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Expropiación, sentencia, liquidación, pago, depósito, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ VERONICA SRL s/ EXPROPIACION. IMPUGNACION DE LIQUIDACION.     CSJ EXPTE NRO 13-73
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-08

Debe entenderse que la actora-expropiante extinguió parcialmente su obligación si efectuó el depósito del monto de la liquidación practicada originariamente por la demandada y la contraria quedó modificada y en condiciones de retirar los fondos, pues la demora en solicitarlo no puede perjudicar a la expropiante.
Interés superior del niño, guarda provisoria
Materia: CIVIL
Carátula: Q.T. c/  s/ Guarda Institucional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-11

"Interes del menor" es el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto, ya que no es concebible un interés del menor puramente abstracto. Máxime cuando en materia de menores todo está signado por la provisoriedad, lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo, y a la inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro transformarse en algo pertinente (del voto del doctor PETTIGIANI).
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: DIONIS, María Herminia c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-31

La prueba de testigos, cuando es precisa y concordante, no puede desestimarse de plano por la mera circunstancia de no hallarse avalada con constancias de otro tipo.
Competencia penal, competencia provincial, extranjeros
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Enrique Augusto Guillermo Patiño Sreiterado, etc. s/ DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

Las causas criminales por delitos comunes cometidos en una provincia corresponden a los tribunales provinciales, cualquiera que sea la nacionalidad del acusado, resultando inaceptable la invocación del fuero de extranjería.
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Alonso, Angel Horacio c/ Empresa Alvarez Patiño S.A. s/ Cobro, despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

La falta de consideración de algún elemento de prueba es ajena al ámbito del recurso extraordinario de nulidad.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, doctrina de la arbitrariedad, jueces
Materia: PENAL
Carátula: MAJON, PAOLO s/ Contrabando, Incidente de nulidad Causa Nro. 3564.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

1-Las resoluciones por las que se resuelven nulidades procesales no revisten, en principio, el carácter de sentencia definitiva ni equiparable a ésta (FALLOS 303:988).- 2-La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter estrictamente excepcional y no tiene por objeto una tercera instancia donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas, o que se pretenda sustituir el criterio propio de los jueces de la causa por el de la Corte Suprema, pues sólo se refiere a casos excepcionales en que medie una absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (FALLOS 289:113, 306:491, 306:263, 291:575).- 3-Los jueces de la causa no estan obligados a ponderar una por una todas las pruebas agregadas al expediente sino las que estimen conducentes para fundar el fallo, por lo que es suficiente que se haya hecho mérito de los elementos de juicio para sustentar aquél (FALLOS 291:390).
Acción meramente declarativa, Estado Provincial
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO c/ ESTADO NACIONAL Y-O YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ ACCION  DECLARATIVA  -  ACCION DE AMPARO COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA  CORTE SUPREMA COMBUSTIBLES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

Si la provincia de Santiago del Estero persigue una declaración preventiva que impida que, en la oportunidad de ponerse en vigencia la ley que dictó su legislatura, el Estado Nacional concrete las medidas anticipadas en los telegramas emitidos, se esta frente a una solicitud de declaración de certeza, porque no tiene carácter simplemente consultivo ni importa una indagación meramente especulativa, sino que responde a un "caso" y busca precaver los efectos de un acto en ciernes -al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal-, y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto.
Tasa de justicia, monto de la demanda, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Hermandad SACIA y F -Incidente Tasa- c/ E.N. -Mº de Salúd y Acción Social) s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-15

Para la determinación de la tasa en los juicios en los cuales se reclamen sumas de dinero, se toma en cuenta el monto de la pretensión al momento del ingreso de la tasa, comprensivo del capital, y en su caso, de la actualización, multa e intereses devengados que se hubieren reclamado (arg. art. 4 inc. a) de la ley 23.898).
Costas en el orden causado, rebeldía, divorcio, causales de divorcio y separación personal, separación de hecho, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., D.I. c/ I., O.A. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-03

Cuando en el juicio de divorcio fundado en la causal objetiva prevista en el art. 214, inc. 2º del Código Civil, el cónyuge demandado ausente es representado por el Defensor Oficial, si bien el cónyuge actor está obligado a litigar, el hecho de que aquél sea constreñido a formular las negativas a la defensa de su representado, lo es actuando en cumplimiento de un deber legal. Tal circunstancia no justifica la imposición de costas ni tener por derrotado al ausente, que no es un rebelde que no se ha presentado pese a saber de la existencia del juicio, sino un ausente que no ha tenido la oportunidad de brindar su propia versión de los hechos, lo que conlleva necesariamente la distribución de las costas en el orden causado.-
Honorarios, monto del juicio, monto indeterminado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Superintendencia de Seguros de la Nación c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

Cuando, como en el caso, no se configura un litigio de monto determinado en los términos de la ley 27423: 16-a), corresponde que a los fines regulatorios, la revisión de dichos honorarios se haga bajo las pautas que establece la ley 27423: 16-b) y siguientes.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación suficiente, Estado Provincial, división de poderes, deuda previsional, bienes, embargo, astreintes
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fernández, Nestor Eduardo c/ Caja de Jub. y Pens. de Santa Fe y otra s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Amparo jurisdiccional (Expte.:  C.S.J. Nro. 490 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-26

Debe desestimarse la queja interpuesta por la Provincia demandada, si la mayoría del Tribunal A quo, para sustentar la inaplicabilidad al "sub lite" del artículo 23, ley 11696, juzgó -en lo esencial- que la aplicación de astreintes se vincula íntimamente con el desempeño regular y eficaz de uno de los poderes del Estado en orden al cumplimiento de sus mandatos y destacó, con base doctrinaria, que comporta una potestad inherente al poder de policía de la autoridad, subrayándose -con ese sustento- que el efecto disuasivo perseguido con las medidas conminatorias "quedaría dinamitado en su base si su actuación fuera obstaculizada por la invocación de leyes que, por justificadas que fueren en relación a otro tipo de deudas, responden en definitiva a una finalidad antagónica: diferir la respuesta debida". Y frente a esa línea de pensamiento la recurrente intenta oponer la suya, insistiendo en la interpretación que, a su juicio, debía asignarse al conflicto de autos y que, básicamente, se resume en la lógica: "si la acreencia no es alimentaria procede la inembargabilidad", pero sin desvirtuar las concretas razones que la Sala brindó para respaldar su decisión las que, vale aclararlo, encontraron apoyo en un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Por tanto, habiendo apoyado la Sala su decisión en una interpretación del artículo 1 de la Constitución provincial y en un precedente emanado del Más Alto Tribunal de la Nación, un elemental deber a cargo de la impugnante le imponía, cuanto menos, demostrar la inaplicabilidad de tal criterio jurisprudencial al caso.
Honorarios del perito, regulación de honorarios, oportunidad procesal, regulación provisoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutiérrez Juan Carmelo y Otros c/ Poder Ejecutivo Provincia de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1989-06-12

Si bien no existen normas que prohíban la regulación provisoria de los honorarios de los peritos, tampoco las hay que establezcan lo contrario, es decir, que impongan la obligación de regular. Es por ello que la oportunidad esté reservada al criterio y apreciación de los jueces.
Usurpación, despido, bien jurídico protegido, derecho de propiedad
Materia: PENAL
Carátula: G., E. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-07

"En el caso de la usurpación por despojo, el bien jurídico -la propiedad- no se protege sólo en relación al título de dominio del inmueble o en referencia al derecho real, sino también en relación al hecho de la tenencia, posesión o cuasiposesión a que el título confiere derecho, o de la tenencia o posesión ejercida sin título que dé derecho a ellas. Por ello resulta indiferente el examen de la legitimidad del título que da el derecho a tener o poseer el inmueble en cuestión".
Prueba, prueba documental, segunda instancia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: VERDUGO, ISABEL Y OTRO c/ VERDUGO MANUEL Y OTRO s/ INC BIENES SUC VERDUGO, MANUEL RUPERTO     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 250-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-09

La introducción de una prueba instrumental en segunda instancia, no ofrecida en baja instancia, que el quejoso oportunamente cuestionó por no constarle su veracidad ni su aplicabilidad al caso, reviste jerarquía constitucional idónea para operar la apertura de la instancia extraordinaria. Ello, desde una apreciación mínima y provisional, propia del estudio realizado, y sin perjuicio de su revisión al efectuar un nuevo examen de admisibilidad en la sentencia pertinente, que impone el artículo 11 de la ley 7055.
Compraventa inmobiliaria, incumplimiento del contrato, daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: FORMIGA, NELIDA E. c/ PISONI, CARLOS A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

En los casos de indemnización de los perjuicios originados en el incumplimiento de una compraventa inmobiliaria, es de aplicación el art. 522 del Código Civil que no establece una indemnización automática sino que la deja librada al prudente arbitrio del sentenciante. Su ámbito de aplicación debe ser restrictivo para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o carezcan de significativa trascendencia jurídica.
Principios tributarios, solve et repete
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Ordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-06-07

En cuanto a las cargas fiscales a que se aplica el principio - solve et repete-, la doctrina se ha uniformado en el sentido de considerarlo aplicable a la figura genérica del tributo, esto es, a los recursos obtenidos por el ente público en virtud de la facultad de imposición que se ejerce sobre los gobernados.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CEBALLOS CARLOS ABEL Y GONZALEZ HERMINIO c/ CEREIJO RAMON ANTONIO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-22

En el caso se solicitó en la demanda una suma indeterminada sujetando el importe de la condena "a lo que en más o menos V. S.

determine" Tratándose de reclamo estimatorio decisivamente subjetivo y sujeto al libre arbitrio judicial, la aplicación de la regla que establece como base regulatoria la que resulte de las sumas reclamadas en la demanda o lo que resulte de la sentencia, puede producir honorarios totalmente alejados de la realidad e irrazonablemente afectatorios. Por ello la trascendencia -o aprecición- económica será en definitiva, la que determine el órgano jurisdiccional.
Compraventa inmobiliaria, escrituración, inhibición general de bienes, levantamiento de la inhibición
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: SANCHEZ, Coralia Sylas c/ ACOSTA DE CAGNOLA, Felipa S. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-22

La existencia de una inhibición general de bienes en cabeza de la vendedora, no importa de por sí faltar a la palabra empeñada y carece de virtualidad para configurar su incumplimiento, sobre todo si se pactó un plazo de treinta días para escriturar, lapso durante el cual bien puede normalizarse la situación, solicitando el levantamiento de la medida respectiva.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, pretensión resarcitoria
Materia: COMERCIAL
Carátula: MICHELO, CARLOS c/ BANCO RIO DE LA PLATA SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-26

Resulta improcedente la acción por la que se persigue de una entidad bancaria una indemnización por daño moral, con base en que había incurrido en una serie de errores que le habían provocado numerosos inconvenientes, incluyendo el dispendio de tiempo y la necesidad de recurrir a las oficinas del defendido para superarlos, lo cual le provocó un estado de desasosiego y sobresaltos que justificaban el mentado reclamo. Ello así, toda vez que -como en el caso- la alegación del accionante se baso solo en las molestias, contrariedades, trámites y dispendio de tiempo provocados por errores del accionado, los que fueron posteriormente subsanados y que, además, motivaron un explicito pedido de disculpas por el reclamado. Máxime, si tales errores no causaron perjuicio patrimonial al reclamante ni tampoco tuvieron entidad suficiente para provocar per se una alteración o perturbación anímica susceptible de ser reparada por esta vía.
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, relación de dependencia, empleados públicos, nombramiento, idoneidad para la función
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KEAODEELERT, PETCHSAMORN PHOMMACHAN DE c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 193 AÑO 95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Tradicionalmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sostenido que con fundamento en el artículo 16 de la Constitución nacional no puede sostenerse que todos los habitantes tengan, por sí y sin más, un verdadero derecho subjetivo a la función pública o "derecho al empleo público". Al respecto Miguel S. Marienhoff ha considerado que "Ser 'admisible' en los empleos no significa tener un derecho subjetivo a ser designado: sólo significa que la Administración Pública, si lo considera pertinente, puede nombrar a una determinada persona para que desempeñe un cargo público, dando lugar, entonces, a la relación jurídica de 'función' o de 'empleo' públicos. Pero ningún habitante tiene un derecho subjetivo al empleo, es decir no tiene derecho alguno a ser designado para ejercer un empleo. Como bien se ha dicho, la atribución de nombrar o designar funcionarios o empleados es, por principio 'discrecional', aunque puedan haber excepciones a texto expreso, o que surjan de la índole de la función a ejercer". Una interpretación contraria importaría desconocer trascendentes aspectos relativos a la naturaleza de la relación de empleo público y la pertenencia de los cargos públicos. (De la Ampliación de Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Doble instancia, tipo penal, calificación legal, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: SCALCIONE, ALEJANDRO FABIO c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-04

En oportunidad de resolver una situación análoga a la aquí ocurrida, remití a lo sostenido por la mayoría de esta Corte en el sentido de que el Tribunal de Alzada que entienda que corresponde anular o revocar una sentencia absolutoria -acogiendo favorablemente la impugnación deducida por la parte acusadora-, así debe declararlo, pero abstenerse de emitir condena, remitiendo la causa al tribunal de juicio competente para que éste dicte un nuevo fallo -el cual, de resultar adverso a los intereses del encartado, podrá ser atacado por la defensa y revisado por un tribunal superior; sin embargo, circunstancias sobrevinientes conducen a concluir que, si bien debe mantenerse la identidad en el modo de garantizar el doble conforme en casos de agravación de la calificación legal y sanción penal por parte del tribunal de apelación y de supuestos de primera condena en segunda instancia, la solución propuesta para ambas situaciones es la que debe ser variada. (Del voto del Dr. Erbetta. En disidencia: Dra. Gastaldi. En disidencia parcial: Dr. Falistocco)
Confirmación de sentencia, sobreseimiento, trata de personas, explotación sexual, amenazas, situación de vulnerabilidad, pluralidad de intervinientes, excusas absolutorias
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B.Y.V. c/  s/ infracción art. 145 ter - conforme art. 26. Ley 26.842
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2021-10-22

Cabe confirmar el sobreseimiento total y definitivo de la imputada por el delito calificado como trata de personas con fines de explotación sexual agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, violencia, amenazas, abuso de situación de vulnerabilidad, intimidación, pluralidad de autores y por haber sido consumada la explotación; delito previsto y reprimido por el art. 145 ter inc. 1, 5 y 7 segundo párr. del CP en función del art. 145 bis del CP -texto según Ley 26842-, de conformidad a lo previsto por el art. 336 inc. 5 del Código Procesal Penal de la Nación, y debiendo modificarse la causal en virtud de hacerse lugar a la excusa absolutoria prevista en el art. 5 de la Ley 2364 solicitada por la defensa, art. 336 inc. 5, último supuesto del CPPN. Resulta claro que la ley ha previsto una excusa absolutoria por la cual las personas que han sido objeto del ilícito de trata de personas, estarán exentas de pena por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de su condición. Esa es la naturaleza jurídica de la cláusula de no punibilidad, y en consecuencia estaremos ante la presencia de un delito en donde la ley decide eximir al responsable del delito de pena, por cuestiones distintas de la responsabilidad, como pueden ser las cuestiones de política criminal. De esta manera, los delitos que podría haber cometido la encartada, fueron el resultado directo de su condición de víctima de la trata con fines de explotación sexual a la que fue sometida durante veinte años.
Recurso extraordinario, resoluciones equiparables a definitiva, cuestiones procesales, ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: González de Verdaguer, Aída c/ Banco Central de la República Argentina.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

La resolución que decide acerca de cuestiones procesales suscitadas en el trámite de ejecución de sentencia, es equiparable al pronunciamiento definitivo exigido por el art. 14 de la ley 48, si el recurrente se encuentra impedido en el futuro de replantear la aplicación al caso de la ley 23.982, lo que le ocasiona un agravio de imposible reparación ulterior.
Extradición, interpretación de tratados internacionales, pena de muerte
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Calafell, Roque Esteban s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06

Corresponde confirmar la resolución en cuanto declaró procedente la extradición si la declaración bajo juramento acompañada a los fines de las "garantías" del art. 6° del tratado aplicable (ley 25.126) procede de la funcionaria que tiene a su cargo la persecución de personas acusadas de violaciones penales de las leyes del Estado de Florida y quien en tal carácter describe y presenta los cargos y elementos de prueba en contra del requerido y, en este sentido, la ausencia de una explícita "ratificación" de lo manifestado por la fiscal por parte del Departamento de Estado norteamericano en modo alguno puede ser interpretada como una actitud prescindente de las condiciones en que se formula el requerimiento: en el contexto de un tratado suscripto con un país que no admite la pena de muerte.
Protección del medio ambiente, impacto ambiental, intervención de terceros
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Ullate, Sergio Raúl c/ Provincia de Córdoba y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Es improcedente la citación de terceros - Estado Nacional (Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable), Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires- por cuanto la actora no aporta argumento alguno que justifique su pedido, y no se configura en el caso una comunidad de controversia que justifique su incorporación al proceso, en tanto no surge de los elementos aportados al expediente que la obra cuestionada hubiese causado impacto ambiental sobre alguna de las jurisdicciones requeridas.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bravi, César c/ Albertarrio, Víctor Eduardo s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

El pronunciamiento de la Cámara que resuelve sobre el principio de especialidad de la hipoteca y la incidencia que el título creado por el art.4 de la ley 21309 tiene sobre la validez del título ejecutivo que nace del instrumento constitutivo de la obligación, reviste carácter de definitivo en los términos del art.278 del C.P.C.C..

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Calificación legal, incidente de excarcelación, auto de procesamiento, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Lorenzo, Patricio s/ Excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

Si bien se ha admitido la discusión acerca del encuadre típico de los hechos atribuidos mediante la vía de los incidentes de excarcelación, se ha señalado que ello hallaría un marco mas adecuado mediante la apelación del auto de procesamiento.
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Castro, Sergio Euclides c/ Ríos, Rosalía Verónica y otra s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-03-07

La responsabilidad civil del titular registral por los daños y perjuicios producidos por el automotor del cual es dueño subsiste hasta tanto se inscriba la transferencia del mismo conforme el art. 27 del Dec. Ley 6582/58 reformado por la ley 22.977 y ello es aplicable aún cuando sólo exista transferencia de la cosa con anterioridad al siniestro, dado que el único supuesto de excepción es el previsto en el art. 15, cuando el transmitente haya comunicado al Registro que hizo tradición del vehículo.