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Robo en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Diharce, Marcelino Carlos y Monge, Juan Claudio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-22

La figura contenida en el art. 167 inciso 2° del C.P. agrava la figura genérica del art. 164 del mismo digesto sustantivo. Tiene por finalidad proteger el bien jurídico propiedad, y contiene como elemento del tipo la violencia ejercida sobre las cosas o sobre las personas para lograr el propósito del desapoderamiento. Mientras que la norma contenida en el art. 142 bis del C.P. protege la libertad individual de las personas, y contiene dentro del tipo el elemento coercitivo necesario para obligar a la víctima contra su voluntad. La figura del robo, en principio, no contiene como elemento típico la vulneración a la libertad individual con el alcance que establece el delito de privación ilegítima de la libertad. En el presente caso, en el accionar delictivo desplegado por los imputados se advierte un plus que excede la violencia necesaria para perpetrar el desapoderamiento, pues conforme se ha tenido por acreditado en la sentencia, las víctimas fueron trasladadas y retenidas por un lapso excesivo. Fueron interceptadas en el ingreso de su domicilio particular, llevadas en su automotor en una recorrida que duró unos treinta minutos, los ingresaron en una vivienda en la que fueron obligados a entregar diferentes objetos y fueron liberados luego de concluido el desapoderamiento en el domicilio. El factum así descripto excede el marco del delito contra la propiedad, pues la privación de la libertad se extendió en demasía y operó como circunstancia innecesaria a los efectos de la consumación del robo, en razón de haber sido causada por el propósito de asegurarse un provecho extra a partir del mismo, por lo que la calificación escogida por el sentenciante -robo agravado por ser cometido en poblado y en banda en concurso ideal por privación ilegal de la libertad agravada (arts- 167 inciso 2° y 142 bis inciso 1° del C.P.- es la correcta. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant; Dra. Ledesma en disidencia parcial).
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, interposición del recurso, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Juan G. DIXON y otros c/ Eduardo M. PASTORE y otros s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  -  DAÑOS Y PERJUICIOS - DAÑO  MORAL  - VALOR  VIDA  HUMANA  -  FALTA DE FUNDAMENTACION  SUFICIENTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-12

Resulta tardío, el planteo que sólo se aduce en la presentación directa.
Excusación, violencia moral, jueces, proceso penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C, R s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO.    INCIDENTE DE RECUSACION.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 462-88 M A Y OTROS s/ DESACATO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 174-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-25|1989-06-21

La violencia moral en nuestra sistemática procesal penal está regulada como causal de excusación por lo que su fin no puede resultar diverso al del instituto: la defensa de la transparencia del órgano judicial, apartando del conocimiento de un determinado proceso al juez cuyas relaciones o situación con alguna de las partes o con la materia controvertida en aquél, sean susceptibles de afectar la garantía de imparcialidad que es inherente al ejercicio de la función judicial.

Del voto del Dr Alvarez.
Daños y perjuicios, indemnización, legitimación activa, concubinato, actos ilícitos
Materia: CIVIL
Carátula: Gastaldi, Juana c/ Sotelo, Alfredo Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-03

Reconocida expresamente la relación de concubinato entre la actora y la víctima del hecho ilícito, como asimismo la existencia de hijos, lo que resulta de las partidas de nacimiento respectivas, cabe tener por cierto que aquellos mantenían una relación de hecho, caracterizada por la vida en común. Si bien la vida en concubinato no encuentra por sí apoyo legal y no puede equipararse la matrimonio civil, en cambio la concubina, como damnificada indirecta, puede reclamar en contra del culpable de la muerte de su pareja los daños que se le hubieren producido.
Contratos, buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FREYTES EDUARDO C. c/ JORGE R. CORREAS Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-05-03

Los contratos deben cumplirse de buena fe y el vendedor debe entregar la cosa en el mismo estado en que se encontraba al tiempo de realizarse el negocio jurídico. Así, los espejos de los baños y del vestidor por ser elementos propios de esos cuartos ya que hace a la función para la que fueron construidos forman parte de la edificación, cualquiera sea el sistema con que se los halla colocado. Estos no pudieron haber sido retirados por el vendedor El lavavajillas no integra el objeto del contrato de venta;no sólo por que no es esencial en la cocina, ni es usual en nuestro medio que las casas se entreguen con este artefacto, sino porque el mismo se "conecta" a las cañerías y desagües del inmueble. La conexión no es suficiente para incorporar el bien al inmueble; es decir, no basta que el aparato tenga un lugar propio, sino que debe estar introducido en el muro y tomado en él, con su material de fabricación.

Probado en el caso que al realizarse el negocio el vendedor ofreció al comprador entregar el inmueble con el sistema de alarma y que para este último era una calidad esencial, la norma fue objeto de contrato de venta, y su retiro deberá ser resarcido.

Probada que la farola se hallaba clavada y adherida al suelo, este artefacto eléctrico formaba parte de lo vendido según el contrato (compraventa de inmueble con todo lo edificado, clavado, empotrado y plantado que contenía).-
Recurso directo, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cwirenbaum, Jorge c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación de Actos Administrativos Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

El artículo 117 del Código Fiscal establece que las deudas por gravámenes, intereses o multas, resultantes de las resoluciones definitivas que agoten la instancia administrativa y no sean abonadas en los términos establecidos, son susceptibles de ejecución fiscal. Ahora bien, según lo expuesto supra, en esta materia la resolución de la Dirección General de Rentas que decide el recurso de reconsideración agota la vía administrativa, sin perjuicio de la opción de interponer el recurso judicial de apelación o el recurso jerárquico ante la Secretaría de Hacienda y Finanzas, conforme el artículo 114 del Código Fiscal (Ley Nro. 541, Ejercicio 2001). En consecuencia, agotada la instancia administrativa, aún cuando se hubiere impugnado el acto judicialmente, ello no impide el reclamo por la vía ejecutiva. Antes bien, este cauce procesal se encuentra expedito en los términos del artículo 450 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, en cuanto dispone que el cobro judicial de todo tributo, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones y multas ejecutoriadas, determinados por las autoridades administrativas, se hace por la vía de la ejecución fiscal, sirviendo de suficiente título la boleta de deuda expedida por la Dirección General de Rentas u organismo equivalente. Luego, el ordenamiento jurídico autoriza a la administración a instar el cumplimiento del acto de determinación tributaria -por la vía del juicio de apremio- sin que obste a ello el cuestionamiento judicial efectuado por éste en los términos del artículo 114 del Código Fiscal. No obstante, el contribuyente tiene a su alcance ocurrir a la vía prevista por el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, a fin de obtener la tutela precautoria de su derecho en caso de encontrarse reunidos los presupuestos pertinentes.
Inhabilidad de título, obras sociales, certificado de deuda
Materia: PROCESAL
Carátula: OSPECON C7 CAPARELLI Y CIA. s/ EJECUCION FISCAL (Reg. 13.202)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-27

En una ejecución fiscal, para que el certificado de deuda sea título ejecutivo, su existencia, necesariamente, ha de ser precedida por el procedimiento administrativo que contemple la ley de la materia.

La excepción de inhabilidad de titulo -en esa clase de juicios- procederá cuando no se hubieren cumplido los trámites administrativos exigidos para el libramiento de un boleta de deuda o de un titulo ejecutivo fiscal.

De esa forma, lo que se persigue es evitar que sobre la base de esos documentos expedidos en forma unilateral y bajo el amparo de reglas procesales extrínsecas, se deje indefenso al administrado.

Del análisis del art. 1 inc. d de la Res. 475/90, surge que el certificado de deuda debe contener como requisitos esenciales, entre otros: el detalle de la deuda, consignándose su importe nominal, coeficiente de actualización, importe actualizado, intereses y monto total adeudado.

La ausencia de tales ítems es determinante en la determinación de la falta de idoneidad del título.

No es posible soslayar los recaudos de admisibilidad establecidos en la normativa aplicable en lo referente a la inexistencia de detalle de deuda en el certificado cuya ejecución es pretendida, toda vez que dicho recaudo se encuentra previsto en la Resolución INOS Nro. 475/90, art. 1, inc. d, permitiendo la norma, incluso, efectuar el detalle de la deuda en planilla anexa al certificado en cuestión, por lo que dado el carácter de elemento esencial del certificado previsto en el art. 24 de la ley 23.660, éste debe contener necesariamente los elementos enumerados en la normativa.

No se encuentra satisfecho el requisito formal mediante la anexión de una planilla de cálculo que carece de firma del representante legal de la Obra Social actora, lo que determina la inhabilidad del certificado de deuda.
Tasa municipal, hecho imponible, Municipalidad, carga de la prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

La llamada "Tasa por Servicios Municipales sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios" prevista en el art. 116 del Código Tributario Municipal de La Banda, Santiago del Estero, describe el hecho imponible de un modo excesivamente genérico, impropio de la tipificación de las contribuciones de su clase (una de las versiones normativas contiene, inclusive, una descripción residual de los servicios como "cualquier otro no retribuido por un tributo especial"), por lo cual correspondía al municipio acreditar, durante el trámite de la causa, la organización y puesta a disposición del servicio de utilidad pública que sustenta la tasa (Voto de los jueces Rosatti y Maqueda).
Lesiones, accidente de tránsito, peatones, culpa penal
Materia: PENAL
Carátula: Blanc, Daniel Ernesto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

Deben rechazarse los agravios contra la sentencia que, al condenar por lesiones, estableció la existencia de una conducta imprudente por parte del chofer, sin que quepa atender la alegación con respecto a que la damnificada cruzó por un lugar no habilitado, pues la valla no impedía el tránsito vehicular ni de peatones. La disidencia postuló la anulación de lo decidido, en tanto tuvo por cierto que la mujer cruzó la avenida debidamente habilitada, sin indagar si las vallas además de constituir un obstáculo puramente físico, tenían algún signo inequívoco que constituyese una prohibición de cruce en el lugar. (Dres. Yacobucci, Mitchell y García -disidencia-).
Divorcio, sentencia firme, ley vigente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Del Negro, Mirta Zulema contra Sarrichio, Luis Alberto y otro. Daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

La disolución del vínculo matrimonial no se produce al momento en que tienen lugar los hechos configurativos de las causales que contemplaba el derogado Código Civil, ni cuando así es reclamado ante los estrados judiciales. El propio régimen anterior establecía en su art. 213 que tal extinción acaecía "por la sentencia de divorcio vincular" (inc. 3). En forma análoga, el art. 435 inc. c del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que el matrimonio se disuelve por divorcio declarado judicialmente. Por tanto, no mediando sentencia firme de divorcio -de un lado- la extinción del vínculo matrimonial y -del otro- la constitución del nuevo estado jurídico de divorciado, deben juzgarse por el régimen ahora vigente (art. 7, C.C. y C.N.) que elimina las causales y régimen de culpabilidad.(del voto del doctor Soria)
Recurso de inconstitucionalidad, planteo en segunda instancia, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, prueba de cargo, declaración de la víctima, videofilmación, in dubio pro reo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Litvac, Claudio Alejandro c/  s/ robo calificado por uso de arma de fuego; portación ilegal de arma de fuego -apelación de sentencia-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-08

En orden a la vulneración del principio de in dubio pro reo al confirmar el fallo condenatorio, se evidencia que los mismos se dirigen a cuestionar, en definitiva, la valoración que el Tribunal hiciera de los elementos de convicción reunidos a lo largo del proceso para convalidar la decisión de grado e importan una reiteración de los expuestos en las instancias ordinarias y que ya fueran abordados y rechazados por los Jueces con motivación suficiente, por lo que sólo patentizan la mera disconformidad de la recurrente con la interpretación que de los hechos, de la prueba y del derecho común efectuó la Alzada en ejercicio de funciones propias, al proporcionar los fundamentos por las cuales entendía que el relato de la víctima resultaba creíble y aludir, asimismo, a que el mismo además se sustentaba con lo constatado por las cámaras de seguridad ubicadas a escasos metros y con los dichos del agente policial comisionado en el lugar de los hechos, a la par que de manera motivada descartó los planteos defensivos afincados en la versión desincriminatoria del imputado.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, negligencia, dolo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kasdorf SA. c/ Jujuy, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-22

La empresa de transportes debe reparar los perjuicios derivados de la falta y disminución de la venta del producto lácteo que fabrica la actora, resultando su responsabilidad de la absoluta desaprensión, rayana en el dolo, con que actuaron sus agentes al desentenderse de los riesgos que previsiblemente podía ocasionar la entrega a un hospital de un producto lácteo que durante el transporte se había contaminado con un plaguicida, lo que ocasionó la muerte de lactantes.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Ruben Dante c/ Bacigaluppo, Carlos Felix y/u otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. C.P.L.   (Expte. CSJ Nº 92-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-03

Resulta manifiestamente intempestivo el pedido de formación de Tribunal Plenario, planteado recién en el libelo introductorio de la impugnación extraordinaria.
Juicio de desalojo, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Occhino de Garigali, Rosario c/ Vargas, Evar s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

La petición actualizadora del valor locativo a los fines arancelarios ejercida por el letrado a posteriori de que el juez de la instancia hubiera regulado el honorario, es tardía aún para el Tribunal de Alzada, a tenor de lo dispuesto por el art. 272 del CPCC. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio atenuado por emoción violenta, legítima defensa, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: CHOQUI ESPINOSA s/ HOMICIDIO. EMOCION VIOLENTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-18

1) La conducta del procesado que junto con otro lesionó de modo tal a la víctima que le ocasionaron la muerte, habiéndose utilizado como objeto contundente la pistola que portaba aquélla, constituye el delito de homicidio en estado de emoción violenta, pues fue el occiso quien ingresó en el lugar donde se hallaban los procesados esgrimiendo un arma, no pudiéndose determinar si esa actitud obedeció a un intento de robo o si se vinculaba a la relación que uno de los encausados había mantenido con la concubina del damnificado.

Si bien la actitud del justiciable ante la presencia de un desconocido armado comenzó siendo justificada, lo cierto es que el accionar letal escapó al plano justificado y aún al del exceso, porque no puede decirse que la finalidad defensista continuaba, teniendo en cuenta la cantidad de golpes dados en la cabeza de la víctima. Es que la actitud defensista, probadamente cierta, se había transformado en una agresiva, trocándose el fin de preservación por un objetivo de destrucción.

Por las circunstancias expuestas conclúyese que el procesado se encontró en un estado de EMOCION VIOLENTA con los frenos inhibitorios reducidos y que las circunstancias lo hacían excusable 2) Respecto al otro procesado, su accionar no pasó de colaborar con su coencausado en el período que abarcó la lucha por defenderse de la presencia armada del occiso, debiéndoselo absolver por el hecho que se lo acusara.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ CARLSSON ALBERTO c/ BERGUES MIGUEL s/ SIMULACION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-26

La determinación de la base para la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes en un juicio debe efectuarse teniendo en cuenta el quantum debatido o el interés puesto en juego en el proceso y que motiva la actuación de los abogados de cuya regulación se trata.
Instrucción, prueba, intervención de línea telefónica, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Telleldín, Carlos Alberto y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-19

Surge, además, que durante la instrucción se recurrió a intervenir injustificadamente comunicaciones telefónicas, las que consecuentemente devienen ilegítimas, como son las escuchas a los defensores, a testigos, a imputados sin los recaudos legales, y a un diputado nacional en violación a la inmunidad parlamentaria que le asistía. Es necesario recordar que algunas intervenciones telefónicas aparecen ordenadas en autos con fecha posterior a sus efectivas realizaciones y en algunos supuestos ni siquiera se pudo determinar el día en que fueron dispuestas.

Estas intromisiones implican un grave quebrantamiento de los derechos y garantías individuales de los ciudadanos consagrados por la Constitución Nacional y resultan inconcebibles en un Estado de Derecho. (Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell).
Empleados públicos, estabilidad del empleado público, Administración Pública, razones de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: VARELA, IGNACIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 150-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-12

La estabilidad del empleado público no es absoluta, atento que está sujeta a la reglamentación legal y cede ante diferentes causales, imputables o no imputables al empleado; pero tanto en uno como en otro caso, sea por medio del ejercicio de su potestad disciplinaria, o bien mediante la utilización de métodos y medios relacionados con la racionalización de un sector o sectores de su estructura, la Administración debe perseguir un fin idéntico; el mejoramiento de sus prestaciones, servicios o cometidos para responder de la mejor manera posible al cumplimiento de los fines de su actividad.
Contrato de trabajo, vicios de la voluntad, carga de la prueba, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Dominguez, Angel Felipe c/ Frigorifico de Aves Soychu S.A. s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-29

Compete al trabajador la carga probatoria de demostrar la existencia de un vicio de la voluntad que lo ha llevado a suscribir instrumentos sin intención, so pena de tener por válido el cuerpo del instrumento, doctrina que no es aplicable al trabajador analfabeto, supuestos donde la carga probatoria recae sobre el empleador (conf. arts. 58, 59 y concordantes de la LCT).
Consejo de la Magistratura, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guridi, Mónica c/ Provincia de Buenos Aires (Consejo de la Magistratura) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

No atañe el Poder Judicial evaluar y calificar los antecedentes y exámenes de oposición de los postulantes a ocupar cargos de jueces e integrantes del Ministerio Público, ni elevar ternas al Poder Ejecutivo para efectuar las designaciones, porque la Constitución ha atribuido tales facultades, en grado de exclusividad, al órgano específico creado al efecto.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, fundamentación del recurso, beneficios previsionales, depreciación monetaria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BENITO VASQUEZ s/ PENSION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-29

No procede el recurso extraordinario si en el escrito en que se lo interpuso se omite una crítica suficiente de los argumentos no federales con que la alzada rechazó el reclamo de actualizar por depreciación monetaria las sumas oportunamente percibidas por la beneficiaria de la pensión, en concepto de retroactividad.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, almacenamiento de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: DE ABREAU, M. G. s/ ESTUPEFACIENTES - ALMACENAMIENTO - TENENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-26

1) La conducta de la prevenida debe encuadrarse en la figura de tenencia de estupefacientes y no almacenamiento, por cuanto no se demostró por prueba fehaciente que la encausada haya pretendido comerciar con el vegetal que en cantidad ligeramente superior a 1 kg. se le secuestrara.

2) Es que sobre bases exclusivamente cuantitativas no puede establecerse la diferencia entre tenencia y almacenamiento pues, al margen de que en estricta dogmática tal solución es más que discutible, el punto de vista comporta la consagración de la apertura de un blanco más en el marco de los defectuosos tipos que instituye la ley 20.771; y con ello, la consagración de la discrecionalidad judicial en la integración del tipo legal, en abierta oposición a la pertinente cláusula constitucional.

3) Almacenar estupefacientes en los términos del art. 2 de la ley 20 771 ora por la presencia del elemento subjetivo (implícito), ora por una exigencia del dolo propio de la figura, es conducta que no puede desentenderse del propósito del "comerciar", o lo que es lo mismo:

un acopio, por considerable que sea, de la sustancia prohibida, no comportará la acción calificada, sino la mera "tenencia" del art. 6, si está destinada al uso personal del poseedor.

4) No basta la cantidad de estupefacientes para desplazar el tipo de la tenencia por el del almacenamiento, pues la idea de almacenar aún desprovista de toda connotación relativa al tráfico- es semánticamente tributaria del concepto de abastecimiento indiscriminado.