marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Admisibilidad formal, resoluciones equiparables a definitiva, sobreseimiento, amenazas, perspectiva de género
Materia: PROCESAL-PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Gimenez, Enedin Mauricio c/  s/ amenaza con el uso de arma de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-02-05

Cabe declarar formalmente admisible el recurso de casación incoado contra el sobreseimiento del imputado en orden al delito de amenazas con el uso de arma de fuego -art. 149 bis del CP-, pues la resolución atacada es equiparable a definitiva dado que pone fin a la acción penal impidiendo persecución posterior a su dictado, al revocar el auto de procesamiento y dictar el sobreseimiento. Asimismo, la ausencia de perspectiva de género en el juzgamiento ha desoído los mandatos con rango constitucional, situaciones que pueden ser objeto de análisis por parte del STJ como órgano de casación al configurarse la causal prevista en el art. 422 inc. 1 del CPP de la Provincia de Formosa.
Fallos de la Corte Suprema, doctrina legal
Materia: CIVIL
Carátula: D., J. y Otros c/ L. ?? J. SCTTL s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-04

En principio, quiero señalar respecto de los fallos de la Corte que puedan reputarse con un efecto vinculante condicionado -es decir que el juez debe seguir la doctrina de la Corte Suprema, pero puede apartarse dando fundamentos valederos-, que si un fallo difiere de lo decidido por el mismo juez o tribunal en anteriores decisiones suyas dictadas en otros autos, esa disparidad de criterio o los cambios de jurisprudencia no importa arbitrariedad en lo resuelto, puesto que no rige en nuestro país el criterio del stare decisis, propio del common law. Un juez, en efecto, tiene pleno derecho a cambiar de doctrina de una causa a otra. Lo que tiñe de arbitrariedad a un veredicto no es que difiera de pronunciamientos anteriores, sino su oposición con lo razonable, según la derivación del derecho vigente, conforme las particularidades de la causa.
Interpretación de la ley, igualdad ante la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Harvey, Margarita Juana c/ Estado Nacional Mrio. de Defensa Estado Mayor del Ejército - s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Si al aplicarse la ley al caso concreto surge una agraviante desigualdad entre situaciones personales semejantes, debe prescindirse de su rigorismo o de las posibles imperfecciones técnicas de otras disposiciones legales, para atender el fin tuitivo de la ley.
Estado de sitio, suspensión del derecho de huelga, despido con causa, injuria laboral, despido por huelga, paro de actividades, declaración de ilegalidad
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, ATANASIO ROQUE c/ ENTEL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-06-26

De acuerdo a la ley 21400, ninguna obligación existe de obtener la calificación ilegal de un paro de actividades, pues estos están lisa y llanamente prohibidos, así como tampoco existe obligación de la empresa de hacer referencia a norma expresa, siendo suficiente la consignación en el telegrama como 'legislación vigente', que se presume conocida por todos los habitantes (Sala 2, sentencia número 47721, 26 de febrero de 1981, 'Acosta, Miguel c/ Fundic. San Javier').
Elevación en consulta, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R., J. s/ Homicidio r/ Víctima s/ Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-01

La competencia del Superior Tribunal de Justicia, entonces, queda demarcada a garantizar que el tribunal competente para someter a un nuevo examen la sentencia de grado, haya agotado su capacidad revisora, es decir, la doble aquiescencia judicial. Con ello se garantiza el derecho al recurso del imputado -la doble conformidad.

En resolución, la competencia del Superior Tribunal de Justicia en la consulta se delimita a garantizar dos cosas: por un lado, que se haya cumplido la doble conformidad del fallo condenatorio con una revisión integral (a cargo de otro tribunal) y sin distinciones que predeterminen la materia a revisar, excluyendo de antemano ciertos aspectos, como ocurre con la clasificación entre cuestiones de hecho y de derecho.

Por otro lado, que la sentencia de revisión no fuera dictada arbitrariamente, sin fundamentos que la doten de legitimidad.
Marcas, registro de marca, cotejo de marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROIZ  JOSE LUIS c/ SOCORRO MEDICO PRIVADO SA s/ cese de oposiciónal registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-03

La actora no lleva libros comerciales, avalan esta conclusión las numerosas publicaciones agregadas a la causa -respecto de la cual no existen elementos de juicio que autoricen a dudar de su veracidad- y la organización de variados eventos -tales como las caminatas saludables en el año 1994- que permiten aseverar que desde hace muchos años la denominación "Zona Vital" distingue una cadena de farmacias y perfumerías. Ese conjunto de hechos, justifica sobradamente que el cotejo marcario sea practicado con criterio exento de rigor; ello así, porque en la especie no se está en presencia de una marca registrada que se opone a la irrupción registral de otra simplemente, sino ante una denominación que ha sido usada y a cuyo amparo se formó seguramente una clientela; extremo que resulta merecedor de tutela jurídica.
Daño psíquico, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: Paileman, Miryam Edith c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-21

El costo de la atención psicológica de la víctima no es un daño extrapatrimonial a incluir en la reparación del daño moral, sino lisa y llanamente una erogación económica como gasto a afrontar que se incluye e integra en el resarcimiento por el daño patrimonial.
Empleo público, principio protectorio, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ontiveros, Eduardo Guillermo c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta; y/o Cámara de Senadores y/o Cámara de Diputados de la Provincia de Salta y/o Ex Comisión Bicameral Administradora de la Imprenta de la Legislatura de la Provincia de Salta s/ accidente de trabajo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-19

A la relación de empleo público le resultan directamente aplicables los principios y las normas emanadas de la Organización Internacional del Trabajo, en tanto reconoce derechos a todos los trabajadores sin tener en cuenta las características del empleador ni la naturaleza de la relación jurídica que los vincula. De esa forma, los principios protectorios de estabilidad, justicia social, progresividad, "pro homine" y favorabilidad están presentes en todas las relaciones laborales sin distinguir si éstas se desarrollan en el ámbito privado o en el sector público.
Despido por fuerza mayor, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: JOFRE, ALBERTO Y OTROS c/ INTEL SRL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-18

La fuerza mayor inimputable debe analizarse con criterio restrictivo, encontrándose en cabeza del principal el demostrar haber observado una conducta diligente acorde a las circunstancias y que el hecho determinante no hubiese obedecido a riesgo propio de la empresa y que tomó medidas destinadas a paliarlo (CNAT., Sala I, sentencia 46089 del 28 de febrero de 1983, 'Acursi, Noemí E. M. c/ Luis E. Maestre SA. s/ Despido').
Relación de causalidad, riesgos del trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, enfermedad profesional, pericia médica, falta de examen preocupacional, fraude laboral, derechos del trabajador
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Keller, Walter Julian  c/ Pauletti, Ariel Fabricio s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-28

Lo que dictamina el perito médico respecto del nexo causal, de la patología que se padece, si bien no lo prueba, puede resultar un indicio serio sobre el que respaldarse para presumir la existencia de un hecho desconocido. Es el peso probatorio que cabe conferir al dictamen del experto médico de autos, respecto del vínculo entre la patología lumbar que presenta el actor y las tareas realizadas para su empleador. Como se ha señalado reiteradas veces, cabe castigar de modo expreso el incumplimiento de exámenes preocupacionales por parte del empleador, circunstancia que es de aplicación al aquí demandado. Establecida la clandestinización del contrato de trabajo y el sufrimiento de un accidente de trabajo por el accionante, el patrón demandado deberá responder directamente por las prestaciones de la LRT de conformidad a las previsiones del art. 28.1 de la LRT. De acreditarse la insolvencia denunciada por el actor en el trámite, previo procedimiento del art. 29 de la LRT, podrán ser atendidas las consecuencias del siniestro vía el fondo de garantia del art. 33 de la LRT (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Daños y perjuicios, teoría de la aceptación del riesgo, accidente de tránsito, transporte benévolo
Materia: CIVIL
Carátula: R., F.R y otro c/ B., M. P y otro s/ ordinario, recurso de apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-08-23

El solo hecho de solicitar el transporte benévolo no impone, por sí, la existencia de asunción del riesgo, salvo que se trate de situaciones tales que hagan previsible la ocurrencia del daño.
Requisa del automotor, prueba, flagrancia
Materia: PENAL
Carátula: Cuello, Elba Liliana c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-13

Se debe declarar regular la requisa efectuada sobre el automóvil y sus pasajeros, pues fueron suficientemente acreditadas las circunstancias de flagrancia previa que, razonable y objetivamente, justificaron el procedimiento policial sin orden judicial. En efecto, el tribunal yerra al afirmar que la actitud evasiva previa de los imputados no habilitaba la requisa del vehículo, al interpretar que dado que se detuvieron ante la voz de alto no había urgencia que ameritara la requisa. Por el contrario, esa constituye por sí sola una situación que de acuerdo al plexo normativo habilita el procedimiento de requisa.
Muerte del ama de casa, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGEZ, ALICIA BEATRIZ c/ VITAR VETRUGNO, SILVIA LILIANA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-19

La fijación de la cuantía debe estar relacionada, de igual modo, además de los factores analizados (porcentual de incapacidad y ocupación de la víctima), por la edad, y las probabilidades
Reajuste de precios, facultades discrecionales del juez
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Sfeir, Lilia Cristina c/ Sauma, Marta y otro s/Incidente reajuste equitativo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

La terminología "reajuste equitativo del precio" presenta una notable vaguedad, una imprecisión tanto de significado (no se sabe con precisión qué se dice) como de alcance (no se sabe con exactitud hasta cuándo o hasta dónde se aplica), y a ello se agrega la ausencia de otras directivas que ayuden a desentrañar el sentido genérico al enunciado. Ante ello, cualquier técnica interpretativa que se use a esos efectos debe necesariamente complementarse con un ejercicio de la prudente discrecionalidad: solo así podrá decirse cuál cantidad en concreto implica tal "reajuste equitativo".(del voto del doctor de Lázzari)
Juicio de desalojo, defectos del procedimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: POLONI RICARDO ALBERTO Y OTRA c/ SOLARI TOMAS MIGUEL Y/O QUIEN RESULTE OCUPANTE DEL INMUEBLE s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-05-24

El agravio consistió en que se aplicó el trámite del sumario especial de desalojo cuando correspondía el sumario común, ello con afectación del derecho de defensa por cuanto se le denegó la posibilidad de producir prueba. Como se aprecia de inicio estamos en presencia de un posible error de procedimiento que no habilita el recurso de inaplicabilidad de ley puesto que este solo atiende los errores "in iudicando", no aquellos errores "in procedendo" como es pacífica y reiterada la jurisprudencia.
Empleo público, AFIP, cambio de tareas, ius variandi, facultades discrecionales, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Alaguibe, Ana María c/ AFIP s/ contencioso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-17

La disposición de la AFIP mediante la cual se dio por finalizadas las funciones que ejercía la actora como jefe de sección cobranzas judicial y se le asignaron nuevas tareas en la función de asesor debe ser confirmada, pues no resulta lógico sostener que el hecho de que un desempeño disvalioso por parte de un agente que tiene a su cargo funciones de jefatura haya sido verificado mediante la oportuna imposición de una sanción, genere un impedimento para que la AFIP, en uso de sus facultades discrecionales en materia de organización interna y conforme a la normativa convencional pertinente, disponga, con el propósito de lograr una mejor prestación del servicio, su reubicación y reemplazo, con mantenimiento de su categoría escalafonaria ya que de lo contrario, la circunstancia de haber sido sancionado conferiría al trabajador una estabilidad que excedería el alcance de la prevista para los agentes de la AFIP de planta permanente en el artículo 14 del convenio colectivo respectivo (Laudo 15/91) (Voto de los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti).
Competencia federal, daños y perjuicios, responsabilidad médica, Obra Social Bancaria Argentina
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ATTERIO, Héctor Agustín c/ VARGAS, María A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

Disidencia del Dr. Dupuis:

Resulta competente la Justicia Civil para entender en las acciones de daños y perjuicios en razón de la mala praxis que se atribuye a los profesionales y a la obra social, pues se debaten aspectos relativos a la responsabilidad civil de ésta última y no los concernientes a su instrumentación y planificación.-
Daños y perjuicios, mala praxis, prueba pericial
Materia: CIVIL
Carátula: Expediente Nro. 78915 - BOSTON CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. EN J: 9579 "MALDONADO R.E. c/ PRIDE INTERNACIONAL S.R.L. s/ ACC. INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-02-07

En los juicio de mala praxis médica, el juez puede deshechar el dictamen pericial por carencia de fundamentación, por la fuerza de convicción de otras pruebas que concurran en la especie o por otras causas, pero no oponiendo consideraciones propias de la ciencia, arte o técnica del perito.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Abaca, Juan Antonio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el recurrente hace una serie de consideraciones referentes al mérito que el tribunal acordó tanto a la prueba testimonial como a las manifestaciones del acusado, si -tratándose de juicio oral- no menciona el art. 286 del Código de Procedimiento Penal, que regula el mérito de la prueba en estos procesos.
Recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, antigüedad, leyes, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BIASE, MARIELA FERNANDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-23

En orden al recaudo de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto u omisión de que se trate, es menester destacar que la calificación de manifiesta implica que los vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial, es decir, cuando el ataque es tan patente que se manifiesta -podría decirse en forma física- visible, ostensible y notoria; y en el sub lite, las alegaciones de la amparista al sostener arbitrariedad por considerar de manera diferencial la antigüedad docente para el concurso como suplente en escuela pública y en escuela privada, otorgándole a esta última la décima parte de la puntuación y no considerar la antigüedad como titular, resultan insuficientes para demostrar la fractura entre dicha reglamentación y el marco de atribuciones que le confiere el ordenamiento legal, toda vez que la disposición cuestionada se inscribe en el marco de legalidad y del derecho positivo vigente, de donde surgen asimismo, los requisitos que deberán reunir los aspirantes al ingreso a la docencia en el sector público además de las exigencias que establezca la reglamentación y la convocatoria a concurso, destacando particularmente que la labor docente no es igual según se desempeñen en el sector público o en el privado, en especial, difieren los sistemas de ingreso. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67/164. - Jurisprudencia Concordante con Burggi, AyS T 284, p 63/73, sumario J0044287 y Saez, AyS T 284, p 281/294, sumario J0044225.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tocalini, J. M. y otros s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10

Atento al carácter del trámite, la contraria puede aportar pruebas a efectos de desvirtuar la petición y acreditar la existencia de bienes en cabeza del requirente; con ello no se invierte la carga probatoria sino que se exige a cada uno que acredite lo que invoca.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguros, seguro de transporte, transporte de pasajeros, emergencia económica, inconstitucionalidad
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: URLI, Aldo y otro c/ TRANSPORTES 22 DE SEPTIEMBRE SAC y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-13

1- El decreto 260/97 sólo ampara a un sector empresarial en desmedro del resto de los habitantes de la Nación, y, a todo evento, no garantiza a las víctimas de los respectivos ilícitos en torno a la solvencia futura de los deudores que tiende a proteger durante el tiempo que a éstos se autoriza a postergar el cumplimiento de sus obligaciones, quedando de tal forma claramente en evidencia que lesiona gravemente garantías fundamentales contenidas en nuestra Carta Magna, por lo que se impone decretar la inconstitucionalidad.

2- El decreto 260/97 no tiene en mira la finalidad de proteger los intereses generales de la sociedad, sino a determinados individuos, pues la moratoria está prevista para un grupo concreto y determinado, como lo es el conformado por las empresas prestadoras del servicio público de pasajeros y las compañías aseguradoras de dichas entidades por los servicios de referencia; y en esa inteligencia, si bien el interés de ese grupo puede ser calificado como colectivo, no puede serlo como general, puesto que este último es de la colectividad impersonificada en el Estado.
Fallo plenario, aplicación de la ley, facultades jurisdiccionales
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Prestimonaco, Cristian Alberto s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-15

En lo que respecta a la supuesta conculcación a la garantía de la doble instancia esta Sala tiene dicho que no es dable inferir que existe incompatibilidad entre los arts. 10 y 11 de la ley 24.050 y el art. 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho a recurrir de un fallo que se estima equivocado no lleva ínsito un derecho a que las pretensiones de quien recurre deban ser resueltas en el sentido que le sea favorable.
Declaración de insania, sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Franzoia de Macchiavello, María y otro c/ Levrato, José A. y otro s/ Nulidad de donación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-21

La solución contenida en el art. 473 del Código Civil (texto ley 17711) responde a una lógica impecable. Si quien recibe en virtud de un título gratuito no pudo conocer el estado de demencia de su donante, por no tratarse de un estado notorio, ¿qué mejor derecho puede alegar que el que le asiste a su presunto benefactor, -quien en la realidad careció de voluntad válida para perfeccionar el acto dispositivo-?. Siendo que a través del contrato se genera la pérdida del derecho de una persona operándose la traslación del mismo hacia otra, sin que medie contraprestación alguna por ésta, y a la inversa incorporando la última un bien a su patrimonio sin que ello le ocasione detrimento alguno a éste, no es acaso merecedor de mayor protección jurídica la primera que la segunda?. La buena o mala fe con que actúe el donatario resulta en el caso indiferente porque de lo que se trata es de evitar un perjuicio al autor (involuntario) del acto, y no de mantener a ultranza la validez de éste siendo que en verdad carece de toda causa. Cobra pues vigencia plena la regla de la anulabilidad que consagra el art. 1045 del Código Civil por cuanto el agente a la época de la celebración del acto estaba privado de discernimiento.
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rosino Angel Alberto c/ Carrizo María Luisa s/ Reanudar Convivencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-21

El sentenciante no debe considerar probados hechos no afirmados por las partes. Tal postulado encuentra sustento en la norma del artículo 34 inc. 4 del texto de forma, que impone a los jueces el deber de fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria respetando el principio de congruencia y en las prescripciones del artículo 163 inc 6¦ del aludido código, al exigir la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio, enunciaciones que remiten sin dudar al fundamento fáctico de las alegaciones procesales. Colofón de los artículos de mención resulta lo establecido en el artículo 362 del C.P.C., en cuya virtud no podrá producirse prueba sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos.
Incidentes, costas
Materia: CIVIL
Carátula: MADERMET S.A c/ BANCO BOSTON (SUC. SGO. DEL ESTERO) s/ ACCION DE AMPARO-CUADERNILLO DE APELACION QUIROGA HUGO AN-BAL c/ BANCO HIPOTECARIO S.A. S/AMPARO s/ CUADERNILLO DE APELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-11-29|2007-08-09

Con relación a la imposición de las costas por su orden esa solución en los incidentes, constituye -frente al hecho objetivo de la derrota- una hipótesis de excepción, que puede tener lugar ante cuestiones originales o dudosas de derecho, o frente a situaciones de hecho que revisten singular complejidad.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: González, Marcelo Osvaldo s/ Infracción al art. 81, ley 11.430
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-03

Es ajeno al ámbito del recurso extraordinario de inconstitucionalidad el planteo en el que se ataca la concreta sentencia mas no la constitucionalidad de norma alguna.
Acción de amparo, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. P., E. N. c/ IOSPER s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-25

La vía del amparo es particularmente pertinente cuando se trata de la preservación de la salud y la integridad psicofísica. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.