marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, derechos de los agentes de la administración pública, licencias administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vargas, Carlos Alejandro c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en expte. NºB-46259/99 Contencioso Administrativo Provincia s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en expte. NºB-46259/99 Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-06-12

En conformidad con las normas vigentes (Reglamento de Licencias del Tribunal de Cuentas -Resolución Nº 344-R/G del 28/04/89- modificado por Resolución Nº 244-R/G) el empleado público tenía derecho a solicitar licencia para capacitarse y el Tribunal de Cuentas si el servicio lo permitía debía acordársela con goce de haberes o reconocimiento de gastos, según lo decidiera ese Tribunal en plenario, todo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Ello es así porque la redacción de la norma es categórica en ese sentido y no deja margen de dudas al respecto, ya que valga reiterarlo la disposición legal vigente (Art.35 del Reglamento de Licencias) en forma imperativa dice como debe acordarse la licencia. O sea que el Tribunal de Cuentas dentro de la esfera de sus potestades discrecionales podrá otorgarla si el servicio así lo permite, pero si la concedió deberá hacerlo o con goce de haberes o reconocimiento de gastos, según lo decida y conforme a las disponibilidades presupuestarias con las que cuente.
Medidas cautelares, medida de no innovar, verosimilitud del derecho invocado, impuestos, resoluciones aduaneras, presunción de legitimidad, acto administrativo
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Magnelli,  Daniel  Héctor c/ Administración Federal de IngresosPúblicos - Dirección General Impositiva. s/ medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que -al tener por demostrada la verosimilitud del derecho- hizo lugar a la medida de no innovar contra las resoluciones de la AFIP que intimaban a la actora al pago de tributos, sin considerar en modo alguno la presunción de legitimidad -art. 12 de la ley 19.549- de que gozan los actos de la Administración y sin efectuar un análisis concreto, preciso y detallado de los elementos y pruebas que lo privarían de su carácter de acto válido en derecho.
Procedimiento aduanero, sanciones aduaneras, recursos administrativos, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: American Charge S.A. c/ AFIP DGA. -Resol. 946/98- s/ medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-24

El art. 111 del C.A. establece el plazo para interponer el recurso, la persona habilitada para ello, los efectos de ese recurso y también le otorga un plazo de 15 días a la A.N.A. para dictar la resolución. En tales condiciones y existiendo una norma específica en el C.A. que rige la materia, no pueden invocarse las disposiciones de otro cuerpo legal para desvirtuar el claro propósito del legislador al establecer el efecto que corresponde otorgar a los recursos interpuestos contra sanciones como las de autos. De prosperar la tesis de la actora, sería superflua la prevención contenida en el art. 111 de la ley 22.415 que establece el efecto del recurso contra actos administrativos.
Prescripción de la acción penal, actos interruptivos
Materia: PENAL
Carátula: DISTEFANO, ANTONIO s/ Cheque sin fondos, Incidente de excepción de prescripción de la  acción penal Causa Nro. 36065.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

La citación hecha al imputado convocándolo a prestar declaración en calidad de sospechoso tiene carácter de secuela de juicio (Fallo Plenario N° 83 de éste Tribunal, "TIMBER S.C.A.", Sep. 21.73), por lo que corresponde confirmar la resolución que no hace lugar a la excepción de prescripción planteada.
Constitución Provincial, acceso a la justicia, acción de amparo, acción contencioso administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA CRISTINA GRACIELA DEL LUJAN c/ CONSEJO GRAL. DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-12

Desde la composición actual del Tribunal en casos y soluciones análogos guiados especialmente por el afianzamiento del derecho fundamental a la "tutela judicial efectiva", plasmado en nuestra Constitución Provincial en su art. 48 y a fin de evitar la pérdida de jurisdicción que ocasionaría el rechazo de la acción interpuesta, se ha propiciado facilitar la conversión de la acción de Amparo en el proceso contencioso administrativo otorgando un plazo prudencial para ello. Por ello el suscripto en uso de las facultades instructorias y ordenatorias establecidas en el Art. 34 del C.P.C.C. entiende debe darse a la causa interpuesta el trámite de la Ley Nro.

2297 (contencioso administrativo). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, Impuesto sobre los ingresos brutos, actividad industrial, alícuota, principio de legalidad, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	 s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-14

Como la interpretación de la ley efectuada por la Cámara, favorece al contribuyente, la única queja posible del fisco no se refiere al principio de legalidad, propio del contribuyente frente a la Administración y, por lo contrario, no reivindicable por el Estado, sino a la base de la definición de la independencia judicial como ingrediente de la división de los poderes estatales. (Del voto del Dr. Maier).
Costas, honorarios, procedimiento laboral, pago, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: DARUICH VICTOR HUGO c/ EDET S.A. s/ DIFERENCIA DE INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-05-06

El tope máximo del 25% que establece el artículo 277 (cuarto párrafo) LCT, debe ser determinado aplicando dicho porcentual sobre el monto de la sentencia y no de la base tenida en cuenta para la regulación de los honorarios.
Concurso preventivo, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zimmermann Silvia Estela s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-06-01

La base regulatoria de los honorarios, en caso de concurso preventivo, está dada por el monto del activo, quedando librada su estimación al prudente arbitrio judicial (artículo 266 de la Ley de Quiebras). Tal estimación queda librada a la discresión del juzgador, resultando relevantes la manifestación del concursado al momento de promover el universal y la del síndico en oportunidad de presentar el informe general. Cierto resulta que, en tanto el requisito impuesto por el artículo 39 de la norma citada de contemplar el valor probable de realización de los bienes que componen el activo tiende a brindar a los acreedores información de utilidad para evaluar la alternaiva del fracaso del acuerdo, no necesariamente habrá de coincidir aquél con su valor real.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F., M. Z. c/ D., E. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

Si de la absolución de posiciones del demandado, surge la explotación de un negocio de verdulería en la Ciudad de Ensenada, titularidad de un automotor y la detentación de una profesión de índole técnica, unida a la reconocida desatención asistencial respecto de los menores, lo que exhibe un cuadro presuncional de ingresos básicos que exige que como padre procure asistir al sustento de los hijos y sin que el anuncio de incoar un beneficio de litigar sin gastos ni que sea asistido por el Defensor Oficial conformen parámetros serios capaces de minorar su ineludible obligación paterna.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/ SOMISA Sociedad Mixta Siderurgia Argentina s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

Las cuestiones vinculadas a las formalidades de las sentencias y al modo de emitir el voto en los tribunales colegiados son materias de naturaleza procesal, ajenas al recurso federal.
Despido, ius variandi, cambio de lugar de trabajo, prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Clissa, Isaías Nahuel  c/ Ripa, Eduardo Enrique y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-11

El recurrente se agravia porque el sentenciante consideró que no existió un ejercicio abusivo del ius variandi. En el marco de la actividad desplegada por la accionada (servicios de limpieza a terceros) el cambio de lugar de trabajo resulta ser característico puesto que las prestaciones no se llevan a cabo en la sede de la empleadora sino en favor de terceros cuyas necesidades pueden variar o sus contratos rescindirse por lo que, salvo que se trate de una modificación abusiva, un cambio de destino como el operado no constituye por sí un ejercicio del ius variandi. El actor no aportó pruebas alguna tendiente a acreditar la mayor distancia alegada ni el mayor tiempo de viaje. Las empresas de limpieza al desempeñar las tareas en establecimientos que no son propios pueden alterar el destino de sus trabajadores para que presten servicios en favor de terceros. El cambio del lugar de trabajo resultó razonable y el accionante no acreditó que el mismo le causara perjuicio.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Roberto G. s/ Infracción arts. 292 y 296, C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-22

Es innecesario acreditar la aptitud para el disparo de las armas de fuego empleadas en el hecho delictivo a fin de que se configure la agravante prevista en el art. 166 inc. 2 del Código penal, bastando para ello simplemente su utilización. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho comercial, concursos, efectos de la apertura, contratos en curso de ejecución, incidentes, pretensión, escrituración, verificación de créditos, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Antonio Barillari SA  c/  s/ s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito de pesca angela sa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

Cuando, como en el caso, el acuerdo celebrado en mediación entre el incidentista y el concursado, se trató, en rigor, de una "promesa de contrato" en tanto preliminar del cual surge la obligación asumida por las partes de concluir otro contrato, el de compraventa de ciertos buques de propiedad de la deudora, mediante escritura, que es el principal o definitivo; en ese marco, con sólo observar que el pago del precio se estipuló que podía ser efectuado de distintas formas y que quedó postergado para un período determinado el cumplimiento principal de la obligación de la vendedora -la firma de la escritura pública-, momento en el cual se debía proceder a cancelar el saldo pendiente, es evidente que estamos ante un contrato de ejecución diferida sometido a plazo. Ambas partes quedaron obligadas simultánea y recíprocamente, de tal modo que la causa de la obligación de cada una fue la consideración de una contraprestación a cargo de la otra; por lo que en caso de concursamiento del demandado, el contrato quedó alcanzado por las prescripciones de la LCQ 20
Reforma del Estado, programa de participación accionaria, prescripción, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: De  Souza,  Rodolfo  Marcelo  y otros c/ YPF S.A. y otro s/ Part.Accionariado Obrero.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29

Con relación a los reclamos fundados en el art. 29 de la ley 23.696, a los fines de la prescripción cabe tomar como plazo el decenal, en tanto que como inicio del cómputo debe tomarse el 10/02/94, por ser ese el día en que entró en vigor la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ntion 219/04, pues es éste el momento a partir del cual se estableció el coeficiente de distribución de dichos bonos.
Pueblos originarios, personería jurídica, nulidad de la resolución, Estado Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia del Neuquén c/ Estado Nacional (Ministerio de Desarrollo Social - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) s/ impugnación de actos administrativos y acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-11

Corresponde declarar la nulidad de las resoluciones mediante las cuales el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas inscribió la personería jurídica de seis comunidades mapuches, dado que la Provincia del Neuquén no fue informada ni consultada respecto de lo solicitado por las comunidades y, por consiguiente, no participó en la conformación del conjunto de datos que resultan relevantes para reconocer a una comunidad aborigen con personería jurídica.
Ley formal, ley de orden público, aplicación de la ley, actos y diligencias procesales, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Hussar, Otto c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Si bien las leyes sobre procedimiento y competencia son de orden público y se aplican a las causas pendientes, este principio ha sido limitado a los supuestos en que no se llegue a privar de validez a los actos procesales cumplidos o se deje sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, costas, juicio, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Paredes, Jorge Alberto y otro c/ Administración provincial de Impuestos - A.P.I. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Amparo (Expte. CSJ Nº 452- 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-17

Las cuestiones referentes a la imposición de costas constituyen materia reservada a los jueces de la causa y resultan -por vía de principio- insusceptibles de impugnación en la instancia extraordinaria, en atención a la naturaleza procesal. Este principio se traduce en una particular estrictez a la hora de aplicar la doctrina de la arbitrariedad, de suerte tal que la misma sólo funcionará cuando lo resuelto suponga un inequívoco apartamiento de la solución normativa para el caso o cuando medie una decisiva carencia de fundamentos. En el caso, los recurrentes no aportan argumentos idóneos que persuadan sobre la presencia de tales defectos en la sentencia que rechazó la apelación deducida contra la decisión de la Jueza de baja instancia (la cual impuso las costas por su orden atento a que el proceso se había extinguido por sustracción de materia) considerando que tal imposición resultaba "prudente" ante la ausencia de estudio y resolución acerca de las cuestiones planteadas en el litigio, respuesta que no sólo supuso atender razonablemente a las circunstancias extintivas del proceso sino que, incluso, se ajusta en su sustancia al criterio sostenido por la Corte local ante casos similares en los cuales ha desaparecido el objeto litigioso y, con ello, la potestad de dictar una sentencia que se pronuncie sobre el fondo del asunto, en el ámbito competencial contencioso-administrativo.
Competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, distinta vecindad, litisconsorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: Santamaría, Aldo Aníbal y otros c/ Francinelli, Marta Beatriz y otros s/ da!os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Toda vez que se configura un litisconsorcio activo facultativo (art. 88 del Código Procesal Civil y Comercial) resulta exigible, a los fines de habilitar la competencia originaria de la Corte, que todos los actores se avecinen en jurisdicción territorial ajena a la del estado local del demandado.
Dominio público, objeto fuera del comercio, imprescriptibilidad, poder de policía
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos "Jaime, Carlos Javier s/ art. 11179:183"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Entiéndese por dominio público una suma de bienes pertenecientes al Estado, y que éste destina al uso público, sometiéndolos a un régimen jurídico determinado, caracterizado esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad, con todas las consecuencias que derivan de ello, esto es, quedar puestos fuera de circulación por el carácter de res extra commercium que le confiere esta distinción, como así también, por encontrarse sujetos al poder de policía que se ejerce sobre él y que se manifiesta con modalidades específicas. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de casación, monto del juicio, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALO JOSE LUIS c/ YACIMIENTOS CARBONIFEROS RIO TURBIO S.A. s/ INCIDENTE DE MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-09-22

La materia en tratamiento, es ajena a la instancia extraordinaria provincial porque la operación destinada a determinar el monto del juicio, a los efectos de la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción del legislador, y del juzgador que la interpreta, cuyas normas tutelares no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión.
Inadmisibilidad del recurso, falta de fundamentación, hábeas corpus, condiciones de detención
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fuque, Ureliano Jorge y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-21

Es inadmisible el recurso de casación si el recurrente no ha logrado rebatir los argumentos por los cuales el juez de instrucción y la cámara a quo desestimaron la acción de habeas corpus, ante la evidente falta de adecuación del caso a los supuestos previstos en el art. 3 ley 23.098, ya que los traslados que se cuestionan no conforman agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de los internos que encuadre en dicha norma, pues no exceden el marco propio de las políticas penitenciarias de alojamiento de personas privadas de libertad. (Dres. Riggi, Figueroa y Catucci).
Pagaré, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Frances del Rio de la Plata c/ Gomez, Andres Alfredo s/ Cobro ejecutivo Banco Frances del Río de la Plata c/ Gomez, Andres Alfredo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29|1995-08-29

Si se trata de la ejecución seguida por un portador contra el suscriptor o librador de un pagaré, el plazo de prescripción de la acción es de tres años, conforme con lo dispuesto por el art. 96 del decreto ley 5965/63, ratificado por ley 16748, contándose dicho plazo desde la fecha del vencimiento del pagaré (arts. 96, 103 y 104 del citado decreto ley).
Costas, costas al demandante, prueba, hecho admitido, honorarios, perito de parte, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: BELLUZ DE GONZALEZ ANTONIA c/ CIELOS DEL SUR SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-09

La condenación en costas a la actora comprende asimismo el pago de los honorarios del perito consultor que designara, por lo que el citado profesional debe perseguir el cobro de sus emolumentos exclusivamente contra ella y no contra la demandada quien, en su hora, manifestó desinterés en la producción de la prueba pericial aeronáutica (art. 478 del Código Procesal). Por lo que ningún motivo existe para obligarla al pago de los gastos de un medio de prueba en cuya producción se abstuvo de participar (cfr. Corte Suprema, doctrina del caso "Agostini, Silvia y otros c/Medicor SA" del 21.4.88, Reg. En ll 1988-D. Pág. 154; González, A. C. "Estudios de Derecho Procesal", Cap. II, "El Consultor Técnico en la normación del Código Procesal Nacional", pág. 74, N° 7, ed. Ad-Hoc, Bs. As., 1990, publicado también en ll 1990-D, pág. 840/844; Colombo, C. J. "El perito y el consultor técnico", en rev. del Colegio de Abogados de Bs. As., N° 1, año 1986, págs. 11 y sgtes., espec. Pág. 33; etc.).
Honorarios del perito, perito ingeniero, ley arancelaria, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Mevopal  SA  y otra c/ Banco Hipotecario Nacional s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

Los honorarios del perito ingeniero deben regularse conforme a la norma arancelaria específica en cuanto prevé una escala porcentual a aplicarse sobre el valor de la obra, de la cosa o del bien: (art. 88 del decreto-ley 7887/55 y ley 21.165).
Proceso contravencional, recusación, recusación con causa, deber de imparcialidad, nulidad procesal, oportunidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Erice,  Fabián  y  otros s/ arts. 116 y 117 Ley 1472 interpuesto  por  la Defensora Oficial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-27

En el caso la Sra. Defensora no señaló la presencia de ninguno de los motivos legalmente previstos que permitan admitir el planteo de recusación con causa y tampoco aportó fundamento alguno para sustentar el temor de parcialidad, simplemente advirtió que la Magistrada había ordenado medidas que, según la presentante, obraban como prueba, sin que el Sr. Fiscal requiriera tales procedimientos Por lo expuesto, tratándose de cuestiones que pueden ser debatidas en el marco del planteo de nulidad y que, en todo caso, no habilitan sospecha de parcialidad en la conducta de la Sra. Jueza a quo, no corresponde hacer lugar a la recusación planteada.
Despido sin causa, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: VALDES LUCAS DANIEL c/ BANCO PROVINCIA DE NEUQUEN S.A. s/ DESPIDO DIRECTO POR CAUSALES GENERICAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-24

Adhiriendo al voto de mi colega que me precede en la opinión, agregaré por otra parte que se ha sostenido desde la Doctrina (Valentín Rubio "Despido con justa Causa" en Revista de Derecho Laboral 2011-1 "Extinción del Contrato de Trabajo III", pagina 171), que la pérdida de confianza como causal de despido debe encontrar fundamentos en hechos objetivos de magnitud suficiente que la justifiquen y no constituye una justa causa de despido, sino que en todo caso es la motivación que induce a denunciar el contrato cuando han mediado determinados incumplimientos concretos y materialmente advertibles, que conduce a ese estado de ánimo que, por sí mismo es jurídicamente relevante. (Del voto del Dr. Dardo W. TRONCOSO).
Accidente de tránsito, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marín, Gustavo Serafín c/ López, Juan Domingo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-30

Si el perito se limitó -al parecer- a observar el automóvil desde una distancia de cinco metros, sin revisarlo ni observarlo por dentro, resulta procedente el criterio de utilizar la facultad otorgada por el art.165, C.P.C.C., reduciéndose el valor dado por el experto en un 30 por ciento.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Lazagabaster, Juan Pedro; Lazagabaster,Lázaro s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que plantea la caída de la totalidad de la prueba documental sin haberse determinado cuáles son las piezas impugnadas y media también improcedencia de fondo en tanto no demuestra que los textos legales invocados en relación a la prueba testimonial de sumario sean aplicables a la documental.