Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-05-03


Expte. N° 6440 "MUT, Vicente c/ Municipalidad de Santa Lucía- Ordinario - (Nulidad e Inconstitucionalidad) s/ Inconstitucionalidad" --- En la Ciudad de San Juan, a las once horas del día tres de mayo del año dos mil dieciocho, se realiza el acuerdo definitivo previsto en el artículo 9 de la ley 59-O, según lo convenido en el acuerdo prepara-torio. A ese efecto, se reúnen los magistrados que en es-ta causa integran la Sala Segunda de la Corte de Justi-cia, doctores Ángel Humberto Medina Palá, Adolfo Caballe-ro y Guillermo Horacio de Sanctis, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado por la parte actora contra la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Civil y Minería en autos Nº 249 (102.028), caratulados "Mut, Vicente c/ Municipa-lidad de Santa Lucía- Ordinario - (Nulidad e Inconstitu-cionalidad)". Las cuestiones fijadas en el acuerdo prepa-ratorio y que aquí deben resolverse son: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad planteado en autos? En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar?------------- --- EL DR. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ DIJO:-------------- --- Mediante la sentencia impugnada por el presente re-curso, el tribunal de alzada rechazó el recurso de apela-ción confirmando en todas sus partes la sentencia de pri-mera instancia. En el caso de autos la juez de primera instancia declaró devenido en abstracto el pronunciamien-to sobre la nulidad del proceso de juicio político, nuli-dad e inconstitucionalidad de la Ordenanza 1839 y del ar-tículo 119 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Santa Lucía (COM); rechazó la inconstitucionalidad dedu-cida contra el artículo 116 de la citada Carta Orgánica y el reclamo de pago de salarios caídos.------------------- --- El tribunal a quo¸ por su parte sostiene que devino en abstracto todo pronunciamiento sobre la Resolución 1453, que dispuso la destitución del apelante como Inten-dente del Departamento de Santa Lucía; y de la Ordenanza 1839, que convocó a consulta popular para someter a vota-ción la destitución del Intendente, por cuanto fueron de-claradas inaplicables por el Tribunal Electoral, al haberse tornado inoficioso el fallo destitutorio por haber cesado el Intendente en su mandato por imperio constitucional (vencimiento del plazo). Asimismo, devino en abstracto la inconstitucionalidad del artículo 119 de la COM, que permite a los concejales inhabilitar al In-tendente para ejercer cargos públicos, en tanto el citado tribunal también se expidió, a favor del actor, porque la norma cuestionada desconoce el límite impuesto por el ar-tículo 249 de la Constitución Provincial que sólo autori-za la sanción de remoción.------------------------------- --- El tribunal de alzada consideró, en relación a la falta de condena por los salarios caídos dejados de per-cibir por el apelante desde que fue suspendido hasta el cese de su mandato, que el actor no refutó con una críti-ca razonada y concreta los argumentos en que la jueza de primera instancia basó el rechazo, estimando que estaba vinculado con el rechazo de la inconstitucionalidad del artículo 116 de la COM.---------------------------------- --- El a quo afirma que el recurrente, se limitó a expre-sar la falta de causa legítima para el juicio político y que la suspensión fue infundada correspondiendo el pago, agregando que el artículo 116 de la COM viola lo dispues-to por el artículo 249 de la CP al suspenderlo sin que se haya efectuado una consulta previa. Y si bien estima que no reúne los requisitos, en tanto considera que no hubo una critica concreta y suficiente de los sólidos argumen-tos expresados en el rubro por la jueza de la instancia anterior, ingresa en el análisis del punto -salarios caí-dos- y rechaza la pretensión actora.------------------ --- Para ello, tiene por cierto que el caso encuadra en el supuesto del artículo 116 de la COM, y parte de la gravedad que importa la descalificación por inconstitu-cionalidad de una norma jurídica, por lo que dicha solu-ción debe ser ejercida con suma cautela.----------------- --- Agrega además que la comparación o cotejo de orden constitucional entre la norma cuestionada 116 de COM y el artículo 249 de la CP, es erróneo, porque tratan dos si-tuaciones completamente diferentes: aquél se refiere a la suspensión en el cargo y éste a la destitución. En conse-cuencia, considera constitucional la norma referida (116 COM) por ello procede el rechazo del agravio referido, en razón de que efectuada la acusación y notificada por el Consejo Deliberante, el acusado queda automáticamente suspendido en sus funciones sin goce de sueldo. Dice que otra interpretación implicaría incumplimiento de la dis-posición.------------------------------------------------ --- Además, afirma el a quo que la Constitución Provin-cial, ha reconocido a todos los municipios de primera ca-tegoría autonomía política, administrativa, financiera e institucional y que en ese marco fue dictado el artículo 116 de la COM. Por lo que la privación de sueldos desde la suspensión reconoce una base constitucional y legal.-- --- El recurso de inconstitucionalidad es subsumido en los incisos 2 y 3, del artículo 11, de la Ley 2275 (hoy Ley 59-O) y motivado en que con la sentencia impugnada se violó el derecho de defensa en juicio, afectando también su derecho de propiedad.--------------------------------- --- Alega el recurrente que si para el a quo era inofi-cioso pronunciarse sobre la Resolución 1453/2007 y la Or-denanza 1839/2007 por haberse tornado abstracta la cues-tión litigiosa -en tanto no se produjo la destitución-, debió tratar y hacer lugar al reclamo de los salarios caídos durante el periodo de suspensión.----------------- --- Se agravia el impugnante de la consideración del tri-bunal relativa a que la declaración de nulidad solicitada no está dirigida a proteger ningún interés actual sino a cuestiones abstractas. Expresa que no es abstracto que el intendente fue suspendido, que se le privó del sueldo y se le causó daño económico y moral.---------------------- --- Sostiene el quejoso que habiéndose negado el trata-miento de la inconstitucionalidad de los artículos 116 y 119, correspondía aplicar el último de los nombrados cuando dispone que si el fallo resultare absolutorio, el imputado tendrá derecho a percibir las remuneraciones no devengadas.---------------------------------------------- --- Asegura el recurrente que es falso que no haya refu-tado con una crítica concreta y razonada los argumentos en los que la juez de primera instancia basó el rechazo del planteo. Aduce que al fundar la inconstitucionalidad del artículo 116 de la COM demostró que la Constitución Provincial establece que, aún destituido, el intendente no pierde su cargo sino hasta que la destitución haya si-do ratificada por una consulta popular, por lo que -concluye- el artículo mencionado es inconstitucional por-que si no se lo puede destituir, mucho menos se lo puede apartar del cargo cuando ni siquiera se ha defendido.---- --- Afirma el quejoso que el a quo, al considerar consti-tucional el artículo 116 de la COM debió ingresar al aná-lisis de si existían causas para el juicio político y de las pruebas producidas. En modo alguno -sostiene el recu-rrente- pudo declarar abstracto el pronunciamiento y omi-tir valorar las pruebas ofrecidas, las que demuestran a su criterio que no hubo causa que justificara el juicio iniciado. Por otra parte, dice, que si considera que no hubo destitución del intendente por no haber concluido el proceso con la consulta popular -adhiriendo a lo resuelto por el tribunal electoral-, debió condenar al municipio a pagar los salarios caídos, no devengados, durante la sus-pensión que culminó sin destitución.--------------------- --- También se agravia el impugnante de que el tribunal de alzada -Sala IV- se integró con el Dr. Oscar R. Otiña-no, quien fue notificado y aceptó el cargo. Posteriormen-te se decretó autos y, sin resolución alguna, se lo apar-tó dejando constancia en el fallo que se expedía con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el artículo 257 del CPC. Para el quejoso, siendo sentencia definitiva la Pre-sidente de la Sala no resolvió que el juicio no era una cuestión compleja y lo privó de un tercer juez sin funda-mentar la decisión.-------------------------------------- --- Tratamiento de los agravios.------------------------- --- Si bien la supuesta falta de intervención en el fallo del tercer miembro integrante del tribunal, no es el pri-mero de los agravios expresados, es claro que de existir, desembocaría en la nulidad del pronunciamiento por no es-tar debidamente integrado el tribunal o conformado el acuerdo. Con relación a este punto -la falta de voto del Dr. Otiñano-, afirma el quejoso, que ya se encontraba de-cidido que era una cuestión compleja, con lo cual debía ser votado por los tres integrantes.--------------------- --- Considero que el recurrente parte de premisas falsas y llega a conclusiones erróneas. Tal como se expresara, el quejoso sostiene que el tribunal definió con el pro-veído de fojas 485 que la cuestión era compleja y que re-quería el voto de los tres vocales que integraron la sala para el caso.-------------------------------------------- --- Por el contrario, como bien lo marca el Fiscal General Subrogante, lo que hizo el tribunal a quo al convocar a la audiencia fue integrar la sala, por la inhibición de la Dra. Josefina Nacif, pero en modo alguno calificó la cuestión como compleja. El tribunal debe integrarse con tres miembros, sea la cuestión simple o compleja, en tan-to existe posibilidad de votación del tercer vocal aun en las cuestiones simples, supuesto que se encuentra contem-plado normativamente para el caso de disidencia (art. 257 2º párrafo in fine de la ley 988-O). Por otra parte de la interpretación armónica que sugiere el referido artículo, la determinación de la complejidad de la causa, debe ser expresamente decidida por el presidente, debiendo enten-derse que, cuando la misma no está, reitero -expresamente manifestada-, es que se ha estimado a la cuestión como "no compleja". No habiendo pedido de las partes para que se completara dicho proveído, y siendo esta la interpre-tación sistemática y funcional, adhiriendo a lo expresado por el Fiscal General, voto por que el recurso sea recha-zado, en este acápite.----------------------------------- --- El segundo planteo que abordaré es el que el recu-rrente sostiene que el a quo, no trató los agravios que le provocaba la sentencia de primera instancia o los tra-tó en forma incongruente. Comienzo por marcar que trata de dos agravios que son distintos y autoexcluyentes, lo que perjudica su evaluación y resolución, máxime cuando ni siquiera han sido expresados para ser analizados sub-sidiariamente uno respecto del otro. -------------------- --- Sin perjuicio de ello, entiendo que ninguno de los dos supuestos vicios invocados por el recurrente, se ven patentizados, y que lo expresado es consecuencia de no haber obtenido el resultado pretendido, pero no de la falta de tratamiento o de tratamiento incongruente.------ --- El recurrente en su expresión de agravios parte de afirmar que fue un error de la sentenciante considerar abstracto el tratamiento de la Nulidad del Proceso de Juicio Político y de la ordenanza 1839, por el hecho de haber terminado el mandato por expiración del plazo, por-que sostiene -el actor- que la nulidad tiene directa vin-culación con el derecho a los salarios caídos y "porque la demanda tiene por objeto demostrar la arbitrariedad de la destitución, sin cuya declaración es impensable lograr la condena a pagar daños y perjuicios, reparación de daño moral y salarios caídos que son objeto de demanda en este proceso". En otra parte del recurso, afirma: "el objeto del proceso no es lograr su restitución en el cargo de intendente sino la declaración de nulidad de todo el pro-ceso que lo privó del cargo al Intendente". Luego afirma que la suspensión del intendente es inconstitucional, sin que haya una consulta previa, siendo incongruente el fa-llo de primera instancia cuando sostiene que en virtud de no declarar la inconstitucionalidad de la facultad de los concejales de suspender al intendente, y de la vigencia de esa norma municipal ". corresponde también rechazar la pretensión de cobrar salarios caídos." Concluye dicho agravio, "si la jueza hubiera considerado las pruebas aportadas por esta parte, habría concluido sin dificultad que el obrar de los concejales fue arbitrario, que no hubo causa legítima para el juicio político, que no hubo causa para la destitución y si no hubo causa, entonces la suspensión fue infundada, afectó el derecho de defensa en juicio y corresponde el pago de salarios caídos". Insiste en que, la arbitrariedad radica en la afectación al dere-cho de defensa en juicio, que la juez se abstuvo de con-siderar la prueba producida en autos, que se le ha negado el derecho de justicia al actor, que la sentencia es ar-bitraria porque no considera la declaración de nulidad solicitada siendo que es revisable judicialmente.-------- --- A contrario de lo que sostiene el recurrente, tengo por cierto que la sala en el fallo ahora cuestionado, sí ingresa en los agravios expresados y al igual que la jue-za de la instancia anterior, concluye -el tribunal a quo- en que, en todos los aspectos recurridos -a excepción el pago de salarios caídos, que trata en forma diferencia-da-, el hecho de que no se hubiera completado el proceso de destitución del actor, tornaba abstracto el pronuncia-miento.-------------------------------------------------- --- Así el a quo expresamente dice, refiriéndose al fallo cuestionado de primera instancia y al agravio, que: "al haber declarado abstracto el pronunciamiento en torno a la nulidad del proceso de juicio político, nulidad e in-constitucionalidad de la ordenanza nº 1839 y del art. 119 de la COM, no debía ingresar al tratamiento de las demás cuestiones propuestas por el actor -como este pretende-" Párrafo seguido explica como, partiendo del objeto de la demanda, la conclusión de la juez, es correcta. El tribu-nal a quo da sus fundamentos sobre porque considera que devino abstracto todo pronunciamiento al respecto "ya que el tribunal especializado en cuestiones como la presente, declaró inaplicables la Resolución 1453 y la ordenanza Nº1839. Habiendo emitido pronunciamiento también sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 119 de la COM.".

--- De ello queda claro que para el a quo, no existiendo fallo destitutorio aplicable -por no haberse podido lle-var a cabo la consulta popular- carecía de sentido deter-minar la eventual nulidad de los actos que lo precedie-ron.----------------------------------------------------- --- Resulta claro que, para el tribunal sentenciante, si lo que se pretende en el juicio político es analizar la responsabilidad política del funcionario y, de encontrar causa, disponer la destitución del mismo; lo que es revi-sable judicialmente, es si esa destitución decidida, ha sido llevada a cabo con violación o no de las reglas del derecho de defensa y/o del debido proceso, y en el caso de que se entiendan violadas dichas garantías, se consi-derará inválida la destitución. Como lo marca el propio recurrente citando a la Corte Federal: las decisiones de los juicios políticos, son cuestiones justiciables cuando está en juego el debido proceso y se afecta el derecho de defensa, lo que abre incluso, el recurso extraordinario federal (fs. 283 de estos autos).------------------------ --- La trascendencia de las nulidades acaecidas en el juicio político, adquieren entidad o relevancia -para su revisión jurisdiccional- en la medida que el funcionario sea destituido efectivamente, y sólo cuando en el proceso donde se dicte adolezca de vicios que afecten el debido proceso y el derecho de defensa. Pero cuando, como en el caso de autos, el cese de funciones lo fue por finaliza-ción del mandato y no producto del resultado del juicio político, ello hace irrevisable judicialmente el proceso. No puede perderse de vista la especial restricción que tiene la instancia judicial para revisar un proceso de naturaleza eminentemente política. "Dada la especificidad del juicio político, el criterio de revisión judicial de-be ser riguroso." FAYT, Carlos, "Nuevas fronteras del de-recho constitucional", Ed. La Ley, Buenos Aires, 1995, p. 318.----------------------------------------------------- --- Así, en esta línea el fallo de cámara -refiriéndose y justificando el accionar de la juez de primera instancia- expresa que: "Al haber declarado abstracto el pronuncia-miento en torno a la nulidad e inconstitucionalidad del proceso de juicio político, nulidad e inconstitucionali-dad de la ordenanza nº 1839 y del art. 119 COM, no debía ingresar al tratamiento de las demás cuestiones propues-tas por el actor- como este pretende" Luego agrega: "El apelante reconoce que cesó en su cargo porque su mandato constitucional había expirado y no, por la destitución dispuesta por el Concejo Deliberante". Después el tribu-nal a quo, luego de describir los pasos del juicio polí-tico que prevé la COM sostiene que, sin haberse llevado a cabo la consulta popular ". el fallo del Concejo delibe-rante no tiene entidad para destituirlo y no puede enten-derse como concluido el proceso de juicio político de conformidad con lo dispuesto por el art. 249 de la C. Prov. y 119 -última parte- de la C.O.M." Remarcando que el tribunal Electoral resolvió declarar inaplicable la Resolución 1453 (de destitución al cargo al actor) y la Ordenanza 1839 de convocatoria y reglamentaria de la con-sulta popular.------------------------------------------- --- Es claro entonces que, para el tribunal a quo, la no conclusión del juicio político con la destitución del in-tendente, obstaba a que pudiera ser revisado judicialmen-te dicho trámite, y en términos concluyentes dice: "Por todo lo expresado, estimo que devino en abstracto todo pronunciamiento al respecto ya que el Tribunal especiali-zado en cuestiones como la presente, declaró inaplicables la Resolución 1453 y la Ordenanza Nº 1839.."------------- --- Tal conclusión, es categóricamente ratificada a fojas 505 vta. por el a quo, remarcando que ". no cabe formular manifestación alguna en relación a la supuesta falsedad de las premisas en que se basa el fallo destitutorio, a la adulteración de la verdad de los hechos ocurridos en las sesiones de los días 4 y 29 de octubre del año 2007, ni a la falta de consideración de las pericias contables -que a criterio del actor- demostraban la imposibilidad financiera de pago, ni lo relativo al cumplimiento de la ordenanza 1768 -entre otros-. Todo ello ha devenido en abstracto frente a lo resuelto por el Tribunal Electoral en fecha 20/12/07 (fs. 23/26)".-------------------------- --- En cuanto a la supuesta falta de tratamiento por par-te del a quo, del planteo del recurrente enderezado a de-mostrar que era arbitrario declarar abstracto pronunciar-se sobre la nulidad del proceso del juicio político, si entre otras consecuencias afectaba el derecho al salario por la suspensión, considero que en modo alguno ello no fuera tratado por el tribunal y que lo resuelto haya sido arbitrario. En esta línea argumental en el recurso de apelación el actor dice que: "ES DE SU INTERES que se considere la inconstitucionalidad y la arbitrariedad de un juicio político que provocó su suspensión, su agravio público acusándolo de cometer delitos y la suspensión del cobro de su salario". Luego en otro pasaje de su recurso expresa, "Si la Sra. Juez hubiera considerado las pruebas aportadas por esta parte, habría concluido sin dificul-tad, que el obrar de los Concejales fue arbitrario, que no hubo causa legítima para el juicio político, que no hubo causa para la destitución y si no hubo causa, enton-ces, la suspensión fue infundada, afectó el derecho de defensa en juicio y corresponde el pago de salarios caí-dos"----------------------------------------------------- --- El tribunal a quo, en el tratamiento del tema, co-mienza el desarrollo sobre lo abstracto o no de pronun-ciarse sobre la nulidad del procedimiento del juicio po-lítico partiendo del objeto de la demanda, específicamen-te lo determinado por el accionante en el punto II de la presentación que obra a fs. 03/14 y entiende que justa-mente sobre dicho objeto la juez de grado emitió su pro-nunciamiento. Así estimó que la nulidad que el actor so-licitaba con relación al procedimiento, tenía que ver con el fallo destitutorio, mas no con su suspensión ni con los salarios caídos y ello en modo alguno, insisto, puede considerarse arbitrario. -------------------------------- --- Para arribar a ello, afirmo que el accionante, en su demanda expresa que viene a DEMANDAR LA NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD del fallo . por el cual se destituyó al intendente Vicente Mut y como pena accesoria se lo in-habilitó para ejercer cargos públicos municipales por el término de cinco años. Agrega, "La demanda de nulidad e inconstitucionalidad alcanza a todo el procedimiento de juicio político, a partir de la ratificación de la denun-cia ." Luego de mencionar las inconstitucionalidades que pretende que se declaren (entre ellas, la del artículo 119 de la COM -que establece la suspensión sin goce de haberes en el cargo por estar en juicio político-) deman-dó el pago de los días de suspensión hasta el día 10-12-2007 y hace reservas para demandar daños y perjuicios que el proceso de juicio político le ha provocado".---------- --- Ello marca que la pretensión del actor parte de la nulidad del fallo del Concejo y alcanza o abarca (como antecedentes necesarios de aquel) a los actos procedimen-tales anteriores y que la causa petendi, por el pretendi-do crédito de salarios no percibidos, obedecía a la even-tual inconstitucionalidad articulada del artículo 116 de la COM, no a la iniciación del juicio político. Ello se evidencia por dos cuestiones que a mi criterio definen su suerte. La primera es que antes de notificar demanda, el actor ya tenía la resolución del Tribunal Electoral, tan-to que bonifica demanda agregando dicha resolución y so-licitando la informativa al tribunal electoral (fs. 23/28 de los principales) y aun contando con esa resolución -que determinaba que no había sido destituido porque el fallo del Concejo se había tornado abstracto, al no haberse llevado a cabo la consulta popular- el actor si-guió planteando y argumentando sobre la Nulidad del fallo del Concejo Deliberante del 07/12/2007, no modificó la pretensión, por el contrario -insisto- mantuvo su inten-ción de obtener la nulidad del fallo del Concejo, aun cuando también menciona -en la bonificación de demanda- la nulidad de actos procedimentales. La segunda surge del tenor de su demanda, cuando luego de hablar de la incons-titucionalidad de la inhabilitación dispuesta por el fa-llo del Concejo Deliberante, en el punto VI.8) dice: ". también es inconstitucional la suspensión del Intendente, a partir de la acusación en el juicio político, por ende, también pedimos que se declare la inconstitucionalidad del art. 116 de la Carta Orgánica Municipal y se ordene a pagar al Intendente, los salarios caídos que dejó de per-cibir desde su suspensión el 29 de octubre hasta el 10-12-2007".------------------------------------------------ --- Con lo cual estimo que los agravios han sido tratados y expresados los motivos por los que el tribunal a quo consideró abstracto el análisis de las pruebas y demás nulidades articuladas. Dicho razonamiento fundado alcan-zaba para la desestimación de todas las pretensiones, a excepción de los salarios caídos, que los trata en forma independiente. De lo dicho, concluyo que no encuentro configurada la omisión del tratamiento de los agravios, ni que haya habido incongruencia en su análisis, por lo que entiendo debe ser rechazado el agravio.-------------- --- Ahora bien, con relación al rubro de salarios caídos, que a criterio del recurrente, se ve privado como conse-cuencia de que el tribunal a quo estimara abstracto pro-nunciarse sobre la nulidad que abarcaba a todo el proceso de juicio político, afirmo que no fue así como lo planteó en la demanda.------------------------------------------- --- Por el contrario, tal como lo resalta el a quo, en-tiendo que el rubro en la forma reclamada, guardaba una intima relación con la supuesta inconstitucionalidad del artículo 116 de la COM, que al ser rechazada, importaba a su vez el rechazo de dicha pretensión.------------------- --- El recurrente en el particular, sostiene ahora en su agravio, que el tribunal por considerar que ha devenido abstracto el análisis de las nulidades y pruebas produci-das, lo privó del derecho de salarios caídos. Asimismo con relación a la inconstitucionalidad del 116 de la COM, expresa que: "Si no se trata su inconstitucionalidad, no podemos saber si la suspensión fue legítima o ilegítima; esto no es abstracto, primero hay que saber si los conce-jales tenían o no esa facultad. Si se resolviera la in-constitucionalidad, la devolución de salarios y los daños y perjuicios, serían procedentes sin más. Si se resolvie-ra la constitucionalidad, entonces correspondería tratar la nulidad del juicio político, para saber si la suspen-sión fue o no un acto arbitrario. Tanto la primera como la segunda instancia, nos privaron del derecho constitu-cional a los salarios caídos durante el tiempo de la sus-pensión."------------------------------------------------ --- Como punto preliminar, con relación al rechazo del rubro por el a quo, parte de considerar que -la privación de salarios- es una consecuencia automática de una norma legal, la que consideró constitucional atento que no afrenta el artículo 249 de la Constitución Provincial co-mo pretendía el recurrente, y que ello surgía no solo de los sólidos argumentos dados por la juez de primera ins-tancia, sino por el hecho de que ambos artículos 116 de la COM y 249 de la CP regulaban situaciones distintas, entendiendo la Cámara que por las facultades reconocidas por la CP en el artículo 247 ha sido dictado en ese marco el 116 de la COM. Argumentos estos no cuestionados en el recurso ahora impetrado.--------------------------------- --- Si a ese razonamiento no cuestionado, se suma que pa-ra el tribunal la posibilidad de revisión judicial de un juicio político, requiere de una decisión destitutoria eficaz, se entenderá que no puede ingresar so pena de ser incongruente en el análisis de las probanzas que llevaron a los Concejales a decidir la iniciación del referido proceso y de las actuaciones desarrolladas en el mismo.-- --- Por ultimo trae el recurrente un nuevo argumento, que es la pretendida aplicación del artículo 119 de la COM, en lo referido a que si se dictara un fallo absolutorio, corresponde al imputado en el proceso de juicio político ser restituido en el cargo y el pago de los salarios no devengados. Afirmo que es un argumento novedoso no plan-teado a las instancias de mérito, pero aun cuando se en-tienda que es una cuestión de aplicación normativa regido por el iuria novit curia, sostengo que el presupuesto fáctico no conduce a la solución que pretende el recu-rrente.-------------------------------------------------- --- Para arribar a esa conclusión digo: La norma en el punto que resulta trascendente dice: Si el fallo resulta-re absolutorio, el imputado se reintegrará a sus funcio-nes a partir de la fecha del mismo, con derecho a perci-bir las remuneraciones no devengadas. Como puede leerse, en primer lugar habla que deberá ser reintegrado a sus funciones y a partir de la fecha tendrá derecho a perci-bir las remuneraciones no devengadas. Además, no dice que son las no percibidas durante el lapso de suspensión. Pe-ro aun cuando se entendiera que regula sobre esas remune-raciones, lo trascendente es que requiere de un presu-puesto fáctico determinante que no se da en el caso de autos, esto es, la existencia de un fallo absolutorio, que en el caso no existió. Insistimos que muchos procesos políticos pueden quedar truncos por diversas circunstan-cias, como podría ser la muerte del funcionario, renun-cia, o expiración de plazo y ello no significa que haya fallo absolutorio, aun cuando no haya fallo condenatorio y no se pueda dictar. Por último estimo además que es im-portante tener presente que, conforme el artículo 116 de la COM, la privación del goce de sueldo, lo es porque también se produce la suspensión de tareas.-------------- --- Todo lo expresado me lleva a votar por el rechazo del recurso entablado, con costas a la parte actora vencida.- --- LOS DOCTORES ADOLFO CABALLERO Y GUILLERMO HORACIO DE SANCTIS, DIJERON:---------------------------------------- --- Por sus fundamentos, adherimos al voto precedente.--- --- De acuerdo con el resultado de la votación, el Tribu-nal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de inconstituciona-lidad deducido, con costas a la actora vencida (art. 66 de la ley 988-O) II) Ordenar que se protocolice la pre-sente y se agregue copia al expediente y a los autos principales y disponer que estos bajen al Tribunal de origen a los fines pertinentes. Notifíquese y oportuna-mente archívense. Fdo. Dres. Ángel Humberto Medina Palá, Adolfo Caballero y Guillermo Horacio de Sanctis. Ante mí: Carlos Daniel Pastor - Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

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