Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20


CAUSA N° 2623/2005 M.A. Y OTROS C/ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR POLICÍA FEDERAL Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS Juzgado n° 11 Secretaría n° 21 En Buenos Aires, a los 20 días del mes de mayo de 2014, se reúnen en Acuerdo los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de conformidad con el orden de sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo:

1. La sentencia de fs. 456/460 rechazó la demanda promovida por los señores A. M., F. A. S. de M., L. V. M., O. A. M., R. E. M. y la niña B. R. M. -representada por su padre J. L. M.- contra el Estado Nacional-Policía Federal Argentina, por resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la muerte de doña A. B. H. M. el día 11 de abril de 2003, por los disparos con arma de fuego por parte de Osvaldo Roque Capella, agente de la Policía Federal. El señor juez estimó las constancias de esta causa como así también las del expediente penal n° 1642/03, que tramitó por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 11 y la Sala III de la Cámara de Casación Penal, y llegó a la conclusión de que la trágica muerte de la señora Michel no podía imputarse a la Policía Federal Argentina por cuanto el señor Capella estaba fuera de servicio, no cumplía ninguna función relacionada con sus obligaciones policiales, había disparado utilizando un arma propia y las motivaciones del delito habían sido puramente privadas, sin vínculo alguno con la función policial. En consecuencia, la sentencia estimó que no se había tratado de un delito con relación causal con la Policía Federal Argentina, organismo que no había favorecido en ningún sentido los trágicos acontecimientos. En virtud de las particularidades de la causa, la sentencia distribuyó las costas en el orden causado.

2. Este pronunciamiento fue apelado por la parte actora a fs. 471 y por la Defensora Oficial a fs. 461, recursos que fueron concedidos a fs. 472 y a fs. 462 respectivamente. También la parte demandada interpuso apelación por la materia de costas, que fue concedido a fs. 466.	Asimismo, se han deducido apelaciones en materia de honorarios a fs. 465 y a fs. 469. Los agravios de la demandante corren a fs. 481/494, los que fueron contestados a fs. 504/506. El recurso de la demandada fue respondido por la parte actora a fs. 502/503.

3. La parte actora solicita la revocación total de la sentencia. Sus agravios pueden ser presentados en la siguiente síntesis: a) la sentencia interpreta equivocadamente las declaraciones testificales y llega a una errada conclusión respecto del arma Bersa modelo Minithunder, calibre 40, que fue utilizada en el homicidio de la señora M.: el agente Capella no usaba el arma reglamentaria sino que cumplía funciones con el arma propia y ello sucedía con el conocimiento de la fuerza policial a la que pertenecía; b) el a-quo no tuvo en cuenta el legajo de Capella, que daba cuenta de una agresión de noviembre del año 2001, que fue repelida con el arma Bersa en un episodio calificado como "lesión sufrida en y por acto de servicio", lo cual demuestra que la Policía Federal conocía y aceptaba que el agente sustituyera en sus funciones la pistola Browning 9 mm por otra más liviana y potente; c) la responsabilidad de la Policía Federal se justifica por haber omitido vigilar y controlar el estado emocional y psíquico del agente Capella, quien tuvo antecedentes de desequilibrios y de atención psiquiátrica en el año 2002 y que, no obstante, era habilitado para portar en forma permanente armas riesgosas; d) la sentencia soslaya los dictámenes periciales que dan cuenta de la incapacidad psíquica del dependiente de la demandada; e) la sentencia debe ser revocada, haciendo lugar a la demanda en todas las pretensiones, con imposición de las costas a la demandada.

Por su parte, la señora Defensora Oficial sostiene la responsabilidad de la Policía Federal Argentina pues entiende que esta entidad no supervisó ni controló la peligrosidad de uno de sus integrantes, que utilizaba un arma de gran calibre para la prestación habitual de su servicio y la mantenía en uso cuando estaba de franco.

4. Parece necesario recordar algunas circunstancias particulares de este conflicto, que resultan del presente expediente y de la causa penal que tramitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal n° 11 (causa n° 1642/03, que tengo a la vista). La señora A. H. B. M. falleció el 11 de abril de 2003, en la parte trasera del maxi kiosco que explotaba con su hermano O., al recibir heridas de pistola calibre 40 mm marca Bersa n° 472007, que fue accionada por Osvaldo Roque Capella, agente de la Policía Federal y propietario del arma homicida. La víctima tenía 32 años; además de ese trabajo en el que colaboraba con su hermano, era secretaria administrativa en un consultorio médico con una antigüedad de doce años, convivía con sus padres A. M. y F. S. y su hija pequeña, B.R.M., nacida en 1998 con síndrome de Down, que se hallaba bajo su custodia tras el divorcio de común acuerdo con el padre de la niña, J. L. M.. De conformidad con las pruebas reunidas en este expediente, A. tenía un rol de liderazgo en su familia, siendo un factor de aglutinamiento de todos sus hermanos por su espíritu alegre y emprendedor. Osvaldo Roque Capella había ingresado en la Policía Federal el 1/2/2000, estaba afectado a la Comisaría 35° y cumplía funciones de servicios adicionales en una embajada ubicada en la calle Ibera, en las proximidades del maxi kiosco explotado por los hermanos M.. La sentencia dictada el 17 de octubre de 2005 concluyó que se trató de una muerte violenta de etiología homicida, estando plenamente comprobada la autoría material del delito por parte de Capella. La sentencia de la Cámara de Casación Penal confirmó la responsabilidad y redujo la pena a trece años de prisión, considerando como atenuante un antecedente que había dejado secuelas: un enfrentamiento armado sufrido por Capella en el julio de 2001 -del que resultó muerta su novia- y había producido trastornos psicológicos a pesar de que el agente se había reintegrado en un mes a sus funciones policiales habituales. La sentencia penal calificó el homicidio cometido el 11 de abril de 2003 como homicidio simple, descartando alteración de facultades o estado de emoción violenta. Como atenuantes ponderó la juventud del policía y su falta de antecedentes y como agravantes, la mayor conciencia de la antijuridicidad de su conducta y el haber usado municiones prohibidas (fs. 768 vta. de la causa penal). A fs. 120 de este expediente N° 2623/2005, la parte actora desistió de la acción seguida contra el autor del homicidio, manteniendo la demanda contra el Estado Nacional-Policía Federal Argentina.

5. La defensa de la Policía Federal en todo el expediente se centró en la ausencia de responsabilidad de la fuerza de seguridad, por cuanto había sido un crimen cometido por el agente policial un día de franco de servicio, por motivos personales y utilizando un arma de su propiedad, la pistola marca Bersa de 40 mm. A fs. 199 de la causa penal y a fs. 146 de este expediente, corren sendos informes del RENAR, que dan cuenta de que Capella estaba inscripto como usuario de armas de fuego legajo UI n° 3-23033686, figurando con la pistola Bersa n° 472007, condición que perdió en agosto de 2006 (fs. 146).

Ahora bien: es cierto que los disparos contra la señora A. H. B. M. no fueron realizados con el arma reglamentaria Browing calibre 9 mm, sino con la pistola Bersa Minithunder 40 mm. Pero la compulsa del legajo policial del agente (LP 12.191), evaluado en forma conjunta con las declaraciones testificales que se han producido en este expediente, demuestran que Capella utilizaba su arma particular para cumplir sus funciones policiales, que la prefería por ser más pequeña y poderosa y que esto sucedía con el conocimiento de la Policía Federal. En efecto, a fs. 7 del legajo n° 12191 consta un episodio sucedido el 6/11/2001: un enfrentamiento armado con delincuentes en Iberá y Tapiola, en donde el agente repelió a los delincuentes con el arma Bersa Minithunder 40 mm N°472007. Esa pistola provocó al agente una herida y lesión en la mano derecha, que fue calificada por la Policía Federal como ocurrida en y por acto de servicio (ver resolución del 2/1/02 de fs. 8 del expediente administrativo). Ello significa que la Policía Federal tenía plena conciencia de que el agente Capella se desempeñaba en actos de servicio con su arma particular y este hecho era equiparado a la función propia del servicio policial.

Estas constancias coinciden plenamente con las declaraciones testificales de dos de los testigos, que afirmaron que el agente portaba habitualmente las dos pistolas. El testigo Julio Horacio Solano dio cuenta de una conversación directa con Capella, en la cual él le manifestó que el arma reglamentaria era muy grande y le hacía mucho bulto porque él era delgado y, además, la pistola Bersa era más versátil "si le pegaba un tiro a una persona la mataba, no como la reglamentaria que podía herirlo" (fs. 193). Por su parte, el testigo Julio Roque Sevald afirmó que lo vió portando las dos armas encima (fs. 194).

6. En el contexto fáctico descripto, creo aplicable la doctrina jurisprudencial seguida en este fuero en general y en precedentes de esta Sala en particular, según la cual está comprometida la responsabilidad de la Policía Federal Argentina por un doble orden de razones, a saber: a) el vínculo jurídico entre el agente que cometió el acto dañoso y la Fuerza de seguridad a la que pertenece, que facilitó la autorización de portación del arma Bersa 40 mm, la cual, según las constancias de la causa, reemplazaba al arma reglamentaria en el uso que le daba el policía con el conocimiento -y evidente consentimiento- de sus superiores; y b) la existencia de responsabilidad "in vigilando" que corresponde a la Policía Federal Argentina respecto del equilibrio psicológico y emocional de sus agentes, habida cuenta que les proporciona un arma de alto riesgo la cual debe ser usada para resguardar la integridad de los ciudadanos y no para amenazas o excesos.

Habida cuenta que el agente policial está obligado a portar el arma permanentemente, no rompe la relación de causalidad el hecho de que el policía estuviera franco de servicio y que el móvil del delito fuese privado (doctrina de Fallos 317: 728; esta Sala I, causa n° 1640/92 del 13/8/1998, voto del Juez Francisco de las Carreras). Debo destacar que el arma de fuego es riesgosa en sí misma y que el estado policial es lo que posibilitó que la llevara consigo permanentemente, incluso cuando se proponía reconciliarse con su ex novia -según lo declarado por el testigo Barindelli en la causa penal (relato a fs. 759 de la sentencia, expediente 1642/03). Por lo demás, sabido es que el estado policial activo facilita la condición de "legítimo usuario" frente al RENAR (decreto 395/75, artículo 53). Según la sentencia dictada en el juicio penal, la munición usada en la comisión del delito (fs. 768vta., no controvertido en el fallo de la instancia de casación) fue de las calificadas de uso prohibido; fácil es concluir que el acceso a esas municiones se facilita a los miembros de la Policía Federal en los términos del artículo 53, inciso 3, del decreto reglamentario 395/75, condiciones que fueron restringidas por resolución muy posterior al tiempo de los hechos.

Por lo demás, he examinado el legajo personal que remitió la Policía Federal Argentina. Nada encuentro que demuestre de qué modo el Estado preparaba a las personas que ingresaban a la Fuerza para que el arma que pone en sus manos sirva para la seguridad y no para riesgo de los ciudadanos. Máxime que, en el caso, el agente policial había quedado muy afectado por el fallecimiento de su novia en un enfrentamiento con delincuentes (episodio del 15/7/2001). Si bien había gozado de licencia, fue reintegrado rápidamente a sus funciones sin que se dispusiera un seguimiento psicológico (a pesar de la constatación de trastornos psicológicos que fueron ponderados en la sentencia penal como factor de atenuación de la pena por homicidio).

Ello significa que la codemandada observó una conducta de negligencia en cuanto al estado psíquico del agente a pesar de confiarle una función de innegable trascendencia y riesgo. En tal sentido, el Estado debe extremar los recaudos necesarios para evitar que los destinatarios de la protección -los ciudadanos- se transformen fácilmente en víctimas de aquéllos a quienes se les ha confiado su custodia (Sup.Trib.de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, 4/3/2009, "R.V. y otros c/B.B.C.I. y otra", La Ley on-line AR/JUR/21562/2009). En el caso en juzgamiento, el hecho de que la pistola Bersa 40mm no fuera el "arma reglamentaria" me resulta irrelevante porque el agente policial usaba esa arma para el servicio y este hecho era conocido por la Policía Federal Argentina (que no dispuso sanción alguna y consideró regular y calificó como acto de servicio el episodio del 6/11/2001).

7. Establecido de este modo el principio de la responsabilidad de la demandada, Policía Federal Argentina, corresponde revocar la sentencia apelada y pasar a tratar la procedencia y extensión del reclamo indemnizatorio.

Los padres, los hermanos y la hija menor de edad de A. H. B. M. reclaman resarcimiento por diversos conceptos.

Trataré en primer término el reclamo correspondiente a la niña B.R.M, nacida en 1998, que contaba con 5 años al tiempo de la muerte violenta de su madre, con quien convivía junto con sus abuelos maternos. Indudablemente, la pérdida de la vida de su madre, en las concretas circunstancias particulares de la pequeña y en tan corta edad, constituye un daño inconmensurable y los jueces sólo podemos estimar el alcance de la abrupta supresión del sostén económico y de las carencias apreciables en dinero que pudo representar la desaparición de quien indudablemente era el pilar del desenvolvimiento de la pequeña. Sin perjuicio del desgarramiento del mundo afectivo, la muerte de A. produjo indudables efectos de proyección patrimonial, difíciles de apreciar en dinero. Por otro lado, debo ponderar que la niña cuenta con la atención de su padre -quien ejerce su representación legal en este litigio- con quien convive desde el fallecimiento de la madre.

Con estas limitaciones propiciaré, en los términos del artículo 165 in fine del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, fijar la indemnización por daño material en la suma de $ 500.000 a valores actuales. Por lo demás, es evidente que procede el daño moral reclamado por la hija de la víctima, pues el rubro es pertinente incluso en ausencia de toda prueba y, en autos, resulta claramente de los dictámenes periciales que la niña, de doce años al tiempo de los exámenes, no había superado el dolor ni asimilado el duelo. La parte demandante ha reclamado daño psíquico, pero es línea jurisprudencial de esta Sala no reconocer el rubro como categoría autónoma con relación al daño material o moral, pues la incapacidad afecta al ser humano como unidad personal, si bien puede proyectar su influencia a través de consecuencias que repercuten en las distintas esferas de la vida. En este sentido, puede advertirse en algunos supuestos la pérdida de ventajas económicas (esta Sala, causa 2765/98 del 31/10/00 "Cooke") o, con mayor frecuencia, incidiendo en los padecimientos morales (esta Sala, causa 3309/98 del 14/3/00, entre muchas). En los precedentes que he tenido la ocasión de juzgar, el daño psíquico se ha presentado con consecuencias en la vida espiritual de la persona (esta Sala, causa 5684/99 "Di Rizzo Gabriel Alejandro y otros c/Estado Nacional-Poder Judicial de la Nación y otros s/daños y perjuicios", del 12/8/2003, voto del Juez Dr. de las Carreras).

Por tanto, en las circunstancias particulares de la hija de la víctima, propiciaré englobar el rubro en el concepto de daño moral, reconociendo el derecho a una indemnización de $ 300.000 a favor de la joven B.R.M, apreciado a valores actuales.

Sin perjuicio de ello, las constancias de la causa -tanto el dictamen pericial de la experta designada de oficio como de la consultora técnica de parte- revelan que la niña ha necesitado y está recibiendo una terapia -de psicología y psicopedagogía- que debe continuar varios años más (fs. 404). La demanda presenta un reclamo de $ 37.440 por este rubro, si bien sujeta los montos a lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse (fs. 47vta. y fs. 65). Por mi parte estimo que la necesidad de tratamiento prolongado en la etapa de la adolescencia ha surgido del dictamen pericial del año 2011 y, si bien en ese momento se contaba con prueba de tratamiento realizado en el pasado, se ignora si lo continuó hacia el futuro. En suma, propiciaré un resarcimiento por tres años de tratamiento psicológico a razón de dos sesiones por semana, lo que asciende a la suma que pondero en $ 58.000. Por tanto, el resarcimiento a favor de la hija B.R.M asciende a $ 858.000, a valores actuales.

8. Los padres de la víctima han reclamado resarcimiento por daño material, daño psíquico, gastos de tratamiento psicológico y daño moral. Ahora bien, los padres, señor A. M. y señora F. S., de 68 y 66 años al tiempo del hecho trágico, convivían con A. y la pequeña hija ésta. Él es jubilado y ella ama de casa y ambos quedaron anímicamente devastados como consecuencia de la pérdida de quien era su apoyo cotidiano. Indudablemente, su vida se vio abruptamente modificada no sólo por la ausencia irreparable sino porque, como consecuencia lógica, la pequeña nieta pasó a vivir con su padre. Los dictámenes periciales dan cuenta de que ninguno de los dos ha elaborado el duelo, que las derivaciones son patológicas y que ambos necesitan tratamiento psicológico de diferente intensidad (fs. 284 y fs. 289). Sabido es que, en el caso de demandas promovidas por padres de la víctima, no rige la presunción iuris tantum contenida en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, si bien es de aplicación el principio general contenido en el artículo 1079 de dicho cuerpo legal según el cual todo perjudicado por la muerte de una persona tiene derecho a obtener la reparación del daño sufrido. Por tanto, en cuanto al daño material, debo decidir conforme a la prueba aportada por los reclamantes y el resto de constancias de la causa.

Diré, en primer lugar, que es altamente verosímil sostener que los padres se vieron privados de apoyo económico cotidiano. Ello es así porque convivían en la misma casa y porque el ingreso permanente del progenitor es su haber de jubilado, en tanto la madre es ama de casa, realizando esporádicamente trabajos en casas de familia (fs. 8 y 10/11 del expediente correspondiente al beneficio de litigar sin gastos). También es cierto que A. y F. M. son padres de otros tres hijos, hermanos de la víctima, lo cual es indicio de que no dependían en forma exclusiva del sostén económico que podría proporcionarles la víctima, no obstante el perfil de A. M., de generosidad y de liderazgo en la familia, tal como surge claramente de las coincidentes declaraciones testificales. Por ello, tomando en consideración los montos reclamados y que estos actores sostuvieron la determinación de los montos a lo que en más o menos surgiera de la prueba, estimo razonable reconocer un resarcimiento material de $ 30.000 en favor del padre don A. M. y un resarcimiento para gastos de tratamiento psicológico de $ 8.000 (fs. 378). Respecto de la madre, en atención a lo reclamado, propiciaré reconocer la suma de $ 30.000 por resarcimiento material y la suma de $ 16.000 para cubrir el tratamiento psicológico futuro, en atención a los dictámenes periciales que recomiendan mayor frecuencia semanal.

9. Respecto del daño moral, es de toda evidencia la lesión en los sentimientos afectivos y la profundidad del padecimiento de un progenitor por la muerte violenta de una hija. En este expediente, el reclamo de los padres en cuanto al daño moral concurre con el reclamo de la hija de la víctima, siendo todos ellos herederos forzosos con vocación eventual, lo cual reaviva el debate en torno a la interpretación doctrinal que ha recibido el artículo 1078 del Código Civil, en su redacción vigente.

Me parece oportuno recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de pronunciarse en esta materia y lo hizo en favor de una interpretación extensiva, admitiendo la legitimidad de la pretensión de los herederos forzosos con vocación eventual (sentencia in re B.142 XXIII Badín Rubén y otros c/Buenos Aires Provincia de s/daños y perjuicios" del 7/8/1997 -LL del 21/9/1998, con nota a fallo del Dr. Luís O.Andorno-). Esta Sala, ha debatido el tema en ocasión de fallar la causa n° 11.018/95 del 1° de octubre de 1998 -con voto favorable a una interpretación amplia del Juez Francisco de las Carreras- y, en época más reciente, el distinguido colega, Dr. Ricardo Guarinoni, como Juez de la Sala II del Tribunal, expresó su disidencia en el sentido de aplicar el artículo 1078 del Código Civil en sentido estricto. Afirmó que "quien fuera el mentor de la redacción del mencionado artículo 1078, Guillermo Borda, en varios trabajos expresa que se debe tener por legitimados a los herederos forzosos efectivos, descartando a los potenciales (ver Borda, "La Reforma del Código Civil. Responsabilidad Contractual", ED 29-763; Tratado de Derecho Civil, Perrot, Obligaciones, T° 1, pág. 194)" (disidencia del Juez Dr. Ricardo Guarinoni en la causa n° 8148/2001, "Ruggiero Silva Patricia y otro c/Estado Nacional" del 15/7/2009).

Mi convicción es que el derecho privado ha evolucionado en el sentido de proteger los derechos fundamentales de la persona humana y de considerar el principio de la reparación integral del daño como un principio general del derecho, con sustento constitucional (doctrina de Fallos 283: 213; 308: 1118), tendencia que se ha plasmado con claridad en la nueva redacción dada al artículo 1741 del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación (elaborado por la comisión designada por decreto N° 191/2011, que cuenta actualmente con estado parlamentario). Esta regla amplía la legitimación, según las circunstancias, a ascendientes, descendientes, cónyuge y a quienes convivían con la víctima recibiendo trato familiar ostensible. En este contexto y puesto que se trata de una mera interpretación de la norma legal, sobre un punto oscuro que ha dado lugar a posiciones doctrinales y jurisprudenciales divergentes, estimo más valioso revisar mi propia posición anterior seguida en algún precedente (causa N° 2992/02 del23/10/08) y otorgar a la disposición legal aplicable una interpretación comprensiva, en principio, de todos los legitimarios potenciales aun cuando, en un concreto escenario sucesorio, algunos quedaran desplazados por los herederos de grado preferente.

En cuanto a la procedencia del rubro en el reclamo deducido en esta causa por el señor A. M. y por la madre, señora F. S., por las circunstancias explicitadas precedentemente propiciaré reconocer una indemnización de $ 100.000 en favor de cada uno de ellos en concepto de padecimiento de orden moral. Por tanto, el resarcimiento del actor don A. M. asciende en total a $ 138.000 y a favor de la madre, F. S. a la suma total de $ 146.000.

10. Los hermanos R. E. M., O. A. M. y L. V. M. han reclamado en este litigio el resarcimiento por daño psíquico y por gastos de tratamiento psicológico; en el caso de O. A. M. la petición se incrementa por gastos de sepelio. Entiendo que en estos supuestos, la prueba aportada en los términos del artículo 1079 del Código Civil conduce a admitir los gastos por tratamiento psicológico, pues los cuadros depresivos o procesos de duelo detenido que han informado las expertas encuentran apropiada reparación en los montos necesarios para encarar y finalizar las respectivas terapias. En este sentido, determino una indemnización con este destino para R. M. de $ 16.000, para L. M. de $ 16.000 y para O. M. de $ 8.000. En virtud del primer párrafo del art. 1084 del Código Civil, el hermano O. debe recibir la suma de $ 3.960 que ha erogado por gastos vinculados al sepelio de su hermana.

11. De conformidad con lo expuesto, las indemnización que he admitido ascienden a: $ 858.000 a favor de la hija B.R.M; $ 138.000 a favor del padre A. M.; $ 146.000 a favor de la madre F. A. S.; $ 16.000 a favor de R. E. M.; $ 16.000 a favor de L. V. M. y $ 11.960 a favor del hermano O. A. M.. Estas indemnizaciones corresponden a un trágico suceso ocurrido hace más de una década y las víctimas necesitan esta satisfacción aun cuando el bien perdido es inconmensurable. Por tanto, he de disponer lo relativo a los intereses del capital siguiendo la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas de Fallos 329: 5382 "Mesquida" y causa M. 868 XLII "Morrow de Albanesi Viviana María y otros c/Estado Nacional", originaria de este fuero, fallada por el Alto Tribunal el 17/8/2010, según la cual los créditos suscitados en estos supuestos están excluidos del régimen de consolidación de la deuda pública.

Ahora bien: en razón de que he calculado el resarcimiento a valores actuales, el monto admitido como capital -salvo en el caso de gastos futuros para tratamiento psicológico- devengará intereses desde el día del fallecimiento de la víctima (11 de abril de 2003) a la tasa del 6% anual y hasta los diez días de notificada esta sentencia. A partir de entonces, la tasa será la que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a 30 días, hasta el efectivo pago. Los montos reconocidos para gastos futuros destinados a los tratamientos psicológicos de todos los actores devengarán intereses a partir de los diez días de notificada esta sentencia y hasta el efectivo pago, a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a 30 días.

12. De conformidad con el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la revocación de la sentencia de primera instancia comporta la revocación de la decisión relativa a las costas, las que deberán imponerse a la parte demandada en ambas instancias, de conformidad con el principio objetivo de derrota (art. 68, primera parte, Código de rito). En consecuencia, se dejan sin efecto los honorarios regulados a fs. 460.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de la parte actora y en forma coadyuvante, de la Defensora Pública Oficial y revocar la sentencia de primera instancia en los términos de los considerandos precedentes. Por tanto, se condena al Estado Nacional-Policía Federal Argentina a abonar a cada uno de los actores el resarcimiento que en cada caso se indica, que asciende a un capital total de $ 1.185.960, con los intereses en la forma dispuesta y más las costas del litigio. Las costas de Alzada se imponen, asimismo, a la parte demandada sustancialmente vencida (art. 68, primera parte, Código Procesal). Así voto.

El doctor Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia de primera instancia en los términos de los considerandos precedentes y condenar al Estado Nacional-Policía Federal Argentina a abonar a la hija B.R.M la suma de $ 858.000, a don A. M. la suma de $ 138.000, a la señora F. A. S. la suma de $ 146.000, al señor R. E. M. la suma de $ 16.000, a L. V. M. la suma de $ 16.000 y a O. A. M. el monto de $ 11.960, capital que en cada caso generará intereses en la forma dispuesta. Las costas del litigio se imponen a la parte demandada sustancialmente vencida, en ambas instancias (art. 68, primera parte, Código Procesal).

En virtud del art. 279 del Código Procesal se dejan sin efecto las regulaciones practicadas en la primera instancia. Una vez que se regulen nuevamente esos honorarios, se procederá como corresponde por los trabajos de Alzada.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese - a la señora Defensora Oficial en su despacho - y oportunamente devuélvanse los autos.

María Susana Najurieta Francisco de las Carreras