Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2007-11-14


Posadas, Misiones, 14 de noviembre de 2007.

Concedida la palabra al doctor Rojas dijo:

Pasan las actuaciones a estudio de Superior Tribunal de Justicia, a los efectos del tratamiento de la sentencia, respecto de la acción promovida por el Colegio de Arquitectos a fs. 32/43 y vta., contra la Provincia de Misiones, a fin de que se declare la Nulidad de la Res. 365 del 18/5/98 del Ministerio de Gobierno y dec. 1203 de fecha 15/8/01 que la confirma, por vicio en la competencia, la causa, el objeto y la finalidad. Asimismo se plantea la nulidad de la Res. 162 del 18/8/95 del Ministerio de Gobierno y del dec. 327 del 14/3/97 por vicio de incompetencia.

I. Breve reseña de los antecedentes de la causa: Dice el accionante que el Arquitecto matriculado García Margaride se desempeñaba en 1991 en el IPRODHA. Que el Colegio a través de sus asociados, tomó conocimiento de que la empresa Ratti Construcciones tenía en construcción un edificio para vivienda, en cuyo frente lucía el cartel de obra en el que se observaba que el Proyecto y Dirección de Obra correspondía a los Arquitectos Gustavo D'Alessandro y Rubén B. García Margaride. Que atento a que la conducta de los citados profesionales podía llegar a ser violatoria de normas de ética profesional, por ser los nombrados funcionarios profesionales del IPRODHA y prestar servicios como profesionales arquitectos en empresas constructoras que se presentaban a licitaciones públicas y tenían obras como contratistas del IPRODHA, por Acta Nº 63/91, la Comisión Directiva nombró una Comisión a fin de realizar una instrucción sumarial para determinar si, prima facie, existía una violación a la ética profesional.

Ahora bien, luego de clausurada la instrucción sumarial, entiende el Colegio que los elementos obrantes, eran suficientes para dar intervención al Tribunal de Disciplina. Por Res. 4/93, el Tribunal de Disciplina rechaza un planteo de nulidad impetrado por el Arquitecto García Margaride, y aplica al mismo la sanción de Censura Pública prevista por el art. 41 inc. 3 de la ley 2375 por violación de los arts. 49 inc. b) de la ley 627/72; art. 41 inc. b) y d) de la ley 1556 y art. 75 de la ley 2573. Recurrida ésta, por Res. 1/94 del Tribunal de Disciplina del Colegio de Arquitectos de la Provincia, se resuelve denegar los recursos promovidos y confirmar el referido fallo.

Ante dicha sanción, el Arquitecto García Margaride presenta un Recurso Jerárquico ante el Poder Ejecutivo Provincial y/o Autoridad que en definitiva corresponda por aplicación del art. 76 inc. d) de la ley 2970, conforme lo dispuesto por los arts. 1º, 106, 108 inc. b); 109 y 110 inc. b) de la ley 2970 (fs. 1/7 del expediente administrativo "Nº 1700-936-G-94" agregado por cuerda). Que mediante Res. 263/94 el Ministro de Gobierno, tiene por presentado en tiempo y forma el recurso interpuesto (fs. 96 del mismo expediente administrativo). Que por Res. 314/94, el Ministerio de Gobierno, hace lugar a la excepción de incompetencia deducida por el Colegio de Arquitectos de Misiones, dejando sin efecto en todas sus partes la Res. 263/94 (fs. 105/106).

Contra dicha Resolución el Arquitecto García Margaride, plantea revocatoria y en subsidio recurso jerárquico (fs. 111/114 vta.). Por Res. 73/95, no se le hace lugar al recurso de revocatoria y se concede el recurso jerárquico planteado en forma subsidiaria (ver fs. 123). Por Res. 162/95 (148/149), se deja sin efecto por contrario imperio la Res. ministerial 314/94 y se declara la competencia del Ministerio de Gobierno, abriéndose la causa a prueba.- Contra dicho acto, recurre el Colegio de Arquitectos (152/158). A fs. 180/181, el Ministerio de Gobierno de la Provincia, por Res. 240/95, resuelve no hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto y conceder el Recurso Jerárquico deducido. Que por dec. 327/97 (fs. 226/228), no se hace lugar al Recurso Jerárquico deducido por el Colegio de Arquitectos, contra la Res. 162/95, manteniéndose firme los términos de la misma.

Que por Res. 365/98 (fs. 364/367), se hace lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Arquitecto García Margaride contra la Res. 01/94 del Tribunal de Disciplina del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Misiones, revocándose en todos sus términos la resolución, dejándose sin efecto la sanción de censura pública interpuesta al Arquitecto.

Contra dicha Resolución, el Colegio interpone Recurso Jerárquico (fs. 370/383); por Res. 69/99, el Ministerio de Gobierno, en virtud del principio de informalismo, considera que debe tratarlo como revocatoria, resolviendo no hacer lugar al mismo -calificado técnicamente-, confirmando en todas sus partes la Res. 365/98. Que deducido Recurso Jerárquico contra la Res. 69/99 (fs. 405/411 vta.), por dec. 1203/01 (fs. 479/493), se lo rechaza, confirmando la misma en todas sus partes.

II. Planteo efectuado por el accionante: Luego de realizar el relato de los hechos de la causa y de referirse a la ley orgánica del Colegio de Arquitectos (ver fs. 33/36 vta.), señala el actor que la Res. 4/93 del Tribunal de Disciplina, no se funda en la violación de la ley 1556 del sancionado como agente público ni en un único caso, licitación Nº 13/90, sino en la conducta del Arquitecto García Margaride probada en la instrucción sumarial y en el sumario del Tribunal. Entre otras cosas expresa que la sanción se impone a los arquitectos por su relación privada con oferentes y adjudicatarios de licitaciones del organismo en que se desempeñaban, juicio ético que la Res. 365/99 y el dec. 1203/01 no mencionan, torciendo los hechos invocados por el Tribunal, desviándose del sentido del juicio ético. Que el Tribunal consideró la actuación privada del arquitecto G. Margaride, quien teniendo prohibición expresa legal para prestar servicios a personas que fueren contratistas de la administración, lo hizo a partir de 1987 para la Empresa Omar Ratti Construcciones, realizando gestiones, proyectos, dirección de obra, etc, todo lo cual ha sido probado. En relación al reproche ético que hace el Tribunal señala que conforme las constancias de fs. 42,44 y 47 de la Carpeta Nº 12, siendo funcionario del área de licitaciones del Iprodha desde 1982, tenía contrato desde 1987 con la Empresa Ratti Construcciones que licitaba obras en ese organismo, siendo que dicha empresa tenía contratos de obra pública con el IPRODHA, con lo que la conducta del Arquitecto era éticamente reprochable y alcanzada por expresas normas legles, siendo la falta particularmente grave atento la función del Arquitecto Margaride como miembro de la Comisión que evaluaba las licitaciones públicas. Que la mención de la licitación Nº 13/90, de la nota en que el arquitecto se inhibe de actuar, así como lo dispuesto por el Presidente del Organismo excusándolo de la licitación, se hacen por el contrario, al solo efecto de considerar dicha nota como atenuante de la sanción, no como único fundamento del reproche. Que "el acto sancionatorio está fundado en derecho y en los hechos acreditados en la causa, se otorgó al arquitecto G. Margaride amplia posibilidad de defensa, respetándose el debido proceso legal".

Manifiesta que de las constancias de la causa (que detalla), el Arquitecto Margaride, se encuentra alcanzado por la prohibición del art. 41 inc. b) y d) de la ley 1556 y 49 inc. b) de la ley 627. Que el arquitecto Margaride tuvo una conducta claramente violatoria de normas éticas vigentes para la profesión de arquitecto, amén de que ello se contrapone con la conducta propia de un correcto funcionario.

Alega como Primer Agravio, que el poder de policía de la profesión de arquitecto, en punto a la conducta ética profesional no puede ser juzgado por el Poder Ejecutivo, porque la revisión del poder disciplinario solo puede alcanzar la eventual ilegalidad del acto y no la conveniencia u oportunidad de la medida disciplinaria. Que el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, en una causa sobre sanciones disciplinarias a un ente público sostuvo que la potestad disciplinaria es discrecional y que el control jurisdiccional solo comprendía la legalidad del acto y no su conveniencia o razonabilidad.

A fs. 39/40 la parte accionante refiere a la "Nulidad Absoluta por Vicio de Incompetencia", expresando que el Segundo Agravio que le causa en relación a las Resoluciones y Decretos impugnados, es el vicio de incompetencia que las nulidifica, por no tener el Ministro de Gobierno ni el Poder Ejecutivo competencia para resolver la cuestión. Expresa que en virtud de lo dispuesto por los arts. 41 inc. 3º y 44 de la ley 2573, el Ministerio de Gobierno no tenía competencia para tratar el recurso del arquitecto García Margaride, ni éste planteó la inconstitucionalidad de la ley y aunque lo hubiera hecho no puede la administración declarar inconstitucionalidad alguna, entendiendo que en consecuencia, los actos dictados son ilegítimos y con ellos nulos de nulidad absoluta e insanable, invocando al efecto los arts. 21 y 24 inc. b) de la ley 2970. Sostiene además, que el dec. 327/97 que resolvió la cuestión de competencia planteada oportunamente contra la Res. 162/95 por violación del art. 44 de la ley 2573 no es definitivo, conforme el art. 8 de la ley 3064 y art. 112 de la ley 2970, toda vez que el acto no resolvió el fondo de la cuestión ni impidió la prosecución del trámite. Que también hay incompetencia del Ministerio de Gobierno para dictar la Res. 162/95, toda vez que habiendo concedido por Res. 73/95 el Recurso Jerárquico deducido por el sancionado contra la Res. 314/94, sin que el Gobernador resolviera, revoca por contrario imperio la Res. 314/94, cuando había perdido la eventual competencia al conceder el recurso jerárquico.

A fs. 40/41 vta., plantea la "Nulidad Absoluta por Vicio en la Causa", expresando que su Tercer Agravio surge de la Res. del Ministerio de Gobierno 365 del 18/5/98 y dec. 1203/01 los cuales tienen un vicio grave en la causa por lo que son nulos de nulidad absoluta e insanable conforme la ley 2970. Que el tema central de la causa es que no se ha juzgado al arquitecto G. Margaride por su conducta pública, sino por la privada como profesional. Que la conducta sancionada no tiene que ver con un único acto -licitación Nº 13/90-, ni con la aplicación de la ley 1556, sino que se ha juzgado éticamente todo un comportamiento cumplido durante varios años al margen de una prohibición legal, que en sí misma es una norma ética de la profesión. Que la Resolución y el Decreto mencionado nada dicen de estos aspectos, se refieren a una causa que no está invocada en el fallo del Tribunal de Disciplina. Hay una falta de causa por no existir o ser falsos los hechos y el derecho invocado en los actos impugnados, no compadeciéndose la causa con la invocada por el fallo revocado. Manifiesta en relación al argumento referente que el rechazo de su inhibición, lo llevaba a que de una u otra forma sería objeto de sanción, que es falaz ya que el propio arquitecto se colocó en esa posición al violar las normas éticas. Finaliza diciendo a este respecto que el arquitecto no fue sancionado como agente público a tenor de la ley 1556, sino por incumplir a partir de 1987 la norma ética contendida en el art. 49 inc. b) de la ley 627, norma ética que se integra con las normas éticas contenidas en los arts. 40 inc. b) y 41 inc. d) de la ley 1556, alegando que el juicio de reproche ético es distinto del administrativo, penal o civil.

A fs. 41 vta., el accionante refiere a la "Nulidad por Vicio en el Objeto", señalando que el reproche ético de los arquitectos no es materia sobre la que pueda expedirse el Ministerio de Gobierno ni el Poder Ejecutivo, remitiéndose en este aspecto a lo ya expuesto y a lo dispuesto por el art. 44 de la ley 2573.

Finalmente, a fs. 41 vta./42, plantea la "Nulidad por Vicio en la Finalidad", exponiendo que hay vicio en la finalidad del acto, porque esta tiene que ver con el bien común, con el fin de interés general. Que no hay norma que autorice al Ministerio de Gobierno y al Gobernador a sustituir el criterio del Tribunal de Disciplina del Colegio de Arquitectos en la consideración de la conducta de sus matriculados. El vicio en la finalidad, expresa, se dá por ser el acto contrario al sentido de la ley, a la necesidad pública de mantener la ética de los profesionales arquitectos, tendiendo el acto al vicio de desviación o exceso de poder, al perdonar al arquitecto por su conducta claramente contraria a normas éticas.

III. Interpuesta la presente acción, a fs. 61/62, por Res. 428-STJ-02, este Alto Cuerpo resuelve declarar la admisibilidad formal del Proceso Contencioso-Administrativo, interpuesto por el Colegio de Arquitectos de la Pcia. de Misiones.

IV. Contestación de la Acción: A fs. 86/94, el Estado Provincial, contesta la acción incoada, solicitando el rechazo de la misma, con expresa imposición de costas a la actora, negando todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda, que no sean objeto de expreso reconocimiento.

El accionado, luego de efectuar un desarrollo de los hechos y antecedentes de la causa, a fs. 90 vta./93, contesta la demanda, expresando que con relación a las Res. 162/95, 240/95, 365/98 y 69/99 y a los decs. 327/97 y 1203/01, los agravios del actor en cuanto a la improcedente nulidad por vicios en la competencia, la causa, el objeto y la finalidad deben ser rechazados por su manifiesta improcedencia.

Señala que los argumentos expuestos por el actor respecto a las Res. 162/95; 240/95 y al dec. 327/97, deben ser rechazados in límine toda vez que conforme surge de los antecedentes los mencionados actos administrativos se encuentran firmes y consentidos al no haber el interesado deducido la correspondiente acción contencioso-administrativa ante el Superior Tribunal de Justicia si consideraba que el dec. 327/97, por el cual se rechazaban los recursos articulados contra las Res. 162/95 y 240/95, le provocaba una lesión a sus derechos. Que al no haber sido objeto de acción rige el principio de la cosa juzgada, no pudiendo en esta instancia pretender que se revoquen decisiones que oportunamente consintió.

Alega en forma subsidiaria, luego de efectuar un análisis de la legislación que considera de aplicación, que el Colegio de Arquitectos de la Provincia es una persona jurídica de derecho público no estatal, conforme lo determinado por el art. 18 y 20 de la ley de creación, encontrándose a su criterio, alcanzado y comprendido por las normas de la ley 2970. Coligiendo, de la transcripción de normas que efectúa (ver fs. 91 y vta.) que al recurrente no le quedaba otra posibilidad que articular los recursos administrativos previstos en la norma legal vigente para acceder a la vía judicial si lo consideraba, y que en caso contrario se le estaría violando el derecho de defensa, privándoselo de ejercitar la vía recursiva correspondiente.

Que no se niega ni cuestiona la facultad del Colegio de Arquitectos de la Provincia en materia de contralor de la ética profesional de los arquitectos matriculados, pero que tal facultad no es ilimitada o irrecurrible.

Que no está previsto en las normas de creación del Colegio que las mismas sean irrecurribles, que por el contrario se prevee la apelación ante el Ministerio de Gobierno, procedimiento que debe ser adecuado a las normas del procedimiento administrativo establecidas por la ley 2970, ley posterior a la de creación del Colegio, la que resulta aplicable a su criterio.

Destaca asimismo el Estado Provincial, que si bien el art. 75 de la ley 2573, establece que hasta tanto el Poder Ejecutivo apruebe el Código de Ética, los profesionales arquitectos ajustarán su actividad a las normas de la ley 627, por Acta Nº 63 de fecha 01/04/91 (fs. 2/4 de la Carpeta Nº 11), los miembros del Consejo Directivo disponen que la reglamentación de procesamiento ético se efectuará sobre la base de la resolución de la Asamblea que ordenó la aplicación y vigencia del régimen establecido al respecto en la Provincia de Córdoba, el que fuera agregado al expediente administrativo a petición del organismo. Que a su entender es esta la normativa que consideraba vigente la Asamblea para evaluar la ética profesional y no como se sostiene en la demanda que debe hacerse una remisión legislativa al art. 49 inc. b) de la ley 627 para fundar la supuesta conducta reprochable del arquitecto Margaride y que en el procedimiento administrativo rigen los mismos principios que en el proceso penal y que la calificación de la tipicidad de la sanción, al igual que la del delito no pueden ser cambiadas ni modificadas, acarreando ello la nulidad de la sanción.

Para concluir, señala que el recurrente peticionó a la autoridad administrativa que le encomendó tal función, que considere su relevamiento de la misma, haciéndole saber la presidencia del IPRODHA que no le alcanzaba la incompatibilidad. Que si el arquitecto no cumplía con la actividad encomendada por la administración pública, quien pese a su pedido de exclusión le indicó que debía intervenir iba a ser sancionado por la autoridad competente y al cumplir la función encomendada es sancionado como profesional por el Colegio que los nuclea. Ello implica que de una u otra forma sería objeto de sanción.

V. A fs. 99 la accionante se presenta nuevamente, contestando el traslado, señalando, en relación a la supuesta derogación tácita de la ley 2573 por la ley 2970, que la ley 2573 es una ley especial que crea y regula la actividad de un Colegio Profesional -principio de especialidad- que no debe considerarse derogada por una ley general referida al procedimiento administrativo. Que el art. 44 de la ley 2573 no refiere al procedimiento administrativo, sino a las sanciones específicas que en materia de ética puede aplicar el Colegio de Arquitectos, reduciendo el recurso ante el Poder Ejecutivo en atención a la especialidad de la materia y el carácter leve de la sanción, ya que sólo los arquitectos son los que pueden juzgar las conductas de sus colegas en tanto tales, siendo el recurso establecido para las sanciones más graves aplicables únicamente a la legalidad del acto, nunca a su oportunidad o conveniencia, de modo que el principio de especialidad adquiere en la especie un grado superlativo. Que no puede entenderse que la ley 2970 haya derogado el sistema sancionatorio específico de la profesión, por lo que la incompetencia planteada es clara, máxime cuando no se ha deducido la inconstitucionalidad de la norma y es principio liminar del derecho administrativo que la competencia del órgano es de interpretación restrictiva. Respecto al principio de especialidad y la ley 2970 cita Res. 528-STJ-98 de este Superior Tribunal de Justicia.

Concluye diciendo que en cuanto a las Res. 162/95, 240/95 y dec. 327/97, que no siendo actos definitivos que causen estado no habilitan la vía contencioso-administrativa, por lo que su planteo es oportuno, ya que siendo de trámite no impedían la continuación del reclamo (art. 8 inc. a) ley 3064).

VI. A fs. 102/103, este Alto Cuerpo, por Res. 279/03 (STJ) hace lugar al pedido de citación de tercero, peticionada por el actor.

VII. A fs. 112/116 y vta., el arquitecto Rubén G. Margaride, contesta la acción deducida, solicitando el rechazo de las pretensiones, con costas a la misma. Expresa, entre otras consideraciones que el Colegio de Arquitectos pretende se le reconozca el derecho a sancionar la conducta ética de sus profesionales matriculados, sin contralor estatal, convalidando actuaciones ilegítimas y nulas. Alega que la decisión de enjuiciarlo tenía falencias insalvables que las detalla. Aduce que la cuestión es abstracta (fs. 114/115) y a fs. 115 y vta., en punto IV. contesta específicamente la demanda, ratificando en un todo y adhiriéndose a todos y cada uno de los términos y expresiones expuestas por el Estado Provincial.

VIII. Dicha presentación es contestada a fs. 118 y vta. por la parte accionante, expresando que el punto II, de la contestación carece de toda entidad porque refiere a la investigación preliminar realizada por el Colegio de Arquitectos a fin de la determinación de si existían elementos para formalizar la denuncia ante el Tribunal de Ética y que luego se formalizó, y donde el citado tuvo total oportunidad de defensa, respetándosele el debido proceso. Señala además, que "no es una cuestión abstracta, que es la defensa del Colegio de su facultad de imponer sanciones a sus matriculados". Asimismo, lo que se pretende es la nulidad de actos administrativos por vicio en la competencia, causa, objeto y finalidad, y que la prueba relativa a la publicación periodística de la sanción es improcedente y superflua toda vez que no se ha negado la publicación.

IX. A fs. 123 de conformidad a lo dispuesto por el art. 71 de la ley 3064 se abre la causa a prueba y a fs. 153 y vta., por Res. 68/05 (STJ), resuelve este Alto Cuerpo declarar admisibles las pruebas ofrecidas por las partes.

A fs. 273/276 y vta., se pronuncia el Sr. Procurador General, quedando la causa conclusa para definitiva, debiendo en este estado expedirse este Superior Tribunal de Justicia.

X. Análisis de la Cuestión planteada:

Por cuestiones de metodología y de orden en el desarrollo del voto, considero conveniente comenzar con el análisis de la cuestión referida al vicio de incompetencia que se alega por el accionante, identificado como segundo agravio, advirtiendo al respecto que la cuestión debe ser abordada en esta oportunidad, en tanto es el propio dec. 1203/01 (que resulta definitivo y causa estado y que ahora se ataca mediante la presente acción), quien refiere y trata la cuestión relativa a la competencia y a la irrecurribilidad de la sanción impuesta (ver fs. 489/490). Además, estimo que la cuestión no deviene abstracta ya que si bien la publicación se ha efectuado, se intenta con la presente acción, determinar las facultades sancionatorias del Colegio y su revisión.

Al respecto, corresponde señalar, que de acuerdo a las constancias de la causa (ver Res. 04/93 y 01/94 del Tribunal de Disciplina del Colegio de Arquitectos), en autos se le ha aplicado al arquitecto García Margaride, la sanción de censura pública prevista en el inc. 3º del art. 41 de la ley 2573. Por su parte, el art. 44 de la citada ley 2573, expresamente prescribe que "Las sanciones previstas en los incs. 4, 5 y 6 del art. 41 ... aplicados por el Tribunal de Disciplina (como se aprecia, no refiere al supuesto en examen contemplado en el inc. 3º), con el voto de la mayoría de sus miembros, será apelable ante el Ministerio de Gobierno de la Provincia.". Como se puede observar, de dicho artículo se infiere a contrario sensu que no son recurribles ante dicho Ministerio las sanciones previstas en los tres primeros incisos del citado art. 41, que refieren a la advertencia privada, a la amonestación y a la censura pública, no previendo en consecuencia, la normativa de mención la revisión ante ese Ministerio, de la sanción aplicada al matriculado.

De ello se desprende, de acuerdo a lo expresamente normado por la ley específica que regula el caso en examen (esto es la Nº 2573 - del Tribunal de Disciplina -Capítulo I art. 44), que la voluntad del legislador ha determinado que no se contemple la revisión por parte del Ministerio de Gobierno de la Provincia, de ciertas sanciones (entre ellas, la de censura pública impuesta al matriculado), aplicando un criterio que se podría corresponder con el carácter y la gravedad de las mismas.

Expuesto esto, considero que no puede el órgano administrativo ante el cual el arquitecto recurrió, ni tampoco este Superior Tribunal de Justicia, arrogarse facultades legislativas o no aplicar lo dispuesto por el texto legal, sin que previamente se haya declarado la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión y consecuentemente su inaplicabilidad al caso particular. Esto no implica la vulneración del derecho de defensa del matriculado, o la imposibilidad de recurrir a la vía judicial, ya que entiendo, que si el arquitecto García Margaride, vió vulnerados sus derechos con la aplicación del texto legal específico, debió efectuar el correspondiente planteo, en tiempo oportuno, por la vía pertinente y ante el órgano adecuado, lo que de acuerdo a las constancias obrantes en la causa no ha sucedido.

Por otra parte, en lo que hace a la aplicación de la ley 2970 -que rige el trámite administrativo en general-, debe señalarse que sin perjuicio de ser una ley posterior a la ley 2573, tiene carácter general y por lo tanto no puede derogar a una ley de carácter especial que refiere específicamente al sistema sancionatorio de los profesionales de la arquitectura, ley especial ésta que en su art. 1º establece la sujeción a sus disposiciones a quienes ejerzan la profesión de arquitectos en el ámbito de la Provincia de Misiones. La jurisprudencia en relación a esta cuestión manifiesta que "La ley específica o especial no admite la aplicación de las leyes generales en los puntos que son materia de la legislación particular" (DJBA, 120-283, JA. 981-III-533, ED 93-349). Expresa además que "La ley general no derogó tácitamente materias regladas anteriormente por la ley especial, a menos que la intención del legislador resulte claramente del objeto y del espíritu de estas leyes, o exista una verdadera repugnancia entre esas dos hipótesis encontradas si subsisten ambos tipos de normas", lo que creo no se dá en el sub-examine. (LL, 1984-C-398, DJ 984-4-401, ED. 12/9/84). Dice asimismo que "La abrogación tácita supone una incompatibilidad formal, lo que no se dará cuando las leyes que reglan materias especiales son anteriores a una ley general posterior, a menos que la intención del legislador resulte claramente del objeto y del espíritu de estas leyes" (La ley 1989-B-25, D.J. 1989-1-727), lo que tampoco ocurre. Y que "La ley general no deroga una especial sino en virtud de expresa declaración de acuerdo con el viejo principio romano "legis speciali per generalem non derogatur", pudiendo sólo resultar la derogación tácita de la incompatibilidad entre la norma anterior y la posterior" (DJBA, 123-123). Siguiendo el mismo criterio, manifiesta que "Una ley general no es nunca derogatoria de una ley o disposición especial, a menos que aquélla contenga alguna referencia a ésta o que exista una manifiesta repugnancia entre las dos, en la hipótesis de subsistir ambas" (JA, 981-II-476).

A todo ello, cabe asimismo aclarar que en estos casos de derogación tácita de leyes el criterio interpretativo siempre ha sido restrictivo. Así se ha dicho que "El criterio interpretativo, en materia de derogación tácita de las leyes, debe ser restrictivo, pues ella sólo acontece cuando la incompatibilidad existente entre la ley nueva y la anterior hace virtualmente imposible la aplicación de ésta" (ED., 73-676).

Transcriptas estas opiniones jurisprudenciales, culminando con esta cuestión, como ya lo dije precedentemente, considero que la competencia administrativa prevista por la ley 2970, no determina la abrogación de las normas específicas previstas para la sanción de los profesionales. Inclusive cabe agregar y destacar, que si bien la ley 2970, rige la actividad administrativa provincial, centralizada y descentralizada, aplicándose asimismo a las personas públicas no estatales (categoría ésta en la que se encontraría el Colegio de Arquitectos de la Provincia, conforme lo determinado por el art. 18 de la ley 2573), lo cierto es que en mi opinión, el ejercicio sancionatorio propio del Tribunal de Disciplina y regulado de modo específico, sigue vigente, no habiendo sido expresamente derogado ni tachado de inconstitucional, es más, la propia ley 2970, es quien en la última parte de su art. 4 referente a la competencia administrativa, establece que ella "Es irrenunciable e improrrogable, debiendo ser ejercida directa y exclusivamente por el órgano que la tiene atribuida como propia, salvo casos contemplados expresamente en leyes especiales".

XI. Conclusión:

Por todas estas consideraciones, entiendo asiste razón al accionante en punto al Segundo Agravio. Es por ello que considero debe hacerse lugar al planteo formulado, resultado éste que determina asimismo, que el análisis y estudio de las otras cuestiones deducidas se torne inoficioso, así como el tratamiento del incidente de inidoneidad de testigos articulado.

Atento a las consideraciones vertidas, considero debe hacerse lugar a la acción contencioso-administrativa, debiendo dejarse sin efecto el dec. 1203/01 del Poder Ejecutivo Provincial y sus actos antecedentes. En relación a las costas, las mismas deben ser impuestas en el orden causado, atento a la falta de precedentes en este Tribunal y particularidades novedosas del caso. Así voto.

Concedida la palabra a los doctores Schiavoni, Márquez Palacios, Uset, Leiva y Velázquez, dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.

Por Secretaría se deja constancia que no suscribe la presente el doctor Dei Castelli, por encontrarse en uso de licencia (art. 18 de la ley 2441).

Por ello, oído lo dictaminado por el Señor Procurador General y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 15 de la ley 2441, modif. por ley 2819), el Superior Tribunal de Justicia, resuelve: I. Hacer lugar a la acción contencioso-administrativa planteada en autos y en su mérito, dejar sin efecto el dec. 1203/01 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial, y sus actos antecedentes. II. Costas en el orden causado. - Cristina I. Leiva. - Manuel A. Márquez Palacios. - Humberto A. Schiavoni. - Roberto R. Uset. - Ramona B. Velázquez. - Jorge A. Rojas.