Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31


Causa Nº 10443-01/CC/2006, Caratulada "Incidente de falta de acción en autos B, S. D. s/art. 189 bis C.P. Queja - Apelación" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31días del mes de mayo de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz a efectos de resolver la presente causa de la que:

La Silvina Manes dijo:

RESULTA:

1) A fs. 1/2 vta. del presente incidente obra la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa oficial a cargo del Emilio Cappuccio, en razón de que a su entender se venció el plazo de la etapa penal preparatoria contemplado en el art. 56, inc.2º de la ley 12, solicitando el archivo de las presentes actuaciones.

A fs. 12/14 vta. la Sra. Juez a quo dispuso rechazar la excepción de falta de acción promovida por la defensa.

Contra dicha resolución a fs. 18/24 vta. el defensor oficial interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado a fs. 25/26, lo que motivara el recurso de queja obrante a fs. 54/62 Con fecha 3 de abril de 2007 esta Sala lo declaró admisible y concedió el recurso de apelación interpuesto oportunamente, poniendo los autos a disposición de las partes por el término de cinco días (fs.70/71).

Oído el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 76/78, pasan los autos a resolver.

Y CONSIDERANDO:

Primera cuestión:

2) El remedio intentado ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 345 del C.P.P.N. y art. 61 inc.1º de la ley nº 12, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

Segunda cuestión 3) En primer lugar corresponde mencionar los agravios planteados por el Sr. Defensor Oficial, que en lo sustancial cuestiona el rechazo por parte del a quo de la excepción de falta de acción oportunamente interpuesta puesto que la Sra. Jueza consideró que no se había agotado el plazo indicado en la norma para la culminación de la investigación, ya que desde la concesión de la suspensión del proceso a prueba hasta la revocación de dicha concesión por parte de esta Sala, las previsiones del art. 56 inc.2º del Anexo de la ley 1287 no debían ser aplicadas al expediente dado el efecto suspensivo del recurso articulado por la vindicta pública.

Al respecto, la defensa plantea que: a) la duración de la investigación preparatoria no se encuentra regida por el art. 207 del C.P.P.N., sino por el art. 56, inc. 2º, del Anexo de la ley 1287 pues la investigación y juzgamiento de hechos como el que se imputa a Benítez son de competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial locales; b) el mandato del art. 56, inc.2º de la ley 1278 tiene por finalidad la realización o reconocimiento efectivo del derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable, motivo por el cual el simple transcurso del tiempo agota la voluntad estatal persecutoria; c) que la concesión de un recurso de apelación conlleve a un "efecto suspensivo" no implica la "suspensión del proceso" sino únicamente la suspensión de los efectos que provocan la resolución; d) teniendo en cuenta todas las variables posibles sobre el modo de computar el plazo de la investigación penal preparatoria (ya sea desde la audiencia del art. 41 del C.P.C., o desde el rechazo de ese primer planteo, o desde la interposición y concesión del recurso de apelación del M.P.F., respecto de la suspensión del juicio a prueba), dicho plazo ha transcurrido sobradamente (conf. fs. 18/24vta.).

4) Llegado el momento de resolver, adelanto que la argumentación desarrollada por el recurrente no puede tener acogida favorable al menos en el caso sub examine por los fundamentos que a continuación expondré, y sobre los cuales me extenderé por ser ésta la primera oportunidad en que la suscripta se enfrena al tema central del recurso, esto es, el alcance de la normativa contenida en el art. 56 inc.2º LPC.

En efecto, el art. 56 inc.2º LPC establece "La investigación penal preparatoria no puede exceder el plazo de dos (2) meses para su conclusión, a contar desde la declaración o la detención del imputado. El Fiscal puede solicitar, motivadamente la prórroga del plazo del Juez, el que nunca excederá de cuatro (4) meses cuando las particularidades del caso así lo impusiere. Transcurrido el plazo máximo corresponde el archivo de las actuaciones. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga otorgada podrá exceder excepcionalmente dicho plazo".

5) Como primera premisa analítica es posible deducir que el legislador limitó temporalmente la fase preparatoria para evitar de este modo dilaciones indebidas y así agilizar un proceso que por su naturaleza debe ser acotado y reaccionario de la morosidad judicial. Se intenta garantizar un plazo razonable de duración del proceso (específicamente de la investigación preliminar al juicio), pilar del derecho a ser juzgado del modo más rápido posible, reconocido en el bloque constitucional. De allí la importancia de determinar, aunque someramente, a qué nos referimos cuando hablamos de la garantía del plazo razonable, cuál es el alcance de dicha garantía y su implicancia en el ámbito de la justicia local.

Luego de la incorporación a la Constitución Nacional de los principales tratados sobre derechos humanos, y de situarlos a su mismo nivel (art.75 inc.22, Const. Nac.), puede hablarse de un sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía que abreva en dos fuentes: la nacional y la internacional, y que obliga a los jueces a utilizar las disposiciones contenidas en esta última "como fuente de sus decisiones" (Cafferata Nores, José, "Garantías y sistema constitucional" en Garantías constitucionales y nulidades procesales I, Revista de Derecho Penal, ed. Rubinzal-Culzoni, 2001, pág.117).

La puesta en tela de juicio del estado de inocencia por obra de la persecución penal no puede durar más allá de cierto término, porque la persistencia temporal del proceso, sin una decisión definitiva, implicará un desconocimiento práctico del principio. De allí que se reconozca el derecho del imputado de ser juzgado sin dilaciones indebidas o sea, el derecho a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término de una vez y para siempre, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que importa su sometimiento al proceso penal, que lo hace padecer física y moralmente (cfr. Cafferata Nores, José, ob. cit., pág.132).

El principio de celeridad se halla implícito en el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, que es, por otra parte, consecuencia de la limitación de derechos que genera el proceso penal para las personas que se ven afectadas en él. Es evidente que la presunción de inocencia de un ciudadano queda durante el proceso, por así decirlo, entre paréntesis. Si bien ello no es así jurídicamente, es manifiesto que éste es un efecto social innegable del proceso. Pero no sólo se trata de un principio de protección del inculpado, sino también de un principio práctico del proceso penal, pues toda pérdida de tiempo corre, por el debilitamiento de la prueba, sobre todo testifical, contra la finalidad de un proceso orientado a la verdad de la reconstrucción del hecho y al restablecimiento pronto de la paz jurídica (cfr. Bacigalupo, Enrique, El debido proceso penal, ed. Hammurabi, Bs. As., 2005, pág. 87).

La vulneración de este principio tiene lugar cuando el proceso sufre dilaciones indebidas, es decir, cuando dentro del mismo se constata la existencia de "tiempos muertos" (de paralización de la actividad procesal) que carecen de justificación; aunque es preciso tener en cuenta que aún en el caso de una actividad instructoria permanente cabe apreciar la infracción del derecho a ser enjuiciado sin dilaciones indebidas cuando las medidas adoptadas son innecesarias para la verificación de los elementos relevantes para la comprobación de la consistencia fáctica de la acusación (Bacigalupo, ob cit., pág.88).

6) Ahora bien, la inserción constitucional del derecho a obtener un juicio sin dilaciones indebidas, surge de distintos instrumentos internacionales a saber:

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 6.1 reconoce a toda persona el derecho a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 8.1 dispone, entre las garantías judiciales, que toda persona tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonables en la sustanciación de una acusación penal. El Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, además de su preocupación por los plazos de detención irrazonables -Art. 9, inc 3°-, también consagró en el art. 14, inc. 3 c), el derecho de toda persona acusada de un delito a ser juzgada sin dilaciones indebidas. La Convención sobre los Derechos del Niño, art. 40.2.b.III, establece que "todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido las leyes, se le garantice, por lo menos (...) que la causa será dirimida sin demora...".

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere que "[el plazo razonable] no es un concepto de sencilla definición. Se puede invocar para precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó el concepto..." (Caso Genie Lacayo del 29 de enero de 1997).

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado "...que el Estado proceda al enjuiciamiento penal de todos los delitos, no justifica que se dedique un período de tiempo ilimitado a la resolución de un asunto de índole criminal. De otro modo, se asumiría de manera implícita que el Estado siempre enjuicia a culpables y que, por lo tanto, es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la culpabilidad" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso N° 11.245 Informe 12/96 del 1° de marzo de 1996).

La garantía de un pronunciamiento penal rápido ha dado lugar a que la Corte Suprema de Justicia Nacional reconociera, a través de distintos fallos, el derecho a obtener un pronunciamiento judicial rápido que defina la posición de una persona frente a la ley y la sociedad, y ponga punto final al estado de incertidumbre que todo proceso penal importa.

En este sentido, "Mattei" (Fallos 272:188) puede ser considerado como el leading case. La Corte ha establecido en este precedente que la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, y que esto obedece además al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial que es el respeto debido a la dignidad del hombre, el cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona de liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito (Fallos: 272:188).

Con apoyo en la doctrina emanada de "Mattei", la Corte dio en "Mozzatti" (Fallos, 300-1102) un pasó más adelante en la afirmación del derecho a obtener un pronunciamiento razonablemente rápido. Para así decidir señaló que habían sido "...agraviados hasta su práctica aniquilación, el enfático propósito de afianzar la justicia, expuesto en el preámbulo, y los mandatos explícitos e implícitos, que aseguran a todos los habitantes de la Nación la presunción de su inocencia y la de su defensa en juicio y debido proceso legal... Ello así, toda vez que dichas garantías constitucionales se integran por una rápida y eficaz decisión judicial" (considerando 3°). Sostuvo que las personas sometidas a proceso "...además de haber estado detenidas por distintos lapsos, durante todo el resto de la substanciación vieron indiscutiblemente restringida su libertad con las condiciones impuestas por la excarcelación. Y eso durante un término de prolongación insólita y desmesurada", y que semejante situación era "equiparable, sin duda, a una verdadera pena que no dimana de una sentencia condenatoria firme, y se sustenta sólo en una prueba semiplena de autoría y culpabilidad. Con ella se hace padecer física y moralmente al individuo, no porque haya delinquido, sino para saber si ha delinquido o no..." (considerando 4°).

También ha sostenido en el caso "Polak" que: "...la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitándose de ese modo que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero, además, y esto es esencial atento los valores que entran en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca de una vez para siempre, su situación ante la ley penal..." (Fallos, 321:2826, rta. 15/10/1998).

El Máximo Tribunal ha entendido que si bien no existe un término temporal que establezca cuándo debe considerarse que se ha violado la garantía del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, dicha situación depende de las circunstancias propias de cada causa. Así, el derecho a ser juzgado sin dilaciones no puede traducirse en un número de días, meses o años, dependerá de la duración del proceso, las razones de la demora, y el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado la prolongación del juicio, que son factores insoslayables para saber si se ha conculcado la garantía involucrada ("Kipperband", Fallos, 322:360).

Y continuó delineando su doctrina en cuanto a que "La duración irrazonable de un proceso... además del perjuicio al imputado... afecta también al Estado por el dispendio jurisdiccional que ello significa y porque se distorsionan todos los fines de la pena, que para su eficacia requiere la menor distancia temporal entre el hecho y la condena" (del voto de los ministros doctores Carlos S. Fayt y Gustavo A. Bossert en Fallos, 322:360, considerando 17). Estos conceptos fueron ratificados recientemente en el caso "Barra" (CSJN causa Nº 2053-W-31, rta. 9/03/04).

En efecto, si bien la jurisprudencia y la doctrina no han trazado distinciones profundas entre el plazo razonable de la duración de las actuaciones preliminares y el plazo razonable de la duración de todo el proceso, se interpreta, mayoritariamente, que la garantía opera indistintamente respecto de las dilaciones producidas en una u otra instancia.

7) En este orden de ideas, habiendo delineado el contenido y alcance de la garantía del plazo razonable a nivel internacional y locales, necesario por cierto, efectuar la interpretación del art. 56 inc.2º LPC, a la luz de las consideraciones desarrolladas ut supra.

El art. 56 LPC, tal como lo adelantara en párrafos precedentes, estipula el plazo de duración de la investigación penal preparatoria, y transcurrido el plazo máximo corresponde el archivo de las actuaciones (art. 56 inc.2º in fine LPC).

Vale aclarar que la investigación abarca el período procesal que transcurre desde el inicio de las actuaciones hasta su clausura, sea por archivo, sobreseimiento o mediante el acto procesal de acusación, que se materializa a través del requerimiento de juicio (inc. 3º), y que se encuentra en cabeza del Ministerio Público Fiscal (inc. 1º).

De lo expuesto hasta aquí es posible concluir, en lo que interesa a la materia del recurso, que la norma analizada recoge el espíritu de la garantía del plazo razonable, y la posibilidad de archivo de las actuaciones, poniendo de este modo fin al proceso.

8) Trasladando los conceptos expuestos a la presente causa cabe determinar, en primer lugar, si el imputado B; por encontrarse sometido a la presente causa durante aproximadamente un año y tres meses (tomando como último acto procesal la fecha del planteo de la defensa), vio afectado su derecho a obtener un pronunciamiento judicial rápido.

Resulta pertinente aclarar que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que no puede traducirse en un número de días, meses o años (considerando 8 en Fallos, 322:360, entre otros).

Frente a ello, la jurisprudencia local ha aceptado reiteradas veces los estándares fijados por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la determinación del plazo razonable del proceso, que acogen a su vez la doctrina del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (casos "Rigiesen" del 16-07-1971, "König" del 8-06-1978, "Eckle" del 15-07-1982, entre otros).

Siguiendo dichos lineamientos, cabe identificar tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales (caso "Suárez Rosero", del 12 de noviembre de 1997, parágrafo 72 y caso 11.245 "Giménez, Jorge Alberto", resuelto el 1º de marzo de 1996, parágrafo 111, respectivamente, entre muchos otros).

En función de lo expuesto, resulta indispensable realizar un relato de la actividad llevada a cabo por el magistrado y las partes en el transcurso del proceso, a cuyo fin cabe dejar constancia de las fechas en que tuvieron lugar los actos procesales relevantes.

- El 2-11-05 se iniciaron las presentes actuaciones con motivo de la detención de Sergio Benítez (v. fs.1 y 8 del expediente principal).

- El 3-11-05 se radicó el sumario ante el Juzgado de Instrucción nº 40, fecha en la cual se le recibió declaración indagatoria y se dispuso su libertad (v. fs.69, 70 y 76).

- El 13-02-06 se dictó el procesamiento por considerarlo autor penalmente responsable del delito de portación de arma de uso civil, sin la debida autorización en concurso real con encubrimiento Asimismo, se dispuso la extracción de testimonios en orden al delito de portación de arma de uso civil y su remisión a la justicia contravencional y de faltas, y en consecuencia se declaró incompetente en razón de la materia para seguir entendiendo en el delito de encubrimiento, remitiendo dichas actuaciones al Juzgado Nacional en lo Correccional nº 11 (v. fs.93/105).

- El 29-03-06 se radicaron las presentes actuaciones ante el Juzgado Contravencional y de Faltas nº 15, quien le dio intervención al Representante del Ministerio Público Fiscal con fecha 4 de abril de 2006 (v. fs. 109 y vta.).

- El 7-04-06 la defensa oficial retira las actuaciones y las devuelve con fecha 11-04-06 (v. fs.111vta.).

- El 11-04-06 la defensa oficial solicitó el archivo de las actuaciones ante el titular del Juzgado en lo Contravencional nº 15, quien previo a todo trámite requirió, con fecha 17-04-06, al fiscal la remisión de las actuaciones (v. fs. 112, 115/116).

- El 18-04-06 se cumplió con la remisión solicitada (v fs.113vta) y con fecha 19-04-06, en el Juzgado Contravencional "a fin de no dilatar el trámite de la investigación preliminar" extrajo copias de las partes pertinentes y dispuso la devolución del expediente principal a la Fiscalía (v. fs.118).

- El 8-05 se resolvió rechazar el primer archivo solicitado (v. fs. 68/69 vta. del incidente de excepción de falta de acción).

- El 21-04-06 el Fiscal convocó a Benítez a la audiencia prevista en el art. 56 inc.1º de la ley 12 para el día 26 de abril (v. fs.124); la defensa con fecha 25-04 solicitó la suspensión de la audiencia (v. fs. 127), y siendo que Benítez se encontraba detenido (v. fs.128) se dispuso una nueva audiencia para el día 4-05-06 (v. fs.128 vta.).

- El 4-05-06 se le recibió declaración a tenor del art. 41 LPC (v. fs.136 vta.); el 8-05 se requiere al Registro Nacional de Reincidencia informe los antecedentes de Benítez (v. fs. 138); el 11-05 se recepta el informe del Registro Nacional de Armas (v. fs.140).

- El 11-05-06 Sergio Benítez solicitó la suspensión del proceso a prueba (v. fs.143); el 12-05 el titular del Juzgado requirió el expediente al fiscal (v. fs.141), quien lo remitió el 15-05-06 solicitando la fijación de las audiencia prevista en el art. 293 CPPN, y la suspensión del plazo de la investigación preliminar establecido en el art. 56 inc.2º LPC (v. fs.142 y vta.).

- El 22-05 el titular del Juzgado Contravencional suspendió el plazo de la investigación penal preparatoria hasta la realización de la audiencia de suspensión del juicio a prueba (v. fs.148), siendo notificada la defensa a fs.156.

-Previa receptación de los informes de antecedentes, se fijó audiencia para el 23-06 (v. fs.160), en la cual se dispuso diferir la resolución para el 3-07-06 (v. fs. 166/168).

- Con fecha 03-07 se resolvió suspender el proceso a prueba por el término de un año (v. fs.171/176); el 10-07 el fiscal interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 13-07 y elevado a la Cámara el 20-07 (v fs.190/91vta. y 194).

- El 10-10 esta Sala, por mayoría, resolvió revocar la resolución de fs.

171/176 (v fs.208/214); el 13-10 devueltas las actuaciones al juzgado de origen, se ordenó "firme que sea la resolución de fs. 208/214, remítase la presente causa a la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas nº 4, a fin de continuar con al investigación", siendo la defensa oficial notificada en la misma fecha (v fs. 231).

- El 31-10 esta Sala requirió al juzgado de origen la remisión de las actuaciones, toda vez que ese mismo día la defensa oficial había presentado recurso de inconstitucionalidad (v fs. 233); el 01-11 fue recepcionado el expediente principal y con fecha 21-11 se resolvió, por mayoría, declarar inadmisible el recurso (v fs. 248/251vta.); remitiendo las actuaciones al juzgado de origen con fecha 28-11 (v fs. 253).

- El 4-12, tras haber sido notificado el fiscal de la resolución de fs.248/251 vta., éste solicitó la devolución del sumario a los efectos de completar la investigación preparatoria (v. fs. 267), que con fecha 11-12 se concretó (v fs. 268).

- El 20-12 el fiscal formuló el requerimiento de elevación a juicio (v fs. 270/272 vta.); el 28-12 se remitió en vista a la defensa oficial (v fs.273 y vta.), quien el 6-02-07 solicitó una prórroga de tres días, la cual fue concedida en la misma fecha (v fs.284/285).

- El 9-02-07 la defensa oficial planteó la excepción de falta de acción, solicitando el archivo de las actuaciones (v fs. 286), que con fecha 22-02 fue rechazada por el a quo (v. fs. 289); lo que motivara la intervención nuevamente de esta Sala.

9) Sentado ello, es dable afirmar, en primer término, que el asunto no es complejo, ya que se trata de un delito de mera actividad calificado como portación de arma de uso civil, cuya investigación es por demás sencilla, tratándose el caso en cuestión de un supuesto de flagrancia.

Vale traer a colación que la transferencia de los delitos de portación y tenencia de arma de uso civil a la justicia local motivó la reforma de la ley procesal, que para estos ilícitos contempló un plazo de investigación de dos meses, prorrogables por dos meses más y con la posibilidad de una tercera prórroga extraordinaria sin límite legal, justamente ante la ausencia de complejidad de la pesquisa de este tipo de delitos, generalmente en flagrancia.

En segundo término, la actividad procesal por parte del interesado se ha desarrollado dentro de los parámetros constitucionales. La asistencia técnica efectuó planteos e interpuso los medios de impugnación reconocidos por la legislación local, propios del ejercicio efectivo de la defensa en juicio, sin entorpecer el desarrollo del proceso (el 7-04-06 retira las actuaciones y las devuelve con fecha 11-04; ese mismo día solicita el archivo de las actuaciones ante el titular del Juzgado en lo Contravencional nº 15, quien previo a todo trámite requiere, con fecha 17-04, al fiscal la remisión de las actuaciones; la defensa con fecha 25-04 solicita la suspensión de la audiencia del art. 41 LPC por no haber tenido contacto con su asistido; el 11-05 Sergio Benítez junto a su defensa solicitan la suspensión del proceso a prueba; el 12-05 la defensa oficial presenta recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de esta Sala que hace lugar al recurso del fiscal y revoca la resolución que concede la suspensión del proceso a prueba).

En lo que al tercer elemento se refiere, es decir, en cuanto a la conducta de las autoridades judiciales, no se advierte retardo ni morosidad en la manera en que el asunto fue llevado adelante tanto por el fiscal como por el juez, sino que el proceso se extendió durante el tiempo necesario dado los planteos efectuados por las partes durante la tramitación del sumario, como también por el cambio de jurisdicción, debiendo afirmar al respecto que la ley procesal local no puede aplicarse para los actos procesales cumplidos en otra jurisdicción, sino que debe regir para aquéllos que se lleven a cabo en esta jurisdicción.

Adicionalmente, si se tiene en cuenta el plazo de la prescripción -parámetro mínimo indicativo del plazo razonable, pues un proceso penal no puede durar más allá del plazo de la prescripción de la acción penal, que marca un límite al interés sustantivo de castigar- previsto para el delito (cuatro años) tampoco se ha afectado la garantía constitucional en cuestión; por el contrario, ni siquiera se cumplió la mitad del término para que se produzca la extinción de la acción penal del referido delito.

De todo lo expuesto se desprende que el proceso se desarrolló en un período razonable; reitero que el tiempo insumido se debió fundamentalmente, luego de radicadas las actuaciones en la justicia contravencional, a los diversos planteos efectuados legítimamente por las partes, y que en ningún modo afectaron la garantía en juego.

10) Sin perjuicio de ello, tampoco tendrán acogida favorable los demás planteos de la defensa pues el plazo legal estipulado para completar la inves- tigación preliminar no se encuentra agotado.

Así la defensa sostiene que si bien se solicitó la suspensión del proceso a prueba, el proceso jamás se suspendió toda vez que el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de apelación cuya concesión tuvo efecto suspensivo. En tal sentido argumentó que "la concesión de un recurso de apelación conlleve a un "efecto suspensivo" no implica la "suspensión del proceso" sino únicamente la suspensión de los efectos que provocan la resolución"; y que teniendo en cuenta todas las variables posibles sobre el modo de computar el plazo de la investigación penal preparatoria "(ya sea desde la audiencia del art. 41 del L.P.C., o desde el rechazo de ese primer planteo, o desde la interposición y concesión del recurso de apelación del M.P.F., respecto de la suspensión del juicio a prueba), dicho plazo ha transcurrido sobradamente" (conf. fs. 18/24 vta.).

Al respecto debo señalar que el Tribunal suspendió el plazo del art. 56 LPC a los fines del trámite de la suspensión del juicio a prueba. En este entendimiento, el término previsto por tal norma legal lo es para llevar a cabo la instrucción penal preparatoria que se encuentra en cabeza del Ministerio Público Fiscal, de allí que todas las actuaciones generadas a partir de la solicitud de la suspensión del juicio a prueba no deben ser contabilizadas dentro del plazo de dos meses.

Por otra parte, en coincidencia con lo dispuesto por el a quo, la resolución que concede la suspensión del proceso a prueba veda al Ministerio Público la posibilidad de continuar ejerciendo la acción penal, con lo cual, sin perjuicio del efecto suspensivo que importa la concesión de un recurso, no resultó improcedente, en el presente caso, la paralización del proceso hasta tanto la Alzada resolviera el asunto planteado.

De allí que, contrariamente a lo afirmado por la defensa, el plazo de la investigación penal preparatoria no se encuentra agotado. Ello así pues desde el 4 de mayo de 2006, fecha en que se cumplió con el art. 41 LPC en la sede de la fiscalía (fs. 136 vta.) hasta el 22 de mayo de 2006, fecha en se suspendió, a pedido del fiscal, la investigación preliminar (fs. 148); y desde el 11 de diciembre de 2006 (fs.268), fecha en que la causa retornó a la sede de al fiscalía tras una serie de tramitaciones y específicamente tras el rechazo del recurso de inconstitucionalidad incoado por la defensa, hasta el 20 de diciembre de 2006, oportunidad en que se requirió la elevación a juicio del presente sumario (fs.270/272), sólo transcurrieron en total veintisiete días.

En consecuencia, habiéndose completado la investigación penal preparatoria dentro de los términos legales, tal circunstancia demuestra una vez más que la garantía del plazo razonable no se vulneró.

11) Por todos los argumentos expuestos, la resolución dictada por el a quo debe ser homologada y en consecuencia propongo al acuerdo I. CONFIRMAR la resolución de fs. 12/15 del presente incidente de falta de acción y, II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Así voto.

El Jorge A. Franza dijo:

Por los fundamentos y conclusiones que brinda la Silvina Manes, adhiero a su voto en todo cuanto propone.

Asi voto.

La Marta Paz:

Vuelven los autos a conocimiento de este tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de S. D. B, contra la resolución del 22/2/07 de 2007 que dispuso rechazar la excepción de falta de acción que interpusiera oportunamente.

1) Con fecha 3 de abril del 2007 este tribunal declaró admisible el recurso de queja y puso el expediente en Secretaría a disposición de las partes por 5 días a los fines del art. 51 de la LPC.

Es asi que, cumplido ello, el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.

2) La jueza a quo interpretó que el plazo previsto por el art. 56 inciso 2º de la LPC debía ser contado desde el momento en que este tribunal devolvió el legajo principal de esta causa a la instancia de grado, luego de revocar la suspensión del proceso a prueba y rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa contra esa decisión.

Considera que, como fue remitido a la fiscalía el 7 de diciembre de 2006, esa es la fecha desde la cual debe computarse el plazo referido.

3) El defensor se agravia por la interpretación del art. 56 inciso 2º de la LPC efectuada por la jueza a quo y por la forma en que computó el plazo previsto en esa norma para la duración de la investigación penal preparatoria.

Vincula el mandato del art. 56 inciso 2º ley 1.330 con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

4) El fiscal de cámara sostiene que no debe hacerse lugar al planteo de la defensa porque el recurso de apelación del fiscal contra la resolución que suspendió el juicio a prueba, que finalmente fue revocada por este tribunal, por mayoría, tuvo efecto suspensivo e impidió el avance de las actuaciones.

Señala que "teniendo en cuenta la fecha de la declaración del imputado (04/05/06), la posterior suspensión del plazo (22/05/06), y su continuación a partir del día en que el fiscal recibió la causa nuevamente (07/12/06), hasta la materialización del requerimiento de juicio (20/12/06), de ninguna manera se puede sostener que ha operado el art. 56, inc. 2º de la ley 1287/1330" (fs.77 y vta).5) El art. 56 inciso 2º de la LPC dispone que "La investigación penal preparatoria no puede exceder el plazo de dos (2) meses para su conclusión, a contar desde la declaración o la detención del imputado. El Fiscal puede solicitar motivadamente la prórroga del plazo al juez, el que nunca excederá de cuatro (4) meses, cuando las particularidades del caso así lo impusieren. Transcurrido el plazo máximo corresponde el archivo de las actuaciones. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga otorgada podrá exceder excepcionalmente dicho plazo." 6) La cuestión que se plantea es si el plazo previsto en la norma debe ser considerado perentorio o meramente ordenatorio; pues de reputárselo meramente ordenatorio, la denegatoria del planteo de la defensa resuelta por la jueza a quo habría sido bien efectuada por este solo motivo, por lo que no correspondería realizar ninguna otra consideración.

7) La única referencia similar en el Código Procesal Penal de la Nación, en relación a la duración y prórroga del proceso, se encuentra en el art. 207 de ese ordenamiento adjetivo y refiere a la duración de la "instrucción".

El art. 207 del CPPN dispone que "La instrucción deberá practicarse en el término de cuatro (4) meses a contar de la indagatoria. Si ese término resultare insuficiente, el juez solicitará prórroga a la cámara de apelaciones, la que podrá acordarla por dos (2) meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación".

Se ha discutido en relación a esta norma si la falta de cumplimiento del plazo en ella estipulado provoca alguna sanción, tales como la nulidad de lo actuado, la nulidad a partir de cuando se excedió la instrucción en dicho plazo o simplemente el sobreseimiento de las actuaciones. Ello se debe a que la norma nada expresa al respecto.

Parte de la doctrina ha señalado que la norma del art. 207 del CPPN pone en cabeza del juez, o del órgano a quien se delega la instrucción una determinada actividad procesal cual es la de instruir un sumario en el término de cuatro meses y que, por ende, su inobservancia causa una nulidad de orden general ya que vulneraría el derecho de quien se encuentra sometido a proceso a obtener una resolución que ponga fin al estado de incertidumbre que éste le causa (art. 167 inc. 2º CPPN).

8) Se advierte que la normativa nacional se diferencia de la local, en tanto no asigna una consecuencia determinada para el supuesto de incumplimiento del plazo fijado en la norma.

En cambio, el plazo fijado por el art. 56 inc. 2º de la LPC conlleva una sanción expresa para el supuesto de incumplimiento de la norma.

Por ello no puede ser considerado ordenatorio; es así desde que la norma dispone que "transcurrido el plazo máximo corresponde el archivo de las actuaciones." 9) La inconsecuencia o la falta de previsión jamás se supone en el legislador y por esto se reconoce como principio que la interpretación de las leyes debe hacerse evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 310:195, 1715; 312:1614).

10) Desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en el caso "Mattei" ( Fallos 272: 188) se ha entendido comprendido en el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable(CS, 311: 1644 y 2004; 312:2075 y 2434).

Con la reforma constitucional del año 1994 se lo ha incluído expresamente en nuestra Carta Magna (art. 75 inc. 22 ).

Ello desde que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en sus artículos 7 y 8 alude al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevee el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas (art. 14,3 c); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre prevé el derecho a ser juzgado sin dilación indebida (art.XXV); y el "derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable" está consagrado en el principio 39 del Conjunto de Principios para la protección de todos las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión", aprobado por la Asamblea General en su resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988.

En este sentido, la doctrina ha señalado que el proceso penal debe ajustarse, como todo proceso, a una duración razonable conforme a la naturaleza de la pretensión jurídica que en él se tiene que resolver al dictarse la sentencia. Es fácil comprender que si en el proceso penal se persigue averiguar si se cometió o nó un delito, quién es su autor, y si se debe penar o no, las cuestiones comprometidas exigen celeridad procesal (Derecho Constitucional Argentino de Bidart Campos, T. 1, pág. 636, con cita de los Fallos 272:188- 297:48- 298;50 y 312- 300: 226 y 1102; 305:913; 306:1705 entre otros).

Por último, cabe consignar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado admisibles las peticiones efectuadas por particulares contra el Estado Argentino en los casos en que ha habido violación a este principio constitucional.

11) La Corte Interamericana en los casos "Genie Lacayo" del 29 de enero de 1997 y "Suárez Rosero" del 12 de noviembre de 1997 ha señalado en relación al concepto de plazo razonable que se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y, c) la conducta de las autoridades judiciales (con citas de los precedentes "Motta" del 18 de febrero de 1991 y "Ruiz Mateos", del 23 de junio de 1993, ambos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos)".

12) Es así que, como la letra de la ley contravencional expresa concretamente el tiempo de duración de la instrucción corresponde atenerse a su letra por aplicación del principio que establece que cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación (Fallos 218:56).

13) Esta norma recepta el derecho a ser juzgado en un plazo razonable a que se viene haciendo referencia.

De todo lo expuesto concluyo que el plazo previsto en el artículo 56 inc. 2º de la LPC es perentorio ya que, ante un supuesto de hecho dado, impone una determinada consecuencia jurídica sancionadora.

La inobservancia del precepto conlleva la sanción que expresamente dispone el mismo. El transcurso del plazo constituye así una violación de la ley que contraria su finalidad que refiere a lo que se denomina respeto al "plazo razonable," operando un impedimento de perseguibilidad en la propia ley procesal.

En este sentido se ha expedido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad señalando que "El mandato contenido en la norma, tiene por finalidad la realización del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Tal como ocurre por ejemplo en el caso de la prescripción, el simple transcurso del tiempo agota la voluntad estatal persecutoria. De allí que la defensa no tenga ningún perjuicio que demostrar salvo el cumplimiento del plazo estipulado por la norma...es dable recordar que la obligación dirigida a los jueces de interpretar de la manera más restrictiva posible -obvia consecuencia del principio de legalidad material- impone descartar cualquier posibilidad de ampliar, por vía de la hermenéutica judicial, el poder punitivo estatal habilitado por las normas emanadas del órgano legislativo con el argumento, en este caso insostenible, de la razonabilidad. En otras palabras, la voluntad estatal persecutoria, manifestada a través del poder legislativo, no puede ser modificada pretorianamente por los jueces en perjuicio del imputado..." (causa 2006-04-19, Petracona, Miguel Angel s/infr. art. 189 bis, 3º párrafo del CP - Apelación" Es la propia ley la que establece que el cumplimiento del plazo previsto tiene como consecuencia la culminación del proceso a través del archivo de las actuaciones. No estamos, por lo tanto, ante una simple pauta de razonabilidad sujeta al arbitrio jurisdiccional.

14) En el presente caso nos encontramos ante uno de ínfima complejidad, donde si bien hubo planteos de la defensa y la acusación, no pueden tacharse de dilatorios ya que en ambos casos han respondido al debido ejercicio de sus respectivos ministerios (no hubo por ejemplo rebeldías).

15) Es así que, en esta causa el plazo debe contarse a partir de la declaración del imputado en sede local, ya que asiste razón a la fiscalía en cuanto señala que la norma local no rige en un ámbito distinto de aquel en que tiene vigencia y validez la misma, esto es el 4/5/06.

El cómputo debe considerar el tiempo en que el trámite estuvo efectivamente suspendido en virtud de la concesión de la suspensión del juicio a prueba, finalmente revocada.

No corresponde contar el plazo suspensivo desde el momento en que la defensa solicitó la suspensión ya que la fiscalía no conformó en momento alguno el mismo. Es asi que con fecha 17 de abril de 2006 requirió al tribunal la formación de incidente y la "inmediata devolución del principal a los efectos de continuar con la sustanciación de la investigación preparatoria" (fs. 113); pidió informes al RENAR (fs, 114) y finalmente apeló la concesión, la que fue revocada, por mayoría, por este tribunal.

Ni corresponde tampoco computarlo desde que fueron devueltas las actuaciones por este tribunal a la instancia de grado, ya firme la revocación de la suspensión del juicio a prueba, porque la ley no prevé ninguna hipótesis de interrupción del plazo, lo que implica necesariamente el temperamento adoptado en dicha instancia.

Corresponde entonces, tomar en cuenta el tiempo efectivamente transcurrido desde la declaración del imputado hasta la concesión de la suspensión del juicio a prueba, esto es desde el 04/05/06 hasta el 03/07/06 (fs. 171/176). Al mismo cabe adicionar el tiempo transcurrido desde que el fiscal recibió la causa luego de haber sido desestimado por el tribunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa, esto es el 12/12/06, hasta que presentó el requerimiento de elevación a juicio el 20/12/06.

Habiendo transcurrido más de dos meses y no habiéndose solicitado fundadamente prórroga alguna corresponde, conforme expresamente sanciona la norma, disponer el archivo de las actuaciones.

Por lo expuesto corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la defensa de S. D. B. y REVOCAR la resolución recurrida, ordenando el archivo de las actuaciones (art. 56 inc. 2º de la LPC).

Asi lo voto.

En mérito al acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de fs. 12/15 en cuanto fuera materia de recurso y tener presente la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a primera instancia a fin de que se practiquen las notificaciones restantes.

Ante mí:

En de mayo de 2007 se notificó a la Sra. Fiscal de Cámara. Doy fe.

En de mayo de 2007 se notificó a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

En de mayo de 2007 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 13. Conste.