Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-05-18


Ushuaia, mayo 18 de 2005.

Considerando: 1.- Las presentes actuaciones muestran una compleja situación procesal en el que han intervenido el tribunal, la defensa y el propio imputado, que impulsa la intervención de este Estrado.

Según surge del acta obrante a fs. 924, P. G. A. relevó al Defensor ante este Estrado, doctor G. A. A., de interponer recurso de casación contra la sentencia condenatoria de fs. 903/922, toda vez que -según manifestó- un letrado particular asumiría su defensa técnica. Sin embargo, ello nunca aconteció, por lo que -a la postre- A. dedujo por derecho propio, en forma manuscrita y sin asistencia letrada, el recurso de casación glosado a fs. 931/934.

Por deficiencias técnicas evidentes (entre la que incluimos la presentación tardía del escrito ya que A. se hallaba detenido y el escrito arribó al tribunal a través de las autoridades policiales), a fs. 937/940 el Tribunal de Juicio declaró inadmisible la vía recursiva intentada.

2.- A nuestro juicio, el escrito de fs. 931/934 responde a la interposición del recurso de casación in pauperis -de acuerdo a la profusa doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Fallos 199:177; 286:290; 306:949 y sus citas- y, por tanto, debió ser tratado en esa especial condición.

Enseña Sagüés que, en algunas hipótesis, la Corte ha sido indulgente en cuanto al requerimiento de la fundamentación del recurso extraordinario (Néstor Pedro Sagüés, "Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario", t. 2, Astrea, 1992, p. 450). Por ejemplo, el autor cita la causa "Fernández, Jorge N" del 02.06.81 (publ. en LA LEY, 1982-A, 421), en que se declaró la nulidad del auto judicial que desestimó un recurso extraordinario federal interpuesto por el enjuiciado -que se hallaba privado cautelarmente de la libertad- sin firma letrada, carente de autosuficiencia y de copias, e interpuesto ante una sentencia no equiparable a definitiva. La Corte entendió que el escrito en cuestión importó un petitorio de ser asistido adecuadamente para interponer los recursos del caso, circunstancia que obligaba al tribunal del caso a proveer lo pertinente al respecto (Sagüés, "Derecho...", ps. 452/453). A manera de conclusión, Sagüés explica que, a la luz de esta doctrina, resulta de equidad y justicia apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de la ignorancia de las leyes por parte del acusado o por descuido del defensor (págs. 458/459). Dicho de otro modo, se trata de una drástica reducción de las exigencias de los presupuestos de admisibilidad de las formas y los requisitos de tiempo y lugar.

Este Estrado ya tuvo oportunidad de aplicar las reglas antes enunciadas. Así lo hizo en "T., E. M. s/ Recurso de apelación s/ Recurso de queja" -expte. nº 1368/00 SDO- y, hace poco tiempo, en "S., S. D. s/ Abuso sexual c/ acceso carnal agravado en grado de tentativa s/ Recurso de queja" -expte. nº 800/05 SR-.

3.- En un fallo reciente, la máxima instancia federal reiteró esta posición: "Corresponde declarar la nulidad de lo actuado a partir de la presentación del recurso de casación in forma pauperis, si más allá de la designación formal de un defensor oficial, no se han cumplido las exigencias de un auténtico patrocinio exigido por el art. 18 de la Constitución Nacional, y la actividad jurisdiccional no sólo se mostró indiferente a las falencias de la defensa, sino que contribuyó a agravar ese estado de indefensión al denegar los recursos de casación y extraordinario federal, con la invocación de deficiencias formales que no eran sino producto del estado de indefensión al que estaba sometido el imputado" (C.S., N.19.XXXIX. "Núñez, Ricardo Alberto s/ sus recursos de queja y casación y extraordinario" del 16.11.2004, Base de datos www.csjn.gov.ar, documento nº 52750).

La Corte ha señalado que "Los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley, y es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda" (C.S. "Núñez", www.csjn.gov.ar, documento 52747; similar criterio se fijó en Fallos 323:84 del 15.02.2000 y 321:2489 del 08.09.98, entre otros). Ello en absoluta consonancia con la opinión que la posibilidad de obtener un nuevo pronunciamiento judicial a través de los recursos procesales constituye una facultad del imputado (C.S. "Recurso de hecho deducido por la defensora oficial de David Daniel Dubra en la causa 'Dubra, David Daniel y otro s/ causa nº 348'" del 21.09.2004).

4.- En el sub lite, el trámite seguido por la causa denota un exceso forma que excluyó la posibilidad de revisión de la sentencia condenatoria obrante a fs. 903/922.

No se han seguido las reglas básicas que rigen las garantías de defensa en juicio y del debido proceso, toda vez que -en los hechos- P. G. A. quedó sin asistencia técnica y su voluntad de recurrir el fallo condenatorio fue desoída. Esta conclusión se encuentra plenamente confirmada por los reiterados pedido del enjuiciado para que el tribunal le asigne un defensor (fs. 944 y 947) y por el escrito que encabezó el expediente administrativo nº 16.704/04 SSA, en el que se dictó la resolución copiada a fs. 964/965 que originó el examen de estas actuaciones principales. Indudablemente, A. tuvo activa participación en este proceso que concluyó en su estado de indefensión (él instruyó al doctor A. para que no acudiera a la vía casatoria debido a que un letrado particular tomaría su defensa); mas ello pasa a un segundo plano ante la necesidad de proveerle una asistencia letrada adecuada.

La intervención de este Estrado resulta oportuna. Nótese que la decisión denegatoria del recurso de casación incoado a fs. 937/940 fue notificada al doctor A. y a A. (fs. 941vta. y 942, respectivamente), siendo que ese letrado ya había manifestado su voluntad de no casar el fallo condenatorio (acta de fs. 924). De este modo, en la práctica resultaba imposible que -a pesar de la voluntad manifestada por el imputado- el caso fuera elevado a conocimiento de este Estrado a través del recurso de queja reglado por el art. 439 y ss. del C.P.P. (no puede pretenderse que A. lo hiciese, una vez más, por derecho propio). También el cómputo de pena fue notificado al Defensor ante este Estrado (ver fs. 951 y 955vta.).

En definitiva, nos encontramos frente a una nulidad 'virtual' o 'implícita', es decir, aquélla que aún sin estar prevista en forma expresa, surge a partir del acto que se efectúa desatendiendo exigencias contenidas en las normas que regulan su realización y presenta situaciones de conflicto en el proceso que sólo pueden ser superadas mediante la declaración de nulidad, "...tales son los casos en los que se han violado prohibiciones explícitas o implícitas de las leyes procesales o de fondo, o contenidas en normas constitucionales, o no se cumplen exigencias estrictas contenidas en ellas, con evidente perjuicio para la regularidad del proceso y, por tanto, notoriamente demostrativos de la improcedencia del trámite" (Carlos Creus, "Invalidez de los actos procesales penales", Astrea, 1995, pág. 45 y ss.; también: Raúl Washington Abalos, "Derecho Procesal Penal", t. 2, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1993, p. 336).

5.- De acuerdo a las consideraciones brindadas, a la luz de los arts. 18 de la Constitución Nacional, 35 de la Constitución Provincial y 154 inc. 3º del C.P.P., corresponde declarar la nulidad del decreto de fs. 936 en cuanto dispuso pasar los autos a despacho para resolver sobre la admisibilidad del recurso de casación deducido por A. y de todos los actos consecutivos que de él derivaron (art. 159, primer párrafo, del C.P.P.): resolución de fs. 937/940, notificaciones de fs. 941vta./942, constancia del cómputo de pena de fs. 951, notificación de fs. 955, formación del legajo de ejecución dispuesta a fs. 961 y lo actuado en consecuencia.

6.- En cuando al trámite, corresponde remitir las actuaciones al Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur a fin de que dé intervención a la Defensoría ante este Estrado con el objeto que, en el término de diez (10) días, adecue y complemente la pretensión manifestada a fs. 931/934 por P. G. A. a las formas legales establecidas por los arts. 424 y ss. del C.P.P. para el recurso de casación. Análoga solución dispuso la Corte en Fallos 320:1824 del 21.08.97: "Dado que la falta de asistencia letrada en forma efectiva ha impedido al procesado fundar debidamente sus agravios, corresponde que se dé intervención al defensor oficial ante la Corte a fin de que se expida acerca de la apelación 'in forma pauperis'".

Esta remisión deviene obligatoria toda vez que, conforme el art. 431 del código de forma, la presentación del recurso debe efectuarse ante el tribunal de mérito, al que compete -también- el examen de admisibilidad del recurso y -eventualmente- la notificación de su concesión a las partes no recurrentes (vid. norma citada).

Por todo lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia resuelve: 1º.- Declarar la nulidad del decreto de fs. 936 en cuanto dispuso pasar los autos a despacho para resolver sobre la admisibilidad del recurso de casación deducido por A. y de todo los actos consecutivos que de él derivaron (conf. arts. 18 de la Constitución Nacional, 35 de la Constitución Provincial, 154 inc. 3º y 159 primer párrafo del C.P.P.). 2º.- Remitir las actuaciones al Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur a fin de que proceda de acuerdo a lo establecido en el consid. 6º de la presente. - María del Carmen Battaini. - Ricardo J. Klass. - Mario Arturo Robbio.