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Quiebra, extensión de la quiebra, grupo económico, fideicomiso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco  Medefin  UNB  SA c/ Socimer International BankLimited y otros s/ ordinario. s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

Cabe admitir la demanda de extensión de quiebra incoada por la sindicatura falencial, contra una de las sociedades que integraban el grupo económico de la entidad bancaria fallida, en los términos del artículo 161, inciso 3º de la LCQ. Varios indicios demuestran la confusión patrimonial. A) El mutuo principal que habría realizado la demandada a favor del banco jamás se concretó, según surge de los informes contables el dinero nunca ingresó en el activo de la fallida -quien aparecía como prestamista en realidad habría obtenido un crédito de sus propios co-contratantes, y habría cedido su condición de deudora a la fallida a través de un "préstamo puente", generando un crédito a su favor como parte de esa misma cesión (por la transferencia de una cartera de créditos)-. B) Los referidos acuerdos no se encuentran debidamente registrados por la entidad quebrada, ni tampoco en los libros de la accionada. C) La sociedad accionada -también en liquidación- no se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia para ejercer actos de comercio en nuestro país, y tampoco lleva registros contables en el territorio, sino que ellos se encontraban en un depósito en Uruguay. Tampoco ejercía actividad comercial en Bahamas (país de origen), sino que sólo actuaba a través de sus subsidiarias en diferentes países (Argentina, Chile, España, etc.). D) La demandada contaba con sólo cinco empleados, todos directores, dos de los cuales eran funcionarios de la sociedad controlante del grupo económico. La representación de todas las sociedades del grupo era desarrollada ambiguamente por las mismas personas. E) Por último, se advierte la participación activa que tuvo la accionada en la creación de un fideicomiso sobre los bienes del banco fallido, en donde negoció la disponibilidad de los activos y pasivos de aquél en forma discrecional, como si fueran propios. En suma, teniendo en cuenta la totalidad de los antecedentes, se consideran cumplidos los presupuestos exigidos por la ley concursal para extender la quiebra a la accionada.
Contratos, prenda, prenda con registro, ejecución prendaria, excepciones procesales, inhabilidad de título, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CNH Industrial Capital Argentina SA  c/ Haedo, Emiliano Osvaldo y Haedo, Luciano José y otro y otros  s/ ejecucion prendaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-22

Por otro lado, tampoco se podría admitir en el sentido en que fue planteada, pues al momento de suscripción del contrato prendario regían plenamente las normas establecidas por el Código Civil y Comercial de la Nación -TO ley 26994 que entró en vigor el 1/8/15-. Desde tal perspectiva, pretenden los ejecutados que la obligación reclamada por la ejecutante debería ser condenada a su respecto con carácter de mancomunada por aplicación de las normas derivadas de la LGS 23 y 24, modificados por el mentado código de fondo.
Accidentes de trabajo, derecho de opción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Zotarelli de Almendariz, Nélida Ester c/ Cooperativa Eléctrica Ltda. de Chacabuco s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

Solo el cobro de la indemnización depositada por el empleador en el departamento de accidentes del trabajo implica la opción por la acción especial de la ley 9688 habida cuenta que las actuaciones llevadas a cabo en sede administrativa del trabajo revisten solo el carácter de meros actos de constatación del siniestro, como de sus consecuencias y nada obsta a la formulación de un reclamo judicial ulterior.
Seguros, seguro colectivo, incapacidad total, interpretación de la ley, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Arriola, Nora Adriana c/ Provincia Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

Procede hacer lugar a la demanda por el cobro de la suma correspondiente al seguro de vida que la actora contrató con la demandada. Ello por cuanto cabe tener por acreditada la incapacidad -su carácter de total (66%) y el grado de la misma y en consecuencia tener por configurado el riesgo cubierto por la póliza de seguro de vida. Es que el concepto jurídico de invalidez total escapa a un molde abstracto, el mismo no puede concebirse desvinculado de las circunstancias personales del asegurado y de la concreta relación de trabajo que cumplía, al margen de ponderar eventuales o probables variaciones en la prestación de los servicio, acordes con las posibilidades efectivas de las fuentes de trabajo. Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decir que, a los fines de determinar la incapacidad total y permanente por imposibilidad de realizar otra tarea remunerada, no procede ceñirse a parámetros abstractos ni fórmulas matemáticas, pues es preciso tomar en consideración las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas y los efectos que estas puedan tener con respecto a su actividad actual, y a su vida en relación (CSJN en "Toscano c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios", del 7/2/95; íd "Morette c/ YPF s/ cobro de pesos", del 23/8/88).
Deuda previsional, determinación de deuda previsional, actualización monetaria, facultades de la administración, Secretaría de Hacienda, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: FISCO NACIONAL - D.G.I. c/ Agro Industrias Inca S.A
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-09

Los arts. 37 y 52 de la ley 11.683 (t.o. 1999) establecen las pautas para fijar el tipo de interés y su mecanismo de aplicación, facultando a la Secretaría de Hacienda -dependiente del M.E.O.y S.P.- para tal cometido. En virtud de ello, resultan de aplicación las disposiciones dictadas al efecto, vigentes para cada período de aportes y contribuciones impagas, o pagadas fuera de término.
Queja por casación denegada, procedencia del recurso, violación de la ley o doctrina legal
Materia: Procesal
Carátula: Mansilla, Boris c/ MINAR S.A.P.S. s/ Ejecutivo s-Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-05-12

La Cámara de Apelaciones, al resolver incumplió con el art. 281 del CPC, ya que pretendió del recurrente el cumplimiento de determinado requisito: especificación del motivo del agravio -art. 554, inc. 4, del CPC- y que derivara en la denegatoria del Recurso de Apelación.

Exigió una carga que el Código Procesal prohibe, cual es fundar el recurso al interponerlo. El apartamiento del texto de la ley convirtió el fallo en arbitrario, configurándose por lo tanto el motivo por cual procede el recurso de casación: violación de la ley.
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moscoloni, Juan Carlos c/ Línea 518 s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-23

En el campo del contrato de transporte, la responsabilidad objetiva se encuentra plasmada en el art. 184 del Código de Comercio, aplicándose supletoriamente las disposiciones del Código Civil.
Patentes, medicamentos, elaboración de medicamentos
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOVARTIS  PHARMA  AG c/ MONTE  VERDE  SA s/ varios  propiedadindustrial e intelectual.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-01

En Argentina no existe una norma expresa que consagre un estándar de protección mayor a favor de los "DND". Vinculado con este tópico, recuerdo que el artículo 66 del ADPIC atempera el cumplimiento estricto de las obligaciones contenidas en él para las naciones menos adelantadas considerando sus limitaciones y necesidades, y con propósito de que ellas establezcan una "base tecnológica viable" (apartado 1, norma cit.). Se trata de una previsión que armoniza plenamente con los "Objetivos" del Acuerdo ya que el artículo 7 subordina la protección de los derechos de propiedad intelectual a la contribución de la innovación tecnológica, ".en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones" (art. cit.).
Nulidad de sentencia, condena condicional, condena anterior, recurso de apelación (procesal), Ministerio Público Fiscal, interposición del recurso, falta de interposición del recurso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: de Cataldo, Rafael y otro s/ Inf. ley 23771. Causa 25667
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-19

Ante la falta de recurso de apelación expreso por parte del Fiscal de Primera Instancia, resulta improcedente la nulidad de la sentencia solicitada por el Fiscal de Cámara, fundada en la imposición de una pena en suspenso y en la existencia de condenas anteriores que la torna improcedente.
Justicia militar, Código de Justicia Militar
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

La jurisdicción militar solo comprende a delitos y faltas militares, quedando exceptuadas de su régimen la comisión de delitos comunes, ya que la normativa militar se limita al conocimiento de delitos bajo su órbita y de los que típicamente se encuentra comprendidos en el código de Justicia Militar, conforme ha entendido el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Plata.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, acción de amparo, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KESSLER, ELISABET c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

Los agravios que la Provincia vierte ostentan suficiente entidad constitucional como para habilitar la apertura de esta instancia extraordinaria y se encuentran conectados con la causa, en especial, los que refieren a la arbitrariedad en que incurre el Tribunal al sostener que debía considerarse procedente el amparo por el solo hecho de dar por superadas las mencionadas instancias de análisis que debieron ser transitadas por los juzgadores con apego a las directrices antes trazadas, aún teniendo presente el invocado origen constitucional de los derechos que la recurrente dice vulnerados con resolución impugnada, pues la petición de inconstitucionalidad no desplaza de por sí la concurrencia de materia contencioso administrativa ni la competencia de los tribunales a los que la Constitución y la ley les han confiado el conocimiento de dicha materia (De la disidencia de los Dres. Erbetta, Gastaldi y Netri) - CITAS: CSJStaFe: Haquin, AyS T 162, p 361; Andreoli, T 163, p 71; Aguirre, T 206, p 230. - Jurisprudencia Concordante con Cavallol, AyS T 261, p 495/506, s mario
Recurso de casación, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Defensor Oficial ante la Cámara Dr. Jorge Luis Falco s/ Interpone  Recurso de Casación en autos: Tacul Aguilar Gelardo (Prio.  Pol. 193.426 A.G.) por el delito de Estupro Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-10-24

Para determinar con claridad lo que es, en esta materia, objeto de control de la casación, es preciso señalar que el Tribunal de Mérito es libre en la valoración y selección de las pruebas que han de fundar su convencimiento, y en la determinación de los hechos que con ellas se demuestren. El valor de las pruebas no está fijado ni determinado y corresponde a su propia apreciación evaluarlas y determinar el grado de convencimiento que puedan producir sin que tenga el deber de justificar por qué da mayor o menor mérito a una prueba que a otra.

Es por ello que por la vía del Recurso de Casación no se puede provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia.
Competencia por la materia, competencia comercial, diligencias preliminares, secuestro de bienes, fondos comunes de inversión, cuotapartes de fondos comunes de inversión
Materia: COMERCIAL
Carátula: BUCCINO,   CECILIA c/ BANCO  RIO  DE  LA  PLATA  SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-02

Del dictamen fiscal 91132:

Resulta competente la justicia comercial para entender en una medida precautoria por la cual el pretensor -en su carácter de cuotapartista de un fondo común de inversiones de una entidad bancaria- solicito como medida preliminar contra la citada entidad el secuestro de todos los informes administrados por el área de análisis del mercado financiero local e internacional y/o departamento técnico que tenga por objeto el estudio de desenvolvimiento del mercado financiero local, sus pronósticos y eventuales recomendaciones en razón de su critica situación durante el año 2001, como así toda aquella información que en ese sentido obre en poder del directorio y/o su presidente y oficinas anexas y/o dependientes del mismo y la serie de reparticiones que enumera, a fines de evaluar en que medida la situación del mercado financiero en ese año tuvo incidencia en las posiciones de los fondos comunes de inversión. Ello pues, no sólo en la cuestión atinente al contrato base -tenencia de la cuotaparte del mentado fondo y plazo fijo-, sino también en lo que refiere a la responsabilidad que, a estar a los dichos del accionante, les cupo a los futuros accionados en virtud del presunto mal desempeño aludido, pues tales circunstancias aconsejan la intervención de un juez mercantil. En tal sentido cabe precisar, que el desplazamiento de los asuntos mencionados en la Ley 25587 art. 6 al fuero federal, responde a una situación excepcional y, por ende, de interpretación restrictiva, vinculada a la aplicación de la legislación de emergencia económica instituida por la Ley 25561, por lo que no puede ser extendida a otras situaciones jurídicas como la presente. Por su parte, el fuero federal es de excepción, de competencia restrictiva y no resulta inexcusable, tanto mas cuando se trata del ámbito de la Capital Federal, en la que los jueces federales y los nacionales revisten el mismo carácter federal y tienen el mismo origen constitucional.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GALLAND, Ana Lía; FINETTI, Luis; PADILLA, Elsa Daniela; GALLAND, Roque A c/ SALVO, Ricardo Humberto s/Suc. TROGLIERO, Enrique s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-01

La cuestión constitucional debe ser introducida antes del fallo de la alzada, pues tanto el acogimiento como el rechazo de las pretensiones de las partes son eventos previsibles que obligan a su oportuno planteo.

Puesto que frente a una pretensión existe siempre la posibilidad de que la misma sea rechazada así como que la sentencia adversa de primera instancia sea confirmada en la Alzada, el resultado nunca puede ser "sorpresivo".

En consecuencia, la parte recurrente debe prever dicha eventualidad introduciendo correctamente la cuestión constitucional en la primera oportunidad posible en el curso del procedimiento.
Concurso preventivo, cuota concordataria, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: PETERS  S/CONCURSO  S/INC.  DE  REVISION  POR  N.E. LARROCA DE TRIACA s/ INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-15

En el caso del acreedor que cumplió oportunamente la carga de insinuación ante el síndico conforme la LC:33 y finalmente fue reconocido como tal luego de cumplir con la tramitación del inc. de revisión prescripto por la LC:38, resulta procedente la repotenciación de las cuotas concordatarias entre los momentos antes señalados, por no ser atribuible al pretensor la tardanza en la percepción de la acreencia.
Sociedades comerciales, sociedad irregular, sociedad colectiva, responsabilidad del socio, responsabilidad de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: MORDJIKIAN,  ADOM S/CONCURSO S/INCIDENTE DE REVISION POR SAN FERNANDO CIA.FINANCIERA  S.A. s/ CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

Si el crédito ha sido rechazado en el concurso de la sociedad colectiva irregular a quién la acreedora tuvo en su insinuación como su deudora originaria, no es posible actuar respecto del asociado, pués no fue acreditada la virtualidad del crédito a cargo de la comunidad y respecto del cuál éste podría ser ejecutado para hacer efectiva su responsabilidad solidaria.

El pasivo originado en la actividad de aquella comunidad irregular es perseguible directamente de sus partícipes, por causa de que la responsabilidad de éstos tiene una estructura de derecho positivo que les veda requerir la excusión previa del patrimonio común (ls.23 y 56).

Pero la exoneración de la de la comunidad irregular -cuando el sedicente acreedor optó por accionar contra tal figura personalizada, en lugar de hacerlo respecto de las personas individuales responsabilizables directamente, provoca la liberación de los comuneros responsables, pués tal declaración absolutoria obtenida por la comunidad es invocable personalmente por los asociados, en tanto el vínculo creditorio respecto de éstos dependió del invocado ente irregular.
Convenios colectivos de trabajo, actividades laborales, personal de multicines
Materia: LABORAL
Carátula: Moffardin,  Christian c/ Cinemas  Hoyts  de  Argentina S.A. s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-26

Cuando se celebró el CCT 368/75 no existía el modelo de explotación que en la actualidad se conoce como "multicines" por lo que esta norma convencional abarca a los empresarios que representan todas las salas cinematográficas, a excepción de aquéllas que, como la demandada se manejan por un sistema de explotación y nueva tecnología generadora de una diversa organización empresaria. Por ello la autoridad de aplicación reconoció, para la concertación del nuevo convenio colectivo que abarcara el personal de estas nuevas empresas de complejos cinematográficos con pantallas múltiples, al Sindicato Argentino de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina quienes celebraron el convenio de empresa 264/97, que involucra a todo el personal de la empresa demandada (Cinema Hoyts S.A.), incluidos los que trabajan en las cabinas cinematográficas, excluyendo sólo al personal de confianza.
Plan de ahorro previo, factura, automotores
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Volkswagen Argentina SA c/ GCBA (DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR. y sus acumulados: expte. no 6524/09 _\Velarde, Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA-Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; expte. no 6527/09 _\Monatirsky, Adriana Beatriz s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/  GCBA - Direccion General de Rentas (Resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; y expte. no 6528/09 _\Peloso, Rafael y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA- Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e..
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-10

El mecanismo de adquisicion de vehiculos mediante el sistema de ahorro previo contempla distintos pasos, entre los que cabe resaltar los siguientes: el vehiculo se adjudica al adherente del sistema; el adherente favorecido en la adjudicacion de una unidad, tiene un determinado plazo para aceptar la misma; una vez que el adherente comunica al concesionario la aceptacion, este ultimo requiere la entrega del vehiculo a la terminal; y por ultimo, la terminal automotriz procede a la entrega y facturacion del vehiculo al concesionario, con el cambio de modelo y accesorios solicitados por el cliente, si correspondiere, de modo que en el supuesto de venta de vehiculos por medio del sistema de ahorro previo el momento en que debe considerarse devengado. El ingreso es cuando se realiza la facturacion. (Voto de la Sra. Jueza Ana Maria Conde, al que adhiere el Sr. Juez Carlos F. Balbin. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, responsabilidad médica, mala praxis, culpa, relación de causalidad, parto prematuro
Materia: CIVIL
Carátula: DE LA RUA, NAHUEL c/ LETO, DANIEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-15

Ante las consideraciones del Tribunal, que sostiene que no se logró demostrar en el caso la culpa en el obrar de los médicos tratantes ni la relación de causalidad adecuada entre su obrar y las lesiones sufridas, destacando especialmente lo expresado por el Juez de grado en cuanto había concluido en base a los dictámenes periciales que, dado que la etiología de la retinopatía del prematuro es multifactorial, sumado a que hoy se sabe que el mayor factor de riesgo es la prematurez, no advirtiéndose que la ceguera que padece el actor obedezca a la mala praxis invocada, el recurrente expone su propio enfoque de la cuestión debatida en un intento por revertir la decisión tomada y, por ende, en el plano de la disconformidad, postulando -en base a estudios y fallos de la época de su nacimiento- que la principal causa asociada a la ROP obedece a las altas presiones de oxígeno como tratamiento, mas en modo alguno logra desvirtuar los fundamentos dados por el A quo para resolver como lo hiciera, en especial cuando hace mención a que de los dictámenes de los peritos surge que la ROP responde a múltiples factores, no estando clara la causa verdadera, siendo el mayor factor de riesgo la misma prematurez.
Poder Judicial, cesantía, indemnización, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez, Carlos María c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 568-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-26

No puede prosperar la oposición de la Provincia demandada la reconocimiento de la pretensión indemnizatoria alternativa ejercida por el actor -fundamentada en que no estuvo expresamente incluida en el reclamo administrativo- atento a las especiales circunstancias del caso, en donde a la existencia de una sentencia anterior de lenguaje ambiguo tanto en lo general como en los aspectos específicamente vinculados a la eventual restitución de la esfera jurídica del recurrente, se suma que su reclamo en sede administrativa, comprende -en definitiva- una pretensión resarcitoria que tiende a que -con amplio alcance- se le compensen todos los perjuicios sufridos.
Honorarios, convenio de honorarios, regulación de honorarios, pago a cuenta
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: SEGAL TURNER & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL c/ FRIGORÍFICO BUENOS AIRES S.A.I.C.A.I. y F. s/ COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-14

La petición de cumplimiento del convenio de honorarios no deviene abstracta por el cobro de los honorarios regulados judicialmente si los letrados al intimar su pago en el concurso dejaron expresa constancia de que lo abonado en esta causa sería imputada como pago a cuenta de lo que resulte del convenio celebrado entre partes, máxime al probarse su existencia (art. 1197 del Código Civil y ley 21.839) y que ellos no renunciaron a su cobro, dado que la intención de hacerlo no se presume y que la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva (art. 874 del Código Civil). (Sumario N 17836 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N 2/2008).