Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-24


EXPEDIENTE N° 947: "PÉREZ Juan Edgardo - Concurso Preventivo- Legajo P/ Tramitar Rec. de Apelación sin Efecto Suspensivo D/ Luis Pérez".

PROT.: L. DE SENTENCIAS - T° 1 - F° 71/79 - AÑO 2018.- En la ciudad de San Juan, a veinticuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho, reunidos los Sres. miembros de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. María Josefina Nacif y Juan José Romero, para resolver el recurso de apelación deducido por el Sr. Luis Pérez, en AUTOS N°3622-A (C.C. SALA IV Nº947), CARATULADOS: "PÉREZ JUAN EDGARDO S/ CONCURSO PREVENTIVO- Legajo para tramitar rec. de apelación sin efecto suspensivo d/ Luis Pérez", en fecha veintidós de octubre del año 2015, por el Señor Juez titular del Juzgado Comercial Especial. El recurso fue concedido a fs. sub 197 sin efecto suspensivo (cfr. art. 51, 2° párrafo L.C.Q.).-	EL SR. JUEZ DE CÁMARA JUAN JESÚS ROMERO, DIJO: Mediante el decisorio cuestionado el juez a quo rechazó con costas la impugnación deducida por el Sr. Luis Pérez contra la propuesta de acuerdo, procediendo a homologar el concordato de acreedores regulando los honorarios profesionales de los letrados y síndico intervinientes en autos.-	1.- La sentencia.

En relación a la impugnación deducida por el Sr. Luis Pérez, el juez de grado sostuvo que el impugnante objeta la propuesta del concursado por ser abusiva, simulada y fraudulenta, en cuanto que éste habría incurrido en ocultación fraudulenta del activo, provocando su insolvencia en forma deliberada para justificar el estado de cesación de pagos. Asimismo alegó error en el cómputo de las mayorías necesarias para obtener el acuerdo, considerando que la misma resultaba abusiva.

Luego el a quo, tras efectuar una breve reseña de los antecedentes que informan la causa, y en relación a la alegada existencia de error en el cómputo de las mayorías fundada en que la conformidad prestada por el Sr. Fernando López es inválida por provenir su crédito de una cesión presuntamente simulada, sostuvo que las causales de impugnación del acuerdo establecidas por el artículo 50 de la LCQ son de carácter taxativo y que además, habiéndose dictado la resolución de categorización (25/06/14) sin que fuera observada por el impugnante, su derecho a cuestionar la propuesta había precluído. Finalmente sostuvo que la conformidad prestada por el Sr. Fernando López, en carácter de cesionario del Dr. Ricardo López Aragón, no constituye una maniobra que viole la pars conditio creditorum ya que el concursado obtuvo las conformidades de sus acreedores ajustadas a derecho y fue aceptada por el 93,8% del capital computable. En función de tales argumentos consideró inviable tal planteo.-	En lo concerniente a la pretensa ocultación fraudulenta del activo que habría provocado la formulación y aceptación de una propuesta abusiva o en fraude a la ley, el juez de grado consideró que del análisis de la pruebas obrantes en autos no surgía tal maniobra en cuanto que los bienes de propiedad del concursado fueron denunciados por éste al tiempo de la apertura del concurso preventivo, y que ello valía a título de declaración jurada.-	Seguidamente sostuvo que la conducta desplegada por el Sr. Pérez a lo largo del proceso concursal no muestra evidencia alguna que haga presumir intención defraudatoria hacia sus acreedores, circunstancia que a su criterio, quedó plasmada con las conformidades obtenidas de casi la totalidad de sus acreedores. Asimismo sostuvo que el impugnante tuvo su oportunidad procesal para cuestionar la propuesta (cf. art. 42, s.s. y c.c. LCQ) sin que surja de las constancias de autos que así lo hubiese hecho.-	El relación a la denuncia de fraude, consideró que el impugnante no indica concretamente cual sería la norma específica que el deudor intenta burlar o soslayar para lograr obtener lo que la ley prohíbe, entendiendo que la discrepancia planteada sobre la valuación de los bienes no puede ser interpretada como ocultación fraudulenta de activo; como que tampoco tal cuestión fue planteada en la oportunidad procesal pertinente. Así concluye afirmando que, a su juicio no medió fraude a la ley en el acuerdo celebrado en autos, ya que la denuncia de bienes que efectuara el deudor, en ocasión de solicitar su concurso, surte los efectos de una declaración jurada; que sumado a ello, la propuesta fue aceptada por una mayoría holgada de acreedores. Así y en función de la doctrina y jurisprudencia que cita, desestimó tal planteo.-	Contra dicho pronunciamiento el apoderado del Sr. Luis Pérez deduce a fs. sub 165 recurso de apelación, expresando agravios a fs. sub 172/192, contestados a fs. sub 207/216 vta. por la concursada; a fs. sub 230 por sindicatura y a fs. sub 232/236 vta., por el síndico ad hoc, Roberto Matías Segovia.-	2.- Memorial de agravios (fs. sub 172/192).-	Resumidamente diremos que el apelante refiere como primer agravio la existencia de error en el cómputo de las mayorías necesarias. Concretamente objeta la inclusión, dentro del cómputo de la masa de acreedores, del crédito invocado por el Sr. Fernando López en su carácter de cesionario del Dr. Ricardo López Aragón, por considerar que dicho crédito no debió ser computado debido a que su primigenio titular es integrante del estudio jurídico que representa al concursado por lo que su voluntad se encuentra condicionada, circunstancia que implicaría la nulidad del voto por haber mediado conformidad simulada. Reitera conceptos relativos a vicios de la voluntad por las circunstancias ya apuntadas, considerando a la cesión y conformidad como actos simulados.-	Bajo el segundo agravio el apelante afirma que ha mediado ocultación fraudulenta del activo en cuanto que el concursado denunció activos valuados en $5.400.000, mientras Sindicatura los valuó en la suma de $15.705.000, por lo que existiría una ocultación de activos por más de $10.000.000. Advirtiendo asimismo que la diferencia entre ambas cifras no se sustenta en "criterios de valuación" diferentes, como esgrime el juez de grado, sino que proviene de un verdadero ocultamiento, al que define como una actuación fraudulenta del deudor que jamás debería ser premiada con la solución concursal.-	Luego refiere que su parte (fs. 144 a 151) advirtió que los inmuebles denunciados como simples "lotes" eran bienes sumamente costosos, que en algunos casos consistían en fabulosas casas en countries o barrios cerrados, fábricas y locales comerciales en plena explotación y en otras, consistente en edificios en propiedad horizontal situados en los lugares más caros de la Provincia cuya valuación ascendería a la suma de $42.905.000.-	Como tercer agravio alega abuso del derecho en subsidio para el hipotético caso que la actuación de la concursada fuera considerada conforme a derecho. Al respecto considera que medió abuso de derecho en la formulación de la propuesta, habida cuenta que la convocatoria de acreedores del Sr. Pérez tuvo como único fin obstaculizar el cobro del crédito que el apelante procuraba obtener a través de la ejecución de una sentencia dictada en otro fuero.-	Afirma el apelante que del informe general del síndico surge que dicho funcionario estimó que la causa del desequilibrio patrimonial del concursado se produjo a consecuencia del embargo trabado en Autos N°128138, caratulados "Pérez Luis c/ Pérez Juan Edgardo- Ejecutivo Monitorio", originarios del Séptimo Juzgado en lo Civil, en cuanto que las medidas cautelares de embargo allí dispuestas habría provocado la inmovilización de los bienes del concursado. En relación a ello afirma que el solo hecho de haber trabado embargo sobre bienes inmuebles del concursado no es, por si solo, un hecho revelador del estado de cesación de pagos, ya que tal medida no pasa de ser una cuestión que no incide para nada como "causa explicativa" de la cesación de pagos y que en definitiva pesaba en cabeza del deudor acreditar que tales inmuebles servían de "apalancamiento" financiero de flujo de fondos, cuestión no probada en autos por éste. Cita doctrina y jurisprudencia.-	En función de lo expuesto afirma que si bien es cierto que el artículo 79 inc. 1° de la ley 24.522 permite considerar como hecho revelador de la cesación de pagos el reconocimiento judicial o extrajudicial formalizado por el deudor, considera que en autos, después de la prueba producida por su parte, el juez debió haber concluido -a pesar de la enumeración de la norma del art. 79- que no medió insolvencia del deudor. En apoyo de esta posición el apelante afirma que de los informes producidos por sindicatura surge como fecha de inicio del estado de cesación de pagos el 1° de Octubre de 2012; siendo que su parte acreditó en Autos N°128.738/1 caratulado: "Pérez Luis c/ Pérez Juan Edgardo- Ejecutivo Monitorio" tramitado ante el 7° Juzgado Civil, que en esa época el concursado vendió unos departamentos de su propiedad por la suma de $2.140.000, es decir por casi un millón más de lo que debe, circunstancia que demuestra la inexistencia de un estado de insolvencia y por ende el deudor habría hecho abuso del instituto normativo del concurso preventivo. Cita doctrina y jurisprudencia que considera alusiva.-	Seguidamente insiste en que la propuesta del concursado contiene una quita del 88% del capital adeudado, ofreciendo pagar solo el 12% de cada crédito, considerando que ninguna propuesta de ese tenor ha sido homologada por los Tribunales Comerciales del país existiendo acreedores disidentes impugnantes. Cita jurisprudencia. Luego, en función del rol que compete al juez comercial -en virtud de la doctrina y jurisprudencia que cita- considera que el acuerdo formulado en autos no debió ser homologado por el juez a quo por ser fraudulento.-	Finalmente bajo el cuarto agravio el apelante solicita, para el caso de prosperar el recurso, la designación de una sindicatura ad hoc, en cuanto que la de autos ya opinó en sentido contrario a sus planteos. Asimismo considera que los funcionarios sindicales incumplieron con sus deberes legales de vigilancia, investigación, contralor e información (arts. 251 y 275 de LCQ), reiterando los argumentos en cuya virtud considera incumplidos tales roles legales, solicita que sindicatura sea sancionada con una reducción de al menos el 50% de los honorarios a regular en los autos principales, además de la anotación de esta sanción en el legajo del síndico. De igual modo solicita sea revertido el orden de las costas impuesto, debiendo ser soportadas en ambas instancias por el concursado en virtud del principio objetivo de la derrota.-	Por los motivos expuestos solicita la revocación de la sentencia apelada, debiendo hacerse lugar a la impugnación del acuerdo y consecuente declaración de quiebra del fallido. Formula reservas para interponer los recursos extraordinarios de la ley Nº59 -O- (ex ley N°2275) y del caso federal del art. 14 de la ley Nº48.-	3.- Contestación del memorial de agravios por el concursado y sindicatura.

A fs. sub 207/216 y vta. luce el conteste del memorial de agravios por el concursado quien solicita se declare desierto el recurso por falta de fundamentación, seguidamente y en función de lo que expresa, pide la confirmación del fallo apelado. Formula reservas para interponer los recursos extraordinarios de la ley Nº59 -O- (ex ley N°2275) y del caso federal del art. 14 de la ley Nº48.-	A fs. sub 230 contesta agravios sindicatura, mientras que a fs. sub 232/236 y vta. obra contestación por parte del síndico ad hoc CPN Roberto Matías Segovia; a cuyos argumentos remito por brevedad.-	A fs. sub 251 vta. el actuario certifica el pase a estudio del presente recurso.-	4. Consideración preliminar.-	Antes de ingresar al estudio del recurso de apelación impetrado en autos me pronunciaré sobre el pedido de deserción del recurso formulado por el concursado aduciendo la falta de fundamentación del memorial presentado en autos.- Nuestra ley ritual en su actual redacción prevé la sanción requerida -deserción del recurso- sólo para el caso que el apelante no presente el memorial; en cuyo caso, el juez de primera instancia debe declarar desierto el recurso conforme lo prevé el artículo 253, 3° párrafo del C.P.C.- Esta sanción que estaba contemplada en el artículo 266 del C.P.C. -derogado-, para el caso en que los agravios no constituyeran una "...crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas..." (art. 265 ibíd), ha sido eliminada de la redacción del actual Código de Procedimientos.- "Debe advertirse inicialmente un evidente cambio en la redacción del artículo 253 del nuevo Código Procesal Civil de San Juan (ley 8037), y en tal sentido en forma expresa se ha excluido "la declaración de deserción del recurso por falta de fundamentación suficiente", ello no constituye una cuestión meramente accidental, dada la gravedad de la misma, ha de interpretarse que el codificador ha querido a todo evento proteger el derecho de defensa del litigante recurrente y que el Tribunal ad quem deba analizar y pronunciarse sobre el contenido objetivo del exordio de agravios, por tanto, si luego de efectuar el mismo, concluye en que, los argumentos son inconsistentes o sus fundamentos no constituyen una crítica concreta y razonada de los posibles errores in judicando de la resolución judicial apelada, podrán en su caso desestimar liminarmente el recurso señalando el defecto contenido por la presunta fundamentación, pero en ningún caso aplicar de plano una sanción que objetivamente hoy el ordenamiento procesal no prevé expresamente" (Autos Nº11152- 4° Juz. Civil- Sala III 83099- "Pérez Eduardo Héctor c/ Concentrado San Juan S.R.L. y otro- Cumplimiento de Contrato"- Prot. de Autos T°II F°338/346 Año 2013) - (Autos N°75430 C.C. Sala IV Nº362 Tercer Juzgado Civil, caratulados: "Atampis, Hugo Ángel C/ Provincia de San Juan- Daños y Perjuicios", Prot. de Sentencias, T°I, F°184/196, Año 2015).-	Por tal motivo, habiendo presentado el impugnante memorial de agravios, tal como consta a fs. sub 172/192, no resulta viable admitir el planteo formulado por el concursado, ello sin perjuicio de las consideraciones que formularé sobre el contenido de la expresión de agravios al tratar el recurso deducido en autos.- 5.- Antecedentes de la causa.-	De la compulsa de las copias del presente legajo y lo relatado por el juez concursal en la sentencia apelada -en cuanto al trámite del proceso concursal- surge que el Sr. Juan Edgardo Pérez peticionó su concurso preventivo (v. fs. sub 59/82 y vta.) dictándose la sentencia de apertura en fecha 11 de noviembre del año 2013 (v. fs. sub 158 vta./159). A fs. sub 115/116 y vta. se agrega el informe individual; a fs. sub 117 vta./121 y vta. se agrega la sentencia de verificación y graduación de créditos; a fs. sub 122/129 y vta. se glosa el informe general. A fs. sub 130/131 el concursado acompañó su propuesta de acuerdo preventivo; a fs. sub 133 y vta. obran las conformidades de los acreedores, habiéndose dictado a fs. sub 159, en fecha 27 de febrero del año 2015, la resolución que prevé el artículo 49 L.C.Q..-	A fs. sub 134/147 y vta. el Sr. Luis Pérez impugna el acuerdo arribado entre el concursado y su acreedores. Dicho planteo fue sustanciado con el concursado (v. fs. sub 156 vta./157 y vta.) y sindicatura (fs. sub 150/155 y vta.), dictándose a fs. sub 156/163 y vta. la sentencia venida en recurso.-	6.- Tratamiento del recurso.-	Inicialmente cabe señalar que esta Cámara en forma reiterada ha sostenido que: "Expresar agravios significa refutar y poner de manifiesto los errores de hecho o de derecho que pueda contener la sentencia, pero además, consiste en refutarlos hasta que ninguno de los fundamentos esenciales del pronunciamiento quede en pie. Esto supone la carga procesal que implica una exposición jurídicamente calificada, donde queden en evidencia, punto por punto, aquellos errores que tornan injusta o contraria a derecho la resolución tomada por el juez". (Sala I, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, autos Galván de Cañadas, Elena Ivana c/ Gorviric, Jorge Pablo, D. y P.-" L.S. T° 102 F° 49/56 14-11-08 - Jurisprudencia de San Juan 2007- 2008- 2009- 2010- 2011 - 1° Semestre Pág. 91) (AUTOS N°109361 (C.C. SALA IV Nº577) Juzgado Contencioso Administrativo, caratulados: "MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO C/ CASTRO JOSÉ MARÍA- EJECUTIVO", L. de Autos T°II, F° 140/146, de fecha 19/08/2016).- Formulo tal observación al advertir que el memorial de fs. sub 172/192 no cumple con las exigencias contenidas por el segundo párrafo del artículo 253 del C.P.C., en cuanto que el apelante no formula una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera equivocadas, sino más bien expresa su disconformidad con lo resuelto, construyendo un razonamiento paralelo sin refutar seriamente los argumentos contenidos en la sentencia; así por ejemplo omite refutar adecuadamente el argumento referente a que la impugnación del crédito del Sr. López es abstracto en cuanto que la exclusión de dicho acreedor no haría variar el cómputo necesario para obtener la conformidad de la masa de acreedores. Lo mismo ocurre cuando denuncia como prueba de la ocultación fraudulenta del activo, las diferencias de valores que surgen de la valuación formulada por el síndico y por su parte, siendo que el juez a quo respondió adecuadamente tal planteo sin que el apelante se haga cargo de los argumentos que expusiera el juez en su sentencia.- Sin perjuicio de lo expuesto y en resguardo del derecho de defensa del apelante procederé a tratar aquellos puntos de su presentación que de algún modo expresan cierto disenso con lo resuelto en autos.-	Entrando en estudio del thema decidendum es dable recordar que el apelante reprocha que el juez a quo haya rechazado su impugnación a la propuesta presentada por la concursada y consecuente homologación del acuerdo, siendo que la base de su planteo se sustenta en un error en el cómputo de las mayorías necesarias para obtener el acuerdo, ocultación fraudulenta del activo y fraude a la ley concursal.-	En relación a las causales de impugnación del acuerdo contenidas por el artículo 50 de la L.C.Q., esta Sala ha dicho: "....Cabe destacar que tal como lo tiene dicho la doctrina y la jurisprudencia la enumeración de las causales de impugnación del Acuerdo es taxativa y no enunciativa". (AUTOS N°3119-A (C.C. SALA IV Nº699) del JUZGADO COMERCIAL ESPECIAL, caratulados: "VIÑAS DE SEGISA SRL- CONCURSO PREVENTIVO- Legajo p/ tramitar rec. apelac. concedido c/ efecto devolutivo" PROT.: L. DE AUTOS, T°I, F°154/158, AÑO 2016).-	En relación al primer agravio referido al error en el cómputo de las mayorías obtenidas por la indebida inclusión del voto favorable del Sr. Fernando López en razón de que éste actúa en carácter de cesionario del crédito del Dr. Ricardo López Aragón, destaco que la mayoría de los autores postulan, en forma prácticamente unánime que la enumeración contenida en el artículo 45 de la LCQ posee carácter taxativo. Al respecto Fassi- Gebhardt afirman que "estas exclusiones no pueden extenderse analógicamente, pues los aludidos sujetos excluidos constituyen taxativos casos de excepción", también encontramos en esta corriente las opiniones de Quintana Ferreira y Argeri. Asimismo adhiere a esta línea de opinión Grispo, quien expresa que "Las exclusiones previstas por el legislador concursal deben ser interpretadas taxativamente, lo cual hace que el juzgado no pueda aplicar a otros individuos las disposiciones que prevén el apartamiento en el cómputo de las mayorías....Tampoco caben las exclusiones por analogía". (Fassi Santiago C., Gebhardt, Marcelo, Concursos y Quiebras, 5° edición, Bs. As., Astrea, pág. 151); (Quintana Ferreira, Francisco, Concursos Ley 19551, comentada, anotada y concordada, Bs. As. Astrea, 1985, T°I, pág. 577); (Argeri, Saúl, La quiebra y demás procesos concursales", La Plata, ed. Platense, 1980, T°1, pág. 51); (Grispo Jorge, "Tratado sobre la Ley de Concursos y Quiebras", Ad. Hoc., Bs. As., T°2, pág. 95).-	Es decir que el planteo del impugnante no encuadra dentro de las causales previstas en la ley concursal y además, como bien lo señalara el a quo en su sentencia, el apelante no formuló objeción alguna a este acreedor en las oportunidades previstas por los artículos 34, 39 y 42 LCQ. A ello cabe adunar que la eventual exclusión del voto al Sr. López no afectaría la mayoría absoluta obtenida por el concursado (v. fs. sub 133 y vta.), deviniendo en abstracto cualquier consideración al respecto. Por lo expuesto propongo que el presente agravio no prospere.-	En cuanto al segundo agravio referido a la ocultación fraudulenta del activo advierto que el recurrente fundamenta el mismo en la diferencia de valores que asigna el concursado a los bienes denunciados ($5.400.000,00) en relación a la valuación que formula el síndico ($15.705.000) e incluso con la tasación que el apelante propone ($42.905.000); habiendo quedado acreditado, a su juicio, una "ocultación fraudulenta" de activos, al menos por más de $10.000.000.-	En relación a este tema la jurisprudencia ha sostenido: "Lo que el legislador ha querido para que se impugne el acuerdo por supuesta ocultación de bienes es que esa situación, realizada en forma fraudulenta, haya tenido directa incidencia en la votación del acuerdo, es decir, que haya influido para que los acreedores en el caso de ocultación; frente a un muy escaso patrimonio de su deudor, hayan preferido aceptar un acuerdo, aún desfavorable, atento que la realización del patrimonio del mismo les produciría menores beneficios. En el caso tal situación no se da porque, antes de proceder a la votación del acuerdo, los acreedores tuvieron perfecto conocimiento de cuáles eran los bienes de deudor y en base a ello votaron favorablemente. Por otra parte la ocultación de ellos del activo debe estar teñida de fraude para que prospere la oposición al concordato". (C.C.C y LAB., VENADO TUERTO, MAYO-23-995- Inc. Impug. acuerdo en Pomilio, Pomilio Antonio y Pomilio, Gustavo s/conc. civ.-Z, 70-J-7).-	En mi opinión la dispar valuación que el deudor asigna a sus bienes con respecto a la del órgano sindical, o la que propone el apelante, no pueden "per se" constituir presunción o indicio de la existencia de fraude u ocultamiento de bienes, pues tal como lo advierte el funcionario sindical ad hoc a fs. sub 235, el vocablo ocultar no es asimilable al vocablo infravalorar. A todo evento la omisión del deudor en asignar el valor real de sus bienes fue saneada por el órgano sindical y ratificada por un altísimo porcentaje de la masa de acreedores. Tampoco debo soslayar que la denuncia formulada por el deudor en los términos del artículo 11 inc. 3° de la L.C.Q. reviste el carácter de declaración jurada y que de las copias adjuntas no surge que el apelante impugnara, en su oportunidad, el informe general del síndico (fs. sub 122/129 y vta.) -que contenía la valuación de los bienes-; como que tampoco lo hizo al tiempo de la categorización, al presentarse la propuesta de acuerdo o al momento de llevarse a cabo la audiencia informativa. Por lo dicho me pronuncio por el rechazo de este agravio.-	En relación al tercer agravio abuso de derecho en subsidio, diré que el apelante afirma que la presentación concursal reconoce como única causa real frustrar el cobro de un crédito ejecutado judicialmente por el apelante.-	En relación a la hipótesis propuesta por el apelante cabe señalar que esta Sala ha sostenido: "En cuanto al agravio que la propuesta es "abusiva", debemos resaltar que para que sea viable esta hipótesis de abuso del derecho, éste debe presentarse en la propuesta ya que la ley concursal así lo exige al expresar: "en ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley" (art. 52 inc. 4 L.C.Q.). Surge pues la obligación de recurrir a la pauta del ordenamiento civil que sanciona con la nulidad la extralimitación en el ejercicio de un derecho.-	Tanto la doctrina como la jurisprudencia han sostenido: "Las consecuencias del Abuso del Derecho se operan en dos direcciones: Por un lado el abuso es una causa legítima de paralización del derecho desviado de sus fines regulares, de manera que el acto jurídico obrado en tales condiciones es inválido y la acción que pueda deducirse deberá ser rechazada. En otro aspecto, el abuso compromete la responsabilidad del titular del derecho que ejerce sus facultades abusivamente, obligándolo al resarcimiento del daño ajeno" (BELLUSCIO, pág. 325 y sig.).-	Por ende para establecer si medio abuso del derecho en el Acuerdo de marras, es menester analizar la conducta que se plasma en el mismo, recordando que la hipótesis de nulidad ha de ser juzgada de un modo restrictivo resultando procedente cuando estuviere probado el desvío o la conducta disfuncional, puesto que se ha privilegiado con acierto, la supremacía de la voluntad de las partes en la formulación de los Acuerdos. Aún enunciándose ello como postulado a la hora de examinar cualquier negativa a la homologación de propuesta de Acuerdo. (TRUFFAT, "Puliendo el concepto de 'propuesta abusiva' L.C.Q: 52 inc. 4 y algunas otras cuestiones", LL Supl. Concursos y Quiebras, 7/04, y otros trabajos del autor). (AUTOS N°3119-A (C.C. SALA IV Nº699) DEL JUZGADO COMERCIAL ESPECIAL, CARATULADOS: "VIÑAS DE SEGISA SRL- CONCURSO PREVENTIVO- P/ TRAMITAR REC. APELAC. CONCEDIDO C/ EFECTO DEVOLUTIVO", PROT.: L. DE AUTOS,T°I, F°154/158, AÑO 2016).-	Teniendo en consideración que el concursado peticionó una quita del 88% de los créditos verificados, ofreciendo el pago del 12% del monto verificado y/o declarado admisible para cada acreedor, a cancelarse en un solo pago dentro de los tres meses de quedar firme la sentencia homologatoria. Así habiendo alcanzado dicha propuesta más de las 2/3 partes del capital que requiere el art. 45 L.C.Q.. Advierto pues que no se configura el abuso del derecho que alega el apelante. Máxime si se tiene en cuenta la precaria situación jurídica que éste ostenta en cuanto que su crédito no ha sido declarado admisible y que su legitimación se sustenta en una incidencia de revisión que se encuentra pendiente de resolución final. En función de lo expuesto propongo desestimar este agravio.-	En relación al cuarto agravio diré que, habiendo mediado rechazo de los agravios anteriores, voto porque su tratamiento y consideración devenga en abstracto.-	Por los motivos expuestos propongo el rechazo "in totum" del recurso de apelación deducido por el Sr. Luis Pérez contra la resolución de fs. sub 156/163 y vta.-	7. Costas: Teniendo en consideración la forma en que ha sido resuelto el presente recurso y por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 66 del C.P.C., de aplicación supletoria, en virtud del art. 278 LCQ), voto porque las costas se impongan al recurrente vencido.-	8. Honorarios: Asimismo y conforme lo establecido por los artículos 21 y 47 de la Ley Nº56 -O-, propicio regular los honorarios profesionales de los abogados intervinientes en esta instancia en representación del concursado vencedor y del apelante vencido, en el 30% de lo regulado en primera instancia.-ASÍ VOTO.-	LA SRA. VOCAL MARÍA JOSEFINA NACIF DIJO: Por fundamentos análogos adhiero al voto precedente, votando en el mismo sentido.-	La presente resolución se emite con dos firmas en virtud de lo establecido por el artículo 257 del C.P.C..-	Por el mérito de la votación que instruye este acuerdo; SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación impetrado por el Sr. Luis Pérez contra la resolución obrante a fs. sub 156/163 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos. II) Imponer las costas al recurrente vencido. (cfr. arts. 66 C.P.C. y 278 LCQ). III) Regular los honorarios profesionales de los abogados intervinientes en representación del concursado, vencedor y del apelante vencido, en esta instancia, en el 30% de lo regulado en primera instancia.-	Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.- FDO. DRA. MARÍA JOSEFINA NACIF.- DR. JUAN JESUS ROMERO.- VOCALES.- ANTE MI: MARISA MICHELTORENA DE ACHEM-SECRETARÍA