marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, declaración de quiebra, prueba, reducción salarial
Materia: LABORAL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Acosta, Juan Ignacio  c/ Organización Coordinadora Argentina SRL  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-15

El Juez de grado consideró acreditado que, respecto de la accionada se decretó la quiebra con continuación del vínculo del actor, que luego la demandada redujo la remuneración del trabajador sin explicación y que el accionante recibió la comunicación del despido por reorganización de tareas. Y toda vez que entre la fecha en que se decretara la quiebra de la demandada y la fecha en que se perfeccionara el despido del actor el plazo de 10 días previsto en el art. 197 de la ley 24.522 se encontraba vencido, cabe concluir que se trató de un despido sin causa. Si bien resulta procedente el reclamo de las indemnizaciones contenidas en los arts. 232 y 233 LCT, no prosperará el agravamiento dispuesto por el art. 2 de la ley 25.325. Ello así, toda vez que, de acuerdo con el art. 107 de la ley 24.522, el fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la declaración de quiebra y de los que adquiera hasta su rehabilitación, por lo que se encontraba imposibilitado de efectuar pago alguno en forma directa. Dicha decisión tiene fundamento en el art. 2 de la ley 25.323 que en su segundo párrafo faculta al juez, en caso de considerar la existencia de causas que justificaran la conducta del empleador, a reducir o eximir del pago del incremento en cuestión.
Concursos, liquidación de sociedades, liquidación judicial, asegurador, verificación de créditos, intereses, improcedencia del recurso, cobertura
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aseguradora Federal Argentina SA  c/  s/ liquidación judicial de aseguradoras s/ incidente de verificación de crédito por fernández garcía, josé antonio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-05

Cabe declarar verificado el crédito, sólo hasta el límite de la póliza. Ello con base en la sentencia dictada en un juzgado de otra jurisdicción. En ese marco, resulta improcedente la actualización del límite de cobertura, como lo pretende el acreedor.
Ius variandi, reinstalación en el puesto de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Balcarce Persegui, Lucas  c/ Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A. y otro  s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-09

El trabajador se desempeñaba en la categoría de "Conductor de Trenes Eléctricos" ostentando dicha categoría del CCT de La Fraternidad. Denuncia la existencia de un ejercicio abusivo del ius variandi en los términos del art. 66 LCT discriminatorio por razones de salud requiriendo el restablecimiento de la categoría laboral de conductor de trenes que aduce fue arbitrariamente rebajada lesionando derechos amparados por la C.N. y el art. 1 de la ley 23.592, reclamando las diferencias salariales de dicha rebaja y por las horas extras cumplidas al extenderse su jornada. También reclama el resarcimiento del daño moral. De la prueba pericial médica, surge que el trabajador por motivos psicológicos no se encontraba en condiciones de continuar realizando las tareas de conductor de trenes eléctricos resultando una obligación de la empleadora reubicar al dependiente manteniendo su jornada y nivel salarial pues ambas son condiciones esenciales del contrato de trabajo. La demandada no respetó lo establecido por los arts. 66 y 212 LCT toda vez que siendo el salario un elemento esencial del contrato de trabajo no puede ser disminuido de manera unilateral por el empleador. En consecuencia, cualquier alteración que disminuya negativamente un derecho es ilegítima y resulta un ejercicio abusivo del ius variandi. En cuanto a la jornada de trabajo, tampoco puede ser alterada, salvo que responda a necesidades funcionales y se ofrezca al trabajador alguna compensación económica para que consienta ampliar su jornada, pudiendo éste aceptarla o no a criterio suyo, extremo que no se verificó. En consecuencia, en atención a que el actor no se encontraba en condiciones de conducir trenes, cabe su reinstalación, respetando el salario y la carga horaria anteriores, además del cobro por diferencias salariales entre las categorías de "Conductor de Trenes Eléctrico" del CCT La Fraternidad, de la que fue desplazado, y "Sexta del CCT de Unión Ferroviaria", que paso a detentar. En cuanto al daño moral, se rechaza el mismo, toda vez que no habiéndose acreditado que existiese un acto discriminatorio por razones de salud, ni una denigración del actor, o una actividad ilícita de la empleadora que exceda el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni un obrar de las accionadas dirigido a menoscabar la dignidad o el honor del trabajador, dado que la existencia de una deuda por diferencias salariales resulta insuficiente a tales fines. La indemnización por éste ítem, sólo procede cuando la actitud de la empleadora excede el ámbito contractual para llegar a la ilicitud delictual o cuasidelictual, extremo que no se verifica en autos.
Responsabilidad parental, interés superior del niño, código civil y comercial, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, estado de adoptabilidad, adopción plena, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, Convención sobre los derechos del niño
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: C.Q.J.M. y D.R.S.G. c/ V.G.J.  s/ Privación de la Responsabilidad Parental
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-10-10

El interés superior del niño se antepone al interés de los padres biológicos y de cualquier otra persona que pueda verse afectada por la filiación adoptiva, es decir que, el interés del menor está primero en la jerarquía de intereses, predominando sobre el de los padres. El Código Civil y Comercial (art. 595 inc. a y f) establece como principio rector de la adopción el interés superior del niño y su derecho a ser escuchado, requiriéndose su consentimiento a partir de los 10 años, siempre que no existan familiares o referentes afectivos dispuestos a asumir su guarda, en condiciones adecuadas. Por lo que, la función del juez, según los artículos 1 y 2 del CCyCN, es la de interpretar la ley conforme a su finalidad, y en el marco de la adopción, debe privilegiarse siempre el interés superior del niño. Este principio, reconocido en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, adquiere jerarquía constitucional mediante la Convención sobre los Derechos del Niño
Diligencias preliminares, prueba de informes, período de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Herrman, Ernesto Eric c/ Qatar Airways Group s/ sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-11-25

Las diligencias preliminares tramitan con anterioridad a un proceso, a efectos de que quien va a ser parte en un juicio de conocimiento, conozca hechos o informaciones que no podría obtener sin la actuación jurisdiccional. Sin embargo, las mismas no pueden ser utilizadas para obtener información o pruebas correspondientes al período probatorio, ni como ensayo para evaluar las posibilidades de triunfo en un futuro juicio.
Conciliación laboral, herederos
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Abraham, Abigail Damaris  c/ Persano SA  s/ ejecución de créditos laborales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-23

La ejecutante, hija de un trabajador fallecido con el que la demandada celebrara un acuerdo conciliatorio ante el SECLO, sostiene en primer lugar que la suma depositada y dada en pago por la empresa, no configura un pago total sino parcial, debiendo imputarse inicialmente a la cancelación de intereses y luego, en caso de remanente, al capital. Peticiona se eleve el quantum de la multa dispuesta por el art. 26 Ley 24.635 en un 30% por incumplimiento malicioso de la ex empleadora. La relación laboral entre el trabajador fallecido y su empleadora finalizó con la celebración de un acuerdo conciliatorio ante el SECLO, donde el trabajador recibió el pago de la suma acordada, en siete cheques nominativos, no a la orden, y diferidos al vencimiento de cada una de las siete cuotas pactadas. El trabajador cobró el primero de dichos cheques, falleciendo a los pocos días en un accidente vial. Por lo tanto seis de las siete cuotas del acuerdo no pudieron ser efectivizadas ni cobradas por el fallecido. La mera entrega de los instrumentos de pago no puede ser interpretada como cancelación integral de la obligación. Más allá de que la reclamante dejara transcurrir demasiado tiempo para exigir el pago y para abrir el sucesorio, la empresa incumplió el acuerdo celebrado entre las partes. Resulta razonable la requisitoria de intereses ante la mora del deudor. El perjuicio de la heredera, que marca el curso de los intereses (art. 1748 CCCN), se produjo ante la falta de pago de la segunda cuota, y por lo tanto la mora de la demandada tuvo lugar a partir de dicho momento. Por lo tanto, la pertinencia de los intereses reclamados corre desde que cada suma es debida y hasta su efectiva cancelación. Ante la ausencia del pago integral, la suma abonada (1er cuota) no forma parte del capital de condena y debe ser tomada en cuenta del pago de intereses al practicarse la liquidación prevista en el art. 132 LO. La multa fijada en el art. 26 de la ley 24.635, resulta procedente, ante la ausencia de defensas esgrimidas por la demandada y por la aplicación de la teoría de los actos propios, en cuanto a la aplicación de la misma y en cuanto al monto. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).
Concursos, efectos de la apertura, homologación del acuerdo, inhibición general de bienes, levantamiento de medidas cautelares, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Di Tella, Luciano Nicolas Francisco  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-12

El derecho de levantar la inhibición general de bienes prevista como condición del acuerdo tiene categoría legal y soslayarlo sin más implicaría una elíptica declaración de inconstitucionalidad de la norma que no se observa declarada. Entonces, no hay mérito para restringir un derecho que tiene amparo legal específico. Voto del Dr. Bargalló:
Acción de amparo, Constitución Nacional, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cannabis medicinal, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Pacto de San José de Costa Rica, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, resoluciones, derecho a la salud, derecho a la integridad física, terapias alternativas, MINISTERIO DE SALUD
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Q M c/ Ministerio de Salud de la Nación - Programa Cannabis Ley 27350  s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chubut
Fecha: 2024-11-20

Resulta procedente el amparo previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional en el caso del usuario de cannabis medicinal que demandó al Ministerio de Salud por cuanto le fue impedido renovar su inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) sobre lo dispuesto en la Res 3132/2024 la que asimismo impone a los médicos que indican su uso cuenten con una diplomatura o maestría en la materia, por tratarse de la vía idónea para impugnar dicho acto estatal al afectarle en forma directa sus derechos a la preservación de la salud e integridad física lo que cuenta con reconocimiento explícito y jerarquía constitucional a partir de la incorporación en 1994 de los tratados internacionales, muy en especial el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, recurso de inconstitucionalidad, ley de defensa del consumidor, multa, asistencia a las audiencias, derechos del consumidor, apreciación de la prueba, sentencia suficientemente fundada, impugnación del resumen de cuentas, tarjeta de crédito, relación de consumo
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-241.194/2023 - Cencosud S.A. c/ Estado Provincial s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2024-11-26

Corresponde declarar violados los artículos 4, 8 bis y 49 de la Ley de Defensa del Consumidor confirmando en consecuencia lo dispuesto por la Cámara que en el caso de la demanda contra una sociedad anónima que atribuyó incorrectamente a la actora en sus resúmenes de tarjeta de crédito montos en moneda extranjera, la condenó al pago de la multa ya establecida en sede administrativa pues lo allí dispuesto resultó adecuadamente fundado interpretando razonablemente las normas aplicables a una relación de consumo y las pruebas, muy en especial la relativa a las ausencias reiteradas de la accionada a las audiencias notificadas, quien demostró asimismo un actuar en exceso indiferente tardando más de un año y medio en solucionar un problema que ella mismo generó obligando a la afectada a recurrir a un derrotero legal injustificado.
Revocación de sentencia, declaración de incompetencia
Materia: LABORAL
Carátula: Padilla Limachi, Daniela c/ Gobernación de la Provincia de Buenos Aires A.R.T. y otro  s/ recurso ley 27348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-05

La actora se agravia de la sentencia interlocutoria de grado que declaró la incompetencia de este fuero para entender en los presentes actuados. La cuestión llega al ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo por la apelación de la actora de la resolución dictada por la Comisión Medica N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del diseño recursivo dispuesto por el art. 2 de la ley 27.348, por lo cual la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo resulta incuestionable. Si bien la Provincia de Buenos Aires reviste carácter de autoasegurada a partir de su adhesión a ese régimen mediante el decr. 3858/07, por una parte, el estado provincial no ha participado en forma directa en el expediente, y por otra, la competencia federal ratio personae establecida en los arts. 116 in fine y 117 de la CN es un privilegio que debe ser expresamente opuesto por el interesado. Por consiguiente, en la medida que aquí sólo ha intervenido la aseguradora Provincia ART y ésta, al momento de contestar los agravios, nada alegó al respecto, cabe revocar lo resuelto en grado y declarar la competencia de la JNT.
Denegatoria del recurso, despido, multa
Materia: PROCESAL-LABORAL-PENAL
Carátula: Ale, Renzo Adrián  c/ Duxor SRL y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-20

La demandada recurre la sentencia condenatoria de segunda instancia interponiendo una revocatoria "in extremis", tratando de subsanar supuestos equívocos que no pueden ser subsanados según su criterio por otros remedios procesales. La recurrente expresa que con el dictado de la nueva ley 27.742 (julio/24) que deroga las multas contenidas en los arts. 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013, arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y arts. 43 a 47 de la ley 25.345, éstas caen bajo las previsiones del principio constitucional de benignidad y, por ende, debe aplicarse tal derogación. El despido del recurrente tuvo lugar en noviembre del 2020. Las leyes no tienen efecto retroactivo, conforme el art. 7° del CCyCN, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario, aspecto que no surge de la ley 27.742, donde la eventual retroactividad no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Asimismo, el Alto Tribunal indica que deben considerarse penales las multas aplicables a los infractores cuando ellas, en vez de tener carácter retributivo del posible daño causado, tienden a prevenir y reprimir la violación de las pertinentes disposiciones legales (CSJN, Fallos 184:162; 247:225; 270:381; 295:307; 302:1501, entre otros). Aún desde la hipótesis de considerarse multas a los incrementos dispuestos en los regímenes normativos indicados, resulta evidente su carácter resarcitorio, en tanto el legislador colocó al trabajador damnificado como destinatario de aquellas. En consecuencia, cabe rechazar la revocatoria articulada.
Juicio por jurados populares, MENDOZA, sujetos del proceso penal, deberes del juez, instrucciones al jurado, tipo penal, culpabilidad, acusación fiscal, apreciación de la prueba, dirección del proceso, veredicto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F. c/ Pinavaría Corvalán, Francisco p/ homicidio criminis causa en concurso ideal con femicidio s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2024-11-27

Conforme dispone el artículo 33 de la Ley de Juicio por Jurados 9106 de la provincia de Mendoza, podrá el jurado popular declarar al acusado culpable de la comisión de cualquier delito inferior comprendido en el hecho penal que se le imputa bajo las instrucciones impartidas por el juez, a partir de lo cual debe entenderse que no se encuentra limitado por la calificación que el órgano acusador le atribuye al hecho, sino por aquellos que considera probados pudiendo condenar por un delito inferior siempre en función de las instrucciones impartidas por el juez quien está obligado a hacerlo de modo tal que efectivamente permita al jurado hacer uso de dicha facultad.
Astreintes, ejecución de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Saavedra, Marcelo Adrián  c/ Estado Mayor General de la Armada s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

La juez de grado impuso astreintes hasta el efectivo pago de la condena, ello en la etapa de ejecución de sentencia, haciendo efectivo el apercibimiento al respecto. Por ello se agravia la demandada. El actor obtuvo sentencia favorable y la demandada- Estado Mayor General de la Armada- no requirió la inclusión presupuestaria de todos los rubros y debió demorarse en el pago de los intereses debidos. En especial cuando nos encontramos atravesando un inusitado proceso inflacionario el cual hace que ni siquiera los intereses que suelen establecerse sobre los créditos debidos, sean suficientes para contrarrestar la pérdida adquisitiva por el paso del tiempo. En virtud de lo dispuesto por el art.804 del Código Civil y Comercial de la Nación, es tal la situación que se verifica pues el Estado Nacional no cumplió con la manda judicial de pago dispuesta en las sentencias de primera y segunda instancia, e hizo una asignación presupuestaria deficiente que no llegó a abarcar el pago efectivo de los intereses debidos y reclamados. La falta de cumplimiento en término, es un accionar reticente. La inclusión presupuestaria no debía necesariamente acreditarse a la fecha de corte, sino que también podrían haberse presentado constancias de solicitud de inclusión, por ejemplo, o de las gestiones realizadas en las agencias gubernamentales pertinentes. La resolución de imponer astreintes constituye una medida excepcional, pero procedente y necesaria en el caso, para sostener el crédito debido. Ello no constituye un enriquecimiento ilícito. Así entonces, y habiendo acaecido una multiplicidad de solicitudes, reclamos, y ulterior dispendio jurisdiccional, se propicia confirmar la imposición de astreintes. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).
Despido, aislamiento social preventivo y obligatorio, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Saúl Florido  c/ Briefing Security SA  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-12

El accionante se desempeñaba prestando labores de vigilancia para la empresa demandada, y contaba con más de sesenta (60) años cuando se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia COVID-19, y a raíz de ello dejaron de abonársele sus haberes por la empresa demandada. El DNU 297/2020 (19/03/2020) (y sus sucesivas prórrogas) estableció para todas las personas que habitaran en el país o se encontraran en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" con el fin de proteger la salud pública (art. 1°) y que durante la vigencia del mismo ".. .los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL." (art. 8°). Asimismo, el art. 6 del DNU 297/2020 estableció que quedaban exceptuadas del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia dentro de las cuales incluyó a los "Servicios esenciales de vigilancia." a los que pertenecía el trabajador. Si bien la demandada fue incluida entre las actividades esenciales exceptuadas del aislamiento, lo importante es que la Res. MTySS 207/2020, dispuso la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo de los "...Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados "personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento..." y en el caso no se demostró que el actor resultare esencial para el funcionamiento de la actividad de la demandada, no resultando suficiente a tal fin, que la de la empresa resultara una actividad esencial. La norma se refiere al personal que resulte esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento y no a los que se desempeñen en actividades declaradas esenciales por lo que si alguna duda cupiere no puede ser despejada sino a la luz de lo que dispone el art. 9 de la LCT, esto es, en sentido favorable al trabajador. El despido en que se colocó el actor, frente a la negativa de la patronal a reconocer su derecho a tal situación así como al pago de sus salarios, resultó ajustado a derecho por cuanto se trata de un incumplimiento que impedía la consecución del vínculo contractual (arts. 242 y 246 LCT).
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, competencia penal, fallido, calidad de parte, administración de bienes, legitimación procesal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Kim SA (hoy Arosa Rosario SA)  c/  s/ quiebra s/ incidente de apelación por fornieles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-08

Cabe confirmar el rechazo de la petición incoada dirigida a que se libere a la sindicatura de continuar con el trámite de la causa penal inicialmente promovida por la deudora en la utilidad económica que la misma podría importar para este proceso falencial. Ello en tanto, en dichas actuaciones se dispuso el procesamiento de los imputados, decisión que a la fecha se encuentra firme, continuando los trámites necesarios para elevar la causa a juicio oral. A más, luego de decretada la quiebra, el proceso penal fue continuado como querellante por la sindicatura, pues el Ministerio Público declaró que no intervendría dado que se trataba de denuncia a instancia de parte interesada. La funcionaria sindical adujo la posibilidad de reclamar una indemnización en sede penal, o de utilizar la cosa juzgada penal como fundamento para una "acción de recomposición patrimonial", lo cual importaría una concreta utilidad para la quiebra. Fundó su actuación en lo establecido por la LCQ 110. En el marco señalado, con el procesamiento firme de los imputados y próxima a ser elevada a juicio oral, da cuenta de que esa acción no aparece sin más, carente de seriedad suficiente como pretenden los apelantes. Máxime teniendo en cuenta lo manifestado por la síndica en las diversas presentaciones formuladas en el trámite principal, en cuanto a la utilidad que para la masa podría acarrear lo que en definitiva se decida en sede penal, respecto de bienes sujetos a desapoderamiento.