marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procesos de ejecución, pagaré, relación de consumo, mutuo, defensa del consumidor, inhabilidad de título, título ejecutivo hábil, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Aquipesos S.A. c/ Palma Muñoz, Sandra del Carmen s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-28

El esquema anterior, determina que, si la relación de consumo subyacente resulta acreditada, la imposibilidad de analizar la causa de la obligación sea inatendible. El demandado podrá alegarlo, deberá indicar cuales son los requisitos del art. 36 de la LDC omitidos, el perjuicio que ello le causa y solicitar, en su caso, la declaración de nulidad. Deberá en esta oportunidad ofrecer la prueba de que intente valerse. Y frente a ello, corresponderá la sustanciación con la ejecutante, dándose la oportunidad para ejercer el derecho de defensa y agregar y ofrecer, la prueba que estime pertinente a su posición. Es que la modificación del esquema de contradicción que necesariamente se produce, al abrir el ámbito de debate a cuestiones de índole causal-consumeril, requiere esta también necesaria adecuación procesal: si, como dijimos, no hemos de comulgar con la posición extrema que niega toda posibilidad de cobro de una deuda instrumentada en un pagaré por tener en su sustrato a una relación de consumo (tampoco existe sustento legislativo en tal sentido), la clave de equilibrio se encuentra en sustanciar y permitir al ejecutante que exhiba en el proceso el cumplimiento de las pautas contractuales que indica el art. 36 de la ley de defensa del consumidor para que el juez, de tal modo, cuente con la información necesaria que le permita dar curso al cobro de la deuda válidamente generada e instrumentada en la caratular.
Municipalidad, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C. P., M. C. c/ JUNTA VECINAL DEL BARRIO LAS CHACRAS s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-17

Expresa María Gabriela Abalos que diversos textos constitucionales - especialmente los nuevos - tienen prevista la participación popular a través de los llamados centros, Juntas o reuniones vecinales. Señala que en nueve de los doce textos constitucionales más modernos (incluído el de Río Negro) se reconoce la presencia de "delegaciones", comisiones, juntas, organizaciones, con la mayor participación en el gobierno comunal.
Defensa del consumidor, aplicación de la ley, debido proceso, asociaciones de consumidores, principio de publicidad, plazo
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur- Proconsumer c/ Coto Centro Integral de Comercializacion SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-06

Es ya consolidado el criterio de este tribunal acerca de la publicidad que debe darse a procesos judiciales colectivos con el propósito de proporcionar a los consumidores la oportunidad de ejercer el llamado derecho de salida. Es por eso que corresponde notificar por medio de "banner" en la página web de la demandada y a través de "Facebook" y/o redes sociales y/o medio digitales de gran alcance la existencia del proceso, pero limitándose dicha publicación sólo al plazo de 30 días.
Derecho procesal, procesos de ejecución, ejecución de sentencia, fundamentación de sentencias, condena a entregar cosas, mora, intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tutela SA c/ Cervecería Argentina SA Isenbeck s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-31

Cuando, como en el caso, se trata de una condena a entregar cosas, resulta de aplicación del CPR 515, que se ocupa de lograr el cumplimiento forzado de la sentencia a través de la entrega de una cosa, que puede ser mueble o inmueble y frente a la posibilidad que el deudor resulte remiso en hacerlo, con la posibilidad de desapoderar al deudor de la cosa por la vía del mandamiento correspondiente, en ese marco, siendo que el ejecutado cumplió tardíamente la condena base del acuerdo de mediación; ante la constitución en mora del deudor, el pago de intereses por incumplimiento resulta procedente.
Recurso extraordinario federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, queja por casación denegada, violación de la ley o doctrina legal, defraudación, tipo penal, inexistencia de delito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Stolkiner,  Armando s/ delito  de  acción  pública  -  causa  n?23.536/95.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Corresponde dejar sin efecto la resolución que declaró improceden te la queja por recurso de casación denegado por inobservancia de la ley sustantiva (art. 456, inc. 1, Código Procesal Penal), ya que el a quo debió examinar cuál era el sustento legal de la resolución impugnada que se pronunciaba por la inexistencia del delito de defraudación, sin examinar si el hecho podría hallar adecuación legal en alguno de los tipos legales previstos por el capítulo V del Título VI del Código Penal.
Recurso de apelación (procesal), prueba confesional, resoluciones inapelables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EXPRESO MAIPU S.A.C.I.F. c/ POLYGOM S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-14

Las resoluciones vinculadas a la producción de la prueba confesional, se encuentran alcanzadas por la inapelabilidad establecida por el artículo 379 del código procesal. (S1,1992 140683)
Derecho comercial, concursos, deliberación del acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, acreedores del concurso, AFIP, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Trabajo El Escorial Ltda.  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

No corresponde excluir del cómputo de las mayorías al voto de la Administración Federal de Ingresos Públicos pues la normativa fiscal relativa a planes de facilidades de pago para contribuyentes concursados (Resolución General AFIP n° 970/01, texto actualizado por el Anexo II de la Resolución General AFIP n° 1705/04, o más actualmente la Resolución General n° 3587/2014) detalla la forma instrumental en que el deudor puede obtener la conformidad del ente durante el período de exclusividad, y tales disposiciones no hacen más que presuponer la permanencia de dichos acreedores en el elenco de votantes (CNCom, Sala D, in re "Señal Económica SA s/ concurso preventivo", del 24/09/08, entre otros).

La exclusión del organismo fiscal implica una solución que, lejos de realizar una conciliación entre los textos legales implicados, dejándolos a todos con valor y efecto, y evitando darles un sentido que las ponga en pugna, tal como lo ordena la buena hermenéutica (CSJN, fallos 310:192; 311:193; 312:1614; 321:793 y 2021; 327:5002, entre otros), ni siquiera tiene fundamento legal, porque no hay norma que la autorice (conf. CNCom, Sala D in re "Foxman Fueguina SA s/ concurso preventivo", del 18/02/16; entre otros).
Recurso de queja (procesal), sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Singh, Antonio Daniel y Otros c/ SEG S.R.L. y/u Otro s/ Demanda laboral - Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-09-18

Corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por la denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido ya que, sin perjuicio que el remedio ha sido presentado tempestivamente y contra sentencia definitiva; es que no se configura la arbitrariedad de sentencia planteada toda vez que se observa que la misma se encuentra debidamente fundamentada en derecho y conforme las constancias de la causa.
Ministerio Público Fiscal, acusación fiscal, fundamentación de la resolución, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Guzman, José Marcelo y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

No pueden ser admitidas pretensiones absolutorias por parte del Ministerio Público Fiscal sin la debida fundamentación. El deber de motivar las sentencia surge del sistema republicano de gobierno (art. 1° de la C.N.), el que también garantiza la plena vigencia del derecho de defensa en juicio y es impuesto por igual, tanto a los jueces como a los representantes del Ministerio Público Fiscal. Por imperio del art. 69 del C.P.P.N., los señores fiscales ante las distintas instancias deben formular sus requerimientos y conclusiones en forma motivada y específica, esta exigencia responde al propósito de que la colectividad pueda controlar así la conducta de quienes administran justicia en su nombre. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su voto).
Sentencia arbitraria, rechazo de la demanda, deber de prevención del daño, daño ambiental, caso concreto, protección del medio ambiente
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Juvevir Asociación Civil y otros c/ Energy S.R.L s/ inc. de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

Es arbitraria la sentencia que desestimó la acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva deducido a raíz de la construcción de una central térmica de generación eléctrica, con sustento en la inexistencia de caso en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional, pues la cámara no consideró el riesgo de daño irreversible al medio ambiente que podría ocasionar la realización de la obra y la ejecución del proyecto en razón de las irregularidades que denunció la actora, a fin de resguardar el medio ambiente e impedir su degradación futura. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Declaración de rebeldía, falta de contestación de la demanda, exceso ritual manifiesto, verdad jurídica objetiva, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Allendes, Agustina Belén  c/ DIA Argentina S.A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-30

La decisión que tuvo por rebeldes a los codemandados y por no contestada la demanda, constituyó un excesivo rigorismo formal incompatible con la averiguación de la verdad material y con un adecuado servicio de justicia que otorgue vigencia efectiva a la garantía constitucional al ejercicio del derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.), habida cuenta que las reglas que gobiernan el proceso no constituyen un mero ritual, sino que tienen el sentido de conducir al esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, norte de la tarea de los jueces, y que el derecho procesal debe ser un instrumento de la justicia y no un obstáculo gratuito para su logro.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, sentencia definitiva, proceso penal, clausura de la instrucción, requerimiento de elevación a juicio, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: L., E. L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE  DE NULIDAD DE DECLARACION INDAGATORIA Y DE LA REQUISITORIA DE  ELEVACION A JUICIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 355 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19

Resulta ser una posición pacíficamente aceptada tanto por la Corte local como por el más Alto Tribunal de la Nación, que corresponde atribuir el carácter de sentencias definitivas a las decisiones que, si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior. Conforme a su naturaleza, el pronunciamiento mediante el cual se declara la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio y de los actos que en su consecuencia se hayan dictado, haciéndolo extensivo a los demás coimputados, no reúne el requisito de ser sentencia definitiva ni es auto interlocutorio con las características prescriptas en el artículo 1 de la ley 7055
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez, Horacio J. y otra c/ Vanini, Humberto M. y/o otra s/ Cobro ejecutivo por cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

No es objetable por inmoral (art. 953 CC) la cláusula de un contrato de locación según la cual para calcular el interés moratorio se toma la tasa del Banco de la Nación Argentina y se la incrementa en un cincuenta por ciento. La tasa resultante se divide por treinta y esta tasa se aplica diariamente al capital debido en cada mensualidad. Este procedimiento que a primera lectura puede parecer extraño o complejo no significa otra cosa, si se toma un mes de cálculo, que aplicar una vez y media la tasa de operaciones de crédito a treinta días del Banco de la Nación.
Demanda, reconvención, competencia laboral, competencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: SANTORO, MIGUEL ANGEL c/ E.N.CO.TEL. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

La demanda y la contrademanda no se fundan en la misma relación ni tienen conexidad, pues la pretensión del actor no es percibir una indemnización por accidente de trabajo, sino la reparación de los daños sufridos por el riesgo o vicio de la cosa (art. 1113 del Código Civil), con total independencia de su situación de revista en la demandada. La pretensión de esta última, a su turno, se vincula con un supuesto pago indebido a tenor de las disposiciones del Convenio Colectivo de trabajo, materia que, como se ve, no sólo no guarda conexidad con el reclamo del actor, sino que se enmarca en una relación típicamente laboral, cuya elucidación correspondía a la justicia del trabajo. Y es sabido que la reconvención no procede cuando se interpone ante un juez incompetente por razón de la materia.
Responsabilidad extracontractual, mora, cómputo del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Azzolina Antonio c/ Cayetano A. Azulino y Ots. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S141 - 131)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-03-13

El estado de morosidad sancionable, nace en el mismo instante en que se produce el acto ilícito, pues la mora es automática.

Consecuentemente si la indemnización no es satisfecha en aquel momento, lo que de ordinario no ocurre, la demora genera una pérdida adicional resarcible a título de intereses, que los jueces no pueden dejar de reconocer sin privar al damnificado del legítimo derecho a la reparación integral
Servicio penitenciario, empleados públicos, salarios caídos, Corte Suprema de Justicia de la Nación, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Calvet, Walter Antonio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 688-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-19

La Corte de la Nación afirmó desde antaño la improcedencia de reconocer emolumentos por funciones que no han sido desempeñadas, haciendo excepción a este principio mediando norma expresa que lo autorice. Del examen de la ley 8183 -Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de la Provincia- en su totalidad - posteriores leges ad priores pertinent visi contrariae sint- se desprende que el ordenamiento orgánico del servicio penitenciario no reconoce el derecho a diferencias salariales en la situación del actor, quien parece entender que el reconocimiento de los ascensos lleva anejo el derecho a las diferencias salariales sin más ni más. Del contexto de la ley e incluso del propio dispositivo que cita el accionante (artículo 38, ley 8183), se colige que el derecho objetivo distingue el reconocimiento de ascensos, de retribuciones y a los efectos del retiro, sin que el otorgamiento de un derecho comporte el de los demás. (Jurisprudencia Vinculada: "Cejas", AyS T 112 p 60/68.

Sumario Nº J0016775)
Obligaciones, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: ARDILES DONATO A. Y OTROS c/ D.I.P.O.S. Y/O GOBIERNO DE LA PCIA. s/ INDEMNIZACION DEL ART.76 DEL C.C.T. Nº 57/75-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-23

Al haberse modificado sustancialmente el contexto macroeconómico y normativo de nuestro país, se debe recomponer el equilibrio vulnerado con el objeto de preservar el valor del quantum de las obligaciones cancelatorias, o en otras palabras, para mantener el poder adquisitivo de la moneda en que fuera pactada la obligación, ya que el problema de la pérdida de valor de la misma y su corrección a través de los mecanismos pertinentes es un problema que debe ser enfrentado y resuelto, toda vez que atenta contra el derecho de propiedad establecido en el art. 17 de la Constitución Nacional.
Acción de amparo, organización de la justicia, ingreso a la función pública, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, concurso de antecedentes, concurso de oposición, idoneidad para la función
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ambrosetti, Alicia María y Otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-04

La idoneidad exigida por los artículos 16 de la Constitución Nacional y 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para el desempeño del cargo que se concursa, (Secretario de Cámara y Secretario de Juzgado), sólo se encuentra adecuadamente preservada mediante la acreditación por parte del postulante, del correspondiente título universitario de abogado (Resolución CM 423/2000, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Nro.7).

Lo expuesto hasta aquí pone en evidencia que la pretensión de los actores de traslado e incorporación directa al nuevo fuero Contravencional y de Faltas, prescindiendo del procedimiento de selección por concurso, tropieza con expresas disposiciones de la Constitución y la ley aplicable. Si bien no existe un mandato constitucional de "integrar el nuevo fuero con nuevos integrantes" -tal como los actores lo afirmaran en la demanda- sí existe la imposición de hacerlo mediante concurso.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "MADKOUR; Amine M. s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

Mas allá de la escala penal prevista para los delitos atribuídos, es correcta la presunción de que el encartado intentará eludir la acción de la justicia basada en la falta de arraigo valorada conjuntamente con otras circunstancias comprobada como el movimiento migratorio advertido y la inverosimilitud de las razones por las que se pretende justificar el constante ingreso y egreso del país.
Acción de amparo, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: ANDRE, GUSTAVO CRISTIAN c/ E.N.TEL. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

El art. 36 de la ley 21.839 fija el honorario mínimo en los procesos de amparo.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, muerte en acto de servicio, Policía Provincial, personal policial, indemnización por accidente de trabajo, muerte del trabajador
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Delgado, Estela del Valle c/ Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por accidente de trabajo - muerte
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Corresponde revocar el fallo que declaró la nulidad del decreto n° 949/93 que había rechazado a los familiares de un suboficial muerto en un acto de servicio para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el pago del resarcimiento especial previsto en el art. 112 inc. e, ap. 3° del decreto - ley 9550/80, por haber iniciado una causa laboral en la que demandaron el pago de la indemnización establecida en la ley 9688, pues el beneficio previsto en el ya mencionado art. 112 es incompatible con el cobro de la indemnización a que alude la citada ley 9688.
Acción reivindicatoria, prueba de la posesión, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López Cesar c/ Gorchs Guillermo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

El art. 2789 del Cód. Civil, cuya aplicación a los hechos alegados cabe oficiosamente en función del brocárdico "IURA NOVIT CURIA", no se refiere al título en sí del reivindicante, sino al de sus antecesores en el dominio. De ello se sigue que el comprador, aunque no haya recibido la posesión del inmueble tiene legitimación para ejercitar la reivindicación contra el poseedor. Es la doctrina legal de la Suprema Corte, que viene siendo difundida desde antaño, pues sobre la base de los principios sentados en los arts. 2790 a 2792 del Cód. Civil, el título que acredita el derecho a poseer, se refiere a la causa en que funda el derecho del dominio y no al título en sentido documental o formal.
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, sentencia absolutoria, recurso de apelación (procesal), segunda instancia, reenvío, doble instancia, ley procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., G. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-18

Corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y anular la sentencia impugnada, toda vez que en el sub examine los Jueces del Colegio de Apelación en lo Penal decidieron revocar la absolución dispuesta en primera instancia y reenviar a un nuevo tribunal de grado para el dictado de un nuevo fallo al respecto, desconociendo la solución propiciada para estos casos a partir del precedente "Scalcione", en el que este Tribunal -modificando la doctrina sentada en los casos "Alí" y "Ledesma"- concluyó que la Cámara que entienda que corresponde hacer lugar a una apelación interpuesta por el actor penal, debe resolver la causa en el mismo fallo sin reenvío -confirmando la resolución o condenando-, siempre que no resulte necesaria la realización de un nuevo juicio o procedimiento para el dictado de una nueva sentencia, preservándose el derecho del imputado al doble conforme a través de la posibilidad de revisión amplia de lo decidido por un nuevo tribunal integrado con otros magistrados del Colegio de Cámara de Apelación en lo penal. - CITAS: CSJStaFe: Alí, AyS T 234, p 378; Ledesma, AyS T 251, p 315. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, Ley 12734, artículo 404. - Jurisprudencia vinculada: Scalcione, AyS T 271, p 239/260, sumarios J0042312 y J0042313.
Recurso extraordinario, efecto suspensivo
Materia: ELECTORAL
Carátula: Mariana Emilse Chiacchio Apoderada del Partido Movimiento Socialista de los Trabajadores distrito s/ petición sobre efecto Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-07

Si bien como principio general la concesión del recurso extraordinario suspende los efectos del fallo que con él se impugna, el art. 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece una excepción, al autorizar la ejecución cuando "la sentencia de la cámara o tribunal fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia" (cf. Morello, Augusto M., "El Recurso Extraordinario", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1987, p. 335; Levitan, José, "Recursos en el Proceso Civil y Comercial", Ed. Astrea, 1986, p. 333; Colombo, Carlos, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" anot. y com., Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1975, T. I, p. 426, y doctrina de Fallos CNE 1046/91, 1298/92, 1375/92, 1881/95, 1882/95, 1883/95, 1912/95, 1921/95 y de Fallos 133:390; 213:195; 306:1988 y 317:686).