Competencia contencioso administrativa, licitación pública, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Orioli - Daser UTE c/ Estado Provincial s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-07-30

La Empresa actora promueve demanda contenciosa administrativa de nulidad y plena jurisdicción en contra del Estado Provincial, persiguiendo se declare la nulidad del Decreto Nº1273/06 que adjudica la obra a otra empresa y se conceda una reparación económica representativa del 10% del monto de la oferta presentada en la licitación pública.

Afirma que el mismo es nulo de nulidad absoluta dado que ha sido el resultado de un procedimiento licitatorio viciado en el que se han violado los principios de juridicidad, igualdad y de libre concurrencia.

La cuestión de fondo se dirige básicamente a cuestionar la legalidad de las Circulares Nº1 y Nº2, mediante las cuales se modificaron las causales de rechazo automático de las propuestas.

Analizadas las constancias de autos, las alegaciones de parte y el voto precedente, me permitiré disentir con el mismo, en tanto en causa Autos Corte Nº05/07 "Orioli Hugo del Rosario c/ Estado Provincial s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción" expuse que "por la materia que constituye el marco regulatorio y valorativo de la controversia, esto es el Derecho Administrativo, la conducta del Estado observada en el trámite de la licitación pública y en la confección de diversos instrumentos en los que pretende plasmar su voluntad, no puede ser juzgada con laxitud sino que por el contrario, corresponde aplicársele criterios más rigurosos que limiten la discrecionalidad de la administración en favor de una estricta sujeción a la ley.

Tales imperativos encuentran su razón en el orden público implicado en la cuestión de que se trata; en el imperio del principio general que expresa que en la actuación del Estado todo lo que no le está expresamente permitido, le está prohibido; principio inverso, como es obvio, a la conocida regla de libertad que otorga fundamento a la autonomía de la voluntad, carácter esencial del derecho privado, y por último, en la especificidad del caso, una licitación pública, donde está en juego el patrimonio del Estado, el principio de legalidad que debe ordenar y guiar la actuación administrativa, cobra singular rigor y así debe ser interpretado y aplicado por la jurisdicción judicial a la hora de evaluar la actuación de administración y administrado". Bajo estos parámetros, se observan acusadas falencias en la explicitación concreta de la motivación que debería otorgar fundamentos indubitables a dos actos administrativos centrales del proceso licitatorio bajo análisis: el primero, el dictamen de la comisión de preadjudicación, y el segundo, el decreto de adjudicación Nº1273/06, cuya nulidad en esta causa se persigue.

"Que en relación al dictamen de preadjudicación, de su atenta lectura se infiere que se limita a realizar una compulsa esencialmente enumerativa de la documentación aportada por los distintos oferentes; sin establecer expresamente criterios objetivos y claros que establezcan un orden de precedencia entre las distintas propuestas, para establecer la adecuación o no de aquéllas a los requisitos técnicos-legales estipulados en el pliego de condiciones; de allí que se torna imposible para el ocurrente y para la propia jurisdicción someter a análisis la decisión administrativa, al resultar inviable la compulsa del criterio de la Administración en el caso concreto en relación al principio de legalidad, pretendiendo la demandada que se infiera cuasi por arte adivinatoria, que aún pasando por alto el no cumplimiento de requisitos técnicos ineludibles por los oferentes, terminó fundando su decisión aparentemente solo en el parámetro monetario".

Y así apelando a un nebuloso interés general omitió evaluar pormenorizadamente requisitos técnicos jurídicos, o hizo caso omiso a incumplimientos del pliego de condiciones que la Administración misma había establecido, escudándose en la emisión posterior de circulares, que so pretexto de interpretación de norma superior, en realidad la modificaron y más aún cuando el propio pliego particular de condiciones establece en su Art.10, un orden de prelación para la evaluación de la documentación contractual en el que se omite a las circulares; además de ser notificadas éstas a las partes un día antes de la apertura de la licitación, actuación de la Administración que aparece como poco transparente; circunstancia de la que hace mérito la propia Contaduría General de la Provincia, cuando en su dictamen de fs.18 expresa que: "no es procedente que mediante circulares se modifique el contenido del Pliego Particular de Condiciones, el que fuera aprobado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial.

Mas aún, si se considera que el contenido de las aludidas circulares, modifican aspectos sustanciales relacionados con la aceptación o rechazo de las propuestas".

Bajo esta misma lógica entonces, si se analiza atentamente el decreto impugnado, fundándose el mismo en el dictamen de preadjudicación, se le debe atribuir al decreto de adjudicación los mismos vicios que se explicitaron precedentemente y que tornan al dictamen en un acto administrativo irregular por falta de motivación suficiente y al decreto impugnado como su consecuencia intelectual y jurídica.

Por todo lo expuesto, considero que se debe hacer lugar a la acción intentada, declarando la nulidad del Decreto Nº1273/06 y diferir el cálculo del quantum indemnizatorio para la etapa de ejecución de sentencia.

(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, en disidencia)