marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución de la pena, criterio de razonabilidad, igualdad ante la ley
Materia: PENAL
Carátula: BELIZAN, MANUEL LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-02

El artículo 56 bis de la ley 24660 cumple con las exigencias mínimas de razonabilidad que recaen sobre toda ley penal, puesto que la razón por la que se les veda a determinados penados los beneficios referidos, responde a que en los casos exceptuados el legislador entendió que por la índole de los delitos por los que fueran condenados -delitos entre los que se encuentra el homicidio en ocasión de robo (inciso 4)- correspondía sustraer a sus autores de la ejecución de la pena bajo la modalidad de externación anticipada; no advirtiéndose arbitrariedad en tal criterio de distinción, desde que existe un denominador común que justifica una mayor severidad en la ejecución de la pena y tal nota caracterizante radica precisamente en la gravedad de los delitos que motivan la condena (Ver al respecto la discusión parlamentaria de la ley 25948 en L.L. "Antecedentes Parlamentarios", Tomo 2005-A, pág. 285). (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhirieron los Dres. Spuler y Burtnik. En disidencia:

Dres. Erbetta y Gastaldi.
Servicio militar, Defensa nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Portillo, Alfredo s/ infr. art. 44 ley 17.531.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

El servicio de conscripción ha sido estructurado con vistas al logro de una alta finalidad, tal la de hacer material y efectivamente posible la preparación de la defensa de la Nación, en tiempo de paz, mediante el adiestramiento militar de sus hijos.
Mandato, responsabilidad del mandatario, actos ilícitos
Materia: CIVIL
Carátula: Lorences, Nicolás Fernando c/ Podestá, Clauda s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-01

El acto emanado de otra persona constituye caso fortuito o fuerza mayor sólo cuando es extraña al deudor, pues si proviene de un tercero por quien se debe responder, no hay "causas" ya que estaría en juego la responsabilidad de éste.

En este contexto encuadra la actuación de representantes, legales o convencionales, cuando ella se realiza en el ejercicio de las facultades que la ley o el mandato les confiere, por lo que si actúan culposamente, el representado sufre las consecuencias del desacierto, y responde del daño sufrido por el acreedor.

Si esa es la solución en materia de hechos lícitos, no sucede lo mismo cuando se trata de ilícitos respecto de los cuales no puede haber representación (arts. 1889 y conc. del Código Civil), que sólo comprometen en consecuencia al representante y no al representado.
Delitos contra la humanidad, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Cabanillas, Eduardo Rodolfo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-07

El pedido de declaración de inconstitucionalidad de una norma no puede fundarse en la afectación del principio de proporcionalidad de las penas al condenar a prisión perpetua al imputado por los delitos de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos, sin brindar las razones de la desproporción de la pena en el caso concreto, máxime cuando se trata de delitos de singular gravedad calificados como crímenes de lesa humanidad.
Responsabilidad del conductor, senda peatonal, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: ANTUNEZ PERCINCULA DAVILE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-21

Si ha quedado probado que la víctima cruzó por la senda de seguridad imaginaria, que es la parte de la calzada que prolonga la acera en sentido longitudinal, lo que le ha otorgado prioridad de paso al peatón sobre el vehículo, el hecho de que el menor cruzara corriendo o desde atrás de un colectivo, no era óbice para que el conductor tuviera la prudencia necesaria para no embestirlo, ya que estaba atravesando 'la parte de la calzada que prolonga la acera', debiendo por ende 'reducir la velocidad'. Asimismo debía circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias de tránsito.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cardozo de Aguilar, R. c/ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Belén, Rosa A. c/ Sueta, Diego y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02|1995-07-11

Si del extenso fundamento del sobreseimiento provisorio dictado en la causa penal surge inequívocamente que no se ha acreditado el delito investigado, ello determina la inexistencia del "hecho principal" por lo cual el Juez civil no podrá dar curso a la indemnización pretendida por la actora, so pena de incurrir en flagrante violación del principio de cosa juzgada.-
Declaración de inconstitucionalidad, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: COOPERATIVA DE CARNICEROS DE ROSARIO DE TRANSFORMA. Y FORM. LTDA. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-16

El juicio de inconstitucionalidad, atento su especial naturaleza, carece de valor económico por lo que a los efectos de la regulación de honorarios, debe actuar con plenitud el arbitrio judicial, resultando de aplicación los parámetros que fija la ley provincial que adopta como ley de aranceles de abogados y procuradores de la provincia de Santiago del Estero, la ley nacional con las modificaciones introducidas por otra ley nacional, que establece los honorarios mínimos en los distintos procesos, puesto que esta ultima omitió incluir los procesos por inconstitucionalidad.
Defensa del consumidor, emergencia económica, pesificación, sanciones pecuniarias, prenda, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, defectos en la fundamentación normativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Yatchesen, Roberto O. c/ Amarilla Automotores s/ presunta infracción a la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

Cabe descalificar por arbitrariedad, la sentencia recaida a los fines de sostener la sanción pecuniaria impuesta a la recurrente en el marco de un contrato de prenda, por infracción al artículo 19 de la ley 24.240, si no encuentra debido sustento en las circunstancias comprobadas de la causa, no tiene en cuenta la normativa vigente al tiempo de la celebración del contrato y omite expedirse sobre si el accionar del acreedor se ajustó a las previsiones del artículo 11 de la ley 25.561. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de trabajar, libertad sindical, derechos sindicales, leyes, interpretación de la ley, empleados públicos
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: GARETTO, MARIO ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 248 AÑO 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-13

Los derechos sindicales reconocidos a los trabajadores y a los gremios en el nuevo artículo 14 bis de la Constitución nacional, fueron reglamentados en las distintas leyes de asociaciones profesionales: 14455, 20615, 22105 y 23551. La ley 20615 (publicación B. O. 17/12/1973) reglaba en su Título X acerca del fuero sindical estableciendo en su artículo 57 "Con relación a los trabajadores amparados por la tutela consagrada en este capítulo, salvo el caso previsto por el primer párrafo del artículo precedente, el empleador no podrá adoptar medidas que consistan en despido, suspensión o modificación de las modalidades de la prestación de servicios, si no mediare previamente una resolución del Tribunal Nacional de Relaciones Profesionales que en cada caso, excluya de dicha tutela al o a los trabajadores respecto de los cuales se invoque la existencia de causales justificativas de la adopción de tales medidas ...".El artículo 52 de la actual ley sindical reconoce su antecedente inmediato en el artículo 57 de la ley 20615 transcripto, en lo pertinente. En el año 1979 se sancionó y publicó (B. O. 20/11/1979) la ley de facto 22105 que derogó la ley 20615. El artículo 51 de dicha norma, luego de establecer que los trabajadores que se desempeñen como delegados de personal gozan de la estabilidad prevista en el artículo 49, estatuía: "... El empleador podrá otorgarles permiso a fin de que realicen gestiones relacionadas con la defensa de los derechos individuales de los trabajadores del establecimiento, quedando a cargo de aquél el pago de las remuneraciones correspondientes". Luego, en 1988, se sanciona la actual Ley de Asociaciones Sindicales 23551 (publ. 22.4.1988). En el artículo 1 del decreto reglamentario 467/88 se expresa: "A los fines de la ley se entiende por trabajador a quien desempeña una actividad lícita que se presta en favor de quien tiene facultad de dirigirla". La amplitud del texto no permite, pues, excluir a los agentes públicos.
Multa aduanera, importaciones, declaración de inconstitucionalidad, revocación de sentencia
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: LONG FULL SRL - TF 35981-A C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-21

La empresa actora cuestionó una multa impuesta por infracción al art. 954, inc. b), del Código Aduanero, fundada en la falta de presentación del certificado de importación de manufacturas previsto por la Res. MEyP N° 47/07. La sala observó que el Código Aduanero no distingue entre prohibiciones y restricciones operativas, como pretende la importadora, y que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de su texto si no media debate y declaración de inconstitucionalidad, ya que la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación a principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu. Por ello y en tanto la mercadería importada estaba alcanzada por una prohibición no económica relativa (al estar sujeta su expedición a plaza a la presentación de un certificado emitido por la autoridad competente que debía presentarse al momento del registro de la operación) se revoca la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación y se confirma el acto que había impuesto la multa.
Medios de prueba, indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Villagran Canale Mireya del Tránsito  c/ Lardone, Sandra Leonor  s/ d. y p. derivados del uso de automotores (con lesión o muerte)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-31

En un intento de brindar elementos de cierta objetividad, el artículo 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación introduce como pauta ponderativa para fijar la indemnización a las satisfacciones sustitutivas y compensatorias.
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goyena, Carlos y Roberto G. Scheverin s/ INCIDENTE  DE  EJECUCIóN DE HONORARIOS EN AUTOS: 'ITEM CONSTRUCCIONES  SA.  C/PROVINCIA    DE   RíO   NEGRO  S/CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO'  S/APELACIóN. RIOS, MARIA INES Y OTROS c/ MACIEL S.A. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY GALLARDO, NESTOR Y OTROS c/ COOPERATIVA LA REGINENESE LTDA. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-10-03|1993-09-09|1993-11-30

Es nula la sentencia cuando -como en el caso- no ha mediado acuerdo suficiente para sostener el acto jurisdiccional emitido por el Tribunal que tuvo a su cargo la decisión. Ello en tanto, aún cuando ambos votantes coincidan en la inadmisibilidad formal de la ejecución intentada, lo hacen por fundamentos claramente distintos, diferentes e imposibles de conciliar, dado que mientras uno de ellos sostiene que la inembargabilidad impide la ejecución, el otro votante admite la posibilidad de embargo y precisamente por no haberse efectivizado la medida, repele el progreso de la ejecución.
Recurso de inconstitucionalidad, derecho a la vivienda digna, obligaciones de dar sumas de dinero, división de poderes, control de constitucionalidad, reformatio in pejus, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Rosillo Sacramento, Nelba Guillermina y otros c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-23

Al remover cualquier eventual obstáculo puesto por una medida del GCBA al aprovechamiento de los beneficios que instituya conforme las prioridades, el juez no viene a disponer discrecionalmente de recursos cuya afectación incumbe exclusivamente al Poder Legislativo, sino que, sencillamente, repone las prioridades según lo manda la CCBA, donde cada poder encuentra su límite dentro del juego constitucional.
Enfermedad accidente, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: COLOMBO, HECTOR GERARDO c/ YPF s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-31

Todo trabajo constituye, en mayor o menor medida, un factor negativo para la salud de un sujeto predispuesto a contraer enfermedades incapacitantes, pero no significa que en todos los casos deban ser considerados como factores concausales, a efectos de la aplicación de la ley 9688. Ello sólo ocurrirá cuando el tipo de trabajo o las condiciones ambientales sean eficaces por sí mismos para desencadenar el específico mal incapacitante.
Tercería de dominio, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DUPLEICH CARLOS RUBEN c/ COLMAN JORGE ARMANDO s/ EJECUCION DE HONORARIOS-INCIDENTE TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-06-24

La tercerista dedujo directamente la acción , sin el previo planteo rápido del articulo 101 del Código Procesal Civil y Comercial, a la que el embargante se allanó sin condicionamiento arribándose al fallo que admite la tercería -parcial- sobre los bienes cautelados, imponiendo las costas a los demandados. La sola manifestación del ejecutado en el acto de la traba es, en la especie, incapaz de generar responsabilidad en el ejecutante que ha actuado dentro de los márgenes de razonabilidad aceptables y en el ejercicio de su derecho.- Las costas de primera instancia deben imponerse por su orden, y las de Alzada al tercerista vencido.-
Ejecución hipotecaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Municipal de La Plata c/ Barsi, Eduardo Mario y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

En los procesos de ejecución hipotecaria, si bien las cuestiones ajenas al título en sí no pueden cuestionarse vía excepción de inhabilidad de título, no lo es menos que cuando se demuestra la ineptitud del documento -por cierto extrínseca- como título ejecutable y ello constituye la única vía idónea para lograr una adecuada composición del litigio, ante la posibilidad de no haberse esgrimido un documento total o parcialmente apto, sea como título en la acepción jurídica y formal de la palabra por falta de liquidez, exigibilidad o curso legal de la moneda que indica, o en cuanto a las cualidades de acreedor o deudor de las partes, desde un punto de vista objetivo, corresponde admitir dicha excepción.
Jueces, facultades del juez, calificación jurídica, iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., G. F. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- LESIONES  CULPOSAS -ACCION CIVIL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 638 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Las normas del Código Civil mencionadas por la actora en su demanda nunca pueden (en las circunstancias concretas de la causa) constituir un obstáculo para que el Juez aplique el principio iura novit curia y dirima el conflicto subsumiendo la realidad fáctica en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes. Ello es así por la aludida intrascendencia que en principio exhibe el error en la calificación y fundamentación de derecho presentada por el actor, extremo en el cual concuerda la doctrina clásica.
Estafa, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: Salomón de Bogao, Gabriela Mabel s/ Estafas reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-06-13

Las infracciones de acción pública consumadas no pueden enervarse por el perdón del ofendido y debe puntualizarse asimismo, que salvo alguna excepción, los perjudicados, no obstante la percepción total o parcial de las sumas que consta en los recibos agregados, siguen considerándose damnificados.
Impuestos, régimen penal tributario, sobreseimiento provisional, delitos
Materia: PENAL
Carátula: ANTONIAZZI-CHIAPPE S.A. s/ Régimen Penal Tributario Causa 32433
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-29

Debe confirmarse la resolución que sobreseyó provisionalmente en la causa en la que no hay procesados, si ni la denuncia hecha por la Dirección General Impositiva (D.G.I.) ni el informe de conclusiones técnicas dan cuenta de algún hecho concreto que quepa encuadrar en las previsiones de la Ley Penal Tributaria.
Despido, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Correa, Héctor Damián c/ Salerno Roberto José s/ Cobro de pesos, Indemn. p/antiguedad, y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-11-09

Si en la demanda se sostuvo que el traslado a otra quinta implicaba que el actor debía cruzar un arroyo o bordearlo y dijo que esa tarea le insumía tres horas, tales extremos deben ser probados fehacientemente para dar lugar a la indemnización reclamada por tal concepto.
Juicio ordinario, cosa juzgada
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ARAYA, JUAN CARLOS Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ COBRO DE PESOS-ORDINARIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-07-03

Debe rechazarse la excepción de cosa juzgada opuesta en juicio ordinario, cuando se fundo en sentencia recaída en proceso contencioso administrativo, que rechazó la demanda por razones de índole formal, porque en dicha sentencia no hubo decisión sobre la pretensión de fondo.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, valor cuestionado en último término, juicios en que la Nación es parte, monto de la demanda, Ley de desindexación, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: LAMARQUE CARLOS ROBERTO Y OTROS c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-01

Corresponde conceder el recurso ordinario de apelación interpuesto por la demandada, en razón de que en las presentes actuaciones la Nación reviste indirectamente el carácter de parte y el monto disputado en último término excede el mínimo legal establecido en la Resolución de la C.S.J.N. N° 1360/91, sin perjuicio del resultado que arroje la aplicación de las directivas de la ley 24.283, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 24, inc. 6, ap.

a), del decreto-ley 1285/58, según las leyes 21.708 y 22.434.
Despido por matrimonio, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Servidio, Hugo Alfredo c/ Cargill S.A.C.E.I. s/ Indemnización, etc. Montero, Jorge Fabián c/ Reginald Lee S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26|2000-02-16

Ante la ausencia de justificación del despido del trabajador varón dispuesto dentro del plazo de protección que establece el art. 181 de la Ley de Contrato de Trabajo cobra operatividad la presunción contenida en la norma mencionada, correspondiendo el pago de la indemnización dispuesta en el art. 182 del mismo cuerpo legal.
Revelación de secretos, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., G. s/ Violación de secretos s/ Apelación s/ Casación. (Expte. Nº 26407/13 STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-05-28

En relación con el art. 157 del Código Penal, digo lo siguiente: No se dio a publicidad información secreta, en los términos de la normativa de la Ley K 2756, de acuerdo con la cual: i) atento al art. 15, el principio general es que las actuaciones de la Defensoría del Pueblo son públicas y el secreto debe ser dispuesto por el Defensor a cargo de ella, lo que no ocurrió, y ii) la reserva del art. 36 solo abarca a quienes pueden ser conceptuados como interesados, pero no a los particulares sujetos a investigación, como se hizo. (Voto del Dr. Apcarían sin disidencia)
Obligaciones del transportador, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Senderovsky, Gustavo Osvaldo c/ Transporte Automotor Plaza (línea 140) y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

El hecho de que la obligación genérica de los transportistas sea de tipo objetivo, impone un análisis restrictivo de las causales exculpatorias, lo cual guarda concordancia con la idea de que las empresas de servicios públicos crean un riesgo por medio de la realización de una actividad con la que lucran y que obtienen beneficios (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Seguros, seguro de daños patrimoniales, automotores, indemnización, procedencia del recurso, baja del automotor, asegurador, póliza
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Courreges, José María c/ Qbe Seguros La Buenos Aires SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

Procede confirmar la resolución que condenó a la aseguradora accionada, a abonar al actor la indemnización por incumplimiento del contrato de seguro que unía a las partes. Ello por cuanto, en el caso, tanto la aseguradora, como los terceros citados, fueron contestes en sostener que, originalmente y previo al siniestro, rigió la póliza que sí amparaba los riesgos de incendio y destrucción total; pero que luego percibieron el error de una empleada y los productores procedieron a pedir la anulación y emisión de una nueva póliza. No obstante, de la pericia informática se desprende que, contrariamente a lo manifestado, no se comunicaron al asegurado las circunstancias en torno a la anulación de la póliza y la emisión de una nueva. Así como tampoco se acreditó el supuesto envío de una carta documento por parte de la aseguradora dando cuenta de tal anulación, y ni siquiera figuraba en sus libros contables. Adicionalmente, tampoco fue demostrado que haya sido enviada al actor la póliza que según se encontraba vigente al momento del siniestro, incumpliéndose así el deber de información de la LDC 4 y la LS 11-2°. En ese marco, debe considerarse vigente al momento del siniestro la primigenia póliza, en virtud de la cual la aseguradora accionada resulta responsable por el incumplimiento del contrato de seguro celebrado.
Recurso extraordinario, cuestión federal, seguros, seguro con franquicia, oponibilidad a terceros
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Castillo, Norma Marquesa c/ Microómnibus Norte S.A. Línea 60 y otros s/ Recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

Los argumentos vinculados con la oponibilidad al demandante de la franquicia pactada entre el asegurador y el asegurado, podrían prima facie involucrar cuestiones de orden federal susceptibles de examen en la instancia del art. 14 de la ley 48, por lo que la queja es procedente, sin que esto implique pronunciamiento sobre el fondo del asunto (art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).