marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Huelga, DEBER DE LEGALIDAD
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Avero, Sergio Gustavo-Argachá, Celomar José c/ A.G.M.E.R. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-29

El CONSTITUCIONAL ha sido pergeñado como una garantía destinada a tutelar las libertades fundamentales cuando de un modo manifiestamente arbitrario y/o ilegítimo ellas son culculcadas por un acto de autoridad o de los particulares.

Para tutelar derechos de raigambre constitucionales ya los convencionales entrerrianos de 1933 establecieron los remedios de los artículos 25, 26 y 27 de la Carta Provincial a fin de posibilitar de un modo claro, rápido y expeditivo el restablecimiento y plena vigencia de ese ámbito libre de obrar reconocido explícita o implícitamente a la población.

Tenemos casi setenta años de tradición amparista, antecediendo el reconocimiento pretoriano de esta garantía efectuado por la Corte Suprema en los casos "Siri" y "Kot" de 1958, donde el Alto Cuerpo reconoció la significación de los dispositivos mencionados de la Constitución Provincial, hasta ser plasmados en el artículo 43 de la Ley Magna. El sistema garantístico aludido ha nacido y se ha desarrollado con la finalidad tuitiva mencionada de las personas frente al poder. La herramienta es paradojalmente utilizada en este caso por el Estado contra los administrados para neutralizar el ejercicio del derecho de huelga ante tal medida dispuesta por un gremio. El respeto a la división funcional de poderes que emerge de la adopción del régimen representativo y republicano que hizo la Argentina, impide la declinación caprichosa de competencias de cualesquiera de las tres esferas de ellas hacia las restantes, como así también se impone reconocer la veda al Poder Judicial de entrometerse en un ámbito donde las decisiones políticas competen en una primera instancia a los órganos específicos ajenos al mismo.
Procedencia del recurso, omisión de cuestión esencial
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Lucinio. c/ Violante, Francisco. s/ Recurso de Casación. Procedencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-12-03

Corresponde declarar la nulidad de la sentencia recurrida por vía del recurso de casación cuando -como en el caso- los camaristas omitieron pronunciarse sobre las impugnaciones efectuadas, por el obligado al pago de los honorarios, a la pericia que se practicó para determinar el valor del inmueble objeto del juicio.
Competencia federal, competencia por la persona, Dirección Nacional de Vialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: ANTONUCCI, RUBEN F. c/ CONSORCIO CAMINERO NRO 352. s/ EXCEPCION DE INCOMPETENCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-23

Procede el fuero federal cuando una entidad nacional -en el caso, Dirección Nacional de Vialidad- es citada y comparece a juicio en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Poder Ejecutivo, delegación de facultades a la Administración
Materia: PENAL
Carátula: Gomez, Narciso F. s/ Robo ciclomotor Bellisonni, Franco s/ Robo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-04|1994-11-10

Si la ley no puede autorizar a otro órgano distinto del Poder Ejecutivo a dictar la reglamentación, tal facultad es evidentemente indelegable.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Código procesal civil y comercial, demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Bogarín Eduardo Ramón c/ Pérez Darío Juan José s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-04-18

Las preguntas indicativas son las que buscan determinar la respuesta mediante la afirmación de un hecho traspolando la respuesta a la pregunta, así la afirmación o negación no surge del discurso del declarante a quien le bastará con negar o afirmar el contenido de la pregunta. Estas preguntas están vedadas por expresa disposición del art. 429 del CPCC -Voto del Dr. Welp en minoría (mayoría: Dr. Ronconi, con adhesión del Dr. Romero)
Incidentes, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.A.D.A.I.C. (Sociedad argentina de autores y compositores de musical) c/ F.M. Dimensión s/ Cobro sumario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-25

En materia de incidentes el art. 69 del CPCC, sólo autoriza la exención de costas, cuando las resueltas se tratasen de cuestiones dudosas de derecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hábeas corpus, prueba de informes, pedido de informes
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Lara, María Verónica s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Si el escrito inicial es suficientemente claro al solicitar que se pidan informes al Ministerio del Interior de la Nación, al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Defensa de la Nación, no correspondía prescindir de la producción de esas diligencias, ya que aunque fuera opinable el aporte que podían suministrar a la investigación, tampoco cabía desdeñar a priori su eficacia en provecho del objeto perseguido por el hubiste corpus.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, archivo del expediente, tribunal de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: HEREFORD S.R.L. c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-29

La resolución que dispone el archivo del expediente en una causa en la cual se atribuye competencia a la justicia contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires, resulta contraria al deber de celeridad y economía procesal, en tanto lleva a retrotraer el procedimiento, sin que concurran los presupuestos fácticos y jurídicos que lo autoricen cuando, eventualmente, deberán ser ponderados por quien en definitiva resulte el juez natural de la causa.
Recusación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: ACOSTA, LEONARDO MIGUEL s/ INCIDENTE DE RECUSACION PLANTEADO POR LA DEFENSA DE LEONARDO MIGUEL ACOSTA - QUEJA POR RECURSO DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-08-11

El auto impugnado carece del requisito de definitividad no pudiendo encuadrarse tampoco en ninguna de las categorías mencionadas en la norma del artículo 575 de la ley formal, que prevé las resoluciones recurribles por esta vía.... No es sentencia definitiva el pronunciamiento que rechaza una recusación... Por lo que corresponde desestimar la queja interpuesta.
Recurso extraordinario, falta de notificación, nulidad procesal, recurso de queja (procesal), garantías procesales
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, E s/ NULIDAD  PROCESAL  -  OMISION  -  NOTIFICAR  A  LA  DEFENSA - RECURSO  EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-17

Dado que es necesario limitar la nulidad de los actos procesales a aquéllos casos en los cuales la tolerancia del derecho formal resulta incompatible con la debida protección de los derechos, debe ser rechazada la interpuesta en el caso de autos, dado que la omisión de notificarse a la defensa del trámite otorgado al recurso extraordinario interpuesto en término por la querella contra el auto de sobreseimiento definitivo, no lo privó de sus garantías, dado el resultado desfavorable a la pretensión del querellante.

La circunstancia de que luego de ello, la Corte Suprema diera curso a la queja interpuesta por la querella y anulara el fallo de la Sala interviniente; no puede reputarse agraviante a sus derechos por la sola particularidad de ser contrario a sus pretensiones y de quedar nuevamente sometido a proceso y a su hipotético resultado, desde que no le causa agravio imposible de reparar mediante el adecuado ejercicio del derecho de defensa en el curso ulterior del proceso.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez, Fernando Adrián y otro c/ Gagliolo de Díaz Sunico, Haydee s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-30

Si los demandantes adujeron para demandar las calidades de "tenedores y guardianes" quedando probado que uno de ellos era quien "usaba" el vehículo al momento del accidente, habida cuenta que lo conducía en la ocasión, su legitimación para accionar por los perjuicios que reclama es indiscutible.-
Servicio penitenciario, personal penitenciario, reglamento del régimen de licencias, interpretación de la ley, empleados públicos, vacaciones, indemnización sustitutiva de vacaciones, vacaciones no gozadas
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: SCARANO, LUIS DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 817 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02

El artículo 41 del decreto 549/81, Reglamento del Régimen de Licencias para el Personal Penitenciario de la Provincia, establece que las licencias previstas no se acumulan ni superponen y que las no usadas en las formas, circunstancias y por las causales expresamente establecidas, se perderán sin derecho alguno. Por su parte, el artículo 7 prevé que la concesión de las licencias debe realizarse, en principio, entre el 1 de diciembre del año que corresponda y el 31 de marzo del siguiente. Seguidamente establece que para casos excepcionales, por razones de servicio o a solicitud del interesado, la autoridad que la conceda puede otorgar licencia o fracción fuera de los lapsos previstos. El artículo 9, asimismo, admite la postergación o interrupción de aquellas por razones excepcionales de servicio determinadas por resolución fundada de autoridad competente. Agrega que será concedida o se dispondrá su continuación dentro de los tres días de desaparecida la causa que motivó la medida. Especial mención corresponde efectuar de lo dispuesto en el artículo 6, en tanto otorga al agente que por cualquier causa cesare en sus funciones, el derecho al cobro de la parte proporcional de licencia por el tiempo trabajado en el año calendario en que se produzca la cesación conforme a la metodología de determinación que indica. Pero, además, expresamente prevé que "también tendrá derecho al cobro de las licencias no utilizadas al momento de su separación". Por último, debe destacarse lo previsto en el artículo 47 en tanto establece que el reglamento resulta aplicable a las prórrogas de las licencias anteriores a la fecha de su entrada en vigencia. De esta reseña puede inferirse que si bien es cierto que dicho régimen de licencias establece severos criterios ordenadores prohibiendo la superposición y acumulación de licencias, privilegiando el descanso efectivo del agente, también lo es que se han previsto especiales situaciones que tienen en cuenta las necesidades que puedan generarse durante el desarrollo de la relación. (De La Disidencia Parcial Del Dr. Netri)
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G., J. D. c/ Clínica del Niño y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-06-15

Para que surja la responsabilidad de alguien, sea en el área contractual o extracontractual, es menester que exista conexión causal jurídicamente relevante entre el hecho de aquél que es autor, y el daño sufrido por quien pretende su reparación; y al damnificado corresponde probar la existencia de la relación de causalidad, que pueda mediar entre el daño que ha sufrido, y el hecho originario de la responsabilidad que intenta hacer valer, la cual es la prueba referente a la ocurrencia de hechos y la conexión entre ellos que cabe rendir por cualquier medio, especialmente las presunciones, que son deducciones lógicas aptas para persuadir acerca de la efectividad que quiere demostrar.
Amenazas, recurso de casación, denuncia, deber de imparcialidad, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: G., C. E. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-06

Las amenazas a una Diputada Nacional e integrante del Consejo de la Magistratura dirigidas a recuperar beneficios administrativos derivados del desempeño como asesor de la damnificada no configuran la agravante prevista en el artículo 149 ter. inc. 2º, a). Se requiere que la amenaza esté vinculada a un tema propio de la función legislativa o del Consejo de la Magistratura.
Derechos subjetivos, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ruckert de Ongarato, Alicia Wilma c/ Municipalidad de Esquel s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-07

"La suerte del derecho subjetivo está condicionada a la responsabilidad pública, pero no sólo a la responsabilidad pública estatal de los que mandan, sino también de los que obedecen" ..."Para que existan derechos subjetivos no basta con vivar la libertad, es necesario vivir en libertad, proclamarla, respetarla y obedecerla".

Los derechos subjetivos públicos son siempre libertades públicas en sentido amplio, constitucionalizadas, reconocidas u otorgadas, y agrega "nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohibe..." y el Estado debe desenvolver su acción reconociéndolos, salvo las limitaciones que derivan de su relatividad, cuando la absolutez ha sido limitada vía reglamentaria.
Escrituración, demanda de escrituración, venta de cosa ajena
Materia: CIVIL
Carátula: F., R. del C. y Otra c/ B., L. A. s/ Escrituración - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-23

Es procedente la demanda por escrituración entablada por quien vendió un inmueble por boleto a los demandados, si en dicho boleto se dejó constancia que el inmueble le correspondía a la actora por contrato privado celebrado con los entonces titulares del dominio, pues, uno de los supuestos en que la venta de cosa ajena es válida es cuando comprador y vendedor contratan sobre la cosa que pertenece a un tercero, teniendo pleno conocimiento de tal circunstancia, ya que siendo así, el contrato debe interpretarse como un compromiso contraído por el vendedor de procurar al comprador la cosa objeto del contrato.
Juicio, prescripción, auto de sobreseimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: RITTER, PATRICIA LUNA Y SRA. GUITIAN c/ CALVENTE, SUSANA EDITH Y CRUZ, ADELINA INES s/ ESTAFA EN CONCURSO REAL CON ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-07-25

Atento a que habría operado la prescripción de la acción penal respecto al mismo conforme el art. 59 inc. 3º del C.P. y, al ser de orden público la extinción de la acción penal, corresponde su declaración de oficio por producirse de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo, bastando únicamente el pronunciamiento judicial que así lo declare, en cualquier estado de la causa y en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo.
Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, sistema de representación proporcional, partidos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sanseverino, Pablo y otro c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y sus acumulados: Exptes. nº 8511/11 "Raffo, Julio César y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y nº 8595/11 "Campos, Antonio Rubén y otros c/ GCBA (Legislatura de la CABA) s/ nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

El artículo 136 de la CCABA pone a la minoría en oposición de intereses con la mayoría, aparecen dos partes y ello hace posible y apropiada la intervención judicial para resolver las controversias que se susciten a propósito del alcance del derecho de las minorías sustantivas que, sobre esta base, están legitimadas para plantear la cuestión a través de los partidos o alianzas, pues solamente aparece un derecho en las personas físicas una vez que son elegidas. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Asignaciones familiares, relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CENTRO  DE  CAPITANES  DE  ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29

Tratándose de actuaciones tramitadas ante las Cajas de Subsidios Familiares o la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, entre esos organismos y el presunto empleador exclusivamente, la prueba exigible sobre la relación de subordinación y dependencia debe ser asertiva y categórica, pues no es éste un pleito individual entre dependiente y empleador y no pueden jugar en el caso las reglas y presunciones propias de la ley laboral (artículo 23 Ley de Contrato de Trabajo) (conforme Sala IV, sentencia número 15324, 31 de mayo de 1982, 'Saeta S.A.I.C. s/ recurso').
Daños y perjuicios, contrato de distribución, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Prosur S.R.L. y Aguilar Zapata Justo c/ Laboratorios Ferrini S.A.C.I.F s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

No procede la indemnización por daño moral por la ruptura de un contrato de distribución, cuando quien lo demanda es una persona jurídica, a la que no se ha afectado en su buen nombre, y, siendo una de las características del mismo la posibilidad de rescisión unilateral.
Jueces, cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensor Oficial en lo Civil y Comercial Dr. Carlos Hugo Elena. s/ Cuestión de Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-04-23

Tratándose en la especie de un expediente iniciado por el Juzgado Correccional y de Menores N1 1, de Tratamiento Tutelar de la menor, que resultaría víctima de un delito, conforme a las prescripciones de la Ley 10.903, tomando en consideración el criterio sentado por la Resolución N1 1/95-STJ, en virtud del cual se establece, con fundamento en el artículo 25 del C.P.P. que "El Juez Correccional juzgará en única instancia..." Es decir que no tiene ni aún estando involucrados menores, competencia para instruir o adoptar medidas a su respecto" (Del voto del Dr.

Bertolini), en consecuencia, debe declararse la competencia del Juzgado Civil y Comercial N1 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, para entender en la cuestión, con la necesaria participación e intervención del Ministerio Pupilar, teniendo éste "por imperio de lo normado en las leyes provinciales N1 651 y N1 1550 ... funciones y atribuciones al cuidado y protección de la personal del menor" (Del voto del Dr. Jorge A. Rojas en la referida Resolución N1 1-STJ-95).
Jurisdicción y competencia, competencia por conexidad, tenencia de hijos menores, alimentos, régimen de visitas, divorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSENFELD, MIGUEL MAURICIO - WASSIN DE ROSENFELD,IRAIDA. s/ DIVORCIO 67 BIS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-04

Si bien el juicio sobre régimen de visitas, alimentos y tenencia de hijos -que tramita en sede provincial entre las mismas partes- no fue formalmente objeto de la contienda de competencia, ello no obsta a determinar que debe seguir la suerte del principal -divorcio consensual cuyo conocimiento corresponde a la justicia nacional en lo civil-, con arreglo tanto al art. 68 de la ley 2393 como al art. 6, inc. 3, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y su análogo, el art. 6, inc. 3, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, pues por la índole de los intereses comprometidos cabe, entonces, que el pronunciamiento de la Corte alcance asimismo al incidente mencionado.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, obras sociales, responsabilidad de la obra social
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZARINI, GRACIELA c/ OSPLAD s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-07

La obra social es responsable cuando la atención del paciente no fue adecuada, ya que ello indica en definitiva que no cumplió diligentemente con la obligación que le incumbía de prestar debido amparo a sus afiliados. Es evidente que no efectuó la vigilancia que exigía la naturaleza de su obligación, queda por ende comprometida su responsabilidad. Tal responsabilidad, debe ser juzgada con criterio estricto por cuanto tratándose de la atención de seres humanos enfermos, debe primar el interés de tal persona que no sólo confía necesariamente en el profesional que lo atiende, sino que tiene derechos inalienables en tal sentido a ser respetados en el cuidado de la salud (cciv: 512; cnciv, sala b, in re "Ibáñez, I. c/ Barragán s/ Daños y perjuicios", l. 277938, del 25.3.82).
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, acción, derecho subjetivo vulnerado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Martino, Dino G. c/ Pérez Escoda, Antonio J. y otros s/ Daños y perjuicios -cuestión de comp. art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Aunque se demande a las autoridades administrativas municipal y provincial, no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva del Tribunal (art. 149 inc. 3º Const. Prov.) si el fundamento de la pretensión indemnizatoria en relación a aquéllas no radica en la lesión a una situación subjetiva de naturaleza administrativa. En el caso, los derechos alegados por el actor derivan de una relación jurídica entre particulares -su condición de arrendatario- y de la actividad privada que desarrolla -productor agropecuario- ajena por completo a toda vinculación de derecho público con las autoridades a las que demanda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, daño físico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romeo Catalina Ancelma c/ 30 de Agosto S.R.L. -Línea 500- y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-15

La lesión corporal que no produce ni lesión estética ni incapacidad corporal resulta indemnizable como uno de los elementos integrativos del daño moral, lo que no excluye su reparación de manera autónoma, en tanto no se la indemnice doblemente.
Cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, sentencia absolutoria, accidente de tránsito, autopistas, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: EXPTE. Nro. 84305 - TORRES JACINTO SALVADOR Y OT EN J° 28.745 TORRES JACINTO SALVADOR c/ ALVAREZ ZAVARONI C.M. Y ASEG. SUDAMERICA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-08-13

La valoración efectuada en sede penal respecto de la imposibilidad del demandado de realizar alguna maniobra eficaz para evitar la colisión, no obliga al juez civil desde que, la autoridad de la sentencia penal sólo se aplica a aquellas disposiciones que, en estricta lógica, resultan indispensables para la solución del problema penal.

En consecuencia, los hechos admitidos por el juez penal, de los que podría prescindir para resolver la acción pública, aunque formen parte de la sentencia, no quedan comprendidos en el art. 1102 ni 1103 C.C.; por lo que, la absolución penal, en nada obsta para que en sede civil se analice si la conducta de la víctima, produjo la ruptura total del nexo causal existente, entre el riesgo de la cosa y el daño, ó si la misma fue parcial.( Voto Dr. Romano Preopinante)