Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-07


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 7 días del mes de septiembre del año dos mil once, se reunieron en Acuerdo los integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y José Luis Pasutti, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en la causa caratulada "C., A. E. s/ robo agravado" (Expte. 22.024 - F° 194-Año 2010- Letra C).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 76: Pfleger, Panizzi y Pasutti;

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Antecedentes del caso, breve relación. La sentencia y el recurso Este asunto ha recalado en la Sala a consecuencia del recurso extraordinario deducido por el Ministerio Público Fiscal contra el decisorio de la Juez Penal de Comodoro Rivadavia, quien, en la audiencia del 26 de abril de 2011, dispuso denegar una solicitud de revocatoria articulada por el acusador público y mandó sobreseer a A. E. C. por haber operado el total del plazo por el cual se le había otorgado la suspensión de juicio a prueba (ver el acta que está añadida en la hoja 50).

La cuestión era la que concernía a los legajos 14.147 y 15.787, en los que el imputado había sido atribuido de comisión de los delitos de robo agravado por efracción en grado de tentativa (art. 167 inc. 3° y 42 del C.P.) y robo simple en grado de tentativa (art. 164 y 42 del C.P.).

En ellos, y en fecha 30 de Julio de 2008, el doctor Emilio Porras Hernández dictó la suspensión de juicio a prueba en beneficio del imputado por el término de un año y cuatro meses, imponiéndole las reglas establecidas en el art. 27 bis del C.P.

Al motivar el recurso, el impugnante consideró que la decisión de la Juez de Grado carecía de motivación suficiente, pues no se había observado el art. 285 del C.P.P, en particular ". la extinción de la acción por adecuado cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en una suspensión de juicio a prueba.". A la par, acusó que la Magistrado no había cumplido con el fin específico de la audiencia del art. 51 del C.P.P, en lo que atañe a la procedencia de la revocatoria.

Finalmente señaló que la sentenciante había soslayado la recta aplicación del art. 76 ter del C.P. que condiciona la extinción de la acción penal a la circunstancia que el probado ". no cometa nuevo hecho delictivo.", lo que conllevaba al basamento de su presentación en los términos del art. 371 del C.P.P.

El Ministerio público formuló, renglón seguido, una semblanza del caso evocando que se había solicitado la revocación del beneficio el 10 de Noviembre de 2009, pues el beneficiado había cometido nuevo delito durante el período de prueba.

Sin embargo la Juez, alegó, no hizo lugar al planteo y dispuso sobreseer.

Como fundamentos de la pretensión articulada, el causante puso sobre el tapete los arts. 76 ter, 4° y 5° párrafo del C.P. y 50 y 51 de la legislación adjetiva chubutense y dijo que no se trataba sino de un delito que había sido juzgado y merecido pena, aún cuando se tratara de un juicio abreviado.

Fustigó a la Juez con la alusión a que ella desestimó el asunto ". centrando erróneamente su decisorio en que cuestiones de errores de los operadores del sistema, no podían, a su criterio, impedir la extinción de las acciones penales en los casos de marras.", perdiendo de vista los informes del Registro Nacional de Reincidencia que obraban en el legajo.

Al propio tiempo señaló que la decisión colisionaba con el art. 169 de la Constitución Provincial que establece que toda decisión judicial debe ser fundada y en consecuencia, adujo, se imponía su autosuficiencia, claridad y basamento.

Por consecuencia postuló que se revocara la decisión apelada e hizo reserva del caso federal.

En la audiencia llevada a cabo según las constancias de la hoja 75, informó la Procuración General de la Provincia.

II. La solución del caso.

Voy a principiar esta mi ponencia con un anticipo: su epílogo, ya que propiciaré al acuerdo la declaración de nulidad de la sentencia venida en impugnación.

Daré las razones de continuo.

He escuchado una y otra vez, en audio, el contenido de la audiencia en que se tomó la decisión en crisis. Y empiezo con estas palabras pues es decididamente alarmante la manera en que la Magistrado condujo el desarrollo y articuló su disposición liberatoria.

No logro comprender, todavía, las razones que fundan o basan el sobreseimiento definitivo del imputado, pues salvo una sinuosa exposición acerca de los datos, misturada con vagas reflexiones sobre la norma aplicable, sin citarla, y las referencias al desarrollo de la jurisprudencia, sin tampoco explicitarla, la Juez nada ha aportado intelectualmente para explicar el porqué clausuró la etapa preparatoria cancelando la persecución penal.

Puedo atisbar, no sin esfuerzo, que quizás lo que motivó el dispositivo finca en el hecho de que al momento de realización del juicio abreviado, que es juicio y no otra cosa, no se había informado -o al menos no lo manifestaron las partes- la suspensión de juicio a prueba que el doctor Porras Hernández había resuelto.

Pero vislumbrar (Del lat. vix, apenas, y luminare, alumbrar), que -según la Real Academia Española- significa ver un objeto tenue o confusamente por la distancia o falta de luz o -segunda acepción- conocer imperfectamente o conjeturar por leves indicios algo inmaterial, no califica al objeto de que se trata.

El contenido de la sentencia no debe conjeturarse desde los párrafos que oral o de modo escrito realiza el Juez.

Ella debe ser autosuficiente, precisa, clara, con perfecta determinación de los hechos captados por las normas de fondo. O de los actos y leyes procesales, si el motivo de la decisión encuentra su causa de origen allí.

De esta cualidad carece la inspeccionada, que, no es derivación razonada del derecho vigente con atención a las particulares características de la causa, sino el producto del mero voluntarismo del Juez.

Así, nos enfrentamos a una sentencia arbitraria por carencia de fundamentos, pues ni siquiera su arquitectura es aparente; sencillamente no es.

De modo tal, entonces, que se infringe el art. 169 de la Constitución Provincial y su derivación, el art. 286 del adjetivo local y por ende, bajo los parámetros del art. 371 inc. 1° del C.P.P, cabe anular la decisión para que otro Juez resuelva con arreglo a derecho.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El profesor Pfleger, al componer el voto anterior, expuso con suficiencia y claridad los antecedentes del caso y los argumentos que desplegó el Ministerio Público Fiscal en su impugnación. No me referiré a ellos, a fin de no incurrir en repeticiones innecesarias.

II. El acusador público fustigó el sobreseimiento total y definitivo de A. E. C., adoptado en el marco de la audiencia prevista por el artículo 51 del rito.

III. Coincido con el Ministro que me antecedió en el pronunciamiento, en que la resolución adoptada por la a quo carece de fundamentos.

En este sentido, la Constitución de la Provincia del Chubut, en su artículo 169, exige que las decisiones judiciales sean motivadas, con adecuada fundamentación lógica y legal, considerándose falta grave su carencia.

Por su parte, el artículo 25 del Código Procesal Penal dispone que las decisiones judiciales deben ser motivadas, con adecuada fundamentación lógica y legal. Y agrega que ello no podrá reemplazarse con la simple relación de documentos, afirmaciones dogmáticas, ficciones legales, expresiones rituales o apelaciones morales.

A su turno, el artículo 286, que versa sobre el contenido de la resolución de sobreseimiento, indica que ésta deberá expresar, entre otros, los fundamentos fácticos y jurídicos y la parte resolutiva, con cita de las normas aplicables.

Es decir, todo pronunciamiento debe ser autosuficiente y autónomo; tiene que bastarse a sí mismo y sus fundamentos deben ser claros y concretos.

Sin embargo, advierto que cuando la a quo decidió sobreseer al atribuido, lo hizo sin observar las disposiciones antes referidas.

En lugar, utilizó como recurso de motivación el repaso sin método de los antecedentes de la causa y la mera alusión a normas y criterios jurisprudenciales sobre los que no ahondó.

En conclusión, como la resolución no cuenta con una debida fundamentación, corresponde anularla y que otro juez resuelva conforme a derecho.

Así voto.

El juez José Luis Pasutti dijo:

I. En atención a lo normado por el último párrafo del artículo 25 del Código Procesal Penal -Ley 5478- procederé a emitir mi sufragio, en el que omitiré toda referencia a los antecedentes del caso y los agravios esgrimidos por el recurrente, remitiéndome para ello a la síntesis que realizó el Juez Pfleger.

En cuanto a la solución del caso, mi posición será coincidente con la de los magistrados preopinantes.

La Jueza Penal Margarita Pfister dictó, en el marco de la audiencia dispuesta en el artículo 51 del C.P.P., una resolución errónea y, en consecuencia, infundada.

Ante el pedido del Fiscal General de revocar la suspensión del juicio a prueba de A. E. C. por comisión de nuevo delito, se convoca a las partes para resolver el planteo, y la jueza, sin dar explicación alguna, sobresee definitivamente en la causa.

Sin perjuicio del error invocado por el recurrente, entiendo que la resolución es ilegal por infundada, violándose principios básicos del ordenamiento procesal.

El artículo 25 reza: ´Todas las decisiones judiciales, salvo las de mero trámite, deben ser motivadas, con adecuada fundamentación lógica y legal [Artículo 169, I, C. Ch.] e indicarán el valor asignado a cada medio de prueba. La misma exigencia rige para los requerimientos y conclusiones de los acusadores...´.

Por lo expuesto corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por la doctora Margarita Pfister, y devolver las actuaciones a la Oficina Judicial de la ciudad de Comodoro Rivadavia a fin de que designen el juez que deberá seguir interviniendo en estos autos.

Así voto.- Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) Declarar procedente la impugnación de los Fiscales Generales.

2°) Declarar la nulidad de la resolución protocolizada con el número 445/2010, dictada por la Juez Penal de Comodoro Rivadavia.

2°) Devolver las presentes actuaciones a la Oficina Judicial de aquella Ciudad a los fines correspondientes.

2º) Protocolícese y notifíquese.