Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-16


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 16 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? El doctor Mizrahi dijo:

I. Antecedentes I.a. La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 574/594, hizo parcialmente lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Edgar Roberto Antonio Valdez contra la "Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima" (EDESUR S.A.), con motivo del accidente que aquel alegó haber sufrido el día 19 de febrero de 1999 en circunstancias en que - durante un prolongado corte de energía eléctrica- se encontraba bajando las escaleras del edifico en el que habitaba, sito en la calle Don Bosco nº 3536 de esta ciudad. En consecuencia, condenó a la accionada al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y las costas del proceso.

I.b. Por otra parte, y no obstante atribuir un porcentaje de responsabilidad en la causación del evento al Consorcio del edificio en el que moraba el Sr. Valdez, determinó que el mentado decisorio no resultaba ejecutable contra aquél, dado el rol procesal en el que compareció a juicio (en los términos del art. 94 del CPCCN).

I.c. Contra el referido pronunciamiento se alzaron las partes, expresando agravios EDESUR S.A. a fs. 690/702, el Consorcio de Propietarios de la calle Don Bosco nº 3536 a fs. 706/709 y el accionante a fs. 713/723. La presentación de "EDESUR" mereció las réplicas que lucen a fs. 719/723 y fs. 724/727, mientras que las quejas del Consorcio citado como tercero fueron contestadas a fs. 737/740, y las del actor a fs. 729/736.

II. Los agravios II.a. La "Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima" (Edesur S.A.), se agravia de diversos aspectos de la decisión recurrida.

En efecto, primeramente cuestiona la atribución de responsabilidad efectuada en la instancia de grado, negando su deber de reparar y desconociendo la propia existencia del hecho en el que el actor funda su demanda. En tal sentido, alega que aunque el hecho en cuestión hubiese acaecido no existiría relación causal alguna entre él y el citado corte de luz, concluyendo que -si el accidente ocurrió- no obedeció sino a la culpa de la propia víctima. Subsidiariamente, insiste en que -aunque el hecho no resultare imputable al actor- su responsabilidad también quedaría a salvo, dado que -a todo evento- atribuye su ocurrencia al Consorcio de Propietarios, cuya citación como tercero solicitó oportunamente. Agrega que la calidad en la que éste fue traído al proceso no obsta a su condena, de acuerdo a lo normado por el art. 96 del CPCCN en su actual redacción. Por último, cuestiona la propia procedencia de la indemnización otorgada por daño psíquico, los justiprecios efectuados sobre el daño moral, los gastos de asistencia médica y traslado y, en fin, critica la imposición causídica, afirmando que en el caso se debe aplicar lo normado por el art. 71 del ordenamiento ritual.

II.b. Por su parte, el Consorcio de Propietarios de la calle Don Bosco también critica distintos aspectos de la resolución recurrida.

En primer término, y aunque se determinó que el decisorio apelado no era ejecutable a su respecto, se alza contra la responsabilidad que se le atribuyera en la anterior instancia. Sobre el punto, sostiene que habría errado la anterior sentenciante al fijar el marco jurídico dentro del cual analizó su deber de responder; y ello porque se le habría hecho extensiva la tácita obligación de seguridad que rige los contratos de consumo, la cual entiende que no le resulta aplicable. Por lo demás, destaca que cumplió con todas las obligaciones que estaban a su cargo; de manera que estima que ningún reproche cabe realizarle. Finalmente, también se agravia por lo resuelto en materia indemnizatoria con relación al daño psíquico y al daño moral.

II.c. También el accionante, como se anticipó, vierte varias críticas contra el fallo en crisis.

Primeramente, se agravia porque el Consorcio de la calle Don Bosco nº 3536 fue excluido de la condena, alegando -en similares términos a los expuestos por Edesur- que habiéndose determinado su responsabilidad en el accidente que sufriera, no existiría óbice para condenarlo en los términos del art. 96 del CPCCN (s/ ley 25.488). En consecuencia, solicita que se le haga solidariamente extensiva la obligación reparatoria impuesta a la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica. Luego, y sin perjuicio lo expuesto, cuestiona los porcentajes de responsabilidad atribuidos en la instancia de grado, en el convencimiento de que - de no hacerse lugar a su primer agravio- corresponde que la obligación de responder se imponga enteramente a la compañía demandada. Cierra sus quejas, agraviándose por lo resuelto en materia indemnizatoria; concretamente por el rechazo del reclamo incoado por daño estético y el justiprecio determinado en concepto de gastos de traslado y atención médica.

III. Alcance del análisis de los agravios Para el estudio del presente he de seguir el rumbo de la Corte Federal, que ha sentenciado que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, "Fallos": 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi-Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", Tº I, pág. 825; Fenocchieto-Arazi. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN. "Fallos": 274:113; 280:3201; 144:611). Ello sentado, abordaré las cuestiones que considero sustanciales.

IV. La responsabilidad de Edesur S.A.

IV.a. En materia de servicios públicos privatizados, es sabido que la ley de reforma del Estado 23.696 (Adla, XLIX-C, 2444) autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la concesión - entre otros- de los servicios de distribución y comercialización de SEGBA (Anexo I, Cap. IV). A partir de allí, la ley 24.065 estableció los parámetros esenciales del servicio público que deben prestar las empresas concesionarias, a la par que creó y reguló el órgano de contralor de dicha actividad, bajo la denominación de Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). A su vez, el art. 2º de ese ordenamiento plasmó los objetivos de política general consistentes en la protección de los derechos de los usuarios, así como también la operación y la confiabilidad del servicio en cuestión. Al respecto, debe destacarse que el mentado órgano de control goza de la facultad de establecer multas a las empresas prestatarias por no haber satisfecho los deberes a su cargo, al mismo tiempo que puede destinar el producido de la aplicación de dichas sanciones a compensar a los usuarios afectados por el incumplimiento. Sin embargo, no se discute que - no obstante dicha previsión- nada obsta a que los usuarios puedan igualmente demandar - por la vía judicial que corresponda- la reparación integral de los perjuicios sufridos por fallas en la prestación del servicio; de manera que la mentada disposición de carácter administrativo resulta inoponible a los particulares damnificados sean o no usuarios del servicio eléctrico. Ello es así en la medida que, de lo contrario, conduciría a admitir que un contrato que está destinado a producir efectos entre quienes intervinieron en él (res inter alios acta), afectaría a terceros y, a la postre, derogaría el sistema de responsabilidad que establece el Código Civil (cfr. Ottonello, Ricardo P, "El incumplimiento en el servicio público de distribución eléctrica - Area metropolitana", LA LEY, 1999-B, 952).

En tal orden de ideas, pues, se ha dicho que "la relación entre el concesionario privado de servicios públicos y el usuario se rige, en principio, por el derecho privado, sin perjuicio de que corresponda al derecho administrativo todo lo atinente a la reglamentación del servicio" (cfr. Cassagne, Juan Carlos, "La intervención administrativa", citado por Pérez Sánchez, Luis R., "Servicio Público, técnica de protección al usuario", Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1998, p. 83).

En igual sentido al expuesto, la comisión que abordó el tema "Responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos" en las VII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal del año 1996 concluyó que "cuando el servicio es prestado por empresas concesionarias la relación jurídica contractual se rige por los principios constitucionales y las normas de derecho privado". Dicho despacho que, entre otros, fue suscripto por Alberto J. Bueres, Oscar Ameal, Ramón D. Pizarro, Juan José Casiello, Carlos Ghersi, Jorge A. Meza, Juan Carlos Boragina, María Marta Agoglia, Sebastián Picasso y Javier Wajntraub, enfocó - además- el tratamiento que cabe asignarle a la cuestión en el marco de la responsabilidad civil. Se precisó, así, que "en general, las obligaciones asumidas por las empresas prestadoras frente al usuario son de resultado y la responsabilidad de carácter objetivo. La empresa prestadora de servicio, además de la obligación específica, asume una obligación de seguridad" (sic); agregando que "el usuario debe ser considerado como débil jurídico frente al concesionario" (sic). De tal guisa, la conclusión fue la imperativa aplicación de un orden público económico de protección (ley 24.240) (Adla, LIII-D, 4125) que garantice la vigencia del principio de la reparación plena; de lo que se sigue que toda limitación de responsabilidad debe caer bajo la norma del art. 37, inc. a), de la ley 24.240.

La postura doctrinal de marras ha tenido su correlato jurisprudencial. Se sentenció sobre el punto que "las cuestiones atinentes a la relación entre el usuario presuntamente afectado y quien presta en forma profesional un servicio público deben enmarcarse en las previsiones de la ley 24.240 de defensa del consumidor, debiendo resaltarse que los usuarios de servicios públicos domiciliarios son los más necesitados de protección pues el acceso al consumo de servicios públicos es el primer derecho de los ciudadanos usuarios en cuanto imprescindibles para el desenvolvimiento". Para así decidir, se sostuvo que al prestarse el servicio en forma monopólica se genera una situación de desequilibrio que desde el punto de vista axiológico tiene que ser corregida por el Derecho del Consumidor (cfr. Juzg. Civ. y Com. Nº 3 de Quilmes, "in re" "Parody c. Telefónica Argentina", del 29/12/1997, LLBA, 1998-446, con nota de Stigitz, Gabriel y Solsona, Guillermo).

A tenor de lo señalado, entonces, ninguna duda cabe que el deber de la empresa concesionaria de proveer en forma correcta el servicio público encuadra en las denominadas obligaciones de resultado; lo cual determina que nos hallemos ante una verdadera responsabilidad objetiva de origen contractual, con la correlativa obligación tácita de incolumnidad que tiene aquella para con las personas y los bienes de los particulares. Conforme a este esquema, es obvio que el Tribunal quedará relevado de indagar el aspecto subjetivo del obrar atribuido al encartado, de modo que al actor le bastará con acreditar el incumplimiento (en el caso, la falta de prestación del servicio) y su relación con el daño sufrido para que la responsabilidad de aquél se presuma. Corolario de ello es que estará a cargo del emplazado probar alguna causal liberatoria del deber de responder: la culpa de la propia víctima, la culpa de un tercero por quien no tenga el deber jurídico de responder o, en fin, el casus de los arts. 513 y 514 del Código Civil (cfr. Trigo Represas, Félix. A., López Mesa, Marcelo J., "Tratado de la Responsbailidad Civil", Ed. La Ley, Bs. As., 2005, t. IV, p. 348 y ss.).

Así las cosas, y a tenor de lo narrado, corresponderá aplicar el art. 42 de la Constitución Nacional y los arts. 3 y 37 de la ley 24.240. En este aspecto, es verdad lo que se ha señalado en el sentido de que - por un riguroso imperativo constitucional- toda cuestión que se suscite debe ser resuelta conforme a lo que resulte más favorable a los intereses de consumidores y usuarios (ver Vázquez Ferreyra, Roberto A., "Apagones y Responsabilidad Civil", LA LEY, 1999-B, 1262).

IV.b. Con el precedente encuadre, debe tratarse el primer cuestionamiento de la emplazada; esto es, su negativa de la propia ocurrencia del evento en el que el actor fundó su demanda. Veamos.

Con las declaraciones testimoniales glosadas a fs. 311/314, fs. 315/317, fs. 318/319 y fs. 320/322 ha quedado palmariamente acreditado que contrariamente a lo alegado- el actor efectivamente sufrió el siniestro en el que fundó su pretensión. Ahora bien, aunque se pretenda ignorar las declaraciones señaladas, el precedente aserto se puede confirmar - por vía inferencial- en orden a la eficaz prueba de que el día en que el pretensor invocó haber sufrido el accidente que motiva el presente fue trasladado alrededor de las 21.18 hs. por personal del SAME al Hospital Gral. de Agudos José M. Ramos Mejía, en razón de haber caído por una escalera (ver fs. 414). No es óbice que este último elemento convictivo no demuestre de manera directa el infortunio de marras, ya que nuestro ordenamiento procesal no sólo admite la prueba directa de un hecho, sino que -a tenor de lo dispuesto por el inc. 5º de su art. 163- recepta también la denominada prueba indiciaria o indirecta del mismo. O sea que, con lo hasta aquí señalado, cabe desechar el primer argumento intentado por EDESUR para liberarse de la obligación que se le impusiera en la anterior instancia.

Asimismo, tampoco genera dubitación el prolongado corte de luz sufrido por el actor y que, desde luego, no le ha sido imputable. Ello es así en la medida que se acreditó que éste era cliente de la emplazada (ver pericial contable glosada a fs. 326/327); que entre los días 15 y 23 de febrero de 1999 su domicilio soportó un corte en el suministro de energía eléctrica que se prolongó -de manera alternada- durante un lapso mayor a las 154 horas (cfr. fs. 339 y fs. 356); que, en fin, el aquí pretensor no se encontraba en mora en el pago de sus consumos (ver fs. 366), lo cual -de haberse verificado- habría justificado un eventual corte de suministro.

Lo expuesto torna indiscutible la responsabilidad que a la encartada le cupo en la incidencia a la que me referí en el anterior párrafo. Es que, como lo resolvió la Sala I de la CNFed. Civ. y Com., en autos "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c. Edesur", del 16/3/2000 (LA LEY, 2000-C, 399; "Colección de Análisis Jurisprudencial. Elementos de derecho Procesal Civil", Ed. La Ley, 2002-108; "Colección de Análisis Jurisprudencial. Contratos Civiles y Comerciales", Ed. La Ley, 2002, p. 146; DJ, 2000-2-539; "Colección de Análisis Jurisprudencial. Obligaciones Civiles y Comerciales", Ed. La Ley 2003, p. 12, con nota de Martín Alejandro Christello), "habiendo la empresa prestadora del servicio eléctrico reconocido en sede administrativa y ante los medios públicos su responsabilidad frente a los usuarios por la interrupción del suministro de energía, no puede negarla en sede judicial, pues ello importa contradicción con sus propios actos y una conducta que contradice el principio de buena fe que debe regir entre el prestador de un servicio público y el usuario, regulada en los arts. 42 de la Constitución Nacional y 1º y 25 de la ley 24.240 (Adla, LIII-D, 4125)" (sic).

En tal inteligencia, y por vía excepcional, sólo podría liberar a la demandada la ocurrencia de una eventual causa ajena. En tal sentido, la vencida articuló una supuesta conducta culpable de la propia víctima como elemento eficaz para eximirse de la responsabilidad que se le atribuye; empero adelanto desde ya que la respuesta a tal postura defensiva ha de ser negativa. Es que estimo que no puede sostenerse válidamente - por escapar a toda lógica- que la conducta que el actor asumió en la emergencia haya sido culposa -en los términos del art. 512 del Código Civil- con la pretensión de aplicar al caso la previsión del art. 1111 de dicho cuerpo legal. Las constancias de autos demuestran que lo postulado por la recurrente comporta admitir como válida una exigencia irrazonable: requerirle al demandante que durante un lapso de tiempo excesivamente prolongado permanezca confinado en su hogar, sin intentar satisfacer sus necesidades básicas; lo cual deviene a todas luces improponible.

Resta analizar ahora la defensa relativa a la falta de nexo de causalidad entre el incumplimiento de Edesur y las lesiones padecida por el actor. Al respecto, debo señalar que en casos como el de marras no es necesaria la prueba de una relación de causalidad con un criterio irrefutable o exactitud científica. Bien se ha dicho que -en términos jurídicos- la causalidad es la cadena de resultancias de una acción o de una omisión que resulta vinculable a ella (ver Casiello, Juan José, "¿Existen en nuestro derecho las presunciones de causalidad?", LA LEY, 2006-A, 920). En otras palabras, el vínculo causal entre un antecedente y el resultado que se pretende imputar a su autor puede quedar judicialmente comprobado por medio de las llamadas presunciones hominis, de manera que bastará que la acción u omisión que se imputa a la emplazada se presente como una probabilidad predominante o determinante del daño acaecido (Vázquez Ferreyra, Roberto A., Roberto A., "La prueba de la relación causal en la responsabilidad civil (Hacia un alivio de la carga probatoria)", LA LEY, 1996-D, 988).

En resumidas cuentas, el accidente se produjo cuando el actor se disponía a bajar las escaleras del edificio en el que vivía y aquellas se hallaban en deficiente estado de iluminación debido al corte de energía eléctrica antes referido. Sobre el punto evalúo que de haber prestado la encartada en debida forma el servicio a su cargo, observando la obligación de seguridad que expresamente le cabe para con los usuarios, el hecho -según el curso ordinario de las cosas- no hubiese ocurrido; lo que significa decir que ,según las reglas de la sana crítica, atribuyo a la falta de suministro de luz eléctrica la virtualidad suficiente como para incidir en la producción del evento que motiva estas actuaciones; ello dicho sin perjuicio de la responsabilidad del Consorcio de propietarios que se analizará en el acápite siguiente.

Como corolario de lo descripto, no obrando en autos elementos que desvirtúen la presunción de responsabilidad que pesa sobre esta apelante, voto para que se rechace la queja en análisis y - en consecuencia- se confirme la porción de responsabilidad (60 %) que se le imputó en la instancia de grado.

V. La responsabilidad del Consorcio de propietarios y su consecuente condena Respecto de esta cuestión -en lo medular- comparto la solución a la que arribó la magistrada que me precedió. Ahora bien, atento a los agravios vertidos por el Consorcio de propietarios -ante el 40 % de la responsabilidad en el hecho de marras que le atribuyó la judicante- destaco que aquella no se deriva de una hipotética obligación de seguridad análoga a la que le cabe a la empresa prestataria del servicio público, sino que su deber de responder emerge de no haber mantenido la escalera del edificio de la calle Don Bosco 3536 -durante el tiempo que duró el corte de electricidad- en adecuadas condiciones de iluminación.

Sin hesitación, estimo que el referido incumplimiento del Consorcio ha coadyuvado a que el Sr. Valdez sufra las lesiones cuya reparación persigue en la especie. Avala este aserto las declaraciones testimoniales antes mencionadas, y que han emanado sea de integrantes del Consorcio traído a juicio; sea del Sr. Espínola, un dependiente de él. Todas las deposiciones coinciden en señalar que en la oportunidad del accidente, la escalera en cuestión sólo se hallaba iluminada con velas, las cuales a veces "desaparecían". Asimismo, se destacó que -al estar ellas dispuestas a través de los peldaños- presentaban una mínima vida útil y de ninguna manera podían suplir a la luz de emergencia que resulta exigible de conformidad con lo prescripto por el Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ver fs. 311/314, fs. 315/317, fs. 318/319 y fs. 320/322; ver también fs. 259).

En definitiva, el deber reparatorio que se le atribuye al Consorcio de Propietarios radica en su condición de dueño de la cosa - la escalera- que al carecer de adecuada iluminación genera por su estado riesgoso un daño a otro; todo ello en los términos de la previsión contenida en la 2( parte, del 2( párrafo, del art. 1113 del Código Civil. Resalto sobre la cuestión que, aun cuando resulta innegable que la escalera es una cosa inerte, si se encuentra a oscuras o en penumbras se transforma en una cosa riesgosa; tal como aconteció en autos (cfr. CNCiv., sala K, "in re" "Maglio c. Consorcio Bogotá 258", del 5/2/2007; íd., CCiv. y Com. Bahía Blanca, sala 2º,en autos "Conti c. Consorcio Edificio Fenizi", del 5/12/2006, JA 2007-I-678).

Propongo pues a mis colegas que se rechacen los agravios atinentes a este aspecto del decisorio de grado y, en consecuencia, se confirme el 40% de responsabilidad que se le imputó en la primera instancia.

Sin embargo, contrariamente a lo resuelto por la Sra. Juez a quo, habré de proponer al Acuerdo que la condena se haga extensiva al Consorcio, en razón de que -como lo puntualizaré- no creo que mi ponencia no resulte factible por la circunstancia de haber sido aquel traído a juicio en calidad de tercero, y no como parte principal. Veamos.

Como he dicho antes de ahora (ver mi anterior voto in re "Fines c. Transportes Automotores Lujan S.A.C.I. s/ ds. y ps.", del 31/8/2006, publicado en suplemento de Derecho Procesal de elDial.com del 27/11/2006, con nota de Leguisamón, Héctor E., elDial DCA4F), es conocida la discusión que en doctrina y jurisprudencia se operaba antes de la reforma del art. 96 del CPCCN (s/ ley 25.488) acerca de la posibilidad de que una eventual sentencia de condena fuera ejecutable contra el tercero citado. Concretamente, la cuestión giraba en torno al alcance que correspondía atribuirle al segundo párrafo del citado artículo en cuanto disponía que "la sentencia dictada después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso, lo afectará como a los litigantes principales". Así, mientras un sector no dudaba en señalar la posibilidad de ejecutar la sentencia contra el tercero citado (ver las opiniones de Yáñez Alvarez, Colombo, Weltzer Malbrán y Leguisamón; por citar sólo algunos), otros se inclinaban por la negativa (ver a Palacio, Kenny, Fenochietto, Arazi y Rojas; entre sus principales expositores).

Sobre el tema, vale la pena destacar que -ya antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal- la Corte Federal avaló la solución propiciada por la primera de las orientaciones señaladas, y sentenció que "Si el tercero citado en el proceso, en los términos del art. 94, CPCCN, contesta la demanda, ofrece y produce prueba, presenta su alegato y contesta agravios, sin invocar la existencia de alguna restricción derivada de la calidad en la cual es incorporado al proceso y sin articular defensas con ese fundamento, debe ser equiparado a la parte principal, en uso de todas la prerrogativas, derechos y deberes que le competen legalmente. De esta forma, la sentencia que lo condena en forma solidaria con la demandada no constituye un agravio a las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio" (ver CSJN, in re "Gandolfi de Vanetta, Mercedes c. Dirección Nac. de Vialidad", del 16/4/1998, LA LEY, 1999-F, 761).

Finalmente, la reforma efectuada por la ley 25.488 al segundo párrafo del art. 96 del Cód. Procesal -al cual también agregó un tercer párrafo- puso fin de manera certera a la cuestión, dado que su redacción actual ya no permite dudar acerca de que la sentencia de condena resulta efectivamente ejecutable contra el tercero citado.

Ahora bien, a pesar de lo expuesto, la sanción de la nueva ley dio pie a una nueva cuestión, pura de derecho transitorio. Me refiero al art. 4º de la ley 25.488, en tanto dispone que sus disposiciones se aplicarán "a todos los juicios, aun los que se encontraren pendientes". Y aquí surgieron nuevamente las discrepancias. Se observará que mientras algunas Salas de este Tribunal realizaron una aplicación literal de la citada disposición legal, resolviendo que la condena al tercero citado es factible aún cuando la citación fue previa a la entrada en vigencia de la ley reformadora (ver, entre otros, CNCiv., Sala D, en autos "Valín c. García y otro", del 20/12/2002; íd. CNCiv., Sala K, en autos "Cruzzetti c. Estado Nacional y otros"); otras optaron por la solución contraria, en la convicción de que la aplicación inmediata de la reforma dispuesta en esta materia podría lesionar en el tercero el derecho constitucional de defensa en juicio (ver CNCiv., Sala F, in re "Vello Verón de Falcón c. Yocu" y "Krieg c. Arbildi", ambos del 5/9/2002; íd CNCiv., Sala F, en autos "Caffieri c. Metrovías S.A.", del 7/2/2003; íd. CNCiv., Sala J, "in re" "Ianua S.A. c. GCBA", del 14/11/2002; íd. CNCiv., Sala E, en autos "Escobar c. Plan Rombo S.A. de ahorro para fines determinados y otro", del 15/7/2004; íd., íd., "in re" "Vera de Zabini c. Intercorp S.A.", del 27/9/2004. Ver también CNCom., Sala C, en autos "Fontanellaz y otros c. Furlong Empresa de Viajes y Turismo S.A.", del 20/9/2002).

En el concreto caso sub exámine ha sido la última de las orientaciones mencionadas la seguida por la anterior sentenciante, quien - más allá de entender que el Consorcio citado en estos autos en calidad de tercero revestía el carácter de responsable en la producción del hecho que opera como causa de ellos- consideró que en la especie no era aplicable la ya referida modificación efectuada por la ley 25.488 al art. 96 del CPCCN; y habida cuenta que la citación del tercero fue anterior a su entrada en vigencia (ver fs. 587 vta.).

La mentada decisión de la juzgadora originó los agravios de "Edesur"y del Sr. Valdez, postulando ambos la inaplicabilidad de la doctrina en la que se fundó este aspecto de la decisión recurrida. Tal como lo anticipé, considero que asiste razón a los apelantes puesto que -con la extensión de la presentación de fs. 223/224 vta.- se aprecia claramente que, al condenar al Consorcio citado como tercero, ningún derecho constitucional se le está conculcando. Ello es así porque este último ha contado con las amplias posibilidades de debate y prueba previstas por la Corte Federal para habilitar su condena (ver lo resuelto en el ya citado fallo "Gandolfi de Vanetta, Mercedes c. Dirección Nac. de Vialidad", del 16/4/1998, LA LEY, 1999-F, 761); de manera que su actuación ha quedado equiparada a la de una verdadera parte (ver mi voto en autos "Cortese c. Cortez", del 28/12/2006).

A la luz de lo delineado, propongo a mis colegas que los agravios en cuestión se reciban favorablemente y -de tal guisa- la condena que aquí se establezca se haga extensiva al Consorcio de Propietarios de la Calle Don Bosco nº 3536 de esta Ciudad, contra quien -desde luego- podrá ser libremente ejecutada.

VI. La concurrencia de responsabilidades Otra de las peticiones del accionante -como quedó dicho- consiste en que, para el caso de que esta Alzada mantenga -tal como lo hizo- la distribución de responsabilidad efectuada en la anterior instancia y condenara -tal como también se resolvió- al Consorcio citado, se disponga que ambos resultan solidariamente responsables. He aquí un error conceptual en el apelante -o más bien en su dirección letrada- puesto que en casos como el de marras no se podría hablar propiamente de solidaridad.

En efecto, como ya lo estableciera al votar in re "Fernández c. Cerámicos Fernández S.R.L.", del 31/8/2006, peticiones como las que me ocupan son incorrectas ya que a cada uno de los condenados no se les impone el deber reparatorio por ser coautores civilmente responsables de un siniestro, sino que la causa por la cual se les atribuye tal obligación es distinta en cada caso (ver al respecto los cons. IV y V de este acto); de modo que no puede sostenerse que entre los distintos responsables haya existido concierto o connivencia en la consumación del hecho dañoso.

De tal guisa, en casos como la de marras, lo que en verdad se verifica es la concurrencia de obligaciones resarcitorias ante la víctima del daño; todas ellas de fuente y causa distinta, mas con una sola prestación a cargo de los obligados al pago; cual es el monto fijado para enjugar el daño injustamente sufrido (cfr. CNCiv., Sala E, "in re" "Camargo c. Parodi", del 18/5/1999). En suma, en la especie nos encontramos ante a un supuesto típico de obligaciones concurrentes, también llamadas conexas, indistintas, convergentes o in solidum; las que se caracterizan, como quedó dicho, por presentar distintas causas y distintos deudores. No habrá pues -a diferencia de las obligaciones solidarias- una relación jurídica única, sino que estaremos ante una multiplicidad de relaciones jurídicas con identidad de prestación.

El error del quejoso reside en que, en la realidad, no se verifica un verdadero agravio sobre el punto, toda vez que las distinciones precedentemente efectuadas no impedirán al actor reclamar el total de la condena contra cualquiera de los obligados. Este aserto, precisamente, torna innecesario abundar sobre la cuestión. Es que el objetivo perseguido por el apelante aparece en verdad alcanzado al disponerse la condena tanto a Edesur como al Consorcio de Propietarios.

VII. La indemnización VII.a. Como ya lo anticipara en el precedente acápite II de este acto, es materia de queja -tanto de Edesur como del Consorcio citado lo resuelto en la anterior instancia en torno a la incapacidad psicológica sobreviniente.

Al respecto, es sabido que bajo esta partida se indemniza la falta de salud psíquica derivada de un hecho ilícito, debiéndose verificar -a los fines indemnizatorios- la naturaleza y la entidad del interés lesionado. Se trata de una inhabilidad o dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales, sin que importe que tal disminución no afecte la capacidad productiva del individuo, dado que existe un derecho en el sujeto a conservar ilesa e intacta su psiquis.

Desde otra perspectiva, la jurisprudencia ha dicho que para fijar el monto indemnizatorio por la incapacidad derivada de un accidente, debe estarse al prudente arbitrio judicial. El órgano jurisdiccional apreciará así la trascendencia de las lesiones sufridas, la edad de la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, situación económico social de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc. (cfr. CNCiv., Sala D, del 7/11/1968, E.D., 25-428; íd, íd., del 9/5/1972, E.D., 43-740; íd., Sala E, del 23/3/1961, E.D. 1-58; entre muchos otros).

Sentado lo expuesto, cabe meritar -entonces- la edad de la víctima (71 años al momento del accidente s/fs. 414), así como también ponderarse sus restantes condiciones personales (sexo masculino, que vive en pareja, es jubilado y escritor aficionado s/fs. 426), sus escasos recursos económicos (ver fs. 96/97 del beneficio de litigar sin gastos que corre por cuerda), las propias circunstancias del hecho (según lo consignado supra) y, en fin, la índole de las lesiones sufridas.

Sobre el punto, la Lic. Feldman señaló que el evento que aquí se ventila determinó que el accionante sufriera un daño psicológico - concomitante con las lesiones físicas sufridas- (ver fs. 431) que se compadece con un cuadro de "reacción traumática" y "se presenta bajo la forma de depresión reactiva ansiosa en estado moderado" (sic) (ver fs. 431 vta.). A ello agregó la profesional que la patología descripta resulta generadora de una cierta minusvalía (ver fs. 432, pto. 2), a la par de indicar - para su evolución- la realización de un tratamiento psicoterapéutico con orientación psicoanalítica (ver fs. 432, pto. 8).

Si bien no paso por alto que las conclusiones periciales recién citadas (y que valoro en los términos del art. 477 del rito) han merecido la impugnación de Edesur, a tenor de la pieza que luce glosada a fs. 435/437 vta., considero que tal presentación no disminuye el valor probatorio del mentado peritaje. Ello es así dado que no es dable admitir cualquier clase de impugnación, sino sólo aquella que se funde objetivamente en la incompetencia de los expertos, en errores o en el uso inadecuado de los conocimientos técnicos o científicos en los que pudiese haber incurrido. La impugnación, entonces, debe constituir una "contraexperticia"; de lo que se sigue que tiene que contener también como el propio dictamen una adecuada explicación de esos principios científicos o técnicos, y no una mera alegación de pareceres subjetivos o simples generalizaciones, sin sustento en otros elementos de juicio ciertos y serios arrimados al proceso. Por eso, cuando -tal como acontece en autos- la experticia aparece debidamente fundada y concuerda con otros elementos de ponderación obrantes en la causa, la sana crítica aconseje -en principio- que ante la imposibilidad de oponer argumentos de igual naturaleza y de mayor peso convictivo, se acepten las conclusiones del idóneo (cfr. mi voto "in re" "Argentieri c. Trenes de Buenos Aires y ot.", del 21/3/2006, ED del 11/4/2007, p. 4 y ss., nº 11.735; íd., Palacio "Derecho Procesal Civil" V-514 y sus citas).

De resultas de lo narrado, no cabe dudar acerca de la procedencia de esta partida.

En cuanto a su justiprecio, también coincido con las pautas tenidas en cuenta por la anterior sentenciante, motivo por el cual propiciaré la confirmación de este aspecto del decisorio en recurso. Ahora bien, toda vez que la suma fijada por este concepto en la anterior instancia ($ 3000) fue fijada teniendo sólo en cuenta el porcentaje de responsabilidad que le corresponde a Edesur (ver pto. VII de fs. 594), me veo constreñido a aclarar que -en orden a los resuelto en los acápites V y VI de este voto- la suma total por la que prosperará esta partida será de $ 5000, la cual -tal como se determinó en la instancia de grado- se encuentra destinada a enjugar tanto el daño psíquico cuanto el tratamiento de esta índole aconsejado por la experta.

VII.b. En lo atinente al agravio del Sr. Valdez por el rechazo del reclamo que incoara por daño estético, señalaré -en primer término- que participo de la opinión según la cual este daño carece de autonomía, pudiendo tener proyecciones -potencialmente- tanto en el daño material como en el daño espiritual (cfr. mi voto en autos "Herrera c. Greco",del 24/2/2006; íd., Zavala de González, Matilde, "Daños a la persona, Integridad psicofísica", Ed. Hammurabi, Bs. As., 1990, pág. 225). Ahora bien, sin perjuicio de ello -y cualquiera sea la postura que se adopte al respecto- para que proceda cualquier indemnización deviene esencial la prueba del menoscabo sufrido, pues si bien es facultad de los jueces su fijación aunque no resulte acreditado exactamente, debe siempre probarse la realidad del perjuicio (cfr. mi voto "in re" "Maciel C. Amadasi", del 10/3/2006).

Así las cosas, en el caso sub exámine no se advierte elemento convictivo alguno que avale el reclamo del actor. Más aún, nótese que de los términos de la pericial médica producida en autos (ver fs. 446/448) surge claramente que la cicatriz derivada de la herida cortante que el actor sufrió en la frente lucía casi imperceptible al momento de su examen clínico (ver fs. 447); lo cual -huelga señalarlo- sella fatalmente la suerte del agravio en análisis. Corolario de lo expuesto es mi propuesta a los colegas para que este aspecto del decisorio en recurso también se confirme.

VII.c. En cuanto a la quejas vertidas contra la suma otorgada en concepto de daño moral, entiendo que deben recibir favorable acogida y -en consecuencia- el monto fijado tendría que ser reducido.

Sobre este daño, hay acuerdo en que comporta una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, perturbándose la tranquilidad y el ritmo normal de vida, encontrándose fuera de discusión que constituye una alteración desfavorable en las capacidades del individuo para sentir, querer y entender. Por otro lado, resulta claro que no produce daño moral el mero desagrado, las molestias y las angustias propias de la vida cotidiana, lo que significa decir que debe tener una razonable envergadura.

En tal sentido, si bien es cierto que el daño moral no puede ser medido en sí mismo por un procedimiento material, también es verdad que resulta factible hacerlo por una vía no menos real, aunque inmaterial: con la balanza de la mente y el metro del espíritu. Así, cuando se dice que el daño moral no requiere acreditación, en general se está aludiendo a la imposibilidad de prueba directa, pero las presunciones que emergen de determinadas situaciones constituyen también un medio probatorio, sólo que indirecto (cfr. Matilde Zavala de González en "Resarcimiento de daños", t. 2b, pág. 593 y ss.). Es que no obstante que el juzgador no puede decir cuánto afectó a la víctima el accidente, sería posible algún tipo de evaluación estimando la magnitud del dolor que el ilícito provocaría en el común de las personas. Lo expuesto es sin perjuicio de destacar que, en hechos como el de autos, este daño no requiere de prueba específica alguna y se lo debe tener por demostrado por la misma acción antijurídica (prueba in re ipsa).

Desde otro ángulo, corresponde precisar que -a los fines indemnizatorios no sólo se debe tener en cuenta las condiciones personales de la víctima -las que han sido ponderadas en el precedente considerando VII.a., al que me remito brevitatis causae- sino también evaluar los padecimientos de esta índole que razonablemente pudo haber sufrido el accionante a consecuencia del hecho dañoso.

Conforme a los parámetros referidos, se observará que si bien el Sr. Valdez debió recibir atención hospitalaria a raíz de las lesiones sufridas y someterse a posteriores curaciones (ver fs. 447), lo cierto es que del material convictivo de la causa no surgen elementos que demuestren cabalmente que su ritmo de vida, si bien resultó alterado, haya alcanzado dimensiones considerables.

Por lo dicho, y teniendo en cuenta que el daño moral cuya reparación aquí se persigue es el derivado del accidente en cuestión, y no aquel originado en el ya harto aludido corte de energía eléctrica (ver fs. 58 vta.), estoy persuadido -tal como lo anticipé- que el justiprecio efectuado sobre esta partida del daño en la anterior instancia ($ 5000 por el total de la responsabilidad derivada del hecho de marras, s/ la aclaración contenida en el pto. VII de fs. 594 ) luce algo elevado. De ahí que voto para que la indemnización a otorgar por este perjuicio proceda por la suma total y única de $ 4000 (comprensivo tanto del porcentaje de responsabilidad que se le atribuyó a Edesur, cuanto del que se imputó al Consorcio citado como tercero).

VII.d. Por último, en lo que a la cuestión indemnizatoria concierne, quedan por considerar los agravios vertidos contra la suma fijada en concepto de gastos de asistencia médica y traslados; adelantando desde ya que propiciaré la favorable acogida de la queja articulada por Edesur, con el alcance y por los motivos que infra expondré.

Respecto de los gastos de atención médica y farmacia, cabe señalar que en forma reiterada la jurisprudencia ha decidido que resulta procedente el reintegro de este tipo de erogaciones en que debió incurrir la víctima como consecuencia de un hecho ilícito. Y ello es así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente el respectivo pago, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento. Lo propio acontece aún en el caso que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos (ver fs. 414) o que cuente con cobertura social (ver fs. cit.), toda vez que siempre existen desembolsos que no son completamente cubiertos (cfr. esta Sala in re "Chaparro c. Coop. Ltda. de Seguros Bernardino Rivadavia s/ ds. y ps.", del 18/4/96).

Con relación a los gastos de traslado, también el criterio que debe prevalecer sobre la procedencia de este rubro es amplio, no siendo necesario agregar documentos que acrediten tales erogaciones ya que la costumbre determina que muchas veces no se otorga comprobante alguno. Vale decir, que no se requiere una prueba fehaciente para ser admitidos, sino que se deducen de las lesiones sufridas por la víctima (cfr. CNCiv., sala F, en autos "Vidal de Prieta c. García" del 30/09/91).

Sin embargo, en el caso de autos la poca envergadura de las lesiones sufridas por el actor (ver fs. 477) ameritan alguna reducción al monto de condena fijado en la anterior instancia ($ 833, de los cuales $ 500 corresponden a la responsabilidad endilgada a Edesur, y el resto a la atribuida al Consorcio de la calle Don Bosco nº 3536). Por ello, y en orden a lo dispuesto por el art. 165 de la ley ritual, propongo indemnizar esta partida en la cantidad única y total de $ 700.

VIII. Costas Sobre la cuestión, cabe tener presente que estas erogaciones son un corolario de la derrota en el pleito, y tienden a resarcir al vencedor los gastos de justicia en que debió incurrir para obtener - ante el órgano jurisdiccional- la satisfacción de su derecho (cfr. CNCiv., Sala D, del 12/8/1976, LA LEY, 1977-A, 433; íd., Sala F, del 23/4/1981, JA 1982-I-173). En consecuencia, la condena en costas es la regla y -por ende- su dispensa la excepción; de modo que el apartamiento del principio general sólo se justifica cuando median razones muy fundadas. Ello significa decir que la exención tiene que apreciarse con una óptica restrictiva, la que aparece avalada por el criterio objetivo de la derrota en juicio que reina en la materia (art. 68 del CPCCN); desplazando pues toda idea subjetiva de buena o mala fe en las partes (cfr. Morello, Augusto M., "Códigos Procesales", T II-B, p. 116 y jurisprudencia allí citada).

En función del mencionado encuadre jurídico, y teniendo en cuenta que la noción de vencido se determina según una visión global del juicio, y no por cálculos aritméticos (ver mi voto "in re" "Menéndez c. Alberto Sargo S.R.L.", del 23/11/2005), he de propiciar que se rechace la queja vertida por Edesur contra este aspecto del decisorio de grado, y se disponga que la emplazada y el Consorcio citado como tercero, sean concurrentemente responsables por las erogaciones causídicas derivadas de ambas instancias.

IX. Conclusión Por las consideraciones fácticas y jurídicas hasta aquí desplegadas, propongo al Acuerdo: a) Que se confirme la sentencia apelada en lo relativo al 60% de responsabilidad atribuido a la "Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima" (Edesur S.A.); b) Que, asimismo, se la confirme en lo relativo al 40 % de responsabilidad imputado al Consorcio de Propietarios del edificio sito en la calle Don Bosco nº 3536 de esta Ciudad; determinando consecuentemente su responsabilidad concurrente y tornando factible la ejecución de la condena a su respecto; c) Que se modifique el fallo apelado con relación al capital de condena; el que se establece en la suma única y total de $ 9700 (monto este que resulta comprensivo tanto de la responsabilidad impuesta a Edesur, cuanto del que corresponde al Consorcio de la calle Don Bosco nº 3536), con más sus respectivos intereses, los que se liquidarán de conformidad con lo dispuesto en el fallo en crisis; d) Aplicar las costas de ambas instancias a los vencidos (art. 68, 1( parte del CPCCN).

Los doctores Ramos Feijóo y Sansó, por análogas razones a las aducidas por el doctor Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, a) Se confirma la sentencia apelada en lo relativo al 60 % de responsabilidad atribuido a la "Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima" (Edesur S.A.); b) Se confirma en lo relativo al 40% de responsabilidad imputado al Consorcio de Propietarios del edificio sito en la calle Don Bosco nº 3536 de esta Ciudad; determinando consecuentemente su responsabilidad concurrente y tornando factible la ejecución de la condena a su respecto; c) Se modifica el fallo apelado con relación al capital de condena; el que se establece en la suma única y total de ($ 9700) pesos nueve mil setecientos (monto este que resulta comprensivo tanto de la responsabilidad impuesta a Edesur, cuanto del que corresponde al Consorcio de la calle Don Bosco nº 3536), con más sus respectivos intereses, los que se liquidarán de conformidad con lo dispuesto en el fallo en crisis; d) Las costas de ambas instancias a los vencidos. -Mauricio L. Mizrahi. -Claudio Ramos Feijóo. -Gerónimo Sansó.