Delitos contra la humanidad, delito continuo
Materia: PENAL-PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo; Riveros, Santiago Omar; Bignone, Reynaldo Antonio Benito y otros s/ recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-14

El derecho de defensa no se ve conculcado ante la mínima referencia que los querellantes pudieron haber efectuado al momento de alegar sobre circunstancias relativas a imputados sobre los cuales no se encontraban habilitados para acusar, ya que ello no trajo aparejada la existencia de un perjuicio concreto que amerite su anulación. No se verifica la afectación al principio de congruencia, habida cuenta de que las modificaciones introducidas por los querellantes en orden a las calificaciones legales en que se subsumieron los sucesos delictivos, y al grado de participación atribuido a los imputados, no incidió en la plataforma fáctica descripta a los causantes al tiempo de ser indagados, en la oportunidad de dar lectura a los requerimientos de elevación a juicio y finalmente al ser acusados, todo ello, durante la celebración del juicio. No cabe hacer lugar al pedido de nulidad articulado contra la decisión de permitir la actuación conjunta de más de tres integrantes del MPF pues, más allá del déficit de fundamentación, el tribunal rechazó el planteo defensista en el entendimiento de que la intervención en conjunto de más de dos representantes del ministerio público se encuentra concertada para casos como el presente debido a su gravedad, complejidad y extensión del juicio, sin que las defensas manifestaran oposición al respecto. Cualquier tipo de medida, acto, norma, o disposición, y por ende la de indultar, de cuya consecuencia resulte un impedimento para someter, y en su caso sancionar penalmente, a aquellos sujetos acusados de perpetrar graves delitos contra la humanidad, en todos los casos deberán ser considerados insalvablemente nulos e inconstitucionales. Las conductas de sustracción, retención y ocultamiento de un menor, hacer incierto el estado civil de un menor de diez años y la falsificación de documento público integran la categoría de delito de desaparición forzada de personas. Toda vez que las figuras penales de retención y ocultamiento de menores de diez años (art. 146 CP) integran la categoría de permanentes, los sucesos de autos no dejaron de perfeccionarse cuando el menor secuestrado cumplió los diez o los dieciocho años de edad, sino una vez que cada uno de ellos recuperó su verdadera identidad, y por ende, el ejercicio pleno y total de todos los derechos de los que se vio impedido de gozar durante el lapso que perduró el injusto. Como consecuencia de haberse suprimido la identidad a cada una de los treinta y cuatro víctimas, todas ellas se vieron privadas de ejercer los derechos que les correspondían, a la vez que sus familiares de sangre fueron privados de gozar de sus derechos con relación a los menores, extremos que configuran el propósito de causar perjuicio al que alude la figura en cuestión. Éste, ciertamente, se encuentra ínsito en las acciones desplegadas y resulta pues diferente a la alteración del estado civil al que se refiere el bien jurídico tutelado (arts. 138 y 139 ley 11.179). Corresponde rechazar el planteo relativo a la violación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable (art. 8.1 de la C.A.D.H y 14.3 c) del P.I.D.C y P.), por cuanto no revela las concretas circunstancias del caso ni la complejidad de este tipo de causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad, en los cuales los propios funcionarios públicos que se valieron de la estructura de poder estatal llevaron a cabo las graves violaciones a los derechos humanos que implicaron los hechos y, con el fin de garantizar su impunidad, ocultaron toda clase de rastros de los delitos perpetrados. La conclusión del tribunal acerca de la existencia de una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad, en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar, luce sustentada en las constancias de la causa, así como las producidas en el debate, que han sido correctamente ponderadas durante el juicio conforme las reglas de la sana crítica racional.

Deviene aplicable el modelo dogmático de autoría mediata por aparato organizado de poder, que permite entender la conducta desplegada por el imputado y definir en consecuencia su responsabilidad penal. Resulta inconmensurable constatar el daño causado a las víctimas que se tradujo en la imposibilidad de ser criadas, educadas y cuidadas por sus familiares de sangre, no habiendo tenido el imputado miramientos al disponer la entrega de los niños a terceras personas, sin que pueda dejar de soslayarse el daño causado a sus familiares en tanto se vieron impedidos de criar, educar y compartir sus vidas junto a sus nietos. No cabe sostener que el médico imputado actuó por estado de necesidad exculpante (art. 34 inc. 3 del Código Penal), habida cuenta de que sabía positivamente y así lo quiso, que su aporte estaba dirigido a la práctica sistemática de sustracción, retención y ocultamiento de menores. En la medida que el imputado habría colaborado con la ejecución del ocultamiento de los menores que fueran apropiados por la acción de terceras personas corresponde calificar su intervención como partícipe necesario, la disidencia parcial sostuvo que debe atribuirse el carácter de autor mediato. Corresponde hacer lugar al agravio contra la absolución del imputado si éste conocía perfectamente que la práctica sistemática era no devolver a los menores a sus familias y hacer incierto su paradero e identidad y que, amparado a través de un aparato organizado de poder, ordenó la continuidad de los delitos que se estaban cometiendo, dentro de la práctica sistematizada y generalizada de desaparición de personas y, en particular, de los menores, utilizando para ello políticas de impartir el terror a la población desde el estado. (Dres. Borinsky -en disidencia parcial-, Catucci y Riggi).