Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-15


En la ciudad de Trelew, a los 15 días de agosto del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones esta ciudad, con la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C, R A c/ H, N E s/ DIF. DE HAB. E INDEM. DE LEY" (Expte. N° 22.241 - año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 200.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes a fs. 175 y 178, que fueran concedidos a fs. 177 y 179, respectivamente, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 170/174 y vta. que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por R A C y condenó a N E H al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $18.955,98.-, con más sus intereses, en concepto de adicional por falla de caja, sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, con mas las previstas por los arts. 9 y 15 de la ley 24.013, e incremento contemplado por el art. 4 de la ley 25.972 en los términos previstos por el decreto 1433/05, con imposición de costas a la demandada por la porción del reclamo que se acoge y a la actora respecto del que se desestima. Los informes previstos por el art. 62 de la ley 69 lucen presentados por la accionada a fs. 181/186 y vta. y por la accionante a fs. 188/191, los traslados conferidos a fs. 187 y 191, éste último conforme lo dispuesto a fs. 196, no fueron evacuados, y señala la demandada apelante que el razonamiento del "a quo" incurre en vicios de autocontradicción, omite valorar prueba fundamental para la resolución del proceso y analiza en forma arbitraria la que si valoró, resultando en definitiva una sentencia violatoria de las reglas de la sana crítica racional. Si bien debe admitirse la libertad del "a quo" en la apreciación de las pruebas testimoniales, su parte se limitó a hacer un prolijo análisis de las contradicciones solamente de los testigos de la actora, definiéndolos como inverosímiles relatos, contrastándolos con los datos que surgen de los recibos oficiales acompañados por la demandante, el libro especial llevado en legal forma, y la propia conducta de la actora durante toda la relación laboral y los testimonios precisos de G, D' A, G y W. Todas estas pruebas demuestran acabadamente que la actora comenzó a trabajar en marzo de 2001 y no en marzo de 2000. Si el "a quo" efectúa esfuerzos intelectuales tendientes a otorgar verosimilitud a testimonios notoriamente contradictorios, cabe esperar siquiera alguna mención respecto del porqué desestima o no tiene en cuenta a ninguno de los testigos de su parte. Ninguna duda le merece que V R conozca a la actora por ser habitué del boliche "B", que G se sume a la autocontradicción de la actora al señalar que la misma trabajaba desde 1999 y no desde marzo de 2000 como afirmó en su demanda y en su telegrama de autodespido, para luego decir otra cosa en la absolución de posiciones, y que C tenga una memoria selectiva que recuerda con precisión que C trabajaba desde 1999 pero olvida hasta cuando. Como lo expresa C en la demanda se desempeñó como única empleada llevando adelante el comercio, lo que le valió la confianza de la empleadora. Sin perjuicio que al absolver posiciones intentó "enderezar" su demanda reconociendo la existencia de una empleada de apellido G, lo cierto es que al entablar la acción dijo una verdad palpable, era la única empleada y responsable del comercio. Esta afirmación coherente con toda la prueba rendida en autos imposibilita a su vez la pretendida antigüedad en el empleo, ya que no puede desconocerse el anterior trabajo de la Sra. G, también única empleada en su momento. A su vez, ha quedado acreditado que la Sra. G trabajó antes que C y que lo hizo a partir de noviembre de 2000 y hasta marzo de 2001, por lo que inevitablemente C comenzó a trabajar en ese mes de marzo de 2001. No hay forma lógica alguna para entender como una persona que trabajó desde noviembre de 2000 a marzo de 2001 (G) pueda haber entrado a trabajar antes que una que lo hizo en marzo de 2000 y que hayan trabajado juntas dos o tres meses en 1999, o en cualquier otra fecha posterior. Sin argumento lógico alguno avanza "el a quo" sobre la relación laboral de G, sugiriendo que ésta había trabajado uno o dos años en negro, única posibilidad de que su argumento sea válido. El único argumento que utiliza es que las registraciones resultan unilaterales y válidas hasta que se demuestre lo contrario. Y precisamente no se demostró lo contrario. La actora en su demanda ni siquiera menciona a la Sra. G y ante su presencia como testigo y la documental que avala su ingreso y egreso en libros y recibos llevados en legal forma no intenta siquiera una pregunta o repregunta tendiente a desvirtuar una realidad incompatible con su versión. De la sola lectura de las cartas documento intercambiadas y del texto de la demanda se desprenden las numerosas contradicciones y falsedades de la actora. Luego de darse por despedida inicia una demanda en la que afirma que siempre fue la única empleada y encargada, y puesta a determinar una fecha de ingreso, aparentemente le pareció apropiado fijar la de marzo de 2000. Además instala la existencia de un boliche llamando "B" en el cual dice haber trabajado, sugiriendo que era de propiedad de su mandante. Iniciado el proceso no le queda más remedio que admitir la existencia de G y ahora dice que trabajó junto con ella, cambia su fecha de ingreso y deja de lado sus presuntas labores en el boliche "B". El elemento clave del autodespido fue que ingresó a trabajar en marzo de 2000. Ni ella ni los testigos de su parte ratificaron tal cosa. Especial relevancia tiene por supuesto el testimonio de C G dejado de lado por el "a quo" sugiriendo que trabajó mas tiempo que el que testimonia y que sus declaraciones deben ser observadas con mayor rigurosidad por manifestar que es empleada del negocio. Ello tampoco es cierto ya que fue empleada y renunció a su trabajo hace más de cinco años. Cita jurisprudencia acerca de la aplicación del art. 1017 del Código Civil al régimen de pagos laborales por lo que resulta inadmisible oponerse al contenido de estos mediante prueba testimonial. Sin adscribir totalmente a esa postura extrema civilista, si lo dicho por un testigo está en contradicción con otras pruebas dotadas de más fuerza de convicción, es claro que el juez debe dar preferencia a estos medios. La prueba testimonial, en casos como el presente resulta absolutamente insuficiente, pues es fácil advertir que aún cuando una persona afirme haber visto en determinado lugar (por ejemplo a la actora) en una fecha anterior a la que expresan los libros y recibos laborales, en modo alguno puede ser un elemento de convicción serio como para dar por probada una relación laboral, ni siquiera en algún elemento específico de la misma, como ser la subordinación económica, jurídica o jerárquica. El fallo traduce una inadecuada ponderación de las pruebas producidas en la causa. No se encuentra en el fallo fundamento serio que descalifique los dichos de los testigos de mi parte y la restante prueba referida, de las cuales surge, con la mayor certeza, que la actora solo se desempeñó en estricta relación de dependencia desde la fecha alegada por su mandante. Y esta rigurosidad en la búsqueda de la verdad objetiva debe extremarse en casos de pequeños comercios de una persona física con un solo empleado, en donde las relaciones personales adquieren otra entidad que en una gran empresa. La poca rigurosidad en la búsqueda de la verdad excede el ámbito indemnizatorio como lo prueba el inc. IV de la sentencia que ordena remitir todos los datos a la ANSES con todo lo que ello puede significar para el comerciante afectado, que carece de todo antecedente violatorio de norma laboral alguna. Se agravia también del acogimiento del rubro fallas de caja ya que no corresponde ese adicional pues se otorga a "quienes específicamente tengan obligación de cobrar dinero a la clientela". Ha quedado acreditado que la función específica de la actora era la de vendedora por lo que las cobranzas que eventualmente hacía no eran otra cosa que un complemento de sus tareas habituales, pero no su específica función. A todo evento surge que ante el primer reclamo estimó adecuado analizar su pago con el objeto de acercar posiciones para intentar la continuidad de la relación laboral. Y aún en el caso que se confirmara la sentencia en este rubro no cabe dudas que su parte estaba dispuesta a considerarlo estando vigente la relación laboral., por lo que resulta a todas luces inhábil como para justificar un despido indirecto luego de cuatro años de prestar tareas sin haber efectuado el menor reclamo en éste ni en ningún otro aspecto. Peticiona se revoque la sentencia de primera instancia, con costas. -A su turno, la actora recurrente sostiene que el a quo da por sentado los criterios y hechos por ella relatados, es decir que cumplía con la totalidad de las funciones, o sea era la encargada del comercio "A D". Se encargaba de abrir, limpiar, realizar compras, cobrar, manejar la recaudación, e incluso viajar a Buenos Aires a realizar compras para el comercio. Ahora bien, se aplica la norma del art. 18 del convenio colectivo, e interpreta que jamás una característica del empleador puede afectar salarialmente al trabajador que debe percibir por sus funciones específicas, más aun estando estas precisamente detalladas en dicho convenio. Las funciones cumplidas encuadran en el modo requerido en demanda, y pese a ello se equipara hacia abajo, afectando el principio constitucional de igual trabajo igual remuneración. Resulta contrario a la razón la norma que se pretende aplicar atento a que la trabajadora cumplía funciones mayores y de mucha más responsabilidad que un vendedor "B" al ser encargada de un comercio en forma absoluta. Entiende por ello que debe revocarse la sentencia en el punto en que no realiza el encuadre convencional. Plantea a continuación en forma subsidiaria el régimen de imposición de costas al realizar una doble regulación de honorarios. Vulnera el principio de que las costas deben ser soportadas por la vencida y genera una doble regulación, pero además realiza una regulación, en total, sobre el monto demandado y no sobre la condena. En el caso han prosperado casi todos los rubros reclamados a sola excepción de la valoración normativa que realiza sobre la aplicación o no de la categoría convencional que la trabajadora efectivamente ocupaba. No hay en el caso abuso en el planteo, ni mucho menos demanda de sumas irrazonables, ni ha sido vencida esta parte en rubros que fueran objeto de probanzas. Ya la Excma. Cámara de Apelaciones ha reparado esta errónea forma de regular honorarios en autos "M, R F c/ A S.A", sentencia N° 45/2005. En ese fallo se reparte las costas en forma proporcional, solución que avanza sobre una incorrección del a quo en el modo de regular los honorarios, al aplicar automáticamente la condena en costas a la parte actora por la porción que no ha prosperado. Se le hace decir a la ley lo que la ley no dice, aplicando una regla matemática que surge de la diferencia entre la efectiva condena y el monto demandado, lo que pondría en un pie de desigualdad al trabajador al momento de demandar. Por ello, renuncia a percibir honorarios de su cliente por los montos que no prosperaron, y solicita que se aplique el principio legal de costas a la vencida. Solicita se de trámite a la apelación, con costas.-----2.1. Sostiene la demandada apelante que la actora al absolver posiciones intentó "enderezar" su demanda reconociendo la existencia de una empleada de apellido G.

Al respecto, evidente resulta que la alegación en demanda en el sentido que se desempeñó "como única empleada y responsable del comercio" (acápite III. B, fs. 2 vta.) tuvo por finalidad sustentar su pretensión de encuadrar sus funciones en la categoría "Encargada de Segunda" del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, para así sostener a continuación que el incorrecto encuadramiento dio lugar a que se le abonara un salario sensiblemente inferior ($834.- en lugar de $1.262,25.-), lo que le permitió considerar que había una diferencia mensual adeudada de $428,25.-(mismo acápite, fs. 3) con el consiguiente reclamo de diferencias salariales por tal concepto ($10.278, p. IV, liquidación de fs. 5 vta.).---Como consecuencia de ello, al contestar la primera posición y aclarar que ". en ese tiempo estaba la Sra. G, yo trabajé con ella también ahí . después quedé yo sola" (fs. 66), tal confesión debe ponderarse pues su manifestación lo fue en perjuicio de su reclamo por diferencias salariales.

Precisamente, la confesión es la declaración que en forma espontánea o provocada efectúa una parte respecto de la verdad de hechos pasados, personales o de su conocimiento, susceptible de producir consecuencias para el confesante y prestada con conciencia de que se proporciona una evidencia a la contraria -contra se pronuntiatio- (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1992, T. V-B, págs. 4/5). De tal modo, con dicha confesión quedó probado el hecho contrario al sostenido en demanda en cuanto a que se desempeñó durante toda la relación laboral como única empleada.

--En lo que hace a las aclaraciones brindadas por la absolvente al contestar la primera posición (fs. 66) en el sentido que empezó a trabajar "en el año 1999", corresponde señalar que tales manifestaciones resultan contrarias al hecho puesto por el ponente en su tercera posición ". que comenzó a trabajar en la lencería, en el mes de marzo de 2001" (pliego de fs. 65), por lo que son afirmaciones en beneficio propio, y por tanto alegaciones que sólo pueden tenerse por ciertas si reciben sustento probatorio (art. 424, inciso 1°, del C.P.C.C.).-----Cuando el hecho que agrega el confesante es absolutamente separable e independiente del hecho principal, recae en esa parte la carga de probar los hechos favorables que alega (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, pág. 434). Es que pesa sobre el confesante, según así lo prescribe esta norma, la carga de probar los hechos impeditivos, modificativos o extintivos.

---La prueba del elemento agregado por el confesante (impeditivo, modificativo o extintivo), incumbe al mismo, pues está alegando una defensa sustancial (conf. Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 129 y cita de fallo).----Con ese marco y al ponderar la prueba rendida en la presente causa cabe también considerar el principio de la primacía de la realidad que determina el valor relativo de la prueba documental frente a la testimonial.

--Y respecto de las expresiones vertidas en forma reiterada por la empleadora a los puntos II - b, II - c y II - d (fs. 181 vta.,183 vta., y 184, respectivamente) acerca del valor probatorio de las registraciones laborales, debe precisarse que se trata de una probanza unilateral que se sustrae a toda posibilidad de contralor por la otra parte y a la posibilidad de constitución por ésta de una contraprueba equivalente, como en el caso de los asientos en libros entre comerciantes (López, Centeno, Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo comentada", Ediciones Contabilidad Moderna, 1977, Tomo I, pág. 332).---Por ello, su valor probatorio debe apreciarse con sentido restrictivo cuando sus constancias se esgrimen contra el trabajador, ya que éste no interviene en el manejo de los libros y registros patronales (Meilij, "Contrato de Trabajo", Depalma, 1980, T. I, pág. 234). ---Así, ante la postura de la recurrente basada en los datos que surgen de las registraciones laborales y recibos oficiales, lo cierto es que la primacía de la realidad es una regla de interpretación para el juzgador según la cual por sobre la ficción que puedan haber montado las partes se impone la realidad resultante de los hechos cumplidos durante la relación. Prima así la realidad sobre la forma, lo que en el proceso se ha de traducir en el relativo valor de la prueba documental respecto de la testimonial . La simulación implementada por las partes y el fraude por el cual el empleador utilizando un camino desviado, pero legal, busca violar la ley laboral deben encontrar en las formas procesales y en la posibilidad de apreciación del juzgador, las vallas que eviten la frustración del principio protectorio, que afirmen la irrenunciabilidad de los derechos y en definitiva consoliden el orden público laboral (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 2000, T. I, par. 2.7.15., págs. 310/311).

--En ese direccionamiento, cabe destacar la íntima relación que existe entre la primacía de la realidad y la buena fe pues la realidad refleja necesariamente la verdad. La documentación puede reflejar la verdad, pero también puede reflejar la ficción dirigida a disimular o esconder la verdad con el objeto de eludir el cumplimiento de obligaciones legales o de obtener un provecho ilícito. Afirmar invariablemente el imperio de la realidad -que es lo mismo que decir, el imperio de la verdad- equivale a rendir tributo al principio de la buena fe (Plá Rodríguez, "Los principios del Derecho del Trabajo", Depalma, 1998, par. 174, pág. 333).---Por lo tanto, en la "discordancia" entre lo que ocurrió en la realidad y lo que surja tal vez de documentos o acuerdos, hay que dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que acaece en el terreno de los hechos. A tal efecto, el juez debe investigar para descubrir el hecho real. Así pues, lo "escrito" no tiene validez, cualquiera sea el motivo que le de fundamento a su discordancia con la realidad (simulación, error, fraude, etcétera). En el caso, priman los hechos sobre lo documentado (Vázquez Vialard, Director, "Tratado de derecho del trabajo", Astrea, 1982, T. 2, par. 60, págs. 271/272).

En todos los ámbitos del derecho, y no exclusivamente en el del trabajo, se ha impuesto la teoría de la primacía de la realidad, pero debe destacarse que, en este derecho, se presenta con caracteres más nítidos. Es que la realidad tiene que prevalecer sobre la apariencia (conf. Martínez Vivot, "Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad social", Astrea, 1999, pág. 82).

Tocante a la manifestación de la demandada de fs. 181 vta. acerca que en la apreciación de las pruebas debe considerarse "la propia conducta de la actora durante toda la relación laboral -cambiada bruscamente al momento de darse por despedida-", lo cierto es que la falta de reclamo durante la vigencia de la relación laboral no resulta dirimente desde que la intención del acreedor de renunciar a sus derechos no se presume y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva (art. 874 del Código Civil).

Es criterio seguido por esta Cámara, por su sala B, c. 15.247, S.D.L. 156/99; c. 17.068, S.D.L. 25/2001; c. 18.155, S.D.L. 44/2002.-----Máxime cuando no se admiten presunciones en contra del trabajador que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho derivado de su silencio (art. 58 de la L.C.T.), y ello permite señalar que la clara directriz fijada por esa norma impide que se valore como presunción en contra de los reclamos judicialmente efectuados por el trabajador la ausencia de reclamos oportunos durante la vigencia del vínculo (CNTrab., sala II, abril 29-994, DT. 1994-B, 2128). Conclusión a la que se arriba como consecuencia del principio protectorio que en diversas normas suple la insuficiencia del dependiente para autoprotegerse ante la situación de desigualdad en que se encuentra el trabajador, toda vez que es el empleador el que fija las pautas del contrato y de la relación de trabajo. 2.2. En ese contexto cobra especial relieve el análisis de la prueba testimonial producida a fin de determinar si la empleadora consignó la real fecha de ingreso de la trabajadora, o por el contrario registró en la documentación laboral una fecha posterior incurriendo en clandestinidad parcial por ingreso post-datado.-----Y desde ya que no le asiste razón a la demandada cuando sostiene que los testimonios precisos de D, G, y W demuestran acabadamente que la actora comenzó a trabajar en marzo de 2001 y no en marzo de 2000.

---En efecto, una detenida lectura de las declaraciones prestadas por los testigos D´, W y G permite señalar que no dieron precisión alguna acerca de la fecha a partir de la cual vieron trabajar a la actora, por lo que sus dichos nada aportan sobre la cuestión vinculada a su fecha de ingreso.-Así, al responder D´ manifestó que "había una señora mayor y luego una señora más joven"; "cuando yo he ido de tarde la he visto, pero no se cuanto tiempo atendía ni nada, la he visto"; "he visto a una señorita primero que me ha atendido y luego a la señorita que está acá en la sala" (contestación a la 4a. y 5a. pregunta, y a la 2a. repregunta, fs. 89).

-Por su parte, W en la primera parte de su declaración no hizo referencia alguna a su concurrencia al negocio ya que respondió sobre su vinculación con el contador S, conocimiento que esa persona liquidaba los sueldos de los empleados de la Sra. H, pedido de ese profesional a fin de efectuar los depósitos y aportes, y fecha en las que materializó esa tarea (contestación a la 5a., 6a., 9a., 11a., 13a., y 14a. pregunta, fs. 125/vta.).

Recién a partir de la 15a. pregunta aludió a su presencia en el local comercial sin indicar fecha alguna, pues manifestó que "muy pocas veces fui", dos o tres veces, nada más", para a continuación señalar las personas que vio en el comercio las veces que concurrió, sin tampoco precisar época alguna (respuesta a la 15a. y 16a. pregunta, fs. 125 vta.).

---A esa falta de precisión cabe agregar la mendacidad en que incurriera al señalar que trabajaba "en circulo policial y mutual", y que su relación de dependencia era "con el Círculo policial" (contestación a la 1a. pregunta y a la 1a. repregunta, fs. 125 y vta.), cuando la prueba informativa cumplida a fs. 139 permitió acreditar que la Sra. M E W ingresó a las filas policiales el 01/09/1980 permaneciendo en sus tareas laborales a la fecha de su contestación, lo que resta credibilidad a sus dichos (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 45 de la ley 69).

En cuanto a los dichos de G, si bien trabaja en tareas de mantenimiento en el negocio desde hace varios años, lo cierto es que con relación a la presencia de la actora en el local sólo hizo referencia puntualmente a un incidente acontecido en el mes de abril o mayo, que por la época de su declaración (21/02/2006) correspondía al año 2005 (contestación a la 2a., 3a., y 6a. pregunta, fs. 91), pues a continuación ninguna otra precisión dio a ese respecto al limitarse a aludir a las personas que se sucedieron en el comercio (contestación a la 7a. pregunta, fs. 91). --Como puede observarse las declaraciones de D´, W y G se revelan manifiestamente insuficientes respecto de la real fecha de ingreso de la accionante ya que nada aportan sobre tal cuestión.

---Y frente a tales declaraciones debe ponderarse los dichos de V R, G y C L, este último también ofrecido por la propia demandada, pues como señalara el juzgador a fs. 172 se tratan de testigos que se encontraban trabajando o eran propietarios de comercios ubicados en las inmediaciones del local donde laboraba C, así F V R trabajaba según lo dice en su declaración en un lavadero de automóviles frente al local de A D, M G lo hacía en la panadería T, ubicada al lado, y C L era dueño de la florería L R A situada cruzando la calle S M.

Desde ya que en tal ponderación debe destacarse que las pruebas han de apreciarse en su conjunto, relacionándolas unas con otras como integrantes de un plexo, y no escindiéndolas en comportamientos estancos, desconectadas entre sí (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.532, S.D.L. 124/95; c. 11.831, S.D.L. 19/96). Como también que la prueba testimonial debe valorarse en su conjunto y no atomizando las declaraciones (art. 386 del C.P.C.C.; esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.251, S.D.C. 10/95; c. 11.863, S.D.L. 61/96; c. 11.978, S.D.L. 75/96; sala "A", c. 15.546, S.D.L. 89/99; c. 15.768, S.D.L. 11/2000; sala "B", c. 21.409, S.D.L. 32/06, c. 21.842, S.D.L. 51/2006, entre otros pronunciamientos).

Es que, la prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 386 del C.P.C.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí. Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que la parte que las invoca aproveche lo que le es útil y deseche lo que la perjudica (conf. Fenochietto-Arazi, obra y tomo citado, pág. 357).Así, sobre la época en que la actora trabajaba en el comercio denominado "A Dr" señalaron, a saber que: a) "si, trabajaba en la lencería en ese tiempo yo trabajaba en el lavadero que se encuentra enfrente de la lencería que se llama F", "me cruzaba a la lencería a pedirle free pase o cambio para el lavadero", "yo la veía todo el día ahí . Al principio había una señora con ella", "yo trabajé casi un año en el lavadero", "trabajé a fines del año 1999 hasta octubre de año 2000", "la chica que está acá atrás" (en respuesta a la pregunta acerca que empleada estaba trabajando cuando se retiró en octubre de 2000) (V R, contestación a la 2a. y 3a. pregunta, fs. 86, y a la 1a. y 2a. pregunta, fs. 86 vta.); b) "trabaja en el negocio al lado de donde yo trabajo. Yo trabajo en la panadería T", "más o menos de fines del año 1999, de ahí en adelante hasta el año pasado" (G, contestación a las preguntas 2a. y 2a. bis, fs. 92); y c) "tengo la florería R A, desde hace diecinueve años en S M ***", que el local A D funciona "en frente al local comercial mío", "si la conozco de verla trabajar en el comercio ese, en A D", "mas o menos a partir del año no se si 1998 o principios de 1999", "atendía el negocio" (C L, contestación a la 1a., 2a., 3a., 4a., y 5a. pregunta, fs. 134).---Y no le asiste razón a la apelante cuando sostiene que C L tuvo una memoria selectiva al recordar con precisión desde cuando trabajaba pero olvidó hasta cuando, pues en ambos casos se manifestó en forma aproximada al aludir a 1998 o 1999 como inicio y a "mediados de 2004 o principios de 2005" como fecha de finalización (contestación a la 4a. pregunta, fs. 134, y a la 1a. pregunta, fs. 134 vta.).

-----Y la circunstancia que al brindar su testimonio no recuerde con precisión las fechas de ingreso y egreso de la actora no permite concluir que sus respuestas deban invalidarse, pues como el material registrado por el testigo se guarda en su mente, su reproducción y fidelidad depende de la memoria de manera fundamental. En términos generales se ha probado que la deformación de los recuerdos producen errores que aumentan en un 0,33% diario (Falcón, "Código Procesal .", Abeledo-Perrot, 1984, T. III, pág. 297).

---También declaró acerca del trabajó de la actora con anterioridad al año 2001 el testigo Chavero pues expresó que "mas o menos el 2000, pero no se en que período del año (contestación a la 2a. pregunta, fs. 90). ---En tales condiciones, desde que los testigos V R, G, C L y C dieron precisión acerca de que la actora trabajó en el negocio de la demandada con anterioridad a su registro en marzo de 2001, lo cierto es que la declaración prestada por G no resulta en modo alguno convincente pues frente a la pregunta que se le formulara acerca de "cuando comenzó a trabajar la Sra. C" (interrogatorio, fs. 81) contestó "desconozco" (respuesta a la 6a. pregunta, fs. 87). Máxime si también se considera la evidente contradicción existente al contestar la 6a. y 7a. pregunta, pues por un lado señaló que no sabía cuando ingresó la actora, y por el otro, indicó que fue después de su renuncia, aun cuando aclaró también que no sabía cuando "R" empezó a trabajar ya que la dejaron ahí sin saber si quedó como empleada o como amiga (contestación a la 13a. pregunta). También debe ponderarse que resultó mendaz al responder a la 4a. pregunta en el sentido que durante el tiempo de su trabajo no había otra empleada, ya que otros testigos manifestaron que al principio había otra señora (V R, contestación a la 3a. pregunta, fs. 86), que C trabajó junto a una señora conocida como K o N (B, contestación a la 9a. pregunta, fs. 88; C, contestación a la 3a. y 6a. pregunta, fs. 90), que trabajaron juntas G y C (G, contestación a la 1a. y 2a. pregunta formulada por el letrado de la demandada, fs. 92), y que cuando trabajó la actora había otra empleada, al principio había dos empleadas, R y otra señora más, después se fue K y quedó trabajando R sola, primero trabajó K sola, después K con R (C L, contestación a la 5a. pregunta, fs. 134, y a la 2a. pregunta, fs. 134 vta.).

-Con tales alcances, a partir de la valoración realizada del cumplimiento de los requisitos, examen de los testigos y de sus declaraciones (Arazi, "La prueba en el proceso civil", La Rocca, 1991, pág. 254) y después del examen de cada uno y del conjunto de los testimonios habidos (Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial, Víctor P. de Zavalía, 5a. edición, 1981, T. II, pág. 273), de acuerdo a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), me inclino por otorgar fuerza de convicción a las declaraciones prestadas por los testigos V R, G, C L y C, que en forma concordante brindaron claro detalle sobre las tareas cumplidas por la actora en el comercio denominado "A D" con anterioridad a la fecha de su registro al mes de marzo de 2001, ubicando su presencia en el negocio hacia fines del año 1999 y comienzos del 2000.

----Queda así evidenciada la clandestinidad parcial en que incurriera la empleadora al datar con posterioridad el ingreso de la actora, recién al mes de marzo de 2001, y como consecuencia de su indebida registración la trabajadora tuvo razón suficiente para considerarse injuriada dando por concluido justificadamente el vínculo laboral en los términos previstos por el art. 242 de la L.C.T. con derecho al cobro de las indemnizaciones de ley.

----Tales razones conducen a desestimar los agravios vertidos por la demandada apelante al punto II.

-3. Sostiene la demandada en su queja que conforme lo dispuesto por los arts. 18 y 30 del C.C.T. 130/75 no corresponde acoger el rubro "fallas de caja" ya que ese adicional se otorga a quienes específicamente tengan la obligación de cobrar dinero a la clientela.

Al respecto, no es dato controvertido que la actora percibía el pago de las mercaderías vendidas ya que así lo admitió la demandada apelante al punto III de fs. 186.

-----Y "específico" significa "concreto (preciso, determinado)" en su segunda acepción ("Diccionario de la Lengua Española", Real Academia Española, Espasa Calpe, vigésima segunda edición, Madrid, 2001, T. I, pág. 975). -En consecuencia, evidente resulta que la actora cumplía "específicamente" (concretamente) no sólo tareas de vendedora sino también las inherentes a la percepción de dinero, por lo que tiene derecho a percibir el adicional previsto por el art. 30 del C.C.T. 130/75, máxime si se considera que el último párrafo de esa norma sólo excluye de esta compensación a los empleados que "ocasionalmente" o "transitoriamente" realicen la cobranza, supuesto no aplicable al caso toda vez que el cobro de las mercaderías vendidas era una actividad permanente.----Por tales razones se desestima el agravio.

---4. Considera la actora apelante que las funciones cumplidas debieron encuadrarse dentro de la categoría "encargado de segunda" prevista por el C.C.T. 130/75, y para ello destaca la multiplicidad de tareas que desplegara en el comercio A D.

-Adelanto que la lectura del citado convenio conduce a desestimar la queja.----En efecto, se encuentra consentida la porción del fallo de la anterior instancia en cuanto a que el comercio contaba con menos de cinco personas, y para ese supuesto el art. 18 del C.C.T 130/75 sólo permite ajustar la categorización del personal en la escala maestranza, administrativos, cajeros, y vendedores.----De tal modo, la categoría "encargado de segunda" prevista por el art. 6, inc. e) no resulta aplicable y así lo determina el ya citado art. 18 en función de la categorización que establece, máxime si se considera que su segundo párrafo permite el cambio de encuadramiento recién cuando la empresa supere los cinco empleados.

-----En ese contexto, debe advertirse que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, no siendo admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal (C.S.J.N., 16/6/93, "Banco Shaw S.A. c/Banco Central", citado por Caubet y Fernández Madrid, ob. cit., n° 2599, pág. 372). Y si el texto es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1970-I-391, 1970-II-135; D.J.B.A. 114-99, N° 154, 125-10; JUBA 7, sumarios Nos. 5.729, 14.017; D.J. 136-3491).

---En consecuencia, se desestima la queja. -5. Se agravia la actora por la doble imposición de costas que a su vez genera una doble regulación de honorarios, solicita se repare el error en que incurriera el sentenciante, y cita antecedente de esta Cámara.--Al respecto, es criterio de esta sala "B" que la posibilidad de una doble imposición de costas es un remedio excepcional a aplicarse cuando exista una diferencia sustancial entre el monto reclamado y el que prospera, pues en principio debe tenerse en cuenta el resultado global del pleito en función a las pretensiones que progresan y se desestiman. Este criterio restrictivo se adoptó en c. 19.508, S.D.L. 36/2004, ya que el monto de condena ascendió a $2.296,53, en tanto que el importe rechazado fue de $22.571,23.-, lo que permitió considerar que ambas partes resultaron parcialmente vencidas en las respectivas medidas del rechazo y progreso de las pretensiones deducidas.

-En cambió, no se admitió el régimen de doble imposición de costas en c. 19.698, S.D.L. 50/2004, en la que además se aclaró que ello genera asimismo una doble regulación que avanza sobre la norma prevista por el art. 19 de la ley arancelaria, toda vez que en caso de condena debe considerarse como monto del proceso la suma que resultare de la sentencia. Y tampoco se admitió en c. 20.800, S.D.L. 66/2005.

----Por ello, atendiendo a que en la presente causa el monto pretendido asciende a $41.953,53.- y el de condena a $18.955,98.-, no corresponde efectuar una doble imposición de costas, pues la noción de vencido se establece con una visión global del juicio y no por análisis aritméticos de las pretensiones y resultados (Arazi-Rojas, "Códigos Procesales .", Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, T. I, par. 10, pág. 261, con cita de doctrina y fallos,).

Es que, la noción de vencido ha de ser fijada con una visión sincrética del juicio; y no por análisis aritméticos de las pretensiones y resultados (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit, 1985, T. II-B, pág. 112, y cita de fallos).

-Desde esa perspectiva, cabe tener en cuenta que el art. 59 de la ley 69 no establece un principio general de aplicación mecánica y automática, ya que permite siempre discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. S.T.J. en autos caratulados "C L c/Pcia. del C", S.D. 7/91; y "C de R c/C C y otro", S.D. 3/93).

Así, debe ponderarse la naturaleza de la acción entablada, el principio establecido por la ley de procedimiento laboral, el resultado económico del pleito, atendiendo para ello a los rubros pretendidos que fueran acogidos y el monto definitivo de condena, pero también la conducta asumida por la demandada que en su escrito de contestación se posicionó peticionando el total rechazo de la demanda (acápites II y X 7, fs. 15 y 21, respectivamente).

-A su vez, respecto al reclamó de la actora cabe señalar que progresaron las distintas pretensiones contenidas en la liquidación de fs. 5 vta./6 (diferencias salariales, indemnización, multas de la ley de empleo) con las siguientes salvedades, a saber que: a) la deducida en concepto de diferencias salariales progresó parcialmente al acogerse el adicional por fallas de caja y desestimarse las diferencias por la categoría pretendida (encargado de segunda); b) el rubro "Indemnización" contiene varias pretensiones que fueron acogidas en todos los casos -indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, con inclusión del S.A.C., vacaciones y sueldo anual complementario proporcional correspondientes al año 2005, e incremento indemnizatorio ley 25.972; y c) los montos acogidos lo fueron por un importe inferior a los reclamados en todos los casos.

-En tales condiciones, atendiendo al principio ya aludido, postura de la accionada, pretensiones que prosperan, y monto de condena, estimo prudente propiciar al Acuerdo la imposición de las costas de primera instancia en un 80% a cargo de la parte demandada y en un 20% a cargo de la parte actora, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio antes señalado y los vencimientos recíprocos habidos en función también del resultado final del proceso (arts. 59 de la ley 69 y 71 del C.P.C.C.).-La revocatoria que se propicia de la sentencia de la anterior instancia lleva a adecuar los honorarios al presente decisorio (art. 279 del C.P.C.C.), por lo que en atención a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en la primera instancia, estimo prudente fijar los honorarios del Dr. H A A, letrado apoderado de la actora, y de los Dres. D P A y E C P, letrados patrocinante y apoderado de la demandada, en conjunto, en las sumas porcentuales equivalentes al 18,2% y 14,7%, respectivamente, del monto del juicio que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 9, 19, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente. El éxito de uno de los agravios traídos por la actora y el fracaso del restante, y el rechazo de la totalidad de los vertidos por la demandada, conduce a imponer las costas de segunda instancia en un 75% a la demandada y en un 25% a la actora, por responder así a las porciones de éxito y fracaso obtenidos por los apelantes y proyección económica de los mismos (art. 71 del C.P.C.C.). -Con las mismas pautas de apreciación y lo previsto por el art. 14 de la ley del arancel, estimo apropiado regular los emolumentos de los Dres. H A A, D P A, y E C P, estos dos últimos profesionales en forma conjunta, por las tareas de Alzada, en las sumas porcentuales equivalentes al 5% y 3,68%, respectivamente, del aludido monto del proceso, con más el I.V.A. pertinente.

--Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente dijo:

I.- Vienen hasta este Tribunal los presentes actuados, con motivo de los recursos de apelación que a fs. 175 interpone la parte demandada, y a fs. 178 la parte actora, concedidos a fs. 177 y 179, contra el pronunciamiento del anterior grado de fs. 170/174 vta. que hizo lugar en forma parcial a la acción promovida por la Sra. R A C, condenando a la Sra. N E H para que el plazo que determina, abone a la actora la suma de $ 18.955,98 con más los intereses fijados, y ello en carácter de adicional por falla de caja, sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales, indemnización por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, más las contempladas en los artículos 9 y 15 de la Ley 24.013, como también el incremento que prevé el artículo 4 de la Ley 25.972, conforme el Decreto 1433/05, e impone las costas a la accionada por la parte del reclamo que progresa, y a la parte actora por el tramo que se rechaza.

A fs. 181/186 y vta. se hallan agregados los informes presentados por la demandada, y que prevé el artículo 62 de la Ley 69, mientras que a fs. 188/191 se encuentran los correspondientes a la parte actora. Conferido los traslados pertinentes a fs. 187, y a fs. 191 de acuerdo a lo resuelto a fs. 196, los mismos no son respondidos por las partes.

A fs. 199 pasan los autos a despacho a fin de dictar sentencia.

La descripción de los agravios vertidos por los recurrente ya han sido adecuada y suficientemente desarrollados por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual, y en aras del principio de economía procesal, omitiré su reiteración, y siguiendo en aquellas cuestiones que considere oportunas el orden de tratamiento ya perfilado en el voto que antecede.

II.- En el contexto de análisis señalado, en primer lugar he de ingresar a la consideración de las quejas volcadas por la accionada, para luego abordar las expuestas por la demandante.

II.a.1) Así, en su expresión impugnaticia la demandada asevera que la parte actora, al rendir la prueba confesional, procuró modificar los términos de la demanda, admitiendo haber trabajado un tiempo junto con una empleada de apellido G (v. fs. 66, respuesta a la primera posición).

Y en este punto resulta cierto que tal declaración se contradice con las expresiones que la actora manifestara en su escrito promocional, cuando en él sostiene que se desempeño como única empleada y responsable del comercio (v. fs. 2vta.).

Ha de ponderarse que la confesión considerada como prueba es el testimonio que una de las partes hace contra sí misma, el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencia jurídica a su cargo (conf. CNCom., Sala B, DJ, 1992-2-353;ED, 145-578).

Y con tal declaración quedó reconocido el hecho contrario al sostenido en el escrito inicial en lo que respecta a haber laborado en todo el período como única dependiente, con lo que se desvirtuó tal alegación que sostuviera la actora con la finalidad de reclamar diferencias salariales al postular que fuera encargada del comercio.

- Evidente resulta entonces que tal reconocimiento lo fue en su perjuicio.

Distinto es el resultado respecto a la aclaración formulada al contestar a la primera posición, pues la misma lo ha sido en su beneficio.-- Es que, cuando absuelve la tercera posición y niega haber comenzado a trabajar en el mes de Marzo de 2001, la aclaración se contrapone a lo que dijera en la mencionada respuesta a la primera posición, en la que expresó que había comenzado a trabajar en el año 1999, quedando, por ende, a su cargo la prueba de ello, por tratarse de afirmaciones vertidas en su propio interés, y que han de tenerse por verídicas en los supuestos de producirse prueba suficiente que la avale, tal como lo expresa el inciso 1° del artículo 424 del código adjetivo, cuando se refiere a las situaciones en que la confesión puede apartarse del principio de indivisibilidad que consagra la primera parte de la citada norma procesal.

Ante la situación planteada entiendo que no puede obviarse en la especie la obligada aplicación de uno de los cardinales principios del derecho laboral, cual es el de primacía de la realidad.

Los fundamentos que vertebran este principio toman en cuenta que el contrato de trabajo es un contrato realidad donde más interesan los hechos que ciertamente ocurren que el simple formalismo o la formalidad documental. Los hechos son preferentes a las formulaciones contractuales cuando éstas no reflejan precisamente la realidad (conf. Sardegna, Miguel A., "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. Universidad, año 1999, p. 94 y sgts.).

Aparte de ello, ha de señalarse que no adquiere virtualidad jurídica como elemento procesal válido de prueba, la afirmación que la demandada formula en su escrito apelatorio, en el sentido que invocando la conducta cambiante de la actora, pretende hacer valer el silencio en que incurriera la trabajadora sin efectuar reclamos, durante el curso de la relación laboral, para presumir la renuncia a derecho alguno.

En este punto no pueden obviarse los alcances del artículo 58 de la L.C.T. que si bien hace referencia a la exclusión de presunciones en aquellos supuestos de renuncia al empleo, también contiene el agregado de ". o a cualquier otro derecho.".

Es decir que el principio general de la L.C.T. es la inaceptabilidad de la renuncia fundada en una presunción, por el que deben observarse, según las circunstancias en forma subsidiaria o directa, los pasos o recaudos previstos en el artículo 240, y ello, asimismo, como una consecuencia derivada del artículo 12 de la indicada ley laboral de fondo, que consagra la nulidad de todas aquellas convenciones que supriman o reduzcan los derechos establecidos en dicho ordenamiento normativo.

II.a.2) Sentado lo anterior, y retomando la queja de la demandada concerniente a la valoración que de la prueba testimonial hiciera la juzgadora, de la atenta lectura de las declaraciones testimoniales habidas en la causa, no advierto que, como lo sostiene la accionada en su agravio, los testimonios vertidos por W (fs. 125), D (fs. 89) y G (fs. 91) acreditan que la fecha de ingreso de la actora estuvo ubicada en el mes de marzo de 2001.

Y esto así, por cuanto del análisis de los dichos de estos testigos, no se desprende que ninguno de ellos haya dado certeza en cuanto a la referida fecha de ingreso de la accionante, ya que sobre tal aspecto no ubican espacios temporales concretos, enderezándose las declaraciones a exponer sobre situaciones de tareas o personas de las que participara o compartiera la actora, pero, insisto, sin delimitar fechas que den sustento a la queja que postula sobre esta cuestión.

En cambio, ante esta circunstancia que aparece como incierta, se contraponen las declaraciones testimoniales de G (fs. 92), V R (fs. 86), C (fs. 90) y C L (fs. 134), quienes suministran datos más concretos con relación a la pretensa fecha de ingreso, que resultan más creíbles y que el Sr. Juez a- quo ha tomado en cuenta para emitir su pronunciamiento.

Así, con distintos matices, los testigos expresan que por diferentes circunstancias eran vecinos del local "A D", propiedad de la demandada y en el que laboraba la actora, y dado la fecha de los hechos sobre los cuales debían deponer de varios años atrás, sus declaraciones son contestes en relación a la fecha de ingreso invocada por la demandante en su demanda, correspondiéndose, en general en que la misma fue anterior a Marzo de 2001, fecha esta última que es la que sostiene la empleadora accionada y apoya en los registros laborales.

En tal sentido, como he tenido oportunidad de expresarlo en un reciente pronunciamiento, y concidiendo con posturas ya asumidas en fallos anteriores, las registraciones contables y laborales de la empleadora, aún llevadas en legal forma, no hacen plena prueba del contenido, si existen otros elementos de juicio que los contradicen, ya que los datos allí volcados por emanar exclusivamente del empleador, son inoponibles al trabajdor (v. S.D.L. N° 44/07, Sala "B"; idem CNTrab., Sala 3ª, 31/05/02, in re "R, L c/ C *** SRL y Otros"; CNTrab., Sala 2ª, 21/10/97, in re "S, C M. c/ A S.A."; idem, Grisolía, Julio A., "Manual de Jurisprudencia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", Ed. LexisNexis, año 2007, p. 190 y sgts.).

Entiendo que pierden consistencia los argumentos esgrimidos por la quejosa cuando realiza una parcializada evaluación de las pruebas testimoniales, atacando los dichos de C L, con la pretensión que las fechas que indicó fueron aproximadas (v. fs. 134), y ello tomando en cuenta, como ya lo dijera, el tiempo transcurrido desde el acaecimiento sobre el debía declarar.

Tampoco resultan determinantes las declaraciones de la Sra. G (fs. 87) ya que, por un lado, preguntada con respecto a la probable fecha de inicio de la relación laboral de la Sra. C, manifestó su desconocimiento (respuesta a la sexta pregunta), para más adelante expresar que fue después de su renuncia. También dijo la Sra. G que mientras duró su vínculo de trabajo con la demanda no había otra empleada en el local, aserto que evidentemente se contradice con las declaraciones testimoniales en contrario de C, G, V R y C L.

Desde este posicionamiento, y en virtud de las pautas de valoración contenidas en los artículos 386 y 456 del código de rito, también he de tener por válidos los testimonios dados C, G, V R y C L, con respecto a las tareas cumplidas por la accionante en el establecimiento de la demandada, como asimismo que el inicio de la relación contractual se produjo entre fines de 1999 o principios del 2000.

Tal decisión conlleva a tener acreditada la falta de registro por parte de la empleadora, del vínculo de trabajo a partir de Marzo de 2000, lo que resulta causal suficiente de injuria conforme los alcances del artículo 242 de la Ley 20.744, que viabilizan la pretensión indemnizatoria incoada.

Por los motivos expuestos corresponde desestimar los agravios que sobre esta cuestión postulara la demandada.

II.a.3) Se agravia asimismo la accionada, por considerar que de acuerdo a lo establecido en los artículo 18 y 30 del C.C.T.130/75, no corresponde hacer lugar a la pretensión actoral de pago del rubro "fallas de caja", por constituir un adicional que se otorga a aquellos empleados que tengan específicamente como obligación cobrar dinero de los clientes.

Como dato inicial cabe ponderar que la empleadora demandada dio por admitido que la Sra. C recibía el pago de las mercaderías que vendía (v. Punto III de la expresión de agravios, fs. 186 vta.).

Y desde este aspecto, en el curso del proceso no ha podido desvirtuarse tal circunstancia con prueba válida que la contradiga, y dicho esto sin dejar de considerar que el artículo 30 de la norma convencional aludida, exceptúa del pago del adicional por fallas de caja, a aquellos trabajadores que en forma transitoria u ocasional efectúen la cobranza, lo que no se da en el caso de autos, ya que la percepción del pago de la mercadería vendida entraba dentro de las tareas habituales de la demandante.

Con tales alcances, ha de desestimarse esta porción del recurso.

II.b.1) Ingresando ahora a los agravios vertidos por la parte actora, cabe señalar que el primero de ellos se dirige a cuestionar el que entiende errado encuadre laboral en que la colocara el fallo en crisis, al no enmarcar las actividades prestadas para la demandada, dentro de la categoría de "Encargado de Segunda", conforme lo prevé el artículo 6°, inc. e) del C.C.T. 130/75.

En tal sentido no ha sido materia controvertida en autos, y se halla consentido, el hecho que en el negocio propiedad de la accionada trabajaban menos de cinco personas, supuesto éste en que el artículo 18 del convenio colectivo indicado establece las categorizaciones que corresponden, y entre las que no se halla contemplada la invocada calidad de "Encargada de Segunda" de que pretende la actora.

De manera que al no encontrarse normativamente prevista la categorización aquí reclamada, corresponde desestimar este tramo de la apelación.

II.b.1) En la siguiente queja, la actora apelante impugna la imposición de costas, como así doble regulación de honorarios que practicara el sentenciante de grado, y con referencias a jusrisprudencia de esta Cámara, solicita se modifique tal situación.

En efecto, ya ha sido criterio expresado por esta Sala que la aplicación de una doble regulación de honorarios, debe adoptarse con carácter restrictivo, so pena de caer en notorias injusticias.

Así, para su procedencia se ha tomado en cuenta el monto pretendido en demanda y el resultado final del pleito, conforme las pretensiones a las que se hace lugar y las que se rechazan, fundándose esencialmente el criterio de acogimiento favorable a la doble regulación, en aquellos casos en que exista una muy ostensible diferencia entre el monto reclamado y el realmente concedido en la sentencia (por ejemplo, v., S.D.L. N° 36/04, Sala "B"; S.D.L. N° 50, Sala "B"; S.D.L. N° 66/05, Sala "B").

Para ello deberá ponderarse desde un análisis de conjunto de todas las partes del pleito bajo examen, ya que el artículo 59 de la Ley 69 no postula la aplicación sin más y a rasa tabla, sino que deben determinarse las calidades de vencedor o vencido desde un punto de vista integral, criterio que también ha seguido el Superior Tribunal de Justicia provincial.

En el caso aquí en trato, la actora demandó por un monto de $ 41.953,53, mientras que el pronunciamiento apelado le concedió la suma de $ 18.955,98, por lo que a mi entender, y tal como vengo de decir, no resulta aplicables en la especie la doble regulación decidida en el fallo precedente.

Desde este posicionamiento, y atendiendo a los rubros que prosperan, de acuerdo a lo liquidado en el escrito promocional a fs. 5vta/6, como la indemnización, diferencias salariales parciales, las multas previstas en la Ley de Empleo, propongo al Acuerdo que las costas de la instancia precedente sean impuestas en un 80% a cargo de la demandada, y en un 20% a cargo de la actora, en concordancia con las pautas dadas por los artículos 59 de la Ley 69 y 71 del CPCC, que prevé la situaciones de vencimientos parciales y mutuos.

Tal propuesta conduce a una adecuación de los honorarios regulados en la anterior instancia, en virtud de las directrices que emanan del artículo 279 del ritual, razón por la cual, y en mérito a la calidad, extensión, eficacia y resultados obtenidos por las tareas desplegadas por los profesionales intervinientes, y en consonancia con los lineamientos determinados por los artículos 6, 7, 9, 19 y 47 de la ley arancelaria, estimo adecuado fijar los honorarios del Dr. H A A, apoderado de la actora, en el 18,2%; los de los Dres. D P A y E C P, patrocinante y apoderado de la accionada, en el 14,7%, en conjunto. Dichos porcentuales serán tomados del monto del pleito a determinar en la etapa de ejecución de sentencia, a los que se aditará el IVA pertinente.

En cuanto a las costas de Alzada, conforme al progreso de uno de los agravios postulados por la accionante, desestimándose el restante, y no acogiéndose las quejas vertidas por la demandada, se avizora también un panorama de vencimientos mutuos que me inclinan a imponer las costas en un 75% a cargo de la demandada, y en un 25% a cargo de la actora (art. 71 del código adjetivo).

Por tales circunstancias, y según el contenido del artículo 14 del CPCC, estimo correcto fijar los honorarios del Dr. H A A en el 5%, y los de los Dres. D P A y E C P en el 3,68%, del ya indicado monto del pleito, agregándose el IVA que pudiera corresponder.

Doy por concluida mi intervención y a esta primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

---A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Visto el acuerdo alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para imponer las costas de primera instancia en un 80% a cargo de la parte demandada y en un 20% a cargo de la parte actora; b) fijar, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. H A A, D P A y E C P, estos dos últimos profesionales en conjunto, en las sumas porcentuales equivalentes al 18,2% y 14,7%, respectivamente, del monto del juicio que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia; c) imponer las costas de alzada en un 75% a la demandada y en un 25% a la actora; d) regular los emolumentos de los Dres. H A, D P A y E C P, por las tareas cumplidas en esta instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 5% y 3,68%, respectivamente, del aludido monto del pleito; y e) declarar que los honorarios antes regulados deberán incrementarse con el I.V.A. correspondiente.

---Así lo voto.

A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente expresó:

El fallo que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Vergara, en razón de constituir el acuerdo alcanzado por este Cuerpo en todas las cuestiones venidas a su decisión.

ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A: -- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la sentencia venida en apelación para imponer las costas de primera instancia en un 80% a cargo de la parte demandada y en un 20% a cargo de la parte actora, -- FIJAR, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. H A A, D P A y E C P, estos dos últimos profesionales en conjunto, en las sumas porcentuales equivalentes al 18,2% y 14,7%, respectivamente, del monto del juicio que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia;

-- IMPONER las costas de alzada en un 75% a la demandada y en un 25% a la actora;

-REGULAR los emolumentos de los Dres. H A A, D P A y E C P, por las tareas cumplidas en esta instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 5% y 3,68%, respectivamente, del aludido monto del pleito;

DECLARAR que los honorarios antes regulados deberán incrementarse con el I.V.A. correspondiente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUETNE REGISTRADA BAJO EL Nº 48 DEL AÑO 2007 - SDL.- Conste.