Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-29


000767/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los días de marzo del año dos mil diez, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Aldo Luis De Cunto, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C. C. M. c/ P. S. S.R.L. y Otra s/ Cobro de haberes e Indemnización de Ley" (Expte. 767 - Año 2009 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 381.---	A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	1.	Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por la codemandada N. S.R.L. y la actora a fs. 345 y 348, respectivamente, que fueran concedidos a fs. 349, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 336/342 y vta. que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por C. M. C. y condenó a P. S. S.A. y a N. S.R.L. al pago dentro del plazo de diez de las sumas de $5.052,30.-, con más sus intereses, en concepto de diferencias salariales, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, e incrementos previstos por los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, con deducción del pago efectuado, con imposición de costas en un 80% a cargo de las demandadas y en un 20% a la actora.	Los agravios vertidos por la codemandada y actora lucen a fs. 350/353 y 354/357, los respectivos traslados fueron conferidos a fs. 358, a fs. 362/364 y vta. obra la contestación de N. S.R.L., y sostiene esa sociedad que existió violación del principio de congruencia por no haber sido materia de tratamiento la defensa opuesta en cuanto a la falta de personería suficiente de los apoderados de la actora para seguir el juicio contra su parte. Se está en presencia de un mandato especial y la situación planteada es un obstáculo insalvable al progreso de la acción. La falta de personería comprende dos supuestos: a) la ausencia de capacidad procesal en el actor o en el demandado, y b) la falta, defecto o insuficiencia de la representación -necesaria o voluntaria- de quienes comparecen al proceso en nombre de aquellos. Alude a doctrina y señala que el "a-quo" al no tramitar esa defensa como excepción debió tratarla en la sentencia, sin que pueda obviarse su análisis. Refiere fallos y sostiene que la demanda debió ser rechazada contra N. S.R.L. y que el recurso de apelación es el apto para resolver la cuestión adecuadamente sin afectar la validez legal de la sentencia traída en apelación. Solicita se ingrese al agravio y se revoque la sentencia venida en apelación respecto de N. S.R.L., con costas. Además considera que hubo una arbitraria interpretación de los hechos ya que su parte suscribió con el co-demandado P. S. S.A. un contrato de locación del inmueble por lo que no existió una transferencia del fondo de comercio o una cesión del establecimiento. Está acreditado que la actora fue trabajadora dependiente de P. S. S.R.L. y no de N. S.R.L. y también la fecha de suscripción del contrato de locación. La primacía de la realidad permite demostrar que la existencia de un documento como es la habilitación comercial no puede implicar el nacimiento ipso iure de la solidaridad laboral. La falta de habilitación comercial de P. S. S.R.L. podría implicar un incumplimiento formal pero por ello no deja de ser en los hechos la empleadora de la actora. En otras palabras, la mera circunstancia de que su parte sea la titular de la habilitación comercial no es suficiente argumento para responsabilizarla por los posibles incumplimientos de la real y única empleadora: P. S. S.R.L. Respecto del art. 30 de la L.C.T. manifiesta que se requiere la concurrencias de dos condiciones, que el cedente mantenga la titularidad y que conserve un interés jurídico o económico, y N. S.R.L. no conservó ese interés en la explotación como quedó demostrado. Peticiona por ello se desestime la demanda entablada respecto de N. S.R.L., con costas.	2.	A su vez, la actora se agravia del rechazo de la real fecha de ingreso y considera que el juez de la anterior instancia equivocó su análisis ya que dos testigos y no uno declararon que vieron trabajar a C. en el restaurante con anterioridad a la fecha declarada y registrada por la patronal. Alude para ello a la declaración de C. y L. que alcanza para tomar como cierto el hecho controvertido de la fecha inicial o por lo menos, de que la fecha registrada por la empleadora no era la real. Estima que debió aplicar el principio que en materia probatoria establece el art. 9 de la L.C.T. Se equivocó al otorgarle mayor importancia a la documentación presentada ya que debe priorizarse la realidad y no lo escrito por la propia empleadora. Además, al existir declaraciones contradictorias debió aplicar la norma del at. 9 de la L.C.T. Solicita se revoque la sentencia y al tomarse la verdadera fecha de ingreso se considere la existencia de un contrato por tiempo indeterminado y se atienda a la indemnización del art. 245 de la L.C.T., como también los demás rubros que comprenden un despido sin causa. Sostiene que la sentencia es arbitraria al expresar el a-quo que no se hará lugar a la multa del art. 45 de la ley 25.345 dado que la demandada acompañó el certificado previsto por el art. 80 de la L.C.T. En tal sentido, no aplicó la norma legal invocada por la parte (art. 80 de la L.C.T. y art. 45 de la ley 25.345), mas aún cuando la documental glosada demuestra que la actora cumplió con el procedimiento y formalidades de la norma (intimación extrajudicial dentro del plazo previsto por el decreto 146/01). Además es contradictoria ya que si hizo lugar a las diferencias salariales por indebida registración no puede aceptarse como válida esa documentación cuando la misma contiene datos falsos. La demandada manifestó que dicha documentación estaba a disposición y lo cierto es que nunca la quiso entregar y recién con la contestación presentó la misma. Para desligarse de su obligación de entrega debió haberla consignado en sede administrativa o laboral, pero no lo hizo. Cita fallo de esta sala "B", S.D.L. 42/09. Solicita se revoque la sentencia en este aspecto y se haga lugar a la multa establecida por el art. 45 de la ley 25.345. Se agravia también por el rechazo de la multa establecida en el art. 9 de la ley 25.013. El mencionado artículo ratifica la presunción de conducta maliciosa del empleador e impone a los jueces la obligación de fijar una multa equivalente a un interés de hasta dos veces y media el que cobren los bancos oficiales. La ley 25.013 tipifica un supuesto de temeridad y malicia: la falta de pago hace presumir, salvo prueba en contrario, una actitud temeraria y maliciosa del empleador y torna obligatoria la imposición de la multa. No exige ninguna solemnidad previa para su aplicación y quedó demostrado que la actora no percibió su liquidación por despido y tuvo que iniciar una demanda judicial para su cobro. Requiere se revoque la porción recurrida de la sentencia y se haga lugar a la multa establecida por el art. 9 de la ley 25.013.	3.	Por su parte, la codemandada N. S.R.L. al contestar el traslado conferido señala que la actora sustenta su postura acerca de la fecha de ingreso con las declaraciones de C. y L., sin tener en consideración los dichos de C., A., y H., por lo que la actora no probó cual era su obligación que la relación laboral se iniciara con una fecha anterior a la registrada por su empleadora. Manifiesta que la testigo L. aludió al verano del 2005 y 2006 cuando la actora alegó como fecha de inicio el 25 de febrero de 2006. Por ello ese testimonio no puede ser tenido en cuenta. Y respecto de C., sus dichos se contraponen a las declaraciones de A., C., y H., y estas ultimas llevan a la convicción de que la fecha de inicio de la relación laboral fue el día 9 de marzo de 2006 y no una fecha anterior. La queja en cuanto al rechazo de la multa establecida por el art. 9 de la ley 25.013 importa una reiteración de los argumentos expuestos en la demanda y ello no es crítica. Sin perjuicio de ello, el art. 9 de la ley 25.013 refiere a la falta de pago de la indemnización por despido incausado y no a otras posibles diferencias salariales, por lo que la sentencia negó correctamente la procedencia de tal pretensión.	2. Atento a la potencial incidencia que pudieran tener los agravios vertidos por la codemandada N. S.R.L. respecto del progreso de la demanda ingresaré en primer lugar a los mismos.	Al respecto, advierto que la cuestión referida a la falta de personería respecto de "los representantes" de la actora para demandar fue introducida por esa sociedad al contestar demanda (p. V. fs. 62/vta.), por lo que debió ser tratada oportunamente por el tribunal como excepción de previo y especial pronunciamiento (art. 347, inciso 2º, del C.P.C.C.; art. 350, Ley XIII Nº 5).1	Sin embargo, tal omisión no permite obviar su tratamiento por lo que debió el juzgador atender la misma al momento del dictado de sentencia definitiva pese a lo cual no lo hizo.	En ese contexto, ante la petición concreta de la parte apelante al formular sus agravios el tribunal de alzada puede pronunciarse sobre ese punto sometido a decisión que fue omitido, conforme lo establece el art. 278 del C.P.C.C. (art. 281, Ley XIII Nº 5).	Siguiendo un criterio de economía procesal se ha permitido que el tribunal de segunda instancia pueda pronunciarse también respecto de los puntos omitidos de resolver por la sentencia de primera instancia; es la solución consagrada por el art. 278 del Cód. Procesal (Loutayf Ranea, Roberto G., "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, T. 1, par. 57, pág. 160).	El ad quem deberá emitir pronunciamiento sobre los puntos omitidos por descuido o inadvertencia del juzgador a-quo, en la medida que el interesado lo solicite al expresar agravios (art. 278 -in fine- CPCN); idem 273 CPCBA), patentizándose una vez más cómo se estrecha el principio de congruencia cuando la causa trepa a la Alzada (Azpelicueta-Tessone, "La Alzada. Poderes y deberes", Librería Editora Platense S.R.L., 1993, pág. 217).	Desde ya que debe ponderarse que no se le confirió a la actora traslado de la excepción interpuesta para así posibilitar que esa parte ejerza su derecho de defensa en juicio, pero ese defecto debió subsanarse antes del llamamiento de autos para sentencia que obra a fs. 332.	4.	En ese direccionamiento, se ha declarado que los quebrantos procesales acaecidos en el curso de la contienda, deben encontrar remedio en la misma instancia en que se producen (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1992, T. V-B, pág. 559, con cita de la SCBA, Ac. y Sent., 1977, v. III, p. 1071).	Máxime si se considera que la actora tomó conocimiento expreso de los términos del escrito de fs. 61/63 y vta. al contestar a fs. 65 el traslado conferido a fs. 64 de la documental acompañada, sin formular a ese respecto requerimiento alguno.	Esto es. Bien pudo impugnar por la vía del incidente la providencia de fs. 64, o simplemente requerir se le confiriera traslado de la excepción previa opuesta por su contraria.	En tal sentido, los vicios de procedimiento anteriores a la sentencia debieron ser impugnados por la vía incidental en la primera instancia. El incidente de nulidad (art. 169 CPN), constituye el medio idóneo para denunciar las irregularidades procedimentales que precedieron a la sentencia (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 1, pág. 793, y cita de fallos).	O sea que debieron en todo caso dar lugar a un planteo de nulidad procesal en la anterior instancia (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.817, S. D. L. N° 104/96; esta Sala "B", c. 14.591, S.D.C. N° 02/99, del 23/03/99).	Al no haber impugnado la parte actora el vicio de procedimiento habido antes del dictado de la sentencia de primera instancia, no corresponde en esta instancia subsanar el mismo y ello conduce al tratamiento de la excepción interpuesta.	Al respecto, corresponde diferenciar la falta de legitimación para obrar de la falta de personería. Esta impide la constitución regular del proceso y se refiere exclusivamente a la capacidad de las partes para estar en juicio (legitimación ad processum) y a la insuficiencia del poder de quien actúa en nombre de otro (Arazi, "La legitimación como elemento de la acción", en Morello, Coordinador, "La legitimación", Abeledo-Perrot, 1996, pág. 24).	El impedimento procesal de falta de personería se refiere a dos aspectos distintos: a) la capacidad de los litigantes para estar en juicio, y b) si el actor actúa por apoderado o se trata de personas jurídicas, que el mandatario o representante tengan poder suficiente (Fenochietto-Arazi, ob. cit., 1983, T. 2, pág. 226).	5.	En lo relativo a la postulación procesal, ha de repararse en que la excepción es procedente cuando quien invoca la representación no la justifica, o ya cuando el instrumento con que se intenta hacerlo resulta defectuoso o insuficiente. Lo primero se configura cuando adolecen de fallas formales o han sido expedidos en violación de normas legales. La insuficiencia deriva de la falta de capacidad del poderdante o de defectos en el contenido de los mismos, por ausencia de las especificaciones necesarias de la representación alegada (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1989, T. IV-B, págs. 216/217).	Cabe hablar, por último, de representación insuficiente, cuando en virtud de la naturaleza del poder, o los términos en que éste se ha otorgado, el representante carezca de facultades para intervenir en el proceso de que se trate (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1977, T. VI, par. 743, pág. 101).	Y es supuesto de falta de personería si la demanda se interpone contra una persona distinta de la indicada en el poder especial conferido (CNCiv., sala E, La Ley, t. 91, pág. 705; C2a CC Tucumán, La Ley, t. 134, pág. 198) (citados por Palacio, obra y tomo citado, nota nº 23, pág. 102).	Y en el presente caso el instrumento que luce a fs. 2 es un poder especial otorgado por C. M. C. a favor de los Dres. P. A. S. y L. C. B. para demandar exclusivamente a P. S. S.R.L. respecto de los créditos laborales que le corresponden a la actora ("... para que en forma conjunta, separada, alternada e indistintamente, en su nombre y representación demanden ... a: P. S. S.R.L. ..."), por lo que en atención a la naturaleza del apoderamiento su interpretación es restrictiva.	Dicho de otro modo. No cabe hacer una interpretación extensiva del mismo para así incluir como demandado a una persona distinta toda vez que el mandato especial debe limitarse a los actos para los cuales ha sido dado, conforme lo dispuesto por el art. 1884 del Código Civil.	El mandato especial debe ser interpretado restrictivamente, limitándose a los actos para los cuales hubiese sido dado sin que pueda extenderse a otros análogos, aunque se pudieran considerar consecuencia natural del que se ha encargado hacer (López Mesa, Marcelo J., "Código Civil ...", Lexis Nexis Argentina, 2007, T. III, pág. 490).	Asimismo, y aun cuando pueda señalarse que el apoderamiento se otorgó en términos generales desde la perspectiva de la representación es evidente que la misma estuvo limitada exclusivamente a los créditos laborales que le pudieran corresponder a la actora respecto de la relación laboral habida con P. S. S.R.L., por lo que inadmisible resulta extender esa representación y así demandar a una persona distinta ante la limitación impuesta por el representado.	Por tales razones, corresponde declarar procedente la excepción de falta de personería opuesta por la codemandada N. S.R.L.	6.	Y si bien el art. 354, inciso 4º, del C.P.C.C. (art. 357, Ley XIII Nº 5) prescribe que se procederá a fijar un plazo dentro del cual deberá subsanarse el defecto, en esta instancia no corresponde establecerlo en virtud del principio de preclusión procesal.	Al respecto, ya se señaló que los vicios de procedimiento deben ser subsanados en la primera instancia antes del llamamiento de autos para sentencia, por lo que transcurrida esa etapa tal cuestión fue alcanzada por el principio de preclusión.	De acuerdo con el principio de preclusión, en cambio, el proceso se halla articulado en diversos períodos o fases dentro de cada uno de los cuales deben cumplirse uno o más actos, siendo ineficaces aquéllos que se ejecutan fuera del período que les asignado (Palacio, Lino Enrique, ob. cit., 1967, T. I, par. 34, pág. 285). Sabemos que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, concatenada. Mediante la clausura definitiva de cada una de ellas y el pase a la siguiente el proceso avanza, lo que impide el regreso a etapas o estadios consumados. Como consecuencia, los actos que las partes dejen de cumplir o produzcan con posterioridad resultan ineficaces (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1982, T. I, págs. 621/622).	En consecuencia, el impedimento procesal de falta de personería por representación insuficiente al interponer la demanda contra una persona distinta de la indicada en el poder especial conferido y la imposibilidad de subsanar el defecto en esta instancia lleva a propiciar al Acuerdo el rechazo de la acción instaurada contra N. S.R.L.	La revocatoria que se propicia hace innecesario ingresar en los restantes agravios formulados por la mencionada codemandada.	3. Corresponde ingresar en la queja vertida respecto de la fecha de ingreso de la actora.	Tocante a la documental acompañada por la demandada a fs. 146/159 cabe advertir que la misma presenta un valor relativo ya que emana exclusivamente de esa parte.	Desde esta perspectiva, la primacía de la realidad importa el relativo valor de la prueba documental frente a la testimonial, incluso en el caso de que el trabajador firme un acta de inspección y que en ella se consigne una fecha de ingreso distinta a la invocada en juicio, o también en el supuesto de contratos de trabajo firmados por el dependiente.	Es criterio de esta sala "B", c. 53/08, S.D.L. 15/2009, c. 22.065, S.D.L. 24/2008, y c. 136/09, S.D.L. 42/2009.	En todos los ámbitos del derecho, y no exclusivamente en el del trabajo, se ha impuesto la teoría de la primacía de la realidad, pero debe destacarse que, en este derecho, se presenta con caracteres más nítidos. Es que la realidad tiene que prevalecer sobre la apariencia (Martínez Vivot, "Elementos del derecho 7.	del trabajo y de la seguridad social", Astrea, 1999, pág. 82).	La primacía de la realidad es una regla de interpretación para el juzgador según la cual por sobre la ficción que puedan haber montado las partes se impone la realidad resultante de los hechos cumplidos durante la relación. Prima así la realidad sobre la forma, lo que en el proceso se ha de traducir en el relativo valor de la prueba documental respecto de la testimonial . La simulación implementada por las partes y el fraude por el cual el empleador utilizando un camino desviado, pero legal, busca violar la ley laboral deben encontrar en las formas procesales y en la posibilidad de apreciación del juzgador, las vallas que eviten la frustración del principio protectorio, que afirmen la irrenunciabilidad de los derechos y en definitiva consoliden el orden público laboral (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 3ra. ed. act., 2007, T. I, par. 2.7.18., pág. 323).	Y desde ya que, en caso de fraude a la ley laboral, sea cual fuera el medio empleado, el mismo queda comprendido dentro de la normativa prevista por el art. 14 de la L.C.T.	En tal sentido, puede decirse que habrá fraudem legis cuando al amparo de una norma jurídica, y dentro de la máxima legalidad, se obtiene un resultado prohibido por otra norma jurídica (Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1980, T. I, par. 141, pág. 76).----- Asimismo, cabe destacar la íntima relación que existe entre la primacía de la realidad y la buena fe pues la realidad refleja necesariamente la verdad. La documentación puede reflejar la verdad, pero también puede reflejar la ficción dirigida a disimular o esconder la verdad con el objeto de eludir el cumplimiento de obligaciones legales o de obtener un provecho ilícito. Afirmar invariablemente el imperio de la realidad -que es lo mismo que decir, el imperio de la verdad- equivale a rendir tributo al principio de la buena fe (Plá Rodríguez, "Los principios del Derecho del Trabajo", Depalma, 1998, par. 174, pág. 333) (la cursiva me pertenece).	Por lo tanto, en la "discordancia" entre lo que ocurrió en la realidad y lo que surja tal vez de documentos o acuerdos, hay que dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que acaece en el terreno de los hechos. A tal efecto, el juez debe investigar para descubrir el hecho real. Así pues, lo "escrito" no tiene validez, cualquiera sea el motivo que le de fundamento a su discordancia con la realidad (simulación, error, fraude, etcétera). En el caso, priman los hechos sobre lo documentado (Vázquez Vialard, Director, "Tratado de derecho de trabajo", Astrea, 1982, T. 2, par. 60, págs. 271/272).	Es criterio de esta sala "B" en reiterados pronunciamientos, entre ellos y recientemente c. 156/08, S.D.L. 23/09, c. 130/08, S.D.L. 27/09.	8.	En ese contexto, cobra especial relieve el análisis de la prueba testimonial a fin de determinar si la empleadora consignó la real fecha de ingreso, o si por el contrario incurrió en un supuesto de clandestinidad parcial.	Y al ingresar en la ponderación de esa prueba descarto los dichos de B. toda vez que nada señaló respecto de la fecha de ingreso de la actora, por lo que resultó una prueba innocua, sin perjuicio de señalar que ese testigo tiene un interés directo en el pleito (respuesta por las generales de la ley, fs 268).	También descarto los dichos de L. ya que su relato resulta inverosímil pues si la trabajadora alegó que su ingreso se produjo el 25/02/2006 (p. III del escrito de inicio, fs. 15) mal pudo ese testigo haberla visto trabajar en diciembre de 2005 y enero del 2006 (respuesta a la 5ª pregunta, fs. 301).	Y en el examen del contenido del testimonio es indispensable, además que aparezca verosímil la ocurrencia de tales hechos, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que el testigo haya explicado. Si el juez considera, por razones lógicas o con fundamento en máximas generales de la experiencia, que es imposible que el hecho haya ocurrido en esas circunstancias, debe negarles a los testimonios toda eficacia probatoria (Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1979, T. II, par. 242, pág. 271).	A su vez, no resultan relevantes los dichos de A. ya que fue al establecimiento a mediados de marzo del 2006 (respuesta a la 2ª y 3ª pregunta, fs. 262), por lo que la circunstancia que no haya visto a C. con anterioridad no significa que el hecho no haya ocurrido.	Sabido es que frente a los dichos de quienes aseveran haber presenciado o percibido hechos positivos concretos, quita relevancia a los de quienes deponen en forma negativa, puesto que la circunstancia de que ellos no hayan visto o sentido aquellos no significa que no hayan ocurrido (CNCiv., sala "B", noviembre 29-974, "Moguilevsky, Marcelino c. Orlando, Oscar L.", L.L. 1975-A, 719).	Y es mayor la fuerza de convicción resultante de afirmar un hecho que se dice caído bajo la impresión de los sentidos que negar su existencia. Se trata de la clásica diferencia entre la prueba de los hechos positivos y de los hechos negativos.	Las declaraciones positivas de testigos que afirman conocer un hecho dado no pueden ser enervadas por los testimonios de quienes sostienen que ese hecho nunca ha ocurrido, pues la circunstancia de que estos últimos lo ignoren no significa que el hecho no se haya producido (CNCiv., sala F, setiembre 29-966, L.L. t. 125, 118).	Respecto de la declaración de H. (fs. 269/vta.), si bien el tribunal a fs. 270 dejó sin efecto la ampliación de la respuesta a la tercera pregunta, lo cierto que ello carece de toda relevancia pues no es hecho controvertido que la actora trabajó para la demandada en el año 2006, por lo que no resulta exacta la afirmación de 9.	su letrado apoderado de fs. 269 vta. en el sentido que por ello se invalida el testimonio, lo que así pondero conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.; arts. 390 y 460, Ley XIII Nº 5).	En tales condiciones, corresponde apreciar que existe una marcada contradicción entre los dichos de C. y los brindados por A. y C., sin perjuicio de poner de relieve que todos ellos fueron categóricos en sus afirmaciones.	En efecto, C. fue precisó en señalar que vio a C. desempeñarse como camarera en dos oportunidades, una por la noche y otra al mediodía (respuesta a la 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, y 7ª pregunta, fs. 261 y vta.), debiendo apreciarse asimismo que describió con claridad el lugar de trabajo (respuesta a la 6ª pregunta, fs. 261 vta.). Y en cuanto a la época señaló que la vio "el 3 de marzo del 2006" que fue su cumpleaños, dato que resulta categórico a los fines de la ponderación de esta declaración. Tales dichos respaldan la postura de la actora en cuanto a la época de ingreso, máxime cuando a continuación expresó que la vio también en otra oportunidad que, aun cuando no recuerda la fecha precisa, fue "unos días anteriores" (respuesta a la 4ª pregunta).	Sin embargo, frente a tal declaración la testigo C. fue rotunda al señalar que C. ingresó el mismo día que la deponente, esto es, "el nueve de marzo del año 2006", y que ese conocimiento lo adquirió en forma directa por ser empleada del local y haberlo vivido (respuesta a la 3ª y 8ª pregunta, y razón de sus dichos, fs. 265 y vta.). Y esos dichos fueron corroborados por H. ya que la actora empezó a trabajar cuando la testigo no pudo ir mas los días de semana, hecho que acaeció la segunda semana de marzo hacia el 9 o 10, aspectos que conoce por trabajar en el lugar (respuesta a la 2ª y 3ª pregunta, y razón de sus dichos, fs. 269 y vta.). De tal modo, estas declaraciones brindan apoyo a la postura de la demandada en el sentido que ingresó al día siguiente de su alta, o sea el 09/03/2006 (p. IV. del escrito de demanda, fs. 162 vta.).	En tales condiciones, le otorgo mayor relevancia a los dichos de C. y H. por haberse desempeñado ambas como mozas del lugar en la época que desempeñó tareas la actora (3ª, 6ª, y 9ª pregunta, y razón de sus dichos, fs. 265 y vta.; respuesta a la 9ª pregunta y razón de sus dichos, fs. 269/ vta., respectivamente).	Por lo demás, a ello cabe agregar que cuando los testigos de una y otra partes reúnan iguales condiciones de ciencia, de imparcialidad y de veracidad, tendrán por cierto lo que declare el mayor número (Devis Echandía, Hernando, "Compendio de la prueba judicial", Rubinzal - Culzoni Editores, 2000, T. II, p. 4, pág. 95).	Por tales razones, y al no haber acreditado la actora que la fecha de ingreso se produjo con anterioridad a la registrada por su empleadora se desestima el agravio.	10.	4. Respecto de la indemnización contemplada por el último párrafo del art. 80 de la L.C.T. el juzgador a fs. 342 desestimó la pretensión dado que la demandada acompañó el certificado previsto por el artículo 80 de la L.C.T. -ver fs. 158/161-	Y la codemandada P. S. S.R.L. argumentó que la documentación prevista por el art. 80 de la L.C.T. se encontraba en la sede laboral a la espera que C. pasara a retirarla, y que ésta nunca pasó a retirar el certificado de trabajo (p. IV. 2., contestación de demanda, fs. 163 vta.).	Y en tal sentido, cabe precisar que la obligación de entregar el certificado de trabajo no se suple con la puesta a disposición (ver carta documento de fs. 7, p. 4) pues no importa una concreta voluntad de cumplir con tal obligación de entrega, por lo que no resulta relevante analizar si en definitiva la trabajadora concurrió o no a la empresa a retirar el mismo.	Dicho de otro modo. No resulta suficiente con poner a disposición el certificado de trabajo para liberarse de la obligación de entrega que pesa sobre la patronal pues de no presentarse el dependiente deberá consignar el mismo judicialmente.	Es criterio de esta sala "B", c. 136/09, S.D.L. 42/09, y c. 11/10, S.D.L. 02/10.	Tal obligación no depende de que el propio trabajador se apersone en la sede de la empresa, toda vez que si ello no ocurre, el empleador, previa intimación, puede consignarlos judicialmente. En otros términos, no basta que la empleadora argumente que los certificados estuvieron a disposición del actor, sino que es necesario que arbitre los medios para que, ante la falta de retiro de los mismos por parte del actor, aquélla cumpla con su obligación consignándolos judicialmente (Fernández Madrid, Juan Carlos, ob. cit., T. II, par.15.41.2., pág. 1973, y cita de fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por sus salas III y IX, respectivamente).	A su vez, con relación a la intimación cursada por la trabajadora debe señalarse que si bien no luce agregado el "despacho telegráfico nro. 781459102" que menciona la actora en su escrito de inicio (p. V., fs. 16 vta.), lo cierto es que alegó que el requerimiento fue cursado "luego de esperar más de 30 días corridos contados desde el despido", y ese dato fáctico no fue negado expresamente por su empleadora al contestar demanda (ver p. III, fs. 162 y vta.), por lo que resultó admitido (art. 356, inciso 1º, C.P.C.C.; art. 360, Ley XIII Nº 5).	Por lo demás, ese despacho Nº CD 781459102 está expresamente individualizado por la patronal en la carta documento que luce a fs. 7 de fecha 19/07/2006 por medio de la cual dio respuesta a los requerimientos formulados por la dependiente, y en particular respecto del certificado de trabajo manifestando que estaba a su disposición.	11.	Y el art. 3 del decreto 146/2001 (reglamentario del art. 45 de la ley 25.345, que agrega el último párrafo al art. 80 de la L.C.T.) dispone que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta cuando el empleador no entregara las constancias o certificados previstos por el art. 80 de la L.C.T. dentro de los 30 días corridos de extinguido el contrato de trabajo.	Ello significa que la indemnización especial procede cuando el trabajador formule el requerimiento hábil para generar ese derecho una vez transcurrido el plazo de 30 días corridos a partir de la extinción del vínculo.	En tales condiciones, corresponde concluir que la intimación fehaciente fue cursada oportunamente y por vía extrajudicial por la trabajadora al respetar el plazo legal previsto por el art. 3 del citado decreto, cumpliéndose así con los recaudos que hacen procedente la indemnización, conforme doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia en autos "F., N. c/ P. S. I. S.A. s/Cobro de pesos - Laboral", 19/10/2006, S.R.E. N° 15/2006).	Y si la puesta a disposición de la empleadora no resultó suficiente por las razones expuestas al inicio de este punto, es evidente que la presentación del certificado de trabajo al momento de contestar demanda (ver cargo de fs. 165 del 30 de mayo de 2008) resultó manifiestamente extemporánea si se atiende a que el art. 80, último párrafo, de la L.C.T. (agregado por el art. 45 de la ley 25.345) prescribe que el empleador deberá hacer entrega de tal instrumento dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento que le formulare el trabajador. De tal modo, el plazo legal se encontraba largamente vencido si se considera que la contestación de la patronal poniendo a disposición ese instrumento lleva fecha 19 de julio de 2006 (carta documento de fs. 7).	Por ello, no efectivizada la entrega del certificado de trabajo en el plazo legal la actora resulta acreedora a la indemnización contemplada por el art. 80 de la L.C.T., por lo que su importe asciende a $4.060,98.-, en función del salario establecido en el fallo de primera instancia, aspecto que adquirió firmeza por no resultar objeto de la vía recursiva.	Tales consideraciones llevan a acoger favorablemente la queja, y como consecuencia a revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para incrementar el capital de condena.	5. Tocante al rechazo de la multa establecida por el art. 9 de la ley 25.013, ya en c. 460/09, S.D.L. 90/09, tuve oportunidad de destacar que tanto el art. 2 de la ley 25.323 como el art. 9 de la ley 25.013 aluden a una misma conducta, cual es la falta de pago en término de la indemnización sin causa justificada por el empleador, la única diferencia radica que en un caso comprende las indemnizaciones por antigüedad y por falta de preaviso, y en el otro sólo la proveniente del despido. En ese direccionamiento, también se precisó que existe el potencial peligro de que confluyan dos normas que contienen agravantes indemnizatorios ante un mismo hecho (del voto del Dr. Lucero).	Desde esta perspectiva, el art. 2 de la ley 25.323 tiene como presupuesto la mora del empleador en el pago de las indemnizaciones legales ante el despido injustificado. Esto es, repara un daño autónomo por cuanto resulta distinto al del despido arbitrario. En tal sentido, ante la conducta del empleador al omitir abonar en tiempo oportuno, entre otras, la indemnización por despido, el daño que se indemniza es precisamente su falta de pago ("Cuando el empleador ... no abonare las indemnizaciones previstas por los arts. 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 ...").	Y esa misma conducta es la que comprende el art. 9 de la ley 25.013 al establecer como presupuesto la "falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado ...".	En tales condiciones, ante la superposición de tales normas no resulta admisible la concurrencia de ambas indemnizaciones por que ello importaría sancionar dos veces un mismo hecho. Por ello, en todo caso debe entenderse que el art. 9 de la ley 25.013 sólo comprende las relaciones laborales no alcanzadas por el art. 2 de la ley 25.323.	En tal sentido, frente a esta superposición parcial de ambas normas cabe preguntarse cuál es el estado de vigencia del art. 9 de la ley 25.013 porque corresponde desechar de plano una aplicación simultánea de ambas normas so pena de infringir el principio non bis in idem que debe considerarse un principio general del derecho (art. 16, Cód. Civil). Analizando la cuestión planteada, es posible concluir que el art. 9 de la ley 25.013 podrá continuar siendo aplicable a aquellas relaciones laborales no alcanzadas por el art. 2º de la ley 25.323. Esta última norma, en el ámbito de aplicación personal en que se superpone con el de la ley 25.013, ha de desplazar al art. 9 de esta ley porque, como hemos señalado con anterioridad, no puede aplicarse una doble sanción por el mismo hecho antecedente (Etala, Carlos Alberto, "Las nuevas normas de la ley 25.323", D.T. 2000-B, 2089).	Coincidimos plenamente en que si el incumplimiento que se reprocha al deudor (no haber abonado en forma oportuna los resarcimientos adeudados) es alcanzado como una misma inconducta tipificada por ambas normas, no resulta procedente el cúmulo de sanciones, aunque no faltan los autores que lo propician. Pero de todos modos nos parece que el presente análisis se justifica para advertir que esa solución (de no acumulación) operará sólo cuando efectivamente exista superposición, circunstancia que presumimos infrecuente en el caso de las dos normas que nos ocupan (Maza y Loustaunau, "Los arts. 9º de la ley 25.013 y 2º de la ley 25.323: supuestos de concurrencia y de exclusión", D.T. 2003-B, 1490).	Por tales razones, al haberse sancionado la conducta del empleador al no abonar las indemnizaciones legales en tiempo oportuno mediante el incremento previsto por el art. 2 de la ley 25,323, aspecto del decisorio que adquirió firmeza, la aplicación de esa normativa desplaza al art. 9 de la ley 25.013, y ello conduce al rechazo de la queja.	6. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para dejar sin efecto la condena pronunciada contra N. S.R.L., y asimismo para incrementar el capital de condena respecto de la codemandada P. S. S.R.L. a la suma total de pesos nueve mil ciento trece con veintiocho centavos ($9.113,28.-), con más los intereses establecidos en la anterior instancia.	Las costas de ambas instancias producidas por la actuación de la codemandada N. S.R.L. se imponen a la actora vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.; art. 69, Ley Nº XIII Nº 5).	Asimismo, al adecuar a este decisorio los honorarios de la anterior instancia respecto a la demanda rechazada, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos, entiendo que resulta prudente fijar los emolumentos de los Dres. J. E. P. y D. E. F., letrados apoderados de la codemandada N. S.R.L., en forma conjunta, en la suma equivalente al 19,6% del monto pretendido en demanda, con más sus intereses, conforme al criterio de esta sala "B" c. 16.600, S.D.C. 01/02, y que siguiera posteriormente el suscripto en c. 19.511, S.I.L. 18/04, c. 19.486, S.D.L. 29/04, c. 19.508, S.D.L. 36/04, c. 19.981, S.D.C. 37/06, c. 20.977, S.I.C. 194/06, y más recientemente en c 22.564, S.D.L. 16/08, y c. 187/09, S.D.L. 50/09. Tales accesorios deberán computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el B. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales (arts. 6, 7, 9, 19, y 47 de la ley 2200; arts. 5, 6, 8, 18, y 46, Ley XIII Nº 4), con más el I.V.A. correspondiente.	Respecto del progreso parcial de la demanda contra P. S. S.A., atendiendo a las pretensiones que se acogen y a las que se rechazan (indemnización por antigüedad y sanción del art. 9 de la ley 25.013) estimo prudente imponer las costas de la anterior instancia en un 85% a la citada codemandada y en un 15% a la actora, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio establecido por el art. 59 de la ley 69 (art. 57, Ley XIV Nº 1) y los vencimientos recíprocos habidos en función del resultado final del proceso (art. 71 del C.P.C.C., art. 72, Anexo A, Ley XIII Nº 5).	Con las pautas antes señaladas en materia de honorarios, estimo por demás apropiados los emolumentos regulados a favor de los letrados apoderados de la parte actora en un 8% a cada uno de ellos, con más un 20% por procuración, y del letrado patrocinante de la codemandada P. S. S.A. en un 12%, por las tareas de primera instancia, por lo que propicio su mantenimiento.	El fracaso de dos de los agravios vertidos por la actora apelante y el éxito del restante permiten delinear un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir las costas de alzada por la demanda que progresa parcialmente en un 65% a la actora y en un 35% a la codemandada P. S. S.A., por ajustarse adecuadamente a las porciones de fracaso y de éxito obtenidos por la apelante en esta instancia (art. 71 del C.P.C.C, art. 72, Anexo A, Ley XIII Nº 5).	Con las pautas apreciativas ya indicadas y lo dispuesto por el art. 14 de la ley del arancel (art. 13, Ley XIII Nº 4), entiendo prudente regular los honorarios de los Dres. J. E. P. y D. E. F., por las tareas cumplidas en esta instancia por la codemandada N. S.R.L., en la suma equivalente al 6,86% del importe pretendido en demanda, con más sus intereses, y los del Dr. L. C. B., en su carácter de letrado apoderado de la actora, en la suma equivalente al 5,08% del monto de condena a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente.	Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.	A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:	--- Han interpuesto sendos recursos de apelación la co-demandada "N. S.R.L." (fs. 345) y la parte actora (fs. 348) en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 336/342) por el cual se hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por la Sra. C. M. C. condenando solidariamente a las sociedades que giran en el comercio bajo las denominaciones de "P. S. S.A." y "N. S.R.L." a que, en el plazo que se fija, abonen a la actora la suma de $ 5.052,30 con más los intereses calculados en la forma indicad en el último considerado; e imponiendo las costas en un 80% a cargo de las demandadas y el 20% restante a cargo de la actora.-- A fs. 350/353 luce agregado el informe de la parte co-demandada recurrente "N. S.R.L." y a fs. 354/357 el correspondiente a la parte actora, tal lo previsto por el art. 62 de la ley 69.------	Ordenados los respectivos traslados (fs. 358) éste solo fue evacuado por la co-demandada por escrito obrante a fs. 362/364 vta..--	I.- La reseña de los agravios formulados por los apelantes y de su responde fue realizado suficientemente por el magistrado que me precede en la votación, Dr. Vergara por lo que a ella me atendré a fin de evitar repeticiones estériles.- Sin embargo será útil individualizar cuáles han sido los puntos objeto de cuestionamiento por cada una de las partes recurrentes.----------	Así, por caso, la co-demandada "N. S.R.L." planteó los siguientes agravios: 1) omisión de tratamiento de la defensa de falta de personaría respecto a su parte; y, 2) por la errónea apreciación de los hechos sometidos a la decisión del a quo.--------- Asimismo, la actora se agravió sobre los siguientes aspectos, a saber: 3) fecha real de ingreso; 4) rechazo de la indemnización especial prevista por el art. 80 -texto agregado por art. 45 de la ley 25.345-; y, 5) rechazo de la multa establecida por el art. 9º de la ley 25.013.-----	II.- De tal manera, en los límites provistos por los agravios individualizados seguiré la numeración cronológica predispuesta por adecuarse apropiadamente dicho orden al impuesto por la propia lógica de los planteos formulados por una de las demandadas y la actora.-----	A) Agravios de la parte co-demandada "N. S.R.L.":	1) Omisión de tratamiento de la defensa de falta de personería respecto a "N. S.R.L.": Efectivamente se constata de la lectura del escrito de contestación de demanda de la ahora co-demandada impugnante "N. S.R.L." que opuso al ejercer su defensa dos excepciones bien diferenciadas: una, la de falta de personería de los letrados representantes de las actoras a su respecto; lo otra, la de falta de legitimación pasiva por cuanto el único vínculo que puede endilgársele es ser la propietaria y locadora del bien inmueble donde se explotara el establecimiento que girara en Playa Unión bajo el nombre de fantasía de "M. P." (vide: punto V del escrito contestatario -fs. 62/63-).----	A la par, también es de ver que al ordenarse el traslado respectivo, éste se restringió a dar audiencia a la actora de la documental acompañada no haciendo mención alguna respecto a las defensas de falta de personería y de legitimación pasiva que planteara la mencionada sociedad co-demandada "N. S.R.L.". Esta omisión que involucra, a mi ver, la conculcación del debido contradictorio, debió ser denunciado por la parte actora afectada oportunamente, esto es, como un vicio del procedimiento y en la instancia de origen dentro del plazo de cinco días desde que tuvo o pudo tener conocimiento del mismo (Conf. Arts. 169 a 174 del C.P.C.C. - arts. 171 a 176 de la actual ley Ley XIII Nº 5, Anexo A -).---	Pues, la parte actora al responder al traslado ya referido obrante en providencia de fs. 64 pudo reparar en la omisión incurrida y plantear en concreto que se subsane o derechamente responder a las defensas de falta de personaría y de legitimación pasiva opuestas por "N. S.R.L." pero nada hizo pudiendo hacerlo (ver: escrito de fs. 65 por el cual se limitó a desconocer la autenticidad de la documental presentada por el actor y de las firmas del contrato de locación de inmueble acompañado por dicha sociedad). Es en tal porción de lo ya actuado en el anterior grado donde operó en concreto el principio de convalidación contemplado por el art. 170 del C.P.C.C..-----	Empero, traída a colación la cuestión por parte de la co-demandada excepcionante al momento de expresar agravios en sostenimiento de su recurso, corresponde que por vía de lo previsto por el art. 278 del C.P.C.C. -actual art. 281 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-, este tribunal subsane lo omitido por el pronunciamiento de primera instancia, expidiéndose al respecto (Conf. Arazi, Roland, "Derecho procesal civil y comercial", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 1999, T. 1, pág. 49, & 350).

----- Así, ingresaré entonces al análisis del requisito cuya presencia o ausencia gravita en la constitución regular del proceso, o en otras palabras, lo que ha sido dado en llamar impedimento procesal, cual es, la denunciada falta de personaría suficiente para demandar en representación de la actora Sra. C. a la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación de "N. S.R.L." (Conf. Carli, Carlo, "La demanda civil", Ed. Aretua Lex, 3ª reipresión, año 1983, págs. 170 y s.s.).-- Bien indicó el Dr. Vergara que para la constitución regular del proceso se requiere que la parte actora posea capacidad civil para obrar por sí misma los actos del proceso (legitimatio ad processum) o, si actúa por mandatario, que éste tenga un poder (facultamiento) suficiente y válido para actuar por ella en el proceso. Si no se dan alguno de tales presupuestos se carece de uno de los requisitos o presupuestos para la constitución de un proceso válido.------	Bien señaló también el colega de sala que me precede en la votación que solo ante la concurrencia de tal presupuesto es dable ingresar al análisis de la legitimación pasiva que también fuera puesta bajo cuestión por la demandada ahora apelante y sobre la que sí se expidiera el juzgador a quo, extendiendo solidariamente la condena a su respecto con invocación del art. 30 de la L.C.T. (ver: considerando de fs. 339 vta. "in fine"/ 341).------	Es que cabe tener presente que el impedimento procesal de falta de personería se refiere exclusivamente a la incapacidad del justiciable para actuar en nombre propio, debiendo hacerlo por un representante (primer supuesto) o a la aptitud de ese representante para actuar en nombre de otro (segundo supuesto) sin que se discuta la pertenencia de la pretensión. En cambio la legitimación se vincula directamente con la titularizad del derecho sustancial que se pretende ejercitar con la demanda o con la defensa. Esto es, en la legitimación no se discute la capacidad sino la calidad del titular de la pretensión sea desde su faz activa o pasiva (legitimatio ad causam).------	En tal sentido dando una exacta noción de la diferencia se dijo que la legitimatio ad causam es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión; y, legitimatio ad processum es, en cambio, la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro. O dicho de otro modo se indicó que "con ella se expresa que para que el juez estime la demanda...es necesario que considere que éste corresponde precisamente a aquél que lo hace valer y contra aquél contra quien es hecho valer" (Conf: Chiovenda "Instituciones...", T. I, pág. 197; Alsina, "Tratado...", T. III, pág. 93; Palacio, "Manual...", T. I, pág. 392; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, "Codigos...", T. IV, pág. 314).-------	Hechas tales disquisiciones y entrando derechamente al examen de la personería invocada por los letrados de la parte actora, Dres. P. A. S. y L. B., fácil es poder verificar que con el acta poder obrante a fs. 2, éstos únicamente fueron facultados para entablar demanda por "...los créditos laborales que le corresponden según la Ley o Leyes Laborales, leyes vigentes, ley 24.522, ley 22.250 y Convenio Colectivo aplicable a: P. S. S.R.L...."(sic). Es decir, que de un modo indudable el facultamiento instituido a favor de los mencionados letrados apoderados para actuar por ante el órgano con facultad jurisdiccional del estado -Poder judicial- en defensa de los derechos de la poderdante se restringió subjetivamente respecto a la concreta y puntualmente individualizada sociedad que fue co-demandada en autos "P. S. S.R.L.".-------- ----------	Evidentemente que la citada carta poder de fs. 2 constituye la procura o instrumentación del apoderamiento por el cual se instituye el vinculo representativo que reconoce en la especie, como causa o negocio constitutivo, un mandato. Sabido es que el mandato existe cuando se da un encargo a otro para la satisfacción de un interés propio. En tales casos, el propósito del legislador es resguardar los bienes del mandante y de limitar la actuación del mandatario. Esto es, el contrato de mandato examina las obligaciones Inter.-partes. La representación, en cambio, no se encuentra destinada a regular las relaciones habidas entre los contratantes del negocio constitutivo de la representación sino las relaciones entre el representante y los terceros. En tal sentido el poder como fuente de la representación convencional, es un acto unilateral del representado, destinado a los terceros, comunicándoles que lo actuado por su representante actúa por su cuenta y en su nombre vinculándolo con ellos como si él mismo estuviera actuando. Habida cuenta de lo cual el poder o procura opera con relación a una esfera jurídica ajena, dándose a llamar "potestad vicaria", en cuyo concepto incluye toda forma de potestad de derecho ejercitada "en vez" del titular y con la consecuencia de imponerle a éste los efectos. Las relaciones entre el poder y el negocio base que le da origen es de conexidad, porque comparten su causa (Conf. Mosset Iturraspe, Jorge, "Mandatos", Ed. Ediar, año 1979, págs. 78 y sgtes.; ídem., Negri Pisano, Luis Esteban "La representación voluntaria", Ed. Abeledo Perrot, ed. año 1985, págs. 90 y sgtes.; ver: Lorenzetti, Ricardo L. En "Tratado de los contratos", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2000, T. II, págs. 182/183).----	De lo dicho se deduce que la extensión del poder tiene fundamental interés para el tercero, que en la especie son los demandados en autos, quienes son los interesados en conocer la extensión del miso, para determinar si lo representantes actuaron dentro de los límites en que podían obligar válidamente a su representada. Reitero, el poder, y por lo tanto la extensión del mismo, es decisivo para que las relaciones de los terceros con el poderdante representado, en cuyo nombre y cuenta se ha actuado en el proceso, los vinculen o sean eficaces (Conf.. Sanchez Urite, Ernesto, "Mandato y representación", Ed. Abeledo Perrot, ed. año 1969, págs. 55 y sgtes.).- ---- Ahora bien, debe repararse que si bien las normas del Código Civil que regulan al contrato de mandato solo se aplican al mandatario judicial en todo lo que no se oponga a las disposiciones del Código de Procedimiento respectivo (Conf. Art. 1870, inc. 6º del C.C.), en particular, en relación a la extensión del facultamiento otorgado por el poder respectivo y a su interpretación restrictiva, debe seguirse la regla general hermenéutica contenida en el art. 1884 del Código sustantivo, en cuanto indica que el mandato especial "...debe limitarse a los actos para los cuales ha sido dado, y no puede extenderse a otros actos análogos, aunque éstos pudieran considerarse como consecuencia natural de los que el mandante ha encargado hacer" (sic). Ello así por cuanto estimo, dicha regla intepretativa es compatible con la carga procesal impuesta por los arts. 46 y 47 del C.P.C.C. -igual numeración de la actual Ley XIII Nº 5 Anexo A-; y, art. 8º de la ley 69 -igual numeración de la actual Ley XIV Nº 1- en juego armónico con lo dispuesto por el art. 1184 inc. 7º del Código Civil y el ya citado art. 47 del Código del rito, que imponen la justificación de la personería invocada en el proceso y que los poderes especiales y generales para actuar en juicio deben ser extendidos en escritura pública.-	No soslayo, que en el ámbito laboral se admite expresamente -por las características especiales del proceso y sobre todo por la índole o naturaleza de los derechos que transitan por ante el mismo-, en compatibilidad con el beneficio de gratuidad contemplado en el art. 20 de la ley 69 -actual ley XIV Nº 1-, que los trabajadores sean "representados" por sus abogados a través del "acta poder" que sirve específicamente para ese proceso y que libera al trabajador de tener que afrontar los gastos de la instrumentación de la escritura pública con la indispensable intervención de un notario. Por lo cual, igualmente existe representación la que es regulada en definitiva con las mismas normas que reglan el mandato en el Código Civil.-------	En suma, pues, de lo expuesto tengo para mí que el apoderamiento emitido a favor de los letrados apoderados si bien en términos generales en relación a procurar la efectiva satisfacción de los créditos laborales que le correspondan a la actora, se encuentra limitado literal y expresamente en cuanto al sujeto pasivo en relación al cual se emitiera el acto unilateral de la procura o representación.------- 2) De allí, que considero que al momento de pedir la ampliación de la demanda respecto a la sociedad "N. S.R.L." (vide: escrito de fs. 46) los letrados apoderados actuaron en exceso o por fuera de los límites subjetivos de su facultamiento.------- En consecuencia, propiciaré al acuerdo la revocación parcial del fallo apelado para rechazar "in totum" la demanda instaurada por la Sra. C. M. C. respecto a la sociedad que gira en el comercio con la denominación "N. S.R.L.". Así lo voto.--	2) Errónea apreciación de los hechos sometidos a la decisión del a quo: De lo antedicho y concluido al tratar el agravio anterior, obviamente, resulta innecesario ingresar siquiera a la consideración de los restantes motivos de agravios vinculados a la falta de legitimación pasiva e improcedencia de la extensión de la condena a la mencionada sociedad por vía de la solidaridad invocada por el juzgador de grado para condenarla.----	B) Agravios de la parte actora:	--- 3) Fecha real de ingreso: La actora recurrente sostiene la impugnación dirigida a obtener el reconocimiento de que su ingreso ocurrió en la fecha por ella denunciada (25/02/2006), postulando que, en realidad, no es verdad que fuera un solo un testigo -C.-, como lo refiere el juzgador de grado, quien la viera trabajar en el restaurante en fecha anterior a la de su registro (09/03/2006) sino que fueron dos, añadiendo en tal sentido los dichos del testigo L.. Alude a la duda y a la regla de interpretación más favorable al trabajador en la apreciación de la prueba según el texto actualmente vigente del art. 9º de la L.C.T. (texto según Ley 26.428).-------	Compartiendo lo ya señalado por el Dr. Vergara respecto al relativo valor probatorio que corresponde asignar a la documentación acompañada con el escrito de contestación de la demanda (fs. 146/159), en el marco del principio de primacía de la realidad, corresponde pasar derechamente a verificar lo que emana de los demás elementos de prueba aportados al proceso; y, en particular, lo que surge de las testimoniales prestadas por los Sres. C. (fs. 261 y vta.); A. (fs. 262 y vta.); C. fecha real de ingreso (fs. 265 y vta.); B. (fs. 268); H. (fs. 269 y vta.); L. (fs. 301 y vta.).-----	Así pues, responde a lo testimoniado por C. que éste habría visto a la actora en dos oportunidades, ambas en fechas precedentes a la del registro del contrato de trabajo que surge de la documentación adjunta aludida por el juzgador. Es más, la referencia histórica a la cual remite permite inferir cierta fortaleza en su recuerdo desde que la vincula a una circunstancia personal difícil de olvidar como lo es su cumpleaños (véase la resp. 4ta. donde indica haberla visto el 03 de marzo, día de su cumpleaños y unos días anteriores que no recordó -fs. 261-).--- Sin embargo, el testimonio de L., que es el que trae a colación la parte actora para aseverar que conjuntamente con los dichos de C., provocaría al menos una duda respecto al tópico relativo a la fecha de alta que propiciaría la aplicación del principio de interpretación más favorable al trabajador, no puede ser ponderado del modo en que se propugna por la apelante. Es que, coincido con el Dr. Vergara en cuanto que sus dichos en realidad resulta muy poco creíbles, por cuanto la misma referencio haberla visto en meses anteriores a los denunciados por la propia actora (diciembre/2005 y enero/2006)(ver: resp. a la 5ta. -fs. 301-).------- Por lo demás, los testigos A. (resp. a la 4ta. -fs. 262-); C. (resp. 3ra.; 11ava.; y, razón de sus dichos -fs. 265 y vta.-); H. (resp. 2da.; 3ra; 10ma. y 11ava. -fs. 269-) declararon de consuno que vieron a la actora en fechas cercanas a la de su registración dando suficiente y acabada cuenta de porqué conocían de dicha data -por caso C. por haber ingresado la actora en la misma fecha que ella -09 de marzo de 2006-; y, H., por haber ingresado la actora cuando ella no pudo ir más los días de semana ubicando tal circunstancia en la segunda semana de marzo-.------ Y, descarto los dichos por el testigo B. (fs. 268), merced que nada aportó respecto al ítem bajo examen, añadido que se encuentra alcanzado por las generales de la ley debido a su vinculo conyugal con la socia gerente de la sociedad demandada y su manifestación explicita de verse interesado en el resultado del presente pleito (Conf. Arts. 386 y 456 del C.P.C.C. -actuales arts. 390 y 460 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-).-------- De allí, que de la valoración global de los testimonios brindados en la presente causa terminaré coincidiendo con el Sr. Juez a quo como con el colega que me precede en la votación, en cuanto que se corrobora adecuadamente con ellos, los datos de la fecha de alta consignados en la documental agregada a fs. 146/159 en concordancia con lo afirmado por la empleadora demandada (09 de marzo de 2006)(ver: escrito contestatario, punto IV -fs. 162 vta.-).-	En consecuencia, concluiré, propiciando al acuerdo que se desestime el presente agravio. Así lo voto.--------	4) Rechazo de la indemnización especial prevista por el art. 80 -texto agregado por art. 45 de la ley 25.345-: Se afirma haber intimado a la patronal a la entrega de la certificación de trabajo prevista por el art. 80 de la L.C.T. dentro del plazo previsto por el decreto reglamentario Nº 146/01. Se alude a una intimación cursada en fecha 26/07/06 y que la demandada le contestó que se encontraba a su disposición siéndole negada su efectiva entrega para recién acompañarla con la contestación de la demanda.------ En verdad la única probanza que se cuenta para tener por cierto que la actora efectivamente intimó a la entrega del certificado de trabajo, de un modo fehaciente y en tiempo, es la propia respuesta dada por la patronal por despacho postal de fecha anterior (del 19/07/06 -fs. 7-) por el cual entre otras puntuales negativas a la procedencia de las reclamaciones extrajudiciales que la actora le efectuara, en el punto 4to. expresa "La documentación solicitada se encuentra a su disposición en la sede laboral cita en Playa Unión..."(sic). Cierto es que con despacho de fecha 26/07/06 la actora negó que la documentación que solicitara quisiera ser entregada en el domicilio laboral mencionado expresando que "...toda vez que concurrí en varias oportunidades y siempre me negaron la entrega de cualquier cosa..."(sic)(fs. 8). Pero es de ver de lo trascripto que en realidad ningún requerimiento ni intimación se visualiza en el texto del despacho de fecha 26/07/06.-------	En tal marco de hechos, sumada a la ausencia de negativa puntual y categórica a la afirmación realizada en demanda en cuanto que intimó pasados los 30 días corridos desde la fecha de su despido (07/06/06)(ver: demanda, punto IV -fs. 16 vta.-; y, su contestación, punto III -fs. 162 y vta.-), estimo que le asiste razón a la actora recurrente en cuanto que corresponde admitir su reclamo de indemnización especial en un todo de acuerdo a lo previsto por el art. 80 de la L.C.T., según párrafo agregado por el art. 45 de la ley 25.345.---------	Añado a título de mayor abundamiento que intimada a la entrega de la certificación laboral y no hecho así, sea por la razón que fuere, no puede la patronal válidamente pretender ampararse en la mera "puesta a disposición" sino que a los fines de evitar incurrir en el incumplimiento de tal obligación contractual debió consignarlos judicialmente o administrativamente ante la delegación más cercana de la Subsecretaría del trabajo (Conf. CNAT, sala III, 18-6-2002, in re: "Martínez, María c/ Kapeluz Editora S.A. s/ Despido; ídem, CNAT, sala III, 11-2-2002 "Fraza, María c/ Storto, Silvia y otro s/ Despido"; ídem, CNAT, sala VII, 4-7-2006, "Rojas, Carlos c/ Preveza S.A. s/Despido").------	No soslayo que se registra respecto al tópico jurisprudencia en sentido diverso al expuesto, pero además de reiterar que comparto tal tesitura es de mencionar que este es un criterio concordante con el fijado ya en antecedentes análogos de esta sala B de la Cámara de Apelaciones (Conf.: S.D.L., Nº 42/09 y S.D.L. Nº 11/10, CANE).------ Habida cuenta de lo cual, entonces, la certificación acompañada juntamente con el escrito de responde a la demanda resultó extemporánea por tardía (vide: cargo de fs. 165 de fecha 30/05/2008), por lo que procede hacer lugar al reclamo de la indemnización especial prevista en el ya citado art. 80, último párrafo de la L.C.T., por la suma de Pesos Cuatro Mil Sesenta con Noventa y Ocho Centavos ($ 4.060,98).--------- Preciso que tal importe surge de la base económica provista por el salario devengado establecido por el pronunciamiento del anterior grado ($ 1.353,66), con remisión al informe de UTHGRA obrante a fs. 282/283, que en tal porción devino firme por consentido.----------	De todo ello, pues, corresponderá revocar parcialmente el fallo apelado para elevar el monto del capital de condena por la suma indicada. Así lo voto.-----	5) Rechazo de la multa establecida por el art. 9º de la ley 25.013: En la porción final del considerando III es donde el juzgador a quo expresó qué pretensiones no prosperarían indicando respecto al tema del epígrafe lo siguiente: "...no se hará lugar a...como tampoco a la sanción establecida por el artículo 9 de la ley 25013 por no configurarse la conducta allí descripta..."(sic)(fs. 342).----- Ante tan breve y baldía razón comenzaré por compartir con el recurrente que, para la aplicación de la consecuencia prevista por el citado art. 9º de la ley 25.013 no se requiere evaluar la "conducta" del deudor.-----	Es que dicha norma introdujo una presunción de existencia de una conducta temeraria y maliciosa ante el solo incumplimiento, en tiempo debido, del pago de la indemnización por despido sin justa causa remitiéndose al art. 275 de la L.C.T.. Esta última norma de cita establece que en caso que se declarara la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio como maliciosa o temeraria "...será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media el que cobren los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será graduado por los jueces, atendiendo a la conducta procesal asumida."(sic) ----- Esto es, reitero, el art. 9º de la ley 25.323 establece que en el caso de que un empleador despida sin causa a un dependiente, vencido el plazo legal de cuatro días para abonar las indemnizaciones correspondientes sin que se haya hecho efectivo el pago en el término fijado por la ley (Art. 128 de la L.C.T.-), se presume que esta conducta de incumplimiento por parte del empleador tiene la condición de maliciosa y temeraria. Vale decir, que para que el principal se libre de pagar los intereses fijados por el artículo 275 de la L.C.T. al que remite, deberá probar fehacientemente que su incumplimiento no responde a esas dos calificaciones sino a otras causas justificantes del mismo.-----	Es evidente que esta normativa trata de sancionar los incumplimientos de pago y las demoras injustificadas producidas por el empleador, al disponer que esos hechos originen un perjuicio económico para el principal, tanto más grave cuanto más se aleje la fecha del efectivo pago de aquella en la que debía cumplir con la obligación legal acordada. Esto es, se intenta por intermedio de tal precepto romper la potencial ecuación económica favorable que pudiera obtener la patronal con su incumplimiento de pago de la indemnización tarifada legalmente. Naturalmente también se trata de evitar que el empleador se refugie en la demanda judicial de modo tal -que ante su incumplimiento- se vea llevado a iniciar el trabajador, para demorar al máximo posible su obligación de pago.---------	Recuerdo que la indemnización tarifada del despido sin causa tiene en miras la necesidad alimentaria del trabajador (especialmente intensa ante la inminencia del desempleo). Esto es, la realización inmediata del crédito es lo que provee el sustento moral y técnico jurídico del sistema resarcitorio de tarifa. El incumplimiento de dicho objetivo pone en crisis la totalidad del esquema transaccional en la medida en que es propio del mismo, el tráfico equilibrado de concesiones recíprocas. En este orden de ideas, es útil rescatar que el fin perseguido no es otro que el mantenimiento de la ecuación conforme a la cual la limitación del resarcimiento (como concesión de los trabajadores en la medida que no tienen acceso a la reparación integral del daño que sufran) debe encontrar correlato en el cumplimiento del beneficio prometido a cambio, que es la pronta satisfacción del crédito.---	Asimismo, encuentro que la proliferación de normas sucesivas y hasta superpuestas que se observa (me refiero en la especie a los arts. 275º de la L.C.T., 9º de la ley 25.013 y 2º de la ley 25.323), tendentes a agravar las consecuencias del despido, reconocen como premisa común el encarecimiento de la indemnización debida ante el despido arbitrario cuando no viene seguido del cumplimiento del pago íntegro y oportuno de la indemnización tarifada. En línea con lo cual, vista la cuestión desde el análisis económico del Derecho, se trata de crear incentivos al pago espontáneo y desalentar a la demora. Todo en clave de mercado conforme a la cual es dable esperar racionalmente que si el costo de una decisión aumenta, el agente tienda a evitarla (véase el interesante enfoque de Machado, J. Daniel "Teoría y práctica del artículo 2º de la ley 25.323), en Rev. de Der. Laboral, Ed. Rubinzal Culzoni, "Contratación y registración laboral", T. 2009-2, págs. 397 y sgtes).----- --- En síntesis, vuelvo a decirlo, en el marco de lo dispuesto por el art. 9º de la ley 25.013 ninguna conducta debía evaluar el juzgador de la anterior instancia para estimar la procedencia o improcedencia de la sanción contemplada por el art. 275 de la L.C.T.; máxime cuando, a todo evento, por la subsunción del presupuesto de hecho en tal norma se produce como consecuencia o resultado la presunción de temeridad o malicia en el actuar omisivo de la patronal deudora y, por ende, sobre quien pesaba la carga de probar en contrario de ella (Conf. Art. 377 del C.P.C.C. -actual art. 381 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-, de aplicación por vía del art. 45º de la ley 69 -actual art. 44 de la Ley XIV Nº 1-).--	Ahora bien, ello no implica sin más que dicha sanción proceda en el caso sub-exámine.-----	Es que no puede eludirse en la consideración de ello que por el mismo incumplimiento de pago de la indemnización correspondiente (en la especie solo la respectiva a la falta de cumplimiento en debida forma del preaviso) se condenó a la empleadora por la indemnización agravada prevista en el art. 2º de la ley 25.323 (vide: liquidación practicada en el considerando III -fs. 342).-----	Es que, dicha norma contempla idéntico presupuesto de hecho aunque una, el art. 9º de la ley 25.013, prevé como consecuencia por vía de remisión la contemplada por el art. 275 de la L.C.T., norma ésta que alude a la presunción de temeridad y malicia del deudor durante el proceso, estableciendo el recargo de intereses que funcionan de tal manera como punitorios -en tanto que se suman a los compensatorios- por la demora en que incurre el deudor para efectivizar el pago. En cambio, la otra, el art. 2º de la ley 25.323, ante idéntica situación de incumplimiento, fija un incremento de hasta el 50% de los rubros indemnizatorios previstos por los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T.-------- Lo dicho en sintonía con la tesitura expresada en un antecedente análogo al presente en el que expuse que podía inferirse como diferencia identificable entre tales normas que, insisto, se basan en el mismo presupuesto de hecho -incumplimiento de pago de las indemnizaciones de ley en tiempo oportuno- que la presunción contenida en la norma que se propugna que se aplique en el caso solo es factible cuando el despido lo fue "ad nutum" (ver: S.D.L., Sala B, Nº 90/09, CANE).- Esto es, queda descartada la posible presunción de temeridad o malicia que contiene el citado art. 9 de la ley 25.013 para supuestos en donde la patronal invoca -con o sin razón- una causa de justificación a su decisión rupturista, circunstancia ésta no exigida por el art. 2º de la ley 25.323 que contiene un mecanismo cuasi-automático de agravamiento indemnizatorio equilibrado con la facultad de morigeración que concomitantemente fuera delegada al juzgador cuando se invocaren y probaren causas que justificaren la conducta del empleador.-------- Empero, en el supuesto bajo análisis encuentro que si bien no se explicitó causa alguna para producir el despido, ello se debió a que tal ruptura lo fue en el período de prueba, de suerte tal que no requería de causa alguna que justificare la decisión rescisoria de la patronal. A todo evento ante la coexistencia de ambas regulaciones ante su petición acumulativa, al no poder aplicarse simultáneamente, debió el juzgador de grado evaluar cuál era la más beneficiosa para el trabajador.-- Habida cuenta de lo cual, sancionada la conducta de la empleadora con la imposición de la indemnización agravada prevista por el art. 2º de la ley 25.323, en porción del fallo que devino en firme por consentido, impedida se ve esta alzada de ingresar siquiera a tal ponderación. En tal dirección y ante ello, admitir la acumulación de ambas normas importaría, a mi ver, incurrir en una doble sanción ante idéntica conducta lo cual importaría infringir el debido resguardo del "ne bis in idem".---- ---- Es por lo expuesto que concluiré propiciando la desestimación del presente agravio.	Así lo voto.--------	III.- Conclusión:	Por todo lo expuesto corresponderá revocar parcialmente el fallo venido en apelación para elevar el monto del capital de condena respecto a la co-demandada "P. S. S.R.L.", a la suma de Pesos Nueve Mil Ciento Trece con Veintiocho Centavos ($ 9.113,28) con más los intereses indicados en la anterior instancia; y, asimismo, revocando "in totum" el fallo en relación a la co-demandada "N. S.R.L." por carecer de personería los letrados apoderados de la actora a su respecto.------ Las costas devengadas en ambas instancias en relación a esta última sociedad co-demandada serán a cargo de la parte actora conforme al principio objetivo del vencimiento que impera en materia de costas (Conf. Arts. 59 de la ley 69 -actual art. 57 de la Ley XIV Nº 1-; y, art. 279 del C.P.C.C. - actual art. 282 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-).	Asimismo, corresponderá adecuar a este nuevo resolutorio los honorarios fijados a los letrados intervinientes por lo actuado en relación a la co-demandada "N. S.R.L.". Por ello, apreciando la actuación de los letrados apoderados de la co-demandada "N. S.R.L.", Dres. J. E. P. y D. E. F., por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado fijarlos, en conjunto, en la suma equivalente al 19,6% del monto pretendido en demanda, incluidos los intereses indicados por el Dr. Vergara, a calcular hasta la fecha del presente pronunciamiento según criterio establecido desde el antecedente registrado en S.D.L. Nº 01/01 CANE y mantenido hasta el presente; con más el I.V.A. pertinente (Conf. Arts. 6, 7, 9, 37, 39 y 47 de la ley 2.200 -actuales arts. 5, 6, 8, 36, 38 y 46 de la Ley XIII Nº 4-; leyes 23.349 y 23.871).---------	Corresponderá también adecuar la distribución de las costas devengadas en la anterior instancia atendiendo a las pretensiones que se admiten -diferencias salariales, liquidación final e indemnizaciones agravadas de los arts. 1º y 2º de la ley 25.345-; y, las que se rechazan -indemnización por despido y la sanción contenida en el art. 9º de la ley 25.013- en relación a la co-demandada "P. S. S.R.L.". En tal marco, estimo prudente la distribución propiciada por el Dr. Vergara, esto es, imponiéndolas en un 85% a la citada empleadora co-demandada y en el 15% restante a la parte actora, por ajustarse adecuadamente a los vencimientos logrados por ellas en el anterior grado (Conf. Arts. 71 y 279 del C.P.C.C. -actuales arts. 72 y 282 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-).	Con las pautas cualitativas ya indicadas, por las tareas desempeñadas en el anterior grado, estimo que los honorarios de los Dres. P. S. y L. B., fijados en el 8% con más el 20% por su procuración, para cada uno; como así también, los de los Dres. D. E. F. y J. E. P., fijados en las sumas respectivas equivalentes al 12% y al 40% por la procuración de éste último, por lo que opino que corresponde su mantenimiento.------	Las costas devengadas en esta segunda instancia en relación a la co-demandada "P. .S. S.R.L.", merced a que de los tres agravios formulados por el actor apelante solo prospera uno de ellos el correspondiente a la indemnización especial del art. 80 último parrafo de la L.C.T.- desestimándose los otros dos -fecha de ingreso y multa del art. 9º de la ley 25.013-, se delinea en esta alzada un vencimiento parcial y mutuo que conduce a que se impongan las mismas en el 65% a la parte actora y el 35% restante a la parte demandada, tal como es propuesto por el Sr. Magistrado que me precede en la votación, Dr. Vergara, por resultar tales guarismos adecuados a los éxitos y derrotas mutuos obtenidas por las mencionadas partes en esta instancia (Conf. art. 71 y 279 del C.P.C.C. -actuales arts. 72 y 282 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-).	--- Bajo idénticas pautas apreciativas, considero que los honorarios de los Dres. J. E. P. y D. E. F., por sus tareas de segunda instancia, deben fijarse en conjunto, en la suma equivalente al 6,86% del monto pretendido en demanda a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia; y, a los Dres. L. C. B., letrado apoderado de la parte actora, también por sus tareas de alzada, en la suma equivalente al 5,08%, del monto de condena a liquidar. En ambos casos, tales porcentuales sobre los distintos montos que sirven de base económica diferenciada de regulación, con más el I.V.A. pertinente (Conf. Arts. 6, 14, 19 y 47 de la ley 2.200 -actuales arts., 4, 13, 18 y 46 de la Ley XIII Nº 4-).-------	Finalizo de tal manera, pues, pronunciándome en la presente cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.----------	A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para dejar sin efecto la condena pronunciada contra N. S.R.L., y asimismo para incrementar el capital de condena respecto de la codemandada P. S. S.R.L. a la suma total de pesos nueve mil ciento trece con veintiocho centavos ($9.113,28.-), con más los intereses establecidos en la anterior instancia; b) imponer las costas de ambas instancias generadas por la actuación de la codemandada N. S.R.L. a la actora vencida; c) imponer las costas de primera instancia por el progreso parcial de la demanda en un 85% a cargo de P. S. S.A. y en un 15% a la actora; d) fijar, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. J. E. P. y D. E. F, por las tareas de primera instancia, en la suma equivalente al 19,6%, del monto pretendido en demanda, con más sus intereses a computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el B. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales; e) imponer las costas de alzada por la demanda que progresa parcialmente en un 65% a la actora y en un 35% a la codemandada P. S. S.A.; f) regular los honorarios de los Dres. J. E. P. y D. E. F., por las tareas cumplidas en esta instancia por la codemandada N. S.R.L., en la suma equivalente al 6,86% del importe pretendido en demanda, con más sus intereses, y los del Dr. L. C. B., por los trabajos realizados a favor de la actora en segunda instancia, en la suma porcentual equivalente al 5,08% del monto de condena a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia; y f) declarar que los honorarios antedichos deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.	Así lo voto.	--- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:	--- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, por resultar el mismo fiel reflejo del acuerdo antes logrado.-----	ASI LO VOTO.-	--- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 7º Ley V Nº 17; antes art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550), pasándose a dictar: - S E N T E N C I A: --- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:---	REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia venida en apelación para dejar sin efecto la condena pronunciada contra N. S.R.L., y asimismo para incrementar el capital de condena respecto de la codemandada P. S. S.R.L. a la suma total de pesos nueve mil ciento trece con veintiocho centavos ($9.113,28.-), con más los intereses establecidos en la anterior instancia.	IMPONER las costas de ambas instancias generadas por la actuación de la codemandada N. S.R.L. a la actora vencida.	IMPONER las costas de primera instancia por el progreso parcial de la demanda en un 85% a cargo de P. S. S.A. y en un 15% a la actora.	FIJAR, POR ADECUACION al presente decisorio, los honorarios de los Dres. J. E. P. y D. E. F., por las tareas de primera instancia, en la suma equivalente al 19,6%, del monto pretendido en demanda, con más sus intereses a computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el B. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales.	IMPONER las costas de alzada por la demanda que progresa parcialmente en un 65% a la actora y en un 35% a la codemandada P. S. S.A.	REGULAR los honorarios de los Dres. J. E. P. y D. E. F., por las tareas cumplidas en esta instancia por la codemandada N. S.R.L., en la suma equivalente al 6,86% del importe pretendido en demanda, con más sus intereses, y los del Dr. L. C. B., por los trabajos realizados a favor de la actora en segunda instancia, en la suma porcentual equivalente al 5,08% del monto de condena a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia.	DECLARAR que los honorarios antedichos deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.	--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------	REGISTRADA BAJO EL Nº _________ DE 2010. SDL. CONSTE.	VILMA NOEMÍ BIRRI SECRETARIA