marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, principio objetivo del vencimiento, efectos entre partes, asegurador
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: NGN Asesores en Seguros SA c/ Aseguradora de Riesgos Del Trabajo Liderar SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-26

La regla contenida en la ley 17418: 56 es aplicable a los seguros de vida e incapacidad (v. entre otros: "Manzur, Alberto c/ Compañía Argentina de Seguros La Estrella SA, 24.10.95; "Cristóbal, Ricardo c/ Caja de Seguros de Vida SA", 22.2.08; "Debello, Carlos c/ Caja de Seguros SA", 30.10.08; "Rodríguez, Oscar c/ Caja de Seguros SA", 18.9.09; "Bentiboglio, Jorge Aníbal y otro c/ Caja de Seguros de Vida SA", 13.4.12; y "Labella, Francisco c/ Caja de Seguros SA", 28.5.19). La razón de ello es que la aludida norma se encuentra dentro del Capítulo I de la ley de la materia referido a las "Disposiciones generales", mientras que el "Seguro de Vida" se halla regulado en el Capítulo III sobre "Seguro de personas". Así, aquellas normas generales del Capítulo I son aplicables a los restantes seguros específicos con las adaptaciones lógicas que resultan de cada uno (vgr. arts. 133, 136, 137), pero en modo alguno esas adecuaciones inciden en el tiempo que tiene el asegurador para pronunciarse (cfr. Alfano, en "El contrato de seguro de personas", Buenos Aires, 2004, pág. 73; Stiglitz, "Derecho de Seguros", Buenos Aires, 2004, T° II, págs. 279 y sig.; Rouillón, "Código de Comercio, comentado y anotado", Buenos Aires, 2005, T° II, págs. 88 y sig.).
Hurto simple, valor del bien
Materia: PENAL
Carátula: CAUSA 3863 (MILITAR) REG. 4218 s/ HURTO SIMPLE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-21

Como lo ha sostenido reiteradamente el concepto de cosa, mencionado como objeto material del tipo en cuestión, debe interpretarse -en razón de la unidad del ordenamiento jurídico- de acuerdo a lo definido en el artículo 2311 del Código Civil y por ende sólo cabe excluir de él aquellos objetos que realmente carezcan de valor económico.

Por lo demás, el real valor económico de la cosa hurtada debe considerarse, no de acuerdo a su costo para el Estado Nacional, único usuario legítimo de ese combustible desgravado, sino frente al que tiene realmente la nafta a la que reemplaza, ya que su uso particular supone el perjuicio adicional derivado de la no percepción de los tributos correspondientes.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, relaciones de familia, sucesiones, matrimonio, derecho de habitación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Rogelio Federico Aurelio CORTE s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  IMPROCEDENCIA  -  DERECHO DE HABITACION -  SUCESION - MATRIMONIO -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que -al denegar a la cónyuge supérstite el derecho de habitación previsto por el art. 3573 bis del Código Civil- estimó que ese derecho tenía carácter netamente asistencial y que su reconocimiento dependía de la reunión de una seria de supuestos entre los cuales se contaba la existencia de un solo inmueble habitable, extremo éste que no resultaba acreditado en el caso, ya que existía en el acervo del causante otro departamento en condiciones semejantes. Ello es así pues se trata de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia propia de los jueces de la causa y ajena -como regla y por su naturaleza- al remedio del art.

14 de la ley 48, máxime cuando -como en el caso- lo decidido cuenta con fundamentos suficientes para excluir la tacha de arbitrariedad.
Recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: P., G. EN REPRESENTACION DE FEDERACION PATRONAL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENUNCIA   (EXPTE .: C.S.J. NRO. 22 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-18

Es inadmisible la queja desde que el recurrente no logra rebatir los argumentos del auto denegatorio respecto a que "la llamada competencia por turno consiste esencialmente en un método preestablecido de distribución del trabajo judicial de manera que los distintos enfoques interpretativos de las normas que lo definen, en principio carecen de consistencia para asimilarlos a un ataque contra el principio del juez natural, imparcial e independiente.

Más aún, en los sistemas modernos de colegio o comunidad de jueces las asignaciones de los casos se concretan por vía de gerenciamiento administrativo, de manera que todos los magistrados integrantes del Consejo son potencialmente competentes para entender en las causas que promueven las fiscalías", incumpliendo, en consecuencia, la carga impuesta en el artículo 8 de la ley 7055.
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: DE SALVO, JUAN C. Y OTRO c/ COMPAÑIA EMBOTELLADORA ARGENTINA  S.A.I.C. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

La relación de dependencia no es una 'atribución' de que dispone el empleador, que, como tal, voluntariamente la quita o la concede de acuerdo a necesidad o interés propio, sino que se impone por los hechos sobre la intención de las partes y aún contra sus voluntades;

pudiendo afirmarse que la misma se encuentra por encima de la aparente realidad que se haya construido para dibujarla, y por más que se presente como querida o consentida por las partes.
Derechos y garantías constitucionales, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: RIMINI SEBASTIAN S/ RECURSO EXTRAORDINARIO EN AUTOS: CREAGRO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-20

Si lo que se pretende es dejar involucrado como cuestión federal la inaplicabilidad de normas que injuriaban a la Constitución, el recurrente cuenta con otra vía impugnatoria diferente de la casación que no sólo resulta la más apta para salvaguardar los derechos y garantías constitucionales que se reputen vulnerados sino que es la típica establecida por la propia Constitución para su defensa.-
Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: MAGUICHA JULIAN GREGORIO c/ GOMEZ JOSE ABRAHAM s/ COBRO DE PESOS-DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION (RECURSO EXTRAORDINARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-13

Una resolución que no reviste el carácter de definitiva no puede ser objeto de recurso extraordinario, mediante la mera invocación de haberse violado o infringido algunos de los derechos o garantías amparados por la Constitución Nacional, y máxime cuando la decisión no configura causal alguna de arbitrariedad, puesto que la misma encierra cuestiones atinentes a hechos y derecho procesal común, suficientes al margen de su acierto o error, para descartar la la arbitrariedad invocada.
Principios procesales, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: A., F.D. c/ C. SA s/ Cobro de Pesos -Laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-23

Conforme al principio iura novit curia el juez ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las partes.
Concursos, efectos de la apertura, actos de administración, concursado, autorización judicial, seguros, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Curtiembres Fonseca SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-27

Procede revocar la resolución en virtud de la cual, ante el pedido de la aquí concursada para que se la autorizara a continuar con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en contratos de seguro vigentes -celebrados con anterioridad a la presentación concursal- y así pagar los premios adeudados y reclamados por las aseguradoras, el magistrado juzgó que dichas contrataciones no eran subsumibles en el marco de la LCQ 20 y que nada correspondía proveer en los términos de ese dispositivo legal. Ello por cuanto, en la especie, la concursada acudió al tribunal solicitando una autorización expresa para continuar con los aseguramientos que detalló y, más allá de que sea o no aplicable a la cuestión la norma mencionada -en el marco del concurso preventivo-, la petición fue entablada a fin de dar a conocer al juzgado de grado las coberturas que tiene contratadas, la necesidad de mantenerlas vigentes y, también, asegurarse la recurrente de que al autorizarse el pago de las primas vencidas no tenga que enfrentar ningún tipo incidencias, por ejemplo, con sus cocontratantes (véase en el caso que las aseguradoras presentadas en autos dieron su conformidad con la continuación de la ligazón contractual) y/o acreedores concursales. En tal contexto, estímase evidente que la autorización pedida por la recurrente debe ser concedida en el marco de los actos de administración ordinaria que le corresponde (cfr. arg. LCQ 15), previa conformidad de sus aseguradoras con el mantenimiento de los contratos de seguros, debiendo abonar las primas vencidas e impagas, manteniéndose luego al día respecto de aquéllas que se devenguen a futuro.
Ministerio Público Fiscal, deberes del juez, principio de legalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: G., J.; M., S. B. s/ Promoción a la prostitución s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

De acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema en el precedente "QUIROGA", en la declaración de inconstitucionalidad del art. 348 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación - para los casos en que el juez no acuerda con el pedido de sobreseimiento del fiscal, lo aparta e instruye a quien designe el fiscal de cámara para que efectúe el correspondiente requerimiento de elevación a juicio -, tal control se encuentra vedado por determinar el contenido de los actos del fiscal y no respetar la autonomía funcional de los fiscales establecidas en el art. 120 de la Constitución Nacional.

Así, "en el marco de un sistema procesal regido por el principio de legalidad procesal, la exigencia de que las funciones de acusar y juzgar se encuentren en cabeza de funcionarios distintos queda completamente diluida si el tribunal de alzada puede, en contra del criterio del Ministerio Público, decidir por sí solo que se produzca la acusación y la apertura del debate" (CSJN, "QUIROGA", sumario 3).

Ahora, en dicho precedente también se dice: "Si bien la introducción del artículo 120 de la Constitución Nacional sustrae al Ministerio Público del control de cualquiera de los poderes del Estado, ello no significa 'falta de control', porque más allá del control jurisdiccional que se ejerce en el marco del proceso, la ley 24946 prevé controles internos y, además los fiscales no se encuentran exentos de ser sancionados por las posibles violaciones en la que pudieran incurrir por su calidad de funcionarios públicos" (sumario 21).
Menores, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Izaguirre Wilker Oscar c/ Piccoli Nanci Valeria s/ Régimen de Visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-05-28

En este tipo de proceso, donde debe primar el superior interés del menor, las formas rituales deben ser aplicadas con la flexibilidad necesaria para atender y entender en la cuestión de fondo planteada.
Derecho procesal, debido proceso, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Colmegna, Ricardo Oscar Y Otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-10

Procede confirmar la resolución que rechazó la liquidación practicada por el actor. Ello por cuanto, en el caso, habiéndose establecido la consolidación de la deuda, ello importa la obligación de que los acreedores se ajusten a las previsiones y mecanismos administrativos previstos por la normativa aplicable, por lo que los créditos a liquidarse judicialmente se deben expresar a la fecha de corte y, a partir de allí, se devengan los intereses de los bonos (conf. CSJN, 7/8/07 "IBM Argentina c/ Estado Nacional -Ministerio de Economía 0bras y Servicios Públicos- s/ ordinario"; CNCom, Sala A, 12/2/08 "IBM Argentina c/ Estado Nacional -Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos- s/ ordinario"). Véase que el sólo hecho de que una sentencia hubiera mandado pagar intereses distintos de los previstos por el régimen de consolidación de deudas, no implica que, al estar la condena dictada en autos alcanzada por la preceptiva de emergencia, y el actor pueda abstraerse de las pautas fijadas por las leyes de consolidación, y pretender cobrar, además de los intereses contemplados en los bonos percibidos, los réditos moratorios fijados en la resolución recaída en marras. Ello pues, se reitera, la consolidación de la deuda importó la aplicación de las pautas establecidas en la ley 25344 con su remisión a la ley 23982; razón por la cual los réditos se liquidan hasta la fecha de corte y, a partir de allí solo cabe reconocer los intereses de los bonos de consolidación (conf. CSJN "Ladefa SACIFEPA c/ Banco Río de la Plata SA de Teledifusión Industrial Financiera Canal 13", del 17/4/07; ley 23982: 6 y Decreto 2140/91: 14 inciso a y fallos 327:5313, CNCom, Sala E, 7/7/10, "IBM Argentina SA c/ Gas del Estado Soc. del Estado (en liquidación) s/ ordinario").
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Patronelli, Guillermo A. c/ Echaves, Guido Javier s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Si el que solicita la indemnización por muerte es un pariente colateral, no puede incluirse en la categoría de herederos necesarios, según la calificación del art. 1085 del CCI sino en la de damnificados indirectos por el art. 1079 del CCI, aquí es necesario probar cabalmente, el daño sufrido, con motivo de la muerte del tío o sobrino por ser beneficiario de alimentos o recibir ayuda suya de cualquier clase que sea.
Concursos, pedido de quiebra, resoluciones judiciales, jueces, costas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Heliodor SA le pide la quiebra Honilo SRL c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Procede modificar la resolución que rechazó la declaración de quiebra, con base en la suficiencia del depósito por parte del deudor, difirió la imposición de costas al resultado de la ejecución individual. Ello por cuanto, mediando desatención de una deuda que suscitó una aparente cesación de pagos, el hecho de desvirtuar con posterioridad tal estado a través del depósito de la suma reclamada -aunque no se la dé en pago y se intente controvertir la obligación- no exonera a la deudora de las consecuencias de su accionar anterior, entre las que se cuenta el pago de las costas judiciales (conf. doctrina que emana del fallo plenario de esta Cámara "Pombo" del 29/06/82). El rechazo bancario de los cheques otorgó sustento a la actuación judicial del acreedor peticionante y es fundamento suficiente para la imposición de costas (v. esta Sala, "Arquidise SRL s/ pedido de quiebra por Pinturerías Rex SA" del 31/08/09 ; "Alemarsa SA pedido de quiebra por Codo Virginia" del 21/11/18; entre otros).
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., C. M. c/ M., D. O. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-08

No resta fuerza probatoria a la "ficta confessio" la circunstancia que el demandado se encontrase en el exterior al momento de celebrarse la audiencia, si esta última le fue debidamente notificada y bajo el apercibimiento de ley (art. 415, C.P.C.C.).
Estafa, abuso de armas
Materia: PENAL
Carátula: DOMINGUEZ, J. s/ DEFRAUDACION. ESTAFA. ABUSO ARMAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

Configura el delito de estafa, la acción del procesado que se llevó la moto del damnificado, en circunstancias en que se la estaba mostrando a aquél para la venta.

No obstante el secuestro del arma y los dichos del denunciante que expresó que había sido apuntado con aquélla no puede responsabilizarse al encausado por el delito de abuso de armas pues la norma exige como presupuesto indispensable configurativo, la agresión la que no está determinada en el hecho de autos.
Expresión de agravios, acusación fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Vera, Héctor José s/ defraudación por apropiación indebida reiterada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

No existe ninguna similitud entre la acusación fiscal y la expresión de agravios y ello es esencialmente así por la diferente naturaleza de esos actos procesales.
Queja por apelación denegada, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMERO Julio Héctor y Ahumada María c/ Paredes Elio s/ Ordinario - Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-23

Al respecto le asiste razón al quejoso al expresar que el dispositivo legal precitado -en el que el juez a-quo se basa para denegar la apelación, no es aplicable al caso. Ello, por cuanto si bien lo que se recurre es el decreto de apertura de la causa a prueba y ordena su producción; el mismo afectaría su derecho de contestar la demanda de comprobarse que el mismo no se encuentra debidamente notificado.

Por cuanto el proceso continuaría sin su participación y sin que éste pudiera ejercer debidamente su derecho de defensa en juicio. Más allá de los fundamentos dado para la denegación del recurso de reposición, el a-quo debió conceder la apelación interpuesta en subsidio, a los fines de que este pudiera contar con su derecho a la doble instancia procesal.

El proveído atacado es susceptible de causar gravamen irreparable conforme a las prescripciones del art. 249 del C.P.C., por lo que debe concederse la apelación en los términos del art. 250 ibid el C.P.C. con efecto suspensivo.
Procedimiento tributario, AFIP, ejecución fiscal, medidas cautelares, interpretación de la ley, interés público, renta pública, razonabilidad, leyes
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Intercorp S.R.L. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-15

El examen de proporcionalidad de la medida dispuesta por el art. 92 de la ley 11.683-que otorga facultades a la AFIP para decretar y trabar medidas precautorias-, requiere valorar la entidad de la restricción que genera en función de la importancia del fin legislativo, y tal como surge de los propios considerandos de la ley 25.239, que introdujo modificaciones a tal artículo y estableció el procedimiento impugnado, el legislador tuvo como esencial propósito agilizar y dotar de mayor eficacia a la función de recaudación de la AFIP, de modo que una eventual decisión contraria a su validez podría incidir en la oportuna percepción de la renta pública, circunstancia que revela prima facie un factor de retardo y perturbación en el desarrollo de la política económica del Estado, con menoscabo de los intereses de la comunidad (Disidencia de la Dra.Elena I. Higthon de Nolasco).
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Cademartori, Gustavo A. y otros s/ ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-05

Las constancias certificadas del saldo deudor en cuenta corriente bancaria son títulos ejecutivos sin necesidad de ser completadas. El propósito perseguido por la norma es asegurarse el reintegro de las sumas acordadas en crédito en forma sencilla y breve, finalidad que fracasa si se obligara al banco ejecutante a probar la conformidad expresa o tácita del deudor con las liquidaciones
Cuota alimentaria, alimentante con recursos económicos, perito contador, dictamen pericial, AFIP
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Domínguez Luis Alberto s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2000-06-20

Se demanda en la instancia la pensión alimentaria que el ahora casacionista debe a sus hijas menores de edad y, si bien no existe controversia con respecto a la obligación real que pesa sobre el demandado, en el carácter de progenitor de proveer a los gastos y necesidades de las menores, se observa discrepancia en lo atinente a la fijación del quantum alimentario. Como únicos elementos determinantes de las circunstancias económicas del alimentante, obran en la causa el dictamen elaborado por el perito contador y el informe confeccionado por la Administración Federal e Ingresos Públicos, de los cuales no pueden deducirse con mediana exactitud un mínimo e elementos que permitan ponderar adecuadamente la capacidad económica del demandado en los principales. A ello cabe añadir el período de tiempo que ha transcurrido desde que ambos instrumentos fueron producidos (año 1997), circunstancia que pudo iniciar sobre la fortuna del alimentante, ampliando o disminuyendo su disponibilidad monetaria.

Teniendo en cuenta que la función de la cuota alimentaria es proveer de manera efectiva a las necesidades de las menores, y, no contando con suficientes elementos de convicción para determinar de modo preciso su quantum, de forma tal que su imposición no resulte arbitraria o alejada de las reales posibilidades económicas del alimentante, se estima equitativo establecer una cuota provisoria hasta tanto arrimen a la instancia pertinente elementos que acrediten de modo fehaciente nivel de vida de los alimentados como así también nivel de vida y situación económica del alimentante (conforme arts. 265, 267, sgtes. y conc. del Código Civil).
Transporte de carga por agua, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, perito tasador, tasación, invalidez del acto jurídico, liquidación de averías, valor de la mercadería, importador, monto de la indemnización, fallo plenario
Materia: NAVEGACION
Carátula: DISTRIBUIDORA ALPINA SRL. c/ LINEAS AEREAS DEL ESTADO s/ FALTANTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

El perito tasador no pudo hallar en el mercado armazones para lentes idénticos a los importados por la actora, de la misma marca y procedencia, circunstancia que no puede ser soslayada por cuanto la avaluación del embarque a la que llega es notoriamente superior a la efectuada por la importadora al promover la demanda. Esta Sala ha asignado particular gravitación a la estimación del propio importador y, si bien ha quedado en minoría en el plenario del 18.4.90 in re "Casa Sifa SA. c. buque Glaciar Perito Moreno", la situación aquí planteada no impide recurrir a la doctrina expuesta en esa oportunidad, por cuanto no se trata de fijar los términos de la litis, sino de calificar la idoneidad del peritaje en función de los guarismos brindados por el importador. Ello así, la tasación pericial es ineficaz, no obstante que la CNAS. no la impugnó (aunque sí la observó al alegar -art. 473, párrafo tercero, Código Procesal). En tales condiciones, la determinación del monto de los daños se realizará en la etapa de ejecución de sentencia, debiendo el perito tasador tener en cuenta el costo de origen de la mercadería, con más los gastos efectivamente realizados por la actora tendientes al despacho a plaza, más un plus por ganancia esperada.