Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-08-28


///MA, 28 de agosto de 2014.

VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: GADEA, HECTOR MARIO Y OTROS C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY (Expte. N° 27008/14-STJ), puestas a despacho para resolver, y- CONSIDERANDO:

El señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo: 1.- Mediante la sentencia obrante a fs. 87/91, la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche hizo lugar a la defensa de falta de agotamiento previo de la instancia administrativa opuesta por la provincia de Río Negro y, en consecuencia, rechazó la demanda entablada por los actores Jorge Saúl Bobadilla, José Luis Bobadilla y Héctor Mario Gadea a fs. 29/38 de las presentes actuaciones.

La demanda instaurada tenía como finalidad que se ordenara la promoción de los nombrados a las jerarquías que les habrían podido corresponder durante todo el tiempo en que estuvieron inhabilitados para ascender como consecuencia de hallarse imputados en una causa penal en la que finalmente resultaron sobreseídos, como así también se dispusiera el pago de las diferencias salariales correspondientes y la indemnización por el daño moral y profesional ocasionado por la irrazonable duración del proceso judicial seguido en su contra.

2.- Lo resuelto por la Cámara determinó que a fs. 99/103 los actores interpusieran recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el a quo a tenor del pronunciamiento obrante a fs. 111/112.

En sustento de la pretensión recursiva articulada, los presentantes sostienen que la sentencia impugnada viola y aplica erróneamente la ley e incurre en arbitrariedad por exceso ritual manifiesto y por no respetar la jerarquía de las normas ni constituir derivación razonada del derecho vigente,// ///-2- todo ello en razón de los fundamentos allí expuestos a cuya lectura corresponde remitir por razones de brevedad.

3.- De las constancias documentales acompañadas por la parte actora surgen acreditados los siguientes extremos: a) una vez firme el sobreseimiento dictado en la causa penal, por Resolución Nº 3936 del 11/08/11 el señor Jefe de Policía dictó también los respectivos sobreseimientos en el sumario administrativo instruido contra los aquí actores en orden a la falta grave prevista en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial vigente al momento de sustanciarse la investigación (haber cometido hechos o infracciones a los deberes inherentes a los agentes que estén previstos como delitos o contravenciones en la legislación), en conformidad con lo dispuesto en el art. 73 inc. a) del Reglamento de Normas para los Sumarios Administrativos en adelante R.N.S.A.

aprobado por Decreto 32/94 (fs. 8/11); b) contra dicha resolución, los agentes sumariados interpusieron recurso de reconsideración (art. 97 del R.N.S.A. Dec. 32/94-) con la finalidad de que se integrara lo previamente decidido y se les otorgaran los ascensos retroactivos que les habrían podido corresponder durante todo el tiempo en que estuvieron inhabilitados para ser evaluados por la Junta de Calificaciones y Promociones Policiales (fs. 13/14); c) mediante Resolución Nº 5845 del 09.11.11, el Jefe de Policía rechazó in limine dichos recursos por considerar que la petición que portaban no se vinculaba en forma directa con la conclusión del sumario administrativo, por lo que debía ser canalizada en forma separada por tratarse de un reclamo autónomo (fs. 16/17), y d) en el plazo de treinta días hábiles de notificada la Resolución Nº 5845/11-JEF (conf. art. 98 de la Ley de Procedimiento Administrativo A Nº 2938), los actores interpusieron la correspondiente acción contencioso-administrativa (fs. 29/38).

Al acoger la defensa opuesta por la demandada, la Cámara / ///-3- sostuvo que no se había agotado la vía administrativa porque de las constancias agregadas a la causa no surgía acreditado que se hubiera interpuesto el recurso jerárquico correspondiente a efectos de posibilitar que la Administración aplicara la normativa vigente y alegada por los actores con respecto a los ascensos reclamados (v. fs. 90, 2do. párr.).

Si bien en materia de procedimiento administrativo rige la Ley N° 2938, cuya sección IV establece el trámite correspondiente al recurso jerárquico, no puede soslayarse la existencia de una norma específica que rige el trámite de los sumarios administrativos en el ámbito de la institución policial, esto es, el Decreto N° 32/94, cuyo art. 76 determina que los sumarios serán resueltos por el Jefe de Policía, excepto que la resolución implique separación de la institución de personal superior o declaración de ineptitud del agente por motivos relacionados con el servicio, en cuyo caso la resolución será privativa del Poder Ejecutivo.

Asimismo, el art. 100 del referido decreto expresa que en los supuestos en que la resolución recurrida emane del Jefe de Policía quedará agotada la instancia administrativa, con excepción del caso previsto por el art. 104.

Este último supuesto hace referencia a la resolución dictada por el Comando Superior Policial (Jefe de Policía) que implique la expulsión del agente de las filas policiales o su inclusión en causa de inhabilidad para el ascenso.

Es decir entonces que, tratándose de uno de estos dos casos, la resolución podrá ser recurrida ante el Poder Ejecutivo.

Ahora bien, es claro que ninguna de estas dos hipótesis es la que se presenta en el sub-exámine, por lo que la cuestión disciplinaria concluyó definitivamente con el sobreseimiento dictado por el Jefe de Policía.

La cuestión referida a los ascensos retroactivos que eventualmente les habrían podido corresponder a los agentes /// ///-4- sumariados no es propia del ámbito disciplinario y además debe ser resuelta con intervención de la Junta de Calificaciones, por lo que se aprecia acertada la decisión del Jefe de Policía al señalar que ello debía ser planteado en el marco de un reclamo autónomo, de cuya promoción y eventual resolución no existe ninguna constancia incorporada a la causa.

Allí reside efectivamente la falta de agotamiento de la instancia administrativa previa, vinculada con una vía reclamativa ausente en este caso y no con la falta de interposición de un recurso jerárquico no previsto para el supuesto de autos.

En consecuencia, aun cuando las consideraciones que dejo expuestas importan una suerte de corrección jurídica de la motivación sentencial, la consecuencia de tal razonamiento me lleva a coincidir con la solución final dada por la Cámara.

Asimismo, cabe aclarar que la posibilidad de realizar tales precisiones no es ajena a las facultades del Tribunal de legalidad, en tanto ello no implique agravar la situación del impugnante (doctr. de este Cuerpo in re: DI SALVO, Se. Nº 191 del 30.11.94; MAIDANA, Se. Nº 85 del 19.09.07).

4.- En mérito a las razones que anteceden, el recurso extraordinario deducido por la parte actora a fs. 99/103 de estas actuaciones no comporta un supuesto que viabilice la intervención de este Superior Tribunal, por lo que es inadmisible y corresponderá así declararlo (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504). Con costas. MI VOTO.

Las señoras Juezas doctoras Adriana C. ZARATIEGUI y Liliana L. PICCININI dijeron:- Adherimos a los fundamentos del colega que nos precede y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.

Los señores Jueces doctores Enrique J. MANSILLA y Sergio M. BAROTTO dijeron:- /// ///-5- Atento a la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 de la L.O.).

Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Declarar inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora a fs. 99/103 de las presentes actuaciones (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).

Segundo: Imponer las costas de esta instancia a la parte actora vencida (art. 68 del CPCCm).

Tercero: Regular, por su actuación en esta instancia, los honorarios de la doctora Miriam Liliana Lago en el 25% de los que le correspondan en la instancia de origen, y los del doctor Roberto Stella en el 30% calculados del mismo modo. En ambos casos los honorarios deberán ser oblados dentro del plazo de diez (10) días. Notifíquese a la Caja Forense y cúmplase con la ley 869.

Cuarto: Registrar, notificar y oportunamente devolver.

RICARDO A. APCARIAN Juez- ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI Jueza- LILIANA LAURA PICCININI Jueza- ENRIQUE J. MANSILLA Juez en abstención- SERGIO M. BAROTTO Juez en abstención- ANTE MI: GUSTAVO GUERRA LABAYEN Secretario-