Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-30


Buenos Aires, junio 30 de 1993.

El doctor Pigretti dijo:

Vienen estas actuaciones para considerar la apelación deducida por la entidad demandada, contra la sentencia de origen que la condenó a solventar los reclamos salariales e indemnizatorios deducidos por los actores que invocaron la existencia de una relación dependiente.

Los agravios deducidos por la recurrente sustancialmente radican en sostener que sólo mediante una equívoca y desacertada apreciación de la prueba reunida, se pudo haber arribado a una conclusión condenatoria.

Es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) la entidad que fue requerida por Judkin, médico, y Siscar, odontólogo, quienes fundamentaron su accionar en la existencia de una relación de dependencia con la accionada, la que desde un inicio negó la existencia de una vinculación así tipificada.

Antes de ahora he sostenido que para calificar la relación de aquellos diplomados que ejercen una profesión liberal, no es prudente el partir de premisas fijas o prejuicios definidos, dado el carácter que reviste cada caso particular. Para dar auténtico sentido a los perfiles de la relación preexistente debe acudirse a las alternativas probatorias concurrentes que permitan definir la naturaleza del vínculo.

Al considerar a las partes en su aspecto subjetivo tenemos que como lo señala su ley de creación 19.032 (DT, 1971-394), la accionada es un ente público, sin fines de lucro y no estatal que por normativa de igual jerarquía a la ya citada tiene previstas las formas de contratación que puede adoptar para contar con los servicios profesionales que le son necesarios para el cumplimiento de sus fines -ley 19.710.

Conforme a ello y adoptando por el sistema nominado por la ley como "capitación", mediante contrato escrito firmado libremente por las partes se convinieron los servicios profesionales que se debían prestar, las modalidades de los mismos y la retribución monetaria que se recibiría por su correcto cumplimiento.

Así la documentación agregada por cuerda nos informa que Judkin, médico, se desempeñó en servicio durante 15 años y Siscar odontólogo, hizo lo propio durante 10.

La "ratio decidendi" queda centrada entonces en determinar si la vinculación habida entre los profesionales reclamantes y la institución reclamada, conforme una clara y definida relación laboral dependiente, presupuesto éste, cuya carga probatoria pesa sobre los actores.

De público y notorio es que son numerosos y variados en su actividad los profesionales que se encuentran vinculados al Pami, para que éste pueda cumplimentar sus benéficos fines.

No es de extrañar entonces que el poder de dirección, organización de la institución prevea, en su aspecto formal, mediante reglamentos y disposiciones los complicados regímenes de control de los servicios asistenciales y de como deben ser prestados éstos por los profesionales vinculados.

Un racional y ordenado servicio de organización empresarial así lo exige.

Todas estas modalidades que hacen al desarrollo y cumplimiento de los servicios está minuciosamente detallada en los contratos suscriptos entre las partes desde el inicio de la vinculación, así como por los reglamentos de servicio, documentos éstos se encuentran incorporados por cuerda a la presente causa.

Las declaraciones testimoniales recibidas nada aportan al haber probatorio de los accionantes, pues no hacen otra cosa que ratificar lo ya convenido entre los interesados.

De estos instrumentos resulta que las partes han establecido dar y recibir una "locación de servicios", que la asistencia deberá cumplimentarse en el consultorio del profesional y los gastos de explotación de este debía solventarlos este.

Que los diplomados además de prestar sus servicios a los pacientes inscriptos en el Pami, están facultados a dar asistencia a particulares que lo requieran.

Que la ausencia prolongada de los profesionales "titulares", debe ser cubierta por un reemplazante idóneo cuya remuneración solvente el "titular".

Esto merma el carácter "intuito personae" de la función cumplida, que es una de las características liminares del trabajo en dependencia.

El experto contable ilustra en su informe glosado a fs. 64/65 que los actores no percibieron otra remuneración que no fueran los honorarios liquidados, detallando la disparidad de los importes remuneratorios percibidos.

Indican también aquellos accionantes durante el prolongado lapso que duró su relación nunca se le abonaron vacaciones ni sueldo anual complementario.

Este trabajo pericial no mereció objeción formal atingente por ninguna de las partes en conflicto.

Pese a su afirmación tampoco aparece acreditada la existencia de quejas previas, que hubieran efectuado los actores por los incumplimientos señalados, obligatorios de haber estado vinculados en dependencia, salvo la que se ha efectuado como necesariamente preparatoria de la presente acción.

A estas particularidades debo agregar que los ahora reclamantes son egresados universitarios diplomados a los cuales no se le puede dejar de adjudicar un claro entendimiento y una precisa definición de todos aquellos actos que han realizado en libertad, sin cometer un definido atentado al equilibrio conceptual con que se debe ayudar a clarificar a aquellas decisiones judiciales que puedan presentarse como turbias o confusas.

Los actores, profesionales diplomados, convinieron con Pami prestar sus servicios, definiéndolos como "locación de servicios" y remarcando que la vinculación "no implicaba dependencia".

Por décadas cumplieron sin tener queja alguna los servicios a los que se comprometieron conforme a los presupuestos establecidos contractualmente.

Lejos estoy de visorar que en la formación de esta relación han mediado la intención de cometer un fraude laboral y muy por el contrario estoy persuadido que tan prolongada vinculación no pudo estar privada del pleno asentimiento y conformidad de las partes contratantes.

Si hipotéticamente asigno la calificación de "simulado" al acto contractual celebrado para encubrir otro de diferente característica, memoro que sólo por ello inhabilita a los accionantes efectuar ningún reclamo que derive del mismo -art. 959, Cód. Civil-.

En síntesis, considero que las notas tipificantes que llevaron al juzgador de origen a definir la condena, no corresponde sean merituadas con el valor asignado, en razón de considerar que ellas sólo hacen al ejercicio del indeclinable e intransferible poder de administración y dirección que tiene la institución demandada.

Por el contrario, las puntualizaciones que he efectuado respecto a la aceptación, celebración, desarrollo y cumplimiento de los servicios profesionales contratados, son definitorios para permitirme concluir que en el caso no ha mediado un contrato de trabajo y que por tanto, está fuera del alcance de los invocados preceptos de la ley de contrato de trabajo (t. o.).

Después de los conceptos desarrollados precedentemente, fácil es concluir que no comparto la decisión apelada, a la cual considero como resultado de la natural vocación expansiva en la aplicación del derecho laboral, el que en razón y mérito a lo ya apuntado debe tener alcance para abarcar con sus prescripciones al caso en consideración.

De compartirse los conceptos que ilustran mi voto, propicio se revoque el fallo recurrido, disponiéndose el rechazo de la demanda.

Costas de ambas instancias en el orden causado, atento las diferentes y autorizadas opiniones explicitadas para su solución -art. 68, Cód. Procesal-.

Conforme al art. 279 del Cód. Procesal, deberán dejarse sin efecto los honorarios evaluados en origen y regularse por su total actuación en juicio y considerados a la fecha presente, los de la representación letrada de la actora, de la demandada y del perito contador en $ ; $ y $ respectivamente.

El doctor Arcal dijo:

En la medida en que consideró a las accionantes vinculados laboralmente a la demandada y al desconocimiento de tal característica por parte de esta última como constitutiva de injuria que legitimó la determinación rescisoria adoptada por los primeros, habilitando su acceso a las reparaciones que impetraran; el pronunciamiento de grado fue apelado por la vencida con fundamento en las consideraciones inscriptas en la memoria de fs. 111/15 a las que -lo anticipo- no habré de auspiciar se les reconozcan las proyecciones revocatorias que la recurrente les asigna.

En efecto, sin perjuicio de destacar que ya he tenido oportunidad de manifestarme en relación a la problemática comprometida en esta actuación, al preopinar en la causa "Garibaldi, Daniel y otro c. Instituto Nac. de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados" (sent. 883 del 24/4/81), ocasión en que lo hice en favor de la tesis actora, agitada -cabe recordar- con ribetes del todo similares a los que aquí también son motivo de invocación por los demandantes; atento la índole de la cuestión ventilada, esto es, concurrencia o no entre las partes de una vinculación encuadrable en los márgenes de un verdadero contrato de trabajo subordinado, constitutiva de una proposición que remite insoslayablemente al examen de aristas de hecho y prueba, al análisis de tales extremos me dispongo a continuación.

En el intento trazado entonces, rescato como datos concurrentes emanados de los medios de ilustración colectados y aún de las propias piezas constitutivas del proceso, particularidades tales como las referidas a las limitaciones impuestas a los accionantes en el ejercicio de su actividad profesional, manifestadas a través de imposición de horarios, planillas, recetarios, uniformes, tiempo de consulta, según se trata de primeras o sucesivas visitas; controles regulares; imposición de nóminas de pacientes; percepciones independientes de la concurrencia de enfermos; autorizaciones para la exclusión de alguno de éstos y obligatoriedad de atención hasta recibir la misma; rendiciones periódicas; sometimiento a fiscalizaciones; obligatoriedad de descargos frente a acusaciones o denuncias; imposición de sanciones mediante anotaciones en el legajo personal del facultativo o derechamente por su eliminación de la nómina con supresión del cupo asignado.

Tales peculiaridades resultan demostrativas, a mi modo de ver, de la asunción por parte de la accionada del riesgo de la actividad, desde que de no otra suerte cabe interpretar el hecho de que la no concurrencia de pacientes no incidía en el ingreso del médico, y del ejercicio por la reclamada de facultades de organización y disciplinas, toda vez que así corresponde encuadrar a las prerrogativas antes detectadas como ejercitadas por la demanda en el de curso de la relación; y en su evaluación conjunta imponen la conclusión de que entre las partes medió una contratación laboral subordinada, de cuya disolución con la correlativa viabilización de las indemnizaciones correspondientes no cabe sino responsabilizar a la demandada, tal como fue decidido en origen a través de temperamento, que, con sujeción a todo lo expuesto, suscribo en su integridad.

Sin perjuicio de lo anterior, entiendo sí corresponde acceder a la queja relativa a la tasa de interés que el fallo dispone aditar a la condena, habida cuenta que aquella cuya aplicación se persigue coincide con la establecida por esta Cámara en la res. 6/91 luego de la reforma de su art. 6º por acta 2600 del 24/6/92. Así postulo se resuelva.

Finalmente, en orden a los honorarios regulados, atendiendo a la naturaleza y extensión de las labores llevadas a cabo por sus beneficiarios, a la envergadura del litigio y a las pautas arancelarias de aplicación (ley 21.839, ley orgánica y dec. ley 16.638/57), los observo equitativamente graduados, de modo que recomendaré su ratificación.

Por lo expuesto entonces, voto en síntesis, por la confirmatoria de la sentencia apelada en lo principal que decide, excepto en lo atinente a los intereses aditados a la condena, que deberán computarse de conformidad con lo establecido por res. 6/91 CNTrab., reformada en su art. 6º por acta 2600 del 24/6/92. Costas de alzada a cargo de la vencida (art. 68, Cód. Procesal), a cuyo fin propongo se regule el honorario de la profesional firmante de fs. 119/125 en el % del que le corresponda por su actuación en la anterior etapa.

El doctor Billoch dijo:

Que adhiere a los fundamentos del voto precedente.

Por ello, el tribunal resuelve: Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, excepto en lo atinente a los intereses aditados a la condena, que deberán computarse de conformidad con lo establecido por res. CNTrab. 6/91 reformada en su art. 6º por acta 2600 del 24/6/92. Costas de alzada a cargo de la vencida, a cuyo fin regular el honorario de la profesional firmante de fs. 119/125 en el % del que le corresponda por su actuación en la anterior etapa.- Carlos A. Pigretti. - Horacio E. Arcal. - Horacio V. Billoch.