marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos, efectos entre partes, resoluciones judiciales, cláusula penal, disolución de sociedades, infracciones formales, competencia, servicios de instalación
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: De Lucia, Alfonso Daniel c/ De Lucia, José y otro s/ ordinario de lucia, alfonso daniel c/ de lucia, josé y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

1 - En caso que la teoría del abuso del derecho sea utilizada para privar de efectos a una cláusula contractual, su uso debe ser restrictivo porque solamente cuando aparece manifiesto el 'antifuncionalismo' debe acudirse a este remedio excepcional (CSJN, "Automóviles Saavedra SA c/ Fiat Argentina SA", del 04/08/88, considerando 12°, LL-1989-B, 4/17).
Poder de policía, guardián de la cosa
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ZAPATA JOSE CLEMENTE c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - TERCERO CITADO - CONCESIONARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-11-24

En una concesión de servicio público pasan al concesionario una parte de las facultades y funciones que son propias del estado, pero este mantiene sus poderes originarios. Es en virtud de ellos que realiza el control, supervisa y restringe la actividad libre del concesionario, adecuándolo a los fines públicos del servicio que presta. El estado ejerce su poder público al realizar tal control, el que nace de sus propios fines. Más ese contralor lo hace en razón de su función , y como único titular del poder de policía, pero no como guardián de las cosas, en el sentido que tiene el art. 1113 del C.C.. la relación que vincula al estado en una concesión es contractual; el concesionario no es un órgano del estado, ni es su dependiente; es un particular que en virtud del contrato presta un servicio público, y este es el único guardián de las cosas con las cuales lo presta.

El Estado ejerce su poder de policía, y esto no puede confundirse con la guarda de la cosa. El poder de policía es una función propia del Estado; es -en un concepto amplio-el ejercicio del poder público sobre personas y cosas. El guardián es el que ha empleado la cosa... El guardián de la cosa mentado en el art. 1113, párrafo segundo, primera parte, es el agente o autor del hecho dañoso, a quien la ley reputa culpable del daño..En el caso del daño causado por el vicio de la cosa , la responsabilidad del guardián o del dueño es por ser...quien ha mantenido la cosa en ese modo de ser vicioso, potencialmente dañoso... En este caso, el guardián es quien tiene el poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre la cosa. El contralor del Estado en ejercicio de su poder de policía, no es del guardián.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, salario diario
Materia: LABORAL
Carátula: Samana, Juan Cristóbal c/ Federación Patronal Cooperativa de Seguros y/o El Eprint s/ Indemnización por Accidente de Trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-19

A los fines de establecer el monto indemnizatorio con el que se repare el daño sufrido por el trabajador, el artículo 11 de la Ley 9688 establece el procedimiento de determinar previamente el monto del salario anual el cual surge de promediar los salarios percibidos por la víctima durante el año anterior al accidente o enfermedad, o el menor tiempo trabajado. El referido salario anual se debe dividir a su vez por el número de días hábiles del año, para obtener el salario diario, cuando el tiempo trabajado es inferior al año, se toma solamente en cuenta los días realmente trabajados; en la práctica se toma en cuenta el salario anual o el correspondiente al período trabajado cuando éste fuera menor al total de días hábiles de ese lapso y se lo divide por el número de días efectivamente trabajados.
Partes del proceso, legitimación procesal, acción, sentencia, contenido de la sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: VALLEJO MANUEL AURELIO c/ GOICOCHEA RAMON WALTER Y OTROS s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-11-28

La acreditación de la legitimación de las partes es esencial a los fines de la procedencia de cualquier acción, siendo unánime la doctrina y la jurisprudencia en sostener que la investigación de la "legitimatio ad causam", -por tratarse de un elemento de la acción y por concernir a uno de los presupuestos indispensables para la válida constitución de la relación jurídico procesal- se torna imperiosa e imprescindible para el dictado de una sentencia válida. Ello, atento que la legitimación es un presupuesto esencial para el nacimiento de una relación procesal legítima y, por lo tanto, compromete el orden público, no se convalida por la falta de impugnación por la contraria y, en tal caso, habilita la intervención oficiosa del tribunal, en cualquier estado o grado del procedimiento, ya que no es posible dictar una sentencia si no están presentes en el juicio los titulares de los derechos en litigio.
Despido, certificado de trabajo, decreto reglamentario
Materia: LABORAL
Carátula: Panizzo Edith Adriana c/ Freedom Building SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-05

Resulta irrelevante que para realizar el emplazamiento previsto en el art. 80 in fine, el trabajador no haya aguardado los treinta días que prevé el dec. 146/01 reglamentario de aquél artículo. Si la empleadora no puso a disposición de su subordinado las certificaciones contempladas por el art. 80 L.C.T. primer párrafo, no puede sustraerse al pago del resarcimiento contemplado en el párrafo agregado por el art. 45 de la ley 25.345, sea cual fuere la oportunidad en que se hubiera cursado la interpelación exigida por dicha norma en tanto se haya efectuado luego de extinguido el vínculo.
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso, honorarios, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: SACATUC S.R.L. y Caccamo, Mario Salvador c/  s/ queja en: Gómez, Sergio Ramón y otros c/ SACATUC SRL s- ordinario (l) s/ queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-05

Es doctrina consolidada de este Superior Tribunal de Justicia que todo lo concerniente a honorarios profesionales es una materia reservada a los jueces de mérito y ajena, en principio, a la vía extraordinaria (cf STJRNS3: "MARIN" Se. 12/15). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Adicional por dedicación exclusiva, remuneración del juez, jubilación de magistrados, funcionarios judiciales, incompatibilidades de los funcionarios judiciales, incompatibilidades del juez, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Moras Mom, Jorge R. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-07

Tratándose la compensación funcional de un adicional que hasta la sanción de la ley 23.199 no integraba la remuneración de los magistrados y funcionarios, ni los haberes jubilatorios y cuya percepción exige que el sujeto se encuentre en situación de incompatibilidad para el ejercicio de cualquier tarea excepto la docencia o la investigación, el actor no tiene derechos adquiridos porque el adicional no existía a la fecha en que él accedió al status de jubilado ni puede pretender su cobro en la actualidad si no cumple con la condición requerida para su procedencia.
Jubilación por invalidez, denegatoria del beneficio, porcentaje de incapacidad, mal de Chagas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, Elvira Aurelia c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-25

La argumentación sobre las implicancias sociales del mal de Chagas es útil desde el punto de vista sociológico e integra un cuadro de lamentables falencias que afectan a nuestro país, pero no pueden modificar la posición del juzgador que se mueve en un contexto determinado, encuadrado por normas específicas de un sistema contributivo y no asistencial, que le impiden conceder el beneficio de jubilación por invalidez basándose en referencias generales (en el caso el informe médico asignó a la peticionante un 15% de incapacidad).
Impuestos internos, hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fleischmann Argentina In s/ recurso por retardo - impuestos internos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

Los tributos al consumo no tienen un régimen legal idéntico, toda vez que comprenden hechos imponibles que difieren entre sí, por las operaciones que resultan alcanzadas por las normas respectivas, por la base imponible y por la alícuota para su liquidación.
Personal militar, haber jubilatorio, adicionales de remuneración, adicional por desarraigo, carácter remuneratorio
Materia: MILITAR-LABORAL
Carátula: Villegas Osiris G. y otros c/ Estado Nacional Mº de Defensa s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

La circunstancia de que la compensación por inestabilidad de residencia creada a partir del decreto 2000/91, prorrogado por el decreto 2115/91 y modificado por decreto 628/92 y el adicional instituido en este último deben ser considerados como una parte del haber mensual a los fines jubilatorios, no significa que de modo inmediato, también deban ser computados en ese mismo concepto a los fines del cálculo de los suplementos generales (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor).
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Oscar Atilio c/ SAT (Sociedad Anónima de transporte de la Ciudad de Rio Cuarto) y otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-02-15

Procede rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios promovida en ocasión del accidente de tránsito acaecido, en tanto que como acertadamente señaló el a quo, las actuaciones sumariales fueron ofrecidas y requerida su incorporación por parte del actor. Asimismo, han sido analizadas de manera detallada las declaraciones brindadas en sede civil y en sede penal para concluir atribuyendo mayor eficacia convictiva a las rendidas en el fuero represivo, pues las mismas lucen coherentes, verosímiles, objetivas, claras y detalladas. Tampoco altera lo resuelto la crítica del recurrente referida a falta de valoración de la confesional ficta del codemandado, y la inexistencia de elementos probatorios exhibida por la totalidad de los demandados. Máxime que ha quedado plenamente comprobado que el hecho del actor fue la causa determinante de la producción del evento, circunstancia ésta que torna aplicable a favor de los demandados la eximente de responsabilidad consagrada por el segundo párr. del art. 1113 del CC, es decir, la culpa de la víctima. Finalmente no es de recibo el agravio referido a la falta de aplicación del régimen protectorio consumeril, dado que es fácil advertir que el factor de atribución bajo el cual se juzgó el caso no fue otro que el riesgo creado, de carácter eminentemente objetivo; concluyendo que la causa del daño fue ajena a los demandados al haberse configurado la eximente antes mencionada.
Enriquecimiento ilícito de funcionario público, consumación del delito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "COLETTI, Ricardo E. s/ nulidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-04

La legitimación pasiva por el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público se adquiere al producirse el requerimiento en el proceso judicial. Esto significa que la condición adquirida es la de imputado y no la de autor, si se omite esta justificación.Tal afirmación se sustenta en que la materialización del requerimiento en la causa implica la previsión de todos los aspectos de la situación patrimonial que se consideren injustificados, vale decir, la formulación detallada de una imputación que posibilitará que ella pueda ser desvirtuada.Es que no puede asignarse entidad delictiva, en los términos de esta figura penal, ni a la circunstancia de que el sujeto no conteste el requerimiento de justificación patrimonial que se le efectúa en un proceso judicial, ni a la insuficiente explicación acerca del origen del enriquecimiento que se realice en ese mismo marco. Esto así, pues ambas situaciones deben reputarse manifestaciones del ejercicio del derecho de defensa en juicio, que debe ser garantizado al imputado, libre de presiones y sujeciones de cualquier índole y sin la coacción que implica la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal.

La consumación de este delito es anterior e independiente del requerimiento que menciona la figura. Es que no puede adoptarse como uno de sus elementos constitutivos, una acción dependiente del Estado, que no quita ni agrega nada, en definitiva, a la decisión del sujeto de incrementar su patrimonio en forma injustificada. El requerimiento, en consecuencia, no constituye, efectivamente, un elemento típico sino un requisito indispensable para la progresividad de la acción jurisdiccional.
Empleo público, docentes, director de escuela, enriquecimiento sin causa, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia del Neuquén c/ Vázquez, Ana Teodorinda s/ acción procesal administrativa acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-11-14

Debe prosperar la demanda promovida por la Fiscalía de Estado con el objeto de obtener el recupero de los haberes que le fueron abonados en exceso a la demandada por el cargo de Directora Escuela Primaria correspondiente al mes de abril de 2009, pues surge -del Expediente Administrativo y en especial del informe de la Dirección De Sueldos (Dirección General de Recursos Humanos y Sistemas) del Consejo Provincial de Educación- que el cese en dicho cargo operó el día 23/03/2009, y que a partir de allí se dio el alta en el cargo de DA-3: Maestra de Grado Escuela Primaria (.).
Reconvención, compensación judicial
Materia: CIVIL -PROCESAL CIVIL
Carátula: SUCESION DE J. INAUDI c/ E. L. REBORA Y CIA. S.R.L. s/ DEMANDA ORDINARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-04

La compensación judicial entre créditos emergentes de condenas recíprocas, tiene como presupuesto ineludible la existencia de la reconvención, sin la cual no puede declararse la certeza de un crédito litigioso ni puede haber condena a pagarlo por parte del actor. Si la deuda que el demandado pretende compensar es discutible en su existencia, la obligación de pagarlo y la eventual compensación deben ser el resultado de una demanda dirigida contra el actor y de un proceso adecuado para la defensa de este último, lo cual, requiere que se haya interpuesto y sustanciado la reconvención. La simple excepción de compensación no permite llegar a este resultado porque no es una demanda de la cual pueda surgir una condena, ni tiene la sustanciación apropiada para que el actor pueda defenderse.
Honorarios del abogado, honorarios extrajudiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Araujo, César c/ Rosciani de Rodríguez s/ Cobro Ejec. Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-14

En modo alguno puede sostenerse que la pretensión de cobro materia de juicio se encuentre comprendida en el piso de marcha que determina el art. 54 2do. párrafo del decreto ley 8904/77, pues los enarbolados honorarios son de naturaleza extrajudicial sin que exista certeza sobre la cantidad líquida exigible que comprenden y de allí el insoslayable tránsito previo al mecanismo que establece el art. 55 del decreto ley 8904/77.
Constitución Nacional, constitucionalidad, inconstitucionalidad, decretos nacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires s/ solicita intervención urgente en autos: "Smith, Carlos  Antonio c/ Poder Ejecutivo Nacional o Estado  Nacional s/ sumarísimo"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-01

Las disposiciones del decreto 1570/01 y sus posteriores reglamentaciones no pueden reputarse compatibles con la Constitución Nacional ni aun con la extensión reconocida a los poderes del Estado para afrontar emergencias de carácter económico, ya que no se preserva sino que se destruye el valor de la moneda, que es lo que interesa y no puede perderse de vista sin riesgo de incurrir en conclusiones equivocadas (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Responsabilidad del Estado, poder de policía
Materia: CIVIL
Carátula: REA SEGUNDA MANUELA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-04-08

En relación a la responsabilidad extracontracual del estado, derivado del poder de policía, resulta imperioso apreciar las circunstancias concretas del caso a los fines de establecer la relación causal adecuada, en base a las prevenciones del artículo 906 del Código Civil, mediante un juicio de probabilidad que permita establecer la existencia de la omisión del cumplimiento del deber de seguridad impuesto por el ejercicio del poder de policía pertinente y en su caso, en que medida ha incidido dicho incumplimiento en la producción del hecho dañoso, conforme al curso natural de las cosas.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: PENAL
Carátula: ROMAN, Samuel Luis s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

Ante un vehículo que doblando su marcha hacia la mano contraria se coloca en inminente situación de topetar con el que por ella avanza, el giro de éste hacia la izquierda no constituye una maniobra imperita.
Facultades del juez, prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sánchez, Roberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-15

La actividad jurisdiccional del tribunal de mérito al ordenar, en la etapa legal prevista, una ampliación del peritaje balístico con pleno conocimiento de la defensa, necesario para resolver el caso, no importa violación de garantía constitucional alguna. Al ordenar la medida de referencia el tribunal actuó en el marco de su función jurisdiccional, sin que exista posibilidad jurídica de entenderla como propia de la acusación, máxime cuando, por tratarse de una mera comprobación, el a quo podría haberla obviado y reemplazado por una simple medición de su parte. Por el contrario, al pedirla con amplio conocimiento de las partes exhibió el tribunal celo garantizador del contradictorio, circunstancia que termina de desvirtuar los embates defensivos.
Prescindibilidad, beneficios previsionales
Materia: LABORAL
Carátula: BIANCHI, HORACIO JUAN ANTONIO c/ EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS (ENCOTEL.) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-03-20

Cuando el artículo 4 de la ley 20713 habla de "jubilación ordinaria mínima del régimen general del personal dependiente" lo hace teniendo en cuenta que todo agente que goce de un "beneficio de carácter previsional" igual o superior a dos veces el importe de la misma, no tiene derecho a ser indemnizado, sin que la ley distinga si el beneficio previsional es común o especial. Esto es la interpretación correcta, ya que no es lícito hacer distingos donde la propia ley no los hace.
Doctrina de la arbitrariedad, constitucionalidad, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: J., M. Á. por homicidio calificado por ser el hecho perpetrado por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género en perjuicio de J., E. c/  s/ queja por rec. de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-01-22

La doctrina de la arbitrariedad invocada es el medio para resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

La aplicación de la doctrina de la arbitrariedad resulta excepcional y sólo reservada para aquellos supuestos en los que se verifique un apartamiento evidente de la solución legal prevista para el caso o una decisiva carencia de fundamentación en el pronunciamiento impugnado, en tanto no basta para demostrar la existencia de una situación de inconstitucionalidad, sostener la vulneración de derechos constitucionales si no se prueba la afectación puntual de los derechos invocados. (Del voto de los Dres. Catalano, Samsón y Vittar)
Suspensión de la prescripción de la acción penal, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Juan de Jesús s/ Prescripción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-13

La causal de suspensión establecida en el segundo párrafo del artículo 67 del código de fondo, radica en evitar que todo aquél que esté incorporado formalmente a la administración pública o que, simplemente participe en el ejercicio de funciones públicas, obstaculice o impida el ejercicio de la acción penal, sin distinción de la influencia que pudiera ejercer a tales fines.
Hábeas corpus, confirmación de sentencia, prórroga del plazo, traslado de detenidos
Materia: PROCESAL
Carátula: O., J. D. c/  s/ habeas corpus
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-15

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "O., J. D. s/ habeas corpus" (Causa n° 54.716/2018) resuelto el 15/2/19 donde Mariano González Palazzo y Magdalena Laíño confirmaron parcialmente el punto I del auto del juez de la instancia de origen que prorrogó por 45 días el plazo otorgado para reubicar a los internos alojados en el pabellón 51 del Complejo Penitenciario Federal II de la CABA (Devoto) destinado a fuerzas de seguridad y modificaron el cupo máximo de alojamiento en el mismo elevándolo de 14 a 21 internos. Asimismo confirmaron parcialmente el punto II del resolutorio que dispone la obligación de elaborar un programa de acción a tal fin en el plazo de 5 días pero le impusieron su realización a la Dirección Nacional del SPF y no a las autoridades del penal.
Acción de inconstitucionalidad, fundamentación de la demanda
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bernal de Palacio, María Julia c/ Municipalidad de Rauch s/ Inconstitucionalidad ordenanza impositiva 1991 (promulgada por  decreto 454/91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-29

La eventual falta de publicación oficial de la ordenanza atacada no resulta atendible a los fines de fundar su inconstitucionalidad, en tanto la validez de aquélla no depende del cumplimiento de tal requisito, que sólo incide en su eficacia (arg. arts. 110, dec. ley 7647/70 y Ord. Gral. 267).
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, acción civil
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Leiva, Marcelo Andrés c/ SAN UP SA y otro s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-29

Una acción civil planteada para obtener el resarcimiento de daños, que se fundara en un accidente "in itinere" carecería de base normativa dentro del Código Civil para imputar responsabilidad al empleador. Ello es así, por cuanto no se trata de un accidente ocurrido en el lugar de trabajo, con motivo y en ocasión de las tareas realizadas y como consecuencia de un daño producido por una cosa cuyo dueño o guardián es el empleador.
Censura previa, Constitución Nacional, publicación periodística
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La censura previa se caracteriza como el previo contralor de la autoridad sobre lo que se va a decir (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).