Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COM., LABORAL Y MINERIA 2da CIRC.
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2014-11-05


En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil catorce, se reúne en ACUERDO la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados "DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ANNARATONE, HÉCTOR ALBERTO S/INCIDENTE DE REVISIÓN" (expte. Nº 5409/14 r.C.A.), venidos de la Secretaría de Ejecución, Concursos y Quiebras de esta Circunscripción.

El Dr. Alejandro PÉREZ BALLESTER, sorteado para emitir el primer voto, dijo:

I. La Dirección General de Rentas de la Provincia de La Pampa promovió incidente de revisión en los términos del art. 37, LCQ "contra la resolución de fecha 14/06/13 "dictada en los autos: "ANNARATONE, HÉCTOR ALBERTO S/CONCURSO PREVENTIVO", Expte. Nº 41010/12, con el objeto de que se le reconozcan los créditos, identificados a fs. 4/11, que no fueron admitidos. Contestado el traslado por la concursada (fs. 22/24) se abrió la causa a prueba por el término de 20 días y se ordenó notificar esta providencia (fs. 25), diligencia que se cumplió el 6/11/2013 (fs. 32).

Aun pendiente la notificación de la apertura a prueba, la incidentista pidió que se resuelva (fs. 26) pero el juzgado proveyó que lo haría "oportunamente y producida la prueba solicitada" (fs. 27)Con fecha 7 de noviembre de 2013, se dejó sin efecto la providencia que ordenaba la vista a los obligados al pago de la liquidación de Caja Forense (fs. 31), lo que constituyó la última actuación en el proceso.

El 13 de marzo de 2014 la concursada solicitó la caducidad de instancia conforme lo dispuesto por el art. 277, LCQ (fs. 33). Se corrió traslado a la contraria, quien se opuso (fs. 37). El a quo decretó la caducidad del incidente, con costas a la incidentista (fs. 43/44). Apeló esta última (fs. 47) y expresó agravios a fs. 53/63, los que fueron contestados por la incidentada a fs. 66/68. II. El recurso:

1. La D.G.R. se agravia: a) por la declaración de la caducidad de instancia. Aduce que la única prueba pendiente de producción era la ofrecida por el concursado y solo él tenía la carga de instarla. Resalta que no podrá interponer nuevamente la revisión por haber vencido el tiempo para ello, viéndose conculcados los derechos de propiedad y defensa del Estado Provincial. Asimismo acusa al a quo por no haber ordenado -de oficio- el cierre del período probatorio. b) También se agravia por la imposición de costas de la incidencia de caducidad a su cargo. Entiende que debe merituarse que el concursado tuvo un obrar obstruccionista y de deslealtad procesal al no realizar el diligenciamiento de la única prueba pendiente de producción que estaba a su cargo. Por eso pide que se impongan las costas en el orden causado. c) En forma subsidiaria y para el caso de que se mantenga la imposición de costas se agravia respecto de los honorarios regulados a favor de los abogados de la concursada, en tanto el a quo debió aplicar la reducción del art. 33 L.A. y no el art. 31 inc . c , de la misma normativa.

2. La carga de instar: sin perjuicio de las facultades conferidas al órgano judicial, la parte que da vida a un proceso (o a una de sus etapas o instancias incidentales) debe asumir la carga de urgir su desenvolvimiento y decisión (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Tomo IV, p. 205; 3° edición; edit. Abeledo Perrot 2005). En principio, pesa sobre el actor la carga de activar el procedimiento para evitar que el proceso llegue a ser alcanzado por los efectos de la caducidad. La carga de impulsar la instancia sólo cesa cuando se ha dictado el llamamiento para sentencia, por lo tanto si dicha providencia aún no ha sido dictada se puede decretar la perención de instancia (ver aporte de Fraga Andrés G. en: Highton - Areán: "Código Procesal Civil y Comercial...", Tomo 5, ps. 677/678; edit. Hammurabi, 2006).

En autos, ambas partes ofrecieron prueba documental, y la demandada ofreció también pericial contable. Aunque la causa fue abierta a prueba, no se proveyeron las ofrecidas. Es cierto que el incidentado no pidió la producción de la suya -lo que era perfectamente viable, en contraposición con lo afirmado por el apelado a fs. 66- y así transcurrió el plazo legal de inactividad previsto por el art. 277, LCQ; pero tampoco lo hizo el incidentista, quien no tenía ningún impedimento para realizar actos tendientes a impulsar el procedimiento. Los efectos que acarrea dicha inactividad son diferentes para cada una de las partes, pues el perjuicio es para el incidentista, en contra de quien operó la caducidad de la instancia.

Se sostiene que sea o no común la prueba pendiente, pesa sobre el actor siempre la carga de activarla, para mantener con vida la instancia a la que dio nacimiento con su demanda (ver Falcón, Enrique M.: "Caducidad o Perención de Instancia", p. 214, 3° edición ampliada y actualizada; edit. Rubinzal Culzoni 2004). Si se constata la inactividad procesal, aún cuando la prueba pendiente de realización sea la ofrecida por el demandado, como ocurre en el caso, puede decretarse la caducidad de instancia, pues el impulso procesal es carga de ambas partes (ver Loutayf Ranea - Ovejero López; "Caducidad de la Instancia", p. 395, ed. Astrea 2005). La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en el mismo sentido, en caso de que la actora hubiese terminado totalmente su actividad probatoria para evitar la conclusión anormal del proceso debe solicitar que se declare la caducidad de la prueba de la demandada y se dicte sentencia (CSJN, 24/04/74, LL 155-51, citado por Loutayf Ranea - Ovejero López, ob. cit., pág. 396).

Distinto hubiera sido si la inactividad estaba motivada por la circunstancia de encontrarse pendiente una pericia u otra diligencia probatoria para cuya realización se hubiese fijado un plazo que iba más allá del establecido por la ley para que opere la caducidad, entonces no habría abandono de la instancia; sin embargo nada de eso ocurrió en el caso en análisis, en el cual el incidentista no tenía ningún impedimento para impulsar el proceso, inclusive pidiendo la producción de la prueba o la negligencia de ella, según su conveniencia.

Couture enseña que la carga procesal "es un imperativo del propio interés", es decir, que se establece en beneficio del propio sujeto sobre quien se impone la carga, y cuyo incumplimiento implica la pérdida de ese beneficio o ventaja para él. La parte interesada tiene la carga procesal de hacer avanzar la instancia y si no lo hace pierde la ventaja que hubiera significado la continuación del procedimiento y el dictado de la sentencia que decida el planteo respectivo (conf. Loutayf Ranea-Ovejero López, ob. cit., p. 102).

Respecto al criterio restrictivo con que debe declararse la caducidad, ello es así sólo en los casos en que existen dudas sobre si ha transcurrido o no el término legal, pero no cuando el plazo se ha cumplido, lo que -en este caso- no está controvertido.- Por todo ello, el primer agravio debe ser desestimado.

3. Las costas: el a quo impuso las costas de la incidencia de caducidad a la apelante.

Quedó en evidencia que si bien el incidentado no instó la producción de sus pruebas, la incidentista no purgó la instancia a pesar de la inexistencia de impedimentos. En consecuencia no es posible eximirla de costas, pues su inactividad causó, en parte, el planteo de perención.

Lo decidido deja vigente el tercer agravio planteado en subsidio, el que a continuación se tratará.

4. Los honorarios: aunque el a quo no mencionó la norma que aplicó, reguló los honorarios "por su labor correspondiente a las etapas cumplidas en este incidente de revisión" a los abogados del concursado y a los de la incidentista, en el 12% y en el 9% "del monto a verificar", respectivamente (fs. 44). Ello indica que el juez de grado retribuyó las tareas por el incidente de revisión y no las correspondientes al incidente de perención de instancia.

La recurrente se agravia por la base regulatoria y afirma que conforme lo dispone el art. 287 de LCQ, en los incidentes de revisión corresponde aplicar las pautas del art. 33 de la ley arancelaria local y no el art. 31 inciso c) de la misma ley.

La cuestión ya ha sido tratada en numerosos precedentes por esta Cámara, algunos de ellos con su anterior integración. En los expedientes N° 3984/08, 3984/08 bis, 4193/09 y 4501/10, todos r.C.A., se resolvió -por mayoría- que los honorarios en los incidentes de verificación (de revisión o verificación tardía) debían fijarse de acuerdo a lo normado por el art. 31 inc. c) de la ley arancelaria local de La Pampa, conforme la remisión del art. 287, LCQ.

En dichos precedentes, en minoría, sostuve que los honorarios que se devengan en el incidente de revisión deben regularse conforme a las leyes arancelarias locales, tomando en consideración la escala de los incidentes prevista en el art. 33 y como base regulatoria el monto del crédito verificado, o insinuado en caso que la pretensión sea rechazada, de acuerdo a la expresa remisión a la norma de los incidentes de las leyes arancelarias locales que hace el art. 287 de la ley 24.522, criterio que voy a mantener en el presente (ver Exptes. N° 3984/08, 3984/08 bis, 4193/09 y 4501/10, todos r.C.A).

Dicho criterio es el que prevalece mayoritariamente en la doctrina especializada (ver Rivera Julio César: "Instituciones de Derecho Concursal", Tomo I, p. 175; edit. Rubinzal Culzoni 1996; Fassi -Gebhardt: "Concursos y Quiebras", ps. 534/535; edit. Astrea, 1996; Héctor Cámara: "El Concurso Preventivo y la Quiebra. Comentario de la ley 24.522 y sus modificatorias 25.563 y 25.589", Actualizado bajo la dirección de Ernesto E. Martorell, Tomo V, ps. 446/448; edit. Lexis Nexis, 2007; Rouillón Adolfo A. N.: "Código de Comercio Comentado y Anotado", Tomo IV-A, p. 482 y p. 684; edit. La Ley, 2007; Gebhardt Marcelo: "Ley de Concursos y Quiebras. 24.522 y modificatorias", Tomo 2, p. 453; edit. Astrea 2008; Rivera-Roitman-Vítolo: "Ley de Concursos y Quiebra", Tomo IV, p. 818; 4° edición actualizada, edit. Rubinzal Culzoni, 2009; Martorell Ernesto E. (director) - Esparza Gustavo Américo (coordinador del tomo): "Tratado de Derecho Comercial", Tomo XI, "Concursos y Quiebras", p. 53 y Tomo XIII, p. 869; edit. La Ley 2010; Rivera, Casadío Martínez - Di Tullio - Graziabile - Ribera: "Derecho Concursal", Tomo II, p. 306; 2° edición actualizada y ampliada, edit. La Ley 2014).

Criterio que también es aceptado mayoritariamente por la jurisprudencia (ver por ejemplo: T.S.J. Córdoba, Sala Civ. y Com., 18/10/2005, en autos: "Berchara Antonio Narciso s/ quiebra propia. Bank Boston S.A. Incidente de Revisión en: "Berchara Antonio Narciso s/ quiebra propia. Recurso de Casación". En el ámbito de la Cámara Nacional Comercial en distintos precedentes se ha dicho que de conformidad con lo normado por el art. 287 de la LCQ, en los procesos de verificación y revisión de créditos, deben regularse los honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las respectivas leyes arancelarias locales..." (arts. 6, 7, 9, 11, 39 y 33 ley 21.839: C.N.Com., Sala A, 29/04/2014, in re: "Riestra Semillas S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión"; publicado en Abeledo Perrot online); ídem, Sala A; 27/02/2014, in re: "Vacances S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión" (La Ley Online:AR/JUR/5763/2014); ídem, Sala F, 27/12/2013, in re: "Gilmer S.A. s/ concurso preventivo s/ inc. de verificación de crédito" (La Ley Online: AR/JUR/96272/2013); ídem Sala F, 31/10/2013, in re: "Sidi, León Oscar s/ quiebra s/ inc. de revisión", LA LEY 2014-B, 131); ídem Sala C, 09/09/2005, in re: "Haydeé Berti y otros s/incidente de revisión por: Gasfon S.A. s/concurso preventivo" (publicado en La Ley Online: AR/JUR/5959/2005).

5. Conforme al criterio que sostengo, debe admitirse el agravio, y practicar una nueva regulación de honorarios a los letrados apoderados de la concursada, y también a los de la apelante, por lo actuado en el incidente de revisión en el marco de las pautas del art. 33 de la ley arancelaria, teniendo en cuenta además que sólo se deben fijar los honorarios por los trabajos de la primera etapa. Corresponde partir de la pauta del art. 7º primera parte (entre un mínimo del 11% y un máximo del 20%), más el 40% por aplicación del art. 9º del arancel, y así se obtiene un mínimo del 15,40% y un máximo del 28,00%. Promediando ambos límites el honorario ascendería al 21,70%, que en el caso corresponde reducirlo en la mitad por tratarse de una sola etapa del incidente de revisión (art. 39, L.A.), por lo que el honorario del juicio principal podría determinarse en el 10,85%, por aplicación del art. 33 del arancel, en el incidente de revisión el honorario debe ser calculado entre el 10% y el 20% del 10,85% referido. Que atendiendo a la tarea realizada y la trascendencia económica que para la concursada tuvo el resultado del presente, estimo prudente y razonable fijar los honorarios de los letrados apoderados de la incidentada por su actuación en la primera etapa del incidente de revisión, en forma conjunta, en el 2,17%, y los de los letrados apoderados de la incidentista, en forma conjunta, en el 1,10%, porcentajes que se deben calcular sobre el monto insinuado en la pretensión revisionista (art. 287, LCQ; y arts. 6º, 7º, 9º, 33º y 39º de la ley arancelaria).

Por todo lo expuesto, corresponde receptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la incidentista a fs. 47, y reducir los honorarios regulados en la resolución 43/44, a los porcentajes indicados precedentemente.

Las costas de la alzada deben imponerse en el orden causado. Así voto.

El Dr. Roberto M. IBÁÑEZ, sorteado para emitir el segundo voto, dijo:

Adhiero al voto precedente.

En consecuencia, la CÁMARA DE APELACIONES:

RESUELVE:

I.-Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la incidentista a fs. 47 y, en consecuencia, reducir los honorarios regulados en el punto III de fs. 44 de los Dres. Fernando David GUEVARA y Hugo Alberto SANTAMARINA, en forma conjunta, al 2,17% y los de los Dres. Hernán PÉREZ ARAUJO y Sandra S. COBO, en forma conjunta, al 1,10%, en ambos casos del monto a verificar.

II.Imponer las costas de alzada en el orden causado.

III.Regular los honorarios de alzada de los Dres. Fernando David GUEVARA, Hugo Alberto SANTAMARINA, Hernán PÉREZ ARAUJO y Sandra S. COBO en el 30% de los regulados en el punto anterior, más el IVA si correspondiere.

Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen.

Dr. Roberto M. IBÁÑEZ Juez Subrogante Dr. Alejandro PÉREZ BALLESTER Presidente de Cámara Dra. Sonia Edith FONTANILLO Secretaria de Cámara Civil CONCUERDA con el Acuerdo protocolizado en el Protocolo de Sentencias de esta CÁMARA DE APELACIONES al folio 756/760 CONSTE.- Dra. Sonia Edith FONTANILLO Secretaria de Cámara Civil