Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-14


SENT Nro. 232 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE ABRIL de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Héctor Eduardo Aréa Maidana, con más la integración del señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato -por excusación del señor vocal doctor Alberto José Brito-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Destilería del Norte S.A. vs. Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano s/Interdicto posesorio".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 627/630 por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 05/6/2002 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común.

El pronunciamiento mencionado dispuso declarar de oficio, la nulidad de todo lo actuado a partir del decreto de fs. 542 vta., por entender que las actuaciones cumplidas por el órgano jurisdiccional -tendientes a procurar el avance forzoso del trámite administrativo previsto en la legislación de emergencia- constituían un remedo de proceso de ejecución de sentencia prohibido por las leyes citadas.

A fs. 633/635, el demandado contesta el traslado del recurso de casación interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 23/9/2002 que glosa a fs. 637, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- Alega el recurrente la errónea interpretación del art. 167 procesal y cuestiona por tanto, la nulidad de oficio declarada por el tribunal de alzada. Expresa que tal como fue resuelta, la cuestión asume caracteres de gravedad institucional, con una clara afectación de derechos y principios de raigambre constitucional.

Se agravia de que la Sala a quo haya considerado que su parte pretendía por esta vía, un avance forzoso del trámite administrativo previsto para la entrega de los títulos con los cuales la demandada cumpliría la sentencia dictada en autos. Explica que siguió paso a paso el trámite pertinente por ante la Administración, conforme lo prevé la normativa de emergencia. Y afirma que "sólo ante el silencio, la inactividad y la violación del régimen legal por parte de aquélla, acudió luego al juez natural en demanda de justicia". Señala que por vía del pedido de informes -previsto por el art. 10 de la ley de emergencia 6271- sólo procuraba conocer el estado del trámite y el lugar que su crédito ocupaba en el orden de prelación que debía elaborar la Provincia, para cumplir con las previsiones normativas (art. 9 de la ley 6271). Expresa que los requerimientos de su parte en modo alguno pretendían infringir la preceptiva de emergencia que suspende las ejecuciones de sentencias, tal como afirma el tribunal a quo.

Considera que la interpretación practicada por la Sala a quo importa desconocer arbitrariamente la secuencia de la tramitación administrativa prevista por la ley. Afirma que con lo resuelto por el tribunal, quedaría librado al arbitrio de la Administración, el cumplimiento de las sentencias judiciales. Destaca que los informes requeridos por su parte tienen expresa previsión legal y que no hizo más que recurrir a la vía legal señalada para resguardar la satisfacción de su crédito.

Expresa que si bien no puede dudarse de la naturaleza administrativa del trámite previsto para la percepción de los títulos en cuestión, no es menos cierto que ello no descarta la intervención y el control judicial, precisamente para evitar una irrazonable dilación en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Administración.

Considera que lo resuelto asume caracteres de gravedad institucional, en tanto "predica la inmunidad y la impunidad del poder administrador en orden al cumplimiento de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada".

Alega que la sentencia infringe además, las reglas de la competencia material al atribuir al fuero en lo contencioso administrativo una competencia singular, abarcativa de todas aquellas controversias que se suscitaran con relación a la ley 6271; aún aquéllas que -como en el caso- se refieran al pedido de informes del art. 10 de la ley. Considera que la doctrina del fallo viene a imponer un desplazamiento injustificado del juez natural, a favor de los jueces del fuero en lo contencioso administrativo.

III.- Asiste razón al recurrente en tanto lo resuelto por la Sala a quo -tal como lo expresa el tribunal de alzada- asume caracteres de gravedad institucional, con alteración de la estructura esencial del procedimiento y el adecuado servicio de justicia (CSJT, sent. 113, "Guaraiib, Analía Clelia vs. Lucci, Daniel Alberto s/Pensión alimenticia" del 07/3/2002; sent. 141, "Barrientos, Roberto Daniel s/Lesiones culposas" del 18/3/2002; 145 "Sucar, Roberto Emilio vs. Banco Río de la Plata S.A. s/Especiales" del 18/3/2002; sent. 308, "Ysa, Víctor Hugo vs. Aguirre de Calderón, Nélida s/Cobro ejecutivo de pesos" del 06/5/2002; sent. 552, "Auguste de Victoria, María Inés vs. Victoria, Virgilio Angel s/Alimentos" del 04/7/2002; sent. 565, "Corbalán, Néstor Oscar s/Homicidio culposo" del 04/7/2002, entre otras).

La Sala a quo señaló que el trámite a realizar ante el Poder Ejecutivo conforme lo previsto por los arts. 11, 12 y concordantes de la normativa de emergencia mencionada, era de naturaleza netamente administrativa; con lo cual, las contiendas que pudieran suscitarse durante el transcurso del mismo, deberían plantearse por ante el fuero en lo contencioso administrativo y no por ante el juez civil común (juez de la causa). Siendo así, el tribunal declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la presentación de fs. 542 dictando la sustitutiva que consideró consecuente ("proveyendo el escrito de fs. 542: siendo de naturaleza administrativa el trámite que indica el solicitante, recurra el mismo por la vía y la forma que corresponde").

Desde esta perspectiva, lo resuelto significa disponer sin causa legítima, un desplazamiento de la competencia del juez de la causa respecto de planteamientos que tienen que ver con el cumplimiento del mandato judicial ordenado en la sentencia. Esta Corte tiene dicho que "la existencia de sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada no implica conclusión del juicio, sino cuando aquélla es cumplida tanto en lo principal como en sus accesorios" (CSJT, sent. 832 del 11/11/98, "Heredia, José David vs. Banco de la Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios"; sent. 114 del 27/2/98, "González, Manuel E. vs. Banco de la Provincia de Tucumán s/Cobro de pesos"; sent. 33, del 07/3/94, "Toledo Luis Angel vs. Dirección Provincial de Vialidad s/Contencioso Administrativo"; sent. 274 del 03/9/93, "Cossio Raúl F. vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia de Tucumán s/Cobro de pesos"; entre otros); posición que impide consentir un desplazamiento de la competencia del juez de la causa, en relación a aquellas cuestiones que se encaminen a asegurar el cumplimiento de lo resuelto por éste.

Lo resuelto por el tribunal de alzada parece ignorar que el juez como director del proceso, posee facultades para adoptar a pedido de parte o de oficio, las medidas que resulten pertinentes para asegurar -en ejercicio del imperium- el cumplimiento de sus decisiones (cfr. CNCiv., Sala F, 20/5/96, "Alco S.A. c/Municipalidad de Buenos Aires", LL 1996-E, 520 - DJ, 1997-1-703").

En este sentido, el criterio adoptado por la Sala a quo compromete la adecuada prestación del servicio de justicia, por la alteración de la estructura esencial del procedimiento.

La alegada naturaleza administrativa del trámite previsto para la entrega de los títulos conforme la ley 6271, en modo alguno justifica que el juez de la causa -civil, en el caso- deba desprenderse de la misma para abrir paso a un nuevo procedimiento y por ante un juez diferente y de otro fuero, cuando el planteo formulado procura asegurar el cumplimiento de la sentencia dictada por el primero.

En mérito a lo expresado, corresponde declarar la nulidad del pronunciamiento impugnado conforme la siguiente doctrina legal: "Resulta arbitrario el pronunciamiento que declara de oficio la nulidad de las actuaciones y retrotrae el trámite de la causa, sin que concurran los supuestos previstos por el art. 167, 3er. párrafo del CPCC. La nulidad así declarada deviene en puro voluntarismo del sentenciante y por tanto, carente de toda motivación; lo que descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido".

Los autos deberán ser reenviados a la Excma. Cámara a fin de que por intermedio de quien corresponda, la causa continúe el trámite, según su estado.

IV.- No puede soslayarse que no obstante lo resuelto (la competencia de otro tribunal), la Sala a quo emitió opinión respecto de lo peticionado, alegando que ello suponía un disimulado intento de llevar adelante una suerte de ejecución de sentencia prohibida por la ley de emergencia.

El criterio adoptado no luce ajustado al marco legal de la causa.

En efecto, y contrariamente a lo expresado por la Sala a quo, el pedido de informes requerido por la parte al juez de la causa, se enmarca en las previsiones del art. 10 de la ley 6172; circunstancia que quita respaldo legal a la afirmación sentencial.

La norma citada prevé la posibilidad de que los acreedores de las obligaciones consolidadas puedan requerir al Poder Ejecutivo -vía judicial- los informes pertinentes para conocer el orden cronológico de prelación, el privilegio que al crédito corresponde y el plazo en que el mismo podrá ser atendido (cfr. art. 10 de la ley 6172); previsiones que dan contenido a la respuesta que se debe cumplir.

Desde este enfoque, las afirmaciones formuladas por el tribunal carecen de sustento legal; cuestión que esta Corte considera necesario señalar.

V.- Atento a las razones que motivan la nulidad aquí declarada, las costas de la instancia serán soportadas en el orden causado.

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 05/6/2002 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, conforme la doctrina legal precedentemente enunciada. Los autos deberán ser reenviados a la Excma. Cámara a fin de que por intermedio de quien corresponda, la causa continúe el trámite, según su estado.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALFREDO CARLOS DATO