Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-04


DIAZ, Sergio contra ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO Reg.: A y S t 199 p 189-192. Santa Fe, 4 de agosto del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia nro. 46, de fecha 18 de junio de 2003, dictada por la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario en autos "DIAZ, Sergio contra ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO -Daños y Perjuicios- (Expte. 56/02)" (Expte. C.S.J. nro. 544, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que por sentencia nro. 46 de fecha 18 de junio de 2003, la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, resolvió confirmar la sentencia inferior -que a su turno rechazó la demanda-, con costas al apelante.

Contra este decisorio interpuso el actor recurso de inconstitucionalidad por considerarlo incurso en diversas causales de arbitrariedad.

En primer lugar considera el quejoso que la sentencia que impugna es nula en tanto vulneró el principio de congruencia e incurrió en exceso ritual manifiesto.

En ese sentido alega que el fallo contiene afirmaciones que no son ciertas, como que Díaz consintió el proceso de elección de delegado en el acto comicial.

Señala que en su razonamiento los sentenciantes confundieron el acto en cuestión, consistente en la elección de delegados en un establecimiento, con una elección del cuerpo directivo de la Asociación de Empleados de Comercio.

Enumeró entonces las diferencias entre uno y otro.

Así expresa que en el primer caso el Sindicato es convocante y organizador de los comicios, mientras que en el segundo supuesto, el órgano de control es la Junta Electoral; en una elección de delegados no existen listas sino que se presenta cualquier afiliado; se realiza en el interior de la empresa y aunque participe algún veedor del Ministerio de Trabajo, se trata de un acto sin formalidades.

Advierte que el accionar del Sindicato fue negligente e irresponsable, en tanto convocó a elección de delegado de la empresa "Radio Llamada" sin conocer previamente las condiciones de trabajo (modalidades por turno), y de tal modo solamente se eligió un delegado cuando correspondían dos.

Por otro lado, denuncia que no defendió sus intereses como trabajador al no recurrir a lo dispuesto por el artículo 47 de la ley 23.551, frustrando su derecho a ser elegido, dificultando que invocara la estabilidad gremial para impedir su despido o para percibir una indemnización en su reemplazo.

Asevera que la Asociación sindical reconoció el error en que incurrió en la convocatoria de elecciones, toda vez que con posterioridad al comicio cursó nota al Ministerio de Trabajo comunicando que cabía la designación de dos delegados.

A su vez, considera a la sentencia incursa en excesivo rigor formal por cuanto analizó su planteo como si se tratara de una demanda contencioso administrativa desde que afirmó que su parte no hizo el "reclamo previo" ni agotó la vía administrativa.

También entiende que el pronunciamiento omitió valorar prueba sustancial, apreció subjetivamente los hechos y no contó con motivación suficiente.

En ese orden afirma que el decisorio no consideró que Díaz se desempeñó efectivamente como representante gremial, lo que se encuentra acreditado con las siguientes probanzas: las credenciales del actor; la solicitud de pronto despacho dirigida al Ministerio de Trabajo, las solicitudes de permiso gremial; testimoniales.

Por último, insiste en las irregularidades en que incurrió el Sindicato, omitiendo las debidas diligencias al convocar a las elecciones en cuestión, como así también en su conducta posterior frente al Ministerio tratando extemporáneamente de enmendar un error inexcusable.

En este punto, endilga subjetividad al fallo en cuanto sostuvo que el reclamo que la Asociación inició frente a esta dependencia consistió en una "mera gestión .... a favor de su afiliado....", sin siquiera mencionar el hecho de que la sindical demandada aceptó la resolución del Ministerio y no la recurrió, como así tampoco "reaccionó" frente al despido de Díaz.

En suma, responsabiliza a la Asociación demandada de los daños y perjuicios sufridos a raíz de no haber podido hacer valer sus derechos como delegado gremial al ser despedido sin causa por la empresa "Radio Llamada S.A.C.I." ni poder cobrar la indemnización correspondiente.

La Sala por auto nro. 297, de fecha 10/11/03, resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad.

2. No obstante pueda tenerse por cumplimentado el recaudo del oportuno planteo y mantenimiento de la cuestión constitucional, la presente queja no ha de prosperar.

En efecto, como reiteradamente lo ha dicho esta Corte "...la queja es un recurso autónomo que debe cumplimentar a los fines de su recepción recaudos formales propios, siendo elemental el que se sustente en los fundamentos del auto denegatorio. De allí que constituye carga ineludible para el recurrente rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Cámara al denegar la concesión del recurso, trayendo razones de peso en orden a desvirtuar la referida fundamentación, conforme lo prescribe el artículo 8 de la ley 7.055 (cfr. A. y S. T. 35, pág. 421; T. 58, pág. 304; T. 124, pág. 114; T. 175, pág. 144; T. 176, pág. 289; T. 184, pág. 109, entre muchos otros).

Y de la lectura del escrito respectivo (fs. 42/53) claramente se advierte que el recurrente no dio cumplimiento a esta exigencia, toda vez que se limitó a reiterar -simétricamente- los planteos y conceptos ya vertidos al interponer el recurso de inconstitucionalidad, sin dirigir cuestionamiento alguno a las conclusiones expuestas por el Tribunal a quo en su denegatoria.

En tal oportunidad sostuvo la Sala que los postulados del recurrente sólo consistieron en "...una repetición de argumentos sobre temas de derecho común, pruebas y hechos ... que fueron motivo de expresa y puntual consideración y rechazo por los tribunales ordinarios...", y que únicamente pretendía reeditar el debate litigioso ya agotado en la Cámara con "...carencia de toda fundamentación en la descripción de los vicios imputados...", traduciendo su impugnación solamente la discrepancia para con el criterio utilizado por los jueces en la apreciación de los hechos, la valoración de la prueba rendida y la interpretación de las normas aplicables.

Y frente a tales aseveraciones, el quejoso en esta instancia ni siquiera intenta esgrimir una respuesta a los fines de cumplimentar los recaudos de admisibilidad de la queja interpuesta.

Ahora bien, no obstante que lo señalado sella por si solo la suerte adversa del presente, no está demás aclarar que asiste razón a la Sala en cuanto afirmó que la postulación del compareciente no versaba más que en su disenso para con lo resuelto por los juzgadores, quienes más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido, dieron una solución al sub examine que de ningún modo puede entenderse desborde los límites de razonabilidad exigidos o descalifique al fallo como acto jurisdiccional.

Así, de la sentencia surge claramente que la Alzada confirmó el rechazo de la pretensión del actor, por considerar fundamental la conducta del propio Díaz ante la convocatoria y proceso del acto de elección de delegado, toda vez que existió un consentimiento de su parte al no impugnar ni cuestionar la validez del comicio en tiempo y forma, al participar plenamente en el mismo, salir segundo en la votación, notificarse expresamente del acta respectiva y del escrutinio definitivo, sin enderezar ninguno de los medios legales impugnatorios a su disposición en la misma sede electoral, administrativa ni judicial.

Es decir, a criterio del Tribunal a quo -sustentado en el análisis de los hechos tal como acontecieron y en las disposiciones vigentes aplicables a la cuestión- la conducta del actor no se ajustó a lo establecido por el decreto nacional 467/88 reglamentario de la ley 23.551.

En consecuencia, siguiendo este razonamiento, concluyeron los juzgadores que el cuestionamiento resultaba tardío, que tras haber consentido todo el proceso no podía pretender ahora una reparación de daños y perjuicios contra el Sindicato, advirtiendo de todos modos que no existían pruebas que demostraran defectos o irregularidades en la convocatoria y publicidad del acto.

Y son estas las razones que llevaron a la Sala a desestimar la acción contra la Asociación demandada, agregando que el accionante nada aportó a los fines de acreditar que efectivamente fue despedido de su trabajo y sin causa, como tampoco invocó que el Sindicato hubiera incurrido en dolo o mala fe y menos aún lo demostró.

Frente a ellas el recurrente, como ya se señaló, sólo se limita a reiterar los planteos ya formulados al expresar agravios -relativos a que su parte no consintió el comicio, que hubo un actuar negligente por parte de la Asociación y que se omitió valorar prueba decisiva- expresando además que el Tribunal confundió el acto de elección de delegados con la elección del cuerpo directivo del Sindicato, y que analizó su planteo como si se tratara de una demanda contencioso administrativa al exigirle el reclamo previo y el agotamiento de la vía administrativa.

Más de ningún modo pueden considerarse viables tales formulaciones a los fines de la apertura de esta instancia de excepción, toda vez que de la sentencia no surgen en absoluto las confusiones alegadas por el quejoso.

Por el contrario, la Sala describió el procedimiento a seguir -conforme lo dispuesto por la ley 23.551 y su decreto reglamentario- señalando que la entidad que convocó y organizó la elección de delegado fue el mismo Sindicato; que las eventuales impugnaciones debían someterse ante estas autoridades o ante las juntas electorales; que en caso de no obtener respuesta o ser la misma negativa, debía recurrirse por vía administrativa ante el Ministerio de Trabajo, y si también aquí la decisión era contraria al interesado, agotada esta instancia, debía postularse la nulidad del comicio ante la justicia laboral (mediante un proceso declarativo o por el mecanismo del amparo sindical).

En suma, y como se expresó, el recurso deducido resulta incompatible con las exigencias propias de la ley 7.055.

Por tales razones, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)