Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-03


ACUERDO NRO. 10. En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, a los tres (3) días de abril de dos mil catorce, se reúne en Acuerdo la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los Sres. vocales doctores RICARDO T. KOHON y EVALDO D. MOYA, con la intervención de la secretaria Civil de Recursos Extraordinarios doctora MARÍA T. GIMÉNEZ de CAILLET-BOIS, para dictar sentencia en los autos caratulados: "LÓPEZ SANTIAGO NICOLÁS C/ TRASARTI MARIELA VALERIA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR USO DE AUTOMOTOR CON LESIÓN O MUERTE" (Expte. Nro. 131 - año 2011) del Registro de la Secretaría interviniente.

ANTECEDENTES: A fs. 443/461 vta. la parte actora deduce recurso por Inaplicabilidad de Ley contra el decisorio dictado por la Cámara de Apelaciones local, Sala II, obrante a fs. 425/434, que revoca el fallo dictado en la instancia anterior y rechaza en todas sus partes las demandas promovidas.

Corrido el pertinente traslado, la parte demandada lo contesta a fs. 464/466, solicitando su rechazo.

A fs. 469 se notifica al señor Fiscal ante el Cuerpo.

A fs. 485/487, a través de Resolución Interlocutoria N° 30/13, se declara admisible el recurso extraordinario deducido.

Firme la providencia de autos, efectuado el pertinente sorteo, se encuentra la presente causa en estado de dictar sentencia. Por lo que este Tribunal resuelve plantear y votar las siguientes CUESTIONES: 1) ¿Resulta procedente el recurso por Inaplicabilidad de Ley deducido? 2) En la hipótesis afirmativa, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? 3) Costas.

VOTACIÓN: Conforme al orden del sorteo realizado, a la primera cuestión planteada el Dr. RICARDO T. KOHON, dice:

I.1. La parte actora (SANTIAGO LÓPEZ y MIRIAM CEPÚLVEDA) demanda a MARIELA TRASARTI y HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A., la suma de $133.200 y $76.700 (cfr. fs. 3/10 vta.; 13/14 vta.; 65/73-80/81 vta.) en concepto de daños y perjuicios por el accidente de tránsito ocurrido el 9 de junio de 2007, siendo aproximadamente las 12.30 horas, en la intersección de las calles Chubut y Copahue de esta ciudad.

Refiere que el señor LÓPEZ conducía su motocicleta marca IMSA 110 c.c. por calle Chubut en dirección Norte - Sur, en compañía de Miriam Sepúlveda, cuando al llegar a la encrucijada con calle Copahue, y en momentos en que se encontrada culminando el cruce de esta última arteria, fue embestido en la parte lateral trasera por el vehículo marca Megane dominio FQH 060 conducido por la accionada.

Relata las lesiones sufridas y ofrece prueba.

2. Posteriormente se presenta la parte demandada (fs. 18/23; 92/97 vta.) quien brinda su versión del los hechos e impugna los daños reclamados. Reconoce el acaecimiento del accidente e invoca que el accionante circulaba a una velocidad mayor a los 40km/h, sin casco protector y sin respetar la prioridad de paso que tenía a su favor el vehículo mayor. Opone como defensa la culpa exclusiva de la víctima. Ofrece prueba.

A fs. 33/35 vta., 92/97 y 110 se presenta la aseguradora citada, contesta demanda y solicita su rechazo. Adhiere a los términos de la contestación de la demandada de la actora. Ofrece prueba.

3. A fs. 349/355 obra sentencia de Primera Instancia que hace lugar parcialmente a las demandas deducidas. Distribuye la responsabilidad por el evento dañoso en un 70% a cargo de los actores y un 30% a cargo de la demandada.

Juzga el tribunal sentenciante que en el caso media un supuesto de culpas concurrentes. Considera que en el cruce ambos conductores tenían buena visibilidad; que el automotor tenía prioridad de paso y que en el lugar y en las circunstancias en que se produjo el hecho, no se daban ninguna de las excepciones legales que hicieran perder la prelación que el Art. 41 de la Ley Nº 24.449 confiere al vehículo que accede desde la derecha. También pondera que el conductor de la moto conducía sin casco protector ni carnet habilitante para conducir.

De conformidad con los fundamentos que expone, resta valor probatorio a la pericia mecánica producida en autos en lo relativo a la determinación de la velocidad con la que circulaba el automotor.

Por su parte, entiende que la conductora del automotor, más allá de contar con la prioridad de paso, por el lugar en que se produjo el choque y respecto del sentido de circulación de la moto, es responsable por emprender un cruce en el que las calles tienen doble mano de circulación y, en el cual debió prever que la prioridad con que contaba en un tramo de circulación de la calle Chubut la perdía en el otro, lo que la lleva a considerar que debía extremar su prudencia y dominio del automotor. A ello adiciona que la accionada, dada la visibilidad del lugar antes apuntada, nada hizo para evitar el impacto.

Por último, determina los daños reclamados y que fueran debidamente acreditados en la causa. 4. Esta decisión es apelada por la demandada y la citada en garantía en los términos que resultan del escrito de fs. 377/380 vta. y por los actores a fs. 384/413. A fs. 415/419 contestan los agravios la demandada y la citada en garantía mientras que, a fs. 421/423 vta., hacen lo propio los actores.

5. A fs. 425/434 obra sentencia de la Cámara de Apelaciones local -Sala II- que revoca la de Primera Instancia, atribuyendo a los actores la totalidad de la responsabilidad en el evento dañoso.

En lo que aquí interesa, analiza cómo, a su entender, debe interpretarse la prioridad de paso para el conductor que arriba por la derecha.

Al efecto, el Vocal preopinante transcribe numerosas citas doctrinarias y jurisprudenciales, y sostiene que la prioridad de paso del vehículo que se presenta por la derecha es absoluta. Funda tal juicio en la letra expresa del artículo 41 de la Ley de Tránsito, en que la judicatura no debe analizar si la prioridad es procedente o no, pues así fue dispuesta por quien legisló y ello supone un análisis sobre el tema que obliga (salvo supuestos excepcionales) a acatarla; que con la excusa de hacer justicia en el caso concreto, la relativización de los principios en esta materia ha contribuido al caos vehicular hoy existente y que produce muertes, heridos, daños materiales, etc., en aumento.

Analiza la situación planteada en autos. Juzga que el automotor de la demandada tenía la prioridad de paso que le otorga la legislación, hecho que no encuentra controvertido por las partes. Que, en tales condiciones, y como el actor no respetó la prioridad de paso de la que gozaba la demandada, existió culpa exclusiva del accionante en el accidente.

A ello adiciona, que el motociclista carecía de carnet de conducir, conforme resulta de fs. 206, lo que -dice- hace presumir su inexperiencia en el manejo que queda reflejada -agrega- no solamente en la ausencia del casco protector sino y, fundamentalmente, por no respetar la ya referida prioridad de paso.

Con respecto a la velocidad a la que circulaba el automotor destaca que la pericial mecánica producida en autos y que fue cuestionada por la demandada a fs. 316, carece de fundamentos, toda vez -explica- que para determinar los cálculos se basa en un dato inexistente. Afirma que el perito sustenta sus conclusiones en datos que no existen, toda vez que en el croquis policial, que obra en el expediente penal, no figura que haya existido una huella de frenada, dato éste -apunta- en que se basa la conclusión del perito.

También refiere que, conforme se advierte de la observación del croquis, lo que allí se detalla es la ubicación final de los rodados -moto y auto- pero en ningún momento se menciona el dato que crea el perito.

Luego analiza que, en lo que respecta al carácter de embistente del Renault, si bien ello es cierto, carece de relevancia jurídica cuando se violó la prioridad de paso, máxime -afirma- si se tiene en cuenta el lugar de impacto que demuestra claramente que si la moto hubiese respetado las reglas del tránsito, el accidente no se hubiera producido.

Por último, expone que el hecho de que las arterias sean de doble mano no importa la derogación o atenuación del principio de la prioridad de paso, dado que lo tendrá en relación a una mano y no con respecto a la otra y, con mayor razón -dice-, cuando ni siquiera se mencionó la presencia de un automotor circulando por la mano contraria.

Por las razones expuestas, se revoca la sentencia apelada y rechazan las demandas deducidas en todas sus partes, con costas de ambas instancias a los actores vencidos.

6. Contra esta decisión de Alzada, a fs. 443/461 vta. la parte actora deduce recurso por Inaplicabilidad de Ley.

Funda este remedio en las causales previstas en el Art. 15°, incs. a), b) y d), de la Ley 1.406.

En cuanto a las dos primeras causales citadas, expresa que la sentencia recurrida viola e interpreta erróneamente los Arts. 17 y 31 de la Constitución Nacional, 24 de su similar provincial, los Arts. 41, 50, 51, a) 1, e) 1 y 64 de la Ley 24.449 y los Arts. 512 y 1113 del Código Civil.

Además, sostiene que el fallo en crisis resulta completamente contradictorio con lo resuelto por este Tribunal Superior en autos: "ALVEAL LUCAS RAÚL HORACIO Y OTROS C/ BUSTAMANTE JORGE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. n° 360/2001, Acuerdo N° 20 del 30 de septiembre de 2003, del Registro de la Secretaría Civil. También, denuncia que mediante RI. N° 65/10 del Registro Actuarial, se abrió la instancia para el tratamiento de idéntica temática a la aquí debatida. Arguye, que la imputación absoluta de responsabilidad efectuada por la magistratura de Cámara desconoce abiertamente las constancias obrantes en la causa, sin valorar la conducta desplegada por la conductora del rodado y sin atribuirle ningún tipo de responsabilidad por el quebrantamiento de la Ley N° 24.449.

Expresa, que el Ad-quem omitió considerar las gravísimas violaciones cometidas por la demandada, sin evaluar su contribución indudable para producir los daños reclamados. Así -dice-, surge en forma palmaria la infracción de los preceptos supra mentados.

Sostiene, que la prioridad de paso debe interpretarse en relación con las normas de tránsito integralmente meritadas, pues hacerla jugar a ultranza y en virtud de ello, generar responsabilidad en un accidente a quien aparece por la izquierda -por esa sola circunstancia-, significa apartarse de la correcta interpretación de todas las normas en juego, como asimismo, de su jerarquía (Art. 31 C.N.).

Manifiesta hacer reserva de recurrir por la vía extraordinaria federal.

II. Tal como se anticipó al tiempo de la apertura de esta instancia revisora, los puntos planteados y debatidos en esta etapa resultan sustancialmente análogos a los resueltos recientemente por este Tribunal en la causa: "MARCILLA, MARCELO OSCAR C/ ÁVILA, MANUEL GERARDO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. Nro. 113 - año 2009), Acuerdo N° 48/13, del Registro de la Secretaría Civil, interpretación ésta reiterada mediante Acuerdo Nº 7/2014 en autos "BENÍTEZ", cuyos fundamentos corresponde reiterar aquí en lo sustancial.

Tal como en los precedentes citados, en el presente, la cuestión medular a resolver es la prioridad de paso que tiene en una encrucijada quien arriba a ella desde la derecha -consagrada legalmente en el Art. 41 de la Ley 24.449- en correlación con el Art. 1111 del Código Civil.

El artículo 41 de la Ley Nº 24.449 -al que adhirió nuestra provincia mediante Ley Nº 2.178- dispone:

"PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: [.]" Por su parte, el Decreto Reglamentario Nº 779/1995 -al que también adhirió Neuquén mediante Ley Nº 2.178, Art. 1º- señala: "La prioridad de paso en una encrucijada rige independientemente de quien ingrese primero al mismo [.]" 1. Que, en atención a los argumentos allí reseñados, se concluyó que es en el campo del derecho vial, que el realismo propio de la disciplina jurídica es particularmente visible: "se trata de resolver las situaciones dinámicas de un fenómeno masivo caracterizado por el alto riesgo a que queda sometida la vida y la integridad de las personas, lo cual prefigura su objeto práctico: la instalación de un estado de hecho, material, empírico, denominado seguridad vial" (Carlos TABASSO CAMMI, "Preferencias del ingreso prioritario, de la derecha-izquierda y de facto. Intentando terminar una polémica interminable", Revista de Derecho de Daños 3, Accidentes de tránsito-III, Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1998, pág. 36).

2. En tal senda, se precisó que el criterio elegido por el legislador no es otro que la visibilidad, puesto que dado que los vehículos llevan el volante del lado izquierdo, el ángulo de visión es mayor hacia el lado derecho, pues tienen todo el parabrisas para poder divisar el obstáculo, mientras que en el lado izquierdo pueden surgir dificultades en la visibilidad por el marco lateral de la carrocería (cfr. TABASSO CAMMI, artículo citado, pág. 29).

Se especificó que dicho factor determina que el conductor recién alcanza un ángulo visual aceptable cuando arriba a la bocacalle. Esto significa que todo lo que se ubique más allá le será invisible, lo cual impone adoptar extrema cautela en el ingreso al área que, en gran parte por ello, se califica de conflicto (cfr. Ibíd., pág. 7/47).

Sería totalmente irrazonable exigir a alguien que ceda el paso a quien no puede ver.

Por otro lado -también se apuntó-, debe tenerse en claro que en el sistema de preferencia de la derecha-izquierda, cuando éste es el único legalmente previsto, la circunstancia de que preferente y no preferente lleguen al límite del área de conflicto antes o después, no es relevante. Si arriba antes quien accede desde la derecha, le asiste la facultad de seguir, puesto que ello no representa más que el ejercicio del privilegio reglamentario; si lo hace después, puede proseguir confiando legítimamente en que el contendiente le cederá el paso, por lo cual, si este último prosigue, incurre en ilícita invasión de la zona habilitada al libre paso del contendiente y, de verificarse el siniestro, cargará con la presunción de causalidad y culpabilidad (Ibídem).

En consecuencia, la manda legal obliga al conductor que viene por la izquierda a permitir que pase primero el que viene por la derecha porque cuenta con prioridad de paso, más allá de quien esté más cerca o más lejos de la encrucijada -debate éste que, como veremos más adelante, resulta zanjado por los expresos términos de la normativa vigente-.

Sin embargo -se ahondó-, debe tenerse en cuenta que el legislador ha organizado el sistema de tránsito sobre el presupuesto técnico de ciertos topes máximos de velocidad, pues tal como reflexiona con acierto Carlos Tabasso Cammi, no hay orden -ni seguridad- posible si se circula a una velocidad excedida para la circunstancia o ultrapasando los topes admitidos, puesto que así se llega antes de lo debido a todos los puntos del recorrido, constituyéndose en un factor inesperado, imprevisible, conflictivo y alterador de la normalidad que cabría esperar conforme al principio de confianza (cfr. autor y artículo citados, pág. 47).

Es por esas razones, entre otras, que se ha dicho que la regla "primero derecha" no confiere un bill de indemnidad para el conductor que goza de paso preferente, ni lo exime de cumplir con las pautas básicas del tránsito vehicular conservando el dominio de su rodado -cfr. Jorge Mario GALDÓS, "La prioridad de paso de quien circula por la derecha", L.L.C.2012 (marzo), pág. 147-.

Se enfatizó que en este universo normativo el límite verdaderamente intransgredible reside en la velocidad.

3. Tal como hemos visto, el carácter absoluto que la norma asigna a la prioridad pretende poner fin a la polémica que se planteara respecto de los pretendidos derechos de quien llegó primero a la encrucijada. En modo alguno podría interpretarse como otorgando al que viene por la derecha la facultad de arrasar con todo a su paso, porque ello no sólo sería injusto sino que pondría en peligro absoluto la circulación por la vía pública, al llevar la regla de la prioridad a una desbordada aplicación.

4. Considero necesario señalar que la potestad revisora en esta etapa está circunscripta, por un lado, al contenido de la sentencia y por otro, a la concreta impugnación contra ella formulada.

Por tal motivo, deberá examinarse en autos si a través del recurso incoado ha logrado acreditarse que la Cámara sentenciante ha incurrido en el vicio interpretativo que denuncian los recurrentes (Acuerdos Nros. 49/05 -"CURIN"- y 11/08 -"COOPERATIVA TELEFÓNICA"- del Registro de la Actuaria).

En el caso, los quejosos no han impugnado el siguiente juicio formulado por la Alzada, y que resulta trascendental para la aplicación de la doctrina elaborada por este Tribunal Superior en punto al tema en debate, esto es la velocidad como factor atenuante del privilegio legal de paso preferente del vehículo que accede desde la derecha.

Sobre el punto, el Ad-quem sostuvo: "En cuanto a la velocidad del automotor, tema introducido por el actor, destaco que la pericial mecánica, cuestionada por la demandada a fs. 316, carece de fundamentos, toda vez que para determinar los cálculos se basa en un dato inexistente. En efecto, el perito, quien no solamente dictamina sobre la mecánica del accidente, sino que expande sus apreciaciones a las lesiones resultantes (afirma que guardan relación con la mecánica del accidente), se basa, para deducir sus conclusiones, en datos que no existen, toda vez que en el croquis policial y que obra en el expediente penal, no figura que haya existido una huella de frenada, dato éste en que se sustenta la conclusión del perito" (cfr. fs. 432 vta.).

Pese a tan contundente juicio, que refiere a la pericial mecánica producida en autos, nada critican los impugnantes al respecto.

Sabido es, que a fin de una debida fundamentación recursiva, resultan insuficientes las alegaciones que evidencian una opinión discrepante con la del juzgador y que, fundamentalmente, eluden rebatir las precisas consideraciones que sustentan el razonamiento que exhibe la sentencia, soslayando efectuar una crítica concreta y precisa de la totalidad de los fundamentos que sustentan la decisión que se impugna (Ac. 43/07 del Registro de la Actuaria).

Se ha precisado en lo atinente a la suficiencia recursiva, que las meras discrepancias subjetivas no bastan cuando el fallo, por aparecer fundado constituye una derivación razonada del derecho positivo vigente.

De ahí que resulta vacuo el remedio de Inaplicabilidad de Ley que omite rebatir de una manera pormenorizada las conclusiones del decisorio, ya que para tener cabida debe hacerse una crítica concreta de los argumentos de la sentenciante.

Por ello, que es ineficaz si no revierte el fundamento esencial del pronunciamiento o si se basa en consideraciones que no importan una réplica válida a las razones que desarrolla la sentencia (cfr. Juan Carlos HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, 2ª edición, Librería Editora Platense, Buenos Aires, 1998, págs. 596/597).

A lo expuesto, corresponde agregar que el decisorio atacado ha examinado particularizadamente las constancias de la causa, los hechos expuestos por ambas partes así como también sus conductas. Juicios estos que, conforme se expuso, la parte impugnante no logra desvirtuar a través de su queja.

En suma, obsta a la procedencia del recurso intentado la falta de demostración de la configuración de las causales casatorias planteadas por los recurrentes en punto a la infracción normativa alegada.

Puede concluirse entonces, que ante la falta de cuestionamiento concreto de tal esencial fundamento éste ha quedado firme y, en consecuencia, que el invocado exceso de velocidad de quien gozaba del derecho al paso preferente no ha sido acreditado en esta causa.

En consecuencia, la parte demandada logró demostrar que el evento dañoso aquí debatido estuvo determinado exclusivamente por la imprudencia del conductor de la motocicleta.

Ante tal circunstancia, corresponde considerar que el accidente se produjo por la culpa exclusiva de la víctima, que en el caso -sumado a las demás infracciones a la Ley de Tránsito cometidas por el co-actor LÓPEZ- actuó como factor excluyente total de la responsabilidad de la aquí accionada, tal como en forma correcta concluye la Alzada.

Por otra parte, tampoco han acreditado los impugnantes la invocada violación a la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia en los términos exigidos por el Art. 5º, inc. d), de la Ley Casatoria.

A través de esta causal ha quedado receptada la función uniformadora de la casación civil. Esta tarea se encuentra encaminada a dar cohesión a las decisiones judiciales como garantía positiva de la seguridad jurídica. Es decir, para evitar la incertidumbre que crea la multiplicidad de interpretaciones de una misma norma legal frente a análogas situaciones fácticas.

A efectos de la debida fundamentación, esta denuncia exige del impugnante hacerse cargo de las motivaciones desarrolladas por la Cámara en apoyo de su decisión (cfr. Acuerdo Nº 55/05 -"PROVINCIA DEL NEUQUÈN C. EUGENI"-, del Registro de la Secretaría Civil).

Además, resulta necesario que se configure una diversa interpretación de una misma regla de derecho; y que tales disímiles interpretaciones legales hayan sido plasmadas en oportunidad de dirimir casos análogos.

Finalmente, constituye requisito legal que la sentencia cuestionada contradiga la doctrina establecida por este Tribunal Superior de Justicia en el lapso temporal de cinco años anteriores a la fecha del fallo recurrido y que el precedente se haya invocado oportunamente. Recaudos que tampoco se cumplen en el caso.

Las razones antedichas conducen al rechazo del recurso casatorio impetrado, deviniendo abstracto el tratamiento de la segunda cuestión planteada.

De conformidad con los fundamentos aquí expuestos, corresponde declarar improcedente el remedio extraordinario intentado.

5. A la tercera cuestión planteada, considero que corresponde imponer las costas a los recurrentes en su condición de vencidos (Art. 17º de la Ley 1.406).

En virtud de lo antedicho, propongo al Acuerdo: Declarar improcedente el recurso por Inaplicabilidad de Ley interpuesto a fs. 443/461 vta., por SANTIAGO NICOLÁS LÓPEZ y MIRIAM SUYAY CEPÚLVEDA, de conformidad con los fundamentos aquí expuestos, con costas a su cargo en su condición de vencidos (Art. 17º de la Ley 1.406). VOTO POR LA NEGATIVA.

El señor vocal doctor EVALDO D. MOYA dice Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor RICARDO T. KOHON y la solución a la que arriba en su voto, por lo que expreso el mío en igual sentido. VOTO POR LA NEGATIVA.

De lo que surge del presente Acuerdo, por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso por Inaplicabilidad de Ley interpuesto, a fs. 443/461 vta., por SANTIAGO NICOLÁS LÓPEZ y MIRIAM SUYAY CEPÚLVEDA, de conformidad con los fundamentos aquí expuestos. 2º) Imponer las costas a la parte recurrente en su condición de vencida (Art. 17º de la Ley 1.406). 3º) REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes en esta etapa casatoria, por la pretensión del señor López, a la Dra. ..., en el doble carácter por la demandada y la citada en garantía, en la suma de PESOS ... ($...) y al Dr. ..., en el doble carácter por la parte actora, en la suma de PESOS ... ($...); por la pretensión de la señora CEPÚLVEDA a la Dra. ..., en el doble carácter por la demandada y la citada en garantía, en la suma de PESOS ... ($...) y al Dr. ..., en el doble carácter por la parte actora, en la suma de PESOS ... ($...) (cfr. Art. 15° de la Ley Arancelaria). 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos a origen.

Con lo que se da por finalizado el acto, que previa lectura y ratificación firman los señores Magistrados por ante la Actuaria, que certifica.

Dr. RICARDO T. KOHON - Dr. EVALDO D. MOYA Dra. MARÍA T. GIMÉNEZ de CAILLET-BOIS - Secretaria.