marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medida cautelar innovativa, procedencia del recurso, admisibilidad del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sarno, Miguel Ángel c/ A.N.Se.S. s/ A.N.Se.S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16

La cuestión planteada en torno a la medida cautelar innovativa desestimada impone reiterar, una vez más, el principio uniformemente aceptado según el cual corresponde a los jueces extremar la prudencia en el otorgamiento de medidas que configuren un anticipo de jurisdicción favorable acerca del fallo final de la causa, lo que exige examinar con mayor atención los recaudos que hacen a su admisibilidad. (Fallos 316:1833). Ello resulta particularmente aplicable a casos como el de autos, en que el objeto de la tutela reclamada coincide con aquél que se persigue mediante una acción ya iniciada, sin que se adviertan circunstancias extremas (más allá de la invocación de la -edad 71 años- y del quebrantado estado de salud) que, por la excepcionalidad del caso, justifiquen su adopción. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia).
Menores, patronato de menores, medidas tutelares, recursos, interposición del recurso, legitimación procesal, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: Romina Paola Siciliano. s/ Incidente tutelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

El art. 19 de la ley 10.903 no establece que solamente los padres o tutores de los menores dispuestos tienen aptitud para interponer recursos.
Cheque sin fondos, cheque de pago diferido, desnaturalización del cheque
Materia: PENAL
Carátula: ASTURIANO, PAULA COSENTINO, NORBERTO VICENTE s/ Cheque sin fondos Causa 27246
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-30

El sólo hecho de haberse librado posdatados los cheques, no modifica su naturaleza, desde que el mismo documento así extendido se presente al cobro con anterioridad a la fecha que ostenta.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez Hernán Saturnino c/ Blanco Rosa Angélica s/ Cobo ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Los jueces se hallan investidos de una potestad mediante la cual salvaguardan el principio de autoridad, dado que la misma no proviene de la ley sino de fuente constitucional al tratarse de los poderes implícitos del Estado. El poder disciplinario resulta inseparable del de juzgar, pues si a quien ejerce la elevada y augusta misión de justicia, se le discutiera la facultad de poner orden en la actividad desarrollada ante sus estrados y de reprimir el insulto, la algarada, el descomedimiento, los desbordes del lenguaje y toda forma de atentado al decoro y a las diferencias que se deben observar, nos encontraríamos ante un no poder con quebrantamiento del propio sistema constitucional.
Compraventa, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hriniewicz, Walter Francisco c/ Ricciardi, Juan s/ Cumplimiento de contrato, escrituración y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-08

Es procedente el reajuste del saldo de precio aun mediando mora del vendedor, pues basta la existencia de una obligación vencida.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Victor Hugo c/ Iannamico, Roberto y otro s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-09-11

Carece de importancia para la solución de la litis que la incapacidad del trabajador provenga de una enfermedad accidente o de un hecho súbito si no obstante no aludirse en la demanda a un accidente de trabajo, se explica que el hecho generador de la dolencia incapacitante tiene origen en esfuerzos corrientes en el desempeño habitual de las tareas del dependiente, que se individualizan y se tuvieron en el decisorio por acreditadas. La viabilidad de la acción está supeditada en tal caso a la existencia o no de la relación causal o concausal entre dolencia, incapacidad y tareas realizadas.
Cambio de calificación legal, principio de congruencia, defensa en juicio, malversación culposa, peculado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: D'Emilio, Miguel A. s/ Sentencia - Malversación de Caudales Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-08

Es inaceptable, por violación al principio procesal de congruencia, cuya lesión afecta el derecho de defensa en juicio, el cambio de calificación por el delito de malversación dolosa de caudales públicos (art. 263 en función del art. 261 del C.P.) si la descripción del hecho y la imputación efectuada en la acusación estuvo claramente acotada a la figura culposa (art. 263 en función del art. 262 del C.P.), siendo únicamente el procesado defendido en orden a tal delito, por el que se trabó el debate en plenario.
Consentimiento del fiscal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: I., R. c/  s/ lesiones leves (art. 89)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-19

El consentimiento fiscal es un requisito ineludible para que pueda proceder la suspensión del juicio a prueba (voto del juez Bruzzone).
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, daños en el inmueble, responsabilidad del consorcio
Materia: CIVIL
Carátula: KNUTTZEN, Elizabeth Teresa c/ SABAN, José y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-10

Sin perjuicio de destacar el aspecto ético que debe primar en las relaciones de convivencia entre vecinos, el consorcio de propietarios no puede eludir su responsabilidad si las reparaciones efectuadas en las partes comunes, no han sido suficientes para evitar el daño, ya que pesa sobre él la obligación de reparar y conservar adecuadamente dichos sectores comunes del edificio.
Rechazo in límine, Poder Judicial, decisión extemporánea
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Batut, Néstor D. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-08

Ha sido correcto el rechazo in limine de la demanda efectuado por el inferior ante su ostensible inadmisibilidad. La incorporación del instituto del Amparo a la Constitución Nacional con el nuevo artículo 43 en nada modifica la doctrina ya que la acción de autos esconde -en sustancia- la vana pretensión del amparista de utilizar esta vía para que otros órganos judiciales intervengan en la tramitación diligencias jurisdiccionales que le son ajenas ya que son propias de los jueces de la causa respectiva, impulsando así una manifiesta intromisión en la misma de otros magistrados, en forma no permitida ni querida por la ley.

Más allá de tratarse el caso de un acto jurisdiccional y de no presentar manifiesta ilegitimidad, no puede soslayarse la inocultable existencia de dos aspectos que liminarmente impiden la admisión de la acción instaurada, a tenor de las previsiones consagradas en el artículo 3 de la Ley 8369.

La demanda interpuesta ha sido articulada una vez transcurrido en exceso el plazo de caducidad fijado en la norma y tal extemporaneidad acarrea su inexorable inadmisibilidad. Por otro lado, la resolución básicamente atacada ha sido impugnada bajo similar pretensión a la deducida, mediante un recurso de revocatoria que fue resuelto desfavorablemente. Ello coloca al planteo actoral en la situación de inadmisibilidad contemplada expresamente en el artículo 3 inciso b) del citado texto legal.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Coronel Vda. de Santillan, Olga c/ Jorge de Habra Ana M. y otro s/ Daños y perjuicios NORIEGA, GABRIEL OMAR c/ DIAZ ARIEL E Y/U OTROS s/ COBRO DE PESOS-DAÑOS Y PERJUICIOS MORENO EDGARDO HORACIO Y OTRO c/ AGUIRRE DE TORRES MONICA G. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS POR INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-06-15|2002-03-22|2003-03-13

Se presume la culpa del conductor del vehículo que embiste a otro, especialmente cuando la embestida se realiza con la parte delantera del automotor.
Acción de amparo, parte interesada, interés legítimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado provincial s/ Solicita avocamiento en los autos caratulados "Martínez, Juan Carlos  s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-05-14

Cabe establecer 'in limine litis', en función del recaudo constitucional de controversia por 'parte interesada', que la mera calidad de ciudadano de la Provincia de Santa Cruz, no legitima al peticionante para demandar la inconstitucionalidad de la Ley 2481 que reglamenta la consulta popular y la iniciativa popular, artículos 80 y 109 de la Constitución Provincial, desde que el 'interes' que califica a la 'parte', en la expresión del artículo 132 inciso 3º de la Constitución Provincial, no se configura en el caso; no aparece demostrada la afectación de un interés distinto al que tienen todos los ciudadanos electores sobre la regularidad constitucional de las leyes.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, orden de captura
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: García Docampo Mario Alberto s/ Cuádruple Homicio Culposo y Lesiones Culposas en Concurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2002-02-20

La orden de captura es una medida cautelar respecto del imputado, no siendo un acto jurisdiccional impulsor del proceso, dado que el mismo se encuentra paralizado por la incomparecencia del incuso, por lo tanto carece de significación jurisdiccional, pues tiene naturaleza administrativa ya que no está dirigida a las partes del proceso sino a los funcionarios policiales a quienes ordena la detención de una persona. No reuniendo los requisitos para ser considerada secuela de juicio.
Procedimiento tributario, regímenes de presentación espontánea
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: F.N.  (D.G.I.) c/ Kirszenzweig Benzion y otros s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Este régimen de presentación espontánea difiere de otros regímenes de regularización fiscal, con beneficios más limitados como los de moratoria (v.g. decr. 1809/90) que aunque también basados en igual norma de la ley 11683, se vinculan con su segundo párrafo, es decir, con la amplia facultad de acordar bonificaciones y hacer arreglos, como ocurre precisamente en el caso del decr.

1809/90 invocado por la recurrente que otorga sólo facilidades de pago, y por consiguiente no exigen igual recaudo de espontaneidad.

Que atendiendo a esta diferencia, la solución de la causa no radica en la aplicación analógica de lo previsto por el art. 6, ap. a) del decr. 1646/90, sino en la circunstancia, que incluso ha asumido la recurrente de no existir espontaneidad alguna que permita operar a las normas del decr. cit., antes bien, todas ellas se oponen, no sólo la invocada por el Fisco en su momento y por el a quo luego, que indica a las claras que el régimen no beneficia cuando ya existe un procedimiento para la aplicación en caso concreto, más allá de cual fuera ese procedimiento, si el previsto por la ley 11683 o el de las leyes especiales en las que aquél es supletorio (art. 100 ley de sellos t.o. 1968), sino además, porque también se excluyen - cumplimiento una limitación ya prevista por el art. 111 de la ley 11683 - los supuestos de verificación, inspección, intimación y requerimiento, de modo que difícilmente puede considerarse habilitado un contribuyente bajo ejecución fiscal.
Incumplimiento del contrato, acceso a la justicia, tasa de justicia, ley de defensa del consumidor
Materia: PENAL
Carátula: Chab Arazi , Alan Miguel c/ American Airlines INC s/ incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-23

Esta Cámara se pronunció en el sentido de que la Ley de Defensa del Consumidor otorga al concepto de "justicia gratuita", el acceso a la justicia de los consumidores, el que no debe ser conculcado por imposiciones económicas, tal como el pago de la tasa de justicia. Una vez habilitada gratuitamente la jurisdicción, quien reclama debe atenerse a las vicisitudes del proceso (cfr. fs. esta Cámara, Sala 2, causa 5267/12 del 21/11/2012, 7201/09 del 8/3/12 y 3511/14 del 17/11/2015; Sala 3, causa 10884/09 del 9/3/10 y sus citas de jurisprudencia). La ley 24.240 fue promulgada mediante el decreto 2089/03 (B.O. el 15/10/1993). El tercer párrafo del artículo 53 del proyecto expresaba "Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley gozarán del beneficio de justicia gratuita". Mediante el decreto referido el Poder Ejecutivo Nacional observó ese párrafo (art. 8°) por entender que era innecesario ya que los interesados podían peticionar la carta de pobreza regulada en cada código procesal; además alertó que el artículo en su redacción original "podría alentar la proliferación de acciones judiciales injustificadas". Por su parte, la ley 26.361 (B.O. 7/4/08) vino a morigerar la situación al reconocer el beneficio de justicia gratuita a favor de quien promueva la demanda "en razón de un derecho o interés individual" (art. 26); y de las Asociaciones de Consumidores en la medida en que se trate de acciones judiciales "iniciadas en defensa de intereses colectivos" (art. 28). La gratuidad aludida sólo comprende la tasa judicial, ya que ese es el tributo que cualquier particular debe abonar para acceder a los estrados judiciales (cfr. esta Sala, causas 251/04 del 16/6/05 y 5245/10 del 4/10/2012, esta Cámara, Sala III, causa 5223/09 del 17/5/2011, entre muchas otras).
Concejo deliberante, prórroga de sesiones legislativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE PROF. SALVADOR MAZZA s/ DERECHO CONSTITUCIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-14

La prórroga de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante por un término que no exceda de un mes, se halla prevista por el art. 12 de la ley 1349, y dicha facultad corresponde al Concejo, sin que proceda distinguir que ello compete al cuerpo compuesto por los concejales salientes o a los que iniciaron su mandato.
Cesión de derechos, responsabilidad del cedente, mala fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dymensztein, Marcos c/ Banco Coop. de La Plata ltdo. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-13

Cuando el cedente es de mala fe, el cesionario no sólo tiene derecho a repetir el precio pagado sino también a exigir la diferencia entre el valor nominal del derecho cedido y el precio de la cesión (art. 1478 Cód. Civil) empero, no se detiene allí el deber resarcitorio que pesa sobre el cedente de mala fe, ya que la reparación integral de todos los daños es lo que procede. O, en otras palabras, el cedente de mala fe debe resarcir todo daño que tenga su causa adecuada en esa mala fe, o sea, la reparación comprende todo daño patrimonial que reconozca su causa mediata en tal mala fe, incluso en su caso el daño moral (arts. 521 y 522 Cód. Civil).
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, cuestiones procesales, acción de nulidad, acuerdo de partes, menores
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FRIEBOES DE BENCIH, MASSIMILIANO s/ NULIDAD DE CONVENIO - RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-10

La negativa del a quo a resolver sobre los derechos que tendría una menor en la causa sobre nulidad de convenio configura un problema de hecho y de derecho común y procesal, ajeno al recurso extraordinario, aunque la solución dada al caso sea opinable.
Contrato de trabajo, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: REYES PATRICIA KARINA c/ OBISPADO DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DIFERENCIA DE INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD,ETC.-CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-10-15

EL art. 245 de la LCT refiere a la mejor remuneración devengada, o sea la que debió ser pagada, porque de lo contrario la determinación de la base para la fijación de aquellos conceptos estaría supeditada a lo que el empleador decida pagar.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, personal municipal, reescalafonamiento, salarios caídos, daño moral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Valerga, Ernesto Alfredo c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

El recurso extraordinario deducido contra la sentencia que condenó a la comuna a reencasillar al agente y a abonarle salarios caídos y daño moral es inadmisible: art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Divorcio, injurias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: IBARRA BRIGIDA c/ SEPULVEDA OSCAR s/ Divorcio (LIBRO: S105 - 191)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1984-08-14

La causal del art. 67 inc. 5 Ley 2393 comprende todas las palabras, actos y hechos contrarios a las obligaciones del matrimonio y a la dignidad de la vida conyugal, incluyendo por tanto la falta de cumplimiento de las obligaciones materiales derivadas del deber de asistencia, cuya violación puede adquirir carácter afrentoso y constituirse en motivo suficiente para decretar el divorcio.-
Participación criminal, robo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: B. R. M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-02-27

Estando acreditado que, estando el robo finalizado el encartado se acercó y dijo a los ladrones que les sustrajeran una pertenencia específica (zapatillas) a las víctimas, debe ser considerado cómplice del delito, pues fortaleció la decisión criminal tomada de antemano, y así el desapoderamiento persistió, extendiéndose el daño causado, es que, aquel aporte psíquico hubo de tener efecto a raíz de que los atracadores se apoderaron efectivamente de lo referido.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, juicio ejecutivo, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: NAVARRO, DIANA c/ E. J. LOPEZ S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-04-08

El remedio impetrado no ha de prosperar pues las resoluciones recaídas en los procesos de ejecución no son definitivos en los términos del artículo 1 de la ley 7055 y, pese al intento de evidenciar la entidad de sus objeciones, desde el enfoque constitucional el impugnante no logra confirmar que se encuentren configurados los agravios invocados, máxime cuando las controversias analizadas carecen de virtualidad para hacer excepción al criterio conforme al cual las cuestiones relativas a la valoración de extremos de hecho y prueba y a la interpretación del derecho, en principio, están reservadas a la decisión de los jueces de la causa y no deparan materia idónea en orden a lograr el acceso a la vía excepcional intentada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, remuneración, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACOSTA, NORBERTO DANIEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-02

Los impugnantes insisten en que correspondía que se les reconocieran los rubros pretendidos (gratificación anual extraordinaria y suplemento por uso de computador), reputando arbitraria la conclusión a la que arribaron los Jueces por prescindir de la normativa aplicable, apartarse de las constancias de la causa y soslayar prueba decisiva (que no identifican ni mencionan) sin dar razón plausible, sosteniendo que han fallado dogmática e inmotivadamente, mas sin lograr acreditar la conexión entre tales achaques y los extremos de la sentencia impugnada, desde que no logran rebatir los argumentos del A quo, que fundó el rechazo en que en ningún momento los recurrentes aportaron elemento probatorio alguno tendente a acreditar su situación, sino que se limitaron a intentar invertir la carga probatoria a fin de eximirse de probar los hechos constitutivos de su pretensión; y que la jurisprudencia de esta Corte que citaban como sustento de sus planteos, refería a supuestos distintos del de autos porque se trataba de personal reubicado y no retirado, lo que importaba un acuerdo con efectos extintivos de la relación de empleo y el desistimiento de toda acción judicial.
Identificación de las personas, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Quantin, Norberto Julio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-19

No media distinción alguna en cuanto a su validez y aptitud probatoria entre una individualización y -en su caso- la consecuente y eventual identificación de una persona susceptible de ser imputada practicada en sede policial y una efectuada como en el caso, ordenada y producida nada menos que bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal. En tal sentido, debe recordarse que el artículo 120 de la Constitución Nacional establece como funciones de dicho órgano la promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Esta importante facultad se encuentra también prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público, n° 24.946, en cuanto en su art. 25 señala entre las funciones que corresponden al Ministerio Público : "a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad; ... b) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera; ... c) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales ...". (Voto del Dr. Riggi).
Patentes, acción subrogatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JITRIK, SAUL c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

Cuando se reclama en relación a los derechos emergentes de una patente de invención, resulta inadmisible la aplicación de la acción subrogatoria. Siendo así, la acción intentada prevista en el art.

1196 del Código Civil para resguardar otro tipo de situaciones, no puede aquí merecer acogida, cabiendo agregar que tampoco se reunirían los presupuestos esenciales de admisibilidad para ejercitar la acción subrogatoria dado que no se ha configurado en la especie ni la "total inactividad del deudor" ni el recaudo del "interés legítimo del acreedor".
Legitimación procesal, declaración de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Flores, José Martín y Corral, Silvia Mabel c/ Lucio V. López S.A. y Romaniuk, Alejandro s/ Cobro de pesos por indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-07-18

El tratamiento oficioso de la legitimación exige un uso prudencial, particularmente cuando, entre otras circunstancias: i] se está frente a contiendas entre particulares sobre derechos patrimoniales, ii] no es ostensible la inexistencia del caso, iii] la parte favorecida con esa declaración ha articulado una defensa claramente diferente y iv] si la definición del régimen jurídico material sobre la que se asienta el pronunciamiento que priva de aptitud para demandar, dista de ser un asunto pacífico y exhibe bastante complejidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Representación procesal, ratificación del mandato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Chávez, Clemente c/ Franco, Antonio Mario y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-11

La nulidad del art.48 del ritual no ha menester de declaración alguna, en tanto opera de pleno derecho y automáticamente al fenecer el plazo perentorio de sesenta días que concede la norma, plazo que se computa en días hábiles a partir de la fecha de la invocación (doc. art. 48 del CPCC).