Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-07


En la Ciudad de Buenos Aires a los 7 días del mes de Noviembre de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.- Y VISTOS:

Motiva la intervención de este estrado el recurso de apelación interpuesto a fs. 116/126 por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Gabriela Marquiegui Mc Loughlin, contra la sentencia glosada a fs. 107/115 del legajo en cuanto condena a José Luis Luzzi a la pena de multa de pesos un mil quinientos ($1.500), por encontrarlo autor materialmente responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 73 del Código Contravencional (violar clausura), cometida el 16 de julio de 2005, a las 23.00 Hs. aproximadamente, en el local denominado Marquee, sito en la Av. Scalabrini Ortiz 666, de esta ciudad (arts. 22, inc. 2; 25, inc. 2; 26; 29 y 73, CC) y le impone las costas del proceso (art. 14 de la ley 12).- Escuchado en esta sede el Sr. Fiscal de Cámara dictamina a fs. 131/133, que corresponde hacer lugar a la impugnación en examen, revocar el fallo condenatorio y absolver al encartado, conforme a los fundamentos que expone en la presentación mencionada.- Cumplidos los plazos procesales de rigor se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.- Y CONSIDERANDO:

I.- El remedio incoado por la defensa cumple con los requisitos de tiempo y forma pues fue interpuesto por quien tiene derecho a hacerlo, contiene una fundamentación autónoma y razonada, y está dirigido contra una sentencia definitiva, en razón por la cual resulta admisible a la luz del art. 50 de la ley nº 12, con los alcances y limitaciones que señaláramos en anteriores pronunciamientos (conf. Causa Nº 043-00-CC/2004, caratulada Terrazas Gutiérrez, Sonia s/art. 41 CC s/apelación).- II.-La Defensa Oficial manifiesta que la sentencia embestida no respeta las reglas de valoración de prueba y resulta arbitraria, por carecer de la fundamentación adecuada que un pronunciamiento como este requiere.- Corresponde analizar entonces los argumentos vertidos por la defensa en apoyo de sus agravios, en confronte con el resolutorio atacado, para de este modo determinar con rigor si éste responde a la exigencia constitucional en cuanto se impone que las decisiones jurisdiccionales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos 284:119; 311:948 y 300:1488).- Al respecto, Alberto Binder explica el sentido limitativo de la noción de verdad en el proceso penal ya no como motor de la indagación, sino como límite al poder coercitivo del Estado. En ese sentido cita a Ferrajoli: En el derecho penal, la única justificación aceptable de las decisiones es la representada por la verdad de sus presupuestos jurídicos y fácticos, entendida la verdad precisamente en el sentido de correspondencia lo más aproximada posible de la motivación con las normas aplicadas y lo hechos juzgados. Sólo Causa Nº 13628-00-CC/2006. Sala II.- si se refieren a la verdad como correspondencia, los criterios de la coherencia y de la aceptabilidad justificada pueden en realidad impedir la prevaricación punitiva contra el particular, de intereses o voluntades más o menos generales y vincular el juicio a la estricta legalidad, o sea, los hechos empíricos previamente denotados por la ley como punibles. Ciertamente, este esquema cognoscitivo de justificación de las decisiones es bastante más rígido y exigente que otros esquemas puramente decisionistas moralistas, eficientistas o consensualistas- que también han sido teorizados y, más todavía, practicados en la historia del derecho penal; y con todo, sólo puede ser satisfecho de forma tendencial y siempre imperfecta. También es claro que su defensa refleja una opción política a favor de un modelo de derecho penal idóneo para limitar el arbitrio punitivo y para tutelar al máximo la libertad de los ciudadanos. Sin embargo, lo que exige en el plano epistemológico y político es precisamente lo que el modelo penal garantista, acogido por las constituciones modernas, exige en el plano jurídico: que la legitimidad de las decisiones penales se condicione a la verdad em pírica de sus motivaciones. (citado por Alberto Binder en El incumplimiento de las formas procesales, editorial Ad-Hoc, edición 2000, pág. 67/68).- Se reclama en este legajo el control jurisdiccional de la motivación de la sentencia condenatoria dictada por vía del remedio impugnaticio deducido por la defensa de José Luis Luzzi. Tal contralor actúa como garantía fundamental indirecta- del principio de inocencia como regla de juicio, puesto que sin una correcta motivación de la sentencia carecen de sentido las garantías previstas para el proceso reglado de conocimiento previo (art. 18 CN, 13 inc. 3° de la CCABA).- Es que como ya hemos dicho en la causa n° 42-00-CC/2005, caratulada Mercado, Nicolás Casimiro s/inf. art. 39 CC- apelación, rta. 09/06/05 -y reiterado recientemente en la causa nº 323-00-CC/2005, del 07/08/20006- : Se trata, en definitiva, de un juicio al juicio (y no un juicio sobre el hecho) que controla el correcto ejercicio de la jurisdicción dentro del marco acotado por la Constitución. Así, es exigencia de ese grado para el juzgador, la explicitación de la secuencia racional adoptada para la determinación del hecho y la aplicación del derecho, y nuestro deber, controlar el soporte racional de la valoración de la prueba y si la norma sustantiva que se dice aplicable ha sido interpretada en forma correcta. Dicha evaluación en modo alguno debe limitarse al respeto de las leyes de pensamiento (principios de identidad, de contradicción y del tercero excluido, de la lógica formal) sino que debe además, sumergirse en una lógica de la certeza, teleológicamente orientada al respeto por el estado de inocencia del que goza el imputado. Constituye una obviedad y derivación necesaria, su calidad únicamente derribable por un estado de certeza sobre la veracidad de la hipótesis acusatoria como garantía de la aplicación racional de la ley. Esto último en absoluto implica negar el principio de libre convicción, sino más bien, erradicar la convicción íntima de carácter arbitrario de las decisiones jurisd iccionales. Ello se logra mediante la concepción de tal libertad como limitativa y negativa, que conlleva la obligación de una jurisdicción fundada en un juicio controlable, y cuyo basamento es la verdad (entendida como límite, más allá de su carácter necesariamente aproximativo en tanto producto inductivo/deductivo, que después de todo es el responsable de la exigencia de rigor). La verdad motivacional entonces, se constituye en fuente de legitimidad de los actos jurisdiccionales, y como tal, parámetro de validez.

Sea esto, en lo que a la plataforma fáctica se refiere, como proceso cognocitivo reglado, como así también obligadamente, en lo que al plexo normativo constitucional aplicable respecta, dentro del marco de la razonabilidad y racionalidad en la interpretación estricta (criterios finalísticamente orientados a la tutela de la libertad como garantía y principio madre).- Hemos de enfocarnos entonces en el escrutinio de las quejas defensistas, confluyentes en general en el alegado defecto motivacional fáctico y jurídico de la sentencia condenatoria pronunciada por el juez Durante.- Causa Nº 13.628-00-CC/2006. Sala II.- El Código de Habilitaciones y Verificaciones establece que para el ejercicio de toda actividad comercial o industrial en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires, deberá solicitarse habilitación o permiso según corresponda (AD 700.3, Capítulo 1.1, art. 1.1.1). También dispone que las actividades a las que se refiere el articulado están sujetas al régimen de habilitaciones, de acuerdo con las normas que reglamenten su ejercicio (AD 700.5 Capítulo 2.1, art. 2.1.1). Ante la ausencia de permiso habilitante la administración procederá a la inmediata clausura de la actividad.- En el caso en trato, si bien el local detentaba la habilitación para funcionar como restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar (otorgada mediante Expte. 54236/2000 -conf. fs. 9-), no contaba -al momento de la infracción enrostrada- con la autorización emanada del organismo competente para desarrollar la actividad música y canto, la que requiere del permiso específico.- La existencia material del acto de la clausura es indiscutible, atento al informe de inspección junto con el acta circunstanciada glosados al legajo a fs. 11/12, claro es también que la clausura pesaba sobre la actividad y no sobre el local.- La tesis postulada por la Sra. Defensora, aunque dirigida a la legítima tutela de los intereses de su ahijado procesal, no habrá de tener favorable acogida.- Abordando la temática planteada en las presentes actuaciones, la Dirección de Verificaciones y Habilitaciones mediante la Disposición 4010-DGFyC- 2005 del 12/07/2005 ratifica la clausura inmediata y preventiva impuesta con relación a la actividad música y canto que se desarrolla en el local sito en la calle Raúl Scalabrini Ortiz Nº 666/70, de esta ciudad, que funciona como restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, por encontrarse afectadas las condiciones de funcionamiento: desarrollar la actividad música y canto sin autorización previa (art. 15, Ordenanza 24.654 AD 762 1 CH).- La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97 (B.O.nº 310) establece a la causa, como uno de los requisitos esenciales del acto administrativo, la que deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de fuente y en el derecho aplicable.- En este sentido, se ha dicho que Lo que en el pasado fue sólo una exigencia jurídica: que el acto administrativo contuviera una ´motivación´ o explicitación de sus fundamentos, es hoy también una exigencia política; ahora hay un deber jurídico y político, social y cultural, de explicar al ciudadano o habitante por qué se le impone una norma, y hay que convencerlo con la explicación; pues si no se la explica satisfactoriamente, faltará su consenso, que es la base esencial del concepto democrático actual (...) (Corte Suprema de Justicia, Santa Fe, Tissembaum, Isaac c/ Provincia de Santa fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción -Expte. CSJ Nº 450-92-, Sentencia del 17 de mayo de 2000).- De la atenta lectura de la mentada disposición se advierte que tal acto cumple acabadamente con la motivación y fundamentación a las cuales nos referimos. En efecto, se extraen dos datos claros que serán de suma utilidad para desentrañar los embates defensistas al respecto: a) que existía una clausura preventiva previa de fecha 10 de julio de 2005 y b) que dicha interdicción que se ratificaba pesaba sobre la actividad música y canto.- Ahora bien, en lo que atañe a la clausura impuesta por los inspectores el día 10 de julio (fs. 12) cabe preguntarse: es ésta a la que alude la norma contenida en el artículo 73 o, como pareciera deducir la Sra. Defensora, para que pueda hablarse de tal acto: es requisito indispensable la ratificación de la Causa Nº 13628-00-CC/2006. Sala II.- clausura por parte del Director General de Fiscalización y Control del gobierno citadino.- Entendemos que la respuesta es afirmativa para el primero de los interrogantes formulados.- En efecto, el texto de la norma no detalla tipos de clausura, simplemente se refiere a ella en forma unívoca; así, no advertimos la necesidad de interpretar el articulado tal como lo hace la impugnante, pretendiendo con ello cuestionar el conocimiento de la medida por su ahijado procesal, de momento que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal (C.S.J.N., 5.4.95, Gypobras S.A. c/Estado Nacional -Ministerio de Educación y Justicia- s/contrato de obra pública, LL, Actualización de jurisprudencia, 8.3.96, Nº 390); la clausura es un acto administrativo que, como tal, existe desde el momento en que es dispuesta y efectivizada por el funcionario público que está facultado para hacerlo. En este sentido estos actos son la expresión típica de la potestad ejecutiva de la administración, y tienen por objeto llevar a cabo, en forma concreta e inmediata, dicha actividad (CNCAFed., Sala IV, 7.5.96, Sociedad Anónima de Exportaciones Sudamericanas c/DGI).- Cierto es que dicha medida debe ser ratificada por la autoridad máxima de la Dirección competente, pero tal requisito no priva a la clausura originalmente dispuesta de los efectos que ella irroga desde su implantación; es verdad que la homologación tiende a verificar la legalidad y razonabilidad de la medida, pero dicho examen no puede acarrear la consecuencia que el argumento de la impugnante le asigna, esto es que hasta tanto la medida se corrobore y se notifique al titular del local, ella no tiene consecuencias jurídicas en el plano de la responsabilidad contravencional. De este modo el intento defensista respecto de que la confirmación de la interdicción suscripta por el Director General de Fiscalización y Control del Gobierno de la ciudad, no le habría sido notificada fehacientemente a su defendido carece de sustento alguno.- Por lo demás, lo contrario implicaría sostener que los inspectores que dispusieron la clausura de fecha 10 de julio de 2005 no detentan la calidad de autoridad administrativa, en los términos del art. 73 CC, siendo que éstos están autorizados por ley y poseen competencia para llevar a cabo un acto resolutivo de alcance particular, para lo cual debe mencionar los hechos y las disposiciones aplicables. Adviértase asimismo que la legislación respectiva, al detallar el procedimiento a seguir en el caso de transgresiones al Código de Habilitaciones y Verificaciones -Ord. 33.266-, utiliza indistintamente las voces inspector y funcionario(cfr. Título 3, Sección 12, Capítulo 12.1, arts. 12.1.3, 12.1.5, 12.1.12, AD 700.66); dato este no menor que refrenda aún más lo dicho.- De ello se desprende que la presencia del titular del local comercial, José Luis Luzzi, al momento de llevarse a cabo la medida de clausura preventiva resulta suficiente para que haya tomado efectivo conocimiento de la interdicción dispuesta por el Gobierno de la Ciudad y en cuanto al aspecto cognoscitivo del nombrado respecto del por qué se le clausuró la actividad música y canto resulta fatalmente verificado a través de los intentos -con éxito, por cierto, aunque a posteriori del hecho motivo de encuesta- en obtener el permiso habilitante para poder desarrollar el mencionado rubro.- A mayor abundamiento, las testimoniales de las que da debida cuenta la sentencia fueron contundentes a la hora de esclarecer la cuestión. Así, Rubén Oscar Ríos, inspector del GCBA, expresó: (...) Recuerdo el hecho, fui citado por otras dos inspectoras para ir a ese lugar y verificar si se realizaban shows en vivo. Se nos impidió la entrada, sólo pudimos acceder 2 o 3 metros desde la entrada y desde esa posición detectamos música en vivo y pudieron divisar Causa Nº 13628-00-CC/2006. Sala II.- a través de las puertas internas la silueta de un joven tocando la guitarra ... Fueron a constatar la vigencia de la clausura que impedía realizar show en vivo. Llegó el patrullero, le informaron lo ocurrido y su compañera Elizabeth Giardini labró el acta. Creo recordar que en ésta se dejó constancia de que se estaba violando una clausura. No recuerdo cómo le acercamos el acta al Sr. Luzzi. Creo que en ese momento salió a la calle el Sr. Luzzi y nos pidió por favor que no interrumpiéramos la realización del show, que dejáramos que siguiera realizándose hasta la 1:30 de la mañana, pero no accedimos (...) -sic, ver fs. 108 vta.- A su turno la inspectora Marta Marisa Castromán manifestó que: voy al lugar para verificar una clausura, no recuerdo si del local o de la actividad, éramos tres inspectores -dos mujeres y un hombre-, el local estaba abierto, una persona en la puerta nos impide el acceso pero alcanzamos a escuchar música y había gente. Se hace el acta por violación de clausura. Llega el dueño del local. Eramos Giardini que labró el acta y Ríos. El local estaba abierto, había gente ingresando y saliendo y se escuchaba música, al grupo tocando no lo ví pero el inspector Ríos que es más alto sí. No pudimos ingresar. Sonaba música en vivo, de batería, fuerte, se escuchaba desde la calle, no era la música funcional de un café-bar, parecía un show en vivo y había gente adentro -ver fs. 109- A su vez, el preventor Gastón Adolfo Bringas testificó que fue en varias oportunidades a ese local, en distintas fechas, por violaciones de clausuras y con gente de la DGFyC para labrar actas. Recuerda un día que hacía mucho frío y había gente del GCBA que había solicitado la presencia policial porque había una incidencia, había actividad y gente en la calle. Se labró acta por art. 73 del C.C. porque violaban clausura de actividad; en ese lugar tocaban bandas de rock. Se le exhibe acta de fs. 1 y dice que fue labrada de su puño y letra y reconoce la firma inferior derecha (...) -ver fs. 109 vta.- En consecuencia, la conclusión condenatoria a la que arribó el A quo ha sido fruto de una elaboración completa y razonada de las probanzas incorporadas al debate, indicando exactamente los fundamentos que lo llevaron a alcanzar la certeza necesaria para adoptar un pronunciamiento desfavorable para el encartado Luzzi, quien resulta ser titular del local en cuestión, según se desprende de las constancias documentales y testimoniales arrimadas al debate, y que por tal motivo, poseía el dominio final del hecho en lo que respecta a la actividad comercial que desarrollaba el establecimiento. En tal sentido Cafferata Nores manifiesta que (...) Por cierto que a la firme convicción sobre que el acusado verdaderamente es culpable se llegará, la mayoría de las veces, no por la inexistencia de dudas sobre ello, sino por su disipación o superación. Obviamente este resultado (la superación de las dudas) no podrá obedecer a puros actos de voluntad ni a simples impresiones de los jueces, sino que deberá ser el fruto de una consideración racional de datos objetivos exteriores a su espíritu, legalmente introducidos como pruebas al proceso, que justifiquen y expliquen de qué forma se pudieron disipar las dudas existentes y como se arribó, a pesar de ellas, a la convicción de culpabilidad (Cuestiones actuales sobre el proceso penal, Editores del Puerto, pág. 72).- En la inteligencia de todo lo hasta aquí dicho es que habremos de repeler la pretensión nulificante que ensaya la defensa en torno a la sentencia, la que a esta altura del análisis -obvio es- ha sido congruente con el hecho juzgado de acuerdo a la acusación formulada y tuvo suficiente motivación fáctico-jurídico.- III.- Resta pues analizar el agravio de la Sra. defensora respecto de la determinación de la sanción efectuada en el fallo atacado.- En materia de revisión de la pena esta Sala ha dicho que para la individualización correspondiente el juez se maneja en un ámbito de Causa Nº 13628-00-CC/2006. Sala II.- discrecionalidad reglada y en tal carácter, como toda decisión sujeta a reglas, la recaída sobre esta cuestión puede ser revisada a fin de determinar si fue adoptada siguiendo esas normas (Ziffer, Patricia S., Lineamientos de la determinación de la pena, Ed. Ad-Hoc, 1996, p. 187; Trib. Sup. de Justicia de Córdoba, Diez, Carlos A. p.s.a. fraude en perjuicio de la administración pública. Recurso de Casación, del 5/6/97); es decir, controlada en casación para determinar si cuenta con fundamentos suficientes y legítimos (Trib. Sup. de Justicia de Córdoba, Farías, Osvaldo C. p.s.a. robo calificado. Recurso de Casación, del 17/11/97). ...La tarea del Tribunal reside entonces en revisar los pasos seguidos por el juzgador al determinar la pena aplicable para dilucidar si siguió aquellas pautas que se fijan en el código de fondo, sin que ello signifique revisar el peso que él asignó a cada una de ellas para arribar a la conclusión que el Representante del Ministerio Público Fiscal ante esta alzada cuestiona. Ello es así por cuanto el juez que presenció el debate es a quien le compete en orden al principio de la inmediatez- apreciar en forma directa todos aquellos elementos que luego tendrá en cuenta a la hora de razonar acerca de la especie y el quantum de la pena a fijar dentro de los marcos legales... (Causa n° 1558-00-CC/2003, Oniszczuk, Carlos Alberto s/infracción ley 255 (J.B.Alberdi 2641) apelación, rta. 08/07/04, del registro de esta sala II).- Así planteada la cuestión, el Magistrado expresó a fs. 115 vta. que Sentada la calificación adecuada al caso y, con ella, la escala aplicable, resta decir que para graduarla he de tener como parámetro la culpabilidad, los elementos de prevención especial y general que se requieren para que se cumpla su finalidad, las características personales del imputado, consecuencias y efectos de los hechos probados, como así también las demás pautas de graduación contempladas en el art. 26 de la ley de fondo, considerando apropiada y proporcional la pena de multa por la suma de un mil quinietos pesos -$1500- (arts. 22, inc. 2º, 25 inc. 2º y 29, C.C.).- La recurrente considera que el sentenciante se limita a efectuar una enunciación dogmática de distintas pautas genéricas de determinación de la pena, sin mencionar las circunstancias particulares advertidas en este proceso que lo determinaron a pronunciarse en tal sentido, lo que conlleva -a su entender- a la sanción nulificante (ver fs. 124 vta.).- Cierto es que la exigencia de la fundamentación está dirigida absolutamente a todas las decisiones que se adopten en el fallo, por lo tanto, obviamente, también deberán precisarse en él los motivos por los cuales un individuo merece cierta cantidad de pena.

Ahora bien, habida cuenta de que la regla es que (...) la ponderación a efectuarse depende de poderes discrecionales del tribunal de juicio, lo que ocurre cuando el mérito debe hacerse respecto de las condiciones personales del autor, su educación, costumbres y demás circunstancias cuya apreciación es sólo posible durante el debate (cfr. CNCP, Sala II: causa nro. 467 Gutiérrez, Pedro Orlando y Miranda, Benjamín s/recurso de casación, Reg. nro. 477, rta. el 23/6/95; causa Nro. 174 Nardelli, Pietro Antonio s/recurso de queja, Reg. Nro. 174, rta. 26/5/98; Sala III: causa nro. 80 Paulillo, Carlos Dante s/recurso de casación, Reg. nro. 111, rta. el 12/4/94; Sala IV: causa Nro. 245 Figueroa, Abel Eduardo s/recurso de casación, Reg nro. 435, rta. el 28/12/95; causa Nro. 245 Salerno, José Luis y Salazar, José Luis s/recurso de casación, Reg. Nro. 648, rta. el 24/09/96, entre muchas otras), sólo se reconoce como excepción el caso de arbitrariedad en la determinación de la pena, circunstancia en que lo controlable por este tribunal será la falta de motivación o su contrariedad, supuestos estos contemplados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como extremos de tal doctrina de carácter excepcional.- Con los parámetros diseñados, estamos en condiciones de concluir que -pese a las críticas esbozadas por la Dra. Marquiegui Mc Loughlin- existe congruencia en la relación entre los fundamentos para individualizar la pena, y Nº 13628-00-CC/2006. Sala II.- la concretamente aplicada -especialmente a la luz de la amplia escala disponible, seiscientos a seis mil pesos de multa o arresto de 3 a 10 días-, motivos que además no aparecen como contradictorios e irrazonables, por lo que no deben ser censurados por la alzada, en cuanto por regla -reiteramos- pertenecen a la discrecionalidad del juez la selección y valoración de la prueba que concurre a determinar su temperamento.- En consecuencia, en el marco de la solución que se adoptará -confirmación de la sentencia condenatoria- y no advirtiéndose vicio alguno en la operación intelectual que realizó el juzgador para concluir en la pena en concreto atacada, se impone ratificar la sanción impuesta.- Para concluir, cabe aclarar que la consideración formulada acerca de que la conducta tipificada por el art. 73 del C.C. no efectúa distingos de ninguna especie en punto a los tipos de clausura también debe hacerse extensiva a si la misma recae sobre la actividad o el local, de manera tal que el peculiar criterio del Sr. Fiscal de Cámara volcado en su dictamen de fs. 131/132 no habrá de ser compartido sustentándose, por otra parte, en una inadecuada interpretación de un precedente de esta Sala cuya cita, en lo pertinente, aparece sacada de contexto.- Por todo lo expuesto y habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE CONFIRMAR la sentencia de fs. 107/115 en cuanto condena a José Luis Luzzi, a la pena de multa, por la suma de un mil quinientos pesos ($ 1.500) por encontrarlo autor responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 73 de la ley 1472 (violar clausura), cometida el 16 de julio de 2005, a las 23:00 hs., aproximadamente, en el local denominado Marquee, sito en la Avenida Scalabrini Ortiz nº 666, de esta ciudad (arts. 22, inc. 2; 25, inc. 2; 26; 29 y 73 del CC); con costas -art. 14 LPC- Tómese razón, notifíquese mediante nota al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones restantes.- Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.- Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.