marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, oportunidad procesal, saldo impago, apercibimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: EXTPE. Nro. 37308 PETROLERA S.A. c/ GULLOTA, HUGO ALBERTO Y OTS. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-02-01

El apercibimiento dispuesto en el art. 302 del Código Fiscal, según la modificación introducida por el art. 61 de la ley 7.180, que autoriza el desglose de la petición (recurso de apelación) una vez transcurrido los 30 días desde que debió abonarse la tasa de justicia, no se ve obstaculizado por el hecho que el apelante haya abonado el mínimo de la tasa de justicia y no el importe correspondiente al monto demandado. Así tampoco es obstáculo para el rechazo del incidente que el trámite impreso al recurso de apelación haya sido consentido por la actora; porque la normativa en cuestión debe ser aplicada de oficio, y aún cuando se haya incurrido en un error al proveerse la apelación sin haberse abonado la tasa de justicia.
Sucesiones, administrador de la herencia, rendición de cuentas, remoción del administrador de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: P., H. A. c/ D., E. s/ Demanda por Rendición de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-04

...Aunque la obligación de rendir cuentas opera ministerio legis y, por lo tanto, no se requiere intimación de los herederos, dicha intimación será necesaria para que, a falta de rendición de cuentas, el administrador pueda eventualmente ser removido.
Acción de amparo, trámites judiciales, competencia, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Olivo, Ismael Oscar y otros c/ Gobierno de la Provincia de Santa Fe s/ Acción de Amparo (Expte CSJ Nº 806-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-06

El amparo interpuesto por los actores -agentes del Registro Civil- que pretende se les liquiden sus haberes de conformidad a la ley 10694 y su consecuente nº 11196, y en su caso, los decretos 3850 y 3851, ambos de 1993, reviste naturaleza contencioso administrativa.
Daños y perjuicios, pretensión resarcitoria, indemnización por muerte, muerte del concubino, concubinato, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Benítez c/ Volpato y/u otros s/ Ordinario (Expte Nro. 195-00, Resolución Nro. 79, Tomo 20, Folio  349/365)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-17

Una vez establecida la legitimación del concubino para reclamar contra el responsable del hecho ilícito que costara la vida de su compañera, no corresponde realizar distingo alguno de los integrante s de la pareja; como lo estableció la C.N. Civ. en pleno el 4/4/95 ya que ello carece de sustento en la legislación de fondo. La jurisprudencia nacional destaca actualmente "que la legitimación de la concubina no procede de la existencia de la unión concubinaria (o sea de la existencia de un derecho a exigir alimentos) sino de la prueba clara y concreta de que se ha sufrido un daño por la desaparición de la persona accidentada ...".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ejecución fiscal, honorarios, regulación de honorarios, leyes, competencia contencioso administrativa y tributaria, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Abogados. Honorarios. Ejecuciones fiscales (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es si el art. 7 de la ley 11.257, que modifica la ley 6767 (Aranceles Profesionales -   Abogados y Procuradores), agregando el inc. 5) a su art. 7, importa   una vigencia material y temporal limitada sólo a los procesos de   ejecución fiscal instaurados en relaciones especiales comprendidos   en ella -regímenes de regularización impositiva provincial- o bien   debe entenderse de alcance general y permanente para todo tipo de   ejecución fiscal en el territorio provincial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-15

El hecho que la ley 11.257 refiera a una regularización impositiva en el ámbito de la provincia no quita la autonomía propia de su art.

7 que modificó el art. 7 ley 6767 y le adunó un nuevo inciso a todos los efectos generales de toda ejecución fiscal. La norma desvincula de la moratoria y pasa a ser norma general de aranceles para ese tipo de juicio sin distinciones. Por lo tanto, a partir de su entrada en vigencia, las ejecuciones fiscales tienen un régimen de honorarios sobre la base de un tope (5% del capital determinado) en consonancia con el alcance del art. 1 de la ley 6767 (en relación, al art. 7 inc. 5 ). (Del Voto del Dr. Silvestri)
Competencia, cuestiones de competencia, autoridad de prevención
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: F, B.B. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 47 Artículo 47
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-16

La norma contenida en el artículo 2 de la Ley Nro. 12, no realiza distinción alguna respecto de la autoridad preventora, de modo que resulta irrelevante a los efectos de dirimir la cuestión de competencia bajo examen quién ha sido el funcionario que constató el hecho imputado.
Seguros, denuncia del siniestro, mora, silencio del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOYA, VICTOR DONATO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-17

La jurisprudencia ha establecido que si el asegurador considera que la denuncia es tardía debe hacerlo saber al asegurado al acusar recibo; si no lo hace, reconoce haber tomado conocimiento en tiempo útil. En la especie, luego de recibida la denuncia, la demandada -el mismo día- hizo revisar el auto por su personal. La doctrina considera que cuando se designa un perito para fijar el daño hay una renuncia tácita a la defensa generada en la denuncia tardía.
Impugnabilidad objetiva, fundamentación insuficiente, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aguirre, Alejandro Ramón c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-30

El voto concurrente sostuvo que más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, toda vez que la parte se limita a alegar su disconformidad genérica con el a quo, sin expresar razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido, el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación requerida por el artículo 463 del C.P.P.N. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos -según su voto-).
Regulación de honorarios, regulación provisoria, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: F.N.  (D.G.I. c/ S.G.S. Arg.  S.A. s/ Ejecución Fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-28

El art. 20 de la Ley 21.839 alude a los casos en que la regulación de honorarios debe practicarse sin que se hubiera dictado sentencia, ni sobrevenido transacción, interpretándose que se refiere a las regulaciones provisionales que se dictan cuando cesa el patrocinio o la representación sin que haya concluido el proceso.
Indemnización por despido, ley de empleo
Materia: LABORAL
Carátula: HELMAN, PATRICIA c/ COMPAÑIA EUROMEDICA DE SALUD S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-19

El art. 8 de la ley 24013 no establece una obligación de tracto sucesivo que pueda ser dividida en períodos, sino una indemnización única que resulta equivalente a ...una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, la cual conforme el art 256 LCT comienza a prescribir a partir de su exigibilidad. (Conf. esta Sala sent. 7509 13/12/99 Bertolini, Ana C/ Editorial Atlántida SA S/ despido). Las remuneraciones a tener en cuenta no pueden superar el período de dos años previos a la fecha de entrada en vigencia de la L.N.E. (art. 11, último párrafo de la ley citada).
Beneficios previsionales, retenciones impositivas, impuesto a las ganancias, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: Gazzaneo, José c/  s/ incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-22

Corresponde declarar la competencia del Fuero de la Seguridad Social para entender en el presente pleito, pues la posible afectación de diversos principios constitucionales como consecuencia de una quita confiscatoria o muy significativa sobre el haber de una persona en situación de pasividad (en el caso, en concepto de impuesto a las ganancias), le impone al Juez de la Seguridad Social el deber constitucional y legal de velar por su intangibilidad e irrenunciabilidad (C.N. art. 14 bis: "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable."), en el marco de su competencia por razón de la materia que le asigna expresamente la ley (v. CPCCN, art. 5, primer párrafo, citado).
Contienda negativa de competencia, sentencia, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: MALISANI, PATRICIA VIVIANA c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-27

Las circunstancias relevantes del conflicto de competencia suscitado resultan sustancialmente análogas a las consideradas y decididas por esta Corte en la causa "Sabater", a cuyos fundamentos corresponde remitir -mutatis mutandi- en honor a la brevedad, sin que resulten óbice a la aplicación del precedente mencionado, las circunstancias remarcadas por la Sala Civil respecto a la litispendencia con la causa en trámite por ante el fuero laboral y al alegado consentimiento de la competencia por parte de la Sala Laboral. - Jurisprudencia vinculada: Sabater, AyS T 292, p 62, sumario J0045375.
Concursos, reglas procesales, Ministerio Público, costas, gastos del proceso, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE FRANCO FANTIN s/ CONCURSO CIVIL LIQUIDATORIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Constituye materia ajena al ministerio público la apelación interpuesta por el fallido contra la estimación de las sumas a depositar para garantizar el pago de los gastos y costas del concurso, ante la petición de avenimiento. Ello, en razón de que el tema no compromete -como principio- el orden público, pues se trata de una cuestión patrimonial entre el quebrado, los funcionarios concursales y letrados intervinientes que no afecta a la masa concursal.
Movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, índices de actualización, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, Rosario Aurina c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-29

El principio de la movilidad de las prestaciones que consagra el art. 14 nuevo de la C.N. exige proceder a la actualización de las diferencias mensuales a abonar desde que el crédito al que cada una de ella se imputa fuese exigible hasta su efectivo pago según la variación habida en el índice de precios al por mayor, nivel general, entre el penúltimo mes anterior al de su pago y el de su exigibilidad, ambos incluidos; con prescindencia de lo dispuesto en contrario por los arts. 1 inc. a y 2 de la ley 21.864 en lo atinente a los 90 días exentos de reajuste, aspecto en el que éstos deben ser declarados inconstitucionales. (Voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Asegurador, acción subrogatoria, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: UNION COMERCIANTES S.A CIA DE SEGUROS c/ ANDRES LOPEZ s/ DAÑO - LEGITIMACION ACTIVA - COMPAÑIA ASEGURADORA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-04-04

El pago es un título por el cual la aseguradora acciona por subrogación por parte del asegurado, por lo tanto es una prueba liminar y dirimente de la acción; aquí no se trata de la prueba del daño, dado que la actora no es la damnificada, sino acreditar el título por el cual se acciona, que es muy distinto. En la acción de daños y perjuicios el "título" y por ende, la legitimación activa, nace del daño padecido, por lo tanto probado éste, el "cuantum" puede diferirse para la etapa ejecutoria. Pero si el "título" nace del pago, por parte de la aseguradora, y de ésta surge la subrogación en relación al damnificado, pero en la medida del pago efectuado, por lo tanto la integración del título, o sea su reconocimiento por quien lo otorga, constituye el fundamento de la acción misma, en cuanto al pago realizado y su importe. Si la que acciona no es la damnificada, sino la aseguradora por subrogación, el título o base de la acción, está dado por los pagos realmente efectuados y por cierto su reconocimiento por quien lo ha recibido.
Deuda previsional, solve et repete, carga de la prueba, fallos de la Corte Suprema, falta de prueba, balance, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ROMANO, JOSE FRANCISCO c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-24

La carga de la prueba radica en quien, por su conocimiento directo de los hechos, está en mejores condiciones para producirla y no puede pretenderse que la administración se encargue en todos los casos de demostrar la falencia de negativas o respuestas genéricas (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 17.05.95, "Alejandro Llauró e Hijo S.A."). En ese orden de ideas, debe concluirse que un certificado que contiene manifestaciones subjetivas y sin sustento fáctico -ya que no se acompañan pruebas tendientes a acreditar el ejercicio de acciones conducente al cobro de las sumas presuntamente adeudadas-, sumado al hecho de que no se adjunten balances de los últimos ejercicios ni se demuestre la existencia de causales ajenas a la empresa y no atribuibles a presuntas causas de administración imputables a ella, no constituyen prueba suficiente para acreditar la precariedad económica alegada.
Abandono de trabajo, ausencias justificadas, licencia por enfermedad, intimación a reintegrarse al trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: HERRERA PORRA, GRACIELA c/ CIA. AMERICANA DE SUPERMERCADOS SA CADESA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-27

No puede juzgarse que haya una inequívoca actitud de abandono de trabajo cuando el empleador ha tenido conocimiento de que el dependiente, había, desde antes, justificado ausencias por enfermedad. En tales circunstancias, fijar un plazo de sólo 24 horas para que el trabajador cumpla con la intimación de reintegrarse es contrario al espíritu del mantenimiento del vínculo, que imponen tanto el art. 10 como el 57 de la LCT. Una cosa es la renuncia definitiva a continuar el vínculo (hipótesis del art. 244 LCT) y otra lo es la injustificación de inasistencias, susceptible de ser sancionada con un correctivo menor, donde deben tenerse en cuenta los antecedentes disciplinarios del trabajador.
Poderes del Estado, Ministerio Público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O., C.J. y Otro s/ Tentativa de Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-14

Es saludable, que la actuación que implique conclusiones centrales en el ejercicio de la acción y que se pueden traducir en solicitar sobreseimiento, formular acusación o promover la absolución en ocasión de la audiencia de debate, queden reservados a los magistrados del Ministerio Fiscal designados con acuerdo legislativo y sujetos a Tribunal de Enjuiciamiento. De esta forma, por un lado se salvaguarda el diseño constitucional del Ministerio Fiscal, como un órgano único, ágil y dinámico que lleva a cabo sus funciones de controlar y requerir, y al mismo tiempo se respeta la prescripción del artículo 166 CP en cuanto quedan reservadas para los funcionarios elegidos por los mecanismos que ella prevé aquellos actos críticos en el ejercicio de la acción penal que traen aparejados grandes riesgos tanto para el imputado (pedido de condena) o para la víctima (pedido de sobreseimiento o absolución) y que es aconsejable sean llevados a cabo por funcionarios legitimados democráticamente por su paso por el Consejo de la Magistratura y con responsabilidad político- constitucional. En estos casos, a diferencia de las anteriores etapas del proceso, parece insuficiente el principio de dependencia jerárquica generador de constante responsabilización del superior, ya que la dirección, instrucción y supervisión que deriva del mencionado principio se presenta incompatible con el principio de inmediatez que debe regir el debate.
Prisión preventiva ilegal, error judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Barrios Zarza Antonio c/ Poder Ejecutivo s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-04-14

Cuando el daño a la persona humana fue causado por un auto de prisión preventiva, privándoselo injustamente de su libertad -dictada como medida cautelar dentro de un proceso penal- y que "prima facie" aparece verosímilmente ajustada a derecho y luego el encausado es declarado absuelto de culpa y cargo, los daños y perjuicios generados se deben a un sacrificio que el Estado-Juez ha impuesto injustamente a un individuo por una conducta reprochable de uno de sus órganos jurisdiccionales, en suma el Estado-Juez es responsable patrimonialmente; concordando esta tesis jurídica con el concepto de responsabilidad civil por la prestación del servicio de justicia.
Tambero mediero, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Aguero, Francisco Rodolfo c/ Las Elenas y otros s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11

El art. 33 del estatuto del tambero mediero (dec ley 3750/46) garantiza al dueño del tambo la continuidad de su funcionamiento de modo que para el supuesto de rescisión del contrato sin justa causa por parte del tambero mediero sin cumplir las obligaciones que la norma establece, la indemnización que debe pagar equivale al beneficio que el dueño del tambo hubiera obtenido en el período legalmente previsto (un mes).
Buena fe, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: Martinelli, Oscar Héctor Cirilo y otros c/ Coplinco  CompaÑía  Platense  de  la  Industria  y  Comercio    S.A. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

El actuar contradictorio que transunta deslealtad resulta descalificado por el derecho.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V. de P., N. c/ P., A. R. s/ Divorcio, separación de bienes, tenencia Miguel, Marcelino c/ Fratini Lagos, Lucrecia s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-18|2003-04-02

Si bien es cierto que en materia de divorcio no cabe hablar de compensación de culpas y que la injuria de uno de los cónyuges no autoriza al otro a proceder del mismo modo, no puede dejarse de lado el supuesto de la provocación de la misma, no para concluir que media una suerte de reciprocidad de agravios entre los consortes, sino para establecer si en la hipótesis se está ante una explicable y no desmesurada reacción del gravemente ofendido, debiéndose concluir, si esto es así, en que la conducta de éste no es elevada por nuestra ley a causal de divorcio.
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Brítez, Luis Marcos y Otros s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-28

La simple invocación de preceptos constitucionales no alcanza para la procedencia del recurso federal, ya que los agravios del recurrente se fundan directamente en la violación de la ley común y sólo indirectamente en la norma constitucional; por lo que resulta tardía la proposición de esas cuestiones fundamentales después del fallo final de Alzada; confirmatorio de anteriores resoluciones por análogas razones.
Contrabando, protección de la flora y fauna silvestre, cauciones
Materia: PENAL
Carátula: HATSERIAN, JUAN CARLOS s/ Contrabando, Incidente de apelación Causa Nro. 35718.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

Teniendo en cuenta la naturaleza de la "mercadería" objeto del presunto ilícito aduanero que se investiga en esta causa, un ser vivo (lobo marino) que se encuentra sufriendo las consecuencias de haber sido separado de su hábitat, situación que eventualmente podría producirle la muerte del animal, corresponde hacer lugar a la entrega solicitada bajo la caución pertinente a los efectos de garantizar las eventuales obligaciones que surjan del hecho cuestionado, (máxime teniendo en cuenta, en la causa, que el principal sospechoso se encuentra rebelde, lo que podría prolongar tal situación por tiempo indefinido). (Del voto del Dr. Repetto).
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, banco central, depósito genuino
Materia: COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Raúl Agustín y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Si se acreditaron irregularidades en relación a los certificados reclamados y resulta inverosímil la declaración formulada por la actora en cuanto a la disponibilidad de fondos, cabe concluir que no existió una genuina imposición de fondos, y ello excluye a las inversiones reclamadas del amparo del régimen de garantía establecido por el art. 56 de la ley 21,526.
Leyes, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Migoni, Julio A. c/ Prov. de Bs.As. (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

La regla según la cual las normas sólo son obligatorias a partir del momento de su publicación se exceptúa, para la Administración, cuando se trata de disposiciones como las contempladas en el art. 126 del decreto- ley 7647/70, entre las cuales cabe incluir el decreto n. 45/90. (Minoría u opinión personal)
Enfermedad profesional, indemnización por accidente de trabajo, RIPTE, aplicación de la ley, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Birchner Martha Susana c/ Consejo General de Educación y/u otros s/ Indemnización por Incapacidad Laboral Permanente, etc. - Casación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2019-12-30

Debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del inc. 5 art. 17 Ley 26.773 ya que, al reclamo por diferencias por incapacidad laboral permanente parcial en la indemnización por enfermedad profesional, no corresponde aplicar el art. 11 y 16 Ley 27.348 (RIPTE) y el art. 3 Ley 23.733, toda vez que el hecho dañoso se ha consumado con la primera manifestación invalidante, lo cual se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, interés para recurrir, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: Wiedemann, Marcelo G. c/ Camea S.A. s/ Salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

No cabe otorgar entidad de agravio al pedido de incremento de los honorarios del profesional que asiste a la parte condenada en costas que, además de carecer de argumentos que lo respalden, esencialmente carece de interés al respecto al no ser deducido por el letrado por su propio derecho.
Accidentes de trabajo, comisiones médicas, instancia administrativa, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Francos,  Jorge Daniel c/ Consolidar A.R.T. S.A. s/ accidente-ley9688.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-02

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido, reiteradamente, la validez constitucional de instancias administrativas (Comisiones Médicas, en el caso, según el diseño de la ley 24.557) previas a la intervención del Poder Judicial, condicionándolas a la revisión plena por parte de éste, salvo que se alegue y acredite que, por las características singulares del caso, el diseño conlleve una privación de justicia (entre otros Fallos 244:258, 247:646). (Del dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala).