marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, transferencia del contrato de trabajo, transferencia del personal, responsabilidad del empleador, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: RAVAZENGHI, ANA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BS. AS. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-09

Un convenio celebrado por dos organismos gubernamentales, para reglar entre sí derechos y deberes originados en una transferencia de servicios, y sus correspondientes establecimientos no modifica válidamente, en relación a sus trabajadores, lo que una ley nacional establece en orden a la responsabilidad por accidentes de trabajo (art. 31 de la Constitución Nacional).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, elevación a juicio, imputado, acusación, principio de contradicción, defensa en juicio, leyes, interpretación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. de inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver: ¿la falta de mantenimiento de la  acusación en la alzada por parte del Ministerio Público Fiscal,   coincidiendo con la instancia absolutoria solicitada por la Defensa,  impone al Tribunal la aceptación de las pretensiones de los sujetos   procesales, impidiendo fallar distinto a dichas peticiones?.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

El acusador público puede no iniciar una acción penal, pero una vez iniciada, no puede desistir de su ejercicio, ni extinguirla, porque no lo permite la ley; deberá requerir un pronunciamiento judicial positivo, aún desde el punto de vista de solicitar una absolución, pero no puede abstenerse de alegar, sea a favor o en contra. Todo ello, en nuestro concepto, garantiza el contradictorio y demuestra la inexistencia de menoscabo alguno del derecho de defensa en juicio y debido proceso. Tan es así, que lo descripto precedentemente se ajusta a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que incluye innumerables decisorios sobre los requisitos de esa garantía constitucional, señalando que la misma requiere que se otorgue a los interesados la ocasión adecuada para su audiencia y prueba, en la forma y con las solemnidades dispuestas por las leyes procesales, aclarando que ese derecho no es absoluto, sino que está sujeto a las reglamentaciones necesarias para hacerlo compatible con los derechos de los demás y con el interés social de obtener una justicia eficaz. (Del Voto del Dr. Crippa García)
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica, videofilmación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L. S., K. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

La recurrente reitera como cuestión medular preterida que su pupilo no se encontraba en el lugar del hecho, en tanto no fue captado por la cámara de video, mas dicho planteo -que se presenta desde un plano genérico- es una reiteración de aquél esgrimido en instancia ordinaria, y por su abstracción no logra conmover lo sostenido por la sentencia de grado -convalidada por la mayoría de la Alzada- respecto a que la circunstancia de que su imagen no fuera captada momentos previos o posteriores a la franja horaria en que se perpetrara el delito, carecía de la trascendencia o relevancia probatoria que pretendía asignarle -en tanto resultaba imposible que haya concurrido al edificio-, toda vez que quedó debidamente demostrado que el inmueble se encuentra enclavado en una ochava, que las tomas se registran por la cámara ubicada a unos cien metros hacia el norte por la primera de dichas arterias, como así también que la construcción está 1.50 mt. por fuera de la línea de edificación, lo que obstaculiza la visualización impidiendo observar la puerta de ingreso, registrando la vereda hasta esa pared, la calle y la plazoleta ubicada enfrente, de modo tal que no necesariamente debió tomarlo, tal como aconteció, por otra parte, cuando el acusado salió con personal policial el día domingo, que tampoco fueron capturados y sin embargo se erigieron en hechos incontrovertidos.
Medicina prepaga, contrato de prestaciones médicas, derecho a la salud, derecho a la vida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Etcheverry, Roberto Eduardo c/ Omint Sociedad Anónima y Servicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

La ley 24.754 representa un instrumento al que recurre el derecho a fin de equilibrar la medicina y la economía, puesto que pondera los delicados intereses en juego, integridad psicofísica, salud y vida de las personas, así como también que, más allá de su constitución como empresas, los entes de medicina prepaga tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda cuestión comercial (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Obligaciones de dar sumas de dinero, factura, demanda, contestación de la demanda, silencio, energía eléctrica, suministro de energía eléctrica
Materia: CIVIL
Carátula: C.A.L.F. c/ PARADA, CLAUDIA BEATRIZ. s/ COBRO SUMARIO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-09

Cabe modificar la sentencia hizo lugar parcialmente a la demanda por cobro facturas por el servicio de energía eléctrica, ya hacer lugar integramente al reclamo, si las actora manifestó que la accionada requirió el medidor de luz y el correspondiente suministro eléctrico, y que la misma se encuentra en mora en el pago de las facturas adjuntadas, acompañando como documental respaldatoria a su reclamo, además de las facturas y notas de débito, detalle de composición del saldo, solicitud de ingreso y de alta del servicio y "acta acuerdo transaccional de reconocimiento de deuda, concertación de plan de pago y constitución en garantía", del cual surge que la deudora se obliga a cancelar la deuda allí reconocida con más los intereses, mediante el pago de 24 cuotas mensuales y consecutivas.

De este modo, confrontando la documentación incorporada con el escrito de demanda, surge claramente la causa de la obligación que se reclama en las presentes -deuda por prestación de servicio de energía y cobro de cuotas impagas- , que ha quedado reconocida en función del apercibimiento del art. 356 del CPCyC, en tanto, el silencio del demandado en la contestación, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran; destacando que en cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, defectos en la consideración de extremos conducentes, apreciación de la prueba, derechos y garantías constitucionales, pensiones, denegatoria del beneficio, hijo incapacitado
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bustamante, Felisa Lorenza c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Aun cuando los agravios dirigidos contra el pronunciamiento que denegó la pensión solicitada por la hija incapacitada del causante remiten al análisis de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas por su naturaleza a la instancia extraordinaria, ello no impide la apertura de la vía intentada cuando lo decidido prescinde de considerar pruebas conducentes y conlleva a la frustración de derechos que cuentan con amparo constitucional.
Notificación, domicilio constituido
Materia: PROCESAL
Carátula: Finelli, José Luis; Criado, José Luis c/ Leal, César; Bordones, Juan Alberto s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-03-06

El domicilio constituido en el proceso tiene vigencia hasta la terminación del juicio o su archivo y es allí donde deben practicarse las notificaciones, lo que no varía en el trámite de ejecución de sentencia, en el cual la citación de venta debe practicarse en el domicilio constituido en el juicio principal; y no, constando el supuesto cambio de domicilio invocado por la recurrente las notificaciones realizadas e impugnadas son plenamente válidas.
Procedimiento administrativo, caducidad del procedimiento administrativo, contratos administrativos, mayores costos, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: OKS HERMANOS Y CIA.  S.A.C.I.  Y FINANCIERA c/ YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-21

Si la pretensión de la actora está dirigida a obtener la actualización monetaria de su crédito por mayores costos, la aplicación de los arts. 23, 24 y 25 de la ley de procedimientos administrativos resulta extraña a su ámbito siendo improcedente la caducidad de la acción.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, costas, defensa en juicio, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cherra Patricia Viviana c/ Jouan Luis Alberto y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Es arbitraria la imposición de costas si la cámara ha asigando un alcance inadecuado a los términos empleados en la demanda, a las declaraciones prestadas en sede penal y a los reconocimientos efectuados por la víctima del accidente al absolver posiciones, que la han llevado a distribuir los gastos del proceso en forma indebida con el consecuente menoscabo del derecho de defensa en juicio y de propiedad de la demandante.
Daños y perjuicios, muerte del paciente, prestación de servicios, establecimientos asistenciales, responsabilidad de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: CORDERO, JUAN c/ OBRA SOCIAL DE LA U.O.M. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-22

Son responsables por el deceso de un paciente tanto la obra social como la clínica que lo asistió, por no haber arbitrado los medios para trasladarlo a un lugar especializado con la premura que la gravedad del caso -hemorragia cerebral- exigían; la primera, en razón de las trabas burocráticas impuestas ante la solicitud de traslado, y la clínica, en virtud de que, si bien alegó que no tenia tomógrafo y que realizó sucesivos llamados infructuosos a la obra social para que efectuara el traslado y que no contaba con unidad de traslado -lo que recién dijo en su alegato, con lo cual esta defensa resulto extemporánea, y además no la acreditó-, el debido cumplimiento de la obligación tácita de seguridad que tenia para con el paciente, imponía buscar alternativas efectivas compatibles con la gravedad de éste, y no cabe duda de que no proporcionó una atención eficiente, pues no efectuó la derivación inmediata para la realización de la tomografía que permitiera obtener un correcto diagnostico necesario para iniciar el tratamiento correspondiente, lo que debió hacer inclusive sin esperar a que los familiares pudieran cumplir con todos los requisitos que, con inaceptable desidia, les imponía la obra social.
Locación de cosas, extinción del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Ungaro, Marta Beatriz. c/ Spena, Patricia Gladys. s/ Sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

Deben distinguirse dos modos de extinción voluntaria del contrato de locación cuyo plazo no este vencido. Uno es lo que la ley específica denomina resolución unilateral y que, con mayor rigor conceptual, constituye una rescisión por que opera "ex muno", vale decir sin el efecto retractivo propio de la resolución. En tanto facultad conferida exclusivamente a una de las partes, el locatario, se asienta en su sola voluntad, y para su perfeccionamiento se impone la notificación al locador -declaración unilateral de voluntad recepticia- con anticipación mínima de sesenta días y la indemnización tarifada de fuente legal -un mes y medio de alquileres, si se ejerce en el primer año de vigencia del contrato, o un mes si se la ejercita después-. Otro es la rescisión convencional, también conocida como mutuo disenso o distracto, prevista en el derecho común (art. 1200 del Código Civil), acto bilateral que requiere la voluntad de ambas partes, cuyos efectos pueden ser regulados convencionalmente desde que no compromete derechos en los que está interesado el orden público.
Prescripción adquisitiva, prueba, admisibilidad de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ABDALA Nelly Ester s/ Adquisición de Dominio por Usucapión Abreviado
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-08-29

La demanda de usucapión debe ser admitida si la parte actora ha probado que la posesión que ejerció sobre el inmueble ha superado los veinte años, que no ha sido una mera ocupación, dado que ha abonado impuestos, tasas municipales y servicios públicos y su ocupación con animus domini es corroborada con la prueba testimonial producida, en tanto el contexto de las declaraciones de los testigos permite apreciar una concordancia genérica entre ellas con acentuado valor convictivo respecto de la larga data de la posesión animus domini de aquella, la cual mantiene todo su valor probatorio, cumpliendo así con las exigencias legales -arts.

4010, 2384, 2516 y 2524 inc. 7 del Código Civil- requeridas para considerar operada a su favor la prescripción adquisitiva de dominio; siendo que la única limitación en este tipo de proceso es que el pronunciamiento no podrá basarse exclusivamente en la prueba testimonial. Inclusive, en la inspección ocular se dejó constancia de que se agrega fotocopia del plano que incluye el inmueble objeto de este proceso dentro de uno de mayor extensión de propiedad del padre de la accionante.
Prueba, presunciones
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CHOUX LEONARDO Y OTROS s/ CASACION PENAL - PRUEBA INDICIARIA CRUZ ROBERTO DONATO Y OTRO s/ CASACION PENAL - RECONOCIMIENTO - PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-01|1988-12-19

La declaración de certeza sobre la participación del imputado puede basarse no solo en pruebas directas, sino también en elementos de convicción indirectos, entre los que se destacan los indicios, siempre que se trate de indicios unívocos, esto es aquellos que conduzcan necesariamente al hecho indicado y no a otro, pues de lo contrario se tratara de indicios anfibiológicos, que lo tornaran meramente probable.
Pago, intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EMPRESA CONSTRUCTORA VICENTE MODICA s/ Concurso (LIBRO: A076 - 067)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-09-04

Los intereses legales de la ley 3939 aplicables al capital, son los que surjen del último índice de la tasa de interés informado por el Banco de Mendoza para las operaciones de descuento de documento, al momento de practicarse la liquidación. Si el juez establece una tasa fija y acumulativa en contradicción con la legal, deja de aplicar este imperativo y la misma debe ser modificada. No existe posibilidad de que el juez se aparte de lo dispuesto por la ley 3939,siendo que su impertatividad y vigencia no viola principio alguno de normatividad superior.
Acción de inconstitucionalidad, asociaciones sindicales, personería gremial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIACION DOCENTE DE SANTA CRUZ (A.DO.SA.C) c/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-03-31

El régimen de representación de las personas jurídicas depende, naturalmente, del tipo de entidad de que se trate. En este sentido, las asociaciones sindicales con personería gremial son representadas por las personas designadas de conformidad con sus estatutos.
Contrato de trabajo, acción de amparo
Materia: CIVIL
Carátula: URQUIZA DE CARABAJAL VIRGINIA c/ MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL s/ AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-07-15

La desvinculación laboral que se produce por la conclución de un Contrato de Locación de Servicios,torna inadmisible la acción de Amparo.-
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Omar Rubén s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Existe violación de la garantía del art. 18 de la Constitución de la Nación si la sentencia al referirse a la materialidad ilícita se apartó de la descripción efectuada tanto por el acusador cuanto por el juez de primera instancia, el añadir una circunstancia que cambió el hecho respecto del que se había desarrollado el proceso a partir de la acusación, la que fue considerada decisiva al momento de resolver la responsabilidad a título de "culpa".
Validez de los actos procesales, nulidad procesal, seguridad jurídica, formalidades procesales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., O.S. s/ Planteo de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-07

"...Una cuestión tan delicada como es la validez o invalidez de los actos de proceso penal -de los que depende nada menos que la resolución que decide la condena o absolución de una persona a la que se le atribuye un delito- no puede y no debe quedar expuesta al libre arbitrio de las partes intervinientes en el proceso ni del juez. ... . De ello se desprende que la única forma razonable de proteger la seguridad jurídica, en el sentido indicado, es que las formas o requisitos esenciales y accidentales, de los cuales depende la validez o nulidad de los actos procesales penales, estén legalmente consagradas".
Recusación, perito contador, pericia contable, impugnación de la pericia, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ROSEMBERG, Carlos. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-10

Si al resolverse la declaración de inconstitucionalidad del art.

254 del C.P.P.N., la defensa del imputado no formuló recurso alguno, pese a estar notificado en el respectivo incidente de recusación de perito, mal podrá admitirse el plantamiento nulificatorio del peritaje contable, si se tiene en cuenta el carácter restrictivo con que han de apreciarse las nulidades y que otros expertos han intervenido también en el examen ordenado por el juez.

Es el juez quien, en dirección del proceso de la instrucción sumarial, fija definitivamente los puntos del peritaje.

Por ello, debe confirmarse el auto que rechaza el planteo de nulidad del informe pericial contable.
Indemnización, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: Flores, César c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-19

Los intereses de la indemnización por un hecho ilícito se deben a partir del mismo, siendo esta tesis la que mejor se compadece con la idea de indemnización integral que inspira en esta materia nuestra legislación, y la jurisprudencia es particularmente conteste en ello. Los intereses de la indemnización debida por el acto ilícito deben liquidarse desde la fecha del evento dañoso, pues tal criterio es el que mejor se compadece con el principio de que la reparación debe ser integral teniendo en cuenta que al momento de operarse el daño se opera la disminución patrimonial de la que el autor del daño es responsable y en tanto es desde ese momento en que se ha privado al damnificado de su disposición, sin que sea obstáculo para ello la falta de constitución en mora o la iliquidez de la deuda.
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, silencio del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: EPUL NORAMBUENA JAVIER HERNAN c/ GONZALEZ VICTOR ANTONIO s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-06-22

El art.241 De la ley de contrato de trabajo en su último párrafo dispone que el contrato quedara extinguido por voluntad concurrente de las partes si ello resultara del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación, y ello debe interpretarse restrictivamente. Pero la extinción queda acreditada cuando existe un silencio prolongado entre la ruptura y el primer reclamo y a ello se suma que no acredito que el demandado le hubiese despedido y la circunstancia que, simultáneamente a la fecha de la ruptura, trabajase en otro lugar.
Excepciones procesales, legitimación procesal, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: LASO  OSVALDO  DANIEL  Y  OTROS c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEECONOMIA   OBRAS   Y   SERV.  PUBLICOS  Y  OTROS  S/ s/ PROCESO  DECONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

La excepción de falta de legitimación pasiva, también denominada como defensa de falta de acción -"sine actione agit"- tiene por finalidad impedir la tramitación de un juicio cuando "ab initio" existe la certeza de que ella resulta improcedente. Esto es, que aquél contra quien se demanda no revista la condición de persona habilitada por la ley para discutir sobre el objeto a que se refiere el juicio (conf. esta Sala, causa n° 3298/99 del 30-08-01; Sala II, causa n° 2331/97 del 04-02-99, entre otras). De acuerdo con una expresa previsión legal, sólo puede ser resuelta como previa cuando fuere manifiesta, esto es, cuando pueda ser declarada sin otro trámite que el traslado de la excepción y sobre la base de los elementos existentes en el proceso (conf. esta Cámara, Sala II, causas n° 5070 del 01-02-88, y doctrina allí citada, y n° 3970 del 16-03-00).
Derechos de exportación, repetición de tributos aduaneros, costas
Materia: TRIBUTARIO-ADUANERO-PROCESAL
Carátula: Bunge Argentina SA-TF 36695-A  c/ D.G.A. s/ Recurso Directo de Organismo Externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-13

El Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) declaro la invalidez de la resolución del entonces Ministerio de Economía y Producción (MEyP) 369/07; (ii) revocó la resolución 199/15 de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior y, en consecuencia, admitió la repetición de los importes abonados por la actora en concepto de derechos de exportación, en lo que respecta al permiso de embarque 08 003 EC01 007624J y con arreglo a la citada norma ministerial. Apelada tal decisión, la Cámara la confirmó en cuanto al fondo y sólo la modificó respecto de las costas. A tales efectos, señaló que, en el precedente "Camaronera Patagónica S.A.", la CSJN proporcionó un estándar de validez para las normas del Poder Ejecutivo Nacional que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 755 del Código Aduanero, establezcan, quiten o modifiquen derechos de exportación ya establecidos y que el derecho de exportación que estableció la resolución MEyP 369/07, pretendiendo ejercer facultades legislativas delegadas, no cumplió con tal estándar, toda vez que el aspecto cuantitativo del tributo había quedado completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo. Por otro lado, agregó que no era posible sostener que los elementos del tributo hayan tenido convalidación del Congreso desde el momento mismo en que se publicó la resolución MEyP 369/07, con fundamento en lo que establecen los artículos 17 y 24 de la ley 26.122.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, admisibilidad del recurso, seguro de daños patrimoniales, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Pacheco, Omar Alfredo c/PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. c/ PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-01

La mera afirmación apodíctica en un texto confuso, de que "la única y excluyente responsable del evento dañoso ... deberá soportar todas las costas causadas, debiéndose por lógica liberar al actor de dicha carga..." se presenta arbitraria, no sólo por la denunciada carencia de fundamentación normativa, sino por la construcción falaz que representa, cuando luego de referirse a la forma en que se trabó la relación procesal en esta litis, al aludir a la participación de la aseguradora citada en garantía, parece desatender que, la inserción de otro sujeto ajeno a la relación primaria, que es en definitiva el condenado, particularizó el proceso e incidió esencialmente en el "tortuoso trámite" con que califica al desarrollo del pleito.