Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-25


--- En la ciudad de Trelew, a los días de abril del año dos mil once, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Aldo Luis De Cunto, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S., A. R. c/ A. T. S.A. P. ART. S.A. s/ accidente de trabajo" (Expte. 57 - año 2011) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 171. ----- A LA PRIMERA CUESTIÓN , el Dr. De Cunto dijo: - --- Vienen estas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte codemandada a fs. 152, concedido a fs. 153, en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos a fs. 144/148, por el cual se hace lugar parcialmente a la demanda entablada por Á. R. S. contra A. T. S.A. y P. ART S.A., condenando a las mismas -a la última en los términos del contrato celebrado con la empleadora- a que abonen al actor la suma de $ 426.541,87 con más intereses y costas. A fs. 162/164 vta. obra la expresión de agravios de la codemandada apelante, cuyo traslado conferido a fs. 165 no fuera contestado por la contraria.

--- I.- Haré una breve reseña de los agravios expuestos, para luego adentrarme en el análisis de los mismos. La recurrente cuestiona en primer lugar que la sentencia resuelve sobre cuestiones no alegadas por la actora y que por ende no fueron motivo de respuesta de su parte. Sostiene que la sentencia no puede exceder el límite impuesto por las partes, el actor al narrar la causa petendi y el accionado al contestar la demanda. Cita doctrina y jurisprudencia relativas a que, si bien el juez está autorizado para determinar el derecho aplicable en virtud del principio iura novit curia, ello no le permite introducir de oficio cuestiones que no fueron propuestas en el marco de la relación procesal, ya que dicha facultad no se extiende a alterar la causa petendi. Concretamente, agrega, el principio iura novit curia no puede conducir a alterar las formulaciones de las partes o a introducir cuestiones no debatidas.

--- La apelante continúa explicando que el actor encuadró su pretensión, en las normas de los arts. 1109 y 1113 del C. Civil y del art. 75 de la LCT, al punto que requirió la inconstitucionalidad de las normas de la LRT. Es así que se respondió la demanda, arguyendo que no se argumentó ni se intentó probar el nexo de causalidad entre alguna omisión a los deberes de su mandante (art. 1074 del C. Civil) y el resultado dañoso acontecido, citando jurisprudencia al respecto. Añade que, sin perjuicio de que la condena contra el empleador se encuadró en el art. 75 de la LCT -si bien omitiendo toda referencia a la remisión a la ley 24557 que efectúa dicha norma-, se condenó a su parte a cumplir con las disposiciones de la LRT sin que se hubiere demandado tal cosa, y sin dársele la oportunidad de argüir que ya cumplió con lo que establece la normativa de riesgos del trabajo. ------ --- De acuerdo a lo explicado entiende que la sentencia resulta incongruente toda vez que se condenó por hechos sobre los que la actora efectuó un encuadre legal diverso. Insiste en que el principio iura novit curia no implica descargar a las partes de la alegación de las normas que les son favorables, significa que es innecesario probar el derecho vigente y alegarlo con completa precisión. Considera, con cita doctrinaria, que la habilitación al juez para examinar la pretensión con una óptica distinta el tratamiento jurídico que le asigna la parte encuentra como límite la identidad de la propia pretensión, cuya configuración pertenece al ámbito del poder de disposición de la parte. Reflexiona que lo que está en juego, en última instancia, es la defensa en juicio, y que éste es el límite que se impone al principio iura novit curia desde el principio de la congruencia, del respeto a la contradicción e igualdad entre las partes.

--- Resume su postura aclarando que su parte fue condenada en el marco de la Ley de Riesgos de Trabajo, cuando la contraria demandó por aplicación de la normativa común y del art. 75 de la LCT reformado por la LRT. Finalmente agrega que efectuada la defensa en dicho marco legal, la condena por otro distinto imposibilitó la correspondiente respuesta, causando indefensión. ----- --- II.- Delimitada la materia sobre la cual habrá de ejercer este Cuerpo la facultad revisora, me adentraré en el tratamiento de los agravios reseñados, más allá de que todas las quejas se vinculan con la incongruencia del decisorio por condenarse a la recurrente en orden a un determinado marco normativo que no fue el alegado por el actor. --- 1) Dado que la apelante hace mención a que se han decidido cuestiones no propuestas en la demanda y contestación, encuentro conveniente efectuar una breve síntesis de las postulaciones de ambas partes en los respectivos escritos que dieron marco a la litis. En tal sentido ha de decirse que la accionante comienza por explicitar el objeto de la demanda, explicando que promueve "...demanda por accidente de trabajo, acción de derecho común, basado en el art. 1113 y concordantes del Código Civil...contra del A. T. S.A....y/o de P. A.R.T. S.A." (ver fs. 04, pto. II). Más abajo explicita en relación a la admisibilidad de la demanda y a la competencia del juez de grado, que a fin de hacer efectivos determinados derechos constitucionales y en mérito de la Teoría General de la Reparación de Daños, "...vengo ante V.S. a reclamar a que se le abone al actor lo que por Derecho le corresponde, bajo los principios del ordenamiento común. La pretensión se encuentra avalada por el art. 1113 del Código Civil, la pacífica y unívoca jurisprudencia de nuestros Tribunales al respecto, por un lado; y por el otro, en el principio constitucional de Juez Natural y la laguna legal que emerge de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557, dado que el daño habido y la reparación que se pretende no encuentran encuadramiento en tal plexo...Desde otro punto de vista, diremos que el artículo 39 de la LRT, prohíbe la sustanciación de la vía civil a consecuencia de los conflictos que se susciten por aplicación de "las prestaciones de esta ley"; pero una correcta hermenéutica de la norma nos permite afirmar que no existe ni debe existir -bajo el principio de razonabilidad- limitación alguna a la aplicabilidad del Derecho Común, por aquellas situaciones no previstas en el ordenamiento que es precisamente el caso de autos...Este planteo, en orden a fundamentar vuestra competencia, se completará con la petición subsidiaria de inaplicabilidad y declaración de inconstitucionalidad de distintas normas de la ley 24.557, en cuanto cercenan y limitan vuestra competencia y los derechos de mi representado, vulnerando también el reparto federal de competencias de nuestra Carta Magna, y desde que no existe en autos cuestión federal de naturaleza alguna" (ver fs. 04/vta., pto. III). ------ --- Más adelante se refiere a la responsabilidad endilgada y bajo el título de "RESPONSABILIDAD SUBJETIVA" expresa que el art. 75 de la LCT impone al empleador el deber de seguridad de sus empleados, debiendo observar las normas reglamentarias sobre higiene y seguridad en el trabajo y adoptar las medidas necesarias para tutelar la integridad psico-física y la dignidad de los trabajadores, culminando que la actividad desarrollada por el actor para la demandada y los elementos proporcionados por la patronal para las tareas, fueron factores que determinaron el hecho dañoso relatado y también la patología que lo aqueja, debiendo en consecuencia responder el empleador (ver fs. 05, pto. V). Y en otro capítulo titulado "RESPONSABILIDAD OBJETIVA", señala subsidiariamente que, para el caso de que se concluyera que la demandada ha cumplido con las disposiciones pertinentes, es igualmente responsable por la actividad desarrollada por el trabajador y la forma en que la ejecutaba dado que el siniestro se produjo en momentos que cumplía las tareas asignadas por la empleadora. Así considera que, a pesar de la modificación introducida por la ley 24557 al art. 75 de la LCT, la limitación del alcance de la obligación de seguridad no se compadece con los objetivos de la LRT y además esta ley no derogó ni modificó toda la normativa de la LCT que tiende a asegurar la indemnidad del trabajador. Se refiere luego a los deberes de buena fe, diligencia e iniciativa a cargo del empleador, para finalizar diciendo que el deber de seguridad da contenido a una obligación de resultado el cual resulta un factor de atribución objetivo (ver fs. 05 vta./06, pto. VI). Añade luego, en otro apartado, que a todo evento se declare inaplicables por su manifiesta inconstitucionalidad diversos artículos de la LRT, todas ellas normas que vedan el reclamo por la normativa del derecho común (ver fs. 06/07 vta., pto. VIII). Por último, encuentro relevante mencionar, que al fundar el derecho, el actor explicita nuevamente que no reclama la cobertura de la LRT, sino lo establecido por los arts. 1109, 1113 y concordantes del C. Civil, art. 75 de la LCT, ley 19587, distintos artículos de las constituciones Nacional y Provincial, ley 11544, la Convención Americana de Derechos Humanos y la ley 7987 -aclaro que esta última ley otorga una pensión a una persona determinada-. Reitera que para el caso que se interprete que el art. 39 de la ley 24557 veda el acceso a un reclamo indemnizatorio fundado en el derecho común, deja plantada la inconstitucionalidad de dicha norma (ver fs. 07 vta., pto. VIII). Por su parte la codemandada P. A.R.T., luego de hacer mención al siniestro, entiende que es falso que el mismo deba atribuirse a falta de información, omisiones o incumplimiento de alguna de las obligaciones que establece la LRT y sus decretos reglamentarios en orden al cuidado de salubridad e higiene, considerando que el mismo se debió al hecho de la víctima de acuerdo a lo establecido por el art. 1111 del C. Civil, siendo dicha eximente viable dado que el actor citó en su apoyo las normas de los arts. 1109 y 1113 del mismo código (ver fs. 34/vta.). Seguidamente refiere que la contraria efectúa una mixtura de los sistemas de responsabilidad extracontractual y contractual al citar el art. 75 de la LCT, amén de invocar factores subjetivos y objetivos de atribución de responsabilidad, mas destaca que se omite la mención del art. 1074 del C. Civil (ver fs. 35/vta., pto. III). Efectúa luego consideraciones acerca del planteo de inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1 de la LRT que deduce la actora (ver fs. 36/vta.), y opone como defensa de fondo la falta de legitimación pasiva, por considerar que no puede ser obligada al pago de sumas superiores de aquellas previstas en la ley 24557 (ver fs. 36 vta./37, pto. d). Agrega que el actor no mencionó el art. 1074 del C. Civil, sino que se refirió genéricamente a incumplimientos de su parte sin precisarlos, a lo que añade que aún en el caso que se considere que hubo alguna omisión debe existir un nexo de causalidad adecuado entre ésta y el resultado del siniestro, citando jurisprudencia al efecto (ver fs. 37/38, pto. e). ---- --- Del relato fragmentado de los párrafos trascendentes de la demanda y contestación se desprende claramente que el actor accionó de acuerdo a la normativa del derecho civil, no obstante lo cual hizo referencia al art. 75 de la LCT para enfatizar el deber de seguridad del empleador. Queda sumamente explicitado que el actor no demandó en virtud de las normas de la ley 24557, cuya inconstitucionalidad solicita en orden a que no se le vede el acceso a la acción de derecho común. Así lo entendió el juzgador cuando, luego de hacer referencia a diversos pronunciamientos de esta Cámara, concluyó que "...de tal manera, considero que el accionante se encontraba plenamente habilitado a iniciar la acción, conforme las disposiciones de la legislación civil como cualquier ciudadano, declarando en consecuencia la inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley 24557, con ello y por efecto cascada, caen las disposiciones de la LRT que el demandante menciona en el punto VII de fs. 6, siendo así y como ya en este párrafo lo dijera, no veo inconveniente legal alguno que impida a S. la posibilidad de encontrar una reparación integral por el infortunio sufrido, del cual saliera con una minusvalía laboral que deberá ser atendida en esta instancia conforme el reclamo formulado" (ver sentencia a fs. 145 vta., 2do. párrafo). --- Bajo la misma normativa civil el sentenciante de grado consideró que con relación a la ART "...la imputación de responsabilidad se ve cortada ante la falta de prueba por parte del actor infortunado del nexo causal que la vincularía con la ocurrencia del evento dañoso, en otras y sencillas palabras, la ausencia de prueba de que por acción u omisión de los deberes legalmente impuestos a la compañía aseguradora el accidente haya sucedido" (ver sentencia a fs. 146, último párrafo); y luego de citar jurisprudencia en el sentido señalado concluyó que "De esta forma y como lo adelantara párrafos arriba a la compañía le alcanzará su responsabilidad sólo hasta el límite del contrato de seguro refiriéndome con ello a que deberá hacer frente a la indemnización que conforme la incapacidad y demás pautas de la LRT le correspondía asistir a su asegurado" (ver sentencia a fs. 146 vta. "in fine"/147, 1er. párrafo).

--- 2) La recurrente entiende que el juez de grado incurrió en incongruencia por cuanto condenó a su parte en virtud de las normas de la LRT, cuando ello no fue objeto de la pretensión del actor, quien reclamó de acuerdo a las normas del derecho civil, por lo que se alteró la causa petendi. A la luz de lo expresado en el considerando precedente ha quedado sumamente aclarado que Salvatierra promovió esta demanda de acuerdo a las normas del derecho común, es más, expresamente requirió que no se le aplique la normativa de la LRT y a tal fin planteó la inconstitucionalidad de diversos artículos de la misma, lo cual fue acogido en la sentencia en la cual se hizo lugar al acceso a esta acción de derecho común (ver sentencia a fs. 145 vta., 2do. párrafo). De acuerdo al agravio de la apelante, la cuestión a decidir radica en indagar si el decisor incurrió en incongruencia dado que, habiendo el actor reclamado con fundamento en el derecho civil, y habiéndose acogido el acceso a dicho tipo de acción, se hizo responsable a la ART en virtud del contrato de seguro de acuerdo a la normativa de la LRT (ver contrato sellado con fecha 13/12/06, obrante en la documentación reservada).

--- Con relación a la cuestión planteada, esto es, cuáles son los límites del principio iura novit curia a fin de infringir el principio de congruencia, ya me he expedido en el antecedente de esta Sala "B" (SDC Nº 19/08 del 21/05/08). En el mismo comencé por señalar que la cuestión no es pacífica. En el excelente artículo de doctrina de Andrea Meroi que citara el vocal prevotante en la causa referida (conf. Meroi, Andrea A. : "Iura Novit Curia" y Garantías Procesales" en www.eldial.com.ar/bases/doctri/notas/ nt021213.asp), la autora expresa que la "causa petendi" ha sido definida como el fundamento o razón en el que el demandante sustenta su petición de tutela jurídica al órgano jurisdiccional y con cita de Alvarado Velloso adhiere a la teoría "dualista" o de la "individualización", entendiendo que la causa de la pretensión se descompone en dos subelementos: 1) los hechos invocados en la demanda y contestación y 2) la imputación jurídica que las partes efectúan con motivo de los hechos. Con todo esta autora admite que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritarias adscriben a la concepción unitaria o sustancialista de la "causa petendi", según la cual el juez no está vinculado por la calificación jurídica del actor, pudiendo modificarla sin que la resolución pueda tacharse de incongruente con la condición, además de no alterar los hechos y respetar el principio de contradicción, de no modificar la "causa petendi". Siempre según Meroi, la máxima "iura novit curia" no puede ser entendida como facultad del juez de producir un potestativo cambio de punto de vista jurídico respecto del querido y asumido por los litigantes; dicha máxima no implica descargar a las partes de la alegación de las normas jurídicas que les son favorables, sino que significa tan sólo que es innecesario probar el derecho vigente y alegarlo con completa precisión y total exhaustividad. Agrega que el límite a las facultades de aplicación del derecho por los jueces viene exactamente determinado por los límites que los litigantes hayan querido establecer respecto de sus derechos subjetivos, su medida y la amplitud de su ejercicio. Y finaliza la autora citada diciendo que la habilitación que se reconoce a los órganos jurisdiccionales para examinar la pretensión a la luz de un tratamiento jurídico distinto del que le dota la parte encuentra el límite infranqueable de la identidad de la propia pretensión, ya que no debe prevalecer sobre el superior criterio de la defensa y seguridad jurídica.

--- Dentro de la postura mayoritaria que critica la autora mentada, encontré relevante destacar lo expuesto por Zavala de González, ya que se refiere en concreto a la aplicación del principio "iura novit curia" respecto del proceso de daños (conf. aut. cit., "Resarcimiento de Daños", Tº 3, Ed. Hammurabi, 1997). Esta autora considera que el juez tiene la atribución y el deber de emitir su pronunciamiento sobre la hipótesis fáctica planteada, sin estar constreñido por la definición técnica aportada por los litigantes, y si bien el magistrado puede variar la denominación jurídica de la situación de hecho, no debe modificar intrínsecamente ninguno de los elementos constitutivos del litigio, como la causa o el objeto, ya que una solución contraria implicaría introducir en el proceso una acción o una defensa distinta de las incorporadas por las partes, infringiendo el principio de congruencia (conf. aut. cit., op. cit., ídem, págs. 240/241). Añade que el primer principio (iura novit curia) se emplaza en el terreno jurídico; y el segundo (congruencia) en el fáctico, pero como no existe una separación tajante entre "cuestiones de derecho" y "cuestiones de hecho", se presenta una zona gris entre la libertad del juez para calificar la acción y la restricción que impide sustituir una acción por otra (conf. aut. cit., op. cit., ídem, pág. 241). Así se ha entendido que "Si bien el principio de congruencia veda al juzgador la posibilidad de introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de hecho, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa, ello no impide, sin embargo, la aplicación del derecho a los hechos acreditados" (conf. SCBA, 4/4/89, ll, 1990-A-235).

--- Con relación al juicio de daños -continúa diciendo Zavala de González-, puede señalarse que el principio de congruencia opera con mayor vigor en lo que atañe al objeto de la acción, mientras que son más amplias las atribuciones jurisdiccionales oficiosas en relación con la causa, título o razones que apoyan la petición. Y en el proceso de daños, la causa de la acción, entendida en sentido estricto, radica en el perjuicio injusto sufrido por el actor -en conexión con un hecho lesivo que debe ser su causa adecuada- (conf. aut. cit., op. cit., ídem, pág. 242). Y concretamente respecto a la cuestión planteada en el antecedente que refiero -donde se invocaba un argumento defensivo que surge de los hechos no controvertidos, pero que la demandada invoca recién en la expresión de agravios-, Zavala de González considera que así como el juez debe encuadrar oficiosamente el título en función del cual cabe la responsabilidad, también puede decidir que no procede ninguna o que ella debe ser limitada, por intervenir un factor eximitorio, total o parcial, y a pesar de que éste no haya sido explícitamente invocado por el demandado, siendo esto una manifestación del principio "iura novit curia"; es que frente a la realidad, probada en autos, de un motivo excluyente o limitativo de la responsabilidad, sería inconcebible que el magistrado dictase un pronunciamiento de condena, al que le faltaría el esencial presupuesto de un deber del sujeto pasivo. No se infringe pues el principio de congruencia, a pesar de que el factor liberatorio no haya sido aducido por el demandado, pues se está siempre ante el problema de si la acción misma se encuentra fundada en derecho (conf. Zavala de González, op. cit., ídem, págs. 247/248). --- En el mentado precedente encontré convincente la argumentación de la autora citada en último término. Agregué que fin de esclarecer mi convencimiento se me permitiera plantear esta hipótesis que encontré análoga a la que se presentaba en dichos autos. Supongamos que el actor, en lugar de provenir por la izquierda, admite en su relato o surge acreditado que traspuso la bocacalle con luz roja, pero al no venir nadie cruzó y endilga responsabilidad al taxista por circular a excesiva velocidad. Al contestarse demanda se esgrime lo mismo que se invocó aquí en la instancia de origen, que el ciclista circulaba rápido y apareció sorpresivamente, mas nada se dice de la violación de la luz roja. Entiendo que a pesar de dicha falta de alegación el juzgador puede hacer mérito de dicha circunstancia fáctica no controvertida, ya que en nada afectaría el derecho de defensa en juicio del actor, por cuanto se consideraría un hecho invocado por el mismo o bien que resulta de su propio relato. Es más, entiendo que aún ante la incontestación de demanda no hesitaría en afirmar que el juez puede considerar ese hecho a fin de valorar la conducta del accionante.

--- 3) Ahora bien, así como en el antecedente citado consideré que en virtud del principio iura novit curia el juez podía hacer mérito de un argumento defensivo que surgía de los hechos no controvertidos pero que no había sido esgrimido en la contestación de la demanda, entiendo que el presente caso dista de ser análogo al precedente referido. Debo recordar que de acuerdo a la opinión doctrinaria de Zavala de González a la que adherí en el voto mentado, invocado el dolo del demandado como fundamento de su responsabilidad, la sentencia puede acoger la pretensión resarcitoria a título de culpa, y en tal hipótesis la sentencia condenatoria no infringe el principio de congruencia. Inclusive dentro del umbral inferior de la culpa (en lugar del dolo), existe una razón unificadora bastante: la reprochabilidad subjetiva del perjuicio. El dolo sólo opera para que a fortiori pueda dictarse un pronunciamiento condenatorio. La conclusión reseñada es extensible a otros supuestos. Por ejemplo, a pesar de que se haya invocado un factor de atribución subjetivo (culpa), la responsabilidad puede declararse a título de riesgo creado, o a la inversa. Es que todo el problema de la "calificación" es ajeno a la causa misma: si un hecho se subsume bajo un diferente supuesto normativo del alegado por el actor o es subsumible en varios -es decir, operan justificaciones alternativas o concurrentes para un mismo problema fáctico-, sólo se modifica el "enfoque" jurídico de la acción, pero ésta queda siempre idéntica y no resulta alterada por el juez cuando practica el encuadramiento que considera procedente. Así pues, la dilucidación del motivo de atribución de responsabilidad entraña un problema de encasillamiento jurídico, al que es aplicable el principio iura novit curia. De lo expuesto se infiere que el magistrado debe examinar si la acción puede prosperar por alguna razón justificadora de la imputación, aunque no sea precisamente la que esgrimiera el actor. Es que la causa petendi en la responsabilidad civil resarcitoria es la producción de un daño injusto, que se atribuye al demandado. Si hay alguna razón para que responda, la pretensión no debe ser rechazada, ya que el juez debe indagar, inclusive oficiosamente, la existencia de algún motivo para fundar la responsabilidad, sustituyendo en su caso el invocado por el pretensor. En dicho orden de ideas, resulta aplicable el principio iura novit curia al encuadramiento de la responsabilidad como contractual o extracontractual: la invocación por el actor de uno de esos títulos de responsabilidad, no justifica el rechazo de la pretensión, por la circunstancia de que el juez considere procedente el otro, y en tanto y en cuanto el sustento fáctico en que se apoye la sentencia sea el mismo que el esgrimido por el pretensor (conf. Zavala de González, op. cit., ídem, págs. 243/245).

--- La amplitud de aplicación del principio iura novit curia que se desprende de la postura a la que adhiero, no importa empero, que en la especie, la apelante pueda resultar condenada de acuerdo a las previsiones de la ley 24557, tal como lo dispuso el juez de grado (ver sentencia a fs. 146 vta. "in fne"/147, 1er. párrafo). Es que claramente el actor aclaró que su pretensión era incoar la acción civil y solicitó que no se le aplicara la normativa de la LRT. Debe considerarse que la circunstancia de escoger uno u otro régimen, altera no sólo el monto por el cual el responsable debe responder, sino también las prestaciones de las que debe hacerse cargo. Pero amén de ello, y fundamentalmente, los hechos atribuidos en uno u otro sistema no son los mismos. En el supuesto de que se hubiera demandado de conformidad con la ley 24557, las prestaciones, tanto dinerarias como en especie, a cargo de la ART se encuentran claramente detalladas en los arts.13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20 de la ley 24557. De allí que demostrado el supuesto fáctico de los perjuicios indicados en tales normas, la ART debe abonarlas en la medida que el sistema de la LRT lo dispone. Es de hacer notar que en este régimen no se requiere demostrar ningún tipo de omisión o negligencia por parte de la ART que pudiera haber sido la causa adecuada del perjuicio padecido por el trabajador, sino que sucedido el infortunio, corresponde efectuar la denuncia pertinente por parte del empleador, del trabajador, sus derecho habientes, la ART, o un tercero en su caso (conf. Foglia, Ricardo A. en Rodríguez Mancini-Foglia: "Riesgos del Tabajo", Ed. La Ley, 2008, págs. 573/577). La ART tiene la obligación de aceptar o rechazar la misma en forma expresa y notificar fehacientemente su decisión (conf. art. 6 del decreto 717/96) y aceptada la denuncia por la ART, ésta es la única responsable por el otorgamiento de las prestaciones que la LRT prevé (conf. arts. 3, 26 y 28 de la ley 24557 y art. 1 del decreto 334/96) (conf. Foglia, op. cit., págs. 585/588). La apelante aduce que cumplió con las prestaciones a su cargo de acuerdo al régimen de la LRT y que como no fue eso lo que se le reclamó en la demanda, sus defensas en la contestación a la misma no estuvieron dirigidas a alegar y demostrar tal cumplimiento.-- --- ¿Significa lo anterior que la ART no puede ser legitimada pasiva en una acción de derecho civil como la presente?. Ello no es así. Es cierto que a diferencia de lo ocurrido con la responsabilidad civil del empleador, que fuera prevista en la regla del art. 39 de la ley 24557, nada se contempló en la LRT sobre la eventual responsabilidad civil de las ART por los daños que pudieran sufrir los trabajadores de los empleadores asegurados por ellas. Lo cierto es que, cuanto sujetos de derecho, nada obsta para que las ART puedan ser responsabilizadas civilmente por los daños causados por su eventual obrar antijurídico, y ello fue lo que comenzaron a decir los tribunales (conf. Ackerman, Mario E.: "La Ley sobre Riesgos del Trabajo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", Rubinzal-Culzoni, 2008, págs. 219/220). Una acción no prevista por la LRT, y que no requiere la declaración de inconstitucionalidad de ninguna norma de dicho texto legal, es la que puede intentar el trabajador contra la ART con fundamento en el art. 1074 del C. Civil, siendo su finalidad condenar a la ART a abonar a la víctima del infortunio el resarcimiento pleno en base a la normativa civil independientemente del otorgamiento de las prestaciones de la LRT. Se trata de indemnizaciones que no están incluidas en la cobertura pactada con el empleador y desde la perspectiva contractual se trata de un caso de "no seguro". La aplicación del art. 1074 del C. Civil presupone el incumplimiento por parte de la ART de un deber propio de obrar emergente, no del contrato de seguro ya que dicha responsabilidad es ajena al mismo, sino de una obligación impuesta por la ley a la ART. Se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual subjetiva frente al trabajador o sus derechohabientes, esto es, en el que se debe probar la culpabilidad, en sentido amplio, es decir abarcativo del dolo o la culpa, por omisión de la ART y su intervención en el nexo causal. El sistema de culpa objetiva -en realidad responsabilidad objetiva- y de inversión de la carga probatoria que para los casos que contempla, prevé el segundo párrafo del artículo 1113 del C. Civil, es inaplicable por cuanto la aseguradora en tal caso es responsable a título propio y no del seguro, y por ende no es ni dueña ni guardiana de las cosas que intervienen en el daño. La eventual responsabilidad de la ART es independiente de la del empleador ya que no emerge del contrato de seguro, dicho contrato es la ocasión pero no la causa del deber de obrar que surge de la propia ley (conf. Foglia, op. cit., págs. 655/656). --- El art. 1074 del C. Civil expresa que "Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido". En ese sentido el régimen de la LRT impone determinados deberes a las ART, contenidos en los arts. 4, ap. 1 y 31, ap. 1 de la ley 24557; a lo que deben añadirse las obligaciones de las mismas de acuerdo a los arts. 16, 18 y 19 del decreto 170/96 (conf. Foglia, op. cit., págs. 656/659). Bajo dicho marco normativo, la Corte Federal adoptó un criterio restrictivo, según el cual se exige un escrutinio riguroso de la configuración de un nexo de causalidad adecuada entre la conducta omisiva reprochada a la aseguradora y el daño cuya reparación se pretende. Así en "R. c/ T. T." (conf. CSJN, del 03/12/02) se consideró que "Está fuera de discusión que el accidente se produjo por el incumplimiento de la empleadora, en el que bien pudo haber persistido a pesar de la advertencia de la ART -que carece de facultades para impedir la realización de las tareas- o de la denuncia de ésta a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Tampoco cabe soslayar que, según el curso natural y ordinario de las cosas (arts. 902 y concs. del Código Civil), el siniestro era susceptible de producirse antes de la intervención del ente supervisor, aun cuando haya tenido tempestiva noticia de la falta de provisión del cinturón de seguridad. O bien pudo ocurrir que la autoridad no hubiera cumplido las funciones que le son propias o lo hiciera deficientemente. En ese contexto, es palmario que la prognosis respectiva sobre el nexo causal enfrenta una amplia gama de hipótesis que torna discutible la conclusión a que arribe el juicio de probabilidad que al respecto se haga". En el caso "Soria J.L. c/ R.A. y C.E.S.A." (CSJN, del 10/04/07), se mantuvo un criterio similar, si bien se produce una importante disidencia de Lorenzetti y Fayt, la misma giró en el contenido del deber de prevención impuesto por la ley, pero no en la exigencia de la acreditación del nexo causal. Las posturas mayoritaria y minoritaria de este antecedente se volvieron a plasmar en "Galván, Renée c/ Electroquímica Argentina SA y otro" (CSJN, del 30/10/07). En "Torrillo c/ Gulf Oil Argentina") CSJN, del 31/03/09), la Corte amén de reiterar una vez más la postura restrictiva, aportó importantes precisiones sobre el lugar que ocupan las ART en la prevención de los riesgos del trabajo, y especialmente, la identificación de las obligaciones de ellas cuyo incumplimiento podría desencadenar su responsabilidad civil. En suma la ratificación del criterio restrictivo de la Corte Suprema sobre la posibilidad de responsabilizar civilmente a las aseguradoras de riesgos del trabajo por los daños a la persona sufridos por los trabajadores en circunstancias laborales se expresa en el citado caso "Torrillo" en tres importantes precisiones -en torno de las cuales no parecen advertirse disidencias- que sintetizan el pensamiento del alto tribunal en esta materia: 1) las ART pueden ser responsabilizadas en el marco del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, cuando concurren los presupuestos previstos en ese ordenamiento general para imponer tal responsabilidad; 2) el marco regulador de la LRT y sus normas reglamentarias establecen las obligaciones de la ART en materia de prevención de los riesgos del trabajo; y 3) acreditado el nexo de causalidad adecuado entre el incumplimiento de las obligaciones impuestas a las ART y el daño sufrido por el trabajador, aquélla puede ser obligada a reparar tal daño con el fundamento y alcances previstos en el Código Civil (conf. Ackerman, Mario E.: "Ley de Riesgos del Trabajo Comentada y Concordada", Rubinzal-Culzoni Editores, 2011, págs. 102/110).------ --- 4) De conformidad con lo expuesto en el considerando anterior, es de resaltar que la apelante contestó demanda en la línea jurisprudencial de la Corte Federal a la que se aludiera, ya que al interponer como defensa de fondo la falta de legitimación pasiva, efectuó expresa mención de que el actor no entendió aplicable al caso el art. 1074 del C. Civil, y enfatizó la inexistencia de nexo causal entre la supuesta omisión o negligencia de la aseguradora y el accidente laboral sufrido, con expresa remisión a los fallos "Rivero" y "Soria", ya citados (ver fs. 36 vta./38, ptos. d, e y f). Es decir que contestó la demanda de acuerdo a la eventual responsabilidad civil que pudiera haber cabido a su parte, negando que se dieran los presupuestos que hicieran viable la misma. Y el sentenciante de grado, como he transcripto más arriba, razonó que dicho tipo de responsabilidad no alcanzaba a la ART, ya que "...respecto de esta última, la imputación de responsabilidad se ve cortada ante la falta de prueba por parte del actor infortunado del nexo causal que la vincularía con la ocurrencia del evento dañoso, en otras y sencillas palabras, la ausencia de prueba de que por acción u omisión de los deberes legalmente impuestos a la compañía aseguradora el accidente haya sucedido..." , todo lo cual lo considera con sustento en jurisprudencia de la Sala "A" de esta Cámara y de la Cámara Nacional del Trabajo (ver sentencia a fs. 146 "in fine"/vta., dos primeros párrafos). ---- --- Es así que cuando se extendió la condena a la ART "...sólo hasta el límite del contrato de seguro refiriéndome con ello a que deberá hacer frente a la indemnización que conforme la incapacidad y demás pautas de la LRT le correspondía asistir a su asegurado" (ver sentencia a fs. 146 vta. "in fine"/147, 1er. párrafo), se incurrió en incongruencia, ya que se hizo responsable a la ART en virtud de las prestaciones que le impone la ley 24557, sobre lo cual no se le dio la oportunidad de explicarse, dado que se demandó por la responsabilidad civil endilgada con expresa exclusión de las normas de la LRT. Las resoluciones judiciales deben adecuarse al postulado de congruencia, lo que impone lograr que medie conformidad entre el contenido de aquéllas y el objeto de las peticiones -pretensiones y oposiciones- que delimita el thema decidendum. La comparación entre lo reclamado y lo decidido, debe guardar estricta correspondencia. Cuando la resolución se aparta de la materia que fijaron las partes se menoscaba el aludido requisito. Es que sobre el particular gravita el señorío de los justiciables, quienes en virtud del principio dispositivo que impera en este sector del proceso, vinculan al órgano jurisdiccional (conf. Morello-Sosa-Berizonce: "Códigos...", Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, 1982, Tº I, págs. 116/117).

--- No reiteraré aquí lo expuesto en los considerandos segundo y tercero, en cuanto es posible de acuerdo al principio iura novit curia evaluar un factor de atribución diverso al invocado por el actor y hasta atribuir una responsabilidad contractual en lugar de la extracontractual. Pero en aquellos casos, se está siempre dentro del sistema de la responsabilidad civil y la eventual responsabilidad deriva de los mismos hechos que dan sustento fáctico a la pretensión, más allá del enfoque jurídico que les brinda el actor. Pero en la especie queda claro que la posibilidad de atribuir la responsabilidad civil a la ART importaba la exigencia de denunciar y acreditar determinados hechos que el actor no cumplió, por lo que la misma resulta condenada en base a un sistema legal de seguro que el propio accionante tachó de inconstitucional y solicitó expresamente que no le sea aplicable. En definitiva se transformó a la aseguradora de riesgos del trabajo en una aseguradora de responsabilidad civil. ----- --- En definitiva, por todo lo expuesto, postulo que se haga lugar a los agravios de la apelante y por lo tanto se revoque la sentencia en cuanto condena a la misma.---- --- III.- En consecuencia de lo expuesto y razonado, corresponde revocar parcialmente la sentencia apelada en el pto. I a los meros fines de rechazar la demanda respecto de la codemandada P. A.R.T. S.A.. --- Dado que se revoca parcialmente el fallo, corresponde realizar las adecuaciones del art. 282 del CPCC, de acuerdo a la remisión del art. 73 de la ley XIV Nº 1. Con relación a la imposición de costas, atento a que se desestima la demanda contra P. A.R.T. S.A., las mismas con relación a dicha codemandada, se imponen a la actora vencida (conf. arts. 57 de la ley XIV Nº 1 y 69 del CPCC), manteniendo la imposición resuelta con relación a la restante codemandada. ------ --- En cuanto a la regulación de honorarios, teniendo en cuenta el resultado del pleito con relación a la codemandada que resulta vencedora, así como el mérito y extensión de las tareas efectuadas, corresponde solamente modificar los del letrado apoderado de la A.R.T., Dr. R. J. L., en un 19,6% del monto reclamado en demanda con más los intereses a la tasa establecida en el decisorio de grado hasta la fecha de la presente; manteniendo los restantes honorarios dado que la revocación parcial no influye en los mismos, así como la adición del IVA para todos los casos (conf. arts. 5, 6, 8, 18 y 46 de la ley XIII Nº 4 y leyes 23349 y 23871). -- --- En cuanto a las costas de esta sede, ante el progreso del recurso de la demandada, por aplicación del principio objetivo de la derrota, se imponen a la actora vencida (conf. arts. 57 de la ley XIV Nº 1 y 69 del CPCC). --- Con relación a la regulación de honorarios por las tareas cumplidas ante esta Alzada, dada la extensión y mérito de las mismas, así como al resultado del pleito, se establecen para el Dr. R. J. L., letrado apoderado de la demandada recurrente, en un 35% de lo que le fuera establecido para la primera instancia (conf. arts. 5, 13 y 46 de la ley XIII Nº 4), con más el IVA correspondiente (conf. leyes 23349 y 23871).- --- A la luz de todo lo expuesto y razonado, a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. ------- --- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: --- --- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la codemandada P. ART S.A. a fs. 152, que fuera concedido a fs. 153, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 144/148 que hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por Á. R. S. y condenó a A. T. S.A. y a P. ART S.A. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $426.541,87.-, con más sus intereses, con la salvedad de que la condena respecto de la aseguradora de riesgos del trabajo tiene como límite los términos del contrato celebrado con la empleadora, con imposición de costas a las vencidas. -- --- La expresión de agravios luce a fs. 162/164 y vta., el traslado conferido a fs. 165 no fue evacuado por su contraria, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. De Cunto, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar. --- 2. La lectura del escrito de inicio obrante a fs. 4/9 y vta. permite señalar que el actor promovió demanda por accidente de trabajo y optó por ejercer una acción con sustento en el ordenamiento civil ("... demanda por accidente de trabajo, acción de derecho común, basado en el art. 1113 y concordantes del Código Civil ...", p. II, fs. 4; "... bajo los principios del ordenamiento común.- La pretensión resarcitoria se encuentra avalada por el art. 1113 del Código Civil ...", p. III, fs. 4; "... se promueve la presente para lograr la reparación integral de los daños experimentados por dicho siniestro..-", p. IV, fs. 5), sin perjuicio de efectuar diversas consideraciones con relación al deber de seguridad impuesto al empleador por el art. 75 de la L.C.T. (p. V, fs. 5/6).

--- Se evidencia entonces que la acción promovida no se basó en la normativa prevista por la ley 24.557 y así lo señaló el accionante al referir que "... la laguna legal que emerge de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557, dado que el daño habido y la reparación que se pretende no encuentran encuadramiento en tal plexo.-", por lo que "... corresponde que la laguna normativa sea cubierta por el Derecho Común ..." (p. III, fs. 4). -- --- A su vez, la aseguradora de riesgos del trabajo en su escrito de contestación de fs. 33/38 y vta. aludió a la exoneración por el hecho de la víctima con mención de los arts. 1109, 1111, y 1113 del Código Civil, criticó la mezcla que el actor efectuara en materia de responsabilidad contractual y extracontractual, hizo referencia al planteo de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1º de la LRT, opuso como defensa de fondo la falta de legitimación pasiva de su parte, expresó que el actor no mencionó aplicable al caso el art. 1074 del Código Civil ya que se refirió a incumplimientos genéricos, y destacó que aun de considerarse que hubo alguna omisión debe existir un nexo de causalidad adecuado que el actor no demostró. --- Ese encuadre dentro de la normativa civil fue observado por el juzgador a fs. 145 vta. al precisar que el accionante se encontraba plenamente habilitado a iniciar la acción, conforme las disposiciones de la legislación civil, para agregar que no veo inconveniente legal que impida a S. la posibilidad de encontrar una reparación integral por el infortunio sufrido ... .- Asimismo, el sentenciante atribuyó la responsabilidad exclusiva a la codemandada empleadora pues a fs. 146 señaló que distinta suerte ha de correr la pretensión esgrimida contra la ART. En efecto, respecto a esta última, la imputación de responsabilidad se ve cortada ante la falta de prueba por parte del actor infortunado del nexo causal que la vincularía con la ocurrencia del evento dañoso ... .- A su vez, expresó en su sentencia a fs. 146 vta./147 (último y primer párrafo, respectivamente) que a la compañía aseguradora le alcanza su responsabilidad sólo hasta el límite del contrato de seguro refiriéndome con ello a que deberá hacer frente a la indemnización que conforme la incapacidad y demás pautas de la LRT le correspondía asistir a su asegurado, por lo que a fs. 148 condenó a la aseguradora en los límites especificados en los considerandos (esto es en los términos del contrato celebrado con la empleadora) ... . En tales condiciones, la apelante estimó que el juez de la anterior instancia incurrió en incongruencia ante la condena impuesta a la aseguradora de riesgos del trabajo en el marco de la normativa prevista por la LRT pues la sentencia no puede exceder el límite impuesto por las partes; el actor al narrar la causa petendi y lo expuesto por el demandado al contestar demanda. Señaló así que fue condenada en el marco de la ley de riesgos de trabajo, cuando la contraria demandó por aplicación de la normativa común.- --- Al respecto le asiste razón en su planteo pues como ya se señalara la presente demanda se promovió con fundamento en la normativa de derecho común. Es más, el actor peticionó de modo expreso la no aplicación de la ley 24.557 y requirió la inconstitucionalidad de varios de sus artículos.- --- En tal sentido, cabe destacar que la decisión debe ajustarse a las pretensiones deducidas en juicio (art. 163, inciso 6º, del C.P.C.C.).- --- Y la pretensión procesal esta compuesta por una serie de elementos que, con su reunión, determinan el contenido sustancial de la figura. En lo fundamental, tales elementos son ya conocidos, pues, aparte de haberse hecho reiteradas alusiones a ellos, son los mismos de toda la institución procesal, es decir, sujetos, objeto y actividad (Guasp, Jaime "Derecho Procesal Civil", Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, Tomo Primero, pág. 224).- --- Despejado el primer elemento ya que alude a los sujetos que en ellos intervienen, el segundo, objeto, permite distinguir entre objeto inmediato, sentencia de condena, y objeto mediato, suma de dinero reclamada. A su vez, el tercer elemento, la indicación de la actividad en que la pretensión se traduce, se denomina fundamento, título o causa de pedir. Son los hechos en que se apoya. Se trata de la alegación fáctica de introducción.- --- Así, la pretensión es concreta y el pretensor aspira a algo, y por ello la pretensión procesal es una declaración de voluntad en cuyo mérito se solicita una actuación del órgano jurisdiccional en miras a la satisfacción de un interés concreto (Peyrano, Jorge W., "El proceso atípico", Editorial Universidad, 1993, pág. 218).- --- Y con referencia al objeto y título de pedir de la pretensión, puede señalarse que tal objeto cabe denominarlo bien de la vida. El bien de la vida afectado por la pretensión procesal, y envuelto, en consecuencia, en un litigio, es, por esta misma circunstancia, el bien litigioso sin más. Lo indispensable es, tan sólo contar con un principio de determinación suficiente del objeto reclamado. De otro lado, la pretensión procesal ha de encerrar la indicación de la actividad en que ella se traduce. Esta actividad consiste esencialmente en una petición jurídicamente significativa, es decir, una reclamación de algo, que se pide porque el pretendiente afirma su coincidencia con el ordenamiento jurídico. Tiene que haber en toda pretensión procesal la formulación de una exigencia que se sostiene como fundada en derecho. Este elemento, que, según la tesis del que produce la pretensión, viene a justificarla jurídicamente es el que se denomina fundamento, título o causa de pedir : causa petendi de la misma, y constituye el tercero y último ingrediente básico de la figura estudiada. El fundamento de la pretensión procesal no es su motivación, invocada o no, sino los acaecimientos de la vida en que se apoya, no para justificarla, sino para acotarla, esto es, para delimitar de un modo exacto el trozo concreto de realidad al que la pretensión se refiere. El fundamento de la pretensión no es lo que permite al Juez, caso de ser cierto, pronunciarse a favor de la pretensión, sino lo que permite al Juez conocer qué ámbito particular de la vida es el que la pretensión trata de asignarse. Por ello, la invocación del fundamento no opera como justificante, sino como determinante de la pretensión misma, tal como ahora se estudia. . la petición que comprende la pretensión procesal tiene que ir apoyada en la invocación de tales acaecimientos, los cuales se pueden denominar fundamentos de la misma, siempre que se tenga presente el sentido en que fundan la pretensión procesal: no como cimientos en que se basa, sino como muros que la delimitan (Guasp, obra y tomo citado, págs. 225/227).- --- La causa, fundamento o título de la pretensión consiste en la invocación de una concreta situación de hecho a la cual el actor asigna una determinada consecuencia jurídica. Tal invocación no actúa, en rigor como razón justificante de la pretensión, sino que tiene por objeto particularizarla o delimitarla, suministrando al juez el concreto sector de la realidad dentro del cual debe juzgar en el caso. El juez, en efecto, debe decidir si se ha operado o no la consecuencia jurídica afirmada por el actor, pero para ello le es indiferente la designación técnica que aquél haya asignado a la situación de hecho descripta como fundamento de la pretensión, desde que es inmanente a la función decisoria la libertad en la elección de la norma o normas que conceptualizan el caso (iura novit curia). No es por lo tanto la norma la que individualiza la pretensión, sino los hechos afirmados en la medida de su idoneidad para producir un determinado efecto jurídico (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1967, T. I, pág. 397).- --- Y desde que el contenido de la alegación comprende dos categorías, una referida a los datos de hecho y otra, los datos de derecho, ello significa que la invocación de la norma a aplicar nada tiene que ver con la pretensión. Se trata de una alegación jurídica, esto es, cual es a criterio de la parte el derecho a aplicar según su invocación. Y la tarea de subsumir la norma, o sea la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, es tarea del juez conforme al principio iura novit curia.- --- A su vez, el contenido de la alegación lo constituyen, evidentemente, dado el concepto de este acto, aquellos datos lógicos que la parte lleva al proceso para proporcionar al Juez los instrumentos en que ha de basar su sentencia. Se sabe ya que este material lógico, que integra el contenido de la alegación, pertenece a dos grandes categorías: datos de hecho y datos de derecho. a) Datos de hecho son aquellos que consisten en la invocación de un acaecimiento natural o fáctico, que sirve a la parte para argumentar su posición procesal. b) Datos de derecho son, por el contrario, los constituidos por la invocación de normas jurídicas, es decir, de preceptos de derecho en que basa la parte las peticiones que produce ante el Juez. Esta diferenciación, dentro del contenido de las alegaciones procesales, reviste una gran importancia por el distinto papel que asumen, con respecto a cada uno de los elementos señalados, el Juez y las partes. Dentro del rigor del estricto principio dispositivo, el Juez no podrá aportar datos de hecho. Pero, en cambio, ningún inconveniente existe, y legal y teóricamente se admite, que, con respecto a las normas de derecho, el Juzgador pueda desempeñar un papel activo, es decir, utilizar como instrumento de su fallo, en cuanto motivación jurídica, preceptos que ninguna de las partes haya invocado o que hayan sido manejados errónea o defectuosamente por las mismas: iura novit curia (Guasp, obra y tomo citado, págs. 319/320).- --- De tal modo, conforme al principio iura novit curia el juez ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las partes (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 420, y cita de fallos).- --- El iura novit curia consiste en que los jueces letrados aplican el derecho que se adapta a las peticiones efectuadas por las partes, aunque éstas denominen o califiquen mal el derecho y se funda en la presunción lógica sobre el conocimiento del derecho por parte del juez a quien corresponde calificar la esencia del pleito y aplicar la norma jurídica pertinente. Con arreglo a tales pautas, la calificación de la acción y la determinación de la norma o derecho aplicable es materia reservada al juez -iura novit curia-, quien puede y debe corregir cualquier error de las partes en punto a esta calificación o aplicar un precepto distinto al invocado. Conforme a la regla "iura novit curia" los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes, facultad que deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional de la justicia. Surge así como misión que alcanza el nivel de deber, la de aplicar el derecho objetivo con independencia del invocado por las partes. Es decir, que si el tema planteado remite a consideraciones de orden jurídico inherentes al derecho vigente, su aplicación es deber irrenunciable de los jueces, careciendo de efectos vinculatorios la fundamentación jurídica argüida por los justiciables (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1984 y 1986, T. II-A, págs. 613/614, y T. II-C, págs. 73/74, y citas de pronunciamientos, respectivamente).- --- Con ese alcance, se señala que el problema más importante con respecto a los datos de hecho consiste en su deslinde frente a los hechos que constituyeron el título o causa de pedir de la pretensión. Pero no es posible dar una regla general que establezca, con seguridad, tal deslinde, sino que hay que remitirse, en cada caso, a la interpretación de la pretensión procesal y de los razonamientos complementarios que la parte formule (Guasp, obra y tomo citado, pág. 319).- --- Así, en tanto el juez no altere los hechos suministrados por las partes "en la búsqueda del derecho todos los caminos se hallan abiertos ante él" (Couture, "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Depalma, 3ra. ed., 1962, par. 181, pág. 286). El juez calificará la relación jurídica (material o procesal según el caso), con sujeción a los principios comunes que rigen su actividad en el proceso. Calificar la relación jurídica importa determinar la norma que la rige, porque la acción se individualiza por los hechos y son los hechos en realidad los que determinan la norma (Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", EDIAR, 2da. ed., 1957, T. II, par. 30/1. c), pág. 249).- --- Sin embargo, tal calificación debe efectuarse en tanto el juez al decidir no se aparte de las pretensiones deducidas en juicio pues ello importaría dictar sentencia extra petita.- --- Dictar sentencia "extra petita" comporta decidir sobre lo que no está en el juicio -materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición. Está así vedado a los jueces apartarse de los términos de la relación procesal y decidir en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación, o resolver sobre capítulos o reclamos no propuestos que en manera alguna integraron la litis, desde que ello importa desviarse de las pretensiones de las mismas deducidas en juicio (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit, T. II-C, págs. 81/82, y cita de fallos).- --- Como una manifestación o derivación del principio dispositivo, rige el principio de congruencia, en virtud del cual, debe existir conformidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional. El principio de congruencia constituye una manifestación del principio dispositivo en sentido material, dado que si el juez no respetara esa conformidad que debe existir entre su fallo, por un lado, y las pretensiones y oposiciones a las mismas, por el otro, estaría incursionando de esta manera en un campo que el ordenamiento jurídico ha reservado exclusivamente a la voluntad de los particulares, cual es la disposición de los derechos materiales o de fondo (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, par. 37, pág. 115).- --- Por ello, la sentencia debe respetar el principio de congruencia.- --- Ahora bien, ¿qué se entiende, más ampliamente, por congruencia de la sentencia? Puede ser definida como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto. Es, pues una relación entre dos términos, uno de los cuales es la sentencia misma, y, más concretamente, su fallo o parte dispositiva, y otro el objeto procesal en sentido riguroso; no, por lo tanto, la demanda, ni las cuestiones, ni el debate, ni las alegaciones y las pruebas, sino la pretensión procesal y la oposición a la misma en cuanto la delimita o acota, teniendo en cuenta todos los elementos individualizadores de tal objeto: los sujetos que en él figuran, la materia sobre que recae y el título que jurídicamente lo perfila (Guasp, obra y tomo citado, pág. 517).- --- Dicho principio se vincula a la forma como ha quedado constituida la situación procesal, y se correlaciona con las pretensiones y oposiciones concretadas en la debida oportunidad mediante las peticiones correspondientes.- --- Por eso, aun adoptando un criterio amplio en la aplicación del principio iura novit curia para así considerar, por ejemplo, una argumentación jurídica efectuada por la parte al expresar agravios que si bien surge de hechos que no resultaron controvertidos no fue postulada al contestar demanda (criterio adoptado por esta sala "B" c. 22.463, S.D.C. 19/08), lo cierto es que en la presente causa la codemandada P. ART S.A. no puede ser condenada conforme a las disposiciones contenidas en la ley 24.557, tal como lo determinara el Sr. Juez de la anterior instancia, ya que surge con toda evidencia que el actor al demandar optó por promover una acción civil con expresa exclusión de la LRT.- --- Una vez que el actor selecciona la acción, el juez puede delimitar la pretensión calificándola, es decir, eligiendo la norma aplicable frente a los hechos expuestos, pero no puede sustituirlo en la decisión que el legislador dejó en el ámbito de su facultad (C.S.J.N., S. 1478. XXXIX, Recurso de Hecho. "Soria, Jorge Luis c/ RA y CES S.A. y otro", considerando 4º), del voto de los Dres. Lorenzetti y Fayt, www.csjn.gov.ar).- --- Y a ese respecto, el juzgador a fs. 146 descartó la pretensión esgrimida contra la ART al considerar que la imputación de responsabilidad se vio cortada por la falta de prueba por parte del actor infortunado del nexo causal que la vincularía con la ocurrencia del evento dañoso.- --- Es que, en el ejercicio de la acción civil el actor debe probar los presupuestos de la misma, que incluyen tanto el acto ilícito, la imputación, así como el nexo causal con el daño (C.S.J.N., fallo citado, considerando 5º), del voto de los Dres. Lorenzetti y Fayt).------ En tal sentido, existen marcadas diferencias entre uno y otro régimen, que no solo se traduce en una distinta significación económica sino también en cuanto a los hechos que se atribuyen y prestaciones a cubrir en cada caso. -- En este último aspecto, la recurrente señala que cumplió con lo que a su cargo establece la normativa de riesgos del trabajo. ---- --- Desde ya que ello no significa que una aseguradora de riesgos del trabajo no pueda ser legitimada pasiva en una acción entablada con fundamento en el ordenamiento civil, más precisamente en el art. 1074 del Código Civil.- --- Se trata de que el deber de responder de las ART según el derecho común no encuentra obstáculo en lo preceptuado por el artículo 39, inciso 1º, de la ley 24.557, pues esta norma, con los reproches conocidos que recibiera por parte del más alto tribunal de la Nación en el precedente "A." (Fallos: 327:3753), sólo pretende eximir de responsabilidad civil al empleador (ya en base a un factor subjetivo fundado en la culpa u objetivo) pero no incluye en su texto a las ART. Por ello la CSJN aseveró que, tratándose de los daños a la persona del trabajador, derivados de un accidente o enfermedad laboral, no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, en el caso de que se demuestren los presupuestos exigibles, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal decuado -excluyente o no- entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales (Vázquez, Gabriela Alejandra, "Responsabilidad Civil de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Presupuestos", en Revista de Derecho Laboral. Ley de Riesgos del Trabajo - III, Rubinzal - Culzoni Editores, 2010, pág. 168 y nota nº 1, con cita de los autos "Torillo, Atilio Amadeo y otro c/Gulf Oil Argentina S.A. y otro", C.S.J.N., 31-3-2009, Fallos: 332:709).- --- Esto es. Si la ART no cumple con las obligaciones que legalmente le están impuestas en el campo de la prevención, debe reparar de manera integral y con ajuste al derecho común los daños que tienen relación causal adecuada con su antijuridicidad por omisión, en la medida que le sea imputable al menos a título de culpa (arts. 512, 902, 1109 y 1074 del Cód. Civ.) (Vázquez, comentario citado precedentemente, pág. 174).- --- Y respecto del caso "Torillo" la mayoría de la Corte Suprema entra ya a analizar decididamente el fondo del tema, ratificando y profundizando lo ya dicho con anterioridad, estableciendo ya como doctrina firme y definitiva, la posibilidad de condenar civilmente a la ART respecto de los daños laborales, siempre "que se demuestre que existió un nexo de causalidad adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o cumplimiento defectuoso por parte de la ART de sus deberes legales" (considerando 8º del voto de la mayoría) (Schick, Horacio, "Riesgos del trabajo: temas fundamentales", David Grinberg Libros Jurídicos, 2009, pág. 202).- --- Y ese criterio vinculado a la necesidad de demostrar los presupuestos del régimen de responsabilidad previsto por el ordenamiento civil, entre ellos el nexo causal adecuado entre la conducta omisiva de la aseguradora y el daño, había sido ya expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, en autos "Rivero, Mónica Elvira por sí y en representación de sus hijos menores E., S. y E., N. P. c/T. T. S.R.L.", del 03/12/02, R. 8. XXXVI, y R. 10 XXXVI, Recurso de Hecho, y reiterado en las causas "Soria, Jorge Luis c/ RA y CES S.A. y otro", del 10/04/07, S. 1478. XXXIX, Recurso de Hecho, y "G., R. c/ E. A. S.A. y otro", del 30/10/07, G. 3067, XXXVIII, Recurso de hecho. Criterio consolidado en el caso ya citado "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A.", del 31/03/09, T. 205, XLIV, Recurso de Hecho, en el que se señaló que " ... no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales" (considerando 8º).- --- Así, en el marco de la acción civil intentada la codemandada P. ART S.A. en su escrito de contestación de fs. 33/38 y vta. interpuso la defensa de falta de legitimación pasiva (p. d, fs. 36 vta.) y señaló que el actor no mencionó como aplicable al caso el art. 1074 del Código Civil, y que de cualquier manera para que haya responsabilidad por omisión, debe mediar entre ésta y el resultado siniestral, nexo de causalidad adecuado (art. 906 del CC), con cita de los fallos "Rivero", y "Soria" (p. e, fs. 37 y vta.).- --- Y ya se precisó que el juzgador a fs. 146 descartó que a la ART pudiera imputarse responsabilidad en el ámbito civil por falta de acreditación del nexo causal adecuado entre la situación dañosa invocada y el sindicado como responsable, conforme al criterio expuesto por la sala "A" de esta Cámara en S.D.L. 42/09.- --- En tales condiciones, al determinar la sentencia impugnada a fs. 146 vta., párrafo final, que a la aseguradora le alcanza su responsabilidad hasta el límite del contrato de seguro, y por consiguiente condenarla a fs. 148 en los términos del contrato celebrado con la empleadora, el juzgador incurrió en incongruencia.- --- Y en lo que hace al principio de congruencia en cuanto a la causa, los elementos de la pretensión son no sólo los sujetos activo y pasivo y los objetos mediato e inmediato, sino también la causa, fundamento o título, es decir, la invocación de una concreta situación de hecho a la cual el actor le asigna una determinada consecuencia jurídica, que resulta determinante de aquélla y que salvo supuestos excepcionales no puede ser modificada posteriormente sin desmedro de la afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio. Como corolario de lo expuesto, entre otros casos, se ha declarado que si el reclamo se funda en determinado título, no corresponde acceder a su pretensión por otro diferente del invocado, desde que ello importa violar el principio de congruencia que el juzgador debe observar (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. II-C, págs. 90/91 y cita de pronunciamientos).- --- Claro está que, por amplias que sean las facultades de los jueces en virtud del principio iura novit curia, ellas no son tanto como para alterar los términos de la litis, pues de proceder así caerían en lo arbitrario y excederían los límites de su actividad jurisdiccional (SCBA, Ac. y Sent., 1964, v. I, pp. 96 y 177. Cám. 1ª. Sala III, La Plata, L.L. v. 153, p. 401, 30.808-S).- --- Insistiendo en lo dicho, la facultad de los jueces de aplicar el derecho que juzguen regulatorio del caso tiene como límite el de no alterar la relación procesal, o, lo que es lo mismo, que los jueces, a través del "iura novit curia" tienen la facultad y el deber de interpretar las demandas y adecuarlas, en tanto no se alteren sus hechos constitutivos y su "causa petendi" en grado que las tornen distintas de su contenido (SCBA, Ac. y Sent., 1977, v. III, p. 959. Cám. 2a. sala II, La Plata, causa A-31.742, R DJ, 979-2-33, sum. 125).- --- En síntesis, para atribuir responsabilidad civil a la ART el actor debió alegar y probar los presupuestos de ese régimen de responsabilidad, entre ellos el nexo causal adecuado entre la conducta omisiva de la aseguradora y el daño que se pretende reparar. O sea, el accionante debió demostrar los presupuestos de tal régimen, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales, conforme criterio de la C.S.J.N.- --- No cumplidos tales extremos no puede condenarse a la aseguradora de riegos del trabajo en el marco de la LRT cuando la demanda se promovió con sustento en el ordenamiento civil y el actor peticionó expresamente la exclusión del régimen previsto por la LRT.- --- Por tales fundamentos corresponde hacer lugar a los agravios expuestos por la codemandada apelante y ello conduce a revocar parcialmente el fallo en crisis en cuanto condena a P. ART S.A.- --- 3. En consecuencia, también propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para rechazar la demanda promovida contra P. ART S.A.- --- La modificación del fallo de la anterior instancia llevar a efectuar las adecuaciones previstas por el art. 282 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 73 de la Ley XIV Nº 1.- --- Así, las costas de ambas instancias respecto de la intervención de la citada codemandada se imponen al actor vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 69 del C.P.C.C.).- --- Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en la anterior instancia respecto a la codemandada vencedora, estimo prudentes los honorarios que propicia regular el Dr. De Cunto a favor del letrado apoderado de la ART, en la suma porcentual equivalente al 19,6% del monto reclamado en demanda, con más sus intereses a la tasa utilizada por el fallo apelado y hasta la fecha del presente pronunciamiento (arts. 5, 6, 8, 18, y 46, Ley XIII Nº 4), con más el I.V.A. correspondiente.- --- Respecto de los emolumentos de segunda instancia, de acuerdo a las pautas ya mencionadas y lo previsto por el art. 13 de la ley del arancel, estimo también adecuados los honorarios propuestos a favor del Dr. R. J. L., en el 35% de la cantidad establecida para la primera instancia, con más el I.V.A. pertinente.- --- Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo:

--- En vista del acuerdo arribado corresponde, I.- Revocar parcialmente la sentencia apelada al sólo efecto de desestimar la demanda contra la codemandada P. A.R.T. S.A.. II.- Imponer, por adecuación, las costas de la instancia anterior, en lo que se refiere a la demanda contra P. A.R.T. S.A. al actor vencido (conf. arts. 57 de la ley XIV Nº 1 y 69 del CPCC). ------- --- III.- Establecer por adecuación los honorarios, por su intervención en la primera instancia, del letrado apoderado de la A.R.T., Dr. R. J. L., en un 19,6% del monto reclamado en demanda con más los intereses a la tasa establecida en el decisorio de grado hasta la fecha de la presente, manteniendo los demás emolumentos determinados en la sede de origen, así como la adición del IVA pertinente para todos los casos (conf. 5, 6, 8, 18 y 46 de la ley arancelaria y leyes 23349 y 23871).-- IV.- Imponer las costas de esta sede a la actora vencida (conf. art. 57 de la ley XIV Nº 1 y 69 del CPCC). -- V.- Regular los honorarios profesionales del letrado actuante en esta sede, Dr. R. J. L., en un 35% de lo que le fuera establecido para la primera instancia, con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 5, 6, 8, 13 y 46 y concs. de la ley XIII Nº 4, y leyes 23349 y 23871). - Así lo voto. A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: - --- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De Cunto, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.------ Así lo voto. --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Sergio Rubén Lucero (Art. 7 - Ley V Nº 17), pasándose a dictar: --- S E N T E N C I A: - --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE: ------ --- REVOCAR PARCIALMENTE sentencia apelada al sólo efecto de desestimar la demanda contra la codemandada P. A.R.T. S.A.. ------ IMPONER, por adecuación, las costas de la instancia anterior, en lo que se refiere a la demanda contra P. A.R.T. S.A. al actor vencido (conf. arts. 57 de la ley XIV Nº 1 y 69 del CPCC). ------- --- ESTABLECER por adecuación los honorarios, por su intervención en la primera instancia, del letrado apoderado de la A.R.T., Dr. R. J. L. en un 19,6% del monto reclamado en demanda con más los intereses a la tasa establecida en el decisorio de grado hasta la fecha de la presente, manteniendo los demás emolumentos determinados en la sede de origen, así como la adición del IVA pertinente para todos los casos (conf. 5, 6, 8, 18 y 46 de la ley arancelaria y leyes 23349 y 23871).-- IMPONER las costas de esta sede a la actora vencida (conf. art. 57 de la ley XIV Nº 1 y 69 del CPCC). -- --- REGULAR los honorarios profesionales del letrado actuante en esta sede, Dr. R. J. L., en un 35% de lo que le fuera establecido para la primera instancia, con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 5, 6, 8, 13 y 46 y concs. de la ley XIII Nº 4, y leyes 23349 y 23871). ----- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. REGISTRADA BAJO EL N°_________DEL AÑO 2011 - SDL - CONSTE.- cg JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.