marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Depreciación monetaria, realismo económico
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Rosario c/ Vergilli, Roberto A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Apremio   (Expte. CSJ Nº 757-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-11

El más Alto Tribunal de la Nación -aún antes de la vigencia de la ley 24283- acudió a la "realidad económica" que descalificar aquellos pronunciamientos que siguiendo a pie juntillas los índices de actualización avalaban la distorsión a la que ellos conducían, resaltando la necesidad de realizar un examen circunstanciado de la "realidad económica", máxime cuando el resultado obtenido se vuelve objetivamente injusto, el cual debe ser dejado de lado en tanto dicha realidad debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas.
Plan de ahorro previo, procedencia del recurso, efecto retroactivo, pago en cuotas, caución juratoria, pandemia, inflación, enriquecimiento sin causa
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Renteria, Yesica Daniela c/ FCA Automóviles S.A. y otro/a s/ materia a categorizar (digital)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Corresponde retrotraer la cuota en concepto del plan de ahorro previo suscripto a cargo de la actora al 30 de junio de 2020 -dos meses antes de la interposición de la demanda-, la que sólo podrá sufrir variaciones en tanto las mismas no superen el 30% del valor de la canasta básica total que publica el INDEC, ello hasta que exista sentencia dictada en autos. Dicha medida se establece así bajo caución juratoria, la que deberá instrumentarse en la instancia de origen atento al contenido estrictamente revisor de esta alzada. Para decidir así, ha de tenerse en cuenta que la cautelar en revisión se inscribe en un contexto caracterizado por la vigencia de un proceso inflacionario al que se le ha sumado la pandemia, con las repercusiones que esa emergencia de salud generó en distintas esferas de la vida de los ciudadanos. Respecto de los contratos de ahorro para fines determinados, se ha dicho que resultan un mecanismo o procedimiento de capitalización y ahorro previo a los fines de la adquisición de bienes o servicios, que por su envergadura, necesitan el aporte conjunto de una pluralidad de suscriptores. Este tipo de contrato produce las ventajas de aunar un grupo de personas que permite reunir una masa de dinero relevante y se apoya en la financiación recíproca de los integrantes, mientras que la fábrica no se arriesga a una sobreproducción ya que la producción se ajustará a una serie de pedidos ya realizados de antemano. La naturaleza de este tipo de contrato entonces, justificaría en principio que varíe el precio de las cuotas en relación al valor de la mercadería -precio del automóvil que se entrega, en el caso-, sin perjuicio de que durante el transcurso del proceso se pudiera alegar y probar que la cláusula por la cual se lleva a cabo la modificación del monto de la cuota es abusiva, desnaturalizando la figura, cuando la variación no se corresponda con los precios medios del mercado para el tipo de modelo que se trate, generando un lucro desproporcionado respecto del fin propio del contrato en beneficio de la sociedad administradora del grupo o sus organizadores (pues generalmente la empresa controladora de la administradora es al fabricante, importador o concesionario). Se refleja en el caso un aumento de más del 500% en la cuota a abonar, es decir, que se ha generado una alteración desmesurada respecto de la situación existente al celebrar el contrato; ello da por tierra con la afirmación vertida en los agravios en cuanto al riesgo consentido por la actora al momento de contratar, es que tal aumento, en principio, se encuentra lejos de los índices que surgen del informe acompañado.

Todo ello demuestra que, en el caso, la verosimilitud del derecho se encuentra acreditada.
Cámara de apelación en lo civil y comercial, fallo plenario, proceso penal, acción civil
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: G, H Y S, R s/ LESIONES CULPOSAS. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N°   571-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-22

Cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial refiere a "idéntica competencia material" alude inequívocamente a la competencia del Fuero respectivo, pero no a la identidad de la materia resuelta.

Entenderlo de otro modo, significaría en suma que, avasallando la autonomía de decisión propia de cada Cámara o de las Cámaras de un mismo Fuero reunidas en Plenario, se subordinarán sus decisiones a las tomadas por otra u otras, con distinta competencia materia (distinto Fuero), creando de tal modo una distinción irrita que conspira con una equilibrada organización del Poder Judicial. Si la ley le otorga a los jueces con competencia en materia penal la atribución de juzgar determinadas cuestiones civiles, ha de suponerse que les deja, al respecto, amplia libertad de decisión al margen de lo resuelto por sus pares de otro Fuero en temas de la misma índole.
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SIROMBRA, Lucia Elvira c/ ANSES s/ REAJUSTE DE HABERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14

El Alto Tribunal, en el pronunciamiento del 17.05.05 in re "Sánchez, María del Carmen" y su aclaratoria del 28.07.05, reivindicó la vigencia del principio de movilidad de los haberes previsionales con posterioridad al 01.04.91, imprescindible a fin de concretar la garantía de integralidad e irrenunciabilidad de los derechos de la seguridad social amparados por el art. 14 bis. de la C.N. (Del voto del Dr. Fasciolo)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, sentencia definitiva, juicio ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sancor Coop. Unidas Ltda. c/ Cortada Hnos. SRL s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecución   hipotecaria (Expte. CSJ Nro. 490-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-25

El enunciado relativo a que las sentencias dictadas en procesos de ejecución son insusceptibles del recurso de inconstitucionalidad por carecer del carácter de definitividad exigido por el artículo 1º de la ley 7055, no es absoluto, dado que admite que tal recaudo se tenga por satisfecho cuando se trata de excepciones procesales relativas al juicio ejecutivo y de cualquier otra excepción o defensa que se haya deducido, sustanciado y decidido en aquél, sin limitación de prueba.
Propiedad horizontal, prehorizontalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cacheiro, Juan José c/ Escobio Schmitt Tuero y Cía. S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1981-05-07

La parte final del artº 14 de la Ley 19724 en el sentido de que las especificaciones allí mencionadas "solo tendrán efecto si son expresamente aceptadas por el adquiriente en la cláusula especial, firmada por éste", no debe interpretarse como exigiendo que dicha cláusula se instrumente fuera del cuerpo general del contrato y firmarse expresa e individualmente.
Despido por imputación de delito, sobreseimiento, cuestiones prejudiciales
Materia: LABORAL
Carátula: Alcaraz Elida Ester c/ Escanon SRL y/o Escalante de Zenon Rogelia y/o Romero Hugo Cristobal y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-10-30

Cuando en sede penal se declara que el hecho injurioso que se imputa no ha sido cometido, o que su autoría no ha correspondido al trabajador, media cuestión prejudicial que impide nuevo pronunciamiento al respecto y el despido fundado en ese hecho no es legítimo.

Si bien es cierto que no obstante la absolución o sobreseimiento, en sede laboral se puede merituar nuevamente el hecho que se imputa injuriante, ello ocurre cuando en lo penal se resuelve que el mismo no constituye delito o en casos en que la injuria pudo provenir no del hecho principal, sino de actos vinculados a éste.
Ejecución hipotecaria, emergencia económica, reordenamiento del sistema financiero, pesificación, consignación judicial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: IGLESIAS, Mirta c/ CALVIÑO, Aldo Alfredo s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-07

Con independencia de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 25.561, art. 11 y del decreto 214/02, art. 8, o bien de su inaplicabilidad o no al caso, si el deudor al promover la acción por consignación obró al amparo de la legislación antedicha, además de satisfacer el interés derivado de la mora, debió ofrecer compartir los efectos de la modificación de la relación de cambio, pues de otro modo el depósito, por incompleto, resulta ineficaz. Es que, si el obligado sostuvo a rajatabla la validez constitucional de las normas dictadas por el Estado Nacional para conjurar la crisis económica y financiera desatada a fines del año 2001 -las cuales imponen a las partes negociar la reestructuración de la deuda-, no puede válidamente tomar de aquéllas la parte más conveniente a sus intereses y dejar de lado las restantes que completan y articulan todo el sistema sobre el que apoya su postura.
Incidentes, prueba documental
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, HORACIO DEL VALLE c/ LORENZO DE COSTA, MANUELA Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC.-CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-12-03

La documental que se agrega como prueba en una cuestión incidental y no fue incorporada por la actora en la demanda, no debe ser considerada por el tribunal de grado al dictar sentencia y sólo deben emplearse en la cuestión incidental.
Juicio ejecutivo, incidentes, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: OLIVA ROBERTO JORGE POR SÍ EN J° 123.729/9.371 GIACOMO HÉCTOR C. (EXPTE. N°  87.611 ) c/ OLIVA ROBERTO JORGE Y OTS . s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-03-22

Es apelable la resolución que resuelve un incidente en el cual el demandado pedía su inclusión dentro del régimen establecido por las leyes Nro. 25.737 y 25.798, aunque se trate de un proceso ejecutivo con sentencia firme, ya que tal circunstancia no puede llevar al extremo la aplicación de la regla de la inapelabilidad, desvirtuando la finalidad perseguida por la ley, sobre todo cuando pueden agraviarse otras garantías del justiciable llevándolo a una situación irremediable por otras vías.
Declaración indagatoria, nulidad procesal, juramento y promesa de decir verdad, declaración testimonial, relevo del juramento
Materia: PENAL
Carátula: VIDAL DE FORCINITO. s/ DECLARACION INDAGATORIA. NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-18

"... No procede la nulidad de la declaración indagatoria vertida sin relevarse previamente al procesado del juramento que prestara anteriormente al deponer como testigo, toda vez que, al ser indagado legalmente, lo hizo conforme a los requisitos que rigen la materia pertinente en el Titulo V del libro II del Código procedimental. En tales condiciones, el compromiso juramental no tuvo otra obligación que la de conducirse verazmente, y por ende, sólo registra entidad para ese solo acto pero no para el de la indagatoria, si como se dijera, estuviera adecuadamente cubierto por las pautas que establece el instituto arriba indicado. El art. 240 del Código ritual, establece claramente la prohibición de exigir juramento al procesado, pero en manera alguna de los términos y alcances del precepto, debe colegirse la nulificación de un acto anterior, que fuera cumplido de la manera que la ley manda, pues no solamente ello conspira contra los mas elementales principios procesales, sino que constituye la nulidad por la nulidad misma al no advertirse un perjuicio verdadero imposible de ser subsanado por la vía del saneamiento o de la solución que preconizo".
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: A.H., H. c/ P. S.N. SRL e I.P.P. SA y P.A. SA s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-14

Si el trabajador no responde a la intimación, reincorporándose inmediatamente al trabajo o justificando su ausencia de alguna manera, queda tipificado el "incumplimiento calificado" a que se refiere el art. 244 de la LCT, que se traduce en una ausencia prolongada y en el desdén por la intimación, lo cual justifica sin más el despido.
Accidentes de trabajo, denuncia
Materia: LABORAL
Carátula: PEREYRA, LEONARDO c/ YELIN, NESTOR EDUARDO s/ COBRO DE PESOS - ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-09-26

Acorde con los hechos señalados es inexplicable que el actor no haya denunciado oportunamente la existencia del accidente y de las dolencias que dice haber sufrido como consecuencia del mismo a fin de que la ART proporcionara las prestaciones de la Ley 24557 que reclama en este proceso, cuya gestión y pago corresponde a dichas entidades aún cuando el empleador omitiese el pago de las cuotas a su cargo -artículos 26 y 28-.

Cabe señalar también que no existe ninguna prueba de la ocurrencia del invocado accidente, ya que las afecciones comprobadas por el médico forense en el dictamen -a más de dos años del hecho alegado- no demuestran por sí mismas la relación causal con un acontecimiento derivado por el hecho o en ocasión del trabajo, antecedente necesario que no se ha probado.
Carga de la prueba, alimentante con recursos económicos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: V., M. S. c/ I., J. G. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-04-17

En litigios en los que el alimentante carece de ingresos fijos comprobables -porque no trabaja en relación de dependencia- y tampoco se cuenta con información fehaciente acerca de los que obtiene por sus tareas como independiente, en este caso como albañil, se ha dicho reiteradamente, que es el alimentante el que se encuentra en mejor situación de conocer y demostrar cuáles son sus ingresos, de modo que la falta de pruebas precisas juega en su contra. Esta regla tiene consagración legal, pues el art. 360, C. Pr., dispone que "tendrá la carga de probar los hechos, aquél que por las circunstancias del caso, se encuentre en mejores condiciones de arrimar a conocimiento del tribunal, el esclarecimiento de los mismos" (exptes. 18/94, 587/96, 590/96 y 2861/04, r. C. A., entre otros).-
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, demanda, presentación extemporánea, buena fe procesal
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO VIRREY LORETO 1762/66 c/ PICALLO DE MATERA, DIANA s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-10

La ausencia de oposición concreta y temporánea del consorcio de Copropietarios de un edificio en propiedad horizontal a la obra antirreglamentaria implica su asentimiento a ella; en esas condiciones, la acción posterior ejercida por el consorcio contra el propietario innovador comporta un procedimiento abusivo y no conciliable con el principio de buena fe por lo que no puede ser admitida en justicia de conformidad con lo establecido por el art.

1071 última parte del C. Civil.-
Accidentes de trabajo, prueba testimonial, carga de la prueba, responsabilidad del empleador, presunciones
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: González, Nélida Esther c/ Soprano, Miguel Angel y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Si bien la ley 9688 presume la responsabilidad del empleador por todo accidente de trabajo, salvo que se configure alguno de los supuestos de excepción previstos en su art. 4 , ello no exime al trabajador de la carga de la prueba de conformidad con los términos de la litis y una razonable interpretación de los principios del "onus probandi" cuando se ha negado en forma expresa la producción del infortunio.
Descarga eléctrica, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: OTAROLA BRAULIO ENRIQUE Y OTROS c/ EDET S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-02-11

Cabe condenar a una empresa prestataria del servicio de energía eléctrica por los daños y perjuicios derivados de una descarga eléctrica ocasionada por un cable cortado del alumbrado público, en contacto con la vereda, que provocó la muerte instantánea de la víctima, en razón de que la demandada tenía el deber de supervisar las condiciones y el mantenimiento del alumbrado público, máxime cuando ya habían existido manifestaciones de su deterioro y peligrosidad los días anteriores, y considerando que no se había hecho la poda del arbolado circundante que se encontraba invadiendo el cableado.
Justicia militar, prescripción de la acción penal, defraudación, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: BAUZA, EDUARDO s/ QUERELLA CONSEJO  SUPREMO  DE  LAS  FUERZAS  ARMADAS S/DEF. MILITAR SUMARIO N. 1423/82 "C" s/ ART. 445 BIS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-09|1990-12-13

Aunque es principio uniformemente aceptado que el mero cambio de calificación no importa agravación de la situación de quien recurre, resulta improcedente cuando ello trae aparejado la aplicabilidad de un régimen prescriptivo más severo con la consecuente subsistencia de la acción punitiva, puesto que el Fiscal no ha cuestionado la calificación de los hechos por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas como constitutiva del delito de defraudación militar (art.

843 del C.J.M.).
Autonomía municipal, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Frontera, Carlos Andrés c/ Municipalidad de Villa Mercedes s/ Dem. Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2009-09-29

No se pretende con esto atribuir al Juez Laboral facultades legislativas Municipales, sino que este aporte una solución al conflicto planteado dado la justicia del reclamo formulado, resolución a la que el HCD deberá ajustar la retribución salarial que se practique respetando la normativa relacionada conforme su carácter supra - legal.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia federal, estupefacientes, aplicación de la ley penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SERVERA, J. s/ COMPETENCIA    ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

La competencia federal estatuida por el art. 34 de la Ley 23.737, debe entenderse que opera en las causas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia, siendo aplicable la doctrina que surge del fallo de la Corte Suprema en los autos "Reidez, Nelly M. y otros" del 24/2/75, al resolverse un conflicto análogo, en punto a la competencia que establecía el art. 11 de la Ley 20.771.
Contrato de trabajo a plazo fijo, trabajo en el exterior, aplicación de la ley laboral, celebración del contrato, lugar de celebración, lugar de cumplimiento del contrato, prórroga de la competencia
Materia: LABORAL
Carátula: TOMASSINI, EDUARDO c/ ITZUCKO SCIENTIFIC  S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-17

Si las partes celebraron un contrato a plazo fijo en nuestro país, pero que debía ejecutarse en el extranjero la ley aplicable ante la resolución del mismo es la del país en que debía ejecutarse.

Aunque las partes hayan consentido en prorrogar la jurisdicción de los tribunales argentinos, ello sólo implica que frente a la existencia de posibles controversias, acordaron el Tribunal frente al cual habría que dirimirlas, pero no las normas según las cuales habrían de juzgarse sus derechos y obligaciones emergentes de la relación jurídica contractual.
Daños y perjuicios, intereses, pago
Materia: CIVIL
Carátula: Autoloux S.A. c/ Cuellar Alejandra Daniela s/ Ordinario Por Cobro De Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-04-12

Por aplicación de lo dispuesto en los arts. 1083, 1093 y ccs. del Código Civil corresponde hacer lugar a la demanda de cobro de pesos interpuesta por una concesionaria contra quien se desempeñaba como cajero en tal entidad, en tanto se acreditó que percibió de clientes de la empresa sumas de dinero que no ingresó, y que además abonó indebidamente y sin documentación respaldatoria a proveedores las sumas informadas por el perito.
Seguros, póliza
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Antonio Calendario c/ Sidertek S.A. s/ Accidente Ley 24.028
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-09-02

Si la aseguradora se obligó a mantener indemne al asegurado aún en el caso en que el demandante haga uso de la opción establecida en el art.

16 de la Ley 24.028, mal puede evadirse de cumplir con su obligación cuando precisamente se verifica el riesgo protegido, de otro modo, el asegurado, que pagó debidamente la póliza, se vería desguarnecido aunque la pretensión se encarrile y triunfe según las normas civiles a que alude el referido art. 16.
Medidas cautelares, sanciones aduaneras, recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo
Materia: ADMINISTRATIVO-ADUANERO
Carátula: "Acegame SA c/ D.G.A. -Resol. 167/10 (Expte. 12042-36/05)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-09

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora y en consecuencia, ordenar a la Dirección General de Aduanas que se abstenga de hacer efectiva la sanción de suspensión aplicada a dicha empresa en la resolución aduanera, confirmada por la resolución ministerial, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en el presente recurso directo.
Marcas, comerciante, interés legítimo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MELIGRANA ANTONIO R. c/ PLASTIFICADORA S.A.. s/ OPOSICION MARCAS "SECCOLITE" Y "CELOLITE".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-29

Durante la vigencia de la ley 3.975, Cuando el oponente negaba en sede administrativa la calidad de comerciante, industrial o agricultor del solicitante de una marca y en la instancia judicial aquél no contestaba la demanda bastaba con la negativa exteriorizada al comienzo del trámite administrativo para que el pretendiente de la marca debiera probar que reunía las calidades que la ley exigía.

Pero si en el interín entró en vigencia la ley 22.362 Aquella negativa pierde gravitación y basta con la invocación en la demanda de un "interés legítimo" que no haya sido negada. (S1,1965 290783)
Procurador general de la Nación, dictamen fiscal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Saiegh, Rafael Héctor y Conjunción S.A. c/ Banco Central de la República Argentina - Ministerio de Economía de la Nación. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Corresponde rechazar las críticas dirigidas contra el dictamen del Procurador General de la Nación, dado que se trata de una intervención, no vinculante, que precede a la sentencia de la Corte Suprema (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).