Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-05


Expte. N° 7003 "c/ Castro Durán Leandro Fabián - por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa en perjuicio de Silvia Adela Noguera S/ CASACION" En la Ciudad de San Juan, a cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho, se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, por los doctores Guillermo Horacio de Sanctis, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del CPP, el Tribunal -ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? ------------------------------ --- Contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara en lo Penal y Correccional, a través de tribunal unipersonal integrado por el Dr. Eugenio Roberto Barbera, interpone recurso de casación el Dr. Leonardo Villalba en su carácter de defensor técnico del condenado Leandro Fabián Castro Durán. --------------------- --- El fallo cuestionado, que fuera emitido en fecha 21 de septiembre de 2017 y que obra a fojas 103/120, dispuso no hacer lugar al pedido de extinción de la acción penal, por conciliación y reparación integral del perjuicio causado por el delito (artículo 59 inciso 6º del Código Penal), deducido a favor del nombrado Castro Durán; asimismo se resolvió condenar al mencionado a sufrir la pena de tres años y nueve meses de prisión, con más accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa (artículo 166, inciso 2º, primera parte, en función del artículo 42 del Código Penal) en perjuicio de Silvia Adela Noguera. ------- --- En lo que hace al marco procesal del recurso (cfr. artículo 561, primera parte, del Código Procesal Penal), se estableció en dicha sentencia que la regulación acerca del ejercicio de la acción penal no sería materia del Congreso Nacional, por cuanto se trata de facultades originarias de los estados provinciales, cuya determinación ha quedado en manos de éstos en virtud de que no han sido delegadas al estado federal (cfr. artículos 121 y 75 inciso 12º de la Constitución Nacional), siendo dicho asunto -el del ejercicio de la acción penal- una cuestión meramente procesal (en contraposición con la sustancial) no delegada; que los fundamentos legislativos dados al sancionarse la ley 27.147, tendientes a armonizar las prescripciones del código de fondo a las legislaciones procesales provinciales, reafirmaría la tesis de la falta de operatividad directa del instituto en cuestión sin la existencia de una normativa local específica regulatoria del tema; que no le correspondería a los jueces sustituir al legislador en sus designios, sí aplicar las normas tal como han sido concebidas; y que el legislador provincial, para la aplicación del instituto, debería definir y reglamentar expresamente a qué delitos se aplica, en qué condiciones, lo atinente a la intervención de la víctima, el concepto y los alcances de la conciliación, y lo que debe comprender la reparación integral del perjuicio causado por el delito, por ser cuestiones relativas a criterios de oportunidad. ----------------------------- --- Además de ello, se sentó en el decisorio que en el caso particular analizado no se habría arribado a un verdadero acuerdo conciliatorio, no existiendo una reparación integral del perjuicio por parte de Castro Durán. Se sostiene que de la presentación de fojas 95 y vta., y de los actos desarrollados durante el debate, no surgiría que se hubiere arribado a un acuerdo (con el alcance de total conformidad) entre la Sra. Silvia Adela Noguera y el imputado. Que la falta de firma del enjuiciado en el escrito, como así también la carencia de ratificación durante el debate, indicarían la inexistencia de un acuerdo válido y espontáneo. Igualmente que la actitud de la víctima (de miedo, pánico y temor hacia el inculpado, evitando en todo momento durante el debate tener que verlo), resultaría indicativo de una voluntad viciada y en definitiva la ausencia de un cabal consentimiento. Que el acuerdo reparatorio (es decir la entrega de $ 3.000) existió tan sólo entre la víctima y el letrado representante del procesado, careciendo entonces de carácter conciliatorio. ------------ --- Por otra parte, el inferior tuvo por acreditado el hecho por el cual la causa fue elevada a juicio; hizo razonadamente mérito de las distintas pruebas colectadas; encontró como típicamente, antijurídica y culpable, la conducta desplegada por Leandro Fabián Castro Durán; y así le impuso la sanción referenciada en párrafos anteriores. ------------------------------------ --- En la impugnación casatoria articulada a fojas 124/125 vta. se sostiene que la condena sería violatoria de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y debido proceso (artículo 18 CN), como así también de la igualdad ante la ley (artículo 16 CN), por lo que debería declarársela nula, por tratarse de nulidades de orden absoluto. Básicamente se expresa que oportunamente se arribó a un acuerdo entre víctima e imputado, que habría sido desconocido su alcance y efecto extintivo de la acción por parte del a quo -quién de modo caprichoso e infundado dispuso su rechazo-; que no debió realizarse el debate, ya que al existir el acuerdo debería haberse dado prevalencia a la conciliación donde se dejó sentado la innecesariedad de prosecución de la causa. Que la intervención que le cupo al letrado fue solamente en representación de su pupilo, siendo totalmente absurdas las consideraciones del inferior al respecto. Que la ofendida habría expresado voluntariamente su consentimiento para el acuerdo, manifestado no haber sido obligada ni amenazada para ello. ------------------------------------------------- --- Tras tildar de arbitrario e irrazonable el rechazo de la extinción de la acción, se solicita se haga lugar al recurso y se declare finiquita la acción conforme las causales invocadas. ------------------------------- --- A fojas 131/132 vta. el recurso fue concedido por el a quo. --------------------------------------------- --- Una vez ingresada la causa a esta instancia, las partes fueron debidamente citadas para cumplir con lo normado por los artículos 582 y 571, primera parte, del Código Procesal Penal (fojas 136). -------------------- --- La recurrente no hizo presentación alguna, no obstante encontrarse notificada con la cédula glosada a fojas 137. -------------------------------------------- --- El representante del Ministerio Público se pronunció fundadamente por el rechazo de la vía intentada (fojas 139/143 vta.). --------------------------------- --- Encontrándose así planteada la cuestión corresponde abordar el tema. -------------------------------------- --- Antes que nada debo manifestar que comparto plenamente la solución del asunto dada por el magistrado inferior, como así también comulgo con sus fundamentos, los que hago propios en honor a la brevedad. En tal sentido, soy de opinión que el recurso articulado de ningún modo logra rebatir -razonada y convincentemente- los argumentos denegatorios plasmados por el juez de mérito. ----------------------------------------------- --- Considero que la idea directriz que sirve para desentrañar el tópico que nos ocupa es que la materia procesal es netamente de competencia provincial, en tanto se debe plasmar a través de los distintos códigos procesales, no encontrándose en el catálogo de las facultades o poderes delegados a la Nación (cfr. artículos 121 y 75 inciso 12º de la Constitución Nacional, y 150 inciso 24º de la Constitución Provincial). ------------ --- Según la interpretación prácticamente unánime y la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, el derecho procesal penal es derecho local, esto es, competencia de las legislaturas provinciales y ajeno a la competencia del Congreso Nacional. Las provincias se han reservado para sí la facultad de administrar justicia (cfr. Clariá Olmedo, "Tratado de derecho procesal penal", Tomo I, página 96 y siguientes). Esta facultad de administrar justicia comprende la facultad de establecer y organizar los órganos del Estado que llevan a cabo los actos de autoridad mediante los cuales se cumple ese cometido -Derecho a la organización judicial- y, en segundo lugar, definir los actos necesarios que integran el procedimiento mediante el cual se administra justicia -Derecho procesal penal en sentido estricto- (Maier, "Derecho procesal penal", Tomo I, página 115).

--- El sistema federal de gobierno que la Constitución Nacional ha adoptado se estructura a través de un reparto de competencias entre la Nación y las Provincias. El artículo 121 fija una regla de la que no cabe apartarse a la hora de interpretar los límites de competencias de ambas. Así la Corte Suprema ha dicho que los poderes reservados a las provincias no pueden ser transferidos por las leyes ni nacionales ni provinciales (Fallos: 239:343). -------------------------------- --- En ese sentido resulta un asunto indiscutible que las cuestiones propias de los procedimientos judiciales resultan materias reservadas de las provincias. El tema es claro e incuestionable, puesto que el Estado Nacional está integrado por provincias anteriores a la constitución del mismo; y las provincias al momento de conformar la Nación Argentina delegaron ciertas facultades y se reservaron otras para sí. ------------------------ --- Las jurisdicciones provinciales -donde cada cual tiene una realidad propia y particular- son las encargadas de establecer el derecho de carácter instrumental al que se debe subordinar el cabal cumplimiento del derecho sustancial o de fondo. -------------------------- --- Así es dable afirmar que la potestad de legislar sobre cuestiones procesales -dentro de ello, sobre la acción penal y por ende sobre su extinción- no es facultad delegada de las provincias a la nación. Es decir, que la forma en que deben ser ejercitados los derechos o institutos del derecho sustancial es competencia de cada una de las provincias.--------------------- --- Cabe tener en cuenta que al sancionarse la ley Nº 27.147 (B.O. 18/06/15), al establecerse que "La acción penal se extinguirá . 6) Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes .", claramente se supeditó que la aplicabilidad de lo normado debía correlacionarse con las leyes procesales correspondientes, pues ellas regulan los requisitos que se deben cumplir. Ello en virtud de que el código de fondo determina el marco genérico y los códigos de rito las especificaciones para que el mismo funcione. ------------ --- Se infiere que, de la manera en que está creada la norma específica, el condicionante -para la aplicación de los institutos- guarda total apego a la sana doctrina constitucional sobre las facultades de las provincias y el normal respeto a las características del Estado Federal, donde cada una de las jurisdicciones provinciales conservan su autonomía.---------------------- --- A partir de ello, sabido es que la regla por excelencia de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley, donde los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (CSJN, 3/12/2.002, 325:3229, "Gregorchuk, Ricardo s/ recurso). La regla superior de hermenéutica legal consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador de quien no se presupone inconsecuencia o imprevisión, razón por la cual su propósito no debe ser obviado por los jueces so pretexto de posibles imperfecciones técnicas en la instrumentación legal (Fallos: 308:1745; 310:149; 312:1283; 320:1962). Cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación (Fallos: 320:2145). La primera fuente de interpretación de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de comprensión debe ser aplicada directamente, sin que sea admisible efectuar consideraciones ajenas al caso que aquella contempla (Fallos: 313:1007; 314:458; 315:1256; 318:950; 324:2780).----------------- --- Es preciso respetar el designio del legislador en el ejercicio de sus propias facultades y no sustituirlo haciendo juicios respecto al acierto o conveniencia de la disposición dictada. En este caso, le corresponde al poder legislativo provincial establecer los casos, tipos de delitos, el trámite, el papel de las partes (la víctima y el titular de la acción penal), las condiciones o límites, las vías de impugnación y el modo en que la acción penal fenecerá por las causales genéricas de la conciliación o reparación integral del perjuicio, establecidas en la legislación nacional, en tanto no se trata de supuestos objetivos o de naturaleza material (como son la muerte del imputado, la amnistía, la prescripción o la renuncia del agraviado) sino de naturaleza netamente procesal que necesitan para su necesaria operatividad de la regulación local. Será necesario entonces que la ley procesal prevea una serie de cuestiones (como por ejemplo lo estipula el Código Procesal Penal de Santa Fe en su artículo 19 incisos 5º y 6º; el Código Procesal Penal de Chubut en su artículo 44 inciso 5º; el Código Procesal Penal de Entre Ríos en su artículo 5; el Código Procesal Penal de Río Negro en su artículo180 ter; etc.) a fin de establecer un marco de justicia, previsibilidad e igualdad. ------ --- En tal sentido resultan por demás elocuentes y esclarecedoras las palabras del Senador Rodolfo Julio Urtubey, en la exposición de motivos de la ley, al expresar ". en el Código Penal esta posibilidad de extinción de la acción, para que quede claramente en el Código Penal sancionado para todo el país, como código de fondo, que esa posibilidad de disponer de la acción existe. Por supuesto que en las condiciones que cada ordenamiento procesal penal de la provincia lo disponga .". Similar fundamento expuso en la Cámara de Diputados el legislador Alfredo Carlos Dato, al sostener ". son tres hipótesis que son propias de la extinción de la acción penal, pero cuando aparecen en el código de fondo hay un adecuado reenvío a los códigos procesales, de manera que estamos en presencia de una modificación muy fuerte porque termina con el desorden y la desorientación en orden a quién podría legislar sobre la titularidad de la acción .". Evidentemente que la intencionalidad del legislador fue la de consagrar tales supuestos de modo general para evitar controversias, pero dejando siempre en manos de cada una de las provincias la potestad de su reglamentación y funcionamiento. ------------------- --- De manera que entiendo que la interpretación que corresponde formular a tales preceptos debe ser la más fiel y estricta del texto legal, pues lo contrario conllevaría a exceder el sentido del texto de la ley en perjuicio de su autor, traspasando la frontera de la interpretación permitida y ubicándonos en el terreno de la analogía prohibida. Entiendo que la especificidad y características particulares y distintivas de la materia penal en cuestión (diferentes de otras causales de extinción que ya estaban previstas anteriormente) impiden aplicar la analogía en este ámbito. --------------- --- No se trata acá de la aplicabilidad de una ley más benigna, o un asunto que pueda traerse al ruedo por analogía, sino que se trata de un caso que revela la inexistencia de una norma adjetiva que reglamente los institutos (de neto corte procesal) previstos en la ley de fondo. Dicha operatividad, aunque resulte una verdad de Perogrullo, únicamente puede ser asignada por imperio de una ley, en tanto ni los fiscales ni los jueces están legitimados para realizar lo que la ley dice que debe hacer el legislador. ----------------------------- --- Resulta fácil advertir que frente a la falta total de reglamentación de los distintos asuntos procesales que necesariamente deben circundar la instrumentación de las referidas causales extintivas, su eventual aplicabilidad en este momento -reitero, acéfalo de normatividad formal- conllevaría a una total discrecionalidad de la jurisdicción, conjugada con una profunda inestabilidad para los justiciables, lo que en definitiva resulta intolerante dentro de los cánones del debido proceso legal.-------------------------------------------- --- Frente a este cuadro de situación, la discrecionalidad -como única alternativa de aplicación de la conciliación o la reparación integral- generaría mayores problemas que soluciones en el ámbito de la conceptualización concreta de los asuntos; desplegándose un desborde inconmensurable al respecto. Adviértase que en muchas cuestiones o temas de índole procesal existe disparidad de tratamiento entre distintas jurisdicciones, y no por eso el derecho a la igualdad se ve afectado como afirman los partidarios de la aplicabilidad de las mentadas causales sin la necesidad de un marco regulatorio específico. ------------------------------- --- Por ello considero que aquellos ordenamientos adjetivos que no tengan regulaciones en ese sentido deberían adecuarse para poder cumplir con la ley sustantiva.

--- En abono de lo sostenido se expresa el profesor Carlos J. Lascano, quién entiende que la reparación integral del perjuicio no puede operar hasta tanto el legislador local reforme la respectiva ley de enjuiciamiento penal, estableciendo dicha regulación. Afirma el catedrático que estamos frente a una norma jurídica incompleta que no puede operar de inmediato y por sí sola, sino que necesita ser complementada por otra a la que remite (en el caso, el CPP), que es la que deberá regular con precisión a qué delitos se puede aplicar dicha causal y cuáles requisitos debe cumplir ("La reparación integral del perjuicio como causa de extinción de las acciones penales", pub. en "Revista de Derecho Penal y Criminología", dirigida por E.R. Zaffaroni, edit. La Ley, Buenos Aires, Año VI, Nº 6, julio de 2.016). ----------------------------------------------- --- Definitivamente, descartándose de plano los argumentos traídos en queja por el recurrente como así también cualquier vulneración constitucional, y dado que la falta de previsión legislativa local o reglamentación procesal en este ámbito no hace -al menos por ahora- factible disponer la extinción de la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio en esta jurisdicción provincial, voto por la desestimación de los agravios y la confirmación del fallo emitido. -- --- Tal es mi voto.------------------------------------ --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y ADOLFO CABALLERO DIJERON: ----------------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.--------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Leandro Fabián Castro Durán a fs. 124/125 vta. II) Confirmar el fallo dictado por la Sala Tercera de la Cámara en lo Penal y Correccional a fs. 103/120 en fecha 21 de septiembre del dos mil diecisiete. ------------------------------- --- Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. Guillermo Horacio De Sanctis, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero. Ante Mí; Héctor Fabián Meló, Secretario Letrado de la Corte de Justicia. -------------------------------------------------- Cp-7003 AL PRE S2º 2018-I-161