marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Tedesco, Ciriaco y otro c/ Compañía Standard Electric Argentina SAIC s/ Diferencia de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Transgrede el art. 156 de la Constitución de la Prov. el fallo que omite toda consideración de una cuestión que ha sido objeto de debate por las partes y que en tal carácter integra el contenido de litis.
Proceso judicial, litisconsorcio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Campo,  Cristian  Pablo  y  Otro c/ EN  -M°  Justicia- PFA Dtos.2744/93  1126/06 s/ Personal  Militar  y  Civil  de las FFAA y deSeg.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-04

Los actores conforman un litisconsorcio facultativo en tanto se han reunido en un solo proceso pretensiones que podrían reclamar en juicios separados. Cada litisconsorte mantiene su legitimación procesal propia e independiente, y su actitud frente al proceso no puede beneficiar ni perjudicar a los demás.

De esta manera, puede suceder que el proceso concluya para algunos y prosiga para los demás (Fenochietto, Carlos E. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", ED. Astrea, 1999, pág.

147; Sala II "Santillán E. A. y O. c/EN -M° de Def. s/personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.", 11/12/97, y Sala III "Caffetti SACIFIA y O. c/EN (BANADE) s/proceso de conocimiento", 30/11/99) (Cons. II).
Improcedencia del recurso, confirmación de sentencia, daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, plan de ahorro previo, deber de información
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Quintana Miguel c/ Fca de Ahorro para Fines Determinados y FADUA Tucumán SA y otros s/ contrato (ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-05-13

Corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que hizo lugar a la demanda del actor -por daños y perjuicios por incumplimiento contractual-, pues mediante Ley 27250 se modificó el art. 4 de la Ley 24240 y en razón de ello ya no sólo el sector bancario sino toda la economía vinculada con el consumidor, debe cumplir con el deber de suministrar de manera gratuita información en soporte papel a menos que el consumidor expresamente opte por un sistema distinto. Así surge que existió un incumplimiento al deber de información por parte de la demandada al no haber remitido los cupones de pago al domicilio del actor; no acreditó haber remitido dichos cupones y tampoco probó que el actor le haya comunicado que no necesitaba la remisión de los mismos. Luce violentada la cláusula 13.2 del contrato de adhesión suscripto entre las partes, de los elementos probatorios se concluye que efectivamente hubo una rescisión arbitraria del contrato de adhesión, dado que la parte demandada no se encontraba facultada para rescindir el contrato. Así, la ruptura del contrato configura una conducta antijurídica que genera la obligación de indemnizar a la parte perjudicada.
Medidas cautelares, cauciones, beneficio de litigar sin gastos, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FORT, Guillermo c/ S.A.S.D.A. y/u otros s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-05-16

El relevo transitorio de la carga de la caución, antes que recaiga pronunciamiento, solamente corresponde, ante lo expreso de la norma, en casos especialísimos donde el otorgamiento del beneficio sea una cuestión simple y donde no existan circunstancias que puedan ocasionar, aunque fuera, la más mínima duda en la tramitación y resolución de dicho beneficio. En casos donde si la demandada pretendió intervenir cuestionando el beneficio para litigar sin gastos, donde el embargante se presentó en concurso preventivo, existiendo además un pedido de quiebra contra el mismo, se hace aconsejable aplicar estrictamente la disposición legal. Recurrida la resolución que fija la contracautela, el tribunal superior goza de amplias atribuciones para modificarla, y atento a lo manifestado por el actor, que le sería imposible cumplir con la caución real exigida por el juez, se considera conveniente modificar la resolución apelada en el sentido que la caución además de real, pueda ser personal de un tercero de reconocida solvencia, a satisfacción del juez de primera instancia. Todo que se resuelva sobre medidas cautelares no causa instancia pues tiene carácter provisional y la valoración efectuada no implica prejuzgamiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Edificio Atlántico III c/ Lavenia, José Antonio s/ Ejecución de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-23

Si bien la ley manda ser cuidadoso en el examen del instrumento que lleva aparejada ejecución, no debe exagerarse innecesariamente ese análisis dentro de un sistema en que el cobro regular de las expensas comunes es fundamental para su normal funcionamiento, habida cuenta la existencia de normas especiales para asegurar el pago y evitar que se paralicen los servicios. En efecto, en razón de la particular naturaleza del crédito reclamado y que consiste en la necesidad de no perturbar el desenvolvimiento del consorcio, la jurisprudencia tiene reiteradamente decidido que el examen del título no debe ser extremadamente riguroso. Ello así, porque el legislador ha establecido normativas específicas para garantizar el deber de pagar con puntualidad las expensas con la finalidad de sufragar los gastos comunes del consorcio.-
Intereses, tasas de interés, reducción de la tasación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Creditia Fideicomiso Financiero c/ Chiaradia Mariela Soledad s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-02

Procede realizar una nueva liquidación en la que los réditos no excedan el límite máximo que cabe asumir de dos veces y media (2 y %) la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días, teniendo en cuenta el entonces vigente contexto económico-financiero en el que se desenvolvió la realidad negocial de nuestro país (CNCom, Sala B, "Beittia Jorge O. s/ quiebra s/ incidente de revisión por Banco de la Provincia de Buenos Aires", 25/10/06; y sus citas, entre otros).

Ello así, pues la liquidación practicada conforme a los lineamientos que surgen de la sentencia (capitalización trimestral desde la mora incrementando la deuda reclamada en más del 1.100%), lleva a un resultado absolutamente desproporcionado, tornando los intereses abusivos y usurarios y justifica poner fin a esta situación de notoria injusticia.

El control de los intereses excesivos atribuido a los Tribunales tenía sustento en el CCIV 502 y 953. Esta prerrogativa se encuentra actualmente regulada en el CCCN 771, norma que permite a los magistrados reducir los réditos no sólo cuando sea abusiva la tasa fijada, sino también cuando su aplicación evidencia una clara desproporción de los valores económicos en juego y prescinde de la realidad económica (CNCom, Sala B, "Banco Itaú Buen Ayre SA c/ Pino Francisco y otro s/ Ejecutivo" del 19/10/16). No obsta a ello la existencia de sentencia firme que dispuso la aplicación de tales intereses ya que no es posible que -so pretexto de preservar la autoridad de lo decidido con carácter firme- se arribe a resultados que quiebren toda norma de razonabilidad y violenten los principios establecidos por el CCIV 953 y 1071 (CCCN 279 y 10, respectivamente).
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, control de constitucionalidad, excarcelación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/ infracción  art.  139  bis del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Para habilitar la instancia extraordinaria es necesario que el derecho que se invoca tenga una relación directa con lo que ha sido materia de decisión (art. 15 de la ley 48) lo que ocurre en el caso en que se ha impugnado la validez constitucional de la norma aplicada para denegar el beneficio excarcelatorio.
Proceso penal, recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, principio de inmediación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bazán Cesar Eduardo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en causa Expte. Nº 120/07 caratulada "Bazán César Eduardo p.s.a. Lesiones Calificadas (hecho nominado primero) y Homicidio Simple (hecho nominado segundo) en Concurso Real - El Hueco - San Antonio - Fray Mamerto Esquiú"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-13

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto límites a la jurisdicción del tribunal de casación, restricción que ha sido receptada por esta Corte en numerosos precedentes ( S. nº 13, 26/06/09 ; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otras) en donde se sostuvo que "el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa puesto que, el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación".
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-16


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 16 de 2009.

Y Vistos:

1. Apeló subsidiariamente el delegado liquidador a fs. 4317 la resolución de fs. 4312/13. Sostuvo el recurso con la memoria de fs. 4317 contestada a fs. 4344/50 a fs. 4359 a fs. 4369/71 y a fs. 4380/3. La fiscalía de Cámara consideró a fs. 4390 que no debía dictaminar.

2. La resolución de fs. 4288 -firme en la actualidad- decretó la caducidad de los dividendos concursales no percibidos hasta la fecha, "...respecto de aquellos beneficiarios que no han percibido sus acreencias con motivo de la orden de pago instrumentada mediante oficio prenumerado...".

Dicho decisorio también dispuso que una vez firme, debían transferirse los fondos cuya caducidad se decretó "...al Patrimonio Estatal para el Fomento de la Educación....".

Sin embargo a fs. 4312/3 la anterior sentenciante dispuso que debían descontarse de las sumas a transferir aquéllas correspondientes a la cancelación de impuestos, "...respecto de los cuales deberá el síndico indicar los números de cuenta y Banco al cual deberán transferirse los importes descriptos".

3. La ley manda que los importes resultantes de dividendos declarados caducos se destinen al patrimonio estatal, para el fomento de la educación común (LCQ 224). En el caso tales fondos deben ser destinados al Ministerio de Educación de la Nación, dado que este tribunal tiene carácter Nacional y ejerce su jurisdicción en este ámbito; la transferencia entonces debe hacerse al patrimonio estatal del mismo orden, es decir, al Nacional (CNCom. Sala E, in re "Bolkovic, Adriana s/ concurso civil liquidatorio" del 23.09.04).

Ello sentado, por otra parte, la orden de la juez a quo de "descontar" de las sumas a transferir al Ministerio de Educación aquellas correspondientes a la cancelación de impuestos, carece de todo sustento normativo que la avale.

Ello así en tanto se exhiben claras las prescripciones contenidas en la LCQ 224, no resultando procedente interpretar extensivamente la norma para crear privilegios especiales, ni efectuar distinciones donde el legislador no las ha hecho.

La queja sobre este punto será admitida y la decisión apelada revocada.

4. Se admite el recurso subsidiariamente interpuesto y se revoca la decisión apelada en lo que fuera materia de agravios. Devuélvase, encomendándose a la juez a quo las notificaciones pertinentes y diligencias ulteriores.

El Señor juez Miguel F. Bargalló actúa de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones 261/06 y 261/07 del Consejo de la Magistratura y los Acuerdos del 15/06/06 y 01/06/07 de esta Cámara. -María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. -Miguel F. Bargalló. -Ana I. Piaggi.
Jueces, deberes del juez, facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREZ DE GARCIA TIMOTEA c/ BONACINA S.A. LTDA. Y OTROS s/ PRESCRIPCION VEINTEAÑAL FIGUEROA, MIRTA RAMONA c/ MANUEL AUGUSTO ALVAREZ s/ ALIMENTOS Y LITIS AYUCH, MARIO A. c/ SALVATIERRA HECTOR s/ COBRO DE DOLARES FIGUEROA, MIRTA RAMONA c/ MANUEL AUGUSTO ALVAREZ s/ ALIMENTOS Y LITIS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-10-20|1996-11-11|1998-06-16|1996-11-11

Resulta necesario que los jueces inferiores fundamenten jurídicamente sus decisiones, en cumplimiento de la obligación impuesta por el código de rito en su art. 34 inc. 4, posibilitando al Superior confrontar los argumentos vertidos por al A-quo con los manifestados por el recurrente, para así llegar a una más justa y ponderada resolución del agravio.-
Costas
Materia: LABORAL
Carátula: Villamayor, Sergio J. c/ Wagner, Rogelio A. s/ Ejecución de Convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-18

Habiéndose receptado la excepción de pago parcial, las costas deben imponerse a cargo de la demandada por lo que prospera, y a cargo de la actora por la excepción, sin perjuicio respecto de esta última del beneficio que a su favor establecen los artículos 17 del Cód.

Procesal Laboral y 20 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Relación de consumo, derechos del consumidor, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Pérez, María Cristina c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios - Incumplimiento contractual (Exc. estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-08-05

La empresa prestadora del servicio telefónico debe responder por los daños que alegó sufrir un cliente por errores de facturación e interrupción del servicio, pues la demandada optó por negar todos y cada uno de los hechos alegados por el consumidor, siendo que se encontraba en mejores condiciones para acreditar la veracidad de los incumplimientos que alegó en su defensa, y principalmente que los consumos liquidados se correspondían con los servicios contratados, por lo tanto, tal déficit probatorio conlleva a soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés.
Ejecución de sentencias contra el Estado, suspensión de la ejecución, costas, exención de costas
Materia: PROCESAL
Carátula: HOTEL INTERNACIONAL IGUAZU c/ ESTADO NACIONAL s/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Dada la índole de la cuestión materia de consideración y la relativa novedad de la normativa cuya exégesis se trató - art. 50 in fine de la ley 23696 - cabe admitir que concurre una de las hipótesis en las que el art. 60 del Cód. Procesal autoriza al juez a eximir de las costas al vencido.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, demanda, contestación de la demanda, fiscal de Estado, Administración Pública, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: MACKENTOR SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   EXCEPCIONES.     CSJ EXPTE NRO 165-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-08-26

Aunque a la fecha de interposición del recurso no haya estado cumplido el plazo fijado por el artículo 6, segundo párrafo, de la ley 4106, no corresponde declararlo inadmisible por esa causa, si la denegación se ha configurado a la fecha de contestación de la demanda.

En el caso, no le asiste razón a la recurrente que alega una "deducción anticipada" del reclamo en esta sede por no haberse concluido el trámite administrativo; ya que la actora dedujo su demanda contencioso administrativa el 18-07-1984, mientras se encontraba pendiente el dictamen del Fiscal de Estado, el cual se produjo el 07-08-1984, el recurso fue declarado admisible el 20-03 1985 -cuando ya se había configurado sobradamente la denegación tácita-, y el traslado de la demanda se dispuso el 08-08-1985.
Daño por vicio o riesgo de la cosa, cosa riesgosa, cosa pesada
Materia: CIVIL
Carátula: SUDAN, Homero c/ FABRI S.A. y otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-11-25

"No es indemnizable dentro del régimen del art. 1113 del CCI, el perjuicio que proviene de una reacción interna del organismo frente a movimientos o esfuerzos del propio cuerpo, porque son daños que se producen "a propósito de las cosas" a través de la actividad que el hombre cumple para transportarlas, caminar sobre ellas o realizar cualquier otra acción en que la cosa permanece inerte, y es el ser humano quien se agrede a sí mismo"
Extorsión simple, estafa, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: BODEI, Walter O. s/ Causa 32.791
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-06

a) La acción de quien realizó llamados telefónicos a una empresa haciéndoles saber a sus directivos la inminente inspección que se realizaría por parte de la Caja Previsional y que de acceder a una contribución voluntaria, la auditoría sería más benévola, presentándose luego para retirar el dinero requerido momento en que se lo detuvo , configuró el delito de extorsión en grado de tentativa y no el conato de estafa, pues aun cuando la amenaza no produjo el amedrentamiento deseado en la víctima, y por ello no fue la causa de la disposición patrimonial, la intimidación extorsionadora es la exigencia ilegítima y la carencia de un poder determinador en la amenaza (como ocurrió en el caso) no desplaza la tentativa.

b) La amenaza de una inspección y auditoría por un ente estatal resulta de suficiente idoneidad, siendo extraño a la voluntad del autor que la víctima no se atemorice.
Daños y perjuicios, establecimientos asistenciales, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schmit, Alfredo Omar c/ O.S.P.I.N. "Cruz Médica San Fernando" s/ Daños y perjuicios Rodríguez, Jorge A. y otros c/ I.P.E.N.S.A. S.A. y otro s/ Daños y perjuicios Darretche, Gabriela Beatriz y otro c/ Hospital Zonal de Agudos "Narciso López" y otros s/ Daños y perjuicios Carabajal, Segunda P. c/ Municipalidad de General Sarmiento s/ Daños y perjuicios Olm, Juan J. c/ Sanatorio Bernal y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15|1996-11-12|2000-02-29|2000-08-16|2002-12-23

Responde el ente asistencial por los daños derivados por la infección del paciente producida luego del acto quirúrgico.
Conciliación, instancia administrativa, pago, retractación
Materia: LABORAL
Carátula: Benitez Barboza, Carlos y otros c/ Empresa Salomón T.A.P. y/u otros s/ Ejecutivo T.A.P. y/u otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-02

Habiendo quedado agotada la instancia administrativa por pago documentado, no existe posibilidad jurídica de renacimiento de las obligaciones extinguidas, ni de retractación del acuerdo, que se encuentra concluido y con sus efectos cumplidos.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, derechos y garantías constitucionales, actos u omisiones de autoridades públicas, Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordadas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Martiré, Eduardo  F.A. c/ Poder Judicial de la Nación s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

Procede formalmente el recurso extraordinario si se cuestionó la validez de un acto de autoridad nacional - Acordadas 38/85, 43/85 y 50/85 - como violatorio de garantías constitucionales y la decisión fue contraria al derecho que el recurrente fundó en ellas (art. 14, inc. 3, ley 48).
Incapacidad absoluta, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Corvalán, Juan Manuel c/ Federación Argentina de Cooperativas Agrarias Cooperativa Limitada s/ Indemnización art. 212, Ley de Contrato de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

El supuesto previsto en el art. 212, párrafo cuarto de la Ley de Contrato de Trabajo no es más que uno de los modos de extinción del contrato de trabajo.
Accidente de tránsito, peatón distraído
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alba de Viale Norma Alina c/ Rojas Marcelo Alejandro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

En el momento del impacto el rodado circulaba a velocidad considerablemente menor que la permitida como se desprende de la pericia lo que obliga a la demandante que se disponía a cruzar por lugar prohibido, con antelación a ello, a cerciorarse acabadamente de que ningún vehículo se desplazara por la avenida gozando de la preferencia que le otorgara el legislador (art. 50, inc. 2, ley 11430).-
Auto de procesamiento, situación del imputado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Galarza, Marcelo M. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

Es conteste la doctrina en afirmar la provisionalidad del auto de procesamiento en el sentido de que no vincula ni al tribunal ni al acusador con su contenido incriminador. Es más, por tratarse de un interlocutorio de alcance provisorio sobre la calificación de los hechos y de las circunstancias personales del imputado que han de servir para su correcta identificación, puede transformarse, durante la etapa instructoria, de incriminatorio a desincriminatorio y viceversa, conforme al cambio de situaciones. Esas modificaciones pueden ser totales o parciales, pero no se puede llegar a la acusación sin procesamiento, y sí al sobreseimiento no obstante existir procesamiento. (Voto del Dr. Mitchell).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, honorarios, base regulatoria, juicio de apremio, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORONDA c/ COOPERATIVA DE SERVICIOS CORONDA LIMITADA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ?APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 515 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-08-13

Corresponde admitir la queja desde que, si bien el tema de honorarios, es materia ajena al recurso de inconstitucionalidad, admite excepción cuando los planteos de apartamiento normativo guardan elemental correspondencia con los antecedentes.

En el caso, dicha arbitrariedad normativa podría configurarse al apartarse de la ley 11.257, que agregó el inciso 5 al artículo 7 de la ley arancelaria local, violando su propia doctrina legal, en cuanto se trataba de una ejecución de apremio promovida por una Comuna, y estableciendo como base regulatoria de los honorarios el capital originario de la demanda con la adición de intereses.

Es que la modificación de la ley 6.767 por la 11.257, es consecuencia de la ley 11.022 sobre regulación tributaria provincial -a la que adhirió el municipio- que estableció que sería de aplicación a todas las deudas sometidas a ejecución fiscal, de lo que infiere resulta comprensiva de cualquier proceso de ejecución fiscal y/o apremio fiscal, contradiciendo la invocación de cualquier posible circunstancia particular. (Del Voto de la Mayoría)
Transacción, costas, conciliación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEPEY NORMA NOEMI c/ FLORES JUAN JOSE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-05-28

Si bien el artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial establece que cuando un juicio termina en transacción o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado, debe interpretarse que el precepto alcanza a quienes la celebraron y no a los co-demandados para los cuales sería "res inter alios acta".