Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-25


SENT Nro. 483 San Miguel de Tucumán, 25 DE JUNIO de 2003.- Y VISTO: Los recursos de inconstitucionalidad deducidos por el Superior Gobierno de la Provincia y por el Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia en autos: "González, Amanda Esther vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia de Tucumán y otro (Provincia de Tucumán) s/Amparo", y C O N S I D E R A N D O 1. A fs. 92/94 y 95/97 el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán y el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, respectivamente, interponen recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Feria en lo Contencioso Administrativo del 15 de julio de 2002 (fs. 73/80).

Corrido traslado de los dos recursos a la parte actora, la misma ocurre a contestarlos a fs. 103/107. Por resolución de la Cámara del 18/10/2002 (fs. 111) ambos recursos fueron concedidos. Según informe de Secretaría, sólo la codemandada Instituto de Previsión y Seguridad Social presentó la memoria prevista en el art. 97 del CPCT. A fs. 122/124 dictamina el señor Ministro Fiscal y resuelta la excusación formulada a fs. 125, los recursos pasan a conocimiento y resolución de esta Corte.

2. Afirma el letrado apoderado del Superior Gobierno de la Provincia que el recurso intentado se funda en las disposiciones de los incisos 1 y 3 del art. 92 de la ley 6944 y que es admisible, señalando que se trata de un caso de gravedad institucional.

Sostiene la improcedencia de la vía de amparo para el caso, ya que ella requiere de circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave solo pueda eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del amparo. Expone que la demandada no está negando por medio del Subsidio de Salud la prestación médica ni es indiferente al problema de la actora, que el IPSST estuvo asistiendo durante meses en un 100% y ahora por razones de presupuesto, en un 70%, proporción superior a la obligación médica que un afiliado puede exigirle, y que pretende lo que por vía de excepción se le otorgó, creando un antecedente de prestación, más allá de la reglamentación y de la relación del afiliado con el Subsidio de Salud, pudiendo dar lugar a cientos de pedidos de coberturas en la misma proporción que, en definitiva, terminaría por colapsar el sistema.

De otra parte señala que la sentencia recurrida es arbitraria porque se reduce a analizar situaciones fácticas, la crisis económica, los ingresos de la actora, la situación de los familiares más cercanos, las limitaciones económicas del núcleo que podrá asistirla, pero no hay una correcta fundamentación jurídica que justifique la asistencia médica en un 100%, lo que en alguna oportunidad se le concedió pero que con la crisis actual no se puede mantener sino en la proporción de un 70%, añadiendo que el colapso económico alteró al país, por decisiones de política nacional, quedando bien sumergidas las provincias, lo que no es entonces, responsabilidad netamente provincial, puntualizando que esas circunstancias deben ser tenidas en cuenta para imputar responsabilidad y que la sentencia ha perdido de vista el interés general, centrándose en el del actor.

Expresa que se efectúa una cita legal de una norma nacional, ley 24.901 que no rige en la Provincia en razón de que la Legislatura no ha dictado una norma de adhesión y por ende no es aplicable a la obra social provincial, y que las otras citas legales de la sentencia, Constitución Nacional, Provincial, ley 5652 no pueden extender la condena al Instituto de Previsión como tampoco los Pactos Internacionales, pues se refieren a los Estados partes. A su criterio le es aplicable el art. 118 y cc. de la ley 6446, en virtud del cual el Instituto de Previsión se rige por la normativa que cubre a los afiliados y con los límites determinados, que no incluye la cobertura médica total.

Expone que la sentencia no analiza la tacha del testigo, afirma que sus dichos son fundados, generalizando el testimonio y no lo examina jurídicamente, asimismo que resuelve ultra petita, alargando la condena más allá del pedido de la actora, que es arbitraria porque consagra la existencia de derechos absolutos, viola el art. 14 de la CN y que llega a consecuencias absurdas porque el derecho a la salud no puede interpretarse como derecho a una cobertura íntegra de los gastos que demanda su atención, sino conforme a las leyes y reglamentación de su ejercicio. Concluye planteando cuestión federal.

Por su parte, la letrada apoderada del Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia formula agravios idénticos a los de la codemandada antes reseñados. Considera que el recurso se sustenta en el art. 92 inc. 3 del CPCT, que es admisible y que el pronunciamiento es arbitrario al omitir la debida consideración de su contestación de demanda. Reitera el déficit de fundamentación en la condena de su parte, expresado por la codemandada, como el agravio referido a la cita legal de la ley 24.901, señalando que las otras normas legales citadas (CN, CP, ley 5652) podrán en alguna medida fundar la sentencia en relación a la Provincia, mas en modo alguno justifican la extensión de la condena a su representada e insiste en que le es aplicable el art. 118 de la ley 6446. Se queja también de que el pronunciamiento recurrido no consideró lo argüido por su parte acerca de la improcedencia de la vía, reproduciendo el planteo acerca de la inexistencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta exigidos por el texto constitucional. Formula también las críticas referidas a la desestimación de la tacha del testigo, a que el Tribunal habría fallado ultra petita y consagrado la existencia de derechos absolutos, violando el art. 14 de la CN. Concluye en que el pronunciamiento provoca gravedad institucional, indicando que la condena sienta un peligroso antecedente cuya aplicación ha de generar un daño irreparable al erario provincial y al comprometido patrimonio del Subsidio de Salud y que mantiene la reserva del caso federal.

3. En primer término corresponde a esta Corte analizar si los recursos de inconstitucionalidad se ajustan a los requisitos de admisibilidad exigidos por el CPCT. Desde esa perspectiva se comprueba que ambos recursos han sido deducidos en tiempo y contra un pronunciamiento definitivo.

En relación a la cuestión sobre la que debe versar la controversia en la causa en que se dictó la resolución impugnada por vía del recurso de inconstitucionalidad, determinada en las disposiciones de los arts. 91, 92 y 93 del CPCT, se advierte que los dos recursos en examen no se ajustan a la exigencia contemplada en las mencionadas normas.

De conformidad al citado art. 91 la sentencia impugnada debe pronunciarse en una causa en que se haya controvertido acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos que estatuyen sobre materias regidas por la Constitución provincial, siempre que ello forme la materia principal de la discusión entre las partes, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones del recurrente. Concordantemente la norma del art. 92 admite el recurso de inconstitucionalidad, sólo contra las sentencias definitivas referidas en el artículo anterior, en los casos que seguidamente enumera. Por último, el art. 93, en relación a la suficiencia del recurso, dispone que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de las disposiciones de la Constitución Provincial.

La ley procesal constitucional exige entonces que exista cuestión constitucional que haya sido materia principal de la discusión y que ella guarde una relación directa e inmediata con la Constitución local, requisito éste que no se verifica en el caso, en el que lo principalmente discutido ha sido la razonabilidad y/o legalidad, o no, de la resolución del Instituto de Previsión y Seguridad Social, por la que se redujo la cobertura del medicamento prescripto a la actora del 100% al 70%, especialmente en la perspectiva de la regulación legal que rige a la obra social.

Ambos recursos, aun cuando el presentado por el Superior Gobierno de la Provincia hace mención al inc. 1 del art. 92 de la ley 6944, no invocan controversia alguna respecto a la inteligencia de una norma de la Constitución Provincial, ni discuten la validez de una ley, decreto, norma con fuerza de ley o acto administrativo de autoridad provincial que se reputen contrarios a la Carta Magna local y, si bien, se alega que el pronunciamiento es arbitrario por afectar la defensa en juicio y el debido proceso legal, no se trata, la impugnada, de una sentencia recaída en una causa donde la cuestión constitucional forme la materia principal de la discusión entre las partes. Ello se evidencia con los planteos desarrollados en los recursos, referidos, por un lado, a la arbitrariedad del pronunciamiento, fundada en que la decisión de la obra social, en el contexto de las condiciones económicas y sociales nacionales y locales, no sería irrazonable, en la valoración de la prueba testimonial y de la tacha formulada, y en que el Tribunal habría sentenciado ultra petita y de manera contradictoria, y, por otro lado, a que la obra social habría sido condenada en base a una ley nacional que le sería inaplicable, denunciando la errónea aplicación e interpretación del art. 118 de la ley provincial 6446.

En efecto, como lo tiene dicho esta Corte, la arbitrariedad a la que alude el inciso 3 del art. 92 del CPCT, no es cualquier arbitrariedad, sino aquella que afecta el derecho de defensa y el debido proceso, en un pronunciamiento cuyo objeto es imponer la supremacía de la Constitución local sobre normas o actos inferiores, en pugna con aquella, ("Orihuela Mario Enrique y otros vs. Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Tucumán (ATSA) s/Amparo", Sent. 568 del 04/7/2002), situación que no se avizora en el caso, lo que se desprende, como se dijo, de los argumentos esgrimidos para fundamentar el vicio de arbitrariedad y de que el cuestionamiento al marco normativo estuvo centralmente referido a la denunciada indebida aplicación de una ley nacional y a los alcances interpretativos asignados a una disposición legal provincial. No basta, como lo tiene dicho este tribunal, en el precedente antes citado, que la cuestión suscitada entre las partes pueda repercutir de alguna manera en la Constitución Provincial, porque siempre todo planteo, en definitiva, tiene incidencia, en mayor o menor grado, en la misma, sino que se requiere que exista una cuestión constitucional que haya sido la materia principal de la discusión y que ella guarde una relación directa e inmediata con la Constitución local.

Por último, tampoco han demostrado los recurrentes que la cuestión debatida trascienda el interés de las partes, y, por tanto, concurra en la especie el excepcional supuesto de gravedad institucional.

4. Por lo expuesto se concluye en que la ausencia del requisito de admisibilidad examinado conduce a declarar mal concedido, con costas, los recursos de inconstitucionalidad intentados por ambos demandados (arts. 31 del CPCT, 89 del CPA y 106 del CPCCT).

Por ello, encontrándose excusado el señor vocal doctor René Mario Goane y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDOS los recursos de inconstitucionalidad deducidos por el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (fs. 92/94) y el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (fs. 95/97) contra la sentencia de la Sala IIa. de la Excma. Cámara de Feria en lo Contencioso Administrativo del 15/7/2002 (fs. 73/80).

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA