Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-11-11


En la ciudad de La Plata, a 11 de noviembre de 2009, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Pettigiani, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 92.257, "Recurso de amparo. Medida cautelar de no innovar. Lessi, Néstor Bruno".

A N T E C E D E N T E S ááááLa Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Zárate Campana confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó el amparo promovido por el señor Néstor Bruno Lessi (v. fs. 172/174).

áááá Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.

áááá Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes áááááááá áC U E S T I O N E S áááá 1º ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad? áááá áááá Caso negativo:

áááá 2º ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley? V O T A C I O N áááá A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

áááá1. La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Garantías en lo Penal de Zárate Campana confirmó el pronunciamiento de grado que desestimó el amparo promovido por el señor Néstor Bruno Lessi contra la Municipalidad de Zárate (v. fs. 86 y 172/174).

áááá 2. Contra este pronunciamiento el actor interpone recurso extraordinario de nulidad, en cuyo marco denuncia la violación del art. 161 inc. 3º ap. "b" de la Constitución provincial en su juego armónico con los arts. 168 y 171 del citado ordenamiento (v. fs. 195/197).

áááá 3. Adelanto mi parecer contrario a la procedencia del recurso, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General a fs. 230/233.

áááá a. Arguye el recurrente que el tribunal a quo abordó sólo uno de los cuestionamientos esgrimidos en la demanda, omitiendo considerar sus restantes planteos referidos a la prescripción y extinción de la pena directamente relacionados con la pretensión de amparo articulada.

áááá Tales quejas no son de recibo.

áááá i] Basta una lectura del fallo en crisis para advertir que los tópicos individualizados por el apelante fueron tenidos en consideración por el tribunal de la instancia al reseñar los agravios llevados a su conocimiento. En efecto, la Cámara reparó en que el accionante alegó que "en realidad no se est[aba] amparando de actos emanados del Juez competente en proceso judicial, sino de actos de la Administración Pública Municipal, ordenados y ejecutados por autoridad incompetente y sobre derechos prescriptos o inejecutables"(v. fs. 172 vta.).Mas, seguidamente, explicitó las razones por la que estimaba acertada la decisión de primera instancia.

áááá En este sentido, sostuvo que conforme dispone el art. 58 del decreto ley 8751/1977, la ejecución de la sentencia corresponde al juez o intendente que haya conocido en primera instancia, siendo que en el art. 60 del citado ordenamiento se prevé la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Penal. La conjunción de tales preceptos, a su juicio, imponía la confirmación del fallo en crisis pues -según interpretó- "la ejecución de los actos provenientes de la autoridad municipal -a los cuales el amparista califica[ba] de ilegales emana[ban] de una decisión jurisdiccional que reviste autoridad de cosa juzgada, ergo irrevisable, por lo que de ninguna manera p[odía] ser considerado ilegal, es decir contrario a derecho, que es lo que se combate precisamente a través del amparo". Acotó, finalmente, que "considerar lo contrario, implicaría concebir al amparo como un medio tendiente a reformar o anular una resolución -que en el caso [...] se enc[ontraba] en etapa de ejecución- dictada dentro de un proceso, en esa instancia o una instancia superior"(v. fs. 173).

áááá Tal modo de resolver importó una respuesta a los embates del actor, siendo que como señala el señor Subprocurador General, la protesta ensayada ante esta instancia en rigor evidencia un cuestionamiento al acierto jurídico del pronunciamiento lo cual, como es sabido, deviene extraño al ámbito del recurso extraordinario de nulidad y resulta propio del de inaplicabilidad de ley (conf. Ac. 84.718, sent. de 6-X-2004; L. 86.488, sent. de 6-IV-2005, entre muchas otras). En suma, lo que interesa a los fines de la procedencia del recurso de nulidad es la omisión de una cuestión esencial, y no el sentido como fuere resuelta. De allí que corresponda rechazar esta clase de recursos extraordinarios cuando -como acontece en la especie- los temas cuya preterición se denuncian fueron abordados por la alzada, expresa o tácitamente, toda vez que resulta ajeno a su ámbito tanto el acierto con que se haya analizado el asunto, como la forma con que aquél fuera encarado (conf. Ac. 84.075, sent. de 1-IX-2004; Ac. 87.803, sent. de 23-II-2005).

áááá b. Tampoco resulta atendible la denunciada conculcación del art. 171 de la Constitución provincial, en la medida en que no sólo el recurrente omite indicar de qué manera se produjo la transgresión que predica -cuyos agravios sobre el punto no pasan del mero enunciado- sino que la sentencia de fs. 172/174 abastece la exigencia impuesta por el citado precepto al encontrar respaldo en expresas normas legales.

áááá 4. No demostradas, entonces, las infracciones denunciadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad impetrado (arts. 171 de la Constitución provincial y 296 y 298 del Código procesal), con costas al recurrente vencido (arts. 68 y 298 del cit. ordenamiento).

áááá En concordancia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, doy mi voto por la negativa.

áááá Los señores jueces doctores Negri, Pettigiani y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.

ááááA la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

áááá1. En el sub lite, el señor Néstor Bruno Lessi promueve acción de amparo contra la Municipalidad de Zárate.

áááá a. En su escrito inicial, refiere que al adquirir la denominada "Vieja Casona de los Pérez de la Torre" de la ciudad de Zárate, el inmueble se encontraba en estado de deterioro y abandono, presentando su fachada un aspecto ruinoso. Que al momento de su adquisición fue impuesto de las limitaciones derivadas de la Ordenanza municipal 2631/1990, mas no de lo "presuntamente" normado por la Ordenanza 3125/1997.

áááá Afirma que el derrumbe de la pared se produjo como consecuencia de su estado ruinoso, haciéndose necesario actuar para evitar males mayores. No obstante, la justicia de faltas primero, y luego el juez correccional, entendieron que no asistía derecho a su parte para derrumbar el muro, tal como surge de la decisión adoptada en el expediente 4121-1909/01, confirmada en la causa 618 "Lessi, Néstor Bruno s/Apelación por inf. ley 8751", donde fue condenado: a) al pago de una multa de 15 sueldos de la Administración y b) accesoriamente se dispuso la paralización de la obra y la reconstrucción del muro de la fachada, bajo apercibimiento de mandar a realizar la obra por personal designado por la municipalidad a su costa. Dicha decisión, reconoce el accionante, se encuentra firme y consentida (v. fs. 74 y vta.).

áááá Admite, asimismo, no haber dado cumplimiento con tal condena, no abonando la multa ni realizando ninguna de las actividades ordenadas por la justicia en ambos pronunciamientos para la reconstrucción del muro (v. fs. 74 vta.).

áááá b. Ahora bien, según explicita, las razones en que pretende fundar su amparo son las siguientes:

áááá i] En primer término, plantea la prescripción de la pena impuesta por la justicia de faltas y confirmada por el juez correccional.

áááá Sostiene que conforme dispone el decreto ley 8751 en su art. 17, la pena se extingue al año de dictada la sentencia definitiva, prescripción que sólo se interrumpe por la comisión de una nueva falta o por la secuela del juicio (v. fs. 75) y que, según se desprende de los arts. 15, 54 y 55 dicha normativa, por sentencia definitiva debe entenderse la decisión final de la autoridad administrativa contraria al reclamante, contra la cual no medie recurso administrativo alguno. Siendo ello así, dice, en el caso debe reputarse por tal la dictada por el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Zárate con fecha 29 de junio de 2001, habiendo por tanto prescripto la pena el 29 de junio de 2002, sin que durante dicho tiempo se produjera su suspensión o interrupción (v. fs. 75 y vta.).

áááá Manifiesta que tal circunstancia fue denunciada a la administración mediante escritos del 13 y 14 de agosto de 2002, planteo que fue desestimado por el municipio, continuándose la ejecución de las obras de reconstrucción de la fachada (v. fs. 76).

áááá ii] En segundo lugar, plantea la incompetencia del Intendente municipal para dar órdenes y dictar resoluciones administrativas relacionadas con la "reconstrucción de la fachada", por cuanto, opina, las decisiones del juzgado local de faltas necesitan de la vía judicial cuando tienen consecuencias pecuniarias o se apartan del ejercicio del poder de policía. Agrega que la Administración carece de facultades para ingresar a un inmueble, sin consentimiento del propietario, para realizar -como en el caso- tareas de "reconstrucción" (v. fs. 76 vta./77).

áááá En síntesis, aduce que la decisión adoptada por la justicia de faltas y confirmada por el juez correccional no puede ser ejecutada por la Administración en forma autónoma y sin intervención de la justicia. Para ello debe cumplir con los procedimientos que impone la legislación vigente, siendo que por aplicación de lo normado por los arts. 520 del Código de Procedimiento Penal, 60 del decreto ley 8751; 511 del Código Procesal Civil y Comercial y 24 de la Constitución provincial a los fines de ejecutar la reseñada condena la Administración debió recurrir a la vía civil correspondiente, lo que no hizo. Tal proceder, asevera, privó a su parte del derecho de defensa, impidiendo deducir la excepción de prescripción de la pena (v. fs. 77/78).

áááá iii] Por fin, invoca la violación del principio de legalidad.

áááá En este sentido, tras señalar que el régimen disciplinario integra el derecho penal administrativo y como tal le es aplicable el principio nullum crimen nulla poena sine lege (v. fs. 78 vta./79 vta.), sostiene que aún para la conminación de carácter administrativo como resulta la aplicación de una multa debe observarse tal principio que supone -entre otras exigencias- la exacta determinación de la sanción. Expresa a continuación que si bien fue condenado al pago, dentro de las 72 horas, de una multa equivalente a 15 sueldos de la Administración municipal, conforme liquidación que se practicaría por el actuario, éste último no llevó a cabo la correspondiente liquidación o, al menos, ésta no le fue notificada. Que pese a ello, mediante resolución del 5 de agosto de 2002, la Administración manifestó que dicha liquidación obraba a fs. 109 del expediente, circunstancia que no le consta y que de todos modos no le fue debidamente notificada conjuntamente con la sentencia definitiva (arts. 34 y 60 del decreto ley 8751 y 136 y conc. del C.P.P.; v. fs. 79/80).

áááá Concluye que el incumplimiento de tal notificación le impidió atacar por la vía recursiva judicial la liquidación que ahora se pretende abone sin derecho. De todos modos, afirma que procedió igualmente a interponer recurso de apelación (causa 618 que tramitara ante el Juzgado en lo Correccional nº 1 del Departamento Judicial de Zárate). Pero, aclara, nada pudo decir con relación al monto de la sanción disciplinaria (v. fs. 80 vta./81).

áááá La cuestión precedentemente planteada, dice, adquiere relevancia por cuanto se intenta obligarlo a cumplir con la pena accesoria de la reconstrucción del muro (no contemplada en la normativa como sanción) cuando la principal -esto es la multa- no ha sido determinada y, en caso de existir liquidación ésta no fue notificada- denotando una pretensión punitiva sancionatoria o conminatoria inexistente. Que toda vez que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, la inexistencia de la pena principal de multa implica la consecuente imposibilidad de reclamar el cumplimiento de la pena accesoria de reconstrucción del muro (v. fs. 81 y vta.). Ello, a su juicio, conlleva la imposibilidad jurídica de llevar adelante la sanción por violación a los principios de legalidad y accesoriedad (v. fs. 81 vta./82).

áááá 2. El Tribunal Criminal nº 2 del Departamento Judicial de Zárate Campana, en su resolución de fs. 86, rechazó el amparo planteado en tales términos.

áááá Para así decidir, sostuvo que toda vez que la vía del amparo procede de no existir otros procedimientos ordinarios administrativos o judiciales que permitan obtener idéntico efecto y "dado que en la presente causa se ha dictado sentencia por intermedio del Juzgado Correccional Nº 1 Dptal, la cual, el mismo afectado ha dejado firme, habiendo interpuesto contra ella, según surge de la presentación, recurso de revisión ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, lo que demuestra que la misma parte admite que existen remedios judiciales idóneos para cuestionar la mentada medida judicial, conforme lo establecido por el art. 3 inc. A de la ley 7166"la pretensión incoada no resulta dado que el acto impugnado emana de un órgano del Poder Judicial. A la par, entendió que la medida cautelar solicitada resultaría contraria a la solución judicial que, por sentencia firme, habilitó al municipio de Zárate a ejecutarla.

áááá 3. Contra esta decisión se alzó la parte actora (v. fs. 90/95). La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Zárate Campana, rechazó los planteos del impugnante y, en consecuencia, confirmó el fallo de primera instancia (v. fs. 172/174).

áááá Liminarmente, el tribunal a quo reseñó los agravios expuestos por el accionante quien, en sustancia, alegó que "en realidad no se est[aba] amparando de actos emanados del Juez competente en proceso judicial, sino de actos de la Administración Pública Municipal, ordenados y ejecutados por autoridad incompetente y sobre derechos prescriptos o inejecutables"(v. fs. 172 vta.).

áááá Seguidamente, señaló que el texto del art. 58 del decreto ley 8751/1977 dispone que la ejecución de la sentencia corresponde al juez o intendente que haya conocido en primera instancia, estableciendo en su art. 60 la aplicación supletoria de las normas del Código de Procedimiento Penal, normas que imponían la confirmación de la resolución en crisis (v. fs. 172 vta./173).

áááá Ello así, dijo, por cuanto "la ejecución de los actos provenientes de la autoridad municipal -a los cuales el amparista califica[ba] de ilegales- emana[ban] de una decisión jurisdiccional que reviste autoridad de cosa juzgada, ergo irrevisable, por lo que de ninguna manera p[odía] ser considerado ilegal, es decir contrario a derecho, que es lo que se combate precisamente a través del amparo"(v.fs. 172).

áááá En adición, remarcó que "considerar lo contrario, implicaría concebir al amparo como un medio tendiente a reformar o anular una resolución -que en el caso [...] se enc[ontraba] en etapa de ejecución- dictada dentro de un proceso, en esa instancia o una instancia superior"(v. fs. 173).

áááá 4. Este pronunciamiento es atacado por la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual tacha de arbitrario e ilegal.

áááá De un lado, sostiene que la pretensión deducida en autos no tiene por finalidad poner en crisis la vigencia de la decisión administrativa confirmada por el juzgado correccional -que se encuentra firme y consentida y por tanto resulta irrevisable- sino que se dirige contra la forma de llevar adelante la ejecución de dicho pronunciamiento. Arguye que la "acción directa municipal" no se encuentra comprendida dentro del ordenamiento legal citado por la alzada en sustento de su decisión (v. fs. 188 y vta.).

áááá Aduce que ni el Intendente ni el Juez de faltas pueden llevar adelante, por sí y sin transitar por el procedimiento legal que lo permita, la reconstrucción de la fachada. Con cita de lo normado por los arts. 109 de la Constitución nacional y 163 de su par provincial y de los precedentes "Fernández Arias" de la Corte nacional y "Cordasco" de este Tribunal insiste en que los citados funcionarios carecen de potestades reservadas a la administración de justicia (v. fs. 189 y vta.).

áááá Que, en la especie, se pretende investir al Intendente con poderes judiciales suficientes para concretar una sanción (reconstrucción del muro) que ni siquiera se encuentra prevista en el ordenamiento (arts. 4 a 17 del dec. ley 8751). Que tal obrar por "mano propia" o contratando a terceros no es posible mientras no se cuente con una sentencia judicial que lo habilite al efecto. En suma, considera que la sentencia administrativa sólo puede ser ejecutada directamente por el juez de faltas o por el Intendente, en los supuestos expresamente contemplados por la legislación especial (decreto 8751), requiriendo en el caso de autos la interposición de una demanda en sede judicial, el dictado de una sentencia firme y las órdenes judiciales correspondientes (v. fs. 190 vta.).

áááá Continúa diciendo que la sentencia de reconstrucción de la fachada es una "auténtica creación judicial, inventada para este caso en concreto, al no encontrarse prevista en el ordenamiento vigente", por lo que mal podría el decreto ley 8751 contemplar un proceso de ejecución para una condena "no establecida". Seguidamente, cita diversos autores que avalarían su protesta y transcribe lo normado por los arts. 109 de la Constitución nacional; 192, 24, 162 de su par provincial; 520 del Código de Procedimiento Penal; 162/164 de la ley 6769/1958 de Régimen Municipal y 60 del decreto ley 8751; 511 del Código Procesal Civil y Comercial, tras lo que asevera que el obrar municipal le ocasiona graves perjuicios que hacen a la violación de su domicilio, a la inseguridad y peligros generados a su familia, dejando a su parte sin el derecho de defensa al verse impedido de articular la defensa de prescripción y transformando el gasto de ejecución de la reconstrucción de la fachada en una condena de monto "indeterminado" (v. fs. 191/199).

áááá 5. El recurso no puede prosperar.

áááá a. Conforme consolidada doctrina de esta Suprema Corte, la procedencia de la acción de amparo requiere que el acto u omisión lesione, restrinja, altere o amenace los derechos y garantías explícita o implícitamente reconocidos en la Constitución, pero no de cualquier manera sino de un particular modo: han de afectarse los derechos constitucionales con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas (arts. 43 de la C.N.; 20 inc. 2º de la Const. pcial.; 1 de la ley 7166). No basta por consiguiente que el proceder o inactividad denunciados entrañen la restricción de algún derecho de grada constitucional. Se exige, además, que carezca del mínimo respaldo normativo tolerable (conf. causas B. 64.029, sent. de 15-XII-2004; B. 65.096, sent. de 23-II-2005; B. 64.866, sent. de 15-VIII-2007).

áááá Como es sabido, la ilegalidad o arbitrariedad que da lugar al amparo, debe evidenciarse en forma manifiesta, esto es de un modo patente, indudable, inequívoco, notorio, ostensible para no convertir al amparo en el medio que solucione todos los problemas, subsumiendo las vías procesales en una sola cuando la Constitución y las leyes marcan distintos derroteros (conf. doct. causas B. 63.788, sent. de 21-V-2003; B. 67.246, sent. de 16-II-2005, entre otras). La exteriorización que no revista esa indiscutible patencia y que en todo caso pueda resultar meramente opinable excluye el carácter manifiesto de la arbitrariedad o ilegalidad, y por ende la viabilidad del amparo (conf. doct. causas B. 62.257, sent. de 3-X-2001; B. 59.168, sent. de 16-II-1999). Ello implica que los vicios tienen que aparecer al examen jurídico más superficial. La nota fundamental de este instituto no está dada propiamente por la inexistencia de discusión en torno al derecho invocado por el impetrante, sino por la indiscutibilidad de la pretensión enjuiciada (conf. doct. causa C. 102.100, sent. de 17-IX-2008).

áááá b. Pues bien, del discurrir del fallo atacado se desprende que, a juicio del tribunal de grado, en el caso no media un obrar manifiestamente ilegal del municipio que torne procedente la pretensión de autos. Ello por cuanto, según explicita, los actos de ejecución de la reconstrucción de la fachada del inmueble que el amparista tacha de ilegales emanan de una decisión jurisdiccional que reviste autoridad de cosa juzgada, no pudiendo por tanto reputarse ilegales ni concebirse al amparo como un medio tendiente a reformar o anular una resolución judicial (v. fs. 172/173).

áááá c. Las quejas que ensaya el actor no logran conmover tal pronunciamiento. Veamos.

áááá i] El objeto principal de las actuaciones administrativas que culminaron con el dictado de la sentencia del juzgado de faltas, confirmada por el juzgado correccional, fue la declaración de ilegalidad de la demolición de la fachada de la denominada "Vieja Casona de los Pérez de la Torre", muro declarado bien del patrimonio cultural de la ciudad de Zárate.

áááá Entre los numerosos antecedentes incorporados a dichas actuaciones se encuentra la nota emanada de la Comisión Municipal de Preservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico y Urbanístico del Partido de Zárate que daba cuenta de que en el inmueble no se habían ejecutado los trabajos de consolidación estructural definitivos de la fachada, contando con un apuntalamiento precario, siendo que los trabajos que realizaba su propietario ponían en peligro el bien arquitectónico a preservar y provocaban su paulatino deterioro. Ello dio lugar al dictado de una resolución que dispuso la intimación al señor Lessi para que presente un proyecto de consolidación estructural definitiva del muro.

áááá Asimismo, obran notas del propietario haciendo saber el desmoronamiento y fisuras sufridas por la fachada, alegando que ante la presencia de un riesgo inminente debió sacrificarla en pos de la seguridad. Ante ello, la autoridad municipal procedió a verificar su demolición total, efectuada sin autorización municipal, y dio inicio al expediente administrativo 4121-1909/01 con intervención del juzgado de faltas.

áááá En oportunidad de confirmar la decisión condenatoria de la justicia de faltas, tras un pormenorizado análisis de las pruebas, el señor juez correccional interviniente desestimó los descargos esgrimidos por el dueño del inmueble y arquitecto actuante, juzgando acreditada su responsabilidad culpable y teniendo por configurada las faltas imputadas por el municipio. Consecuentemente, convalidó la paralización de la obra desarrollada por el señor Lessi en el inmueble hasta tanto se procediera a la reconstrucción de la fachada demolida, respetando el estilo colonial y un proyecto debidamente aprobado, bajo apercibimiento de realizar las obras por personal designado por la Municipalidad a cargo de los infractores (conf. arts. 1.5.3. inc. "d", 1.5.4. y 1.5.5. del Código de Planeamiento). Finalmente, ordenó la devolución de los autos al juzgado de origen para que cumpla con las respectivas notificaciones y ejecución del fallo.

áááá ii] La orden de reconstrucción de la fachada fue, por tanto, la consecuencia dispuesta por la autoridad administrativa y confirmada por un órgano jurisdiccional a raíz del obrar ilegal desplegado por el aquí actor al demoler un bien calificado como patrimonio cultural de la ciudad de Zárate. Ello sin perjuicio de que además, de conformidad con el ordenamiento jurídico, se impusiera la aplicación de una multa por la comisión de tal conducta antijurídica.

áááá Ahora bien, más allá de los términos empleados por la resolución del juzgado de faltas, cada una de estas cuestiones corrió por andariveles diferentes. La primera respondió al ejercicio de las competencias propias de la autoridad administrativa en materia de protección de los bienes culturales de la comuna (arg. arts. 41 y 123, C.N.; 28, Const. pcial.). La segunda fue consecuencia de la potestad sancionatoria conferida por la ley en miras de prevenir o reprimir transgresiones a sus disposiciones, la cual tiene lugar ante la constatación de una conducta ilícita, tal como en la especie fue calificado el obrar del señor Lessi en pronunciamiento confirmado por el juez correccional que se encuentra firme y consentido. El plazo de prescripción de la pena al que alude el impugnante en su demanda, a saber el art. 17 del decreto ley 8751, se aplica a esta última condena, la que -adelanto- es independiente de la reconstrucción de la fachada demolida.

áááá En adición, vale observar que de seguirse el razonamiento del accionante la solución no habría de variar. Cierto es que el art. 17 del citado decreto dispone que la prescripción de la pena opera al año de dictada la sentencia firme. Mas, no lo es menos que en el caso el actor procedió a interponer un recurso contra la decisión del juez de faltas, remedio que a tenor de las propias normas que invoca en su demanda (concretamente, el art. 54 del dec. ley 8751) tiene efectos suspensivos. Tal apelación recién fue decidida mediante fallo del juzgado correccional dictado el 5 de septiembre de 2001.

áááá En este contexto, no es admisible sostener como hace el señor Lessi que el curso de la prescripción de la pena comenzó a correr desde el dictado de la resolución del juzgado de faltas cuando, a raíz de la apelación con efectos suspensivos interpuesta por el nombrado, su ejecución no estaba expedita. Aquel plazo, a todo evento, habría de contarse desde que quedó firme la sentencia del juzgado correccional, siendo que como reconoce el amparista en el mes de mayo de 2001 la autoridad administrativa hizo efectivo el apercibimiento prevenido, anoticiándole el inicio de las tareas de reconstrucción de la fachada conforme el proyecto elaborado por la comisión respectiva e iniciando las obras en el mes de agosto de igual año, fecha en la cual aún no se había cumplido el plazo anual invocado.

áááá d. De otra parte, la alegada accesoriedad en la cual el actor estructura su razonamiento, no se adecua al ordenamiento vigente y concretamente aplicado en los pronunciamientos reseñados.

áááá Basta apuntar que el art. 1.5.4. del Código de Planeamiento de la Municipalidad de Zárate no predica tal accesoriedad. Antes bien, dicho precepto establece que "sin perjuicio de las multas"que corresponde aplicar a quien diere comienzo sin autorización municipal a la construcción, remodelación, transformación, ampliación o demolición de edificios ubicados en las Zonas de Protección Patrimonial (conf. art. 1.5.3) " la Autoridad de Aplicación podrá disponer la suspensión de las obras o el desarrollo de actividades como la remoción, demolición o adecuación de construcciones erigidas indebidamente, bajo apercibimiento de efectuarse directamente a cargo de los infractores".

áááá e. Asimismo, el recurrente no logra demostrar que, dadas las particularidades que emergen de la decisión del juez correccional -insisto, firme y consentida- los actos ejecutados por el Intendente en cumplimiento de la orden de reconstrucción de la fachada transgredan manifiestamente el principio de legalidad o impliquen un exceso en su ejecución. Ello pues la reconstrucción cuestionada encuentra sustento en la decisión del tribunal correccional que delegó el cumplimiento de su fallo en las autoridades administrativas.

áááá En efecto, en dicho pronunciamiento se dispuso la devolución de los autos al juzgado de origen (juzgado de faltas) "a fin de que por delegación cumpla con las notificaciones y ejecución de la"decisión confirmatoria de la condena, fallo que el propio amparista reconoce no cuestionó en su momento, pasando en autoridad de cosa juzgada, y cuya condena también admite haber incumplido en su totalidad. Frente a ello, no surge evidente un obrar "manifiestamente" ilegal o arbitrario o la existencia de vías de hecho, que habiliten la vía intentada.

áááá Tampoco acredita que en tal ejecución se hubiere excedido el marco de lo dispuesto en el fallo judicial en cuestión mediante acciones que puedan ser calificadas como manifiestamente contrarias o atentatorias de garantías constitucionales. Ello sin perjuicio de remarcar que los planteos concretos formulados en la demanda con base en la supuesta incompetencia de la administración para ejecutar la reconstrucción de la fachada lo fueron -según lo alegado inicialmente por el actor- por el supuesto impedimento de oponer la defensa de prescripción de la pena, tópico ut supra analizado.

áááá f. En cuanto a los cuestionamientos vinculados a la procedencia misma de la condena a reconstruir la fachada, vale reiterar que ello fue así resuelto en decisión jurisdiccional pasada en autoridad de cosa juzgada, resultando por tanto impropio su reexamen en autos. Lo expuesto, amén de señalar que el señor Lessi denunció la promoción de una acción de revisión, lo que importa el reconocimiento de que existe otro remedio judicial destinado a encauzar su reclamo sobre el punto (art. 2, ley 7166).

áááá g. Por fin, lo alegado respecto al deber de afrontar los gastos de la reconstrucción y su falta de determinación, no solo es derivación de la decisión firme ya referida sino que tal embate no fue siquiera insinuado en el escrito inicial, siendo el fruto de una reflexión tardía.

áááá 6. Por las razones expuestas, que estimo suficientes a fin de rechazar el recurso extraordinario bajo estudio, doy mi voto por la negativa, con costas al vencido (arts. 68 y 289 del C.P.C.C.).

áááá Los señores jueces doctores Negri, Pettigiani y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa.

áááá Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A ááááPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto; costas al recurrente vencido (conf. arts. 68 y 298 in fine, C.P.C.C.). Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley planteado; con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

áááá El depósito previo de $ 2.500, efectuado a fs. 124, queda perdido para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002).

áááá Notifíquese y devuélvase.

áááá á á á áááááááááááá HILDA KOGAN á á á HECTOR NEGRIááááááááá EDUARDO JULIO PETTIGIANI á á á á á á ááááááá DANIEL FERNANDO SORIA á á á ááááááááááááááááááááááááá CARLOS E. CAMPS áááááááááááááááááááááááááááá Secretario á á