marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

Debe entenderse a las normas constitucionales no sólo como preceptos que fijan pautas de interpretación, sino que también debe analizárselas en su contenido, espíritu y finalidad, otorgándole la fuerza de convicción necesaria como para que, a través de ellas, se logre la protección de los derechos básicos de toda sociedad. En ese sentido, tanto las normas expresamente previstas en el texto constitucional, como las implícitamente referidas, exigen un respeto efectivo y pragmático, para no quedar reducidas a meros enunciados nominales. (Del Voto del Dr. Iribarren)
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Tonconogy, Sergio Enrique y otro c/ Banco Central de la República Argentina s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-28

Corresponde declarar desierto el recurso, si no se expresa en el memorial argumento alguno que sustente la pretensión esgrimida.
Enfermedad profesional, personas con discapacidad auditiva
Materia: LABORAL
Carátula: Carballo, Daniel A. c/ SCIMACA S.R.L. s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 97-00, Resol. Nro. 213, Tomo 24, Folio  457)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-15

El "AMA 51" con la aplicación de normas "ISO" o "AMA 71" de "De Marco", es la más adecuada. Es que el método "AMA 51" le otorga valor discriminado a cada una de la frecuencias, lo cual reviste importancia ya que no es lo mismo una pérdida en los 1000 hz. que una en los 4000 hz. Para el método AMA 79 todas las frecuencias son idénticas y no valora la pérdida en la de los 4000 hz. de importancia en la captación de sonidos que si bien no hacen a la palabra hablada revelan en forma incuestionable una lesión que no puede descartarse en modo alguno que no represente una incapacidad.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, prueba, facultades del juez, iura novit curia, fallo plenario
Materia: CIVIL
Carátula: P.E. c/ L. DE P.N.B. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

Por opinión mayoritaria a raíz del plenario de la Cámara Civil del 28 de diciembre de 1953, que haciendo referencia a los hechos y no a las causales del divorcio, establece que no es posible decretar el divorcio en base a la prueba de hechos que en ninguna forma fueron aludidos en los escritos de demanda y reconvención, ni invocados como hechos nuevos, no obstante ello se admite decretar el divorcio por una causal distinta a la invocada, cuando ésta surge de un hecho oportuna y expresamente articulado, y que se probó en forma fehaciente.

Si las partes equivocan en la calificación jurídica de los hechos argüidos y probados, el juez puede con arreglo al adagio iura novit curia encuadrar los mismos en la verdadera causal, toda vez que es a él a quien compete su exacta calificación.
Posesión, animus posesorio, corpus posesorio, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: RODRÍGUEZ, LUCIO c/ MAS DE PLANA, MARINA Y OTROS s/ ACCIÓN REIVINDICATORIA - II CPO.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-04-14

Quien pretende usucapir debe acreditar fehacientemente los extremos de su pretensión y entre ellos, cuando comenzó a poseer para sí, a fin de poder decidir se ha cumplido el término legal.

Pero tanto en lo que se refiere al animus como al corpus posesorio, la prueba debe ser clara, concluyente y apreciarse con severidad, es decir, que debe ser suficientemente afirmativa y convincente para proceder a admitir la adjudicación de un inmueble por aplicación de los arts. 4015, 4016 y conc. del Código Civil.-
Salud mental, menores, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ezpeleta María Gabriela s/ Internación Ley 8806 s/Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-26

Ante el conflicto de interpretación legal que se plantea, debe acudirse al elemnto teleológico previsto en ambas legislaciones que disponen que la ley deberá ser interpretada en el sentido más favorable al menor y al paciente con padecimientos mentales respectivamente (artículo 6 Ley 8490 y artículo 15 Inc. a Ley 8806).

Esto así atendiendo a que la menor se encuentra en situación de patrocinio institucional y lo ideal sería que se encontrase internada en un establecimiento ubicado en la jurisdicción territorial del Juez de Menores interviniente para que todo lo relativo a la menor sea tratado por un mismo Juez como lo propone el Fiscal General del S.T.J.; la circunstancia de que el establecimiento asistencial se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de dicho juzgado no empece a que los controles de su internación, el cumplimiento de los principios procesales de oficiosidad, celeridad e inmediación, así como el ejercicio de derechos esenciales del interno tales como la intervención directa del paciene siempre que desee ser escuchado -artículo l5 inciso c ley 8806-, puedan ser llevados a cabo, rogatoria mediante por el Juez en lo Civil y Comercial de Diamante si así lo dispusiera la Sra. jueza de menores que por la presente se declara competente. En el caso, estando las menores también bajo patrocinio institucional del Juzgado de Menores, responde más a la lógica y al sentido común, que se mantenga la unidad de tratamiento, por lo que se declara la competencia del Juzgado de Menores interviniente.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, secuestro de bienes, depósito judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: A. E. R. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DENUNCIA-  INCIDENTE DE DEVOLUCION DE EFECTOS (EXPTE.: NRO. 456 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-07

No reúne el recaudo de definitividad que exige el artículo 1 de la ley 7055 el pronunciamiento en virtud del cual la Alzada confirma la resolución del juez de primer grado denegatoria del pedido de devolución de efectos secuestrados, manteniendo en el cargo a la depositaria judicial designada a tal fin, en cuanto importa la prosecución de la investigación hasta "definir la cuestión desde el punto de vista penal, ante la probable configuración de ilícitos".
Amparo por mora, costas, costas al vencido, costas en el orden causado, jerarquía constitucional, derecho de propiedad, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ FREDES, MARIA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-28

Cuando el imperativo por excelencia es costas al vencido y no existen en la causa supuestos que permitan eximir al perdidoso de las mismas, el fundamento de una distribución en el orden causado pierde todo sustento. Si bien la C.S.J.N., al analizar el tema atinente a los amparos por mora, entendió que le era aplicable el art. 21 de la ley 24.463, sin perjuicio de las objeciones que merece la viabilidad constitucional de dicha disposición, debería concluirse que este tipo de casos no se incluye dentro de las previsiones del citado cuerpo legal, ya que aplicar por analogía un precepto que en gran modo restringe el derecho de propiedad y de igualdad ante la ley a supuestos no contemplados expresamente, resulta improcedente. (Del voto del Dr. Fernández)
Empleados públicos, nombramiento, aptitud psicofísica, policía, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MALDONADO, FELIX ABELARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 194-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-05-30

La administración pública puede dejar sin efecto la designación de un agente si éste ingresó sin tener aptitud física y ello se acreditase mediante el dictamen del organismo técnico competente previsto por el artículo 68 del decreto 1073-75
Seguros, riesgo asegurable, exclusión de la cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: COGORNO, Lorenzo c/ COGORNO DE GASPAR, Delmira y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-15

Si el asegurador ab-initio, manifestó explícitamente no cubrir el riesgo asegurado, para el caso de que éste fuera sufrido por parientes del asegurado, dentro del segundo grado de consanguinidad, si el damnificado se encuentra dentro de esa hipótesis, no resulta un tercero y, por ende, tal cláusula de exclusión le impide accionar contra la aseguradora.-
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GEOVIAL S.R.L. EN J: 143077 GEOVIAL c/ INTERFACE s/ Embargo Preventivo (LIBRO: A072 - 306)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-08

La falta de contestación de la demanda (cualquiera haya sido el motivo) puede determinar una presunción favorable a la pretensión del actor, que no puede dejarse de valorar en el momento de proveer la cautelar, sin que sea necesaria la declaración de rebeldía.
Robo calificado, robo de automotor, pena, inconstitucionalidad
Materia: PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: ACUÑA CARLOS OMAR s/ ROBO    CALIFICADO    -  ROBO  DE  AUTOMOTOR  -  INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-22

El art. 38 del Decreto-ley 6582/58 que agrava la pena de los robos calificados de automotores, es inconstitucional por ser contrario a los arts. 1, 14, 16, 28 y 33 C.N., al no respetar su pena de reclusión o prisión de 9 a 20 años la jerarquía de los bienes que surgen de la constitución nacional (art. 1) que prioriza la vida humana sobre los demás bienes y no la propiedad como lo hace el referido art. 38 que además, privilegia sin fundamento alguno los automotores frente a otras cosas muebles de valor, equivalente o superior. (Voto de la mayoría Dres. Jorge Vivas y Carlos Hairabedian).-
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, domicilio
Materia: PROCESAL
Carátula: A.P.S.  (ASOCIACION  DE  PRESTACIONES  SOCIALES  PARA  EMPRESARIOS  Y PERSONNAS  DE  DIRECCION  DE  EMPRESAS  DE  LA PRODUCCION, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS). c/ INMOBILIARIA GINAINI. s/ JURISDICCION Y COMPETENCIA. PRORROGA.    ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TRABAJADORES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-02

En las cuestiones de competencia planteadas en los casos en que las partes tienen sus domicilios en diferentes provincias, o una en una provincia y otra en la Ciudad de Buenos Aires, debe aplicarse para su resolución la ley nacional.
Comisión de delitos, imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ochoa, José Antonio y O.G.R. s/ Robo agravado por el uso de armas -Homicidio doblemente calificado   -Homicidio doblemente calificado en grado de tentativa en concurso   real.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-03-24

En los casos de reconocimiento efectuados en Debate no se puede hablar de un reconocimiento en sentido estricto, su resultado podrá ser libremente valorado por el Tribunal, conforme las reglas de la sana crítica -Cafferata Nores-.

En el caso de autos, ese reconocimiento autorizado implícitamente por el art. 362 del C.P.P., resulta plenamente válido, debiendo expresarse respecto de la testigo -víctima sobreviviente- que se dan las pautas que otorgan plena credibilidad a sus dichos, en especial la inexistencia de todo interés que pudiera influir en la voluntad del reconociente.
Derecho a la salud, tratamiento médico
Materia: CIVIL
Carátula: R, S J c/ INSSJP s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-31

Ser una obra social supone la confianza especial en el experto (dominio del hecho técnico) que debe extremar los recaudos de provisión de prestaciones integrales, igualitarias y humanizadas para servicios accesibles, suficientes y oportunos.
Concurso de delitos, violación, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ SEBASTIAN CARLOS DARIO. s/ ROBO CALIFICADO, ABUSO DESONESTO Y VIOLACIONES REITERADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-02

Si bien es verdad que la privación de la libertad del sujeto violado puede ser tenida como elemento constitutivo del tipo, cuando la inmovilización a que necesariamente queda reducida la víctima del delito de violación se extiende más allá de lo indispensable para la ejecución material del mismo, este delito y la privación de la libertad concurren en la forma prevista en el art. 55 del Cód. Penal.

Se ha de tener presente que la privación de la libertad que absorbe el delito de violación es aquella concomitante con los actos de abuso sexual, necesaria para obtener la sujeción del cuerpo de la víctima a los fines del acceso carnal o los tocamientos impúdicos, no abarcando aquellos actos anteriores privativos de libertad con miras deshonestas, que importen el traslado de la víctima al lugar en que se espera realizar el acometimiento sexual.
Renta vitalicia previsional, reajuste jubilatorio, acción de amparo, improcedencia del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cebrian Miguel Angel c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Corresponde hacer lugar a la acción de amparo contra A.N.Se.S. a fin de que se le reconozca su derecho a la Movilidad de la Renta Vitalicia Previsional, cfr. "Deprati Adrián Francisco" (C.S.J.N. fallo de fecha 04.02.16). Pues no corresponde rechazar "in límine" la acción intentada, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva acerca de la pretensión de la amparista, pues el art. 3 de la ley 16.986 exige para ello que la misma sea manifiestamente inadmisible, es decir, que resulte indiscutible la inexistencia del derecho pretendido por la vía procesal intentada, lo que no acontece en estas actuaciones. (Cfr. Sala I, sent. int. 44521/97 in re "Mignaberrigaray, María E c/ A.N.Se.S. s/ amparos y sumarísimos" y Sala III, sent. int. 86781/05 in re "Martínez, Juan José c/ A.N.Se.S. s/ amparos y sumarísimos y sent. def. 113393/06 en "Ramírez Ernesto Jorge c/ A.N.Se.S. s/ amparos y sumarísimos", entre otros y más recientemente sent. int. 95904 del 31.5.07 in re "Sergio María y otros c/ P.E.N. y otro s/ Amparos y Sumarísimos con Medida cautelar adjunta"). Por tanto, atañe dejar sin efecto el rechazo in limine de la acción incoada, sin que ello importe abrir juicio sobre la decisión que corresponda adoptar sobre la cuestión de fondo. (Disidencia del voto Dr. Fasciolo).
Fundamentación de sentencias, deberes del juez, verdad jurídica objetiva, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Geppel y Pinasco  S.A.I.C.I.  y ambos-Palmegiani Sociedad Anónima Constructora Inmobiliaria, Industrial y Comercial c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-22

La debida motivación impone a los jueces el estudio, el examen entero y puntual del caso y el análisis de lo probado en la causa. Esa exigencia constitucional de las sentencias requiere que no haya desorden en la argumentación, ni conclusiones contradictorias, ni afirmaciones reñidas con la lógica y el buen pensar y la validez teórica de sus proposiciones deben coincidir con la verdad jurídica objetiva que cuenta en el expediente. Las circunstancias comprobadas de la causa se han de corresponder con la adecuada respuesta jurídica.
Subterráneos de Buenos Aires, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-21

La pretensión de Subterráneos Buenos Aires de huir de la jurisdicción local, además de poner en evidencia su menosprecio por el régimen federal, ha ocasionado una concreta y significativa demora en el trámite del proceso, ya que el actor, a más de siete años de haber demandado, todavía tramita el proceso en primera instancia, sin que haya logrado aun conducirlo hacia un pronunciamiento de fondo. (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, estados contables, falta de registro de las operaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERREIRO CONDE, JOSE ANTONIO c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

La falta de contabilización del certificado, la falsedad de la firma atribuida a Loncon y la circunstancia de que éste, así como Santos, no hubieren estado autorizados a suscribir certificados comportan extremos que no pueden ser invocados frente al depositante que carece por completo de posibilidades para investigar las circunstancias que denuncia el demandado.
Desacato, elemento objetivo
Materia: PENAL
Carátula: VERBITSKY, HORACIO s/ INFRACCION AL ART. 244 DEL CODIGO PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-13

La interpretación contextual excluye la tipicidad si el término "asqueroso" se entronca sin dificultad con las propias manifestaciones del agraviado respecto de la sensación de asco que le habría producido un proyecto legislativo. Ello indica que se usó el calificativo como sinónimo de "asqueable", más aún si se aprecia una manifiesta convergencia de puntos de vista respecto del tema.
Compraventa, garantía de evicción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Ltda. Eléctrica Colonia Seré c/ Riggi, Miguel y otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

Dispone el art. 2117 del Cód. Civil que cuando el adquirente venciere en la demanda de que pudiera resultar una evicción, no tendrá ningún derecho contra el enajenante, ni aún para cobrar los gastos que hubiere hecho. Hay que tener presente que no siempre el adquirente resulta vencido en el juicio sobre la propiedad o libertad del bien enajenado; por ello el art. 2117 establece la improcedencia de todo reclamo al enajenante aún por las costas. Es una solución atinada de la ley civil, porque el enajenante no puede ser responsable de la aventura emprendida por un tercero.-
Denuncia, instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "MECICOVSKY s/ sobreseimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-05

El Tribunal reitera su doctrina sentada en los autos "Confiteria Bailable COCODRILO" del 27.8.98, en el sentido que, la simple suposición de un delito no autoriza a formular denuncia, pues la ley requiere que el denunciante haya presenciado dicha comisión o tenga conocimiento de su perpetración por otro medio, ofreciendo así las necesarias garantías de seguridad y seriedad como para disponer la instrucción del sumario en base a suponer verosímiles los hechos contenidos en la denuncia
Entorpecimiento de los servicios públicos, conexión clandestina de teléfono, entorpecimiento de comunicación telegráfica o telefónica
Materia: PENAL
Carátula: SOLVER, Raúl Martín  OCHOA, Antonio Segundo s/ INTERRUPCION DE SERVICIOS TELEFONICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-04

La interrupción de un servicio telefónico a través de una conexión clandestina efectuada en la caja de distribución del edificio donde aquel estaba instalado no constituye el delito descripto por el art.

194 del Código Penal.

Esa conducta tampoco se subsume en el art. 197 del C.P. , según ley 23077, que es especial con relación al art. 194.
Plan de parentalidad, padres, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: T. M. F. c/ C. B. s/ medidas urgentes (art 21 inc. 4 Ley 7676)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-02-09

Corresponde fijar un régimen de visitas a favor del accionante para con la hija menor de su ex pareja, con la que mantuvo una convivencia, pues si bien en el Código Civil aún vigente no existe una norma expresa que recepte este tipo de sistemas vinculares entre niños y los que fueron parejas de sus padres, ello no es óbice para su fijación teniendo en cuenta todo el plexo normativo vigente en Argentina y en especial lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, que establecen como principio rector que debe prevalecer el del "interés superior del niño".
Prueba pericial, negligencia
Materia: Procesal
Carátula: Sastre, Miguel y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa Sastre, Anselmo Antonio y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa Balsaldella, Raúl Luis Antonio y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-09-03|1992-09-03|1992-09-04

Carece de razonabilidad el argumento del actor, referente a la "importancia de la prueba referida, para dilucidar la cuestión en litigio", dado que si la prueba revestía tanta importancia, tanto más empeño debió poner el interesado en activar su producción.
Obligaciones de dar cantidades de cosas, desagio, intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: SOZZI Aldo c/ PELLIZA Juan José s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-05

Admitida una demanda por cobro de pesos, iniciada por quien fuera encargado para confeccionar los planos de una obra, procediendo la condena en $a. 11.000.000, deben convertirse en A 11.000 desde el 15/6/85 con intereses del 6 % anual devengados por la suma indexada hasta el 14/6/85 y a partir de la conversión en el nuevo signo monetario, debe aplicarse el interés que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones habituales.-
Leyes, control de constitucionalidad, juicio sumario en tiempo de paz, justicia militar, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, proceso de reorganización nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Reynaldo Benito Bignone c/  s/ CS c/  s/ CS c/  s/ S/INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-21

Es constitucionalmente válido el art. 10 de la ley 23.049, en tanto establece la competencia militar para conocer, mediante el procedimiento sumario de los delitos cometidos por el personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad que actuó desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 26 de septiembre de 1983 en las operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo y estuviesen comprendidos en el Código Penal y las leyes complementarias contenidas en los incs. 2, 3, 4 y 5, del art. 108 del Código de Justicia Militar en su anterior redacción. Ello así, pues la norma en cuestión ha plasmado los límites propios del fuero militar en tanto cabe considerar al mismo fuero real o de materia, haciendo desaparecer el agravio que a la garantía de la igualdad ante la ley -en tanto ella importa, entre otros aspectos, la igualdad de jurisdicción- ocasionaba la doctrina fundada en la existencia de fueros personales.