marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Extradición, pedido de extradición, Estado requirente, sistema de gobierno, democracia, Estado requerido, facultades del Estado requerido
Materia: PROCESAL
Carátula: Hernández Fernández, Mario Ezequiel s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-09

Elementales reglas de cortesía internacional imponían, teniendo en cuenta que el país requirente reviste la forma democrática representativa de gobierno, adoptar -previo a adoptar un temperamento definitivo acerca de la extradición- medidas mínimas tendientes a que tomara noticia del cuadro de situación denunciado por el requerido en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido los hechos que lo damnifican y la individualización de sus autores, como así también de sus temores acerca de que -en ese contexto- sus derechos humanos fundamentales estuvieran en riesgo.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AMBROSINO, CRISTIAN c/ FARINA Y AMBROSINO S.A.I.C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

Desde la perspectiva regulatoria, la proposición de la Alzada acerca de la subsistencia del proceso en la que sustentó su conclusión sobre el carácter provisorio de la regulación, no puede ser aceptada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa; por otra parte, la aseveración del A quo en punto a que lo debatido no resultaba susceptible de apreciación pecuniaria, en el entendimiento de que las pretensiones esgrimidas no perseguían transferencia patrimonial alguna -ello con el consiguiente desplazamiento de las escalas arancelarias y la aplicación exclusiva de las pautas de estimación previstas en los artículos 4 y 5 de la Ley 6767-, se exhibe desentendida de las consecuencias económicas inmediatamente derivadas del convenio celebrado entre las partes en orden a poner fin a sus diferencias ventiladas en diversos pleitos; y, por tal conducto, prescinde de lo normado en el artículo 8 inciso m) del citado cuerpo normativo -sin perjuicio de la eventual aplicación, en caso de corresponder, de las pautas de adecuación de la retribución a la importancia de la labor cumplida contempladas en la sentencia de baja instancia y debatidas en la Alzada-. (Del voto del Dr. Netri) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 224, p 322. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1627; Ley 24432; Código Civil y Comercial, artículo 1255; Ley 6767, artículos 4, 5 y 8, inciso m).
Beneficios previsionales, jubilación anticipada
Materia: PROCESAL
Carátula: Iorini, Mario Juan c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-26

Del juego normativo de los arts. 28 inc. 2, 97 y 98 ap. 2 de la Ley 24.241 se desprende que el haber de pensión por fallecimiento consistirá en un setenta por ciento (70%) -para la viuda, viudo conviviente, no existiendo hijos con derecho a pensión- de la prestación de referencia del causante, la cual, estará dada por el promedio de las remuneraciones y/o rentas imponibles declaradas hasta (5) cinco años anteriores al mes en que ocurra el fallecimiento.
Cuestiones de competencia, domicilio del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Escobar Tomás y otros s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

Dado que el fiscal promovió la acción por los delitos previstos en el art. 72, inc. "a" de la ley 11.723 y 31, inc. "b" de la ley 22.362, este último de competencia federal, es por el momento ese fuero el que ha de conocer en los actuados (del voto de la Dra. Catucci).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arnaude Hnos. S.A.C.A.F. Concurso preventivo. s/ Incidente de venta.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-20

La resolución de la Cámara que desestimó el pedido de la concursada de que se suspenda la subasta de los bienes, por cuanto el producido de las mismas cubre el monto de los créditos verificados, no constituye sentencia definitiva en los términos del art. 278 del C.P.C.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, circulación por la derecha
Materia: CIVIL
Carátula: VICTORIA ANA MARÍA EN J° 9.206/81.939 VICTORIA ANA MARÍA (EXPTE. N° 88.153 ) c/ LUCERO OSVALDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-08-13

La recta interpretación del art. 50 ley 6082 exige que la prioridad de paso concedida al conductor que accede a la bocacalle por la derecha ceda frente a la arteria de mayor jerarquía, siempre que la misma surja de hechos objetivos y datos certeros, tales como si se trata o no de una vía principal que une dos importantes conglomerados urbanos, la intensidad del tráfico vehicular; la presencia de semáforos en casi todas las esquinas; la circulación de medios de transporte público de pasajeros.
Proceso penal, mediación penal, deberes y facultades del juez, sistema acusatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación: "López, Víctor Antonio s/ art. 13944:1 LN 13.944 (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar) p/ L 2303"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-13

Debe ser admitida la queja si la parte recurrente ha cuestionado la interpretación y el alcance que los jueces dieron a las normas aplicadas (art. 204 del CPP y ley n° 26.485), a la luz de reglas constitucionales que estructuran las competencias y atribuciones del Ministerio Público Fiscal y de los Jueces del Poder Judicial de la Ciudad (arts. 13.3, 124 y 125 de la CCABA y 75 inc. 22 de la CN) y refuta los argumentos utilizados por el tribunal a quo mediante los cuales concluyó acerca de la inexistencia de caso constitucional. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " PERRONE, Ricardo R. s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

La imposibilidad de acreditar si la tenencia era para consumo personal o con fines de comercialización conduce a la aplicación de la figura básica de tenencia simple estipulada por el artículo 14, primer párrafo, de la ley 23.737 (causa n° 24.244, reg. n° 25.792, del 3/10/06; causa n° 25.109, reg. n° 26.859, del 24/05/07).
Licitación pública, reajuste de precios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Deassis Martín Enrique c/ Caja de Ret. Jub. y Pensiones de la Pol. Fed. Arg. s/ retiro militar y fuerzas de seguridad (A)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

El sólo transcurso de los 40 días hábiles entre la apertura de las ofertas y la conformidad definitiva de recepción no basta para el reconocimiento del reajuste del precio pretendido, sino que es menester -como se exige en la norma invocada- que no haya incumplimiento de su obligación por parte de la contratista; es decir que, es condición del precepto que el exceso en el plazo previsto se produzca por razones no imputables a aquélla.
Adquisición del dominio, tradición, subasta judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Azzem, Raúl Salím c/ Provincia del Chubut y-o Banco de la Provincia Chubut s/ Demanda Contenciosa Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-22

No habiendo mediado oposición alguna en forma posterior a la subasta, frente a la ausencia de contradictor que se oponga a que el adquirente del inmueble subastado tome la posesión del mismo, ha de tenerse por satisfecho el segundo recaudo del art. 589 del CPCC, respecto de la tradición del inmueble.
Emergencia económica, sistema de refinanciación hipotecaria, interpretación de la ley, pago, títulos públicos, derecho de propiedad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

Aun cuando el régimen de refinanciación hipotecaria contempla el pago obligatorio de las cuotas remanentes con el otorgamiento de títulos públicos, éstos deberán respetar la periodicidad originariamente pactada por las partes (art. 16, inc. b, del decreto 1284/ 2003), sin que se aprecie por ello violación del art. 17 de la Constitución Nacional, pues no la hay si por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni se les niega su propiedad y sólo se limita temporalmente la percepción de tales beneficios o se restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad con el fin de atenuar o superar una situación de crisis (Voto de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y E. Raúl Zaffaroni).
Recurso de apelación (procesal), litisconsorcio facultativo
Materia: PROCESAL
Carátula: P. S. I. c/ P., H. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-05

si el asegurado consintió un sentencia desfavorable que la aseguradora recurrió con éxito, este beneficio no se propaga a aquél; es decir se afirma la exclusividad para la aseguradora del beneficio de sus recursos, de modo que la condena dictada en Primera Instancia contra el asegurado hace cosa juzgada sólo contra este mismo. Es la posición que compartimos. Lo expuesto constituye simple aplicación de los principios sobre litisconsorcio voluntario, en cuya virtud los recursos de uno de los litisconsortes no favorecen a los demás. Cabe agregar que la salvaguarda del derecho de defensa en juicio, que es el nudo justificativo de la solución debe hacerse efectiva también en la Alzada. Por otra parte, no cabe invocar que los recursos de la aseguradora violentarían la cosa juzgada ya obtenida por la víctima con la condena que el asegurado dejó firme. En efecto, de tal modo se olvida que la cosa juzgada debe examinarse discriminadamente para cada litigante, si no hay litisconsorcio necesario. Así pues, para que haya cosa juzgada contra la aseguradora es menester que la resolución esté firme en contra de ella
Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ENRIQUE ALBERTO VALDIVIEZO Y OTROS s/ DEFRAUDACIONES REITERADAS REITERADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1988-04-11

El Superior Tribunal de Justicia es apto para intervenir, toda vez que no se comprometa de modo efectivo, la garantía de defensa en juicio bajo la forma de privación de justicia. Es un ejercicio de actividad administrativa discrecional, aunque no se configure una específica cuestión de competencia; pero ante una declaración específica en el sentido de incompetencia lleva a plantear una cuestión explícita en ese sentido.
Contrato de trabajo, empleo público, Casa de la Moneda
Materia: LABORAL
Carátula: Macias Vanesa Alejandra c/ Sociedad de Estado Casa de la Moneda s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-19

La entidad demandada es una Sociedad del Estado creada por la ley 21.622, cuyo art. 3 establece que Casa de la Moneda se rige por las disposiciones de las leyes 19.550 y 20.705, por lo que su personal se encuentra sometido al régimen de la L.C.T., statu quo normativo vigente en 2007 cuando se dictó el decreto 1252/07 que dispuso incorporar el personal al ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública. La C.S.J.N. en la causa "Luque" sostuvo que no era aplicable en el caso el precedente "Madorrán", porque en este último supuesto se trataba de un empleado público que gozaba de estabilidad propia. En el contexto normativo señalado no es posible considerar que a la actora le asista derecho a la estabilidad en el empleo, propia de los agentes de la administración pública, cuando se trata de una trabajadora vinculada con una Sociedad del Estado que, ya desde su ingreso, se encontraba regida por las disposiciones de la ley 20.744, la que prevé un régimen de estabilidad impropia ante el despido sin causa con el consecuente pago de las indemnizaciones.
Contrato de trabajo de temporada, nueva temporada, notificación al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: F., J. J. c/ EXPOFRUT S.A. s/ ORDINARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-15

La ley 24013 modificó estructuralmente el sistema hasta entonces vigente en cuanto al comportamiento que deben asumir las partes al tiempo de reanudarse el ciclo de trabajo cuando en su art. 67 - art. 96 de la LCT (t.o)- estableció: "Con una antelación no menor a treinta (30) días respecto del inicio de cada temporada, el empleador deberá notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a los trabajadores de su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior.

El trabajador deberá manifestar su decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de cinco (5) días de notificado, sea por escrito o presentándose ante el empleador. En caso que el empleador no cursara la notificación a que se hace referencia en el párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y, por lo tanto, responderá por las consecuencias de la extinción del mismo".

En consecuencia, si se tratara de un contrato de temporada, entonces ninguna duda cabría de que, ante la falta de acreditación de la convocatoria por parte de la firma accionada para posibilitar la reanudación pacífica del ciclo, debería considerarse resuelto el contrato unilateralmente en los términos y con los alcances del art. 98 supra transcripto.

Para esa hipótesis, ninguna trascendencia tendría el hecho de que el actor hubiera intimado y hasta se hubiera considerado despedido, pues técnicamente el contrato se habría extinguido de pleno derecho por la falta de convocatoria, porque así lo dispone la ley.
Acción de amparo, embargo, secuestro de bienes, secuestro de mercadería, ómnibus de transporte de pasajeros, interpretación de la ley, código aduanero
Materia: ADUANERO
Carátula: Giménez, José Félix s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-02

Corresponde revocar la sentencia que -al hacer lugar a la acción de amparo- consideró ilegal el embargo y posterior secuestro de un ómnibus y ordenó su restitución a la actora porque consideró que no revestía la calidad de "mercadería", ya que el Código Aduanero incluye como tal "todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado" (art. 10) y la Exposición de Motivos señala que resulta indudable que todos los medios de transporte quedan incluidos dentro del tal concepto.
Intereses, contratos civiles, contratos comerciales, intereses moratorios, tasas de interés, tasa pasiva, préstamo bancario
Materia: COMERCIAL
Carátula: DUCKART, CARLOS c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-12

A partir del 1.4.91. ésta Sala adoptó como criterio general, aplicable a relaciones Civiles y Comerciales, liquidar los intereses moratorios a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (cfr. Causas:

8073 del 30.8.91; 8666 del 29.10.91; 8361 del 19.11.91; 8868 del 25.2.92), solución que tiene base normativa en el art. 10 del decreto 941/91 y que fue aceptada por la Corte Suprema tanto en jurisdicción originaria (causa "Y.P.F. c/Provincia de Corrientes y otro". del 3.3.92) como por la vía de federalizar la cuestión (exp.: "López, Antonio M. c/Explotadora Pesquera de la Patagonia S.A." del 10.6.92), precisamente por esta última circunstancia, privilegiando razones de economía procesal y la jerarquía institucional que en el orden judicial cabe atribuir a las interpretaciones de cuestiones federales (cfr. Plenarios "Williams" y "Sampi", del 10.11.87 y 16.5.89), ésta Cámara aplicó la tesis del Alto Tribunal inclusive a créditos de entidades financieras y bancarias (ver Sala I, causas 6895/92 y 6970/92, sentenciadas el 27.10.92 y 30.10.92, respectivamente, más la jurisprudencia de los distintos fueros estuvo lejos de ser uniforme (cfr. J.J. Castello, "Sobre los Intereses Moratorios Judiciales", LL 29.3.94).
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Galvan Pedro Alberto c/ González Luis Alberto s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-06-07

La pérdida del valor de reventa en el mercado de un automotor es un daño y para ser indemnizable debe ser cierto, es decir, fehacientemente acreditado cuando fue negado -como en nuestro caso- por el responsable, y la prueba idónea para la determinación del porcentaje de desvalorización sufrida es la pericial. El perjuicio sufrido es resarcible en la medida de presentarse cierto y adecuadamente probado. Su existencia no se presume, sin otro dato que los deterioros materiales,porque la merma del valor sólo tiene lugar en la medida que la reparación, aún correctamente realizada, deje rastros detectables a los ojos de futuros adquirentes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pena, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: PENAL
Carátula: Chara, AmÚrico Lucio y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

Habiéndose modificado la calificación legal del hecho no corresponde que la Corte ejerciendo competencia positiva imponga la pena.
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ CARLOS EDUARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION EXPEDITA DE AMPARO-APELACION SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION EXPEDITA DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-06-15

La previa identificación de la materia contenciosa administrativa le indica al juzgador cual ha de ser la perspectiva y la dirección desde lo que proseguirá el análisis de la concurrencia de los demás requisitos del amparo. Sin embargo, la misma no debe surgir de una valoración abstracta o de manera puramente formal o ritual, sino que debe basarse en las mayores y reales posibilidades que brinda la vía de la acción contenciosa administrativa para dirimir y tutelar la situación sometida a estudio. Dicho razonamiento delimitador permite al juzgador identificar, a priori, una serie de cuestiones que no puede entendÚrselas como susceptibles de ser discutidas por la vía del amparo, entre ellas, las controversias que habitualmente se suscitan en el marco de la relación de empleo público, status Administrativo, categoría, ámbito de desarrollo de las actividades, en donde la vía de protección y de reparación del derecho de propiedad de los administrados cuenta con una vía procesal legalmente preestablecida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, interés concreto, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Confederación General de Empleados de Comercio y otros c/ Estado Nacional (Mx de Trabajo y Seguridad Social). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

Corresponde imponer a las actoras las costas del recurso extraordinario interpuesto por la demandada, mediante el cual se dejó sin efecto la sentencia que, al interponer las costas a quien resultó vencedor en la contienda, consagró una excepción no contemplada en la ley sobre la base de pautas de excesiva latitud.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ, ERMELINDA c/ LOPEZ, JUAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DIVISION D E CONDOMINIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 76 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-11-13

No reviste el carácter de definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad una resolución dictada con posterioridad a la sentencia final tendente a hacerla efectiva.

En este sentido, resulta aplicable la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual las resoluciones recaídas en la etapa de ejecución de sentencias no son, en principio, susceptibles del recurso extraordinario, salvo que lo resuelto sea ajeno al fallo que se ejecute o importe palmario apartamiento de lo decidido en él.
Declaración indagatoria, declaración informativa, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: FASQUEL, LEOPOLDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-27

Si bien es cierto que la prudencia debe caracterizar toda actividad jurisdiccional, de ello no se desprende que sea condición inexcusable para considerar reunidos los extremos del art. 236 1ra.

parte del Código de Procedimientos en Materia Penal, escuchar primero a los imputados en declaración informativa, cuando de autos surge motivo bastante para sospechar que ellos serían responsables del delito que se les imputa.
Juicio ejecutivo, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Odoguardi, Pablo c/ Otermin, José Alberto s/ Cobro alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

En los procesos ejecutivos no puede hablarse de cosa juzgada en sentido material, ya que más allá de su resultado, existe la posibilidad del juicio de conocimiento posterior por repetición de lo que hubiera pagado sin causa, en cumplimiento de lo dispuesto por éste (art. 188, 542 inc. 4, 551 del CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, escalafón, reescalafonamiento, asignación de funciones, decretos, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tissembaum, Isaac c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 450-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

El reencasillamiento en la categoría 23 que pretende el actor, fundado en que desempeñó las funciones que durante la vigencia del decreto acuerdo 791/80 fueron designadas como de "Subdirector", no puede prosperar, ya que la mera identidad terminológica entre esa jerarquía y la que recibió igual nombre en la estructura establecida por decreto 2695/83, en ausencia de todo otro elemento en el que pueda sustentarse la postulada correspondencia de funciones, no autoriza sin más a concluir en el sentido que pretende. Máxime a la luz del posterior dictado del decreto 496/90, en el que, a funciones similares a aquéllas, se asignó la jerarquía de "Coordinador General", y no la de "Subdirector". Consecuencia de lo expuesto es que, en el caso, no puede afirmarse la existencia de una "asignación de funciones" que requiriera encasillamiento funcional, en los términos del artículo 1º 1) del Acta Paritaria nº 32, homologada por decreto 5609/89.
Competencia civil, cobro de expensas comunes, club de campo
Materia: PROCESAL
Carátula: SOCIEDAD  ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO LA ESPERANZA S.A. c/ VEGA,Mónica s/ PREPARACIÓN DE LA VÍA EJECUTIVA s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-15

Si una sociedad administradora de un club de campo inicia demanda contra uno de los propietarios de un lote del club, a efectos de ejecutar la deuda por gastos comunes, corresponde que intervenga la Justicia Nacional en lo Civil. Ya que la relación sustancial en que se basa la pretensión es de carácter netamente civil, siendo irrelevante el carácter societario de la accionante. (Sumario N°21099 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).