Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-14


Salta, 14 de Marzo de 2011.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ARJONA, SARA; TOLABA, VICTOR ALEJANDRO; TOLABA, VALERIANO vs. CAYO, JOSE FERNANDO - DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO" - Expte Nº 247948/8 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 11º Nominación (Expte. N° CAM 313.397/10 de Sala II), y: CONSIDERANDO:

I.- La actora a fojas 258/263 interpone recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria en contra de la resolución de fojas 251/252 y su complementaria obrante a fojas 256.

Destaca que el pronunciamiento del Tribunal al igual que el emitido en primera instancia resultan arbitrarios desde que han sido dictados sin adoptarse medidas conducentes para descubrir o discernir la verdad material de los hechos y omitido atender los fundamentos esbozados por la parte afectada vulnerándose el derecho de defensa, afectándose el principio de congruencia y demás derechos y garantías constitucionales a su parte previstas en los arts. 13, 17 y 18 de la Constitución Provincial.

II.- Desde antaño nuestro más Alto tribunal Nacional, ha determinado que el objeto del recurso extraordinario no es conseguir la rectificación de supuestos agravios o injusticias que pudieren existir a juicio del recurrente, sino el mantenimiento de la supremacía constitucional y no puede a través del mismo abrirse una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que estimen equivocadas por divergencias del recurrente en la inteligencia de los hechos y de las normas comunes que rigen el caso (CSJN ED, 78:247; 71:520; 74:316, entre muchos otros).

En el mismo sentido la Corte de Justicia Local ha emitido distintos pronunciamientos (CJSalta Tomo 41: 1º 83; T. 43:1163; T. 42:1661; T. 144: 11/22; entre muchos otros).

Al Tribunal se corresponde efectuar el estudio de admisibilidad formal del recurso intentado; analizando el interpuesto, reúne los presupuestos formales que exigen las normas procesales en los términos del art. 297 y cc. del CPCC; ha sido deducido en el plazo de 5 días (ver fojas 266 y cargo de fojas 263 vta.); respecto un decisorio que no obstante no ser una sentencia definitiva pone fin al debate que se ventila, por lo cual tiene entidad de decisión de última instancia.

Asimismo, el Tribunal debe realizar un juicio de probabilidad sobre la lesión a los principios y garantías amparados por la constitución (CJSalta, año 1994, tomo 48, pg. 459 y 855); dado que los tribunales ordinarios de la causa no deben obrar de modo mecánico, sino que han de esclarecer si la hipótesis de arbitrariedad articulada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, estimada a través de una apreciación precariamente mínima y provisoria, no plena y definitiva, en forma análoga al indicio jurisdiccional en las medidas cautelares (CJSalta año 1987, L. 38 2º parte, pg. 555/561 y 1315/1319).

En el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, la misma se configura cuando el fallo ha sido dictado con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley, en la omisión de considerar pruebas fehacientes para la solución de la controversia, o en definitiva, en la carencia de fundamentación sustento en la sola voluntad o discrecionalismo del Juzgador (CSJN Fallos 193: 135; 235:654; 237:225; 242:252).

El pronunciamiento se autos no evidencia la existencia de algunos de los supuestos aludidos ut- supra, es un acto jurisdiccional válido donde, que a contrario de lo expresado por la parte, se ha valorado debidamente los hechos, las constancias de la causa y las normas aplicables; no resultando procedente el recurso si los argumentos del impugnante no demuestran la existencia de un caso constitucional y sólo revelan discrepancia con cuestiones de hecho y derecho común y procesal, cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa en tanto lo peticionado por el apelante constituye materia reservada a los jueces de la causa, que ha sido debidamente tratada y resuelta con suficiente fundamentación.

Por ello, y teniendo en cuenta que los recursos previstos en la legislación local y el extraordinario federal de la ley 48 son vías de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, se deniega la concesión del recurso de inconstitucionalidad planteado a fojas 258/263.

REGISTRESE, notifíquese y baje.