Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-03


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 3 de 2010.

1. La demandada apeló la resolución copiada en fs. 11/12 en tanto calificó al crédito causado en la imposición de astreintes como de naturaleza posconcursal (fs. 16).

Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 24/25 y resistidos en fs. 28/29.

2. Luce incontrovertido que tanto el incumplimiento de la demandada como la consecuente imposición de las astreintes que decidió el juez a quo son de fecha anterior a que Antonio Barillari S.A. presentase su concurso preventivo ante el Juzgado nº 16 del fuero, pues esto último tuvo lugar el 28.11.08 y la resolución que impuso las sanciones fue dictada el 30.6.08.

Esa objetiva comprobación es suficiente para admitir el recurso.

La conducta reprochable de la demandada fue la que justificó la imposición de astreintes al incumplidor. Pero fue esa decisión judicial el efectivo título que autorizó este medio de compulsión al tratarse de la imposición judicial de una condena pecuniaria destinada a impulsar al deudor a cumplir con lo debido (art. 666 bis código civil; Llambías J. J., Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, T. I, página 93).

Como fue adelantado, ambos hechos (el incumplimiento y la decisión judicial), son anteriores a la fecha del concursamiento de Antonio Barilari S.A., lo cual permite reconocerlo como un crédito concursal. Es que, como fue dicho, su causa o título (LCQ 32), es anterior a la presentación en concurso, lo cual lo vuelve un eventual crédito concurrente.

La Sala no ignora que la confirmación de aquella decisión de la instancia anterior ocurrió una vez que la recurrente había solicitado el remedio concursal.

Sin embargo ello no modifica el título de la obligación, pues la Cámara sólo ha confirmado la sentencia en recurso.

Nada modifica la solución, que se hubiere dispuesto su devengamiento sólo cuando el pronunciamiento judicial adquirió firmeza. Tal aspecto sólo atiende el dies a quo de su cálculo, pero en nada modifica los elementos básicos de aquella obligación.

Cabe recordar que mediante las astreintes, se intenta presionar al deudor a que cese su resistencia a cumplir la manda judicial. Y en esta finalidad, según se ha dicho, mira el futuro pues sólo alcanza en su punición a quien luego de dictada persista en su desafuero (Llambías J. J., obra y tomo citados, página 101).

Desde una óptica concursal, la ley 24.522 no tiene en cuenta cuándo la deuda se hace exigible, como parece sugerir la parte actora sino cuando nace, porque justamente la noción legal se remonta al origen de la obligación.

Esta es la razón por la cual en los concursos también se verifican créditos condicionales o eventuales, aunque con el carácter de tales, pese a que la condición venza después de la apertura (Di Tullio José A., Teoría y práctica de la verificación de créditos, Buenos Aires, 2006, págs. 10/11).

De ello se deriva que un acreedor con título posterior, pero causa anterior, no constituya un acreedor posconcursal (Truffat E. Daniel, Procedimientos de admisión al pasivo concursal, Buenos Aires, 2000, pág. 51), como así resolvió esta alzada mercantil en los casos en que el organismo fiscal de recaudación promovió la verificación de multas por infracciones preconcursales pero que fueron determinadas con posterioridad a ese hito (CNCom Sala A, 7.11.89, "Cerraduras y Laminación SAIC s/pedido de quiebra por Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires"; íd., Sala B, 22.12.98, "Fibrosur S.A. s/quiebra s/inc. de verificación por Administración Nacional de Aduanas"; íd., Sala E, 7.10.04, "Atropos SRL s/quiebra s/inc. de revisión por Fisco Nacional DGI"; esta Sala, 18.3.08, "Inhea S.A. s/ quiebra s/ incidente de revisión promovida por D.G.I."; íd., 31.10.01, "Hilu Hnos S.A. s/quiebra s/inc. de verificación de crédito promovido por GCBA").

Por ello corresponde revocar el veredicto de grado.

De todos modos, y dada las particularidades de esta cuestión litigiosa resulta pertinente distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 69 código procesal).

3. Por lo expuesto se Resuelve:

Revocar lo decidido en fs. 11/12.

Costas por su orden.

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes.

El señor Juez Juan José Dieuzeide no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 30 RLRJN). Es copia fiel de fs. 34/35. -Pablo D. Heredia. - Gerardo G. Vassallo.