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Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comuna de Pueblo Muñoz c/ Ferro Expreso Pampeano s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Apremio   fiscal (Expte. CSJ Nº 809-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

En principio, los procesos de ejecución por apremios fiscales se cierran con una sentencia que, conforme lo prevé el artículo 26 de la ley 5066, abre la posibilidad de un juicio ordinario posterior, por lo que aquélla no revestiría la calidad de definitiva. Mas, este enunciado no es absoluto en tanto admite salvedades cuando en dicho proceso ejecutivo se han ventilado excepciones o defensas procesales, las que, en los términos del art. 483 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, no podrán ser renovadas en el declarativo, por ello la sentencia impugnada debe considerarse definitiva a los fines de la interposición del recurso de inconstitucionalidad, en tanto por un lado, al hacer lugar al apremio, el demandado perdidoso no podrá acudir a los remedios ordinarios de impugnación -conforme lo previsto por el artículo 26 de la ley 5066-, y tampoco le será posible renovar la discusión en un nuevo juicio acerca de lo resuelto en cuanto a las excepciones planteadas, y por otro lado, el decisorio implica la denegatoria del fuero federal.
Excepción de incompetencia, plazo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: OJEDA GERMAN CARLOS c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-02-21

La supletoriedad que acepta el art. 13 Ley 5350 texto ordenado por Ley 6658 del Código de Procedimiento Civil y Comercial se circunscribe a lo que "no se encuentre modificado o normado por esta ley", lo que no podría ser de otro modo con arreglo a la significación gramatical de aquella expresión. En el caso, el art.

25 Ley 6658 dispone que las excepciones de previo y especial pronunciamiento -entre las que se encuentra la de incompetencia- deben ser opuestas dentro del plazo del traslado ordinario de la demanda, expresión que debe primero interpretarse si encuentra respuesta dentro de la ley de la materia y no de la supletoria. En este sentido, el único plazo previsto para el traslado se halla en el art. 23 Ley 6658 (dieciocho días a partir del comparendo o declaración de rebeldía).

Interpuesta en ese término, la falta de tratamiento por parte de la a quo de la cuestión no causa agravio al recurrente.-
Fundamentación de la resolución, sobreseimiento, funcionarios públicos, principio de insignificancia, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Quinteros Adriana Mabel s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-22

Carece de la debida motivación la resolución que -al dictar el sobreseimiento de los imputados- si bien consideró acreditado el carácter de funcionarios públicos, señaló que sin tomar partida favorable por la doctrina de la insignificancia o bagatela, la presunta sustracción de caudales que totaliza la exigua suma de $210,50 evidencia el despropósito de una elevación a juicio oral de actuaciones ya transcurridos diez años desde que acontecieron los hechos, pues los jueces no afrontaron la exigencia legal de exponer un razonamiento lógico que les permitiera adoptar ese temperamento, ya que no fundamentaron debidamente la supuesta ausencia de dolo, sin tampoco enunciar en cuál o cuáles de las hipótesis cimentaban la afirmación de que los imputados vieron vulnerado su derecho a recibir respuesta en un plazo razonable. En el marco de los llamados "delitos en virtud de la responsabilidad institucional", la doctrina de la bagatela resulta sólo admisible en medida mínima, en orden a que la expectativa de la comunidad respecto al acatamiento de la norma que los regula, se vincula con que el cargo público de que se trate, sea ejercido con fidelidad máxima, con celo extremo, lo que implica que la mínima desviación de ese curso de acción deba ser castigado penalmente con el objeto de proveer a la estabilización de la norma.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, adulterio, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: A DE A, NN c/ A,A s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

El hecho de que uno de los cónyuges pernocte en un cuarto de hotel o bajo el mismo techo y en la misma habitación con otra mujer, es prueba suficiente del adulterio.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Justo Ragin c/ Morales, Fernando s/ Desalojo Benatti Carlos c/ Servidio Humberto s/ Simulación Simgalli, N. A. c/ Montello, M. s/ Desalojo anticipado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1978-10-19|1992-02-06|1987-02-05

El art. 68 en su primer párrafo de nuestra ley de enjuiciamiento, consagra, como regla general, el principio objetivo de la condena en costas por el vencimiento, pues, al vencedor no debe inferirle menoscabo patrimonial alguno la necesidad en que ha sido puesto de litigar para obtener el reconocimiento y declaración de su derecho, ya que no puede negarse que el litigante vencido, es la causa inmediata de la existencia del proceso, porque su existencia o pretensión injustificada da lugar a que no resulte incoveniente que pese sobre él la carga económica de atender a los gastos de dicho proceso.
Procedencia del recurso, seguro por incapacidad, sentencia arbitraria, cobertura
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: SEPULVEDA TERESA LEONOR C/ SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. S/ COBRO DE SEGURO POR INCAPACIDAD c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-08-23

Resulta procedente el recurso de Nulidad Extraordinario deducido, por haber incurrido la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en arbitrariedad por carecer de sustento en las constancias de autos (artículo 18, segundo párrafo, Ley N° 1406) desde que no encuentra anclaje en las particularidades del caso, ni puede ser avalada en esta instancia. Ello así, toda vez que en este caso no se trata de una eventual inoponibilidad de cláusulas limitativas de cobertura, sino que se pretende declarar inoponibles cláusulas que incorporan una mejora, bajo condición de aceptación y pago del nuevo precio. En el contexto descripto, que la actora haya abonado siempre la misma prima resulta un dato determinante, dado que si se aceptara que por el solo hecho de no habérsela anoticiado de la opción de mejorar la cobertura tiene derecho a ella, pese a que nunca abonó el incremento correspondiente, se estaría convalidando un enriquecimiento sin causa en cabeza del asegurado. En definitiva, la actora pretende hacerse de una suma mayor de dinero, aumentando el capital asegurado, sin haber abonado una prima superior, ni ofrecer hacerlo.
Competencia del tribunal de casación, sentencia condenatoria, derecho al recurso
Materia: PENAL
Carátula: Olivera Rovere, Jorge Carlos y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-13

El derecho legal expreso de recurrir la sentencia absolutoria, integrante del derecho de defensa -art. 18 de Constitución Nacional-, que tienen los acusadores se vería vulnerado si el tribunal casatorio careciera de facultades para condenar, entendiendo que si la legislación ha otorgado ese derecho de apelación cualquier acto gubernamental que lo limite, como una sentencia judicial, violenta ese reconocimiento del derecho de la parte.
Abogados, rendición de cuentas
Materia: LABORAL
Carátula: MAIDANA c/ AGIP ARGENTINA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-26

No existe ninguna disposición de la legislación de fondo ni de la ley de forma, que imponga que el letrado apoderado de la actora, justifique -bajo su responsabilidad- la compra de un inmueble. Por el contrario, es la madre, en su carácter de representante legal de la menor, quien debe rendir cuentas de la suma que se le ha entregado, cuyo destino es la compra del bien citado. En definitiva, tal situación no cae dentro de los principios comunes en materia de efectos del mandato entre mandante y mandatario, que regulan los artículos 1870 inciso 6, 1904, 1907, Código Civil y conc., ni tampoco resultarían de aplicación los principios generales de los artículos 512, 902, 909 también del Código Civil que regulan la posibilidad civil del abogado. ES VOTO DEL DR.MUZIO.
Tenencia de armas, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: Herrera, Juan Manuel
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-12-13

Un arma de fuego descargada -sin contar con municiones aptas, a su alcance inmediato- resulta un elemento inocuo para generar el estado de peligro exigido por el art. 189 bis CP, en razón de su objetiva y material incapacidad de conmover el bien jurídicamente tutelado, la seguridad común, por lo que su tenencia o portación devienen atípicas
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mena, José Rodolfo c/ Citibank N.A. s/ Regulación por diferencia de valor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

Acudir al monto de la demanda o al que resulte de la sentencia para fijar los estipendios de quienes no intervinieran en la transacción, implica presumir que estos letrados pueden ser perjudicados a través de una simulación objetiva y relativa tramada por los sujetos del acto -y obligados al pago de los honorarios de aquellos- estampando en el instrumento de la transacción un monto inferior al que cerró el acuerdo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Nunes, Carlos Antonio s/ Robo en despoblado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-05-11

Desde el punto de vista sistemático perdería sentido la prohibición consagrada en el inc. 5 del art. 434 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus mod.- si el propio régimen contemplara su desplazamiento por vía lateral.

De modo que dicho texto legal consolida, por su simple presencia, la exclusión de la posibilidad jurídica de incorporar, fuera del sistema de los arts. 126 a 137 y concordantes del Código de Procedimiento y no a título meramente investigativo sino de prueba de cargo, manifestaciones del imputado recogidas en el ámbito conceptual de los procedimientos sumariales.

De manera que, más allá de la letra del art. 434 inc. 5, la exclusión no se restringe al funcionario instructor sino que, incluye el indicado ámbito sumarial con referencia a 'quiénes se encuentran sometidos a imputación con motivo de una investigación judicial o policial'.
Leyes, interpretación de la ley, depreciación monetaria, honorarios, abuso del derecho
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: VERGILI, ROBERTO A Y OTROS c/ CAFFARO ROSSI s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 59-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-03

Los agravios que imputa a la sala "haberse apartado del texto legal, sin dar razón plausible alguna" -artículo 32 de la ley 6767 sobre actualización de honorarios- carecen de consistencia frente a la concreta afirmación de la sala en cuanto a que "...Esta interpretación literal y estricta puede dar lugar a soluciones injustas e incluso podría darse el caso que en base a ella se ampare un ejercicio abusivo de los derechos, lo que ciertamente no es querido por la ley (artículo 1071 civil)...".
Recurso de queja (procesal), notificación, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LAZZA, LUIS RICARDO Y OTROS c/ CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTRA s/ RESTITUCION DE LO PAGADO Y DAÑO MORAL - INCIDENTE DE EJECUCION DE  SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-03-21

Notificado el recurrente por cédula en el domicilio constituido en la alzada del acogimiento de la queja, la resolución del Juzgado que tiene por recibido el oficio -en que se le hace saber el acogimiento referido y pone los autos a disposición de la parte recurrente a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial- no requiere notificación por cédula o personalmente (argumento a contrario artículo 132 inciso 6 del Código citado). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aplicación de la ley, cuestiones de competencia, acción de amparo, obras sociales, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, competencia contencioso administrativa, Cámara Federal de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HEMADI, JALID c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

La ley 24.463, que innovó el esquema procesal, asignó a la C.F.S.S. una competencia revisora con respecto a decisiones previsionales, imponiendo a los juzgados federales en lo contencioso administrativo de la Capital Federal o con asiento en las provincias, el conocimiento de tales causas. En consecuencia, ante la acción de amparo deducida por el titular que considera arbitraria la denegatoria de su incorporación a la Obra Social para Jubilados y Pensionados (PAMI), corresponde declarar la incompetencia del Tribunal en razón del grado y remitir las actuaciones a la Mesa General de Entradas de la Cámara a fin de que, previo sorteo se designe el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal que deberá entender en la acción deducida. (Del voto de la Mayoría. El Dr. Fernández voto en disidencia).
Competencia, reenvío
Materia: LABORAL
Carátula: MORAN DE PEREZ JUANA DALIA D. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA Y/O RESPONSABLE s/ ACCIDENTE DE TRABAJO y/o ENFERMEDAD, ETC. s/ CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-30

Atento lo dispuesto por el art. 9, 11 y 13 del C.P.C. y C., la Cámara Laboral le corresponde analizar y resolver sobre la procedencia de la demanda, toda vez que al rechazar la excepción de prescripción de la acción -defensa de fondo-, debe introducirse al estudio, consideración y resolución de la pretensión esgrimida y de las defensas opuestas, para concluir con la sentencia sobre el fondo de la acción planteada, atento que esto último también fue introducido en el escrito recursivo como motivo de agravio.

El tribunal de la apelación debe pronunciarse sobre la procedencia o no de la defensa de prescripción, y ante el rechazo de ésta, introducirse en el estudio y consideración de la causa para dictar resolución final sobre las pretensiones esgrimidas por la accionante, ya que cuenta con todos los elementos necesarios para hacerlo, puesto que el procedimiento se ha desarrollado completamente.
Indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral, persona a cargo
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, RAUL DARIO s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-02-17

Le corresponde en plenitud a la madre el derecho a la percepción de la totalidad de la indemnización por accidente del trabajo mortal de su hijo, si de los instrumentos aportados, surge que se encuentra incapacitada para el trabajo, no goza ningún beneficio previsional, y se encontraba a cargo del causante a la fecha de su deceso desde hacía 25 años (artículo 38 ley 18037), a lo que suma la no convivencia con su cónyuge desde 40 años, y que éste en la actualidad tendría 80 años, siendo desconocido su paradero, quien, por lo tanto, no cumpliría con el requisito ineludible de encontrarse al amaparo del fallecido (artículo y ley citada).
Partidos políticos, nombre partidario
Materia: ELECTORAL
Carátula: PARTIDO 17 DE OCTUBRE s/ S/RECONOCIMIENTO PROVINCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1992-12-05

La propiedad del nombre político es ajena al concepto estrictamente patrimonial del derecho subjetivo, ni puede confundirse con la llamada propiedad intelectual.
Oralidad del debate, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Alatamirano , David Noel y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-22

Los argumentos en los cuales la defensa apoya la pretendida nulidad no logran de ningún modo demostrar el perjuicio concreto que el tiempo transcurrido entre la celebración del debate oral y público y el dictado del veredicto le causó. La impugnante no objeta ninguna circunstancia negativa en particular que le haya ocasionado el retardo, ni cuestiona la licitud del contenido de la resolución a partir de ello. Tan sólo señala que una vez que el debate concluyó, no se cumplió con el requisito del art. 396 del C.P.P.N., sin dar mayores especificaciones acerca del alegado agravio.
Recurso de queja (procesal), sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Labayru, Julia Elena y otros s/ Queja por recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Labayru, Julia Elena y otros c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14, CCABA) Inconstitucionalidad denegado en "Labayru, Julia Elena y otros c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14, CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-09

La alegada arbitrariedad de la sentencia no suple la ausencia del requisito mencionado. La circunstancia de que el recurrente discrepe con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que la sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria (Del voto de la Dra. Ruíz).
Abigeato, pena mínima
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GUALPA, GUILLERMO FELIPE; TOLEDO, JAVIER ORLANDO Y ROMERO, JOSE HERNAN c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-25

La sentencia del Juez de grado, como la resolución confirmatoria del Tribunal de Alzada reflejan una fundamentación además de insuficiente, contradictoria, defectos que privan de lógica a ambos fallos e impiden considerarlos como actos jurisdiccionales válidos, en razón de que si bien surge con claridad que la conducta que se enrostra a los imputados encuadra efectivamente en las previsiones o circunstancias que se han tenido en cuenta para agravar el apoderamiento ilegítimo de ganado en el Código Penal (en virtud de que el espíritu que guió al legislador en la reforma fue justamente el de reprimir aquellos hechos de abigeato perpetrados por bandas que actúan con inteligencia previa y con la finalidad de comercializar el ganado de procedencia ilítica, extremos todos que se presentan en el sub lite), los Sentenciantes consideraron que en resguardo de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y menor lesividad contenidos en la Constitución nacional, era justo imponer una pena menor al mínimo dispuesto por el legislador en la norma en cuestión, en un análisis que no se ajustó a la realidad del sub examine. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dr. Erbetta).
Honorarios, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Del Sole, A. c/ Cabanas, J. s/ Escrituración Lemmo, Ana María y otro s/ Incidente de verificación de crédito en autos: Storoni, Edgardo  Leonardo Pablo s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-23|1996-03-07

La resolución judicial que fija honorarios constituye una sentencia que reconoce la prestación de servicios útiles, siendo el lapso prescriptivo el de diez años que prevé el artº 4023 del Código Civil y su inicio se encuentra condicionado a su pleno consentimiento.

(Dec. Ley 8904 art. 54)
Juicio de alimentos, homologación del acuerdo, costas
Materia: CIVIL
Carátula: R.P., J.H. s/ Incidente de Apelación c/efecto devolutivo en autos "A., L.N. c/R.P., J.H. s/alimentos".
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-12-06

El principio general de que en materia de alimentos las costas deben ser soportadas por el obligado a la prestación, es aplicable aun a los casos en que las partes hubieran llegado a una transacción o convenio homologado judicialmente, salvo, lógicamente, acuerdo expreso de ellas mismas en contrario, que debe respetarse de conformidad al art. 73 del C.P.C.C.
Contrato de trabajo, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Q., F. S. c/ F. S.R.L. s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-27

El contrato de trabajo se sustenta en el recíproco respeto y confianza entre las partes. Si en el curso de la relación laboral se produce algún hecho que impide continuar en el plano de la buena fe y confianza, es lícito ponerle fin y el causante debe soportar las consecuencias.
Recurso de casación, errónea apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Dacca, Néstor Alberto Raúl s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-19

Con relación a la errónea apreciación de la prueba, dada su excepcionalidad, la revisión de los hechos reviste carácter restrictivo y cuando se lo procura por el carril del inc. 3º del art. 257 del C.P.C. se exige que: a) Se trate de prueba documental consistente en instrumento público o privado debidamente reconocido en juicio y b) Que el error se manifieste en forma evidente por el simple cotejo entre el contenido del instrumento y las afirmaciones de la sentencia, sin que sea lícito ni legítimo recurrir a presunciones, conjeturas ni discusiones más o menos valederas.
Partes del proceso, deberes procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Juan José Toledo y Otros c/ Empresa Contreras Hnos.  S.A. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-08-11

Es insuficiente de la certificación actuaria, si no se certifica debidamente acerca de quienes resultan partes en el proceso principal, sus domicilios reales y constituidos y quienes los representan, en su caso. Estas deficiencias apuntadas impiden a esta Cámara resolver con los elementos acompañados al incidente, que como tal, debe bastarse a si mismo.
Medidas cautelares, medidas cautelares contra el Estado, tutela anticipada, medida cautelar innovativa, acción de amparo, trasplante de órganos, facultades del juez, deberes del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Bello, Fernando Sebastián y otra. c/ Osecac y otros. s/ Amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-10-21

En función de las excepcionales circunstancias de urgencia, como los significativos costos y la situación excepcionalísima del poco común de la patología que padece el amparista y el tratamiento específico que requiere, el tribunal debe en consecuencia pronunciarse sobre la procedencia o no del reclamo cuando el objeto de la medida cautelar peticionada se identifica con el del amparo -tutela anticipada-, pues tiene la específica misión de velar por la vigencia real y efectiva de los principios constitucionales, más aún si la obra social, el Estado Provincial y Nacional codemandados han tenido debida participación al evacuar los respectivos informes previstos en el art. 8 de la 16.986
Recurso de inconstitucionalidad, doble instancia, contravenciones
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Publico c/ Alberganti, Christian Adrián s/ recurso de inconstitucionalidad concedido recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-05

Aún cuando la distinción entre contravención, falta y delito no responda a criterios universalmente aceptados, ni reciba un tratamiento idéntico en todas las legislaciones nacionales de los países que han ratificado la CADDHH, no es dudoso que esa distinción está generalizada y que la voz "delito": no agota el universo de conductas a cuya comisión la ley enlaza una sanción penal, y ni siquiera comprende la totalidad de las conductas alcanzadas por penas privativas de la libertad, mas apunta a un ámbito de ilicitud de mayor entidad que el de las contravenciones o las faltas, a las cuales, universalmente, se identifica como conductas reprochables de menor gravedad.