Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-22


Expte. nº 14811/17 "W. G. N s/ queja por recurso de inconstitucionaliad denegado en: W. G. N. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)" Buenos Aires, 22 de agosto de 2018 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe;

resulta:

1. Llega a consideración del Tribunal la queja interpuesta por W. G. N. -por derecho propio y en representación de su nieto menor de edad, S. C. O.- y W. R. T. (fs. 1/11 vuelta) contra la resolución de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que denegó su recurso de inconstitucionalidad (fs. 320/322 del expediente n° A58808-2003/0 al que referirán las citas en lo sucesivo, salvo expresa mención en contrario).

2. Las actuaciones se originaron con la acción de amparo que las señoras W. G. N. -por derecho propio y en representación de su hijo W. R. T., en ese momento menor de edad- y W. M. N. -por derecho propio- interpusieron contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, también: GCBA) con el objeto de que se le ordenara proveerles una solución habitacional definitiva y permanente (fs. 1/24 vuelta).

En cumplimiento de la intimación cursada por el juzgado de primera instancia (fs. 68), W. M. N. asumió en autos la representación de su hijo menor de edad S. C. O. -que se mencionaba en la demanda como parte integrante del grupo familiar actor- (fs. 107).

3. Posteriormente, la misma coactora desistió de la acción por sí (fs. 179) y por su hijo menor de edad (fs. 186).

El juez de primera instancia tuvo por desistida la acción respecto de W. M. N. (fs. 189, punto 1).

Notificada del desistimiento referido, la Asesoría Tutelar ante esa instancia expresó que ". [t]oda vez que las presentes actuaciones continúan únicamente respecto del Sr. W. R. T., quien ha alcanzado la mayoría de edad (ver. fs. 170) y la Sra. W. G. N., ha cesado de pleno derecho la intervención de la suscripta en los presentes actuados" (fs. 190).

4. El juez de primera instancia falló ". [h]aciendo lugar a la acción de amparo promovida por W. G. N. (.) y, en consecuencia, condenando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que provea a la amparista y a su hijo W. R. T. asistencia en materia habitacional." (fs. 211/218 vuelta; en particular, fs. 218 vuelta).

5. Disconforme, el GCBA apeló la decisión (fs. 225/239). Su expresión de agravios fue contestada por W. G. N. (fs. 241/247).

La Sala III hizo lugar al recurso del demandado y revocó la sentencia de grado (fs. 260/264). Los jueces tuvieron en consideración que W. G. N. y su hijo W. R. T. tenían 44 y 20 años respectivamente al momento del dictado del fallo; que residían en una casa de la Villa 20 de la Ciudad; que la coactora padecía diabetes y obtenía ingresos de su desempeño como empleada doméstica y de los programas Ciudadanía Porteña y de Atención a Familias en Situación de Calle. Concluyeron luego que los elementos del juicio no permitían tener por demostrado que el GCBA hubiese actuado con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas pues los padecimientos físicos alegados por la coactora W. G. N. no la incapacitaban para el trabajo.

6. Contra esa sentencia, W. G. N. -por derecho propio y en representación de su nieto menor de edad- y W. R. T. interpusieron recurso de inconstitucionalidad (fs. 281/306), el que fue contestado por el GCBA (fs. 309/313).	Allí sostuvieron que la decisión de la Cámara los afectaba en sus derechos a la vivienda, la salud y la dignidad y violentaba el principio de no regresividad; y expresaron que vulneraba los derechos al debido proceso, la tutela judicial efectiva y la defensa en juicio. Destacaron también que la situación que consideró el a quo al dictar sentencia fue modificada (acompañaron en ese sentido un nuevo informe socio-ambiental) y precisaron que el grupo familiar se veía compuesto en aquel momento por los ya referidos W. G. N., W. R. T., al que se había sumado S. C. O. -de 10 años de edad, hijo de W. M. N. (hija, a su vez, de W. G. N.)-.

7. La Cámara confirió vista de las actuaciones a la Asesoría Tutelar ante esa instancia (fs. 314) que, al satisfacerla, asumió la representación del niño S. C. O. (fs. 317/317 vuelta).

8. La denegatoria del remedio extraordinario local motivó la queja que está a consideración del Tribunal.

9. Requeridos sus dictámenes, la Asesora General Tutelar propuso admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, mientras que el Fiscal General Adjunto propició el rechazo de la presentación directa (fs. 19/24 vuelta y fs. 28/30 de la queja, respectivamente).

Fundamentos:

Los jueces Luis Francisco Lozano y Ana María Conde dijeron:

1. Corresponde rechazar la queja deducida a fs. 1/11 vuelta pues la decisión contra la que fue dirigido el recurso de inconstitucionalidad que vino a sostener se asentó en la apreciación de los hechos de la causa -que los accionantes tiene 44 y 20 años de edad y que ". los padecimientos físicos que alega no la incapacitan para trabajar, por lo que (.) la Sra. W. G. N. y su hijo, W. R. T. no pueden ser considerados dentro del umbral necesario para acceder a la asistencia social pretendida en el caso" (fs. 263 vuelta de las actuaciones principales)- y en la interpretación del derecho infraconstitucional que el a quo entendió aplicable, sin que los recurrentes muestren que estas consideraciones estén teñidas de arbitrariedad.

Ello priva de relación directa a las cláusulas de jerarquía constitucional invocadas (arts. 10, 11, 12, 17, 20 y 31 CCBA, 14 bis, 16, 31, 33, 43, 75 inc. 22 CN, 11 PIDESC, 25 DUDH, XI DADyDH) así como el afirmado desconocimiento de la doctrina sentada por la CSJN en el caso "Q. C., S. Y c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo" (Fallos 335:452) con lo resuelto; al tiempo que el recurrente no muestra que la solución no sea una posible de cara a los lineamientos, que no ataca, trazados por este Tribunal en la causa "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expediente nº 9205/12, sentencia del 21 de marzo de 2014.

2. Finalmente, los actores alegan que la decisión de la Cámara resulta insuficiente en atención a que la conformación del grupo familiar ha variado y tienen a su cargo a un niño menor de edad, nieto de uno de ellos. Dicho planteo no fue propuesto a la Cámara sino que fue traído por vez primera con el recurso de inconstitucionalidad (ver fs. 281/306 y documental acompañada a fs. 271/280). Esa circunstancia impide su abordaje puesto que implicaría que el Tribunal lo tratase en instancia originaria. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que las decisiones en esta especie de procesos sólo causan estado con relación a aquellas cuestiones que se mantienen inalteradas, pero, existen cuestiones que no quedan resueltas de un modo definitivo allí, como por ejemplo, la situación de vulnerabilidad social constatada, de cuya subsistencia depende el mantenimiento de la condena (cf. el voto que suscribimos in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. nº 9205/12, sentencia del 21 de marzo de 2014; ver, en particular, el punto 16 de ese voto).

Por ello, votamos por rechazar la queja a estudio.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. En mi concepto, la queja deducida por los coactores W. G. N. y W. R. T. debe ser rechazada, pues el recurrente no ha logrado acreditar la configuración de un caso constitucional en los términos del art. 113, inc. 3 de la CCABA.

2. En autos se pretende mantener ante este Estrado un grupo de agravios dirigidos a descalificar el decisorio en cuanto concluyó que no se configura un efectivo incumplimiento de obligaciones exigibles a la demandada.

En este sentido, vale recordar que los jueces de la causa destacaron que ". los actores W. G. N. de 44 años y su hijo W. R. T. de 20 años residían en una casa de la villa 20 de esta Ciudad. En relación con su estado de salud, resulta que [W. G. N.] sufre de diabetes por lo que toma una pastilla diaria (.) Con respecto a W. R. T., del informe surge que gozaba de buena salud. En lo que respecta a su situación económica sus ingresos se componen de lo obtenido mediante los trabajos de limpieza realizados en casas de familia (.); lo percibido por el programa 'Ciudadanía Porteña' (.) y de lo recibido por el Programa de Atención a Familias en Situación de calle" (del voto del Dr. Centanaro a fs. 263 vta. de los autos principales).

En lo que a estos planteos respecta, entiendo que no permiten habilitar la instancia recursiva intentada. Ello es así pues, más allá de sostener una posición discrepante con las conclusiones a las que arribara la Cámara CAyT sobre la situación de los accionantes, no logran demostrar que el modo en que el tribunal a quo interpretó las normas legales aplicables (vgr. la ley n° 4036), a partir de la ponderación de los informes agregados a la causa y las circunstancias que consideró relevantes para fundar su decisión -en ejercicio de potestades que por regla le resultan privativas-, constituya un desacierto de gravedad extrema a causa del cual aquel decisorio no pueda adquirir validez jurisdiccional.

En este punto es menester recordar que la doctrina de la arbitrariedad de sentencia -invocada por la recurrente como eje central de su argumentación- no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que sólo atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impidan considerar al pronunciamiento como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (doctrina de Fallos: 294:376; 308:2351, 2456; 311:786; 312:246, 389, 608 y 323:2196, entre muchos otros; aplicable mutatis mutandis al recurso de inconstitucionalidad local).

3. Se advierte así que la invocada vulneración del derecho a la vivienda de la parte actora deviene genérica e infundada.

Es que, por un lado, tal como se señalara en el punto precedente, no se ha logrado demostrar el desacierto extremo de la conclusión a la que arribaran los jueces de la causa en punto a que la parte actora no se encontraría dentro de un grupo prioritario para reconocer su derecho al mantenimiento del subsidio habitacional de marras [cf. reglas contenidas en la Constitución nacional y de la Ciudad y aquellas establecidas por el Legislador local; en consonancia con la doctrina sentada en el precedente "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 6754/09, sentencia del 12/05/2010].

Por su parte, si bien la recurrente cita en apoyo de su postura la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo", sentencia del 24 de abril de 2012 -Fallos: 335:452-, lo cierto es que tampoco ha desarrollado fundamentación alguna para equiparar el supuesto de hecho de aquel caso con el que se plantea en el sub lite. En efecto, no resulta ocioso recordar que allí la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que las normas nacionales y locales que reconocen el derecho a una vivienda digna a) tienen un alcance peculiar en tanto "no consagran una operatividad directa, en el sentido de que, en principio, todos los ciudadanos puedan solicitar la provisión de una vivienda por la vía judicial" y b) exigen su implementación por parte de los poderes legislativos o ejecutivos locales en tanto existe la necesidad de valorar de modo general otros derechos, así como los recursos necesarios (cf. cons. 11º del fallo citado).

Sólo en aquellos casos particulares en los que se encontraba involucrada una persona con discapacidad en una situación de extrema vulnerabilidad social en los que se entendió que ambas circunstancias derivaban en una amenaza de entidad para la persona, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado local arbitrar mecanismos para asistir a la actora en la solución de las causas de su problemática habitacional (conf. sentencia dictada en el invocado precedente "Q. C., S. Y.", y también la aplicada en el expediente madre "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa 'A. R., E. M. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si amparo', del día 11 de diciembre de 2012 -Registro del Alto tribunal A.294.XLVII- y en causas acumuladas como: F.59.XLVI1 'Flores, Rosa Liliana c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; G.28.XLVI1. 'G., R. N. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros si amparo'; N.69.XLVI1. 'Nicoli, Juan Carlos c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si amparo'", entre otros).

En los demás supuestos, el máximo tribunal federal desestimó los recursos extraordinarios interpuestos por los accionantes, quedando firme para aquellos casos la doctrina del precedente "Alba Quintana" a ellos aplicada por este Estrado por la cual se desestimaron pretensiones que perseguían el reconocimiento de un derecho irrestricto al acceso a subsidios habitacionales (conf. sentencia dictada en el expediente madre "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa 'A.P., L. V. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ amparo', del día 11 de diciembre de 2012 -Registro del Alto tribunal A.662.XLVII- y aplicada a 46 actuaciones, entre las cuales pueden citarse las causas: A. 738. XLVI. 'Alba Quintana, Pablo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ recurso de inconstitucionalidad concedido'; A.808.XLVII. 'A., L. A. y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros procesos incidentales'; A.809.XLVII. 'A., L. A. Y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ recurso de inconstitucionalidad'; A.867.XLVI. 'A., G. S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; B.881.XLVII. 'Balduvino, Carlos Alberto c/ GCBA s/ amparo'; D.127.XLVII. 'Del Valle Tapia, Arnaldo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; F. 60. XLVII. 'Fano, Marcelo Daniel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; F.305.XLVII. 'Francia, Maria Isabel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; G.192.XLVII. 'G., V. A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; G.416.XLVII. 'Gómez Da Silva, Clara y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo'; entre muchos otros).

En suma, considero que las alegaciones realizadas por la parte actora a este respecto resultan sumamente lábiles toda vez que no se han hecho cargo fundadamente de la doctrina -honestamente leída- que emana del precedente del Alto tribunal federal ni, en consecuencia, de demostrar que, a la luz de lo allí dispuesto, lo resuelto en autos resulte palmariamente irrazonable.

4. Por lo demás, me permito añadir que lo decidido por los magistrados de la causa en autos no importa abandonar de ahora en más a la parte actora a su suerte sino tan solo respetar, en las circunstancias valoradas por los jueces de mérito, el diseño de las políticas públicas efectuado por los poderes de gobierno que han tenido en cuenta la disponibilidad de los bienes materiales -que, por definición, en tanto económicos, resultan escasos-. En caso de variar sustancialmente la situación de hecho de los amparistas, a partir de la circunstancia novedosa que informó al interponer el recurso de inconstitucionalidad (v. fs. 281/306 de los autos principales), nada obstará a que recurra a la Administración en busca de la tutela que entienda le asista conforme al régimen jurídico vigente.

Es que, aun cuando la Argentina ha adscripto a un modelo de Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, no puede desconocerse que dar satisfacción plena, absoluta y sin limitaciones a todo tipo de derechos económicos, sociales y culturales de parte de todos aquellos que, como en el caso, los reclaman a las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye una utopía, hasta la fecha malograda, a pesar de las más variadas experiencias transitadas e intentos que pretendieron concretar las igualmente dispares propuestas gubernamentales de quienes se encontraron al frente de los poderes políticos nacionales, provinciales y de la Ciudad.

5. Por último, cabe referirse a la queja interpuesta por W. G. N. en representación de su nieto menor de edad, S. C. O.

Adelanto que también corresponde rechazarla. Ello así, en tanto, sin perjuicio de que el niño estaría actualmente a cargo de su abuela -según lo informado por ella y de las demás constancias acompañadas al entablar el recurso de inconstitucionalidad-, lo cierto es que quien era la representante legal del menor -su madre- desistió de la acción de amparo respecto de sí misma y del niño (v. fs. 179 y fs. 186 de los autos principales). El juez de grado la tuvo por desistida (a fs. 189 de los autos principales). Si bien en el punto 1 de fs. 189 el magistrado tuvo por desistida únicamente a la Sra. W. M. N., no es posible soslayar que en los "autos y vistos" de dicha resolución se hace referencia al ". desistimiento de la acción formulado por la coactora W. M. N., por sí y en representación de su hijo menor de edad, S. C. O.", lo que se condice a su vez con las constancias de fs. 184/188 -desistimiento expreso de la acción respecto del niño, que el juzgado tuvo presente y respecto del cual la Asesoría Tutelar tomó conocimiento y en consecuencia cesó su intervención-. Así, recurriendo a una interpretación integral de las constancias de la causa, no luce razonable sostener que la resolución de fs. 189 -que tuvo por desistida a la Sra. W. M. N.- no incluyó también a su hijo, S. C. O.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el niño no fue parte del proceso desde ese momento y no habiendo entonces obtenido sentencia de grado alguna en su favor (v. fs. 218 vuelta de los autos principales), la Sala III no estaba en la obligación de expedirse a este respecto, motivo por el cual la sentencia de la Cámara CAyT no resulta descalificable. Así, no es posible abordar la cuestión en esta instancia de manera originaria.

Finalmente, cabe señalar que si la parte actora justifica adecuadamente ser acreedora de una prestación por pertenecer a un grupo de prioritaria tutela -atendiendo a la nueva composición del grupo familiar denunciada a fs. 281/306 de los autos principales-, tal extremo podrá ser ponderado oportunamente por la autoridad competente para otorgarle un resguardo que la tutele adecuadamente (ley n° 4036 para la protección integral de los Derechos Sociales para los ciudadanos de la Ciudad, ley n° 4042 de prioridad de niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas de vivienda).

Por los motivos expuestos, la queja deducida por la parte actora debe ser rechazada.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja fue interpuesto en tiempo y forma por parte legitimada, y contiene una crítica suficiente de la decisión que denegó el recurso de inconstitucionalidad que viene a sostener, lo que autoriza el tratamiento de los agravios allí vertidos.

2. El recurso de inconstitucionalidad propone una cuestión constitucional en los términos del art. 113 inc. 3 de la CCBA, que consiste en determinar el contenido y alcance del derecho humano a una vivienda adecuada según lo garantizan la Constitución local, la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. El planteo no es novedoso en la jurisprudencia del Tribunal. En agosto de 2006, en ocasión de fallar la causa "Toloza", confirmé una sentencia que había condenado al GCBA a garantizar el derecho a la vivienda de la amparista, y que resultaba constitucionalmente inobjetable. En mayo de 2010, y ante la insistencia de la parte demandada, profundicé la línea argumentativa que describo. Así, en la causa "Alba Quintana" añadí consideraciones relativas a la competencia del Tribunal para escrutar el gasto público, y a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. De modo semejante me pronuncié en mi disidencia para la causa conocida como "Q", en la que la CSJN revocó la decisión de la mayoría del Tribunal que, como dije, no integré.

3. Con posterioridad, me pronuncié en decenas de casos análogos manteniendo y profundizando un criterio amplio en relación al contenido y a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ello me remito aquí a lo expresado en esos precedentes acerca de la necesaria interdependencia de los derechos humanos, y del contenido y alcance amplios que corresponde asignar al derecho a la vivienda -según el marco constitucional y convencional que lo rige-. También a lo dicho en relación con la tutela judicial efectiva, especialmente acerca del deber que tienen los jueces de satisfacer esa garantía. Como entonces, mantengo mi opinión respecto de la vigencia de la prohibición de regresividad, y de la obligación del Estado local de adoptar medidas para garantizar el derecho a la vivienda empleando hasta el máximo de los recursos disponibles. Insisto en que esta obligación hace del escrutinio del gasto público una parte de la función judicial.

4. En el caso, está probado que la parte actora obtuvo, mediante la actividad del Estado local una mejora temporal (pero precaria) de sus condiciones habitacionales. El conflicto de autos, como lo corrobora la lectura de la demanda, se origina cuando deja de percibir el subsidio otorgado por la parte demandada de modo que se verifica con toda claridad -y sin perjuicio de la tutela cautelar-, la afectación del derecho a la vivienda adecuada ante la pérdida de la asistencia lograda.

El GCBA, que reconoció -al otorgarle un subsidio habitacional- la situación de emergencia de la parte actora, adopta una conducta que conduce a la regresividad en el ejercicio del derecho involucrado, pero no acredita haber llevado a cabo acciones tendientes a cumplir su obligación constitucional de resolver progresivamente una inaplazable situación de pobreza, para la que no intentó proporcionar soluciones permanentes ni coyunturales hasta el máximo de los recursos disponibles.

Es dirimente, y por eso conviene reiterarlo, el hecho de que el demandado no acreditara -ni procurara hacerlo- haber tomado medidas tendientes a cumplir esa obligación hasta el máximo de los recursos de que dispone. Por ello es ajustado al bloque constitucional imponerle el deber de preservar lo ya otorgado.

En este escenario, resulta desconcertante el fallo de Cámara que desestima la acción por insuficiencia de prueba. Le impone, así, una obligación que colisiona con el régimen general que en materia de derechos humanos exige al Estado demostrar que no tiene posibilidad alguna de remediar la situación de privación de derechos que padece quien acciona (y que el Gobierno reconoció en ocasión de otorgarle un subsidio).

En otros términos: de cara a las obligaciones constitucionalmente asumidas por el Estado local en relación con el derecho de la parte demandante a una vivienda adecuada, no es el amparista el que debe acreditar su situación de emergencia habitacional. No, es la autoridad demandada la que debe justificar su omisión acreditando que empleó el máximo de los recursos disponibles. En estas actuaciones, el GCBA ni siquiera ha intentado probarlo.

5. Todo lo expuesto en relación a los derechos aquí reconocidos a la parte actora y las obligaciones constitucionales que le caben al Estado local, en materia del derecho a una vivienda digna, corresponde hacerlo extensivo al niño S. C. O. Ello se justifica en las actuales circunstancias apuntadas por la actora en el punto III del recurso de inconstitucionalidad. Es que allí se señala que ". desde mediados de 2016, se ha integrado a nuestro grupo familiar S. C. O. (hijo de W. M. N.), quien actualmente cuenta con 10 años de edad. Ello es así debido a que el niño ha preferido retomar la convivencia con nosotros, aunque sin perder el contacto con su madre." (fs. 284). El informe socio ambiental (fs. 271/274), de fecha 9 de junio de 2017, constata efectivamente como parte del grupo familiar al niño S. C. O., quien retomó la convivencia junto a su abuela -parte actora- a mediados del año 2016. A su vez, el Ministerio Público Tutelar, luego de la vista correspondiente, asume la representación del niño y solicita ante la instancia de mérito la revocación del fallo adverso a la parte actora.

En el marco del presente amparo debe prevalecer la unidad del grupo familiar y preservarse el interés superior del niño en todo lo atinente a garantizar sus derechos más elementales, entre los cuales está el derecho humano a una vivienda adecuada según lo garantizan la Constitución local, la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Así, de las constancias efectuadas surge que la situación existente al momento de dictarse la sentencia de la Cámara ha cambiado. La parte actora expuso tales constancias en el momento procesal oportuno. Y la demandada pudo expresar las defensas pertinentes.

Todo ello, incide -sustancialmente- en el contexto de autos porque modifica la situación acerca de la que debe resolverse. La CSJN tiene dicho que en los juicios de amparo debe fallarse con arreglo a la situación fáctica y jurídica "existentes al momento de la decisión, aunque aquéllas sean sobrevinientes a la interposición del recurso" (Fallos: 333,1474; 331:1869; 330:1291; 329:1487, 321:1007; entre otros). De mantenerse el fallo recurrido, no sólo no se respetaría la doctrina señalada, sino que se obligaría a la actora a un nuevo derrotero legal para que sea considerado lo que ya se ha esgrimido y acreditado en el marco de este expediente.

6. Con apoyo en los fundamentos que anteceden, voto por: a) hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad interpuestos por W. G. N. -en representación de su nieto menor de edad, S. C. O.- y W. R. T., b) revocar la sentencia de la Sala III, y c) imponer las costas en el orden causado porque todos los letrados intervinientes son funcionarios y agentes del Estado local (artículo 62, segundo párrafo del CCAYT).

Por ello, y oído lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja interpuesta por W. G. N. y W. R. T.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva el principal con la queja.

La jueza Inés M. Weinberg no suscribe la resolución por estar en uso de licencia.

En aquel precedente afirmé -junto a mis aludidos colegas Conde y Lozano- que no era tarea de los magistrados sustituir al Poder Ejecutivo local modificando el régimen de subsidios habitacionales, aunque sí correspondía al Poder Judicial verificar, a partir del control instado por la parte interesada, que la asignación de estos beneficios se hubiese realizado sin exclusiones, con total transparencia, respetando la garantía de igualdad y las prioridades previstas en la CCBA y las leyes vigentes, teniendo en cuenta para ello los supuestos fácticos de cada caso. Solo de esa manera cada poder encontraba su límite dentro del juego constitucional.