Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-04-13


AUTOS N° 20.308 (69.524 3° CIVIL) "VILLEGAS, Carlos Alberto y Otra C/ Borras Roberto Luis y Otros Daños y Perjuicios" L. DE S. T° 107, F° 66/73 En la ciudad de San Juan, a 13 días del mes de abril del año dos mil diez, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y los señores Vocales DRES. GILBERTO A. RIVEROS Y PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.308 (69.524 3° CIVIL) caratulados "VILLEGAS, CARLOS ALBERTO Y OTRA C/ BORRAS ROBERTO LUIS Y OTROS DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha cuatro del mes de agosto del año dos mil nueve, obrante a fs. 169/181, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El a quo en la sentencia dictada en fecha 4 de agosto de 2009, cuya copia obra agregada a fs. 169, encontró fundamentos suficientes para declarar que el accidente de autos ocurrió por culpa exclusiva del señor Roberto Luis Borras, empresa Mayo S.R.L. y aseguradora "Protección Mutual de Seguros de Transporte Público de Pasajeros", a pagar al actor señor Eduardo Alberto Villegas, las sumas indicadas en los considerandos.

Impone las costas a los demandados vencidos.

Contra este resolutorio a fs. 184, la parte actora y a fs. 190 y 194 la accionada, interponen el recurso de apelación.

Los cuales son concedidos en forma libre y con efecto suspensivo.

A fs. 196 obra agregada sentencia aclaratoria en la cual se integra la omisión en la que incurrió el resolutorio condenando a la aseguradora a pagar al actor las sumas indicadas en los considerandos en los límites, términos, alcances y condiciones de la póliza N° 110960 y Ley 17.418.

Elevados los autos a este Tribunal ad quem, a fs. 206 se presenta la parte actora a formular sus agravios, concretando los mismos sobre los montos determinados por el a quo para resarcir el daño reconocido.

En ese sentido le agravia la suma baja que se fijó para indemnizar la incapacidad y el daño moral.

Con relación a la suma precisada por la incapacidad que ha sido estimada en el 32% avalada por la pericia médica, sostiene que la suma de $6.800 a la fecha de la sentencia es baja.

Para cuestionar ello cita doctrina judicial de la provincia con sumas superiores aún cuando el porcentaje de incapacidad es inferior y marca que la suma es inferida de la ley 24.557 (ART).

En lo atinente al daño moral que se fija en la suma de $4.000 dice que la determinación, si bien depende del arbitrio judicial, no valora adecuadamente los padecimientos sufridos por el actor y el tiempo con mengua de su desempeño laboral y de su futuro.

Menciona que a raíz del accidente ocurrido por la excesiva negligencia de la contraria, el actor sufrió fracturas de tibia, fractura de mano izquierda, hematomas en la región temporoparietal y politraumatismos, según consta a fs. 129 último párrafo.

Desde ese momento hasta la rehabilitación parcial lograda debió soportar no solo sufrimiento, sino también incertidumbre y tedio.

Pide se le reconozca el reclamo de $13.000 a la fecha del accidente.

Otro de los agravios está vinculado con la fecha de la determinación de los daños a la fecha de la sentencia cuando debieron ser a la fecha del accidente.

En síntesis resulta agraviante para su parte que se fije la suma total de $13.000 cuando existe una incapacidad determinada por perito médico del 32%.

Corrido traslado a la contraria, ésta se presenta a fs. 216 y en función de los argumentos que vierte solicita la desestimación de la pretensión recursiva.

A su vez, la parte demandada expresa sus agravios a fs. 210 cuestionando que se haya hecho lugar a la demanda y se le haya atribuido culpa exclusiva en la demanda al señor Roberto Luis Borras.

En segundo término cuestiona los montos de la condena por altos.

Con relación al primer punto dice que la actora ha tergiversado los hechos por cuanto el accidente se produjo en calle Mendoza 45 metros al sur de la calle proyectada.

Prueba de ello es el croquis elaborado por la autoridad policial y el reconocimiento que hace de esta circunstancia el conductor de la moto al responder el pliego de fs. 87.

El informe pericial de fs. 121 sostiene que la moto fue la embistente con su frente en la parte trasera izquierda del ómnibus, lo que descarta toda posibilidad de encierro por este último vehículo.

Cuestiona la pericial en cuanto esta elabora dos posibilidades y su inclinación por una de las hipótesis sin tener fundamento alguno, cuando debió tener en cuenta la maniobra realizada por el motociclista que le hace perder el control de su vehículo, conforme art. 39 inc. b y art. 47 inc. g de la ley 24.449.

Agrega en su argumentación que el perito ingeniero Godoy a fs. 122 vta. sostiene que el ómnibus estaba prácticamente detenido, es decir, a velocidad 0 km.

Por otra parte si el ciclomotor iba a 12,88 Km. de haber circulado atento a la conducción habría evitado embestir al rodado de mayor porte.

Con ello pretende demostrar que la maniobra que se le endilga al ómnibus no era físicamente posible.

Cita doctrina judicial al respecto.

En cuanto a los montos determinados que es el segundo agravio sostiene que la supuesta incapacidad física del actor informado por el perito Testi, no es tal porque ni siquiera menciona las limitaciones con las cuales ha quedado el accionante, por lo que el monto fijado de $6.800,64 es excesivo atento que la ley 24.557 no fija porcentual.

En síntesis carece de fundamentación científica el dictamen para ser tenido en cuenta.

En cuanto al daño moral, atendiendo a las escasas lesiones la suma de $4.000 es desproporcionada.

Se queja de la imposición de las costas y formula reservas.

Corrido traslado a la contraria, esta se presenta a fs. 219 y en función de los argumentos que vierte solicita la desestimación de la pretensión recursiva.

Planteado de este modo el recurso de apelación interpuesto por las partes, corresponde inicialmente la revisión de los argumentos vertidos por la parte accionada.

En primer término es preciso decir que la expresión de agravio de la demandada, no configura técnicamente un agravio de acuerdo a los establecido por el art. 265 del Código adjetivo aplicable, por cuanto no se hace una crítica concreta y razonada de los puntos de la sentencia que estima equivocado sino por el contrario, en autos se advierte que expone una mera disconformidad con el pronunciamiento judicial.

En reiterados oportunidades se ha sostenido que ello no basta sino que es menester exponer las razones fácticas y jurídicas para desmoronar la estructura lógica jurídica de la sentencia y posteriormente, exponer las razones que justifican el pronunciamiento que se pretende.

Sin perjuicio de ello, cabe analizar que la crítica se centraliza contra el alcance que se le da a la pericial, fundamentalmente en cuanto a que el perito da, de acuerdo al estudio realizado de los antecedentes de la causa, la factibilidad de que el accidente haya acontecido de dos modos, informando conforme a su dicción técnica y experiencia cual de ello es el modo que estima aconteció.

En ese sentido si se lee con detenimiento las dos alternativas, las mismas difieren en cuanto al modo final de cómo aconteció el accidente, sino en la posición (más adelante uno que otro) de circulación.

En ambos casos la marcha de los vehículos es paralela y lo determinante del accidente es el accionar del ómnibus que hace la maniobra de acercamiento a la banquina interrumpiendo la línea de circulación del ciclomotor.

El lugar de los daños en los vehículos, al igual que los menoscabos padecidos por la víctima corroboran el modo como aconteció el impacto entre los vehículos, por lo cual corresponde pronunciar que es ajustado a derecho la determinación de responsabilidad realizada por el a quo en su sentencia que debe ser confirmada en esta parte.

Con relación a la cuantificación del daño cuyos montos son cuestionados por ambas parte, la actora, por bajos y la demandada, por elevados.

En esa dirección, se cuestiona la cuantía de $ 6.800 (fijada a la fecha de la sentencia) determinada para resarcir la incapacidad sobreviniente del señor Eduardo Alberto Villegas.

Sobre el punto cabe recordar que la Corte de Justicia de la Nación a sostenido reiteradamente en sus pronunciamientos que "cuando la víctima resulta disminuída en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquellas actividades económicas, diversas aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida..." (ver caso CSJN M. 802 XXXV "Mosca, Hugo Amaldo c/ Buenos Aires, P.73 XXIII.

"Pose, José Daniel c/ Chubut, Provincia del y otra Daños y Perjuicios", T. 315, P.2834; 09/12/1993, H. 48 XXIV.

"Harris, Alberto c/ Ferrocarriles Argentinos Daños y Perjuicios", T.316, P. 2774; 12/09/1995, S. 621.

XXIII "Scamarcia, Mabel y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otro Daños y Perjuicios", T. 318, p.1715; 15/07/1997, R.167 XXX "Reyes, Pascual Ángel c/ Estado Nacional y/u otros s/ juicio de conocimiento", T. 320, P. 1361 LL, 41197, nro. 96.263.; 28/04/1998, Z 15 XXIII "Zacarías, Claudio H. c/ Córdoba, Provincia de y otros s/ sumario", T. 321, P. 1124; 19/08/1999, I 269XXXII "Irala Aguayo Abundio c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia de Formosa daños Perjuicios", T. 322, P. 1792; 31/08/1999.

I 117 XXV "Izaurralde, Roque Rafael c/ Buenos Aires Provincia de y otro Daños y Perjuicios", T. 322, P. 2002; 26/10/1999, P 139 XXIV "Pérez Claudia Marisa c / Entre Rios, provincia de y otro Daños y perjuicios", T. 322, P. 2658; 14/12/1999, D 332 XXXI "Denenberg Roberto c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de pesos", T.322, P.3101 (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O' Connor y Adolfo Roberto Vázquez); 23/04/03, C.1948.

XXXII. "Camargo, Martina y otros c/ San Luis, Provincia de y otra Daños y perjuicios", T. 325, P. 1156, J.A. (supl); 20/03/2003, M. 424 XXXIII.

"Mochi, Ermanno y otra c/ Buenos Aires, provincia de Daños y Perjuicios", T. 326, P.847, 27/05/2003, S.36.

XXXI. "Sitjá y Balbastro, Juan Ramón c/ La Rioja, provincia de y otro Daños y Perjuicios", T.326, P.1673; 11/06/2003, C. 1413 XXXV.

"Cebollero, Antonio Rafael y otros c/ Córdoba, provincia de Daños y Perjuicios", T. 326, P.1910, L.l 140803, nro. 105.985; 29/06/2004, C. 742, XXXIII "Coco, Fabián Alejandro c/ Buenos Aires, provincia de y otros Daños y Perjuicios", T. 327, P.2722, L.L. 081104, nro. 108.279, con nota.

ED 301104, nro. 331; 11/07/2006, B. 853 XXXVI. ORI "Bustos, Ramón Roberto c/ La Pampa, provincia de y otro Daños y Perjuicios", T.329, P. 07/11/2006, B.606.

XXVI "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A. y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente Daños y Perjuicios", entre otros.) El fallo de la Corte Federal marca con claridad que en el ámbito civil no sólo se debe tener en cuenta la minusvalía que padece la víctima para realizar las actividades laborales, sino que de igual modo, se debe tener presente como afecta la incapacidad para que desarrolle la vida en sociedad.

Ello viene a colación por cuanto, la sentencia puesta en crisis tiene en cuenta los baremos de las ART para definir la cuantía, lo cual implica que ha tenido en cuenta únicamente los efectos sobre la faz laboral y no sobre la vida civil.

Es decir, no ha cuantificado una reparación integral como lo exige la hermenéutica de la Corte de Justicia de la Nación.

Sin perjuicio de ello, la cuantificación realizada por el A quo lejos está de ser una justa reparación del perjuicio padecido por la víctima.

Ello es así porque no tiene en cuenta la edad de la víctima que es de 19 años al momento del accidente, el grado de incapacidad del 32%, los ingresos denunciados por sus compañeros de trabajos en el embalaje de tomate entre $35 a $40, la vida útil posible restante (laboral, 65 años y, en general, de 73 años), estado civil (soltero), instrucción de la víctima, etc. Sin que implique adoptar un esquema matemático para resolver la cuantía si tomamos a modo referencial el 30% del Salario Mínimo vigente al tiempo del accidente que era de $200, es decir la suma de $60.

Y, en paralelo, tenemos en cuenta que a la víctima le quedan 46 años de vida útil laboral, lo que implica 598 remuneraciones (incluido aguinaldo), se llegaría a una suma de $35.880.

A esta suma por cierto se le debiera incrementar lo que corresponde por la afectación que padece para la vida en relación.

Atento a ello y de que el actor reclamó en su demanda la suma de $23.000, corresponde que se eleve la cuantía a esa suma (principio de congruencia) para resarcir el daño por la incapacidad física.

En cuanto al daño moral, que fuere fijado en la suma de $4.000, se estima que el mismo es bajo y no alcanza para resarcir integralmente el padecimiento espiritual sufrido por la víctima teniendo en cuenta los daños físicos padecidos que si bien no son de gran discapacidad, son importante toda vez que se informa de la rotura de huesos cuyas curaciones son complicadas y dolorosas.

Sobre el particular la doctrina judicial ha sostenido que "la sola turbación de un derecho de la personalidad (vida, integridad física, honor, libertad) o de un interés extrapatrimonial (tranquilidad, sentimiento de la propia estima, paz, etc.) es daño moral y con ello, sin más, nace el derecho a la reparación.

No se puede exigir un examen psíquico de la víctima o declaraciones de testigos sobre un cambio anímico o de carácter de aquella, ya que el medio más general de prueba del daño moral es presuncional, sobre la base de la experiencia existencial del juez y en relación de todos los datos concernientes a la situación de la víctima a raíz del hecho".

(Primera Cámara en lo Civil primera Circunscripción judicial de mendoza, 09/05/1995 Expte. 34902 "Suárez, Claudia c/ Cornejo, Oscar y ots. Daños y Perjuicios", L. de S. 153 Fs. 108).

En función de ello y de los antecedentes de la presente causa, corresponde en derecho elevar el monto indemnizatorio por daño moral, el cual estimamos justo que sea fijado en la suma de $8.000 atendiendo los menoscabos físico padecidos, la edad de la víctima que deberá soportar por largos años la consecuencia de la minusvalía.

Finalmente, en cuanto al momento de las cuantías, en el caso, se ha estimado la suma indemnizatoria a la fecha del accidente que produjo el daño por lo cual el interés deberá ser de tasa activa desde ese momento, conforme las pautas del fallo plenario "Huaquinchay" dictado por la Corte de justicia.

Las costas de ambas instancias deberán ser impuestas a la vencida (art. 74 C.P.C.).

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Rechazar los recursos interpuestos por los demandados.

II) Admitir el recurso incoado por la actora, en consecuencia modificar el fallo en relación a los montos fijados como indemnización, los que se determinan en la cantidad de Pesos Veintitrés mil ($23.000) por el rubro incapacidad física y Pesos Ocho mil ($8.000) por el rubro daño moral.

III) Fijar la cantidad al momento del accidente más el interés que se calculará a igual fecha a la tasa activa.

IV) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de los demandados vencidos.

Los DRES. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS y GILBERTO A. RIVEROS, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Rechazar los recursos interpuestos por los demandados.

II) Admitir el recurso incoado por la actora, en consecuencia modificar el fallo en relación a los montos fijados como indemnización, los que se determinan en la cantidad de Pesos Veintitrés mil ($23.000) por el rubro incapacidad física y Pesos Ocho mil ($8.000) por el rubro daño moral.

III) Fijar la cantidad al momento del accidente más el interés que se calculará a igual fecha a la tasa activa.

IV) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de los demandados vencidos.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.