Ejecución de la pena, libertad condicional, rechazo del reclamo, oportunidad procesal, denegatoria del recurso, constitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, acción de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Holguin Rodríguez, María Altagracia c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-17

Corresponde rechazar el recurso deducido por la defensa contra la decisión que no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 14, inc. 10 del CP, segundo párrafo -según ley 27.375-. En primer lugar, debe recordarse que, si bien es cierto que las normas en cuestión impiden que la nombrada pueda acceder a la libertad condicional; la ley 27.375 ha establecido un sistema de ejecución de la pena privativa de la libertad diferenciado para el supuesto en el que se encuentra la encausada, que consiste en el llamado "régimen preparatorio para la liberación" que se encuentra regulado en el art. 56 quáter de la ley 24.660. Así las cosas, con relación al fin de reinserción social de las penas (art. 1, Ley 24.660; arts. 18 y 75.22, CN; art. 5.6, CADH; art. 10, 3 PIDCyP) y la progresividad como medio a través del cual se alcanza ese fin (art. 6, Ley 24.660), no se advierte que el instituto establecido en el art. 56 quáter impida su conquista. Por otra parte, corresponde remarcar que la libertad condicional es una forma, entre otras, de receptar el principio de readaptación social de los condenados. Por lo tanto, no es el único medio o instituto posible para cumplir ese objetivo, ni ese mecanismo resulta excluyente y exclusivo a esos fines, de modo que implique en su peculiaridad, un derecho constitucionalmente reconocido como tal. En consecuencia, la legislación local tiene bajo su competencia seleccionar los instrumentos concretos orientados a ese fin, sin entrar en contradicción con las reglas convencionales sobre la cuestión. En referencia al principio de igualdad y al establecimiento de diferentes regímenes penitenciarios, se observa que el criterio ha sido el delito por el que la persona resulta condenada (art. 14 del CP y art. 56 bis de la ley 24.660) lo cual no luce arbitrario o indebido. En efecto, se trata de un elemento objetivo que el legislador ha previsto en función de la peculiaridad, gravedad y lesividad que representan cierto tipo de injustos. Precisamente, en este punto hay una fundamentación directamente vinculada con la responsabilidad por el hecho, pues este último concepto -en términos constitucionales y penales- exterioriza la naturaleza e intensidad del injusto que marca la extensión de la culpabilidad del sujeto al que se le atribuye. En este caso, la culpabilidad por el hecho - injusto- es la base con la que se determina la peculiaridad del régimen aplicable que no expresa, por lo antes señalado, la neutralización o aniquilamiento de la orientación resocializadora. Por último, vale referir que, atento a la aplicación en el caso de la ley 27.375, cuyos cuestionamientos de índole constitucional han sido acertadamente rechazados por el a quo, va de suyo la improcedencia del instituto de la libertad condicional, toda vez que los arts. 14 inc. 10 del CP y art. 56 bis de la ley 24.660 impiden su concesión. La disidencia sostuvo que realizada la deliberación y sellada la suerte del recurso con el criterio concordante de los distinguidos colegas, solo resta destacar que la ausencia de tratamiento de argumentos brindados en orden a las cuestiones planteadas, sumado a la inexistencia de una decisión fundada sobre la aplicación al sub lite de normas que, a todo evento, hubieran otorgado apoyo al reclamo, evidencia un manifiesto defecto de la resolución censurada en los términos establecidos por la doctrina del cimero tribunal (Fallos: 314:1366 y 1434; 318:2678; 326:1969; 331:2077, entre otros), todo lo que autoriza al progreso de la impugnación intentada. Dres. Yacobucci, Slokar -en disidencia- y Mahiques.