marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Poder Judicial, control de constitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SMART S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-29

Los parámetros argumentativos que utilizó el Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de la normativa cuestionada lucen en un todo acorde a sus facultades y no exceden el control que los jueces están llamados a realizar ni suponen inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por los poderes políticos en el ámbito propio de sus funciones, las que resultan ajenas al poder judicial; desde que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse, sino sólo cuando trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario. (De la ampliación de fundamentos de los Dres. Falistocco y Erbetta. En disidencia: Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJN: Fallos 327:1479; 257:127; 293:163; 301:341; 308:1361. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ordenanza 8664/10 de la Municipalidad de Rosario.
Sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: Z. de C., M.R. c/ C., J.C. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-29

El proceso de liquidación de la sociedad conyugal agota su virtualidad con la división de los bienes que la integran, oportunamente denunciados, resultando improcedente incluir en la litis bienes que no fueron objeto de ella, ni ampliarla incluyendo nuevos bienes en la etapa de ejecución de sentencia.-
Tasa de justicia, bonos de consolidación, integración de la tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE c/ ALGODONERA VINCA Y OTROS s/ INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

El art. 11, Ley 24.307 sólo instituye una modalidad de pago, pero nada dispone en cuanto a la obligatoriedad de la aceptación de bonos de consolidación por parte del acreedor (cfr. Sala 3, Causa 179 del 6.3.97). Tal obligatoriedad si viene impuesta por el art. 15, Ley 23.982, pero referida a las condiciones previstas por sus artículos anteriores, a las cuales remite, asimismo, la Resolución 1507/95 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 19.10.95, que dispone que:

"en los casos en que la tasa de justicia pudiera cancelarse con bonos de consolidación -en los términos y condiciones establecidos en la Ley 23.982, y sus normas reglamentarias y complementarias- ellos deberán ser ingresados a través de la Subsecretaría de Administración ...", (Ver inc. 1°).
Reordenamiento del sistema financiero, obligaciones en moneda extranjera, pesificación, ley de emergencia económica, interpretación de la ley, equilibrio contractual
Materia: CIVIL-ECONOMIA
Carátula: TORRADA, Silvina Fátima y otros c/ OSCAR DATO ROBINSON S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-27

Aunque el art. 5 de la ley 25.561 ratifica la reforma de la ley 23.928 en relación a los arts. 617, 619 y 623 del Código Civil, estos encuentran en el decreto 214/2002 excepciones como la de que el deudor en dólares puede liberarse pagando pesos (arts. 2, 3, 8 y concs.). Es que, debe efectuarse una interpretación flexible de las normas, pues el Código Civil está pensado para una economía estable, por lo que interpretar la ley sólo a la luz de aquél sería también inconstitucional, máxime cuando la norma otorga los mecanismos de restructuración del contrato o remedios para compensar algún desfasaje, como justamente lo previó el Codificador en la nota al art. 619.
Recurso de apelación (procesal), acción de amparo, acceso a la justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "CATELLA RICARDO HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO- APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-06-23

El justiciable posee no sólo un derecho de acceso a los tribunales de justicia sino a que el proceso le proporcione el reconocimiento y la efectividad de los derechos materiales o derecho frente al Estado, cuando la pretensión es fundada
Verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Real S.R.L. s/ Concurso preventivo incidente de verificación tardía presentado por  Fisco Provincia de Bs. As.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

La responsabilidad del síndico en orden al pago de los tributos adeudados al fisco, no exime a éste de la obligación de verificar su crédito en tiempo y forma como todo acreedor.
Facultades del juez, defensa en juicio, valor justicia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Núñez, Margarita Esther c/ EMEC SRL y/u Otros s/ Demanda Laboral -Haberes-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-30

La facultad de los jueces de dictar medidas de mejor proveer es amplia e independiente de la actividad que pudieran haber cumplido u omitido los litigantes. Se trata de poner en ejercicio facultades que son privativas de los magistrados, encaminadas al logro del fin superior de administrar justicia rectamente al ordenarse las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos, pero debe el juez respetar el derecho de defensa de las partes, recordando que el servicio de justicia está implementado para el amparo de los derechos de los litigantes, más no para preceptuar oficiosamente conductas que ellos deban asumir, aún cuando esta preceptiva fuera de toda evidencia y de toda legitimidad. Es el juez y sólo él quien aprecia la necesidad de dictar tales medidas, al apreciar su necesidad y extensión, ya que se trata de una medida excepcional, siendo su procedencia de interpretación restrictiva.
Ejecución prendaria, pago parcial, imputación de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MAXIHOGAR S.R.L. c/ HERRERA, LUISA Y OTROS s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-13

Aún cuando sea viable la invocación del pago parcial en el juicio prendario, resulta exigible, cuanto menos, que el pago que se esgrime se encuentre documentado mediante recibo emanado del acreedor y que el mismo contenga una clara y expresa imputación del pago a la deuda que se ejecuta.
Decomiso, juicio abreviado, sentencia firme, cosa juzgada, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: Ruso, Ángel Darío c/  s/ hurto con escalamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

El decomiso dispuesto en las actuaciones fuera del marco del acuerdo de juicio abreviado, una vez notificado personalmente de la sentencia y habiendo quedado firme fue decidido con inobservancia de las normas constitucionales y procesales aplicables al caso atento a la autoridad de cosa juzgada adquirida por la sentencia condenatoria, circunstancia que le impedía, modificar lo ya decidido. Es que el juicio concluye con la sentencia, y una vez firme no puede modificarse en contra del imputado en causa penal, porque se omitió hacer algo que era consecuencia del dictado de una condena. Obrar de esa manera es juzgarlo nuevamente por el mismo hecho que ya adquirió entidad de cosa juzgada lo que, constitucionalmente, no es viable por el principio de ne bis in ídem y la omisión, el error del Estado (fiscalía y tribunal) en no haberlo hecho en el momento jurídicamente correcto, no puede repercutir sobre el condenado, por afectar, a su vez, el derecho de defensa; máxime cuando es el imputado el que, al requerir la devolución de la cosa, advierte a los órganos del Estado de su yerro (voto del juez Huarte Petite).
Daño ambiental, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Basile Vicente Miguel c/ Eternit Argentina S. A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-18

Indudablemente el procedimiento que realizaba la industria demandada - molienda de material terminado de fibrocemento -, revistió la calidad de actividad riesgosa para la salud de la población aledaña, en tanto y en cuanto las emanaciones del polvillo de cemento que genera la molienda, independientemente de su cantidad y contenido de asbesto o amianto, es causa - al menos coadyuvante - del desarrollo de enfermedades en las vías respiratorias.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación de sentencias, delito penal, principio de insignificancia, eximentes de responsabilidad, error de hecho (penal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: B., E. G. s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad-Hurto en Grado de tentativa(Expte.: C.S.J. Nº. 415 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-23

Corresponde rechazar la queja desde que no puede prosperar la causal de arbitrariedad alegada por el recurrente en torno a que la sentencia a-quo ha prescindido de aplicar el principio de insignificancia. Ello por cuanto la Alzada, al abordar el planteo del defensor técnico que considera que la cosa mueble objeto del ilícito -trozos cárnicos con un peso aproximado a los 8,5 kg, contenidos en una bolsa de plástico de unos sesenta centímetros de altura por unos treinta de ancho- constituían una insignificancia y por ende no susceptibles de apreciación pecuniaria, dejó esclarecida su postura al respecto -más allá de que se compartan o no tales conceptos-, con apoyo en doctrina autoral, en cuanto que "la eximición de pena que propugna aquella teoría no encuentra su razón de ser y justificativo último en la mínima lesión, sino en el justificable error de hecho en que incurre el autor al presumir el consentimiento del dueño al desapoderamiento, pero que en modo alguno involucra al concepto de tipicidad o atipicidad, porque acreditada la primera y la responsabilidad del autor, sólo resta meritar su sanción conforme los parámetros previstos en los arts. 40 y 41 del C. Penal"y, a la luz de tales lineamientos, coligió que la bolsa en cuestión "no pudo ser confundida ni con una "res nulius" ni tampoco una "res derelictae" porque se hallaban dentro del establecimiento carcelario con características concretas de servir para alimentación.
Empleo público, funcionarios judiciales, licencias administrativas, sanciones administrativas, cesantía, medidas cautelares, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Costanzo Jorge E. -Ex Feria Julio nº 5/98- c/ Mº de Justicia -Cám.Nac.de Apel.Trabajo- AC. 2269/98 s/ medida cautelar -autónoma-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

El segundo párrafo del art. 27 del Régimen de Licencias -en cuanto establece que "el cese del agente en virtud de lo dispuesto en el art. 78 del Reglamento para la Justicia Nacional sólo podrá disponerse, cuando aquél se hallare en uso de la licencia que contempla el art. 23, luego de agotados los plazos previstos en el mismo"- sólo parece "prima facie" presentarse como referido al único supuesto de cese que autoriza a disponer ese art. 78 -cual es el relativo al agente que, reuniendo los requisitos exigidos para obtener el porcentaje máximo del haber de la jubilación ordinaria, y habiendo sido intimado por razones de mejor servicio a iniciar los trámites correspondientes dentro de los 60 días, incumpliere dicha intimación por razones a él imputables (ver párrafos 4º y 5º)-, sin vinculación aparente alguna con los supuestos de sanciones disciplinarias de cesantías, como lo fue la aplicada al actor en el caso, las que se encuentran reguladas -entre otras normas- por los arts. 21 y ss. del citado Reglamento, no presentándose como verosímil que esta relación pueda surgir como consecuencia de lo dispuesto en el primer párrafo de ese art. 78 -precepto cuyo texto, además de responder a lo establecido en el punto 4º de la Acordada 41/90, del 12/6/90, únicamente regula la competencia que corresponde a la C.S.J.N., o a los señores jueces que integran ese Alto Cuerpo, en punto al ejercicio de las facultades de designación, aceptación de renuncias y aplicación de las sanciones de cesantía y exoneración, respecto de los funcionarios y empleados que de ella dependen.
Suspensión del juicio a prueba, inhabilitación especial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: TARSIA, CARLOS HORACIO c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-01

Si bien corresponde considerar superado el recaudo del artículo 1 de la ley 7055 por cuanto la resolución impugnada por vía de recurso de inconstitucionalidad -en cuanto confirma la decisión de la jueza de primera instancia que fija como regla de conducta para la suspensión del procedimiento a prueba la inhabilitación por dos años del imputado para el ejercicio de determinada especialidad médica-, es equiparable a una sentencia definitiva en virtud de que lo resuelto podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior para el interesado por la eventual imposibilidad de ejercer una concreta actividad de su profesión, esta impugnación no ha de prosperar pues, más allá del matiz constitucional que la presentante intenta asignar a sus agravios, en realidad los mismos se limitan a cuestionamientos respecto del modo en que fueron interpretados por el Juez de Cámara los requisitos de procedencia de la suspensión del juicio a prueba, es decir, a la hermenéutica asignada por los jueces de la causa a normas de derecho común y procesal. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco)
Daño moral, carga de la prueba, modelos y diseños industriales, apropiación indebida de diseño industrial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTIN DE PACHECO MARIA ADELA. c/ GELSUMINI INES MARIA EVA Y EDUARDO HECTORGELSUMINI. s/ CESACION  DE USO DE MODELO INDUSTRIAL (MARCO PLEGABLE PARA  ANTEOJOS).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-15

Cuando el titular de un registro de modelo industrial reclama la reparación del daño moral causado por quien mediante una explotación ilegítima ha infringido sus derechos, la existencia del daño moral no se presume, debiendo, en consecuencia, quien lo invoca, correr con la carga de su prueba.
Tercería de dominio, bienes muebles, prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARRIDO DE VERGARA EN J.:ALVAREZ JUAN c/ JULIO VERGARA s/ Terc - dom (LIBRO: A076 - 217)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-06

La fundamentación del a-quo para admitir la tercería, esto es, que por haber caducado la prueba ofrecida por la actora en el principal ha quedado acreditada en forma fehaciente la legitimidad de la tercería, no resulta una razón suficiente para así decidir.
Escritos judiciales, falta de firma, firma falsa, inexistencia del acto jurídico, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Riccieri Miguel Angel c/ Antonio S. Caballero s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A136 - 254)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-05-16

A diferencia del acto que carece de firma, el que es jurídicamente inexistente toda vez que significa la carencia de uno de sus elementos esenciales para que se constituya con tal en el mundo jurídico, es nulo el escrito cuya firma sea apócrifa, y la nulidad basada en la falsedad y no sustantivo o de fondo, por lo que la vía para argüirla es el incidente de nulidad, estando el "incidens" sujeto a la pertinentte regulación procesal, debiendo por tanto articularse la nulidad en el plazo fijado para la ley, siendo el vicio de marras uno subsanable, que no puede declararse de oficio por los jueces.
Cuestiones de competencia, competencia ordinaria, daños y perjuicios, responsabilidad médica, obras sociales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Udry, Gustavo Adolfo c/ Caldeiro, Juan Carlos s/ daños y perjuicios - resp. profesional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-07

Es competente la Justicia Nacional en lo Civil para conocer en los casos en que se demanda por la responsabilidad civil de profesionales médicos, aun cuando un organismo de obra social también integre la litis como codemandado (arts. 43 y 43 bis del decreto - ley 1285/58, modificado por la ley 23.637).
Deuda previsional, liquidación judicial, revisión de la liquidación, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: IRIONDO, ELISA NÉLIDA c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

La vía amparística no es la idónea para determinar si se encuentra correctamente liquidado el haber. Tales extremos fácticos suelen exigir un amplio debate probatorio, insusceptible de ser determinado dentro de la prieta vía del amparo, en la cual los plazos procesales -por su naturaleza- son de carácter exiguo. (Disidencia del Dr. Fernández).
Concurso preventivo, actos perjudiciales a los acreedores, cesión de derechos, hipoteca
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARTIFORT SA SU QUIEBRA c/ BORRONI EDGARDO AUGUSTO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

Recuperado el inmueble, -cuya cesión de derechos de compradora fuera efectuada por la fallida-, mediante una de las acciones de la lc: 123, respecto del cesionario adquirente del dominio para sí, quien lo grabara con hipoteca, por una deuda asumida frente a un tercero, corresponde la restitución del dominio al activo del sujeto fallido, liberado de gravámenes a favor de terceros, debiendo el cesionario hacerse cargo ante la administración concursal, de lo que esta hubiere desembolsado para liberar el dominio del inmueble del derecho real de garantía establecido. (En el caso, la cesión ocurrió cuando la primitiva compradora no había perfeccionado aún el dominio, con la escritura y la registración en su propio favor).
Libros del empleador, infracciones laborales
Materia: LABORAL
Carátula: ETAM SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-04-27

No existe norma alguna que obligue a las empresas con sucursales a mantener en cada una de estas los registros correspondientes a su personal por lo que la ausencia del libro previsto por el artículo 52 de la LCT. En la sucursal inspeccionada no puede motivar sanción alguna cuando se hace constar que la casa central de la empresa tiene otro domicilio.
Honorarios, honorarios del abogado, regulación de honorarios, abogado apoderado, impugnación de la liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: Farmacia Rincón  S.C.A.  y otro c/ Ministerio de Bienestar Social y otros s/ Incidente de medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-14

Para la determinación de los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, por la labor realizada en el incidente de impugnación de la liquidación, no corresponde la aplicación lisa y llana del artículo 33 de la Ley 21.839 sobre el monto total de la liquidación.

Ello así, porque el monto aquí disputado está representado sólo por la tasa de interés aplicable y el criterio de actualización para descontar la suma percibida.
Recurso de casación, cosa juzgada
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cano, José Guillermo c/ Iate S.A., EDECAT S.A. y Poliservicios S.A. s/ Beneficios Laborales - Recurso de Casación Nieva, Roger Eduardo c/ IATE S.A., Edecat y Poliservicios S.A. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación Arévalo, Sergio Marcelo c/ IATE S.A., Edecat S.A. y Poliservicios S.A. s/ Beneficios Laborales - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-08-04|2009-08-04|2009-08-04

La presente causa laboral finaliza con un acuerdo transaccional. El letrado patrocinante de las tres codemandadas solicita regulación de honorarios por su participación como patrocinante de aquellas. El a quo regula los honorarios teniendo como base el monto de la demanda, al no haber participado el letrado del acuerdo transaccional arribado. Una de la demandadas cuestiona en primer término, la inaplicabilidad de la ley de Aranceles al tener el profesional una relación de dependencia con ella; en segundo término cuestiona la base tenida en cuenta para la regulación, sosteniendo que debe ser el monto de la transacción, que es lo que pone fin al pleito y constituye el monto del proceso, y la omisión de expresar los porcentajes aplicados. La Alzada rechaza el recurso de apelación mediante la sentencia que se impugna en esta instancia. Para que el recurso de casación sea viable, resulta ineludible que la sentencia cuya descalificación se pretende revista carácter definitivo.

Frente a ello, tratándose el pronunciamiento en crisis de un auto interlocutorio, que por regla no reviste tal carácter, corresponde equipararlo parcialmente a ese rango -definitividad del fallo- en lo pertinente a la determinación del monto de la regulación. Ello dado que lo aquí controvertido no podrá luego ser debatido en otra etapa de este proceso, ni en otro proceso, sin que se afecte la cosa juzgada, produciendo los gravámenes que la recurrente intenta reparar. La sentencia es parcialmente definitiva, habida cuenta de que, tratándose de una regulación de honorarios, la misma solo tiene por objeto determinar el monto que corresponde por la labor realizada, pero no es concluyente en lo atinente al derecho y demás consideraciones relacionadas a su cobro, dado que esas circunstancias son propias de la ejecución de dichos emolumentos -conf. art. 506 C.P.C.- y es en ese marco donde deben ser definidas.

En este contexto, el planteo de la relación de dependencia efectuado por la demandada tiene la oportunidad de ser debatido nuevamente, en el proceso de ejecución de honorarios, es decir que le queda a la recurrente otra posibilidad para reparar su agravio; en consecuencia, lo pronunciado al respecto no constituye sentencia definitiva y en razón de ello no corresponde su tratamiento en esta instancia.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, convocatoria de acreedores, convocatoria judicial, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Khaski, Silvia c/ Investigaciones Médicas SA s/ convocatoria a asamblea
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Procede hacer lugar al pedido de convocatoria judicial de la Asamblea General Ordinaria de la sociedad accionada al solo efecto de tratar el punto del orden del día omitido por el directorio. Ello por cuanto, en el caso, la convocatoria no incluyó el último punto propuesto por la actora consistente en requerir un informe de la situación actual y, eventualmente, debatir y poner en consideración de los accionistas la remoción de los miembros del Directorio. La omisión de incluir dicho punto en el orden del día de la asamblea abre al accionista esta vía judicial.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tordillo c/ Varas, Elbio Dugan s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-08-07

El magistrado debe buscar la justicia en la solución del proceso, no cegando sus ojos por puro formalismo, ya que la ley no es una forma sino un contenido
Excepciones procesales, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: INCIDENTE s/ EXCEPCIONES PREVIAS. NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-22

Es nulo el auto que resuelve una excepción previa sin existir pronunciamiento sobre si la excepción interpuesta era o no una cuestión de puro derecho y sin notificación al respecto.
Sentencia, cosa juzgada, sentencia interlocutoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GOBIERNO DE LA PROVINCIA c/ CIRIACO SAYAGO Y OTROS s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-25

Una resolución interlocutoria, que no reviste carácter de definitiva, de naturaleza meramente instrumental -al solo efecto de lograr una rápida ejecución de sentencia- de manera alguna puede tener virtualidad para afectar el derecho adquirido con la sentencia definitiva firme.