Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-28


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 28 de 2006.

Autos Y Vistos Y Considerando: I.- Contra la sentencia dictada a fs 817/8 se alzan las partes interesadas quienes expresaron agravios a fs 829/34 y fs 847/55 habiendo sido contestados a fs 841/5, fs 858/61, fs 863/7 y fs 869/77 los pertinentes traslados conferidos, obrando a fs 890/1 el dictamen de la Sra. Defensora de Menores de Cámara.- II.- Se queja el denunciante por cuanto la Sra. Magistrada de grado, pese haber declarado al causante insano en los términos del art. 141 del Cód. Civil, designó como curador definitivo del mismo al abogado de la matrícula que en forma provisoria desempeñó tal labor durante la tramitación del proceso. A tal fin expone los argumentos por los que entiende que dicha designación sólo puede recaer sobre su persona atento a que es el único descendiente de aquél.

A su turno se queja el causante sostenido que en el presente proceso se ha lesionado la garantía de la defensa en juicio al no habérsele corrido traslado de la demanda por la insania interpuesta por su hijo, ni de la prueba ofrecida a tal efecto. Argumenta que en la pericia rendida en autos no se hace mención a las preguntas que oportunamente formulara, que en la sentencia se omitió considerar los pocos pero sensibles elementos aportados por su parte, y que soslayando la nulidad del resolutorio la Sra. Magistrada se abstuvo de considerar alguna de las alegaciones que realizara en el acto de contestar el traslado previsto en el art. 632 del ritual.

Continúa expresando que no se tuvo en cuenta cuál fue el verdadero motivo por el cual el hijo del causante decidió promover el presente proceso, ni la habilidad que éste tuvo para renegociar un contrato importante de arrendamiento de su campo "El Falucho", en el año 2002; ni las cartas que el Sr C. padre escribió en otro idioma a un amigo, destacada figura de la vida artística y política de Londres.

Asimismo que no se consideró cuál fue la reacción de su hijo cuando supo que iba a contraer matrimonio (con la Sra. Graciela Irigoyen), como tampoco la lucidez que demostró cuando, en pleno proceso, el denunciante se lanzó a la conquista de un jarrón de su propiedad.

Por último, hace alusión a los certificados médicos extendidos por el Dr. A., del cual se desprende que el causante tiene un buen razonamiento verbal, como así también que en octubre de 2004 se encontraba vigil, lúcido y orientado auto y temporoespacialmente; y que no se consideró en la sentencia todos los actos que se señalaron como reveladores de una conciencia lúcida, habiéndose omitido expedirse sobre la nulidad articulada con relación a la agregación de la prueba de grabaciones que sirvieron de sustento para la promoción del proceso penal por aprovechamiento doloso de C. por parte de la Sra. I..

Concluye diciendo que el causante padece de los padecimientos propios de su edad (90 años) que fueron agudizados por el desánimo y el dolor de verse atacado por su único hijo con quien había sido extremadamente generoso. Que mantiene su lucidez y que muestra los síntomas que señalan las carencias propias de haber sufrido episodios vasculares cerebrales. Que tratándose de una persona de gran fortuna, como todo hombre de esa edad, está débil, pero no en los términos del art. 141 del Cód. Civil, aunque pudiera acudirse a alguna de las situaciones del art. 152 bis.

Plasmada así la cuestión, se tratará primeramente el agravio vertido con relación a la declaración de insania del Sr. E. C..

De los argumentos esgrimidos por su parte con respecto a dicha cuestión se desprende que los cuestionamientos vertidos acerca de la lesión a la garantía de la defensa en juicio, como así también la omisión de tratamiento de los puntos antes descriptos, -sin perjuicio de resultar fuera del plazo legal para introducirlas-, no pueden recibir acogida toda vez que habiéndose ajustado el presente proceso a la tramitación contemplada y dispuesta en el Código Procesal, no puede entonces entenderse que se ha violentado la garantía aludida, máxime teniendo en cuenta que el propio recurrente reconoce el procedimiento de tipo especial que las normas rituales prevén para supuestos como el que se trata.

Por otro lado, no puede dejar de mencionarse que todas las cuestiones que son motivo de queja han recibido tratamiento y apreciación por parte de la Juzgadora, desde que se ha hecho alusión a los informes médicos rendidos en autos, ya sea por el Cuerpo Médico Forense como por la profesional designada para ello.

Y en este sentido todas las probanzas aludidas en el memorial como omitidas en su consideración, aún en el mejor de los casos, no logran modificar las elocuentes conclusiones que surgen de los citados informes.

Así, a fs 254/7 figura que, al examen que se le efectuara al Sr. C., éste se presentó hipolúcido, denotando una conciencia disminuida de enfermedad y de situación. La sensopercepción se halla cuantitativamente enlentecida no observándose trastornos cualitativos de tipo de alucinaciones. La memoria se presenta afectada en términos globales no recordando fehacientemente datos relativos a su historia personal. Se concluye en dicho informe que el Sr. C. en el momento actual padece de un trastorno psicorgánico que lo encuadra psicojurídicamente en el sentido establecido en el art. 141 del Cód. Civil.

Lo expuesto resulta ratificado a fs. 261, de cuyo informe surge que padece un trastorno psicórganico con defecto cognitivo de grado moderado a grave de perfil subcortical, con carácter progresivo y de largo tiempo de evolución.

A tal efecto, debe tenerse presente que de ambos informes se desprende que el examen del causante se ha realizado en presencia de los Dres. F. T. y A. A., consultores técnicos designados en autos.

En tal inteligencia, a fs. 658/65 del informe presentado por los médicos legistas surge que el Sr. C. padece de un síndrome orgánico cerebral que le impide dirigir su persona y administrar sus bienes y que se encuentra contemplado en los considerandos del art. 141 del Cód. Civil. Que su pronóstico es reservado atento a que la evolución tiende a agravarse con el tiempo por ser una patología cerebral progresiva e irrecuperable. Agregan que dada la falta de conciencia de enfermedad, del debilitamiento global de su psiquismo, a su criterio, sería oportuno prever para el causante una supervisión integral psicofísica y asistencial calificada, dado su dependencia y estado de indefensión que presenta.

Tratándose de las conclusiones emergentes de los informes médicos rendidos como consecuencia de las medidas dispuestas por la Sra. Magistrada, no puede más que concluirse en que los agravios deberán en este sentido ser desestimados, toda vez que tanto los informes presentados por los peritos de parte, como así las probanzas a las que el recurrente hace alusión en su memorial, no logran controvertir las elocuentes y sólidas conclusiones a las que se aluden.

Por lo demás, considerando que se han brindado las medidas de garantía necesaria para que el causante pudiera desarrollar su debido derecho de defensa en juicio, es que todas las argumentaciones vertidas al respecto deberán ser desestimadas.

III.- Sentado lo expuesto, corresponde entonces analizar las quejas expuestas por el denunciante que se refieren a la designación del curador definitivo en un abogado de la matrícula que se encuentra ejerciendo dicha función en forma provisoria.

Al respecto, cabe liminarmente señalar que el art. 468 del Código Civil establece que declarada la interdicción, el Juez proveerá al incapaz de un curador definitivo que tendrá a su cargo el cuidado de su persona (art. 481 del citado cuerpo legal) y la administración de sus bienes (art. 475).- Así, la designación de la persona del curador corresponde al Juez, salvo los casos en que la ley establece quien desempeñará esas funciones.

En este orden de ideas, las personas mencionadas en los arts. 476 a 478 del ordenamiento de fondo pueden ser designadas siempre y cuando se configure un presupuesto ineludible: la idoneidad para el ejercicio del cargo. En estos procesos debe extremarse la prudencia judicial por el carácter esencial de los derechos que pueden verse afectados y en atención a la gravedad de la situación que podría generarse. Es por ello que el principio rector que el Juez debe seguir es que la elección de la persona recaiga en quien se encuentre en mejores condiciones de llevar a cabo los actos necesarios para tender a la curación del enfermo (conf. CNCiv Sala G- marzo 28- 1990 nro 42.560).

En este sentido se ha introducido en el tema la cuestión de discernir si el llamamiento legal a ejercer la representación de los incapaces es forzoso o no. Así, la mayoría de la doctrina se ha inclinado por la corriente interpretativa más flexible que niega la taxatividad del dicho orden legal para desempeñar la curatela definitiva, partiendo de la premisa antes descripta de que dicha vocación está supeditada a la idoneidad de la persona llamada a ejercerla (conf. Guastavino Elías en "Nombramiento y remoción del curador definitivo" en LA LEY, 1988-D, 461 y ss).

De esta manera la apreciación de la idoneidad del curador es función privativa del Juez (LA LEY, 99-808).

En el marco descripto, entendemos que en el caso no existen argumentos fundados que permitan apartarse en forma preliminar de la designación de denunciante, único hijo del Sr C. para tal función, toda vez que de las probanzas arrimadas a la causa se desprende que durante el transcurso de la vida de ambos, han podido en forma conjunta compartir la misma de manera agradable y generosa, lo cual importa considerar idónea a dicha persona, básicamente porque puede advertirse la ligazón afectiva que existió entre ellos.

De allí que teniendo en consideración que el denunciante es hijo único del Sr. C. y que, éste mantiene una relación estrecha con sus nietas, no cabe duda que el primero de ellos es quien encuentra en mejores condiciones de afrontar las necesidades de aquél.

Es que los intereses contrapuestos aludidos en el resolutorio no aparecen a nuestro criterio de envergadura suficiente para apartar al denunciante del cuidado de su padre. Por el contrario, se advierte que será el que mejor conozca de su situación, máxime teniendo en cuenta que compartieron una actividad laboral.- Ello no obsta que en el caso de que dichos intereses contrapuestos cobren la relevancia necesaria como para poner en peligro la vida y cuidado del causante, o poner en duda la idoneidad del hijo para la función, lo cual de acontecer importará imperiosamente la necesidad de analizar nuevamente la cuestión y, en su caso, proceder a adoptar un temperamento diferente al presente.

En función de todo lo expuesto, sin perjuicio de lo dictaminado por la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Cámara, el tribunal resuelve: I.- Revocar la resolución apelada en el sentido de designar curador definitivo del causante al Sr. E. C. (hijo), denunciante en estos autos; y II.- Confirmarla en todo lo demás que decide, manda y fuera materia de agravios, con costas de Alzada a cargo del denunciado (art. 68 del ritual).

Difiérase la regulación de honorarios para su oportunidad.

Regístrese y previa notificación a la Sra. Defensora de Menores de Cámara devuélvase al Juzgado de origen. -Oscar J. Ámela. -Silvia A. Díaz. -Cecilia M. V. Rejo.