Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-07-01


SENT Nº 624	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Uno (01) de Julio de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "González Adriana de los Ángeles y otra vs. Luque Emilio Salvador s/ Sumarísimo (Residual)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

En contra de la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2007 y su aclaratoria de fecha 20 de febrero de 2008 emitidas por la Sala VIª de la Excma. Cámara del Trabajo glosadas a fs. 439 y fs. 440 de autos, la parte demandada interpone recurso de casación, el que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 2 de octubre de 2008 (fs. 482). Del informe actuarial de fs. 494, surge que ambas partes han presentado la memoria facultativa a que alude el artículo 137 del CPLT.

I.- Por la mentada sentencia, se resolvió: "I.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia del A quo de fecha 27/09/06 glosada a fs. 406/410 de autos, la que se confirma en todas sus partes; según lo considerado".

II.- Los agravios comienzan con la puntualización de los requisitos formales de admisibilidad, planteando, previo a un relato de los antecedentes de la causa, que se está ante un fallo contrario a expresas disposiciones legales, por ser arbitrario, por falta de congruencia y motivación y asumir gravedad institucional.

II.1) Expresa, nos encontramos ante una sentencia arbitraria, porque ha omitido considerar la posición de la demandada la cual se encuentra transcripta al expresar agravios (fs. 415/417), transformando a la misma en una sentencia inmotivada, carente de fundamentos fácticos y jurídicos, descalificándola como acto jurisdiccional válido.

Sostiene que agravia a su mandante, la pobreza de los considerandos y la falta de fundamentos que propone la Excma. Cámara, para denegar el recurso de apelación interpuesto por su parte (transcribe parte de la misma), para concluir que no se la puede calificar como acto jurisdiccional válido, pues carece de los más esenciales elementos que componen una sentencia definitiva.

II.2) Argumenta, que lo agravia la falta de tratamiento -por parte del sentenciante- de las alegaciones propuestas por su parte tanto al contestar demanda como en su expresión de agravios, lo que violenta principios pilares del derecho procesal, entre ellos el principio de contradicción y congruencia, pues la sentencia no trata ninguna de las cuestiones llevadas a juicio por su mandante.

II.3) Aduce, le agravia el grosero error en que incurren los integrantes de la Excma. Cámara cuando al sentenciar dan como único fundamento para sustentar su conclusión, una simple remisión a lo sentenciado por la Sra. Juez de primera instancia, dictando un fallo vago, abstracto y genérico, conculcando nuevamente expresas disposiciones procesales, el derecho de defensa y la igualdad de las partes.

II.4) Considera, que la sentencia en crisis viola expresamente los artículos 3 inc. a), 4 inc. d) 104 y 105 del C.P.L., 1º y 4º del C.P.C.C. y ley nº 6238 al decir la misma "... con acertado criterio la sentencia recurrida expresa que ambas leyes son complementarias, por efecto de la mora constituida por acta glosada a fs 384 de autos y por el despido incausado dispuesto por el demandado". Se agravia de que la sentencia haya condenado a su mandante al pago de los rubros: SAC s/preaviso, artículos 2 ley 25.323 y 16 de la ley 25.561, los cuales -sostiene- deben ser analizados con profundidad en el proceso amplio regulado por el art. 54 del CPL (Juicio Ordinario).

II.5) Entiende, los vicios de la sentencia en crisis precedentemente analizados demuestran que se ha configurado la situación prevista en el artículo 132 del CPL (gravedad institucional. En todos sus agravios, cita doctrina, jurisprudencia local y nacional que considera abona su derecho. Propone doctrina legal y hace reserva del caso federal.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, analizar los requisitos de admisibilidad y procedencia del presente recurso, corresponde abordar el mismo.

En este plano, se advierte que el recurso ha sido interpuesto en término conforme surge de la constancia de fs. 444 y del cargo actuarial de fs. 461 vta., el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva. Con relación al afianzamiento del monto de condena previsto por el artículo 133 del CPLT.-por tratarse la recurrente de la parte demandada- entiendo, que de acuerdo a lo informado por el Juzgado Civil y Comercial Común de la Vª Nominación a fs. 501 en el sentido que el concurso y la inhibición general dispuesta sobre bienes de la accionada concluyó recién el 26/5/2008 la parte, se encuentra eximida del afianzamiento en los términos del artículo 135 del CPL, al haber interpuesto el recurso de casación con anterioridad a la fecha de conclusión del concurso preventivo (ver fs. 461 vta.).

IV.- Surge de las actuaciones que se ha impreso a la presente causa la vía sumarísima, en razón de las disposiciones de los artículos 103 a 106 del CPL.

La demandada interpone incidente de nulidad a fs. 90, la que se provee con fecha 8 de octubre de 2002 rechazándola in límine, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 apartado 2do. del CPL (fs. 112 vta.). Ante ello, la accionada interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio el que también fuera rechazado (fs. 117 vta., 118). Ello desató una serie de consecuencias, que concluyen con la sentencia de la Excma. Cámara de fecha 21/11/2005 (fs. 334), por la que se resuelve "No hacer lugar al incidente de nulidad deducido por la demandada...", lo cual obliga -a la accionada- a contestar demanda (fs. 341).

En fecha 27/9/2006 (fs. 406/410), dicta sentencia la Jueza de Conciliación y Trámite de la VIª Nominación, acogiendo la demanda promovida por las actoras en su reclamo de indemnización por antigüedad por despido sin causa, aplicando a los montos reconocidos las multas previstas en los artículos 2 de la ley 25.323 y 16 de la 25.561, la que apelada por la accionada, da lugar al dictado del fallo que el recurrente ataca a través del recurso extraordinario local.

V.- Los agravios del recurrente, transcriptos en el apartado II, 1), 2), 3), 4) y 5), resumidos -según sus dichos- en la pobreza de fundamentos del fallo en crisis lo que la descalificaría como acto jurisdiccional válido, que tampoco ha tratado los argumentos vertidos por su parte vulnerando el derecho de defensa y violando normas de derecho adjetivas y sustantivas; solo quieren demostrar que de conformidad a la competencia del Juez de Conciliación y Trámite (artículo 103 inc. b) del CPL), no le correspondía a éste dictar sentencia por estar solicitada la aplicación de las multas previstas en las leyes 25.323 y 25.561 y SAC s/ preaviso, por las razones que viene sosteniendo desde el inicio de la causa.

Entiendo, que para determinar si correspondía o no la desacumulación de los rubros que cuestiona (SAC s/preaviso, artículo 2 Ley 25.323 y artículo 16 Ley 25.561), debemos en primer término analizar si lo que disponen los artículos y leyes citados precedentemente constituyen otra indemnización independiente de la que regula la LCT o por el contrario simplemente son un accesorio de aquellas, en determinadas circunstancias.

Siguiendo a Jorge J. Sappia en su libro "El agravamiento indemnizatorio en la ley nº 25.323", sostiene: "El artículo segundo de la ley nº 25.323 consagra otro mecanismo de agravamiento de las indemnizaciones derivadas del despido incausado (...). En efecto, el elemento que pone en funcionamiento el factor punitivo, no es el referente a la registración, sino a la mora en el pago de las indemnizaciones...".

Es decir, lo sancionado por la ley al agravar la indemnización, es la actitud morosa del empleador que despide sin causa al trabajador, y por lo tanto debe pagar las indemnizaciones correspondientes, no obstante lo cual, y a pesar de haber sido intimado por el trabajador, no las abona obligándolo a iniciar acciones legales. En el presente caso, se dan los presupuestos necesarios para aplicarla como parte integrativa de la indemnización por antigüedad.

En relación al artículo 16 de la ley 25.561, precepto que suspende los despidos por el término de 180 días y dispone que en caso de producirse, los empleadores deberán abonar al trabajador el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad con la legislación laboral vigente. Resulta evidente, que el presupuesto fáctico para su aplicación, es el despido sin causa justificada.

Esta Corte ha sostenido que debe considerarse que la norma abarca a los despidos directos sin causa, incluyendo a los dispuestos por el empleador con invocación de causa que no logra acreditarse en juicio, como también a los despidos indirectos, que son aquellos en que el trabajador pone fin a la relación de empleo, invocando justa causa imputable al empleador (CSJTuc, sent. 314 del 29/4/2005 in re: "Juárez Juan José vs. Libertad S.A. s/Cobro de pesos"). Por lo que, en el presente caso correspondía su aplicación atento a la vigencia de la normativa aplicable al tiempo del despido sin causa del trabajador.

Por lo expresado, considero corresponde no hacer lugar al recurso de casación incoado por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2007 y su aclaratoria de fecha 20 de febrero de 2008, emitida por la Sala VIª de la Excma. Cámara del Trabajo, obrantes a fs 439 y fs. 440 de autos, por lo considerado en el punto V de esta sentencia.

VI.- Costas de la instancia casatoria, al demandado por el principio objetivo de la derrota (artículo 49 CPLT y 106 del CPCyC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el demandado en contra de la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2007 y su aclaratoria de fecha 20 de febrero de 2008, emitida por la Sala VIª de la Excma. Cámara del Trabajo, obrantes a fs. 439/440 de autos, por lo considerado en el punto V de esta sentencia.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.