Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-09


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia de su titular Dr. Jorge L. Früchtenicht, y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y Benjamín Moisá, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "P., L. c/ P., V. s/ Laboral" (Expte. N° 118/07 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Practicado a fs. 285 el sorteo establecido por el art. 268 del C.P.C.C., correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: FLASS - FRÜCHTENICHT - MOISÁ.

Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 255/262 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. ¨Flass dijo:

A fs. 46/51 vta. el Sr. L. P. con el patrocinio letrado de los Dres. J. H. W. y C. F. P. inicia demanda laboral contra la Sra. V. P. tendiente a que se lo indemnice por despido incausado y demás rubros que totalizan $3.897.

A fs. 59/61 contesta la demandada por intermedio de su abogada apoderada la Dra. A. A. oponiéndose al progreso de la acción.

A fs. 255/262 vta se dicta sentencia nº 27/2007 del 7 de mayo de 2007 conforma a la cual: Primero, declara que el despido del actor fue directo e incausado pues, si bien este envió telegrama de despido, con posterioridad se produjo reconducción del contrato conforme surge de la testimonial ficta y de los testimonios producidos en autos.

Segundo, entiende que el sueldo del actor debió liquidarse en base a la categoría de "Peón Especializado: Albañil", pues era lo que correspondía de acuerdo a las tareas realizadas. Tercero, considera se debió abonar el incremento del 20% por zona injustificadamente obviado por el demandado en las liquidaciones.

Cuarto, condena a pagar marzo de 2005 en el cual se produjo la reconducción contractual al que calcula en $704,35. Quinto, condena a pagar sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre de 2005 al que calcula en $176,08; Sexto, condena a pagar vacaciones no gozadas en proporción al tiempo trabajado que estima en $56,35,.

Séptimo, condena al pago de diferencias salariales de $154,35 por ser ese el saldo entre lo pagado ($550) y lo que debió cobrar ($704,35): La totalidad del rubro alcanza a $694,57. Octavo, considera se debe pagar incremento resarcitorio art. 16 Ley 25.561 por un total de $721,25.

Noveno, dispone que las sumas a pagar devengarán un interés igual a la tasa activa que cobra el B. del C. S.A. en las operaciones de descuento de documentos. Décimo, impone la totalidad de las costas a la demandada.

Undécimo, decide no regular honorarios a la perito calígrafo por no haber presentado dictamen. Duodécimo, regula los honorarios de los profesionales actuantes en $900 para los Dres. Ch. P. y J. W. en conjunto y $630 para la Dra. A. A.

A fs. 263 apela la perito calígrafo oponiéndose a que no se le regulen honorarios y argumentando que la omisión se debió a la falta de pago del adicional para gastos oportunamente solicitado.

A fs. 268 apela la demandada expresando agravios a fs. 270/273 vta. cuyas quejas son las siguientes: 1) No corresponde pagar adicional por zona pues el mismo no está previsto para el trabajador agrario. 2) Sostienen que el distracto se produjo por renuncia el 17/02/2005 y no por despido indirecto el 31/03/2005 impugnando la valoración de la prueba realizada por el a quo. 3) Como consecuencia de lo anterior se opone a la indemnización del art. 76 incs. "a" y "b".

4) También como consecuencia de lo considerado en el segundo agravio impugna la condena a pagar el mes de mayo de 2005 pues sostiene que no fue trabajado. 5) Se queja de que el sueldo anual complementario y las vacaciones no gozadas fueron calculados en exceso y que además no se tomó en cuenta los pagos parciales realizados.

6) Considera excesivas las diferencias salariales pues se cobraron en base a una categoría que no correspondía y se incluyó el adicional por zona también impugnado. 7) Sostiene que no corresponde el incremento dispuesto por art. 16 Ley 25.561. 8) Considera excesivos los honorarios regulados a los Dres. Ch. P. y J. W. conforme a las pautas contenidas en el arancel.

Invocadas en lo pertinente las constancias de autos corresponde analizar los agravios incoados:

1) El Incremento por zona:

Se queja la recurrente de que se hubiera calculado sobre el salario del actor el incremento por zona del 20% que dispone la Ley 18.883 pues entiende que, conforme al art. 1º de dicha norma, tal adicional debe sumarse al mínimo vital y no a la remuneración mínima que establezca la CNTA.

El art. 28 Ley 22.248 establece que la CNTA fijará las remuneraciones mínimas para cada categoría que no podrán ser inferiores al salario mínimo vital. Por su parte el art. 86 incluye entre las facultades de la CNTA determinar las remuneraciones mínimas por categoría (inc. b) y aclarar las resoluciones que se dicten.

La Res. CNTA nº 22/94, dispuso adicionar un incremento del 20% (coeficiente 1,20) para todas las categorías de trabajadores agrarios, aclarando expresamente "Que a fin de evitar posibles errores de interpretación queda aclarado que sobre el salario básico consignado en el en Anexo I de la presente resolución se aplicará el mencionado coeficiente, asimismo todo futuro acuerdo salarial se aplicará sobre dicho básico, y a su resultado se le adicionará el 20% quedando así conformado el salario del trabajador, debiéndose discriminar en el recibo de sueldo, el salario básico y el resultante de la aplicación del coeficiente 1,20 establecido".

Poco importa, entonces, analizar si la Ley 18.883 sólo incrementa el salario mínimo vital o si lo hace también respecto a la remuneración mínima de cada categoría, pues la CNTA, integrada por representantes de los trabajadores y del sector empresarial, facultada para establecer las remuneraciones de los trabajadores agrarios, dispuso su incorporación.

Además de lo dicho conforme a la documental adjuntada por la demandada fs. 1 y 2 surge que a los peones generales M. A. E., G. H. M., L. M. I. se les liquidaron los sueldos de mayo de 2005 y abril de 2005 incorporando el incremento del 20% por zona lo cual implica reconocimiento de la empleadora de su deber de pagarlo en contradicción con la pretensión que ejerce en esta alzada.

El art. 8 Ley 22.248 prohíbe efectuar discriminaciones ente los trabajadores imponiéndole al empleador el deber de otorgar igual trato a todos, de allí es que no se encuentra motivo legítimo para que se le niegue al Sr. P. lo que se les reconoce al resto de los peones generales del establecimiento.

Si el empleador quiso premiar a algunos y no a otros debió hacerlo a través de un aumento de salario y no de la supresión de un adicional dispuesto por ley.

Conforme a lo dicho encuentro que no le asiste razón al recurrente en su agravio debiendo confirmarse la sentencia de grado en cuanto declara de aplicación al caso el incremento del 20% por zona.

2) Modo y tiempo del distracto:

Conforme obra a fs. 5 el Sr. P. envió telegrama de renuncia a partir del 17/02/2005 pero sostiene que en marzo de ese año se produjo la reconducción del contrato. La demandada niega tal reconducción y el Sr. Juez a quo la tiene por probada con la confesional ficta y los testimonios volcados en la causa.

De las constancias de autos surge que el actor renunció a su trabajo el día 17/02/2005 mediante telegrama Ley 23.789 el cual tengo por indubitable. También tengo por probado que, con posterioridad al distracto, el actor realizó tareas de construcción en el predio de la demandada.

A los fines de resolver el agravio es indispensable determinar primero en que calidad trabajó el actor en la época posterior a su renuncia pues ello permitirá determinar si se ha producido la reconducción del contrato laboral o si por el contrario se trató de una locación de obra.

Esta ECANO ha sostenido, con el voto mayoritario de los jueces que la integran, la doctrina según la cual es necesario probar la relación de dependencia para tener por acreditado el contrato de trabajo.

Por mi parte, en forma minoritaria, he considerado que bastaba demostrar la prestación de servicios, para presumir la existencia del contrato de trabajo aunque, claro está, se trata de una presunción relativa que admite ser desvirtuada por prueba en contrario.

Encuentro que conforme a las constancias de autos, el actor realizaba distintas tareas tales como recolección de frutos y demás actividades propias del objeto de la explotación, pues ello es lo que surge del testimonio de fs. 230 en el cual la deponente declara que P. y otra persona más de nombre M. "hacían de todo" y del testimonio de fs. 159 en el cual el testigo declara que P. "recolectaba frutos", esta diversidad de tareas es reconocida incluso por el actor en su escrito de demanda, razón por la cual tengo a tales hechos como indubitablemente acreditados. También consta que el actor realizaba trabajos de albañilería para el demandado, aunque es evidente que, por estos últimos, cobraba aparte; en tal sentido son para mi concluyentes los recibos nº 71, 72, 73 acompañados en original por la demandada así como también el convenio transaccional obrante a fs. 117 donde se acuerda el pago de "changas" pendientes por construcción y electricidad, el cual si bien no ha sido homologado por la autoridad administrativa, al faltar un pormenorizada descripción de los trabajos realizados, no deja por ello de evidenciar tanto la existencia de los trabajos de electricidad y albañilería como el hecho de que las partes entendían debían abonarse por aparte o en exceso de la relación laboral básica.

Lo dicho va configurando ya una conclusión en el sentido de que los trabajos de albañilería, tantos los realizados antes como después de la renuncia del actor no constituían objeto propio del contrato de trabajo cuyo distracto se produce el 17/02/05.

Abona el razonamiento la declaración del Sr. R. L. V. (fs. 206 y vta.) quien manifiesta que trabajó en la construcción del tanque de agua, que fue P. quien lo abordó para proponerle el trabajo (respuesta a la pregunta 12) y que fue P. quien, en definitiva lo contrató, (respuesta a la pregunta 13).

Se ha dicho a este respecto que "Si los servicios prestados no eran personales o exclusivos ni estaban sujetos a directivas del demandado por cuanto los accionantes gozaban de plena libertad para gestionar y asumir riesgos con terceros ajenos a la empresa del demandado, cabe concluir que estas modalidades excluyen la presencia de una relación laboral en subordinación (CT Sala VII, 28/12/200, B., G. E, y O. Vs. C. O. E. Conf. Cit. de GRISOLIA, Julio Armando. Derecho del Trabajo, Lexis Nexis, Buenos Aires 2004 pag. 119/120).

El único trabajo que el actor ha logrado demostrar con posterioridad a su renuncia, es la construcción del tanque australiano, la cual llevó a cabo con trabajo más el de otros trabajadores por él contratados.

También he dicho que a los efectos de valorar la relación jurídica entre las partes es necesario atender a la conducta desplegada durante el iter contractual e incluso en la tramitación del proceso.

En tal sentido encuentro que el Sr. P. fue, para la demandada, un empleado problemático a punto tal que el 15/02/2005 lo intimó, bajo apercibimiento de considerar su actitud abandono de trabajo, a que se presente a trabajar invocando faltas y suspensiones disciplinarias anteriores.

No es aquí oportuno analizar si al empleador le asistía o no el derecho que invoca en la misiva, lo que si surge con grado de evidencia es que la relación laboral distaba mucho de ser armónica.

Bajo estas condiciones aparecería como incoherente la conducta del empleador que después de recibir un telegrama de renuncia y liberarse así de los costos que hubieran significado un despido, vuelva a contratar, tan solo quince días después, al mismo empleado con el cual estaba descontento.

Tampoco aparece como coherente la conducta del empleado que renuncia y a las dos semanas vuelve a trabajar para el mismo empleador al que había enunciado.

Distinta sería la hipótesis si la nueva contratación fuera una locación de obra pues al propietario poco le interesa si el operario falta o no ya que es este último quien corre con los riesgos de la obra y quien, en definitiva, deberá entregar el producto terminado indefectiblemente en la fecha convenida.

Quiero destacar en relación a lo que diré mas abajo que entre el telegrama de renuncia y el inicio de las obras de albañilería hubo una interrupción de aproximadamente veinte días sin prestación, tal como lo relata el testigo Sr. I. (fs. 165 vta.) y ello ocurrió entre febrero y marzo de 2005.

Es así que se equivoca el a quo cuando en la sentencia habla de trabajo "ininterrumpido".

Tengo para mí, entonces, que entre el Sr. P. y la demandada existió un contrato de trabajo cuyo objeto era la prestación propia de un "peón general" en cuya virtud el Sr. P. recogía frutas y realizaba otras actividades relativas a la explotación de la demandada y que esa relación laboral se extinguió indefectiblemente el 17/02/2005 por renuncia documentada del trabajador.

También tengo para mí que durante la vigencia de la relación laboral, e incluso después de su extinción, el Sr. P., debido a su oficio, realizó tareas que exceden el objeto propio de la relación laboral y que las partes mismas calificaron de "changas" de construcción, las cuales eran pagadas aparte pues, estaba bien entendido por ambos que ellas no correspondían al contrato de trabajo. Estas "changas" de construcción son técnicamente locaciones de obra.

Por último, debo concluir que extinguida la relación laboral, la demandada le encargó al actor la construcción o terminación de un tanque australiano para que este lo haga con personal propio contratado por él mismo en lo que constituye una locación de obra y que no puede ser interpretada como reconducción tácita del contrato extinguido.

No consta que esta obra haya sido pagada al actor pero no es este el proceso ni la oportunidad para discutirlo, lo que si debo concluir es que no corresponde abonar el mes de marzo de 2005 conforme a las pautas del contrato de trabajo extinguido.

3) Categoría laboral del actor:

Conforme lo llevo dicho, tengo por probado que el actor se desempeñó como peón general sin perjuicio que, con carácter ajeno al contrato de trabajo y en atención al oficio del Sr. P., se le encargaran algunos trabajos de albañilería que, obviamente, se pagaban por aparte.

El art. 44 de la Ley 22.248, establece que el trabajador agrario puede ser ocupado en las diversas tareas que se desarrollen en el establecimiento cobrando el salario correspondiente a la mejor remunerada siempre y cuando no mediara convenio expreso en contrario.

Ahora bien por convenio expreso no debemos entender contrato escrito sino que basta con que las partes hubieran acordado al respecto aún cuando tal acuerdo fuera verbal.

Es cierto que en este último caso la prueba del contrato será dificultosa mas no imposible y una prueba convincente de su existencia es justamente el pago pues entre los efectos accesorios o secundarios del pago, está el de confirmar el acto del cual deriva y consolidar el contrato que le sirvió de fuente (conf. WAYAR, Ernesto C. "Derecho Civil. Obligaciones", T. 1, Depalma, Buenos Aires 1990, pág. 443).

La demandada ha acompañado como prueba en originales los recibos nº 71, 72 y 73 en los cuales consta el pago de contraprestación dineraria por tareas de albañilería realizadas entre noviembre de 2004 y febrero de 2005. La actora a fs. 65 ha impugnado esos recibos alegando abuso de firma en blanco lo cual no probó.

El art. 124 de la Ley 22.248 establece las condiciones que deben reunir los recibos por los pagos que le hicieran al trabajador como consecuencia de la relación de trabajo y es evidente que los mencionados no reúnen tales condiciones, no obstante, el art. 125, da plena libertad a los jueces para apreciar la eficacia probatoria de los recibos que no reunieran las condiciones consignadas en el art. 124.

En este sentido, considero de trascendental importancia la prueba de fs. 117 obtenida por informe de la Subsecretaría de Trabajo Delegación Esquel consistente en un convenio para el pago de "changas" de construcción y electricidad.

Cabe destacar que este convenio no fue homologado por la autoridad administrativa y ello podría hacer dudar de su valor transaccional pero perfectamente sirve como prueba de que el Sr. P. realizaba trabajos de albañilería por aparte del contrato de trabajo pues ambas partes entienden que tales trabajos debían de ser pagados en forma independiente, al punto que lo convienen por escrito.

Sin perjuicio de lo dicho cabe destacar que, si bien los recibos no cumplen con los requisitos del art. 124 de la Ley 22.248, su finalidad no es probar la relación de trabajo sino una locación de obra no alcanzada por el régimen laboral sino exclusivamente por el Código Civil. el cual establece como único requisito para la validez probatoria del recibo la forma escrita y la firma del acreedor.

Dicho de otro modo, si bien puede dudarse que los recibos en las condiciones en que han sido elaborados, sirvan como prueba de una relación laboral, no cabe decir lo mismo respecto a una contratación civil.

Concluyo entonces que la categorización del Sr. P. como peón general respecto a la cual el actor no plantea ninguna objeción al momento de renunciar, responde a la realidad de los hechos y, en consecuencia, no corresponde pagar ninguna diferencia por este rubro.

5) Indemnización inc. "a" y "b" ley 22.248.

Habiéndose extinguido la relación laboral por renuncia del trabajador conforme lo manifesté ut supra y a cuyos considerandos me remito por razón de brevedad no corresponde el pago de los mencionados rubros desde que ello solo procede para el caso de despido asistiéndole razón, en consecuencia, a la recurrente.

6) El S.A.C. y las vacaciones no gozadas proporcionales al año 2005:

Se agravia la recurrente de que se hubiera calculado el SAC y las vacaciones no gozadas correspondientes a la categoría de peón especializado más adicional por zona quejándose además que no se haya tenido en cuenta lo ya pagado por ella y que alcanza $170.

Conforme a lo que he expresado el salario del Sr. P. debe ser el de un peón general con mas el 20% de incremento por zona y es sobre esta base que se han de calcular las vacaciones no gozadas y el S.A.C. proporcional al año 2005.

7) Incremento dispuesto por art. 16 Ley 25.561.

No existiendo despido sino renuncia del trabajador no corresponde analizar la procedencia de ningún incremento indemnizatorio referido a tal supuesto.

9) Los honorarios de los letrados actuantes:

Conforme al resultado propuesto corresponde, atento el monto logrado a través de la presente propuesta, confirmar los honorarios regulados en la primera instancia a los letrados, en virtud de las disposiciones de los arts. 6, 7, 8, 19 y 39 del Arancel.

10) Los honorarios de la perito calígrafo:

Se queja la perito calígrafo de que no se le hubieran regulado honorarios por no presentar el informe cuando esta circunstancia obedeció a la falta de anticipos para gastos solicitados oportunamente.

El anticipo de gastos es un derecho que se le reconoce a los peritos para solicitar al juez, en determinadas circunstancias, una suma estimativa subordinada a la oportuna rendición de cuentas, a los efectos de cubrir los presuntos costos materiales que pudieran provocar la realización del informe encomendado y con el exclusivo objeto de no colocar al auxiliar del juez en la necesidad de tener que efectuar desembolsos y aguardar hasta el final del proceso para recobrarlos.

Ha dicho la jurisprudencia que "Si no se practica el peritaje, o se deja sin efecto su designación, el perito tiene derecho a percibir honorarios por los trabajos realizados antes de que se le notifique tales circunstancias" (CNCiv. B 31/5/72, ED 110-702) y es que no hay justificativo alguno para dejar sin remuneración al perito por el fracaso de la prueba cuando este ha realizado ya trabajos tendientes a producirla.

En el caso de autos no se dan dichas circunstancias, ya que la perito designada en autos conocía las disposiciones del art. 463, ultimo párrafo, del CPCC que castiga en forma terminante la falta de depósito del adelanto de gastos requerido con "...el desistimiento de la prueba...", por lo que la labor que desarrollara el efectuar la formación del cuerpo de escritura fue inoficiosa, por lo que entiendo corresponde confirmar lo resuelto por el judicante sobre el particular.

A la misma cuestión, el Dr. Früchtenicht, dijo:

1. Identificación de la sentencia apelada: A fs. 255/262 y vta., luce agregada la sentencia de fecha 07 de mayo de 2007, dictada por el Sr. Juez de grado, Dr. Claudio Alejandro Petris y registrada bajo el Nro. 27 del corriente año, mediante la cual resolvió:

I.- Hacer lugar a la demanda laboral impetrada por L. P. contra V. P., y en consecuencia condenar a esta última a abonar a la actora la suma de $3.197,82 con más los intereses y en el plazo que determina; bajo apercibimiento de ejecución;

II.- Imponer las costas a la demandada por no existir mérito para apartarse del principio objetivo de la derrota en juicio; y ; III.- Regular los honorarios de los letrados P., W. y A., todo ello con fundamento en los considerandos de su sentencia a los que me remito en honor a la brevedad (v. fs. 257/262).

2. Trámite posterior a la sentencia: Que contra el acto jurisdiccional individualizado en el punto que precede, se alzo en apelación la perito calígrafo, M. R. B. ( v. fs. 263), siéndole concedido su recurso a fs. 264.

A fs. 268, la demandada vencida también se alza en apelación, concediéndosele el remedio a fs. 269.-Que a fs. 270/273 y vta., expresa sus agravios la demandada apelante, y en fecha 14 de junio del corriente año la presenta causa registra su ingreso en esta Cámara (v. cargo de fs. 278).

A fs. 279 y por presidencia de este Cuerpo, se llama "autos para sentencia". Firme el llamamiento, a fs. 285 se practica el sorteo previsto en el art. 268 del rito provincial, quedando en consecuencia la presente en estado de resolver.

3. Los agravios deducidos: Que al fundar su apelación la perito B., expone que el suyo proviene de no haberse regulado sus honorarios profesionales en la presente causa.

Sostiene que -si bien en orden a la prueba parcial se declaro su caducidad - la apelante, y con anterioridad a la fecha de la audiencia fijada para la formación del Cuerpo de Escritura, solicitó un importe en concepto de Anticipo de Gastos, importe que jamás fuera depositado.

Por ello, la caducidad decretada no es responsabilidad de la perito, estimando injusto que no se le regulen honorarios (v. fs. 263).

Que en ocasión de deducir los suyos la demandada apelante, esencialmente se agravia: I) En orden al "adicional por zona (20%)", por cuanto, al incluir dicha suma adicional como parte de las remuneraciones que debía percibir la actora, condenó a su parte a abonar montos mayores a los establecidos en la legislación, elevándose en consecuencia la base de cálculo de las indemnizaciones (v. fs. 270/271 PRIMER AGRAVIO);

II) Su segundo agravio se refiere a la fecha y modo del distracto. Afirma que ".es claro que el a quo sólo efectuó un análisis parcial de las constancias de la causa." y que ".efectuó una valoración parcial de los dichos del I.." en alusión a su respuesta a la pregunta 21º de fs. 165 vta. (v. fs. 271 y vta. SEGUNDO AGRAVIO);

III) Se agravia, en tercer lugar, en referencia a las indemnizaciones previstas en el art. 76 inc. A) y B) de la Ley 22.248, relacionando este agravio con la suerte que corra el anterior.( fs. 271vta. TERCER AGRAVIO);

IV) Se agravia en orden ". sueldo del mes de marzo/05", pues sostiene que la relación laboral feneció el día 17/02/05, y lo relaciona así también con la suerte de su segundo agravio (v. fs. 271vta./172 CUARTO AGRAVIO);

V) De idéntica manera, se agravia por cuanto los montos de la condena a su parte en orden a "SAC proporcional" ($ 176,08) y "Vacaciones no gozadas" ($ 56,35), pues estima que para la determinación del haber básico no corresponde calcular el adicional por zona ya cuestionado a abonar la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561, pues esa indemnización no resulta aplicable a los trabajadores agrarios (v. fs. 272 vta. QUINTO AGRAVIO);

VI) En sexto término, se ofende en orden a las diferencias salariales que fuese condenada a abonar su parte pues entiende que el salario básico para realizar el cálculo es el de $ 586,96 y no el de $704,35 que sostuvo el Sr. juez apelado (v. fs. 272 y vta. SEXTO AGRAVIO); y VII) Le resulta agraviante también que se condenase a su parte a abonar la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561. Sostiene que dicha sanción pecuniaria a favor del trabajador no resulta procedente pues el distracto se produjo por renuncia de aquél; (v. fs. 272 vta. SÉPTIMO AGRAVIO); y VIII) Por último, se agravia por lo elevado del monto de los honorarios regulados a favor de los letrados Dres. P. y W. (v. fs. 273 OCTAVO AGRAVIO). Cita doctrina en su apoyo, para finalmente solicitar se haga lugar a su apelación, con costas a la demandada (SIC).

4. Consideración de los agravios: De los agravios deducidos por la demandada, entiendo que resultan nucleares las cuestiones relativas a la procedencia -o no- del denominado "adicional por zona" y la determinación en el tiempo del final de la relación laboral habida entre las partes.

Así, y en orden al mencionado adicional, cabe señalar que recientemente y a idéntico agravio, he sostenido: "por imperio de la Resolución Nº 11/03 CNTA, se dispuso la aplicación obligatoria del coeficiente fijado por la Ley Nro. 18.883 para todos los trabajadores agrarios, tal cual reza la documental que se agrega ." (v. mi voto en autos "M., G. H. c/P., V. S/ Laboral" Expte. Nro. 120/07 CANO sent. del 06/08/07 ).

Por ello, y atento lo resuelto por el juez, apelado y reconocido por la apelante a fs. 272 vta. segundo párrafo, el salario básico del actor es el que corresponde al "Peón especializado" de $586,96 (v. fs. 25) con más el "adicional por zona" del 20 % (v. fs. 40), arribándose al total de $704,35 determinado en la sentencia. Por ello, el primer agravio no debe prosperar y así lo voto.

Corresponde ahora analizar y determinar la fecha final de la relación laboral. De las constancias de autos, en particular la de fs. 5, podemos advertir que en fecha 17 de febrero de 2005 el actor renunció a su empleo mediante telegrama Ley 23.789, cuya existencia no ha sido controvertida.

También que posteriormente a ello, realizó tareas para la demandada -construcción del tanque de agua-. Así, corresponde determinar en que términos se desarrolló la segunda etapa de la relación y al amparo de que contrato.

En efecto, y conforme lo reseñara el vocal que me precedió en el voto, resulta trascendental en la relación de trabajo acreditar la relación de dependencia para tener por acreditada aquélla, circunstancia que adquiere mayor importancia si lo que se invoca es la reconducción de un contrato de trabajo.

Así, entiendo que el acuerdo agregado a fs. 117 (acuerdo de pago por "changas") no alcanza para sustraer la continuación de la relación al contrato de trabajo.

Que el testimonio del Sr. V. Que luce a 206 vta. y sus respuestas 12 y ss., tampoco lo permite, por cuanto el testigo no especificó quien abonaba su salario.

Tampoco el testimonio de la Sra. S., agregado a fs. 230, pues refiere que el Sr. P. y otros empleados ".hacían todo." (v. resp. 13 y ss.). Refiere la propia testigo que ".El comentario lo se por el mismo J. decía que se levantaba a las 05.00 hs. de la mañana por el riego y a las 08.00 hs. salía a buscar a los empleados de cosecha y construcción y por el horario de salida de ellos, los empleados, nos venía a preguntar el horario para poder salir." (v. resp. 16). Por ello, entiendo acreditadas la prestación de tareas con más la relación de dependencia que habilitan a tener por reconducida la relación laboral.

Refuerza la conclusión arribada la circunstancia de no haber acreditado ni ofrecido acreditar la demandada el pago en carácter de "trabajador autónomo" que invoca, mediante la agregación de le pertinente factura por el servicio, emitida por el actor en orden a las prescripciones que surgen del art. 24 de la ley Nro. 25.865 (B.O. del 19/01/2004).

De idéntica manera, imponen tal conclusión una apropiada -estimo- consideración de los principios protectorio, de continuidad, de primacía de la realidad y de la buena fe en la relación laboral. También la aplicación de leyes tales como la mencionada en el párrafo que precede.

Es que en esta instancia, adquiere un valor superlativo la confesión ficta (art. 417 del rito) de la demandada, no controvertida por otros elementos de convicción arrimados, pues la propia accionada tenía la carga de probar el período de ausencias que invoca. Por todo ello, tengo para mi que el distracto debe tenerse por producido el día 31 de marzo de 2005. En consecuencia, el segundo agravio no debe prosperar y así lo voto.

Como consecuencia de lo dicho, tampoco deben prosperar los agravios tercero, cuarto, quinto y sexto deducidos por la demandada apelante.

Diferente suerte, y por distintas razones a las expuestas por el vocal que me precedió en el voto, debe necesariamente correr el séptimo agravio deducido por la apelante.

Sobre el particular en SDC N° 31/06 CANO señalé que "... que la aplicación de la precitada multa deviene improcedente atento la inconstitucionalidad del decreto PEN Nro. 883/02 y sus similares y sucesivos Nros. 256/03, 662/03, 1351/03 y 369/04, en razón de haber sido dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, y no observándose una urgencia tal que justificara una solución legislativa de excepción, y no existiendo tampoco razones de fuerza mayor que impidiesen sesionar válidamente a alguna de las Cámaras del Poder Legislativo, su dictado se nos aparece entonces como palmariamente contrario al sistema constitucional.

A mayor abundamiento, y a partir de la reforma de nuestra Carta operada en el año de 1994, si el Congreso Nacional hubiere delegado una facultad o función que le es privativa (exclusiva y excluyente de otro poder) conforme al régimen general del actual art. 75 CN, y si de esa delegación legislativa se hubieren exhorbitado las materias específicas estrechamente constreñidas en el art. 76 CN, dicha facultad resultaría írrita e inconstitucional, situación que se nos plantea en orden a las sucesivas prórrogas dispuestas por los decretos en cuestión.

En apoyo del criterio expuesto, la Cámara del Trabajo de Córdoba, en causa "S" número 102, Sentencia Nro. 102 (in re "R. C. L. c/ L D A S.R.L. y/u Ots. S/ demanda" Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala X, 10/12/2004, "elDial.com", AA288A) sostuvo la inconstitucionalidad del artículo en cuestión, ya que la norma del art. 16 de la Ley 25.561 estableció su vigencia por el plazo de ciento ochenta días, plazo que venció durante el mes de julio de 2002.

"El Poder Ejecutivo Nacional, arrogándose funciones veladas por nuestra Carta Magna continuó prorrogando su vigencia sin requerir la autorización del Congreso Nacional, ni seguir el mecanismo establecido constitucionalmente para la sanción de las leyes..." (v. fallo citado.- En orden al agravio deducido por la demandada apelante con respecto a los honorarios regulados a favor de los Dres. P. y W. por entender que son elevados, atento el presente pronunciamiento y en función de lo establecido por los arts. 76 Ley 69 y 279 CPCC, los emolumentos determinados en la sentencia deben ser adecuados.

En consecuencia, efectuados los cálculos pertinentes en base a las disposiciones de los art. 6, 7, 8, 9 y 39 del Arancel, entiendo que los honorarios de los Dres. C. P. y J. H. W., en conjunto, en la suma de $820 y los de la Dra. A. A. en la suma de $575, con más el IVA pertinente.

Analizaré en este punto la apelación deducida por la Perito calígrafo Sra. B.. Así, de las constancias de autos se desprende que la mencionada profesional fue designada según providencia de fs. 72 y vta.

También que a fs. 140 la nombrada solicita la suma que indica en concepto de anticipo de gastos. Que dicha suma jamás fue depositada a disposición de la perito por parte del actor que había ofrecido tal prueba.

Entiendo que al perito no le asiste el derecho a percibir honorarios pues actuó sin esperar se cumpla el plazo dispuesto para el depósito del anticipo, por el art. 463 del CPCC.

A igual cuestión, el Dr. Moisá dijo:

1. Por la Sentencia N° 27 de fecha 07 de mayo de 2007 (fs. 255/262 vta.), el Sr. Juez de primera instancia decide hacer lugar a la demanda laboral entablada por el Sr. L. P. contra la Sra. V. P., con costas a la vencida.

Contra tal decisión, interpone recurso de apelación la parte demandada (fs. 268). Concedido previamente el recurso, la apelante expresa agravios a fs. 270/273 vta., sin que la contraparte presente el informe facultativo que autoriza el art. 62 de la Ley N° 69. Asimismo, a fs. 263 apela la Perito Calígrafo M. B., solicitando que se le regulen honorarios por su actuación profesional.

2. En lo sustancial, la demandada recurrente concreta su crítica contra la sentencia en crisis en ocho agravios:

Primer agravio. Se refiere al adicional por zona (20%). Entiende la apelante que el adicional por zona previsto por la Ley N° 18.883 se aplica al salario mínimo vital y móvil pero no a los básicos o mínimos de la actividad, institutos distintos que no pueden confundirse.

Segundo agravio. Se refiere a la fecha y modo del distracto. Sostiene la apelante que el distracto se produjo el 17 de febrero de 2005 por renuncia del trabajador y no el 31 de marzo de 2005 por despido indirecto, como lo entiende el a quo. El judicante arriba a esta conclusión -dice- porque la demandada no concurrió a la absolución de posiciones, teniéndola entonces por confesa (fs. 149), y en virtud del testimonio de Sr. I. (fs. 258 vta./259).

Con ello, explica, el Magistrado concluye que existió prestación laboral posterior a la renuncia, haciendo operar la tácita reconducción por aplicación de la doctrina del art. 234 de la LCT.

Contra tal conclusión, observa que habiéndose encuadrado la relación dentro del Régimen del Trabajador Agrario, no corresponde la remisión al art. 234 de la LCT. Asimismo, alega que, si bien es cierto que no concurrió a la absolución de posiciones, su inasistencia fue por causa justificada.

Finalmente, aclara que el resto de los agravios son consecuencia de los expresados ut supra.

Tercer agravio. Se refiere a las indemnizaciones del art. 76, incs. a) y b) de la Ley N° 22.248, entendiendo la recurrente que, de hacerse lugar al agravio anterior, corresponde revocar estas indemnizaciones en su totalidad toda vez que no están previstas para el caso de renuncia.

Subsidiariamente, para el caso de no proceder el segundo agravio, solicita que se reduzca el monto de las indemnizaciones en cuestión en virtud de lo explicado en el primer agravio, estimando que la base de cálculo debe ser de $586,96.

Cuarto agravio. Está dado por el sueldo del mes de marzo que la sentencia condena a abonar en $704,35. La fundamentación de la apelante se remite al primer y segundo agravio.

Quinto agravio. Está relacionado con los montos que la sentencia condena a abonar en concepto de "SAC proporcional" ($176,08) y "Vacaciones no gozadas" ($56,35). La apelante se remite al primer agravio. Además, entiende que debe deducirse la suma de $170 abonados en concepto de "liquidación final".

Sexto agravio. Esta relacionado con las diferencias salariales por el no pago del 20% de zona desde el 15 de octubre de 2004 hasta febrero de 2005. Estando estrictamente vinculado con el primer agravio, la apelante se remite al mismo.

Séptimo agravio. Expresa la recurrente que es agraviante que se la condene a abonar la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561, pues tal indemnización no resulta aplicable a los trabajadores agrarios. Cita la Ley N° 25.972.

Octavo agravio. Estima elevados los honorarios profesionales regulados a los Dres. P. y W.

3. Reseñados en lo conducente los agravios de la apelante, corresponde que me ocupe de su consideración y análisis con vistas a motivar mi voto en la cuestión traída a resolución. Por razones de orden metodológico, aclaro que los agravios vinculados serán considerados en forma conjunta, siguiendo para ello el criterio sustentado en la reciente SDC N° 37/07 CANO ("M c. P.", Expte. 120/07 CANO).

a) Fecha y modo de extinción de la relación laboral. Si bien es cierto que, por encuadrarse la relación laboral de autos dentro de los parámetros de la Ley N° 22.248, el art. 234 de la LCT no resulta aplicable, no puede desconocerse que el artículo citado establece un principio general y, por lo tanto, también vigente en los contratos de trabajo agrario.

En consecuencia, en toda relación laboral en principio el despido -o renuncia- no puede ser retractado, salvo acuerdo de partes, el cual puede ser expreso o tácito.

Por lo tanto, como lo hace notar el judicante en su considerando primero (fs. 259 vta.), con posterioridad a la renuncia de fecha 17 de febrero de 2005 las partes asumieron una conducta -solicitud de aclaración de situación laboral por parte del trabajador (fs. 6); evasiva por parte del empleador (fs. 7)- que hace presumir una retractación tácita de la referida renuncia.

A ello cabe agregar la confesión ficta de fs. 149 (art. 417, CPCC) y la testifical de fs. 165/vta., lo cual me lleva a la convicción de que hubo una tácita reconducción de la relación laboral (art. 386, CPCC).

En este sentido, como atinadamente lo observa ETALA: "nada impide que la retractación se produzca por acuerdo tácito, como cuando las partes continúan la relación después de expirado el plazo del preaviso" (ETALA, Carlos Alberto, Contrato de trabajo, p. 544, Astrea, Buenos Aires, 1999).

Concordemente se ha resuelto: "La renuncia produce, en principio, la extinción del contrato de trabajo, pero nada impide que sea retractada de común acuerdo de las partes (art. 234, LCT) ni tampoco que esa retractación sea tácita" (CNAT, Sala I, 26/11/87, DT, 1988-B-1101).

Ergo, el segundo, tercero y cuarto agravio no pueden prosperar.

b) Adicional por zona (20%). Según lo tengo dicho en el precedente citado ("M c. P."), entiendo que por imperio de la Resolución N° 11/03 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) corresponde la aplicación de la Ley N° 18.883 y por lo tanto la liquidación del adicional en cuestión.

En consecuencia, en lo pertinente, la suerte adversa de los agravios primero, quinto y sexto queda sellada.

c) Pago a cuenta de liquidación final ($170). El pago de fs. 17, no obstante su imputación "a cuenta de liquidación final", al haber variado la causa de extinción de la relación laboral conforme a lo expresado precedentemente, debe descontarse del monto correspondiente a la indemnización por despido (doct. art. 142, LCT), acogiéndose parcialmente el quinto agravio.

d) Art. 16 de la Ley N° 25.561. Como lo tengo dicho desde "P. c. A." (SDC N° 47/05 CANO. Cfr. "H. F....", SDC N° 22/06 CANO, Expte. Nº 76/06 CANO, entre otras), considerando que a la fecha del despido (31/03/05) se encontraba vencido el plazo previsto por el art. 16 de la Ley N° 25.561, durante el cual se suspendían los despidos sin justa causa, con la consiguiente sanción de duplicación indemnizatoria en caso de contravención; y, además, que la prórroga de dicho plazo dispuesta por el Dto. PEN N° 883/02 -y sus sucesivos: 256/03; 662/03; 1.351/03; 369/04- es inconstitucional, estimo que corresponde acoger el séptimo agravio y, en consecuencia, declarar tal inconstitucionalidad, revocando la duplicación dispuesta en la sentencia por aplicación del art. 16 de la Ley N° 25.561.

Como fundamento de la inconstitucionalidad del Dto. PEN N° 883/02, hago propio lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, al resolver que: "El Decreto 883/2002 (mediante el cual se prorrogó por ciento ochenta días la suspensión de los despidos sin causa justificada), ha sido dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, que como lo establece el artículo 63 de la Constitución Nacional, se extiende anualmente desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre, sin que existieran en esa época situaciones de fuerza mayor que impidieran a alguna de las Cámaras sesionar normalmente.

No se observó una urgencia tal que justificara una solución legislativa para ser resuelta en un plazo que hubiera resultado incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.

Todo ello torna viable la declaración de inconstitucionalidad del referido decreto" (CNAT, Sala VIII, "A., J. M. c/ Corp. Gral. de A S.A. s/ Despido", SENTENCIA, 32166 del 25 DE OCTUBRE DE 2004, SAIJ, Sumario E0012377).

Es que, ante tales circunstancias, el Poder Ejecutivo Nacional no puede invocar la excepcional facultad que le confiere el art. 99, inc. 3), párr. 3°, de la Constitución Nacional para atribuirse potestades propias del Congreso de la Nación, en flagrante violación al párrafo 2° de la misma norma citada y del art. 75 de la ley suprema de la Nación (art. 31, CN).

Al no poderse prorrogar un plazo ya fenecido, no modifican la conclusión arribada ni los decretos de prórroga posteriores -256/03; 662/03; 1.351/03; 369/04- ni la Ley N° 25.927 (B.O. 27/12/04).

d) Apelación de la Perito Calígrafo. En virtud de lo dispuesto por el art. 463 in fine del CPCC, entiendo que la apelación de la Perito Calígrafo M. B. no puede prosperar, pues, la falta de depósito del anticipo para gastos dentro del plazo establecido (fs. 141) importa el desistimiento de la prueba, circunstancia que la profesional actuante no podía ignorar. Por lo demás, su intervención en la audiencia de fs. 154/157, al no presentarse el informe pericial, deviene inoficiosa e inútil, careciendo por lo tanto de derecho a honorarios (cfr. art. 473, CPCC).

e) Honorarios de los letrados P. y W.: Con respecto a la apelación deducida por la demandada contra los mismos por considerarlos elevados, entiendo no corresponde su tratamiento atento a que, de acuerdo a la solución que propongo y lo dispuesto por los arts. 76 de la Ley 69 y 279 del CPCC, corresponde adecuar los fijados en la anterior instancia.

Que efectuados los cálculos pertinentes en base a las disposiciones de los art. 6, 7, 8, 9 y 39 del Arancel, concluyo que los emolumentos de los Dres. C. P. y J. H. W., en conjunto, deben ser fijados en la suma de $820 y los de la Dra. A. A. en la suma de $575, con más el IVA pertinente.

A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Flass dijo:

Conforme lo expresado al analizar la primer cuestión, voy a votar por: 1) REVOCAR la sentencia nº 27/2007 del 7 de mayo de 2007 disponiendo en sustitutita se abone al actor las diferencias salariales por adicional zona, se pague S.A.C. proporcional y vacaciones no gozadas hasta el 17/02/2005 calculándoselos en base al salario de peón general más incremento por zona y compensándose con lo efectivamente abonado.

2) IMPONER las costas de esta instancia a la parte demandada por haber resultado parcialmente vencida (art. 59 Ley 69). 3) REGULAR HONORARIOS de la Dra. A. A. en la suma de $250, con más el IVA pertinente, por la labor en esta instancia (art. 14 Dec. Ley 2.200).

A la misma cuestión, el Dr. Früchtenicht, dijo:

En orden a lo manifestado en ocasión de votar la primera cuestión entiendo corresponde:

I.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de fecha 07 de mayo de 2007, dictada por el Sr. Juez de grado, Dr. Claudio Alejandro Petris y registrada bajo el Nro. 27 del corriente año y que corre agregada a fs. 255/262, revocándola en cuanto condena a abonar la multa del art. 16 de la Ley 25.562, debiendo declararse la inconstitucionalidad del Dto. PEN N° 883/02 -y sus sucesivos: 256/03; 662/03; 1.351/03; 369/04- en cuanto prorroga indebidamente el plazo previsto para el pago de dicha multa, correspondiendo se adecuen los montos en oportunidad de practicarse la pertinente liquidación en la etapa de ejecución de sentencia.

De la suma resultante, deberá deducirse la de $170 percibida por el actor "a cuenta de liquidación" según recibo de fs. 17;.

II.- ADECUAR los honorarios profesionales de los Dres. C. P. y J. H. W., en conjunto, en la suma de $820 y los de la Dra. A. A. en la suma de $575, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en primera instancia (arts. 6, 7, 8, 9 y 39 del Arancel);

III) IMPONER las costas de esta instancia por el orden causado (art. 68, in fine, del CPCC); y IV.- REGULAR los honorarios de la Dra. A., por su actuación en esta instancia, en la suma de $200, con más el IVA pertinente. (art. 14 Dec. Ley 2.200).

A igual cuestión, el Dr. Moisá dijo:

Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) confirmar parcialmente la Sentencia N° 27 de fecha 07 de mayo de 2007 (fs. 255/262 vta.); b) declarar la inconstitucionalidad del Dto. PEN N° 883/02 -y sus sucesivos: 256/03; 662/03; 1.351/03; 369/04- en cuanto prorroga indebidamente el plazo previsto por el art. 16 de la Ley N° 25.561;

c) revocar la sentencia recurrida de conformidad a lo considerado, disponiéndose que en la etapa de ejecución de sentencia se practique liquidación según las pautas fijadas en los considerandos pertinentes;

d) adecuar los honorarios profesionales de letrados apoderados C. P. y J. H. W., en conjunto, en la suma de $820 y los de la abogada A. A. en la suma de $575, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en primera instancia (arts. 6, 7, 8, 9 y 39 del Arancel);

e) imponer las costas de esta instancia por el orden causado, en razón de que, no obstante mantenerse lo substancial de la decisión de primera instancia, la pretensión recursiva de la apelante ha progresado significativamente desde el punto de vista cuantitativo (arts. 68, in fine); y f) fijar los honorarios de la letrada apoderada de la parte demandada Dra. A. A. en la suma de $200, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 14 Dec. Ley 2.200).

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:

1.- CONFIRMAR parcialmente la Sentencia N° 27 de fecha 07 de mayo de 2007 (fs. 255/262 vta.).

2.- DECLARAR la inconstitucionalidad del Dto. PEN N° 883/02 -y sus sucesivos: 256/03; 662/03; 1.351/03; 369/04- en cuanto prorroga indebidamente el plazo previsto por el art. 16 de la Ley N° 25.561.

3.- REVOCAR la sentencia recurrida de conformidad a lo considerado, disponiéndose que en la etapa de ejecución de sentencia se practique liquidación según las pautas fijadas en los considerandos pertinentes.

4.- ADECUAR los honorarios profesionales de los letrados C. P. y J. H. W., en conjunto, en la suma de $820 y los de la letrada. A. A. en la suma de $575, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en primera instancia (arts. 6, 7, 8, 9 y 39 del Arancel).

5.- IMPONER las costas de esta instancia por el orden causado (art. 68, in fine, CPCC), conforme a lo expuesto oportunamente, regulando los honorarios de la letrada apoderada de la parte demandada A. A. en la suma de $200, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 14 Dec. Ley 2.200).

6.- REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

JORGE L. FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS BENJAMÍN MOISÁ (en disidencia) REGISTRADA BAJO EL N° 39 DEL AÑO 2007. CONSTE.Zulma Graciela Albornoz Secretaria.