Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-09


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Pro-vincia del Chubut, a los días del mes de marzo del año dos mil diez, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circuns-cripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia del Dr. Julio Antonio Alexandre y asistencia de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "SUCESORES de E. M. P. c/ H., G. E. s/ SUMARIO (Daños y Perjuicios)", expte. nro. 135/09, venidos del Juzgado Letrado de Pri-mera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (expte. nro. 1111/05), y atento el resultado del sorteo esta-blecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Ci-vil y Comercial (fs. 450) y auto de fs. 453/454, co-rrespondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y Dr. Julio Antonio Alexan-dre.

Acto seguido se resolvió plantear y vo-tar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 390/396vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?	A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado y los recursos.

1.a. El juez de grado rechazó la excep-ción de prescripción interpuesta por la codemandada T. P. SRL contra el progreso de la acción, hizo lugar par-cialmente a la demanda de daños y perjuicios interpues-ta por la Sra. E. M. P. y continuada por sus sucesores, condenando a los codemandados G. E. H. y P. A. SRL, so-lidariamente, al pago de la suma de pesos diecinueve mil seiscientos ochenta con más los intereses; hizo ex-tensiva la condena a la aseguradora M. R. S. T. P. con los alcances señalados, impuso las costas a la demanda-da vencida y reguló los honorarios profesionales.

1.b. La codemandada P. A. SRL interpuso recurso de apelación a fs. 404, la citada en garantía a fs. 405 y los Dres. D. R. D. G. y A. E. G., por su pro-pio derecho contra la regulación de honorarios fs. 406 por bajos; todos fueron concedidos a fs. 408.

1.c. Los agravios de P. A. SRL.

La mencionada parte ha expresado un agravio sustancial que se vincula al rechazo de la ex-cepción de prescripción opuesta al progreso de la ac-ción interpuesta. Dos son los fundamentos en los que basa su impugnación: la vulneración al principio de congruencia y la incorrección del encuadre que el juez ha dado a la responsabilidad.

Concretamente sostiene que corresponde aplicar al caso la previsión del artículo 855 del Códi-go de Comercio -plazo de prescripción de un año- y que consecuentemente la acción está prescripta.

En esta línea argumental resiste el en-cuadre de la responsabilidad dentro del ámbito extra-contractual e insiste en que estamos ante un supuesto de responsabilidad contractual.

En forma subsidiaria, impugna la cuanti-ficación de las siguientes partidas: gastos médicos, daño material y daño moral.

Pide la revocación del fallo en lo que ha sido materia de agravio y hace reserva del caso fe-deral.

1.d. Los agravios de la citada en garan-tía.

La citada en garantía se agravia porque lo resuelto implica desconocer la oponibilidad al dam-nificado de la franquicia como límite de la cobertura. Cita la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es contraria a lo resuelto por el plenario de las Cámaras Nacionales Civiles de Capital Federal en el que se ha fundado la resolución impugnada.

Además, impugna el "encuadre de los ru-bros indemnizables" que realiza el juez, sosteniendo que incurre en un error sustancial "al diseccionar ru-bros" y tratarlos en forma independiente. Agrega que no se han exteriorizado las bases para determinar los mon-tos.

Pide, en definitiva, la revocación del fallo en lo que ha sido materia de agravio.

1.e. La parte actora, a 440/447, contes-ta el traslado de ambos memoriales, solicitando la con-firmación del fallo en lo que ha sido materia de agra-vio.

2. Tratamiento de los agravios.

2.a. Por una cuestión metodológica daré tratamiento, en primer lugar, al recurso de la codeman-dada T. P. SRL que, conforme resulta de la reseña efec-tuada, ha sometido a revisión el rechazo de la excep-ción de prescripción y subsidiariamente la cuantifica-ción del daño.

- La prescripción de la acción.

Conforme resulta de la reseña efectua-da, el agravio por el rechazo a la defensa de prescrip-ción se funda en dos extremos: violación del principio de congruencia y contradicción en el encuadre de la re-lación sustancial y, en ese orden, serán tratados.

La recurrente endilga al juez la vulne-ración del principio de congruencia con base en el en-cuadre jurídico que éste ha realizado de la relación jurídica que da sustento al reclamo resarcitorio.

La descalificación propuesta no puede prosperar porque el magistrado no ha soslayado los hechos que fueron fijados por las partes en sus escri-tos de demanda y contestación; por el contrario se ha circunscripto a estos.

La recurrente cuestiona la subsunción del asunto litigioso en la norma y tal tarea integra el elenco de poderes deberes que la ley confiere a los ma-gistrados para el ejercicio de la función jurisdiccio-nal. Es el juez quien aplica el derecho que cree justo sin estar atado por los errores de planteo o alegación jurídica de los litigantes. Así, aunque las partes no invoquen preceptos en sustento de su reclamo, o lo hagan de manera equivocada, al juez incumbe calificar jurídicamente el conflicto de intereses llevado a jui-cio y determinar la norma que rige en la emergencia; regla que se enuncia con el aforismo iura novit curia.

Tiene dicho el Superior Tribunal de Jus-ticia de nuestra provincia que: "el principio de con-gruencia no rige respecto de las normas legales" y ello "es consecuencia de que en nuestro sistema, el juez las debe aplicar de oficio, y por lo tanto su invocación por las partes no constituye un presupuesto procesal" (STJ, 07-03-1995, en autos "C., N. H. en autos: B. S. S.A. c-C., N. H. s-Juicio Ejecutivo" s/ Incidente de Nulidad", elDial - AS6B3).

Con base en lo expuesto se rechaza el primer tramo del agravio y corresponde adentrarse en la impugnación siguiente, es decir en el encuadre jurídico del caso en el marco de la responsabilidad extracon-tractual.

Con habilidad, los recurrentes transcri-ben un párrafo confusamente redactado de la sentencia para tacharla de contradictoria; sin embargo se desen-tienden de los restantes fundamentos que integran la motivación del fallo y han quedado sin refutación con-creta.	Es que en el fallo se sostiene -con cita doctrinaria y jurisprudencial- que la responsabilidad que contrae el transportador por el daño que sufran sus pasajeros durante el transporte tiene su razón de ser en un deber preexistente al propio convenio celebrado entre las partes. De esta premisa infiere que se ha violado el deber genérico de no dañar a otro y conside-ra que el caso encuadra dentro del marco de la respon-sabilidad extracontractual aplicando en consecuencia el plazo de prescripción de dos años previsto por el artí-culo 4037 del Código Civil. Por ello, concluye, no se encuentra prescripta la acción, ya que el hecho dañoso acaeció el día 23 de diciembre de 2003 y la demanda fue interpuesta el 16 de setiembre de 2005.

Insisto que este argumento ha quedado sin crítica concreta y razonada de modo tal que ésta sola circunstancia determina el rechazo del agravio por razones formales.

Señalo, además, que la recta aplicación de normas preeminentes de nuestro ordenamiento avalan el rechazo de la pretensión del recurrente de aplicar al supuesto de hecho debatido el plazo de prescripción de un año previsto por el Código de Comercio.

Repárese que, en el caso estamos frente a un evento derivado de la ejecución del contrato de transporte, en el que se han producido daños a la inte-gridad física o a la salud de las personas; de modo que los destinatarios como usuarios del servicio que son, gozan de la tutela que les confiere el artículo 42 de la Constitución de la Nación en la que insertó en esa cláusula la protección de la salud.

Por lo tanto y dado que como ha dicho el Superior Tribunal de Justicia en el fallo citado: "... en lo referente a la sustentación jurídica, el magis-trado puede aplicar sin petición de parte, la norma adecuada al caso, en la segunda instancia también podrá seleccionar otro dispositivo legal, o suministrarle un alcance diverso del otorgado en los escritos iniciales del pleito", no puedo dejar de señalar que el vínculo jurídico entre el porteador y el usuario constituye una relación de consumo -art. 3° de la ley 24240 modificado por la ley 26361-.

Esta categorización tiene concreta inci-dencia en la cuestión debatida porque excluye toda po-sibilidad de aplicar el plazo de prescripción de un año contemplado en el artículo 855 del Código del Comercio y traslada la cuestión al ámbito del artículo 50 de la ley 24240 que establece un plazo trienal de prescrip-ción.

En definitiva, concluyo que la acción no está prescripta.

- La cuantificación de la partida de gastos.

El recurrente impugna únicamente la cuantificación de la partida de gastos. Ello con base en no haber dado fundamento alguno el juez de grado pa-ra elevar el monto que la parte solicitó al promover la demanda. Así puntualiza que se reclamaron dos mil pesos y sin justificación alguna se elevó dicha suma a pesos cinco mil.

La lectura del fallo demuestra que asis-te razón al apelante.

El juez de grado previo señalar que no obsta a la procedencia del reclamo el hecho de no acom-pañarse el recibo de las erogaciones, solo agrega "me parece ajustado a la equidad" determinarlo en la suma de pesos cinco mil.

Este razonamiento del juzgador no se compadece con las constancias de la causa. Es que si bien la actora sujetó el reclamo a lo que en más o en menos resultará de la prueba a producirse, en la etapa pertinente ninguna prueba produjo en tal sentido. Esta realidad del proceso en modo alguno autoriza la eleva-ción del monto de condena en el modo propuesto por el juez.

La índole de las lesiones sufridas por la actora, descriptas por el informe pericial de fs. 350/351, lo informado en el punto 5 del mismo y la fal-ta de pruebas en orden a gastos médicos realizados con posterioridad a la atención recibida en el hospital pú-blico son todos extremos que surgen de las constancias de autos que demuestran que la cuantificación efectuada por el juez de grado encuentra sustento en su exclusivo arbitrio.

Por las razones dadas se recepta el agravio y se tasa el daño correspondiente a esta parti-da en la suma de pesos dos mil. Ello conforme lo recla-mado al promover la demanda por la parte actora y no objetado al fundar el agravio.	- La cuantificación del daño material.

Los argumentos en los que se funda la impugnación carecen de entidad suficiente para modifi-car lo resuelto. En efecto, se sostiene que el único argumento dado por el juez de grado para cuantificar el daño es la referencia al informe pericial que estimó una incapacidad equivalente al 10% de la total obrera.

En realidad, más allá de la escueta mo-tivación del fallo lo cierto es que no es dable minimi-zar la entidad de las lesiones y ello se ha logrado a través de la referencia al porcentaje de incapacidad informado por el perito. Pero, además, ha referido a otros extremos fácticos para sustentar la tasación. Es-tos son: la edad de la víctima y las actividades por ella realizadas.

Huelga señalar que estos extremos son relevantes en orden a la cuestión debatida. Es que hace ya más de dos décadas, en las "Jornadas sobre Temas de Responsabilidad Civil en Casos de Muerte o Lesión de Personas celebradas en Rosario en 1979" se recomendó que para la fijación del resarcimiento debe tenerse en cuenta la persona humana con su multiforme actividad; debiendo computarse y repararse económicamente toda le-sión sufrida, ya sea en sus facultades culturales, ar-tísticas, deportivas, comunitarias, religiosas, sexua-les. Aída Kemelmajer de Carlucci invoca esta recomenda-ción para sostener que es ese el criterio, prevalecien-te en la actualidad, ya que la postura doctrinaria que sólo las incapacidades que disminuyen la aptitud pro-ductiva son indemnizables como daño material ha perdido su antigua importancia ("Código Civil y leyes comple-mentarias. Anotado, Comentado y Concordado", Director Augusto C. Belluscio, Tomo 5, ed. Astrea., Bs. As. 1984; comentario de la autora al artículo 1086, & 13, p. 219/220).

Esta concepción integral es la que, en definitiva y más allá de la débil argumentación exte-riorizada, adopta el fallo y la que habilita su confir-mación.

- La cuantificación del daño moral.

La impugnación al monto otorgado por da-ño moral no alcanza a constituir crítica concreta y ra-zonada. Se endilga al fallo falta de motivación y se agrega que ese extremo determina que la resolución sea nula de nulidad absoluta y como tal descalificada.

Ahora bien, el argumento es meramente dogmático no se ha demostrado cómo el vicio que se de-nuncia, concurre en la especie. Por lo demás al cotejar el contenido del agravio con el fallo no se advierte su configuración.

Es que, en la sentencia, se han exterio-rizado las bases lógicas y jurídicas sobre las que el juez ha sentado su estimación y ello se ha cumplido en la especie. El juez de grado ha referido concretamente a las situaciones de hechos que han generado una situa-ción disvaliosa del espíritu. Tales extremos objetivos son las que ha tenido en cuenta para estimar el daño y tasarlo. Estas bases lógicas y jurídicas no han sido impugnadas, ergo debe ser rechazado el agravio.

Repárese que ni siquiera se considera elevada la cuantificación. No obstante ello señalo que la suma fijada por este concepto (pesos tres mil) no resulta arbitraria por exceso ni apartada de los hechos probados de la causa.

En orden al primer aspecto reseñado destaco que no comporta un cambio de vida para la víc-tima o su familia. Es decir, no es fuente de enriqueci-miento.

En relación al segundo, a los fundamen-tos de la sentencia de primera instancia agrego que se ha acreditado la entidad de la lesión a la integridad física; los dolores que produjo, las constantes moles-tias que generó, la lenta recuperación; en definitiva hechos que autorizarían una revisión en más no en me-nos.

Por los motivos expuestos, propugno el acogimiento parcial del recurso y la consecuente modi-ficación del monto de condena el que, con base en lo expuesto, queda fijado en la suma de pesos dieciséis mil seiscientos ochenta; obviamente con más los intere-ses fijados que no fueron motivo de impugnación.

2.b. El recurso de la citada en garantía nos remite al examen de la oponibilidad de la franqui-cia.

El juez de grado resuelve que no es opo-nible la franquicia; el único fundamento de la decisión es la remisión a lo resuelto en la sentencia definitiva n° 12/2007 en la que se invoca lo resuelto en las cau-sas "O., M. P. c/ M. N. S.A. y otro s/ Daños y Perjui-cios (Acc. Trans. c/ Les. O muerte) s/ sumario" y "Gau-na, Agustín, c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otros s/ daños y perjuicios", plenario de las Cámaras Nacionales Civiles, 12/12/2006.

El mentado fallo de esta Sala, con dis-tinta integración -Dras. Reynoso de Roberts y Melero y Dr. Sanca- fue dictado con la disidencia en este punto de la vocal mencionada en primer término el día 12 de marzo de 2007. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el día 4 de marzo de 2008, en la causa "G. 327. XLIII. RECURSO DE HECHO - "Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Ge-nerales y otro", el día 04/03/2008, declaró formalmente admisible el recurso extraordinario, revocó la decisión apelada y determinó que corresponde admitir que la franquicia prevista en el contrato de seguro celebrado entre la compañía de seguros y el asegurado es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora, sino en los límites de la contratación (cf. art. 16, segunda parte, ley 48)- cf. elDial - AA4587-).

Interesa destacar que en dicho fallo se remitió a anteriores precedentes; concretamente sostuvo que los agravios del recurrente remiten al examen de cuestiones sustancialmente análogas a las examinadas por el Tribunal en Fallos: 329:3054 y 3488, y en las causas C.724.XLI, "C., P. D. c/ L., P. A. (Fallo en ex-tenso: elDial - AA3F79)"; O.166.XLIII, "O., M. P. c/ M. N. S.A. y otro s/ daños y perjuicios" (Fallo en exten-so: elDial - AA3A6C) y V.389.XLIII "V., D. A. c/ F., A. A.", falladas el 7 de agosto de 2007 y en la fecha, respectivamente, cuyas consideraciones se dieron por reproducidas. Esta cita demuestra una doctrina consoli-dada en sentido opuesto al decidido por el juez de gra-do.

Así, en la citada causa C.724, fallada el 07/08/2007, previo señalar que los agravios de la recurrente remiten al examen de cuestiones sustancial-mente análogas a las resueltas por el Tribunal en las causas N.312.XXXIX "N. N. V. c/ L. C. S.A. y otros" (Fallo en extenso: elDial - AA3900) y otros y "V. 482. XL. RECURSO DE HECHO - "V., D. A. c/ F., A. A. y otros" - CSJN - 29/08/2006" (Fallo en extenso: elDial - AA3902), falladas el 8 y 29 de agosto de 2006. Pero además el Dr. Lorenzetti, -por su voto- razonó del si-guiente modo:

- La Ley Nacional de Tránsito es la que impone la necesidad de un seguro obligatorio de respon-sabilidad civil frente a terceros por los eventuales daños que pudiera ocasionar el dueño o guardián del au-tomóvil, y, asimismo, dispone que su contratación debe realizarse de acuerdo a las condiciones que fije la Su-perintendencia de Seguros de la Nación, en tanto esti-pula que todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no (art. 68, ley 24449)	- Dentro de este régimen, y atento a la delegación efectuada por la referida ley, la Superin-tendencia de Seguros de la Nación dictó el reglamento mediante la resolución 25.429/97, estableciendo que to-do contrato de seguro que cubra la responsabilidad ci-vil de vehículos destinados a transporte público de pa-sajeros, debe ser realizado de acuerdo a lo dispuesto en la misma, que impone que el asegurado participará en cada acontecimiento cubierto que se tramite por la vía administrativa o judicial con un importe obligatorio a su cargo de $40.000" (art. 4, anexo II de la citada re-solución).

- En consecuencia, la franquicia está legalmente prevista y opera como un límite consistente en una fracción del riesgo no cubierta por la cual el asegurado debe participar en cada acontecimiento dañoso cubierto por la póliza con un importe obligatorio de $40.000.

- En el caso del seguro, la limitación del riesgo y la franquicia son razonables porque nadie dispondría de un capital para asegurar si no conoce cuál es la responsabilidad que asume. El aseguramiento se fundamenta en el cálculo de probabilidades, exigien-do un estudio estadístico de cuántos accidentes ocu-rren, cómo incide ello en la cantidad de personas que sienten suficiente temor al riesgo como para pagar por su cobertura, y si el monto de las indemnizaciones que se abonarán se puede difundir razonablemente entre los que pagan, pero no causan daño. Si se dan estos elemen-tos, la actividad es posible, pero si, en cambio, esas variables se vuelven inciertas porque se cambian cons-tantemente, disminuirá el aseguramiento, y la responsa-bilidad civil será cada vez más declarativa.

- En el referido contexto, en tanto la condena contra el responsable civil será ejecutable en la medida del seguro (art. 118, apartado tercero, de la ley 17418), y existiendo la cláusula de la franquicia pactada contractualmente entre la compañía y el asegu-rado por la cual pone un límite al riesgo cubierto de acuerdo a la normativa legal prevista, ello conduce a concluir que el descubierto obligatorio es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación.

- En virtud de lo expuesto, existe una regla de derecho que establece con precisión la exis-tencia de una franquicia.

- En tales condiciones el juez debe aplicar la norma, excepto que considere que es incons-titucional, lo que no ocurre en el caso.

- El contrato y la propiedad tienen pro-tección constitucional en el derecho argentino y, en consecuencia, toda limitación que se disponga es de in-terpretación restrictiva. Esta tutela comprende tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la auto-nomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho (art. 19 del la Constitución Nacional), como la de con-figurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer una industria lícita (art. 14 de la Constitución Nacional) y de la libertad económica dentro de las relaciones de competencia (art. 43 Cons-titución Nacional). La libertad de contratar, de compe-tir y de configurar el contenido de un contrato, cons-tituyen una posición jurídica que esta Corte debe pro-teger como tribunal de las garantías constitucionales.

Con base en estas consideraciones emana-das del Máximo Tribunal de la Nación y teniendo presen-te que la citada en garantía, desde su primera presen-tación, ha planteado el límite de la franquicia en los términos que resultan de las normas dictadas por la Su-perintendencia de Seguros, es que corresponde el acogi-miento del agravio.

Es pertinente recordar que en reciente fallo, la propia Corte se ha pronunciado sobre la obli-gatoriedad de sus fallos, ello en los términos que se siguen: "que si bien la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (Fallos: 25:364). De esa doctrina, y de la de Fallos: 212:51, 160 y 307:1094, emana la consecuen-cia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores -inclusive los Superiores Tribu-nales locales- que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen mo-dificar la posición sentada por el Máximo Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional" (CSJN - 23/06/2009 "Laboratorios Raffo SA c/ Municipalidad de Córdoba"; elDial - AA5421).

Por estas razones, propongo revocar el punto 4 de la sentencia de primera instancia obrante a fs. 390/396vta. y hacer extensiva la condena a la ase-guradora M. R. D. S. d. Transportes Públicos de Pasaje-ros, quien responderá en la medida del seguro (cf. art. 118 apartado tercero de la ley 17418).

Respecto al segundo agravio de la citada en garantía, dado que su contenido se vincula a la cuantificación de los montos, me remito a las conside-raciones ya efectuadas al tratar los agravios de la co-demandada P. A. SRL.

Agregó que la recurrente, en ningún mo-mento sostiene que la suma fijada sea excesiva y vulne-re, por lo tanto, su derecho de propiedad, solo se que-ja de la técnica empleada por el juzgador. Por ello, destaco que más allá de las observaciones que pueda me-recer el razonamiento del juez no se verifica que la exégesis parcializada de las partidas que integran el daño material haya conducido a un resultado irrazona-ble. Se rechaza, en consecuencia, el agravio.

2.c. La modificación de los montos de condena que he propuesto se proyecta en la regulación de los honorarios de primera instancia como lo prevé el artículo 282 (ex 279) del ritual. Es por ello que se declara abstracto el tratamiento del recurso interpues-to, por propio derechos, por los letrados de la parte actora.	3. Costas y honorarios.

Se mantiene la imposición de costas de la primera instancia a los demandados. Las costas de esta instancia se aplican también a los demandados puesto que más allá de algunas de sus defensas hayan prosperado, en lo sustancial resultan perdidosos.

Los honorarios de primera instancia de conformidad con las pautas generales contenidas en el artículo 5, 6,7 y 8 de la ley arancelaria se establecen en las sumas de siete mil pesos para los Dres. D. R. D. G. y A. E. G., cinco mil quinientos pesos para los Dres. L. F. M. y P. J. F. y cinco mil quinientos pesos para el Dr. M. H. P. D..

Los de esta instancia aplicando las pau-tas legales y las escalas específicas del artículo 13 se establecen en dos mil cien pesos para los Dres. D. R. D. G. y A. E. G., mil seiscientos cincuenta pesos para los Dres. L. F. M. y P. J. F. y mil seiscientos cincuenta pesos para el Dr. M. H. P. D..

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 404 por P. A. SRL.

2) Revocar parcialmente el punto 2° de la parte resolutiva de la sentencia de primera instan-cia obrante a fs. 390/396 vta., modificando el monto de condena, el que se fija en la suma de pesos dieciséis mil seiscientos ochenta.

3) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, a fs. 405 por la citada en garantía M. R. S. T. P..

4) Revocar el punto 4° de la parte reso-lutiva de la sentencia de fs. 390/396vta. y, en conse-cuencia, hacer extensiva la condena a la aseguradora M. R. S. T. P. P., quien responderá en la medida del segu-ro.

5) Declarar abstracto el tratamiento del recurso interpuesto a fs. 406 por los Dres. D. R. D. G. y A. E. G. por propio derecho.

6) Revocar las regulaciones de honora-rios contenidas en el punto 5 de la parte resolutiva de la sentencia. Fijar los honorarios de conformidad con lo señalado en el considerando respectivo.

7) Costas de esta instancia a la deman-dada vencida.

8) Regular los honorarios de esta ins-tancia en la forma propuesta.

9) Tener presentes las reservas del caso federal efectuada a fs. 432 y las efectuadas a fs. 438.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que quien me precede en el sorteo de la presente causa prologa su intervención analizando la procedencia formal de los recursos interpuestos y en breve y ajustada síntesis da cuenta de su contenido, razón por la cual, adhiriendo a tales conceptos, consi-dero disvaliosa su mera reiteración, lo que autoriza a entrar de lleno a las consideraciones de cada una de las cuestiones traídas en revisión y siguiendo el orden propuesto en el primer voto.

En cuanto a la desestimación de la ex-cepción de prescripción opuesta al inicio a fs. 80vta., p. I, y contestada a fs. 101/104vta., mereció conside-raciones por parte del a quo, con suficiente amplitud argumental, parcialmente controvertidas por la recu-rrente, lo que de por sí marca la insuficiencia del re-curso en tal cuestión.

Y es que de ningún modo puede descalifi-carse el encuadre jurídico de los hechos probados a la luz de la doctrina expuesta a fs. 392 a través de la mera discordancia con tal postura, máxime cuando el juez expresamente confiere a la víctima del infortunio, sin oposición alguna, el carácter de usuario resultando así aplicable la normativa protectoria de la ley 24240 con su modificatoria a través de la ley 26361 sin que pueda oponerse, en razón de su naturaleza disposición discordante -no es la ley 24240-, sus complementarias y modificatorias, las que establecen dicha garantía, sino que el fundamento de esa protección está consagrado en el art. 42 CN que lo incorporó como un Derecho Funda-mental (ver, v.gr., Ossola, Federico Alejandro, "La prescripción liberatoria en las relaciones de consumo", LL 2006-F, 1184) y que, según Lorenzetti, pasó a inte-grar el elenco de "derechos civiles constitucionaliza-dos" (ver "Consumidores", ed. Rubinzal Culzoni, 2003, pág. 44) y da allí, en atención al caso concreto de la operatividad del plazo previsto por el art. 50 de dicha normativa, lo que fulmina todo intento de enervar la decidido (ver en cuanto al punto "Incidencia de la ley 24.240 en el plazo de prescripción liberatoria. Su aplicación en el contrato de transporte de pasajeros", por Benavente, María Isabel, publicado en: LA LEY 23/04/2009, 6 con profusión de citas concordantes).

A continuación analizaré las quejas re-feridas a la cuantificación de los rubros que integran la reparación. En primer lugar refiere a los gastos mé-dicos que como se observa en la demanda (fs. 43vta., p. I) integran el daño material, estimándolo en dos mil pesos y que al tratarse de gastos menores para el tra-tamiento que no han podido ser documentados.

La demandada, en tal oportunidad (fs. 68 p. V), considera improcedente el rubro por carecer de sustento fáctico y jurídico sin referir puntualmente al mismo.

Por su parte, el a quo, a fs. 395 p. 3.1. pese a la falta de pruebas y fundado en el princi-pio de equidad lo eleva a la suma de cinco mil pesos, circunstancia que afecta el principio de congruencia, ya que la formula "y/o lo que más resulte de la prueba a producirse", usada a la hora de la estimación total (fs. 40 p. II) condiciona el pedido a su idoneidad pro-batoria pero no otorga juez -ni lo podría hacer- la fa-cultad de resolver "extra petita" aún fundado en la equidad cuando no da ni las razones de tal aplicación excepcional. Por lo dicho propongo establecer el rubro en la medida de su reclamo.

El siguiente agravio refiere a los demás rubros que la demanda acumula bajo el "rubro daño mate-rial" cuando en realidad habla de secuelas parciales incapacitantes desde el accidente hasta la muerte de la víctima, con determinación inimpugnada de su entidad y datos personales y laborales y rentísticos de interés a los fines de su determinación. Así, del juego de tales elementos y en método de fácil comprensión determina el quantum mereciendo por parte de su ponente en esta ins-tancia su mera discordancia, pero sin invocar error de apreciación fáctica o legal para llegar a tal conclu-sión, lo que torna insuficiente el agravio a la luz de las previsiones normativas del actual art. 268 del CPr.(DJ).

Las mismas críticas merece la recurrente en cuanto a la estimación del daño moral cuando el a quo se ha esmerado en señalar las pautas que usualmente recomiendan doctrina y jurisprudencia referidas a tal difícil cuantificación por la naturaleza del rubro, máxime cuando se repasan los antecedentes que obran en el tribunal en casos análogos. En tal sentido la insu-ficiencia es notoria (ver, v.gr., Mosset Iturraspe, Jorge, "Diez reglas sobre la cuantificación del daño moral", LA LEY,1994-A, 729 y "Valoración y cuantifica-ción del daño moral" por Pizarro, Ramón D., publicado en: LLC 2006 (setiembre), 893 - RCyS 2006-XI, 121).

La citada en garantía insiste en cuanto a la limitación de la cobertura del seguro tal como había invocado al inicio (fs. 68, p.IV), circunstancia desestimada con único fundamento de jurisprudencia de esta sala que no fue integrada por sus jueces natura-les, liberándome de tal opinión, no obstante observo que la citada en garantía acompaña documental avalato-ria de su pretensión la cual al no haber sido motivo de traslado a los efectos de su reconocimiento u oposición a su contenido, ni salvada tal situación durante el transcurso del debate lo que evito haber quedado en es-tado de indefensión al accionante respecto de tal cir-cunstancia no ha sido objeto de controversia en conse-cuencia valen para el caso aquellos antecedentes de de doctrina judicial que dicen que: "Debe revocarse la sentencia apelada en cuanto declara inoponible al dam-nificado por un accidente de tránsito la franquicia es-tablecida en el contrato de seguro y ordena hacer ex-tensiva la condena a la citada en garantía, ya que no habiendo mediado invocación de la mentada inoponibili-dad por parte del afectado, existió vulneración al principio de congruencia al fallar más allá de lo peti-cionado por las partes" (ver, v. gr., CNCiv., sala D, 25/03/2008, Morán, Savina Rosa c. Gutiérrez, D. Orlando y otros, La Ley Online). De lo dicho, la tardía oposi-ción de la actora en su contestación de agravios a fs. 440/447. Todo sin perjuicio de concordar con los funda-mentos dados en el caso concreto por mi colega preopi-nante ya que la franquicia (fs. 65) está legalmente prevista y opera como un límite consistente en una fracción del riesgo no cubierta por la cual el asegura-do debe participar en cada acontecimiento dañoso cu-bierto por la póliza con un importe obligatorio de $40.000. En virtud de lo expuesto, existe una regla de derecho que establece con precisión la existencia de una franquicia, tal como se señala en el voto anterior. En tales condiciones el juez debe aplicar la norma, ex-cepto que considere que es inconstitucional, situación que no se da en autos.

La cuestión de la calificación de los rubros y su cuantificación no responden a las exigen-cias normativas en cuanto a la técnica y contenido de la expresión de agravios máxime cuando tal temática ha sido motivo de propuesta en esta instancia al tratar los agravios de la anterior recurrente. Bien se ha di-cho que para patentizar los presuntos errores imputados en el informe no bastan manifestaciones imprecisas, ge-néricas, razonamientos totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, planteamiento de cuestiones ajenas. Se exige legalmente que se indiquen, se patenticen, anali-cen parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada. Así, podrán precisarse concretamente los erro-res, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan al fallo y de allí señalar cual es la solución propues-ta (ver, v.gr., CNCiv., sala H, mayo 24-999, ED 185-534).

Por todo lo expuesto se impone la ade-cuación prevista en el art. 283 CPr. (DJ). Ya que ha variado el monto del juicio, pero no la imposición de costas al vencido de conformidad con los principios que gobiernan la materia y sin que se verifique alguna pau-ta de excepción. Se difiere la regulación de honorarios al momento del acuerdo. Se tienen presentes las reser-vas oportunamente formuladas.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo concordado con el voto de la Dra. Silvia Alonso de Ariet, reitero su fórmula deciso-ria.	Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente	SENTENCIA:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 404 por P. A. SRL.

2) Revocar parcialmente el punto 2° de la parte resolutiva de la sentencia de primera instan-cia obrante a fs. 390/396 vta., modificando el monto de condena, el que se fija en la suma de PESOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($16.680).

3) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, a fs. 405 por la citada en garantía M. R. S. T. P. P..

4) Revocar el punto 4° de la parte reso-lutiva de la sentencia de fs. 390/396vta. y, en conse-cuencia, hacer extensiva la condena a la aseguradora M. R. S. T. P. P., quien responderá en la medida del segu-ro.

5) Declarar abstracto el tratamiento del recurso interpuesto a fs. 406 por los Dres. D. R. D. G. y A. E. G. por propio derecho.

6) Revocar las regulaciones de honora-rios contenidas en el punto 5 de la parte resolutiva de la sentencia. Fijar los honorarios en las sumas de SIETE MIL PESOS ($7.000) conjuntamente para los Dres. D. R. D. G. y A. E. G., en CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($5.500) conjuntamente para los Dres. L. F. M. y P. J. F. y en CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($5.500) para el Dr. M. H. P. D..

7) Costas de esta instancia a la deman-dada vencida.

8) Regular los honorarios de esta ins-tancia en DOS MIL CIEN PESOS ($2.100) conjuntamente pa-ra los Dres. D. R. D. G. y A. E. G., en MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.650) conjuntamente para los Dres. L. F. M. y P. J. F. y en MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.650) para el Dr. M. H. P. D..

9) Tener presentes las reservas del caso federal efectuada a fs. 432 y las efectuadas a fs. 438.

10) Regístrese, notifíquese y devuélva-se.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse excusado de actuar el Sr. Juez de Cámara Dr. Fernando Na-huelanca y concordar en la solución del caso (Ley V-17 DJ y art. 274 CPCCCh).

REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2010	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "CyC"