marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trato vejatorio, derecho al honor, derecho a la privacidad, interés superior del niño, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado, violencia sexual, recomendaciones de organismos internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - L. N. P. Vs. República Argentina -  Derecho de protección especial a la vida privada, honra y reputación por ser menor - Derecho de acceso a la jurisdicción en igualdad de condiciones c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2011-07-18

Las constantes indagaciones de la asistencia social y el personal médico que la sometió a pruebas vejatorias, más las averiguaciones efectuadas por el tribunal acerca de la vida sexual y la moral de la niña que demandó a quienes la agredieron sexualmente, constituyen una injerencia arbitraria en su vida privada y un ataque ilegal a su honra y reputación, especialmente por tratarse de una menor y ser irrelevantes para la investigación, por lo que el Comité de Derechos Humanos se encuentra en la obligación de recordar al estado accionado que ha violado sus obligaciones internacionales, no sólo las asumidas en virtud del Pacto aplicable sino también las directrices señaladas por el organismo internacional, en su Observación General No 28.
Escritos judiciales, cargo, hora de presentación, plazo de gracia
Materia: PROCESAL
Carátula: SEGUIL CARRASCO, ALFREDO c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-09

El plazo de gracia es de aplicación en toda clase de procesos.

Mediante este práctico sistema se crea la ficción legal de que el escrito se presentó antes de la medianoche del día del vencimiento.

Se arbitra así, una medida relativa a los escritos que no alcanzaron a ser presentados dentro del horario judicial del día en que vencía el plazo para su presentación. Teniendo en cuenta que los plazos corren desde la medianoche hasta la medianoche del día en que vencen, la disposición resuelve el problema que crea la limitación de los horarios de tribunales, ante los plazos que se extienden hasta la medianoche.
Daños y perjuicios, obligación de seguridad, responsabilidad del establecimiento comercial, supermercado
Materia: CIVIL
Carátula: F., H.S. c/ CARREFOUR S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-25

1- El establecimiento comercial -en el caso un supermercado- es responsable por los daños sufridos por un cliente al ser asaltado por varios agresores en la zona destinada al estacionamiento de bicicletas cuando se retiraba de sus instalaciones. La empresa accionada asumió una obligación tácita de seguridad frente al cliente-consumidor que consiste en una prestación accesoria derivada de dicha actividad comercial que exige que el usuario o consumidor pueda hacer uso del local comercial y retirarse sin daño alguno, ya que le compete a la requerida adoptar todas las medidas necesarias para su seguridad. Ello se desprende del principio de buena fe impuesto por el art. 1198 del Código Civil dado la confianza que se deben inspirar mutuamente las partes, de lo normado en la ley de defensa del consumidor (24.240)y, en definitiva, de la protección consagrada en el art. 42 de la Constitución Nacional. 2- No corresponde encuadrar dentro del caso fortuito estas situaciones sino por el contrario, la frecuencia con que suceden hechos delictivos perpetrados con similares características impide calificarlos como imprevisibles, máxime si el supermercado contrató una empresa de seguridad privada y el día en cuestión prestaron servicio trece personas. 3- Es injustificado que el supermercado desconozca lo sucedido y evite explicitar que organización adoptó en materia de seguridad y como pudo ser factible que un grupo tan numeroso de personas llevara a cabo su lamentable cometido con semejante impunidad dentro de sus instalaciones sin alegar ni probar que el personal contratado hubiera intervenido para -al menos- disuadir a los delincuentes, sino que además surge que fue otro cliente el que se arrimó a la escena y defendió los intereses de la víctima. (Sumario N°20314 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Administración Pública, conflictos interadministrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIVERO OLGA TOMASA Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION - RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-04-19

El Decreto 1263/2000 comporta una norma de carácter especial, razón por la cual, la regla de interpretación que se impone a su respecto es la de atenerse a sus propias disposiciones.

Tan especial es, que el personal enumerado en él tiene la particularidad de estar regulado por ordenamientos específicos, a diferencia de los actores que se encuentran regidos por la Ley 7233, ya que pese a haber sido personal de la Dirección de Agua y Saneamiento, una vez transferidos a la Dirección de Transporte (Dec. 706/1997) y recategorizados (Dec. 896/1997), fueron plenamente asimilados e incorporados definitivamente mediante actos firmes al personal de la Administración Pública Centralizada y quedaron, en consecuencia, amparados por dicha ley e incluidos en los beneficios concedidos a ese sector.

Por ello, si la categórica voluntad de la Administración fue reestablecer el nivel remuneratorio fundado en una finalidad expresa, no puede extenderse dicho beneficio a quienes no están incluidos en los propósitos determinantes y prevalentes para su otorgamiento, máxime cuando no se ha acreditado una retrogradación remunerativa que pueda atribuirse a la reorganización administrativa operada.

Siendo así, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocar el decisorio recurrido y, por consiguiente, disponer el rechazo de la demanda incoada por los actores.
Desplazamiento de la competencia, demanda, interrupción de la prescripción, falta de traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA SEGUROS S.A. c/ TRANSPORTE ALIANZA S.R.L. s/ INTERRUPCION DE PRESCRIPCION - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

Al ordenar el traslado de la acción que se promueve, el magistrado reconoce en forma implícita su competencia para entender en el litigio, reconocimiento que lo vincula en lo sucesivo, ya que no puede oficiosamente volver a pronunciarse sobre el tema. Por ende, el hecho de haberse tenido por interpuesta la demanda al sólo efecto de interrumpir la prescripción sin ordenar correr el traslado de la acción, no resulta argumento suficiente para autorizar el desplazamiento de la competencia.
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Saccami Roberto Dino c/ Empresa Monte Grande S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-07

Si en la póliza se estableció que el asegurador queda liberado si el conductor provoca el siniestro dolosamente, que es precisamente la ocurrencia objeto de la litis conforme quedó establecido en sede penal con el alcance del artículo 1102 del Código Civil, y tratándose de una defensa nacida antes del siniestro, ninguna duda cabe que ha sido legítimamente esgrimida la exclusión de cobertura.
Sentencia arbitraria, nulidad de sentencia, defectos en la fundamentación normativa, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: MOLINA JESUS MANUEL c/ ARCOR SAIC s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-12

Configura un supuesto de sentencia arbitraria y, por ende jurídicamente descalificable, la que se dicta prescindiendo del régimen legal que debe aplicarse para la solución sentencial del litigio.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, prueba testimonial, asociación ilícita
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MACHUCA, RAMON EZEQUIEL c/  s/ ASOCIACION ILICITA, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

En relación a la alegada insuficiente motivación del proveído que dispuso las intervenciones telefónicas, el Tribunal expuso las razones por las cuales el agravio no podía prosperar, dando cuenta de por qué entendía que en el caso las medidas ordenadas habían sido suficientemente fundadas, recordando que tales cuestionamientos ya habían recibido suficiente respuesta por parte de los Magistrados intervinientes en lo que hace a su desestimación, y que a su vez, lo decidido en ese sentido dio sustento a las condenas dictadas a otros coimputados en procesos abreviados; y en relación al sustento de las intervenciones y requisas, se explicó que las intervenciones telefónicas y los allanamientos ordenados se peticionaron a raíz de la hipótesis introducida por los informes de inteligencia policial, por los exámenes efectuados a los registros del teléfono celular de la víctima del homicidio que fue acercado por sus familiares y por los testimonios recibidos, elementos que daban cuenta de que el homicidio podía ser producto de una decisión tomada en el seno de una asociación ilícita, dando fundamento a su pesquisa.
Decretos, efecto retroactivo
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Menzaghi, Darío y otro c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

Del texto del decreto 2076/93 no surge que éste opere retroactivamente, es decir, que rija para las causas judiciales tramitadas a la luz de la reglamentación anterior; por el contrario, los términos empleados remiten al principio general sentado por el derecho común.
Indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Snyman, Rubén Darío y Otro c/ Signorotto, Mauricio Julio y Otro y-o Quien Resulte Propietario s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-23

La indemnización de los perjuicios originados en la privación de uso del móvil durante el tiempo de reparación, sólo es admisible en función de ese daño emergente de una situación transitoria. Por el contrario, cuando el daño irrogado a la cosa es total, ya no existe posibilidad ninguna de cubrir mediante este capítulo el perjuicio "transitorio" nacido de la detención forzada del automotor para posibilitar su arreglo. La destrucción total del locomóvil da lugar a un perjuicio íntegro, a un daño absolutamente consumado por el aniquilamiento irredimible de la unidad, que confiere un derecho al reembolso también total del menoscabo patrimonial sufrido; no cabe en consecuencia la com- pensación "adicional" por la privación del uso durante el transitorio lapso de detención, porque la necesidad de inmovilizar el vehículo para arreglarlo no nace ya y el resarcimiento que se concede cubre toda posibilidad de perjuicio.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonifetto Elba Rosa c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

La duración de la interrupción varía según la naturaleza del acto interruptivo. La reclamación administrativa, como antecedente necesario de la demanda administrativa, interrumpe la prescripción del derecho del particular reclamante, y esa interrupción se mantiene durante el procedimiento administrativo, si no se incurrió en caducidad, hasta que se dicta la resolución administrativa que le pone término.
Imputación de pago, pago parcial
Materia: CIVIL
Carátula: LEMAN S.A. c/ M., G. y Otros s/ EJEC. ALQUILERES s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-05-13

"Habiendo en el caso, deuda de carácter líquida por un lado e ilíquida por el otro, si el deudor o un tercero depositan en pago la totalidad de la parte líquida de la deuda, el acreedor está obligado a aceptarlo sin que pueda argüir que se trata de un pago parcial".
Remisión del expediente, cuestiones de competencia, producción de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: L. L. González y F. A. Gorosito c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-01-06

Las actuaciones se remiten digitalmente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional -que conoce en el evento que ha ocurrido primero- para que intervenga, dado que sin necesidad de ingresar a la ponderación acerca de la existencia o no de un vínculo subjetivo entre los sucesos, la circunstancia de que existan dos legajos en los que se habrían utilizado rodados con un mismo número de dominio, determina la pertinencia de la intervención de un único tribunal -ante la eventual producción de prueba de utilidad común-.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, ley de emergencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tisera, Horacio Fernando c/ Banco Central de la República Argentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

No hay violación del art. 17 de la Constitución cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Policía federal, trabajos adicionales, adicionales de remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Eitor, Eduardo Alberto c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-20

La descalificación del Dec. 2744/93, en cuanto pretende disimular el carácter general de los suplementos cuya creación dispone, por ser contraria a las disposiciones de la ley 21.965, priva de sustento a su posterior ratificación por el art. 44 de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1996 (Nº 24.624). La pretendida convalidación tampoco resulta admisible, por lo demás, por vulnerar la prohibición contenida en el art. 20 de la ley 24.156, reiteratorio de su similar art. 18 del decreto ley 23.254/56, que imponer no incluir en leyes presupuestarias cláusulas que reformen o deroguen leyes vigentes, en lo que constituye una sana limitación autoimpuesta por el Poder Legislativo para dar transparencia al trámite de sanción del presupuesto anual, habida cuenta de su trascendente función formal de acto gubernamental que autoriza los gastos y prevé los recursos para solventarlos (cfr. Villegas, "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", pág. 791; C.F.S.S., Sala III, sent. del 17.08.09, "Enríquez, Marco y otros").
Amparo ambiental, protección de la flora y fauna silvestre
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Sarasola, José Hernán c/ Secretaría General de la Gobernación s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2024-06-27

En una acción de amparo tendiente a detener una obra de recambio de línea de media tensión debido al riesgo de electrocución de aves, especialmente el águila coronada en peligro de extinción, procede confirmar la decisión que rechazó la acción bajo el argumento de que la obra cumplió con la normativa ambiental provincial, toda vez que la administración provincial actuó dentro de los parámetros legales y que se implementaron las medidas de mitigación recomendadas, pues las primeras acciones estimadas insuficientes fueron modificadas para adoptar otras que, respetando los principios de la Ley 3195, son aceptadas como ejemplo de buenas prácticas en Sudamérica, lugar en que mayormente se advierte la presencia de esa especie.
Reincidencia, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Salinas, Hugo Rolando s/ /recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-21

En el sistema del código Penal, su redacción según la ley 23.057 hay reincidencia cuando un condenado que hubiera cumplido, total o parcialmente pena privativa de libertad cometiere un nuevo delito punible tambien con esta clase de pena. Tal concepto requierede la preexistencia de una condena firme a pena privativa de la libertad que el condenado haya cumplido "total o parcialmente". Adopta asimismo nuestra ley vigente, el sistema de la reincidencia real o efectiva, también llamada verdadera o propia, la cual parte de la base de una condenación efectivamente sufrida, que supone por parte del reo un desprecio por el castigo padecido. Es suficiente contar con el antecedente objetivo de que se haya cumplido una condena anterior a pena privativa de libertad, independientemente de su duración, ya que el tratamiento penitenciario es sólo un aspecto del fin de prevención especial de la pena. (Voto del Dr. Tragant).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, empleados públicos, régimen disciplinario administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: CECILIA, RUBEN JOSE. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN. s/ DEMANDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-06

Lo atinente a las facultades disciplinarias y a los remedios legales a que ellas dieren lugar, en tanto no traduzcan un claro apartamiento de las facultades legales o un menoscabo al derecho de defensa, no autorizan la apertura del recurso extraordinario.
Amnistía, igualdad ante la ley, facultades reglamentarias, reglamentación de la ley, decreto reglamentario, personal militar
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Pizzo, Antonio Eduardo c/ Estado Nacional (Cdo. en Jefe de la Armada). s/ REAJUSTE DE RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-15

En uso de las facultades del art. 86, inc. 2, de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1332/73 fijando el procedimiento para restitución de derechos del personal militar y de las fuerzas de seguridad -amnistiados por ley 20.508- consistente o en el otorgamiento de ascensos de grados, o para quienes no pudieran ser promovidos en razón de la jerarquía que poseían, en una inscripción en el legajo personal haciendo constar su destacada conducta en el cumplimiento de su deber militar o en su actuación para el mantenimiento o restitución de autoridades constitucionales;

no resultando esta norma reglamentaria contraria al espíritu de la ley ni al principio consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional.
Administrador de la herencia, rendición de cuentas
Materia: CIVIL
Carátula: Blanco, Gladys Lydia y Otro c/ Villafañe de Lorenzo, Alisia Obdulia s/ Rendición de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-11

"No es posible exigir una minuciosa rendición de cuentas después de varios años, al miembro de familia que hace las veces de administrador de una sucesión, pues el tiempo transcurrido durante el cual no se la ha pedido, significa la conformidad de todos y su buena fe".
Prisión perpetua, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-29

No resulta satisfactorio a los efectos de analizar pormenorizadamente los riesgos procesales en los términos del art. 319 CPPN, señalar que no existe riesgo de fuga, toda vez que el imputado se encuentra cumpliendo pena en función de sentencias a prisión perpetua a las que fue condenado.
Marcas, marca de hecho, marca notoria, oposición al registro de marca, derechos de autor
Materia: COMERCIAL
Carátula: LABORATORIOS BAGO  S.A. c/ LABORATORIO  E.J.  GEZZI  S.R.L. s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-19

En anteriores ocasiones el Tribunal ha reconocido que, en situaciones excepcionales, las "marcas de hecho", intensamente explotadas y que a su amparo han formado una clientela, pueden merecer alguna tutela jurisdiccional (cfr. esta Sala, causas 54653/95 del 27.6.96 y 4564/01 del 4.10.01; Sala II, causas 8858 del 25.8.92, 296 del 27.10.92, 4343 del 27.8.93 y 6080/98 del 24.11.98). Lo contrario, importaría sumir al titular de una marca de las características aludidas en un estado de desprotección frente al ilegítimo uso de la misma marca por un tercero, para aprovechar el prestigio ajeno o desviar la clientela (cfr. esta Sala, causa 4564 cit.). La propia ley de marcas -en su art. 4°- dispone que "para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo...del oponente". De donde se sigue que el titular de una marca "de hecho", empleada con las características antes descriptas, tiene derecho a peticionar el cese de uso de una marca similar o confundible, desde que el Tribunal, en numerosas ocasiones, ha reconocido valor a la marca usada (cfr. esta Sala, doctr. causas 1980 del 16.10.87, 4979 del 5.2.88 y 54653/95 del 27.6.96, entre otras; Sala II, causa 4343 cit.; Otamendi, J., "Tratado de marcas", Bs. As., 1989, p. 13, punto 1.4), lo que claramente significa que a su titular se le ha admitido la posesión de un "interés legítimo", tal como lo exige la ley 22.362. Dicha solución que se desprende sin esfuerzo interpretativo del precitado art. 4°, encuentra también apoyo en el principio rector del art. 953 del Código Civil que veda los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres (cfr. Sala II, causa 4343 cit.).
Daños y perjuicios, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V. de S., O. S. c/ S., J. A. s/ Divorcio vincular y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

La aplicación de las disposiciones sobre responsabilidad civil extracontractual en el campo de la separación personal y del divorcio vincular armoniza tanto con la noción de unidad y plenitud del orden jurídico (doc. arts. 15 y 16 CC) cuanto con el concepto del llamado "divorcio-sanción", basado en el reconocimiento de causas culpables, tal como lo hacía la ley 2393 y lo hace ahora el régimen implantado por la ley 23515, si bien este último también contempla otros supuestos objetivos de separación personal o divorcio, propios del denominado "divorcio-remedio". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, intereses, base regulatoria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Popular de Rosario S.A. c/ Díaz, Carlos Alberto s/ Ejecutivo. Banco Popular de Rosario S.A. c/ Diaz, Carlos Alberto s/ Ejecutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-06-27|1995-06-27

En distintas oportunidades, este Tribunal se ha expedido negando la petición de que se agregue intereses a la base regulatoria dada por ley 24432. Ello resulta acorde con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene dicho que a los fines de efectuar regulación de honorarios, la naturaleza accesoria de los intereses respecto del capital, así como su carácter esencialmente indemnizatorio de la privación temporaria de aquél, impide considerarlos integrativos del valor del pleito.
Recusación, enemistad manifiesta
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ROMERO, Miguel A. s/ recusacion".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-17

Todo magistrado respecto del que eventualmente se den razones legitimas que puedan afectar su imprescindible imparcialidad, debe apartarse de intervenir. La circunstancia de que haya existido una suerte de advertencia por parte del magistrado dirigida al imputado, si bien no configura una causal de enemistad manifiesta, puede resultar relevante a la luz del temor de parcialidad esgrimido como fundamento de la recusación.

Ello así en tanto resulta conveniente el temperamento propiciado a fin de excluir toda eventual sospecha o temor de parcialidad y sus fundamewntos aparecen como serios y razonables.
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA EN J: TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA c/ VICTOR INTRAGUGLIELMO s/ Ordinario - Casación (LIBRO: S262 - 359)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-12-21

La caducidad autoriza la rescisión del contrato, el no seguro o no garantía, no.