Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-20


SENT Nro. 469 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 20 DE JUNIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alfredo Carlos Dato y Carlos E. Giovanniello -por estar inhibidos los señores vocales doctores René Mario Goane, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alberto José Brito-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Taboada, Felipe Lucas vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, Antonio Gandur y Carlos E. Giovanniello, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1. Contra la sentencia dictada por la Sala Ia. de la Excma. Cámara Contencioso Administrativo del 19 de diciembre de 2000 (fs. 77/83), la parte demandada deduce recurso de casación, el que fue declarado provisionalmente admisible por sentencia de esta Corte de fecha 25 de septiembre de 2001 (fs. 175 y vta.).

2. La sentencia impugnada hizo lugar a la demanda, condenando a la demandada al pago de los montos fijados en los considerandos para cada uno de los actores, en títulos de la deuda pública, en un plazo de treinta días corridos desde que quede firme. Asimismo declara de prematuro pronunciamiento, el planteo de inconstitucionalidad de las Leyes Ns. 6271 y 6888. Por último, impone las costas a la vencida y reserva pronunciamiento sobre honorarios.

3. Sostiene la recurrente que el Tribunal admite la errónea vía procesal por la que ocurren los actores a fin de obtener la entrega de los títulos públicos, en flagrante violación del art. 18 de la CN. Afirma que los dos extremos a los que la sentencia supedita la procedencia de la demanda -comprobación judicial del incumplimiento de expresas disposiciones de la Ley 6271 y ausencia de obstáculos de índole procesal que veden el dictado de la condena de pago- no se verifican ni se han demostrado en el caso.

Expone que el pronunciamiento hace una errónea interpretación de la Ley 6271, a cuyo artículo 11 se sometieron voluntariamente los actores en aras de obtener la satisfacción de sus respectivos créditos con títulos Independencia, toda vez que la mentada norma constituye un régimen jurídico especial de carácter general, originado en el estado de emergencia económica y financiera por el que atraviesa la provincia. Explica que mediante dicho régimen legal se estableció la consolidación de todas las deudas del Estado provincial y que al tiempo de interpretar y aplicar la norma en cuestión debe ponderarse esta circunstancia, so pena de arribar a una decisión arbitraria e ilegítima. Añade que al abarcar un universo de deudas se estableció, por un lado, un procedimiento de determinación y verificación de las mismas y por otro, una modalidad de pago específica, y que es por ello que la ley 6271 mal podía fijar plazo alguno para la entrega de los títulos conforme a la modalidad establecida en su art. 11. Concluye en que no se trata de un error u omisión legislativa, simplemente porque se trata de actos que no admiten plazo alguno, por razones de orden público o conveniencia general.

Prosigue en que el fallo en forma ilegítima y carente de razonabilidad condena a su mandante a la entrega de los títulos en el plazo de treinta días corridos. Agrega que tan arbitraria es la decisión que la pone en situación de indefensión tal que ni siquiera cuenta a la fecha con los elementos indispensables para su acatamiento en tal término, ya que las actuaciones administrativas se encuentran reservadas en Caja fuerte del Tribunal.

Señala que contrariamente a lo expresado por la sentencia, su parte se encontraba efectivamente cumpliendo con el procedimiento impuesto por ley 6271 en pos de la entrega de los títulos, procedimiento que por su naturaleza y objeto requiere de un tiempo considerable, conformado por una serie de etapas dentro de las cuales han de cumplirse los trámites administrativos, contables, jurídicos, etc. y que concluirá con el dictado del acto administrativo respectivo, a lo que debemos sumar el complejo y especial trámite que implica la emisión de títulos oficiales. Continúa señalando que dicho trámite se vio interrumpido por la iniciación de la presente acción, impidiendo con ello la conclusión normal de las actuaciones, con lo que se vio también interrumpida la única vía establecida por ley 6271 (art. 4) para el cumplimiento de la obligación.

Con lo expuesto, sostiene la recurrente, queda demostrado que la premisa en la que se funda el fallo recurrido de que se ha comprobado el incumplimiento de las disposiciones de la aludida norma no se ajusta a la realidad. Añade que si hubo demora en la tramitación y si tal demora le era imputable o no a su mandante, es otra cuestión, como también es otra la vía procesal prevista para tales casos. En tal sentido sostiene que los actores debieron ocurrir por la vía del amparo por mora administrativa en aras de obtener de la autoridad competente el despacho de las actuaciones. Considera errónea, ilegítima e infundada la interpretación de que la esa vía se encuentra prevista exclusivamente para lograr un pronunciamiento expreso sobre peticiones formuladas y no resueltas en sede administrativa, previa comprobación de la morosidad del órgano encargado de expedirse y que la pretensión articulada en autos no tiene por objeto lograr pronunciamiento alguno de la administración. A su criterio, no establece la ley procesal como único presupuesto del amparo por mora administrativa exclusivamente un pronunciamiento determinado sobre peticiones no resueltas, exige que exista una demora irrazonable en la tramitación del expediente. Por último afirma que es erróneo sostener que porque el crédito de los actores ya había sido objeto de reconocimiento por decisión firme de la propia Administración, la pretensión articulada en autos no persigue pronunciamiento alguno, porque además el procedimiento de entrega de los títulos si requería del dictado de un acto administrativo: el decreto del Poder Ejecutivo.

Expresa entonces que los accionantes instaron un procedimiento al optar por el cobro en títulos, requiriendo a la Administración la entrega de aquellos y si considera irrazonable la dilación en el trámite, debieron acudir a la vía del amparo o alternativamente debieron solicitar la fijación del plazo para el cumplimiento de la obligación de entrega de los títulos, porque la ley 6271 no lo estableció y no corresponde por las razones apuntadas considerar la obligación de entrega como de inmediato cumplimiento.

Concluye interrogándose acerca de cuándo debe considerarse que la Provincia de Tucumán incurrió en mora en el cumplimiento de la obligación o en su caso, en qué momento interpeló el acreedor al deudor y cuál es límite temporal de exigibilidad de la obligación de entrega de los títulos que habilite la condena del deudor moroso. Pues, afirma, no hubo tal interpelación y tampoco puede sostenerse que el acreedor se hallaba exceptuado de efectuar tal diligencia, ya que no se ha demostrado inequívocamente en autos que su mandante haya dado muestras de que no cumpliría su obligación.

4. En cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso intentado, se comprueba que ha sido interpuesto en término contra un pronunciamiento definitivo, viene acompañado del depósito judicial a la orden de este Tribunal y contiene planteos de derecho y denuncia de arbitrariedad de sentencia (arts. 813, 815 y 816 del CPCCT). En cuanto a la suficiencia de la impugnación, la presentación recursiva no se basta a sí misma y por ende no se ajusta a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 816 del mismo texto legal.

Sustancialmente agravia a la recurrente la conclusión del Tribunal acerca de que en el caso se verificó el incumplimiento de expresas disposiciones de la Ley 6271 en relación a la cancelación de créditos reconocidos a los actores en sede administrativa y a la ausencia de obstáculos de índole procesal que veden el dictado de la condena de pago perseguida. Confrontadas las críticas de la demandada con los argumentos del fallo se advierte que aquéllas no reúnen el requisito de admisibilidad previsto en el mencionado art. 816 del CPCC, al no hacerse cargo suficientemente de los argumentos desarrollados en la sentencia.

En efecto, las argumentaciones expuestas como fundamento de que su parte no habría incurrido en incumplimiento, referidas a que la Ley 6271, al constituir un régimen jurídico especial de carácter general, que abarca un universo de deudas y que en líneas generales establece un procedimiento de determinación y verificación de las mismas y una modalidad específica de pago, no podía fijar plazo alguno para la entrega de los títulos, de modo alguno rebate el razonamiento sentencial que fundamenta la procedencia de la entrega de los títulos reclamados, relativo a que habiéndose determinado en sede administrativa el crédito de los actores, la condena al Gobierno de entrega de los títulos constituye una orden de cumplimiento de su propia decisión, sustancialmente fundamentando en que el mecanismo de cancelación regulado en los arts. 11 y 12 último párrafo (aplicable en la especie) no fija plazo cierto, en que tampoco existió previsión normativa ni por acto administrativo de un plazo indeterminado, resultando innecesario recurrir al procedimiento del art. 509 tercer párrafo del CC, ni condicionó el cumplimiento de la obligación de entrega de títulos a cargo de la Provincia a cuando pudiese o tuviese medios para hacerlo, por lo que tampoco resulta necesario solicitar fijación de plazo judicial en los términos del art. 620 del CC. En otras palabras, los argumentos de la recurrente, especialmente referidos a que la Ley 6271, por constituir un régimen de emergencia no pudo fijar un plazo de entrega de los títulos, no se revelan suficientes para modificar la línea argumental del Tribunal referida a que la obligación la demandada no resulta aprehendida en el primer párrafo del art. 509 del CC, ni en el tercero de la misma norma, ni en el art. 620 de ese Texto Legal.

Idéntica calificación corresponde a la denunciada situación de indefensión que la condena cuestionada le irrogaría a la demandada, desde que la misma sólo está basada en que las actuaciones administrativas se encuentran reservadas en Caja Fuerte del Juzgado.

De otra parte, la insuficiencia del agravio referido a que en el caso no se habría configurado el incumplimiento de la demandada a la Ley 6271 en relación a la cancelación de créditos reconocidos a los actores, acarrea la inadmisibilidad también del agravio referido a que el actor debió ocurrir por la vía del amparo por mora administrativa o alternativamente solicitar la fijación del plazo para el cumplimiento de la obligación de entrega de los títulos. En primer lugar, porque la demandada sostiene la viabilidad del amparo por mora, previo interpretar que en el caso no habría existido incumplimiento de la Provincia, y que si hubo demora, y si ella le era imputable, es otra cuestión y otra la vía procesal. Por otra parte, si el recurrente no alcanzó a rebatir los argumentos del fallo en cuyo mérito concluyó en que en el sublite resulta innecesario recurrir al procedimiento del tercer párrafo del art. 509 del CC ni solicitar la fijación del plazo judicial en los términos del art. 620 del CC, deviene inadmisible su propuesta de que el actor debió deducir, alternativamente, demanda de fijación del plazo para el cumplimiento de la obligación.

En relación al planteo relativo a la configuración de la mora y a la diligencia de interpelación que habría tenido que cumplir el acreedor, la cuestión es de hecho y de prueba y por ende inadmisible en esta instancia, salvo que se invoque suficientemente el supuesto de arbitrariedad de sentencia, lo que no acontece en la especie, toda vez que no ha demostrado que la conclusión sentencial se haya apartado o prescindido de constancias relevantes del expediente y de las pruebas producidas.

Por último, la falta de interposición del recurso de revocatoria previsto en el art. 32 de la Ley 5480, torna inadmisible el agravio referido al monto de los honorarios.

En mérito a las razones expuestas corresponde declarar inadmisible, con costas (arts. 89 del CPCA y 106 del CPCC), el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Adhiero al voto del señor vocal preopinante, doctor Alfredo Carlos Dato, al que agrego las siguientes consideraciones.

1.- La sentencia dictada en el presente juicio condenó a pagar diferencias de haberes previsionales devengadas desde julio de 1989 hasta diciembre de 1991 (cfr. fs. 8). Considerando que la ley 6271 consolidó la deuda provincial existente al 31 de marzo de 1991, las diferencias que se devengaron hasta el 31 de marzo de 1991 quedaron consolidadas según la referida ley de emergencia.

La ley 6271 (B.O. 9-10-91) fue dictada en el marco de la adhesión prevista por el artículo 19 de la ley 23.982 (B.O. 21-8-91), que estableció el régimen de consolidación de deudas en el ámbito nacional.

2.- En noviembre de 1999 la Provincia de Tucumán promulgó la ley 6987 (B.O. 15-11-99), por la cual se consolidaron las obligaciones vencidas de causa o títulos operados al 31 de octubre de 1999 (art. 1). En el artículo 4 de esa ley se excluyó del régimen de consolidación a las deudas que hubieran sido consolidadas por normas anteriores. Esa excepción fue eliminada por la ley 6995 (B.O. 9-12-99) que reformó la ley 6987, la cual sustituyó el referido artículo 4 suprimiendo esa exclusión. En el nuevo artículo 5 se añadió que se debía dar prioridad en la cancelación a las deudas consolidadas por normas anteriores.

Por ley 6991 (B.O. 1-12-99) se facultó al Poder Ejecutivo a pagar la deuda consolidada al 31-10-99 con la entrega de bonos Independencia Argentina (ley 6692 y sus modificatorias), autorizándolo a emitir bonos y reprogramar la fecha de emisión de los títulos.

3.- La Corte Suprema de la Nación descalificó las leyes 6987 y 6995 en sentencia dictada el 27-3-2001 (Fallo: 324: 861) y rechazó su aplicación, "por cuanto esa legislación ha abarcado un período superior al previsto en la ley nacional 23.982, al establecer como fecha de corte el 31 de octubre de 1999, por lo que su aplicación en el caso importa limitar el derecho del acreedor, extremo expresamente prohibido" (sentencia del 27-3-2001 dictada en juicio "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente vs. Provincia de Tucumán"). Tal fue el criterio sostenido por la Corte Nacional respecto de las leyes provinciales que infringiendo el artículo 19 de la ley 23.982, colisionaban con el régimen federal de consolidación al introducir mayores restricciones a los derechos de los acreedores. (sentencia del 17-11-94 en "Pescasur S.A. vs. Provincia de Santa Cruz", Fallo:. 317: 1621; sentencia. de "1996-02-06 en "Obra Social Aceros Paraná S.A. y Empresa Antecesora c. La Rioja, Provincia de y otro s. ejecutivo"; sentencia del 27-5-99 en "Kasdorf S.A. c. Jujuy, Provincia de s. daños y perjuicios"; sentencia del 16-3-99 en "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c. San Luis, Provincia de s/cobro de australes"; entre otras).

4.- El 21-11-2000 se publicó en Boletín Oficial la ley 25.344, que en su artículo 13 dispuso la consolidación en el Estado Nacional, con los alcances y en la forma dispuesta por la ley 23.982, de las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1 de enero de 2000, estableciendo fechas diferentes para las obligaciones previsionales.

Se exceptuó de ese régimen a las deudas previsionales consolidadas por ley 23.982 que aún no hubieran recibido los bonos de consolidación previstos en dicha ley, las que debían pagarse con los bonos de la ley 23.982. (art. 13 último párrafo ley 25.344).

En los artículos siguientes se estableció el plazo para hacer frente al pasivo (16 años para las obligaciones generales y 10 años para las previsionales del régimen general), y se autorizó la emisión de bonos de consolidación para cancelación de deudas.

Como en la anterior ley 23.982, se autorizó la adhesión de las provincias (art. 24 de la ley 25.344).

5.- Por ley 7.132 (B.O. 11-5-2001) la Provincia de Tucumán se adhirió a la ley 25.344, "en todo aquello que resulte de aplicación local en concordancia con el ordenamiento jurídico provincial vigente". Tal ley opera de pleno derecho, dada su naturaleza de orden público, con los alcances previstos en el art. 16 de la ley 23.982 que así lo prevé y que aclara que la norma fue dictada en ejercicio de poderes de emergencia, según expresa el art. 13 de la ley 25.344.

La adhesión provincial a la ley 25.344 tuvo el efecto de sanear la objeción que la Corte Suprema de la Nación había señalado respecto de la validez de las leyes 6987 y 6995 expuesta en el considerando 3 de la presente. Al no contener las leyes locales restricciones superiores para los acreedores que las previstas en la ley nacional, quedó superado el conflicto de colisión con el régimen de consolidación federal.

6.- En consecuencia con lo expresado, la deuda devengada desde el 1° de abril de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1991 está aprehendida en el régimen instituido por la ley 6987 modificado por la ley 6995.

Por el contrario, las diferencias de haberes previsionales devengadas hasta el 31 de marzo de 1991 siguen regidas por el régimen de la ley 6271, atento a que en el art. 13 último párrafo de la ley 25.344 se exceptuó de ese régimen a las deudas previsionales consolidadas por ley 23.982 que aún no se hubieran cancelado con los bonos previstos en esa ley (cfr. art. 13 último párrafo ley 25.344).

Debiendo atenderse a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes a la sentencia recurrida, (dictada el 19-12-2000, antes de la ley 7132, B.O. 11-5-2001), y pese a no haber sido invocadas por las partes, según prescribe el art. 40 segundo párrafo CPCC, corresponde precisar que las obligaciones que se devengaron a partir del 1° de abril de 1991, quedaron aprehendidas en el régimen de las leyes 6987 y 6995. Ello, por cuanto las referidas leyes de emergencia son de orden público, siendo su aplicación obligatoria aun cuando no haya sido solicitada expresamente por las partes.

7.- Efectuadas tales precisiones y salvedades, adhiero al voto del doctor Alfredo Carlos Dato respecto de la inadmisibilidad del recurso de casación..

El señor vocal doctor Carlos E. Giovanniello, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala Ia. de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del 19 de diciembre de 2000 (fs. 77/83).

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALFREDO CARLOS DATO CARLOS E. GIOVANNIELLO