marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Transporte de pasajeros, indemnización por accidente de tránsito, citación en garantía
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lasso, Erica Danisa c/ Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros y otros s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-03

En el reclamo derivado de un accidente de tránsito en el que intervino una empresa de colectivos, debe entender la justicia civil (art. 43-b), decreto ley 1285/45 -texto ley 24290-). Es que la aparente conexión del hecho con la actividad comercial de la empresa y la aseguradora citada en garantía, no constituye per se una suerte de ilícito comercial, toda vez que los cuasidelitos siguen siendo tales y regulados por el derecho civil, aun cuando sean cometidos por quienes desarrollen actividad comercial o generen la responsabilidad de un empresario comercial, habiéndose atribuido expresamente al fuero civil la competencia en aquellas causas en las que se reclame la indemnización de daños provocados por hechos ilícitos conforme a lo dispuesto por el decreto 1285/58: 43-b) -ref. ley 23637- (esta CNCom, esta Sala A, 20/07/06, "Flores Alberto Nicolás c/ Minassian Roberto Esteban s/ Sumarísimo"). Además, aun cuando el conflicto, en su caso, debiese ser dirimido por las reglas emergentes de la LDC, corresponde que sea aquel fuero quien entienda en esos casos.
Ministerio Público Fiscal, jerarquía administrativa, política criminal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., C. M. c/  s/ dcia. en rep. hija menor A. S. I. - Rawson
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-07-02

El juego armónico de la normativa vigente permite concluir que la decisión del Fiscal General Jefe de interponer impugnación extraordinaria contra una sentencia avalada y consentida por su inferior jerárquico, es viable en el ordenamiento procesal chubutense, desde que la resolución en crisis iba en contra de la política criminal que sentó el Ministerio Público Fiscal en contra de la integridad sexual.
Juicio de árbitros, honorarios del árbitro, funcionarios judiciales, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacimientos Carboníferos Fiscales s/ tribunal arbitral (y Y6XXIII)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

El derecho al cobro de honorarios, reconocido por el art. 772 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a los funcionarios judiciales que se desempeñan en tribunales arbitrales, en un juicio en que la Nación es parte y designados a propuesta de parte, no se ve limitado por la prohibición del art. 13 de la ley 11.672, que se refiere exclusivamente a las designaciones efectuadas por los magistrados.
Derechos y garantías constitucionales, libertad sindical
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abdo, José y otros c/ D.G.I. s/ cobro de australes por diferencias salariales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

La garantía acordada a los gremios por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, como todas las establecidas por la Carta Magna no es absoluta.
Derecho civil, personería, poder, abogados
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Martínez, Norma Natividad  c/ Renault Argentina S.A. y otro  s/ Ordinario Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-28

Si en la carta poder otorgada a favor de un letrado apoderado, se confiere la facultad para que éste promueva el juicio contra cualquier persona que resultase responsable, ello implica el otorgamiento de una facultad general que el cliente acuerda a su abogado para que pueda cumplir con el objeto esencial del mandato (art. 360 CCC), no advirtiéndose de tal circunstancia un defecto en la personería que aparezca manifiesto.
Costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carrera, Pedro c/ Lasco, María Susana y otra s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-30

Las costas devengadas por la citada tercero en su defensa, corresponde se impongan a quien excitóo injustificadamente su actuación.
Honorarios del abogado, monto del juicio, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Petroquímica C.R. S.A. c/ Biliba, Pablo s/ Ordinario y Prohibición de Innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-09-13

..el art. 20 de la ley arancelaria es aplicable a los supuestos de regulación anticipada de honorarios -v.gr. por cese de la intervención del profesional beneficiario en el proceso o por suspensión de éste debida a la apertura del concurso de la demandada ...-, mas no es posible ampliar su radio de acción a los incidentes. No lo prevé así el art. 33 de la ley 2.200 al reglar los honorarios de esos microprocesos específicamente, ni resulta compatible con la naturaleza y oportunidad en que ellos habitualmente se desarrollan.
Lesiones leves, recurso de casación, violencia de género, bloque constitucional
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: M., B.M. s/ Recurso de Casación interpuesto por la Dra. Mariana Vera en Expte. Nº 32/13 M., B.M. s.a. Lesiones Leves - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-06-30

El Juzgado Correccional resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba incoada por el imputado M. (Lesiones leves).

Contra la resolución, comparece la Defensora Penal Oficial, en representación del imputado M., e interpone recurso de casación.

Advierto que el accionar atribuido a M. consiste en haber provocado lesiones en la integridad física de una mujer -madre de su hijo-, vinculado con la violencia de género según lo expuesto por el Fiscal en el requerimiento de elevación de la causa a juicio, no fue discutido por la defensa que ahora pretende que esa circunstancia sea considerada como un hecho nuevo que no fue tenida en cuenta para el ejercicio de la defensa y que le impidió formular los cargos pertinentes respecto de ese nuevo, que la llevan a denunciar la afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio y el debido proceso.

Es que, a diferencia de la postura de la defensa, no aprecio que la circunstancia de considerar un hecho como "violencia contra la mujer" en los términos de la Convención de Belém do Pará, agregue un elemento nuevo al tipo penal reprochado al imputado, que fue calificado como Lesiones Leves, sino que se traduce en una circunstancia impeditiva, respetuosa de los compromisos asumidos por el Estado, en tanto en estos casos es necesario establecer un "procedimiento legal, justo y eficaz para la mujer", que incluya "un juicio oportuno", lo que impone considerar que la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente ("Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa nº 14.092" (Recurso de Hecho, expte. G. 61. XLVIII,). Del juicio -entendido como la etapa final del procedimiento- es del que deriva el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, y en su caso la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención.

En estas condiciones, considero que el dictamen del representante del ministerio público se apoyó en razones de política criminal de los que el juzgador se hizo eco y las compartió. Por eso resolvió, como no podía ser de otra manera, ya que de otra forma somete al estado a la posibilidad de que incurra en responsabilidad internacional, que no correspondía suspender el proceso a prueba.

En este sentido, entonces, la decisión recurrida debe ser confirmada.
Concursos, efectos entre partes, homologación del acuerdo, accionistas, improcedencia del recurso, quiebra
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Pedro Petinari E Hijo SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-12

Procede confirmar la resolución que rechazó la petición de cierto accionista de separar a los accionistas controlantes de la administración del negocio (LCQ 17). Ello atento el estadio que transita el proceso con acuerdo homologado y en etapa de cumplimiento. Es que la ley concursal faculta al magistrado interviniente en el proceso universal para limitar al deudor en la administración de sus negocios cuando éste realiza actos prohibidos o sujetos a autorización sin obtenerla previamente, o si incurre en algunas de las conductas que señala la LCQ 17-2°. En cualquier hipótesis, lo cierto es que similarmente a lo que acontece con la LGS 114, la intervención debe ser evaluada con criterio restrictivo y para casos extremos. En efecto, la sanción consistente en separar al deudor de la administración de sus negocios es la medida más grave que puede adoptarse, y en muchos casos la permanencia de aquel al frente de la dirección de la empresa constituye un factor relevante para su recuperación (cfr. Heredia, Pablo D., Tratado Exegético de Derecho Concursal, 2000, T° 2, p. 464). Pues bien, sea a través de la sindicatura o del comité de acreedores, el magistrado no es ajeno al control y puede hallarse habilitado para adoptar medidas drásticas como la de intervención. Más, en tal caso, se acentúa aún más el carácter restrictivo con que debe evaluarse la aplicación de las medidas contempladas por la LCQ.
Excepciones procesales, inhabilidad de título, suministro de energía eléctrica, EDESUR, certificado de deuda, Secretaría de Energía Eléctrica
Materia: PROCESAL
Carátula: EDESUR SA c/ CONTE SRL s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

El instrumento base de esta ejecución, regido por el art. 84, Ley 24.065, Adla, l II-A, 82, dispone que "la percepción de los importes a los precios de compraventa en bloque y/o de tarifas de suministros de usuarios finales, se aplicará el procedimiento ejecutivo, siendo título hábil la constancia de deuda que determine la reglamentación". A su vez, el decreto reglamentario 1398/92, Adla, l I-C, 3077, determina como título hábil, a la constancia de deuda emitida por los generadores, transportistas y/o distribuidores, que reúna los requisitos, que, a tales efectos, determine la Secretaría de Energía Eléctrica", organismo que dictó la resolución 124/92 (S.

E.), determinando los requisitos esenciales que debe reunir el mentado certificado. De conformidad con esta preceptiva legal, el instrumento que certifica la deuda que se pretende ejecutar no cumple con los requisitos esenciales para su validez previstos en los incs. B) (falta el nombre y domicilio de la empresa emisora del certificado) y c) (lugar de expedición del título) del art. 1° de la citada resolución, no pudiendo afirmarse lo mismo con respecto al inciso d), ya que, en lo sustancial, el certificado impugnado cumple con los requisitos allí exigidos, sin entrar a considerar cuestiones como las relacionadas con la liquidación de la deuda en sí, en atención a la forma en que se resuelve la ejecución. Por ello, con la salvedad expresada, corresponde hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título incoada por la ejecutada, que, además, negó la deuda (cfr. Art. 544, Inc. 4° in fine del C.Pr.).
Calumnias, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: CH, E L s/ QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS      EXPTE NRO 124-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-11

El sobreseimiento dictado en virtud del artículo 356 inciso 2) del Código Procesal Penal, declarando que no hay elementos de juicio suficientes para procesar, no significa descartar que el imputado haya podido cometer el delito denunciado.

El proceso por delito de acción privada es semiacusatorio, con marcados tintes dispositivos y el "onus probandi" corresponde al querellante.
Accidentes de trabajo, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Barrios, Juan Angel c/ Telecom Argentina Stet France Telecom S.A s/ Laboral por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-03-27

El accidente, por si mismo, no basta para decidir la existencia o no de derecho a la indemnización. Este efecto aparecerá de la ocurrencia del primero (accidente) y de que éste a su vez "cause" un segundo (incapacidad). Si al ocurrir el último, rige una nueva ley, ésta le será aplicable porque "...las consecuencias no consumadas de los hechos pasados, caen bajo la nueva ley, especialmente cuando su eficacia no depende enteramente del hecho que las origina sino concurrentemente de la fecundación obrada por el porvenir...". (Dr.

Diblasi: en disidencia parcial).
Recurso de queja (procesal), depósito previo, exención de depósito
Materia: PROCESAL
Carátula: Giusti, Horacio Alberto y otros c/ Aguas Argentinas S.A. y otros. s/ deposito previo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19

Sólo quedan relevados de cumplir con el depósito previo aquellos que se encuentran exentos de pagar sellado o tasa judicial, según las disposiciones de las leyes nacionales respectivas (art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) sin que el precepto comprenda a quienes pudiesen estarlo en virtud de normas locales.
Accidentes de trabajo, seguro por accidente de trabajo, citación en garantía, privilegio del damnificado
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL - LABORAL
Carátula: MENDOZA, MARIA c/ MONTANARO, CARLOS Y OTRO s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-19

Cuando la accionante presta conformidad con la citación en garantía solicitada por la demandada, corresponde entender que medió clara y concreta voluntad de la actora de hacer uso del derecho conferido por el artículo 118 de la ley 17418.
Facultades del gobierno provincial, protección del medio ambiente, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ acción de recomposición y saneamiento del Río Reconquista s/ medida cautelar - IN1.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-08

Corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido, pues si bien la Constitución Nacional, establece que le cabe a la Nación "dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección", reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia, las que no pueden ser alteradas (art. 41, tercer párrafo).
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gentili, Omar c/ Tenias, Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-28

Por integrar el ajuar doméstico de todo hogar moderno, y juzgada la cuestión con atención al nivel medio de vida, el televisor debe entenderse incluido en el ámbito de protección del art.219 del Código Procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia contencioso administrativa, revocación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Ramón Héctor c/ Municipalidad de la Capital s/ Acción  contenciosa administrativa de plena jurisdicción y Anulación  o ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-12-06

No corresponde en esta instancia revisora entrar a considerar cuestiones no invocadas por el poder administrador en oportunidad de justificar la validéz del acto administrativo - acto que revoca la resolución habilitante, por la sencilla razón de que siendo la contenciosa una jurisdicción de revisión, no es posible revisar lo que no se ha visto.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bajdovec, Luis c/ Zoyich, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

Esta Sala a partir de la causa 192730 ha modificado un criterio anterior que establecía los intereses del 8 por ciento anual, y siguiendo la jurisprudencia de la Casación Bonaerense (causas B -43864, 43862, entre otras) ha fijado en el 6 por ciento anual el porcentaje, entendiendo que ello se adopta en el caso de un capital que se actualiza.
Recurso de nulidad, notificación
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GAMERO JOSE MANUEL c/ BELLOLIO RODOLFO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-06-19

Si el decreto puesto por la Cámara para resolver la procedencia formal del recurso de nulidad interpuesto, no fue ni siquiera notificado a la interesada, a pesar de que fue dictado de oficio, tal proveído es ilegal, en primer lugar, porque contraviene lo dispuesto por el artículo 1255 del Código ritual que determina la posibilidad de su revocación, pero sólo a petición de parte, y, en segundo lugar, porque está fuera de oportunidad legal, porque no se corrió antes el traslado al recurrente para alegar.-
Derechos del consumidor, asociaciones de consumidores, acciones de clase, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa c/ Banco Itaú Buen Ayre Argentina S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24

Si la asociación civil actora inició contra diversas entidades bancarias otros procesos colectivos con idéntico objeto al de autos y éstos tramitaron ante distintos tribunales de, por lo menos, dos fueros de la Ciudad de Buenos Aires, y considerando que la multiplicación de procesos colectivos con un mismo objeto podría traer aparejado el riesgo de que se dictaran sentencias disímiles o contradictorias sobre una misma materia, se exhorta a los tribunales de grado a implementar adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la superposición de procesos y se hace saber a la actora que, en el futuro, deberá informar en forma clara e indubitable en su primera presentación procesal la iniciación de más de una acción colectiva con idéntico objeto.
Expulsión de extranjeros, motivación del acto administrativo, nulidad del acto administrativo, sentencia arbitraria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Otoya Piedra, César Augusto c/ EN - DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de Migraciones que ordenaba con fundamento en el art. 29, inciso c, de la ley 25.871 la expulsión del actor del territorio nacional, pues no se ha alegado una trasgresión al límite para el ejercicio de la facultad administrativa prevista en el citado artículo, que está dado por la prohibición de adoptar criterios discriminatorios (artículo 3, inciso f, de la ley 25.871) (Voto del juez Rosenkrantz).
Costas, costas al vencido, interés concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO c/ BRUSSA S.A. s/ PROCESO DE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

Respondiendo el art. 558, Código Procesal, al principio objetivo de la derrota, que con carácter general recepta el art. 68, primera parte, del Código Procesal (esta Sala, Causas 5041 y 7184, ya citadas), la cuestión debe ser decidida con independencia de la creencia subjetiva que tenía la ejecutante acerca de la procedencia de su derecho, es decir, con abstracción de su buena fe, pues la responsabilidad por el pago de las costas se fundamenta en la circunstancia objetiva de haber sostenido un proceso sin éxito (cfr.

esta Sala, in re "Careglio SRL c/Alem, R. D." del 3.6.92; Sala I, causa 1884 del 3.6.83) y en la necesidad de resarcir a la contraria de los gastos en que su conducta la obligó a incurrir (cfr. esta Sala, Causa 4323 del 23.6.93; 3060 del 27.9.83; etc.).
Recusación con causa, excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Dra. Elisa E.A. de Correa s/ Inhibición
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-08-07

El Juez recusado no puede, luego de haber planteado la recusación con expresión de causa, desplazar su propia competencia mediante una causal de excusación, habida cuenta que la primera cuestión provoca una implícita suspensión de su competencia y le impide dictar cualquier resolución hasta tanto la Alzada resuelva el planteo del desplazamiento.
Sociedad cooperativa, convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Britos, María Lourdes c/ C.O.E.M.A. s/ Preferencia de ingreso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

La convención colectiva 36/75 es aplicable a la demandada C.O.E.M.A. por tratarse de una cooperativa prestataria de un servicio público de carácter no estatal.
Marcas, nombres de dominio, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUÑIZ  ALICIA JORGELINA c/ GARRIDO ALICIA MARTA s/ cese de uso demodelos y diseños.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-20

Carece de proyección para modificar lo decidido la factura obrante en autos donde consta la página de Internet antedicha y mucho menos la publicidad efectuada en las revistas, habida cuenta que ambas -en el mejor de los casos- son prueba de que la empresa "Bailarín Porteño" promociona dicho sitio y no resultan aptas para acreditar la titularidad del dominio en cuestión. La actora no cumplió -como era de su propio interés- con la carga de la prueba de los extremos invocados (art 377, Código Procesal), toda vez que no ha acompañado prueba de que la página Web perteneciera a la señora Garrido (NIC-Argentina efectúa el registro de los nombres de dominio: ver www.nic.ar), ni ha diligenciado los oficios de informes que ofreciera como prueba (a fs. 237 fue declarada negligente su producción).
Derecho a la imagen, daños y perjuicios, publicación de fotografía, programa de televisión, cámara oculta, responsabilidad periodística
Materia: CIVIL
Carátula: Mena, Rosa Eugenia c/ Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjuicios y Arcángeli de Cañete, Graciela Beatriz c/ Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Corresponde condenar a un canal de televisión y a dos periodistas a indemnizar a ex funcionarias de un instituto estatal para ciegos, por haber utilizado indebidamente sus imágenes en una cámara oculta que se difundió en un noticiero televisivo, en la cual se daba cuenta del estado de abandono y descuido del lugar, habida cuenta que aunque no ha existido violación del honor (pues se trató de una nota que daba cuenta de hechos sustancialmente verdaderos, y que reflejó opiniones sobre temas de interés público) ni de la intimidad de las actoras (dado que ni la información ni las imágenes se refirieron a aspectos de su vida personal, ni fueron obtenidas en lugares privados), sí se vulneró su derecho a la imagen y a la voz, pues las demandantes fueron filmadas innecesariamente mediante el empleo de una cámara oculta, y la reproducción de sus rasgos y su voz no se encontraba justificada por el interés público.
Medidas cautelares, acceso a la justicia, nulidad del acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: American Airlines Inc. c/ Administración Nacional de Aviación Civil s/ Nulidad de acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-06

Atendiendo a las circunstancias de hecho y de derecho invocadas en el pedido cautelar, no se advierte que la norma impugnada resulte irrazonable, ni que su aplicación vulnere los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad que la recurrente alega en su memorial de agravios. La disposición tiene por finalidad que el juez cuente con elementos suficientes para hacer un adecuado balance de los intereses en juego y decidir, sobre esa base, acerca de la procedencia de la medida cautelar; y el requerimiento para que el Estado Nacional informe, en forma acotada y en un tiempo reducido, acerca del interés público comprometido y de los requisitos propios de las medidas precautorias, es un medio idóneo y proporcional para conseguir la finalidad perseguida por la norma (doctrina de Fallos 243:467, 299:428, 324:3345 y 325:645).