Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-12-28


Autos N° 4.901 (J.P.L., Valle Fértil, N° 242/14), caratulados: "BRAVO, Benito Nicolás c/ Costa, Carina del Valle - Interdicto de Recobrar la posesión -----------San Juan, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis.--------------- -----------Visto:--------------------------------------------------------------- -------------------------------------- -----------Para resolver el recurso de apelación articulado a fs. 256/261 por el actor, quien interviene por medio de apoderado, contra la sentencia obrante a fs. 238/242 vta.----------------------------------------------------------- -----------Tal recurso fue concedido a fs. 262 sin efecto suspensivo.----------- -----------Y Considerando:------------------------------------------------------------------- -------------- -----------I. La sentencia cuestionada:------------------------------------------------------- -----------En la parte dispositiva del decisorio atacado, el a quo: i) rechazó el interdicto de recuperar la posesión deducido por el actor y, en consecuencia, ordenó que una vez consentido o ejecutoriado el fallo se archivara la causa; ii) impuso las costas al accionante; iii) reguló porcentualmente los honorarios de los profesionales intervinientes; y iv) mandó protocolizar, notificar y hacer cumplir el pronunciamiento.----- -----------II. El memorial de agravios, su traslado y réplica:--------- -----------1) Contra la mencionada sentencia se alzó el accionante, obrando su memorial a fs. 256/261. En síntesis, allí sostuvo:---------------- que el a quo incurre en error en la apreciación de la situación fáctico-jurídica e inobservancia de la normativa aplicable, errando en la configuración de la litis atento a que su parte invoca ser poseedor actual del inmueble y haber sido desposeído por la demandada, quien en sus cartas previas al inicio del proceso, las constancias del expediente y al publicar edictos dice ser poseedora, por lo que el a quo recibe en el proceso a dos personas que se proclaman como poseedoras del mismo inmueble. Por ello, al haber entendido que el actor se ha desprendido del corpus en favor de la demandada, incurre en una errónea contextualización e interpreta arbitrariamente el hecho del préstamo del inmueble en comodato a aquélla, con la cesión del elemento objetivo de la posesión, desconociendo el art. 2351 del Código Civil [en adelante C.C., todas las alusiones a este Código corresponderán a la versión anterior a la actualmente vigente, es decir, a la que entró en vigor el 1 de agosto de 2015]. Considera que la situación fáctica por decidir es: ¿Cuál de las partes tiene la posesión actual? Pasa a citar el art. 2355, ibíd., que en su segundo apartado establece que se considera legítima la posesión de inmueble de buena fe, mediando boleto de compraventa, lo que dice haber acreditado en estos actuados acompañando el contrato de compraventa celebrado ante el Juzgado de Paz Letrado de Valle Fértil. Agrega que, acreditada su posesión, ¿dónde acredita la demandada la posesión que invoca? Afirma que su contraria no probó el derecho ni la posesión invocados;--------------------------------------------- que cuestiona si la demandada acreditó el animus domini, y sostiene que sólo obra en el expediente un resumen emitido por la Dirección General de Rentas (D.G.R.), por el período que comprende los meses de septiembre a diciembre de 2015, que no es eficaz como prueba por ser posterior al inicio de la litis, no demostrando en autos la exteriorización de ningún acto propio de una poseedora, ni que se comportarse como dueña en diecisiete (17) años, manifestando además, que en ese lapso de tiempo nunca le hizo reformas, ni mejoras al inmueble;------------------------------------------------------------ que el Sentenciante yerra cuando considera que no existe despojo, y que el edicto de mensura publicado por la demandada (por medio del cual el actor dice haber tomado conocimiento de la turbación de su posesión, con la pretensión de usucapir por parte de la accionada) no configura un acto turbatorio. Manifiesta que a raíz de esa publicación el accionante le remite cartas notariales para que cese en su conducta, considerándose despojado cuando recibe la contestación de aquélla en la cual le manifiesta que desconoce su posesión y se considera ella misma con derechos posesorios sobre el inmueble. Expresa también que la clandestinidad ha sido probada ya que la accionada nunca se comportó como dueña o poseedora del inmueble y que en absoluto silencio intentó mensurar aunque fallidamente. Expone que el a quo no fue imparcial porque en su decisorio sostiene que el interdicto de recobrar no es la vía correcta para discutir la posesión, afirmando además el apelante que la ausencia de imparcialidad también se manifiesta en el estudio de la litis presentada por las partes, al interpretar una situación distinta, considerando la tenencia a título propio y dejando de lado que la demandada invoca ser poseedora del inmueble; y -------------------------------------------------------------------------------- ------------- que también se queja por la meritación y elección de las pruebas, considerando relevantes la declaración jurada del domicilio de la accionada y su Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), figurando en ambos la dirección del inmueble en cuestión; aunque desprecia las aportadas por el apelante: por ejemplo, el testimonio de la Agrim. Nievas que prueba la obvia clandestinidad, la complicidad en los actos clandestinos entre ella, la demandada y su abogada para mensurar el inmueble; y la declaración del Sr. César Guillermo Vega, testimonio fundamental para demostrar su posesión, etc. Añade que el Inferior yerra al atribuir a la demandada el hecho de presentar boletas de impuestos municipales y D.G.R., cuando aportó copia de un detalle de la deuda de rentas de los últimos cuatro (4) meses de 2014, y que aun cuando ello fuere cierto son inservibles para acreditar el animus domini ya que el proceso se había iniciado, careciendo así de la periodicidad del pago.------------- -----------2) A fs. 262 se ordenó el traslado del memorial a la accionada, quien lo contestó a fs. 263/267, solicitando su rechazo con costas.----- -----------III. La elevación del expediente a la Cámara y el trámite seguido en esta instancia:------------------------------------------------------ -----------A fs. 268 vta. se ordenó el envío del expediente a la Alzada, lo que se materializó a fs. 269, infra.---------------------------------------------------------------- -----------Ya en el ámbito de este Tribunal se determinó que el recurso sería analizado por todos los miembros del Tribunal (fs. 270), decreto que quedó consentido (ver cédulas obrantes a fs. 271 y vta. y 272 y vta.)--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- -----------A fs. 273 se dispuso el pase de autos a resolver, lo que fue comunicado a las partes a fs. 274 y vta. y 275 y vta.). Luego, se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio de la causa (fs. 276), producto de lo cual surge el presente decisorio.------------------------------------------ -----------IV. La resolución del recurso:--------------------------------------------------- -----------1) Liminarmente, por razones de economía procesal y para evitar duplicaciones narrativas estériles, nos remitimos en lo pertinente a la relación de la causa efectuada por el a quo en los 'Vistos' del pronunciamiento resistido, es decir, específicamente a fs. 238/239 vta. del decisorio obrante a fs. 238/242 vta.------------------------------ -----------2) Dicho lo anterior, y moviéndonos hacia el punto sobre el que corresponde expedirse, adelantamos nuestro criterio contrario a la procedencia del recurso venido a estudio. Ello, en mérito a las consideraciones que pasamos a formular.--------------------------------------------------- -----------A) Como primer acercamiento a la cuestión, en el memorial se observa algún incumplimiento de la carga de rebatir concreta y razonadamente todos los fundamentos conducentes empleados por el a quo para dar forma a su pronunciamiento. Además, se aprecia cierta inconsistencia discursiva en determinados puntos. Tales déficits argumentales serán puestos de manifiesto infra.-------------------------------------- -----------Lo anterior podría llevar a predicar del libelo de fs. 256/261 que no abastece in totum los recaudos exigidos en el art. 253, párrafo 2°, del C.P.C. (Ley Prov. N° 988-O), sin perjuicio de lo cual y aplicando una visión amplia de la garantía de defensa en juicio y el principio del debido proceso, igualmente abordaremos las quejas contenidas en la apelación intentada.--- -------------------------------------------------------------------------------- ---- ----------B) Otra circunstancia sobre la que cabe advertir, radica en que en el escrito liminar (fs. 25/32) el accionante se autoproclama propietario del inmueble (ver fs. 25, último párrafo; 25 vta., último párrafo/26, párrafo 1°;26, último párrafo; 27 vta., párrafo 5°; etc.), condición que no ha probado en autos.--------------------------------------------------------- -----------Si bien el debate sobre la propiedad del bien es ajeno al ámbito de cobertura de este interdicto y no es indispensable ser "propietario" para deducirlo, dada la laxitud que la normativa, la doctrina y la jurisprudencia asignan a la nómina de legitimados activos para articularlo; es de todos modos pertinente puntualizar que la falta de acreditación de la calidad que enfática y reiteradamente invoca el actor, debilita la seriedad y la coherencia que se espera de la demanda como escrito inaugural que pone en marcha la instancia e instrumenta la/s pretensión/es del accionante, demarcando las cuestiones procesales que serán discutidas en el proceso.------------------------------------------ -----------C) Aun soslayando las circunstancias aludidas hasta aquí, y tal como se anticipaba, igualmente el recurso es inviable.------------------------------ -----------a) Un primer requisito para la procedencia del interdicto de recobrar radica en que quien lo intente hubiere tenido la posesión actual o la tenencia del bien inmueble sobre el cual versa el proceso (cfr. art. 593, inc. 1°, del C.P.C.).--------------------------------------------------------------------<#LI NE> -----------Según anunciábamos (subap. IV.2.A), en puridad el recurrente no ha formulado crítica concreta y razonada, sino sólo consideraciones genéricas, en relación con lo manifestado por el Inferior acerca de que es indubitable que el actor no detentaba la posesión o tenencia "actual" del inmueble, en función de lo expresado en la propia demanda en cuanto a haber prestado dicho bien (fs. 241).--------------------- --------------En efecto, el a quo cita lo expresado por el demandante al instaurar la acción en relación con que la accionada contrajo matrimonio con uno de sus hijos el 16 de enero de 1998 y que, aproximadamente, un (1) año después les prestó el inmueble para que convivieran (ver por ejemplo fs. 240).----------------------------------------------------------- -----------El análisis de la pretendida fundamentación recursiva arroja que, en el particular, el accionante no ha desvirtuado argumentalmente la conclusión del a quo en torno al tema mencionado precedentemente: posesión o tenencia actuales del inmueble, o sea, el corpus que según lo interpreta el Inferior implica la disponibilidad inmediata del bien (ver fs. 240 y 240 vta.).---------------------------------------------------------------------<#LIN E> -----------Dado el muy extenso lapso de tiempo transcurrido entre que el accionante entregara voluntariamente el bien en cuestión a la accionada y su marido (aproximadamente en enero de 1999 según los propios dichos del demandante) y la fecha de la articulación de la demanda (26 de septiembre de 2014 ver cargo de fs. 32), o sea más de quince (15) años, se puede concluir que el actor no ostenta la posesión o la tenencia actuales del inmueble en los términos del recaudo estipulado en el art. 593, inc. 1°, del ordenamiento procesal civil.-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- -----------Durante todo ese tiempo, el bien ubicado en calle Laprida s/n° (hoy N° 1.655), San Agustín, Valle Fértil, San Juan, estuvo [y sigue estando] bajo el poder de la accionada. Basta por ejemplo con compulsar:---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ el escrito de demanda obrante a fs. 25/32, donde el actor relata que alrededor del mes de enero de 1999 entregó voluntariamente el inmueble a la demandada (y al entonces marido de ésta e hijo del accionante);-------------------------------------------------------------------- ----------------------- el acta de Exposición N° 51 de 4 de febrero de 2008, efectuada ante la Seccional 12ª, Valle Fértil, de la Policía de San Juan, donde consta que la accionada fue abandonada por su esposo y figura además que el domicilio en el que vive es el correspondiente al inmueble involucrado en este proceso (vid. constancia en copia a fs. 17, aportada por el propio actor al demandar); e ---------------------------- incluso antes de quedar constituida la litis, concretamente al momento de realizarse el acta de constatación (9 de octubre de 2014 fs. 35 y vta.) ordenada judicialmente a instancias del demandante (quien la solicitó en concepto de "cautelar" ver fs. 31 y vta.), y ante la requisitoria de la oficial de justicia interviniente dirigida a la accionada para que aclare en qué concepto ocupaba el inmueble, la demandada respondió: "en calidad de poseedora" subrayado añadido (fs. 35 vta.).---------------------- -----------Se trata de tres espacios cronológicos diferentes pero que dejan en evidencia que desde 1999 y hasta el presente [ya que no consta en autos prueba en contrario al respecto], la accionada ha tenido el inmueble bajo su poder y en forma pública e ininterrumpida, tal como lo confirman también los testimonios de las Sras. Ramona Delicia Oliva (fs. 140/141), cuya impugnación por el letrado del actor efectuada a fs. 141 fuera desestimada por el a quo a fs. 241 vta., sin resultado ulterior; y Alicia Nicolasa Ortiz (fs. 142/144), rendidos ambos el 11 de diciembre de 2014.--------------------------------------------------------------------------- ---------------- -----------Y en la misma orientación van dirigidos los intentos de la accionada en orden a que se confeccione plano de mensura del inmueble para iniciar proceso de usucapión del mismo, más allá del resultado concreto que eventualmente pudiera lograr en ese ámbito. Si bien, como es obvio, no podemos aventurar qué resultado obtendría en un eventual juicio de prescripción adquisitiva, sí cabe reconocer que la actitud de la demandada denota una especie de voluntad posesoria que está en línea con otros elementos y circunstancias que pusiéramos de manifiesto aquí.----------------------------------------------------------------------<#LIN E> -----------Por lo demás, acerca de un tópico que retomaremos y como reiteradamente se ha resuelto, debe tenerse en cuenta que "el interdicto de recobrar tiende a impedir que las personas se hagan justicia por mano propia y no se da tal supuesto en el caso que haya existido una entrega voluntaria del bien para su ocupación, o sea, cuando no ha mediado una exclusión del actor por actos contrarios a su voluntad" cursivas agregadas (cfr., entre muchos otros antecedentes, Cám. Apel. Civ. y Com. de Salta, Autos "Pérez, Jesús Celso c/ Corral, Mario Eduardo s/ Interdicto de recobrar", Fallo Nº 95170042, 15-06-1995, Mag. Vot.: Domínguez y Loutayf Ranea; Fuente: Lex Doctor 9.1, Jurisprudencia de la Provincia de Salta, Cámaras).--------------------- -----------Como mutatis mutandis señala De Santo, con apoyo jurisprudencial, "acreditado que el objeto cuya posesión se afirma usurpada por los demandados fue voluntariamente entregado a éstos, no se conforma la pérdida de la posesión, despojo, clandestinidad ni violencia que autoricen a deducir el interdicto de recobrar" (De Santo, Víctor, Procesos especiales. Edit. Universidad, Buenos Aires, 2004, p. 61; basándose en los precedentes citados en nota 52 a pie de página: Cám. Nac. Civ., Sala A, 10-03-1997, La Ley, T° 1997-C-746; y Doctrina Judicial, T° 1997-2-1041).---------------------------------------- -----------Incluso, y si hipotéticamente nos apoyáramos en la línea narrativa expuesta por el actor en su escrito de demanda, se ha afirmado y resuelto que el interdicto de recobrar no puede ser deducido válidamente por quien había cedido la cosa en comodato a tercero (cfr. Iturbide, Graciela A., en Highton, Elena I. y Areán, Beatriz A. dirs., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los Códigos Provinciales. Análisis doctrinario y jurisprudencial, T° 12, Edit. Hammurabi, Buenos Aires, 2009, p. 66 y nota 3 a pie de página, remitiendo a Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., Sala II, 16-06-1989, La Ley, 1990-A-473).-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- -----------Sintetizando, y en palabras del Juez de grado, ha existido en autos un desprendimiento voluntario de la disponibilidad inmediata del bien por parte del actor, al no detentarlo materialmente desde hace una importante cantidad de años (fs. 240 vta.), situación que impone el rechazo del interdicto intentado; tema, aquél, que no ha sido adecuadamente atacado por el apelante.---------------------------------------------------- -----------b) Más allá de lo dicho en el subapartado anterior, tampoco se cumple el recaudo consagrado en el inc. 2° del art. 593 del C.P.C. Es que, en realidad, no se ha acreditado cabalmente la existencia de un despojo total o parcial con violencia o clandestinidad.------------------------------- -----------Se erige aquí un hecho dirimente contra de la viabilidad del remedio interdictal, en la línea de sentido de la resolución adoptada por el a quo, y que por extensión se traslada a la apelación pretendida. Se trata de la voluntariedad de la entrega del inmueble a la accionada, que excluye la noción de desposesión o desapoderamiento, las que por definición suponen un acto contrario a la voluntad del poseedor.---------- ------------En ese sentido, y acreditado como está que el bien fue voluntariamente proporcionado a la accionada, no se corporiza el despojo, la clandestinidad ni la violencia que autoricen a acudir con éxito a la presente vía.---------------------------------------------------------------------------- --------- -----------A riesgo de ser reiterativos, se observa que la jurisprudencia coincide en establecer que el interdicto de recobrar no procede si no ha quedado demostrado de manera inequívoca que el actor ha sido despojado total o parcialmente del bien con los vicios de violencia o clandestinidad (Cám. Fed. Civ. y Com., Sala I, 22-09-1998, Jurisprudencia Argentina, 1999-III-594; íd., 25-02-1997, Jurisprudencia Argentina, 1998-II-486; entre muchos otros). Asimismo, ha determinado mutatis mutandis que el objeto de la prueba en el interdicto de recobrar es el hecho en sí de la posesión y el despojo efectuado con violencia y clandestinidad, ya que este proceso tiene por finalidad reponer las cosas al estado en que se encontraban, impidiendo que cada cual haga justicia por su propia mano, con la consiguiente alteración del orden público y escarnio del derecho (Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., Sala 2ª, Autos N° 8.202/10, "Fundación Ntra. Sra. de Loreto, Patrona de la Fuerza Aérea c/ Villalba Vega, José y otro s/ Interdicto", 06-03-2014, Mag. Vot.: Gusmán y Medina; Fuente: Lex Doctor 9.1, Jurisprudencia de la Nación, Cámaras Federales, Cámara Civil y Comercial).------------------------------------------------ -----------Evidentemente, semejante demostración inequívoca no aparece configurada en la causa, porque no ha mediado o no se ha probado claramente la existencia de acción violenta o despojo con clandestinidad alguna, pese a que discursivamente el apelante se esfuerce en mostrar una visión distinta de los hechos.--------------- -----------En esa dirección, cabe insistir en que el art. 594, párrafo 2°, del C.P.C., establece que a los fines de este proceso interdictal sólo se admitirán pruebas que tuvieren por objeto demostrar el hecho de la posesión o la tenencia actuales, así como el despojo y la fecha en que éste se produjo. Al respecto, más allá de que el accionante no ha acreditado estar en posesión o tenencia de la cosa, tal como lo pone de manifiesto el a quo sin que ello haya sido desvirtuado acabadamente por el apelante, en puridad, no se muestra nítidamente en el sub lite la consumación de despojo alguno, con lo cual desde este perfil también la acción intentada es jurídicamente inviable.---------- -----------c) Relacionado con el subapartado anterior, efectuaremos algunas consideraciones que evidencian otras inconsistencias argumentales del accionante.--------------------------------------------------------------------- ---- -----------Éste muda la versión de los hechos entre lo que expresó en el escrito de demanda y lo que afirma en el memorial.---------------------------------- -----------En aquél nunca se refirió explícita y concretamente a la existencia de despojo, sino sólo de turbación de la posesión a partir del edicto de 1 de agosto de 2014, donde la accionada dio a conocer que pretendía usucapir el inmueble (fs. 27 vta.).------------------------------------------------- -----------Por contrapartida, en el memorial de agravios sí alude a un supuesto despojo que habría padecido, aunque pareciera que lo hace más bien para poder esbozar [aunque sin éxito] un agravio contra la afirmación del a quo en punto a que nunca se configuró tal despojo.------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------- ------------El recurrente ensaya esta explicación: al tomar conocimiento de la turbación de la posesión con la publicación del diario, remitió cartas notariales a la agrimensora y a la accionada para que cesen en su conducta dirigida a mensurar el bien, pero se consideró despojado cuando recibió una carta documento en la que la demandada desconocía la posesión y derecho [del apelante] e invocaba ella misma la posesión y los derechos posesorios [se refiere a la carta documento de 8 de septiembre de 2014 con sello del Correo Argentino de 10 de septiembre del mismo año obrante en copia a fs. 43]. Afirma que tal conducta constituye un despojo (ver fs. 258 vta.).-------------------------------------------------------------------------- ------- -----------Sin embargo, omite mencionar que antes de esa fecha ya había recibido una carta documento de la demandada (en copia a fs. 42, de 30 de diciembre de 2013, con sello del Correo Argentino de 3 de enero de 2014), en respuesta a una misiva del actor (fechada el 19 de diciembre de 2013), quien se presentaba como "propietario" del inmueble y la intimaba a desocuparlo (ver copia a fs. 57). En aquella comunicación (copia a fs. 42), la accionada rechazó dicha misiva del hoy accionante, negó su calidad de "propietario" del bien y se arrogó derechos posesorios sobre el inmueble.-------------------------------------------------------- -----------La situación es similar a la acusada a fs. 258 vta., donde el actor adjudica al contenido de una carta documento posterior de la accionada el valor de un acto de despojo.---------------------------------------------------- -----------No obstante todo ello, en su escrito de demanda no hace alusión ni a la carta documento que enviara (en copia a fs. 57) ni a la respuesta de la accionada (en copia a fs. 42), siendo que la misiva enviada por esta última en la medida que hipotéticamente siguiéramos la particular trama argumental del demandante también constituiría un despojo.-------------------------------------------------------------------<#LIN E> -----------Incluso, en la nombrada acta de constatación del inmueble (fs. 35 y vta.) que, a modo de cautelar, solicitara en el libelo de demanda y que se llevara a cabo el 9 de octubre de 2014, es decir, antes de que la litis quedara trabada, frente a la pregunta que la oficial de justicia actuante formulara a la demandada en cuanto al carácter en que ocupaba el bien, ésta respondió contundentemente y sin estar asistida por letrado alguno: "en calidad de poseedora" (fs. 35 vta.).---------------------- -----------En consecuencia, y siguiendo el vector de razonamiento planteado en el memorial, el actor habría conocido el alegado despojo (siempre según su relato de los hechos) varios meses antes del edicto en cuestión, aunque sugestivamente no alude al mismo en la demanda ni tampoco adjunta copia de la carta documento con sello postal de 19 de diciembre de 2013 (copia a fs. 57), ni la respuesta de su hoy adversaria con sello postal de 3 de enero de 2014 (copia a fs. 42).---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- -----------Y, respetando el eje discursivo que en el memorial se esfuerza por instalar sobre el particular, se observa que el accionante habría refrendado la existencia del [supuesto] despojo con la respuesta de su contraria a la requisitoria de la oficial de justicia actuante en la citada constatación del inmueble desplegada a fs. 35 y vta. respecto de la calidad en que ocupaba el bien inmueble, que obtuvo una firme respuesta de la accionada, quien como anticipábamos en la ocasión no estaba asistida por abogado alguno. De ello se sigue que el actor incluso podría haber modificado o transformado su pretensión ya que, según las constancias del expediente, la constatación se efectuó antes de la notificación de la demanda.-------------------------------------------------------- -----------En resumen, queda al descubierto que el intento dialéctico del recurrente adolece de omisiones e imprecisiones argumentales.-------- -----------d) Por otra parte y como se sabe, la segunda instancia no importa un nuevo juicio sino solamente la verificación de la justicia de la sentencia sobre la base de los elementos reunidos y examinados por el a quo.---------------------------------------------------------------------------- -------------------------- -----------El esfuerzo discursivo del apelante para objetar la valoración de las pruebas que efectuara el Inferior y desacreditar el dictum, no pasa de ser una mera discrepancia subjetiva. No se alcanza a observar que el Juez de grado haya incurrido en arbitrariedad evidente al ponderar las probanzas colectadas, ni en severas incongruencias en la fundamentación del fallo.-------------------------------------------------------------------------- -- -----------Un repaso del decisorio objetado muestra que a fs. 241 el a quo advierte que la materia probatoria que esté encaminada a demostrar la propiedad del inmueble no merece análisis ni tratamiento, pues se trata de un extremo ajeno al objeto del interdicto articulado.------------------- -----------De su lado, en el ap. IV) de los 'Considerandos' (al que también pertenece la aclaración preliminar del a quo aludida en el párrafo inmediatamente anterior) se ha ocupado de reseñar la prueba de las partes: cartas intercambiadas por ellas; nota a Dirección de Geodesia y Catastro; mandamiento de constatación del estado del inmueble; boletas de pago de impuestos, etc.; declaración jurada de la demandada en cuanto a residir en el inmueble al que se refiere el interdicto; copia de su D.N.I. en el que figura que su domicilio corresponde al del citado bien; y ponderación de las testimoniales rendidas en autos.-------------------------------------------------------------------------- ------------------- ----------El mencionado análisis corre entre fs. 240 vta. y 241 vta., revelándose razonable. Por medio de tal examen el Inferior ha dado valor convictivo a algunas probanzas y desechado otras, pero en cualquier caso ha construido una matriz acreditativa que, unida a aportes doctrinarios y jurisprudenciales volcados en el pronunciamiento, conforma una base de apoyo congruente para edificar la conclusión jurisdiccional que alcanza.--------------------------------------- -----------En torno de la prueba, conviene recordar que las reglas de la sana crítica (art. 349 del C.P.C.) están constituidas por criterios de lógica que exceden el marco normativo; preceptos de entendimiento y observaciones comunes que permiten deducir o inferir la exactitud y la razonabilidad de un medio de prueba (cfr. Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T° 2, 2a ed. actual. y ampl., Astrea, Buenos Aires, 2001, p. 381).--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ -----------La conclusión que obtiene el Inferior se asienta en una meritación de la contienda respetuosa de los señalados principios de la lógica y las pautas de la experiencia, habiéndose ponderado unitariamente la prueba mediante la aplicación de la regla técnica de apreciación global o conjunta del acervo probatorio considerado conducente al efecto.------------------------------------------------------------------------- --------------- -----------Cabe repetir aquí que precisamente del contenido de la causa, las consideraciones jurídico-fácticas vertidas, la normativa de aplicación y el material probatorio colectado, se desprende que la pretensión interdictal del actor no está en condiciones de ser receptada, lo que se traslada al recurso de apelación intentado que tampoco deviene audible.------------------------------------------------------------------------ -------- -----------Es que en diversos pasajes del memorial, el impugnante se limita a exponer una mera discrepancia de criterio con la conclusión dispensada por el a quo acerca de la inexistencia de despojo y de la improcedencia del interdicto incoado.----------------------------------------------------------- -------------Sin embargo, en modo alguno queda demostrada la convergencia de errores palmarios, graves y manifiestos que conduzcan a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa, lo que habilitaría a descalificar la sentencia y dejarla sin efecto.----------------------- -----------e) En síntesis, si la carga de la prueba de los hechos que invoca en el interdicto pesa sobre el actor, que se autopostula como "propietario" del inmueble, sin haberlo acreditado; si sólo corresponde admitir las probanzas que tengan por objeto demostrar el hecho de la posesión o tenencia invocadas, así como el despojo y la fecha en la que acaeció este último, cuestiones que en puridad no resultan operativas dada la entrega voluntaria del bien por el accionante en el año 1999, según sus propios dichos; si desde 1999 e ininterrumpidamente hasta la actualidad [ya que no consta en autos prueba alguna en contrario] el inmueble estuvo y está bajo el poder de la accionada; y si, como lógica consecuencia de algunas de las consideraciones aquí vertidas, no se ha configurado en la causa desapoderamiento ilegítimo alguno, no corresponde sino confirmar el fallo del Inferior y desestimar el recurso de apelación venido a estudio.------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------- -----------Debe finalmente advertirse que la solución que aquí se adopta es respetuosa de las particularidades de la causa y de los alcances, límites y características de la modalidad interdictal escogida por el actor, debiendo quedar claro que este Tribunal no ingresa profundamente a tratar cuestiones que eventualmente pudieran ser dirimidas por medio de una vía procesal distinta y/o en otra instancia jurisdiccional (cfr., mutatis mutandis, arts. 601 y ccds. del C.P.C.).--------- -----------3) En mérito a todo lo manifestado, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 256/261 contra la sentencia obrante a fs. 238/242 vta., con costas a cargo del actor en su condición de vencido (arts. 66, párrafo 1°, y ccds. del C.P.C.).----------------- -----------Por lo expuesto, normativa, doctrina y jurisprudencia citadas, la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada Resuelve:------------------------------------ Desestimar el recurso de apelación articulado a fs. 256/261 contra la sentencia que figura a fs. 238/242 vta., con costas a cargo del demandante vencido.------------------------------------------------------------------------ ----------- 2. Protocolícese, agréguese copia autorizada a los actuados, notifíquese y bajen al Juzgado de origen, previa reposición de sellado si así correspondiere.----------------------------------------------------------------- --- Fdo: JUAN LUIS ROMERO - PRESIDENTE; MARÍA ESTHELA TONELLI - VOCAL; VÍCTOR BAZÁN - VOCAL P. de S. N° 15, fs: 23/31