Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-15


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 5 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? El doctor Miguel Angel Vilar dijo:

I.- La sentencia dictada en primera instancia y que obra agregada a fs. 568/ 570 vta. de estas actuaciones, admitió la demanda entablada por Elio Bolzan y, en consecuencia, condenó a Sucesores de María Teresa Cavellini a escriturar dentro de los veinte días de notificado el inmueble ubicado en la calle Cosquín Nº 5018, lote 22, manzana 77 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de hacerla firmar por el juzgador en caso de incumplimiento de la parte demandada. Impuso las costas a la parte condenada.

Apeló la Sra. Defensora Oficial de Pobres y Ausentes a fs.602, expresando agravios a fs. 615/ 616, los que fueron contestados por la contraria a fs. 617/ 618 vta.

II.-La recurrente se agravió -básicamente- de la admisión de la demanda y, consecuentemente, de la condena a escriturar dispuesta contra los sucesores de María Teresa Cavellini a favor de la actora.

Manifestó que no era cierto que la parte demandada no había "resistido" el pedido de la accionante. Hizo referencia por lo demás, a los términos de la presentación efectuada a fs. 338, punto 3º.

Admitió que la firma puesta en el boleto de compraventa agregado en original a la causa pertenecía a María Teresa Cavellini. Pero señaló que, independientemente de la autoría de la signatura, el actor no aportó prueba concluyente para demostrar la obligación de escriturar de la causante así como el derecho del actor a reclamar el otorgamiento de la escritura traslativa del dominio.

Por último, adujo que desconocía las relaciones jurídicas que pudieron vincular a las partes, en virtud del carácter oficial de la representación que ejerce. Y que, en definitiva, la actora era quien debía probar fehacientemente los hechos en los basó su pretensión.

III.- El caso.

Se trata de una demanda entablada por los actores mediante la que persiguen el cumplimiento de la obligación de escriturar derivada de un boleto de compraventa celebrado el día 12 de marzo de 1957, en virtud de los establecidos en los arts. 1184, 1187, inc. 1, 1197, 1198 1323 y cc. del Código Civil y art. 512 del Código Procesal.

a) El actor refirió que el inmueble objeto del contrato era propiedad de la ya fallecida María Teresa Cavallini (cfr. escritura de fecha 5-12-55); que él había abonado la totalidad de la hipoteca en primer grado con la que la propietaria había gravado el inmueble; que desde la toma de la posesión -el aquí accionante- se había hecho cargo de todos los impuestos, cargas y contribuciones que se encontraban en su poder y a su nombre.

b) El sentenciante, por su parte, admitió la pretensión escrituraria en virtud de las conclusiones del informe pericial y lo establecido en los artículos 1012, 1028 del Código Civil. Dicha resolución causó agravio a la recurrente.

c) A fs. 544 luce, en original, el boleto de compraventa que las partes convinieron firmar el día 12 de marzo de 1957.

d) A fs. 283 y fs. 285, respectivamente, obran las contestaciones a los oficios peticionados por la Sra. Defensora Oficial de los que la Sra. María Teresa Cavellini había fallecido el 22 de marzo de 1959 y que no se había iniciado juicio sucesorio a su nombre.

e) A fs. 338 la Defensora Oficial asumió la representación de la fallecida Cavellini o sus eventuales herederos. Desconoció la documentación original reservada a fs. 227 (cfr. lo solicitado a fs. 333) y contestó la demanda.

IV.- La solución.

A).- a) El sentenciante declaró la cuestión como de puro derecho a fs. 341 y tuvo por enderezada la demanda contra Cavellini y eventuales sucesores. La Defensora se notificó a fs. 343.

b) No obstante ello, en razón del desconocimiento formulado por la recurrente a fs. 517, decidió para mejor proveer, la producción de la prueba pericial que había sido ofrecida oportunamente la actora. (fs. 521). Y concluyó, en virtud de ella, que la Sra. Cavellini había firmado el contrato.

B.- La Defensora Oficial -recurrente ante la Alzada- manifestó que el actor no acreditó sus afirmaciones ante la negativa general de los hechos y el responde en expectativa efectuado por esta parte a fs. 338.

Pero adelanto que no le asiste razón.

a) En efecto, tal como sostuve "supra" el Magistrado de primera instancia declaró la cuestión como de puro derecho toda vez que -según estimó- no existían hechos controvertidos que justificasen la apertura de la causa a prueba.

Tal como es sabido, declarar la cuestión de puro derecho, supone el examen de los escritos con que ha quedado trabada la relación procesal y la apreciación de si existen hechos controvertidos y conducentes o si, por el contrario, sólo se discute el derecho aplicable. Sin embargo, no configura éste un supuesto de prejuzgamiento, ya que aun cuando el juez sostenga que la cuestión es de puro derecho puede luego revocar la decisión, o mediar revocatoria del superior. (cfr. Fassi- Maurino. "Código Procesal Civil y Comercial", comentado, anotado y concordado, T. 3, 3º edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, pg. 379 y ss.).

b) La resolución de fs. 341 fue notificada a la Defensora Oficial quien, en esa oportunidad, se limitó a señalar que la contestación que había efectuado al asumir la representación de la demandada importaba "controvertir los hechos y el derecho invocados por la actora" (fs. 343).

No obstante la referida manifestación, lo cierto es que la Defensora no apeló la declaración. Es decir, la resolución quedó firme por lo que la representante legal mal puede en esta instancia pretender que se examine la exactitud o inexactitud del material probatorio aportado por el actor al comienzo de este pleito.

c) Por otra parte, la facultad que le otorga al Defensor Oficial el art. 356 inc. 1, in fine, del Código Procesal, de reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba, no lo autoriza a introducir un planteo semejante al efectuado en la expresión de agravios de fs. 615/ 616 soslayando - de ese modo- el principio de preclusión procesal que constituye impedimento para considerar pretensiones o alegaciones no invocadas en la etapa pertinente.

C) A mayor abundamiento, cabe recordar, que la prueba pericial caligráfica ordenada para mejor decidir -cuyo objeto fue determinar la autenticidad de las firmas insertas en el Boleto de Compra Venta y atribuidas a la Sra. María Teresa Cavellini- , fue determinante en cuanto a que -efectivamente- las firmas cuestionadas obrantes en el referido instrumento correspondían al puño y letra de aquélla.

Nótese que la recurrente no observó ni impugnó de modo alguno las conclusiones del peritaje en cuanto a idoneidad ni a veracidad, por lo que cabe admitir las consecuencias que de ellas se derivan (cfr. arts. 386 y 477 del Código Procesal). Es decir, la fe de la autenticidad de la firma impuesta por la vendedora en el referido instrumento.

D) En el caso de autos se tiene prueba suficiente de la verdad de la firma de la demandada, por lo que no cabe a esta altura del examen y máxime después de la consentida declaración de puro derecho, merituar la viabilidad de la negativa genérica formulada por la Defensora Oficial a fs. 338 respecto de los restantes hechos en los que la accionante sustentó la acción.

En consecuencia, no hallando mérito para apartarme del fallo, propicio que se desestime la queja de la recurrente y se mantenga la decisión recaída en primera instancia sobre la cuestión en debate.

Conclusión.

Por todas las consideraciones que dejo expuestas, y si mi opinión es compartida, propondré que se confirme el pronunciamiento apelado en todo lo que ha sido materia de agravios. Con costas de Alzada a la recurrente que resultó vencida. ( cfr. art. 68, párrafo primero del Código Procesal).

Así lo voto.

Los doctores Brilla de Serrat y Sánchez, por análogas razones a las aducidas por el doctor Miguel Angel Vilar, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma el pronunciamiento apelado en todo lo que ha sido materia de agravios. Con costas de Alzada a la recurrente que resultó vencida. (cfr. art. 68, párrafo primero del Código Procesal).

Teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados en la peritación obrante a fojas 571/585, el monto del interés económico comprometido, lo dispuesto por los artículos 29 y 30 de la ley 20.243, y la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados, se eleva a pesos setecientos ($ 700) la retribución fijada a favor de la perito calígrafa I. L.

Por la actuación en la alzada se fija en pesos ochocientos ($ 800) el honorario de la doctora L. M. C. (art. 14, ley de arancel 21.839). - Miguel Angel Vilar. - Ana María Brilla de Serrat. - Diego C. Sánchez.