marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Retención indebida, depósito irregular, cosas consumibles
Materia: PENAL
Carátula: CARRERA, CAYETANO s/ DEFRAUDACION - RETENCION INDEBIDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-04-14

El depósito de cosas consumibles, sin individualización especial, es irregular, y no es título del que surja obligación de devolver la misma cosa sino cantidad similar de la misma cosa, que no es lo mismo, por lo que no puede tipificar retención indebida.
Recurso de casación, protección de la maternidad, embarazo, despido, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA GABRIELA c/ GARCIA EDUARDO H. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-03-05

La obligación ineludible de la trabajadora de notificar el embarazo al patrono y acreditar el mismo mediante certificado médico, con indicación de la fecha presunta del parto o requerir su comprobación por el empleador, es imprescindible para que funcione la estabilidad en el empleo (art. 17 LCT). Esta exigencia es necesario para hacer funcionar la presunción cuando el despido obedece a razones de maternidad o embarazo "siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo, así como en su caso el del nacimiento" (art. 178 LCT). De ninguna manera puede transferirse esa responsabilidad al patrono en base a las disposiciones del art. 79 de la LCT.
Prueba pericial, notificación, falta de notificación, nulidad procesal, situación del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BENITEZ, Julio C. s/ PERICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

No corresponde declarar la nulidad de la pericia, pues no puede pretenderse que quien no se encontraba imputado en la causa, al momento de efectuarse aquélla, fuera notificado a fin de que pudiera controlar su realización. (Disidencia parcial del Dr. Rivarola)
Ley de tránsito, prioridad de paso, rotonda, señal de pare
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vera, María Virginia c/ Supermercados VEA, DISCO S.A. II Cpo. s/ PEREZ Manuela Zulema Adelaida y Aballay Sandra Isabel c/ Navas Daniel Ricardo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-03-17|2021-08-05

La existencia de la señal de "Pare" es absolutamente irrelevante cuando el vehículo comenzó el cruce de la rotonda, conforme lo establece de la ley de transito 24.449 en su artículo 43 inc. e a los fines de mantener la fluidez de tránsito disponiendo que tiene prioridad el que circula por ella y egresa de ésta.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Almasque, Ricardo c/ Grosso, Guillermo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

Por aplicación de la norma del art. 1113 del Cód. Civil, no resulta relevante la falta de acreditación de la forma en que se produjo el ilícito, en tanto la demandada no haya alegado ni probado la culpa de la víctima y sí lo es la relación de causalidad entre el hecho y el daño y la condición de dueño o guardían de la cosa por parte de la demandada.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de la ley, ley federal, minería
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Metalúrgica Badía S.A. Minera Ind. y Com. c/ resol. 61/89 de la Sec. de Minería s/ apel. art. 29 - ley 22.095.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Es admisible el recurso extraordinario si se controvierte la aplicación e inteligencia de normas de carácter federal - leyes 22.095 y 22.294 - y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que la recurrente sustenta en ella.
Defensa del consumidor, responsabilidad del fabricante
Materia: COMERCIAL
Carátula: A. A. SA Y G. M. DE A. SRL en autos: "L. T. SRL (Z., M. G.)c/ A. A. Y C. s/ RECLAMO s/ APELACIÓN art. 7 LEY 4219
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-11

El proveedor constituye una categoría característica del derecho del consumidor y hace referencia a todo el sector oferente de productos y servicios, en la medida en que se realice profesionalmente y en el marco de una relación de consumo. La noción de proveedor es deliberadamente amplia para incluir a todos los sujetos que actúan del lado de la oferta en el mercado. En tanto que la relación jurídica de consumo se asienta en el acto de consumo, es claro que este elemento distribuye los polos activos según los que ofrecen y los que consumen bienes. La noción de proveedor se separa de las tradicionalmente utilizadas en el derecho privado: comprende a todos los que ofrecen".
Delitos contra la integridad sexual, prueba, declaración de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: R. T. E. c/  s/ grooming (art. 131 C.P.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2022-02-02

En casos de delitos sexuales, debe tenerse en cuenta que la metodología impuesta para el análisis de la prueba consiste en tomar como elemento principal el testimonio de la víctima, sin perder de vista que éste, en soledad, no basta para confirmar una hipótesis cargosa, sino que debe corroborarse por otros indicios y pruebas independientes que no dejen lugar a la duda razonable que el hecho acaeció tal como se acusa.
Determinación de oficio, determinación de impuestos, deudor principal, Ley de Procedimiento Tributario, fisco nacional, responsabilidad solidaria, intimación de pago de tributos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Brutti, Stella Maris c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

No se advierte obstáculo legal alguno para que el Fisco comience el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual responsabilidad personal y solidaria aludida en el art. 18, inc. a), de la ley 11.683 (t.o. 1978), aún antes de intimar de pago al deudor principal, puesto que el establecimiento de la responsabilidad requiere de su instrumentación a través del correspondiente acto que culmina el proceso determinativo. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Cuestiones de competencia, competencia laboral, competencia comercial, cobro de sumas de dinero, juicio ejecutivo, aportes sindicales, asociaciones sindicales, domicilio del demandado, declaración de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación c/ Organización no Gubernamental Programas Sociales Comunitarios s/ Ejecución fiscal s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

La facultad conferida a las asociaciones sindicales de trabajadores de optar por promover la ejecución del cobro de los créditos derivados de ley n° 24642 ante la justicia nacional con competencia en lo laboral o ante los juzgados con competencia en lo civil o comercial solo puede ejercerse si la parte demanda tiene domicilio en la Capital Federal. (Del voto de las juezas Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe y del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Indemnización, daños y perjuicios, gastos de farmacia
Materia: CIVIL
Carátula: Sánchez, Claudia del Valle c/ Guiñazú, Jorge y otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-07

Los gastos de farmacia son en buena medida presumibles y no requieren de una pormenorizada documentación, lo cual permite hacer prudente uso de la facultad prevista por el art. 165 C.P.C.C. para compensar adecuadamente tal perjuicio.
Jurisprudencia, sentencias contradictorias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido de los Trabajadores Socialistas (P.T.S.) s/ reconocimiento de personería jurídico política (caducidad art. 50 inc. c de la Ley 23.298)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-28

La utilidad y necesidad de un tribunal cuya finalidad primaria sea la de evitar el dictado de sentencias contradictorias y el consecuente escándalo jurídico que de ello se deriva, reviste singular significación en la materia de la que esta Cámara es autoridad superior (cf. art. 5°, ley 19.108 y arg. de Fallos CNE 1881/95; 1912/95 y 1921/95, entre otros) donde el valor "seguridad jurídica" adquiere, en la mayoría de los casos, una preponderancia determinante (cf. Fallos CNE 1881/95; 1882/95; 1883/95; 1912/95; 1921/95 y 3100/03).
Impuesto sobre los ingresos brutos, presentación de declaración jurada impositiva, exenciones impositivas, retenciones impositivas, registros fiscales
Materia: TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:  Aguscam SRL c/GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-24

El a quo recordó que los contribuyentes que no se empadronen, acorde con la requisitoria de la Administración, serían quienes quedan sujetos a las retenciones y percepciones hasta tanto no formalicen su inscripción, disposición que describe la consecuencia que provoca no estar empadronado, pero nada predica en relación con los empadronados que no muestren el cumplimiento de los recaudos materiales que exige la exención cuya manifestación, acorde con el régimen del art. 143 del CF, depende de la declaración del propio contribuyente, a quien corresponde denunciar los hechos imponibles verificados a los fines de establecer la facturación comprometida (art. 144 CF t.o. 2008). (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Facultades del querellante, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Altamiranda, Gabriel Marcelo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-21

El voto concurrente agregó que en lo que hace a las facultades del querellante para impulsar la acción penal, éste puede llegar a hacerlo en forma autónoma cuando no existe promoción de la acción por parte del Ministerio Público; y, con relación al sobreseimiento decretado por la Cámara a quo, sobre la base de la atipicidad de las hechos atribuidos a los encausados -calificados como evasión tributaria-, por aplicación retroactiva de las reformas establecidas por la ley 26.735 a la ley 24.769, consideró que lo resuelto no ha contemplado la posibilidad de que las conductas descriptas puedan subsumirse en otro tipo penal contemplado en la normativa de aplicación, pues la mera modificación de los montos que prevé la ley 26.735 no excluye la posibilidad de que la misma conducta pueda estar alcanzada por otra figura típica. (Dres. Borinsky, Figueroa -según su voto- y Hornos).
Instrucción, diligencias de la instrucción, incidentes, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: VOLPI, JOSE LUIS s/ NULIDAD - INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-15

Durante la etapa instructoria, no puede ser analizada por vía incidental la presunta invalidez de las medidas o diligencias procesales, dado que el pertinente análisis debe ser realizado en el estadio procesal oportuno.
Juicio ejecutivo, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Carlzon Juan Manuel y otros s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-05-15

Una resolución recaída en un juicio ejecutivo, no puede considerarse definitiva; de acuerdo al art. 553 del C.P.C., Cualquiera sea la sentencia que recaiga en un juicio de naturaleza ejecutiva, tanto el ejecutante como el ejecutado pueden promover juicio ordinario.
Acción contencioso administrativa, interés legítimo, transporte de pasajeros, tasa municipal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR GENERAL MOSCONI SRL c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD.    CSJ EXPTE NRO 15-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-12

El interés legítimo constituye una especie del cuadro o esquema de situaciones jurídicas favorables. Como elemento común de todas, se reconoce en éstas una relación de parte, en la que la nota de exclusividad puede presentarse, generando un derecho subjetivo.

En el caso no se advierte la existencia de ese nexo o vínculo: la recurrente es ajena a lo acaecido entre el concedente y la empresa de transporte por medio de trolebuses, a tal punto que en su escrito introductorio advierte que debe pagar una "tasa de fiscalización" que considera "verdadero tributo en doble imposición" al que califica como ilegítimo, arbitrario e irrazonable. El acto (o los actos) de imposición de este gravamen, calificado del modo referido, es la hipotética decisión que afectando el ordenamiento, puede generar la lesión del derecho objetivo que "concierne al sujeto" del voto del Dr. Barraguirre.
Juicio ejecutivo, competencia por el territorio, ejecución prendaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: CENTRO INTEGRAL DE LA MAQUINA HERRAMIENTA SA C/ CASAS, CLAUDIO MARCELO S/ EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

Así, si bien el lugar de pago fija la competencia territorial del juez que va a entender en el caso de la ejecución prendaria, es dable entablarla por ante el juez del lugar donde se halle radicado el bien. Tal situación es factible, habida cuenta de lo opcional que es para el acreedor el deducir la demanda ante el juez del lugar convenido para el pago o del domicilio del deudor, interpretación derivada de las propias normas procesales (CPR 5).
Daños y perjuicios, indemnización, compraventa inmobiliaria, cesión de boleto
Materia: CIVIL
Carátula: ARESO AITOR, PEDRO Y OTROS c/ PAMPA Y CONESA  S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-15

Corresponde indemnizar a los cesionarios por la notable diferencia de metraje que posee el departamento enajenado, respecto de las dimensiones que constaban en el boleto de compraventa, siendo intrascendente el hecho de que al cedente conociera las reales dimensiones del inmueble, porque la superficie plasmada en el boleto importa comprometer la responsabilidad del vendedor respecto de las calidades de la cosa vendida. Si se sabía que las dimensiones eran inferiores y no obstante se consignó ese dato falso, en un boleto que desde su concertación tuvo una finalidad negociable, habría que concluir que ambas partes otorgantes de ese acto pergeñaron una colusión dolosa para defraudar los derechos de los terceros cesionarios, que, a tener de la citada regla del art. 1462 del Código Civil, habilitaría al cesionario a sentirse acreedor de los derechos tal como fueron prometidos por el deudor cedido, sin que la amplitud de esa prerrogativa pudiere verse reducida por el virtual conocimiento de que ella poseyese la cedente. Bajo esta hipótesis, las dos partes del negocio primitivo serían responsables frente al tercero de buena fe: el cedente, aún de buena o de mala fe, debería responder frente al cesionario por la real existencia y extensión del crédito transferido (conf. arts. 1476, 1477, 1478 y 1480 del Cód. Civ.), mientras que el deudor cedido es responsable frente al íntegro e idéntico cumplimiento de la prestación prometida (conf.

arts. 740 y 1408 del Cód. Civ.).
Beneficio de litigar sin gastos, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rengifo Natalio c/ Medina Gomez Pablo s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-01

El otorgamiento del beneficio, posee efectos sobre la exigibilidad de los honorarios respecto de quien obtuvo aquél, al condicionarlos a la mejora de fortuna o vencimiento del solicitante, más en nada obsta al derecho adquirido del profesional, quien a su vez podrá perseguir su cobro por otras vías (art. 58 del Dec. Ley 8904).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, regulación de honorarios, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: FULCO, DANIEL EDUARDO c/ BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-05-14

La eficacia del pronunciamiento que establece el régimen aplicable a un determinado honorario profesional, goza de los efectos de inmutabilidad que definen la cosa juzgada sustancial. Ello es así pues la Ley 7269 rigió la situación jurídica que se consolidó antes de la vigencia de la ley posterior. Por tanto sus consecuencias resultaron regladas por los arts. 29, 40 y 41 del Código Arancelario anterior (Ley 7269).

En consecuencia, no puede convalidarse la decisión posterior que lesionó un derecho definitivamente incorporado al patrimonio del profesional cual es la regulación practicada, firme, consentida por el entonces comitente de los servicios a la sazón condenado en costas.
Estado, capacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

Dada la compleja estructura del Estado y sus múltiples actividades, son muchos los órganos estatales a cada uno de los cuales se confía el cuidado de obrar por determinados intereses, de modo tal que quien observe al Estado notará, por de pronto, un conjunto de "oficios" a los que cubren hombres. Pero, como carecen de personalidad, sus relaciones recíprocas, en cuanto reguladas por el derecho, no son relaciones entre sujetos jurídicos. Por eso, las relaciones que se dan entre ellos se denominan "relaciones interorgánicas" y son meramente internas en el sentido que se dan siempre dentro de la persona jurídica estatal. Dichas relaciones asumen, frecuentemente, descollante trascendencia, puesto que, en general, la voluntad estatal se forma a través de extensos y complejos "procedimientos", en los que intervienen, de manera variada, numerosos órganos (como sucede, por ejemplo, respecto a la producción de actos normativos, administrativos o jurisdiccionales).
Servidumbre de electroducto, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rameco Agropecuaria Inmobiliaria S.A. c/ Empresa ESEBA s/ Constitución e indemnización por servicios adm. electroducto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

El art. 11 de la Ley 8398 establece que el propietario del predio tendrá derecho a una indemnización referida al área comprendida por la zona de electroducto (inc. a). El art. 4º define la "zona de electroducto" asimilándola a zona de seguridad: es la franja de terreno a ambos lados de la línea de energía eléctrica donde los propietarios y ocupantes del predio afectado están obligados a soportar las máximas cargas derivadas de la servidumbre.

Evidentemente la "zona de electroducto" no comprende las zonas aledañas a que se refiere el art. 31 de la misma ley. El titular de la servidumbre deberá reparar los daños ocasionados si en dicha zona deben desarraigarse y/o removerse obstáculos.
Competencia civil, Aguas Argentinas Sociedad Anónima
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUAS ARGENTINAS S.A. c/ SR. PROP. TRIUNVIRATO AV. 5468 s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

Resulta competente la Justicia Nacional en lo Civil para entender en procesos iniciados contra particulares por la Empresa Aguas Argentinas S.A. con el objeto de la percepción de tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, recargos, intereses y multas cuya cobranza en la Capital Federal estuviera, con anterioridad a la concesión a entidades privadas de la explotación de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales de esta ciudad, a cargo de Obras Sanitarias de la Nación (conf. art. 3, inc. b, del anexo del decreto 999/92).-
Ejecución fiscal, certificado de deuda, multa en el régimen de faltas, competencia contencioso administrativa y tributaria, modificación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Pérez Avilés, Esteban c/  s/ 23 - ejecución multa determinada por controlador s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

En atención a lo establecido por el artículo 14 de la ley n° 6192 (publicada en BOCBA n° 5711, el 01/10/2019), que modifica el art. 23 de la ley n° 1217, la competencia para las ejecuciones de certificados de deuda que instrumentan multas impuestas por la Unidad Administrativa de Control de Faltas, tramitadas al amparo de los arts. 450 y siguientes de la ley n° 189, corresponde a la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. No obsta a lo expuesto lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Primera de dicha ley, toda vez que las presentes actuaciones no han tenido radicación, en razón del conflicto de competencia negativo suscitado entre los juzgados intervinientes. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Derechos humanos, entrevista previa con el defensor, declaración indagatoria, secreto profesional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Perriconi de Matthaeis s/ Procesamiento con prisión preventiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-22

La Corte Interamericana de Derechos Humanos registra en su historia varios pronunciamientos en los que tuvo ocasión de destacar la importancia de proteger las comunicaciones que se entablen entre los abogados y sus clientes, como una de las vertientes a través de las cuales se realiza el fundamental derecho de defensa. En aquellos casos se trataba de supuestos donde los imputados se hallaban privados de su libertad, donde eran vigilados por los custodios del lugar y donde sus conversaciones eran oídas. De ahí, la ajustada evocación al numeral 8 de los Principios Básicos sobre la función de los Abogados que acuerda ".a toda persona arrestada, detenida, o presa. las oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial" (cfr. CIDH, casos "Suárez Rosero" del 12/11/97 y "Castillo Petruzzi y otros", del 30/5/99)".
Recusación, desestimación de la recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Obra  Social  para  la  Actividad  Docente  (OSPLAD) c/ San Luis,Provincia de s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

Corresponde rechazar la recusación en tanto un atinado estudio de los temas debatidos, su delicadeza, incidencia y alcances, hubiesen permitido concluir que no ha sido la parcialidad que se imputa la que ha impedido su resolución, sino la necesidad de llevar a cabo los actos procesales necesarios que aseguren una decisión regular, previa a la cual, hubiesen tenido intervención todas las partes del proceso a fin de preservar las garantías constitucionales que les asisten.
Facultades de la alzada, resoluciones apelables
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B., C.A. c/ J.E. U.T.A. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-11-19

Solicitada la revocación de la declaración de admisibilidad formal del amparo; en este marco procesal corresponde el ejercicio de la potestad de la Alzada a la que hemos hecho referencia puesto que, ese aspecto de la resolución impugnada es inapelable. En efecto, el artículo 11 de la Ley 4572 no la incluye dentro del régimen de apelabilidad restringido que establece. Las decisiones que expresamente consigna como apelables son: la sentencia definitiva, el rechazo in limine de la demanda, lo relativo a las medidas cautelares y los correspondientes a prueba. Quedan, pues, fuera del régimen de impugnación las demás providencias que pueda pronunciar el tribunal de grado -dentro de las que está la que nos ocupa en el sub-lite- ya que la ley ha limitado hasta el máximo compatible con el derecho de defensa, a la facultad de apelar.
Prisión preventiva, estupefacientes, recurso de inconstitucionalidad, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos Domínguez, Fernando sobre 153 1° y 2° párr. - violación de secretos y de la privacidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

Las decisiones que involucran la continuidad de la privación de la libertad durante el proceso resultan equiparables a sentencia definitiva. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).