marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Anizán de Gabrielli, Alicia y otro c/ Huerta, Juan Carlos y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

Si la demandante, al exteriorizar su pretensión reparativa por "la pérdida del valor de reventa" de la camioneta, limitó expresamente el alcance de su monto, supeditando su "determinación exacta" a lo que resulte de la pericia mecánica, carece de toda evidencia que el juez no puede acrecentar el porcentaje de desvalorización sin quebrantar el principio de congruencia, en cuanto veda acordar un importe superior al reclamado en la demanda (arts. 34 inc. 4to. y 163 inc. 6to. del cód. proc.), máxime cuando no se hizo salvedad de lo que en más o en menos resulte de la prueba.-
Ministerio Público Fiscal, legitimación procesal, querellante
Materia: PENAL
Carátula: Britos, Ester c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-03

Como consecuencia del monopolio de las potestades punitivas que retiene el moderno Estado de Derecho, dispositivo que constituye la herramienta más poderosa de control (arts. 18 y 75, inc. 12 de la Constitución Nacional), la facultad persecutoria se ha adjudicado a determinados órganos estatales. En el caso argentino, y en consonancia con ese postulado, el art. 120 de nuestra Ley Fundamental reformada en 1994 instituyó al Ministerio Público Fiscal como el órgano que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. A su vez, la legislación procesal penal vigente para las jurisdicciones nacional y federal regula expresamente el ejercicio de la acción penal, reservando su titularidad al Ministerio Público fiscal (arts. 5 y 65 CPPN). Su actuación -en el marco de su actividad específica de la promoción de la acción penal pública- no puede verse, pues, limitada o impuesta por disposición de otros poderes del Estado. Con ese marco constitucional y legal, cabe concordar que la incorporación de la figura del querellante como actor dentro del proceso (art. 82 CPPN) se admita con las restricciones que determina aquella indiscutible titularidad como regla, y que este último precepto señala claramente, al aludir a los alcances que el propio código establece: tales alcances trazan, entonces, el límite que impide afirmar la autonomía del acusador privado. La propia admisión del acusador particular dentro de los ordenamientos procesales en materia penal es materia librada al legislador local, en el marco que le confiere el artículo 5º de la Constitución Nacional, por lo cual, aun su eventual exclusión no alcanzaría a colidir con precepto alguno de superior jerarquía normativa (voto del juez Niño).
Pacto de San José de Costa Rica, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos, estado parte, obligaciones internacionales, observancia de tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de las Penitenciarías de Mendoza. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina c/  s/ Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ Corte Interamericana de derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas provisionales respecto de la República Argentina. c/  s/ Mendoza y en la unidad Gustavo André, de Lavalle, al igual que todas las personas que ingresan a tales centros carcelarios, entre ellos los empleados y funcionarios que prestan servicio en dichos lugares. c/ Rep. Argentina s/ Solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República Argentina.
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-11-22

El fin último de la Convención Americana es la protección eficaz de los derechos humanos y en cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de la misma, deben aquellos dotar a sus disposiciones de un efecto útil, lo que significa la implementación y cumplimiento de las resoluciones emitidas por sus órganos de supervisión, tales como la Comisión Interamericana y la Corte.
Arresto domiciliario, prueba pericial, pericia médica, cuerpo médico forense, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bergés, Jorge Antonio s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-26

Si el a quo concedió el arresto domiciliario sin darle intervención al Cuerpo Médico Forense para que sus integrantes intervinieran en calidad de peritos de oficio para dictaminar sobre el estado actual de salud del detenido, no basó su resolución en estudios científicos que puedan entenderse suficientes, por lo que corresponde descalificar la sentencia por haber mediado arbitrariedad.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, trámites judiciales, cuestión constitucional, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: EQUIMAC SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-12

No integra la materia que debe resolver este Tribunal, la pretensión de que se considere hábil la ampliación de argumentos y planteos de inconstitucionalidad formuladas en el incidente de suspensión del trámite y no en el de caducidad, (y además en fecha posterior a que quedara consentido el decreto que llamó autos para resolver aquel incidente), desde que desconoce los principios de preclusión procesal y de defensa en juicio, ya que este Tribunal no podría válidamente expedirse sobre la inconstitucionalidad planteada, sin oir a la contraparte.
Recurso de casación, suspensión del juicio a prueba, dictamen fiscal
Materia: PENAL
Carátula: JABASE DE FERREIRA  FRANCO ALBA s/ PSA DEFRAUDACION POR SUSCRIPCION ENGAÑOSA DE DOCUMENTO - RECURSO DE CASACION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-04-29

En el sub judice el recurrente finca su agravio en que el sentenciante ha aplicado erróneamente el articulo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal, por cuanto ha considerado vinculante un dictamen fiscal infundado, razón por lo cual debió apartarse del mismo.

La doctrina sostenida por esta Sala en cuanto al requisito del consentimiento del fiscal para habilitar la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis cuarto párrafo C. P.).

Así, en reiteradas oportunidades este Tribunal Superior ha señalado que el consentimiento del Fiscal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba del art. 76 bis, cuarto párrafo, del C.P.
Acción de amparo, bien jurídico protegido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

La interpretación armónica de los textos constitucionales nos conducen a la superación de las eventuales antinomias y omisiones que pudieran existir en el ámbito del amparo regulado por el artículo 17 de la Constitución Provincial. Consecuentemente, no pued e ni debe hablarse de inconstitucionalidad ni de abrogación o derogación de las normas del texto local que se operarían mediante e l artículo 43 de la Constitución Nacional. Esto es así porque, en primer lugar, el artículo 6 de la Constitución Provincial es decisiv o en la materia al decir que "todos los derechos y garantías de la Constitución nacional" (expresos o implícitos) forman parte automáticamente del ordenamiento constitucional de nuestro Estado.

Esto, además, está corroborado por el artículo 17 (recurso de amparo ) dado que el mismo no sólo tutela los derechos reconocidos en la Constitución de la Provincia sino también los contenidos en la Constitución de la Nación. (Del voto del Dr. Ulla).
Legitimación pasiva, servicio público, responsabilidad del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: M. J. A. y otros c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-21

Carece de legitimación pasiva el Estado Nacional por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento o mal cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el concesionario del transporte público, pues del contrato de concesión surge que el concesionario es el responsable de los daños y perjuicios que se produjeran como consecuencia de la actividad o por la utilización o riesgo de los bienes muebles e inmuebles afectados al servicio.
Recurso de casación penal, nulidad absoluta
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MERCANTE LUIS REYNALDO Y OTROS s/ RECURSO DE QUEJA - RESOLUCION RECURRIBLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-09-26

El principio rector en orden a las nulidades absolutas es que el tribunal esta obligado a declararlas 'ex officio' cuando las advierta, medie o no instancia de parte. Luego la insubsanabilidad de aquellas no implica que las partes no puedan oponerlas. La causal de nulidad es corregible por el propio tribunal que la produjo cuando no ha perdido su competencia. Si este no lo hace aquella puede convertirse en motivo de casación cuando se traslada a una sentencia definitiva.
Confirmación de sentencia, medidas cautelares, egreso de divisas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TORRES, EMILIANO GASTÓN C/ EN -M DE DESARROLLO PRODUCTIVO-SECRETARÍA INDUSTRIA Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA S/ MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA) c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-25

Se confirma la resolución de primera instancia que rechazó la medida cautelar. Comunicaciones "A" 7466, y "A" 7532. Imposibilidad de girar divisas para el pago de la mercadería al proveedor del exterior a partir de los 180 días. Medida autosatisfactiva. Requiere bilateralidad y juicio contradictorio. Argumentos brindados no demuestran la manifiesta irrazonabilidad de la normativa cambiaria impugnada, ni permiten tener por acreditados vicios que afecten su validez. Verosimilitud del derecho invocado. Categorización improcedente y límite contrario al real valor acumulado de sus declaraciones no demostrado. El complejo normativo exige el aporte de elementos concernientes a las condiciones de su aplicación, lo que excede el instituto cautelar. Las restricciones conciernen a la particular situación del importador y sus operaciones precedentes y a las condiciones de aplicación y como resultado de tales factores. Peligro en la demora. No se advierte una fuerte presencia de peligro inminente e irreparable que justifique una apreciación menos rigurosa de la exigencia de la verosimilitud del derecho, más exigible cuando la petición cautelar coincide con la petición de fondo. Se omitió explicar el efecto concreto que la demora en emitir la autorización que exige la normativa para adquirir las divisas ocasiona en su situación económica y financiera.
Interdicto de recobrar, restitución de cosas, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, prueba, exención de la contracautela
Materia: CIVIL
Carátula: FEMESA S.A. c/ VELAZQUEZ, FELIX s/ INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-17

A los fines de meritar la petición cautelar consagrada en el art. 616, Código Procesal, corresponde tener en cuenta el carácter del bien, como así también su destino específico -extremos que se hallan acreditados-y las características de la intrusión denunciada. También debe ser advertido que el mentado art. 616 no parece imponer la existencia de un peligro grave e inminente en tanto se limita a subordinar la procedencia del reintegro a las circunstancias de que "el derecho invocado fuere verosímil y pudieren derivar perjuicios si no se decretase la restitución inmediata del bien". Examinada la cuestión desde esa óptica y las constancias de la causa, los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora han quedado demostrados de manera suficiente con los elementos obrantes en autos para justificar el dictado de la medida, siendo aplicable, con relación a la contracautela, la excepción del art. 200, inc. 1°, Código Procesal por resultar la peticionaria alcanzada por dicha disposición a tenor de lo establecido en el art. 1° del decreto 502/91, razón por la cual debe ser eximida de prestar la fianza prevista en el citado art. 616 de la ley formal.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rendimax S.A. s/ ley 23.771 - causa n° 9237 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Corresponde dejar sin efecto las decisiones judiciales que se apartan de disposiciones legales expresas siempre que no se haya dado razón plausible alguna que justifique el apartamiento (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi, Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert).
Estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: C., R. D. M.; C., N. A.; C., K. D. V. por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la proximidad a un establecimiento escolar c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-11-05

El pronunciamiento cuestionado no se halla suficientemente fundado toda vez que la incorporación, selección y valoración de la prueba para arribar a la condena por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la proximidad a un establecimiento escolar han sido realizadas en franca contradicción a lo dispuesto por las normas del digesto procedimental aplicables a la materia, convirtiendo al decisorio impugnado en arbitrario (arts. 255, 281, 476, 477 y cc. del C.P.P.).

En el caso impone la sustitución de la calificación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la proximidad a un establecimiento escolar acogida en la sentencia de condena por la de tenencia simple (art. 14, primer supuesto de la Ley 23737), al no acreditarse que el acusado haya tenido estupefacientes para comercializarlos, pero tampoco que se encontraban destinados exclusivamente a su consumo personal, sino que tenía el señorío o dominio de la sustancia que sabía prohibida, meritando además la cantidad de estupefacientes secuestrada y las demás circunstancias que rodearon al hecho y que resultan idóneas para tener por configurado el riesgo que traspasa al ámbito de la libertad del imputado. (Del voto en Mayoría de Dra. Bonari, Dres Catalano, Posadas, Vittar, Dra. Ovejero y Dr. Samsón)
Enfermedad profesional, asegurador por riesgos del trabajo, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: Aulet Juan Ignacio c/ Asociart ART S.A. s/ Enfermedad profesional c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-03

En el afán de eliminar la litigiosidad, el sistema extralimitó las competencias médicas, incluso a discernir "la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad" o la habilitación para "resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir ente la ART y el damnificado o sus derechohabientes", lo que implica expedirse sobre la relación de causalidad existente entre las tareas y el daño, en los desacuerdos sobre los hechos, la ocurrencia misma del accidente, o sobre la realización del tipo de tareas a las que la víctima atribuye haberle dañado, o sobre la calificación de un siniestro como ocurrido o no in itinere, o sobre la concurrencia de alguna de las eximentes que pudiera ser opuesta por el responsable. Este es el principal yerro: diferir a profesionales médicos la resolución de cuestiones estrictamente legales (Voto Welp)
Evasión fiscal, allanamiento domiciliario
Materia: PENAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Müller, Carlos Eusebio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-22

El registro domiciliario será válido cuando la orden emane de un órgano judicial, se expida mediante auto fundado y se le impute al sujeto pasivo de la medida un accionar delictivo. Tal imputación podrá tener el carácter de mera sospecha, no requiere la certeza necesaria para un pronunciamiento condenatorio ni semiplena prueba de la culpabilidad del sujeto que deba soportarla, en tanto ello equivaldría exigir que los jueces conocieran el resultado de tal medida, la cual parte de una incertidumbre que en realidad habrá de despejar. El juez que ordena el registro domiciliario no debe fundar su decisión en la certeza moral de que el sujeto pasivo de aquélla está incurriendo en delito sino en circunstancias que demuestren, en grado de probabilidad compatible con el estado primigenio de la pesquisa, que la conducta ilícita se está por cometer o se halla en curso de ejecución. Los actos cuestionados -allanamiento y requisa- fueron válidamente ordenados por el juez competente porque se dispusieron en el marco del art. 21 de la ley 24.769 que no exige 'denuncia' por parte del organismo recaudador (acto que requiere la determinación de oficio en el caso que correspondiere, art. 18 ibídem) ni la previa promoción de la acción penal respectiva por parte de su titular. Las medidas de injerencia fueron ordenadas para la obtención y resguardo de elementos relacionados con la presenta infracción a la ley penal tributaria. Por otra parte, resulta irrelevante la corrección de la calificación de los hechos que efectúa en tal presentación el organismo recaudador toda vez que, como la propia defensa lo admite, de la descripción contenida en aquélla se 'deduce con simpleza' que se trataría de presuntos delitos reprimidos en la ley penal tributaria. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi).
Recurso de queja (procesal), plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guibaudo Sergio Daniel y otro c/ Acosta Claudio Fernando s/ Ejecución de Hipoteca-Rec. de queja interp. por Dr. José G. Velzi
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-04-25

Este juicio ejecutivo, por tratarse de una ejecución con garantía real, no es atraído por el concurso preventivo del demandado -artículo 21 inciso 7 dela Ley 24522-, debiendo continuar su trámite ante el juzgado de origen, como de hecho aconteció en el subjúdice.

El plazo a computar a los fines de la interposición del recurso de queja debe tomarse desde la notificación personal del ejecutado -artículo 132 inciso 13 del Código Procesal Civil y Comercial-, más allá de su procedencia sustancial.
Azúcar, Secretaría de Comercio, reglamentación de la ley, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Compañía Azucarera y Alcoholera  Soler S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Del decreto 673/77 se desprende que la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía - antecesora de la Secretaría de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales, según decreto 3719/77 - quedaba munida de mayores atribuciones que las que resultan del mero concepto de "autoridad de aplicación", por cuanto el art. 2° de la ley 19.957 otorgó facultades de "interpretación, reglamentación y aplicación" que en virtud del art. 2° del decreto 673/77, fueron traspasadas a la Secretaría de Estado.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Boniface, Alfredo s/ Concurso preventivo Knotex, Carlos Desiderio s/ Concurso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07|1988-07-26

La decisión de la Cámara que confirma la del inferior en cuanto rechaza el incidente de oposición deducido por un acreedor del supuesto fallido al pedido de apertura del concurso civil no reviste, en el caso, carácter de definitiva en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que no pone fin al pleito ni impide su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba documental, ofrecimiento de la prueba, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Antares Naviera S.A. c/ TERMAP S.A. s/ Sumario -Consignación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-27

Si bien el art. 333 del C.P.C.Ch., establece que en toda clase de juicios el actor y el reconviniente -y ambos al contestar los respectivos traslados- deben acompañar la prueba documental de que intentan valerse, no sólo la que funde directamente el derecho o las pretensiones, sino toda la que en ese momento existe y es conocida, en el caso de autos debe correlacionarse dicha norma con lo dispuesto en los arts. 331 y 335 del C.P.C. Ch. ya que, además de haber efectuado el actor la reserva referida a la presentación del documento, éste es de fecha posterior a la demanda y como el actor puede modificar su demanda antes de que ella sea notificada, es obvio que hasta esa oportunidad podrá acompañar prueba documental.
Sentencia, fundamentación de sentencias, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba crítica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RAMOS, JUAN RAUL c/ BAGLEY SA s/ COBRO DE PESOS LABORALES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-20

No satisface el derecho a la jurisdicción la sentencia que pondera insuficientemente el plexo fáctico de la causa, utilizando para ello una fundamentación tan solo aparente y contraria a las constancias de autos, y que en definitiva, deja incumplido el deber de suficiencia que impone el artículo 95 de la Constitución Provincial.
Superior Tribunal de Justicia, recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, recurso extraordinario, tribunales de instancia única
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Silva, Zunilda c/ Mannarino, Vicente y/u otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Declaratoria de pobreza e indemnización de daños y perjuicios (Expte.  CSJ Nº 97-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-18

A partir de la doctrina sustentada en precedentes de la Corte Suprema de Justicia Provincial, se concluyó en la imposibilidad de acceder a ella sin haber antes intentado la reparación del agravio a través de la apelación extraordinaria. De estas claras pautas -que con trazos nítidos establecen como requisito inexcusable del recurso de inconstitucionalidad local el agotamiento de la controversia en todas las instancias hábiles ordinarias y aun en la prevista en el artículo 564 del Código Procesal Civil y Comercial, que si bien es extraordinaria es menos extraordinaria que la del recurso de inconstitucionalidad- se desprende, sin lugar a dudas, que la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual carece del recaudo de definitividad exigido por la ley 7055, lo que constituye, en el caso, un óbice infranqueable para la apertura de la instancia.
Indemnización por accidente de trabajo, muerte del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: BARREIRO, HORACIO JORGE Y OTRO c/ ACA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-08-27

A efectos de percibir la indemnización por fallecimiento corresponde otorgar el beneficio a quien acredite el vínculo mejor situado dentro del órden de prelación fijado en la Ley 18037, con independencia de las demás circunstancias y mediante la sola acreditación del vínculo (artículo 248 TO. LCT.).