Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-06


(1) Tras el rechazo del recurso de inconstitucionalidad (fs. 357/358) no surge de la compulsa del legajo constancia alguna de la eventual interposición de una queja ante el TSJ ni de ulteriores instancias recursivas. En efecto, tras el paso de las actuaciones al Juzgado Nº 2 (fs. 361) y previo a la remisión al Juzgado Nº 4, obra únicamente una solicitud de la doctora Paz relativa a la suspensión de la ejecución de pena de arresto atendiendo a las condiciones del Centro de Contraventores.

(2) Conf. TSJ "in re" "Melillo, Carmen y Viera, Adrián s/art. 72 - Apelación - s/recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. 1526, rta. 11/9/02.

(3) C.459.XXXVIII, "Caballero, Jorge Alberto y otros s/art. 71 CC causa Nº 555-CC/2000 s/queja por recurso de inconstitucionalidad - Incidente de prescripción", rta. 8/11/05.

(4) Conf. Sala II, causa Nº 363-00-CC/2004, "Paiz, Mario Sergio s/art. 74 CC - Apelación", rta. 9/3/05, entre otras. Por lo demás, el art. 457 CPPN establece expresamente que son recurribles en casación aquellos autos que pongan fin a la pena.

(5) Conf. CARRIÓ, Alejandro, "Garantías constitucionales en el proceso penal", ps. 134/135. Por ejemplo, con cita de los precedentes "Olguin", "Monzo" y "Mario Sixto Gómez", la CSJN afirmó que el haber mantenido el fiscal el recurso al solo efecto de que la Cámara se pronuncie, equivale tanto como a un procedimiento de consulta carente de fundamento legal.

(6) "Competencia del Tribunal de Alzada. El recurso atribuirá al Tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos del agravio..." (fórmula que se traduce en el viejo adagio "tantum apellatum quantum devolutum").

(7) MAIER, Julio B. J., "Derecho procesal Penal", Editores del Puerto S.R.L., 2º edic., 1º Reimpresión, Buenos Aires, 1999, T. I, "Fundamentos", p. 594.

(8) CFed., Sala II, LA LEY, del 18/XII/95, F. 93.861; CFed., Salta, J.A., 1996-II, p. 36, citados por D'ALBORA, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación, Ley 23.984, anotado-comentado-concordado", Ed. Abeledo Perrot, 4º edic., Buenos Aires, impresión del 1/10/99, p. 815.

(9) "...Los recursos interpuestos por el ministerio fiscal permitirán modificar o revocar la resolución aun en beneficio del imputado...".

(10) D'ALBORA, Francisco J., op. cit., p. 815, con cita de CREUS, "Las pretensiones de las partes" en los procedimientos impugnatorios y las garantías del debido proceso", LA LEY, del 17/II/93.

(11) Fallos, T. IV, p. 264 y, Sala VI, J.A., 1997-I, p. 492, en D'ALBORA, Francisco J., op. cit., p. 796.

(12) Sostenía que la falta de recurso del condenado o su defensa obtura, en esos casos, un pronunciamiento absolutorio (E.D., T. 148, p. 566, F. 44.534), en D'ALBORA, cit., p. 796.

(13) Ed. Oficial, p. XXXII, citado en D'ALBORA, cit., p. 796.

(14) LA LEY, 26 del IV/96, F. 94.424, citado en D'ALBORA, op. cit, p. 271.

(15) C/Nº 183-00-CC/2005, "Di Paolo, Norberto, Elissagaray, Gabriel por inf./ley 255 (Carlos Calvo 3633) -Apelación-, 8/9/05.

(16) En efecto, sea que haya unificado las condenas o meramente las penas, o, en su caso, la regla de garantía relativa a la llamada "unificación de sentencias", debió argumentar acerca de la verificación de los presupuestos de cada instituto y de la conveniencia -a fin de no incurrir en un supuesto de interpretación analógica in malam partem- de aplicarlo al caso concreto en orden a las particularidades del régimen contravencional frente al ordenamiento que prevé, de acuerdo con su lógica intrínseca, las reglas mencionadas (conf. Sala II, "in re" "Oniszczuk, Carlos Alberto s/Infracción Ley 255 (J. B. Alberdi 2461) - Apelación", rta. 9/9/05).

(17) Tampoco estaba habilitada por la ley para prescindir deliberadamente de la cuantificación antedicha, estableciendo, por ejemplo, una "suma total" -sin perjuicio de su fijación en cuotas, como podría haber ocurrido al amparo de la nueva ley 1472 (arts. 29 y 30), que, por ese entonces, ni siquiera había sido sancionada-. Por lo demás, no brindó razón alguna para omitir la cuantificación contenida en la condena que dijo unificar. Quizás la omisión de la juzgadora radicó en no haber contado, al resolver, con el expediente en el que había recaído la sentencia anterior -lo cual se deduce de su propia mención en punto a basarse en la certificación que firmó la actuaria de su juzgado (en la cual se había aludido a la cuantificación), del expreso pedido de remisión del legajo en el punto IV de la decisión, y de la fecha de recepción por parte del Juzgado Nº 2 en la causa Nº 21.074-JC/03 del oficio conteniendo tal requisitoria (24/9/04, cfr. fs. 369 de dicho legajo)-. Demás está decir que, a los efectos de la tarea emprendida -unificación de condenas, penas o sentencias-, debió contar con el expediente a los efectos de aplicar las pautas de mensuración de la llamada "pena total".

(18) La doctora Guagnino se refiere en forma mediata a este asunto cuando alude a la imposición de "una pena ilegal".

(19) BIDART CAMPOS, en "Nulidad en la condena penal y reformatio in pejus", E.D., t. 165, p. 1109, comentario al F. SE25, dice: "...que aun ante un grueso error judicial, el tribunal de alzada provocado solamente por apelación de los condenados actuó sin jurisdicción cuando dispuso la nulidad del fallo inferior sin petitorio de parte", pues, en paráfrasis de un fallo de la Corte Constitucional de Colombia, "...si encuentra irregularidades en el proceso o en la sentencia y si enmendarlas conduce a empeorar la situación del condenado apelante, no puede declarar la nulidad cuando el agravamiento de la pena habrá fatalmente de producirse" (conf. D'ALBORA, cit., p. 816).

(20) Se alude a un ticket fechado el 2/2/05 cuando, conforme con lo que se desprende de las fojas a las que remite la magistrada, es del 9/2/05.

(21) Cabe apuntar que, sin perjuicio de la ausencia de sello de la entidad bancaria denunciada por la doctora Guagnino, éste puede observarse estampado en el dorso del testimonio glosado a fs. 199 de los autos acollarados.

(22) Es decir, como bien indica la Sra. Fiscal, quién lo presentó, a título de qué, si se acompañó a un eventual pedido de fraccionamiento de la sanción en cuotas, etc.

(23) NUÑEZ, Ricardo C., "Tratado de derecho penal", Lerner Ediciones, 2º edic., reimpresión de julio 1978, Buenos Aires, 1978, T II, p. 541.

(24) C/Nº 224-01-CC/2004, "Incidente de apelación en autos 'Abichain, Carlos Santos y otros s/Incidente de ejecución'", rta. 13/10/04.

(25) D'ALBORA, cit., p. 268.

(26) Esta Sala se ha expedido en sentido contrario a la aplicación supletoria del art. 21 CP en lo que respecta al régimen de la multa contravencional prevista en la ley 10 (Adla, LVIII-A, 724) (causa Nº 224-01-CC/2004, cit.).

(27) CSJN, C.459.XXXVIII, "Caballero, Jorge Alberto y otros s/art. 71 CC causa Nº 555-CC-2000 s/queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad - incidente de prescripción", rta. 8/11/05, del voto del doctor Fayt.

(28) Ídem, cfr. voto del doctor Petracchi.

(29) Ib.

2º Instancia. - Buenos Aires, febrero 6 de 2006.

Y Vistos: El despreocupado desorden que ha regido la tramitación de los presentes actuados -conformado por una sucesión de actos procesales con defectos intrínsecos acumulativos a los de los pasos que les sirvieron de precedentes- ha empañado incluso los contornos del objeto sobre el que ha de recaer nuestra decisión.

La circunscripción del "thema decidendum" exigirá una retrospección hacia etapas precedentes a la apelación de fs. 44/46 mediante una descripción presentada acríticamente que, lejos de la condescendencia o distracción, pretende aclarar circunstancias que a simple vista pasan inadvertidas.

a) Tras la audiencia del 24/3/04 (causa Nº 22.437 -JC/2003 del Juzgado Nº 4 -fs. 173/174 del legajo acollarado y testimonios de fs. 2/3 del presente-), la Dra. D. condenó a Ramón Bonifacio Romero en orden a los hechos que se subsumieron en el art. 47 de la ley 10 ocurridos en el local sito en Juan de Garay 1283 de esta Ciudad los días 4, 18 y 19 de abril; 14 de mayo, 6 de junio y 3, 5 (en dos oportunidades), 8, 11, 19 y 26 de julio de 2003, a la pena de arresto de dos días de cumplimiento efectivo. Sin embargo, teniendo presente la certificación de fs. 172, consideró que en el marco de la causa Nº 21.074-JC/03 (1578-00-CC/2003) del Juzgado Nº 2, el imputado fue condenado por sentencia firme a la pena de 5 días de arresto más la de multa de $9000, con costas, sanciones que aun no habían comenzado a cumplirse. Por ello, en función de lo establecido por el art. 21 CPPN, ordenó en el punto dispositivo III del fallo descripto: "Unificar la pena de nueve mil ($9000). Téngase presente la certificación del expediente en trámite por ante el Juzgado Nº 2, en el que se encuentra firme la condena del imputado Ramón Bonifacio Romero a la pena de nueve mil pesos ($9000), más cinco (5) días de arresto en el Centro de Contraventores, con costas recaída en la causa 21.074-JC/2003 en trámite por ante el Juzgado Contravencional Nº 2, más dos (2) días de arresto de cumplimiento efectivo en la Unidad citada, que deberá cumplir el imputado Ramón Bonifacio Romero, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, sin costas, recaída en la presente". En el siguiente y último punto dispositivo (IV) ordenó "comunicar al titular del Juzgado Contravencional Nº 2" y requerirle la inmediata remisión de la causa Nº 21.074/03 "para su posterior ejecución".

Sin ingresar en la crítica de la sentencia sintetizada, cabe puntualizar que el fallo pronunciado en la causa Nº 21.074-JC/2003 habría adquirido firmeza con posterioridad a la producción de los hechos por los que la Dra. D. condenó a Romero en el expediente Nº 22.437-JC/2003 (ver fs. 357/358 (1) y 173/174 respectivamente de los legajos que corren por cuerda) pero con antelación a esta decisión. Finalmente, la unificación comentada pasó por autoridad de cosa juzgada -no fue materia de impugnación-.

Luego de casi seis meses de inactividad en lo que respecta a lograr el cumplimiento de las sanciones, la jueza advirtió que no se había librado el oficio ordenado en el punto IV de la condenación (ver fs. 4 de este legajo). Por ello, tras disponer la observancia de tal mandato, decidió intimar a Romero con fecha 13/10/04 para que comparezca al Juzgado con el fin de ejecutar la condena (fs. 6), lo cual generó una serie de medidas tendientes a averiguar el domicilio del nombrado. Entre estas diligencias y la tardía formación del incidente de ejecución (1º/3/05, vid. fs. 23) aparece glosada una copia de un comprobante expedido aparentemente por el Banco Ciudad, fechado el 9/2/05 en concepto de depósito en efectivo por el importe de $50 y la inscripción "multa ley 10, art. 14" (ver copias de fs. 22 del presente y 197 del legajo principal). Tras la continuación de las medidas mencionadas, el 1º/8/05 la "a quo" ordenó el comparendo compulsivo del condenado (fs. 29).

De esta forma llegamos a la disputa que nos ocupa. De acuerdo con el testimonio de fs. 36 la Dra. P. requirió, por un lado, que se declare la prescripción de la pena de arresto atendiendo al transcurso del término del art. 32 CC desde la unificación. Por el otro, que la multa -sobre la que no dedujo articulación semejante-, fuera sustituida por trabajos de utilidad pública dada la incapacidad de pago de su pupilo, "...no obstante haber realizado un depósito, cuya certificación obra a fs. 19 del incidente de ejecución...". La Dra. M. se opuso a ambas pretensiones (fs. 38). Estimó que nos encontramos ante una única pena, sin perjuicio de la complejidad en su composición (arresto y multa en forma conjunta) por lo cual el lapso de su vigencia es único. Dado que Romero inició la ejecución de la segunda el 9/2/05 de acuerdo con el comprobante de depósito mencionado y la quebrantó al día siguiente -al no pagar el importe restante-, este hito marcó la partida del nuevo cómputo del plazo total que aun no ha fenecido. Por otro lado, consideró improcedente la sustitución de la sanción pecuniaria perseguida porque la defensa no demostró la incapacidad de pago alegada.

En el auto embatido (fs. 39) el "a quo" discernió la controversia del siguiente modo. Primero, tuvo en cuenta que desde el 21/10/03 (fecha de la condena a la pena de dos días de arresto unificada a la impuesta en la causa Nº 21.074-JC/03) Romero no dio cumplimiento a las sanciones impuestas, pese a las intimaciones cursadas. Por ello, estimó operado el término del art. 32 CC (puntos I y II). Sin perjuicio de dicha afirmación, en el acápite siguiente la magistrada evalúa el ticket de fs. 21 del incidente de ejecución y razona que "...el imputado ha oblado con fecha 2 de febrero del corriente año las costas del proceso, entendiendo pasible interpretar que se ha interrumpido el plazo prescriptorio en cuanto a la ejecución de la multa correspondiente, no siendo aplicable dicho criterio en relación a los días de arresto a cumplir, razón por la cual he de encontrar procedente dictar la prescripción respecto a la pena de arresto oportunamente recaída en autos...".

En el IV considerando sostuvo la procedencia de la conversión de la sanción pecuniaria en trabajos de utilidad pública, en base "...a lo estipulado por el art. 30, último párrafo del plexo de fondo en remisión a lo previsto por el art. 24...". Sin ningún otro tipo de argumentación dispuso, en primer lugar, declarar la prescripción de la pena de arresto impuesta al imputado. En el segundo punto, "...Sustituir la pena de multa por la de trabajos de utilidad pública a cumplirse por ante la Fundación Presidente Alvear, durante noventa (90) días a razón de dos (2) horas por cada jornada, en base a lo estipulado por el art. 30 último párrafo del plexo de fondo en remisión a lo previsto por el art. 24 de la misma normativa...". Finalmente, reeditó las tareas de búsqueda del condenado y la orden de comparendo.

Únicamente la Fiscalía apeló la decisión (fs. 44/46). La Dra. M. se agravió por las disposiciones contenidas en los dos ítems anteriormente detallados. En cuanto a la prescripción, repitió el planteo formulado en su oposición previa -agregando que la pena de arresto unificada había quedado compuesta por siete días y que el comprobante glosado respondía al título de abono parcial de la multa-. En cambio, en relación a la conversión, la tachó de arbitraria por haber sido motivada en la sola petición de la defensa y carecer, en consecuencia, del sustento probatorio pertinente. La acusadora manifestó que tales soluciones provocan un gravamen irreparable a su parte por poner fin a la habilitación estatal para ejecutar la sanción privativa de la libertad y transformar a la otra pena en una distinta a la considerada adecuada en orden a los hechos que generaron la condenación del encausado.

A fs. 48, la judicante realizó un particular juicio de admisibilidad del recurso fiscal. Primero, brindó inoportunas explicaciones acerca de las razones normativas que la condujeron a dictar la disposición calificada de arbitraria. Esta vez sí explicitó el significado del "plexo de fondo" al que se refirió a fs. 39. Sostuvo, en este sentido, que la ley 1472 resulta más benigna que la anterior en lo vinculado a la sustitución dado que faculta al juez a establecerla ante el incumplimiento o quebrantamiento, debiendo recurrir, como última ratio al arresto. Ello, a diferencia de la ley Nº 10 que exigía la verificación de una serie de recaudos a tales efectos.

Así, concluyó que al resultar una potestad jurisdiccional, no observa el perjuicio para el Ministerio Público Fiscal. En virtud de ello y de encontrarlo presente en lo que se refiere a lo resuelto respecto de la otra sanción, dispuso: "I. - Conceder parcialmente el recurso de apelación interpuesto en orden a la prescripción de la pena por arresto por los motivos que comprenden los considerandos y rechazar la vía recursiva planteada respecto a la sustitución de la pena de multa por trabajos de utilidad pública...".

b) Sin embargo, elevadas las actuaciones a la alzada, el conflicto delineado de la manera descripta sufrió una mutación casi radical en orden a la variación de las pretensiones de ambas partes. Cabe adelantar, por el momento, una particularidad relevante de este revés: el acuerdo entre los actores acerca de la prescripción de las sanciones de arresto y de multa impuestas mediante la condena de fs. 173/174 de los autos principales -más allá de los diferentes caminos elegidos para desembocar en tal conclusión- y la intención de que sea esta Sala quien así lo declare.

b.1) El dictamen de la Dra. G. (fs. 72/74).

Sin desconocer que la instancia se abrió por el recurso de su inferior jerárquica, dijo mantenerlo en todos sus términos (en los que incluyó el embate que la Dra. D. repelió como objeto de apelación, decisión que a su vez no fue impugnada por vía directa), pero "...al solo efecto de introducir las siguientes cuestiones de orden público, y con el alcance que seguidamente expondré...".

Con esta aclaración preliminar, la Sra. Fiscal de Cámara propugna que se declare la nulidad absoluta del resolutorio embatido en todos sus términos así como la prescripción de la pena de arresto y de multa a la que fue condenado Ramón Bonifacio Romero. Los motivos en que basa la descalificación pretendida son los siguientes: 1) El "a quo" tomó como hito inicial del lapso del art. 32 CC una condena que no existe, dado que se refirió a la recaída el 21/10/03 cuando la de autos se dictó el 24/3/04; 2) La Dra. D. afirmó que desde aquella fecha transcurrió holgadamente aquel término sin haberse verificado el cumplimiento de la condenación, pero omitió especificar a qué sanción se refería. Por resultar más beneficiosa al reo, debe optarse por la intelección de que tal aserción es comprensiva de ambas; 3) En abierta contradicción con dicho razonamiento, en el punto III la judicante evalúa, a su vez erradamente, un supuesto inicio de ejecución de la multa. Dicho equívoco está conformado por las siguientes fallas: a) Si se ha imputado el ticket de fs. 22 a las costas del proceso, mal puede ser reputado luego como constancia de inicio del cumplimiento de la pena pecuniaria -y, de esa forma, percibir un quebrantamiento como causal de interrupción de su prescripción-. Las costas son una accesoria legal y no la penalidad misma; b) Empero, el defecto más palpable es la adjudicación de valor al comprobante como documento fehaciente a los fines antedichos. Allí se asentó un depósito por $50, cuando el día-multa estipulado era de $300; no consta quién efectuó el pago, si lo fue a la orden de este proceso, desconociéndose asimismo el sujeto que acompañó el instrumento al legajo y el momento de su incorporación. Tampoco lleva en su dorso el sello de la entidad bancaria correspondiente. En suma, podría tratarse de una boleta cualquiera correspondiente a otro/s proceso/s; 4) Por último, la sustitución decidida en el segundo punto dispositivo tampoco resiste análisis normativo alguno. a) La jueza no indicó el monto de cada día-multa ni su equivalente en trabajos de utilidad pública. Tampoco integró en este análisis el porcentaje de penalidad supuestamente ejecutada mediante los $50. En cuanto a la probable aplicación de la ley 1472 -que nunca explicitó, más allá de la mención del "plexo de fondo"-, falló en fundamentar su mayor benignidad, lo cual constituye a su vez un indicio de la violación del principio acusatorio en materia de ejecución (2). De haberse llevado a cabo correctamente el cálculo -atendiendo a los diversos sistemas de cuantificación de la multa y pautas de conversión establecidos en ambos regímenes- hubiese resultado que, en el marco de la ley 10, Romero debería haber cumplido 30 días de trabajos de utilidad pública; de acuerdo con las disposiciones de la posterior, 45 días -sin perjuicio del descuento que, en su caso, debió practicarse-. Por último, estimó que en el plexo derogado la conversión sólo procedía previa determinación de la insuficiencia patrimonial. Por ello, debió seguirse primero el procedimiento de ejecución forzosa del art. 21 CP.

Como cierre de la exposición, la acusadora sostuvo que el resolutorio no está fundado en ley -se aparta de los parámetros normativos previstos, cambia la legislación aplicable sin motivación e impone una pena ilegal-, valora elementos cuya condición de prueba es dudosa y les otorga una intelección perjudicial para el condenado. Solicita a la Sala, en consecuencia, que se descalifique el auto de fs. 39 y atendiendo a la invalidez del comprobante de fs. 22, se declare, sin reenvío alguno, la prescripción de la pena de arresto y multa impuesta a fs. 173/174 del principal.

b.2) La presentación de la defensa (art. 51 LPC, fs. 80).

La Dra. P. realizó igual requerimiento -aunque refiriéndose a "ambas penas"-, concordando con su contraparte en lo vinculado al Tribunal que debe decidir, en función -dijo- del precedente de la CSJN "in re" "Caballero" (3).

Considerando: I. - Desde una perspectiva estrictamente formal, la apelación deducida por la Dra. M. -con los alcances establecidos a fs. 48- resulta admisible. La nombrada cuenta con legitimación pertinente, la interpuso en tiempo oportuno ante la jueza que dictó el dispositivo embatido el cual, al declarar la prescripción de la pena de arresto impuesta a Romero, pone fin a la habilitación del Estado para hacer efectiva la sanción. Por ello, no existe oportunidad procesal útil en la que pueda renovarse la controversia y reparar el agravio invocado (4).

II. - Sin embargo, conforme a lo adelantado en el punto b) del acápite anterior, el revés que ha sufrido en esta instancia el conflicto originario -trabado de acuerdo con los términos de la apelación de la Fiscalía- exige el análisis previo de la cuestión vinculada a la jurisdicción de la Sala para solucionarlo a la luz de sus inéditos contornos -sobre los cuales hay ahora acuerdo entre las partes-. La respuesta a dos interrogantes será la clave del presente examen. El primero de ellos radica en si aun nos encontramos ante un recurso fiscal (II.1); el otro, si pese a la concesión parcial de la impugnación (fs. 48) y la ausencia de la queja respectiva, el Tribunal puede estudiar el pedido de anulación total impetrado por la superior jerárquica de la recurrente (II.2).

II.1. - La lectura de la síntesis practicada en el título precedente permitirá advertir que la Dra. G. expone una pretensión diametralmente opuesta a la de la Fiscal de grado. En efecto, nuestra intervención fue excitada por un recurso acusador -que persigue la revocación de la prescripción de la pena de arresto-, mientras que la representante del MPF ante la instancia, asumiendo su rol de guardián de la legalidad del proceso, propugna la anulación de aquel resolutorio y la adopción de una solución favorable al imputado -que contenga la extinción de aquella sanción más la de la impuesta en forma conjunta-. De allí la aclaración de fs. 72/74 del único motivo por el que mantiene la impugnación.

Cabe señalar, en primer lugar, que dicho temperamento lejos está de traducirse en un desistimiento del remedio. Este debe ser expreso (art. 22, inc. 1º, ley 21) y, por lo demás, hay una declaración explícita en sentido contrario.

El problema sub-examine ha sido estudiado en el marco de la garantía de la reformatio in pejus. En este sentido, se ha interpretado en general que la Cámara no está habilitada a agravar la situación del imputado si el Fiscal ante dicho órgano ha mantenido la impugnación de su inferior pese a manifestar su expresa conformidad con la decisión. Se dijo, en estos supuestos, que se vacía de sustento al recurso deducido o que no existe agravio para el MPF (5).

En este litigio no se considera siquiera la posibilidad de adoptar un temperamento de esa especie, sino que hemos citado la discusión al solo efecto de evaluar la hipótesis contraria -es decir, si frente al acuerdo de ambas partes en la instancia es factible estimar que aun existe un recurso (cuya faceta acusatoria ha sido abandonada definitivamente) que excite nuestra jurisdicción, atendiendo a la limitación establecida por el 1º párrafo, art. 445 CPPN y al consentimiento inicial de la defensa (6)-.

Maier sostiene al respecto: "...Resulta necesario recordar que la garantía expuesta -aludiendo a la reformatio in pejus- como todas ellas, sólo juega a favor del imputado, pues los recursos interpuestos por el acusador 'permitirán modificar o revocar la decisión aun a favor del imputado' (CPP Nación, 445, II...). La razón de ser de la regla es sencilla: el proceso penal no es un proceso de partes, ni en él juega la autonomía de la voluntad de ellas o el principio dispositivo, a la manera de como ocurre en el procedimiento civil; el imputado no puede disponer íntegramente de su condena, ni aun en vía recursiva, motivo por el cual el derecho procesal penal aprovecha todas las oportunidades posibles para intentar la corrección de vicios o errores que puedan afectar al imputado (de allí que el Ministerio Público pueda recurrir a favor del imputado y el efecto extensivo de los recursos -CPP Nación, 433 y 441...-" (7).

En efecto, respecto del primer párrafo del art. 445 CPPN se ha interpretado que, como consecuencia del principio dispositivo, la competencia del ad quem se ciñe a los motivos expuestos en el acto de deducción. Ello responde a la necesidad de observar la garantía estudiada así como la defensa en juicio. Por ello, es factible rebasar dicho límite cuando resulte beneficioso al imputado, pues el principio actúa favor rei y no a la inversa (8).

En lo concerniente al segundo (9), se ha dicho que el recurso queda limitado a los agravios, aunque el tribunal puede revocar o modificar las resoluciones en beneficio del imputado y contra las pretensiones del fiscal; incluso si se trata de puntos no comprendidos estrictamente en aquellos, pues la garantía consagrada por el art. 18, Constitución Nacional apunta a "...reducir el ius punendi por la vía procesal" (10).

Así, la CCC estimaba -cfr. art. 433 CPPN- que aun cuando la jurisdicción de la alzada se hubiese abierto por recurso del MP, podía decidirse a favor del imputado si el hecho incriminado no configuraba delito, o reducir la pena aunque el procesado y la defensa se hubieren conformado con ella (11). La Corte, en cambio, mantuvo otra postura en dos precedentes (12). Empero, se afirma que estos últimos carecen de sustento normativo en virtud de la norma sub-examine. La Exposición de Motivos precisa que el recurso favorable al imputado procede "...no obstante los dictámenes contrarios que se hubieren emitido antes..." (13).

Se colige de lo expuesto que, pese a la oposición entre la presentación de la Dra. G. con la impugnación acusatoria de su inferior jerárquica, la Sala cuenta con jurisdicción para decidir el planteo de la primera -con el límite del resolutorio atacado-, máxime si se tiene en cuenta que consiste en la articulación de una nulidad de orden general con compromiso de garantías constitucionales (arts. 167, 168, 1º párrafo y cctes. CPPN).

II.2. - La cuestión nos conduce directamente al estudio del siguiente interrogante. Como hemos visto, la descalificación pretendida se dirige a las dos disposiciones del auto impugnado, cuando la impugnación fue concedida sólo en orden a la crítica de la primera -prescripción de la pena de arresto-.

Sin embargo, corresponde no perder de vista que esta última decisión se adoptó, en orden a los tamices de la controversia inicial, tras descartar argumentalmente que hubiese operado igual causal extintiva respecto de la sanción de multa. El hecho de que formalmente no se haya incluido la conclusión de este razonamiento en la parte dispositiva responde a que ni la Fiscal de grado -por entender que existe un único curso prescriptivo de ambas sanciones- ni la defensa, requirieron una declaración en el sentido antedicho. Empero, ello no obsta a tomar la cuestión como parte integrante de aquel resolutorio.

Esta aserción indica, a su vez, que lo ordenado en punto a la sustitución -materia repelida por el "a quo" como objeto de apelación- está vinculado por deducción con el temperamento implícito anterior relativo a la vigencia de la pena pecuniaria.

En consecuencia, el núcleo de la tacha articulada -crítica de la intelección en relación a un supuesto inicio de ejecución de la multa- constituye el hito de confluencia entre los dos puntos dispositivos -por dirigirse directamente contra el primero y determinar la suerte del segundo-.

Por lo demás, las denuncias de la Sra. Fiscal de Cámara aluden, de acuerdo con lo expuesto con antelación, a nulidades declarables de oficio, en cualquier estado y grado del proceso (arts. 167, 168, 1º párrafo y cctes. CPPN), asunto que debe ser cohonestado, a los efectos de este análisis, con lo ya dicho en orden a la interpretación del primer párrafo del art. 445.

En este sentido, es criterio de la CSJN no limitarse a los agravios articulados en el recurso extraordinario cuando existe un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta que afecte una garantía constitucional (14), mientras que esta Sala ha considerado que: "...abierta la jurisdicción de la alzada por vía del recurso de apelación interpuesto y resueltas las cuestiones propuestas, hemos de señalar que con posterioridad al decreto que se impugna se advierte un defecto en el trámite impreso a las actuaciones que, por las razones que se expondrán, genera un vicio invalidante de lo actuado de orden general, puesto que atañe a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece (art. 167, inc. 3º del CPPN). Por ende exige su tratamiento de oficio en cualquier estado y grado del proceso por afectar garantías constitucionales y, además, resulta independiente de lo decidido en párrafos anteriores pues, sin perjuicio de la revocación del auto que dispone la separación del letrado de la causa, podría darse el supuesto de una designación de defensor de oficio que sustituya al anterior para que cumpla con los actos respecto de los cuales el defensor particular fue renuente (CCC Fallos, T VII, pág. 82, D'Albora, Francisco, Código Procesal Penal de la Nación, T I, pág. 236)..." (15).

Finalmente, cabe señalar que para una declaración de esta especie no nos encontramos, de conformidad con lo expuesto al inicio de este examen, frente al obstáculo de cosa juzgada material. Por ello, el Tribunal está en condiciones de decidir la presentación de la Dra. G. -favorable al imputado- con los alcances apuntados.

De arribar a una conclusión compatible con la pretendida, eventualmente corresponderá analizar la habilitación de la Sala para llevar a cabo la declaración material requerida por ambas partes en lo referido a la vigencia de la pena.

III. - Más allá de los contornos del conflicto original -unidad o paralelismo de los términos de prescripción de las penalidades de arresto y multa- el núcleo de la articulación de la Sra. Fiscal de Cámara nos eximirá de pronunciarnos sobre este asunto que, de acuerdo con la nueva perspectiva del conflicto, aparece secundario.

Por ello nos abocaremos al estudio del hito de confluencia de ambos dispositivos (fs. 39) adelantado, es decir, la validez o no del temperamento implícito del "a quo" relativo a la prescripción de la sanción pecuniaria.

Esta temática exige la retrospectiva hacia problemas anteriores, por cuanto si bien los actores discurren acerca de las penas impuestas a Romero, para enfrentar la tarea antedicha es necesario establecer los límites de las obligaciones del condenado en orden a la especie y quantum de aquéllas.

En primer lugar, asiste razón a la Dra. G. cuando expresa que a fs. 39 la Dra. D. se refiere a una condena inexistente -a partir de la cual dispara el cómputo del término del art. 32 CC-. De hecho, la que recayó en autos está fechada el 24/3/04 -adquiriendo firmeza vencidos los plazos para recurrir, dado que las partes la consintieron- y no el 21/10/03.

En segundo lugar, las sanciones cuya vigencia evalúa la magistrada, fueron erróneamente fijadas (art. 18 CN). En efecto, a fs. 173/174 de los autos principales condenó al encausado por los sucesos investigados en la causa Nº 22.437-JC/2003 -anteriores a que la sentencia del expediente Nº 21.074-JC-03 quedara firmes- a dos días de arresto de cumplimiento efectivo. Sin embargo, en virtud de la certificación de dicho legajo (fs. 172) decidió unificar aquella sanción con la de 5 días de arresto más $9000 de multa correspondientes a este último.

Empero, más allá de la cita que realizó del art. 21 CPPN no fundó normativamente la unificación llevada a cabo; no mencionó cuál de las reglas del art. 58 C.P. -que también silenció- habría aplicado ni motivó su adecuación supletoria al régimen contravencional de acuerdo con las particularidades del caso concreto (16). Ello, máxime si se atiende a que en una de las causas que debería haber estudiado para emprender aquella tarea hay un fallo de esta Sala en su anterior composición que revoca un temperamento similar adoptado por el juez "a quo" interviniente -c/nº 21.074-JC/03 a fs. 320/326-.

Sin perjuicio de esta cuestión -que, en última instancia fue consentida por las partes-, el error más relevante a la luz del tema que debemos decidir, radica en que la judicante omitió determinar la pena total que imponía a Romero a través de la unificación. Se limitó, en cambio, a yuxtaponer los alcances de cada una de las condenas, tarea en la que también falló puesto que no explicitó la cuantificación de la sanción de multa fijada en el expte. Nº 21.074-JC/03 (30 días-multa de $300 c/u) (17). Estos defectos han generado dos graves problemas. El primero, relativo al desconocimiento de la composición de la pena a cumplir -adviértase que, de acuerdo a los sistemas de suma aritmética, composicional o de aspersión, el quantum podría sufrir sensibles variaciones- y el segundo, concerniente a los límites de la obligación del condenado en lo relativo a la pena pecuniaria.

Sin fundamentación alguna, recién en el auto del 1º/3/05 cuyo testimonio obra a fs. 23 del presente, el "a quo" se refiere a la pena de "7 días de arresto de cumplimiento efectivo" -dado por sentado que oportunamente había considerado y aplicado el criterio de la suma aritmética, asunto que, como hemos visto, nunca tuvo lugar-. En lo atinente a la otra sanción, el vacío continuó hasta el conflicto que nos ocupa, momento en el cual la Dra. D. -inesperada, inmotivadamente y fuera de la etapa procesal correspondiente- dijo aplicar "la ley más benigna". Esta materia será analizada infra.

La presente descripción tendiente a destacar los conflictos irresolubles con los que se enfrenta el thema decidendum podría disparar la inquietud concerniente a la validez de la propia sentencia condenatoria (18) -que impuso las penas cuya vigencia se discute-. Empero, se alzan dos obstáculos principales para que la Sala se adentre en dicho examen en función de los arts. 167, 168 y cctes. CPPN. El primero reside en que la decisión pasó por autoridad de cosa juzgada material. El segundo se vincula a que, de acuerdo con el presente objeto de estudio y la solución que se le dará, una declaración de aquella especie implicaría retrotraer el proceso a etapas precluídas en perjuicio de los derechos del justiciable (19).

Por ello, más allá de las irregularidades detectadas, habremos de revisar la corrección del auto por medio del cual la juzgadora entiende trascurrido el término del art. 32 CC respecto de la sanción de arresto y no así en relación a la "multa de $9000".

En primer lugar, luego de una errónea identificación de la fecha de la condena, incurre en la primera contradicción. Sostiene que desde aquel momento operó la prescripción de la pena cuando, párrafo seguido, intenta fundar que se dio inicio de ejecución a la multa, lo que dice impedirle "adoptar igual temperamento" respecto de esta última -asunto que, con mucho esfuerzo, permite entrever su descuerdo con la tesis fiscal plasmada en la vista-. Subyacen a la aserción antedicha dos contrasentidos adicionales. Uno de ellos, vinculado a que mal puede determinarse una parcial observancia de la multa motivada en un ticket que el "a quo" imputa a título de pago de costas -y que, por lo demás, se identificó erróneamente en punto a su oportunidad (20)-, dada la diversa naturaleza jurídica de ambos institutos.

Sin embargo, este vicio se remite otro anterior. A fs. 22 del presente legajo obra un comprobante de pago por $50 fechado el 9/2/05 que reza "multa art. 14, ley 10". El testimonio se correspondería con la constancia glosada a fs. 21 del incidente de ejecución (vid. fs. 68) y con la certificación de fs. 199 de los autos principales (21). Ahora bien, pese al esfuerzo comparativo practicado entre los legajos, en ninguno de ellos aparece pieza o constancia actuarial alguna que posibilite establecer el título y el modo en que la boleta fue acompañada e incorporada al proceso (22). La única alusión al respecto es la realizada por la Dra. D. a fs. 23 del presente (22 del incidente de ejecución) cuando resuelve en lo pertinente con fecha 1º/3/05: "Téngase por formado el incidente de ejecución. Desglósese el comprobante de pago abrochado a fs. 197, agréguese a la causa, folíese en orden correlativo y téngase al mismo por aportado como parte de la pena de multa impuesta en las actuaciones...".

Por lo demás, esta disposición -que originariamente habría estado glosada a fs. 200 de los autos principales- no se corresponde con la constancia original obrante a fs. 200 que lleva la misma fecha pero que no hace alusión alguna al ticket de mención -cuando, de acuerdo con la orden descripta habría sido agregado a fs. 199-.

Ahora bien, más allá de esta grave irregularidad, lo cierto es que la propia decisora admite en aquella disposición que la boleta se habría encontrado "abrochada", de lo cual se deduce -junto con el resultado de la compulsa correlativa de la foliatura- que no habría sido acompañada mediante escrito ni solicitud alguna. Por ello, no se advierte la razón que condujo a la magistrada a tenerla por aportada como parte de la multa y menos aun, por qué en el auto impugnado varió infundadamente el criterio, aludiendo al concepto de "costas" -posibilidad que tampoco puede descartarse atendiendo al importe allí detallado y a la orfandad de la constancia-.

Sin perjuicio de lo dicho, cabe estimar que: "...la multa prescribe en tanto no se la abone, y no significan tal ni el término para abonarla dispuesto por la sentencia ni la simple autorización para abonarla en cuotas. Tampoco equivale a ese abono el pago parcial, si no está autorizado el pago en cuotas; ni equivale el pago parcial de una de éstas..." (23).

Sin embargo, además de la irregular incorporación del comprobante en el sub-lite, nunca se estableció un régimen de pago en cuotas previo, ni la aceptación de un eventual cumplimiento parcial conjuntamente con la delimitación de la obligación relativa al abono del porcentaje restante.

En efecto, esta Sala ha dicho -en relación al régimen de la pena de multa previsto en la ley 10- que: "el sistema de la multa en materia contravencional está delineado en los arts. 14, 15 y 11 in fine CC. Su cuantificación se realiza mediante el sistema de días-multa, atendiendo a la renta potencial o real del infractor. En la esfera penal, en cambio, rige el de "suma total" -se condena a un monto global que resulta de conjugar dos coordenadas: la gravedad del delito y la situación económica del infractor-. La ley de fondo local, luego de prohibir la imposición de esta especie de sanción a quien no puede pagarla, prescribe que, para hacer efectiva la multa ya impuesta, el juzgador cuenta con las siguientes opciones: a) Fijar su pago en cuotas -en caso de que, se infiere, el infractor así lo solicite-; b) si éste no cuenta con bienes suficientes, se podrán reemplazar los días-multa no cumplidos y que no han podido ser ejecutados por la pena de trabajos de utilidad pública (la que cesa si se abona el remanente); c) En caso de incapacidad sobreviniente, se puede reducir el monto del día-multa hasta adecuarlo a la real y actual capacidad de pago (art. 15); d) Como última ratio, el art. 11, in fine, prevé su sustitución por la pena de arresto (24).

En el caso, la determinación legal de la sanción se vio afectada, en consecuencia, desde una doble vía: se omitió cuantificarla en su imposición de acuerdo con el régimen legal vigente y luego se tomó en cuenta un ticket huérfano como pago parcial, cambiando de ese modo el régimen de cumplimiento sin determinar los nuevos límites de la obligación. A ello cabe adunar, además, el cambio del título operado en el resolutorio atacado.

Tal confusión generó este derrotero de expresiones elegidas al azar, que la Fiscal de Primera Instancia mencionó al alegar que el quebrantamiento de la ejecución -que fijaba el punto de partida del nuevo cómputo del término del art. 32 CC- se habría producido al día siguiente del pago parcial de $50. A nuestro entender, no resiste análisis lógico alguno afirmar el incumplimiento de una obligación cuando ella no ha sido delimitada.

Por ello, estimamos que la decisión de la Dra. D. por medio de la cual, apartándose de las constancias de la causa, reputa operado el lapso del art. 32 CC desde una condena incorrectamente identificada, para luego afirmar que "igual temperamento" no podrá adoptarse respecto de la sanción pecuniaria -basándose para ello en el supuesto quebrantamiento de un deber vacío de contenido a partir de la valoración de un ticket irregularmente incorporado-, resulta nula de nulidad absoluta en función de lo previsto por el art. 167, inc. 2 y 168, 2º párrafo y cctes. CPPN.

La argumentación precedente revela que la judicante ha incurrido en auto-contradicción, se ha apartado de las constancias de la causa para arribar a la conclusión de que había existido un principio de ejecución de la pena de multa, ha omitido contestar cabalmente los argumentos de las partes y ha fundado tales errores en una supuesta obligación del imputado no fijada legalmente. Todos estos defectos aluden a supuestos de arbitrariedad fáctica y normativa que se traducen en una motivación aparente del fallo, que, en orden a la normativa citada, merece ser descalificado como acto jurisdiccional válido.

La ausencia de fundamentación hiere a la intervención del juez en los términos del art. 167, inc. 2 CPPN pues la motivación "...constituye exigencia de funcionamiento del Estado de Derecho y de la forma republicana de gobierno, desde que a la condición de órgano de aplicación del derecho, va entrañablemente unida la obligación de los jueces de fundar sus sentencias para acreditar que son derivación razonada del derecho vigente y no producto de la voluntad de los magistrados (D.J, 1997-3, p. 814, f. 12.372) (25). La exigencia apuntada responde, además, a la garantía de juicio previo fundado en ley anterior al hecho imputado y a la inviolabilidad de la defensa en juicio.

Por ello, el pronunciamiento recurrido ha de ser descalificado como acto jurisdiccional válido (arts. 123, 166 y cctes., 404 C.P.P.N.).

La sustitución de la pena multa por la de trabajos de utilidad pública -en orden a lo expuesto supra- correrá igual suerte por depender de una consideración viciada de nulidad absoluta -es decir, la vigencia de la sanción pecuniaria- además de los defectos intrínsecos señalados correctamente por la Sra. Fiscal de Cámara a cuya argumentación, por honor a la brevedad, nos remitiremos -vid. supra, punto b.1, 4, a excepción del último párrafo (26)-.

IV. - De conformidad con la invalidez del resolutorio de fs. 39, cabe analizar si esta alzada cuenta con jurisdicción para dictar la extinción pretendida por las partes.

El instituto sub-examine es de orden público por cuanto "...cuando el Estado...declara superflua e inútil la imposición de la pena, no corresponde sino al juez declarar de oficio la prescripción, aun ante el silencio de la parte; porque no corresponde a los particulares someterse a la pena, cuando la ley por interés público y general declara que no debe aplicarse (...). La omisión del imputado debe ser suplida por el magistrado, que encarna la autoridad del Estado, como órgano del derecho de juzgar y de condenar (Il Digesto Italiano, vol. XIX, Parte Prima, Prescrizione (Materia Penale), Unione Tip. - Editrice Torinese, Torino, 1909-1912, págs. 540 y sgtes.) (27).

Ello es así siempre y cuando la declaración perseguida no exija algo más que la mera comprobación del tiempo -puesto que en este caso habrá una controversia que exigirá debatir ciertos puntos decisivos para la suerte del litigio bajo el amparo de reglas acordes con el debido proceso (28)- y que la solución a adoptar en aquel sentido resulte favorable al imputado -es la continuación innecesaria e injustificada de un juicio lo que conmueve el orden público y autoriza a que la extinción sea declarada con la simple verificación de que ella se ha producido- (29). De lo contrario, se le negaría al justiciable su derecho a obtener un segundo grado de jurisdicción.

De acuerdo con estas premisas, en el sub-lite no se observa ninguno de los obstáculos señalados. Las partes coinciden con la solución y ella requiere únicamente -atendiendo a la invalidez que se decretará- la simple comprobación del vencimiento del término del art. 32 CC.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la sentencia de condena -consentida por los actores procesales- recayó el 24 de marzo de 2004 y que, a partir del vencimiento de los plazos para recurrir transcurrió holgadamente el lapso prescripto por aquella norma sin verificarse la causal de interrupción allí prevista, cabe declarar extinguida por prescripción la pena de arresto de 5 días y de multa por $9000 impuestas mediante el fallo antedicho.

Cabe apuntar por último que la nulidad absoluta analizada en el acápite III nos relevará de discernir cuál de las dos posiciones del conflicto originario es la correcta, atendiendo a que de acuerdo con el examen previo, resulta ocioso señalar si aquel término ha operado conjunta o separadamente para cada sanción.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal Resuelve:

I. - Declarar la nulidad absoluta del auto de fs. 39 en cuanto declara la prescripción respecto de la pena de arresto impuesta en la presente causa a Ramón Bonifacio Romero y sustituye la pena de multa por la de trabajos de utilidad pública a cumplirse ante la Fundación Presidente Alvear, durante noventa (90) días a razón de dos (2) horas por cada jornada, en base a lo estipulado por el art. 30 último párrafo del plexo de fondo en remisión a lo previsto por el art. 24 de la misma normativa, y de todo lo actuado en consecuencia (arts. 6 LPC, 167, inc. 2, 168, 1º párrafo y cctes. CPPN).

II. - Declarar extinguida por prescripción la pena de arresto y de multa impuesta en el punto III de la sentencia cuyo testimonio obra a fs.1/2 del presente (art. 32, ley 10 CC).

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las actuaciones a primera instancia, quien deberá practicar las notificaciones correspondientes.

Se deja constancia de que el doctor Bacigalupo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. -Fernando Bosch. -Marcela De Langhe.