marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Detención, flagrancia
Materia: PENAL
Carátula: Denis, Claudio N. s/ Atentado a la autoridad y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-26

La aprehensión sin orden judicial (o como la denomina también la doctrina "detención sin orden") o detención en flagrancia definida en los arts. 153 incs. 1, 2 y 4, 154 y 156 del CPP., genera un supuesto de privación legítima de libertad, en una situación de hecho claramente distinta de los casos en que se ordena una detención fundada (art. 151 del CPP.) La exigencia en cuanto al monto de la pena prevista condiciona únicamente las decisiones jurisdiccionales escritas y fundadas conforme el primer párrafo del citado artículo. La polémica planteada respecto a la diferencia entre "aprehensión" y "detención" se dirime recurriendo simplemente a la Constitución de nuestra provincia: el art. 19 asimila los conceptos de "aprehensión" y "detención", y el art. 16 faculta a detener al delincuente sorprendido en flagrancia y manda conducirlo inmediatamente a presencia del juez.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ius variandi, obligaciones del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Troncoso Héctor Martín c/ Frigorífico de Aves Soychú SAICFIA s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-12

El ejercicio del ius variandi debe presumirse legítimo (por numerosas razones jurídicas, político-económicas y sociales), y corresponde al trabajador sujetarse a él, salvo que se lo aplique en forma abusiva, caprichosa o arbitraria (Voto Welp, en adhesión a Ronconi)
Costas, pluspetición inexcusable
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Monteoliva, Héctor c/ Pereyra Silva, Juan s/ Daños y perjuicios Flores, Ramona c/ Microómnibus Primera Junta S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-12|1995-03-09

Según lo ha decidido la doctrina judicial, siguiendo los lineamientos del art. 72 inc. 3 del CPCC, no se entenderá que hay pluspetición si, como en este caso, se arriba al monto indemnizatorio en función de lo que resulta de dictámenes periciales o del ejercicio de la facultad conferida a los jueces por el artículo 165 del CPCC..
Accidente de tránsito, conductor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TOLOZA, REYNA C. c/ MARCELO A. ROBRES Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-03-13

El desmedro físico que pueda padecer una persona no suele ser, por sí solo, la causa generadora de un acontecimiento dañoso, si no va acompañado de una conducta imprudente y negligente que concurra a su efectivización. No se requiere a los peatones un certificado de aptitud psicofísica para deambular por la vía pública, pero sí se lo exige para conducir automotores.
Prueba, apertura a prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tonini, Virginia c/ Caro, María Angélica s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-02-17

Corresponde decretar la apertura a prueba de la causa cuando no existiere conformidad entre las partes respecto de los hechos alegados (art. 358 CPC); o existieren hechos controvertidos (art. 487 CPC). Asimismo, resulta procedente la apertura, aunque la demanda no haya sido contestada, porque esta circunstancia no significa un reconocimiento de la verdad de los hechos expuestos por el actor, sino que debe otorgársele el valor estimativo que establece el art. 356 inc. 2 del CPC. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Superintendencia, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SAJ  Dra. Servini de Cubría, María s/ su presentación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

La circunstancia de que las decisiones del juez en el curso del proceso hayan sido sometidas a revision de la Camara de Apelaciones correspondiente, que ha confirmado lo actuado, no obsta a la investigación de superintendencia realizada por la Corte.
Violencia laboral, protección de la mujer
Materia: LABORAL
Carátula: A. A. B. c/ Giacomini Latinoamérica S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-20

El derecho a una vida libre de violencia en el ámbito de trabajo es un derecho humano y que, en relación a las mujeres, esta garantía recibe una protección reforzada a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belem do Pará, aprobada por la Ley 24.632
Derecho procesal, medidas cautelares, embargo preventivo, procedencia del recurso, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bariss Group SRL c/ Obra Social de Relojeros Joyeros y Afines  s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-05

Corresponde revocar la decisión que dejó sin efecto el embargo ordenado (de los autos principales). Ello por cuanto, de la Ley 27541 se desprende claramente qué sujetos tienen la obligación de suspender tanto las ejecuciones forzadas (1° párrafo) como las medidas cautelares preventivas y/o ejecutivas (2° párrafo) dictadas contra los agentes de salud, entre los cuales no se encuentra alcanzada la aquí demandante. De modo que, siendo que la emergencia pública ha sido definida como aquella "situación que deriva de acontecimientos extraordinarios, imprevisibles o bien inevitables con los recursos ordinarios, y que tienen una repercusión muy honda y extensa en la vida social, de suerte que demandan remedios también extraordinarios" (Fallos: 238:23), no cabe extender su aplicación a supuestos no previstos ni por analogía. Es que, parece claro que el espíritu de la ley tiende a evitar que el propio Estado no pueda ejecutar/trabar medidas cautelares contra prestadores de salud que en esta situación particular hubieren contraído deudas. Por ello, siendo que la norma suspende la posibilidad de que el Estado (en todas sus formas) pueda trabar medidas cautelares preventivas y/o ejecutivas y ejecutar algún crédito contra prestadores de salud con el único requisito de estar inscripto en el Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicios de Salud, es que corresponde revocar lo resuelto en el grado.
Caducidad de instancia, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Ferro, Luis Antonio c/ Instituto de Previsión Social s/ CADUCIDAD POR FALTA DE USO DEL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

El recurso extraordinario se rige por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que prevé el instituto de la caducidad de la instancia, sin que configure un obstáculo a su aplicación que los autos principales se rijan por el código provincial de procedimientos en materia contenciosoadministrativa.
Pena única, método de unificación
Materia: PENAL
Carátula: Pucheta, Héctor Gregorio s/ Tentativa robo. Robo automotor calificado. Abuso de armas y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

No existe transgresión de los arts. 55 a 57 a los que remite el art.

58 del Código Penal si el tribunal, si bien mencionó el monto de las penas impuestas con anterioridad, cuando procedió a la unificación tuvo en cuenta las escalas penales respectivas pues valoró las agravantes meritadas en la causa anterior y las consideradas por la propia Cámara.
Interpretación de la ley, sobreseimiento, querella, delito de acción pública, impulso procesal, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Palermo, Daniel Omar y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-18

Se verifica una equívoca interpretación de las normas procesales aplicables al caso si la cámara de apelaciones confirmó el sobreseimiento de los imputados en orden a la infracción a la ley 11.723 fundada en que la querella no puede impulsar en solitario la instrucción de un delito de acción pública, pese a reconocer que la ley vigente podría amparar la pretensión del acusador privado y destacó la necesidad de llevar adelante una medida de prueba reclamada por el denunciante, de modo que mediante tal afirmación el tribunal se expidió sobre el fondo de la cuestión objeto de disputa entre las partes. En consecuencia, corresponde casar la decisión recurrida, apartar del conocimiento a los jueces de la sala que intervinieron y reenviar las actuaciones para que reexamine el caso siguiendo la interpretación normativa relativa a la intervención en solitario del querellante (voto del juez Morin)
Ley de defensa del consumidor, procesos de conocimiento
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Tolosa, Jorge Ignacio c/ Club Tiro Federal Gualeguaychu y otro s-ordinario s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-08-02

El trámite "más abreviado" previsto en el art. 53 de la LDC está concebido teniendo en cuenta la protección del consumidor a efectos de que sus pretensiones sean prontamente atendidas, puesto que muchas veces, su objeto involucra cuestiones sencillas o de menor cuantía donde no es adecuado o conveniente que sean sometidas a los vaivenes de un procedimiento ordinario. Ahora bien, no se puede desconocer que el colectivo "consumidor" es amplio y en consecuencia sus reclamos también pueden serlo con el aditamento de la complejidad probatoria y que requiere de un tipo de proceso con mayor debate y prueba.
Juicio político, inmunidad de jurisdicción, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Molinas, Ricardo Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Las previsiones del llamado "juicio político" no crean en modo alguno inmunidades que no sean relativas en favor de los titulares de los poderes del Estado, ni de los Ministros del Poder Ejecutivo pues un concepto semejante es impropio de los magistrados y empleados de una Nación que ha optado por la forma republicana de gobierno: Inmunidad absoluta y república son términos incompatibles.
Competencia laboral, incompetencia, DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Materia: LABORAL
Carátula: Sinatra, Francisco Jesús y otros c/ Estado Nacional - Dirección Nacional de Migraciones s/ diferencia de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-13

El hecho que se invoquen normas laborales no habilita, por sí, la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, pues si no existe acto expreso que lo comprenda, prevalece en la controversia el análisis de cuestiones propias del derecho administrativo, nada autoriza a los accionantes a elegir la aplicación de un régimen laboral específico, sino que es dentro del propio derecho público y administrativo, tal como ha puntualizado la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde debe buscarse la reparación de una eventual conducta ilegítima del Estado.
Resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ 3 DE FEBRERO 1319 s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-15

Con la limitación contenida en el art. 242 del Código Procesal - modificado por la ley 23850- con relación al monto, no se advierte afectación alguna a los criterios consagrados en la Constitución, desde que está resguardado el derecho de defensa, el debido proceso y el recurso carece de raigambre constitucional.-
Concursos, efectos de la apertura, juicios contra el concursado, medidas cautelares, oportunidad procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAMISUR SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-12

No procede levantar las medidas precautorias trabadas respecto de un sujeto en concurso preventivo, sino hasta despues de que el concurso no pudiera ser ya desistido de acuerdo con lo previsto por la  ley 24522: 31; toda vez que, como el desistimiento no implica necesariamente la cancelación o remision de las obligaciones del concursado, si se permitiera el levantamiento de todas las medidas precautorias trabadas anteriormente y luego se dispusiera el fin del concurso por desistimiento con la conformidad de algunos acreedores, no faltarian quienes se presentaran en concurso sólo para obtener ese levantamiento de las cautelares y logrado el objetivo desistiese, burlando así al embargante (Pablo D. Heredia, "Ley 26086: Nuevo modelo en el regimen de suspension y prohibición de acciones y en el diseño del fuero de atracción del concurso preventivo", ja 2006-ii-995).
Empleo público, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHAZARRETA SILVIA INES c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-27

La recurrente invoca el reconocimiento de un derecho establecido en el estatuto que regula la relación de empleo público que la vinculaba con la administración municipal , y que integra el contenido normal de dicha relación. De manera que la situación subjetiva invocada y la materia de debate resultan de competencia contenciosa administrativa atribuida legalmente al Superior Tribunal de Justicia.
Cuestiones de competencia, delitos relacionados con la identidad de las personas, falsificación de instrumento público, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, Guillermo Máximo y otra. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-18

Corresponde a la justicia de excepción entender en la presunta falsedad ideológica de documento público, cuando la inserción de falsos datos se ha efectuado en el que tiende a acreditar la identidad de las personas (arts. 292 y 293 del C.P. y 33, inc.

c del C.P.P.N.).

Si se investigan los delitos de alteración de la identidad de una menor y la falsedad ideológica de su partida de nacimiento, pues fue inscripta como hija biológica del imputado, cuando en realidad no lo era y, se gestionó posteriormente el documento nacional de identidad de la niña, se está en presencia de un hecho inescindible, por lo que corresponde entender a una única sede jurisdiccional.

Por ello, corresponde que intervenga la justicia de excepción.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Junín c/ Inglese, Juan Carlos s/ Apremio. Recurso de queja Scharf, Gerardo c/ Nicolai, Luciano y otro s/ Cobro de pesos Russo, Elio c/ Olivera, Ana María s/ Reivindicación Russo, Elio c/ Olivera, Ana María s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-24|2001-05-30|2007-02-07|2007-02-07

El recurso extraordinario de nulidad resulta inadmisible desde que la cuestión que se dice omitida ha quedado desplazada como consecuencia de lo resuelto por los jueces respecto de otra cuya resolución era lógicamente anterior, como es la referida a la suficiencia de la apelación conforme lo exige el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Beatríz, María E. c/ Garbino, María E. s/ Diferencia indemnización y entrega de certificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-08-30

Carece de trascendencia que la actora hubiera trabajado durante 22 años con un horario completo, cuando en los últimos cuatro años y medio trabajó media jornada; a los efectos del cálculo de la indemnización por despido de acuerdo al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo debe tenerse en cuenta -como mejor sueldo normal y habitual- lo percibido en el último año trabajado.
Robo con armas, arma impropia
Materia: PENAL
Carátula: ARANOVICH, CONSTANZO s/ PRUEBA - RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO - ROBO: ARMAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-01

El uso impropio de un arma no descalifica la agravante sino que la configura, dado que la ley no contiene al respecto discriminación alguna.
Despido, daño moral, represalias
Materia: LABORAL
Carátula: CSM c/ NCUCAI s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-27

Cabe calificar el distracto dispuesto por la empleadora como acto doloso de represalia por el ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades, constitucionalmente reconocido, haya tenido o no razón para litigar en la medida que esta acción no pueda ser calificada como maliciosa. Al haber mediado el acto doloso de represalia surge con claridad que el empleador debe responder no sólo por las consecuencias inmediatas del despido, sino también por las mediatas entre las que se encuentra el daño moral producido por la forma en que el despido fue dispuesto. (La actora fue contratada por el INCUCAI mediante contratos sucesivos de locación de servicios durante más de ocho años para cumplir tareas equivalentes a las del personal de planta permanente en actividades ordinarias. Inicia acciones legales tendientes a que sea reconocida su labor como trabajadora dependiente y luego de unos días es despedida). (Del voto del Dr. Arias Gibert, en minoría).
Accidentes de trabajo, inconstitucionalidad, jueces naturales
Materia: LABORAL
Carátula: Gallardo Gabriela Elizabeth c/ Prevención ART SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-21

No resulta razonable sustraer las acciones incoadas por trabajadores afectados en su integridad psicofísica como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de la competencia de sus jueces naturales, pues la índole de los derechos involucrados impone una justificación sustancial y concreta que respalde el tránsito previo y obligatorio de las comisiones médicas establecidas por el art. 1 de la ley 27.348. El trámite establecido por dicho artículo y sus cctes. tampoco satisface los restantes requisitos exigidos por el Alto Tribunal en el precedente "Ángel Estrada y Cía", por cuanto la aptitud jurisdiccional de los referidos tribunales no se ciñe a la determinación de cuestiones técnicas y/o científicas (vgr. grado y carácter de la incapacidad), sino que involucra asimismo la elucidación de la naturaleza laboral del accidente y/o profesional de la enfermedad (esto es, la existencia o inexistencia de relación causal), así como los alcances de las prestaciones en especie y dinerarias, aspectos casuísticos y variables de neto corte jurídico, cuyo análisis excede largamente de la competencia de los profesionales que integran las citadas comisiones, pues su conocimiento y decisión corresponde exclusiva y obligatoriamente a los magistrados (cfr. arts. 108, 109 y 116 C.N.). (Del voto del Dr. Balestrini).
Haber jubilatorio, derechos adquiridos, reducción del beneficio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: I.P.P.S. c/ Fossati, Alberto Luis s/ Acción de lesividad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2002-06-25

Asiste razón al Instituto Provincial de Previsión Social cuando señala que la doctrina y jurisprudencia son concordantes en el sentido de afirmar que la concesión del beneficio implica la adquisición del estado de jubilado y del derecho a la percepción del beneficio, pero esto no implica que se adquiera un derecho al `monto´ del mismo y consecuentemente la rebaja del haber dispuesta para el futuro no afecta de ninguna manera al derecho de propiedad, siempre que no resulte `arbitraria´ o `desproporcionada´
Alimentos, cuota alimentaria, alimentante con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: P., N.G. y otros c/ F., E.N. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-22

A efectos de la fijación de la cuota alimentaria, debe ser debidamente ponderado el hecho de que los alimentados habitan en el inmueble que fuera sede del hogar conyugal, mientras que el alimentante convive, con su madre y su tía, en un departamento más pequeño -extremo que pone de relieve la imposibilidad de establecerse solo-, con las consiguientes connotaciones de carácter económico que de ello pueden inferirse.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: DEMARCO, ESTEBAN EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-05-10

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto sólo en lo atinente a la cuantificación de la reparación civil en concepto de pérdida de chance, pues si bien la cuestión relativa a los montos indemnizatorios acordados en principio están excluidos de consideración por la vía extraordinaria, cabe hacer excepción a ello cuando con manifestaciones puramente dogmáticas se frustra el derecho de las víctimas a una reparación integral, lo que sucede en el caso, en que la cuantía fijada por la Cámara luce endeble a la finalidad indemnizatoria conforme los parámetros constitucionales que esta Corte ha delineado respecto del rubro pérdida de chance in re "Herrera" (Citas: CSJN: Fallos 313:944; CSJStaFe: Herrera, AyS T 233, p 278)
Recurso de inaplicabilidad de ley, sueldo anual complementario, empleados públicos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Abayu Gabriel Edgardo y otros c/ Pcia. De Río Negro (P. Ejecutivo) s/ Sumarisimo (Ejec.Sentencia) s/ Inaplicabilidad de ley" Simon Alicia Karina c/ Consejo Provincial de Educación de Río Negro y Prov. De Río Negro s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley Gentili Marcela Andrea c/ Consejo Provincial de Educación - Provincia de Río Negro s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-09-06|1999-09-06|1999-09-29

Ante las notorias condiciones de estrictez en que se desenvuelven las finanzas locales, caracterizadas por la existencia de un importante pasivo, desfinanciamiento, iliquidez y la consecuente necesidad de encarar reformas en las estructuras administrativas del Estado, instadas por diversos medios que denotan no solamente el requerimiento de los acreedores externos, sino también por vía de pronunciamientos concretos de la ciudadanía para orientar el ataque a la crisis estructural y la reformulación del Estado, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la representación de la Provincia de Río Negro revocando la sentencia de Cámara, declarando la constitucionalidad del Decreto Ley 4/97 (pago en Bonos Río del aguinaldo de empleado públicos).
Acción de amparo, derechos de incidencia colectiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tandil c/ T.A. La Estrella S.A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22

Son intereses difusos los que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, en cuanto integrantes de grupos, clases o categorías de personas, ligadas en virtud de la pretensión de goce, por parte de cada una de ellas, de una misma prerrogativa. De forma tal que la satisfacción del fragmento o porción de interés que atañe a cada individuo, se extiende por naturaleza a todos; del mismo modo que la lesión a cada uno afecta, simultánea y globalmente, a los integrantes del conjunto comunitario.