Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-02-05


--- En la ciudad de Trelew, a los 05 días de febrero del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la Presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "T., J. A. c/ L., L. R. s/ Dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. Nº 22919- año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 167.--------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN , el Dr. De Cunto dijo:----------------------------- ---Vienen estas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada a fs. 146 y por la parte actora a fs. 147, en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos a fs. 139/143, por el cual se hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por J. A. T. contra L. R. L., condenando a éste a que abone a aquél la suma de $ 24.855,37 con intereses en el plazo de diez días, con costas al demandado, fijando honorarios por la parte de la demanda que prospera y por la porción desestimada en forma separada.---------- ---Los recursos fueron concedidos a fs. 148. A fs. 149/152 vta. obra el memorial del actor y a fs. 154/162 vta. el del demandado, confiriéndose a fs. 153 y 163 los respectivos traslados, sin que los mismos fueran contestados.-------------------------- ---I.- Comenzaré por reseñar los agravios del actor, para luego efectuar lo propio con los del demandado.--------------------------- ---1) El accionante, luego de exponer una breve síntesis de la sentencia, comienza a desgranar sus agravios. Respecto de la diferencias salariales, empieza por indicar con relación a las horas extras, señalando que la calificación convencional elegida por el juez resulta inocua para determinar las variables del proceso como la suma que correspondía percibir. Expresa que el actor laboró como chofer de taxi cumpliendo una jornada de 12 horas aunque en ocasiones laboraba más horas, incluyendo sábados y domingos. Resalta que es un hecho ampliamente conocido que los choferes de taxi trabajan doce horas. Considera que los testimonios de B., E. R. y C. son lapidarios, siendo testigos directos y concordantes. Cuestiona la forma de razonamiento y de construcción de la sentencia por parte del juzgador, entendiendo que debió analizarse la prueba en su conjunto para no actuar con arbitrariedad. Manifiesta que existe una presunción legal a favor del actor, además de que se trata de un hecho de la realidad habitual. Expone que los taxis trabajan de lunes a lunes y que los choferes realizan jornadas de trabajo de 12 horas, siendo ello una presunción "iuris tantum". Pero además de ello se produjo prueba, ya que no existen elementos visibles para dudar de los testimonios arriba citados, mientras que los otros resultan menos independientes, más interesados y que en todo caso debió valorarse su declaración en el marco de todo el plexo probatorio. Es por ello que entiende que debe revocarse la sentencia para acoger el reclamo del actor en cuanto al pago de horas extras se refiere.----- ---En lo que concierne al incremento indemnizatorio previsto en el artículo 16 de la ley 25561, considera que es plenamente procedente, por cuanto al tiempo del despido la norma estaba vigente, no resultando ajustado a derecho la no aplicación de una normativa que favorece a los trabajadores, más aún cuando es de público conocimiento la alteración de los valores que publica el INDEC. Hace referencia al fallo "Singler" de esta Cámara, pidiendo que se revea el criterio sustentado en el mismo.------------ ---Finalmente en cuanto a la regulación de honorarios, critica que se haya efectuado una doble regulación, lo que además de ser un suculento negocio para los abogados, considera que es una solución injusta, desproporcionada y violatoria de las normas arancelarias. Agrega que además se vulnera el principio normativo de que las costas deben ser soportadas por la vencida, además de realizarse una regulación sobre el total y no sobre el monto de condena. Estima que esta modalidad regulatoria resulta absolutamente confiscatoria para el derecho de propiedad del actor, quien ve limitado su acceso a la justicia.. Hace reserva de recurrir en casación y del caso federal.----------- ---2) La demandada, en su expresión de agravios, comienza por criticar la remuneración determinada por el "a quo" en la suma de $ 1.425,69, sin siquiera expresar de dónde extrae dicho monto. Considera que no es cierto que no se pueda conocer el valor de la recaudación diaria de T., citando declaraciones testimoniales que dan cuenta de que las sumas rondaban entre $ 80 a $ 130 diarios, siendo entonces el 30% a determinar igual a $ 1.170. Añade que si el "a quo" rechazó las horas extras, ello significa que entiende que el actor laboraba 8 horas diarias y que tomaba el descanso hebdomadario, lo que reduce la remuneración mensual a $ 975. Entiende que también yerra el juzgador dado que debe aplicarse el art. 114 de la LCT que remite al salario fijado por las convenciones colectivas, y en la especie resulta de aplicación el CCT 67/89 que establece el 30% de la recaudación, concluyendo que es absurdo que el juez derive que el sueldo sea de $ 1.425,69.------------ ---En segundo lugar, con relación a las diferencias salariales, se agravia de que el juez haya determinado que el actor percibió el monto de $ 600, cuando en realidad el propio actor denunció que cobraba $ 635, por lo que resulta errónea la liquidación que practicara el juzgador. Añade que además la diferencia entre lo denunciado oportunamente por el actor revela su ausencia de buena fe procesal.- También se queja la accionada de que el "a quo" considerara que el actor no retenía el 30% de la recaudación diaria del taxi, cuestionando que el trabajador pueda estar varios meses cobrando una suma irrisoria sin efectuar el pertinente reclamo. Remarca que el testigo L. da cuenta de que T. cobraba el 30% mencionado.------ ---En lo que se refiere a la causa extintiva del vínculo laboral, señala que, de acuerdo a la intimación efectuada por el actor, las causales fueron dos: diferencias salariales y horas extras, prosperando sólo la primera. Mas de acuerdo al agravio que oportunamente dedujera, las diferencias salariales no existieron. Amén de ello señala que en la intimación se hizo una referencia genérica a las mismas sin especificar a qué tipo de diferencias se aludía, lo que impidió el análisis patronal para evaluar la procedencia del reclamo. Es por ello que la causal expresada no puede considerarse causa grave para romper el contrato en los términos del art. 242 de la LCT. Remarca que la forma de intimación impidió, a la luz del art. 63 de la LCT, que el empleador analice y revise los importes, considerando desproporcionada la denuncia del contrato.-------- ---En la misma línea interpretativa del anterior agravio, se queja de que el juez expresara que deviniera innecesario analizar si el actor concurrió a prestar sus labores, ya que al no resultar procedente el reclamo por diferencias salariales, adquiere relevancia la circunstancia de que el trabajador no se presentara a laborar los días 3, 4 y 5 de abril de 2007, citando testimonios al respecto.-------------------- ---Se agravia de que el sentenciante nada expresara respecto a la divergencia entre el sueldo denunciado como percibido por el actor en su intimación y el afirmado en la demanda, ni del reclamo de horas extras y de categorización que T. efectuara en su misiva. Añade como agravio que no se tuvo en cuenta en la sentencia la suma que el actor percibió en el expediente tramitado ante la Subsecretaría Laboral, lo que debe ser deducido de la liquidación final.---------------------------- ---Finalmente se agravia de la regulación efectuada a favor del letrado del actor, la que considera excesiva, en función de la porción de la demanda que se desestima. Por tales motivos, considera exiguos los emolumentos fijados al letrado de la accionada. Añade que el juzgador no determinó a cargo de quién resultan las costas en lo referente al punto III de la sentencia, las que deben ser cargadas a la actora en virtud de lo dispuesto por el art. 68 del CPCC. Culmina efectuando el petitorio de estilo.-------------- ---II.- Delimitada la materia sobre la cual habrá de ejercer este Cuerpo la facultad revisora, entiendo que dado que los agravios de la demandada se fundan en la improcedencia del reclamo de la actora, y los de ésta hacen referencia en primer lugar al rechazo del crédito por horas extras impagas, por una cuestión de orden lógico, trataré en primer lugar este agravio del actor, luego las quejas del accionado relativos al fondo de la cuestión, para finalmente considerar, en su caso, el del actor referido a la doble indemnización y los de ambas partes vinculados a la imposición de costas y regulación de honorarios.--------------------------------------- ---1) Los argumentos esgrimidos por el actor para criticar la decisión del sentenciante de rechazar el reclamo por horas extras son diversos. Por un lado arguye que es un hecho ampliamente conocido que los choferes de taxi laboran 12 horas diarias (ver fs. 150, 3er. párrafo), siendo ello un hecho normal y habitual (ver fs. 150 vta., 4to. párrafo). Revisado que fuera el escrito de demanda, del análisis de lo expuesto para el reclamo de este rubro (ver fs. 05/07, pto. C), no se advierte que se adujera que se trata de un hecho público y notorio que la jornada habitual del peón de taxi sea de doce horas, es más este argumento aparece contradictorio con la propia pretensión del actor, quien manifestó laborar catorce horas diarias en horario nocturno y diez diurnas (ver fs. 06, 4to. párrafo). Es por ello que cabe aplicar en la especie lo dispuesto por los arts. 271 y 277 del CPCC (conf. remisión del art. 76 de la ley 69), en cuanto no le es dado a la Cámara conocer de las cuestiones no planteadas previamente a la primera instancia, quedando así vedado a la misma tratar argumentos no propuestos en los escritos introductivos de la demanda, contestación o reconvención en su caso (conf. CSJN, 12/2/87, JA, 1988-I-246; SCBA, 5/5/77, DJBA, 113-41; CN. Civ., Sala A, 14/6/80, ED, 87-178; íd., Sala E, 20/11/81, LL, 1982-A-550; íd., Sala F, 1/12/81, LL, 1982-B-198; entre otros). Es que, como lo destaca Chiovenda, de otra manera a la demanda nueva propuesta en apelación le faltaría el primer grado de jurisdicción (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Astrea, 1993, Tº 1, pág. 958), no siendo la expresión de agravios la vía pertinente para introducir nuevos planteamientos o defensas que debieron deducirse en el correspondiente estadio procesal (conf. CN. Fed. ContAdm., Sala III, 10/5/88, JA, 1989-III-321). A ello cabe añadir, a todo evento, que el argumento de que la jornada extendida del chofer de taxi resulta un hecho ampliamente conocido, no confuta lo argüido por el juez, quien se basó en la prueba testimonial para desestimar el reclamo (ver fs. 140 vta./141).- ---El restante argumento que aduce el quejoso se relaciona con el análisis de la prueba testimonial. Considera que el sentenciante de grado no tuvo en cuenta testigos imparciales y desinteresados, mientras que valoró positivamente testimonios viciados y parciales, debiendo haber apreciado la prueba en su conjunto (ver fs. 150, últimos párrafos/ vta.). Ante todo cabe expresar que el actor no hizo uso de la facultad de tachar a los testigos que ahora cuestiona, de acuerdo a lo normado por el art. 35 de la ley 69. A ello debe añadirse que los fundamentos por los que cuestiona los testimonios en los que se apoyó el juez resultan muy genéricos e indirectos, amén de que sólo particulariza su atención en el testigo M. por resultar propietario de taxis y por sostener que sus empleados son monotributistas (ver fs. 150 "in fine"). Respecto de los otros testigos dice que son empleados de L. o propietarios de taxi (ver fs. 150 "in fine"/vta., 1er. párrafo). Tales argumentos carecen de relación directa con las respuestas en las que el juez halló fundamento a su decisión, porque no resulta directamente deducible de las condiciones alegadas de los testigos que tuvieran un interés particular en favorecer al demandado o en perjudicar al actor. El propio recurrente reconoce que lo dicho sobre los testigos no implica que sus declaraciones carezcan de valor "per se", mas debieron ser analizadas en conjunto (ver fs. 150 vta., 2do. párrafo). Sin embargo, la crítica obvia que el sentenciante cotejó los testimonios objetados con los que el apelante juzga positivamente, por lo que no los consideró en forma aislada (ver fs. 141, último párrafo). Así tuvo en cuenta que M., G., C. y L. trabajan en la misma parada y son contestes en cuanto a que el vehículo era conducido por este último, T. y L. en turnos rotativos de ocho horas cada uno (ver fs. 140 vta. "in fine"/141). Al confrontar sus declaraciones con las de B., E., R. y C., tuvo especial consideración de que los primeros compartieron de manera directa el trabajo con el actor (ver fs. 141, último párrafo). Y en efecto, B. dice que veía a T. de noche porque él trabajaba en una estación de servicio (ver fs. 55, respuesta cuarta), E. aclara que no trabajaba en la parada del actor (ver fs. 56, respuesta quinta), C. dice que se lo cruzaba al actor por ser también taxista, mas no sabe si rotaba en sus horarios (ver fs. 59, respuestas sexta y séptima), siendo R. el único que trabajó en la parada de T. (ver fs. 61). De lo expuesto resulta claro que lejos estuvo el "a quo" de no realizar una valoración global de los testimonios, como dice el apelante, por el contrario confrontó las declaraciones explicando los motivos por los cuales los dichos de unos infunden mayor convicción que los otros, todo lo cual, al ser reexaminado en esta sede, resulta confirmado.----------- ---Resta para añadir que ante el análisis expuesto "ut supra" carece de relevancia la presunción legal a favor del trabajador que se menciona a fs. 150 vta., 2do. párrafo, dado que en todo caso se trata de una presunción "iuris tantum" (conf. art. 42 de la ley 69), habiendo quedado demostrado que el demandado produjo prueba idónea al respecto. En síntesis, se desestima el agravio examinado.------------------------------- ---2) Examinaré ahora las quejas vertidas por el demandado relativas a la cuestión de fondo resuelta en el decisorio. El primer agravio se relaciona con el monto de la remuneración tenido en cuenta por el juzgador de $ 1.425,69 (ver fs. 154 vta.156 vta., pto. 2.1). Al respecto el sentenciante de origen razonó de la siguiente manera: "Planteada de tal manera la cuestión adelanto en esta oportunidad mi opinión en el sentido que el reclamo prosperará solo parcialmente. En principio y ciertamente no resultan de aplicación las disposiciones contenidas en el CCT 130/75 pues la Convención específica que rige este tipo o especie de relación laboral es la nº 67/89 que tiene como ámbito espacial todo el territorio nacional se estipuló que el chofer de taxi será remunerado con el 30% de la recaudación tal como se dice en el responde, y fuera acordado por las actas de recomposición salarial...; ahora bien como no se tiene manera de saber cuales eran los importes que diariamente recaudaba T. cumpliendo sus funciones a las órdenes de L. parece razonable tomar como remuneración a percibir la cantidad de $ 1.425,69 ello conforme la facultad que el art. 114 de la LCT otorga al suscripto, no resulta tal importe descabellado sino ajustado a la efectiva prestación de tareas llevadas adelante por el empleado..." (ver fs. 140 "in fine"/vta., 1er. párrafo).------------- ---La demandada ataca el razonamiento expuesto por el juez en cuanto considera que se produjo prueba testimonial que da cuenta de la recaudación diaria del taxi (ver fs. 155). En realidad la referencia que hacen los testigos que cita el apelante es una referencia de carácter general que no alcanza a dar precisión al monto de la recaudación, por lo que los valores que deduce en su memorial en base a dicha prueba son meramente estimativos (ver fs. 155 vta./156). Ante esta situación, no aprecio equivocado el razonamiento del juez, quien hizo uso de la facultad otorgada por el art. 114 de la LCT, destacando que para ello el "a quo" tomó en cuenta el importe denunciado por el actor (ver fs. 04 vta, anteúltimo párrafo), ya que no obstante que se trata de un valor considerado de acuerdo al CCT 130/75, el argumento del juzgador consistió en que resultaba razonable a tenor de la prestación de tareas desarrollada, sobre lo cual nada objetó el recurrente. Es así que se rechaza este agravio.--- ---Analizaré en conjunto los dos siguientes agravios del demandado. En cuanto a que el juez determinó que el monto percibido por el actor ascendía a $ 600, la quejosa alega que se equivoca por cuanto el mismo actor denuncia que percibía $ 635 (ver fs. 156 vta., pto. 2.2). Resulta acertado lo expuesto por el apelante, ya que si bien en algún párrafo de la demanda menciona una remuneración de $ 600 (ver fs. 07, 3er. párrafo), al hacer referencia al sueldo que percibía normal y habitualmente, denuncia $ 635 (ver fs. 04 vta. "in fine"). Es así que se acogerá esta queja, lo que se traduce en la modificación de la liquidación de las diferencias salariales, que se reduce a $ 790, monto que multiplicado por 18 períodos arroja el total de $ 14.220, en lugar de los $ 14.850 consignados en la sentencia (ver fs. 142 vta.).--------------- ---El otro agravio se relaciona con la retención de la recaudación diaria. El apelante argumenta, al respecto, que resulta absurdo e irrazonable que el actor cobrara la irrisoria suma de $ 635 y no efectuara ningún reclamo en ese sentido, e invoca la declaración de L., quien manifiesta que el actor cobraba el 30% correspondiente (ver fs. 157/vta., pto. 2.3). Cabe destacar que el magistrado de origen hizo especial consideración en el desconocimiento de la documental reservada con la cual el demandado pretendió demostrar que el actor retenía el porcentaje pertinente de la recaudación diaria (ver fs. 140 vta., 1er. párrafo "in fine"), consideración que no mereció crítica alguna por parte del recurrente y que la aislada manifestación de un testigo sobre la retención mentada no alcanza a confutar. De todas maneras el juzgador se hizo cargo de esta declaración, aludiendo que correspondía al demandado demostrar que T. hubiera cobrado un importe superior al denunciado en la demanda, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 44 de la ley 69, ante lo cual lo atestiguado por L. resulta insuficiente (ver fs. 141 vta., 3 er. párrafo), razonamiento que tampoco mereció crítica concreta por parte del recurrente. Por lo demás, en cuanto a la ausencia de reclamos durante un extenso período, ya me he pronunciado en el sentido que no cabe atender el argumento de que el trabajador no efectuó reclamo alguno durante un prolongado lapso de tiempo (ver CANE, Sala "B", SLD Nº 44/08 del 19/06/08). Al respecto razoné en el sentido de que la regla general de interpretación del art. 919 del C. Civil explica que el silencio no puede ser considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, a excepción de los supuestos que la misma ley establece (conf. CN. Civ., Sala G, 16/5/84, ED, 110-431), pudiendo configurar admisión cuando el deber de contestar tenga evidencia directa y distinta, pero el silencio por sí solo no implica que existiera ese deber de responder (conf. CN. Com., Sala D, 18/2/85, LL, 1985-C-608). La única sanción que el ordenamiento prevé a la mentada falta de reclamo es la de la prescripción liberatoria (conf. art. 3947 y concs. del C. Civil y 256 de la LCT). Si a ello se añade el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador contenido en el art. 12 de la LCT, tampoco corresponde inferir la existencia de una renuncia tácita en los términos del art. 873 del C. Civil, por lo que la inactividad de los actores no puede servir de fundamento para el rechazo de su reclamo. En consecuencia se desestima este agravio.----------- ---La apelación de la accionada continúa con el cuestionamiento de que el "a quo" haya considerado que la extinción del vínculo laboral por el actor haya sido justificada (ver fs. 158/159 vta., pto. 2.4). Sostiene que, tal como lo sostuvo el sentenciante, el demandante intimó a fin de que se aclare su situación laboral y que se le abonen diferencias salariales y horas extras, prosperando sólo el ítem de las diferencias salariales. Sin embargo aduce que la intimación fue genérica, lo que atenta contra la buena fe laboral prescripta en el art. 63 de la LCT, no pudiéndose considerar, por ende, una injuria grave que motive el distracto. Ante todo habrá de decirse que la violación de las obligaciones remuneratorias irroga un perjuicio gravísimo a la persona del trabajador, quien se ve injustamente privado de los medios de vida con que cuenta para subsistir (conf. Vázquez Vialard: "Tratado del Derecho del Trabajo", Ed. Astrea, 1984, Tº 5, pág. 431). Por su parte, el despido indirecto por dicha causal, no está justificado si el trabajador resolvió el contrato sin cursar intimación alguna (conf. CNAT, Sala II, 30/4/68, DT, XXIX-183). En cuanto a la generalidad que el demandado endilga a la intimación del actor, cabe expresar que de acuerdo al telegrama obrante a fs. 01 de la documental reservada, el mismo contiene una clara precisión del reclamo por diferencias salariales desde la fecha del ingreso, así como de la suma que se dice percibida y de la jornada laborada. Por lo tanto más allá de que en la demanda se denunció un sueldo efectivamente percibido mayor al referido en la intimación, y que el reclamo por horas extras fuera desestimado, la generalidad imputada no es de la entidad suficiente como para impedir al empleador conocer el reclamo por diferencias salariales y poder satisfacer el mismo. Es que se ha subrayado que cuando se cumple con la finalidad de la ley, hay que obviar las presuntas imprecisiones en que incurra la comunicación, debiéndose asegurar que las partes tengan conocimiento cierto de los motivos que determinan la decisión (conf. Vázquez Vialard, op. cit., ídem, pág. 371). Analizado el texto de la intimación no puede concluirse que el mismo no satisface dichos requisitos, por lo que debe rechazarse el agravio examinado.---- ---Como consecuencia de lo anterior, cae "per se" la fuerza argumentativa de los agravios siguientes (ver fs. 159 vta./161, ptos. 2.5 y 2.6). Es que, habiendo concluido el juzgador que el despido indirecto se encontraba justificado habida cuenta de la corrección del reclamo por diferencias salariales, bien hizo en desestimar el examen de la circunstancia de la concurrencia o no de T. a prestar sus labores (ver fs. 141 vta., 2do. párrafo). Por lo demás, los argumentos desgranados en el agravio vuelven a referirse a la falta de reclamo del trabajador durante el transcurso de la relación laboral (ver fs. 159 vta./160), lo cual ya fuera examinado y desestimado en el cuarto párrafo de este considerando 2. En cuanto a los yerros que el apelante identifica en la misiva cursada por el actor (ver fs. 160 vta.), también ya se ha expuesto en el párrafo precedente que a pesar del rechazo del reclamo por horas extras y de la variación del valor denunciado como percibido, la comunicación resultó idónea a los fines de precisar el reclamo y permitir el oportuno descargo o cumplimiento requerido al empleador, por lo que tampoco cabe acoger esta queja.------------------ ---Finalmente, en lo que respecta a los agravios del accionado referidos a la cuestión de fondo, cabe tratar el atinente a que se considera que cabe descontar de la liquidación final la suma que el actor percibió en un expediente administrativo (ver fs. 161, pto. 2.7). Habré de señalar que si bien en el escrito de contestación de demanda se hace referencia en diversas oportunidades al pago de la liquidación final en sede administrativa (ver fs. 22 vta., antepenúltimo párrafo; fs. 24 vta., último párrafo; y fs. 27 vta., 2do. párrafo), no efectuó un planteo concreto de descuento al impugnarse la liquidación (ver fs. 28 vta., pto. 9), por lo que lo deducido como agravio no fue capítulo propuesto en la instancia de origen. A ello cabe añadir que de la documental adjuntada por la demandada a fs. 17/19 que se encuentra reservada, surge el depósito efectuado por el demandado mas no el efectivo cobro por parte del actor. En suma, por las razones expresadas se desestima el agravio.---- ---3) Con relación al agravio del actor relativo a la desestimación del incremento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25561, en virtud de la fecha de cese de dicha disposición (ver fs.151/vta.), ya he sentado posición al respecto en el antecedente de esta Sala: "S., R. c/ S. A. I. y E. de la P. s/ indem. de ley" (Expte. Nº 22812/08), SDL Nº 53/08 del 25/08/08). En dicha oportunidad manifesté que la cuestión a decidir ha sido objeto de opiniones encontradas. Así señalé que el art. 16 de la ley 25561 -Ley de Emergencia publica y de Reforma del Régimen Cambiario- dispuso: "Suspéndese la aplicación de la ley 25557, por el término de hasta NOVENTA (90) días. Por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente". Como se aprecia la suspensión establecida tenía un plazo de 180 días, que luego fue continuamente prorrogado, estando motivada en la crisis de desempleo reinante al tiempo de la declaración de la emergencia.--------------------- ---La ley 25972 dispuso, no un plazo, pero sí una condición extintiva a la suspensión sucesivamente prorrogada, al establecer: "Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la Ley Nº 25561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)". Finalmente el decreto 1224/07 en su art. 1 reza: "Declárase cumplida la condición prevista por el primer párrafo del artículo 4 de la Ley 25972". Del texto de esta última norma, se desprende que luego del dictado del decreto referido no existen dudas que cesó el régimen de la doble indemnización, mas no se resuelven las situaciones generadas por despidos efectuados entre el informe del INDEC de la tasa de desocupación inferior al 10% y la publicación del decreto (11/09/07), situación que se plantea en la especie, dado que este organismo había difundido dicha tasa para el último trimestre de 2006, lo que aconteciera el 28/02/07, y el despido indirecto aquí en cuestión tuvo lugar el 12/04/07 (ver fs. 05 de la documental del actor reservada).--------------------- ---Habré de decir que el apelante no controvirtió lo apuntado por el juzgador en cuanto a que el informe del INDEC referido al índice de desocupación correspondiente al último trimestre de 2006 lo ubicaba por debajo del 10% (ver fs. 142, 1er. párrafo "in fine"), sino que la queja transita por negar veracidad a los índices oficiales y a que la manda no establecía una derogación automática de la doble indemnización.----- ---Dicho ello, y volviendo a la cuestión central planteada, esto es el momento de cese del régimen de la doble indemnización, se ha sostenido que es claro que el art. 4 de la ley 25972 subordinó la vigencia de dicho régimen excepcional al cumplimiento de un hecho, configurado como una condición de vigencia de la norma, dándose un instituto jurídico parecido al de la condición resolutoria. Es decir que el legislador de 2005 ha condicionado la perduración de la vigencia del régimen de excepción a la verificación de una circunstancia tenida en miras -una tasa de desocupación inferior al 10%- que podía ocurrir o no, por lo que al tiempo de sanción de la ley constituía un hecho futuro incierto (conf. Maza, Miguel A. y Bloise, Leonardo G.: "La derogación de la denominada doble indemnización o recargo indemnizatorio del art. 1 de la ley 25561 por el decreto 1224/07", en DT, 2007-B, pág. 1055). Y dado que el art. 4 de la ley 25972 refiere a la tasa de desocupación y no de subocupación, los autores citados entienden que es dable considerar que la condición estipulada por la ley aconteció tras la comprobación de que dicha tasa correspondiente al cuarto trimestre del 2006 se ubicó en el 8,7%, según informe publicado el 28/02/07 (conf. aut. cit., op. cit., ídem, pág. 1056).--- ---Con relación al decreto 1224/07 se ha considerado que los decretos del Poder Ejecutivo tienen como principal finalidad reglamentar o ejecutar las leyes, no declarar la existencia o inexistencia de un hecho, y si bien a veces el P.E. actúa por delegación del Congreso, en este caso no existió delegación de la declaración acerca de cuándo la norma habría de perder vigencia, ya que esto último fue subordinado por el propio Congreso, en una norma sustantiva, a la medición que efectuara el INDEC. Y en todo caso el decreto en cuestión se limita a "declarar" que la "condición" constituida por la tasa de desocupación inferior al 10% se ha cumplido en el pasado, remitiéndose implícitamente a las informaciones producidas oportunamente por el INDEC (conf. Etala, Carlos Alberto: "La pérdida de vigencia del recargo indemnizatorio de la emergencia", DT, 2007-B, pág. 1062). En sentido concordante se opinó que el decreto es extemporáneo, porque debió ser publicado el 28/02/07 cuando se dio a conocer el índice inferior a dos dígitos, y que ante la claridad del texto de la ley 25972, el decreto 1224/07 sólo puede interpretarse como la ratificación del cese de la suspensión de los despidos, lo cual aconteció a partir del momento que el INDEC informó una tasa de desocupación inferior al 10% (conf. Alejandro, Sergio J.: "Término de vigencia del agravamiento indemnizatorio: Los alcances del decreto 1224/07", en DT, 2007-B, pág. 1085).---------- ---En cuanto a lo dispuesto por el art. 9 de la LCT, debe tenerse presente que en el caso de contradicción entre normas públicas de distinta jerarquía -en el caso de que en la especie se considere que existe contradicción entre la ley 25972 y el decreto 1224/07-, se ha sostenido que la regla de la norma más favorable no puede servir, porque esta relación está regida por la Const. Nacional que es derecho de aplicación necesaria y lo que ella dispone es un rígido sistema de preferencia según la jerarquía de las normas (conf. Ramírez Bosco, Luis Ernesto, en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº I, pág. 407). En base a ello debe prevalecer lo dispuesto por la ley 25972. Por lo demás tampoco puede considerarse que resulta operativa la norma del art. 9 de la LCT por la existencia de jurisprudencia y doctrina encontrada sobre la cuestión a decidir, ya que bastará entonces que los pronunciamientos y opiniones no sean pacíficos para que los jueces decidan de la manera más favorable al trabajador. Pero este argumento se presenta poco convincente porque así entendido parecería que los jueces, luego de evaluar las decisiones encontradas que pronunciaran otros jueces con anterioridad, constatada la ausencia de jurisprudencia pacífica, deberían encolumnarse detrás de la solución "pro operario". Es decir que luego de un cierto tiempo en el que la jurisprudencia no es pacífica -¿cuánto tiempo?-, la misma debe "pacificarse" en virtud del art. 9 de la LCT. Más allá de señalar que ése no es el método en el que la jurisprudencia "se construye", la consecuencia de ello es que, dado que en el derecho laboral rige el principio "in dubio pro operario", no deberían existir pronunciamientos encontrados, ya que siempre se debería resolver en base a dicho principio. Lo cierto es que los jueces deben dar razones para resolver una cuestión, y más allá de que existan pronunciamientos contradictorios, esas razones son las que hacen inclinar la decisión para una u otra postura. Cuando no se encuentran argumentos o razones de peso, recién ahí se entra en el campo de la duda, y entra a jugar el art. 9 de la LCT. Lo contrario sería subvertir el orden lógico que establece la norma, ya que la misma establece el principio "in dubio pro operario" en caso de duda, y no que deba aplicarse dicho principio para que no se genere la duda en el juzgador.--------------------- ---En síntesis, por todo lo expuesto hasta aquí, propongo la desestimación del agravio examinado.------ ---4) Trataré ahora los agravios de ambas partes relativos a la regulación de honorarios e imposición de costas. El actor ataca la doble regulación practicada, por cuanto se viola el principio de que las costas deben ser soportadas por la vencida y se realiza una regulación sobre el total y no sobre el monto de condena (ver fs. 151 vta./152 vta.). He de expresar al respecto, que con anterioridad me he expedido a fin de dirimir una disidencia entre mis colegas de Sala, habiendo entendido que en el caso de una amplia diferencia entre el monto reclamado y aquél por el cual finalmente se hace lugar a la demanda, procede efectuar una doble imposición de costas y regulación de honorarios, cargando en un caso las costas a la actora por la parte que se desestima y regulando teniendo en cuenta el monto que no prospera, y por otro lado imponiendo las costas al demandado estableciendo los emolumentos en función del monto de condena (conf. CANE, Sala "B", SDL Nº 14/08, del 07/03/08). En dicha oportunidad manifesté que dicha postura en realidad es compatible con lo dispuesto por el art. 71 del rito, ya que su texto establece que "...las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos". Ello en función de que la norma citada no impone una única forma de distribución sino que otorga al juzgador la facultad prudencial para concebir y decidir dicha distribución. En ese orden de ideas, reiteré, la imposición de las costas al actor por la parte rechazada y al demandado por la que prospera del reclamo, encuadra dentro del concepto de "distribución prudencial" que emana del texto normativo referenciado. Como consecuencia de la doble imposición de costas, se impone una doble regulación de honorarios, solución ésta recogida en el antecedente del máximo tribunal provincial que citara en la oportunidad mencionada el Dr. Vergara (conf. STJCH, SD 09/85, in re: "C., R. J. c/ O., C. A. s/ laboral). Asimismo me explayé con relación a los reparos esgrimidos en el antecedente mentado por el Dr. Lucero en cuanto a que esta doble regulación exige una doble base económica regulatoria lo que resulta contraria a la norma del art. 19 de la ley arancelaria. Así razoné en el sentido de que el colega entiende que el artículo citado prevé como única base de cálculo a considerar el monto pretendido en demanda o el de condena, según se rechace totalmente la demanda o se acoja aunque sea parcialmente. Sin embargo si nos circunscribimos al texto de la norma, el caso de rechazo de la demanda no está previsto en ella, por cuanto el artículo mentado dispone que "Se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción". Es que, como bien lo apuntara el Dr. Ferrari al dirimir la misma cuestión en un antecedente de esta Sala "B" (ver CANE, Sala "B", SDL 36/05), cuando se desestima totalmente la acción no existe en puridad suma alguna resultante de la sentencia, siendo la solución que se menciona para el caso de rechazo de la demanda creación pretoriana, la que desde ya comparto. Por lo que en casos como el presente, reitero cuando la diferencia entre lo reclamado y lo acogido es sumamente amplia, no parece desaconsejable la solución también pretoriana de la doble regulación, la que en el ámbito provincial reconoce además genealogía del máximo tribunal provincial. Hice míos los sólidos argumentos brindados por el Dr. Ferrari en el antecedente mencionado en cuanto a la referencia que efectúa el Dr. Lucero respecto del respaldo de su posición en el art. 505 del C. Civil (t.o. según ley 24432). A fin de no caer en reiteraciones estériles referí a la línea jurisprudencial que aconseja una interpretación restrictiva de dicho artículo por tratarse de una norma de carácter procesal y reglamentaria de la retribución del abogado extraña al orden sustantivo, evitando así avanzar sobre la facultad judicial de imponer costas de neto corte procesal y por ende provincial (conf. Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, 25/02/04, LL Gran Cuyo 2004 (mayo), 328; entre otros citados en el voto que consigno). En el mismo sentido, y siguiendo siempre el citado voto del Dr. Ferrari, se ha considerado que el tope de responsabilidad que establece el art. 1 de la ley 24432, modificatorio del art. 505, no impide regular honorarios en medida superior, dado que subsisten las normas arancelarias específicas, no debiendo confundirse el derecho de los profesionales al reconocimiento de una justa compensación por los trabajos cumplidos en el proceso con la eventual limitación de la responsabilidad de alguna de las partes en orden a su efectiva satisfacción (conf. SCBA, 02/10/02, DT 2002-B, 2352-LLBA 2002, 1581, voto del Dr. De Lázzari, entre muchos otros citados en el antecedente mentado).--------------------------- ---La extensión de la referencia al precedente mencionado, la hago a fin de explicitar que he asumido la posición, de que en casos de excesiva diferencia entre lo reclamado y lo condenado, es dable practicar una doble imposición de costas, lo cual a su vez trae aparejado como consecuencia lógica una doble regulación, una con base cuantitativa en el monto de condena, la otra en la suma reclamada desestimada. Mas en la especie, no encuentro que exista una excesiva diferencia entre el monto reclamado de $ 71.229,44 (ver fs. 10 "in fine") y el acogido de $ 24.855,37, es más es de tener en cuenta que el propio actor dejó a salvo que la suma requerida pudiera alterarse de acuerdo a lo que surgiera de la prueba a producirse (ver fs. 10 vta., 1er. párrafo). Es así que entiendo que cabe acoger el agravio y dado que, más allá de la menor recepción cuantitativa de los reclamos acogidos, se rechazan los ítems correspondientes a las horas extras y a la doble indemnización, por lo que encuentro equitativo distribuir las costas en un 75% a la demandada y en un 25% al actor (conf. art. 71 del CPCC). En lo que respecta a la regulación de honorarios encuentro prudentes y ajustados a derecho los porcentajes calculados en el pto. II del decisorio recurrido.--- ---En cuanto al agravio que sobre la materia arancelaria expusiera la demandada, donde se queja de lo bajo de los honorarios regulados al letrado de la demandada y de lo elevado de los del letrado del actor (ver fs. 161/vta., pto. 2.8), sin perjuicio de señalar que a los fines de cuestionar los primeros el legitimado era el letrado por derecho propio y que debió ser objeto del recurso específico del art. 49 de la ley 2200, dado el acogimiento favorable del agravio del actor tratado en este considerando, la cuestión deviene abstracta. Lo mismo cabe decir respecto del agravio relativo a que el sentenciante no determinó a cargo de quién son las costas del pto. III (ver fs. 162, 4to. y 5to. párrafos), ya que al quedar sin efecto la doble imposición de costas y regulación de honorarios, nada corresponder resolver al respecto.------------- --- III.- A la luz de lo expuesto y razonado, corresponderá propiciar al acuerdo que se revoque parcialmente el fallo apelado, modificando el monto total de condena establecido en el pto. I de la parte resolutiva el que queda fijado en la suma de pesos veinticuatro mil doscientos veinticinco con treinta y siete centavos ($ 24.225,37), imponiendo las costas del pto. II en un 75% a la demandada y en un 25% al actor, y dejando sin efecto el pto. III de la misma parte resolutiva, confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravio.------------------------- ---Dado que se desestiman dos de los tres agravios de la actora y prospera en una mínima medida los de la parte accionada, las costas en esta sede se imponen en un 65% a la demandada y en un 35% a la actora (conf. art.71 del CPCC). Propongo asimismo regular los honorarios de los letrados actuantes en esta sede, atento a la extensión y eficacia de las tareas, así como al resultado obtenido, de la siguiente manera: al Dr. H. A. A., letrado apoderado del actor, en un 28%, y al Dr. D. V. C., letrado apoderado de la demandada, en un 25,5%, en ambos casos de lo regulado a los mismos en el pto. II. de la sentencia de primera instancia; con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 6, 14, 47 y concs. de la ley 2200).--- ---Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.---- ---A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:--------------------------------- ---1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes a fs. 146 y 147, que fueran concedidos a fs. 148, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 139/143 que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por J. A. T. y condenó a L. R. L. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $24.855,37.-, con más sus intereses, en concepto de diferencias salariales, asignaciones familiares, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, con más la integración del mes de despido, e incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323, con imposición de costas al demandado, y asimismo dispuso una doble regulación de honorarios en función a las porciones de la demanda que prospera y que se rechaza.---- ---Los informes previstos por el art. 62 de la ley 69 lucen presentados por la actora a fs. 149/152 y vta. y por el demandado a fs. 154/162 y vta., los traslados conferidos a fs. 153 y 163 no fueron evacuados, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. De Cunto, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.----------------- ---2. En atención a la proyección que presentan los agravios de ambas partes corresponde ingresar en primer término a la queja vertida por el actor en lo que hace al rechazo de su pretensión por horas extras adeudadas.------------------------- ---Al respecto, es de hacer notar que la manifestación efectuada a fs. 150 en el sentido "... de que los choferes de taxi laboran 12 horas diarias es un hecho ampliamente conocido ..." no fue dato alegado en el escrito de demanda (ver acápite III.C., fs. 5/7).-- ---Por lo demás, ese argumento se contradice con la alegación efectuada en su escrito inaugural respecto a que cumplió 14 horas diarias en horario nocturno y diez en horario diurno (fs. 6), y a su vez difiere del dato recién traído a esta Alzada en cuanto a que el actor cumplía una jornada de 12 horas, aunque en ocasiones laboraba más horas (fs. 150).------------------------ ---Y por no ser cuestión propuesta al juez de primera instancia, esta Cámara no puede ingresar en su análisis ante la prohibición impuesta por el art. 277 del C.P.C.C.----------- ---Señala Fassi que los poderes del tribunal de apelación tiene como límite máximo los capítulos propuestos a la decisión del juez de primera instancia, salvo el surgimiento de cuestiones referentes a intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia. Como lo destaca Palacio, la regla general que consagra la norma (art. 277 del C.P.C.C.) es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, que no configura un nuevo juicio en el que sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia precedente (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, págs. 165/166).------------------------- ---En cuanto se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio de congruencia. Dicho de otro modo, se lo infringe cuando el fallo recae sobre puntos no sometidos al juez de primera instancia, planteados recién en la expresión de agravios (conf. Azpelicueta-Tessone, "La Alzada. Poderes y deberes", Librería Editora Platense S.R.L., 1993, págs. 176/177).---------------------- ---Incluso, quedan fuera de la decisión del tribunal de alzada los temas extraños a los escritos de constitución del proceso, aunque se lo introdujere bajo la apariencia de meros argumentos de derecho (CNCiv., sala B, julio 2-975, E.D. 64-514; idem, sala F, junio 22-983, E.D. 105-357).---------------- ---Por ello, en virtud de las limitaciones impuestas por los art. 271 y 277 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69, no puede el tribunal apartarse de las pretensiones y oposiciones y las cuestiones introducidas por las partes y sometidas a decisión del juez de la anterior instancia.----------------------- ---Por lo demás, es característica del hecho notorio que nadie lo pone en duda.--- ---"Hechos notorios" son aquellos conocidos y tenidos como ciertos por un determinado círculo de personas de cultura media, en un momento histórico determinado (Morello, Passi Lanza, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1973, T. V, pág. 10).-------------------------------- ---Y desde que es deber del juez decidir en el caso concreto, no puede trasladarse una generalización como la planteada por el apelante para así concluir que el accionante trabajaba doce horas diarias.--------- ---A su vez, la argumentación desplegada no importa una crítica concreta y razonada de la decisión del sentenciante que rechazó la pretensión luego de ponderar los testimonios rendidos en estos actuados.------------------------------------ ---En este último aspecto, tampoco le asiste razón cuando considera que el juzgador no valoró en conjunto la prueba testimonial rendida en la causa, para lo cual basta con remitirse a los fundamentos y cotejo efectuados de los dichos de los testigos ofrecidos por ambas partes y que obra a fs. 140 vta./141 y vta.--------------- ---En cuanto a que el sentenciante valoró positivamente testimonios viciados y parciales, lo cierto es que el accionante debió plantear tal cuestión en la anterior instancia y producir prueba a fin de permitir que el juez al dictar sentencia aprecie el valor de tales declaraciones, conforme lo dispone el art. 35 de la ley 69, por lo que la manifestación vertida resulta inaudible por extemporánea.--------------------- ---Por lo demás, el Sr. Juez de la anterior instancia ponderó particularmente a fs. 141, último párrafo, que los testigos M., G., C. y L. han compartido de manera directa el trabajo con el demandante, pues expresaron que trabajan en esa parada (M. y G., razón de sus dichos, fs. 57 vta. y 58, respectivamente), por haberlo visto ya que es el operador y por trabajar en el taxi del Sr. Lucero y haberlo vivido (C. y L., por las generales de la ley y razón de sus dichos, fs. 60 y vta. y 62, respectivamente). Y en ese direccionamiento, las declaraciones brindadas fueron concordantes en cuanto a que el taxi lo manejaban L., L. y T., en turnos rotativos de ocho horas cada uno (M., G. y Li., respuesta a la 3ª. pregunta, fs. 57, 58 y 62), L., T. y otro muchacho (C., a la misma pregunta, fs. 60).------------ ---Ante tales declaraciones no resulta convincente la manifestación de B. ya que no trabajaba en la parada, y además si lo veía de noche por trabajar en una estación de servicio no tiene explicación como hizo para verlo a las 5 de la tarde (respuesta a la 4ª. pregunta, y 1ª. repregunta, fs. 55), por lo que en este aspecto carecen de verosimilitud sus dichos, lo que así pondero conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., remisión del art. 45 de la ley 69). Así, se ha descalificado el testimonio cuando el mismo resulta inverosímil por estar en contra de lo que indican las máximas de la experiencia universal (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1992, T. V-B, pág. 322).--------------------------- ---Tampoco presenta fuerza de convicción el testimonio de E. ya que no trabajaba en la parada y también por cuanto no resulta verosímil que supiera que "tenía que cumplir 12 horas de trabajo" si el testigo trabajaba como operador en otra parada en "turnos de 8 horas" (respuesta a 5ª y 4ª. pregunta, y 1ª. repregunta, respectivamente, fs. 56). Y es requisito para la eficacia probatoria del testimonio que no aparezca imposible ni improbable la ocurrencia del hecho en esas circunstancias de tiempo, modo y lugar que el testigo expone (Devis Echandía, "Compendio de la prueba judicial", Rubinzal-Culzoni Editores, 2000, T. II, pág. 43).---------------- ---A su vez, C. que lo cruzaba por ser taxista manifestó que "el horario de taxista es de 12 horas, todos traba(jan) 12 horas", y esa referencia es manifiestamente insuficiente por su alcance genérico y ello no permite dar por sentado que específicamente el actor cumpliera 12 horas de trabajo (respuesta a la 6ª. y 4ª. pregunta, fs. 59), lo que así valoro en los términos previstos por los arts. 386 y 456 del C.P.C.C. ----------------------- ---Sólo R. aludió a 12 horas, pero su declaración no resulta convincente ya que a renglón seguido incurrió en contradicción al manifestar también que su horario era de "18" (respuesta a la 4ª. pregunta, fs. 61), jornada de trabajo que no fue alegada por el actor, ni referida por los restantes testigos.---------------------------- ---En consecuencia, desde que corresponde al juez apreciar según las reglas de la sana crítica las circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones (art. 456 del C.P.C.C., y remisión del art,. 45 de la ley 69), a partir de la valoración realizada del cumplimiento de los requisitos, examen de los testigos y de sus declaraciones (Arazi, "La prueba en el proceso civil", La Rocca, 1991, pág. 254) y después del examen de cada uno y del conjunto de los testimonios habidos (Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", Víctor P. de Zavalía Editor, 5a. edición, 1970, T. II, pág. 273), ante la falta de fuerza de convicción de los dichos de B., E., C. y R., pondero que las declaraciones brindadas por los testigos M., G., C., y L. resultan precisas y concordantes en cuanto a que el taxímetro del Sr. L. era conducido por tres personas en horarios rotativos de 8 horas cada uno.-------------- ---Con tales alcances, desde que la presunción legal invocada a partir de la declaración jurada prestada por el trabajador es "iuris tantum" (art. 42 de la ley 69), la misma quedó desvirtuada por la prueba en contrario producida en la presente causa.----- ---Por tales razones se desestima el agravio.------ ---3.1. Al ingresar al agravio del demandado en lo que hace al monto de la remuneración, cabe señalar que los testigos efectuaron una mención de carácter genérico al aludir a un porcentaje (M., fs. 57, G., fs. 58, C., fs. 60, L., fs. 62), no pudiendo establecerse con certeza su importe ya que M. aludió a una recaudación entre $90 y $100 por día, G. entre $120 o 130, C. de $100, y L. de $120 según el horario), por lo que no suministraron un concreto importe.---------------- ---En tales condiciones, los montos a los que alude el quejoso a fs. 155 y vta. son simplemente estimativos, por lo que resulta acertado el criterio seguido por el juzgador al tomar el monto alegado por el actor en su escrito de inicio, en uso de la facultad prevista por el art. 114 de la L.C.T., máxime si se considera que el art. 44 de la ley 69 prescribe que en caso de controversias sobre el monto del salario la prueba contraria a la reclamación corresponderá a la demandada, todo lo cual conduce al rechazo de la queja.-------------------- ---Sí le asiste razón al recurrente cuando señala que el monto denunciado por el accionante como percibido ascendía a $635.- (fs. 4 vta., último párrafo), motivo por el cual la diferencia mensual asciende a $790, que multiplicado por 18 meses arroja $14.220.- y no $14.850.- como lo estableciera el fallo en crisis.-------------- ---En tales condiciones, corresponde revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de condena a la suma total de $24.225,37.------ ---3.2. En lo que hace a la retención de la recaudación diaria no resulta verosímil que el actor durante toda su relación laboral cobrara el importe total que le correspondía con el sólo apoyo de la declaración de L. que manifestó que percibían el 30% (respuesta a la 9ª. y 14ª pregunta, fs. 62), toda vez que el actor a fs. 32 desconoció la documental que obra reservada con la que el empleador pretendió acreditar tal extremo y el juzgador a fs. 141 vta. precisó el alcance del art. 44 de la ley 69 al colocar en cabeza del empleador la prueba del pago, sin que el apelante formulara crítica alguna de ese razonamiento seguido por la sentencia de la anterior instancia.--- ---Desde ya que la falta de reclamo previo a la extinción del vínculo no crea presunción alguna en contra del trabajador pues la intención de renunciar no se presume (art. 874 del Código Civil), máxime cuando en materia laboral el silencio y falta de reclamo durante la vigencia de la relación no cabe ser interpretado como admisión toda vez que no se admiten presunciones en contra del trabajador que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho derivado de su silencio (art. 58 de la L.C.T.), pues la clara directriz fijada por esa norma impide que se valore como presunción en contra de los reclamos judicialmente efectuados por el trabajador la ausencia de reclamos oportunos durante la vigencia del vínculo (CNTrab., sala II, abril 29-994, DT. 1994-B, 2128).----------------------------------- ---Conclusión a la que se arriba como consecuencia del principio protectorio que en diversas normas suple la insuficiencia del dependiente para autoprotegerse ante la situación de desigualdad en que se encuentra el trabajador, toda vez que es el empleador el que fija las pautas del contrato y de la relación de trabajo.-------------- ---Por ello, coincidiré con el Dr. De Cunto en que la falta de reclamo sólo tiene incidencia en materia de prescripción liberatoria, y que el silencio no puede en este caso ser considerado como admisión ya que no existió deber de responder por no darse ninguno de los supuestos previstos por el art. 919 del Código Civil.---------- ---Es criterio de esta sala "B", c. 22.766, S.D.L. 44/08.--------------------------------- ---Por tales fundamentos, se desestima el agravio.--------------------------------------- ---3.3. Respecto de la extinción del vínculo alega el demandado que la intimación a abonar diferencias salariales es genérica por no indicar que tipo de diferencias se reclama y cuales pretende.--------------------------- ---En tal sentido, advierto que la manifestación es reiteración del argumento expuesto al contestar demanda (p. 4.b., fs. 23 vta.).-------------------------------------- ---Desde esa perspectiva, se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia, o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1988, T. III, pág. 357, y cita de fallos).----------------------------- ---Pero aun obviando tal circunstancia procesal para ingresar al agravio, lo cierto es que la intimación a abonar diferencias salariales se encuentra claramente especificada en el telegrama que en este acto tengo a la vista y que corre reservado bajo fs. 1 al señalar que el reclamo comprende las diferencias adeudadas desde su ingreso y con indicación de la suma indicada como percibida y extensión de la jornada laboral. Sin perjuicio de ello, cabe considerar que ninguna norma exige que el trabajador al intimar el pago de tales diferencias se encuentre obligado a precisar el monto de las mismas.--------------------- ---En este aspecto, la necesidad de que la mención debe ser específica debe entenderse con referencia al tipo específico de la injuria. Por lo menos se trata de indicar ... el específico deber cuya violación se imputa (conf. López, Centeno y Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo comentada", Ediciones Contabilidad Moderna, 1978, T. II, pág. 991).--- ---Solo se requiere señalar el motivo con la claridad suficiente que permita a la contraria individualizar el origen de la situación, y en el presente caso la comunicación antes aludida especifica el deber violado por el empleador, cual es la falta de pago de diferencias salariales, y ello conlleva al rechazo del agravio.----- ---3.4. Tales fundamentos dejan vacío de contenido el desarrollo argumental que a continuación despliega el quejoso al punto 2.5. con relación a la causa invocada para la extinción del vínculo laboral pues el mismo se basa en que nunca existieron las diferencias salariales reclamadas.------------- ---En ese aspecto, el pago íntegro de la remuneración es el deber principal del empleador (art. 74 de la L.C.T.), por lo que practicada la intimación de pago, una vez incumplida, puede calificarse de "injuriosa" la conducta del empleador.------ ---Y la mora en el pago de las remuneraciones no es en sí misma lo que autoriza la rescisión del contrato de trabajo, sino el carácter injurioso de la conducta empresaria, que puede, según las circunstancias fácticas, resultar encuadrada en los términos del art. 242 de la ley de contrato de trabajo. Para que se configure la injuria y el trabajador pueda disolver el contrato por tal motivo, es necesario que intime previamente el pago del crédito bajo el apercibimiento correspondiente. Esta es una exigencia impuesta por el obrar de buena fe (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 2da. ed. act., 2001, T. II, págs. 1791/1792).--------- ---Así, la intimación cursada lo fue bajo apercibimiento de considerarse despedido con lo que el trabajador dio cumplimiento a ese previo recaudo y satisfacción al requisito elemental del deber de buena fe, por lo que justificadamente se colocó en situación de despido indirecto ante la falta de respuesta al reclamo de pago de las diferencias salariales adeudadas, incumplimiento que se mantuvo al momento de la extinción del vínculo.---- ---Así, se observa un incumplimiento objetivo que consiste en la falta de pago de las diferencias salariales; y otro subjetivo consistente en la conducta asumida al no dar respuesta al requerimiento de pago, y en este aspecto se sostiene que para que se configure injuria laboral es necesario que el incumplimiento obedezca a una actitud injustificada del empleador (Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1981, T. II, pág. 101).---- ---Por eso, bien ponderó el sentenciante que la causal invocada (falta de pago de diferencias salariales) tuvo entidad suficiente como para justificar la ruptura del contrato de trabajo, por lo que no resultó necesario ingresar al análisis acerca de si T. concurrió a prestar sus labores.--------------- ---Desde ya que el argumento referido a la falta de reclamo durante la vigencia de la relación laboral resulta reiterativo y ya fue objeto de tratamiento en el presente punto. -------------- ---Tocante a los yerros del actor que invocara el apelante, cabe considerar que el rechazo del reclamo por horas extras y la variación en el monto alegado como percibido no impide considerar que la intimación cursada especificó el deber violado por el empleador, cual es la falta de pago de diferencias salariales, por lo que la comunicación resultó plenamente eficaz como se precisara anteriormente, pues permitió a la contraria conocer el origen del reclamo, lo que conduce a desestimar esta porción del agravio.---------------- ---3.5. En lo que hace a que el juzgador no tomó en cuenta la suma percibida por el actor en sede administrativa, lo cierto es que al contestar demanda la parte al impugnar la liquidación (p. 9, fs. 28 vta.) no requirió en concreto el descuento de importe alguno, por lo que al no ser cuestión propuesta a la decisión del juez de primera instancia, no cabe ingresar en la queja ante la prohibición impuesta por el art. 277 del C.P.C.C. ---- ---Por lo demás, y aún obviando tal circunstancia procesal, la documental agregada por la demandada y que obra reservada a fs. 17/18 permite acreditar la existencia de un depósito efectuado por el hoy demandado (recibo y nota de crédito) pero no que el actor percibiera el importe, lo que conduce al rechazo de la queja.------------ ---4. Se agravia el actor apelante por la desestimación del incremento indemnizatorio previsto por el art. 16 de la ley 25.561.---------------------------------- ---Desde ya que la mención del actor acerca de la alteración de los valores de los índices oficiales resulta insostenible pues no puede admitirse tal afirmación efectuada en forma genérica. ----------------------- ---Y respecto del art. 4 de la ley 25.972, dicha normativa prorrogó " ... la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la ley 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)." (el subrayado me pertenece). - ---Por ello, cumplida esa condición resolutoria y no observada por el actor la mención efectuada por el sentenciante en el sentido que al momento del distracto (abril de 2007) el índice de desempleo se encontraba por debajo del 10%, estimo que no resulta acreedor al mencionado incremento.------------------------------------ ---Es que, el dictado del decreto 1224/07 si bien declaró cumplida la condición no brindó solución a los despidos producidos entre el informe del INDEC que determinó una tasa de desocupación por debajo del 10% y el dictado del referido decreto.------------ ---Como consecuencia del proceder adoptado por las autoridades nacionales, al lapso de inseguridad jurídica que precedió al dictado del decreto en cuestión le sucede un nuevo período de incertidumbre generada, precisamente por su dictado. Como puede advertirse, la nueva norma no sólo no arrojó luz sobre el asunto sino que, por el contrario, aumentó la incertidumbre y abrió la puerta a una nueva oleada de juicios en torno al incremento indemnizatorio que tantas dificultades interpretativas y tantos litigios generó desde que fue instalado. Una vez más serán los tribunales los que deban despejar las dudas pero, necesariamente, surgirán otras nuevas a partir de los pronunciamientos judiciales que seguramente serán dispares (Litterio, Liliana H., "El final anunciado de la "doble indemnización", D.T. 2007-B-1074). ---------- ---Y en tal sentido, el art. 4 de la ley 25.972 estableció como condición de la extinción del incremento la difusión de esa tasa, por lo que no resultaba necesario para producir tal extinción una declaración por decreto.------------------------------- ---Los decretos del Poder Ejecutivo tienen como finalidad reglamentar o ejecutar las leyes, no declarar la existencia o inexistencia de un hecho (Etala, Carlos Alberto, "La pérdida de vigencia del recargo indemnizatorio de la emergencia", D.T. 2007-B-1060).------ ---Consecuentemente, el Decreto 1224/07 no presenta los requisitos para ser considerado como un reglamento autónomo o como uno delegado, y en el mejor de los casos es una "declaración" en que se reconoce un hecho ya acaecido, pero sin efecto modificatorio sobre normas, por lo que no puede afectar el claro texto del art. 4to. de la 25.972 en cuanto a la vigencia de sus efectos (Etala y González Rossi, "El decreto 1224/07 - Inconstitucional y extemporáneo", D.T. 2007-B-1063).-------------- ---Y la tasa de desocupación inferior al 10% se alcanzó en el último trimestre del año 2006 (8,7%) y su publicación se efectuó el 28/02/07, por lo que al momento de la extinción del vínculo laboral (abril de 2007) ya se había cumplido la condición prevista por el art. 4 de la ley 25.972. -------------- ---Así, el decreto 1224/07 dictado el 10/09/2007 resultó extemporáneo y sólo tiene el alcance de ratificar el cese de la suspensión de los despidos. ------------------------ ---Si bien el decreto 1224/2007 ratifica nuestra opinión del cese del agravamiento indemnizatorio, a nuestro entender, el decreto es extemporáneo, debió haber sido publicado el 28 de febrero de 2007 cuando se dio a conocer el índice inferior a dos dígitos. Consideramos que ante la claridad del texto de la ley 25.972, el decreto 1224/2007 sólo puede interpretarse como ratificación del cese de la suspensión de los despidos, lo cual aconteció a partir del momento que el INDEC informó una tasa de desocupación inferior al 10%, es decir el 28/02/07. Sería inválido considerar que la publicación tardía del decreto significa una prórroga de una norma extinguida (Alejandro, Sergio J., "Término de vigencia del agravamiento indemnizatorio: Los alcances del decreto 1224/2007", D.T. 2007-B-1083) (el subrayado me pertenece).

---En este último aspecto, no cabe considerar que exista contradicción entre la ley 25.972 y el decreto 1224/07 ya que un eventual conflicto normativo sólo puede resolverse a partir de considerar la jerarquía de las normas, prevaleciendo así la ley frente al decreto.--- ---El debate judicial ahora se centrará sobre si el decreto 1224/2007 resulta inoficioso, porque pretende reglamentar una norma que ya había perdido vigencia, o si resulta inconstitucional, porque intenta prolongar la vigencia de un recargo indemnizatorio que pesa sobre los empleadores con afectación de su derecho de propiedad, cuando había caducado por cumplimiento de una condición resolutoria que ya había ocurrido el 4ª trimestre del 2006 (Etala, Carlos Alberto, "¿Cuándo quedó sin efecto el recargo indemnizatorio por despidos en la ley de emergencia", D.T. 2007-E-1370). ------ ---El referido art. 4 de la ley 25.972 subordinó la extinción del incremento indemnizatorio al cumplimiento de una condición resolutoria vinculada al índice de desempleo y no hay controversia en cuanto a que dicha condición resolutoria se cumplió, por lo que debe considerarse como fecha de cese del agravamiento, la publicación o "informe de prensa" que efectuara el INDEC el 28/2/07 (Funes de Rioja, Daniel, "El agravamiento indemnizatorio. Críticas a las propuestas de sostén del empleo", La Ley, 19/12/2008, pág. 1).------- ---Es el criterio de esta sala "B", c. 22.812, S.D.L. 53/2008.---------------------------- ---En síntesis, a la fecha de la extinción del vínculo laboral (abril de 2007) ya había concluido la vigencia del incremento indemnizatorio, por lo que el decreto 1224/07 resultó inoficioso y ello conduce al rechazo del agravio vertido por la parte actora apelante.----------- ---5. Formula queja el actor apelante por la doble regulación practicada en el fallo en crisis y sostiene que debe revocarse e imponer una sola ajustada, y como máximo repartir la carga de las costas. Cita antecedente de esta Cámara. ----------- ---Por su parte, el demandado apela por bajos los honorarios del Dr. V. C. y por altos los del Dr. A.. También se agravia por cuanto el punto III no determina a cargo de que parte son las costas por la porción de demanda que se rechaza. Formula cálculos.------ ---El análisis debe partir por considerar si en la presente causa corresponde practicar una doble imposición de costas y por consiguiente una doble regulación de honorarios en función de las porciones de la demanda que prospera y se rechaza.------------ ---Para ello, cabe considerar que con la disminución del importe propuesto al punto 3 que antecede el capital de condena asciende a $24.225,37.-, en tanto que en demanda se reclamó $71.229,44.- por lo que la diferencia que se rechaza asciende a $47.004,07.----- ---Y en este aspecto, la posibilidad de una doble imposición de costas y como consecuencia una doble regulación es un remedio excepcional a aplicarse cuando exista una evidente diferencia entre el monto reclamado y el que prospera, y así lo tiene decidido esta Cámara por su sala "A", c. 16.745, S.D.L. 66/00, c. 20.037, S.D.L. 67/2004; y por su sala "B", c. 19.486, S.D.L. 29/2004, c. 20.740, S.D.L. 61/2005, c. 21.027, S.D.L. 07/2006, entre otros pronunciamientos.------------------- ---Esto es, la doble regulación como situación excepcional queda reservada para aquellos casos en los que la demanda progresa por un monto ínfimo respecto del importe reclamado, o cuando prospera en muy escasa proporción respecto de las pretensiones contenidas en demandada.------------ ---Así, esta sala "B", en c. 19.486, S.D.L. 29/2004 y en c. 19.508, S.D.L. 36/2004 practicó una doble imposición de costas y por consiguiente una doble regulación de honorarios ya que los montos de condena y de rechazo se establecieron en las sumas de $1.508,93.- y $10.707, y en $2.296,53.- y $22.571,23.-, respectivamente; en igual sentido, la sala "A", c. 19.841, S.D.L. 59/2004, en los que los mismos ascendieron a $1.087.- y $23.351.----------------- ---Es más, esa posibilidad queda reservada a casos de excepción pues la doble regulación de emolumentos avanza sobre la norma prevista por el art. 19 de la ley arancelaria, toda vez que en caso de condena -aun cuando su importe resultara ínfimo respecto al pretendido-, se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia. -------------------------- ---Y esta situación de excepción no se da en el caso de autos atendiendo a las pretensiones que prosperan y a que no existe una evidente diferencia entre el monto reclamado y el de condena.------------------- ---Por ello, corresponde hacer lugar al agravio del actor para revocar en consecuencia la doble regulación practicada.----- ---Desde ya que ello trae aparejado la necesidad de adecuar costas y honorarios a este nuevo decisorio (art. 279 del C.P.C.C.).------- ---A su vez, tal adecuación hace innecesario ingresar en la queja de la parte demandada en lo que respecta a la cuantía de los honorarios y a la omisión incurrida por el juzgador en el punto III del decisorio, sin perjuicio de señalar que esa parte no está legitimada y por ende carece de interés para considerar bajos los honorarios del Dr. V. C., a lo que cabe agregar que los cuestionamientos efectuados a fs. 161, dos últimos párrafos, resultan inaudibles por cuanto la apelación de honorarios es una vía recursiva autónoma regulada por el art. 49 de la ley arancelaria, por lo que la interposición y concesión del recurso tiene un específico tratamiento que impide considerar que el mismo se encuentra implícito en el deducido contra la sentencia definitiva, conforme al art. 61 de la ley 69.----------------- ---Tocante a la distribución de las costas de la anterior instancia, el art. 59 de la ley 69 permite siempre discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. S.T.J. en autos caratulados "C. L. c/Pcia. del Chubut", S.D. 7/91; y "C. de R. c/Chubut Construcciones y otro", S.D. 3/93).-------------- ---Así debe ponderarse el principio establecido por la ley de procedimiento laboral y también las pretensiones deducidas en la presente causa, a cuyo respecto se observa el progreso de los rubros referidos a diferencias salariales, asignaciones familiares, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, con más la integración mes de despido, y el incremento contemplado por el art. 2 de la ley 25.323, aun cuando los mismos progresan en menor importe, y el rechazo del reclamo en concepto de horas extras e incremento indemnizatorio del art. 16 de la ley 25.561.---------- ---Sobre tales pautas, también estimo prudente la imposición de las costas de primera instancia en un 75% a cargo de la parte demandada y en un 25% a cargo de la parte actora, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio antes señalado y los vencimientos recíprocos habidos en función de las pretensiones que prosperan y se rechazan y del resultado final del proceso (arts. 59 de la ley 69 y 71 del C.P.C.C.).--------------- ---Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en la anterior instancia, estimo también prudente el mantenimiento de los honorarios regulados en la anterior instancia que propicia el Dr. De Cunto en un 14% más el 40% por la procuración a favor del Dr. H. A. A. y en un 8% al Dr. D. C. V. C., en sus calidades de letrado apoderado y letrado patrocinante de las partes actora y demandada, respectivamente, a considerar sobre el monto de condena a establecerse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 9, 19, 37, 39, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente. ---El progreso de uno de los tres agravios traídos a consideración por el actor y el éxito en una mínima proporción de uno de los agravios del demandado, permite delinear un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir las costas de alzada en un 65% a la demandada y en un 35% a la actora, por responder así a las porciones de éxito y fracaso obtenido por la apelante en esta instancia (art. 71 del C.P.C.C.).--------- ---Con las pautas antes reseñadas y lo dispuesto por el art. 14 de la ley del arancel, propicio regular los emolumentos de los Dres. H. A. A. y D. C. V. C., en un 28% y 25,5%, respectivamente, de las cantidades fijadas para la primera instancia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.- ---Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.-- ---A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto expresó:------------------------- ---En vista del acuerdo arribado acerca de la cuestión precedente, corresponde por tanto: I) REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado, modificando el monto total de condena establecido en el pto. I de la parte resolutiva en la suma de pesos veinticuatro mil doscientos veinticinco con treinta y siete centavos ($ 24.225,37), imponiendo las costas del pto. II en un 75% a la demandada y en un 25% al actor y dejando sin efecto el pto. III de la misma parte resolutiva, confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravio.------------------------- ---II) IMPONER las costas en la Alzada en un 35% al actor y en un 65% a la demandada.--------- ---III) REGULAR los honorarios profesionales, por las tareas desempeñadas en esta sede, de los Dres. H. A. A. y D. V. C., en un 28% y en un 25,5% respectivamente, de lo regulado a ambos en el pto. II de la sentencia de origen, con adición del I.V.A. correspondiente.---------------------------- ---Así lo voto.----- ---A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:-------------------------------- ---El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De Cunto, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.--- ---Así lo voto. ---- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por no encontrarse presente en el momento del sorteo para el estudio de la causa el Dr. Sergio Rubén Lucero, pasándose a dictar: ------- ------------------------------------ S E N T E N C I A: -------------------------------------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:------------------------- ---REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado, modificando el monto total de condena establecido en el pto. I de la parte resolutiva en la suma de pesos veinticuatro mil doscientos veinticinco con treinta y siete centavos ($ 24.225,37), imponiendo las costas del pto. II en un 75% a la demandada y en un 25% al actor y dejando sin efecto el pto. III de la misma parte resolutiva, confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravio.------------------------- --- IMPONER las costas en la Alzada en un 35% al actor y en un 65% a la demandada.--------- --- REGULAR los honorarios profesionales, por las tareas desempeñadas en esta sede, de los Dres. H. A. A. y D. V. C., en un 28% y en un 25,5% respectivamente, de lo regulado a ambos en el pto. II de la sentencia de origen, con adición del I.V.A. correspondiente.--------------------------- ---Regístrese, notifíquese y devuélvase.------------ DE CUNTO - VERGARA REGISTRADA BAJO EL N°_04______DEL AÑO 2009 - SDL - CONSTE.- CECILIA INE S CORNEO SECRETARIA DE CAMARA