Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-14


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los días del mes de diciembre del año dos mil nueve, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA c/ C. A. C. R. E. D. P. S. y F s/ EJECUCIÓN FISCAL", expte. nro. 55/09, venidos del Juzgado Letrado de Ejecución nro. 2 (expte. nro. 705/08), y atento el resultado del sorteo estable-cido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 270), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 211/215 y su aclaratoria de fs. 233? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada, a fs. 221 y 228, en cuanto a la regulación de los honorarios, por propio derecho de los letrados actuantes, y a fs. 237 por la demandada, la sentencia nro. 1058 del 12/11/08 obrante a fs. 211/215, habiéndose concedido a fs. 223, 232 y 239 en relación y con efecto suspensivo el recurso de apelación inter-puesto y con relación a los honorarios, los mismos se han concedido con los alcances de los arts. 244, 2do. Apartado, del Código Procesal y 49 del Dto. Ley Pcial nro. 2200.

El juez dispuso en su fallo -en lo que aquí se recurre- lo siguiente: "1) Mandando llevar la ejecución adelante hasta que el demandado C. A. C. R. E. P. S. y F. haga al actor Municipalidad de Comodoro Rivadavia íntegro pago de la sumas reclamadas de pesos dos millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta y seis con cinco centavos ($2.368.286,05), con más sus intereses conforme al considerando respectivo; 2) Costas al demandado vencido (art. 68 del C.Pr.). Teniendo en cuenta el monto condenado y sus intereses, la naturaleza y complejidad del proceso, la calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, la celeri-dad y trascendencia económica, jurídica y moral para las partes y la etapa cumplida por sus trabajos reali-zados en autos regulo los honorarios de los Dres. P. A. E., J. P. C., S. G. M. y P. H. C., en forma conjunta, en la suma de pesos noventa y cuatro mil setecientos ($94.700) y los de los Dres. J. F. L. G. y G. A. B., en forma conjunta, en la suma de pesos noventa y tres mil ($93.000) según los arts. 6, 7, 8, 9, 19, 40 y 47 de la Ley 2.200 (t.o. Ley 4335) y art. 2 de la ley 4492 con más el IVA si correspondiere conforme Resolución General nro. 4214 de la D.G.I.".

A fs. 233/vta., con fecha 17/12/08, se dicta sentencia aclaratoria registrada bajo el nro. 1282 donde se ordena corregir el error material de la sentencia definitiva nro. 1058/08 con relación al nombre del letrado en los presentes autos, el cual debe consignarse como "J. P. C." conforme surge del conside-rando respectivo, formando la presente parte integrante de la resolución precedentemente mencionada".

I.A) A fs. 242/255vta. expresa agravios la parte apelante demandada, los que fueran contestados por la actora a fs. 257/263.

Entendiendo que en la estructura de la sentencia, los resultandos (los agravios) tienen por finalidad la individualización de los sujetos de la pretensión y la relimitación del ámbito objetivo del litigio sobre el que recae el pronunciamiento, inclu-yéndose así entre los elementos que la sentencia deberá contener "la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (o de los agravios), siendo el estilo judicial agregar una breve relación de las vicisitudes del proceso, a cuyo efecto basta una mera remisión (cf. crit. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.II-C, pág. 64; Cám.Nac.Com. Sala C, 03/11/80, entre otros) y teniendo presente el principio procesal de concentración, he de realizar la transcrip-ción de los mismos sin perjuicio de tener en cuenta cada línea del pensamiento expuesto en el desarrollo que en cada uno de sus agravios ha realizado la apelan-te.

Concretamente la apelante funda sus agravios en cuanto a que:

1) Considera (fs. 246vta./249) que dicho pronunciamiento judicial es arbitrario, ya que la sentencia incumple con un recaudo básico, cual es el expedirse sobre los planteos sometidos a su magisterio y fundar su decisión, no siendo admisible que directa-mente resigne de plano el cumplimiento de tal deber de expedirse, tratando y resolviendo sobre la cuestión que, precisamente hace a la esencia del recurso. Advierte que la administrada fue intimada al pago de una suma de dinero mediante una mera liquidación, no concediéndosele la oportunidad defensiva del procedi-miento determinativo fiscal que contempla el Código Tributario Municipal y, cuando ocurre el magisterio del a-quo para que se atienda el hecho toral que concentra el hontanar defensivo de su parte, esencialmente la inexistencia de la deuda ejecutada, el juez decide no abrir a prueba el proceso y, paso seguido, dogmática-mente resiste el mandato constitucional de afianzar la justicia, apelando al lecho de Procusto de la impropo-nibilidad procesal de la disputa de la causa de la deuda. Considera que dicho pronunciamiento judicial es arbitrario. Cita y transcribe jurisprudencia que hace a su entender;

2) recurre (fs. 249/250vta.) en cuanto el juez ha rechazado de plano la excepción de prescrip-ción, reivindicando la potestad local provincial que extrapola a los municipios de regular el término temporal de prescripción de los poderes fiscales. Cita jurisprudencia al respecto;

3) se agravia en cuanto el a-quo rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por el recurrente (fs. 249vta./255vta.) tanto en su inhabilidad formal como en la sustancial; 4) Plantea la reserva del caso federal (fs. 255vta. ). I.B-1) La presente causa se origina cuando la ejecutante -Municipalidad de Comodoro Rivada-via (fs. 16/vta.)- promueve ejecución fiscal contra C. A. C. R. E. P. S. y F. por la suma de pesos dos millo-nes trescientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta y seis con cinco centavos ($2.368.286,05), con más los intereses desde la fecha de la emisión de la boleta de deuda hasta su efectivo pago, calculado a la tasa fija del B. C. S.A. para operaciones de descuento a treinta (30) días, costas y costos del juicio.

Al momento de su presentación, la ejecutada (fs. 158/174vta.) planteó las excepciones de prescripción, de falta de legitimación pasiva, la de inhabilidad formal y sustancial del título y la decla-ración de inconstitucionalidad de los arts. 231 a 234 del Código Tributario Municipal, citando y transcri-biendo doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avalan su entender.

A fs. 183/191 fueron contestadas por la ejecutante las excepciones planteadas por la ejecutada.

A fs. 210 se tuvo a la parte actora por desistida de la acción contra los codemandados C. H. I. y C. M..

En cuanto al planteamiento de la recu-rrente (fs. 246vta./249) en cuanto a la arbitrariedad que implícitamente integra la violación del principio de congruencia por parte del a-quo, considero aplicable la jurisprudencia versada en la materia en tanto ha expresado que el derecho no es una ciencia exacta. Está dominado por la justicia y moral. Y los jueces deben procurar la realización de una justicia sustancial, apegada a la medida de las cosas y no a fórmulas rígidas (Cám.Nac.Civ., Sala A, 22/12/65, La Ley, v.-122, p.280).

Concurrentemente se ha resuelto que la solución justa de un litigio no es simplemente, como lo afirma el positivismo jurídico, el hecho que sea conforme con la ley, es decir legal. En efecto es muy raro que exista una manera de concebir la legalidad de la solución: es ante todo la idea previa de lo que constituirá una solución justa, razonable y aceptable, la que guiará al juez en su búsqueda de una motivación jurídicamente satisfactoria. Pero en este caso la idea precisa que se forma de una noción social y moralmente aceptable en un medio dado no es una consideración extrajurídica, como la quería la teoría pura del derecho, que se esfuerza con excluir de la ciencia del derecho todo juicio de valor. Son, al contrario, juicios de valor relativos al carácter adecuado de decisión los que guían al magistrado en la búsqueda de lo que, en la especie, es justo y conforme a derecho, estando normalmente esta última preocupación subordina-da a la precedente (Cám.Nac.Civ., Sala A, 26/08/80, La Ley, 1981-A, p. 109, Der., v. 91, p. 539; JL, 1980, v. 2, p. 110); ("Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", Dres. Morello - Sosa - Berizon-ce",Tomo II-A, pág. 610).

Por otra parte, si los jueces están convencidos de un hecho, su obligación es declararlo así, aplicando la ley según su ciencia y conciencia, porque la condición necesaria de que aquél sea objeto de comprobación -lo que en materia civil incumbe a los interesados- no excusa su indiferencia respecto a su objetiva verdad, por ser ello incompatible con el servicio de justicia (CSJN, 18/09/57, Fallos, v. 238, p. 550, ob. cit., aut. cit., Tomo cit., cap. VI) "Obligación de fallar", ap.d) "Cuestiones de hecho", pág. 613).

Los lineamientos de pensamiento jurídico procesal precedentemente expuestos no han sido seguidos por el a-quo con la profundidad que el debate entre las partes requería, razón por la cual cabe acoger los agravios expuestos por la apelante demandada en este sentido, ya que no cabe prescindir de las particulari-dades del caso que han puesto al descubierto la verdad, porque de lo contrario se estaría emitiendo un pronun-ciamiento que sacrificaría los valores superiores de la verdad objetiva, en virtud de un apego excesivo al ritualismo en pugna con los fines de un eficaz servicio de la administración de justicia.

Así lo ha entendido la Corte Suprema de la Justicia de la Nación desde el precedente "Colalli-llo" (Fallos: 238:550), sosteniendo reiteradamente que los jueces no pueden renunciar a la verdad jurídica objetiva por consideraciones meramente formales. Por ende, no cabe duda que el Tribunal siempre debe deter-minar la verdad sustancial por encima de los excesos rituales, "ya que el logro de la justicia requiere que sea entendida como lo que es, es decir, una virtud al servicio de la verdad" (en igual sentido, Fallos: 280:228 y otros) (Dr. Fayt y Dr. Zaffaroni, en disiden-cia) S.C. A. 963, L.XXXIX - "Administración Federal de Ingresos Públicos Dirección General Impositiva c/ Victorio Américo Gualtieri SA (RHE)" - CSJN - 05/02/2008: elDial - AA4525).Por las consi-deraciones expuestas arribo a la convicción que ha de hacerse lugar a los agravios de fs. 246vta./249.

I.B-2) Respecto al agravio expuesto por la apelante demandada en cuanto el a-quo rechazó la excepción de prescripción opuesta por ella (fs. 249/250vta.), he de principiar mi voto aclarando que en la sentencia de esta sala referenciada por el a-quo a fs. 212vta. la suscripta no se expidió atento la mayoría existente de sus colegas preopinantes, razón por la cual corresponde precisar que en el tema plan-teado es criterio determinado por la suscripta, en minoría, a partir de autos caratulados: "Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut c/ J. M. R. y C. SA s/ Ejecución Fiscal", expte. nro. 16.704/08 (cf. sent. nro. 44 del 23/12/08), que se ha de conside-rar que la existencia de potestad para que las juris-dicciones locales definan y regulen los diversos institutos que configuran su derecho público, ha sido, desde antaño, materia de debate para el derecho consti-tucional y con particular incidencia sobre el derecho tributario local.

Esta cuestión se ha proyectado sobre el instituto de la prescripción, respecto del cual -con diversas oscilaciones en el devenir de la evolución de las legislaciones en la materia- no sólo se han esta-blecido plazos -en principio- diferentes de aquellos que parecerían emerger de la legislación común dictada por el Congreso Federal, sino que, asimismo, se han dictado normas especiales en materia de cómputo de dichos plazos prescriptivos y se han dispuesto modos de interrupción y/o suspensión particulares y que no encuentran necesariamente un correlato en la legisla-ción común de orden nacional.

En materia de prescripción, aunque referida a tasas municipales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Municipalidad de Avella-neda s/ inc. de verif. en Filcrosa S.A. s/ quiebra" (sentencia del 13/11/03 -citada por la ejecutada a fs. 242vta.-), sentó la doctrina legal a partir de la cual, ratificando diversos precedentes (Fallos 175:300; 176:115; 193:157; 203:274; 284:319; 285:209; 320:1344; cf. considerando 5), puntualizó que las normas provin-ciales que reglamentaban la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil eran inválidas y afirmó que el mentado instituto no es propio del derecho público local por encuadrar en la cláusula del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacio-nal.

De allí que el poder de instaurar un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía sea materia confiada al legislador nacional.

Pasaron casi cuatro años para que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SC Buenos Aires) -revisando su doctrina anterior al igual que hace la suscripta en el presente voto- adoptara tal temperamento, ya que en fecha 30/05/07, (en causas C. 81.253, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de revisión en autos: Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limita-da. Concurso preventivo", C. 81.410, "Municipalidad de Monte Hermoso contra Expreso Sud Atlántico S.R.L. Apremio", C. 82.121, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de Revisión en autos: Barrere, Oscar R. Quiebra", C. 84.445, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de revisión en autos Montec-chiari, Dardo s/ quiebra", C. 84.976, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de Revisión en autos: Moscoso, José Antonio. Concurso preventivo", C. 87.124, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Inci-dente de Revisión en autos: Maggi Asociados S.R.L. Concurso preventivo"), por mayoría, se pronunció en favor de la preeminencia del plazo de prescripción liberatoria de cinco (05) años establecido en el art. 4027, inc. 3, del Cód. Civil, aplicable en materia tributaria local, por sobre cualquier otra disposición normativa de carácter provincial o municipal, particu-larmente el art. 119 del Cód. Fiscal.

En lo atinente al instituto de la prescripción en el Derecho Público local de la Provin-cia del Chubut, actualmente se encuentra vigente la Ley XXIV, nro. 38 (ex Ley Pcial. nro. 5450 desde el 01/06/2006 - Boletín Oficial nº 9-08 - Lunes 9 de Enero de 2006), en la cual se introdujeron modificaciones al Código Fiscal disponiendo la reducción en forma escalo-nada del plazo de prescripción de diez años al término de cinco años (art. 64 ap. 3).

El plazo decenal había sido establecido por Texto Ordenado, año 2001, Decreto 1113/01, la ley 10857 (B.O., 22/12/1989), Ordenado Año 2001. Con las modificaciones introducidas por la Ley 4571 al texto ordenado (Decreto 1207/99 -art. 64-).

Asimismo, dicha norma modificatoria (art. 64, ap. 1) definió un calendario de transición entre ambos sistemas estableciendo un mecanismo escalo-nado de prescripción aplicable a las acciones nacidas entre los años 2006 al 2010.

Cabe destacar en este punto que, a raíz de la reforma producida, el plazo anterior de prescrip-ción de 10 años se redujo al plazo general de 5 años, por lo que se estableció un mecanismo mediante el cual la diferencia en el cómputo del tiempo para que se extingan las facultades del Fisco con respecto a las obligaciones fiscales a cargo de los distintos sujetos pasivos pueda llevarse a cabo con el fin -estimo- de evitar los inconvenientes derivados de la transición del régimen decenal al quinquenal.

En cuanto al Código Tributario Municipal (cf. O. 6500/98 - Capítulo III - titulado Prescripción término - art. 54) determina la prescripción por el transcurso de seis (6) años. De la normativa preceden-temente analizada, entiendo que la misma va en contra del principio de igualdad, aunado a que me inclino por la tendencia que determina la prelación que el art. 31 de la Constitución Nacional acuerda a las leyes nacio-nales en materia sustantiva (art. 75 inc. 12, Constitu-ción Nacional).

Ello así, ya siguiendo el entendimiento del Dr. Negri, en los fallos citados precedentemente de la SCBA, amerito que el instituto de la prescripción posee clara inserción en el marco jurídico obligacio-nal. Y, por ello, compete al legislador nacional su regulación con exclusión de otra norma provincial que se oponga a su contenido.

Es que la abreviación planteada por el Código Civil tiende a evitar que la inactividad del acreedor ocasione trastornos económicos al deudor como consecuencia de la acumulación de un número crecido de cuotas, fundamento perfectamente aplicable al caso de autos.

En sentido similar se ha expedido el doctor Roncoroni, quien contraargumenta la tesitura que ha pretendido encontrar sustento en que los fines superiores del Estado sujetan la prescripción de los impuestos a reglas distintas, siendo inaplicables las que el Código Civil fija para los meros particulares, señalando que ninguna regla dispone esto, máxime cuando es evidente que el Código Civil no se aplica sólo a los particulares, y en materia de prescripción existe una regla expresa (art. 3951 C.C.). De ese modo, el Código Civil posee una regla propia aplicable a la materia. Debe entonces aplicarse el art. 4027, pues su último inciso abarca a "... todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos", que es el caso de los impuestos inmobiliarios o sobre rentas o ingresos, descartando su aplicación a cualquier tributo que no sea periódico (v. gr. los que gravan un contrato, y en general los sellados de diverso tipo)... Reitera la argumentación acerca que la finalidad de poner límites razonables a una acumulación indefinida de deudas (cuya finalidad pretende el art. 4027, Cód. Civil) se presen-ta con toda evidencia en el caso de impuestos periódi-cos.

Por último, el doctor Genoud reproduce aquellos fundamentos derivados de la causa "Filcrosa S.A. s/ quiebra. Incidente de verificación de Municipa-lidad de Avellaneda" (sent. del 30/09/2003) que en esencia determinan: a) Resulta inadmisible que la municipalidad haya regulado el término de la prescrip-ción del cobro de una obligación fiscal excediendo el plazo quinquenal previsto por el art. 4027 inc. 3 del Cód. Civil; b) En tal caso, la municipalidad en cues-tión estaría reglando aspectos de derecho común, tan vedados a ella como a la Provincia de la cual forma parte, dado que los Estados locales habrían resignado en favor de la Nación la regulación del régimen general de las obligaciones, conforme lo preceptuado por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional; c) La prescripción liberatoria constituye una de las facetas principales del régimen de las obligaciones, el cual está regulado por el régimen de fondo del Código Civil y -por tanto- resultarían inválidas las legislaciones provinciales (o municipales) contrapuestas a tal ordenamiento, o -dicho de otro modo- que excedan el referido plazo de cinco (05) años. Con ese alcance -señala-, que dicho precedente reedita una antigua discusión dada entre los enrolados en la tesis iuspri-vatista y aquellos otros que adhieren a la posición iuspublicista en la relación habida entre el derecho común y el tributario, o sea entre aquellos que apoyan la proyección del derecho común contenido en los códigos de fondo por sobre los ordenamientos locales, sirviéndose para ello de la interpretación del art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional; y los que, por el contrario, sostienen la validez de los ordenamientos locales fiscales sin injerencia determinante de los códigos de fondo (derecho común), fundado en el carác-ter autónomo del derecho tributario.

Por lo tanto -concluye- que encontrándo-se dirimida la cuestión por la Corte Suprema de Justi-cia de la Nación, elementales razones de celeridad y economía procesal lo llevan a seguir aquel camino trazado, por cuanto los fundamentos que sustentaron en la instancia de origen la invalidez de la normativa del Cód. Fiscal están dados en la misma línea demarcada por el fallo del Máximo Tribunal nacional.

El doctor Hitters, al llevar el voto en 1° término en la causa C. 84.976, pone de relieve que dejando a salvo su postura antecedente -v. gr. causa Ac. 77.892, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de revisión en autos `García, Carlos Víctor. Concurso´" (sent. del 11-VII-2001)-, razones de celeri-dad y economía procesal lo determinan a plegarse a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa". A dicho entendimiento arriba ya que expresa que "la Corte es el último y más genuino intérprete de la Carta fundamental y, por ende, la exégesis que hace de ella es como si fuera la Constitu-ción misma, expandiéndose en forma vinculante para los demás judicantes en los tópicos federales" (Bidart Campos, Germán, "El control de constitucionalidad de oficio en sede provincial", ED, 100-633), señalando, asimismo, que la seguridad jurídica y la igualdad se robustecen a través de la función casatoria de la Corte Federal, citando a Carnelutti que la "... uniformidad busca certeza, en torno a cada precepto de derecho se constituye un halo de normas jurisprudenciales (cuasi-normas o sub-normas)...".

Concretamente la doctrina que aplica la mayoría de los ministros precedentemente citados -y que conforman la mayoría- deriva de la causa "Filcrosa" de la Corte Federal, la cual limita al derecho público local en la regulación de cualquier aspecto vinculado con el instituto de la prescripción.

Así, y en lo que atañe a dicho institu-to, la doctrina de los fallos no sólo establece que los plazos deben encontrarse fijados con apego al Código Civil, sino que todas las restantes cuestiones atinen-tes al mismo deben regularse de conformidad con lo que establece la norma de fondo, proyectándose claramente dicha situación sobre dos cuestiones intrínsicamente vinculadas a la materia, a saber: a) El comienzo del cómputo del término de la prescripción; y b) Las causales de suspensión en su cómputo.

Fácil resulta advertir que el art. 55 del Cód. Tributario Municipal no se compadece necesa-riamente con lo dispuesto en el art. 3956 del Cód. Civil, ya que debe analizarse desde la perspectiva de la ley común cuál es la "fecha del título de las obligaciones" -o, en buen romance, cuándo la obligación puede hacerse valer en juicio-, aunque no resulte sencillo establecer ese momento para cada uno de los tributos provinciales.

A mayor abundamiento he de precisar que el art. 3951 del Código Civil dispone que el Estado general o el Provincial y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares. Podría objetarse que el mismo artículo dice que ello se aplica a los bienes susceptibles de ser propiedad privada, y que ese no es el caso de los impuestos. Se impone sin embargo una distinción: el Estado no puede renunciar a su poder general de fijar impuestos, pues ésta no es una facultad que pertenezca a su dominio privado, y es cierto que esto no se pierde ni adquiere por prescripción. Pero sí puede el Estado renunciar, transar, o perder por prescripción un crédito fiscal. Del mismo modo, el Estado no puede ceder o renunciar a su facultad de cobrar indemnizacio-nes, pero puede renunciar o transar tal o cual crédito indemnizatorio. Si no se tiene en cuenta esta distin-ción, todos los créditos del Estado serían imprescrip-tibles, y el art. 3951 del Código Civil sería autocon-tradictorio.

A fuerza de ser reiterativa, he de señalar, una vez más, que el Estado, sea el Federal, el Provincial y el Municipal, está sujeto a las prescrip-ciones del Código Civil. En el caso de los impuestos, se aplica el art. 4027 C.C., pues su último inciso abarca a "... todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos", que es el caso de los impuestos inmobiliarios o sobre rentas o ingresos.

Por tales razones corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 54 del Código Tributa-rio Municipal nro. 6500/98.

Advierto, asimismo, que asiste razón a la ejecutada en cuanto a la defensa que en reiteradas oportunidades (ver expte. admvo. municipal nro. 2819 Letra "C", Iniciador "C. A. C. R. - E. P. S. y F. Extracto Ref. Ordenanzas 6500 y 7252/00 s/ Pago de canon por cada pozo petrolero s/ eliminación de áreas sujetas dicho canon", iniciado el 08/05/01) ha argumen-tado que le es de aplicación lo prescripto por el art. 403 del Código de Minería que expresamente determina que: "Ningún otro impuesto nacional, provincial o municipal podrá imponerse a la explotación de minas de hidrocarburos fluidos".

Ha sostenido la doctrina especializada en la materia, Dr. Cassagne, J. Carlos, obra titulada "El dominio de los yacimientos hidrocarburos. Su relación con las potestades nacionales y provinciales y los derechos de los concesionarios" (publicado en La Ley 2007 C, 1135 que: "En síntesis, el dominio origina-rio sobre los yacimientos de hidrocarburos conforman un núcleo de potestades y derechos propios del derecho público, rigiéndose, ante todo, los principios de las leyes especiales que dicta la Nación, las prescripcio-nes del Código de Minería y los principios del Derecho Constitucional y Administrativo... Consecuentemente, las potestades y derechos que emanan del dominio originario reconocido a las Provincias deben ejercerse con arreglo a la legislación de fondo que dicta el Congreso sobre la materia, de conformidad al precepto contenido en el art. 75, del inc. 12, de la C.N. En este supuesto, cobra especial relevancia la distinción entre dominio originario y jurisdicción... En tal sentido la determinación del porcentaje del procedi-miento para el cálculo de las regalías compete a la legislación federal".

Por las razones expuestas, arribo a la convicción que debe hacerse lugar a los agravios a fs. 249/250vta y revocar el pto. 1ero. del fallo, propi-ciando que en el presente caso se tenga como plazo prescriptivo de la deuda de la ejecutada el quinquenal con sustento en el artículo 4027, inciso 3, del Código Civil; en consecuencia, declarar la inconstitucionali-dad de la normativa atinente a la prescripción libera-toria contenida en el art. 54 del Código Tributario Municipal nro. 6500/98 y haciendo lugar a la excepción de prescripción por los períodos con vencimiento desde el 06/04/01 hasta 31/10/02.

I.B-3) En lo atinente a los agravios expresados por la apelante demandada sobre el rechazo dispuesto por el a-quo en cuanto a las excepciones de falta de legitimación pasiva planteada (fs. 249vta./255vta.), tanto en su inhabilidad formal como en la sustancial, atento la decisión arribada en los considerandos anteriores carece de virtualidad jurídica expedirse sobre las mismas , ya que conforme emerge del cargo puesto por la Auxiliar Letrado de Cámara (fs. 17) la presente ejecución se presentó el 02/03/08, o sea posterior al plazo que en este voto se determinó como aplicable.

I.C) En cuanto a la apelación de los honorarios planteada a fs. 221 y 228 y 237, teniendo en cuenta lo que se ha decidido, siendo de aplicación el art. 282 del CPCCCh, Ley XIII, nro. 5 - Anexo A, carece de virtualidad jurídica expedirse sobre dichos plantea-mientos. I.D) En lo referente a la imposición de costas, siendo que la materia jurídica sometida a juzgamiento no encuentra una posición unánime o pacífi-ca en el ámbito jurisdiccional, y se erige como "nove-dosa" la interpretación asumible, considero que dichas características, autorizan válidamente a resolver la cuestión mediante la imposición de las costas por el orden causado, tanto de primera como de segunda instan-cia (art. 68, 2do. párr. y 279 del CPCCCh), atento a que ambas particularidades (novedad y complejidad de la cuestión constitucional) se erigen como elementos de juicio suficientes que habilitan una distribución de las costas diversas al principio objetivo de la derrota en juicio (ídem. crit. AI 7 - "E.P.E.C. c/ Abel Ignacio Calderón s/ Daños y Perjuicios - Verbal - Recurso de Casación-TSJ de Córdoba- Sala Civil - 03/02/2005). Se difiere la regulación de los honorarios profesionales tanto de primera como de segunda instancia para el momento del acuerdo, donde se tendrá en cuenta el tema traído a decisión, la labor desarrollada y el éxito obtenido en un todo de acuerdo con lo prescripto por los arts. 5, 6, 8, 13 y ccdtes. de la ley XIII-4-DJ.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el caso de coincidencia con lo decidido, la siguiente:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios expuestos por la apelante ejecutada a fs. 242/255vta. y, en consecuencia, revocar los ptos. 1ero. y 2do. del fallo de la sentencia de fs. 211/215vta.

2) Declarar la inconstitucionalidad de la normativa atinente a la prescripción liberatoria contenida en el art. 54 del Código Tributario Municipal nro. 6500/98, haciendo lugar a la excepción de pres-cripción por los períodos con vencimiento desde el 06/04/01 hasta 31/10/02.

3) Imponer las costas, tanto de primera como de segunda instancia, en el orden causado (arts. 69, 2do. Párr., y 282 del CPCCCh). Diferir la regula-ción de los honorarios de los profesionales actuante tanto de primera como de segunda instancia para el momento del acuerdo.

4) Téngase presente la reserva del caso federal planteada a fs. 255/vta.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan los presentes a la Alzada en apelación (fs. 237) de la sentencia de fs. 211/215 que manda llevar la ejecución adelante hasta que la deman-dada C. A. C. R. E. P. S. y F. haga al actor Municipa-lidad de Comodoro Rivadavia, íntegro pago de las sumas reclamadas de dos millones trescientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y seis, con cinco ctvos., con más sus intereses conforme al considerando respectivo. Impone las costas al demandado y regula los honorarios.

A fs. 221 los abogados E., M. y C., por derecho propio apelan los honorarios por bajos, por entender que no se ha respetado la diferencia que establece el art. 7 de la ley de aranceles con relación al ganador y al vencido.

A fs. 228/231 el abogado C. junto a la petición de aclaratoria la que es resuelta favorable-mente a fs. 233 apela por derecho propio los honorarios regulados por bajos y que lo sean en forma individual atento la tarea realizada. Solicita la inconstituciona-lidad del art. 9 de la ley de aranceles. Hace reserva del caso federal.

A fs. 242/255vta el demandado expresa agravios. Luego de detallar el objeto, los antecedentes de la causa, y referirse a los argumentos por los que se rechaza la argumentación de su parte, bajo el título consideraciones generales denuncia que el pronuncia-miento es arbitrario, por carecer del soporte legal necesario y vulnera el derecho de defensa no expedirse sobre los planteos sometidos a su magisterio y fundar-lo. Se vale para ello de citas jurisprudenciales y agrega que fue intimado por la administración al pago de una suma de dinero mediante una mera liquidación, no concediéndole la oportunidad de defensa, al negarle la apertura a prueba.

Prescripción: alude que ya su parte ha fundamentado su pretensión con doctrina recogida del fallo Filcrosa, seguida por gran parte del país.

Efectúa historial de la jurisprudencia y sostiene que el juez en una variación argumental de dudosa consistencia jurídica sostiene que la provincia y el municipio pueden fijar el plazo de la prescrip-ción.

Falta de legitimación pasiva: Sostiene que lo decidido por el sentenciante es absolutamente írrito por dos motivos, el primero que surge del conocimiento pleno registral del acto constitutivo y el segundo de la circunstancia que el Juez cercenó la posibilidad de la demandada de producir prueba.

Inhabilidad formal extrínseca: Dice que indebidamente, la sentencia comienza negando la viabi-lidad de esa excepción para lo que no sea la formalidad extrínseca del título, desconociendo jurisprudencia y afirmando que la ejecutada no ha negado la existencia de la deuda mediante vía recursiva, siendo que la negó y se opuso a su andamiento.

Señala que el mero reconocimiento que hace la sentencia de que el canon es una especie del género tributos, descarta que pueda ejecutarse directa-mente sin la determinación administrativa previa (arts. 22, 26 76/79, CTMCR y 18, 19, 75 inc. 22 CN). Y tal trámite es necesario si, como reza el expediente administrativo que la información de pozos hidrocarbu-ríficos ubicados dentro del éjido, por provenir de planos inexistentes puede no ser completa y precisa.

Ante el informe de catastro el Municipio no estaba en condiciones de emitir una boleta de deuda, a lo que suma que se haya impedido abrir la causa a prueba.

Inhabilidad sustancial. Inexistencia de deuda: Indica que ha efectuado un cuestionamiento a la pretensión fiscal y a las normas en que se apoya y que la sentencia ha convalidado. Se refiere a normas provinciales y jurisprudencia en que basa su tesitura.

Solicita ante ello el tratamiento de la excepción planteada.

Hace reserva del caso federal.

A fs. 257/263 el demandado contesta los agravios.

Más allá de lo extenso de los agravios, he de tratarlos, ante la admisión amplia que ha hecho la cámara con relación a los mismos, ya que el quejoso expone su postura pero rebate mínimamente los argumen-tos del sentenciante.

En primer lugar no noto de la lectura del fallo la arbitrariedad que endilga al pronuncia-miento. Trató el sentenciante los puntos en controver-sia, y por el hecho de no participar el recurrente del criterio sostenido por el juzgador no puede decirse que la sentencia resulta arbitraria. Así, el Superior Tribunal de Justicia ha dicho en S.I. N° 113/S.R.E./06: "En realidad el quejoso tan sólo demuestra un criterio disímil al empleado por la Cámara en sus fundamentos y ello no es suficiente para demostrar que la Alzada se encontraba errada en su argumentación. Su crítica no es eficaz (CS, Fallos, 305:500; 306:93 y 1123; 307:723; 308:200 y 726)". Es que, "La procedencia de la tacha de arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación" (S.I. N° 72/89, 58, 96/90, 176, 223/92) "...es de carácter estrictamente excepcio-nal y no autoriza la sustitución del criterio de los jueces de la causa en la interpretación de las normas y preceptos comunes, ni en la apreciación y valoración de los hechos y pruebas del proceso...", "aún cuando se pudiera extraer otra conclusión con fundamento igual-mente razonable, no es ello suficiente para impugnar de arbitraria una sentencia, cuando la misma cuenta con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional..." (S.I. N° 187, 200 y 211/91; 137/93; 49/SRE/97 y 85/SRE/98, y SD N° 17/94).

Se debe tener presente que de acuerdo a su naturaleza, la ejecución fiscal nace en torno a la necesidad de la rápida satisfacción de las rentas públicas y la presunción de legitimidad que acompaña a las liquidaciones de deuda expedidas por funcionarios públicos y se estructura en un proceso de ejecución destinado a que el fisco u otros organismos de la administración perciban cantidades dinerarias que le adeudan, y en búsqueda de un mínimo de equilibrio se contempla una restringida faz de conocimiento, fuerte-mente simplificada con relación a los procesos plena-rios, en aras, precisamente, de agotar la coacción de la manera más acelerada posible (cf. Peretti y Tessone, "La ejecución fiscal.", Bs.As. 1997, p.17).

Con relación a la prescripción articula-da, ya he tomado decisión en SD 19/2007, 44/2008, 48/2006, concordante con la Sala "A" S.D. 26/2005, 31/2005, 16/07 y 19/07, por entender que su regulación no puede considerarse en forma separada de la legisla-ción que regula la materia tributaria, dado que atento el tipo de naturaleza de que se trata, se encuentra directamente relacionada con el sostenimiento básico del Estado, sus funciones y el cumplimento de sus deberes.

Asimismo, la prescripción liberatoria disminuye la incertidumbre del sistema jurídico, fijando con certeza el tiempo en el que puede ser reclamado el cumplimiento de la obligación y habilitan-do al deudor a oponer la defensa respectiva en su caso.

No guarda coherencia con el sistema constitucional, que se reconozca a una unidad federal autónoma el derecho a darse sus propias instituciones y a regirse por ellas (p.ej. el sistema tributario local) y simultáneamente se someta a regulación externa (federal) una pieza clave de esas mismas instituciones (la extinción de la obligación tributaria por prescrip-ción en el sistema tributario local). Una política tributaria previsible y efectivamente autónoma, requie-re que los estados locales sean los que deban decidir en qué plazos y bajo qué circunstancias prescribe una obligación tributaria, ya que dejar librado al legisla-dor federal la modificación de los plazos de prescrip-ción, implica dejar librado a las decisiones de un poder ajeno el sistema de recaudación local (SI nº 26/05 de esta Cámara, cf. TS Ciudad Autónoma de Buenos Aires; "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ queja por rec. Inconst. Denegada en: Soc. Ital. de Beneficencia en Buenos Aires c/ Dirección General de Catastro", 17-11-03).

El poder tributario tiene clara defini-ción favorable a partir de la normativa constitucional, y tanto la Nación, como las provincias y municipios, tienen poder originario o inherente por ser connatural al Estado en cualquiera de sus manifestaciones, en consecuencia pueden establecer en definitiva válidamen-te el sistema prescriptivo de los tributos de su competencia y por lo tanto corresponde confirmar el criterio sentado en la sentencia de primera instancia con apoyo jurisprudencial, toda vez que resulta de toda lógica jurídica que la facultad de imponer contribucio-nes conlleven el ejercicio de todas las facultades del modo de percibirlas, en tanto se trata de materia de derecho público, no comprendida en la delegación de facultades a la Nación para la legislación del derecho privado.

La determinación de los plazos por las provincias o los municipios no afecta a la prescripción como instituto general del derecho, que en sus elemen-tos esenciales se mantiene intacta, al regularse únicamente aquellos aspectos vinculados a la actividad tributaria estatal específica y necesariamente previs-tos en el marco de la autonomía propia del derecho tributario y por ello comprendidas en sus respectivas competencias.

Debe tenerse en cuenta que cuando el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional establece los diferentes códigos que constituyen el derecho material o de fondo, señala pautas de distribución de competencias entre Nación y provincias en orden al derecho común, que debe regirse por lo dispuesto en los arts. 121 y 126 de la C.N., donde la legislación nacional es la excepción y la local es la regla, debiendo respetarse las autonomías legislativas recono-cidas. Siguiendo igual criterio la Constitución Provin-cial, declara la autonomía de los estados municipales y sus atribuciones en materia tributaria (artículos 225 y ss Constitución Provincial). La autonomía del derecho tributario se concreta en la fijación de los alcances de los institutos que, establecidos en otras ramas del derecho, son adaptados y regulados en virtud de los fines propios del recurso tributario y a tal fin se indican en la generalidad de los casos las reglas interpretativas que rigen los supuestos aplicables.

Si el legislador pretende otorgarle a un concepto de otra rama del derecho un significado distinto debe incorporar esa alteración en la norma legal.

Por otra parte, tampoco se ha acreditado que el plazo de seis años previsto en el art.54 de la Ordenanza 6500/98, resulte irrazonable o arbitrario frente al plazo invocado del Código Civil y por ello no se advierte que vulnere garantías constitucionales, fundamento determinante de la impugnación con base constitucional (v. García Belsunce: "La autonomía del derecho tributario frente a la legislación tributaria provincial; Periódico Económico Tributario del 28/02/04, p.1), liderando la tesis ecléctica que acuerda a la provincia la facultad de crear el impuesto y prever plazos de prescripción, siempre que se ejerza constitucionalmente, es decir razonablemente.

Sin desconocer la tesis que niega tal posibilidad, me inclino por aquella que acuerda a las provincias dicha facultad, posición liderada por la Corte Suprema de la Pcia. de Bs. As., en el ámbito doctrinal por Spota, entre otros, y en la provincia, Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscrip-ción del Noroeste.

En la expresión de agravios se reiteran todos los argumentos de jurisprudencia y doctrina dados al contestar la demanda, no resultando novedoso ni desconocido el caso "Filcrosa S.A. v. Municipalidad de Avellaneda s/ quiebra-inc.- de verificación de crédi-to", dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 30-9-2003, Fallo 326:3899,JA2003-IV-727, en el que se dispuso que las provincias y las municipali-dades carecían de competencia para ello, por tratarse de una cuestión del resorte exclusivo del Congreso de la Nación.

Pero ello no obliga al seguimiento irrestricto de lo allí decidido.

El Superior Tribunal de Justicia en au-tos "N. S.A. c/ I. C. S.A. s/ Ejecución Hipotecaria", expte 19014/n-2003, Sentencia N° 2/2004, sostuvo, "La doctrina sentada en un fallo plenario no es una ley, sino una interpretación de esta última, de alcance obligatorio para la misma Cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales sea aquélla Tribunal de Alzada" (CNCiv. Sala F, "Obras Sanitarias de la Nación c/. Consorcio de Propietarios Paraguay 1984", LL, 1985-A, 129; DJ 985-21-649). El plenario al que hace referencia el recurrente, en modo alguno obliga al Tribunal que pronunció la sentencia de autos; la obligatoriedad de aquel plenario no se extiende fuera de la jurisdicción del tribunal que lo emitió o pronunció, y carece en absoluto de fuerza vinculante para todos los tribunales de esta Provincia. Pueden, en todo caso valer como guía de la opinión que se quiere compartir en función de cierta certeza jurídica al señalar una interpretación mayoritaria, mas no pueden implicar la vulneración del derecho de los magistrados a emitir sus juicios de valor sin imposiciones vincu-lantes extralegales. (cf. CNCrim.y Correc., Sala V 1986/04/23, LL, 1986-D, 39; DJ, 986-2-807). Ni siquiera los precedentes de la Corte Suprema tienen fuerza general legalmente vinculante para los tribunales locales en materia no federal, constituyendo toda distancia fundada de dichos precedentes, una consecuen-cia necesaria del sistema federal adoptado en la Carta Magna y específicamente en sus art. 67 inc. 11, 100, 104 y 105 de la misma (cf. CSJN., Fallos: T.O. 304, p.1459). "La exégesis que hace la Corte Nacional en las cuestiones no federales, tiene efecto de vinculación moral para los demás iudicantes, sobre la base de principios de celeridad y economía procesal, sin perjuicio de que los inferiores pueden apartarse, si así lo consideran conveniente según las circunstancias particulares de la causa" (SCBA.15/6/99, BA- B84984). En este orden de ideas, el Superior Tribunal con anterior composición, ha sostenido que "No cabe soste-ner... la validez vertical, lisa y llana de los fallos del Tribunal Supremo de la Nación pues ello significa-ría otorgar vigencia y efectos normativos a sus deci-siones y a la doctrina que de él dimanan. Así se concedería a ésta, alcances no determinados en nuestra constitución al definir la órbita de competencia de los Poderes del Estado y efectos no regulados en nuestro sistema de fuentes de derecho, tal como ocurre en los países donde se aplica el "stare decisis" (SI N° 101/90.STJCH). Tan solo este Cuerpo ha aceptado que ciertos valores jurídico políticos de gran significa-ción, que constituyen materia federal regida por la constitución, requieren de pronunciamientos uniformes, que reafirmen la seguridad de las instituciones, eviten disparidad en las situaciones particulares y constitu-yan un sistema útil y efectivo" (SI Nº 10/96).

Y prueba de esta facultad de apartamien-to son las voces que se siguieron levantando en sentido contrario a lo resuelto por la Corte, resultando así, de acuerdo a Lucía Carsoglio y Lucas A. Piaggio, en "Prescripción en materia Tributaria Local: un debate no cerrado por el fallo "Filcrosa", JA 2008, 6 de febrero de 2008, los emitidos por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, "Comuna de Recreo v. Santirocco, Ana M. Y otro", 6-8-2003 y el Tribunal Superior de la Ciudad de Bs. As., "Sociedad Italiana de Beneficencia de BS As v. D.G.C. s/ resolución DGR", ED 205-479, aunque no se desconocen los fallos de la Suprema Corte de Bs. As., "Fisco de la Pcia. de Bs. As., incidente de revisión en autos: "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada s/Concurso preventivo" entre otros dictados en mayo de 2007, que coinciden con el caso "Filcrosa", aunque no puedo dejar de advertir que ambos fallos no fueron unánimes, en "Filcrosa" los Dres. Maqueda y Petracci llegaron a la conclusión que resul-taba aplicable el plazo de diez años de prescripción establecido por el municipio en cuestión, al sostener que el propio legislador nacional había establecido uno de idéntico término en materia tributaria, de allí que la legislación nacional aplicable en materia de tasas, fija en diez años, el plazo de prescripción para esta clase de obligaciones, modificando el plazo común fijado por el Código Civil, concluyen que no cabe admitir el argumento que sean inválidas las leyes provinciales que establezcan un plazo de prescripción igual para la extinción de las obligaciones de la misma índole, pues elementales razones de igualdad impiden exigir a los estados provinciales un comportamiento distinto.

Asimismo, en el fallo de la SC de Bs. As. del 30 de mayo de 2007, el Dr. Lázzari y el Dr. Pettigiani consideraron inaplicable el fallo de la CSJN, sosteniendo el primero de ellos luego de referir-se a fallos anteriores de la Corte, que por elementales razones de lógica-razonamiento a maiori ad minus, quien tiene facultad de crear la obligación tributaria también está habilitado para regular la forma de su extensión.

Falta de Legitimación pasiva: Tal agra-vio no desacredita ni refuta lo sostenido por el sentenciante, y sabido es que los agravios no se sustentan en frases ampulosas sino que deben concen-trarse en una crítica concreta y razonada, lo que no se advierte en este punto, motivo suficiente para rechazar el mismo. El Juez puntualizó las razones por las que debía desestimarse la misma y en esta instancia no fueron desvirtuados.

Inhabilidad formal extrínseca y sustan-cial: Ambas se encuentran íntimamente relacionadas, en consecuencia su tratamiento es integral.

En punto a la causa de la obligación, en la ejecución fiscal no es susceptible el cuestionamien-to respecto a ella (art. 605 CPCCCh y su remisión al art. 544) encontrándose limitado el examen del título ejecutivo a sus formas extrínsecas; sin embargo es conteste la doctrina y jurisprudencia que podría llegar a admitirse el planteo en el supuesto que estuviera demostrado en forma manifiesta la inexistencia de la deuda.

La defensa de inhabilidad de título, inicialmente sólo puede ser fundada en las formas ex-trínsecas de la boleta de deuda, relativas a su encua-dre en la enumeración legal, a la liquidez y a la exigibilidad de la deuda y a la titularidad activa y pasiva de los sujetos involucrados en la relación procesal (cf. Alsina H. "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil", Tº V, pág. 284; Podetti, J.R. "Tratado de las Ejecuciones", pág. 207, nro. 112), quedando excluida del conocimiento judicial la causa de la obligación, respecto a la cual en especial referen-cia al caso que nos ocupa, hállase incluido lo relativo a la determinación de la deuda (cf. Juz. Nac. Cont. Adm. Fed. nº 2 in re: "Fisco Nacional -D.G.I. c/ Vallala S.A. s/ ejecución fiscal" del 8/5/98).

Obviamente, tal limitación no podría llevar a admitir una condena fundada en una deuda in-existente -como reiteradamente lo ha admitido la jurisprudencia- aunque para ello se requiere que dicha inexistencia resulte visiblemente manifiesta (cf. C.S.J.N., Fallos: 278:346; 294:420; 295:338); cita del Juz. Nac. Cont. Adm. Fed. nº 9 in re "Fisco Nacional (D.G.I.) c/ Duave S.A. s/ ejecución fiscal" del 26/6/98). No obstante, corresponde recordar que "el certificado de deuda es título ejecutivo hábil cuando reúne los requisitos extrínsecos que lo habilitan como tal, vale decir, lugar, fecha, firma del funcionario competente, la sola presentación de la boleta de deuda habilita la vía ejecutiva; ello, por supuesto, siempre que se reúnan los requisitos indispensables que hacen a su validez extrínseca (cf. CNac. Cont. Adm. Fed. Sala II, in re "Gobierno Nacional (D.G.I.) c/ Precisión Técnica S.C.A. s/ ejecución fiscal", del 28/12/79).

Las boletas que se ejecutan han consig-nado los requisitos legales del título ejecutivo.

Y observo, como también lo hiciera el sentenciante de grado que del Expte Administrativo N° 2819-C-0 que la demandada ha cuestionado en sede administrativa el cobro de lo reclamado, no pudiendo alegar como lo efectúa en la demanda y en los agravios que la actora haya librado la boleta y la haya presen-tado a este proceso, pues se advierte de dicho expe-diente que se limitó a negar sistemáticamente la deuda y a abonarla cuando le resultó un obstáculo para sus fines (fs. 68). Lo que demuestra que existió por parte de la administración, ante la negativa de la Compañía, sustanciación, lo que fue conocida por la quejosa.

Y más allá de la negativa no se ha plan-teado recurso alguno que pudiese modificar la situa-ción, y sin perjuicio de la informalidad que pueda admitirse en el ámbito administrativo, ello no signifi-ca obviar lo que ordena la Ordenanza 6500/98.

"La inhabilidad de título es improceden-te cuando se ha negado la existencia de la deuda mediante su sola manifestación, tal como aquí ocu-rrió.cuando la negativa constituye un mero formalismo vacío de contenido que pueda prestar a maniobras dilatorias que desnaturalicen la sumariedad caracterís-tica del proceso ejecutivo" (CNFED.Civ y Comercial, 6-3-07, Sala I, el dial AF3175) (cita en Código Procesal civil y Comercial de La Nación", Highton-Areán, T. 11, págs. 1121 y sgtes.).

Tampoco acierta en punto a la considera-ción que efectúa sobre la denominación canon, toda vez que la ordenanza no sólo en el libro quinto se refiere a derechos, cánones y otros, sino que en el libro primero, Título 1 de disposiciones generales, art.7 establece que las denominaciones empleadas en este Código y en las Ordenanzas Tributarias para designar los Tributos, deben ser consideradas como genéricas sin que implique caracterizar los tributos ni establecer su naturaleza jurídica.

La Corte tiene dicho que las institucio-nes jurídicas no dependen del nomen iuris que se les dé o asigne por los otorgantes del acto o legislador incluso, sino de su verdadera esencia jurídica económi-ca: cuando medie ausencia de correlación entre nombre y realidad deberá desestimarse el primero y privilegiarse la segunda, o lo que es equivalente, los caracteres que la ciencia del derecho exige para que se configuren los distintos hechos y actos jurídicos (Fallos: 21:498; 289:67 y 318:676).

A fin de abundar transcribo doctrina en relación al art. 610 del CPCCCh: "Es una manifestación del principio de legalidad en el que se asiente todo proceso judicial, en punto a lo que dispone la última parte de esta norma en cuanto a que las características que debe reunir el título para habilitar la vía ejecu-tiva dependerán directamente de la legislación fiscal pertinente que tenga en su respaldo", "Con buen crite-rio se ha sostenido que la ejecución fiscal tiene características especiales dentro de los procesos ejecutivos, atribuidas, fundamentalmente, por la naturaleza del título, ya que en este caso es creado por el mismo acreedor. En efecto se trata de un proceso jurisdiccional que se desarrolla ante la autoridad judicial, de carácter sumario, circunstancia que restringe la discusión sobe cuestiones sustanciales, pero que no altera el principio de defensa en juicio. La boleta de deuda es el título ejecutivo cuya causa-fuente es la obligación tributaria" (Código Procesal civil y Comercial de la Nación", Higthon-Areán, pág. 1108 y sgtes.).

Con relación a los honorarios apelados por bajos por los apoderados de la actora, asiste razón, teniendo en cuenta las pautas del artículo 5, monto del proceso, intereses, naturaleza y complejidad, el resultado obtenido, el mérito de la labor profesio-nal, la trascendencia futura, en concordancia con los arts. 6, 39 sgtes. y concordantes de ley XIII N° 4. Del artículo se desprende que la remuneración debe ser discernida de acuerdo a los porcentuales del art. 7, es decir entre el 11% y el 20%. Tales pautas servirán solo como indicadores del honorario a regular. Ha sostenido la Corte, en relación a la regulación de honorarios, en autos "Santa Cruz, Provincia c/ Estado Nacional s/ nulidad", con fecha 8 de abril de 1997, que "no puede considerarse constitucionalmente satisfecha con una mera remisión a las fórmulas aritméticas previstas en las leyes arancelarias, máxime, cuando en la determina-ción de las retribuciones que corresponden por la retribución de servicios no debe soslayarse el cotejo sobre si compensaciones equivalentes a las pretendidas, son susceptibles de ser obtenidas por otros miembros de la comunidad- en el ámbito público o privado, aún en las más altas responsabilidades o en las especialidades de mayor complejidad y con las mejores contraprestacio-nes- (sin que ello signifique desconocer el trabajo del solicitante) mediante la realización de alguna activi-dad socialmente útil (doctrina de fallos 308:821) y que "no cabe abstraerse de que los importes que se determi-narán tienen su razón de ser, su causa fundante, en la remuneración por trabajos profesionales, de modo que debe verificarse una inescindible compatibilización entre los montos de las retribuciones y el mérito, novedad , eficacia e inclusive, implicancia institucio-nal, del aporte realizado por los distintos profesiona-les intervinientes. Los honorarios a que en definitiva se arribe están dados, pues por la onerosidad de los servicios prestados. Pero esta condición no admite como único medio para satisfacerla el apego a las escalas de los aranceles respectivos, pues la justa retribución que reconoce la Carta Magna a favor de los acreedores debe ser, por un lado, conciliada con la garantía- de igual grado- que asiste a los deudores de no ser privados ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar con sus patrimonios- honorarios exorbitantes, además de que no puede ser invocada para legitimar una solución que represente un lucro absolu-tamente irracional, desnaturalizando el principio rector sentado por la Constitución Nacional para la tutela de las garantías reconocidas(art. 28).

Por ello y entendiendo que otorgar el monto al que se arriba de acuerdo a las pautas arance-larias analizadas conduce a un resultado disvalioso, fijaré los honorarios de los Dres. E., M. y C. conjun-tamente, en la suma de $140.000 (ciento cuarenta mil pesos) y C., pues más allá de las manifestaciones en la presentación de fs. 228/231 no encuentro motivo de acuerdo a la tarea realizada para apartarme de lo que dispone el art. 9 en su primera parte.

Asimismo, el pedido de inconstituciona-lidad de dicho artículo deviene inconducente, atento que no resulta suficiente la mención sino que es preciso demostrar de qué manera éste contraría la Constitución, y como tal norma lesionó alguna de las garantías constitucionales, no resultando bastante hacer mención a artículos de la misma.

Razones todas por las que desestimo los agravios del demandado, admito parcialmente los de los apoderados de la actora e impongo las costas a los apelantes vencidos.

A fin de regular los honorarios de esta instancia, que difiero para el momento del acuerdo, tendré presente la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los artículos 5 y 13 de la ley XIII N° 4.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo que:

1) Desestima los agravios de la demanda-da y confirma la sentencia de fs. 211/215 y su aclara-toria de fs. 233/vta.

2) Admite parcialmente los agravios so-bre los honorarios y, en consecuencia, revoca los regulados en la primera instancia y los fija en forma conjunta para los Dres. E., M., C. y C. en la suma de $140.000.

3) Impone las costas al vencido y difie-re la regulación de los honorarios de esta instancia para el momento del acuerdo.

4) Tiene presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la parte demandada, los letrados de la actora por la regulación de sus honorarios profesionales, letrado representante del municipio actor por sus regulaciones separadas del cuerpo administrativo por el período que intervino contra la sentencia ejecutiva nro. 1058/2008 del Juzgado de Ejecución nro. 2 de la jurisdicción (fs. 237, 221, 228, y 211/15).

La sentencia venida en crisis desestimó las excepciones opuestas por la parte demandada y mandó llevar adelante la ejecución hasta que el demandado C. A. E. P. S. y F haga al actor Municipio de Comodoro Rivadavia íntegro pago de la suma de $2.368.286,05, e impuso las costas a la parte demandada vencida regulan-do los honorarios de los profesionales actuantes.

De fs. 242 a fs. 256 obra agregado el memorial de agravios de la parte demandada apelante que fuera contestado por la contraria a fs. 257/63.

Habiendo sido detalladas las quejas de la apelante demandada y de los letrados por sus propios derechos por quienes me precedieron en la emisión de sus decisiones, me eximo de tal labor atento encontrar-se cumplimentada la exigencia procesal del art. 165 de la ley XIII-5 Digesto Jurídico de la Pcia. del Chubut.

Análisis:

1. Iniciaré el tratamiento de las cues-tiones venidas a esta Alzada por separado, efectuando una breve reseña de lo acaecido en autos a modo de guía. Encuentro que la sentencia atacada fue debidamen-te fundada. Todo Juez debe, por mandato normativo, explicar las razones en que basa su decisión, ya que el pueblo tiene derecho a conocer los argumentos que en su interior (conciencia, emoción, inteligencia, voluntad) ha desarrollado para llegar a la decisión (art. 163 CPCCCh, actual 165). En el marco de una ejecución fiscal, resulta limitado el fundamento del sentenciante por no tratarse específicamente de un proceso de conocimiento.

Dijo la doctrina que la sentencia de re-mate (nomen genérico de la sentencia ejecutiva) no se halla rigurosamente sujeta a las formalidades que la ley prescribe respecto de las sentencias definitivas de los procesos de conocimiento cuando se han opuesto excepciones, ella debe contener el examen particulari-zado de las defensas deducidas que no se declaren inadmisibles, rigiendo en tal supuesto el deber de fundar el pronunciamiento (ver Falcón "Juicio ejecutivo y ejecuciones especiales", t.1, pág. 430, ed. Rubinzal Culzoni-2003).

En la especie considero fundada la sen-tencia, en el marco del proceso de ejecución fiscal dada la índole del pleito y el escueto marco cognosci-tivo del mismo, excluyo la tacha de arbitrariedad impuesta por la demandada apelante, en el entendimiento que el resultado adverso y la posición que en definiti-va adoptará la Alzada compartiendo los fundamentos y por lo tanto confirmando o disintiendo modificando luego de receptados los agravios, no resultan suficien-tes para considerar que hubo una omisión al cumplimien-to de los preceptos procesales señalados, por lo cual desestimo el planteo de la apelante.

2. En cuanto a la excepción de prescrip-ción, el juez de grado en la sentencia venida en crisis dijo: Está comprendida en el ejercicio de las faculta-des que ejerce la provincia, y como parte de ellas el municipio ello como parte de las facultades no delega-das desarrollo sus argumentos sobre dicha plataforma y sustentado en el diseño constitucional de los arts.75 inc. 12, 121, 124, de la Constitución Nacional, arts. 224, 225, Const. Pcial. y arts. 49 y 50 de la Carta Orgánica municipal (fs. 211vta/12vta.).

Con relación puntualmente a la excepción opuesta -prescripción-, al incoar demanda (fs. 16/7) el municipio local pretendió ejecutar la suma de $2.368.286,05 monto emergente de las varias boletas de deuda que acompañó correspondientes a los bimestres a partir del primero del año 2001 por canon de ocupación de espacios del dominio privado del estado municipal, emitidas éstas el 27 de noviembre del 2007.

En lo pertinente bajo tratamiento, la parte demandada en su memorial reiterando lo dicho en la primera presentación al oponer la excepción de prescripción argumentando el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: "Filcrosa SA.", que se declaró la inconstitucionalidad de todo plazo de prescripción en materia tributaria que se aparte de lo previsto en el código Civil, art. 4027. Las provincias no pueden ejercer el poder delegado a la Nación (art. 126 CN) comprendiéndose el dictado de códigos de fondo en esa situación, con el resultado adverso ya señalado al inicio.

En la sentencia referenciada por el A quo (sentencia def. nro. 44), he quedado en disidencia dado que se asentó la decisión en parámetros diversos, es decir al no haber atendido dicha cuestión, por lo cual en la especie me expediré no obstante considerar la insuficiencia técnica del memorial de agravios atento el criterio de admisibilidad sumamente amplio de este Cuerpo que integro.

No por reiterado es imprescindible re-cordar que la crítica debe contener la indicación, punto por punto, de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que el apelante atribuye al pronunciamiento que se ataca. Tal carga no puede considerarse cumplida si el recurrente se limita a reiterar los mismos fundamentos ya expresados al articular las cuestiones resueltas, en la especie al oponer excepciones (ver en este sentido a Santiago Fassi, Cesar Yáñez, "Código Procesal.", t.2, pág. 483, Astrea-89).

Frente a la reiteración del planteo del quejoso y la jurisprudencia de la Corte Federal, también pongo de relieve que se mantuvieron discrepan-cias sobre el particular en el seno del mismo Alto cuerpo.

Por lo cual hago hincapié en lo dicho, que cabe confirmar la sentencia que rechazó la excep-ción de prescripción, al juzgar aplicable el plazo de diez años establecido en la ordenanza impositiva municipal -y no el previsto en el art. 4027, inc. 3°, del Cód. Civil-, pues, la ley nacional aplicable en materia de tasas fija en diez años el plazo de pres-cripción para esa clase de obligaciones, por lo cual, cuando la ley nacional altera el plazo común fijado en el Código de fondo, no cabe admitir el argumento de que sean inválidas las leyes provinciales que fijan uno igual para la extinción de las obligaciones de la misma índole (del voto en disidencia de los doctores Petrac-chi y Maqueda, según su voto en disidencia en "Filcro-sa" -30/09/2003, LA LEY 2004-D, 267 - a la cual remi-te).

En similar sentido se expidió la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 30/05/2007, Barrere, Oscar R., La Ley Online.

"Corresponde a la Provincia de Buenos Aires determinar, por intermedio de su legislatura, los plazos de prescripción en materia tributaria local, pues quien tiene la facultad de crear la obligación tributaria también está habilitado para regular la forma de su extinción (del voto en disidencia del doctor de Lázzari)" (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 08/08/2007, De Pellegrín, Danilo en: Municipalidad de la Capital c. Danilo De Pellegrín, LLGran Cuyo 2007 (noviembre), 1025, con nota de Abelardo Ignacio Nanclares. Corte Suprema de Justi-cia de la Nación, 08/09/2009, Municipalidad de Resis-tencia c. Lubricom S.R.L., PET 2009 (octubre-428), 11 - LA LEY 09/10/2009, 09/10/2009, 7 - IMP 2009-21, 1701).

Si bien la escueta reseña que formulé solo induce a advertir cuál será el camino de mi decisión, debo dejar señalado que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resulta obligatoria, en oportunidades anteriores hice especial referencia a que el propio Tribunal no mantuvo unanimi-dad respecto del alcance obligatorio de su doctrina. En tal sentido me remito a "La obligatoriedad atenuada de los fallos de la Corte Suprema y el Stare decisis vertical" publicación en la LL del 20/8/2009 ISSN 0024-1636, dicen los autores "La doctrina de la obligatorie-dad atenuada o "presunción iuris tantum de obligatorie-dad" no concibe a los fallos de la Corte como una regla de derecho o sea, como la norma aplicable al caso concreto. Por el contrario la doctrina de la Corte parte de la premisa de que sus fallos no son plenamente obligatorios, es decir no constituyen una regla de derecho que los jueces inferiores deban aplicar a los casos análogos".

"En el derecho argentino no hay ninguna norma en la Constitución Nacional que establezca la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Suprema para los Tribunales inferiores" (autores Santiago Legarre y Julio Cesar Rivera citan Geli, María, "Cons-titución de la Nación Argentina comentada, LL2003, seg. ed. pág. 826).

Todo lo referido a la potestad tributa-ria, en cuanto me compete decidir, adhiero a la postura que sostiene que está regido por el derecho local. En el estado provincial el que tiene poder de imperio para crear al tributo y por consiguiente, para establecer las reglas a que el mismo se encuentra sometido.

No es lógico que las provincias se hayan reservado el derecho a crear tributos y que al mismo tiempo hayan delegado en el poder central la facultad de establecer de qué manera y en qué tiempo deberán ejercer sus acciones de cobro, por el contrario, parece indiscutible que quien tuvo poder legisferante para hacer nacer en cabeza propia una acción de cobro lo tenga para quitar el término de vida con que habrá nacido esta obligación.

No debe creerse que el tema de la pres-cripción es ajeno a las leyes tributarias. Antes bien, el mismo legislador del Código Civil (nacional) ha sancionado leyes como la 23495 (DLA XLVII- A200) que contiene distintos modos de la extinción de la obliga-ción.

Dicho en otros términos: desde que la materia impositiva nacional no está sujeta a la legis-lación civil ninguna razón hay para considerar que la local debe estarlo.

La cuestión debe ser examinada a partir del art. 3951 del Código Civil, que establece que el estado está sometido a las mismas prescripciones que los particulares "en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada". En el caso se habla de impuestos. Es erróneo sostener, que nada pueden establecer las leyes locales en materia de prescripción, lo que les está vedado es hacerlo sobre aquellas que corresponde a derechos susceptibles de ser propiedades privadas del estado. Pero en todo lo relativo al dominio público como es la materia relativa al derecho fiscal, las provincias pueden establecer plazos de prescripción diferentes.

Los plazos de prescripción son muy va-riados y, sin embargo, nadie afirma que existe una desigualdad constitucional. La desigualdad existiría, si a obligaciones que reconocen un mismo tipo de causa eficiente se les confiriera un distinto plazo por el solo hecho de que unas tengan como acreedor a un particular y otras al estado (por ejemplo, la obliga-ción de pagar un determinado servicio que puede ser prestado tanto como un particular cuanto por el esta-do), pero esta hipótesis de trabajo no tiene vincula-ción con la que es objeto de análisis.

Esta posición es liderada por la Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires (Acuerdo 58.937, 31/3/1998, "Municip. Vicente López contra Maintini s/ apremio") y, en ámbito doctrinal por Spota, A. "Tratado de Derecho Civil", t.1, parte general, V.10, Depalma Bs. As., 1968-2170 bis, pág. 118 (ver este comentario en "Prescripción de las obligaciones tributarias. Régimen de principios generales o de elección volunta-ria de la norma aplicable. La necesidad de una legisla-ción coherente para la seguridad jurídica", por Abelar-do I. Nanclares: "Tesis que acuerda a la provincia la facultad de crear el impuesto y prever plazos de prescripción" publicado en la Rev. Jurídica, LL Gran Cuyo 2007- págs. 1031/2).

Del extenso caudal de opiniones e inclu-so legislación, no debe dejarse de lado al momento de sopesar esta particular situación que la Nación ha fijado prescripciones de diez años para supuestos especiales, manteniendo la prescripción de 5 años en los demás (ver art. 56, ley 11683). De modo que no solamente que las extensiones hechas por la Nación que mantiene su potestad tributaria, justifican extensiones similares en las provincias que mantienen a mi modo de ver su autonomía, tanto en la creación del tributo como en la extinción de dicha obligación tributaria.

Aplicar el plazo de prescripción previs-to en la legislación local conlleva reconocer en las legislaturas provinciales la facultad de decisión del mecanismo de gestión para recaudar impuestos en un determinado lapso, acorde con sus posibilidades de organización, no solo no contraría los arts. constitu-cionales en que se asienta la postura del quejoso, sino que además no considero que el deudor pueda estar expuesto indefinidamente a la acción del acreedor dado que la propia norma establece con anterioridad el lapso o mejor dicho el momento en que se produce la libera-ción por prescripción, de no ser así, estaríamos frente a quebrantamientos de principios constitucionales, lo que no se da en la especie.

Creo en la idea que los poderes de las provincias y los delegados a la Nación son definidos y expresos, por lo cual la potestad tributaria reservada a la provincia no puede escindir de ella la regulación de la prescripción. Simplemente recuerdo lo dispuesto en los arts. 225 de la Constitución Provincial.

Por lo expuesto rechazo los agravios so-bre arbitrariedad de la sentencia y la queja sobre el rechazo de la excepción de prescripción confirmando en estos puntos el fallo venido en crisis.

3. En punto a las quejas sobre el recha-zo a la excepción de falta de legitimación pasiva e inhabilidad de título, se hace aplicable lo dicho en modo inicial habida cuenta que las manifestaciones reiteratorias de lo planteado en los estadios anterio-res y que fueron resueltas en la sentencia en crisis, no pueden ser admitidas, ya que no portan una crítica concreta y razonada a la resolución del A quo por los fundamentos brindados, lo que amerita el rechazo de los agravios en este particular.

Si bien la doctrina y parte de la juris-prudencia ha reconocido que la inhabilidad de título es la vía para interponer la falta de legitimación tanto activa como pasiva (ver Falcón, E., "Juicio Ejecutivo y ejecuciones Especiales", t.1, pág. 377, ed. Rubinzal Culzoni, 2003), lo que expandió el limitado espectro de la formalidad del título base de la ejecución, nada aportó el apelante en disconformidad con sustento jurídico sobre lo resuelto. Más aún, el detenido y preciso fundamento sobre la prueba acompañada que a fs. 63 y 214 da cuenta de la conducta desplegada por la demandada frente al fisco municipal y la persona jurídica, que hizo las presentaciones.

La norma procesal -art. 549 Ley XIII nro. 5 Digesto Jurídico de la Pcia. del Chubut (ex 544 inc. 4 del Cód. Proc.)-, acuerda al juez las atribucio-nes para controlar que el título invocado traiga aparejada ejecución para ordenar el trámite del juicio, examen que no sólo se realiza allí, sino que vuelve a reiterarse en oportunidad de dictar la sentencia que admite o deniega la ejecución. El análisis inicial permitirá comprobar la habilidad y potencialidad del título para librar la correspondiente orden de embargo, citación de comparendo y de oposición de excepciones, mientras que el efectuado en la sentencia posibilitará determinar su fuerza e idoneidad ejecutiva. Tal y como ocurrió en la especie. En esta inteligencia, y encon-trándonos ante un título autocreado por el Fisco, el análisis de su proceso de formación, y de los supuestos vicios que en ese marco ha denunciado el demandado, pueden válidamente ser planteados mediante la excepción de inhabilidad de título, sin que ello importe evaluar la legitimidad causal de la obligación (ver El Dial AA55A2).

Por ello, se advierte que las boletas de deuda acompañadas correspondientes a los bimestres de los años 2001 y 2002, están debidamente cumplimentadas en cuanto a sus formas extrínsecas (ver fs. 3 a 14). Más aún que frente a los planteos en sede administrati-va de negativa de deuda no presentó recurso alguno, dando por cerrado el debate y quedando la administra-ción habilitada para la emisión de las boletas, y me remito a la documental acompañada por la propia deman-dada como detallara ut supra.

Por estos motivos se rechazan las quejas y se confirma el fallo.

4. Resta por decidir las apelaciones de honorarios introducidas por los letrados P. E., S. M. y P. H. C., abogados de la parte actora, a fs. 221, por entender estos profesionales que en relación a la regulación a la parte demandada no se guardó diferencia respecto del porcentual estipulado en el art. 7 de la ley arancelaria.

"Es obvio que el letrado de la parte vencedora tiene derecho a percibir honorarios de un monto mayor que los que deba cobrar el profesional de la perdidosa (según Norberto Novellino, "aranceles y cobro de honorarios", pág. 39, ed. Rubinzal Culzoni). No debe descartarse la relación entre la gestión profesional y la probable efectivización de pretensión reclamada, se trata de los incs. d y e del art. 7 de la ley arancelaria, que está referida al mérito de la labor profesional, siguiendo al autor mencionado, este mérito de la labor profesional debe ser evaluado por el juez -como acontece con la imposición o no de las costas- pero condicionada a la calidad, eficacia y extensión del trabajo (pág. 40).

Bajo esta óptica, encuentro que los mon-tos regulados deben elevarse, tomando en consideración las pautas detalladas precedentemente y el monto del proceso no como un factor determinante exclusivamente.

Tengo en cuenta para decidir que se tra-tó de un proceso de ejecución fiscal, que la gestión de dichos abogados luce a fs. 16, el primero de los nombrados, las excepciones fueron contestadas por el Dr. C. (fs. 183). Que el Dr. M. tiene su presentación conjuntamente con el Dr. C. a fs. 206 reclamando sentencia, hasta aquí el detalle de las gestiones profesionales.

Que con relación a los escritos del Dr. C. y la petición de pronto despacho del recurrente, cabe señalar que resulta fácticamente inviable la petición de proveimiento en esos términos. Estando pendiente de resolución la cuestión traída, no se contaba de momento con el monto del proceso sobre el cual deben regularse los honorarios (art. 18 ley arancelaria), ni haber solicitado el profesional una regulación provisoria en los términos del art. 47 del ordenamiento citado toda vez que no ha renunciado al mandato invocado en el presente proceso. Aún cuando no se desconoce la tardía manifestación sobre su desvincu-lación profesional con la actora, las sucesivas actua-ciones realizadas en esta Alzada, y puestas en su conocimiento han resultado consentidas por el mismo.

Plantea el apelante la inconstituciona-lidad de la norma arancelaria que dispone la regulación conjunta cuando existió una actividad profesional de determinadas características, tal y como ocurrió en la especie con el letrado quejoso, advierto que cabe aplicar la teoría de los actos propios ("venire contra factum propium nulli conceditur"), toda vez que primero actuó y luego planteó su disconformidad. Pero más aún lo hace desestimable la omisión de sustento jurídico contra la norma cuestionada que ataca de inconstitucio-nalidad, ya que declarar en tal situación a una ley, es la última ratio y ello ocurre luego de analizados sólidos argumentos del peticionante y del magistrado que recepta, lo que reitero no se da en el sublite.

De acuerdo a todo lo dicho, estimo que la regulación de los honorarios por la labor profesio-nal en la instancia de grado debe confirmarse que se haya efectuado en forma conjunta y elevarse el monto al propuesto por la Dra. Reynoso adhiriendo al mismo y los fundamentos dados.

Con lo dicho ha quedado desestimado el agravio de la contraria respecto de la regulación de los honorarios por altos.

Las costas de la Alzada, conforme prin-cipio objetivo de la derrota (art. 69 de la ley XIII-5), se imponen a la recurrente vencida, difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes en esta instancia al momento del acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por coincidir en decisión final, doy por reproducida la fórmula postulatoria de la Dra. Reynoso de Roberts.

En este estado las Sras. Juezas de Cáma-ra resuelven no regular honorarios al Dr. J. P. C. por su actuación en la Alzada por no corresponder (cf. art. 11 de la Ley XIII-4-DJ).

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia de la Dra. Melero, la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar los agravios de la deman-dada y confirmar la sentencia de fs. 211/215 y su aclaratoria de fs. 233.

2) Admitir parcialmente los agravios so-bre los honorarios y, en consecuencia, revocar los regulados en la primera instancia, los que se fijan en forma conjunta para los Dres. P. A. E., S. G. M., P. H. C. y J. P. C. en la suma de CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($140.000).

3) Imponer las costas al vencido, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de los Dres. J.F. L. G. y G. A. B., conjuntamente, en la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($23.250) y de los Dres. P. H. C. y S. G. M., conjuntamente, en la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($42.000), no regulándose honorarios en la alzada al Dr. J. P. C. conforme el considerando pertinente.

4) Tener presentes las reservas del caso federal de fs. 231, 253vta. y 263.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL nro. 35 DEL AÑO 2009 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "CyC