Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21


Causa Nº 121-00/CC/2006 Caratulada: REITOVICH, Saúl Pablo y otra s/ inf. Arts. 116 y 117 Ley 1472 (Lavalle 3299)- Apelación.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de noviembre de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver la presente causa de la que:

La Doctora Silvina Manes dijo:

RESULTA:

1) Que el Dr. José Antonio Lagorio, defensor particular de Saúl Pablo Reitovich y María Noé Lavín, interpuso recurso de apelación (fs.54651vta. y 514/21vta.) contra las sentencias definitivas obrantes a fs. 492/4 y 511/13, mediante las cuales resolvió, respectivamente, condenar a Saúl P. Reitovich a la pena de quince días de arresto, con más la accesoria de inhabilitación por el término de cinco años para obtener cualquier tipo de autorización o licencia para organizar, promover o comerciar sorteos, apuestas o juegos y comiso de los bienes incautados, por encontralo autor responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 117 del Código Contravencional, cometidas de manera reiterada, en cuatro oportunidades (concurso real), en el local ubicado en Lavalle nº 3299, es esta ciudad; y a María Noé Lavín a la pena de quince días de arresto, con más la accesoria de inhabilitación por el término de cinco años para obtener cualquier tipo de autorización o licencia para organizar, promover o comerciar sorteos, apuestas o juegos y comiso de los bienes incautados, por encontrarla autora responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 116 del Código Contravencional, cometida de manera continuada desde el 27 de julio hasta el 26 de octubre de 2005, en el local ubicado en Lavalle nº 3299, es esta ciudad.

Oído el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 560/1 y 527/8vta., pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a dilucidar: ¿resultan admisibles los recursos de apelación interpuestos, en su caso ¿resultan adecuados a derecho los resolutorios recurridos Y CONSIDERANDO:

PRIMERA CUESTION:

2) Ambos recursos han sido interpuestos en las condiciones y plazos establecidos por el art. 50 de la Ley Nº 12, cumpliendo con los requisitos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, en cuanto fueran planteados por quien se encuentra autorizado para hacerlo por la ley procesal, y por tener un interés jurídico en la impugnación contra una sentencia definitiva.

En efecto, el Sr. Juez de Grado resolvió condenar a Saúl Pablo Reitovich y María Noé Lavín el día 25 de agosto pasado (fs. 492/5) y el 11 de septiembre (fs. 511/13vta.), respectivamente; el Sr. Defensor particular interpuso recurso de apelación el día 31 de agosto (fs 546/51vta.) y el 15 de septiembre (fs.514/21vta.), mediante escritos fundados con indicación de los motivos de sus agravios, con lo cual los recursos de apelación han sido interpuestos tempestivamente.

SEGUNDA CUESTION:

¿Se ajustan a derecho las sentencias recurridas 3) Corresponde en primer lugar analizar, de manera separada, cada uno de los recursos de apelación planteados por el Sr. Defensor particular para brindar así mayor claridad en el desarrollo de la presente.

a) Recurso de apelación interpuesto a favor del Sr. Reitovich.

4) Que a fs. 546/51vta. el Sr. Defensor particular, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de Primera Instancia. Así, sostiene que: 1) la sentencia deviene nula pues el ordenamiento local impone al juez la obligatoriedad de dictar sentencia inmediatamente después de producidos los alegatos, y ello se omitió; y además por entender que no se ha cumplido con las obligaciones que el ordenamiento procesal impone en el momento de fallar, pues se dice condenar por cuatro hechos sin que los mismos hayan sido especificados; y 2) las pruebas rendidas en la audiencia no resultan suficientes para tener por acreditados los hechos endilgados al encartado, por lo que corresponde su absolución en virtud del principio in dubio pro reo. Finalmente, hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

Atento a que el primer tramo de la impugnación (punto 1) contiene dos agravios diferenciables relativos a la nulidad de la sentencia, parece conveniente tratarlos separadamente.

I.- Nulidad de la sentencia:

5) En este punto el impugnante esgrime dos cuestiones fundamentales, las que a su entender conllevarían a la nulidad de la sentencia. Expresa que la sentencia resulta nula, puesto que no fue dictada de inmediato, luego de la celebración de la audiencia conforme lo dispone el art. 47 LPC- lo que se aparta -a su entender- de las normas y el derecho vigente, no siendo de aplicación en el caso las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación, pues nos encontraríamos ante un proceso de faltas.

En primer término, es importante destacar que la infracción a los juegos de apuesta está regulada en la ley nº 1472, y en consecuencia, prevista como una contravención.

En segundo lugar, cabe recordar la postura que ha venido sosteniendo esta Sala en materia de nulidades, al afirmar que, en virtud de que la Ley Nº 12 no regula un sistema de nulidades a aplicar en el ámbito contravencional, sino que prevé algunas de carácter específico -como las contenidas en los artículos 32 y 51-, resulta de aplicación el capítulo VII del título V del Código Procesal Penal de la Nación (art. 6 de la LPC).

La declaración de nulidad posee carácter excepcional, debiendo primar los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. A partir de lo expresado, es dable afirmar que la declaración de nulidad sólo resulta procedente de advertirse que el acto viciado produce algún perjuicio real y concreto, puesto que lo contrario implicaría decretar la nulidad de un acto por una cuestión absolutamente formal (conf. CNCasación Penal, Sala III, Palacios, Oscar E. s/rec. de casación, rta. 22/6/2004, entre otras).

A partir del criterio propugnado, cabe analizar la nulidad planteada por la defensa relativa a la notificación de la sentencia.

6) El art. 47 del ordenamiento procesal local exige el dictado de la sentencia de manera inmediata a la finalización del debate. Sin embargo, se ha entendido que, si el caso es complejo, el juez puede redactar la sentencia completa dentro de los cinco días (conf. Cevasco, Luis Jorge, Procedimiento contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ed. De Placido, 2000, pág. 98).

Cierto es que el dictado de la sentencia fuera del momento procesal indicado importa la nulidad del acto, sin embargo se trata de una nulidad relativa - y no absoluta- , pues es susceptible de subsanación, conforme lo establece el art. 171 del C.P.P.N., de aplicación supletoria.

Francisco D´Albora explica, en relación a la lectura de los fundamentos del art. 400 del C.P.P.N., que hay que distinguir entre hacerla una vez vencido el plazo y omitirla. En el primer supuesto, la nulidad debe propiciarse inmediatamente después de vencido el plazo (art. 170 inc.3º), pues de lo contrario queda subsanada (art. 170 inc.1º). En el segundo es absoluta porque el dispositivo aparecerá como expresión de la mera autoridad de los jueces (Código Procesal Penal de la Nación. Anotado, Comentado y Concordado, Tomo II, séptima edición, Lexis Nexis, pág.904).

Así, y en cuanto a la decisión de diferir la lectura de los fundamentos, cabe destacar que el Dr. Lagorio no sólo no se opuso a ello cuando el a quo resolvió fijar audiencia de lectura de la sentencia para el día 25 de agosto (fs. 490), - lo que hubiera permitido la expresión de los motivos que lo llevaron a adoptar dicha decisión-, sino que tampoco se desprende de los fundamentos del recurso de apelación cuál es el agravio que ello le provocó a su parte. La defensa actuó acatando lo dispuesto en el acto viciado, consintiendo de manera tácita el vicio.

Surge de manera palmaria que el recurrente tomó conocimiento del acto -cuya nulidad pretende- el día 17 de agosto pasado, razón por la cual el planteo introducido no sólo es improcedente sino que ha sido efectuado de modo intempestivo, toda vez que la presentación efectuada ha superado en exceso el plazo previsto en el art. 47 LPC, es decir de manera inmediata.

En efecto, el Defensor debió especificar en qué forma la decisión de diferir los fundamentos vulneró derechos de su asistido, y no limitarse como en el supuesto de autos a su mera mención, cuando en rigor de verdad no obstante su irregularidad, el acto de lectura de los fundamentos de la sentencia, consiguió su fin, con lo cual dicha irregularidad no afectó un interés.

El propio Alsina dice: Para que exista nulidad es esencial que exista un interés afectado... El interés es el fundamento de la seguridad jurídica, por lo tanto no procede la declaración de nulidad sino cuando se demuestra la existencia de un perjuicio para la defensa (Tratado teórico-práctico de derecho procesal civil y comercial, Tomo I, Compañía Argentina de Editores, 1941, p.725).

7) De ahí que hacer lugar a la nulidad solicitada importaría decretar la nulidad por la nulidad misma, lo que no es viable a tenor de lo pacíficamente establecido por la doctrina y jurisprudencia.

No toda vulneración de normas procesales es constitucionalmente relevante. Cuando a esa vulneración se aparejan consecuencias, y constituyen un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella, la misma tiene trascendencia; el sentido uniforme de la jurisprudencia en la materia es la interpretación restrictiva.

Expresa Lino E. Palacio que ...No basta, por lo tanto, el derecho de impugnación abstractamente reconocido por la ley a un determinado sujeto sino que es necesario que éste tenga, en concreto, interés en impugnar la resolución de que se trate, y ese interés debe tenerse por configurado cuando el recurso se presenta como el remedio capaz de excluir el perjuicio invocado (Los recursos en el proceso penal, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1998, págs. 17/18).

Así se ha resuelto que: no toda irregularidad formal determina dicha sanción. Además, que los preceptos legales sobre nulidad deben ser interpretados restrictivamente, si no se quiere desvirtuar el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica. (voto del Dr. Tragant).

Suñe, José María s/recurso de casación. Tragant. Casanovas. Riggi CNCP - SALA III. 17/03/1997 Citas: CNCP - SALA III "Álvarez, Domingo Vicente s/recurso de casación", Reg. EG. 100 bis, RTA. 30/3/94; "Mendoza, H. y Amaya, J.R. s/recurso de casación", REG. 122, RTA. 19/4/94; "Malaguarnera, Josefa del Carmen s/recurso de casación", REG. 133, RTA. 27/4/94; "González, Norberto A. s/recurso de casación. REG. 107/96, RTA. 10/4/96) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos 295:961; 298:312; 311:237, entre otros).

Y que no es suficiente la mera infracción formal sino que, la indefensión, entendida constitucionalmente, debe producir el efecto material de indefensión (Tribunal Constitucional Español, 366/1993-13-12.) Por consiguiente, debe analizarse en cada caso concreto si la vulneración de la norma procesal tiene sentido trascendente, en el presente, en función del imputado.

La lectura de los fundamentos de la sentencia garantiza el conocimiento de las partes de los motivos por los cuales se asienta la decisión y brinda la posibilidad de manifestar desacuerdo con tales fundamentos, computándose a partir del día siguiente de la lectura el plazo para interponer recurso.

En autos se conocieron efectivamente los fundamentos del fallo en la fecha establecida y de modo alguno se vio cercenado el derecho a recurrir la sentencia, motivo por el cual corresponde rechazar la invalidez planteada por la defensa.

8) Como segundo agravio en torno a la nulidad de la sentencia, la defensa plantea que no se ha cumplido con las obligaciones que el ordenamiento procesal impone en el momento de fallar, pues a su entender simplemente se limitó a mencionar la cantidad de hechos por los cuales se condenó a Reitovich. Refiere que se han investigado doce hechos, y se ha condenado por cuatro, sin saber específicamente cuáles son, y desconociendo el resultado de los restantes ocho.

Adelantaré que la afirmación efectuada por la defensa no se condice con las constancias incorporadas en autos, es más, yerra en la elaboración de su razonamiento.

Claramente se desprende del punto III de la sentencia obrante a fs. 492/94vta. que Saúl Pablo Reitovich ofreció y comercializó el juego denominado La Quiniela, sin la debidas autorizaciones, habilitaciones y licencias, los días 27 y 28 de julio, 9 de agosto y 26 de octubre de 2005.

De allí que el recurrente incurrió en una confusión entre el acto de la lectura de la parte dispositiva de la sentencia (art. 400, párr. 2do. CPPN) que se efectuó el 17 de agosto pasado (fs. 490), con el dictado de los fundamentos del veredicto leídos el día 25 de agosto pasado (fs. 492/94vta.).

Ello así, toda vez que al explicar los motivos del agravio aquí desarrollado, se funda - equivocadamente- en el fallo del 17 de agosto (v. fs.490), cuando en rigor de verdad éste último no fue más que un adelantamiento de la parte dispositiva, tal como lo prevé el art. 400 del C.P.P.N. (art.6 LPC).

9) El art. 50 LPC contempla la recurribilidad de la sentencia, y para que ello sea viable es imprescindible conocer los motivos por los cuales se fundamenta la decisión adoptada por el juzgador.

La sentencia es el acto procesal decisorio culminante del juicio, a través del cual se resuelve sobre la pretensión deducida por los acusadores y la oposición hecha valer por la defensa; tanto con respecto al objeto principal - cuestión penal- como la eventual - cuestión civil, si se hubiere planteado en tiempo oportuno- (Conf. D ´Albora, ob. cit. pág.889).

Por su parte, el dispositivo de la sentencia es la parte resolutiva y refleja la conclusión del órgano jurisdiccional en cuanto al mérito o fondo del asunto, mas no revela los fundamentos de la conclusión.

La lectura de los fundamentos del fallo garantiza el conocimiento de las partes de los motivos en que se asienta la decisión y la posibilidad de manifestar desacuerdo con tales fundamentos, computándose a partir del día siguiente de la lectura el plazo para interponer el recurso de casación, es decir para ejercer el derecho a recurrir el fallo condenatorio ... En autos ... conocieron efectivamente los fundamentos del fallo en la fecha establecida y de modo alguno vieron cercenado el derecho a recurrir la sentencia ... no advirtiéndose violación del principio que resguarda la formalidad incumplida ... Decidir lo contrario significaría declarar la nulidad por la misma e incurrir en exceso de ritualismo; toda vez que las formas procesales no pueden configurarse por fuera de las exigencias propias de los principios constitucionales ... (CNCP, Sala I, causa 5217, Alper, Jaime Isaac s/rec. de casación, del 30/3/2004).

Es errónea la afirmación en cuanto a que la sentencia cuestionada adolece de la enunciación de los hechos imputados, por cuanto no sólo han sido identificados cada uno de ellos, sino que se ha efectuado un desarrollo de los fundamentos de hecho y derecho sobre los que se basa la condena, motivo por el cual corresponde, una vez más rechazar la nulidad impetrada.

Asimismo, como corolario del agravio planteado ut supra, la defensa cuestiona que el a quo no haya absuelto al Sr. Reitovich por los hechos sobre los cuales no recayó acusación.

Al respecto, cabe aclarar que los hechos imputados a Reitovich en el requerimiento de elevación a juicio y por los cuales fuera definitivamente condenado por el a quo deben ser abordados como integrantes de un delito continuado, debiéndose analizar la gestión como una sola contravención, extendida en el tiempo.

Ello no importa la afectación al principio de congruencia por cuanto siempre que se respete el hecho intimado, - lo que efectivamente acaeció en el presente- el cambio de calificación legal no afecta la garantía de defensa en juicio; el tribunal que falla puede adjudicar al hecho acusado una calificación jurídica distinta a la expresada en la acusación (iura novit curia), mas aún si la modificación recae no ya sobre el encuadre jurídico sino en la forma del concurso, entendiendo al delito continuado como forma de concurso real impropio o aparente, según la opinión doctrinaria.

Por tales razones, descarto la existencia de una pluralidad de hechos típicamente antijurídicos y culpables, que lesionan al mismo bien jurídico, pues pese a que el fenómeno da la sensación de una pluralidad de conductas, en rigor de verdad nos encontramos ante una única acción típica determinada por un factor final (conf. Zaffaroni, Eugenio y otro, Derecho Penal, Parte General, Ediar, pág. 826 y ss.).

En efecto, el delito continuado requiere no sólo unidad de acción para la realización del tipo, lo que indudablemente implica unidad de lesión al bien jurídico, sino que implica un dolo general.

La formulación del delito continuado ha tenido históricamente la finalidad de lograr una articulación de los tipos penales que juegue a favor del imputado con el objeto de evitar una pena absurda e irracional. El Dr. Zaffaroni expresa ...no abarca la reiteración de la conducta como una nueva conducta típica independiente, sino como una mayor afectación al bien jurídico, es mayor el contenido del injusto de la única conducta típica pues otra interpretación se presente como un absurdo o aberrante... (ob. cit.).

Es por ello que, si a criterio del sentenciante algunos de los hechos que inicialmente se imputaron como parte de la gestión global desarrollada por Reitovich no se comprobaron finalmente con el grado requerido en esta instancia, no cabe la absolución por esos sucesos aislados, ya que el conjunto de los demás sucesos conforman de todos modos una unidad de acción, de lesión del bien jurídico tutelado abarcados por el dolo general.

Por lo expuesto, dado que la redacción y consecuente interpretación de la figura típica prevista en el art. 117 de la ley 1472, se satisface con la sola comprobación de la venta de juego clandestino, la atribución de responsabilidad en orden a tal conducta deviene correcta, con la salvedad favor rei que se trata de una única acción de tracto continuado.

II.- Fundamentos de la sentencia 10) Previo a efectuar el análisis de los agravios invocados por el impugnante, cabe recordar el alcance que posee el recurso de apelación en el ámbito contravencional, a los fines de fijar el ámbito donde será abordada la impugnación interpuesta.

En efecto, si bien el art. 50 de la Ley Nº 12 prevé la posibilidad de impugnar la sentencia mediante el recurso de apelación que por su naturaleza implica un reexamen por parte de un tribunal superior de la situación de hecho y de derecho-, la oralidad propia del procedimiento contravencional solo impide una revisión de los aspectos probatorios que dependen exclusivamente del principio de inmediación.

En este sentido, cabe mencionar que dicha postura resulta conteste con la doctrina de la Corte Suprema de la Nación, al haber afirmado ... lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación. Esto es así porque se imponen limitaciones de conocimiento en el plano de las posibilidades reales y en el nivel jurídico- porque la propia Constitución no puede interpretarse en forma contradictoria ... exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral. Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad, sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento. Se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso ... (CSJN, C. 1757. XL. Causa Nº 1681 Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa, rta. el 20/9/2005).

11) Delineada ya mi posición con respecto al alcance de las materias revisables por este Tribunal de Alzada, corresponde evaluar si las pruebas rendidas en la audiencia de juicio, analizadas en su conjunto en virtud de las reglas de la sana crítica, permiten tener por acreditada con el grado de certeza necesario las conductas imputadas a SAUL PABLO REITOVICH, por las cuales fuera condenado.

12) La defensa plantea que no se encuentra acreditado que el encartado ofreciera y comercializara juego denominado La quiniela, sin las debidas autorizaciones, habilitaciones y licencias.

Reedita el agravio referido a la falta de indicación precisa de los hechos por los cuales se resolvió condenar a su asistido, y en consecuencia aclara que su impugnación no podrá versar sobre cuatro hechos sino que atacará individualmente a todos y cada uno de los mencionados en el requerimiento de elevación a juicio.

Rechazado que fuera en el considerando 8º) el agravio en relación a la falta de precisión de los hechos imputados, corresponderá analizar sólo aquellos hechos por los cuales el Sr. Juez de grado resolvió condenar al Sr. Reitovich - 27 y 28 de julio, 9 de agosto y 26 de octubre de 2005-, por cuanto al no haber sido considerados los restantes no se configura agravio alguno.

Es de resaltar la completividad del acta de debate labrada en las presentes actuaciones obrante a fs. 483/489 -, por lo que he podido efectuar sin inconvenientes el control y valoración de la prueba practicada en el juicio oral.

En primer término, cabe reiterar que los hechos imputados a Reitovich en el requerimiento de elevación a juicio y por los cuales fuera definitivamente condenado por el a quo, constituyen una unidad delictiva, de allí que corresponda analizar la gestión como una sola contravención extendida en el tiempo, sin perjuicio de adentrarme a examinar individualmente cada uno de los sucesos que conforman el delito continuado.

13) Respecto del hecho de fecha 9/8/2005, de la sentencia impugnada se desprende que el Sr. Juez de Grado valoró conjuntamente el acta contravencional de fs. 48, el testimonio del preventor Vera, y el del apostador Moreno, quien expresó haber jugado quiniela en el local en cuestión siendo atendido por un muchacho flaco, ... que estaba de encargado ahí, sindicando, luego, a Reitovich en la audiencia de debate (fs. 485vta.), y aportó un ticket computarizado -que obra a fs. 49.

Dichas probanzas han llevado al a quo a afirmar que en la fecha en cuestión el encartado comercializó juego sin la debida autorización. Nótese que el propio defensor particular reconoció, en oportunidad de alegar, que solo está probada la comercialización de juego en cabeza de mi asistido el día 9/8/05. Fueron claros en deponer al respecto el preventor Vera y el apostador Moreno, quien reconoció haber jugado en el lugar (fs. 489).

A mayor abundamiento el acta contravencional de fs. 48, mediante la cual se secuestró un ticket computarizado fue confeccionada a las 12.15 horas, mientras que el comprobate de fs. 49 consigna las 12:04 hs., con lo cual no resulta antojadiza la imputación del hecho en cuestión.

14) Idéntico temperamento corresponde adoptar respecto del hecho acaecido el 26/10/05, pues no se vislumbran fallas en la motivación de la sentencia por parte del a quo, al valorar la declaración del Principal Allegrini y el ticket obrante a fs. 128, mediante las leyes que gobiernan la lógica.

Contrariamente a lo sostenido por el defensor particular, el Principal Allegrini, conforme surge del acta de debate de fs. 486, explicó detalladamente cuáles fueron las características del lugar y cómo se llevó a cabo el procedimiento policial. No es cierto que el Principal Allegrini no haya reconocido el comprobate de fs. 128 por carecer de su firma, sino que explicó en el debate que el comprobate no lo firma el personal policial sino los testigos (v. fs. 486).

Nótese que el acta contravencional de fs. 127, mediante el cual se secuestró un ticket computarizado fue confeccionada a las 11.50 horas, mientras que el comprobate de fs. 128 consigna las 11:42 hs., con lo cual no resulta caprichosa la imputación del hecho en cuestión, siendo irrelevante la incomparecencia de la testigo Viviana Nolasco.

De ello se colige que, las objeciones del impugnante deben calificarse como meras discrepancias con lo resuelto por el a quo , que no logran demostrar la existencia de un defecto de la magnitud necesaria como para calificar el acto jurisdiccional de inválido.

15) Consideración aparente merecen los hechos ocurridos los días 27 y 28/7/2005 puesto que de la lectura de la sentencia recurrida no se advierten elementos de la envergadura necesaria como para acreditar sin hesitaciones la participación de Reitovich en la comercialización de quiniela clandestina respecto de los tickets glosados a fs. 5.

En efecto, el Subcomisario Gustavo del Río recordó que en las vidrieras del local ubicado en la calle Gallo y Lavalle había carteles de Toto Bingo y de loterías provinciales. Se apostó en las inmediaciones y detuvo a un individuo - Ricardo Luis Cuenca- que se retiraba del comercio con una tira computarizada que contenía los resultados de La Quiniela de la jornada anterior. Según dijo el preventor, el propio Cuenca admitió poseerlo porque había efectuado una apuesta allí el día anterior (v. fs. 484).

Por su parte, Ricardo Luis Cuenca, durante el debate, reconoció el acta de fs. 4, pero sin embargo manifestó que nunca jugó en el local de marras, y que sólo ingresó para hablar por teléfono y, en esa oportunidad, obtuvo el listado de la quiniela (v. fs. 484 vta.).

Si bien todo lo que requiere valoración directa del juez está excluido de la revisión de la Alzada, en el presente caso, no se trata de afectar el principio de inmediación, sino de determinar el valor que hay que otorgarle a la declaración de un testigo de referencia (policía) cuando sus manifestaciones no sean coincidentes con las del testigo principal (apostador).

Nótese que el Subcomisario Del Río no observó la realización de conducta ilícita alguna, esto es nunca visualizó a Reitovich comercializando quiniela clandestina los días 27 y 28 de julio de 2005; sólo se limitó a expresar lo que supuestamente el testigo Cuenca a su vez le había manifestado, con lo cual no se trata de un testimonio principal sino de un testigo mediato no utilizable para fundamentar una sentencia condenatoria al no concurrir otros elementos objetivos externos que así lo determinan.

Del ticket obrante a fs. 5 tampoco surge ninguna constancia que permita sostener que fue expendido por Reitovich.

Por ello, no es posible considerar este hecho como integrante de la unidad delictiva que el a quo ha tenido por probada.

16) Párrafo aparte, merece la consideración de la pericia informática de fs. 450/55, que fuera incorporada por lectura como prueba documental (fs. 488vta.).

La defensa pretende reconducir la solución de la sentencia a una absolución, sobre la argumentación de la orfandad probatoria, poniendo énfasis en el resultado del informe pericial indicado, que da cuenta que una de las dos computadoras secuestradas en el local de marras carece de programas en su disco rígido que permitan la captación u organización de juego de cualquier especie, y la otra no opera satisfactoriamente (v fs. 548vta.).

Sin embargo, lo que el distinguido defensor particular pierde de vista es que las conclusiones de las pericias no obligan a los jueces (CS, D.J., 1999-1,pág.253, f.13.754).

De las constancias del expediente, surgen elementos probatorios, ajenos a la pericia informática, que permiten sostener, con la convicción necesaria, que en el local sito en Lavalle nº 3299 de esta ciudad, se emitieron comprobantes computarizados de juegos clandestinos los días indicados ut supra. Ello surge de la declaraciones de los siguientes testigos: 1) Gustavo del Rio (fs.484), quien identifica al testigo Cuenca al salir del local con una tira de papel computarizado en la mano (sic), 2) Ricardo Cuenca, quien pese a desdecirse en relación a la apuesta imputada, sí reconoció haber obtenido en el local sindicado el comprobante computarizado secuestrado con los resultados de la quiniela del día 27/7/05, con lo cual, pese a que la pericia realizada arrojó como resultado que no se detectó programa de ordenador relacionado con la administración de jugos de azar, cierto es que Reitovich expendió un comprobante computarizado de las características apuntadas; 3) Fernando Martín Moreno, quien reconoció haber jugado quiniela clandestina en el local de marras, y que el encargado le dio una boleta computarizada, y, finalmente, 4) Néstor Allegrini, quien en oportunidad de efectuar el procedimiento de fecha 26/10/05 refirió que en el mostrador habían dos computadoras ...cree que una era dedicada para el juego y la otra para los teléfonos y que ese días estaban funcionando (fs.486).

En este sentido, no ha indicado el defensor en qué medida puede variar el resultado de la sentencia la consideración de la pericia a los efectos desincriminatorios, cuando en una de las dos máquinas peritadas no se pudo observar el contenido del disco pues el programa Windows no iniciaba sesión de trabajo (v. punto II a fs. 453).

Conteste con lo anterior, la doctrina sostiene que es inatendible el recurso que no traspasa los límites de la exhibición de una subjetividad, sin convencer de la arbitrariedad o el absurdo de la labor axiológica desarrollada por los jueces de grado al apreciar la prueba. es que no basta oponer al criterio del tribunal sentenciante la propia apreciación personal sobre el mérito de los elementos de juicio allegados al proceso, máxime si el juzgador puede preferir uno sobre otros descartando aquellos que no son conducentes pues hace a sus facultades privativas de apreciación. (Augusto Mario Morello, Prueba, incongruencia, defensa en juicio, ed. Abeledo Perrot, año 1977, pág. 131).

A partir de lo expuesto, se advierte que el Magistrado ha efectuado una derivación racional de las constancias de la causa, valorando las pruebas testimoniales y documentales incorporadas a la audiencia de juicio - en especial el informe de fs. 32 que da cuenta que no existe agencia oficial de Lotería Nacional habilitada en el local sito en Lavalle nº 3299 de esta ciudad, conforme las pautas de la sana crítica racional (principio lógicos, adquisiciones de la ciencia y máximas de la experiencia).

La postura defensista no supera el carácter de mera discrepancia con el criterio utilizado para valorar la prueba, con lo cual, mal pueden las objeciones del impugnante repudiar de inválido el pronunciamiento de instancia.

17) Se considera arbitraria la sentencia si el magistrado la sostiene sólo en un razonamiento y opinión personales. Para tacharla así debería carecer de todo sustento legal y estar fundada sólo en la voluntad del magistrado, pues la doctrina de la arbitrariedad atiende a las omisiones y desaciertos de extrema gravedad, cometidos en la sentencia, que tienden a su descalificación como acto jurisdiccional válido, lo que no ocurre en este caso. Para que proceda la descalificación de una sentencia como acto jurídico válido por la causal de arbitrariedad, tiene que poseer tal magnitud que constituya claramente una derivación irrazonable del derecho vigente.

En este sentido, el Tribunal Superior ha dicho reiteradamente que ...la mera contrariedad con los fundamentos utilizados por el Tribunal de mérito no implica que la sentencia carezca de fundamentos y sea descalificable en el sentido de que no conforma una decisión judicial (cfr. El Tribunal in re Federación Argentina de Box c/ GCBA s/ Acción declarativa de Inconstitucionalidad, expte. nº 49/99, resolución del 25/8/99 y sus citas, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. I, ps. 282 y siguientes. Ello es aún más cierto para quien estima que tal motivo, pretorianamente imaginado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no informa el recurso por inconstitucionalidad y sólo es posible de aceptar por la vía de la carencia total de fundamento o del fundamento absurdo que caracterice a la decisión como un capricho del tribunal de la causa....( TSJ, del voto del Dr. Maier, expte. 2266 citado. TSJ, in re: Ministerio Público Defensoría Oficial en lo Contravencional Nº 6 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Oniszczuk, Carlos Alberto y Márquez, Sandra Rosana s/ Ley 255- Apelación, expte. Nº 2266, rta. 18/9/03).

La Corte Suprema de la Nación ha establecido que: la doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el pronunciamiento de los jueces como la sentencia fundada en ley a la que hace referencia el artículo 18 de la Constitución Nacional (Fallos 312:246; 389, 608, 1839, entre otros).

Por todo lo expuesto, se verificó en esta Alzada de manera satisfactoria la labor argumental del sentenciante a través del control amplio de las pruebas que han sustentado su decisión, que en definitiva, permiten tener por acreditado con el grado de certeza requerido para un pronunciamiento condenatorio-, que Reitovich comercializó quiniela clandestina en el local sito en Lavalle nº 3299 de esta ciudad los días 9 de agosto y 26 de octubre de 2005; lo que así voto.

b) Recurso de apelación interpuesto a favor de María Noe Lavín.

18) A fs. 514/21vta. el defensor particular, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia mediante la cual se condenó a María Noe Lavín en orden a la contravención prevista en el art. 116 de la ley 1472. Ahora bien, de la simple lectura del recurso de apelación interpuesto es posible diferenciar dos agravios, que parece conveniente tratarlos separadamente, por cuanto de tener acogida favorable alguno de ellos, corresponderá revocar la sentencia.

Así, sostiene que: 1) La sentencia deviene nula por carecer de motivación suficiente dado que, las pruebas rendidas en la audiencia no resultan suficientes para tener por acreditados el hecho endilgado a la encartada, por lo que corresponde su absolución en virtud del principio in dubio pro reo; 2) Se ha vulnerado el principio de congruencia pues al Sr. Reitovich se lo ha condenado en orden a la contravención prevista en el art. 117 en concurso real -4 hechos-, mientras que a la Sra. Lavín por la contravención continuada prevista en el art. 116 de al ley 1472. Finalmente, hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

19) Sentado ello, ingresando al tratamiento del primer agravio indicado, cabe adelantar que la sentencia será revocada ya que asiste razón a la defensa en cuanto a que no se cuenta con elementos de prueba que sindiquen de modo indubitable a la Sra. Lavín como organizadora y explotadora de juego clandestino en el local sito en Lavalle nº 3299 de esta ciudad entre los días 27 de julio hasta el 26 de octubre de 2005.

Se la ha condenado violentando las reglas dogmáticas que hacen a la adjudicación de responsabilidad, no habiéndose comprobado la imputación objetiva y, como derivación de ello, se ha dejado de lado el principio de inocencia.

En efecto, de la lectura de la sentencia se desprende como único motivo para fundamentar la condena impuesta a Lavín, el hecho que fuera la inquilina del local y la habilitada para explotar el comercio como locutorio. Pese a que en la sentencia cuestionada se trascriben las declaraciones testimoniales que fueran recogidas en el debate, - y que sirvieran de base para fundamentar el pronunciamiento condenatorio en relación a Reitovich- ello no importa un aporte novedoso de índole probatorio en relación a la atribución de responsabilidad de Lavín, pues de ninguno de los testimonios recogidos surge la participación de la imputada en accionar delictivo alguno, ni siquiera estuvo presente en los procedimientos policiales o los allanamientos practicados.

Nótese que la condena se basa en una cuestión exclusivamente causal: del vínculo contractual y de la titularidad de la habilitación, el sentenciante arribó a la conclusión que montó la infraestructura que su empleado Reitovich utilizaba para fomentar el negocio () y, de ese modo fomentar a los apostadores (fs. 512). Pero de allí a que la simple relación causal, así naturalísticamente entendida, determine la imputación objetiva, hay un mundo valorativo en el que la sentencia no ha penetrado. Esa omisión de aspectos esenciales del proceso permite calificarla como huérfana de sustento probatorio, anulando así el principio de inocencia, que está expresamente formulado en el art. 7 de la ley 1472, en el 18 del la Constitución Nacional y recogido en el art. 10 de Carta Magna local.

Los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales modernos, que han llegado a configurar toda una "teoría de la imputación objetiva" son elocuentes para demostrar la carencia de pronunciamiento.

20) La relación de causalidad que necesariamente debe haber entre la acción y el resultado se la ha querido encontrar por distintas vías: la equivalencia de las condiciones, la causalidad adecuada, la causalidad humana, la relevancia del aporte, etc., para desembocar finalmente en la tesis de la imputación objetiva, considerándose que esta última es la que resuelve el punto con el mejor criterio (Bacigalupo, Enrique, Manual de Derecho Penal. Parte General. Temis, ILANUD, Bogotá, 1984, p. 99.) Implica, básicamente, el reemplazo de la relación de causalidad elaborada sobre conceptos puramente naturales, por otra apreciada con consideraciones jurídicas.

La teoría de la imputación objetiva exige: a) la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, b) que se realice en el resultado. Para que la conducta causante de un resultado típico pueda considerarse realizadora de la parte objetiva del tipo es necesario que ex ante apareciese como creadora de un riesgo típicamente relevante. Ello no sucede en los casos en que se origina un riesgo socialmente adecuado (conf. Mir Puig, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 6ta. Edición, Ed. Reppertor, Barcelona, España, pág. 248 y ss).

21) Trasladando estas nociones al caso que nos ocupa, resulta indiscutible que Lavín suscribió el contrato de alquiler del local sito en Lavalle nº 3299 de esta ciudad y, que era titular de la habilitación del referido local, es decir éstas son las únicas acciones comprobadas empíricamente en el debate y que, por lo tanto, pueden ser imputadas jurídicamente, en caso de corresponder.

Sin embargo, dicho accionar lejos de crear un riesgo típicamente relevante para el bien jurídico en juego, genera los riesgos propios del tipo de actividad en sí misma aceptada socialmente, que en modo alguno importa, tal como lo ha afirmado erróneamente la sentencia, haber explotado y organizado quiniela clandestina.

Del razonamiento elaborado por el sentenciante se infiere que la suscripción de un contrato de locación, y el otorgamiento de una habilitación, constituyen elementos de juicio suficientes para fundamentar, en el presente caso, una sanción punitiva. Sin embargo, la ausencia de toda prueba que permita sostener que Lavín conocía la actividad de Reitovich, torna insuficiente la documental valorada por el a quo para adquirir la certeza de culpabilidad consagrada en la sentencia puesta en crisis.

En este sentido, ninguno de los testigos dieron cuenta de la existencia o posible participación de Lavín en la conducta reprimida por el art. 116 de la ley 1472.

22) La prueba documental tampoco logra sustentar el reproche, pues al poco de analizarla surge que, la circunstancia que el local estuviera habilitado administrativamente para desarrollar la actividad de locutorio no permite concluir per se y, con el absoluto grado de certeza requerido, que Lavín organizaba y explotaba juego clandestino.

Es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en reiterada oportunidades que constituye un requisito fundamental del debido proceso penal, la necesidad de que las sentencias contengan un examen acerca de la participación de cada uno de los hecho ilícitos que se consideren probados, precisando las figuras delictivas que se juzgan con límite en el ajuste del pronunciamiento a los hechos que constituyan materia del juicio, en razón del derecho fundamental del acusado, basado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, de tener un conocimiento efectivo del delito por el cual ha sido condenado (Fallos: 310:2094; 312:2370 y 314:333; M. 1823. XXXII RECURSO DE HECHO -Martínez, Marcelo y otros s/ infr. ley 11.723 y 22.362, rta. 17/03/1998).

Por ello, la sentencia deberá ser revocada dada la insuficiencia de elementos probatorios de cargo para atribuirle responsabilidad.

La motivación debe ser legal (fundada en pruebas válidas), veraz (no podrá fabricar ni distorsionar los datos probatorios), específica (debe existir motivación para cada conclusión) y arreglada a las reglas de la sana crítica racional (principios de la lógica, las ciencias y la experiencia común) (confr. José I Cafferata Nores, Garantías y Sistema Constitucional, publicado en Revista de Derecho Penal, Tomo 2001-1 Garantías constitucionales y nulidades procesales -I, Ed. Rubinzal -Culzoni, pág. 160).

Del análisis de la sentencia criticada se advierte palmariamente que no pudo demostrarse con el grado de certeza necesaria, que Lavín efectivamente organizara y explotara juego clandestino en el local sito en Lavalle nº 3299 de esta ciudad, en el período comprendido entre el 27 de julio y 26 de octubre de 2005.

Por ello, el razonamiento que concluye con la sentencia de condena de la imputada Lavín no recepta el principio constitucional in dubio pro reo, lo que torna inadmisible su confirmación, resultando aplicable lo dispuesto en el art. 10 del C.C.: En caso de duda debe estarse siempre a lo que sea mas favorable al contraventor, derivación del art. 18 de la CN.

Sólo la certeza sobre la culpabilidad del imputado autorizaría una condena en su contra (artículo 3, "a contrario sensu", del C.P.P.N.), pues gozando éste de un estado jurídico de inocencia constitucionalmente reconocido (Art. 18 de la C.N.) y legalmente reglamentado (art. 1 del C.P.P.N.), únicamente podría ser declarado culpable cuando las pruebas hayan producido, no ya la probabilidad, sino la más plena convicción del tribunal al respecto. Y en tal aspecto, este Tribunal está autorizado y debe verificar si la sentencia logró la certeza necesaria para dictar sentencia de condena.

La certeza puede definirse como "la firme convicción de estar en posesión de la verdad". En el camino que recorre el intelecto para arribar a la certeza, hay estados intelectuales intermedios como la "duda", "probabilidad" e "improbabilidad", siendo que la ley subordina el dictado de las decisiones judiciales que determinan el inicio, avance o conclusión del proceso a la concurrencia de esos distintos estados intelectuales del juez en relación con la verdad que se pretende descubrir... En torno al principio "in dubio pro reo", en la etapa que aquí se analiza, la "improbabilidad" y la "duda stricto sensu" impedirán el dictado de sentencia de condena. (confr. José I. Cafferata Nores, "La Prueba en el Proceso Penal", 2da. Edición, Buenos Aires, 1994, págs. 5 y ss.).

Justamente, de la valoración de los testimonios hecha por el juez sentenciante surge la ausencia de la certeza necesaria para sostener sin hesitación la imputación en cabeza de la imputada.

La circunstancia de carecer del andamiaje probatorio necesario a fin de imponer una sentencia condenatoria con arreglo al debido proceso legal, me conducen inexorablemente a una solución desincriminatoria, toda vez que la insuficiencia en la recolección del material probatorio mal puede ser subsanada en esta instancia, sino que debió ser reconducido por el titular del Ministerio Público Fiscal en la etapa oportuna.

23) De esta forma, voto por la revocación de la sentencia impugnada en cuanto condena a la Sra. María Noe Lavín en orden a la contravención prevista en el art. 116 de la ley 1472, y en consecuencia, deviene abstracto el tratamiento del agravio referido a la afectación el principio de congruencia.

Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo:

I) CONFIRMAR la sentencia recurrida, obrante a fs.492/94 en cuanto CONDENA a Saúl Pablo Reitovich a la pena de quince días de arresto, con más las accesorias de inhabilitación por el término de cinco años para obtener cualquier tipo de autorización o licencia para organizar, promover o comerciar sorteos, apuestas o juegos y comiso de los bienes incautados, por encontrarlo autor responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 117 del Código Contravencional, con la salvedad que ha sido cometida de manera continuada - único hecho- (arts. 22 inc.3º; 23 incs. 2º y 3º, 25 incs. 3º y 5º, 26, 27, 31, 34, 35 y 117 de la ley 1472, arts. 50 y 51 LPC);

II) REVOCAR la sentencia recurrida obrante a fs. 511/513vta. y, en consecuencia, ABSOLVER a María Noé Lavín, en orden a la contravención prevista y reprimida en el art. 116 del Código Contravencional, cometida de manera continuada (arts. 116 de la ley 1472; arts. 123 y 404 del CPPN y arts. 50 y 51 LPC) III) TENER PRESENTE las reservas de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal impetradas por el impugnante.

El Doctor Jorge A. Franza dijo:

Me adhiero a los fundamentos y conclusiones de voto que antecede.

La Doctora Marta Paz dijo:

1.Adhiero mayormente a los fundamentos del voto de mi colega preopinante Dra. Silvina Manes en orden a los hechos que deben considerarse probados y a la resolución que postula debe adoptarse respecto de Saúl Pablo Reitovich, considerando apropiado formular algunas precisiones.

Reitovich fue condenado a la pena de quince días de arresto con más la accesoria de inhabilitación por el término de cinco años para obtener cualquier tipo de autorización o licencia para organizar, promover o comerciar sorteos, apuestas o juegos y comiso de los bienes incautados por encontrárselo autor en cuatro ocasiones de la contravención prevista y reprimida en el art. 117 del Código Contravencional, cometida de manera reiterada en cuatro oportunidades.

Considero, a diferencia de lo que postulara la sentencia, que la actividad que desplegó el imputado no se agotó instantáneamente, sino que tuvo una continuidad temporal.

El criterio empleado sirve para condensar en un hecho unitario una multiplicidad de acciones desplegadas en un lapso prolongado, ante la evidente existencia de una finalidad común. Estamos en presencia de una sola acción, ya que hay un dolo general que cubre toda la acción.

La sentencia afirma que nos encontramos....frente a una pluralidad de hechos típicamente antijurídicos y culpables, que lesionan al mismo bien jurídico, pero no pudo verificarse que Reitovich hubiese resuelto, en un solo y determinado momento, la realización de las diversas acciones (fs. 494 vta.) Tal afirmación no encuentra sustento legal desde que la razón de la consideración unitaria de esa multiplicidad de acciones radica en que el desmembramiento en segmentos de esa serie de acciones que responden a una finalidad común supondría la posibilidad de perseguir las infracciones en forma independiente, en concurso real, lo que llevaría a resultados irracionales. Hay tipos en los que no sólo queda abarcada la conducta que lo consuma, sino que eventualmente también abarcan la hipótesis de un número indeterminado de repeticiones de la conducta consumativa dentro de idénticas o similares circunstancias. Una racional interpretación de los tipos muestra que en algunos la norma no abarca la reiteración de la conducta como una nueva conducta típica independiente, sino como una mayor afectación del bien jurídico, que se traduce en un mayor contenido de injusto de la única conducta típica, pues otra interpretación se presenta como absurda o aberrante...no parece haber otra solución que recurrir a la interpretación racional de los tipos para evitar el absurdo.... (cf. Zaffaroni, Raúl. Alagia, Alejandro. Slokar, Alejandro. Derecho Penal. Parte general. Págs. 861. Ed. Ediar, Bs. As., 2003).

Puede afirmarse, por otra parte, sin hesitar que la unidad de imputación constituye una construcción limitadora de la punibilidad.

De lo hasta aquí expuesta deriva que los hechos que se reputan probados deben considerarse como delito continuado y no en concurso real.

2. En relación a la Sra. María Noé Lavín que fue condenada a quince días de arresto, con más la accesoria de inhabilitación por el término de cinco años para obtener cualquier tipo de autorización o licencia para organizar, promover o comerciar sorteos, apuestas o juegos y comiso de los bienes incautados, por considerársela autora de la contravención prevista y reprimida por el art. 116 del C.C., cometida de manera continuada desde el 27 de julio hasta el 26 de octubre de 2005, en el local ubicado en Lavalle nº 3299 de esta ciudad, no se ha demostrado la existencia del tipo subjetivo en la conducta de la pretensa autora (...la Sra. María Noé Lavín organizó y explotó el juego denominado ´la Quiniela´ sin las autorizaciones, habilitaciones y licencias debidas... fs. 513).

Surge de los términos del planteamiento que ella alquiló y estaba a su nombre la habilitación como locutorio del local donde Reitovich explotara, promoviera u ofreciera ilegítimamente apuestas.

Desde un punto de vista meramente causal (por ejemplo, aplicando la condito sine qua non, o cualquier otra herramienta de este tipo) podría afirmarse que la acción de Lavín al alquilar el local y obtener la habilitación para el mismo posibilitó que en el mismo su empleado llevara a cabo la actividad ilícita imputada y que, sin ésta, tal actividad no se habría producido (en ese momento y en esa forma). Si suprimimos mentalmente la acción de Lavín de alquilar el local y dejar en el mismo trabajando a Reitovich el resultado no se habría producido.

El moderno derecho penal del Estado de derecho está vinculado al tipo: el tipo representa, por una parte, una limitación al poder punitivo del Estado (función de garantía) y, por la otra, el fundamento del delito (función fundamental). (Maurach. Zip. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. pág. 348, Ed. Astrea, Bs. As., 1994).

El tipo es, en primer término, una acción legalmente tipificada que comprende aquellos elementos que constituyen también la esencia de la acción: la voluntad enfilada a determinada dirección y la puesta en acción de dicha voluntad.

El tipo abarca en su parte subjetiva el dolo dirigido a la realización de la parte objetiva del tipo.

En el caso, no se ha podido establecer que la conducta de Lavín conllevara el conocimiento y la voluntad de organización de la actividad que llevaba a cabo ilícitamente Reitovich ni siquiera a título de dolo eventual, entendido éste como aquel que existe cuando el autor juzga, en el instante de la acción que la realización del tipo como consecuencia de la acción no sería improbable.

En el caso de Lavín no se advierte, por ninguna probanza, que ésta haya podido juzgar como probable que en el local que alquiló para locutorio se llevara a cabo la actividad ilícita que se le imputa.

Lavín al momento de producir la acción creyó -al menos no se ha demostrado lo contrario- que estaba realizando una conducta aprobada por la norma, cual era la de alquilar y explotar un local con finalidad de actividades propias de un locutorio para lo que contaba con habilitación.

En el dolo directo la realización del tipo es la meta que persigue el autor con la realización de la acción. Desde que no se puede afirmar que Lavín obrara con el conocimiento y la voluntad de realizar los elementos del tipo (o el conocer y querer las circunstancias del hecho que realizan el tipo penal), lo único que puede afirmarse es que tenía el conocimiento y la voluntad para intermediar en el servicio de llamadas telefónicas.

Por ello su conducta es atípica en tanto no se ha acreditado la existencia del tipo subjetivo requerido por la norma contravencional por lo que debe revocarse la sentencia dictada a su respecto y debe ser absuelta de los hechos que se le imputaron.

Así lo voto Atento el mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR la sentencia recurrida, obrante a fs.492/94 en cuanto CONDENA a Saúl Pablo Reitovich a la pena de quince días de arresto, con más las accesorias de inhabilitación por el término de cinco años para obtener cualquier tipo de autorización o licencia para organizar, promover o comerciar sorteos, apuestas o juegos y comiso de los bienes incautados, por encontrarlo autor responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 117 del Código Contravencional, con la salvedad que ha sido cometida de manera continuada - único hecho- (arts. 22 inc.3º; 23 incs. 2º y 3º, 25 incs. 3º y 5º, 26, 27, 31, 34, 35 y 117 de la ley 1472, arts. 50 y 51 LPC);

II. REVOCAR la sentencia recurrida obrante a fs. 511/513vta. y, en consecuencia, ABSOLVER a María Noé Lavín, en orden a la contravención prevista y reprimida en el art. 116 del Código Contravencional, cometida de manera continuada (arts. 116 de la ley 1472; arts. 123 y 404 del CPPN y arts. 50 y 51 LPC).

III. TENER PRESENTE las reservas de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal impetradas por el impugnante.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí:

En de noviembre de 2006 se libró una cédula. Conste.

En de noviembre de 2006 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara . Conste.