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Proceso contravencional, medidas cautelares, clausura preventiva, flagrancia, facultades de la autoridad de prevención contravencional, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: D, G, W. s/ Artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-27

Para que se trate de una contravención flagrante que habilite imponer la clausura preventiva, es indispensable que se esté presenciando su perpetración, supuesto que no ha ocurrido en el caso, donde el auto por el cual el Fiscal de Grado resuelve ordenar la medida -y no la autoridad preventora como exige el artículo 18 inciso b) de la Ley de Procedimiento Contravencional-, es dos meses posterior al labrado de la última acta contravencional que dio motivo a la investigación.

Tal circunstancia torna inaceptable la invocación del instituto de coacción directa a los fines de habilitar la clausura preventiva dispuesta, al ser evidente que no se ha verificado prima facie en autos el recaudo concerniente a la flagrancia, requisito ineludible para la adopción de una medida de la índole de la que aquí se ventila.

Es preciso apuntar que el órgano acusador carecía de facultades para ordenar la clausura en cuestión, toda vez que el mentado artículo 18 asigna tal atribución a la autoridad preventora. Resulta claro, a partir de una interpretación armónica de dicha disposición con la prevista en el artículo 16 Ley de Procedimiento Contravencional, que se coloca esa función en cabeza de quienes ejercen la policía de seguridad o auxiliares de la justicia en el ámbito de la ciudad.

Por otro lado, más allá de lo que consigna textualmente la citada normativa, no puede desconocerse que se trata de cometidos diferentes, que el ordenamiento jurídico confiere a órganos distintos. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Dessanti)
Recurso contencioso administrativo, caducidad, aclaratoria (procesal), trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Roman, Mirta Norma c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Caducidad  de instancia (Expte. CSJ N.  135-1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-28

Debe repelerse el recurso de aclaratoria interpuesto por la accionante contra el auto interlocutorio que declaró la caducidad de la instancia, ya que no puede intentar dicho recurso sin expresar concretamente cuál es el error material, concepto oscuro u omisión en que incurrió el Tribunal al dictar la respectiva resolución.
Delito culposo, imprudencia, accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: Ortiz, Enrique s/ Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-12

El giro a la izquierda en una avenida de doble mano, es una maniobra singularmente riesgosa que, si bien en el terreno del hecho se hallaba autorizada, no debió acometerse sin previamente adoptar todos los recaudos necesarios para asegurarse de que no se obstruiría con el viraje el tránsito normal de quienes, al provenir de la mano contraria, poseían prioridad de paso. Esto no es ignorado por ningún automovilista que posea una mínima experiencia en la conducción y menos podría serlo por quien es de "profesión transportista".
Medidas cautelares, embargo, contracautela, sustitución de medidas cautelares, caución juratoria
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CENTRO DISTRIBUIDOR DEL PLATA  S.A. c/ DULCITO  S.A. s/ ORDINARIO - INCIDENTE DE MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

La contracautela real constituye un requisito previo a la traba de embargo, que sólo provisionalmente puede ser sustituido por el juez por caución juratoria.

El embargo trabado habrá de quedar sin efecto si no se satisface la contracautela real fijada. Ello resulta de la naturaleza y finalidad de la contracautela, que asegura la responsabilidad del peticionante de una medida cautelar respecto de los perjuicios que su traba ocasione (CPR 199). Por ello la efectivización de la medida se supedita a la prestación de contracautela y su falta impide la concreción de aquella.

En consecuencia, el presunto incumplimiento del peticionante en la prestación de contracautela no puede -en el caso- originar decaimiento del embargo, sino el diferimiento en su traba. Si en virtud de orden judicial se accede a la traba provisional del embargo bajo caución juratoria, el incumplimiento puede acarrear su levantamiento si se ha trabado. Mas no habiéndose efectivizado, el único efecto posible de tal omisión es la cesación del amparo brindado por la caución juratoria. El peticionante de la medida cautelar halla sujeta a un plazo de caducidad la eficacia de su caución juratoria por ser ésta provisional, mas no se encuentra sometida a dicho plazo la facultad de integrar los recaudos necesarios para satisfacer la contracautela real exigida.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-11


CASSINA, Melania Rita Hartman Vda. de y OLOCCO, Rosana Patricia Cassina de contra COMUNA DE SANTA CLARA DE SAGUIER Reg.: A y S t 206 p 479.

Santa Fe, 11 de mayo del año 2.005.

VISTOS: los autos "CASSINA, Melania Rita Hartman Vda. de y OLOCCO, Rosana Patricia Cassina de contra COMUNA DE SANTA CLARA DE SAGUIER sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 46, año 1994); y, CONSIDERANDO: 1. Contra el auto regulatorio obrante a foja 119 (A. y S., T: 199, pág. 234) interpuso el doctor Trivelli, por derecho propio, recurso de revocatoria.

Expresó que la suma justipreciada equivale casi al 53% de la regulación practicada a los curiales de la demandada cuando debe justipreciarse un monto que represente el 70% del total regulado a dichos profesionales.

Corrido traslado a la accionada, no fue contestado, pese a estar debidamente notificada (124) y corrida vista a la Caja Forense, manifestó su acuerdo con lo solicitado por el recurrente (f. 126).

2. Habrá de rechazarse el remedio articulado.

La regulación de honorarios, tal como surge de las citas legales en que se fundamenta, se formuló teniendo en cuenta la estimación de la base económica de foja 114 en razón de tratarse de una causa susceptible de apreciación pecuniaria, empero, la desproporción que presentan los emolumentos justipreciados al recurrente no obedece solamente al distinto éxito obtenido -aspecto que resulta reconocido por el citado letrado- sino, también y principalmente, al hecho de las distintas labores realizadas en la causa, ya que el curial impugnante de la regulación no intervino en la etapa de conclusiones (Cfr.

"Fornero", A. y S., T. 192, pág. 366).

Efectivamente, siendo que la interpretación de las normas arancelarias corresponde a los Jueces de la causa, la pretensión del recurrente sólo sería viable si hubiera completado la actuación profesional en la medida del procedimiento indicado para el presente juicio. De allí, que tal como se justipreció en el auto impugnado, la norma invocada por el impugnante debe ser interpretada con las restantes disposiciones arancelarias, particularmente con lo dispuesto en los artículos 4, inciso b), y 9 de la ley 6767; arribando, de esta manera, a que la determinación del emolumento sea acorde con la tarea efectivamente realizada por el letrado.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la revocatoria interpuesta.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)
Tutela sindical, exclusión de la tutela sindical, trámites judiciales, inconstitucionalidad, despido del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: López, Oscar Alfredo c/ Nylotex S.A. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-24

Se concluye por tanto que el tilde de "inconstitucional" al trámite de exclusión estatuido en el art 52 de la Le 23.551 no es procedente, y al haberse procedido por la demandada como ha quedado reconocido en estos autos por ella misma, se omitió el cumplimiento de un requisito previo legal ineludible. Es ajustada a derecho por tanto la conclusión del Sr. Juez a-quo que el despido dispuesto por la demandada careció de sustento legal y por ende, corresponden no solo las indemnizaciones del despido sino también las provenientes del rubro de estabilidad o garantía gremial por las cuales se acepta las sumas reclamadas.
Régimen de consolidación de deudas, interpretación de la ley, fondo de garantía
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ, SANTOS c/ CIA. GRAL. FABRIL FINANCIERA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-21

La finalidad inequívoca de la ley 23982 concierne a las deudas del estado excluyéndose de la consolidación a los créditos cuya atención haya sido dispuesta o instrumentada por otros medios, art. 1 inc. b) de la citada norma, y a las deudas que el Estado sea agente de pago, pero que "...no recaigan sobre el Tesoro Nacional.. ", art. 2 primer párrafo, in fine. En consecuencia, el Fondo de Garantía no se encuentra comprendido en las disposiciones legales de la ley de Consolidación de deudas.
Indemnización por despido, antigüedad, cesión del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: CORREA, Juan c/ SPACCAROTELLA, Héctor y otros s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

La antigüedad del trabajador debe computarse sin interrupciones por su trabajo en la unidad empresaria. El hecho de que el titular de la empresa fuera en primer término una Sociedad Anónima, luego una Sociedad de Responsabilidad Limitada y finalmente una persona física solo denota una transferencia en los términos del art. 225 y siguientes de la LCT que no impiden la acumulación de la antigüedad que el trabajador ha registrado en su desempeño para las anteriores titulares.
Seguro de responsabilidad civil, culpa grave
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gamarra, Eva Felicia y otro c/ Fortino, Antonio Carlos y otro s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-06

Que más puede exigirse para la configuración de la "culpa Grave" del conductor que una excesiva imprudencia o negligencia que se torna fronteriza con el dolo, que acentuó extraordinariamente la probabilidad de la ocurrencia del hecho descripto en la cobertura y denota no un simple descuido sino una manifiesta y grave despreocupación ante el peligro hacia terceros, una actitud indiferente respecto a que se produzca o no el siniestro, una grosera inconducta y un desprecio total por la vida, no sólo propia sino de los demás.
Recusación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros de la Corte Suprema, juicio político
Materia: PROCESAL
Carátula: Partido  Socialista Democrático y Socialista Popular c/ Santa Fe,Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-17

Las recusaciones contra los ministros del Tribunal son inadmisibles cuando están fundadas en el juicio político que se pudiese haber solicitado.
Transporte aéreo, responsabilidad del transportador, pérdida del equipaje, prueba, monto de la indemnización
Materia: AERONAUTICO
Carátula: LOVOTRICO DE GANZABAL, MARCELA I. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-18

Toda vez que aparece admitido que la valija transportada pesaba 16 kilogramos y que ella se extravió durante el período de la relación contractual en que la custodia incumbía a la demandada, aunque no haya acreditado el contenido de aquélla, el pasajero tiene derecho a ser indemnizado, ya que es irrazonable pensar que el bulto perdido careciera de valor o trajera efectos del viajero insusceptibles de apreciación pecuniaria, a cuyo efecto cabe echar mano de la facultad concedida por el art. 165, último párrafo, del Código Procesal.
Derechos y garantías constitucionales, garantías procesales, Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Astiz, Alfredo y otros s/ delito de acción pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

La intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal, lejos de constituir un obstáculo a las garantías del imputado en el proceso penal, importa el aseguramiento de su ejercicio pleno, pues además de garantizarle una instancia más de revisión, no dilata el tratamiento de su libertad, ya que la denegatoria que se impugna no tiene por qué demorar más su trámite en el tribunal intermedio que en la Corte Suprema, sino que genera una posibilidad más de debate sobre la cuestión federal involucrada, donde la defensa puede encontrar la reparación de su agravio (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Pena, registro de antecedentes
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera, Carlos Edelmiro s/ Robo agravado por el empleo de armas en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

La caducidad establecida por el art. 51 del C.P. es de los registros, no de los antecedentes.
Cuerpo del delito, falta de acreditación del cuerpo del delito, falsificación de instrumento público, uso de documento falso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Faragone, Lidia s/ Procesamiento. Causa 10796
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-23

La circunstancia de que sólo se cuenta con una fotocopia del instrumento falsificado cuya utilización se atribuye en la causa es optativa a la debida acreditación del cuerpo del delito.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, daños y perjuicios, indemnización por muerte, muerte de un hijo, responsabilidad contractual, incumplimiento del contrato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Berón, César Agustín y otra c/ Estado Nacional - Hospital Militar Central y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

Es arbitrario el pronunciamiento que ha prescindido, sin justificación suficiente, del encuadramiento dado por los actores a la pretensión resarcitoria derivada de la muerte de su hijo, la cual estaba dirigida a demostrar su legítimo interés surgido de un concreto incumplimiento contractual y no de la existencia de supuesto alguno de responsabilidad aquiliana (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Gustavo A.

Bossert).
Intervención de sociedades, responsabilidad del Estado, sociedad de ahorro para fines determinados
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Generación Zoe S.A. s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-09

Los entes que captan del público una significativa masa de fondos se encuentran, en general y sobre todo en los países desarrollados, sujetos a la autorización y fiscalización estatal, como un medio de tutelar los intereses de los ahorristas y permitir el desenvolvimiento ordenado de una actividad, la del ahorro, en la que se encuentra fuertemente comprometido el interés ciudadano.
Confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual del Estado, medida cautelar autónoma
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Accorinti, Paula Gisel Ayelen  c/ En BCRA y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-22

Se desestima los agravios ofrecidos por la parte demandada con remisión al dictamen del fiscal coadyuvante y se confirma la decisión de primera instancia que rechazó los planteos de incompetencia y cosa juzgada. Se considera que el daño invocado excede la esfera laboral, que el reclamo se funda en la responsabilidad extracontractual del Estado y que, como tal, se encuentra alcanzado por las previsiones de la ley 26.944. Relativamente al planteo de cosa juzgada se precisa que lo pretendido en este caso no resulta coincidente con lo que fue objeto de acuerdo ante el SECLO, ni con el objeto de la medida cautelar autónoma que tramitó en el fuero nacional del trabajo (expediente CNT n° 49.178/208) que consistió en el restablecimiento de las tareas y condiciones laborales y la percepción de salarios no abonados, y que fuera desistida como parte del cumplimiento de lo pactado en esa sede.
División de la herencia, colación, valor colacionable
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: DEL PINO, Soledad c/ DEL PINO, Marta Emma s/ COLACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-08

La colación no está prevista como instrumento de defensa de la porción legítima global, ya que cualquiera fuere ésta, los valores colacionables son debidos para integrar el total de la masa hereditaria y al efecto de imputarlos como recibidos por el heredero beneficiado. De ahí también la improcedencia de sostener que debería restringirse la colación de los valores recibidos a título gratuito hasta la medida en que se afecte la legítima de la actora, ya que de lo que se trata es de colacionar el valor de la totalidad de la porción que hubiere correspondido a aquélla en la sucesión de su progenitor.
Entidades financieras, base imponible, jurisdicción
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de la Banca Especializada, Asociación Civil c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-16

El Convenio Multilateral establece qué parte de los ingresos brutos puede gravar cada jurisdicción tributaria, a los efectos de evitar la doble imposición, pero en la parte que le corresponda a cada jurisdicción el fisco local tiene plena libertad para regular los distintos elementos estructurantes del tributo de la manera que estime conveniente -entre los que se encuentra la determinación de la base imponible con sus respectivas deducciones, si las hubiere-, en ejercicio de la autonomía que le compete.
Derecho de asilo, interpretación sistemática, interpretación amplia, competencia consultiva de la Corte Interamericana, protección internacional de los derechos humanos, obligaciones del Estado miembro, terceros países, actos prohibidos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Opinión Consultiva OC-25/18 de 30 de mayo de 2018. Serie A No. 25.  Solicitante: República del Ecuador c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-05-30

El derecho a buscar asilo incluye el de solicitarlo o pedirlo ya sea en el territorio del Estado o cuando de cualquier forma se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna, debiendo los Estados de acogida permitir que las personas puedan peticionar el asilo o el reconocimiento del estatuto de refugiado, razón por la cual no pueden ser rechazadas en la frontera o devueltas sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones con las debidas garantías sin que puedan los terceros Estados ejercer acciones tendientes a impedir a las personas en necesidad de protección internacional que acudan a otros territorios buscando protección.
Contratos, cuenta corriente mercantil, cuenta simple o de gestión, factura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cofco International Argentina SA c/ Alvarez, Mario Alberto s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Cuando, como en el caso, se advierte que la parte actora, no sólo elaboró un resumen de cuenta en el que tuvo en consideración una factura emitida por el accionado, quien en ese caso puntual detentaba el carácter de acreedor de aquélla, sino que además extendió un recibo de pago sin imputarlo a una factura en concreto, sino al pago parcial y a cuenta de la deuda en dólares, dichos extremos evidencian que las partes se vincularon a través de una cuenta corriente mercantil. En definitiva pues, pese a que la actora ha reclamado facturas individuales y más allá de la denominación dada a la operatoria por las partes, no cabe sino concluir que entre ellas se verificó, fundamentalmente, una "cuenta corriente mercantil", lo que implica que, en la medida de su incorporación a la cuenta corriente, las facturas reclamadas perdieron su individualidad, siendo por ello improcedente el reclamo individual de cada una de ellas frente a la ausencia de pago del precio allí consignado, debiendo estarse al saldo que arroje la liquidación final de la cuenta.
Confirmación de sentencia, expulsión de extranjeros, fallos de la Corte Suprema, facultades discrecionales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Chuckwudi, Anthony  c/ En- M° Del Interior y T- Dnm  s/ recurso directo dnm
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

Los jueces Gallegos Fedriani y Alemany confirmaron la sentencia apelada, que había rechazado el recurso deducido por el actor y confirmado las resoluciones de la Dirección Nacional de Migraciones que -entre otras medidas- autorizaban la expulsión del país del Sr. Chuckwudi. En tal sentido, por aplicación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvieron que cuando la autoridad administrativa analiza y concede o deniega la dispensa por razones de reunificación familiar prevista en el artículo 29 de la ley 25.871, lo hace en ejercicio de una facultad discrecional, por lo que solo es revisable en sede judicial cuando se excedan los parámetros pertinentes, lo cual no ocurría en el caso. Asimismo, añadió que el actor planteó en sede administrativa las dispensas fundadas en razones de reunificación familiar y humanitaria; y frente a ello, la administración, en uso de sus facultades discrecionales, resolvió no admitir esas excepciones sobre la base de la entidad y gravedad del delito por el cual fue condenado.
Prueba testimonial, declaración testimonial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta de Pesa, Graciela Elvira y otros c/ Cribari, Rafael Miguel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-30

El hecho de que el testigo no haya visto el preciso momento en que la víctima fue atropellada, no le quita su fuerza persuasiva, pues fue el que recibió, ante el cuerpo recién caído y en el lugar, la información, lo que no tiene aspectos de acusación mal intencionada o propósito persecutorio, conceptos que hubieran podido hacer sospechar de la mendacidad del testigo.
Empleados de banco, Banco Nacional de Desarrollo, aplicación de la ley laboral, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: PETAUS, BRUNO PEDRO c/ BANCO NACIONAL DE DESARROLLO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-02-22

Tras la sanción de la ley 21418 que dejó sin efecto el CCT.

número 18/75 la relación existente entre el Banco Nacional de Desarrollo y sus empleados pasó a regirse por el derecho administrativo, no siendo, por ende, aplicable las normas laborales.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, recusación, nulidad de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Valotta, Marcelo Ricardo c/ M.C.B.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

Si se admitiese que al plantearse nulidades contra los fallos de la Corte Suprema y recusase a sus integrantes, por clara que fuese la improcedencia de la impugnación y la falta de causa de la recusación, el Tribunal debiera ser reemplazado por entero con conjueces desinsaculados al efecto, se vendría a establecer un procedimiento de revisión que echaría por tierra la supremacía de la Corte y el carácter final de sus decisiones.