marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad de sentencia, falso testimonio, sentencias contradictorias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Maza, M. A. y otros  c/  s/ falso testimonio (Causa Nº 16.920/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-10

Desestimación por inexistencia de delito.

Pretensa querellante que recurre.

Vocal Scoto: Fiscal que al recibir el sumario en los términos del artículo 196 bis del ceremonial no ha ordenado la producción de medida alguna orientada a iniciar la actividad instructora, ello en tanto no revisten tal carácter la ratificación de la denuncia, ni tampoco la solicitud "ad effectum videndi et probandi" del expediente laboral. Acción no impulsada. Fiscal de Cámara que no se ha adherido al recurso de la querella. Jurisdicción de la cámara que se encuentra limitada a revisar los aspectos formales de la resolución del magistrado y del dictamen fiscal. Pedido de desestimación del fiscal auto contradictorio por lo que corresponde que sea declarado nulo al igual que la decisión recurrida.

Vocal Laíño: Comparte en lo sustancial los fundamentos de su colega y adhiere a la solución propuesta emitiendo el voto en idéntico sentido.

Nulidad del dictamen fiscal y de la resolución recurrida.
Ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, presupuesto nacional, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: AVALOS, Santo c/ F.M. DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES s/ accidente 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-24

Los créditos posteriores al 1/4/91, no incluidos en la consolidación prevista en el art. 1° de la ley 23982, se hallan comprendidos por el art. 22 de dicha ley que solo habilita "... la ejecución judicial del crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo". Es por ello que el cumplimiento de la condena deberá ceñirse al marco descripto, que a su vez resulta coherentemente interpretado con lo normado por los arts 20 y 21 de la ley 24624.
Concurso preventivo, proceso de verificación, crédito en moneda extranjera, crédito quirografario
Materia: COMERCIAL
Carátula: JUAN  D.  CAVALLO    S.A.    POR  BANCO  DE  ITALIA Y RIO DE LA PLATA s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-17

Tratándose de un crédito documentario para importación pactado en moneda extranjera, si se convino que la empresa -ahora fallida- se obligaba en los términos del art. 1197 C.C., a reintegrar la divisa en la moneda pactada, cualesquiera fuesen los impedimentos de hecho o de derecho, actuales o futuros, que obstaren al cumplimiento de la obligación asumida, y esto fue satisfecho por el banco ante el incumplimiento de la fallida, corresponde verificar el crédito de aquél con carácter quirografario, debiendo efectuarse la conversión al día del decreto de quiebra y no a la fecha de vencimiento de la obligación.
Juicio abreviado, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE RÍO NEGRO, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: G., E. J. s/ Fraude a la administración pública s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-07

En la regulación del juicio abreviado, algunos códigos de procedimiento establecen los requisitos expresos que puede analizar el juzgador al momento de homologar el acuerdo.

Así, el Código de Procedimiento Penal de la Nación prevé la posibilidad de rechazo si el tribunal argumentara "... la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia fundada con la calificación legal admitida..." (art. 431 bis 3), a lo que cabría sumarle otros que surgen del propio texto como condición de este tipo de juicio, a saber: que la petición resulte extemporánea; que, de mediar conexión de causas, el imputado no admita el requerimiento fiscal respecto de todos los delitos que se le atribuyen; que su conformidad aparezca condicionada, afectada por algún vicio de la voluntad o no sea congruente con el contenido de la prueba producida en la instrucción, o que, en el caso de que existan varios imputados, no aparezca exteriorizada la conformidad de todos ellos.

Con una distinta técnica legislativa - en cuanto a la indicación de los fundamentos para denegar el acuerdo -, nuestro Código de Procedimientos Penal no establece pauta expresa alguna al respecto.

Por ello, para dilucidar la cuestión, es necesario recurrir a la misma técnica interpretativa señalada supra, toda vez que del texto legislativo deben surgir las exigencias que condicionan la adopción de esta clase de juicio.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, lectura de la sentencia, plazo legal
Materia: PROCESAL
Carátula: C., I.G. s/ Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-19

Si la denuncia consiste en que el A-quo excedió el plazo de tres días para dar lectura pública de la sentencia, pero tal crítica omite que el plenario finalizó en una fecha posterior a la que computa la impugnación y que, así, la variación cronológica apareja la legitimidad de la lectura, el motivo casatorio no tiene fundamento porque no se ajusta la norma invocada con el trámite de la causa.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: "Alvarez  Pita Walter Rafael c/ EN EMGE. M° de Defensa s/ Daños y Perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-12

La incapacidad sobreviniente constituye un rubro autónomo y puede definirse como una merma genérica en la capacidad de la víctima que se proyecta sobre todas las esferas de la personalidad -incluyendo la laboral-, generando un quebranto patrimonial indirecto derivado de las limitaciones físicas y psíquicas que son secuelas del accidente (conf C.C.C.Fed. 2 "Zippes, Claudio Rafael y otro c/ Servicios de Gran Buenos Aires s/ Responsabilidad extracontractual del Estado" del 16/08/95) (Del voto del juez Otero, cons. V).
Prueba confesional, confesión simple
Materia: PENAL
Carátula: Bucharelli, Adriana s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

Existe confesión si en el contexto de su relación el procesado se atribuye una conducta que constituye autoría con imprudencia del resultado lesiones sufrido por la víctima.
Firma, autenticidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schejier, Sergio Rodolfo c/ Antonino, Orlando s/ Daños y perjuicios Aliende, Carlos c/ Cionfrini, A. s/ Ejecución Sierramar S.R.L. c/ Villarreal, Nestor A. y otro s/ Reintegro de retiros Crigher S.A. c/ Karlikowsky, W. s/ Ejecución de alquileres Augelletta, A. c/ Kemkes, L. s/ Incidente de nulidad en autos "Augelletta c/ Kemkes s/ Daños y  perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28|1986-11-18|1992-09-15|1987-12-15|1995-02-21

Es procedente la vía incidental de nulidad para aquellos supuestos en que se desconociere la firma de un escrito judicial, debiendo determinarse su autenticidad y sin que la misma pueda quedar librada a manifestaciones posteriores o al reconocimiento ulterior, por quien sostiene que suscribe la pieza, que le pertenece. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, verificación de créditos
Materia: PROCESAL
Carátula: GAGO HERMANOS SOCIEDAD DE HECHO s/ QUIEBRA PROPIA - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-02-21

La obligación de pagar los honorarios con fundamento implícito en el vínculo existente entre abogado y comitente (Ley 7269 art. 16, Ley 8226 art. 14), no resulta justificada cuando las circunstancias pueden hacer suponer la existencia de una contratación permanente entre el letrado y el beneficiario de los trabajos (como ocurre habitualmente con los abogados de entidades estatales), pues en tal hipótesis el derecho a la retribución que fija el arancel depende de una apreciación de hecho. Esta apreciación de hecho supone un proceso de conocimiento en el que necesariamente debe intervenir el presunto deudor, y el resguardo del derecho a la doble instancia que es reconocido expresamente por la ley arancelaria.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, incongruencia, incapacidad laboral, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BASUALDO, VICENTE ORLANDO c/ TALLERES CHICAGO S.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-15

El vicio de incongruencia alegado por el accionante no se verifica en la resolución dictada por la Alzada por cuanto, respecto de la cuestión atinente a si ocurrió o no el accidente de trabajo que habría ocasionado las afecciones padecidas por el trabajador, es de ver que la misma fue controvertida en la causa, y especialmente por el empleador demandado quien tanto en la contestación de la demanda como en sus alegatos afirmó que por la actividad que el actor realizara en las instalaciones de la empleadora jamás pudo haberse lesionado del modo expresado, y que es falso que el actor tenga una incapacidad laboral, y si la tuviera, es falso que sea atribuible al trabajo realizado; de lo que cabe inferir que el abordaje de este tema por la Alzada luce circunscripto a los hechos debatidos por las partes durante el litigio.
Locación de obra, resolución del contrato, daños y perjuicios, IVA
Materia: CIVIL
Carátula: SEIDMAN Y BONDER c/ ELECTROPAN S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-08

Si los futuros trabajos de la obra no se han de cumplir en el resarcimiento por daños y perjuicios que corresponda no podrá imputarse impuesto al valor agregado por trabajo alguno.
Empleados públicos, prescindibilidad, indemnización, liquidación, sueldo anual complementario
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CANE, RAFAEL HUGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   IMPUGNACION DE LIQUIDACION.     CSJ EXPTE NRO 26-79
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-25

La solicitud de que este tribunal aclare que la liquidación que oportunamente practicara el actor se complemente con el rubro "sueldo anual complementario" debe ser desestimada en virtud de no haberse oído previamente a la contraria.
Cuestiones de competencia, Poder Judicial, tribunales de instancia única, citación en garantía, quiebra
Materia: CIVIL. COMERCIAL
Carátula: TORRES, FERNANDO c/ CUELLO, JOSE L Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. COMPETENCIA (CSJ EXPTE Nº 1149-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-21

La nueva disposición del artículo 133, tercer párrafo de la ley de quiebras respecto al no desplazamiento de la competencia de los tribunales de radicación de la causa en caso de que la citada en garantía se encuentre en proceso de liquidación, responde al hecho de la práctica judicial de la última década, en donde resultaba que la aplicación -por vía interpretativa- del artículo 137 de la ley 19551 provocaba la radicación en el juzgado de la quiebra de todos los pleitos por accidentes de trabajo y daños y perjuicios -como supuestos más comunes- con una inusitada recarga de tareas para el tribunal interviniente, lo que conllevaba una demora en los términos procesales y, sobre todo, en las posibilidades de cobro de los acreedores, motivos éstos, específicamente contemplados a los fines de la reforma. Ello, sin perjuicio de las argumentaciones sobre la aplicación de la nueva ley a los procesos en curso que, a pesar de haber sido mayoritariamente admitida por la jurisprudencia, se resquebraja en el caso atento al carácter eminentemente práctico con que deben resolverse los conflictos de competencia, debiéndose pues dirimir el conflicto de competencia en favor de la postura del juez de la quiebra y devolverse los autos al Tribunal Colegiado de radicación originaria.
Imputado, declaración indagatoria, falta de firma, juicio abreviado, reconocimiento de los hechos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zarate, Rubén Eduardo s/ recurso de casación.  MAGISTRADOS:  Tragant, Mitchell, Capolupo de Durañona y Vedia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-09

Si bien el imputado no firmó el acta, confirmó el acto al reconocer el hecho que se le imputara y su calificación legal en oportunidad de llevarse a cabo el trámite del juicio abreviado en los términos del art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación.(Voto del Dr. Tragant).
Concursos, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Puggioni Beatríz L. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

El capítulo III de la actual ley de concursos y quiebras, trata las cuestiones atinentes a las reglas procesales, sin perjuicio de la existencia de otras normas también de forma, diseminadas en la ley, y en una técnica legislativa que ha merecido numerosas críticas. Es pues, en ese capítulo III principalmente y en el conjunto de la ley específica en la materia, donde debe buscarse primariamente el encuadre legal a toda situación que se genere y sólo en ausencia de ésta y de no ser incompatible con el espíritu de la ley nacional podrá tener cabida el derecho procesal local.
Procesos de conocimiento, procesos de ejecución, monto del juicio, intereses, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Sociedad del Estado - s/ ejecución fiscal.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

Tanto en los procesos de conocimiento como en los ejecutivos, los intereses no deben integrar el monto del juicio a los fines regulatorios, puesto que en ambos casos revisten los mismos caracteres con relación a la actividad profesional de cuya remuneración se trata.
Etapas del proceso, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: M., R.A. c/ P.A. SA s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-02-25

Al demandado le incumbe la carga de expedirse en forma clara, explícita, y circunstanciada acerca de cada uno de los hechos esenciales expuestos en la demanda, pues el art. 356, inc. 1ro. del Cód. Proc. dispone que su silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramente general pueden estimarse como reconocimiento de los hechos esenciales expuestos en la demanda.

Aunque no siempre este silencio trae como consecuencia la necesidad de la procedencia del embargo preventivo, pues debe considerarse la naturaleza de la acción y la verosimilitud del derecho alegado, en definitiva, este supuesto da lugar al embargo preventivo sin perjuicio de las pruebas que produzca la restante demandada y que deberán ser valoradas por el juez al momento de sentenciar aplicando la sana crítica, ya que aquí basta el fumus bonis iuris.

Ello es así porque ante la incontestación de demanda existe una presunción de veracidad sin que implique abrir juicio sobre la materia principal.
Proceso penal, imputado, prisión preventiva, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SANTA FE, interpretación de la ley, aplicación de la ley penal, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: E., L. C. s/ Incidente de libertad provisional (Expte. Nro. 1-04, Resolución Nro. 10,  Tomo 1, Folio 411)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-01-20

Las modificaciones de la ley 12.162 indudablemente implican una revalorización importante de la actividad judicial, en cuanto otorgan más confianza al criterio de los jueces en lo que hace a la conducción y cuidado del proceso, al tiempo que significan un ajuste imprescindible del tema del encarcelamiento previo a la condena, a normas de jerarquía constitucional. Es un conocido dato estadístico que nuestras cárceles están pobladas al menos en un sesenta por ciento por personas aún no condenadas, que cumplen aprisionamiento preventivo. Esta situación, considerada una inversión del principio constitucional de inocencia, no era prácticamente posible de solucionar por la Justicia, atada como estaba a leyes que, como viéramos, no acordaban alternativas para la prisión preventiva. La reforma comentada modifica esa situación al permitir, y esto es muy importante, dentro del más estricto marco de la ley, un ejercicio razonable de esa coerción. En el futuro será más fácil apreciar si realmente creemos que todas las personas son inocentes hasta tanto hayan sido condenadas (artículo 18 de la Constitución Nacional) o si por el contrario nos inclinamos por un estado de sospecha en el que todo imputado debe estar preso hasta que se demuestre su inocencia.

Veremos si a la prisión preventiva la entendemos como resguardo de los fines del proceso, o si por el contrario la hacemos operar como adelanto de pena o como medida de seguridad predelictual.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LA ARROCERA ARGENTINA S.A. c/ HAROLDO DIEGO FROST s/ ORDINARIO"EXPTE. N13925
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1998-03-25

Considerar a los intereses reclamados en una demanda que no prospero para regular el estipendio de los profesionales de la parte vendedora no puede per se merecer la tacha de arbitrariedad.
Estafa, delito reiterado, delito continuo
Materia: PENAL
Carátula: PROVENZANO, A. s/ ESTAFA    DELITO CONTINUADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-29

1) La torpeza exculpante de responsabilidad penal en orden al delito de estafa debe ser un descuido importante, rayano en la desaprensión, el descuido total o la estupidez, lo que no ocurrió en el caso de autos en que el imputado no sólo dominaba los datos referentes a convenios a los que habían adherido las víctimas, sino que otorgaba recibos de buena apariencia contra las sumas que reclamaba.

2) Los hechos atribuidos al procesado -estafa reiterada en 51 oportunidades-, no pueden interpretarse como un delito continuado, pues para que éste se configure, además de la intención dolosa, es preciso que se de también la identidad del bien jurídico tutelado y la identidad del tipo en la conducta.
Administración Pública, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMBIASO, ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 603 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-05

Debe tenerse en cuenta que la Administración -en obsequio al principio de imparcialidad (y en definitiva de buena administración)-, debe respetar la justicia y equidad en la realización de los cometidos que el ordenamiento le asigna, tanto al confrontar los intereses particulares con los suyos propios, como en la evaluación de los intereses de los distintos sujetos extraños a ella, realizando, en cuento fuere posible, el bien de todos los sujetos, singular o colectivamente considerados, sobre los que recae la acción administrativa, cuidando de no perjudicarlos innecesariamente, a fin de conseguir la mayor utilidad pública con el menos sacrificio de los intereses privados.
Improcedencia del recurso, asegurador, accidente de tránsito, gastos médicos, reparación integral, cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: Antúnez Patricia Gabriela c/ Mapfre Argentina Seguros SA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-03-09

Resulta improcedente el recurso de apelación deducido por la demandada contra la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo constitucional promovida por la actora, en relación a los gastos sanatoriales en los que incurrió como consecuencia del accidente de tránsito producido. Cabe señalar que las normas y principios de defensa de los consumidores y usuarios son aplicables a las relaciones generadas por un contrato de seguros, por lo que el mismo debe ser analizado a la luz de las disposiciones de la LDC (especialmente arts. 38 y 39), así como las normas y principios del Derecho común (especialmente arts. 18, 21, 953, 954, 1038, 1039, 1066, 1071 y 1198 del Código Civil, y como los actuales arts. 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial vigente). Teniendo en cuenta la aplicación de los principios que integran el plexo normativo consumeril y atento a la naturaleza de los derechos constitucionales que el art. 68 de la Ley 24449 busca tutelar, teniendo en miras el principio de reparación integral del damnificado, debe extenderse el seguro contratado incorporando el contenido de la póliza básica del seguro de responsabilidad civil obligatorio vigente al momento de la liquidación judicial del daño ordenado en la sentencia apelada, en sustitución de su valor histórico, llevando en el caso el seguro obligatorio a la suma dispuesta por la Resolución N° 766/2021 SSN, por la cual se fija el límite para la cobertura de la Obligación Legal Autónoma por Gastos Sanatoriales en la suma de $ 100.000, la cual se encontraba vigente a la fecha en que se procedió a la liquidación del daño. Concluyendo que por tratarse de una norma de orden público que tutela la salud de la víctima, quedando el monto sujeto a arbitrio del sentenciante y las pruebas de los gastos pretendidos, de exceder el monto fijado por la resolución cuestionada no resulta necesario declarar la inconstitucionalidad como pretende la apelante, en tanto resulta un monto promedio de pago, implicando simplemente en virtud de la equidad jurídica determinar el monto.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Retondo, Francisco c/ Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Excma. Cámara Civil, Sala J. y Juez de Primera Instancia del Juzgado Civil n° 63, Sec. n° 93, Capital Federal y Estado Nacional s/ indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

La competencia originaria de la Corte, por ser de raigambre constitucional, es de naturaleza restrictiva y no es susceptible de ser ampliada ni modificada siquiera mediante normas legales.
Proceso penal, imputado, declaración indagatoria, auto de procesamiento, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., E. s/ Auto de procesamiento (Expte Nº 52-00, Resolución Nº  84, Tomo 5,  Folio 437)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-03

El principio procesal de congruencia requiere identidad entre los hechos intimados en la indagatoria y en los atribuidos en el procesamiento. Desde una perspectiva de derecho positivo, la exigencia se encuentra formulada en el art. 325 de nuestro Código Procesal Penal, que reclama "bajo sanción de nulidad", el cumplimiento del acto indagatorio en forma previa al eventual procesamiento. Esta disposición al vincularse con la contenida en el precepto que indica (también bajo amenaza de nulidad), la necesidad de hacer saber al imputado el o los hechos que se le atribuyeran, lleva a la conclusión de que ningún hecho que no hubiera sido atribuido en la declaración indagatoria, podrá ser objeto de procesamiento. DEL VOTO DEL DR. OLAZABAL
Obligación principal, obligaciones accesorias
Materia: CIVIL
Carátula: Lorenzo Barca, Eduardo c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ escrituración.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

La accesoriedad es un concepto genérico, que como tal abarca distintas manifestaciones específicas entre las que se encuentra, en materia obligacional, el concepto de obligación principal y obligación accesoria.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Zárate, Félix Teodulfo c/ E.N. -E.M.G.E.- s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y no existe otra prueba de parejo tenor que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja frente a la imposibiilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso aceptar la conclusiones de aquél (C.N.Civil, Sala C, 30/7/91, "Pagliaro, Carlos c/ Sicamericana S.A.", LL. 1992-A p.

425).