marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba testimonial, desistimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIRIS, JUAN GABRIEL c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR USO DE ARMA DE FUEGO Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

En torno a la imposibilidad alegada por la quejosa de interrogar en juicio a testigos que fueron desistidos por la Fiscalía, lo cierto es que no persuade la presentante sobre la decisividad de su reproche en las concretas circunstancias del caso y el impacto que el mismo tendría en el resultado final de la causa, pues es de ver que la Alzada desestimó tales postulaciones recursivas invalidantes con base en sostener que el propio órgano acusador no había negado -como se le atribuía- la sobrevida con inconsciencia de la víctima, desde que su teoría del caso no residía en que dicho estado fuera advertido por los médicos y funcionarios policiales que arribaron al lugar por lo menos los primeros más de diez minutos después de acaecido el hecho, sino que la misma radicaba en otorgarle credibilidad al testigo que relatara que el diálogo que mantuvo con aquélla se produjo apenas recibió el impacto y cuando el deponente inmediatamente lo estaba asistiendo sin perjuicio de que luego perdiera la conciencia.
Pagaré, pago, pagaré a la vista
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO MESOPOTAMICO COOPERATIVO LIMITADO c/ GIOVANELLI EDUARDO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-03-25

Nuestra ley cartular -artículo 43 decreto 5965/63- admite la posibilidad de pago anticipado antes del vencimiento, que es un acto voluntario por parte de ambos intervenientes, dado que el portador no está obligado a recibirlo -artículo citado primer párrafo- y el suscripto y -o pagador no está obligado a efectuarlo; ese pago puede ser parcial, si el portador lo admite. Tratándose de un pagaré a la vista, cuyo vencimiento opera, por vía de principio, a la presentación del pago, la aceptación por el tenedor de pagos parciales anticipados, no supone nada más que ello, es decir, pagos anteriores al vencimiento y por ende no presume la presentación al pago, acto librado a la iniciativa del portador legitimado dentro del plazo legal o convencional predispuesto, salvo que el deudor demostrare con fehaciencia lo contrario.
Suspensión del juicio a prueba, vista al fiscal, facultades del querellante, aplicación analógica de la ley, ley penal más benigna, debido proceso, recurso de apelación (procesal), igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CIBEIRA, Javier s/ SUSPENSION DEL PROCESO A PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-16

La ley 24.316, que regula la suspensión del juicio a prueba, sólo ha previsto la conformidad fundada del fiscal a los efectos de la concesión del beneficio, motivo por el cual, nada tiene que ver la querella en este trámite en el cual se aplica por analogía una norma que favorece al imputado; la intervención del querellante sería aplicar por analogía, normas procesales penales en contra del encausado, situación que está estrictamente vedada por el art. 18, C.N.

Debe ser declarado mal concedido el recurso interpuesto por cuanto no hay necesidad de intervención del querellante en un instituto como el de suspensión de juicio a prueba, en el cual los fines de prevención nada tienen que ver con los fines de la querella.

En cuanto a la concesión del recurso deducido por la querella, ha sido resuelta en contra de mi posición y como lo he venido sosteniendo en anteriores pronunciamientos , estimo que intentar reducir la institución de la suspensión del proceso a prueba a un problema de tipos penales, y no a un tema de montos de pena, es inconstitucional, ya que se estaría violando el principio receptado en el art. 16, C.N. que regula la igualdad de las personas que obliga a una igualdad de tratamiento para igualdad de circunstancias. Por lo tanto, seis meses de prisión significan lo mismo, tanto para la persona, como para la sociedad, ya se trate de un hurto o de una estafa, por lo que no se debe admitir un tratamiento distinto para iguales condiciones. (Disidencia del Dr.

Donna)
Declaración de insania, prueba pericial, pericia médica, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: C., B.E. s/ INHABILITACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-17

La regla general en materia de pruebas periciales a realizarse sobre el cuerpo de las personas es que ellas no pueden efectuarse contra la voluntad del sujeto, sin perjuicio de las presunciones que de su negativa pueden extraerse. Pero, en ciertas circunstancias excepcionales, puede incluso actuarse compulsivamente, como sucede con la internación a que es sometido el denunciado por insania cuando no es posible acompañar los certificados. Esto pone de manifiesto la trascendencia que el ordenamiento legal asigna a la peritación médica, que no sólo cumple una función de asesoramiento para el juez, sino una garantía en beneficio del denunciado.-
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romero, Manuel c/ Coria, Mario A. y ots. s/ Daños y Perjs.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

Tratándose de colisión entre rodados, cada dueño o guardián debe afrontar los daños causados al otro, salvo que demuestre que el accionar de la víctima o de un tercero excluya o limite su responsabilidad. Dicha prueba debe ser concluyente, capaz de desplazar del ánimo del juzgador todo vestigio de duda.
Derecho laboral, despido, retiro voluntario
Materia: LABORAL
Carátula: DE LA ARADA, Luis Angel c/ BANCO DE LA PAMPA s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-04-10

La disolución del vínculo laboral mediante el sistema de "retiro voluntario" implementado por la patronal a fin de reducir la planta de empleados no faculta a presumir la invalidez del acuerdo ni colegir la ausencia de voluntad concurrente del trabajador.- Si bien la posibilidad de que mediante un acto jurídico con apariencia de acuerdo se violente en la realidad el principio de irrenunciabilidad consagrado en el artículo 12 de la L.C.T. no debe descartarse, ello será así si se demuestra la existencia de vicios invalidantes de la voluntad. De no existir dichos vicios que obsten a la validez como libre expresión de la voluntad, no hay razón para la procedencia de la nulidad del acto jurídico si se ha probado el previo acuerdo de voluntades entre las partes, relativo a la extinción del vínculo.- En estos términos, la doctrina laboralista ha considerado que la circunstancia de que el empleador hubiere propuesto al trabajador una negociación tendiente a lograr su dimisión, no puede considerarse como un despido oculto bajo la apariencia de "renuncia", pues éste no está obligado a aceptar la propuesta ya que goza de la protección contra el despido arbitrario que se traduce en indemnización tarifada (arts. 14 bis de la C.N., 2 y 245 L.C.T.).

En realidad, el trabajador opta según su conveniencia por aceptar la oferta (no una imposición irresistible), razón por la cual "el posterior arrepentimiento en virtud de haber elucubrado que hubiera podido obtener una mejor solución (desde no renunciar, a obtener una mayor compensación) no es motivo para afirmar que, en su momento (no en otro) no gozó de libertad para decidir.", y agrega: "...en tanto no se acredite la existencia de una presión capaz de obligar a una persona a obrar en contra de su voluntad, no cabe declarar la nulidad del acto de renuncia".
Interpretación del contrato, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: A. de R., A. c/ P., R.C. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-20

En la tarea de valorar esa conducta de los partícipes del negocio, el juez deberá tener en cuenta no ya el comportamiento de una parte aislada, sino de todos los que han dado lugar al contrato, y en ese delicado quehacer -en que deberá verificar hechos y derecho- el de la buena fe será un auténtico principio que, recibido de la moral por el derecho, ha de predominar o sustituir a los criterios lógico-formales tradicionales.
Interdicto de retener, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Stimpfl Llera, Francisco José c/ La Educación Integral s/ Interdicto de retener
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1975-02-20

Si se intenta la acción del artº 604 CPC, el debate es ajeno a la pretensión posesoria a que alude el artº 617 CPC, supuesto este último a cuyo respecto mantienen plena vigencia los artº 2473, 2480, 2481, 2482, 2887 y 2495 CCI.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sanchez, Emilio René c/ N.N. ocupantes del inmueble Villa Elisa s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

La Cámara no se halla obligada a tratar todos los temas sometidos a su consideración si, en atención a la solución que se propone, ello se torna innecesario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, daño moral, abogados, ejercicio profesional
Materia: CIVIL
Carátula: G.L., M. c/ SKODA AUTO A.S. s/ COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-24

En toda profesión o actividad cuando se encomienda un desempeño profesional éste sabe o debe prever que se desista de llevar adelante los actos encomendados y esto no constituye un daño derivado del incumplimiento contractual sino la pérdida de la utilidad esperada, derivada del ejercicio del derecho del cliente a desistir de la encomienda, circunstancia ella contingente y previsible a la que no puede atribuirse malicia ni puede calificarse de ilícita, de ahí que no corresponde resarcir el daño moral solicitado por el desistimiento de la obra. (Sumario N°21108 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Cuestiones de competencia, competencia federal, competencia penal, hurto
Materia: PROCESAL
Carátula: VALLEJOS, SAVERIO. s/ DENUNCIA HURTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26

Corresponde a la justicia federal entender en la causa en la que se investiga la sustracción de un manojo de llaves del interior de un automóvil estacionado en la vía pública, entre las que había una correspondiente a la puerta de entrada y otra a la caja de seguridad de la oficina de la Delegación Naval Concordia de la Armada Nacional. Ello así, pues el hecho denunciado ocasiona un perjuicio si bien de muy escasa consideración- al patrimonio Nacional.
Banco central, intervención de entidades financieras, intervención cautelar, representación de la sociedad, responsabilidad del banco
Materia: BANCARIO
Carátula: Zambrana Mario Arellano y otro c/ B.C.R.A. y otro s/ Proceso de Conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

El instituto de la intervención cautelar, que prevé el art. 24 de la ley 22.529, implica el desplazamiento de los órganos naturales de administración y representación de la entidad intervenida, y los actos de la intervención continúan obligando sólo a la persona jurídica en los términos del art. 58 de la ley 19.550, sin que la autoridad monetaria asuma responsabilidad solidaria pasiva alguna.

El Banco Central, durante el período de la intervención cautelar, tiene la obligación de administrar diligentemente el patrimonio de la entidad, siendo pasible de responder por los daños y perjuicios que se deriven de un cumplimiento irregular de las funciones, conforme a lo prescripto por el art. 53 in fine de la ley 21.526, modificado por ley 22.529, pero no es el sujeto responsable durante ese lapso de las obligaciones contraídas por la entidad. (Del voto del juez Buján, cons. 6.1).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Burgos, Eduardo Fortunato s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-15

Es insuficiente el agravio que no se relaciona con norma legal alguna que hubiera resultado transgredida (art. 355, C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.-).
Legitimación procesal, protección de consumidores y usuarios, derechos de incidencia colectiva, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Grindetti, Néstor Osvaldo c/ Edesur S.A. y otro s/ amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

La ley 24.240 legitima a las autoridades locales de aplicación para accionar judicialmente (artículo 52) pero establece específicamente que esas autoridades son las provincias y la Ciudad de Buenos Aires (artículo 42); es claro, por lo tanto, que dicha ley no reconoce como legitimados anómalos para la defensa colectiva de los derechos de los usuarios residenciales que habitan en el municipio a ningún organismo municipal.
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., M. J. y Otro c/ L. S.C.T.L s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-31

No cualquier diferencia de trato es automáticamente descalificable por violatoria del principio de igualdad ante la ley. Más aún, cuando la diferenciación tenga un correlato con una diferencia de situaciones entre las personas, el trato diverso tendrá justificación y no será cuestionable.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, nulidad de sentencia, Cámara de Apelaciones, voto mayoritario, voto de adhesión
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FOSCHIATTI, HERIBERTO PEDRO c/ GUELER, ISAAC LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- JUICIO ORDINARIO POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10

Merece ser descalificada como acto jurisdiccional válido la sentencia impugnada desde que , más allá de que pueda afirmarse que el caso ha sido resuelto mediante "el voto totalmente concordante de dos jueces" (art. 26, ley 10160), la infracción constitucional del fallo sobreviene atento a que uno de los Vocales de Cámara, no votó efectivamente la segunda cuestión. En efecto: la escueta aseveración que efectúa la Magistrada respecto de que "Lo votado al tratar la primera cuestión, posición que pese al voto mayoritario en contrario mantengo, me exime de considerar los agravios que sostiene el recurso de apelación", no justifica el cumplimiento del deber funcional de examinar, tratar y decidir sobre los vicios "in iudicando" imputados por la actora reconvenida a la sentencia inferior, siendo que era la Magistrada del primer voto conforme al sorteo efectuado de la causa, y que por ende, su "voto" constituía el punto de partida de la deliberación sobre la justicia de lo decidido en la instancia anterior. Mas concretamente, no hubo un "efectivo voto" de la Vocal de Cámara, configurándose así, una lesión constitucional al derecho de defensa en juicio del ahora recurrente que solo puede ser reparada mediante la anulación de la sentencia en los términos de la doctrina de la arbitrariedad. Aferrarse a la simple comprobación de la existencia de dos votos para otorgar validez de la sentencia implica desestructurar todo el sistema de mayoría y de deliberación a que están sujetos los órganos colegiados. (DEL VOTO DE LA DRA. GASTALDI)
Sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Carlos Roberto Villarroel s/ Presunta Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-04-22

El Señor Juez condena al imputado sufrir una pena de tres años de prisión de ejecución condicional con la modalidad del delito continuado e inhabilitación especial perpetua, pero omitiendo toda mención del "nomen juris" de la actividad delictual que se juzga.

Los requisitos rituales que para la sentencia se prescriben en el art. 495 del C.P.M.P. permiten advertir que la omisión mencionada contraria las disposiciones expresas de la regla cuarta, punto 1 de la mentada disposición adjetiva.

Como consecuencia de lo apuntado y como mención procesal a tal defecto del dispositivo sentencial corresponde decretar la nulidad del fallo recurrido, por revestir trascendencia el vicio que exhibe el fallo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, jueces, intereses, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NUÑEZ, DIEGO SEBASTIAN c/ EXPERTA ART S.A. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-30

La queja del recurrente en cuanto a la tasa de interés y su fecha de cómputo no puede tener favorable acogida, puesto que la Alzada dio nutridos fundamentos por los cuales resultaban inadmisibles sus postulaciones, argumentando que de por sí la materia ya se encontraba en el ámbito reservado de los jueces de la causa y por tanto, en principio, ajena a esta impugnación extraordinaria, pero igualmente analizaron el reproche, evidenciando que la recurrente sólo había espigado fragmentos de precedentes judiciales mas sin bajarlos en concreto al caso de marras, y también resultando deficitaria la exposición de la lesión a sus derechos por cuanto en ningún momento demostró los fundamentos por los cuales la tasa aplicada resultaría irrazonable; debiendo destacarse a su vez -como es sabido-, que esta Corte ha fallado en numerosos expedientes confirmando tasas como las fijadas por el juez -y confirmadas por la Alzada- en el presente caso; y también es cierto que lo ha hecho en sentido opuesto, es decir, anulando sentencias que al fijar tasas similares, lesionaban derechos constitucionales de las partes allí encontradas; mas lo cierto es que la irrazonabilidad de las tasas fijadas en cada caso no se define como mejor o peor derecho por genéricas operaciones matemáticas o porcentuales, sino por la fundamentación brindada por los tribunales, por las particularidades del caso y por la suficiencia de las mismas a los fines de alcanzar una reparación razonable, siendo que en orden a evidenciar una arbitrariedad en su utilización, no quedan dudas de que su demostración resulta una carga reforzada del recurrente, la cual no se satisface con la mera manifestación de disconformidad.
Resoluciones judiciales, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Nahuelpán, José Miguel c/ Velazco, Mario y Otros s/ Transferencia Automotor  Daños y Perjuicios  Beneficio de Litigarsin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-14

La sentencia es "una unidad lógica-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos".de tal modo, "no es sólo el imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que le da validez y fija los alcances del pronunciamiento, estos dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión".
Asociaciones sindicales, conflicto intrasindical, acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION DEL PERSONAL DE VIALIDAD NACIONAL c/ DIRECCION   NACIONAL  DE  ASOCIACIONES  SINDICALES  -  MINISTERIO  DE TRABAJO DE LA NACION s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

Debe quedar siempre a salvo la vía de la ley 16986 -de trámite semejante al proceso sumarísimo indicado en el art. 47 de la ley 23551- para aquellos casos en los que, invocándose ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en un acto de autoridad pública capaz de amenazar las garantías constitucionales respecto de una organización sindical libre y democrática, las vías que se estimen abiertas para proteger el derecho no sean aptas para garantizar una reparación efectiva. En este contexto ha de recordarse que los conflictos intrasindicales por la conducción de las asociaciones se hallan a menudo dotados de una dinámica tal que los hechos políticos consumados tornan ilusorio el cumplimiento de resoluciones muy posteriores que eventualmente dispongan retrotraer la situación a su estado primitivo.
Demanda, daños y perjuicios, quinquenios, jubilaciones
Materia: LABORAL
Carátula: AYESTARAN, DABOBERTO c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-07

No corresponde que tenga recepción favorable la pretensión de los actores que demandaron al Estado Nacional por daños y perjuicios, en virtud de haberse jubilado en el lapso en que no estuvo vigente el beneficio de quinquenios entre 1978-1993. Ello así, pues el planteo que tardíamente se realiza, está dirigido en realidad a cuestionar la ley 21476, que es la que anuló las cláusulas convencionales, que podrán ser la causa fuente del derecho subjetivo que los actores tratan de hacer valer.
Auto de sobreseimiento, nulidad procesal, vista de las actuaciones, falta de vista previa, querellante, legitimación procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Podestá, José s/ Nulidad Procesal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

Habiendo solicitado el apelante ser tenido por parte querellante con anterioridad a la resolución por la que se sobreseyó provisionalmente la causa, sin que tal requerimiento fuera atendido en forma positiva o negativa, accediéndose a la petición al dictarse la resolución recurrida, corresponde declarar la nulidad de la misma por violación al art. 441 del Código ritual.
Delitos tributarios, evasión fiscal, sanciones tributarias, multa tributaria, culpabilidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Victorino Reschini e hijos SRL (TF 15086-I) c/ D.G.I..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-27

En lo concerniente a la caracterización del ilícito -aspecto que entraña la hermeneútica de la norma contenida en el art. 46 de la ley fiscal- y en cuestiones de índole sancionatoria, la Corte ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida objetiva como subjetivamente (Fallos 271:297). Ello no obstante, si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema penal vigente (Fallos 278:266). En la especie, la recurrente se ha limitado a predicar su falta de intencionalidad y la existencia de error material, sin definirlo y demostrarlo concretamente. Por lo demás, la circunstancia atinente a la presentación de la declaración rectificativa una vez notificada a la iniciación de la inspección, resta entidad a la "espontaneidad" aducida.
Improcedencia del recurso, recurso extraordinario federal, confirmación de sentencia, sentencia condenatoria, participación necesaria, sustracción de menores, código penal, imprescriptibilidad de la acción penal, delitos contra la humanidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Gómez, Francisco y otros s/ Sustracción de menores de 10 años
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-30

Cabe declarar improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que rechazó los planteos de nulidad, incompetencia y prescripción y condenó al demandado a la pena de diez años de prisión por considerarlo partícipe necesario de la sustracción de un menor de diez años ( art. 146 del Código Penal), pues -frente a la no prescripción de la acción penal en función de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad-, la materia decidida en el juicio quedaría inalterada aun cuando se decidiera revocar la parte cuestionada al respecto sobre la base de considerar que el delito aquí imputado no integra el universo de casos abarcado por aquel concepto ( Voto del Dr. Ricardo L. Lorenzetti).