Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-07-05


Autos N° 4.789 (J.P.L.G.S.J., Rivadavia, N° 8.987/11), caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Maldonado, Mario Ariel - Ejecutivo".

--------- San Juan, 5 de julio de dos mil dieciséis.

--------- Vistos: ----------------------------------------------- --------- Para resolver acerca del recurso de apelación deducido y fundado a fs. 39/41 por la parte actora, quien actúa mediante apoderado, contra la sentencia de fs. 37/38. ----------------------------------------------------------- --------- Tal recurso fue concedido erróneamente por el a quo a fs. 42 en relación y ambos efectos, cuando debió otorgarlo con efecto suspensivo en función de lo dispuesto por el art. 250, inc. 1°, de la Ley Prov. N° 988-O (C.P.C.). -------------------------------------------------------- --------- Y Considerando: ------------------------------------ --------- I. Que mediante el pronunciamiento impugnado la Jueza Inferior declaró la nulidad del proceso e impuso las costas a cargo de la actora. -------------------------------- --------- II. Contra dicho pronunciamiento se alzó esta parte, quien fundó el recurso con el escrito obrante a fs. 39/41. En tal pieza, en síntesis, manifestó: ------------------ Que la resolución le causa gravamen irreparable en cuanto revoca la sentencia monitoria (fs. 7 y vta.) y rechaza la demanda ejecutiva. ---------------------------- Que con el dictado de la monitoria sólo cabía al ejecutado (o sus sucesores singulares o universales) deducir alguna excepción, lo que no ha ocurrido en este caso, porque el mandamiento de intimación de pago y la notificación de dicha sentencia se dirigieron al último domicilio del ejecutado, que a su vez es también el domicilio fiscal que indica el certificado base de la demanda. ------------------ Que su parte no tenía la obligación de conocer el fallecimiento del contribuyente, por lo que está bien iniciada la demanda contra el titular del bien relacionado con la deuda impositiva. Eventualmente se debieron presentar los sucesores del ejecutado por lo que no hay justificativo para declarar la nulidad del proceso por su deceso. ------------------------------------------------------- Que no se ha negado la existencia de la deuda respecto del impuesto reclamado y es obligación del contribuyente y eventualmente de sus sucesores, ya sean universales o a título particular, comunicar a la Dirección General de Rentas (D.G.R.) cualquier cambio de situación que pueda dar origen a nuevos hechos imponibles o modificar o extinguir los existentes, conforme lo preceptúan los arts. 21, 24, 25 y 27 de la Ley Prov. N° 151-I (en adelante, C.T.), lo que no se ha cumplido. --------------------------- Que el art. 38, ibíd., no incluye al fallecimiento como causal de extinción del débito tributario, por lo que la obligación se traslada a sus sucesores, ya que -en su opinión- tiene naturaleza propter rem, lo que implica que siguen a la cosa o bien generador [al hecho generador] del impuesto, independientemente de quién figure como su titular, y que en caso de haber fallecido éste, deben afrontar la deuda sus sucesores a título universal o particular respecto del bien. -------------------------------- Que no existe improponibilidad subjetiva de la demanda debido a que su parte es acreedora del impuesto, existe la deuda reclamada y la debe el titular del bien generador del gravamen, o sus sucesores a título universal o particular. --------------------------------------- --------- III. A fs. 42 se concedió el recurso de apelación interpuesto, se tuvo por presentado el memorial y se ordenó la elevación del expediente a la Alzada, lo que se materializó a fs. 43. -------------------------------------------- --------- Ya en este ámbito apelatorio se determinaron los jueces que intervendrían en la resolución del recurso (fs. 44), providencia que se encuentra firme y consentida tal como surge de las constancias de la cédula obrante a fs. 45 y vta. Posteriormente, se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio de la causa (fs. 46). ------------------ --------- IV. Anticipamos que, en mérito a las particularidades del proceso y en uso de la jurisdicción del Tribunal estimulada por el recurso planteado, la respuesta que diseñaremos apuntará a dejar sin efecto el resolutorio objetado, aunque por las razones y con el alcance que pasamos a exponer. ------------------------------------------- --------- 1. Tal como se adelantara, la solución que se adoptará en el sub exámine obedece principalmente a los perfiles y elementos que ofrece esta causa concreta y particular, los derechos en juego, razones de economía procesal y el deber que este Tribunal tiene en punto a buscar soluciones jurídicamente razonables. ----------------- --------- 2. Seguidamente, y en tanto útil para la resolución del recurso, elaboraremos una breve síntesis de las partes pertinentes de las actuaciones obrantes en la causa. -------- a) A fs. 6 y vta. la Provincia de San Juan inicia demanda ejecutiva contra el Sr. Mario Ariel Maldonado (21 de junio de 2011), con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 6.068, Este, Santa Lucía, en su carácter de contribuyente del impuesto a la Radicación de Automotores que recae sobre el vehículo Dominio CDC-00429, dictándose sentencia monitoria a fs. 7 y vta.; --------------------------------------- b) a fs. 10 y vta./11 obra mandamiento de intimación de pago y notificación de la sentencia monitoria, diligencia que -según informe de fs. 11 del oficial de justicia Sr. Armando C. Videla- no se pudo concretar porque no se logró establecer la numeración 6.068. Agrega que sólo estaba el N° 5.898 y de ahí "saltaba" al N° 6.102; -------------------- c) a fs. 13 la actora denuncia nuevo domicilio del demandado en Hipólito Yrigoyen N° 60, Este, Santa Lucía, solicitando se firme nuevo mandamiento. Atento a que el domicilio denunciado no surgía del certificado de deuda, el a quo pidió se aclarara tal circunstancia; ----------------------- d) a fs. 15 se hace saber a la Juzgadora que el nuevo domicilio denunciado fue constatado en el padrón electoral como Hipólito Yrigoyen N° 60, Este, Santa Lucía; ----------- e) a fs. 16 el a quo ordena que el peticionante diera cumplimiento a lo previsto en el art. 26, quater, del C.T.; - f) a fs. 17/18 la accionante adjunta un nuevo certificado de ejecución demandando al Sr. Mario Ariel Maldonado, con domicilio en Hipólito Yrigoyen N° 60, Este, Santa Lucía; ---- g) a fs. 21/22 obra nuevo intento de diligenciamiento de los citados despachos, aunque a fs. 22 el ya aludido oficial de justicia informa que no se logró establecer el domicilio del accionado atento a que la numeración de la calle Hipólito Yrigoyen en Santa Lucía comienza con la cifra 1.300; ------- h) a fs. 24, por petición de la parte actora, el a quo dispone oficiar a la Policía de la Provincia y a la Secretaría Electoral para que informen el domicilio actual del demandado; ------ i) a fs. 27 la Secretaría Electoral contesta el oficio y hace saber que conforme surge de sus constancias el Sr. Mario Ariel Maldonado falleció el 5 de febrero de 2007, registrando domicilio desde el 10 de julio de 2003 en Hipólito Yrigoyen N° 6.068, Este, Santa Lucía, San Juan; y a fs. 31 la Policía de la Provincia informa igual dirección; --- j) a fs. 28 la actora solicita se gire oficio al Registro de Juicios Universales, para que haga saber si se ha iniciado la sucesión del causante y, en caso afirmativo, comunique el Juzgado y la carátula del expediente. En la respuesta de fs. 34 se informa que no se encuentra registro de testamento ni de inicio de la sucesión del demandado; y ----------------- k) a fs. 37/38 obra la resolución apelada, en la que ?tal como se anunciaba? el a quo declara la nulidad del proceso. --------------------------------------------------------- --------- 3. De lo reseñado surge: ---------------------------- --------- Que conforme surge de los informes emitidos por el oficial de justicia (ver fs. 11 y 22) nunca se pudo notificar en los domicilios denunciados por la actora y obrantes en los dos certificados de ejecución, ni al demandado -que había fallecido con anterioridad- ni a sus herederos o sucesores a cualquier título. ----------------------------------- --------- Es que se encuentra probado que el sujeto pasivo de la relación jurídica procesal falleció el día 5 de febrero de 2007 (ver fs. 27), es decir, antes de que se generara parte de la deuda reclamada y, por supuesto, también con anterioridad a la interposición de la demanda presentada el 21 de junio de 2011, conforme surge del cargo obrante a fs. 6 vta., infra. ---------------------------------------------------- --------- Asimismo, se advierte que el Plan de Pago de fs. 4 (copia) no fue suscripto por el demandado sino por el Sr. Néstor Caballero, quien invocó el carácter de mandatario. -- --------- Más allá de las normas del C.T. relativas a los sujetos pasivos de las obligaciones fiscales, lo cierto y tangible es que, tal como surge de los informes del oficial interviniente en sendas notificaciones del mandamiento y la sentencia monitoria (fs. 11 y 22), el demandado o sus sucesores nunca tomaron conocimiento de la presente ejecución porque en ninguno de los dos casos pudo ubicarse la numeración denunciada en los certificados de deuda. ---------------------------------------------------------- --------- La especial trascendencia de la notificación del mandamiento de embargo y de la sentencia monitoria (equiparable en su importancia y consecuencias a la notificación de la demanda), determina que la ley disponga que el anoticiamiento debe ser útil, efectivo y rodearse de formalidades específicas, con lo cual se tiende a brindar adecuada protección al derecho de defensa en juicio y a la garantía de su inviolabilidad. ---------------------------------- --------- El art. 455 del C.P.C. dispone que la notificación de la sentencia monitoria puede realizarse por cédula en los domicilios que en tal norma se consignan. En caso de ignorarse estos o, como en el sub exámine, de no poder cumplir con el diligenciamiento, el Código autoriza a publicar edictos por una sola vez en el Boletín Oficial y en un diario del lugar. --------------------------------------------- --------- La actora cumplió con los informes requeridos a la autoridad policial y electoral nacional, pero no solicitó la publicación de edictos, incurriendo en la inexactitud de afirmar que el ejecutado o sus sucesores quedaron suficientemente notificados, cuando de las propias constancias de las actuaciones surge la imposibilidad del oficial de justicia de cumplir con dicho trámite notificatorio.- --------- Es indudable que, a los efectos de respetar el principio de contradicción o de bilateralidad, toda demanda debe ser fehacientemente comunicada. En el caso, y ante el deceso del accionado, debe anoticiarse la misma a los sucesores de aquél. -------------------------------------------- --------- Así, ante la plataforma jurídico-fáctica descripta y la normativa pertinente del C.P.C., estimamos procedente revocar el resolutorio de fs. 37/38, retrotraer el proceso y ordenar al a quo que, en función de tales elementos, emita nueva sentencia monitoria, en la que disponga llevar adelante la ejecución contra los sucesores a título individual y/o universal del Sr. Mario Ariel Maldonado, notificándolos por edictos (cfr. arts. 455, 145 y ccds. del C.P.C.). ---------- --------- De las resultas de lo que entonces suceda, y en uso de las atribuciones de la Inferior como directora del proceso, deberá disponer lo que considere pertinente en cuanto al destino de la acción instaurada. -------------------- --------- La solución que elaboramos está informada por una tónica de ecuanimidad, buscando conservar la utilidad del proceso de ejecución (ante el derecho del Estado Provincial de perseguir compulsoriamente lo que considera son sus acreencias, tema que se conecta con el derecho de propiedad); preservar el principio de economía procesal; eludir matrices de pensamiento disfuncionalmente formalistas, y dejar suficiente espacio para la activación de las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional (C.N.), normativa concordante con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional -art. 75, inc. 22, párrafo segundo, de la Carta Magna Federal- y art. 33 de la Constitución Provincial), en resguardo de la actora y de herederos y/o sucesores (a cualquier título) del demandado originario. ----------------------------------------- --------- En esa línea, consideramos que la interpretación y la aplicación jurídicas que efectuamos se adecua a una concepción sustancialista y no meramente formal del derecho (C.S.J.N., "Crocitta, Vicente", 20-12-74, El Derecho, 64-349 -considerando 8°- ; cit. en Bertolino, Pedro J., La verdad jurídica objetiva, Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 9, nota 15); lo que -en definitiva- desnuda una posición subyacente favorable a considerar que las exigencias legales no constituyen un ritual vacío y puramente formal, pues tienen por finalidad asegurar la defensa de los derechos (ver Cám. Nac. Civ., sala D, 13-07-71, "Astrain de Mariño, María E. c/ Gorosito Córdoba de Poggio, Josefa y ot.", El Derecho, 41-699; precedente aludido en Bertolino, Pedro J., ob. cit., p. 10, nota 18). --------------------------------------------------------- --------- Por lo expuesto, normas legales y jurisprudencias citadas y especiales particularidades de la presente causa, Se Resuelve: ----------------------- --------- 1) En uso de la jurisdicción del Tribunal activada por el recurso de fs. 39/41 contra el resolutorio de fs. 37/38, se dispone revocarlo, retrotraer el proceso y ordenar al a quo que, en función de los elementos aquí examinados, dicte una nueva sentencia monitoria, en la que determine llevar adelante la ejecución contra los sucesores a título individual y/o universal del Sr. Mario Ariel Maldonado, los que deberán ser notificados por edictos. --------------------- --------- 2) Ordenar se protocolice la presente, se agregue copia autorizada a los autos, se notifique y se proceda a bajar el expediente, previa reposición de sellado si así correspondiere. ------------------------------------------------- Fdo.: Víctor Bazán - Juez; María Esthela Tonelli - Juez.

P. de A. N° 91, fs. 135/140.-