Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-11


Esquel, 11 de abril de 2008.- VISTO: El recurso de apelación interpuesto a fs. 24/25 vta. por el actor Sr. C. C. , representado por su abogado Dr. J. C. , contra la medida cautelar dictada en el punto II del decreto de fecha 24 de octubre de 2007 (fs. 20 vta) y su ampliatoria de fecha 2 de noviembre de 2007 (fs. 21) de estas actuaciones; y -- CONSIDERANDO: --- 1. Que concedido el mencionado recurso en el punto IV) de la providencia de fs. 26, los agravios del apelante obran a fs. 27/28, los que son contestados por la demandada mediante memorial que luce a fs. 30/31. 2. El recurrente analiza el fundamento explicitado por la Sra. Juez de Familia para hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas, los que basa en los arts. 233, 1272 y 1295 del Código Civil y señala que los bienes sobre los cuales recae la cautelar -si bien fueron obtenidos durante la vigencia de la sociedad conyugal-, todos ellos fueron adquiridos exclusivamente con dinero propio y aclara su procedencia. --El segundo agravio lo funda en la circunstancia de que resulta inconducente el embargo del 50 % de los bienes cautelados ya que los mismos figuran inscriptos en condominio a nombre de ambos cónyuges, como lo ha reconocido la demandada en el reclamo alimentario que ofrece como prueba y que si la medida cautelar de esos bienes tiende a preservar hipotéticamente la parte ganancial que le pertenecía a la demandada, la sola circunstancia de ser ella condómino de la parte indivisa, se desprendería que el embargo solamente afectaría su porción, puesto que no corresponde incautar la de su parte. ---Su tercer agravio está referido al hecho de que no se prueba, al menos sumariamente cuál sería el peligro en la disponibilidad de los bienes referidos si se tiene en cuenta que para enajenar es menester el consentimiento conyugal. -Señala que la medida requerida por la demandada sólo tiende a incurrir en gastos superfluos, sin ningún motivo que lo justifique y parecería ser en el solo beneficio de la ley, lo que esa parte no consiente ni corresponda que asuma. Agrega que si hace más de tres años que ambos se encuentran separados de hecho, no se explica cuál sería el peligro en la demora respecto a una eventual desaparición de los bienes, estimando que la medida requerida obedece más bien a un ejercicio abusivo de las facultades que a una preservación cabal de los mismos, observando que más peligro correrían los bienes muebles existentes en el hogar conyugal que se encuentran a disposición de la demandada para su uso y goce como también la vivienda sede del hogar conyugal y el automóvil marca Hyundai, modelo Aros GLS A/A 5 DR, modelo 2000, dominio XXX*** de uso de la demandada, estos dos últimos inscriptos en condominio en un 50 %, por lo que solicita se revoque la medida cautelar ordenada. --3. Al contestar el traslado la demandada señala en primer lugar que por tratarse de una medida cautelar dictada en el trámite de divorcio lo que se pretende es precisamente una "cautela" respecto de aquellos bienes que una de las partes ha denunciado como gananciales, por lo que la discusión respecto al tipo de bienes -gananciales o propios- será objeto de la etapa de liquidación de los mismos, por lo que la medida trabada no produce ningún gravamen irreparable al actor en esta etapa del proceso, ya que sólo se requiere acreditar la calidad de cónyuge y por ende de acreedora, acreditándose así la verosimilitud del derecho necesaria para la petición de la medida. --Respecto al segundo agravio, recuerda que la fundamentación de la medida solicitada está dada por lo dispuesto en los arts. 233 y 1295 del Código Civil y que nada tiene que ver el art. 1277 del mismo código que rige durante el matrimonio; que estando frente a una acción de divorcio planteada por la actora, -reconvenida por esta parte- y por ende ante un régimen de bienes de administración separada de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1276 del Código Civil, ello legitima a cualquiera de los cónyuges a solicitar la cautelar, antes o conjuntamente con la demanda o reconvención sin que juegue en ese caso el art. 1277 del Código Civil. Cita doctrina. ---Con relación al tercer agravio invocado por el actor refiere que no es necesario para el proveimiento de las medidas solicitadas más acreditación que la verosimilitud del derecho, la que surge de la calidad de cónyuge y el peligro en la demora que se configura al ser solicitada con la promoción de la demanda de divorcio. Cita doctrina. -Considera que no puede ser considerado como agravio la referencia que realiza el actor respecto a los eventuales gastos que las medidas cautelares irrogarían, por lo que ello no puede ser tenido en cuenta ya que nada tienen que ver los gastos que causarían las mismas ni tampoco si éstos serán asumidos o no por el actor. Añade que tampoco constituye agravio lo expresado respecto a los bienes muebles existentes en el hogar conyugal, la vivienda que fuera asiento del hogar conyugal y el automóvil de su uso. ---4. Sentado ello, este Cuerpo ingresa al análisis de la presentación recursiva; compartiendo lo expresado por la Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minería de Comodoro Rivadavia (integración Daniel Caneo - Fernando Nahuelanca), en cuanto ha dicho que -en principio- respecto a la naturaleza de las medidas cautelares en los supuestos del divorcio vincular o separación personal debe señalarse que: "Las medidas precautorias que se pueden obtener por medio del art. 1295, Código Civil, tienden a proteger la integridad del patrimonio de la sociedad conyugal y los derechos que le pudieran corresponder al cónyuge que la obtuvo cuando se proceda a la liquidación; de allí que medidas de este tipo sean más severas y fulminantes que las acordadas por la leyes para otro tipo de relaciones patrimoniales" (Expte. H., A.M. s/ Medida cautelar, interlocutorio Nº 44 de fecha 8 de abril de 2003 en SAIJ Q0014965). Asimismo participamos de la jurisprudencia mayoritaria en el sentido que: "Las medidas cautelares tienen por finalidad y objeto el asegurar bienes o mantener situaciones de hecho o de derecho existentes al tiempo de deducirse la pretensión y asegurar el cumplimiento de la sentencia que en definitiva recaiga en el proceso" (CNCiv C 27/976; ED 70-475; C.NCiv C, 15/9/76 ED 70-474). Acreditado el matrimonio no sólo con la documental acompañada sino también por el reconocimiento de las partes y cumplido el extremo de la promoción de la acción de divorcio, debe considerarse verosímil el derecho del cónyuge accionante para pedir las medidas precautorias tendiente a asegurar sus derechos hasta tanto se decida y efectivice la disolución de la sociedad conyugal (art. 233 y 1295 del Código Civil). En lo que hace al peligro en la demora, una vez deducida la demanda el riesgo surge por esa sola circunstancia, ya que su mera interposición crea por sí el peligro. ---Entendemos que, del mismo modo la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora son, en materia de juicios de divorcio y disolución de la sociedad conyugal, presumidos en la propia norma, en función de la relación marital esgrimida en sustento de la petición de las cautelares respecto de los bienes, es así que el art. 233 del Código Civil faculta al Juez a adoptar las medidas precautorias idóneas para evitar que la gestión de los bienes comunes por parte de uno de los cónyuges pueda poner en peligro o volver inciertos los derechos del otro. Siendo el objeto de las medidas precautorias en este tipo de proceso salvaguardar la integridad del patrimonio correspondiente a ambos cónyuges, ya sea a los fines de la recuperación de sus bienes propios como a la percepción de lo que le corresponda por sus créditos contra la sociedad conyugal y por su cuota de gananciales; entendemos que la procedencia de las medidas dispuestas por el a quo encuentran su basamento en los arts. 233 y 1295 del Código Civil configurándose así el marco legal que sustenta la razonabilidad de la petición de cautela, las cuales lo autorizan a adoptar aquellas medidas tendientes a proteger, conservar e individualizar los bienes de los cónyuges y conforme lo hemos dicho, por tratarse este proceso de un divorcio vincular los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora resultan aprehendidos por el contenido de las normas citadas precedentemente en cuanto a su determinación, de tal forma, el ámbito legal y las circunstancias de la causa son las que permiten analizar en cada caso la procedencia de las medidas teniendo en cuenta las particularidades de la situación expuesta. ---A más de ello, y estando en discusión el carácter propio o ganancial de los bienes, debe mantenerse la medida cautelar toda vez que ésta resulta pertinente a fin de garantizar la posible existencia de créditos o compensaciones al momento de efectivizarse la liquidación de la sociedad conyugal. Así lo ha entendido nuestra jurisprudencia al expresar que: "Las medidas cautelares trabadas a fin de resguardar los eventuales derechos de un cónyuge respecto a otro en lo que hace a los bienes que componen la sociedad conyugal, pueden recaer tanto sobre bienes gananciales como sobre bienes propios" ("E.D. y L.L. s/ Divorcio Vincular" CC0101 MP 1068815 RSI-694-981 del 30/06/1998, conf. elDial WFB29). --Ello es así porque el art. 233 del Código Civil -al referirse a los bienes- no hace ninguna distinción sobre si son bienes propios o gananciales, mientras que el art. 1295 del citado código permite la no enajenación de los bienes del marido -o la mujer luego de la sanción de a Ley 11.357- o de la sociedad conyugal. Tal solución tiene como finalidad garantizar la posible existencia de créditos o compensaciones entre las masas al momento de procederse a la liquidación, por lo que consideramos que las medidas decretadas por el a quo se ajustan a derecho y procede su confirmación. Atento lo expuesto, corresponde imponer las costas de esta instancia al apelante vencido (art. 68 CPCC) debiendo regularse los honorarios de los profesionales intervinientes en esta Alzada, los que se establecen en un 0,23 % para la abogada M. C. M. y en un 0,12 % para el abogado J. O. C. , con más el IVA pertinente, los que se calcularán sobre los bienes en disputa (art. 23 del Dto. Ley Nº 2.200) y teniendo en cuenta la labor desarrollada en esta Alzada (arts. 6, 7, 9, 33 y 14 de la ley de aranceles). - Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, -- RESUELVE: - 1º) CONFIRMAR el punto II) del decreto de fecha 24 de octubre de 2007 (fs. 20 y vta.)y la providencia de fecha 2 de noviembre de 2007 (fs. 21) en cuanto ha sido materia de recurso, atento las consideraciones precedentes. --2º) IMPONER las costas en esta instancia al recurrente vencido en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC), regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en esta Alzada en un 0,23 % para la abogada M. C. M. y en un 0,12 % para el abogado J. O. C. con más el IVA pertinente, los que se calcularán sobre los bienes motivo del litigio que se determinarán conforme lo establece el art. 23 del Arancel, por la labor desarrollada en esta Alzada (arts. 6, 7, 9, 33 y 14 Dto. Ley Nº 2.200). ---3º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. - La presente resolución es dictada por dos Jueces de Cámara, por excusación del Dr. Benjamín Moisá y haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 Ley Nº 1.130 y 161 último párrafo del CPCC, texto según Ley 4.550). -- GÜNTHER ENRIQUE FLASS JORGE LUIS FRÜCHTENICHT REGISTRADA BAJO EL NRO.: 33 /08 CANO DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS.- CONSTE.-