marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa del consumidor, sujetos de derecho, consumidores, relación de consumo, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Milic, Juan Emilio c/ Provincia Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

2 - Y a esos efectos, sólo es necesaria la intervención de sujetos que revistan las calidades de consumidor y de proveedor en los términos de la LDC 1 y 2 y del CCCN 1092, normas éstas que superando la tradicional división entre el ámbito contractual y el extracontractual, denotan que al legislador solo le ha importado proteger a quien asume el rol de consumidor final del bien o servicio prestado.
Condena condicional, comisión de nuevo delito, unificación de penas, prescripción de la pena
Materia: PENAL
Carátula: VILLEGAS, JUAN s/ PENA - UNIFICACION - CONDENA CONDICIONAL - REVOCACION -   INDEPENDENCIA PENA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-10-05

El art. 27 C.P. según ley 21.338 aisla de la influencia de la prescripción de la pena, a la que se remitía el Código de 1921 en relación al cumplimiento de la primera condena. La nueva versión fija un término específico y genérico de 4 años sin interesar el prescriptivo y se refiere ese artículo sólo al caso de condenación condicional, que se subordina a la no comisión de un nuevo delito dentro de ese plazo contado a partir de la sentencia firme. En lo demás, la prescripción funciona independientemente sin inconveniente alguno. La derivación legal de la nueva comisión delictiva es la ejecución de ambas condenas unificadas según el art. 58 del C.P. que opera la revocación del beneficio para la acumulación de las penas y al mismo tiempo la consideración de la reincidencia.
Menores, representación legal, curatela
Materia: CIVIL
Carátula: O.,  A.J. s/ ARTÍCULO 250, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DELA NACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09

1- Del juego armónico de los arts. 22 y 26 de la ley 26.657 se desprende que las personas declaradas incapaces deben ser consideradas como internadas involuntariamente, de ahí que deban contar con un abogado, sea que la propia persona lo designe o lo haga su representante legal o en su defecto el Estado deberá proveerle de asistencia letrada. 2- Si la causante ya se encuentra representada por la titular de la Curaduría Pública no se advierte la conveniencia que otro integrante de la misma dependencia intervenga cuando la designada tiene como función principal el cuidado, asistencia, protección y seguridad de la curada y fundamentalmente la de procurar que recupere o recobre su capacidad tal como lo establece el art. 481 del Código Civil.
Dominio, inscripción registral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PERALTA BERNASCONI, PABLO ARIEL c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-08

La inscripción registral no es constitutiva del dominio y solo tiene por fin dar publicidad a las transacciones (modificaciones, cancelaciones, etc.) sobre bienes inmuebles. (Minoría u opinión personal)
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: C., J.E. c/ Ñ.Ñ., M. de los A. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-17

En los supuestos de daños causados por el vicio o riesgo de la cosa, existe una presunción de responsabilidad; esa presunción requiere intervención activa de la cosa, que debe ser probada; sin embargo, la prueba de esa intervención no presenta dificultades para la víctima pues deriva de una norma de experiencia. Para liberarse, el dueño o guardián debe probar el rompimiento del nexo causal, es decir, que el daño no se ha producido por el riesgo o vicio de la cosa sino por el hecho de la víctima, de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito ajeno a la cosa.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, ley procesal, recursos, recurso extraordinario, improcedencia del recurso, actos jurisdiccionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, suspensión del proceso judicial
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Correo Argentino SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-13

En segundo lugar, el impugnante cuestiona la inteligencia de la tutela judicial efectiva y del derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable, consagrados en la CN 18 y en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Fallos: 287:248, "Ataka y Cía." y sus citas) y la decisión apelada es contraria al derecho fundado en esas normas federales (ley 48: 143°). Disidencia de la Dra. Vásquez
Fondo de jubilaciones y pensiones, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Parodi, Leonor Modesta c/ ANSeS s/ restitución benef. cargo c/ benef
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-01

Aun cuando la ley 24.241 no efectúa distingo alguno al autorizar la formulación de cargos por la percepción indebida de jubilaciones, se debe discriminar al respecto dado que no se advierte razón para tratar de manera más gravosa a un deudor de buena fe que ha consumido prestaciones de naturaleza alimentaria, que a uno que se encuentra obligado a restituir por causa de otro tipo de relaciones jurídicas (arts. 738, 786 y 1055 del Código Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, doctrina de la arbitrariedad, abogados, matrícula profesional, Colegio Público de Abogados
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: AMELONG, JUAN DANIEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-08

Es admisible el recurso de inconstitucionalidad desde que la interpretación literal del artículo 295 de la ley 10160- tal como había sido efectuada por el Colegio de Abogados- no aparece "prima facie" irrazonable considerando la imposibilidad material del ejercicio profesional que se deriva de la existencia de una privación efectiva de libertad dispuesta como consecuencia de una condena penal, sin que ello implique que tal medida no pueda ser revertida si la condena fuera eventualmente revocada.

Así como en modo equivalente el artículo 295 inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que un fallido fraudulento no podrá ejercer la profesión del abogado hasta su rehabilitación, cabe reconocer, aún con mayor razonabilidad, que dicho impedimento alcance a quien resulta condenado a pena efectiva privativa de libertad por delito doloso por graves violaciones a los derechos humanos.

A mayor abundamiento, no puede dejar de señalarse la recurrente actitud desplegada por el condenado durante el curso del proceso penal , de la que se infiere el desprecio por aquellos valores, normas y principios que hacen a la esencia misma de la profesión de abogado, todo lo cual configura una clara contradicción con las funciones y finalidades esenciales que el Estatuto del Colegio de Abogados establece así como con las obligaciones propias del ejercicio profesional, circunstancia que faculta también ha dicho Colegio a evaluar y controlar la habilitación y/o cancelación de la matrícula profesional (cfr. art. 297, incs. 4 y 11, L.O.P.J.).

(De la disidencia del Dr. Erbetta)
Quiebra, desapoderamiento, subasta, lanzamiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: MASSE OSVALDO s/ QUIEBRA PEDIDA - DESAPODERAMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-02-28

La orden de lanzamiento del fallido dictada por el juez de la quiebra , después del remate del inmueble que perteneciera al mismo, no requiere ningún procedimiento especial, ya que la misma se lleva a cabo aunque diferida en el tiempo, en cumplimiento de la sentencia que lo declaró en quiebra.
Ley de cheques, pago con cheque sin provisión de fondos, acción penal, acción cambiaria
Materia: PENAL-COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO TIKVA LTDA c/ C/ GARCIA REGUERA SA s/ S/EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-06

Desde el momento en que se sancionó la Ley 24452 comenzó a regir un procedimiento que reconoce dos finalidades: por un lado, no obstaculizar la investigación de los ilícitos penales -reteniendo los cheques para remitirlos al juzgado penal interviniente-, y por el otro, facilitar el ejercicio de la acción cambiaria, emitiendo el girado un certificado o copia autenticada de los cheques que no fueron pagados por existir una denuncia policial (ley cit., artículo 63), y entregándoselo al tenedor para que pueda ejercer el derecho que corresponde (esta Sala, 16.4.07, "Ávalos, Nicolás c/ Villanueva, José y otro s/ ejecutivo" y sus citas).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, honorarios, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: ZARATE, ALICIA S DE c/ ZARATE, RUBEN s/ INCIDENTE DE DECLARATORIA DE POBREZA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 259-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-08

No habilita la instancia de excepción, los agravios de los recurrentes que no traducen más que la disconformidad con el criterio sustentado por el tribunal respecto a la interpretación de normas comunes (arancelarias en este caso), que por su naturaleza más allá de su acierto o error- es privativo de los jueces de la causa y ajeno a la instancia extraordinaria.

En el caso, la sala consideró, al regular honorarios en un incidente de declaratoria de pobreza, que éste no tenía contenido económico propio, y debía tomarse en cuenta el valor de los bienes comprometidos en el juicio principal, aplicando la preceptiva del artículo 16 de la ley arancelaria.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: O. Cid de la Paz Construcciones c/ Municipalidad de Leandro Alem s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

Si el nuevo régimen de flexibilidad salarial imponía al contratista una modificación en el monto de la oferta, ello debió haber sido puesto en conocimiento del comitente a fin de que la Administración resolviera atento la variación de la misma, si la nueva situación convenía al interés comunal.
Recurso contencioso administrativo, contrato de obra pública, certificados de obra, embargo, leyes, aplicación analógica de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SYCIC S.A.C.I.F. E I. c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 303 y 440 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-19

No puede prosperar el planteo de la empresa actora fundado en que las sumas que la Administración debe entregar en pago de las obras "no pueden ser objeto de embargo ni de medida judicial alguna de indisponibilidad con otra finalidad" desde que -partiendo de la lectura de los pliegos de la contratación y del convenio respectivo, y verificando que ellos nada disponen expresamente sobre el punto-, corresponde, en virtud de lo establecido en el artículo 92 del Pliego General de Condiciones, acudir a la ley provincial 5188. Y en ésta, el supuesto de "inhibición al contratista, o embargo sobre bienes o créditos afectados o provenientes de la obra contratada", es jurídicamente posible, tal como lo prevé en su artículo 72. A su vez, el artículo 75 de la ley -mencionado por la actora- refiere a un supuesto diferente al que ahora se analiza, y, por tanto, la conclusión que de esa norma extrae aquélla, no es la acertada.
Homicidio simple, graduación de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bufanio, Leonel; Horisberger, Néstor Alberto; Mendieta, Hernán s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-25

Debe confirmase la fijación de las sanciones impuestas a los coautores del delito de homicidio simple -24 y 21 años de prisión-, dado que el decisorio contiene los argumentos mínimos suficientes en torno a las exigencias establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal para considerar satisfechos adecuadamente los recaudos legales a fin de considerar fundada la decisión, de conformidad con las exigencias emanadas de los artículos 123 y 404 inciso 2° del C.P.P.N. (del voto en disidencia parcial de la Dra. Figueroa).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, proceso penal, prueba, víctima menor de edad, situación de vulnerabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., E. C. c/  s/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR LA SITUACION DE CONVIVENCIA CON LA VICTIMA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-03

En relación a .a pretensión de nulidad de la defensa -vinculada con la supuesta ilegalidad de la Cámara Gesell que tuvo lugar durante el plenario-, si bien la recurrente critica la argumentación de la Alzada -que recordó el artículo 160 del Código Procesal Penal, que prevé que siempre que en un acto se considere la intervención de un menor de diceiocho años, se atenderá primordialmente a la preservación del interés superior del mismo, evitándose toda exposición que fuera prescindible-, considerando que se centra en la edad, sin ponderar las particularidades del caso ni las condiciones concretas de la persona, lo cierto es que las Magistradas valoraron expresamente tales circunstancias, no haciéndose cargo la interesada de desvirtuar el razonamiento de la Cámara cuando explicó que la situación de vulnerabilidad de la víctima no dependió exclusivamente de su edad al desarrollarse la medida cuestionada, sino -en esencia- de la que presentaba al momento de la situación de abuso, de la especial naturaleza de los hechos denunciados y de las dificultades intrafamiliares que tuvo que sortear la menor para ejercer su derecho de acceso a la justicia -pues organismos del Estado, como la Dirección de Niñez y la fiscalía, debieron suplantar el acompañamiento familiar-. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal, artículo 160
Reincidencia, caducidad del registro
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Hermosa, Luis A. s/ Sentencia Condenatoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-16

La prohibición contenida en el art. 51 del C.P. de recabar informes a los entes correspondientes, producida la caducidad del registro, no impide hacer lo propio para determinar el presupuesto operativo de la norma, ello es, si tal caducidad efectivamente ha tenido lugar.
Acto administrativo, impugnación del acto administrativo, reclamo administrativo previo, habilitación de instancia, plazo, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARIN, Norma Ester c/ M.C.B.A. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-24

Cuando se persigue la invalidez de un acto administrativo municipal, a través de la vía impugnatoria, resulta insoslayable el agotamiento del reclamo administrativo previo. A tal efecto, la acción debe promoverse dentro del plazo perentorio de sesenta días, contados a partir del rechazo -expreso o tácito- del mentado reclamo. Entonces, la falta de tal cuestionamiento judicial o, incluso, de la previa impugnación administrativa dentro del plazo de diez días que establece el art. 47 de la ordenanza 33.264 -computables desde la publicación del decreto o de su aplicación particular a quien peticiona-, determina que dicho acto anulable quede convalidado por el consentimiento del interesado.-
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZENTENO ISABEL c/ ASTORGA HORACIO CARLOS Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-23

Las consideraciones sobre la existencia del daño, su naturaleza o importancia, que contenga la sentencia penal, no tienen influencia en el juicio civil, pues no sirven de fundamento a la absolución y, por eso, son extrañas a las funciones de los Jueces del crimen. Pero esta regla tiene una excepción: ciertos delitos requieren para su configuración la concurrencia de un perjuicio. En estos casos, el Juez en lo Criminal debe investigar la existencia del daño. Por eso, la declaración penal sobre la inexistencia del perjuicio se vincularía al hecho principal y, por ende, obligaría al Juez civil.-
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., M.A. s/ Abuso Sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-15

La admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad (C.P.P., art. 432), depende de que el interesado haya cuestionado la constitucionalidad de una ley que estatuya sobre materia regida por la Constitución Provincial, y que la resolución fuere contraria a las pretensiones del recurrente.

Cuando la recurrente no denuncia el perjuicio que le ocasionó la aplicación de la ley cuestionada y tal omisión impide el avance del remedio procesal en contra del esencial fundamento normativo que sustenta la medida.
Infanticidio, ley derogada, tratados internacionales, Convención de los derechos del niño, bien jurídico protegido, derecho a la vida, interpretación de la ley, atenuantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Tejerina, Romina Anahí s/ homicidio calificado -causa N° 29/05-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-08

En el debate de la sanción de la ley 24.410, que derogó la figura del infanticidio se hizo hincapié en que frente a la ratificación a través de la ley 23.849 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se sostuvo que el bien jurídico "vida" es superior a la protección legal de la honra de una mujer, que en el homicidio de un recién nacido por parte de la propia madre -soltera o adúltera- bien puede ser atenuada la pena según las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal y hasta estar exento de pena por aplicación del art. 34, inc. 1° del Código Penal, y que la desaparición de la figura ha de abolir también el injustificado privilegio que la ley acordaba a los padres, hermanos, marido e hijos de quien diera a luz, extremo que resulta prácticamente aborrecible en esta época (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Recurso de apelación (procesal), medidas cautelares, sentencia no firme, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Z., J. L. s/ QUEJA EN "COMUNIDAD MAPUCHE LAS HUAYTEKAS S/ MEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-04-07

La decisión cuestionada en el sub - examine no es la sentencia definitiva, puesto que el resolutorio atacado sólo decide sobre una medida procesal de naturaleza cautelar [Cf. (STJRNS1 Se. 70/02 "BERNARDI"); (STJRNS4 Se. 32/06 "CAMBARERI"); (STJRNS4 Se. 26/11 "CATEDRAL ALTA PATAGONIA S.A.")]. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)
Derecho penal, falso testimonio
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, JUAN MARCO - GODOY, ANALIA ALEJANDRA c/  s/ FALSO TESTIMONIO Y ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-20

La imputación que se le formula a una persona en el marco de un proceso cumple, entre otras, la función de demarcación. El imputado sólo debe defenderse de aquello que le fue intimado en el acto de la declaración indagatoria y ello es lo que constituye el disparador del contradictorio.
Expropiación, proceso judicial, indemnización, demanda, escritura pública, incapacidad, declaración de insania
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ RADICE,  ADELINA  LEONOR  NADALINI  DE; ESILDA LUISA; NELIDA ADELINA; ELSA  MARIA;  LIDIA  ANGELA; ESTHER VILMA  Y  MARIA  JUANA  RADICE  Y NADALINI s/ EXPROPIACION      CSJ EXPTE NRO 212-77 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ FRANCESCHINI, JERONIMO REGINO s/ EXPROPIACION      EXPTE NRO 279-77
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28|1989-12-21

Si la expropiante prescinde del convenio concluido con el propietario en el trámite de avenimiento y utiliza la vía del juicio expropiatorio, la litis debe ser resuelta de acuerdo a la ley de la materia. Consecuentemente, debe rechazarse el pedido de la actora de que se fije como indemnización la cantidad ofrecida al demandar, pretendiendo así hacer valer un convenio concluido con las demandadas y no elevado a escritura pública, por encontrarse dos de ellas con las facultades mentales alteradas, no habiendo sido declaradas insanas.
Carga de la prueba, pedido de prueba, historia clínica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ambrosio, Osmar Ángel c/ A.N.S.E.S. y otro s/ Jubilación y retiro por invalidez
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-25

Ni los arts. 34 y 36 del C.P.C.C. ni las medidas para mejor proveer tienen por fin relevar al peticionante de la carga que sobre él pesa de acreditar, de modo fehaciente, los extremos de hecho en los que sus-tenta el derecho pretendido; resultando insuficientes a tal fin los certificados médicos no avalados por historias clínicas ni otros elementos de prueba. (Disidencia del Dr. Fasciolo).
Responsabilidad del Estado, poder de policía, obligación de seguridad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibáñez, Omar Horacio y Otros c/ Bieza, Víctor Federico y Municipalidad de Valle Viejo s/ Daños y Perjuicios -s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-05-17

El deber de seguridad que pesa sobre el Estado, respecto de quienes circulan o transitan por sus rutas, calles o avenidas importa la adopción de todas las medidas que fueren menester para evitar la producción de accidentes. (Del voto del Dr. Cáceres).
Facultades del juez, formalidades procesales, producción de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, Inés c/ Colegio de Psicólogos de San Juan (Tribunal de Disciplina) s/ Medida Cautelar en Cont. Administrativo s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2022-10-21

Para la eficacia de la prueba, para el cumplimiento de sus formalidades, para la lealtad e igualdad en el debate y su contradicción efectiva, es indispensable que el juez -sujeto principal de la relación jurídica procesal y del proceso- sea quien de manera inmediata la dirija y controle, resolviendo primero sobre su admisibilidad e interviniendo luego en su recepción. Esto se enmarca en el principio de la dirección del juez en la producción probatoria, el cual "contribuye a la autenticidad, a la seriedad, la oportunidad, la pertinencia y la validez de la prueba; de lo contrario, el debate probatorio se convertiría en una lucha privada, y la prueba dejaría de tener el carácter de acto procesal de interés público".
Defraudación, pagaré, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: STEININGER, Carlos J. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-26

"...La solución no es la misma si la falsa completividad ha sido realizada por el autorizado; entonces, si la falsedad tiene repercusión económica el delito del art. 173 inc. 4, desplaza a la falsificación, ya que es la falsedad misma la que constituye el llenado abusivo propio del mencionado tipo; y, en otros casos, habrá que considerar que quien está autorizado a llenar, completando el tenor con su propia manifestación de voluntad, puede abusar, pero nunca falsear..." .

El agravio dirigido por el recurrente al considerar aplicable las previsiones del art. 292 en función del art. 297 del C.P.N. no se ajusta al caso en virtud que la maniobra denunciada (agregado en dos pagarés del nombre del denunciante en la parte pertinente al obligado del formulario) entrañaría un abuso de confianza pero no una falsificación, desde que quien se encuentra autorizado a insertar no puede falsificar.

Si no puede determinarse si el "agregado" efectuado al pagaré, fue con anterioridad y con el consentimiento del denunciante, o con posterioridad a su efectiva entrega, es que corresponde confirmar el sobreseimiento del encausado.