Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-09


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 9 días del mes de Junio del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contenciosa Administrativa, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia de su titular Dr. Fernando S.L. Royer y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Daniel Luis Caneo y J. Luis Pasutti, para dictar sentencia en los autos caratulados:

"S., J. F. c/ D.L.S. A. L. - S. A. s/ Demanda Laboral (Indemniz. por despido)" (Expte. Nº 20146-S-2005), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 322 de conformidad con las Acordadas N° 3202 y 3204, y los Acuerdos Extraordinarios N° 3549 y 3555 correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Pasutti, Caneo y Royer.- Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Son procedente los Recursos de Casación interpuestos? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. Pasutti dijo:- I.- ANTECEDENTES.- 1.- A fs. 27/32 el Sr. J. F. S. inició demanda laboral contra el ente societario "DL S A. L. - S. A.", solicitando se lo condene al pago de sueldo anual complementario sobre la indemnización por preaviso omitido y la indemnización por vacaciones no gozadas, indemnización del art. 16 de la Ley 25.561 sobre indemnización por preaviso omitido, indemnización por vacaciones no gozadas e indemnización por antigüedad, indemnización del art. 2 de la Ley 25.323 e indemnización del art. 80 de la L.C.T. por la suma total de $ 18.492,58 con más la actualización monetaria por el índice de precios al consumidor y costas (planilla de liquidación practicada en ap. VII). Dejó planteada la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 modificados por el art. 4 de la Ley 25.561 y del art. 5 del Decreto N° 214/02 por ratificar la vigencia del principio nominalista.

Todo con fundamento en el derecho de propiedad.- Sostuvo que comenzó a laborar a las órdenes de la accionada el día 28 de julio de 1999 y que efectuaba labores en diferentes equipos de perforación de pozos petrolíferos rigiéndose por la Convención Colectiva de Trabajo N° 340/01. La jornada de trabajo era de doce horas diarias (con cuatro horas extras diarias) y un régimen de trabajo de seis días laborables por tres de franco en turnos rotativos. Destacó, -además- que su sueldo estaba integrado por el rubro convencional "horas de viaje", por traslados a las diferentes locaciones petroleras de la accionada.- Dijo que fue despedido el 31 de octubre de 2002, transcribió la comunicación telegráfica que se le enviara y la que posteriormente remitió como consecuencia de los reclamos que efectuó a la accionada por ser insuficiente la liquidación final y defectuosa la entrega de los certificados de trabajo contemplados en el art. 80 de la L.C.T.

Finalmente, fundó su derecho, practicó planilla de liquidación, formuló reserva del Caso Federal, ofreció pruebas y formuló petitorio de estilo.- 2.- La accionada contestó demanda a fs. 48/64 vta., y luego de una negativa genérica de los hechos, y reconocimiento expreso de otros, en el punto IV de fs. 48 vta. se expidió acerca del planteo de inconstitucionalidad de la modificación introducida por la Ley 25.561 y del Decreto N° 214/02 de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad. En este sentido, sostuvo que las normas atacadas son de orden público, por ende, los argumentos desarrollados son inconsistentes a fin de obtener la actualización monetaria pretendida por cuanto no existía una variación que justificase la aplicación de medidas extremas. Además, -adujo- no se demostró cuál era el defasaje que sufrió el capital reclamado en la demanda como consecuencia de la aplicación de las normas atacadas; ni el daño que le ocasionó la vigencia de las leyes 25.561 y 23.928. Afirmó una vez más, que la ley de emergencia fue dictada dentro de un estado de crisis.

El estado de emergencia que fue declarado por el Congreso, persiguió un fin público, con carácter transitorio en las medidas adoptadas, siendo razonables tales medios. Destacó que lo esencial es que el legislador no ha afectado a la justicia conmutativa de las partes, perjudicando a los acreedores para beneficiar a un determinado número de deudores.

A modo de conclusión, en relación al tema, remarcó que no dándose en la actualidad una situación que justifique la indexación de la deuda, ni su desindexación y que las tasas de intereses cumplen una adecuada función de mantener equilibrada las prestaciones, no es momento adecuado para dictar la inconstitucionalidad de la Ley 25.561 por no existir la distorsión de los valores que justifiquen este remedio excepcional. Las circunstancias existentes no perjudican ni al actor, ni al demandado. Citó fallos de la Corte Suprema y de la Cámara Nacional del Trabajo, Sala 8va. que considera de aplicación a esta temática.

En principio reconoció el tiempo de la relación laboral pero negó que las horas de viaje integraran la remuneración convencional. Afirmó categóricamente no adeudar diferencia alguna en concepto de haberes e indemnizaciones de ley; y agregó que la duplicación indemnizatoria solicitada en los términos del art. 16 de la Ley 25.561 y sus decretos reglamentarios, es improcedente habida cuenta que en la oportunidad de configurarse el despido del actor, la suspensión contemplada en el citado art. 16 no se encontraba vigente (fecha vto. 07/07/02). A continuación, introdujo el planteo de inconstitucionalidad de los decretos Nros. 264/02 y 265/02.

Por último, y haciendo un análisis de los comportamientos del actor, destacó la conducta contradictoria en contravención o infracción al deber de buena fe, lo que a su criterio torna inadmisible su tutela. Citó jurisprudencia sobre "la teoría de los actos propios". A continuación, y en orden a la posición que adoptó, impugnó la liquidación que practicó la parte actora.

En lo que respecta a la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T., solicitó también su rechazo por haberse entregado los correspondientes certificados de trabajo y certificación de servicios según dice acreditada con la documentación adjuntada a la causa. La misma posición procesal adoptó en relación al rubro "indemnización del art. 2 de la Ley 25.323", pero agregó a su petición, que para la hipótesis de considerarse insuficientes los pagos efectuados que el Tribunal ejerza la facultad que contempla la norma mencionada, morigerando la sanción, o eximiéndola, en mérito a la conducta que desplegó.

Hizo reserva del caso federal, ofreció pruebas y formuló petitorio de rigor.

3.- El Tribunal de Origen dictó sentencia según constancia de fs. 111/127 vta. y su aclaratoria de fs. 132/136 en el siguiente sentido: 1) No hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte demandada respecto de los decretos Nros. 264 y 265 del año 2002; 2) Rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora respecto de los arts. 7 y 10 de Ley 23.928, modificada por el art. 4 de Ley 25.561 y por el Dto. N° 214/02; 3) Hizo lugar parcialmente a la demanda entablada y condenó a la accionada a abonar la suma total de $ 14.208,40, cifra en la que se incluye la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T.; y 4) impuso costas a la demandada vencida y reguló honorarios profesionales.- A fs. 130 apeló el actor; y a fs. 137 la demandada; ambos recursos fueron concedidos a fs. 160.

II.- LA SENTENCIA DE LA CÁMARA.- Mediante sentencia definitiva, registrada bajo el N° 15 del año 2005, (fs. 196/213) la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó parcialmente la resolución de Primera Instancia, en cuanto declaró la inconstitucionalidad del Decreto N° 883/02 y su inaplicabilidad en autos; modificó el monto de condena en la suma de $ 7.557,08; declaró carente de relevancia jurídica la apelación del actor y de los letrados del mismo; y finalmente modificó la regulación de honorarios de la Primera Instancia e impuso costas y reguló honorarios por las tareas en la Alzada.

A continuación se enunciarán los aspectos salientes del fallo recurrido en orden a la materia objeto del recurso de análisis, y el voto de cada uno de los Dres. Sentenciantes de la Sala en cuanto hubo disidencia con respecto al planteo de inconstitucionalidad introducido por la accionada y a la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT.- La Dra. Silvia Alonso en orden al planteo de inconstitucionalidad de los decretos de prórroga del art. 16 de la Ley 25.561, se enroló en la posición jurisprudencial que los considera dictados fuera del marco constitucional en base a los siguientes argumentos: la sustancia legislativa de la norma que contiene el decreto (art. 63 de la CN), la falta de indicación de los motivos de urgencia que habrían hecho imposible seguir el procedimiento ordinario para la formación y sanción de las leyes y su dictado durante el período ordinario de sesiones; y la falta de delegación legislativa en materia laboral por parte de la Ley 25.561, lo que considera corroborado con el dictado de la Ley 25.820.

En mérito a ello, consideró abstracto el tratamiento del agravio subsidiario de la accionada relativo a la limitación de la indemnización agravada y en igual sentido se expidió en relación al único agravio del actor en relación a la procedencia de la multa prevista en el art. 2 de la Ley 25.323.- En lo que respecta al agravio vinculado con la procedencia del rubro "indemnización del artículo 80 de la L.C.T.", propició su rechazo afirmando que el apelante no pudo conmover las bases de la sentencia; además de haberse demostrado la concurrencia de los presupuestos legales que dan andamiaje a la citada indemnización. Indicó, entonces que esa fue su posición en anteriores pronunciamientos.

Citando la SD. Nº 98/2004 Himmel, dijo que los presupuestos legales son dos: uno de hecho (el cumplimiento defectuoso de la obligación de entregar el certificado y el incumplimiento del deber de entregar las constancias documentadas que prevé la norma), y otro formal (la intimación fehaciente del trabajador a cumplir con la entrega).

Sentado ello, consideró que el certificado entregado al concluir la relación laboral no reunió la totalidad de los recaudos exigibles ya que no contiene indicación alguna de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social, no alcanzando para justificar tal omisión, la referencia a que tales datos obran en los recibos y por no haber acreditado el demandado el cumplimiento de la obligación de entregar las constancias documentadas del pago de cotizaciones. En lo referente al presupuesto formal señalado, sostuvo que el reclamo fehaciente del trabajador, se encontraba acreditado con la constancia de fs. 8 y cumplió la doble función de hacer nacer la obligación de entregar las constancias y, ante su inejecución dentro de los dos días hábiles posteriores, generó en el trabajador el derecho a la percepción de la indemnización especial prevista en la norma.

Conforme lo resuelto readecuó sólo los honorarios de primera instancia, manteniendo la imposición de costas por entender que el reclamo originario tuvo acogida en lo sustancial; sin embargo las costas de la instancia se impusieron en el orden causado, atendiendo a la falta de controversia y al modo en que se resolvió la cuestión.

Por su parte, el Dr. Nahuelanca en disidencia con la Sra. Jueza que lo precedió en el voto, confirmó en definitiva la constitucionalidad del Decreto N° 883/02 por entender que es congruente con el mismo carácter emergencial de la Ley 25.561 que otorgó facultades excepcionales de reglamentación al Poder Ejecutivo y comprendió al sector al que se debe una legislación protectoria. Se apoyó en la posición sentada por la Corte Suprema de la Nación en el caso "Valente...", en el dictamen que en dicha causa emitió el Procurador Fiscal y en conclusiones de otros distinguidos doctrinarios en la materia.

Además, citando al Dr. Sagües expresó que coincide en los condicionamientos y amplitud de la facultad del poder delegante cuando hay emergencia pública y que el P.E. cumplió en los decretos de necesidad y urgencia con la obligación de remitirlos al Poder Legislativo para su control o consideración (arts. 100 inc. 12 y 99 inc. 3 C.N.), por lo que si este poder no ejerce sus facultades Comisión Bicameral- no puede debilitarse o entenderse inconstitucional la norma y que su silencio importe una derogación o rechazo del decreto de necesidad y urgencia emitido por la directiva de la ley.

Agregó, que por otra parte, el Poder Legislativo dio claras señales de aceptación de los DNU, por omisión al no tratarlos, observarlos o derogarlos no obstante obrar en su poder y por acción, al producir la Ley 25.820, convalidando hasta allí lo actuado. Entonces sostiene que este mismo razonamiento cobra actualidad con el dictado de la Ley 25.792 (del 15/12/2004), que prorrogó la suspensión de despidos del art. 16 de la Ley 25.561.

En definitiva, -concluyó- en el sentido que se debe ajustar la solución conforme al derecho vigente, comprensivo del Dec. Nº 883/02, siguiendo el criterio de la CS., en la causa "Di Tullio, Nilda.." de fecha 17/12/96 ("...3 - La Corte debe considerar el decreto dictado con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario, pues sus sentencias deben atender a la situación existente al momento de decidir", en J.A.1997-II-333).

En lo que respecta al segundo agravio de la accionada, propuso su rechazo por ser su fundamentación insuficiente conforme con las exigencias del art. 265 del C.P.C.C..

Mientras que en igual sentido se expidió en relación al agravio vinculado al rechazo de la indemnización del art. 80 de la L.C.T., pero en este caso, su negativa se fundó -luego de una detallada descripción de cada una de las actitudes asumidas por las partes en ocasión de expedirse las intimaciones telegráficas y en el ámbito del proceso en la oportunidad de entablar la acción y su responde- en la circunstancia de que el certificado de trabajo otorgado por la demandada (fs. 23) le permitía la primer finalidad de reinserción en el mercado laboral, además de contener los datos inscriptorios que interesaban en la ANSES (fs. 207 vta./209, primer párrafo). Así, rechaza el rubro por la suma de $ 5.640.

Finalmente el único agravio del actor, "denegación de la indemnización del art. 2 de la Ley 25.323", propuso hacer lugar al mismo y propició la revocación del fallo en cuanto eximió a la demandada del recargo del art. 2 de la Ley 25.323, respecto a las indemnizaciones por preaviso y antigüedad, liquidado a fs. 31 por la suma de $ 4.284,19.

Conforme a su resultado reajustó el monto de condena que conlleva la sentencia aclaratoria de fs. 132/136, a la suma de $12.852,58, no así la imposición de costas y regulación de honorarios de primera instancia; mientras que impuso costas a la accionada por los trabajos de la Alzada y reguló honorarios.- El Dr. Alexandre, votante en tercer término por la disidencia generada, se refirió en primer lugar al planteo de inconstitucionalidad y coincidió con la opinión de la Dra. Alonso de Ariet.

Es así, que después de hacer un estudio pormenorizado de la cuestión, citó Jurisprudencia que se posiciona en esta línea de pensamiento, al sostener que no se advierten razones ni se encuentran argumentos jurídicos que justifiquen las prórrogas en cuestión sin la intervención del órgano constitucional habilitado para ello, máxime cuando al hacerlo correctamente por Ley 25.820, no se hace referencia alguna respecto a la intención del Ejecutivo de salvar tal periodo sin cobertura legal.

En consecuencia, excedió sus facultades y merece el reproche de inconstitucionalidad ("H., J. C. c/. Consorcio de Propietarios Edificio P. II - Demanda" - CNTRAB - SALA X - 29/10/2004; "Á., J. M. c/ C. G. e A. SA. s/ Despido", CNTRAB - SALA VIII, 25/10/2004, todo en elDial.com.ar). - Por ello, -agregó- que se tornaba irrelevante el segundo agravio en cuanto al alcance de dicha duplicación, y que también incidió negativamente respecto del único agravio del actor referido al mantenimiento de la pretensión del pago de la multa del art. 2º de la Ley 25.345 (error de tipeo, se debió consignar el N° 25.323), por el presunto incumplimiento de pago de la indemnización. - Por último, en cuanto a las consecuencias generadas por el incumplimiento de la obligación prevista en el art. 80 de la LCT. en su actual redacción, sostuvo haberse referido a una amplia casuística en otras circunstancias que no son las de autos, ya que a partir de la intimación de fs. 8, quedaron cumplimentados todos los recaudos, ante la falta de gestión útil que en tal sentido se esperaba de la intimada, para tornar procedente el reclamo.

Concluyó, entonces, que al respecto existió coincidencia en los votos que le anteceden al suyo.- Mantuvo la imposición de costas de Primera Instancia y las impuso en el orden causado en la Alzada; y difirió la regulación de honorarios al momento del acuerdo.- III.- EL RECURSO DE LA DEMANDADA "DLS A. L. - S. A.".- A fs. 221/263 interpone recurso de casación por quebrantamiento de las formas y las solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento y la sentencia, causales que se subsumen bajo la órbita de la arbitrariedad. (fs. 222, parág. 7.1.).- Sostiene que al haber íntima vinculación y conexidad con las dos causales casatorias, violación de la ley o doctrina legal y arbitrariedad de la sentencia, las tratará en forma conjunta (fs. 257, parág. 19).- En la estructura del recurso se señala a modo preliminar que la arbitrariedad de la sentencia radica en la imposición de la sanción contemplada en el art. 80 de la LCT. - Se detuvo en transcribir una vez más, los agravios que expuso en ocasión de recurrir ante la Alzada, porque precisamente -afirma-que no fueron merituados por los Sentenciantes; y ello es lo que torna arbitraria la sentencia.

Considera que al no haberse tratado sus agravios la Alzada vulneró el principio de congruencia. A continuación cita y describe algunos fallos de la Corte Suprema y cita algunos artículos que considera de aplicación de la Convención de los Derechos Humanos.

Específicamente -sostiene- que la Dra. Alonso, únicamente se detiene en analizar los presupuestos necesarios para la aplicación de la sanción prevista en el art. 80 de la L.C.T. pero omite examinar si en autos se encuentran reunidos tales requisitos y en el supuesto de encontrarse reunidos si es viable la aplicación de la máxima sanción, o por el contrario, existen motivos exculpatorios que justifiquen reducir la sanción aplicada. No basta la mera comprobación de una infracción sino que es necesario investigar si existen causas que permitan su reducción. A continuación, reitera que dichos extremos fueron llevados a la Alzada pero no fueron tratados.- Destaca, que sólo el Dr. Alexandre se refirió a sus agravios, y transcribe su parte pertinente; y describe el voto del Dr. Nahuelanca por considerar que es acorde a derecho (parág. 19.22, fs. 261 vta.).

Finalmente, hace reserva de caso federal y formula petitorio de estilo.

IV.- EL RECURSO DEL ACTOR.- Recurre en Casación a fs. 268/294 por considerar que el fallo pronunciado por la Alzada es arbitrario en la medida que declara la inconstitucionalidad del Decreto N° 883/02. Además, considera que la arbitrariedad también resulta manifiesta porque las sucesivas prórrogas del artículo 16 de la Ley N° 25.561, resultaron indubitadamente ratificados por el Congreso Nacional de conformidad a lo establecido en el art. 4 de la Ley N° 25.972.

Sostiene que los Sres. Camaristas se han basado en jurisprudencia y doctrina minoritaria y excepcional del fuero laboral nacional. Destaca que la Dra. Alonso de Ariet llamó postura mayoritaria a la minoritaria y excepcional jurisprudencia que desampara a los trabajadores despedidos a partir de junio de 2002 y hasta fines de 2004; y que conjuntamente con el Dr. Alexandre se hicieron cargo de fundamentos introducidos por la accionada recién en su expresión agravios, pues cuando se trabó la litis, dicha parte introdujo una suerte de tacha colectiva de inconstitucionalidad a decretos reglamentarios como el N° 264 y N° 265 del año 2002 y a los decretos de prórroga del art. 16 de la Ley 25.561, pero sin identificarlos, y menos aún fundar tal tacha.

Por otra parte, trae a colación, que en base a lo decidido por la Juzgadora de Origen la demandada argumenta la inconstitucionalidad del Decreto N° 883/02 que prorroga la vigencia del art. 16 de la Ley 25.561, planteo que fue receptado con escasa fundamentación.- Dice que la arbitrariedad manifiesta del fallo violenta en forma palmaria el ordenamiento jurídico y en especial la propia Constitución y de él podrían derivarse consecuencias generales y sociales importantes con grave perjuicio al marco de emergencia social y ocupacional que vivió el país a partir de enero del año 2001 y que continúa hasta la fecha. Este camino fue trazado por las autoridades -Poder Ejecutivo y Congreso- y ha posibilitado ir paulatinamente superando esta crisis.- Agrega, que esta arbitrariedad es la que lo afecta concretamente en cuanto fue víctima de despido estando vigente la prórroga del art. 16 de la Ley 25.561 y la emergencia social, económica, administrativa, cambiaria y financiera, causándole un perjuicio evidente al reducir las indemnizaciones que el mismo ordenamiento jurídico dispone le corresponde.

Destaca que la Alzada sólo hizo un análisis meramente formal de las circunstancias en las que se dictó el Decreto N° 883/02, es decir, la fecha de su dictado y el hecho que el Congreso estuviera en sesiones ordinarias, pero omitieron considerar que a la fecha del dictado de la sentencia impugnada había sido sancionada la Ley 25.820 que prorrogó la emergencia decretada por la Ley 25.561 hasta el 31 de diciembre de 2004, entre las que se encontraba la emergencia en materia social, que incluye la laboral; y además que hubo una ratificación del mentado decreto por la Ley N° 25.972, sancionada por el Congreso Nacional el 24 de noviembre de 2004 y publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 17 de diciembre de 2004. La sanción de esta última ley fue un hecho trascendente y de relevancia jurídica y constitucional porque fue uno de los pocos casos en que un decreto de necesidad y urgencia, dictado en el marco de las previsiones contenidas en el art. 99 inciso 3° de la Constitución Nacional por el Poder Ejecutivo Nacional, tuvo una expresa y específica ratificación legislativa conforme surge explícitamente del art. 4 de la ya citada Ley 25.972.

Esta omisión en la que han incurrido es lo que torna arbitraria la sentencia en crisis. Se ha configurado en el caso, una errónea aplicación del derecho. En definitiva, la decisión judicial se alza contra la voluntad del legislador, por cuanto desde el año 2002 a la actualidad pretendió suspender la posibilidad de que los empleadores decreten por sí despidos sin justa causa.- A modo de conclusión, el recurrente afirma que la preeminencia de aspectos formales en el razonamiento expuesto en los fundamentos de la sentencia recurrida, determina que la solución a la que arribaran los magistrados no sólo es arbitraria por cuanto interrumpe un sistema protectorio de los trabajadores dependientes dispuesto por el Legislador y prorrogado por el Poder Ejecutivo invocando facultades constitucionales y que luego fuera ratificado por una nueva ley del Congreso, sino que tal solución irrita al sistema social y jurídico posterior a la salida de la convertibilidad cambiaria, y contraría a la mayoría de la doctrina y a la jurisprudencia del fuero, y especialmente a recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que inexplicablemente fueron omitidos de analizar por la Alzada.

A continuación, cita y transcribe partes de fallos dictados por la Cámara Nacional del Trabajo a través de algunas de sus Salas y que considera de aplicación a la situación de autos. No le cabe duda que el Decreto N° 883/02 es perfectamente constitucional en orden a las razones de la emergencia, el fin perseguido por la norma, su contexto histórico y fundamentalmente el hecho de haber sido ratificado expresamente por el Legislador tanto con la prórroga de la ley de emergencia y especialmente con la sanción de la Ley N° 25.972.- En consecuencia, solicita que se case la sentencia recurrida, y se modifique el fallo rechazando la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 883/02, y conforme a ello, se determine la procedencia total de la acción en cuanto al reclamo de la indemnización agravada en los términos del art. 16 de la Ley 25.561, y se impongan las costas en todas las instancias a la demandada perdidosa.- Plantea el caso federal.- V.- Interpuestos por las partes sendos recursos de casación, la Alzada mediante sentencia interlocutoria, registrada bajo el N°58/05 (fs. 296/298 vta.) declaró la admisibilidad formal de los mismos por las causales de violación de la ley o doctrina legal por arbitrariedad; y a fs. 307 y vta. por sentencia interlocutoria registrada bajo el N° 117/SRE/05 este Superior Tribunal de Justicia los declara bien concedidos.

Finalmente, a los fines previstos por el art.293 del C.P.C.C. se pone el expediente a disposición de las partes, haciendo uso de tal derecho sólo la parte demandada a fs. 310/319 vta..

VI.- ANÁLISIS.- I. 1.- En primer término, comenzaré analizando la casación interpuesta por el actor fundada en la arbitrariedad que le endilga al fallo por haber declarado la inconstitucionalidad del Decreto N° 883/02 que prorrogó el plazo de suspensión de los despidos al que se refiere el art. 16 de Ley N° 25.561, por cuestiones atinentes a la formalidad en su dictado; y prescindió de aplicar la Ley N° 25.972 al momento de dictar sentencia la Alzada.

A modo preliminar, quiero señalar que cuando se realiza el trámite de contralor de constitucionalidad, el operador -intérprete de la Constitución- maneja normas (las constitucionales, en primer término), pero también conductas y valores. El Juez-controlador de la constitucionalidad difícilmente actúa en un laboratorio normativo aséptico y ajeno al medio donde vive: muy pocas veces pasa así, y jamás debiera pasar, por lo demás.(Sagüés, Néstor Pedro, "Control Judicial de Constitucionalidad:

Legalidad versus Previsibilidad", trabajo doctrinario publicado en el E.D., tomo 118, págs. 909/915).

Por ello, y como ya lo expresara en S.D. N° 06/SCA/04, respetuoso del principio de presunción de legitimidad de la Ley, consciente de que la revisión constitucional de una norma es la más delicada función susceptible de encomendarse al tribunal de justicia y que ella configura un acto de suma gravedad, última ratio del orden jurídico, a ejercerse con sobriedad y prudencia; analizaré y juzgaré la cuestión que me ocupa teniendo en cuenta fundamentalmente la télesis de Decreto N° 883/02; lo que me autoriza a pronosticar que el estudio de la constitucionalidad de una norma no puede circunscribirse sólo a aspectos puramente formales. He ahí el agravio invocado por el actor.

2.- En primer lugar, quiero señalar que los institutos de emergencia son una respuesta al estado de necesidad, que se configura cuando surge una situación de magnitud tal que pone en gravísimo peligro la perdurabilidad del sistema político o la comunidad misma y que, para ser superado, requiere de una medida de excepción, pues la posibilidad de no hacer es, virtualmente, letal.

En nuestra Carta Magna existen diversos institutos de emergencia: el estado de sitio, la intervención federal, el poder de policía de la emergencia -un remedio que no está previsto en el texto constitucional, pero que fue receptado por jurisprudencia estable de la Corte Suprema-, el estado de guerra (art. 75, inc. 25), la contratación de empréstitos por urgencias de la Nación (art. 4), los decretos de necesidad y urgencia y la legislación delegada por motivos de emergencia.

Este estado de necesidad es, entonces, el que justifica que se produzca una alteración de las normales competencias constitucionales, supuestamente para evitar que la comunidad sufra un mal (daño) mayor en los planos político, económico o social. (Revista de Derecho Público, "La emergencia económica", tomo 2002-1, págs. 160/162, Ed. Rubinzal-Culzoni).

Según la jurisprudencia de la Corte, los requisitos clásicos para habilitar el derecho de emergencia son: 1) Que medie un auténtico estado de necesidad ("Ghiraldo", Fallos: 202:456), es decir, que no se lo invoque como una excusa ("Video Club Dreams", Fallos: 318:1154); 2) que ese estado sea reconocido por el Congreso ("Nadur", Fallos: 243:449; "Russo", Fallos: 243:467); 3) transitoriedad de la emergencia ("Ercolano", Fallos: 136:171 y "Martin" Fallos: 200:450), aunque el periodo admitido siempre fue muy variable, desde dos años (art. 50, Ley 23.696, suspensión de sentencias contra el Estado) hasta varias décadas (emergencia locativa), pudiendo durar todo el tiempo que permanecen las causas que originan la emergencia ("Peralta", Fallos: 313:1513); 4) que la medida persiga el bien común ("Ercolano") y que sea razonable y justa ("Martín" y "Ghiraldo"); 5) que la medida no violente la Constitución, pues puede conllevar la suspensión de los derechos, pero no su frustración ("Russo" Fallos: 243:467).

En estado de emergencia, las normas dictadas para enfrentarla deben ser atendidas por los jueces, en principio, como constitucionales ("Cocchia" L.L.1994-B-633), ya que ni la imprevisión ni la inconsecuencia deben presumirse en el legislador a la hora de adoptar medidas para salvar el interés publico y afrontar la emergencia. La Corte también se refirió a estos requisitos en el caso "Peralta", aunque con un enfoque diverso.

Frente a este estado de necesidad, la Corte admite que el Estado puede instrumentar sus poderes de forma más enérgica que en períodos de sosiego ("Martin", ya citado) y a veces diverso del ordinario ("Perón" , Fallos: 238:76 ), toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios ("Perón", "Smith", del 1-2-2002). Esta emergencia que caracteriza la Corte Nacional fue sin dudas la que comenzó a vivir la Nación a fines del año 2001; y que habilitó y condujo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo a dictar toda la normativa de emergencia que se construyó fuertemente a partir de la Ley N° 25.561.

En este marco, y centralizando la cuestión al Decreto N° 883/02, debo adelantar que la declaración de su inconstitucionalidad por la Alzada, ha tornado arbitraria la sentencia, por haberse fundado sólo en cuestiones estrictamente formales que hicieron a su dictado, prescindiendo del estado de emergencia cuyos efectos aún se sufren y que fue debidamente explicitado por el Poder Ejecutivo en los considerandos del mencionado decreto.

Entiendo, además, que los límites que la Constitución Nacional le impone al Poder Ejecutivo en el art. 99 inc. 3, no significa que sólo estaría legitimado para el dictado de los decretos de necesidad y urgencia cuando el Poder Legislativo se encuentre impedido de sesionar, como puede ocurrir, por ejemplo, en un estado de guerra o de catástrofe natural; sino que también, aún en el supuesto de encontrarse sesionando normalmente, y la necesidad institucional u orgánica sea de tal magnitud, que se torne imposible acudir al trámite ordinario para la sanción de las leyes. De allí, que no comparto el criterio sostenido por algún sector de la doctrina y la jurisprudencia que dice que la situación que habilita a dictar un decreto de necesidad y urgencia se reduce a la mera falta de previsión normativa o la parálisis institucional del Congreso, y prescindir de que estén presentes, las circunstancias de gravedad política, económica o social que habilitan, en general, el funcionamiento del poder de policía de emergencia. En consecuencia, considero que el Poder Ejecutivo estaba legitimado para el dictado del Decreto N° 883/02, no sólo porque se encargó de consignar en los considerandos los motivos que lo condujeron a su dictado -continuidad del estado de emergencia-; y de allí su calificación como un "Decreto de Necesidad y Urgencia"; sino porque el mismo Poder Legislativo al dictar la Ley 25.561 le delegó esta facultad, en tanto, subsista el estado de emergencia; y que al decir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, -en orden a la temporaneidad que la caracteriza-, dura todo el tiempo que duran las causas que la han originado (Fallos: 243:449, 463, 313:1513).

En definitiva, en el sub lite, no se hace una interpretación más amplia de la que el mismo legislador le dio. Incluso diría, al decir de Héctor Hernández, "Función de los jueces y valores jurídicos" en J.A.1978-I- págs. 743/751 que: "Es labor del juez emitir un juicio prudencial aquí y ahora, no para subsumir el caso como si se tratase de un silogismo teorético sino de un silogismo prudencial que arribe a lo justo en el caso concreto".

Por ello, cuando se habla de la utilización de los decretos de necesidad y urgencia hay que destacar en primer lugar que los medios jurídicos o instrumentales empleados no vienen a convertir en su órgano emisor, el Poder Ejecutivo Nacional, en un Poder Legislativo en sentido propio. En materia de emergencia -declarada por ley 25561- el Ejecutivo opera como ejecutor de una política de Estado establecida por el órgano legislativo original, delegando sus facultades de manera explícita y con claras bases generales de actuación.

No puede confundirse esa delegación legislativa expresa con un arrebato espontáneo de funciones legislativas al Congreso mediante decretos de necesidad y urgencia. El Poder Ejecutivo Nacional no actuó autónomamente sino cumpliendo con una directiva legislativa: afrontar la emergencia social, mejorar el nivel de empleo y la distribución de ingreso. (Cfr.: Arese, César, "Sobre la constitucionalidad de la suspensión de despidos y la "cláusula gatillo social" de la ley 25.972, trabajo doctrinario publicado en Lexis Nexis-Jurisprudencia Argentina, N° 003/400886 o RDLSS 2005-17-1343).- Además hay que tener en cuenta que la prueba de la emergencia, al decir de la Corte Federal no requiere prueba "estricto sensu" bastando las exposiciones hechas en el debate parlamentario, los datos provenientes del Poder Ejecutivo y fundamentalmente los hechos de público conocimiento, extremos estos últimos que no fueron merituados por la Alzada en la oportunidad de resolver la temática de análisis (Cfr. SCJ de Mendoza, Sala 1ª, 5-2-94, in re "M., F. y otra c/ Municipalidad de Las Heras").- El criterio que expusiera, ya ha sido sentado por distintas Salas de la Cámara Nacional del Trabajo, pudiendo citar como ejemplo, entre varios, el fallo dictado por la Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo en la causa "B., J. P. c/ R. V. F. S.A. s/ despido" en coincidencia con otro anterior, in re "R., J. R. c/ L. S.A. s/ despido" (SD. 12.102 del 28/12/04) en la que se sostuvo: "....que el Poder Ejecutivo Nacional no se ha excedido en su facultad reglamentaria al sancionar los decretos 883/02, 662/03 y 256/03, ya que toda vez el art. 16 de la ley 25.561 ha sido dictado en el marco de la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria dispuesta por el art. 1° de la misma norma, no cabe duda que el espíritu del legislador ha sido la extensión en el tiempo, de la sanción dispuesta por el citado art. 16, para el caso de despido en época de crisis..."- (fallo publicado en elDial-AA2C76).

En igual sentido, la Sala III de la CNTrab. En autos "V., R. A. y otros c/ F. S.A. s/ Despido", (14/10/04), sostuvo que: "...Tampoco la prórroga del plazo de vigencia del art. 16 de la Ley 25.561 dispuesta por el Decreto 883/02 resulta inconstitucional pues, desde el punto de vista formal, dicha medida fue dispuesta por el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades expresamente delegadas por la citada ley (art. 1°, inc. 2), en tanto que, en lo sustancial, corresponde mencionar que la prórroga de la vigencia del agravamiento indemnizatorio establecido por el citado artículo 16 no resulta arbitraria, pues condice con la subsistencia -al momento del dictado del decreto- de las causas que le dieron origen...." (publicado en el elDial.com AA25b8).

3.- Ahora bien, como corolario de lo expuesto, quiero agregar que la situación de emergencia descripta, también fue prorrogada por el art. 1 de la Ley 25.820; y recientemente a partir del 01/01/06 entró en vigencia la nueva prórroga establecida por Ley N° 26.077 la que en su art. 1 dispone hasta el 31 de diciembre de 2006 la vigencia de la Ley N° 25.561 y sus modificatorias; y en especial se hace referencia a la Emergencia Ocupacional en el art. 3 y establece su prórroga hasta igual fecha.

Amén de ello, y volviendo a la fecha del dictado de la sentencia impugnada -que es lo que aquí interesa-, no puedo dejar de considerar la vigencia del art. 4 de la Ley 25.972 que prorrogó la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 16 de la Ley 25.561. Persisto en indicar, que esta última legislación vigente al momento del dictado de la sentencia en crisis, no fue aplicada, sellando de esta manera la suerte del recurso en cuanto le asiste la razón al accionante. La resolución dictada es arbitraria en este aspecto.

Es decir, la influencia que el dictado de la Ley 25.972 ha ejercido sobre los decretos que prorrogaron el plazo previsto en el art. 16 de la ley de Emergencia Pública, es indiscutible. Se compartan o no los distintos fundamentos dados a la tan cuestionada constitucionalidad del Decreto N° 883/02, considero que el Poder Legislativo, al sancionar esta ley ha venido a ratificarlo implícitamente.

En otros términos, la prórroga establecida por el Decreto N° 883/02 ha quedado convalidada por el nuevo dispositivo legal. Este fue el criterio seguido, v.gr. por la Sala V de la CNTrab. en "P. Q. B. c/ D´ A. P. s/ Despido" (21/09/05) (Publicado en elDial el 15/11/05); siguiendo la posición sentada en "D. S., N. c/ Obra Social B. s/ despido" - SD. N° 67.462 del 01/03/05; en igual sentido la Sala IX en causa citada precedentemente "B., J. P. c/ R. V. S.A. s/ Despido".

II. 1.- Conforme a la opinión que he propugnado, me queda aún por tratar, los agravios invocados por la parte actora en ocasión de la apelación interpuesta contra la sentencia emitida por la Juzgadora de Origen, en cuanto exime a la demandada de la multa prevista en la Ley 25.323 (fs. 162) y la Alzada decretó abstracto su tratamiento por la suerte que corrió el planteo de inconstitucionalidad de los decretos de referencia. Es este, uno de los supuestos en que este Cuerpo se encuentra habilitado para ingresar en su análisis.

En consecuencia, y a modo preliminar quiero destacar que asumiendo este Tribunal como órgano ad quem, no está limitado en su razonamiento, en el presente caso, por la argumentación del recurrente-actor. Si bien hay que ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos posee amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el a quo.

Incluso el juez de la apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y por el juez de primera instancia (CNCiv., Sala C, 12/04/71,L.L., 143-322; íd., Sala E, 19/10/76, LL, 1977-D-708, N° 2492, 2493 y 2494 citados por Loutayf Ranea, Roberto, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", tomo 1, pág. 118, Ed. Astrea, Año 1989).

2.- La Dra. Cano fundó el rechazo del rubro en cuestión después de dejar correctamente expuestos los presupuestos legales que hacen a su procedencia- en la circunstancia de que el supuesto fáctico no fue una falta de pago de las indemnizaciones debidas con motivo del distracto sino que existió de parte de la demandada un pago en menos en algunos rubros, por lo que entendió, que la situación no encuadraba en la previsión legal.

Además, señaló que aún, en el caso de aplicarse la norma, correspondía eximir a la accionada de su pago, dado que las cuestiones que se plantearon pudieron razonablemente hacer que la empleadora estuviera convencida de su actuar y que sus pagos fueron correctos. Destacó entonces, que es la intención del legislador la que se debe respetar, y ella no fue otra que la de penalizar las conductas contrarias al principio de buena fe de un empleador que persigue únicamente la dilación del pago de los montos indemnizatorios de carácter alimentario a los que tiene derecho el trabajador; y que no se da en esta litis.

3.- En relación a esta temática -quiero adelantar- que ya he tenido ocasión de pronunciarme, como segundo votante, en Sentencia Definitiva N° 08/SRE/05. Por ello, señalo como lo hice en el citado fallo, siguiendo distinguidos doctrinarios en la materia, que el objetivo perseguido por la norma es compeler al empleador a abonar en tiempo y forma las indemnizaciones por despido y evitar litigios, requiriendo para su operatividad la intimación fehaciente por escrito (carta documento o telegrama) del trabajador, y por otro lado, la mora del empleador (Grisolia, Julio Armando, "Régimen Indemnizatorio en el contrato de trabajo", págs. 313/315, Editorial Jurídica Nova-Tesis, 2ª edición ampliada y actualizada, año 2000 y Etala, Carlos Alberto, "La nuevas normas de la ley 25.323", publicado en Rev. D.T., tomo 2000-B, págs. 2085/2089).

De allí, que coincidí con el Dr. Royer, en aquella oportunidad que en este supuesto legal de análisis, la mora no opera automáticamente, como ocurre con la mora consagrada por ejemplo en los arts. 137 y 149 de la L.C.T.. - 4.- A lo expuesto, quisiera agregar que en S.D N° 06/SRE/06, causa "H. ...." destaqué reforzando el tema de análisis, que la sanción pecuniaria de carácter punitiva prevista en el dispositivo legal de análisis, no tiene su causa fuente en la propia extinción injustificada del vínculo laboral sino en la mora -como señalara- del empleador en su obligación del pago de la indemnización por despido incausado, extremos que deben acreditarse en la litis para la operatividad de la sanción.

Al decir, del Dr. Juan Carlos Fernández Madrid, en Expte. 21085/02 "....el bien protegido no es estrictamente el despido arbitrario ...." (Sala VI- CNTrab. 15/07/04 -elDial.com AA2651, igual criterio tuvo la Sala V- CNTrab. en fecha anterior 29/12/03 - elDial AA266A) .

5.- En consecuencia, y visto en autos la documental adjuntada, surge que los despachos telegráficos que el actor ha traído al proceso corresponden a las notificaciones del cese de la relación laboral (Cfr. fs. 7), y de intimación en los términos del art. 80 L.C.T. y art. 16 de la Ley 25.561 (fs. 8, T.C.L. N° 50300893); y a su responde que obra a fs. 9 (C.D. N° 318488352 AR).- Lo cierto es, entonces, que del texto del T.C. N° 50300893 surge que el actor no intimó expresamente -como estatuye la norma, en los términos del art. 2 de la Ley 25.323, lo que acarreó, sin duda, el incumplimiento del presupuesto legal de constitución en mora de la demandada. Esta omisión torna imposible verificar en base a las probanzas arrimadas al proceso el cumplimiento de los otros presupuestos legales que autorizan la aplicación de la sanción. He aquí, el yerro cometido por la Juzgadora de Primera Instancia.- Aún más diría, que se ha configurado una errónea interpretación de la ley en la medida que se prescindió de merituar un presupuesto legal necesario para la viabilidad de la indemnización reclamada. En otros términos, no se hizo una correcta subsunción legal.

En este aspecto vale citar lo dispuesto por nuestro órgano cimero, "... La decisión cuestionada no satisface la exigencia de ser una derivación razonada del Derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa" (CSJN, "Albremática", RL 110162 citado por Varela, Casimiro A., "Valoración de la prueba", pág. 53, Ed. Astrea, 2ª edición actualizada y ampliada, Año 1998).

En definitiva, son las falencias señaladas hasta aquí, las que dan sustento a esta vía recursiva elegida. Precisamente son los que se encuentran inmersos en el ámbito de excepción del principio general según el cual son ajenas al ámbito del Recurso Extraordinario de Casación las pretensiones de revisión de las cuestiones entre empleados y patrones atinentes a derechos que emanan de la relación laboral y que responden a materia de hecho, prueba y derecho común (SI N°53 y 58/90, 49/99; SD. N° 20/97 y 10/99, 30/04, entre otras).- En este sendero la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: "La revisión de la labor axiológica cumplida por los tribunales del trabajo sólo es posible siempre y cuando se demuestre que se ha incurrido en absurdo, vicio lógico que se configura cuando la decisión se aparta de las circunstancias objetivas de la causa, o se tiene por prueba a la que no es, o se omite la consideración de elementos probatorios esenciales o, en suma, cuando la valoración signifique una indudable violación de la lógica formal o inaceptable arbitrariedad, trasuntando así ausencia de la prudencia jurídica que la ley exige al juzgador" (SCBA, L. 41.658-S 28-3-89, "P., J. c/ Consorcio de Propietarios calle G. 1* - B. s/ Despido", DJBA, t. 136, pág. 147, TSS, t. 1989, pág. 514- A. y S.. T. 1989-I, pág. 494 citado por Hitters, Juan Carlos "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", pág. 457, Ed. Platense S.R.L, Segunda Edición, Año 1998).

En mérito a lo expuesto, propongo al acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el actor en lo que fuera materia de agravios (declaración de incontitucionalidad del Dto. N° 883/02); y confirmar por ello, los puntos 1 y 3 en lo pertinente de la parte resolutiva de la Sentencia de Primera Instancia, registrada bajo el N° 115/04 y su aclaratoria N° 121/04. ASI LO VOTO.- III.- Queda aún por tratar el recurso de casación interpuesto por la accionada.

De un nuevo y detenido examen del escrito recursivo, puedo adelantar que, a mi juicio, no se han cumplido suficientemente con los requisitos formales que exige la normativa procesal para su admisibilidad. Diría, aún más, que lejos está de adecuarse al linaje propio del Recurso Extraordinario.

No cumplió con la técnica de exponer en forma clara y puntual los agravios que le causó la sentencia de la Alzada, sino que por el contrario, en rigor de verdad, y así lo señala el quejoso, ha reiterado los argumentos ya vertidos al atacar la decisión de Primera Instancia, y ha transcripto el voto del Sr. Camarista porque concuerda con la solución que el mismo propicia. (Cfr. fs. 257 vta./ 261 vta.).- A ello, debo añadir que también se incurrió en promiscuidad de los motivos casatorios, porque primero se refirió al quebrantamiento de las formas en el procedimiento y la sentencia, y en forma simultánea a la violación de la ley o doctrina legal y a la arbitrariedad; para luego, al disponer su fundamentación, referirse sólo a la última causal mencionada (fs. 257 parág. 19). Estos yerros técnicos tornan insuficiente la casación articulada; y lo cierto, y grave es, que el incumplimiento en la especie de los requisitos formales "strictu sensu", no pueden ser suplidos de oficio.

Conviene recordar aquí, con autorizada opinión doctrinaria, que " ... en el juicio de casación se reduce la vigencia del principio iura novit curia que permite suplir de oficio las omisiones del recurrente. El conocimiento del Tribunal de Casación queda circunscripto a los puntos de la decisión a que se refieren los agravios aducidos en condiciones esenciales de forma y esos defectos de interposición no pueden ser remediados por el Tribunal, porque ello le está impedido por la limitación de su propia competencia excepcional" (De la Rúa, Fernando, "El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino", pág. 223, Ed. Zavalía, Año 1968).

Además, advierto que los agravios de la recurrente referidos a la arbitrariedad alegada al fallo sólo ponen de relieve su desacuerdo con la interpretación de los hechos y del derecho; y con la valoración de las pruebas que hace la Alzada.

Evidentemente, los argumentos expuestos en el libelo recursivo no son válidos ni suficientes para demostrar que el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones carezca de fundamentación o razonabilidad. Por el contrario, los Sres. Camaristas que conformaron la mayoría, se encargaron -conforme criterio que ya habían sentado en otros procesos judiciales (v.gr. S.D. N° 98/04 "H....")-, de reiterar los extremos legales requeridos por la norma para la viabilidad de la indemnización contemplada en el tercer párrafo del art. 80 de la L.C.T.; y además, a los fines de la subsunción legal hicieron un adecuado análisis fáctico y jurídico de las constancias obrantes en autos, para luego sí, expedirse por la procedencia de este rubro a favor del actor.

Entonces, lejos está el fallo de adolecer de incongruencia alguna. La labor axiológica de los judicantes no los condujo a la arbitrariedad alegada. Lo mismo puedo decir del voto disidente del Dr. Nahuelanca, en cuanto apoyó su posición en sólidos fundamentos y precedentes de jurisprudencia. Además en esta temática, hay sin duda, a nivel jurisprudencial distintos criterios de interpretación legal. (v. gr. CNTrab., Sala 3ª , 01/02/02 - "F., M. A. S., S. N. y otro"- Lexis N° 30001791; CNTrab., Sala 8ª, 23/10/02, "F., N. G v. E. A. S.A. y otro", Lexis N° 30001818; CNTrab., Sala 3ª, 22/10/02, "V., L. G. v. Consorcio L. **", Lexis N° 30001788; CNTrab., Sala 1ª, 24/03/03, "B., E. J. v. Super P. C. S.A.", Lexis N° 30003175; CNTra., Sala 3ª, 29/08/03, "O. S., M. A. c/ E. G. de T. S.A. s/ Despido", elDial-AA1C43; CNTrab., Sala 3ª, 16/07/04, "S. B. A. c/ Club Atlético A. s/ Despido", elDial- AA242B, entre otros).- Por ello, se ha dicho reiteradamente que se podrá disentir o no con el criterio que sustenta el decisorio, pero no por ello calificarlo de arbitrario en los términos del inc. "e" del art. 288 del C.P.C.C., siendo criterio uniforme la inadmisibilidad del recurso de casación en estos supuestos. En definitiva, entiendo que lo que procura el recurrente es el reexamen de una cuestión notoriamente ajena a esta instancia excepcional.- También, en forma constante este Superior Tribunal de Justicia ha manifestado que la "procedencia de la tacha de arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación", que lógicamente como expusiera no se dan en la especie (SI N° 72/89, 58, 96, 101/90, 176, 223/92 y 3/SRE/02).

Además, "es de carácter estrictamente excepcional y no autoriza la sustitución del criterio de los jueces de la causa en la interpretación de las normas y preceptos comunes." "aún cuando se pudiera extraer otra conclusión con fundamento igualmente razonable, no es ello suficiente para impugnar de arbitraria una sentencia, cuando la misma cuenta con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional.." (SI N°14, 187, 200, 211/91; 137/93; 17 y 49/97; 85/98 y 3/SRE/02; y SD. N° 35/94; 02/SRE/04 y 08/SRE/04, entre otras).

Por ello, y a modo de conclusión diré que si bien en el primer análisis de admisiblilidad, consideré que el recurso había sido bien concedido por la Alzada, en esta oportunidad, tras el nuevo y detenido estudio de las actuaciones que he efectuado, y teniendo en cuenta que en más de una oportunidad este Superior Tribunal ha sostenido que la circunstancia de que la casación haya sido concedida, no impide a este Cuerpo emitir el pronunciamiento "ex novo" sobre la forma de la misma, ya que el pronunciamiento de fs. 307 y vta. no opera cerrando al Tribunal tal posibilidad, preclusivamente como se sostuvo desde anteriores composiciones (SD. N° 31, 33/86; 16/90; 16/94; 3, 32/95 y 15/SRE./02). Entonces, el remedio que nos ocupa es improcedente por no haberse cumplido "strictu sensu" con los requisitos formales emanados de nuestro código de rito y ASI LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. Caneo dijo:

I.- 1.- A fin de evitar reiteraciones estériles y estando de acuerdo con el resumen de antecedentes que realizó el Dr. Pasutti, al igual que con la síntesis de los fundamentos de los recursos, a ellos me remito.- En síntesis, la arbitrariedad que se le endilga al fallo en crisis radica en la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N°883/02 fundada sólo en los aspectos formales tenidos en cuenta al momento de su dictado, sin considerar la profunda crisis socio-económica de fines del año 2001 en adelante; y la vigencia de la Ley N° 25.972 al momento del dictado de la sentencia recurrida, en cuanto ratifica en su art. 4 el decreto de referencia.

2.- A modo preliminar, deseo señalar que la cuestión de análisis al haber sido ya tratada por este Cuerpo que integro en SD. N° 03/SRE/06; la fundamentación que introduciré en mi voto, no va a tener otro objetivo que mantener la continuidad de esta posición jurídica -que comparto plenamente-; y con el fin de garantizar la suprema función revisora de la actividad jurisdiccional y la unidad interpretativa de la Ley; y que en esta sede se ejercita precisamente a través de la vía recursiva de la casación.

Quiero recordar que en el precedente sentado por este Cuerpo, como primer votante el Dr. Royer sostuvo lo siguiente: "....que este marco normativo de emergencia que aún nos rige por las consecuencias perniciosas de la crisis que todavía se evidencian y nos involucran, son razones más que suficientes para considerar que la interpretación que hacen los recurrentes en orden a la constitucionalidad del decreto 883/02 es la adecuada.

Ello así, por cuanto la prórroga del plazo de vigencia del art. 16 de la Ley 25.561 que se hizo a través de sucesivos decretos, incluso el N°883/02 por ser el vigente al momento del distracto que motiva esta litis- fue dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, haciendo uso de las facultades que el mismo Congreso le delegó en el marco de la declaración de emergencia de la Ley 25.561.

Debo advertir, y así lo considero, que los límites a la situación de necesidad y urgencia, establecidos en el art. 99, inciso 3º de la C.N. para habilitar al Poder Ejecutivo Nacional a dictar los llamados "decretos de necesidad y urgencia", se configuran no sólo cuando el Congreso se encuentra impedido de ejercer sus propias facultades, sino también en ejercicio pleno de tales prerrogativas; y por una situación excepcionalísima, v.gr. una profunda crisis económica-política, que torne imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes. Esta es sin duda, la situación que se configuró y habilitó el dictado del Decreto N° 883/02 y así lo explicita en sus considerandos.

En definitiva, entiendo que de cualquier manera que se califique a los decretos de prórroga referidos, los mismos fueron decretos dictados en el marco de la Constitución Nacional, y contribuyeron indudablemente a cumplir con la voluntad legislativa en ocasión del dictado de la ley de emergencia, es decir, disuadir el despido de los trabajadores contratados y evitar el aumento del nivel de desocupación existente; y precisamente por delegación legislativa que confirió la Ley 25.561, el Ejecutivo estaba facultado para evaluar la necesidad de la prórroga de la emergencia pública en materia social, -que por otra parte- su existencia no fue controvertida en autos.

En síntesis, precisamente por la finalidad tenida en cuenta al dictarse los decretos de prórroga, que trasunta lo meramente formal, me inclino por adelantar la constitucionalidad del decreto Nº 883/02....".- Sabido es que en el contexto de toda la legislación de emergencia que se ha ido construyendo por la crisis socio-económica que nos viene aquejando profundamente a los habitantes de este país desde mediados del año 2001, se han suscitado y resuelto numerosos conflictos judiciales donde no sólo se requirió la aplicación de esta normativa de excepción sino que también, -lo que no podía ser de otro modo-, se cuestionó su constitucionalidad, aflorándose así una divisoria de aguas entre los que se enrolaran por la constitucionalidad del compendio legislativo de emergencia -que son su mayoría- y los que se encarrilan por la inconstitucionalidad de la misma. A esta situación no fue ajeno el llamado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 883/02 que prorrogó la Emergencia Nacional declarada por el Congreso Nacional a través de la Ley N° 25.561. A modo ejemplificativo puedo enunciar por la primera posición los siguientes precedentes: Sala III-CNTrab. (Causa 30589/02, S.86201, "V., R. A. y otros c/ F. S.a. s/ despido", 14/10/2004 y causa 9699/2003, S. 86292-, "B. I. c/ Fundación Universidad de M. s/ despido"- 23/11/2004); Sala VI-CNTrab., (Expte. 9740/2003, S. 57613, "S. S. F. c/ O.I.S. S.A. s/ despido", 12/11/2004 y Expte. 29.556/02, SD. 56736, "C. L. D. c/ M. S.A. y otros s/ despido", 15/12/2003); Sala VII (Causa 1103/04, S. 38124, "M. O., L. W. c/ N. C. S.R.L. s/ despido", 10/12/2004); y Sala X (Expte. 36884/02, S. 12850, "P., J. O. c/ Comunidad B. E. Asoc. Civil s/ despido", 13/07/2004). Mientras que por la inconstitucionalidad puedo referir al fallo dictado por la Sala VIII -CNTrab. en el Expte. 28179/2003, S. 32166, "A., J. M. c/ Corporación General de Alimentos S.A. s/ Despido", 25/10/2004; Sala III de la Cámara del Trabajo de Mendoza en causa "R., S. a. c/ Autotransporte E. T. S.R.L."; y Superior Tribunal de Justicia de Corrientes en Sentencias N° 106 del 15/02/04 y 41 del año 2005; criterio que fue modificado el 22 de febrero de 2006 en la causa "S., N. c/ A. de C. S. A. y/o Q.R.R.".

En efecto, ante el marco jurisprudencial expuesto; y habiendo descripto minuciosamente mi colega preopinante los presupuestos fácticos y jurídicos que se deben cumplir para el dictado de normas de emergencia ante una profunda crisis económica y social, a la luz de las pautas que la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido perfilando; no me cabe la menor duda, que el dictado de la Ley N° 25.972 por el Congreso Nacional que entró en vigencia el 18 de diciembre de 2004 (Cfr. art. 5), y por lo tanto, vigente a la fecha del dictado de la sentencia de la Alzada -15/03/05-, no ha hecho más que sanear y garantizar las prórrogas dictadas por los decretos del Poder Ejecutivo que tuvieron por objeto la ampliación de los plazos de la Emergencia Pública declarada por la Ley N° 25.561.

Explícitamente, la voluntad del legislador aflora al introducir en el primer párrafo del art. 4 la prórroga del sistema contenido en el art. 16 de la Ley 25.561. Se remarca con ello, una continuidad en el sistema de agravamiento de las indemnizaciones; por lo que al momento de la interpretación y aplicación de la norma hay que considerar toda la legislación que hasta esa ocasión rigió a la emergencia pública.

Es decir, que toda prórroga dispuesta con anterioridad por el Poder Ejecutivo Nacional -en el sub-lite, "el Decreto N° 883/02"- ha venido a quedar convalidada con esta Ley que nace al mundo jurídico por el Organo Legislativo Nacional que es el que tiene precisamente el deber constitucional, según criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de asegurar la protección del trabajador contra el despido arbitrario, establecer las bases jurídicas que reglamentan las relaciones de trabajo y las consecuencias que se derivan de la ruptura del contrato laboral (v.gr. "V., A. v. R. S.A.", 10/12/1997).- En consecuencia, más allá de los embates que ha sufrido el Decreto N° 883/02, -como mis colegas-, me inclino por su constitucionalidad, en la medida que fue dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en uso de las facultades que el mismo Parlamento Nacional le había delegado en ocasión del dictado de la Ley N° 25.561, máxime que en sus mismos considerandos dejó explicitada la continuidad de la emergencia pública y la imposibilidad de acudir al procedimiento ordinario para la formación y sanción de las leyes (cfr. párrafos 8vo. y 9no.); y consignándose en el art. 2 la manda de dar cuenta al Honorable Congreso de la Nación en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.

Estas apreciaciones, también las considero en consonancia con el criterio de interpretación que adoptó la CSJN en el caso "Valente, Diego Edgardo c/ Bank Boston S.A.", -19/10/04- en donde tuvo ocasión de expedirse en relación a la vigencia del Decreto N° 50/02 y señaló en relación al mismo, que hay que tener en cuenta "... los singulares propósitos que perseguía y las consecuencias contraproducentes que irrigaba toda demora en su aplicación ...". - A posteriori, -como lo expusiera- el dictado de la Ley N° 25.972 por el Parlamento se encargó de ratificar el mentado decreto, aunque no lo diga de un modo expreso; y sólo le impuso al Poder Ejecutivo un límite temporal para declarar el cese de la emergencia que en materia ocupacional es hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resulte inferior al diez por ciento (10%) (Cfr. arts. 2 y 4, primer párrafo).- Finalmente, quisiera aportar a modo ilustrativo que la misma posición que adoptó el Congreso Nacional con el dictado de la Ley N° 25.972 es la que siguió con el dictado de la Ley N° 26.077 del día 22 de diciembre de 2005 y publicada en el Boletín Oficial el 10 de enero del corriente año, en tanto prorroga una vez más la vigencia de la Ley de Emergencia Pública N° 25.561 y sus modificatorias (cfr. art. 1 pero esta vez, hasta el 31 de diciembre de 2006; y en especial, a través del art. 3° prorroga la Emergencia Ocupacional Nacional declarada por el Decreto N° 165/02. Esta normativa que es derecho positivo vigente ratifica una vez más y de un modo elocuente, la posición jurisprudencial que ha adoptado este Cuerpo en S.D. N° 03/SRE/06 y que por la presente se mantiene.- Como corolario de lo expuesto, y además de la válida interpretación jurídica que hace el Dr. Pasutti en materia de legislación de emergencia; quisiera agregar una conclusión -por compartirla- volcada por Jorge Rodríguez Mancini, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social-UCA, en su trabajo titulado "Las perspectivas futuras del Derecho del Trabajo", publicado en elDial.com DC27, porque vendría en cierta medida a cerrar y justificar en aras de la función dikelógica que estamos llamados a cumplir la solución que este Cuerpo pretende dar al caso en examen; y que dice así: "... el deber de los juristas y en general de los operadores jurídicos (abogados, jueces y académicos), consiste en estar atentos a los fenómenos sociales y económicos y elegir las conductas propias de cada uno de los roles que nos toca desempeñar, con criterio crítico pero responsable en punto de los objetivos trascendentes del derecho del trabajo que se funden con los del bien común.

Siempre la elección de la conducta deberá priorizar estos valores conjugándolos con las transformaciones de la realidad que no hay que olvidarlo es el resultado innegable de los hombres en la medida y extensión de sus respectivas responsabilidades ...".

II. 1. En mérito hasta lo aquí expuesto, resta por tratar el agravio llevado a la Alzada por el demandante al apelar la sentencia definitiva referido al rechazo del rubro indemnizatorio contemplado en el art. 2 de la Ley 25.323; toda vez que la Cámara de Apelaciones consideró abstracto su tratamiento por la suerte favorable que corrió el planteo de inconstitucionalidad del Dto. N° 883/02.

La Sra. Jueza de Primera Instancia desestimó el rubro de análisis, haciendo mérito, fundamentalmente, de la conducta asumida por la accionada al momento de hacer efectiva la liquidación final y la coligió con la voluntad del legislador que entiende que no fue otra que penalizar las conductas contrarias a la buena fe de un empleador que persigue sólo la dilación del pago de los montos indemnizatorios, extremo que consideró no se dio en autos.- 2.- El agravio que se ha traído a esta sede ya fue objeto de tratamiento por este Superior Tribunal de Justicia en S.D. N° 08/SRE/05. Es así, que el Dr. Royer, como primer votante, señaló que: " ... el elemento que torna operativo el factor punitivo de la norma no es otro que la mora en el pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T., o en su caso, por los arts. 6 y 7 de la Ley 25.013, cuando el trabajador despedido sin causa o impuesto a resolver el contrato laboral que lo vincula con su empleador, hubiere intimado fehacientemente para que las abone íntegramente.

La intención legislativa no es otra que compeler por intermedio de esta norma a los empleadores a que abonen en tiempo y forma las indemnizaciones por despido evitando pleitos innecesarios (conf. Sappia, Jorge J. "El agravamiento indemnizatorio en la Ley 25.323", publicado en D.T. 2001-A, págs. 223/227). Como lo expresara, es requisito esencial de operatividad de la multa que el trabajador intime en forma previa y fehaciente que abone las indemnizaciones a las que refiere el citado art. 2 en su primer párrafo.

El emplazamiento o constitución en mora del empleador, no opera automáticamente como sucede en el campo de las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, razón por la que aparece en la norma como una carga impuesta al trabajador, que debe formalizar en los términos de la Ley 25.323.

La fehaciencia requerida no es otra que la común a todo instituto jurídico, por lo que será necesaria la forma escrita por un medio que brinde alguna posibilidad de acreditar la recepción del destinatario de la comunicación receptiva (v.gr. telegrama, carta documento, acta notarial, entre otras) (Ruiz, Alvaro Daniel, "Los alcances de la ley 25.323. algunas definiciones necesarias", Rev. D.T. 2000-B, págs. 2271/2277; Pose, Carlos, "Primera reflexiones sobre el incremento indemnizatorio dispuesto por Ley 25.323"; y Alejandro, Sergio Joaquin, "Agravamiento de las indemnizaciones por incumplimientos del empleador", ambos trabajos publicados en Rev. D.T. 2000-B, págs. 2303/2314 y 2308/2314, respectivamente)...".- A estas consideraciones, -a las que adhiero en su plenitud- sólo añadiría que la sanción contemplada en el art. 2 de la Ley N° 25.323 tiene por objeto resarcir un tipo de daño que es totalmente distinto y autónomo, del que causa la cesantía o la extinción injustificada del vínculo laboral en sí. La norma está concebida para reparar los perjuicios que padece el trabajador como consecuencia de la falta de pago en tiempo oportuno (mora) de las indemnizaciones consagradas en la Ley de Contrato de Trabajo e incluso en la Ley N° 25.013.

Se trata de una sanción pecuniaria de carácter punitivo, por lo que en principio es ajena a la ruptura en sí y a su resarcibilidad (CNTrab., Sala IV - 29/04/04, Causa 11871/03, S. 89661, "M., M. S. c/ C. A. de S. s/ despido", publicado en elDial-AA2638; y Sala VI- Expte. 21085/02, "R. M. F. c/ L. L. H. J. y otro s/ despido", 15/07/04, elDial-AA2651; entre otros).

Es así, que de la prueba documental acompañada por el actor al interponer el libelo inicial, observo que si bien ha aportado los despachos telegráficos que refieren a la extinción del vínculo laboral, al reclamo de las indemnizaciones contempladas en los arts. 16 de la Ley 25.561 y 80 de la L.C.T. (fs. 7/8) y a la C.D. N° 31.848.835 2 AR emitida por la demandada por el que se rechaza este último, no es posible inferir que se haya emplazado a la accionada en los términos del art. 2 de la Ley N° 25.323. El requisito legal previo que habilita la sanción punitiva no se cumplió.- En consecuencia, no acreditándose el presupuesto legal de la constitución en mora, deviene abstracto examinar si en la especie se cumplió con el resto de los requisitos, normativas que autorizarían la aplicación de la sanción. - Este modo en el que se decidió la pretensión del actor es lo que me indica que hay algo más de lo meramente discutible o poco convincente en el criterio de la Sentenciante; por el contrario, se ha demostrado el error en el que se ha incurrido por haber arribado a una conclusión que es inconciliable con las constancias objetivas de la causa y con los extremos requeridos por la norma de aplicación.

En mérito a lo expuesto, propongo al acuerdo declarar procedente parcialmente el recurso de casación interpuesto por el actor en orden al agravio vinculado con la declaración de inconstitucionalidad del Dto. N° 883/02; y en consecuencia, confirmar los puntos 1 y 3 del fallo de Primera Instancia N° 115/04 y de su aclaratoria N° 121/04 (fs. 127 y vta. y 132/136). ASI LO VOTO.- III.- Queda aún por abordar el análisis de la casación impetrada por la accionada.

A modo preliminar quiero adelantar que del análisis de la sentencia en crisis y de los argumentos con los cuales la recurrente pretende demostrar las causales casatorias invocadas, no puedo dejar de compartir y concordar con la solución que propicia el Dr. Pasutti.- 1.- Así en primer lugar, advierto de una detenida lectura del libelo recursivo de la casación, que cuando consigna el alcance que da a la impugnación en el punto 7.1. de fs. 222 refiere al quebrantamiento de las formas y a las solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento y la sentencia; y luego, en la oportunidad de fundamentar la impugnación que propicia se refiere exclusivamente a la violación de la ley o doctrina legal, y a la arbitrariedad de la sentencia en forma conjunta (fs. 257, punto 19). Es aquí donde observo la primer falencia técnica. Se ha incurrido en promiscuidad de motivos que conducen inexorablemente a resultados diferentes.- Por otra parte, no ha existido una réplica frontal y eficaz a las motivaciones esenciales que estructuran la conclusión que motiva el agravio. Simplemente, y así lo expresa, acudió a reproducir los agravios invocados en la Alzada porque entender que los mismos no tuvieron respuesta (Cfr. parág. 19.2 y 19.3); y luego acude a la cita de precedentes jurisprudenciales que entiende de aplicación.

Esta falencia técnica debilita el recurso impetrado, a tal punto, que obstruye toda posibilidad de habilitar la vía extraordinaria. En otros términos, el recurso carece de autonomía, es promiscuo e insuficiente.- Este Superior Tribunal de Justicia ha sostenido en forma reiterada y monocorde que: "Todo recurso debe autoabastecerse, para lo cual, se hará refutación mediante una demostración razonada y prolija de cada uno de los motivos respecto de los cuales se agravia, resultando insuficiente el recurso de casación que no rebatiese en su totalidad las conclusiones del fallo limitándose a objetar la apreciación de parte de los elementos de juicio en que se ha fundado la sentencia, y por no existir un ataque frontal de los verdaderos fundamentos, el mismo resulta inamovible tan sólo con las apreciaciones subjetivas del recurrente.(SI. N° 50/99)" (Cfr.: SD. N° 21/SRE/01 y 10/SRE/03); y en consonancia con ello, en materia de promiscuidad recursiva, sostuvo que no es posible invocar con simultaneidad ambas causales -quebrantamiento de formas y violación de la ley (arbitrariedad)-, pues no se cumple así la exigencia legal de que los recursos han de deducirse en términos claros y precisos, lo que acarrea en este aspecto la insuficiencia del recurso interpuesto, falencia que -como lo expresé- se ha dado en esta litis. (Conf. SI. N° 132/90, 54/SRE/99 y 21/04).

Entonces, -afirmo- conforme a lo expuesto, que la quejosa se esfuerza sólo por imponer una interpretación distinta o personal del derecho aplicable, de la valoración de los hechos y de las pruebas que ya llevó a la Alzada porque en definitiva no está conforme con la procedencia del rubro reclamado, indemnización prevista en el mentado art. 80 de la L.C.T. Hay sólo discrepancia de la recurrente con el fallo en crisis. - Ello, me autoriza a sostener que en esta litis, la casacionista ha olvidado que el recurso extraordinario de casación no habilita una tercera instancia (Fallos: 245:327); y que la apreciación equivocada, discutible, objetable o poco convincente, no basta para abrir la instancia extraordinaria, pues sólo aquello que aparece como un desvío intolerable de la lógica o como un razonamiento incongruente o contradictorio, es lo que autoriza la censura en casación (DJBA, v. 110, pp. 111 y 117; v. 117, pp. 337, 443, 485; v. 119, p. 706 citados en "Temas de Casación y Recursos Extraodinarios" en honor al Dr. Augusto M. Morello, pág. 294 Edit. Platense S.R.L., Año 1982; y SCBA, Ac. 54246, S. 12/8/97, citados en STJCH SD. Nº 07/SRE/01).- En un sentido diametralmente distinto al expuesto, no evidencio al decir de la Corte Suprema de la Nación, un manifiesto apartamiento de los hechos, del buen sentido o de la sana crítica; o en otros términos una irracionalidad en las apreciaciones fácticas y probatorias de las que se hace mérito (Sagüés, Néstor Pedro, "Recurso Extraordinario", tomo 2, pág, 271, Ed. Astrea, 4ta. Edición actualizada y ampliada, 1ra. Reimpresión, Año 2002).- Por ello, concluyendo coincido con el criterio de la Corte Nacional, que es improcedente la vía del recurso extraordinario respecto de sentencias que al margen de su acierto o error están suficientemente fundadas aún cuando se alegue error en la solución del litigio (Fallos, 259:20; 262:302; 269:413). Más cuando no se demuestra absurdo, toda vez que la sentencia atacada fue fundada suficientemente, la Cámara en ejercicio de las atribuciones propias del fuero, ponderó las constancias obrantes en autos y el derecho aplicable, estableciendo conclusiones en su consecuencia, que no se demostró que sean irrazonables; lo que impide descalificar la sentencia como acto jurisdiccional y entrar analizar la corrección o desacierto de lo decidido.

Máxime, que también sobre el tema de estudio hay posiciones jurisprudenciales dispares (Cfr. a título ejemplificativo puedo enunciar: CNTrab., Sala 7ª, 12/03/03, "G., R. v. P. S.R.L.", Lexis N° 30001937; misma Sala, 28/02/03, "C., M. F. v. R. y Cía S.A", Lexis N° 70003750; CNTrab., Sala 6ª, 03705/03, "S., P. c/ F. S.A. s/ Despido", elDial- AL754, entre otros).

Ciertamente, el recurso de casación deducido contra el fallo de fs. 196/213 no debió sortear el previo análisis de admisibilidad, sin embargo no es tarde para reeditar dicho examen, por aquello de que la circunstancia de que el recurso haya sido abierto "prima facie" no constituye impedimento para que este Superior Tribunal se pronuncie ahora sobre las formas del mismo, sin que obste a ello la resolución de fs. 307 y vta. pues ella no opera en forma preclusiva, cerrando al Cuerpo toda posibilidad posterior.

No es más que una providencia de trámite y recién en sentencia el Tribunal hace pleno uso del derecho de examinar la admisibilidad (Cfr. SD. N° 3/95, 16/SRE/98; 6/SRE/99 y 19/SRE/99, entre otros; y S.C.B.A. sent. del 30/10/84, "U. O. M. de la República Argentina y otros c/ M. S.A. s/ Concurso Comercial Preventivo - Incidente de verificación de créditos"; y recientemente en S.D. N° 17/SRE/05).

En concordancia con este criterio, puedo ilustrar diciendo que la misma Suprema Corte de Buenos Aires se ha encargado de señalar en forma reiterada que "los recaudos que sobre la admisibilidad exige la ley, no son formalidades innecesarias ni arcaísmos sacramentales que hayan perdido su justificación procesal, de no quitar al recurso su carácter de medio de impugnación verdaderamente extraordinario que supone -por eso mismo- el previo cumplimiento de obligaciones inexcusables para evitar que en la práctica se concluya por desvirtuarlo" (Conf. SCBA, P.37864, S.25/4/89, AyS, 1989-I, 789; e incluso SD. N° 26/SRE/04, entre otras).- Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada por no encontrarse reunidos los recaudos jurisdiccionales para su admisibilidad (arts. 290 y 292 del C.P.C.C.). ASI LO VOTO.- A igual cuestión del Dr. Royer dijo:

De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. Pasutti y Caneo, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1 del Acuerdo Extraordinario N° 3555 en concordancia con los arts. 1 y 3 de la Ley Provincial N° 5475 y el Acuerdo N° 3202.- A la segunda cuestión el Dr. Pasutti dijo:

Del modo en que he votado a la primera de las cuestiones, propicio lo siguiente: 1°) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el actor y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, registrada bajo el N° 15 del año 2005 en cuanto declara la inconstitucionalidad del Decreto N° 883/02 y el monto de condena (puntos 2 y 3 del fallo), y confirmar, por ende, los puntos 1 y 3 de la parte resolutiva de la sentencia de Primera Instancia, registrada bajo el N° 115/04 y su aclaratoria, registrada bajo el N° 121/04; 2°) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada;

3°) Atento lo propuesto en el punto 1) dejar sin efecto la modificación efectuada por la Alzada a los honorarios regulados por las tareas de la primera instancia y confirmar los estipendios profesionales fijados en el punto 4 del fallo de la sentencia de Primera Instancia, registrada bajo el N° 115/04; los que se encuentran dentro de las escalas previstas por la ley arancelaria vigente para este tipo de proceso; 4°) Adecuar las costas de Segunda Instancia de conformidad con lo normado en el art. 279 del C.P.C.C., imponiéndolas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C); y los honorarios en mérito a la calidad, eficacia y extensión y resultado de los trabajos realizados, regulándolos, en un 30% en conjunto, a los letrados apoderados de la parte actora; y en un 25% al letrado apoderado de la accionada, Dr. E. V., de lo regulado por sus actuaciones en la instancia de origen (art. 14 de la Ley Arancelaria vigente); 5°) Imponer las costas por la actuación desplegada ante este Superior Tribunal de Justicia a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C.C.);

6°) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Instancia Extraordinaria, de acuerdo a la calidad, eficacia y extensión de los memoriales presentados y al resultado obtenido, en un 30% de los regulados en Primera Instancia para los letrados de la parte actora; y en un 25% de los que se liquiden en la instancia de origen para el letrado apoderado de la parte demandada, Dr. E. V. (art. 14, del Dto. Ley N° 2200 reformada por Ley 4335 (T.O. Dto. N° 138/99), en todos los casos, con más el I.V.A. si correspondiere.- A la misma cuestión el Dr. Caneo dijo:

De conformidad con los términos de mi voto a la primera cuestión, acuerdo con la solución que propone el Dr. Pasutti.

A la misma cuestión el Dr. Royer dijo:- Reitero mi posición formulada en el tratamiento de la primera cuestión.- Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente:- S E N T E N C I A 1° ) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor y, en consecuencia, CASAR PARCIALMENTE la sentencia de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, registrada bajo el N° 15 del año 2005 en cuanto declara la inconstitucionalidad del Decreto N° 883/02 y el monto de condena (puntos 2 y 3 del fallo), y CONFIRMAR, los puntos 1 y 3 de la parte resolutiva de la sentencia de Primera Instancia, registrada bajo el N° 115/04 en concordancia con su aclaratoria, registrada bajo el N° 121/04.- 2°) RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.- 3°) DEJAR sin efecto la modificación efectuada por la Alzada a los honorarios regulados por las tareas de la primera instancia y CONFIRMAR los estipendios profesionales fijados en el punto 4 del fallo de la sentencia de Primera Instancia, registrada bajo el N° 115/04; los que se encuentran dentro de las escalas previstas por la ley arancelaria vigente para este tipo de proceso.

4°) ADECUAR las costas de Segunda Instancia de conformidad con lo normado en el art. 279 del C.P.C.C., imponiéndolas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C); REGULAR los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora en un 30% en conjunto; y en un 25% al letrado apoderado de la accionada, Dr. E. V., de lo regulado por sus actuaciones en la instancia de origen (art. 14 de la Ley Arancelaria vigente).

5°) IMPONER las costas por la actuación desplegada ante este Superior Tribunal de Justicia a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C.C.).

6°) REGULAR los honorarios de los letrados intervinientes en esta Instancia Extraordinaria, en un 30% de los regulados en Primera Instancia para los letrados de la parte actora; y en un 25% de los que se liquiden en la instancia de origen para el letrado apoderado de la parte demandada, Dr. E. V. (art. 14, del Dto. Ley N° 2200 reformada por Ley 4335 (T.O. Dto. N° 138/99), en todos los casos, con más el I.V.A. si correspondiere.

7°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.- Fdo.: Dres. Fernando S. L. ROYER - Daniel Luis CANEO - J. Luis PASUTTI RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 09 DE JUNIO DE 2006.- REGISTRADA BAJO EL N° 07/S.R.E./06.- Fdo.: Dra. Cármen VELEZ.-