Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2010-02-16


En la Ciudad de Santiago del Estero, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil diez, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, integrada por el Dr. Eduardo José Ramón Llugdar, como Presidente, y los Dres. Sebastián Diego Argibay y Raúl Alberto Juárez Carol, como Vocales y, a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, con los Dres. Armando Lionel Suárez y Agustín Pedro Rímini Olmedo, asistidos por la Secretaria Judicial Autorizante, Dra. Isabel Mercedes Sonzini de Vittar, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 389/393 del Expte. Nº 16.782 - Año 2008 - caratulado: "Maleh María Juana y Otros c/ Arce Vicenta Mercedes y Otros s/ Daños y Perjuicios - Casación Civil". Establecido el orden de pase a estudio, resultó designado para hacerlo en primer término el Dr. Sebastián Diego Argibay, y en segundo y tercer lugar, los Dres. Raúl Alberto Juárez Carol y Eduardo José Ramón Llugdar respectivamente; y a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, los Dres. Agustín Pedro Rímini Olmedo y Armando Lionel Suárez. Conforme lo dispuesto por Acordada de fecha 23 de septiembre de 2009:

Elá Sr. Vocal, Dr. Sebastián Diego Argibay dijo:

ááááááááááááááááááá Y Vistos: Para resolver el recurso de casación deducido por la actora a fs. 399/411, con ampliación de fundamentos a fs. 454/459. Y Considerando: I) Que el recurrente impugna la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de fecha 31/03/08 (fs. 389/393), que rechaza el recurso de apelación incoado por el accionante y, en consecuencia, confirma el fallo recurrido de fecha 16/02/06 (fs. 299/304), con costas al apelante vencido. Este último, a su vez, rechaza la demanda promovida en los presentes, con costas. II) Que para resolver de ese modo, la Cámara -por mayoría de votos- analizó la valoración de la responsabilidad que hiciera el A quo en relación al accidente de tránsito de marras. Consideró que la misión del Juzgador consiste en reproducir la forma en que verosímilmente se produjeron los hechos, para determinar la responsabilidad que le pudiere caber a los intervinientes, para lo cual entiende, es necesario acudir a inferencias y presunciones de origen legal y jurisprudencial. Luego realizó un breve relato de la mecánica del accidente, concluyendo que se torna aplicable al caso el art. 1.113, 2º párrafo del Código Civil, que norma lo referente a la introducción del riesgo de la cosa. Estimó que el automóvil posee una naturaleza riesgosa, pero con la característica de que no se puede, en todos los accidentes en que están involucrados los vehículos, hacer una simple aplicación de la norma de referencia, e imputar toda la responsabilidad a los conductores por el solo hecho de subirse al mismo, en tanto deberá demostrarse en cada caso en particular su falta de cuidado o atención, así como la culpa de la víctima del accidente. En primer lugar, examinó las circunstancias dramáticas que estaba viviendo el Sr. Redondo -embestido y fallecido en el siniestro-, quién pretendía auxiliar a su acompañante aprisionada, por lo que entendió que debió actuar en forma impredecible y negligente, saliendo a la ruta en forma intempestiva, sin calcular el riesgo y las consecuencias fatales que ello podría acarrearle y que de hecho le causaron la muerte. Posteriormente merituó las condiciones climáticas imperantes al momento del siniestro, considerando que en una noche con lluvia torrencial y poca visibilidad, es razonable pensar que al embistente, aún tomando todas las precauciones que debe tener un buen conductor, le haya sido difícil evitar la colisión. A continuación, citó la autopsia realizada en el expediente criminal, de la que surge que los daños ocasionados en el cuerpo de la víctima solo fueron internos y no externos, deduciendo que el vehículo no circulaba a excesiva velocidad. También hace mención al reconocimiento del Sr. Vázquez -conductor de la camioneta embistente- de la persona que hace señas para que se detenga, infiriendo que aquél venía manejando en forma prudente. Concluyó afirmando que los argumentos vertidos por el recurrente devienená poco sustentables, mereciendo el rechazo de sus planteos agraviativos. A su turno, la Dra. Neirot de Jarma compartió la decisión a la que arribó el Dr. Lima y amplió sus fundamentos. Así, sostuvo que del acta de inspección ocular de fs. 4 y croquis de fs. 5 surge que el accidente se habría producido en el carril de circulación por el que se desplazaba el demandado, además que las tomas fotográficas e informe técnico revelan que los daños en el vehículo guardan concordancia con la ubicación de las lesiones. Asimismo consideró que las demás circunstancias del siniestro -pavimento mojado, horario, velocidad y lugar del hecho-, la convencen de que el actor fue el exclusivo responsable del mismo. Estimó que en las condiciones referidas, -una persona de pie sobre la ruta intentando detener al accionado, sin señal lumínica alguna y sin haber accionado las luces del propio vehículo detenido que permitiera deducir que requería auxilio- la culpa de la víctima actúa como eximente de responsabilidad del conductor del rodado, con habilidad para fracturar el nexo causal, conforme lo previsto por el art. 1.113, 2º párrafo del Código Civil. Entendió que la súbita y sorpresiva aparición de la víctima impidió que el conductor del vehículo contara con el tiempo suficiente para impedir el accidente, actitud que, por su imprudencia, destruye la presunción legal de responsabilidad que pesa sobre el dueño o guardián de la cosa, por lo que concluyó en la improcedencia del recurso incoado.á III) Que del análisis del memorial presentado por el recurrente a fs. 399/411, surge que sus quejas se fundan en que la resolución impugnada consuma una sentencia definitiva y arbitraria, que ha aplicado falsa y erróneamente la ley y la doctrina legal, defecciones que han determinado una decisión lesiva a los intereses de su mandante e írrita para el ordenamiento jurídico existente. Cita las conclusiones del fallo que considera agraviantes, a saber: 1º) "es dable inferir que aquel venía manejando en forma prudente"; 2º) "Las demás circunstancias del accidente -pavimento mojado debido a la intensa precipitación (ver testimonios de fs. 10, 11, 26 e indagatoria de fs. 18)-, horario en que se produjo -noche-, velocidad que llevaba el rodado -60 Km por hora aproximadamente, no cuestionada en la causa-, lugar del hecho -ruta provincial, sin que se hubiera demostrado la cercanía de alguna ciudad o caserío que impusiera extremar las precauciones de circulación-, me convencen de que el actor fue el exclusivo responsable del accidente" y 3º) "De tal suerte que la súbita y sorpresiva aparición de la víctima impidió en el sub judice que el conductor del rodado -aún divisándola- contara con el tiempo suficiente para impedir el accidente, actitud que por su imprudencia permite destruir la presunción legal de responsabilidad que pesa sobre el dueño o guardián de la cosa". Considera que en relación al primer agravio la Cámara ha obviado los siguientes hechos probados: A) que el Sr. Vázquez guiaba una camioneta Ford F-100 siendo acompañado por su esposa y un amigo, lo que hace más pesado al vehículo embistente; B) que el mismo volvía a las 4 de la mañana de un baile, cansado, fatigado y somnoliento, lo que aminoró aún más su capacidad de reflejos; C) que no era una simple lluvia la que castigaba el camino, sino que la misma era torrencial y la visibilidad era escasa; D) que la víctima había salido a la ruta en busca de auxilio, ya que momentos antes había volcado en su propio automóvil y su esposa había quedado atrapada entre los hierros del mismo; E) que el fallecido Sr. Redondo fue divisado por el mismo Vázquez antes del choque; F) que se conducía a una velocidad de 60 a 70 Km., la que en otras circunstancias podría ser considerada como permitida, empero no en el caso en estudio, ya que el mismo demandado reconoce que al activar los frenos de la camioneta se deslizó más de 30 metros, arrastrándose por el agua que caía y el asfalto gastado. Considera que ante todas estas adversidades que presentaba la circulación y el exceso de velocidad, no puede aseverarse que el Sr. Vázquez venía conduciendo en forma prudente, ya que de haber circulado con pleno dominio del vehículo hubiera podido detenerse y/o evadir la posición de la víctima; G) violación de la ley y demás normativas: estima que la Cámara formula una errónea apreciación de la prueba, en una clara y abierta violación al art. 1.109 del Código Civil, además que el concepto de culpa y negligencia de parte del conductor de una cosa riesgosa no ha sido analizada y fue ignorada por el Tribunal. Enfatiza que el demandado ha incurrido en culpa ya que obró en forma negligente, imprudente y con impericia, en tanto sabía y era conciente de los peligros que atañen la conducción del vehículo, los que se ahondan con las condiciones climáticas desfavorables ya reseñadas. Luego, cita las normas de la ley que reglamenta el tránsito que considera violadas por el accionado; H) errónea aplicación de la jurisprudencia y doctrina: transcribe abundante cita jurisprudencial para reforzar la postura de su parte y sigue en su análisis al autor Marcelo J. López Mesa en su obra "Responsabilidad civil por accidentes de Automotores", que entiende es lo más avanzado en accidentes de tránsito. Con todo lo manifestado concluye que la conducta del accionado debió ser parar a un costado y esperar a que pase el vendaval. Si no veía nada, si llovía a cántaros, si caía granizo, resultaba obvio que cualquiera hubiera sido el obstáculo o la circunstancia que se le presentase, era inevitable el siniestro. Sostiene que así esta normado por el art. 50 de la ley 24.449 que estipula "El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o detener la marcha". En cuanto al segundo y tercer agravio los trata en forma conjunta, atento a que se entrelazan y concatenan. Al respecto, considera que la mayoría votante incurre en una contradicción evidente y flagrante, pues en principio enumera los agravantes a la circulación del Sr. Vázquez, empero concluye que el responsable exclusivo del siniestro es el Sr. Redondo. Destaca que este razonamiento trae como corolario una consecuencia inverosímil y surrealista, ya que estaría permitiendo una verdadera "liberación" de las rutas y autorizaría a los conductores a circular -de noche, con visibilidad nula y con lluvia- sin mayores cuidados, puesto que ello los exime de responsabilidad, lo que constituye un verdadero absurdo. A continuación critica la argumentación referida a que de los daños sufridos por la víctima se infiere que el vehículo no circulaba a excesiva velocidad, siendo que los jueces no son personas idóneas en esta materia para aseverar tales dichos. Con respecto a la sorpresiva y súbita aparición de la víctima sobre el camino, entiende que ello no es cierto, pues el Sr. Redondo ya estaba parado en la ruta, por lo que sostiene que el Sr. Vázquez, de haber circulado a velocidad prudente, hubiera podido detenerse a tiempo y no arrastrar en su frenada a la víctima. Además señala que, si el conductor llegó a divisar con tanta antelación a esta última antes de colisionarla, queda revelada la excesiva e imprudente velocidad imprimida, con lo que se evidencia su rol protagónico en el siniestro. También estima que el fallo en crisis incurre en una violación flagrante al art. 1.113, 2º párrafo del Código Civil, en tanto el análisis de la conducta de la víctima debe ser estricto, y la culpa atribuída debe tener la capacidad suficiente para dejar sin efecto la Teoría del Riesgo a la que hace referencia la norma citada. Así, el artículo reza que si el daño se hubiera producido por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito. Manifiesta que para que el hecho de la víctima funcione como eximente de responsabilidad debe existir certeza sobre la actuación relevante de la misma en la producción del daño y debe aparecer como la única causa del evento dañoso, cuyo resarcimiento se reclama. Además expresa que la culpa de la víctima debe ser probada, no puede presumirse, agregando que ni la demandada ni la compañia de seguros aportaron pruebas respecto a la conducta de la misma. Agrega que la culpa de la víctima debe ser exclusiva y concluyente, debe ser la única causa del daño, lo que -entiende- no acontece en autos. Sostiene que se puede considerar a la presencia del Sr. Redondo en la ruta como un obstáculo imprevisible pero no inevitable, con lo que falta uno de los presupuestos para que se configure la culpa exclusiva de la víctima. A continuación pone de resalto que el fallo en crisis es violatorio de la doctrina y jurisprudencia preponderante en nuestros Tribunales, citando un fallo de este Alto Cuerpo, a saber: "Gómez, Orfila c/ Empresa de Transporte Atahualpa S.R.L. y/u Otros s/ Daños y Perjuicios - Casación Civil", sentencia del 17/05/07. Luego reseña los fundamentos del voto en minoría del Dr. Santillán, a los que considera atinentes y adecuados al caso. Por último, introduce el caso federal y concluye solicitando se case la sentencia impugnada, haciendo lugar a la demanda, con costas. Reitera los argumentos en la ampliación de fs. 454/459. IV) Que a fs. 441/443 de autos la contraria contesta la vista conferida, peticionando el rechazo del recurso por su notoria inconsistencia y falta total de fundamento legal y basamento técnico. Considera que el escrito de agravios debe contener una crítica concreta y razonada, tornándose en inocua si se pone de manifiesto esta deficiencia técnica. Afirma que la casación interpuesta por la actora no cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia, ya que la misma es una simple remisión a los puntos tratados en las sentencias anteriores. Sostiene que el recurrente dice que en la resolución impugnada se han aplicado falsa y erróneamente la ley y la doctrina legal, entendiendo que en los agravios solo reproduce partes del fallo en crisis y luego pretende hacer un análisis que escapa a toda lógica, ya que el razonamiento llevado a cabo por los sentenciantes fue realizado con base en las probanzas realizadas en el iter procesal. Alega que el casacionista esboza una teoría desprovista de todo sentido técnico, atribuyendo de modo genérico a la resolución violación a la ley, quebrantamiento de formas o errónea aplicación del derecho, los que resultan inhábiles para descalificar el decisorio como acto jurisdiccional válido. También señala que el impugnante trata de explicar de manera confusa que la sentencia habría efectuado una indebida aplicación del derecho, pero sin precisar en dónde está el desencuadre normativo. Enfatiza que ninguno de los supuestos de aplicación del dispositivo del art. 281 del C.P.C.C. se da en el caso de autos, inviabilizando el andamiento de la casación. De igual manera, afirma que las cuestiones de hecho y prueba resultan ajenas al remedio extraordinario, a no ser que se haya incurrido en absurdo notorio en la valoración y apreciación del caudal probatorio y sostiene que tal hipótesis no ocurre en este caso, donde se ha efectuado un análisis profundo y pormenorizado de dichas pruebas. Consigna que esta merituación ha permitido resolver que el Sr. Vázquez carece de responsabilidad en el evento que trajo aparejado el deceso del Sr. Redondo. Hace reserva del caso federal y concluye solicitando se rechace el recurso impetrado, con costas. Idénticos argumentos aduce el Dr. Pedro Simón, en su memorial de fs. 447, en representación de la compañía de seguros accionada. V) Que corresponde, en primer lugar, analizar los requisitos de admisibilidad del recurso que se intenta, en orden a verificar las condiciones formales exigidas por la ley ritual Nº 3.534. De las constancias de autos surge que el mismo ha sido promovido en contra de una sentencia definitiva (arts. 281 y 282), dentro del plazo legal establecido por el art. 286 y que el recurrente se encuentra exento de efectuar el depósito prescripto por el art. 289 del citado ordenamiento legal, por contar a su favor con el beneficio de litigar sin gastos (conforme surge de la resolución respectiva agregada a fs. 421 de estos obrados). VI) Que superada la arista formal del recurso, el Tribunal debe abocarse al tratamiento de los agravios que se esgrimen para obtener la apertura de esta vía extraordinaria. Del estudio de los mismos, surge que el recurrente denuncia -como supuestos habilitantes del remedio intentado- la errónea interpretación y aplicación de la ley y doctrina legal, pretendiendo el encuadramiento y la adaptación del caso en el concepto de culpa y negligencia contenido en el artículo 1.109 del Código Civil. También entiende que el fallo en crisis incurre en violación de la ley respecto al artículo 1.113 segundo párrafo del mismo cuerpo legal, en cuanto considera que el análisis de la conducta de la víctima debe ser estricto para dejar sin efecto el alcance de laá responsabilidad objetiva estipulada por dicha norma. Por último, denuncia arbitrariedad en la interpretación de la prueba, y que ello ha llevado a la configuración del absurdo, en tanto se invocan argumentos carentes de toda lógica, dándose prioridad a suposiciones e inferencias del juzgador sobre los elementos de prueba concretos arrimados a la causa, eximiendo al responsable directo del hecho (el demandado). VII) Que abordando el primero de los agravios, es oportuno puntualizar que en la presente causa se debate sobre un accidente de tránsito, protagonizado por un vehículo automotor y una persona -la víctima- acaecido sobre la ruta provincial Nº 13, que une las localidades de Ojo de Agua y Sumampa. Que en la actualidad, la jurisprudencia de nuestros tribunales y la doctrina de calificados juristas considera al daño causado por los automotores como producto del riesgo o vicio de la cosa, atribuyéndole un factor objetivo de responsabilidad (art. 1113 Código Civil), por ende no rige el criterio de imputación subjetiva; a diferencia del daño causado con las cosas, en el cual estas últimas desempeñan una función de medios o instrumentos en la producción del daño, por lo que siempre la responsabilidad es atribuible a un factor subjetivo del agente o sujeto que se ha servido de ellas y ha causado un daño (Art. 1109 Código Civil). Que sentadas las premisas precedentes, cuando existe daño por el riesgo o vicio de la cosa, el legislador ha fundado la responsabilidad en el riesgo creado, abstrayéndose de toda idea de culpa del sujeto pasivo, sobre quien pesa el deber de responder con el fin de brindar una adecuada protección a la víctima, debiendo ser de interpretación restrictiva los alcances y límites de los eximentes que puede invocar el dueño o guardián de la cosa riesgosa. Que en definitiva, los eximentes totales o parciales establecidos por la ley -entre ellos la culpa de la víctima-, se encuentran íntimamente vinculados a la relación de causalidad, ya que de demostrarse la existencia de éstos, existirá la ruptura del nexo invocado como factor objetivo de atribución de responsabilidad entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño. De este modo, lo establecido en el segundo párrafo del art. 1113 del C.C. concuerda con la pauta dispuesta por el 1111 del mismo cuerpo legal (S.T.J., sent del 17/05/07, en autos "Gómez, Orfila c/ Empresa Transporte Atahualpa S.R.L. s/ Daños y Perjuicios - Casación Civil"). Así, atento lo manifestado, constancias de autos y conforme ha quedado trabada la litis (libelo de demanda de fs. 74/79 y contestación del accionado a fs. 113/117) no existe duda en cuanto a que corresponde aplicar en la causa en estudio la normativa contemplada en el artículo referido precedentemente, en la que -como se dijo anteriormente- se establece la responsabilidad con independencia de toda idea de culpa del sujeto (cfr. doctrina de la C.S.J.N. Fallos 318:953; 319:1108, entre otros), y en donde al afectado sólo le basta demostrar el daño causado y el contacto con aquélla, quedando a cargo de la demandada -como dueño o guardián de la misma- acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder (C.S.J.N. Fallos: 317:1336). En igual sentido se ha sostenido que: "Si bien la ley -art. 1113, 2º párrafo del C.C.- generaliza la responsabilidad del dueño o guardián independizándolo del fundamento de la misma, no permite la indagación de la inculpabilidad, sino de la causalidad; ello no obsta que se examine la conducta del damnificado para establecer si ha mediado culpa de este, en ese orden, sabido es que la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por el que no se debe responder, no son más que hechos externos interruptores del nexo causal que configuran o se asimilan al casus" (BREBBIA, Roberto., "Problemática Jurídica de los Automotores", pág. 259/260). Asimismo se ha dicho que: "Así, quedan incluidas dentro de las causales exonerativas el caso fortuito, el hecho de un tercero por el que no se debe responder y el hecho de la víctima. Estas eximentes son legales, ya que tienen su origen en la ley, y generales, porque son operativas tanto en la órbita contractual como en la extracontractual. El hecho de la víctima se asienta en el principio de autodaño, en virtud del cual carece de derecho a indemnización quien se ha visto perjudicado exclusivamente en razón de su propia conducta. Si la participación de la víctima tuvo incidencia dañosa, esa intervención produce la liberación del demandado, al impedir que nazca la responsabilidad que se le atribuye" ("Revista de derecho de daños - Eximentes de responsabilidad - II", Ed Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, año 2.006, pág. 206/208); y que "La legítima aspiración de proteger a las víctimas no puede llegar al extremo de condenar al resarcimiento del daño a quien fue ajeno a su generación... Si la causa exclusiva del daño es el hecho de quien lo padece, tiene lugar la plena liberación de responsabilidad del demandado, puesto que es absolutamente ajeno a las consecuencias lesivas... Para que se configure el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad debe contener los siguientes requisitos: a) debe tener eficiencia causal, b) no debe ser impuesto por el demandado y c) debe reunir los caracteres de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito. (ob. cit. pág. 209/212). En el caso de marras, el A quo -aplicando el art. 1113 del Código Civil- ha considerado que el resultado del siniestro ha sido producto de la culpa exclusiva de la víctima, en tanto la súbita y sorpresiva aparición del mismo sobre la calzada de la ruta, tiene las características del hecho imprevisible que posee la aptitud de interrumpir el nexo causal, tornando aplicable y operable la eximente de la normativa referida. En definitiva, conforme ha quedado entablada y conformada la litis no se patentiza error en el encuadramiento jurídico ni resulta acreditada en autos la violación a la ley y el error jurídico alegado, con lo que estimamos corresponde el rechazo del agravio en estudio. VIII) Que lo expresado en el considerando precedente, tiene íntima vinculación respecto a la denuncia de arbitrariedad y absurdo planteada por el recurrente, en relación a la valoración de la prueba, a efectos de determinar la exención de responsabilidad del accionado. Que al respecto, cuadra mencionar que la interpretación del verdadero alcance y sentido de la responsabilidad objetiva establecida en el art. 1113 segundo párrafo se encuentra estrechamente vinculado a la valoración del material probatorio incorporado al expediente. Ello, sin perjuicio de lo que en forma reiterada viene sosteniendo esta Sala, en relación a que las cuestiones de hecho y prueba son, en principio, ajenas a la revisión por vía de recurso casatorio, siendo esta facultad exclusiva del tribunal de mérito, en tanto y en cuanto no se verifique arbitrariedad o absurdo, derivados de la inobservancia de los principios de logicidad que deben gobernar todo acto jurisdiccional. Cabe referir que quien invoca la presencia de arbitrariedad en el fallo que impugna, debe demostrar que lo resuelto escapa a las leyes lógicas, o resulta imposible o inconcebible, implicando en consecuencia, un desvío notorio de la aplicación del raciocinio, o una grosera degeneración interpretativa, o como bien lo ha establecido la C.S.J.N., que la sentencia "no sea conclusión razonada del derecho vigente, con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa" ("Santa Coloma c/ EFA", Fallos: 306:1987, 2065-307:2124, entre otros). Que por otro lado, la pretendida valoración absurda, se configura cuando se ha apreciado deficitariamente, y fuera de toda órbita racional, las probanzas producidas en el litigio, y sólo ante su presencia -debidamente alegada y probada-, cede la regla general, y se admite la procedencia de la vía casatoria, respecto a las cuestiones fácticas y de prueba. (S.T.J., sent. del 22/06/2005, en autos: "González Tomás Edgardo c/ Rectificaciones Norte y otros s/ Daños y Perjuicios - Casación"). Que el recurrente ha invocado la existencia de arbitrariedad en la interpretación de la prueba, y que la misma ha desembocado en un absurdo palmario, con argumentos carentes de toda lógica, por lo que corresponde adentrarnos a examinar si la sentencia adolece de tales vicios. IX) Que conforme lo expresado y con las premisas expuestas como norte, consideramos que los yerros invocados no se manifiestan en la sentencia en cuestión la que, por el contrario, cuenta con un análisis pormenorizado y puntual de los agravios planteados por la misma parte al apelar, y enuncia detalladamente tanto las circunstancias fácticas como los elementos de prueba de los cuales se valieron los sentenciantes para fallar como lo hicieron los que, por otra parte, fueron debidamente valorados. Así, se advierte que el Dr. Lima merituó en primer lugar -a nuestro criterio razonablemente-, las circunstancias dramáticas que estaba viviendo el Sr. Redondo, quien al pretender auxiliar a su acompañante actuó en forma impredecible y negligente, accediendo a la calzada de la ruta en forma intempestiva, sin calcular los riesgos y las consecuencias que ello podría traer aparejado. Asimismo, hizo referencia a las adversas condiciones climáticas imperantes al momento del siniestro, con lo que entendió acertadamente que al embistente, aún tomando todas las precauciones, le haya sido difícil evitar la colisión. También manifestó, -dando argumentos aptos y suficientes- que el accionado no venía conduciendo a excesiva velocidad, sino que lo hacía en forma prudente. Para arribar a esta conclusión, hizo alusión a la envergadura de los daños ocasionados en el cuerpo de la víctima (autopsia de fs. 75/77 - expte. penal) y al hecho de que el Sr. Vázquez pudo ver a la víctima que hacía señas sobre la cinta asfáltica (testimonial de fs. 18 - expte. penal). A su turno, la Dra. Neirot de Jarma, -reforzando los fundamentos esgrimidos por el Vocal precedente- alude al acta de inspección ocular (fs. 4 - expte. penal), de la que extrae el convencimiento -que acompañamos- de que el impacto se habría producido en el carril de circulación por el que se desplazaba el demandado. Vigoriza esta certeza valorando el informe técnico mecánico de fs. 28 del expediente criminal y el material fotográfico de fs. 41, donde se especifican y observan la ubicación de los daños en el vehículo embistente (faro izquierdo, parrilla delantera, parte delantera izquierda del capot, guardabarro del mismo lado), lo que entiende son coincidentes con la localización de las lesiones sufridas por la víctima (región torácica y abdominal - pericial médica de fs. 75/77). También, la Vocal hace hincapié en las demás condiciones y circunstancias del accidente, como ser la intensa precipitación (testimonios de fs. 10,11 y 26), el horario (noche), velocidad (60 km. por hora - hecho no cuestionado) y lugar del hecho (ruta provincial), que la persuaden de que el actor fue el exclusivo responsable del siniestro, en tanto considera, -acertadamente- que la sorpresiva aparición de la víctima en la línea de marcha del automotor tiene todas las características del hecho imprevisible e inevitable que destruye la presunción de responsabilidad del conductor y tiene la fuerza necesaria como para fracturar el nexo causal, previsto en la norma del art. 1113, 2º párrafo del Código Civil. Queda claro, entonces, que con esta conducta temeraria, peligrosa, fuera de lo usual y corriente, la víctima ha sido la única responsable del siniestro. En verdad, esta conducta, atento a las circunstancias apuntadas supra, posee todos los caracteres y requisitos para que opere como eximente de responsabilidad ello es, la eficiencia causal, no fue impuesta por el demandado y reúne los caracteres de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito. Entendemos que tal estado de las cosas nos permite concluir, por las razones expuestas, que se ha configurado el hecho de la víctima como eximente, lo que implica exonerar totalmente de responsabilidad al accionado, puesto que es absolutamente ajeno a las consecuencias lesivas. En efecto, ha quedado plenamente acreditado el quiebre total del nexo causal, en cuanto la conducta del Sr. Redondo -ya se dijo- incidió indiscutible e incuestionablemente en la producción del daño sufrido. Así entonces, en cuanto al razonamiento del fallo en crisis, entiendo que no existen deficiencias de motivación que involucren arbitrariedad, puesto que todo lo afirmado en el mismo encuentra adecuada correspondencia con los elementos incorporados como prueba en la causa y normativas aplicables. En ese orden este Alto Cuerpo ha expresado: "La procedencia del remedio casatorio, en relación a la denuncia de vicio de arbitrariedad y absurdo, es de carácter excepcional, y para ello quien la invoca debe demostrar de un modo claro y con total precisión, la falta de logicidad en la motivación del acto jurisdiccional, como así demostrar que el mismo no ha sido una conclusión razonada del derecho vigente con aplicación a la situación comprobada de la causa" (S.T.J., sent. del 18-09-06, en autos: "Jungla S.A. c/ Dopslaff Ricardo Alfredo y otros s/ Reivindicación - Casación civil"), situación que -como se dijo- no acontece en el caso de autos donde la cuestión ha sido tratada con fundamentos suficientes para poner el pronunciamiento al abrigo de la tacha que se le endilga. X) Asimismo, el recurrente sostiene que se ha violado la doctrina legal aplicable en esta materia, citando el antecedente de este Alto Cuerpo, en autos "Gómez, Orfila c/ Empresa Transporte Atahualpa S.R.L. s/ Daños y Perjuicios - Casación Civil" del 17/05/07. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado: "Carece de eficacia la cita de doctrina legal que no guarda relación con los fundamentos del pronunciamiento recurrido" (cit. por Juan Carlos Hitters, en "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", pág.257). Dicho ello, advertimos que el quejoso, si bien cita jurisprudencia de este Tribunal que considera violada o erróneamente aplicada, la misma no es plenamente coincidente con el caso de autos. En efecto, los hechos relevantes en el precedente señalado no se condicen con la de autos, en tanto en aquél se configuró una concurrencia de factores que incidieron de modo activo - entre ellos el exceso de velocidad del vehículo- en el resultado del siniestro (cfr. fs. 409 vta.), lo que no se plasmó en los presentes obrados. Así entonces, la falta de concomitancia fáctica entre el precedente citado y el caso de autos nos convence de que la queja del casacionista, en este sentido, merece rechazo. Por todo lo expuesto, normas legales aplicadas, doctrina y jurisprudencia reseñadas y oído el Señor Fiscal General del Ministerio Público a fojas 461, Voto por: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, y en su mérito confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de fecha 31/03/08 (fs. 389/393). Con costas.

ááááááááááá ááááááááááá A estas mismas cuestiones, el Dr. Raúl Alberto Juárez Carol ádijo: Que comparte los argumentos esgrimidos por el Vocal preopinante, Dr. Sebastián Diego Argibay, emitiendo su voto en idéntico sentido.

ááááááááááááááááááááááá A estas mismas cuestiones, el Dr. Eduardo José Ramón Llugdar, dijo: Y Vistos: Para resolver el recurso de casación deducido por la actora a fs. 399/411, con ampliación de fundamentos a fs. 454/459. Y Considerando: I) Que la opinión del Vocal que me precede, contiene una relación de la causa que satisface las exigencias legales, por lo que en honor a la brevedad, remito a ella. II) Que, con respecto a la admisibilidad del recurso que se intenta, comparto y hago míos los fundamentos expuestos en el considerando V de dicho voto. III) Que del análisis de los agravios expuestos por el recurrente, surge que denuncia -como supuestos habilitantes del remedio intentado- la errónea interpretación y aplicación de la ley y doctrina legal, pretendiendo el encuadramiento y la adaptación del caso en el concepto de culpa y negligencia contenido en el artículo 1.109 del Código Civil. También entiende que el fallo en crisis incurre en violación de la ley respecto al artículo 1.113 segundo párrafo del mismo cuerpo legal, en cuanto considera que el análisis de la conducta de la víctima debe ser estricto para dejar sin efecto el alcance de laá responsabilidad objetiva estipulada por dicha norma. Por último, denuncia arbitrariedad en la interpretación de la prueba, y que ello ha llevado a la configuración del absurdo, en tanto se invocan argumentos carentes de toda lógica, dándose prioridad a suposiciones e inferencias del juzgador sobre los elementos de prueba concretos arrimados a la causa, eximiendo al responsable directo del hecho (el demandado). IV) Que en relación al encuadramiento legal de la cuestión, -art. 1.113 Código Civil- comparto los argumentos vertidos por el vocal preopinante. Corresponde entonces, abocarme al tratamiento de los agravios esbozados, relacionados con la arbitrariedad incurrida en la valoración de la prueba, a efectos de determinar la exención de responsabilidad del accionado. En ese norte, debe señalarse liminarmente que para que proceda la apertura de la vía casatoria por arbitrariedad, quien alega este vicio debe demostrar que lo resuelto escapa a las leyes lógicas, o resulta imposible o inconcebible, implicando, en consecuencia, un desvío notorio de la aplicación del raciocinio o una grosera degeneración interpretativa o, como lo ha establecido este Superior Tribunal en consonancia con lo expresado por nuestro Máximo Tribunal Nacional: "...que la arbitrariedad y el absurdo es una causal de nulidad del fallo por encontrarse afectada su fundamentación y motivación" (S.T.J., sent. del 17-05-07, en autos: "Gómez, Orfelia c/ Empresa de Transporte Atahualpa S.R.L. s/ Daños y perjuicios - Casación"). V) Así, se advierte que el magistrado del a quo que emite su voto en primer lugar, merituó las circunstancias dramáticas que estaba viviendo el Sr. Redondo, quien al pretender auxiliar a su acompañante actuó en forma impredecible y negligente, accediendo a la calzada de la ruta en forma intempestiva, sin calcular los riesgos y las consecuencias que ello podría traer aparejado. Asimismo, hizo referencia a las adversas condiciones climáticas imperantes al momento del siniestro, con lo que entendió que el embistente, aún tomando todas las precauciones, le haya sido difícil evitar la colisión. También manifestó, que el accionado no venía conduciendo a excesiva velocidad, sino que lo hacía en forma prudente. Para arribar a esta conclusión, hizo alusión a la envergadura de los daños ocasionados en el cuerpo de la víctima (autopsia de fs. 75/77 - expte. penal) y al hecho de que el Sr. Vázquez pudo ver a la víctima que hacía señas sobre la cinta asfáltica (testimonial de fs. 18 - expte. penal). A su turno, la Vocal que realiza ampliación de fundamentos, alude al acta de inspección ocular (fs. 4 - expte. penal), de la que extrae el convencimiento de que el impacto se habría producido en el carril de circulación por el que se desplazaba el demandado. Vigoriza esta certeza valorando el informe técnico mecánico de fs. 28 del expediente criminal y el material fotográfico de fs. 41, donde se especifican y observan la ubicación de los daños en el vehículo embistente (faro izquierdo, parrilla delantera, parte delantera izquierda del capot, guardabarro del mismo lado), lo que entiende son coincidentes con la localización de las lesiones sufridas por la víctima (región torácica y abdominal - pericial médica de fs. 75/77). También, la Vocal hace hincapié en las demás condiciones y circunstancias del accidente, como ser la intensa precipitación (testimonios de fs. 10, 11 y 26), el horario (noche), velocidad (60 km. por hora - hecho no cuestionado) y lugar del hecho (ruta provincial), que la persuaden de que la víctima fue el exclusivo responsable del siniestro, en tanto considera, que la sorpresiva aparición de la víctima en la línea de marcha del automotor tiene todas las características del hecho imprevisible e inevitable que destruye la presunción de responsabilidad del conductor y tiene la fuerza necesaria como para fracturar el nexo causal, previsto en la norma del art. 1113, 2º párrafo del Código Civil. Por su lado, el recurrente deja traslucir que la conclusión a la que arriba el A quo -en esta temática- viola las reglas de la sana crítica, al omitir circunstancias adquiridas de importante relieve y en tanto la evaluación que practica no es coherente, ni se ajusta ni compadece a los hechos expuestos por las partes ni a las constancias comprobadas de autos. Ello así, por cuanto la Alzada le adjudica a la víctima el total de la responsabilidad en el desenlace del hecho dañoso, considerando que de las constancias de autos nunca pudo atribuírsele toda la responsabilidad, entendiendo que para que el hecho de la víctima funcione como eximente de responsabilidad debe existir certeza sobre la actuación relevante de la misma en la producción del daño, lo que no acontece en el presente proceso. VI) Que para determinar la existencia del vicio de logicidad denunciado y, en su caso la entidad del mismo para variar la conclusión a la que en definitiva se arribó en la sentencia, corresponde someter los argumentos expresados por el sentenciante a un test comparativo respecto a la normativa legal aplicable para la resolución de la causa, conforme los hechos expuestos por las partes e incorporando las pruebas valoradas incorrectamente a criterio del recurrente, a los fines de comprobar si se ha cumplido con la manda legal de aplicar en forma adecuada el sistema de apreciación probatoria previsto por la norma adjetiva a los fines de formar su convicción. Sin perjuicio de lo antedicho, tampoco puede soslayarse que la doctrina de la arbitrariedad no implica sustituir los criterios sustentados por el juez al merituar la prueba, siempre que esta se haya efectuado observando las reglas de la sana crítica, por lo que no cualquier diferencia de criterio, ya sea de las partes o del tribunal de casación, respecto a la interpretación de los hechos, es suficiente para tenerla por producida; sino que la misma -conforme ya aludiéramos- debe tener el carácter de un notorio apartamiento de las constancias de autos, que develen una construcción carente de razonabilidad. VII) En dicho marco y, efectuado el análisis de las constancias de autos, estimo procedente la apertura de la vía casatoria, pues se advierten en el decisorio en crisis, razones de entidad suficiente para invalidar parcialmente el pronunciamiento en base a las argumentaciones expuestas por el recurrente. A fin de fundamentar mi posición, resulta oportuno efectuar un breve y circunstancial análisis de la conducta de los accionados, siempre con el ánimo de resolver las cuestiones con justicia y equidad. Decía así el maestro COSSIO: "...la intuición de la justicia es, pues, el dato primario y central del proceso judicial" ya que "una teoría del derecho que deja de lado la preocupación del juez por la justicia y la incidencia de los valores sobre el proceso de interpretación, no es buena teoría. Ella ignora un elemento esencial de la experiencia judicial" (Carlos COSSIO, "La valoración jurídica y la Ciencia del Derecho", Ed. Arayú, Buenos Aires, 1954, Cap. III, pág.154). Ello, además, es útil para analizar la merituación de las causales exonerativas introducidas por la actora y una eventual concausalidad. Puestos en esa faena, cabe primeramente consignar que de las constancias de autos surge la falta de dominio del accionado sobre el automóvil, en cuanto todo conductor de un vehículo debe estar presto y atento para reaccionar adecuadamente y efectuar todas las maniobras necesarias que le exigen las condiciones cambiantes del tránsito. Lo reseñado emana del propio reconocimiento del Sr. Vázquez, cuando en su declaración indagatoria (confr. fs. 40) afirma que: "este individuo le salió de improviso y como haciéndole señas al declarante, levantando las dos manos y que dado a ello quien declara accionó inmediatamente los frenos y que dado las inclemencias del tiempo y que el pavimento está gastado, el vehículo se arrastró ya frenados unos metros, para impactar a esta persona" (sic). En idéntico sentido se ha expedido este Tribunal: "que sus infracciones, siguiendo a Mosset Iturraspe y Rosati Derecho de Tránsito, Ley 24.449, Rubinzal Culzoni, pág. 255, nunca pueden considerarse como conducta sorpresiva o fuera de lo habitual para un conductor, que de haber respetado la velocidad máxima, conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar (60 km/h), debió haber tenido el pleno dominio de la cosa que conducía" (S.T.J., sent. del 17/05/07, en autos: "Gómez Orfila c/ Empresa de Transporte Atahualpa S.R.L. y/u Otros s/ Daños y Perjuiciosá Beneficio de Litigar sin Gastosá Casación Civil"). Este análisis nos convence de que el conductor del vehículo embistente, si bien alcanza a frenar, no realiza viraje o esquive alguno tendiente a evitar el impacto, lo que deja entrever una actitud conductiva imprudente, en tanto la velocidad impresa al automotor, más allá de su cuantificación exacta, a la luz de los hechos le impidió detener o maniobrar adecuadamente el vehículo, esto es, no le fue posible mantener su pleno dominio. Ello habla a claras de la infracción a los arts. 39 , 50 y concordantes de la Ley Nacional de Tránsito nº 24.449, entre otras normas. Reza así el art. 39 inc. B del citado ordenamiento: "Los conductores deben: ... b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito". Asimismo, postula el art. 50 del citado ordenamiento: "VELOCIDAD PRECAUTORIA: El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o detener la marcha". Es demostrativo de la excesiva velocidad y la falta de dominio de su vehículo por parte del accionado, la circunstancia de que pese a advertir con antelación la presencia de la víctima, no consigue detener la marcha del automotor y lo embiste (confr. declaración testimonial de la Sra. Juárez de fs. 17 y croquis ilustrativo de fs. 12). Así entonces, acorde a las circunstancias de modo, tiempo y lugar (de noche y bajo una lluvia torrencial que prácticamente no les permitía avanzar, según dichos de la testigo mencionada y del Sr. Pablo Mansilla a fs. 18) surge que el accionado debió tener el pleno dominio de la cosa riesgosa que conducía, e incluso detener la marcha si la visibilidad existente dificultaba aquél dominio. Que también es revelador el testimonio del Cabo de Policía Mario Rodríguez -fojas 33 sumario criminal-, quién ratifica la intensidad de la lluvia y la reducida visibilidad. Cabe resaltar que el testigo referido se conducía en automóvil en la misma dirección que el accionado, minutos después de ocurrido el siniestro y sin embargo alcanzó a detener su marcha para auxiliar a los accidentados, pese a que el vehículo embistente quedó cruzado sobre la autovía. Ello lleva a sostener, sin hesitación, que el accionado pudo y debió tener el pleno dominio de la cosa riesgosa que conducía, extremando todos los recaudos atinentes a su conducción, por lo que no resulta razonable considerar prudente -tal como lo sostuvo el a quo- una velocidad de 60 o 70 KM/H, conforme las condiciones del tiempo y atento a la obligación de observar una conducta precaucional conforme a las contingencias aludidas. Hay aquí, evidentemente, una omisión de los deberes de precaución, cautela y previsión imputable a la accionada, lo que sumado a la conducta de la víctima, coadyuvaron en la provocación del hecho luctuoso. Así entonces, la actitud riesgosa de la víctima -al momento de solicitar auxilio- no excusa ni justifica el obrar y el proceder del conductor del vehículo embistente, cuya conducta opera, por lo tanto, como eximente gradual de la responsabilidad de aquél. Por otra parte no puede considerarse conducta sorpresiva y fuera de lo habitual para los conductores de vehículos automotores la aparición de un peatón imprudente o distraído, lo que constituye una contingencia inherente al tránsito. Que atento al encuadre legal otorgado al presente caso que involucra la aplicación de la teoría de la responsabilidad objetiva del art. 1.113 del Código Civil, por el riesgo o vicio de la cosa, tiene trascendencia puesto que la presunción legal establecida por la norma implica que el dueño o guardián de la cosa riesgosa tiene la obligación de demostrar la existencia de las eximentes previstas por la ley, máxime cuando se arguye como defensa la culpa de la víctima, la que debe probarse de manera acabada y convincente, por lo que no resulta una derivación razonada considerar con grado de certeza negativa la responsabilidad del accionado, conforme los claros elementos probatorios obrantes en las constancias de la causa de sus infracciones a un obrar prudente, como conductor (Art. 1.109 C.C.) y el carácter de propietario de la codemandada de la cosa viciosa, sin perjuicio de la imprudente actitud de la víctima al salir en busca de auxilio. Existe entonces, un quiebre -parcial, por cierto- del nexo causal, en tanto -insisto- el desempeño y la conducta negligente de la víctima no libera de responsabilidad total al demandado. VII) Todo lo manifestado, evidencia que, en el sub lite nos encontramos ante una situación de concausalidad en el desenlace del siniestro, la que debe ser cuantificada, según criterios de razonabilidad y equidad. Partiendo siempre de la premisa de que el derecho no es una ciencia exacta, en el que los juicios no son "mecánicos" o "aritméticos", atento a que como lo enseña Ignacio MASSINI, "lo más que se puede llegar en derecho es a la formulación de juicios de probabilidad" (Carlos Ignacio MASSINI, "La prudencia jurídica", Ed. Abeledo - Perrot, Buenos Aires, págs. 147/201.), por lo que en vista de dichos lineamientos estimo adecuado establecer en un 75 % para la víctima el grado de responsabilidad y un 25 % para el accionado, en la producción del hecho dañoso, debiendo modificarse la resolución que fuera objeto del presente recurso. VIII) Así entonces, como corolario, cabeá reseñar y puntualizar que considerar a la conducta de la víctima como única causa del desenlace acaecido, configura -en mi estima- el absurdo denunciado por el recurrente, en tanto la conducta asumida por el accionado, -cuya ponderación se efectuó arbitrariamente- contribuyó en el grado establecido en la provocación del hecho luctuoso. De ello se deriva, inexorablemente, que el fallo en crisis incurre también en violación a la ley, en tanto el análisis de la conducta de la víctima fue realizada sin tener en cuenta otros factores determinantes en la producción del nexo causal, a la luz de la teoría de la responsabilidad objetiva estipulada por el art. 1.113 del Código Civil. IX) Estando resuelta al determinación de la responsabilidad civil, toca ahora abordar los conceptos indemnizatorios reclamados por los accionantes. Que en el escrito postulatorio se reclama en concepto de daño emergente la suma de Pesos Diez mil ($ 10.000.-), comprensivos de los gastos de sepelio, luto y traslados. También se peticiona la suma de Pesos ochenta mil ($ 80.000.-) en función de la pérdida de chance de los actores, producto de la frustración de beneficios que les hubiera brindado la víctima. Por último, reclaman la suma de Pesos Ciento veinte mil ($ 120.000.-) en concepto de daño moral, por el padecimiento espiritual producido a los actores. En cuanto al primero de los rubros , cabe advertir que atento a la índole de los hechos acaecidos en autos, es indudable que los actores debieron realizar tales erogaciones, por lo que -atento a lo normado por el art. 1.084 Código Civil-, cabe sin más acoger la petición. En virtud de ello, estimamos el monto indemnizatorio en este rubro en la suma Pesos Cinco mil ($ 5.000.-) (Art. 165 C.P.C.C.). Este es el criterio mayoritario de la jurisprudencia. Así tenemos: "Los gastos de sepelio no sólo integran el daño a resarcir por la muerte de una persona, sino que además, ellos se deben aunque no se haya aportado prueba al respecto, por tratarse de gastos que necesariamente deberán efectuarse" (Zavala de González, "Resarcimiento de Daños" 2B, pág. 139 y jurisprudencia allí citada-DRES.: GONZALEZ DE PONSSA - ROBINSON.-G.M.A. C/A.O.S.Y.O. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (SALA II A.), 23/09/92, Sentencia Nº 216, Sala 2). áQue pasando ahora a la indemnización por valor vida y pérdida de chance en los términos del artículo 1084 del Código Civil, debe considerarse comprendido en este ítem todo lo que fuera necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, gozando de la presunción legal del daño sólo la cónyuge sobreviviente y a los herederos necesarios del fallecido. En ese sentido debe tenerse en cuenta que el poder general para juicios (obrante a fs. 67/68) fué otorgado por la viuda y por sus hijos mayores de edad. Ahora bien, a los fines de la cuantificación de este ítem hay que tener en cuenta que "La vida es potencialmente la fuente de ingresos económicos y de ventajas patrimoniales susceptibles de formar un capital productivo, pero esa vida no está en el comercio, vale por sus frutos que esa actividad produce. Esto no significa que la desaparición de alguien no perjudique a otros. La privación de los beneficios actuales o futuros que la vida de la persona reportaba a otros seres que gozaban o podrían gozar de aquélla, constituye un daño cierto y así se mide el valor económico de la vida de la víctima por los daños económicos que el extinto producía" (BUSTAMANTE ALSINA, "El valor del daño patrimonial causado por homicidio"; ED. 124-647). Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene: "Para fijar la indemnización por valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas, sino considerar y relacionar las diversas variables relevantes de cada caso en particular; tanto en relación con la víctima (edad, condición económica y social, profesión, expectativa de vida, etc.) como con los damnificados (grado de parentesco, edad de los hijos, educación, etc.)" (CSJ., sent. del 11-05-93 en "Fernández, Alba Ofelia c/ Ballejo, Julio Alfredo y Pcia. de Bs. As. s/ Daños y Perjuicios"; sum. pub. en ED. 156-582). Es así que merituando la edad del Sr. Redondo al momento del hecho, 53 años (fs. 58); su actividad (comerciante - fs. 226); sus expectativas de vida laboral probable 12 años; el porcentaje del 30% que el occiso reservaba para sus gastos; la cantidad de hijos y sus edades (dos hijos mayores de edad, cfr. actas de fs. 69 y 70); resulta razonable justificar la indemnización por privación de la vida humana en Pesos Sesenta mil ($ 60.000.-) para la cónyuge sobreviviente. También se reclama por Daño Moral, la suma de Pesos Ciento veinte mil ($ 120.000.-). Ello comprensivo de los padecimientos físicos y espirituales sufridos por los actores, la molestia en la seguridad personal o en el goce de bienes y en general por todo lo que produzca una lesión a las afecciones legítimas, por la pérdida del cónyuge y del padre respectivamente. Cabe destacar que el contenido del daño moral ha sido desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia sobre todo en la órbita de lo afectivo, de los sentimientos, constituyendo la tristeza, pesar, vergüenza, angustia, etc. las formas más frecuentes en que se manifiesta. Lo acontecido en autos indudablemente ha de traducirse en un modo de estar diferente de aquél en que se hallaban antes del hecho y como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial (fs. 234), en virtud de que los hijos han quedado sin el apoyo del padre, con el que compartían el negocio familiar y su esposa se encuentra desamparada luego de 33 años de convivencia matrimonial (Confr. fs. 71). Por ello es que consideramos procedente este rubro y estimamos justo y prudente acogerlo en la suma de Pesos Cincuenta mil ($ 50.000.-) para la cónyuge y en Pesos treinta mil ($ 30.000.-) para cada uno de los hijos (art. 165 C.P.C.C.).

áááááááááá Por todo lo expuesto, normas legales aplicadas, doctrina y jurisprudencia reseñadas y oído el Señor Fiscal General del Ministerio Público a fojas 461, Voto por: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora. II) En consecuencia, casar la sentencia de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de fecha 31/03/08 (fs. 389/393), y en su mérito hacer lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios promovida por María Juana Maleh, Ramón Alfredo Redondo y Luis Emilio Redondo en contra de Guillermo Patricio Vazquez y Vicenta Mercedes Arce, condenando a los demandados a abonar a los actores la suma de Pesos Cinto setenta y cinco mil ($ 175.000.-) por todo concepto, con más los intereses de la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del hecho -el 25/09/2001-, y hasta su efectivo pago. III) Establecer que en el caso ha mediado concausa en la producción del daño, la que proporcionalmente estimamos en un 75 % respecto de la víctima, porcentaje en el que corresponde mermar la condena impuesta a los accionados. IV) Las costas se imponen en todas las instancias un 75 % a cargo de la actora y un 25 % a cargo de la demandada, conforme a la forma en que se resuelve el presente.

ááááááááááááááááááááááá A las mismas cuestiones, el Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo, dijo: Que se adhiere en un todo a lo sustentado por el Dr. Sebastián Diego Argibay votando en igual forma. Con lo que se dió por terminado el Acto, firmando los Sres. Vocales, por ante mí, que doy fe. Fdo: Sebastián Diego Argibay - Raúl Alberto Juárez Carol - Eduardo José Ramón Llugdar - Agustín Pedro Rímini Olmedo - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.

á á á á Santiago del Estero, dieciséis de febrero del año dos mil diez.- ááááááááááááááááááááááá En mérito al resultado de la votación que antecede, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de Justicia por mayoría de votos, Resuelve: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, y en su mérito confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de fecha 31/03/08 (fs. 389/393). Con costas. Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese. Fdo: Sebastián Diego Argibay - Raúl Alberto Juárez Carol - Eduardo José Ramón Llugdar - Agustín Pedro Rímini Olmedo - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.