Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-25


---Trelew, de abril del año dos mil once. --- VISTO: El recurso de apelación en subsidio de revocatoria denegada interpuesto a fs. 315/317vta. contra la providencia de fs. 313, es concedido a fs. 318, corrido traslado a la contraria, es contestado a fs. 325/326. Y CONSIDERANDO: ----- I.- A fs. 313 el juez de grado no hace lugar a la interdicción de salida respecto del buque pesquero "E. M. *" porque no se dan los presupuestos establecidos por el art. 541 de la Ley 20094. Asimismo no hace lugar a la suspensión del permiso de pesca del mismo buque toda vez que dicho permiso no constituye un derecho perfecto ni un derecho subjetivo, confiriendo al permisionario una facultad puramente de hecho, no implicando derecho alguno en sentido estricto. Aclara que la potestad emergente de un permiso de pesca no constituye una propiedad del permisionario y por ende no procede la medida a los efectos peticionados. --- II.- A fs. 315/317vta. la Dra. G. M., en representación del actor, G. R. F., sostiene que la providencia dictada es errónea porque no tabula presupuestos de admisibilidad para decretar embargo o interdicción de salida de buques, sino todo lo contrario rige los supuestos en los que no procede, en donde en el caso en examen no se subsume en ninguno de los incisos del articulado, por ende no encontrándose regulada su improcedencia la medida de interdicción solicitada es procedente. Señala que la ley no hace distinción de que tratándose de un buque de matrícula argentina sólo correspondería el embargo y no la interdicción de navegar. Aduce que la interdicción no obedece al temor o probabilidad de que su dueño pueda llevar el buque al extranjero sino también que se pretende limitar su responsabilidad mediante el abandono de la embarcación, un buque que continúa navegando está sujeto a los riesgos propios de la navegación y puede disminuir su valor, naufragar o perderse, con la consecuencia que al momento de hacer efectiva una responsabilidad, el buque carezca de valor económico o tenga un valor disminuido insuficiente para responder al reclamo. Cita doctrina en su apoyo. Afirma que se trata de una garantía que tiende a completar el aseguramiento que confiere el embargo, y que en razón de su particular proyección dañosa el deudor tiene la facultad de reclamar su cese dando fianza bastante para mantener la intangibilidad de la garantía. - Además, agravia al recurrente la denegatoria de la suspensión del permiso de pesca, de titularidad de los propietarios del buque "E. M. *", que si bien es otorgado por la autoridad de aplicación -Secretaría de Pesca-, aquí se ha vulnerado la legislación vigente en el juego armónico de los arts. 11, 42 y 45 de la ley 5639 (actual Ley IX Nro. 75), debido a que los demandados violaron las obligaciones impuestas por dicha norma incumpliendo las exigencias del art. 11. Acreditado en el caso de marras el incumplimiento a sus obligaciones laborales y previsionales debiera a pedido de parte suspenderse el permiso de pesca por incurrir los propietarios del buque en la causal de incumplimiento a sus obligaciones laborales siendo la autoridad administrativa de aplicación por intermedio de comunicación judicial quien deberá arbitrar y disponer la suspensión. III.- Corrido traslado a la contraria, a fs. 325/326 los Dres. P. A. S. y L. C. B., en representación de los demandados, contestan los agravios señalando que la medida solicitada es desproporcionada, que la ejecutante sólo obtuvo un embargo preventivo pero no ha dado inicio a las actuaciones de ejecución de sentencia, no practicó liquidación ni intimó de pago a la parte demandada. Añade que más aún ni siquiera trabó el embargo toda vez que no está acreditado en autos que se haya inscripto la medida en el registro respectivo. --- Aduce que la autonomía y características técnicas de los buques que integran la flota amarilla no les permiten trasladarse al extranjero, y es imposible que el buque se sustraiga al control de la autoridad marítima que controla minuciosamente las condiciones de seguridad a la salida de cada expedición de pesca, más allá del posicionamiento satelital. Que el riesgo probable que se invoca y no se encuentra acreditado de ocurrir un improbable siniestro, una vez anotada la cautelar en el Registro Nacional de Buques puede ser salvado con la comunicación a la Aseguradora ordenando se traslade el valor del embargo sobre los valores que deba abonar el seguro, que de ningún modo resulta insuficiente, ya que el valor de la embarcación es superior varias veces al monto del proceso, a pesar de que el juicio no cuenta con liquidación. Respecto al cumplimiento de la ley 5639 señala que su fundamento es que se dé cumplimiento con las normas laborales para con el personal embarcado al momento de solicitarse la renovación del permiso de pesca, a fin de mantener la paz social y evitar conflictos laborales. Añade que este control de que se cumpla con la normativa laboral lo realiza la Secretaría de Trabajo y la ley exige la certificación del mencionado organismo para renovar los permisos de pesca pero ello no puede extenderse a cuestiones controvertidas en sede judicial. IV.- Conforme surge de la sentencia definitiva Nro. 233/10, obrante a fs. 250/254vta., se hizo lugar a la demanda interpuesta por el Sr. G. R. F., por la suma de $ 117.662,35 con más sus intereses a la tasa activa que cobra el Banco del Chubut S.A., desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago, sentencia que fue confirmada por esta Alzada a fs. 284/293 y cuenta con una medida de embargo preventivo dictada a fs. 274 de autos que se transformó en embargo definitivo a fs. 311. --- En tal contexto, agravia a la apelante la denegatoria a la interdicción de salida del buque que solicitara, por no encontrarse comprendida dentro de los presupuestos del art. 541 de la Ley de Navegación. - Y ello es así, el art. 541 citado reza textualmente: "No pueden ser objeto de embargo ni de interdicción de salida: a) los buques de guerra nacionales..". En la totalidad de los incisos de la norma no se encuentra comprendido el buque cuya interdicción se peticiona. En consecuencia procede el embargo y la interdicción de salida porque de la interpretación del texto del artículo surge que únicamente en tales casos la medida no procede. Es decir, en todos los casos no comprendidos en el artículo citado, ante la inexistencia de otra norma que lo impida, ya sea por aplicación del art. 531, primer párrafo de la citada ley, si se pretende embargo preventivo o del art. 535 si se pretende embargo ejecutorio, procede su admisión. La única distinción que la ley realiza en la traba de embargos de buques nacionales y extranjeros está reglada en el art. 539, que distingue los buques de bandera nacional respecto de los cuales expresamente debe ordenarse el embargo y la interdicción de salida, de los buques extranjeros en los que el decreto de embargo implícitamente comprende la interdicción de salida. Nada obsta que por razones de oportunidad o conveniencia al tratarse de un buque nacional, el interesado requiera la medida de embargo y posteriormente la interdicción de salida. Así es que requerida en autos la interdicción de salida del buque a más del embargo, ante la existencia de un crédito reconocido por sentencia firme, que goza de privilegio en primer lugar sobre el buque a tenor del art. 476 inc. b) de la Ley 20094, corresponde su admisión. ---- Este privilegio justifica el embargo del buque y la interdicción de salida pues es indudable que la medida ejecutoria requiere para su eficiencia de la inmovilización del mismo, para brindar garantía contra actos de disposición del propietario, para evitar la incidencia de nuevas obligaciones que disminuyan su valor respecto al embargante o el ejercicio que el propietario pueda hacer del derecho de abandono. En efecto, es obvia la importancia y utilidad que tiene para el acreedor obtener la interdicción de navegar del buque, porque a la par que del punto de vista de la solvencia del deudor se asegura el cobro del crédito y se sustrae la cosa a los riesgos de la navegación y a posibles siniestros (José Domingo Ray, "Derecho de la Navegación...", Ed. Abeledo Perrot-1992, Tomo I, pág. 494, ap. 3). --- Desde otra óptica, ha de analizarse si los actos procesales producidos por las partes, habilitan el dictado de la medida requerida por la recurrente. --- En tal sentido la ley XIV Nro. 1 dispone que ejecutoriada la sentencia, previa liquidación aprobada, se ordenará su ejecución intimando al pago al deudor mediante cédula o despacho telegráfico. De no efectuarse el pago en el plazo de dos días se trabará embargo sobre bienes del deudor decretándose la venta de los mismos por el martillero que se designe procediéndose en lo sucesivo de conformidad con el código procesal civil y comercial (arts. 69 y 70). Cabe señalar que los actos procesales de ejecución de sentencia realizados por la actora se reducen a la solicitud de transformación del embargo preventivo en definitivo al que se hizo lugar a fs. 311, y el diligenciamiento del oficio respectivo, respecto del cual surge del informe de Prefectura Naval Argentina-Rawson que en fecha 10-02-11, se comunicó a la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación para su anotación ( ver fs. 321/324 ). De ello se desprende que no se ha observado el cumplimiento de las normas procesales de ejecución de sentencia previstas por la ley laboral, circunstancia que impide admitir las medidas ejecutorias requeridas. En razón de ello, previo al dictado de nuevas medidas ejecutorias deberá ajustar el proceso de ejecución de sentencia a las pautas establecidas en los arts. 69 y 70 de la ley laboral. V.- En orden a la denegatoria a la suspensión del permiso de pesca requerida por la recurrente, a más de los fundamentos expresados por el juez a quo referidos a la naturaleza jurídica atribuída a los permisos de pesca, cabe señalar que la ley IX Nro. 75, establece en el art. 45 los supuestos en los cuales la autoridad de aplicación podrá adoptar esta medida, entre los que incluye el incumplimiento de los requisitos previstos por el art. 11 de la ley citada. Y este artículo en su inciso 3ro. refiere a la presentación de la certificación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales extendida por la Subsecretaría de Trabajo Provincial. ------ ---- Este requisito así como los restantes del art. 11 no exigen para el otorgamiento del permiso de pesca la inexistencia de juicios laborales por cobro de diferencias salariales. Y en este punto cabe resaltar la finalidad de la norma provincial orientada a asegurar la preservación del recurso pesquero a la vez que se satisfaga la demanda de su comercialización que solo se altera cuando se dispone la suspensión de un permiso de pesca por algunas de las razones que taxativamente enuncia la norma, la que no contiene supuestos librados al criterio de los jueces para decidir al respecto.--- Asimismo no se advierte el beneficio que dicha medida brindaría al ejecutante, toda vez que si la finalidad fuere evitar la salida del buque en expediciones de pesca, ello se obtiene con la interdicción de salida que ya solicitara. Por ello se concluye que no procede el dictado de la medida de suspensión de permiso de pesca solicitada.------- VI.- Por lo expuesto, corresponde confirmar el decisorio de grado en todo lo que fuera materia de apelación. En razón de ello, las costas se imponen a la actora vencida, a cuyo fin corresponde regular los honorarios de los letrados intervinientes en mérito a la extensión y resultado obtenido de la labor desarrollada se regulan los honorarios de la Dra. G. M. en el 0,25% del monto del proceso, y los de los Dres. P. A. S. y L. C. B. en conjunto, en el 0,60% (Arts. 5, 6, 8, 13, 32 y conc. de la ley XIII, nro. 4), con más el I.V.A. correspondiente. En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, RESUELVE: ------ --- I. CONFIRMAR la providencia de fs. 313. ----- --- II. IMPONER las costas a la parte apelante vencida (art. 69 C.P.C.C.). --- --- III. REGULAR honorarios a la Dra G. M. en el 0,25% del monto del proceso, y a los Dres. P. A. S. y L. C. B., en conjunto, en el 0,60% de la misma base económica (Arts. 5, 6, 8, 13, 32 y conc. Ley XIII, Nro. 4), con más el I.V.A. pertinente. --- IV. La presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Sergio Rubén Lucero (art. 7 Ley V, Nº 17). ------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2011. - SIL.- CONSTE.

cg JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA