Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-11-29


AUTOS Nº 109900 (05° JUZ. CIVIL) (SALA III Nº 12136) "FERNANDEZ Edgardo C/ Minera Argentina Gold SA- Daños y Perjuicios"	En la ciudad de San Juan, a 29 días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dr. Luis Alberto Recio y Dr. Daniel Olivares Yapur, para conocer sobre el recurso de apelación deducido por la demandada a fs 391 concedido a fs. 392, contra la sentencia de fecha 14 de febrero de 2018, obrante a fs. 373/384. El Sr. Juez de Cámara, Dr. LUIS ALBERTO RECIO dijo:

El Señor Juez del Quinto Juzgado Civil, en fecha 14 de febrero de 2018 en sentencia definitiva resolvió: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a la firma Minera Argentina Gold Sociedad Anónima ( MAGSA) a pagar al actor, Sr. Edgardo Fernández, la suma determinada en los considerandos precedentes con mas el interés legal correspondiente. 2) Imponer las costas a la demandada vencida, en los términos del art.66 del C.P.C. 3) Regular honorarios Por el juicio principal : Al Dr. Guillermo P. de Sanctis Conca por su actuación en doble carácter representando al actor y por una etapa cumplida (diligencias preliminares y libelo demanda) en el 9% de la liquidación que se practique oportunamente; al Dr. Edgardo Navarro por su actuación en doble carácter representando al actor y por una etapa cumplida ( prueba) en el 7% y al Dr. Hipólito Fernández por su actuación en carácter simple patrocinando al actor, por la tercera etapa cumplida ( alegato) en el 6%. A los Dres. Carlos Echegaray y Mariel Bonade por su actuación en doble carácter representando a la demandada MAGSA por una etapa y en forma conjunta (contestación de demanda) en el 4.9% de la planilla que oportunamente se apruebe; y a la Dra Mariel Bonade por las dos restantes etapas (prueba y alegato) en el 9.8% según pauta explicitada supra. A la perito psicóloga Lic. Carolina Lozada por su labor de fs 303/4 en el 1.5 % . Por la excepción de prescripción reguló honorarios a los Dres Carlos Echegaray y Mariel Bonade por su actuación en doble carácter representando a la excepcionante vencida y en forma conjunta en el 2.45 % y al Dr. Guillermo P. de Sanctis Conca por su actuación en doble carácter representando al excepcionado vencedor en el 5% según pauta explicitada supra".

Contra tal pronunciamiento se alza en recurso de apelación la demandada a fs. 391, expresando agravios a fs. 395/403. La contestación de la actora obra a fs. 405/406.

A los fines de darle una razonable autonomía al presente y sin perjuicio de la relación de los hechos que formula el Juez de la causa, relato suscintamente los mismos. La acción se origina con la demanda que inicia el Señor Edgardo Fernández contra Minera Argentina Gold S.A. reclamando la suma de $ 50.000 o lo que en mas o menos surja de la prueba a rendirse. El accionante se desempeñaba como ayudante de cocina en el campamento Veladero para la firma Eurest S.A., subcontratista de la accionada. El día 29 de mayo de 2004, personal de Seguridad y Mantenimiento del Campamento Veladero de la accionada Magsa, irrumpió en la habitación del actor y violaron el armario de uso privado donde guardaba sus pertenencias. En circunstancias poco claras, adujeron haber encontrado una sustancia supuestamente alucinógena, atribuyendo su pertenencia al Señor Fernández. Ante tal hecho, la empresa da intervención a Gendarmería Nacional quien inicia Prevención Sumaria Judicial N° 05/04 del 30-05-2004 carátula "Nelson Edgardo Fernández s/ Presunta infracción a la Ley de Estupefacientes 23737", dando origen a la causa penal que tramitó ante el Juzgado Federal N° 2, Secretaría 4 de San Juan, Autos 15054 " c/ Fernández Nelson Edgardo -Por inf. Ley 23737", donde se dispuso la detención del Señor Fernández hasta el día 1 de junio de 2004. Por sentencia del día 14-09-05, culmina la causa en el sobreseimiento definitivo del imputado. Las actuaciones fueron anuladas por irregularidad del trámite, habiéndole ocasionado un grave daño a su persona y patrimonio, siendo despedido del trabajo y estuvo detenido varios días, con consecuencias negativas familiares y del entorno social. Atribuye la responsabilidad directa o refleja con fundamento en el art 1113 del C.Civil a la accionada por los daños causados por personas que están bajo su dependencia, existiendo relación de causalidad entre el hecho y el daño sufrido. Comparece la demandada a fs. 193/203, opone excepción de prescripción y contesta demanda, resistiendo la atribución de responsabilidad en los hechos narrados. Sostiene que el procedimiento luego anulado fue realizado por personas dependientes de contratistas de MAGSA, no avalado por ésta ni estaba contemplada en las funciones que cumplían. Tampoco puede imputarse el episodio del actor a su representada, siendo la empleadora EUREST la que lo despidió alegando razones de reestructuración. Niega que resulte de aplicación el art. 1113 del C.Civil, y podría existir solidaridad en mérito al art 30 de la LCT, pero no es el caso, por cuanto las tareas de ERS, Stracom y SNC Labalín, no tienen relación con la actividad de MAGSA. Impugna la existencia de daño alguno resultando antojadiza la suma reclamada. Producida la prueba se dicta sentencia definitiva en fecha 14 de febrero de 2018, la que obra a fs. 373/384.

Contra tal pronunciamiento, se alza en recurso de apelación la demandada a fs. 391, expresando agravios a fs. 395/403, los que se sintetizan de la siguiente forma.

Primero) Cuestiona la condena a su parte a responder por las consecuencias dañosas que el accionar de los dependientes de sus contratistas provocaron al actor, considerando que hay un error en la interpretación de las tareas cumplidas por las contratistas Stracom, Eurest y Lavalin al sostener el sentenciante que coadyuvan con la actividad principal de la minera. La solidaridad es de interpretación restrictiva, no cualquier actividad puede resultar esencial en la empresa y no se configuran los extremos legales de la misma. Primero por no corresponder las actividades de los contratistas con el objeto social de la demandada y segundo, por cuanto no está controvertido que la causa del despido del actor fueron razones de reestructuración de la empleadora. Para que funcione la solidaridad, debe tratarse de actividades que complementen o completen la actividad del establecimiento y su finalidad es evitar la contratación de terceros para la realización de las tareas propias de la empresa evadiendo responsabilidades del obligado principal, razón por la cual, la norma excluye de su ámbito las supuestas actividades secundarias o accesorias que pudieran llevar a cabo las empresas. Y en el caso, las actividades de la demandada y la de sus contratistas difieren por naturaleza y no pueden conformar una unidad técnica de ejecución. Considera que el fallo lesiona sus derechos al imputar una responsabilidad solidaria improcedente y adicionar una responsabilidad por los daños que causen las personas que se encuentran bajo su dependencia o en ejercicio de sus funciones. Su parte no debía aportar prueba alguna para excluir su responsabilidad, sino de demostrar el objeto y actividad principal de la empresa y la de las contratistas, prueba que si se ha aportado. El procedimiento llevado a cabo por personal de empresas contratadas no tuvo nunca el aval de la demandada ni contemplado dentro de las funciones que deben cumplir las contratistas. Lo que acredita la falta de nexo de causalidad entre los hechos de dependientes de contratistas y el daño. Segundo ) Le agravia la condena a su parte por daño moral en tanto la actora no cumplió con la carga probatoria que acredite la existencia de daño moral y debió ser rechazado. La pericia psicológica no prueba tal extremo, tornando arbitraria la decisión de condena. Y la responsabilidad solidaria del art 30 de la LCT sobre la que el sentenciante sostiene el daño moral, excede el ámbito de responsabilidad regulado por esa norma que es contractual. Siendo la indemnización prevista por el art 245 de la LCT, una indemnización tarifada que cubre todos los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que pueda experimentar el trabajador. Le agravia el análisis del a-quo conforme el principio general del art. 1113 del C.Civil, olvidando la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) que regula el caso en el art. 1753, no siendo la responsabilidad que deba analizarse la de la demandada por el hecho del dependiente, ya que el actor no revestía tal calidad respecto de ella, sino la responsabilidad por el hecho de las personas de que se sirven para el cumplimiento de sus obligaciones, en ocasión de las funciones encomendadas y el accionar de sus contratistas excedió el marco de actuación para las que fueron contratadas, tornando operativa la excepción prevista en la norma. Tercero) También le agravia el cuantum de la indemnización acordada en concepto de daño moral que considera es sin fundamento alguno el que deberá ser, en el caso hipotético de no hacer lugar a la revocación de la condena, a la reducción del cuantum fijado. Cuarto) Respecto de costas y honorarios, en función de los agravios expuestos y arbitrariedad de la sentencia, pretende se revoque la imposición de costas a su parte, imponiéndolas a la accionante, debiendo modificarse asímismo la regulación de honorarios efectuada a la representación letrada de la actora y a la perito en Psicología, los que resultan elevados, debiendo llevarse a sus justos límites.

TRATAMIENTO DEL RECURSO	En primer lugar y constituyendo un punto específico en la expresión de agravios que se analizan, dejo sentado en relación a la legislación aplicable al caso que, considerando la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación- Ley 26994 y su entrada en vigencia el 1 de agosto de 2015, resulta aplicable al caso en estudio el Código Civil -Ley 340-, atento la fecha en que se produjeron los hechos que la originan. En tanto en supuestos como el de autos, en que se debate la procedencia de una pretensión indemnizatoria fundada en la responsabilidad civil del accionado, daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito, doctrina y jurisprudencia es conteste en afirmar que la ley que rige la relación generada por el hecho dañoso, es la vigente al momento de la producción del daño (. (v. Kemelmajer de Carlucci Aída "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes". Santa Fé. Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 158) Y Jurisprudencia: Cam.Ap.Cont.Adm. de La Plata, Autos "L.C.M. c/Hospital Gral de Agudos de Quilmes y otra.s/ Pretensión Indemnizatoria" del 10-9-15,La Ley 2015- F, 321,Sup.Adm.2015.)	El criterio expuesto parte de la premisa central cual es la obligación de resarcir conforme una relación jurídica que se establece entre víctima y el responsable en virtud de la ley, cuando se reúnen los requisitos o presupuestos de hecho necesarios y que incluye a la producción de un daño indemnizable (Kemelmajer de Carlucci, Ob.cit., pag 62). En la especie, tanto el hecho central en el que se sustenta la pretensión indemnizatoria como los daños cuya reparación se reclama han ocurrido en fecha anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, razón por la que la controversia y los recursos, deben resolverse a la luz de las normas contenidas en el derogado Código Civil. (art. 7 del C.C y Com).	Agrego que, aún cuando la presente se analiza a la luz del C.Civil, el Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26994-, utiliza en el art. 1721 el término factores de atribución, utilizado desde hace décadas por la doctrina pacífica del país, dando cabida a los factores de atribución subjetivos (dolo y culpa) y objetivos (riesgo por las cosas y por las actividades). Estableciendo que ante la inexistencia de norma expresa, el factor de atribución es la culpa. Por su parte, el art. 1726 prevé que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño y que, excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Es decir, en cuanto al presupuesto de la responsabilidad civil conocido como nexo causal, el nuevo código clasifica las consecuencias de los hechos de manera similar al Código Civil que reemplaza, imponiendo como regla general a cargo de quien la alega, la prueba de la relación causal.

Entrando en análisis del recurso de la accionada, trataré en forma conjunta los tres primeros agravios por la interrelación que existe entre los mismos. Critica en primer lugar la atribución de responsabilidad a su parte en los hechos que dan origen al presente reclamo. Adelanto opinión, en sentido adverso al agravio propuesto, el que juzgo resulta inadmisible.

En efecto. Para que proceda un reclamo de daños por responsabilidad civil, sea ésta de fuente contractual o extracontractual, debe reunir los siguientes recaudos: a) la antijuricidad; b) el daño; c) el factor de atribución y d) la relación de causalidad, debiendo concurrir todos ellos a los fines de viabilizar la pretensión resarcitoria. El daño constituye de tal modo, uno de los presupuestos de la obligación de resarcir o, si se prefiere, de la responsabilidad jurídica. No hay responsabilidad jurídica si no hay daño, pero éste para generar responsabilidad debe haberse producido en razón de un acto antijurídico que, en su consideración objetiva, se atribuye a un sujeto, sea a título de culpa o de otro factor objetivo de atribución, mediando además relación causal entre el acto imputable y el daño.

La pretensión resarcitoria impetrada por el accionante tiene como fundamento y sostén la previsión del art 1113 del Código Civil primera parte, en cuanto prevé que la obligación de reparar un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia o por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado. La primera parte del art. 1113 del C.Civil, resulta ser un supuesto de extensión de responsabilidad. En cuanto al fundamento de tal disposición Luis M.Boffi Boggero (Tratado de las Obligaciones, t.5.p.618 Ed.Astrea 1981) expresa "Pensamos que el fundamento mas claro de la norma en examen es una obligación de garantía personal instituída por la ley con base en la relación jurídica entre patrón y dependiente, es decir que, apoyándose en esa situación de derecho, el art. 1113 dispone que el principal, normalmente de mas solvencia que quien actúa para él, garantice a la víctima el mas fácil cobro de su crédito" Y ello no empece a que luego de haber efectuado el pago, el principal reclame al dependiente el reintegro de las sumas abonadas. De lo que se concluye que la misma es una responsabilidad objetiva, ajena a todo concepto de culpa.

Cabe adunar en este análisis que tal responsabilidad objetiva del principal, no consignada expresamente en el art. 1113 pero que la opinión doctrinaria y jurisprudencial casi unánime elaboró en torno a la norma, ha sido receptada expresamente por el art. 1753 del nuevo C.C yC. ( Ley 26.994) cuando consigna que el principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas. Es decir que la responsabilidad objetiva del principal hoy está expresamente prevista por esa norma, es la recepción en el nuevo código de la interpretación doctrinaria y jurisprudencial de la responsabilidad objetiva del principal prevista en la primera parte del art 1113 el C.Civil, sobre la cual basa o sustenta el sentenciante la condena resarcitoria de autos.

Desde la perspectiva de la norma resulta que prevé un factor de responsabilidad indirecta llamado deber de garantía, en tanto constituye al principal en garante ante la víctima de la culpa de sus subordinados en el ejercicio de sus funciones. Enseña Bustamante Albina (Teoría General de la Responsabilidad Civil) Sexta Edición actualizada Abeledo Perrot,Bs.As, 1989,pag 337 y s.s) que para que funcione la garantía deben reunirse las siguientes condiciones: 1) Relación de dependencia; 2) ejercicio de la función; 3) acto ilícito del subordinado. Entonces primeramente, para que surja la responsabilidad debe existir un vínculo de dependencia o subordinación entre el principal y el autor del acto ilícito. Al respecto existe doctrina que, asignando un criterio restrictivo a la norma legal, sólo considera "dependiente" a quienes han sido libremente elegidos y vigilados, hallándose vinculados al principal por un contrato de locación de servicios. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia nacional ha ampliado notablemente este concepto en el sentido de considerar "dependiente" no sólo a quien se encuentra vinculado contractualmente, sino también a quien se encuentra en una relación de subordinación circunstancial y gratuita. Lo importante es que el autor del daño haya dependido para obrar de una autorización del principal, aunque la subordinación resultara ocasionalmente de una elección para actuar y un virtual poder de control sobre el hecho de otro, sin que importe que tal actividad sea gratuita o remunerada. La calidad de dependiente interesa en la medida en que este subordinado sea autor de un daño a un tercero, por el que deba responder el principal. La responsabilidad del principal existe por el hecho del dependiente, pero si el hecho no es imputable a este último, la base de la acción de indemnización desaparece. (Fecha: 23/12/1998, Sentencia N°: 980, Corte Suprema de Justicia Tucumán .Lex Doctor 9.1)	Si bien cuestiona la recurrente, que el sentenciante basa su fallo en la solidaridad del art. 30 de la LCT y centra su crítica al considerar inaplicable tal solidaridad en la especie, en tanto las actividades de las contratistas Stracom Argentina, Eurest y Lavalín no se corresponden con el objeto social de la demandada y el despido del actor fue decidido por razones de reestructuración de su empleadora, lo cierto es que el juez a-quo funda su decisión en el supuesto de responsabilidad indirecta por extensión, es decir en la primera parte del art. 1113.	Resulta acreditado en autos y no es materia de cuestionamiento que el hecho generador del reclamo de autos sucede en fecha 29 de marzo de 2004 en el Campamento Veladero perteneciente a la demandada MAGSA, mientras se desempeñaba el actor Señor Edgardo Fernández en el servicio de comedor de la minera, prestado por la firma Eurest S.A., concesionario del mismo.

Entiendo que, le asiste razón al juez de grado en cuanto considera en su análisis que si bien cuando pueda calificarse de secundaria o accesoria la actividad de los concesionarios de los servicios de comida y de seguridad interna y de los accesos en el proyecto Veladero, tales servicios son prestados en forma diaria, pudiendo ser calificados de necesarios, se encuentran integrados en el campamento y coadyuvan para que la empresa cumpla con sus fines cual es la explotación minera en alta montaña, resultando el servicio de gastronomía imprescindible para la obtención del objetivo empresario ya que los trabajadores no podrían cumplir con la pauta de trabajo si no se contara con tal servicio. Tanto el servicio de gastronomía como de gerenciamiento en seguridad debe ser prestado en forma simultanea e integrada a la actividad principal del establecimiento que es, la explotación minera en alta montaña.

La vinculación entre MAGSA y las contratistas mencionada son de complementariedad pero de importancia tal que le permiten a la primera cumplir con el objeto de su actividad principal, constituyendo una unidad técnica de ejecución. Las diversas contrataciones formuladas por la demandada para la prestación de determinados servicios deben interpretarse en función del objeto económico que persigue la empresa y que resultan ser imprescindibles para el funcionamiento de la misma. Siendo coadyuvantes de la actividad principal de la minera aparece la responsabilidad de la empresa al elegir al contratista, asumiendo una obligación de garantía hacia los dependientes propios y los que coadyuvan al regular y eficaz cumplimiento de los fines de la empresa.

Cabe resaltar que la relación de dependencia entre el responsable indirecto y el agente directo del daño, que justifique de alguna manera el nacimiento de la obligación resarcitoria de aquel en los términos del art. 1113, es una relación de dependencia más amplia que la prevista por la ley laboral resultando innecesaria la acreditación de todos los requisitos de ésta, como la subordinación técnica, jurídica y económica.

"Para que emerja la noción de dependencia a la que se hace referencia, bastará que, mediando o no contrato, una persona confiera a otra un determinado encargo, de donde dependiente no es sólo quien está bajo la sujeción de otro, del que recibe órdenes y es controlado y vigilado, sino también quien, sin estar bajo ese tipo de subordinación, es empleado o utilizado por otro, que lo hace para obrar para sí. La dependencia se manifiesta siempre que se ejerce una actividad por cuenta y en interés de otro, a cuyo favor va dirigido el resultado de la actividad misma, independientemente de la existencia de una verdadera y propia relación laboral o de subordinación. El aspecto esencial de este concepto consiste en el derecho de dar órdenes o instrucciones acerca de cómo deben cumplirse las funciones asignadas al dependiente, extremo que no debe exigirse en cuanto a su realización práctica, pues la tipificación de la subordinación se reduce a la existencia de la autoridad y no abarca su ejercicio" (Causa: C/C. CENTENO, ALBERTO. RECURSO DE CASACION. Expte. Nº 22.730/01 de Corte FECHA: 02/12/02. L. 82: 175/196.Lex Doctor 9.1) . En definitiva la noción de dependencia es más amplia que la laboral y comprende situaciones en las que el principal tiene poder de mando y control y satisfagan su propio interés.

Definida la norma de aplicación y acreditados que han sido los hechos sostenidos por el accionante a través de las actuaciones obrantes a fs 1/ 131 y particularmente del proceso penal, Autos N° 15054 "c/Fernández, Nelson Edgardo-Por infracción Ley 23737" tramitado por ante el Juzgado Federal N° 2, Secretaría Penal N° 4 de San Juan, resulta acreditado que el actor, como consecuencia de las diligencias llevadas a cabo por personal de seguridad del Campamento Veladero en fecha 29 de marzo de 2004, luego declaradas nulas en el marco de la causa penal referida, fue detenido hasta el día 1 de junio de 2004, siendo finalmente sobreseído mediante resolución judicial de fecha 14-09-2005.

Precisamente, fue el accionar antijurídico del personal de seguridad y vigilancia del campamento Veladero en el acaecimiento de los hechos del día 29-3-04 el que lleva a Juez penal a decretar la nulidad del procedimiento llevado a cabo en exceso en el ejercicio de las funciones de dicho personal, al requisar armarios sin su presencia y sin orden judicial ni urgencia extrema que lo justifiquen. Exceso que devino en la instrucción de la causa contra el accionante, su detención y procesamiento, configurándose el daño invocado por éste y la responsabilidad de la de la accionada en los términos del art. 1113 del C.Civil por las consecuencias dañosos que el accionar del personal de seguridad en el Proyecto Veladero provocaron al actor.	Ninguna duda cabe que los hechos referidos causaron un menoscabo en los derechos personalísimos del actor, fundamentalmente en su integridad espiritual y su libertad. No puede dejar de merituarse la profunda consternación que provocó al accionante la requisa efectuada por el personal de seguridad en su habitación y en sus pertenencias personales en el campamento, sin su presencia, sufriendo una detención y posterior procesamiento, en el marco de una acusación por tenencia de estupefacientes con las consecuencias conocidas acreditadas en el proceso penal, situación que repercutió negativamente en su vida familiar y laboral.

Cuestiona la recurrente la condena a la reparación del daño moral sufrido por el accionante considerando que no se ha configurado y eventualmente también cuestiona el cuantum indemnizatorio fijado en tal concepto.

Respecto del daño moral, su determinación está sujeta a la prudente ponderación de la lesión a las afecciones legítimas e íntimas sufridas, a los padecimientos experimentados, o sea, son agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados, lo que explica esa adecuada discrecionalidad de que goza el juzgador. Bustamante Alsina, define el daño moral como "la lesión a los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria" (Tratado General de la Responsabilidad Civil, Abeledo-Perrot, Bs.As. 1989, pág. 208). Pizarro, citado por el Dr. Pascual Eduardo Alferillo en "Daño Moral, Valoración, Cuantificación y Prueba" pag. 7, al procurar la definición del concepto de daño moral afirma que debe ser calibrado por lo que es antes que por lo que no es (Pizarro Daniel Ramón. Daño Moral, Prevención. Reparación. Punición" 2da Edición. Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, pag. 33). Diciendo "El daño moral importa pues, una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial". (Obra citada Pág. 43).

La naturaleza resarcitoria del daño moral, ha sido consagrada en la doctrina de la Corte de Justicia de la Nación cuando juzgó que "la reparación del daño tiene carácter resarcitorio" ( (CSJN,24-08-95. P 263 XXVIII "Perez Fredy Fernando c./ Empresa Ferrocarriles Argentinos- Sumario" T. 318. P 1598) precisando posteriormente " a los fines de la fijación del cuantum del daño moral, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de éste rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste" (CSJN ,11-07-06 ,B 853 XXXVI "Bustos RR c./ la Pampa Provincia de y otro-daños y Perjuicios" 29-11-05.T 329 P.).

Ya ha sido destacado, el grado de vulnerabilidad del accionante ante la requisa sufrida en el ámbito de su trabajo por personal de seguridad en exceso de sus funciones, con la consiguiente atribución de tenencia de estupefacientes y su detención en el ámbito de un proceso penal, en el cual a la larga fue sobreseído definitivamente. Habiendo padecido situaciones de angustia no solo familiar sino también social y económicas, conforme lo manifiestan reiteradamente los testigos de la causa, debidamente valorados en las actuaciones analizadas.	Fundamentos que me llevan a propiciar el rechazo de los dos primeros agravios en estudio.

En cuanto a su cuantificación del daño, se ha dicho que exigir demasiadas precisiones sobre el criterio para cuantificar el resarcimiento, sería desconocer la naturaleza del daño moral, ignorar la especial situación en la cual se encuentra el juez cuando debe liquidar esa clase de indemnización y, en un último análisis, habilitar una causa de impugnación abierta hasta el infinito, frente a la cual ninguna sentencia estaría libre de censuras" (C7º Civ. y Com. Cba. 28-4-94.H. de P.C.A. c/ Científica Efraín Amuchastegui SRL, LLC 19o95-176.Rep.LL,1995 "Resarcimiento del Daño Moral Civil, Comercial y Laboral". Gabriel A. Stiglitz- Ana Gandolfo de Stiglitz.pa.209.

En mérito, a tales consideraciones, estimo que la cuantificación del mismo decidida por el sentenciante resulta adecuada, atento a la valoración efectuada precedentemente, por lo que estimo razonable y prudente ponderarlo en la suma de $ 50.000, a la fecha de los hechos que dan origen al reclamo con más los intereses fijados por el Juez A-quo, los que no han sido materia de cuestionamiento por el apelante.

Respecto del cuarto agravio, pretende la apelante la modificación de la imposición de las costas conforme su pretensión recursiva. La imposición de costas al vencido es la regla objetiva prevista por el art 66 del CPC, aún cuando no prospere el reclamo en su totalidad. Ello me lleva, atento la solución propiciada con mi voto, a rechazar este agravio, confirmando la imposición de costas decidida por el sentenciante en la resolución cuestionada. Asímismo, cabe confirmar las regulaciones de honorarios practicadas a los profesionales intervinientes por su actuación en autos, las que se adecuan y son respetuosas de los parámetros previstos en los arts. 12,14,15,46 y concordantes de la Ley 56-O.

COSTAS DE LA INSTANCIA Atento la forma en que se resuelven las cuestiones sometidas a estudio, las costas de la instancia se imponen, de conformidad al criterio objetivo de la derrota previsto por el art 66 del C.P.C., a la recurrente vencida. Fijando los honorarios de los profesionales actuantes en el recurso; a la Dra. Mariel Bonade, por su actuación en representación de Minera Argentina Gold S.A. en doble carácter, en el 30% de la suma que se fije por su actuación en primera instancia y al Dr. Hipólito Fernández por su actuación en simple carácter patrocinando al accionante, en el 30% de la suma que se fije por su actuación en primera instancia (arts 21 y 16 de la Ley 56-O y 800 inc. 10 del CPC). Así voto.

El Señor Juez de Cámara Dr. DANIEL OLIVARES YAPUR dijo: Por sus fundamentos adhiero al voto del Dr. Luis Alberto Recio.	Por ello, normas y jurisprudencia citadas SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación deducido por la accionada a fs. 391, concedido a fs. 392, confirmando la sentencia de fecha 14 de febrero de 2018 obrante a fs. 373/384.	2) Costas de la instancia en la forma indicada en el considerando respectivo, fijando los honorarios de los profesionales intervinientes en la forma y porcentajes indicados en el mismo. ( art 66 del CPC)	Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. LUIS ALBERTO RECIO. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. SENT. T° II F° 83/94 AÑO 2018