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Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, Fondo Nacional de la Energía
Materia: PROCESAL
Carátula: La  Pampa,  Provincia  de c/ Estado  Nacional  -  Secretaría de Energía  del  Ministerio  de  Economía  de  la Nación s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-18

Es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional) la demanda interpuesta por una provincia contra el Estado Nacional, a fin de obtener el pago del saldo remanente del Fondo Nacional de Energía Eléctrica, indebidamente retenido.
Colegio electoral, electores del colegio electoral, incomparecencia de electores, intimación a comparecer
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Apoderados   y  electores  de  la  Alianza  Frente  de  la  Esperanza s/ acción constitutiva de tipo cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

La primera obligación que impone el Colegio Electoral como organización representativa es la de la incorporación, la presencia o asistencia de los electores, porque de ellos depende la existencia y legitimidad del órgano representativo.
Hábeas corpus, condiciones de detención
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Kepych, Yuri Tiberievich s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-30

Corresponde anular el pronunciamiento que rechazó el hábeas corpus interpuesto por un interno a fin de lograr el cumplimiento de la dieta que le fuera prescripta, pues se descartó la existencia de un agravamiento en las condiciones de detención sin establecer previamente si el acto de la administración -modificación de la dieta- tuvo o podría tener alguna consecuencia o implicancia negativa en la salud del nombrado. La disidencia consideró que lo atinente a la falta de variedad de las comidas o de condimentos no puede seriamente sustentar un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención que ponga en peligro la salud del interno, máxime si consta que éste solicita y recibe a su nombre gran cantidad de mercadería proveniente de la proveeduría de la unidad carcelaria. (Dres. Tragant, Riggi -en disidencia- y Ledesma).
Responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares, derecho a la vivienda digna, derechos del locatario, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales - Mohamed Ben Djazia y Naouel Bellili Vs. España  - Desalojo de locatario - Efectividad del derecho a una vivienda adecuada - Responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2017-06-20

Si bien un desalojo por conclusión de un contrato de alquiler es un conflicto entre particulares -locador y locatario-, en tanto la disputa se encuentra regulada por el ordenamiento jurídico del Estado Parte, resultará siempre el Estado el último responsable de asegurar el respeto y protección a los derechos del Pacto, entre ellos y muy en especial el derecho a la vivienda, pues hace a sus obligaciones internacionales el garantizar que la medida de desalojo del locador no resulte contraria al artículo 11 de la Norma Internacional y en virtud de la cual comprometió su responsabilidad.
Contratos administrativos, efectos con relación a terceros
Materia: LABORAL
Carátula: Abbiatti, Alejandro c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Despido Delucchi, Susana Mónica c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por despido Peñalva, Miguel Angel c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Diferencia de haberes, etc. Medina Alfonso y ot. c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22|1989-08-22|1990-04-10|1991-03-05

El carácter público de la concesión no impide que en ella se inserten cláusulas que remitan al derecho común a los fines de reglar la situación de terceros afectados y que no definen la relación de índole administrativa entre cedente y cesionario.
Contrato de trabajo, ley de desindexación, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: Cabur, Pedro del Valle c/ Empresa de Transporte Acevedo y/o Juan Carlos Acevedo y/o Q.R.R. s/ HABERES IMPAGOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-05-21

Corresponde confirmar la resolución del A-quo y en consecuencia rechazar el recurso de apelación incoado por el demandado, pretendiendo por su intermedio la aplicación de la ley 24.283 de desindexación. Dicha conclusión se impone en atención a lo dicho por Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de excluir de la aplicación de la ley a las obligaciones de dar sumas de dinero emergentes de las relaciones laborales, siendo esto conteste con lo sostenido por la doctrina, en que el objeto de la ley de mención es corregir una distorsión manifiestamente irrazonable y no a brindar ayuda a quienes erraron sus cálculos o hicieron un mal negocio. Todo ello, sin perjuicio de la prueba del presupuesto de hecho que justifique el imperio de la ley, es decir el solicitante debe demostrar y convencer al juez que el índice aplicado en el caso no guarda relación con la economía real y actual de los bienes involucrados y que por ello se genera una injusticia, y no debe limitarse sólo a invocar el pedido de desindexación porque ello hace que el planteo apelatorio devenga insuficiente, dejando entrever con dicha actitud la intención de pasar por alto la sentencia que ordena la forma de efectuar los reajustes correspondientes y aceptando solamente los aumentos salariales en porcentuales que se hubieran operado hasta la fecha en el rubro objeto de autos y omite de esa manera indicar la pauta a seguir, la que debe ser certera y no abstracta.
Aplicación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: G., M. A. C. c/ H., R. R. s/ Division de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-21

Solo debe acudirse al auxilio del método de interpretación analógico cuando no exista norma expresa que rija el punto debatido. Y que, a contrario sensu, cuando existe norma expresa aplicable, la analogía no debe ser aplicada, pues implicaría una creación ex nihilo de la norma al caso.
Docentes privados, contrato de trabajo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Guzman Morales, Mariela Eugenia c/ Instituto San Buenaventura s/ demanda laboral s/recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-19

La regulación especial del trabajo docente en escuelas privadas no priva a dicha relación de su carácter laboral, por lo que los principios generales del derecho laboral resultan de aplicación para resolver los conflictos al igual que el texto de la misma LCT en la medida de su compatibilidad.
Contrato de trabajo, pluriempleo, empleados de AFJP, grupo económico
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez,   Hernán   Pablo c/ Máxima  SA  AFJP  y  otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-28

En el caso, el actor trabajó para Máxima S.A. AFJP y también para HSBC Bank Argentina S.A., es decir que ambas empleadoras compartían la prestación del actor. Se trata de una relación laboral única con un empleador plural, constituido por las empresas que pertenecen al mismo grupo económico. De allí, que si el actor repartía 9 horas de trabajo entre la prestación de tareas para cada una de las empresas demandadas, no pueda pretender, de cada una de ellas, el salario íntegro de convenio.
Denegatoria del recurso, causales subjetivas de divorcio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M.,J.M. c/ A.,I.A. s/ Ordinario divorcio (Expte. N° 2136)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-21

"Teniendo en cuenta el tenor y alcance de los agravios proferidos, así como las pautas que emergen del precedente aludido, debe desestimarse el recurso articulado en cuanto pretende que el divorcio se decrete por las causales subjetivas alegadas al reconvenir, dado que tal mecanismo fue eliminado de la legislación positiva a partir de la reforma del Digesto Civil, sin perjuicio de las consecuencias que tal alternativa pueda proyectar sobre los efectos del divorcio vincular decretado y de lo que el a quo disponga respecto a las situaciones previstas en el Libro Segundo, Título I, Capítulo 8, Secciones 2º y 3º del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, propicio la confirmación de la sentencia en lo que es materia de agravios..." (Del voto del Dr. Mansilla).
Concurso preventivo, derechos creditorios, orden público, demanda de verificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRENES DE BUENOS AIRES SA c/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO PROMOVIDO POR LA FALLIDA AL CREDITO DE LA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO LIDERAR SA s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO PROMOVIDO POR LA FALLIDA AL CREDITO DE LA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO LIDERAR SA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-07

Todo pretenso acreedor en un marco concursal, tiene la carga de indicar y probar la causa obligacional que da lugar a cada uno de los créditos que invoca a su favor, de lo que se deduce que el trámite verificatorio no se reduce a la mera comprobación del carácter que reviste la obligada, sino a investigar la causa obligacional que da lugar al crédito. De tal forma, es necesario que el pretenso acreedor cumpla con la carga que legalmente le ha sido impuesta y provea los elementos suficientes para que pueda concluirse, sin hesitación alguna, sobre la veracidad de lo expuesto y la justicia del reclamo (cfr. arg. CNCom, Sala A, 24.8.11, "Nova Cygnus SA s/ quiebra s/ inc. de verificación de crédito por Casa Trasorras SC"; íd., íd., 22.3.12, "Jonas Aguilar Cristian Federico s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación por Giorgini Pablo"; íd., Sala E, 3.11.82, "Florio y Cía. SA s/ inc. de verificación por Cía. de Seguros de Visión").
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto, acumulación de acciones, instancia única
Materia: PROCESAL
Carátula: CAVAGNIN OMAR Y OTROS c/ MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Si las demandas individuales consideradas no fueran apelables por razón de su monto, tampoco lo serán los honorarios, pese a lo dispuesto, para otras hipótesis, por el art. 242 del C.Procesal, toda vez que lo accesorio sigue a lo principal y habida cuenta de la redacción del nuevo art. 242, "serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones cualesquiera fuera su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado no exceda de la suma de veinte millones de australes", con más su actualización. Es que la ley 23850, ponderando la escasa significación económica de la controversia, ha sancionado para los procesos que prevé una instancia única, la que sólo puede ser apelada por la vía del recurso del art. 14 de la ley 48.
Acción civil, cuestiones prejudiciales, sentencia condenatoria, homicidio culposo, cosa juzgada, culpa civil, apreciación de la culpa
Materia: CIVIL
Carátula: LILLO, EZEQUIEL Y OTROS c/ HERRERA, JUAN DOMINGO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-13

Después de la condenación del acusado en el juicio criminal no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituye el delito, ni impugnar la culpa del condenado. Por tanto, habiéndose dictado sentencia penal, que consideró al accionado como autor responsable del delito de homicidio culposo, condenándoselo a seis meses de prisión en suspenso, no cabe discutir ahora que dicho accionado no tuvo la culpa, pues esa calificación de los tribunales represivos hace cosa juzgada en sede civil, a los fines de la pertinente responsabilidad.

Esa calificación de culpa del imputado, que no puede modificar el juez civil, no le impide a este apreciar la media culpa concurrente con el damnificado, para disminuir proporcionalmente la indemnización a su cargo.
Contratos, resoluciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vidal de Padin, Alicia c/ Don Bosco Farmacéutica s/ Resolución de contrato de compraventa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

Teniendo en cuenta que los vendedores no hicieron conocer a la compradora la existencia de la sanción aplicada por PAMI al fondo de comercio, con evidente mala fe, induciéndola a firmar un contrato en situación desventajosa, ello autoriza a resolver el contrato por culpa de los primeros (art. 1204, C.C.).
Declaración indagatoria, exhibición de documentos, omisión de exhibir documentos, defensa en juicio, falsificación de documentos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BELLENE, J. Y TEPEDINO, CARLOS A. s/ FALSO TESTIMONIO INF. ART. 255 Y 293 C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-15

La falta de exhibición al inculpado del instrumento arguido de falso así como la ausencia de otras explicaciones y datos, no permiten tener por suficiente esa declaración indagatoria, pues no se le otorgó la oportunidad de ejercitar ampliamente los descargos y explicaciones que tal vez hubiese podido ofrecer, impidiendo así el total ejercicio del derecho de defensa.
Cuestiones de competencia, competencia criminal y correccional, suministro de estupefacientes, víctima menor de edad, delitos contra la integridad sexual
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente en competencia en autos Hoistacher, Kevin c/  s/ 5 c - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción/tenencia con fines de comercialización s/conflicto de cometencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

Corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Criminal y Correccional para entender en la causa en la que se investiga el suministro del estupefaciente a una niña, quien según relató, no habría sido un hecho aislado sino que se repitió muchas veces y no habría estado disociado de los abusos sexuales que se investigan en la causa iniciada ante la justicia nacional. Fue en el marco de esa investigación que la denunciante refirió la posible comisión de hechos previstos en la ley n° 23737, art. 5, inciso e). Ello así, tratándose de un caso de violencia de género, resulta aconsejable que sea un mismo tribunal el que conozca en todos los hechos, correspondiéndole hacerlo, aunque no haya participado de la contienda (cf. Fallos: 326:347; 332:332, entre muchos otros). También debe considerarse lo resuelto por la Corte Suprema en "N.N. s/ averiguación de delito", resuelta el 30/06/2015 y "N.N. s/ exhibiciones obscenas", resuelta el 23/02/2016, donde por tratarse de hechos relacionados directamente con la comisión de delitos sexuales con víctimas menores de 18 años de edad, sostuvo la necesidad de que se investigue conjuntamente la totalidad de los hechos. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Allanamiento domiciliario, autoridad de prevención, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: D'Acosta, Miguel Angel. s/ Tenencia de arma de guerra
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-01-09

No hay disposición legal expresa que permita sostener la facultad policial para efectuar un segundo allanamiento, una vez concluida la diligencia.
Excarcelación, lesiones graves
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, BELARMINO PLACIDO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-19

Si al imputado se le atribuye la comisión del delito de lesiones graves (C.P., art. 90), teniendo en cuenta la severa escala penal con la que se encuentra reprimido -de un año a seis años de reclusión o prisión- y las demás pautas de mensuración de los arts.

40 y 41 del C.P., el pedido de excarcelación anticipada no es viable, porque en caso de recaer condena, se estima que lo será de cumplimiento efectivo (C.P.P., art. 315, a contrario sensu, ley 7904).-
Accidentes de trabajo, acción civil, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: ZAPATA ANGEL R. c/ BAGGIO RUFINO P. Y OTRO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-29

Tratándose de un reclamo fundado en la acción de derecho común es usual y pacíficamente admitido que el trabajador damnificado plantee su demanda contra ambos, lo cual no significa que se trate de una misma obligación cuyo cumplimiento se reclama a dos deudores, sino de dos obligaciones distintas nacidas de fuentes diversas. Tal particularidad es la que impide calificar de solidaria la situación de ambos obligados, en tanto que la obligación de indemnizar del patrón surgirá de la responsabilidad por el hecho ilícito, (artículos 1109 y 1113 del Código Civil), mientras que la del ente asegurador se genera por el compromiso contraído en el contrato de seguro celebrado con el empleador. En consecuencia, al demandarse por la vía civil conjuntamente al empleador y su aseguradora, surgen dos obligaciones concurrentes, por las que los obligados van a responder "in solidum", pero una de ellas aparece como generadora de la otra, ya que, en la medida que medie responsabilidad patronal por el hecho causante de la minusvalía, surgirá la obligación de la aseguradora de responder por él, ante su dependiente. Por ello, si la primera se extingue por prescripción, la segunda no resulta exigible porque desaparece la causa que la motivaría, tal es la responsabilidad que asumiera en el contrato de seguro de hacer frente a las obligaciones de su asegurado ante un hecho determinado.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VAYO MIGUEL ENRIQUE y otros  c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad parcialmente concedido ya que el Gobierno no logra desvirtuar el minucioso análisis del decreto n° 251/GCABA/2014 a la luz de las disposiciones de la Constitución de la Ciudad efectuado por la Cámara -que confirma la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el juez de primera instancia-. En efecto, el artículo 127 de la CCABA es categórico al establecer que es la Legislatura quien debe regular la organización de las Comunas, en línea con el artículo 80, inciso 3 de la CCABA que establece que la Legislatura "[r]eglamenta el funcionamiento de las Comunas, de los consejos comunitarios y la participación vecinal, en todos sus ámbitos y niveles". De allí que el decreto n° 251/GCABA/2014, al aprobar la estructura organizativa de las Comunas y crear gerencias y subgerencias, invadió facultades de la Legislatura de la Ciudad. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Subasta, suspensión de la subasta, incumplimiento del deudor, gastos del proceso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MESSINA, Ernesto y otros c/ MILLER, Hugo Heriberto s/ EJECUCION ESPECIAL - LEY 24.441
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-06

Corresponde al ejecutado soportar los mayores gastos irrogados ante el incumplimiento del compromiso asumido de cancelar la totalidad de la deuda por el cual el remate fuera suspendido, y no puede ampararse en el tope establecido por el art. 60 de la ley 24.441 ya que dentro de dicho tope deben incluirse los gastos procedentes de una subasta que fracasa por culpa del ejecutado, pues lo contrario implicaría un injusto desmedro al legítimo interés del acreedor.
Competencia de menores, menores en situación de desamparo
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: G.,  J.L. s/ Protección de Persona
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Ante la disposición de normas atinentes a la competencia respecto de los menores en grave riesgo físico o moral, según surge del art.

234 inc. 2do., del Código Procesal y de la ley 24.050 que remite al art. 29 del Código Penal, la competencia debe ser atribuida al juez de menores, si se trata de un menor que no solo ha sido víctima de una disfunción familiar como abandono, maltrato, etc., sino que también habría cometido robos y consumo de drogas, pues esas investigaciones resultan ajenas a la competencia del juez de familia. De ahí que sea el juez de menores el competente para investigar la posible comisión de esos delitos y deba conocer también en todo lo concerniente a la protección, comportamiento y seguridad del menor.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Velazco, Jorge O. y otros c/ Echarri, José J. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-23

Tanto en los supuestos de los daños causados con las cosas (art.1113, 2do. párrafo, 1era. parte), como en los causados por el riesgo o vicio de ella (art. 1113, 3er. párrafo, 2da. parte), existe una presunción legal de responsabilidad que puede ser destruida demostrando la inexistencia de culpa del dueño o guardián o la culpa de la víctima o de un tercero por el que no se deba responder. Y aquí entrará a jugar la noción de culpa -art. 512 del C.Civil- y la obligación de reparar derivada del art. 1109 del mismo cuerpo legal.

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Administración fraudulenta, cajero, violación al deber de cuidado, ánimo de lucro
Materia: PENAL
Carátula: OYOLA, RODOLFO D. Y OTRO s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-27

Los sujetos activos, aprovechando su condición de cajeros, violaron el deber de cuidado y desviaron en su provecho dinero perteneciente a la institución donde trabajaban, obteniendo así un lucro indebido al faltar al deber de fidelidad emergente del contrato laboral con el ente financiero. Entonces, su conducta encuadra "prime facie", en el art. 173, inc. 7°, C.P.
Ejecución prendaria, prenda con registro, falta de legitimación para obrar
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rojas, Juan Carlos c/ Carrizo, Elsa s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2014-10-16

En el marco de la regulación especial de la prenda con registro, si el contrato prendario no se encuentra inscripto en el Registro prendario tiene eficacia entre las partes pero el acreedor carece de legitimación activa para promover la ejecución especial del art. 26 y concordantes de la LPR
Principio de legalidad, ley vigente, delitos contra la humanidad, cómputo privilegiado de la privación de libertad
Materia: PENAL
Carátula: Giménez, Felipe Nicolás c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-23

El principio de legalidad en su faceta de "ley previa" exige la aplicación de la ley vigente al momento del hecho, para resguardar la posibilidad del acusado de motivarse en la ley, lo que no ocurre en el caso, pues el objeto procesal está compuesto por hechos ocurridos durante la última dictadura y el encausado fue privado de su libertad por primera vez en el año 2008 (y la ley 24.390 estuvo vigente desde su publicación en el B.O. el 22/11/1994 siendo luego reformada por ley 25.430 -B.O. 01/06/2001-).
Recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso, convertibilidad, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Empresa Mate Larangeira Mendez Sociedad Anónima de Comercio e Industria s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-09-04

La inaplicación de la ley de convertibilidad que prohibe actualizaciones más allá del tiempo en que la misma lo establece, son indicativas de la violación palmaria de dicha norma. En virtud de ello la apertura de la jurisdicción extraordinaria se impone, para ejercer la función casatoria impuesta por la Constitución (artículo 145 inciso 4º).-