Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-17


TS07D40512 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN SENTENCIA DEFINITIVA Nº 40512 CAUSA Nº: 2.504/2006 - SALA VII - JUZGADO Nº: 16 En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de octubre de 2007, para dictar sentencia en los autos: "ODILON RAMOS, JORGE C/ MATEROLO S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO" se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I. La sentencia de primera instancia que condenó de manera solidaria a las demandadas a abonarle al actor las indemnizaciones reclamadas con fundamento en la Ley de Contrato de Trabajo por el despido directo del caso, es apelada por la codemandada "Shell C.A.P.S.A." (v. fojas 652/657).

También hay recurso del perito contador, quien estima exiguos los honorarios que se le han regulado, mientras que la demandada recurrente cuestiona los emolumentos regulados en grado, en tanto a su juicio superan el porcentual fijado por la Ley 24.432 (v. fs. 643 y fs. 656 vta. pto. III).

II. Discrepa la recurrente porque se la condenó de manera solidaria con la demandada "Materolo S.R.L.". Considera que de parte del "a-quo" habría mediado una errónea interpretación de lo previsto en el art. 30 L.C.T., una aplicación equívoca de la jurisprudencia emanada de nuestro más Alto Tribunal como así también un errado análisis de las constancias probatorias de la litis. Insiste que la vinculación con la demandada principal fue solo un contrato de suministro de productos marca Shell y que su representada quedaría excluída de la solidaridad decretada en el decisorio en tanto no ha encomendado a la empresa "Materolo S.R.L." la realización de aspectos o facetas que hacen su actividad normal específica y propia, cual lo es la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, extremos estos que no se verían modificados por la existencia del contrato de locación entre ambas codemandadas. Funda su apelación en cierto precedente emanado del Juzgado del Fuero Nro.: 22 el que habría sido favorable al criterio que defiende.

III. Pero en mi opinión, a pesar del esmerado esfuerzo expositivo de la apelante, no veo que logre desbaratar lo ya resuelto en la instancia de grado.

Recientemente he tenido oportunidad de expedirme en el precedente que la recurrente invoca, en el cual propuse la revocatoria parcial del fallo de primera instancia emanado del Juzgado del Fuero nro.: 22 donde propuse hacer extensiva la condena de manera solidaria de la aquí recurrente (ver "Gomez, Horacio Enrique C/ Materolo S.R.L. y otro S/ Despido", S.D. nro.: 40.221 del 27-06-2007). En efecto, en aquella oportunidad consideré que "...corresponde destacar que el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo alude a la "actividad normal y específica propia del establecimiento". En tal sentido, se impone analizar si la actividad desarrollada en la estación de servicios es indispensable para el cumplimiento de los fines de la empresa petrolera o si, en cambio, se trata de una actividad que -en el caso de no brindarse- de todas formas no impediría alcanzar el cumplimiento de su principal finalidad" (conf. "Gomez." antes cit.).

También coincido - al igual que lo ponderado y decidido por el "a-quo"- en que es dable la comprobación de una activa injerencia de la recurrente en todo el proceso comercial posterior a la entrega del producto elaborado a "Materolo S.R.L." (uso de uniformes aprobados por ella hasta las reglas de atención al cliente, control del producto entregado a la venta, fijación de precios y normas de seguridad) lo cual sumado al esfuerzo que ha hecho la empresa petrolera para justificar el mecanismo de explotación comercial a través de sus terminales (estaciones de servicios), traducido en contratos de locación, convenios de suministro, contrato de comodato, contrato de franquicia, todos con rigurosas pautas a seguir por parte de los eventuales contratantes con un sinnúmero de resguardos y facultades tomadas por la empresa petrolera respecto del personal, no hace más que evidenciar -tal como lo destacara- a través de tan cuidadosa metodología, la activa participación e injerencia en la forma y modalidad posterior al suministro de sus bienes (art. 386 del Cód. Procesal, ver fs. 641 del fallo, en similar sentido "Gómez." antes cit.).

Esta Sala tiene dicho respecto del análisis del art. 30 L.C.T. que "...la comprensión del tema requiere adentrarse en el segundo aspecto del párrafo en cuestión y que está referido al tipo de trabajos o servicios llevados a cabo. Se requiere de ellos que se trate de actividad normal y específica propia del establecimiento.

Por establecimiento se entiende, según la propia ley, la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones. Tiene dicho la jurisprudencia que se entiende que se produce dicho supuesto cuando hay una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, pero más allá de ello, lingüísticamente, lo que se ha querido expresar cuando se hace referencia a lo normal, es que la actividad debe ser la que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a las normas fijadas de antemano por la empresa cedente; y cuando se indica la necesaria especificidad se está apuntando a las características de la especie, es decir, a que las tareas desarrolladas por la cedente y la cesionaria deben resultar semejantes por tener caracteres comunes con orientación a fines comunes, tales como la prestación de un servicio, o la obtención de un resultado. Ello, sin olvidar que la especie es susceptible, luego, de dividirse en variedades.

Por ello se ha entendido que se trata de las actividades requeridas por la norma, las desarrolladas por las concesiones o comedores de buffet y el club donde éste funciona; por el supermercado y la empresa de vigilancia; por la empresa de telefonía y el cableado necesario para su funcionamiento; el servicio de hotelería y el servicio de salud de un sanatorio; el expendio de combustible y los servicios del A.C.A.; el servicio de coche comedor y el brindado por Ferrocarriles; los servicios gastronómicos y las exposiciones rurales, etc.

Es cierto que muchas veces la jurisprudencia ha resultado cavilante en este sentido, pero en general, se tiene en cuenta la actividad permanente del establecimiento dejándose de lado lo accidental o accesorio de lo cual se puede prescindir para la fabricación del bien o prestación del servicio.

La expresión utilizada por el legislador en el art. 30 no hace referencia a que un empresario deba responder por los contratos de trabajo que celebren las otras empresas con quienes establece contratos comerciales, pero sí está indicando en una interpretación teleológica que quedan aprehendidas por la regla tareas que a primera vista parece accesorias, pero que en realidad son engranajes imprescindibles para la obtención del objetivo empresario, como son los servicios de gastronomía en lugares donde no se podría permanecer todo el tiempo necesario si no se comiera, o empresas donde la manutención de las máquinas es imprescindible para su funcionamiento y consecuentes operaciones técnicas. Es que la empresa es una unidad técnica de ejecución y toda actividad que coadyuva al funcionamiento ejecutivo y se orienta al fin queda comprendida. No así, aquellas otras de las cuales se puede prescindir por resultar anexas o secundarias y prescindibles (en igual sentido, esta Sala in re "Castro, Rubén Martín C/ Esso Petrolera Argentina S.A. y otro S/ Despido", S.D. nro.: 40.057 del 26.04.07).

En consecuencia, comparto lo decidido por el "a-quo" de que en el caso no medió una simple fragmentación del proceso de comercialización que resultaba ajeno a la actividad de refinación de petróleo y sus derivados, sino una clara y concreta cesión de un establecimiento de propiedad de "Shell C.A.P.S.A." que hacía a su actividad normal y específica para que fuera explotado por un tercero, sobre cuya actividad ejercía el permanente control que se reservó en los diferentes contratos que celebraron las codemandadas y que ejerció a través de los responsables comerciales designados.

Esto resulta comprobado a tenor de la prueba testimonial de autos, las que dan noticia cierta de la frecuencia con que la recurrente ejercía dicho control obteniendo beneficios directamente relacionados con el desenvolvimiento del establecimiento cedido, cuyo resultado determinaba tanto el volumen de combustibles a adquirir como el monto de la locación convenida con el operador (ver cláus. sexta del contrato, a fs. 70 que da cuenta que el precio particular de la locación no estuvo sujeto al pago de un canon fijo y preestablecido, sino que se lo relacionó con una escala de porcentajes aplicados sobre el margen neto de las compras de combustibles líquidos que efectuara la estación de servicio, por lo que el alquiler dependía estrechamente del resultado del negocio); todo lo cual demuestra que "Shell..." no era ajena al resultado de la explotación que deslindó en "Materolo...", sino que esta actividad formaba parte de la unidad técnica de ejecución de "Shell...", entendida en los términos del art. 6 L.C.T. (ver Rego, Massone Arambarri, Rossi, Michl, a fs. 425/427, 504/507, 577/579 y 580/581, propuestos por la demandada y Enrico, Villarreal, García Pulo y Lucero, a fs. 428/429, 431, 435/436, y fs. 508/510, propuestos por el actor, arts. 90 L.O. y 386 del Cód. procesal).

Quiere decir que no es del caso el supuesto interpretado por nuestro máximo Tribunal en la causa "Rodríguez C/ Embotelladora" (Fallos 316:713), ya que no se trata aquí de un empresario que suministre a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución, sino que, tal como lo vengo diciendo, en la presente litis medió una intervención activa de la recurrente con un amplio control tanto en los aspectos estéticos (el personal debía llevar el uniforme aprobado por "Shell...", concurrir a los cursos organizados por ésta, obligándose a adquirir una cantidad mínima de 100.000 litros de combustible mensuales y a utilizar los sistemas informáticos que implemente "Shell..."(v. a fs. 88/89 del contrato art. 4°) como de control (v. fs. 76 y 78, cláusulas l° y 2.1.1 y 3°).

Todo lo expuesto, no lo desbarata el discrepar que manifiesta la apelante, siendo errónea su apreciación relativo a que no se ponderó la testifical de su parte con la que insiste en su tesitura de que solo habría mediado estrictamente una relación comercial entre las demandadas y materializada en la celebración del contrato de suministro; máxime cuando la propia recurrente admite que su parte le exige al operador de la estación de servicio el cumplimiento de ciertas pautas comerciales y de seguridad en aras de que su "nombre" o "marca" es la que figura frente a los consumidores y con el fin de obtener calidad del servicio y buena atención al cliente dejando incólume además la ponderación hecha en el decisorio respecto de los demás contratos que celebró con "Materolo..." (locación del predio, comodato de los tanques surtidores e instalaciones, cañerías de succión y ventilación, cenefas, exhibidores, carteles, etc, de franquicia y consignación para vender por cuenta y orden de "Shell...", ver fs. 69/104, art. 116 L.O.). En consecuencia, sugiero sin mas confirmar el decisorio apelado en este punto.

IV. Tampoco merece mejor suerte su agravio porque se tuvo por demostrado el trabajo cumplido en exceso de la jornada máxima con base en los dichos del testigo Enrico (fs. 428/429), por cuanto la recurrente se limita tan solo a expresar un mero disentir diciendo que su parte impugnó este testimonio y, en concreto, no hace más que dejar incólume los aspectos de dicha declaración que ponderó el "a-quo" cual lo es que este testigo ratificó la versión del empleador del demandante respecto de la extensión de la jornada denunciada en el escrito de inicio, aspecto de la testifical que, tal como acertadamente puntualizó el sentenciante, llega firme, porque no mereció cuestionamiento alguno de las accionadas respecto a sus dichos relativos al horario de trabajo que cumplía al actor; en tanto la impugnación de la recurrente versa solo respecto de las generales de la ley por la circunstancia de que el testigo manifestó ser acreedor de "Shell..." ya que le estaban debiendo la indemnización, aspecto que por sí solo no empece a su ponderación si no se demuestra concretamente parcialidad del deponente o que en su testimonio hubiera faltado a la verdad con lo cual, al no ser siquiera cuestionado en su sinceridad sus dichos merecen fe (arts. 90 L.O. y 386 del Cód. Procesal).

De todos modos, señalo a mayor abundamiento, que la recurrente deja su recurso a mitad de camino, en tanto, no esboza siquiera mínimamente, de aceptar su postura, cómo y en qué medida habría que disminuír a su favor el monto de la condena dispuesta en grado, por lo que no completa la medida del interés de su agravio, carga inexcusable cuando están agotadas las etapas del proceso de conocimiento (art. 116 L.O.).

Propongo confirmar la sentencia también en este punto.

V. La cuantía de los porcentuales que en concepto de honorarios se asignaron a los profesionales intervinientes, con base en el mérito y extensión de su labor, es mi opinión que lucen equitativos, por lo que sugiero su confirmación (art. 38 L.O. y demás normas arancelarias vigentes).

En relación al agravio que articula la codemandada "Shell..." respecto a que los porcentajes de honorarios regulados en la primera instancia superarían el tope previsto en la Ley 24.432, cabe dejar sentado que el límite y el prorrateo establecido en dicha ley, en caso de que su aplicación proceda, no son aplicables al acto regulatorio de honorarios sino al oportuno reclamo de las costas a quienes resultasen responsables de ellas en la etapa de ejecución.

VI. De tener adhesión mi voto, las costas de alzada se imponen a la parte demandada (art. 68 del Cód. Procesal), y sugiero regular los honorarios de alzada para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y los de la parte demandada en el 25%, respectivamente, de los determinados por la intervención en la instancia precedente (art. 14 Ley del Arancel).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: no vota (art. 125 de la ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Imponer las costas a la demandada. 3) Regular los honorarios para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y los de la parte demandada, en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%), respectivamente, de los determinados por la intervención en la instancia precedente. Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2 del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de comunicar a CASSABA (Acordada CSJN 6/05, punto V, artículo 79 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.