marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fundamentación de sentencias, control de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-07

El razonamiento empleado por el juez en su fallo debe ser congruente respecto de las premisas que establece y las conclusiones a que arriba, debiendo expresar por escrito las razones que condujeron a su decisión para posibilitar el control de legalidad.
Salarios caídos, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PACHECO CARLOS E. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Y/O SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-20

Al no existir disposición expresa que así lo determine, la pretensión de que se declare de legítimo abono los haberes y complementos dejados de percibir desde que se impidió el ejercicio de funciones hasta su reincorporación, los servicios prestados no pueden generar derecho a retribución, por lo cual es improcedente el pago de sueldos por funciones no desempeñadas.
Elevación en consulta, remisión del expediente, inconstitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CUCHO MUÑOZ, María del Rosario. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

Dado que la C.S.J.N. (*) declaró la inconstitucionalidad del art. 348, 2° párrafo, primera alternativa, del C.P.P.N., en cuanto autoriza a la cámara de apelaciones, en los casos en que el juez no está de acuerdo con el pedido de sobreseimiento del fiscal, a apartarlo e instruir al que designe el fiscal general, a fin de producir la elevación a juicio, y por cuestiones elementales vinculadas a la observancia de la doctrina de los pronunciamientos de la Corte Federal (**) y por economía procesal, no resulta posible a esta cámara, evacuar la consulta frente al disenso entre el fiscal y el juez de instrucción, cuando aquél decide no requerir la instrucción o elevación a juicio de las actuaciones.

Debe concluirse en la necesidad de sujetar a algún mecanismo de control la actividad del fiscal que actúa ante el juez de instrucción, ya que, más allá de la eventual responsabilidad funcional de los integrantes del Ministerio Público, es claro que el juez de instrucción conserva la facultad de ejercer el control de razonabilidad y legalidad de sus actos -declaración de invalidez mediante-, siempre que el art. 69 del ritual obliga a los fiscales a fundar debidamente sus dictámenes, cuestión que encuentra fundamento constitucional en la forma republicana de gobierno y en el derecho de defensa en juicio (***).

Si el fiscal general puede desistir de los recursos interpuestos por su inferior jerárquico (art. 443 del C.P.P.N.), a mérito del sentido de su actuación (art. 120 de la C.N. y arts. 1, primer párrafo y  25, inc. "a" y "c" de la ley 24.946), de igual modo habrá de controlar los criterios desincriminatorios postulados por el fiscal de instrucción, cuando lo que pida sea la desestimación.

Es la necesidad de garantizar que los fiscales actúen según pautas de objetividad lo que obliga a reflexionar sobre el control de los actos del Ministerio Público (****).

Es que dejar en manos de un solo funcionario, la decisión de si corresponde o no incoar una investigación penal, en el marco de actuaciones escritas y secretas para la comunidad, resulta además de irrazonable, altamente peligroso y contrario a la forma republicana de gobierno (*****).

Por ello, deben remitirse las actuaciones al Fiscal General ante el disenso del juez con el dictamen del fiscal de instrucción, para que se evacue la consulta generada.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, enfermedad accidente, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Terrone, Aída c/ Amat S.A. s/ Despido y salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

La extinción del vínculo laboral dispuesta por el empleador vencido el plazo del art. 211 de la Ley de Contrato de Trabajo no exime del pago de la indemnización del art. 212 cuarto párrafo de dicho cuerpo legal si al decidirse tal medida el trabajador estaba totalmente incapacitado.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VARGAS JOSE HUGO c/ OSVALDO EPIFANIO AZCURRA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A075 - 078)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-03

Si bien el art. 194 del CPC exceptúa como testigos a los consaguineos o afines en línea directa, esa inhabilidad no debe ser entendida de manera absoluta, toda vez que estriba en la conveniencia de preservar la solidaridad familiar, cuando la testimonial la ofrece la parte contraria, pero no cuando la solicita el propio familiar, en cuyo supuesto, queda sujeta a la regla de la "sana crítica".
Concurso de delitos, concurso real, unificación de penas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: AMACARIO, RUBEN s/ unificacion de la pena-Causa 30.905
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-28

Cuando se trata de dos hechos enlazados por un concurso real que sólo por razones técnicas ajenas al enjuiciado determinaron la promoción de dos procesos distintos, es aplicable el principio de la unidad de acción penal, a fin de enfocar los delitos reprochados desde la óptica hipotética de su contemporánea ejecución y con la perspectiva de que la pena unificada es la primer condena."
Leyes, constitucionalidad, Municipalidad, personal de planta permanente, personal contratado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Rubén c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 190-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-01

El artículo 133 de la ley 9286 (Anexo I), en tanto impone a las Municipalidades admitir con carácter permanente a personal que sólo había sido contratado, y al que, por esa vía, se haría entrar irregularmente en categorías superiores en desmedro de la carrera administrativa, está en pugna con el artículo 5 de la Constitución Nacional por implicar una desnaturalización del régimen municipal que pone en riesgo su subsistencia.
Ley de orden público, renuncia de derechos
Materia: CIVIL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

No son válidas las renuncias hechas a derechos concedidos menos en el interés particular de las personas que en mira del orden público.
Guarda preadoptiva, autorización judicial, libertad de circulación, vínculo filial, interés superior del niño, emergencia sanitaria, coronavirus, cuarentena
Materia: CIVIL
Carátula: C., D. c/  s/ control de legalidad - Ley 26.061
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-20

Corresponde otorgar un permiso de circulación excepcional con el único fin de garantizar la vinculación entre los pretensos guardadores y la niña, de sólo cinco meses de edad, dado que se había procedido al otorgamiento de la guarda, pero inmediatamente después de la resolución comenzaron las restricciones a la circulación y la vinculación entre los postulantes y la beba sólo pudo efectivizarse a través de medios tecnológicos. En consecuencia, ante la incertidumbre acerca de la extensión del aislamiento social impuesto por el Poder Ejecutivo, el comienzo del proceso de vinculación se muestra como la medida necesaria para garantizar el interés superior de la niña, que en el caso se relaciona con el derecho a crecer y desarrollarse en el seno de una familia.
Prisión domiciliaria, pérdida del beneficio, salud del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Boccalari, Gustavo Abel s/ Inv. de delitos de lesa humanidad. (c. 05/07 J.F.1) - Incidente de Nuevo Pedido de Detención Domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

Corresponde revocar la detención domiciliaria concedida al imputado por cuestiones de salud, pues las dolencias que éste presenta pueden ser atendidas en el establecimiento penitenciario, tal como ocurrió hasta el momento de la efectivización de la medida, con más las facilidades de externación habilitadas por el a quo para la culminación del tratamiento de los implantes dentales por fuera de la institución carcelaria y los permisos de visita a su esposa y nieto a fin de garantizar el adecuado desarrollo de los vínculos familiares, ello sumado a que no se ha acreditado que la privación de la libertad en el complejo penitenciario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia -art. 32 inc. a) de la Ley de Ejecución Penal-.
Daño moral, medicamentos, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: Ayala Ramona Estela - Sus Herederos Y/O Sucesores c/ Superior Gobierno De La Provincia De Entre Ríos s/ Sumario (Expte. Nº 1490)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-10-17

Debe responsabilizarse a la provincia de Mendoza por el daño moral que sufrió una paciente oncológica ante las demoras en el suministro de drogas para el tratamiento prescripto, pues si bien hubo una entrega de la medicación indicada, una vez agotada, y pese al conocimiento que tenían los responsables de dar cumplimiento a la manda judicial derivada de la presentación de un amparo, tuvieron una conducta desaprensiva que hizo atravesar a la actora y a su grupo familiar por vicisitudes innecesarias y desgastantes ante el cuadro grave que requería de carácter urgente la entrega de medicación.
Usos y costumbres, doctrina de los actos propios, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ciocci y Chiericotti S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda). s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-20

Cuadra desestimar las pretensiones contradictorias con la conducta pasada del pretensor, toda vez que la citada doctrina promueve el cumplimiento del deber de coherencia del comportamiento jurídicamente relevante. Porque a nadie debe permitírsele, en principio, hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando ella, interpretada objetivamente según la ley, los usos o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho cuando hacerlo contraría tales parámetros (doctor SORIA, sin disidencia).
Arbitraje internacional, laudo arbitral, interpretación de tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Milantic Trans S.A. c/ Ministerio de la Producción (Ast. Río Santiago y ot.) s/ ejecución de sentencia - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-05

La interpretación de la Convención de Nueva York, como la de todo tratado internacional ratificado por nuestro país, debe hacerse siempre de conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional (artículo 27) (Voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).
Medidas cautelares, embargo, sustitución de garantía
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: JAREMCZUMK, JULIO c/ EL COMERCIO DEL NORTE CIA DE SEGUROS s/ INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-01-31

La pretensión de sustituir una garantía real por una personal no satisface suficientemente el derecho de garantía del acreedor porque bastaría la insolvencia de la tercera contratada para que desapareciera el grado de certeza que le confiere a aquél la traba del embargo que posee. No empece tal situación el hecho de que se pudiera pedir el estado patrimonial de la aseguradora involucrada, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, toda vez que era la propia demandada la que debió arrimar a los autos la prueba tendiente a acreditar que al tiempo de la presentación por la que pretende la sustitución existía una solvencia tal que tornara injustificable la oposición del actor a la medida solicitada.(Del voto de la Dra. Guthmann, en minoría).
Sentencia, fundamentación de sentencias, graduación de la pena, sentencia arbitraria, sistema republicano, publicidad de los actos de gobierno, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Tejerina, Tomás Ricardo#SOBRE: recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-02

Debe descalificarse el pronunciamiento y rechazarse la posibilidad de formular el quantum de la pena con meras afirmaciones abstractas en donde sólo se explica el incremento de la pena sobre la base de pautas objetivas, sin fundar cuáles serían las subjetivas, "por tornarse ello incompatible con un ejercicio racional del poder dentro del modelo republicano (art 33 CN) que exige de cualquier funcionario público -cuanto menos- una mínima exteriorización del fundamento de la decisión adoptada". El defecto de fundamentación constituye una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resiente la motivación lógica del fallo, y desatiende el mandato de los artículos 123 y 404 inc 2 del CPPN, en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa (Voto del Dr Tragant).
Doctrina de la arbitrariedad, carácter excepcional, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Temer, Pablo Fabián c/ EN - PJN y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto constituir a la Corte Suprema en una tercera instancia ordinaria que sustituya a los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que le son propias, sino que tiende a cubrir casos de carácter excepcional, en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinario corno la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Costas en el orden causado, cambio jurisprudencial
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCA NAZIONALE DEL LABORO S.A. c/ Romero de Fernández, Mónica y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-23

Atento que las motivaciones que informan el pronunciamiento importan un cambio de jurisprudencia del Tribunal, las costas de la Alzada deben imponerse en el orden causado.
Asegurador, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GOMEZ, LUIS ANGEL Y OTROS c/ PAZ, VICTOR TOMAS Y/U OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-03-31

La aseguradora, al ingresar al proceso voluntariamente, hace valer un derecho propio frente a la parte originaria adhiriéndose a la calidad de demandada (intervención adhesiva autónoma o litis consorcial) desde que su obligación de mantener incólume el patrimonio del asegurado se transforma en una obligación concurrente (o in solidum) frente a la víctima. Es característica esencial de este tipo de intervención que el tercero goza de legitimación procesal propia para demandar o ser demandado originariamente en el proceso al cual ingresa, sea a título individual o conjuntamente con la parte a cuya posición adhiere (art. 90, inc. 2 y cc. del C.P.C.C)
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, cesantía, reincorporación, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONACINA ENRIQUE c/ CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-RECONSTRUCCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-05

No habiéndose demostrado por la parte actora el interés jurídico necesario a los fines de la reincorporación y de los beneficios que la ley 5718 le otorgara oportunamente -indemnización durante la tramitación del proceso- corresponde considerar que su pretensión de reintegro e indemnización en el juicio contencioso administrativo ha caducado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, responsabilidad médica, culpa, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Beltrán, Susana c/Sociedad Española de Socorros Mutuoss/ Daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

La prueba de la culpa del médico es indispensable, no porque la responsabilidad de éste se refleje en la entidad de la cual depende, en una responsabilidad indirecta, sino porque la prueba de aquella culpa sería la demostración de la violación del deber de seguridad, que como obligación tácita se halla comprendida en el contrato asistencial, y cuya omisión genera la responsabilidad directa de la entidad contratante, además de la que concierne directa y personalmente al profesional.(doctor Genoud, mayoría)
Sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: JIMENEZ, RAMON ALBERTO c/ ALIENDE, HECTOR JUSTO s/ COBRO DE PESOS SAYAGO, LUIS ALBERTO c/ BOGLIONE, JOSE LUIS s/ COBRO DE PESOS-DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD DE HECHO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-24|2002-11-12

Las deudas de los cónyuges son personales como regla. En efecto, el régimen argentino es de separación de deudas; en otros términos, uno de sus elementos tipificadores lo constituye la irresponsabilidad de un cónyuge por las deudas del otro. Esta conclusión se impone en virtud de la mera interpretación del art. 5 de la Ley Nro. 11.357, que emplea una forma negativa adecuada para enfatizar la regla de la independencia de las deudas. Dicho cuerpo legal, estableció un régimen de deudas contraídas por los cónyuges a nombre propio, el principio genérico es la irresponsabilidad del otro con sus bienes y los gananciales que adquiera o administre y su excepción es la responsabilidad. En consecuencia, nada debe demostrar quien invoca el carácter personal de la deuda, que se supone a falta de prueba en contrario.
Prescripción de la acción penal, rebeldía
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pozzetti, Guillermo Hilario s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-09

El fundamento de que la normativa procesal no permite que se realice el juicio en rebeldía, obedece a la protección del derecho de defensa del imputado y de esa forma garantizar que con su presencia pueda ejercerlo pero, si procediera la declaración de prescripción de la acción penal como solicitó el defensor legitimado en el proceso, la solución desincriminatoria jugaría claramente en beneficio del imputado. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Madueño, Fégoli).
Prueba confesional, confesión calificada
Materia: PENAL
Carátula: Colmegna, Carlos Angel s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

Transgrede los arts. 238 y 239 del Código de Procedimiento Penal el fallo que tiene por simple la confesión prestada por el imputado en un accidente de tránsito que, sin confesar ningún comportamiento ilegítimo, alega que al llegar al cruce "disminuyó la velocidad y miró hacia ambos lados", lo cual responde a lo razonablemente exigible en materia de precaución, conteniendo de tal modo una confesión calificada, sin que pueda compartirse la decisión del juzgador de que exista un reconocimiento de culpa por la sola circunstancia de que porque las víctimas circulaban en forma perpendicular al procesado éste debió verlos, no existiendo en la causa elementos útiles para determinar de qué modo, mediante qué maniobra previa y a qué velocidad llegaron al cruce.
Enfermedad profesional, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: SANTIAGO, CONSTANTINO c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-21

Respecto al agravio consistente en se amplió de modo excesivo el campo de la responsabilidad civil, omitiendo el fallo asumir que faltó la prueba de que el daño cuya reparación se reclama fue causado por la cosa riesgosa o viciosa propiedad de la demandada, y basándose solamente en suposiciones del perito, es de ver que la Alzada evaluó a fin de confirmar la condena a la demandada, la configuración en el caso de los presupuestos de viabilidad del reclamo sobre la base del artículo 1113 del Código Civil, atendiendo a que en este orden se exige que a la reparación integral corra paralelamente el rigor probatorio de aquéllos; haciendo especial hincapié en la acreditación del primer presupuesto de operatividad de la norma, esto es, el riesgo o vicio de la cosa, como elemento generador de daños, habiendo verificado en autos la peligrosidad o riesgo de las cosas de las que el empleador se valía para llevar a cabo su actividad. (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Concursos, período de sospecha, cesación de pagos
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOTELLI, RICARDO s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-26

Para determinar la fecha de inicio del estado de cesación de pagos, la LC: 119 no prescribe un procedimiento específico, y si bien es cierto que en algunas ocasiones se ha dado trámite incidental, ello no es un requisito procesal indispensable.
Concursos, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Menguez de Vinagre, Lola Beatríz y Vinagre, Hugo Antonio s/ Quiebra solicitada por Banco de Entre Ríos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-07-17

Si bien las nornas concursales referidas a la calificación de conducta no son penales en sentido estricto, configuran un régimen represivo en sentido amplio, al cual es aplicable la ley más benigna. Por otro lado, el régimen de inhabilitación comercial de algún modo afecta la capacidad de las personas. A partir de ello y conforme el artículo 4016 del Código Civil, la cuestión debe juzgarse regida por las nuevas leyes. Se infiere entonces que tanto uno como otro criterio conducen a la aplicación del régimen de inhabilidades de la Ley 24.522 a los procesos en trámite, aún en los supuestos en que se ha dictado sentencia firme en el incidente de calificación tramitado al amparo de la Ley 19.551. (Minoría u opinión personal)
Filiación, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SANTILLAN, MARTA GRACIELA c/ ORIETA RAMON CIRO s/ RECONOCIMIENTO DE FILIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-24

La filiación y el consiguiente apellido constituyen atributos de la personalidad que no pueden ser legalmente desconocidos al titular.

La falta de reconocimiento al hijo propio constituye un hecho ilícito que genera a su vez, el derecho a obtener un resarcimiento en razón del daño moral que padece el vástago.