Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30


BLANCHE, Jorge Amílcar contra MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER Reg.: A y S t 203 p 113-123.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, Relata que trabajaba para la Municipalidad de San Javier, a la que comunicó -en fecha 3.10.1994- que se encontraba enfermo, presentando posteriormente certificado de su médico particular (el 7.10.1994). Añade que en fecha 10.10.1994, puso en conocimiento del ente municipal que continuaba enfermo, concurriendo el Médico municipal a su domicilio, en fecha 12.10.1994, quien le otorgó 15 días de licencia por enfermedad, conforme certificación, en la que recomendaba en forma expresa requiriese asistencia psiquiátrica.

Remarca que, a efectos de dar cumplimiento a lo prescrito por el Médico municipal, concurrió -en la misma fecha de la visita médica de control municipal- a un especialista en Psiquiatría, quien emitió certificado, otorgándole treinta días de reposo, cuya constancia presentó en Mesa de Entradas municipal el 17.10.1994.

Manifiesta que, en fecha 8.11.1994, la Municipalidad lo intimó a presentarse a trabajar, argumentando que para ello no tomó en consideración que se encontraba bajo el tratamiento que le había recomendado el mismo facultativo municipal y, con goce de licencia por enfermedad, sobre la base del certificado del especialista, al que recurrió en cumplimiento de la recomendación consignada por el médico municipal en el certificado del 12.10.1994.

Señala que ante lo absurdo de la situación, aclaró al ente público -mas sin obtener respuesta- que aún se encontraba bajo tratamiento médico y amparado por los certificados pertinentes (remisión de carta documento 111, del 9.11.1994). Expresa que, a la fecha de la demanda, aún continuaba bajo tratamiento psiquiátrico.

Indica que, al presentarse para percibir sus haberes -del mes de noviembre de 1994-, no le fueron abonados, dándole como única razón -tan sólo verbal- que ello respondía a las instrucciones impartidas por el Secretario de Gobierno, doctor Bode, en razón de que los mismos no le correspondían.

Pone de relieve la incomprensible actitud de la demandada, que incurrió en retención indebida de haberes, en momentos en que se encontraba con parte de enfermo, sin previa instrucción de sumario administrativo y sin que el Médico municipal efectuara nueva revisación de control.

Ante la situación irregular descripta, sostiene que requirió explicaciones mediante carta documento 139 (del 9.12.1994), en la que ratificó los términos de su anterior misiva (carta docum. 111).

Destaca que por toda respuesta recibió la carta documento 145, por la que el Secretario de Gobierno -Dr. Bode- simplemente expresó que los haberes del mes de noviembre no fueron liquidados por considerarse injustificadas sus inasistencias desde el 26.10.1994 hasta esa fecha (13.12.1994).

Expresa que ante esta circunstancia requirió se le prestara a su enfermedad la atención que era debida, mediante carta documento 153 (de fecha 22.12.1994), en la que asimismo reclamó los haberes indebidamente retenidos. Ante su petición, por toda respuesta el señor Bode se limitó a ratificar todo lo actuado, dando por concluido el intercambio postal.

Continúa su alegación refiriendo que, ante esta alternativa remitió cartas documentos al Honorable Concejo Deliberante y al Intendente municipal, las que no fueron contestadas.

Señala que recién en fecha 18.1.1995 -por carta documento 178- la Municipalidad le comunicó que, mediante resolución 9/95, lo había dejado cesante, especificando que la causal era la de inasistencias injustificadas reglamentada en el artículo 63 de la ley 9.286. Ante la mencionada decisión municipal, presentó recurso de reconsideración en fecha 2.2.1995, destacando la falta de previa instrucción del sumario respectivo (art. 65, párr.

4, ley 9.286), el que fuera rechazado por el ente territorial demandado.

Asevera que en todas las cartas documentos que remitió a la Municipalidad señaló y reiteró que debía prestarse atención a su enfermedad. La Municipalidad de San Javier, según indica, hizo caso omiso a las prevenciones incluidas en sus misivas. Destacó que el Médico municipal, luego de prescribirle atención psiquiátrica nunca volvió a revisarlo y, tampoco la Municipalidad convocó a Junta Médica.

Finalmente, reitera que en momentos en que se encontraba con parte de enfermo, sin sumario administrativo iniciado y obviamente tampoco notificado, en que contaba con la acreditación correcta por medio de Mesa de Entradas municipal de los respectivos certificados de especialistas, no habiéndose dispuesto su cesantía, no obstante ello, la Municipalidad demandada le retuvo indebidamente sus haberes, y posteriormente luego de casi dos meses, en palmaria ignorancia de sus solicitudes al Intendente y al Concejo Municipal, lo dejó cesante (en fecha 17.1.1995, por resolución 9/95 del Departamento Ejecutivo municipal).

Solicita, en definitiva, se haga lugar al recurso, con costas.

1. 2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 21), comparece la demandada (f. 31) y contesta la demanda (fs. 38/39 vto.).

En el escrito de responde niega que: el actor se haya encontrado gozando de licencia por enfermedad, ya que no realizó los procedimientos fijados en la ley 9.256 para la obtención de ésta, y el señor Blanche esté bajo tratamiento psiquiátrico como afirma; la Municipalidad de San Javier haya violado norma alguna al no abonarle los salarios por el tiempo no trabajado y con inasistencias sin justificar. Postula que no le era exigible la formalidad de instruir sumario, de conformidad al texto del artículo 65 de la ley 9.286, en referencia al artículo 62 inciso a) de la misma, modificación dispuesta por la ley 9.743, cuyo texto expresa "La cesantía y la exoneración serán aplicadas por el Departamento Ejecutivo o Presidente de la Comisión Comunal, previa instrucción del sumario respectivo, salvo cuando medien las causales previstas en el artículo 63 inciso a)".

Manifiesta que el accionar de la Municipalidad de San Javier se ajustó íntegramente -atento a las circunstancias fácticas- a las normas aplicables contenidas en la ley 9.256 (mencionando el art. 15).

Expone la que a su criterio conforma la realidad de los hechos, manifestando que el agente dejó de concurrir a sus tareas el día 3 de octubre de 1994, habiendo comunicado al ente público que se encontraba enfermo, razón por la cual refiere que el Municipio dio intervención al Médico oficial. Prosigue su exposición afirmando que el facultativo municipal comunicó que se presentó en el domicilio del señor Jorge Blanche el día 4 de octubre de 1994, en dos oportunidades, sin poder efectuar su tarea por no permitírsele el ingreso por parte de la esposa del actor.

Expresa que ante esta situación, se aplicó el inciso e) del artículo 15 de la ley 9.256, puesto que al no poder cumplir con la revisión médica por causa imputable al agente, la licencia por enfermedad se justificó recién a partir de la realización de la visita médica, la que se concretó el 12.10.1994, oportunidad en la que el médico municipal le otorgó 15 días (que -acota- vencían el 27.10.1994).

Alega que el recurrente, al vencer dicho término debió requerir nueva licencia por enfermedad, lo que no efectuó, limitándose a presentar certificado médico particular (el 17.10.1994), agregando respecto de este último certificado "que justifica la realización del tratamiento recomendado por el médico municipal (fs. 15 y 16, legajo personal)".

Afirma que el recurrente presentó dicho certificado dentro del período de licencia acordado por el médico municipal, mas no solicitó nueva licencia una vez vencida la que le fuera acordada por quince días. Por ello -según sostiene- la Municipalidad intimó al agente al reintegro a sus tareas, haciéndole saber que los días transcurridos desde el vencimiento de la licencia médica, se computarían como no justificados.

Sostiene que el agente debió -mas no lo hizo- solicitar una ampliación de la licencia médica y que, ante la falta de concurrencia del médico, debió reiterar el pedido al día hábil siguiente (con cita del art. 15, inc. g, ley 9.256).

Destaca la que entiende insuficiencia de la simple presentación de un certificado médico particular a los fines del otorgamiento de licencia por enfermedad, por lo que el agente no podría -por esa sola circunstancia- entender que por ello y sin más se le había otorgado la licencia, a tenor de las disposiciones expresas de la ley 9.256 en torno al procedimiento de gestión de las licencias y de justificación de inasistencias.

Colige que ante la actitud asumida por el agente, las inasistencias son injustificadas, por lo que corresponde encuadrar la conducta en la causal de cesantía por inasistencias injustificadas que exceden los diez días continuos o alternados en el año calendario (de conformidad al art. 63 inc. a, Anexo I, ley 9.286).

Finalmente, afirma que lo actuado por la Municipalidad se ajusta a derecho y a la normativa aplicable, por lo que en consecuencia, los actos administrativos impugnados no se encuentran afectados por vicio alguno.

Peticiona, en suma, el rechazo de la demanda, con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 44) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 122/128 y 129/130). Dictada (f. 131) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

1. 3. Como tratamiento previo a toda otra cuestión, resulta conveniente el análisis de las facultades que como órgano revisor tiene este Cuerpo frente al ejercicio, por la Administración Pública, de la potestad disciplinaria.

Al respecto, debe señalarse que es criterio de esta Corte que la referida materia le ha sido sustraída por la ley salvo que se alegue un vicio de ilegitimidad por incompetencia o violación de las formas sustanciales (art. 12, inc. c, ley 4.106), sin perjuicio de verificar la presencia en el respectivo caso del presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, cual es la realización del interés público (cfr. A. y S., T. 37, pág. 313; T. 46, pág. 488; T. 47, pág. 2; T. 48, pág. 486; T. 49, pág. 57; T. 54, pág. 234; T. 66, pág. 148; T. 73, pág. 281) y el cumplimiento por la Administración del recaudo implícito de razonabilidad ("Suárez", A. y S. T. 119, pág. 171; "Cutchet", A. y S. T. 125, pág. 45, entre otros).

En el caso el actor invoca la omisión de sustanciación de sumario administrativo.

Señala que encontrándose con parte de enfermo, el médico municipal nunca volvió a verlo ni a interesarse en su enfermedad -pese a que fue éste quien le había recomendado atención especializada psiquiátrica- y asimismo indica que tampoco se llamó a Junta Médica. Destaca que se le comunicó por carta documento 178 que mediante resolución 9/95 se lo había dejado cesante por la causal de inasistencias injustificadas que reglamenta el artículo 63 de la ley 9.286 y expresa que en el recurso de reconsideración había mencionado el párrafo 4 del artículo 65 de la ley 9.286 -cita legal que reitera en esta sede, bien que relacionándola con el art. 62 inc. a) de la misma ley-, entendiendo que se lo ha colocado "en estado total de indefensión... en una palabra se me ha lesionado el derecho que me corresponde, se me ha dejado cesante injustamente...".

Ello, cuya efectiva configuración será objeto de consideración al analizar la procedencia substancial del recurso, torna admisible la impugnación en estudio.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Netri, Spuler y Vigo, dijeron que compartían los fundamentos expuestos por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Presidente doctor Falistocco dijo: 2. 1. El actor solicita se declare la nulidad de los actos impugnados, dejándose sin efecto la cesantía que entiende injustamente dispuesta por resolución 9/95 (del 17.1.1995) y confirmada -ante el recurso de reconsideración interpuesto- mediante resolución 11/95 (del 18.2.1995), emanadas del Ejecutivo de la Municipalidad de San Javier, se ordene la restitución al cargo, se le abonen los haberes caídos con más intereses y/o actualización; en tanto que en la aclaración de demanda a que fuera intimado, refiere a los haberes indebidamente retenidos.

En síntesis, el accionante invoca la violación de normas que hacen a la observancia de formas substanciales, relacionadas con el derecho de defensa, al haberse dispuesto su cesantía con fundamento en la consideración de sus inasistencias como injustificadas cuando había sido el médico municipal quien había recomendado atención psiquiátrica, no retornando nunca a verlo ni a interesarse en su enfermedad, no convocándose a Junta Médica, habiéndosele retenido haberes en forma indebida antes del dictado del acto de cesantía y, obviándose el sumario administrativo, con cita expresa de la disposición del párrafo 4 del artículo 65 de la ley 9.286. Por su parte, la demandada niega que el actor se encontrara con licencia por enfermedad en tanto no realizó los procedimientos fijados en la ley 9.256, que haya continuado bajo tratamiento psiquiátrico, que la Municipalidad haya vi Así los planteos de las partes.

2. 2. Ciertamente, desde antaño este Tribunal ha destacado que, entre las formas sustanciales que la Administración debe observar como requisito previo de la aplicación de sanciones, En el sub lite, dicha exigencia debe tenerse por cumplimentada. En efecto, de las constancias obrantes en la causa surge que, previo al acto de cesantía, el actor fue intimado por la autoridad administrativa al reintegro a sus tareas laborales haciéndole saber, además, que eran injustificadas las inasistencias en que había incurrido desde el 27.10.1994 hasta el 8.11.1994 (cfr. f. 21, act. adm.). Intimación a la que el agente brindó respuesta mediante la carta documento fechada el 9.11.1994 (con constancia de envió por medio de Encotesa, exp. 111, obrante a f. 22 de las act. adm.).

En la referida pieza postal, además de rechazar por improcedente y absurda la mencionada intimación, el actor hizo referencia al desconocimiento por parte de la Municipalidad del certificado médico de fecha 12.10.1994 del Médico Psiquiatra que lo atendía -al que había recurrido siguiendo instrucciones del médico municipal, quien le había recomendado asistencia psiquiátrica en el certificado emitido en oportunidad de concurrir a revisarlo a su domicilio, de fecha 12.10.1994- y que había ingresado en la Mesa de Entradas municipal el día 17.10.1994, con cargo 2284. Ello demuestra acabadamente que, en lo referido a la vista previa, tuvo la oportunidad del adecuado ejercicio de su derecho de defensa.

Corolario de En consecuencia, el trámite desplegado en sede administrativa por la demandada no impidió que, en el caso, el actor alegara y ofreciera probar -en esa sede y en forma previa al acto del cese- lo que estimaba hacía a su derecho.

Por lo expuesto, el agravio no puede prosperar.

2. 3. Ahora bien, ya superada la objeción procedimental, corresponde emprender la consideración de los restantes cuestionamientos del accionante.

Inicialmente debe ponerse de resalto que el recurrente admite en su demanda haber faltado a su trabajo desde el 3 de octubre de 1994. Mas postula que es falso que tales inasis Dejó en claro que las visitas efectuadas al médico particular especialista en Psiquiatría, respondieron al acatamiento de la prescripción impartida por el médico municipal que, precisa y puntualmente le recomendó esa asistencia.

También invocó las constancias del servicio médico municipal. Así, expresa que el médico municipal Dr. Alberto Carrillo, por nota de fecha 5.10.1994, informó al Intendente municipal que el día 4.10.1994 lo visitó en dos oportunidades en su domicilio, y que, siendo atendido por su esposa, ante la manifestación de ésta de que se encontraba en reposo, no lo pudo ver para constatar su enfermedad, consignando -asimismo- no haber recibido ningún certificado médico (obrante a f. 9, act. adm.) -lo que el actor niega- y, asimismo, que le fue otorgada certificación por el mismo médico municipal -en fecha 12.10.1994- extendida como consecuencia del pedido de revisación del Departamento de Gobierno del 11.10.1994, constituyéndose en su domicilio constatando su estado de salud, consignando: "manifiesta tener crisis de llanto-insomnio. Astemia. Angustia", recomendando asistencia psiquiátrica y otorgando licencia médica por quince días.

2. 3. 1. Como quedó expresado, la cuestión a resolver pasa por determinar si las inasistencias del actor a su lugar de trabajo, que dieron lugar a la cesantía, estuvieron justificadas o no. Para ello, Blanche sostiene la postura afirmativa, en virtud de los efectos que le atribuye al certificado médico por él presentado en el ente municipal; desconociéndole tales efectos, por otro lado, la demandada.

En primer término, ha de señalarse que este Tribunal ha sido particularmente estricto a la hora de analizar casos en los que los agentes públicos pretendían justificar inasistencias mediante la presentación de los certificados médicos particulares. Así, ha dicho que "aceptar -sin intervención de los órganos administrativos competentes- la presentación de certificados médicos particulares con posterioridad a las inasistencias, implicaría poco menos que investir al agente de una potestad -otorgamiento o concesión de licencias- cuyo ejercicio naturalmente corresponde a la Administración mediante sus órganos específicos..." (cfr. criterio de "Burguener", A. y S. T. 157, pág. 155).

Aun cuando tales apreciaciones podrían ser consideradas como conducentes al rechazo de lo pretendido; no obstante ello, no es ésa la solución que corresponde aplicar al caso concreto sometido a decisión. En efecto, del análisis de la causa surgen situaciones que, en mi criterio, resultan decisivas para fundar una excepción a los principios reseñados, como también lo hizo este Tribunal en la causa "Agüero" (A. y S. T. 191, pág. 2). Para arribar a esa conclusión, debe repararse en que esa constancia médica -que le prescribió treinta días de licencia- fue presentada en Mesa de Entradas municipal, a los tres días hábiles de su expedición (cfr. f. 16 y vto. del expte. adm.), es decir, dentro de los quince días de licencia médica otorgados por el médico municipal. Por ello, en el presente caso, el certificado médico fue presentado con anterioridad al vencimiento de la licencia médica otorgada por el servicio médico oficial -a diferencia En el punto, por el contrario, resulta razonable entender que, tal como lo sostiene el actor y no lo niega la demandada, si la "Mesa de Entradas de la Municipalidad de San Javier, se encuentra en la misma Oficina que la del Jefe de Personal y del Secretario de Gobierno, puerta por medio", la comunicación efectuada por el agente -en aquélla dependencia- resultó adecuada y eficaz respecto del anoticiamiento a la Municipalidad de que el agente continuaba enfermo. En consecuencia, en el caso y atento a las especiales circunstancias que se describen, resulta razonable entender que el agente cumplimentó con la obligación que le imponía la reglamentación.

Y en segundo lugar, el certificado por el cual se pretenden justificar las inasistencias fue extendido por un médico especialista en Psiquiatría. Esta cuestión, no es un dato de menor entidad, en virtud de que el propio médico de la Municipalidad de San Javier fue quien le recomendó al actor la atención con un médico con tal especialidad, lo que el actor hizo de inmediato -el mismo día de la recomendación-, quien le otorgó un plazo de treinta días de licencia médica. Ello lleva a presumir, que el diagnóstico del especialista resultaba más acorde con la realidad, que el del médico de la Municipalidad.

Por lo tanto, como quedó dicho, el actor acreditó antes del vencimiento de la licencia médica otorgada por el médico municipal que continuaba con parte de enfermo, por lo que -en el sub lite- correspondía a la Municipalidad arbitrar los mecanismos autorizados por el ordenamiento tendentes a acreditar la dolencia que decía padecer el agente, los que no constan haber sido llevados a cabo.

En modo alguno, obstaculiza esta solución lo invocado por la demandada, en cuanto a que no corresponde a la Administración indagar por sí las causas de las inasistencias de sus agentes, lo que en las particulares circunstancias de la causa, deviene inaplicable por no adecuarse a la regulación contenida en la ley 9.256, artículo 21, que expresamente prevé que "El Servicio Médico Municipal o Comunal tiene el control del cumplimiento del tratamiento médico prescripto". Además, ante dichas particulares circunstancias, la convocatoria a Junta Médica por parte del Municipio, se habría tornado necesaria y relevante.

Lo expuesto basta para declarar procedente el recurso interpuesto, correspondiendo declarar la ilegitimidad de la resolución 9/95 del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de San Javier.

2. 3. 2. Respecto de las restantes consecuencias de la ilegitimidad dispuesta, cabe consignar que el actor pretende los salarios caídos (f. 10 del expte. judicial).

La resistente niega haber violado norma alguna al no abonar los salarios al actor por el tiempo no trabajado y con inasistencias sin justificar; afirma que se ajustó a derecho y a la normativa aplicable (fs. 38/39 del expte. judicial).

Con relación al pretendido pago de haberes, debe señalarse que el Estatuto aprobado por la ley 9.286, Anexo I, en su artículo 48 prevé "el pago de los haberes devengados desde la fecha en que se dispuso el cese de la prestación del servicio".

La citada norma no puede ser interpretada como concediendo el derecho a percibir los haberes caídos, sin límite temporal alguno tal como lo interpretó esta Corte en el precedente "Alcácer" (A. y S. T. 109, pág. 164) adoptándose el criterio objetivo de dos años por las razones allí expuestas y a las que me remito en razón de la brevedad. Tal criterio, que en el precedente indicado se circunscribía a la órbita de los empleados públicos provinciales, se extendió luego al ámbito municipal en el entendimiento que "los términos aplicables a las actuaciones administrativas en sede municipal y comunal no difieren sustancialmente de los previstos por el decreto 10.204/58 ("Ramírez", A. y S. T. 122, pág. 466; reiterado en Oviedo", ya citado; entre otros).

Por ende, en el caso, corresponde condenar a la accionada -Municipalidad de San Javier- a abonar al actor los haberes dejados de percibir como consecuencia del acto declarado ilegítimo, por el término de dos años.

En su demanda, el recurrente pretende además el pago de los intereses y/o actualización.

Esta Corte desde antaño considera que el pago de intereses es una consecuencia de la actitud renuente de la demandada a cumplir con su obligación no obstante ser constituida en mora (A. y S. T. 26, pág. 204), por lo que corresponde su aplicación a la tasa pasiva promedio mencionada en el articulado del decreto nacional 941/91 (cfr. criterio de "Zalazar", ya citado; entre otros). Obsta a la consideración de la pretensión de actualización, el límite brindado por el derecho objetivo hasta el 31.3.1991 (arts. 7 y 13 de la ley 23.928) conforme, además, invariable jurisprudencia de este Tribunal ("Morales", A. y S. T. 141, pág. 101; "Kessler", A. y S. T. 146, pág. 474; "Camargo", A. y S. T. 146, pág. 355; "Marcelino", A. y S. T. 146, pág. 439; entre otros).

Con ese alcance, el recurso es procedente y, corresponde condenar a la demandada a pagar al recurrente los haberes dejados de percibir como consecuencia del acto declarado ilegítimo y por el término de dos años, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91.

En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la parte demandada vencida (art. 84, ley 4.106).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Netri, Spuler y Vigo, dijeron que compartían los fundamentos expuestos por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Presidente doctor Falistocco dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto, con el alcance consignado en los considerandos precedentes, declarar la ilegitimidad de la resolución 9/95 del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de San Javier y de todo lo actuado en sede administrativa a partir de ese acto, reincorporándose al actor -con el alcance del artículo 48, Anexo I, ley 9.286-.

Declarar procedente el pago de los salarios dejados de percibir como consecuencia del acto anulado, por el término de dos años y, en consecuencia, condenar a la demandada a abonarlos al actor, en legal forma -y según liquidación que deberá ser practicada dentro de los treinta días de quedar firme la presente sentencia-, con intereses computados a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91. Las costas corresponde imponerlas a la demandada. Así voto.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Netri, Spuler y Vigo, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Falistocco y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto, con el alcance consignado en los considerandos precedentes y, en consecuencia, declarar la ilegitimidad de la resolución 9/95 del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de San Javier y de todo lo actuado en sede administrativa a partir de ese acto, reincorporándose al actor -con el alcance establecido en el artículo 48, Anexo I, ley 9.286-. Declarar procedente el pago de los salarios dejados de percibir como consecuencia del acto anulado, por el término de dos años y, en consecuencia, condenar a la demandada a abonarlos al actor, en legal forma -y según liquidación que deberá ser practicada dentro de los treinta días de quedar firme la presente sentencia-, con intereses computados a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91. Costas a la demandada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que terminó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.- Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)