marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Policía, cuestión constitucional, fuerzas de seguridad
Materia: CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensor Oficial Contravencional y de Faltas n° 4 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Oniszczuk, Carlos Alberto s/ infracción ley 255- apelación´ de Faltas nº 4 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Oniszczuk, Carlos Alberto s/ infracción ley 255- apelaciónï
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-16

Respecto del agravio referido a la prohibición de realizar "tareas de inteligencia" por parte de la policía, la recurrente no logra articular fundadamente un caso constitucional. La determinación de las actividades que quedan a cargo de las fuerzas de seguridad es una decisión legislativa, que no puede ser cuestionada en tanto no afecte ningún mandato constitucional.
Jubilaciones, pensiones, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sffaeir, Luis Antonio c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud y Acción Social) s/ Demanda contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Es un principio en la materia receptado por la legislación el que a los fines de la determinación de los beneficios jubilatorios rige la ley vigente al tiempo de operarse el cese en la actividad (arts. 93, ley 8587; 21, dec. ley 9650/80). Habiendo los afiliados cesado en la actividad con anterioridad a la derogación de una ley previsional, ya han adquirido el derecho a ser regidos por los preceptos que más tarde perdieron vigencia.
Lealtad comercial, sorteos
Materia: PENAL
Carátula: HARD COMMUNICATION s/ Lealtad Comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-28

El hecho de tener que presentar las facturas del servicio telefónico como condición para acceder a un premio implica que para participar es necesario contar con ese servicio y eso supone contratar su prestación, lo cual infringe la prohibición del art. 10 de la ley de lealtad Comercial (Del voto del Dr. Hendler).
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ATAMAÑUK, OSCAR EDUARDO c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS-APELACION CONDENA PRISION CONDICIONAL E INHABILITACION ESPECIAL PARA CONDUCIR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

Los reproches de la recurrente sólo traslucen la mera discrepancia con la solución dada en autos, sin evidenciar que este Cuerpo hubiese desestimado la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad local sin brindar razones jurídicas suficientes, de modo arbitrario o lesivo de derechos constitucionales, careciendo de toda idoneidad para operar la apertura de la vía federal que, como es sabido, reviste carácter excepcional; y por lo demás, no conmueve a la conclusión arribada, la invocación abstracta de gravedad institucional, en tanto desde la generalidad en la que ha sido planteada, resulta a todas luces insuficiente para persuadir a este Tribunal de que la cuestión debatida supera el interés de las partes y habilite la apertura de la instancia extraordinaria federal. (Del voto de los Dres. Spuler, Burtnik, Mudry, Prieu Mántaras y Tizón)
Sentencia, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: A., N.B. y Otro c/ A.E.S.M. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-27

La causal arbitrariedad es de aplicación excepcional y restringida, está reservada sólo para supuestos en que una total carencia de fundamentación o el apartamiento injustificado de la solución normativa prevista para el caso, convierten el pronunciamiento en un mero acto de voluntad incompatible con el adecuado servicio de la justicia que garantiza el art. 18 de la C.N. resultando improcedente respecto de sentencias que al margen de su acierto o error, están suficientemente fundadas, aún cuando se alegue error en la solución del litigio.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, cuestiones procesales, regulación de honorarios, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: CABRERA, WASHINGTON JULIO EFRAIN c/ C/ COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-05

Lo atinente a la regulación de honorarios, así como la interpretación y aplicación de las normas arancelarias respectivas, constituye, en principio, materia ajena al recurso del art. 14 de la ley 48 y la doctrina de la arbitrariedad reviste, en la materia, carácter particularmente restrictivo. En el caso -en que el tribunal estimó que no correspondía entrar a considerar regulación de honorario alguno, por directa aplicación de la norma establecida en el art. 30 de la ley 8.904 de la Provincia de Buenos Aires- no se observan razones de entidad suficiente como para preterir dicha doctrina, pues en el fallo apelado el a quo tuvo en consideración las circunstancias que motivaron el dictado -en los autos principales- del procesamiento del beneficiario del habeas corpus, las que importaban la irrevisabilidad de tal medida por la vía intentada.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, admisibilidad formal, concesión errónea del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: D'Anna, Orlando Elías c/ Beroqui, Pedro s/ Laboral -cobro de haberes-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-02-04

Cabe señalar que la Cámara de Apelaciones debió examinar en concreto la reunión en el caso de los presupuestos de admisión del recurso, refiriéndose expresa y circunstanciadamente al memorial que lo introduce, abordando su evaluación, para develar, en un primer juicio de valor sobre su contenido -amén de revisar el cumplimiento de las otras cargas formales- su operatividad e imprescindible suficiencia técnica que permita su concesión de modo que el despacho de esta vía, extraordinaria por principio, se sustente en una decisión suficientemente motivada, aún de carácter preliminar.
Prueba pericial, perito oficial, perito de parte, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MURUGARREN, David Ernesto y otros c/ LEE, Musung y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

Ante la discrepancia planteada entre el criterio del perito oficial y un consultor técnico, ha de prevalecer, en principio, el del primero, pues las garantías que rodean su designación hacen presumir su imparcialidad y consecuente mayor atendibilidad. Ello, por cuanto el consultor técnico procura aportar los fundamentos científicos y/o técnicos que favorezcan al progreso de la pretensión de la parte que representa, contrariamente al perito, cuya postura es esencialmente parcial.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, proceso penal, sentencia condenatoria, apremios ilegales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARCILAZO, LEONARDO GABRIEL c/  s/ ROBO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25

Ostentan entidad las argumentaciones de la defensa cuando reprocha que la Alzada desestimó ritualmente sus agravios vinculados a la decisividad de la motivación condenatoria en vinculación con una declaración prevencional que podría haber sido prestada bajo coacción o en ausencia de libertad, toda vez que, mediando una concreta denuncia de apremios ilegales en el marco de una declaración autoincriminante, y constatada judicialmente la existencia de lesiones, recién casi cinco años después se ordena la investigación de los hechos, omitiendo el A quo todo análisis de que previo a ello se hubiera ordenado una investigación y que esa orden se hubiera incumplido. En consecuencia, no puede descartarse la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos que destaca que la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza, coincidentemente con lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución nacional; lo que autoriza a descalificar el acuerdo impugnado desde la óptica constitucional, correspondiendo por ello su anulación. (Del voto de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dres. Netri y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.3; Constitución Nacional, artículo 18.
Cesación de pagos, quiebra
Materia: CIVIL
Carátula: Leter Alimentos S.A. s/ Quiebra (Grande)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-19

La mera existencia de mora en el cumplimiento de la obligación no es prueba de la insolvencia, sino sólo un indicio que debe ser valorado a la luz de las probanzas aportadas, las que distan de poder ser consideradas como bases de la situación de una insolvencia patrimonial que constituye presupuesto necesario para la declaración de la quiebra.
Hurto simple, hurto de automotor, motocicleta, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS, Carlos s/ HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

La sustracción de una motocicleta con la actual versión del Cód.

Penal, que vuelve al decreto-ley 6582/58, que se refiere exclusivamente a automotores, queda enmarcado en la figura de hurto simple (art. 2 CP).
Protección de la vivienda, oponibilidad a terceros, cuenta corriente bancaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA S.A, c/ BAUAB, Jorge Prudencio; ABDENUR, Olga s/ Piezas pertenecientes: EJECUTIVO: Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-09-12

Para determinar si una deuda es o no anterior a la inscripción del bien de familia, a los efectos de la oponibilidad o inoponibilidad de éste, debe estarse al acto generador de la obligación, independientemente de que la fecha en que la misma deba cumplirse o sea exigible, resulte posterior a aquella inscripción. En materia de cuenta corriente bancaria, el sólo hecho de su apertura, sin otorgamiento concreto de un crédito o autorización para girar en descubierto, no configura el acto generador de la obligación, y si lo es la fecha de cierre de la cuenta, pues en ese momento el banco establece el saldo deudor definitivo. Si la inscripción del bien de familia es anterior a dicha clausura de la cuenta, el mismo es oponible al acreedor y el embargo debe levantarse. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Instrucción, flagrancia, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: L., E. A. c/  s/ Flagrancia-suspensión de juicio a prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-17

Explicó que erróneamente se consideró que lo solicitado debió presentarse ante el Tribunal Oral donde el imputado registra otra causa en trámite, cuando en realidad la cuestión debe resolverse en la etapa instructoria. Añadió que el artículo 353 quater del CPPN establece que la existencia de otro proceso que no tramita bajo la misma modalidad no es impedimento para la aplicación de las reglas de flagrancia. Por otro lado, señaló que tal como coincidieron las partes durante la audiencia oral en la Cámara, el artículo 353 sexies sanciona bajo pena de caducidad no pedir la aplicación de la probation en la etapa instructoria y exige que el juez se expida "en forma inmediata", por lo que el haber diferido la respuesta puede ocasionar un perjuicio al imputado. Finalmente, por entender que la situación procesal encuadra en el artículo 76 bis, segundo y cuarto párrafos del Código Penal, señaló que correspondía revocar la resolución y conceder la suspensión del proceso a prueba bajo las reglas de conducta y condiciones que el juez instructor determine.
Corredor no matriculado, pago de la remuneración
Materia: COMERCIAL
Carátula: P., J. c/ M., A.E. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-29

El corredor no matriculado "no puede invocar el art.1627 porque él se refiere al que hiciese el servicio prestando su profesión y no es posible alegar que se ejerce una profesión cuando ese ejercicio se hace en condiciones ilegales".
Fuerzas Armadas, uso de armas, tenencia de armas de guerra
Materia: MILITAR - ADMINISTRATIVO
Carátula: Morales,  Luis  Alberto;  García  Velasco,  Pablo Eduardo; Herrador, Ramón Armando y otro s/ infr. art. 189 bis del Código Penal. Eduardo; Herrador, Ramón Armando y otro s/ infr. art. 189 bis del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

Si bien el art. 14, inc. 2., de la ley 20.429 dispone que los miembros de las fuerzas armadas serán considerados legítimos usuarios para las armas de uso civil condicionado y uso prohibido, señala que ello ocurrirá con los alcances y limitaciones que establezca la reglamentación - art. 53, inc. 2., del decreto 395/75 -.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CORIA, RAUL ALFREDO c/ GEREZ, SELVA MERCEDES Y/U OTROS s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-12-03

Si bien la ley no prohibe absolutamente al cónyuge titular de un bien propio disponer del mismo, le coarta sí, celebrarlo con su sola intervención. Se trata de una nulidad relativa, establecida en interés del cónyuge que tiene que prestar el asentimiento. Desde este punto de vista, la nulidad del acto de disposición que es otorgado sin el consentimiento del cónyuge, solo puede ser invocado por éste en cuyo interés se lo estableció o por sus herederos. El efecto de la declaración de nulidad no será otro que el establecido por el art. 1050 código de fondo.
Recurso de casación, función nomofiláctica
Materia: PROCESAL
Carátula: Dr. Julio C. Andrada s/ Expte Nro. 138/98 Lindow, G y otro c/Sochi, Oscar y otros s/Daños y perjuicios s/Ejecución de sentencia s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-10-10

La télesis del recurso de casación, apunta por un lado a revisar la aplicación de la ley y de la doctrina legal -función nomofiláctica- y por otro a mantener una interpretación uniforme de las normas vigentes -función uniformadora-. Empero no debe olvidarse que por ser un órgano de justicia el que lo resuelve, se deberá también arribar a la solución equitativa del caso -función dikelógica.
Locación, restitución del inmueble
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GETTOR, ADELA NAHUM DE. c/ ENCOTEL Y OTROS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-05

De conformidad lo establece el art. 1615 Del código civil, la locadora tiene un interés legítimo en que se compruebe el estado del inmueble al tiempo de su restitución, por lo cual no puede la locataria pretender desobligarse mediante la sola consignación de las llaves. En tales condiciones, la negativa de aquélla a recibirlas sin la previa verificación de las condiciones en que el bien se halle no responde a una actitud caprichosa o arbitraria, de tal modo que no cabe encuadrarla en la hipótesis del art. 1611 Del mismo código. (Sala 1,1922,050883)
Recurso de queja (procesal), derecho a la información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Kostzer, Moisés s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Kostzer, Moisés c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo (art. 14 CCABA) Autónoma de Buenos Aires c/ Kostzer, Moisés s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Kostzer, Moisés c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-25

Si el acceso a la información no ha sido reglamentado de manera expresa por el legislador para este tipo específico de situaciones -respecto de las personas públicas no estatales-, corresponde al juez como intérprete de la Constitución, determinar si una norma como la contenida en el art. 12.2 CCBA, se puede o no, operativamente, aplicar al caso particular. En el expediente, el amparista solicita copia de determinados convenios que el Consejo habría celebrado con el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. En principio, se trataría de documentos que, de alguna manera, se encuentran vinculados a los cometidos que competen al Consejo y que, por ende, interesan a sus matriculados. Entonces, debido a la ausencia de argumentos convincentes que en el caso permitan justificar la negativa de la entidad pública no estatal, la decisión recurrida aparece como razonable. El Consejo, prima facie, debe entregar a sus matriculados toda la información que puedan requerir sobre el funcionamiento de la institución.
Ejecución de sentencia, depósito judicial, prórroga del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: DI PAOLO, BEATRIZ c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-26

No procede la ampliación del plazo de cinco días impuesto por el juez "a quo" para que la demandada deposite el monto de la condena.

Esto es así en tanto no existe norma alguna que conceda a la accionada un plazo mayor que el establecido por el juzgado, y, además, porque debió haber previsto una sentencia desfavorable a sus intereses y, en consecuencia, arbitrar los medios necesarios para la obtención de fondos suficientes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, proceso penal, comprensión de la criminalidad del acto, prueba pericial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., L. R. D. V. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL TRIPLEMENTE AGRAVADO REITERADO, EN CONCURSO IDEAL CON FACILITAMIENTO Y PROMOCION DE LA CORRUPCION DE MENORES, DOBLEMENTE AGRAVADO REITERADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-01

Las alegaciones recursivas tan sólo evidencian la mera disconformidad con lo decidido por la Alzada que, con respecto a la invocada patología de la encartada -y su eventual incidencia en la culpabilidad-, recordó que en la instancia apelatoria y en respuesta a las alegaciones defensivas, ampliamente se habían abordado todos los aspectos inherentes a dicha cuestión -modalidad del hecho, historia de la imputada, presunciones legales, etc.-; especialmente, refirió a lo señalado por la médica forense que concluyó que la acusada comprendió la criminalidad de sus actos y pudo dirigir sus acciones, que tenía su capacidad cognitiva conservada y que no obstante la neurosis verificada no muestra pérdida del juicio de la realidad; y también los testimonios de profesionales -psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, abogados- integrantes del equipo interdisciplinario que la había evaluado, que descartaron la tesis defensiva refiriendo que estaba orientada en tiempo y espacio, con niveles de comprensión y sin actitudes delirantes, aunque sí con ideas persecutorias, y que mediante el Test de Rochard establecieron que no tenía rasgos delirantes ni psicóticos, pero que sí portaba un trauma por abuso sexual infantil, concluyendo que comprendía la criminalidad de sus actos y era capaz de actuar en un proceso penal.
Régimen de equipaje, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Gutson, Leonardo Gabriel c/ Aerolínes Argentinas S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-06

Esta Cámara se ha expedido en numerosas ocasiones en sentido favorable a quien resultó perjudicado por el retardo en la entrega de su equipaje fijando la indemnización respectiva teniendo en cuenta las circunstancias de la causa (esta Sala, causas nº 976/07 del 11/2/10 y nº 12.279/06 del 30/3/10; Sala I, causa nº 3235/02 del 5/2/04, entre muchas otras). Toda vez que la demora de tres días en la entrega del equipaje está probada y fue, incluso, objeto de reconocimiento expreso de parte de Aerolíneas, no cabe sino confirmar lo resuelto por el magistrado en el sentido de que aquélla debe responder por los gastos de alimentación, alojamiento y vestimenta que, por lo demás, fueron acreditados.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, concursos, síndico del concurso, cosa juzgada, cesación de pagos, acción revocatoria concursal
Materia: PROCESAL - COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: JULIO AUGUSTO JAESCHKE s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-25

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta a la acción revocatoria concursal, pues la mera afirmación de que el síndico conoció la fecha provisoria de la cesación de pagos de la fallida, no constituye análisis adecuado de su argumento de que esa fecha, necesaria para establecer el período de sospecha, había sido fijada con posterioridad a la sentencia que declaró verificado el crédito de quien luego sería excepcionante, de tal suerte que, aunque el informe general del síndico haya propuesto su determinación, ésta sólo adquirió relevancia a los efectos de la revocatoria concursal al ser declarada judicialmente.
Suspensión del juicio a prueba, política criminal, querellante
Materia: PENAL
Carátula: Urff, Sergio Ariel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

En el supuesto específico de la suspensión del juicio a prueba, el art. 76 bis establece que la parte damnificada puede aceptar o no la reparación ofrecida y si no lo hiciere, tiene habilitada la acción civil correspondiente. Por su parte, la oposición fundada del fiscal, superado el control jurisdiccional de fundamentación, resulta vinculante para el tribunal en los términos del art. 76 bis del Código Penal y por ende, la suspensión del juicio a prueba no puede concederse sin ella, puesto que el legislador ha dejado en manos de esa parte determinar qué casos -por sus características o por cuestiones de política criminal- prefiere llevar a juicio y cuáles acceder a que culminen con este modo alternativo de resolución del conflicto. De ese modo, la creación pretoriana de un querellante exclusivo en el marco de un sistema procesal que no regula su actividad, sino como acusador particular adhesivo, no puede llegar al extremo de considerar que la opinión de esa parte pueda suplir la del fiscal, porque carece de las características que legalmente, reviste el Ministerio Público Fiscal, como -por ejemplo- el deber de actuar con objetividad (voto del juez Jantus).
Falsificación de instrumento público, cédula verde, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Lofredo, Carlos R. s/ Falsificación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-26

El Tribunal reitera la doctrina sentada en autos "Barraza, Francisco" del 28.10.94 (ver B.I., pág. 708) en cuanto expresa que:

en caso de superposición entre la norma contenida en el art. 35 - inciso primero - del Decreto-Ley 6582/58 y la del artículo 292 - segundo párrafo, del Código Penal, debe prevalecer la primera.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Carlos Alberto s/ Robo y violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona la valoración que de la prueba pericial realizó la Cámara, que omite mencionar las normas legales que fundaron tal reclamo, incumpliéndose con la imposición del art. 355 del Código de Procedimiento Penal.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Del Sel, Percy Ramón s/ sucesión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

No corresponde a la Corte revisar las decisiones adoptadas por los magistrados en el ámbito de su competencia específica, particularmente cuando no se advierte que las motivaciones que sustentan la decisión traduzcan serios defectos de argumentación o de razonamiento que hagan procedente la vía intentada.