Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09


Buenos Aires, 9 de mayo de 2006 VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que rechazó la medida cautelar solicitada y, CONSIDERANDO: 1. Que el actor, en calidad de ex mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó el dictado de una medida cautelar que prohiba a la Dra. Cecilia Marta Valera y a cualquier otro mandatario que se designe para la tramitación de las ejecuciones fiscales que estuvieron a su cargo, la percepción extrajudicial de los honorarios que generen dichos juicios, en virtud de aperturas de planes de facilidades de pago o de pagos al contado y se obligue al depósito de aquéllos en cada uno de los expedientes en trámite de ejecución. Ello, hasta tanto el juez interviniente determine la proporción de honorarios que corresponde al actor y al nuevo mandatario a cargo de la causa. Asimismo, requirió que se notifique a la Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de que se instruya al mandatario a cargo de la cartera que estuvo asignada al peticionante, a fin de que denuncie ante el juzgado de grado cualquier modi ficación en las asignaciones de aquélla. Luego, a fs. 121, solicitó la ampliación de la medida cautelar, peticionando que la mencionada Dra. Valera o cualquier otro mandatario que se designe, deposite los honorarios que perciba de forma extrajudicial en el juicio correspondiente y denuncie en el sub examine, los autos y el juzgado en que se efectúe el depósito. En el mismo sentido, requirió se oficie al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que informe mensualmente los planes de facilidades de pago y los pagos al contado que se susciten en relación a la cartera de juicios que estuvo a su cargo. Posteriormente, en una nueva ampliación de su pretensión, solicitó se libre oficio al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 12, a fin de que esta entidad practique un informe mensual de los planes y pagos al contado depositados por la Dra. Valera. Finalmente, a fs. 134/135, modificó su pretensión y solicitó el dictado de una medida cautelar que obligue al depósito judicial en estos autos de los hono rarios que la Dra. Valera perciba o haya percibido desde el 11 de enero de 2006, devengados en virtud de la apertura de planes de facilidades de pago o pagos de contado, respecto de los juicios que estuvieron a su cargo, hasta tanto se determine la proporción de honorarios que a cada uno corresponda. Conforme su relato, fue mandatario del GCBA para la tramitación de causas judiciales por deudas en mora de impuestos. Este mandato fue revocado por decreto 02/2006 del 4 de enero de 2006, que le fue notificado el 11 de enero de 2006 junto con la comunicación de que la Dra. Cecilia Marta Valera, mandataria de la Sección 95, se haría cargo de la cartera que le fue asignada con anterioridad. 2. Que, a fs. 136/137 vta., la señora jueza de primera instancia rechazó la medida cautelar solicitada. Para así decidir, consideró, en primer término, que acceder en forma favorable a la petición importaría una intromisión indebida en la potestad jurisdiccional que constitucionalmente corresponde a otros magistrados. Destacó qu e, en este sentido, un juez carece de imperio para imponer medidas cautelares sobre otro. En segundo lugar, sostuvo que el actor no arrimó a la causa elementos que permitan inferir la existencia de un perjuicio actual o inminente ocasionado por la demandada, afirmando la existencia de un daño que resulta ser una mera probabilidad. 3. Que dicho decisorio fue apelado por el actor, cuyo memorial obra fs. 140/145. Manifiesta que es de público y notorio que los mandatarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires poseen facultades para concertar con los contribuyentes en mora planes de facilidades de pago o transar pagos de contado de la deuda impositiva. En este sentido, destaca que el instituto cautelar sólo exige un grado suficiente de razonabilidad respecto de las circunstancias cuyo acaecimiento se intenta impedir, y no un examen de certeza sobre su probabilidad. Destaca que, si se exige como prueba la existencia efectiva de un plan de facilidades de pago suscripto por la mandataria que heredó la cartera de juicios, se habría ya producido el daño que se pretende evitar, es decir, los honorarios habrían sido percibidos por la Dra. Valera. Rechaza las afirmaciones de la a quo relativas a que la cautelar peticionada importaría una indebida intromisión en la esfera de competencias de otro juez. Frente a ello, afirma que la concesión de la medida sólo implicaría ordenar a la mandataria interviniente el depósito de los honorarios percibidos extrajudicialmente en el juzgado de grado, sin que ello produzca una interferencia en el desarrollo de juicios ejecutivos en trámite, hasta tanto éste determine la proporción de honorarios que le corresponda. No habría, entonces, suspensión de obrados ajenos a la jurisdicción de la a quo, puesto que la medida requerida no intenta entorpecer en modo alguno el trámite de la ejecución, sino únicamente asegurar un derecho verosímil hasta el momento de la determinación que corresponde en materia de honorarios. Finalmente, solicita se resuelva oficiar a la Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que instruya a la mandataria de turno que informe al juzgado actuante de cualquier modificación que se produzca en los juicios ejecutivos a su cargo. 4. Que, a fs. 149/151, el recurrente acompaña copia de depósitos realizados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que confirmarían que la Dra. Valera habría percibido honorarios producto de transacciones ocurridas en juicios que pertenecen a la cartera denunciada en autos. Afirma, en razón de ello, que el daño alegado es actual y no presunto, lo que confirma la existencia de peligro en la demora y demuestra la verosimilitud de su derecho. 5. Que cabe recordar que las medidas cautelares tienden a impedir que, durante el lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperante los efectos de la resolución definitiva. La procedencia de dichas medidas se halla condicionad a a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien la solicita (fumus bonis iuris) y el peligro en la demora (periculum in mora), que exige la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes. Como tantas veces se ha reiterado, el dictado de las medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud; aun más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (C.S.J.N., doct. de Fallos: 316:2060 y 15-2-94, 0.148.XXV Obra Social de Docentes Particulares c/Provincia de Córdoba s/ inconstitucionalidad). También requiere, en su caso, una contracautela suficiente por los eventuales perjuicios que pudiera ocasionar a la contraria de haber sido pedida sin derecho, a efectos de hacer efectiva la responsabilidad prevista en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (asimismo art. 6, ley 7). De lo que se trata en definitiva es de que la necesidad del proceso para obtener la razón no pueda convertirse en un daño para quien tiene razón (principio expresado por Chiovenda y Calamandrei y recogida por la Corte de las Comunidades Europeas en el caso "Factortame", citado por García de Enterría, Eduardo, "La Batalla por las medidas cautelares", Civitas, Madrid, 1992, p. 168 y ss.). 6. Que, sentado lo anterior, corresponde pronunciarse acerca de la cuestión planteada. Conforme surge de autos, el recurrente fue mandatario de la demandada hasta que el 11 de enero de 2006 fue notificado de la revocación del poder que habilitaba a dicho ejercicio. En razón de ello, la cartera de juicio que se hallaba a su cargo fue traspasada a la mandataria Dra. Cecilia Marta Valera. Ante estas circunstancias el actor pretende el dictado de una medida cautelar que ordene la retención judicial de los honorarios que, en virtud de la suscripción de un plan de facilidades de pago o de pagos de contado, perciba la mandataria mencionada en los juicios correspondientes a la cartera anteriormente asignada al actor. Sin embargo, si bien es denunciada una posible afectación del derecho de propiedad, esta no encuentra fundamento en una conducta dañosa de la mandataria actual o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aquélla, más bien, en caso de producirse los supuestos transaccionales que denuncia el recurrente, se limitaría a dar cumplimiento con los objetivos de percepción de la recaudación fiscal pretendidos por la Ciudad y en función de los cuales designa mandatarios que persigan el cobro de la deuda en mora. De este modo, si bien el actor entiende razonablemente que las tareas desarrolladas por la nueva mandataria pueden afectar su derecho de propi edad, esta afectación no encuentra asiento en una conducta arbitraria o ilegítima imputable a la demandada, sino, por el contrario, en el normal desarrollo de los mecanismos legales que tienden a alcanzar una debida percepción de la renta pública. Dado este interés, la intervención requerida por el apelante -consistente en centralizar, respecto de la cartera de juicios mencionada, la recaudación de las deudas percibidas extrajudicialmente por el gobierno local, en un juzgado de primera instancia- resulta excesiva y puede resultar un entorpecimiento indebido en el interés público comprometido en la recaudación tributaria. 7. Que, así como el actor deberá eventualmente conocer, en los juicios ejecutivos que inició y que ya no se encuentran a su cargo, la distribución que en cada caso los jueces de turno realicen al tiempo de regular los honorarios de los mandatarios intervinientes, así puede el recurrente esgrimir su pretensión en las causas puntuales, ante los distintos juzgados donde se encuentran en trámite.

Por el contrario, lo que aquí se pretende es el dictado de una medida que intervenga, desde un solo tribunal, sobre el trámite de un importante número de causas, haciendo abstracción de las particularidades específicas de cada una. Esta pretensión se advierte como desmesurada, cuando correspondería que el daño invocado sea esgrimido ante cada juez actuante en las ejecuciones que, estando a su cargo, pudieran ser objeto de un convenio extrajudicial que cancele la deuda reclamada. Por lo expuesto, el Tribunal entiende que corresponde rechazar el recurso de apelación articulado y confirmar la sentencia de primera instancia, lo que así SE RESUELVE. Regístrese en el libro de amparos y medidas cautelares, notifíquese y devuélvase.