Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-28


ZEITLIN DE TEITELMAN, Rogelia contra SLEPOY, Samuel B. y otros Reg.: A y S t 210 p 49-59.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco se reunió en acuerdo la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, integrada por los doctores Roberto Héctor Falistocco, Enrique Carlos Müller, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ZEITLIN DE TEITELMAN, Rogelia contra SLEPOY, Samuel B. y otros -Cumplimiento de Contrato- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 1040, Año 1996).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?, y TERCERA: en consecuencia, qué resolución corresponde dictar.

Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores Vigo, Gutiérrez, Spuler, Falistocco y Müller.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el doctor Vigo dijo:

1. En la presente causa Rogelia Zeitlin de Teitelman promovió demanda "contra Samuel Bernardo Slepoy y/o Jorge Leonardo Slepoy y/o Guela Raquel Hartmajer de Slepoy y/o Perla Kohen de Slepoy, todos domiciliados en calle Pueyrredón 1435 de esta ciudad", pretendiendo que se le haga tradición -y se otorgue la escritura respectiva- del inmueble cedido en usufructo por los demandados mediante contrato de fecha 2 de marzo de 1978, y que se condene a éstos a indemnizar los daños derivados del incumplimiento, equivalentes al importe actualizado de las rentas dejadas de percibir por la locación del inmueble referido (fs. 18/21; adecuación de fs. 23/v.).

A fs. 25 obra copia de la presentación efectuada por Jorge Slepoy y Perla Kohan de Slepoy, quienes comparecen a estar a derecho y, al mismo tiempo, hacen saber "que el Dr. Samuel B. Slepoy Teitelman y su sra. esposa Guela R. H. de Slepoy no se domicilian más en calle Pueyrredón 1435 -Rosario, siendo su actual domicilio la ciudad de Bene-Berag en el Estado de Israel (...)"(vide también fs. 49).

A fs. 28 la actora expresa que, teniendo en cuenta que Samuel Slepoy Teitelman y Guela Raquel Hartmajer de Slepoy tendrían su domicilio en la ciudad de Bene Berag (Israel), sin constar el mismo con exactitud, correspondía emplazar a los mismos "por edictos que se publicarán tres veces en los diarios que V.S. fije", de conformidad con el artículo 73 del código de rito.

Asimismo, a fs. 29 la actora solicita que, habiéndose citado por edictos a los codemandados antes referidos, se decrete su rebeldía, notificándose la misma también por edictos.

A fs. 32 obra copia de escrito por cuyo intermedio la misma actora expresa que "a fin de evitar cualquier tipo de nulidades posteriores, solicito que se emplace nuevamente a los co-demandados indicados en último término para que comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de cuarenta a ochenta días conforme lo dispuesto por el art. 72 del Cód. de Proc. Civiles, disponiéndose la notificación de los mismos por vía de exhorto", y pide "que junto con el exhorto de notificación se libre un oficio dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores solicitando que se dé al exhorto el pertinente trámite diplomático".

A fs. 34/v. se libra exhorto por el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Séptima Nominación de la ciudad de Rosario al juez de igual clase y jurisdicción de la ciudad de Bene Berag, "a fin de que se sirva disponer lo necesario para que se proceda a notificar a los co-demandados Samuel Bernardo Slepoy Teiltelman y Guela Raquel Hartmajer de Slepoy" el decreto por el cual se los emplazara para comparecer a estar a derecho dentro del plazo de sesenta días bajo apercibimiento de rebeldía.

A fs. 58 la actora expresa que "habiéndose agotado la búsqueda e intentos de notificación personal del decreto de emplazamiento a estar a derecho; estando debidamente notificados por edictos, según constancias acompañadas a fs. 30 en autos, solicito se designe día y hora para proceder al sorteo y designación de defensor de oficio, que represente a los demandados rebeldes, Sres. SAMUEL BERNARDO SLEPOY Y GUELA RAQUEL HARIMAJER DE SLEPOY", siendo tal pedido proveído a fs. 58 v. designándose audiencia para el día 18 de diciembre de 1989.

A fs. 60 el señor Jorge Slepoy Teitelman plantea revocatoria contra el decreto de fs. 58 v., fundándose en la existencia de "un litisconsorcio pasivo forzoso, (donde) la constitución válida de la litis contra todos los codemandados de autos tiene estricta repercusión material y procesal contra los otros demandados" y en que "son nulas las notificaciones realizadas en un domicilio falso o por edictos" cuando se conoce el domicilio de los demandados, lo cual acontece en el sub examine.

Rechazada la revocatoria por ausencia de legitimación (fs. 67), a fs. 69 v. obra constancia del sorteo para la designación del defensor de oficio, con aceptación del cargo a fs. 70.

A fs. 199/202 Jorge Slepoy Teitelman: a) "se allana" a la pretensión de que se otorgue escritura pública de usufructo, señalando que su parte suscribirá la misma una vez que el usufructuario cumpla con las obligaciones que le incumben en su calidad de tal y pague las costas del presente litigio; b) se opone a la tradición del inmueble libre de personas y cosas señalando que el mismo ya se encontraba en poder de los usufructuarios el 2 de marzo de 1978, siendo el domicilio de Jaime Teitelman, ex-conyuge de la actora, quien lo habitó y luego lo dió en locación percibiendo las rentas correspondientes, por lo cual solicita igualmente el rechazo del reclamo de daños y perjuicios, y c) deduce reconvención por los gastos efectuados en concepto de conservación del inmueble.

A fs. 203 Perla Kohan de Slepoy contesta la demanda oponiendo la falta de legitimación pasiva por no haber sido parte en el contrato de usufructo, toda vez que su intervención fue al solo efecto de dar asentimiento conyugal al acto de su esposo.

A fs. 205/v. la actora contesta la reconvención deducida por Jorge Leonardo Slepoy solicitando su rechazo con fundamento en que el mismo parte de una premisa falsa, cual es la de ser aquél "nudo propietario", cuando en realidad es "propietario" pues nunca otorgó el usufructo, sino que a lo sumo le dio a Jaime Teitelman la tenencia precaria del inmueble, sin cumplir con la forma de la escritura, considerando además que los beneficiarios eran dos personas y no una sola.

A fs. 207/208 el defensor de oficio designado en autos contesta la demanda, solicitando su rechazo.

Por sentencia de fs. 318/327 v. el señor Juez de baja instancia -en lo que es de interés- hace lugar a la demanda instaurada contra Jorge Leonardo Slepoy y Samuel Bernardo Slepoy, condenándolos a suscribir la escritura pública constituyendo derecho real de usufructo en favor de la actora y a hacer tradición del inmueble, y también a pagar los daños y perjuicios por arrendamientos no percibidos, calculados en la suma de $ 250 mensuales desde el 1 de septiembre de 1981, con más intereses; rechaza, asimismo, la demanda contra Perla Kohen de Slepoy y Guela Raquel Hartmajer de Slepoy, y la reconvención deducida por Jorge Slepoy.

Recurrido que fuera tal pronunciamiento, y radicados los autos en la Alzada, a fs. 421/429 v. comparece el apoderado de Samuel Bernardo Slepoy y de Guela Raquel Hartmajer de Slepoy solicitando que se declare la nulidad de todo lo actuado respecto de sus mandantes a partir de la citación y emplazamiento a estar a derecho, en virtud de las irregularidades producidas durante el juicio, las cuales han consistido "en ignorar repetidamente, y a sabiendas, que mis mandantes han tenido, durante todo el desarrollo del proceso, y aún con mucha anterioridad, domicilio real en calle Hertzog nº 39 y en Jashav Sofer 5 A de la ciudad de Benei Brak, Estado de Israel, y en abreviar la citación a los mismos, por el sencillo camino de la notificación por edictos (...)", por lo cual "mis mandantes jamás han tenido noticia del presente juicio a pesar (...) de tener domicilio real conocido y debidamente registrado de acuerdo a las leyes argentinas", situación que agravia el derecho de defensa en juicio de su parte.

2. Por sentencia de fs. 434/448 la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario rechaza la nulidad planteada a fs. 421/429, desestima los recursos de nulidad, acoge parcialmente la apelación de la actora (así, fija el valor locativo mensual en $ 380 y modifica el cálculo de los intereses) y rechaza las apelaciones deducidas por los demandados, imponiéndoles a cada uno diez días- multa por infracción al artículo 24 del código de rito, con costas.

3. Contra el fallo de la Alzada deduce recurso de inconstitucionalidad Samuel Bernardo Slepoy y Guela Raquel Hartmajer de Slepoy (fs. 450/474) En su presentación los recurrentes se agravian de la arbitrariedad del fallo por consagrar una solución violatoria del derecho de defensa en juicio, que parte de una defectuosa aplicación de la normativa que rige el caso, y que omite considerar: a) que la propia demandante consintió la necesidad de notificar por la vía de exhorto diplomático en el Estado de Israel y no cuestionó la denuncia del domicilio efectuada por el codemandado Jorge Slepoy; y b) que ninguna de las notificaciones practicadas resulta válida al no cumplir con su finalidad de comunicar la iniciación del pleito contra su parte.

Con relación a los distintos argumentos empleados por la Sala al fundar su rechazo de la nulidad expresan: I) en cuanto a la existencia de un domicilio contractual, que su parte nunca reconoció t Concluyen insistiendo en el estado de indefensión en que se encontraron durante el curso del proceso, agravado por la designación de un defensor de oficio que desconocía los hechos del caso, lo que invalida la eficacia de su trabajo, limitado en definitiva al cumplimiento de la carga de la negativa de los hechos en la contestación de la demanda, sin ofrecimiento de pruebas ni concurrencia a las audiencias fijadas.

Cuestionan, por otra parte, que se haya condenado en costas a Guela R. Hartmajer de Slepoy, a pesar de que ella -al no tener responsabilidad en el caso- no podía ser parte en el juicio ni, con ello, perdidosa en los términos del artículo 251 del Código Procesal Civil y Comercial.

Evacuado que fuera el traslado respectivo, la Sala denegó la concesión del recurso (auto de fs. 490/491), accediendo los impugnantes a esta instancia extraordinaria por vía de queja (resolución registrada en A. y S., T. 126, pág. 359).

En el nuevo examen de admisibilidad de los recursos que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para apartarme de aquella conclusión provisoria, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 600/601.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los doctores Spuler, Falistocco y Müller expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el doctor Vigo dijo:

1. En autos -y conforme resulta del relato efectuado- la Sala desestimó la nulidad planteada a fs. 421/429 considerando que "en el contrato en que los demandados se obligaron a constituir un usufructo oneroso, los mismos dijeron estar 'domiciliados en la calle Pueyrredón 1435 de esta ciudad'.

(....) Dicho domicilio establecido en el contrato no ha sido cuestionado por los accionados, por lo que a todos los fines del contrato debía tenérselo por subsistente, por lo que la actitud de la actora al denunciarlo en la demanda se ajustó a derecho, rigiendo la presunción legal del art. 98 CC (...).

La presentación que hiciera el coaccionado Jorge Slepoy (...) de que se habría mudado de allí (...) no bastaría sino para acreditar un posible abandono del domicilio, pero no probaría el conocimiento del nuevo por la contraparte, y así no podría crear una situación de 'domicilio desconocido' prevista en el art. 73 CPC sino la de subsistencia del último domicilio, cuando no es conocido el nuevo".

Agregó que no obstante que "en una actitud francamente diligente la actora recurrió a dos vías para procurar la comparencia (...) prevalecen en el tema las consideraciones precedentes en cuanto a la subsistencia del último domicilio conocido por la actora, que era el establecido en el contrato, en el que se practicaran válidamente las diligencias extrajudiciales, como la de constitución en mora, y la citación en juicio, y eventualmente la ajustada a derecho citación por edictos, así como asegurada la defensa en juicio, a través de un Defensor de Oficio".

Sin perjuicio de ello destacó el Inferior que existía una "razón fundamental" para el rechazo de la nulidad, derivada de la evidencia de una colusión entre los demandados -quienes dejaron transcurrir todo el proceso para plantear luego una nulidad que retrotraería el juicio a sus inicios en beneficio de ambos por existir un litisconsorcio pasivo necesario-, evidencia que surge de no explicar los nulidicentes cómo tomaron conocimiento del juicio y de concretos detalles del expediente, al cual no habían podido acceder por encontrarse a estudio para el dictado de la sentencia.

2. Habiéndose cuestionado la validez de tales conclusiones con los fundamentos antes expuestos, el estudio de la causa me convence de que el recurso planteado debe merecer favorable acogida en esta instancia, al consagrar el fallo impugnado una solución que no constituye la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

Ello es así por cuanto, al fallar, la Alzada ha omitido ponderar adecuadamente concretas y decisivas constanci Elegida dicha vía para anoticiar a los interesados, no puede soslayarse que en definitiva el trámite de fs. 43 que -a instancias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- llevaran adelante los tribunales de Jerusalén (según lo certifica el Director of Courts of the State of Israel en la copia de fs. 41) no cumplió con el cometido de dar noticia del pleito, pues según la traducción de fs. 57 (aceptada por la actora a fs. 58) tal documento "nada tiene que ver, ni tampoco fue (la cédula) entregada a destino".

Verificado tal extremo, consideraciones vinculadas con el principio de que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz -C.S.J. Al desentenderse de estos datos esenciales, la Alzada terminó legitimando irrazonablemente una citatio edictalis desprovista de las respectivas condiciones de procedencia -como la debida diligencia que debe emplearse en la indagación del domicilio, y la demostración de la imposibilidad fáctica para conocer el domicilio real del demandado -, a pesar de que la verificación de ellas era necesaria atento a que "en el fondo el sistema de edictos es una ficción legal cuando se quiere notificar un acto procesal individual, ya que la posibilidad de que la parte tome conocimiento es remota" (Falcón, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Abeledo-Perrot, Bs. As., t. II, pág. 93), por lo que puede nulificarse "si se procedió a notificar por edictos a persona cuyo domicilio se conocía o podía conocerse" (Podetti, Ramiro, "Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral", EDIAR, Bs. As., 1955, t. II -"Tratado de los actos procesales"-, pág. 287).

La conclusión que se deriva de las consideraciones efectuadas -esto es, invalidez de lo decidido a la luz del artículo 95 de la Constitución de la Provincia- se ve reforzada a Conviene insistir aquí en que el resguardo de la defensa en juicio requiere que a toda persona se le de oportunidad para ser oída y de producir la prueba en que funda sus derechos (Fallos: 286:257; 290:293; 296:106, entre otros), lo cual resulta especialmente necesario cuando se trata de la citación del demandado, "acto de trascendental importancia en el proceso" (vide Fallos, 316:247), "en tanto de su regularidad depende la válida constitución de la relación procesal y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad" (Fallos, 319:673; 319:1600; 323:2653, etc.), guardando por ello una estrecha relación con la citada garantía constitucional.

La gravedad e irreparabilidad de lesión causada a la garantía de la defensa en juicio conduce sin más a hacer lugar al recurso instaurado y anular la sentencia de la Alzada, sin que tal solución se vea conmovida a partir de las consideraciones formuladas por el a quo en cuanto a la existencia de una eventual connivencia entre los codemandados, las que carecen del debido sustento en las constancias de la causa y que, por ello, no pueden constituir razón suficiente para contrarrestar la destacada lesión al derecho que acuerda el artículo 18 de la Carta Magna.- ni de otros elementos obrantes en el expediente- en punto que torna inoficioso pronunciarse sobre las restantes impugnaciones constitucionales deducidas en autos.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y el doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la misma cuestión el doctor Falistocco dijo: Liminarmente, cabe poner de relieve que el Tribunal partió de un razonamiento correcto con respecto al domicilio de los accionados que surge del instrumento privado acompañado a fojas 16/17, a saber: "...es de advertir que en el contrato en que los demandados se obligaran a constituir un usufructo oneroso (fs. 16-17), los mismos dijeron estar 'domiciliados en la calle Pueyrredón 1435 de esta ciudad', y aunque no se expresase en concreto que ese era su domicilio 'real', la forma utilizada permite concluir que tenía tal carácter..." (fs. 435vto./436).

Los impugnantes, por su parte, coinciden con tal aseveración, pues -en el recurso de inconstitucionalidad- expresan: "...cabe destacar que el contrato esgrimido por la contraria data de 1978, y que en el encabezamiento, luego de los datos filiatorios reza '...domiciliados en la calle Pueyrredón 1435 de esta ciudad...', lo cual no puede entenderse como domicilio contractualmente constituido, sino una mera mención del por entonces domicilio real..." (f. 459).

De allí se deriva que -aun cuando no se comparta la restante argumentación de la Sala relativa a los efectos que corresponde atribuir a dicho domicilio declarado en el contrato- los actos de comunicación fueron correctamente dirigidos, en un comienzo, al "domicilio real" que los demandados tenían a la fecha de celebración del convenio.

Queda claro, pues, que el "sub judice" presenta algunas diferencias con respecto al caso "Banco Provincial de Santa Fe contra Marconetti, Juan José y Otros" (A. y S., T. 141, pág. 30), en el cual, las notificaciones se habían dirigido al "domicilio especial" de una co-demandada, fijado en un contrato de fianza, y no a su domicilio real -que era conocido por la entidad bancaria actora-.

Ciertamente, al comparecer los co-accionados Jorge Slepoy Teitelman y Perla Kohan, expresaron que los restantes co-demandados -Samuel Slepoy Teitelman y Guela Raquel Hartmajer- no se domiciliaban más en calle Pueyrredón 1435 de la ciudad de Rosario, pues era su domicilio la ciudad de Bene Berag en el Estado de Israel.

Pero dicha información, por su amplitud, no pudo significar que el nuevo domicilio real de Samuel Slepoy Teitelman y Guela Raquel Hartmajer pasara a ser conocido por la actora.

Y por ello, no resulta irrazonable que el Judicante haya reputado, en definitiva, que se trataba de un domicilio desconocido, al convalidar la citación edictal.

En este sentido, ha de notarse que el Sentenciante señaló: "...en una actitud francamente diligente, la actora recurrió a dos vías para procurar la comparencia, la del art. 72 y la del 73 del CPC, que no resultan vinculadas, como erróneamente entienden los recurrentes, porque el primero refiere al caso en que el domicilio fuese conocido...; mientras que el segundo contempla la situación del domicilio desconocido, y por ello la citación se hace por cinco días mediante edictos que se publican tres veces, no pudiéndose aplicar en este caso, los distintos plazos del art. 72, porque precisamente si el domicilio es desconocido, no puede saberse cuál de ellos corresponde..." y agregó "...Así entonces, a más de la publicación de edictos, en la forma que correspondía (f. 30), siguió el dificultoso camino de notificar mediante exhorto por vía diplomática..." (ver f. 436vto.).

Es decir, se aprecia que el Tribunal legitimó claramente la citatio edictalis, y para ello tuvo en cuenta la conducta procesal de la actora, que reputó diligente.

Entiendo que dicha conclusión no merece reproche en el plano constitucional.

En efecto, aunque los recurrentes acusan a la accionante de haber ignorado repetidamente, y a sabiendas, que Samuel Slepoy Teitelman y Guela Raquel Hartmajer habían tenido durante todo el desarrollo del proceso, y aun con mucha anterioridad, domicilio real en calle Hertzog n 39 y Jashaf Sofer 5 "A" de la ciudad de Bene Berag, Estado de Israel (cfr. f. 458vto.), sus dichos carecen de respaldo en las constancias de autos.

Debo puntualizar aquí, que los co-accionados Jorge Slepoy Teitelman y Perla Kohan no proporcionaron, al comparecer a foja 25, la calle ni la numeración correspondiente al domicilio sito en Bene Berag, Estado de Israel, datos que recién fueron aportados a la causa al presentarse aquéllos ante la Alzada el 12.12.1994.

No desconozco la importancia que reviste la indagación de domicilio, ni las autorizadas opiniones que proponen nulificar "si se procedió a notificar por edictos a persona cuyo domicilio se conocía o podía conocerse" (ver Podetti, Ramiro, "Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral", EDIAR, Bs. As., 1955, t. II - "Tratado de los actos procesales"-, pág. 287).

Mas -de acuerdo con lo expuesto supra- no puede aseverarse que en el caso la actora hubiese conocido el domicilio en cuestión, y aunque los impugnantes achacan a aquélla negligencia por no haber oficiado al Registro Nacional de las Personas y a la Cámara Electoral para que se le informase al respecto (ver fs. 459vto, 464 y vto.), tal circunstancia carece de decisividad, toda vez que los propios recurrentes dicen haber comunicado su domicilio real a las autoridades y registros argentinos -a través de la Embajada de Israel- el 2.12.1988, o sea, varios años después de la fecha del decreto que disponía el emplazamiento a estar a derecho (ver f. 463).

Descartada la idoneidad de los informes aludidos, la otra alternativa de fuente de información que vienen planteando los quejosos, refiere a haber oficiado a las embajadas o consulados de Israel en la Argentina (f. 459vto.) o de la Argentina en Israel (f. 460vto.), pero no señalan la existencia de un dato cierto que hubiese indicado a la actora -llevando a ese extremo la diligencia en su obrar que le piden los recurrentes- el domicilio preciso de los codemandados Samuel Slepoy Teitelman y Guela Raquel Hartmajer.

Tampoco surge -a mi juicio- de la restante argumentación recursiva y demás constancias del expediente, la existencia de algún otro medio que la accionante haya podido razonablemente utilizar a los fines enunciados.

Es dable precisar, aquí, que la convalidación de la citación edictal -que efectuara el Juzgador- no luce arbitraria, no obstante haber fracasado el intento de notificación por exhorto diplomático.

Tampoco excede los márgenes de razonabilidad y logicidad tolerados la conclusión del Inferior, en cuanto reputó diligente la conducta de la actora, que trató de notificar en Israel por vía de exhorto "...no obstante contar sólo con el nombre de una ciudad..." (cfr. f. 436vto.).

Siendo ello así, no podría derivarse del hecho de haber extremado la accionante su diligencia, una consecuencia jurídica perjudicial para ella, pues -de ese modo- se arribaría a un resultado evidentemente disvalioso.

Con referencia a la imposición de las costas, los impugnantes no demuestran que la motivación brindada por la Sala a la hora de cargar aquéllas "...a los demandados vencidos (art. 251CPC) en cuanto a la sentencia, y respecto a la nulidad planteada en forma incidental por Samuel Bernardo Slepoy y Guela Raquel Hartmajer de Slepoy, a los mismos (art. 251 CPC)..." (cfr. fs. 447 y 448) merezca ser descalificada en esta sede, pues tal decisión tiene carácter accesorio y es una simple repercusión de lo resuelto sobre lo principal.

No ha de correr mejor suerte la arbitrariedad alegada por haber incurrido el Sentenciante en dogmatismo al determinar el canon locativo y modificar la forma de cómputo de los intereses, toda vez que de la lectura del decisorio impugnado surge que aquél dio respuesta a dichas cuestiones con apoyo en las constancias de autos -especialmente en la pericia contable-, no efectuó una interpretación grosera o irracional del sustrato fáctico al analizar desde qué momento se producía la privación de capital para la actora, y no emitió enunciados como verdades indiscutibles sin darles fundamento (cfr. 445vto/446).

Finalmente, los recurrentes tampoco logran perfilar con eficacia el vicio de arbitrariedad que atribuyen a que el Judicante les exigiera probar la readquisición de la posesión, cuando -a su entender- se había acreditado en autos que la posesión efectiva era detentada por uno de los usufructuarios, quien además alquiló el inmueble a favor de otras personas.

En este punto, los quejosos pretenden imponer su particular enfoque de la cuestión, frente a la opinión del Tribunal, que -entre otros argumentos- expresó: "...Así la entrega del inmueble, que dicen habrían realizado al esposo de la actora, no pudo significar -como afirma- que le hubiese transmitido la posesión, porque el mismo carecía de un derecho real que la sustentara, y en todo caso, el que el citado pudiese haber tenido efectivamente la cosa, no pudo serlo sino reconociendo en quien se la diese la propiedad de ella, con lo que habría sido un 'simple tenedor' y representante de la posesión del propietario (art. 2352 CC), quien la conserva a través de aquél (arts. 2446, 2447, 2448 y 2453 CC)...

Por otra parte esa tenencia precaria a uno de quienes debía dársele el usufructo, no le es oponible al otro que requiere le sea otorgado como se pactara, ni obsta al resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes de no haberlo hecho cuando se lo requiriera fehacientemente..." (fs. 444 y vto.).

Se nota, entonces, que el reproche formulado no pasa de la simple discrepancia, sin entidad constitucional, con la interpretación que la Alzada -más allá de su acierto o error- efectuara de los hechos y del derecho común.

En suma, no se advierte en la especie la arbitrariedad invocada, ni que existan vicios en la conformación de la relación procesal con idoneidad para restar vigencia al principio de bilateralidad, ni para afectar la defensa en juicio u otros derechos de protección constitucional, por lo que debe rechazarse sin más el recurso instaurado.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión el doctor Müller expresó idénticos fundamentos a los expuestos por el doctor Vigo y votó en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas al vencido (artículo 12, ley 7.055).

Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los doctores Spuler, Falistocco y Müller dijeron que la decisión que correspondía adoptar era la propuesta por el doctor Vigo y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas al vencido.

Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores integrantes de la Corte por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-MÜLLER-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)