Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-09-21


(Libro de Acuerdos Nº 44 Fº 970/973 Nº 430 ).San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los veintiún días del mes de setiembre del año dos mil uno, los Señores Jueces titulares del Superior Tribunal de Justicia Doctores, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo, Raúl Octavio Noceti, Héctor Eduardo Tizón y José Manuel del Campo bajo la presidencia del primero, vieron el Expediente 615/01 Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expediente nº 315/00 (Sala III Cámara Penal): J. C. A.; L. N. N.: P. P., C. I. del V. y A. F. p.s.a. de robo en banda-Ciudad y R. J. C. p.s.a. de robo en grado de participación -Ciudad-.

El Dr. Valdecantos dijo:

La Sala III de la Cámara en lo Penal resuelve mediante sentencia de fecha dos de marzo de dos mil uno, dejar sin efecto el auto de procesamiento dispuesto por el Señor Juez de Instrucción en lo Penal Nº 4 dictado en contra de C. A. J., C. I. del V. P. P., y J. C. R. ordenando se dicte sobreseimiento definitivo y se disponga la libertad de los encausados.

En contra de éste pronunciamiento el actor civil interpone recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Menciona que su parte se encuentra constituido como actor civil, que la sentencia que se ataca reúne los requisitos establecidos en el articulo 8 de la ley 4346 y su parte tiene interés legítimo en el proceso por ser damnificado directo. Luego de hacer referencia sobre como se han producido los hechos, señala que si bien el actor civil no puede ejercer la acción penal, sostiene que el recurso extraordinario interpuesto es procedente, ya que por su naturaleza y ante la arbitrariedad de la sentencia, teniendo jerarquía constitucional, corresponde su análisis. En segundo lugar dice que, el recurso de inconstitucionalidad fue incorporado a la Constitución de la Provincia con las reformas introducidas en el año 1986, y fue reglamentada por la ley 4346, que dispone genéricamente que las partes del proceso podrán interponer recurso de inconstitucionalidad en contra de las sentencias definitivas dictadas por los jueces o tribunales de última instancia, cualquiera fuere su fuero o jurisdicción. Su parte al revestir la calidad de actor civil se encuentra dentro de las previsiones legales.

Luego señala, cuales a su criterio, son las arbitrariedades en que incurre el tribunal con la prueba valorada erradamente y la falta de ponderación de otros elementos de prueba para dictar la resolución que ahora ataca.

Cumplido con los demás trámites procesales de rigor y luego del dictamen del Señor Fiscal habilitado la causa se encuentra en estado de resolver.

Como cuestión previa a dilucidar debemos pronunciarnos en este caso particular sobre la posibilidad de que en principio, el actor civil constituido dentro del proceso penal pueda presentar el recurso de inconstitucionalidad.

El actor civil es parte dentro del proceso penal ya que no puede dejarse de lado que "por ser el mismo hecho la fuente generadora de consecuencias jurídicas, por el daño penal abran cauce en sede represiva y, por el daño civil, lo hacen en sede privada y que por esa comunidad se permite su coexistencia accionaria en sede penal. Para todos los casos o supuestos en que nos coloquemos no debe dejarse de lado que el actor civil, autorizado por ley, tiene todas las facultades actuantes para la acreditación de un objeto procesal que básicamente, en el punto de partida, es el mismo que el penal". (Conforme Jorge Moras Mon La Acción Civil reparatoria y el Proceso Penal Pag 174).

Al tener esas facultades puede, en principio interponer todos los recursos que la ley le conceda conforme lo señala el inciso 5 del articulo 84 de nuestro Código Procesal Penal.

Ello así aún cuando el artículo 349 del mismo cuerpo legal citado, no incluye al actor civil con la posibilidad de recurrir la sentencia de sobreseimiento y numerosa doctrina sostiene este criterio, debe notarse que ello se refiere a la acción penal y no al recurso de inconstitucionalidad. Por el contrario si existen argumentos que permiten inferir que la sentencia es arbitraria, por la vía del recurso de inconstitucionalidad, el actor civil, se encuentra habilitado para interponerlo.

En ese entendimiento notamos que el Código Procesal Penal de la Provincia se encuentra en vigencia mediante ley 3384/1978 con modificaciones parciales pero ninguna en orden al recurso de inconstitucionalidad, el que no se encuentra previsto dentro de ese cuerpo legal. Es por ello que la ley 4346/87 y su modificatoria 4848/95 han venido en esta parte a suplir tal omisión.

Esas leyes que mencionamos han sido dictadas con posterioridad a la vigencia del Código Procesal Penal según lo mencionamos en el párrafo precedente. De modo que el recurso de inconstitucionalidad contenido en la legislación permite que cualquiera de las partes del proceso pueda interponer el recurso de inconstitucionalidad. Es decir que, tratándose de una sentencia definitiva, como es la presente, ya que el sobreseimiento cierra la causa, puede el actor civil, parte en el proceso, recurrir esa resolución, al estar comprendido dentro de las condiciones legales previstas dentro de la ley 4346 y su modificatoria.

Mientras se permita que la causa continúe su trámite a fin de esclarecer la verdadera situación de lo acontecido mediante el debate pertinente y el dictado de la sentencia final luego del debate, nos encontraremos siempre ajustado a las normas constitucionales. "Todas las normas jurídicas, aún las imperativas y de orden público, deben ser interpretadas razonablemente en función de las circunstancias particulares del caso concreto, de los principios generales del ordenamiento jurídico y de las normas de jerarquía constitucional". (CNCiv Sala A Traverso Horacio y otro c/ Delmas, Oscar y otro L.L. 1997-D, 175) La sentencia impugnada aparece como descalificable como acto jurisdiccional. Reiteradamente hemos sostenido que si bien la apreciación de la prueba constituye, por vía de principio, facultad de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, esto no es óbice para que el tribunal haga excepción a ella con base a la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía del debido proceso y de la defensa en juicio, al exigirse que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa. (L.A.Nº 42 Fº 784/789 Nº 279).

En consecuencia "la tesis con arreglo a la cual son revisables en instancia extraordinaria las sentencias sin otro fundamento que la voluntad de los jueces, autoriza el conocimiento del tribunal en los supuestos en que las razones aludidas por el fallo en el recurso que se impugnan, con visos de verdad, por carecer de los atributos mencionados..." Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 236:27).

Adentrándonos al conocimiento de la cuestión planteada, advertimos que en el caso de autos se dan los supuestos de arbitrariedad que lo llevan a su descalificación.

Primero porque a poco que se analice la resolución de sobreseimiento definitivo aparece como contradictoria. En efecto, el tribunal reitera por un lado lo que ya había señalado con anterioridad al momento de dictar el auto de falta de mérito de fs 299/306, y que el juez de instrucción hiciera caso omiso, como son una pericial médica al denunciante para determinar la probabilidad de las doce horas de inconsciencia en las que estuvo, el estudio de laboratorio del polvo blanco secuestrado y del pañuelo, la reconstrucción del hecho con personas físicas de similares características, las declaraciones de personas que los imputados presentan y demás pruebas ordenadas. Estas pruebas son reiteradas al momento de dictarse el sobreseimiento como que no fueron realizadas y sin embargo se da por concluido el proceso. Ello así permite inferir que ese hecho aparece como un despropósito y contradictorio con lo decidido al dictarse un sobreseimiento definitivo, cuando falta aún producirse prueba para el esclarecimiento del caso, según e l mismo tribunal a-quo lo dice.

Pero también el decisorio aparece como arbitrario conforme a elementos colectados en el sumario. Así existen elementos de prueba como el reconocimiento de alguno de los secuestros, o el reconocimiento en rueda de personas o la falta de planillas perdidas en el día del hecho por la empresa de remises o las declaraciones de R. que constan en autos y merecen una investigación más profunda.

Por último también la resolución atacada ha errado gravemente, por cuanto si fuera del caso, que corresponda aplicarse el beneficio de la duda, éste se encuentra contemplado en el articulo 410 3er párrafo del Código Procesal Penal, esto es, en normas para la deliberación, al momento de dictarse la sentencia, luego de haberse producido el debate y no en la etapa de la instrucción.

En el caso y conforme las irregularidades anotadas cometidas tanto por el juez de instrucción que desobedece lo señalado por la Sala III de la Cámara Penal, como el prejuzgamiento incurrido por esa Sala corresponde, al haber dispuesto un sobreseimiento definitivo, de conformidad a lo señalado en el artículo 3º de la ley 4848 modificatorio del articulo 20 de la ley 4346, que la causa se radique en los respectivos subrogantes legales.

Nótese que con el presente decisorio se resuelve continuar con el proceso y no darlo por concluido antes de la realización del debate, ya que para que ello ocurra es menester que no quepa duda alguna sobre la autoría o la existencia del hecho, lo que no aparece del todo claro hasta lo investigado, en la presente causa.

Por ello corresponde dejar sin efecto el sobreseimiento dictado por la Sala III de la Cámara en lo Penal disponiendo se dicte auto de falta de mérito por su subrogante legal y se prosiga con la investigación también a través del juez de Instrucción subrogante.

Corresponde se impongan las costas de la presente por el orden causado en atención a lo novedoso de la cuestión resuelta en orden a la recurribilidad por parte del actor civil.

Propicio regular los honorarios profesionales de los Dres A. Miguel Matuk y Gonzalo Ramón Puig en la suma de $ 600 y $ 450 respectivamente por su labor en esta instancia.

Los Dres. Arnedo, Noceti, Tizón y del Campo adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto el Superior Tribunal de Justicia:

RESUELVE 1)	Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor civil y en su mérito revocar el sobreseimiento definitivo dispuesto por la Sala III de la Cámara en lo Penal disponiendo se dicte en su lugar auto de falta de mérito.

2)	Remitir los autos a los respectivos subrogantes legales para que prosiga con la causa según su estado.

3)	Imponer las costas por el orden causado.

4)	Regular los honorarios profesionales de los Dres. A. Miguel Matuk, y Gonzalo Ramón Puig en la suma de $600 y $ 450 respectivamente por su labor en esta instancia.

5)	Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula.