Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-22


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100159	SALA II Expediente Nº 35.174/2010	(Juzg. Nº 12) AUTOS: "MENDOZA, MARCOS C/ EXPRESO ALBERINO S.A. S/ DESPI-DO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	22-02-2012, re-unidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Conforme surge de los términos de la sentencia obrante a fs. 220/225, la Dra. Ana María Etchevers rechazó en lo principal la deman-da incoada por el Sr. Mendoza por considerar que, en la especie, el interesado no habría logrado acreditar, mediante los elementos de juicio aportados a la causa, que la renuncia al empleo cursada en fecha 13-05-2010 había sido producto de su volun-tad viciada (en el caso, amenaza del empleador). Por este motivo, desestimó el re-clamo indemnizatorio intentado y condenó a la accionada a pagar, únicamente, la li-quidación por cese.

Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora a tenor del memorial de agravios que luce a fs. 328/329, mereciendo réplica de la contraria a fs. 331/334.

II.	La parte actora finca su disenso en la conclusión de la Dra. Ana María Etchevers relativa al modo en que ponderó las constancias de au-tos. Sobre el particular refiere que el testigo Melgarejo no sólo dijo conocer las cir-cunstancias que rodearon la renuncia (amenazas de la empresa) por comentarios del actor, sino porque el testigo habría sufrido idéntica situación. Del mismo modo, afirma que el testigo Marcet conoció de las amenazas porque otro empleado de la empresa se lo habría mencionado. Mediante el segundo agravio, el apelante refuerza los argumentos por los que debería revocarse la sentencia de grado, efectuando una serie de afirmaciones vinculadas al modo en que debería interpretarse la conducta de las partes del presente proceso.

Adelanto que, a mi juicio, la crítica de la accionada no puede tener favorable acogida.

No soslayo que, en principio, resulta extraña la acti-tud del actor de renunciar a su empleo de 20 años de antigüedad. Sin embargo, esta lógica apreciación subjetiva sólo será jurídicamente relevante en la medida en que encuentre respaldo probatorio en las constancias de la causa o, al menos, una serie de indicios que conduzcan a generar el convencimiento del juzgador de la veracidad de los hechos invocados. Pero, además, el propio accionante destaco que los 21 años de servicios en la empresa generaron entre él y todos los integrantes de la familia Albe-rino (demandada), una estrecha y afectuosa relación (v. fs. 6), por lo que también re-sulta extraño que el actor, próximo a perder su empleo y su vivienda (cedida por la empresa) por ilícita imposición del presunto abogado de la empresa, no acudiera frente a tan apremiante e injusta situación a dialogar con algún miembro de la familia de la demandada o solicitar su mediación, limitándose a remitir la notificación reso-lutiva.

Pero más allá de estas cuestiones subjetivas, a mi modo de ver, y tal como lo sostuvo la magistrada que me precede, ninguna prueba ha aportado el actor que permita inferir la existencia de vicios en la voluntad que de-nunciara a los fines de invalidar su renuncia (art. 377 CPCCN), y ello resulta decisi-vo en el caso de autos no sólo por imperativo del principio general que rige en mate-ria probatoria, sino porque en principio (salvo los supuestos de los arts. 921, 922 y cctes. Del Código Civil) corresponde presumir que los actos jurídicos fueron ejecu-tados con discernimiento, intención y libertad.

El testimonio de Melgarejo (fs. 187/188), quien afir-mó seguir una causa laboral y otra penal contra la empresa, no me parece objetivo en tanto luce proclive a favorecer la pretensión del actor, forzando la interpretación de los hechos sobre los que se le preguntara (arts. 386 CPCCN y 90 LO). Así, por ejem-plo, afirmó ver cuando el jefe de personal, Sr. Juan Candoti, lo habría llevado al actor a la oficinal postal a renunciar. Sin embargo, ello le consta por comentarios del pro-pio actor, según afirmó seguidamente.

Y si bien es cierto que la víctima se encuentra ante una evidente dificultad probatoria cuando se trata de acreditar hechos de amenazas como los denunciados en autos, dado que por su carácter delictual quien lo lleva a ca-bo suele ampararse en el anonimato o evitar la presencia de terceros, resulta cuando menos dudoso suponer que el abogado de la empresa hubiera amenazado al trabaja-dor frente a dos comisarios, es decir, no sólo en presencia de testigos sino con la pre-sunta connivencia de la autoridad policial.

No soslayo que, en supuestos como el que se ventila en autos, el legislador otorgó al juzgador -mediante la norma de rito- la facultad de fundar sus decisiones apelando a presunciones no establecidas por ley siempre que estas se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gra-vedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de con-formidad con las reglas de la sana crítica (cfrme. art. 163 inc. 5) ap. 2). Sin embargo, tras efectuar una detenida lectura de los hechos y pruebas, así como del recurso bajo análisis, no encuentro indicios que me conduzcan a atribuirle la calidad de prueba a los dichos de los deponentes, ni advierto rendidos otros elementos de juicio que den cuenta de la existencia de vicios en la voluntad del actor al momento de remitir el te-legrama rescisorio.

Finalmente, y al sólo efecto de analizar la tesis del actor, señalo que frente a un hecho de tal gravedad como el denunciado en autos, la revocación de la renuncia notificada en fecha 14-05-2010 (v. fs. 20) y la consecuente "denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciere el trabajador" exigía la "expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato" que impone la norma, requisito insatisfecho en la especie. Adviértase que el trabajador se limitó a referir que se tornaría imposible la prosecución del vín-culo por la decisión de la empresa a obtener compulsivamente su renuncia por ame-nazas, sin explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la persona que habría proferido las mismas, pretendiendo subsanar esta omisión al promover la demanda, actitud que colisiona con lo dispuesto en el art. 243 de la L.C.T., por lo que los términos rupturitas que pretende validar no resultan autosuficientes.

En definitiva, advierto que la misiva cursada por el trabajador no cumple con el recaudo del art. 243 L.C.T., dado que la norma tiene en-tre sus fines que el destinatario pueda conocer con claridad los motivos en que se funda la ruptura del contrato, limitando asimismo, la posibilidad de modificar las causas del mismo ante la eventualidad de un pleito.

Y aún cuando no soslayo que la exigencia de esa ri-gidez formal cede cuando el denunciado tuviera conocimiento de la verdadera causal imputada (cfrme. arg. SCJBA "Matamala, Juan A. y otro c/ Cooperativa Eléctrica de Pehuajó" D.J.B.A. 138-867 del 14-11-89), dado que ese conocimiento es el objetivo propio de la norma, lo cierto es que, en la especie, la causa penal que se iniciara co-ntra el actor, fue deducida con posterioridad a la rescisión contractual, por lo que no cabe presumir que el accionado tenía cabal conocimiento de las imputaciones efec-tuadas.

Por ello, y frente a un hecho de tal gravedad como el denunciado en el presente, correspondía al actor acreditar, al menos indiciariamente (dada la evidente dificultad objetiva ya apuntada), la existencia de vicios en su volun-tad y, subsidiariamente, expresar con claridad las causales de retractación y extinción en su misiva del 14-05-2010 y nada de ello hizo, por lo que propicio se confirme el decisorio de grado en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio por parte del accionante.

III.	Por último, resta resolver la apelación de costas y honorarios deducida por la parte actora.

Con relación a la distribución de las costas del proceso que vienen apeladas por la parte actora, vencida, no encuentro fundamentos para apartarme de lo decidido en grado en atención a los mutuos vencimientos y las res-pectivas proporciones de éxito obtenidas por las partes (cfrme. art. 68 párr. 2 y 71 del CPCCN) en tanto propongo la confirmación del fallo en cuanto fuera materia de agravios. En consecuencia, sugiero que las costas del proceso se mantengan en el or-den en que fueron impuestas.

Respecto de la regulación de honorarios estimo que los emolumentos regulados a la representación letrada de la parte actora lucen reducidos por lo que sugiero se eleven a la suma de $10.000 (arts. 6, 7, 8, 9, 19, 39 y cctes. de la ley 21.839, 3 del dto.-ley 16.638/57 y 38 de la LO).

Las costas de alzada propongo imponerlas a cargo de la parte actora vencida (cfrme. art. 68 CPCCN), así como sugiero fijar los emolumentos de los letrados de la parte actora y de la parte demandada por sus trabajos en este tramo procesal en el 25% -respectivamente- de las sumas que deban percibir cada uno de ellos por los de primera instancia, teniendo en cuenta la importancia y exten-sión de las labores profesionales (art. 14 ley 21.839).

La Dra. Graciela A. González dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto precedente por análo-gos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 se-gunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el decisorio de grado en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio sobre el fondo del liti-gio; 2) Confirmar la distribución de costas del proceso y honorarios fijados en la instancia anterior, a excepción de los que corresponden a la representación le-trada de la parte actora que se elevan a la suma de $10.000, calculados a valores actuales; 3) Imponer las costas de Alzada a cargo de la parte actora atento al re-sultado del recurso; 4) Regular los emolumentos de la representación y patroci-nio letrado de la parte actora y de la demandada en el veinticinco por ciento (25%) respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda percibir por su des-empeño en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González Miguel Ángel Maza Juez de Cámara Juez de Cámara