Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-05-27


C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintisiete (27) de Mayo de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Arce de Medina, Luisa Cristina y otros c/Arce, Carlos José s/Reivindicación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1. Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación deducido a fs. 163/177 por la parte actora contra la sentencia del 20/6/2003, dictada por la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Común, que no hace lugar al recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primea instancia del 20/9/2002, que rechazó la demanda de reivindicación.

Obra responde de la parte demandada a fs. 184. El recurso fue concedido por auto del 26/11/2003, se interpone contra una sentencia definitiva, se dedujo en término, y se han satisfechos las exigencias de los arts. 816 y 817 del CPCC, por lo que corresponde pronunciarse sobre su procedencia.

2. Sostienen las recurrentes que está probado que el causante tenía la posesión del fundo que se pretende reivindicar, ya que el propio demandado reconoció con anterioridad que la causa de la posesión estaba dada por la ocupación que hiciera su padre, que él continuó a su fallecimiento y que presenta para ello testimoniales y boletas de impuestos que abonan sus dichos. Señalan que por aplicación de los principios que rigen en el derecho sucesorio, en concordancia con los que imperan en derechos reales, la posesión ejercida por un coheredero aprovecha a los restantes si no se ha probado que hubo renuncia de los mismos o que el poseedor ha intervertido el título de su posesión, con exclusión de los restantes herederos. Agregan que nadie puede cambiar por sí o por el transcurso del tiempo la causa de su posesión, y el que entra a poseer por otros continúa en el mismo carácter mientras no intervierta el título con actos materiales inequívocos con exclusión de los restantes. Destacan que el reconocimiento y declaración de voluntad del usucapiente en el juicio respectivo, por ser instrumento público, representa prueba categórica de la posesión del causante, y que procede la reivindicación intentada por los coherederos por la parte indivisa que les corresponde en la fracción de terreno que el demandado anotó a su exclusivo nombre luego de un juicio prescripción veinteñal en que los mismos no fueron partes. Subrayan que la posesión ejercida en vida del causante se transmite a sus herederos en las condiciones en que se encuentre con sus ventajas y sus vicios, haya o no cumplido el término de prescripción al momento del fallecimiento, resaltando que el sucesor universal continúa la persona del causante no pudiendo comenzar una nueva posesión ya que nadie puede cambiar por sí mismo ni por el transcurso del tiempo la causa de su posesión.

3. La sentencia recurrida sostiene que el reconocimiento del demandado respecto de la posesión que anteriormente ejercía su padre, no es idóneo para acreditar la existencia del tal hecho, ya que se trata de una mera declaración de voluntad, y "se vulneraría seriamente el interés superior de la sociedad, y si se permitiera perder (en el caso de autos adquirir) el dominio por una mera declaración de voluntad" (sic, fs. 156).

A continuación el fallo impugnado analiza las declaraciones testimoniales del juicio de prescripción adquisitiva, en particular las de fs. 183/187, y concluye en que los testigos no aportan dato alguno referido a la realización por parte de José Fabián Arce, padre de las partes, de actos posesorios, durante un término mínimo de 20 años.

En relación a las contribuciones que los actores dicen haber realizado en el año 1934 y en la década de 1950/1960, considera el tribunal de alzada que aún en el mejor de los casos para las recurrentes, las mismas no resultan suficiente para acreditar la posesión animas Domoni del causante, en particular señalando que no existe ningún otro elemento de convicción que complemente esta prueba.

Se afirma en la sentencia que las actoras no acreditaron que su padre haya ejercido la posesión sobre el fundo en cuestión, y que, al carecer del título de dominio, por no acreditar que su progenitor haya tenido el derecho de propiedad sobre el inmueble al haber sido su poseedor animus domini durante el lapso legal, sus sucesores tampoco lo tienen siendo correcto el rechazo de la demanda.

4. En primer lugar, es menester destacar que si bien, entre otras, en el recurso se plantean cuestiones de hecho y de prueba relativas a la posesión, y que en principio ellas son ajenas a la casación y propias de valoración por los jueces de mérito, la revisión en esta sede es posible si se demuestra arbitrariedad o absurdidad en la valoración de la misma (cfrme. CSJTuc., "Arce Luis ┴ngel vs. Fermín Regino Bravo s/reivindicación", 23/3/95).

En la especie, luego de analizar la prueba, el tribunal de alzada consideró que las actores no logran acreditar que su padre haya ejercido la posesión sobre el fundo en cuestión y que, por ello, confirma lo decidido por el juez de primera instancia en el párrafo 5º (fojas 109 vta.) y 2º (fojas 110) de los considerandos de su sentencia. Tales párrafos expresan lo siguiente: "En cambio, los accionantes invocan como título la coposesión veinteñal transmitida por sus antecesores, y además reivindican un dominio ya ganado por el demandado. Empero, según se ha visto éste sostuvo y demostró su propia posesión en el juicio sobre prescripción adquisitiva obteniendo sentencia declarativa de dominio, en tanto que ninguna prueba produjeron los actores en ese juicio que acredite la aludida posesión del causante y antecesor, José Fabián Arce" (párrafo 5º, fs. 109 vta.), y "En el sub judice los actores sostienen tener igual derecho que el demandado por el sólo hecho de ser herederos de un mismo causante quien a su vez era poseedor. Empero, Carlos José Arce argumentó su propia y exclusiva posesión en los autos sobre prescripción adquisitiva, y no estaba obligado a intervertir el título a fin de poner de manifiesto su intención de poseer con exclusión de los restantes" (párrafo 2º, fs. 110).

Más aún, la Cámara en su sentencia del 20/6/2003 descalificó las pruebas que podrían inclinarse a favor de la parte actora de este modo: a) en relación al reconocimiento del demandado de la posesión ejercida por su padre, el tribunal de apelaciones sostiene que no es idóneo para acreditar la existencia de tal hecho ya que se trata de una mera declaración de voluntad y "se vulneraría seriamente el interés superior de la sociedad, si se permitiera perder (en el caso de autos adquirir) el dominio por una mera declaración de voluntad" (sic, fs. 156); b) en relación a las testimoniales considera que no arrojan luz acerca de la concreta existencia de la posesión animus domini durante 20 años por José Fabián Arce, y que aparte de la información de que José Fabián Arce estaba en el terreno, los testigos no aportan ningún dato acerca de la realización por el mismo de actos posesorios, y que también es de aplicación lo dispuesto en el inciso d) del artículo 24 de la ley 14.159; y c) en referencia al pago de las contribuciones que los apelantes dicen haber sido realizadas en el año 1934 y en la década de 1950/1960, considera que en el supuesto que lo hubiera hecho el progenitor de las actores, ellas por sí solo no acreditan la posesión animus domini y cita jurisprudencia al respecto.

Veamos las falencias de tal valoración. El hoy demandado cuando promovió el juicio de prescripción adquisitiva (autos "Arce Carlos José s/prescripción adquisitiva", que en fotocopia autenticada se tiene a la vista), expresó en su escrito de demanda: "Que detento la posesión del inmueble materia de la usucapión desde el año 1970 al fallecimiento de mi padre don José Fabián Arce, quien se encontraba en posesión desde mucho tiempo atrás". Contrariamente a lo que afirma la Cámara, allí Carlos Arce no está haciendo ninguna declaración de voluntad que tenga por efecto (o pretendido efecto) adquirir la posesión contrariando el sistema jurídico. Lo que realiza no es sino reconocer que la posesión la tenía su padre "desde mucho tiempo atrás" y que, al fallecer el mismo, ahora la tiene él. Y esto es cierto. Es verdad que Carlos José Arce tiene la posesión desde la muerte de padre (esto no lo discute nadie en este juicio). De lo que se trata es de determinar en qué calidad la tiene y si la tiene de un modo exclusivo y excluyente.

Más aún, las testimoniales -ofrecidas por el hoy demandado-, que el tribunal de alzada devalúa en sus efectos, no hacen sino probar lo que afirma Carlos José Arce. Así a la pregunta "para que diga el testigo quién posee a título de dueño el inmueble objeto del presente juicio y desde cuándo; dé razón" (fs. 181) los testigos responden de este modo: Javier Manuel ┴vila expresa: "El Sr. Arce, por cuanto el padre de él ya ocupaba los terrenos en el año 1970 o 1972 y a partir de ese momento el hijo Carlos ocupa el terreno en forma pacífica, habiendo realizado desmontes, alambrados, colocación de agua corriente, y dedicado a trabajo de agricultura" (fs. 183); Juan Carlos Lencina declara: "Conozco que antes lo tenía el padre de él, de nombre José Arce, fallecido el padre quedó él con el terreno, era monte y lo alambró, antes era cercado de ramas, ahora lo tiene bien" (fs. 185); José Ascensión Lencina relata: "Desde el año 1970 el padre de él lo tenía al terreno, en esa época la separación de los terrenos era así nomás, con ramas, cuando el se ha terminado, Carlos lo hizo limpiar y le puso alambrado en los dos costados, lo limpió entero al terreno" (fs. 186).

A ello se añade que en ocasión de realizar una inspección ocular, la Jueza de Paz de Raco, indaga a los vecinos de la zona (fs. 197/198), y éstos responden del siguiente modo: Adela Antonia Sánchez, de 74 años, dice que "sabe que el padre del señor Carlos José Arce trabajaba los terrenos en cuestión desde que ella tiene conocimiento y que desde la muerte de su padre prosigue la misma actividad su hijo Carlos José Arce, quien siembra y atiende los cultivos y animales diariamente; Serafín Patricio Olea, nativo del lugar, también de 74 años, testimonia que "los propietarios del terreno en cuestión son Adelaida Olea, Pablo Olea e Isabel Olea, a continuación de la muerte de estas personas, poseyó los mismos el señor José Fabián Arce, padre del señor Carlos José Arce, y a partir de la muerte del padre continuó poseyendo el inmueble en cuestión el señor Carlos José Arce a título de dueño, él, durante más de veinte años, lo que le consta por ver al señor Carlos José Arce sembrando y atendiendo los cultivos con habitualidad hasta la actualidad".

A su vez, el pago de las contribuciones datadas en el año 1934 y en la década de 1950/1960 (fs. 20/21), y los nombres de las personas que figuran en las boletas como titulares del fundo, no puede ser valorado de un modo aislado, sino en conjunción con los restantes elementos probatorios.

Ahora bien, si es un hecho no negado, más aún afirmado por el demandado, que el causante José Fabián Arce tuvo la posesión del inmueble hasta su fallecimiento, resulta obvio que sus herederos le suceden en esa posesión. De conformidad al art. 3418 del Código Civil, los herederos suceden no solo en la propiedad, sino también en la posesión del difunto, con todas sus ventajas y vicios. O sea que la posesión material de los bienes que gozaba el causante, regulada por los arts. 2351 y siguientes, se les transmite a los sucesores universales de pleno derecho, ministerio legis, desde el fallecimiento del causante, sin necesidad de actos de aprehensión material de la cosa (corpus), ni de la intención posesoria (animus). Se trata de la posesión civilísima propia de los sucesores universales. Aclaro, para evitar confusiones que, en mi criterio, el art. 3418 se refiere a la posesión material de los bienes, definida por el art. 2351 del Código Civil, distinguiéndosela de la posesión hereditaria del art. 3410, que está referida o conceptuada como la investidura de la calidad de heredero con eficacia erga omnes.

Es decir, que los sucesores universales no requieren la tradición de los bienes sucesorios para adquirir el dominio de los mismos, pues tienen la posesión por disposición de la ley desde el fallecimiento del causante (arts. 3418, 3419, 3420, 3344, y notas a los arts. 3282 y 3341), constituyendo esta situación una excepción al principio de que antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real (arts. 577 y 3265).

Asimismo, la posesión de los sucesores universales se juzgará siempre unida a la del autor de la sucesión (art. 2475), lo cual significa que la posesión se transmite a los herederos y legatarios de cuota con las mismas condiciones y calidades con que aquél la ejercía. Los sucesores universales, por tanto, no comienzan una nueva posesión, sino que sólo continúan la posesión de su autor, en las condiciones en que éste la tenía.

Ahora bien, admitido el hecho de que el causante José Fabián Arce poseyó el inmueble hasta su muerte, a tenor de los principios legales citados, sus herederos, en este caso sus hijos (ver declaratoria de herederos en el testimonio de hijuela que corre a fs. 10/13 del presente juicio) sucedieron en la posesión de ese inmueble. Por tanto, es cierto, como ya dije, que Carlos José Arce tiene la posesión del bien desde el fallecimiento de su padre, pero como no es el único heredero, sucede en la posesión junto a sus hermanos.

Si Carlos José Arce pretende ejercer una nueva posesión a partir de la muerte de su padre, distinta de la de éste, o sea no como sucesor del mismo, tiene que intervertir su título (o sea el de poseedor como sucesor universal junto a sus hermanos), ello en razón del principio de que nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo la causa de su posesión (art. 2353 Cód. Civil), es decir, la regla de la inmutabilidad de la causa de la relación real implica que debe probar el acto de entidad suficiente para modificar el título.

Resulta, por ende, descalificable jurídicamente el fallo en tanto sostiene que no era menester que el demandado intervirtiera su título.

Aquí se abren temas que la Cámara en la sentencia impugnada no ha resuelto, merced a la valoración arbitraria que efectuó de los antecedentes del caso. Uno de ellos, consiste en determinar si Carlos José Arce intervirtió el título (y en qué momento) frente a su restantes coherederos coposeedores (adviértase que Arce sostiene su dominio y posesión material no en su carácter de heredero, sino a título propio, con independencia de su posesión hereditaria, es decir, el demandado invoca un título particular respecto del bien); si es que los actos materiales de cultivo, vivienda, etc., efectuados por Arce son suficientes para intervertir el título, o si mientras dura el estado de indivisión hereditaria (en relación a ese inmueble), el que un coheredero use y goce el inmueble del sucesorio y lo haga según su fin o destino natural, no implica sino el ejercicio de derechos que tiene todo coposeedor (arg. art. 2684), pero que ello no significa exclusión o negación de los restantes. A su vez, una vez determinado en qué momento se operó la interversión del título, cabe que el tribunal de alzada se expida también acerca de si la posesión de José Fabián Arce unida a la de sus sucesores, hasta el momento de la interversión por parte de Carlos José Arce, satisface las exigencias legales para usucapir el inmueble, de modo que los Arce puedan invocar título reivindicatorio.

Por consiguiente, considero que la sentencia impugnada ha valorado infundadamente las pruebas, realizando un análisis parcializado de las mismas, descontextualizándolas, a la par que incurre en errores de derecho al no efectuar el abordaje jurídico contemplando las diversas facetas que exige el caso, conforme se puntualizó. Por tanto, la sentencia transgrede el art. 28 de la Constitución de la Provincia y 272 del código de forma, correspondiendo que sea casada y anulada a tenor de la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y, por consiguiente, nula, la sentencia que, con valoración parcial de la prueba y omitiendo considerar cuestiones conducentes para la decisión del litigio, arriba a conclusiones decisivas sin dar razón suficiente de las mismas".

Los autos se reenviaran al tribunal de alzada para que, por intermedio, de quien corresponda, se proceda a sentenciar nuevamente la causa en esa instancia.

Las costas del recurso de casación se distribuyen por su orden, en razón de que la nulidad declarada no es imputable a las partes (art. 106 inc. 1º, CPCC).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la representación letrada de Luisa Cristina Arce de Medina, Neri Adelaida Arce de Pastrana, Yrma Pascuala Arce de Chocobar, Gladys Ignacia Arce de Muñoz y Juana Irene Arce, contra la sentencia del 20/6/2003 dictada por la Sala I¬ de la Cámara Civil y Comercial Común; en consecuencia, se casa y anula la misma a tenor de la doctrina legal enunciada; remítanse los autos al tribunal de alzada para que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar nueva sentencia en la causa. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS del recurso de casación por su orden.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.-	ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA