marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL
Carátula: Rada Enrique Fernando y otros c/ Banco de Río Negro S.A. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-11-16

El daño contractual resulta de la inejecución o mal cumplimiento de un deber específico que previamente v
Juicio ejecutivo, intimación de pago, notificación, domicilio legal, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Centro Living S.R.L. c/ Salim, Ramón Antonio s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-03-18

En el juicio ejecutivo las diligencias de intimación de pago y citación de remate resultan esenciales e irrenunciables -art. 543 C.P.C.- por cuanto su omisión o defecto pueden causar indefensión, afectando la garantía constitucional de la libre defensa en juicio.

Razón por la que adquiere relevancia la notificación de dichos actos procesales, ya que el ejecutado debe saber por qué se le ha promovido ejecución a fin de poder allanarse o formular las excepciones que tuviese, si las pretensiones del actor no fuesen justas, debiendo confirmarse el fallo del Inferior que declara la nulidad de las actuaciones, basándose en que la notificación del mandamiento se efectuó en un domicilio distinto del que constaba en el pagaré base de la acción, ya que si bien en el caso se facultó al oficial de justicia para denunciar nuevos domicilios, debe entenderse como una alternativa posterior al resultado que depare en el domicilio impuesto, al cual el Juez ordenó notificar el mandamiento.
Aplicación de la ley, impugnación de deuda impositiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Guacars S.A c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-05

Debe señalarse que las cooperativas de trabajo no pueden actuar como empresas de servicios eventuales, es decir, como colocadoras de personal en terceros establecimientos, pues ésta es una forma sencilla de alterar toda la estructura de la ley laboral y de privar de la tutela respectiva al personal, so pretexto de la existencia de actos cooperativos entre el trabajador y la empresa en donde preste servicios (cfr. "Bazán, Ernani c/ Sideco Americana S.A. y otro", CNTrab., Sala I, sent. de fecha 18.10.94, DT 1995-A, 1019). Si el trabajador fue destinado a prestar servicios en una empresa por intermedio de una cooperativa de trabajo, se torna aplicable lo normado por el art. 29 de la ley de contrato de trabajo (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI- B, 1175) y, por ello, el trabajador será considerado empleado directo de quien utilice su prestación, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto concierten los terceros contratantes y la empresa para la cual el trabajador preste servicios. (Del voto del Dr. Milano).
Estafa, cheque
Materia: PENAL
Carátula: Dimitri, Jorge Vicente s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-11-18

Surge en forma indubitable que a la fecha del libramiento de los cheques -en operación reconocida por el encartado-, la cuenta se encontraba cerrada según informe que obra en la causa. Siendo ello así, estamos en presencia de lo que se intitula como desnaturalización del cheque toda vez que al tiempo de su libramiento, los documentos dados en pago no contaban con posibilidad alguna de cobro ante un eventual depósito. El auto de procesamiento apelado se ajusta a derecho, por lo que cabe confirmarlo en todos sus términos.
Despido, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Ravida, Atilio Luis c/ San Antonio Internacional SA s/ despido c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-29

El actor se agravia porque la sentenciante concluyó que su voluntad no se encontró viciada en ocasión de suscribir un acuerdo de desvinculación. Los litigantes pactaron la extinción del vínculo por "mutuo acuerdo" formalizado en escritura pública de conformidad con lo dispuesto en el art. 241 LCT meses después de que el Ministerio de Trabajo dejara sin efecto el despido del actor que la empresa dispusiera con fundamento en el art. 247 LCT. El despido resultó encubierto y no de "mutuo acuerdo". En una supuesta crisis general del sector petrolero que habría afectado gravemente a la empresa, la empleadora presionó sistemáticamente al actor y parte del personal, para que firmaran el citado "mutuo acuerdo" bajo la amenaza de que, de no hacerlo, podrían ser despedidos sin indemnización alguna. La manifestación efectuada por las partes en el mismo acuerdo (art. 241 LCT) bastaría para disolver el contrato sin responsabilidad indemnizatoria alguna. Ello denota el reconocimiento de que el actor tenía derecho a la percepción de sumas "legales". El convenio extintivo, no fue fruto de una libre negociación entre los litigantes, sino que derivó de una imposición unilateral de la sociedad accionada que no refleja la real voluntad del actor, de manera que encubrió la existencia de un despido directo, máxime cuando no existen dudas de que la intención original de la empresa fue despedir al trabajador bajo la injustificada invocación del art. 247 LCT, ya que ni siquiera se han demostrado concretas circunstancias que hubieran legitimado esa ruptura en los términos de dicha disposición legal. La afectación del discernimiento y la libertad del trabajador al tiempo de suscribir el acto rescisorio se ve confirmado con la declaración testimonial de quienes se habrían encontrado en igual o similar situación. Es claro que ha mediado un vicio de la voluntad del trabajador en la concreción del acuerdo pues fue instigado a aceptar las condiciones que unilateralmente impuso la empleadora a los efectos de extinguir la relación (conf. art. 275 del Código Civil y Comercial de la Nación). Lo pactado le irroga al trabajador un perjuicio patrimonial al haber percibido una suma inferior a la que le hubiese correspondido por la reparación tarifada del despido incausado, por lo que el convenio en estudio debe invalidarse (conf. art. 332 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Jubilaciones, pensiones, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Triaca, José Manuel c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

Debe computarse a los fines jubilatorios y a fin de incrementar la bonificación por antigüedad el período trabajado como médico residente, pues la situación queda comprendida en los términos de la ley 9650 (arts. 2, 13 y 17) y su decreto reglamentario 476/81 (art. 2).
Locación de obra, precio, pago, planos y proyectos, obra no realizada
Materia: CIVIL
Carátula: GIGLIO, Horacio R. c/ COOPERATIVA  DE  VIVIENDA  PRODUCCION Y CONSUMO "22 DE ABRIL" Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

La ejecución de planos y proyectos encomendados a un profesional con miras a levantar una construcción, aunque luego no se realice, constituye la prestación de un contrato bilateral que debe ser retribuida (art. 1627 del Código Civil), salvo que no se ajuste a lo previsto o que su ejecución sea defectuosa.
Legitimación procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: JOZAMI JOSE EMILIO c/ JULIAN ABDALA Y OTRO s/ EJECUCION HIPOTECARIA - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-01

La legitimación procesal es un presupuesto esencial para el nacimiento de una relación procesal válida y, por lo tanto, lo concerniente a la representación en juicio (inexistencia, falta o insuficiencia del mandato) compromete el orden público, no se convalida por la falta de impugnación por la contraria y, en tal caso, debe ser declarada de oficio por el juez ya que no es posible dar curso a un planteo efectuado -por sí o por mandatario-, por quien no sea titular de los derechos en litigio.
Recurso de casación penal, resoluciones equiparables a definitiva, suspensión del juicio a prueba, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Z., J. M. s/ Abuso sexual (expte.n°226 -año 2010).
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-02-04

Resulta admisible el recurso de casación interpuesto por la parte querellante, toda vez que -cumplidos los requisitos formales- el recurrente cuestiona la resolución que otorga la suspensión del juicio a prueba al imputado del delito de abuso sexual simple, invocando el quejoso la inobservancia de las normas del código procesal establecidas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad (art. 415, inc. 2, del CPP y C), ya que se habría incurrido en arbitrariedad, por ser inmotivada e infundada, en tanto se limita, a los fines de evaluar la procedencia del beneficio solicitado por el imputado, a efectuar una operación matemática aplicando el criterio del fallo "Acosta" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin que se hayan valorado las particularidades del presente caso, las pruebas y la gravedad del tema en análisis -abuso sexual infantil-.
Hurto simple, dependientes
Materia: PENAL
Carátula: SCARPIN, P. I. s/ HURTO - ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-30

La empleada de un ente comercial que se apropia de la diferencia de dinero entre lo que cobró y lo que debía cobrar comete el delito de hurto. Dicho ente es el que vende y recibe el precio en la persona del dependiente, de forma que éste no adquiere una tenencia autónoma del dinero que necesita rendir sino que se sirve de la tenencia ajena de su empleadora.

Debe descartarse una disposición patrimonial perjudicial por parte de la adquirente de la mercadería que pagó el mayor precio, dado que libremente aceptó abonarlo y obtuvo exactamente lo que había comprado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Zuccoli, Marcela A. c/ SUM S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-02

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que pretende cuestionar el monto indemnizatorio sin ocuparse de rebatir el método de cálculo utilizado por el tribunal a quo.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), visitas íntimas, pena privativa de la libertad, libertad de circulación, derechos y garantías constitucionales, derecho a la privacidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Ammannato, Rodolfo E. s/ Derechos y Garantías constitucionales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-09

Debe hacerse lugar al recurso, y permitirse la realización de visitas íntimas al condenado, ya que la imposición de una pena delictiva implica la privación, únicamente del derecho ambulatorio, pero no de los demás, que toda sociedad acuerda a sus ciudadanos (art. 5 y ss. del C.P.). Por otro lado, y dado que tal derecho no se halla expresamente prohibido (art. 497, C.P.P), debe concluirse que se halla permitido (art. 19 de la Constitución Nacional), máxime si se considera que tras veinte años de detención efectiva, rechazar el pedido en cuestión implicaría colocar un grave obstáculo a la resocialización del condenado, impulsándolo a realizar posibles actos contrarios a la moral y las buenas costumbres.
Testigos de Jehová, libertad de cultos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, Miguel Angel s/ Certificación de firma
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

Quien invoca la objeción de conciencia, debe acreditar la sinceridad y seriedad de sus creencias, verbigracia, la pertenencia al culto que dice profesar.
Recurso extraordinario federal, fundamentación del recurso, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: I. D. G. Y. O. s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD Y CORRUPCION. INCIDENTE DE RECUSACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-25

La necesidad de que este tribunal analice la plausibilidad de los fundamentos y su suficiencia para atacar la sentencia, resulta de la acordada 4 de la Excma. CSJN, en cuyos apartados b) a e) del punto 3 de su anexo, refieren explícitamente a requisitos de fundamentación y cuyo punto 11, segundo párrafo, segunda oración, obliga al tribunal ante quien se interpone el recurso a denegarlo cuando no se satisfacen esos requisitos, facultando a hacerlo con la mención de la norma reglamentaria, por remisión a su primer párrafo. Sin embargo, este tribunal analizará la concurrencia o no de dichos requisitos y, en caso de denegarlo, lo hará fundadamente.

Esa necesidad de fundar este aspecto, así como la facultad y deber de analizar la suficiencia argumentativa del recurso a los efectos de decidir sobre su concesión o no, resultan con claridad de un recientísimo fallo de la CSJN (Frente Cívico y Federal U.C.R. - CONFE en JO 607, 'Naman, María Alejandra s/ formula reservas cas -21 de mayo de 2013), en el cual el Supremo Tribunal Nacional, al anular por segunda vez la concesión de un recurso extraordinario por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, recordó que la primera nulidad se había basado en la patente inobservancia del recaudo de fundamentación exigido en reiterados y conocidos precedentes del Tribunal (Fallos: 310:2122 y 2306; 315:1589, entre otros), censurando a la segunda concesión que "el tribunal a quo ha desoído el enfático mandato impuesto en el anterior pronunciamiento anulatorio de esta Corte, pues reincide en omitir la realización de un juicio fundado de admisibilidad en la medida en que se limita a enunciar parcialmente los agravios de la recurrente, pero prescinde de todo examen -categórico y circunstanciado- sobre si cada uno de los motivos invocados cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a un supuesto de la arbitrariedad que se pregona." Agregando que todas estas cuestiones planteadas en el recurso "no han merecido ninguna clase de examen por parte del tribunal a quo, que se limitó a afirmar -por un lado- que la denuncia del estado de indefensión es suficiente para la concesión del recurso, y que la concurrencia de la hipótesis prevista en el art. 14, inc. 3°, de la ley 48 se verificaría por encontrarse la interpretación de las normas provinciales en posible pugna con diversas cláusulas de tratados internacionales." Es decir que el cimero tribunal nacional impone al tribunal ante el cual se interpone el recurso un riguroso análisis de la fundamentación del mismo para concederlo.

DRES.: CARAMUTI - ARCE - PRIETO.
Ejecución hipotecaria, sentencia, revocación de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: E.G.3. S.A. c/ Bonomi, Hugo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-04

Si el juez de primera instancia el libramiento del oficio al banco para que hiciera entrega al letrado apoderado de la actora de la suma en dólares o su equivalente en pesos a la cotización vigente en el mercado libre de cambios, tipo vendedor, y dicha medida se hizo efectiva sin esperar a que el proveído fuese consentido por el demandado), ni conferir traslado del planteo de inconstitucionalidad de las normas de emergencia formulado por la acreedora en el escrito en que había requerido la liberación de los fondos -circunstancia que impidió al ejecutado oponerse en tiempo útil a su extracción-, cabe revocar la sentencia de cámara que rechazó la aplicación de tales normas y ordenar a la acreedora a practicar una nueva liquidación, debiendo computar las sumas percibidas.
Poder Judicial, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANTILLAN LUNA ROQUE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-13

El Poder Judicial no puede sustituír a la administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad para efectuar designaciones o promociones en los cargos. Con ello, la competencia del órgano jurisdiccional, queda acotada al control de legalidad administrativa.-
Juicio de desalojo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chale, Omar Alfredo c/ Ponce, Carlos Daniel y Ledesma, María Inés s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25

Si el juez declaró la rebeldía de la accionada y le dio por perdido el derecho de contestar la demanda, importando con ello reputarla notificada previamente, no puede luego imponerle las costas de la actora-vencedora en base al fundamento de que no se ha notificado en forma procesal válida el traslado de la demanda -realizada en el domicilio convencional fijado que en el caso coincide con la ubicación del inmueble locado- ni haber existido oposición de la contraparte. Tal resolución se aparta, sin razón, del principio objetivo de la derrota.-
Revocación de sentencia, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, errónea apreciación de la prueba, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, conducción marcha atrás, deber de obrar con prudencia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Fleitas, Francisco c/ Insaurralde, Héctor Felipe y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que omitió examinar lo expresado con referencia a que el conductor del vehículo no había adoptado los recaudos necesarios para efectuar la maniobra de retroceso que condujo al accidente, prescindiendo no sólo de la prueba que había ponderado la alzada a los efectos de fundar esa afirmación, sino también de las demás consideraciones que la llevaron a tener por acreditada la falta de control y precaución que atribuyó a aquél (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Trata de personas, suministro de estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CARDOZO, Sergio Raúl y NONINO, Antonio Gabriel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-25

El propósito que guiaba el accionar delictivo, ha quedado asimismo acreditado a partir de que quedó demostrado que el imputado les informó a las víctimas que trabajarían para él ejerciendo la prostitución, que sería el mismo quien se encargaría se conseguirles clientes y que les otorgaría un porcentaje de lo que ganaran. Resultó acertadamente valorada por el a quo la circunstancia de que las muestras de cocaína halladas en la habitación del hotel en donde se alojaban las víctimas, y la encontrada en poder del imputado, presentaran similitud en sus determinaciones, por lo que se pudo afirmar su pertenencia a un mismo corte, ello confirma la veracidad de las declaraciones de las víctimas referidas a quien les suministraba la sustancia estupefaciente que ellas consumían y, a su vez, descarta la hipótesis argumentada por la defensa relativa a que el imputado desconocía el origen de las drogas suministradas.
Simulación, venta anterior al embargo, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL
Carátula: COGAN GAS SAUL c/ ARENALES EDUARDO A. s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-16

Hay simulación si el deudor enajenó un bien pocos días antes de decretado un embargo en su contra conociéndose la existencia del juicio ejecutivo (conf. C. Civ. 2da. Cap. L.L. 2-128; C.N.Civ. Sala C. L. 265.419 del 5-2-81).-
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, doctrina de la arbitrariedad, juicio, integración de la litis, sentencia, incongruencia, prescripción adquisitiva, posesión
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CARDOZO SANCHEZ, MARIO CARMELINO c/ YATZKAIER, SAMUEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-31

Mediante el cauce argumental alternativo, que implicó exigir del accionante la prueba desvirtuante de la presunción contenida en el artículo 2353 del Código Civil -ya sea con arreglo al artículo 2458 del mismo cuerpo legal, o bien, mediante un acto de la coheredera de renuncia o cesión de sus derechos hereditarios- en orden a prescribir iure propio con carácter exclusivo y excluyente, la Sala ha desconocido el sentido evidente de la postura asumida por el demandante al trabarse el diferendo. Ello así toda vez que se trata de una demanda de usucapión respecto de un inmueble poseído por la causante, entablada por un heredero de ésta -en carácter de tal- contra su titular registral quien, por resultar extraño a la linea sucesoria, sitúa al caso en el plano de las relaciones externas de la comunidad hereditaria; mientras que el tramo del razonamiento sentencial bajo análisis, en cuanto supuso indagar si alguno de los coherederos de la primigenia poseedora había comenzado en determinado momento a poseer con exclusividad la totalidad del bien, excluyendo a sus comuneros, importó inmiscuirse en un ámbito ajeno a la pretensión esgrimida: el de las relaciones internas de la comunidad; resultando así descalificable el pronunciamiento con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Netri, Gastaldi y Erbetta).
Delito de acción pública, facultades del querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M.Q., S. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-14

Julio B.J. Maier enseña que: "(...) sería posible admitir que las leyes procesales locales instituyan al querellante particular y regulen su actuación. Ello sería legítimo, pero sólo dentro de ciertos límites. Aún en este caso no se podría desconocer que el único legitimado principal a perseguir penalmente es el mismo Estado por intermedio de sus órganos y, por ende, el querellante en los delitos de acción pública sólo podría intervenir como adherente a esa persecución, sin poder para provocar por sí mismo la reacción estatal. Esto significa que su acción sería accesoria a la del órgano estatal que persigue penalmente y sólo se podría ejercer mientras ésta esté pendiente o se mantenga su ejercicio. La advertencia se nota, por ejemplo en el tema de los recursos contra las decisiones jurisdiccionales porque, al regir aquí nuevamente el principio dispositivo, no se podría sostener que el querellante particular recurra autónomamente, cuando no lo hace el Ministerio Público, provocando de esa manera la eliminación de una decisión judicial favorable o aceptada por el imputado, o su revocación y reforma en su contra".
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martín & Cía. Ltda. SA c/ Nación s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1963-09-06

El control de constitucionalidad que la ley encomienda, en último término, a la Corte Suprema, tiende a asegurar la observancia del orden jerárquico de las normas que rigen en la República, tanto en el ámbito nacional como provincial.