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Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, régimen jubilatorio provincial, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Samamé, Eduardo c/  s/ impugnacion en autos Unifica exptes. 001/08 y 002/08 CI SA Nelson A. Menghini y Ester Cárdenas de Balsamello s/denuncias solicitando juicios politicos al Procurador General de la Provincia de Chubut Dr. Eduardo Samamé exptes. 001/08 y 002/08 CI SA Nelson A. Menghini y Ester Cárdenas de Balsamello s/denuncias solicitando juicios politicos al Procurador General de la Provincia de Chubut Dr. Eduardo Samamé
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-06

Es inadmisible el recurso extraordinario si la decisión de la corte local se cierne sobre la interpretación asignada a la ley doméstica que regula el régimen de jubilaciones estadual, como así también a la trascendencia jurídica atribuida a la decisión del ex magistrado de acceder voluntariamente al beneficio jubilatorio, todo ello con fundamentos que sostienen constitucionalmente la sentencia apelada y que la dejan al margen del estándar en materia de juicio político, para dar lugar a un supuesto de inequívoco carácter excepcional como es la arbitrariedad.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, responsabilidad de la provincia, responsabilidad extracontractual del Estado, responsabilidad del Estado por actos ilícitos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Isoird, Carlos A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

No es de la competencia originaria de la Corte la demanda contra un Estado provincial por los perjuicios derivados de lo que se denuncia como acción defectuosa, en el desempeño de sus agentes, al cumplir funciones que les son propias, lo que se enrola dentro de la idea de la falta de servicio, y traduce la responsabilidad extracontractual del Estado por sus hechos ilícitos en el ámbito del derecho público local.
Recurso de nulidad, improcedencia del recurso, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Funes, Juan Pablo c/ Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales yAfines -ISSARA- s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-12-22

En el campo del proceso laboral el recurso de apelación no comprende al de nulidad, cual acontece en la órbita del procedimiento civil y comercial, sino que se ha legislado éste último conservándole su antigua autonomía, de modo que debe ser interpuesto "juntamente con el de apelación en el mismo término y se substanciará por los mismos trámites", según reza el art. 66 de la ley 69. Así pues, los fundamentos expuestos ante la Alzada para motivar un planteo nulitivo no pueden ser atendidos si faltó la previa articulación de la pertinente vía recursiva que abriera la competencia del Cuerpo para tratarla.
Amparo por mora, astreintes
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Muñoz, Rosa Cleotilde c/ Municipalidad de Tinogasta s/ Acción de Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-13

La actora interpuso acción de amparo por mora, la que fue admitida por esta Corte de Justicia, disponiéndose librar orden de pronto despacho contra la Intendencia de Tinogasta, la que no se ha expedido en el plazo perentorio de diez días sobre la presentación de que se trata, no obstante el tiempo transcurrido.

sobre la materia esta Corte de Justicia ha sentado doctrina legal a través de sucesivos y uniformes pronunciamientos, en el sentido de que da cuenta la jurisprudencia reseñada por la parte, publicada en la Revista LLNoroeste, Año15/Nº 02/11, p.147.-, que se da por reproducida in extenso. "la resolución judicial estimatoria de la acción de amparo por mora, que se traduce en la orden de pronto despacho judicial, no tiene carácter meramente declarativa, -como parece interpretar la demandada-, sino el de una sentencia condenatoria que impone un mandato y como tal lleva implícita la facultad de obligar a las partes para que cumplan las medidas ordenadas en el proceso (Conf.: Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Civil y Comercial", Vol.II, p.427). Que una interpretación contraria, implicaría la negación de un principio elemental del sistema republicano de gobierno como es la división de poderes, en virtud del cual incluso el Poder Ejecutivo se encuentra sometido a la jurisdicción que tanto la Constitución Nacional como Provincial atribuyen al Poder Judicial".

Por lo expuesto, corresponde imponer a la autoridad administrativa renuente a cumplir la orden judicial, una multa diaria de pesos cien ($100), por cada día de retardo en el cumplimiento de la Sentencia Definitiva Nº23/10 dictada en autos, a partir de la notificación de este pronunciamiento, en beneficio de la parte actora.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, cómputo del plazo, interrupción del proceso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Los Grobo Sociedad de Garantías Recíproca c/ Fita, Emiliano Agustín y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

Los actos impulsorios son únicamente aquellos que obran exteriorizados "en el expediente" (CNCom, Sala D, in re "Cantesano, Oscar Antonio s/ quiebra s/ incidente de escrituración", del 9-4-15; ídem, Sala A in re "MB Educativa SRL c/ Sempio, Jorge s/ ejecutivo", del 20-3-99; ídem Sala E in re "Prealco SA s/ concurso preventivo s/ inc. de revisión por DNRP", del 17-9-86; entre otros).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Facundo Nicolás García, Julio Alberto García y Amalia Liliana Godoy en la causa García, Facundo Nicolás y otros c/ Municipalidad de San Isidro y otros s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

Los agravios relacionados con la atribución de responsabilidad por daños y perjuicios remiten al examen de cuestiones fácticas y de derecho común y procesal, materia ajena -como regla y por su naturaleza- a la instancia del art. 14 de la ley 48, aunque ello no resulta óbice para admitir el recurso por arbitrariedad cuando se ha omitido dar un tratamiento adecuado a la contienda de acuerdo a los términos en que fue planteada, el derecho aplicable y la prueba rendida, no configurando el pronunciamiento, en tal caso, un acto judicial válido. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Partes, Estado Provincial, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Corrientes, Prov. de y otra c/ Est. Nac. (Mrio. de Economía) s/ declaración de ilegitimidad de resoluciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-29

Para atribuir calidad de parte en el juicio a la provincia, no basta atender a la determinación de los litigantes sino que debe considerarse la realidad jurídica.
Régimen penal tributario, impuestos, vista de las actuaciones, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA s/ Régimen penal  tributario, incidente de nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-06

Debe ser confirmada la resolución por la cual se rechazó el planteo de nulidad del defensor pues con un examen de las constancias del expediente principal se advierte que la suspensión de la vista prevista por el art. 349 del CPP ordenada en la instancia anterior, por razones invocadas de "haber perdido todo tipo de contacto con el imputado", a los fines de que aquel compareciera "ante este Tribunal a fin de mantener la designación de abogado defensor efectuada en autos, o revocar la misma y designar nueva defensa...", no se encuentra prevista en el ordenamiento procesal aplicable, por lo que careció de sustento jurídico y de sentido práctico por encontrarse habilitada legalmente la defensa para ejercer su ministerio. Por ello, todo lo obrado en consecuencia de aquella presentación en el expediente principal resultó innecesario y la cuestión planteada en la incidencia es inoficiosa en este momento del proceso.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado por actos lícitos, suministro de gas, corte del servicio, privatizaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Alcalis de la Patagonia SAIC c/ EN - Min. de Planificación - dto. 475/05 s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-16

La sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada contra el Estado tendiente a obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que habría sufrido la empresa actora en la producción de carbonato de sodio como consecuencia de los cortes de suministro de gas debe ser revocada, pues si bien la actora pretende ampararse en el contrato celebrado por el cual el Estado Nacional había garantizado a esta última que Gas del Estado le proveería en forma efectiva y permanente los volúmenes de gas natural que necesitara la planta, el marco jurídico sobre el que se suscribió el convenio se vio sustancialmente modificado por la privatización del servicio mediante el nuevo marco regulatorio el cual priorizó el abastecimiento a los usuarios residenciales por sobre los grandes usuarios. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso extraordinario, recurso de inaplicabilidad de ley, defectos del procedimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Serrano, Juan y Juan Blas Acosta s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1987-09-22

El remedio que se intenta por el recurso extraordinario tiene por objeto la sentencia definitiva (Conf. art. 289, inc.2 del Código de Procedimiento Civil y Comercial) quedando en consecuencia, fuera de su ámbito los procedimientos previos a ella.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, doctrina de la arbitrariedad, calificación legal, pena, reincidencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: N., G. A. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal
Jurisdicción:  — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-07

El pronunciamiento del Tribunal de Alzada omitió lisa y llanamente el abordaje de varias de las postulaciones de la defensa, quedando éstas sin ninguna respuesta jurisdiccional, a pesar de que podían revestir decisividad en el resultado de la causa, y si bien podría entenderse que en alguna medida el análisis de cuáles serían a criterio del A quo las pruebas más relevantes para la confirmación de la condena del imputado por abuso sexual con acceso carnal habría sido efectuado por el Tribunal al aludir a las denominadas cuestiones incidentales, no puede pasar desapercibido que absolutamente ningún tratamiento recibieron los agravios de la impugnante referidos a la calificación legal de los hechos -incluido el tipo de concurso de delitos escogido-, a la determinación de la pena y a la declaración de reincidencia; logrando esta falencia tornar al pronunciamiento del A quo en insuficiente para cumplimentar los cánones de fundamentación exigidos por el artículo 95 de la Constitución provincial, considerando que tales planteos podían ser decisivos para la solución del litigio, de modo que esta omisión determina su arbitrariedad. (Del voto del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución de Santa Fe, artículo 95
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), contrato de obra pública, pago, mora, acto administrativo, consentimiento, thema decidendum, facultades del gobierno provincial, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TEMPORELLI S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-23

La postulación extraordinaria gira -en definitiva- en torno a invocar un apartamiento de las constancias de la causa afirmando que el análisis de la legitimidad o ilegitimidad del decreto 1188/98 -que determinó los efectos individuales de la anulación dispuesta por el decreto 3199/93- habría formado parte de la litis, mas no se demuestra que la crítica exceda de un mero disenso en torno a los argumentos de los Sentenciantes, que entendieron que pese a ser revisable, dicha norma no fue impugnada por la actora quedando firme y consentida y que el recurrente -teniendo amplia oportunidad para ejercer sus derechos- no se hizo cargo de las razones por las cuales en aquel decreto se concluyó en que la Provincia no tenía deuda patrimonial para con él; y, al respecto, recordaron lo sostenido por esta Corte en el precedente "Malvicino", en el que se señaló que más allá de la técnica elegida, el interés público -cuya tutela no exclusiva pero sí primaria está a cargo de la Administración Pública- tornaba necesario, ante la seria sospecha de su afectación poner a revisión los actos administrativos mediante los cuales se fijaban los intereses por certificados de obras pagados con mora, y en esa inteligencia, no puede entenderse como ilegítima la decisión del Poder Ejecutivo provincial que persigue revisar los actos administrativos individuales dictados por aplicación de los decretos 4784/84 y 4091/86 y determinar en cada caso concreto -previo ejercicio del derecho de defensa- la tasa de interés correspondiente para los certificados pagados con mora. (De la disidencia del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: Malvicino, AyS T 221, p 50/93.
Competencia contencioso administrativa, juicios contra el Estado, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Guerrero, Luis Ramón c/ Municipalidad de Córdoba s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

No corresponde a los jueces declarar de oficio, en principio, la inadmisibilidad formal de la acción contencioso administrativa, la cual debe ser invocada expresamente como defensa por el Estado demandado.
Concurso preventivo, condiciones de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: B., D.R. c/ SERVICOOP s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-07-30

Sino media un convenio de crisis o la conformidad del subordinado, las condiciones salariales o también la jornada, fijadas de acuerdo al convenio anterior que el concurso suspende, siguen en vigencia en virtud de que, p. ej. respecto a la escala salarial, las partes han adherido y aplicado la escala que fuera, en concepto de retribución de la tarea que el empleado aporta y que el empleador recibe.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Manoukian, Francisca c/ Echezouri o Echauri, Hector R. s/ Cobro de pesos Jesionczak, Víctor Juan y otra c/ Fraga, José María s/ Resolución de contrato Madelo de Wuhsagk, Teresa y otros c/ La Industrial Maderera S.A. s/ Daños y perjuicios Bellinza, Juan José c/ Libutti, Claudio s/ Daños y perjuicios Fernández, Marcelo F.. Sucesión s/ Incidente de rendición de cuentas promovido por Fernández Dora Brarda, Víctor Darío c/ García Carlos Raúl s/ Desalojo Torres, Carlos y otros c/ González, Fernando y otra s/ Cumplimiento de contrato Torres, Carlos y otros c/ González, Fernando y otra s/ Cumplimiento de contrato Summun S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07|1992-05-05|2002-07-03|2000-02-16|2004-06-16|2005-02-16|2006-05-03|2006-05-03|2007-10-31

No cabe alegar la nulidad de un fallo por omisión de cuestión esencial si la Cámara no trató el tema en cuestión por considerar insuficiente la expresión de agravios a su respecto ya que en tal caso, no hay omisión sino desplazamiento de la cuestión.
Exención de tasa de justicia, hábeas corpus, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: Monner Sans, Ricardo c/ Senado de la Nación s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-04

La excepción contenida en el art. 13, inc. b) de la ley de tasa de justicia exime del abono del tributo a aquellos recursos de habeas corpus y las acciones de amparo cuando no fueren denegados.
Leyes, constitucionalidad, ahorro obligatorio
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: CELULOSA ARGENTINA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO. INCONSTITUCIONALIDAD LEY 24549. RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 790-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

Ha sostenido la Corte Nacional que la naturaleza jurídica que cabía atribuir al "Ahorro Obligatorio" establecido por el régimen de la ley 23549 podía considerarse razonablemente comprendida, prima facie, entre aquellas que versan sobre contribuciones nacionales; y asimismo que, "juntamente con su esencial propósito de allegar fondos al tesoro público, los tributos constituyen un valioso instrumento de regulación de la economía, complemento necesario del principio, con raigambre constitucional, que prevé atender al bien general (artículo 67 inciso 2 de la Constitución Nacional, texto 1853/60) al que conduce la finalidad de impulsar el desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas".
Constitución Nacional, facultades del Poder Legislativo, gobierno nacional, gobierno provincial, facultades tributarias
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta c/ Ferrocarriles Argentinos s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Cuando no existe la voluntad expresa o razonablemente implícita del Congreso de hacer uso de sus facultades (art. 31 y 67, incs. 16 y 28 de la Constitución Nacional) corresponde admitir que una potestad legislativa nacional y una provincial en materia de impuestos pueden ejercerse conjunta y simultáneamente, respetando las limitaciones de la Ley Fundamental.
Daño moral, indemnización por accidente de tránsito, indemnización por muerte
Materia: CIVIL
Carátula: Olguín de Quiroga, Claudia L. y otro c/ Empresa Bartolomé Mitre SACIF s/ Accidente de tránsito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-01

Procede la admisión del daño moral respecto de los hijos por la pérdida de la madre a consecuencia de un accidente de tránsito que indudablemente les ha ocasionado un grave desamparo afectivo. Aunque el enorme sufrimiento que les ha provocado la trágica e inesperada desaparición, no encuentre consuelo con el otorgamiento de una reparación pecuniaria, su determinación librada al prudente arbitrio judicial, debe contemplar al menos las circunstancias vividas y por las que debieron atravesar a raíz del luctuoso suceso.
Deberes del juez, aplicación de la ley, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: Cuiña,   Rodolfo   y  otros s/ contrabando e infracción a la ley 23.771 (causa n 39.022).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis ni del espíritu de la norma, porque no es el espíritu de la ley el que debe subordinarse a las palabras sino éstas a aquél, máxime cuando aquella ratio se vincula con principios constitucionales que siempre han de prevalecer en la interpretación de las leyes (Disidencias de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López y del Dr.

Antonio Boggiano).
Empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley, indemnización, Municipalidad, personal municipal, recurso contencioso administrativo, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: MUÑOZ, ELECTRA JOSEFA SALVADOR DE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - RECURSO DE  REVOCATORIA CONTRA EL AUTO DE PRESIDENCIA (CSJ EXPTE Nº 0004-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-21

En los reclamos de pretensiones referidas al cobro de indemnizaciones por incapacidad inculposa se invoca el reconocimiento de un derecho expresamente establecido en el ordenamiento que regula la relación de empleo público y que, por ende, integra el contenido normal de dicha relación. En el caso, la situación jurídica subjetiva invocada, encuadra perfectamente en el artículo 10 de la ley 4106; en consecuencia -respecto a la indemnización fundada en la ley 9688- no es aplicable la ley 11330 sino, se reitera, la 4106; y -en relación a la indemnización reclamada con sustento en el artículo 23, inc g) de la Ley 9286- hasta tanto en el ámbito del Poder Legislativo no se decida lo contrario, la materia debatida integra uno de los "casos" a que refiere el artículo 93, inciso 2, de la Constitución Provincial. DE LA DISIDENCIA DE LOS DRES BARRAGUIRRE Y ULLA.
Homologación judicial, sentencia condenatoria, secuestro de estupefacientes, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: SOLER PAEZ, Ariel Alfredo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-14

Corresponde homologar la decisión que rechazó la aplicación, en el caso, del art. 29 ter de la ley 23.737 vigente al momento del hecho por el cual resultó condenado el imputado toda vez que las argumentaciones expuestas por la defensa -en el remedio recursivo y ante la instancia de casación- no poseen la entidad suficiente para rebatir la fundamentación efectuada en la resolución impugnada en tanto concluyó que las manifestaciones del imputado no permitieron lograr un significativo progreso de la investigación, ni el secuestro de estupefacientes o de algún otro elemento de los previstos en la norma.
Pena privativa de la libertad, ejecución de la pena, graduación de la pena, facultades del juez, calificación jurídica, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, GERARDO RAMON s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-24

La pena privativa de la libertad encuentra distintas vertientes en cuanto a su finalidad y, a su vez, también son distintos los estamentos que intervienen en la determinación del monto, modalidad y forma de ejecución.

Así, en el proceso de individualización de la sanción penal, se puede verificar la participación que hace el Poder Legislativo, al fijar en la norma jurídica la sanción adecuada a cada delito, de acuerdo a la violación del bien jurídico que pretende proteger.

Esta función está constitucionalmente atribuida al Poder Legislativo, único encargado de estipular la criminalidad de los actos, desincriminar otros y aumentar o disminuir escalas penales.

Así se materializa el principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Carta Magna, al exigir que la conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, poniendo en cabeza del legislador la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante amenaza penal del ataque que representan determinadas acciones, y en qué medida debe expresarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente.

Este poder del Estado también tiene su participación, igualmente importante, en la regulación del modo en que deberá cumplirse la ejecución de la pena -esencialmente, a partir de la ley 24660-.

El segundo momento, cronológicamente, corresponde al estamento judicial al momento de dictar la sentencia, desentrañando entre ese mínimo y máximo que el legislador señaló, y que aplica a un individuo en particular, concretando de esta forma, cuanto menos en teoría, la pena más adecuada y que se merece en justicia el sujeto que delinquió.

Finalmente, cabe reconocer también la individualización ejecutiva, que es la que ejerce la administración penitenciaria al ejecutar la sentencia, y que se encuentra regulada en la ley de ejecución de la pena.( Del voto del Dr.

Falistocco. En disidencia: Dr.Erbetta).