Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2009-07-30


San Salvador de Jujuy, julio 30 de 2009.

El doctor González dijo:

La demanda del principal tuvo por objeto la resolución del contrato de arrendamiento minero que Humberto Julio Cánepa promovió ante el Juzgado de Minas de la Provincia en contra de la Compañía Minera Providencia S.A. Ese contrato es el que vinculó a Sixto Humberto Anatolio Cánepa -padre del actor y antecesor en los derechos que éste invoca- con Río Cincel S.A. (fs. 2/7) para la explotación económica de la Mina La Providencia, ubicada en el Departamento de Susques de esta Provincia. Fue firmado el 1º de agosto de 1985 y cedido a la demandada el 15 de enero de 1987. La causal de resolución invocada fue, principalmente, el vencimiento del plazo del contrato. No obstante, también mencionó el actor incumplimiento de obligaciones a cargo de la arrendataria. Entre éstas, falta de pago del precio del arrendamiento desde 1997 y desatención de las condiciones de uso y goce de la cosa arrendada.

Al contestar demanda, la accionada negó la existencia de tales causales. Respecto al plazo, dijo que el contrato lo preveía hasta la extinción del mineral económicamente explotable y que el de 20 años invocado por la arrendadora no había vencido a la fecha de la demanda. Negó los incumplimientos denunciados. Dijo que debería citarse como terceros a las personas que se mencionan en la cláusula primera del contrato de fs. 2/7 y manifestó que, para el caso de decisión adversa a su parte, ejercía el derecho de retención sobre la mina hasta tanto fuera resarcida por las inversiones realizadas y se le reintegraran las sumas adelantadas a la arrendadora como consecuencia de la relación contractual.

La cuestión fue dirimida por la Jueza de Minas con la resolución de fs. 145/146 en la que declaró la cuestión como de puro derecho, llamó los autos para sentencia e hizo lugar a la demanda. Para así pronunciarse, consideró aplicable el art. 329 del Código de Minería cuyo segundo párrafo prevé el plazo máximo de 20 años para los arrendamientos de minas y canteras. Consideró que si bien antes de la reforma introducida por la ley 24.498 el Código no establecía un plazo máximo, remitía al arrendamiento de bienes raíces, por lo que era de aplicación el art. 1505 del Cód. Civil que fija ese límite en 10 años. Esa remisión tornaba también aplicable la norma del art. 1604, segundo párrafo del Cód. Civil, por el que la locación contratada por tiempo indeterminado concluye después del plazo del art. 1507, cuando cualquiera de las partes lo exija. Estimó que se trataba de rescisión de fuente legal (también llamada denuncia) de carácter unilateral, que el plazo máximo legal era de orden público y que el del contrato en cuestión, había vencido. Desestimó el derecho de retención esgrimido por la demandada por ser inaplicable a la concesión minera y al sistema dominial de las minas.

La accionada apeló esa sentencia (fs. 151/155). Manifestó que el contrato de arriendo no podía ser rescindido porque el plazo máximo de vigencia previsto en 20 años por el art. 329 del Cód. de Minería no era de aplicación al caso, en tanto la ley que lo instituyó fue sancionada con posterioridad a la fecha de celebración del contrato. Denunció que la sentencia violaba el art. 3º del Cód. Civil al hacer aplicación retroactiva de una norma conculcando derechos constitucionales. También la sentencia debía ser revocada -dijo- por errores en el procedimiento y afectación de su derecho de defensa; omitió pronunciamiento sobre la citación de terceros, no se abrió la causa a prueba, no se pusieron los autos para alegar ni para dictar sentencia, ni se dio al caso el trámite del juicio ordinario que, a su entender, correspondía.

Al contestar el traslado de ese recurso, la actora replicó sus argumentos y apeló ante la eventualidad de una sentencia adversa a su parte en tanto la sentencia recurrida no trató las otras causales invocadas al demandar para justificar la resolución del contrato. Justificó esa apelación en la necesidad de ampliar la competencia de la Alzada para entender sobre esas cuestiones si por hipótesis se apartaba del criterio de la Jueza de Minas respecto del plazo del contrato.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones se pronunció por el rechazo del recurso de la demandada (fs. 195/2002).

Trató en primer término las denunciadas irregularidades del proceso. Consideró al respecto que el Código de Procedimiento Minero no preveía el juicio ordinario para este tipo de contienda; que la falta de citación de terceros no era agravio atendible pues la litis había quedado trabada sin su intervención como que la formación de una posible sociedad entre el actor y las personas que se mencionan en la cláusula primera del contrato, no era cuestión que concerniera a la demandada. En cuanto a la omisión de abrir la causa a prueba, valoró que el art. 126 del C.P.M. la preveía salvo que se declarase la cuestión como de puro derecho que es lo que hizo la Jueza de Minas por entender que las pruebas ofrecidas no resultaban esenciales. Si bien ello debió disponerse por providencia notificada a las partes con anticipación a la sentencia, no se configuraba supuesto de violación del derecho de defensa porque los elementos agregados eran suficientes para la resolución de la causa.

En cuanto a la cuestión atinente al plazo del contrato, consideró bien aplicado el art. 329 del Código de Minería y el plazo máximo de veinte años que éste estipula. Descartó aplicación retroactiva de la ley en tanto la sentencia no afectaba tramos cumplidos del contrato sino los futuros. Valoró además que aún antes de la reforma que introdujo ese plazo al Código de Minería, regía el art. 1505 del Cód. Civil que imponía un plazo aún menor (diez años).

A mayor abundamiento, se expidió respecto al incumplimiento de las obligaciones para el amparo de la mina concluyendo que, de acuerdo al acta de inspección ocular labrada el 22 de diciembre de 2005 y el informe del Jefe del Dpto. de Policía y Control Minero del 27 de ese mismo mes y año, la mina no estaba siendo explotada por la arrendataria quien, según otra documentación, estaría buscando inversionistas para hacerlo.

Coincidió, por último, con el Juez de la causa, en cuanto a la inaplicabilidad del derecho de retención invocado por la apelante.

En contra de esa sentencia, articula la vencida, representada por la Dra. G. C., el recurso de inconstitucionalidad cuya resolución nos convoca.

Le atribuye arbitrariedad por exhibir fundamentación sólo aparente al convalidar la omisión de citar a terceros y confirmar lo decidido respecto a la concurrencia de causales de rescisión. Pide la aplicación de la teoría de los propios actos e insiste en la reserva del derecho de retención.

Respecto de la primera cuestión, afirma que en el contrato, el arrendador manifestó expresa y unilateralmente que tenía socios con derechos sobre la mina y que con ellos había acordado la formación de una sociedad. Al contestar demanda, su parte manifestó que uno de ellos: Daniel Sáenz Medina, lo visitaba periódicamente para tomar conocimiento de la actividad, lo que evidenciaba el interés del nombrado y el de los demás socios, en la presente causa. Sin fundamento alguno, la Jueza de Minas omitió dar traslado del pedido de citación, contraviniendo lo dispuesto en el art. 79 del C.P.C. Cercenó así los derechos de los terceros. La celebración de la audiencia de conciliación y la falta de reiteración del pedido de citación no salva ni consiente la omisión, a la que califica como grave irregularidad.

Aborda luego la causal de finalización del contrato por vencimiento de su plazo. Insiste en que al tiempo de su celebración, no estaba vigente la reforma introducida al art. 329 del Código de Minería; que las partes estipularon la vigencia del contrato "hasta la extinción del mineral económicamente explotable" siendo ésa la regla a la cual se sometieron (art. 1197 del Cód. Civil); que es inaplicable el plazo de diez años del art. 1505 del Cód. Civil porque, para contratos en los que resulte necesario amortizar inversiones de magnitud, se justifica prescindir de ese principio, tal como lo resolvió la C.S.J.N. en precedente que cita.

Sin perjuicio de ello señala que, a la fecha de interposición de la demanda, el plazo de veinte años no había vencido, pues su vigencia debe computarse desde el 15 de enero de 1987, en que fue cedido a su parte. Además, no hubo entrega inmediata de la cosa arrendada pues antes debieron cumplirse ciertos pasos.

En relación a las otras causales, se agravia porque la sentencia recurrida prescinde de valorar las vicisitudes de la ejecución del contrato frente a la crisis minera mundial que llevó a la paralización de la mina Providencia, no por capricho ni mala fe de su parte, "sino por la necesidad de replantear las técnicas aplicables para lograr reducir costos y hacer factible la empresa en términos productivos". Tales extremos fueron reconocidos y aceptados por la original arrendataria. No así, por su sucesor.

Descarta incumplimiento contractual y refiere a los contratos que ambas partes celebraron con otras empresas: Compañía Peñoles S.A. de Méjico y Cardero Resource Corp. de Canadá, en 1999 y 2002, respectivamente, para la explotación de la mina con opción de compra.

Desconoce haber incurrido en falta de pago denunciando la existencia de cuenta corriente en las que se acreditaban y debitaban recíprocos créditos y débitos.

Pide aplicación de la doctrina de los propios actos, afirmando que su contraria contraviene el deber de actuar de buena fe y se vuelve en contra de conductas anteriores, tal como la desplegada al firmar aquellos contratos con terceros en los que la Compañía Minera Providencia S.A. tomó parte.

Niega abandono de los trabajos de explotación.

Critica las sentencias de ambas instancias en cuanto reputa inaplicable el derecho de retención. El Código de Minería remite en subsidio al Cód. Civil cuyo art. 3939 lo reconoce expresamente. Su parte invirtió sumas importantes para convertir el predio en una mina a "cielo abierto". Hoy es posible comprobar la existencia de mineral explotable aún cuando deba acudirse a nuevos adelantos técnicos, tal como lo intentaron las partes al firmar los contratos con terceros. Al confirmar la sentencia de la anterior instancia, la Cámara confiere al actor la posibilidad de celebrarlos sin su intervención, lo que le permitirá apropiarse de todo lo construido y desarrollado a su costa.

Vierte en capítulo aparte críticas sobre cuestiones procesales: omisión de dar traslado por hechos nuevos, de abrir la causa a prueba, de notificar que el juicio no tramitaría por el proceso ordinario y por descartar la producción de prueba que dice era conducente para acreditar hechos relevantes.

Seguidamente, afirma que a partir de un acta labrada inaudita parte, realizada por el Departamento de Policía y Control que se limitó a ver edificaciones y equipos de mina inactivos, la sentencia concluye en su abandono, cuando a partir de otras verificaciones pudo haber comprobado lo contrario.

Refiere por último a los recaudos formales de su recurso que dice cumplidos en el caso, mantiene la reserva del caso federal y pide se haga lugar a su planteo, con costas.

El traslado fue contestado por la actora del principal, representada por el Dr. S. F. P. (fs. 53/66). A modo de aclaración previa señala que la Compañía Minera no es su socia, ni lo fue de su antecesor. Su rol es de arrendataria de la Mina Providencia merced a un contrato del que su parte no recibió los beneficios que esperaba. También aclara que desde la paralización de los trabajos de explotación, la recurrente no tuvo intención o posibilidad de retomarlos, faltando así a una obligación esencial del contrato de arrendamiento.

Contesta el recurso diciendo de su improcedencia y de defectos en su articulación.

En cuanto al plazo del contrato, alega que en las instancias anteriores se estableció fundamento real y no aparente, con ajuste a normas vigentes en base a los hechos presentados en la causa. Para computarlo, resultaba innecesaria producción de prueba. Si bien los fallos se inclinan por la aplicación al caso del nuevo art. 329 del Código de Minería, ponderan también la aplicación supletoria de las normas del Código Civil. La Cámara advirtió que la duración que invocó su contraria (hasta que se agotaran las reservas) no surgía del contrato y que, aun cuando así fuera, no podía pretender que se extendiera sine die pues los plazos máximos y mínimos son de orden público. Advierte que la cláusula segunda no prevé el agotamiento de las reservas como término del contrato sino que refiere a esa circunstancia para establecer que, si ello sucedía antes del vencimiento del plazo legal, el arrendador tenía la facultad de adquirir la planta, herramientas y otros elementos a precio de mercado. No hay relación entre el contrato de arrendamiento y los artículos que la recurrente señala a fs. 23 de autos como relativos al plazo. Se contradice, además, al señalar que el contrato no es eterno a la vez que pretende su vigencia hasta el agotamiento de la mina.

Refiere a los antecedentes parlamentarios de la ley 24.498 y afirma que, sea por aplicación directa del nuevo texto del art. 329 del Código de Minería o por aplicación supletoria del Código Civil, el contrato de arriendo ha expirado por vencimiento del plazo legal, el que no debe computarse desde el año 1987 en que fue cedido a su contraria, como ella lo pretende, sino desde 1985 en que fue celebrado.

Vierte luego aclaraciones respecto al pago del precio del arriendo descartando que se haya cancelado. De allí la inexistencia de prueba. La mayoría de la ofrecida y no producida tuvo por fin acreditar la inversión que la arrendataria dijo haber concretado en la mina. Las relativas al pago son los contratos de mutuo y depósito acompañados, los que, además de no reunir las condicionas para dar por sentada compensación que no fue planteada, no son oponibles a su parte que desconoció su exigibilidad. No se presentaron recibos y son falsas las referencias a expedientes que los acreditarían.

Respecto al amparo minero y al cumplimiento de la obligación de la arrendataria de realizar trabajos de explotación del mineral, afirma que no se probó actividad alguna de su autoría. De sus propios dichos surge que la mina está inactiva cuanto menos desde 1997. Así lo corroboran otras pruebas. Desde febrero de 2005 en que la empresa Cardero desistió de la explotación acordada, nada se hizo. Alude a contradicciones de su contraria sindicándole mala fe y concluye en que es inconmovible la sentencia que determinó la inactividad.

Niega agravio por la omisión de citación de terceros diciendo que no se dan razones para justificarlo, como que en ninguna instancia demuestra el interés de su parte en proponerla o el perjuicio objetivo de su omisión. La recurrente sabe que el único titular de la mina es el actor. No hay registro de cambio de titularidad.

Se extiende luego en argumentos para rebatir la mala fe que le endilga su contraria y demostrar que fue ella la que obró de tal manera. Niega que su parte hubiera desplegado conducta contraria a su actuar anterior y afirma que es la recurrente a quien le cabe las consecuencias de esa doctrina. Relata las motivaciones y circunstancias de los contratos firmados con Peñoles S.A. primero y con Cardero Resource Corp. después.

Respecto al derecho de retención, dice que no puede invocarse para hacer prevalecer el interés particular, sobre el interés público comprometido en la explotación minera. Además, no se dan los presupuestos del art. 3939 del Cód. Civil porque su parte nada debe a la recurrente quien, como lo señala la Cámara, no reconvino en demanda de cobro.

Descarta irregularidades en el proceso, concluye en la solvencia de la sentencia que se cuestiona y la ausencia de recaudos para la procedencia del recurso que contesta, formula reserva del caso federal, pide se valore la conducta de su contraria que califica de agresiva y solicita el rechazo del recurso que contesta, con costas.

Consentida la integración del Tribunal que se diera a conocer con la notificación del decreto de fs. 76, el caso fue sometido a dictamen, pronunciándolo el Sr. Fiscal General. Propone su rechazo por falta de fundamentación, por omitir crítica razonada para rebatir el fallo y por expresar sólo la disconformidad de su promotor. Considera que ninguno de los tres agravios que formula el quejoso puede atenderse. Da razones coincidentes con las de la sentencia cuestionada.

Firme el llamado de los autos para sentencia, corresponde sin más dictarla.

El primer agravio que he de tratar, es el que concierne a la falta de citación de terceros al proceso que la Cámara de Apelaciones rechazó por entender que la demandada no justificó interés en su comparencia ni perjuicio por la omisión de traerlos al juicio.

Para solicitar la citación, el demandado invocó la cláusula primera del contrato de arriendo luego cedido a su parte (fs. 1/7 del principal), por la que el arrendador declaró que el derecho minero de su titularidad se transmitiría a una sociedad comercial, que sería una persona jurídica y cuya constitución se realizaría en breve. Sería formada por las seis personas que allí se individualizan (y que son las citadas como terceros) quienes serían exclusivos titulares de participaciones. Estos asintieron esa manifestación firmando el contrato y asumieron que "como socios de aquella persona jurídica harían inmediatamente después de su constitución, todo lo necesario para que ella pase a ocupar, conforme el derecho argentino sin modificación alguna del contrato, la posición del Sr. Cánepa".

Parto de la base de que la recurrente alude a sociedad de hecho, no sólo porque no hay denuncia de la existencia de una regularmente constituida ni indicio alguno que justifique indagar -aún de oficio- al respecto, sino porque, en tal caso, no estaríamos frente al supuesto de intervención de tercero sino de falta de legitimación activa en tanto Cánepa habría sido sustituido en su posición contractual por esa persona jurídica, que habría devenido en único sujeto de los derechos del arrendador que dimanan del contrato en cuestión. Así resulta de su cláusula primera.

En la postura de la recurrente, los terceros deberían citarse por tener un interés común al del actor. Se infiere pues que solicitó tal citación para que tomaran intervención coadyuvante con la parte demandante. Es la figura que nuestro Código de ritos contempla en el art. 79, de idéntico contenido a la del art. 94 del C.P.C.N. que prevé tres tipos básicos de intervención: a) la citación del sujeto pasivo de una eventual pretensión regresiva, b) la citación del legitimado para intervenir (nominatio auctoris) y c) la del tercero pretendiente (cfr. Lino Palacios, Tratado de Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo Perrot Bs. As. 1991 tomo III p. 248).

Como bien lo advierten la sentencia recurrida y el dictamen fiscal, no invoca la recurrente cuál es el interés de su parte que justifique esa citación ni el consecuente agravio que lo decidido le provoca. Tampoco es posible inferirlo. Es que tal citación no encuadra en el primero de los supuestos referidos en el párrafo anterior pues, de confirmarse la sentencia que obliga a la arrendataria a restituir la cosa, no tendrá acción de regreso contra ninguno de aquellos cuya citación pretende. Tampoco en el segundo, porque es el previsto para que el tercero intervenga como parte demandada en reemplazo de aquel contra quien se dirigió la acción. Descarto igualmente que cuadre en el último, en tanto tiene lugar cuando al tercero "se atribuya la titularidad del derecho sobre la cosa litigiosa... con el objeto de que haga valer su pretensión" (autor y obra citados, p. 263), en cuyo caso la omisión de citación sólo expondría al actor, pues al arrendatario nadie podría volver a demandarlo en procura de la restitución de algo que dejó de estar en su poder.

De lo dicho se advierte la certeza de la sentencia recurrida al afirmar que la constitución o no de esa sociedad, es cuestión que al demandado no le concierne y la consecuente falta de interés que justifique la citación.

Al respecto, tiene resuelto la C.S.J.N. que "quien solicita la citación de tercero al proceso, debe acreditar que se trata de uno de los supuestos que autorizan a disponerla, esto es, que se debe invocar concretamente la presencia de una 'comunidad de controversia' con las partes o que pueda mediar, en caso de existir una sentencia adversa, la posibilidad de encontrarse sometido a una futura acción de regreso contra ellas" (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo en: Asociación Comunitaria La Matanza c. Estado Nacional y otros del 04/09/2007, La Ley Online).

Es claro que este agravio no puede ser atendido, criterio que, además, se corresponde con el carácter restrictivo con el que debe proveerse a la citación de terceros.

Destaco, por último, que en el punto y tal como lo afirma la recurrida, la Compañía recurrente revela conducta inconsecuente con actos anteriores, pues de sus propios dichos resulta que varios años después de la celebración del contrato de arrendamiento y de su cesión, nadie más que ella y Cánepa emprendieron gestiones dirigidas a reanudar la exploración minera, firmando -incluso- contratos con otras compañías. El acuerdo transaccional de fs. 78 del expediente principal que su parte acompañó como prueba pone en evidencia lo dicho. Esa era, además, la realidad del contrato en cuestión desde que fue cedido a la recurrente. En efecto: según consta en las actuaciones administrativas agregadas al presente (Expte. 143-C-07) la cesión de ese contrato a favor de Compañía Minera Providencia S.A. tuvo sólo la conformidad de Cánepa y así fue presentado por la propia cesionaria, ahora recurrente, a la autoridad administrativa (fs. 12).

Paso a tratar ahora el agravio que concierne al plazo del contrato de arrendamiento, cuya expiración invocó el arrendador como primera causal de resolución del contrato y que la arrendataria resistió afirmando que éste finalizaría con el agotamiento del mineral a explotar. Se opuso, además, al plazo máximo de veinte años que contempla el art. 329 del Cód. de Minería por haber sido incorporado por ley posterior a la firma del contrato (24.498) y porque tampoco había expirado a la fecha de articulación de la demanda.

También en el punto encuentro incuestionable la sentencia de la primera instancia que la Alzada confirma, cuyos fundamentos no han sido en modo alguno rebatidos en el recurso que tratamos.

Es que si, como lo sostiene el actor, el caso ha de regirse por las disposiciones anteriores a la reforma introducida por el Cód. de Minería por la ley 24.498, no es posible concluir, como lo propone, en su vigencia hasta el agotamiento del mineral a explotar porque -además de que ello no fue lo pactado- cualquier acuerdo de las partes en tal sentido habría encontrado la valla del art. 1505 del Código Civil que prevé el límite de diez años, con carácter de orden público.

Es verdad -como lo alega la recurrente- que la explotación minera y la operatoria que le es propia, requiere frecuentemente para contratos de arrendamiento minero, plazos mayores al de diez años. Pero precisamente por ello, advino la reforma que lo extendió a veinte.

Dice al respecto Catalano: "El arrendamiento de minas y canteras puede celebrarse por plazos de hasta 20 años. Este plazo fue incorporado por la reforma introducida en 1995, eliminándose las restricciones que el art. 1505 del Código Civil ha impuesto para el arrendamiento de cosas comunes, limitado a 10 años. Se ha tenido en cuenta, para ello, la operatoria a largo plazo que distingue a la industria minera" (Edmundo F. Catalano. Curso de Derecho Minero. Zavalía. Bs. As. 1999, p. 275).

Surge claro, pues, el acierto de la sentencia de primera instancia que encuadró el caso en el supuesto de denuncia previsto por el art. 1604.

Siendo ese el fundamento para considerar procedente la demanda, huelgan otras consideraciones acerca del inicio del contrato y la posibilidad o no de aplicar la ley 24.498 a contratos celebrados con anterioridad a su entrada en vigencia.

Luego, porque el contrato debe entenderse finalizado por expiración del plazo máximo autorizado, no cabe emitir pronunciamiento respecto a las otras causales invocadas por el arrendador al demandar.

Sigo ahora con el agravio que esgrime la recurrente en tanto la sentencia del a-quo que la Cámara confirma, le deniega el derecho de retención que pretende sobre la cosa dada en arrendamiento.

También en el punto encuentro inconmovibles los fundamentos de las sentencias en análisis: el interés público comprometido en la actividad minera no puede subordinarse al privado de quien pretende mantenerse en posesión de la mina hasta la satisfacción de supuestos créditos habidos con motivo de ella.

En efecto: en razón de lo dispuesto en el art. 317 del Cód. de Minería, a los contratos como el celebrado entre las partes les son aplicables las leyes comunes en cuanto no contraríen las disposiciones de ese Código.

El derecho de retención que acuerda el Código Civil "al tenedor de una cosa ajena, para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que le es debido por razón de la misma cosa" (art. 3939), no autoriza a quien lo ejerce a usar de ella ni a aprovecharla, lo que importa decir que la mina se vería paralizada por todo el tiempo en que la retenga. Siendo así, su ejercicio es contrario al interés público que el régimen legal de aplicación procura proteger. Ese interés público, que se encuentra subyacente en todo el ordenamiento específico, se pone en clara evidencia en el art. 17 del Código de Minería por el cual "Los trabajos de las minas no pueden ser impedidos ni suspendidos, sino cuando así lo exija la seguridad pública, la conservación de las pertenencias y la salud o existencia de los trabajadores".

Concluyo pues que, en el caso, el derecho de retención cuyo ejercicio pretende la recurrente contraría las disposiciones del Código de Minería. La sentencia de primera instancia que lo declara inaplicable, resulta, pues, incuestionable.

Los demás agravios que sin mayores precisiones esboza la recurrente respecto a vicisitudes procesales tales como la omisión de traslado de hechos nuevos y de abrir la causa a prueba, no pueden atenderse. Ello, no sólo por la deficiencia del planteo sino porque los fundamentos dados para hacer lugar a la demanda imponiéndole la obligación de restituir la cosa (vencimiento del plazo del contrato e inaplicabilidad al caso del derecho de retención) no requirieron -ni requieren ahora- del análisis de ninguna otra prueba que no sea el contrato que ligó a las partes, reconocido por ambas.

Voto pues por el rechazo de este recurso, con costas a su promotor en su condición de vencido.

La regulación de los honorarios profesionales deberá diferirse para cuando sea posible aplicar el art. 11 de la ley 1687.

Tal es mi voto.

Los doctores del Campo, Jenefes, Jáuregui de De los Ríos y Demattei de Alcoba, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: 1. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad promovido por Compañía Minera Providencia S.A. en contra de la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial el 9 de abril de 2008. 2. Imponer las costas a la vencida y diferir la regulación de los honorarios profesionales. - Sergio Ricardo González. - José Manuel del Campo. - Sergio Marcelo Jenefes. - Mónica Jáuregui de De los Ríos (Habilitada). - Noemí A. Demattei de Alcoba (Habilitada).