marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obligaciones de dar sumas de dinero, desindexación
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA, Alfredo c/ GARCIA, Osvaldo Raúl s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

No resulta aplicable la ley 24.283 cuando el capital no es actualizado, aplicándose índices, estadísticas u otro mecanismo establecido por acuerdos, normas o sentencias, sino teniendo en cuenta el valor o costo de las reparaciones al momento en que se produjo su desembolso.-
Banco de datos genéticos, sentencia condenatoria, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: Correa, Ricardo Gustavo c/  s/ lesiones leves agravadas por el vínculo y por el género, en perjuicio de A., M. S. C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-05-03

Procede ordenar la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos, previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), ello conforme lo dispuesto por el art. 9 del Dcto. Nº 734/16, y el art. 18 de la Ley 7775/13, oficiando a tales efectos a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para la prosecución del trámite correspondiente.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, títulos de crédito, librador
Materia: PROCESAL
Carátula: BUSTELO REGATEIRO c/ AGUIRRE, JORGE s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03

1) Resulta improcedente aplicar el CPCCN art. 313-2 a un proceso de cancelación, en tanto no es un proceso voluntario sino contencioso. Por ende, pesa sobre el accionante la carga de mantener viva la instancia.

2) El librador del título cuya cancelación se pretende es, sin dudar, un interesado en el trámite y ostenta legitimación para acusar la caducidad. (En el caso, se confirmó la resolución que declaró operada la caducidad de la instancia y se rechazó la oposición del actor a dicha decisión).
Empleo público, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, facultades de la administración, fondo compensador, vías de hecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Adler Bernando y otros c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

La naturaleza pública que coexiste en el régimen al que nos estamos refiriendo autoriza a las autoridades de la empleadora a transformarlo y no cabe duda que en relación al aspecto privado de dicho régimen la Caja puede validamente decidir unilateralmente que limitará, reducirá o eliminará su aporte. En tal caso, debe tenerse presente que las modificaciones que introduzca al sistema en virtud de las prerrogativas administrativas inherentes, no pueden convalidar incumplimientos en sus obligaciones ex-post. La Caja Nacional de Ahorro y Seguro creó el régimen, lo reglamentó, lo aplicó y cumplió con las obligaciones emergentes hasta el mes de febrero de 1991. A partir de dicha fecha deben distinguirse dos situaciones: a) una, la de autos -relativa a los agentes que, ya retirados, percibían junto con sus haberes jubilatorios las sumas resultantes de la aplicación del régimen complementario-, y b) otra (ajena a la litis) con respecto a los agentes que seguían en actividad. A su vez, atendiendo al contenido del acta acuerdo del 4/4/91, a la fecha de la resolución 0874/91 y al momento en que la demandada congeló su aporte deben distinguirse dos períodos. El primero es el comprendido entre el 1º de marzo de 1991 y el 30 de septiembre del mismo año, fecha de la publicación de la resolución 0874/91 del 13/9/91, respecto del cual la administración incurrió en vías de hecho, dado que una instrucción verbal no es el medio apto para modificar el régimen, ya se trate de su aspecto público o de su aspecto privado. El segundo es el que se inició a partir del 1º de octubre de 1991. (Del voto del juez Damarco, consid. 10).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, enfermedad profesional, indemnización por incapacidad, opción, cuestión de derecho común, relación de causalidad, prueba, cosa riesgosa
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: MORENO, LUIS A. c/ RUIZ Y TREMBLAY S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ORDINARIO  - DAÑOS Y PERJUICIOS - LEY 11025 - LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 19 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-16

Corresponde rechazar la queja desde que los agravios de la empleadora remiten a cuestiones reservadas a los jueces de la causa, sin que se infiera de la indemnización fijada y de los cálculos respectivos, vulneración a derechos o garantías constitucionales.

En el caso, la impugnante considera que la sentencia se apartó infundadamente de lo resuelto por esta Corte in re "Peger Meliton c. SanCor C.U.L.", en tanto se desentendió de la "previa calificación de la cosa como riesgosa", condenando al pago de las indemnizaciones pertinentes sobre la base de presunciones que no podían admitirse por haberse optado por la vía civil del artículo 1.113 del Código de fondo.

Mas, de la lectura del pronunciamiento en crisis claramente se advierte que el razonamiento seguido por la Cámara de ningún modo luce irrazonable o inmotivado desde que, partiendo justamente de pautas sentadas por la Corte nacional ("Nobriega c. Y.P.F") y recepcionadas en el caso "Peger", determinó y analizó las labores que llevaba a cabo el actor para la empresa accionada y el modo en que las realizaba, concluyendo "...que la minusvalía reconoce como causa única al factor de atribución de responsabilidad 'riesgo de la cosa' (art. 1.113 Cód. Civil)...", sosteniendo que "...no pueden caber dudas de que el peso de la masa de los quesos demandó esfuerzo físico al actor, el cual fue idóneo para causar la afección que ocasiona la minusvalía laboral- (síndrome lumbo sacro por sobrecarga anormal crónica)...".
Falsedad ideológica, notificación por cédula, nulidad procesal, nulidad de la notificación, incidente de nulidad, redargución de falsedad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BANADE PATRIMONIO EN LIQUIDACION c/ VICENTE ROBLES SAMCIIYF s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-20

Si bien el nulidicente no planteó en términos concluyentes la falsedad de las constancias del oficial notificador que informan la cédula, ello se colige -sin mayor esfuerzo- de los planteos realizados en oportunidad de deducir el incidente de nulidad. En efecto, allí se indicó que nunca se había recibido la cédula citada y que ésta, en cambio, tuvo por receptor a un tercero ajeno a las presentes actuaciones (propietario de un bar lindante al estudio jurídico del apoderado de la demandada, según se invocara), de quien se acompañó una declaración efectuada por ante escribano público. En tales condiciones, dados los términos en que se ha dejado planteada la nulidad, no existen, en el caso, diferencias de orden práctico entre la acción autónoma de redargución de falsedad y la vía incidental por la cual ha optado el apelante, y, asimismo, que no se permitió al nulidicente producir la prueba ofrecida con relación al planteo articulado, entre la que figura la citación del oficial notificador interviniente en la diligencia cuestionada, recaudo que se halla contemplado por el art. 395, Código Procesal, con lo cual se ha removido uno de los posibles óbices que se podían oponer a la vía elegida por el demandado. Por lo tanto, se deberá dictar un nuevo pronunciamiento sobre la nulidad deducida, previa sustanciación de la prueba ofrecida.
Accidente de tránsito, automotores, conductor, deber de obrar con prudencia, velocidad reglamentaria
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: R., B. J. s/ Homicidio culposo (Expte. Nro. 113-00, Resolución Nro. 38, Tomo 41, Folio  46/48)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-07-05

La velocidad, aún cuando no exceda el máximo permitido, igualmente es reprochable dentro de las pautas culposas que prevé la ley sustantiva, cuando la misma luce incompatible y en pugna con la debida, atendiendo a las circunstancias de modo, lugar y tiempo y, allí, en lo inadecuada, estriba su aporte culposo que aparece como elemento medular para reprimir la transgresión a un deber de cuidado.
Excusación, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, violencia moral
Materia: PENAL
Carátula: VIGIL, CONSTANCIO s/ Contrabando, Incidente de apelación Causa 33348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

1- Aunque la normativa procesal no regula los institutos de la recusación y excusación de los defensores oficiales, jurisprudencialmente se han aceptado algunos supuestos de violencia moral susceptibles de perjudicar el derecho de defensa.- 2- Cabe aceptar el supuesto de violencia moral, ante la coexistencia forzada en el cargo del defensor de confianza, repetida y férreamente avalado por su defendido, pese a su evidente inacción, y de la Defensora Oficial designada al solo efecto de evacuar la defensa.
Procedencia del recurso, fallos del Superior Tribunal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Grupico, Carlos Alberto. c/ Procesadora Río Negro SAIC. s/ Descanso semanal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-08-05

Procede el recurso de inaplicabilidad de ley contra la sentencia que violó el artículo 207 LCT y la doctrina legal sentada por este Superior Tribunal de Justicia en los autos Ranquehue en donde se dijo: "el descanso debe ser otorgado por el empleador según la disposición legal pertinente dentro de la semana inmediata posterior. Si se omite el cumplimiento de esa obligación patronal el trabajador podrá tomarlo por si en la semana subsiguiente a aquella en que correspondía su concesión. Esta solución resulta del propio texto del artículo 207 LCT que impone un solo deber al trabajador:

la comunicación anticipada con no menos de 24 horas. La falta de ejercicio hace caducar la opción legal por cuanto el instituto está encaminado a concretar el descanso hebdomadario y no la acumulación de francos.
Rebeldía, demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: DALLA CIA, GUSTAVO Y CARRION, LILIANA G. s/ QUEJA EN:"GARCIA SUSINI, RODOLFO C/DALLA CIA, G. Y OTRA   S/CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL".
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-21

Si bien entre la rebeldía y la falta de contestación de la demanda existe una distinción fundamental, ya que en la declaración de rebeldía se autoriza a prescindir de la apertura a prueba y en caso de duda se presume la verdad de los hechos articulados por quien la obtuvo, tales posibilidades no concurren frente a la falta de contestación de la demanda.
Empleador, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Décima, Yolanda c/ Mancini, Daniel s/ Homologación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Quien pretende la condena solidaria del concedente de la cantina en la que se desempeñaba, debe acreditar que tal concesión constituyó la contratación de una actividad, si bien accesoria del establecimiento, integrada al mismo en forma permanente para la consecución de los fines empresariales (art. 30, L.C.T.).
Querellante, bien jurídico protegido, ofendido
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARANDA, Juan José s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-12

No corresponde distinguir, en perjuicio de la garantía de la presunta víctima, el reconocimiento procesal de su calidad de querellante por un hecho delictivo con fundamento en que la conducta juzgada pudiera ser objeto de más de una sanción penal (art. 54 del C.P.). Por otra parte no puede argumentarse que no existe afectación particular por la vulneración del bien jurídico en cuestión, dado que la legitimación no coincide necesariamente con la titularidad del bien jurídico ofendido, y que la invocación del bien jurídico protegido no resulta una pauta definitoria, puesto que no se ha de excluir la protección subsidiaria de otros bienes garantidos, siempre que derive perjuicio directo y real, quien lo sufre se encuentra legitimado para ejercer el rol de querellante. El carácter de ofendido del delito sólo se requiere a título de hipótesis, puesto que si se exigiera su previa comprobación significaría imponer, para iniciar y proseguir el proceso, la demostración de la realidad del delito, que es precisamente lo que se debe investigar. (Voto del Dr. Hornos).
Emergencia económica, remuneración, reducción salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Avigo,  Liliana  Noemí c/ Municipalidad  de la Ciudad de BuenosAires. s/ remuneracion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-03

La decisión de reducir las remuneraciones en forma generalizada no resulta un ejercicio irrazonable de las facultades del Estado frente a una situación de grave crisis económica. La reiteración de esas situaciones de emergencia no enerva la necesidad de conjurarlas adoptando las medidas más aptas para evitar un mal mayor.
Procedimiento tributario, patrocinio letrado, delitos tributarios, clausura del establecimiento
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Maulhardt, Juan H. y Cía.  S.A. s/ apelación clausura - Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Los agravios concernientes a la falta de asistencia letrada durante el procedimiento cumplido en la instancia administrativa clausura dispuesta por aplicación del art. 44 de la ley 11.683 son de carácter procesal, y la solución alcanzada no es arbitraria, toda vez que atendió a los recaudos previstos en la norma de procedimiento (art. agregado a continuación del 44 de la ley 11.683) cuya validez no fue impugnada.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Schoklender, Sergio Mauricio s/ causa Nx 19.889.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-11

Si bien la doctrina de la arbitrariedad no autoriza a la Corte a sustituir a los jueces en la decisión de cuestiones que, como el examen o la interpretación de la prueba, les son privativas, tal regla reconoce excepción cuando existe omisión de tratamiento de aspectos conducentes para la resolución de la causa que privan, así, a lo resuelto, de adecuada fundamentación.
Procedimiento administrativo, revisión judicial de actos administrativos, ejecutoriedad del acto administrativo, presunción de legitimidad, derecho a ser oído, control de legalidad, control de razonabilidad, allanamiento domiciliario, obra antirreglamentaria, demolición de obra, nulidad procesal, facultades del juez, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA c/ PADILLA ALBERTO LORENZO s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-05

A partir del artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, se puede sostener que las posibilidades de ejecutar medidas contra bienes o el patrimonio de las personas es una facultad que sólo puede ser decidida por los tribunales, por supuesto, con las excepciones previstas en la norma.

En consecuencia, para que la intervención de órgano judicial signifique algo más que un ritual desprovisto de contenido, el tribunal debe revisar la legitimidad del requerimiento, en cuanto al basamento legal de las facultades que la Administración invoca.

Se ha declarado que "la función del juez al que recurre la Administración para ejecutar un acto administrativo no es la de un autómata que concede, sino que se halla en deber de analizar la petición" y que "el Poder Judicial no puede convertirse en mero brazo ejecutor de las decisiones administrativas" (ver doctrina de este tribunal in re "GCBA c. Rodríguez, María Laura sobre aut. admim." del 12/07/01, y sus citas, publicado en LL. 2001-A-517).

En el ejercicio de ese deber, el Tribunal debe velar por el respeto de las garantías constitucionales de los administrados y no puede prescindir de citar a quien será directamente alcanzado por la sentencia a los efectos de que tenga conocimiento del proceso, oportunidad de hacer oír sus razones y producir la prueba de descargo de que quiera valerse (ver Sala II, doctrina de la mayoría, in re "Comisión Nacional de la Vivienda c. Saavedra Felisa y otros", del 09/04/02, publicado en LL 2002-D, 325, y ED 31/07/02).
Prueba testimonial, declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: BREYAVI, Julio Sergio c/ DA SILVA GONZALEZ, Oscar Héctor Cayetano s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-18

La circunstancia de que el único testigo ocular del accidente no declarara en sede policial ni ante el Juez de Instrucción no basta por sí sola para invalidar su declaración aunque lógicamente obliga al juzgador de los hechos a apreciar sus dichos con criterio restrictivo.
Concursos, legitimación procesal del fallido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Llanos, Alejandro Raúl y Alejandro Raúl Llanos S.R.L. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22

El legitimado activo para solicitar la formación del concurso preventivo, es el representante legal de la persona ideal previa resolución del órgano de administración en los supuestos en que este sea colegiado, circunstancia que no ocurre en el presente en que el mismo es desempeñado por un gerente. Ello, claro está, no excluye la ratificación a la que alude el segundo párrafo del citado artículo 6¬ ley 24522, que debe producirse a los treinta días. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento judicial de la seguridad social, resolución administrativa, Administración Nacional de la Seguridad Social, doctrina de los actos propios, cuestión abstracta
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: GUNGHEIN, JUAN c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-23

Habiendo las partes actuado en el marco de la ley vigente, adoptando conductas jurídicamente relevantes, no es posible desconocer sus efectos (teoría de los actos propios). En consecuencia, teniendo en cuenta que el actor adoptó voluntariamente el sistema impugnatorio dispuesto en el art. 15 de la ley 24.463, un pronunciamiento sobre la solicitud de inconstitucionalidad del art. 24 del mismo ordenamiento devendría abstracto, circunstancia que está vedada a los jueces (Fallos 263:3; 264:53; 301:991; 304:759).
Daño moral, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Maldonado Devoto, Francisco Javier c/ Escobedo Rodríguez, Martín Gabriel s/ D. Y P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-02-05

Cabe admitir el daño moral sufrido por el actor por un accidente de tránsito, en tanto se acreditó que, mientras el accionante se disponía a cruzar la calle caminando, fue colisionado por el automóvil conducido por el demandado, y se probó también que al momento del impacto perdió el conocimiento, y surge de la pericia médica que si bien el actor no presenta trastornos psicológicos a causa del accidente, se recomienda la realización de un tratamiento psicológico para que pueda comprender y aceptar la gravedad de las lesiones físicas que le produjo el accidente, con el objeto de que pueda soportar el cese de las actividades placenteras y de recreación que ya no podrá realizar, permitiéndole encontrar nuevas alternativas para compensarlo.
Domicilio constituido, acordadas, remisión a dictamen fiscal
Materia: CIVIL
Carátula: Osella, María V. c/ Estado Nacional - Minist. de Economía s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-04

Procede mantener la providencia impugnada por la apoderada de la parte actora mediante la cual se hizo saber a los letrados que debían constituir domicilio electrónico en los términos y con el apercibimiento previsto en las Acordadas 31/11 y 38/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General, pues no hay una modificación del régimen establecido en materia de notificaciones en el Código Procesal, sino una razonable reglamentación de la ley 26.685 en el marco de las facultades otorgadas por la CN a la Corte Suprema, mediante la cual se adaptó el sistema legal a las posibilidades que provee la tecnología en aras de obtener un mejor y más expeditivo servicio de justicia.
Juicio oral, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Jorge Luis s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

La admisión por el juzgador del testimonio de la esposa del procesado en contra de los intereses procesales de éste no resulta legalizada por ninguna de las excepciones previstas en el art. 148 del Código de Procedimiento Penal.
Recurso de revisión (procesal), resoluciones recurribles, sentencia definitiva, juicio ejecutivo, inhabilidad de título, Municipalidad, certificado de deuda, notificación, acto administrativo, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SANZONE Y DIGON S.R.L. c/ EDUARDO VACA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-04-24

El análisis del procedimiento de formación del título ejecutivo en sus aspectos formales se inserta en el proceso de ejecución, debiendo ser encauzado, cuando sea pertinente, mediante la excepción de inhabilidad de título.	Toda actividad administrativa, además de su presunta legitimidad, presenta un rasgo específico que es ejecutoriedad; consecuencia lógica del acto presuntivamente legítimo conforme con las normas de derecho público.

La ejecutoriedad es la cualidad que adquiere todo acto administrativo para realizarse directamente a través de la Administración Pública o excepcionalmente por el Poder Judicial mediante un proceso especial como ocurre con la vía ejecutiva.

Para que un acto administrativo goce de privilegio de la ejecutoriedad y de la presunción de legitimidad debe ser perfecto, es decir, prima facie "válido" y "eficaz".

Los actos administrativos tienen la eficacia obligatoria propia de su ejecutividad en la medida en que se cumplimenten los requisitos que hacen a la eficacia del acto; esto es, su notificación, publicación o, en su caso, la intervención de un órgano de control. (VOTO DEL DR. SESIN, POR SUS FUNDAMENTOS)
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gassa, Lorenzo s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

Si la fecha de inicio del estado de cesación de pagos se retrotrae más allá del plazo legal establecido en el art. 120 de la ley 19.551., dicho límite no rige a los fines previstos en los arts.

164, 167, 235 inc.2°, 238 y 241, entre otros. El Síndico debe investigar la fecha real en que comenzó el estado económico de insolvencia, o -acaso- la más aproximada que fuera posible de determinar ..., obviamente, el período puede exceder de los dos años. De manera que dicha fecha real de inicio es válida a todos los demás efectos previstos en la ley, a excepción de los regulados en el Cap. II, Secc. III de la misma, a cuyo respecto la ley es tajante en cuanto no puede exceder el término de dos años anteriores a la sentencia de quiebra.