Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-09-03


Autos N° 3.702 (2° J.P.L.G.S.J. N° 13.952/06), caratulados: "Provincia De San Juan c/ Lahoz Montilla, Mario A. - Ejecutivo (Actuaciones para elevar a Cámara)".

----------San Juan, tres de septiembre de dos mil trece.---------- ----------Y VISTOS:--------------------------------------------------------------- ----------Para resolver en Acuerdo el recurso de apelación articulado a fs. 17 y vta.[1] por la actora, quien actúa por medio de apoderado, contra la sentencia glosada a fs. 14/15 vta.------------ ----------Tal recurso fue concedido en la sede anterior a fs. 18 'sin efecto suspensivo', aunque luego a fs. 138 y vta. de los autos principales (a.p.) la entonces Presidenta de este Tribunal de Alzada manifestó que debió haber sido acordado 'con efecto suspensivo'.-- ----------Y CONSIDERANDO:----------------------------------------------------- ----------I. El decisorio cuestionado:-------- ----------Que mediante el pronunciamiento recurrido el a quo rechazó la impugnación de planilla efectuada por la actora, con costas a su cargo, y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.--- ----------II. El memorial de agravios, su traslado y réplica:- ----------1. Memorial:------------------------------------------------------------- ----------Contra la citada resolución se alzó la accionante, fundando el recurso mediante el memorial agregado a fs. 108/111 vta.[2], donde en síntesis expresa:-- Que el a quo ha incurrido en un yerro respecto de la interpretación de la normativa vigente aplicable al caso, en tanto corresponde se apliquen las normas de orden público dictadas a la luz de la emergencia administrativa del Estado, indicando que a los efectos de la liquidación a los fines regulatorios debe tenerse presente la normativa del art. 187, inc. 'a', de la Ley Prov. N° 2.150, esto es, determinar la cuantía del juicio, normativa que "no ha autorizado a incluir intereses, al monto que originó la actuación judicial" (fs. 108 vta., párrafo tercero). Añade que, "atendiendo a la especial situación que describe la causa particular, porque la demanda de ejecución de sentencia fue rechazada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil" (sic, id. folio, último párrafo), debe tomarse el capital accionado, sin intereses. Agrega que la planilla liquidatoria incurre en un error en la aplicación del art. 623 del Código Civil (C.C.) en cuanto establece una prohibición legal como es aplicar intereses sobre intereses, teniendo en cuenta que el certificado de deuda de fs. 2 de autos contiene el cómputo de intereses al capital originalmente devengado en concepto de impuestos, lo que no corresponde porque "no ha sido previsto su incremento, tal como ha quedado concretada la relación jurídica sustantiva de autos" (sic, fs. 109, primer párrafo);------------------ que es inaplicable la Ley Prov. N° 4.119 que establece la tasa de interés activa porque se estaría conculcando su derecho de propiedad protegido por el art. 17 de la Constitución Nacional. Plantea "la necesidad de la revisión del Fallo Plenario de la Corte de Justicia de San Juan, "Huaquinchay de Más c/ 'Canteras y Caleras El Refugio' - Inconstitucionalidad y Casación"", solicitando "la conformación de un nuevo Plenario que modifique aquél, atento a que produce un enriquecimiento injustificado del acreedor en costas, respecto de la verdadera relación sustantiva denunciada en estos autos" (id. folio, in fine). Dice que la Ley Prov. N° 4.119 excede el marco constitucional porque corresponde al Congreso de la Nación regular la materia de fondo, entre la que se encuentra la Ley Nac. N° 23.928, negando que aquella ley provincial sea ley especial aplicable a los negocios jurídicos regulados por las leyes de fondo, y que afecta la justa recomposición de las acreencias en perjuicio del deudor porque en caso de aprobarse la liquidación formulada por el acreedor en costas se vería incrementado el capital reclamado por el mismo, aplicando una tasa de interés que jamás podría obtener. Efectúa luego algunas apreciaciones en torno a que las operaciones bancarias conllevan rubros que nada tienen que ver con lo previsto por el art. 622 del C.C.: lucro, prima de riesgo, costo operativo, costo de impuestos y contribuciones, y costo financiero. Por todo ello considera que lo correcto desde el punto de vista normativo y fáctico es que se abone la "tasa pasiva promedio" (fs. 110, párrafo segundo); y ------- que en el caso de autos corresponde se aplique lo dispuesto por los arts. 1 y ss. de la Ley Prov. N° 6.434: tasa pasiva que fije el Banco Central de la República Argentina, planteando la vigencia y la aplicación al caso de las distintas leyes de emergencia que han venido prorrogando la primitiva Ley N° 6.060.- ----------2. Traslado y réplica:--------------------------------------------------- ----------A fs. 23 se corre traslado del memorial al demandado, quien lo contesta por apoderado a fs. 25/28, y ?en síntesis? manifiesta:- Que la actora pretende introducir en un juego de palabras temas bancarios, para distraer el fondo de la cuestión. Sostiene que la accionante demanda la suma de pesos dos mil noventa con cincuenta centavos ($ 2.090,50) a la fecha de emisión del certificado, es decir, 20 de septiembre de 2005, y aclara con más intereses a la fecha de su efectivo pago, y luego reformula una liquidación de capital e intereses de pesos un mil cuatrocientos nueve con sesenta y cuatro centavos ($ 1.409,64), pretendiendo proponer una base regulatoria inferior a la pretensión básica sin intereses;--------------------------------------------------------------------<# LINE> que en caso de haber prosperado la demanda, a la suma que arroja el certificado su contraria la hubiese actualizado a la fecha del potencial pago con intereses tasa activa del Banco Nación Argentina y obtenido la cantidad que arroja la planilla presentada a fs. 1 y vta. de pesos tres mil seiscientos trece con cuarenta y dos centavos ($ 3.613,42);-------------------- que su contraparte pretende cambiar la óptica de la cuestión de la propiedad de un particular frente a la del Estado, valiendo la actualización de intereses para éste y no para aquél. Señala que es el propio Estado quien viola los principios de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad de su parte. Agrega que no sólo es inaplicable la pretendida norma de la Ley Prov. N° 6.434 que es a todas luces inconstitucional por violación al derecho de propiedad y de igualdad ante la ley, sino que el Estado pretende cobrar con intereses, multas, sanciones, etc., logrando cifras altísimas que superan los índices encubiertos con pretextos impositivos asistenciales; pero que, en cambio, cuando el Estado tiene que pagar lo hace "como se le da la gana, sin intereses, desconociendo como en el caso los intereses que él mismo aplicó en el certificado de deuda para aplicar una tasa muy inferior" (fs. 26, primer párrafo);------------------------------- que el Estado no puede pretender aplicar, en cuestiones de honorarios que son de carácter alimentario, una norma distinta de la que él mismo aplica para percibir sus tributos, por lo cual solicita igualdad y que se aplique la misma tasa de interés que para sus cobros siendo superior a la que se tomó para la liquidación que fuera la tasa activa del Banco Nación Argentina;--- que es inconstitucional el pedido de la contraria al insinuar anatocismo, cuando desconoce la ley ya que es el propio Estado el que presenta un certificado con intereses y no el demandado;- que, entre otras cosas, manifiesta que debido al carácter alimentario de las costas u honorarios no es aplicable la Ley Prov. N° 6.434 que no introduce la cuestión de honorarios sino que sólo habla de planillas de liquidación administrativas o judiciales y por ellas las de capitales reclamados, porque si la ley no establece la cuestión de honorarios no se la puede forzar a decirlo; y ---- que los honorarios son alimentarios y cualquier norma en contrapunto dejaría en estado de indefensión al particular dado que ningún letrado litigaría contra el Estado porque si pierde no cobra y si gana tampoco.----- ----------III. Elevación de la causa y trámite en la Alzada:- ----------Elevado a fs. 31 el expediente de copias a esta Alzada, y previa constitución de Tribunal a fs. 32, se determinó el pase de los autos a resolver. Posteriormente, se resolvió que la presente causa sería resuelta en Acuerdo del Tribunal (fs. 39), suspendiéndose el plazo para resolver por decisión de la magistrada que entonces ocupaba la Presidencia del aquél, lo que se comunicó a las partes por cédulas de fs. 40 y vta. y 41 y vta.-------------------- ----------Al efecto, se celebraron varias reuniones para lograr una plataforma de acuerdo en orden a resolver el recurso venido a estudio, llegando a la de fs. 52 donde finalmente se establecieron las pautas básicas para la decisión que aquí se adoptará.- ----------A fs 53 se reanudó el plazo para resolver que fuera suspendido a fs. 39, y a fs. 54 se dispuso oficiar al Juzgado de origen a efectos de que remita el expediente principal, de resultas de lo cual y según se provee a fs. 56 los citados autos fueron oportunamente recepcionados.------------------------------------ ----------IV. La resolución del recurso:----- ----------Moviéndonos hacia el punto que corresponde resolver, anticipamos nuestro criterio contrario a la recepción del recurso. Ello, en función de las consideraciones que pasamos a formular.---- ----------1. Breve síntesis de la causa:------------------------------------------- ----------Rechazada totalmente la demanda en virtud del progreso de la excepción de prescripción articulada en autos, y confirmada esta sentencia en la Alzada (fs. 60/66 vta. de los a.p.), a fs. 1 y vta. de este expediente de copias el letrado del ejecutado practica liquidación a los fines regulatorios.------------ ----------En ella, parte del monto de la demanda a la fecha de emisión del certificado de deuda, o sea, pesos dos mil noventa con cincuenta centavos ($ 2.090,50) [en realidad, según surge de fs. 2 y 4 y vta. de los a.p., el importe exacto es de pesos dos mil noventa con cincuenta y dos centavos ?$ 2.090,52?], aplicando la tasa activa de interés hasta septiembre de 2009. Incluye además, gastos y sellados.----------- ----------A fs. 2 se ordenó correr traslado de la planilla a la actora, quien la impugna a fs. 4/7 vta. y practica su propia liquidación (fs. 7) de capital actualizado e intereses acumulados conforme a la tasa pasiva, que arroja un importe de pesos un mil cuatrocientos nueve con sesenta y cuatro centavos ($ 1.409,64) al 30 de septiembre de 2009.------------------------------------------ ----------A fs. 8 se dispuso sustanciar la impugnación, que fue replicada por el accionado a fs. 9/12, solicitando su rechazo.- ----------A fs. 14/15 vta. el a quo resuelve el planteo impugnatorio de la planilla, desestimándolo con costas a cargo de la actora.-- ----------Contra tal resolución, ésta deduce a fs. 17 y vta. el recurso de apelación que en esta ocasión convoca a la Cámara.-- ----------2. Improcedencia del recurso:----------------------------------------- ----------Como anticipábamos, la apelación resulta inviable por las circunstancias y fundamentos que pondremos de manifiesto a continuación.--- ----------A) Insuficiencia técnica del memorial:-- ----------a) En el memorial se observan algunas apreciaciones desenfocadas por parte de la apelante, por ejemplo, alusiones erróneas que aparentemente corresponderían a otro proceso y no al sub lite. Por caso, cuando a fs. 108 vta., último párrafo, a.p., puntualiza que "atendiendo a la especial situación que describe la causa particular, porque la demanda de ejecución de sentencia fue rechazada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil" subrayado nuestro, debe tomarse el capital accionado, sin intereses.-- ----------A propósito de ello debe advertirse que en el expediente principal no se observa rechazo de ejecución de sentencia alguna y, además, en autos nunca ha tenido intervención la "Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil" desde que el proceso ha discurrido íntegramente en el Fuero de Paz Letrado.-- ----------b) De su lado, el pretendido anatocismo que acusa la apelante también resulta inaudible pues, entre otras razones, va en contra de sus propios actos ya que fue justamente la actora quien confeccionó el certificado de deuda de fs. 2 de los a.p., que ?según sus propias palabras? "contiene el cómputo de intereses al capital originalmente devengado en concepto de impuestos" (ver fs. 4 vta., párrafo tercero, del sub lite y reiterado a fs. 109, primer párrafo, a.p.), con lo cual, si se siguiera tal razonamiento, quien eventualmente habría incurrido en la situación prevista en el art. 623 del C.C. sería la impugnante hoy apelante.------------ ----------c) No menos impropio aparece el planteo sobre la revisión del citado fallo plenario "Huaquinchay" de la Corte de Justicia, pretensión que en modo alguno podría tener solución en esta Cámara de Apelaciones y que, en su caso, debería efectuar la apelante en la sede y el momento idóneos y oportunos.---- ----------d) Pero lo más revelador y dirimente contra la procedencia del recurso, surge de la lectura integral del pretendido "memorial" (fs. 108/111 vta., a.p.). Es que tal pieza resulta prácticamente en su totalidad una reproducción textual de lo sostenido por la accionante-apelante al momento de impugnar la liquidación (fs. 77/80 vta., a.p.).------------------------------------------------ ----------En ese sentido, se observa:----------- que la queja relativa a la alegación de aplicación a autos del art. 187, inc. 'a', de la Ley Prov. N° 2.150, que figura a fs. 108 vta. del memorial (mem.), es transcripción de lo indicado a fs. 77 y vta. de la impugnación de planilla (imp. de pl.);------ que en punto a la alegada errónea aplicación del art. 623 del C.C., obrante a fs. 109 del mem., es transcripción de lo expresado a fs. 77 vta. de la imp. de pl.;---- que la extensa alusión a la inaplicabilidad de la Ley Prov. N° 4.119 que obra a fs. 109/110 del mem., es transcripción de lo manifestado a fs. 77 vta./79 de la imp. de pl.; y -------------- que la referencia a la Ley Prov. N° 6.434 que aparece a fs. 110/111 del mem., es transcripción de lo afirmado a fs. 79 y vta. de la i. de pl.------------------ ----------En suma, el intento de fundamentación recursiva ?y con él los pretendidos "agravios"?, se agota en una copia cuasi exacta del escrito de impugnación de planilla.------ ----------Y desde ese punto de vista, el libelo de la recurrente glosado a fs. 108/111 vta. de los a.p., no supera el umbral mínimo de exigencia de los arts. 253, párrafo segundo, y 262 del C.P.C.-- ----------Es que, como se tiene reiteradamente decidido, si los [supuestos] agravios constituyen una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el código ritual (Cám. Nac. Civ., sala D, 18-11-81, La Ley, 1982-C-320, y numerosos precedentes en ese sentido citados por Morello, Augusto M., Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, T° III, 2ª ed. reelab. y ampl., Ed. Platense - AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1988, p. 357).---------- ----------Es que el memorial de agravios debe ser autosuficiente y no puede consistir en la reproducción total o parcial de escritos ya sometidos a consideración del sentenciante que, como vimos, exige la crítica razonada y concreta de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión del a quo en relación con las cuestiones planteadas.------ ----------B) Más sobre la inviabilidad del intento recursivo:-------- ----------Lo puntualizado en el subapartado anterior es suficiente per se para calificar como desierto al recurso venido a estudio.--- ----------Pero si aun cuando hipotéticamente se obviara todo lo expresado, el recurso intentado por la actora sería igualmente improponible, tal como se desprende de las consideraciones argumentales que presentaremos infra.------ ----------a) A fs. 4 y vta. (a.p.) la actora demanda al accionado por la suma de pesos dos mil noventa con cincuenta y dos centavos ($ 2.090,52), más sus intereses y costas de conformidad con el Código Tributario (C.T.), por lo que mal puede pretender la accionante que perdió totalmente el juicio oponerse a que el abogado de su contraria practique planilla de liquidación sin el rubro intereses, ya que ?entre otras cosas? ello implicaría consentir una desigualdad manifiesta e injustificada, además de lesiva del derecho de propiedad de éste.- ----------Pero además, y contrariamente a lo que postula la demandante en su memorial, en cuanto a que al respecto resulta de aplicación el art. 187, inc. 'a', de la Ley Prov. N° 2.150, como se sabe, a los efectos de la regulación de honorarios en un proceso como el de autos la base estará configurada por la liquidación de capital e intereses de conformidad con lo establecido por el art. 197, párrafo segundo, ibíd.-------------------------------------------------------- ----------En otras palabras, los intereses integran el valor del pleito, deben ser incluidos en el cómputo de los honorarios y, en función de las particularidades del caso, al profesional del demandado vencedor le asiste derecho a que se le remunere tomando igual base de cálculo que cuando el ganancioso es el abogado de la actora.------------------------------------------------------------ ----------b) Como se ha resuelto, la acción de condena y la de rechazo tienen la misma significación pecuniaria y la determinación de aquella cuantía como base para la regulación de honorarios en el caso de resultar triunfante la acción negativa, "no se verá impedida por ese resultado, no podrá calificársela de hipotética pues coincidirá, necesariamente, con lo reclamado o con lo que se le hubiere atribuido en caso de prosperar la demanda, con base en los mismos elementos calificantes extraídos de un proceso tramitado con las garantías de la defensa (.). A los efectos de regular los honorarios de los letrados, admitir distinto tratamiento para demanda acogida que para demanda rechazada, significaría otorgar en cuanto al rubro más importante de las costas, un ostensible privilegio para el actor, ya que el riesgo para éste siempre sería inferior al asumido por el demandado" (Corte Supr. de Just. de Santa Fe, "Salas y Billoch Compañía de Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe", 22-02-79, Zeus, 18-99).-------------- ----------No existe norma en el dispositivo arancelario provincial que determine que para los supuestos en que la acción sea rechazada el honorario será calculado de una manera diversa al caso en que ella prospere. En esa línea, no es razonable fijar una diferencia en la base de cálculo para los supuestos de éxito total, según quién sea la parte triunfante.-------------------- ----------Estimamos sensato, mutatis mutandis, el criterio que marca que, "aun cuando la demanda fuere desestimada, para los efectos arancelarios retributivos de los profesionales intervinientes, deberá ser considerada como si hubiese sido acogida, ya que tanto en el caso de demanda admitida como desechada, la discusión versa sobre una misma cantidad de dinero (.); el beneficio o perjuicio económico es idéntico para la parte vencedora o la vencida, que tanto se beneficia quien obtiene una condena al pago de una suma de dinero como el que se libra de la misma obligación, y tanto se perjudica el que debe pagarla como el que no puede obtener su pago" (Cám. Civ. y Com., Santa Fe, sala 1ª, "Sociedad Cooperativa de Créditos Limitada la Mutua de Santa Fe c/ Banco del Interior y Buenos Aires - Casa Santa Fe", Zeus, 14-177).------------------------------ ----------Cabe por tanto concluir que la base regulatoria [en el sub lite: capital reclamado más intereses] en caso de demanda rechazada es la misma que en el supuesto de demanda acogida (ver, mutatis mutandis, Cám. Civ. y Com., Rosario, 08-11-05, Tribunal Pleno, Expte. N° 304/02: "BID c/ Berman, Mauricio s/ Ejecutivo", Mag. Vot.: Álvarez, Ariza, Baracat, Chaumet, Donati, García, Peyrano, Rodil, Serralunga, Sagüés y Silvestri; fallo que puede consultarse en Barberio, Sergio, Carrillo, Hernán G. y García Solá, Marcela [dirs.], Doctrina y Jurisprudencia. Procesal Civil y Comercial, 2006/1, 1ª ed., Juris, Rosario, 2007, pp. 179/181).--------- ----------c) Por su parte, corresponde puntualizar que la liquidación que la actora practica el 23 de octubre de 2009 (específicamente a fs. 80, a.p.) al momento de impugnar la planilla de fs. 74 y vta. de los a.p., resulta exigua e improcedente.------- ----------Nótese que por capital e intereses arriba a un monto de pesos un mil cuatrocientos nueve con sesenta y cuatro centavos ($ 1.409,64) al 30 de septiembre de 2009.----- ----------Basta verificar que el certificado de deuda base de la acción, confeccionado el 20 de septiembre de 2005 (fs. 2, a.p.) alcanza la suma de pesos dos mil noventa con cincuenta y dos centavos ($ 2.090,52). O sea que, en la particular visión de la actora, transcurridos cuatro (4) años desde la confección del certificado de deuda hasta la liquidación que practica a fs. 80, a.p. (capital e intereses), el importe correspondiente sería incluso considerablemente más bajo que el monto histórico que se demandó a fs. 4 y vta.------------------ ----------d) En un caso con aristas similares al que motiva la intervención de la Cámara en esta ocasión, la Sala 1ª de la Corte de Justicia local in re "Caja Mutual de la Provincia de San Juan c/ Pérez Sancassani, Clyde Lilia - Cobro de pesos - Ordinario - Inconstitucionalidad y casación" (P.R.E. S. 1ª, 2002-II-374), de 10 de octubre de 2002, votado unánimemente por los Dres. Carlos Eduardo Balaguer, José Abel Soria Vega y Ángel Humberto Medina Palá (quienes en la actualidad septiembre de 2013 continúan en dicho Tribunal), se sostuvo:-------------- que tratándose de un crédito por honorarios, corresponde en primer lugar regularlos, con lo cual quedará determinado el monto de la deuda del Estado, momento a partir del cual recién en caso de así corresponder? tal crédito deberá ser objeto de consolidación;----------------------------------- que, en consecuencia, en la etapa previa a la regulación de los honorarios, la determinación del crédito por honorarios debe regirse por las disposiciones pertinentes de la Ley Prov. N° 2.150, sin perjuicio de que, una vez determinado el crédito, a la fecha en que éste se originara, se tornen aplicables a partir de allí las normas de las leyes de emergencia pertinentes;--------- que en cuanto a la base económica a tener en cuenta a los fines regulatorios, no cabe apartarse del criterio jurisprudencial según el cual en los casos de rechazo total de la demanda, la base regulatoria ha de surgir de los valores en ella reclamados (P.R.E. 1982-II-275). En el caso resuelto por la sala interviniente de la Corte, se trataba del capital más intereses de la Ley Prov. N° 4.119, puntualizando aquélla de manera expresa que ése era "precisamente el contenido económico de la demanda y esos intereses hubieran integrado la condena de haber prosperado la acción contra el particular demandado, consecuentemente, también integran la base económica a tener en cuenta para practicar la regulación de honorarios", conforme lo establece la Ley Prov. N° 2.150 ?énfasis agregado?; y --------------- que, en síntesis, la determinación del crédito por honorarios de la parte recurrente (en el caso dirimido por la citada sala) "se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 2.150 y sus modificatorias" ?remarcado añadido?.-- ----------e) Así, y sobre la base de las consideraciones jurídicas y fácticas desplegadas y ante las particularidades del caso, concluimos que la base regulatoria comprende el capital reclamado más intereses de acuerdo con lo propuesto por el accionado a fs. 1 y vta., del presente legajo de copias (y receptado por el a quo en la resolución cuestionada), sin computar los gastos y sellados que no pueden integrar tal plataforma cuantitativa (art. 197, párrafo segundo, de la Ley Prov. N° 2.150).----- ----------Por lo demás, fijada que quedara la regulación de honorarios al letrado de la demandada, surgirá entonces la determinación del monto de la deuda a cargo de la actora, que en su caso generaría potencialmente intereses que habrían de ser calculados según la tasa pasiva.-------- ----------C) Síntesis del decisorio:-- ----------En conclusión, corresponde rechazar la apelación planteada en autos, con costas a cargo de la actora-recurrente vencida (arts. 66, párrafo primero; y ccds. del C.P.C.).-- ----------En atención a lo expresado, y en Acuerdo, Se Resuelve:- Desestimar el recurso de apelación deducido a fs. 17 y vta., contra la resolución de fs. 14/15 vta., con costas de la presente instancia a cargo de la apelante vencida.---- Restituir los autos principales al Juzgado de origen.- Protocolícese, agréguese copia a los autos, notifíquese y oportunamente baje el presente expediente ("Actuaciones para elevar a Cámara") a la instancia inferior, previa reposición de sellado si correspondiere.