Derecho penal, suspensión de la ejecución, pena privativa de la libertad, crímenes de lesa humanidad, Ministerio Público Fiscal, admisibilidad del recurso, recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Pizarro, Raúl Enrique c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-11

Corresponde, por mayoría, hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Raúl Enrique Pizarro y, en consecuencia, anular la resolución recurrida -rechazo de pedido de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad- y reenviar las presentes actuaciones al tribunal a quo a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho y a las constancias de la causa. Ello así, por cuanto no se ha verificado controversia entre lo solicitado por la defensa de Raúl Enrique Pizarro y el representante del Ministerio Público Fiscal de la instancia anterior. Por lo expuesto, en las particulares circunstancias del caso, sumado a que los querellantes en este incidente no se han expresado al respecto ante el a quo (cfr. Sistema de Gestión Judicial Lex 100), conduce a un escenario de ausencia de contradictorio entre las partes que, tal como fuera sostenido por esta Sala IV en múltiples circunstancias -excarcelaciones, pedido fiscal de pena en juicio, arrestos domiciliarios, prescripción, etc.-, impide la convalidación del fallo impugnado. El voto concurrente agregó que la ley es clara en cuanto a que, ante la comprobada incapacidad de una persona, debe suspenderse sin más el trámite del proceso a su respecto. No es posible obviar que esta previsión, incluida en el artículo 77 del C.P.P.N., constituye una proyección del principio de culpabilidad y del derecho de defensa dentro del marco del proceso. En este sentido, la imposibilidad de participación en las actuaciones como consecuencia del deterioro psicofísico del imputado configura un obstáculo que impide su prosecución, pues, de otro modo, se violentarían sus derechos como sujeto del procedimiento instrumentalizándoselo a los efectos de obtener una decisión definitiva que excluye su efectiva y real participación. La falta de controversia entre las acusaciones y la defensa no puede ser obviada por el tribunal a quo y demanda por parte de los magistrados, cuanto menos, un pormenorizado y riguroso análisis que eche por tierra aquella posición. Tal circunstancia no se deduce del voto mayoritario del decisorio cuestionado, pues rechaza la petición de la defensa a partir de un examen parcial y aislado de algunos de los elementos técnicos descriptos en los informes de los especialistas del Cuerpo Médico Forense. La disidencia sostuvo que la recurrente no ha logrado rebatir los fundamentos del fallo que recurre. Para decidir como lo hizo, el a quo indicó que el peritaje psiquiátrico elaborado por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional en diciembre de 2017 evidenció que "...el encausado de 87 años de edad en aquel entonces, conservaba su capacidad judicativa, orientado en su persona sin alteraciones en el pensamiento, con déficits cognitivos de grado leve a moderado 'compatible con el ciclo nonagenario que cursa'"; y consignó que aquél reporte "no difiere, en lo sustancial, del remitido a estos estrados el día 25/6/20, oportunidad en la que los peritos psicólogos advirtieron que el encausado 'logró un nivel de adecuación formal frente a los requerimientos formulados', descartando desajustes en su procesamiento psíquico con prevalencia del 'manejo concreto de la realidad', señalando que los déficits cognitivos de grado leve a moderado, resultaban derivados de su edad y nivel evolutivo; conclusión compartida por los especialistas en psiquiatría". Esas observaciones -que, por lo demás, pueden cotejarse con las constancias incorporadas al Sistema Informático de Gestión Judicial Lex-100- dan respaldo a la decisión adoptada y no fueron desacreditadas por la defensa. Ésta, en efecto, apoya sus objeciones en el informe ampliatorio presentado el 17/7/2020 a instancias del tribunal de la instancia anterior, que había solicitado al cuerpo de galenos una opinión concreta acerca de "si el imputado se encuentra en condiciones físicas y psíquicas de seguir el curso del proceso en su contra". Y si bien los profesionales del Cuerpo Médico Forense consignaron en esa oportunidad que Pizarro "no se encuentra en condiciones físicas ni psíquicas de seguir el curso del proceso en su contra", tales conclusiones no se compadecen con la evaluación clínica y psiquiátrica antes reseñada, de la que en efecto se desprende que Pizarro padece un déficit cognitivo leve a moderado, propio de su edad, y que retiene suficientemente las capacidades necesarias para afrontar el juicio en su contra, particularmente teniendo en cuenta la etapa procesal, eminentemente técnica, en la que éste se encuentra. Las sucesivas observaciones volcadas en el informe fueron consignadas como expresiones sueltas, descontextualizadas y, sobre todo, desprovistas de la justificación técnico-científica que habitualmente respalda este tipo de informes, y que permiten ilustrar cabalmente a los tribunales sobre las circunstancias de las que dan cuenta. La conclusión que se impone, entonces, es que el dictamen médico incorporado al legajo resulta inhábil para fundar tanto una decisión como la que pretende la defensa, como la posición asentada por el Ministerio Público Fiscal, que en las circunstancias apuntadas se revela carente de motivación suficiente (art. 69 del C.P.P.N., contrariosensu). La suspensión del avance del proceso seguido contra una persona que ha sido condenada en juicio oral y público por la comisión de gravísimos crímenes contra la humanidad perpetrados durante la última dictadura constituye una decisión que demanda máxima delicadeza, y que bajo ningún punto de vista puede tomarse de manera automática o irreflexiva. Dres. Hornos -en disidencia-, Borinsky y Carbajo -voto concurrente-