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Recurso extraordinario federal, interpretación de normas y actos locales, tribunal de disciplina, Colegio Público de Abogados, prescripción, sentencia arbitraria, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: TARULLI PASCUAL DANIEL c/ COLEGIO DE ABOGADOS DE TUCUMAN s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-06

En el caso, las cuestiones implicadas guardan relación con normas de carácter local, que resultan ajenas al recurso extraordinario federal sin que, en el marco reducido de la vía intentada, prima facie, se advierta configurado el vicio de arbitrariedad, al no exhibirse fundamentos suficientes que autoricen a descalificar por tal motivo el fallo.

En efecto; la sentencia atacada explicitó claramente, que la resolución del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados no constituía un acto interlocutorio, sino un acto administrativo que ponía punto final de manera definitiva a una cuestión como la prescripción, absolutamente autónoma e independiente de la relativa a la existencia o no de faltas éticas, y sobre la que no ejercía la más mínima influencia, por lo que no resultaba aplicable, en la especie, el principio de la concentración de la revisión judicial en el acto administrativo sancionador, y devenía improcedente la postergación de la revisión judicial hasta esta última oportunidad.

Y sobre esta base, a renglón seguido, la Sala a quo exteriorizó la razón por la cual no constituía obstáculo a lo dicho, lo preceptuado en el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley Nro. 5233, admitiéndose la posibilidad de impugnación judicial respecto de situaciones en que estuvieran en juego actos asimilables a definitivos, y no cualquier acto o "resolución intermedia", como incorrectamente se lo insinúa en el escrito recursivo.

Del mismo modo, conviene hacer notar que, a diferencia de lo aseverado por el agraviado, en el artículo 72 del Código Procesal Administrativo solamente se hace alusión a "decisiones de índole administrativa", en coincidencia con lo preceptuado en el artículo 57, segunda parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nro. 6238.

Tampoco alcanza entidad para evidenciar la arbitrariedad que se invoca, la referencia a que la sentencia que rechaza la prescripción de la acción no es definitiva, habida cuenta que esto está referido a sentencias y en el marco de un recurso extraordinario, siendo indiscutible que en el caso de autos lo resuelto oportunamente por el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados con relación a la prescripción, cerró definitivamente el tema prescriptivo, y carecía de cualquier influencia sobre el tópico referido a la configuración o no de las faltas éticas imputadas, habiéndose verificado en el contexto de un procedimiento administrativo y mediante un acto de la misma naturaleza.
Acción de amparo, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M., C. A. y Otros s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-06

Ciertamente alguna vez la casuística podrá traer casos con apariencia de definitividad; mas no debe olvidarse que la Ley vigente otorga a la sentencia un valor de cosa juzgada formal al dejar subsistente el ejercicio de las acciones que pueden corresponder al accionado, con independencia del amparo. Téngase en cuenta que la irrecurribilidad nace como consecuencia de lo expresado pero también de la propia naturaleza del remedio intentado, breve y de pronta resolución.
Derecho comercial, defensa de la competencia, joint venture, abastecimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: VULCABRAS  SA  Y  OTRO s/ APEL RESOL COMISION NAC DEFENSA DE LACOMPET.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-14

Incumbe al interés de las casas matrices internacionales el control de sus licenciatarias y velar por el normal abastecimiento de sus productos en el mercado argentino. Las restricciones que se establecen serían en perjuicio de las matrices y no del mercado local, que ya se contaría con el abastecimiento de esas mismas marcas por intermedio de otros licenciatarios, cuestiones que no han sido objeto de exhaustiva prueba. En consecuencia, debe revocarse la resolución de la Secretaría de Comercio Interior nº 169/10 del 18.5.10 (expte. adm. nº S01:0225212/2008), art. 1º, punto a), en cuanto subordinó la autorización del contrato de joint venture a la modificación de la cláusula 8.5 (a), debiendo mantenerse la cláusula tal como fue inicialmente acordada por las partes.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pendenza, Fabiana A. c/ Maldonado, Pablo O. y otra s/ Daños y perjuicios Salvo Etchetto L. c/ Guzman D. s/ Cumplimiento de contrato. Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-15|2002-05-02

Cuando el objetivo del apelante es impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis, no basta con presentar la propia versión del quejoso sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el juzgador y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, palmario y fundamental, lo que no ocurre cuando la pieza del recurrente no es más que la exhibición de su personal interpretación de las circunstancias de la causa.
Querellante, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: DAGOTO, JORGE. s/ ASOCIACION ILICITA - QUERELLA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-07

Debe rechazarse el rol de querellante en el delito de asociación ilícita, pues en el caso no ha damnificado al recurrente directamente, pudiendo únicamente considerarse perjudicado, eventualmente, por los delitos independientes que los miembros de dicha agrupación hubieran cometido en su contra.
Retiro militar, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bidone, Guillermo Jaime c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa Nacional) s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-19

Debe confirmarse la sentencia que rechazó la demanda deducida por un teniente coronel retirado contra el Estado Nacional, tendiente a obtener el reintegro de los haberes adeudados por la aplicación de la ley 21.350 - modificada por la ley 22.480 y el decreto 236/83 pues la voluntaria aceptación del actor del descuento del 25% de sus haberes y, además, la opción que efectuó por los haberes en la sociedad estatal en que fue designado (CEAMSE) sin formular protesta alguna, implicó la manifestación voluntaria de hallarse comprendido en las leyes mencionadas, razón que impedía su posterior impugnación.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: GONELLA, Norma Noemí c/ Universidad Nacional de La Pampa s/ Rec. art. 32 Ley 24.521
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-06

Corresponde rechazar por inadmisible la demanda-recurso instaurada con fundamento en el art. 32, ley 24.521, a través de la cual se pretende dejar sin efecto la resolución dictada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa y obtener una indemnización por daños y perjuicios derivados de la obligación de seguridad que pesa sobre el empleador, por haber resultado víctima de un delito de derecho criminal, toda vez que en las acciones de daños y perjuicios, este tribunal únicamente tiene competencia de apelación de la sentencia del juez de primera instancia, y no la que le atribuye la recurrente por vía del art. 32, LES, para decidir por vía de este "recurso" la estimación o desestimación de la existencia y consecuencias de la obligación de seguridad que se dice haber infringido.
Competencia, competencia por la materia, competencia especial en lo civil y comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: BIGLIANI, DANILO JULIO c/ ASOCIACION  GREMIAL  DEL  PERSONAL  DE LOS HIPODROMOS DE BUENOS AIRES s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-28

La competencia se determina por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Discutiéndose en autos diferendos surgidos con motivo de un contrato de locación, según lo dispuesto en el art. 46, inc. b) del decreto ley 1.285/58 surte la competencia de los jueces especiales en lo Civil y Comercial de esta Capital, quedando desplazados los magistrados federales pues cabe dar a esta disposición el alcance de una expresa norma atributiva de competencia a un fuero especial, con específica y puntuales materias propias de su conocimiento; correspondiendo agregar que en esta ciudad los jueces son igualmente nacionales y su competencia está sujeta a la distribución que entre ellos haga el Congreso, a los efectos de la mejor administración de justicia.
Recurso de inconstitucionalidad, gravamen irreparable, medidas cautelares, sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FELIX ALMEIDA SA c/ RODRIGUEZ ORTIZ DE ROZAS, MIGUEL Y OTROS s/ JUICIO EJECUTIVO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 16-86 MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION c/ CARDINALLI, MARTINIANO s/ APREMIO     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ Expte  485-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-02-25|1992-09-16

No habiendo la recurrente justificado la irreparabilidad del gravamen que pudiera depararle lo decidido por el Tribunal a quo para que se torne inexcusable la vigencia de las excepciones que esta Corte tiene admitidas con relación a la ausencia de algún requisito de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad y no pudiendo inferirse tal circunstancia del memorial recursivo atento la deficiente fundamentación del mismo, la queja debe rechazarse En el caso, ausencia de definitividad de lo resuelto en torno a embargo sobre derechos y acciones.
Sociedades comerciales, absolución de posiciones, notificación, notificación en el domicilio, domicilio social, domicilio real
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Linares, Francisco s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1989-06-01

No es correcto interpretar las normas de los arts inc. "a" segunda parte y art. 190 segunda parte C.P.C. frente a la especie, en el sentido de requerir que la citación para absolver posiciones debe dirigirse al domicilio real del representante legal de la sociedad actora, tal como si se tratara de la hipótesis en que la parte procesal es una persona de existencia física. Por el contrario, en el sub-lite la hermenéutica de ambas normas debe adecuarse a la teoría de la personalidad jurídica independiente del ente societario (verdadera parte procesal en esta causa), de lo que se infiere que el vocablo "domicilio real" que utiliza el plexo normativo, debe equipararse a "sede social" cuando la parte absolvente reviste esa naturaleza jurídica, siempre y cuando la parte haya cumplido con su carga procesal, denunciarlo (art. 28 segunda parte C.P.C.)
Inadmisibilidad del recurso, recusación, derechos y garantías constitucionales, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Pastor de Bonafini, Hebe c/  s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

Es inadmisible el recurso de casación contra el rechazo de la recusación si recurrente no ha logrado demostrar la concreta afectación de las garantías constitucionales invocadas, a saber: juez imparcial, principio de legalidad, derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso y en la resolución cuestionada se consideró que la circunstancia invocada por el letrado para solicitar el apartamiento del magistrado carece de entidad para fundar suficientemente su pretensión y concluyó fundadamente que no se advertía la existencia de ninguna de las causales de apartamiento previstas en el ordenamiento de forma.La denuncia contra el magistrado -rechazada en tanto no revestía entidad y archivada- no determina que se aplique la causal de parcialidad prevista en el art. 55, inc. 8 CPPN.El rechazo de recusación no constituye sentencia definitiva, ni equiparable a tal.Corresponde adoptar un criterio restrictivo y de excepción por motivos serios respecto del apartamiento del magistrado designado en cada causa, a fin de preservar la garantía del juez natural.

Fuente del sumario: OFICIAL
Prueba, prueba pericial, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Portillo, Diego Sebastián s/ recurso de casación casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-16

La aducida imprecisión del peritaje no sólo se trata de una cuestión de hecho y prueba, sino que el análisis de la tipología de la norma en cuestión -art. 14, 2da. parte, ley 23.737- parte de la categoría conceptual de "tenencia"; y su incriminación se basa en reglas constantes de experiencia alejadas, en principio, de juicios cuantitativos. Es que el peligro para la salud pública aún cuando exigua la cantidad de substancia poseída, conserva sus cualidades y efectos para ser consumida por cualquier persona a cuyo poder de disposición llegue. Esa trascendencia a terceros torna relevante la tenencia en cuanto pone en riesgo la salud pública pese a que, como aquí sucede, la cannabis sativa poseída no excede de dos dosis umbrales en su cuantificación. La dubiedad que la defensa señala no es, entonces, definitoria, puesto que dos dosis umbrales vienen a descartar cualquier probable error que pudiera extraerse de resultar menor el compuesto activo de THC fijado por los expertos con andamiento en informes técnicos de la Organización Mundial de la Salud. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Recurso extraordinario de nulidad, apelación en subsidio
Materia: PENAL
Carátula: Cervera, Marcelo Daniel y otros s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-25

Si bien -en principio- resulta insuficiente el recurso extraordinario de nulidad interpuesto subsidiariamente al de inaplicabilidad de ley, en una interpretación amplia aquél podría tener andamiento, siempre y cuando contenga fundamentos propios y no promiscuos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: BORDIGNON, Orlando y otro s/ Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-06

No comparto el pronunciamiento absolutorio, puesto que contrariamente a lo que se infiere de la sentencia, la figura descripta por el art. 183 del C.P. no requiere el elemento "ánimo" o "intención" como por ejemplo lo exigen las figuras de los arts. 125, 82, 100, 130, entre otras del C.P.. Por otra parte el procesado ni en su relato judicial transcripto ni en ninguna otra de sus declaraciones que se le recibieron en esta causa, ensaya o pretende siquiera alegar la excusa que alude el señor Juez y en la que basa su resolución.-
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ahrtz, Ivo Alejandro c/ Milichio, Orestes s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

Si bien cabe tener un criterio elástico para admitir los gastos médicos, farmacológicos y de movilidad, debe actuarse con cautela y prudencia, pues, salvo las pequeñas erogaciones o la súbita y ocasional adquisición, el común de los gastos por atención médica o psicológica, e incluso las compras de farmacia, reciben en nuestros días los recibos o facturas correspondientes con detalle de obra social y pagos a cuenta del usuario del sistema.
Regulación de honorarios, doctrina de la arbitrariedad, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ Cano Javier Evaristo y Otra s/ II Cpo. Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-05-19

El recurso de inconstitucionalidad previsto en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275 no ha sido establecido para examinar el mérito de la decisión impugnada, porque mediante él se controla solo la legalidad del fallo, es decir, su validez como acto jurisdiccional.

Un fallo es inválido en términos de esta causal en casos extremos de arbitrariedad y ella se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación se asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable.

En el caso, la propia recurrente reconoce que la doctrina y la jurisprudencia no son pacíficas y que el fallo sigue una de las posiciones existentes, lo cual permite descartar la arbitrariedad.

El recurso de casación debe ser rechazado, teniendo en cuenta para ello que la distinción que hace el fallo recurrido entre honorarios regulados y no regulados es prácticamente unánime en la jurisprudencia.

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que: "Es doctrina de esta Corte que en materia de prescripción de honorarios debe distinguirse entre el derecho a cobrarlos, cuando ya han sido regulados, y el derecho a que se regulen, dado que mientras que en el primer supuesto se aplica la prescripción decenal, en el segundo rige la bienal (arts. 4023 y 4032 inc. 1, respectivamente, Cód. Civil; Fallos: 270:91; 314:1503; 319:2648 y sus citas)". (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Escotorin de Bosetto, Clorinda c. Caja de Prev. Social de Salta, 02/12/1999, LA LEY 2000-C, 232; Provincia de Formosa c. Estado Nacional, 05/11/1996, La Ley On line; etc.). En este mismo sentido se ha pronunciado esta Corte en fallo registrado en P.R.E. S.1ª. 2003-II-262 y S.1ª. 2009-III-569, de similar contenido fáctico y normativo que el presente.
Prueba, ocultamiento de las huellas del delito
Materia: PENAL
Carátula: Leonetti, Héctor Omar y otro s/ Fraude  a  la  Administración  Pública,  sustracción, ocultamiento y  destrucción de documento público. Administración  Pública,  sustracción, ocultamiento y  destrucción de documento público.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-03-24

La ocultación o destrucción de las pruebas con entidad delictual debe ser maliciosa, es decir, provocada con la finalidad de privar, ante una eventual investigación de cualquier carácter, a la autoridad de elementos de convicción para el evento investigado.
Asignaciones familiares, reintegro de asignaciones familiares, actualización monetaria, plazo, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ROMAN Y MARINONI S.A. c/ C.A.S.P.I. s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-30

La invalidez constitucional del plazo de 60 días para el reintegro de las asignaciones familiares que establece el art. 1, inc. b) de la ley 21.864, parte del supuesto de que el lapso durante el cual el precepto legal impide el ajuste por depreciación monetaria se caracteriza por la existencia de alta inflación, circunstancia de la cual deriva su irrazonabilidad. Ello así, en la medida que el reajuste por depreciación monetaria no importa un beneficio para el acreedor ni un perjuicio para el deudor, sino que sólo mantiene su valor económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda (cfr. C.S.J.N., sent. del 02/02/89, "Contreras Hnos. S.A. c/ C.A.S.P.I.").

En consecuencia corresponde disponer que las sumas debidas al recurrente en concepto de reintegro se actualicen desde que cada una fue debida hasta el momento de su efectivo pago o acreditación.
Ejecución hipotecaria, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: MENENDEZ, ALBA Y OTRO. c/ SUCESORES DE GIANOVICH, ANTONIO E. s/ EJECUCION HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-23

No pueden desconocerse las restricciones existentes en el mercado cambiario para adquirir divisas extranjeras, pero lo cierto es que esta situación fue prevista por las partes, se estableció una determinada solución contractual: se pactó que ante la existencia de inconvenientes, se pagaría la cantidad necesaria de pesos, para adquirir los dólares en determinados mercados cambiarios (cláusula primera).

Y a esto se circunscribe el agravio, el que deberá ser acogido, en cuanto asiste razón al recurrente: nada se ha sometido en este aspecto a consideración de la magistrada y, por lo demás, no se advierten -ni siquiera se han alegado- factores que determinen la procedencia de una revisión judicial sobre este punto, al menos, en la instancia en que se transita. (del voto de la Dra. Pamphile, en adhesión).
Beneficios previsionales, servicios simultáneos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orciuoli, Gilda c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09

A los efectos de liquidar el reajuste que corresponde por aplicación del art. 77 de la ley 8587, deben tenerse en cuenta exclusivamente los servicios simultáneos a aquellos con los que se obtuvo el beneficio jubilatorio, computándose en su integralidad sólo cuando hayan sido prestados contemporáneamente con los determinantes del beneficio previsional, y en proporción a los mínimos requeridos en el respectivo régimen.
Demanda, traslado, nulidad procesal, defectos del procedimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: QUINTANA, JOSE LUIS c/ FERNANDEZ LABATE Y ASOCIADOS  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

Si el oficial notificador no da cumplimiento a las formalidades dispuestas en los artículos 399 y 141 del Código Procesal, Civil y Comercial, entregando la notificación del traslado de demanda directamente al encargado del edificio, sin procurar antes su entrega directa al interesado, incurre en una violación de las formas substanciales del juicio (artículo 58 Ley Orgánica) por lo que corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de dicho acto.
Proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Autoservicio Mayorista La Loma S.A. c/ Autoservicio Mayorista Las Américas S.R.L. s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

Rechazar la acción por un error nimio en el nombre de la accionada, es ocultar la verdad jurídica objetiva, por un exceso ritual manifiesto, vulnerando la exigencia de un adecuado servicio de justicia, garantizado por el art. 18 de la Const. Nac. , y significa la consagración de un ritualismo huero. Las formalidades jurídicas deben estar al servicio y en función del derecho sustancial y no utilizadas en desmedro de éste. El juzgador debe determinar la verdad en sustancia por sobre excesos rituales.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Pinto, Simy Leslie c/ DEBA. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

Es inconcebible un conflicto de competencia entre un tribunal y su alzada.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, daño material
Materia: LABORAL
Carátula: IPPOLITI, ABEL ALBERTO c/ COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

No existe incapacidad total y absoluta sino parcial cuando el infortunio ha provocado una mengua o reducción de ingresos pero no la imposibilidad (concreta y potencial) de obtenerlos (En el caso, el trabajador accidentado cuenta con un título de nivel secundario ha realizado cursos especializados en energía nuclear y cursa estudios terciarios- por lo que la afección de su pierna no extingue la razonable posibilidad de desarrollar actividades que le reporten ingresos, teniendo en cuenta que el accidente no ha dejado secuelas psíquicas y considerando además, la incidencia atenuadora de su juventud ya que cuenta con 30 años de edad).