Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-02-12


Río Gallegos,	12	de abril de 2010.- Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados: "ORTIZ ESTEBAN FERNAN-DO Y OTRO c/ EMPRESA DIDIER GARCÍA ASOCIADOS s/ LABORAL", Expte. Nº O-575/91 (O-1.574/07-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y CONSIDERANDO:

I.- Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, para dar tratamiento al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 1562/1596, contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1556/1558; sustentando la recurrente que en el decisorio cuestionado se ha: ".incurrido en la violación de la ley. y que ello hace procedente el Recurso de Casación que se interpone, con arreglo al art. 3º inc. a) -Sección 6ta., Capítulo IV- Recursos ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia (conf. art. 5º ley 1.687)... Fundamentando también este Recurso de Casación, califico, respetuosamente, de arbitraria la Sentencia de la Excma. Cámara por no ser derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias demandadas, contestadas y comprobadas de la causa, y corresponder consecuentemente, su descalificación como acto jurisdiccional en todas sus partes ." (confr. fs. 1590 vta.).- Que a fs. 1598/1599 la Excma. Cámara se pronuncia favorablemente acerca de la admisibilidad formal del recurso interpuesto, y a fs. 1613 y vta. este Alto Cuerpo lo declara bien concedido. Puestos los autos a disposición de las partes a los fines del artículo 8° de la Ley 1687, ninguna de las partes ha hecho uso de tal derecho, conforme surge de la certificación actuarial de fs. 1616.- II.- La materia que nos ocupa, se suscita en el trámite de una ejecución de sentencia dictada en juicio laboral en el cual, encontrándose firme la sentencia dictada sobre el fondo de la cuestión y aprobada la liquidación practicada a fs. 1376/1376 vta. (confr. fs. 1377 vta.), la parte actora el 4 de octubre de 1999 solicita a fs. 1378 intimación a la demandada para que deposite los montos de condena, notificación diligenciada el 12 de octubre de 1999 (confr. fs. 1378 vta. y 1382 y vta.).- El 5 de diciembre de 2003, se presentan los actores con nuevo apoderado iniciando la ejecución de la sentencia (confr. fs. 1402/1416). Se embargan los fondos y se cita de remate a la demandada (confr. fs. 1417 y fs. 1435 y vta.), quien se presenta oponiendo excepción de pago fundada en que de modo extrajudicial, en las vísperas de la navidad de 1999, hizo efectivo el pago integro de las sumas de condena y que se le reclaman en estos autos (confr. fs. 1436/1451).- A fs. 1462 se dispuso la apertura a prueba de la defensa articulada por la demandada, consistente en el reconocimiento del contenido y firma de la documental agregada a fs. 1436/1440 y sobre cuyo resultado certifica la actuaria a fs. 1529.- A fs. 1533/1535, la Señora Juez de Primera Instancia decidió receptar favorablemente y de modo parcial ".la excepción de pago interpuesta por la parte demandada respecto de los coactores Raúl PARADA, Segundo ZARATE, Ramón LILLO y Eduardo TOBARES, desestimándola en lo relativo a Esteban ORTIZ." (confr. fs. 1535).- Contra la decisión asumida por la Señora Juez de Grado, los actores, por intermedio de su letrado apoderado, interpusieron recurso de apelación, agraviándose en la violación a lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo ".la norma... resulta de orden público en cuanto consagra la nulidad de todo pago efectuado en juicio laboral, que no se efectivice mediante depósito bancario en autos. Esta norma -sobra exponer- posee carácter tuitivo sobre los derechos del trabajador. Agravia entonces V.E. que, la Sra. Juez ignorara el carácter público de la norma laboral, prescindiera de la letra del art. 277 LCT." (confr. fs. 1538 vta./1539).- La Excma. Cámara, recepta de manera favorable los agravios de los actores y revoca la resolución de la Señora Juez de Grado, por considerar que los demandados han vulnerado el orden público laboral establecido en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (confr. fs. 1556 vta./1558).- Contra esa decisión, la parte demandada, interpone el recurso extraordinario provincial de casación que ahora nos ocupa, pretendiendo que se revoque el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones y se confirme el pronunciamiento emanado de la Señora Juez de Primera Instancia. Para alcanzar su finalidad argumenta que "...en este proceso de ejecución de sentencia ha quedado acreditado que con la sola excepción del Sr. Ortiz, los otros actores, ya sea a través de un reconocimiento expreso (Sr. TOBARES) o un reconocimiento tácito (Sres. PARADA y ZARATE), y mediante un reconocimiento a tenor de lo prescripto por el art. 1028 del C.C. (como es el caso del Sr. LILLO), han percibido en el año 1999 los importes del crédito que judicialmente se les reconociera en el principal... A pesar de ello la Excma. Cámara de apelaciones revoca el meduloso, consistente y fundamentado fallo de Primera Instancia, y de tal manera les abre a los actores la posibilidad de cobrar dos veces la misma deuda... Para ello la Excma. Cámara se funda casi en forma exclusiva en el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo..." (confr. fs. 1591). Y agrega que ".no desconoce ni desconocía lo prescripto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero de igual manera esta parte no desconoce que la Ley de Contrato de Trabajo es un conjunto de disposiciones, todas de igual jerarquía e importancia, y que el orden público establecido para la misma rige para todas y cada una de sus disposiciones y no solamente para las que tienden a proteger al integrante más débil de la relación laboral... Y entre esas otras disposiciones, que reitero también son de orden público, está el principio de la buena fe que se establece en el art. 63 de la norma que me ocupa." (confr. fs. 1591 y vta.). Dice asimismo: ".Los actores, lo reitero, inician la ejecución de la sentencia diciendo que nunca cobraron el crédito judicial que le reconocieran en la sentencia dictada en el principal, lo que bien sabemos que no era cierto. Dicho en otras palabras: se inicia la ejecución de Sentencia aduciendo que nunca han cobrado el crédito. Durante el trámite se demuestra que eso no es cierto y a pesar de ello la Cámara hace lugar a la ejecución mediante un argumento diferente: la nulidad del pago por no haberse efectuado un depósito judicial... En esa misma Sentencia de la Excma. Cámara se dice, y bien en este caso, que el fin del art. 277 de la Ley de Contrato de trabajo es tutelar a los trabajadores "garantizando" el cobro de los créditos que le fueran reconocidos judicialmente... Es decir que lo que la norma pretende es asegurarse que el trabajador perciba efectivamente el crédito que se le ha reconocido en un proceso judicial... Es decir que el fin de la norma es garantizar que el pago se concrete, y pone para el caso de que así no ocurra, la sanción de nulidad... Pero si el pago se concreta, cualquiera sea su medio, su función de garantizar ya se ha cumplido y por ello la sanción de nulidad no corresponde para ese caso." (confr. fs. 1591vta./1592). Expresa que ".La disposición del art. 277 no fue incumplida en el año 1999 cuando mi mandante abonara a los actores la condena que hoy se pretende ejecutar, y no fue incumplida porque el pago se concretó." (confr. fs. 1592), y ".Si el pago se produce, cualquiera sea el medio, y como es en este caso, la garantía se ha cumplido, y con ello ha desaparecido la posibilidad de la sanción de nulidad que también prescribe el art. 277... No resulta lógico ni legítimo ni deseable que el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo esté avalando que un trabajador pueda cometer un acto ilegítimo, como es cobrar dos veces el mismo crédito... No es ese el espíritu de la norma. La norma, lo digo una vez más, está para garantizar y si el hecho garantizado se cumple, no hay nulidad posible." (confr. fs. 1592 vta.). En ese sentido, estima que ".Si los actores hubiesen obrado de buena fe hubiesen dicho en el escrito de ejecución de sentencia que si bien habían recibido el pago, este era nulo y por lo tanto la ejecución viable... Pero no dijeron eso, dijeron que nunca habían cobrado y por ello esta parte interpuso la excepción de pago." (confr. fs. 1593), por tal razón considera que ".las disposiciones del art. 277 de la L.C.T. está para garantizar la efectiva concreción del pago y no para obligar a los jueces a dictar nulidades por la nulidad misma, se desprende del propio contenido de la Sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones que aquí estoy cuestionando." (confr. fs. cit.). Luego, señala que la Excma. Cámara se contradice al afirmar que la demandada pudo solicitar habilitación de feria a los efectos de concretar el pago en sede judicial, y dice que esa contradicción avala su postura referida a que ".el art. 277 habla solamente de depósito judicial y de giro librado por el Tribunal al actor, y que nada dice sobre la posibilidad de un pago en efectivo en sede judicial..." (confr. fs. 1593 vta.), de modo que ".esa forma de pago propuesta por la Excma. Cámara sería para los que entienden que el único pago no nulo es el mencionado en el primer párrafo de este artículo (depósito judicial), un pago tan nulo como el decretado por la Excma. Cámara sobre esas entregas que se efectivizaran en Diciembre de 1999, en el Estudio de los prestigiosos Dres. BIANCHI-FERNÁNDEZ, y con la presencia de los actores y del Dr. José Juan BIANCHI... Dicho en otros términos, si la Excma. Cámara nos dice que un pago en efectivo y en sede judicial no sería nulo, no entiendo porque lo sería si ese pago en efectivo se hubiera realizado en un estudio particular..." (confr. fs. cit. y 1594). Por último, solicita ".se deje sin efecto el pronunciamiento de fecha 12 de Marzo de 2007 dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Caleta Olivia, y de tal manera confirme la Sentencia de Primera Instancia de fecha 19 de Abril de 2006." (confr. fs. 1595 vta.). Hace reserva de caso federal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 48 y por considerar el recurrente que el decisorio en crisis ha conculcado sus garantías constitucionales de igualdad, propiedad, defensa en juicio, debido proceso y legalidad, consagradas en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional. Que, a fs. 1616 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien dictamina a fs. 1617/1618 en los siguientes términos: ".Del análisis efectuado de la presente acción he de manifestar que me encuentro en un todo de acuerdo con la sentencia dictada por la Excma. Cámara toda vez que la misma ha dado cumplimiento con lo articulado en el art. 277 de la LCT atento que se había violado el orden público laboral." (confr. fs. 1618), y que ".no corresponde hacer lugar al recurso de casación impetrado por la demandada, toda vez las mismas no han logrado conmover el decisorio dictado por la Excma. Cámara." (confr. fs. cit), y concluye afirmando que ".en el resolutorio impugnado no se ha violado la ley ni vulnerado el derecho de defensa conforme lo alegara el demandado, siendo opinión de esta Fiscalía que el Recurso de Casación interpuesto por la demandada no es procedente." (confr. fs. cit.).- II.- Que, conforme ha quedado planteada la cuestión descripta en el considerando anterior, el tratamiento del recurso extraordinario provincial de casación obrante a fs. 1562/1596, está encuadrado en el carril impugnativo establecido en el art. 3º inc. a) de la Ley Nº 1.687 -Recurso de Casación-, al estar directamente vinculado a un defecto de apreciación legal en relación a los hechos y pruebas de las causa, o error de subsunción, esto es, el recurrente ataca la actividad de juzgamiento de la Cámara "ad quem" en su tarea de subsunción de los hechos, en la correcta aplicación e interpretación de la regla contenida en el artículo 277 de la ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo.- Para ingresar en el tratamiento de la cuestión traída a esta instancia extraordinaria provincial, es menester hacerlo desde la conformación considerativa del interlocutorio en crisis, en el cual la Excma. Cámara de Apelaciones sostiene: ".Que de las actuaciones y pruebas cumplidas en autos y respecto al pago que denuncia el demandado haber efectuado a los actores, podemos decir que coincidimos con el dictamen del Fiscal de Cámara en cuanto a que hubo de violarse expresamente el orden público laboral. En tal sentido se ha sostenido, que éste participa de la modalidad propia y fundamental de orden público general: restringir el ámbito de la autonomía de la voluntad, su campo de acción (que se reduce a un sentido, no al otro, en el que resulta más beneficioso para el trabajador).Y también: '.la ineficacia del acto puede ser opuesta por el trabajador mismo, aunque haya intervenido en el negocio nulo, por haber sido violado el orden pùblico laboral, ello en virtud del carácter absoluto de la nulidad no pudiendo oponérsele al trabajador como defensa, el haber obrado con torpeza, ya que el derecho respecto del que negoció en términos desfavorables para él le era indispensable'... Que el art. 277 de la L.C.T. establece que todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario en autos a la orden del tribunal interviniente y giro judicial personal al titular del crédito o sus derechohabientes, aún en el supuesto de haber otorgado poder y todo pago realizado sin observar lo prescripto será nulo de pleno derecho." (confr. fs. 1556 vta./1557). Afirma asimismo ".Que el fin de dicha norma es tutelar a los trabajadores garantizando el cobro de sus créditos los cuales fueron obtenidos judicialmente, fundado en el principio constitucional contenido en el art. 14 bis de la Constitución Nacional llamado "principio protectorio" o "protector", que sirve de marco a una legislación derivada en la que predomina el orden público relativo (art. 12 LCT)... Que asimismo y respecto al aspecto procesal, a los fines de la procedencia de la excepción de pago en los términos del art. 99 de la ley 1.444, resulta de insoslayable aplicación el art. 277 de la L.C.T. evitándose de tal modo el fraude laboral y la norma no debe interpretarse como un mero recaudo formal, sino como la garantía del trabajador a la percepción íntegra, real y ajustada a derecho del monto de su crédito. Que de conformidad con lo expresado por el demanado en su presentación de fs. 1446/1451, en cuanto a que el pago extrajudicial fue realizado para favorecer a los actores a fines del año 1999 por pedido de éstos argumentando que ya había comenzado la feria judicial y otras razones respecto a disponibilidad del dinero del Banco de Santa Cruz, en razón a la naturaleza del crédito del que se trataba pudieron las partes peticionar la pertinente habilitación de feria y efectuarse la cancelación de la deuda en efectivo en sede judicial, y así entonces se hubiera cumplido con la finalidad de la norma supra aludida..." (confr. fs. 1557).- III.- Que, desde el particular cuadrante señalado en las consideraciones precedentes, no escapa a este Alto Cuerpo la problemática suscitada a través de la situación que se plantea, forjada, según la recurrente, en un desproporcionado encuadramiento de la normativa aplicable; toda vez que, por un lado emerge la concreta regla contenida en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo que regula el mecanismo a seguirse en el supuesto de pagos en juicios laborales, y por el otro las aseveraciones de la recurrente referidas a que los ejecutantes percibieron extrajudicialmente, y de manera íntegra, los montos de los créditos laborales resultantes de la condena recaída en autos, y que luego han sido objeto de reconocimiento por parte de la mayoría de los accionantes, aunque con particularidades distintas según se verá más adelante; razón por la que nada tienen que reclamar en este incidente de ejecución.- De tal suerte y en una aproximación vinculada a la cuestión de fondo, es dable señalar que el principio general que rige la materia está dado por la regla contenida en la primera parte del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que de manera expresa establece que en los juicios laborales todo pago deberá hacerse efectivo a través de un depósito bancario en una cuenta de autos, para que el titular del crédito o sus derechohabientes puedan percibir mediante giro judicial personal (confr. art. 277 LCT).- En este orden de ideas, enseña la doctrina que la norma referenciada tiene por finalidad garantizar a los trabajadores y sus derechohabientes, el cobro de los créditos obtenidos judicialmente, dado que se trata de norma moralizante que tiende a la protección del trabajador (confr. Vazquez Vialard, Antonio - Ojeda, Raúl Horacio "Ley de Contrato de Trabajo comentada y concordada", Tº III, com. Art. 277, pág. 648 nº 1). En igual sentido, se ha sostenido que la circunstancia por la que se incurre en detalles tan concretos al regular específicamente esta forma de pago, denota la preocupación del legislador en garantizar la efectiva percepción por parte del reclamante de las acreencias que le fueron reconocidas en sede judicial. Sin embargo, por razones de celeridad y a modo de excepción, se admite la concreción de pagos en forma directa en sede judicial y con presencia del Secretario o funcionario designado al efecto, aclarándose que sobre esta circunstancia existen opiniones discrepantes porque contradice el texto de la norma (confr. Akerman, Mario E. "Tratado de derecho del trabajo" Tomo IV - La relación individual de trabajo III - pág. 582 y 583). De tal modo, la protección está dirigida a resguardar los intereses del trabajador de no verse vulnerado en su crédito laboral, obtenido en el marco de un proceso judicial, sea por sentencia firme o acuerdo homologado. Y en el mismo sentido se ha sostenido que ".El art 277 LCT apunta a la protección del trabajador en un conflicto individual de derecho." (confr. CNTRAB SALA IV SENT. INT. 36491 del 31/5/99 "UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTRO C/ BESKA S.A. S/ homologación", elDial - AL3D7).- En el especial caso que nos ocupa, el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara sigue el sendero establecido en el artículo 277, marcado por la jurisprudencia y explicitado por la doctrina. Contra ello, se alza la recurrente en el entendimiento que el pedido de ejecución que los actores pretenden no se ajusta a la realidad fáctica; toda vez que al afirmar los ejecutantes que no han percibido suma alguna por los montos de condena, faltan a la verdad, en la medida que han percibido completamente sus créditos, circunstancia que ha quedado acreditada con los reconocimientos proclamados en autos, salvo el particular caso del actor Esteban Fernando Ortíz. En efecto, nótese que según surge de la constancia obrante a fs. 1516, el señor Eduardo Tobares reconoce expresamente el contenido y la firma del documento que le fue exhibido y da cuenta de haber percibido extrajudicialmente el crédito laboral cuya ejecución se pretende, poniendo de manifiesto que el cobro de su acreencia ocurrió en el mes de diciembre de 1999. En cuanto a los actores Alberto Raúl Parada y Segundo René Zárate, no habiendo comparecido al acto de reconocimiento, se hizo efectivo el apercibimiento de ley y se tuvo reconocidas sus firmas y el contenido de los instrumentos respectivos (confr. fs. 1494 y 1497, respectivamente). Ramón Lillo comparece al acto de reconocimiento (confr. fs. 1498) y manifiesta que reconoce la firma ínserta en el documento que se le exhibió pero no su contenido y expresamente dice que nunca cobró un solo peso. El caso de Ortíz, tiene la peculiaridad de haberse extraviado el documento a reconocerse en ocasión de practicarse la diligencia llevada a cabo en extraña jurisdicción, lo que motivó el desistimiento de la prueba a su respecto (confr. fs. 1528).- IV.- Que, como principio o regla general que rige la materia de pagos a efectivizarse en procesos judiciales laborales, indudablemente la norma contenida en la primera parte del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo es clara y precisa: deben hacerse efectivos a través de un depósito judicial en la cuenta de autos de la cual el trabajador -acreedor- podrá extraer los fondos por medio de un giro ordenado por el juez de la causa. Tal es el principio y su carácter de orden público lo torna obligatorio. Sin embargo esa regla no es inflexible, sino que admite la contemplación de ciertas excepciones.- En este sentido, se ha sostenido que "El art. 277 de la LCT es una norma protectoria en tanto dispone que el pago en juicio al trabajador se realice mediante depósito y giro judicial personal a su orden. Tal disposición no debe llevar a una aplicación rigurosa y literal que descarte toda posibilidad de detenerse en circunstancias muy particulares que puedan constituir una excepción solo a la regla que impone el giro judicial para ser cobrado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. En tal supuesto tampoco se debe olvidar la finalidad tuitiva de la citada norma, lo que autoriza a adoptar los recaudos tendientes a viabilizar el efectivo cobro por parte del trabajador. (En el caso, el trabajador estaba domiciliado en Miami, motivo por el cual se ordenó un giro a su orden en un Banco de aquella ciudad por el mismo elegido)" (confr. CNTRAB Sala VII Sent. Int. 18920 del 20/10/1997 "Barrionuevo, Jorge C/ Silvana IC Y F SA S/ despido", Citar: elDial - AL2BF).- Otra excepción ha sido señalada por la jurisprudencia al sostener que "Si bien el art. 277 de la LCT establece una virtual prohibición respecto de la facultad del trabajador de apoderar a un tercero para que perciba sus créditos laborales, el tribunal podrá ordenar que el pago se efectúe al apoderado, mediante resolución fundada, si mediaran situaciones que tornan imposible o gravoso el cumplimiento de la ley, como en aquellos casos de incapacidad física, servicio militar en lugares apartados del país, privación de la libertad que no implique inhabilitación para recibir pagos, domicilio del trabajador, radicación definitiva o provisoria en el extranjero etc." (confr. CNTRAB Sala III Sent. 76450 del 30/04/1998, "López, Juan C/ Astilleros Alianza S.A. S/ accidente ley 9688", Citar: elDial - AL2C0).- En definitiva, y como bien lo señala la doctrina aplicable, el principio rector que rige en el artículo 277 está orientado a la protección del trabajador, para que éste alcance a percibir íntegramente el crédito nacido en el marco de una sentencia judicial firme o de un acuerdo entre las partes que fuera homologado en sede judicial. Inclusive, aunque también discutida, la solución de excepción también puede hallarse en la posibilidad de hacer efectivo el pago en sede judicial.- En este orden de ideas, el especial caso que nos ocupa también puede encontrarse dentro del marco de excepción que confirme la regla del artículo 277 de la LCT. En primer lugar, los pagos que el demandado dice haber efectivizado extrajudicialmente, han sido reconocidos por la mayoría de los actores ejecutantes, salvo el particular caso del señor Esteban Fernando Ortiz ya desarrollado adecuadamente por la Juez de primera instancia. A mayor abundamiento, y contrariamente a lo sostenido en el decisorio recurrido, las manifestaciones expresamente vertidas por el co-actor Tobares no deben ser desatendidas, ni soslayadas; porque ello implica restarle credibilidad a un acto propio del ejecutante que se ha originado en su libre albedrío. Máxime cuando de sus propias palabras se extraen concordancias con los relatos efectuados por la ejecutada que al oponer su excepción, explica la época del pago y las razones que llevaron a hacerlo efectivo. Luego ninguna nulidad podría proclamarse cuando la finalidad de la norma ha sido alcanzada; esto es, que el trabajador obtenga íntegramente el monto de la condena. Porque, ¿cuál sería el vicio que se alegue? Que no se han respetado las formas; sin embargo esas formas están diseñadas para proteger al trabajador, titular de un crédito laboral obtenido en sede judicial, a los fines que perciba exactamente lo que se le debe, y en el caso de autos ninguna duda cabe que todos los ejecutantes lo han obtenido y tal acreditación surge de los reconocimientos obtenidos en el expediente de ejecución. Claro, el caso del señor Ortiz queda fuera del alcance de estas consideraciones debido a que no se logró a su respecto concretar reconocimiento alguno al haberse extraviado el documento original que iba dirigido a extraña jurisdicción para la celebración de tal acto y, por lo tanto, resulta plausible el razonamiento de la Señora Juez de primera instancia a tal respecto.- La norma contenida en la primera parte del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo tutela los derechos del trabajador, y esa garantía o protección no se aparta de los principios rectores del derecho laboral. En efecto, es principio rector que al celebrar, ejecutar o extinguir una relación de trabajo, tanto el empleador como el trabajador deben obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador (confr. art. 63 de la LCT).- Por otra parte, la solución que emerge del decisorio en crisis, relativa a que si la ejecutada se consideraba con derecho puede ".ocurrir por la vía pertinente." (confr. fs. 1557 vta.), podría ocasionar una desvirtuación de los derechos adquiridos por los trabajadores en este proceso, habida cuenta que a la luz de los reconocimientos formulados, el crédito cuya protección tutela el artículo 277 de la ley laboral, quedaría expuesto a las vicisitudes de quien recibió de mala fe y debe, en su consecuencia, la cantidad de la cosa con más los intereses o frutos que ella hubiere producido, al poder presumirse la calidad de poseedor de mala fe (art. 788 del Código Civil). Y además ello implicaría, alargar inútilmente una contienda judicial entre las partes, propendiendo a un dispendio jurisdiccional innecesario, que bien puede quedar definitivamente clausurado si en sede judicial se aplica razonable y prudentemente el criterio de cerciorarse que el crédito del trabajador, en este caso en particular, ha sido adecuada y debidamente tutelado como manda la regla del artículo 277 de la ley laboral. Circunstancia que a criterio de este Alto Cuerpo ha acontecido, en el marco del procedimiento llevado a cabo en la primera instancia.- En virtud de lo expuesto, considera este Tribunal que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 1562/1596, y en consecuencia, casar la sentencia interlocutoria de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1556/1558, revocándola en todas sus partes, ello por aplicación del artículo 3° inciso a) de la ley 1.687 conjugado con el artículo 14, primer párrafo, de la citada ley. Confirmar la resolución interlocutoria dictada en primera instancia a fs. 1533/1535, con costas por su orden, atento las particularidades del caso (art. 68, segunda parte, del CPC y C), difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta que exista en autos regulación de los mismos en las instancias inferiores.- Por lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE:

1º) Hacer lugar al recurso de Casación interpuesto por la parte demandada a fs. 1562/1596 y en consecuencia, casar la sentencia interlocutoria de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1556/1558, revocándola en todas sus partes, y confirmar el interlocutorio de primera instancia dictado a fs. 1533/1535, con costas por su orden.- 2º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto los mismos sean regulados en las anteriores instancias.- 3º) Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvase.- La presente sentencia se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en razón de haberse excusado el Dr. Enrique Osvaldo Peretti y de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27° de la Ley Uno, t.o. Ley N° 1.600 y modificatorias).-