marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Della Ghelfa, Darío Ángel y otra c/ P.E.N. y otros s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

La inviolabilidad de la propiedad privada es una garantía que la Constitución consagra y cuya intangibilidad e incolumidad es un deber de la Corte proteger contra los avances del poder, aun en casos de emergencia (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Marcas, registro de marca, apreciación de la autoridad administrativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: 818 SA c/ DIRECCION DE TECNOLOGIA CALIDAD Y PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ DENEGATORIA DE REGISTRO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

Nada impide que el organismo administrativo varíe un determinado criterio para adecuar sus soluciones a una interpretación más apropiada de la Ley (cfr. Sala II, Causas 2.348 del 25.11.83 y 7.366 del 24.5.90), puesto que no hay norma alguna que obligue a mantener una determinada practica.
Legitimación pasiva, acción civil en el proceso penal, extinción de la acción, sobreseimiento, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: PEREYRA DANIEL ALEJANDRO c/ DIGANCHI, HILTON EDGARDO; DIGANCHI PASTOR MIGUEL s/ S.D. HOMICIDIO SIMPLE-LESIONES LEVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-01

La legitimación pasiva introducida por la parte civil damnificada se hubo de extinguir conjuntamente con el sobreseimiento del demandado al menos en sede penal, dado la responsabilidad civil que le atribuía al mismo al momento de iniciar la demanda. Así, nos encontramos con una sentencia que resuelve condenar a una persona por una condición objetiva de responsabilidad civil que no estaba contenida en la actividad jurisdiccional originaria de la pretensión civil, y que le impidió por tanto ejercer en forma debida el derecho de defensa.
Daños y perjuicios, establecimientos educacionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzales, Luis M. y otra c/ Dirección Gral. de Escuelas de la Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-03

La responsabilidad civil que se endilga a la docente no puede hallar sustento en la aplicación expansiva del art. 1117 del CC, ya que una de las condiciones que esta norma consagra es que se trate de daños ocasionados por los alumnos o aprendices a un tercero, de suerte que el director no responde por los daños que el alumno se haya ocasionado a sí mismo, a menos que se pruebe una culpa directa suya.
Sumario administrativo, fiscal nacional de investigaciones administrativas, suspensión del proceso judicial, parte interesada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Fiscalía  de  Investig  Administrativas  -Inc. Med (27/XI/09) EN-SGP Resol 783/09 (Expte 25758/09) s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-17

Corresponde confirmar la medida cautelar solicitada ordenando a la administración demandada que procediese a dar intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas como parte acusadora -de acuerdo al art. 49 de la ley 24.946- en el sumario administrativo llevado adelante e, ínterin, suspender el trámite de dichas actuaciones sumariales hasta tanto se hiciere efectiva a la intervención dispuesta ya que el alcance de lo dispuesto por el art. 49 de la ley 24.946, en punto a la intervención -como parte acusadora- de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en casos no originados en su sede, ha sido materia de análisis en otras causas judiciales, en el sentido que sostiene la parte actora (en relación con otras medidas cautelares, Sala I "FIA -Inc. Med.c/EN -M° RREE- Resol 2046 (Expte. 40422/04) s/proceso de conocimiento", 3/09/2009, y Sala V "FIA -Inc.Med. c/EN -SG Presidencia Resol. 829/08 (Expte. 21623/07) s/proceso de conocimiento", 12/08/2009; y en sentencias definitivas, Sala II "Fiscalía de Invest. Adm. (Expte. 22.827/1516) c/EN -Conicet- Resol 1600/07 (Expte. 2951/06) s/proceso de conocimiento", 10/03/2009, Sala IV, "Fiscalía Invest.Adm. (Expte. 21637/457) c/EN -M° Interior PFA Nota 176/07 -Sumario 226/05 s/proceso de conocimiento", 10/11/2009).
Accidentes de trabajo, accidente in itinere
Materia: LABORAL
Carátula: MELIAN, JAIME ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-04-15

Es necesario tener en cuenta que el derrotero del trabajador comienza cuando ha traspasado los límites del espacio exclusivo que habita (puerta del departamento o unidad funcional). El desplazamiento que realiza por otros lugares de propiedad común en un edificio no puede ser encuadrado como domicilio. En consecuencia si la actora ascendió a uno de los ascensores para dirigirse a la planta baja y allí se produjo el accidente que causó su deceso, el evento debe calificarse como alcanzado por la previsión del art. 1º de la ley 9.688
Asociaciones civiles, sujetos de derecho
Materia: CIVIL
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

Las simples asociaciones son sujetos de derecho, luego de la reforma de la ley 17.711.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, sentencia definitiva, acción de amparo, cosa juzgada material, cosa juzgada formal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA DE MARGARITA LTDA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ ACCION DE AMPARO     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 129-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-10-04

La sentencia en el juicio de amparo pasa en autoridad de cosa juzgada material. La pretensión no puede renovarse después en otro proceso de amparo. El conocimiento ha sido pleno y completo; el autor del acto lesivo ha tenido oportunidad de participación útil en el proceso. Por ello, la cosa juzgada acompaña a la sentencia, tanto si ha acogido al amparo, como si lo ha desestimado. En cambio, si la sentencia rechaza el amparo por faltar algunos requisitos extrínsecos, no pasa en autoridad de cosa juzgada material, aunque sí formal.

De los fundamentos del Dr Iturraspe.
Derechos y garantías constitucionales, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, defensa en juicio, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B., S. D. s/ art. 189 bis C.P. Queja-apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31

La garantía de un pronunciamiento penal rápido ha dado lugar a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconociera, a través de distintos fallos, el derecho a obtener un pronunciamiento judicial rápido que defina la posición de una persona frente a la ley y la sociedad, y ponga punto final al estado de incertidumbre que todo proceso penal importa.

En este sentido, "Mattei" puede ser considerado como el "leading case". La Corte ha establecido en este precedente que la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, y que esto obedece además al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial que es el respeto debido a la dignidad del hombre, el cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona de liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito (Fallos 272:188).
Apreciación de la prueba, facultades del juez, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Domínguez, Teófilo c/ Meller Comunicaciones S.A. y Otros s/ D. y P.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2009-09-17

En al ámbito de la apreciación de la prueba puede el juzgador inclinarse por la que le merece mayor fe, en concordancia con los demás elementos de prueba recolectados, siendo ello en definitiva una facultad privativa del magistrado en virtud de lo dispuesto por el art. 386 del CPC. "Es facultad de los jueces el preferir una prueba de otra, elección que solo puede atacarse demostrando existencia de arbitrariedad.

(CFed. Mendoza, sala A, JUNIO 17-991 Oris, Roque H.c. Consejo Nac. De Educación Técnica) DJ, 1992-2-1102".
Recurso de queja (procesal), depósito previo, interpretación restrictiva, LEY DE CONCURSOS, jurisprudencia no aplicable
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: VITA, JOSE ALBERTO s/ RECURSO DE REVOCATORIA -QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD- PEDIDO DE QUIEBRA- HOY CONVERSION CONCURSO  PREVENTIVO- HOY QUIEBRA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 360 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-07

Corresponde desestimar la revocatoria interpuesta contra la providencia que intimó al recurrente a efectuar el depósito contemplado en el artículo 8 de la ley 7055, desde que, aunque el expediente principal en el que recayera la resolución impugnada es de naturaleza concursal, no puede soslayarse que la presente queja no ha sido presentada por el fallido sino por acreedores de éste en defensa de sus intereses personales y directos, circunstancia que obsta a la pretensión de prevalerse de la situación falencial para eludir el cumplimiento del recaudo de admisibilidad que el artículo 8 de la ley 7055 pone en cabeza del recurrente.

No obsta a la conclusión que antecede el cambio de criterio de este Tribunal en consonancia con la jurisprudencia de la Corte nacional que considera comprendido el depósito previo contemplado por el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (similar al art. 8, ley 7055) dentro de las previsiones del artículo 182 de la ley concursal. Ello es así dado que, la citada norma de la ley 24522 se refiere a las actuaciones judiciales promovidas en procura del cobro de los créditos adeudados al fallido, situación que claramente dista de acontecer en la especie.
Empleo público, cesantía, cuestiones de hecho y prueba, recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Marengo, María Silvina c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Fontana, Rafael c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

Las objeciones que la parte recurrente dirige contra la decisión que dispuso elevar los honorarios de la abogada de conformidad con lo dispuesto en el art. 43 y concordantes de la ley n° 5134 no importan desentrañar la interpretación de cláusula constitucional alguna, sino cuestiones de orden fáctico y procesal propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria. Esta circunstancia priva a los derechos constitucionales (derecho de propiedad, derecho a trabajar, derecho a un salario digno) que se afirma conculcados, de la necesaria relación que debe existir entre dichos derechos y los fundamentos de la solución adoptada. (Del voto de la juez Marcela De Langhe).
Prescripción adquisitiva, prescripción veinteñal, actos posesorios
Materia: CIVIL
Carátula: PAIS MARIA GRACIANA Y OTRA s/ SUMARIO POR USUCAPION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-02-07

Dado el carácter excepcional que reviste la adquisición del dominio de un inmueble por usucapión o prescripción veinteañal, la realización de los actos comprendidos en el art. 2373 de dicho cuerpo legal y el constante ejercicio de la posesión deben haber tenido lugar de manera insospechable, clara y convincente (C.S.J.N., in re:-"Prefectura Naval Argentina c/Provincia de Buenos Aires", 27/9/05, LL, 2006-A, 234); no pudiendo la sentencia basarse exclusivamente en la prueba de testigos, tal como lo prescribe el art. 669 inc. 5º del ordenamiento ritual local (que reproduce al art. 24 inc. c de la Ley 14.159, t.o. Decreto-Ley 5756/58), sino que se exige una prueba compuesta, por lo cual debe integrarse o complementarse con cualquier otro medio probatorio.
Deuda previsional, AFIP DGI, facultades discrecionales, resoluciones, modificación de la ley, procedimiento de impugnación de deuda previsional, competencia, Cámara Federal de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FEDERACION ARGENTINA DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORARIO c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-20

La discusión sobre las mayores o menores facultades que asisten al Director General de la Dirección General Impositiva para dictar resoluciones (en el caso, Res. 3983/95) que importan, en la práctica, alterar los términos de la ley 24.013 (art. 76) y Dec. 2086/94 (art.

1) no resulta, en términos estrictos, una impugnación de deuda y, por lo tanto, escapa al diseño competencial previsto para la C.F.S.S. por la leyes 24.241 y 24.463, correspondiendo en consecuencia declarar la incompetencia de la misma para entender en la causa y remitir las actuaciones a la Mesa General de Entradas de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, a sus efectos. (Del voto de la mayoría. El Dr. Etala votó en disidencia).
Actos voluntarios, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: T., A. P. y otra c/ P., V. L. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-09

No puede conceptualmente existir una causalidad del caso individual; la causalidad requiere necesariamente pluralidad de casos, para establecer un curso de acción ordinario; pues de otro modo no podría realizarse ese análisis de regularidad y previsibilidad.
Despido, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: ARRIONDO LUIS Y OTROS c/ ASOCIACION  DE  COOPERATIVAS  ARGENTINAS  C.L.  FABRICA DE HERNANDO O A.C.A.  FABRICA HERNANDO s/ EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-27

La normativa vigente al tiempo del distracto en su art. 52 (ley 22.105) fija una serie de requisitos de incumplimiento insoslayable, que procura el cabal conocimiento del empleador de la elección y formal designación del delegado gremial de que se trata y en especial la duración del mandato a fin de que pueda asumir en plenitud las consecuencias de la estabilidad impropia preceptuada por la ley. Tal exigencia legal no ha sido debidamente cumplimentada todo lo cual torna inadmisible la pretensión deducida en base de la supuesta estabilidad gremial conculcada, y ello es así porque la única comunicación por escrito emitida por las autoridades a la empresa demandada carece de los recaudos indispensables para concederle el carácter de "notificación fehaciente" de la designación y del mandato. Ante la explicitez y la contundencia del requisito legal estatuido en la normativa citada no resulta conducente soslayar la exigencia legal en función de un supuesto conocimiento del acto eleccionario o un "reconocimiento de hecho de investidura gremial en actuaciones administrativas", sobre todo teniendo en cuenta que en uno y otro caso la mencionada circunstancia solo puede achacársele a un dependiente jefe jerárquico de la empresa demandada, que eventualmente en los mencionados actos representaba a la empresa sin ser institucionalmente su representante legal, ni gerente general sino un mero jefe de planta.-
Jurisprudencia aplicable, fallo plenario, concurso preventivo, incidente de verificación, verificación tardía, causa de las obligaciones, concursado, títulos de crédito, fraude, prueba, acreedor, masa concursal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gaitón, María Velia y Otro s/ Incidente verif. de crédito - Autos: Cantero y Fontanilo - Concurso (Causa N° 51.433)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-02-27

Si bien, en virtud de la doctrina sentada en los plenarios "Translínea" y "Difry", el solicitante de verificación en concurso debe declarar y probar las causas determinantes del libramiento por el concursado o las circunstancias de la adquisición del título, ello no significa que descartada la connivencia dolosa entre acreedor y concursado, con la finalidad de abultar ficticiamente el pasivo concursal en perjuicio de los verdaderos acreedores, deban extremarse los recaudos hasta el límite de exigir una prueba puntual y definitiva del negocio fundamental pues, a los fines de la verificación basta una justificación mínima adecuada a las circunstancias resultando suficiente el material indiciario que justifique el libramiento de los pagarés o cheques.
Acción de amparo, amparo por mora, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Majavi S.R.L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-19

La pretensión cautelar no puede prosperar en el ámbito del proceso del amparo por mora pues los requisitos de admisibilidad, el objeto y los efectos de este proceso resultan disímiles con relación a la acción de amparo.

En efecto, en el amparo por mora el pronunciamiento definitivo se limita -previa verificación de la mora- a la obtención de una decisión administrativa en uno u otro sentido. Según se ha señalado, "Quien es parte en un expediente administrativo puede pedir al juez el dictado de una orden de pronto despacho, más no que el Poder Judicial determine la forma en que la Administración debe proveer o decidir la cuestión en análisis" (CNFed. Cont. Ad., Sala V, in re "Orazi, Norberto Luis c/COMFER s/Amparo por Mora" del 10/II/99).

En consecuencia la medida cautelar solicitada (medida de no innovar) excede el objeto procesal de la acción promovida y, por ello, corresponde desestimarla.
Recurso extraordinario, interpretación de la ley, ley federal, entidades financieras
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Olivieri, Marcelo A. s/ Apelación Resolución Nx 204/87 del  B.C.R.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

Si el apelante sostiene que se ha efectuado una interpretación extensiva de la ley 21.526, vedada por el art. 18 de la Constitución Nacional, el planteo resulta idóneo para habilitar la instancia extraordinaria, pues se ha controvertido la inteligencia dada a una norma federal y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en aquella (art. 14, inc. 3° de la ley 48).
Sentencia, nulidad de sentencia, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: PALACIOS CARLOS RAUL c/ S.A. AZUCARERA ARGENTINA ING. LA CORONA s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-26

Es nula la sentencia que prescinde de las constancias existentes en el expediente, relativas a la condición de concursada preventiva de la accionada y en base a argumentos contradictorios e insustanciales, le aplica el régimen jurídico previsto para los acreedores posteriores a la declaración de quiebra.
Obligaciones de dar sumas de dinero, intereses, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte
Materia: CIVIL
Carátula: Cisterna, Raúl Norberto c/ Estado Nacional s/ Nulidad.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-17

Conforme lo dispone el art. 1 de la Ley 23.982 de Consolidación de deudas del Estado, al tratarse de una obligación de causa o título anterior al 1 de abril de 1991, que consiste en el pago de una suma de dinero o que se resuelve en dicho pago y que no está excluida de su régimen, esta queda consolidada en el Estado Nacional, por lo que a partir de esa consolidación de pleno derecho, según reza el artículo 6, dicha obligación devengará solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente, (conf. Decreto Reglamentario Nro.

2140/91, art. 14). Dado el efecto novatorio de las obligaciones conferido por el art. 17 (art. 803 del Código Civil) y la derogación de toda disposición que se oponga a dicha ley (art. 23), no corresponde la aplicación de tasa alguna con posterioridad a la fecha de corte, 1 de abril de 1991 (conf. art. 2, inc. b), del Decreto 2140/91), puesto que los bonos a emitirse ya contemplan los intereses a la tasa que dispone dicha ley y su decreto reglamentario, según la opción que se haga, y concederlos importaría admitir una doble imposición, que al no estar autorizada por ley, resulta inaceptable, además de la admisión de un anatocismo no autorizado.
Inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente, arresto domiciliario, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: FAVALE, Gastón Rubén c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-07

La disidencia señaló que correspondía declarar inadmisible el recurso toda vez que el impugnante no se había hecho cargo de rebatir suficientemente los sólidos argumentos utilizados por el a quo para rechazar la excarcelación y el arresto domiciliario del encartado, y no había logrado probar la existencia de una cuestión federal suficiente que habilite a esta Cámara a intervenir en su carácter de tribunal intermedio. Dres. Hornos, B orinsky y Gemignani -en disidencia-
Recurso de inaplicabilidad de ley, Ministerio Público Fiscal, acusación fiscal, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: JOVANOVICH JAVIER s/ DEFRAUDACIÓN ESPECIAL - RETENCIÓN INDEBIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-06-08

Adhiero a la nueva doctrina de la Corte Suprema plasmada en el caso "Mostaccio.." únicamente por razones de economía procesal como lo hiciera mi colega y también el suscripto cuando se expidiera en igual sentido en las causas "Allende", "Villalba" y "Vucko" donde mantuviera la posición que adoptara como Juez de la Cámara Tercera en lo Criminal de esta ciudad en autos "Zarza Verón...", Expte. Nro.93/95, registro del citado Tribunal Colegiado del fuero penal. De ellos puede interpretarse sin dificultad alguna que el criterio jurisprudencial del Alto Cuerpo de la Nación que entiendo acertado es el sostenido, transitoriamente, con posterioridad al precedente "Tarifeño.." cuando- por mayoría- se expidiera en el caso "Marcilese.."(Fallos 325: 2005) del que surge correctamente que no se viola la garantía constitucional de la defensa en juicio y el debido proceso (Art.18 C.N.) al dictarse una sentencia condenatoria en sede penal aún cuando el Sr. Fiscal de Cámara hubiere pedido la absolución del imputado en el acto de efectuar su alegato durante el debate. Voto : Dr.RICARDO FERNANDO FRANCO.
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARCO, JOSE FRANCISCO c/ TOMAS I. FIGUEROA s/ COBRO DE DOLARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-21

La firma de las partes constituye una condición liminar para la existencia del acto procesal, y en tal sentido, los escritos judiciales deben contener, cuando se litiga por derecho propio, la firma del peticionario y su letrado patrocinante. La omisión de dicha firma, aunque el hecho pueda atribuirse a un olvido, priva de todo efecto procesal a la presentación ya que al faltarle a ésta un requisito visceral para considerarla como acto procesal, hace que se repute a dicho escrito como inexistente.