marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Demanda, rectificación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pini de Cerqueiro, Nora Inés c/ Cerqueiro, María Inés (Suc.) s/ Acc. de reembolso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

El actor podrá modificar la demanda en lo que depende de su voluntad hasta la notificación a la contraria, y sólo si se trata de hechos ajenos a su voluntad este momento se extiende más allá (art. 331, CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, delitos contra el honor, ofensas cometidas por medio de la prensa, calumnias, injurias
Materia: CIVIL
Carátula: ERUSALINMSKY, Enrique c/ CEJAS DIAZ, Lilian Gladys s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-23

Si el derecho a "dar y recibir" información corresponde a "toda persona" son también pautas que ineludiblemente cuadran para los particulares, cuando éstos han asumido el rol de interlocutores del periodismo y dieron a conocer determinada información que interesa al público con la finalidad de ser difundida. En este contexto, no es dudoso que si la codemandada, en ejercicio del derecho que le acuerdan las normas de rango superior, informó a través de un medio masivo de comunicación la supuesta comisión de un ilícito penal del que habría sido víctima -que expuso en forma minuciosa- al hacerlo debió ponderar racionalmente su potencialidad difamatoria y la injuria que podía causar al honor del sujeto involucrado en la denuncia.
Procedimiento laboral, prueba, telegrama, recurso de inconstitucionalidad, prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: Zerdán Antonetti, Lizardo Sergio c/ North Cool S.A.; Wicap S.A. y otros s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-09-23

El art. 356 del C.P.C.C. de la Provincia de Salta resulta aplicable al procedimiento laboral según art. 90 del C.P.L. de la Provincia de Salta, de modo que el demandado tiene la carga de reconocer o desconocer los documentos que se le atribuyen, pero no los emanados de terceros. En cuanto a las copias de cartas y telegramas dirigidos al demandado, éste deberá pronunciarse sobre su recepción; en caso de negar haberlos recibido, el actor tendrá que probar tal circunstancia. Cuando las cartas y telegramas hayan sido remitidos a la persona demandada, para enervarlos, la negación tiene que ser expresa. (Del voto en Mayoría de Dra. Ovejero Cornejo, Dr. Samsón, Dra. Bonari y Dr. López Viñals)
Fundamentación de sentencias, identificación del imputado, defensa en juicio, preclusión, nulidad procesal, abuso sexual, arma blanca, menor procesado
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Gustavo A. s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-26

Aunque del acta no surge el contenido de la declaración de la damnificada, los jueces dan cuenta de sus dichos en la sentencia y si la defensa no ha controvertido tal extremos ni planteado la nulidad del acta, se debe estar a lo relatado por los magistrados, relato del que surge la indentificación del imputado en reconocimiento en rueda y de un retrato que permite corroborar la identidad del imputado. Debe rechazarse el agravio relativo a la incorporación del reconocimiento a través del testimonio de la víctima pues además de que aparece como una reflexión tardía de la defensa, el fiscal no lo ofreció explícitamente como prueba, y no provocó sorpresa ni, mucho menos, indefensión. No es posible aceptar un prejuicio que permita creer que las mujeres que conversan con desconocido en la madrugada son propensas a consentir las relaciones sexuales y mucho menos el derecho de los que las agreden sexualmente a presumir tal consentimiento. La falta de lesiones genitales no presume consentimiento si el atacante se había mostrado violento y ello daba razones para temer mayores daños. No cabe exigir a la mujer víctima de un ataque que defienda su integridad sexual aún a costa de su integridad física y de poner en riesgo su vida, pues ello no sólo es irrazonable sino contraría compromisos internacionales asumidos por el estado argentino. Si los actos conducentes a la ejecución completa del abuso sexual con acceso carnal fueron interrumpidos contra la voluntad del autor, se da la situación típica prevista en el art. 42 CP y del dolo propio del precepto penal. Si el tribunal consideró la posibilidad de absolver al imputado, pero concluyó en que ello no era adecuado, teniendo en cuenta la conducta del imputado y la necesidad de resocialización, evidenciada por la comisión de otro delito de similares características, ello no aparece como arbitrario en el marco del plexo normativo aplicable al momento de determinar las consecuencias de la comisión del delito de abuso sexual por parte de un adolescente. El cuchillo es un arma en los términos previstos por el art. 166 inc. 2° CP.
SERVICIO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, Administración Pública, servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramos, Juan Bautista c/ SAMCO s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda laboral (Expte. CSJ Nº   241-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-05

Si bien los entes creados por ley 6312, no integran la Administración Pública, dentro del régimen jurídico que los regula, se puedan encontrar no pocas disposiciones de carácter iuspublicístico, como lo son, entre otras, la del artículo 8 (modificado por ley nº 10440), de la que surge la facultad del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de disponer la intervención de los entes; y la del artículo 9, que somete su funcionamiento al contralor del Poder Ejecutivo, por intermedio de dicho Ministerio. En efecto, la ingerencia del Derecho Público no podría soslayarse en virtud de la índole del servicio comprometido en el caso, que constituye un cometido primario del Estado, lo cual se observa claramente en lo previsto en la última parte del citado artículo 9, al destacar que el referido control por el Poder Ejecutivo será ejercido "...en especial modo, en todo lo que se relaciona con la eficaz prestación de atención médico-asistencial gratuita a personas de escasos recursos económicos, cuya deficiencia debidamente probada es causa más que suficiente para disponer su intervención".
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Timossi, Héctor y otros s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-03

No se concibe la existencia de "juicio" sin acción. Sin que se sepa qué se demanda. Por eso no gravita sobre la presente cuestión la importancia de ciertas instituciones del sumario -indagatoria, sobreseimiento, etc.-. No se discute en el caso el concepto legal de "secuela" sino cuándo son interruptivas de la prescripción de la acción las secuelas: si sólo cuando se presentan en el plenario o también cuando surgen en el sumario. La doctrina correcta no parte de una mera interpretación gramatical sino del sentido técnico del vocablo "juicio".
Admisibilidad formal, resoluciones equiparables a definitiva, prisión domiciliaria
Materia: PENAL
Carátula: Heisinger, Guillermo Adolfo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-28

La disidencia sostuvo que recurso es formalmente admisible en virtud de lo dispuesto por el art. 457 CPPN en tanto la decisión resulta equiparable a definitiva pues por sus efectos -denegatoria de la prisión domiciliaria- puede causar al recurrente un agravio irreparable o de insuficiente reparación ulterior, sin embargo, encontrándose sellada negativamente la cuestión de la admisibilidad del recurso, consideró insustancial ingresar aisladamente al fondo de la contienda. Dres. Mahiques, Hornos -disidencia-, Figueroa.
Juicio por jurados, Constitución Nacional, facultades legislativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Canales, Mariano Eduardo y otro c/  s/ homicidio agravado - impugnación extraordinaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-02

Resulta claro que la Constitución Nacional concibió al juicio por jurados como una institución sustancial para el juzgamiento de los delitos que corresponde conocer al Poder Judicial de la Nación y le otorgó, a tal efecto, competencia al Congreso Federal para legislar en lo relativo a su conformación y funcionamiento en el ámbito nacional (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Procedimiento administrativo, proceso judicial, ofrecimiento de la prueba, oportunidad procesal, principio de congruencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: RANDAZZO, Cayetana c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-01

El ofrecimiento de prueba acompañado al escrito recursivo no puede ser objeto de consideración en la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, toda vez que no es esa la oportunidad para su agregación y tratamiento puesto que, previamente, debió ser puesta en conocimiento y a decisión de los organismos previsionales, porque lo resuelto por aquellos marca el límite de la competencia de la alzada. Un proceder contrario importaría la violación de los principios de congruencia y contralor judicial de actos administrativos inspirados en los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 227 del C.P.C.C. (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, 3.8.89, "Rodríguez, Olga I.

C-Caja Nacional de Previsión para el Personal de la Industria, Comercio y Actividades Civiles").
Iura novit curia, responsabilidad indirecta, accidentes de trabajo, indemnización
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: PENNACINO, FELIPE c/ MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 450-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-20

El principio iura novit curia no autoriza al Juez a suplantar la acción elegida por el actor, por otra renunciada. Por lo tanto, si el actor optó la acción indemnizatoria de derecho común, resulta improcedente la condena fundada en el artículo 8 de la ley 9688.
Interdictos posesorios, medidas cautelares, interdicto de obra nueva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bianchi, María y otros c/ Buscaglia, Pablo s/ Interdicto de obra nueva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

Si en el interdicto de obra nueva se ha obtenido el dictado de una medida de no innovar, sus alcances no pueden extenderse a la absoluta prohibición de realizar cualquier trabajo sobre lo construido, pues las labores que no impliquen un verdadero menoscabo en los derechos del actor (como lo son los trabajos de impermeabilización) deben permitirse a los efectos de evitar el deterioro de lo ya edificado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos administrativos, contrato de suministros, mora, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sucesión de Pablo G. de Arriortua c/ E.F.A. s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

La ley 21.391 fue sancionada contemplando "la situación emergente de los atrasos en los pagos por parte del Estado, originados en las dificultades financieras derivadas del desequilibrio alcanzado por las finanzas públicas"; y de esta forma se procuró "neutralizar el menoscabo patrimonial que la situación puede acarrear al proveedor, eliminando un factor de riesgo que encarece las ofertas". Esto último, por cuanto -conforme fue señalado por la doctrina y la jurisprudencia- en caso de mora del deudor de la obligación dineraria, el acreedor se veía perjudicado por una depreciación monetaria que no resultaba compensada por los intereses -obviamente, no capitalizables periódicamente, dada la prohibición legal resultante del art. 623 del C.C.; circunstancia que llevó a reconocer que procedía la recomposición del poder adquisitivo del dinero, a través de la actualización de las sumas, con base en la variación de índices.
Medidas cautelares, conflicto de poderes
Materia: PROCESAL
Carátula: Convención Constituyente Municipal de la Ciudad de Esquel c/ Provincia del Chubut s/ Acción Meramente Declarativa - Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-20

Si bien la medida cautelar prevista en el art. 230 del Código Ritual provincial ha de proceder en cualquier tipo de juicio o proceso, por lo cual no existiría impedimento formal para su consideración aún en el Conflicto de Poderes, toda vez que en el caso se pone en tela de juicio el proceder y decisiones del Poder Legislativo en el marco de su competencia constitucional, el juicio de valor respecto de la procedencia debe ser harto riguroso en cuanto al análisis de los recaudos propios de la medida requerida; sobradamente prudente por cuanto implica despachar contra el poder legisferante provincial, ello a fin de no desbordar aún más el propio ámbito de este delicado conflicto delineado por la Convención y resquebrar el, de por sí, delicado equilibrio de poderes y desde ya cauteloso a fin de evitar todo arresto que implique anticipar alguna opinión sobre la suerte jurisdiccional del litigio.
Simulación, acción de nulidad
Materia: CIVIL
Carátula: Reynoso, Federico Esteban c/ Ramos, Ángel Ramón y otro s/ ordinario acción de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-11-21

En las acciones de nulidad, si el instrumento público contiene dos actos jurídicos, por un lado la constitución de usufructo, el cual es consecuencia de otro -compraventa-, al tratarse de actos inescindibles, declarado nulo este último cae indefectiblemente el otro sin que resulte necesario llevar a cabo una pretensión individual a tal fin, pues es de toda lógica que el ataque a la compraventa lleva implícita la disconformidad con la constitución de usufructo.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, injurias, admisibilidad de la prueba, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mirol, Esteban s/ recurso de queja. Causa: 701
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

La resolución por la que se rechaza la excepción de la verdad prevista en el art. 111 del Código Penal, no es de aquellas que tengan carácter definitivo, por lo cual no puede ser recurrible en casación.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, responsabilidad del editor, ofensas cometidas por medio de la prensa, publicación o reproducción de ofensas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abad, Manuel Eduardo y otros s/ calumnias e injurias -Causa N. 18.880-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Resulta arbitrario atribuir al director del semanario haber tomado conocimiento del artículo considerado calumnioso si éste nunca lo reconoció sino que sólo admitió la autenticidad del mismo y uno de sus firmantes relató detalladamente que no pudo tener conocimiento previo a la edición por tratarse de una "nota de cierre" cuyo texto quedó terminado en la madrugada del mismo día de la aparición de la revista, cuando el director ya no estaba presente en la redacción.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, C. y F. R. J. E. s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-29

En el caso se encuentran cumplidos los requisitos formales que se refieren a la necesidad que el recurso se planteé contra una sentencia definitiva; como es la dictada por la Segunda Instancia y ante el mismo tribunal que la dictó; que lo haya sido por escrito dentro del plazo de diez días siguientes a la notificación ( artículos 27, 28 y concordantes de la Ley Nro. 402) y por quienes se encuentran legitimados para ello como lo formalizan los contraventores a través de su defensa técnica (artículo 53 de la Ley de Procedimiento Contravencional).

Es pertinente agregar un requisito que convalida la naturaleza jurídica del recurso, y es que este debe basarse en una controversia de índole constitucional. (Del voto del Dr. Ventureira con adhesión de la Dra. Robledo)
Personal militar, adicionales de remuneración, interpretación de la ley, facultades reglamentarias
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: "Alievi,  Carlos María c/ EN -M° Defensa -Armada- Dto 1.053/08 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-13

La política normativa en materia del régimen salarial del personal de la FFAA y de Seguridad es atribución del Congreso de la Nación, en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional, y las facultades reglamentarias que se otorgan por medio de la Carta Magna al Poder Ejecutivo Nacional, sólo pueden ser admitidas, cuando se ejercen con las limitaciones propias que establece la misma Constitución, en el caso en análisis, siempre que no se altere su espíritu con excepciones reglamentarias (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. XV).
Trabajadores marítimos, desembarco, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: CASADO, ROBERTO LUIS c/ TRAFLUEN COMPAÑIA ARMADORA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-20

La disposición del artículo 49 del convenio colectivo de trabajo 337/75 es suficientemente clara en cuanto a la rigurosidad con que debe observarse el requisito de la notificación al momento del desembarco para el caso de no renovarse el contrato, y no cede ante la voluntad manifiesta del marinero de no continuar bajo las órdenes de la empleadora.
Recurso de inconstitucionalidad, excepción de incumplimiento contractual, pago, efecto extintivo del pago, obligaciones en moneda extranjera, fideicomiso, incumplimiento del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TABOGA, VALERIA ROMINA Y OTROS c/ METRO DESARROLLOS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-14

En lo tocante al postulado apartamiento de las condiciones contractuales relativas al pago del precio, las alegaciones de la recurrente lucen insuficientes para descalificar constitucionalmente la respuesta brindada por la Sala, en cuanto desestimó la defensa opuesta por la demandada en tal sentido -enmarcada por el Tribunal en la exceptio non rite adimpleti contractus, desde que -expuso la Sala, entre otros fundamentos- la invocada diferencia supuestamente generada por la moneda en que la actora había hecho el pago de las cuotas programadas -de lo cual emergería un saldo pendiente- no se presentaba como un incumplimiento grave como para justificar la desproporcionada demora de años en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la demandada en relación a la entrega de la posesión de las unidades adquiridas, con múltiples defectos verificados en el edificio, con falta de final de obra, etcétera; añadiendo asimismo, que de los respectivos recibos de pagos surgía que éstos habían sido realizados en tiempo y forma, y que si bien dichos documentos contenían la expresión a cuenta, en las circunstancias del caso ello razonablemente debía interpretarse como a cuenta del precio total y no en el sentido de que cada cuota quedaba pagada parcialmente, máxime cuando en cada recibo se había consignado la equivalencia en dólares estadounidenses de lo abonado en pesos, coincidiendo ello con el valor de la cuota estipulada en el contrato; destacó que en los recibos no se había formulado reserva alguna, y que jugaba además la presunción del artículo 746 del Código Civil. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículos 746 y 1201.
Caducidad de instancia, legitimación activa, incidentes, intervención de terceros, intervención obligada, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Santa María Estancias Saltalamacchia y Compañía  SCA c/ Buenos Aires, Provincia de. s/ Resarcimiento de daños y lucro cesante
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

Si el proceso principal se encontraba suspendido a causa del incidente autónomo de citación de un tercero con el alcance del art. 94 del Código Procesal, el impulso del procedimiento estaba a cargo de la demandada incidentista, quien no se hallaba habilitada para pedir la declaración de perención: art. 315 del Código Procesal.
Contrato de obra pública, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transportes Olivos S.A.I.C. y F. c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

Para liquidar los intereses moratorios en los contratos de obra pública deben aplicarse estrictamente las previsiones del art. 46 de la ley 6021, ésto es la tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para el descuento de los certificados, ya que constituye la compensación legalmente autorizada y descalifica otro interés previsto contractualmente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, leyes, aplicación de la ley, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Si después de transcurridos cinco años de su dictado, el fallo pleno que no fuese expresamente modificado continúa siendo obligatorio (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-18

La posmodernidad impide en gran medida la proyección hacia el futuro. La aceleración de la historia, la cultura de lo efímero, de lo fugaz, tan típicas de este tiempo, oprimen la lógica del porvenir y la posibilidad de construir normas generales.

En consecuencia, una de las características de este tiempo a tener en cuenta -en particular en los países herederos del derecho continental -es el desarrollo de una juridicidad formada principalmente por normas individuales, representativas de la cultura de la inmediación. Cada día va a ser más difícil legislar, lanzándose hacia el futuro, prediciendo el provenir. Ello se hace más tenso si se piensa que en el derecho actual las normas generales se contraponen, en mucho, a las bases culturales de esta época.

Los cambios son vertiginosos y la aceleración de la historia es cada vez mayor, por lo que el alto grado de racionalidad que supone predecir el futuro no es propio de estos tiempos. Hay un progresivo y apresurado avance de normas generales indeterminadas, mas aun, en realidad muchas veces no se pretende formalizar normas imprecisas o incompletas sino meros "principios" de reparto que reclaman "reglas" para que pueda empezar a funcionar.

Una de las incertidumbres que ello genera es la de inseguridad por la carencia de reglas determinadas para la solución de controversias, y la posibilidad de decisiones judiciales contradictorias.

Muchas veces se piensa, con razón, que tal sensación puede atenuarse recurriendo a procedimientos que deben llevarse a cabo por órganos del poder judicial. En ese marco se incluyen a los fallos plenos. (D e los Fundamentos del Dr. Chaumet).
Procedimiento administrativo, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, recurso de apelación (procesal), reajuste jubilatorio, cuestiones de competencia, declinatoria, intendente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ARRESEYGOR, María Ofelia c/ INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-08

La vigencia de la ley 18499 a la fecha de presentación del recurso de apelación contra la resolución dictada por el Instituto Municipal de Previsión Social que denegó la petición de reajuste del haber jubilatorio, torna objetable la declinación de competencia del Departamento Ejecutivo de la M.C.B.A. para entender en la cuestión conforme la doctrina que sostiene que todo litigio debe ser terminado donde ha comenzado y habida cuenta de la naturaleza jurisdiccional de las decisiones que adopta en materia previsional el Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.