Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26


BARAGAÑO, Jorge contra CARGIL S.A. Reg.: A y S t 197 p 235-238. Santa Fe, 26 de mayo del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra el pronunciamiento de fecha 9 de mayo de 2002 dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, en autos "BARAGAÑO, Jorge c/ CARGIL S.A. -Cobro de Pesos-(Expte. 169/95)" (Expte. C.S.J. nro. 53, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 9 de mayo de 2002 la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto, en forma subsidiaria al de revocatoria, contra el decreto de f. 532 por el que se rechazó su pedido de exclusión de la totalidad de los intereses respecto a la suma embargada con sustento en que corresponde sólo el límite de embargabilidad del 20%.

Contra dicho pronunciamiento interpuso el actor recurso de inconstitucionalidad por entender que lo resuelto vulnera en forma directa e inmediata derechos constitucionales amparados en los artículos 15, 20 y 95 de la Constitución provincial, lo despoja de su propiedad y se aparta de la ley laboral que impone la inembargabilidad de la retribución e indemnización del trabajador.

Sostuvo que el decisorio impugnado es arbitrario porque:

a) Los sentenciantes se pronunciaron sobre cuestiones no planteadas; tal la afirmación de que la no invocación de su parte del exceso de embargo otorgado sobre la porción embargable obsta a la modificación de la cautelar.

b) Contradicen abiertamente constancias de autos al afirmar que su parte no invocó el exceso de embargo, pues a f. 533 vto.

solicitó la revocación de la providencia cuestionada y que se disponga en su lugar que el embargo trabado solo puede afectar hasta el 20% del crédito del actor por capital e intereses; y en la expresión de agravios, a f. 552 vto., también sostuvo lo mismo.

c) Prescinden del texto legal sin dar razón plausible.

Dijo al respecto que el artículo 3 del dec. 484/87 a los efectos de la determinación del porcentaje de embargabilidad expresa que deberán considerarse conjuntamente todos los conceptos derivados de la extinción del contrato de trabajo, y entre ellos están los intereses moratorios que todo deudor debe pagar en virtud del artículo 622 del C.C.

Agregó que el artículo 9 de la L.C.T. consagra un principio según el cual las situaciones dudosas deben ser resueltas en el sentido más favorable al trabajador, el que fue dejado de lado.

Se quejó, además, porque el fallo prescinde de la aplicación de los artículos mencionados, sin analizar el alcance de éstos, y acude al carácter excepcional de la inembargabilidad, mencionando un voto en disidencia de un Tribunal de la República.

d) Incurren en autocontradicción.

Destacó que el fallo establece que los artículos 120 y 147 de la L.C.T. y el dec. 484/87 no aluden a los intereses. Ahora bien, según el decisorio de la Sala los intereses compensatorios podrían eventualmente interpretarse como integrantes del capital, pero al mismo tiempo niega tal carácter a los moratorios, por lo que los juzgadores incurren en autocontradicción al desvirtuar su propio fundamento en cuanto a la ausencia de referencia a los intereses por parte de la normativa.

e) Dan excesiva amplitud a pautas generales del derecho, en sustitución de normas positivas específicas del derecho laboral, directamente aplicables. Afirmó que para la interpretación del alcance de la excepción hacen prevalecer ampliamente las pautas generales del derecho, quitándole alcance, sin fundamento alguno a la legislación específica aplicable al caso invocada por su parte.

f) Efectúan afirmaciones dogmáticas que solo constituyen un fundamento aparente. Señaló al respecto que en el decisorio cuestionado se afirma dogmáticamente que los intereses moratorios al no estar comprendidos en la normativa que refiere configura un obstáculo para que tales intereses queden incluidos en la excepción de inembargabilidad, pero -aclaró- la no mención no significa su exclusión.

A su entender también constituye un fundamento aparente la afirmación de que la naturaleza alimentaria del crédito embargado solo alcanza para justificar la excepción contemplada expresamente, pero no excederla.

Para ello, aseguró, los sentenciantes parten del supuesto de que los intereses no están contemplados en la excepción legal, cuando de la normativa específica aplicable surge que lo están -art. 3, dec. 484/87, 622 C.C. y art. 9 L.C.T.-.

Invocó finalmente gravedad institucional porque el fallo ataca una institución esencial del derecho laboral, limita los alcances de una protección expresamente reconocida por la legislación especial aplicable y ataca una parte esencial del crédito laboral.

Agregó que la mora si bien compensada por intereses, iría en desmedro del trabajador si la inembargabilidad quedase limitada solo al capital.

2. La postulación del impugnante cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de autos, e importa articular con seriedad un planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para autorizar la apertura de esta instancia de excepción.

Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria -propia de este estadio-, y sin perjuicio de lo que se resuelva en la oportunidad prevista en el artículo 11 de la ley 7055.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Admitir la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad deducido.

Disponer que por Presidencia se requiera la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI (en disidencia)-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR NETRI:

De la confrontación de los agravios mencionados ut supra con la resolución impugnada, surge que la argumentación recursiva, pese al matiz constitucional que el impugnante aspira otorgarle, atañe a la aplicación e interpretación de normas de derecho común -en concreto la interpretación e inteligencia que el A quo otorgara a las normas aplicables al caso, los artículos 120 y 147 de la Ley de Contrato de Trabajo y su decreto reglamentario 484/87- sin lograr demostrar que en dicho cometido la Sala se haya excedido del marco propio de sus funciones.

Ello así, en tanto la Sala interpretó, con cita de jurisprudencia, que la inembargabilidad es una excepción al principio de la ejecutabilidad de los créditos y como tal las normas que la consagran están sujetas a una interpretación restrictiva.

Prevaleciendo tal carácter excepcional sobre la alegada accesoriedad de los intereses respecto al capital y con ello el principio de que deben seguir igual suerte.

A lo que añadió que "...el argumento de la naturaleza alimentaria del crédito embargado sólo alcanza para justificar la excepción al principio de ejecutabilidad de los créditos, dentro de los límites dispuestos por la normativa arriba citada pero no excederlos con supuestos no contemplados expresamente por la misma" (f. 10).

Por lo tanto, el Tribunal explicó cuáles eran las razones que lo llevaron a confirmar la decisión de limitar la inembargabilidad únicamente a las remuneraciones o indemnizaciones sin computar para ello lo que pudiera corresponder a intereses, y tal ponderación -más allá de su grado de acierto o error- no resulta irrazonable ni ilógica a punto de merecer reproche constitucional.

En este aspecto, debe recordarse que la exigencia de la Carta Magna respecto que las sentencias exhiban motivación suficiente importa el requerimiento de que la fundamentación sea "bastante", "apta" o "idónea" en el sentido de que los motivos se deduzcan del ordenamiento jurídico vigente (conf. a las circunstancias de la causa).

Pese a lo invocado por el quejoso tampoco se advierte que la cuestión trascienda el mero interés de los intervinientes para afectar a los de la colectividad como para reputar que asume la litis gravedad institucional.

Por lo expuesto, entiendo que la presente queja debe ser rechazada.

Fdo.:NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)