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Principios generales del Derecho, equidad, interpretación de la ley, equilibrio económico financiero
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: plan rombo sa de ahorro para fines determinados c/ gcba s/ otras causas con tramite directo ante la camara de apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-31

La equidad como manifestación funcional del conjunto de principios generales del derecho tiene especial significación en el marco de los derechos patrimoniales, y particularmente en el ámbito de los contratos.

Es dable una aplicación en base a la equidad del órgano jurisdiccional, tendiente al mantenimiento de la ecuación real y/o económica del contrato, si las especiales circunstancias de la causa revelan que en el caso concreto, de otro modo aparece clara y nítidamente configurado un ejercicio antifuncional del derecho por parte de uno de los contratantes. No resulta admisible tal aplicación sobre la exclusiva base de una apreciación genérica a priori de equidad.

La facultad de adecuar el objeto de obligaciones emergentes de un contrato fundada en equidad, puede operar tanto para reducir como para incrementar la prestación originaria de cualquiera de las partes.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, recursos, admisibilidad del recurso, improcedencia del recurso, agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, OFELIA ELENA c/ MERCOALIMENTARIA S.A.  Y/O QUIEN RESULTE DIRECTOR O RESPONSABLE DE LA MISMA  Y/O UTE NUEVO HOSPITAL DEL MILAGRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-24

Se agravia el recurrente discrepando con la juzgadora de origen por entender que la decisión resulta contraria a las disposicines legales, art. 30 LCT, pues denota -dice- que se falló con interpretaciones rigoristas y alejada de la posición mayoritaria de la doctrina y jurisprudencia.

Sin embargo tales apreciaciones implican disentir con lo resuelto en torno a la solidaridad e interpretando erróneamente lo normado en el art. 30, citado para lo cual con citas jurisprudenciales y diferenciando los dos supuestos establecidos en la norma, concluye afirmando que en aquellos supuestos en que no fuera contratado un trabajo o actividad propiamente normal o específico, no resulta de aplicación el regimen de solidaridad previsto en el art. 30 .

El escrito apelatorio debe bastarse a sí mismo y que los agravios deben estar dirigidos a rebatir el decisorio de grado como culminación del contradictorio.

De modo que para que exista expresión de agravios, no basta remisiones a presentaciones anteriores, ni manifestaciones imprecisas, ni genéricos razonamientos, sino que se exige legalmente que se indique, patenticen, analicen, parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada.

Tales requisitos no los cumple la presentación bajo estudio en tanto los fundamentos del fallo, no fueron adecuadamente rebatidos por el apelante, de modo tal que implique técnicamente la critica exigida para toda expresión de agravios por el art. 255 del C.P.C. y C. de aplicación a nuestro fuero por el art. 90 del CPL
Juicio ejecutivo, medidas preparatorias, caducidad, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: NUEVA ORGANIZACION CASA PINTER SRL c/ MARCONETTI LTDA s/ EJECUTIVO      EXPTE NRO 178-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-03-01

En caso de reconocimiento ficto, el plazo de quince días dentro de los cuales se debe promover la demanda, correrá una vez ejecutoriado el auto que lo declare. El auto que declara reconocida la firma debe notificarse por cédula.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, ejecución de la pena, salidas transitorias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: AGUIRRE, JUAN MARCELO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-11-18

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, toda vez que dado el vencimiento de la pena cuyo modo de ejecución se discute- habiendo solicitado oportunamente el interno la incorporación al régimen de salidas transitorias- deben considerarse disipados los gravámenes oportunamente planteados ante esta Sede, advirtiéndose la inoficiosidad del dictado de una sentencia de mérito; ya que este Tribunal debe atender a las circunstancias existentes al momento de resolver, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso.
Recurso extraordinario federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUNA DE PEREZ MARIA c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO(RECURSO EXTRAORDINARIO PRESENTADO  POR EL DR.PALAU)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-21

Si bien la introducción de una cuestión federal no exige fórmulas especiales ni términos sacramentales, se requiere un planteamiento formal y preciso, principio al que no hace excepción la invocación de la arbitrariedad.
Juicio ejecutivo, terceros, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: "ENRE-Resol  272/02 c/ Empresa Distribuidora y ComercializadoraNorte S.A. s/ Proceso de Ejecución".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-03

La citación del tercero en los términos del art. 90, inc. 1° del C.P.C.C.N. está vedada en juicios de ejecución, pues a diferencia de los de conocimiento, estos no tienen por objeto la declaración de derechos dudosos o controvertidos pues no es posible discutir en éstos el negocio causal dado que el procedimiento tiene el propósito de hacer efectivo un crédito que se encuentra determinado en el documento que sirve de base a la ejecución (Cons. V).
Sistema previsional, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Boggio, José Santos c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-07-07

En materia jubilatoria, la ley aplicable es la que rige al momento de la cesación de servicios por ser esta circunstancia la que genera el derecho previsional y lo incorpora al patrimonio del interesado.

Ello en base a lo prescripto por el art. 8 de la Ley 1782.
Relación de dependencia, falta de prueba, gratuidad del procedimiento, ley de contrato de trabajo, principios laborales, derechos del trabajador, principio protectorio, Constitución Nacional, revocación de sentencia, interpretación y aplicación de la ley
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ghiglia, Exequiel  c/ Sindicato de Trabajadores Municipales Gualeguaychu  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-09

No corresponde otorgar el beneficio de gratuidad a quien no demostró la calidad de "trabajador" invocada. Ello porque, en síntesis, el art. 20 de la LCT resulta ser una particular reglamentación que el legislador nacional efectuó como lógica derivación del principio protectorio consagrado en el art. 14 bis de la C.N. Ahora bien, el citado texto constitucional tiene como claro propósito proteger a la persona que trabaja, y en especial a la que lo hace en relación de dependencia por su ínsita -y presumida iure et de iure- hiposuficiencia en relación a su contraparte contractual: el empleador. Dado ello, hacer extensiva la aplicación de estos preceptos a quien no demuestra poseer la calidad indispensable para ser cobijado por la tuición establecida me parece un desatino por dos importantes razones. En principio, se incurre en un exceso interpretativo porque, más allá de las legítimas y altruistas intenciones del exégeta, se desoye la primera de las directrices hermeneúticas que indica que si la ley es clara debe estarse a sus justos términos. Lo contrario zaheriría la republicana división de poderes. Y creo que las normas sub examine son claras: ambas confieren el beneficio de gratuidad al trabajador o sus derechohabientes. En segundo orden, el temperamento adoptado también infringe una regla de oro en la interpretación de las normas que ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Es principio básico de la hermenéutica atender en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las informan, no debiendo prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Voto Ronconi. Adhesión Pauletti)
Sentencia, nulidad de sentencia, indemnización, errónea apreciación de la prueba, prueba documental, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: PODESTA RICARDO HORACIO c/ LV7 RADIO TUCUMAN s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-11

Es nula la sentencia que omite examinar documentación pertinente, en orden a la procedencia de las indemnizaciones de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013
Audiencia de conciliación laboral, notificación, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHILLI, HECTOR ANIBAL Y OTRO c/ SILVA, MARTIN s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-21

La disposición del artículo 68 de la ley 18345 que prevé la notificación de la audiencia de conciliación con una antelación no menor de diez días, tiende a tutelar la garantía de defensa de la demandada. Si se fija una nueva audiencia a los mismos fines y efectos, no se requiere la observación del plazo mencionado, resultando suficiente la fijación con la antelación prevista en el artículo 125, inciso 2 del CPCCN.
Facultades de la autoridad de prevención, interrogatorio policial, declaración espontánea, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NUÑEZ, JUAN CARLOS s/ RECURSO DE CASACION Causa 326
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-19

El código procesal no contiene ninguna norma que prohiba a los funcionarios de que se trata, bajo pena de nulidad, dirigir preguntas a quienes se conducen sospechosamente, pues ello hace a la esencia misma de la misión de prevención que la ley -como deber- les asigna. Ni les está vedado tampoco recoger cualquier manifestación voluntaria que el aprehendido como sospechoso vierta. (voto de la Dra. Berraz de Vidal en disidencia)
Contrato de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: OVEJERO FRANCISCA c/ SANCHEZ DE BRACO MARIA C. Y/O RESIDENCIAL DEL PARQUE s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-15

El actor debe extremar los recaudos a fin de tipificar la relación laboral que invoca, si la accionada al contestar la demanda no solo la niega sino que además esgrime en defensa de sus derechos una locación de servicios instrumentada mediante contrato, mediante la cual la demandada se obliga a otorgar un porcentaje de las ganancias por explotación del inmueble a cambio de servicios de mantenimiento y conservación del mismo.
Homicidio en riña, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Canevaro, Ignacio R. y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Para que se configure el delito de homicidio por agresión (art. 95 del C.P.) la acción de los agresores debe ser el fruto del impulso de la particular decisión exaltada de cada uno, no pudiendo ser concertada, preordenada, o improvisadamente. Si existió una verdadera participación criminal, una concertación de voluntades, un actuar conjunto y un final ordenado; se configura la mentada convergencia y debe descartarse la figura del art. 95 del C.P. La jurisprudencia ha admitido la responsabilidad penal por homicidio a título de coautor en quien no hubiere asestado la puñalada mortal (CSJN, L.L. 17-654) y la Suprema Corte de Buenos Aires, ha condenado por homicidio a quien, a pesar de no haber sido él sino su cómplice quien infirió a la víctima la lesión mortal, tomó parte en la ejecución del hecho en virtud de un acuerdo previo y en acción conjunta.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, gobierno nacional, control de razonabilidad, prórroga de la competencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Roberto Aldo PERALTA c/ INSTITUTO  NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADO s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  - PROCEDENCIA - JURISDICCION Y COMPETENCIA -  DESPIDO - DAÑO MORAL - COMPETENCIA  FEDERAL  -  INSTITUTO NACIONAL DE  SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS -  GOBIERNO  NACIONAL  - PRORROGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

El art. 14 de la ley 19.032 según el cual el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados estará sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, pudiendo optar por la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere actor, resulta plenamente compatible con el origen, objeto, estructura y funcionamiento de la entidad creada, sin que quepa tachar de irrazonable lo establecido en la norma, máxime cuando en el caso no se advierte, dada la proximidad al domicilio del actor en que se encuentra el juzgado federal competente, que aquél sufra gravamen alguno.
Recursos, recurso extraordinario federal, sentencia definitiva, improcedencia del recurso, recurso de queja (procesal), recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Pérez, Maximiliano s/ 1 - LN 13944 (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal articulado, pues, la decisión que se pretende revertir -aquella que había revocado la extinción de la acción por prescripción y el consecuente sobreseimiento dispuesto por el juez de grado-, no es la definitiva a que se refiere el art. 14 de la ley n° 48; y la apelante no muestra que corresponda equipararla a una de esa especie. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Jurisdicción y competencia, justicia militar, tribunales militares, delitos comunes cometidos en actos de servicio, delitos cometidos durante actividades antisubversivas
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: ALFREDO ANTONIO GIORGI s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-16

Si los delitos específicos de carácter militar que directamente atacan la disciplina de las instituciones armadas pueden ser válidamente juzgados por los tribunales castrenses instituidos al efecto, siempre que medie la debida revisión judicial, ya que ponen en peligro valores básicos relativos a la subsistencia de dichas instituciones, con mayor motivo cabe admitir la validez de tal jurisdicción sobre hechos comunes cuyo verdadero carácter sólo puede ser captado en el marco en el que la estructura de las Fuerzas Armadas fue ilegítimamente manipulada para crear dentro de ellas un aparato organizado de poder destinado a la ejecución de un plan terrorista inspirado en finalidades que reniegan de los principios éticos y políticos que conforman la tradición constitucional del pueblo argentino.
Juicios contra el Estado, juicio de apremio, ejecución de sentencia, Municipalidad, reclamo administrativo previo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ALIENDRO, JUAN CARLOS c/ COMUNA DE EMPALME VILLA CONSTITUCION s/ INCIDENTE DE APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-03-11

En relación a la falta de cumplimiento de la reclamación administrativa previa regulada por la ley 7234 -modificada por la ley 9040-, cabe señalar que si bien esta disposición contiene algunas normas que son aplicables a toda clase de juicios, incluso al contencioso administrativo, regula una materia constituida básicamente por los juicios civiles en los que la Provincia y entes públicos menores son parte.

Este no es el supuesto de autos, en el que el demandante persigue el cobro de importes relacionados con la ejecución de sentencia, lo que a su vez es consecuente con lo dispuesto en el Código de lo Contencioso Administrativo al habilitar la ejecución inmediata por la vía del apremio tanto de las costas como de la condena contenida en la sentencia, por lo que corresponde el rechazo de la excepción opuesta por la demandada y ordenar llevar adelante la ejecución, atento que la apremiante ostenta una acreencia de carácter exigible en los términos del sistema de ejecución de sentencias contra el Estado.
Sucesiones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zubillaga, Raúl s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

Por principio general cabe recordar que la clasificación de los trabajos comunes y particulares debe hacerse teniendo en cuenta la naturaleza intrínseca de los escritos.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Repetición de impuestos, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FRIGORIFICO SAN ANDRES  S.C.A. c/ ESTADO NACIONAL (ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS) s/ REPETICION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-18

Debiendo el actor demostrar en la demanda de repetición, en qué medida el tributo abonado en excesivo con relación al que la hubiere correspondido pagar (art. 1177 del cód. Aduanero) y toda vez que la sentencia en recurso, en cuanto manda devolver un importe mayor al acreditado y reconocido, se aparta de lo efectivamente reclamado, violando el principio de congruencia (arts. 161 inc. 6 del Cód.

Proc. Civ. y Com.), y la indisponibilidad de la obligación fiscal del que es aplicación del antes mentado artículo del Cód. Aduanero, por no ser relevante la voluntad de los sujetos vinculados.

Circunscribir a esos términos lo decidido, no afecta la estabilidad de la cosa juzgada, por referirle en concreto al objeto que se demandó. Además, los errores materiales pueden rectificarse en la Alzada, aunque no se haya interpuesto recurso de aclaratoria, si la sentencia no ha sido consentida por las partes, y como en el caso, no se altera la substancia de lo decidido.
Actuación de oficio, rectificación del error
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALBERTO EDMUNDO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-03

La tarea de reconducción de una vía procesal a otra requiere suma cautela y prudencia porque implica el despliegue de una actuación oficiosa que, por ello mismo, debe moverse dentro de los confines de la pretensión -sin desnaturalizarla, excederla o sustituirla-, no avanzar sobre la voluntad de la parte y respetar las reglas de la bilateralidad y contradicción, sin violentar el derecho de defensa en juicio ni afectar el principio de congruencia.
Retiro policial, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pignolo, Zulma Lucía c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Plicía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

No constituye obstáculo para a la obtención del beneficio pensionario ante la Caja de Previsión Social para el Personal de la Policía de Buenos Aires la omisión de renunciar a la jubilación que se percibe como forma de colocarse voluntariamente en situación de carencia de recursos, puesto que éste no es un requisito establecido en el dec. ley 9538/80 (modific. por ley 10.739), ya que lo que la norma requiere es la insuficiencia de medios de subsistencia y no la carencia absoluta de recursos.
Interdicto de recobrar, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Robledo de Rivero, Nidia c/ Noseda, Néstor Osvaldo s/ Interdicto de recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-30

Frente a las contradicciones entre los propios testigos de la actora y respecto de los ofrecidos por el demandado, la apreciación de las pruebas debe efectuarse mediante el empleo de las reglas de la experiencia que el Juez extrae de todos los campos. O sea, que la valoración de las pruebas reclama, además del esfuerzo lógico, la contribución de las máximas de la experiencia, apoyadas en el conocimiento que el Juez tiene del mundo y de las cosas.-
Denegatoria del recurso, prisión domiciliaria, fundamentación de sentencias, intención de eludir la acción de la justicia, tobillera electrónica, menores, prueba, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: FICARRA TOLEDO, Carlos Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-02

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto contra la resolución que revocó la prisión domiciliaria del encausado pues luce ajustada a derecho y a las constancias de la causa. De la reseña efectuada se desprende que el a quo ha enumerado un conjunto de elementos objetivos y subjetivos que dan cuenta de la presencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación que, en los términos de los arts. 210, 221 y 222 del C.P.P.F., justifican revocar la morigeración de la detención dispuesta en la instancia temprana; se han justipreciado la gravedad de la imputación formulada contra el acusado, la intervención de una multiplicidad de personas en los sucesos pesquisados, la envergadura de la asociación, su presencia y operatividad en el país y en países limítrofes, el flujo económico que en principio se evidenciaba de su accionar, el rol desempeñado por el encartado y el latente riesgo de fuga en virtud de la ubicación de su domicilio y de sus referencias personales, entre otros tantos elementos que surgen de la causa y que fueron reseñados con precisión por la acusación. Por lo demás y en cuanto al agravio introducido por la parte en las breves notas acerca de la mención que incluye el fiscal de grado en su apelación vinculada con la colocación de un dispositivo electrónico, se considera que la asistencia técnica del imputado desnaturaliza dicha referencia, pues resulta claro y evidente de su presentación que para esa parte no se advierte, al menos de momento, "... una manera menos gravosa de neutralizar los riesgos procesales existentes en esta investigación que con la prisión preventiva establecida en el art. 210 inciso k) del CPPF". De otro lado y tal como se sostiene en el fallo impugnado, no se logra evidenciar que las hijas del imputado se encuentren actualmente en un estado de desamparo que las ubique en una situación de vulnerabilidad o riesgo que justifiquen la concesión del arresto domiciliario. Es que de las constancias obrantes en el expediente surge que ellas conviven con su madre quien les brinda la atención, el cuidado y el apoyo necesarios para su subsistencia, sin que al momento del decisorio se haya puesto en evidencia alguna situación de orfandad o fragilidad en sus condiciones de vida (asistenciales, de salud, educacionales, morales, económicas o de otro tipo) que determine que la presencia del padre en el hogar sea imprescindible para paliar las vulnerabilidades alegadas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Vergara, Norberto J. c/ Capristo, Marta H. s/ Despido. Recurso de queja Benítez, Víctor R. c/ Adams S.A. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-06|2000-08-09

En el caso, el valor del litigio está representado para el demandado recurrente por el capital de condena establecido por el Tribunal sin que corresponda adicionar intereses a dicha suma ni incluir otros rubros. (Minoría u opinión personal)