Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-21


2º Instancia.- Buenos Aires, agosto 21 de 2008.

El doctor Farrell dijo:

La sentencia en recurso reseñó adecuadamente las circunstancias del caso que nos ocupa (fs. 178) por lo que a ella me remito en este aspecto, brevitatis causae. Apeló la actora, expresando agravios a fs.195; ellos fueron contestados a fs. 202. Anticipo que no he de seguir a la recurrente en todos sus agravios, sino sólo en aquellos que resulten necesarios para la solución del sub examen (Corte Suprema, Fallos: 276:132; 280:320; 303:2088; 394:819 y 307:1121, entre muchos otros). Como ha tenido oportunidad de resolver el Tribunal (causa 30986), del 25/2/99), la prescripción bienal del artículo 4032 del Código Civil se refiere a un nexo caracterizado por su individualidad y, en general, a supuestos de actos aislados o de atención continua o reiterada de un enfermo o de varios integrantes de un mismo núcleo familiar (Sala II, causa 11020, del 24/6/97). Fue concebida, entonces, en una época en la que no existían las modalidades vigentes de prestación de servicios, tales como las obras sociales y los sistemas de medicina prepaga. La norma aludida, entonces, no puede aplicarse a modalidades asistenciales para las que no fue prevista. Se suma a ello que el instituto de la prescripción debe ser aplicado restrictivamente, prefiriéndose en situaciones dudosas el plazo más extenso, de donde el caso que nos ocupa encuadra en las previsiones del artículo 4023 del Código Civil, rigiendo la prescripción decenal. Ello obliga, obviamente, a analizar el fondo de la cuestión planteada, toda vez que el plazo de diez años no ha transcurrido en autos. En este aspecto la prueba es desfavorable respecto de la parte actora. Por una parte, la certificación de fs. 22 fue expedida con los limitados alcances de referirse sólo a la concordancia con las facturas. Por la otra, la pericia contable, ante la pérdida de los libros de la actora, no pudo determinar montos impagos, ni la existencia misma de deuda (fs. 119 y vuelta). El perito recuerda, asimismo, que no puede saberse de donde surgen las registraciones iniciales (fs. 133). Finalmente, el experto hace notar que de la contabilidad de la demandada surge el pago de las facturas por las que aquí se acciona (fs. 119 vuelta/120). La no coincidencia de montos con los cheques citados en la pericia (fs. 139 y 161) no debe extrañar, pues los pagos han de haber incluido otras facturas (hubiera sido objetable que los montos fueran menores, por supuesto). Y que exista un crédito de la actora verificado en una quiebra (fs. 129) nada prueba, pues se desconoce el origen del mismo.

En suma, aunque la prescripción no se ha operado, la actora no ha podido acreditar la existencia de la deuda que reclama. Voto, pues, para que -por los fundamentos que he Expuesto- se confirme la sentencia en recurso, con costas de Alzada a la recurrente, vencida. La doctora Najurieta adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedentemente transcripto, el Tribunal resuelve: confirmar la sentencia por los fundamentos expuestos. Las costas de Alzada se imponen a la actora. En los casos de rechazo total de la demanda los emolumentos de los profesionales intervinientes se deben determinar tomando como base el monto reclamado en aquélla (conf. fallos plenarios "Ford Motors S. A. c/Gobierno Nacional", del 7.9.76, publ. E.D. 69:350), con más los intereses apreciados prudencialmente hasta el presente (conf. esta Cámara en pleno, causa 21.961/96, "La Territorial de Seguros SA c/ Staf s/ incidente" del 11.9.97). Sobre dicha base, y valorando el mérito, la extensión, la eficacia de la labor desarrollada y las etapas cumplidas, se confirman los honorarios de los letrados apoderados de la demandada, Dres. C. Z. S. y L. R. B. (arts. 6, 9, 10, 19, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores). Atendiendo a análogas razones, en lo pertinente y a la adecuada proporción que los honorarios de los peritos debe tener con los que les corresponden a los profesionales de las partes (Fallos: 300:70, 303:1569, entre otros), se fijan los del contador D. B. en pesos mil ($ 1.000). Por la labor desarrollada en la Alzada, valorando el valor disputado y el éxito obtenido, se regulan los honorarios del letrado apoderado de la actora, Dr. M. P., en pesos setecientos ($ 700) y los del letrado apoderado de la demandada, Dra. C. Z. S., en pesos mil ($ 1.000); art. 14 y cit. del arancel. El Dr. de las Carreras no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.) Regístrese, notifíquese y devuélvase.- María S. Najurieta.- Martín D. Farrell.