Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-14


SALA SEGUNDA Expte. Nº 4544 "CASTILLO, Miguel Ángel y otros c/ T.A. 20 de Junio S.A. - Apelación de Sentencia - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil catorce, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en fecha treinta y uno de julio de dos mil ocho, y su aclaratoria de fecha diecinueve de agosto de dos mil ocho, en autos Nº 7494 caratulados: "Castillo Miguel Ángel y otros c/T.A. 20 de Junio S.A. s/Apelación de Sentencia"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?------------ --- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:

--- La resolución impugnada admite en forma parcial la apelación de los recurrentes, en lo que respecta a la procedencia de la sanción conminatoria que establece el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Si bien en la alzada se hace prosperar este rubro -que fue rechazado en primera instancia-, la condena sólo se extiende hasta el 24 de junio de 2004, con fundamento en que hasta esa fecha las cuotas sindicales retenidas a los actores, permanecieron sin ser ingresadas al sindicato beneficiario de las mismas.------------------- --- Esta solución agravia a los recurrentes, quienes sostienen que existió además por parte de la patronal, omisión de ingresar a los organismos pertinentes, aportes y contribuciones que les fueran efectivamente retenidos de sus haberes, como correspondientes al sistema previsional y de seguridad social. Y pretenden la procedencia de la sanción conminatoria, hasta el momento del efectivo pago a dichos organismos, de la totalidad de lo retenido por los referidos conceptos.--- --- Atribuyen a la demandada la comisión de fraude, como mínimo en el ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes al mes de octubre de 2001, utilizando para ello el ardid de denunciar en las declaraciones juradas presentadas, cifras menores que las efectivamente retenidas a los trabajadores. Incurriendo así -por los saldos no ingresados- en la conducta sancionada por el artículo 132 bis de la LCT.----------- --- La impugnación se canaliza a través de los recursos de inconstitucionalidad y casación regulados por la ley 2275, encuadrándose el primero de ellos en el artículo 11, inc. 3° de dicha norma, atribuyéndose arbitrariedad al decisorio, por invertir la carga de la prueba en perjuicio del trabajador y por omitir considerar prueba documental y pericial decisiva para la solución del litigio.------------------------------------------------ --- Señalan que la Sala II del mismo fuero, en el expediente "Alvarez, Juan Carlos y otros c/ T.A. 20 de Junio - Apelación de Sentencia", con similar dictamen pericial, no sólo hizo lugar al rubro que aquí parcialmente es rechazado -con fundamento en el ingreso insuficiente de lo retenido como correspondiente a Octubre/2001-, sino que además ordenó el pase a la justicia del crimen, al advertir la posible comisión de delito.-------------- --- Culminan afirmando que la resolución cuestionada, al no haber meritado debidamente las constancias probatorias, ha sido dictada violando en perjuicio de su parte el derecho de defensa y el debido proceso. Dicen que el a quo se ha expedido sin adecuar su pronunciamiento a lo que exige la normativa vigente y la doctrina y jurisprudencia imperante.--------------------------------------- --- En lo que respecta al recurso de casación, se lo encuadra en los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275, al afirmarse por una parte la no aplicación -a favor de los actores- de los artículos 79 y 80 de la LCT; y por otra, la errónea interpretación del artículo 132 bis de la misma norma.---------------------------------- --- Previo a ingresar al análisis de la cuestión de fondo, corresponde advertir que en estos autos las únicas personas con legitimación para constituirse en recurrentes son los Sres. Miguel Ángel Castillo, Orlando Luis Olivares y Omar Armando Villavicencio. Vale la aclaración, porque pese a que también se lo presentó como tal al Sr. Segundo Roque Boronat, comparece luego su letrada apoderada manifestando que su inclusión en estas actuaciones lo fue por un error material.--------- --- Pasando al estudio de fondo, he de analizar ahora el agravio de los actores que efectivamente se constituyeron como recurrentes, referido a la forma en que fue resuelta la problemática relativa a la pretendida sanción conminatoria prevista en el artículo 132 bis de la LCT. Por las razones que he de exponer, adelanto mi opinión en el sentido de que corresponde admitir la queja traída.-------------------------------- --- Ello así, porque aún cuando el agravio se corresponde -en gran parte- con un cuestionamiento sobre valoración de la prueba, son valederos los argumentos dados por los actores para descalificar lo resuelto. En mi opinión, en el tema propuesto el a quo ha incurrido en arbitrariedad, mereciendo la cuestión -específicamente, la procedencia de la sanción del artículo 132 bis por el plazo solicitado por los actores- un nuevo análisis y decisión por parte de otro tribunal de mérito.---------- --- Es sabido que la sentencia debe contener los fundamentos y la aplicación de la ley (arts. 164 y 165 de la ley 7942, texto según ley 8037), respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. Sin tales recaudos la sentencia es nula (art. 33 inc. 4° del CPC), por violar el derecho de la defensa en juicio amparado por los artículos 18 de la Constitución Nacional y 33 de la Constitución Provincial.----------------- --- En el subjudice se verifica el principal vicio apuntado por la parte recurrente, esto es, que los señores magistrados que intervinieron, no trataron debidamente cuestiones que fueron propuestas por los actores al plantear los agravios, incurriendo así en arbitrariedad. Puntualmente, los agravios vinculados a la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el artículo 132 bis de la LCT, por la extensión temporal requerida por los accionantes. Ello, en función del fraude imputado a la patronal por el no ingreso de la totalidad de los aportes y contribuciones retenidos a los actores. Como mínimo, con relación a los correspondientes al mes de octubre de 2001.------------- --- El tribunal a quo sustenta su decisión respecto de la procedencia de la sanción conminatoria del artículo 132 bis de la LCT, en el sentido de admitirla sólo por el periodo que va desde el 18 de mayo de 2002 hasta el 24 de junio de 2004. Ello así, porque considera probado que la demandada retuvo a los actores los aportes por cuota sindical correspondientes al periodo diciembre de 2001 hasta abril de 2002, pero los ingresó tardíamente al sindicato beneficiario. Toma como fecha de cancelación de esta deuda, la informada por las partes en su escrito de fs. 159. Hasta acá, decisión razonable y adecuada a la prueba obrante en la causa y a la petición actora, en el sentido de que la sanción comienza a devengarse cumplido el plazo de treinta días por el que se intimó -sin resultado positivo- el ingreso de lo retenido al sindicato respectivo.----------------- --- En cambio, en relación a las sumas retenidas y parcialmente no ingresadas al sistema de seguridad social y previsional, y frente al agravio expuesto en la apelación de la actora en el sentido de que la extensión temporal de la sanción conminatoria lo sea hasta "la demostración del efectivo cumplimiento de lo adeudado", no parece razonable lo que el tribunal a quo argumenta sobre la pericia contable, medio de prueba que resulta común a los expedientes "Alvarez" y "Castillo", según se desprende de las constancias de los autos principales.- --- El juez de cámara preopinante -fs. 614 vta.-, reconoce que de la pericia surge "que se hacían aportes sobre la base de remuneraciones inferiores a las realmente abonadas". Previo admitir que si bien de dicha afirmación "se podría inferir que la demandada se quedaba con un porcentaje de lo descontado, termina no tomando en cuenta la prueba pericial, con el argumento de que "la referencia del perito es global (total de retribuciones), es decir, sin especificar si concretamente ello ocurrió con los descuentos realizados a los actores y por ende si los mismos están habilitados para el reclamo".--------------------------------------- --- Primero, corresponde decir que la aclaración que se formula en el voto a fs. 214 vta. en el sentido de que, aunque se lo podría inferir, no se ha acreditado que la demandada se quedaba con un porcentaje de lo descontado, resulta poco feliz y en todo caso, irrelevante.--------- --- Ello, porque estando probado que el dinero que ingresó a los organismos de la seguridad social fue una suma menor que la retenida a los obreros -eso sí surge de la pericia-, es irrelevante acreditar además que fue la demandada quien se lo quedó, pues de todas formas, ella resulta responsable frente al trabajador a quien le retuvo el aporte o la contribución. Y el no ingreso de lo retenido, sí configura la situación prevista en el artículo 132 bis de la LCT.----------------------------- --- En el contexto de las posiciones esbozadas por las partes, no encuentro razonable que el magistrado preopinante pretenda fundar la inexistencia de deuda de la demandada para con el sistema de seguridad social y previsional, en el informe de AFIP que expresa estar basado en las "declaraciones juradas" de la demandada. Ello, porque resulta obvio que de lo declarado por la demandada no puede surgir la existencia del fraude denunciado por la actora, sino en todo caso de la confrontación de tales declaraciones juradas, con las constancias de los recibos de haberes, de los libros de sueldos y jornales, y de las certificaciones de aportes y remuneraciones.--- --- Tampoco encuentro razonabilidad -como mínimo respecto de Olivares, mencionado específicamente en la pericia-, que se afirme que por ser global la referencia del perito a las sumas retenidas y/o ingresadas por la patronal al sistema de seguridad social, que no se pueda decir si existe o no habilitación para el reclamo.------ --- Ello así, porque entiendo que del entrecruzamiento y análisis del dictamen pericial, de los recibos de sueldo de cada uno de los actores, y de las constancias de la certificación de aportes y retribuciones de cada uno de los interesados, resultaría factible el determinar si la demandada incurrió respecto de cada uno de los actores, en la inconducta prevista por el artículo 132 bis de la LCT.---------------------------------------------------- --- Adviértase que la sentencia impugnada, condena también a la demandada "a que en la certificación de servicios se consigne la remuneración que consta en los recibos de sueldos que obran en la prueba demandada". Esta parte de la resolución ha quedado firme, en función del rechazo de la apelación de la demandada.------------ --- En consecuencia, no advierto que sea imposible individualizar respecto de cada uno de los actores -mediante un concienzudo y detallado estudio y valoración de los elementos de prueba obrantes en la causa-, si existió o no el fraude que se le atribuye a la patronal y que podría hacerla incurrir en la conducta disvaliosa que describe y sanciona el artículo 132 bis de la LCT. Es este análisis y estudio del mérito de los elementos probatorios que obran en el expediente, el que debe encarar el tribunal subrogante que le toque intervenir en la cuestión. Y también, en caso de que por ello correspondiera aplicar la sanción conminatoria reclamada, determinar su extensión temporal.------------ --- Así, el recurso en examen conduce a la revisión de lo actuado por el a quo en lo que hace a la ponderación y evaluación de la prueba, configurándose en mi opinión en este caso, el supuesto de excepción en el cual, al haberse omitido valorar prueba -o haberlo hecho caprichosamente- que resulta conducente a la resolución del caso, corresponde que este Tribunal declare la arbitrariedad de tal conducta.-------------------------- --- Soy de opinión entonces que se debe anular parcialmente la sentencia del a quo, requiriéndose el dictado de una nueva resolución, que se pronuncie -en relación al ingreso o no de los recursos destinados al sistema de la seguridad social y previsional retenidos a los actores-, sobre la procedencia o no de la sanción conminatoria que establece el artículo 132 bis de la LCT, con posterioridad al 24 de junio de 2004 y en su caso, sobre la extensión temporal de la misma.---------- --- Conforme la solución que propicio, de compartirse mi voto, no correspondería expedirse sobre el recurso de casación.----------------------------------------------- --- Por lo precedentemente expuesto, voto por acoger el recurso de inconstitucionalidad y anular la resolución impugnada en lo pertinente, debiendo remitirse la causa al tribunal que corresponda, para que dicte nuevo pronunciamiento. Con costas a la parte recurrida.------ --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:------------------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, anular la resolución recurrida y devolver la causa al tribunal de origen para que, previo conocimiento, la remita al que deba entender a fin de que dicte nuevo fallo con arreglo al presente.-------------------- --- II) No analizar el recurso de casación atento a lo resuelto en el de inconstitucionalidad.----------------- --- III) Imponer las costas a la parte recurrida.------- --- IV) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los autos principales.- --- Notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.

Ef-4544 E.B.T.

PRE S.2ª 2014-I-194.