marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho al recurso, régimen penal cambiario
Materia: PENAL
Carátula: Cooperativa de crédito, vivienda y consumo y otros s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-06

No corresponde hacer lugar al recurso de casación contra la sentencia por infracción a los arts. 1 inc. b y 2 inc. f ley 19.359, si la normativa especial asegura el derecho al recurso contra la sentencia de condena, -art. 9 ley 19.359- ya que contempla la posibilidad de una amplia revisión por parte de la Cámara Nac. de Apel. en lo Penal Económico y la ley 23.984, posterior a la mencionada, no ha modificado el régimen impugnativo para decisiones jurisdiccionales por infracciones a la ley penal cambiaria, por lo tanto no cabe habilitar una tercera instancia no prevista por la ley procesal. La disidencia sostuvo que sólo una revisión amplia como la procurada mediante la apertura de la vía recursiva pretendida puede ofrecer tutela suficiente a los derechos consagrados en la CN. (Dres. García, Yacobucci y Fégoli -en disidencia-).
Terminación del proceso, allanamiento, costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: LABORATORIOS  BAGO  SA c/ ROEMMERS  SA s/ CESE DE OPOSICION ALREGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-13

Quien se allana, en definitiva, se somete a la pretensión solicitada por la contraria. Por ello, en principio las costas deberían ser soportadas por quien ha capitulado ante la pretensión de su adversario, por aplicación del principio objetivo de la derrota, consagrado en el art. 68 (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctr. Fallos: 288:90 y Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado", Ed., Astrea, t. I, pág. 305). Si bien la regla general en materia de costas aceptada por nuestro ordenamiento procesal determina que éstas se deben imponer en función de la derrota o del vencimiento, este principio no implica una suerte de penalidad para el litigante vencido, sino que tiene por objeto resarcir a la contraria de los gastos en que su conducta la obligó a incurrir; de allí que la exoneración de su pago reviste carácter excepcional y es de interpretación restrictiva (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctr. Fallos 312:889 y 316:2297; esta Sala, causa 1677/02 del 24.2.05 y sus citas).
Honorarios, recurso extraordinario federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Canga Osorio, Margarita c/ Instituto Provincial de Previsión Social s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-08-05

La corte Suprema de la Nación ha dicho que Si bien lo atinente a la determinación de las bases computables para la regulación de honorarios y la aplicación de los aranceles constituye una materia ajena al recurso extraordinario, corresponde hacer excepción a tal principio cuando lo resuelto no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, especialemnte si la solución adoptada afecha el derecho a la justa retribución de los profesionales y los priva de derechos definitivamente incorporados a su patrimonio como consecuencia de las tareas realizadas (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional).
Recursos, recurso de casación, recurso de casación civil, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Rufino, Segundo c/ Pérez, Claudio Omar y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-05-31

En supuestos especialísimos - solamente determinables por este Superior Tribunal de Justicia- se debe hacer una excepción al requisito procesal establecido en el art. 286.3. del CPCCLRyM y admitir el recurso, si su aplicación encierra un claro cercenamiento del derecho de defensa.
Daños y perjuicios, responsabilidad del editor, delitos cometidos por medio de la prensa
Materia: CIVIL
Carátula: Perini,  Carlos  Alberto  y otro c/ Herrera de Noble, Ernestina yotro. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

La posterior rectificación no obsta a la admisión de la responsabilidad imputada al medio periodístico, si no sólo importó en la práctica el reconocimiento de su culpabilidad, sino que por su exiguo tamaño y ubicación no tuvo la misma trascendencia que las graves imputaciones efectuadas en los artículos cuestionados, lo que impide también considerar que dicho remedio haya sido apto para reparar el daño causado (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, ley anterior, jueces naturales, juzgamiento por comisiones especiales, Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ABEL TEODORO CATUZZI c/ Lamas, Luis s/ INCIDENTE  DE  EXCEPCION  DE COMPETENCIA ART. 10 LEY 23049 SOBRE AREA  PARANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-29

Con la primera parte de la cláusula del art. 18 de la Constitución Nacional se ha establecido el principio de que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales al margen del Poder Judicial, con la segunda, se ha reforzado ese principio, eliminando la posibilidad de que se viole en forma indirecta esta prohibición mediante la remisión de un caso particular al conocimiento de tribunales a quienes la ley no les ha conferido jurisdicción para conocer "en general" de la materia sobre la que el asunto versa.
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, obligaciones de medio, obligaciones de resultado, cirugía estética
Materia: CIVIL
Carátula: FRESU, SILVIA ESTHER c/ MOGLIANI, MARTA OLGA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-09

No aparece acertada la afirmación que reza que la obligación de atención médica es "de medio", salvo casos de cirugía estética en que se persigue la obtención de un resultado establecido pues de no ser así, la paciente no se sometería a la intervención. Por resultado, ha de entenderse, la recuperación de la salud y, si bien tal compromiso no puede ser asumido con total seguridad por el médico, tampoco puede prometerse a quien se somete a un tratamiento estético quirúrgico, la exactitud del resultado perseguido. El llamado "casus" puede darse en ambos supuestos y también en ambos supuestos cabría exigir la prueba de culpa profesional para demandar un resarcimiento.

No es descartable que la constitución física de la paciente hubiera incidido para agravar, luego de producida la intervención, una limitación respiratoria que ya tenía de antiguo. Pero tal circunstancia no puede determinarla -sin un margen razonable de duda- el juzgador. Y aun si pudiera aceptarse que la paciente exhibía un organismo sensible, con manifestaciones alérgico respiratorias, tal característica no pudo ser obviada por la profesional.
Amparo por mora, legitimación activa, interés simple (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S.I.P.E.D.Y.B. (Sindicato del Personal de Dragado y B. c/ Dir.Nac. de Vías Navegables s/ amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

El amparo por mora es vía utilizable por quienes son parte en un expediente administrativo, esto es: quienes invocan un derecho subjetivo o un interés legítimo, sin estar legitimados para accionar los que peticionan movidos por un mero interés simple (conf. art. 28 ley 19.549; art. 3 decreto 1759/72; "González de Roca", "Amparo por mora", en la obra colectiva "Acto y procedimiento administrativo", p. 196, nº 4; Sagües "Ley de amparo", p. 443/444, nº 6, c; Barra, "El amparo por mora de la administración", ED. 59-800, letra c);

Hutchinson, "Ley Nac. de Proc.Adm.", T.I, p. 512 nº 7; esta Sala, in re "Brunatti", del 26/3/87, entre otros). (Consid. VI).
Principio de congruencia, peculado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mirón, julio Roberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-26

No se afecta el principio de congruencia si tanto al serle recibida declaración indagatoria como en el requerimiento de elevación a juicio se puso en conocimiento del imputado que el hecho que se le atribuía era destinar a otros fines el dinero que recibía para gastos de combustible, sin que el defensor se hubiera visto impedido de oponer las respectivas defensas que considerase efectivas y necesarias. Debe rechazarse el planteo atinente a la ineficacia probatoria si se apoya en una afirmación dogmática que no encuentra respaldo en el tratamiento que el a quo efectuara al respecto. No corresponde hacer lugar al cambio de calificación legal si el a quo concluyó fundadamente que se configuraba el delito de peculado, al haberse probado que el accionar del imputado, quien rubricaba cada factura del gasto imputado a cada vehículo, tuvo aptitud suficiente para lesionar el bien jurídico tutelado, la administración segura, legal y leal de los caudales públicos, pues la figura de malversación de caudales públicos conlleva un cambio de destino de los bienes pero siempre dentro de la administración pública. (Dres. Fégoli, Madueño y Rodríguez Basavilbaso).
Mandato, representación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: FRANCISCO VICENTE DAMIANO SAICFIA c/ CANDIOTI, JUAN CARLOS s/ DEMANDA EJECUTIVA      EXPTE NRO 158-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-05-18

Fuera de los supuestos de representación inexistente o con defecto sustancial, rigen en las cuestiones de personería las pautas comunes sobre preclusión y consentimiento de los actos procesales.
Compraventa inmobiliaria, escrituración, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: STAGNARO NESTOR A. c/ POL- COMPANY  S.A. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-25

Si se está ante un incumplimiento doloso-o malicioso, en los términos del art. 521, Código Civil- de la obligación de escriturar, ya que los departamentos fueron transferidos a terceros, luego de la firma del boleto con el adquirente, lo que la tornó en una obligación de cumplimiento imposible, esto permite reclamar no sólo los daños que sean consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento, sino también los perjuicios mediatos. Si al proponer la acción subsidiaria la principal de escrituración, no se invocó daño alguno, que no sea el que resulta de los pagos que, de modo actualizado, la sentencia condena a restituir, la litie no ha versado ni ha propuesto a la controversia la efectiva producción de perjuicios derivados del incumplimiento o, mejor, de la imposibilidad sobrevenida en razón de la enajenación de departamentos.-
Embargo, bienes embargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Esteves, Hector Arturo c/ Escobar, Amico Manuel s/ Ejecución - Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

No constituyendo la guitarra embargada un bien indispensable, ni habiéndose justificado que sea un elemento de trabajo o de estudio, no procede su levantamiento. Tampoco lo constituye la máquina de escribir porque si bien se manifiesta el desempeño como licenciado en comercialización y administración de empresas no se acreditó tal condición ni siquiera se ofreció prueba al respecto, por lo que no puede considerarse a ese bien como una herramienta o útil de trabajo (artº 219 CPC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa inmobiliaria, saldo de precio, actualización monetaria, mora del vendedor
Materia: CIVIL
Carátula: HAIMOVICI, TEODORO c/ DISEGNI DE FIORENTINO, LUCIANA (SUC). s/ Escrituración.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-25

Del voto de la mayoría:

El reajuste del saldo de precio adeudado en una compraventa inmobiliaria debe acordarse aún en supuestos en que el vendedor estuviese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, por haberse considerado que una decisión en sentido contrario implicaría un grosero apartamiento y desnaturalización del sinalagma contractual, base objetiva del negocio al tiempo de la ejecución de las obligaciones (conf. C.N.Civ. sala A, c. 4648 del 3-5-84; c. 2221 del 12-6-84; c. 12.624 del 12-4-85 y c. 14952 del 13-6-85). Los vendedores morosos soportan, como tales, los riesgos de la mora, pero como acreedores del precio tienen derecho a recibirlo si, en definitiva, cumplen una prestación aunque el cumplimiento fuera tardío. Si así procede en supuestos en que media mora del vendedor, con mayor razón debe procederse de igual modo cuando el enajenante no incurrió en mora y este supuesto debe revalorizarse íntegramente ya que el incremento del monto nominal de la deuda debida a la depreciación del numerario, no hace más onerosa la obligación, que solamente se adecua numéricamente a los términos actuales del poder adquisitivo de la moneda, de modo que seguir manteniendo los valores nominales importaría consagrar un notorio "abuso del derecho", en transgresión a la clara disposición contenida en el art. 1071 del Código Civil, que "no ampara el ejercicio abusivo de los derechos" (conf. C.N.Civ. sala A, c. 15.112 del 25-6-85 y sus citas).
Jubilación por invalidez, incapacidad laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MAS, ANTONIA s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-04

Aunque el peticionario no se hallase incapacitado a los fines previsionales al momento de solicitar el beneficio, si continuó trabajando corresponde tener en cuenta la incapacidad actual a los fines del otorgamiento del beneficio. (En el caso el Cuerpo Médico Forense concluyó que al momento del dictamen el solicitante se hallaba incapacitado en un 67 % de la total obrera y que la misma era del 35 % a la fecha de solicitud del beneficio).
Ley de empleo, registros laborales, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Jara, Enrique Ceferino c/ Marileo, Miguel s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-10-15

Si ante la intimación formulada en los términos del art. 11 de la ley 24.013 la actitud del demandado permite vislumbrar claramente que no está dispuesto a dar cumplimiento a sus obligaciones legales, carece de objeto aguardar el cumplimiento del plazo de intimación y no hay razón alguna para liberarlo de las indemnizaciones del art. 10 de la ley de empleo.
Responsabilidad del Estado, servicios de vigilancia, relación de causalidad, recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SALCEDO LILIANA DEL VALLE ARREGUEZ DE Y OTRO c/ POLICIA DE LA PROVINCIA Y/O ESTADO PROVINCIAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-14

El hecho de autos no reúne los presupuestos mínimos para dar lugar a la responsabilidad civil endilgada al Estado, en tanto no surge del sumario iniciado con motivo de la denuncia de amenaza, omisión en la actuación policial. La supuesta omisión que el fallo en crisis atribuye carece de precisión, a punto tal que ni el mismo sentenciante tiene en claro si la misma emerge de una disposición expresa o implícita de la ley o del poder de policía o de una falta de servicio.

En esa inteligencia la supuesta conducta omitida, no individualizada, no permite poder determinar su existencia en la relación causal con el daño, vale decir la acción esperada, que debió normalmente realizarse y hubiera tenido incidencia directa en la producción del resultado dañoso, luego si no está comprobado este vínculo causal entre la supuesta omisión imputada y el perjuicio sufrido no puede endilgarse responsabilidad al Estado generadora de reparación.

En conclusión corresponde hacer lugar al recurso, casar la sentencia impugnada por incurrir en arbitrariedad rechazando la demanda en todas sus partes.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, incapacidad, empleados públicos
Materia: LABORAL
Carátula: TORRES, ROSALINO c/ COMUNA DE COLONIA ALDAO s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ Expte  N. 250-82)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-08

La ley 9688 impone como condición para que se considere el accidente como hecho dañoso reparable por esa vía especial, que provoque una incapacidad -que puede darse por una disminución o anulación orgánica funcional de la víctima que incide sobre su aptitud para la prestación de su trabajo-. Asimismo, es requisito que la ley establece -de acuerdo con lo que fija la doctrina- que la lesión sufrida traiga aparejada un impedimento para el cumplimiento del propio oficio.
Emergencia administrativa, personal municipal, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Albizuri, Araceli Catalina c/ Municipalidad de Necochea s/ Demanda contencioso administrativa Ferrari, Stella Maris y otro c/ Municipalidad de Necochea s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17|1997-08-26

Del texto dado al régimen transitorio de redimensionamiento de estructuras y planteles municipales (ley 11.685) surge que el legislador esté por una forma distinta de indemnización que la que luego estableció por aplicación del Estatuto para el Personal para las Municipalidades (ley 11.757).
Honorarios del abogado, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LESCANO LUIS A. c/ DUCRET AMANDA M. s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-05-24

La sentencia del inferior -que reguló en forma autónoma honorarios por las excepciones no fue objeto de recurso de apelación por lo tanto se encuentra firme. La Cámara modificó de oficio una regulación firme y que integraba una sentencia que no fue objeto de recurso consecuentemente violó el artículo 6) de la Ley de Aranceles por cuanto solo pueden dejarse sin efecto las regulaciones efectuadas y practicar nueva regulación "cuando se revoque total o parcialmente la sentencia que fuera recurrida ", circunstancia que no es la de estas actuaciones,por lo tanto se debe hacer lugar al recurso extraordinario siendo de aplicación al caso la doctrina sentada por esta Sala en "Machado C/Di Sábato " 31-10-94 JUBA N 50096 habida cuenta que en autos se trata de un honorario correspondiente a un incidente regulado en forma autónoma pero que se encuentra firme en razón que no fue apelada la sentencia del Inferior.
Recurso de casación, nulidad de sentencia, revocación del sobreseimiento, falta de expresión de agravios, doctrina legal
Materia: PENAL
Carátula: R., A. E. s/ Abuso sexual s/ Apelación s/ Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-04-15

Es doctrina de este Superior Tribunal de Justicia que, si en la oportunidad de la vista corrida por el señor Juez de Instrucción para los fines del art. 304 del código ritual, la parte contestó propiciando el sobreseimiento, carece de legitimación para recurrir la resolución dictada en dicho sentido.

Además, el Ministerio Público Fiscal ni siquiera apeló tal sobreseimiento, por lo que la resolución resulta firme y consentida para dicha parte [(STJRNS2 Se.

261/11 "FISCALIA II") y (STJRNS2 Se. 104/12 "CIRIGNOLI"), entre otras] y carece de eficacia recursiva el informe presentado por la señora Fiscal de Cámara subrogante.

En definitiva, tanto el Ministerio Público Fiscal como la parte querellante carecían de derecho para recurrir el sobreseimiento dictado por el magistrado de primera instancia, lo que hacía imposible admitir el recurso del acusador privado, que ni siquiera estuvo fundado.

Por ello, la resolución impugnada incumple los recaudos de fundamentación necesarios exigidos para constituir un acto jurisdiccional válido (arts. 98 C.P.P., 200 C. Prov. y 18 C. Nac.). (Voto del Dr. Barotto por la mayoría)
Accidentes de trabajo, presupuestos de responsabilidad, indemnización, reducción de la indemnización, prueba pericial, pericia médica, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Gaset Maria C. c/ Calz. Los Gallegos S.R.L s/ Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-04-04

La necesidad de discriminar los factores causales según el art. 2 de la ley 24028, porque se trata de afecciones que no reconocen un factor causal determinado, no justifica una reducción del resarcimiento si con la decisión se contradice el diagnóstico técnico del experto, al que el propio Tribunal asignó plena eficacia probatoria. El perito expresamente dejó establecido que no detectó agentes concausales extralaborales (fs. 69) y que atribuyó la incapacidad sólo al trabajo.

Por ende, la conclusión no se deriva necesariamente de los antecedentes pasados ante el Juzgador: el perito vinculó la incapacidad directamente al trabajo, cuyas características se tuvieron por comprobadas.
Ejecución de sentencia, citación de venta
Materia: PROCESAL
Carátula: C. de M. c/ M. D.E. s/ DIVORCIO - TENENCIA - EXCLUSION DEL HOGAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-03

La expresión citación de venta no supone la venta de bienes, sino la notificación del inicio de la ejecución procesal forzada y una verdadera citación a la defensa del condenado. Su objeto es abrir una etapa de conocimiento de carácter limitado en la ejecución mediante la oposición por el ejecutado de alguna de las excepciones autorizadas (conforme Fenochietto-Arazi, Código Procesal..., tomo 2, página 617; Palacio, Derecho Procesal Civil, tomo VII, página 276, número 1024).-
Acción de amparo, partidos políticos, alianzas partidarias
Materia: PROCESAL
Carátula: Acuerdo Social para la Inclusión (A.S.I.). c/ Provincia de Tucumán. s/ Acción de amparo y medida de no innovar.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-05

La acción deducida - inconstitucionalidad del art. 42 inc. a de la Ley 5454, como asimismo la inconstitucionalidad del art. 14 inc. F del Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia, Nro.850/5 ( MGE)y del art. 10 inc. 8 de la Reglamentación dictada por la Junta Electoral- exhibe un vicio substancial que obstaculiza a su tratamiento y resulta insubsanable en esta etapa del procedimiento.

En efecto el Acta Constitutiva que suscriben los Partidos Políticos Demócrata Cristiano; Socialista y Afirmación para una República Igualitaria, por la que deciden constituir la Alianza Electoral llamada Acuerdo Social para la Inclusión, reconoce el carácter de un Estatuto de la persona jurídica, en este caso la Alianza Electoral, admitida por el artículo 10 de la Ley 23.298.

Reconocido este carácter al acta constitutiva de la Alianza, su artículo 6 expresa: "Se toma conocimiento y acata, a los efectos de las elecciones provinciales de Convencionales Constituyentes, del régimen que prescribe la ley 5.454 y sus modificatorias, en relación a la elección en internas abiertas obligatorias".

De ello se desprende que bajo ningún concepto el apoderado de la Alianza se encontraba facultado para deducir acción alguna desconociendo la ley 5.454 y sus modificatorias sobre las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sin que previamente todos los partidos integrantes de la Alianza, pronunciándose los Organos Directivos de cada uno de ellos, se expidan modificando el art. 6 del acta constitutiva.

En este sentido adquiere relevancia citar la doctrina de la Cámara Nacional Electoral que se desprende de la sentencia dictada en la causa Alianza Frente Justicialista de Liberación de fecha 23 de septiembre de 1985.

Dice: "En las alianzas el acuerdo-convenio no puede ser alterado unilateralmente por ninguna de las partes ni por terceros "res inter alios acta" debiendo garantizarse el cumplimiento de la voluntad de los partidos que componen esta alianza reconocida con plataforma electoral común".

Aunque la sentencia trata del desplazamiento del candidato de un partido por otro, el principio expresado es general. Cabe concluir que este Tribunal no reconoce valor alguno a la alteración del acta acuerdo de una Alianza Electoral en forma unilateral por un tercero, en este caso el apoderado de la Alianza.