Recurso extraordinario federal, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: I. D. G. Y. O. s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD Y CORRUPCION. INCIDENTE DE RECUSACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-25

El análisis acerca de la admisibilidad - del recurso extraordinario deducido - debe ceñirse a los aspectos formales del recurso, esto es, si el mismo fue deducido respecto de una resolución recurrible, por quien está legalmente legitimado para hacerlo, y si lo fue en tiempo y forma.

Se trata de un principio general de los recursos. Es, lo que dentro de las Disposiciones Generales de los recursos (título I del Libro Cuarto del Código Procesal Penal de Tucumán) establece el artículo 466 C.P.P.T (texto consolidado vigente según digesto jurídico provincial), bajo el rótulo "INADMISIBILIDAD Y RECHAZO", conforme al cual "el recurso no será concedido por el tribunal que dictó la resolución impugnada cuando esta sea irrecurrible, o aquel no sea interpuesto en tiempo por quien tenga derecho".

El texto parece incluso sumamente restringido porque parece no admitir que el tribunal a quo, analice siquiera la forma del recurso. Sin embargo, la amplitud de las facultades (o deberes) del tribunal a quo respecto de la apreciación de la concurrencia de los requisitos de admisibilidad varía según se trate de un recurso ordinario (vbgr. la apelación) o uno extraordinario (como lo son el recurso de casación y el extraordinario federal).

Ello es así porque, mientras en los primeros la interposición se realiza mediante la presentación de un escrito o por simple diligencia (artículo 472 C.P.P.T.), los segundos, contienen dentro de los requisitos formales de interposición, algunos relativos a los motivos que pueden ser invocados (artículo 479 C.P.P.T. -cuando se trata del recurso de casación- y 14 de la ley 48 -en lo relativo del recurso extraordinario federal) y a determinadas exigencias de fundamentación (artículo 485 C.P.P.T. y 15 de la ley 48, respectivamente).

Estas últimas obligan al tribunal a quo a introducirse, para decidir sobre la concesión, en el análisis de la fundamentación, teniendo en cuenta que la misma se base en alguno de los motivos que tornan admisible el especial recurso de que se trate (en nuestro caso art. 14 de la ley 48), como en lo referido a su suficiencia (art. 15 de la misma ley y acordada 4/2007, punto 3, apartados b. a e. CSJN).

Es que, en estos casos, la fundamentación integra la forma del recurso; es decir que el análisis a este respecto recae acerca de si el mismo fue interpuesto "en forma". "Es que en la forma del recurso se inscribe la suficiencia del escrito que constituye un tema de técnica recursiva y cuyas particularidades derivan de la naturaleza de ser un recurso extraordinario." ("Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, Concordado, comentado y anotado", Directores Juan Carlos Peral - Juana Inés Hael, Tomo II, 1ª Edición, Tucumán, Bibliotex, 2011, pág.

896). En este punto, si bien puede parecer que el límite entre admisibilidad y procedencia se torna algo difuso, debe tenerse presente que el tribunal no puede defender su propia sentencia o analizar su corrección o incorrección, sino ceñirse a analizar que el recurso, además de fundarse en alguno de los motivos que autorizan su interposición, esté dotado de una fundamentación suficiente en cuanto a los agravios y razones que lo sustentan, como para habilitar su tratamiento por el tribunal superior en cuanto al fondo de su procedencia.

En este último aspecto adquiere relevancia, para la suficiencia de la fundamentación recursiva, que los agravios ataquen todos los fundamentos esenciales o decisivos de la sentencia cuestionada y que se baste a sí mismo en cuanto al relato o reseña de todos los antecedentes relevantes de la cuestión cuya revisión se pretende por la vía extraordinaria ensayada; y en cuanto a la demostración de la relación directa entre sus fundamentos y los agravios federales invocados (artículo 15 y 14 de la ley 48). Ese análisis por el tribunal a quo respecto de la admisibilidad, aún en lo atinente a la fundamentación, se torna necesaria para evitar la concesión de recursos que previsiblemente serán declarados inadmisibles o mal concedidos por el tribunal ad quem; con el consiguiente inútil dispendio jurisdiccional, pérdida de tiempo y puesta en riesgo de la imprescindible celeridad procesal y de la garantía del plazo razonable que ampara a todas las partes del proceso.

Está en juego en ello la eficaz prestación del servicio de justicia...

Respecto del recurso extraordinario federal, del que se trata en el presente caso, cabe aún efectuar dos precisiones en lo referido al análisis de su admisibilidad. La primera es que, no solo se trata de un recurso extraordinario (como ya dijimos), sino que no es uno específicamente penal, aplicándose, con similares reglas establecidas en los artículos 14 y 15 de la ley 48, a toda clase de procesos, cualquiera sea su naturaleza (civil, penal, administrativo).

La segunda, es que atento a la naturaleza federal de la vía recursiva, no se rige, sin más, por la legislación procesal local en cuanto a sus requisitos de interposición y admisibilidad.

Por el contrario, resultan aplicables, además de las normas mencionadas de la ley 48, las del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (artículo 257 y ccds. C.P.C.yC.), como lo demuestra el trámite impreso al recurso cuya admisibilidad o inadmisibilidad se encuentra sometido a decisión de este tribunal.

También resulta aplicable la Acordada 4/2007 de la C.S.J.N., reglamentaria de los requisitos de admisibilidad del recurso, la que en el punto 11 de su anexo, obliga al tribunal a analizar el cumplimiento de esas premisas, incluidas algunas que refieren, específicamente, a la fundamentación (puntos 3, apartados b a e).

DRES.: CARAMUTI - ARCE - PRIETO.