Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-02


AUTOS N° 10441 "BARRIONUEVO QUIROGA, Luis Gonzalo C/ Alta Tecnología Alimentaria S.A. (ATA S.A.) S/ Apelación de Sentencia"	En la ciudad de San Juan, a dos días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, reunidos en su sala de acuerdos los miembros titulares de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Guillermo Baigorrí, Germán Parra y Susana Raed de Rago Gallo, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en Autos Nº 10441, caratulados "BARRIONUEVO QUIROGA, LUIS GONZALO C/ ALTA TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A.(ATA S.A.) S/ APELACIÓN DE SENTENCIA" y atento al resultado obtenido en el sorteo realizado para la emisión de los votos:

EL DOCTOR GUILLERMO BAIGORRÍ DIJO: I) Que vienen estos autos a estudio, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva dictada por la titular del Quinto Juzgado del Trabajo.

Que radicados los mismos en esta Cámara, y asignados por sorteo a esta Sala Segunda; luego de cumplidos con todos los trámites de rigor y estando consentida la integración de la misma, corresponde avocarme al tratamiento del recurso.

II) Que a fs. 105/110 obra la sentencia definitiva, por la cual se ha resuelto hacer lugar a la demanda; imponer costas en el 100% a la demandada y regular honorarios; cuyos fundamentos, si bien serán abordados a lo largo del presente, por cuestiones de brevedad, al fallo me remito.

II-1) A fs. 116/123 obra la expresión de agravios de la apelante; los que son evacuados a fs. 126/128 vta.

II-2) De la expresión de agravios, se extrae que el apelante cuestiona la decisión del Juez de a) admitir la demanda considerando acreditado el despido indirecto en el que se colocó el trabajador, restándole validez notificatoria al despido directo producido con anterioridad por la empleadora al negarle la representación a la apoderada que la practica; b) El segundo agravio está dirigido contra la decisión de la a-quo de otorgarle validez al despido indirecto fundado en justa causa; c) el tercero se refiere la falta de valoración por parte de la a-quo de toda la documental acompañada por la accionada, por concluir que el despido directo causado notificado por la letrada no fue un acto jurídico válido; d) en el cuarto agravio tacha de arbitraria la sentencia al advertir una evidente parcialidad en favor del actor; e) en el quinto agravio se queja la apelante por la decisión de la a-quo de declarar la procedencia de los rubros indemnizatorios y multas reclamadas por la accionante; y f) finalmente, la apelante se queja por la imposición de costas en un 100% a su cargo.

II-3) De la contestación de agravios, se advierte una clara oposición a la crítica de la apelante, y una ferviente defensa de la doctrina del fallo; cuestiones éstas que serán tenidas en cuenta como fundamento de esta resolución.-	III) A efectos de emitir mi voto, comenzaré a analizar por separado cada uno de los agravios expuestos suscintamente en el párrafo precedente, a los fines de otorgar una solución adecuada al entuerto traído a estudio.

III-1) En primer lugar se queja el apelante, como ya lo señalara en la reseña precedente, por la decisión de la a-quo de admitir la demanda considerando acreditado el despido indirecto en el que se colocó el trabajador, restándole validez notificatoria al despido directo producido con anterioridad por la empleadora al negarle la representación a la apoderada que la practica.

En los considerandos del fallo la a-quo se limita a remitirse y dar por reproducidos los argumentos expuestos en la demanda, que constituyen el aspecto medular de la acción entablada en autos. Y, en total coincidencia con los mismos arriba a la conclusión que la relación laboral se extingue por el despido indirecto producido por el actor, ante la falta de aclaración de la situación laboral. De este modo, soslaya todo análisis referido al despido producido en primer lugar por parte de la patronal.

De las constancias de la causa, se advierte que es la empleadora, por medio de su apoderada, la Dra. Claudia Vargas, quien primero produce el despido del trabajador, en fecha 28/02/2013, fundado en pérdida de confianza debido a un hecho puntual protagonizado por el dependiente. Frente a tal decisión, el trabajador, desconociendo la facultad de la letrada para producir la desvinculación, sosteniendo que en la comunicación del despido la misma no acompaña copia del mandato ni menciona en qué registro notarial ha sido instrumentado, intima se le aclare situación laboral bajo apercibimiento de despido indirecto.

De la reseña precedente surge que la decisión de la a-quo obedece a motivaciones formales, constituidas por la supuesta carencia de facultades de la letrada que notifica el despido directo del trabajador, al momento de dicha comunicación; en tanto, dice en su pronunciamiento, que la demandada "sólo acompaña como vigente a esa época una copia de poder general para juicios que dista considerablemente de la calidad, reitero, de representante legal de una sociedad anónima" (sic. fs. 108 in fine/108 vta.).

En primer lugar, cabe señalar que el desconocimiento que realiza el actor en su misiva de fecha 02/03/2013, resulta -cuando menos- novedoso; ya que, además de no existir norma alguna que así lo exija, es inusual que las comunicaciones de despido vayan "acompañadas" de los instrumentos de poder que faculta a quien suscribe la comunicación, como tampoco la mención del registro notarial ante el cual se ha gestionado tal poder; máxime cuando se trata de empresas de gran envergadura, donde dichas notificaciones son producidas por un departamento de "legales" o de "Recursos Humanos" -RRHH-, encargado de efectivizar tales tareas.

Por lo tanto, sostener -como lo hace la a-quo- que a la fecha de la comunicación del despido, la letrada que la suscribe, sólo detentaba un poder general para juicios que no refleja la calidad de representante legal de una sociedad anónima, importa dejar de lado lo dispuesto por el art. 36 de la LCT que legisla acerca de los actos de las personas jurídicas y dispone: "que se reputarán actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales o de quienes, sin serlo, aparezcan como facultados para ello". En torno a esta norma acertada jurisprudencia de la Cámara Nacional del Trabajo ha sostenido: "el precepto que nos ocupa se extiende, en su proyección, tanto a los fines de la celebración, como del cumplimiento y extinción del contrato (CNTr. Sala IV, 16/09/11, "Pérez c/Messagerie SA", BNCTr. 314)	Enseña la doctrina al respecto que: "El contrato de trabajo es un negocio consensual y no formal, pues la relación nace mediante simple acuerdo de partes y, por ello, si el empleador es una persona jurídica es natural que el consentimiento sea expresado a través de sus representantes legales que son aquellos sujetos facultados para exteriorizar la voluntad empresarial frente a terceros. No obstante, es bastante común que la relación laboral nazca del mero acuerdo de facultades celebrado por el trabajador con una persona que no es el representante legal -y ni siquiera la persona física empleadora-, sino un mero mandatario y/o subordinado (capataz, jefe de personal, gerente administrativo, etc.) Por ello, el legislador, para evitar defensas fraudulentas, adjudica a tales sujetos la capacidad para celebrar [teniendo siempre en cuenta que la norma se proyecta en su aplicación tanto al momento de la celebración, como del cumplimiento y extinción del contrato] el contrato de trabajo en nombre de su empleador, presumiendo la existencia de un mandato tácito otorgado por el principal para que lo hagan." (Carlos Pose, Ley de Contrato de Trabajo, Anotada, Comentada y Concordada, Tercera Edición, Ed. David Grinberg Libros Jurídicos, ed agosto 2014, p. 165/166).

Según la doctrina "el fundamento de la norma debe buscarse en la informalidad que caracteriza toda relación de trabajo y la imposibilidad práctica de recabar en cualquier momento la exhibición de los instrumentos acreditativos de una representación que aparece como verosímil (Etala, "Contrato", t.I, p 206).

En el caso de autos, la letrada que suscribe la comunicación de despido, Dra. Claudia Vargas, se encontraría comprendida en la última parte transcripta de la norma; es decir entre aquellos que sin ser representantes legales, aparezcan como facultados para ello. Y tan es así, que la mencionada profesional no sólo intervino en aquél acto de despido, sino que en la actualidad sigue representando a la firma demandada con facultades suficientes para ello.

En efecto, si al momento del despido no se acompañó o no existía un instrumento de poder que la facultara expresamente para dicho acto, la firma demandada -única con capacidad para desconocer las facultades de la letrada- ha ratificado los actos jurídicos por ella suscriptos mediante el instrumento de poder de fecha 19/03/2013, cuya copia -certificada por la letrada- ha sido acompañado como prueba documental (ver fs. 22/23 vta.); y donde específicamente se la faculta para "notificar desvinculaciones de personal" (fs. 23, línea 23). Nótese que existe una ratificación expresa que surge de la Carta Documento glosada a fs. 15 de la prueba documental demandada, que menciona dicho poder otorgado por la Escribana Lorena Ventimiglia Bulacios, que no ha sido impugnada ni negada su recepción por parte de la actora. Tampoco reconocen sustento las impugnaciones efectuadas por la accionante en oportunidad de contestar el traslado de la documental demandada, mediante escrito obrante a fs. 33/38. En efecto, la realizada en el pto. II.A.- dirigida expresamente contra el Acta de Constatación Notarial (fs. 11 prueba documental PD reservada) no merece el menor análisis, en tanto se trata de una actuación llevada a cabo por un Escribano Público.

Dicha instrumental, por tratarse de un instrumento público, goza de una presunción de autenticidad que sólo puede ser desvirtuada por acción o querella de falsedad (art. 290 del Código Civil y Comercial-actual 296 t.o. Ley 26994).

En este aspecto, es necesario reparar en que, no sólo en el mundo del derecho, sino en toda ciencia reconstructiva, se requiere del valioso aporte de la prueba para sostener teorías y rehacer el pasado, reciente o remoto y llegar a la verdad. El destacado procesalista y Maestro colombiano Devis Echandía expresa que "El jurista reconstruye el pasado, para conocer quién tiene la razón en el presente y también para regular con más acierto las conductas futuras en nuevas leyes". Justamente lo que ha querido el legislador al crear el instrumento público, regulando de manera expresa su valor probatorio, es brindar un punto de apoyo seguro para la reconstrucción de los hechos; de manera tal que sean raros y en general infundados, los intentos de destruir sus afirmaciones. Si el instrumento público no significara un aporte probatorio casi indestructible, no cumpliría con ese cometido.

De manera tal que los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él mismo o pasados en su presencia tienen fuerza probatoria con grado de certeza. Entonces, es dable considerar que respecto de las afirmaciones contenidas el acta notarial que obra a fs. 11 PDD el documento aporta una prueba extraordinaria. Remarquemos que el Escribano interviniente no es un testigo, ni un simple redactor; además de ello, es un oficial público dotado de fe pública. Por el principio de inmediatez y unidad de acto, la oficial pública, en este caso Escribana Ventimiglia Bulacios, interviniente ha debido escuchar cuanto el Sr. Augusto Ricardo González le dijo y observó del equipo de telefonía celular de su propiedad; ella percibió "de visu et auditu suis sensibus", como reza la máxima latina (visto y oído por sus propios sentidos), todos los elementos que involucran la manifestación de voluntad de quien solicitó su intervención, el Sr. González.

Sólo pueden caer tales comprobaciones mediante el procedimiento expreso que la doctrina denomina "redargución de falsedad". En el viejo código de Vélez, se aludía a este procedimiento impugnativo, con la palabra "argución" (art. 993 del código derogado); pero, lamentablemente, el CCCN no utiliza esta técnica de expresión. Aun a pesar de la ausencia de la palabra, creemos que es merced a este trámite judicial, que puede llegarse a la declaración de falsedad de la que habla la norma, lo que no ha incoado la actora en estos autos, por lo que al tratarse de una actividad que la Notaria investida de su calidad de Oficial Público ha realizado (fs. 11 PDD), en ejercicio de su atribución fedataria, el mismos está refrendado o reforzado con el máximo valor probatorio. Dicha impugnación por tanto carece de entidad para restarle valor probatorio al instrumento. Es más, el mismo Juzgado rechazó el desglose peticionado mediante decreto de fs. 65.

Respecto de la impugnación realizada en el pto. II. B).- (fs. 36 vta./37), dirigida contra los poderes acompañados, tampoco tiene entidad suficiente para desvirtuar su valor probatorio, dada la ratificación efectuada por la propia demandada -en torno a dicho aspecto será analizado infra-; pero menos virtualidad tiene aún la referencia que hace la impugnante a las condiciones en que se han presentado las copias de los poderes; expresando que las fojas de anverso y reverso se encuentran en forma inversa; que el poder de fs. 22/24 tiene una fecha en el encabezamiento y otra en el final.

Ahora bien, si bien es cierto que las copias han sido presentadas de modo desordenado, a poco que se observa con detenimiento se advierte que el poder de fs. 22 termina a fs. 23 vta. y tiene una sola fecha, la del 19 de marzo de 2013; mientras que la fs. 24 pertenece al poder que comienza a fs. 20 que tiene fecha 13 de febrero de 2013. Por lo tanto este argumento, resulta insuficiente a los fines de disminuir el valor probatorio de dichos instrumentos.	Retomando el análisis atinente a la representación que detenta la apoderada de la demandada que suscribe la notificación del despido, cabe destacar que entran a jugar aquí las reglas del mandato y la representación para actos jurídicos contenidas en el Código Civil. Así, el art. 1319 establece que: "si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato". Así, se ha dicho, que el art. 36 de la LCT establece una ficción legal de representación, puesto que la delegación de poderes no es ficticia e importa un mandato, al menos tácito conforme lo expresado por el art. 1874 del Código Civil -art. 1319 PCCCN- (SCBA, 6/7/84, "Saad c/ Federación de Vendedores de Diarios y Revistas de la República Argentina", DT 1984-B-1601).

En la especie, la firma empleadora, no sólo que no impidió el acto del despido, sino que lo ratificó, mediante el poder de fecha 19/03/3013 -con lo cual, además, dejó de ser tácito, para transformarse en un mandato expreso-; y lo sigue ratificando mediante la representación de la misma profesional para este juicio, en primera como en segunda instancia.	Es decir, que aún cuando hipotéticamente se pudiera entender que la letrada actuó fuera del límite de la representación o sin ella, los artículos 1935 y 1937 del C. Civil (actualmente arts. 369 a 371 CC, t.o. Ley 26944) otorgan las herramientas pertinentes para la convalidación de tales actos mediante la ratificación. Tal ratificación constituye el acto posterior del mandante por el cual este le otorga validez a lo actuado en exceso por el mandatario; reconociendo varias formas de ratificación, entre las que encontramos: la ratificación tácita por cualquier hecho que importe la aprobación; la ratificación tácita por el silencio ante la noticia del exceso informada por el mandatario; y, la ratificación expresa por el acto jurídico que expone la manifestación concreta de voluntad. En la especie entiendo, se han presentado todas las formas de ratificación mencionadas. Es más con el otorgamiento del poder de fecha 19/03/2013, torna operativa la norma del art. 369 C.Civil (antes art. 1936) que dispone que la ratificación tiene efectos retroactivos, en consecuencia, el acto realizado en exceso y ratificado es válido desde su concepción. Pero en todos los casos, insisto, el único con capacidad para desconocer el mandato o sus límites es "el mandante"; por lo tanto, el tercero que pretenda desconocer los términos del mismo es quien debe probar los extremos allí previstos para dinamizar tal representación y la consiguiente existencia y límites.

Podría seguir explayándome sobre este tema, propio del Derecho Común, y sus connotaciones; pero a modo de conclusión, en torno a las facultades de quien notificó la desvinculación del Sr. Quiroga Barrionuevo, entiendo y me siento persuadido, que la comunicación del despido producida por la letrada en nombre de la firma empleadora, constituyó, a todas luces, un acto jurídico válido y por ser el primero en el tiempo, habrá de analizarse sus fundamentos, en tanto ha sido rechazada por el trabajador (ver telegrama fecha 02/03/2013) la causal de pérdida de confianza invocada por la firma, hoy demandada-apelante.	De este modo entiendo que este agravio corresponde sea admitido, al igual que los expuestos en segundo y tercer lugar, por su estrecha vinculación.

III-2) El cuarto agravio que tacha a la sentencia de arbitraria por su evidente parcialidad en favor del actor, entiendo no corre la misma suerte que los anteriores, en tanto una solución adversa al conflicto no lleva ínsita una conducta arbitraria por parte del Juzgador. Razón por la cual, corresponde su rechazo.

III-3) En el quinto agravio se queja la apelante por la procedencia de los rubros indemnizatorios y multas reclamados por el accionante.

A los fines de analizar esta queja y teniendo en cuenta la admisión de los tres primeros agravios, con lo cual se valida el despido dispuesto por la patronal; corresponde analizar si en la especie ha existido injuria que impida la prosecución del vínculo laboral en los términos del art. 242 LCT.

En dicha tarea entiendo conveniente recordar que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 242 LCT, una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren una injuria que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación.

En este caso, la empleadora fue la primera juzgadora de los hechos. Los consideró de una gravedad incompatible con la continuidad del vínculo. Ahora bien, si esta causa es discutida en juicio, incumbe a los jueces la tarea de valorar prudencialmente la injuria, teniendo en cuenta el carácter de las relaciones que resultan del contrato según lo dispuesto en la ley y las modalidades y circunstancias personales de cada caso. Entonces, la calificación atribuida por la parte que rescinde puede y debe ser revisada o convalidada por los jueces.

Cabe señalar que no todo incumplimiento constituye justa causa de denuncia del contrato de trabajo, sino sólo aquél que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación laboral.

En consecuencia, para erigirse en justa causa de despido el obrar contrario a derecho (que es injuria), el incumplimiento, debe asumir una magnitud suficiente para desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato que consagra el art. 10 de la LCT. Por otra parte, la apreciación de la injuria, tal como lo indica la norma del art. 242 de la LCT queda reservada a los jueces que, en cada proceso, deben analizar si la causal invocada ha quedado acreditada.

En la especie, la patronal despide al Sr. Quiroga Barrionuevo "como consecuencia de sus incumplimientos laborales graves en el desempeño de la función de Supervisor en el Proyecto Lama consistentes en violación al: I) al deber genérico de buena fe, II) al deber de obrar con diligencia y colaboración, y III) a normas internas de ATA, a cuyo fin se describen los incumplimientos laborales que motivan su despido. Usted con fecha 18 de febrero bajó del Proyecto Lama, dejando al Sr. Augusto González (dependiente de ATA S.A.) un televisor 32" Samsung, de propiedad de BEASA, a quien indicó USTED, que cuando el Sr. González bajara del Proyecto por favor le baje "su" televisor también. Esta orden suya no sólo ha sido comunicada a González en forma verbal sino que también lo hizo a través de varios mensajes de texto desde su celular. González al pretender bajar el televisor se lo advierte en la salida y él responde que Usted le había hecho ese encargo porque era su televisor, desconociendo el Sr González que fuera de propiedad de BEASA, ya que Usted le había manifestado que era suyo y así ha quedado acreditado con los informes testimoniales y reproducción de mensajes que se han realizado. Su desempeño irregular en el cumplimiento de las funciones, han hecho perder la confianza que la empresa tenía depositada en su persona y constituye incumplimiento grave a sus obligaciones laborales que causa grave perjuicio a ATA S.A. y que genera una absoluta pérdida de confianza en su persona, impidiendo la prosecución de la relación laboral por su exclusiva culpa, todo lo que justifica su despido con causa..." (fs. 10 prueba documental demandada reservada en secretaría).

Previo a dicha comunicación la empresa efectuó una tarea de verificación de mensajes de texto, cotejo de números de celulares, declaraciones de los implicados (ver fs. 11, 12 y 13 prueba documental demandada reservada), intercambios de correos electrónicos entre la Dra. Vargas y directivos de la empresa, en los que se plasmaba lo acontecido, (ver fs. 14 y 16 prueba documental demandada); de donde se colige que la decisión rescisoria de la patronal, de manera alguna respondió a una conducta arbitraria. Por otro lado, la actora además de no rebatir en su demanda la causal invocada por la patronal, no ha aportado elemento alguno de prueba para desvirtuar tales constancias, más allá de negarles valor probatorio.

Cabe señalar a esta altura del análisis, que resulta irrelevante la impugnación que el trabajador despedido realiza tanto en el pto. d) de su misiva de fecha 02/03/2013, como en oportunidad de evacuar el traslado de la documental (fs. 33/38), toda vez que dichas actividades previas al despido, lejos de constituir el "fruto del árbol envenenado", o tener origen ilícito y ser violatorio de garantías constitucionales; entran dentro de la órbita de las facultades de organización y dirección que la ley otorga a los empleadores contempladas en el Capítulo VII del Título II de la LCT.

Se observa que, en su demanda la actora ha realizado un denodado esfuerzo para sostener la posición asumida en su misiva de fecha 02/03/2013, en lo atinente al desconocimiento de las facultades de la Dra. Claudia Vargas para notificarle el despido; y en ese intento descuidó ejercer su derecho de rebatir el principal fundamento del despido producido por la patronal constituido por la "pérdida de confianza"; más allá de las endebles impugnaciones que realiza, que son las mismas volcadas en su telegrama; y que, como lo señalé supra, resultan insuficientes y carentes de asidero jurídico.

De esta manera queda al descubierto la conducta del Sr. Quiroga Barrionuevo, quien al intentar extraer del proyecto un artefacto de TV que no era de su propiedad, sino de la firma BEASA; utilizando para ello el ardid de pedirle a uno de sus subalternos, teniendo en cuenta que el actor detentaba el cargo de "Supervisor", que se lo bajara manifestándole que dicho televisor era suyo. Conducta ésta, que además de contravenir normas internas, se encuentra reñida con los deberes de buena fe, diligencia y colaboración, que provocaron en la empleadora la "pérdida de confianza" que constituye injuria que impide la prosecución del vínculo contractual, en los términos del art. 242 LCT.

La pérdida de confianza en el trabajador constituye un factor subjetivo que justifica la ruptura del contrato si deriva de un hecho objetivo, que sea incompatible con los principios de buena fe que deben primar en todo vínculo laboral. Así, la jurisprudencia ha sostenido: "Es justificado el despido del trabajador que con conducta desleal, en desmedro de los intereses de su empleador, falta a sus deberes de manera tal que afecta la confianza que le fuera depositada, al efectuar operaciones que por elementales razones de ética le estaban vedadas al usar sin autorización bienes del principal que le estaban confiados". (T. y S.S., 1978 - 347).

La causal de pérdida de confianza, es una situación que acontece cuando se advierte el incumplimiento del trabajador que por sí constituye una falta grave; o se trate de reiterados incumplimientos que en forma ínsita traigan aparejado una afectación a los deberes de buena fe, fidelidad o lealtad.

No es una causa que, en forma aislada, pueda invocarse para extinguir el vínculo laboral; sino que debe ser el resultado de una situación que justifique la imposibilidad de la prosecución del mismo.

La jurisprudencia en forma reiterada ha decidido al respecto: "La pérdida de confianza debe derivar de una conducta que, aunque no constituya delito típico del derecho criminal, ofrezca connotaciones elementalmente dolosas que tornen imposible la prosecución del vínculo laboral." (Auto: Díaz, Mónica Elisabeth c/ Cooperativa de Consumo Edificación y Crédito Ltda. El Hogar Obrero s/ Despido. - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. - Sala: Sala III. - Mag.: Lasarte. Vázquez Vialard. - N° Sent.: s.d.56121. - Fecha: 26/05/1988 - Nro. Exp. : 56121/88. - Jurisprudencia de la Nación); en la misma línea: "La circunstancia de que la trabajadora no haya sido considerada culpable, en sede penal, de la comisión del delito que le imputara su empleadora al rescindir la relación laboral no implica que el despido resulte injustificado, toda vez que fue basado en la pérdida de confianza y la propia trabajadora, en un sumario interno, reconoció las irregularidades cometidas." (Auto: Niszhang, Claudia c/ Banco de Nación Argentina s/despido. - Ref.: Pérdida de confianza. Delito. - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. - Sala: Sala III. - Mag.: Eiras. Guibourg. - N° Sent.: S/D 83.291 - Fecha: 07/03/2002 - Nro. Exp. : 83291/02 - Jurisprudencia de la Nación); similar: "El deber de fidelidad impuesto legalmente tiene un contenido ético y patrimonial. Con relación al primer aspecto, la ruptura por pérdida de confianza debe derivar de un hecho que conculque las expectativas acerca de una conducta leal y acorde con el deber de fidelidad creadas con el devenir del vínculo, frustrado a raíz de un suceso que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable, pues cabe esperar la reiteración de conductas similares o manifestar una conducta de este tipo (en igual sentido Sala VIII "Alvarado Juan c/ Metrovías S.A." sentencia Nro.24394)." (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. - Sala: Sala II. - Mag.: Rodríguez. González. - Tipo de Sentencia: Definitiva. - N° Sent.: 92918. - Fecha: 30/09/2004 - Nro. Exp. : 676/02. - Jurisprudencia de la Nación); también: "La ruptura de la relación laboral debe derivar de un hecho objetivo de por si injuriante incompatible con el principio de buena fe que debe primar tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o relación de trabajo (art. 63 LCT). Por ello, la pérdida de confianza, como sentimiento subjetivo del empleador, debe sustentarse en hechos objetivos u omisiones imputables al trabajador que sean de tal gravedad que no consientan la prosecución del vínculo y justifiquen su disolución. Toq. 1215." (Auto: Curci, Diego Walter. c/ Molinos Río de la Plata S.A. s/ despido. - Ref.: art. 63 LCT. - CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO. - Sala: Sala III. - Mag.: Eiras. Guibourg. - N° Sent.: SD. 88.238. - Fecha: 25/10/2006 - Nro. Exp. : 7678/2005. - Jurisprudencia de la Nación).

En el supuesto de autos, la documental acompañada como prueba por la demandada, en mi humilde criterio, resulta suficiente a los fines de concluir a favor de la acreditación de la falta cometida por el actor que ocasionó la "perdida de confianza" invocada como justificación del despido. Toda vez que, como ya lo señalara en párrafos precedentes, las impugnaciones que realiza la accionante resultan endebles y carentes de asidero jurídico; y por lo tanto, insuficientes a los fines de restarle valor probatorio.

Conforme lo analizado, me siento persuadido que el despido directo producido por la demandada en fecha 28/02/2013 reconoce justa causa en los términos del art. 242 LCT. Razón por la cual, entiendo que este agravio corresponde sea admitido en todas sus partes; y así lo propongo a mis pares. Como derivación lógica de ello, debe revocarse el fallo de primera instancia en su totalidad y rechazarse la demanda en todas sus partes.

III-4) Como consecuencia de la solución que propicio al analizar el quinto agravio, entiendo que corresponde admitir el sexto agravio referido a la imposición de costas; las que deberán modificarse, imponiéndose en el 100% a la accionante vencida (art. 125 CPL).

IV) Conforme la solución que se propicia y lo previsto por el art. 264 CPC, se modifican los honorarios profesionales regulados en primera instancia, del siguiente modo: a favor de la apoderada de la parte demandada en el veinticuatro por ciento (24%), en doble carácter y hasta sentencia, de la planilla a practicarse del monto demandado debidamente actualizado; y a favor de los apoderados de la parte actora en doble carácter, en forma conjunta y hasta sentencia, en el sesenta por ciento (60%) de lo regulado a la apoderada de la parte demandada. Todo ello conforme lo dispuesto por los artículos 9, 12, 14, 15, 19, 46 sigs. y cc. de la ley 56-O.

V) En cuanto a las costas de esta instancia, propongo se impongan en el 100% a la parte actora vencida (art. 125 CPL), en tanto si bien no ha prosperado el agravio analizado en el pto. III-2), su incidencia resulta insignificante a los fines de determinar una distribución en las costas del recurso. En cuanto a los honorarios profesionales de segunda instancia, propongo que los mismos se regulen a favor de la apoderada de la apelante, en doble carácter, en el 50%; y a favor de los profesionales de la parte demandada, en doble carácter y en forma conjunta, en el 30%; porcentajes estos que serán calculados teniendo como referencia los honorarios regulados en la presente por la actuación en primera instancia (conforme art. 21, inc. a) de la ley 56-O).

Así voto.-	LA DOCTORA SUSANA RAED DE RAGO GALLO DIJO: Que por compartir los fundamentos del voto del Vocal preopinante adhiere al mismo.-	Encontrándose en uso de licencia el Vocal de esta Sala II Dr. Germán Parra, y presentándose en el caso la concordancia exigida en el art. 37 de la Ley 358-E (ex 40 Ley 5854), la presente resolución será suscripta por los demás integrantes de la misma.-	Por todo ello, por mayoría	RESUELVE:

I) Admitir, salvo en el aspecto analizado en el acápite III-2), el recurso de apelación interpuesto por la demandada, con costas a la actora vencida (art. 125 CPL) -con la aclaración efectuada en el pto. V)-; revocando en todas su partes el fallo de primera instancia, ordenando rechazar la demanda incoada en autos.

II) Conforme lo dispuesto por el art. 264 CPC, modificar los honorarios de primera instancia, regulando a favor de la apoderada de la parte demandada en el veinticuatro por ciento (24%), en doble carácter y hasta sentencia, de la planilla a practicarse del monto demandado debidamente actualizado; y a favor de los apoderados de la parte actora en doble carácter, en forma conjunta y hasta sentencia, en el sesenta por ciento (60%) de lo regulado a la apoderada de la parte demandada. Todo ello conforme lo dispuesto por los artículos 9, 12, 14, 15, 19, 46 sigs. y cc. de la ley 56-O.

III) Regular los honorarios profesionales de segunda instancia a favor de la apoderada de la apelante, en doble carácter, en el 50%; y a favor de los profesionales de la parte demandada, en doble carácter y en forma conjunta, en el 30%; porcentajes estos que serán calculados teniendo como referencia los honorarios regulados en la presente por la actuación en primera instancia (conforme art. 21, inc. a) de la ley 56-O).

IV) Ténganse presentes las reservas de derecho formuladas.

V) Protocolícese, agréguese copia a los autos y hágase saber.	VI) Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.