Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-04


SENT Nº 124 San Miguel de Tucumán, 04 de Abril de 2013.- Y VISTO: Los autos caratulados: "Romero Lascano Eduardo Antonio vs. Provincia de Tucumán s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad"; y	C O N S I D E R A N D O :

I.- Que vienen los autos a conocimiento y resolución del éste Tribunal a los fines de su pronunciamiento acerca del pedido de intervención voluntaria formulado a fs. 351/360 por el Dr. Piedrabuena y las medidas cautelares requeridas en autos. En relación al pedido de intervención voluntaria, el peticionario invoca a su respecto el artículo 85 inciso 2º y 86 segundo párrafo del CPCyC.

Conferido el traslado de ley, espontáneamente el actor a fs. 362 presta conformidad, haciéndolo en igual sentido la Provincia de Tucumán a fs. 368/390 y la Corte Suprema de Justicia a fs. 392.

Encontrándose el caso de autos comprendido en el supuesto previsto en el mencionado artículo 85 inciso 2º del CPCyC, corresponde acoger favorablemente el pedido en cuestión con los alcances previstos en los artículos 86 segundo párrafo y 88 de dicho digesto ritual.

II.- Que, expuesto lo anterior, cabe pronunciarse sobre las medidas precautorias solicitadas, las cuales se encaminan a obtener la suspensión del proceso de destitución iniciado en contra de los Dres. Romero Lascano y Piedrabuena.

Que para el otorgamiento de cualquier medida cautelar deben acreditarse los extremos que el artículo 218 del CPCyC impone a tales fines, es decir deben configurarse tanto la verosimilitud del derecho invocado como el peligro en la demora. Ambos requisitos deben confluir en la situación que se plantea para el efectivo dictado de la cautelar. Así lo ha manifestado la Corte Suprema Provincial al decir que "tratándose de una medida cautelar específica, su concesión se encuentra supeditada a la concurrencia de los requisitos generales de toda tutela cautelar; y no cabe prescindir de ninguno de estos o presumir su existencia, en tanto ello no esté establecido por la ley" (CSJT, Sentencia Nº 820 del 25/10/1999).

Que se ha mencionado con acierto que "el proceso cautelar tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de un proceso (de conocimiento o de ejecución), pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre su iniciación y el pronunciamiento de la sentencia que le pone fin" (Palacio, Lino E., Manual de Derecho Procesal Civil, Ed. 2000, pág. 78). En otros términos, las medidas cautelares encuentran su finalidad última en la necesidad de asegurar la seriedad de la función jurisdiccional, pretendiéndose privilegiar la eficacia cierta, verdadera y palpable de que la tutela específica de los derechos invocados, cuente desde un principio con los resguardos suficientes para que en su día, al sobrevenir la sentencia de mérito, lo que ella mande sea cabalmente cumplido (cfr. Bourguignon, Marcelo, Peral, Juan C. Dir., Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, concordado, comentado y anotado, Tomo I°, Bibliotex S.R.L., pág. 584).

Que asimismo conviene recordar que "el peligro en la demora es, en rigor de verdad, el presupuesto que da su razón de ser al instituto de las medidas cautelares. En efecto, si éstas tienden a impedir que el transcurso del tiempo pueda incidir negativamente en la factibilidad del cumplimiento de la sentencia, es obvio que si tal peligro no existe, no se justifica el dictado de una medida cautelar. En resumen, ese temor del daño inminente es el interés jurídico que hace viable la adopción de la medida, interés que reviste el carácter de 'actual' al momento de la petición" (Raúl Martínez Botos, Medidas Cautelares, Bs. As., 1990, Ed. Universidad, p. 55).

En relación a dicho requisito se ha expresado que, más que ante un presupuesto de las medidas cautelares, nos encontramos ante el fundamento de éstas; destacándose que si la sentencia de un proceso se dictase de forma inmediata a la presentación de la demanda, no existirían las medidas cautelares, ya que su fundamento es precisamente la demora o retraso, a veces irrazonable, de su procedimiento, lo que lleva a constituir el daño que puede sufrir la parte actora del proceso (Campo Cabal, Juan Manuel, Medidas cautelares en el contencioso administrativo, Ed. Temis, Bogotá, 1989, pág.13). En otros términos, las providencias precautorias no constituyen un fin en sí mismas; nacen al servicio de la providencia definitiva, son instrumentos del instrumento (cfr. Ramírez, Jorge Orlando, Medidas Cautelares, Bs. As., Ed. Depalma, 1976, pág. 3).

Que con tales lineamientos, al analizar la petición precautoria se advierte que, de no acoger favorablemente el pedido de protección cautelar que nos ocupa, la sentencia a dictarse en ésta litis de ser eventualmente favorable a los intereses de la parte actora, se tornaría inútil o ilusoria si a dicho momento el Jurado de Enjuiciamiento ya se hubiere pronunciado a favor de la destitución de los Magistrados. Es decir, la eficacia de la sentencia que culmine este proceso podría verse comprometida o incluso desaparecer si llegase a suceder aquella contingencia.

Que a más de ello, refrenda la solución que se propicia lo dispuesto en la última parte del artículo 6° de la Ley 8.199, regulatoria del enjuiciamiento de los miembros de los Ministerios Fiscal y Pupilar y Magistrados del Poder Judicial no sometidos a Juicio Político. Ello pues, tratándose en la especie de una denuncia única y plural formulada en contra de más de un Magistrado fundada en razones de conexidad o participación, la suspensión del proceso de enjuiciamiento político seguido en contra de uno de ellos (el Dr. Herrera Molina obtuvo una medida cautelar en tal sentido dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 28/3/2013), torna igualmente prudente el acogimiento favorable de la medida cautelar que se solicitara. Que abona tal criterio lo manifestado por la propia denunciante en su escrito de promoción de juicio político que rola a fs. 07/25, en donde en su punto 6 expresamente resalta que "se dirige la presente solicitud de acuerdo a la excepción prevista por el art. 6 último párrafo, en razón que la Sala está integrada por tres miembros siendo el texto de la denuncia idéntico contra los mismos". Tal pedido fue receptado por la Comisión Permanente de Juicio Político de la Honorable Legislatura en Resolución Nº 329 del 04/02/2013 obrante en copia a fs. 85/87.

Que siendo de público y notorio lo decidido por la Comisión Permanente de Juicio Político de la Honorable Legislatura en torno a la acusación formulada en contra de los Dres. Romero Lascano y Piedrabuena, y atento a que no se tiene conocimiento si a la fecha dicho cuerpo ha emitido la comunicación prevista en el artículo 17 de la Ley 8.199, corresponde acoger el pedido cautelar formulado y ordenar tanto a dicha Comisión como al Jurado de Enjuiciamiento que, hasta tanto recaiga pronunciamiento de fondo en la presente litis y en la causa "Herrera Molina, Emilio Andrés c/ Provincia de Tucumán s/ Amparo", Exp. Nª 19/13 radicada ante la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, se abstengan de continuar la sustanciación del proceso iniciado en contra de los antedichos Magistrados. Que encontrándose en uso de licencia la Dra. Ebe López Piossek y habiéndose excusado el Dr. Horacio Ricardo Castellanos, el Tribunal	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al pedido de intervención voluntaria efectuado por el Dr. Alberto César Piedrabuena a fs. 351/360, con los alcances considerados.

II.- HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada por los Dres. Eduardo Antonio Romero Lascano y Alberto César Piedrabuena. En consecuencia, ORDENAR al Jurado de Enjuiciamiento y a la Comisión Permanente de Juicio Político de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán que, hasta tanto recaiga pronunciamiento de fondo en la presente causa y en los autos "Herrera Molina, Emilio Andrés c/ Provincia de Tucumán s/ Amparo", Exp. N° 19/13 radicada ante la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, se abstengan de continuar la sustanciación del proceso iniciado en contra de los actores.

III.- Previa caución Juratoria, OFÍCIESE a la Provincia de Tucumán, al Sr. Presidente de la Comisión Permanente de Juicio Político de la Honorable Legislatura de la Provincia y al Sr. Presidente del Jurado de Enjuiciamiento a fin de hacerles conocer lo aquí dispuesto.

IV.- FACÚLTASE para el diligenciamiento de los oficios a librarse indistintamente a los letrados Julio M. Rougés (M.P. N° 1.772), José Roberto Toledo (M.P. Nº 1.565) o Arnaldo Ramón Ahumada (M.P. Nº 1.725).

HÁGASE SABER.

SALVADOR NORBERTO RUIZ SERGIO GANDUR	MARCELA FABIANA RUIZ ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.