marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de obra pública, certificados de obra, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 790 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-25

Corresponde acceder al pedido de actualización de los certificados de obra efectuado por la contratista desde que la resolución expuso:

"Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 623 del Código Civil no se deben intereses de intereses, por lo cual solo procede la actualización de la deuda hasta la fecha de su cancelación definitiva". Ahora bien, en los cálculos que aprobó esta resolución, la actualización de los montos adeudados por intereses está prevista hasta junio de 1983, más dicho pago fue efectuado en agosto del mismo año, lo que significa que la suma abonada está actualizada solamente hasta junio de 1983 y no hasta la fecha de su cancelación definitiva, como concretamente ordenaba la resolución.

El análisis recién efectuado de la tramitación del reconocimiento y pago de los intereses adeudados por la Administración revela que no se cumplió con lo ordenado por la precitada resolución, esto es, proceder a la actualización de la deuda hasta la fecha de su cancelación definitiva.
Juicio de apremio, depreciación monetaria, honorarios, recurso contencioso administrativo, costas
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: GIMENEZ LASSAGA, EDUARDO Y OTRO c/ ESEGE SA s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   INCIDENTE DE APREMIO.     CSJ EXPTE NRO 299-87 COLOMBO, VICENTE PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO.     CSJ EXPTE NRO 463-87 ARROYO, DANIEL OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE APREMIO      CSJ EXPTE NRO 458-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-09-09|1987-10-21|1988-09-14

Corresponde hacer lugar al apremio por la cantidad reclamada, actualizada desde la notificación de la demanda de apremio hasta el efectivo pago, con más intereses a la tasa del 6% sobre ese período, sobre los montos de los honorarios y gastos, y las costas del apremio, desestimándose el pedido de que los honorarios se actualicen a partir de la fecha de su regulación, porque estando regulada la mecánica para el reajuste de honorarios de abogados y procuradores en el artículo 32 de la ley 6767 y sus reformas, es necesario que la actualización se efectúe mediante resolución judicial que dé satisfacción a las exigencias contenidas en la aludida norma, de orden público.
Reposición in extremis, error material, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: J. A. K. y otro en Expte. N° 42/12 y sus acumulados Expte n° 41/12 - Expte. N° 40/12 s/Incidente de Ejecución de Sentencia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-07

"La reposición in extremis es un recurso de procedencia excepcional y subsidiario cuya sustanciación y recaudos se corresponden, en principio, con los parámetros legalmente previstos para los recursos de revocatoria codificados. Con su auxilio se puede intentar subsanar errores materiales y también excepcionalmente yerros de los denominados "esenciales" -groseros y evidentes, deslizados en un pronunciamiento de mérito -dictado en primera o ulteriores instancias que no puedan corregirse a través de aclaratorias y que generan un agravio trascendente para una o varias partes. Se entiende por "error esencial" a aquel que sin ser un yerro material es tan grosero y palmario que puede y debe asimilarse a este último. Su interpretación exitosa presupone que se está atacando una resolución que no es susceptible de otras vías impugnativas o que, de serlo, las mismas son de muy difícil acceso o cuya procedencia sea notoriamente incierta, o que no se alegue la necesidad de suplir una equivocación jurídica o un déficit de actividad de las partes en materia de recolección de material probatorio".
Transporte de carga por agua, transporte internacional, pérdida parcial de mercaderías, cláusula FOB, seguros, cobertura, indemnización, dictamen pericial
Materia: COMERCIAL - NAVEGACION
Carátula: LA AUSTRAL CIA DE SEGUROS SA c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ SAN MARTIN I s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

Como es público y notorio en los seguros pactados en transportes internacionales de mercaderías la cobertura supera, y en medida considerable (al menos esto es lo habitual), el valor FOB del material importado. Y si comparamos dicho valor FOB del faltante con el pago que acusó el perito contador y con el que la demandada considera procedente, se advierte de inmediato que admitir la tesis del buque conduciría a una utilización totalmente antifuncional del seguro. Nótase, que la indemnización denunciada por el contador -con ser modesta (1,6 sobre FOB)- cumple una función de cobertura que es concorde con la finalidad propia del seguro, desde que ampara el costo y un 60% más para afrontar otros gastos. El resarcimiento que propugna el transportista, por el contrario, desnaturaliza la función asegurativa, puesto que no alcanza siquiera para cubrir el costo FOB/N. York; situación esta totalmente alejada de nuestra realidad comercial importadora.
Rechazo de la prueba, facultades del fiscal, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CANGELOSI, Carlos.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-18

La decisión de rechazar la producción de pruebas no aparece en violación al derecho de defensa (art. 18, C. N.), debido a que el fiscal obró conforme a la facultad que le otorga el art. 212, última parte, C.P.P.
Falsificación de documentos, idoneidad de la falsificación
Materia: PENAL
Carátula: OBREGOZO, Hugo D. y otros s/ sobreseimiento Causa nro. 28.166
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

La idoneidad de la falsificación o adulteración debe ser evaluada con el criterio y parámetros del hombre común, puede decirse en el caso de autos que la calidad de la falsificación no es buena, pero no al punto de transformar el hecho en atípico.
Daños y perjuicios, responsabilidad del concesionario (administrativo), animales sueltos en la vía pública, rutas, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Colavita,  Salvador y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

La responsabilidad que genere la existencia de animales sueltos en la ruta debe atribuirse a su propietario, sin que ello sea excluyente de la que pudiese corresponder al concesionario del camino por su deber de suprimir las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, o por su obligación de adoptar las medidas de emergencia necesarias para solucionar situaciones que impidan la normal circulación vehicular (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno y Gustavo A.

Bossert).
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: DESTIN ROSSI, JULIO ENRIQUE c/ GARCIA CASERTA, FRANCISCO JOSE Y OTRO s/ SUMARIO - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

Para la fijación del "quantum" en el daño moral, deben ponderarse factores como la gravedad de la culpa, la cuantía de los perjuicios materiales -si existieren-, las condiciones personales del autor del hecho y las de la víctima, etc.-
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Helguera, Jorge Daniel y otros c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-24

La cuestión constitucional puede plantearse ante cualquier juez (control difuso) sin que sea indispensable acudir inexcusablemente ante la Corte a través de la acción prevista en el art. 683 del Código Procesal Civil y Comercial.
Hecho diverso, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ LEONARDO ISMAEL s/ RECURSO DE CASACION - HECHO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-05-30

Nada se ganaría retrotrayendo el proceso, como quiere la doctrina del hecho diverso, a un estadio procesal anterior, ya que el derecho de la defensa en juicio se satisface con que la cámara, previa anulación de la sentencia, brinde una nueva oportunidad defensiva al imputado, para con vistas a todas las circunstancias que integran el nuevo supuesto de hecho probado, aplique la norma correspondiente.
Personal municipal, jubilación por invalidez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TRABUCCHI, JOSE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-28

Si el agente municipal obtuvo la jubilación por invalidez por aplicación del decreto 995/70 transformada luego en subsidio por incapacidad laborativa, fundado en las ordenanzas 28175, 28635 y 29898, al obtener la jubilación por invalidez de conformidad con el artículo 26 del decreto 1645/78, debe computarse como fecha de cese a los efectos de este ultimo beneficio, la del vencimiento del subsidio (del dictamen de la PGT. Al que adhiere la sala).
Litisconsorcio necesario, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Santa Cruz c/ Banco de la Provincia de Santa Cruz s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-12-04

Dentro de la relación perimetral en que ha quedado esta litis (litis consorcio necesario) los actos de disposición sobre la pretensión (allanamiento) no producen sus efectos normales en virtud de que el otro listisconsorte prosigue cuestionando la acción entablada y no concurre con su voluntad expresa a integrar el acto de allanamiento. No cabe pues resolver por separado o fraccionar la decisión de una litis que se ha transformado en común e indivisible, y cuya sentencia por ende, debe ser común y comprensiva de todos ellos.
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Catacora Poggi c/ Compañía de Transportes Río de La Plata s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-16

El régimen de responsabilidad establecido en el art. 184 del Cód. de Comercio, responde al mismo principio que informa la normativa del art. 113 del Cód. Civil, por lo que la doctrina legal elaborada respecto de este último por la Suprema Corte de Justicia es de estricta aplicación. Consecuentemente, para que la empresa transportista quede eximida de la responsabilidad objetiva que sobre ella opera, debe aportar al proceso prueba fehaciente e indubitable que acredite alguna circunstancia legalmente relevante de exoneración (art. 375 del Cód. Procesal).
Asociaciones profesionales de trabajadores, estabilidad del delegado gremial, tutela sindical, trámite jubilatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Sindicato Independiente de Remiseros c/ Federación Argentina de Remises y otro s/ Ley de asoc. sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

El juez a quo consideró que el acceso a un cargo gremial implica una prórroga del plazo establecido por el art. 91 L.C.T., y pospone el ejercicio de la facultad conferida al empleador por el art. 252 de la ley citada hasta el vencimiento del período de tutela. En consecuencia, admitió la acción de exclusión de tutela sindical a partir de una fecha en que comenzaría el plazo para que el accionado iniciara los trámites jubilatorios. Éste a su vez se encuentra rebelde en la contestación de la demanda. Teniendo en cuenta que estamos ante un sujeto particularmente protegido (arts. 9 L.C.T. y 14 bis C.N.), no puedo albergar dudas de que el derecho de la Universidad de Buenos Aires, de intimar a sus empleados que se encuentren en situación de jubilarse a que inicien los trámites pertinentes, debe ceder ante uno superior como lo es el del trabajador amparado por una garantía sindical. De modo que el hecho de haber alcanzado el accionado la edad jubilatoria no puede obrar como causal del pedido de exclusión. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría). Sala III, Expte. N° 70076/2017/CA1 Sent. Def. del 22/08/2018 "UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES C/Ríos, Horacio Tomás s/Juicio sumarísimo" fCAÑAL-PEREZ-PERUGINI).
Expendio de medicamentos, ley provincial, autonomía provincial, Salud pública, control de constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

El hecho de que el legislador local -ley 10.606 de la Provincia de Bs As-, a diferencia del nacional, haya optado por un sistema que a su parecer permite asegurar un nivel más elevado de protección de la salud pública y en particular el abastecimiento adecuado de medicamentos a la población, no alcanza para demostrar una repugnancia efectiva en los términos de la jurisprudencia de la Corte; una interpretación diferente sería incompatible con la amplitud de las atribuciones que las legislaturas provinciales se reservaron para promover el bienestar de sus poblaciones y con la consiguiente proscripción de cualquier interpretación extensiva de aquellas normas que introduzcan límites a dicho poder provincial (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Guerrero, Juan Ramón; Fortete, Eduardo Fabio s/ Tenencia de arma de guerra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa cuestiona el allanamiento de domicilio realizado, sin denunciar como violadas las normas instrumentales pertinentes.
Cuestiones procesales, deberes y facultades del juez, multa, temeridad o malicia
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZWANCK TOMAS c/ JOFRE FEDERICO HERNAN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-25

El CPR 45, contempla la imposición de sanciones a la parte vencida -o a su letrado-, solo cuando estas hubieren incurrido en la denominada inconducta procesal genérica, consistente en el proceder contrario a los deberes de lealtad, probidad y buena fe (arts. 34, inc. 5 del citado cuerpo legal) manifestado en forma persistente durante el transcurso del proceso judicial. Su fin es moralizador y, por ese medio, se procura sancionar a quien formula defensas o afirmaciones temerarias, sabedor de su falta de razón, utilizando las potestades legales con una finalidad obstruccionista y dilatoria. Así, es dable precisar que es función que el juzgador debe ejercer discrecionalmente, el evaluar si la conducta de la parte se ha hecho pasible de la calificación de temeraria y/o maliciosa, para lo cual es menester proceder con suma prudencia y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al solo hecho de que las peticiones o las defensas hayan sido finalmente desestimados o carezcan de sustento jurídico, dado que ello significaría coartar la garantía constitucional de defensa en juicio que debe ser celosamente preservada, recordando que el juez debe proceder con cautela en tales cuestiones. Sobre la base de estos principios, no se advierte, en el caso, que la conducta de la actora sea susceptible de ser encuadrada dentro de tales presupuestos. El hecho de que la demanda haya sido promovida por un monto muy superior al finalmente reconocido no es un argumento suficiente, por lo antes dicho, para tornar temeraria o maliciosa la conducta de la parte.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, indemnización, incapacidad sobreviniente, daño moral, asistencia psicológica
Materia: CIVIL
Carátula: Q., A. c/ L., J. C. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-17

Más allá de considerar que el daño psicológico constituya o no una categoría distinta del daño material o del moral en nuestro derecho, en base al principio de reparación integral, nada impide admitir el resarcimiento de los gastos necesarios para procurar la atención psicológica pues, acreditada su necesidad, nos encontramos ante un daño futuro pero cierto, e indemnizable, con independencia que se haya realizado o no el tratamiento, dado que ello no excusa a la demandada de atender un costo que deriva de un hecho dañoso que le es imputable, por lo que corresponde incluirlo en la condena.
Daño directo, defensa del consumidor, pasaje aéreo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lagos Melina Belén c/ Flybondi SA  s/ menor cuantía
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2024-02-08

Corresponde hacer lugar a una demanda promovida por quien compró un pasaje en avión siendo el vuelo cancelado y compensado por la demandada con un menor valor que el oportunamente abonado por aquel, y condenar a la línea aérea a pagar un monto actualizado en concepto de daño directo, toda vez que entre las opciones que prevé el art. 10 bis de LCD esta la restitución de lo pagado, que constituye una obligación de valor en los términos del art. 772 del CCyC, lo cual encuentra fundamento tanto en el contexto inflacionario existente en el país, en la prohibición de indexación -ante el principio nominalista- y que debe ser considera una obligación de dar sumas de dinero, resultaría claramente desfavorable para los derechos de los consumidores, violando ello la interpretación tuitiva que debe realizarse cuando están en juego estos derechos constitucionales.
Sentencia, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marquez, Nestor Jose c/ Lopez, Arturo s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

La presentación de la parte reclamando la pérdida de jurisdicción por haber transcurrido el plazo para dictar sentencia es útil para exteriorizar la voluntad del peticionario de no consentir el dictado de una sentencia fuera de plazo.
Contratos, seña penitencial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lucero, Hector Ruben c/ Wettstein, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Que la seña entregada al intermediario haya sido aceptada por el locador, sólo implica que perdió su carácter de "ad referendum" pero sigue siendo seña, que de tal modo y con su pleno carácter penitencial pasa a regir el incipiente acuerdo de voluntades, sin que tal aceptación implique principio de ejecución del contrato, toda vez que lo que el futuro locador percibe es una seña y no un alquiler anticipado.
Recurso de apelación (procesal), excarcelación, cauciones
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cerimele, Jorge A. s/ Exención de prisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-20

Si la excarcelación es solicitada sin especificar el tipo de caución, su determinación queda a exclusivo arbitrio del tribunal y, consecuentemente, el marco del agravio debe restringirse al monto fijado para la soltura.
Prisión preventiva, Pacto de San José de Costa Rica, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: STAMBONI CARLA VANESSA c/ VELIZ CARLOS MARIO s/ ESTUPRO CALIFICADO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-25

La Ley Nro. 24.390 reglamenta, como lo expone en su Art. 9, el Art.

7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos la obligación de observar las reglas que respeten derechos y garantías consagrados constitucionalmente.
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad, delito penal, pluralidad de hechos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Barrientos, Horacio  Gabriel  y  otros s/ delito  contra  la seguridad pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-17

Las reglas de conexidad en materia penal sólo son aplicables a la distribución de competencia entre jueces nacionales, por cuanto la materia escapa a las regulaciones locales y no puede ser alterada por las razones de mero orden y economía procesal, que inspiran aquellas disposiciones rituales.
Prescripción, cómputo del plazo, acción de reclamación por averías, averías comunes o gruesas
Materia: NAVEGACION
Carátula: Itaypitc  SRL  y otro c/ EMMA s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-10

El plazo de prescripción de las acciones derivadas de la avería gruesa o común varía según se firme o no el compromiso de avería. El art. 407 de la Ley de Navegación consagra al respecto las siguientes reglas:

a) En caso de ausencia de compromiso, la prescripción opera en el plazo de un año, computado a partir de la conclusión de la descarga en el puerto en que concluyó la expedición.

b) En caso de existencia de compromiso de avería firmado, la prescripción se opera en el término de cuatro años, computado desde la fecha de la firma del compromiso.
Excepciones procesales, arraigo, domicilio en el extranjero
Materia: PROCESAL
Carátula: B.L., M. c/ C.A.M. y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-12

Cuando se ha reconocido por el accionante estar domiciliado en el extranjero no obsta su admisión el hecho que posea bienes en el país si el bien inmueble denunciado como de su propiedad es precisamente el objeto del litigio.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Smuclir, Gustavo Alberto c/ Gran Hotel Miglierina y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-18

Una cosa inerte, que sólo se mueve por la fuerza de quien quiere usarla, asume el rol de peligrosa si no es de un material adecuado o no posee un señalamiento correcto de acuerdo con la normativa administrativa.
Régimen de consolidación de deudas, reajuste jubilatorio, tasas de interés, tasa pasiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Peruchini, Celestino Ambrosio c/ ANSeS s/ ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

Entre la fecha de corte de la ley 25.344 y la fecha de vencimiento de los bonos previsionales previstos en el art. 7°, inc. b, del decreto 1873/2002, corresponde aplicar los accesorios previstos en el art. 12, inc. a) del Anexo IV del decreto 1116/2000 y, desde la fecha de vencimiento de tales bonos y hasta el efectivo pago de las acreencias, corresponde ordenar la aplicación de la tasa pasiva de interés (Disidencia parcial del juez Rosenkrantz). - Del precedente "Pennacchiotti" (Fallos: 342:193) al que la disidencia remite -