Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-13


Causa Nº 14049-01-CC/2006 (83/06) "Incidente de levantamiento de clausura en autos RIESTRA, Alejandra Claudia s/ falta de habilitación y ot. Apelación" En n la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de octubre del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Viviana Glauberman, defensora particular de Alejandra Claudia Riestra a fs. 64 bis/67 vta. del presente incidente, del que:

RESULTA:

I.- Que a fs. 1 del presente obra copia del acta labrada a Alejandra Claudia Riestra por distintas infracciones originadas en el local sito en la Avenida Olleros 3257, PB de esta ciudad. Asimismo, y específicamente, a fs. 2/3 consta la Disposición Nº 1354/DGFyC/2006 por la que la Dirección General de Fiscalización y Control dispone clausurar preventivamente la actividad de la escuela primaria debido a la falta de habilitación y/o ampliación del rubro y/o superficie para escuela primaria, y a la falta de original y copia del plano aprobado de habilitación.

II.- Que a fs. 4/5 consta copia de la resolución de la Controladora Administrativa Nº 2, Liliana Irene Mazariche, quien declara la validez del acta 20860769 y condena a Riestra con multa de dos mil pesos ($2000) manteniendo la clausura de la actividad de escuela primaria que se desarrolla en el establecimiento ubicado en la Av. Olleros 3257, hasta tanto se acredite su habilitación.

III- Que a fs. 10/17 vta. obran copias del escrito impetrado por la Defensa particular de la encartada solicitando se ordene el levantamiento de la clausura y se exima a su parte de multa atento la falta de otorgamiento del plazo para cumplimentar con lo requerido. Asimismo, en dicha oportunidad, ofrece prueba para el debate.

IV.- Que a fs. 20 el Sr. Fiscal de grado contesta la vista conferida expresando que se debe hacer lugar a lo solicitado, siempre y cuando el infractor acredite fehacientemente haber cumplido con las condiciones mínimas de seguridad que dieron origen a la clausura cuestionada (Conforme disposición Nro. 1354 de fs. 2/3).

V.- Que a fs. 21 la Jueza de Primera Instancia libra oficio a la Dirección General de Fiscalización y control a fin de que el personal de dicha dependencia se constituya en el establecimiento de la calle Olleros 3257 de esta ciudad, a fin de constatar si aún persisten los motivos que dieran origen al labrado del acta de comprobación y la consecuente imposición de la clausura.

VI.- Que a fs. 49 consta copia del informe de inspección en la cual se verificó que el instituto aún no presenta la habilitación, el plano contra incendios no se ajusta a las condiciones existentes y por último se encuentra funcionando la escuela primaria, labrándose el acta nº 52-0976340 por violación de la clausura.

VII.- Que a fs. 58/63 consta la resolución de la Juez a quo en la cual decide mantener la clausura que pesa sobre el local sito en la Avda. Olleros a la altura catastral nro. 3257, respecto de la actividad vinculada al rubro denominado "Escuela primaria" hasta tanto se acredite en forma fehaciente el otorgamiento de la habilitación correspondiente. Asimismo, dispone hacer saber a los representantes del establecimiento que deberán cumplimentar los alcances de la clausura impuesta y en consecuencia arbitrar los medios y mecanismos necesarios para no llevar a cabo actividades en escuela primaria.

VIII.- Que a fs. 64 bis /67 vta. se agrega el recurso de apelación interpuesto por la defensora particular de Riestra contra la resolución de la Juez a quo que mantiene la clausura preventiva por considerar que: 1) Se encuentra debidamente acreditado que el inicio del trámite de habilitación se había efectuado cumplimentando cada uno de los pasos necesarios a tal fin, y por tanto el hecho de que no se hayan agotado todos los recaudos necesarios para que la habilitación sea otorgada no resulta imputable a Riestra, sino a la propia administración 2) No existía ningún riesgo en cuanto a las condiciones de seguridad, lo que se desprende de los planos presentados ante el organismo competente y de que la sanción se impuso únicamente por funcionamiento, es decir por no contar con "constancia de inicio de trámite", lo que se encuentra subsanado y debidamente acreditado con las constancias del expediente. 3) La clausura impuesta conculca los derechos constitucionalmente consagrados, como son el libre ejercicio del derecho de enseñar y aprender puesto que dicho colegio se encuentra incorporado a la Enseñanza oficial como Instituto Privado. 4) Que la clausura impuesta implica un claro abuso del poder de policía puesto que se aplica una sanción cuando dicha medida debe ser dispuesta como excepción, máxime si como en el caso no se encuentran afectadas normas de higiene ni de seguridad que así lo justifiquen. 5) La institución no sólo cuenta con los recaudos exigidos por el código de edificación , relativos a seguridad y condiciones de funcionamiento, sino que la única observación efectuada en la primera acta labrada fue subsanada inmediatamente. Por tanto, el trámite de la ampliación de la habilitación se encuentra iniciado y debidamente encaminado, lo que surge d e las constancias adjuntadas. 6) Por último, reitera que no se trata de un caso en el que se verifique un inminente peligro para la salud o seguridad públicas, y que la medida impuesta es al solo efecto de sancionar un requisito formal que a esta altura se encuentra cumplido, por tanto si las causas que han dado motivación a la clausura se han reparado debe levantarse la medida de inmediato.

IX.-Que a fs. 68/69 la Juez de Grado concede el recurso de apelación por entender que los fundamentos del mismo logran acreditar con certeza el supuesto de excepcionalidad que habilita la revisión de alzada.

X.- Que a fs. 71 pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a tratar: ¿Resulta admisible el recurso de apelación impetrado En su caso, ¿Resulta conforme a derecho la resolución recurrida ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:

En primer término, es dable mencionar que en el caso examinado la concesión del recurso por parte de la Sra. Juez de Grado se funda en el hecho de que los agravios del mismo logran acreditar con certeza el supuesto de excepcionalidad que habilita la revisión del decisorio, y se sustenta en el hecho de garantizar el sistema de doble instancia (Art. 13 inc. 3 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, art. 8 PSJCR).

Ahora bien, y tal como ha expresado la Judicante, es opinión de esta Sala que por regla no resultan recurribles las resoluciones de primera instancia respecto de una medida cautelar adoptada por la autoridad administrativa local en los términos del art. 7 de la ley 1217 (Causa 16041-01-CC/2006 "Incidente de apelación y solicitud de apartamiento en autos Luzzi, José Luis s/ no exhibir certificado de tratamiento ignífugo (clausura administrativa convalidada) del 21/07/2006 y 013-01-CC/2006 "Incidente de clausura en autos Hogar del Sol SRL s/ falta de higiene y otras- Apelación", del 13/02/2006).

No obstante ello, y teniendo en cuenta que la Juez a quo ha considerado que en el presente se configuró un supuesto de excepcionalidad que habilitaría la vía recursiva intentada, corresponde analizar si resulta acertada su resolución.

En primer término, es menester señalar que la decisión impugnada se limita a resolver respecto de la clausura preventiva impuesta por la autoridad administrativa sobre la actividad de escuela primaria llevada a cabo en el local sito en la calle Olleros Nº 3257 de esta ciudad. En efecto, el decisorio recurrido dispone mantener la medida cautelar en cuestión, en razón de que el local de marras no contaría con la habilitación necesaria para funcionar (93/GCABA/2006).

Ahora bien, la ley de forma en materia de faltas ha regulado un procedimiento especial y expedito para los supuestos en que los órganos administrativos adopten medidas cautelares (secuestro o clausura), distinto al trámite establecido para el juzgamiento de las infracciones.

Aclarado ello, y tal como se ha afirmado en los precedentes citados, específicamente en lo relativo a las medidas precautorias, la ley nº 1217 dispone que en los casos en que los organismos administrativos que controlan faltas, adopten alguna de ellas, las actuaciones deberán elevarse a la Unidad Administrativa de Control de Faltas en un plazo de tres días, debiendo dictar el controlador administrativo de faltas la resolución correspondiente en el mismo plazo, la que "(a) pedido de parte puede ser revisada judicialmente..." (art. 8 de la ley citada).

Ahora bien, la Ley Nº 1217 establece un procedimiento diferente en los supuestos en que el Controlador Administrativo haya dictado una resolución que resuelva sobre el fondo, así el art. 24 dispone que "... el/la presunto infractor/a tiene derecho a solicitar el pase de las actuaciones para su juzgamiento ante la Justicia Contravencional y de Faltas ...", y a su turno y contra la sentencia dictada por el Juez Contravencional y de Faltas confiere la facultad del imputado de interponer recurso de apelación en los términos del art. 56 de la ley citada.

De ello se desprende que la normativa en cuestión solo habilita el recurso de apelación (art. 56 Ley 1217) para los casos en los que el presunto imputado haya solicitado el pase de las actuaciones a esta Justicia Contravencional y de Faltas para su juzgamiento (art. 24 Ley 1217), pero dicha vía no se encuentra prevista para los supuestos en que establece la revisión judicial de una medida cautelar -a pedido de parte- dispuesta por la autoridad administrativa en ejercicio del poder de policía, como lo es el caso de autos.

A partir de ello, según surge de los presentes actuados, la resolución de la Controladora Administrativa que dispuso mantener la clausura ya ha sido revisada judicialmente por la Sra. Jueza de Grado, quien mantuvo la medida, agotando así la vía judicial respecto de aquélla; lo que no impide una eventual revisión de la sentencia que se dicte si se dieran los supuestos del art. 56 citado.

Ello así porque, admitir un recurso de apelación contra el dictado de una clausura preventiva en los términos del art. 7 de la Ley 1217, convalidada por el Controlador Administrativo y revisada por un Juez de Primera Instancia, implicaría desvirtuar el procedimiento previsto por el legislador en materia de faltas y que este Tribunal exacerbe indebidamente su competencia. Máxime si se tiene en cuenta que a diferencia de lo que ocurre en materia contravencional, en materia de faltas el código ritual no prevé la posibilidad de interponer recurso de apelación contra las resoluciones que dispongan la convalidación o no convalidación de clausuras preventivas (art. 29 LPC), ni efectúa remisión a norma alguna que expresamente consagre la impugnabilidad de este tipo de decisiones. Por ello, tal ausencia, que la recurrente propone sea pretorianamente corregida, debe ser ejercida con prudencia y de modo excepcional sin que sea posible verificar en el presente caso circunstancias que lo hagan razonable.

Ello en razón de que los intentos argumentales de la encartada no resultan suficientes a los efectos de habilitar la vía pretendida, considerando que la misma no se encuentra prevista legalmente, y no logra demostrar cuál es el supuesto de excepción que habilitaría el tratamiento de los agravios en esta instancia, cuando los mismos pueden ser eventualmente analizados conjuntamente con aquellos que surjan en ocasión de revisar la sentencia definitiva, máxime si como en el caso corresponde se cite en lo inmediato a audiencia de juicio (según surge a fs. 71), oportunidad en la que podrán dirimirse las cuestiones planteadas y cuya resolución -en caso de ser contraria a los intereses de la encartada- podrá ser recurrida, encontrándose de esta forma resguardado el sistema de la doble instancia al que se refiere la Magistrada.

A mayor abundamiento, cabe recordar que el Máximo Tribunal Local ha afirmado que"No puede decirse, así, sin más, que el régimen material y formal de faltas sea enteramente clasificable como Derecho penal. Existen algunas razones para pensar que se trata de un régimen sancionatorio de la Administración. En principio, las reglas nuevas (leyes nº 451 y 1.217) no conducen a una aplicación supletoria de normas procesales o de fondo de carácter penal, tal como lo hacían las anteriores leyes aplicables (nº 19.690 y nº 19.691) y como lo hacen expresamente las normas contravencionales vigentes (argumentación sólo formal) ... Como se observa, todo el procedimiento judicial se asemeja bastante al procedimiento de impugnación de resoluciones administrativas singulares, por las cuales el Estado, detentador del orden y de la fuerza pública (poder de policía), decide aplicarla (coerción) a una persona determinada quien, como toda la teoría en la legislación administrativa lo supone, cuenta con un recurso judicial para objetar esa decisión" (TSJ, voto del Maier, Expte. nº 4054/05 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Leiva Quijano, Lita Elsa s/venta ambulante sin permiso -apelación-", rta. el 21/12/2005).

En razón de lo expresado corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación impetrado por la Sra. Defensora particular de Alejandra Claudia Riestra.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

Declarar mal concedido el recurso de apelación obrante a fs. 64 bis/67 vta. (art. 56, Ley Nº 1217).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mí Se deja constancia que el José Sáez Capel no firma por encontrarse en uso de licencia.