marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, agravantes de la pena, robo, intimidación, robo con armas, graduación de la pena, bien jurídico protegido, aplicación de la ley penal, interpretación sistemática
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En  el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

Cuando el medio empleado para la comisión del ilícito no se encuentra previsto como agravante o adolece de algún recaudo para alcanzar el carácter de tal, no por ello diluye necesariamente su entidad sino que tendrá ponderación en las pautas a considerar en la dosificación penal - arts. 40 y 41 Cód. Penal- (fundamentalmente la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla).

En principio, resulta ajena a nuestra sistemática la configuración de agravantes por el impacto subjetivo que la conducta del agente, por distintos motivos, pudo tener sobre la víctima. En este sentido, la referencia al uso de armas en la figura de amenazas -simples o coactivas-, que ha sido a veces reivindicada en el tratamiento del tema por quienes sostienen la posición contraria, no hace sino convalidar lo que se viene exponiendo a poco que se atienda a la naturaleza de la infracción -formal- a cuya consumación satisface la mera potencialidad amedrentante de la conducta desplegada. La interpretación sistemática viene a coronar esta línea argumental.

En efecto, atendiendo a las incriminaciones inmediatamente anteriores se observa que el art. 165 reprime el homicidio en ocasión del robo en tanto el art. 166, inc. 1ro. las lesiones graves o gravísimas en similar ocasión. En el inciso siguiente sanciona el robo con armas. El hecho de que los arts. 165 y 166, inc. 1ro. reprimen severamente resultados de daño a la vida e integridad física de las personas define el alcance de la norma siguiente en que se erige una mera muralla defensiva de similares bienes jurídicos mediante una figura calificada en virtud del peligro corrido por aquellos bienes. (Del Voto En Disidencia Del Dr. Giménez)
Personal municipal, supresión del cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESPECHE LUIS ALBERTO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CLODOMIRA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-09

La cesantía de los agentes públicos municipales dispuesta por la reestructuración de la planta del personal, situación fáctica que encuadra en los supuestos de supresión de cargos por reestructuración de un organismo, previsto en la ley 5.642, art. 13, no habilita para fundar la pretensión de los actores a percibir haberes devengados o salarios caídos entre la fecha de la baja y la reincorporación.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL
Carátula: Baino, Jorge y otros c/ Lotería Nacional Sociedad del Estado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-12

Si bien las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configuran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la ley 48, ello admite excepciones cuando lo decidido pone fin a la discusión y causa un gravamen de imposible reparación ulterior, extremo que se verifica si se denegó la inclusión del crédito en un régimen de consolidación legal. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Deuda pública, bonos externos, pago diferido, aplicación de la ley, fallos de la Corte Suprema
Materia: ECONOMIA
Carátula: Rosa, Dolores Estrella c/ EN - Mº Economía - dto 138/01 (bonos externos) s/ amparo ley 16986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

Cabe revocar la sentencia que dispuso que el Estado Nacional debía reanudar el pago de la renta y amortización de los Bonos Externos Globales de titularidad de la accionante, en los términos y la moneda previstos en el decreto 471/02, en tanto consideró que la actora se encontraba exceptuada del diferimiento de pago de la deuda pública, pues sin perjuicio de la distinta legislación por la que se rigen los bonos sobre los que versa el reclamo, resulta pertinente remitirse al criterio establecido por el Tribunal en el precedente "Galli" (Fallos:328:690), pues una adecuada inteligencia de dicho pronunciamiento permite afirmar que la Corte no se limitó a resolver lo relativo a la modificación de la moneda de pago -dispuesta por el decreto 471/02 respecto de los bonos regidos por la legislación argentina- sino que estableció una doctrina de amplios alcances -con respaldo en un principio de derecho de gentes cuya existencia ya había sido afirmada por el Tribunal en el precedente "Brunicardi" (Fallos: 319:2886)- en lo concerniente a las facultades del Estado, respecto de la posibilidad de que en épocas de graves crisis económicas limite, suspenda o reestructure los pagos de la deuda para adecuar sus servicios a las reales posibilidades de las finanzas públicas, a la prestación de los servicios esenciales y al cumplimiento de las funciones estatales básicas que no pueden ser desatendidas.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RISO, PEDRO LEON. c/ CAJA  DE  RETIROS,  JUBILACIONES  Y  PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL. s/ AMPARO - ARBITRARIEDAD E ILEGITIMIDAD MANIFIESTA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-30

La acción de amparo procede contra actos u omisiones de autoridad pública (art. 1ro de la ley 16.986), razón por la cual es necesario que quien impute arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a la Administración acredite previamente la existencia del acto o la omisión en que se habría incurrido en ellas.
Daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Almonacid, Carlos Alberto c/ ALICURA SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-08

La reparación reclamada con fundamento en el artículo 1113 del Código Civil debe constituir una reparación integral, siendo obvio que el resarcimiento al cual se arribe no ha de enriquecer ni llevar a la obtención de un beneficio indebido, pero tampoco desconocerse el derecho a una justa y equitativa satisfacción, criterio jurisprudencial que advierto no el seguido por el magistrado de Grado, por lo que conforme opinión anticipada por cuanto, merecen recepción favorable en líneas generales, los agravios.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, cesantía, proceso penal, sentencia absolutoria, procedimiento administrativo, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: IBAÑEZ LUNA, JORGE ADRIAN c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

Del razonamiento seguido por el A quo no surge que lo resuelto exceda, tal como pretende genéricamente hacer ver el impugnante, los límites propios de los jueces de la causa, al valorar la prueba colectada, la normativa aplicable, lo expuesto por las partes y los hechos tal como se acreditaron, toda vez que la Cámara interviniente declaró improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por cuanto pretendía la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se dejó cesante al recurrente por haber violado expresos deberes y prohibiciones contemplados en los artículos 13 y 14 de la ley 9286, considerando, en primer lugar, que no resultaba decisivo, en el caso, el resultado del proceso penal, y que dado los distintos valores en juego en la esfera disciplinaria y penal, la Administración obra ejercitando, en principio, atribuciones propias que se encuentran en el marco de su zona de reserva; y no es dable sostener, como al parecer lo hace el actor, que la vinculación que en determinados casos podría existir entre uno y otro proceso -el administrativo y el penal-, alcance al absurdo de pretender que el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, conlleve la absolución administrativa. - CITAS: CSJStaFe: De Bartolo, AyS, T 96, p 75; Porra, AyS, T 136, p. 375; AyS, T 19, p 413; T 54, p 234; T 66, p 148. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 9286, artículos 13 y 14. - DOCTRINA: E. García de Enterría y Tomás Ramón Fernández; Curso de Derecho Administrativo, T. II, págs. 171/172, Madrid, 1988.
Recurso de nulidad, presupuesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREZ HUALDE ALEJANDRO s/ Estimación Honorarios (LIBRO: A002 - 392)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-16

Si bien el recurso de nulidad exige en todos los casos una afectación real y concreta al pleno ejercicio de los derechos de quien lo interpone, presupone la existencia de un vicio en el procedimiento no consentido o convalidado y sin el cual no puede dictarse declaración de nulidad alguna.
Interés superior del niño, interpretación de la constitución, tratados internacionales, competencia de la Corte Suprema, centro de vida de niñas, niños y adolescentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa C. G., A. c/ EN - DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-06

El principio del interés superior del niño encuentra consagración constitucional en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño e infraconstitucional en el artículo 3° de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en el artículo 706, inciso c, del Código Civil y Comercial de la Nación; su consideración debe orientar y condicionar toda decisión de los tribunales llamados al juzgamiento de los casos que involucran a los niños y niñas en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, a la cual, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde aplicar -en la medida de su jurisdicción- los tratados internacionales a los que nuestro país está vinculado, con la preeminencia que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional les otorga.
Deuda previsional, determinación de deuda previsional, intimación de pago, falta de intimación de pago
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: Instituto Nacional de Previsión Social. c/ Congregación Sefaradi de Enseñanza Culto y Benef. s/ Ejecución  ANSS .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Relativamente a la inexistencia de la inspección y de la correlativa acta de determinación de deuda sobre cuya base fue emitido el certificado en ejecución cabe retener que la intimación administrativa de que da cuenta la cédula de fs. 6 fue cumplida por el mismo inspector y en la misma fecha en que se efectuó la determinación cuestionada, bajo los términos del art. 39 del decreto 1759-72 (reglamentario de la ley 19.549). Atendiendo además a que -a esos mismos fines- el funcionario actuante estuvo autorizado por la norma contenida en el art. 11 de la ley 18.820 y a que la diligencia impugnada fue cumplida en el mismo lugar en donde, ya en sede judicial, la propia ejecutada reconoce que se encuentra en domicilio real, va de suyo que a los efectos invalidatorios que se persiguen no resulta suficiente la mera negativa formulada por aquélla.
Cuestiones de competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Pintar, Arturo y otra s/ infracción decreto-ley 15.348/46.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-19

Para decidir sobre la competencia se ha de atender a las circunstancias de hecho de las actuaciones, con prescindencia de las tipificaciones intentadas.
Jurisdicción y competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acción de amparo, inconstitucionalidad, decretos, reordenamiento del sistema financiero
Materia: PROCESAL
Carátula: Río Negro, Provincia de c/ Estado Nacional. s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

Es ajeno a la competencia originaria de la Corte Suprema el amparo tendiente a que se declare la inconstitucionalidad del decreto 1316/02, si la alegación de que conculca competencias procesales propias de la provincia y afecta los intereses de los habitantes de la provincia en su carácter de "ahorristas acorralados" no demuestra que la provincia tenga en el pleito un interés directo que la transforme en parte sustancial.
Proceso penal, imputado, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CHAVEZ, CARLOS GUILLERMO s/ PRUEBA - JUEZ - DEFENSA EN JUICIO - SANA CRITICA RACIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-05

El proceso ha sido instituido para descubrir la verdad real o histórica en la que debe asentarse la justicia y para aplicar efectivamente la ley penal, pero estos fines, si bien revelan el instrumento jurídico mediante el cual se ejercita la potestad represiva del estado, el llamado derecho subjetivo de punir, no puede alcanzarse a costa de olvidar al hombre que protagoniza el drama a desentrañar. La humanidad ha dado un paso definitivo, consagrando el derecho de defensa que incumbe al imputado; este se ha convertido, o ha vuelto a ser, un sujeto del proceso, con poderes y deberes que le son propios. En virtud de un dogma universal, por lo tanto, el proceso constituye, además, de un medio que la sociedad necesita para hacer valer su derecho o potestad, una garantía individual.-
Honorarios del abogado, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olocco, Aldo Héctor c/ Provincia de Buenos Aires s/ Ajuste jubilatorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

Dicha prevalencia en el cobro de los estipendios justifica la excepcional categorización jurídica que ordenamiento legales de emergencia de la órbita nacional otorgan a los honorarios, priorizando la accesoriedad de los estipendios respecto del capital como elemento dominante para otorgarles idéntico tratamiento jurídico esto es, favorecerlos o no con la excepcionalidad de la percepción dineraria efectiva que se le brinda a los créditos que motivaron las labores profesionales retribuidas. Consectaria que, en orden a la naturaleza de las deudas aquí reconocidas (arts.3 inc.d ley 11192, y 1 inc.c, decreto 960/92), impone otorgarle a los honorarios idéntico tratamiento que aquéllas por las cuales se desplegó el quehacer intelectual (doc. art. 16, Código Civil), so pena de consagrar una manifiesta e injusta dicotomía entre la causa -fuente y su consecuencia: retribuciones cuya existencia no reconoce, en la especie, autonomía.
Derechos del empleador, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Muñoz, Alberto Marcelino c/ Vera, Raúl s/ Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-16

La facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo prevista por el artículo 66 de la L.C.T. a favor del empleador, esto es, el ius variandi debe reunir, para ser legítima, las condiciones de: a: razonabilidad; b: no alteración esencial del contrato; y c: indemnidad -ausencia de perjuicio material o moral para el trabajador-.
Migraciones, multa, solve et repete, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Lufthansa  Lineas  Aéreas  Alemanas  SA c/ DNM Disp 3968 (Exp.22025/99)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-28

La Corte Suprema de Justicia ha reconocido, como regla, la validez constitucional de las normas que establecen el requisito de pago previo para la intervención judicial en sanciones de multas aplicadas por la Dirección Nacional de Migraciones (Fallos: 322:1284, "Agropecuaria Ayuí S.A., 30/06/99, cons. 7°) y las excepciones admitidas contemplan situaciones patrimoniales concretas ("Agropecuaria Ayuí" cit, cons. 7°), tales como las acreditadas, y consideradas por esta Sala in re "B.C.R.A. -Resol. 252 c/ Balberrey, Eduardo", 26/2/02, en cuanto a la aptitud de la magnitud de la multa para demostrar que la admisión del pago previo causaría un perjuicio dificilmente reparable en el juicio odinario posterior (Cons. II).
Recurso de casación penal, suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ABALDELLI, Román Andrea
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08

En base a esa doctrina en el precedente "NORVERTO" (cfr.: N.326.XLI. RECURSO DE HECHO. Norberto, Jorge Braulio s/ infracción artículo 302 del C.P., del 23/4/08), la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió la procedencia de la suspensión del proceso a prueba respecto de los delitos que se encuentren reprimidos, asimismo, con pena de inhabilitación. Sin perder de vista que la alternativa procesal en estudio, procura el alcance de los principios superiores que postulan un derecho penal de última ratio y mínimamente intenso en pos de la resocialización, específicamente en el caso de delincuentes primarios que hayan cometido delitos leves, en tanto permitan el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso de acuerdo al artículo 26 del C.P.N. La primera finalidad del instituto de la suspensión del juicio a prueba es la de lograr una solución del conflicto más eficaz en términos de prevención general y especial, y en relación al ideal de resocialización previsto constitucionalmente, evitar la estigmatización que también la condena de ejecución condicional supone.	Ello además a fin de conjugar la necesidad de adecuar la vigencia del principio pro homine que implica privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder Estatal.
AFIP DGA, impuestos, percepción de impuestos, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Pluspetrol Energy SA (TF 20.741-A) c/ D.G.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-25

La DGA -en su carácter de agente de percepción del IVA y del Impuesto a las Ganancias- sólo se encuentra facultada a verificar que el documentante adicione los montos correspondientes a dichos tributos, o no, según deba hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto en las resoluciones generales.

Pero su tarea concluye al percibir el impuesto que liquide el documentante del despacho y proporcionar un detalle de las percepciones efectuadas, o no, de acuerdo a lo previsto en los regímenes correspondientes, a la DGI en el curso de cada mes del calendario (Sala IV "Aude, Sergio Fabián (TF 18.661-A) c/D.G.A.", 24/04/2007). Por consiguiente, mal puede afirmarse que la DGA se encuentre autorizada para controlar las declaraciones efectuadas por los documentantes y determinar el monto a ingresar por los tributos aquí involucrados en su carácter de agente de percepción, pues tales facultades no han sido delegadas por quien ha resultado designado originariamente a tales fines, es decir, la D.G.I. (Cons. VIII).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, coronavirus, grupos de riesgo, audiencia virtual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D. L. S., H. M. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-30

En relación al reproche vinculado al desarrollo del debate sin la presencia física de su defendido y de uno de los tres jueces, el A quo destacó que éstos en ningún momento del juicio manifestaron dificultad alguna que no haya podido ser subsanada para ver y escuchar en tiempo real todo lo allí acontecido, señalando que -a diferencia de lo esgrimido por la defensa- el fallo dio cuenta de un tratamiento conjunto por parte de todos los miembros del Tribunal de la prueba y su valoración en función de lo expuesto por las partes; a su vez, no pasa desapercibido que en la sentencia atacada la Cámara recalcó que la controvertida participación en forma virtual resultó imperiosa en el marco de la pandemia por Covid-19, al encontrarse uno de los Magistrados comprendido dentro del denominado grupo de riesgo de acuerdo a la Acordada de esta Corte del 16.03.2020 y al permanecer aislado el imputado por un caso positivo en su lugar de alojamiento, circunstancia que le impidió concurrir a la sede del Tribunal tres de los cinco días de audiencia. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: CSJStaFe, Acta 8 del 16.3.2020.
Recursos, Cámara de Apelaciones, facultades del juez, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Giardinieri de Artuso Eladia c/ Mº de Cultura y Educación s/ medida cautelar -Autonoma-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

El tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301;

272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; entre otras).
Debido proceso, jueces naturales, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: "Gil Domínguez Andrés c/ EN -SC Resol 100/10 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-09

Las garantías del juez natural, del debido proceso y de la defensa en juicio y la tutela judicial efectiva exigen que haya jueces que, como "órganos-individuo", hagan viable la actuación del "órgano-institución" en las causas en que legalmente se les requiera y corresponda (Fallos: 289:153 y 307:966) (Cons. V).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Estado Nacional, intervención de terceros, terceros interesados
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Huayqui, S.A. de Construcciones c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

La pretendida citación de la Nación Argentina como tercero interesado, con fundamento en que constituye "un asunto de su interés", no es suficiente para que proceda la competencia originaria de la Corte, si no se advierte razón que justifique el pedido.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Levy, Samuel SRL. c/ Segovia, Benigno. s/ Rendición de cuentas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-05-21

Cuando el pleito es sólo de orden patrimonial, de derechos esencialmente disponibles en los que no está afectado el orden público, es claro que los órganos judiciales deben atenerse a las cuestiones sometidas a su decisión por las partes conforme a sus pretensiones expresas (arts. 163 inc. 7 y 164 del CPC). El alejamiento de este esencial punto de partida a través del juego dialéctico de normas antitéticas que hipotéticamente podrían haber gobernado la causa pero que no fueron alegadas por las partes nos puede llevar -como ha acontecido en autos- aún apartamiento total del caso traído a juicio, que debe ser prontamente reencausado por el Superior Tribunal.
Excepción de prescripción, producción de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Limpieza Top SRL c/  s/ quiebra c/asociación mutual de trabajadores argentinos estatales s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-15

Corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta por la demandada, en tanto se encuentra vinculada a circunstancias fácticas que deberán ser materia de análisis una vez producida la prueba ofrecida al momento de su interposición y al sentenciarse la causa (CNCom, Sala B in re "Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Bankboston NA s/ ordinario" del 31/05/12). Ello así, en tanto no se advierte que la defensa opuesta pueda ser resuelta como de puro derecho.