Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-27


SENT Nro. 954 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 27 DE NOVIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, con más la integración de los doctores Alberto José Brito -por no existir votos suficientes para dictar sentencia válida- y Héctor Eduardo Aréa Maidana -por subsistir la falta de votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: " Cabañas de Beltrán, Patricia Elizabeth vs. Juvenil Instituto Moderno (JIM) S.R.L. s/Indemnización".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane, Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo el 20/8/2002 (fs. 225/229 vta.), la parte demandada dedujo recurso de casación, el que fue concedido por dicho Tribunal mediante pronunciamiento del 09/12/2002 (fs. 252 y vta.). Consta en informe actuarial de fs. 261 que únicamente la actora ha presentado el memorial del art. 137 CPL.

2.- La sentencia hizo lugar a la demanda deducida por la Sra. Patricia Elizabeth Cabañas de Beltrán, y condenó al Juvenil Instituto Moderno (J.I.M.) S.R.L. al pago de la suma de $9.395,47 en concepto de haberes marzo/97, mes de despido integrado (abril/97), indemnización por antigüedad, sustitutiva del preaviso, vacaciones prop. 96' y 97', SAC prop./97, e indemnización art. 178/182 LCT.

3.- El recurrente disiente con la sentencia en cuanto hace lugar al rubro indemnización agravada dispuesto por los arts. 178 y 182 LCT e impone la totalidad de las costas a su parte.

Denuncia que el fallo prescindió de la letra del art. 178 LCT, pues de acuerdo a dicha norma es insoslayable la exigencia de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así como en su caso el del nacimiento, señalando que de no ser así, no puede jugar de ninguna manera la presunción de que el despido obedece a razones de maternidad o embarazo.

Sostiene que si esas condiciones no han sido cumplidas, no habrá lugar al pago de la indemnización, que es lo contrario a lo que nos dice el voto mayoritario del fallo. Puntualiza que allí se consideró que el estado de embarazo era evidente y que no constituía un hecho contradicho por la incontestación de la demanda, apartándose de la norma del art. 178 que fija terminantemente qué condiciones deben atenderse para que prospere una pretensión como la que se ventila en autos.

Destaca que la señora Cabañas de Beltrán dejó incumplida su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo y el del nacimiento, que era la única vía para que esta indemnización excepcional pudiera prosperar. Asevera que la actora no hizo saber a la empleadora con anterioridad a su despido y con la antelación debida que marca el art. 177 que estaba embarazada, presentándole el certificado médico correspondiente.

Por último, señala que la sentencia impuso las costas a su mandante, cuando ellas debieron recaer proporcionalmente entre los litigantes.

4.- El recurso ha sido deducido en el término que prevé el art. 132 CPL, se dirige contra sentencia definitiva, han sido invocados de manera suficiente los supuestos previstos por el art. 131 inc. a) del CPL, y se ha cumplido con el afianzamiento del art. 133 CPL. En consecuencia, corresponde analizar la procedencia de la casación intentada.

5.- Los agravios del recurrente se dirigen sustancialmente a cuestionar la admisión de la indemnización del art. 178 LCT.

Con el objeto de clarificar el tema traído en casación, cabe poner de relieve que, a fin de garantizar el empleo de la mujer trabajadora durante los períodos de gestación y postparto, la ley ha establecido un sistema de presunción legal y un régimen indemnizatorio especial. En tal sentido, el art. 178 de la LCT (según texto de la Ley Nº 21.297) establece: "Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuere dispuesto dentro del plazo de siete y medio meses anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así como, en su caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el art. 182 de esta ley".

Del claro dispositivo transcripto surge que para que la presunción legal en ella contenida se torne operativa, es necesario el previo cumplimiento de requisitos obligatorios por parte de la trabajadora: a) la acreditación del estado de embarazo; y b) su notificación al empleador.

Asiste, pues, razón al recurrente en cuanto postula que la obligación de notificar y acreditar en forma constituye un requisito insoslayable para que opere la presunción del art. 178 LCT. En este sentido, esta Corte tiene dicho que la circunstancia de que oportunamente no se encontrara acreditado a través de medio idóneo el estado de embarazo, obsta naturalmente a que opere la presunción de la ley (cfrme. CSJTuc., in re "Pérez Romano Patricia vs. Colegio del Aconquija y otro s/cobro de pesos", sentencia Nº 259 del 26/5/1995).

Ahora bien, considero que el sólo hecho de que en el presente caso no se encuentren cumplidos los extremos exigidos por el art. 178 LCT, únicamente determina la inaplicación de la presunción iuris tantum de que el despido se produjo por causa de embarazo o maternidad, pero de ninguna manera puede inferirse que ha quedado excluida toda posibilidad de la trabajadora de acreditar que fue la maternidad o el embarazo el motivo determinante del despido.

Ello así, por cuanto la presunción prevista por el art. 178 LCT constituye una regla jurídica que dispone simplemente un desplazamiento de la carga de la prueba, relevando a la trabajadora de las dificultades de acreditar la vinculación entre el despido y la maternidad o el embarazo, de modo tal que ante la falta de alguno de los requerimientos necesarios para que opere la presunción del art. 178 LCT, incumbirá a la trabajadora que lo afirme, la demostración de la vinculación entre ambos extremos para que proceda la indemnización que prevé la norma en análisis.

En concreta relación a este tema, se ha dicho que "la mera carencia de los requisitos del art. 178 de la ley de contrato de trabajo (Adla, XXXIV-D, 3218; XXXVI-B, 1175), sólo afecta la aplicación al caso de la presunción de que el despido se produjo por causa de embarazo, pero ello no significa que excluya la posibilidad de demostrar los extremos invocados por la trabajadora, pues el alcance de la norma en lo que a ésta se refiere, se reduce a invertir el 'onus probandi' que ahora vuelve a caer en cabeza de la misma (...)" (CNTrab., Sala II, sent. del 10/10/86 dictada en autos "Tombolini, Liliana c. El Hogar Obrero", JURIS, 80-40).

Desde esta perspectiva, el pronunciamiento impugnado apoyado en la incontestación de la demanda y en que el despido es injustificado, y que tiene por cierto lo expresado por la actora en su demanda, en el sentido de que ella fue despedida por causa de embarazo ya que tuvo familia el 22/3/97 y el despido se produjo el 04/4/97, cuenta con fundamentos suficientes y traduce una interpretación razonable del art. 178 de la LCT.

Consecuentemente, corresponde rechazar el recurso de casación intentado por la parte demandada en autos.

6.- Las costas de esta instancia, conforme al resultado arribado, deberán ser soportadas por la demandada vencida (arts. 49 CPTT y 105/106 CPCC).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 239/242 vta., la representación letrada de la parte demandada presenta recurso de casación contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, dictada el 20 de agosto de 2002, obrante a fs. 225/229, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 9 de diciembre de 2002 (cfr. fs. 252 y vta.). Unicamente la parte actora, según surge del informe actuarial de fs. 261, presentó la memoria facultativa prevista en el artículo 137 del CPT.

II.- En lo atinente a lo decidido por la sentencia atacada, como así también, a los agravios que sustentan el recurso en examen, me remito a la prolija reseña contenida en los puntos 2 y 3 del voto del doctor Alfredo Carlos Dato. Asimismo, coincido con el punto 4 de dicho voto, en lo relacionado con la admisibilidad del recurso.

IV.- En lo relacionado con la fundabilidad del recurso en examen, también comparto con el señor vocal preopinante, en que los agravios de la recurrente se dirigen sustancialmente a cuestionar la admisión de la indemnización prevista en el artículo 178 de la LCT. Sin embargo, disiento con los fundamentos y conclusiones a las que arriba en el punto 5 de su voto, por las razones que paso a exponer.

Preliminarmente cabe destacar que la sentencia en crisis, voto mayoritario, se pronuncia por la procedencia de la indemnización prevista en el artículo 178 LCT (no obstante que la trabajadora no acreditó ni notificó el embarazo en tiempo oportuno), atento a la incontestación de la demanda, la prueba de la relación laboral y el despido injustificado de la actora, teniendo por cierto lo expresado en la demanda que el distracto se produjo por causa de embarazo (artículo 58 del CPT), en razón de la notoriedad del embarazo y que el despido se produjo el 04-4-97 y la actora tuvo familia el 22-9-97.

Al respecto cabe efectuar algunas consideraciones en torno a las normas en juego, para luego ingresar en la consideración del caso.

Los efectos de la incontestación de demanda, tratándose de juicio ordinario, han sido previstos por el artículo 58 (párrafos 2º, 3º y 4º) de la ley ritual, la que expresamente dispone: "...En caso de incontestación se presumirán como ciertos los hechos invocados y como auténticos y recepcionados los documentos acompañados a la demanda, salvo prueba en contrario. Esta presunción procederá si el trabajador acreditare la prestación de servicios. El demandado podrá tomar intervención en cualquier estado de la causa y ejercitar los actos procesales que correspondieren a la misma. En ningún caso su intervención suspenderá ni retrotraerá el procedimiento".

De las disposiciones transcriptas debe destacarse, como cuestión medular, que la norma consagra presunciones legales en contra del empleador que cobran operatividad relativa, recién a partir de la efectiva acreditación del hecho principal de la relación laboral. Vale decir, que las presunciones legales a favor del actor, originadas en la conducta omisiva y silente del demandado, en modo alguno eximen a la accionante de la carga probatoria relativa al hecho principal, para el supuesto de incontestación de demanda.

Por otra parte, acreditada que fuera la relación de trabajo, surgen a partir de entonces las presunciones que los hechos invocados por el actor son ciertos y que los documentos acompañados son auténticos.

Desde esta perspectiva cabe destacar que se trata de presunciones iuris tantum, lo que implica simplemente poner en cabeza del empleador la carga probatoria de acreditar válidamente, las situaciones comunes y propias del cumplimiento de la relación de trabajo, descriptas en la norma, sin perjuicio que tal presunción legal pueda ser desbaratada mediante prueba en contrario.

Al respecto sostiene Altamira Gigena en "Ley de Contrato de Trabajo", (Editorial Astrea, Bs.As. 1981, T° I, pág. 345) que "Como toda presunción dependerá de las pruebas que las partes aporten para que tenga eficacia, no se aplica de pleno derecho sino que debe estar bien acompañada, avalada de pruebas que la ratifiquen, o desvirtúen. La presunción provoca la inversión de la carga probatoria".

Debe ponerse de relieve que al no operarse de manera automática la aplicabilidad de las presunciones establecidas, dado que ello depende de las probanzas arrimadas en autos, constituye una facultad exclusiva de los jueces de mérito disponerla cuando las constancias de autos así lo requieran.

Asimismo reitero, tratándose de un juicio ordinario, el demandado puede realizar todas las pruebas en contrario, tendientes a desbaratar la presunción y las acreditaciones efectuadas por la actora.

Por otro lado, a fin de garantizar el empleo de la mujer trabajadora durante los períodos de gestación y postparto, la legislación laboral ha establecido para concretizar tal derecho, un sistema de presunción legal y un régimen indemnizatorio especial, para cuando el supuesto de configure.

En tal sentido el artículo 178 de la LCT (según texto de la Ley Nro. 21.297) establece: "Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuere dispuesto dentro del plazo de siete y medio meses anteriores o posteriores a la fecha de parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así como, en su caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley".

Del claro dispositivo transcripto surge, en primer término, el establecimiento de la presunción legal de que el despido de la trabajadora embarazada, ocurrido en el tiempo previsto normativamente, lo ha sido por dicha causa. Tal es una presunción iuris tantum. Vale decir de las características que se destacaran precedentemente.

Igualmente requiere la normativa en análisis que para que esta presunción legal se torne operativa, es necesario el previo cumplimiento de requisitos obligatorios por parte de la trabajadora embarazada, pues la adquisición del derecho a la garantía legal consagrada en el mentado artículo 178 LCT, está sometida a una doble exigencia: a) la acreditación del estado de embarazo; y b) su notificación al empleador.

Desde esta perspectiva, las exigencias del texto expreso del dispositivo en examen no pueden ser soslayadas. En la especie no se ha probado el cumplimiento, en tiempo oportuno, por parte de la trabajadora, de notificar y acreditar ante su empleador, su situación de embarazo. Si bien pudiera sostenerse que la notificación podría ser demostrada por cualquier medio de prueba, no ocurre lo mismo con la acreditación hábil del embarazo, pues ésta sólo puede ser concretada mediante la presentación de certificado médico correspondiente. Nótese que el dispositivo legal transcripto exige "...acreditar en forma el hecho del embarazo...", con lo que ha eliminado toda posibilidad de duda respecto al conocimiento de la situación que deba tener el empleador, pues no es dable admitir ni mucho menos presumir que el despido ha ocurrido con motivo del embarazo, si no se encuentra "acreditado en forma" que el accionado conocía en modo fehaciente, tal situación, tomando en consideración la grave sanción que contiene la presunción legal.

El análisis precedente me lleva a concluir que luce como violatorio al principio de la sana crítica, la afirmación sentencial que el embarazo de la actora era evidente, pues lo concreto es que el embarazo no ha sido acreditado en modo fehaciente, por más que su notificación, en el mejor de los casos, pudiera considerarse probada por otros medios.

La circunstancia que oportunamente no se encontrara acreditado a través de medio idóneo el estado de embarazo, obsta naturalmente a que se opere la presunción de la ley y consecuentemente no funciona el resguardo legal (artículo 182, LCT). Es que, reitero, el funcionamiento del privilegio legal a favor de la empleada embarazada exige, inexcusablemente, el cumplimiento previo por parte de ésta, de las obligaciones que legislador expresamente puso a su cargo.

Consecuentemente antes de que el empleador deba probar que el despido obedece a cuestiones diferentes a la situación de embarazo, es necesario que la trabajadora embarazada se encuentre amparada por la presunción legal, lo que sólo se logra mediante la demostración cabal del cumplimiento de los recaudos establecidos por ley.

El criterio que dejo expuesto ya ha sido receptado por esta Corte en otros pronunciamientos (in re: "Pacífico de Solmesky, Teresa Yolanda vs. Azucarera Independencia S.A. s/ Indemnización del art. 182 de la LCT", sentencia Nº 71/92; in re: "Salazar de Argañaraz, Nilda Emma vs. Ecos Tucumán S.A. y otro s/Indemnización por antigüedad, etc.", sentencia Nº 92/92).

Ahora bien, en el presente caso, la circunstancia que se ha incontestado la demanda y que la trabajadora haya acreditado la existencia de relación laboral, nos pone frente a la necesidad de determinar si la inversión de la carga de la prueba que se opera por aplicación del artículo 58 del CPT, implica tener por cierto que el despido de la actora lo fue por causa de su embarazo, como lo expresa la demanda.

A mi juicio la respuesta negativa se impone por las siguientes razones.

Primeramente porque como dije no se cumplió con la carga legal inexcusable. La actora no acreditó por medio idóneo su embarazo ni lo comunicó a su empleadora. Ello constituye un requisito legal insoslayable para que recién se produzca la inversión de la carga de la prueba.

A su turno, la inversión de la carga de la prueba regulada en la norma procesal del artículo 58 del CPT, tampoco opera en forma automática. Se encuentra supeditada a las pruebas y constancias de autos.

Consta en autos que la actora fue despedida sin causa por su empleadora, poniendo a su disposición las indemnizaciones correspondientes, modo legítimo de extinción de la relación de trabajo, regulada expresamente por la ley, que no puede ser obviada.

Esta prueba obrante en el expediente (despido sin causa de la actora), impide que en este aspecto pueda invertirse la carga de la prueba, pues frente a la misma no existe modo que la demandada, sin incurrir en absurdo o contradicción, pueda probar que el despido obedeció a una causa distinta al embarazo.

En razón de lo expresado, considero que corresponde hacer lugar al recurso de casación incoado por la accionada, conforme la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia que aplica la inversión de la carga de la prueba a tenor del artículo 58 del CPT y declara la procedencia de la indemnización agravada prevista en el artículo 178 de la LCT, no obstante que la actora no acreditó por medio idóneo su embarazo ni lo comunicó a su empleadora y consta en autos que fue despedida sin causa, poniéndose la indemnización correspondiente a su disposición." IV.- La conclusión a la que se arriba, me lleva al análisis del agravio referido al modo de imposición de costas.

Desde esta perspectiva, existiendo vencimiento recíproco y representando la indemnización artículos 178/182 de la LCT una suma importante dentro de los rubros reclamados, corresponde modificar la imposición de costas dispuesta en la instancia de grado. Así la actora deberá soportar el 50% de las propias y la demandada el 50% restante de las de la actora y el total de las propias.

V.- Por las razones expresadas corresponde casar parcialmente la sentencia en recurso dejando sin efecto en el punto I de su parte resolutiva, la expresión: "...HACER LUGAR a la demanda entablada por la Sra. Patricia Elizabeth Cabañas de Beltrán...Indemnización art. 178/182 LCT", excluyendo del monto de la condena el importe correspondiente a dicho rubro, como así también, el punto II de la imposición de costas. Consecuentemente, dictar como SUSTITUTIVA: "I.- NO HACER LUGAR a la demanda entablada por Patricia Elizabeth Cabañas de Beltrán contra el Juvenil Instituto Moderno (JIM) SRL en concepto de indemnización artículos 178/182 de la LCT. II.-COSTAS conforme a lo considerado en punto IV." VII.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, deben imponerse por el orden causado, atento al fundamento que sustenta éste decisorio (CPCC, art. 106, inciso 1).

El señor vocal doctor Antonio Gandur; dijo:

Me adhiero al voto del doctor Alfredo Carlos Dato en su totalidad permitiéndome agregar lo siguiente.

En el escrito de demanda se hace constar detalladamente que la actora no obstante su embarazo integra la mesa examinadora a los alumnos en el mes de febrero de 1997, lo que se corrobora con el instrumento que obra a fs. 13 de autos.

También expresa el escrito de demanda que el embarazo de la actora era "evidente y muy perceptible debido a lo avanzado del mismo" (fs. 17 vta.).

Agregando que el nacimiento de su hijo se produce el día 22 de marzo de 1997 y acompaña acta de nacimiento que corre a fs. 12.

Al no ser contestada la demanda resulta de aplicación el art. 58 del Código de Procedimientos Laboral que consagra que: "se presumirán como ciertos los hechos invocados y como auténticos y recepcionados los documentos acompañados a la demanda, salvo prueba en contrario. Esta presunción procederá si el trabajador acreditare la prestación de servicios. "Y esta presunción no queda limitada en este caso por la sola circunstancia de que el despido que notifica la firma empleadora sea sin expresión de causa (o sea sin justa causa), al derecho al pago de las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso como lo señala el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino la presunción juega a favor de la actora para reclamar el cobro de otras indemnizaciones y/o diferencias salariales u otros rubros.

La jurisprudencia con respecto al art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo ha dicho: "...si bien dicha norma exige para su procedencia, que exista comunicación fehaciente, por parte de la trabajadora, de su estado de embarazo cabe reconocer como excepción a este principio la situación planteada en la especie, ya que, como surge de la historia clínica, el alumbramiento se produjo el día 7/6/87, por lo que al momento de producirse la distracto (marzo del mismo año) ya se encontraba en un avanzado estado de gravidez, lo que hace presumir, términos de elemental sentido común, que era posible reconocerlo a simple vista. Ello me decide a propiciar se confirme la decisión del a quo también en lo que a este punto se refiere. "Voto del Dr. César Bergna al que se adhiere el Dr. Boutigue". Cámara Nacional del Trabajo Sala VII abril 3 de 1991. Trabajo y Seguridad Social Tomo 1993, pág. 991.

Con mayor convicción cuando -como en el caso de autos- el nacimiento se produce el día 22 de marzo de 1997 y el despido se notifica el día 4 de abril de 1997 (fs. 170 y 170 vta.).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

A fs. 239/242 vta. la representación letrada de la parte demandada presenta recurso de casación contra la sentencia de la Cámara del Trabajo, Sala IV, dictada el 20/8/2002, obrante a fs. 225/229, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 09/12/2002. Unicamente la parte actora presentó la memoria facultativa prevista en el art. 137 del CPT.

En lo atinente a lo decidido por la sentencia atacada, como así también a los agravios que sustentan el recurso en examen, me remito a la reseña contenida en los punto 2 y 3 del voto del Dr. Alfredo Carlos Dato. Así mismo efectúo tal remisión y adhiero a la admisibilidad del recurso, como se propone en el punto 4° de aquel voto.

En lo relacionado con el fondo del asunto, cabe precisar que los agravios de la recurrente se dirigen sustancialmente a cuestionar la admisión de la indemnización prevista en el art. 178 de la LCT.

El voto mayoritario para resolver la procedencia de la indemnización prevista en el art. 178, no obstante que la trabajadora no acreditó ni notificó el embarazo en tiempo oportuno, se fundó en que atento a la incontestación de la demanda, la prueba de la relación laboral y el despido injustificado de la actora, en que el distracto se produjo por causa del embarazo (art. 58 de CPT) en razón de la notoriedad del embarazo y que el despido se produjo el 04/4/1997, siendo que la actora tuvo familia el 22/3/1997.

Ahora bien, existen en autos hechos que están fuera de discusión y que resultan pertinentes para la resolución del caso. Ellos son: que el despido se produjo el 04/4/1997, que la actora tuvo familia el 22/3/1997, y que la demandante no acreditó ni notificó el embarazo según la exigencia del art. 178 de la LCT.

Para actuar la presunción del art. 178, la norma exige que la trabajadora cumpla con dos obligaciones: 1) notificar el hecho del embarazo; y 2) que lo acredite, y en su caso, el nacimiento. Vale decir que para que opere la presunción de que el despido de la mujer trabajadora dispuesto dentro del plazo de siete meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto obedece a razones de maternidad o embarazo, requiere que se satisfagan aquellas exigencias. Si se satisfacen, la consecuencia es que existe aquella presunción respecto de la causa del despido, salvo prueba en contrario. O sea que se opera un desplazamiento de la carga probatoria hacia el empleador. Es este quién deberá probar que si fue notificado del embarazo y acreditado éste, que el despido se produjo por una causa distinta a la del embarazo.

Se trata entonces de una presunción que favorece la posición de la mujer trabajadora, pero la ley pone a cargo de ésta exigencias que deben cumplirse inexorablemente pues de otro modo deja de funcionar la presunción legal.

En la especie, se verifica que la actora no notificó ni acreditó en forma el hecho del embarazo, en cuyo caso la presunción contemplada en el art. 178 no le aprehende.

Por tanto, no es suficiente con que el hecho del embarazo o del nacimiento sean notorios, evidentes, imposible de no ser conocidos, como ocurre en este caso. Lo que sucede es que a los efectos legales la norma exige con un fin procesal el de satisfacer ciertas exigencias formales, de modo que pueda operar a su favor la presunción de que en caso de ser despedida durante el período establecido, pueda presumirse que el despido ha sido por causa del embarazo o nacimiento, salvo prueba en contrario.

De allí que no es el hecho del embarazo lo que hace presumir que el despido lo tuvo por causa. Sino que la presunción se genera en tanto se pruebe que la actora cumplió con su obligación de notificar y acreditar en forma tal hecho a la empleadora.

El error que se verifica en el voto mayoritario de la sentencia impugnada es que asigna a la incontestación de la demanda efectos que esta circunstancia no posee. Es muy claro el art. 58 del Código de Procedimientos Laboral en disponer que se presumirán como ciertos los hechos invocados y como auténticos y recepcionados los documentos acompañados a la demanda, salvo prueba en contrario. Esta presunción que se genera cuando no se contesta la demanda, salvo prueba en contrario, implica que se tienen por ciertos los hechos invocados en la demanda. En la especie el hecho invocado en la demanda es el despido, también el embarazo, pero que el despido obedezca como causa al embarazo ese no es un hecho si que es una derivación que la demandante elabora por sí misma, atribuyendo al hecho del despido una conexión causal con su embarazo. Más sucede que esa relación causal solo puede ser tenida por tal, como derivación de un juicio de valor, de mérito, de apreciación, de tal modo que pueda estimarse que dado tal hecho (el despido), el mismo obedece al embarazo, pero ello es un cuestión de prueba. El art. 178 posibilita a la trabajadora a desligarse de esa prueba al establecer como presunción que si cumple ciertas exigencias (notificar y acreditar el embarazo ante la empleadora), se presume que el despido tiene por causa el embarazo. Pero si la empleada no cumplió con esas exigencias, no juega a su favor tal presunción, corriendo a su cargo la prueba de que el despido tuvo por causa el embarazo. Por tanto, la sola incontestación de la demanda, no significa de que se admita que el despido obedece al embarazo, porque el art. 58 de la ley ritual admite, en caso de incontestación de la demanda, que se presumirá como ciertos los hechos invocados, salvo prueba en contrario, más la conexión causal entre el embarazo y el despido, no es un hecho, hechos son el embarazo y el despido, pero no la relación causal, sino que su existencia o inexistencia es una derivación lógica sustentada en un juicio de mérit o efectuado por quién invoca y/o por el juez, por lo que no se puede categorizar conceptualmente como hecho a la relación causal, de allí que no resulta suficiente con la incontestación de la demanda para tener por acreditada esa relación causal, máxime cuando la ley de fondo, o sea el art. 178 LCT, le facilita a la empleada la prueba de esa relación causal, beneficiándola con una presunción en tanto y en cuanto satisfaga ciertos requisitos formales, cosa que precisamente la demandante no hizo.

Por consecuencia, para que la trabajadora embarazada se encontrara amparada por la presunción legal, debía demostrar cabal cumplimiento de los recaudos establecidos por la ley. Consta en autos que la actora fue despedida sin causa por su empleadora, poniendo a su disposición las indemnizaciones correspondientes, modo legítimo de la extinción de la relación de trabajo, regulada expresamente por la ley, que no puede ser obviada. No habiendo acreditado la demandante que fue despedida en razón del embarazo, corresponde rechazar la pretensión de indemnización sustentada en los art. 178 y 182 de la LCT.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de casación, conforme a la doctrina legal siguiente: "No obstante la incontestación de la demanda, no corresponde admitir que el despido tuvo por causa al embarazo, si la empleada no puede invocar a su favor la presunción establecida en el art. 178 de la LCT, al no haber satisfecho sus exigencias".

La conclusión a la que se arriba, me lleva al análisis del agravio referido al modo de imposición de costas.

De esta perspectiva, existiendo vencimiento recíproco y representando la indemnización artículos 178/182 de la LCT una suma importante dentro de los rubros reclamados, corresponde modificar la imposición de costas dispuesta en la instancia de grado. Así la actora deberá soportar el 50% de las propias y la demandada el 50% de la restantes de las de la actora y el total de las propias.

Por las razones expresadas corresponde casar parcialmente la sentencia en recurso dejando sin efecto en el punto I de su resolutiva, la expresión: "...Hacer lugar a la demanda entablada por la Sra. Patricia Elizabeth Cabañas de Beltrán...Indemnización arts. 178/182 LCT", excluyendo del monto de la condena el importe correspondiente a dicho rubro, como así también, el punto II de la imposición de costas. Consecuentemente, dictar como SUSTITUTIVA: "I.- NO HACER LUGAR a la demanda entablada por Patricia Elizabeth Cabañas de Beltrán contra el Juvenil Instituto Moderno (JIM) S.R.L. en concepto de indemnización artículos 178/182 de la LCT. II.- COSTAS conforme se considera".

En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, deben imponerse por el orden causado, atento al fundamento que sustenta éste decisorio (CPCC, art. 106, inciso 1).

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Adhiero al voto del señor vocal doctor Carlos Alfredo Dato poniendo de resalto que, el despido se produjo doce días posteriores al nacimiento conforme surge del acta de fs. 12 y telegrama de despido de fs. 10, y sin invocación de causa, a lo que debe agregarse que el artículo 177 de la ya referida LCT, prohibe el trabajo al personal femenino durante los 45 días anteriores y hasta los 45 días posteriores al nacimiento, período éste último en que se produjo el distracto.

Ello me inclina a sostener con certeza que los extremos del artículo 178 de la LCT se encuentran cumplidos, máxime si se tiene en cuenta que está comprobado que la accionante tomó exámenes durante todo el mes de febrero. (Ver pericial de fs. 189), en un avanzado estado de gravidez -más de 8 meses de gestación-, por lo que no se podía ignorar esta situación.

De no tenerse por acreditado los extremos del referenciado artículo 178, caeríamos en excesivo rigor formal.

Siendo así, no se advierte la presencia de argumentación alguna que descalifique a la sentencia como acto jurisdiccional válido, por lo que se debe rechazar la casación incoada por la parte demandada.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 20 de agosto de 2002, obrante a fs. 225/229 vlta. de autos.

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR (con su voto) RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO (en disidencia) (con su voto) ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (en disidencia) (con su voto)