Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-09


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 9 de 2004.

Y Vistos: Estos autos para resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora a fs. 61/80, cuyo traslado fue contestado a fs. 84/94, contra la sentencia de esta sala obrante a fs. 52/53.

I. Conforme las disposiciones contenidas en el Título III, ley 402 (art. 28) corresponde a este Tribunal expedirse sobre la admisibilidad formal del recurso.

Al respecto cabe señalar que, de acuerdo a las previsiones del art. 27, ley 402, el excepcional remedio intentado sólo cabe contra las sentencias definitivas emitidas por el superior tribunal de la causa, cuando se haya controvertido la interpretación, aplicación o validez de normas o actos, bajo la pretensión de ser contrarios a las constituciones nacional o local, siempre que la decisión recaiga sobre esos temas.

A su vez, el TSJ ha establecido que la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad se encuentra condicionada a la configuración clara y precisa de una cuestión constitucional que guarde concreta relación con la decisión que se impugna (TSJ, exp. 209/00, "Martínez, María del Carmen c. G.C.B.A s/ Recurso de Queja", del 9/3/00).

Y ha señalado que la debida fundamentación del recurso de inconstitucionalidad no puede suplirse mediante la invocación genérica de disposiciones constitucionales o la alegación de que la Cámara efectuó una interpretación errónea del derecho que rige el caso ("in re": "Carrefour Argentina S.A. s/ Recurso de Queja", expte. Nº 131/99, pronunciamiento del 23/2/00; "Lexco SACIFIA c. GCBA s/ impugnación de actos administrativos", del 23/8/01, entre otros); doctrina que coincide sustancialmente con la sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la viabilidad del recurso extraordinario federal (Fallos 302:890; 305:1929; 306:223; 224:250; 307:1799; 308:1202, entre muchos otros).

II. En primer lugar, corresponde indicar que si bien las decisiones recaídas en los juicios ejecutivos y de apremio son insusceptibles, en principio, de impugnación mediante el recurso de inconstitucionalidad, pues carecen del carácter definitivo exigido por el art. 27 de la ley 402, cabe señalar que, tal como ha sido indicado por el TSJ "al cumplirse el término de prescripción de la acción fiscal, la decisión recurrida, aún cuando no resuelve el fondo del asunto, impide replantearlo, de manera que cabe considerarla una sentencia equiparable a definitiva, a los efectos del recurso de inconstitucionalidad" (TSJ, causa 1567/02 "GCBA c. queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "GCBA c. Primer Mundo SA s/ Ejecución Fiscal" del 11 de diciembre de 2002).

Si bien en el caso se estaría "prima facie" ante una sentencia equiparable a definitiva, el recurso interpuesto, por las razones que a continuación se exponen, carece de la fundamentación necesaria, por lo que cabe declararlo inadmisible.

III. En el presente caso, al fundar su recurso de inconstitucionalidad la parte actora invocó la violación de los arts. 14, 16, 17, 18 y concs. CN y arts. 13, inc. 3º, y concs. de la CCABA (ver fs. 61 vta.) Si bien la recurrente invocó la violación de normas constitucionales no ha logrado exponer, con la fundamentación, claridad y precisión debidas, un caso constitucional que justifique la intervención del Tribunal Superior en los términos del art. 27 de la ley 402 (TSJ, expte. 605/01, "Skurnik Carlos Marcelo y otros c. G.C.B.A. Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro s/ Amparo", del 11/10/01), exigencia impostergable para la viabilidad del recurso que -según lo dicho- no se suple con la simple referencia ritual a derechos y/o principios constitucionales.

De la lectura de la presentación bajo examen surge claramente que las cláusulas constitucionales invocadas a fs. 61 vta. (y reiteradas a fs. 80 al plantearse la cuestión federal) no tienen ningún desarrollo posterior. Paralelamente, los agravios expuestos en el cuerpo del recurso se refieren a cuestiones de derecho no constitucional (debate procesal referido al instituto de la caducidad), que no pueden ser planteados por la vía intentada. Todo ello implica, a su vez, que no hay relación directa entre las cláusulas constitucionales mencionadas (y no desarrolladas) y lo decidido en la resolución que se pretende impugnar.

VI. En cuanto a la doctrina de la arbitrariedad, es preciso destacar que, si bien no es una causal expresamente reconocida en la ley 402, la mayoría del TSJ ha admitido su invocación, sin perjuicio de especificar que: a) sólo comprende situaciones de carácter excepcional; b) no alcanza a la discrepancia con respecto a la interpretación de las normas infraconstitucionales aplicadas por los jueces; c) no es un medio para corregir sentencias equivocadas; y d) sólo es admisible ante decisiones que no puedan ser calificadas de sentencias fundadas.

Es decir: no puede tratarse de una vía oblicua para exponer agravios que no involucren razones constitucionales, sino un remedio excepcional para que el Tribunal superior conozca sobre decisiones manifiestamente carentes de fundamentos y que, de esa manera, lesionen el derecho de defensa, en cuanto incluye el derecho a obtener una sentencia fundada en el derecho positivo aplicable a los hechos de la causa. Se trata, así, de un remedio ante decisiones "desprovistas de todo apoyo, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces", según la letra de la Corte Federal en el caso "Rey" (Fallos: 112:384) y de otras situaciones semejantes que el referido Tribunal ha ido sistematizando, como lo muestra la actual clasificación de los casos de arbitrariedad que contiene la propia publicación oficial de sus fallos (conf. Narciso Lugones, "Recurso extraordinario", Lexis-Nexis, 2002, segunda edición actualizada, p. 286).

Estas situaciones sin embargo no se verifican en el caso, pues la sentencia puede ser objeto de críticas jurídicas pero no ser descalificada como autocontradictoria, o carente de lógica o de insuficiente fundamentación jurídica.

Por supuesto, las críticas efectuadas sólo son examinables por medio del recurso de inconstitucionalidad si y sólo si incluyen, en su exposición, razones constitucionales.

Tales razones, además, deben tener un desarrollo adecuado ("configuración clara y precisa del caso") y, a la vez, tener una relación directa con el pleito.

V. También debe ser rechazada la invocación de la doctrina de la "gravedad institucional" (fs. 77/78), en tanto se trata de una construcción de la Corte Federal, específicamente relativa al recurso extraordinario federal.

El recurrente, en el caso: a) no efectuó justificación alguna que avale su traslación al ámbito del recurso de inconstitucionalidad local, b) no expone realmente un agravio autónomo sino que, sencillamente, destaca la importancia de la cuestión para el Gobierno de la Ciudad, pero, en rigor, no hace más que reiterar el mismo fundamento que sustenta los agravios ya examinados, y c) no obstante, no demuestra de forma concreta de qué manera la decisión judicial que recurre pone en crisis las instituciones de la Ciudad (esta sala, "in re": "Barallobres, Walter Carlos c. GCBA s/ Amparo", expte. Nº 7538).

VI. En definitiva, el recurrente expresa su disconformidad con al decisión de esta Cámara, pero a) no expone críticas constitucionales pormenorizadas a los razonamientos jurídicos contenidos en la sentencia, b) no invoca de forma adecuada la doctrina de la arbitrariedad, y c) no resulta posible subsanar esas deficiencias a través de la invocación genérica de la doctrina de la gravedad institucional.

En mérito a las consideraciones vertidas, jurisprudencia y normas citadas; el Tribunal resuelve: No conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas. - Horacio G. A. Corti. - Carlos F. Balbín. - Esteban Centanaro.