Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21


"EMPRENDIMIENTOS INDU-SYSTEM S.A. C/ GCBA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS" , EXP. 4464 / 1 Buenos Aires, de junio de 2006. Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora -a fs. 86, fundado a fs. 91/92, memorial cuyo traslado fue contestado a fs. 96/99- contra la resolución de fs. 83/84, mediante la cual el señor juez de primera instancia denegó al apelante el beneficio pretendido. La señora Fiscal de Cámara dictaminó en los términos expuestos a fs. 106/106 vta., haciendo lo propio a fs. 94 el señor Representante del Fisco. I. Ante todo cabe señalar que el beneficio de litigar sin gastos responde a la necesidad de asegurar la garantía de la defensa en juicio, superando los impedimentos de orden económico que pudieran presentarse para acceder a la jurisdicción y, desde esa perspectiva, encuentra sustento constitucional en las previsiones de los arts. 16 y 18 C.N., 11, 12 -inc. 6- y 13 -inc. 3- C.C.A.B.A. (esta Sala, in re "González, María Alejandra c/ G.C.B.A. s/ Otros", expte. nº 545/00; Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, tº. III, p. 477; Feno chietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tº. 1, p. 329; Fassi-Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tº. 1, p. 462). Partiendo del principio general de la obligación de afrontar las costas procesales (arts. 1 cctes. de la ley 327, 62 y cctes. CCAyT), corresponde concluir que el instituto examinado reviste naturaleza excepcional y, en consecuencia, el criterio de apreciación para su concesión ha de ser restrictivo. Por ello, quien pretende obtenerlo debe demostrar, acabadamente, carencia de los recursos económicos necesarios para afrontar el cumplimiento de aquélla obligación (Morello, Augusto Mario, Código Procesal Civil y Comercial de la Prov. De Bs. As. y de la Nación, Abeledo-Perrot, segunda edición, tº II - B, p. 267). Toda vez que, en el presente caso, quien pretende el beneficio es una persona jurídica, es oportuno poner de relieve que no existen restricciones legales que impidan otorgarle la franquicia. En efecto, el art. 72 CCAyT -sobre procedencia del incidente e n estudio- prevé que pueden efectuar la solicitud "[l]as personas que carecieren de recursos...", circunstancia que pone en evidencia que el legislador no ha efectuado ningún distingo en tal sentido, toda vez que la designación genérica de persona alcanza tanto a las de existencia visible como ideal. Por lo tanto, corresponderá hacer lugar al pedido siempre que concurran los recaudos exigidos por el instituto, esto es, que el requirente demuestre insuficiencia de recursos económicos para afrontar los gastos del juicio y la imposibilidad de obtenerlos mediante el ejercicio de su actividad (CNCiv., Sala "A", in re "Aerontan S.A. c/ Asoc. de Coop. Argentina Ltda. de Seguros", del 4/6/92, base de datos Isis/30, sumario nº 0003909). Sin embargo, tratándose de entidades constituidas con fines de lucro -como las sociedades comerciales, tal el caso de la actora- la procedencia del beneficio debe ser apreciada estrictamente (CSJN, in re "Estructuras Tafi S.A.C. e I. y otro c/ Tucumán, Provincia de y otro", del 29/10/9 6, id., "Campos y Colonias S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de", del 16/6/93; CNCiv. Sala F, in re "Lear Sports S.R.L. c/ Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación", del 26/4/00, base de datos Isis/30, sumario nº 0013570; esta Cámara, Sala II, in re "Empresa La Royal S.A. de Servicios c/ G.C.B.A.", EXP nº 758, del 4/10/01). Conforme a estas premisas corresponde evaluar la cuestión propuesta a conocimiento del Tribunal. II. Del escrito inicial surge que la actora promovió el presente beneficio de litigar sin gastos a fin de demandar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de obtener el pago de cinco facturas, por la suma total de cuatrocientos catorce mil quinientos pesos ($414.500), que el GCBA supuestamente adeuda a la actora. Al respecto, relató que como consecuencia de la falta de pago de las facturas referidas, la sociedad demandante se encuentra en una situación de iliquidez de tal gravedad que le impide afrontar los gastos de promoción del proceso judicial. III. A fs. 7/9, en el informe económico - financiero efectuado a pedido de la actora por el contador Dr. Mario Arnaldo Tarsia, se expuso que "De la documental y demás elementos examinados surge la siguiente información: Incluidos dentro de los $421.276 correspondientes al rubro Créditos por Ventas en el Balance General al 31/8/2001, hay un deudor de la empresa por $414.500, que es la anterior Municipalidad de Buenos Aires, hoy Gobierno de la Ciudad que mantiene dicho saldo impago desde marzo de 1994. Con motivo del mencionado importe no percibido la empresa tiene a la fecha de dicho Balance General una deuda financiera por $317.150,16 habiendo devengado la misma intereses en su contra que han generado pérdidas que arrastra y que al 31/8/2001 acumulan $147.648,03. La empresa ha solventado los gastos de los últimos ejercicios con aportes irrevocables de los socios por $257.860 y por préstamos en cuenta particular de su socio y presidente por $59.442,16 al 31/8/2001. Las pérdidas acumuladas al 31/8/2001 por $147.648,03 han consumido más del 50% del capital más reservas de la empresa. La empresa no cuenta con otros Activos importantes además del mencionado crédito de $414.5000 contra el Gobierno de la Ciudad de Bs. As." Asimismo, el referido profesional informa que: "1) la empresa carece de posibilidades de afrontar su pasivo financiero para el caso de que el acreedor exigiera su cumplimiento, salvo que el deudor GCBA cancele el importe adeudado. 2) de tornarse incobrable dicha acreencia contra el GCBA, la empresa se encontraría en proceso de liquidación forzosa por pérdida de su capital. 3) la empresa carece de disponibilidades propias para hacer frente a su operatoria, dependiendo exclusivamente de los aportes y/o préstamos de sus socios. 4) dada la situación económico financiera planteada es imposible obtener más financiación externa que la que ya tiene la empresa. 5) sin financiación externa es imposible recomponer el capital operativo de la empresa. 6) sin recomposición del capital operativo la empresa se encuentra imposibilitada de acceder a contratos que le requieran financiar los trabajos que efectúe, a la espera de cobrar las facturas que emita, más adelante". A su vez a fs. 14 la Bolsa de Comercio de Bs. As. informa que las acciones de la actora no cotizan ni cotizaron en esa institución., A fs. 20/25 el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal constató que la empresa demandante no es titular de ningún bien inmueble registrado en ese organismo. A fs. 26 el Registro Nacional de Propiedad Automotor señaló que no se ha localizado automotor alguno a nombre de la actora. Como medida para mejor proveer, el señor sentenciante de grado ordenó la incorporación en la causa del informe económico financiero del BCRA; de tal informe agregado a fs 55 se desprende la calidad de deudora de la actora respecto al Banco Francés, quien a su vez, describe a fs. 80 que la empresa Emprendimientos Indu System SA tiene bajo su titularidad una cuenta cte. la que posee un promedio acreedor de $26,86, operando con fondos propios. Del Informe de la empre sa Veraz agregado a fs. 64 no surge que la demandante posea acreedores ni cheques rechazados en los últimos 2 años. IV. La apreciación de la prueba producida permite tener por demostrado que la sociedad actora atraviesa una situación de iliquidez -es decir, de indisponibilidad transitoria de recursos-. Sin embargo, el criterio restrictivo que debe guiar el juzgamiento de la petición examinada exige que la incidentista demuestre acabadamente que le resulta imposible procurarse el dinero necesario para hacerse cargo de las costas (CNCom, Sala "A", 12/2/98, ED 186-351). La circunstancia de un presunto incumplimiento contractual -como el que en la especie se atribuye a la parte demandada- resulta insuficiente per se para sustentar el otorgamiento íntegro del beneficio, si la sociedad mercantil que lo pretende -aunque padece una situación de iliquidez- no ha probado el requerimiento expuesto por el inciso b del art. 73, CCAyT, en el sentido de demostrar la imposibilidad de obtener recursos. En efecto, tal como sos tiene el señor sentenciante de grado, la recurrente no ha cumplido sino parcialmente la carga probatoria -impuesta por los arts. 73 y 301 CCAyT así como por la naturaleza y alcances del pedido- consistente en acreditar la imposibilidad de obtener fondos, toda vez que, si fuera necesario, podría lograrlo mediante el financiamiento externo o aportes de socios, pues este beneficio no puede concederse para quienes sólo carecen de iliquidez, ya que éste es un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela de la defensa en juicio. V. A su vez, la concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto las pruebas incorporadas a la causa reúnan los requisitos suficientes para generar en el Tribunal la convicción acerca de las condiciones de pobreza invocadas (CSJN, Fallos 311-1374) recaudo que, según lo dicho, no se encuentra plenamente satisfecho en el presente caso. Es oportuno destacar que mediante el instituto en cuestión se busca asegura r el acceso a la justicia, no ya en términos formales sino acorde a la situación económica de los contendientes y, por lo tanto, su finalidad se vería seriamente distorsionada si a este beneficio -limitado a concretar la finalidad enunciada- se lo transforma en indebido privilegio. Así las cosas, al haberse acreditado que la actora atraviesa, únicamente, una situación de iliquidez, cabe concluir que sus impedimentos de orden económico no resultan absolutamente insalvables -tal como se señaló en el considerando precedente- y, por lo tanto, a fin de preservar el acceso a la justicia resulta suficiente con diferir el pago del 50 % de las costas, hasta que aquélla mejore de fortuna. Luego, los agravios de la recurrente habrán de ser acogidos parcialmente por esta Alzada. En mérito a las consideraciones vertidas, disposiciones legales, jurisprudencia y doctrina citada, oída la señora. Fiscal de Cámara; el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar parcialmente a los agravios vertidos por la recurrente y, en consecuencia, dife rir el pago del 50 % de las costas. Costas por su orden, atento a la forma en que se decide (art. 63 CCAyT). Notifíquese a la señora Fiscal de Cámara y al señor Representante del Fisco. Devuélvase. Encomiéndase al juzgado el cumplimiento de las restantes notificaciones, conjuntamente con la providencia que haga saber la devolución de los autos.- Dr. Carlos Francisco Balbín Dr. Horacio Guillermo A. Corti Juez de Cámara Juez de Cámara Dr. Esteban Centanaro Juez de Cámara