marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cerza, Oscar Pascual c/ La Previsión Cooperativa de Seguros Ltda. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-15

Los datos consignados en el formulario provisto por la aseguradora y no observado por esta, al momento de su recepción, tales como la fecha del siniestro, mención de la Comisaría y el Juez interviniente, así como la constancia expedida por la misma dependencia policial, reúnen las características necesarias exigidas por la ley (art. 46 de la ley 17.418), a fin de permitir la verificación del hecho y su extensión o realizar las indagaciones necesarias a tal fin, o en tal caso hacer uso de la facultad que le otorga la ley a requerir información complementaria. El plazo de la aseguradora para expedirse sobre la extensión de la cobertura corre desde la fecha en que tomo conocimiento del siniestro; en su defecto su silencio debe interpretarse como un reconocimiento implícito de la garantía; así como la gestión realizada por el asesor de seguros constituyen un impedimento para obtener su liberación, resultando extemporáneo el rechazo de la cobertura, a través de carta documento, más de dos meses después de efectuada la denuncia (arts. 1146;1876 del Cód. Civil; 46;56 de Ley 17.418).
Accidentes de trabajo, determinación de la incapacidad, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: NAEF MARIO MARCELO C/ ASOCIART ART S/ ACCIDENTE DE TRABAJO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-07

La revisión de lo decidido por las Comisiones Médicas, queda en manos en definitiva del Poder Judicial de la Pcia. de Entre Ríos, y solo se obliga al trabajador siniestrado a que previamente transite su reclamo ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales en base a un procedimiento administrativo reglado y con las debidas garantías (patrocinio letrado, entre otros), sujeto a un plazo limitado, perentorio y fatal de solo 60 días, pudiéndose prorrogar en forma excepcional y fundada por 30 días más. (art. 7 in fine res.298 SRT) (Voto Romero)
Competencia, fuero de atracción, concursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Losada, Alberto c/ Noel y Cía.  S.A. s/ Escrituración s/ competencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-27

No resulta aplicable lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 19.551, que establece el fuero de atracción del concurso, cuando la acción entablada se origina en una deuda contraída por la concursada con posterioridad a la apertura de aquél.
Jueces, deberes del juez, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ LUIS RAMON c/ CNAS s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-20

No constituye función de los jueces efectuar declaraciones generales o abstractas, ya que es de la esencia propia del poder judicial decidir colisiones efectivas de derechos, razón por la cual se ha resuelto que solo pueden pronunciarse sobre la validez de las resoluciones normativas generales cuando su aplicacion se plantea a un caso particular (C.S.; Fallos:255:143).
Derecho constitucional, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAZARO ROSA MARIEL c/ I.S.S.N. s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-25

La asistencia integradora que requería concretamente el niño con discapacidad lo recibió de las profesionales contratadas por la actora; y ello no fue desvirtuado por la obra social con prueba alguna, esto es, su innecesariedad, o que lo haya recibido de alguno de sus prestadores o de la entidad educativa.
Depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO-ECONOMIA-LABORAL
Carátula: De San Martín, Ana María c/ Municipalidad de San Martín s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-26

Aún cuando es de público y notorio que se ha producido una acentuada depreciación de nuestra moneda, entiende este Tribunal que el acogimiento de una pretensión como la expuesta por el accionante: que el monto de condena sea sometido a mecanismos de actualización, además de ser contraria a las normas vigentes -que justamente fueron dictadas con la finalidad de evitar el envilecimiento del signo monetario- no haría más que contribuir a ese proceso.(doctor Genoud, mayoría)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Alfredo Manuel s/ avocación (sanción de multa).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

La avocación de la Corte sólo procede en supuestos excepcionales, cuando aparece configurada una manifiesta extralimitación o arbitrariedad en las decisiones adoptadas, o existen razones de superintendencia general que lo tornen conveniente.
Intereses, intereses convencionales, intereses legales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Credil S.R.L. c/ López, Luis Enrique s/ Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-03-30

Los criterios de clasificación de los intereses, atendiendo al origen, pueden ser voluntarios o legales. Los voluntarios nacen de la voluntad de las partes, comunmente de una convención, y los legales son establecidos por la ley, independientemente de aquella voluntad. Desde el enfoque de su finalidad los intereses voluntarios pueden ser lucrativos o punitorios, y los intereses legales, retributivos o moratorios.

En cuanto a los intereses moratorios son los que resultan de la ley por la responsabilidad del deudor moroso, mientras que los punitorios se trata de los intereses moratorios pactados, que representan una modalidad de cláusula penal moratoria (art.652, Cód. Civ.).

Por lo tanto son reclamables sin necesidad de acreditar la existencia de daño, y el deudor no puede seguir últimamente su inexistencia (art.656, Cód. Civ.), no obstante la potestad judicial de reducir las penas desproporcionadas abusivas (art.cit. según ley 17711)".
Concursos, privilegios (civil)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cornejo Saravia, Gustavo y otro s/ Incidente de verificación de crédito (en autos: Cía. Plafin s  /Quiebra)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-30

Si quedó definitivamente establecido que el crédito en cuestión goza de la gradación y extensión que otorga el artículo 240 de la ley 24.522, su satisfacción no puede llevarse a cabo sino de conformidad con la establecida en dicha norma legal, es decir cuando resulte exigible (art. 240 cit. y su doct.). Resulta un contrasentido otorgarle a un crédito el rango preferencial establecido por el citado artículo 240 y negarle al mismo tiempo la preferencia de cobro que la misma norma ha establecido para esa categoría de acreedores. Menos aún, la negativa a conceder el pago preferente puede fundarse en el argumento de que esa modalidad de pago no fue expresamente incluida por el incidentista al iniciarse el reclamo de verificación - que bien puede obviarse- pues no sólo se desnaturalizaría la escencia misma del "privilegio" acordado, sino porque se estaría presumiendo su renuncia sin razón valedera (art.

874 del Código Civil). Por lo tanto, el crédito reconocido en autos deberá hacerse efectivo al tiempo de resultar exigible, sin perjuicio de la necesaria existencia de fondos disponibles y de las medidas que el Juez pueda disponer, o el Sr. Síndico solicitar, a fin de no afectar el legítimo derecho de acreedores con privilegio especial de grado preferente o cuando concurriendo acreedores de igual rango esos fondos resultan insuficientes (arts. 240, 241, 243, 244 ley 24.522).
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ponce Varela Marcelo Enrique c/ Gonzalez Luis Horacio s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

La excepción de pago documentada (art. 542 inc. 6to del CPCC), exige, como piso de marcha insoslayable, la pertinente aceptación de pago por el acreedor o haber sido declarado judicialmente válido por sentencia firme. O sea, para que el pago tenga efectos extintivos debe reunir las condiciones exigidas para su validez por la ley de fondo, nada de lo cual acaece en la especie, máxime que la exteriorización del pago -en el ordinario acontecer humano- se residencia en la extensión de recibo indubitado y sin que su pretensa existencia se condicione a un inadmisible buceamiento causal (arts. 724, 725, 742, 750, 756, 758 y 561 del Cód. Civil).
Tercería de mejor derecho, boleto de compraventa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sánchez, José María c/ Banco de Entre Ríos S.A. y otro s/ Tercería de mejor derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-28

La referida ley provincial registral -6964- ha instrumentado un sistema publicístico que pretende proteger los derechos del adquirente por boleto de compraventa pero también a los eventuales acreedores del vendedor del inmueble quienes podrían llegar a contar con el mismo como prenda de sus acreencias de no darse a publicidad la existencia del boleto de compraventa. Esto así, aún en la hipótesis de propiciarse la interpretación extensiva del artículo 1185 bis del Código Civil, debería la misma efectuarse en concordancia con la ley 6964, caso contrario, por vía jurisprudencial, se dejaría sin efecto a esta última norma legal desvirtuando con ello el sistema registral que ha pretendido crear un justo equilibrio entre aquellos que detentan un boleto de compraventa y que contratan con quien figura como titular del inmueble registrado.
Conciliación laboral, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Massa, Eduardo c/ Hart S.A. s/ Homologación - Acuerdo Conciliatorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-28

En mérito a las peculiares circunstancias en que generalmente se desarrollan los acuerdos conciliatorios en pleitos laborales, la facultad homologatoria del Juez no es una mera función mecanicística de aprobar lo convenido entre las partes, sino desentrañar la intención de las mismas procurando preservar la afectación de derechos irrenunciables, exigiendo en su caso las bases objetivas para poder dictar la resolución aprobatoria con fundamento y aún negándose a homologar cuando resulten evidentes, o el Juez así lo considere, una colusión o fraude laboral.
Pago, reservas, contratos administrativos, mora
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Martín y Martín S.R.L. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 551-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

Surgiendo del informe pericial que integra la demanda que la recurrente formuló "reserva de derechos a reclamar los perjuicios emergentes de la mora" en los pagos correspondientes a 60 certificados, sobre un total de 109 que incluye el reclamo, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 624 del Código Civil, debiéndose rechazar el recurso respecto de los pagos que fueron recibidos sin reservas. Dicha conclusión no se ve conmovida por la circunstancia de que la contratista haya elevado a la Municipalidad una nota por la cual comunicaba que hacía reserva de derechos "a solicitar los intereses que por mora en los pagos le pudieran corresponder ... mientras duren los servicios", ya que las reservas que permiten la ulterior reclamación de intereses son las efectuadas en el acto mismo de cobro, y no "la manifestación del acreedor, anterior al pago del capital, de la que resulte su propósito de cobrar intereses".
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bavaro, Rafael c/ Freccero, Pablo J. s/ Daños y perjuicios Acosta, Abel Ignacio y otro c/ Otero, Luis Alberto s/ Daños y perjuicios Orellana, Luis Alberto s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-15|1991-11-05|1996-03-12

El art.156 de la Constitución provincial exige que medie mayoría de fundamentos y no solamente de resultado.
Procedimiento administrativo, revisión judicial
Materia: PENAL
Carátula: ARICCIA, María del Carmen s/ Recurso de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

Es de aplicación el principio sustentado por la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia en infinidad de resoluciones dictadas en demandas originarias contencioso administrativas, en cuanto ha decidido que la función de la Corte es estrictamente revisora y no puede llevarse a su conocimiento reclamos fundados en razones distintas a las que fueran expuestas al órgano administrativo en el procedimiento de esa esfera que originó el acto atacado.-
Daños y perjuicios, indemnización, automotores, privación del uso del automotor, lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lomsicar SA c/ Transporte Larrazabal CISA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-05

1 - No obstante su estrecha relación, lucro cesante y privación de uso del vehículo constituyen conceptos independientes y diferenciados en lo que respecta a la admisión de los mismos frente a reclamos efectuados (CNCom, Sala D in re "Toneguzzo Honorio Carlos c/ Columbia SA de Seguros s/ ordinario", del 21/09/06). La privación de uso de un rodado representa, en efecto, un daño emergente, distinto del lucro cesante que, es la ganancia dejada de percibir a raíz de un accidente (CNCiv, Sala E in re "Olleros, Jorge Adolfo c/ Seoane, Marcelo s/ sumario accidente de tránsito", del 26/06/89).

2 - Partiendo de tal diferencia conceptual, la sola privación del automotor afectado a un uso particular produce por sí misma una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria, que debe ser resarcida como tal (Corte Suprema, Fallos 319:1975; 320:1567; 323:4065), y sin necesidad de prueba específica. Pero en los casos en que se lo destine a un uso comercial, a aquél daño puede agregarse el lucro cesante que, en cambio, sí debe ser probado (CNCiv, Sala G, 7/6/89, "Seoane, Elsa Marta c/ Formica, Luis Alberto y otro s/ cobro de pesos").
Proceso judicial, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: "Ibañez Víctor Armando c/ E.N. -EMGE s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-08

El art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas (Del voto del juez Grecco, cons. V).
Compensación económica, canon locativo, privación del uso del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: S., H. O.  c/ R., S. I.  s/ fijación de renta compensación por uso de vivienda
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-04

La utilización en exclusividad de un bien del régimen de comunidad disuelta y no liquidada por parte de uno de los ex cónyuges, confiere al otro un derecho a percibir un canon que corresponda a su porción en la titularidad y que constituya una retribución por igual uso del que se ve privado, con el requisito del requerimiento del otro copartícipe.
Facultades no delegadas, facultades del gobierno provincial, ley procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodrigo de Huberman, Victoria Eugenia y Otra c/ Giobbi, Angel s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-08-26

Las leyes substanciales pueden presentar normas procesales en su ordenamiento destinadas a garantizar su eficacia sin que ello importe afectar el derecho de las Provincias. Si bien es exacto que las provincias tienen la facultad de darse sus propias instituciones locales y específicamente dictar leyes sobre procedimientos, ello no obsta a la validez de las disposiciones reglamentarias que dicte el Congreso cuando considere del caso establecer formalidades especiales para el ejercicio de determinados derechos consagrados en los Códigos fundamentales que le incumbe sancionar.
Recurso contencioso administrativo, direcciones provinciales de obras sanitarias, régimen disciplinario administrativo, empleados públicos, sanciones disciplinarias administrativas, graduación de la pena, licencia por enfermedad, ausencias injustificadas, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Michelino, Tarcisio Juan c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 486 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

Debe descartarse el planteo del recurrente que señala la desproporción de la sanción con relación a la falta imputada, puesto que la conducta administrativa importó estrictamente la aplicación de la legislación específica que regía al caso. Por fuera de ello, es ciertamente dudoso que planteos de esa índole puedan ser atendibles en el marco de sanciones que son de corte automático y no dejan lugar a la apreciación administrativa, como es la cesantía por inasistencias injustificadas que excedan los diez días continuos o discontinuos, en los doce meses inmediatos anteriores. Pero aun cuando por vía de supuesto se analizara la cuestión en el marco del artículo 8 de la resolución 757/85, que prevé la graduación de las sanciones, ese aspecto no es, en principio, susceptible de ser controlado por el Tribunal, en tanto no se demuestre la existencia de elementos que permitan concluir en la irrazonabilidad de la sanción con relación a la falta imputada y a las particularidades del caso, extremos que el recurrente no logra demostrar. Además, en el caso, no se vislumbra qué otra conducta podría haber adoptado la Administración, cuando el recurrente directamente abandonó el servicio hasta el dictado del acto mismo de cesantía.
Derechos de los pueblos indígenas, competencia provincial, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

Con especial referencia a los pueblos indígenas, el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional reconoce expresamente a las provincias la potestad de ejercer en forma concurrente con la Nación las atribuciones allí enumeradas; en tales condiciones, la Provincia del Chaco deberá ser emplazada ante sus propios jueces (arts. 5º, 121 y siguientes de la Constitución Nacional), pudiendo ser demandado el Estado Nacional ante la justicia federal, donde encontrará satisfecho su privilegio (art. 116 de la Ley Fundamental) (Disidencia parcial del juez Rosenkrantz que remite a la disidencia de las juezas Highton de Nolasco y Argibay en el precedente "Defensor del Pueblo de la Nación" (Fallos: 330: 4134)).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Torrez Filomena Isabel c/ Banco Santiago del Estero y/u otros s/ Diferencia de Indemnización por Antigüedad, etc. - Casación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-04-18

Corresponde rechazar el recurso de casación incoado por la actora, y en su mérito, confirmar la resolución que hizo lugar a la apelación de la codemandada, dado que declarar desierto el recurso es el resultado de la percepción, interpretación y valoración que de sus fundamentos lleva a cabo el tribunal en orden a la suficiencia del mismo. Por tal motivo, no puede ser revisada en esta instancia extraordinaria, salvo evidente absurdo o arbitrariedad, o violación de la norma del art. 167 del CPL que establece los requisitos de fundamentación de la apelación.
Rechazo de la demanda, acción de inconstitucionalidad, aborto no punible, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: Durand Casali, Francisco c/  s/ acción popular de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-07-12

Corresponde rechazar la acción popular de inconstitucionalidad contra la Res. Ministerial Conj. nº 215/12 del Ministerio de Derechos Humanos y nº 797/12 del Ministerio de Salud Pública -que aprobó la "Guía de procedimiento para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual y la concreta atención de los abortos no punibles conforme lo establecido en el art. 86 inc. 2º del Código Penal"- pues resulta extemporánea en atención a la fecha de presentación de la demanda, ello es así porque de conformidad con la doctrina sentada por esta Corte a partir del precedente "Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 6618/91, interpuesta por el Partido Fuerza Republicana", ante la ausencia de una reglamentación autónoma del art. 89 de la Constitución Provincial -actual art. 92-, se establece un plazo de 30 días para la acción allí prevista, razón por la cual las disposiciones de los arts. 704 a 706 del Código Procesal Civil y Comercial rigen respecto de la "acción popular", en cuanto no se opongan a la normativa constitucional.
Daños y perjuicios, Comunicaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Spacarstel, Néstor Alberto c/ El Día S.A.I.C.F. s/ Daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

La publicación de una noticia, con apellido y nombre del afectado, dando cuenta de que confesó un delito cuando en realidad no había declarado en la causa en la que a la postre resultó sobreseído, y sin que el periódico acreditara su fuente de información (de manera tal de excusar su error) compromete su responsabilidad civil y debe resarcir el daño moral ocasionado.
Costas, conciliación
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: MARIUSSO LUIS A. c/ FRENCIA Y ROSSI S.C.C. s/ DEMANDA - ACUERDO CONCILIATORIO - COMPAÑIA ASEGURADORA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-09-21

La aseguradora, en su condición de directora del proceso, del que se hizo cargo con motivo del llamamiento que le formulara la demandada, sin oponer defensa alguna nacida del contrato de seguro en la audiencia de conciliación , asumió la obligación en forma total (desde que no existía en la póliza exclusión alguna); por tanto, debe soportar todas las consecuencias del juicio conciliado recién en la vista de la causa, lo que motivó un desgaste jurisdiccional hasta ese momento. Entre las consecuencias de ese acto debe cargar con las costas devengadas por la intervención de los letrados de la demandada quedando la valoración de la eficacia o alcance de esa intervención para el momento de regular honorarios. Es cierto que sólo a la demandada han beneficiado con esa intervención , en tanto -reitero - la dirección del proceso fue asumida por la aseguradora, y que todo patrocinio en general "beneficia" a quien lo recibe, como sostiene la a -quo, pero esto no impide que las costas se apliquen siguiendo el principio del vencimiento objetivo y en este supuesto de la homologación de un acuerdo, en el que la demandada no fue parte, se carguen a quien asumió la obligación de satisfacer la reclamación actora, esto es la aseguradora, quien se comprometió a través de la relación aseguratoria a mantener indemne el patrimonio del asegurado.
Deberes del juez, deber de imparcialidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Di Domenica, Martín Omar y otro s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-04

Corresponde a la alzada de los juzgados de igual competencia material, la determinación de qué magistrado distinto de aquel que llevó adelante la instrucción del legajo, debe entender en el plenario a fin de garantizar la imparcialidad del juzgador. (Dres Hornos, Diez Ojeda y González Palazzo).
Libertad de prensa, fuentes de información, buena fe
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pandolfi, Oscar Raúl c/ Rajneri, Julio Raúl. s/ Injurias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

La "tenacidad" reconocida en las investigaciones efectuadas por el querellado para esclarecer los hechos que posteriormente denunció, así como la ausencia de epítetos groseros o denigrantes en la información publicada, llevan a mantener su conducta en los límites de la buena fe (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).