Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-10


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 10 de 2009.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doctor Heredia dijo:

1º) La sindicatura designada en el juicio de quiebra de Banco Extrader S.A. promovió la presente demanda contra Banco Feigin S.A. a fin de que, en los términos del art. 119 de la ley 24.522, se declaren inoponibles tres cesiones de crédito (ambas calificadas como daciones en pago) y una compensación de deudas, actos todos que, según se dijo en el escrito de inicio, habrían sido concretados durante el periodo de sospecha con el objeto de dar por canceladas ciertas deudas que el primero de los citados bancos mantenía con el segundo, causando ello perjuicio a los respectivos acreedores (fs. 25/28).

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda, absolviendo al Banco Feigin S.A. (hoy también en quiebra) e imponiendo las costas a la parte actora (fs. 705/711).

Contra esa decisión interpuso recurso de apelación la sindicatura demandante (fs. 714), cuya expresión de agravios de fs. 724/728, fue resistida en fs. 731/741.

La fiscal ante la Cámara dictaminó en fs. 743/746.

2º) Los antecedentes relevantes del caso que se encuentran acreditados y/o reconocidos y que, por el momento, resultan de interés destacar, son los siguientes:

(a) El 21/12/94 el Banco Feigin S.A. otorgó dos préstamos interfinancieros ("call") a Banco Extrader S.A. por $ 1.800.000 y $ 1.000.000, respectivamente, a devolver ambos en el día siguiente 22/12/94 (conf. reconocimientos de fs. 249).

(b) El 16/12/94 el Banco Extrader S.A. concedió un préstamo interfinanciero ("call") al Banco Feigin por la suma de $ 500.000, para ser devuelto el día 28/12/94 (conf. reconocimiento de fs. 249).

(c) El 22/12/94 el Banco Extrader S.A. cedió al Banco Feigin S.A. un crédito que tenía contra la firma O. S.A. por la suma de $ 1.800.000 con más sus intereses y el I.V.A. devengado hasta esa fecha. En el documento respectivo se expresó que la cesión se hacía por el precio de $ 1.800.962,63 y se dejó constancia de que esta última suma era "entregada" por el banco cesionario al cedente. Asimismo, se estipuló que el crédito se cedía sin garantía de evicción y sin garantizar la solvencia del deudor cedido (conf. instrumento de "cesión de cartera" de fs. 10, cláusulas 1º a 4º).

(d) El 26/12/94 nuevamente el Banco Extrader S.A. cedió al Banco Feigin S.A. créditos que tenía contra terceros. Esta vez se trató de la cesión de dos créditos, el primero por U$S 155.000 contra la firma Cía. de Comercialización de Carne Vacuna S.A., y el segundo por $ 310.812,84 contra la empresa E.G. S.A.. En el documento pertinente se dejó aclarado que la cesión comprendía el capital de tales créditos y los respectivos intereses, y que ella se hacía por el precio total de $ 512.599,96 no garantizando el banco cedente por evicción, ni por la solvencia de los deudores cedidos (conf. instrumento de fs. 11/12, cláusulas 1º a 4º).

(e) El mismo día, 26/12/94, el Banco Extrader S.A. remitió al Banco Feigin S.A. una nota, que este último recibió, por la cual le solicitaba que "...De acuerdo a lo convenido, se servirá cancelar la obligación por quinientos mil pesos, que esa entidad tiene con el Banco Extrader S.A., compensándola con igual importe por el vencimiento de vuestras acreencias contra esta Institución...Por consiguiente queda convenido y aceptado que el Banco Feigin S.A. y el Banco Extrader S.A. nada tienen que reclamarse recíprocamente..." (fs. 13). En igual fecha el Banco Feigin S.A. extendió un recibo a favor de Banco Extrader S.A. por la suma de $ 500.000 en concepto de devolución de operaciones de transferencias efectuadas (fs. 14).

(f) Desde el punto de vista temporal, las cesiones de crédito indicadas en (c) y (d), e igualmente la compensación aludida en (e), se encuentran enmarcadas en el periodo de sospecha, que se fijó entre el 2/12/94 y el 24/4/95, fecha esta última en la cual se dictó la sentencia de quiebra de Banco Extrader S.A. (fs. 26 vta.).

3º) El señor juez de la instancia anterior sostuvo en su sentencia que del peritaje contable de fs. 628/629 y de la prueba testimonial no surgía que los dos préstamos interfinancieros aludidos en el punto (a) del considerando anterior hubieran resultado cancelados por las cesiones de crédito individualizadas en (c) y (d) del mismo considerando. Asimismo, entendió que los aludidos préstamos interfinancieros, como igualmente el identificado en (b) del considerando anterior, aparecían contablemente pagados de acuerdo al citado peritaje realizado sobre los libros del Banco Feigin S.A.. Juzgó, por todo ello, que los préstamos fueron operaciones independientes de las referidas cesiones y que, en consecuencia, no se había demostrado la existencia de perjuicio para los acreedores concursales de Banco Extrader S.A.. Con esa base, y sin brindar un tratamiento expreso vinculado a la declaración de inoponibilidad de la compensación también pretendida en autos, rechazó la demanda.

En su expresión de agravios la sindicatura apelante cuestionó que el sentenciante hubiera privilegiado el resultado del peritaje de fs. 628/629 realizado sobre los libros del Banco Feigin S.A., concluyendo que los préstamos interfinancieros fueron cancelados "en efectivo" y que también "en efectivo" fueron pagados los precios de las cesiones de créditos impugnadas en autos (fs. 725 vta.). En tal sentido, cuestiona que el juez a quo no hubiera aceptado las conclusiones del peritaje de fs. 639/641 y su ampliación de 651/653, realizado sobre los libros de Banco Extrader S.A., en cuanto concluyera que, por el contrario, los préstamos interfinancieros no fueron cancelados con dinero "en efectivo", sino con las cesiones de crédito referidas (fs. 726). Asimismo, se queja porque no ponderó debidamente la prueba testimonial en cuanto a partir de ella se acredita la atipicidad de las operaciones cuestionadas y su oposición a la normativa vigente (fs. 726 vta.); porque no aceptó que el Banco Feigin S.A. debía conocer el estado de cesación de pagos de Banco Extrader S.A., pese a que a partir del 30/9/94 esta última entidad quedó sometida al control y fiscalización directa de la Superintendencia de Entidades Financieras (fs. 726 vta./727); y porque no tuvo por acreditado, en función de razones que se dicen equivocadas, el perjuicio causado a los acreedores concursales del Banco Extrader S.A. (fs. 727/728).

4º) La correcta composición del litigio exige recordar, preliminarmente, ciertos aspectos operativos de los llamados préstamos interfinancieros, así como de los negocios de "cesión de cartera".

(a) La posibilidad de que un banco pueda prestar dinero a otro banco surge del art. 27 de la ley 21.526 que permite a las entidades comprendidas en esa ley a "...acordar préstamos...a otras entidades, siempre que estas operaciones se encuadren dentro de las que están autorizadas a efectuar por sí mismas...".

Como lo explica un destacado especialista, estas operaciones interbancarias configuran el mercado del denominado "call money", por tratarse de préstamos de cortísimo plazo de duración, cuya finalidad consiste en permitir a la entidad tomadora contar con liquidez suficiente para afrontar los supuestos de reducción coyuntural de la misma, por razones estacionales o sectoriales, o por dificultades de captación de depósitos o en la recuperación de la cartera activa. Se trata de préstamos de carácter especial y ha de entenderse que la obtención de fondos de otras entidades mediante este arbitrio es un remedio excepcional que, como tal, no puede revestir habitualidad. La naturaleza jurídica de estas operaciones coincide con la de un mutuo, que se materializa con la transferencia de fondos que el banco otorgante debe hacer a la cuenta corriente que la entidad tomadora tiene abierta en el Banco Central de la República Argentina. Y, por tratarse de un mutuo, su perfeccionamiento requiere de la entrega de dinero, de modo que hasta que no se acrediten los fondos acordados en la cuenta corriente de la entidad tomadora, el préstamo no se considera perfeccionado (conf. Barreira Delfino, E., Ley de entidades financieras, Buenos Aires, 1993, ps. 104/107).

Cabe observar que el Banco Central de la República Argentina ha reglamentado la operatoria en diversos aspectos, uno de los cuales, y sobre el que se volverá más adelante por su importancia para la resolución del caso, es que los movimientos de fondos entre las cuentas corrientes que las entidades mantienen en el Banco Central, vinculados con el otorgamiento y/o cancelación de préstamos interfinancieros, no pueden canalizarse mediante el depósito de cheques (Comunicación "A" 1774 del 20/11/90), lo cual implica la necesidad de que tanto las acreditaciones de los préstamos como el pago de ellos se haga exclusivamente mediante transferencias dinerarias entre las cuentas del mutuante y del mutuario, según corresponda.

Lo anterior, valga señalarlo, es indudablemente impuesto por la necesidad de mantener la liquidez de fondos de las entidades, y más ampliamente deriva del hecho de que, siendo los préstamos interfinancieros mutuos cuyo objeto son sumas de dinero, resulta claro que el mutuario (o sea, la entidad receptora) cumple naturalmente con su obligación de restitución devolviendo la misma cantidad dineraria recibida y sus intereses (art. 2252 del Código Civil, y su remisión a los arts. 616 a 624).

(b) Por lo que toca a la "cesión de cartera" (calificación que expresamente resulta del encabezado de los instrumentos de fs. 10 y 11/12, continentes de las cesiones de crédito cuestionadas en autos) corresponde precisar que se trata también de una operación por la cual las entidades sujetas a la ley 21.526 pueden proveerse de liquidez. Básicamente consisten en la cesión de la cartera de préstamos y de otros créditos, por un cierto precio, con pacto de recompra o no según las circunstancias (conf. Villegas, C., Contratos mercantiles y bancarios, Buenos Aires, 2005, t. II; ps. 85/86).

La operatoria fue reglamentada, para la época que aquí interesa, por el Banco Central de la República Argentina mediante las Comunicaciones "B" 1415 y "A" 2156.

En efecto, la Comunicación "B" 1415 (del 27/12/84) autorizó la operación entre entidades financieras sujetas a las siguientes dos condiciones que aquí interesa destacar. La primera, que cuando se realicen ventas de cartera activa en situación no regular, el pertinente convenio de cesión de créditos incluirá la cláusula: "sin garantía de evicción; el cedente no garantiza la solvencia del deudor cedido", no siendo factible la recompra de dicha cartera"; las operaciones que no se ajusten a las características mencionadas precedentemente, se consideran como no realizadas (inc. "a", párrafos 2º y 3º). La segunda, que los fondos correspondientes a la operación, deben ser transferidos a través de las cuentas abiertas en el Banco Central y verificarse la efectiva tradición de los documentos (inc. "b").

Por su lado, la Comunicación "A" 2156 (del 29/10/93) autorizó a la entidades la posibilidad de ceder préstamos y otros créditos por intermediación financiera de su cartera en moneda nacional, extranjera o en títulos valores, cuyo vencimiento opere como mínimo a partir de los treinta días de la fecha en que se efectivicen las transferencias (punto 1). Aclaró que la posibilidad de recompra de la cartera cedida, dentro del plazo de treinta días, se subordinaba a que el deudor cedido en el momento de la cesión no se encontrara calificado por alguna entidad financiera en situación distinta de normal (punto 2).

Actualmente, existe un texto ordenado sobre el régimen de "Cesión de cartera de créditos", que puede consultarse en la página web del Banco Central de la República Argentina, pero como contiene soluciones resultantes de Comunicaciones de esa entidad de fecha posterior a los antecedentes del caso, para resolver el sub lite corresponde estar a lo dispuesto por las apuntadas Comunicaciones "B" 1415 y "A" 2156.

5º) Para una mejor y más clara exposición, comenzaré por examinar lo atinente a la pretendida inoponibilidad de las cesiones de créditos que tuvieron lugar los días 22/12/94 y del 26/12/94, referidas en los puntos (c) y (d) del considerando 2º.

La cuestión que involucra este aspecto de la litis estriba en la determinación de si las tres cesiones de créditos en cuestión fueron operaciones independientes de los dos préstamos interfinancieros ("call") que el Banco Feigin S.A. otorgó al Banco Extrader S.A. el 21/12/94 o si, por el contrario, no fueron operaciones independientes y, como lo sostuvo la sindicatura actora, esas cesiones no fueron más que daciones en pago hechas para cancelar los apuntados préstamos.

Como fue reseñado en el considerando 3º, el juez a quo concluyó, partiendo del peritaje de fs. 628/629, que las operaciones fueron independientes unas de otras.

Cabe observar que el referido peritaje informó sobre:

i) una acreditación de fecha 22/12/94 por la suma de $ 1.800.000 más $ 690,41 (esta última cifra en concepto de intereses devengados) asentada en las págs. 331 y 356 del Libro Mayor y en el Libro Diario de Transacciones del Banco Feigin S.A.. Según la perito, tal acreditación contabilizó "...la cancelación del Call otorgado al Banco Extrader S.A..." por la suma de $ 1.800.000 (fs. 628 vta, último párrafo).

ii) una acreditación de fecha 22/12/94 por la suma de $ 1.000.000, asentada en las pág. 421 del Libro Mayor y en el Libro Diario de Transacciones del Banco Feigin S.A.. Al igual que en el caso anterior, la perito designada sostuvo que esa acreditación comprobaba la cancelación de la deuda por "call" que tenía el Banco Extrader S.A. por idéntica cantidad (fs. 629 y vta.).

Si bien el fallo apelado no fue claro en afirmar qué acreditaciones y cancelaciones referidas precedentemente correspondieron a pagos hechos con "dinero en efectivo" (véase fs. 710), tanto la actora como su contraria así interpretaron el texto del decisorio (fs. 725 vta. y 732 vta.).

Ahora bien, más allá de la interpretación que se pudiera hacer de la sentencia recurrida, lo cierto y concreto es que en el peritaje de fs. 628/629 en ningún momento se afirmó que las citadas acreditaciones y cancelaciones relativas a los préstamos interfinancieros tomados por el Banco Extrader S.A. hubieran tenido lugar con "dinero en efectivo".

En efecto, como bien lo observa el dictamen de la fiscal ante la Cámara, dicho peritaje "...no informó la forma en que se cancelaron las operaciones..." (fs. 744 vta.).

Antes bien, el peritaje hizo referencia a que "...no se ubicó la cuenta BCRA..." (fs. 629), lo cual impide comprobar que el Banco Feigin S.A. hubiera recibido realmente "dinero en efectivo" en pago de los préstamos interfinancieros tomados por el Banco Extrader S.A.

Esto último es así, porque como fuera explicado en el considerando anterior, para la época en que se produjeron los hechos que originan la litis, regía la Comunicación "A" 1774 de la que se desprendía la necesidad de que la cancelación de los préstamos interfinancieros tuviera lugar a través de la transferencia dineraria respectiva que debía hacerse entre la cuenta corriente de la entidad deudora abierta en el Banco Central de la República Argentina, y la cuenta corriente de la entidad acreedora abierta en la misma institución bancaria central.

Dicho con otras palabras, la prueba resultante del movimiento de fondos entre las referidas cuentas corrientes (a la cual se habría accedido mediante el examen, precisamente, de la "cuenta BCRA" referida en fs. 629) era la única que podría haber acreditado fehacientemente que hubo por parte del Banco Extrader S.A. una disposición de "dinero en efectivo" a favor del Banco Feigin S.A. para cancelar los préstamos interfinancieros en cuestión. Mas no habiéndose rendido esa especial y dirimente prueba, no cabe interpretar lo contrario a partir de las simples acreditaciones y cancelaciones contablemente asentadas por el Banco Feigin S.A. en el Libro Mayor y en el Libro Diario de Transacciones, máxime cuando los asientos respectivos nada expresan sobre la forma o modo en que tales acreditaciones y cancelaciones tuvieron lugar.

Por cierto, el examen de los comprobantes que originaron esos registros contables del Banco Feigin S.A. tampoco ayuda para concluir de otra manera. Así, por ejemplo, como también lo observa correctamente el dictamen de la fiscal ante la Cámara (fs. 744 vta.), los comprobantes de fs. 222 y 223 solamente dan cuenta de la cancelación del préstamo interfinanciero por $ 1.800.000, con más sus intereses, pero no acreditan que ello hubiera tenido lugar con dinero "en efectivo".

No ignoro que alguno de los testigos propuestos por la demandada declararon que tales comprobantes de fs. 222 y 223, así como los restantes que se encuentran reservados según nota de fs. 261 (desglose fs. 234/244), darían cuenta de la existencia de pagos "en efectivo" (conf. testimonios de Roberto T. T., fs. 520, a la 3º; Hugo O. B., fs. 522, a la 6º; Enrique M., fs. 590, a la 5º).

Sin embargo, a contrario de lo pretendido por la demandada (fs. 732 vta.), no creo que esos testimonios sirvan para probar convincentemente dicho aspecto fáctico, pues aparte de que los comprobantes en cuestión nada expresan en forma clara e indubitadamente acerca de la existencia de pagos "en efectivo", lo cierto es que tampoco hay referencia en ellos que sirva para relacionarlos causalmente con movimientos cumplidos en las cuentas corrientes que los dos bancos contendientes en autos tenían abiertas en el Banco Central de la República Argentina.

Los citados testigos, por otra parte, fueron todos funcionarios del banco demandado en la época que aquí interesa, sea en el carácter de director y gerente general (T.), subgerente general (B.) y contador de sucursal (M.), por lo que sus dichos pueden ser entendidos como provenientes de personas cuya responsabilidad profesional puede estar comprometida. Y otro tanto cabe decir, por cierto, de la declaración de J. I. R.D., quien habiendo también sido funcionario del Banco Feigin S.A. (director) declaró que el pago de los préstamos interfinancieros fue normal y se ajustó a la normativa imperante (fs. 589).

En suma, resultan inhábiles para probar la existencia de pagos "en efectivo" cancelatorios de los préstamos interfinancieros tanto el peritaje de fs. 628/629, como los comprobantes referidos y la prueba testimonial ofrecida por la demandada. La prueba que debió ofrecer dicha parte, pues era de su incumbencia (art. 377 del Código Procesal), pero que no ofreció, hubo de ser, como se dijo, la pericial sobre los movimientos de las cuentas corrientes que las partes mantenían en el Banco Central y a través de las cuales se debía reglamentariamente canalizar la transferencia de fondos tanto para la acreditación como para la cancelación de los préstamos interfinancieros tomados por el Banco Extrader S.A.. Y la ausencia de tal prueba, no puede sino resolverse en contra del Banco Feigin S.A.. Es que si bien es cierto que la elección de los medios probatorios es facultad privativa de los litigantes y que salvo que alguno esté ordenado por la ley con carácter excluyente no es dable exigir una prueba específica, no lo es menos que si aquellos prescinden de ofrecer y producir la prueba más idónea para la acreditación de determinados hechos -en el caso, la referida pericial- los de otra índole que aporten para ese fin deben ser apreciados con mayor rigor, severidad o estrictez (conf. CNFed. Civ. Com. Sala I, 27/7/84, "Conill de Muller c/ F.carriles Argentinos s/ daños y perjuicios", íd. Sala I, 19/6/87, "Dos Muñecos S.A. c/ Vannucci S.A.", Doct. Jud., t. 1988-I, p. 871), cabiendo recordar, asimismo, que la adecuada producción de prueba idónea supone un imperativo del propio interés de quien alega el hecho objeto de ella, por manera que se corre el riesgo de una decisión desfavorable en el caso de adoptarse una actitud omisiva (conf. CSJN, 19/12/95, "Kopex Sudamericana S.A. c/ Provincia de Buenos Aires", Fallos 318:2555).

No probada, entonces, la existencia de pagos "en efectivo" con aptitud cancelatoria de los préstamos interfinancieros, queda eliminada la premisa en base a la cual la parte demandada fundó su defensa relativa a la independencia de tales préstamos respecto de las operaciones de cesión de créditos que tuvieron lugar los días 22/12/94 y 26/12/94.

Por cierto, como contrapartida de esto último, adquiere credibilidad la tesis de la sindicatura actora en el sentido de que tales cesiones de créditos no fueron ajenas a los préstamos interfinancieros sino que, por el contrario, nacieron para cancelarlos.

Tesis que, a su vez, resulta sobradamente abonada por otros convincentes elementos de juicio.

En efecto, resulta fuertemente persuasivo de que las tres cesiones de créditos impugnadas nacieron para cancelar los dos préstamos interfinancieros, la coincidencia de fechas y montos involucrados, todo lo cual fue explicado por el peritaje contable de fs. 639/641 realizado sobre los libros del Banco Extrader S.A.

Así, según resulta del cuadro de fs. 639 vta. elaborado por el perito contador Banegas, el "call" por $ 1.800.000 que el Banco Feigin S.A. otorgó al Banco Extrader S.A. el día 21/12/94 y que debía ser devuelto el 22/12/94, fue cancelado con la cesión que en esta última fecha la entidad mutuaria le hizo a la entidad mutuante del crédito que tenía contra O. S.A. por igual cantidad de $ 1.800.000, a la que sumó los intereses y el I.V.A. devengado. De igual manera, el "call" por $ 1.000.000 otorgado también el 21/12/94 y con devolución pactada para el día siguiente, se canceló parcialmente el 26/12/94 con las cesiones a favor de la demandada que el Banco Extrader S.A. le hizo de los créditos que tenía contra las firmas Cía. General de Comercialización de Carne Vacuna S.A. y E.G.y Cía. S.A., quedando un saldo que, en la misma fecha, quedó también cancelado por medio de la compensación a la que me referiré en el considerando siguiente.

Aunque la demandada impugnó el referido peritaje de fs. 639/641, lo hizo en términos genéricos cuestionándolo sustancialmente porque el perito tuvo a la vista sólo el Libro Diario del Banco Extrader S.A. omitiendo analizar otros instrumentos contables, pero sin decir ni una palabra respecto del referido cuadro de fs. 639 vta. o sobre las explicaciones dadas por el experto para sustentarlo (fs. 644/646). A todo evento, al responder esa impugnación el perito actuante señaló que, contrariamente a lo observado por la demandada, tuvo a la vista todos los registros contables del Banco Extrader S.A., pero que con particularidad se refirió al Libro Diario porque él es el único registro contable que muestra el otorgamiento y la cancelación de las operaciones de "call" (fs. 652 vta.). Frente a tal respuesta, la demandada insistió con observaciones meramente genéricas (fs. 656/657), que no desvirtúan la eficacia del dictamen pericial (art. 477 del Código Procesal).

En tales condiciones, y siendo aceptable, además, lo señalado por el dictamen fiscal de fs. 743/746 en el sentido de que la registración por separado que el Banco Feigin S.A. hizo de las operaciones no es suficiente para concluir que las cesiones de crédito hubieran sido independientes de los préstamos interfinancieros porque ello pudo responder a meras razones de organización, concluyo en que efectivamente aquellas fueron negocios solutorios de estos últimos.

Dicho con otras palabras, las cesiones cumplidas los días 22/12/94 y 26/12/94 que, a favor del banco demandado, le hiciera el Banco Extrader S.A. de créditos que este último tenía contra terceros fueron, indudablemente, cesiones pro soluto, esto es, cesiones por las cuales el cesionario da por cumplida la obligación que con respecto a él tiene el cedente (conf. Diez Picazo, L., Fundamentos del derecho civil patrimonial, Madrid, 1996, p. 808, nº 8; Pizarro, D. y Vallespinos, C., Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones, Buenos Aires, 1999, t. 3, ps. 360 y 363), conclusión que apoyo, además, en lo siguiente:

i) Las tres cesiones fueron hechas sin garantizar el cedente la solvencia del deudor cedido (cláusula 4º de fs. 10 y 11/12), lo que es propio de las cesiones pro soluto (conf. Lorenzetti, R., Tratado de los Contratos, Santa Fe, 2004, t. II, p. 72; Pizarro, D. y Vallespinos, C., ob. cit., t. 3, p. 360).

ii) No hubo cláusula de recompra del crédito cedido, pese a que ello era una posibilidad autorizada por el punto 2 de la Comunicación "A" 2156 del Banco Central de la República Argentina. Esta particularidad es demostrativa de que las partes dieron un carácter definitivo a la transmisión del crédito cedido, esto es, que fue transmitido en propiedad como es propio de las cesiones pro soluto (conf. Lorenzetti, R., ob. cit., t. II, p. 72).

iii) La declaración contenida en la cláusula 3º de los instrumentos de fs. 10 y 11/12 acerca de la existencia de un precio que se dice entregado por el cesionario al cedente, se trató nítidamente de una falsedad que ha quedado al descubierto con la prueba pericial antes referida y que, de otro lado, daría cuenta por sí misma de una violación a la ya referida Comunicación "B" 1415 del Banco Central de la República Argentina que expresamente ordena que las transacciones vinculadas a operaciones de cesión de cartera de créditos (entendiéndose especialmente el pago del precio de la cesión) debía canalizarse por transferencias de fondos entre las cuentas corrientes que las entidades financieras tienen abiertas en tal institución bancaria central (conf. Villegas, C., ob. cit., t. II, p. 85).

En las condiciones que anteceden, correctamente calificaron los síndicos demandantes a las cesiones cuestionadas como "daciones en pago" (fs. 26 vta.) pues, en efecto, tal es la naturaleza de toda cesión pro soluto de créditos (arg. art. 1435 del Código Civil; Belluscio, A. y Zannoni, E., Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 1982, t. 3, p. 612; Lorenzetti, R., ob. cit., t. II, p. 72; Diez Picazo, L., ob. cit., loc. cit.).

Pues bien, entendida como una "dación en pago", la cesión de créditos pro soluto no es un acto ineficaz de pleno derecho, ya que la ley concursal vigente no reprodujo el art. 122, inc. 3, de la ley 19.551. Empero, puede ser declarado inoponible en los términos del art. 119 de la ley 24.522, si ha habido conocimiento por el cesionario del estado de cesación de pagos que afectaba al cedente después fallido, y siempre que la cesión se hubiera cumplido en el período de sospecha, ya que ella implica el simultáneo pago al cesionario (conf. Heredia, P., Tratado exegético de derecho concursal, Buenos Aires, 2005, t. 4, p. 332). Es que la datio in solutum produce dos efectos tratándose de la entrega de un crédito: la transferencia del mismo al cesionario y la extinción del crédito que éste mantiene con su deudor-cedente; cuando la dación en pago es pro soluto ambos efectos se producen en forma simultánea (conf. Nieto Blanc, E., Dación en pago de créditos (pro soluto y pro solvendo); cesión en garantía y prenda de créditos. Comparación, ventajas e inconvenientes de cada una, LL, suplemento trimestral del Comité de Abogados del BCRA, 6/11/91).

Desde esta última perspectiva, dándose la condición subjetiva exigida por el citado art. 119 de la ley 24.522 y concurriendo perjuicio para los acreedores, las cesiones de créditos con función solutoria deben ser entendidas, tal como lo sostiene la doctrina italiana, como medios de pago anormales, salvo que la cesión hubiera sido prevista ab origine como instrumento de extinción del débito (conf. Gallesio-Piuma, M., L'azione revocatoria fallimentare, Cedam, Padova, 1995, ps. 373/374, pto. 2.d.; Maffei Alberti, A., Commentario breve alla legge fallimentare, Cedam, Padova, 2000, p. 256, nº XVI-15; Bonsignori, A., Il fallimento, en la obra "Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'economia", dirigido por F. Galgano, Cedam, Padova, 1986, t. IX, p. 491), situación esta última que, por cierto, no fue siquiera invocada en el caso, ya que ninguno de los litigantes sostuvo que las operaciones bancarias que originaron las deudas que resultaron canceladas con la cesión (es decir, los mencionados préstamos interfinancieros) hubieran previsto expresamente en su origen o nacimiento semejante cosa.

Cabe observar, en fin, que en esta materia tipifica como un pago anormal, susceptible de ser revocado, la cesión de crédito, cuando aparece como un medio de satisfacción diverso del dinero adeudado (conf. Pajardi, P., Codice del fallimento, GiuffrÞ Editore, Milano, 1994, p. 278; Satta, S., Diritto Fallimentare, Cedam, Padova, 1996, p. 236, nota nº 53).

Con base en las precedentes observaciones, pasaré al examen de la concurrencia del presupuesto subjetivo indicado (conocimiento del estado de cesación de pagos) en su relación con las cesiones de que se trata.

6º) He señalado antes de ahora (conf. Heredia, P., ob. cit., t. 4, ps. 266/268) que lo atinente a la prueba del conocimiento del estado de cesación de pagos que exige el art. 119 de la ley 24.522 (que no es la prueba de un conocimiento efectivo, sino la de una mera cognocibilidad; Maffía, O., La ley de concursos comentada, Buenos Aires, 2001, p. 391 y ss.), ha sido regularmente examinado por la jurisprudencia nacional de un modo especial cuando, como ocurre en el sub lite, el sujeto pasivo de la acción revocatoria concursal es una entidad financiera o bancaria.

En efecto, si el demandado por revocatoria concursal es una entidad financiera o bancaria, la jurisprudencia ha llegado prácticamente a presumir la cognocibilidad del estado de cesación de pagos. En ese orden de ideas, se ha dicho que basta la consideración de que legal y reglamentariamente debió la entidad conocer el estado de cesación de pagos del deudor, puesto que a una entidad financiera o bancaria le es exigible que conozca acabadamente el patrimonio de las personas a quienes otorga crédito, realizando todas las investigaciones a su alcance (conf. CNCom. Sala D, 28/4/88, "Establecimientos Metalúrgicos Pecú S.A. s/ quiebra c/ Permanente S.A. Cía. Financiera s/ ordinario", LL, 1988-E, 5, y en E.D., 132-306, con nota en p. 829 de Labanca, J., La ignorancia voluntaria e indebida como presupuesto de la revocatoria concursal. Otras referencias a este precedente pueden verse en: Roberts, H., El art. 123 de la ley de concursos. El daño y los efectos de la declaración de ineficacia, E.D., 138-915, y Grillo, H., Período de sospecha en la legislación concursal, Buenos Aires, 2001, p. 191; véase, asimismo: CNCom. Sala A, 29/6/2000, "Carcaraña SA s/ quiebra s/ incidente de ineficacia (Banco de Interfinanzas Internacional)"; CNCom. Sala B, 16/3/2000, "Horacio Banga SA s/ quiebra c/ Banco de la Nación Argentina y otro", JA 2002-I, p. 179). Es decir, en este caso la ineficacia procederá no solo cuando se hubiera acreditado fehacientemente que la entidad conoció el estado de cesación de pagos, sino también cuando debió conocerlo (conf. CNCom. Sala D, 2/12/91, "Metalúrgica Pergamino S.R.L. s/ quiebra c/ Banco de Intercambio Regional s/ ordinario"; Sala A, 6/12/93, "Mandataria Farmacéutica S.A. s/ quiebra c/ Banco Roberts S.A. s/ acción revocatoria concursal"; Sala D, 10/9/96, "Distribuidora Cabal S.A. c/ Banco del Buen Ayre S.A. s/ ordinario"), ya que juega en la especie la presunción hominis de que la entidad financiera debe conocer la situación patrimonial de aquél con quien negocia, siendo de aplicación lo dispuesto por el art. 902 del Código Civil (conf. CNCom. Sala B, 14/10/86, "Elfo S.A. c/ Banco Casa Cooperativo Limitado", E.D., 123-363).

Aunque, ciertamente, no corresponde extremar o exagerar la aplicación del criterio jurisprudencial indicado (conf. Rivera, J., Instituciones de derecho concursal, Santa Fe, 1996, t. II, p. 130; Junyent Bas, F. y Molina Sandoval, C., Sistema de ineficacia concursal, Santa Fe, 2002, ps. 239/240; Heredia, P., ob. cit., t. 4, ps. 267/268), por lo que toca al caso aquí examinado entiendo suficientemente acreditado el presupuesto subjetivo del conocimiento del estado de insolvencia o scientia decoctionis.

Es que, en mi opinión, ese conocimiento puede inferirse a partir del hecho de que el Banco Feigin S.A. aceptó un modo de cancelación de la deuda que con él mantenía el Banco Extrader S.A. que no era el exclusivamente admitido por la reglamentación del Banco Central de la República Argentina. En efecto, como ya fuera adelantado, de acuerdo a lo que resulta de la Comunicación "A" 1774 del Banco Central de la República Argentina, tanto las acreditaciones de los préstamos interfinancieros como el pago de ellos debe hacerse mediante transferencias dinerarias entre las cuentas del mutuante y el mutuario, según corresponda, que tienen en dicha institución bancaria central. En el caso examinado, empero, el Banco Feigin S.A. no se sujetó a esa reglamentación bancacentralista, pues lejos de haberle pagado el Banco Extrader S.A. con transferencias dinerarias en la forma expuesta, aceptó la cancelación de los préstamos interfinancieros mediante las cesiones pro soluto antes referidas. Semejante falta de acatamiento por parte del Banco Feigin S.A. a la recordada Comunicación "A" 1774, susceptible inclusive de recibir sanciones administrativas (art. 41 de la ley 21.526), solamente puede tener racional explicación en la circunstancia de que esa entidad bancaria conocía de la insolvencia por la que atravesaba el Banco Extrader S.A., a punto que lejos de exigirle a este último la acreditación en cuenta corriente de los pesos que adeudaba por los préstamos interfinancieros, se conformó con la adquisición por vía de cesión de varios créditos contra terceros. En otras palabras, no pudiendo alegar el Banco Feigin S.A. ignorancia acerca de lo que le imponía la Comunicación "A" 1774 (art. 20 del Código Civil), su trasgresión a esa normativa reglamentaria únicamente se entiende aceptando que conocía la impotencia patrimonial de Banco Extrader S.A. para responder con recursos "normales" (que para el caso eran exclusivamente los pesos debidos) las obligaciones exigibles de que se trata y que, por ser ello así, aceptó su cancelación mediante la cesión pro soluto de créditos contra terceros, lo cual constituyó, a las claras, un pago "anormal". En ese contexto, cabe recordar las enseñanzas de Renzo Provinciali, en cuanto observa que frente a la presencia de negocios solutorios de pago -como la cesión pro solvendo- de deudas pecuniarias vencidas y exigibles, la anomalía del medio de pago, funciona como índice del anormal estado del patrimonio y hace presumir el conocimiento por el tercero del estado de insolvencia (conf. Provinciali, R., Tratado de Derecho de Quiebra, Editorial AHR, Barcelona, 1958, t. II, ps. 238/239, nº 215).

Lo precedentemente concluido torna innecesario examinar si, de otro lado, el apuntado conocimiento del estado de insolvencia pudo ser adquirido por el Banco Feigin S.A., como lo pretenden los síndicos demandantes, a partir del momento en que el Banco Extrader S.A. quedó sometido al control y fiscalización directa de la Superintendencia de Entidades Financieras.

7º) Pasaré ahora al examen de la compensación de créditos invocada en la demanda y cuya declaración de inoponibilidad también persigue la sindicatura actora.

Cabe recordar que la cuestión se vincula al préstamo interfinanciero que el día 16/12/94 el Banco Extrader S.A. concedió al Banco Feigin S.A. por la suma de $ 500.000, para ser devuelto el 28/12/94, y que representaba un crédito del primero contra la segunda que, según dijo la sindicatura actora al demandar, quedó finalmente extinguido por compensación de "call" que las partes hicieron hasta la misma cantidad (fs. 26, punto 3, y fs. 26 vta.), habiendo sido ello acordado y concretado mediante los documentos referidos en el punto (e) del considerando 2º.

El Banco Feigin S.A. invocó al contestar demanda que la aludida deuda suya fue pagada con dinero "en efectivo" (fs. 253 vta.), pero el peritaje de fs. 628/629 no estableció tal cosa, aunque sí detalló que en el Libro Diario de Transacciones y en el Libro Mayor de ese banco, aparece registrado, con fecha 26/12/94, un comprobante por $ 500.000 cancelatorio del "call" recibido por el Banco Extrader S.A. por igual monto (fs. 629 vta.).

De su lado, y en contraposición a la referida alegación del banco demandado, el peritaje de fs. 639/641 informó que, en rigor, la deuda fue cancelada el 26/12/94 por vía de compensación hasta la suma de $ 500.000 (fs. 639 vta.), extremo este último que la parte demandada no impugnó especialmente en sus presentaciones de fs. 644/646 y 656/658.

En tales condiciones, y debiendo necesariamente descartarse la existencia de cualquier pago "en efectivo", toda vez que es propio de la compensación que no haya desplazamiento de bien alguno (conf. Llambías, J., Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, Buenos Aires, 1973, t. III, p. 190, nº 1896), corresponde indagar la procedencia de la inoponibilidad reclamada respecto de tal acto extintivo.

Al respecto, recuerdo que si bien la compensación convencional o voluntaria es oponible a la ulterior quiebra de cualquiera de los contratantes (art. 130 de la ley 24.522), deja de serlo cuando se acredita el conocimiento del estado de cesación de pagos por parte del contratante que compensó y que es posteriormente demandado en los términos del art. 119 de la ley concursal (conf. Kemelmajer de Carlucci, A., La revocación de los pagos efectuados por el deudor concursado, RDCO, t. 1978, p. 583 y sgtes., espec. p. 617; Cámara, H., Compensación en la quiebra. Ineficacia del acto tratado con el deudor que conoce el estado de cesación de pagos, RDCO, t. 1981, p. 603 y sgtes.; Heredia, P., ob. cit., t. 4, ps. 344/345).

Pues bien, la suerte de la compensación de que se trata no puede ser desvinculada, en orden al referido presupuesto subjetivo, de lo ya concluido con relación a las cesiones pro soluto, máxime ponderando que la primera de ellas tuvo lugar el 22/12/94, es decir, dos días antes de la compensación, y las dos cesiones posteriores se concretaron el mismo día de la compensación, o sea, el 26/12/94, de manera simultáneamente.

Al ser ello así, la compensación en cuestión luce como un acto susceptible de ser alcanzado por lo dispuesto por el art. 119 de la ley 24.522.

8º) El perjuicio a los acreedores es el presupuesto objetivo insoslayable que exige la actuación del sistema de inoponibilidad concursal.

El juez a quo negó la existencia del eventum damni (fs. 709), pero lo hizo sin mayor profundización y sobre la obvia base argumental de la independencia de los actos impugnados (cesiones y compensación) respecto de los préstamos interfinancieros tomados por el Banco Extrader S.A. el día 21/12/94.

En su expresión de agravios la sindicatura actora controvirtió esa negativa del sentenciante señalando que en autos no podía ser discutida la existencia de perjuicio para los acreedores del Banco Extrader S.A., toda vez que las cesiones de créditos a favor del Banco Feigin S.A. había provocado una disminución de la garantía patrimonial de aquellos, existiendo también una violación a la par condicio creditorum (fs. 727 vta.). De su lado, al contestar tal crítica, la parte demandada hizo consideraciones generales sobre la necesidad de que el perjuicio sea acreditado y señaló, en tal sentido, que las cesiones cuestionadas no lo habían causado, porque los créditos contra terceros que fueron su objeto no pudieron, finalmente, ser cobrados, manteniéndose actualmente impagos; perspectiva que le permitió afirmar, como conclusión, que en rigor el único perjudicado por la cesión fue el propio Banco Feigin S.A. (fs. 739 vta./740).

Como es sabido, la competencia devuelta a los tribunales de alzada está limitada por los alcances que los apelantes dan a sus respectivos recursos (conf. CSJN, Fallos 248:548; 252:323; 300:708; 302:264; 312:696; etc.). Por ello, me limitaré a examinar la queja en los específicos términos en que ha sido planteada, omitiendo toda consideración de índole general sobre si las partes han enfocado bien o mal lo atinente al referido presupuesto objetivo y su prueba.

Bajo esa premisa, entiendo que las cesiones de crédito que, como negocios solutorios, hizo el Banco Extrader S.A. a favor de la entidad demandada produjeron, en efecto, una disminución del patrimonio de aquél, que es garantía de sus acreedores. Es que una cesión de crédito contra tercero en el carácter pro soluto, necesariamente provoca el empobrecimiento del cedente desde que para él representa un pago, y ello no cambia, desde luego, por el hecho de que los créditos cedidos no sean ulteriormente cobrados por el cesionario. En su caso, cabe resaltar que la discusión levantada en torno al hecho de que los créditos no fueron finalmente pagados por los deudores cedidos (discusión de la que también se hizo eco el dictamen fiscal en fs. 746), supone aceptar que las cesiones impugnadas en autos tuvieron el carácter de cesiones en cobranza sin efecto extintivo (pro solvendo), lo que este voto ha negado. Pero si aún por hipótesis así hubiera sido, la solución final no cambiaría porque las cesiones de este último tipo son también revocables, acreditado el conocimiento del estado de cesación de pagos por el cesionario, independientemente de que el pago del crédito cedido se produzca o no, ya que la cesión de un crédito en cobranza constituye en sí mismo un acto de disminución patrimonial con aptitud para perjudicar a los acreedores del cedente después fallido (conf. Heredia, P., ob. cit., t. 4, p. 333).

En las condiciones que anteceden, y no habiendo promovido las partes discusión acerca de si la compensación que tuvo lugar el 26/12/94 provocó un perjuicio a los acreedores del Banco Extrader S.A., no puede sino concluirse en la presencia de dicho presupuesto objetivo a los fines de la procedencia de la demanda.

9º) Lo desarrollado hasta aquí conduce a revocar el fallo apelado, correspondiendo admitir la demanda y, en consecuencia, declarar inoponibles frente a los acreedores concursales del Banco Extrader S.A. las cesiones y compensación de créditos identificadas en los puntos (c), (d) y (e) del considerando 2º.

En cuanto a los efectos de la inoponibilidad que se propicia declarar, cabe señalar y disponer lo siguiente:

(1) Los tres créditos adquiridos por el banco demandado mediante cesión que le hiciera el Banco Extrader S.A., fueron excluidos del activo del Banco Feigin S.A. en los términos del art. 35 bis de la ley 21.526, y transmitidos a un fideicomiso (conf. informes del B.C.R.A. de fs. 506/508 y 539/542). Consiguientemente, el efecto restitutorio de la presente acción de ineficacia concursal no los puede alcanzar (arg. art. 35 bis, ap. V, inc. "c", y art. 51 inc. "a", de la ley de entidades financieras; CNCom. Sala E, 26/4/01, "Banco Almafuerte S.A. s/ liquidación judicial s/ incidente de ineficacia"), por lo que no siendo posible la restitución in natura, corresponde la reintegración del valor pertinente.

Así lo pienso, porque es regla aceptada en materia de inoponibilidad concursal que, cuando la restitución in natura no es posible, quien contrató con el deudor fallido debe reponer su valor (conf. SCBs.As., 6/12/88, "Moneta, Juan s/ quiebra", ED, 137-373; Cámara, H., El concurso preventivo y la quiebra, Buenos Aires, 1982, t. III, p. 2217; Miquel, J., Retroacción en la quiebra, Buenos Aires, 1984, p. 138, nº 149; Heredia, P., ob. cit., t. 4, p. 159), solución esta última que, como lo enseña la mejor doctrina, debe entenderse implícitamente contenida en la pretensión de ineficacia (conf. Cámara, H., ob. cit., loc. cit.). De tal suerte, constatada la imposibilidad de una restitución in natura, puede el juez acoger la acción revocatoria concursal condenando al demandado a reintegrar el valor implicado en el acto inoponible aún sin petición expresa de parte en ese sentido.

Idéntica solución es, valga señalarlo, la aceptada también en el marco de la acción revocatoria ordinaria, donde igualmente se entiende implícitamente contenida en la demanda pauliana la pretensión de reintegro del valor cuando la restitución in natura se ha tornado imposible (conf. Acuña Anzorena, A., Carácter resarcitorio de la acción pauliana y su término de prescripción pronunciada la condena por revocatoria, LL, 18-668 y ss.; Sánchez de Bustamante, M., Acción revocatoria (caracteres y naturaleza), Buenos Aires, 1954, ps. 78/80, nº 86; Trincavelli, N., Acción pauliana, Buenos Aires, 1970, p. 89; Mosset Iturraspe, J., Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios, Buenos Airees, 1975, t. II, p. 131, nota nº 25; Belluscio, A. y Zannoni, E., Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 1982, t. 4, p. 455, nº 5); interpretación esta última que es pertinente traer a colación en el sub lite habida cuenta la identidad de naturaleza que tiene la revocatoria ordinaria y la falimentaria (conf. Ragusa Maggiore, G., Contributo alla teoria unitaria Della revocatoria fallimentare, GiuffrÞ, Milano, 1962, p. 12; Heredia, P., ob. cit., t. 4, p. 240) y la posibilidad, por ello, de aplicar analógicamente, en cuanto fuera pertinente, las reglas que gobiernan la acción pauliana al régimen de la acción estatuida por el art. 119 de la ley 24.522, tanto más porque, de ese modo y en cuanto aquí interesa, la revocatoria concursal alcanza igualmente su objetivo por medio del cumplimiento vicario, es decir, por equivalente, conforme con el criterio básico que resulta de los arts. 505, 578 y 889 del Código Civil (conf. Miquel, J., ob. cit., loc. cit.).

En función de lo anterior, juzgo que el Banco Feigin S.A. debe reintegrar al Banco Extrader S.A.: (i) la suma de $ 1.800.962,63 correspondiente al crédito cuyo deudor cedido era O. S.A.; y (ii) la suma de $ 512.599,96 referente a las dos cesiones de créditos realizadas el 26/12/94.

(2) Asimismo, el Banco Feigin S.A. debe reintegrar al patrimonio del Banco Extrader S.A. el importe correspondiente al crédito que fue objeto de la compensación declarada inoponible, esto es, la suma de $ 500.000.

(3) Al total de las sumas precedentemente ($ 2.813.562,59), deberán adicionarse intereses desde la fecha de la sentencia de quiebra del Banco Extrader S.A. (24/4/95), pues la restitución deviene operativa con ella, y la declaración de inoponibilidad solamente actualiza esa obligación (conf. Heredia, P., ob. cit., t. 4, p. 159).

Tales accesorios se calcularán a la tasa del 6% anual.

10º) La revocatoria que se propicia del fallo de primera instancia, conduce a resolver sobre las costas (art. 279 del Código Procesal).

Como ocurre en la mayoría de los sistemas procesales y como lo sostiene la doctrina clásica, la imposición de costas se funda en el criterio objetivo del vencimiento (conf. Chiovenda, G., Principios de derecho procesal civil, t. II, p. 404, Madrid, 1925; Alsina, H., Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, t. II, p. 472, Buenos Aires, 1942).

Este criterio ha sido adoptado también, como principio, en la ley procesal vigente (art. 68 del Código Procesal; Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1989, t. 3, p. 85), lo que implica que el peso de las costas debe ser soportado por quien provocó una actividad jurisdiccional sin razón suficiente (conf. Fassi, S., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 1, nº 315, Buenos Aires, 1971).

Es evidente, por otra parte, que la exención de costas al vencido reviste carácter excepcional, pues como regla no es justo que el triunfador se vea privado del resarcimiento de los gastos que ha debido hacer para lograr que se le reconozcan sus derechos (conf. CNCom. Sala D, causa nº 9888/02 "Srebro, Brenda c/ Red Cellular SA y otro", sentencia del 21/10/2006; CNFed. Civ. Com. Sala III, 13/12/91, "Antorcha Cía. de Seg. SA c/ buque Monte Rosa", LL, 1992-C, 155).

En el sub lite no aprecio que concurran circunstancias de excepción que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota. Consiguientemente, propiciaré que las costas de ambas instancias se impongan al vencido Banco Feigin S.A.

11º) Por lo expuesto, habiendo dictaminado la fiscal ante la Cámara, propongo al acuerdo revocar la sentencia apelada, admitir la demanda y declarar la inoponibilidad pretendida con los efectos y alcances que resultan del considerando 9º. Las costas de ambas instancias deben ser impuestas al banco demandado (art. 68 del Código Procesal).

Así voto.

Los señores Jueces de Cámara, doctores Dieuzeide y Vassallo adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Revocar la sentencia apelada, admitir la demanda y declarar la inoponibilidad pretendida con los efectos y alcances que resultan del considerando 9º.

(b) Imponer las costas de ambas instancias al banco demandado (art. 68 del Código Procesal).

(c) En virtud de lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal y en mérito a la naturaleza, importancia y extensión de las tareas desarrolladas como así también las etapas procesales efectivamente cumplidas, fíjanse de la siguiente forma los honorarios de los distintos profesionales intervinientes: en $ 134.000 (pesos ciento treinta y cuatro mil) para los síndicos, H.C., A.M. y M. O. R. -en conjunto- y en $ 53.600 (pesos cincuenta y tres mil seiscientos) para su letrado patrocinante, L.P.; en $ 20.100 (pesos veinte mil cien) para el síndico, E.F. y en $ 8.000 (pesos ocho mil) para sus letrados patrocinantes, P. E. C. E. y E. G. C. -en conjunto-; en $ 20.100 (pesos veinte mil cien) para los síndicos, C. A. R., J. A. A. y A. E. R. -en conjunto- y en $ 8.000 (pesos ocho mil) para sus letrados patrocinantes, J.M. A. A., J. M. A. A., J. C. C., A. D. O., A. C. y E. R. A. -en conjunto-; en $ 227.900 (pesos doscientos veintisiete mil novecientos) para los estudios, J. A. C.y "B., F., R. y Asoc." -en conjunto-; en $ 91.200 (pesos noventa y un mil doscientos) para sus letrados patrocinantes, G. F. y V. O. H. -en conjunto-; en $ 394.200 (pesos trescientos noventa y cuatro mil doscientos) para el letrado apoderado de la demandada, H. V. Di F. y en $ 200 (pesos doscientos) para el letrado apoderado de la misma parte, J. L. M. M. (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432).

Por el informe de fs. 628/629, fíjase en $ 102.400 (pesos ciento dos mil cuatrocientos) el honorario de la perito contadora, C. I. A. (art. 478 del Código Procesal).

Por la experticia de fs. 639/641 y contestación a la impugnación de fs. 651/653, fíjase en $ 153.600 (pesos ciento cincuenta y tres mil seiscientos) el honorario del perito contador A. B. (art. 478 del Código Procesal).

Por el escrito de fs. 724/728, fíjase en $ 100.584 (pesos cien mil quinientos ochenta y cuatro) para el síndico, A.F. y en $ 40.233 (pesos cuarenta mil doscientos treinta y tres) para los letrados, G.F. y V.Q. (art. 14 de la ley 21.839).

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen. - Pablo D. Heredia. - Juan José Dieuzeide. - Gerardo G. Vassallo.