Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-16


Comodoro Rivadavia, 16 de febrero de 2007.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "D. S. P., I. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ejecución de Sentencia", Expte. N° 15.936/06.

A fs. 53/57, la parte actora se manifiesta en relación a la presentación efectuada por la parte demandada, denuncia incumplimiento y solicita autorización judicial para realizar lo que la Municipalidad no quiere hacer, sanciones conminatorias y la remisión de los antecedentes a sede penal. I.- A fin de resolver tales peticiones es pertinente reseñar las actuaciones obrantes en la presente acción de ejecución de sentencia.

A fs. 15/18 Idalio D. S. P. a través de su apoderado promueve ejecución de sentencia contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a fin de que se ordene a la accionada que en el término de 10 días proceda a dictar un acto administrativo sustancial que corresponda respecto de la presentación del accionante de fs. 1 del Expte. Municipal Nº 2438, Letra M con costas.

Funda el pedido en los antecedentes del trámite administrativo y la acción de ilegitimidad que interpuso ante esta Cámara de Apelaciones, en la que se hace lugar a la demanda contencioso administrativa, se declara la nulidad de la Resolución Nº 1401/97 y se ordena a la Municipalidad que dicte el Acto administrativo sustancial que correspondiere.

Señala que dicha sentencia se encuentra firme y que ésta constituye el título ejecutivo en virtud del que se solicita la fijación del plazo de diez días para que se dé cumplimiento a lo ordenado.

Pide asimismo que el plazo se establezca bajo apercibimiento de aplicar una sanción pecuniaria por cada día de retardo.

A fs. 19 se intima a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para que dentro del plazo de 30 días de notificada la manda, dé cumplimiento al dictado del acto sustancial administrativo que corresponda respecto de la presentación de I. D. S. P. de fs. 1 del Expte Municipal Nº 2438 , letra M , año 1990.

Una vez notificada la Municipalidad se presenta, a fs. 24/30 y acompaña la Resolución Nº 2486/2006 -fs. 27- en cuyos considerandos, además de citar los antecedentes del caso, menciona que al no haberse encontrado una orden judicial que se lo impidiera, la Municipalidad dicta la Resolución nº 2068/92 a favor del Sr. D. R., en la que se hizo reserva del lote a su favor para la instalación de un taller de Herrería.

Se destaca que direccionó su accionar respecto del lote cuestionado como habitualmente lo hace, procurando que la tierra fiscal sea instrumento de producción.

Mas adelante se afirma, en la resolución, que la aprobación de la cesión de los derechos tal como lo requiere el peticionante I. D. S. P. desencadenaría una serie de cuestiones litigiosas en las que se involucraría al Sr. D. R., con la consiguiente inestabilidad jurídica atento la colisión de intereses en puja.

Refiere que atento las mejoras construidas por el Sr. D. R. en el lote, la aprobación de la cesión implicaría beneficiar sin causa al peticionante (en caso de adjudicación del lote con las mejoras incluidas).

Se concluye que todo ello importa la imposibilidad material y jurídica de acceder a lo solicitado por El Sr. I. D. S. P. a fs. 1 de las actuaciones administrativas, por lo que se ha buscado una alternativa a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2 de la sentencia dictada el 27 de abril de 2002 por la Cámara de Apelaciones.

En forma concordante se declara en el punto 1º la imposibilidad material y jurídica de acceder a lo solicitado por el peticionante respecto de la aprobación de la cesión de derechos sobre el lote en pugna. En el punto 2º ofrece la sustitución de la aprobación de la cesión de derechos sobre el lote requerido, por iguales derechos sobre un lote de similar superficie, topografía y valuación fiscal.

En el escrito de fs. 30 manifiestan haber dado cumplimiento a la manda de fs. 19 en referencia a lo dispuesto por la sentencia dictada por esta Cámara de Apelaciones con fecha 27 de abril de 2000.

Contra la Resolución Nº 2486/2006 el Sr. I. D. S. P. interpuso ante el Intendente Municipal en sede administrativa recurso de reconsideración en los términos y a los efectos del art. 130 de la Ley 3098, según surge de la documental que acompaña a la presentación referida al inicio, esto es la de fs. 53/57.

Tal como se adelantara en la misma expresa que el dictado de esta última resolución Municipal implica un nuevo incumplimiento municipal reiteratorio de su renuencia a cumplir con las los mandatos judiciales dictados en relación a este asunto.

Ataca el contenido de dicha resolución, objeta la alegación municipal de imposibilidad de cumplimiento de la aprobación de la cesión. Luego, solicita la autorización judicial para ejecutar por sí o por un tercero, por cuenta y orden de la Municipalidad, para negociar en su nombre con J. C. D. R. el costo del desistimiento de sus derechos que restituya a la ejecutada la disponibilidad del inmueble.

Sugiere que ésta autorización debería ser a favor de la parte actora o de un tercero que asumiría el rol de ejecutor judicial de la condena por cuenta y orden de la Municipalidad.

Expresa que considera apropiado dar una nueva oportunidad a la demandada para que haga lo que elude y que para ello deberá fijarse un plazo adecuado y las sanciones conminatorias que reitera junto con el pedido de remisión de los antecedentes a la justicia penal.

II.- El contexto procesal descripto es el que da sustento al rechazo de las peticiones efectuadas por la actora.

En la especie, la sentencia contencioso administrativa que se pretende ejecutar fue dictada en el trámite de un recurso por ilegitimidad que solo puede tener por objeto la anulación de la norma legal impugnada.

Va de suyo que dentro de tales límites funcionales se pronunció este Tribunal, tal como se señala en el primer voto de ese pronunciamiento -fs. 110- y lo destaca el Superior Tribunal de Justicia al entender en la cuestión señalando que en la sentencia se aclaró que "sobre la aprobación de la cesión de derechos reiteraban que la acción por ilegitimidad acarrea la sanción de anulación y, aunque la sentencia no sustituye a la Administración Pública la obliga a dictar el acto administrativo legal" -SER nº 12/2001, fs. 162 vta./163 del expediente principal.

Repárese que la pretensión contenciosa administrativa de cognición puede perseguir dos fines esenciales: "aquella en la que se solicita del órgano jurisdiccional no sólo la anulación del acto sino el reconocimiento de una situación jurídica individualizada restaurando las cosas a su primitivo estado o bien en su caso atendiendo una demanda de indemnización y aquella otra en la que simplemente se pide la anulación del acto que se impugna; o sea respectivamente la pretensión de plena jurisdicción y la pretensión de anulación (cfr. Hutchinson, Tomás "Las pretensiones de las partes en el proceso administrativo provincial de Neuquén",ED -129-733; ídem García Pullés, Fernando,"Tratado de lo contencioso administrativo", Ed. Hammurabi, Bs.As. 2004,p.601 y ss.).

III).- En consecuencia, el contenido de la sentencia conforme la naturaleza de la pretensión-que tuvo acogida favorable- excluye la posibilidad de dar curso a las actuales peticiones de la actora. Es que con el dictado de la Resolución Nº 2486/2006, la Municipalidad se ha dado cumplimiento a la manda judicial de dictar el acto administrativo sustancial ordenado mediante sentencia de fecha 27 de abril de 2000, en ejercicio de funciones inherentes ajenas a la competencia de esta Cámara.

Señala la doctrina que "La nulidad implica la desaparición, la exclusión de la norma viciada y la medida sustitutiva que legalmente corresponde. Esta última parte específica es de la administración; esto necesariamente es privativo del administrador y no podrá ser función del poder judicial.

El poder judicial sólo aplica la norma de la nulidad y el administrador creará o no lo que corresponde. Si no hace lo que corresponde será ya entonces una cuestión de responsabilidad, es decir otra clase de problema que no tiene que ver con la obligatoriedad ejecutoria de la sentencia que tiene por objeto declarar la anulación de la norma" (Fiorini, Bartolomé "Qué es el contencioso" Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As, 1997, p. 324).

El Excmo. Superior Tribunal de Justicia deja claramente explicitada la distinción y subsiguientes competencias. En los autos caratulados "A. T. C. S.R.L. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ ordinario", Expte. Nº 16045-A-1997, expresa "...el derecho adjetivo concede al damnificado distintas opciones; la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción (en que la acción civil es ejercida en forma complementaria y simultánea con la nulidad de los actos) ante el Tribunal competente en lo contencioso administrativo de nulidad, para luego intentar, si ésta prospera, la que demande la satisfacción de los derechos civiles lesionados (la acción civil sucedánea a la de nulidad), caso en el cual la primera deberá ser intentada ante el Tribunal en lo contencioso administrativo, y la segunda ante el juez civil (SI Nº 49/95, 3, 13 y 34SCA/96). En base a lo expuesto y a modo de conclusión reafirmamos que dado la decisión que se pretende ejecutar fue dictada en el marco de un proceso de ilegitimidad que sólo perseguía la nulidad del acto administrativo, no puede soslayarse que los alcances de la sentencia en cuestión no importan ni el reconocimiento de los derechos del accionante respecto de la cesión misma de derechos sobre el lote, ni el de los daños que se le inflingiera por los alegados incumplimientos, debiéndose cursar dichos reclamos por las vías procesales pertinentes.

IV).- Por lo dicho, deben ser rechazadas las peticiones efectuadas a fs. 53/57 en tanto exceden el marco de lo ordenado en la sentencia objeto de ejecución.

V).- Las costas de esta incidencia, atento la forma en que se resuelve se imponen por su orden, regulando los honorarios del abogado de conformidad con las pautas de le ley 2200-4335, trabajos realizados, resultado obtenido, mérito de la labor profesional evaluado en base a la actividad desarrollada por el profesional y demás constancias de autos.

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1).- Con los alcances del Considerando III), tener por cumplida con la Resolución Nº 248606 del 05/12/2006, de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia lo ordenado en el punto 2 de la parte resolutiva de la sentencia autenticada a fs. 3/11 vta.

2).- Rechazar las peticiones cursadas a fs. 53/57 por el Sr. I. D. S. P..

3).- Imponer las costas por su orden. Regular los honorarios profesionales del Dr. J. M. F. de las C. en la suma de pesos quinientos ($500).

4).- Regístrese y notifíquese.

Fdo: Fernando Nahuelanca -Presidente-; Julio Antonio Alexandre -Juez de Cámara-; Nélida Susana Melero -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 011 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS