marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pagaré, presentación al cobro, domicilio del deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABN  AMRO  BANK  NV  SUCURSAL ARGENTINA c/ SANTUZ, MAXIMILIANO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

Resulta irrelevante la ausencia del deudor en el lugar del pago al momento de requerir el cobro del cartular, siendo suficiente que el título sea presentado dentro de los plazos convenidos y en el domicilio establecido; pues tal ausencia no obsta a la validez de la presentación ni a la efectivización de sus consecuencias (CNCom, sala B, 23.12.92, "Ale Maderas SA c/ Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. s/ consignacion"); de lo contrario, se llegaría al absurdo de dejar en manos del librador del pagaré el momento en que éste quiera cancelar la deuda asumida.
Libertad de prensa, noticia inexacta, doctrina de la real malicia, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMIREZ, JORGE SANTIAGO (EXPTE. N° 38397) c/ MENDOZA 21 S.A. DIARIO UNO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-10-10

La doctrina de la real malicia procura un equilibrio razonable entre la función de la prensa y los derechos individuales que hubieran sido afectados por comentarios lesivos a funcionarios públicos, figuras públicas y aún particulares que hubieran intervenido en cuestiones de interés público objeto de la información o crónica, imponiendo una inversión de la carga de la prueba, pues se establece la presunción de veracidad de la información, y por consiguiente las cargas se desplazan hacia la parte requirente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, jurisprudencia, incongruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VAISMAN, SALOMON Y OTRA c/ WAISMAN, BENJAMIN Y OTRA Y-U OTRO s/ DESALOJO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 222-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-10-16

Si bien es cierto que el vicio de autocontradicción en determinadas circunstancias constituye un caso hipotético de arbitrariedad, esta Corte ya ha resuelto que "la libertad de criterio de los jueces y la institución constitucional de órganos jurisdiccionales distintos y autónomos para la aplicación de la ley de fondo, con arreglo a las leyes que les asignan competencia, justifica la posibilidad de resoluciones dispares, con lo que en principio, la prescindencia de consideración de un precedente jurisprudencial que hubiera establecido una solución distinta en caso anterior reputado similar al resuelto en la causa, no invalida una sentencia suficientemente fundada como acto judicial, ni la circunstancia de que existan precedentes contradictorios respecto de la interpretación de normas de derecho común. Importa una impugnación atendible de arbitrariedad, como no lo es tampoco la invocación de jurisprudencia contraria a la solución de la causa".
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOBIERNO DE LA PROVINCIA c/ SEBASTIAN DOMINGUEZ s/ EXPROPIACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-14

A pesar de ser la letra de la ley la primera fuente de interpretacion de la misma, sin que sea posible admitir una inteligencia que equivalga a prescindir de su texto, si no media debate o declaración de inconstitucionalidad, las reglas de hermeneútica jurídica nos indica que no debe haber un apego excesivo a la exégesis sino que también es necesario consultar la voluntad del legislador y la finalidad de la norma.
Tutela sindical, estabilidad del delegado gremial, nulidad del despido, despido sin causa, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: LIRES, JORGE c/ PAPELERA SUR SCA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-31

Si el empleador adopta alguna de las medidas vedadas por el art. 48 de la ley 23551 sin acudir al procedimiento previo de exclusión de la tutela , lleva a cabo un acto nulo, en los términos de los arts.

18 y 1044 del C. Civil y, por lo tanto, ineficaz para producir el despido. Por ello, sea cual fuere la índole de la transgresión que, hipotéticamente hubiera cometido el trabajador, el despido resulta por sí solo injustificado (art. 48 y penúltimo párrafo del art. 52 de la ley citada) y es indemnizable en los términos de los arts.

231, 231 y 245 LCT pues frente a la reclamación formulada por el dependiente no es factible argüir la justificación de la medida.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M.,N.E. c/ A., C.E. s/ Separación personal A., C. M. c/ M., D. O. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-27|1991-08-08

La circunstancia de que las expresiones de la actora se hubieren formulado poco antes de promoverse la demanda y ya sucedida la separación de hecho, no resta entidad a la injuria, porque se trata de hechos sucedidos antes de la iniciación del pleito y es del caso decir que la simple separación de hecho no autoriza a injuriar al otro cónyuge (art. 201, Código Civil, t.o.).
Nulidad del acto jurídico, instrumentos públicos, mandamientos, intimación de pago, falsedad ideológica, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lezcano, Manlio Domingo en autos Citibank S.A. c/ Lezcano, Manlio Domingo s/ Juicio ejecutivo. Expte. Nro.8759/98 s/Inc. Redarg. de Falsedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-03-27

La falsedad atacada en el mandamiento de intimación de pago y embargo es ideológica, es decir que desconoce la existencia en su domicilio de la supuesta persona que atendió la diligencia, no la realización del acto, ni lo acontecido ante el oficial de justicia. Lo expuesto no constituye una disposición dialéctica, pues si bien el recurrente plantea redargución de falsedad, siendo lo cuestionado lo dicho al oficial de Justicia -falsedad ideológica- que admite prueba en contrario, el mismo tramita como incidente de nulidad, compartiendo en consecuencia el encuadre que la Sra. Juez a-quo, en la sentencia, a dado a la cuestión.

La jurisprudencia ha señalado: "si el nulidicente sólo alude a que las manifestaciones por la receptora de la cédula al oficial notificador, no son veraces, y no a que ellas no se efectuaron, la nulidad debe tramitar por incidente (art.149 del C.Procesal) no siendo necesaria la redargución de falsedad (art.395).
Honorarios del abogado, honorarios extrajudiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laguyas, Beltran Jorge c/ F.A.T.S.A. s/ Determinación de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-11

El honorario extrajudicial previsto en el art. 55 de la ley 8904, comprende la retribución de aquellos trabajos que el profesional debe cumplir fuera del juicio, en el ejercicio de su mandato y para cumplir su cometido.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Katz Simon y otros c/ Centro Empleados Comercios y otros s/ Revisión Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. c/ Lhomme L. s/ Apremio Bustos Cesar c/ Valdez Alberto s/ Acción sumarisima Almiron Horacio c/ Mastrodonato Sonia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31|1997-07-08|2000-02-10|1999-05-06

Los actos procesales para que tengan el efecto interruptivo del plazo de caducidad de la instancia, además de ser intrínsecamente idóneos para ese fin, deben ser realizados por las partes y estar encaminados a hacer progresar el proceso judicial a su fin normal que no es otro que la sentencia.
Responsabilidad extracontractual del Estado, faltas del servicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Díaz de Ghiotti Ana y Ots. c/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S135 - 019)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-08-04

En materia de responsabilidad extracontractual del Estado, todo depende de la índole del comportamiento o conducta generador de la responsabilidad; si el Estado desplegó su actuación, es decir si actuó ejercitando su normal capacidad de derecho público o si por el contrario ejercitó su capacidad excepcional de derecho privado. La actuación del Estado, en su calidad específica de tal, en modo alguno se rige por el derecho privado. Lo expuesto precedentemente me hace necesariamente concluir en la inaplicabilidad del art. 1113 del C.C., cuando el Estado desarrolla su actividad administrativa específica en el ámbito del derecho público.

Su eventual responsabilidad extracontractual por daños causados a personas o cosas, como la reparación que en su caso debe satisfacer, debe regirse por normas o principios de derecho público y no por los de derecho privado. La presunción, si bien "iuris tantum", en este campo es que el Estado prestó el "SERVICIO" en condiciones adecuadas para cumplir con el fin para el que fue establecido, el que no es posible concebir contrario a los intereses de la comunidad, al bienestar general o al bien común.

Quien alegue lo contrario como fundamento de responsabilidad extracontractual, debe acreditarlo adecuada y fehacientemente.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, daños y perjuicios, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Acosta, Elpidio Elías S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Acosta, Elpidio Elías c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-18

Corresponde rechazar la queja debido a que no rebate adecuadamente las razones por las que los jueces a quo denegaron el recurso de inconstitucionalidad: ausencia de un caso constitucional o de una sentencia arbitraria. Los camaristas sostuvieron que el rechazo de la demanda por daños y perjuicios que se inició a causa de una caída en la vía pública, quedó circunscripto a la interpretación de cuestiones de hecho, prueba y de las normas que las rigen; todas ellas, de carácter infraconstitucional. Frente a ello, el recurrente debía demostrar que sus planteos -a diferencia de lo sostenido por la Cámara- podían ser abordados por este Estrado en el marco de un recurso de inconstitucionalidad. Pero sus esfuerzos en ese sentido no son exitosos para habilitar la revisión que pretende. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de reposición (procesal), resoluciones de la alzada, improcedencia del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: CORTEFILMS ARG. SOC. ANON. c/ FLYING TIGERS s/ SUMARIO - COBRO AUSTRALES A29.628.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-04

La pieza en despacho - no obstante el título que lleva el escrito y el objeto que dice tener - más que una aclaratoria importa un pedido de reposición y, de acuerdo con lo decidido reiteradamente por esta Cámara, las sentencias no son susceptibles de revocación por contrario imperio, en virtud del carácter de definitivas que revisten.
Excepción de cosa juzgada, excepciones dilatorias
Materia: PROCESAL
Carátula: FERROCARRILES ARGENTINOS c/ INTRUSOS TERRENO NICETO VEGA ENTRE LOS Nros. 5756/5740 s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-04

Corresponde rechazar la excepción de cosa juzgada si en el juicio anterior la pretensión fue repelida "in limine" en virtud del progreso de una excepción dilatoria, sin una decisión sobre el mérito.-
Instrumentos privados, firma en blanco, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Buys Carlos Miguel c/ Baron Oscar Heberto y otra s/ Cumplimiento de contrato - Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

La circunstancia de que la grafía de la firma de los recibos no se compatibilice con la de su contenido -circunstancia habitual- ni invalida el instrumento ni constituye indicio alguno de falsedad.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nestor P. Salice y CIA. S.A. c/ Noceda, Juan Carlos s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Las regulaciones de honorarios deben tener fundamento legal (arts.

159 de la Constitución de la Provincia y 34 inc. 4to. del C.P.C.C.);

no cumpliéndose con dicho requisito cuando sólo se invocan normas referidas al régimen previsional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso contravencional, notificación, falta de notificación, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, imputado
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, S. J. M. s/ art. 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-14

No es deber de la defensa notificar al imputado, supliendo las deficiencias provocadas por las omisiones o errores incurridos por el juzgado de primera instancia cuando a éste le corresponde. En efecto, la defensa debe ser notificada de la fecha de realización de la audiencia, pero ello no implica que tal notificación sea válida para el imputado. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Competencia federal, delitos contra el honor, injurias, calumnias, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: ALSOGARAY, MARIA JULIA s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-26

Si las presuntas calumnias e injurias que se dice afectan a quien acciona se muestran ajenas al ejercicio propio de cuestiones federales, éstas escapan al marco cognoscitivo que delimita el artículo 3 de la Ley 48.
Tasa de justicia, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: D DE B.M.E. Y B.M.R s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-12

En los juicios de separación de bienes, cuando se promueve la liquidación de la sociedad conyugal o se la instrumenta por acuerdo de partes, debe abonarse la tasa judicial al iniciarse el trámite, sin que corresponda hacer distinción entre los casos en que se desarrolla en su totalidad con liquidación y en los que únicamente se formaliza un acuerdo. A estar al propio texto de la ley, resulta gravada dicha liquidación de la sociedad conyugal exista o no controversia de partes, según lo dispone el art. 10, inc. g, de la ley 21.859 (conf. C.N.Civ. Sala C, R. 1058 el 10.3.84; Sala F, E.D 89-677; id. E.D.75-555).

Es improcedente que sólo se tribute tasa de justicia cuando existe controversia (conf. C.N.Civ. Sala F. E.D.104-307; Sala C, R.22.354 del 3.6.86).
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, validez de la ley, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Pino Julio Enrique c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-21

Solo resulta inconstitucional el inciso a) del art. 21 de la ley 24557 -y parte pertinente del art. 1 ley 27348-, en cuanto sean las Comisiones Médicas las encargadas de determinar: "La naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad", pero no los incisos b) y c) de la misma. De manera tal que la cuestión deberá ser resuelta -como toda inconstitucionalidad- en forma casuística, pues dependerá de las circunstancias concretas que el marco fáctico plantee, y de las específicas razones aducidas como fundantes del agravio constitucional que se invoque, ya que no será lo mismo el hecho de que la Comisión Médica pretenda determinar la naturaleza laboral de una enfermedad o de un accidente, a que la divergencia planteada en ese ámbito se circunscriba a establecer el porcentaje de la incapacidad del afectado, el tipo, carácter, grado (lo que implica que la contingencia está reconocida) (Voto Romero)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, vicio de irrazonabilidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, procedimiento administrativo, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alassia Cereales S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-04-04

Los agravios vinculados a la violación al derecho de defensa no pueden prosperar, pues concluir lo contrario importaría convalidar una interpretación en abstracto de los principios contenidos en el decreto 4174/15 que no se compadece con la finalidad de sus disposiciones, las que deben ser analizadas en función de las razonables posibilidades de participación de los administrados según los distintos ordenamientos y ámbitos de aplicación del mismo; y así lo entendió este Cuerpo al resolver situaciones similares en las que consideró que la posibilidad del infractor de no suscribir el acta o de efectuar observaciones o reservas en ese mismo momento, y el conocimiento obtenido respecto de la infracción constatada, la multa aplicada, los plazos dentro del cual es claro que podían hacerse los descargos y ofrecerse la prueba en contrario, ofrecieron al administrado suficientes posibilidades de participación en el procedimiento iniciado, el cual, es importante resaltar, fue seguido de una resolución cuya ejecutoriedad fue suspendida, y que finalizó con el dictado del decreto del Gobernador. - CITAS: CSJStaFe: Mandatto, AyS T 208, p 280; T 120, p 106. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto 4174/75.
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rubio, Ricardo J. c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

Si al momento de su cese por retiro voluntario, el cargo desempeñado por el accionante era el de oficial 4to., bajo el régimen del dec.

ley 24053/57, esa era la categoría que en los términos del art. 7 de ese Estatuto servía para determinar el sueldo, sin perjuicio del orden jerárquico previsto en el art. 17. Por ello, la correlación efectuada por la resolución posterior que al computar otros servicios transformó el beneficio en jubilación ordinaria, no le confiere derecho definitivo a la permanencia en la categoría asignada momentáneamente en virtud de dicha correlación. (En el caso, esa correlación hizo coincidir momentáneamente el cargo equivalente al de oficial 4to. con la clase XIV que a la vez coincidía entonces con la jerarquía de jefe de división).
Querellante, requerimiento de elevación a juicio, elevación en consulta
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LARREA, Angel A. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-23

Del segundo párrafo del art. 348 se colige que existen dos alternativas por la cuales puede intervenir la cámara de apelaciones: cuando el sobreseimiento fue pedido por el fiscal;

y cuando sólo el querellante requirió la elevación a juicio.

La inconstitucionalidad dictada en el precedente "Quiroga" sólo abarcó la primera de las alternativas.

Si se legitimó activamente al ofendido por el delito, quien ha requirió la elevación a juicio de las actuaciones, y el fiscal se expidió por el sobreseimiento del imputado, al entender el tribunal que la causa debe ser elevada a juicio, deben remitirse las actuaciones al Fiscal General a los fines del art, 348, segundo párrafo, del C.P.P.N.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, derechos reales, interdictos posesorios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Toledo, Francisca Teresa c/ Toledo, Roberto Susano Toledo, Luis Alberto y cualquier otro ocupante s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-31

Permanentemente la Sala expresó que en los interdictos "no se discute para nada la propiedad o el dominio sobre el bien objeto de discusión, sino el hecho mismo de su posesión o tenencia y si existen o no actos que la turben, porque los interdictos constituyen medidas de carácter policial. Se persigue con ellos mantener una situación de hecho existente, hasta tanto el derecho sea resuelto mediante las acciones correspondientes.
Tercería de dominio, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SALVATIERRA ANGELA DEL VALLE S.TERCERIA DE DOMINIO EN:CHAPARRO DE RISSO PATRON BEATRIZ Y OTRA C.CHAPARRODE SALVATIERRA ELVIRA M. s/ DIFERENCIA DE SUELDOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-05-15

El art. 97 del C.P.C. y C., establece que: "las tercerías deberán fundarse en el dominio de los bienes embargados..." y el Art. 98 estatuye que: "no se dará curso a la tercería si no se probare, con instrumentos fehacientes o en forma sumaria, la verosimilitud del derecho en que se funda.." (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasa de justicia, pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bellezza, Héctor M. c/ Riveras, Marcelo José s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-04-11

Es evidente que no está permitido impedir el curso del referenciado proceso de ejecución sin mediar la integración del tributo porque, a todo evento, es deber del juez de grado intimar a su pago y, en caso de renuencia, acordar intervención al representante del Fisco para que procure el cobro con más la multa legalmente aplicable; todo elle, conforme al orientador criterio sentado por la Sala en precedente no análogo citado por el quejoso (Conf. "Lampazzi c /Santoro-Ejec. de Sentencia", 17/3/95).
Despido por matrimonio, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: BOBLANSKY, ELIZABETH c/ DISER  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-08

No corresponde limitar el funcionamiento de la presunción legal del art. 181 de la LCT sólo a las causas de despido directo pues ello significaría limitar irrazonablemente la ratio legal y facilitar un fraude laboral poniendo en manos del empleador la posibilidad de disponer un distracto injustificado, sin que ello traiga aparejado las consiguientes consecuencias. Por otra parte, en el despido indirecto el empleador tiene a su alcance los medios para acreditar que el incumplimiento de su deber contractual, no tuvo una connotación discriminatoria en el sentido a que se refiere el art.

mencionado.
Distribución de gas, subdistribuidora de gas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Distribuidora de Gas Pampeano S.A. c/ Municipalidad de la Costa -Resol. Enargas 32/93 y Cía. y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

El caso de autos está contenido en la excepción contemplada en el apartado i) del art. 12, inc. 1, del decreto 1738/92; esto es, que la exclusividad para la provisión del servicio de distribución dentro de la zona delimitada en la respectiva habilitación, lo fue con sujeción a la subsistencia de los subdistribuidores privados existentes a la fecha de sanción de la ley. (Distribuidora de Gas Pampeana S.A. interpuso recurso de apelación contra la Res. Enargas 32/93, por la que se mantuvo lo decidido por nota SE nº 10.785 -emanada de la Secretaría de Energía- de fecha 19 de enero de 1993, en virtud de la cual se autorizó a la Municipalidad de la Costa a habilitar la obra de gas por redes abastecidas por gas propano indiluido bajo la operatoria de la resolución SE nº 144/90).
Seguros, seguro de transporte, responsabilidad del transportador, responsabilidad objetiva, daño por vicio o riesgo de la cosa, eximentes de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: WORLD COURIER  S.A. c/ CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-16

Para eximirse de responsabilidad por el daño causado a una persona transportada, el transportador deberá probar que el traslado se efectuó con el solo ánimo de beneficiar o favorecer a la persona trasladada, sin que medie interés, utilidad o conveniencia para el dueño del vehículo.

Cuando el traslado en un vehículo siniestrado deriva de una relación que vincula al transportador con el transportado, mediando interés, utilidad o conveniencia para el dueño del vehículo, la responsabilidad del transportador se encuentra regida por el CCIV 1113 y ya se trate de daño causado con la cosa o por el riesgo de la cosa se presume la culpa del agente o conductor del automóvil -y por vía indirecta la de su propietario- o bien le cabe la responsabilidad objetiva derivada de la conexión causal entre la cosa riesgosa y el daño causado. En cuyo caso para eximirse de responsabilidad deberá probar la ausencia de culpa o bien la culpa de la víctima o de un tercero.