marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Menores, internación, detención del menor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Eduardo Alberto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-26

Si los jueces ordenasen la internación del menor en una institución invocando los arts. 412 CPPN y 1 de la ley 22.278, con finalidades distintas de su cuidado y educación o las demás tutelares que estas permiten, incurrirían en un desvío de poder que debe ser reparado por las vías y recursos judiciales disponibles. El carácter excepcional de la privación de la libertad declarado por el art. 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño impone al Estado el esfuerzo de restringir sus efectos con fines de reintegración, o de elegir medidas alternativas a la institución en instituciones, por lo que la omisión de tratamiento del último informe del menor, en vistas al establecimiento de un régimen de licencias, constituye la omisión de un elemento de juicio relevante que afecta la validez en los términos del art. 123 del CPPN de la resolución que denegó el pedido de egreso del menor. La disidencia expresó que lo invocado por el recurrente acerca de la opinión positiva respecto al egreso que tienen profesionales del instituto, o de la supuesta aplicación in malam partem de los arts. 312 y 319 in fine del CPPN, no alcanzan para rebatir los contundentes fundamentos brindados en la resolución que hacen correcto mérito de las circunstancias de la causa para presumir la conveniencia de que el menor permanezca internado. (Dres. Mitchell -en disidencia-, García y Yacobucci).
Publicidad de los actos de gobierno, publicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Municipalidad de Junín c/ Akapol S.A. s/ apremio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

Principios de razonabilidad y justicia impiden que se puedan señalar incumplimientos legales frente a normas no publicadas, en tanto la publicación oficial de las leyes es un resorte fundamental del Estado de Derecho para su satisfactoria divulgación y certeza sobre la autenticidad, al mismo tiempo que para establecer la fecha de su entrada en vigencia (Voto del juez Rosatti).
Recurso de inconstitucionalidad, planteo oportuno, arbitrariedad sorpresiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: JUAREZ, JOSE LUIS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-30

La exigencia legal de oportuno planteo y mantenimiento de la cuestión constitucional no responde a un mero ritualismo sino a nuestro sistema de control constitucional y al debido respeto a la defensa en juicio del compareciente, basado en la necesidad de que las cuestiones que se traigan a la Corte hayan sido previo debate, tratadas y resueltas en el trámite ordinario y por los jueces de la causa.

En el caso, pese a argumentar el recurrente que "aun planteando la cuestión constitucional como formalmente lo exige la ley 7055 en todas las instancias previas, hubiera sido imprevisible sostenerla en base a la concreta afectación constitucional, ya que la arbitrariedad surgió de la sentencia de segunda instancia", es de ver que tales consideraciones resultan insuficientes para desmerecer los fundamentos esbozados en el auto denegatorio en tanto, resultando el pronunciamiento recurrido confirmatorio del de primera instancia, el compareciente debió, al expresar agravios -primera oportunidad que le brinda el procedimiento-, efectuar el planteo de la cuestión constitucional, toda vez que el juez de baja instancia anticipó un criterio que podía ser compartido por la Alzada.

Dicha circunstancia impide que pueda reputarse como sorpresiva la arbitrariedad invocada por el impugnante, como sobreviniente de la sentencia apelada, deviniendo intempestivas las alegaciones vertidas recién en el memorial del presente recurso.
Procedencia del recurso, cómputo de la pena, aplicación errónea de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Sacazewizyc, Iván Mariano c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-09

Corresponde hacer lugar al recurso de casación si al efectuar el cómputo de pena, el tribunal de grado hizo una interpretación errónea de la ley procesal aplicable al caso en tanto privó a la parte de la intervención previa que les corresponde antes de resolver el vencimiento de la pena. Ello es así, puesto que no aplicó el procedimiento previsto en el art. 493 del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto contempla que el secretario efectúe el cómputo material de los tiempos de detención una vez que el fallo se encuentre firme, que la defensa pueda impugnarlo, el tribunal revisarlo y que, contra esa resolución, pueda ser interpuesto el recurso de casación (voto del juez Sarrabayrouse).
Concursos, actos ineficaces
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Elizaga, José s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-01

Dictado el pronunciamiento que declara la quiebra, publicados los edictos pertinentes, incorporado el inobservado informe general del Síndico, donde determina la fecha de cesación de pagos, forzoso es concluir en la inoponibilidad de gravámenes hipotecarios concluidos en el posterius y como reconocimiento pretensas obligaciones carentes, "ab-initio", de semejante privilegio (arts. 33, 35, 40, 41, 120, 122 inc. 4 y concds. ley 19551). Ante la contundencia de las situaciones que desemboca en la ineficacia de pleno derecho de los actos reglados por el citado artículo 122, sin subordinación a un perjuicio que se presume en la insolvencia ni por tanto al conocimiento de los apelantes esta situación patrimonial límite, es que cabe motorizar la previsión del inciso 4 y con total prescindencia del pretendiente la formuló (art. 122 inc. 4, 2do. apartado, ley 19551).
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rinaldi Jesús Daniel y otra c/ Corte Marta Nélida y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Al hablar de "culpa" de la víctima o de un tercero se está haciendo referencia -en rigor- a su conducta como factor interruptivo de la relación de causalidad, supuesto en el que actúa como " causa ajena". En tal sentido, el defecto de vigilancia por parte de los progenitores de la menor, en el caso, no hace a la causalidad del accidente, si no se ha acreditado lo súbito e imprevisto de su irrupción. Es que nada importa que ella cruzare sola la calzada si lo hizo con tiempo y distancia suficiente como para que el conductor le franqueara el paso.-
Emergencia económica, acción meramente declarativa, inconstitucionalidad, dación en pago, títulos públicos
Materia: ECONOMIA
Carátula: Coronel, Jorge Fernando c/ Estado Nacional y otros s/ amparo e inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-12

Cabe dejar sin efecto la sentencia que rechazó la acción declarativa de certeza tendiente a que se declare la inconstitucionalidad del art. 39 del decreto 1387/01, así como del art. 61 de su similar 1570/01 (texto según decreto 469/02) y de la comunicación "A" 3398 del Banco Central de la República Argentina, en cuanto exigen la conformidad de la entidad bancaria acreedora para cancelar deudas mediante la dación en pago de títulos públicos para los deudores 1, 2 y 3 de la comunicación "A" 3339 y, en consecuencia, que se les permita saldar su crédito hipotecario en las mismas condiciones que las previstas para los deudores 4, 5 y 6 de esa comunicación, y declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, pues la distinción que dicha normativa recoje, aunque objetiva, se aplica contrariando el texto constitucional que impone la igualdad de tratamiento ante la ley, al no existir nexo lógico entre una categorización que privilegia el cumplimiento puntual de las obligaciones y su utilización en perjuicio de los más calificados, a quienes se niegan los beneficios que se conceden a los peor colocados en la escala legal, lo cual configura una iniquidad manifesta ( Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y E. Raúl Zaffaroni). -Del precedente "Agüero", sentencia de la fecha.-
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Merlo, Ricardo Hector; Palomino, Manuel Antonio c/ Máxima S.A.  A.F.J.P s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-30

La norma contenida en el nuevo artículo 505 del C.C. cuyo agregado incorpora la ley 24432, Boletín Oficial 10-01-95, resulta de plena aplicación de este fuero, por lo que todo decisorio sobre regulación de honorarios debe efectuarse en el marco de sus prescripciones.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, defensor particular, declaración indagatoria, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Godoy de Vera, Lidia Rosa s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-02-15

Por mas que la imputada manifieste querer declarar sin presencia de su abogado, el acto es ilegal pues una cosa es que el Defensor no esté presente y otra no tener aún Defensor. Si éste pese a estar notificado de la designación no comparece a aceptar el cargo hasta la fecha de la indagatoria, se debe proveer del Defensor Oficial para ese acto, al igual que si el Defensor particular no acepta. Tal carencia atenta contra el derecho de Defensa en Juicio, constitucionalmente garantizado, y la declaración indagatoria prestada en tales condiciones deviene nula al igual que todos los actos consecuentes. Procede sea declarado de oficio a tenor de lo estatuído por los arts. 151 inc. 2º, en concordancia con el art. 152 segundo párrafo del Código Procesal Penal.
Obras sociales, haber jubilatorio, adicionales de remuneración, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Salgueiro, Ana María c/ A.N.S.E.S. y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-10

Corresponde confirmar lo decidido por el a quo al entender que el adicional por zona austral reviste ca-rácter previsional, y por lo tanto resulta de aplicación el plazo previsto en el art. 82 de la ley 18.037 (conf. art. 168 de la ley 24.241), y no el finado en e Código Civil. En esa tesitura, el Ministerio de Bienes-tar Social, haciendo uso de las atribuciones que le confería el art. 2, inc. c) de la ley 17.575 a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social reglamentó, en el año 1972, la ley 19.485 mediante el dictado de la Res. 1709, que en su art. 2do. expresa: ". la bonificación establecida por la ley 19.485 integra el haber de la prestación y, por lo tanto, está sujeta a las misma quitas y deducciones que éste, entre otras, las desti-nadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.". Por las mismas razones, a idéntica conclusión cabe arribar en cuanto a la procedencia de los descuentos practicados a favor de la obra social IPROSS. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Medidas cautelares, derecho a la salud, personas con discapacidad, Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, planes de cobertura médica
Materia: PROCESAL
Carátula: GRAF  CARLOTA  ELFI c/ GALENO  SA s/ INCIDENTE DE APELACION DEMEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-03

No está discutida la condición de discapacitada de la actora -cfr. copia del certificado de discapacidad-, las enfermedades que padece -discapacidad motora, visual, auditiva y visceral-. Está en debate, en cambio, la obligación de la demandada de proveer cautelarmente la cobertura de la internación en el instituto "Hirsch", en el cual se encuentra actualmente, de conformidad con la opinión médica. Considerando los específicos términos de la prescripción del médico tratante y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que el mantenimiento de la medida precautoria decretada no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la paciente discapacitada. Por lo menos hasta que se sustancie completamente la prueba y existan nuevos elementos para mejor decidir sobre el derecho que asiste a la actora.
Recurso de inaplicabilidad de ley, restitución internacional de menores
Materia: DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: B. ,M. V. c/ Z. ,A. D. s/ Restitución internacional de menores
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el padre del niño contra la sentencia de la Cámara que, confirmando la de primera instancia, ordenó la restitución internacional del menor junto a su madre en tanto surge de autos que no se ha evaluado el riesgo que la misma conlleva (art. 3, CDN) y se ha privado al progenitor de la oportunidad de ser oído, de ofrecer y producir pruebas, y de controlar la evidencia que pudiera ser tenida en su contra. De este modo, el proceso no abasteció la adecuada operatividad de las garantías de acceso a la justicia y derecho de defensa (arts. 18, 75 inc. 22 Const. Nac. Y 15 Const. Prov.).(doctor Negri, sin disidencia)
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Deibele, Juan Carlos c/ Parrella, Emilio y otro s/ Daños y perjuicios Sati, Pablo Gabriel c/ Fisco Provincial y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-01|2002-03-07

Habiendo constituido hechos controvertidos, deben probarse los gastos médicos, sanatoriales, de traslado, farmacológicos, etc., no obstante que la acreditada existencia de daños físicos y su necesaria asistencia en su establecimiento adecuado por personal específico, -dada la índole e intensidad de ellos- permite aseverar con apreciable margen que quepa presumirlos.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

El párrafo cuarto del artículo 76 bis del Código Penal texto ley 24316- introduce un supuesto de procedencia de suspensión del juicio a prueba diverso al previsto por el párrafo primero de la misma norma, al que satisface la expectativa de condicionalidad de la pena aplicable, más allá del máximo legal de la pena conminada para el delito de que se trate. Sostener que, por el contrario, sólo introduce un requisito más -la estimación de condenación condicional- al establecido, entre otros, en el párrafo primero -tope temporal en tres años de prisión o reclusión- importa una interpretación que entraña contradicciones dogmáticas al propio tiempo que parece desatender criterios de razonabilidad. (Del Voto del Dr. Giménez -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Contratos, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pereira dos Santos, Carlos c/ Corporación Médica General San Martin s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-06

Luego de la reforma introducida por la ley 17.711, el nuevo art. 522 del C.C. hace procedente la inclusión del rubro daño moral en el supuesto de la responsabilidad derivada del incumplimiento de los contratos.
Transporte aéreo de carga, contrato de transporte, acción de reclamación por averías, legitimación activa, consignatarios, flete, falta de pago
Materia: AERONAUTICO
Carátula: FARINA, DANIEL ALDO c/ AIR FRANCE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-28

El consignatario tiene el derecho a ser indemnizado por su pérdida o avería haciéndose parte en el contrato de transporte cuando recibe o reclama los efectos, aún cuando no haya pagado el flete, no dándose en el sub lite el supuesto de "flete ganado a todo evento" (cfr. Sala II, causas 8579 del 21.4.92; 1118 del 10.9.82; entre otras;

Videla Escalada, Federico N., "Manual de Derecho Aeronáutico", p.

363, N° 221, Bs. As. 1979; Fernández, R., "Código de Comercio comentado", T. I, p. 363, Bs. As., 1970).
Compraventa inmobiliaria, venta de inmuebles fraccionados en lotes, boleto de compraventa, mora del vendedor, falta de inscripción del loteo
Materia: CIVIL
Carátula: MESIAS, Domingo c/ BLANCA, Rafael Víctor s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-01

No procede aplicar de oficio la mora legal ni la consiguiente "exceptio non adimpleti contractus" cuando la omisión de las inscripciones a que hace referencia la ley 14.005 no es invocada por la parte compradora (conf. C.N.Civ. Sala G, L. 285.860 "Scialabba Mauro c/Petracca S.R.L. s/escrituración", del 9/10/84 y L. 13.152 "Dorrego S.R.L. c/Abregú Julio Oscar s/sumario" del 24/4/85).-
Empleados públicos, régimen disciplinario administrativo, sanciones administrativas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. N° 78591 - LOPEZ, JOSE MANUEL c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-07-31

La apreciación de los hechos que efectúa la autoridad administrativa para aplicar una sanción, no es factible de ser revisada, si no se acredita arbitrariedad, irrazonabilidad o desviación de poder.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvarez Santos, Eugenio G. c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-13

Si están en juego garantías constitucionales tales como la estabilidad en la relación de empleo público -aunque ésta sea relativa-, la inviolabilidad de la defensa y la primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y en caso de duda, interpretación a favor del trabajador (arts. 103 inc. 12, 15 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial -t.o. 1994-), la insuficiencia de motivación (art. 108 Ordenanza General 267/80), que impide al sujeto afectado por el acto cumplir con la carga de demostrar la existencia de otras motivaciones ajenas a las permitidas por las leyes de prescindibilidad, invierte la carga postulatoria y probatoria y es la Administración la que llevada a juicio pleno deberá dar y probar las razones que la llevaron a actuar de manera tan extrema (art. 34 inc. 5 del C.P.C.C. - conf. Art. 27 C.P.C.A. hoy art. 77 Ley 12008). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torino Luis Angel c/ Ojeda Roberto Román s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

Entre la irrupción a una avenida efectuada con evidente desapego a la seguridad, puesta por uno de los protagonistas, y la marcha imprudente del otro, que para más es en principio responsable, debe atribuirse mayor incidencia a la facticidad del actor que ingresó en la avenida, adjudicándole el sesenta por ciento (60%) de la causación.
Honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   Nº 817-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-16

No merece crítica el criterio sostenido por la Sala respecto a que, si bien en las acciones mera declarativas "puede" haber una significación patrimonial, en el caso, no existía base económica atendible, tratándose de una pretensión encuadrable en el artículo 12 inciso 2) c) e inciso 9 de la ley 6767 -causa no susceptible de apreciación pecuniaria-, debiéndose regular definitivamente los honorarios, según el artículo 16 de la referida ley.
Ejecución fiscal, excepciones procesales, excepción de novación, facultades del juez, sentencia extra petita
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Bs. As. c/ Fourcade AS Linares de s/ Ejecución fiscal de s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-11

La expresa solicitud de la actora en el sentido de que la ejecución quedara supeditada al incumplimiento por parte de la accionada del plan de facilidades, importó enderezar su pretensión y ello debió haberse reflejado en la sentencia apelada.

Si bien es cierto que la novación producida por el acogimiento al nuevo plan de facilidades no es hábil para fundar la excepción, parece razonable -ante la expresa solicitud efectuada en tal sentido por la ejecutante- atender en primer término al cumplimiento de la nueva obligación pactada por las partes, sin perjuicio de mantener la sentencia de trance y remate dictada en la instancia de grado, que se tornará inmediatamente ejecutable en caso de incumplimiento del nuevo plan de facilidades.
Daño moral, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: SILVA, Avelino Raúl y otra c/ YEDIT, Elías s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-04

El agravio moral se configura cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos, o cuando de una manera u otra se han perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. C.N.Civ. Sala D, E.D. 6l-779 y E.D. 69 377; Sala F, E.D. 42-311 y E.D. 53-350; Sala G, E.D. 100-300; Sala E, E.D. 84-489 y c. 502 del 26/12/83 y 3741 del 30/3/84). A los fines de graduar la indemnización, corresponde considerar, entre otros factores, la gravedad de la culpa, la cuantía de los perjuicios materiales -si existieran-, las condiciones personales del autor del hecho y las de la víctima (conf. C.N.Civ. Sala B, E.D.

57-455; Sala D, E.D. 43-740; Sala F, E.D. 46-564; Sala E, causas citadas).-
Tarjeta de crédito, información crediticia, banco de datos, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Magoia, Elda Teresa c/ Tarjeta Provencred y/o Citibank NA - hábeas data. s/ Hábeas Data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

No obsta a la validez del art. 53 de la ley 25.065 el hecho de que las normas reglamentarias del decreto 1558/2001 contemplen el registro de los datos en cuestión, pues las normas reglamentarias son válidas sólo en la medida en que se ajusten al texto y al espíritu de la ley a reglamentar. -Del precedente "Organización Veraz SA", al que remitió la Corte Suprema-.