Inadmisibilidad del recurso, juicio de menores, homicidio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: P., S. M. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-14

Corresponde que el recurso interpuesto contra la condena dictada en casación sea declarado admisible, con el alcance de un recurso de casación ordinario, a fin de garantizar la revisión amplia y eficaz del agravamiento de la condena dispuesta contra el encausado. (cfr. art. 75, inciso 22 de la C.N. en función de los arts 14.5 del P.I.D.C. y P. y 8.2 de la C.A.D.H.), conforme se ha pronunciado la CSJN, en Fallos: 337:901, "Duarte, Felicia s/recurso de casación, en el cual resolvió que correspondía que el tribunal encargado de revisar la condena dictada en casación sea la propia Cámara Federal de Casación Penal, por intermedio de jueces distintos a los que dictaron la condena (cfr. esta Sala CFP 10326/1996/TO1/CFC3, Reg. 2299/20, del 13/11/2020 -con cita de Corte IDH, Barreto Leiva vs. Venezuela, párr. 90- y el Pleno de esta Cámara CFP 10326/1996/TO1/CFC5, "Franco, Rubén Oscar y otros s/recurso de casación", Reg. SG nº 101/21, del 12/03/2021).

De acuerdo con el art. 4 de la ley 22.278, una vez que el menor ha sido sometido a proceso y se lo ha encontrado materialmente responsable del delito atribuido, la imposición de pena queda sujeta, en primer lugar, a que cumpla los 18 años de edad y a que haya sido sometido a un tratamiento tutelar no inferior a un año, que podrá ser prorrogado si es necesario, hasta que el joven alcance esa mayoría de edad. Superados esos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así se resolverá, siendo facultativo reducir la pena en la forma prevista para la tentativa y, si se estimara innecesario aplicarle una sanción, el menor imputado podrá ser absuelto. En palabras de la CSJN, ".la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención del Niño, a 'la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad' (art. 40, inc. 1°). casos, la necesidad de aplicar al joven imputado una pena. (.) Que el mandato constitucional que ordena que toda pena privativa de la libertad esté dirigida esencialmente a la reforma y readaptación social de los condenados (art. 5, inc. 6, CADH) y que el tratamiento penitenciario se oriente a la reforma y readaptación social de los penados (art. 10, inc. 3°, PIDCP) exige que el sentenciante no se desentienda de los posibles efectos de la pena desde el punto de vista de la prevención especial. Dicho mandato, en el caso de los menores, es mucho más constrictivo y se traduce en el deber de fundamentar la necesidad de la privación de libertad impuesta, desde el punto de vista de las posibilidades de resocialización, lo cual supone ponderar cuidadosamente en ese juicio de necesidad los posibles efectos nocivos del encarcelamiento" (Fallos: 328:4343, "Maldonado").

En atención a las reglas precedentemente expuestas, habiendo adquirido firmeza la decisión que declaró la responsabilidad material del encausado por el delito de homicidio y con los límites definidos por el recurso de casación interpuesto, es que corresponde la revisión instada por la defensa en las presentes actuaciones, arriban a nuevamente a esta Sala para que se examine la pena de seis años de prisión impuesta la que, a criterio de su asistencia, se presenta como innecesaria o inadecuada en virtud del tiempo transcurrido y las circunstancias particulares y concretas del autor, sobre todo las posteriores al hecho. A más de quince años del homicidio que dio origen a la causa y siendo que el hecho, en sí mismo, es merecedor de una pena (art. 79 del Código Penal), debe revisarse -de conformidad con lo decidido por la C.S.J.N. en Fallos: 342:2389- la necesidad de aplicarla o, en su caso, determinar si la que se le infligió al nombrado es la adecuada (art. 4 de la ley 22.278). Para resolver la cuestión ahora controvertida, adquieren central relevancia las previsiones de los arts. 40.1 y 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño, como también la Regla N° 5 de la Resolución 40/33 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, "Reglas de Beijing").