Competencia contencioso administrativa, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Orioli - Daser UTE c/ Estado Provincial s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-07-30

La Empresa actora promueve demanda contenciosa administrativa de nulidad y plena jurisdicción en contra del Estado Provincial, persiguiendo se declare la nulidad del Decreto Nº1273/06 que adjudica la obra a otra empresa y se conceda una reparación económica representativa del 10% del monto de la oferta presentada en la licitación pública.

Afirma que el mismo es nulo de nulidad absoluta dado que ha sido el resultado de un procedimiento licitatorio viciado en el que se han violado los principios de juridicidad, igualdad y de libre concurrencia.

La cuestión de fondo se dirige básicamente a cuestionar la legalidad de las Circulares Nº1 y Nº2, mediante las cuales se modificaron las causales de rechazo automático de las propuestas.

Suponiendo que hipotéticamente aquella circular haya importado como dice el recurrente la modificación y supresión de determinados presupuestos esenciales, he de analizar si con tal proceder se ha violado el principio de igualdad que como se sabe implica que todos los oferentes se encuentren en la misma situación durante todo el procedimiento de selección del contratista, de modo que tengan igualdad de posibilidades.

En el caso, se infiere sin mayor dificultad que el criterio de evaluación respecto al cumplimiento de los requisitos impuestos en todo el plexo normativo ha sido homogéneo para todos los oferentes, de allí que no resulten atendibles los cuestionamientos que se formulan si no se apoyan en elementos fehacientes que dejen entrever el comportamiento o la práctica dispuesta en beneficio concreto de un determinado oferente.

Ello podría suceder por ejemplo, si la Administración dispensara a un oferente del cumplimiento de determinado requisito que es exigido a los otros. Situación que no se configura en el sub-examine, dado que, ante el contenido igualitario de los pliegos y la normativa aplicable todos los oferentes han sido colocados en el mismo plano.

De ello dan cuenta el dictamen y luego los informes que en más de una oportunidad elaboró -la Comisión de Preadjudicación-, como respuestas a las impugnaciones formuladas por el recurrente, y en las que se exponen suficientes fundamentos fácticos y normativos para considerar por ejemplo que las declaraciones juradas presentadas por la adjudicataria satisfacían el cumplimiento del recaudo impuesto -siendo del caso observar en este punto, que cuando el recurrente presenta sus quejas ante la Contaduría General de Provincia, alega que la comisión de preadjudicación no se pronuncia sobre el punto, cuando del dictamen que elabora el Órgano surge claramente el pronunciamiento al respecto.

Seguidamente, respecto al cuestionamiento que formula el recurrente de que la oferta presentada por la adjudicataria resultó incompleta al faltarle la cotización de determinados items, cabe señalar que del dictamen de preadjudicación como de las respuestas que da la Comisión a las impugnaciones formulas por aquél, se desbrozan cada una de las razones por las que se considera que en la oferta impugnada se encontraban incluidos e individualizados con los precios respectivos cada uno de los elementos que abarcaron la cotización global, dejando por sentado que aquélla ha complementado la documentación requerida. Igual y última consideración cabe hacer respecto a los otros cuestionamientos que se formulan y que solo dejan entrever la disconformidad del recurrente con la selección del contratista cuya oferta ha resultado la mas conveniente a los intereses del Estado, luego de la tramitación de un procedimiento donde se ha cumplido rigurosamente los pasos legales y se han respetado los principios generales del derecho.

En ese contexto y encontrándose cumplidos los requisitos legales, no resulta viciada la decisión de la Administración si se decide por la empresa que resulta técnica y económicamente más ventajosa para los intereses del Estado, pues es del caso puntualizar que la oferta del accionante se rechaza por representar un monto muy superior al presupuesto oficial de la obra (60,8%) y al de la menor oferta (48,46%). Por lo expuesto, corresponde rechazar la acción contenciosa administrativa.

(Del voto del Dr. Cáceres, por la mayoría)