Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-05-30


AUTOS Nº 53430/1 (4º JUZ. CIVIL) (SALA III N 12033) "LAPROVITOLA Gladys Aida S/ Sucesorio (Reconstrucción)" ///En la ciudad de San Juan, a 30 días del mes de mayo de dos mil dieciocho, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Luis Alberto Recio y Juan Carlos Pérez, para conocer sobre el recurso de apelación deducido por el demandado a fs. 84, concedido a fs. 88, contra la sentencia de fecha 12 de junio de 2015, obrante a fs. 81/82.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. LUIS ALBERTO RECIO, dijo:

En sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Justicia agregada a fs. 155/158, se resolvió: I) Acoger el recurso de inconstitucionalidad, con costas. II) Anular la sentencia impugnada y disponer que un tribunal subrogante juzgue nuevamente la apelación del heredero Ricardo Gimenez. III) Declarar abstracto el recurso de casación. IV) Ordenar que se protocolice la presente, que se agregue copia al expediente y a los autos principales y que estos bajen al tribunal de origen. Notifíquese y oportunamente archívese.

Por razones de método referiré brevemente que en el presente Sucesorio, reconstruído, se presenta la heredera Graciela Elena Gimenez y peticiona a fs. 54 rendición de cuentas al coheredero Señor Ricardo Daniel Gimenez por su rol de Administrador de la Sucesión. Comparece éste y deduce excepción de falta de legitimación pasiva por no haber sido administrador de la Sucesión y prescripción de la acción. Esta última respecto de toda acción destinada a rendir cuentas de la supuesta administración que ilegítimamente le atribuye la coheredera, en tanto no hay constancia alguna ni de ratificación ni aceptación de cargo alguno por parte de Gimenez de designación de administrador de la sucesión en fecha 31 de marzo de 2004. Ello de conformidad al art. 4023 del C. Civil.

El Señor Juez del Cuarto Juzgado Civil por resolución de fecha 12 de junio de 2015 obrante a fs. 81/82 resolvió: I) Rechazar los planteos de falta de legitimación pasiva y de prescripción respecto a la rendición de cuentas solicitada, conforme lo ordenado precedentemente. II) Imponer las costas a la incidentista vencida (conf. art. 76 del C.P.C.). III) Regular los honorarios del Dr. Ariel Conti Picco en la suma de pesos Novecientos ($ 900) y los de la Dra. María Florencia Beltrán en la suma de Pesos Un mil trescientos ($ 1.300), todo ello conforme art. 13 de la ley arancelaria.

Contra tal resolución se alza en recurso de apelación el incidentado a fs. 84, el que es concedido a fs. 88 y 91, expresando agravios a fs. 92/102.

Por sentencia de fecha 3 de noviembre de 2015, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, resuelve admitir el recurso de apelación deducido por el demandado, revocando la sentencia de primera instancia, declarando prescripta la obligación de rendir cuentas del Sr. Ricardo D. Gimenez, imponiendo costas en el orden causado.

Fallo que es anulado por la Sala Primera de la Corte de Justicia de la Provincia en fecha 5 de abril de 2017, el que obra a fs. 155/158.

AGRAVIOS.

Pueden sintetizarse de la siguiente forma: Primero) Le agravia al recurrente el apartamiento arbitrario e injustificado de las constancias de la causa sin valorar prueba documental, en especial de fs. 18 y 57/68, aportada por su parte de donde resulta que no es administrador judicial de la Sucesión ni estuvo autorizado para realizar actos de administración ni de conservación de bienes, en especial para la de transferencia de un camión, considerada por el sentencia. El a-quo ha omitido considerar que los bienes denunciados a fs. 11 jamás pudieron ser objeto de administración por el demandado por haber sido objeto de donación antes del año 2004 y de venta posterior en 2007. Tampoco consideró el sentenciante que el camión fue vendido en 2003, un año antes de la supuesta designación de administrador. Respecto del oficio de fs. 22 a que alude el Juez en su fallo para fundar su decisión, no tiene concordancia con la providencia que lo ordena, careciendo de autenticación o legalización por parte de funcionario ni tiene la leyenda del sello que si tienen las otras constancias. Segundo) Resulta artificioso e irreal el razonamiento del Juez a-quo siendo imposible que en 24 horas se haya designado administrador al heredero Gimenez, notificado por cédula, aceptado el cargo de manera expresa ante secretario y puesto en posesión de bienes por intermedio de oficial de justicia. 3) Tratándose de un expediente reconstruído no puede fallar el a-quo en base a presunciones de existencia de constancias que no obran en el expediente y menos que tal circunstancia agrave la situación de un solo heredero. Las consecuencia del extravío del expediente deben ser soportadas por todos los herederos, no habiendo demostrado la incidentista de ninguna manera que el Señor Gimenez haya realizado actos de administración de bienes. Cuarto) Inobservancia y apartamiento injustificado del principio del favor debitoris consagrado por el ordenamiento jurídico. Si no hay copias de aceptación de cargo alguno y puesta en posesión, no cabe presuponer una aceptación de cargo. Y en caso de duda acerca de la existencia o inexistencia de una obligación, debe decidirse siempre a favor del deudor, liberándolo. Quinto) Le agravia el rechazo del planteo de prescripción, cuando afirma el a-quo en la resolución que aún cuando se trate de un expediente reconstruído no surge que se haya presentado la cuenta final o cesado el administrador en sus funciones, en consecuencia no corrió el plazo de prescripción, por lo que rechaza tal planteo. O sea que sigue considerando el Juez que existe obligación de rendir cuentas para concluir que no hay prescripción. Llama la atención que el sentenciante no repare en la conducta temeraria de la incidentista donataria de los bienes, quien después de haber transcurrido más de diez años de la supuesta designación del supuesto administrador, se acordó de repente de exigir cuentas al Señor Gimenez. Sexto) Cuestiona la imposición de costas a la vencida, las que como accesorio de lo debatido y resuelto, materia sobre la que su parte se ha agraviado por ésta vía, corresponde se impongan en su totalidad a la Sra. Graciela Gimenez.

TRATAMIENTO	En mérito a la interrelación e identidad temática entre los agravios primero, segundo y tercero expuestos por el recurrente, abordaré el tratamiento de los mismos en forma conjunta.

Ante la pretensión de la heredera Graciela E. Gimenez requiriendo del coheredero Ricardo Daniel Gimenez rendición documentada de cuentas por el cargo de Administrador judicial de la Sucesión que le atribuye, plantea éste último excepción de falta de legitimación pasiva negando enfáticamente la calidad de administrador judicial y por ende la obligación de rendir cuenta alguna como también la prescripción de toda acción que tenga tal objeto.	La legitimación procesal es el requisito en virtud del cual debe mediar coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y aquéllas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva), respecto de la materia sobre la cual el proceso verse. La ausencia de legitimación tanto activa como pasiva torna admisible la llamada defensa de falta de acción, lo que debe ser examinado en oportunidad de dictar definitiva, previamente al estudio sobre la fundabilidad de la pretensión (cfr. Palacio, Lino E., 'Derecho Procesal Civil', T. I, Abeledo Perrot, pág. 406 y siguientes.

Tal como lo ha expresado reiteradamente ésta Sala, la legitimación de las partes en el proceso, es un presupuesto de la actuación del órgano jurisdiccional y su examen constituye una función investigadora aún de oficio del juez al momento de dictar sentencia. Es decir, que aunque no se hubiera opuesto la defensa de falta de legitimación, el juez está obligado a examinar la concurrencia de los requisitos intrínsecos de la pretensión sustancial deducida, o sea si quienes intervienen en el proceso son quienes deben figurar en ese proceso concreto asumiendo la calidad de partes (Prot. de Sent.,Tº II- Fº 287/290 -1998), o de terceros interesados.- (Prot. de Autos Tº III Fº 421/424 AÑO 2003- 20-08-03).

Para poder exigir rendición de cuentas basta que una persona haya manejado dinero o bienes que sean ajenos total o parcialmente siendo necesario sin embargo que preexista un acto generador de la obligación, en el caso de las sucesiones indivisas tal obligación compete al administrador judicial designado en la misma, circunstancia que permite el control de su actividad por los restantes herederos.	Las funciones del administrador básicamente consisten en la realización de actos conservatorios y la continuación del giro normal de los negocios del causante, debiendo los casos que caen fuera de esa órbita requerir autorización judicial. A su turno, también pesa sobre él la obligación de rendir cuentas, acompañando la documentación original y brindando todas las explicaciones necesarias, por lo que no debemos suponer que de algún modo estamos beneficiando a alguna de las partes con el otorgamiento de dicha función, sino en todo caso buscando la mejor manera de mantener el acervo -evitando duplicación de gastos y costos-, hasta tanto se proceda a la liquidación y distribución del mismo.

En tanto niega el coheredero Ricardo Gimenez el rol de administrador de la sucesión éste es el punto a dilucidar en primer término previo a analizar la prescripción de la acción en tanto, la prescripción de la obligación de rendir cuentas a la cual está sujeto el administrador de la sucesión indivisa comienza a correr desde el momento en que ha cesado en su cargo.

Precisamente se agravia el recurrente ante la conclusión a la que arriba el juez a-quo, en base a deducciones y sin atender a las constancias probatorias incorporadas a la causa en particular las obrantes a fs. 18 y 57/58, teniendo por acreditada la calidad de Administrador Judicial de la Sucesión del Señor Ricardo Gimenez, extremo que niega y desconoce. Considero le asiste razón al recurrente y adelanto opinión respecto de la admisibilidad de los agravios analizados.

En efecto, si bien se trata de un proceso reconstruído, las partes deben prestar la mayor colaboración en esa tarea conforme los principios de lealtad y buena fe que rigen los procesos y al faltar la actuación directa del funcionario fedatario las constancias probatorias deben analizarse conforme principios de la sana crítica y la buena fe. En este sentido ninguna constancia fehaciente acredita la aceptación de cargo de administrador de la Sucesión por parte del incidentado, la puesta en posesión de bienes a su cargo ni la ejecución de acto alguno de disposición y /o conservación de bienes. La denuncia de bienes fue realizada en fecha 02 de agosto de 2002 (fs. 11), habiéndose denunciado la venta del camión marca Ford Dominio C366417 en fecha 24 de junio de 2003. Mientras que la constancia agregada a fs. 23, actuación judicial de designación de Administrador Judicial de la Sucesión en la persona del heredero Ricardo Daniel Gimenez data del día 31 de marzo de 2004, es decir dos años después de la denuncia de bienes y un año después de la venta del camión que integra el acervo hereditario.

Tal como lo advierte el recurrente, obra a fs. 57 y 62 copia de escritura pública de donación de inmuebles ubicados uno en calle 25 de mayo N° 542 Oeste y otro rural ubicado en Departamento Albardón, de fechas 24-10-2002 y 15-03-2003 respectivamente por parte del coheredero Señor Ricardo Gimenez, siendo la donatarias las coherederas, Graciela Elena y Silvia Lilian Gimenez. Como también Poder de Administración y disposición amplio a favor de la primera, hoy incidentista, por parte del Señor Gimenez, de fecha 23 de febrero de 2004. Todos actos anteriores a la fecha esgrimida como de designación de Administrador Judicial del Señor Ricardo Daniel Gimenez. Mientras que a fs. 60 obra copia de escritura pública de venta del inmueble urbano referido, por parte de las donatarias.

Tales circunstancias no consideradas por el Juez a-quo, entiendo constituyen prueba objetiva que permite a partir de las mismas concluir en que resulta altamente improbable que el incidentado haya aceptado y ejercido el cargo de administrador judicial de la sucesión y realizado actos de administración y disposición de bienes integrantes del acervo hereditario con la consiguiente obligación de rendir cuentas de tal gestión. En el caso del camión Ford 600 Dominio C 366417, porque fue vendido en junio de 2003, un año antes de la supuesta designación de Administrador de la sucesión en la persona de Ricardo Daniel Gimenez. Tampoco ha considerado la existencia de un poder amplio de administración y disposición a favor de la ahora incidentista Señora Graciela Elena Gimenez (fs. 65/68), de donde resulta que fué quien tenía la administración y disposición de los bienes del acervo denunciados a fs. 11.

Al designar un administrador de la sucesión se lo hace para que administre la masa de bienes que integran el patrimonio que se trasmite y la actuación se cumple en nombre y representación de los herederos que son sus propietarios en el estado de indivisión. De allí la obligación de rendir cuentas que surge expresamente de la ley ritual y que contrae el administrador desde que acepta el cargo.( CCCO02 CO 1762 I Fecha: 06/11/1995 Lex. Doctor. 9.1). Sin embargo, en la especie aún considerando que hubiere sido designado el señor Gimenez Ricardo Daniel administrador de la sucesión en fecha 31 de marzo de 2004, aceptado el cargo y puesto en funciones, extremos estos últimos no acreditados, tal designación sería a los fines de la administración de los bienes que integran el patrimonio que se trasmite, circunstancia de acaecimiento imposible en tanto a esa fecha, el camión ya había sido vendido (fs. 18) y los inmuebles que dan cuenta las escrituras de donación de fs. 57/58 y 62/63 se encontraban en poder de la coheredera incidentista Graciela Elena Gimenez, tal como se infiere de las constancias de fs. 65/68. Resultando ineficaz como fundamento para sostener la efectiva aceptación del cargo de administrador judicial y ejercicio efectivo del mismo como lo sostiene el Juez sentenciante por vía de presunción, el oficio supuestamente diligenciado según constancias de fs. 22. Este instrumento carece de elementos de convicción suficiente por sobre las constancias objetivas aportadas a la causa precedentemente analizadas que permiten sostener que el Señor Gimenez no aceptó el cargo de administrador de la sucesión ni fue puesto en posesión de los bienes ni realizó actos de administración, y/o disposición de los bienes heredados. Los actos de disposición, también denominados de administración extraordinaria, son aquellos que modifican el capital de un patrimonio, ya sea por enajenaciones -como ventas, donaciones, aportes en sociedades, etc.- o por comprometer el capital den la constitución de prendas, hipotecas o arrendamientos de largo tiempo y, en particular, cuando el art. 1.881 inc. 1° del Código Civil proclama que son necesarios poderes especiales para hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración, indudablemente alude a los pagos referidos a actos de disposición. (REFERENCIA NORMATIVA: CCI Art. 1881 Inc. 1 CC0101 LP 232914 RSD-24-10 S Fecha: 18/03/2010 VILLAR, Federico L. y otro (sucesiones) s/ Incidente de rendición de cuentas (ejecución de sentencia) Mag. Votantes: Carlos Alberto TENREYRO ANAYA - Ana Maria BOURIMBORDE9.

En definitiva, siendo condición esencial para la existencia y exigibilidad de la obligación de rendir cuenta, la existencia de un acto que genere tal obligación, en la especie, la efectiva designación de administrador, la aceptación del cargo y la toma de posesión de los bienes hereditarios con el fin de realizar actos y gestiones en nombre y por cuenta de los herederos, la falta de acreditación de tales extremos obsta a la pretensión de la incidentista. Resulta acreditada la falta de legitimación del incidentado para ser demandado por rendición de cuentas de un cargo que no ha ejercido.

Propicio por tales fundamentos admitir los agravios en estudio y revocar la sentencia en cuanto rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el incidentado, a la que se hace lugar, rechazando el pedido de rendición de cuentas. Costas a la incidentista vencida.

En mérito de lo expresado y conforme han sido resueltos los agravios analizados, cabe una reflexión respecto de lo que es materia del cuarto agravio expuesto por el recurrente, en cuanto sostiene que resulta arbitrario e injustificado el apartamiento del sentenciante del principio del favor debitoris, según el cual en caso de duda acerca de la existencia o inexistencia de una obligación, debe decidirse siempre a favor del deudor o sea, por su liberación. En este sentido cabe recordar que la regla favor debitoris no tiene el alcance de servir para la resolución de casos probatorios dudosos; en rigor, "ella solamente juega en materia de exégesis o interpretación contractual como un precepto residual que debe ser entendido en el sentido de la protección de la parte más débil del contrato (cfr. Borda, G., "La regla "favor debitoris" en las X Jornadas Nacionales de Derecho Civil", LL 1985-D, p. 896; Casiello, J.,"La regla de interpretación 'favor debitoris'", LL 1985-C, p. 1227; Gianfelici, M., "La interpretación de una regla de interpretación: la regla 'favor debitoris'", LL 1985-D, p. 1133).Heredia - Vassallo - Dieuzeide.FHH1 BANCO SHAW SA C/ MAYO, CARLOS S/ SUMARIO.10/11/2008 Cámara Comercial.

En el caso no hay una disposición contractual o cláusula cuya interpretación pueda direccionarse en favor de una parte mas débil; sino de la determinación de la existencia o inexistencia de una obligación cuyo cumplimiento es requerido por una coheredera al peticionar rendición de cuentas en el proceso sucesorio, extremo éste que ha sido resuelto en mérito a las constancias de prueba existentes en la causa, recordando que conforme al principio de las cargas probatorias, como regla básica no son las negaciones sino las afirmaciones las que deben ser probadas, por lo que no puede pedirse que se acredite una defensa cuando no se ha demostrado el hecho que constituye el presupuesto de la acción.

Atento la naturaleza de la cuestión traída a estudio y elementos probatorios considerados en sostén de la solución propiciada, resulta abstracto el tratamiento del agravio en cuestión.

Quinto agravio) Le agravia al recurrente la decisión del Juez a-quo en cuanto rechaza el planteo de prescripción de la acción de rendición de cuentas deducido por su parte, en cuanto expresa como fundamento de tal rechazo que "si bien se trata de un expediente reconstruído, no surge que se haya presentado la cuenta final o que haya cesado en sus funciones, en consecuencia no corrió el plazo de prescripción, por lo que dicho planteo debe rechazarse".

Ya expresé ab inicio que el administrador de la sucesión se halla en la obligación de rendir cuentas, circunstancia que permite el control de su actividad por los restantes herederos, siendo tal obligación inherente al cargo. Pero para que exista la obligación de rendir cuentas como una obligación inherente al mismo, es necesario que preexista un acto generador de la obligación, en el caso, la designación judicial para el cargo, la aceptación del mismo y la toma de posesión de los bienes que integran el aservo, extremos éstos que no han sido acreditados.	Como natural consecuencia de lo decidido precedentemente al tratar los tres primeros agravios del recurrente, admitiendo el recurso y declarando admisible la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por no ser el incidentado la persona que la ley indica como obligado a rendir cuentas en el presente proceso sucesorio, resulta innecesario el tratamiento de la prescripción de la acción que tenga por fín tal objeto.	En cuanto a lo que es materia del sexto agravio, imposición de costas y su adecuación a lo resuelto en el presente, de conformidad al art. 66 y 264 del CPC, cabe la admisión del mismo, debiendo adecuarse la imposición de conformidad al contenido del presente pronunciamiento. Por lo que se imponen las costas a la coheredera incidentista vencida. En consecuencia se revoca la regulación practicada en la sentencia cuestionada y se practica nueva regulación, considerando la labor desarrollada por los profesionales, carácter de la actuación y mérito de la gestión, regulando los honorarios de los Dres. Ariel Conti y Humberto Conti, por su actuación en representación del heredero incidentado Ricardo Daniel Gimenez, resultando vencedor, en forma conjunta, en la suma de Pesos cinco mil y a la Dra. María Florencia Beltrán, patrocinante de la coheredera incidentista, resultando vencida, en la suma de Pesos Mil novecientos. Ambas regulaciones a la fecha del presente pronunciamiento. (Art. 13 ley 56-O).

Costas de la Instancia	Se imponen conforme el resultado obtenido en el presente recurso, de conformidad al principio objetivo de la derrota previsto por el art. 66 del CPC, a la incidentista vencida. Fijando los honorarios de los profesionales actuantes en el recurso, a los Dres Humberto Conti y Ariel Conti, en forma conjunta, en el 50% de la suma que se fija por la labor en primera instancia y a la Dra. María Florencia Beltrán en el 30% de la suma fijada por su actuación de primera instancia. (art. 16 y 21 de la ley 56-O). Así voto.

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Luis Alberto Recio.

Por ello, normas aplicables y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso deducido a fs. 64, revocando la sentencia de fecha 12 de junio de 2015, obrante a fs. 81/82, en función de la admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el incidentado co heredero Ricardo Daniel Gimenez, con costas a la contraria.

II) Regular los honorarios por la actuación en primera instancia de los profesionales intervinientes en la forma y montos indicados en el considerando respectivo.

III) Imponer las costas de la instancia a la vencida, conforme considerando respectivo, fijando los honorarios en la forma y porcentajes indicados en el mismo. (Art. 66 del CPC).

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada y bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. LUIS ALBERTO RECIO; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. AUTOS T° I F° 152/159 AÑO 2018