Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-08-12


SENTENCIA NUMERO: VEINTICUATRO En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los doce días del mes de agosto de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros, doctores José Ricardo Cáceres -Presidente-, Luis Raúl Cippitelli y Enrique Ernesto Lilljedahl (S.L.), para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 49/11, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en contra de sentencia Nº 35/11 recaída en causa Expte. Nº 88/08 "Tejerina, Félix Ariel s.a. Lesiones Culposas Agravadas por la conducción imprudente de vehículo Automotor -Capital", dictada con fecha veintisiete de mayo del corriente año por el Juzgado Correccional de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es procedente la medida cautelar solicitada? 2º) ¿Es nula la resolución atacada por omitir la parte resolutiva la declaración de reincidencia sobre la que se basa el cumplimiento efectivo de la pena impuesta? 3º) ¿Debe ser declarada la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal? 4º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº TREINTA Y CINCO/2011, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos en el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 35, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres, y en tercer término, el Dr. Enrique Ernesto Lilljedahl (S.L.).

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº TREINTA Y CINCO/2011, del 27/05/2011, el Juez Correccional de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, condenó al imputado Félix Ariel Tejerina como autor penalmente responsable del delito de Lesiones Culposas por la conducción imprudente de un vehículo automotor, a cumplir la pena de seis meses de prisión efectiva declarándolo reincidente por primera vez.

II. Contra esa decisión, el Dr. Víctor Manuel Pinto -en adelante el recurrente-, en su calidad de defensor técnico del imputado Tejerina, efectúa los siguientes planteos:

1. Solicita medida cautelar de no innovar a fin de que el imputado, que fue detenido inmediatamente después de dictada la condena, sin que hayan vencido los plazos para impugnarla, sea puesto en libertad hasta tanto quede firme la sentencia en tanto, hasta entonces, cabe presumir la inocencia del mismo.

2. Interpone recurso de casación en el que, sin precisar su embate en los motivos previstos en el art. 454 del C.P.P., dice que la sentencia debe ser declarada nula porque mediante ella el imputado fue condenado a sufrir pena de prisión por seis meses, de cumplimiento efectivo, por ser reincidente, no obstante no haber declarado formalmente la reincidencia en la parte resolutoria.

3. Asimismo, a todo evento, plantea la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal por vedar a los reincidentes, por un indebido prejuicio de mayor peligrosidad, la posibilidad de obtener la libertad condicional.

Hace reserva del caso Federal.

III. En primer término, cabe decidir sobre la medida de no innovar solicitada (fs. 01) cuya procedencia, como toda medida cautelar, requiere la comprobación previa del fumus boni iuris y del periculum in mora, la apariencia de buen derecho del invocado por el requirente y el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, puesto que lo que pretende es asegurar la eficacia de la resolución pendiente, en este caso, los efectos de la sentencia de esta Corte sobre el recurso de casación incoado (fs. 03 vta./06 vta.).

En el caso, el solicitante invoca el derecho del imputado a que se presuma su inocencia hasta tanto adquiera firmeza la sentencia que lo declaró penalmente responsable y lo condenó a sufrir seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y, como consecuencia, el derecho del mismo a estar en libertad hasta tanto ello ocurra.

Y, en esos términos, se entiende que el peligro en la demora está representado en el caso por la consolidación de la afectación al derecho a la libertad que se configuraría si la resolución sobre la legitimidad de la detención del imputado, producida inmediatamente después de pronunciada la condena, fuera diferida hasta el dictado de la resolución del recurso de casación deducido contra ella, puesto que entonces, eventualmente, si fuera acogido el recurso, sería irremediable la conculcación de los derechos invocados.

Al respecto, por una parte, atento a la presunción de legitimidad de los actos judiciales, estimo que, en principio, cabe predicar igual condición de la detención cuestionada, en tanto se sustenta en una sentencia condenatoria a sufrir pena de prisión de cumplimiento efectivo.

Por otra parte, dado que la medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de lo que ha de decidir esta Corte con relación al recurso de casación -por la supuesta repercusión de esa decisión en el derecho cuya urgente protección requiere el solicitante-, estimo que la decisión sobre la pretensión deducida (para que el Tribunal ordene la inmediata libertad del imputado condenado hasta tanto adquiera firmeza la sentencia referida), no puede prescindir de la consideración de los motivos de impugnación deducidos en contra de la resolución que dispuso la inmediata detención del condenado, con el objeto de verificar la necesaria relación que debe existir entre los eventuales efectos de la decisión pendiente (sobre el recurso de casación) con el derecho invocado como base de la medida cautelar solicitada.

En esa dirección, del recurso de casación incoado resulta que la impugnación realizada está absolutamente desvinculada de los extremos de la imputación formulada en la condena, en tanto no pone en cuestión la existencia de los hechos de los que se trata ni la responsabilidad penal por ellos endilgada a Tejerina: la condena dictada, la pena impuesta ni el modo de su cumplimiento.

De modo que la presunción de inocencia del imputado ha cedido irremediablemente en el caso, debido a que, por falta de objeción al respecto, cabe tener por consentida su autoría y culpabilidad declaradas en la sentencia, y los términos de la ejecución de la condena impuesta en la sentencia.

De lo que se sigue que la decisión, con relación a las cuestiones planteadas en el recurso de casación, ningún efecto tendrá sobre el invocado derecho a la libertad ambulatoria del imputado hasta tanto adquiera firmeza la condena dictada contra el mismo a sufrir, de manera efectiva, la pena de prisión que le fue impuesta por el a quo.

Por ende, carece de fundamento la medida cautelar solicitada mediante la invocación al principio de inocencia que el recurrente reclama como vigente hasta el momento que la sentencia adquiere firmeza, en tanto la aplicación de dicho principio supone que la inocencia del imputado haya sido al menos puesta en duda, lo que no acontece en las presentes.

Por ello, soy de la opinión que no corresponde hacer lugar a lo solicitado y, como consecuencia, que no debe ser ordenada la libertad del imputado. Por ende, mi voto es negativo.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión; por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Lilljedahl dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli; por lo que, adhiero a la misma en un todo votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

IV. Con respecto a la declaración de reincidencia del imputado, constato en las actuaciones principales que, dada la existencia de una condena anterior dictada contra el imputado en sede federal, por un asunto relacionado con estupefacientes, de dos años y seis meses de prisión efectiva -y no de siete meses de prisión en suspenso, como dijo el recurrente al solicitar la medida cautelar tratada en el punto anterior-, el Juez Correccional consideró reincidente a Tejerina y le impuso el cumplimiento efectivo de la pena de prisión de seis meses a la que lo condenó como autor del delito de lesiones culposas.

Asimismo, que en la última parte del Punto I) del Resuelvo de la Sentencia puesta en crisis, el Juez Correccional declaró a Félix Ariel Tejerina reincidente por primera vez, contrariamente a lo que postula el recurrente, que en su presentación transcribe sólo parcialmente lo dispuesto en ese apartado.

Por ende, el argumento invocado a título de agravio, limitado a objetar por "raro" que, pese a la declamación previa efectuada sobre el tema en los considerandos de la sentencia, la parte resolutiva haya omitido la declaración de reincidencia, carece de sustento y deviene ineficaz a los fines de conmover lo decido. Por ello, a la segunda cuestión, mi voto es negativo.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión; por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido A la Segunda Cuestión, el Dr. Lilljedahl dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli; por lo que, adhiero a la misma en un todo votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

V. En cuanto a la supuesta inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal -cuya declaración pretende el recurrente, debido a que veda la libertad condicional a los reincidentes-, estimo que el planteo es improcedente.

Es que, por una parte, el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de soluciones legales no son puntos sobre los que el poder judicial deba pronunciarse, por lo que la declaración judicial de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional que exige que la repugnancia de la norma con los preceptos y principios de la Carta Magna sea manifiesta, clara e indudable y, por ende, procede únicamente como ultima ratio.

Por otra parte, esa declaración sólo puede alcanzar a las normas involucradas de manera directa e inmediata en la resolución del conflicto traído al conocimiento y decisión del Tribunal. Y ello no es lo que ocurre en el caso.

Es que la libertad condicional no fue motivo de la resolución apelada y los asuntos resueltos en ella no tienen vinculación alguna con el instituto de la libertad condicional.

Por ende, ninguna interpretación o aplicación contiene dicho pronunciamiento de la norma impugnada, de lo que se sigue que ninguna decisión al respecto le cabe a esta Corte revisar.

Por ello, de conformidad con el principio legal y doctrinario, constantemente confirmado por la jurisprudencia, según el cual los jueces sólo deben decidir colisiones efectivas de derechos y no hacer declaraciones generales ni interpretar las leyes sino cuando existe un derecho concretamente lesionado que deba ser reparado, sus resoluciones deben atenerse a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado.

Así las cosas, dado que de la resolución impugnada no se deriva gravamen actual y concreto susceptible de ser subsanado en esta oportunidad mediante la declaración de inconstitucionalidad de la norma referida, el tratamiento del tema propuesto es abstracto y, por ende, improcedente, sin que haya alegado el recurrente -ni observe este magistrado-, razón atendible alguna que autorice apartarse de esa regla. Por lo tanto, a la tercera cuestión, mi voto es negativo.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro preopinante; por lo que, adhiero a la misma en un todo votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Lilljedahl dijo:

El señor Ministro Dr. Cippitelli da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión; por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Por el modo en que quedaron resueltas las cuestiones anteriores, estimo que el Tribunal debe dictar la siguiente resolución: 1º) Declarar formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en contra de la Sentencia Nº 35/2011, dictada por el Sr. Juez Correccional de 1º Nominación.

2º) No hacer lugar a la medida cautelar solicitada. 3º) No hacer lugar al recurso de casación deducido. 4º) Con Costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). 5º) Téngase presente la reserva del recurso federal efectuada. 6º) Protocolícese, notifíquese y firme, archívese.

A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro preopinante; por lo que, adhiero a la misma en un todo votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Cuarta Cuestión, el Dr. Lilljedahl dijo:

El señor Ministro Dr. Cippitelli da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión; por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido Por los resultados del acuerdo que antecede, y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en contra de la Sentencia Nº 35/2011, dictada por el Sr. Juez Correccional de 1º Nominación.

2º) No hacer lugar a la medida cautelar solicitada.

3º) No hacer lugar al recurso de casación deducido.

4º) Con Costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

5º) Téngase presente la reserva del recurso federal efectuada.

6º) Protocolícese, notifíquese y firme, bajen estos obrados a origen.

FIRMADO: Dres. José Ricardo Cáceres -Presidente-, Luis Raúl Cippitelli y Enrique Ernesto Lilljedahl (Ministro Subrogante). ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.