Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-02-08


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Ocho (8) de Febrero de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Ávila, Silvia Mercedes vs. E.D.E.T. S.A. s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo el 18/12/2002 (fs. 378/380), la parte demandada dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante pronunciamiento del 23/4/2004 (fs. 434). Consta en informe actuarial de fs. 446 que ambas partes han presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- La Cámara analizó si nos encontramos ante el supuesto de excepción previsto en el art. 241 LCT, y en ese marco interpreta el escrito de renuncia redactado en instrumento privado, señalando que no puede ser tomado como un acto inequívoco de abandonar la relación. Por otra parte indaga el sentido de la carta documento de fecha 26 de marzo de 1997 por la que la patronal acepta la renuncia presentada por la actora, y sostiene que por esta expresión fehaciente sí se manifiesta la voluntad de dar por concluido el vínculo laboral, concluyendo que es el empleador el que puso fin en forma injustificada al contrato de trabajo. En virtud de ello, hizo lugar a la demanda deducida por la actora en contra de EDET S.A., condenándola al pago de la suma de $97.019,09 en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/preaviso, integración mes de despido e indemnización especial art. 178 LCT.

3.- El recurrente sostiene que se aplicó erróneamente el art. 58 LCT, en tanto entiende que dicha norma no es para el caso de renuncia tácita, en el que sí se admitiría la prueba de presunciones. De ello interpreta que un instrumento privado firmado y reconocido por la actora que no se demostró con ninguna prueba directa que fuera firmada contra su voluntad, puede servir de prueba o indicio para acreditar la conducta de una de las partes en el pleito.

Refiere a otros indicios, tales como que al percibir sus remuneraciones o al recibir la carta documento enviada por su parte, la actora nada dijo sobre su estado de discernimiento o libertad al retirarse de la empresa el 26/3/97; que no acreditó que hubiera intentado reintegrarse a sus tareas a partir de esa fecha, ni que se le hubiera prohibido el ingreso, sino que concurrió a percibir normalmente sus emolumentos; y que treinta y cuatro días pasaron para recién darse por despedida en diciembre de 1997. Afirma que todo ello pone de relieve que sí hubo un comportamiento inequívoco de la actora para desvincularse, y que ésta conducta fue concurrente con la de la empresa que nada hizo para reintegrarla.

Señala que el único significado que puede asignársele a la aceptación de la renuncia, es que sigue la suerte del principal, pero sirve para verificar los momentos en que las partes manifestaron su voluntad inequívoca para dejar sin efecto la relación que los vinculaba. Expresa que ninguna norma le impedía a su mandante remitir dicha carta documento, ni lo obliga a intimar al empleado a reintegrarse a sus tareas habituales; entiende por el contrario que el empleado tiene la obligación de intimar a su mandante a que le permita realizar las tareas habituales, o bien directamente a considerarse despedido, pero no hizo ni lo uno ni lo otro, no pudiendo por creación del Tribunal fijarse esta posición.

Asevera que se violó el principio de congruencia al no haberse tratado en autos como el caso de un despido indirecto, pero si habérselo resuelto como tal. Indica que el actor no consideró la supuesta discusión con el gerente de recursos humanos como una injuria que le hubiera dado derecho de considerarse en situación de despido indirecto. Señala que el tribunal soslayó que el actor se consideró en situación de despido indirecto ocho meses después de haber dejado de trabajar para la empresa, es decir en forma extemporánea y luego de que ya se había producido el distracto por imperio del art. 241 LCT.

Sostiene que se violó el art. 233 LCT por cuanto el Tribunal infundadamente hizo prosperar el rubro integración del mes de despido por 26 días, teniendo en cuenta que el fallo estableció como fecha de despido sin justificación el día 27 de marzo de 1997.

Cuestiona la aplicación del método de la tasa progresiva para el cálculo de los intereses y postula que el único método posible a aplicar es el de la tasa pasiva acumulativa o de la división.

4.- El recurso ha sido deducido en término (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT) y el monto de la condena se encuentra suficientemente afianzado a tenor conforme lo exige el artículo 133 CPTT. El cumplimiento o no de los restantes requisitos de admisibilidad será analizado al tratar en forma particularizada los agravios esgrimidos por la demandada.

4.1.- En orden al motivo de la casación intentada, los planteos se dirigen en primer lugar a cuestionar la determinación de la causal de distracto efectuada por la Cámara, lo que constituye una cuestión de carácter eminentemente fáctico en tanto se vincula a la valoración de los hechos y pruebas de la causa, y por tal razón se encuentra excluida en principio de esta instancia casatoria.

Tendiente a superar la ausencia de este requisito, el recurrente invoca la arbitrariedad de la sentencia, por lo que corresponde analizar si las razones esgrimidas alcanzan para descalificarla. Se observa que la presentación contiene una interpretación de la renuncia por instrumento privado efectuada por la actora y de la aceptación de la misma por parte de EDET, aludiéndose además a una serie de indicios posteriores, mediante todo lo cual se intenta explicar que sí existió un comportamiento inequívoco de la accionante para desvincularse, concurrente con el de la empresa que nada hizo para reintegrarla.

Los argumentos expresados en casación no logran demostrar arbitrariedad, debiéndose señalar que el fallo cuenta con fundamentos bastantes que sostienen su interpretación en torno al acto de renuncia, que no alcanzan a ser desvirtuados por la simple aseveración de que no se habrían producido pruebas directas para acreditar vicios del consentimiento, pues los testimonios tenidos en cuenta y valorados por el Tribunal, dan cuenta suficiente de que existió un hecho que violentó moralmente a la trabajadora con idéntica fecha a la que se redactó la renuncia. Sobre esta base, se presenta razonable lo sostenido por el Tribunal acerca de que la dimisión no pudo constituir un acto inequívoco de abandono de la relación y los agravios que interpretan a la misma en una dirección opuesta, únicamente traducen una mera discrepancia con el sentido que la Cámara le asigna, lo que no alcanza para descalificar el fallo.

Asimismo, el recurrente cuestiona el significado que se le atribuye a la carta documento remitida por la accionada el 26/3/97 mediante la cual se aceptó la renuncia redactada por la actora, señalando que debe ser tomada como un acto inequívoco para dar por extinguida la relación laboral por el art. 241 LCT y no por despido. Lo expuesto en este punto sólo evidencia una discrepancia de la accionada con el criterio del fallo, acerca del sentido que cabe asignar a aquella comunicación, pero no alcanzan a demostrar arbitrariedad, máxime si se tiene en cuenta que el pronunciamiento cuenta con fundamentos suficientes relativos a actitud asumida por la accionada y al principio de buena fe, que respaldan la postura asumida.

La entidad demandada tampoco logra descalificar a la sentencia aludiendo a indicios de los que se desprendería la voluntad inequívoca de ambas partes de concluir el contrato, pues ya determinado que la ruptura del contrato de trabajo se produjo en fecha 26/3/93, los comportamientos o conductas de las partes ocurridos con posterioridad esa fecha carecen de relevancia para modificar la causal de una ruptura que ya había sucedido.

Finalmente, no surge de los términos del fallo que se tratara el caso como un despido indirecto, sino que la sentencia lo considera un despido directo sin justificación, no siendo tal apreciación incongruente con lo sostenido por las partes en los escritos constitutivos del proceso, atento que la actora en su demanda manifiesta a fs. 7 'que su renuncia evidentemente no es tal, sino que se trata de un despido sin causa encubierto'.

Consecuentemente, el carácter fáctico de la cuestión traída en casación y la insuficiencia del vicio de arbitrariedad denunciado, determinan la inadmisibilidad del recurso en este punto.

5.- Los restantes agravios cumplen con la totalidad de los requisitos de admisibilidad, por lo que corresponde abordar el análisis de procedencia del recurso.

5.1.- Asiste razón al recurrente en cuanto denuncia la infracción del art. 233 LCT, teniendo en cuenta que al haberse fijado como fecha del despido el 26/3/97, el rubro integración del mes de despido debió prosperar por los cinco días faltantes para completar el mes de marzo y no por veintiséis días como lo efectúa la sentencia.

En consecuencia, corresponde CASAR parcialmente la sentencia conforme a la siguiente doctrina legal: "La integración del mes de despido debe ser calculada teniendo en cuenta los días faltantes para terminar el mes contados desde que se produjo el despido".

5.2.- El planteo vinculado a los intereses debe prosperar conforme a lo sostenido por esta Corte en autos: "Galletini Francisco vs. Empresa Gutiérrez SRL s/indemnizaciones" (sentencia nº 443 del 15/6/2004). Por tal razón, estimo apropiado liquidar los intereses por el monto condenado, con los siguientes procedimientos: desde que son debidos hasta el 06/01/2002, por el procedimiento establecido en el precedente contenido en sentencia nº 756 del 25/10/96 (in re Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios. Impugnación de planilla) y desde el 07/01/2002 con el procedimiento sugerido por el comunicado "A" nº 14.290 del BCRA y su reglamentario "B" nº 5.014, hasta su efectivo pago, conforme a la siguiente planilla de liquidación:

1) Indemnización por Antigüedad	$ 1374,62 x 14 años $19.244,68	2) Indemnización Sustitutiva del Preaviso $ 1374,62 x 2 ms. $ 2.749,24	3) SAC s/Preaviso $ 2749,24 / 12 $ 229,10	4) Integración Mes de Despido	$ 1374,62 / 31 x 5 ds. $ 221,71 Total $ al 26/3/97 $22.444,74 % Tasa Pasiva BCRA 26/03/97 al 06/01/02 (149,5500 - 74,7157)	74,83%	% Tasa Pasiva BCRA 07/01/02 al 30/09/04 {[(100+258,2908)/(100+149,5500)-1]x100}	43,57%	% Total118,41%	$ 22.444,74 x 118,41% $26.576,60 Total $ reexp.al 30/9/04 $49.021,34	5) Indemnización Especial Art.178 LCT	$ 1374,62 x 12 ms. $16.495,44 % Tasa Pasiva BCRA 26/3/97 al 06/01/02 (149,5500 - 74,7157)	74,83%	% Tasa Pasiva BCRA 07/01/02 al 30/09/04 {[(100+258,2908)/(100+149,5500)-1]x100}	43,57%	% Total118,41%	$ 16.495,44 x 118,41% $19.532,09 Total $ reexp.al 30/9/04 $36.027,53	Resumen Condena	Rubros Indemnizatorios $49.021,34 Indemnización Especial Art.178 LCT	$36.027,53 Total $ al 30/9/04 $85.048,87	Por lo tanto, en el sub examine, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación incoado por la parte demandada, dejando sin efecto parcialmente el punto I, y en consecuencia íntegramente los puntos III, IV y V de la sentencia, en cuanto se relacionan con el monto de la condena, y el monto de los honorarios regulados, conforme a la siguiente doctrina legal: "Atento a las peculiares circunstancias de la causa, resulta arreglado a derecho liquidar los intereses por el monto condenado, de la siguiente forma: desde que son debidos hasta 06-01-2002, por el procedimiento establecido en el precedente contenido en sentencia N° 756 del 25-10-96 (in re: "Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/Daños y perjuicios. Impugnación de planilla"); y desde el 07-01-2002 con el procedimiento sugerido por el comunicado "A" n° 14.290 del BCRA, y su reglamentario "B" n° 5014, hasta su efectivo pago".

Teniendo en cuenta que el rubro de los honorarios no fue motivo de impugnación en el presente recurso y atento a los nuevos montos de la condena dictada en sustitutiva, corresponde practicar las regulaciones pertinentes, respetando los porcentuales fijados en la sentencia recurrida. Se estima entonces como base regulatoria, la suma de condena esto es $85.048,87 (Pesos Ochenta y Cinco Mil Cuarenta y Ocho con 87/100) (art. 50, "inc. a" CPL).

Dictar como sustitutiva: "I.- HACER LUGAR a la demanda interpuesta por Silvia Mercedes Ávila en contra de EDET S.A., a quien se condena a abonar a la actora, en el plazo de diez días, la suma de $85.048,87 (Pesos Ochenta y Cinco Mil Cuarenta y Ocho con 87/100) en concepto de: indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/preaviso, integración mes de despido e indemnización especial art. 178 LCT". III.- REGULAR HONORARIOS por el proceso principal a los letrados apoderados: Rogelio A. Mercado y Juan J. Avellaneda en las sumas de $19.773 (Pesos Diecinueve Mil Setecientos Setenta y tres) y $13.181 (Pesos Trece Mil Ciento Ochenta y Uno), respectivamente. IV.- REGULAR HONORARIOS por la reserva efectuada a fs. 76 vta. a los letrados apoderados: Rogelio A. Mercado y Juan J. Avellaneda en las sumas de $1.977 (Pesos Un Mil Novecientos Setenta y Siete) y $1.318 (Pesos Un Mil Trescientos Dieciocho), respectivamente. V.- REGULAR HONORARIOS al perito CPN Miguel Ángel Bobillo en la suma de $2.551 (Pesos Dos Mil Quinientos Cincuenta y Uno).

6.- Las costas de esta instancia casatoria deberán distribuirse del siguiente modo: la demandada deberá soportar las propias y un 30% de las del actor, y éste el 70% restante de las generadas por su parte.

7.- Corresponde en esta oportunidad regular honorarios por las actuaciones relacionadas con el presente recurso.

Teniendo en cuenta la labor profesional cumplida, carácter en que actuaron los letrados, materia motivo del recurso, valores económicos en juego, resultados obtenidos y demás pautas contenidas en los artículos 15,16,39,40 y 52 de la ley n° 5480, se regulan honorarios a los letrados apoderados: Claudia Susana Pérez y Juan J. Avellaneda en las sumas de $3.954 (Pesos Tres Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro) y $2.768 (Pesos Dos Mil Setecientos Sesenta y Ocho), respectivamente.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal Alfredo Carlos Dato, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Adhiero al voto del doctor Alfredo Carlos Dato, con excepción de lo que se resuelve sobre el cálculo de los intereses, respecto de lo cual me pronuncio porque la liquidación se efectúe de acuerdo a la metodología que recomendó el Banco Central de la República Argentina en el Comunicado 14.290 del 5 de agosto de 1991, en el que difundió una serie estadística de la tasa pasiva promedio de interés para ser utilizada por los jueces con el fin previsto en el art. 622 del Código Civil. La tasa pasiva promedio refleja la capitalización de la tasa diaria equivalente a la tasa de interés efectiva mensual promedio ponderada de los depósitos en caja de ahorro común y a plazo fijo, correspondiente al segundo día hábil anterior a la fecha informada, según la encuesta que diariamente elabora la institución bancaria. Las ponderaciones surgen de los montos de los saldos de depósitos en caja de ahorro y de las operaciones concertadas en el día para los depósitos a plazo fijo en distintas entidades crediticias.

El Comunicado 14.290 dictado por el Banco Central de la República Argentina el 5 de agosto de 1991, recomienda calcular los intereses con la siguiente fórmula: i = [(100 + tm : 100 + to) - 1)] . 100, en la que tm es el valor de la serie correspondiente al día hasta el cual se devengan los intereses, y to es el valor de la serie correspondiente al día anterior a partir del cual se devengan los intereses. La serie se confecciona con intereses que se capitalizan diariamente, por lo que hay que dividir y no restar, como lo recomienda el comunicado 14.290. Habiéndose elaborado el sistema de índices para obtener la tasa de interés de un período determinado en base a una expresión algebraica en la que se deben dividir los índices, no hay motivo para apartarse de la misma, por lo que corresponde efectuar los cálculos para obtener los intereses de tasa pasiva aplicando esa fórmula.

Por último, cabe agregar que el marco normativo que motivó que el BCRA elaborara la serie estadística vinculada a la tasa de interés, -art. 8 del decreto 529/91 y art. 10 del decreto 941/91- no fue derogado ni objeto de reforma por la ley 25.561 ni demás legislación concordante y relativa a la emergencia económica, a pesar de los cambios operados en el país en este aspecto, habiendo sido,además, reiterada su aplicación en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en pleno, sentencia de fecha 23/3/2004 en juicio "Alaniz, Ramona E. y otro c. Transportes 123 SACI interno 200", publicado en LA LEY 25/03/2004, pg. 7, manteniendo la doctrina del fallo plenario dictado el 2 de agosto de 1993 en los autos "Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao, Walter yotros s/daños y perjuicios".

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación planteado por la demandada, contra la sentencia dictada por la Sala IIa. de la Excma. Cámara del Trabajo el 18/12/2002, y CASAR PARCIALMENTE la misma conforme a la doctrina legal expresada en los puntos 5.1 y 5.2 de los considerandos, disponiéndose sustitutivamente: "I.- HACER LUGAR a la demanda interpuesta por Silvia Mercedes Ávila en contra de EDET S.A., a quien se condena a abonar a la actora, en el plazo de diez días, la suma de $85.048,87 (PESOS Ochenta y Cinco Mil Cuarenta y Ocho con 87/100) en concepto de: indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/preaviso, integración mes de despido e indemnización especial art. 178 LCT". III.- REGULAR HONORARIOS por el proceso principal a los letrados apoderados: Rogelio A. Mercado y Juan J. Avellaneda en las sumas de $19.773 (Pesos Diecinueve mil Setecientos Setenta y Tres) y $13.181 (Pesos Trece Mil Ciento Ochenta y Uno), respectivamente. IV.- REGULAR HONORARIOS por la reserva efectuada a fs. 76 vta. a los letrados apoderados: Rogelio A. Mercado y Juan J. Avellaneda en las sumas de $1.977 (Pesos Un Mil Novecientos Setenta y Siete) y $1.318 (Pesos Un Mil Trescientos Dieciocho), respectivamente. V.- REGULAR HONORARIOS al perito CPN Miguel Ángel Bobillo, en la suma de $2.551 (Pesos Dos Mil Quinientos Cincuenta y Uno) II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-REGULAR HONORARIOS por las actuaciones cumplidas en relación al recurso de casación, y conforme a lo considerado a los letrados apoderados Claudia Susana Pérez y Juan J. Avellaneda en las sumas de $3.954 (Pesos Tres Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro) y $2.768 (Pesos Dos Mil Setecientos Sesenta y Ocho) respectivamente.

HÁGASE SABER.- ANTONIO GANDUR (en disidencia parcial) RENÉ MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO	HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA