marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Magniello, Luis Angel c/ Crespo, Ilda s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-10

Debe rechazarse la excepción de inhabilidad de título basada en que para la fecha del cheque en ejecución se utilizó un "sello fechador" porque la ley en ninguna disposición ordena que el formulario deba ser llenado de puño y letra, a lo que puede agregarse como norma corroborante que el art. 1016 del C.Civil determina que la firma puede ser dada en blanco y después llenarse el documento.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estafa, falsificación de instrumento privado, cupón de tarjeta de crédito
Materia: PENAL
Carátula: SALOTTI, LUIS N. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-02

La confección de los cupones de las tarjetas de crédito no alcanzan a ser aquellos documentos protegidos por el art. 292, C.P., habida cuenta que no son instrumentos que hagan nacer o modificar derechos de terceros. Por lo cual, no corresponde calificar como falsificación de documento privado, sino, estafa mediante falsificación de documento privado.
Compraventa inmobiliaria, mora del vendedor, entrega de la posesión, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: CONCINA CARLOS Y OTRO c/ CONSTRUCCIONES VIA VENETO S. A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-12

La falta de entrega en tiempo propio de un inmueble priva a los acreedores de su uso, lo que de por sí comporta un daño resarcible.

La falta de prueba de la cuantía del daño no es óbice a la procedencia de la indemnización cuando se trata de un daño moratorio cierto y no meramente hipotético o conjetural ya que para su determinación el art. 165 del Código Procesal brinda los arbitrios suficientes.-
Gastos del proceso, recursos administrativos, honorarios, recurso contencioso administrativo, costas, procedimiento administrativo, proceso judicial, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Re, Oscar Benito c/ Municipalidad de Coronda s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 146-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

Es imprescindible la demostración de que los gastos derivados de la actuación profesional en sede administrativa han sido necesarios. No puede presumirse, de ningún modo, que tales gastos sean necesarios porque la intervención profesional en sede administrativa no es legalmente exigible, ya que es reconocida pacíficamente la necesidad de que la Administración cumpla con sustanciales principios de debido proceso y legalidad objetiva, resolviendo con justicia y equidad todas las impugnaciones y reclamos dirigidos por los administrados.

De allí que, aun si se interpretara que la condena en costas que prevé el artículo 84 de la ley 4106, es susceptible de abarcar los gastos previos necesarios originados en sede administrativa, faltaría la demostración de que las circunstancias del caso tornaron imprescindible la intervención profesional. Además, si el administrado recurrente hubiere resultado vencido, no tendría que soportar el pago de honorarios de la demandada por lo actuado en sede administrativa, porque ellos no se devengan en los recursos administrativos. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr.

Alvarez)
Accidentes de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: LEBAN, CLAUDIO c/ CIVELMEC  S.A.C.I.F.I.A.  Y OTRO s/ ART. 1113 C.CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-30

El daño derivado del accidente sufrido por el trabajador, origina la responsabilidad solidaria fundada en el art. 1113 C.Civil del empleador contratista y del empresario principal de la obra, si ambos se sirven en común de la cosa riesgosa o asumen de ese modo el cuidado de ella convirtiéndose en sus guardianes a mérito de lo dispuesto en la norma mencionada.
Despido por maternidad, denuncia del embarazo
Materia: LABORAL
Carátula: O., V.L. c/ P.R. SA y/o responsable s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-23

Nuestro Superior Tribunal de Justicia ha sostenido que cuando el empleador conoce el embarazo no puede alegar no haber sido informado del mismo para desligarse de la responsabilidad indemnizatoria especial, porque la finalidad de la carga informativa ha sido cumplida por otros medios.
Exclusión de la cobertura, daños y perjuicios, siniestro
Materia: PENAL
Carátula: BENITEZ MARIA ANGELICA c/ EDGARDO JAVIER SAVOY Y/U OTRA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-09-30

Las exclusiones de cobertura constituyen uno de los supuestos de delimitación del riesgo asegurado, por el cual, de manera negativa, se establecen hipótesis de no seguro, donde el asegurador no toma a su cargo las consecuencias dañosas de la ocurrencia del siniestro. Las mismas tienen fuente normativa o convencional, y describen hipótesis o circunstancias en que el siniestro se halla fuera de la cobertura asegurativa. Las exclusiones de cobertura de fuente normativa se encuentran contempladas en el propio texto de la ley 17.418, y dentro de ellas, en el art. 114.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, juicio de árbitros, servicio público, control de legalidad, ley derogada, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COOPERATIVA   DE  SERVICIOS  DE  AGUA  POTABLE-ELECTRICIDAD  Y  OBRAS PUBLICAS DE FUNES LIMITADA c/ COMUNA DE FUNES s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 67-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-03

La argumentación de la demandada para sostener la inadmisibilidad del recurso incoado, que surgiría de lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de la ley 4106 que excluye del recurso contencioso administrativo los actos susceptibles de otra acción o recurso ante distinta jurisdicción, toda vez que en la ordenanza cuya derogación se impugna se estableció el sometimiento a árbitros de toda cuestión que se suscite en torno a la interpretación o ejecución de la citada norma y que si bien es cierto que ello fue establecido unilateralmente por la Administración, la actora también lo ha aceptado al no efectuar cuestionamiento alguno; se quiebra en función de circunstancias de ponderable incidencia en la causa, tales como es el de hallarnos dentro del especial contexto del contencioso administrativo, proceso en el que el Tribunal debe preocuparse en preservar la legalidad del obrar de la Administración. Máxime, si se tiene en cuenta que en autos no está cuestionada ni la "interpretación" ni la "ejecución" de la ordenanza que concedió a la actora la explotación y suministro de agua potable dentro de la jurisdicción comunal, sino que se impugna la legitimidad de la ordenanza que derogó aquélla.
Honorarios, regulación de honorarios, actos jurídicos, invalidez del acto jurídico
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORTUNDO, JULIAN c/ ERRANTE, RICARDO s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-20

Los procesos en que se demanda por invalidez de un acto jurídico no resultan susceptibles de apreciación pecuniaria, en los términos de la ley 21839: 6-a); ello, sin perjuicio de lo que corresponda evaluar en el caso concreto, en orden a los incs. B) y f) de la norma legal citada.
Trabajo de mujeres, despido indirecto, presunciones, embarazo
Materia: LABORAL
Carátula: Rovira de Martina Griselda Inés c/ Federación Médica del Chaco y/o Femechaco Salud s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-08-09

La presunción contenida en el art. 178 LCT no beneficia a la trabajadora, tanto porque no surge de lo actuado que ésta haya notificado a la empleadora el hecho del alumbramiento, como porque las claras y determinadas circunstancias que rodearon al despido indirecto, no dejan margen de duda que en la especie, la presunción del art.178 LCT, resulta desvirtuada por hechos y pruebas que convergen a cristalizar una clara idea de que dicho acto derogatorio nada tuvo que ver con su situación de maternidad. D este cúmulo fáctico y probatorio concreto, es dable extraer la conclusión que decididamente fue la actitud injuriosa de la demandada, la que por impedir proseguir la relación laboral, determinó el despido indirecto.
Recusación por prejuzgamiento, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Juez de Instrucción s/ Incidente de Recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-07-07

La jurisprudencia ha entendido que se plantea una situación particular en el caso de las medidas cautelares, procesos en los que en general y sin perjuicio de la propia naturaleza de cada caso en particular, se sostiene que no incurre en prejuzgamiento el juez que resuelve una medida cautelar.
Servicio penitenciario, personal penitenciario, policía, juntas de calificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCARANO, LUIS DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 817 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02

El "Régimen para ingreso, calificaciones, promociones y retiros del Servicio Penitenciario" (decreto Nro. 3588/78, modificado por decreto Nro. 2554/98) establece que la calificación de los agentes del Servicio Penitenciario se cierra al 30 de septiembre de cada año (artículo 8). Las Juntas de Calificación, por su parte, sesionan anualmente antes del 30 de noviembre (artículo 46) y los ascensos se producen, normalmente, al 31 de diciembre de cada año. En caso de interposición de reclamos, el Subdirector General tiene competencia para decidir, en primera instancia, sobre los que presente el personal subalterno; recursos que deben quedar resueltos antes del primero de marzo del año siguiente al que se operaron las promociones (artículos 63 y 64). (Del Voto del Dr. Spuler)
AFIP DGA, tributos aduaneros, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, facultades de la DGA, repetición de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FRIGORIFICO EL CENTENARIO S.A. c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS. s/ REC. POR DEMORA (TRIB. FISCAL DE LA NACION).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-23

Del art. 8 y 19 de la ley 15.273 y 5 del decreto 3696/60 resulta que, si bien los fondos recaudados por la Aduana integran el patrimonio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, pudiendo éste disponer de ellos en su totalidad, carece de facultades para verificar el cumplimiento de la obligación fiscal, determinar su quantum y reprimir eventuales infracciones, poderes que las referidas normas confirieron al primero de los organismos citados, circunstancia de la que se infiere que dicha obligación tributaria reconoce como sujeto activo a la Administración Nacional de Aduanas, pese al destino asignado a los fondos. Siendo así, la demanda de repetición por las sumas ingresadas en concepto de gravamen creado por el art. 16, inc. a), del decreto-ley 21.680/56, con destino al I.N.T.A. ha sido válidamente interpuesta contra aquel organismo, lo cual importa apartarse de la doctrina sentada anteriormente por el Tribunal (Voto del Dr. Abelardo F. Rossi).
Despido por maternidad, denuncia del embarazo
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, María del Carmen c/ Asociación Trabajadores de la Sanidad y otro. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

La comunicación prevista en el art. 178 de la L.C.T. no implica otra cosa que el fehaciente conocimiento por el empleador del estado de embarazo de la mujer trabajadora para evitar precisamente que durante el período legalmente previsto adopte medidas que puedan involucrar la rescisión del contrato de trabajo, lo que justifica el recaudo de acreditar dicho embarazo o bien la facultad de la mujer empleada de solicitar ser revisada clínicamente por el médico patronal.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, amenazas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arano, Roberto Luis s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Arano, Roberto Luis sobre 149 bis - amenazas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde tener por desistido el recurso de queja dado que el imputado y su defensa han presentado ante este estrado su expresa manifestación de la voluntad de desistir. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz y Santiago Otamendi).
Declaración de inconstitucionalidad, tercera instancia
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ FLORES MARIA DEL CARMEN Y OTRAS c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONADOS DE LA PROVINCIA s/ ORDINARIO-ACUM I CUERPO-INCIDENTE DE EJECUCION DE  SENTENCIA-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-25

La impugnación de inconstitucionalidad de una norma, no mantenida ante la segunda instancia, no puede ser considerada en la instancia extraordinaria del art. 14 de la ley 48.
Daños y perjuicios, locación de inmuebles, obligaciones del locador, gastos de reparación del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHEZ DE DEMATTEI, Rosa c/ SMITH, Roberto Oscar s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-23

Aún cuando el defecto en el calefón, productor del evento dañoso, fuere posterior a la entrega de la cosa por parte del locador del inmueble, su responsabilidad quedaría igualmente comprometida, si su obligación de mantenimiento alcanzaba incluso al defecto que proveniera del efecto natural del uso y goce estipulado.

En tal contexto, sin dudas, el mantenimiento del calefón excede los deterioros menores o mejoras locativas a cargo del locatario (art.

1573 del Código Civil).-
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Munafo, Domingo R. c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

Resulta legítima la resolución del instituto de Previsión Social que denegó el pedido de ajuste del haber jubilatorio con fundamento en el art. 42 del dec. ley 9650/80 en tanto, si bien no se discute que al tiempo de cesar en el servicio, el actor tenía un exceso de edad de cinco años en relación a la exigida, este excedente no se acredita en relación a los servicios prestados.
Prueba documental, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDITO ARGENTINO S.A. c/ FERNANDO HIPOLITO TURRADO s/ COBRO DE DOLARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-07-18

Si el documento es desconocido por el deudor-así como la firma del mismo- al no ofrecer éste la prueba pertinente para corroborar estos asertos, se lo debe tener por auténtico, dado que tal prueba incumbe al excepcionante o ejecutado, al estar a lo preceptuado en el art.

541 del C.P.C.C.
Encubrimiento, falsificación o adulteración de la identificación de armas, tenencia de armas, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: AGUERO MAXIMILIANO s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19

Corresponde declarar la nulidad del auto que dispuso el procesamiento del delito de encubrimiento agravado a quien tuviera en su poder un arma de fuego con la numeración borrada sin la debida autorización ya que, el hecho de que el imputado hubiera sido sobreseído por el delito de tenencia de arma de uso civil impide que la misma persona fuera incriminada respecto de ese mismo hecho, en función de la aplicación del principio non bis in ídem.
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casado, Alberto c/ Varveli, Héctor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

No existiendo solidaridad entre las obligaciones del conductor de un rodado y del propietario de éste último con motivo de la ocurrencia del ilícito, no opera la interrupción de la prescripción contra alguno de ellos por la deducción de demanda respecto del restante, debiéndose a tales efectos dirigir el reclamo en forma concreta a cada deudor.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, proceso penal, imputado, prueba confesional, delitos, hurto calamitoso, falsedad ideológica
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Ludueña, Dario Luis s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Hurto   calificado- Falsedad ideológico (Expte. C.S.J. Nro. 800 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-08

No merece reproche constitucional lo decidido por la Sala, que consideró que debía revocar la sentencia de baja instancia en lo concerniente al hecho delictivo calificado como hurto calamitoso y confirmarla en lo atinente al delito de falsedad ideológica en instrumento público (artículo 293 del Código Penal). Ello así, por cuanto para arribar a esa conclusión, el Tribunal tuvo como eje principal de su análisis la declaración del imputado -funcionario policial- y en ese orden consideró que el mismo actuó con manifiesta negligencia y descuido, incurriendo en la inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo dando lugar así a que una persona no identificada sustrajera dinero de la billetera del conductor fallecido, entendiendo que tal conducta encuadra en el delito de malversación, infracción culposa que no le fue intimada por el tribunal al recibirle la declaración indagatoria, ni tampoco fue prevista en la requisitoria, por lo que, estimó que una condena por tal delito importaría una clara violación del principio de congruencia afectando la garantía constitucional de la defensa en juicio del encartado, resolviendo, por ende, absolverlo. Más, en relación a la segunda infracción, esto es, la cometida al falsear el contenido del acta en la cual el imputado relata lo sucedido, el Tribunal apreció que sí le fue intimada, y no aceptó la excusa vertida -temor a decir la verdad por las consecuencias negativas que esto le acarrearía- atento la delicada función desempeñada por el oficial. En tal sentido, la Sala no convalidó la confesión de que cometió la falsedad para cubrirse por el faltante del dinero, y entendió que dicha conducta encuadra en la figura de falsedad ideológica, por tratarse la constancia falseada de un instrumento público que estaba encaminado a probar cuáles fueron los elementos y efectos encontrados y guardados en custodia, causando con dicho accionar un perjuicio cierto y concreto a los familiares del occiso y a la administración de justicia.
Abogados, sanciones disciplinarias, apercibimiento, expresiones incorrectas
Materia: PROCESAL
Carátula: PILOT, SEGUNDO c/ PIOLA, MARTA A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-19

La defensa de los derechos del litigante, por más apasionadamente que se asuma, no justifica extralimitaciones incompatibles con la seriedad y responsabilidad con que los curiales deben desempeñar su rol procesal, pues el derecho que -para fundar sus defensas- les asiste, no los exime de guardar la consideración que deben a los magistrados.

En el caso, el Tribunal no puede dejar de expedirse respecto de lo que aparece de manera ostensible y reiterada como manifestaciones impropias que, no sin una gran dosis de imaginación, se dirigen ofensivamente hacia el Tribunal en sus expresiones.

Por ello, en ejercicio de las facultades disciplinarias previstas en los artículos 22 y 24 del Código Procesal Civil y Comercial y 222 y 223 de la ley 10.160 (t.o. dec. 46/98) corresponde imponer al letrado la sanción de apercibimiento.
Venta de bebidas alcohólicas, prohibición de venta a menores, tipo penal, responsabilidad por omisión
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: VERTA, EDUARDO CARLOS s/ INF. ARTS. 60 Y 104 LEY 1472 - APELACIÓN .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-27

De la sola lectura del artículo 60 del Código Contravencional, la cuestión en debate -si el bar estaba lleno o medianamente concurrido; si el imputado pudo o no haberse percatado de la presencia de una persona de sexo masculino con notable apariencia de ser menor de edad- se torna abstracta; ello así, porque la permisión endilgada no guarda conexión alguna en la figura en análisis con la cantidad de concurrentes que se constate en el local de referencia, habida cuenta tanto del bien jurídico que se protege a través de la prohibición -la integridad física de niñas, niños y adolescentes- como de la omisión legislativa al respecto, que prescinde de toda mención a la "posibilidad" de avizoramiento en función de las características del local y pune el hecho objetivo de permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad. Si el encartado "no vio" o "no pudo ver" al joven, tal circunstancia no resulta eximente de la responsabilidad que le cabe al propietario, gerente, empresario, encargado o responsable del comercio, no sólo porque la norma prevé la forma culposa del tipo, sino, además, porque la norma subyacente a la disposición infringida importa para el sujeto activo un concreto deber de actuación, cuya omisión o deficiente desempeño desembocan inevitablemente en la configuración típica, máxime si se tiene en cuenta que el "permiso" requerido es susceptible de evidenciarse a partir de un hacer positivo -la concesión de una dispensa explícita- o de un no hacer, voluntario o imprudente -"no impedir lo que se pudiera o debiera evitar", segunda acepción del verbo "permitir" de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, www.rae.es-.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cardozo de Aguilar, R. c/ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Belén, Rosa A. c/ Sueta, Diego y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02|1995-07-11

El sobreseimiento provisorio de la causa penal nunca obliga al Juez civil, porque no tiene eficacia para fijar el hecho principal, aunque tenga por fundamento el que "no se haya justificado la existencia del cuerpo del delito".-
Competencia por el territorio, sucesiones, domicilio, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: BARRAZA DE VARELA DOLORES s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-21

La competencia territorial en materia sucesoria establecida imperativamente en el art. 3284 del Código Civil es de orden público e improrrogable por acuerdo de partes, y sólo cede ante razones de conexidad evidente que autorizan la acumulación de sucesiones, como cuando concurren idénticos herederos y se transmiten los mismos bienes, siempre que la primera no se encuentre finalizada.

Si el último domicilio del causante estuvo ubicado en la Capital Federal, frente a lo dispuesto en la norma citada, es ésta la jurisdicción competente para abrir la sucesión.
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bco. Pcia. de Bs.As. c/ Org. Casajus s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-29

Siguiendo la jurisprudencia que en recientes pronunciamientos ha dejado sentada la S.C.J.B.A. en los cuales afirma la improcedencia de la capitalización de intereses (en forma mensual) ya que la nueva redacción consagrada por la ley 23928, solamente la autoriza en los casos de que exista una convención expresa al respecto, considerando que nada se ha modificado en materia de procedimientos judiciales en relación a la vieja redacción del art.623 del C.C.- Se torna así necesario adecuar el criterio de ésta causa sobre el particular, en éste caso por resultar vinculante la doctrina del Superior Tribunal, a mérito del art.149 inc.4to. ap. a) de la Const. Prov.- No obstante el Tribunal deja a salvo opinión contraria al respecto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)