marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Libertad condicional, conducta del interno, observancia de los reglamentos carcelarios, libertad asistida
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Landabure, Alejandro Daniel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-22

Una correcta interpretación del artículo 52 de la ley 24.660 presupone que el requisito de los seis meses antes del agotamiento de la pena temporal estén -en todos los casos- en referencia al plazo en el que se extingue por su cumplimiento total, no correspondiendo distinguir que para los condenados primarios la norma se refiere al plazo legalmente previsto para que el beneficio de la libertad condicional resulte procedente.

Resultaría contradictorio que el interno que no hubiese acatado regularmente los reglamentos carcelarios durante el encierro no pueda obtener la libertad condicional, conforme establecen los arts. 28 de la ley 24.660 y 13 del C.P., pero sí pueda, seis meses antes de que se cumplan los plazos que prevé esta última norma, gozar del beneficio de la libertad asistida. Y la incongruencia es más evidente al interrogarse qué sucedería si, al cumplirse los seis meses de duración de la libertad asistida, el condenado no pudiese gozar, por la señalada razón, del beneficio de la libertad condicional. Si ante tal situación se resolviese el retorno al encierro, el fin mismo de la libertad asistida se habría perdido, y su concesión resultaría absolutamente estéril. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhieren Dres. Hornos y Berraz de Vidal).
Extinción de la acción penal, circulación de moneda falsa, requisa personal, reparación integral, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Gourgenidze, Alan c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-27

Corresponde rechazar el planteo de extinción de la acción penal por reparación del daño toda vez que el perjuicio ocasionado por el encausado mediante la comisión del delito de expendio de moneda de curso legal apócrifa, excede al playero de la estación de servicio que recibió los pesos falsos, ya que además se incautó en el baúl de su automóvil pesos apócrifos. En tales condiciones, no hay duda acerca de que la conducta del nombrado no se limitó al playero sino que el bien jurídico protegido es la fe pública que resulta ajena a la posibilidad de reparación integral del daño fijada en el art. 59 inc. 6º del C.P. El cuestionamiento dirigido contra el procedimiento inicial, la requisa personal, el secuestro vehicular y su posterior registro, debe ser rechazado, pues la defensa no logró demostrar que los preventores hayan actuado fuera de las atribuciones que les son conferidas por los arts. 183 y 184 del C.P.P.N. y en el contexto de competencias acordadas en el art. 230 bis y 231 del mismo cuerpo legal. La calificación asignada por el tribunal oral a la conducta del condenado en la figura penal prevista el art. 282 del CP luce ajustada a derecho, toda vez que se advierte que el alegado desconocimiento acerca de la falsedad del dinero no se condice con la actitud asumida por el imputado al intentar ocultar el billete apócrifo por debajo del verdadero al momento de pagar la carga de combustible. Lo mismo ocurre con la suma falsa hallada en el baúl del vehículo totalmente apartada del dinero verdadero que el imputado llevaba en su poder, por lo que se encuentra demostrado el dolo.
Acción de amparo, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González Eliþabe, Ariel s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-27

La acción de amparo, por ser tal, constituye una manifestación de la facultad jurídica que consiste en acudir ante un órgano jurisdiccional (judicial) solicitando la concreción de determinada consecuencia jurídica: la tutela, declaración o reconocimiento de un derecho o pretensión jurídica mediante la eliminación de la lesión constitucional, motivo por el cual en su ámbito resulta enteramente aplicable el principio que veda a los jueces resolver acerca de cuestiones que se han tornado abstractas.
Recurso de casación, recurso de queja (procesal), depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: GEREZ CARLOS ROLANDO c/ LAVADERO SUR Y/U OTROS s/ JORNALES IMPAGOS-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-22

Corresponde hacer lugar a la queja, posibilitándose al recurrente para que en exiguo plazo proceda a cumplimentar con la carga procesal del depósito exigido por la ley de rito, habiéndose fundado exclusivamente la denegatoria de la vía extraordinaria en la falta de reposición del mismo, a fin de no abordar en un excesivo rigor formal que termine por provocar un estado de indefensión o una evidente denegación de justicia y a la vez permita mantener la bilateralidad de las partes en el proceso.
Recurso de apelación (procesal), costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sena, Mariano Ricardo c/ Acosta, Catalina s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Las costas, por las actuaciones en segunda instancia, deben imponerse por su orden, en atención a que la nulidad del decisorio impugnado es declarada de oficio y no es imputable a los contendientes (arts. 68, 69, y 74 C.P.C.C.).-
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad formal, falta de personería, subsanación de la falta, contratos bilaterales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Irsa Propiedades Comerciales SA c/ Malfussi, María Eugenia s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

La falta de personería es un vicio esencialmente subsanable y en cualquier tiempo debe aceptarse la documentación presentada con ese objeto, así cabe considerarlo con el poder agregado y, por ende, tener por salvado aquél defecto en que incurrió primigeniamente la ejecutante (conf. CNCom, Sala A in re "Waicman, María Alejandra c/ UBS AG s/ ordinario", del 08/04/14, ídem Sala F in re "Palacios, Mirta Elizabeth c/ Griveo Automotores SRL y otros s/ ordinario", del 31/10/17).
Docentes, antigüedad, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ, CARINA INES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-07

La Constitución no considera que establecer un mismo punto de partida es sinónimo de igualdad, sino que -por el contrario- el Estado debe tomar medidas de acción positivas e igualadoras a fin de cumplir con la manda establecida en el artículo 75, inciso 23 de la Carta Magna; y así, dado que los docentes del sector público ingresan conforme las pautas impuestas por la ley 8927 basadas en complejos y exigentes sistemas de prueba de la idoneidad (como son los concursos, base sobre la cual se constituyen los escalafones) y los del sector privado rigen su ingreso -mayormente- por la libre elección del propietario del establecimiento (sin otro mayor requisito que el título habilitante) según surge de la ley que los rige, esto es, la 6427 y demás normas que regulan el ingreso al sector educativo privado, el Ministerio de Educación le haría un flaco favor al derecho a la igualdad si no tendiera a reparar las diferencias propias del sistema. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 8927. - Jurisprudencia Concordante: Burggi, AyS T 284, p 63/73.
Daño moral, prueba, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caffaro, Norberto José y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires. s/ Daños y perjuicios. Por responsabilidad del Estado por sus agentes o función
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

Debe considerarse al daño moral como la lesión a derechos que afecten el honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, las afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes, así como los padecimientos físicos o espirituales que los originen, relacionados causalmente con el hecho ilícito. En cambio no es referible a cualquier perturbación del ánimo. Basta para su admisibilidad la certeza de que existió, ya que debe tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa-. Siendo su naturaleza de carácter resarcitorio, no se trata de punir al autor responsable de infringirle un castigo, sino de procurar una compensación del daño sufrido.(doctor Pettigiani, mayoría)
Convertibilidad, obligaciones en moneda extranjera, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Amado, Sandra Adriana s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-07-02

Con la reforma de los arts. 617, 619, 623 del C.C. por la ley 23928, se admite expresamente el carácter dinerario de las obligaciones en moneda extranjera que es dinero de libre circulación.
Demanda, rectificación de la demanda, plazos procesales, cómputo del plazo, mediación, formulario preimpreso
Materia: PROCESAL
Carátula: MILISENDA Y CRESPIN L. c/ LAMBRE, O. s/ RESC. DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

El art. 331 del Código Procesal alude a la posibilidad de modificar la demanda antes de que ésta sea notificada, vale decir, antes de que se trabe la litis. Si ello es así cuando la instancia judicial ya está en marcha, ningún fundado reparo puede oponérsele a la modificación del monto que consta en el formulario aludido por el art. 6 de la ley 24.573, pues aún cuando los demandados han intervenido en la etapa de mediación, ello no importa en modo alguno que la litis quede trabada en esa oportunidad, ni que se dejen de lado los principios que informan el proceso de conocimiento.-
Embargo, bienes embargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mario Tenedini c/ Rodríguez Egaña, Horacio s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-29

El freezer, el microondas, el equipo de música, la biblioteca y el teléfono-fax no pueden exceptuarse del principio de embargabilidad, pues constituyen bienes de carácter suntuario, que exceden el nivel de vida medio de la población, y que si bien su uso se ha difundido considerablemente al hacer más agradables las tareas domésticas y profesionales, no resultan imprescindibles al efecto, máxime cuando en el sub-júdice no se advierte actividad probatoria alguna por parte del incidentante que permita concluir que los citados bienes revisten tal carácter para su vida familiar y/o profesional (Cfr.:

"Centro Eléctrico S.A. c/Campopiano, Daniel A. y otro-Ejecutivo", 27 -02-97; C.N.Com., Sala C.,"Gullo, Alberto F. c/Salomón, Nélida A. y otro", 13-8-84, E.D.124, pág. 236, Nº 413; C.N.Com., Sala C."Textil Eté S.A. c/ Bradichansky, Luis", 11-10-84, E.D. 124, pág.237, Nº 416). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Periodistas, derogación del convenio colectivo, vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: ESTEBAN, LUDOVICO JOAQUIN ATANACIO c/ LS. RADIO CONTINENTAL SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-14

La ley 21476, tendió a dejar sin efecto cláusulas convencionales que, fundamentalmente en el sector publico, creaban privilegios o situaciones diferenciales, pero no derogó el estatuto del periodista profesional en las empresas privadas prestatarias de un servicio publico, la norma si alcanza al convenio colectivo 301/75 en la parte de vacaciones.
Deberes y facultades del juez, interrogatorio de testigos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: GRUPO DE EXPERTOS S.H. c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-05-10

Corresponde desestimar la oposición a la prueba testimonial; declarar admisible la impugnación al interrogatorio acompañado por el actor y en consecuencia reformular el interrogatorio.

Debe recordarse, que en virtud de que el tercer apartado del art. 420 del C.P.C. y C. remite, en lo pertinente, a lo dispuesto en el art. 389 sobre la forma de las posiciones, el Juez puede modificar de oficio y sin recurso alguno el orden y los términos de las preguntas propuestas por las partes, sin alterar su sentido, y eliminar las que sean manifiestamente inútiles.

Ello, con fundamento en las facultades instructorias dispuestas en el art. 36 inciso 2 del C.P.C. y C. (todos los artículos antes citado de aplicación supletoria por remisión de los arts. 45 y 71 del C.P.C.A. Ley 2.600).

Es que, el Juez es la autoridad en el proceso, tiene la dirección de la audiencia, la facultad de suprimir preguntas, modificarlas, alterar su orden y formular otras.
Homicidio culposo, reglas de conducta, sentencia arbitraria, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Núñez, Arnoldo Aníbal s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Guillermo Castro, en contra de Sentencia Nº 66/08 de Exptye. Nº 008/05: Nuñez, Arnoldo Aníbal - Homicidio Culposo - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-31

La defensa técnica interpuso recurso de casación, invocando el motivo sustancial previsto en el inciso 3 del art. 454 del C.P.P., en contra de la sentencia que condenó al imputado por homicidio culposo a una pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso y a la inhabilitación especial de seis años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores y además, ordenó que el imputado realice trabajos no remunerativos en una escuela, en labores concernientes a su Tecnicatura en Estadísticas y fuera de su horario habitual de trabajo, durante dos horas semanales y por el término de dos años.

La defensa cuestiona la regla de conducta impuesta a su asistido (art. 27 inc. 8º del C.P.), agravio que debe ser rechazado. El recurrente considera que esta medida resulta irracional y sumamente perjudicial.

Con relación a este tema, en primer lugar cabe decir que las reglas de conducta (art. 27 bis C.P.) no forman parte de la pena: "...Se ha dicho incluso, acerca de lo último, que aquello de que esas reglas de conducta no constituyen una pena 'resulta obvio' y que así ha sido estimado uniformemente por los autores (cfr. de la Rúa, Jorge, "Código Penal Argentino". Parte General, 2ª edición, Depalma Buenos Aires, 1997, pág. 402, nota al pie de página n° 160).

Asimismo, surge evidente que el a quo no aplicó erróneamente el artículo 27 bis del Código Penal, toda vez que la imposición de la condena de ejecución condicional al imputado, quien se encuentra acusado del delito de Homicidio Culposo, impone al tribunal la ineludible aplicación de una regla de conducta, a fin de neutralizar el riesgo de la continuidad de la actividad en la cual se desplegó el obrar descuidado.

Este cuestionamiento, además, tampoco evidencia arbitrariedad alguna, traduciéndose el mismo sólo en una mera disconformidad con la medida impuesta.

Por ello, corresponde no hacer lugar a este agravio.
Control de cambio, Constitución Nacional, reglamentación de la ley, facultades del Poder Legislativo, facultades delegadas, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Arpemar  SAPC. e I.  y otros s/ infr. a la ley 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Son constitucionales las normas penales cabiarias que confieren a la administración la facultad de integrar, por medio de reglamentación, algunos aspectos del tipo penal.
Juicio de desalojo, fiador, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERREIRO MANUEL c/ GALVAN ROBERTO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-02

Si no se demostró la proposición del garante de la existencia de un nuevo contrato de locación entre las partes, y vencido el tiempo de la locación el locatario no restituyó voluntariamente el inmueble, viéndose el locador obligado a demandarlo mediante el correspondiente juicio de desalojo, asiste razón al accionante en reclamar también el pago de las costas de este juicio a quien se ha responsabilizado contractualmente por ellas, es decir, al garante.
Indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: V.V., M.L. c/ M.A.O. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-22

Si el rubro daños de reparación se limitó al valor del automóvil, lógicamente no es procedente la adición de la supuesta desvalorización, porque el limite mencionado también implica una cortapisa insuperable para el reclamo por depreciación. En razón de otorgarse una suma que cubre el reemplazo del vehículo no procede el reclamo por desvalorización del automotor.
Condena condicional, comisión de nuevo delito, sentencia firme, revocación de la condena condicional, pena, unificación de penas, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: B., R. s/ Hurto(Expte Nº 44-99, Resolución Nº  39, Tomo 6, Folio 45)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-29

Si el juez que dictara condena por un hecho nuevo no dispusiera la revocación de la pretérita condicionalidad, sí debería obligatoriamente hacerlo el juez que había dictado la primera condena imponiéndole condena firme, con lo que en definitiva nos hallaríamos con dos sentencias firmes, distintas, impuestas a una misma persona, con el perjuicio para ella derivado de que no se habría dispuesto unificación alguna y debería cumplir una a continuación de la otra (salvo que se apelase al segundo supuesto del artículo 58 del Código Penal, que podría merecer las mismas objeciones por remitir al primer supuesto, como también producir los mismos resultados).Para evitar la situación descripta, es que el propio Código Penal en su artículo 27, expresamente dice que si el condenado cometiere un nuevo delito dentro del término probatorio de los cuatro años "...sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme lo dispuesto sobre acumulación de penas..." Así entonces, y aunque pueda sostenerse la idea de que tras el agotamiento del tiempo de la condena impuesta, el condenado condicionalmente mientras transcurre el período probatorio del artículo 27 del Código Penal no está "cumpliendo" pena y por tanto su nueva comisión de otro delito no puede dar lugar a la aplicación de las reglas del artículo 58 del Código Penal, resultaría que nos hallaríamos ante otra regla del mismo cuerpo legal -la subrayada en el párrafo precedente- que dispone que ha de actuarse conforme a lo establecido por el citado artículo 58. Quede en claro que lo hasta aquí reflexionado se basa sobre la realidad de que la condena precedente se originó en un hecho cometido antes de aquél por el que se dictara condena, ya que si ello variase, otra podría ser la conclusión.
Facultades jurisdiccionales, control de razonabilidad, dolo eventual, injurias, audiencia de conciliación, querellado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Editor Responsable y/o Director del Diario La Nación s/ art. 110 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Contiene una equivocación tan grosera que aparece como inconcebible dentro de una racional administración de justicia, inferir el dolo eventual del querellado por el delito de injurias, de la circunstancia de que no compareció a la audiencia de conciliación.
Etapas del proceso, monto de la pena, explotación sexual, menor de dieciocho años
Materia: PENAL
Carátula: Taviansky, Ana Alicia; Olivera, Verónica del Jesús s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-29

Las formas sustanciales del juicio relativas a acusación, defensa, prueba y sentencia deben ser coherentemente respetadas a lo largo de todas las etapas del proceso, concretamente, en el caso, en el procedimiento recursivo (art. 18 de la C.N. y Tratados de Derechos Humanos concordantes), con lo cual al quantum de pena a imponer a la condenada como partícipe primaria del delito de transporte de persona menor de 18 años con fines de explotación sexual, debe ceñirse a la expresamente solicitada por el Ministerio Público Fiscal ante esta instancia.
Tutela sindical, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: COPA, Carlos Alberto c/ PREDIOS SALTA S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-02-11

A los fines de determinar el modo de interposición del recurso en cuestiones relacionadas con tutela sindical, se debe partir del art.

47 de la ley 23551, que remite al procedimiento sumarísimo de los códigos provinciales en lo civil y comercial, por lo que son las normas del procedimiento sumarísimo previsto en nuestro Código Procesal Civil y Comercial las que deben tenerse en cuenta, por sobre las del Código Procesal Laboral.-
Acción de revisión, hechos nuevos, sentencia absolutoria, solicitud de investigación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GAUNA, MARIA ANTONIA c/  s/ REVISION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-20

Considerando que en la sentencia de condena se concluyó, con sustento en el dictamen de la Junta Médico Forense, que de haber estado cortados los tendones flexores profundos de la mano izquierda de la imputada debía descartarse totalmente la posibilidad de auto-lesión y que se comprobó en el trámite de la presente revisión que efectivamente la lesión en su brazo izquierdo tenía tal gravedad, cabe concluir sin lugar a dudas que la condena se basó en un error -consecuencia de las dudas que generaron las distintas versiones aportadas por el médico que en su momento realizó la intervención quirúrgica, clarificadas en la presente revisión- y que por tanto debe ser anulada en esta instancia, disponiéndose la absolución de la recurrente por el hecho que se le imputara en el presente proceso y la remisión del expediente principal a la fiscalía que corresponda a fin de que, de modo urgente, se tomen las medidas pertinentes y necesarias para encausar la investigación del presente hecho teniendo en miras la pronta dilucidación de lo ocurrido e identificación de los culpables. (Del voto del Dr. Erbetta, que hizo mayoría. En disidencia: Dres. Netri y Falistocco).
Intereses, tasas de interés, jurisprudencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Chaine, Gerardo Martín c/ Olde S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

Si se tiene en cuenta la manifiesta disparidad de criterios que en relación a la determinación de la tasa de interés asumieron los tribunales inferiores, parece imprescindible que la Corte, en el ejercicio de la alta misión a ella concedida, reafirme las pautas liminares que guían la cuestión, mientras no se aporten nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición defendida.
Daños y perjuicios, indemnización, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONTENEGRO, ANGEL MIGUEL c/ GONZALEZ, VICTOR HUGO Y OTRA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-10

Los intereses que son un accesorio inherente a la deuda resarcitoria por la índole y el alcance de la obligación en cuestión se deben computar desde el momento en que se produjo el perjuicio, habida cuenta que se trata de reparar el daño que se exterioriza en aquel momento.