Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-03-30


Dictamen del Subprocurador General La Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la sentencia apelada que, a su turno, desestimó la demanda que por daños y perjuicios promoviera C. R. H.A., por sí y en representación de su hija V. L. S. en virtud del accidente de tránsito que le costara la vida al Sr. E. F. S., cónyuge y padre -respectivamente- de aquéllas, contra Diego Sebastián Celdane, Rosa M. Segovia, Eustaquio Juan Celdane y "Camino del Atlántico SACV"; la que acogió atribuyendo a los primeros el 50% de la responsabilidad en la producción del evento dañoso y en un 30% a la segunda -fs. 715/731 y su aclaratoria de fs. 737/738-.

Contra dicha forma de resolver, la concesionaria vial -por apoderado- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -fs. 830/853 vta.- por cuyo intermedio denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 512, 901, 906, 1111, 1113 y ccs. del Código Civil; 102 de la Ley 11.430 y su reglamentación; 163 incs. 5º y 6º, 164, 260, 272, 375, 384, 474 y ccs. del Código de rito local; Ley 24.240; 27 y 31 de la Constitución Provincial y 14 y 17 de su par nacional; y de la doctrina legal que cita.

Básicamente cuestiona:

1 - Que no quedó acreditado, por quien tenía la carga, que existió el respectivo nexo causal, en cuyo devenir resulta descalificable el dispositivo sentencial que impone a su parte el deber de probar algo que no le correspondía (arts. 1109, 1111 y 1113 del CC y 375 del CPCC). Debió, prosigue, hacerle cargar a la actora con las consecuencias de su omisión, es decir, de la falta de demostración de la efectiva existencia del nexo causal.

Sobre el particular, considera dogmática y reñida con las constancias de la causa (conforme surge de las respuestas 5, 6 y 7 de la pericia mecánica a fs. 537), la conclusión de la Cámara referida al inadecuado balizamiento y a que el camión no fue removido en tiempo razonable, en decisión que extiende incorrectamente, a criterio del apelante, el reproche de responsabilidad endilgada a su parte más allá del juicio de probabilidad o previsibilidad adecuado por el que pueda establecerse que efectivamente el daño es la consecuencia normal y ordinaria del hecho que se imputa. Y, en ese sentido, asevera que en el caso el nexo causal se ha visto enteramente interrumpido por el actuar imperito de la víctima quien, con su conducta, según da cuenta el acta policial obrante en la causa penal a fs. 454/56 (de la que indebidamente se apartó la Alzada), como así también lo dicho por el ingeniero mecánico en su informe a fs. 536/538; provocó su propio daño en atención a la velocidad impresa a su rodado. Examen sentencial que, asimismo, tilda de parcial con escarnio del principio procesal de igualdad de partes (art. 34, inc. 5º ap. "c" del CPCC).

Aduna que el accionante imputó, originariamente, a su parte en el libelo de inicio, que el siniestro de autos acaeció por falta de señalamiento, extremo no acreditado con elementos de juicio en el proceso.

2 - Arguye, además, que la sentencia dictada atenta contra las garantías de defensa en juicio y debido proceso adjetivo que consagra el art. 18 de la Constitución nacional atento que a la fecha de ocurrencia del suceso que diera motivo a la promoción de las presentes actuaciones no se encontraba vigente ni el art. 40 de la Ley 24.420 (t.o. Ley 24.999, por el que se establece una obligación objetiva y solidaria al prestador del servicio), ni el art. 102 de la ley 11.430 y su reglamentación (por los que se extiende la responsabilidad a los concesionarios viales de la adopción de mediadas de seguridad allí previstas), disposiciones inoponibles a su parte en los términos del art. 3º del Código Civil.

Del mismo modo, y respecto de la decisión de la Cámara de encuadrar a la relación de las partes como de consumo, atribuye demasía decisoria al subrayar que se introduce una solución a la causa que nunca fue alegada o controvertida por las partes sometidas al proceso; como así también contradicción en el criterio adoptado por el a quo en orden a los regímenes de responsabilidad: contractual y extracontractual a la fecha del siniestro.

Culmina el punto sosteniendo, nuevamente, la tardía invocación e impropia aplicación del régimen de la ley 24.240.

3 - Con cita de los arts. 27 y 31 de la carta provincial y 14 y 17 de su par nacional, señala el impugnante que la decisión objetada trae aparejada una valla insalvable a su actividad por cuanto al extender los límites legales de aquello más allá de los términos en los que había sido acordada la concesión, la tornan sumamente gravosa haciéndole asumir costos que no estaban previstos contractualmente. Implica, a su vez, una intromisión no tolerada por el régimen republicado de gobierno que la Justicia le exija, por sobre el contrato celebrado con el Poder Administrador, responder económicamente por accidentes como el de autos, cuando aquél no pone en su cabeza carga alguna tendiente a realizar auxilios mecánicos con grúas u otros equipos y menos aún para remover grandes y pesados camiones.

Concluye, finalmente, que el contrato de concesión de obra pública por peaje integrado a estas actuaciones impone a su parte el cumplimiento de las obligaciones referentes al mantenimiento, reconstrucción y conservación de las obras existentes así como el cumplimiento genérico del deber de seguridad para los que transitan por la ruta, pero sólo puede estar referido a las mediadas necesarias y razonables en relación obligaciones y medios apropiados, tendientes a evitar que se produzcan accidentes cuya causa radique en algo inherente e intrínseco a la ruta en sí misma y que forma parte de las tareas de ejecución de obras en la ruta.

A pesar del esfuerzo desplegado por la parte en recurso, estimo que el mismo no debe prosperar.

Sin perjuicio de la denuncia de violación normativa efectuada, obvio resulta concluir que lo que verdaderamente nutre la queja extraordinaria es la disconformidad del recurrente con el criterio sustentado por los camaristas para endilgarle una cuota de responsabilidad en el hecho generador de la litis, dirigiendo -principalmente- su ataque contra las reglas sobre la carga de la prueba respecto de las causales de exoneración que, a su ver, no fueron ponderadas por la Alzada.

Al respecto forzoso resulta invocar inveterada doctrina de ese Alto Cuerpo, que estimo de estricta aplicación al caso, por la que se establece que "Tanto la atribución de responsabilidad en un evento dañoso, como la cuota que le cupo a cada uno de los protagonistas del mismo, constituye -como quiera que se trate del análisis de circunstancias- una típica cuestión de hecho ajena a la instancia extraordinaria, en tanto no se demuestre quebrantamiento de las reglas de la apreciación de la prueba en grado de absurdo" (conf. causas Ac.81.032, sent. del 4/XII/2002; Ac.79.936, sent. del 23/IV/2003; Ac.84.317, sent. del 18/II/2004; e.o.). Déficit que, si bien viene denunciado en el escrito de protesta, no se consuma con la crítica ensayada, la que -como ya lo anticipara- no pasa de ser una exposición deshilvanada y discordante de los argumentos del sentenciante que lejos está de sortear el valladar que impone el art. 279 del Código de rito local (conf. Ac. 38.765, sent. del 16/V/1989; Ac. 44.854, sent. del 16/XI/1993; e.o.). Es que de conformidad con la profusa doctrina sentada por V.E. al respecto, el absurdo no queda configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente porque se requiere algo más; esto es, precisamente el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (conf. causas Ac. 64.420, sent. del 1/XII/1999; Ac. 77.310, sent. del 2/X/2002; Ac. 91.558, sent. del 24/V/2006; e.o.), circunstancias que no se advierten configuradas en la especie.

En efecto. El Tribunal de segundo grado, a los fines de achacar responsabilidad a la empresa codemandada, concluyó que la concesionaria del mantenimiento de la ruta contribuyó en la producción del evento dañoso "... por carecer del sistema adecuado de iluminación de las cosas que obstaban la seguridad del tránsito (pericia fs. 337 vta., punto 3º); y por no haber removido el obstáculo engendrado en tiempo razonable (arts. 384, 474, C. Procesal)..." -v. fs. 720 vta.-, resaltando seguidamente, que el contrato que la une con el Estado "... no obsta a que se juzgue ajeno al examen de la responsabilidad objetiva que tiene la empresa demandada con los usuarios (arts. 1113, 2º apart., in fine, C. Civil, 102 ley 11.430, 164 y 384 C. Procesal)...".

Pues bien, todas las argumentaciones vertidas por la firma codemandada no pasan de ser su personal interpretación sobre la cuestión debatida que no rebate idóneamente los fundamentos del juzgador de origen, limitándose a paralelar su opinión discrepante con el fallo en crisis, sin hacerse cargo de las concretas razones que sustentan al mismo y de la prueba que la avala, reiterando los reparos esgrimidos en la contestación de agravios como los referidos por ejemplo al balizamiento, a la velocidad del rodado conducido por la víctima, a la falta de prueba del nexo causal; y contradiciéndose en otras parcelas de ésta, tal, el caso del argüido cumplimiento de su parte del deber de seguridad que edicta el art. 102 de la Ley 11.430 y su reglamento; agravios éstos cuyo tratamiento, por lo ya dicho, se torna innecesario (conf. S.C.B.A., causas Ac. 58.556, sent. del 17/II/1998 y Ac. 87.454, sent. del 20/IV/2005; e.o.), como así también lo es la cuestionada aplicación de la ley 24.240 (conf. S.C.B.A., causa Ac. 81.941, sent. del 3/III/2004; e.o.) y el alegado quebranto de garantías constitucionales y legales (conf. S.C.B.A., causa Ac. 86.835, sent. del 9/VIII/2006; e.o.).

Sentado ello diré, para satisfacción del presentante que si bien la Corte Federal, en coincidencia con la tesis recursiva -al menos en este aspecto-, ha dejado establecido que la obligación del ente concesionario de facilitar la circulación por el camino en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen las molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios de la ruta concesionada debe ser interpretada en el contexto de las obligaciones propias del concesionario, esto es, las vinculadas a la remodelación, conservación, mantenimiento y explotación del camino (conf. CS en causas "Colavita, Salvador y otro c. Pcia. de Buenos Aires y otros s/Daños y Perjuicios", sent. del 7/III/2000 y "Bertinat, Pablo J. y otros c. Pcia. de Buenos Aires y otros s/ Daños y Perjuicios", sent. del 7/III/2000), dicho criterio no puede ser llevado al extremo de dejar sin reproche de responsabilidad al concesionario vial si -como ocurre en el caso- los elementos arrimados a la causa demuestran que aquél, con su conducta -omisión- contribuyó a la producción del siniestro.

Y, si el camión quedó parado en la ruta a las 19 hs., siendo que el accidente ocurrió a la medianoche, el juicio de probabilidad determinante de la conexión causal que denuncia preterido por los magistrados sentenciantes se da de bruces con la afirmación efectuada por aquellos respecto del tiempo transcurrido sin haber removido el grave obstáculo que para la normal circulación por el camino representaba la detención de aquél sobre la cinta asfáltica (conf. doct. art. 514 del C. Civil y contrato de concesión de fs. 25/35 invocado por la Cámara a fs. 721 in fine).

Estimo que lo expuesto es suficiente para propiciar ante V.E. el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que dejo así examinado.

Tal es mi dictamen. La Plata, julio 12 de 2007. - Juan Ángel De Oliveira.

La Plata, marzo 30 de 2010.

AntecedentesLa Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda de daños y perjuicios deducida por C. R. H. A. por sí y en representación de su hija V. L. S. contra Diego Sebastián Celdane, Rosa Mari Segovia, Eustorgio Juan Celdane y "Camino del Atlántico S.A.C.V." (fs. 715/731 y 737/738).

Se interpuso, por la codemandada "Camino del Atlántico S.A.C.V.", recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 830/853 vta.).

Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia.

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? El doctor Pettigiani dijo:

I. La Cámara de Apelación revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda de daños y perjuicios deducida por C. R. H. A. por sí y en representación de su hija V. L. S. contra Diego Sebastián Celdane, Rosa Mari Segovia, Eustorgio Juan Celdane y "Camino del Atlántico S.A.C.V." (fs. 715/731 y 737/738).

Para así decidir consideró, fundamentalmente, que la concesionaria demandada resulta responsable -en un 30%- de las consecuencias derivadas del accidente de tránsito ocurrido en la ruta por el "inadecuado balizamiento" realizado por el personal de la empresa vial en el lugar donde el camión de los codemandados Celdane y Segovia quedara "enclavado" (se le habían desprendido las dos ruedas traseras derechas y había quedado ocupando parte de la ruta y de la banquina). Correlacionado ello con el largo lapso transcurrido desde el momento en que el rodado se rompió y el siniestro ocurrió (alrededor de cinco horas), sin que se hubiera removido el obstáculo que existía en el camino (fs. 719/vta.; art. 1113, segundo párrafo, segunda parte, Cód. Civil).

En este sentido apuntó que el hecho que un mecánico de la concesionaria hubiese colocado tres latas, que contenían pasto seco y trapos viejos encendidos con gas oil, no superan el riesgo creado subsistente, a fin de exonerase de responsabilidad, por carecer del sistema adecuado de iluminación de las cosas que obstaban la seguridad del tránsito (fs. 719 vta. y 720 vta.; art. 1113, cit.).

II. Contra esta decisión, la codemandada "Camino del Atlántico S.A.C.V." interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 830/853 vta.), por el que denuncia la infracción de los arts. 512, 901, 906, 1111 y 1113 del Código Civil; 102 de la ley 11.430; 163 incs. 5 y 6, 164, 260, 272, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; la ley 24.240; 27 y 31 de la Constitución Nacional y de la doctrina legal emanada de este Tribunal (fs. 841).

En síntesis, alega que la sentencia impugnada deviene descalificable como acto jurisdiccional puesto que impone el deber de probar algo cuya carga no pesaba sobre su parte, sino sobre la actora. No obstante ello, asevera que no se ha cumplido con la exigencia de demostrar el nexo causal para imputarle la responsabilidad que le ha sido atribuida.

Aduce que la Cámara ha torcido el rumbo de las cosas. El conductor del rodado embistente sufrió el daño a causa de su obrar imperito y por haber violado las normas específicas aplicables al caso, las que interrumpen la relación de causalidad respecto de la responsabilidad imputada a su mandante.

Desde otro lado, arguye la absurda valoración de la prueba pericial -mecánica y química- instrumental -causa penal- y documental.

Así, hace alusión al mérito del acta policial respecto a la ubicación de las balizas y la velocidad del automóvil embistente. En cuanto a la documental, trae a luz las obligaciones asumidas en el contrato de concesión.

Expone luego la doctrina de la irretroactividad de la ley (art. 3º, Cód. Civil) con relación a la aplicación de los arts. 102 del Código de Tránsito y 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, dado que tales normas no se encontraban vigentes al momento de acaecer el accidente. Sin perjuicio de ello, suponiendo que el factor de atribución fuera de índole objetiva fundada en la relación existente entre la empresa con los usuarios, entiende que la conclusión arribada en este aspecto resulta desacertada y contraria a derecho. Sostiene que el enfoque de la cuestión debe ser efectuado a partir del contrato atípico celebrado entre el usuario y el concesionario, que se configuraría con el pago de la tarifa de peaje, estando la responsabilidad de aquél sujeta a las disposiciones de los arts. 512, 519, 520 y concordantes del Código Civil.

En este punto también aduce la violación del principio de congruencia, pues, a su juicio, ninguna de las partes ha planteado la aplicación de la ley 24.240.

Por último, invoca la afectación de garantías constitucionales: propiedad y ejercicio de industria lícita.

III. El recurso no puede prosperar.

1. La cuestión relativa a la responsabilidad civil que cabe al concesionario vial por accidentes padecidos por vehículos ingresados a las carreteras concesionadas -en este caso producto de deficiente balizamiento- ha sido ya analizada por el suscripto.

Luego, más allá de la opinión expresada anteriormente (C. 79.549, sent. del 22/XII/2008), que dejo a salvo, teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra c. Provincia de Buenos Aires y otros s/ Daños y Perjuicios" (sent. del 7/XI/2006), y la innegable gravitación que -más allá de lo que pueda sostenerse sobre la eventual aptitud vinculatoria- cabe reconocerle en todo caso atento su ubicación en la cúspide del ordenamiento judicial (arts. 5º, 108, 123, 127, Const. Nacional), razones de celeridad y economía procesal me llevan a adoptar el criterio allí abrazado y en consecuencia, a procurar llevar adelante el encuadre jurídico del caso en la forma propuesta por el alto Tribunal.

De este modo, ha dicho el Tribunal cimero que el vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y los usuarios de las mismas debe ser calificado como una relación de consumo en el derecho vigente, a la luz de lo prescripto por la ley 24.240 y modificatorias (C.S.J.N., in re "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra c. Provincia de Buenos Aires y otros s/Daños y perjuicios", sent. del 7/XI/2006, Consid. 3º).

En autos, habiendo ocurrido el siniestro, conforme las constancias obrantes en la causa, el 11 de diciembre de 1993, se impone reconocer al vínculo jurídico habido entre el automovilista y el concesionario vial como una relación de consumo. Ubicados desde ese mirador, cabe concluir que "el servicio debe ser suministrado en forma que, utilizado en condiciones normales y previsibles, no presente peligro para la salud e integridad de consumidores y usuarios, lo que comprende supuestos de responsabilidad objetiva por riesgo o vicio del servicio (arts. 5º, 6, 40 y concs., ley 24.240) pero no descarta, incluso, supuestos de responsabilidad fundados en la culpa subjetiva (arts. 512, 1109, 1074 y concs., Cód. Civil). Calificados doctrinarios han adherido, con matices, a esta interpretación (Cf. Lorenzetti, Ricardo L., "Concesionarios viales. ¿En qué casos hay responsabilidad?", Revista de Derecho de Daños Nº 3, p. 157, cit. y "La Corte Federal fija su posición en la responsabilidad por accidentes de tránsito ocurridos por la colisión en rutas con animales", RCyS, 2000 39 y Lorenzetti, Ricardo L., "Consumidores", p. 114, Nº 6 y 487 Nº XIII, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003; Mosset Iturraspe, Jorge, "Defensa del Consumidor, p. 20, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2003; Gordillo, Agustín, "Tratado de Derecho Administrativo. La defensa del usuario y del administrado" cit. t. 2, 4 ed., p. XX-14; Irmahorn, Analía, "Responsabilidad de los concesionarios de un corredor vial ante los accidentes sufridos por los usuarios...", LLC, 1999-1105; Hise, Mónica y Rossello, Gabriela, "Peaje", JA, 2000-IV-1110; Rinessi, Antonio J., "La desprotección de los usuarios viales" en Revista de Derecho de Daños Nº 3, p. 111; auto cit. "El servicio público y la defensa del usuario", LA LEY, 1995 E, 1148; auto cit. "Contrato de peaje", DJ, 1998-3-437) (Galdós, Jorge Mario "Peaje, relación de consumo y animales sueltos. Otro trascendente fallo", La Ley, 2004-C, 919).

Si bien no es posible la aplicación al caso de autos del art. 40 de la ley 24.240 -disposición legal que recepta la responsabilidad objetiva y solidaria de todo aquél que haya participado en la producción del producto o dación del servicio- ya que el precepto de marras entró en vigor a los 8 días de la publicación de la ley 24.999, que se efectivizó en el Boletín Oficial del 30/VII/1997, pues dicha norma había sido vetada por el Poder Ejecutivo nacional mediante el dictado del decreto 2089/1993 (el 13/X/1993) luego de sancionada la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 (22/IX/1993), por lo que su aplicación en la especie implicaría lisa y llanamente la trasgresión del art. 3 del Código Civil, afectando de ese modo derechos adquiridos; sin embargo, cabe sostener que el concesionario no asume una obligación de dar el uso y goce de una cosa, sino de prestar un servicio (C.S.J.N., in re "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra c. Provincia de Buenos Aires y otros s/Daños y perjuicios", sent. del 7/XI/2006, Consid. 4º), en forma tal que utilizado por el consumidor en condiciones previsibles o normales no presente peligro alguno para su salud o integridad física (art. 5º, ley 24.240), en tanto que cuando la utilización de dicho servicio pueda suponer un riesgo para la salud o integridad física del mismo, debe prestarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar su seguridad (art. 6º, ley 24.240).

Véase aquí la concretización de un deber de seguridad, de origen legal e integrado a la relación de consumo, que obliga al concesionario a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles.

2. Lo expuesto no obsta, sin embargo, para efectuar el adecuado encuadre del factor de imputación o atribución de responsabilidad a la luz del cual ha de analizarse la antijuridicidad endilgada al concesionario vial en autos, que fuera materia adicional de agravio por el recurrente.

En efecto, el tribunal a quo atribuyó responsabilidad al concesionario vial con fundamento en el incumplimiento de la obligación de seguridad, derivada del contrato de concesión como estipulación a favor del usuario, consistente en el adecuado mantenimiento y contralor del funcionamiento de la ruta, adoptando los recaudos necesarios para asegurar el tránsito en ella y removiendo las causas que pudieran producir daño para la circulación de los usuarios; obligación que fue calificada como de indemnidad, de resultado, con relación a la circulación en la red vial a su cargo; si bien aceptándose que la concesionaria sólo podía exonerarse acreditando que fueron adoptadas las diligencias necesarias y útiles para evitar tales perjuicios, de modo que mayores resguardos que los tomados habrían tornado antieconómica la explotación; extremos -estos últimos- que merced al análisis de las probanzas recabadas en autos, no encontró demostrados.

Si bien liminarmente cabe apartarse de las conclusiones que la Cámara extrae del análisis de las normas legales y estipulaciones obrantes en el Pliego de Especificaciones Legales, Contrato de Concesión y Reglamento de Explotación, pues no surge de ninguna de ellas que la demandada (concesionaria de peaje) hubiese asumido expresas obligaciones vinculadas con el hecho que motiva la presente acción, circunstancia que se confirma cuando se repara que el juzgador no hizo referencia a norma o cláusula específica que estableciera el alcance otorgado a la mentada obligación de seguridad; corresponde reconocer -no obstante- el genérico deber de seguridad que obligaba al concesionario a la adopción de medidas de seguridad y prevención adecuadas frente a los riesgos previsibles de la ruta (conf. C.S.J.N., in re "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra c. Provincia de Buenos Aires y otros s/Danos y perjuicios", sent. del 7/XI/2006, Consid. 5º), con fundamento en las previsiones contenidas en los arts. 5º y 6º de la ley 24.240, por lo que más allá del correcto encuadre jurídico de la cuestión, la falta de demostración de las diligencias adoptadas por la concesionaria vial para evitar hechos como el de autos (fs. 455) se mantiene como fundamento determinante de la imputación de responsabilidad efectuada por la alzada, sin que tampoco -por lo expuesto- puedan ser de recibo los agravios del recurrente dirigidos a cuestionar las conclusiones del decisorio, sobre la carga probatoria que a su respecto pesaba (doctr. arts. 5º y 6º, ley 24.240).

Ya sobre ese tópico, el tribunal a quo concluyó que ninguna acción probatoria había encarado la concesionaria, tendiente a acreditar las medidas preventivas de seguridad adoptadas frente a tales concretos riesgos de la circulación.

3. En cuanto al mérito de la prueba, coincido con el resto de las apreciaciones que la alzada extrae del examen de las actuaciones sumariales y del informe pericial del ingeniero químico (fs. 719 vta./720; arts. 384, 385, 457 y 474, C.P.C.C.), las que encuadran en lo establecido en el art. IV.3 del Reglamento del contrato de concesión vial (fs. 36 vta. dentro del cuerpo 1ro.; arts. 1197 y 1198, Cód. Civil) y en el genérico deber de seguridad antes aludido, que obliga al concesionario a la adopción de medidas de seguridad y prevención adecuadas frente a los riesgos previsibles de la ruta (doct. art. 1198, Cód. Civil; conf. C.S.J.N., in re "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra c. Provincia de Buenos Aires y otros. Daños y perjuicios", cit., consid. 5).

Así, en autos la Cámara señaló que hubo un "... inadecuado balizamiento del lugar donde el camión quedara æenclavadoÆ parcialmente en la ruta y en la banquina, realizado por el personal de la æEmpresa Camino del Atlántico S.A.V.C.Æ, y que debe correlacionarse con el largo lapso transcurrido desde el momento en que el accidente ocurrió -alrededor de las 19 horas- y con la circunstancia, que hasta la medianoche de ese día del accidente, no se había removido el obstáculo que existía en la ruta ... también pone en evidencia la responsabilidad de la aludida empresa concesionaria" (fs. 719/vta.; art. 1113, segundo párrafo, segunda parte, Cód. Civil).

Si bien, frente a tal evaluación, ha sido alegada la existencia de una causal caracterizante de la doctrina del absurdo en la valoración de la prueba (fs. 844 vta./ 847), la recurrente no ha logrado acreditar tal extremo, resultando insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a denunciar su existencia, sin demostrarlo acabadamente (conf. Ac. 78.602, sent. del 3/III/2004; C. 91.609, sent. del 13/XII/2006; entre muchas otras).

En efecto, el recurrente -más allá de achacar la culpa del mismo conductor del Peugeot modelo 504, por su propia impericia y violación de normas de tránsito (que denuncia cuáles, fs. 843 vta.)- no logra conmover la principal conclusión del sentenciante sobre la cual basó su reproche (vgr. la debida señalización y la omisión de remover el obstáculo del tránsito entre el momento en que se produjo el desperfecto del camión y el accidente; arts. 279, C.P.C.C.; 512, 901, 902 y concs., Cód. Civil; fs. 723 vta.).

Así, deviene insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un palmario desvío de los fundamentos brindados por el sentenciante y deja subsistente la motivación principal del fallo (art. 279 C.P.C.C. y su doctrina).

Por demás, no se logra demostrar el vicio de absurdo si el interesado se ha limitado a exponer un personal y particular punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y constancias de la causa, en especial respecto de la prueba testimonial y documental, evidenciando su intención de disputarle al juzgador de mérito la facultad privativa de hacerlo otorgada por la ley de rito, de lo cual resulta ineficaz por sí solo para acreditar el error grave, grosero y manifiesto que constituye el absurdo.

En efecto, la minuciosa ponderación de los elementos de juicio efectuada por el tribunal a quo, conjugando las normas aplicables al caso y su doctrina con las circunstancias particulares del caso, ya descriptas en la breve reseña de los antecedentes, no permiten calificar de ese modo a las razones expuestas por los sentenciantes (fs. 719/723; arts. 34 inc. 4, 163 incs. 3 y 5, 266 y 384, C.P.C.C.; 1113, 2do. párr. 2da. parte, Cód. Civil).

Al respecto esta Corte tiene dicho que es facultad de los jueces de las instancias de mérito seleccionar el material probatorio, dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras, y dicho ejercicio, por sí solo, no constituye un supuesto de absurdo. Es necesario demostrar que en dicha elección medió "un error grave y manifiesto", el que no se evidencia por la mera exposición de un criterio discordante (arts. 384 y 456, C.P.C.C.; conf. Ac. 87.878, sent. del 2/III/2005; Ac. 90.783, sent. del 15/III/2006; C. 93.244, sent. del 14/II/2007).

VI. Por todo lo expuesto, oído el señor Subprocurador General, voto por la negativa.

Costas al recurrente (art. 289 del C.P.C.C.).

El doctor de Lázzari dijo:

En atención al contenido del voto del doctor Pettigiani que me precede, doy por reproducidos los antecedentes de hecho así como también las apreciaciones sobre el estado doctrinario y jurisprudencial, en particular de la Corte Suprema de la Nación, de la materia sometida aquí a juzgamiento. El exhaustivo tratamiento que al respecto ha efectuado el referido colega me exime de ulteriores desarrollos.

También comparto la objeción mencionada sobre la aplicación del art. 40 de la ley 24.240 con retroactividad, ya que no estaba vigente al momento de ocurrencia del hecho dañoso. No obstante ello, ante la situación fáctica que se presenta -obstrucción, a través de la detención de un camión que permanece inerte durante un prolongado tiempo en el carril de paso de una vía concesionada- el plexo normativo previsto en la ya citada ley, permite interpretar que los deberes exigibles a la concesionaria, en lo que respecta a la observación permanente sobre la ruta para evitar accidentes, era una función ínsita a la prestación del servicio en condiciones previsibles o normales para que no presente peligro alguno para la salud o integridad de los usuarios.

Solamente me cabe agregar, por el impacto de la definición de este tema sobre pleitos posteriores, que suscribo la posición que en definitiva fue receptada por el alto Tribunal (conf. causa C. 79.549, sent. del 22/XII/2008), conforme a la cual el vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y los usuarios de la misma constituye una típica relación de consumo (arts. 33 y 42, Constitución Nacional; ley 24.240; C.S.J.N., sent. del 7/XI/2006, "Pereyra de Bianchi, Isabel c. Provincia de Buenos Aires y otra", Jurisprudencia Argentina, 2007-I, fascículo 11, p. 14 y sigtes.).

Finalmente, considero que el embate dirigido contra la sentencia en lo que respecta a la base fáctica de la pretensión, no puede prosperar por ser materia -por regla- ajena a la casación, al no haber quedado demostrada la presencia de absurdo, tal como se expusiera en el voto precedente (art. 279, C.P.C.C.).

Por lo expuesto, con el alcance indicado, adhiero al voto del doctor Pettigiani, proponiendo imponer también las costas al recurrente por su condición de vencido (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

El doctor Negri dijo:

Adhiero a la solución propuesta por los colegas que me preceden en la votación sobre los siguientes argumentos que seguidamente expongo.

I. La Cámara revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda deducida de daños y perjuicios.

Contra tal decisión la codemandada "Camino del Atlántico S.A.C.V." interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que denuncia la infracción de los arts. 512, 901, 1111 y 1113 del Código Civil; 102 de la ley 11.430; 163 incs. 5 y 6, 164, 260, 272, 375, 384, 474 del Código Procesal Civil y Comercial; la ley 24.240; 27 y 31 de la Constitución Nacional y de la doctrina legal emanada de este Tribunal, siendo que no se ha cumplido con la exigencia de demostrar el nexo causal para imputarle la responsabilidad que le ha sido atribuida.

II. 1) El tribunal a quo para arribar a su decisión sostuvo que el deficiente sistema de balizamiento efectuado por la empresa concesionaria y el tiempo excesivo que demoró en asistir el camión averiado a fin de que aquél dejara de "obstruir" la libre y normal circulación, resultaron elementos suficientes a los efectos de atribuirle un 30% de responsabilidad en las consecuencias derivadas del accidente.

2) No advierto acreditadas en la sentencia impugnada las denuncias efectuadas por el recurrente, siendo que no constituye absurdo la apreciación opinable, discutible u objetable, porque se requiere algo más, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba. Situación que lejos esta de evidenciarse en la especie.

3) Esta Corte ha afirmado, que la teoría de la concesión de servicio público se asienta sobre el presupuesto de la existencia de tres sujetos diferenciados: a) el Estado, al que supone titular del mismo y tutor del bien común; b) el usuario, a quien por su carácter general y con frecuencia débil, el Estado debe proteger y c) el concesionario a quien el Estado autoriza a prestar el servicio con arreglo a determinadas condiciones que eviten el abuso en detrimento del usuario (conf. causa C. 79.549, sent. del 22/XII/2008).

De ello se infiere que el vínculo que une al Estado concedente y a la empresa concesionaria es de carácter contractual y propio del derecho público, y que el contrato que los liga prevé estipulaciones a favor de terceras personas, los usuarios.

En el caso particular de las concesiones viales, estos terceros usuarios aceptan facultativamente los beneficios de la concesión, eligen la utilización del servicio y asumen la obligación de abonar el peaje establecido por contrato.

Así entonces, surge que la participación activa de los usuarios como terceros favorecidos de la relación contractual, permite decidir que éstos deben considerarse partes legitimadas para reclamar el resarcimiento de los daños que hubieren sufrido en los caminos concesionados y que guarden relación adecuada de causalidad con el incumplimiento del contrato a cargo de la concesionaria, ello conforme lo normado en el art. 504 del Código Civil, que reconoce a los terceros beneficiarios como titulares de un derecho de crédito propio para exigir las prestaciones convenidas a su favor.

En mi opinión y como dijera en causas L. 35.562, (sent. del 22/III/1998) y L. 42.689 (sent. del 22/VIII/1989), el carácter público de la concesión no impide que en ella se inserten cláusulas que remitan al derecho común a los fines de reglar la situación de terceros afectados y que no definen a una relación de índole administrativa.

Por ello corresponde subsumir la relación entre los usuarios de los caminos concesionados por el sistema de peaje y las empresas concesionarias prestadoras del servicio, en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240) y juzgar que la responsabilidad de las empresas concesionarias surge de un factor de atribución objetivo, cuyo fundamento radica en la obligación contractual de garantizar la seguridad de la circulación por parte de los usuarios en condiciones normales, suprimiendo cualquier causa que origine molestias o inconvenientes al tránsito o que represente peligrosidad para los usuarios (conf. mi voto en Ac. 82.395, sent. del 14/XII/2005).

Así, la conducta deficiente por parte de la empresa concesionaria en tal sentido, es la que ha sido evaluada por el tribunal a quo quien ponderó, que la empresa procedió a un inadecuado balizamiento, que fue excesivo el tiempo en asistir al camión que obstruía la libre circulación y la falta de equipo necesario para tal finalidad, concluyendo que tales circunstancias contribuyeron a la producción y consecuencias del evento dañoso.

Así la falta de diligencias apropiadas que hacen al objeto de la concesión y que actualmente se encuentran reconocidas por la doctrina como factibles de ser realizadas para ejercer un adecuado control en la seguridad del tránsito, ha generado la responsabilidad atribuida.

Voto por la negativa.

La doctora Kogan dijo:

He de adherir al voto de mi distinguido colega doctor de Lázzari.

Sólo cabe agregar respecto a la responsabilidad de las concesionarias viales, que tal como sostuve al votar en las causas C. 79.549 ("Castro", sent. del 22/XII/2008) y C. 99.668 ("Bissio de Vigil", sent. del 22/IV/2009), suscribo la posición receptada por el Alto Tribunal -en su actual composición- conforme a la cual el vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y los usuarios de las mismas constituye una típica relación de consumo (causa B.606.XXVI, "Pereyra de Bianchi, Isabel c. Provincia de Buenos Aires y otra", sent. del 7/IX/2006).

En consecuencia voto por la negativa.

El doctor Hitters dijo:

Adhiero al voto de mi distinguido colega, el doctor de Lázzari, remitiendo, en cuanto al encuadre de la responsabilidad de las concesionarias viales por los daños producidos por animales sueltos en las rutas concesionadas, a lo expresado en la causa C. 79.549 ("Castro", sent. del 22/XII/2008).

En cuanto a las costas procesales, discrepo con la solución propiciada por el Ministro a quien sigo en el fondo, ya que entiendo que corresponde distribuirlas en el orden causado, en atención a los notables vaivenes jurisprudenciales que sobre la materia se han presentado (incluso en el seno de la Corte Suprema de la Nación), que demuestran que nos hallamos ante especiales dificultades interpretativas que han dado razón suficiente a la quejosa para litigar (art. 68, 2º parte, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

El doctor Genoud, por los mismos fundamentos del doctor de Lázzari, votó también por la negativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas al vencido (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

El depósito previo de $ 7.877,40, efectuado a fs. 854, queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6º y 7º de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002). - Luis Esteban Genoud. - Hilda Kogan. -Héctor Negri. - Eduardo Julio Pettigiani. - Eduardo Néstor de Lázzari. - Juan Carlos Hitters.