Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-11


En la ciudad de Trelew, a los 11 días de setiembre del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "O. A., R. c/ B. D. C. S.A. s/ cobro de pesos" (Expte. nº 21.408 año: 2005) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse de conformidad al sorteo efectuado a fs. 311.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

Vienen a conocimiento de la Alzada los presentes actuados con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada (fs. 271), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 258/262), por la cual se hace lugar a la demanda promovida por el Sr. R. O. A., condenando al "B. D. C.. S.A.", a que abone al actor en el plazo que fija la suma de Pesos Diez Mil Ochocientos , con más los intereses calculados en la forma establecida en el último considerando, con costas.A fs. 284, se presenta por su derecho, el perito contador Sr. C. R., apelando los honorarios que le fueran regulados por estimarlos bajos.A fs. 296/299 vta., luce agregado el escrito de expresión de agravios de la parte demandada apelante.

A fs. 300, se corre traslado a la contraria, el que es evacuado por escrito agregado a fs. 301/303 vta. a fs. 306 y vta., obra sentencia interlocutoria registrada bajo el Nº 97 del año 2006, del registro correspondiente de este tribunal, por la cual se rechaza el pedido de producción de prueba en esta segunda instancia solicitada por la demandada apelante.

A). La recurrente sostiene su recurso en los siguientes agravios, a saber: 1) Tipología contractual: Cuestiona que el juzgador del anterior grado estableciera que el vínculo jurídico habido entre las partes se tratara de un contrato de locación de servicios.

Señala que en todo caso las características de las prestaciones convenidas se asemejan mucho más a una locación de obra dado el elemento tipificante del resultado como condicionante del nacimiento de la prestación pago a cargo de su parte.

Hace notar que en el punto 5 de la autorización suscripta por el B. D. C. S.A. se establece que éste se compromete a abonarle al actor el 2% sobre el monto de la deuda que se sustituya o se cancele al momento de realizarse la negociación en concepto de honorarios y como única retribución a su cargo, dejándose establecido que su efectivización queda condicionada a que como resultado de la operación la misma sea asumida por la sociedad concesionaria del A..

Este elemento tipificante es el que distingue esta figura que si bien se refiere también a la actividad humana lo hace con relación al trabajo concretado en un resultado, a diferencia de la locación de servicios, cuya prestación se independiza de la obtención de él.

De allí, concluye, que de haber existido un vínculo contractual entre las partes debe hablarse de locación de obra pero no de servicios. Sostiene que no consta en el expediente que el actor haya conseguido el resultado comprometido como conditio sine que non para pretender el cobro de su retribución, ergo, tampoco existe obligación de pago por parte del Banco. 2) Valoración probatoria:

Cuestiona que se hubiera tenido como decisiva para la resolución de la causa los testimonios prestados por los Sres. J. F. B. y A. D. F., para tener por acreditadas las prestaciones que excedieron el marco de lo expresamente requerido en la autorización formal suscripta por el demandado fs. 260 vta.

Y 261. Indica que no puede soslayarse la apreciación de la idoneidad de los citados testigos que debe efectuarse dice bajo el prísma del art. 456 del C.P.C.C., dada su situación de imputados en causas penales por presuntos delitos contra el Banco demandado, por lo que concluye debe presumirse la animadversión y parcialidad de sus declaraciones.

Cita las causas penales que individualiza en las cuales se encuentra bajo investigación como imputados los mencionados testigos, señalando que todas ellas son anteriores a las respectivas audiencias testimoniales, destacando además, que en el caso del testimonio de B. fue una circunstancia que fue expuesta en el momento procesal oportuno a lo cual se tuvo presente.

Asevera que de haberse tenido presente no debió considerar el a quo como elemento válido y decisivo para fundar la sentencia tal testimonio. Añade que sin embargo dicho testigo manifestó en su declaración que el actor desempeñó sus tareas hasta el momento de la desvinculación de aquél con el Banco (140102) desconociendo hasta que fecha continuó prestando servicios.

Precisa que el período reclamado por el actor abarca los meses de enero a abril de 2002, es decir que este testimonio no prueba su efectiva prestación de servicios durante dicho período. Agrega que preguntado sobre el resultado de las gestiones encomendadas al actor solo mencionó las visitas de representantes de una empresa china para luego admitir la falta de una propuesta concreta.

También, continúa diciendo, describe supuestas gestiones ante la embajada de Holanda que derivaron en la visita a la provincia del embajador de ese país, suscribiendo un convenio de interés turístico con el gobernador de turno, que nada aporta a la gestión encomendada por el B. D. C. S.A..

Menciona también gestiones de intermediación realizadas por el actor entre la mutual A. y el banco pero en ningún tramo del testimonio demuestra resultados concretos de las supuestas gestiones realizadas.

Por su parte, el testigo D. F., en su respuesta a la tercera pregunta le atribuye ambigüedad no pudiendo tenerse por probada entiende la efectiva prestación del actor por el período reclamado. Con relación a la intermediación del actor entre A. y el Banco, dicho testigo señaló que ello hubiera resultado muy bueno, concluyendo de allí que con ninguno de los testimonios queda probado que de las supuestas gestiones realizadas por el actor se hubieran obtenido resultados concretos en beneficio de su parte.

En relación a la documental atribuye una errónea valoración de la misma por parte del juzgador del anterior grado, señalando que da por acreditada la facturación del actor por los meses reclamados (enero a abril de 2002) basándose únicamente en una supuesta nota cursada por el mismo actor donde no consta ningún detalle de las supuestas facturas que dice adjuntar ni acuse expreso del recibo de las mismas.

Aclara que dicha documental fue desconocida por su parte a lo largo de todo el proceso y ha motivado la impugnación del informe presentado por el perito contador C. A. R.. Afirma que la supuesta nota presentada por el actor en la sucursal B. A. del Banco demandado no puede valorarse como prueba suficiente de la presentación de las supuestas facturas reclamadas, habiendo sido desconocida su autenticidad y mucho menos, dice, resultar elemento decisivo del fallo.

Asevera que dichas facturas nunca fueron recibidas por el Banco como tampoco existió prestación alguna por parte del actor durante los meses de enero a abril de 2002. Advierte que dado la condición tributaria del actor responsable monotributo y lo dispuesto en la resolución general nº 1415 de la AFIP es obligación de aquél emitir factura como medio probatorio del servicio prestado.

Asimismo, describe que el sector pagos del departamento de administración del banco demandado, verifica la conformidad de los servicios prestados y/o mercaderías entregadas, mediante una firma del jefe del sector receptor inserta en la factura presentada. Mediante este mecanismo se abonaron sin problemas ocho (8) facturas del actor entre los meses mayo/2001 y enero/2002 según informe del perito contador G. J. D. L..

Con respecto a la comunicación formal cursada al actor con fecha 06 de mayo de 2002, ésta no implica en modo alguno un reconocimiento por parte del demandado de servicios efectivamente prestados por el actor hasta esa fecha, sino poner fin documentado al vínculo creado con la autorización de fecha 05 de julio de 2001.

Tal comunicación de ninguna manera, insiste, puede crear una obligación de pago que no haya sido convenida contractualmente entre las partes. Sostiene que la presunción de onerosidad no opera en este caso. 3) Presunción de onerosidad: Indica que el a quo describe acertadamente la presunción de onerosidad establecida en el art. 1627 del Código Civil, sin embargo tal presunción sólo opera cuando los servicios no requeridos hayan quedado debidamente demostrados y hayan resultado beneficiosos para el que los recibió.

Ninguno de tales extremos se encuentra fehacientemente probado, razón por la cual la relación jurídica debe analizarse dentro de los términos del art. 1628 del Código Civil, donde se configura la excepción a ese principio.

Aclara que dado que las supuestas prestaciones que excedieron el marco de la autorización formal suscripta por el demandado y no se encuentra debidamente acreditadas no han sido requeridas por el B. D. C. S.A., ni se han concretado en resultados ventajosos para éste que puedan comprobarse, por lo que, concluye, que debe presumirse su gratuidad por el citado artículo.

4) Honorarios: Expresa que para el hipotético supuesto que se confirmara el decisorio que ataca deja planteada la reducción de los honorarios regulados en el fallo al apoderado de la parte actora Dr. P. A., por considerarlos excesivos y desproporcionados. Indica que entre el mínimo y máximo del porcentual previsto por el art. 7 de la ley del arancel se fijó en el 17% por encima de la media que sería el 15% sin que se reflejen objetivamente que permitan justificar una calificación superior a la normal.

Cita dos causas similares asegura en las cuales el juez de grado reguló honorarios al letrado apoderado del banco demandado en un 12% del monto de condena, más el 40% por mandato.

A fs. 301/303 vta., la parte actora contesta los agravios formulados por la demandada expresando que la accionada desconoce la existencia del contrato entre las partes cuando de los antecedentes de la causa surge el reconocimiento de dicha relación contractual, siendo una prueba relevante dice la carta documento O.. identificada como CAL00691487, por la cual el B. D. C. S.A. dio por concluida la relación, despacho que indica fue remitido por el asesor legal de la entidad bancario Dr. B. M. E..

Señala que es de aplicación al caso la doctrina de los actos propios. Asevera que existió entre las partes un contrato de locación de servicios por cuyas prestaciones el B. D. C. S.A. le debía abonar además de los porcentajes pactados, las sumas que depositaba mensualmente en la caja de ahorro suya, cuyo extremo afirma se encuentra acreditado con los resúmenes de cuenta extendidos por la propia demandada.

Señala que la pericia contable acreditó la existencia de acreencias a favor suyo por la relación contractual mantenida. Sostiene que el hecho de que algunos de los testigos se encuentren denunciados en sede penal no los inhabilita para declarar precisando que aun cuando fueran condenados en sede penal influiría en su declaración, toda vez que dichas causas no se relacionan con falsedad de testimonio.

Manifiesta que resulta contradictorio el planteo de la demandada de darle absoluta credibilidad al testimonio que brindaran dichos testigos en autos y por el otro lado pretender quitarles absoluta credibilidad. Sostiene que dichos testigos declararon sobre lo que tenían conocimiento y así lo manifestaron con absoluta transparencia.

B). A fs.284 y vta., en la apelación de honorarios formulada por el perito contador R., se expone que el 1% del monto de condena resulta exiguo en tanto no guarda la debida proporción respecto a los de los demás profesionales que intervienen en el pleito. Señala que se actividad no se limitó a practicar la pericia sino también evacuó explicaciones requeridas por la demanda y que fueron contestadas.

II. En los límites demarcados por los agravios formulados por la parte demandada recurrente ingresaré a su análisis tomando como guía la nominación y numeración que les diera a cada motivo de queja, haciéndolo en conjunto cuando el argumento impugnaticio ensayado así lo amerite por su conexidad o continencia.

A). 1) y 2) Tipología contractual y valoración probatoria: No abrigo duda alguna que los presentes tópicos se encuentra íntimamente vinculados entre sí, desde que la valoración de la prueba que se cuestiona se encuentra informada por las características distintivas del tipo contractual definido como existente entre las partes y, a su vez, se proyecta en la determinación del lapso por el cual se tuvo por extendido dicho vínculo.

En relación a lo primero el juzgador estuvo a los términos contenidos por la nota autoritativa emitida por la entidad bancaria demandada al ahora actor, en virtud de la cual se lo autorizaba a realizar las gestiones necesarias para obtener la sustitución del deudor o bien lograr la venta del paquete accionario de la empresa "A. C. S.A." de la ciudad homónima. Dicha nota de autorización consigna su plazo de vigencia por ciento veinte días (120) a partir de su fecha (05/07/01)(vide fs. 9).

Pues bien, si bien es cierto que en la negativa genérica y puntual que efectuara la entidad bancaria locadora al responder la demanda tanto de la contratación, su naturaleza, objeto, contraprestación comprometida y demás circunstancias, lo cierto es que a continuación en el relato argumentativo que expusiera se advierte que el vínculo habido entre el actor y su parte respondía puntualmente a lo consignado en tal instrumental, aunque otorgándole efectos distintos a los derivados de una tipología contractual adecuada a la locación de servicios que finalmente el Sr. Juez a quo estableciera en su veredicto (vide: fs. 36 vta./37).

Esto es, destaco que postular nuevamente aquello del estilo: que por las características de las prestaciones convenidas la relación se asemeja a una locación de obra ".dado el elemento tipificante del resultado."(sic)(fs. 295), no es más que una reiteración de lo que a su turno fue esgrimido en su defensa y que cabe entender que el juzgador lo tuvo en consideración arribando, por sus argumentos que no merecieron crítica alguna, a una conclusión distinta a la pregonada nuevamente por el dicente agraviado.

Es decir, el fallo en tal porción relevante devino en consentido por no haberse provisto del material de análisis que debe contener la crítica exigida por el Código del rito en los términos del Art. 265 del C.P.C.C..

Por lo demás, en una posición amplia tendiente a ingresar al tratamiento de la cuestión traída a la Alzada y proclive a atender el más mínimo atisbo de existencia de un concreto cuestionamiento dirigido al eje argumental que sostiene el veredicto, precisaré que comparto la inteligencia expuesta por el Sr. Juez a quo, en tanto que de los términos por los cuales se efectivizara la encomienda autoritativa aludida no puede interpretarse de otro modo aquello que las partes quisieron y debieron entender según el sentido general que se les da en el uso general.

Así por ejemplo, no puede leerse de otro modo lo siguiente: ".para que se encargue de conseguir una empresa.", o bien, ".la presente búsqueda se encomienda por un período de ciento veinte días." , o ".

El Banco se compromete a facilitar toda la información necesaria para que se pueda llevar a cabo la gestión."(sic), párrafos todos los citados que enuncian sin hesitación, según el significado literal y de uso general que lo encomendado consistió en un mero hacer o prestar servicios (Conf. Arts. 217 y 218, inc. 4to. del Código de Comercio).

Se corrobora lo anterior con la acreditada contraprestación cumplida por la entidad bancaria con las constancias de depósitos acompañadas a fs. 24/26, las que si bien fueron negadas en la contestación haber sido efectuadas, luego se ven corroboradas en su cuantía e imputación por la testimonial de uno de los firmantes de la mentada autorización en su calidad de presidente del B. D. C. S.A., en ese entonces (Ver: testigo B. fs. 142/143), y en cuyo valor probatorio me detendré más adelante.

Es que, tengo para mi, que siempre que exista una obligación de hacer que tenga por objeto genérico cuidar intereses o satisfacer necesidades del locatario, puede afirmarse que nos encontramos, en principio, frente a una locación de servicios, que ha sido definida como "el contrato mediante el cual una parte se obliga a realizar uno o más actos lícitos no jurídicos, en beneficio de la otra, cuyo resultado cuando está pactado no importa la producción o modificación de un ente material o intelectual, obligándose la otra, a su vez, a pagar por ello un precio en dinero"(sic)(Conf. Mares, Horacio en "Locación de servicios", en Etcheverry, Raúl Aníbal, "Derecho Comercial y Económico. Contratos. Parte Especial", Ed. Astrea, ed. Año 1991, T. I, pág. 225).

La pregunta relativa a cómo se compatibiliza tal hermenéutica dada al acuerdo en relación a su tipología contractual, con el resultado al que se supedita el derecho al cobro de un porcentual sobre el monto de la deuda a sustituir o cancelar, previsto en el punto 5to de la autorización bajo examen, se responde: como una condición suspensiva, a partir de ponderar el alcance y contenido de la voluntad expresada por la locadora al emitir la mentada autorización al locatario actor en autos.

Ello así, en tanto tal cláusula configuró, a mi ver, la incorporación de una condición a la cual se subordinó la adquisición de un derecho, consistente en el nacimiento de un crédito equivalente a la suma resultante de calcular el 2% sobre el monto de la deuda cuya sustitución o cancelación tendería a obtener con la actividad comprometida por el locatario de servicios, hecho futuro e incierto éste último al que se supeditó tal obligación (Conf. Arts. 528 y 545 del Código Civil).

A esta altura, es preciso destacar que éste específico vinculo autoritativo instrumentado para que el actor realizara toda gestión útil tendiente a obtener el referido resultado, vino a complementarse en el caso con otras gestiones que se acredito suficientemente en autos haberse realizado en el interés de la entidad bancaria demandada, en el marco de un vínculo contractual abarcativo de gestiones comerciales genéricamente consideradas.

Así, por caso, la intervención que le cupo al actor en la conclusión de un acta declarativa entre el representante de los países bajos y la provincia del Chubut, que según constancias de fs. 10 y 15, por mediación del actor y que el citado testigo B. viniera a corroborar en su declaración (ver resp. 4ta. fs. 142).

Nótese que tal intermediación y resultado fue motivo de cita del actor en la nota presentada al banco como en el despacho telegráfico por el cual intimara a la demandada (ver: nota de fs. 17 y despacho de fs. 23), el que como señalara precedentemente, a mi juicio, se encuentra acreditado con los elementos de prueba antes citados (Arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).

Asimismo, de igual manera, las gestiones que tanto los testigos B. y D.F., refirieron habían sido encomendadas al actor a efectos de lograr soluciones alternativas a fin de lograr salida a la deuda que A. tenía con la entidad bancaria (ver resp. 4ta. fs. 142; y resps. a la 2da. y 3ra. fs. 184 y vta.) (Arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).

De estos datos, que se extraen del marco probatorio aportado, se viene corroborar, entonces, la naturaleza del vínculo existente entre las partes en litigio, por el cual el actor no comprometió una obra como resultado sino una actividad cuya utilidad estaría dada por el producido de ella la que, preciso, no implicaría en ninguno de los supuestos en un "opus" sino en un resultado útil (intermediación para la concertación de negocios o bien cancelación de deudas pendiente de cobro o sustitución de deudores, o cualquier otro análogo).

Al respecto es pertinente traer a colación la distinción que se debe efectuar entre la locación de una obra y las obligaciones de resultado como contenido de la obligación comprometida. En la locación de obra hay siempre un hacer en relación a una cosa, en cambio en las obligaciones de resultado, que no dejan de ser uno de los subtipo del contenido de una obligación de hacer, el resultado será el producto de la actividad en sí misma.

Esto es, en la locación de servicios se contrata a la persona en cuanto productora de utilidad; en la locación de obra se contrata la utilidad y la persona solo es relevante en los supuestos que sea "intuitu personae". Dicho de otro modo, en la locación de obra se contrata la utilidad de la persona y no a la persona que es útil.

Se añade, que en el primer supuesto el producto debe ser reproducible con independencia del autor, en cambio en el segundo el resultado es intangible, desaparece con el primer consumo y será necesario que concurra el autor para hacerlo nuevamente.

De tal concepción se infiere que el servicio es un hacer intangible, llevado a cabo por un profesional (en sentido amplio) destinado a satisfacer un interés del locatario.

Concordando con la idea de excluir de la cuestión en debate que el resultado debe ser entendido como un producto final, participo del entendimiento de que el criterio para la distinción debe ser el de la obligación más característica y en tal sentido, tengo para mi que el servicio es un contrato por el cual una parte llamada locador, realizando una actividad propia, habitual y de la cual es experto profesionalidad en sentido amplio, se obliga a realizar una tarea orientada a objetivos determinados y que puede dar lugar a obligaciones de hacer puras o a obligaciones de hacer con relación a cosas preexistentes, que se agotan con la actividad misma, de modo que ésta no puede independizarse del locador y no puede satisfacer al locatario sin la duración de la actividad en el tiempo (Conf. Lorenzetti, Ricardo L., "Tratado de lo Contratos", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. Año 2000, T. II, págs. 590/593 y 619/629; id. Sozzo, Gonzalo, en "Código Civil Comentado, doct., jurisp., bibliografía", Ed. Rubinzal Culzoni, "Contratos parte especial", Director Ricardo Luis Lorenzetti, T. I, pág. 669 y sgtes.), Sin perjuicio de tales disquisiciones que efectúo adunando razones a los argumentos que bien expusiera el juzgador del anterior grado y que no merecieron un concreto y puntual reproche de la demandada apelante, paso a expedirme en relación a los cuestionamientos que se dirigieran a la valoración de los testimonios prestados en autos por los Sres. B. y D. F..

Como es fácil de advertir de la varias citas valorativas efectuadas "supra" con motivo de ponderar la acreditación de los presupuestos que permiten categorizar la tipología jurídica contractual causa fuente del vínculo obligacional nacido entre las partes, a partir no solo de los términos autoritativos emanados del documento obrante a fs. 9 sino también de lo actuado por ellas durante el mismo, se puede advertir "ab initio" el sentido denegatorio que se perfila en mi voto en relación la posición impugnaticia esgrimida por la apelante a su respecto.

Es que, no obstante la mención que realizara el abogado C., letrado apoderado de la demandada partícipe en la audiencia en la cual se tomara la declaración del testigo B., relativa a la existencia de una investigación en el fuero penal en autos que individualiza y en los cuales el testigo se hallaría imputado, cabe advertir que ni siquiera puede ser considerada una oposición desde que se remitió dicho profesional, estimo, a poner en consideración del tribunal de tal circunstancia sin peticionar en concreto su exclusión como tal, ni tampoco le dio ningún contenido concreto a la información que se limitó a proveer (ver doct. Arts. 427 y 428 del C.P.C.C.).

Y en tal sentido fue correcto el "téngase presente" que mereciera tal información puesto que habiéndose suprimido las tachas que antaño contemplaba el Código del rito, vino a complementar aquellos aspectos motivo de apreciación de la idoneidad subjetiva del testigo al momento de sentenciar (Arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).

Y así lo hizo el juzgador estimando, bien o mal pero de manera inatacada, que tales testimonios eran relevantes sin que hubiera merecido más que una valoración distinta y paralela a la efectuada sin contener la alegación impugnaticia la indispensable crítica que indique el error que provea de la materia indispensable para el análisis a realizar por parte de este tribunal revisor.Sabido es que el Código procesal no contempla la tacha del dicho pudiéndose alegar cualquier causa referida a las condiciones personales que potencialmente tuvieran influencia en el grado de certeza que los dichos aportaran al juzgador.

Pero no se encuentra previsto el ataque a la declaración misma o lo que se denomina "tacha del dicho". Y es evidente que el juzgador al apreciar al testimonio de B. en particular, dado que fue el único que mereció precisiones de parte de la demandada, hubo de tener en consideración la circunstancia meramente "informada" y a la cual ya se aludiera, no conteniendo el agravio a su respecto crítica alguna que atender desde que no indica en qué habría errado en tal valoración limitándose solo a realizar una valoración distinta sosteniendo, a partir de la cita de distintos procesos de investigación penal que indica (añadiendo otros que no fueron motivo de cita en la audiencia donde se prestara el testimonio) que su situación de imputado por presuntos delitos cometidos contra el Banco demandado ".debe presumirse la animadversidad y parcialidad de sus declaraciones."(sic)(fs. 296 "in fine").

A mi ver, ninguna pauta de apreciación determinante ni taxativa provee la sola circunstancia de que un testigo se encuentre en situación procesal de imputado o sindicado como posible autor de un ilícito penal en la sede respectiva, aún cuando pudiere ser uno de los damnificados alguna de las partes del proceso, para inferir sin más que existe o pudo existir algún tipo de parcialidad en el testigo al prestar su declaración.

En cuanto a los períodos reclamados e involucrados por los testimonios bajo cuestión, no cuenta con incidencia real en la consideración que merecieran en el fallo toda vez que fueron valorados a los efectos de evaluar la naturaleza de la prestación comprometida por el actor en autos (un hacer o actividad) que se desplegó en sus efectos hasta que se rescindiera por voluntad de la demandada el vínculo.

Es que partiendo de la base apropiadamente caracterizada por el Sr. Juez a quo de que el contrato de locación de servicios es consensual no puede restringirse su duración al plazo de vigencia de la autorización especial e irrevocable instrumentada (fs. 9), puesto que el mismo opera sólo en relación a la específica encomienda contenida en dicha autorización pero no en relación a las demás gestiones comerciales involucradas en el reclamo de las sumas pretendidas en el presente proceso.

Y, basta con advertir que si no se pactó un plazo para la efectuar el servicio pactado (enunciado en demanda genéricamente como "gestiones comerciales"), entre las cuales se acreditó tal como se expresara "supra" el convenio con los países bajos y aquellas vinculadas a una deuda de A. con la entidad bancaria locataria, rige la regla contenida por el art. 625, de aplicación al caso por vía de la remisión del art. 1623, ambos del Código Civil, que establece en materia de obligaciones de hacer que el hacer debe ser ejecutado en tiempo propio, lo cual significa que debe ser el razonable según la naturaleza de la obligación.

Mientras no se fije un plazo entre las partes o bien, a su pedido, por el órgano jurisdiccional, el plazo será indeterminado (Conf. Art. 509 del Código Civil).Ninguna incidencia valorativa cuenta ni la nota presentada por el actor al banco demandado, ni tampoco la mecánica interna de la entidad bancaria para abonar las facturas que se le presenten, toda vez que basta con advertir que hasta la rescisición decidida por ella se devengó el monto mensual que venía abonando por la prestación de la obligación de hacer comprometida por el locador.

En suma, tal como lo adelantara, el agravio no tendrá acogimiento en mi voto, debiéndose desestimar el mismo. Así lo dejo propuesto al acuerdo.3) Onerosidad: Basta con destacar que los términos contemplados por los arts. 1627 y 1628 del Código de fondo, dada la hermenéutica expuesta respecto a la profesionalidad del actor en la prestación comprometida, es perfectamente compatible a la presunción de onerosidad que de tal manera juega plenamente en el caso.

Ello por cuanto las normas citadas contienen el presupuesto de hecho de servicios que, siendo de la profesionalidad o modo de vivir del prestador, y no dándose las hipótesis que autorizan a presumir la intención de beneficiar, se ejecutó total o parcialmente la actividad o hacer comprometido.

Y, aun cuando en el supuesto bajo análisis no existió un contrato escrito, allende de la autorización específica que se otorgara para la realización de puntuales tratativas fs. 9, en el que se pactara el precio convenido a cargo del locatario lo cierto es que el Sr. Juez a quo consideró sin que mereciera una verdadera crítica que atender, que con los depósitos acreditados con las constancias de fs. 24/26 se acreditó el precio acordado por los servicios pactados.

Inclusive, tales pagos fueron ratificados en su imputación y efectivización por el que por entonces era el presidente de la entidad bancaria, Sr. B., quien expuso corroborativamente a lo que emanan de dichas constancias documentales que se pactó y pagó al actor inicialmente la suma mensual de $ 3.000, ajustándose de común acuerdo en un 10% menos ($ 2.700)(ver: resp. 5ta. fs. 142 vta.)(Arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).

Coincidente con ello resulta la identificación de las facturas extendidas por el actor las cuales fueron emitidas en concepto de "Asesoramiento comercial sobre cartera crediticia" (ver dictamen pericial contable de fs. 203); como así también, del punto b) de la pericial contable obrante a fs. 244/245.

Y no abunda afirmar que para alterar tal valoración probatoria no alcanza con aludir a la leyenda de tales depósitos "pago prov./administr" que puede obedecer a distintas razones de orden burocrático interno de la entidad bancaria locataria de los servicios que no óbice en la conceptualización e imputación jurídica de dicho pago como contraprestación a su cargo.

En consecuencia, el presente agravio también habrá de desestimarse, dejándolo de tal manera propuesto al acuerdo. Así lo voto.

4) Honorarios: No habiéndose interpuesto el recurso de apelación autónomo en los términos contemplados por el art. 244 del C.P.C.C. y art. 49 de la ley 2.200, no se encuentra habilitado éste tribunal revisor para ingresar siquiera al tratamiento de las razones esgrimidas en sustento de un recurso que no fue planteado.

B). Apelación de honorarios del perito contador R.: El profesional recurrente efectivamente produjo su dictamen a fs. 203/204, y ante la impugnación de fs. 207 y vta. de la demandada, produjo su explicación de fs. 213/ y vta.. Ahora bien, corresponde resaltar que la tarea de los peritos es indivisible en el sentido que todo aquello que debe desarrollar, tanto su intervención preliminar, la de ejecución de su encomienda a través de la presentación de su dictamen, como también, la de su eventual explicación, comprende una globalidad de trabajos valorables como una unidad.

Utilizando el mismo parámetro del recurrente, el discrimen pretendido de sus trabajos equivaldría a pretender que las tareas de los letrados intervinientes según sea el número de sus presentaciones en el expediente merecieran mayor o menor regulación.

No son estas las pautas de apreciación de la tarea profesional que contempla la ley del arancel.Los honorarios de los peritos contadores en materia judicial deben adecuarse, además del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, a su eficacia y trascendencia que hubiera tenido en la resolución del conflicto ponderada según lo prevé el art. 477 del C.P.C.C. (Conf. CCiv.yCom., Rosario, Sala II, 050399, L.L. Litoral, 1999756).

Sin perjuicio de lo dicho, estimo apropiado atender a lo exiguo de la base económica sobre la cual se calculará el porcentual que se fijara en la regulación del perito recurrente, a efectos de preservar ante procesos de montos como el involucrado en el presente pleito, la justa retribución de la tarea profesional cumplida.

En tal dirección, estimo que dicha regulación debe elevarse al 2,5 % del importe de la condena, en tanto que la misma es la que prudentemente observa, a mi juicio, todos los parámetros enunciados (Arts. 6 y 61 de la Ley 2.200). Así lo dejo propuesto al acuerdo.

II. Conclusión:

Por lo expuesto, corresponderá confirmar el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios en lo principal que decide, con costas de Alzada a cargo de la parte demandada apelante vencida en ella (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.); modificándolo únicamente para elevar los honorarios del perito contador C. R., a la suma equivalente al 2,5% del monto de condena.

Los honorarios de los Dres. M. A. A., letrado apoderado de la parte demandada; y P. O. A., letrado apoderado del actor, por sus tareas de Alzada, apreciándolas por su extensión, mérito y eficacia, estimo corresponde fijarlos en las sumas equivalentes al 2,1% y al 5.88%, respectivamente, del monto de condena que se liquide en la etapa de ejecución, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6 y 14 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).

No se impondrán costas por la apelación deducida por el perito contador recurrente, toda vez que las impugnaciones vinculadas a honorarios no las generan en la Alzada, por lo que no corresponderá regular honorarios al Dr. F. L., letrado patrocinante del Cdor. R..

Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 271, que fuera concedido libremente a fs. 274, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 258/262 que hizo lugar a la demanda por cobro de pesos instaurada por R. O. A. y condenó al B. D. C. S.A. a pagar la suma de $10.800. con más sus intereses, y con imposición de costas a la vencida.

Asimismo, a fs. 272 y vta. el perito contador C. A. R. apeló los honorarios regulados a su favor por considerarlos bajos, recurso concedido a fs. 289.

Los agravios vertidos por la sociedad demandada lucen a fs. 296/299 vta., el traslado conferido a fs. 300 fue evacuado por su contraria a fs. 301/303 y vta., el pedido de producción de prueba fue rechazado por sentencia interlocutoria de fs. 306 y vta., y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precede en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones.

2. Sostiene la apelante que "las características de las prestaciones convenidas se asemeja mucho más a una locación de obra, dado el elemento tipificante del resultado como condicionante del nacimiento de la prestación pago a cargo del demandado", y en su apoyo alude al punto 5 de la autorización suscripta poniendo de relieve que la efectivización de la retribución quedaba condicionada a que como resultado de la operación la misma sea asumida por la sociedad concesionaria del A..

Y tal manifestación no es más que una reiteración de la postura asumida al contestar demanda al expresar con relación al compromiso de pago que se dejó "establecido que su efectivización quedaba condicionada a que como resultado de la operación la misma fuera asumida por la sociedad concesionaria del A.", y concordante con tal postulación negó la existencia de una locación de servicios (fs. 36 vta., penúltimo párrafo, y fs. 37, cuarto párrafo, respectivamente), y ello no es agravio.

Así, no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia; o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense AbeledoPerrot, 1988, T. III, págs. 357/358 y cita de fallos).

Es que, con tales expresiones evita la recurrente hacerse cargo de los fundamentos brindados por el Sr. Juez de la anterior instancia a fs. 261 y vta. que resultaron esenciales para dilucidar la cuestión, y por ello no hay agravio que atender.

Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia, conforme lo exige el art. 265 del C.P.C.C.

Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985A, 309).

3. Y aun cuando se obviara tal circunstancia procesal para ingresar en la queja, siguiendo un criterio amplio a favor de la recurrente (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, T. 1, par. 101, pág. 275/276), adelanto que no le asiste razón.

Al respecto, comparto el criterio del juzgador cuando señala que se encuentra demostrado que el actor fue contratado por la demandada a fin de que prestara sus servicios personales con el objeto de realizar gestiones relativas a la actividad de esta última, sin que la aludida autorización para realizar un trabajo en particular implicara que dicho vínculo jurídico se circunscribiera a la finalidad pretendida por la misma.

Es que, la autorización que obra a fs. 9 encomienda al hoy actor "1. . para que se encargue de conseguir una empresa de origen nacional o extranjero que esté dispuesta a realizar inversiones, jointventures, adquirir el paquete accionario (total o parcialmente) en la Empresa A. C. S.A. de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 2. La presente búsqueda se encomienda .

4. El Banco se compromete a facilitar toda la información necesaria para que se pueda llevar a cabo la gestión enunciada en el punto anterior ." (el subrayado me pertenece). Y tales expresiones denotan una prestación de servicios toda vez que los términos utilizados deben interpretarse de acuerdo al uso general de las palabras (art. 217 del Código de Comercio) y no de acuerdo al sentido pretendido por las partes.

Debe darse preferencia siempre al sentido que les da el uso general (objetivo) sobre el que pretende darle el obligado (art. 217) (conf. Fontanarrosa, "Derecho Comercial Argentino. II. Doctrina general de los contratos comerciales", Víctor P. de Zavalía, 2da. ed., 1971, pág. 156). El art. 217 Cód. Com. remite a "las palabras" de los contratos, según el sentido que les da el "uso general".

Ello implica que el punto de partida pasa por el sentido literal de los términos utilizados en el contrato, lo cual presupone su redacción por escrito.

Cuando el convenio es claro y preciso no puede ser modificado por interpretaciones sobre la base del espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes o las finalidades perseguidas, pues las palabras se corresponden en sí mismas con la realidad que designan y además, por regla general, traducen con fidelidad el pensamiento (conf. Rouillón, Director, "Código de Comercio Comentado y Anotado", La Ley, 2005, T. I, pág. 455).

Y si bien tanto en la locación de obra y en la de servicios la prestación fundamental tenida en mira por las partes es la actividad humana, si el objeto del contrato, el fin buscado, es "el trabajo mismo, la actividad misma del locador" con independencia del resultado, independientemente de la obtención del fin buscado, hay locación de servicios (Rezzónico, "Estudio de los Contratos en nuestro Derecho Civil", Depalma, 2da. ed., 1959, T. 2, págs. 39/40 y 499).

Siempre que exista una obligación de hacer que tenga por objeto genérico cuidar intereses o satisfacer necesidades del acreedor, se establece, en principio una locación de servicios (conf. Belluscio, Director, "Código Civil .", Astrea, 1999, T. 8, pág. 2 y cita de doctrina en nota 3).

Y aun cuando el punto 5 de la autorización alude a un resultado al que condiciona el compromiso de pago en calidad de condición suspensiva (arts. 528 y 545 del Código Civil), lo cierto es que si se considera la fecha de la mencionada autorización el mero hacer que surge de los términos allí empleados se ve confirmado por la conducta posterior asumida por la demandada y asimismo por la realización de otras gestiones de índole comercial y de carácter genérico efectuadas en provecho de la institución bancaria.

Para ello debe ingresarse al tratamiento del segundo agravio centrado en la apreciación de la idoneidad de los testigos J. F. B. y A. D. F., y en ese direccionamiento coincidiré con el Dr. Lucero respecto a que la manifestación del letrado apoderado de la demandada acerca del carácter de imputado del testigo B. en una causa penal (fs. 142 del acta labrada con motivo de la audiencia celebrada el 01/03/04) no puede considerarse una oposición o pedido de exclusión pues en definitiva no concretó petición alguna.

En tales condiciones, con acierto el Juzgado tuvo presente la manifestación del citado profesional y apreció al sentenciar la fuerza de la declaración, conforme la facultad que le confiere el art. 456 del C.P.C.C.

Al respecto, sabido es que el actual ordenamiento procesal eliminó el sistema de tachas, porque conspiraba contra la libre apreciación de las pruebas por el juez. No está incluido el ataque a la declaración misma; no existe en nuestro ordenamiento procesal la "tacha del dicho" (conf. FenochiettoArazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, pág. 480).

No ha de confundirse la impugnación de inidoneidad, dirigida contra la persona del testigo, con la llamada "tacha al dicho", tendiente a evidenciar la inatendibilidad de las declaraciones (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1992, T. VB, pág. 309).

Por eso el juez aprecia la idoneidad subjetiva del testigo según las reglas de la sana crítica y en oportunidad de dictar sentencia, formando así su convicción sobre la fuerza de la declaración (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), y así lo hizo el sentenciante, por lo que las expresiones de la recurrente acerca que resultó incorrecta la valoración y errónea la conclusión ya que no debió considerar esta prueba para fundar su sentencia sólo denota su particular punto de vista al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante.

En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 371, y cita de fallos).

Y en lo que hace a la manifestación de la apelante acerca que debe presumirse la animadversión y parcialidad de sus declaraciones dada su situación de imputados en causas penales contra el Banco demandado, lo cierto es que tal apreciación no permite concluir que tal circunstancia por si sola determine la existencia de parcialidad en los testigos, cuando en función de las reglas de la sana crítica los dichos aparecen como objetivos, sin contradicciones ni discordancias, y se tratan de testigos necesarios por su intervención personal y directa en los hechos respecto de los cuales declararon.

Por lo demás, el cuestionamiento que la quejosa realiza de los dichos del Sr. D. F. orientado a restar idoneidad a esa declaración es extemporáneo, conforme al art. 456 del C.P.C.C.

La falta de idoneidad tiene que alegarse y probarse en la misma instancia en que declaró el testigo; la idoneidad de los testigos que declararon en primera instancia no puede introducirse en segunda instancia como hecho nuevo. Se puede impugnar la idoneidad de los testigos siempre que se lo haga dentro del plazo de prueba.

Y cabe advertir que la idoneidad se presume, y quien afirma lo contrario tiene la carga de probarlo (FenochiettoArazi, obra y tomo citado, par. 2 y 7, págs. 481 y 482, respectivamente). La impugnación a la idoneidad de los testigos debe ser hecha durante el plazo de prueba, y acreditada, en su caso, en el mismo; por cuyo motivo las observaciones vinculadas con la supuesta falta de idoneidad de algunos testigos resulta extemporánea si recién es introducida en la expresión de agravios (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. VB, pág. 324, y cita de fallos).

Con tales alcances, puede señalarse que la institución bancaria dio cumplimiento a la contraprestación a su cargo con los depósitos en efectivo que se describen en el extracto de la cuenta de caja de ahorro común perteneciente al actor ("DEP.EFECTIVO" y "PAGO PROV./ADMINISTR", 06/07/2001, 03/08/2001, 06/09/2001, 18/10/2001, 23/11/2001, 07/02/2002, y 21/03/2002), y que refieren a siete operaciones entre los meses de julio 2001 a marzo 2002, dos por $3.000. y cinco por $2.700., por un total de $19.500. (hojas 002, 003, y 004 del extracto que lucen a fs. 24/26).

Ello por cuanto a pesar de las negativas de fs. 36/37 y alusión a que los depósitos se realizaron "como pago a proveedores" (fs. 37), sin perjuicio de que la demandada no arrimó probanza alguna sobre la alegada imputación, con los dichos del testigo B. se acredita la prestación de servicios por el accionante para la institución bancaria y el pago de honorarios por un importe de alrededor de $3.000. en forma mensual, reducido posteriormente en un 10% de común acuerdo (contestación a la 3a. y 5a. pregunta, fs. 142 y vta.).

Y el art. 218 (inciso 4°) Cód. Com. confiere relevancia hermenéutica a los hechos de los contratantes, posteriores a la celebración de los contratos.

La conducta asumida por las partes, en la etapa de ejecución del contrato, resulta decisiva a la hora de interpretarlo pues se trata de actos propios, reveladores de su real intención, a veces más elocuentes que las propias palabras (facta concludentia). Ello configura una suerte de interpretación auténtica del contrato (conf. Rouillón, obra y tomo citado, pág. 456).

Puede ser en muchos casos una guía valiosa para establecer la verdadera intención de ellas (las partes) (conf. Fontanorrosa, obra y tomo citado, pág. 155).

Y como ya se señalara, también cabe considerar que la vinculación habida entre las partes comprendió otras gestiones comerciales, a saber: a) con la Embajada de Holanda que culminaron con la suscripción de un convenio de interés turístico (B., contestación a la 4a. pregunta, fs. 142); y b) con A.., intermediando entre esa mutual y el banco a fin de estructurar alternativas que permitieran sustentar un acuerdo de pago (B., contestación a la 4a. pregunta), buscando soluciones a una deuda importante de A., y es más elaboró un proyecto para formar un fondo fiduciario con las tierras que poseía A. para afrontar la deuda (D. F., contestación a la 3a. y 6a. pregunta, fs. 184).

Con las declaraciones prestadas, las que se aprecian conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), tengo por acreditado que el actor prestó un hacer a favor de la institución bancaria referido a diversas gestiones comerciales (testigos B. y D.F.) sin comprometer como resultado una obra, y que tales servicios prestados dio lugar al pago de una retribución mensual en concepto de honorarios (testigo B.), pagos que se corroboran con las constancias que emergen del extracto de cuenta que obra a fs. 24/26.

A su vez, también coincidiré con el vocal prevotante en cuanto a que los períodos bajo análisis fueron ponderados a fin de precisar la naturaleza de la prestación comprometida por la parte actora, y toda vez que el contrato de locación de servicios es consensual, es decir que se perfecciona por el simple consentimiento recíproco de las partes, y a partir de ese momento son exigibles las obligaciones asumidas (art. 1140, Cód. Civil) ( conf. Belluscio, Director, obra y tomo citado, pág. 13), y desde que abarcó otras gestiones comerciales además de la indicada al punto 5 de la autorización de fs. 9, no puede limitarse la duración de la locación en función del plazo de vigencia fijado en la misma al punto 2.

Y si no se fijó plazo para realizar el trabajo pactado consistente en la realización de gestiones comerciales, el obligado a prestar algún servicio lo ejecutará en tiempo propio, principio establecido por el art. 625 del Código Civil, y si no hay plazo pactado, salvo que se desprenda su existencia de las circunstancias, en los demás casos será necesario la interpelación al locador para provocar la mora (art. 509, párr. 2°) (conf. Belluscio, Director, obra y tomo citado, págs. 14/15).

Por ello, ninguna relevancia presenta la nota presentada por el accionante desconocida por su contraria, ni el procedimiento interno de la demandada para el pago de facturas, y si la locación de servicios no tiene plazo de duración y ello autoriza a que cualquiera de las partes puede ponerle fin en el momento que más le convenga (conf. Belluscio, Director, obra y tomo citado, pág. 16), hasta ese momento acaecido en mayo de 2002 (carta documento de fs. 16) continuó devengándose el importe mensual que originariamente ascendió a $3.000. y que posteriormente fuera reducido a $2.700. (B., contestación a la 5a. pregunta, fs. 142 vta.).

Por tales fundamentos, se desestiman los agravios vertidos en tal aspecto. 4. Sostiene la apelante que la relación jurídica debe analizarse dentro de los términos del art. 1628 del Código Civil.

No le asiste razón ya que de las constancias de la causa (documental y prueba testimonial) resulta la profesionalidad del accionante y no se dan circunstancias que permitan considerar que hubo una liberalidad por el locador de los servicios.

Este art. 1628 plantea, como excepción a la regla de la onerosidad, casos en los que el servicio o trabajo no es profesional, pero esto no debe confundirse, creyendo que si el servicio o trabajo no es propio de la profesión o modo de vivir, debe presumirse la gratuidad.

La presunción de onerosidad sólo cede cuando se dan conjuntamente ambos requisitos: a) que no se traten de trabajos profesionales o propios del modo de vivir de quien los presta, y b) que se presenten circunstancias especiales que den lugar a pensar que ha habido una liberalidad por parte de quien prestó el servicio (conf. Belluscio, Director, obra y tomo citado, pág. 53).

Y desde que se tratan de servicios lícitos requeridos por la accionada que no se circunscribieron exclusivamente a los referidos al p. 1 de la autorización, se presume la onerosidad del contrato.

Asimismo, y respecto al precio de la locación el juzgador lo tuvo por acreditado con las constancias de fs. 24/26 sin que la recurrente formulara crítica alguna en tal sentido.

Por lo demás, ya al punto 3 que antecede se ponderó la declaración del testigo B. con relación al precio pactado en $3.000. reducido en un 10% (contestación a la 5a. pregunta, fs. 142 vta.), monto coincidente con las facturas emitidas por el actor y que fueran objeto de tratamiento a fs. 203 de la pericial contable y también en igual sentido a fs. 244.

Con tales pautas se desestima el agravio.

5. Introduce la apelante en su expresión de agravios un pedido de reducción de los honorarios regulados al letrado apoderado de la parte actora.

Y tal planteo no puede ser tratado por esta Alzada ya que la apelación de honorarios es una vía recursiva autónoma regulada por el art. 49 de la ley arancelaria, por lo que la interposición y concesión del recurso tiene un específico tratamiento que impide considerar que el mismo se encuentra implícito en el deducido contra la sentencia definitiva.

En tal sentido, la parte demandada al interponer a fs. 271 recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en la anterior instancia no dedujo apelación por honorarios, motivo por el cual y por tratarse de cuestiones procesales diferentes sometidas a distinto régimen (arts. 242 y 243 del C.P.C.C., y art. 49 de la ley 2.200), no puede quedar comprendida dicha materia en el citado recurso.

Así, al no articular el recurso autónomo previsto en la citada ley 2200 no se encuentra abierta la jurisdicción de esta Alzada para abordar dicha cuestión, lo que impide ingresar al análisis de la misma.

Es criterio invariable de esta Cámara, ya en su composición de sala única, a partir de la c. 9039, S.D.C. 20/91, también S.D.C. N° 15/96; esta sala "B", S.D.C. N° 02/2002, S.I.C. Nos. 116/00, 19/2001, y 172/2002, entre otros pronunciamientos.

6. Finalmente corresponde el tratamiento de la apelación de honorarios deducida a fs. 272 por el perito contador don C. A. R.. A tal fin, atendiendo a la extensión, eficacia, y mérito de la labor realizada, como también la trascendencia que esa tarea profesional tuvo en el resultado de la litis (conclusión del p. VI de fs. 204 y condena recaída en autos) estimo también prudente elevar sus emolumentos al 2,5% del importe de condena (art. 477 del C.P.C.C. y arts. 6 y 61 de la ley 2200), con más el I.V.A. correspondiente. 7.

En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en lo principal que decide, elevando los honorarios del perito contador C. A. R. en la suma equivalente al 2,5 % del monto de condena, con más el I.V.A. pertinente, con costas de Alzada a la parte demandada vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

Asimismo, atendiendo al mérito, extensión, calidad y eficacia de las tareas cumplidas en esta instancia, estimo prudente los honorarios que propone regular el Dr. Lucero a favor de los Dres. M. Á. A. y P. O. A., letrados apoderados de las partes demandada y actora, en las sumas porcentuales equivalentes al 2,1% y 5,88%, respectivamente, del monto de condena que resulte en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 14 y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.

Desde que los cuestionamientos en materia de honorarios no genera costas no corresponde practicar regulación al letrado patrocinante del contador C. A. R..

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR en lo principal que decide el fallo venido en apelación. 2) MODIFICAR la regulación de honorarios del perito contador C. R., elevándolos en la suma equivalente al 2,5% del monto de condena.

3) IMPONER las costas de Alzada a la parte demandada apelante. 3) REGULAR los honorarios de los letrados intervinientes, por sus tareas de segunda instancia, del siguiente modo: al Dr. M. A. A., en la suma equivalente al 2,1% y al Dr. P. O. A. en la suma equivalente al 5,88%, del monto del pleito a determinar en la etapa de ejecución, con más el I.V.A. pertinente.

ASI LO VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.

Así lo voto.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., Textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, RESUELVE:

CONFIRMAR en lo principal que decide el fallo venido en apelación.

MODIFICAR la regulación de honorarios del perito contador C. R., elevándolos en la suma equivalente al 2,5% del monto de condena.

IMPONER las costas de Alzada a la parte demandada apelante.

REGULAR los honorarios de los letrados intervinientes, por sus tareas de segunda instancia, del siguiente modo: al Dr. M. A. A., en la suma equivalente al 2,1% y al Dr. P. O. A. en la suma equivalente al 5,88%, del monto del pleito a determinar en la etapa de ejecución, con más el I.V.A. pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL Nº 46 DE 2.006 SDC. Conste.

c.

CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA