Empleo público, facultades de la administración, ius variandi, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Doro, Pablo Santiago c/ Gobierno de la Provincia de Catamarca - Ministerio de Salud s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-06

El actor, a través de la presente acción de amparo, persigue la declaración de nulidad de la Disposición A.P. Nº7 - Nº 04/2012 dictada el día 31/01/2012 por el Jefe del Área Programática Nº 7, mediante la cual ordena su traslado como médico, desde el Hospital Zonal de Icaño hacia el Hospital de Ancasti.

A fin de fundamentar su reclamo, informa el recurrente que desde hace veinte años se desempeña como médico en el Hospital de Icaño, y que el día primero de febrero del corriente año le notifican la medida dispuesta.

Aduce que el cambio de lugar de trabajo configura un ejercicio abusivo del ius variandi, que le provoca serios perjuicios materiales y morales, dado que el lugar de su residencia es en la localidad de Icaño y el Hospital de Ancasti, lugar al que fue trasladado, se encuentra ubicado a 25 km de dicha localidad, lo que implica que deba recorrer diariamente 50 km., que no existe en el medio transporte público que haga el recorrido en el horario de trabajo, por lo que debería trasladarse en su vehículo particular, ocasionándole ello un gasto mensual significativo en combustible y desgaste del automotor, que la Autoridad Administrativa no ofreció compensar.

Expuestos los hechos de esta manera, y como en el caso se cuestionan las facultades discrecionales ejercidas por el Estado para organizar y dirigir las actividades necesaria para el cumplimiento de sus fines, comenzaré el análisis de la cuestión recordando que este Tribunal en autos Corte Nº58/01 "LOBO, Mirtha Esther Sánchez de c/Dcto. M.T. Nº 05/2001, suscripto por el Intendente de la Munic. de Tapso Sr. Gómez, Carlos Alberto - ACCIÓN DE AMPARO", afirmó" ...Que el ejercicio del ius variandi debe responder, también en el caso de la administración publica, a tres condiciones elementales como son; a) la justificación en razones objetivas de mejor servicio; b) la preservación de las modalidades fundamentales originalmente convenidas y c) la inexistencia de perjuicio material o moral al trabajador.".

Dichas condiciones deben revisarse en esta oportunidad donde se cuestiona la razonabilidad del traslado dispuesto, por la ausencia o insuficiencia de los motivos que justifiquen la decisión impugnada.

Como podrá advertirse la cuestión finca en determinar si las facultades de introducir modificaciones o cambios respecto a la prestación de tareas del trabajador, han sido ejercidas dentro de aquellos límites trazados, o si por el contrario se los ha transgredido configurando el ejercicio abusivo del ius variandi.

El incumplimiento de la carga de comparecer y dar una explicación respecto a lo expresado en la demanda constituye una presunción favorable a los derechos de la actora.

Tal es así, que la falta de presentación del informe al que alude el Art.10 de la Ley 4642 produce una situación similar al no responder la demanda en un proceso de conocimiento.

En dicho contexto debe valorarse la actitud reticente de la Administración en defender la legitimidad de sus actos, pues cabe aclarar, que el control de legitimidad abarca no solo el ejercicio de las facultades regladas, sino también el de las discrecionales en la esfera de lo controlable.

Para ello se hace necesario determinar si las facultades ejercidas por el Estado-empleador de modificar a su voluntad la relación que lo une con sus agentes se encuentran debidamente justificadas, si han recaído sobre modalidades esenciales o secundarias de la prestación, como si, aquellos cambios han causado o no perjuicio al trabajador. En función de ello, debe decirse que la Administración puede ejercer esta facultad legal que no es absoluta ni ilimitada, sino que encuentra sus límites precisos en la razonabilidad, en la imposibilidad de alterar la sustancia del contrato y en la indemnidad del trabajador.