Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-05


SIVORI, Carlos Reg.: A y S t 215 p 407-410.

Santa Fe, 5 de septiembre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el doctor Carlos E. Sívori contra la resolución 435 del 16 de diciembre de 2004 dictada por la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, en autos: "SÍVORI, Carlos -Concurso Preventivo-Recurso de Revisión por Banco Nación Fiduciario del Fideicomiso Bisel (Expte. 486/03)" (Expte. C.S.J. nro. 60, año 2006); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de autos que por resolución 435 de fecha 16/12/04, la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, resolvió rechazar el recurso de revisión interpuesto por el concursado Carlos Sívori con costas.

Contra esa decisión interpuso el profesional aludido recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda el artículo 95 de la Constitución provincial y ser lesivo de los derechos de propiedad y debido proceso.

En primer término, alega que el pronunciamiento incurre en una primera contradicción al expresar que no se advierten mayores problemas para tomar en cuenta el principio dispositivo de los artículos 142 y 143 del Código Procesal Civil y Comercial pero, sin embargo, estimar que no resulta aplicable el apercibimiento del último de los artículos debido a que la revisión es un recurso y no una demanda, sin que exista en los recursos locales alguno con aquellas consecuencias legales. Le agravia que el A quo califique al crédito de autos simultáneamente como "provisorio" y "cierto y auténtico" pues éstas condiciones surgirán de la sentencia firme que se dicte en la revisión.

Alega que se ha sostenido invariablemente en doctrina y jurisprudencia que más allá de la comodidad semántica de llamar "recurso" o "incidente" a la revisión, en el procedimiento concursal es un juicio declarativo de pleno conocimiento (cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación); por lo que la aplicabilidad de los artículos 142 y 143 del Código Procesal Civil y Comercial debe interpretarse con los principios procesales de la demanda y su contestación, dejando de lado las normas propias de los recursos.

Reprocha que la Sala diga que su parte pretendió tener al Banco por allanado a la revisión, siendo que lo único que postuló es que se tenga por no contestada la demanda. Apunta como otra contradicción del fallo que en un mismo párrafo se califique al tema "intereses" y "anatocismo" como "hechos" y posteriormente como "cuestiones jurídicas", en tanto dicen los Juzgadores que los hechos cuyo reconocimiento se pretende estarían dados por la existencia de la deuda, los intereses aplicados y su modo de cálculo, puntos que no necesitan de prueba alguna desde el momento que el revisionista reconoce su calidad de deudor y las tasas que resultan del acuerdo suscripto, por lo que la discusión radicaría en el carácter abusivo que se atribuye a los intereses y al anatocismo incluido en el reclamo del insinuante, cuestiones éstas "jurídicas" y no "fácticas", siendo facultad del juez determinar la existencia de abuso y la procedencia o no del anatocismo.

Indica que es pacífica la jurisprudencia y la doctrina que opina que la intervención oficiosa del Tribunal en el tema "intereses" solo puede tener lugar para reducirlos pero nunca para mantenerlos ni aumentarlos.

Achaca al A quo defectuosa valoración de la prueba en tanto se encuentran acreditados los reiterados intentos de su parte en la producción de la prueba pericial contable ofrecida sin que pueda achacársele negligencia probatoria alguna pues, en definitiva, no correspondía a su parte la producción de aquélla desde que la falta de contestación de la demanda lo eximía de tal carga.

Finalmente reprocha a la decisión de la mayoría estar conforme (en lo que a intereses respecta) con un tope del 30% anual en época de convertibilidad, ignorando la histórica jurisprudencia argentina que en condiciones de estabilidad monetaria consideró más que suficiente un interés anual del 6% al 8%.

Se queja también de la mención que se hace en la resolución de que su parte no probó el estado de necesidad al suscribir el convenio que obra en los autos "Banco de la Nación Argentina Fiduciario del Fideicomiso Bisel c/ Carlos Edgar Sívori y ot. s/ demanda ordinaria" que originó la deuda, pues surge de los expedientes acompañados, que el entonces Banco Comercial Israelita (luego Bisel) estaba en condiciones de solicitar el remate de un importante inmueble de su propiedad de valor muy superior a la deuda originaria, razón por la cual pudo imponer el convenio ruinoso que motiva el presente litigio, configurándose así un verdadero abuso del derecho atentatorio del orden público y las buenas costumbres (arts. 21 y 1071 CC).

2. Por auto 25 de fecha 21 de febrero de 2006 la Sala denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad, lo que motivó la presentación directa del interesado ante esta Sede (fs. 29/31) 3. Del análisis del fallo recurrido en confrontación con los agravios que se le imputan, surge que no obstante la arbitrariedad invocada, lo que el impugnante hace en realidad es oponer su propio enfoque al criterio sostenido por los Juzgadores en ejercicio de funciones propias sobre cuestiones de prueba y derecho común y procesal, ajenas a la materia de la instancia extraordinaria ante esta Corte.

En el caso, se objeta a la Sala (en el voto de la mayoría) incurrir en contradicción al predicar, por un lado, el principio dispositivo y, por otro, no aplicar el apercibimiento del artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial al supuesto de autos; así como soslayar la naturaleza del recurso de revisión como verdadero juicio de conocimiento con aplicación de los principios procesales de tal, sin embargo el detenido examen de los autos revela que tales postulaciones del recurrente resultan parciales y desprovistas del contexto en el que fueron efectuadas.

Ello así, debido a que una atenta lectura del pronunciamiento cuestionado, permite colegir que el Tribunal aceptó la vigencia del principio dispositivo en el marco del recurso de revisión sólo que destacó que el mismo no resultaba absoluto y menos en el ámbito de una verificación de créditos "...donde la actividad del juez aparece dotada de un gran carácter inquisitivo (art. 36 LC)." (f. 38).

Aclarando "...sin embargo, como derivación de ese principio dispositivo no aparece que deba aplicarse el art. 143 CPCC, en cuanto impone que ante la falta de contestación de la demanda se tengan por reconocidos los hechos. No podemos olvidar, primero, que estamos ante un recurso y no estrictamente ante una demanda, no existiendo en los recursos locales ninguno con esos apercibimientos.

Segundo, en este caso nos encontramos ante un acreedor que promovió su demanda al pedir la verificación tempestiva de su crédito, la que fue objeto de observación por parte del concursado y por la sindicatura en su informe individual, sobre la cual recayó una sentencia judicial que admitió el crédito conforme a lo dictaminado por la sindicatura.

Contra esta resolución se alza ahora el concursado al interponer el recurso de revisión", concluyendo "...Es claro que el supuesto fáctico que hace operativo el art. 143 CPCC, no se da en el sub-lite" (f. 38).

Y, no se advierte que tales proposiciones padezcan de irremediable incongruencia interna, de suerte que las proporciones que lo integran resulten incompatibles entre sí, de modo tal que para tornar inteligibles sus propias motivaciones sea menester recurrir a aportes argumentales extraños a su contenido.

Cabe recordar al respecto que la autocontradicción supone que el fallo adolezca de una irreductible oposición conceptual, de una verdadera fractura lógica entre dos o más aseveraciones, y no meras deficiencias expositivas que le resten claridad (A. y S., T. 54, ps. 302/307; T. 55, ps. 5/8; T. 60, ps. 115/119; T. 75, ps. 222/225).

Lo atinente al reproche relativo a que el A quo dice que su parte pretendió tener al demandado por allanado siendo que lo único que reclamó es la aplicación del artículo 143 del Código de rito, se desvanece con sólo leer lo expuesto por el Tribunal al respecto: "...El recurrente plantea su argumentación sobre una base inexistente, pues en realidad pretende, no aplicar los apercibimientos del art. 143, sino que se tenga al banco por allanado a la revisión lo que en este caso no ocurre.

Claramente el acreedor peticionó el rechazo del recurso y además se remitió a la argumentación expuesta por la sindicatura..." (f. 38) de modo que el recurso intentado fue contestado por el Banco.

Otra arbitrariedad estaría dada -según el concursado- en la contradicción de la sentencia al tratar a los intereses y al anatocismo como "hechos" primero y, a renglón seguido como cuestiones de "derecho" pero aquélla además de carecer de decisividad para variar la suerte de lo resuelto es producto de la particular lectura del impugnante, ello así, en tanto se argumentó: "...aunque se tengan por reconocidos los hechos, estos estarían dados por la existencia de la deuda, los intereses aplicados y su modo de cálculo. Estos puntos no necesitan de prueba alguna desde el momento que el mismo recurrente reconoce su calidad de deudor y las tasas resultan del acuerdo".

Y seguidamente se adujo "...La discusión radica ahora en el carácter abusivo que el concursado atribuye a los intereses y el anatocismo, incluido en el reclamo del insinuante.

Estas son cuestiones jurídicas y no fácticas, por lo tanto, conociéndose el capital adeudado, los intereses aplicados y su cálculo es el juez el que debe determinar si existe abuso y si el anatocismo aplicado es procedente o no...", cuestiones éstas (el abuso y el anatocismo) marcadas como predominantemente jurídicas por el Tribunal, de modo que lo alegado por aquél demuestra su mera disconformidad con lo resuelto y el intento una vez más en hacer prevalecer su postura en contra de lo resuelto por el A quo en materia de su competencia sin que se advierta irrazonabilidad o contradicción alguna en la proposiciones que lo sustentan. En lo que atañe al reproche consistente en la defectuosa valoración de la prueba por la omisión de ponderar el A quo los intentos de su parte en que se produzca la prueba pericial contable ofrecida, basta advertir que la misma no fue diligenciada por aquél quien, además, contaba con remedios legales a su alcance para lograr su producción, por lo que corre igual suerte adversa, además de tratarse este agravio sobre cuestiones de derecho procesal que, salvo arbitrariedad -no demostrada en la especie- resulta ajena a esta instancia de excepción.

Y, en lo que atañe a la verificación de intereses siendo que el Tribunal sólo podría intervenir en el tema para reducirlos pero no para mantenerlos o elevarlos basta lo alegado por los Juzgadores en el sentido de que: "...olvida esta queja que el objeto de este recurso de revisión radica en la imputación de excesivos que atribuye el concursado a los intereses, con lo cual no cabe ninguna duda que el tribunal podía reducirlos o mantenerlos que fue lo que en definitiva se hizo".

Destacando que "...el interés que pretende aplicar el recurrente afirmando que es el admitido por la histórica jurisprudencia de entre un 6 y un 8% anual, nada tiene que ver con la realidad. Dice que el Banco no pudo explicar ni el cómo ni el por qué de la tasa aplicada, pero todo esto resulta claramente de la transacción, de la sentencia homologatoria, de la verificación y del dictamen de la sindicatura"(f. 55 vto. auto denegatorio).

Finalmente, y con respecto al alegado estado de necesidad en que se encontraba cuando firmó el convenio que surge de los expedientes acompañados (transacción homologada por el Juez interviniente en autos "Banco Nación Argentina c/ Carlos Sívori s/ demanda ordinaria) ante la amenaza de subasta, también basta transcribir lo expuesto "...Es evidente que esto no puede constituir en modo alguno un supuesto de 'necesidad'. Pero de cualquier forma tampoco fue un tema propuesto en la demanda de revisión..." (f. 56 auto denegatorio).

Cabe concluir, pues, que los reproches expuestos por el impugnante sólo trasuntan su disconformidad con el criterio de los Juzgadores de grado en lo que respecta a cuestiones atinentes a la exégesis de las circunstancias acreditadas de la causa y la subsunción de las mismas al derecho aplicable que no incumbe a esta Corte revisar, pues la ponderación que sobre ese tema efectuara el A quo está dentro de las facultades que le conciernen, no advirtiéndose arbitrariedad en la resolución ni lesión de derechos o garantías de rango constitucional.

De allí que, pretender invadir ese ámbito significaría que este Cuerpo sustituyera a los jueces ordinarios de la causa, distorsionando de este modo, el restringido ámbito que sobre el control de constitucionalidad de los pronunciamientos judiciales le confiere la Carta Magna local.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)