marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Glow, Federico y otra s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley e  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

La cuestión no encuadra en ninguno de los supuestos del art.

14 de la Ley 48, se enmarca en normas de derecho procesal y público local, materia ajena al recurso extraordinario. Es doctrina del Superior Tribunal que la garantía constitucional se vulnera cuando al accionante se lo priva de la oportunidad de hacer valer su derecho, pero no cuando, habiéndose presentado la posibilidad con arreglo a las normas procesales, ha dejado transcurrir el término respectivo.
Instrumentos públicos, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mulone, Ricardo Arturo c/ Burna, Graciela María Amelia s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-05-31

En cuanto a la competencia en razón del territorio o "ratione loci" el Código Civil exige que los actos otorgados por funcionarios publicos estén extendidos dentro del territorio que corresponde a la jurisdicción de su investidura (Competencia en razón del terrotirio o "ratione loci"), por lo que fuera de esa jurisdicción el funcionario carece de atribuciones. Son nulos los otorgados por Oficial público incompetente en razón de la materia o territorio.
Contrato de trabajo, ex empresas del Estado, Aerolíneas Argentinas, propiedad participada, bonos de goce y de participación, valor de la acción
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE, JUAN DOMINGO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ PART. ACCIONARIADO OBRERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

Tanto el art. 56 LO como el art. 165 del CPCCN, establecen que la sentencia fijará el importe de los perjuicios reclamados siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Y en cumplimiento de la manda normativa, y a los fines de cuantificar el valor de las acciones (Aerolíneas Argentinas S.A.) en virtud del cual se habrá de establecer el monto de la condena pecuniaria, cabe establecer su valor en un importe promedio en el período considerado que puede ser determinado en función de la diferencia que existe entre el valor inicial de la acción en 1995 ($ 0,10) y el valor informado por la perito como correspondiente al año 2005 ($ 0, 54) Así el valor promedio de cada acción clase B es de $ 0, 32. De dicho importe debe detraerse el precio que los accionantes debieron haber abonado, en virtud del carácter oneroso del sistema; el cual, conforme disposición del decreto 596/95 ascendió a $ 0,10 por acción. Por lo que, a los efectos de establecer la reparación deberá aplicarse dicho valor ($ 0,22) en relación a cada acción a que los accionantes tenían derecho. La suma de condena emergerá de aplicar el valor de la acción (o sea $ 0,22), y luego multiplicarla por la cantidad de acciones que les corresponda a cada uno de los coactores beneficiarios de la condena (de acuerdo al pead individual y al pead general). La suma así obtenida será la indemnización a la que resultan acreedores los actores beneficiarios de la condena.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: Neuquén, Provincia del c/ Estado Nacional (Ministerio del Interior) s/ medida cautelar -incidente sobre medida cautelar- IN1.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-26

Todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida cautelar debe acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza.
Proceso penal, acción civil, actor civil, damnificado directo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ZICOVICH RICARDO ALBERTO Y OTRO s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-06-12

Para instar la admisión como actor civil es necesario aparecer como directamente damnificado a causa del mismo hecho que constituye objeto del proceso penal. Tal exigencia no concurre si quien pretende constituirse en actor civil aparece como intermediario, limitándose su función a acercar a las partes en todos los negocios celebrados, sin asumir contractualmente ningún riesgo ni responsabilidad patrimonial emergente de los mismos. El nombrado, por tanto, no reviste la calidad de damnificado directo requerida por el art. 14 del C.P.P., es decir como aquella "persona a la que el hecho le hubiera causado de manera inmediata por s i mismo y no en razón de una vinculación jurídica con la victima un perjuicio de esa especie.-
Jurisdicción y competencia, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Riva S.A. c/ M.C.B.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-24

El art. 97 de la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (19.987) sólo adquiría sentido en el marco de un sistema que contemplaba la distribución de la competencia primordialmente en razón de la cuantía, que al desaparecer le restó eficacia como norma de deslinde jurisdiccional.
Pedido de quiebra, caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Amisud SA le pide la quiebra Provincia Seguros SA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Procede confirmar la resolución que decretó de oficio la perención de la instrucción prefalencial. Ello por cuanto, el hecho de que el actor agregara un acuerdo de pago y suspensión de plazo, y la petición de homologar un acuerdo de pago y suspender los plazos en una instrucción prefalencial resulta inviable en virtud de los intereses iuspublicísticos que caracterizan este trámite universal, incompatibles con una ejecución individual, razón por la cual no resulta proponible la postura del apelante dirigida en revertir la solución de grado. Es que en virtud de su naturaleza, el pedido de quiebra no admite el trámite de un acuerdo con quien ha pedido la falencia de su contraparte y mucho menos tiene la posibilidad de obtener la homologación del contenido, en un pedido de esta índole, a poco que se repare que este proceso está enderezado, obviamente, a la prueba de la cesación de pagos del deudor. Va de suyo que la carga procesal que tienen las partes de impulsar el proceso se traduce en el deber de realizar el acto adecuado, conforme con el momento procesal de que se trata, para que el trámite avance del estadio en que se encuentra al consecutivo. Debiendo ser tal acto, en consecuencia, idóneo y capaz de llevar adelante la causa (cfr. Loutayf Ranea y Ovejero López, "Caducidad de la Instancia", Ed. Astrea 1986, pág. 88).
Acción, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Prando de Quitegui Susana Matilde y otros c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

Los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un real interés del accionante (supuesto que no se presenta en el caso en tanto la pretensión actora se tornó abstracta por haber encontrado satisfacción en la sentencia dictada en otra causa. Las cuestiones abstractas no deben ser materia de una decisión judicial.
Archivo del expediente, resoluciones judiciales, nulidad procesal, auto de sobreseimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Estevez, Vanina A. s/ Archivo del Expediente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-03

La decisión de archivo, que no se adecuó a la hipótesis legal de inexistencia de delito, invocada por el Juez Instructor (pues previamente, había ordenado la instrucción sumarial, practicado medidas y oído a los imputados) sin haberse configurado tampoco la situación receptada por el art. 191 del C.P.P., no importa necesariamente su nulificación, pues a través de la Alzada pueden ser acogidos sus argumentos con el correcto encuadre procesal, transformando dicha resolución en auto de sobreseimiento.
Empleo público, remuneración, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, fondo compensador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Almada Sanchez de Di Salvio Orlinda Francisca y otros c/ C.N.A.S. (Ente res. en liq.) E.N. (Mº de E.y Ob.y S.P. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-11

Debe revocarse el pronunciamiento apelado en cuanto condenó al Estado Nacional a que continúe abonando el Fondo Compensador mensual establecido por la resolución 805/80 de la Caja Nac. de Ahorro y Seguro, así como a disponer lo necesario para la provisión de fondos a fin de dar cumplimiento en el futuro de lo allí dispuesto.
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sanfilippo, Marcos Alejandro c/ Diaz Soto, Abelardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-03

En materia civil y comercial, rige el principio dispositivo, según el cual las partes deben presentar al juez el necesario material de conocimiento probando lo que desean que el juez tenga en cuenta, ya que éste sólo podrá atender lo que surja demostrado en el proceso.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, límites del pronunciamiento, accidente de tránsito, Derecho civil, dictamen pericial, código civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Burgos, Rosa Magdalena c/ Vaca Salazar, Omar Gonzalo y otro s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-07

Que, conforme lo han señalado tanto la doctrina como la jurisprudencia en criterio que en la actualidad es mayoritario, en casos como el aquí analizado rige la responsabilidad establecida por el art. 1113, 2º parte, 2º apartado del Código Civil.

En razón de ello, cada propietario o guardián debe afrontar los gastos que causó al otro, salvo que pruebe que el daño proviene de una causa que le es extraña (el hecho de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, del caso fortuito o fuerza mayor extraña al vehículo mismo).

Al respecto se ha señalado: "Tratándose de dos vehículos en movimiento, que son intrínsecamente riesgosos, son plenamente aplicables en la especie las disposiciones del art. 1113 del Código Civil, segundo supuesto, segunda parte: concurriendo los riesgos recíprocos, la responsabilidad objetiva se mantiene y el dueño o guardián para eximirse de responsabilidad total o parcial en el evento, debe demostrar la culpa de éste o de un tercero por el cual no debe responder o el caso fortuito" (CCyC, Sala 3º, fallo del 30/10/97, "Soto, Víctor c/ Konning, Horacio"; Revista de Derecho de Daños 2 - Accidente de Tránsito II -ed. Rubinzal Culzoni- 1998, p. 288; CACyC 1º Nom. De Córdoba, "Villarroel, Julio C. C. Pedernera, Luis O. Y otro", 03/08/10, La Ley Online AR/JUR/45990/2010).
Depósito judicial, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Establecimientos Metalúrgicos S. Becciu e Hijos - Ventas s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-27

El pago mediante depósito judicial, debe considerarse, en principio, efectuado el día en que el acreedor queda notificado de la providencia que lo advierte del depósito en cuestión, puesto que desde ese momento la cobranza queda librada a su propia diligencia.
Constitución Nacional, división de poderes, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cocchia, Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

Los jueces no están llamados por la Ley Fundamental a acompañar o secundar las políticas escogidas por los poderes a quienes les están confiadas éstas; tampoco, por cierto, están aquéllos convocados a oponerse a tales decisiones.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, expropiación, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Aníbal Gonzáles y otra c/ ESTADO PROVINCIAL s/ IMPROCEDENCIA  DEL RECURSO EXTRAORDINARIO - INEXISTENCIA DE SENTENCIA  DEFINITIVA - EXPROPIACION - DEPRECIACION MONETARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09

No procede el recurso extraordinario interpuesto contra la decisión que rechazó la pretensión de los expropiados de que su crédito se actualizará hasta el efectivo pago, mandando liquidarlo con arreglo a lo dispuesto en la sentencia: con el aditamento de la tasa de interés bancaria para el período que va desde la notificación de la sentencia hasta su cumplimiento, sin perjuicio de su previo ajuste por desvalorización monetaria con más el 6 % anual de interés por el lapso que media entre el nacimiento de la obligación y la aludida comunicación.
Costas al vencido, rechazo de la demanda, exención de costas
Materia: CIVIL
Carátula: AGUERRIBERRY SUSANA BONITA c/ GESUALDO BENJAMIN DONATO s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-09

La eximición de costas que autoriza el art. 68 del Código Procesal procede, en general, cuando media razón fundada para litigar, expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", T.

III, p. 373 nro. 313, ap. B; Colombo, "Código Procesal..." 4to. ed.

t. I, p. 165; C.N.Civ. Sala E, c. 285.978 del 7-12-82; c. 1700 del 15-12-82; c. 12.790 del 4-10-85; c. 289.121 del 7-6-83; c. 7.956 del 29-7-84).

Si la demanda no prosperó toda vez que al no mediar desequilibrio en las prestaciones no podría aplicarse la teoría de la imprevisión e incluso los principios de la equidad, el enriquecimiento sin causa etc., que a veces se esgrimieron para modificar los efectos de un contrato, la sin razón del planteo que, con prescindencia de la buena fe o mala fe del litigante vencido, llevan a imponerle las costas como único modo de que el litigante vencedor se vea reparado de los gastos que se vio obligado a efectuar para obtener el rechazo de una equivocada pretensión.
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Burgos, Christian Damián s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-28

No procede la suspensión del juicio a prueba, cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación, como principal, conjunta o accesoria. La disidencia sostuvo que el criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el art. 76 bis CP a los delitos que tiene prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere los tres años se funda en una exégesis irrazonable de la norma toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando na indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante(Riggi, Catucci y Madueño -en disidencia-).
Accidente de tránsito, automotores, motocicleta, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torres,  Isidro  Antonio  en  representación de su hija menor Gladys Elizabeth Torres c/ Miers, Tito Alberto y otros s/ Daños y perjuicios menor Gladys Elizabeth Torres c/ Miers, Tito Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-11-10

Al evaluar la responsabilidad emergente de un siniestro entre un automóvil y una motocicleta, debe considerarse que la diferencia de masa de los rodados es apta para explicar la magnitud de las consecuencias, pero de ningún modo se puede extraer de ello conclusiones concernientes a la imputabilidad atribuible a los partícipes, respecto de la forma en que ocurrió el hecho; sólo podrá tener incidencia en lo que hace al mayor deber de la diligencia.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bollati, Armando Cristóbal c/ Tala S.R.L. y ot. s/ Remoción de gerentes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-19

Corresponde anular de oficio -por no observar la formalidad del acuerdo y voto individual- la resolución que decidió la prescripción opuesta.
Caución real, contracautela, sustitución de la caución, caución juratoria
Materia: PROCESAL
Carátula: J.B. OPTICA S.R.L. c/ SUMA S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-04

Si bien el propio apelante puede peticionar la sustitución de la caución real decretada, la caución juratoria que solicita no tiene, en la práctica, mayor relevancia ya que la responsabilidad existe aun cuando no se formule el juramento a punto tal que cierta jurisprudencia tiende a considerar que sólo la garantía real es acorde a la finalidad y naturaleza de la contracautela.
Prueba testimonial, testigos de actuación, declaración testimonial, oportunidad procesal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Oribone, Gustavo M. s/ c. 20.120
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-02

Si bien el art. 213 del C.P.M.P. determina que los testigos del acta deberán declarar inmediatamente después de la descripción, ello se debe a la mayor celeridad exigida para el resguardo de la prueba, no resultando menoscabada su habilidad probatoria por el hecho de haber sido brindado tal testimonio.
Declaración del imputado, agravio extemporáneo, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ponce, Julio Alberto s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ramón Avila, en causa Expte. 175/09, caratulada: Ponce, Julio Alberto s.a. Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-08-12

La Cámara en lo Criminal por unanimidad, declaró culpable a J.A.P. del delito de Homicidio Simple, por el que venía incriminado condenándolo a consecuencia a sufrir la pena de quince años de prisión (arts. 79, 12, 40, 41 y 45 del C. Penal).

Contra el decisorio aludido, comparecen los asistentes técnicos del imputado e interponen recurso de casación.

Denuncian inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas.

No pueden tener acogida favorable las argumentaciones tendientes a poner en tela de juicio la declaración del imputado, alegando su desconocimiento de las pruebas existentes al momento de perfeccionarse su declaración.

Al contrario, en el acta respectiva -la que fue suscrita por la defensa técnica, el imputado, el fiscal de instrucción interviniente y el secretario-, se advierte con claridad que el fiscal de instrucción a cargo de la investigación le hizo conocer al imputado los detalles del hecho que se le atribuía, la calificación legal, como así que le informó respecto de cada una de las pruebas obrantes al momento.

El mencionado acto se desarrolló con pleno respeto de las garantías procesales y constitucionales, y a él concurrió, como se dijo, su abogado defensor, que ninguna observación hizo en el acto. Por ello, el planteo resulta a todas luces extemporáneo, puesto que no ha sido objetado por la defensa en ninguna etapa posterior del proceso, elevándose, incluso, la causa a juicio sin que mediara oposición. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Recidiva, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: VILLALBA, FRANCISCA c/ SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA (ASOCIACION CIVIL) s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-29

Si bien el artículo 208 de la ley de contrato de trabajo no establece desde cuando se computan los dos años (si desde que finalizó el amparo económico o desde su primera manifestación) para que la recidiva de enfermedades crónicas sea considerada una nueva enfermedad, impone un límite que la diferencia de la ley 11729 en la que los períodos se sumaban indefinidamente, por lo que resulta lógico interpretar que dicho plazo se cuenta desde que finaliza el amparo económico, máxime teniendo en cuenta que su ubicación dentro del texto del artículo, a continuación de los períodos legales, corrobora esta interpretación. s
Código civil y comercial, tenencia compartida de hijos menores, interés superior del niño, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: A,J.R. c/ B.R.,N.V. s/ Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-22

Es principio rector en la materia, con el nuevo Código, la mantención del estándar de estabilidad y continuidad, el cual apunta a que con la asignación a un progenitor no se quiebre la continuidad afectiva, espacial y social de los niños. Estándar que sólo cederá si se acredita la falta de idoneidad de quien ejerce su cuidado y la adecuada idoneidad de quien reclama dicho cuidado. Claramente deberá de probarse que el mantenimiento del statu quo irrogaría un mayor daño que el cambio que se pretende (Rivera- Medina, "Código Civil y Comercial de la Nación", Ed. La Ley, año 2014, comentario art. 657).-
Recurso de casación, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Ocares, Víctor Ricardo c/ Baldesari, Héctor s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-07

Las reglas de la sana crítica son normas de lógica, no jurídicas. Por ello su infracción -alegada por el recurrente- sólo puede ser corregida en casación cuando condujera a una absurda interpretación de los hechos o de las pruebas implicadas en la decisión.
Despido, indemnización, prestación de servicios, continuidad en el servicio
Materia: LABORAL
Carátula: Fernámdez Juan Carlos c/ Giménez Lino Alejandro y/o Giménez Horacio s/ Indemnización por despido y accidente de trabajo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-11-29

No procede el agravio de la parte actora, ya que se entiende inviable la pretensión de la actora por cuanto de las constancias de la causa surge que si bien se hubo instrumentado documentadamente un despido en octubre de 1995, el actor continuó trabajando con la demandada sin solución de continuidad, tal su postura en demanda y conforme surge de planilla de liquidación acompañada. De modo que si bien tal despido se materializó, mediante telegrama colacionado, no fue así en los hechos o eventualmente, pudo existir retractación del remitente aceptada por el actor, con lo que se purga totalmente el acto desvinculativo como tal y sus consecuencias indemnizatorias.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Tavares, Flavio Arístides s/ Calumnias e injurias -Causa N 36.091-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-19

No se configura gravedad institucional cuando no se encuentran afectados principios de orden social vinculados con instituciones básicas del derecho, y la intervención de la Corte no tendría otro objeto que revisar -eventualmente- intereses particulares.
Gestor judicial, ratificación del mandato, ratificación tácita del mandato
Materia: PROCESAL
Carátula: Vallejos de Brito, Manuela del Carmen. c/ Comando en Jefe del Ejército Argentino. s/ Accidente en el Ambito Militar y F. Seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-30

La ratificación de la gestión exigida por el artículo 48 del Código Procesal no está sujeta a requisito alguno y puede cumplirse por cualquier acto del mandante que importe una aprobación, de lo que hubiera hecho el gestor. Cabe interpretar que la presentación posterior del mandante mediante otro apoderado importó la ratificación tácita de la intervención del gestor.

Y, si bien esa intervención se cumplió cuando ya había vencido el plazo fijado por la ley de rito, al no haber sido objetada oportunamente por la contraparte, importa un implícito consentimiento de aquella actuación e impide la declaración de nulidad impetrada.