Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25


2º Instancia. - Buenos Aires, febrero 25 de 2005.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 481/492? El doctor Di Tella dijo:

I.- A fs. 5/8 E. B., en representación de su hija menor I. R., promueve acción de amparo contra Asociación Civil Hospital Alemán, a fin de que se le brinde la atención médica necesaria por encontrarse ésta embarazada y próxima al momento del parto. Basa la pretensión en que siendo ella y su hija, desde su nacimiento, asociadas al plan médico de ese hospital, al quedar la menor embarazada en forma imprevista, se le negó la cobertura por no encontrarse cubierta por el "Plan Maternal" y que pese a ofrecer abonar los 10 meses de "tiempo de espera" para acceder al mismo no obtuvo que ello fuese aceptado por la demandada, quien a su vez le propuso derivarla al Hospital de Clínicas, alternativa que no aceptó. Invoca en su apoyo la res. 247/96 del Ministerio de Salud y Acción Social que aprueba el Programa Médico Obligatorio (PMO) para los Agentes del Seguro de Salud, y también cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar la procedencia de la vía intentada.

Entiende que si bien el Hospital Alemán es privado, su función no deja de ser pública por tener como misión esencial la protección de la salud y que por ello el establecimiento debe "dejar el comercio", no exigiendo requisitos como el de pertenecer al Plan Maternal diez meses antes del embarazo (fs. 6 vta.). Peticiona en concreto que la demandada cubra todos los gastos, honorarios, material descartable que necesite en el parto su hija menor I., ya sea por vía natural, inducido o cesárea, como así también la inmediata atención que necesite su hija (v. fs. 6 vta.).

La accionada contesta la demanda impetrada en su contra solicitando el rechazo de la acción de amparo, con imposición de costas (fs. 89/95). Previas consideraciones sobre lo normado por el Manual General del Plan Médico del Hospital Alemán, el Reglamento General del Plan Médico y el denominado Programa Médico Obligatorio, manifiesta que la actora no puede desconocer cuál es la cobertura con la que cuenta su hija, toda vez que de la aplicación de las normas invocadas por su contraria no resulta obligatoria la cobertura requerida, habida cuenta que no es un Agente del Seguro de Salud, y que la accionante no contaba con cobertura por maternidad al no ser adherente titular ni haber optado por el beneficio "Cobertura Especial de Maternidad" establecido en el acápite denominado Beneficios del Reglamento General. Asimismo expresa que pese a la inexigibilidad de la cobertura pretendida ofreció derivar a la menor al Hospital de Clínicas para ser asistida para el parto.

Tramitada la etapa probatoria, la sentencia de fs. 481/492 hace lugar a la acción intentada, siendo aclarada a fs. 502. Contra dicho decisorio se alza la demandada, expresando agravios a fs. 511/512, los que son contestados a fs. 517/518 por su adversaria.

Los antecedentes de la causa y la fundamentación jurídica dada por las partes han sido correctamente explicitados por la Juez de la primera instancia en los resultandos del fallo recurrido, a los que me remito dándolos por reproducidos a los fines de este pronunciamiento.

II.- En primer término a fin de emitir mi voto corresponde que analice si el escrito de fs. 511/512, con el que se ha pretendido sostener el recurso cumple con lo preceptuado por el art. 265 de la ley ritual, pudiendo adelantar en este orden de cosas que la exigencia legal no ha sido satisfecha. En efecto la pretendida expresión de agravios lo consiste, a mi entender, en una "crítica concreta y razonada" de las conclusiones del fallo recurrido que la accionada considera agraviantes para su legítimo derecho, tal como lo ha indicado ante los estrados judiciales, crítica que debió centrarse en cada uno de los fundamentos expuestos por el primer sentenciante a fiel de desvirtuar la validez de sus conclusiones; debió para ello haber recurrido a un razonamiento basado en la lógica jurídica y a la ponderación válida de los hechos precisos.

Por el contrario, la accionada se limitó en el mencionado escrito a formular su disconformidad con la sentencia de fs. 481/492 sin fundamentación que cumpliera con los parámetros preindicados, circunstancia que es suficiente para decretar la deserción del recurso.

III.- Sin perjuicio de lo expuesto y a mayor abundamiento cabe poner de resalto que la demandada pretende impugnar el criterio de la Juez a quo sobre la base de párrafos aislados de la sentencia y de su aclaratoria (fs. 502), sin explicación fundada que desvirtúe la aplicación de los antecedentes normativos examinados en apoyo de sus conclusiones.

En ese sentido, la queja no alcanza a torcer las consideraciones que hace la primer sentenciante respecto de la ley 24.754 (L. A. 1997-A, J. A.), por la que la prestación de servicios de la medicina prepaga a cargo de empresas o entidades privadas debe cubrir en sus planes de cobertura médica asistencial las prestaciones mínimas obligatorias dispuestas para las obras sociales a través del Programa Médico Obligatorio -que establecido por la res. 247/96 de M. S., es reemplazado por la res. 939/00-. Ello así, toda vez que no fundamenta por qué considera que la aplicación de esta normativa no es de carácter obligatorio a entidades que como ella son "un agente del servicio de salud".

Para mayor precisión, la magistrada a quo examina detalladamente las prestaciones incluidas en el P.M.O. que contiene la res. 939/00, señalando expresamente que dentro del Anexo I (punto 2.1) se describen las prácticas médicas pretendidas por la actora sin que la quejosa intente siquiera desvirtuar en la supuesta impugnación, que estas normas excluyen la admisión de plazos de carencia, como lo señala la primer sentenciante.

Tampoco dice nada la apelante en torno del análisis que se hace en el fallo apelado sobre el punto 9º del Anexo I relativo a los "Coseguros" (fs. 490), en el cual se explicita que se hallan exceptuados del coseguro en todos los rubros que allí se detallan, estableciéndose también la ausencia de coseguro para toda internación, en general.

Asimismo, no cuestiona la demandada que estas disposiciones -como destaca la Juez a quo- son complementadas con la res. 201 del año 2002 denominada de "emergencia sanitaria", por cuanto en la misma se menciona expresamente a las mujeres embarazadas dentro de la protección de salud de grupos más vulnerables, reiterando en su art. 2º que los agentes del seguro deberán adaptar todos sus programas de prestación y control así como sus contratos, para garantizar el "Programa Médico Obligatorio" a todos sus beneficiarios.

En síntesis, la demandada no aporta al sostener su recurso ningún fundamento que descalifique las conclusiones arribadas en la sentencia apelada respecto de los alcances de las obligaciones médicas a cargo de la accionada y que, en consecuencia, I. R. no tuviera derecho a la plena cobertura médica que se reclamara en este litigio, sin carencias ni coseguros o copagos.

En virtud de lo expuesto precedentemente, opino que debe declararse desierto el recurso concedido a fs. 501.

III.- En cuanto a las costas a cargo de la demandada, debo señalar que la atención médica necesaria brindada a la menor en el momento del parto fue consecuencia de la medida judicial ordenada a raíz de la promoción de este juicio (ver acta de fs. 117/119), circunstancia que no le permite invocarla para eludir su directa responsabilidad en la promoción de esta litigio, en el que resultó vencida, por lo que en virtud del principio objetivo de la derrota las costas corresponden que sean soportadas por ella (art. 68 Cód. Procesal).

IV.- Por todo ello, voto en el sentido que el recurso en examen debe ser declarado desierto. Las costas de esta instancia deberán estar a cargo de la vencida (art. 68, Cód. Proc.) Por análogas razones los doctores Caviglione Fraga y Monti adhieren al voto anterior.

Por los fundamentos del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia recurrida. Las costas correspondientes a esta instancia, se imponen a la parte demandada. - José L. Monti. - Bindo B. Caviglione Fraga. - Héctor M. Di Tella.