Código Civil.

Debe distinguirse la hipótesis de la donación simulada, por cuanto salvo que se manifieste desde otro ángulo- en este caso la buena fe del tercer adquirente es indiscutible dado que pese al estudio minucioso de los antecedentes no habrá podido encontrar entre ellos una donación, sujeta en abstracto a posible reducción.

Respecto al tema de los terceros adquirentes se hace hincapié en la máxima "Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis", como fundamento de la acción reipersecutoria. Si como consecuencia del nuevo texto del art. 1051 del Código Civil se incorpora a nuestra legislación un principio general de protección del tráfico jurídico a través del amparo de los terceros adquirentes a título oneroso de buena fe, este principio hace ceder al apoyado en aquella máxima, que sólo tendrá vigencia para los actos a título gratuito o para los restantes cuando el tercero es de mala fe.

Interesa al orden público la protección de la legítima. Pero cuando colisionan ambos derechos, pertenecientes ambos a terceros compradores y herederos legitimarios- y siendo los dos de buena fe, cabe ponerse del lado del que devino sucesor a título oneroso, que lo es el comprador y no el heredero.

Si el causante cometió actos ilícitos en perjuicio de sus herederos, frente al tercero de buena fe y a título oneroso, ellos habrán de ser los perjudicados así como ellos se benefician o perjudican con innumerables actos cumplidos en vida de su autor y que no han podido controlar, facilitar o impedir. Al adquirente no se le puede exigir más que el control de la existencia de una donación. Si ésta es simulada, ya no cabe perseguirlo, desde que existe el principio consagrado en el art. 1051 del Código Civil por la reforma de 1968, pues ello constituiría no sólo contribución para el desaliento de las transacciones inmobiliarias, sino un atentado liso y llano a la buena fe que ha sido constituida por la nueva redacción de esa norma en eje, en fanal, en principio rector también cuando se trata de los negocios inmobiliarios.

La buena fe creencia es fuente de derechos en el campo de las relaciones jurídicas reales y consiste en la ignorancia de lesionar un interés ajeno tutelado por el derecho, en la creencia de la legitimidad del derecho adquirido sobre una cosa.

Cabe preferir al tercero de buena fe que deviene sucesor a título oneroso que al heredero, cuando la donación es simulada, porque si no lo fuera, desaparecería la buena fe del adquirente.
Declaración indagatoria, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: LUIS ALBERTO CARRILLO y JULIAN ALBERTO NUÑEZ s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-08-23

Sabido es que la declaración indagatoria es un medio de defensa, pero no es menos cierto que aquélla puede ser fuente de prueba cuando -prestada con las garantías del debido proceso- se compatibilice con la prueba aportada al contradictorio. Los dichos confesorios -al igual que cualquier otra declaración- puede ser dividida al tiempo de su ponderación sin que por ello quepa considerarlo arbitrario si tal división se ajusta racionalmente a la reconstrucción del factum, rechazando en consecuencia lo que aparezca como inconcebible o mendaz.
Culpa de la víctima, carga de la prueba, responsabilidad del empresario, obra en construcción, siniestro
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Tomazin, Vinko y otro c/ FMR Arquitectos S.R.L. y otros s/ d. y p. x resp. extracont. de part.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-20

Respecto a la características que debe revestir la culpa de la víctima: ".Probada la responsabilidad del demandado sea por presunciones legales o por otros medios probatorios (hecho constitutivo), la culpa de la víctima debe ser acreditada certera, claramente, pues se trata de un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega, constituyendo una excepción al régimen de la responsabilidad. En tal sentido, se ha resuelto que el art. 1111 funciona para una situación de certeza, por lo que se incurre en una errónea interpretación cuando se lo aplica sin que se dé este elemento; los presupuestos deben ser claramente acreditados, y es un estado de duda" (Kemelmajer de Carlucci en Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, dirigido por Belluscio, Bs. As. Astrea, Tomo 5, pág. 393, citado en "ABELLO MENDEZ FIDEL DONATO C/ QBE ARGENTINA ART S.A. S/ ACCIDENTE ACCION CIVIL", Expte. N° 416735/2010).