marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jurisprudencia, jurisprudencia contradictoria, cuestiones de hecho y prueba, declaración de puro derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: R., M. J. s/ Adopción plena. Conflicto negativo de competencia. La cuestión a   resolver es: ¿Cuál es el concepto de "Menor en situación irregular"   a los fines de atribuir la competencia material al Tribunal   Colegiado de Familia o al juez de menores en orden a una adopción   plena? (-Tribunal pleno-) de Familia o al juez de menores en orden a una adopción   plena? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-30

El artículo 28 de la ley 10160 tiene por fin unificar la doctrina en "cuestiones de derecho" entre Salas de una misma Cámara a fin de evitar sentencias contradictorias, por lo que queda fuera de su ámbito de aplicación todo lo referido a la valoración de las "cuestiones de hecho" por ser ellas privativas del Tribunal de la causa. Lo expuesto deriva en la necesidad de precisar qué se entiende por una y otra, pudiendo adelantar que cuestiones de hecho son aquellas que recaen sobre realidades materiales o psíquicas comprendiendo todo lo que puede ser percibido, sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, incluyendo los estados psíquicos del hombre -cierta intención o voluntad-. O siguiendo la definición negativa de Walch cuestión de hecho es toda aquella que no exige una operación jurídica o aplicación de una norma de derecho. (Del Voto de la Dra.

Pereyra -En Disidencia-).
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO c/ DELENCO S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-16

El art. 544 inc. 4, párrafo segundo, del Código Procesal, exige como requisito para la admisibilidad de la excepción de inhabilidad de título que se haya negado la deuda. Así lo ha receptado la jurisprudencia del fuero al sostener que se obstaculiza el tratamiento de esta defensa si aquél extremo no se ha cumplido.
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, muerte del trabajador, relación de causalidad, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: SOTELO, Juan c/ LIMPIOLUX SA s/ accidente 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-18

Si el fallecimiento del reclamante resultó ser consecuencia de la evolución lógica de la enfermedad con respecto a la cual se le reconociera su cobertura, ninguna razón se advierte para eximir a la misma de la agravación sufrida.

Ocurrido el siniestro en la época de vigencia de la póliza, las consecuencias incapacitantes reveladas luego de vencido el plazo de aquella, se considerarán incluidas en la responsabilidad del asegurador.
Campaña electoral, boletas de sufragio, financiamiento de campaña electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

La campaña electoral no es el sufragio, sino las instancias previas de publicidad que permiten captar el sufragio. Si el sufragio se expresa en la boleta papel, mal puede considerarse que el legislador haya previsto que los recursos otorgados para las instancias previas al sufragio deban entenderse como destinados a la impresión de boletas papel que no son un instrumento de captación del voto, sino el instrumento por el que el voto se expresa. Resulta indudable que utilizar los recursos destinados a la campaña electoral propiamente dicha para imprimir boletas en formato papel pone en desventaja a los partidos o agrupaciones de menores recursos y atenta contra el principio de equidad ya reseñado. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Fraude a la Administración Pública, Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PENAL
Carátula: BRITO, Orlando s/ DEFRAUDACION EN PERJUICIO ADMINISTRACION PUBLICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-02-22

El hecho debe encuadrarse en la norma del art. 174 inc. 5 C.P. por cuanto el Banco de la Ciudad de Buenos Aires debe ser considerado como un organismo de la Administración Pública, ya que los fondos que obtiene dicha institución a través de sus funciones pertenecen a la Municipalidad y en consecuencia son públicos, perjudicando de esta manera el patrimonio de la Administración.

Además, basta con leer la Carta Orgánica del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para advertir que además de las operaciones comunes a la actividad bancaria cumple funciones de agente financiero de la Municipalidad y recaudador de impuestos y tasas municipales, así como las de depositario de bienes muebles embargados, secuestrados o decomisados por orden judicial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, locación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caputo, Roberto Luján c/ Winklarek, Mario A. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

La determinación del sentido de lo convenido por las partes así como la interpretación del contrato de locación son típicas cuestiones de hecho irrevisibles en casación, salvo el supuesto de absurdo.
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: O'Grady, Juan C. c/ Municipalidad de Berazategui s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Si el testigo propuesto por la parte no comparece a la primera audiencia, sin invocar causa justificada, y la apoderada de dicha parte no requiere en tiempo oportuno las medidas de compulsión necesarias para tal comparecencia (art. 430 inc. 2º C.P.C. y C.), corresponde declarar procedente el acuse de negligencia planteado.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, liquidación judicial, capitalización de intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BENETTI, HUGO DANIEL C/ LAFON, BERMÚDEZ NÉSTOR WALDEMAR S/ EJECUTIVO - Expt. N° 7122/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-23

Una vez que es aprobada judicialmente la planilla de liquidación, para permitir la capitalización de intereses es necesario la existencia de otros dos presupuestos, esto es que el juez proceda a la intimación al deudor para que efectúe el correspondiente pago y que de ello derive el estado de morosidad (inc. c) del art. 770 CCC).
Torturas, sobreseimiento, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la querella en la causa Carranza, Mauricio Ariel y otros s/ tortura calificada por muerte c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-21

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que revoca el sobreseimiento total de los imputados dejando firme la decisión de clausurar la investigación por la tortura seguida de muerte pero dispone -al mismo tiempo- el reenvío para considerar otras alternativas punitivas planteadas por la querella en la etapa de instrucción. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -El juez Maqueda, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, resoluciones, recurso de apelación (procesal), abogados, ejercicio profesional, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: S. G., E. F. - B., J. C. s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Recurso de Apelación interpuesto   ante el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados (Expte. C.S.J.   Nro. 309 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-19

Debe declarase inadmisible el presente recurso desde que los apelantes - a pesar del esfuerzo argumentativo- no convencen que la temática concerniente a las audiencias frustradas no esté contenido o imbricada en los hechos inicialmente atribuidos (demora en la notificación de la demanda), de modo tal que el tribunal haya violentado el derecho de defensa en juicio como consecuencia de dictar un decisorio que no es el correlato necesario con los términos en que quedó delimitada la acusación. Ello es así, por cuanto las reflexiones expuestas por los recurrentes no logran persuadir que las numerosas y sucesivas audiencias frustradas del artículo 68 de la ley 18345, "hechos" que ahora se procuran separar de la acusación, no sean la consecuencia directa y necesaria de la ausencia de la comunicación a las demandadas de la iniciación del proceso, con lo cual no se advierte que el A quo haya violentado el principio de congruencia procesal. No se alcanza acreditar, entonces, que la Alzada haya variado la materialidad de los hechos atribuidos, más específicamente que el abuso en las audiencias no aprehendía la conducta de los recurrentes a examinar y a juzgar, que implique un sustantivo agravio al derecho a la jurisdicción, una significativa cortapisa a la actividad probatoria de aquellos, incompatible con el debido proceso.
Acción de amparo, seguro de vida, enfermedad del asegurado
Materia: CIVIL
Carátula: AYBAR, JULIO CESAR. c/ CAJA DE SEGUROS S.A. s/ AMPARO. AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-21

Es un punto dirimente que hace al examen de la procedencia casatoria, determinar la idoneidad de la vía del amparo para el reclamo intentado o en otras palabras si se han cumplido los extremos exigidos por el artículo 37 de la Constitución de Tucumán y el artículo 50 del Código Procesal Constitucional de Tucumán. Corresponde determinar si la denegatoria de la Caja de Seguros S.A. a cumplir con un seguro de vida o por enfermedad incapacitante reclamado por el actor ha configurado un acto que en forma actual o inminente, viole, lesione, restrinja, altere o amenace violar con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos, libertades o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Provincial o Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.

Se advierte que no asiste razón a la recurrente atento a que el hecho que motivó el posterior pedido de cobertura data del 12 de julio de 1998 y el reclamo a la aseguradora fue realizado el 14 de mayo de 2008, conforme consta en la contestación de la demanda (dato no impugnado por el actor).

La actualidad e inminencia requeridas por el instituto extraordinario, no se verifican en el acto denegatorio que se cuestiona. Tampoco se evidencia que el derecho reclamado resulte claro e inequívoco a favor de la actora ni que la conducta de la demandada se aparte ostensiblemente de las normas y procedimientos que rigen el contrato de seguros. Muy por el contrario, las pruebas aportadas exigen un examen y debate que excede el limitado ámbito probatorio del recurso de amparo, deviniendo improcedente la casación intentada.

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR - POSSE.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Laborde, Luis M. y otro c/ Sio, Juan y otros s/ Daños y perjuicios. Incidente de fijación base regulatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

La presunción que contiene el art. 29 del dec. ley 8904 juega únicamente cuando el patrocinado posee el título de Procurador. (Minoría u opinión personal)
Aduanas, Poder Ejecutivo, facultades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo, gastos del proceso, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Nestle Argentina SA   (TF15197-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-07

De los propios considerandos del decreto 1.684/93 resulta claramente que en el caso el Poder Ejecutivo ha extralimitado con su dictado las atribuciones que se le había reconocido para superar circunstancias excepcionales. Ello es así por cuanto, al momento de su dictado -agosto de 1993- el Congreso se encontraba en pleno período de sesiones ordinarias y nada le impedía su conocimiento como lo impone la Constitución Nacional en su carácter de órgano que ostenta indiscutiblemente la facultad legislativa y no se advierte que la necesidad de resolver "rápidamente" las causas que tramitan ante el Tribunal Fiscal constituya una causal que exija una decisión tan rápida como para impedir su tratamiento por las Cámaras del Congreso, tal como lo marca la Carta Magna. Por otra parte, no existe relación entre la intención manifestada (la solución rápida de las causas) con la modificación del modo de distribución de las costas del juicio, quitándole al organo jurisdiccional -y a este Tribunal de apelación-de la facultad de valorar la conducta de las partes a fin de deslindar la responsabilidad por la carga de las costas.
Reclusión accesoria por tiempo indeterminado, reincidencia, registro de sentencias condenatorias, caducidad
Materia: PENAL
Carátula: BARRERA, SEGUNDO DURVAL s/ RESISTENCIA A LA AUTORIDAD-RECLUSION-REINCIDENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-08-09

Si las constancias del registro de reincidencias han caducado por haberse cumplido el plazo establecido en el art. 51 C.P., tales antecedentes condenatorios no pueden utilizarse para fundar la aplicación de la pena accesoria del art. 52. El registro de las condenas impuestas tiene por objeto servir de base en aquellas resoluciones en que según las leyes, deban tenerse en cuenta los antecedentes del imputado (art. 5 ley 22.117). Si el art.51 C.P., cancela ese registro cumplidos ciertos plazos por que la voluntad de la ley es que tales constancias no sean merituadas, salvo en los supuestos de excepción que la misma norma señala. Para la aplicación del art. 52 en cualquiera de sus supuestos es necesario que las sentencias condenatorias que se valoren y en las que haya adquirido la calidad de reincidente el reo subsistan en el registro de antecedentes del justiciable que hubieren caducado, no jueguen ya como antecedentes merituales a los fines de la aplicación de la pena accesoria.
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: DE AGUIRRE, JOSE JOAQUIN c/ BERTELLO, MIGUEL ANGEL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Para que se configure la situación prevista por el tercer párrafo del artículo 241 Ley de Contrato de Trabajo deben existir 'signos inequívocos' que signifiquen una expresión positiva de la voluntad (artículo 917 Código Civil) de ambos sujetos, no siendo suficiente la falta de comunicación entre las partes en base a hechos exteriores durante un determinado tiempo (en el caso poco más de dos meses).
Contrato de trabajo, enfermedades inculpables, remuneración, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: BRANDAN GUSTAVO ADOLFO c/ AUTOSERVICIO HNOS. S.H. (SUPERMERCADO BRONCO) s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-19

El derecho del trabajador a percibir su remuneración durante la suspensión de la prestación laboral por razones de accidente o enfermedades inculpables a que alude el artículo 208 de la LCT, se encuentra sujeto a las condiciones que expresamente dispone el artículo 209 de la LCT que expresamente dispone:

"El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada".

La obligación de avisar al empleador la enfermedad o accidente es ineludible y decisiva para que el trabajador conserve su derecho a percibir remuneración. Esta obligación sólo cede ante causas de fuerza mayor que impiden al dependiente cumplir con la misma y éstas deben derivar exclusivamente de la contingencia que motiva la ausencia.

El aviso tiene el propósito de permitir al empleador reemplazar al trabajador en caso de necesidad y posibilita controlar su estado. Igualmente la norma establece la oportunidad en que tal aviso debe producirse.
Partes del proceso, sustitución de partes, subrogación convencional, intervención de terceros, intervención voluntaria
Materia: PROCESAL
Carátula: CIA. ARGENTINA DE TRANSPORTES MARITIMOS S.A. c/ SOC. MIXTA SIDERURGIA ARGENTINA S.A. s/ DEMORA EN LA DEVOLUCION DE CONTENEDORES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-07

Con fundamento en el art. 44 del Código Procesal, aplicable por analogía, procede la sustitución de parte siempre y cuando medie conformidad expresa del adversario (conf. A. M. Morello -G. L. Sosa -R. O. Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. comentados y anotados, 2a. ed., reel. y ampl., T. II-A, p. 804; CNCom., Sala B. LL., 1978-C, p. 259). Toda vez que la demandada ha manifestado su oposición a la mutación que se pretende hacer valer en el proceso, la parte originaria deberá continuar actuando en él y, quien invoca la subrogación, podrá intervenir en lo sucesivo en los términos del art. 90, inc. 1°, del Código de forma (conf. H. Martínez, Procesos con sujetos múltiples, Bs.As., 1987, T. II, p. 406; esta Sala, causa 7862 del 9.11.90).
Recurso de queja (procesal), plazos procesales, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: JUNES, PEDRO. s/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-22

Es extemporánea la presentación directa interpuesta luego de treinta y dos días desde la notificación al recurrente del auto denegatorio del recurso extraordinario, si no se demuestra que el interesado se viera impedido de recurrir personalmente al defensor oficial.
Falsa denuncia, ratificación de la denuncia, falta de ratificación, homicidio culposo, peatón embestido, culpa concurrente, prueba, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: APPOLLONIO, Leandro Ariel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-09

1) Si el aviso vía telefónica a la Policía Federal nunca fue ratificado, no reúne los requisitos exigidos por la norma para permitir que se lo contemple como denuncia.

Por tanto, el actuar del imputado no constituye el delito previsto en el artículo 245 del Código Penal y corresponde revocar el procesamiento decretado en orden al delito de falsa denuncia.

2) En el ámbito del derecho penal, a diferencia del derecho civil, no se admite la compensación de imprudencias (*).

Si no existe prueba alguna que permita apreciar que la víctima inició el cruce de la avenida por un sitio no permitido, a partir del análisis de los planos realizados en el lugar del hecho, así como del sitio en que las huellas de frenado han comenzado, e incluso el propio inculpado no puede precisarlo, no pudo confirmarse, a ciencia cierta, quién se hallaba habilitado por el semáforo y se encuentra descartado de plano que el resultado haya sido producto de una imprudencia de la propia víctima y no del accionar contrario al cuidado objetivamente debido por parte del imputado, toda vez que por vía científica se ha informado, de acuerdo a la cantidad de alcohol ingerido por el damnificado, que la capacidad de locomoción se halla conservada y sólo existen alteraciones leves en la motricidad, debe descartarse la alegada auto puesta en peligro de la víctima por parte de la defensa y confirmarse el procesamiento del incuso en orden al delito de homicidio imprudente.
Transporte fluvial, trabajadores marítimos, personal embarcado, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: SANTILLAN, RICARDO c/ ALIMAR  S.A. s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-09

Si el actor cumplía funciones en una embarcación de navegación únicamente fluvial, entre dos puertos tan próximos como son Buenos Aires y Colonia del Sacramento, no corresponde aplicarle el CCT 113/75 E porque esta es una convención de empresa, ni el CCT 403/75 pues comprende al personal de navegación de ultramar y cabotaje marítimo. En consecuencia, son de aplicación las normas de la LCT.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Colman,  Jorge  Daniel c/ Ferrarotti,  Julián Eduardo s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-28

El incremento indemnizatorio del art. 16 ley 25561 debe aplicarse exclusivamente sobre la indemnización por antigüedad.

Ello es así, pues el art. 4 de la ley 25972 estableció que el recargo debe fijarse "por sobre la indemnización que les corresponda conforme a los establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias".

A diferencia del art. 16 de la ley 25561 (que aludia ambiguamente a "la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente") el nuevo texto es preciso y no deja ningún espacio para la discusión, dado que identifica con absoluta claridad el resarcimiento que se duplica, que es exclusivamente la indemnización por antigüedad del art. 245 LCT. (Del voto del Dr. Guisado, en mayoría).
Daño moral, indemnización, accidente de tránsito, lesiones
Materia: CIVIL
Carátula: Pappier, Federico Rolf. c/ Gobierno de la Provincia de Santa Fe s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

Corresponde hacer lugar a la indemnización del daño moral, padecido como consecuencia de un accidente, si el informe evacuado por el establecimiento en que fue asistido el damnificado da cuenta de las lesiones sufridas, por lo que debe tenerse por acreditado el presupuesto fáctico de éste reclamo en tanto el medio probatorio cuenta con el apoyo documental exigido por el art. 396 del Código Procesal Civil y Comercial, máxime cuando las partes no han planteado impugnación de ninguna índole en los términos del art. 403 del ordenamiento citado.
Contratos administrativos, prueba, forma del contrato, validez del acto administrativo, pago de la remuneración
Materia: PROCESAL
Carátula: C., H. c/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. ROCA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-06

En la sentencia dictada en autos "GUAJARDO" también expresé: "... debe existir una manifestación clara o un reconocimiento fehaciente de la voluntad de contratar por parte del estado. Desde el punto de vista formal, no existe obligación de pago por inexistencia de contratación y, a partir de ello, por falta de tal manifestación clara de la administración. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo el 05-12-00: '. la validez y eficacia de los contratos administrativos depende del cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones normativas pertinentes con relación a la forma y el procedimiento de contratación, de modo que no se juzgarán probados aquellos que no guadaren la forma expresamente prevista por la ley'"
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, inconstitucionalidad, tráfico de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: AZCUI SANDOVAL s/ ESTUPEFACIENTES.  TENENCIA.  INCONSTITUCIONALIDAD. TRAFICO COMERCIAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

1) Quien se limita a comprar estupefacientes sólo comercia cuando se consuma la venta, porque cabe entender que el que " comercia" es quien obtiene lucro y la compra es un acto preparatorio de la obtención del lucro.

2) El art. 6 de la ley 20.771 no es inconstitucional en todos los casos, sino que requiere la afectación del bien jurídico para que llegue a ser típica la conducta; o sea que lo inconstitucional es condenar en función de esa disposición legal cuando no hay bien jurídico afectado y en el caso de autos la conducta del procesado puso en peligro el bien jurídico, por lo que corresponde condenarlo por la mencionada acción.