Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-18


Salta, 18 de abril de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CASTRO, Víctor Eduardo c/ BRUNO, María del Rosario - EJECUTIVO"- Expte. n° 234.331/08 del Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 4º Nominación - (CAM 368131/11 de Sala Primera), yCONSIDERANDO I. Que vienen estos autos en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 79 en contra de la sentencia recaída a fs. 77/78, por la cual se declarara la caducidad de la instancia principal y de la incidental, con costas por el orden causado.

El recurso fue concedido a fs. 80 en relación y con efecto suspensivo. A fs. 82 expresa agravios el apelante, manifestando que no se han respetado institutos de rito. En primer lugar, hace referencia a que se debió hacer una interpretación excepcional, restrictiva y limitada del instituto de la caducidad de instancia.

Sostiene que el otro error en el que incurre el a quo lo es la cronología que hace de los actos procesales, haciéndolo de forma antojadiza, ya que todos los que cita en el punto II son anteriores a la vigencia de la reforma del código procesal civil que es a partir del 9/06/09.

Asimismo, entiende que la resolución está viciada por cuanto no se refiere en concreto al último acto que se considera válido. Estima que tampoco se da fundamento alguno que justifique que se dicte de oficio la finalización del juicio.

Considera que no se ha configurado caducidad alguna por cuanto el proceso ha sido instado permanentemente y que fueron los planteos de la ejecutada los que han impedido el avance del juicio, alterando el debido proceso. Sostiene que otro vicio que afecta la resolución es que se ha descalificado la actuación llevada a cabo por su parte, como ser la de fs. 48, omitida totalmente en sus parciales consideraciones.

A fs. 85 el demandado contesta los agravios de la actora, entendiendo que los mismos no consisten en una crítica razonada de la sentencia, sino más bien en una crítica al Señor Juez.

Considera que los procesos ejecutivos deben ser procesos ágiles y rápidos y no durar más de cuatro años. Manifiesta que no es cierto que estén en juego normas constitucionales porque el principio de defensa en juicio no dice que ante la inercia y la desidia de las partes.

A fs. 91 pasan los Autos a despacho para resolver, providencia firme.

II. El recurso fue interpuesto en término, conforme constancias de fs. 78 vta. y 79.

III. El fundamento de la caducidad de la instancia radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales. Como lo señala Guasp, "el fundamento de la caducidad de instancia puede apoyarse principalmente en dos motivos: uno, de orden subjetivo, que ve en la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, la razón íntima de la extinción y otro de orden objetivo que se fija por el contrario, en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el peligro que esto lleva consigo para la seguridad jurídica" (Jaime Guasp, "Derecho Procesal Civil", T. 1, p. 539-540).

Ahora bien; para que proceda la declaración de caducidad deben reunirse ciertos requisitos fundamentales: a) Una instancia, que es la que va a perimir; b) Inactividad procesal en la misma; c) Cumplimiento de los plazos legales de perención con esa inactividad. El plazo que nuestro código de forma establece a tales fines es de tres meses en segunda instancia (art. 310 inc. 2º CPCC).

Corresponde analizar cuál acto debe considerarse como última actuación procesal impulsoria de la instancia cuya caducidad fue declarada a fs. 77/78, mediante resolución ahora recurrida.

De las constancias de autos surge que en fecha 16 de octubre de 2008 (fs. 17 y vta.) la demandada efectuó una presentación, por la cual interpusiera las excepciones de litispendencia y de pago.

También surge del análisis del expediente que el mismo se encontraba en poder del Dr. Ricardo A. Panique -letrado patrocinante de la parte actora- desde el 14 de octubre de 2008, según informe del encargado de mesa de entradas del juzgado de origen, impuesto a fs. 17 vta., produciéndose la devolución de los autos recién en fecha 18 de mayo de 2009 (ver fs. 19 vta.) Es decir que la parte quien mayor interes tenía en la prosecución del trámite del proceso ha retenido el expediente en su poder por más de seis meses, obstando ello a que el mismo continúe su curso hasta ponerlo en estado de dictarse sentencia.

Al respecto esta Sala se ha expedido diciendo que; "la circunstancia de estar el expediente fuera del tribunal, en este caso prestado al apoderado de la actora, no constituye causal de suspensión de la perención, ya que para ello el interesado debió denunciarlo oportunamente y solicitar las medidas necesarias para su reintegro" (L.L. 143-636; CAC y C, Salta, Fallos Sala I año 2002 fs. 120/121; 2011 fs. 950/951).- En atención a lo narrado también cabe recordar lo señalado por nuestra Jurisprudencia cuando dice que: "El principio dispositivo en materia civil, parte de la base que el impulso procesal corresponde a las partes, pues es obligación de las mismas impulsar el procedimiento desde su inicio hasta el llamamiento de autos para sentencia.

Sostiene Parry (Perención de la instancia pág. 29) que del largo silencio, de la negligencia de las partes, surge naturalmente la presunción de la voluntad de la misma de abandonar la instancia; y esta presunción simple es ´utilitatis causa´ convertida por el legislador en una presunción absoluta ´jure et de jure´, por lo que el derecho de continuar el juicio abandonado queda extinguido.

Así, desde el momento que la actora abre la instancia, no existen circunstancias que liberen a las partes de la carga de impulsar el procedimiento, pues si se analiza la caducidad de la instancia desde un punto de vista objetivo, su fundamento radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales porque en la base de la institución prevalecen los valores de paz y seguridad jurídica" (CApel.CC.Salta, Sala I, Fallos año 1991, pág. 56/57).

A partir del retiro del expediente por la parte actora, producida el 14 de octubre de 2008 y hasta su devolución -efectuada el 18 de mayo de 2009- no existió actividad procesal impulsoria alguna, incumpliendo la actora con la carga de instar el procedimiento, evidenciando con ello un abandono tácito de su parte -quien resulta la principal interesada-, exteriorizando un desinterés en el proceso, lo que el código de rito sanciona a través del instituto de la caducidad de la instancia.

Finalmente, cabe agregar que el principio de interpretación restrictiva de perención de instancia, que tiene vigencia principalmente en los supuesto de duda, no puede ser invocado para negar la aplicación del instituto expresamente legislado, en los casos en que las circunstancias demuestran su incuestionable procedencia.

IV. En consecuencia de lo expuesto, no habiendo el apelante controvertido los argumentos que sustentan la decisión impugnada, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 79 y confirmar, lo resuelto a fs. 77/78.

V. En lo referente a las costas, y por el criterio objetivo de la derrota, debe soportarlas quien pierde la instancia; en autos, la parte apelante (arts. 67 y 68 del C.P.C.C.).

Por ello LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FALLA I.RECHAZANDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 79 y en su mérito, II.CONFIRMANDO la sentencia de fs. 77/78. Con Costas a cargo del apelante.

III.Registrese, notifíquese y bajen los autos.