marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, falta de agravio concreto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: O.S.I.M. c/ GET Industrial y comercial s/ Cobro de pesos. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   306-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

Si bien el planteo recursivo (prescindencia de normativa aplicable- artículos 108, inciso c) y 110 de la ley 7945 por parte del Inferior) "prima facie" ostenta virtualidad suficiente para abrir la vía de excepción -pues, la motivación del A quo podría estar imbuida de un excesivo apego a las formas-, la apelante no logra demostrar con suficiente claridad cuál es el perjuicio que efectivamente le acarrea la ausencia de apertura de la instancia de segundo grado de conocimiento. Ello así por cuanto la pretensión esgrimida por la accionada (gravamen que le ocasiona la falta de tratamiento por parte del Tribunal de Alzada, de su negativa a que se produzca la prueba pericial contable por negligencia probatoria de la accionante -cuando la pericial, en definitiva, no se produjo en el proceso-), no persuade acerca de la actualidad del perjuicio.

Y, suplir la omisión de aquella por una especulación de este Cuerpo se traduciría sin más, en la conculcación del derecho de defensa de la contraparte.
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación, oposición del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Ramos, Daniel Agustín s/ Recurso de casación interpuesto en expte. nro. 83/02 s.a. de lesiones culposas en concurso ideal. L.A. Nro.  46 F. 354/362 Nro. 140. interpuesto en expte. nro. 83/02 s.a. de lesiones culposas en concurso ideal. L.A. Nro.  46 F. 354/362 Nro. 140.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-04-22

"...deviene menester considerar la enumeración que efectúa el art. 5 del Código Penal, al establecer, taxativamente, que las penas fijadas en él son "reclusión, prisión, multa e inhabilitación". Ninguna duda cabe, por ende, que la inhabilitación es una pena, con lo que debe quedar descartada cualquier otra lectura que, so color de interpretación, pretenda forzar el significado prístino de la norma. Siendo ello así, no cabe sino concluir que a este concepto se refiere también el art. 76 bis del mencionado digesto legal cuando, de modo expreso, proscribe la procedencia de la suspensión del juicio a prueba "...respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación". No es posible para el magistrado distinguir allí donde la ley no distingue, en cuyo mérito, no encuentro razones que autoricen a apartarme de lo dispuesto por la norma de marras. Otro tanto cabe decir de la oposición expresada por el Sr. representante del Ministerio Público al andamiento de la pretensión del imputado, cuya entidad -reconocida en el párrafo cuarto del art. 76 bis del Código Penal- resulta suficiente en orden a impedir su progreso."(Del voto en disidencia del Dr. José Manuel del Campo).
Acción de amparo, medidas cautelares, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: Amantea Edgardo Omar y Otros c/ Automovil Club Argentino s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-28

El proceso de amparo, es un derecho-garantía que detenta toda persona para la exigibilidad y justiciabilidad de derechos constitucionales ante situaciones de vulneración urgentes derivadas de su desconocimiento, alteración o amenaza manifiestamente arbitraria o ilegal, cualquiera sea el sujeto que las genere y siempre que no exista una vía judicial más idónea. Se trata entonces de una garantía excepcional e imprescindible, tendiente a la protección inmediata y efectiva de derechos fundamentales (arts. 43 Const. Nac.; 20 inc. 2 Const. PBA; 1 y sigs. ley 13.928)
Concurso preventivo, apertura del concurso, Seguridad social, moratoria previsional
Materia: COMERCIAL
Carátula: BEBESIT  S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Resulta improcedente rechazar la solicitud de apertura de un concurso preventivo con fundamento en el incumplimiento de la lc: 11 8., por considerar insuficiente el pedido de inclusión en una moratoria, pues seria necesario que se hayan concedido efectivamente las facilidades de pago solicitadas. Ello pues la ley 21241, incorporó un segundo párrafo a la normativa concursal citada en virtud del cual el cumplimiento de las disposiciones sobre recursos de la seguridad social deberá ajustarse a las modalidades y condiciones que establezca el P.E. en la pertinente reglamentación.

Y por su parte, por lo normado en la Resolución Gral. de la DGI 3762/93: 1, 6 y 8, las facilidades de pago han de pedirse luego de homologado el acuerdo preventivo, siendo esa la etapa procesal "oportuna", conforme la disposición legal de referencia., Art. 25.
Auto de procesamiento, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: ROGELIO OSCAR JACOB s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-20

Cabe confirmar el auto de procesamiento apelado en modo tal de permitir si acaso, la llegada del asunto a plenario, ya que si bien esta Sala se ha expedido respecto de los casos en lo que se da una modalidad de delito continuado y no una estafa en concurso real, esta correcta adecuación típica lo fue en ocasión de una sentencia definitiva; es decir carente de la provisoriedad propia del auto de procesamiento como en el caso; calificación que entonces no causa al encausado perjuicio alguno, como que siquiera esta en juego con ella su libertad.-
Honorarios, regulación de honorarios, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Florencia S.A. c/ Modern Plastic S.A. s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La sola mención del art. 13 de la ley 24.432, sin dar fundamento alguno, equivale a prescindir del texto legal aplicable al caso, lo que determina la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional valido (Voto de los Dres.

Carlos S. Fayt y Antonio Boggiano).
Ciudadanía por naturalización, nacionalidad, derechos políticos, carta de ciudadanía, pérdida de la ciudadanía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pedro Ricardo OLMO y/o Walter KUTSCHMAN s/ COMPETENCIA  FEDERAL  POR  LA MATERIA - CIUDADANIA Y NATURALIZACION -  DERECHOS POLITICOS - NACIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-18

La naturalización implica la adquisición de la nacionalidad argentina, en cuyo goce permanece el naturalizado aunque no posea el de los derechos políticos. Ello significa que la cancelación de la carta de ciudadanía obtenida con fraude envuelve la pérdida de la nacionalidad argentina.-
Abogados, matrícula profesional, antecedentes penales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NAJENSON EMILIO MARIO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1987-10-16

Cumplida la pena impuesta por la Justicia del Crimen y transcurridos los cinco años que establece el artículo 33 Decreto Ley 4109/56, no existe razón para mantener ineternum la situación de un abogado sancionado por el Colegio pertinente con la cancelación de su matrícula profesional, pues de lo contrario podría entenderse que el invocado Poder de Policía , delegado por la Provincia a los Colegios Profesionales, podría ejercerse sin limitación alguna, provocando situaciones de verdadera iniquidad, al prorrogar de por vida una sanción que razonablemente debe tener un límite, pues la prolongación sine die de tal impedimento resulta excesivo e irrazonable, toda vez que suprime en definitiva, descartar en forma absoluta la posibilidad de una recuperación ética de la persona, lo cual no es acorde con la naturaleza de las cosas
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-17


Recurso 335723 - "Fernández Lemoine, María Rosa c/ Cocozza, Donato Carlos s/ejecución de honorarios- ley 24573" - CNCIV - SALA H - 11/12/2001 Buenos Aires, 11 de diciembre de 2001 VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos son elevados a la alzada en virtud del recurso interpuesto por la mediadora en tanto el "a quo" entiende que solo prospera la ejecución de sus emolumentos por la suma de $ 150 (ciento cincuenta pesos)).//- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 21 del decreto reglamentario 91/98, "...los honorarios del mediador en los asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos seis mil ($ 6000)..." la retribución será de pesos seiscientos ($ 600).- En cuanto a la oportunidad del pago la misma norma estatuye que: "Si promovido el procedimiento de mediación este se interrumpiere o fracasare y por cualquier causa no () se iniciare el juicio por parte del reclamente dentro de los 60 días corridos, quien promovió la mediación debe abonar al mediador en concepto de honorarios la suma de $ 150, (ciento cincuenta pesos) a cuenta de lo que correspondiere si se iniciara posteriormente la acción y se dictare sentencia o se arribare a un acuerdo. El plazo se contará desde que se expidió el certificado negativo de mediación".- En la especie, no solo transcurrió en exceso el plazo de sesenta días al que se hizo mención, sino que el lapso de más de un año, desde que aquella finalizó y se expidió el certificado negativo de mediación, la hacen acreedora al total que le corresponde y que reclama,-$ 585 (quinientos ochenta y cinco pesos) .( Ver fojas 3/4 y 7).- Es que, de otro modo, quien ha efectuado el trabajo que le fuera encomendado, cumpliendo para ello con los requisitos que la ley exige para su habilitación como tal, quedaría a expensas de la voluntad de los particulares, que, por desidia o abandono voluntario del ejercicio de su derecho ante la judicatura impedirían, en casos con las particularidades del presente, que se remunere "in totum", su labor profesional, lo que no se ajusta en modo alguno a la finalidad del instituto en estudio.- Además de ese modo se estarían vulnerando principios de raigambre constitucional, que son el norte del ordenamiento jurídico,-artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional- y se obviaría la naturaleza alimentaria del mentado honorario.- En ese orden de ideas, corresponde acoger favorablemente el agravio, por lo que se revoca la decisión apelada. Todo lo que así se RESUELVE. Devuélvase, encareciéndole al "a quo" que proceda por intermedio de quien corresponda a notificar este pronunciamiento junto con el proveído de recepción del expediente. La vocalía 22 se encuentra vacante.//-
Proceso judicial, terminación del proceso, allanamiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FISCAL DE ESTADO c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2001-11-01

El allanamiento implica el reconocimiento de que la accionante reclamó con razón. Se trata de un modo anormal de extinción del proceso, de características negociales, que implica una autocomposición del litigio por renuncia del demandado a controvertir el derecho que se invoca contra él, admitiendo la legitimidad de las pretensiones del actor, sin que sea necesario que sea aceptado por el contrario. Constituye una declaración de voluntad del demandado que reconoce la fundabilidad de la pretensión del actor. El demandado admite, más que la exactitud de los hechos, la legitimidad de las pretensiones del actor.
Plazo, competencia
Materia: ELECTORAL
Carátula: APODERADOS U.C.R. s/ SUMEN VOTOS U.C.R. Y M.I.D.CATEGORIAS INTENDENTE Y VICE MUNICIPIO  STO.TOME
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1993-09-30

Debe desestimarse la petición a la Junta Electoral permanente efectuada 6 días antes de los comicios, de una Resolución que disponga la sumatoria de votos que obtengan en forma separada los 2 partidos políticos en relación a un idéntico binomio comunal candidato a intendente y vice), pues, sin perjuicio de haber sido formulada luego de caducados los plazos señalados en el calendario electoral, cabe advertir que la petición debió efectuarse en 1a.

Instancia ante el Juzgado electoral con anticipación suficiente y con acreditación de los requisitos pertinentes en los términos de los arts. 16,73 y 74 de la Ley Prov. N° 3767.
Recurso de inconstitucionalidad provincial, inadmisibilidad del recurso, acción de amparo, sentencia definitiva
Materia: Procesal Constitucional
Carátula: Díaz, Fermín Jorge s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-07-12

La definitividad de las sentencias, a mas de lo expuesto, y según doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está ligada a la privación, para el justiciable, de otros medios legales para lograr la tutela de sus derechos y descartar en consecuencia la posibilidad de plantear la cuestión litigiosa en otro juicio posterior, o infieran un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.

...No es tal el caso de autos, ya que el ordenamiento jurídico público provincial prevé la vía apta para los objetivos propuestos por el Amparista, tal como lo expresa la Excma. Cámara en la sentencia venida en recurso.
Accidentes de trabajo, excepción de prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: AMARILLA, CLAUDIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-08

Corresponde descalificar el pronunciamiento impugnado pues, más allá de que las cuestiones de interpretación de los hechos y el derecho son propias de los jueces de la causa, lo cual indudablemente alcanza a la temática vinculada a determinar bajo qué normas y a partir de cuándo comienza a correr el plazo de prescripción en materia de accidentes de trabajo, en el presente la respuesta de los sentenciantes -al desestimar la excepción de prescripción deducida, imputando inacción o silencio a la Provincia demandada más que al propio acreedor, que desde la disposición ministerial que calificó el infortunio laboral como accidente de trabajo podría haber planteado el reclamo administrativo que recién hizo nueve años después- no alcanza a abarcar la totalidad de las cuestiones trascendentes involucradas en la litis, careciendo por ello -en las particularísimas circunstancias del caso- de motivación suficiente como para sustentar su pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lodigiani, Patricia c/ Bernardini de Mazzuz s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-17

La Cámara puede abrir su compuerta cognoscitivas en la medida del agravio traído por el quejoso que, de ese modo, le fija indeleblemente los limbos dentro de los cuales debe moverse, pero como todos los pedimentos que se llevan a cabo en el proceso deben ser concretos, claros y precisos, en una palabra suficientes, dado que en nuestro sistema dispositivo, esta pieza se erige como la cuña que tiende a romper el fallo atacado (tantum devolutum quantum apellatum), debiendo el quejoso poner de manifiesto los errores de la resolución impugnada. Si el embate se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada.-
Honorarios del perito, perito contador, juicio de desalojo, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: E.F.A. c/ Impresora  Belgrano    S.A.C.I.F.    y/o  Subinquilinos y/u Ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

La sentencia de autos condenó a la demandada a "desocupar el sótano y subsuelos del edificio de la Avenida de los Inmigrantes 1950..." de lo que se desprende que en este proceso no es de aplicación el art. 3 sino el art. 6 del decreto ley 16.638 y art. 26 de la ley 21.839, aplicable por analogía a los contadores. Por ello en los procesos de desalojo corresponde tomar como monto base el importe de un año de alquiler. Por otra parte no existe motivo valedero para que los peritos - cuya retribución se encuentra conectada con la suerte del pleito - obtengan su regulación sobre bases distintas a las expuestas.
Resoluciones recurribles, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:  'legajo de nulidad en autos: 'Núñez, Eduardo Irineo y otros s/ infr. art. 181 inc. 1, CP'".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15

Frente al decisorio que confirmó el rechazo del planteo de nulidad y la solicitud de mediación que había efectuado la defensa oficial, el recurrente ha omitido exponer en sus recursos un cuestionamiento constitucionalmente fundado en torno a la potestad que posee el Ministerio Público Fiscal para oponerse a la utilización de una vía alternativa de las previstas en el art. 204, CPP.

(Voto del Dr. José O. Casás. En sentido concordante ver voto del Dr. Luis F. Lozano).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FARIAS, JESUS H. c/ AMANCAY  S.A.I.C.A.F.I. s/ ART. 1113 C.CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-24

Sin perjuicio de la objetiva pauta orientada que puede brindar la conocida fórmula de común aplicación en el fuero, la precisión resarcitoria que con ella se pretende, puede verse alterada en tiempos de permanente variación del valor adquisitivo del signo monetario. Por ello es necesario,además de la ecuación matemática, tener en cuenta la importancia del daño acaecido y su proyección a la vida laboral y social de la víctima.
Indemnización, daño material, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: Plus Ultra Compañía Argentina de Seguros y José Carlos Oliveira s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-11-02

En el principio de reparación integral de los daños, la finalidad es el restablecimiento, con la mayor precisión posible a la situación patrimonial en que se hubiera hallado la víctima si él o los hechos ilícitos no hubieran acontecido. Esta magnitud de resarcimiento - vinculada a la relación de causalidad adecuada que rige la materia - lleva indefectiblemente a la toma en consideración de las circunstancias particulares de cada caso concreto, tales como la profesión, educación, edad, sexo, salud, aptitudes para el trabajo, modo de vivir, condición social, número de miembros de la familia, entre otros, tanto de la víctima como de quién reclama la indemnización. (Dra. Catella: En disidencia).
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, fundamentación errónea, admisibilidad del recurso, denegatoria del recurso, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Pereira, Miguel Angel y otro c/ Epysi S.A. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Si bien es deber de los superiores tribunales mencionados en el art. 14 de la ley 48 fundar adecuadamente la concesión o la denegación de los recursos extraordinarios, las deficiencias técnicas en que pudieran incurrir sobre el particular, no pueden volcarse contra los justiciables con olvido de su derecho a una justicia rápida y efectiva (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Intereses, capitalización de intereses, modificación de la tasa de interés
Materia: CIVIL
Carátula: Nievas, Francisco Guillermo  c/ La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART. S. A.  s/ accidente- ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-20

La accionante cuestiona el decisorio de grado en cuanto al punto de partida para el cálculo de los intereses. La acción fue entablada antes del 15 de agosto de 2015. El capital debe llevar intereses hasta el efectivo pago, de conformidad con las actas 2601/14, 2630/16 y 2658/17, con capitalización anual a partir de la fecha de notificación de la demanda (o desde la fecha de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, si aquella notificación fue anterior ) hasta la fecha de la aprobación judicial de la liquidación (art. 132 LO) Ello, sin perjuicio del ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas en el art. 771 del C.C.C. en aquellos casos en que la suma resulte desproporcionada a cuyo fin debe tomarse como pauta de referencia el capital histórico actualizado por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) con una tasa de interés pura del 6% anual. Toda vez que la notificación de la demanda es anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, se sugiere modificar lo decidido en origen en el sentido que la primera capitalización se producirá a partir del 15 de agosto de 2015.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTI, MAURO JOSE c/ JBS ARGENTINA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-04

La impugnación no ha de prosperar en tanto el quejoso no efectúa un relato de los hechos ni de los actos principales del proceso -demanda, contestación, audiencia de trámite prevista en el artículo 51 del código de rito laboral, declaración testimonial cuya valoración cuestiona, fallo de baja instancia, expresión de agravios, resolución de esta Corte etc-, falencia que imposibilita comprender la vinculación constitucional entre la decisión que resolvió tener por injustificado el despido indirecto del actor y los hechos acontecidos; y sabido es que para cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 7055 se debe exponer, con claridad y precisión, sobre la admisibilidad del recurso -demostrando la concurrencia de los requisitos formales necesarios- y sobre su procedencia -explicando los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional introducida-. - REFERENCIAS NORMATIVAS: ley 7055, artículo 3
Facultades reglamentarias, decreto reglamentario, reglamentación de la ley, detención, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrose, Luis Alejandro c/ Ministerio del Interior - art. 3° ley 24.043 -. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

El ejercicio de la facultad reglamentaria que efectúa el tercer párrafo del art. 3° del decreto 1023/92 - al exigir que la privación de libertad hubiese tenido origen en disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional o de actos emanados de tribunales militares durante el período comprendido entre el 6/11/74 y el 10/12/83 - no altera la sustancia de los derechos otorgados por la ley 24.043 ni introduce restricciones ajenas a su espíritu.
Delitos cometidos durante actividades antisubversivas, personal de inteligencia, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

El Jefe del Departamento de Contrainteligencia de la Base Naval y Suboficial de Inteligencia de Marina resultan coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados pues los mismos intervinieron tanto en las maniobras de detención ilegal de las víctimas como en los interrogatorios a los que fueron sometidas en dependencias de la Base Naval, integrando la central de contrainteligencia y los grupos operativos que conformaban la Fuerza de Tareas, todo ello considerando en especial la primordial función que cumplía en aquel momento la tarea de inteligencia a fin de alcanzar los objetivos de las Fuerzas Armadas en el marco de la lucha antisubversiva.
Embargo, bienes embargables
Materia: PROCESAL
Carátula: ALONSO, ITALO JUAN c/ ARNES DE OSELLA, MARIA AURELIA s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-02-14

Resultando de la propia diligencia que se embargan "muebles del hogar del deudor" y no estando acreditado que existiera algún supuesto de excepción, corresponde hacer lugar al recurso disponiendo el levantamiento de embargo.-