Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-13


ALEGRE, José y otros contra UNION AGRICOLA DE VILLA OCAMPO y otros Reg.: A y S t 215 p 466-468.

Santa Fe, 13 de setiembre del año 2006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. contra el pronunciamiento de fecha 14 de mayo de 2003, dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista, en autos "ALEGRE, José y otros contra UNIÓN AGRÍCOLA DE VILLA OCAMPO y otros -Juicio Ordinario de Declaración de Ineficacia- (Expte. 136/02)" (Expte. C.S.J. nro. 461, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 14 de mayo de 2003 la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista resolvió desestimar los recursos de nulidad y apelación interpuestos subsidiariamente y concedidos al denegarse la revocatoria intentada contra el decreto de foja 429.

Contra dicho pronunciamiento interpuso el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Adujo arbitrariedad por prescindencia del texto expreso de la ley. Refirió al régimen de costas previsto por el código procesal local y afirmó que la única consecuencia lógica del sistema es que al ser condenada en costas la parte vencida, sólo se encuentra legitimada para reclamar 'costas' la parte vencedora.

Dijo que en el caso la sentencia de Primera Instancia al declarar la ineficacia de las hipotecas concluyó con un lacónico "con costas", y con tal extensión fue confirmada por la sentencia de Alzada que impuso las de segunda instancia "a la recurrente vencida".

Agregó que sin necesidad de aclaratoria, aquel "con costas" sólo puede interpretarse de una sola y única manera: "a cargo de los vencidos, las costas (o gastos) de los vencedores". A su entender, vencedores son los actores y vencidos, la Unión Agrícola Ganadera y Banco de Santa Fe S.A.P.E.M., que deberán soportar cada uno sus propias costas y la parte proporcional de las costas de la vencedora.

En segundo lugar, invocó arbitrariedad por sentencia absurda. Sostuvo que la pretensión del síndico resulta absurda y que, sin embargo, el A quo declaró las costas a cargo del Banco mediante un simple proveído, dictado más de dos años después de la sentencia, cuando el plazo para interponer la aclaratoria es de tres días.

Expresó que si bien es cierto que la cuestión de costas había sido resuelta por las sentencias referidas, el decreto de fecha 13 de diciembre de 2001, que ahora aparece ratificado, dice lo que aquellas resoluciones no dijeron; de allí que de ese decreto surge una condena en costas absurda, ilegal, irrazonable e injusta.

En tercer lugar, invocó grave inconsecuencia en la construcción lógica de la sentencia. Manifestó que en el primer párrafo de la sentencia se entiende suficientemente fundado el decreto de primera instancia por su remisión a las condenas en costas impuestas en las sentencias de primera y segunda instancia, sin advertir que de ninguna manera se deduce de éstas últimas que el Banco debe hacerse cargo de las costas del síndico.

En el segundo párrafo -siguió- tacha de totalmente innecesario el decreto recurrido, por lo que a su criterio debió revocarlo y dejarlo sin efecto, en lugar de rechazar el recurso y mantenerlo.

En cuarto lugar, adujo arbitrariedad por sentencia injusta. Aseguró que cargar las costas al Banco, cuando su titular (el síndico de la quiebra) fue litisconsorte necesario en un proceso por ineficacia en el cual ambos resultaron condenados, no sólo es claramente ilegal, sino también gravemente injusto.

Finalmente refirió a las normas constitucionales que resultan afectadas.

2. Por decisorio de fecha 14 de octubre de 2003 la Cámara resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por falta de definitividad del decisorio atacado. Tal denegatoria motivó la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs.

31/37). 3. Es menester determinar si existe agravio actual que afecte a la recurrente, con relación a lo que fue materia de estas actuaciones. Conforme lo ha resuelto el Alto Tribunal nacional -aunque en punto al recurso extraordinario, en consideraciones enteramente aplicables al recurso de inconstitucionalidad, regulado por la ley 7055- si lo demandado carece de objeto actual, su decisión es inoficiosa (Fallos: 253:346; 306:1125), por lo que no corresponde emitir pronunciamiento alguno cuando las circunstancias sobrevinientes han tornado inútil la resolución pendiente (Fallos: 243:146; 267:499; 272:130, 167; 274:79; 285:353; 286:220; 293:42; 296:60), puesto que falta uno de los requisitos indispensables para la viabilidad del recurso (Fallos: 290:329; 292:589), esto es, la existencia de gravamen o perjuicio.

Esto impone entonces que este Cuerpo deba atender a las circunstancias existentes al momento de su decisión -aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso- (doctrina de Fallos 281:117; 279:30; 289:33; 301:947; 303:397; 308:1223; C.S.J.S.F., A.

y S. T. 101, pág. 237; T. 119, pág. 304; T. 123, pág. 45; T. 144, pág. 458; entre otros), tanto como que la subsistencia de tales circunstancias puede ser ponderada de oficio por la Corte, pues su desaparición importa la del poder de juzgar (Fallos: 308:1489; también, 256:327), "....que ha de ejercerse en la medida en que perdure una situación de conflicto de intereses contrapuestos en el marco de un ´caso´ o ´controversia´, lo que impide su ejercicio cuando estas circunstancias ya no existen..." (Fallos 311:787).

Efectivamente, se advierte que mediante sentencia del 28.9.2005, este Órgano se expidió en los autos "ALEGRE, Héctor José y otros contra UNIÓN AGRÍCOLA DE VILLA OCAMPO y otro -Juicio Ordinario de Declaración de Ineficacia- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 429, Año 2004), anulando el fallo de la Cámara interviniente (Resolución 266 del 14.10.1999), y disponiendo la remisión de la causa al Tribunal correspondiente para el dictado de un nuevo decisorio (ver A. y S., T. 210, pág.

27/31). De modo que, la anulación así dispuesta, ha alcanzado a las actuaciones que motivan la presente impugnación, desde que éstas refieren al pedido de aclaratoria de la misma sentencia anulada.

Así, en virtud de la carencia de firmeza de la imposición de las costas en la especie, y ante la palmaria inexistencia de un gravamen o perjuicio actual, no cabe sino colegir que devendría inoficiosa una resolución de este Cuerpo sobre el tema en debate.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar que no corresponde emitir pronunciamiento sobre el recurso directo interpuesto por haberse tornado abstracta la cuestión debatida en autos.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)