marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, transferencia del contrato de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Ledesma, Emilce Soledad c/ Districalz SRL (en quiebra) y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-07

El art. 225 lCt utiliza una fórmula de gran amplitud pues alude a la transmisión "por cualquier título", lo que significa que se verifica cuando por cualquier motivo se produce - de manera transitoria o definitiva- el cambio de titularidad de una o varias unidades productivas. Ese "cualquier título" puede exteriorizarse en diversas hipótesis tanto totales como parciales, como ser compra-venta, sucesión hereditaria, legados, donaciones, usufructos, transferencia de fondo de comercio y fusión o escisión de sociedades, entre otras. La solidaridad que consagra el art 225 de la LCT implica que el trabajador puede reclamar contra cualquiera de los dos sujetos -es decir transmitente y adquirente- la totalidad de su crédito, y en razón de tratarse de una solidaridad impuesta por la ley, son inoponibles a los trabajadores las eventuales cláusulas limitativas de responsabilidad que se pacten entre dichos sujetos. De acuerdo con lo estipulado en el art. 228 de la LCT, las obligaciones alcanzadas por la solidaridad son aquellas existentes al momento en que se opera la transferencia, así como las que se originaron con motivo de ella.
Fallos de la Corte Suprema, daño ambiental de incidencia colectiva, Derecho ambiental, protección del medio ambiente, principio precautorio, medidas cautelares, desmonte de bosque nativo, cambio climático, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL
Carátula: NN s/ a determinar. Presentante: Asociación Argentina de Abogados/as ambientalistas c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2024-08-19

Tal como reiteradamente la Corte Suprema lo estableció en materia ambiental aplicando el principio precautorio ante pretensiones que solicitaban suspender acciones de tala y desmontes, cabe configurar tales acciones como de peligro de daño grave porque podrían cambiar de modo sustancial el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes sino a las generaciones futuras y producido el perjuicio sería irreversible dado que no hay posibilidad de volver las cosas a su estado anterior.
Reparación integral, daño moral, defensa del consumidor, interpretación del contrato, responsabilidad contractual, incumplimiento del contrato, deberes del juez, obligación de no dañar, indemnización, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Víctor Cristian c/ Emergencia Médica Integral S.A. s/ Abreviado - Otros - Trám. Oral
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2024-08-20

Si bien la cuantificación del daño moral constituye uno de los quehaceres más difíciles para el juzgador por quedar librado a su prudente arbitrio, ello no significa que pueda resultar de su capricho sino que debe atenerse a la realidad objetiva según una crítica reflexión, cuya eficacia ha de resultar necesariamente de una adecuada ponderación que por sobre todas las cosas evalúe el carácter reparador de la indemnización, la gravedad de los hechos atribuidos a la accionada, su incumplimiento contractual, la violación a la confianza del consumidor, al trato digno, el derecho a la información y el deber de lograr una reparación integral.
Personas con discapacidad, cobertura médica, responsabilidad del Estado, derecho a la salud
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: D., G. A. c/ E.N. - M. Salud de la Nación - Agencia Nacional de Discapacidad s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-15

Debe confirmarse la sentencia que condenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a brindar la cobertura de los medicamentos prescriptos para el tratamiento de las enfermedades crónicas de una persona con discapacidad, porque cuando se trata de la continuidad de un tratamiento, resulta de aplicación el principio con arreglo al cual la protección de la salud no sólo es un deber estatal impostergable, sino que exige una inversión prioritaria. Además, cabe puntualizar que la obligación que pesa sobre la autoridad nacional le es exigible sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de medicina prepaga.
Despido, indemnización, monto del juicio, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez, María del Carmen  c/ Honda Motor de argentina S.A.-5- y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-26

En materia de actualización de créditos indemnizatorios la desproporción apuntada por el art. 771 CCyCN, podría darse en el hipotético caso de que la suma que arroje la liquidación a practicarse en el estadio de ejecución del pleito superase un monto equivalente al capital nominal diferido a condena cabe readecuarlo por el IPC con más una tasa de interés pura el 6% anual.
Despido, oposición a la prueba, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Palacio, Irma c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Palermo Norte I y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-29

Los codemandados, se opusieron a que declarara uno de los testigos propuestos por la parte actora por considerar que no se cumplía con el protocolo establecido por la CNAT. Fundaron su recurso en que la representación letrada de la actora admitió que la declaración de otra testigo ofrecida, también se produjo en su estudio jurídico. Sin embargo el recurso fue desestimado por el juzgado interviniente toda vez que después de efectuar la compulsa vía cámara web móvil, pudo constatarse que se trataba de un estudio de amplias dimensiones con ambientes separados distantes e independientes, y se señaló que no se verificaban "indicios de la supuesta escucha de lo declarado previamente por la testigo", y se consideraron cumplidas las condiciones necesarias para que se llevara a cabo la declaración testimonial, en virtud de las características del ambiente, las cuales resultaron idóneas. Corresponde desestimar la oposición formulada respecto a la declaración del testigo.
Accidentes de trabajo, intereses, modificación de la tasa de interés
Materia: LABORAL
Carátula: Aquino, Esteban c/ Prevención ART S.A. s/ Accidente-Ley Especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-21

Corresponde que en el marco de un accidente ley especial se tome los parámetros de cálculo de intereses aplicando las pautas del Acta 2764 de la CNAT y efectuar una reducción del 20%, la que debe llevarse a cabo sobre el total del capital con más sus accesorios a la fecha del efectivo pago, esto último en uso de las facultades conferidas por el art. 771, del CCyCN, toda vez que los jueces no pueden desconocer la realidad imperante cuando están llamados a resolver los conflictos patrimoniales suscitados por las partes, pues debe garantizarse -por mandato constitucional- que los créditos de naturaleza laboral y alimentaria que se adeudan no se transformen en sumas ínfimas, ya que de lo contrario estarían aniquilando la función resarcitoria comprendida en el régimen de contrato de trabajo porque al licuarse los créditos debidos, se abdica no sólo de la función protectoria contra el despido arbitrario sino que -incluso- permitirían exceptuar el dolo obligacional (cfr. art. 1743 CCyCN última parte) contrariando el orden público de protección y el orden constitucional (cfr. arts. 14 bis y 17 CN).
Confirmación de sentencia, despido, licencia por enfermedad, prueba, daño moral, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Cucinotta Nicolás c/ Casino de Buenos Aires S.A.  s/ Compañía de Inversiones en Entretenimientos S.A. UTE y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-18

El trabajador no asistió a prestar tareas dado que se encontraba con licencia por enfermedad inculpable por una patología columnaria que probó, lo cual determinó la existencia de una justa causa que le impidió cumplir con su débito laboral. A la accionada, quien se agravia del despido indirecto en que se colocó el trabajador, le asistía el derecho de desconocer la validez del contenido de los certificados médicos presentados por el actor pues estaba en mejores condiciones de fijar un encuentro con el trabajador en su establecimiento, a fin de que exhibiera puntualmente a quien ella indicara en su representación los instrumentos referidos para validar las ausencias y de esta manera dirimir el conflicto suscitado, con el objeto de preservar la relación laboral (cfr. art. 10 LCT). La prueba testimonial producida da cuenta que el trabajo del actor demandaba una serie de movimientos repetitivos varias veces al día lo cual agravó su dolencia por lo que el trabajador retuvo tareas hasta que la empleadora indicara tareas livianas conforme prescripción médica y abonara la deuda salarial por los descuentos injustificados. Así, entonces frente a las divergencias existentes entre los diagnósticos médicos acerca de la salud del trabajador y el silencio observado por la empleadora, sumado al reiterado desconocimiento de la dolencia que resultó debidamente acreditada, y la omisión del pago oportuno del salario por los días que estaban justificados por enfermedad inculpable, claramente se quedó configurada una injuria de entidad tal que impidió la prosecución del vínculo laboral (cfr. arts. 246 y 242 de la LCT). El reclamo por daño moral que procura el actor por despido discriminatorio se encuentra comprendido en la indemnización que emerge de los artículos citados. Cabe confirmar lo decidido en la anterior instancia.
Responsabilidad médica, obligaciones del médico
Materia: CIVIL
Carátula: Olguín, S. y otros c/  s/ procesamientos y embargos - homicidio simple
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-06

El principio de confianza no ampara el obrar desaprensivo y contrario a los deberes que cabe a los médicos como profesionales del arte de curar. Dicho principio tampoco ampara a quien ha violado las reglas que rigen su propia conducta, empezando por la más elemental y exigible a cualquier persona de evitar causar un daño injustificado y auxiliar al prójimo en peligro, aunque sea por actos de terceros, de buena fe y dentro de las posibilidades de cada uno (art. 1710 del Código Civil y Comercial).
Homicidio, calificación legal, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General de la Provincia de Santiago del Estero en la causa Ramos, José Luis c/  s/ homicidio agravado por alevosía - casación criminal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

Es arbitraria la sentencia que revocó la condena por el delito de homicidio agravado por ensañamiento y confirmó la de homicidio simple, pues el a quo dirigió su esfuerzo a neutralizar el valor probatorio de los resultados de la autopsia y el claro y coherente testimonio del médico forense, mediante la dogmática afirmación de que sólo ello no bastaba para tener por acreditado el dolo de la figura, es decir mediante una consideración fragmentaria y aislada de las pruebas e indicios, incurriendo en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio, lo que impidió una visión de conjunto de la prueba reunida. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Despido, ius variandi, cambio de lugar de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Silva, Gustavo Javier c/ Arbitra S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-26

La accionada cuestiona que la Sra. Jueza de grado haya considerado que se verificó un uso abusivo del ius variandi (art. 66 de la LCT) y que por tal motivo le asistía derecho al actor a considerarse despedido (arts. 242 y 246 de la LCT). Se encuentra acreditado que la demandada le otorgó al actor un nuevo destino laboral, que dicha modificación fue rechazada por el actor alegando que la misma le ocasionaba un perjuicio económico, personal y familiar y ante la negativa de la empresa a rever su decisión se consideró injuriada y despedida. El ejercicio de la facultad modificatoria del empleador es posible sólo en los casos en que el cambio responda a un criterio funcional, no le ocasione ningún perjuicio al trabajador y no afecte algún elemento esencial del contrato de trabajo. La facultad del empleador de variar, alterar o modificar unilateralmente las modalidades de la prestación de trabajo, requiere no sólo que los cambios no alteren modalidades esenciales del contrato de trabajo, ni causen perjuicio material o moral al trabajador, sino y fundamentalmente que la medida impuesta resulte razonable (cfr. art. 66 L.C.T.), es decir que la misma debe ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa. La demandada no rebate lo señalado por la señora magistrada respecto a que la empleadora no invocó los motivos por los cuales dispuso el cambio de lugar de trabajo del actor, no resultando suficiente a tal fin lo alegado en la queja en cuanto que se habría efectuado dicha modificación por "razones operativas". La accionada no brindo ningún tipo de precisión relativa a cuales serían las "razones operativas" por las cuales tomó la decisión de modificar el lugar de trabajo del actor, circunstancia que impide evaluar la razonabilidad de la medida. Cabe concluir que la empleadora efectuó un ejercicio abusivo del "ius variandi" (art. 66 LCT).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión de derecho común, cuestiones procesales, cuestión federal, costas, sentencia arbitraria, defensa en juicio, fundamentación de sentencias, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa G., P. J. c/ Medicus s/ ley de discapacidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-27

Los agravios planteados por la apelante suscitan cuestión federal suficiente para su tratamiento por la vía extraordinaria, pues si bien las cuestiones atinentes a la imposición de las costas del proceso, por ser de derecho común y procesal, resultan propias de los jueces de la causa y ajenas -como regla- a la vía del art. 14 de la ley 48 y a la par que la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad es especialmente restringida en esta materia; tales principios admiten excepción cuando se denuncia que el fallo apelado afecta la garantía de defensa en juicio por otorgar un tratamiento inadecuado a la controversia suscitada, al utilizar una fundamentación dogmática y apartarse sin argumentos de las normas concretamente aplicables al asunto.
Cuestiones de competencia, multa, juzgados federales, deudas impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: D.N.M. c/ Mingsun, Yan - Expte. 23136621/18 s/ proceso de ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-13

Cabe determinar la competencia de los juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias en el proceso de ejecución de una multa fundamentada en la Ley de Migraciones establecidos para conocer las ejecuciones promovidas o relacionadas con la actuación de la AFIP y de créditos adeudados a la administración pública nacional
Despido, transporte de carga, contrato de trabajo, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Walter Daniel c/ Logística Pueyrredón S.R.L. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

El actor comenzó a trabajar para la demandada como chofer de fletes de mercadería para clientes de la empresa demandada, estaba a su cargo la provisión del vehículo utilizado como flete, la reparación, el seguro, el pago del combustible y todo gasto emergente de la actividad. El objeto esencial del servicio contratado al accionante era el reparto y transporte de mercadería y no la mera disponibilidad de su capacidad de trabajo, porque lo imprescindible era contar con un vehículo para el reparto y/o transporte y no con la prestación personal de aquél. También un vehículo "solo" no podía satisfacer el cometido porque era necesario alguien que lo manejara. Fue el propio actor quien reconoció que los gastos de mantenimiento y los riesgos inherentes al servicio de transporte de mercadería contratado estaban a su cargo. La circunstancia de que el transportista debiera concurrir al establecimiento de la coaccionada y que debiera atenerse a los itinerarios fijados por aquélla para el reparto, o que acaso hubiese tenido que llevar facturas y/o rendir cuentas de las mercaderías entregadas; no resulta decisivo para tipificar una relación dependiente porque ello es inherente a un mínimo orden de organización empresarial y es propio también de otros contratos comerciales como, por ejemplo, el de transporte. No ha sido probado que las prestaciones del actor hayan estado sujetas a facultades de dirección y organización ejercidas por la empresa codemandada. No se aprecia configurada la típica nota de ajenidad que caracteriza a toda relación dependiente. Todo ello lleva a tener por desvirtuada la presunción que el hecho de la prestación pudo generar de conformidad con lo establecido en el art. 23 LCT y no se acreditó la existencia del contrato de trabajo que constituía el presupuesto básico de las prestaciones deducidas en la demanda. La ley 24.653 define al "fletero como el transportista que presta el servicio por cuenta de otro que actúa como principal. En cuyo caso no existe relación laboral ni dependencia con el contratante".
Acción de amparo, revocación de sentencia, afiliación a obras sociales, ENTRE RÍOS, sentencia arbitraria, facultades jurisdiccionales, personas mayores, protección internacional de los derechos humanos, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PROCESAL
Carátula: U., L. N. c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

La sentencia que rechazó la acción de amparo interpuesta a fin de obtener la incorporación de la actora como afiliada al Instituto de Obra Social de Entre Ríos, en su carácter de beneficiaria previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos es arbitraria, pues el a quo interpretó y aplicó los requisitos del amparo regulado por la ley local, soslayando el derecho a la tutela judicial efectiva y a interponer un recurso rápido y sencillo ante tribunales competentes frente a la vulneración de derechos fundamentales (art. 43, Constitución Nacional y arts. 8 y 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos), más aun considerando que la determinación de la existencia o inexistencia del derecho de la actora no exigía una mayor amplitud de debate o de prueba. Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.
Estafa, ardid, idoneidad para engañar, mutuo dinerario, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: M., C. C. c/  s/ sobreseimiento - estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-13

Cabe confirmar la sentencia que sobreseyó al imputado que le pidió una suma de dinero a quien entonces era su pareja, con el falso argumento que su padre necesitaba un medicamento costoso, motivo por el cual la damnificada accedió a entregarle una cantidad de dólares que no fueron restituidos, dado que la querellante no actuó bajo intimidación o engaño, sino que decidió voluntariamente facilitar el dinero durante una relación afectiva. El hecho de que el imputado haya faltado a la verdad, lo cual pudo haber respondido a diferentes motivos personales ajenos al dolo que requiere el delito, remite a que la simple mentira no constituye el ardid o engaño que exige el tipo penal de estafa para su configuración, ya que sin el despliegue de una puesta en escena que le otorgue respaldo objetivo, carece de idoneidad para afectar en lo sustancial la decisión de la víctima.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, caso concreto, cuestión federal, falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Iriarte, Luis y otra c/ Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-27

Debe ser declarado inadmisible el recurso extraordinario si fue interpuesto en un proceso que, si bien pudo ser instituido válidamente por una provincia dentro de sus atribuciones para organizar su sistema judicial, no reúne la elemental condición de constituir un caso contencioso que habilite la jurisdicción federal, en tanto los actores -en su condición de ciudadanos- no alegan, ni tampoco pretenden demostrar, que las normas impugnadas les causen un perjuicio personal y concreto, sino que expresan claramente que su objetivo reside en preservar los principios arquitectónicos del sistema republicano en la provincia (Voto del juez Rosenkrantz).
Escritos judiciales, firma de las partes, imagen de la firma, falta de firma, inexistencia del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Hugo Celso c/ Frigorífico 101 La Estrella SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-05

El acto inexistente ni siquiera ha nacido como acto, por eso no puede decirse de él que está afectado por un vicio en sus elementos formales sino más bien por carecer de los requisitos mínimos y esenciales para configurarlo, por tal razón, tiene nada más que la apariencia de un acto jurídico, pero en realidad no lo es. Desde esta perspectiva, las presentaciones que carecen de la firma ológrafa del codemandado que se presentó por propio derecho son actos inexistentes, resultando inadmisible la confirmación de escritos sin firma del interesado, porque dichos actos adolecen de ineficacia sustancial con el carácter de inválido por falta de autoría.
Juicio ejecutivo, presentación al cobro, preparación de la vía ejecutiva
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Musitani, Jorge Marcelo  c/ Ferraro, Cristian  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

Si bien la falta de presentación del cheque al cobro -y, con ello, la ausencia de la constancia de rechazo consignada por el banco girado- afecta la inclusión de dichos documentos entre los títulos que, por sí solos, traen aparejada la posibilidad de su ejecución directa (CPR 523); sin embargo, considérase que dicha omisión no empece a la posibilidad de solicitar la preparación de la vía ejecutiva en los términos previstos por el CPR 525, siempre y cuando, los respectivos cartulares exterioricen una obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero, o fácilmente liquidables (CPR 520). Es que, en el caso, estímase la doctrina plenaria del fuero recaída in re en los autos "Krshichanowsky, Miguel C. c/ Weliki Daniel" (esta CNCom en Pleno, 22/09/81, LL 1981-D-254, Ed. 95-641, JA 1981-IV-85). Disidencia de la Dra. Uzal
Concurso preventivo, pronto pago, crédito laboral
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Gestiones Solidarias SRL  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de apelación por escudero, marcelo adrian
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-04

Procede reconocer el derecho de pronto pago en los términos de la LCQ 16 sin perjuicio de la falta de registración en los libros de la concursada pues se verifica que la deudora reconoce cierta suma de dinero por la relación laboral que habían mantenido. Cabe recalcar que por un lado el instituto incorpora el crédito al pasivo concursal y por el otro importa la orden de su pago inmediato, en otros términos, el derecho al cobro que mediante él se reconoce, lleva implícito el reconocimiento de la legitimidad sustancial del crédito a cobrar.