Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-07


L., J. A.

Reg.: A y S t 203 p 326-330.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "L., J. A. -Ejercicio de funciones públicas sin nombramiento de autoridad- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 460, año 2003). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 192, pág. 186 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el señor Fiscal de Cámaras Número 1 de Rosario contra la sentencia 44 del 31 de mayo de 2001, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de esa ciudad, por entender que el planteo de la recurrente, contaba -en principio- con suficiente asidero en las constancias de autos, ostentaba entidad constitucional y resultaba idóneo para operar la apertura de esta instancia de excepción.

El nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, realizado con los principales a la vista, me conduce a rectificar dicha conclusión conforme lo expondré seguidamente.

Sucintamente, el caso.

1. El Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional Número 1 de Rosario -en lo que aquí concierne- declaró a J. A. L. como coautor penalmente responsable del delito de ejercicio de funciones públicas sin nombramiento de autoridad competente (arts. 45 y 246, inciso 1 del Código Penal), imponiéndole, en consecuencia, la pena de dos meses de prisión de efectivo cumplimiento y las costas del proceso (arts. 29, inc. 3, 40 y 41 del Código Penal (fs. 92/100).

Contra esa resolución interpuso el señor Defensor de Cámaras, doctor Carlos A. Giandoménico, recurso de apelación, que fue concedido por el Inferior (f. 101).

En el escrito de expresión de agravios, la defensa técnica de L. manifestó disconformidad con relación -pura y exclusivamente- al monto de la pena impuesta, solicitando su reducción (f. 107).

Por acuerdo 44 del 31 de mayo del 2001, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, revocó la sentencia apelada y absolvió de culpa y cargo a J. A. L., por falta de pruebas sobre la existencia del delito (art. 5, C.P.P.) (fs. 111/116).

2. Contra ese pronunciamiento interpone el representante del Ministerio Público Fiscal su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por las siguientes razones: Sostiene que la autoría y responsabilidad de L. no se encontraba controvertida debido a que la defensa, en cumplimiento de instrucciones de su representado, había ceñido sus agravios a cuestionar exclusivamente el monto de la pena, dejándolo sin posibilidad de ser oído en relación al fondo del asunto.

Expresa que la Sala al absolver -y ordenar considerar el artículo 410 del Código Procesal Penal respecto del condenado no apelante-, efectúa una arbitraria interpretación del adagio "tantum devolutum quantum apellatum", por cuanto fue la propia pretensión de la defensa la que marcó el límite -restricción que puso por expreso pedido de su representado- dentro del cual pudo actuar la Cámara, no habiendo razón de orden público que permitiera su intervención oficiosa, vedando así a la Fiscalía la posibilidad de ser oída en relación a la valoración que realizara la Alzada.

Por lo demás, remarca que el coimputado consintió expresamente la sentencia, razón por la cual la Sala no pudo ir más allá de lo que fue la propia pretensión de quien recurrió.

3. La presente impugnación -como ya se adelantó- no ha de traspasar el umbral de la admisibilidad. En efecto: Aun cuando la impugnante acusa la invalidez de la sentencia por presunta arbitrariedad y por violar el derech Repárese, en tal sentido, que la Cámara principió todo su razonamiento dejando bien en claro que el agravio del señor Defensor de Cámaras se había ceñido estrictamente al tema de la reducción del monto de la pena, mientras que el Fiscal de Cámaras, a su turno, postulaba la desestimación de esa pretensión, aclarando que tanto la autoría como la responsabilidad del proceso no se encontraban controvertidas.

Siguió diciendo el Tribunal que en atención al principio "tantum devolutum quantum apellatum" consagrado en el código de rito sólo podía expedirse sobre lo que había sido materia de agravio -itero, monto de la pena-. Empero, esa objeción legal no resultaba aplicable en la especie, pudiendo, en consecuencia, examinar la totalidad del caso y no solamente con aquel límite (monto de la pena).

Es a partir de estas reflexiones donde la Sala comienza a justificar el análisis del fondo de la causa. Así, dice que en este particular caso, la defensa había solicitado en su hora la absolución de L. por entender que mediaba el principio de la duda acerca de la tipicidad de la conducta reprochada por el actor penal; que el alcance de los medios impugnativos está limitada por los motivos que la apelante alega en su perjuicio y siempre bajo la vigencia del principio de la "non reformatio in peius" , por lo que se exige una congruencia entre la materia del recurso y la decisión del Tribunal.

Pero este obstáculo o veda -dijo el Tribunal- no era absoluto ya que cuando el apelante es el condenado y sólo se notificó del fallo, los Jueces de grado pueden, cuando advierten del estudio del proceso que existe o media una injusta solución de la cuestión de fondo en el fallo de baja instancia, expedirse sobre ésta en tanto ningún impedimento legal pesa sobre ello.

Ello así, señaló el Órgano revisor, aun cuando no existiera controversia sobre la cuestión al no agraviarse la defensa, habida cuenta que existía una suerte de "desistimiento implícito" sobre la atribución de responsabilidad penal que necesariamente imponía, o bien mandato expreso del representado o una ratificación por parte de éste conforme lo dispuesto por el artículo 412 último párrafo del Código Procesal Penal.

Culminó su pensamiento la Sala, diciendo que si bien era cierto que el Defensor de Cámaras había manifestado -en su breve escrito de expresión de agravios- que sólo cuestionaba el monto de la pena, agregando que así lo había instruido su representado, lo cierto era que no mediaba una ratificación personal expresa de L. de consentirla.

Palabras más o menos, por el camino de que habiéndose cuestionado en baja instancia la constitución misma del hecho enrostrado y de la equiparación de la ausencia de agravio sobre ese aspecto operaba como una suerte de "desistimiento implícito del recurso de apelación" que requería mandato expreso del defensor o ratificación del imputado (art. 412, C.P.P.), la Cámara transitó su discurso para entenderse habilitada en su competencia funcional para conocer y juzgar los hechos incriminados a L., recobrando, así, vigencia, la postura asumida por el Defensor General en primer grado de conocimiento.

Esta hermenéutica propiciada por el Tribunal para ingresar en el ámbito cognoscitivo del fondo del asunto no ha sido criticada por la recurrente, en rigor de verdad, ni siquiera mencionada, por lo cual queda enhiesta, en pie. Antes bien, la lacónica alusión de la apelante, en el sentido que la sentencia en crisis conculca el principio "tantum devolutum quantun apellatum" y menoscaba la garantía de defensa en juicio resulta a todas luces insuficiente para conmover la tesis propuesta.

Esta falencia de la impugnación -que campea, a no dudar en todo el libelo recursivo- conlleva necesariamente a concluir a que no se encuentra formulada una cuestión con jerarquía constitucional. Se advierte, por contrario, una insuficiente justificación de los agravios, careciendo de precisión alguna que no permite ciertamente comprenderlos, y si bien se aduce genéricamente arbitrariedad del decisorio, no se traslada concretamente ese concepto al fallo, empleando una crítica genérica que impide comprobar el nexo entre el vicio acusado y la norma constitucional supuestamente vulnerada como así también la decisividad del planteo para la solución de la litis. Podría sostenerse, aunque sin una base sólida que lo respalde, que la quejosa dirige su cuestionamiento en torno a la interpretación asignada por la Cámara al artículo 414 del Código Procesal Penal.

Sobre este aspecto el Tribunal entendió -aclarando que lo hacía a mayor abundamiento- que esa norma concede al Órgano revisor una potestad jurisdiccional amplia a los efectos de expedirse en favor del condenado en los casos en que media únicamente recurso de apelación del Ministerio Fiscal, en lo que se denomina "reformatio in melius" por oposición a la "reformatio in peius", pudiendo el "ad quem" decidir que la condena es injusta e improcedente aun cuando la queja del acusador penal verse únicamente sobre la pena, revocándola y disponiendo la absolución del imputado.

Agregando -la Sala- que cuanto más correspondía la viabilidad y legitimidad de una decisión que se expidiera también sobre el fondo del caso, cuando la condena venía recurrida por el propio condenado en un estricto apego y respeto a los principios de legalidad y defensa.

Pero estos alcances que el Tribunal confirió al precepto enunciado y que parecerían -como ya se dijo- alzarse como el centro de reproche por parte de la recurrente, fueron expuestos, como ya se adelantó, tan solo a mayor abundamiento en la sentencia, careciendo, entonces, de contenido decisorio expreso no pudiendo erigirse como "holding" de aquella y, en consecuencia, ninguna trascendencia ostentan en la especie para alterar el resultado del proceso.

Resultas de la falencia apuntada, la postulación recursiva queda reducida a la mera disconformidad de la recurrente con el criterio interpretativo que inspiró a la Sala actuante en orden a habilitar su competencia funcional para ingresar en el ámbito cognoscitivo de la autoría y responsabilidad del encartado, mediante una exégesis del derecho que aplicó al caso (art. 412, C.P.P.) que no puede tildarse de grosera, absurda o irracional a punto tal de descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto. Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y asi votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)