Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20


Buenos Aires, de junio de 2006. VISTOS: los autos incidentales individualizados en el epígrafe, con el objeto de resolver acerca del recurso de apelación interpuesto por la demandada, y CONSIDERANDO: 1. Que Mario Lucio Anganuzzi inició acción amparo con el objeto de que fueran dejadas sin efecto las resoluciones 229/2006, del 4 de abril de 2006 y 114/2006, del 16 de mayo de 2006, ambas del Consejo de la Magistratura, mediante las cuales -respectivamente- se anuló la prueba de oposición escrita recibida el día 31 de marzo de 2006 y se dispuso recibir una nueva prueba escrita el día 30 de mayo de 2006, en el marco del concurso 26/05 sustanciado para cubrir tres cargos de Juez de primera instancia en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario. En ese contexto solicitó, en forma cautelar, la suspensión de la prueba de oposición escrita fijada para el martes 30 de mayo, hasta tanto se dictase la resolución definitiva en autos o se ordenase a la demandada fijar una nueva fecha. Relató que el 20 de marzo de 2006 fue notificado de la citación para rendir la prueba de oposición escrita del día 31 de marzo de 2006. Dicho examen fue realizado en la fecha citada, pero mediante la resolución 229/06 del 4 de abril de 2006, el Consejo de la M agistratura dispuso su anulación, e instruyó a la Comisión de Selección de Jueces para que fijase una nueva fecha para realizar una nueva prueba, la que fue prevista para el 30 de mayo próximo pasado (res. 114/06, 16/05/06), con la citación exclusiva de los concursantes que participaran del acto llevado a cabo el 31 de marzo de 2006. Con posterioridad a la anulación de la prueba escrita, el 9 de abril pasado, sufrió una caída en su domicilio, y como consecuencia, su pierna izquierda fue intervenida quirúrgicamente, y se le practicó una "artrodesis subastragalina y calcáneo cuboide con injerto de cresta y reducción ósea". Manifestó que el Consejo le otorgó licencia extraordinaria por enfermedad de largo tratamiento mediante la res. 371/06, del 16 de mayo de 2006, por el período comprendido entre el 10 de abril de 2006, y hasta su alta definitiva. Destacó que desde la intervención quirúrgica y hasta cuatro a seis semanas de la fecha de la presentación inicial, no podrá pisar con el pie izquierdo, y que debe man tener la pierna extendida a fin de favorecer la remisión de la inflamación producida por la fractura y posterior intervención quirúrgica. 2. Que la señora juez de grado hizo lugar a la medida cautelar y ordenó, bajo caución juratoria, suspender la realización de la prueba de oposición escrita prevista para el 30 de mayo próximo pasado en el concurso 26/06, expediente SCS-156/05, hasta tanto el actor obtenga su alta médica definitiva. Relató, en primer lugar, que los señores jueces Dres. Alejandra Petrella y Fernando Juan Lima se excusaron de intervenir en las presentes actuaciones, pero que carecía de "amigos personales", "vínculos de afecto" o de amistad o enemistad con alguna de las personas que integran el listado de aspirantes al Concurso. Advirtió que entre los concursantes figura el titular de la Secretaría 7 del Juzgado a su cargo, pero que esa circunstancia no le impedía asumir la debida intervención en la causa dado que el trámite del expediente ha sido asignado por sorteo a la otra Secretaría cuyo t itular interino, el Dr. Germán Rodríguez Gauna, no se encuentra entre los aspirantes en cuestión. Invocando doctrina judicial expresó que la tutela judicial efectiva exige que haya jueces que, como "órganos individuos", hagan viable la actuación del "órgano institución", en las causas en que legalmente se les requiera y les corresponda, y que, en caso de necesidad, es menester encontrar una solución para que no quede frustrado el derecho a la jurisdicción. Ello para poner en evidencia que debido, entre otros factores, a las excusaciones de dos magistrados, el expediente fue recibido el viernes 26 de mayo de 2006, y teniendo en cuenta la proximidad de la fecha - martes 30 de mayo de 2006-, día para el cual la demandada había convocado la prueba escrita en el Concurso-, sólo ha quedado un día a fin de considerar y resolver acerca de la medida cautelar peticionada por el actor. Indicó que el factor tiempo no le dejó alternativa con respecto a la obligación de asumir la pertinente intervención, en atención de que el poco tiempo restante no debía agotarse en más trámites y dilaciones que terminarían por llevar al actor a sufrir un perjuicio irreparable, en caso de que asista razón a su pretensión cautelar, supuesto en el que realizada la prueba escrita y no pudiendo asistir, su derecho se vería definitivamente frustrado. En su opinión, el actor se encuentra ante el "dilema de hierro" en cuanto a la necesidad de concurrir, en condiciones de riesgos y molestias para su salud que lo colocan en evidente situación de desigualdad frente a los demás concursantes. Expresó que la tutela judicial efectiva no debe ser "minorizada" (sic) por el hecho de que el actor fuera miembro del Poder Judicial, que es lo que finalmente sucedería -señaló-, si no se abocaba inmediatamente a su demanda cautelar de amparo. Acto seguido mencionó que respecto a las decisiones de la Administración Pública la aplicación de medidas precautorias es de carácter excepcional debido a la presunción de legitimidad, y que ello exige que su dictado se encuen tre precedido de un análisis detallado y severo de la apariencia de derecho, perjuicio inminente o irreparable y contracautela. Añadió que los referidos supuestos de admisibilidad deben hallarse siempre reunidos, sin perjuicio de que en su ponderación juegue cierta relación y que, cuando la medida cautelar se intente frente a la Administración Pública, es menester que se acredite "prima facie", la manifiesta arbitrariedad del acto recurrido, en razón de la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. Sentado lo expuesto relató que el martes 16 de mayo de 2006, los Consejeros integrantes de la Comisión de Selección, Dres. Baldomar, Monner Sanz y De Stéfano, dispusieron la nueva fecha del 30 de mayo de 2006, a las 9:00 horas, para la realización de la prueba escrita en el concurso 26/05, mediante res. 114/2006, en tanto que en el Plenario de ese mismo día disponían "Conceder al Dr. Mario Anganuzzi..., licencia extraordinaria por enfermedad de largo tratamiento a partir del día 10 de abril de 2006 y hasta la o btención del alta definitiva". Señaló que a partir del 22 de abril de 2006 el actor presentó, tal como se consigna en los informes de control de ausentismo, "incapacidad laboral" y que el siguiente control sería efectuado el miércoles 1º de junio de 2006, es decir, el día siguiente a la realización de la prueba escrita para la que fuera citado. De lo expuesto dedujo que el Consejo de la Magistratura estaba en conocimiento fehaciente de la situación de incapacidad laboral que aqueja al actor bastante tiempo antes de decidir citarlo para que rindiera la prueba escrita, teniendo en cuenta que el accidente ocurrió el sábado 9 de abril de 2006, el primer control de ausentismo databa del lunes 11, y la citación a la prueba escrita era del 16 de mayo. Expresó que una lectura del primer considerando de la res. 371 del 16 de mayo permitía concluir acerca del conocimiento de estas circunstancias por parte del Consejo de la Magistratura, en tanto aludió claramente al momento en que tuvo noticia fehaciente de lo aconteci do al Dr. Anganuzzi, mediante la solicitud de licencia por enfermedad de largo tratamiento elevada por el titular del juzgado donde labora el actor. En criterio de la señora juez esa resolución permite determinar "sin lugar a ninguna duda" que el Consejo tuvo en cuenta los certificados médicos de la Obra Social del Poder Judicial y las constancias del control de ausentismo del Centro Médico Belgrano, elementos que, de modo concluyente, daban cuenta de la fecha de inicio de esa enfermedad al 10 de abril de 2006. No obstante -añadió-, el mismo Consejo, y los mismos Consejeros que tomaron conocimiento del accidente ocurrido al actor, un mes y medio después procedieran a convocarlo para rendir el examen escrito. Señaló que en la misma resolución por la cual le fue concedida la licencia también se ordenó la realización de una Junta Médica que permitiría determinar la fecha del alta definitiva. Ante las circunstancias reseñadas concluyó que el proceder del Consejo de la Magistratura resultaba contradictorio y provo có al actor un "dilema de hierro" puesto que de no concurrir a la prueba perderá definitivamente su derecho de participar en el concurso y, de hacerlo, "son impredecibles las consecuencias que ello pudiera ocasionar a su salud", con la agravante de encontrarse en desventaja con relación a los demás concursantes y de tener que asumir el riesgo, en el caso de producirse cualquier incidente que repercuta en su salud, al haber incumplido la prescripción médica del reposo domiciliario. Manifestó no poder atisbar las implicancias negativas que en relación con la salud del actor pudiera tener el desplazamiento al que es obligado por la demandada cuando la prescripción médica ha sido de reposo domiciliario. Así vistas las circunstancias del caso, atribuyó a un error del Consejo en el sentido socrático de que "nadie comete un error si puede evitarlo", haber superpuesto la prueba escrita que el actor debía rendir para permanecer como postulante en el concurso 26/05 dentro del período en el cual transcurre su licencia e xtraordinaria por enfermedad de largo tratamiento. Manifestó que el Reglamento de Magistrados aprobado por la resolución CM 160/05 del 22 de marzo de 2005, establece que la ausencia del postulante a la prueba escrita implica su exclusión automática. Se cuestionó acerca de la posibilidad de que el actor rindiera la prueba en su domicilio pero indicó que "no habría modo alguno de resguardar acabadamente la garantía del anonimato que tanto a favor del actor y de los demás concursantes se halla consagrada en las bases del concurso". Afirmó que las garantías de transparencia y participación se encontrarían violadas como consecuencia de la superposición temporal entre la prueba a rendir inexorablemente por el actor a fin de no ser excluido automáticamente del concurso, y su licencia por enfermedad. Expresó que la decisión que adoptaba no causaba un mayor perjuicio al Consejo de la Magistratura que el que se produciría al actor si su decisión fuera la contraria. Para fundar esta afirmación indicó que si el actor no concurría a la prueba escrita quedaría automáticamente excluido, situación a la que consideró irreversible, dado que su presentación al concurso sin haber cuestionado tal disposición reglamentaria, habiendo concurrido a la primera prueba en el mes de marzo de este año, constituye un acto propio de aceptación de tal disposición. En su opinión el actor no pudo prever ni quiso sufrir el accidente que padeció y que el reglamento no contemplaba que un caso como el presente acontezca en el trámite de un concurso. Dijo que no resta al actor sino concurrir a la nueva prueba escrita pese a encontrarse de licencia, con el consecuente riesgo de falta de cobertura médica por contravenir la prescripción contraria de guardar reposo en su domicilio, atento a que en su criterio rendir allí el examen violentaría la garantía del anonimato. Señaló que el derecho del actor se vería irremediablemente dañado de no accederse a la medida cautelar del modo en que ha sido propuesta, es decir, suspendiendo la prueba escrita hasta el mo mento en que le fuera otorgada el alta médica y esté en condiciones de salud y "jurídicas" de presentarse al examen escrito a fin de permanecer como postulante, resguardando sus derechos constitucionales sustanciales y de debido proceso con relación al concurso en cuestión. Dejó a salvo que ello era así, siempre que no ocurra antes la resolución de la cuestión de fondo planteada en cuanto a la petición de que se anule la nulidad de la prueba escrita del mes de marzo de 2006. 3. Que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires apeló la decisión reseñada. Destacó, en primer lugar, la gravedad institucional de la resolución apelada, que en su criterio interfiere en la gestión del Consejo de la Magistratura y causa grave perjuicio no solo al interés público, avasallando incluso las facultades propias de otro organismo del estado local, sino que también afecta a terceros involucrados, entre otros los concursantes y los jurados. Afirmó que la medida dictada no reúne sus requisitos de procedencia y que la juez no lo ha apreciado de manera rigurosa Señaló que la juez pretende favorecer al actor a través del otorgamiento de una medida cautelar que no cumple su función. En ese sentido afirmó que las medidas cautelares tienden a proteger preventivamente los derechos o intereses en aquellas situaciones en que exista un riesgo de frustración de la decisión final. Indicó que el actor no tiene un derecho adquirido a que se le tome la prueba de oposición escrita en el día que pretenda o, que se encuentre en condiciones de rendirla. Afirmó que se ha garantizado la igualdad del procedimiento de los concursantes, no pudiendo alegar una circunstancia puramente aleatoria y personal para suspender el concurso en pleno trámite. Añadió que la sucesión de hechos desafortunados no genera en cabeza del actor derecho alguno y, menos aún, el que pretende con la medida cuestionada. Mencionó que la suspensión sine die avasalla sus facultades constitucionales, más aún teniendo en cuenta su imposible determinación y los diferentes avatares que en una recuperación postoperatoria pueden acaecer. En su criterio, la medida dispuesta sienta un precedente peligroso pues cualquiera de los participantes al concurso podría sufrir algún avatar al que todos los individuos están expuestos y así, por el acaecimiento de un hecho eventual y fortuito que le impidiese en forma personal continuar con la participación del procedimiento del concurso se encontraría habilitado para paralizarlo. Añadió que la decisión viola el deber de imparcialidad y el principio de inderogabilidad de los reglamentos. Afirmó que siguiendo el criterio de la a quo, el Consejo debería, a la fijación de fechas o llamadas a concursos, verificar en qué condiciones físicas o técnicas o de cualquier otra naturaleza se encuentran los empleados o funcionarios del Poder Judicial y supeditar a ellas toda la tramitación del concurso. Manifestó que la a quo beneficia al actor en detrimento de los demás y del interés público por la sola circunstancia de pertenecer al Poder Judicial. Expre só que el actor no está obligado a concursar, ni tampoco tiene un derecho adquirido a estar en el concurso bajo cualquier condición, en franco quebrantamiento de los derechos de los restantes concursantes. En subsidio, y para la hipótesis de que la apelación no fuera admitida, ofreció sustituir la medida cautelar y arbitrar los medios para que el Dr. Anganuzzi pudiera presentarse a rendir la prueba de oposición escrita poniendo a su disposición una ambulancia que lo traslade de su domicilio particular al lugar que se establezca para la evaluación, y disponer las comodidades necesarias que faciliten su movilidad, resguardando al mismo tiempo su estado de salud. A tal efecto propuso la convocatoria urgente de una Junta Médica para que evalúe la condición físicas del actor. 4. Que corrido el pertinente traslado el actor sostuvo que las falencias que dieron lugar a la nulidad de la primera prueba, ajenas a los concursantes y atribuibles a los organizadores, no puede jugar en contra de quienes rindieron, si por ra zones serias y comprobadas se ven imposibilitados de concurrir a la nueva fecha establecida. Afirmó que el impedimento físico justificaba que se resguardase su derecho adquirido a la nueva prueba escrita. Por último se opuso en forma terminante a la sustitución ofrecida en subsidio atento a que, el Consejo le ha otorgado una licencia extraordinaria que rige hasta que se acuerde el alta médica y, como tal, debe respetarla en cualquier aspecto de su función ya sea como empleadora o como órgano de selección, y que ello no debe confundirse con la situación de los concursantes que no integran el Poder Judicial de la Ciudad, respecto de quienes el Consejo no guarda vinculación alguna, salvo la que surge de la voluntaria presentación de aquéllos al llamado a concurso. 5. Que para resolver la cuestión cabe recordar que la Corte Suprema ha señalado que los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia cuando la cautela altera el estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado, habida cuenta que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633, entre muchos otros), con el agravante -en el caso de autos- de que la causa principal no parece -prima facie- guardar una razonable vinculación con el objeto de la medida cautelar. Cabe destacar que la medida otorgada en favor del actor reviste efectos diferentes y en modo alguno encaminados a asegurar una sentencia favorable en el amparo. En efecto, si la demanda fuera acogida y la resolución 229/06 fuera anulada, la ausencia del actor a la segunda prueba ninguna entidad podría tener para perjudicar su derecho. Ello pone en evidencia que la cautela pretendida no está dirigida a "garantizar los efectos del proceso" (art. 177 del CCAyT) sino que, por el contrario, pareciera tener una finalidad contradictoria con el principal, y solo estar encaminada a resguardar al actor de los efectos de una sentencia adversa. Es más, si la pretensión principal se fundara en que la resol. 229/06 es nula debido a que el accidente sufrido por el actor con posterioridad le impediría asistir al segundo examen convocado, la medida cautelar suspensiva parecería encaminada a validar la resolución atacada, lo que pondría en evidencia que, en realidad, el interés del actor solo fincaría en esta medida accesoria, la que -de esta manera- superaría y validaría de contenido al proceso principal. Siendo ello así, la arquitectura de la pretensión del actor se evidencia confusa, además de lo endeble que resultaría pretender que toda la actividad del órgano demandado hubiera estado dirigida a perjudicarlo, trama que si bien parecería haber sido admitida por la a quo, no ha sido desarrollada de manera convincente en este estado del proceso. 6. Que es jurisprudencia pacífica que el principio de la seguridad jurídica constituye una de las bases principales de sustentación de nuestro ordenamiento, cuya tutela innegable compete a los jueces (Fallos: 316, 3231), razón que impone evitar la adopción d e medidas irreflexivas que afectan sensiblemente el interés de la comunidad. La vigencia efectiva de reglas preestablecidas genera un clima de seguridad en el cual los particulares conocen de antemano a qué reglas atenerse de manera de tornar previsibles las consecuencias de las propias decisiones. Modificar las reglas del juego en favor de uno de los concursantes, aún como medida cautelar, dispensándolo de su deber de asistir a cada una de las etapas del concurso, tiene implicancias necesarias sobre sus competidores quienes, parece necesario decirlo, hubieran merecido alguna mínima consideración. No es posible equiparar el derecho del actor a participar del concurso, en una absoluta prohibición impuesta al resto de los competidores que se encuentren en condiciones de hacerlo. Sin intención de abarcar la ardua pregunta acerca de ¿qué derechos tenemos? (utilizando la terminología de Ronald Dworkin, Los derechos en serio, Ariel Derecho, Barcelona, 1999, p. 380 y gts.), es claro que, en este primer análisis, pri ma facie no se advierte un deber del Consejo en la materia que puede razonablemente tener el contenido acordado en la instancia de grado . A partir de la sentencia atacada las circunstancias personales del actor (tal vez por extensión interpretativa la de los funcionarios del Consejo de la Magistratura o del Poder Judicial de la Ciudad que participen del Concurso) se ha transformado en el epicentro de la marcha de un procedimiento en el que la igualdad y la transparencia también deberían ser resguardadas. Sin intención de conjeturar avatares disvaliosos, y a modo de escueta síntesis, cabe preguntarse si es razonable supeditar la suerte de todo un procedimiento de selección de magistrados a la evolución favorable de la salud de uno de los concursantes. A ello se agrega otra duda. Cómo podría justificarse, con cierto grado de raciocinio, que el estado de salud de los participantes incida respecto a las distintas etapas del concurso sólo en supuestos en que tales concursantes trabajen en dependencias vinculadas a la demandada. Tal argumento pondría al desnudo una clara violación del principio de igualdad. 7. Que escaso favor le haría a la justicia de la Ciudad que el Consejo de la Magistratura, órgano de selección, o, peor aún, magistrados o funcionarios de sus actuales tribunales "fomentaran" o simplemente "soportaran" algún tipo de privilegio para sus integrantes. La consideración del interés público en juego -involucrado en el caso no sólo por la importancia que reviste para la comunidad la regular selección de sus magistrados sino también y preponderantemente, por la preservación de la transparencia en el procedimiento- hace necesaria una especial prudencia en la apreciación de los recaudos para dictar medidas que afecten su regularidad. Es menester destacar que toda resolución por la que se impide la aplicación de un acto de gobierno constituye una grave traba para el funcionamiento del Estado, que sólo es aceptable para preservar el principio de jerarquía constitucional. Por lo demás, a la luz del principio de razonabilidad, resulta incoherente presumir que la acción del Consejo de la Magistratura estuviera deliberadamente encaminada a perjudicar a un participante En el acotado marco de debate impuesto, no se desprende de las normas del concurso vinculadas al caso, ni de la convocatoria efectuada mediante resolución 114/2006 una reglamentación manifiestamente irrazonable, discriminatoria o arbitraria para el concurso. Prima facie, no se advierte una limitación irrazonable o arbitraria del derecho a concursar de acuerdo a las reglas vigentes, en tanto la exigencia de asistencia no alteraría derechos consagrados constitucionalmente. No puede perderse de vista que el derecho de participar de un concurso en un marco de estricta regularidad del procedimiento no puede ser asimilado con sensatez al derecho a concursar aún omitiendo las reglas vigentes. En procedimientos de esta clase la concurrencia es sumamente relevante, pero no lo es menos la igualdad, la transparencia y la estabilidad de las reglas. En todo caso, el mantenimiento de ciertas normas que no resultan manifiestamente irrazonables o ilegítimas es una forma de respetar no solo la igualdad, sino también la previsibilidad, valores notablemente afectados por la sentencia atacada. El deber de asistencia a las distintas etapas del Concurso tal como fue reglamentariamente establecido soluciona situaciones como la planteada en autos. En efecto, cabe disentir con la señora juez de grado cuando afirma que la cuestión sometida a decisión judicial no encuentra solución normativa. Al contrario, el reglamento de concursos establece que la ausencia de un postulante a la prueba escrita implica su exclusión automática. La norma no hace distinciones respecto a las razones de tal ausencia, su carácter voluntario o involuntario, o su posible atendibilidad. Nada de eso. Sólo se prevé que la ausencia implica la exclusión automática, y variadas razones pueden ser argüidas para avalar tan habitual recaudo procedimental. Suspender la prueba para que los efectos de la falta de comparen cia no se produzcan se presenta como una decisión desmesurada, más aún teniendo en cuenta el objeto del proceso principal. En este punto parece necesario señalar que la nulidad dispuesta por la resolución 229/06 -más allá de lo que sea decidido en una eventual sentencia de fondo- no puede traer como consecuencia que el concurso 26/05 se encuentre regulados por normas diferentes a las preestablecidas. Es que el recaudo implementado no importa prima facie un impedimento particular o discriminatorio, sino una condición razonable de carácter general, impuesta habitualmente en procedimientos de este tipo y aplicable al conjunto de participantes en forma igualitaria. Por lo demás no implica una condición elitista o autoritaria, ni carente de relación con la seriedad que implica un concurso de selección de magistrados. Es más, la pretensión del actor no se presenta prima facie a la altura de las circunstancias, ya que con una petición desacertada pretende que el Consejo -irrazonablemente- supedite las futuras etapas del concurso a la evolución favorable de su estado de salud, si bien propicia que tal criterio no debería jugar del mismo modo respecto de otros concursantes, mencionando expresamente que el Consejo de la Magistratura no debe obrar igual con los integrantes actuales del Poder Judicial y quienes no lo componen. 8. Que un elemento decisivo para verificar la exactitud de la interpretación judicial son las consecuencias que se derivan de su concreción -principio sobre cuya trascendencia en materia hermenéutica la Corte ha abundado. Es menester precisar la trascendencia de las "reglas claras de juego" a las que deben atenerse las personas, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica, cuya relevancia se aprecia cuando se tiene presente el fin último al que se endereza el proceso concursal: seleccionar los mejores candidatos para ocupar cargos en la magistratura de la Ciudad. En efecto, si tal elevada función fue otorgada por los constituyentes a un órgano dotado de una plural integración a fin de conciliar un ra zonable equilibrio entre los representantes populares, del Poder Judicial, del ámbito profesional y académico; si se le encomendó seleccionar candidatos (art. 116 de la Constitución local) con base en la idoneidad científica y ética y sin pautas discriminatorias ni exclusiones ilegítimas, la transparencia del sistema destinado a superar la crisis del Poder judicial, a recuperar la confianza del ciudadano en los magistrados y a permitir la participación de la sociedad en el proceso de toma de trascendentes decisiones de gobierno de la cosa pública, como es la designación de cada juez de la Ciudad (ver doc. de Fayt, en "Recurso de hecho deducido por Gustavo Carranza Latrubesse en la causa Carranza Latrubesse, Gustavo s/ acción de amparo", del 23/05/06) no se concilia en modo alguno con la posibilidad de tomar medidas intempestivas que tiñen de parcialidad las reglas de selección de candidatos. Decisiones como la atacada podrían frustrar una magnífica oportunidad para que el Consejo de la Magistratura pueda cump lir fielmente con el preciso e indeclinable mandato encomendado por la Constitución y por las leyes reglamentarias de seleccionar cuidadosa y desapasionadamente a los aspirantes a magistrados con sustento en la idoneidad y en los valores republicanos, mediante un proceso con reglas claras y conocidas que resulte honesto, limpio y riguroso. 9. Que además, si bien la juez de grado considera que el actor se ve "obligado" a asistir a la prueba a fin de resguardar su derecho, cabe en el punto hacer algunas precisiones. Es claro que el derecho del actor a participar regularmente del Concurso básicamente refiere al deber de no injerencia del Consejo, quien debe garantizar esa participación de acuerdo a reglas preestablecidas, pero en modo alguno podría implicar una garantía de que el procedimiento quede supeditado a las coyunturales posibilidades del actor. El derecho a participar del procedimiento concursal consiste simplemente en la permisión de hacerlo, así como en la de omitirlo, de acuerdo a reglas prefijadas y conocidas, pero no incluye en tanto tal, ningún aseguramiento a través de normas y derechos que protejan a los participantes de los avatares personales que puedan influir en las conductas asumidas. Tampoco es posible asimilar ese deber con la "obligación" de asistir a la prueba imaginada en la sentencia de grado. Un derecho con ese alcance no tiene sustento normativo alguno, y sería tanto como un reaseguro contra toda contingencia que evidentemente no puede ser exigido razonablemente a ningún órgano del Estado. Es que, como bien dice la demandada, no es posible inferir una regla que la obligue a evaluar las posibilidades individuales de cada concursante, menos aún la de hacerlo solo respecto de algunos participantes, a fin de efectuar una convocatoria legítima bajo el criterio de la juzgadora. Una decisión como la atacada torna impracticable la prosecución de un procedimiento regular, ya que nadie sabría a que reglas atenerse, ni la demandada, ni los concursantes, quienes al amparo de la garantía de igualdad podrían abrigar la esperanza de que cada uno de sus más que habituales y atendibles problemas e impedimentos personales pudieran ser superados mediante un cambio permanente de las reglas de juego. No es posible prescindir de que la obligación del Consejo de garantizar la máxima concurrencia en el procedimiento tropieza con los límites naturales que resultan de las posibilidades y voluntades de cada participante, de la confluencia de las pretensiones de varios titulares de derechos fundamentales y de tomar en cuenta otros intereses relevantes de la comunidad (respecto al derecho fundamental como un todo, ver Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 240 y sgts, y especialmente jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán citada en nota 205, CEPC, Madrid, 2002) como lo es integrar un fuero sobrecargado de causas, hecho que finalmente podría afectar garantías de los litigantes. 10. Que por último cabe destacar que de acuerdo a las alegaciones de la demandada, que no han sido controvert idas por el actor, en forma previa a requerir auxilio judicial, el Dr. Anganuzzi no solicitó al Consejo de la Magistratura que considerase especialmente su situación, para por ejemplo, tomar el examen en una planta baja, o facilitar el arribo de una silla de ruedas, o cualquier otra medida encaminada a considerar su estado particular. En este sentido este tribunal ha afirmado que la mayor discriminación estaría dada en tratar situaciones que son diferentes como si fueran exactamente idénticas (ver KUZIS FERNANDO C/ GCBA S/ AMPARO", Expte: EXP 12987 / 0, 23/12/04). En el precedente citado se señaló que no es posible afirmar, sin hipocresía, que una persona que utilice una silla de ruedas, tiene el mismo derecho que otra que no debe utilizarla para acceder a un edificio, cuando éste no se encuentre adaptado. Por ello es importante destacar que el Consejo de la Magistratura, al momento de apelar esta sentencia, intentó poner a disposición del actor medidas especiales para garantizar su traslado al examen, ofreci endo una ambulancia y espacios adecuados. Pero el actor, sin dar mayores razones, desechó el ofrecimiento, impidiendo que tales posibilidades pudieran ser evaluadas por el tribunal. Tal actitud avala, también, la revocación de la sentencia apelada. En síntesis, no se advierte en el caso, en esta etapa preliminar, una transgresión nítida o grave del ordenamiento jurídico ni, en particular, que la convocatoria a examen efectuada por la resolución 114/2006 implique una violación de las disposiciones y principios que rigen el procedimiento de selección de magistrados que justifique la medida cautelar peticionada. Como lo ha puesto de relieve Calamandrei, las providencias cautelares suponen la conciliación entre dos exigencias del proceso, con frecuencia antagónicas, como son la de celeridad y ponderación (Piero Calamandrei, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945 -trad. Santiago Santís Melendo). En autos, tal regla no se ha verificado, atento la ausencia de ponderación que evidencia la sentencia de grado. Disidencia del Dr. Esteban Centanaro: 1. Que los considerandos 1 a 4 precedentes resumen adecuadamente las constancias relevantes de la causa por lo que cabe tenerlos por reproducidos. Habida cuenta que el caso se vincula a la suspensión de un acto administrativo de alcance general de la demandada debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé como medida cautelar específica la suspensión del acto administrativo en los siguientes términos: cuando la ejecución o cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo pudiere causar graves daños al administrado, el tribunal, a pedido de aquél, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; y cuando el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumpli miento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. A su vez el citado artículo, in fine, prevé que la autoridad administrativa correspondiente puede solicitar el levantamiento de la suspensión en cualquier estado del trámite. 2. Que, en virtud de lo expuesto, se advierte que el Código local regula de forma separada del resto de las cautelares la suspensión del acto administrativo, la cual posee regulación específica en el artículo 189 citado. Ello, sin perjuicio de la aplicación analógica de la normativa vigente en materia de medidas cautelares, la cual procederá sólo ante vacíos legales y no por subsidiariedad (Cassagne, Juan Carlos, Las medidas cautelares en el Contencioso Administrativo, La Ley, 28/03/01). Las argumentaciones del actor no bastan para considerar probado, prima facie, y en el estrecho marco cognoscitivo impuesto por este tipo de pretensiones, que la resolución 114/06 ostente una ilegalidad manifiesta. Como se adelantó el ordenamiento procesal impone a jueces y tribunales la necesidad de considerar el interés público comprometido en el caso, como condición para el otorgamiento de la suspensión del acto cuestionado. 3. Es necesario poner de resalto que desde el momento de sanción de la ley 7 (5/3/98) que en su artículo 48 estableció que "La justicia en lo contencioso administrativo y tributario está integrada por quince (15) juzgados que entienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado" han transcurrido más de ocho años, sin que a la fecha se hallan constituido tres de los juzgados legalmente previstos. Ello sin perjuicio de señalar en principio y dentro del reducido ámbito de las medidas cautelares, las aparentemente atendibles razones fundadas en desperfectos técnicos que llevaron al dictado de la resolución 114/2006, del 16 de mayo de 2006. Más aún tomando en cuenta el tiempo ya trascurrido, desde sancionada la ley 7, es claro que se encuentra gravemente afec tado el interés público comprometido en la designación de los magistrados. Como lo ha puesto de relieve la doctrina y jurisprudencia especializada, la suspensión del acto administrativo requiere un juicio ponderativo por definición. Su procedencia o improcedencia debe determinarse, en cada caso, en relación con el interés público puesto de manifiesto por la autoridad administrativa (ver fs. 48 y 51). Es más, el propio CCAyT prevé la posibilidad de que la autoridad administrativa correspondiente pueda solicitar el levantamiento de la suspensión en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público En ese sentido es importante resaltar que la suspensión dispuesta por la a quo y el tiempo insumido en la tramitación de la causa han satisfecho sustancialmente la petición cautelar del actor en autos; por ello, la medida concedida solo habrá de ser revocada en cuanto extiende sus efectos hasta tanto el actor "obtenga su alta médica definitiva". Por las razones expu estas el Tribunal RESUELVE: Revocar, con el alcance supra expuesto, la resolución impugnada. Notifíquese y oportunamente devuélvase. Esteban Centanaro Por las razones expuestas el Tribunal RESUELVE: Revocar la resolución impugnada. Notifíquese en forma urgente, con habilitación de días y horas, y devuélvase. Eduardo Ángel Russo Nelida Mabel Daniele Esteban Centanaro (en disidencia de fundamentos)