marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Remuneración, igual remuneración por igual tarea, Entidad Binacional Yacyretá
Materia: LABORAL
Carátula: RONCHETTI, JULIO J. c/ ENTIDAD BINACIONAL YACIRETA s/ COBRO DE PESOS DIAZ, CARLOS A. c/ ENTIDAD BINACIONAL YACIRETA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-25|1985-04-30

La remuneración establecida para los agentes de distinta nacionalidad debe garantizar idéntico poder adquisitivo, y el mismo no puede valorarse sin tomar en cuenta el ámbito territorial de desempeño del agente, pues aún en el supuesto en que se utilice un denominador común, en el caso, el dólar, idéntica cantidad de esa moneda representará distinto poder adquisitivo en cada una de las localidades en función del tipo de cambio y costo de vida imperantes.
Tercero de buena fe, inhabilidad de título, estatuto social
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Aguilar Sanz de Madrid, Luis Felipe c/ Panter SRL s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-02

1. La interpretación del principio rector de la LSC 58 debe hacerse teniendo en cuenta la protección de los terceros, con énfasis particular en el campo de los títulos de crédito, ya que la buena fe de aquéllos debe ser necesariamente preservada en aras de la seguridad y legitimidad de que están investidos los títulos circulatorios. En tal inteligencia, corresponde excluir la oponibilidad a los terceros de las reglas estatutarias de representación cuando la conducta desenvuelta ha sido idónea para crear una apariencia en la atribución de las facultades que invoca el firmante de los títulos. 2. La norma societaria citada -en relación a las obligaciones contraídas mediante títulos valores- se funda en el principio de celeridad y apariencia, imprescindibles en el tráfico mercantil. Ello responde a la realidad de que difícilmente los terceros que contratan con la sociedad, tienen ocasión de investigar detenidamente la forma de actuación de quienes son sus representantes; circunstancia que de ser exigida contrariaría la naturaleza y tornaría inútil la existencia de estos títulos (CNCom, Sala B, in re "Petronella, Gustavo Sebastián c/ Consorcio de Propietarios Dr. A. Roffo 7053 T. Gral. Paz G. s/ ejecutivo", del 30/6/99).
Registro de marca, oposición al registro de marca, nombre, asociaciones civiles, jurisprudencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Compagnie Generale D'Electricité  S.A. c/ Confederación General Económica s/ Oposición marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-13

En el sub lite se enfrentan el nombre de una asociación civil sin fines de lucro con una marca que se pretende registrar en diversas clases del Nomenclador Oficial.

De este conflicto se ha ocupado la jurisprudencia muchas veces, reconociendo preeminencia al aspecto temporal y que el derecho fundado en el nombre no sólo excluye el registro de una marca idéntica a aquél sino también de las que, por su aproximación, pueden producir confusiones.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cerdá, Lorenzo c/ Gismondi, Medardo Otello y otro s/ Disolución y liquidación de sociedad González de Navarro, Liliana c/ González, Jorge D. y otros s/ Daños y perjuicios Grizzuti, Eduardo Luis c/ Publiexito S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23|1996-05-28|2001-08-29

No pueden ser traídos por el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley aquellas cuestiones que por propia determinación del apelante han quedado consentidas al no ser sometidas a conocimiento de la Cámara.
Buena fe, doctrina de los actos propios
Materia: LABORAL
Carátula: García, Manuel c/ Tubetex S.A. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-11-12

La doctrina de los actos propios es una derivación necesaria e inmediata del principio general de buena fe y, como tal, integrante de nuestro derecho positivo (art. 17 Const. Nac.; arts. 16, 21, 499, 953, C.C.), de fondo (art. 1198, C.C.) y de forma (art. 34 inc. 5, ap. "d", C.P.C.C.).
Sobreseimiento, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: Colombo, Daniel O. y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-16

Carece de motivación el sobreseimiento si sólo se enumeran algunas pruebas, desechándose otras sin explicarse los motivos de la decisión, y la circunstancia de no haberse secuestrado droga en poder del imputado no puede ser sostenida por los dichos del preventor, ya que se encontraba acompañando al coimputado en manos de quien se secuestró el material estupefaciente. La disidencia consideró que no había defectos de fundamentación en la sentencia impugnada. (Dres. Rodríguez Basavilbaso -en disidencia-, Madueño y Fégoli).
Indemnización por accidente de trabajo, salario diario, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: MARIA INES LISA c/ MANUFACTURA TEXTIL BOSSI SAIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-18

A falta de todo otro elemento de juicio corresponde, a los fines de la aplicación del plenario numero 231, tomar el ultimo salario diario percibido por la victima - que refleja en si la desvalorización monetaria operada - y, sobre tal base establecer la indemnización correspondiente.
Responsabilidad médica, consentimiento informado, daños y perjuicios, juicio ordinario
Materia: CIVIL
Carátula: Valiente, Viviana Haydee c/ Centro Médico San Lucas S.A. y otro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-13

El consentimiento informado aparece como la justificación misma de la legitimidad del acto médico, fundado en el derecho del paciente a su autonomía y su autodeterminación, cuya omisión puede originar la responsabilidad civil del galeno cuando se materializan los riesgos típicos sobre los cuales el paciente no ha sido informado; y el incumplimiento de la obligación de informar, en tanto y en cuanto está prescripta legalmente, forma parte de la "lex artis ad hoc" y trae aparejada responsabilidad aun cuando la prestación médica en sí misma se desarrolle correctamente.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: DI YORITO OSVALDO c/ MACIAS Y/U OTROS s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-22

En el supuesto de colisión de automotores no se neutralizan los riesgos que genera cada una de esas máquinas. Por tanto, al tratarse de una responsabilidad objetiva que encuadra en el supuesto del art.

1113, segundo párrafo, segundo supuesto, del Cód. Civil, a los efectos de la exoneración del deber de responder debió demostrarse la causa ajena: hecho de la víctima, de un tercero por el cual el dueño o guardián no deban responder por el "casus" genérico de los arts. 513 y 514 del Cód. Civil.
Cuestiones de competencia, falsificación de marca o designación, adulteración de medicamentos, consunción, competencia ordinaria, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: COTELA, ROQUE J. Y OTROS. s/ INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-23

La infracción a la Ley 22.362 queda contenida en la descripción del ilícito contenido en el art. 200 y siguientes del Código Penal.

Por tal razón no es competente la justicia federal y sí lo es la de instrucción de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intervenir en el hecho de adulteración de medicamentos y posterior comercialización con marca falsificada, en tanto ésta última figura queda contenida en la descripción de la primera.
Acumulación de procesos, competencia por conexidad
Materia: CIVIL
Carátula: ENGUELBERG DE PELANOSKY, Raquel c/ MERILFA René s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-20

La acumulación de procesos está dirigida a evitar el escándalo originado en sentencias contradictorias y por consecuencia requiere en forma inexorable que se dicte una sentencia única; lo cual implica necesariamente una unidad de criterio, dada la conexidad que media entre las cuestiones que han sido materia de los litigios.-
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, cómputo privilegiado de la privación de libertad, proceso penal, imputado, prisión preventiva, sentencia, cosa juzgada, leyes, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: R., O. E. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo simple, homicidio. Aplicación   del dos por uno - Ley 24390 (Expte. CSJ Nº 802-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

La ley 24390 no incluye la situación de los condenados por sentencia firme. Ello es así porque con su sanción se suplió el vacío legislativo existente en el Código Procesal Penal en relación a la procedencia de la libertad caucionada cuando el tiempo de detención en prisión preventiva hubiese superado sin razón justificante el plazo de dos años. Además, la circunstancia de que la ley 24390 haga alusión a la modificación del artículo 24 del Código Penal no desvirtúa dicha conclusión, ya que la referencia al código de fondo debe entenderse, como surge de su propio texto, en relación a los casos contemplados en ella (artículo 8), lo que equivale a decir que establece una forma especial de cómputos de la prisión preventiva para los supuestos en que resulte procedente la libertad caucionada, por la circunstancia de que el tiempo de detención ha dejado de ser "razonable", razón por la cual esa modificación al artículo 24 citado no puede tener incidencia alguna en la pena impuesta por sentencia firme. De lo contrario se vulneraría la cosa juzgada, de raigambre constitucional en la jurisprudencia de la Corte Nacional y uno de los pilares en que se funda la seguridad jurídica, la que debe respetarse salvo los supuestos en que no haya existido un auténtico y verdadero proceso judicial. Por ello cabe concluir que el adoptar dicho criterio excede el límite de las posibilidades interpretativas, otorgando a las normas una extensión incompatible con el principio de legalidad (artículo 18 de la Constitución Nacional) y ello más aún cuando el criterio compromete la administración de justicia al modificar el régimen relativo al cómputo de las penas. (Del Voto del Dr. Ulla al que adhiere la Mayoría).
Concurso real, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Germiniani, José Francisco s/ Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

Si bien se ha dicho que las reglas de los arts. 12 y 14 del C.P.P.

ley anterior a la 10507- sólo son aplicables cuando, por vía de las penas correspondientes a concursos materiales, no se desplace la competencia de la justicia correccional hacia la criminal, en el caso, dicha competencia ha sido ya desplazada por aplicación del art. 7 de la mencionada ley 10507, por lo que el supuesto debe regirse por los citados arts. 12 y 14 del C.P.P.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, incidentes, paralización del expediente, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja    Complementaria    de  Previsión  para  la  Actividad  Docente c/ Salta, Provincia de (Poder Ejecutivo) s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

El breve lapso para la caducidad del incidente de caducidad de instancia tiene por fin evitar la paralización del proceso con articulaciones que finalmente son inoficiosas, ya que el planteo es típicamente suspensivo del procedimiento y el término sólo se reactiva una vez resuelta definitivamente la acusación que lo motiva.
Recurso de casación penal, ley más favorable, proceso penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vázquez Sarmiento, Ezequiel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-27

La opción entre los diferentes ordenamientos procesales (Código de Procedimiento en Materia Penal o Código Procesal Penal de la Nación) es un derecho disponible del imputado. Es él quien debe señalar cual ha sido el perjuicio que le ocasiona la situación de que no se le haya dejado optar por uno u otro procedimiento y cuales han sido sus derechos y garantías afectados, por lo tanto, si el encausado no lo ha hecho, y en consecuencia, ha convalidado la actuación del juez y consentido los actos conforme la ley vigente, no es posible que, de oficio, se anulen los actos procesales que se realizaron a la luz del CPPN. (Dra. Ledesma en disidencia).
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Albani, Oreste Emilio c/ Alaniz, Ernesto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-28

La no presentación por parte del actor de la unidad siniestrada al perito ingeniero, implica su aceptación al así proceder, que las presunciones puedan reemplazar a la prueba pericial que oportunamente fuera ofrecida por ambas partes.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, interés legítimo, inconstitucionalidad, gravamen irreparable, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL. c/ LA CANTABRICA S.A.M.I.C. s/ DECLARACION  DE  INCONSTITUCIONALIDAD-  REQUISITOS- TASAS DE INTERES-  MORA- DEUDAS PREVISIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

El interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen. Para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, pues la invocación de agravios meramente conjeturales resulta inhábil para abrir la instancia extraordinaria.
Hurto, tentativa, bicicleta
Materia: PENAL
Carátula: C., D. s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-09

Corresponde decretar el procesamiento, en orden al delito de hurto de vehículo dejado en la vía pública, de quien sustrajo una bicicleta, que había sido dejada por su dueño apoyada sobre la puerta de un local comercial, habida cuenta que la misma constituye un medio de transporte a los efectos del art. 163 inc. 6° del C. P. y que el tipo objetivo no exige, para tenerlo por configurado, una ausencia absoluta de vigilancia, sino que se satisface cuando las circunstancias conllevan, para el propietario del vehículo, un menor grado de custodia.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, derechos en expectativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Parrilli, Rosa Elsa c/ G.C.B.A. s/ Daños y perjuicios (excepto resp. médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-23

Corresponde hacer lugar a los daños y perjuicios derivados de la demora en el comienzo efectivo de las funciones de la actora como jueza, en razón de la reducción de juzgados dispuesta por la Legislatura de la Ciudad, pues independientemente del ejercicio efectivo de las funciones, y si bien es cierto que la accionante pudo haber instado la consecución del juramento correspondiente tras su designación ficta, no lo es menos que, tras haber transcurrido exitosamente todas las etapas del concurso se creó en la reclamante una expectativa a futuro y un derecho subjetivo a percibir los beneficios salariales conforme el nuevo cargo para el que fue designada.
Acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, competencia por la materia, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: OSECAC c/ MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL s/ IMPUGNACION ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

Si en la especie se produjo una acción destinada a invalidar un acto administrativo en los términos de los arts.23 y 25 de la ley 19.547, sin desconocer la vinculación existente entre el encuadramiento sindical y el denominado "encuadramiento de obra social", dado que la competencia originaria de esta CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO se circunscribe a la revisión de las resoluciones del MT y SS que deciden controversias intersindicales de representación, al no encuadrar el supuesto en la enumeración descripta en el art.62 de la ley 23.551, el mismo debe encauzarse por la vía ordinaria prevista en los art.23 y 25 de la ley de Procedimiento Administrativo.
Daños y perjuicios, contrato de obra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ainstein, Luis c/ Deligdisch, Simón Julio y otra s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Habida cuenta que en la demanda se reclamó con pie en lo dispuesto por el art. 1638 del C. Civil, la "utilidad que pudiera obtenerse por el contrato" y que dicho convenio fue suscripto por "proyecto" y por "dirección" de la obra, esto es lo que constituye el "lucro cesante" o utilidad dejada de percibir por el desistimiento de los accionados, corresponde reducir en el cincuenta por ciento del importe fijado en la pericia, teniendo en cuenta para ello la actividad del actor que quedó liberada, pues juega aquí una clara "compensatio lucro cum damno".
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, excarcelación, prisión preventiva, robo de automotor
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Gundin, Jorge Omar s/ robo de automotor -causa nx 27.626-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

Si se ha tachado de inconstitucional el art. 38 del decreto-ley 6582/58 en el que se fundó la prisión preventiva, y se ha denegado la excarcelación porque la escala penal del delito allí definido la impide, resulta procedente estimar que el recurso extraordinario se dirige contra una decisión equiparable a definitiva.
Crédito laboral, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: PERTILE JOSE HUMBERTO c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ INDEMNIZACION - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-06-02

Si bien en el caso, existió una determinación médica a la demanda que asignó al actor por fractura de radio, impotencia funcional, una incapacidad del 24 % de la t.o., la que fue realizada por el Jefe de División de medicina laboral de la policía, y reconocida por e l departamento jurídico de la repartición la existencia del hecho, las lesiones y la relación causal con el servicio, y el proceso administrativo culminó con el archivo de las actuaciones, porque no se consideró probado el hecho,no existiendo en las actuaciones notificación alguna practicada al actor comunicándole su realestado de incapacidad, vinculación con el trabajo, etc. y tampoco la negativa de hacerse cargo de su incapacidad, ello lleva a la consideración de si se puede afirmar que ha existido determinación del daño anterior a la fecha de la demanda.

Al respecto aún cuando se pueda asignar el carácter de determinación del hecho anterior a la demanda, a las actuaciones referidas, la acción fue iniciada bajo la vigencia de la ley 23.643 que otorgó especial significación a la toma de conocimiento.

Es cierto que con anterioridad el daño ya estaba instalado en el actor pero él no conocía su dimensión y consecuencia o por lo menos no se ha demostrado lo contrario en el caso. Recién cuando inció la demanda aportando un certificado de su médico particular se está en condiciones de afirmar que ese daño se consolidó. Nada tiene que ver por tanto, la fecha del retiro que se produjo a posteriori.

La obligación de la demandada nació recién el 7/5/91 y ello es así porque se trata de un caso de secuela de accidente. El proceso evolutivo que tuvo origen en el accidente culminó con la toma de conocimiento por el actor que inició su demanda con una base en un certificado de su médico particular. Antes de ello no exitía obligación de la empleadora y dicha fecha está fuera de la que la ley ha fijado como de "corte" a fin de determinar las obligaciones consolidadadas.-
Escribanos públicos, suspensión de la matrícula, proceso penal, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Vigil, Constancio y otro s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

No resulta irrazonable, como principio general, la facultad otorgada por la ley 12.990 al organismo de control de la actividad de los escribanos para suspenderlos preventivamente en tanto se sustancie el proceso penal, siempre que no se advierta, por su excesiva duración, el desconocimiento sustancial de un derecho constitucional.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daños y perjuicios, agencia de turismo, acción de reintegro, asociaciones de consumidores, legitimación activa
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Acyma Asociación Civil c/ Julia Tours SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Procede confirmar la resolución que ordenó a la agencia de viajes accionada, el inmediato cese del cobro de "cargo de gestión", "tasa de administración", "cargo administrativo" u otro similar cuando el precio del producto o servicio se cancela mediante tarjeta de crédito. Ello por cuanto, en el caso, la controversia traída a examen judicial es apropiada por cuanto se persigue -en concreto- la determinación del derecho debatido entre las partes; esto es: la legitimidad del cobro de recargos efectuados por usuarios la agencia y, de no serlo, el correspondiente reintegro de lo abonado de manera indebida. Con este precepto, la controversia judicial se distingue de una disputa de carácter hipotético porque, si bien no fue presentado al inicio documentación que así induzca a demostrar algún perjuicio acaecido a un particular, los avisos publicitarios acompañados con el escrito inaugural son concluyentes que efectivamente la demandada incluía en el precio un recargo para ciertos supuestos. Ello fue luego confirmado en la pericial contable con la cual la accionante acreditó la conducta desplegada por la accionada. Por lo tanto, la pretensión de la asociación no resulta de carácter académico o abstracto, la que se concibe como definida y concreta por el supuesto daño a una multiplicidad de consumidores que pudieron haber abonado un sobreprecio ilegal a la luz de lo dispuesto en la LTC y, a su vez, concentrada en los efectos comunes (causa dañosa) y no en lo que cada individuo puede peticionar (Lorenzetti, Ricardo L., Justicia Colectiva, Rubinzal-Culzoni, 1° ed., Santa Fe, 2010, p. 105). Esto implica, en definitiva, la conformación de un conflicto entre justiciables sometido a ser solventado.
Compraventa, pacto comisorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HOLOVESKY ADOLFO Y OTRO c/ TARRAUBELLA Y OTRO s/ RES. CONTRATO Y COMPRAVENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

Se puede demandar la resolución sin necesidad del procedimiento extrajudicial de la segunda parte del art. 1204 del C. Civil.-
Interpretación de la ley, accidentes de trabajo, seguro por accidente de trabajo, responsabilidad civil, pago parcial
Materia: LABORAL
Carátula: VILLANUEVA, CARLOS J. c/ BROSIO Y CIA. SA s/ ACCIDENTE-9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-21

Conforme lo normado por el art. 6 de la ley 24028, el empleador puede sustituir total o parcialmente las obligaciones emergentes de la ley por un seguro constituido a favor del trabajador. Se trata de un seguro de responsabilidad civil que, a diferencia de lo normado por el art. 7 de la ley 9688, la cobertura que asume el asegurador puede ser total o parcial, motivo por el cual no existe obstáculo alguno para que la empleadora asegure hasta cierto límite los riesgos. Siendo así, el asegurador sólo responde en el límite de lo pactado con el empleador, en cuanto se refiere a las obligaciones asumidas y el tiempo fijado.

Lo que supere esos topes debe ser satisfecho por el empleador, que resulta condenado al pago de la totalidad.