Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-14


SENT Nro. 126 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Cano, Mónica del Carmen vs. Chahla, María Emilia s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 243/248 vta. la parte actora plantea recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 31 de agosto de 2001, obrante a fs. 233/235 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 18 de setiembre de 2002 (cfr. fs. 267). Unicamente la parte demandada, según surge del informe actuarial de fs. 274, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del CPT.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario local realizado por la Cámara, la primera cuestión a examinar es justamente si el mismo ha sido correctamente concedido.

El recurso incoado ha sido interpuesto en término conforme surge de la notificación de fs. 240 vta. y del cargo inserto a fs. 248 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; es innecesario el cumplimiento del requisito del afianzamiento exigido por el artículo 133 del CPT por recurrir la parte actora; el escrito recursivo se basta a sí mismo y se invoca la infracción a normas de derecho. En consecuencia, el recurso en examen resulta admisible; voto porque así se declare.

III.- Sostiene la parte actora para fundar su recurso de casación que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, no ha observado los artículos 31, 32, 33, 34, 40, 271, 272, 273 (incisos 4º y 6º), 280, 308, 309 del CPCC, artículos 88, 61 y 91, segundo párrafo, del CPT, los artículos 8, 9, 231, 232, 233 y 242, segunda parte de la LCT, artículo 5 y 10 de la CCT nº 130/75, artículo 28 CP y artículos 17, 18, 19, 28 y 31 de la CN, incurriendo en el vicio de arbitrariedad y absurdo.

Afirma la recurrente que la sentencia atacada omite valorar en su integridad la prueba obrante a fs. 216, cambiando el sentido de las manifestaciones de la actora, cuando expresa que ésta "...reconoce como de su puño y letra el contrato que le es exhibido y que es de fecha 1-8-97, pero desconoce su contenido sosteniendo que lo firmó en blanco, reconoce la comunicación de vencimiento de contrato -su firma-", pues en rigor de verdad con relación a la comunicación de vencimiento de contrato de fecha 28-2-98, la actora "...reconoce como suya la firma y reitera lo dicho en la respuesta a la pregunta anterior, en cuanto a la firma en blanco, etc." Asimismo cuestiona la afirmación de la sentencia según la cual "La testimonial de fs. 166 sostiene que la actora ingresó antes que el testigo que según la pericial contable, el declarante ingresó el 1-12-96" para determinar la fecha de ingreso de la demandante, para luego sostener que ésta ingresó el 01-8-97 y, posteriormente, al actualizar la condena, toma como fecha de ingreso el 09-9-96. Vale decir incurre en auto contradicción.

Con relación al testimonio de Ariel Mena, dice que ingresó a trabajar en 1996, pero según pericial contable lo hizo recién en 1998, por lo que siendo tachado, el fallo hace lugar a la tacha.

Destaca que de la pericial contable de fs. 199/200, surge que la demandada posee un solo libro de remuneraciones donde se registran los empleados de todos los negocios y entre los empleados del mes de agosto de 1996, no se encuentra el testigo Ariel Mena.

De ello deduce que para llegar a la conclusión que el testigo ingresó recién en 1998, ha tenido en cuenta la hoja móvil de fs. 170, acompañada por la demandada al realizar la tacha del testigo, pero advierte que dicha hoja no integra la pericial contable, ni siquiera condice con las anotaciones del libro de remuneraciones obrante en caja fuerte, y menos aún con el formato de sus hojas. Consecuentemente, entiende que el fallo ha incurrido en error al apreciar la prueba y ha valorado absurdamente como informe pericial documentación acompañada extemporáneamente por la demandada, que no condice con la pericia ni con el libro de registro que obra en caja fuerte.

Igualmente se agravia porque de las facturas aportadas, cuya pericial caligráfica valora positivamente el decisorio, y de la testimonial rendida por la actora, surge que Cano fue "vendedora"; sin embargo, el fallo sin fundamento, concluye que se desempeñó como "maestranza", omitiendo abonar las diferencias de sueldo reclamadas en la demanda, entendiendo con ello conculcadas expresas normas adjetivas y sustantivas.

Destaca la omisión de la demandada de exhibir y presentar la totalidad de los talonarios de facturas correspondientes a enero 97 - marzo 98, por lo que la actora solicitó la aplicación del artículo 61 CPT y no ha considerado que de la pericial contable surge que la demandada sólo acompañó 12 talonarios del local Tranvía, sin que entre ellos exista correlación, omitiendo las facturas de Camila, donde normalmente trabajaba la actora.

También cuestiona la decisión sentencial de rechazar el preaviso, integración de mes de despido, el estado de embarazo y la indemnización del artículo 9 LNE, por entender que el preaviso fue otorgado y gozado. Estima que ello deriva de la errada apreciación del cuadro probatorio al que se aludiera precedentemente, en especial de la declaración de la actora de fs. 216 y de las testimoniales de fs. 167/168, por lo que ha renunciado a valorar las pruebas en su integridad, determinantes para el progreso de los rubros reclamados.

Por último, en razón de lo que antecede, pide modificación de la imposición de costas y efectúa reserva del caso federal.

III.- La sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, hace lugar parcialmente a la demanda en concepto de indemnización por antigüedad y la rechaza por los rubros indemnización por maternidad, falta de preaviso y su SAC, integración de mes de despido e indemnización artículo 9 LNE.

Sostiene que la actora alega trabajar como vendedora habiendo ingresado el 09-9-96, pero que recién fue registrada en libros laborales el 01-8-97, como personal de maestranza B y que la accionada reconoce el vínculo pero bajo la modalidad de contrato a plazo fijo y que el ingreso se produjo el 01-8-97.

Afirma que: 1) a fs. 216, la actora reconoce como de su puño y letra el contrato exhibido y que es de fecha 01-8-97, pero desconoce su contenido aduciendo que lo firmó en blanco, reconoce la comunicación del vencimiento del contrato- su firma; 2) a fs. 60 se ofrece como prueba una factura que es impugnada por la demandada y se hace lugar a la impugnación a fs. 62, teniéndola por no reconocida; 3) a fs. 128 son ofrecidas facturas de 1997 (obran en autos a fs. 8), que son detalladas por el perito calígrafo, afirmando que son de puño y letra de la actora, rechazando su impugnación por falta de fundamentos; 4) a fs. 93 del expediente administrativo, la actora denuncia su fecha de ingreso y manifiesta que el contrato a plazo fijo es nulo; la testimonial de fs. 166, sostiene que la actora ingresó antes que el testigo que según pericial contable ingresó recién el 01-12-96 y el testigo Ariel Mena ingresó en 1996, pero según pericial contable lo hizo recién en 1998, por lo que se hace lugar a la tacha; la testimonial de fs. 57, afirma que la actora trabajaba desde 1997, dando razón de sus dichos, por lo que se rechaza su tacha; 5) declara la ineficacia del contrato de plazo fijo de fs. 21, porque no cumple con los requisitos del artículo 90 LCT, declarando que el mismo es de tiempo indeterminado, conforme artículo 21 LCT y declara que el ingreso se produjo el 01-8-97; 6) en cuanto al embarazo, se acredita con certificado médico de fs. 8, pero según carta documento de fs. 13 vta. la actora fue notificada el 28 de febrero, por escrito (fs. 22), del vencimiento del contrato a plazo fijo y esa comunicación fue reconocida en forma expresa a fs. 6 vta. El certificado de embarazo es de fecha 26-3-98; la prueba testimonial no da cuenta que la actora efectivamente haya entregado el certificado y la carta documento que envía notificando el mismo es de fecha 02-4-98, es decir cuando el contrato ya se había extinguido, por lo que rechaza dicho rubro; 7) por tratarse de un despido incausado hace lugar al reclamo de indemnización por despido sin causa; 8) declara que la indemnización por preaviso no corresponde porque ha sido otorgado y gozado, por lo que tampoco corresponde indemnización por integración, ni la del artículo 9 LNE, ya que no se cumplió con la intimación en tiempo y forma del artículo 11 del referido cuerpo legal; 9) condena a otorgar certificación de servicios e impone costas por el orden causado; 10) actualiza condena tomando como fecha de ingreso el 09-9-96 y el cargo de maestranza B del CCT 130/75.

IV.- De la reseña realizada se infiere que la cuestión de derecho central a debatir, consiste en la determinación de la existencia de sentencia arbitraria y absurda por déficit en la valoración del cuadro probatorio.

Si bien es cierto que los agravios que se expresan en el recurso refieren a cuestiones que, en principio, son de hecho y valoración de pruebas lo que compete a los jueces de grado resolver y por lo tanto son ajenas a la instancia casatoria, se convierten en materia del recurso extraordinario local, en aquellos casos en que la ausencia de razonabilidad en la estimación de las probanzas o la omisión de valorar las mismas, produzcan como consecuencia una sentencia arbitraria.

En el presente caso, como acertadamente lo aprecia la recurrente, considero que se ha configurado un supuesto de arbitrariedad fáctica, originada en una deficiente valoración del cuadro probatorio, que descalifica el pronunciamiento.

En efecto; la consideración retaceada de las constancias que obran en el acta de reconocimiento de fs. 216, dando a los hechos una interpretación parcializada de la que surge de modo expreso del texto de dicha instrumental, implica lisa y llanamente prescindir de un medio probatorio, apartamiento esencial con relación al tema del presente litigio, lo que constituye una infracción formal configurativa del vicio de arbitrariedad.

De igual modo surge evidente la autocontradicción del pronunciamiento respecto de las fechas de ingreso de la actora al trabajo, ya que fácilmente se comprueban con la sola confrontación de los propios considerandos del fallo (por un lado declara que la fecha de ingreso es el 01-8-98, pero luego, al actualizar la condena, toma como fecha de ingreso el 09-9-96).

Asimismo, asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que a pesar de que en la demanda se reclama la categoría de vendedora, sin dar fundamentos la sentencia declara que se trata de personal de maestranza B, del CCT nº 130/75, omitiendo tratar las pruebas (facturas) que, eventualmente, abonarían la categoría peticionada.

Dentro de la doctrina de la arbitrariedad, esta Corte tiene establecido que constituye un supuesto de pronunciamiento que incurre en dicho vicio aquél en que la operación intelectual desarrollada en la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las pruebas o cuando se prescinde de pruebas esenciales, situación que es, precisamente, la invocada por la recurrente con aparente verosimilitud.

Las razones expresadas descalifican al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido por cuanto se ha omitido valorar, en la integridad de su contenido, una prueba pertinente ofrecida y producida en autos, por los litigantes.

Atento a la conclusión nulificante a que se arriba, con la consideración de estos agravios, estimo inoficioso el tratamiento de los restantes.

Por todo ello, voto para que se case la sentencia en recurso, conforme a la siguiente doctrina legal: "Configura un supuesto de sentencia arbitraria y, por ende, jurídicamente descalificable, la que se dicta sin considerar prueba pertinente para la solución del litigio, ni tomar en cuenta el contenido de algunas pruebas en su integridad, dando una perspectiva parcializada de las mismas o incurriendo en autocontradicción".

Es del caso resaltar que la conclusión a que se arriba es sin desmedro del juicio prudencial privativo del tribunal de mérito sobre si, en la especie, con arreglo a todas las probanzas producidas y procesalmente válidas, se ha configurado o no el supuesto fáctico mentado en la demanda. Por ello, debe remitirse este proceso a la referida Cámara a fin de que, por la Sala que resulte competente, dicte nuevo pronunciamiento.

IV.- Acorde al resultado arribado, corresponde imponer en esta instancia casatoria las costas por el orden causado.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 31 de agosto de 2001, obrante a fs. 233/235 de autos. En consecuencia CASAR la misma, dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos y remitir este proceso al referido tribunal para que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO