marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obras sociales, personas con discapacidad, personas con discapacidad auditiva, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ  MARINA  JOSEFA c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDADINDUSTRIAL S/ s/ ENEGATORIA DE REGISTRO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-04

No está discutida en el "sub lite" la condición de discapacitada de la actora, ni la necesidad del uso de audífonos, aspectos que la demandada no ha controvertido. Está en debate, en cambio, la obligación de la obra social de proveer un determinado equipo de audífonos, tal como lo ordenó el magistrado en la resolución apelada. La ley 23.661 dispone que los agentes del seguro de salud deberán incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas, debiendo asegurar la cobertura de medicamentos que estas prestaciones exijan (art. 28). El art. 3º de la ley 25.415 establece que las obras sociales deberán brindar obligatoriamente las prestaciones que contempla dicho texto legal, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como rehabilitación fonoaudiológica. Considerando los específicos términos de la prescripción del médico tratante, y que la obra social ha ofrecido la provisión de audífonos de diferentes características y marca que los prescriptos por su médico, teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que el mantenimiento de la medida precautoria decretada no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora.
Non bis in ídem, fallos de la Corte Suprema, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Legajo de juicio en autos Acosta, Aníbal Paulo c/  s/ Infr. art. 189 bis, tenencia de arma de fuego de uso civil, CP (p/L 2303) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

El razonamiento con arreglo al cual la prohibición de la doble (o múltiple) persecución penal por un mismo hecho impediría, a la luz de un remedio acusatorio, la revisión de un pronunciamiento absolutorio y la consecuente realización de un nuevo juicio, parece no reparar que el criterio de la CSJN es que corresponde descartar su violación cuando la decisión de retrotraer el proceso obedece a la concurrencia de vicios esenciales. (Del voto de la jueza Ana María Conde)
Imputado, defensa, código penal, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, menores
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recuso de hecho deducido por la Defensora oficial de Martín Salomón Arévalo en la causa Arévalo, Martín Salomón s/causa N° 11.835
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-27

Resulta improcedente la queja deducida por denegación de la apelación federal, de quien plantea la inconstitucionalidad del régimen de agravación de la pena por reincidencia, pues el instituto se sustenta en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito . (De "Gómez Dávalos", Fallos: 308: 1938 al que la Corte remite).
Sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, caducidad de instancia, plazos procesales, suspensión del plazo, agregación de la causa penal, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero de Otero, Patricia Liliana c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

Incurre en un exceso ritual manifiesto el fallo que declara la caducidad de la instancia fundándose en que la suspensión de los plazos dispuestos había sido sólo hasta que se agregara una causa penal, reanudándose automáticamente el curso del proceso, pues al desconocerse la oportunidad en que se agregaría la causa penal, se debía entender que la suspensión de los plazos había sido por tiempo indeterminado, por lo que su reanudación debía notificarse por cédula: arts. 135, incs. 6. y 311 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Preclusión, etapas del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: MADCUR S.A. s/ Conversión en Concurso Preventivo la Quiebra Dictada en Autos Nº 516
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-06-06

Preclusión debe entenderse la pérdida o extinción del derecho de cumplir un acto procesal, debido a: a) A la decadencia del término, b) A la falta de ejercicio del derecho en el momento oportuno, cuando el orden legalmente establecido en la sucesión de las actividades procesales importan una consecuencia tan grave, c) A la incompatibilidad de una actividad ya cumplida, d) El hecho de haber ejercido una vez el derecho, lo que lleva a concluir con que la preclusión es un instituto que funciona para las partes que han intervenido en el proceso y que son quienes han podido dejar transcurrir un término consentido, una resolución sobre la que posteriormente intentan volver o, que han ejercido una vez ya su derecho y no, como en este caso, que la posibilidad de utilizar el salvataje previsto en el art. 48 de la L.C. estaba destinado a los terceros, acreedores o no, lo que significa que para los mismos no puede haber preclusión, al no haber dejado de utilizar algún recurso perdido, un término o cualquiera otra de las posibilidades que configuran la preclusión dentro del desarrollo del proceso.
Prórroga de la prisión preventiva, criterio de razonabilidad, fundamentación de la resolución, estupefacientes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Losito, Horacio y otros s/ ley 24390.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

Si bien el solo agotamiento de los términos legales previstos en el art. 1 de la ley 24.390 no produce ipso facto el cese de la medida cautelar, la duración de la prisión preventiva debe respetar criterios de razonabilidad. Corresponde disponer el cese de la medida cautelar si se encuentra agotada la extensión excepcional prevista en el art. 1 de la ley 24.390 sin que exista fecha determinada de debate y no hay motivos plausibles para la homologación de la prolongación de la prisión preventiva ni se han señalado articulaciones dilatorias que vayan más allá de la actividad de quienes tienen a su cargo el ejercicio de la acción o de la propia jurisdicción. Las alegaciones sobre la complejidad del caso y la pluralidad de hechos atribuidos, idóneas para fundar el dictado de la prisión preventiva, no satisfacen las exigencias del art. 123 C.P.P.N. a los fines de autorizar extensiones no previstas expresamente en la normativa, ya que la razonabilidad de la duración del proceso en sí mismo es distinta de la correspondiente a la prisión preventiva. La disidencia sostuvo que en tanto el plazo contemplado en el art. 11 de la ley 24.390 no resulta de aplicación automática, la extrema gravedad de los delitos atribuidos al encausado, así como la sanción que eventualmente le corresponderá, la naturaleza de aquellos, la repercusión y alarma social que producen son, en principio, un serio impedimento para que pueda accederse a la soltura impetrada, tanto más cuanto que al haberse perpetrado los hechos acriminados al amparo de la impunidad que significaba la ocasional protección estatal es dable sostener que existen indicios suficientes para presumir que intentará eludir la acción de la justicia. (Dres. Yacobucci, García y Mitchell -en disidencia-).
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Saig, María c/ Maggi, Gladys Ana s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

Si el letrado se presentó en la calidad de apoderado de la accionada a efectuar un pago y no en carácter de tercero, la decisión acerca del planteo de nulidad debe ceñirse a establecer si concurría el incumplimiento a la carga procesal que deriva del art. 48 del ordenamiento ritual y no fundarse en las normas del Código Civil que otorgan validez al pago hecho por un tercero no obstante la ignorancia del deudor.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, integración del tribunal
Materia: PENAL
Carátula: Felioga, José Luis s/ Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

Es improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley que sostiene que el tribunal que dictó el fallo ha sido constituido en violación de la ley al encontrarse sus tres jueces recusados, si en el respectivo incidente se encuentran pendientes recursos extraordinarios federales, pues es aplicable en la especie el art.

37 (n.a.) del C.P.P. en cuanto impone no suspender el principal mientras se desenvuelve el incidente. Ello sin perjuicio de que el resultado final de éste pueda hacer aplicable el párrafo final de dicha norma.
Daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización, monto de la demanda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PRADO, Rubén Oscar c/ BOVERO, Oscar Alberto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-27

Tratándose de una acción por indemnización de daños y perjuicios, el requisito de fijación del monto reclamado se cumple discriminando los distintos rubros que comprende el reclamo y estimando los respectivos montos, al menos en forma aproximada. Y si se advierten circunstancias excepcionales que imposibiliten el cumplimiento de dicha carga procesal (v.gr. cuando la exacta cuantía de los daños depende de la prueba a producirse o del resultado del pleito), ello no exime al litigante de formular su estimación provisoria.-
Sentencia, cuestión abstracta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V., C. A. c/ P., S. M. s/ régimen de visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-30

Habiendo transcurrido, al momento de decidir, las fechas para las cuales se solicitaba autorización para viajar, debe omitirse resolver ya que el dictado de un pronunciamiento abstracto resulta impropio de las decisiones judiciales, en razón de que no es función de la judicatura emitirlos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio, arma de fuego, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: Cabaleiro, David Cesar s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-16

La figura básica del delito de homicidio previsto en el art. 79 CP puede ser cometida por cualquier medio y en sus elementos típicos no contiene la utilización de un arma de fuego para su comisión, por el contrario, el art. 41 bis CP establece como elemento calificante del homicidio, la utilización de un arma de fuego. La ponderación realizada por los sentenciantes de la condición de policía del imputado, como parámetro para mensurar la pena, se refiere a las circunstancias específicas del concreto hecho juzgado y a la mayor gravedad del mismo frente a la responsabilidad que por la función que ejercía le venía impuesta. Es que la situación personal del autor y la profesión que ejercía al momento de los hechos, resulta un parámetro de importancia para determinar la capacidad del autor para reconocer la antijuricidad del hecho y para determinarse conforme a ese conocimiento. (Dres. Hornos, Borinsky y Gemignani).
Embargo, levantamiento del embargo, depósito judicial, tercero adquirente de buena fe, fallo plenario, apartamiento del plenario
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE LA PUENTE, MARIANO c/ HANTOUCH, STELLA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-16

La doctrina plenaria producida in re "Banco de Italia", calificó como tercero inocente a quien había adquirido un inmueble embargado.

Tal calificación de inocencia partió de la base de resultar este sorprendido -al tiempo de escriturar- con la existencia registral de un embargo que desconocía. El comprador en estas circunstancias -por su condición de perjudicado inocente- pudo liberar la finca mediante el depósito tempestivo del monto registrado de la cautela.

Resulta inaplicable tal doctrina cuando el comprador conoció el embargo antes de concretar la adquisición, y tal circunstancia surge de la escritura traslativa del dominio, al constar frases como:

declarar "conocer y tomar a su cargo" el embargo trabado. No puede así calificarse al adquirente como "tercero inocente", pues no ha sido "sorprendido"por una situación registral que desconocía.
Indemnización por despido, base indemnizatoria del despido, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: FAZZARI, JORGE c/ TERMINALES RIO DE LA PLATA S.A. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-23

Aunque medie una importante desproporción entre los extremos numéricos para calcular la base de la indemnización por despido, según se tenga en cuenta o no el tope convencional correspondiente, no queda comprometida la validez constitucional de la norma si de todos modos se obtiene (con su literal aplicación) una suma de apreciable magnitud que no conduce a inferir que haya resultado una virtual pulverización del crédito que se persigue.
Movilidad del haber jubilatorio, inconstitucionalidad, actualización monetaria, índices de actualización
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CIRILLO, RAFAEL c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-18

Dado que el régimen de movilidad instituido por el art. 7 ap. 2 ° de la Ley 24.463 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el precedente "Badaro, Adolfo Valentín", el silencio guardado por los restantes poderes del Estado a las dos exhortaciones formuladas por el Alto Tribunal, y teniendo presente que el objeto de la garantía de movilidad que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional es : ". acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su valor con relación a los salarios de actividad.", (conf. "Badaro, Adolfo Valentín" Sentencia del 8 de agosto de 2006, considerando 13°), este Tribunal considera insoslayable resguardar la integridad económica del haber previsional del actor en forma constante y sin límites temporales, hasta tanto el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo Nacional tengan a bien reglamentar la garantía en cuestión a través de una norma de validez general.

Por lo tanto corresponde declarar inconstitucional el art. 7.2 de la ley 24.463 y disponer que el haber de la prestación del actor se ajuste a partir del 1° de enero de 2002 y hasta tanto se sancione la norma reglamentaria de alcance general requerida por el Alto Tribunal, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, quedando subsumidos en el mismo los aumentos que se hayan acordado al beneficiario en dicho período. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso de apelación (procesal), memorial, expresión de agravios
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Titular Plan de Facilidades Solicitud 029607 c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ejecución fiscal. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ejecución fiscal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

El memorial, en cuanto a su contenido, debe reunir las mismas exigencias técnicas establecidas para el escrito de expresión de agravios, de manera tal que el recurrente asume la carga de satisfacerla con idéntico nivel crítico (art. 236 CCAyT) resultando, a la postre, en lo que atañe a su naturaleza y requisitos, sinónimo de expresión de agravios. Del Voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo.
Sentencia arbitraria, bien de familia, desafectación del inmueble (civil), quiebra, derechos y garantías constitucionales, derecho a la protección integral de la familia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pirillo, Víctor s/ quiebra  s/  incidente  de venta del inmueble de Marcelo T. de Alvear  1934/6.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Es arbitraria la sentencia que hizo lugar al pedido de desafectación de una vivienda inscripta como bien de familia formulado por la síndico, si la interpretación del a quo frente a créditos nacidos con posterioridad a la afectación del bien, neutralizó, sin dar razones fundadas para ello, el fin tuitivo de la ley 14.394 y desvirtuó sus normas hasta tornarlas inoperantes, con grave afectación de la garantía de la defensa del bien de familia instituida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, cuya raigambre constitucional exigía evaluar las circunstancias que la afectaran con cuidado de no desatender su finalidad esencial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Goñez, Carlos Aníbal s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-21

Es infundado el recurso de inaplicabilidad de ley en el cual el recurrente sostiene que la Cámara al aplicar la pena no fundamentó su sentencia en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P., siendo que la Alzada hizo clara remisión a un párrafo en el que se refirió a la falta de antecedentes, los buenos informes de concepto agregados y la contemporaneidad de los hechos como atenuantes, y a la multiplicidad de hechos y al uso de armas de fuego como agravantes.
Prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Méndez, Gustavo Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-10

El juzgador es libre en la elección y análisis crítico de los elementos de prueba, sin que deba justificar por que da mayor mérito a uno que a otro y a las conclusiones a las que arribe, salvo arbitrariedad (Voto del Dr Tragant)
Prescripción, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Cooper Oil Tool Argentina SAIC. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22

El curso del plazo de prescripción comienza cuando el daño futuro sea cierto y susceptible de apreciación.
Robo, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Romano, Rodolfo Santiago y otro s/ Robo calificado por el empleo de armas en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-02

El robo está consumado si el procesado tuvo la posibilidad de disponer de los objetos sustraídos sin que ello pudiera ser impedido por las víctimas o por terceros. La consumación no requiere la libre disponibilidad de los objetos. Si el poder de disponer de la cosa ha pasado al reo aunque sea por un breve momento, sin que nadie estuviera en condiciones de impedirlo, el hecho está consumado aun cuando transcurrido ese momento no haya dispuesto de la misma por su detención o secuestro del objeto desapoderado.
Robo seguido de homicidio, relación de causalidad, caso fortuito
Materia: PENAL
Carátula: ZFAILE, OSCAR s/ ROBO. HOMICIDIO RESULTANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-22

1) El proceder del enjuiciado, que arrebató a la víctima que viajaba en un tren, una cadena de oro que llevaba en el cuello, cayendo aquélla al pavimento y falleciendo luego, configura el delito de ROBO CON HOMICIDIO previsto en el art. 165 del C.Penal.

2) No puede hablarse de CASO FORTUITO alguno que interrumpa el nexo causal entre el robo y la muerte, pues ésta, derivada de la caída, no hubiese ocurrido de no suceder el arrebato de la cadena.

O sea que la muerte, en el caso de autos ha sido consecuencia y resultado del robo, ya que aquélla aparece vinculada en conexión ocasional con el atentado a la propiedad llevado a cabo y confesado por el procesado; es decir que el homicidio provino de las circunstancias en que el robo se cometió -siendo entonces un resultado del mismo-, acaecido con motivo u ocasión de aquél, como lo exige el art. 165 del C.Penal.
Amparo ambiental, objeto del proceso, violación al debido proceso, pretensión procesal, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vecinos de Allen c/ YSUR Energía Argentina S.R.L. y otros s/ acción colectiva ambiental (c) s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-10-01

La magistrada habiendo sustanciado el amparo incoado en ningún momento del proceso dio intervención a la requerida conforme lo prescribe el art. 43 de la Constitución Provincial. Recién en la resolución recurrida dispone notificar lo resuelto "a los futuros demandados previo a dar cumplimiento a la presente, al solo efecto informativo, ya que no causa graven irreparable la instancia que en este acto se resuelve", violentando las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio. Ello configura una flagrante vulneración del derecho de defensa, uno de los pilares del debido proceso legal. Pues el modo en que obró no se puede considerar garantizada la bilateralidad aún restringida en estos procesos pero de inexorable e irrestricto deber de respetar. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Daño ambiental, incendio del establecimiento, competencia provincial
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Valente, Estela c/ Johnsons & Sons de Arg. S.A.I.C. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-12

Es competente la justicia provincial para conocer respecto de la demanda de daños causados sobre los bienes materiales y salud de la actora, así como la de su grupo familiar y al medio ambiente, derivados del incendio de la entidad fabril demandada, al no haberse determinado la afectación interjurisdiccional que requiere el art. 7°, segundo párrafo, de la ley 25.675.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romero, José c/ Procaccini, Omar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

Si el reclamo se funda en que la caída del ciclista productora del daño tuvo su origen causal en el contacto entre el automotor y la bicicleta, son las reglas de la responsabilidad objetiva derivadas del riesgo de la cosa automóvil las que rigen el supuesto en juzgamiento. Cuestión distinta es que el actor no haya probado dos de los supuestos esenciales para que tal responsabilidad pueda ser actuada: la cosa riesgosa como agente activo de la caída, y la relación causal entre dicha caída y el daño comprobado, consistente en la fractura de dos costillas. (Cód. Civ. art. 1113).
Debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Parets, Adriana Hilda c/ ANSeS s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Para satisfacer la parte las exigencias derivadas del art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación relativas a expresar el perjuicio sufrido y mencionar las defensas que no haya podido oponer, no basta con la mera invocación de que ha sido privada del derecho de defensa en juicio si no se ha indicado concretamente de qué modo habría influido el vicio alegado en el ejercicio de aquel derecho.