Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-09


SENT Nro. 434 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 09 DE JUNIO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por los doctores Juan Roberto Robles y Mario Alejandro Mirra en representación de la imputada Delia del Carmen Beneziano, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala IVa. del 30/9/2002 obrante a fs. 468 y vta.; el que fue denegado mediante resolución del 06/11/2002 del mencionado tribunal. Interpuesta la correspondiente queja, la misma fue acogida por sentencia nro. 04 de esta Corte de fecha 04/02/2003 (cfr. fs. 507/508). En esta sede, no se presentó memoria sobre el recurso casatorio, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide en el sentido que la sentencia recurrida debe ser casada (cfr. fs. 517/518). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de éste Tribunal el recurso de casación deducido por los doctores Juan Roberto Robles y Mario Alejandro Mirra en representación de la imputada Delia del Carmen Beneziano en contra de la resolución de fecha 30 de septiembre de 2002 dictada por la Sala IVa. de la Cámara en lo Penal que no hizo lugar al pedido de sobreseimiento interpuesto por la defensa.

2.- Entre los antecedentes relevantes podemos señalar que en fecha 29 de septiembre de 1996 falleció el señor Pedro Manuel Parra quien instituyó como heredera testamentaria a Guillermina Alcira Silva. La señora Delia del Carmen Beneziano viuda de Parra en su calidad cónyuge supérstite es quien ejerció la posesión y la administración del haber hereditario entre los que se encontraba el negocio denominado "La llave de Pirincho Parra" ubicado en la calle San Martín 355. La hija de la administradora de la herencia, María Cecilia Palavecino Beneziano, abrió el 7 de octubre de 1998 un negocio llamado "La llave" ubicado en la calle Crisóstomo Alvarez 821. La señora Fiscal indicó que ambos negocios tendrían el mismo número de celular para la atención de 24 horas y que mediante un cartel se comunica a los clientes que los sábados por la tarde se atiende en la calle San Martín 355.

La heredera Guillermina Alcira Silva interpuso denuncia a fojas 40 en la que acusó a la cónyuge supérstite de incurrir en el delito previsto por el art. 173 inc. 7 del CP puesto que actuó excediendo arbitraria y dolosamente las facultades que tienen a su cargo, comprometiendo los intereses encomendados.

La señora Fiscal de Instrucción de la 8ª Nominación en el requerimiento obrante a fojas 364 señaló que puesto que no surgen elementos con entidad suficiente que permitan establecer la participación punible de las imputadas en el hecho investigado pidió su sobreseimiento. Contrariamente a lo resuelto por la fiscalía de instrucción, el señor Juez de Instrucción de la 1ª Nominación y el Sr. Fiscal de la Cámara Penal consideraron que el actuar de Delia del Carmen Beneziano y María Cecilia Palavecino Beneziano encuadraban dentro de las previsiones del art. 173 inc. 7 del CP en perjuicio de la sucesión de Pedro Manuel Parra.

La defensa solicitó el sobreseimiento definitivo fundado en que se configuró el supuesto de la excusa absolutoria del art. 185 inc. 2 del CP. El Fiscal de Cámara Edmundo Alberto Botto apoyó el pedido de la defensa a fojas 443. Por el contrario, la Cámara mediante resolución de fecha 30 de septiembre de 2002 no hizo lugar a lo requerido por la defensa señalando que el cónyuge protegido por la exención del art. 185 es el que entra a apropiarse o destruir bienes del fallecido antes de habérsele atribuido la propiedad. Que, por el contrario, en el caso en autos estamos en presencia de una heredera designada administradora de los bienes de una sucesión donde la querellante coheredera acciona por administración fraudulenta. Frente a esta decisión la defensa interpuso recurso casatorio.

3.- El recurrente luego de recordar los antecedentes del instituto de la excusa absolutoria señala que la finalidad del mismo es el fortalecimiento de la familia evitando las desavenencias entre sus integrantes.

En relación a la sentencia de Cámara se agravia de que realizó una errónea interpretación del derecho sustantivo. Expresa que en el presente caso se encuentran cumplidos los requisitos del instituto descripto en el inc. 2 del art. 185, es decir, el sujeto activo es el cónyuge supérstite y los bienes afectados pertenecen a su extinto esposo o esposa legítima. Que no hay defraudación, hurto o daño en abstracto, sino que siempre tales acciones perjudican derechos, créditos o bienes de personas concretas requiriendo la ley que se trata de bienes de pertenencia total o parcial del difunto cónyuge. En este sentido, continúa, los derechos créditos o bienes mal administrados son bienes del sucesorio del difunto cónyuge y no de la heredera como mal sostuvo el fallo.

Expresa que con el criterio sostenido un hijo o un nieto también podrían considerarse eventualmente perjudicados por una administración que no consideraran satisfactoria para sus intereses y, por ende, querellar por el hecho descripto en la norma del art. 173 inc. 7 del CP dejando sin figura posible la aplicación el inc. 2 del art. 185. Afirma que, por el contrario, el parentesco excluye toda posibilidad de la prosecución del proceso por ser el único bien jurídico que el legislador ha querido proteger.

Agrega que la sentencia es nula de nulidad absoluta y manifiesta por no ser derivación razonada del derecho vigente al no tomar en cuenta la calidad de cónyuge de su representada ni su administración judicial de los bienes del sucesorio.

4.- En relación a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación establecidos el digesto penal consideramos que los mismos se encuentran observados como lo señaló oportunamente la sentencia de esta Corte nº 4 de fecha 4 de febrero de 2003 obrante a fojas 507.

Corresponde ahora internarse en la procedencia del recurso.

5.- Corresponde determinar si en el presente caso se encuentran cumplidos los extremos de la excusa absolutoria regulada en el art. 185 inc. 2 del CP. En este sentido, la norma establece que para que sea admisible dicho instituto los sujetos que participan del acto delictivo, en este caso defraudatorio, sólo pueden comprender a los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta. De este modo, no se configura la figura de la excusa absolutoria si el delito afecta a terceros tanto en su rol activo como pasivo. "Desde el punto de vista del sujeto pasivo del delito, la excusa funciona solamente si el cónyuge o el pariente es el único ofendido por el hecho, o el delito recae sobre cosas de la sola pertenencia del cónyuge difunto (Núñez, V, 554)... Lo mismo ocurre para el sujeto activo, la excusa sólo procede con respecto a determinadas personas, que son los parientes enumerados taxativamente en la disposición legal; así pues, para que se produzca la exención de pena, uno de esos parientes debe ser el único perjudicado por el delito (Fontán Balestra, V- 422)." (citado por Justo Laje Anaya "Excusa absolutoria en los delitos contra la propiedad", Ed. Pannedille, Buenos Aires, 1974, pág. 71).

El criterio descripto tiene coherencia con la naturaleza y fin del instituto puesto que si el fundamento de la exclusión de la punibilidad del delito se asienta en la preservación del núcleo familiar no se encuentran motivos para mantenerla cuando las personas afectadas por el ilícito no forman parte del ámbito familiar directo. "La exención del art. 185 del Cód. Penal se funda en la prevalencia que, frente a la necesidad de reprimir a los autores responsables de un delito contra la propiedad, se le confiere a la preservación del núcleo familiar en casos en los cuales, por la naturaleza del delito, la ofensa punible perpetrada en el seno de la comunidad familiar sólo alcanza intereses puramente patrimoniales" (Ricardo C. Núñez. "Derecho Penal Argentino", Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1967, T. IV, p. 550).

Se debe remarcar, en relación a la redacción del artículo 185, que teniendo en cuenta la naturaleza del instituto, la enumeración realizada en el inciso primero (cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta) alcanza también el supuesto del inciso segundo que sólo se refiere a "el consorte viudo". De este modo, solamente sería viable la excusa si la defraudación provocada por éste únicamente afectara a los parientes enumerados en el inciso primero.

En coincidencia con lo expuesto la doctrina afirmó que "La disposición de nuestro Código Penal que hemos referido al comienzo, también alcanza al consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro. Tal como está redactada la disposición, es claro que el fraude en tal caso, perjudica a los herederos, esto es: descendientes o ascendientes. Y puede recaer sobre bienes propios o gananciales. De ese modo, la situación termina siendo abarcada por el primer inciso del precepto." (Almeyra, Miguel A, "Fraude conyugal"; La Ley, 2002-D, 1303).

En este sentido, debemos remarcar que en el presente caso la heredera testamentaria y querellante no forma parte de los sujetos comprendidos por la norma como indispensables para la aplicación de la excusa en razón que no tiene una relación parentesco que la norma establece para considerarse parte del núcleo familiar. De este modo, la afectación a los intereses de la querellante no quedaría comprendida en el supuesto de excusa absolutoria en tanto no se encuentra en peligro el valor familia.

6.- Se puede agregar que también los bienes afectados se encontraban ya en propiedad de la heredera testamentaria. Recordemos que Ricardo C. Núñez señaló "... el consorte es beneficiario de la excusa respecto de los bienes propios o gananciales que eran de propiedad del difunto, mientras no hayan pasado a la tenencia de otra persona, cualquiera sea la razón de su traspaso..." (Ricardo C. Núñez, "Derecho Penal Argentino, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1967, Tomo V, pág. 552).

La posesión hereditaria, ya sea de pleno derecho u otorgada judicialmente, dispone la condición de propietario de los bienes de la herencia en forma cabal (arts. 3417 y 3418 del CC), es decir, que el heredero que ha entrado en posesión de la herencia es propietario y poseedor de todo lo que el difunto detentaba por tales títulos, interpretando tales normas con las limitaciones que surgen de los arts. 3449 y sgtes. del mismo cuerpo legal. (cfr. Salas, E. - Trigo Represas - Félix A, López Mesa, Marcelo J, "Código Civil Anotado", Ed. Depalma, 1999). En el caso de Alcira Guillermina Silva, heredera testamentaria, la posesión hereditaria se otorgó en proceso sucesorio llevado adelante en el Juzgado de Familia de la 1ª Nominación mediante la resolución del señor Juez que aprobó el testamento realizado ante escribano público cuya copia obra a fojas 175 de la presente causa.

7.- Por lo expuesto precedentemente podemos concluir que no se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para que se configure el supuesto de excusa absolutoria del art. 185 inc. 2 en tanto la persona afectada no está comprendida en el grado de parentesco que establece la ley para ser considerado del núcleo familiar. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso casatorio interpuesto por la defensa con costas por aplicación del principio general en la materia.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por los doctores Juan Roberto Robles y Mario Alejandro Mirra en representación de la imputada Delia del Carmen Beneziano en contra de la resolución de fecha 30 de septiembre de 2002 dictada por la Sala IVa. de la Cámara en lo Penal.

II COSTAS como se consideran.

III RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA