Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-03-12


AUTOS N 110.955 (PRIMER JUZGADO CIVIL) (N 10714 SALA III) "OTIÑANO EDUARDO DAVID - BENEF. LITIGAR S/ GASTOS".

///Juan, 12 días de Marzo de dos mil doce. - VISTO: Para resolver el recurso de apelación concedido al actor a fs.63, contra la resolución de fecha 15 de marzo de 2011, obrante a fs. 58/59.

CONSIDERANDO: El Sr. Juez a-quo en la resolución recurrida resolvió: "I- Hacer lugar al planteo de caducidad de instancia formulado por la citada en garantía, Royal & Sun Alliance Seguros (Argentina) S.A., teniéndose por extinguido el presente proceso.

II- Imponer las costas a la actora vencida.- III- Regular los honorarios del Dr. José Luis Miolano en el carácter de apoderado de la citada en garantía en los autos principales y como ganancioso, en la suma de Pesos Ciento Trece con Veintiséis Centavos, $113,26 (21%) y los del Dr. Leonardo Raúl Arancibia en el carácter de patrocinante de la actora y como perdidoso en la suma de Pesos Cincuenta y Seis con Sesenta y Tres Centavos, $ 56,63.

-Contra esta resolución el actor a fs. 60/62 apela y funda el recurso, formula reservas para interponer los recursos de la ley 2275 y de la ley 48. Los agravios fueron contestados a fs.64/67, por la aseguradora.

A fs. 44/45 Royal & Sun Alliance Seguros S.A., citada en garantía interpone perención de instancia.- Expresa que la última providencia es de fecha 19/04/10, habiendo transcurrido los plazos establecidos por los arts. 274 y 798 del C.P.C., sin que el actor instara el proceso. - - La resolución atacada le causa al apelante los siguientes agravios: 1°) La Juez a-quo sostiene que el sellado de actuación requerido a la incidentista (fs. 48), no se ha efectuado con carácter de intimación, es decir bajo apercibimiento; habiendo sido repuesto a fs. 53 vta..- Ello no es así, el pago del sellado judicial constituye una carga tributaria de cumplimiento obligatorio en toda actuación ante la Justicia (arts.252; 253; y 254 del C.T.), normas omitidas en el fallo recurrido.

-Tampoco el sentenciante advirtió la extemporaneidad de la reposición del sellado efectuado por la contraria, con posterioridad al escrito de contestación del incidente y denunciado expresamente (fs.50/52). Además resulta procesalmente inexistente por falta de pronunciamiento expreso del Juzgado.

2°) En el fallo ha sido interpretada erróneamente la disposición contenida en el art.275, inc.5° del C.P.C., en cuanto que "la clausura de la etapa probatoria se debe entender como la "finalización del plazo de prueba".- No corresponde la declaración de caducidad cuando ha finalizado el mencionado plazo, pero no se ha clausurado la etapa respectiva por decreto, más habiendo prueba pendiente de producción. - En este caso, hay pruebas pendientes, no obstante haber finalizado el plazo procesal en cuestión; por lo tanto es improcedente la perención de la instancia. Por lo que pide se revoque el fallo con costas.

Entrando al análisis de los agravios diremos que: - - 1°) En reiteradas oportunidades este Tribunal ha señalado, que el pago de los tributos fiscales es un requisito extrínseco de admisibilidad de los actos procesales de los particulares en los juicios.

Es cierto que el incidentista, al hacer su presentación (fs.44/45), no acompañó el sellado de actuación correspondiente (art.254 C.T.).- Pero no es menos cierto, que el Juzgado en la providencia de fecha 12 de noviembre de 2010 (fs.48), le requirió su reposición, con anterioridad a la contestación del traslado por parte de la actora, que señala dicha omisión (fs.50/52).- - El decreto indicado, no contiene plazo alguno para su cumplimiento, como tampoco sanción. El incidentista obló el sellado a fs. 53 vta. Al haber cumplido la parte obligada al pago con el abono solicitado correspondió el tratamiento de la cuestión planteada.

2°) El beneficio de litigar sin gastos posee un trámite incidental, que reviste caracteres de autonomía e independencia en relación al juicio principal.

Al respecto este Tribunal ha dicho que: "Del análisis de las normas procesales aplicables al Instituto en estudio, se infiere que éste constituye un incidente y no un proceso voluntario.- Morello sostiene que el Beneficio no tiene un trámite autónomo en el sentido de que reconozca un fin en sí mismo.

Tiene una simple finalidad instrumental, presupone siempre un proceso abierto a su iniciación (Códigos Procesales Coms., t II-B, pág.264).- Razón por la cual, aun cuando no se rija por el art.176 y ss.del C.P.C. (art.181 de nuestro Cgo. procesal), por tener una regulación especial puede ser calificado como actuación incidental, porque mediante él se debate una cuestión que tiene "relación con el objeto principal del pleito (Prot.de autos:T IV-F 756/757-02).

Aunque se trate como un incidente, con el beneficio se abre una instancia susceptible de caducidad, independiente del proceso principal.

También hemos dicho que: "Aun cuando el trámite concerniente al Beneficio de Litigar sin Gastos no esté sujeto a las normas de los artículos 175 y siguientes del Código Procesal, en modo alguno autoriza a descalificar a este "micro proceso" como "incidente" con regulación autónoma, al que son aplicables supletoriamente las citadas disposiciones generales y demás normas procesales compatibles, en tanto no estuviesen expresamente excluídas; por lo tanto el hecho de no urgir dicha tramitación es susceptible de conducir a la caducidad de la instancia del mismo (Prot.de Autos: T IV-F 645/646-07).

La Sala Segunda de esta Cámara de Apelaciones ha resuelto que: "No cabe considerar al beneficio de litigar sin gastos como a un proceso voluntario, sino que el mismo constituye un incidente donde la contraparte no sólo se encuentra facultada para fiscalizar la prueba, sino que también puede oponerse a su concesión o a su mantenimiento acreditando en este último supuesto, que la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio.- No es tampoco exacto que en un beneficio de litigar sin gastos no exista contrario pues mientras la instancia se encuentre abierta lo es quien resulta demandado o a quien se pretenda demandar por cuanto el mismo es parte en el incidente autónomo de que se trata, en tanto debe ser citado a los fines de fiscalización de la prueba (art. 80, Cód. Procesal), pudiendo ofrecer la que considere necesaria y debe corrérsele el traslado que establece el art. 81 del mismo cuerpo legal, por lo cual nada obsta para que el mismo se presente espontáneamente notificándose personalmente (art. 135, Cód. Procesal) y deduciendo la caducidad ("Falcon Beatriz E. y otros S/ Beneficio"-31/03/09).

El plazo de caducidad del Beneficio es el establecido en el art.274, inc.2° del C.P.C.(ley 8037), es de tres meses. - - De la compulsa del expediente se advierte que la última actuación útil corresponde a la parte actora y es de fecha 16 de abril de 2010 (fs.37).

Al momento de interponer la perención el 04/11/2010 (fs.44/45), el plazo se encontraba cumplido con exceso, sin que la interesada hiciera avanzar el proceso en sus etapas destinadas a concluir el mismo. - El art.80 del C.P.C. impone como carga a cada parte urgir la prueba ofrecida. Durante el periodo indicado no existió, por parte del peticionante, acto alguno que activara la concreción de la prueba pendiente (fs.13). - Esta Sala ha señalado: "Que si se activó la producción de una prueba pendiente, ese acto reviste una trascendencia para el fin que mueve el pleito y la convierte en pieza idónea para el logro del efecto interruptivo de la caducidad (Prot.de Autos:T II-F 332/335-2000)". - Además no se puede considerar finalizado el término de prueba, al no haberse cumplimentado lo dispuesto por el art.81 del Código citado, es decir, el traslado a las partes de la prueba producida.- Actuación considerada trascendente al ordenar la ley su notificación personal o por cédula. - Por todo lo expuesto, en este caso no resulta de aplicación el inc.3° del art.275 del C.P.C., en razón de que el a-quo no ha señalado un plazo de prueba. Quedaba aún prueba pendiente y no se ordenó el traslado de las mismas, por lo que no se considera finalizada la etapa probatoria. - Por lo que se rechaza el recurso concedido al actor con costas a su cargo (arts. 66, 67 y conc. del C.P.C.). - - Regular en la alzada, conforme art.196 de la ley 2150, los honorarios del Dr. José Luis Miolano, en doble carácter en la suma de pesos: Treinta y cinco ($35) y los del Dr. Leonardo Raúl Arancibia, patrocinante de la actora, en la de pesos:

Dieciocho ($ 18), a la fecha de la regulación de primera instancia. - Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación concedido al actor a fs.63, contra la resolución de fecha 15 de marzo de 2011, obrante a fs.58/59, la que se confirma por los fundamentos dados.- Costas a cargo del apelante vencido (art. 66,67 y conc. del C.P.C.).

Regular en la alzada, conforme art.196 de la ley 2150, los honorarios del Dr. José Luis Miolano, en doble carácter en la suma de pesos: Treinta y cinco ($35) y los del Dr. Leonardo Raúl Arancivia, patrocinante de la actora, en la de pesos: Dieciocho ($ 18), a la fecha de la regulación de primera instancia.

-Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.- Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257, penúltimo párrafo de la Ley 8037.

FDO:DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, MOISES MOYA. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA- PROT. DE AUTOS T I-F 100/102 12/03/2012.