marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuota sindical, libertad sindical
Materia: LABORAL
Carátula: MOULES, GABRIELA c/ SUTEP s/ AMPARO (Reg. 12.911)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

Existe una distinción entre los descuentos por cuota o cotización social y cuota de solidaridad, tomando en consideración el órgano que lo crea: la determinación de las cotizaciones a cargo de los afiliados del sindicato corresponde a la asamblea del ente sindical, mientras que las cuotas de solidaridad surgen de la voluntad colectiva (CCT), y es aplicable a todos los trabajadores amparados por la convención, aún a los no afiliados.

La cuota de solidaridad fijada en un convenio y aplicable a todos los trabajadores -incluso a aquellos que no están afiliados al sindicato- no parece en sí misma incompatible con el principio de libertad sindical, ya que concretar su programa de acción, toda entidad sindical ha de contar con recursos genuinos provenientes sobre todo del aporte de los afiliados y también de los trabajadores a los que representa aunque éstos no estén afiliados. (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dr. Ferro).
Competencia de la Corte Suprema, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Rearte, Adriana Sandra y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

En la tarea de esclarecer la interpretación de las normas federales la Corte no se encuentra limitada por los argumentos del apelante o del a quo sino que le incumbe efectuar una declaración sobre el punto en disputa de acuerdo con el alcance que rectamente les otorgue.
Prisión preventiva, prórroga del plazo
Materia: PENAL
Carátula: Páez, Leonardo Gastón s/ Hábeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-30

Resulta inválida la prórroga de la prisión preventiva decretada por el juez de garantías sin la indispensable petición cursada por el representante del Ministerio Público. (Minoría u opinión personal)
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SCRIGNA, FERNANDO; OMNI S.A. s/ Recurso de queja por  apelación denegada
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-04

La exigencia de indicar los motivos de la interposición del recurso que establece el Art. 438 del CPP, debe entenderse referida a la apropiada discriminación de las distintas providencias que pudieran estar contenidas en una misma resolución. Cuando esas providencias consisten en iniciar el proceso contra el apelante y embargarle sus bienes por considerarlo culpable de un delito, la discriminación se vuelve innecesaria y redundante.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Burgo, Marta y otros c/ Concejo Delib. de Guaminí s/ Conflicto art. 196 Const. prov. González, Dorfman, Ricardo W. y otros c/ Concejo Delib. de Morón s/ Conflicto art. 261 L.O.M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11|1997-11-11

Unicamente se hallan legitimados para promover conflictos municipales los departamentos deliberativo o ejecutivo, cuando se trata de una efectiva contienda acerca de sus respectivas competencias, o el Intendente o los Concejales que se encuentren en alguna de las situaciones descriptas por la Ley Orgánica de las Municipalidades como constitutivas de un conflicto interno municipal, a saber, haber sido suspendido o destituido, según el texto de esa normativa actualmente vigente -conf. la ley 11.024-.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jubilación por invalidez, otorgamiento del beneficio, capacidad residual, porcentaje de incapacidad, determinación de la incapacidad, reagravación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ARANDA CABRERA, Fortunato c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Corresponde otorgar el beneficio de jubilación por invalidez aunque el peticionante posea una capacidad residual que no le impide totalmente su actividad laboral, si de las constancias de autos se desprende la certeza de un inexorable agravamiento posterior (en el caso el C.M.F. determinó una incapacidad del 50 al 60%, aclarando que el peticionante podía continuar desempeñando tareas y que la minusvalía se incrementaría aceleradamente en el futuro cercano a no menos del 70% de la total laborativa). (Voto de la mayoría, argumento del Dr. Wassner. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).
Contratos, compraventa, automotores, círculo cerrado, entrega del bien, mora, responsabilidad de la concesionaria
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Pache, Pablo Martín c/ Plan Rombo SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-09

1. Entablada una demanda contra dos concesionarias y una administradora de planes de ahorro previo por el adjudicatario de un automóvil, con motivo del incumplimiento en la entrega del vehículo adjudicado por licitación, corresponderá admitir la demanda contra la sociedad administradora y una sola de las concesionarias. 2. No procederá extender la responsabilidad a la primera concesionaria, es decir, aquella que intervino en la solicitud de incorporación al plan y recibió los primeros pagos. Ello así, toda vez que posteriormente el actor se presentó ante una segunda concesionaria, a fin de aceptar la adjudicación y solicitar un cambio de unidad, pero esta concesionaria rechazó el pedido del actor por considerar que no cumplía los requisitos de solvencia necesarios para solicitar un cambio de plan. En ese marco, no puede predicarse respecto de la primera concesionaria ninguna culpa in eligendo por la que deba responder, en razón de su ajenidad al estadio del programa contractual. 3. Asimismo, resulta inaplicable fundamentar dicha responsabilidad en lo dispuesto por la LDC 40, pues éste precepto supone la presencia de un producto o servicio riesgoso o vicioso, y que el consumidor sufrió un daño por ese defecto, siendo precisamente tal hipótesis la que justifica extender la legitimación pasiva a todos los sujetos que de un modo u otro participaron en la creación del riesgo u obtuvieron ventajas del producto o servicio (conf. Picasso, S., La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema, LL 2008-C, pág. 562; CNCom, Sala D, voto del Dr. Heredia in re "Ruíz Martínez Esteban c/ Garbarino SA y otro s/ ordinario", del 22/3/18; entre muchos otros).
Recurso de queja (procesal), delegación de la investigación, resoluciones apelables, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MONZÓN, Javier Aníbal y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

La delegación de la instrucción en virtud del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación resulta inspeccionable por la alzada cuando el recurrente fundamenta su articulación en la pérdida de la facultad jurisdiccional para disponerla (*).

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de queja interpuesto por el fiscal.
Demanda, falta de contestación de la demanda, manifestación tácita, silencio
Materia: PROCESAL
Carátula: Francisco Montiel S.A.C.A.F.I. c/ Atahualpa S.R.L. s/ RECURSO DE CASACION EN SUBSIDIO DE INCONSTITUCIONALIDAD RECURSO DE CASACION EN SUBSIDIO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-04-07

Los hechos no negados no necesitan prueba y por ello es que el actor no está obligado a acreditar aquello que no ha sido desconocido cuando así resulta de la incontestación de la demanda.

El silencio opuesto a las afirmaciones de los hechos lícitos alegados hace presumir su veracidad siendo innecesaria la producción de la prueba ofrecida respecto de los mismos al no encontrarse controvertidos.- El valor del silencio tiene que ser uno sólo, involucrar todos los conceptos reclamados, sin distinciones. No es posible, pues, en esa circunstancia, requerir que se acrediten algunos extremos y otros no.
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, demolición de obra, costas en el orden causado en ambas instancias
Materia: CIVIL
Carátula: Ríos, Cristina Elizabeth. c/ Dinolfo, Vicenta y otros. s/ Interdicto.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-05-22

No obstante la existencia comprobada de la infracción, entiendo que no corresponde acceder al planteo en base a las siguientes consideraciones [...] se trata de una acción promovida por uno de los copropietarios y no por el consorcio o la mayoría de ellos, lo cual requiere la demostración concreta de un perjuicio con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 13.512.

Mas allá de la invocación a la violación del reglamento y de las normas invocadas, [...] no existe una demostración real de un perjuicio que habilite a uno de los consorcistas a solicitar la demolición de la obra, máxime si se advierte que la acción no ha sido promovida por el consorcio o la mayoría de ellos, sino solamente por uno de ellos.
Suspensión del juicio a prueba, declaración testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Vázquez, Alicia Mabel y otros c/  s/ estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-13

Resulta necesario que se escuche preferentemente y previamente a resolver la suspensión de juicio a prueba, a las víctimas, en todo caso, respecto de ofrecimiento de reparación del daño que se ha efectuado, sin que ello tenga incidencia respecto de la resolución que se adopte (voto del juez Huarte Petite).
Recurso de apelación (procesal), acción contencioso administrativa, medida cautelar innovativa
Materia: PROCESAL
Carátula: P., V. N. en representación de su hijo menor A.R.G. c/ Provincia de Salta y/o Escuela de Comercio Nº 5003 José Manuel Estrada s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-02-14

La admisibilidad de la demanda contencioso administrativa se halla supeditada al previo cumplimiento del requisito de agotamiento de la vía administrativa, previendo el ordenamiento provincial dos vías diferentes, conforme a la naturaleza de la pretensión, a saber, la recursiva de la Ley de Procedimientos Administrativos y la reclamativa.

Los recursos administrativos se encuentran dirigidos a obtener la revocación o modificación de decisiones individuales de la Administración (art. 172 de la L.P.A.), mientras que el reclamo administrativo previo persigue el reconocimiento de pretensiones que exceden la revocatoria, anulatoria o modificatoria.

La procedencia de la vía reclamativa o reparatoria no depende de la declaración de invalidez de acto administrativo alguno sino que define tan sólo la actitud de la Administración requerida por el pretensor de un derecho subjetivo o interés legítimo, originado en una relación preexistente. La verdadera finalidad de la instancia administrativa previa consiste en producir una etapa conciliatoria anterior al pleito, que otorgue a la Administración la posibilidad de enmendar un error, revisar el caso y promover el control de legitimidad de lo actuado.
Subasta judicial, base, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL
Carátula: Aranda, Héctor Eulogio y Otro c/ Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia s/ Demanda Laboral -Salarios Adeudados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-13

"Basta acreditar ser acreedor hipotecario para sustentar el pedido de aumento de la base de la subasta, sin ser menester que deba liquidar judicialmente el crédito ni incoar su ejecución".
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Eich Ricardo s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-04-01

El recurso de casación no ha sido creado para discutir en una nueva instancia ordinaria los hechos y las pruebas del proceso. Por su naturaleza y fines, es un remedio extraordinario mediante el cual se persigue la correcta aplicación de las leyes y sobre todo, la observancia de los principios constitucionales referidos al debido proceso y a la defensa en juicio.
In dubio pro reo, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivarola, Juan Antonio s/ abuso deshonesto - causa Nx 28.105.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

El estado de duda (art. 13 del Código de Procedimientos en Materia Penal) no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso.
Responsabilidad extracontractual, responsabilidad del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Relañez Passini, Miguel Angel c/ Consejo de Ingenieros s/ Recurso de inconstitucionalidad - Juicio ordinario - Indemnización de  daños materiales y morales (Expte.: C.S.J. Nro. 52 año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

No puede prosperar la crítica del recurrente fundada en una hipotética confusión por parte de la Sala de la responsabilidad del Consejo de Ingenieros con la responsabilidad del Estado, pues, lejos de incurrir en tal confusión, la Sala se limitó a ratificar el juicio del Juez en cuanto a que ambos supuestos guardaban similitud, verificando la concurrencia de cierta analogía que habilitaba a reafirmar la opción por el plazo establecido por el artículo 4037 del Código Civil para "la acción por responsabilidad civil extracontractual".
Recurso de apelación (procesal), competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Akerman, Sergio Daniel y otros c/ Flash S.R.L. y otro s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-11-25

Abierta la jurisdicción de segunda instancia en razón del recurso interpuesto por la parte vencida, vedarle a la apelada, al momento de contestar los agravios, la posibilidad de señalar aquellos aspectos de la sentencia que considera erróneos o insuficientes para reforzar los fundamentos de un decisorio que le ha sido favorable y, por supuesto, que los mismos sean tenidos en cuenta por el Tribunal al momento de resolver, equivaldría a cercenarle seriamente su derecho de defensa.
Recurso extraordinario federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, nulidad procesal, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Massaccesi, Edgar s/ incidente de nulidad de la elevación a juicio en la causa: denuncia  s/ presuntas irregularidades en el Banco de la Provincia de Río Negro  - causa n 979/92.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Debe dejarse sin efecto el pronunciamiento que confirmó el rechazo del planteo de nulidad articulado para que los integrantes de la Cámara en lo Penal de Viedma se apartaran del conocimiento de la causa principal, omitiendo aplicar la ley local 2865, toda vez que habida cuenta de que la ley tiende a salvaguardar los principios de imparcialidad e independencia en el proceso penal, el a quo debió buscar la forma de asegurar su vigencia integrando-con apoyo en los preceptos de ordenamiento adjetivo local sobre sustitución de magistrados-un nuevo tribunal a fin de resguardar la ecuánime administración de justicia (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López).
Defensa del consumidor, responsabilidad objetiva, hipermercado, playas de estacionamiento, hurto, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ricciuti Sergio Bruno c/ Hiper Libertad S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-04-17

Debe ser admitido el reclamo por daño emergente, por cuanto la demandada no ha acompañado las filmaciones que se encontraban en su poder, que hubieran podido esclarecer de manera contundente los sucesos denunciados y establecer los objetos sustraídos por los ladrones del automóvil estacionado en la playa de estacionamiento del hipermercado, y este defecto probatorio, como ya lo tiene dicho la Excma Corte en el fallo casatorio, conlleva a que las consecuencias adversas derivadas de la ausencia o insuficiencia probatoria, deben recaer sobre el proveedor de bienes y servicios (el demandado) al ser éste -en las concretas circunstancias de la causa-, el único en condiciones de aportar pruebas que hubieran corroborado (o descartado) de modo contundente los hechos denunciados. De allí que le incumbe una responsabilidad objetiva por ser proveedor conforme los lineamientos de Ley de Defensa del Consumidor (arts. 2 y 40 LDC).
Concursos, quiebra, sentencia, boleto de compraventa, local comercial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ ANGEL en J:"16495-Coviram Ltda- Quiebra" s/ Incidente de Revisión (LIBRO: A073 - 460)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-07-26

El art. 1185 bis del Código Civil no es de aplicación en casos de oponibilidad del boleto de compraventa de inmueble al concurso.

Siendo de aplicación el art. 150 de la ley 19551, es evidente que para que resulte procedente la escrituración, el inmueble debe estar destinado a vivienda. Ello tiene justificativo desde que refuerza el carácter tuitivo de un interés privado con proyecciones de interés social. Por tanto no es aplicable al caso de un local comercial.-
Astreintes, régimen de consolidación de deudas, inembargabilidad de fondos
Materia: CIVIL-ECONOMIA
Carátula: Suarez Vargas, María Rosa c/ Ministerio de Educación y Cultura - Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nº B- 77586/01 Amparo por mora. L.A. N 46, F 1359/1361, N 550 Cultura - Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nº B- 77586/01 Amparo por mora. L.A. N 46, F 1359/1361, N 550
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-12-02

Son inaplicables las leyes provinciales Nº 5300 y su modificatoria 5323 y especialmente la 5.320 a las sumas generadas en concepto de astreintes, otorgándoseles ejecutabilidad directa sobre los fondos del Estado Provincial. De diferirse su efectivización, se vulneraría lo que, principalmente, se persigue con la imposición de las astreintes que no es otra cosa que "fortalecer el imperium del Estado, que no puede aparecer ante la sociedad como impotente para lograr el cumplimiento de los mandatos judiciales".
Procesos de conocimiento, cobro de sumas de dinero, competencia, mandato comercial, jurisdicción
Materia: COMERCIAL
Carátula: SNIAFA SA c/ BANCO UBS A.G. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Del dictamen fiscal 91961:

Resulta improcedente oponer la excepción de incompetencia, en un proceso que tiene por objeto que se condene a la defendida a restituir al pretensor ciertas sumas de dinero que percibiera en Brasil, en concepto de precio de mercaderías que el accionante vendiera a empresas radicadas en ese país, habiendo encomendado el reclamante la cobranza a una entidad bancaria, quien designó corresponsal a la accionada. Ello pues, en tanto se trata en la especie de un caso que contiene elementos multinacionales, corresponde acudir a las normas interpretativas de fuente interna (CCIV art. 1209 y 1215), en defecto de tratados o de acuerdos de prórroga de la jurisdicción. De modo pues, que de conformidad con las citadas reglas, en la descripta hipótesis se ha configurado un mandato en virtud del cual el pretensor encomendó a la referida entidad financiera el cobro del precio de ciertas mercancías enajenadas a firmas con domicilio en el citado país. A su vez, el mandatario ha sustituído el mandato en la reclamada, la que al contestar la demanda, no negó lo antes expresado en una misiva, en el sentido de que actuó únicamente como banco corresponsal sujeto a los acuerdos que vinculan a dicho banco con el mandatario. Por tanto, y en la medida en que las reglas del CCIV art.1926  y 1927 determinan la existencia de acción directa del mandante contra el sustituto, existe un vínculo de naturaleza contractual que liga a las partes y que permite pasar al examen de la conexión del lugar del cumplimiento mentado en el CCIV art.1215
Sentencia arbitraria, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: FREE LANCE S.A. s/ Concurso preventivo - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-06-05

Las cuestiones referidas a honorarios en principio resultan ajenas al recurso de casación dada la naturaleza restrictiva y excepcional del mismo, salvo que el recurrente hubiera podido demostrar respecto del fallo que impugna una palmaria arbitrariedad como vicio explícito y concreto de la voluntad judicial así expresada, o una absurda aplicación o interpretación de las normas jurídicas vigentes para la materia en tratamiento.

Tratándose en el caso de un cuestionamiento a la valoración de las circunstancias de la causa en cuanto a la extensión y trascendencia de la labor profesional y su adecuación al orden legal, este Tribunal ha sostenido en forma pacífica y constante que por vía de alegación de arbitrariedad cometida en la sentencia y a efectos de provocar la apertura del recurso de casación, tal circunstancia no puede ser confundida o identificada con el error en que el Tribunal A Quo pudiera incurrir en la apreciación de la prueba o en la valoración de los hechos, ni con el prudente arbitrio que pueda ejercerse como facultad insita de la potestad jurisdiccional, en tanto que la arbitrariedad cuya enmienda por vía del recurso de casación la ley pretende, es la discordancia entre el contexto fáctico, lógico y jurídico sometido a decisión y ésta, resultante de un grosero y evidente apartamiento de esa realidad materia de la litis, de la interpretación y conclusión de la causa con violación sustancial de los principios lógicos-jurídicos que deben informar el común razonamiento judicial, o de la aplicación de normas o doctrinas jurídicas o legales ajenas, sino contrarias a la cuestión debatida, y siempre, y en todo caso, con la subyacente motivación no de dar satisfacción a la ley ni a la justicia, sino a la sua propria volunctate del juzgador.

En esa inteligencia, y circunscripta la presunta arbitrariedad del Tribunal de Alzada alegada por el recurrente a la decisión de reducir la regulación originaria de sus honorarios profesionales, por su intervención en una incidencia tramitada en el contexto de una medida cautelar, y conforme la doctrina legal expuesta, se puede concluir que ninguno de los supuestos constitutivos de arbitrariedad descriptos en ella parece viciar a la sentencia recurrida, la que resulta por el contrario, como el ejercicio regular del prudente arbitrio judicial, en la extensión y límites que le son permitidos por el orden jurídico, por lo que corresponde rechazar el recurso intentado confirmando la sentencia de grado.
Prueba, carga de la prueba, seguros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Roitman Abramovich Héctor c/ María Fernanda Cichiti de Caif s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S153 - 409)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-03-18

El pago de la prima por el asegurado es la principal obligación que pesa sobre él, correspondiéndole la carga de la prueba.

La falta de denuncia del siniestro, no es oponible en este juicio, en el que están vedadas las defensas posteriores al mismo.-