marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intangibilidad de la remuneración, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Goncevatt (11), Jorge Ernesto c/ Estado Provincial y C.J.P.E.R. s/ Acción de ejecución s/ ACCION DE EJECUCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-26

El planteo de inconstitucionalidad de las Leyes 8069 y 8654 por violar lo dispuesto por las leyes 23928 y 25561 y el Decreto 214/02 que consagran y mantienen el principio nominalista, es decir, que en ningún caso se admitirá la adecuación monetaria (indexación o valorismo), entiende el apelante que resulta inconstitucional cuando dispone la adecuación salarial vía intangibilidad. Y si bien estas disposiciones nacionales tienen mayor jerarquía que las leyes provinciales, no están por sobre el principio constitucional de intangibilidad, que trata de preservar aquella norma (8654).

Adecuar por intangibilidad no es indexar desde que el valor esperable ya está reconocido de antemano y constitucionalmente y lo que eventualmente arroje la operación matemática es precisamente el camino para respetarlo y no para descubrir el alcance de una prestación como sucede cuando se indexa una obligación. Por lo expuesto, debe rechazarse el recurso incoado y confirmarse el fallo en crisis.
Administración fraudulenta, cajero, violación al deber de cuidado
Materia: PENAL
Carátula: FLORIBAL, Carlos A. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-11

Incurrió en la hipótesis del art. 173, inc. 7°, C.P., la cajera de un supermercado que actuando en colusión con los "clientes" del comercio, no contabilizó el egreso de la mercadería tomada del salón de ventas; violando así el deber de cuidado que sobre fondos ajenos tenía a su cargo, en virtud del contrato laboral.
Conflicto de poderes, fallos del Superior Tribunal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Lagoria, Pedro Arturo c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de San José - Santa María s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-30

La acción de conflicto de poderes ha sido materia de numerosos precedentes de esta Corte de Justicia a través de sus distintas conformaciones, conceptualizando la pretensión prevista en el Art. 204 de la Constitución Provincial de conformidad a las disposiciones contenidas en el Art. 623 bis y siguientes de la Ley Nº 4702, incorporada al CPCC.

Según lo ha expresado esta Corte en numerosos fallos, existe conflicto de poderes no solo cuando la contienda se plantea entre el Poder Ejecutivo Municipal y el Cuerpo Deliberativo, sino también los producidos (cuando se produce) en el seno de este último, siempre que la existencia del diferendo sea irreversible en el ámbito que le es propio y que haga inclusive imposible el funcionamiento normal del Cuerpo (C. de J. Catamarca, en autos: "Albarracín Hugo c/ Concejo Deliberante de Valle Viejo y otros s/ Acción de Amparo", Expte. Nro. 96/92-23/06/92; publicado en "Derecho Municipal Argentino", Juan Brügge-Alfredo Mooney, 2& Edición actualizada, Pág.658).

Conforme a la doctrina legal sentada a partir de los autos citados, podemos afirmar que la acción de que se trata se tipifica cuando la controversia se suscita entre o en el seno de los órganos de Gobierno Municipal, afectando el normal funcionamiento del Municipio conforme a las previsiones constitucionales y legales, ya que entre tales prescripciones de superior jerarquía se encuentra precisamente la conformación del órgano deliberativo, tendiente a garantizar la forma representativa de gobierno en la jurisdicción municipal. (Art. 248, inc.2, y Art. 250 de la Constitución Provincial), sistema que además debe ser garantizado por las respectivas Cartas Orgánicas (Art. 247 de la CP).
Cheque, aviso de falta de pago
Materia: PENAL
Carátula: Liscovsky, Israel s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-20

El art. 302 inc. 1° del Código Penal nada dice acerca de que la interpelación al librador deba ser de una entidad psíquica tal que desplace en la materia el significado jurídico del domicilio como ámbito de localización personal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Bancos, responsabilidad del banco, cuenta corriente bancaria, endoso en procuración
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO MERCANTIL ARGENTINO SA c/ NAUM SURASKI s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-04

Los valores entregados al banco para su cobranza no le son transferidos en propiedad sino mediante un endoso en procuración y con la cláusula implícita "salvo encaje", de allí que la acreditación efectuada no significa atribución y reconocimiento de fondos.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, intereses, fallo plenario, cesantía, exoneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rotela, Yohana Antonela s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Rotela, Yohana Antonela  c/ GCBA s/ recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art. 464 y 465 cayt)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-22

La queja debe ser desestimada si el recurso de inconstitucionalidad defendido no cumple con el requisito de fundamentación suficiente, indispensable para habilitar formalmente la instancia ante estos estrados. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Litisconsorcio facultativo, representación procesal, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Colegio San Jorge c/ Dirección de Enseñanza Pública y otros s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-31

En el caso, la parte actora, integrada por dos personas, una física -presidente y representante legal de un colegio privado- y otra jurídica -colegio privado- decide, en consideración a la conexidad de las pretensiones, promover conjuntamente una demanda por daños y perjuicios, para lo cual se contrata la representación procesal de dos letrados, a los que el Tribunal les otorga participación como apoderados de la persona física. En relación a la representación de la persona jurídica uno de los letrados invoca su calidad de gestor, lo que no fue proveído por el Tribunal.

El A-quo, a pedido de la demandada y por expreso allanamiento de una de las personas integrantes de la parte actora -persona física- declara la nulidad de lo actuado a partir de la interposición de la demanda, en razón de haber vencido el plazo de los sesenta días sin que el gestor acredite la representación legal de la persona jurídica.

Dicha forma de resolver no tuvo en cuenta que en el caso se configuraba un verdadero litisconsorcio facultativo, porque si a la cuestión se la examina desde ese ángulo, otra será la conclusión a la que se arribe.

En efecto, la nulidad decretada resulta virtual, ya que no es comprensible que se anule todo un proceso y se afecte con ello a otro integrante del litisconsorcio respecto del cual ninguna objeción había que formular en cuanto a su capacidad procesal, cuando la independencia entre los integrantes de un litisconsorcio voluntario implica que los efectos de los actos de uno no pueden perjudicar al otro.

En ese sentido, el defecto imputable en la representación procesal de una de las personas que integraban el litis consorcio solo pudo producir la escisión del mismo, pero no la nulidad del proceso, toda vez que dicha escisión produce el cierre del proceso respecto de aquél que no subsanó la deficiencia o no cumplió con los presupuestos procesales, pero en modo alguno afecta la situación del otro integrante respecto del cual el trámite debió continuar.

Entonces, si la nulidad no podía declararse, de igual modo y por los mismos fundamentos el allanamiento formulado por uno los consortes ningún efecto podía producir respecto del otro que no se allanó o que no dispuso del objeto procesal en igual sentido.

En definitiva, tanto la Sentencia de Alzada como la Sentencia de Primera Instancia incurren en el vicio de arbitrariedad por la defectuosa calificación de los hechos, razón por la cual corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido, debiendo revocarse ambas sentencias y remitirse el expediente a Primera Instancia, a efectos de que el trámite del juicio continúe según su estado con el otro litisconsorte, respecto del cual y por los motivos señalados ninguna objeción procesal correspondía formular. (Del voto del Dr. Cáceres-Por la Mayoría)
Régimen penal cambiario, ley penal más benigna, ley penal en blanco, control de cambio
Materia: PENAL
Carátula: MARCOLLA S.A.C.I. s/ Régimen penal cambiario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-12

1-Con la incorporación a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normas éstas que consagran-ahora con rango constitucional-en sus arts.

9 y 15 (primer párrafo) respectivamente, la regla de la retroactividad de la ley penal más benigna, el art. 20 de la Ley Penal Cambiaria ha sido abrogado (tácitamente derogado).- 2-El dictado del Decr. 530/91, al derogar los preceptos reglamentarios de la Ley Penal Cambiaria, ha producido una mutación sustancial en las condiciones de punición, cuyo resultado se refleja en la desincriminación de conductas como las abarcadas por los tipos penales en "blanco" o "abiertos" (según doctrina) descriptos en los incs. e) y f) del art. 1 de la ley 19359 t.o. 1982.
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Padilla Juan Carlos s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La omisión de ciertos requisitos para que el propio deudor pida su quiebra, no obsta a la declaración de la misma. No obstante no procede si el deudor no está comprendido en el art.2 de la ley 24.522 y si no media cesación de pagos. Ambos extremos deben quedar acreditados, aún cuando en la apreciación de la prueba no se exija la misma certeza que cuando la ofrece el acreedor, pues debe presumirse que nadie se presenta pidiendo su propia quiebra si no se dan los motivos y recaudos que la tornen procedente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), preclusión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.E.S.Y.A. c/ MARIA LEGUIZAMON DE MARTINEZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-30

El tribunal esta imposibilitado de fallar sobre peticiones formuladas recién en la alzada pues carece de atribuciones para resolver sobre capítulo alguno que no ha sido propuesto en su momento a decisión del inferior.
Derechos personalísimos, derecho a la intimidad
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-03

Las opiniones en el sentido de que el "derecho a la intimidad" que prohíbe la mortificación arbitraria de otro en sus costumbres o sus sentimientos- reconoce raigambre constitucional, conforman un panorama dominante en la doctrina. Y así lo declararon, con voto unánime, las IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Mar del Plata (1983) "I.- La protección jurídica de la intimidad tiene sustento constitucional en el art. 19 de la Constitución Nacional
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Promenade S.R.L. c/ Municipalidad de San Isidro s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

La norma particular expresada por órgano competente, valorando datos objetivos, razonada en función de hechos y antecedentes similares y preparada potencialmente para ser aprovechada por otros en igual situación, no puede ser abrogada por ilegitimidad porque se oponga a la disposición general.Cuando así se ha decidido en interés de la comunidad y por el órgano que la representa -Concejo Deliberante- no procede la declaración de ilegitimidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Corretaje, corretaje inmobiliario, comisión del corredor, boleto de compraventa
Materia: COMERCIAL
Carátula: BULLRICH, JOSE RAMON  S.A. c/ REYNAL AYERZA, DIEGO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-11

La inclusión en el boleto de compraventa de una cláusula por la cual se reconoce la intervención de un intermediario determinado en la operación, constituye la exteriorización por escrito del reconocimiento del derecho al cobro de retribución, que contempla la doctrina del plenario "Brunetti, Carlos c/ Norte, C.".
Inconstitucionalidad, acción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mercado, Juan C. s/ Inconstitucionalidad de las resoluciones Nro. 9 y 10/93 resoluciones Nro. 9 y 10/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1993-12-02

Debe decretarse prima facie la inadmisibilidad de la acción de inconstitucionalidad cuando surge una evidente contradicción de conductas y procederes en el recurrente; puesto que la conducta del litigante que en un acto suyo realizado en la causa hace una afirmación o un reconocimiento, y luego sostiene lo contrario impugnando su primera y propia actitud, comete una acción éticamente reprobada y por consiguiente inválida, que el orden jurídico no puede tolerar.
Competencia contencioso administrativa, admisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO, HUGO RODOLFO c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISIDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-05

Presentado el Recurso Contencioso Administrativo, se juzga si se dará o no curso a la demanda deducida sin entrar al fondo del asunto, cuya providencia en caso de admitirse formalmente, determinara el tribunal una vez sustanciada la causa.
Tráfico de estupefacientes, auto de procesamiento, cocaína
Materia: PENAL
Carátula: D'ANGELO, PAULA VERÓNICA c/ PTA. INF. LEY 23.737 s/ incidente apel. auto proc. de D'ANGELO,
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-12

Corresponde confirmar el procesamiento de la encartada en orden al delito de transporte de estupefacientes, pues envió una encomienda que contenía casi un kilogramo de cocaína en la que figuraba como remitente, y si bien la imputada negó conocer el contenido del paquete, alegando que sólo hizo el envío de la encomienda por pedido de su cuñada, no resultan creíbles las justificaciones ensayadas.
Honorarios, insuficiencia del agravio, daño emergente, monto de la indemnización, intereses moratorios
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Gaitán, María Cecilia  c/ Castillo SACIFIA  s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-02-23

En cuanto a la factura por el pago de honorarios la recurrente se limitó a desconocer genéricamente la documentación sin precisar los alcances de su oposición, es decir que al contestar demanda, debió reconocer expresamente por sí o por no la autenticidad de dichos documentos; su silencio o las evasivas al respecto, tiene como consecuencia que serán tenidos por reconocidos o admitidos. También se agravia por la cuantificación del daño emergente señalando que existiría una doble actualización monetaria, crítica que resulta inaudible ello por cuanto se trata de la indemnización acordada de una obligación de valor la que en lo posible debe ser cuantificada con criterio de actualidad -art. 772 CCCN- lo que no implica que la demandada no adeude intereses por la mora -art. 718 cód. cit.- toda vez que aquel valor debió haber sido atendido en tiempo oportuno siendo la mora incurrida a cargo del deudor, para cuya cobertura deviene procedente el interés puro moratorio del 8% establecido en la sentencia puesta en crisis. Resulta desacertado entonces, hablar de actualización y menos que la misma fuera doble, sino que de lo que se trata es de establecer en dinero el valor que se adeuda fijándolo a la fecha de la resolución, con más los intereses puros moratorios devengados por el transcurso del tiempo.
Contienda negativa de competencia, juez de circuito, prescripción adquisitiva, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL Y OTROS c/ PAYA, RUBEN PERFECTO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

Corresponde dirimir el conflicto negativo de competencia en favor de la postura del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, en razón de que se trata de una demanda de prescripción adquisitiva, acción que -en el supuesto concreto de autos- se encuentra comprendida dentro de la competencia material y cuantitativa del Juzgado de Circuito; y no es obstáculo para así decidirlo, lo resuelto por este Tribunal en el antecedente "Anconetani", en virtud que la presente causa carece de las especialísimas particularidades valoradas en el precedente citado, que determinaron lo decidido de manera excepcional en esa oportunidad. - CITAS: CSJN: Fallos 313:971, 1467 y 1683; 315:951 y 1355; CSJStaFe: AyS T 184, p 333/338; Anconetani, AyS T 262, p 473; T 284, p 194; T 285, p 139.
Despido por fuerza mayor, fuerza mayor extraña al trabajo, servicios eléctricos, interrupción del servicio
Materia: LABORAL
Carátula: ROJAS, NESTOR c/ FRIGORIFICO MINGUILLOM  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-26

La dificultad en la explotación del establecimiento frigorífico de la demandada, originada en la deficiencia en el suministro de energía eléctrica, no constituye fuerza mayor, pues tal fenómeno crítico no trajo aparejada una real disminución del volumen o cantidad de mercaderías vendida. La deficiencia en la provisión de energía eléctrica no ha sido, lamentablemente, algo extraño en nuestro medio durante décadas, y desde tal perspectiva, no ha podido pasar razonablemente como un fenómeno de contingencia imprevisible para ningún sector aledaño a esta ciudad.
Juicio abreviado, reclusión accesoria por tiempo indeterminado, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lovera, Roberto Carlos s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-24

El tribunal "a quo" no se encontraba habilitado para imponer la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, sin que las partes hubieran podido expedirse acerca de su aplicabilidad. Si bien es cierto que al acordar el juicio abreviado las partes no se encuentran legitimadas para eludir una norma de carácter penal, como ser la accesoria por tiempo indeterminado, y que en definitiva, el tribunal conserva la facultad jurisdiccional de imponer pena, ello no importa privar al imputado de la posibilidad de oponer las defensas que estime corresponder. De lo contrario, no sólo se vulneraría el derecho que le asiste a la parte de oponer defensas respecto de la "cadena de reincidencias" que el a quo debió -en todo caso y de proceder la imposición de oficio- tener por acreditada, sino que además, se desnaturalizaría por completo el propio instituto del juicio abreviado, ya que no puede sostenerse -como pretendió el a quo- que "aceptada que fue la responsabilidad" por parte del imputado en el hecho objeto de condena mediante juicio abreviado, baste para imponer -sin más- la accesoria en cuestión.

(Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia; Dra. Berraz de Vidal, según su voto).
Reclamación de la filiación, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: R, C. I. c/ C., I. J. s/ Acciones de Filiación - Contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-03-08

Para considerar antijurídica la conducta del progenitor que no reconoce a su hijo, no es un obstáculo lo dispuesto por el art. 1066 del Código Civil, pues esa norma no puede convertir en lícitos actos que contraríen lo dispuesto por el derecho objetivo por la simple circunstancia de que no se haya dejado constancia expresa de la prohibición en el texto de la norma, desde que la veda de la realización del acto u omisión surge inequívocamente de los preceptos legales, tanto de derecho interno como internacional, que regulan el caso y que imponen al padre el deber de reconocer a su hijo.
Recurso de inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, indemnización por incapacidad, reparación integral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: RODA, DELFINO c/ CONSOLIDAR ART s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-27

A partir de la doctrina constitucional de "Aquino", la que fue consolidándose en los casos "Díaz" y "Arostegui" entre otros, ha quedado sentada una interpretación constitucional según la cual tratándose de infortunios laborales aprehendidos por la Ley de Riesgos del Trabajo dicho ordenamiento jurídico no puede válidamente sustentar una exigua reparación y menoscabar una pretensión que encuentra su justificación en la reparación integral -como la de autos-, pues ello importa desconocer -de acuerdo a lo dicho por la Corte federal- que "...el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos. Tal concepción materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia. No se trata, pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo. Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres ...".Lo expuesto, no impide desconocer las atribuciones consagradas al legislador nacional para fijar un régimen especial indemnizatorio en la materia; ello "per se" no menoscaba ningún orden constitucional, pues proponer lo contrario implicaría invadir la esfera de atribuciones conferidas a otro poder del Estado en cuanto al mérito y conveniencia de establecer este tipo de sistemas de reparación de daños que otorguen una cobertura asistencial rápida y expedita, disminuyendo la judicialización del conflicto y otorgando mayor previsibilidad del riesgo en los sectores involucrados. ( Del voto del Dr. Falistocco que hace mayoría).
Despido, modificación del sistema remunerativo, injuria laboral
Materia: PENAL
Carátula: López González, Dolores de Lourdes c/ Consolidar AFJP s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-04

El hecho de que la trabajadora haya consentido la instrumentación de una marcada disminución sistemática en sus ingresos a través de las comisiones percibidas, habida cuenta de las constantes variaciones introducidas en la constitución de sus salarios, permite inferir la existencia de perjuicios patrimoniales ciertos y concretos en su detrimento. En ejercicio de sus facultades de organización el empleador está legitimado para establecer una política de remuneraciones -con la reserva de la intangibilidad de los mínimos legales y convencionales- y el trabajador, al ingresar, normalmente se ajusta a esos parámetros. Una vez ejercida por el empleador esa facultad y perfeccionado el acuerdo de voluntades con la aceptación, no puede ser modificado unilateralmente, ni en forma bilateral, si el cambio constituye un perjuicio para el empleado.
Títulos ejecutivos, cuenta corriente bancaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA S.A. c/ MENDEZ, Jorge F. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-02-26

El certificado de saldo deudor es título ejecutivo suficiente por sí bastando justificar el cierre de la cuenta que va ínsito en la expedición del certificado y no requiere la previa conformidad del deudor para tener fuerza ejecutiva ya que la única formalidad exigida por la ley es que lleve la firma conjunta del gerente y del contador. (MINORIA U OPINION PERSONAL)