Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-11


Expte. nº 9034/12 "Gassmann, Alicia María s/ inf. art. 2. 2. 3, obra no autorizada -L 451- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. n° 9054/12 "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" Buenos Aires,	11	de septiembre de 2013 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El Sr. Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 419/433) contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones (fs. 379/387) que, en lo que aquí interesa, confirmó -por mayoría- la sentencia que había rechazado los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 46, inc. b), y 52 de la ley n° 1217 y de nulidad formulados por la defensa y condenado a Alicia María Gassmann a la pena de multa de TRECE MIL SETECIENTAS UNIDADES FIJAS (13.700 U.F.) y clausura del establecimiento geriátrico sito en Av. Álvarez Thomas 1449 de esta ciudad, por las infracciones previstas en los arts. 2.1.2 (tener cables expuestos); 1.2.4 (omisión de desinfección); 4.1.1 (ausencia de habilitación para funcionar como geriátrico) y 2.2.14 (falta de habilitación, libro de mantenimiento y seguro de un ascensor) de la ley n° 451 (fs. 334/349).

2. En su recurso de inconstitucionalidad, la defensa oficial denuncia la afectación del derecho de defensa en juicio, de la garantía de imparcialidad, de la prohibición de la reformatio in pejus, así como del principio de legalidad y del de razonabilidad. Sostiene, en síntesis, que por imperio del art. 13.3 y de la cláusula transitoria 12ª de la CCABA rige el principio acusatorio en el procedimiento de faltas y que, pese a ello, la jueza de primera instancia produjo, durante el debate, prueba que había sido desistida por el fiscal e interrogó a los testigos, violando de ese modo la garantía de imparcialidad. Asimismo, alega que en la sentencia se elevó el monto de la multa correspondiente a la infracción prevista en el art. 1.2.4 (omisión de desinfección) de 200 a 500 U.F. y, por último, se agravia de que la condena no se haya dejado en suspenso y no se haya sustituido ninguna multa particular por una amonestación, tal como había solicitado.

3. La Sala I declaró admisible el recurso de inconstitucionalidad por el agravio vinculado con la prohibición de la reformatio in pejus y lo denegó por los restantes (fs. 441/444). A su turno, la Defensora General Adjunta interpuso la correspondiente queja por los otros agravios (fs. 543/551).

4. Al darse intervención al Fiscal General, éste se manifestó a favor de la admisión del recurso de inconstitucionalidad y de que se deje sin efecto el aumento de la sanción de multa (fs. 449/461). Con relación a la queja, en cambio, se expidió por su rechazo en virtud de que en su opinión la defensa no había planteado un caso constitucional (fs. 555/562). Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La parte recurrente cuestiona: (i) la interpretación de los jueces de mérito con arreglo a la cual la sanciones impuestas en sede la UACF podrían ser incrementadas por el Poder Judicial, frente al recurso del presunto infractor; y, (ii) la validez constitucional de los artículos 46, inc. b, y 52 de la ley n° 1.217.

1.1. Con relación al primer planteo (i), afirma que esa interpretación afecta el principio de congruencia en tanto posibilita el dictado de decisiones que ponen a la parte recurrente en peor situación de la que se encontraba antes de recurrir. En sus propias palabras, la sentencia del a quo ".afectó el principio de congruencia en la medida que sin petición fiscal y sin aviso previo a la imputada ni a su defensa, se elevó la multa de 200 UF a 500 UF." (cf. fs. 429). Por este agravio el recurso de inconstitucionalidad fue concedido (cf. fs. 441/444).

1.2. En cuanto al segundo agravio (ii), la defensa dice que los artículos 46, inc. b, y 52 de la ley n° 1.217 facultan a los magistrados a producir de oficio prueba, el primero (art. 46, inc. b), e interrogar a los testigos y al imputado, el segundo (el art. 52); facultades que, afirma, se hallan en franca oposición con el sistema acusatorio y con la garantía a contar con un juez imparcial. En este orden de ideas, sostiene que esas normas ponen al magistrado en el rol de juez y parte, lo que priva al "presunto infractor" del tercero imparcial para resolver la disputa que garantiza el mencionado "sistema acusatorio" (cf. fs. 423/428). En palabras de la parte recurrente: ".esta defensa entiende que los arts. 46.b, y 52 de la ley 1217 deben ser declarados inconstitucionales, en la medida que concurre en el presente caso una palmaria afectación al principio acusatorio, y por su intermedio a la garantía del juez imparcial, y su consecuente desconocimiento de la garantía de defensa en juicio (a través de la vigencia de la igualdad de armas) y el debido proceso" (cf. fs. 427vuelta/428).

El recurso de inconstitucionalidad fue denegado por este agravio (cf. fs. 443); razón por la cual la defensa interpuso la queja que obra agregada a fs. 543/551vuelta.

1.3. Ambos planteos involucran una cuestión constitucional cuyo tratamiento la CCBA impone a este Tribunal (cf. el art. 113, inc. 3, de la CCBA).

2. Comencemos por repasar la forma en que está organizado el proceso de faltas.

3. El proceso está organizado (cf. la ley 1217) en dos etapas: una primera que transcurre ante la autoridad administrativa (UACF); y, una segunda ante los órganos permanentes del poder judicial (cf. mi voto in re "Transportes veintidós de septiembre SAC s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Transporte 22 de septiembre SACI s/ infr. arts. 6.1.63 violación de semáforos sin poder identificar al conductor. Ley 451", expte. nº 6037/08, sentencia del 25/02/2009 y "Gerialeph SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: responsable de la firma Gerialeph SA s/ infr. art.[s] 2.2.14 sanción genérica L 451", expte. nº 6408/09, sentencia del 21/12/2009, entre otros).

Primera etapa:

4. El Título I de la ley 1.217 (cuyo nombre es "procedimiento de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) va del art. 1 al 26 inclusive y regula la "primera etapa", es decir, la que tiene lugar ante la Administración. Expresamente el artículo 1 dice: "[l]o dispuesto en el presente título se aplica a todo procedimiento por el cual los organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (el subrayado no pertenece al original).

En ese marco se inscribe el artículo 2 de la ley, cuyo título es "acción pública", que reza así: "[t]oda falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio o por simple denuncia verbal o escrita ante la autoridad competente" (el subrayado no pertenece al original). Resulta curioso que ese artículo hable de la existencia de una acción pública cuando no está prevista le participación de un promotor de la acción, es decir, alguien que representando el interés del pueblo de la CABA inste a la Administración a que condene al "presunto infractor". El procedimiento se desarrolla entre el "presunto infractor" y la Administración, quien labra el acta de infracción (cf. el art. 3 de la ley 1.217), impulsa de oficio el procedimiento, y tiene el deber de pronunciarse, frente al pedido del administrado, acerca de los hechos que dieron inició a las actuaciones (cf. el art. 21 de la ley). No hay, como dije, una parte que ejerza la "acción pública"; y no es razonable sostener que la Administración se insta a sí misma para decidir. Desde luego, en la medida que quien actúa es la Administración, aunque podría haber en ella dos órganos que, separadamente, ejerciera uno la acción, y juzgara el otro, lo cierto es que el controlador obra como juez y parte y no hay acción que surta el efecto de instarlo a actuar, pues se insta a sí mismo.

A su vez, y como se verá más adelante, en la segunda etapa del proceso (cf. el punto 3 de este voto) no solo no está previsto que alguien inste la acción, sino que no hay acción que instar. Ello así, toda vez que esa segunda etapa tiene sólo por objeto posibilitar, a pedido del presunto infractor, la revisión de la condena impuesta en sede Administrativa. Naturaleza del acto emitido por la UACF:

5. La decisión que emite la Administración tiene carácter jurisdiccional (cf., nuevamente, mi votos in re "Transportes veintidós de septiembre." y "Gerialeph SA", ya citados, a los que me remito). Obsérvese que la Administración con ese acto no ejerce una función administrativa, es decir, propia de esa rama, sino que condena a una persona por realizar una conducta que el Legislador ha tipificado, en el caso, como una "falta", esto es, una función típicamente judicial.

Identificar de qué especie es el acto que emite la Administración, uno administrativo o uno jurisdiccional, no es un dato menor. Los actos jurisdiccionales están sujetos a un régimen distinto del que se les aplica a los actos administrativos; por ejemplo, una vez firmes gozan de la estabilidad propia de la cosa juzgada judicial, la Administración no puede instar una acción de "lesividad" a fin de obtener su revisión y la revisión judicial no está limitada a constatar la legitimidad del acto -cf. mutatis mutandi, mis votos in re "G.C.B.A s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Frávega SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos", expte. n° 5549/07, sentencia de este Tribunal del 2 de mayo de 2008, en especial el punto 11, "Sapoznikow; Jacobo David s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Sapoznikow, Jacobo David c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", sentencia del Tribunal del 4 de marzo de 2009, entre otros-.

Segunda etapa:

6. La segunda etapa del proceso de faltas, es decir, aquella que tiene lugar ante los órganos permanentes del Poder Judicial (cf. el punto 3 de este voto), está regulada en los Títulos II (cuyo nombre es: "Procedimiento judicial de faltas", que va del art. 27 al 55) y III (cuyo nombre es: "De los recursos", que va del art. 56 a 59) de la ley 1.217, y tiene por objeto, como ya dije, posibilitar una revisión judicial del acto emitido por el Controlador Administrativo de Faltas.

El lenguaje que al respecto usan los artículos 24 y 25 de la ley, que se refieren a los derechos del presunto infractor frente a la sanción de la UACF, es bastante oscuro. El primero de esos artículos dice que ".el/la presunto infractor/a tiene derecho a solicitar el pase de las actuaciones para su juzgamiento ante la Justicia Contravencional y de Faltas." (el subrayado no pertenece al original); y el art. 25 que "[d]entro de los cinco (5) días de solicitado el pase a la Justicia Contravencional y de Faltas, el/la Controlador/a Administrativo/a remite las actuaciones que hubiera labrado, que tienen el valor de antecedente administrativo, a los efectos del juzgamiento" (nuevamente, el subrayado no pertenece al original). Una lectura descontextualizada de ambas normas podría llevar a la conclusión de que el Legislador ha pretendido regular la etapa judicial como un proceso nuevo, ajeno totalmente a aquel que tuvo lugar en sede administrativa; es decir, que con la solicitud del pedido del declarado infractor por el controlador de que "pasen las actuaciones a la justicia" comienza un juicio cuyo objeto sería la conducta de quien pide la intervención del juez. Ahora bien, esa interpretación no da respuesta acerca de qué pasa con el acto que emitió la UACF, aunque es ese acto y no la conducta del impugnante lo que constituye el objeto que examina el juez. Recordemos que si ese acto no es recurrido pasa en autoridad de cosa juzgada, lo que impide su revisión posterior (cf. el punto 5 de este voto). A su turno, no cabe sostener que un acto pueda "desaparecer", como por arte de magia, con un pedido de "pase de las actuaciones" a sede judicial. A ello se suma que la actuación de los órganos del Poder Judicial no es instada por alguien al que la ley le acuerde el ejercicio de la acción, sino por el presunto infractor (cuestión acerca de la cual me refiero en extenso en párrafos que siguen). Esas circunstancias impiden concebir a la etapa que transcurre ante el Poder Judicial de otro modo que no sea el de una revisión de lo resuelto en sede administrativa.

6.1. Tal como adelanté, a esta segunda etapa sólo se acceda a instancia de quien la ley identifica con la denominación de "presunto infractor" (cf. el art. 24 de la ley 1217).

Siguiendo con las curiosidades que guarda la ley, no está prevista la participación de la Administración; y, al día de la fecha, al Tribunal no ha llegado ninguna causa en la que el GCBA venga solicitando ser tenido por parte en el proceso, a fin de defender su acto.

La ley dispone que el Ministerio Público Fiscal pueda obrar en defensa del acto. En ese orden de ideas, su art. 41 dice: "[e]l/la Juez/a corre vista al Ministerio Público Fiscal, a fin de que dentro del mismo plazo intervenga si lo considera pertinente de conformidad con los criterios generales de actuación elaborados de acuerdo al artículo 17 inciso 6 de la Ley Nº 21, oponiendo excepciones y ofreciendo toda la prueba de la que intente valerse en los mismos términos que el presunto infractor" (el subrayado no pertenece al original). Así las cosas, el MPF es un contradictor facultativo en el debate ante los órganos permanentes del Poder Judicial (cf. mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'González Núñez, Solange María s/ inf. art. 4. 1. 1.2, habilitación en infracción -L 451-'", expte. nº 8024/11, sentencia del Tribunal del 11 de abril de 2012). No aparece tematizado en la ley el alcance que puede tener la actuación del fiscal.

6.2. El hecho de que el Poder Judicial funcione como una alzada de lo resuelto por la UACF, lleva a que su competencia esté limitada a la revisión de aquellos puntos que constituyeron materia de agravio. Cierto es que la ley no habla de recurso; pero, no lo es menos que no usa la palabra acción. Pensar en que mantendría viva la posibilidad de pronunciamiento la del Controlador ausente o la del fiscal innecesario parece absurdo. Pensar en una del infractor calificado como "presunto" parece más cercano a la realidad, aunque no se ve razón alguna para pensar que el objeto -presentado como una pretensión revisora del accionante condenado- exceda las características de un recurso. ¿Por qué podría el juez sin pretensión del condenaado en sede administrativa ni del fiscal o la administración exceder los límites de un recurso? Es decir, así las cosas los jueces no están llamados a expedirse acerca de los hechos sobre cuya base se instó el proceso. En ese orden de ideas, enseña Eduardo J. Couture que "[e]l juez de la apelación [.] no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum appellatum" . Pero, si alguna duda subsistiere, tomar al requerimiento de la persona a quien el controlador condenó como una acción dirigida contra el acto que dispone la sanción, no ampliaría la competencia del juez, a menos que el juez estuviere ejerciendo facultades inquisitorias que no son compatibles, en mi criterio, con la exigencia de imparcialidad.

Cierto es que está previsto que la sentencia de primera instancia venga precedida de una etapa de producción de prueba e incluso una audiencia de juzgamiento (cf. el Capítulo VI de la ley 1.217), extremos que, por regla, no forman parte de las etapas recursivas de la mayoría de los procesos. Pero, esas peculiares del proceso, sumadas a las otras reseñadas más arriba, no pueden llevar a los jueces a interpretar las normas en un sentido que las ponga en franca oposición con la Constitución local y la Nacional. En otras palabras, existiendo otras interpretaciones posibles, los jueces deben evitar acordarle a las normas un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, adoptando como verdadero el que las concilie o deje a todas con valor y efecto (cf. la doctrina de Fallos: 329:5826, y sus citas, entre muchos otros). Garantías que rigen los procesos de faltas:

7. Conformen lo he señalado anteriormente, a quien es sometido a un proceso de faltas goza, como principio, de las mismas garantías que quien es sometido a un proceso penal, con excepción de la garantía del "doble conforme" (cf. mi voto in re "Alberganti, Christian Adrián s/ art. 68 CC - apelación s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 3910, sentencia de este Tribunal del 5 de agosto de 2005, al que me remito) y el concepto de "acción".

Expresamente, tengo dicho:

".el Código de Faltas, acerca de cuya infracción versa la causa, constituye un campo represivo con características especiales. Ello no importa sostener la tesis según la cual existe alguna naturaleza peculiar de las conductas reprimidas que permita, justifique o, menos aún, imponga distinguirlas conceptualmente de las que constituyen delitos, de manera que quede vedado al legislador (o, en nuestro sistema federal, a legisladores distintos) dar, alternativamente, a una misma conducta tratamiento de falta, contravención o delito. Por el contrario, solamente implica advertir que nuestro legislador, siguiendo criterios habitualmente aceptados, ha reunido en un mismo cuerpo las normas destinadas básicamente a estimular el cumplimiento de otras normas emitidas en ejercicio del poder de policía, y el acatamiento a la autoridad que pone en ejercicio la correlativa función administrativa, mediante sanciones retributivas (acompañadas o sustituibles, según el caso, por el mandato de concurrir a cursos de educación y trabajos de utilidad pública respectivamente). Para aplicar esas sanciones, rigen las garantías del derecho penal, con matices derivados de las características de los bienes tutelados, de la mayor exigencia que justifica la voluntaria incursión de los obligados en determinadas actividades o situaciones, y de la naturaleza de la pena, patrimonial en la mayoría de los casos, o sumamente leve cuando implica algún padecimiento personal." (cf. mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -apelación-´", Expte. nº 4054/05, sentencia del 21 de diciembre de 2005, ni el subrayado, ni la negrita pertenecen al original).

7.1. Las características de los bienes tutelados, así como el voluntario sometimiento a un régimen y la naturaleza de la sanción en juego, patrimonial por regla, llevan a debilitar el concepto de "acción", me refiero ahora a la acción como conducta típica y no como derecho a instar al juez, otro significado de la misma palabra, que fue empleado más arriba. Quien decide ejercer determinada actividad, consiente en sufrir sobre su patrimonio las consecuencias de sus acciones, aun las que no le son dable conducir, siempre que esas consecuencias estén dentro del régimen consentido. En ese orden de ideas, el patrimonio funciona como una suerte de garantía frente al cumplimiento del régimen; y el elemento subjetivo de la "acción" queda desplazado hacia un acto de consentimiento. Empero, la conducta endilgada debe provenir de la fuente, actividad, por la que el imputado ha consentido responder. Acudo a un ejemplo para ilustrar el punto. A la Empresa X, dedicada a la explotación de hidrocarburos, corresponde que se le imponga una sanción por haber iniciado una modalidad de explotación de la actividad que resulta contaminante, aun cuando pudiera probar que hizo todos los esfuerzos que, según su criterio, eran necesarios para una obtención de hidrocarburos limpia. En cambio, no cabría sancionarla si habiendo hecho todo lo necesario para evitar un derrame de petróleo, un buque pesquero, obrando más allá de lo que X ha consentido vigilar, destruye parte de las instalaciones de X. 8. En ese marco, asiste razón a la defensa en cuanto sostiene que rige, entre otros, en el proceso de faltas el "sistema acusatorio" (cf. el art. 13, inc. 3, de la CCBA); no, en cambio, a las conclusiones que de la aplicación de ese sistema extrae: la inconstitucionalidad de los artículos 46, inc. b, y 52 de la ley 1.217.

8.1. En el marco de los procesos organizados bajo el esquema del sistema acusatorio "...quien toma la decisión final no puede obrar a instancia de sí mismo, sino que debe hacerlo a instancia de otro. Esto significa que no puede reunirse en un mismo órgano las condiciones de juez e impulsor de la acción. [El concepto mismo de acción, como adelanté, pierde sentido si no es necesario algún impulso externo al juez; y se debilita seriamente si el juez puede sustituir en alguna medida a la parte en el impulso.] Es decir, los jueces no pueden obrar a su propia instancia. Una parte legitimada a ese fin debe estimularlos" (cf. mi voto in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Fabre, Walter Atilio s/ infr. art. 111 CC -conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes-'" expte. nº 6247/08, sentencia del Tribunal del 29 de abril de 2009, entre muchos otros). El rol del juez es laudar la disputa que es llevada a su conocimiento por las partes; en otros términos: sentenciar. La inacción de las partes, o la mala acción, no puede ser suplida por el juez. La asunción de cualquiera de esas conductas pondría al magistrado en la condición de juez y parte; condición que resulta contraria al mencionado sistema acusatorio. En ese orden de ideas la CSJN ha sostenido en la sentencia publicada en Fallos: 328:1491, con relación al "principio acusatorio", que ".puede generar en el acusado dudas legítimas sobre la parcialidad del magistrado, si en su misma persona convergen las funciones de investigar y probar el hecho que se le imputa." (cf. el cons. 16 de esa sentencia, el subrayado no pertenece al original).

9. Las consideraciones del a quo acerca de la aplicación del "sistema acusatorio" a los procesos de faltas me llevan a agregar lo siguiente.

El "sistema acusatorio" viene garantizado por el art. 13, inc. 3, de la CCBA sin ninguna restricción. Textualmente la norma dice: "[.] 3.Rigen los principios de legalidad, determinación, inviolabilidad de la defensa en juicio, juez designado por la ley antes del hecho de la causa, proporcionalidad, sistema acusatorio, doble instancia, inmediatez, publicidad e imparcialidad. Son nulos los actos que vulneren garantías procesales y todas las pruebas que se hubieren obtenido como resultado de los mismos" (el subrayado no pertenece al original). Así las cosas, no hay razones para suponer que el Constituyente ha decidido restringir esa garantía sólo a los procesos donde se investiga la comisión de un delito o una contravención, dejando afuera de su tutela los demás procesos donde se imponen sanciones de índole retributivo (vrg. faltas), sino, justamente, lo contrario. En ese orden de ideas, vale recordar que la Cláusula transitoria duodécima de la CCBA dispone, entre otros, que: "[l]a primera Legislatura de la Ciudad, dentro de los tres meses de constituida sancionará un Código Contravencional que contenga las disposiciones de fondo en la materia y la procesales de ésta y de faltas, con estricta observancia de los principios consagrados en la Constitución Nacional, los instrumentos mencionados en el inciso 22 del artículo 75 de la misma y en el presente texto" (el subrayado no pertenece al original). Por lo demás, el rol que, explique, el juez debe cumplir a la luz del "sistema acusatorio" (cf. el punto 9.1 de este voto) no viene impuesto exclusivamente por ese "sistema" de organización judicial, sino, también, y principalmente, por las competencias con que ha sido envestido por el Constituyente el Poder Judicial. Conforme lo establece el art. 106 de la CCBA "[c]orresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas.". Así las cosas, la competencia de los jueces consiste en resolver las controversias efectivas de derechos que son llevadas a su consideración, no la de instar esas contiendas o controversias.

9.1. La circunstancia de que no esté prevista, en la etapa del proceso que se desarrolla ante los órganos permanentes del Poder Judicial, la participación obligatoria del MPF no se desprende que el "sistema acusatorio" no rija en los procesos de faltas.

Tal como quedó dicho más arriba, la ley 1217 no pone en manos del fiscal la acción. El ámbito de acción que la ley deja librado al MPF es más bien el de contestar el traslado de un recurso, el interpuesto por el "presunto infractor". Ello explica por qué la participación del MPF es facultativa. Es tan facultativa como la que tiene cualquier parte en un proceso frente a la interposición de un recurso de la contraparte. Es decir, las normas procesales, por regla, no obligan a las partes a contestar el traslado de los recursos; menos aún a participar en el debate que se da ante la segunda o superiores instancias. Empero, ello no modifica la competencia que el recurso le acuerda al órgano revisor; tampoco las garantías que rigen el proceso. Por ejemplo, el hecho de que el fiscal decida no participar en la instancia recursiva abierta por el imputado en un proceso donde se investiga la comisión de un delito o una contravención no conlleva que en esa etapa recursiva no rija el "sistema acusatorio", es decir, que sea el tribunal el que tenga que suplir la ausencia del MPF. De otra manera, que un proceso esté, o no, regido por el "sistema acusatorio" sería una cuestión de la que las partes podrían disponer al decidir participar, o no, en las instancias recursivas.

Aplicación de esas reglas al caso:

10. En lo que aquí importa, el sistema acusatorio impide que el juez (i) imponga al presunto infractor una sanción superior a la dispuesta por la Administración; y, (ii) produzca, de oficio, la prueba de "cargo". Ello así, porque en cualquiera de esos supuestos se estaría instando a sí mismo, en franca oposición de lo que manda el mencionado "sistema acusatorio" y la condición misma de juez. Pero, ello no lleva a concluir que el juez no pueda producir prueba alguna. Sí puede producir aquella prueba que posibilite el ejercicio de una facultad que le es propia, como lo es, por ejemplo, establecer la cuantía de la pena a la luz de las reglas legales y lo peticionado por las partes. Ese es el alcance que cabe acordarle a los artículos aquí cuestionados (cf. la doctrina de Fallos: 329:5826).

En otras palabras, con arreglo a lo previsto en los artículos 46, inc. b , y 52 los jueces puede producir, de oficio, todas aquellas pruebas que posibiliten el ejercicio de las facultades que le son propias, no las que importen instar la acción.

11. En el caso, el a quo sostuvo que la sentencia de condena no encontró apoyo en la prueba que produjo, de oficio, la jueza de grado. En palabras del a quo: ".tal como lo señala la Sra. Fiscal ante esta Cámara, el recurrente no expone el modo en que la declaración del testigo, impulsada por la Sra. Juez, o las preguntas que ella le dirigió, habrían influido en la confirmación parcial de la sanción impuesta" (cf. fs. 383 vuelta). Esa conclusión no viene cuestionada por la defensa.

Así las cosas, no cabe más que rechazar los agravios de la defensa en este punto. Ello así, porque no se ha hecho cargo del argumento de la Cámara con arreglo al cual la prueba producida de oficio por la jueza de grado no ha tenido impacto alguno en la sentencia definitiva (cf. el punto 10 de este voto).

11.1. En cambio, por las razones dadas en el punto 9 de este voto y en mis votos "Transportes veintidós de septiembre." y "Gerialeph SA", ambos ya citados, a las que me remito, asiste razón a la parte recurrente en cuanto afirma que corresponde revocar la sentencia de Cámara en cuanto incrementó en 300 UF la multa impuesta por la UACF a la hoy recurrente por carecer "de certificado de desinfección al momento de la inspección" (cf. fs. 379, 379vuelta y 387vuelta).

Por ello, voto por revocar la sentencia de fs. 379/387vuelta en cuanto incrementó en 300 UF la multa impuesta a la Sra. Gassman por carecer del ".certificado de desinfección al momento de la inspección."; hacer lugar a la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad por los restantes agravios.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Recurso de inconstitucionalidad parcialmente concedido:

1. La Cámara del fuero resolvió "DECLARAR PARCIALMENTE ADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad (.), exclusivamente en relación a la posible afectación al derecho de defensa por el agravamiento de la sanción en sede judicial" (fs. 72). En este sentido, comparto la opinión del Sr. juez de trámite: el recurso fue correctamente concedido, pues fue interpuesto en tiempo y forma contra una sentencia definitiva del tribunal superior de la causa.

La presentación, a su vez, contiene el planteo adecuado de una cuestión constitucional relacionada con el art. 13.3 de la CCBA y el art. 18 de la CN que habilita la competencia del Tribunal.

2. La jueza de grado modificó la calificación hecha en sede administrativa de la conducta consistente en omisión de desinfección, lo que implicó el agravamiento de la multa impuesta en sede administrativa en 300 Unidades Fijas.

En este aspecto, la situación de autos es análoga en lo sustancial a la resuelta por el Tribunal en las causas "Gerialeph SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Responsable de la firma Gerialeph SA s/ inf. art.(s) 2.2.14 sanción genérica L 451'", expte. n° 6408, resolución del 21 de diciembre 2009, y en su semejante "Altos de Boulevard Centro Pro-Vida, S.A s/ inf. art.(s) 4.1.1.2, habilitación en infracción s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 7044, resolución del 12 de julio de 2010. Es conveniente, por ello, transcribir y remitirme a los fundamentos que allí expresé:

"El debido proceso constituye un principio constitucional derivado de la garantía de defensa consagrada por el art. 18 CN, y aplicable a toda la actividad del Estado -no sólo a la acción penal- que comprometa derechos. Es la consecuencia directa a nivel constitucional del establecimiento de un Estado de Derecho, el cual se caracteriza por la motivación de sus actos, y el cumplimiento de los procedimientos requeridos por la ley a fin de proteger a los ciudadanos frente a los actos arbitrarios del poder estatal.

"La plena vigencia de la garantía de defensa requiere de manera ineludible que toda interpretación de la misma se realice tomando como base el principio de buena fe. El Estado no puede condicionar la vigencia de las garantías exigiendo conductas heroicas por parte de los administrados, que impongan una autorrestricción en la demanda de derechos en virtud del riesgo plausible de ver su situación agravada, tal como ocurrió en autos".

3. Corresponde, por las razones expuestas, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia de grado en cuanto resolvió "CONDENAR A ALICIA MARÍA GASSMAN (.) 'por falta de certificado de desratización (desinfección) al momento de la inspección' (U.F. 500)" (art. 31 in fine de la ley n° 402).

Recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado:

4. El recurso directo de la defensa fue interpuesto por parte legitimada en tiempo y forma ante el Tribunal, y contiene una crítica suficiente de la decisión que resolvió no conceder el remedio extraordinario que lo motiva, lo que autoriza el tratamiento de los argumentos allí vertidos.

5. Sin embargo, el recurso de inconstitucionalidad -en relación con los agravios que la queja viene a sostener- no puede prosperar porque no logra plantear con éxito el caso constitucional al que se refiere el art. 27 de la ley 402.

La recurrente expresa dos órdenes de agravios (inconstitucionalidad de los arts. 46.B y 52 de la ley n° 1217 y ausencia de fundamentación de las penas impuestas). Su estrategia argumental descansa, respecto de la primera, en sostener una concepción del proceso y procedimiento de faltas que ya he desestimado en numerosos precedentes. Adelanto, a su vez, que la pretendida ausencia de fundamentación no es tal.

6. El Defensor General plantea la inconstitucionalidad de los arts. 46.B y 52 de la Ley de Procedimiento de Faltas, y la funda en la afectación de lo dispuesto en el art. 13.3 de la CCBA, en el art. 18 de la CN y en los instrumentos internacionales mencionados en su art. 75 inc. 22, en cuanto garantizan la vigencia del sistema acusatorio. En ese sentido, afirma que: "[c]on lo cual -y descontando la asimilación del régimen de faltas con el régimen penal, en cuanto ambos comparten una indubitable naturaleza punitiva sancionadora, que solamente puede haber sido cedida por los habitantes al Estado en la medida que conservaron las garantías parta contrarrestar ese ejercicio del poder punitivo-, queda demostrada en forma indubitable la inconstitucionalidad de las normas que denuncio" (fs. 55 vuelta).

No obstante, "los fundamentos [del recurso] en análisis presuponen la conceptualización del régimen de faltas como derecho penal, y es a partir de ese presupuesto que la defensa construye los agravios que introduce. No comparto la identificación del derecho de faltas con el derecho penal. Más bien me inclino a entender que, según lo que establecen las leyes nº 451 y 1217, el régimen de faltas integra el sistema sancionador administrativo" (mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -apelación-'", expte. nº 4054, resolución del 21 de diciembre de 2005).

En este sentido, es determinante que la ley n° 1217 "no establece la intervención del Ministerio Público Fiscal como una garantía a favor del administrado, sino que se limita a autorizarla, facultando al órgano para determinar si la considera pertinente o no (art. 41)" (cf. mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'González Núñez, Solange María s/ inf. art. 4. 1. 1.2, habilitación en infracción -L 451-'", expte. n° 8024, resolución del 11 de abril de 2012).

Lo aquí afirmado sella la suerte negativa de la violación de la garantía de imparcialidad que, en abstracto, denuncia la defensa. Y ello, porque esa denuncia se basa en el ejercicio por la magistrada de grado de las facultades y deberes establecidos por las normas legales cuya constitucionalidad confirmo en este voto.

7. La infractora se agravia, por fin, de la pretendida falta de fundamentación del rechazo de su petición de que las multas correspondientes fueran aplicadas con la modalidad "en suspenso", o sustituidas por amonestación.

En el fallo recurrido, la mayoría de la Sala I dio tratamiento a un planteo semejante, afirmando que "[a] poco que se constaten los fundamentos de la sentencia de condena se advertirá que la Sra. Juez (sic) explicó los motivos sobre la base de los cuales decidió como lo hizo" (fs. 48 vuelta).

"Ella sostuvo, con sustento en precedentes jurisprudenciales de este Tribunal, que 'el artículo 32 de la ley 451 (.) establec[e] que el Juez puede dejar en suspenso su cumplimiento. Esta facultad que otorga la ley al Juez no es de aplicación automática, sino que debe valorarse de acuerdo a las circunstancias que rodearon las infracciones en trato. En este caso, se fijaron los mínimos de las escalas penales, pero como circunstancia agravante se merituó que se trata de un establecimiento geriátrico que abrió en forma clandestina, con los riesgos que ello implica para los gerontes allí alojados'" (fs. 48 vuelta) Conviene agregar que la jueza de primera instancia, también señaló que "[p]ara valorar la sanción a imponer a la encartada en los términos del art. 28 de la ley nro. 1217, se tiene en cuenta como agravante que se trata de un establecimiento de 270 metros cuadrados para la actividad con personas mayores de edad que funcionaba en forma clandestina.

"Asimismo, y como atenuante pueden valorarse la falta de antecedentes de la imputada conforme surge de fs. 66/67, y la buena predisposición esgrimida durante el transcurso del presente debate, y que por otra parte las infracciones que se constataron fueron subsanadas, con excepción de la [falta de] habilitación del establecimiento" (fs. 348) .

Así, la magistrada rechazó los pedidos de aplicación en suspenso o sustitución por amonestación, pero impuso el monto mínimo previsto para todas las multas.

Resulta insostenible, por lo expuesto, afirmar -como lo hace la defensa- que la decisión resistida carezca de fundamentación en este aspecto. Las manifestaciones de la recurrente en este sentido se limitan a explicar que la graduación de sanciones debe estar debidamente fundamentada -lo que no está en discusión- y a exponer su desacuerdo con las razones dadas por la jueza de primera instancia para desestimar su petición. Ello determina el resultado adverso de este planteo, pues no constituye un auténtico agravio constitucional.

8. Corresponde, por lo expuesto: i) hacer lugar a la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, ii) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad en relación con el agravio por el que fuera concedido y, en consecuencia, iii) revocar la sentencia de primera instancia en cuanto resolvió "CONDENAR A ALICIA MARÍA GASSMAN (.) 'por falta de certificado de desratización (desinfección) al momento de la inspección' (U.F. 500)", y iv) rechazar el recurso de inconstitucionalidad por los restantes agravios. Así lo voto.

La jueza Inés M. Weinberg dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad fue concedido sólo con relación al planteo referido al agravamiento de la sanción dispuesta en sede administrativa. Se denegó, (i) respecto del agravio relativo a la inconstitucionalidad de los artículos 46 inc. b), y 52 de la ley 1217, y (ii) respecto de la queja por la falta de fundamentación en la sentencia. Contra la resolución que rechazó parcialmente el recurso, se interpone recurso de queja.

A continuación se tratará, en primer término, el agravio por el cual fue concedido el recurso. Luego se evaluará la admisibilidad del recurso de queja y las cuestiones constitucionales esgrimidas en el mismo.

2. Para decidir el planteo referido al agravamiento de la sanción dispuesta en sede administrativa, debe ponderarse que, tal como se desprende de las presentes actuaciones, la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales -autoridad de aplicación del Régimen de Faltas aprobado por la ley 451- impuso al presunto infractor una sanción de 200 Unidades Fijas por carecer del certificado de desinfección, encuadrando la conducta descripta en el artículo 1.3.22 de la precitada ley 451.

Tras solicitar el presunto infractor el pase de las actuaciones a instancia judicial, el Juez interviniente resolvió recalificar la conducta en el marco de lo establecido por el artículo 1.2.4 de la referida ley 451, e incrementar en consecuencia la sanción a 500 Unidades Fijas. Debe recordarse aquí que la ley 1217 regula dos ámbitos bien diferenciados: el "procedimiento administrativo de faltas" (Título I) y el "procedimiento judicial de faltas -en rigor debiera denominarse proceso- (Título II).

El artículo 13 de la norma mencionada dispone que "la Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa como instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas".

El artículo 21 faculta a la autoridad de aplicación del Régimen de Faltas a determinar la "existencia de la infracción" y la "determinación de la sanción aplicable", así como también la modalidad de cumplimiento.

Por otra parte, el artículo 24 establece para el infractor el "derecho a solicitar el pase de las actuaciones para su juzgamiento ante la Justicia Contravencional y de Faltas".

Más allá de las imprecisiones y vaguedades que pueda presentar la letra de la normativa en estudio, resulta imperioso colegir que -tal como se lo adelantara- los títulos I y II marcan ámbitos distintos de actuación. El primero, claramente administrativo y el segundo jurisdiccional.

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "el control judicial de las decisiones [administrativas] se limita a corregir una actuación (.) ilógica, abusiva o arbitraria, pero no implica que el juez sustituya a la administración en su facultad de decidir. La competencia jurisdiccional es revisora, no sustitutiva. (.) La actuación administrativa debe ser racional, justa, igual y proporcional, excluyéndose la arbitrariedad de la discrecionalidad, pero los tribunales no están habilitados para juzgar consideraciones de oportunidad o apreciaciones fácticas y sustituir la decisión administrativa con base en la distinta opinión que el tribunal pudiera sustentar" -conf. CSJN, "El Panamericano S.A.C.I y F c/ Estado Nacional", Fallos: 304:721; en el mismo sentido, v. "Orias, Raúl c/ Universidad Nacional de Río Cuarto", Fallos 317:40-.

En virtud de lo expuesto, la decisión del a quo excede los límites del control judicial de la actividad administrativa que revisa. Por lo tanto, en este aspecto, debe revocarse la resolución.

3. Con relación al recurso de queja, debe destacarse que el mismo resulta admisible en tanto fue interpuesto en tiempo y forma -artículo 33 de la ley n° 402- y contiene una crítica concreta y suficiente de la resolución apelada.

La recurrente plantea la inconstitucionalidad de los artículos 46 y 52 de la ley n° 1217 por considerar que sus disposiciones resultan contrarias al principio acusatorio que debe regir el procedimiento de faltas de conformidad con lo establecido por el artículo 13 inciso 3), y la cláusula transitoria 12 de la Constitución de la CABA.

Debe destacarse aquí que de las mencionadas cláusulas de la Constitución local no puede colegirse la existencia de un mandato que obligue al legislador a adoptar el sistema acusatorio para regular el procedimiento de faltas como pretende la parte. La ley n° 1217 tampoco lo adopta. Este principio resulta solamente aplicable al proceso penal y contravencional, mientras que el procedimiento administrativo se rige por sus propios principios.

Por las razones expuestas corresponde rechazar los planteos de inconstitucionalidad articulados.

4. La recurrente se agravia también por la falta de fundamentación suficiente de la sentencia que rechaza sus pedidos de sustitución de la sanción y de suspensión de la multa.

Tanto en la sentencia de primera instancia como en la de Cámara el rechazo a tales planteos fue debidamente motivado.

En sustento de su apelación expresa que "al resolver confirmar la sentencia de la jueza, sin dejar en suspenso la multa y sin transformar ninguna multa particular en amonestación (...) continuó afectando el principio de culpabilidad, en tanto se efectivizó contra mi asistida un juicio de reproche que excedió, a criterio de esta parte, el quantum de su responsabilidad".

El apelante se limita a expresar su disconformidad con los motivos esgrimidos en las dos instancias y no expone cual es agravio constitucional que concretamente se deriva de la sentencia apelada. La competencia de este Tribunal se limita a resolver frente a la presencia de un caso constitucional -conf. artículo 27 de la ley 402-. Por lo tanto, corresponde rechazar este agravio.

5. En virtud de lo expuesto voto por: 1) revocar la sentencia en tanto agravó el monto de la sanción; 2) hacer lugar al recurso de queja y 3) rechazar el recurso de inconstitucionalidad por los restantes agravios. El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. En primer lugar trataré el agravio por el que se concedió el recurso de inconstitucionalidad. En ese aspecto de la cuestión, el recurso ha sido correctamente concedido, pues la condena recurrida es la sentencia definitiva emitida por el tribunal superior de la causa y se ha planteado un caso constitucional al confrontar de modo concreto y suficiente la decisión de los jueces de la causa con el derecho de defensa en juicio (arts. 13.3, CCABA, y 18, CN). Esto en tanto, según relata el recurrente, la decisión que impugna convalidó un aumento en sede judicial de la multa impuesta en sede administrativa -de 200 a 500 UF- que obedeció al cambio de calificación del hecho vinculado con la falta de desinfección o desratización del inmueble en el que funcionaba el establecimiento geriátrico (art. 1.2.4, ley n° 451), en atención a que la magistrada consideró que no se había comprobado la existencia de roedores en el local, circunstancia exigida en el art. 1.3.22 seleccionado por la controladora administrativa. 2. Cabe recordar que el procedimiento de faltas en la Ciudad posee ciertas particularidades que se encuentran establecidas en la ley n° 1.217. En el art. 24 de dicha ley se prevé que la parte legitimada puede solicitar el pase de las actuaciones administrativas a la sede judicial, para discutir aquellas imputaciones efectuadas por el controlador de la UAAFE. Según el art. 25, ley n° 1.217 las actuaciones servirán de antecedente administrativo a los efectos del juzgamiento. Es por ello que ya he sostenido, junto a la Dra. Ana María Conde, en el precedente "Transporte Veintidós de Septiembre SAC s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Transporte 22 de Septiembre SACI s/ inf. art. 6.1.63 violación de semáforos sin poder identificar al conductor. Ley 451'", expte. nº 6037/08, resolución del 25/02/09, que la mera invocación de la lesión a la prohibición de la reformatio in peius no resulta idónea para configurar un verdadero caso constitucional, en tanto ella no puede ser trasladada sin más a cualquier hipótesis si lo que se pretende, en realidad, es recortar de manera injustificada el alcance de la intervención que le compete al Poder Judicial en los términos de la ley nº 1.217 para efectuar una correcta subsunción legal de los hechos involucrados en el proceso.

3. En el precedente invocado por la Alzada para conceder el recurso, expuse los motivos por los que entendí que una modificación sustancial en la escala de la sanción aplicable efectuada a partir de la valoración de circunstancias no contempladas en la decisión del controlador, ni traídas al juicio por el representante del Ministerio Público Fiscal, resulta apta para generar un resultado sorpresivo en el sujeto involucrado si recibe una sanción mucho más gravosa que la impuesta en sede administrativa que intentaba discutir ante los tribunales de justicia, sin haber podido ejercer debidamente su derecho a ser oído. Así, consideré que, aun cuando los jueces se encuentran habilitados para calificar jurídicamente el hecho imputado por la UACF en el antecedente administrativo (iura novit curia), circunstancias como la descripta precedentemente hacían exigible que antes de la audiencia de juzgamiento se hiciera saber a quién había solicitado la intervención judicial que existía la posibilidad de una alteración en la valoración jurídica de los hechos por los que ha sido sancionado, de manera tal de permitirle el ejercicio eficaz de la defensa en juicio (cf. mi voto en "Gerialeph SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Responsable de la firma Gerialeph SA s/ inf. art.(s) 2.2.14 sanción genérica L 451'", expte. n° 6408/09 resolución del 21/12/2009). 4. Ahora bien, considero que en el presente caso no se dan las circunstancias tenidas en miras en el precedente citado porque, como afirman los jueces, el objeto del reproche no sufrió ninguna modificación y ambas figuras, tanto la elegida por la UAAFE como la aplicada por la jueza, sancionan a la persona obligada que no ha procedido a la desinfección del establecimiento. Además, el aumento de 300 U.F. no significa una modificación sustancial de la sanción teniendo en cuenta que se aplicó el mínimo de la escala. Por ello puede afirmarse que no existió una violación de la garantía de defensa en juicio.

En consecuencia, estimo que debe confirmarse la sentencia en ese punto.

5. Con relación a la queja interpuesta, si bien fue presentada ante el Tribunal por escrito y dentro del plazo legal, no puede prosperar, pues no logra rebatir las razones expuestas por los jueces de la Sala I, en su auto denegatorio, para concluir que la discusión propuesta era insuficiente para plantear un caso constitucional.

6. El argumento central de la defensa consiste en afirmar que el procedimiento judicial de faltas en la Ciudad de Buenos Aires está organizado bajo las reglas del principio acusatorio. A partir de esa premisa impugna la validez de los artículos 46, inciso b) y 52 de la ley n° 1.217 y cuestiona el modo en que actuó la jueza interviniente porque durante el debate, y con respaldo en esas normas, produjo prueba que había sido desistida por el fiscal e interrogó a los testigos de cargo, afectando según su opinión la garantía de imparcialidad.

Sin embargo, la argumentación de la recurrente se basa en una equiparación entre el derecho penal y la regulación local de faltas -en lo material y formal-, ya descartada por este Tribunal en números precedentes -invocados por los jueces de mérito- de cuyos argumentos no se hace cargo, ni expresa razones que justifiquen revisar lo decidido o que puedan llevar a modificarlo, por lo cual el planteo debe ser rechazado sin más (cf., mutatis mutandi, este Tribunal in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -apelación-", expte. n° 4054, resolución del 21/12/2005; "Hotel Gran Vía SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Responsable Hotel Gran Vía SA s/ infr. Art. 2.1.2 ley n° 451'", expte. n° 6433/09, resolución del 16/9/2009; "Minsiterio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'González Nuñez, Solange Mar{ia s/ inf. Art. 4.1.1.2, habilitación en infracción -L 451-'", expte. n° 8024/11, resolución de 11/04/2012, y sus citas).

7. Tampoco resulta exitosa la queja al pretender traer al Tribunal una discusión sobre los motivos dados por los jueces de mérito en punto al cumplimiento efectivo de la pena de multa y a la improcedencia de sustitución de esa sanción por la de amonestación. Cabe coincidir con lo afirmado por el Sr. Fiscal General en el sentido que la Cámara dio suficientes razones para confirmar el modo de cumplimiento de la pena de multa establecido por la jueza como también el rechazo a la sustitución requerida. El examen de esos elementos, por regla, no forma parte de la competencia que ejerce el Tribunal al resolver un recurso de inconstitucionalidad como el que esta queja viene a defender. Más allá de las normas constitucionales citadas en el recurso, la defensa no logra demostrar un caso constitucional, sino que pretende una nueva revisión ordinaria de los elementos valorados en las instancias anteriores. En este sentido, cabe recordar que "la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (cf. "Carrefour Argentina SA s/ recurso de queja", en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. II, ps. 20 y siguientes).

8. Por todo lo expuesto, voto por confirmar la sentencia de fs. 379/387 en cuanto mantuvo el monto de la sanción de multa impuesta en primera instancia y rechazar la queja agregada a fs. 543/551. Asimismo, corresponde intimar al cumplimiento de la integración del depósito previsto en el art. 34, LPTSJ, dado que la acusada no se encuentra dentro de los sujetos exentos por la ley de tasa judicial (n° 327), ni ha acreditado haber obtenido o iniciado un beneficio de litigar sin gastos (cf. mis votos in re: "Empresa de Transporte Pedro de Mendoza C.I.S.A. -causa n° 459-CC/00- s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", expte. n° 724/00, resolución del 14/02/2001, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. III, ps. 16 y siguientes; "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 6- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Oniszczuk, Carlos Alberto y Marquez, Sandra Rosana s/ ley 255 -apelación-", expte. n° 2266, resolución del 16/07/2003, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. V, ps. 437 y siguientes; y "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación-'", expte. nº 3996/05, resolución del 14/9/2005).

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto del señor juez de trámite, doctor José Osvaldo Casás, con los matices que se desprenden de los votos que oportunamente emití en los expedientes "General Tomás Guido SA" (expte. nº 4080/05 del 14/12/05), "Transporte Veintidós de Septiembre SAC" (expte. nº 6037/08 del 25/02/09), "Gerialeph SA" (expte. nº 6408/09 del 21/12/09), "Altos del Boulevard Centro Pro-Vida SA" (expte. nº 7044/09 del 12/07/10) y "González Nuñez" (expte. nº 8024/11 del 11/04/12).

En concreto, a fin de evitar una reiteración innecesaria me remito a los fundamentos y conclusiones que desarrollé al pronunciarme en los tres (3) precedentes citados en último término, porque: a) por un lado -con relación al recurso de inconstitucionalidad parcialmente concedido por la Cámara-, mantengo mi opinión de que la prohibición de la reformatio in peius no opera entre la actuación administrativa local y el juzgamiento que, por imperio legal y constitucional, sobre los "hechos" calificados como faltas tienen a su cargo los órganos permanentes del Poder Judicial de esta Ciudad -al margen de que, adicionalmente, la recalificación operada en autos no pueda ser vista de ninguna manera como sorpresiva ni frustratoria del derecho de defensa de la condenada que pudo resistir las condiciones de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los "hechos" que se le atribuyeron, y/o de que la sanción impuesta en sede judicial no resultara significativamente más gravosa que la fijada por el controlador-; y b) por el otro lado -en cuanto a los agravios sostenidos en la queja- considero que la defensa no ha demostrado la relación directa existente entre las normas procesales que entiende inconstitucionales y las garantías que menciona en abstracto (como lo afirma la jueza Ruiz en el pto. 6 de su voto, que también suscribo), no ha explicado la incidencia que habría tenido en la confirmación de su condena la prueba o testimonio directamente recibido por la jueza de primera instancia -de cara a las peculiaridades que, legalmente y en razón de la menor entidad de este tipo de conductas, reviste su actuación jurisdiccional en este proceso especial-, no se ha hecho cargo de rebatir las afirmaciones que al respecto realizó el a quo (como lo afirma el juez Lozano en el pto. 12 de su voto, que también acompaño) y, finalmente, tampoco se ha hecho cargo de las motivos que condujeron a los jueces de la causa a imponer una determinada forma de cumplimiento de su sanción, o a que no ejercieran las facultades discrecionales que sólo a ellos les concierne desplegar sobre la base de cuestiones de hecho y prueba (arts. 30 y 32 de la ley nº 451).

Por ello, en sintonía con el dispositivo propuesto por el doctor Casás, corresponde: 1) confirmar la resolución impugnada mediante el recurso de inconstitucionalidad que fue parcialmente concedido por el tribunal a quo; 2) rechazar la queja; y 3) intimar a la recurrente a que integre el depósito que reclama la ley.

Por ello, y habiendo tomado la intervención que le compete al Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de queja interpuesto.	2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad con respecto al agravio por el que fue concedido y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 379/387 vuelta en cuanto incrementó la sanción impuesta por la UACF a la Sra. Gassmann, por carecer "de certificado de desinfección al momento de la inspección".

3. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad por los restantes agravios.

4. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.