Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-23


Causa Nº 067-00-CC/2006 "Justiniano, Enzo Natalio s/Infr. Art. 189bis CP- Apelación" En la ciudad de Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de mayo del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Federico Enrique Stolte, a fs. 346/8 de la presente, de la que:

RESULTA:

Que el defensor oficial cotitular de la Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 3 interpuso recurso de apelación (fs. 346/48) por violación a los principios de legalidad e inocencia y por falta de motivación de la resolución recurrida, el cual fuera concedido por el a quo a fs. 356, lo que motivara la intervención de este Tribunal.

Oída la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 367/368, pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a dilucidar, ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto, en su caso ¿resulta adecuado a derecho el resolutorio recurrido PRIMERA CUESTIÓN:

Admisibilidad del Recurso 1.- En primer término, cabe mencionar que, sin perjuicio del "nomen juris", el recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 61 de la Ley Nº 12, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

Al respecto, es dable mencionar que el recurso previsto en la norma citada es un recurso de los denominados extraordinarios, "cuya admisibilidad se halla supedita a la concurrencia de motivos o causales taxativamente establecidas por la ley, y en los cuales, consecuentemente, las facultades del órgano competente para decidirlos está limitada al conocimiento de determinados aspectos o puntos de la resolución impugnada" (Lino Palacio, "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo- Perrot, 1998, pag. 23).

En este sentido, el art. 61 inc.1º LPC contempla la posibilidad de recurrir la sentencia definitiva o cualquier auto equiparable a ella en el supuesto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.

Ahora bien, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmar que: "... se requiere que la resolución apelada revista el carácter de sentencia definitiva. Tal es el caso de las resoluciones que ponen fin al pleito, impiden su continuación o causan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior" (CSJN, Fallos 293:443; 293:439).

Lino Palacio explica que "las resoluciones dictadas con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia definitiva son, sin embargo equiparables a éstas (...) en el caso de que ocasionen un gravámen irreparable". Y continúa: "puede inferirse que el gravámen irreparable resulta fundamentalmente configurado ante las siguientes situaciones: 1º) la ausencia de otra oportunidad procesal útil para obtener el amparo del derecho de que se trate; 2º) la magnitud del perjuicio económico que lleva aparejado el cumplimiento de la decisión; 3º) las dilaciones y trastornos que ésta es susceptible de ocasionar". (confr. Lino E. Palacio, El Recurso Extraordinario Federal, ed. Abeledo -Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 88).

El Tribunal Superior de Justicia expresó que "...tan sólo excepcionalmente decisiones de ese carácter [medidas cautelares] pueden resultar definitivas, cuando el tenor de la situación suponga una afectación irreparable a derechos o principios de raigambre constitucional, por ejemplo, cuando el principio constitucional exija ser verificado en su cumplimiento antes de la decisión final, según su propio texto (cf. "Clínica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en Clínica Fleming s/ art. 72 CC -incidente clausura- apelación", res. del 19/12/01, expte. n° 1215/01).

2.- Por lo expuesto, siendo que la resolución impugnada no se trata de una sentencia definitiva, cabe analizar si causa gravamen de imposible o difícil reparación ulterior que habilite su procedencia.

Al respecto, del análisis del supuesto traído a examen, se desprende que el decisorio impugnado al revocar la suspensión del proceso a prueba generaría al recurrente un gravamen irreparable de insusceptible solución posterior, toda vez que en el supuesto que la resolución adquiriera firmeza, el imputado debería someterse al juicio oral con el consiguiente riesgo de ser condenado - tal como fuera ordenado por la Sra. Jueza de Grado- y no al plan de conducta que se ha establecido el 19 de mayo de 2005.

En este sentido se ha expresado el Alto Tribunal en el expediente M 305XXXII "Menna, Luis s/ recurso de queja" del 25-9-97 y en la causa "Padula, Osvaldo y otros" resuelta el 11-11-97, donde en esta última manifestara que "el gravámen no resulta susceptible de reparación posterior, en tanto restringe el derecho del procesado a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena".

3.- En razón de lo expuesto, corresponde declarar admisible el recurso interpuesto por el Sr. Defensor Oficial obrante a fs. 346/48 en virtud de lo normado por el art. 61, inc. 1, apartado a), L.P.C. -inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva-. Dicho motivo de impugnación queda comprendido en el concepto de violación de la ley sustantiva (art. 76 bis C.P. en virtud del art. 55 L.P.C.), cuya fórmula comprende a su vez, errores de derecho que constituyen el desconocimiento de una norma jurídica en su alcance general y abstracto, sea que el error verse sobre su existencia, sobre su validez o sobre su significado (Conf. De la Rua, "La casación penal", Ed. Depalma, 1994, pag. 37).

En lo sucesivo, se analizarán en primer lugar aquellos agravios introducidos por la defensa que, de ser admitidos, supondrían la revocación de la resolución en crisis, y tornarían innecesario el análisis de los restantes agravios.

SEGUNDA CUESTIÓN:

De los agravios 4.- En lo relativo a la cuestión de fondo traída a estudio de esta Alzada, cabe analizar los agravios expresados por el Sr. Defensor Oficial en el recurso obrante a fs. 346/48, contra la resolución del a quo de fecha 06/03/2005.

En primer término y del análisis de las constancias obrantes en la causa, surge que el 19 de mayo de 2005 se llevó a cabo la audiencia de suspensión de juicio a prueba, en la cual la Sra. jueza de grado dispuso suspender el juicio a prueba por el término de un año respecto de Enzo Natalio Justiniano, quedando sujeto al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y comunicar al tribunal cualquier cambio de ésta; b) Realizar sesenta (60) horas de trabajos no remunerados en la Escuela de Educación Media nº 27 de la localidad de González Catán, Pcia. Bs. As.

Por otra parte, a fs. 327/334 se agregaron fotocopias certificadas de la causa nº 8289 del Juzgado de Garantías en lo Criminal y Correccional nº 2 del Departamento Judicial de La Matanza, en la cual se le imputa a Enzo Justiniano la comisión del delito de robo con armas de utilería, hecho que se habría perpetrado el 18 de junio de 2005.

Con fecha 6 de marzo de 2006, la Sra. jueza de grado, Gabriela Zangaro, resolvió dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba por entender que Justinano, al encontrarse imputado en un proceso penal ante la justicia provincial, habría incumplido el compromiso de no cometer un nuevo delito durante el tiempo fijado para la suspensión de juicio a prueba, ordenando la fijación de audiencia de juicio oral y público para el día 18 de mayo del presente (fs. 336).

5.- El art. 76 ter del Código Penal establece como condición común para el mantenimiento de la suspensión acordada y para la extinción de la acción penal, entre otras, la no comisión de un delito durante el período de prueba.

De ello se sigue que resulte necesario determinar si efectivamente Justiniano ha incumplido con la condición mencionada precedentemente, es decir si cometió un delito.

A nuestro entender, es clara la solución del conflicto si se transita por la vía que salvaguarda los principios constitucionales de inocencia y legalidad (art. 18 Constitución Nacional y art. 10 y 13. inc. 3º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 11 inc. 1º y 2º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 9 inc. 1º y 4º y art. 14 inc. 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).

Para afirmar que se ha cometido un delito -o, en palabras de la a quo, que no se cumplió con el compromiso de no cometer un delito- será necesario que un juez o en su defecto un tribunal mediante un procedimiento llevado a cabo en cumplimiento con la garantía del debido proceso, dicte una sentencia condenatoria que así lo determine y que ésta adquiera firmeza; sólo de esta forma será posible afirmar la culpabilidad de un sujeto.

La ley fundamental impide que se trate como si fuera culpable a la persona a quien se le atribuye un hecho punible, cualquiera que sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto el Estado, por intermedio de los órganos judiciales establecidos para exteriorizar su voluntad en esta materia, no pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y la someta a una pena (conf. Maier, Julio B., "Derecho Procesal Penal" I. Fundamentos", Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2002, pag. 490).

De tal manera, el principio de inocencia quiere significar que toda persona debe ser tratada como si fuera inocente mientras no exista una sentencia penal de condena, y por lo tanto ninguna consecuencia penal le es aplicable.

En la teoría de los derechos fundamentales y del Derecho procesal moderno el principio in dubio pro reo es considerado como un componente sustancial del derecho fundamental a la presunción de inocencia (Bacigalupo, Enrique, "La imputación de los hechos probados en la casación penal y otros estudios", Ed. Ad-hoc, 1994, Buenos Aires, pag. 13).

Roxin explica que "El Derecho común desarrolló, para el caso de inseguridad en la prueba, la pena por sospecha y la absolutio ab instantia para impedir la necesaria absolución. La lucha del iluminismo contra estas instituciones preparó el terreno para el reconocimiento del principio in dubio pro reo".(citado en ob. cit., pag. 14- Strafverfahrensrecht, 19ª ed., 1985, pag. 59).

A su vez Beccaria (...) agrega "Parece como si las leyes o el juez tuvieran interés no en buscar la verdad, sino en probar el delito; como si no hubiera peligro mayor de condenar a un inocente cuando la probabilidad de la inocencia supera a la del delito". La visión de Beccaria, como es sabido, se convirtió en la base ideológica del Derecho penal y procesal moderno (Bacigalupo, ob.cit. pag. 14/15).

Sentado ello, nos encontramos en condiciones de afirmar que para proceder a la revocación del beneficio de la suspensión de juicio a prueba en aras del respeto del principio de inocencia, se requiere la presencia de una sentencia condenatoria firme que declare la culpabilidad del sujeto.

En idéntico sentido, se han manifestado algunos destacados autores al expresar que "... ni siquiera puede revocarla la situación fáctica de prisión preventiva (conf. Zaffaroni, Eugenio Raúl y otros, "Derecho Penal, Parte General", pag. 930).

No basta, entonces, para revocar la suspensión acordada o para obstaculizar la extinción de la acción, la mera imputación de un delito posiblemente cometido en el período de prueba. La sóla existencia de procesos abiertos durante el período de prueba no impedirá el mantenimiento de la suspensión del proceso a prueba. (conf. Vitale, Gustavo, "Suspensión del proceso a prueba", Ed. del Puerto, Bs. As. 1996, pág. 166) 6.- Dado que de las propias constancias agregadas en autos se desprende que Justiniano simplemente está imputado de la presunta comisión de un nuevo delito acaecido en sede provincial, resulta evidente la errónea aplicación que se hizo en el caso del art. 76 ter del Código Penal.

Dicha disposición prescribe: "Si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un delito ... se extinguirá la acción penal." La norma, como se advierte, no regula como condición para la revocación del beneficio la imputación de la comisión de un delito acaecido durante el período de supervisión, sino que expresamente contempla como causal la comisión de tal delito.

Así las cosas, la Sra. jueza de grado creó una causa de revocación de la suspensión del proceso a prueba en el proceso penal no sólo no prevista en el texto de la ley, sino incompatible con los fundamentos propios de nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto al principio de legalidad se refiere.

"La ley es su texto" (Zaffaroni, ob. cit. pag. 113). En un Estado de Derecho el principio de legalidad recomienda que sea el legislador, y no la decisión particular de los órganos de la persecución penal (jueces) quien determine el contenido de la ley. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, en tal sentido, que la ley del Congreso debe fijar y precisar los hechos punibles y las penas aplicables (Fallos, 304:892); es una función que la Constitución "pone en cabeza exclusiva del poder legisferante" (Fallos, 312:1920).

Por lo expuesto, nunca puede reanudarse el proceso suspendido por la mera sospecha de comisión de un segundo delito, pues no existe certeza aún de culpabilidad; el sujeto puede ser desvinculado del proceso por el nuevo delito y de proseguir con la interpretación efectuada por la a quo, se podría presentar la posibilidad de que el sujeto resulte condenado por el primer delito porque se reanudó el proceso con una simple sospecha, que finalmente resultó infundada.

La interpretación que la Sra. jueza efectúa no resulta ajustada a derecho, pues no habiéndose configurado una causal de revocación de suspensión del juicio a prueba prevista en el art. 76 ter, parrafo 4º del Código Penal, tampoco resulta de aplicación lo preceptuado en el párrafo 5º de la norma citada y, en consecuencia, debió continuar con el trámite del proceso suspendido a fs. 309/313 y con las condiciones allí impuestas.

Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE:

I. HACER LUGAR al recurso interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Federico Enrique Stolte a fs. 346/8, y en consecuencia revocar la resolución obrante a fs. 336.

Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 22.

Ante mí:

En de de 2006 libré una cédula. Conste.

En dede 2006 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

En dede 2006 notifico a la Secretaría General la remisión de los autos al Juzgado de origen. Conste.

En dede 2006 remití las actuaciones al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 22. Conste.