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Constitución Provincial, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, derechos y garantías constitucionales, derechos no enumerados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

Del artículo 33 de la Constitución Nacional y el artículo 6 de la Provincial, que funcionan como verdaderas "válvulas de escape", puede decirse que surge el llamado "principio de expansividad de los derechos", de modo tal que la lista de ellos es insusceptible de ser clausurada, y resulta, en consecuencia, admisible la incorporación y reconocimiento de otros que no figuran enumerados.

La lista de estos derechos debe referirse necesariamente a los derechos fundamentales y no a cualquier otro de distinta categoría ya que, caso contrario, convertiríamos a la Constitución en un mero código de fondo. (Del Voto del Dr. Ulla)
Recurso contencioso administrativo, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Alcaraz, Dante Alberto c/ Gobierno de la Provincia de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Ilegitimidad (Decreto Nro.  804/92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-06-30

Rechazándose la demanda por ser improcedente la vía elegida, se da adecuada satisfacción al derecho expuesto a la jurisdicción y cuya protección fue erróneamente requerida pues el medio no era ni es idóneo para exitarla; no consta - y ello es impedimento insalvable - que se hubiese agotado la vía administrativa. Considerar en estas condiciones el fondo del asunto, equivaldría a suplir la inactividad del interesado. Es decir, que por vía de una omisión falta de impugnación administrativa por medio del recurso de reconsideración - se logra una situación jurídica ventajosa que no se tendría de haber optado como correspondía por el recurso de plena jurisdicción.
Concursos, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: MIANI,  OFELIA  C.  -INCIDENTE  DE  VERIFICACION  TARDIA EN RAIZ RAUL ANTONIO -CONCURSO PREVENTIVO (HOY QUIEBRA) s/ INCIDENTE  DE VERIFICACION  TARDIA  -  CONCURSO PREVENTIVO - QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-10-23

El art. 133 de la ley concursal suspende el curso de los intereses y este mismo criterio es aplicable a la actualización monetaria,por representar ambos el mismo concepto indemnizatorio de la demora en la entrega del capital.

La actualización de los honorarios no puede ser opuesta a uno de los principios básicos del régimen concursal, en su conocida formulación "par conditio creditorum", sometimiento que tiene como antecedente el de que todos los acreedores del concurso, sin distinción de su naturaleza, deben pasar por el reconocimiento de sus créditos (arts. 33 y 129 de la ley 19.551).

En esta materia, rige el criterio general de que todos los créditos sin excepción, sólo podrán actualizarse si existe remanente (ley 21.488), no violándose, así, el derecho de propiedad, en virtud de la igualdad a que deben someterse todos los acreedores, sin distinción alguna.- Voto de la mayoría.-
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ciccone Calcográfica SA. s/ Medida precautoria autónoma de no innovar -Cuestión de competencia  artículo 6 del Código de Procedimiento de lo Contencioso  Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-27

Habiéndose decidido la elevación a la Suprema Corte en base a lo dispuesto por el art. 6 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo en una causa sobre medida precautoria autónoma de no innovar, a fin de evitar un decaimiento injustificado por motivos formales, del derecho del litigante a obtener un pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión, resulta aplicable al caso la solución prevista por el art. 352 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Propiedad horizontal, FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Barcenilla Myriam Susana c/ Lugo Marta Noemí y/o Motter Gerónimo y/o cualquier otro ocupante. s/ Interdicto de Obra Nueva. Barcenilla Myriam Susana c/ Lugo Marta Noemí y/o Motter Gerónimo y/o cualquier otro ocupante. s/ Interdicto de Obra Nueva.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-06-28|1995-06-28

Respecto al régimen al cual se encuentran sometidos los inmuebles ubicados en el Barrio Güiraldes 176 viviendas, surge de la prueba informativa producida en la causa por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), que el barrio de referencia se encuentra sujeto al régimen de propiedad horizontal, aún cuando falte su inscripción en el registro respectivo. A su vez el contrato de adjudicación de viviendas, en una de sus cláusulas determina que el adjudicatario debe hacerse cargo de las contribuciones respectivas si estuviera sometida al régimen de Propiedad Horizontal. Es decir que no establece para este caso concreto que el barrio esté comprendido efectivamente bajo ese régimen, previendo sólo la posibilidad de tal circunstancia; pero ello es así por cuanto se trata de contratos tipos que utiliza el IPDUV para los grupos de viviendas que construye en distintos casos. Es por eso que, ante la duda sobre el régimen a aplicar a dicho barrio, resulta acertado recurrir al informe que tal institución brinde, disipándose así las controversias al respecto.
Juicio oral, apreciación de la prueba, audiencia
Materia: PENAL
Carátula: García, Ana Angélica s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Si el tribunal -más allá de la naturaleza procesal que se le atribuya a las declaraciones- optó por la versión dada en la audiencia oral, sobre las diversas efectuadas previamente por el declarante, mediante una detallada fundamentación lógica y previa confrontación con el resto de las pruebas, tal valoración probatoria se ajusta a derecho (art. 286, C.P.P.), aún cuando mediara prueba pericial supuestamente contraria pero no decisiva.
Competencia en razón del monto, contestación de la demanda, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: BASSI, ALCIRA Y OTROS c/ MARTINELLI, RUBENS s/ RENDICION    DE   CUENTAS.  CONFLICTO  NEGATIVO  DE  COMPETENCIA.    CSJ EXPTE NRO 43-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-06

Limitándose la primera etapa del juicio de rendición de cuentas a la mera declaración de la obligación legal de rendir cuentas, sin especificarse hasta ese momento monto alguno en relación al objeto del proceso, éste recién se determina al momento de la impugnación de las cuentas. Por ello no cabe aplicar la preceptiva del artículo 3 del código procesal civil y comercial -reducción posterior a la traba de la litis-, ya que no puede reducirse lo que nunca se reclamó.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO PUNTA AZUL SAICA c/ SCORSONERO, HUMBERTO R s/ CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO - QUEJA POR DENEGACION DEL  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 615-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-17

El artículo 11 de la ley 7055 exige al tribunal pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad en orden a verificar el cumplimiento de los recaudos formales de la impugnación como, asimismo, la existencia de una cuestión constitucional. El control del cumplimiento de esa exigencia establecida en el artículo 3 de la ley citada, corresponde efectuarla al juzgar la admisibilidad, ya que no se trata de decidir en esa primera etapa, si hubo o no lesión constitucional, sino sólo si se ha expuesto suficientemente en demostración de que, prima facie, se habría configurado una cuestión de esa jerarquía.
Allanamiento, presupuesto, costas
Materia: CIVIL
Carátula: DREDIMAS S.A. c/ ESTOFAN JORGE Y OTROS s/ CONSIGNACION DE LLAVES DE LOCAL COMERCIAL - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-11

El allanamiento parte del presupuesto del vencimiento por la admisión de las pretensiones impuestas por la contraria. En vista de ello, son extraordinarios los casos que autorizan a modificar la carga de las costas que derivan del principio objetivo de la derrota. El art. 70 del C.P.C.C. establece una serie de requisitos a los fines de que la apuntada circunstancia de excepción pueda ser aplicada entre los que se enuncian de que debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. Además de ello requiere, que quien solicita la exención de costas, no hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación.
Prueba, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Capria Mateo c/ Asociación Club Social de Gral. Belgrano s/ Cumplimiento contrato de rifa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

Los plazos previstos en nuestro ordenamiento procesal son de carácter perentorio. De ello surge que una vez consentida la providencia que ordena entregar los autos para alegar, los efectos de la preclusión impiden que se pueda continuar con la sustanciación de prueba pendiente, ni es admisible que se disponga la agregación de prueba producida fuera de plazo, excepto que hubiere conformidad de partes para ello. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución forzada, sanciones conminatorias, astreintes, embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO FRANCES SA c/ CABRERA, OSCAR s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-18

Procede imponer a la empleadora del accionado, astreintes conminatorias (CPCCN art. 37) por los incumplimientos incurridos en la efectivización de un embargo dispuesto sobre el salario del defendido cuando, -como en el caso-, surge que el a quo ordenó a la destinataria de la orden efectivizar la cautela y esta no formalizó la demanda judicial. No obsta lo expuesto, que la sancionada manifieste de que no sería aplicable lo dispuesto por el CPCCN art. 37, sino lo previsto en el CPCCN art. 35-3 -referido a la posibilidad de los tribunales de aplicar multas con el objetivo de mantener el buen orden y decoro en los juicios-, toda vez que existió incumplimiento a una disposición judicial a la que el obligado se resiste sistemáticamente (Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., 26.6.01, in re: "Elma SA c/ Pratti Vázquez Iglesias SA s/ Cobro de pesos"; Cnciv, sala l, 27.2.92, "Permin, María Teresa c/ Permin, Rubén s/ división de condominio").
Doctrina de la arbitrariedad, debido proceso, defensa en juicio, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Zaratiegui, Horacio s/ falso testimonio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

La doctrina de la arbitrariedad tiende resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, y exige que la sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa.
Recurso de apelación (procesal), plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: González de Mamani Cortéz, Estela c/ Franza, Hector Vicente y otra s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-06-05

El plazo para fundar el recurso concedido en relación, sea con efecto suspensivo o devolutivo es perentorio. La circunstancia que el apelante haya solicitado la modificación del efecto con que se concedió el recurso, no importa una suspensión de términos, pues tal pedido no imposibilita la presentación de los memoriales.
Contratos civiles, locación de inmuebles, alquileres, restitución del inmueble, responsabilidad del locatario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ficarra Angel c/ Angel Trigo s/ Ordinario (LIBRO: S089 - 172)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-12-16

El locatario debe los alquileres hasta la efectiva restitución de la cosa locada, si antes no procede a su depósito judicial. No hace cesar su responsabilidad el requerimiento extrajudicial efectuado al locador para que lo reciba, ni el ofrecimiento extrajudicial de las llaves.-
Acción de amparo, medidas cautelares, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: CIVIL
Carátula: GALLO DE JEREZ, LUZ; ALOMO DE GEREZ, PASCUALA B. Y OTROS c/ MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL Y/ O GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-16

Cuando se impugna judicialmente la validez de los actos emanados de la administración pública, partiendo de la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos -de la que deriva su ejecutoriedad-, el primer requisito condicionante de la prohibición de innovar respecto de aquellos, se encuentra configurado por el acreditamiento de su manifiesta arbitrariedad o ilegalidad, pues solo concurriendo esta circunstancia resulta quebrada la mencionada presunción.-
Apreciación de la prueba, responsabilidad penal, juicio oral, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cano, Edgardo Fabián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-10

Uno de los votos concurrentes agregó que el examen de la participación del imputado en el hecho atribuido y su significación jurídico penal deberán ser analizadas con rigurosidad en el marco del debate. Al respecto, se advierte que existirían deberes y funciones a cargo del imputado que tienen directa relación con el resultado disvalioso objeto de la causa, en particular, en atención a las deficiencias apuntadas en el funcionamiento del paracaídas que ameritan su detenida evaluación, en correlación con las competencias de los restantes intervinientes que pudieran ser sindicados como garantes de la seguridad de la actividad desplegada. En este panorama, la dilucidación de la infracción de los deberes a cargo de los diversos sujetos que estaban llamados a ejercer el control sobre la seguridad del procedimiento reclama un detenido examen de los aspectos normativos que regulan la actividad con aplicación a las concretas circunstancias del caso, ponderación que es propia de la instancia de juicio oral. Habrá entonces de dirimirse en esa instancia procesal la interrelación existente entre las distintas funciones de control que el personal de la Armada tenía asignadas, esclareciendo el alcance concreto de aquellas que correspondían al imputado como jefe de lanzamiento, extremos que no se encuentran satisfechos en el auto de mérito dictado.

El otro voto concurrente agregó que el sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta. Procede cuando el tribunal no le quede duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena y que la necesidad de certeza negativa para sobreseer a una persona con respecto a determinado hecho resulta un mandato procesal esencial.
Sentencia, sentencia no firme, falta de notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Azzarelli, Aldo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1986-08-12

Al no estar notificada la sentencia, carece la calidad de definitiva, no se trata de un acto clausurado, cerrado, recién con la notificación adquiere la fijeza que impide toda reforma y habilita procesalmente la impugnación extraordinaria.
Daños y perjuicios, prueba, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: De la Fuente, Heriberto V. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1986-10-07

Los rubros demandados en concepto de perjuicio que no han sido probados en la estación oportuna por los accionarios, no pueden ser diferidos para la etapa de ejecución de sentencia porque ello significaría conceder una tercera instancia no autorizada por la ley procesal. Los daños deben ser debidamente probados durante el período de pruebas, pues quien tuvo la oportunidad de la defensa en juicio no ejerció la carga de aquella, debe sufrir las consecuencias negativas de su negligencia es decir, perder el pleito o los rubros no acreditados en la estación procesal oportuna.
Defensa del consumidor, acción judicial, ley procesal, acciones de clase, procedencia del recurso, operaciones bursátiles, comisiones, devolución de saldos, acreditación de saldos, prueba del pago
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Acyma Asoc. Civil c/ Portfolio Personal SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-17

1 - Admitida una demanda colectiva interpuesta por una asociación de usuarios financieros contra un agente bursátil y su productor, con motivo del aumento injustificado del monto de comisiones efectuado sin preaviso ni notificación, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso que la restitución de las sumas cobradas en demasía a los usuarios se acredite en la cuenta comitente correspondiente a cada usuario, de forma directa y sin sujeción a petición previa. Asimismo dispuso que las sumas cuya restitución corresponda a los consumidores que ya no tengan cuentas comitentes abiertas sean depositadas en autos para que se concrete su pago judicialmente. En ese marco, se considera que ningún perjuicio puede causarles a los demandados el destino que se decida otorgar a los fondos no cobrados por los consumidores. 2 - La decisión jurisdiccional tiende a efectivizar la manda de la LDC 54, en tanto se busca la manera de que los importes percibidos, en caso de no poder ser reintegrados al consumidor, se utilicen para beneficiar al conjunto lesionado. En ese sentido, el Juez no falló ultra petita, sino que cumplió con su obligación de disponer la modalidad de cumplimiento de la sentencia.
Recurso de apelación (procesal), recurso de casación, Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, facultades del juez
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B, H. D. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-14

El recurso de apelación es considerado un recurso ordinario, ya que tiene por objeto reparar, genéricamente, cualquier error, ya sea in iudicando o in procedendo, y no tiene otro límite para el tratamiento de la cuestión sometida a su conocimiento que el que le fija la expresión de agravios del vencido.

El recurso de casación exige para su interposición la existencia de motivos legales que lo habiliten (vgr. artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación), lo que lo convierte, conforme algunos autores, en un recurso de los denominados extraordinarios, cuya descripción siempre es taxativa; en tal sentido, destacamos que el artículo 50 de la Ley de Procedimiento Contravencional no registra supuesto alguno que deba ser invocado para la deducción del recurso por él previsto, como sí ocurre con el Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad que describen el artículo 26 inciso 4 de la Ley Nro. 7 y el artículo 27 de la Ley Nro. 402, recurso éste que ha sido denominado "de casación constitucional" en la causa Nro. 38/99, "Benegas, Miguel M. s/recurso de queja" resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires el 11.8.99 (del voto de los Dres. Conde, Muñoz y Casás).

Conforme lo dicho, puede entonces afirmarse que la Ley de Procedimiento Contravencional permite a esta Alzada conocer en los recursos ante ella interpuestos con la amplitud de tratamiento que la apelación autoriza, no siendo aceptable que quiera entenderse a la impugnación que autoriza el artículo 50 de la Ley de Procedimiento Contravencional como significativa de un Recurso de Casación que la ley no contempla; por lo demás, no resulta ocioso recordar que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires -Ley Nro. 7- denomina a este cuerpo como Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas -artículo 36-, no estando previsto organismo alguno que ejerza funciones casatorias dentro de este fuero. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Jueces, deberes y facultades del juez, división de poderes
Materia: PROCESAL
Carátula: "Y.P.F. S.E. c/ Esso  S.A.P.A. s/ proc.  de  conoc".  y susacumulados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

Cuestiones como la crítica general de la política del Gobierno Nacional con referencia a la actividad industrial se encuentran fuera de la jurisdicción de los jueces de la Nación quienes no pueden valorar la bondad y la oportunidad de la política de los demás poderes del Estado, so pena de incurrir en violación del principio de división de aquellos. Tal valoración sólo está reservada a los órganos públicos con facultades para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios, si ellos hubieran incurrido en incumplimiento de mandato otorgado o de la función encomendada, pero de manera alguna puede ser materia de una causa judicial de la índole de la presente.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, aplicación de la ley laboral, sujetos del contrato de trabajo, principios laborales
Materia: LABORAL
Carátula: FLORES, LUISA ELISA c/ RUIZ, DIEGO MARCELO - RECTIFICACIONES SAN RAMÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-19

Si por "servicios", se entiende "realizar las facturaciones, presupuestos, realizar los pedidos de materíales a los distintos proveedores, inclusive firmaba los remitos y las facturas......realizaba los depósitos bancarios, las transferencias de la cuenta del demandado a terceros por pago de materiales, bienes, etc.", es evidente que la actividad probatoria de la empleada no ha sido feliz, toda vez que si ella realizaba habitualmente gestiones bancarias en favor del demandado, debiera ser autorizada especialmente, en cada ocasión, las autorizaciones no eran generales, sino especiales para actos determinados, razón por la cual por cada operación de transferencia existe una autorización que se presentaba en el Banco. Repárese en tal sentido que la autorización dada a un gestor, no lo convertiría en dependiente.
Marcas, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Afrika Cueros  S.A. s/ Medidas Previas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

Las medidas previstas en los arts. 38 y 39 de la ley 22.362 tienen un claro alcance de instrucción preventiva en tanto tienden a asegurar elementos necesarios para un futuro proceso. Que desde esta perspectiva y atendiendo a que el decidir este Tribunal en el juicio ordinario posterior se impusieron las costas a las demandadas y se regularon honorarios cabe concluir que el efectuar tal regulación se tuvieron en cuenta los trabajos realizados por el letrado patrocinante en este incidente, habida cuenta de que las medidas previas solicitada no constituyen una categoría jurídica procesal de naturaleza autónoma, sino por el contrario, fueron un modo de producir la probanza en cuestión entablado o no el juicio y de acuerdo con la urgencia de su producción.