marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, inadmisibilidad del recurso, exhortos
Materia: PROCESAL
Carátula: Catalá, Hugo Francisco s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1988-10-20

Debe desestimarse "in límine" el recurso de amparo deducido contra un acto jurisdiccional dictado por un magistrado de otra provincia en causa que se sustancia ante el mismo, más todavía cuando no se fundamenta en transgresiones a las normas de la Ley Nacional Nro.

17.000 y Provincial Nro. 3.219 que regulan el régimen de la tramitación de exhorto.
Instrucción sumaria, autoría, participación necesaria, participación secundaria, flagrancia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GILLETE, Gabriel O. s/ INSTRUCCION SUMARIA:ALCANCES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-23

No es posible escindir, a los efectos del procedimiento a aplicar, las conductas de autor y partícipes, siendo que éstos últimos, conforme al principio de accesoriedad que rige la materia, siguen la suerte del hecho principal. Por ende, si el imputado fue sorprendido en flagrancia y no procedía la prisión preventiva, por lo cual, en definitiva, se implementó la instrucción sumaria, la misma también alcanza a todo aquél que haya participado en sentido estricto.
Aclaratoria (procesal), admisibilidad formal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pieza Separada Brescia José en J: Jorge Sánchez y Cía s/ Actualización Honorarios (LIBRO: A108 - 310)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-09-06

El recurso de aclaratoria, en principio, resulta procedente solo respecto de la parte dispositiva, pues los fundamentos no causan agravios y no admiten recurso
Homicidio culposo, accidente de tránsito, acción civil en el proceso penal, indemnización, fundamentación suficiente, insuficiencia del agravio
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Córdoba, Arturo R. s/ Recurso de Casación interpuesto por la Dra. María C. Ponferrada en contra de Sentencia Nº 75/2013 de Expte. Nº 040/10: Córdoba, Arturo R. Homicidio Culposo, etc., Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-08-22

El Juzgado Correccional resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda civil incoada en autos (homicidio culposo)y ordenó al imputado, al civilmente responsable y a la compañía aseguradora citada en garantía pagar a la actora la suma de $418.680 (pesos cuatrocientos dieciocho mil seiscientos ochenta), en concepto de pérdida de chance ($248.680), daño emergente (13.000), daño psicológico ($37.440) y daño moral ($120.000).

Contra esa decisión, la representante legal de la condenada citada en garantía "Caja de Seguros S.A." deduce este recurso de casación.

Después de estudiar las cuestiones traídas en el recurso, opino que algunas son insuficientes a los pretendidos fines de conmover las partes impugnadas de la sentencia recurrida, en tanto los argumentos presentados no demuestran la arbitrariedad denunciada.

Tampoco tiene suficiente fundamento el agravio vinculado con la pérdida de chance. Así lo considero en tanto, aunque la víctima no era una alumna avanzada (con 17 años de edad cursaba el primer año de la secundaria), ese único dato carece de la relevancia que le es asignada en el recurso debido a que, objetivamente considerada, no basta para concluir que no completaría ese ciclo ni para desestimar sus posibilidad de acceder a un empleo y a un salario dignos. Así lo considero, también, en tanto no fue acreditada ni invocada disminución intelectual o física alguna de la víctima que afectara su capacidad productiva y frustrara sus posibilidades en el campo laboral tornando improbable que en el futuro ella contribuyera al sostén o ayuda de sus padres. La chance es, por su naturaleza, sólo una posibilidad en la que concurre un álea o cuota de incertidumbre. Sin embargo, según la experiencia, ese álea no impide admitir como cierta la posibilidad de ingresos de la víctima ni el sostén o ayuda que ella podría haber brindado a sus progenitores de no haber fallecido como consecuencia del hecho reprochado en la condena penal. Por la existencia de ese álea, tampoco cabe exigir certeza sobre la cuantía de esos ingresos y de esa ayuda por lo que su cuantificación queda librada al prudente arbitrio judicial. Por ello, estimo acertado el fallo en tanto ordena indemnizar el daño sufrido por los progenitores de la víctima, por la frustración cierta de la esperanza legítima que tenían, de ser asistidos económicamente por su hija, malograda por el hecho dañoso del imputado condenado penalmente.
Juicio ejecutivo, ejecución prendaria
Materia: PROCESAL
Carátula: CICULO DE INVERSORES S.A. c/ IMPERIO S.A. s/ EJECUTIVO PRENDARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-22

Si bien el art. 34 de la Ley 12.962, ratificatoria del Dec. Ley 15.348/46, dispone que la iniciación del juicio de ejecución prendaria implica la apertura de un concurso especial con los bienes que comprende, ello no significa que el acreedor carezca de otros medios para la satisfacción de su crédito puesto que ello implicaría empeorar su situación, cuando precisamente el derecho real de prenda está encaminado a reforzar su pretensión creditoria.
Verificación de créditos, certificado de deuda, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: AFIP-DGI s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-22

"La posibilidad de confeccionar las constancias de deuda no relevan al organismo oficial a expresar una adecuada justificación de los créditos que dice tener, exponiendo cuales son sus fundamentos y cuales fueron las pautas utilizadas para su determinación".
Actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cormar S.R.L. c/ Venturino Eshiur S.A. s/ Restitución de tubo y/o daños y perjuicios Ramognini, Juan Carlos c/ Davila, Heydelberg s/ Incidente de desindexación ley 24283
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04|1995-08-31

Es condición de procedencia para la pretensión desindexatoria que se plantea con posterioridad a que medie sentencia firme, la consignación a la orden del tribunal interviniente del importe que el deudor estime (debiendo demostrar "prima facie" la corrección de sus cálculos) que representa el valor real y actual del bien litigioso comprometido en la causa respectiva.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: G., T. S- Medida de Protección, Expte. Nº7468 c/  s/ incidente legajo apelación efecto devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-07-05

Dentro del marco de la medida de protección integral decretada -prohibición de acercamiento de ambos padres respecto de su hija-, es de hacer notar que el concepto de "interés superior del niño" se torna operativo y exige anteponer éste al de los adultos, cuando ambos se encuentren en tensión. Los caracteres que, en cada caso, hacen de esa norma superior y principio rector una de carácter plenamente operativo en tanto y en cuanto se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, de modo que su determinación en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios (Confr.: CIDH "Forneron e hija vs. Argentina", sentencia del 27 de abril de 2012).
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROSALES S.R.L. c/ ERNESTO REINA S.A. s/ Cobro de Alquileres (LIBRO: S111 - 401)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-10-23

Debe el demandante vencido soportar el pago de los gastos causídicos a tenor de lo estatuído en las precitadas normas procesales, inspiradas en la doctrina chiovendana de la derrota...
Responsabilidad civil, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Picciano Roque Gerardo y otra. c/ Establecimiento  Educativo  Esc.  Nac.  Técnica  Electrónica  N. 2 de Haedo y otro. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-26

El daño que reconoce como única causa la culpa de su víctima -en la cuestión se trataba de las lesiones sufridas por un agente de la Policía, que accidentalmente disparó su arma contra sí mismo, produciéndose múltiples heridas-, no determina ninguna responsabilidad a cargo de otra persona, encuadrando el hecho en lo dispuesto por el art. 1111 del Código Civil que establece que "el hecho que no causa daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna". Porque la culpa exclusiva de la víctima es suficiente para excusar la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa pues aquella circunstancia corta el nexo causal del daño con el vicio o riesgo de la cosa.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Jorge Andrés NEVILLE c/ BANCO POPULAR ARGENTINO  S.A. s/ DERECHOS  ADQUIRIDOS  -  IGUALDAD  -  LEY - RAZONABILIDAD DE LA LEY -  EMPLEADOS  BANCARIOS - ESTABILIDAD - PODER  JUDICIAL  -  CONTRATO  DE  TRABAJO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

El inexcusable ajuste que las disposiciones legales han de guardar a la garantía de la igualdad ante la ley, pide a quienes han de dictarlas que, en palabras de acendrado origen, unan lo que se debe unir y dividan lo que se debe dividir.
Contrato de obra pública, mayores costos, certificados de obra, responsabilidad del Estado, obligaciones del contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIALCO S.A.C.I.C.I. y OTRO c/ D.N.V. s/ CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-05

En el régimen de la ley 12.910 que posibilitó el reconocimiento de los mayores costos, no es el contratista sino la administración quien resuelve sobre su procedencia (art. 2), y emite los certificados periódicamente (art. 2 del decr. 2348/76), reglamentario el art. 6 de la ley 12.910) y a medida del avance de la obra. El procedimiento de certificación y verificación o medición se realiza en común por contratista y administración pero necesariamente debe culminar en un acto propio de ésta: la emisión del certificado de obra que le permitirá a su cocontratante percibir el monto correspondiente o negociarlo (Sala IV del Fuero en la causa Emaco , del 7 de marzo de 1985).
Recurso de casación, queja por casación denegada
Materia: PROCESAL
Carátula: MIGUEL ARMANDO CORDOBA LANUS Y OTRA c/ MAXIMO ALBERTO IBAZETA Y OTRA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-12-29

De conformidad al sistema casatorio provincial, instituído en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Tucumán, le corresponde al Tribunal de Alzada emitir un primer juicio acerca de la concurrencia de los recaudos de admisibilidad de este recurso extraordinario local, el que será sometido a un reexamen por esta Corte en oportunidad de resolver el recurso de casación, para el supuesto en que el Tribunal de Segunda Instancia se haya pronunciado por la concesión del mismo; o en la de resolver la queja cuando dicho Tribunal deniega la concesión del recurso extraordinario de casación.
Excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL
Carátula: ARGÜELLES DE IRIONDO, F. y otro c/ CENTRO DE EDUCACION MEDICA s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-02

No procede la excusación de un magistrado por razones de decoro y delicadeza, si se trata de un caso de sensibilidad extrema superable -como haber sido sometido a tratamiento médico en la entidad demandada- pues la integridad de espíritu, la conciencia de su elevada misión y el sentido de responsabilidad que se descuentan en el Sr.

juez, bastan para descartar dicho reparo.
Régimen penitenciario, condiciones de detención, responsabilidad del Estado, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., M. M. A. s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-20

El art. 18 de la C.N. tiene contenido operativo, e impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o la detención preventiva, la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral.
Aportes previsionales, remuneración, jornada reducida
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: UGARTE Y CIA. S.R.L. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-10

Resulta prima facie inadmisible que, por vía de la voluntad colectiva de las partes, se puedan modificar disposiciones legales referidas a la recaudación y sostenimiento del régimen previsional público, como la que se encuentra contemplada en el art. 13 de la ley 18.037.

Pero, desde otro punto de vista, si bien no puede desconocerse que dicha norma tiende a evitar el fraude, "resulta necesario examinar con precaución las diversas situaciones para no obtener resultados contraproducentes, sobre todo en los casos de prestaciones de servicios con jornadas reducidas" (cfr. Roberto Wassner, "Manual de Jubilaciones y Pensiones", pág. 67). En esa línea de pensamiento corresponde admitir que la excepción legal a la que se refería el citado art. 13 de la ley 18.037, se configura con lo dispuesto por el art. 119 del R.C.T. que admite el pago de remuneraciones proporcionadas a la jornada de trabajo reducida.
Competencia, prácticas desleales
Materia: LABORAL
Carátula: Nogueira, Liliana Edit y otra c/ Consejo General de Educación s/ Querella por práctica desleal
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-09

La querella por práctica desleal, incoada por las actoras que se desempeñan como docentes, contra el Consejo General de Educación, debe tramitarse ante los tribunales del trabajo de esta provincia, según criterio del S.T.J. en "Martínez Ferraris c/Hospital J.J. de Urquiza-Sumarísimo s/Competencia", del 17/9/97 y, en consonancia con lo prescripto por la norma del artículo 63 inciso 1 a) de la Ley 23551, en relación a lo dispuesto en el artículo 53 de la misma norma.
Suspensión del juicio a prueba, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Tororiello de Boero, Mónica Alejandra s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-26

Si la ley ha querido excluir la posibilidad de suspensión del proceso a prueba en delitos en los que participa un funcionario público en ejercicio de sus funciones, con independencia de las calidades de otros partícipes, esto constituye una elección en el ámbito discrecional de la política criminal que lleva adelante el Congreso, que no puede ser objeto de censura por los jueces, salvo caso de tratamiento arbitrario y discriminatorio. (Dres. García, Yacobucci y Mitchell).
Encubrimiento, lavado de activos, prueba, presunciones
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Orentrajch, Pedro y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

La determinación del hecho base o delito antecedente del lavado de activos resulta "extraordinariamente relevante"; la demostración -mediante prueba indiciaria- del delito básico permite deducir la ejecución del "hecho consecuencia" -el lavado de activos- en tanto exista un enlace preciso y directo entre aquél y éste. Se requiere por tanto, la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico, que permita la exclusión de otros orígenes posibles, no siendo necesaria la superación del plano indiciario, ya que la demostración plena de esos vínculos nos conduciría a la valoración de la conducta del presunto autor como una forma de participación en el delito antecedente -circunstancia ajena al delito en cuestión-. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi).
Juicio ejecutivo, cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Bondar de Fluma, María Nélida s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-03

Los intereses punitorios que tienden a conminar y a la vez a penar o sancionar al deudor incumplidor, participan de la naturaleza de una pena civil, cuya particularidad está dada por la índole y el modo de fijarse o determinarse por las partes. De tal modo, como los intereses punitorios -"stricto sensu"- tienen origen convencional y del examen del título ejecutivo sobre el cual se asienta la ejecución y que debido a los caracteres de literalidad, abstracción y autonomía que lo tipifican, impide acudir al negocio jurídico sustancial que le dio origen, descarta que las partes los hayan acordado, no corresponde condenar a pagar dichos intereses si no ha existido pacto específico que los establezca (art. 622 Código Civil).
Aplicación de la ley, incapacidad, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bravo, Cesar Roberto c/ Prevención Art Sa s/ enfermedad profesional con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-20

La parte que alegó la exclusión sobre la cual recaía la carga de la prueba de la misma y en el caso la demandada no acompañó la totalidad de documental en su poder al contestar demanda (la cual posteriormente agregó por pedido de la contraria), ni instó que se ponga en conocimiento del perito la presentada por la empleadora luego de realizada la pericia para su consideración y que formule las aclaraciones necesarias, como tampoco requirió al perito los estudios ni los puntos periciales en los que funda su crítica y no solicita el replanteo de la pericia.
Ejecución de la pena, libertad asistida, fundamentación suficiente, informe de establecimiento penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Porqueres, Walter Fabián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-22

La disidencia consideró que el juez del tribunal a cargo de la ejecución de la pena ha aplicado correctamente la normativa al caso -art. 54 ley 24.660-, resolución que luce una fundamentación suficiente, toda vez que, para denegar el beneficio incoado, ejerció el debido control de los informes labrados por la autoridad penitenciaria, y de los expertos del cuerpo médico forense, sin advertirse la errónea aplicación de la ley sustantiva alegada. (Dr. Borinsky).
Contratos civiles, dolo, prueba del contrato, carga de la prueba, desistimiento
Materia: CIVIL
Carátula: CONSTANTINIDIS, José Miguel c/ ANIISUD, Fábrica de Anilinas y Productos Químicos S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-05

El dolo contractual, exige una adecuada invocación y prueba por parte de quien se beneficiaría con la mayor extensión de resarcimiento que el mismo importa. Recuerda Bustamante Alsina que la prueba del dolo corresponde a quien lo alega, pudiendo utilizar toda clase de medios legales para demostrar la existencia de este fenómeno de conciencia (Teoría General de la Responsabilidad Civil, página 244 y concordantes).

Si el dolo o malicia contractual ha sido tipificado como el incumplimiento deliberado, como el no cumplir pudiendo hacerlo, la alteración de la conducta debida no reviste dichas características si el debido cumplimiento importaba duplicar la erogación prevista y el supuesto desistimiento, aún soportando las consecuencias patrimoniales del mismo, se presentaba económica y financieramente admisible.
Cláusula penal, facultades del juez, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: BURWARDT Y  CIA.   SACIF  Y P. c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO - CLAUSULA PENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-29

El principio de la autonomía de la voluntad consagrado por el Código Civil, no significa que las cláusulas penales deban admitirse en forma absoluta. Corresponde a los jueces reducirlas a límites adecuados, cuando su monto resulta abusivo y notoriamente desproporcionado frente a la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso.
Admisibilidad del recurso, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Redengas S.A. c/ Estado Provincial s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-01

La resolución emanada del Ministerio de Economía, constituye la decisión definitiva y causatoria de estado en los términos del artículo 4 del Decreto-Ley N. 7061/83, ratificado por Ley 7504, conforme explícitamente lo establece el artículo 99 del Código Fiscal (t.o. 1997) y, consecuentemente, será a partir de su notificación que comienza a transcurrir el plazo de un año que emerge del artículo 19 del Código ritual para interponer válidamente, la pertinente acción contencioso administrativa ante el Superior Tribunal.
Interés superior del niño, facultades del juez, interpretación de la constitución, Convención sobre los derechos del niño, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La consideración rectora del interés superior del niño que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, lejos de erigirse en una habilitación para prescindir de toda norma jurídica superior, constituye una pauta cierta que orienta y condiciona la decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos, incluyendo, obviamente, a la Corte cuando procede a la hermenéutica de los textos constitucionales (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).