marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, medidas cautelares, jueces, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Codiroli, Malen  c/ Cema  s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

Corresponde confirmar la resolución del Sr. Juez a quo mediante la cual se inhibió de pronunciarse respecto de la medida cautelar solicitada, hasta tanto la Alzada se pronuncie sobre la incompetencia declarada en los autos principales. Ello así, pues el CPR 196 establece que los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuere de su competencia. El hecho de que la misma norma establezca que la declaración de incompetencia no perjudica la medida cautelar que haya sido dictada por el juez incompetente, no modifica la regla general que rige la materia. Máxime que, en el caso no se advierte una situación de urgencia que amerite modificar dicho principio.
Transporte por agua, obligaciones del transportador, fletamento, enriquecimiento sin causa
Materia: NAVEGACION
Carátula: Ciamar  S.A. c/ Nutrinor  S.A. s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-19

El art. 249 de la ley 20.094 se propone evitar el enriquecimiento sin causa, esto es, que el transportista recupere la totalidad de un falso flete y viaje - no obstante - con la bodega a pleno. Esto no ocurrió en el sub - examen. De la prueba testimonial, corroborada por la pericial, surge que con una capacidad de 15.925 TM se cargaron sólo 11.702 TM, y se está reclamando el flete correspondiente a 2.000 TM.
Contestación de la demanda, incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Bisogni, Aldo Ruben c/ Jalile de Bisogni, Lilia Vicenta s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-07-03

La ley de rito impone a la contestación de la demanda ciertos requisitos externos de cumplimiento inexcusable, teniendo en cuenta la importancia fundamental que para el proceso adquiere dicho acto, puesto que importa el cierre del ciclo de los actos introductivos de la instancia, implicando además que a partir de ese momento queden definitivamente fijados los hechos sobre los cuales deberá producirse la prueba, delimitando a su vez el thema decidendum, ya que la sentencia sólo puede versar sobre las cuestiones planteadas por ambas partes. Por todo ello, corresponde rechazar la contestación de la demanda presentada por la parte demandada en otro juzgado distinto del órgano judicial que se encuentra conociendo del juicio, ya que conforme a lo que la jurisprudencia y la doctrina han sostenido, carece de valor el escrito presentado ante un juzgado y secretaría distintos de los que correspondía, y las consecuencias del error que inexcusable no pueden recaer sino sobre el que lo cometió.
Caducidad de instancia, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CREDIBAL SAFCMEI c/ EMILIO RUBEN Y OTRO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-13

Habiendo quedado firme el pronunciamiento que impuso las costas a los demandados excepcionantes, al declararse operada la caducidad de la instancia, tal imposición ha quedado alcanzada por la preclusión e importa para la ejecutante un derecho adquirido que no puede verse afectado por tal ulterior declaración de caducidad. En consecuencia, difiriendo la imposición recaída al resolver las excepciones opuestas de la decretada al declararse tal perención, deben discriminarse y retribuirse por separado las tareas profesionales, en función de la diversa calidad de vencedores y vencidos de las partes intervinientes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ampliación de la declaración indagatoria, falta de firma, jueces, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: MARTIN, Elvira s/ falsf. de dcto. Causa 26.494
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-26

La falta de firma del Juez en el acta de ampliación de declaración indagatoria produce la nulidad de dicho acto y de los dictados en su consecuencia.
Competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: COÑUECAR PINEDA SANTIAGO PAULINO s/ PRESENTA RECURSO HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-11-26

Deberán conocer los Jueces Nacionales cuando el acto denunciado como lesivo proviene de una Autoridad Nacional. Ta es el caso traído a exámen, donde la medida atacada proviene de la Dirección Nacional de Régimen Correccional.
Daños y perjuicios, daño material, daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ DE PENA, NIEVES c/ ALONSO, ANIBAL Y OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-16

No existe ninguna pauta lógico-jurídica que obligue porcentualmente a correlacionar las indemnizaciones correspondientes al daño material con el moral, pues hay circunstancias que en ciertos casos hacen que éste último pueda ser de gran magnitud, en tanto que aquél ni siquiera llega a existir (conf. esta Sala "Goldscheit Ricardo A. y otros Scatulato Raúl E. sumario" 9/12/87).
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, acto administrativo, acto administrativo ilegítimo, competencia contencioso administrativa, contratos administrativos, indemnización, competencia civil y comercial, recurso contencioso administrativo, competencia ordinaria
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. c/ COMUNA DE TIMBUES s/ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE LA SALA TERCERA DE  LA CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE ROSARIO Y LA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

Corresponde declarar la competencia de la justicia civil y comercial en el caso, en razón de no darse las pautas elaboradas por este Tribunal que abonarían la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Es que, mas allá de las particularidades del contrato, no se encuentra en discusión prerrogativa, potestad o interés de la administración pública fundado en las normas del derecho público local o juzgamiento y cuestionamiento de un acto administrativo.

Y no se advierte ni se ha demostrado que pudiere entrar en consideración cuestionamientos del originario y finiquitado contrato de obra pública de provisión de gas, que no está aquí en discusión , sino por el contrario, lo pretendido en la causa consiste en el pago del precio de la cesión de créditos, la que ha tenido principio de ejecución por la demandada.

Siendo ello así, la acción entablada es de naturaleza civil y no contencioso administrativa, por lo que la vía de la justicia ordinaria es la procedente, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 6, inciso b), de la ley 11.330, que expresamente excluye del conocimiento de la justicia especializada a "los actos que se relacionen con derechos o intereses que tutela el derecho privado". (De la Ampliación de Fundamentos de los Dres. Erbetta y Gastaldi)
Pacto comisorio, indemnización, pérdida de la chance
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Yege, José Antonio c/ Méndez Benitez, Raúl Guillermo s/ Sucesorio Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-07-27

Cuando la posibilidad de obtener la ganancia o de evitar la pérdida era bastante fundada -o sea cuando más que posibilidad era una "probabilidad" suficiente-, la frustración de ella debe ser indemnizada por el responsable; pero esta indemnización es de la "chance" misma, que el Juez apreciará en concreto, y no de la ganancia o de la pérdida que era el objeto de aquélla, ya que no puede olvidarse que lo frustrado es propiamente la "chance", la cual, por su propia naturaleza, es siempre problemática en su realización. Fundamento de la Dra. Belkys Diez de Cardona.
Muerte del trabajador, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: Gador S.A. c/ Iaquinta, Silvia Mercedes y Otros s/ Consignación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-12

La remisión realizada por el art. 248 de la LCT al art. 38 de la ley 18.037, debe reputarse efectuada a la norma vigente, que es el art. 53 de la ley 24.241 y por tanto no puede entenderse que subsista orden de prelación alguno.
Daños y perjuicios, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente
Materia: CIVIL
Carátula: D., D. A. c/ Transporte 27 de Junio S.A.C.I.F. y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-30

La responsabilidad del comitente o principal se asienta en la obligación de responder por los daños provocados a terceros por las personas bajo sus órdenes. Al ser el dependiente el medio por el cual el principal desenvuelve su actividad económica, tiene la obligación de responder no sólo por el propio hecho sino también por el del subordinado, quien debe haber causado ilícitamente un daño.
Gastos médicos, accidente de tránsito, lesiones, prueba
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Paredes, María de los Angeles c/ Castro, Carlos Alfredo y otro s/ d. y p. derivados del uso de automotores (con lesion o muerte)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-02

Los Gastos médicos, farmacia, traslado y vestimenta, deben presumirse inevitables una vez determinadas las lesiones sufridas, aunque su entidad no esté cabalmente demostrada, siempre que guarden relación adecuada con las lesiones y el tratamiento prescripto. Ello, aunque no se pruebe fehacientemente la erogación, ya que son una consecuencia directa e inmediata del daño producido.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, control de constitucionalidad, ley provincial
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: León Spaciuk e Hijos, Sociedad en Comandita por Acciones. c/ Dirección  Provincial  de  Vialidad  y  Estado  de  la  Provincia de Corrientes. s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

Es admisible el recurso extraordinario, si el argumento aparente esgrimido por el tribunal, entraÑó un pronunciamiento implícito favorable a la validez de la norma provincial objetada como repugnante al derecho consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional.
Valor locativo, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: I. DE B.Z. c/ B.N.M. s/ INCIDENTE - COMPENSACION POR VALOR LOCATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-18

Para calcular el canon locativo devengado durante los períodos transcurridos, desde que es reclamado hasta la sentencia que los fija existen dos sistemas. O bien se fija una suma diferente para cada período, según el valor de la moneda correspondiente a ese lapso, y luego se la actualiza desde la fecha en que debió ser pagada, o bien se aplica a todos los períodos pasados el canon que se determina en la sentencia.

Calculados esos cánones en base al monto fijado en el fallo, resultan automáticamente actualizados a esa fecha.
Medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Paulo Emilio c/ Belconn Argentina S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-30

Corresponde rechazar una medida cautelar de embargo sobre las cuentas de una persona que sería titular de la sociedad demandada, fundada en presuntas quiebras fraudulentas en el exterior, acreditadas mediante notas periodísticas, ya que el accionante no demostró la "verosimilitud de su derecho" ni "el peligro en la demora" y que las manifestaciones vertidas en el memorial en tratamiento evidencian su disconformidad con lo resuelto en grado de manera dogmática, sin rebatir sus fundamentos.
Defensa de la competencia, medidas cautelares
Materia: PENAL
Carátula: Molinos Rio de la Plata S.A. c/  s/ Apel Resol Comisión Nacional Defensa de la Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-21

Ingresando en la sustancia del asunto conviene recordar que el art. 35 de la LDC establece, en lo que aquí importa, que la autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo Nacional podrá en cualquier estado del procedimiento de investigación de conductas imponer el cumplimiento de condiciones que establezca, ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva o bien disponer las medidas que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir una "grave lesión al régimen de la competencia". Tales medidas tienen, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, carácter típicamente cautelar y como tales deben reunir los recaudos clásicos de procedencia: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela (conf. Martínez Medrano, Gabriel, Control de los monopolios y defensa de la competencia, Depalma, 2002, págs. 205/206; Cabanellas de la Cuevas, Guillermo, Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia, Heliasta, 2005, t.2, págs. 365/366; García Menéndez, Sebastián, "Defensa de la competencia: medidas cautelares de la autoridad de aplicación y en su contra. Breve revisión de fallos recientes", La Ley, 31.3.10; De la Riva, Ignacio, "Medidas cautelares en materia de defensa de la competencia", El Derecho Administrativo, 2005, pág. 393/399).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos, Daniel Omar c/ Construcciones Horman SACIF e I. s/ Salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-06

La interpretación de los efectos y alcances de la rescisión de un contrato y de la conducta posterior de las partes constituye una cuestión de hecho, reservada a los jueces de la instancia ordinaria, y exenta de revisión por la Suprema Corte, salvo absurdo evidente, el que debe ser idóneamente denunciado y demostrado por el interesado.
Acción de inconstitucionalidad, reclamo administrativo previo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "RODRÍGUEZ, DALMACIO c/ Estado Nacional". s/ INCONSTITUCIONALIDADES VARIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

Cuando el objeto de la acción versa sobre la inconstitucionalidad de una ley, el reclamo está excluido de la exigencia de tratamiento en sede administrativa como paso previo a su impugnación judicial (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 21.11.01, "Altos de Casares S.A. c/ Ministerio de Justicia").
Empleo público, estabilidad del empleado público, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ketzelman, Ernesto Daniel c/ G.C.B.A. s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21

De acuerdo a los términos de la legislación de empleo público de la Ciudad, el contenido y alcance del concepto de estabilidad es de alcance relativo, y el agente tiene derecho a ser reubicado en tareas acordes a su jerarquía y especialidad.

Si bien la Ley 471 no reconoce expresamente el derecho a la reubicación con funciones equivalentes, ello se desprende de su articulado, dado que contine principios, reconocimiento de derechos y exigencias de organización acordes con ello. En efecto, la norma prescribe que las relaciones de empleo público se desenvuelvan en un marco de movilidad funcional sobre la base del respeto a la dignidad del trabajador (art. 2, inc. k).

De manera que una interpretación armónica y finalista de la Ley Nro. 471 determina que deba considerarse que los trabajadores de la administración pública, en caso de ser desplazados de su empleo, tienen derecho a la reaubicación en funciones equivalentes.
Medida cautelar innovativa, verosimilitud del derecho invocado, emergencia económica, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Clorinda c/ Honorable Concejo Deliberante de Clorinda s/ Conflicto de Poderes (Medida Cautelar)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-11-07

Corresponde hacer lugar a la medida innovativa peticionada, ordenándose suspender la vigencia de las ordenanzas dictadas por el Honorable Consejo Deliberante de Clorinda, pues la verosimilitud del derecho se encuentra cumplida al advertir que dichas normas que declaran la nulidad del acto administrativo de adhesión a la emergencia económica provincial regulada en la Ley 1576, no sólo afecta facultades propias del Poder Ejecutivo Municipal reguladas expresamente en la Ley Municipal 1028 en sus arts.85 y 86 inc.3), como es la de ejecutar las ordenanzas y asimismo reglamentar las mismas, sino que impide en forma manifiesta el normal desenvolvimiento de las funciones propias del Ejecutivo en el marco de la emergencia declarada y al que se encuentra adherida el Municipio.
Solidaridad previsional, costas en el orden causado, derecho de propiedad, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Boggero, Carlos c/ ANSeS s/ amparo por mora de la administración.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

La circunstancia de que la ley 24.463 disponga que las costas se abonen en el orden causado no trae aparejada una lesión a las garantías de igualdad y propiedad.
Reducción de contribuciones patronales, pérdida del beneficio, juez del concurso, facultades del juez, deberes de la administración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: EL HALCON S.A.T. c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-28

Si se ha de privar a la empresa de beneficios previsionales o impositivos que le asisten y se la gravará con mayor presión que antes o durante el concurso, no cabe duda que la situación jurídica de la quebrada habrá de cambiar, y es entonces trascendental el conocimiento y consentimiento previo del juzgador. De otro modo, fácil podría ser para un organismo administrativo, mediante un incorrecto uso de sus atribuciones, volver letra muerta la decisión del magistrado y la política que respecto de la fallida, fija en la causa.
Nulidad procesal, telefonía celular, medios de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: A., J. A. y otros c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-20

Explicaron que la manipulación del teléfono legalmente incautado para obtener una copia de los datos acumulados no constituye una pericia y por ello la omisión de notificar dicha manipulación no acarrea su invalidez, ello de conformidad con lo previsto por el art. 233 del CPPN. Agregaron que en el caso era "(...) factible recurrir al artículo 144 de la Ley 27.063 como pauta interpretativa, que regula el registro de un sistema informático o de un medio de almacenamiento de datos informáticos o electrónicos con el objeto de secuestrar los componentes del sistema, obtener una copia o preservar datos o elementos de interés para la investigación. Dicha diligencia no constituye un peritaje (regulado en el artículo 161 y sstes. del Código Procesal Penal Federal) ni exige notificación previa a la defensa. A la luz de ello, el contenido de los elementos que obran en el legajo debe ser interpretado como datos informáticos de índole documental, que la jueza de grado ordenó que sean incorporados a la causa. La interpretación que se realiza de la letra del código procesal pretende tener en cuenta los cambios sociales verificados desde la fecha en que se dictó la ley de forma, ya que los documentos, en tanto manifestaciones de la voluntad de las personas, en la actualidad se presentan -en una infinidad de situaciones- en las expresiones realizadas a través de la telefonía personal. En efecto, el artículo 6° de la Ley 25.506 define el concepto de documento digital como la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo, lo que también se ve reflejado en el artículo 77 del Código Penal -redacción conforme la Ley 26.388-. Se agrega al análisis que la norma citada en último término equiparó las comunicaciones electrónicas con las postales -tradicionales- al modificar los tipos penales de los artículos 153 y 155. Entonces, sea que se valore el caso como un examen de documentos, o bien como la copia y/o examen de comunicaciones personales (artículo 236, párrafo segundo, del texto adjetivo -normativa citada por el juez de grado que ordenó la medida- cuya validez tampoco está sujeta a la previa notificación de la asistencia técnica) lo actuado por la policía por disposición jurisdiccional (ver fs. 202 y 244) resultó un acto lícito y razonable para esclarecer la cuestión, sin afectación constitucional, en los términos del artículo 184, inciso 4°, y 233 del CPPN. Su realización por orden judicial elimina la necesidad de la verificación del requisito de la urgencia mencionado por los recurrentes, en tanto la operación no fue realizada en el contexto de una labor policial sin control del magistrado interviniente y en el ámbito de sus atribuciones ante la comisión de un delito, sino como órgano encargado de cumplir, en su rol de auxiliar, la directiva del juez natural de la causa. (...)".
Despido, mejor remuneración, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Johnson y Johnson S.A.I. y C. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-09-19

Establecido que el mes de despido fue abril 1990, la indemnización debe calcularse según la mejor remuneración mensual percibida (no devengada) durante el último año incluyendo marzo de 1990, por ser el último mes completo cobrado hasta el momento del despido, y excluyendo a abril, por cuanto a la fecha del distracto aún no lo había percibido.
Donación, representante legal, revocación de la donación
Materia: CIVIL
Carátula: OGER, Liliana Noemí c/ GUILLAMET CHARGUE, Guillermo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

Al confluir en un solo sujeto el carácter de donante y representante legal de quienes debían aceptar la donación, se configura una implícita renuncia al derecho de revocarla, hasta tanto, como representante legal, adopte las medidas necesarias para que su representado tenga oportunidad de expresar su voluntad en la forma prevista por la ley.-
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Schumacher Roberto Antonio c/ Vergara Carlos N. s/ Cobro de pesos y entrega de certificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-07-12

Quien declara apoyado en un mero conocimiento referencial, no es testigo en la dimensión estricta del vocablo, desde que no puede dar fe de un hecho que sólo conoce "ex audito alieno".
Excepciones procesales, ley de contrato de trabajo, prescripción, denuncia del accidente de trabajo, cómputo del plazo
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Guzmán, Jorge Miguel c/ Prevención Art S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-12

El momento en el cual la prestación dineraria derivada de un accidente de trabajo debe ser abonada coincide con el momento en que cesa la Incapacidad Laboral Temporaria, que conforme el art. 7 de la ley 24.557 ocurre por: alta médica, declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP), transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante o por muerte del damnificado. En este sentido, mientras una incapacidad sea de carácter temporario, y por lo tanto aún pasible de ser rehabilitada totalmente, resulta imposible de ser indemnizada. En consecuencia, en el momento en que la incapacidad del trabajador se transforma en permanente es cuando se genera la obligación de la aseguradora de indemnizar la misma o, en palabras de la norma, cuando la prestación dineraria debe abonarse. A su turno, el art. 4 de la Ley 26.773 (vigente al momento del accidente del actor) establece la obligación de notificación por parte del empleador al trabajador o sus derechos habientes para el pago de la reparación dineraria, en el plazo de 15 días desde la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Consecuentemente con ello, dicho cómputo comienza a correr desde la notificación del alta médica sin incapacidad, o de la notificación de la determinación de la incapacidad, o a lo sumo, después de transcurrido el año de la primera manifestación invalidante.