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Declaración de la víctima menor, cámara Gesell, interés superior del niño
Materia: PENAL
Carátula: O. C. M. s/ ABUSO DESHONESTO INC. DE NULIDAD DE CAMARA GESELL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-26

Sobre la necesidad de un perjuicio a los efectos de acarrear la nulidad de un acto, la doctrina destacó que "No es suficiente un planteamiento abstracto, debe acreditarse la existencia de un perjuicio cierto e irreparable, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos" (conf. Maurino, Alberto Luis, "Las nulidades procesales" pág. 47 ed. Astrea). A su vez, se observa que el art. 232 del CPPT -invocado por la parte recurrente-, no contempla la sanción de nulidad para los supuestos en los que se omitió notificar a las partes la recepción de la declaración de la menor víctima por medio de la Cámara Gesell, lo cual torna inadmisible la sanción de nulidad requerida, toda vez que conforme al art. 185 del CPPT, "Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad". Por su parte, teniendo en cuenta que la cuestión debatida posee incidencia sobre un menor -dado que puede provocar un innecesario padecimiento o revictimización-, corresponde considerar el "interés superior del niño" como una pauta hermenéutica constitucional y principio rector para la solución de los derechos en pugna cuando en los mismos intervienen niños (conf. CSJN, in re "Antinao, Celia vs. D. C., M. A. - D., G.

N.", del 17/4/2007 -Fallos 330:1671-, publicado La Ley 2007-D, 538). Dicho principio se encuentra consagrado en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño en los siguientes términos "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño", a la vez que el art. 3 de la Ley Nacional 26.061 (Adla, LXV-E, 4635), dispone "Interés Superior. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley". En ese contexto, y acudiendo a la dimensión procesal del interés superior del niño como pauta hermenéutica, es necesario evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional (conf. CSJN, in re "Lifschitz, Graciela B. vs. Estado Nacional" del 15/6/2004, en Fallos 324:122), y con ello, la ausencia de un perjuicio concreto y real en la falta de notificación del acusado a la recepción de la declaración de la menor víctima en Cámara Gesell -en especial, cuando la misma se realizó en la etapa de investigación penal preparatoria y en presencia del Defensor Oficial- no puede imponerse por sobre la necesidad de evitar un padecimiento innecesario y prescindible a un menor a la luz del interés superior del niño, es decir, no puede imponerse la forma sobre la substancia.

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - GOANE.
Inhibitoria, copias, traslado, recurso de reposición (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Provincial s/ Inhibitoria del Juzgado Civil de 3ra. Nominación en  Expte Nro. 438/02 "Jacobs, Graciela Susana c/Estado  Provincial s/Escrituración"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-08-11

La actora interpone recurso de reposición en contra del proveído de este Tribunal que tiene por presentado el pedido de inhibitoria y los actos subsiguientes en razón de que la parte demandada no presentó copias para traslado por lo que a su entender corresponde la nulidad de todo lo actuado.

Centrado así el tema corresponde merituar el pedido de revocatoria del proveído que tiene por presentados a los representantes del Estado Provincial.

En cuanto a ello cabe resaltar que el actor que promovió el juicio no es parte en el trámite de la inhibitoria y solo está legitimado para apelar cuando el juez acepta la inhibitoria conforme lo dispuesto por el art. 10 párrafo 2do. del C.P.C., en cuya oportunidad el actor puede hacer valer su derecho a expresar su disconformidad respecto de la resolución dictada; en virtud de ello no es de aplicación el art. 120 del CPC, en cuanto dispone la presentación de copias para traslado por no constituir ella la oportunidad procesal pertinente para la intervención de la parte actora. En consecuencia corresponde rechazar el recurso de reposición articulado en relación a este agravio.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Asociación Argentina de Telegrafos c/ Guarino Tomás e Hijos s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-20

En los modos anormales de terminación del proceso, es decir, conciliación, desistimiento, allanamiento y caducidad de la instancia deben aplicarse las pautas del artº 25, de la ley 8904; sin perjuicio de ello, al fijar los honorarios respectivos deberá tenerse en cuenta, aparte de las pautas generales del artº 16, ley citada, lo normado en el artº 30, si se considera notoriamente inoficioso uno o más escritos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestión de derecho común, derechos del consumidor, prueba, carga de la prueba, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: García, Alberto c/ Elías, Ricardo s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Daños y perjuicios- (Expte. C.S.J.   Nro. 465 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-15

Mosset Iturraspe y Lorenzetti sostienen que el vendedor no fabricante integra una red de oferta de productos al consumidor que crea una expectativa relevante jurídicamente. Por lo que aumentar sus deberes en función de integrante de esa red lo llevará a elegir mejor al fabricante, a adoptar prevenciones y a disminuir el costo de litigios. Por esa razón debe invertirse la carga de la prueba y demostrar aquél que no es responsable; y en el caso del fabricante desconocido o insolvente, como él lo ha elegido, debe responder.

Aclaran que no puede el derecho ser excesivo en este enfoque porque si se lo hace responsable de igual modo que al fabricante incrementarán excesivamente sus costos, lo que se trasladaría al precio que pagará en definitiva el consumidor (los costos serán difundidos hacia el consumidor y no hacia la red). De modo que concluyen que debe admitirse la eximente de ruptura del nexo causal si demuestra que el vicio es de fabricación o diseño porque ambos son imputables al fabricante. Y también consideran admisible como eximente la falta de culpa, pues el vendedor no fabricante puede demostrar que el vicio no era conocido o cognoscible empleando la diligencia que le era exigible. Por otro lado aclaran que si el vendedor ha garantizado la mercadería vendida, debe responder por sus defectos aun cuando no los haya conocido y también tendría responsabilidad si el vicio no es de fabricación sino de conservación. (De la Disidencia Parcial del Dr. Falistocco)
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, prueba, hechos nuevos, redargución de falsedad, intimación de pago, notificación por cédula
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires SAU c/ Lewi, Diego Hernan y otro s/ ejecutivo. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

Corresponde admitir el hecho nuevo planteado por el ejecutado, en el marco de un incidente de redargución de falsedad del acta confeccionada por el oficial notificador en ocasión del diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago, toda vez que se trata de la diligencia de una cédula formato papel librada a fin de notificarle la sentencia de trance y remate. Ello así, en tanto aquella cédula fue diligenciada antes de que el demandado se presentara en juicio y denunciara la falsedad del acta, pero fue incorporada posteriormente. Destacando además, que estas notificaciones contienen información diferente que autorizaría al nulidicente a ampliar los fundamentos de su planteo invalidante.
Acción de amparo, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NICALA de LEONE, Lidia c/ I.O.S.P.E.R. s/ ACCION DE EJECUCION Y AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-04

Un cumplimiento del I.O.S.P.E.R. de su obligación de resolver el recurso de revocatoria interpuesto contra su Resolución Nº947/94, dentro del plazo establecido a tal fin en el artículo 56º del Decreto-Ley Nº7060/83, ratificado por Ley Nº7504; pero, ante esa actitud omisiva del ente administrativo, era viable el ejercicio del recurso de queja por ante quien ejerce sobre él el contralor de legitimidad, debiendo éste resolverlo dentro de los quince días subsiguientes.- La existencia de este remedio administrativo al alcance del afectado por el moroso incumplimiento del ente autárquico, obsta a la posiblidad de ejercer la acción de amparo (artículo 1º, Ley Nº8369) o la de ejecución (artículo 25º, ley citada) en virtud del citado dispositivo impediente del artículo 3º, inc. a, de la Ley de Procedimientos Constitucionales, habida cuenta que la brevedad del término otorgado al Poder Ejecutivo para resolver el remedio administrativo bajo examen aventa cualquier suspicacia acerca de una eventual ineficacia o insuficiencia.- Idem: "NOE, Luisa D. c/Caja de Jubilaciones y Pens...", 14/07/93; L S.1993.-
Recurso extraordinario, trámites judiciales, traslado, caducidad, quiebra, aplicación de la ley, síndico del concurso, facultades del síndico del concurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: FLORENCIA, SACIFES s/ Recurso  Extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la nación-Quiebra-Remoción del síndico-Recurso de apelación y nulidad-Caducidad (Expte.: C.S.J. Nº. 548 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-16

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 310, inc. 2, del Códig o Procesal Civil y Comercial de la Nación que es el que gobierna la tramitación del recurso extraordinario, corresponde declarar procedente la caducidad de la instancia peticionada por la sindicatura si se encuentran cumplidos los elementos que, objetivamente, tornan procedente su declaración; esto es, el transcurso del plazo de tres meses, allí contemplado, y la inactividad procesal. Y no es óbice formal a ello- constituyendo un desenfoque de la cuestión-, entender que la recurrida no gozaba de calidad de parte, y en consecuencia no estaba habilitada para peticionar la caducidad, desde que habiéndose dado a la causa el trámite que ordena el artículo 257 del código de rito nacional -cuya vigencia y constitucionalidad no han sido objetadas por el recurrente-, el trámite recursivo se bilateralizó.
Acción judicial, rebeldía
Materia: PROCESAL
Carátula: Berra, Héctor Francisco c/ Herrera, Ricardo Adolfo y otro s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-04-26

Debe revocarse el fallo que hizo una aplicación amplia de los efectos de la incomparecencia y condenó al codemandado rebelde, pese a que la acción no reunía los requisitos mínimos para su admisibilidad.

El estado procesal de rebeldía, en el ámbito del proceso civil, no obliga al Juez automáticamente a dictar un fallo a favor de las pretensiones del accionante, dando por válidos y ciertos los hechos cuando los alegados o pretendidos no son viables jurídicamente.

Puesto que en el caso se realizó una excesiva interpretación de los alcances de la incontestación de la demanda, corresponde hacer lugar al recurso del codemandado y rechazar la demanda en su totalidad. (Del voto del Dr. Herrera).
Recurso contencioso administrativo, sentencia, juicio de apremio, medidas cautelares, embargo, emergencia previsional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villa, Ruben Mario c/ Municipalidad de Coronda s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción -Incidente  De apremio (Expte.: C.S.J. Nro. 530 año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-18

Corresponde hacer lugar a la oposición formulada por la Municipalidad demandada a la solicitud de embargo sobre su co- participación provincial desde que, de las particulares circunstancias que presenta la causa, por no contarse con liquidación aprobada, resulta inadmisible la traba de embargo al momento en que lo solicita la parte actora. Ello porque en el régimen de la ley de emergencia 11.696, ratificada por la Municipalidad demandada por Ordenanza 194/99, resulta menester contar con liquidación aprobada a los fines de intimar el pago de la acreencia, evento que no se encontraba cumplido en autos. Advertido ello y sin perjuicio de lo dispuesto por el Tribunal, con integración parcialmente diferente, en la causa "Marozzi" - que de por sí da andamiaje a la oposición formulada-, debe observarse que, con posterioridad al planteo de la incidencia y sin que se haya cumplido el requisito mencionado, entraron sucesivamente en vigencia las leyes 12.015 y 12.036 que, al consagrar un nuevo sistema de ejecución de sentencias contra el Estado, obstan también a la embargabilidad pretendida.
Demanda, contestación de la demanda, prórroga del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Giménez, Germán Orlando. c/ Camacho, Oscar Alberto. s/ Daños y Perjuicios por accidente de tránsito.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-04-23

El pedido de prórroga para contestar la demanda no paraliza ni interrumpe el término iniciado pues éste sigue su curso y su efecto es que, en el cómputo, deben agregarse los días concedidos como prórroga, a los fijados anteriormente.

El plazo de prórroga debe computarse ininterrumpidamente con el término originariamente acordado.
Régimen penal de la minoridad, menor privado de libertad, corte interamericana de derechos humanos, sentencia de la Corte Interamericana
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: A., C. J. c/  s/ Homicidio en ocasión de robo, portación ilegal de arma de fuego de uso civil s/ Juicio s/Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-31

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada el 14 de mayo de 2013 en el caso "Mendoza vs. Argentina", remarcó que en lo que hace a las medidas o penas privativas de la libertad de los jóvenes infractores de la ley penal, rige la revisión periódica de las medidas de privación de libertad de los niños y cabe destacar que en dicha sentencia el tribunal interamericano concluyó que la legislación penal juvenil vigente en nuestro país no se ajusta a los estándares internacionales.
Decretos, falta de notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Constructora Mitre S.A. c/ M.A.A.R.N. y/o Provincia de Formosa s/ Acción contencioso administrativa Formosa s/ Acción contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-10-19

Un decreto no notificado, aunque datado y firmado no es un acto sino un proyecto de acto jurídico, mientras no haya sido notificado. El retiro de tal texto no configura revocación, pues no existiría acto para revocar, sino simple interrupción material de las providencias necesarias para la existencia del ser jurídico acto administrativo.

Acogemos, por lo tanto, el criterio de la recepción del acto, entendiendo como tal, su transmisión efectivamente concluida conforme a derecho. Es decir, un acto asume forma, por tanto existencia jurídica, con la publicidad, una vez efectivizada la publicación o notificación, que son las dos modalidades básicas de revelación en derecho. Disidencia del Dr. Rodolfo Roquel.
Menores, autorización para viajar, asesor de menores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benítez Sandra Karina y otro s/ Autorización para salir del país
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-10

Las atribuciones conferidas por la ley al Señor Asesor de Incapaces (art.80 Ley Orgánica del Poder Judicial, t.o.Dto.3702/92) de las que emerge su derecho a peticionar en nombre de los mismos y de propia iniciativa cuando carezcan de representantes (inciso 3) no pueden tener como consecuencia obviar una exigencia prioritaria que, conforme el art.491 del Código Civil lo es la de pedir el nombramiento de tutor de quiénes no lo tengan. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Aberastegui, Pedro s/ procesamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-12

La valoración de si la droga está destinada al uso personal no puede ajustarse a parámetros cuantitativos rígidos, pues idénticas cantidades podrán ser compatibles en un caso, y no en otro, con esa finalidad, dependiendo del tipo de estupefaciente involucrado y las restantes particularidades que envuelven cada actividad de consumo.

Debe señalarse que el descargo del imputado en el que reconoció haber tenido el material incautado para satisfacer su propio consumo, es acorde a la escasa cantidad de droga encontrada, mientras que en la situación que observó el personal preventor antes de realizar el procedimiento no se hace alusión a ninguna circunstancia que permita apreciar un posible destino distinto para la tenencia de estupefaciente que se le imputa, a partir de lo cual es acertado el encuadre jurídico de tenencia de estupefacientes para consumo personal. (del voto de los Dres. Cattani e Irurzun - Sumario confeccionado por el SAIJ)
Marcas, marcas confundibles, cotejo de marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOVARTIS  AG. c/ ROUX OCEFA S.A. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRODE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

En el plano gráfico, "trekkis" y "trevix" tienen el mismo número de vocales, poseyendo como elemento coparticipado la expresión "tre". En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor o poder distintivo a las partes iniciales, a sus radicales, por ser generalmente las que más fácilmente retiene el consumidor (ver esta Sala, 20/09/02, "Productos Valet c/ Valued"). Los signos en pugna son confundibles, pues su percepción contagia de inmediato una clara sensación de similitud, en virtud de la elevada coparticipación de los mismos elementos. Cuando ocurre esa circunstancia (raíz o desinencia común), para que los conjuntos adquieran el rasgo de ser de fácil distinción es preciso que el ingrediente disímil tenga una potencia que permita diferenciarlas y que sea capaz de contagiar su peculiaridad a todo el conjunto, a fin de no producir el recuerdo de la marca opuesta. En el caso, los elementos no coparticipados (kkis y vix) carecen de ese potencial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Morales, Miguel Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

El art. 365 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- no autoriza a esta Corte a imponer pena al encartado, por no haber sido materia del recurso interpuesto, pues la manda de "dictar resolución en el caso, con arreglo al texto expreso de la ley" refiere al caso planteado (entendido como cuestión), que en el analizado es pura y exclusivamente lo referido a la valoración de circunstancias agravantes (arts. 40 y 41, C.P.).
Comisión Nacional de Valores, policía bancaria y financiera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES  S.A. c/ COMISION NACIONAL DE VALORES s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-18

La facultad reglamentaria y de control que asiste al Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., no puede excluir la que corresponde originariamente al Estado Nacional, atribuida a la Comisión Nacional de Valores, por vía de delegación y disposición legislativa (leyes 17.811 y 20.643 y decreto 659/74 art. 52, cuya validez no ha sido cuestionada en autos).

Tampoco se advierten razones válidas para suponer que haya incurrido en exceso de la competencia asignada por las normas regulatorias pertinentes.
Recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos, interés legítimo, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arballo, Pilar Ana Agüero de; Arballo, Miguel Angel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte CSJ Nº   153-92) Club Integral de Lisiados Santafesinos (C.I.L.S.A.) c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte CSJ Nº   28-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-06|1994-07-06

La pretensión y obviamente la vía procesal accionada, constituyen el objeto del recurso. Como se sabe lo ha explicado este Tribunal, aún con anteriores integraciones, el sistema contencioso administrativo nuestro se basa en la existencia de un doble recurso:

uno encaminado a la protección de "un derecho subjetivo", denominado de "plena jurisdicción" y otro enderezado a la tutela de un "interés legítimo", llamado de "ilegitimidad" por la ley. No se pueden interponer conjunta mente y la procedencia de uno excluye la procedencia del otro.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, horas extra, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: C., M. E. c/  s/ proceso de restricción de la capacidad Llanes, Jorge Rafael c/ Agi Construcciones S.R.L.; quien resulte responsable s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-02|2019-12-16

Siguiendo los lineamientos del Superior Tribunal Federal, se ha sostenido que resulta esencial, en materia de arbitrariedad, que la vía propuesta no constituya la apertura de una tercera instancia donde se intente reproducir el debate ordinario acerca de los hechos considerados anteriormente. Por ello, y para que los agravios referidos a cuestiones fácticas hagan procedente la vía extraordinaria, la decisión recurrida debe presentar serios y graves defectos de fundamentación traducidos, a su vez, en evidente menoscabo de derechos constitucionales. (Del Voto en Minoría del Dr. Vittar)
Delitos contra la libertad individual, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: V., M s/ Apremios Ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-13

...si el acusado abusó de sus funciones al emprender una exitosa agresión en contra de un pacífico detenido y el fallo narra una secuencia lineal, segura, entre el acto oficial de la aprehensión, la custodia oficial en la Comisaría, la oficial presencia del servidor público dentro de ella, no hay alguna razón que descarte el atentado funcional contra la libertad individual, desplazado por ajenos y privados móviles o circunstancias.
Régimen de visitas, obligación alimentaria, incumplimiento de la obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: S.I. c/ S. DE S. I. s/ REGIMEN DE VISITAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-11

No corresponde condicionar el régimen de visitas al cumplimiento de la obligación alimenticia. El incumplimiento otorga a la cónyuge el derecho de ejecutar por la vía correspondiente la condena, pero no cabe atribuirle, en principio y sin perjuicio de situaciones graves y particulares, alcance tal como para impedir las visitas del padre para con sus hijos (conf. C.N.Civ. Sala C, E.D. 93-538, fallo 34.463:íd. R.281.029 del 15-7-82.-