marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Suspensión del juicio a prueba, preclusión
Materia: PENAL
Carátula: CONTRERAS, Fidel Victoriano s/ Incidente de suspensión de juicio a prueba en causa 85.740 por falsa  denuncia CONTRERAS, Fidel Victoriano s/ Inc. de suspensión de juicio a prueba
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06|1994-11-29

Por constituir el ofrecimiento de reparación del daño causado por el delito uno de los requisitos a reunir de modo previo a la concesión del beneficio establecido en el art. 76 bis y siguientes del C.P.;

su consideración y tratamiento en el caso de autos ha precluído.

Como ya lo resolviera este Cuerpo, el titular del Juzgado sólo debe determinar las condiciones de cumplimiento de la suspensión otorgada en orden a lo previsto en el art. 27 bis, a los fines dispuestos en la primera parte del párrafo 4to. del art. 76 ter del C.P. A ellas debe añadirse el pago del mínimo de la multa establecida como pena alternativa en el art. 245 del C.P. (art. 76 bis 5to. párrafo del mismo ordenamiento) que fuera establecido en petición.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y garantías constitucionales, debido proceso, non bis in ídem, tratados internacionales, Ministerio Público, fiscales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FAGIANI, DANIEL FERNANDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

En tren de dar respuesta a los cuestionamientos de la impugnante por la alegada afectación del "non bis in idem" en vinculación con el recurso fiscal contra la sentencia absolutoria, cabe poner de resalto, que al sentenciar la Alzada señaló que ninguno de los tratados internacionales incorporados en el bloque de constitucionalidad establece una prohibición para que las leyes locales otorguen al actor penal una facultad recursiva contra los pronunciamientos que desincriminen al imputado. En efecto, bien cierto es que por una parte, la letra convencional no consagra el derecho al recurso del actor penal -en tanto órgano del Estado-, mas ello no impide que las normas de derecho interno lo consagren, encontrándose éste amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución nacional puesto que la Carta Fundamental garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma. Desde tal perspectiva, que las alegaciones de la impugnante invocando genéricamente la inconstitucionalidad del recurso fiscal (arts. 404 y 405, C.P.P.) por entender que resulta una renovación prohibida de la persecución penal (arts. 8.4, C.A.D.H. y 14.7, P.I.D.C.P.), en las concretas circunstancias del caso, resultan insuficientes en orden a demostrar la conculcación de la garantía invocada. ( DE LA DISIDENCIA DE LA DRA. GASTALDI) .
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva, pena, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: Fuentes,Miguel Angel s/ Robo calificado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

La resolución de la Cámara de Apelación que rechaza el pedido de unificación de pena interpuesto por el Defensor Oficial del procesado, reviste carácter de definitiva en los términos del art. 357 del Código de Procedimiento Penal.
Exceso ritual manifiesto, plazos procesales, plazo improrrogable
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ivanoff, Yesica Paula c/ Ivanoff, Carlos Alberto s/División de condominio c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-08-30

La doctrina del exceso ritual no importa avalar la derogación del principio de improrrogabilidad de los plazos procesales ni respaldar comportamientos negligentes.(doctor Genoud, mayoría)
Inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Gambini, Norberto Donato c/ E.S.E.B.A. S.A. s/ Ejecución de resolución administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Si el planteo de inconstitucionalidad de la ley 11.192 no ha sido realizado en la instancia ordinaria en la primera oportunidad propicia no puede ser tratado por la Suprema Corte, pues ha resultado extemporáneo. (Minoría u opinión personal)
Homicidio calificado, lesiones agravadas
Materia: PENAL
Carátula: Espinillo, Carlos Marcelo s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-31

La premeditación requerida por la figura del art. 80, inc. 6, del C.P., como también por la correlacionada del art. 92 del mismo texto legal, supone un previo acuerdo para que el ilícito sea cometido de manera coligada por los sujetos confabulados, debiendo versar tal consenso sobre el accionar conjunto de los complotados, o sea que no alcanza que entre los mismos exista sólo un acuerdo previo para cometer el ilícito sino que es necesario que sea también confabulada la realización del hecho a través del concurso de los intervinientes, aun cuando no es preciso que entre la determinación y la acción medie un lapso significativo, pues el acuerdo puede ser efectuado inmediatamente antes de la comisión del ilícito.
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, juicio político
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CAGLIOTTI, CARLOS s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-07

El Fiscal de Investigaciones Administrativas es designado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional y removido mediante juicio político del Congreso de la Nación.
Constitución Nacional, constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Peyrú, Osvaldo Jorge. s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-02

Los jueces están facultados para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes.
Depreciación monetaria, actualización monetaria, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DIAZ, RAMONA SOLEDAD c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 680-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

La defensa esgrimida por la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado al rechazar la revocatoria interpuesta por la actora que solicitara la actualización por la demora en el pago de un seguro mutual otorgado, referido a que la falta de remisión de los aportes a la Caja dentro del plazo del artículo 6 de la ley 9816 reúne los elementos configurativos de la fuerza mayor o caso fortuito, contemplados en el artículo 514 del Código Civil; no puede ser admitida por cuanto la omisión del depósito en tiempo y forma no constituye un hecho que posea los caracteres de imprevisibilidad, irresistibilidad y actualidad.
Plazo, carga de la prueba, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Tristan Maximiliano Nicolas c/ Don Miguel SRL y otro s/ diferencias de haberes y otros rubros - sustitucion de deposito - recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-12-26

La carga de la prueba del cumplimiento de los recaudos del art. 125 inc. a) del Código de procedimiento laboral debe ser satisfecha por la parte interesada, dentro del plazo para fundar el recurso.
Ley de Ejecución de Pena Privativa de Libertad, prisión domiciliaria, interno enfermo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Gorosito Ibañez, Marcelo A s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-01

El beneficio podrá ser dispuesto cuando la privación de la libertad en la Unidad Penitenciaria impida la recuperación u obstaculice de algún modo el tratamiento adecuado de la enfermedad o dolencia. Es así que en el caso de que el establecimiento cuente con una estructura acorde, personal capacitado y con las condiciones aptas para brindar un tratamiento adecuado o para evitar que los presos discapacitados caigan en condiciones cruentas, no será necesario disponer la prisión domiciliaria, ello por cuanto es un instituto previsto para aquellos casos en los que la restricción de la libertad ambulatoria constituya verdaderos sufrimientos intolerables e inhumanos coartando así otras garantías constitucionales. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli).
Plazo determinado incierto, plazo indeterminado tácito, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: M., G.N. c/ L., L.J. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-24

Producido el conflicto entre los contratantes, también habrá intervención judicial en los supuestos de plazo determinado incierto y de plazo indeterminado tácito, pero la actuación del juez en ellos será diferente a la que le compete en la hipótesis de plazo indeterminado propiamente dicho. En este último supuesto su misión será prefijar el plazo, disponiéndolo para que curse en lo futuro.

En los anteriores, el magistrado no lo establecerá para que corra en el porvenir, sino que decidirá retrospectivamente si el plazo, dependiente de un evento necesario pero de fecha incierta -determinado incierto- o ínsito en la naturaleza de la obligación -indeterminado tácito-, se ha cumplido o no y en su caso cuándo se ha cumplido; es decir que el magistrado interpretará la voluntad implícita de las partes sobre cuál fue el lapso durante el cual corrió el plazo y decidirá si ya transcurrió o no.
Competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Márquez, Jorge H. c/ Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego s/ Daños y perjuicios, Expte. nro. 418/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-06-12

En el caso de la responsabilidad del Estado-juez, la función es la judicial y cualquiera que sea el fundamento de la responsabilidad, ella queda fuera del régimen del Derecho administrativo. Será de Derecho Público, más no administrativo. Una prueba de ello es que el legislador en ningún caso, requirió la vía administrativa previa (del voto del Dr. Hutchinson, en minoría).
Despido, notificación al empleador, silencio del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA DE SORIA LUCIA ROSALIA c/ AGUILERA Y BRUNO Y OTROS s/ INDEMNIZACION - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-12-21

Según el principio admitido en el art. 919 C.C., quien teniendo la concreta posibilidad, el interés y el deber de hablar y en especial de contradecir, omite conscientemente hacerlo, frente a quienes debería declarar su posición, hace una declaración silenciosa de consentimiento. El efecto vinculante del silencio encuadra su justificación en el marco de las circunstancias en que se encuadra. Existía una situación previa -telegrama emplazatorio del actor-que demandaba una respuesta oportuna del empleador. La falta de esa respuesta lleva a concluir que ese silencio debe interpretarse como una inobservancia de la carga de iniciativa y del deber de manifestación explicita establecida por ley. Quien recibe una declaración que afecta o puede afectar su situación jurídica tiene el deber de constestar, porque si no lo hace, indirectamente manifiesta consentimiento con la iniciativa ajena. Es una verdadera carga que debe cumplirse en interés propio.

En el marco de la ley laboral, el art. 57 de la ley 21.297 crea una presunción juris tantum en contra del empleador que omite constatar la intimación del obrero. Dado el carácter de esa presunción, admite prueba en contrario, pero justamente su efecto es invertir esa carga probatoria. Correspondía al empleador desvirtuar la afirmación del trabajador apartando pruebas que acreditan la causa de su silencio y podrá por esa vía llegar a exculparse. Pero no puede exigirse al empleado otra prueba más que corrobore su afirmación, por que ello significa desconocer todo efecto a la presunción establecida legalmente.

En el caso, la demandada nada alegó para justificar su silencio.

Sólo apuntó a acreditar las razones que pudo tener para despedir a su empleado, pero dicha medida fue declarada extemporánea por el Tribunal por cuanto el contrato ya había sido disuelto por el trabajador. No merecen, por tanto, consideración los motivos incoados para despedir.

En definitiva, a mérito de la presunción derivada del silencio de la demandada y atento la falta de prueba en contrario, debe tenerse por cierto que al actor se le negaron tareas lo que motivó su emplazamiento bajo apercibimiento de despido, sin obtener respuesta alguna; ello justifica la procedencia de la demanda en este aspecto -
Accidente de tránsito, señalización defectuosa, responsabilidad del conductor, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Zeballos, Rodolfo Ramón c/ Miszczuk, Alicia Juana.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El incumplimiento de la correcta señalización juega como factor que puede tener incidencia sobre la culpa que se atribuye al conductor del rodado embestidor, sobre todo si se tiene en cuenta que el vehículo embestido estaba detenido por desperfectos mecánicos en un carril de alta velocidad en la autopista, lo cual incrementa el riesgo propio de la circulación vehicular al crear una situación de peligro para los conductores y obligaba al a quo a ponderar dichas circunstancias, ya que la responsabilidad sólo puede surgir de la adecuada valoración del reproche de las conductas en orden a la previsibilidad de sus consecuencias.
Sumario administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gayarre, María Angélica c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

En tanto la demandante no ha acreditado que la administración haya ejercido su potestad disciplinaria con arbitrariedad e irrazonabilidad, no se dan en el caso las condiciones que permiten la revisión judicial de las decisiones adoptadas en ejercicio de su potestad disciplinaria.
Delito culposo, imprudencia, accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Daniel Q. s/ Doble Homicidio y Lesiones Culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-29

Si el encartado ve la aproximación de un automotor desde su derecha, en un cruce de rutas en el que existía para sí la obligación de parar (no sólo porque se acercaba desde la izquierda, sino también porque lo hacía por una carretera de menor importancia y porque además tenía a su vista la indicación concreta de "PARE" en un cartel señalizador) y no obstante ello intenta la transposición de la ruta, tal manera de conducir es imprudente porque es violatoria del derecho preferencial de paso que tenía el otro conductor. El cartel "PARE" tiene un sentido determinado y es el de no avanzar cuando se aproxima algún vehículo desde los costados sin asegurarse, previamente, de la imposibilidad de obstaculizar el libre tránsito por la carretera privilegiada por la señalización vial. Este es un deber de cuidado ineludible y es exigible su cumplimiento, no sólo al iniciarse la riesgosa maniobra de cruce sino también, durante su desarrollo. En ambas instancias, el imputado actuó desaprensivamente y puso con ello una condición eficiente para la producción de la colisión, por lo que debe responder a título de culpa.
Prueba, reconocimiento por fotografía
Materia: PROCESAL PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CALZADA, OSCAR HUGO s/ INFRACCION  ARTS.  142,  149  BIS,  194  Y  227  TER  DEL  COD. PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-08

Los sistemas elegidos por la ley 23.077 y el Código de Procedimientos en lo Criminal, resultan, en principio, incompatibles, pues, mientras la primera consagra el sistema de las libres convicciones, la ley federal se inclina por el sistema de las pruebas legales.

Dicha circunstancia, por cierto, conduce a agravar la situación que se resuelve, pues, si se recoge el procedimiento previsto en el artículo 264 y ss. del C.P.C., se estaría consagrando la adquisición de una prueba legal que, por sí, permitiría incriminar a los reconocidos, circunstancia que supera el sistema elegido por la ley 23.077. Así las cosas, cuando se analizan las consecuencias probatorias de un acto, debe compatibilizarse dicho estudio con el sistema que lo contiene y le sirve de marco, lo que en la emergencia, conduce a estimar el reconocimiento efectuado por medio de fotografías como válido, aunque de una eficacia distinta a la que podría haber surgido de un acto adecuado a las disposiciones del artículo 264 y ss. del C.P.C.
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ceravolo, Juan c/ Empresa de Transportes "La Cabaña" s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Si bien la culpa penal por imprudencia es de la misma naturaleza que la culpa civil cuasidelictual, en cuanto ambas deben ser apreciadas en abstracto, ello no traba la libertad del Juez civil para decidir en el pleito por indemnización, ya que la absolución penal sólo evidencia la inexistencia de un delito penal.-
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gamizo Luis Cleman c/ Municipalidad de Pehuajo s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

La carga de probar la ilegitimidad de los actos administrativos impugnados incumbe al actor, no solo por su posición en el proceso sino por la presunción de validez de que dichos actos gozan.
Ley sobre riesgos del trabajo, indemnización por incapacidad, leyes
Materia: LABORAL
Carátula: CARO, RUBEN O. c/ BADINO, AMADEO D. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-LABORAL-  INCIDENTE DE COBRO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 64 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-11-21

Con particular referencia a la indemnización por incapacidad se ha entendido, echando mano a la doctrina civilista, que no peca de retroactiva la ley que gobierna los efectos futuros de una relación preexistente; descalificándose la posibilidad de recurrir a la doctrina de los derechos adquiridos invocada por los deudores de créditos laborales con la simplificación en la consideración del hecho generador en los supuestos de los hechos en curso de desarrollo.

Dicho criterio cobra una relevancia fundamental tratándose de un accidente que tanto por propio imperativo legal (arts. 7, 8 y 9, de la L.R.T. relativos a los estadios propios de la incapacidad provisoria y definitiva) como por imperio de la sentencia de fondo difería a la definitiva determinación de la incapacidad la fijación de la condena.
Leyes, retroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Malnatti, Dinora Generosa c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Coady. Ibarra s/ Demanda contencioso administrativa Iberargen S.A. c/ Instituto Provincial de Lotería y Casinos s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25|2004-12-01

Sólo puede considerarse que existe un derecho adquirido cuando bajo la vigencia de una ley, el particular ha cumplido todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en la ley para ser titular de un determinado derecho, de manera que la situación jurídica general creada por esa ley se transforma en una situación concreta e individual en cabeza del sujeto.
Superintendencia, recusación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juzgado Federal de La Plata n°1 s/ avocación - Blanco, Manuel (juez) s/avocación en causa Rumay, Julio  y otros s/infr. 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

Es improcedente la solicitud de un juez de que en lo sucesivo, un juez de cámara no intervenga en recursos contra decisiones de su juzgado.
Cuestiones de competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, ausencia con presunción de fallecimiento, estado de sitio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MIRANDA, JORGE ALFREDO. s/ AUSENCIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-12

Si la petición -ausencia con presunción de fallecimiento- se funda en el régimen general del Código Civil, no puede imponerse a la peticionante, de oficio, una modificación en la causa petendi por la vía indirecta de una declaración de incompetencia, por cuanto no es posible obligarla a acogerse a un régimen especial y transitorio, con presupuestos y efectos diferenciados de la ley común, por el sólo hecho de haber exteriorizado una denuncia policial en el lapso durante el cual rigieron simultáneamente las leyes 14.394 y 22.068; máxime que esta última tuvo en mira una situación especial vinculada con el estado de sitio declarado por el decreto 1368/74 y no importó una derogación del régimen general de la materia.
Delegado gremial, medidas cautelares, reinstalación en el puesto de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: "B., G. F. c/ C. A. S.A. s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-30

Debe desestimarse la medida cautelar de reinstalación peticionada, sin que implique sentar posición sobre el fondo del asunto, porque no se encuentran acreditados los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, toda vez que no surge de manera clara, la conducta antijurídica de la empleadora. Además, subyace en el terreno fáctico una cuestión de aristas complejas (despido por supuesta crisis empresaria art. 247 LCT) que requiere un mayor abono probatorio.
Facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad, caso concreto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Rizzo, Jorge Gabriel y otro c/ EN - DNU 70 /23 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-16

Los tribunales federales no han sido investidos por la Constitución de la facultad de analizar la constitucionalidad de normas o formular interpretaciones de ellas en abstracto, lo que impide pronunciamientos meramente teóricos o consultivos y admitir pretensiones de esta naturaleza implicaría alterar radicalmente el carácter del Poder Judicial de la Nación, transformándolo en un órgano distinto al que crea nuestra Constitución.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barrau, Lorenzo c/ Barrau de Vallecillo, Máxima y otro s/ Resolución promesa de venta Giacosa, Wilfredo Raúl c/ Aliende, Juan Carlos s/ Cumplimiento de contrato y escrituración Lucheti, Carlos c/ Isidro, Juan Ramón s/ Cumplimiento de contrato Banco Cooperativo de La Plata Ltdo. c/ Castelao y Coccaro S.R.L. y ots. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07|1992-02-04|1996-08-30|1997-05-20

Determinar la situación de mora de los contratantes, en tanto supone un juicio basado en la prueba producida, constituye una cuestión de hecho excluida del ámbito de la casación, salvo el supuesto excepcional del absurdo.
Prueba confesional, confesión ficta, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: MARIA DEL CARMEN CARBAJAL c/ INSTITUTO MEDICO SAN JUAN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1991-05-21

El valor probatorio de la confesión ficta, nunca puede ser el mismo de la confesión expresa, y la apreciación de dicho valor queda librada al criterio del juez según las circunstancias del caso. La ficta confesión no permite tener como obligatorio o ineludible lo confesado, sino que atribuye al juez una facultad discrecional para dar por ciertos los hechos reconocidos de acuerdo con las circunstancias del caso.