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Habilitación de instancia, agotamiento de la instancia administrativa, acción contencioso administrativa, Tribunal de Cuentas Provincial, resoluciones recurribles, interpretación de normas y actos locales
Materia: PROCESAL
Carátula: Comas, María Isolina c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B-84.112/02 Contencioso Administrativo de plena jurisdicción.L.A. N46 F 1417/1419 N 579. Provincia s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B-84.112/02 Contencioso Administrativo de plena jurisdicción.L.A. N46 F 1417/1419 N 579.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-12-11

Los artículos 100 y 101 de la ley provincial 4376, que disponen que en contra de las resoluciones dictadas por las salas del Tribunal de Cuentas "podrá" interponerse recurso de reconsideración y de revisión respectivamente, no admiten la interpretación que le asigna el a-quo, esto es: atribuyéndole al afectado la prerrogativa de articular esos remedios o acudir directamente a la instancia judicial. La correcta hermenéutica de las normas, - que es la que armoniza con la del artículo 5 de la ley 1888- lleva a equiparar la expresión "podrá" con la facultad del interesado de interponer los recursos o consentir la resolución, pero nunca la de sortearlos para franquear el acceso a la instancia judicial.
Agente fiscal, apartamiento de oficio, aplicación de la ley penal, aplicación analógica de la ley, requerimiento de instrucción
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GIANANTONIO, Héctor Alberto s/ denuncia Causa nro. 11.735
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-02

Habiéndose pronunciado el agente fiscal en sentido liberatorio, y aún ante la carencia de previsión legal expresa, aplicando analógicamente el artículo 348, 2º párrafo "in fine" del C.P.P., corresponde apartarlo y consecuentemente será designado quien le siga en orden de turno, debiendo formular el pertinente requerimiento de instrucción previsto en el artículo 188 del código de rito.
Nulidad del acto jurídico, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ARIAS, RAMON BENJAMIN Y OTRA c/ GUSTAVO A. CURET Y OTRO s/ ACCION AUTONOMA DE NULIDAD, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-04-07

La prueba del punto de partida de la prescripción de la acción de nulidad de un acto jurídico por vicios de la voluntad, corresponde a quien alega la nulidad. Al que pretende nulificar el acto, le toca probar que el cese de la violencia o el descubrimiento del error o dolo padecido se produjo en una fecha ubicada dentro de los dos últimos años anteriores a la promoción de la demanda, con lo que acreditaría la vitalidad de la acción ejercida en tiempo útil.
Acción meramente declarativa, doctrina
Materia: CIVIL
Carátula: Vazquez Daiana Natali c/ Roldan Jose Maria s/ Abordaje
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-05

En lo que lo que respecta al pedido formulado por la actora a los fines de que se ordene a los demandados que se abstengan de afectar de cualquier forma el pleno y libre ejercicio y goce de los derechos emanados de su titularidad accionaria en Papel Prensa SA, corresponde destacar que los pronunciamientos dictados en esta clase de procesos -acciones meramente declarativas-, estiman la demanda del actor cuando ella no tiende a la realización del derecho, sino que se limita a pedir que sea declarada la existencia de su derecho o la inexistencia del derecho ajeno (declaración positiva o negativa). En este caso, al actor sólo le interesa saber que su derecho existe, o quiere eludir toda duda sobre la inexistencia del derecho del contrario; pide al proceso la certidumbre jurídica y no otra cosa. Esta producción de la certidumbre jurídica como fin en sí misma es, por una parte, la forma más autónoma del proceso, porque procura un bien que no puede conseguirse de otra manera y -por otra- facilita la vida social mediante la eliminación de dudas que se cruzan en el normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas (conf. Chiovenda, "Instituciones de Derecho Procesal Civil", Madrid, 1936, págs. 229 y siguientes; esta Sala, causas 21.952/95 del 4.7.95, 485/03 del 13.5.03, 13.164/03 del 10.8.04, 12.670/04 del 26.10.04).
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, sindicatos, convenios colectivos de trabajo, empresa
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación c/ Ministerio de Trabajo. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-13

Es descalificable el pronunciamiento que - al negar intervención a la empresa en el pleito entre los sindicatos - no tuvo en cuenta que del solo encuadramiento sindical fijado administrativamente surge, en virtud de la ley 23.551, la obligación de la empleadora de recibir delegados en representación de la asociación sindical beneficiaria, así como la de negociar colectivamente con ella, que puede tener un compromiso de muy distinta entidad con la actividad que desarrolla la empresa.
Recurso de casación, fallo plenario, obligatoriedad del fallo plenario, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Pavón, Andrés; Alvarez, Marcelo A. s/ Robo - Fallo Plenario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

La fuerza que le imprime la casación a la interpretación jurisprudencial de una norma, torna obligatoria su aplicación, pudiendo asentarse la discrepancia con lo resuelto mayoritariamente, pero es inadmisible apartarse de ella, contraviniendo lo normado por la ley, siendo la única vía posible de objetar la obligatoriedad de los plenarios, la declaración de su inconstitucionalidad.
Daños y perjuicios, cláusula penal, mora, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: VIVIAN HERMANOS  S.A. c/ TRANSPORTE GIGLIO s/ RESOLUCION DE CONTRATO Y COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-30

Tratándose de una pena moratoria es viable su acumulación con la indemnización de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento definitivo del vendedor, siempre que éste sea posterior a la demora que origina aquella pena. Es decir que nada obsta a la acumulación de la misma, con la resolución seguida de la indemnización por incumplimiento.

La cláusula penal no tiene vida propia toda vez que constituye una estipulación accesoria de la obligación principal a la cual está adosada. Por consiguiente, cesa cuando se disuelve la relación jurídica por acuerdo de partes o por rescisión o resolución del contrato que fue causa (CCIV 665), pues el presupuesto de la pena moratoria consiste en el incumplimiento de la obligación principal es decir por el retardo- en tanto subsistía ésta en su virtualidad de tal. Como la disolución del contrato actúa sobre su causa destruyéndola, si se torna inexistente por ausencia de la misma también desaparece la cláusula penal que en ella se sustenta.
Asignaciones familiares, trabajador en relación de dependencia, remuneración, viáticos, gastos de representación, gastos de traslado, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: DE CAROLI HNOS. S.A.I.C. c/ C.A.S.F.P.I. s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-20

La ley establece que se considerará remuneración a los fines previsionales todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie, susceptible de apreciación pecuniaria, lo que incluye los viáticos y gastos de representación, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes (cfr. art. 10 ley 18.037, sustituido por el art. 6 de la ley 24.241).

Por ello, no discutido en autos que la empresa abona una suma en concepto de gastos de transporte sin exigir entrega alguna de comprobantes, debe considerarse tal prestación como retribución susceptible de ser gravada con aportes al sistema de asignaciones familiares. Para que la tesis contraria fuera viable, tendría que demostrarse la existencia de autorización administrativa para efectuar tales pagos (art. 10, 2do. párrafo, ley 18.037) o en su caso, que lo que se abonaba era un beneficio convencional (crit. art. 106 de la L.C.T. y acuerdo plenario nº 247 de la C.N.A.T.).
Sentencia firme, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: N., C. c/ C.A. de A. s/ Ordinario por Nulidad de Proceso
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-01

La Corte Federal ha dicho que la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica y debe respetarse salvo los supuestos en que no haya existido un auténtico y verdadero proceso judicial, puesto que aquella supone la existencia de un juicio regular donde se ha garantizado el contradictorio y fallado libremente los jueces.
Declaración indagatoria, rectificación de la declaración
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PENELLAS, GABRIEL s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO Y USO DE DOCUMENTO FALSO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-11

La rectificación efectuada a la declaración indagatoria, debe ser desechada como retractación por no haberse acreditado los extremos exigidos por el art. 319 del C.P.M.P. e interpretarlas como un intento de colocarse en situación procesal más ventajosa.
Responsabilidad civil, automotores, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, prioridad de paso, cruce de calles
Materia: CIVIL
Carátula: V., H. L. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-19

"En los supuestos de accidentes de tránsito, las conductas de debida prudencia aconsejan mas que ejercitar derechos, adoptar actitudes tendientes a evitar daños a si mismo y a terceros".
Ejecución prendaria, prenda con registro, automotor prendado, habilitación de feria, orden de secuestro, secuestro de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: VARELA, PABLO SERGIO c/ SUAREZ, DANIEL ANIBAL s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-01-11

Procede habilitar la feria judicial con el fin de que se libre mandamiento de secuestro de un automotor prendado -cuyo paradero se denuncia haberse encontrado durante el receso- toda vez que, -como en el caso-, el gravamen recae sobre una cosa mueble, determinada, siendo negativo el resultado de dos diligencias de secuestro del rodado intentadas con anterioridad. No empece lo expuesto la existencia de un embargo trabado sobre un inmueble del ejecutado, pues ello no garantiza por si sola la satisfacción de la deuda, a poco que se advierta que el mismo registra una hipoteca y otro embargo que preceden al decretado en autos.
Medidas cautelares, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ E.N. - Ley 27.739, Dto. 278/24  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-10

Cuando la medida cautelar se intenta respecto de la actividad de entidades públicas, es necesario que se acredite prima facie, y sin que esto suponga un prejuzgamiento de la solución de fondo, la arbitrariedad del acto recurrido, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible.
Accidentes de trabajo, régimen de consolidación de deudas
Materia: LABORAL
Carátula: Giovine, Lilian Rosa c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y/o Cine Gran Rocha s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

La aplicación al caso de la ley 11.192 lesionaría gravemente derechos constitucionalmente amparados de la actora (arts. 17 y 18, Constitución Nacional), quien luego de haber transitado por el arduo camino que representa siempre un proceso de conocimiento, es impedida de acudir a las normas procesales vigentes para efectivizar el monto de la condena, determinado por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; en otras palabras, traería aparejado consecuencias mucho más graves de las que en el común de los casos puede producir una limitación temporal en la percepción de los créditos cuyo deudor es el Estado provincial. (Minoría u opinión personal)
Competencia por conexidad, conocimiento de nuevo delito, juez previniente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N.N. s/ Hurto N.N. s/ Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31|1997-10-31

Corresponde al magistrado que tuvo a cargo la pesquisa por la sustracción de los cartulares, que se haga cargo de la investigación de los hechos ilícitos posteriores, cometidos mediante el uso de los mismos.
Asociaciones civiles, representación de la sociedad, mandato
Materia: CIVIL
Carátula: Asociación Gremial del Personal Jerárquico de Papel Misionero. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-03-31

Las asociaciones inscriptas están facultades legalmente para la representación de los intereses individuales de los trabajadores, pero únicamente de sus afiliados y a pedido de parte, vale decir cuando el interesado otorga voluntariamente el respectivo mandato o poder, con las formalidades y con el alcance que surgen de las formalidades y con el alcance que surgen de las disposiciones procesales vigentes en cada jurisdicción. Dr.

Silveira Márquez: (Según su voto).
Contratos civiles, transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mena, José Rodolfo c/ Citibank N.A. s/ Regulación por diferencia de valor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

Los contratos proyectan sobre los terceros efectos reflejos unas veces de hecho y otras veces estrictamente jurídicos. Estos últimos suelen resultar de la voluntad expresa de la ley y, en tales casos, el contrato es solamente un presupuesto de hecho para que los mismos se produzcan; no es su causa. Esto es lo que acontece cuando la ley arancelaria establece que "en los casos de transacción, la regulación de honorarios se practicará sobre el monto total que resulte de la misma" (art. 25 ley cit.). Es obvio que el legislador no está legislando sobre los efectos directos del contrato transaccional, sino que está estatuyendo un efecto reflejo legal del mismo, al determinar como se fijan los honorarios de los profesionales del derecho que hubieren asistido a las partes en un litigio que concluyó por transacción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Gelblum Juana c/ E.N. (P.L.N.) Honorable Sen.de la Nación s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-22

La reparación del daño moral cumple una función de justicia correctiva o sinalagmática que conjuga o sintetiza a la vez la naturaleza resarcitoria de la indemnización del daño moral para la víctima y la naturaleza punitoria o sancionatoria de la reparación para el agente del daño (cfr. Zannoni, E. "El daño en la responsabilidad civil", 2da. ed., pág. 325 y sus citas). (Sala IV del fuero, "Serna de Palma, Hebe A. c/ E.N. (P.E.N.) s/daños y perjuicios", del 12/6/92). (Del voto del juez Licht, consid. 9º).
Recurso de inconstitucionalidad, simulación, sociedad conyugal, divorcio
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: REDIGONDA, DANIEL RAMON c/ AZAGURY, RAQUEL ROSA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-02-23

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la sentencia atacada solo en apariencia satisface la exigencia constitucional de la fundamentación suficiente, lesionándose, así, el derecho de defensa en juicio toda vez que ha prescindido de efectuar un tratamiento adecuado de la cuestión, sin considerar y rebatir en su caso las serias y pertinentes argumentaciones expuestas por el recurrente y ha asignado a la normas aplicables un alcance desprovisto de razonabilidad que no se compadece con una comprensión armónica del orden jurídico.

Es que, más allá de la literalidad de los términos de la sentencia, el Tribunal desecha toda posibilidad de ejercer una acción de simulación por el solo hecho de estar en trámite el juicio de divorcio del actor con su anterior matrimonio invocando -como ya se dijo- un perjuicio potencial estimado por vía de inferencia.

Este perjuicio así considerado por los Magistrados es ajeno a la realidad de este proceso en tanto no ha sido planteado por ninguna de las partes y sería sufrido por un tercero cuya voluntad no se ha exteriorizado en autos, además de que se encuentra seriamente comprometido a partir de lo afirmado por el recurrente respecto de que conjuntamente con el trámite de divorcio, había presentado un acuerdo de liquidación de sociedad conyugal antes de la compra del inmueble , a lo que correspondía sumar los efectos retroactivos de la sentencia de divorcio por imperio del artículo 1306 del Código Civil.

En tales condiciones, el sobredimensionamiento que el A quo efectúa -en el caso- del recaudo del perjuicio para a partir de ahí arribar a la ilicitud de la simulación, carece de apoyo legal (art. 959, Código Civil), proponiéndose, así, una interpretación de los textos aplicables que excede los márgenes de logicidad y razonabilidad tolerables.
Funcionarios judiciales, remuneración del personal judicial, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonelli, Jorge O. c/ Gas del Estado S.E. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Resulta inequívoco que el decreto 1770/91 no alcanza a cualquier funcionario judicial sino sólo a aquéllos equiparados legal o reglamentariamente a los jueces nacionales, en jerarquía o retribución. (Confr. esta Sala, "Cicciaro", del 27/4/95, y "Casanbón", del 15/8/95, para empleados del Poder Judicial de la Nación).
Compraventa inmobiliaria, escritura traslativa de dominio, obligaciones del comprador, antecedentes de dominio, tercero adquirente de buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Hugo O. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Si bien no existe obligación directamente impuesta de efectuar estudio de títulos antes de autorizar el otorgamiento de escrituras de transmisión de dominio o constitución de gravámenes, tal previsión resulta al menos necesaria para que se configure en el adquirente del derecho real la buena fe, creencia que consiste en la impecable convicción de estar obrando con arreglo a derecho y que constituye presupuesto indispensable para obtener la protección de la ley.
Procedimiento laboral, crédito laboral, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: Leal, Silvia Beatriz. c/ Rosso, Catalina Barbarita. - Delizia, Lidia Virginia y/o quien resulte responsable del bar confitería del Hiper Libertad. s/ Contrato de trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-02-23

La tasa de interés impuesta en la sentencia laboral, tal como sostiene la quejosa es la tasa bancaria activa, tal el criterio seguido por nuestra Corte de Justicia de la Provincia que sostuvo en reiterados precedentes que: ".debía aplicarse en el proceso laboral la tasa de interés activa promedio mensual establecida para descuento de documentos siguiendo los lineamientos sentados por la Corte de Justicia de la Nación, por tratarse de créditos de carácter alimentario.
Injurias, calumnias, sociedad cooperativa, exclusión de socio, responsabilidad del asociado
Materia: PENAL
Carátula: VIVAS, O.C s/ CALUMNIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-02-09

1) Los términos de la carta que el querellado enviara al accionante, por la que le comunicara, en su carácter de presidente, la decisión del Consejo de Administración de una Cooperativa, de expulsarlo de la entidad en su carácter de asociado y vicepresidente, imputándole abandono de tareas, morosidad en el pago de las cuotas sociales y "retiro de los fondos provenientes de cobranzas sin autorización", si bien son términos suficientemente idóneos para lesionar tanto el honor subjetivo como el objetivo del querellante, no configura los delitos de calumnia o injuria, por cuanto el quejoso omitió demostrar que el consejo de administración de la Cooperativa no actúo en el marco de sus facultades estatutarias, que le habilitan para adoptar medidas expulsivas. Por otra parte, el único perseguido penalmente -el presidente de la entidad- se limitó en ejercicio de un deber impuesto por el ente societario a hacerle saber lo resuelto por el órgano ejecutivo con el objeto de posibilitarle el ejercicio de su defensa.

2) Como lo tiene decidido el Tribunal (Fallos C.C.C. t. VII, pág.

254) no comportan delito de injuria las expresiones utilizadas por la comisión directiva de una entidad que responden inequívocamente al propósito de dar fundamento a la expulsión de un afiliado, desde que ello comporta el cumplimiento de un derecho de su órgano directivo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Arbello, Luis Justo c/ Vandenfil S.A.I.A. s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-07-29

Incurre en 'Absurdo' y por ende en transgresión del art 44 inc.'e' del dec.ley 7718/71, el tribunal del trabajo que desconoce la verdad objetiva, llevando a cabo una valoración de la prueba que, por lo desacertada resulta insostenible.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, recurso de inaplicabilidad de ley, resoluciones anteriores a la sentencia, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Baloni, Ana María c/ C.A.S.F.E.C. s/ inaplicabilidad de la ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que denegó el recurso de inaplicabilidad de la ley local pues la sentencia de la cámara debe ser tomada como definitiva a los efectos procesales, toda vez que de quedar firmes las aseveraciones realizadas por el Superior Tribunal local, con el consiguiente compromiso que ello podría suponer para la renta pública, obstaría a la posibilidad de plantear nuevamente la cuestión federal que constituye el sustento de los agravios de la recurrente.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, indemnización, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Moyano, Mariano Alberto c/ Experta ART S.A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-21

Corresponde desestimar el remedio deducido, desde que las alegaciones planteadas sobre los intereses aplicados no se hacen cargo de demostrar la exorbitancia en el resultado económico final, teniendo en cuenta la incapacidad laboral que sustenta la acreencia laboral reclamada así como la exigencia de que los accesorios de condena guarden una razonable relación de recomposición del capital, por la falta de pago en término de la indemnización debida, advirtiéndose que las consideraciones planteadas no exceden de resultar genéricas y globales, revelando un mero disenso en torno a lo resuelto, que más allá de su menor o mayor grado de acierto, no representa un supuesto de afectación del derecho a la jurisdicción. (Del voto de la Dra. Gastaldi)