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Contrato de obra pública, interpretación restrictiva, licitación pública, igualdad licitatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingeniero Miglierini Construcciones y J. Mastrobernardino Construcciones c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 564-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-03

Toda modificación del contrato original debe ser juzgada con criterio restrictivo y admitida en los casos en que la propia ley la autoriza, por hallarse comprometido tanto el principio que indica que debe mantenerse la posición de paridad de los oferentes, cuanto la propia situación del contratista de no verse obligado a la ejecución de una obra en condiciones distintas a las que fueron materia de la oferta, no obstante a ello que las modificaciones del contrato original, en un aspecto decisivo para la ejecución de la obra como lo es el precio -por la suscripción de un convenio entre las partes por el cual se aplicaban al mismo las medidas económicas dispuestas por el Gobierno Nacional mediante decreto 1096/85, en grado tal que la escala de conversión fue aplicada al precio total de la obra y no a algún certificado en particular estuvieron principalmente motivadas por el dictado de una normativa sobreviniente a la adjudicación de la obra.
Deberes procesales, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTADO NACIONAL c/ JUAN TOMASELLO  S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

Incurre en temeridad la parte que litiga sin razón valedera y tiene además conciencia de ello, consistiendo la malicia en utilizar el proceso en contra de sus fines, obstaculizando su curso.

Atendiendo a ello y a la restrictiva aplicación que cabe efectuar de este instituto, toda vez que debe confrontárselo con el adecuado ejercicio del derecho de defensa que atañe a las partes y ostenta raigambre constitucional, el Tribunal considera que aquellos extremos de procedencia no resultan acreditados en autos, para lo cual tampoco se puede perder de vista la excepcionalidad de los valores controvertidos en el proceso.
Representación procesal, personería, acreditación de la personería
Materia: CIVIL
Carátula: COMPAÑIA DE RECREATIVOS ARGENTINOS S.A. (EX CODERE ARGENTINA S.A) Y OTRA c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CAJA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE CERTEZA Y MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-05-15

El principio fundamental en materia de acreditación de la personería de quien litiga por otro, es el acompañamiento del instrumento que acredite el carácter que invoca, en el primer acto de comparecencia ante el juez o tribunal.-
Derecho ambiental, biotecnología, responsabilidad profesional, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente
Materia: CIVIL
Carátula: B. S. A. s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-03-17

Una parte de la doctrina entiende que el biotecnólogo no es dependiente del instituto, ya que no está sujeto a las directivas de este último en el aspecto científico - técnico, por lo que en estos casos debería responder por la acción dañosa de las cosas de propiedad de la institución.

Otros juristas piensan que sí es dependiente, ya que si bien su dependencia no se centra en lo referido a lo tecnicocientífico, sí lo es respecto a horarios, lugar físico en donde desarrolla su actividad, etc.

Se considera, entonces, al biotecnólogo como dependiente del instituto, siendo este último el que responde por el profesional; y no sólo responderá por éste, sino por todo otro auxiliar que haya colaborado con el instituto o el biotecnólogo para lograr el desarrollo de la actividad; siempre en el supuesto de daños ocasionados en el ejercicio de sus funciones.
Tercería de dominio, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ipucha, Ricardo Alberto y otro c/ Tecnicagro S.A. s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12

El art. 38 L.P.R., ampara al tercerista que ha acreditado fehacientemente haber sido propietario del bien con anterioridad a la constitución de la prenda.-
Administración fraudulenta, retención indebida
Materia: PENAL
Carátula: FARAGASSO, Jorge Luis s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-29

Para que un comportamiento encuadre en el tipo de infidelidad defraudatoria basta la existencia de una relación que comporte el deber de cuidar intereses patrimoniales ajenos sin requerirse por parte del autor ninguna facultad de realizar negocios jurídicos en representación de su comitente.

La distinción con el delito de apropiación indebida debe efectuarse a partir del grado de autonomía que tenía el sujeto activo del tipo de quebrantamiento de fidelidad, en el que el obligado debe tener una cierta independencia y libertad.
Corrupción de menores, clasificación de delitos, delito de peligro
Materia: PENAL
Carátula: G., G. J. s/ Abuso deshonesto calificado reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-10-24

Es sabido que el alcance la figura promoción de la corrupción está controvertido en doctrina y jurisprudencia, coexistiendo distintas posiciones: delito de peligro o delito de resultado; exigencia de la concurrencia de dolo específico o dolo genérico. En anteriores pronunciamientos, este Tribunal ha adherido a la postura que entiende que constituye un delito de peligro sin que su consumación exija que la víctima presente efectivamente rasgos de corrupción o perversión.
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la presencia del defensor, defensor de menores
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: V., C.H. y C., C.A. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-07

La presencia del Defensor de menores en una declaración de imputado respecto de un menor punible de sanción eventual, trae la necesidad de su protección, por lo que habiéndose omitido transgrede las garantías procesales de raigambre constitucional que importan la nulidad. Esto ocurre no sólo al momento del debate en juicio de menores, que trae como consecuencia la ineficacia del acto sino que carácter es extensivo a la etapa del sumario o de la instrucción también, toda vez que el menor imputado de un hecho tiene derecho a la defensa técnica jurídica y pupilar.
Acción penal, Ministerio Público, principio de legalidad, indulto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S., R.M. s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-16

El Ministerio Público Fiscal está obligado -por el principio de legalidad- a iniciar y proseguir la acción penal pública, dado que en este aspecto, no posee facultades discrecionales; su actuación consiste en provocar la decisión jurisdiccional: si se admitiera que puede no promover la acción penal o aniquilarla, dejando de instar, se aceptaría que los Fiscales, en conocimiento de un supuesto hecho delictivo, puedan perdonar o indultar la pena emergente del ilícito. Pero esta gracia corresponde al Gobernador de la Provincia, de modo que los Fiscales -salvo excepciones expresamente legisladas- deben iniciar y continuar la acción penal, para que los Magistrados resuelvan el mérito afirmativo o negativo de los sucesos objeto del juicio.
Traslado de jueces, interpretación restrictiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Castelli, Germán Andrés c/ Estado Nacional - Consejo de la Magistratura de la Nación s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-05

El traslado de jueces, aun cuando resulte un mecanismo válido bajo ciertos límites constitucionales, constituye un sistema excepcional que, por ende, debería ser interpretado de manera restrictiva (Voto de la jueza Highton de Nolasco). -La Corte, por mayoría, remitió al precedente "Bertuzzi" del 3 de noviembre de 2020- -El juez Rosenkrantz, en disidencia, remitió a su voto en el mismo precedente-
Locación de obra, responsabilidad del empresario, vicios de la construcción
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ VILA, Elsa c/ FOTI, Rubén s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-03

En la locación de obra, el precio es un elemento de juicio esencial para apreciar la justicia de las exigencias del dueño, pues si sólo ha pagado, por ejemplo, lo que puede ganar un albañil, no es justo que se exija la prolijidad y la perfección que cabría exigir de la obra dirigida por un arquitecto. Así, si el precio pactado es bajo y el contrato de la obra no contiene indicaciones precisas, instrucciones y/o pliego de condiciones con exigencias a cumplir por el empresario, ello indica, sin duda, que las partes han tenido en vista una construcción de tipo económico, propia de las "costumbres del lugar", a realizarse con materiales de tipo corriente, cuya realización no podrá juzgarse, entonces, con la severidad de una obra de elevada jerarquía.-
Medidas cautelares, medicina prepaga, reintegro de gastos, cobertura médica
Materia: PENAL
Carátula: Bussi , Antonella c/ Galeno Argentina S. A. s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-10

En el limitado marco de conocimiento del trámite cautelar, no puede obviarse que la regulación administrativa sobre tecnologías sanitarias emergentes contempla en la actualidad el reintegro por parte del Estado del costo del medicamento reclamado (conf. Anexo IV de la resolución n° 1048/14 de la Superintendencia de Servicios de Salud). Si bien es cierto que el PMO prevé una cobertura limitada de esa medicación, como así también que la mentada norma reglamentaria no tendría el alcance invocado en el memorial, es indudable que se inscribe en el marco de una política sanitaria estatal de dar apoyo financiero a los agentes del seguro de salud en el reconocimiento de prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto económico y tratamiento de prolongado (ver considerandos de la resolución n° 1200/12). Y esta interpretación es coherente con el objetivo de la ley 26.689 -también invocada en el escrito inicial y cuya aplicación al caso deberá dilucidarse en el transcurso del litigo-: el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes, mandato que beneficia a todos los afiliados de los entes que bridan servicios médicos, incluidas las empresas de medicina prepaga (conf. arts. 1 y 6 de la ley citada; art. 6 de la reglamentación aprobada por decreto 794/2015).
Despido, abandono de trabajo, trabajadores rurales
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Juan José c/ Vargas, Víctor Rubén y/o quien resulte responsable s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-05-27

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, doliéndose por que la Juez A-quo hace lugar a la indemnización por despido sin causa, cuando ella alega que hubo abandono de trabajo. Ello así, ya que dentro de las causas de extinción del contrato de trabajo no está anunciada y prevista como tal, la del abandono de trabajo. Asimismo, de una simple lectura del art. 64 de la ley 22248 resulta que las causales allí enunciadas, están rodeadas de ciertas formalidades exigidas para preservar la estabilidad y los derechos del trabajador agrario; el abandono de trabajo solo puede ser invocado como incumplimiento injurioso, a condición de que así sea expresado en la comunicación del distracto y siguiendo el procedimiento previo de intimación impuesto por el deber de buena fe, a los fines de contemplar la posibilidad de eventuales impedimentos admisibles o justificantes de la conducta omisiva del trabajador.
Docentes, extranjeros, educación, razonabilidad
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

No existe irrazonabilidad ni arbitrariedad en el requisito según el cual sólo los ciudadanos argentinos pueden desempeñar funciones docentes en el ámbito público de la Ciudad, que tiene un régimen laboral particular (Estatuto del docente, Ordenanza nro. 40.593), distinto del régimen previsto para el ámbito privado, que, dentro de la concepción pluralista y respetuosa de las distintas colectividades o religiones, en forma acorde a lo establecido en la Constitución local (art. 23) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13, párrafos 3 y 4), admite el ejercicio de tales cargos por parte de los extranjeros.
Seguros, seguro de caución, fianza, accesorias legales, prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Alba Compañía Argentina de Seguros SA  c/ Uadel SRL y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-31

Sin la desafectación de la póliza por parte del asegurado o una manifestación clara de este en punto a reconocer que el tomador ha cumplido íntegra y cabalmente con sus obligaciones, la aseguradora deberá presumir que la prestación garantizada no ha sido totalmente atendida.
Etapas del proceso, diligencias preliminares, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensoría General s/ Nulidad Autos 120-24-2004
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-08

"Aun cuando el procedimiento preliminar tenga carácter meramente preparatorio, y por sus propias características, suponga una cierta prevalencia de los órganos estatales de persecución penal por sobre el imputado, ello no puede conducir a admitir que sea indiferente si su realización es controlada por un juez imparcial o no". "Los poderes que necesariamente deben serle acordados al juez de instrucción con relación a las personas y los bienes a fin de que puedan cumplir su obra entrañan riesgos inevitables; su objetivo debe ser el triunfo de la verdad y la justicia, pero un paso más o menos convierte un acto en injusto, y a veces el exceso de celo lo enceguece, lo alucina y no puede distinguir las dos opuestas zonas de la justicia y la injusticia.".
Recurso extraordinario, interposición en subsidio
Materia: PENAL
Carátula: Cervera, Marcelo Daniel y otros s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-25

Aun cuando fuese procedente la doctrina que considera improcedente la interposición subsidiaria de los recursos extraordinarios ello sólo podría inducir a descartar la invocada subsidiariedad y a resolver el recurso extraordinario de nulidad antes que el de inaplicabilidad de ley (sin preguntarnos sobre el por qué de tal prioridad), pero no cabría de modo alguno tener por inexistente el recurso extraordinario de nulidad y no considerarlo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Revisión judicial de actos administrativos, objeto de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: HEMARSA  S.A.C.F.I. c/ DIRECCION NACIONALIDAD DE VIALIDAD s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-24

Tratándose de la impugnación de actos administrativos, un principio elemental de buena fe obliga a que la administración tenga conocimiento cierto de los hechos que invoca el particular y la extensión del perjuicio que dice se le infiere con el acto, hecho o situación que le afecta.

De modificar la fundamentación fáctica o la extensión de sus pretensiones al demandar judicialmente, el particular quita a la administración la posibilidad de decisión, sustrayéndole su competencia y asignándosela por propia y personal decisión al Tribunal Judicial que de órgano revisor de actos se transformaría en decisor de cuestiones que debían ser planteadas en sede administrativa.
Ejecución de la pena, progresividad del régimen penitenciario, salidas transitorias, recurso de casación penal, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lena Agüero, Luis Pablo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-10

El detenido en autos fue incorporado al régimen de salidas transitorias establecidas en el art. 28, apartado I, inc. "a" del decreto 396/99 que prevé la modalidad de tres egresos bimestrales -dos de doce horas y una de veinticuatro horas-; asimismo, en virtud de su buena conducta dentro del instituto carcelario fue beneficiario de las recompensas que establece el art. 105 de la ley 24.660 reglamentado por el art.

8 del decreto 1139/00, siendo acreedor de salidas transitorias semanales de doce horas. No advierto obstáculo alguno para que puedan verse complementados los dos beneficios toda vez que uno establece tres salidas transitorias por bimestre siendo dos de doce horas y una de veinticuatro -art. 28, apartado I, inc. "a" del decreto 396/99-, en tanto la otra concesión estipula salidas semanales -art. 8 del decreto 1139/00- que el Consejo Direccional de la Unidad carcelaria se expidió en forma positiva para que las mismas consten de doce horas cada una. De esta manera, la correcta exégesis de la normativa en estudio -arts.

17 y 105 de la ley 24.660, 28, apartado I, inc. "a" del decreto 396/99 y 8 del decreto 1139/00-, y a la luz de que en el caso de autos tiene como objeto afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales, me lleva a proponer al presente acuerdo que el detenido sea beneficiario de salidas transitorias de catorce horas semanales y una de veinticuatro horas por bimestre. En virtud de todo lo expuesto, propicio hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa incorporando al detenido a la modalidad de salidas transitorias aquí propuestas. (Dr. Hornos en disidencia parcial).
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, facultades del fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " Incd. de apel. de la FISCALIA DE INVESTIGACIONES...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-03

Los deberes y facultades del fiscal nacional de investigaciones administrativas se encuentran enumerados en el artículo 45 de la LOMP y reglamentados en el Reglamento interno de la FIA (resolución n° 18/05 de la Procuración General de la Nación, del 10 de marzo de 2005). Ahora bien, en lo atinente a la actuación de la FIA en causas penales, los límites de su intervención puede esquematizarse del siguiente modo:a. En primer término, el fiscal nacional de investigaciones administrativas tiene el deber de denunciar los delitos que conozca como consecuencia de las investigaciones practicadas en la administración nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo ente en que el Estando tenga participación -cuyos autores sean agentes públicos y se trate de hechos vinculados con el ejercicio de su función-. b. Las acciones penales emergentes de esas denuncias efectuadas por la FIA quedan a cargo de los fiscales competentes ante los tribunales donde queden radicadas las respectivas denuncias. Mientras los fiscales de estas causas tengan un criterio favorable al impulso de la acción penal, el fiscal nacional de investigaciones administrativas podrá intervenir en estos procesos proponiendo medidas de prueba y sugiriendo cursos de acción. c. En toda causa penal en la que se investigue algún delito cometido por un agente público en el marco del ejercicio de su función, e independientemente del origen de la investigación -esto es, haya sido el expediente iniciado en virtud de denuncia de la FIA o no- el fiscal nacional de investigaciones administrativas puede i) intervenir en el proceso proponiendo medidas de prueba y sugiriendo cursos de acción y ii) asumir directamente el ejercicio de la acción penal con desplazamiento del fiscal de la causa, siempre que este último manifestara un criterio contrario a la prosecución del proceso y el representante de la FIA considerara que existe mérito para su continuación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Pirosanto, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Adolfo Gonzalez Chaves s/ Indemnización por enfermedad accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

La determinación de la cosa juzgada es facultad privativa de los tribunales del trabajo, salvo absurdo.
Obtención de alimentos en el extranjero, apostille, juicio de alimentos, Convención sobre los derechos del niño
Materia: CIVIL
Carátula: Duchene, Dominique c/ Gaillard, Patrick s/ Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-08

Resultan de aplicación la ley 17156, la ley 24107, la ley 23458 y la Ley 23849. En la documentación acompañada se encuentra inserta la apostilla es decir se han cumplido los requisitos de la ley 23458 -art. 1, inc. a)-, y con el art. 3 que establece que la única formalidad que podría ser exigida para certificar la autenticidad de la firma, es el carácter con que ha actuado el signatario del documento y, de corresponder, la identidad del sello o del timbre que lleva el documento, será una acotación que deberá ser hecha por la autoridad competente del Estado en el cual se originó el documento, de conformidad con lo previsto en el art. 4, norma que dispone que la citada acotación, denominada "apostille", deberá ser hecha en el mismo documento o en una extensión del mismo.

Teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria de la pretensión intentada, la existencia de dos hijos menores y lo normado por la Convención de los Derechos del Niño (art. 27, punto 2) corresponde acoger el recurso de apelación, debiendo en la instancia de origen darse trámite a la ejecución promovida.
Prescripción adquisitiva, prueba, prueba insuficiente
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: PINO Rodríguez Concepción s/ Adquisición de Dominio por Usucapión Abreviado
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-21

"La jurisprudencia en la materia se ha pronunciado reiteradamente al decir que: 1) "La prueba testimonial por si sola carece de valor decisorio en el juicio de usucapión"; 2) "Si no existe en autos otra prueba que la testifical para probar el tiempo de la posesión, careciendo el juzgador de todo otro elemento que le aporte siquiera la presunción de que dicho tiempo está cumplido y sirva de refuerzo o corroboración de lo expuesto por los testigos, sólo cabe declarar insuficiente la prueba de testigos para probar el hecho y por ende, tenerlo por no comprobado".

Más allá del valor y trascendencia que se da a la prueba testimonial se ha exigido con justicia que se complete y corrobore con otros elementos de juicio objetivos e independientes, "porque a lo largo de veinte años le habrá sido posible al prescribiente conservar algún documento o pieza de convicción equivalente que sirva para demostrar su posesión o algún elemento de ella, que en ese dilatado lapso debe haber quedado, algo más que la memoria de los testigos".

Aplicando los criterios antes expuestos al caso de autos advierto que el recurso del apelante resulta procedente pues de las constancias de autos se puede inferir una insuficiencia probatoria que amerita el rechazo de la demanda.
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, paso a nivel sin barreras
Materia: CIVIL
Carátula: CHIAVARI DE MENESCALDI, Elba c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS  Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-09

1- La instalación de barreras con posterioridad al accidente permite presumir que la seguridad del paso a nivel así lo exigía.

2- Si bien la omisión de la obligación de colocar barreras en un paso a nivel no es por sí sola causa bastante para responsabilizar a la empresa de ferrocarriles, es menester que pruebe el haber suplido adecuadamente ese elemento de control, para lo cual han de valorarse las circunstancias de hecho respecto a la necesidad de su colocación, la eficacia de la señalización supletoria y, también, el obrar de los partícipes para apreciar su grado de concurrencia causal en el evento generador del daño.

3- La peligrosidad de un cruce ferroviario ha de ser apreciada tanto en relación con el movimiento de ferrocarriles, como, en mayor medida, con la intensidad de los restantes vehículos y el paso de peatones.