Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16


SENT Nº 394	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciséis (16) de Junio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Antonio Gandur -por encontrarse excusado el doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Clínica Integral para la Mujer S.A. vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- s/ Especiales (Residual)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La Clínica Integral para la Mujer S.A. -parte actora en el sub iudice-, por letrado apoderado, plantea recurso de casación (cfr. fs. 376/385) contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 16 de junio de 2009 obrante a fs. 345/348 vta. de autos, que es concedido mediante Resolución del referido Tribunal el 22 de junio de 2010 (cfr. fs. 398 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial-TC (en adelante CPCC), norma ésta de aplicación supletoria por expresa remisión del artículo 79 del Código Procesal Administrativo-TC (en adelante CPA).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte como Tribunal del recurso interpuesto la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

El recurso ha sido incoado en término, conforme surge de lo actuado a fs. 349 y del cargo inserto a fs. 385; el acto judicial impugnado es una sentencia definitiva; se cumplió con el depósito que exige la ley del rito (cfr. fs. 371); el escrito de presentación del recurso se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; la impugnación recursiva se motiva en la invocación de violación a normas de derecho y en la presunta arbitrariedad en que habría incurrido el Tribunal A quo en el fallo en cuestión respecto a la valoración del material fáctico obrante en autos.

Ahora bien; siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la ponderación por este Tribunal Cimero provincial de aquélla valoración efectuada por el A quo -ponderación ésta que es ya una cuestión de derecho-, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen deviene admisible. En virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para examinar la procedencia del acto impugnativo extraordinario local.

III.- Sostiene la parte actora para fundar su recurso de casación que la sentencia en crisis -por la cual se hace lugar a la demanda por ella incoada contra la Provincia de Tucumán- incurre en gravedad institucional al privarla del derecho a la defensa en juicio y, como ya quedara explanado ut supra, por violación de la ley (quebrantar normas constitucionales y legales que menciona y, en fin, por arbitrariedad.

Sobre el particular, argumenta invocando diversas razones que, en lo pertinente, serán valoradas y juzgadas al examinar a continuación la procedencia del recurso extraordinario local de marras.

IV.- ¿Asiste razón a la recurrente?	IV.1.- El fallo, no obstante hacer lugar a la demanda de nulidad del cargo tributario establecido por la accionada, manda a practicar la planilla sin tener en cuenta la totalidad de los pagos indebidamente efectuados.

Respecto a este agravio, considero que asiste razón a la recurrente por las razones que sucintamente paso a exponer.

La actora (en la especie) inició un proceso contra la Provincia (demandada en el sub iudice) con motivo del juicio de ejecución fiscal de la aquí accionada en el proceso caratulado "Gobierno de la Provincia -DGR- c/Clínica Integral para la Mujer S.A. s/ Ejecución fiscal" (expediente nº 4753/99) tramitado ante el Juzgado Civil en Cobros y Apremios, con el objeto de que se declare la nulidad del cargo tributario nº DJ 001132/99, efectuado por una supuesta deuda de la actora resultante de la no tributación del impuesto a los Ingresos Brutos. Consecuentemente peticiona se ordene la restitución de todo lo pagado en más en concepto de capital, intereses y las costas procesales (cfr. fs. 6). En el punto 6 del petitorio Clínica Integral para la Mujer S.A. pide se declare la nulidad del cargo tributario que da cuenta el expediente fiscal "Gobierno de la Provincia-DGR- c/ Clínica Integral para la Mujer S.A. s/ Ejecución Fiscal", ordenando la restitución de todo lo que en más hubiere percibido la demandada en dichos autos, comprendiendo capital, intereses y costas judiciales (cfr. 12).

Se trata pues de un reclamo relacionado con los "pagos indebidos", (destaco que este concepto genérico comprende dos modalidades específicas, a saber, pago por error (cfr. artículo 784) y pago de una obligación contraria a las leyes (cfr. artículo 794), ambos previstos en el Código Civil (en adelante CC) y que, en este caso, la acción de repetición remite no sólo al examen de la previa relación tributaria, sino a la restitución de todo el dinero del que la actora se ha visto privada en el proceso de ejecución fiscal, incluyendo los gastos a los que alude la pericial contable, no cuestionada por la accionada, ya que el resarcimiento (según la actora) debe ser total para ser justo.

Desde esta perspectiva se advierte que la actora impugnó con éxito la validez del cargo tributario formulado, peticionando la restitución de los indebidamente abonados en tal concepto con más intereses, como asimismo los gastos generados en el juicio de apremio, el que acompañó como prueba. Si bien esto no fue detallado en forma específica, de los términos de la demanda surgen genéricamente peticionados.

Partiendo del supuesto de una acción de repetición por "pago sin causa", en este caso, conforme al artículo 793 del CC (excluye la aplicación al caso del "pago por error", pues conforme a la demanda el motivo de la restitución sería la nulidad del cargo tributario realizado y pagos indebidos efectuados en su mérito), la sentencia no efectuó mayores precisiones al respecto, ya que analiza puntualmente las consecuencias de la anulación del cargo tributario ordenando la restitución de los montos con los intereses relativos a aquél, pero omite toda referencia, sea para acogerla sea para denegarla a las supuestas acreditaciones del expediente fiscal de apremio ofrecido como prueba por la actora y consecuentemente, omite pronunciarse sobre la restitución de pagos y gastos indebidos allí realizados.

Desde esta perspectiva, el fallo no tuvo en cuenta supuestos elementos probatorios ofrecidos por el actor en punto a determinar todos los pagos considerados indebidos por la actora.

En suma, se agravia por la insuficiencia de los parámetros tomados por la sentencia a fin de determinar los pagos indebidos a la accionada y que deben eventualmente ser objeto de restitución a la actora.

Las consideraciones precedentes, ponen de manifiesto el vicio que se endilga a la sentencia de marras.

Resulta del caso señalar que las sentencias definitivas deben recaer sobre las pretensiones y pruebas que las partes afirman en sus escritos de demanda y contestación y, en su caso, en la reconvención y su contestación y sólo excepcionalmente, se admite la alegación de hechos con posterioridad al cumplimiento de aquellos actos procesales, como lo es el supuesto de "hecho nuevo".

Así, el artículo 273 inciso 6) del CPCC entre los requisitos que debe contener una sentencia definitiva requiere: "La decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las acciones deducidas, declarando el derecho de las partes, condenando o absolviendo de la demanda y reconvención en todo o en parte".

Al respecto resulta ilustrativo transcribir el pensamiento de Lino E. Palacio: "La ley exige, como se advierte, una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone, como es obvio, la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida en el juicio (sujeto, objeto y causa). Se trata de la aplicación del denominado principio de congruencia, que constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y reconoce, incluso, fundamento constitucional, pues como lo tiene reiteradamente establecido la Corte Suprema, comportan agravio a la garantía de defensa (art. 18 C.N.), tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas por las partes, que sean conducentes para la decisión del pleito, como aquéllas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso. En este último supuesto la sentencia incurre en el vicio llamado extra petita". (cfr. Palacio, Lino Enrique, "Manual de Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, T. II, pág.12).

En mérito a lo expresado precedentemente, al hecho de que la sentencia omita analizar elementos contenidos en el expediente fiscal a los fines de determinar la procedencia o no de la totalidad de los alegados pagos indebidos a la demandada por el actor, el agravio del accionante debe ser acogido.

Por todo ello, voto porque se declare procedente, el recurso en examen, siendo inoficioso el tratamiento del agravio especialmente el relativo a la fecha a partir de la cual deben computarse intereses, atento a la conclusión parcialmente nulificante a la que se arriba, en este punto.

En su mérito, corresponde hacer lugar al recurso de casación incoado por la parte actora, casando parcialmente la sentencia en crisis y dejándola sin efecto también parcialmente, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que omite pronunciarse sobre pruebas producidas en autos, tendientes a demostrar la existencia y procedencia de supuestos pagos indebidos reclamados por la actora y que en caso de ser declarados procedentes debieran serle restituidos disponiendo su inclusión en la planilla que el Tribunal manda a practicar".

En consecuencia, corresponde remitir estos actuados a Excma. Cámara para que por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento, con relación exclusivamente a las cuestiones motivo de éste agravio de la actora.

IV. 2.- En lo atinente al agravio que la sentencia impugnada en esta instancia extraordinaria local debió considerar la nueva indisponibilidad de los fondos sufrida por la actora, y que ésta se ha visto imposibilitada fácticamente de declarar como hecho nuevo, toda vez que el embargo de fondos en concepto de honorarios profesionales ha sido concretado con posterioridad a la firmeza de llamamiento de autos (artículo 43 CPA), como la propia actora lo declara resulta inadmisible en la etapa procesal de la instancia de grado cuando la cuestión se suscitó, cuanto más resulta inadmisible en esta instancia de casación, pues no fue objeto de debate en la instancia de grado, por lo tanto reitero, también resulta inadmisible en la instancia recursiva, sin que pueda alegarse exceso de rigor formal como lo pretende la recurrente.

V.- Teniendo en cuenta la conclusión inferida, las costas de la instancia extraordinaria local se imponen a la vencida, Provincia de Tucumán, demandada en autos (cfr. artículos 89 del CPA y 105 del CPCC).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto y adhiero a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación deducido por la parte actora, expresada en el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, toda vez que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia infracción normativa y arbitrariedad de sentencia, se dio cumplimiento con el depósito y se basta a sí mismo (arts. 748/752 CPCyC). Asimismo, comparto y adhiero a los puntos dispositivos y fundamentos del referido voto.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos vertidos por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- 1.- HACER LUGAR PARCIALMENTE, al recurso de casación planteado por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 16 de junio de 2009, obrante a fs. 345/348 vta. de autos. En consecuencia casar la misma dejando parcialmente sin efecto el punto I de su resolutiva, en cuanto omite pronunciarse sobre la procedencia o no de la totalidad de los pagos indebidos reclamados por la actora y que supuestamente debieran serle restituidos, de acuerdo a probanzas de autos, conforme la doctrina legal expuesta en el considerando IV.1.- y remitir estos actuados a la Excma. Cámara para que por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento. I. 2.- DECLARAR PARCIALMENTE INADMISIBLE, el recurso de casación planteado por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 16 de junio de 2009, obrante a fs. 345/348 vta. de autos, conforme lo expresado en el considerando IV.2.-	II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	ANTONIO GANDUR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00029134-02.