Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2009-05-18


Posadas, mayo 18 de 2009.

Concedida la palabra a la Dra. Cristina Irene Leiva, dijo:

Vienen las presentes actuaciones a fin de dictar sentencia en virtud del Recurso de Casación, interpuesto por el Dr. R.N. Ch. contra lo resuelto por el Juzgado Correccional y de Menores Nº 2 de esta lº Circunscripción Judicial en Expte.Nº 114/07 a fs. 232 y vta.

Que la causa en cuestión se inicia a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en fecha 20 de Junio de 2003, en el que resultaran lesionados los ciudadanos Nora Vaulet y Mario Alberto Vaulet; y en función de lo cual se dictara auto de procesamiento en orden al delito de lesiones culposas contra los imputados Nilda Barreto y Alfredo Rodolfo Paas, por parte del Juez de Instrucción Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial.

Que posteriormente el Juzgado de origen eleva -previo requerimiento fiscal en tal sentido- la causa a juicio, quedando la misma radicada por ante el Juzgado Correccional y de Menores Nº 2.

Que, en consecuencia, el Juez Correccional cita a juicio a las partes, interponiendo los abogados defensores -Dr. M. por Paas y Dr. Ch. por Barreto- sendos líbelos solicitando se decrete la extinción de la acción penal por haber transcurrido los términos de la prescripción.

Que, expuestos sucintamente, los argumentos de ambos letrados fueron entre la fecha del llamado a prestar declaración indagatoria a los causantes (acaecido el 21/10/03) y el requerimiento de elevación a juicio efectuado por el Ministerio Fiscal (que tuvo lugar el día 14/11/06) habrían transcurrido más de tres años, que es el quantum de la pena máxima de prisión que el art. 94 del Código Penal asigna al delito de lesiones culposas por el que ambos fueron procesados.

Que, a raíz precisamente de estos planteos, el A Quo dicta la Resolución que luce a fs. 232 y vlta. de la causa principal, concluyendo que la prescripción no se había operado en razón que el artículo 94 del CPA -aplicable al caso- establece una pena conjunta de prisión e inhabilitación, siendo el tiempo máximo atribuible a esta pena el de cuatro años, y razonando que el conteo de los términos de la prescripción -en este tipo de casos- debe efectuarse teniendo en consideración el monto de la pena más larga.

Contra esta Resolución, se interpone Recurso de Casación en fecha 09 de octubre de 2007, el cual es concedido por el A Quo y declarado formalmente admisible por este Superior Tribunal de Justicia, encontrándose a la fecha en estado de resolver.

La cuestión sub-examine radica específicamente en determinar qué escala penal debe tenerse en consideración cuando se plantea -como en la especie- la coexistencia de dos tipos de penas: prisión e inhabilitación.

En este sentido adelanto opinión favorable a la pretensión esgrimida por el recurrente, por las razones que seguidamente serán expuestas.

En efecto, el artículo 62 del Código Penal Argentino establece: "La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: ... 2) Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de prescripción exceder de doce (12) años ni bajar de dos (2) años; ... 4) Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal...".

De la lectura analítica de la norma, es posible inferir la preeminencia otorgada por el legislador a las penas de prisión a la hora de efectuar el conteo de la prescripción penal; en efecto el inciso cuarto transcripto que refiere a la pena de inhabilitación utiliza la palabra "únicamente", de la cual se desprende la subsidiariedad de la pena de inhabilitación con relación a la pena de prisión.

Que, asimismo, resulta necesario destacar que el artículo 5º del Código Penal Argentino, establece claramente el orden de prelación de las penas -y en ello doctrina y jurisprudencia son pacíficas- encontrándose la pena de prisión en un escalón jerárquico superior al de la pena de inhabilitación.

Que de ello se desprende a las claras que es esta -la pena de prisión- la que debe ser tenida en cuenta a la hora de efectuar los cómputos de la prescripción respecto de delitos que, como el del caso que nos ocupa, poseen penas alternativas o conjuntas.

Que en idéntico sentido se ha expedido la Jurisprudencia: "Como en ninguno de los supuestos contemplados por el art. 62 del C.P. se alude a la prescripción de la acción en los delitos reprimidos en forma conjunta con inhabilitación y prisión, la admisión del instituto en estos casos se debe realizar tomando en cuenta el término máximo de la pena más grave, que conforme la normativa del art. 5 del C.P. resulta ser la de prisión." (Cám. Apel. Crim. y Corr. Cap. Fed. Sala 07 in re "Teiblum, Víctor s/ Inc. Prescripción de acción penal"; 03/09/1993).

Asimismo, y salvando las diferencias con el caso de autos, se ha afirmado también que: "En el delito de quiebra fraudulenta el acto inicial para computar el curso de la prescripción es el acto de calificación de conducta, y si bien el art. 62 del C.P. no contempla los supuestos de pena conjunta de prisión e inhabilitación, es la primera la que debe prevalecer por ser la de mayor gravedad -arts. 57 y 5 del C.P." (Cám. Apel. Crim. y Corr. Cap. Fed. Sala 03 in re "Oberosler, José F. s/ Prescripción de la Acción Penal"; 02/04/1991).

Por las razones expuestas debe hacerse lugar al Recurso de Casación planteado a fs. 01/03, declarando la nulidad del Decisorio puesto en crisis, atento a lo dispuesto por el art. 461 inc. 1º del C.P.P., correspondiendo se giren las actuaciones al Juez de grado para que dicte nuevo pronunciamiento en base a lo expuesto en los párrafos precedentes; toda vez que este Alto Cuerpo carece del informe de antecedentes actualizado respecto de los imputados, a los fines de comprobar si los plazos no se han visto interrumpidos por la comisión de un nuevo delito (art. 67 inciso "a" del Código Penal), que le permitiría dictar el pronunciamiento solicitado haciendo lugar a la prescripción.

Así voto.

Concedida la palabra a los Dres. Humberto Augusto Schiavoni y Roberto Rubén Uset, dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.

Concedida la palabra al Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, dijo:

Oportunamente me expedí en estos autos en el sentido de no admitir el recurso de casación interpuesto, al no darse ninguno de los supuestos que lo autorizan.

No habiendo nuevos elementos de juicio que pudieren hacer variar esa opinión, ratifico la misma y voto en consecuencia por rechazar el recurso sub-studio.

Concedida la palabra al Dr. Jorge Antonio, dijo:

Adhiero al voto de la Sra. Ministro Dra. Cristina Irene Leiva, por ser el criterio adoptado por el suscripto en la Resolución Nº 806-STJ- del 12 de Noviembre de 2007 (Conf. Voto del Dr. Schiavoni).

Concedida la palabra a la Dra. Ramona Beatriz Velázquez, dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Cristina Irene Leiva.

Por Secretaría, se deja constancia que no suscribe la presente resolución el Dr. Mario Dei Castelli, por encontrarse en uso de licencia (art. 18 de la Ley Nº 2441).

Por ello, y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 15 de la Ley 2441, modif. por Ley 2819), El Superior Tribunal de Justicia, resuelve I). Hacer lugar al Recurso de Casación planteado a fs. 01/03 y en su mérito, declarar la nulidad del fallo impugnado en los autos Expte. Nº 114/07 a fs. 232, debiendo dictarse nuevo pronunciamiento conforme a las pautas fijadas en los considerandos. - Cristina Irene Leiva. - Manuel Augusto Márquez Palacios. - Jorge Antonio Rojas. - Humberto Augusto Schiavoni. - Ramona Beatriz Velázquez. - Roberto Rubén Uset.