Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31


SENTENCIA Nº 93109 CAUSA Nº 6.313/2009 "PEDROZO MARIA JULIANA C/ LA SEGUNDA ART S.A. Y OTROS S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL" JUZGADO Nº41.- En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 31/5/12 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Diana Regina Cañal dijo:

Ante la sentencia de primera instancia, que acogió el reclamo de autos, se alzan la parte actora a fs. 327/328, y las demandadas ANSES y La Segunda ART SA a fs. 319/324 y 312/317, respectivamente. La presentación de la reclamante recibió réplica por parte de Futura AFJP SA a fs. 361/367, y las de las demandadas fueron contestadas por su contraria a fs. 338/351. Asimismo, el perito contador y el letrado apoderado de Futura AFJP, apelan sus honorarios por bajos (fs. 307 y 326).

La accionante, sostiene que debe condenarse a la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, toda vez que si bien se lo habría requerido, la AFJP no le habría devuelto las sumas que la ART le había consignado a esa empresa, en concepto de renta periódica por el fallecimiento del esposo de la reclamante. Sin embargo, la misma AFJP, se las habría remitido a la ANSES, cuando se dictó la ley de transferencia de los fondos de jubilaciones y pensiones, pese a que en ese texto legal, no se establecería la posibilidad de transferir dichos montos. Asimismo, le causa agravio la imposición de las costas a su parte, por el rechazo de este reclamo.

Por su parte, La Segunda ART SA, cuestiona que se declare la inconstitucionalidad del método de cálculo previsto en el párrafo segundo del art. 15 de la ley de riesgos del trabajo, y que por ello se la condene hasta el tope de $180.000, que establece esa misma norma de acuerdo a los parámetros del decreto 1278/00. Con relación a ello, entiende que dadas las particularidades del caso, el monto abonado es suficiente como para reparar el daño. También recurre ante esta instancia, porque se le aplican intereses a las sumas en condena, pese a que, según sostiene, actuó siempre con apego a las normas, por lo que no podría aditarse dicho recargo. Finalmente, apela por la imposición de costas y la regulación de honorarios.

Advierto que, la Administración Nacional de Seguridad Social, asevera que en virtud de la máxima de que, "quien paga mal, paga dos veces", y basándose en la circunstancia de que la AFJP realizó una transferencia de recursos, a la cual no estaba obligada por no tratarse de ninguno de los supuestos contemplados en la ley 26.425, esta última resultaría la única responsable de la devolución de los importes depositados por la ART, en concepto de renta periódica. Paralelamente, si la apelación anterior no prosperara, solicita que no se le apliquen intereses por los importes en condena, pues no es la obligada al pago o, en su caso, que se le aplique la tasa pasiva, no la activa, al ser éste un crédito previsional. Cuestiona por último, la regulación de los honorarios de los letrados de las demás demandadas y del perito contador.

Establecidos los términos del debate, trataré en primer término, la queja que refiere a la inconstitucionalidad del pago de las prestaciones dinerarias, a modo de renta periódica (conforme arts. 15.2 y 18.1 de la ley 24.557).

Asiste razón al apelante, toda vez que comparto el criterio, según el cual el sistema de renta periódica es violatorio de las previsiones del artículo 16 de la Constitución Nacional.

En efecto, "el régimen de la LRT no contempla las necesidades inmediatas, actuales y presentes de las víctimas, o de sus derechohabientes, e ignora los fines que deben tener y han tenido los regímenes que reparan los accidentes del trabajo, ligados en forma directa a evitar que la desaparición del trabajador afecte su núcleo familiar originando la desprotección consecuente (art.14 de la CN). Este sistema, bajo la apariencia de protección para el futuro a través del cobro permanente de una renta de por vida, en realidad lo que hace es "configurar en forma indirecta, pero significativa, una desprotección tal que torna a las normas aplicables en contrarias, por inequidad de la solución a las disposiciones contenidas en la CN para la tutela de los trabajadores" (CNAT, Sala II, in re "Cyment, Cyrla c/ Generali Argentina Cía. de Seguros Patrimoniales S.A.", CNAT, Sala VI, SD 54.099, del 30/4/01, in re "Marti, Mariela y otros c/ AFJP Previnter S.A. s/ accidente", en igual sentido CNAT, Sala IX, SD 9842, del 10/7/02, in re "Milone, Juan c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente", Sala IV, SI 37524, del 17/3/00, in re "Metri, Diana c/ Omega ART S.A. s/ acción de amparo".

Es más, la suma reclamada no le pertenece a la aseguradora, puesto que "los afiliados (o sus causahabientes como en el caso) son los únicos beneficiarios de las inversiones que se efectúen y la rentabilidad de las mismas" (CNAT, Sala X, SD.8147, del 26/5/00, in re "Palacios de Santucho, Graciela por sí y en representación de sus hijos menores c/ Orígenes AFJP, s/ indemnización por fallecimiento"), por lo tanto en nada perjudica a la aseguradora entregar la suma completa.

Sentado ello, entiendo como inexcusable función judicial adaptar la norma al caso concreto y, en esta tarea, hacer una interpretación de la misma adecuada a la realidad a resolver, advirtiendo y supliendo sus lagunas, lo que en modo alguna implica atribuirse funciones legislativas, sino el desempeño liso y llano de la judicatura, en ejercicio del control difuso de constitucionalidad.

Por lo tanto, considero que corresponde la descalificación constitucional del artículo 18, primer apartado y del artículo 19 de la ley de riesgos, toda vez que la mencionada normativa "no se proyecta genéricamente sobre el sistema, sino que en la especie se advierte que su lisa y llana aplicación esteriliza el propósito a perseguir, que no es otro que el de reparar los daños derivados de los accidentes del trabajo con una respuesta que sea eficaz de acuerdo a la situación del damnificado" (CNAT, Sala II, SD.86.488, del 10/8/99, in re "Cyment, Cyrla c/ Generali Argentina Cia. de Seguros Patrimoniales SS S.A. / acción de amparo", fallo citado precedentemente).

Entonces, de conformidad con la doctrina que emerge del voto de la mayoría en el fallo "Milone" de la CSJN, resulta evidente que el sistema de prestación de pago mensual previsto por el art. 15, ap. 2 de la LRT -a cuyos términos remite el art.18 de la LRT para el caso de fallecimiento-, frente al trance de suma gravedad que constituye la muerte y a la reformulación del proyecto de vida que su desaparición implica para los derechohabientes, reduce drásticamente el universo de opciones que le permitiría reformular dicho proyecto, en la medida que impide la configuración de las alternativas que podrían materializarse a través de la percepción de una indemnización de pago único.

Por lo tanto, considero que corresponde la descalificación constitucional del artículo 15.2 y 18, primer apartado y del artículo 19 de la ley de riesgos, toda vez que la mencionada normativa "no se proyecta genéricamente sobre el sistema, sino que en la especie se advierte que su lisa y llana aplicación esteriliza el propósito a perseguir, que no es otro que el de reparar los daños derivados de los accidentes del trabajo con una respuesta que sea eficaz de acuerdo a la situación del damnificado" (CNAT, Sala II, SD.86.488, del 10/8/99, "Cyment, Cyrla c/ Generali Argentina Cia. de Seguros Patrimoniales SS S.A. / acción de amparo", fallo citado precedentemente).

En cuanto al alcance cuantitativo de la condena, vale precisar que el sentenciante de la anterior instancia determinó la inconstitucionalidad del modo de cálculo establecido para la indemnización por muerte del trabajador y dispuso el pago del tope máximo previsto en el artículo 15.2 de la ley de riesgos.

No obstante, a mi vez, reiteradamente he dicho que la aplicación del tope máximo, previsto en esa norma resulta inconstitucional (lo que, en la especie, declaro de oficio), porque vulnera los derechos del trabajador accidentado, al quedar mermada por el tope, la indemnización por accidente que le hubiera correspondido percibir. Así lo he dicho, como Juez de Primera Instancia, en los autos "Del Villano, Marcelo c/ Transporte Sargento Cabral S.C. Línea 102 s/ despido y accidente", sentencia Nº 1763 del 10.2.03, del registro del Juzgado Nº 74.

Ante este vacío legal, al haberse desplazado una norma por inconstitucional, encuentro prudente emplear las disposiciones del decreto 1694/09. Pero también advierto que de todos modos, resultaría pertinente hacerlo, porque si bien el mencionado decreto (B.O. 6.11.09), data de más de dos años después de la fecha del infortunio (2/6/07), resulta de aplicación al caso, pues no encuentro lógica alguna para limitarlo, en los términos del art. 16. Ello, en la inteligencia del carácter puramente adjetivo de la reforma, que me lleva a considerar que tal norma rige automáticamente a la especie. En igual sentido, me he pronunciado como Juez de Primera Instancia del Juzgado Nº 74, en los autos "Ielly, Yanina Vanesa c/ Asociart SA ART s/ acción de amparo" (conf. sentencia Nº 2685 del 20.l1.09; SD Nº 92716, del 29/8/11, en autos "Silva, Walter Omar c/ CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/Accidente-ley especial", del registro de esta sala) Además, considero que este último decreto resulta aplicable en virtud del principio "iura novit curia", receptado en los arts. 34, inc. 4 y 163 inc. 6 del CPCCN, por los fundamentos explicados ut supra.

Luego, deviene aplicable el tope mínimo, dispuesto por el art. 4 del decreto 1694/09, que determina "que la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2, de la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, nunca será inferior a ciento ochenta mil pesos ($ 180.000.-)".

Asimismo, observo que el decreto Nº 1694/09, recogió muchos de los criterios pretorianos seguidos por la CSJN recientemente ("Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/ accidente" sentencia del 21.9.04; "Milone, Juan Antonio c/ Asociart SA ART s/ accidente - ley 9688", sentencia del 26.10.04; "Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA s/ despido", sentencia del 14.9.04), los que he venido compartiendo.

El PEN ha sostenido allí, la necesidad de tomar medidas que permitan proteger a las víctimas y otorgar previsibilidad a los empleadores, en la inteligencia de que ello habría de contribuir a la paz social.

Con dicha lógica, se decidió elevar el monto de la prestación de pago único, así como liberar los topes, siguiendo en ello el criterio de "Vizzoti".

Comparto plenamente estos criterios, y cabe señalar que más allá del decreto, considero que no es la política de topes en sí misma la que está en discusión, como por otra parte no podría serlo por exceder la función del Juzgador, sino el encontrar una medida de justicia para la misma.

Conforme con todo lo expuesto, concluyo que corresponde confirmar la decisión de grado anterior, que determinó a la suma de $180.000, como reparación, pues si bien en ese caso se tomó como tope máximo según las previsiones del art. 15.2 y del decreto 1278/00, en la especie deviene aplicable, por el mismo artículo pero como tope mínimo, conforme a las pautas del decreto 1694/09. Destaco que, no puedo apartarme de esta suma por encontrarse consentida su cuantía, por parte del actor.

Sentado ello, me abocaré a los agravios vertidos por la administración nacional y por la actora, que señalan que quien debería responder por los fondos depositados es la AFJP. Aunque difieren, en cuanto la ANSES sostiene que la única obligada al pago es la AFJP, y la reclamante solicita que sean condenadas solidariamente.

Superada esa cuestión, y de tener resultado favorable, encararé la queja relativa a la aplicación de intereses sobre dicho importe.

En cuanto a la primer cuestión, de la atenta lectura de las disposiciones de la ley 26.425 (Sistema Integrado Previsional Argentino SIPA), cabe concluir que la transferencia de fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social debió ceñirse, únicamente, a los recursos que integraban las cuentas de capitalización individual de los afiliados y beneficiarios al régimen de capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la ley 24.241 y sus modificatorias. Sin embargo, la nueva normativa ha mantenido el régimen privado de renta vitalicia en el ámbito de las compañías de seguro de retiro.

De ello se desprende que, cuando la AFJP transfirió estos fondos a la ANSES, lo hizo en forma irregular, ya que no había una ley que la autorizara para ello. Asimismo, también resulta irregular la recepción de estos fondos por parte del ente estatal, quien sabía que no tenía ninguna causa para percibirlos y, no obstante, los aceptó.

Por lo tanto, toda vez que ambas personas jurídicas actuaron en contra de la normativa vigente y transmitieron de una a otra, fondos que no les pertenecían, serán condenadas solidariamente por dicho monto, máxime por ser la situación inoponible a la actora.

Acto seguido, considero que dicha suma deberá llevar intereses desde el momento de la transferencia, los cuales estarán a cargo de la ANSES.

En efecto, como se advierte, la misma aceptó la transferencia de los fondos que se encontraban en las aseguradoras de riesgos de trabajo, cuando esto no es un supuesto previsto por la ley 26.425. Por lo tanto, corresponde condenarla por los intereses generados por la mora, desde dicho traspaso.

Al respecto, comparto el criterio jurisprudencial que considera que, toda vez que el art. 7 de la ley 26.425, establece que la transferencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social se ciñe a ".los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados y beneficiarios al régimen de capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la ley 24.241 y sus modificatorias." y se omite toda consideración acerca de los fondos que podrían provenir de la remisión que efectúa la ley 24.557.

Esta observación puede considerarse extensiva a lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 2014/2008, en tanto el art. 5 del mismo decreto, mantiene el régimen privado de la renta vitalicia en el marco de las compañías de seguro, por lo que si el organismo estatal aceptó la transferencia de los fondos depositados por la ART, con sustento en la ley 24.557, a pesar de tratarse de un supuesto no previsto especialmente en la ley 26.425, debe abonar los intereses generados por la mora a partir de dicho traspaso, tal como se estableció en el decisorio de grado (conf. lo dictaminado por el Fiscal General ante esta Cámara dictamen Nro. 48.652 del 4/8/2009 al que adhirió la Sala II, Expte. Nro. 24.100/2000, "Díaz Juana Rosa c/ Orígenes AFJP S.A. s/ accidente ley especial" y Sala V SD Nº 71922 del 30/10/09 en autos "Jara, Jorge Roman Ramon c/ Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES s/ acción de amparo").

En cuanto a la tasa de interés aplicada, no debe perderse de vista que se trata de un crédito que tiene su origen en la relación laboral y, más precisamente, en un accidente de trabajo. De modo que su carácter, no es previsional, por lo que sin perjuicio de que pueda entenderse que esa indemnización forma parte del subsistema de la seguridad social, lo cierto es que a los fines de su percepción, el accionante debió transitar por este proceso que tramitó ante la Justicia Nacional del Trabajo. Luego, esta Cámara, invariablemente ha aplicado a partir del 1 de enero de 2002, la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo difundido por la Prosecretaría General de la Cámara, en atención a la supresión de la convertibilidad monetaria y las nuevas variables económicas vigentes a raíz del dictado de la ley 25.561, todo ello de conformidad con lo acordado en la Resolución de Cámara de fecha 7 de mayo de 2002 (Acta Nro. 2357).

No debe soslayarse, que el sentenciante condenó a pagar intereses compensatorios mientras que éstos serían moratorios, sin embargo, la cuantía de los mismos resulta idéntica a la que aquí se condena, por lo que no habría diferencia entre unos y otros.

Asimismo, el importe por prestación dineraria periódica, también devengará intereses desde el momento del depósito de la ART a la AFJP, hasta la transferencia a la entidad estatal, los cuales estarán a cargo de esta última.

Ello así pues, a mi modo de ver, los derechohabientes tienen derecho a la reparación, según la tarifa de la ley, a fin de compensar los daños tenidos en miras por el legislador y el inconstitucional modo de pago adoptado por la ley 24.557, que no permite imponerle a aquéllos consecuencias financieras desfavorables (cfr. art. 14 bis CN), que desvirtuarían, de admitirse, el sentido reparador de la fórmula legal.

A mayor abundamiento, corresponde recordar que como es sabido, el dictado de el pronunciamiento judicial, en el caso, no es constitutivo de derechos, sino declarativo de los mismos y, por lo tanto, los accesorios deben ser calculados desde la fecha de exigibilidad de las sumas adeudadas lo que lleva a ratificar en este punto el fallo atacado.

Conforme todo lo expuesto, el importe por el que se condena solidariamente a Futura AFJP y ANSES, llevará intereses a cargo de Futura AFJP desde el 07/09/07 (fecha de depósito) hasta el 09/12/08 (fecha de transferencia) y a cargo de la ANSES desde el 10/12/08 hasta que quede firme la presente sentencia. Desde allí, ambos entes serán solidarios por los accesorios hasta la fecha de su efectivo pago. Ante el nuevo resultado del litigio que propicio y lo normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y proceder a su determinación en forma originaria, razón por la cual deviene abstracto el tratamiento de los agravios sobre el punto.

Propongo que las costas de ambas instancias, sean soportadas, solidariamente, por ANSES, Futura AFJP SA y La Segunda ART SA, en proporción a la incidencia de sus condenas (art. 68 del CPCCN).

En atención al resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto en el art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 22 y conc. de la ley 21.839, modificados por la ley 24.432, arts. 3 y 6 decreto ley 16638/57 y demás normas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de los letrados de las partes actora, demandadas La Segunda ART SA, Futura AFJP SA y ANSES y del perito contador en 16%, 14%, 14%, 14% y 7%, respectivamente, del monto total de condena, con más sus intereses.

Asimismo, propongo regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 327/328, fs. 319/324, 312/317 y fs. 361/367, en 30%, 25%, 25% y 25%, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior (art. 68 del CPCCN y art. 14 de la ley 21839).

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles SA s/ recurso de apelación" (C. 181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio - adicionárselo a los honorarios regulados - implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

Voto, en consecuencia, por modificar la sentencia de grado y condenar solidariamente a Futura AFJP SA, por el monto que fuera depositado en la ANSES, con más los intereses conforme el considerando respectivo; confirmar todo lo demás que fuera materia de recurso y agravio; regular los honorarios de los letrados de las partes actora, demandadas La Segunda ART SA, Futura AFJP SA y ANSES y del perito contador en 16%, 14%, 14%, 14% y 7%, respectivamente, del monto total de condena, con más sus intereses; regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 327/328, fs. 319/324, 312/317 y fs. 361/367, en 30%, 25%, 25% y 25%, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

El doctor Néstor M. Rodríguez Brunengo dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I. Modificar la sentencia de grado y condenar solidariamente a Futura AFJP SA, por el monto que fuera depositado en la ANSES, con más los intereses conforme el considerando respectivo. II. Confirmar todo lo demás que fuera materia de recurso y agravio. III. Regular los honorarios de los letrados de las partes actora, demandadas La Segunda ART SA, Futura AFJP SA y ANSES y del perito contador en dieciséis por ciento (16%), catorce por ciento (14%), catorce por ciento (14%), catorce por ciento (14%) y siete por ciento (7%), respectivamente, del monto total de condena, con más sus intereses; regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 327/328, fs. 319/324, 312/317 y fs. 361/367, en treinta por ciento (30%), veinticinco por ciento (25%), veinticinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento (25%), respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Néstor M. Rodíguez Brunengo	Diana Regina Cañal	Juez de Cámara	Juez de Cámara Ante mi:	Leonardo G. Bloise	Secretario