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Partes del proceso, intervención de terceros, alianzas partidarias, partidos políticos, personería jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: EDITORIAL LISICA SA c/ ALIANZA FRENTE INDEPENDIENTE s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-04

Si se acciona contra una alianza de partidos políticos por falta de pago de cierto trabajo encomendado por ella, y ante el riesgo de "desaparición" de la accionada se pide la citación como terceros de los partidos políticos componentes de esa alianza, no como sujetos posibles de una acción regresiva sino como sujetos obligados por el negocio como integrantes de dicha alianza, aún cuando se haya desistido de la accionada resulta ajustada a derecho la sentencia condenatoria de los citados como terceros; máxime teniendo en cuenta que -en el caso- todos ellos contaron con suficiente garantía del derecho de defensa, la que efectivamente fue ejercida por algunos de ellos; además, cabe señalar que si bien los partidos políticos cuentan con personería jurídico-política (ley 23298: 7 y 61-64), las alianzas tienen una nota de "transitoriedad", y no se encuentran incluidas entre los legitimados para solicitar esa personería (ley 23298: 10 y 61).
Daños y perjuicios, medicina prepaga, afiliación a obras sociales, discriminación, enfermedad preexistente, SIDA
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: G. B., M.  c/ B., M. S. y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-25

Corresponde condenar a una empresa de medicina prepaga a indemnizar a una persona que intentó afiliarse y fue rechazada por padecer VIH como enfermedad preexistente, habida cuenta que el INADI concluyó que la conducta de la prepaga resulta discriminatoria en los términos de la Ley 23.592, toda vez que, pudiendo admitir al denunciante (incluso cobrando un valor diferencial), decidió rechazar la petición en virtud de la enfermedad preexistente. En consecuencia, se configuró una conducta discriminatoria en perjuicio del demandante, exteriorizada principalmente a través de su dependiente (art. 1113 del Código Civil y art. 1753 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Competencia comercial, acto administrativo de alcance particular, competencia contencioso administrativa, resoluciones generales
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ ASEA Asociación Emprendedores Argentinos Asociación Civil y otros s/ inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

Sólo se atribuye la competencia al fuero nacional en lo comercial respecto de los actos administrativos de alcance particular de naturaleza comercial (arts. 16, 17 y 18 de la Ley 22.315) y, en el caso, las resoluciones atacadas por las demandas son actos de alcance general de carácter administrativo que no resultan impugnables por dicha vía, sino por conducto del denominado reclamo impropio, no sujeto a plazo, que prevé el art. 24 inc. a) de la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo tanto, corresponde concluir que el art. 16 de la Ley 22.315 no resulta aplicable.
Medidas cautelares, anotación de la litis
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Spagnoli, Yolen Osvaldo c/ Municipalidad de Resistencia y Provincia del Chaco s/ Expropiación irregular y sus acumulados Exptes.903/84 y 1037/84. Spagnoli, Yolen Osvaldo c/ Municipalidad de Resistencia y Provincia del Chaco s/ Expropiación irregular y sus acumulados Exptes.903/84 y 1037/84.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-02-25|1994-02-25

Como se ha señalado por la doctrina es la misma o idéntica medida prevista por el art. 229 del Código Procesal Civil y Comercial; su procedencia resulta de la eventual modificación de una inscripción en el registro de la propiedad, que pudiera derivar como consecuencia del éxito de la pretensión deducida. Su finalidad no va más allá que la de poner en conocimiento de terceros, que se ha promovido una demanda judicial de la que puede resultar cambio en la titularidad de un derecho real sobre determinado inmueble y su efecto principal es privar a los terceros de la posibilidad de invocar buena fe respecto del beneficiario de la medida. Como consecuencia de su naturaleza cautelar la desestimación de la demanda provoca su extinción, sin más, coetáneamente con la terminación del pleito. Sin embargo, en caso en que la demanda es admitida se mantiene vigente hasta asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia.
Competencia, competencia contencioso administrativa, Estado Nacional, poder de policía, control sanitario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ASOCIACION ISRAELITA DE BENEF Y SOCORROS MUTUOS EZRAH c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

Como principio, las acciones a que diere lugar el ejercicio del poder de policía sanitaria que le competen al estado nacional son del conocimiento del fuero especializado en la materia contencioso administrativa (cfr. esta sala, doctr. de la causa 1195 del 8.6.82 y precedentes en ella citados; cuya fundamentacion se da por reproducida en homenaje a la brevedad; (cfr. Asimismo, doctr. de las causas 2578 del 2.3.84; 43.252/95 del 21.11.95 y 53.382/95 del 30.5.96); importando agregar que la eventual aplicacion supletoria de institutos o normas de derecho común -llamados a integrar la regulación administrativa especifica- o la errónea invocacion del derecho efectuada por las partes, resultan irrelevantes para alterar la distribución de competencias que la ley preve.
Procedimiento laboral, representación procesal, mandato, falta de mandato, recurso de nulidad
Materia: LABORAL
Carátula: TULIAN, SILVIA BEATRIZ MEGAZZINI DE c/ CAMOS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO      EXPTE NRO 253-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-19

La falta de mandato para demandar no fue impugnada por la accionada, habiendo quedado integrada la litis y el desarrollo de la audiencia de trámite podría tenerse como la culminación de este aspecto fundamental, ya que intervinieron la totalidad de los que asumieron el carácter de partes sin formular cuestionamiento alguno atinente a la representación adecuada de las mismas y ejercitaron sus respectivos derechos de defensa en juicio. Ello lleva a la convicción de que la relación jurídica procesal ha sido integrada eficientemente; siendo legitimado por las partes a través del accionar de cada una de ellas por lo que el proceso ha sido útil permitiendo que la controversia ventilada culminara en una hetero composición de los intereses jurídicos en juego, -por lo que la nulidad impetrada es extemporánea e improcedente-. No debe obviarse que la utilidad del proceso encuentra igualmente su basamento en la obligada lealtad y buena fe de las partes y la preclusión opera como reaseguro de aquélla al consolidar lo actuado en cada etapa, otorgándoles certeza, lo que trasciende al proceso en su integridad.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: ZIPPES, CLAUDIO RAFAEL Y OTRO c/ SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES s/ RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-16

La "incapacidad sobreviniente" constituye un rubro autónomo y puede definirse como una merma genérica en la capacidad de la víctima, que se proyecta sobre todas las esferas de la personalidad -incluyendo la laboral-, generando un quebranto patrimonial indirecto derivado de las limitaciones físicas y psíquicas que son secuelas del accidente.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, tribunal colegiado, sufragio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: LIBORIO, JORGE JOSE Y OTRA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 629-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-02-28

Tratándose de cuestionamientos que se plantean como propios de la sentencia, tales como falta de concordancia entre los dos votos que constituyen la mayoría (artículo 26 de la ley 10160) y decisión sobre la admisibilidad del recurso con fundamentos que hacen a la procedencia del mismo; no puede basarse la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad en la falta de planteamiento oportuno.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, resoluciones recurribles, recursos administrativos, recurso de reposición (procesal), leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Enciso, Nazario c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Recurso de  Revocatoria (Expte. C.S.J. Nro. 49 Año 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-13

La lectura e interpretación congruente de los artículos 4 y 10 de la ley 4106 revela que es condición ineludible que se agote la vía administrativa "mediante los recursos reglamentados en el trámite administrativo", y que la resolución impugnada "sea definitiva" y "cause estado"; esto es, decida sobre el fondo del asunto y haya sido dictada por la más alta autoridad administrativa competente, una vez agotados los medios de impugnación establecidos en las normas que regulan el procedimiento administrativo. Conforme a esas pautas, en el caso el decreto por el cual el Poder Ejecutivo provincial denegó el reclamo formulado por el recurrente, no dejaba expedita sin más la vía contencioso administrativa, pues para ello era menester previamente atacar aquel acto mediante el recurso previsto por el artículo 42 del decreto 10.204/58.Y no es óbice para así entenderlo la literalidad de dicha norma, que, como destaca el recurrente, expresa que "el recurso de revocatoria 'podrá' interponerse contra los decretos y resoluciones dictados en los expedientes o actuaciones administrativas y, en general, contra cualquier decisión dictada por autoridad administrativa competente...".Esa redacción no autoriza a sostener que, a los fines de franquear el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa, la interposición de revocatoria sea meramente facultativa para el particular.
Acceso a la justicia, derechos y garantías internacionales, eficacia del recurso, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Cantos c/ Argentina s/ Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2002-11-28

Para que se considere cumplido por un Estado Parte el artículo 25 de la Convención Americana -derecho de acceso a la justicia-, no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir, que en el marco de un Estado de Derecho en una sociedad democrática, deben brindar la posibilidad real de ser interpuestos en forma sencilla y rápida, por lo que cualquier norma que impida o dificulte hacer uso de la garantía referida, constituye una violación del derecho al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada por el Pacto.
Daños y perjuicios, prescripción, cómputo del plazo, banco central, entidades financieras, liquidación de entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MERINO, José y OTRO c/ B.C.R.A. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Para el cómputo de la prescripción de la acción, el hecho dañoso no puede dejar de tenerse por considerado al momento de haber dispuesto el B.C.R.A. la liquidación de la entidad financiera o bien al instante de vencer el depósito en dólares, si fuera posterior, sin que se produjera su reintegro.
Competencia, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dra. Wilma Sara Martinez, Juez Civil y Comercial Nro.4 e/a: Silva Carlos c/Consejo de Educación s/ Amparo. Dra. Wilma Sara Martinez, Juez Civil y Comercial Nro.4 e/a: Silva Carlos c/Consejo de Educación s/ Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-12-11|1996-12-11

Las pretensiones deducidas en los procesos son conexas cuando tienen elementos comunes o interdependientes que las vinculan, sea por su objeto, su causa o por algún efecto procesal. Existe una conciencia práctica de que sea el órgano judicial competente para conocer en determinado proceso quien también lo sea para conocer de las pretensiones que están vinculadas con la materia controvertida en dicho proceso. Surge así, el forum conexitatis, que posibilita la sustanciación ante un mismo magistrado de la totalidad de las causas vinculadas entre sí, cuya admisión constituye una tendencia general que ha sido receptada por el art. 6 del Código Procesal Civil. Su aplicación hace que las reglas de determinación de la competencia puedan resultar total o parcialmente derogadas, produciéndose un desplazamiento en favor de un Juez originariamente incompetente, ya sea por la materia, monto territorio o turno. Ello obedece a la conveniencia de concentrar ante un sólo tribunal todas las cuestiones vinculadas, que se originan y giran en torno a un mismo elemento o relación jurídica.
Viajantes de comercio, indemnización por despido, base indemnizatoria del despido, remuneraciones variables, mejor remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: TAVERNA, FRANCISCO c/ FRATELLI BRANCA DESTILERIAS SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-18

La 'mejor remuneración mensual normal y habitual' (artículo 245 del RCT. - To -) del viajante que percibe retribuciones variables es el promedio de lo cobrado por aquel en el ultimo año, sin excluir las remuneraciones correspondientes a meses de ventas extraordinarias.
Intereses, intereses convencionales, tasas de interés, reducción de oficio
Materia: CIVIL
Carátula: CACORBA S.A TRANSPORTADORA s/ HOMOLOGACION DE CONVENIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-06-26

Ante la mora de la deudora con lo pactado, respecto de la obligación principal y los honorarios,estipulando el pago en dos cuotas, cuyo atraso en el cumplimiento fue de trece y cinco días respectivamente,deuda que data del mes de abril de 1989, la planilla de liquidación presentada por la actora, incluyendo intereses y multa del uno por ciento diario, arroja un monto que, si bien reconoce un pacto legítimo, excede los limites de la moral,la buena fe,y las buenas costumbres; circunstancia esta advertida por el a-quo, quien al resolver morigeró los intereses en una sola tasa,resarcitorios y punitorios-multa-, la que debe confirmarse,máxime si el apelante limito su agravio a la expresión de"fallo carente de sustento" y "simple enunciación dogmática", sin cumplir con la carga de demostrar estas circunstancias.
Estado, régimen de consolidación de deudas, emergencia económica, leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Cía. de Estudios y Construcciones Ingeniero Rodolfo Cornero SRL c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Incidente de apremio. Solicitud de Homologación Judicial de convenio  de pago (EXPTE CSJ Nº 251-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

La Ley Nacional 23982 culmina la serie de disposiciones que, ante el progresivo deterioro de la situación económica, encararon los gobiernos nacionales y que comienza con el decreto 2691/86 que declaró la emergencia del sistema nacional de previsión social, continuando con los decretos 648/87, complementario de aquél; 679/88 que consagró un régimen destinado a regular la ejecución de sentencias dictadas contra la Nación y leyes 23696 y 23697. La primera declaró en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económico -financiera del Estado, previendo un régimen de intervenciones, privatizaciones y contrataciones de emergencia, y suspendiendo por el plazo de dos años la ejecución de sentencias y laudos arbitrales que condenaren al pago de sumas de dinero, dictadas contra el Estado Nacional y demás entes enumerados en el artículo 1 de la ley y Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, con las salvedades del artículo 54. La segunda, puso en ejercicio el poder de policía de emergencia del Estado, disponiendo la suspensión de subsidios, subvenciones, regímenes de promoción industrial y minera y del "compre nacional" y el pago de reintegros y reembolsos impositivos mediante títulos públicos; y finalmente el decreto 34/91, modificado por los decretos 53/91 y 383/91 dispuso la suspensión de la tramitación de todos los juicios y reclamos administrativos contra el Estado por el plazo de 120 días hábiles que tuvieren por objeto el cobro de sumas de dinero. (De los Fundamentos del Dr. Barraguirre).
Sueldo anual complementario, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Velázquez, María del Rosario c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-11

Respecto al Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer semestre de 2002, resulta de aplicación el Decreto Nro. 2272/01, el cual no fue impugnado, y que fijó un sistema de pago en cuotas mensuales según el cuál, se pagaría cada semestre en seis mensualidades iguales y consecutivas a partir del mes siguiente al del vencimiento del semestre, no dándose el presupuesto habilitante de la acción -incumplimiento de un deber legal impuesto- ya que el pago íntegro del aguinaldo no resulta exigible al Estado. Consecuentemente, corresponde hacer parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionada y revocar el fallo impugnado en cuanto admite el pago del Sueldo Anual Complementario, primer semestre del 2002.
Transporte de carga por agua, capitán, responsabilidad del capitán, representación del armador, seguridad de la carga, responsabilidad del armador, Ley de Navegación
Materia: NAVEGACION
Carátula: ACONCAGUA CIA DE SEGUROS SA c/ CAP Y/O ARM BQ RIO NEGRO II s/ FALTANTE DE CARGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Lena Paz "La Ley de Navegación (N° 20094) Comentada", Plus Ultra, T. 1, Pág. 140, N° 232] sostiene que "el derogado art. 918 del Código de Comercio establecía que "el capitán es considerado el verdadero depositario de la carga' lo que implicaba un grueso error conceptual desde que el depositario de la carga es el armador cuando actúa como transportador. Por ello y a fin de evitar que el capitán pueda ser considerado personalmente responsable por los daños y pérdidas ocasionados a los efectos embarcados, el legislador estimó conveniente dejar expresamente aclarado que tiene en representación del armador el carácter de depositario de la carga, y de cualquier otro efecto que reciba a bordo". Y en el N° 233, bajo el título "situación del capitán frente a los interesados en la carga", dice:

"en ningún caso el capitán incurre en responsabilidad civil directa, contractual o extracontractual frente a los interesados en la carga, por incumplimiento de las obligaciones del art. 205: en el primer caso, porque tales interesados no tienen vinculación convencional alguna con el capitán y, en el segundo, porque se aplican los principios de la responsabilidad indirecta o refleja del armador, por los hechos del capitán conforme al art. 174, párr. 1°, sin perjuicio, en este último supuesto, de las acciones resarcitorias que pudieran corresponder al armador contra el capitán conforme al derecho común."
Uso indebido del espacio público, tipo penal, medidas cautelares, secuestro de bienes, devolución de objetos secuestrados, venta ambulante, alimentos
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: GUERRI CABRERA, Ida Inés s/ infr. art. 83 ley 1472-apelación" 1472-apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-04

En el caso, corresponde confirmar la decisión del a quo respecto a la no devolución de los elementos secuestrados que sean alimentos, atento a que, por su naturaleza no procede encuadrarlos "en las excepciones individualizadas en el artículo 83 tercer párrafo del Código Contravencional como casos de insignificancia (esa es su connotación restrictiva de la tipicidad) excluidos de la materialidad infraccionaria-venta ambulatoria de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general venta de mera subsistencia-, puesto que el desvalor típico se funda en la necesidad de control y habilitación específica en tanto se trata de supuestos proclives de causar daños que trascienden la competencia desleal y el uso apropiatorio del espacio público-ambos en sentido económico-" (causa 50-00/CC/05 -Coultas, Juan Domingo s/inf. art. 83-Apelación- Sala II, octubre 17 de 2005).
Abogados, honorarios
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CON - TOR  S.R.L. c/ PROVINCIA DE FORMOSA s/ ACCION ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1990-09-06

En principio, los honorarios profesionales, en cuanto retribución del trabajo personal tienen carácter alimentario. La actividad del abogado en el juicio no constituye una inversión, una forma de ahorro cuya satisfacción pueda postergarse e indemnizarse con el pago de intereses, ni una especulación lucrativa, sino el modo normal, regular de ganarse el sustento cotidiano. En consecuencia: los honorarios con regulación firme no caen simplemente dentro de la protección constitucional a la propiedad, sino dentro del concepto de retribución justa que a todo trabajador garantizan la Constitución Nacional y Provincial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, legitimación del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Heres, Caraciolo Omar c/ Romaer S.A.C.I.A.F.I. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

La aseguradora citada en garantía puede estar potenciada (según los casos) para oponer todo tipo de defensas, salvo las nacidas luego del siniestro (art. 118, Ley 17.418); y, por consiguiente, podrían oponer -si fuera el caso- las atinentes al hecho motivador de la responsabilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Principio de especialidad, hipoteca
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SARHAN, ALBERTO AUADIH. c/ BCO. DE LA PROV. DE NEUQUEN. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1986-04-01

EL ART. 3133 DEL C.C., REMITE EXPRESAMENTE A LA INTERPRETACION JUDICIAL LA APRECIACION DEL CONJUNTO DE LAS ENUNCIACIONES DEL ACTO CONSTITUTIVO DE LA HIPOTECA, Y LA LEY 21309 SIENTA UNA IMPORTANTE PAUTA INTERPRETATIVA AL ESTABLECER PARA EL CASO DE HIPOTECA O PRENDA DESTINADAS A GARANTIZAR OBLIGACIONES DE DINERO SOMETIDAS A CLAUSULAS DE ESTABILIZACION O REAJUSTE, QUE EL REQUISITO DE LA ESPECIALIDAD SE CONSIDERARA CUMPLIDO AL CONSIGNARSE LA CANTIDAD CIERTA DE LA DEUDA ORIGINARIA.
Proxenetismo, ley derogada, profilaxis antivenérea, igualdad ante la ley
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Benítez, Francisca y otra s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-23

No puede entenderse derogado el art. 17 de la ley 12.331 a consecuencia de la derogación del art. 127 bis del CP por la sanción de la ley 23.077 en la fórmula anterior a la actual, pues fue la misma ley señalada la que restableció la vigencia del artículo 17 de la ley 12.331 sobre profilaxis antivenérea, que castiga el sostenimiento, la administración, o el 'regenteamiento' de una casa de tolerancia, prohibidas en todo el país (art. 15 ley cit.), y que la ley 21.338 no había dejado vigentes. Tampoco puede entenderse que la subsistencia del art. 17 de la ley 12.331 afecte la igualdad ante la ley y sea, por lo tanto inconstitucional, toda vez que la garantía de igualdad ante la ley comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. (Dres. Catucci, Madueño y Rodríguez Basavilbaso).