marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Viajantes de comercio, antigüedad, indemnización por despido, base indemnizatoria del despido, mejor remuneración, preaviso, indemnización sustitutiva de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: CONSTANTINO, ALFONSO c/ SIDRA LA VICTORIA  S.A.C.I.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

Para proceder al cálculo de la indemnización por antiguedad, art.

245 LCT, en el caso de los viajantes de comercio, cuya remuneración es variable, no debe recurrirse a un promedio de lo percibido, sino, respetando la letra de la ley, a la mejor remuneración normal y habitual en términos absolutos. Pero este concepto es inaplicable al preaviso, toda vez que el texto del art. 232 LCT difiere del transcrito anteriormente, y prevé un supuesto fáctico distinto, pues no hay razones para presumir que durante el plazo del preaviso emitido el trabajador pudiere deventar una remuneración idéntica a la mejor o a la menor, y aquí sí se justifica el empleo de un promedio.
Sociedades comerciales, sociedad de hecho, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Miguez, Godofredo Gabriel c/ Aguer, Gustavo Alberto y-u Otro y-o Quien Resulte Responsable s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-17

La jurisprudencia actual prevaleciente tiene resuelto que la ley de sociedades no se ha apartado ni ha innovado en materia de prueba de sociedades de hecho de lo establecido respecto del régimen del Código de Comercio... exigencia de principio de prueba por escrito para la admisibilidad de la prueba de testigos entendiéndose aplicable la limitación del artículo 209, Código de Comercio, y ello surge de la Exposición de motivos que contiene una inequívoca referencia a la prueba tras mencionar la amplitud probatoria que se consagra en la materia agrega, "con sujeción al derecho común".
Ejecución de alquileres, fiador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BONANNO Antonino c/ Pascual CONTI y ot. s/ Cobro Alquileres (LIBRO: S072 - 190)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-01

No es necesaria la interpelación al locatario cuando se acciona contra el fiador solamente, pero si la citación para que exhiba el último recibo, y así determinar correcta y precisamente el monto adeudado.-
Prueba confesional, audiencia, incomparecencia del demandado, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: ECHAVE, HILARIO c/ BARBANEGRA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-05-17

La rebeldía de la demandada por su incomparecencia a la audiencia designada a los fines de la prueba confesional no es equiparable a la falta de contestación de demanda a los fines del dictado de medidas cautelares.
Recurso de inconstitucionalidad, aclaratoria (procesal), inadmisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Maglianesi, Isabel Eugenia de Figueroa c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de pesos laboral. Recurso de aclaratoria (Expte.: C.S.J. Nro. 17 Año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-27

No puede prosperar el recurso de aclaratoria interpuesto, por cuanto el mismo no tiene por objeto remediar errores materiales, omisiones u oscuridades, sino que se dirige directamente a la modificación del fallo en uno de sus puntos, extremo que exorbita los estrictos límites que según pacífica interpretación científica y jurisprudencial tiene la aclaratoria, dirigida a corregir errores de expresión -y no de voluntad- de la sentencia y sus remisiones.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, honorarios, regulación de honorarios, falta de agravio concreto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ACEDO FERNANDO Y OTROS c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE E IAPOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -AMPARO (EXPTE.: C.S.J NRO. 229 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Corresponde rectificar el criterio sustentado en su oportunidad y declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decisorio de la Sala confirmatorio de la regulación de honorarios practicada desde que las impugnantes, pese a reprochar arbitrariedad por "apartamiento del texto expreso de la ley", omiten todo desarrollo y argumentación acerca del gravamen concreto que lo decidido les irroga, omisión que no puede suplirse con solo tomar en cuenta que el I.A.P.O.S. se había opuesto en el pleito a una regulación múltiple, invocando las pautas del artículo 12 de la ley 6767, y alegando que era una única presentación (que incluía -vale agregar- más de doscientos amparistas). Tal ausencia de fundamentación y desarrollo en el recurso, constituye una omisión inexcusable. Más cuando, en punto a criterios como el aludido, la Corte federal ha señalado que podría conducir al "absurdo"..."de obligar a los profesionales a iniciar varios juicios análogos y contra el mismo demandado para que sus remuneraciones se ajusten a las pautas de la ley arancelaria...". De lo expuesto se infiere la falta de demostración del gravamen concreto que exige la interposición del recurso de inconstitucionalidad. (De la Ampliación de Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Contratos administrativos, derechos del cocontratante, equilibrio contractual
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: V., O. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-05-17

He establecido antes, que en la relación que el contrato administrativo crea entre el particular y el Estado, la regla de invariabilidad de los precios traducida en la expresión "el empresario no puede bajo ningún pretexto volver sobre los precios del contrato que ha concertado", reconoce excepciones a las que se abre paso cuando se producen desequilibrios que afectan el modo, los plazos y/o las condiciones convenidas, las que conforman la protección que el Derecho Administrativo acuerda al contratista particular.
Procedencia parcial, costas en el orden causado, daños y perjuicios, daños en el inmueble
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ituarte Jorge Luis c/ ATEP Tucumán  s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-08-14

Procede parcialmente el recurso de apelación incoado por los accionados, y en su mérito, revocar la sentencia en cuanto a las costas que deben imponerse en un 70% a los mismos y en un 30% al actor, pues el agravio de falta de fundamentación en la asignación de responsabilidad luce injustificado, desde que la conclusión del a quo basada en la pericia técnica es justa y equitativa, y corolario necesario de la valoración probatoria. Vale destacar que si los demandados pretendían cuestionar la relación de causalidad entre algunas de las construcciones efectuadas en el inmueble del actor -que dieron origen al presente reclamo-, debieron recurrir a la ampliación de la pericia a fin de otorgar al a quo una pauta diferente. Por otra parte, el agravio respecto de la procedencia del daño moral resulta inadmisible, dado que la existencia de humedad en la vivienda del accionante implica una situación de peligro que genera incertidumbre e incomodidad a los convivientes del inmueble; sumada la convicción que el deterioro de la casa propia y la imposibilidad de uso -en personas jubiladas como el actor y su familia- provoca angustias que merecen ser evaluadas como daños resarcibles. Finalmente, asiste razón a la parte recurrente en lo que refiere a las costas que le han sido impuestas de manera exclusiva cuando en la sentencia sólo se reconoció la mitad de la indemnización solicitada y se rechazó uno de los rubros.
Reclamo administrativo previo, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S., A.T. c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-30

Aún admitiendo que el particular sin reclamo previo, pueda ocurrir a la justicia para obtener el reconocimiento de un derecho o interés de índole administrativa impetrando la acción contencioso-administrativa en razón de la sola omisión, negligencia o mora del Estado en reconocerla -según lo autorice la norma que se aplique a la relación jurídica- caso en el cual el Poder Judicial no está acotado a la revisión de un acto, sino se aplica al análisis del obrar (o no obrar) de la Administración que no se manifestó en ningún sentido, distinta es la cuestión si voluntariamente acudió a la reclamación previa.

Así es, porque la manifestación de voluntad administrativa formalizada por el acto que decide la reclamación, al modificar la situación por vulneración o conculcación expresa del derecho o interés pretendido, acota la jurisdicción a la revisión, la que sólo puede producirse a pedido de la parte interesada. En este caso, la declaración de inexistencia del derecho reclamado, crea con presunción de legitimidad, un estado jurídico que la sentencia solo puede remover, previa declaración de ilegitimidad del acto, aún cuando su existencia (la del derecho o interés) no dependa -en definitiva- de la validez o invalidez del mismo.
Acción de amparo, competencia
Materia: PENAL
Carátula: HAZAM MARÍA ESTER c/ MUNICIPALIDAD DE MONTE QUEMADO s/ RECURSO DE AMPARO - APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-06

Conforme lo previsto por el art. 14 de la Ley Provincial de Amparo Nro. 6.296, el Superior Tribunal (Sala de Asuntos Criminales, Laborales y Minas) conocerá en los juicios de amparo sólo en grado de apelación de resoluciones tales como el auto que deniegue o haga lugar a la acción de amparo y las que impongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado; esta previsión normativa también se encuentra contemplada en la Constitución Provincial en su art. 193 inc. 2 c), cuando al referirse a las competencias jurisdiccionales de este Organo Superior, establece su intervención en carácter de Tribunal de Alzada. Por lo tanto, tratándose la resolución venida en apelación, de un interlocutorio por el cual el Juez A-quo se declara incompetente, no encuadra dentro del limitado margen de revisión legalmente fijado a esta Sala, siendo competencia del órgano judicial jerárquicamente superior el tratamiento y decisión del recurso de apelación intentado, que en el sub examine resulta ser la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (en la Sala que por turno corresponda). Esto es así en función de lo normado por el art. 47 de la Ley Orgánica de Tribunales Nro. 3752.
Trabajador autónomo, aplicación de la ley, opción jubilatoria, cambio de categoría, aportes mayores al mínimo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MATRERO, PEDRO ANTONIO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-28

No corresponde reconocer tácitamente el cambio de categoría por cuanto el legislador previó taxativamente en el art. 12 de la ley 18.038 que la opción debe manifestarse por escrito antes del 1 de septiembre de cada año, agregando que la omisión en el plazo y la forma trae como consecuencia que al afiliado se mantenga en la categoría en que estaba incluido. Una interpretación contraria equivaldría a prescindir de los términos de la ley, arrogándose el juez facultades de legislador incompatibles con su función.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, trabajador, ius variandi
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Sorbellini, Osmar Pedro c/ Diario El Litoral s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral   (Expte CSJ Nº 503-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-11-09

No se advierte irrazonabilidad en el pensamiento de la Cámara Laboral que, en miras a fundar su decisión de rechazar la demanda interpuesta contra la patronal por ejercicio abusivo del "ius variandi", concluyó que la actitud del actor ante la reestructuración de la empresa sólo era una intransigencia compatible más con el celo profesional del dibujante que con una razonada movilidad funcional en la empresa y que la medida tomada por el empleador de asignarle tareas de diagramación, había sido lícita y legítima, desde que había imperiosa necesidad de hacer salir el diario y él era la persona indicada a falta de los titulares de diagramación, no resultando la cuestión idónea para franquear la vía del recurso de inconstitucionalidad, toda vez que queda comprendida dentro del marco de ponderación que efectuara el Tribunal a quo en torno a cuestiones de hecho y pruebas, materia ésta que -a menos que se demuestre arbitrariedad- resultan insusceptibles de revisión, habida cuenta que no incumbe a la Corte erigirse en una tercera y ordinaria instancia.
Administración Pública, relación de dependencia, empleados públicos, exoneración, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cescut, Celia Inés c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 197-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

No puede prosperar el argumento de la Administración demandada en orden a que el derecho de defensa de la recurrente bien pudo ser ejercido durante la sustanciación de los recursos administrativos, pues la vista corrida con posterioridad a la sanción depurativa no suple la omisión en la que incurrió la Administración.
Prescripción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Perrota, Francisco Guillermo c/ Ford Motor Argentina S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-04

La presentación en sede administrativa del trabajo es eficaz para hacer valer los derechos del trabajador en los términos del art.

3980 del Código Civil porque se trata de una instancia habilitada legalmente para dirimir y solucionar los conflictos individuales del trabajo (arts. 15 y 257, L.C.T. y 24, ley 22250).
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva, desconocimiento de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAZ, MIGUEL ANGEL c/ LUNA, MARIA DEL CARMEN s/ EJEC. ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

Establece el artículo 578 del Código Procesal modificado por la Ley 22.434, que si el documento no fuese reconocido, el juez a pedido del ejecutante y previo dictamen de un perito designado de oficio, declarará si la firma es auténtica. Queda acordado al ejecutante la potestad de optar entre el pedido de designación de perito calígrafo y la promoción de un proceso de conocimiento. El juez, por lo tanto carece de facultades para realizar esta opción - en uno u otro sentido - de oficio y, menos aún, en contra de la posición expresamente adoptada por el ejecutante.
Juicio ejecutivo, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Trozzo, Atilo Roberto c/ Cuomo, Fernando s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-07

En principio, quienes están excluidos de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo, no se encuentran comprometidos dentro de la limitación revisionista del art. 591 del Código Procesal, por no revestir, precisamente, la calidad de ejecutados en la promediante faz ejecutoria. En virtud de ello, la resolución que deniega un pedido de sustitución de embargo, resulta apelable por ser una cuestión extraña a la etapa de ejecución propiamente dicha. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia por conexidad, economía procesal, sentencias contradictorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Piaza y Piana  S.A.I.C.I.A.F . y Rimoldi  S.A.C.I.C.F. c/ Instituto de la Vivienda s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

Si los antecedentes de ambos juicios demuestran la conexidad de ambos en orden a su título y objeto (arts. 88 y 188 del Código Procesal) resulta conveniente que se disponga su trámite ante un mismo juez, en atención a una elemental razón de economía procesal a fin de evitar la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias.
Facultades del Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía, derechos de importación, derechos de exportación, nomenclatura arancelaria aduanera
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Propulsora Siderúrgica  S.A.I.C. s/ Recurso de Apelación -  ANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

El decreto reglamentario 751/74 facultó al Ministerio de Economía para efectuar, con el asesoramiento de los organismos técnicos competentes, las modificaciones de la nomenclatura arancelaria y de derechos de importación y exportación referidos en el art. 3 de la Ley 20.545.
Contrato de trabajo, socio comanditado, farmacéuticos, socio empleado
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE FARMACIA c/ FARMACIA COLEGIALES SCA. s/ LEY 18610
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-16

La condición de titular de la dirección y administración que tiene el socio comanditado hace que invista los poderes de dirección indispensables para llevar adelante la actividad empresaria que realiza la sociedad. Tal situación determina que no sea aplicable lo normado por el artículo 27 de la LCT. pues sin duda la actividad que presta no está sujeta a las instrucciones o directivas de ninguna otra persona.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MALAKER SA s/ QUEJA EN:'ROGEZ, FRANCISCO C/MALAKER SA/ S/DESPIDO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-11-19

Es tarea exclusiva de los jueces de grado la apreciación de la eficacia probatoria de los recibos, sólo podrán atacarse sus decisiones si éstas revisten el carácter de absurdas o arbitrarias o contrarias a la ley.-
Defensa en juicio, imputado, derecho a la sentencia, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Administración Nacional de Aduanas s/ denuncia contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

La garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Campos, Elva c/ Consorcio Copropietarios Edificio Piza Roca s/ Indemnización despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

La sola exhibición de un criterio discordante con el de los magistrados del trabajo, resulta insuficiente para evidenciar la existencia del vicio de absurdo (art. 44 inc. "d", ley 11.653) o que la valoración de la injuria fue realizada sin la prudencia que la ley exige (art. 242, L.C.T.).
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: De Almeida, Mario s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

Se viola el art. 159 -n.a.- de la Constitución provincial si el sentenciante trató lo referido al cuerpo del delito y los elementos probatorios que lo acreditarían sin fundar en ley la forma en que lo tuvo por probado.
Homologación judicial, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: MUÑOZ LUCAS EXEQUIEL Y OTROS S/ EVASIÓN c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-06-17

Las sentencias derivadas de la homologación de un acuerdo de partes no resultan impugnables, en tanto el imputado consiente los términos del acuerdo de responsabilidad y pena con los efectos legales derivados del caso particular.
Recurso de inconstitucionalidad, costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Molina, Alberto y otro en j: Molina, Alberto y otro c/ Empresa Cinematográfica Cuyo s/ Ordinario - Inconstitucionalidad (Libro: S061-233) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-06-13

Si en el caso resuelto no resulta un vencedor ni un vencido, las costas del recurso de inconstitucionalidad deben ser declaradas por su orden ya que la situación puede equipararse al caso en que media vencimiento recíproco y equivalente entre las partes.
Derecho de huelga, reglamentación de la ley, falta de reglamentación de la ley, normas operativas, legitimidad de la huelga
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy s/ Acción de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 200/208, Nº 95) Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 200/208, Nº 95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-04-14

El derecho de huelga se encuentra concedido de modo operativo por la Constitución Nacional, de modo tal que, ante la falta de reglamentación, de ningún modo puede interpretarse que dicho derecho sea ilícito.

Toda facultad reglamentaria debe ejercerse en forma tal que solo implique una limitación razonable al derecho de huelga, pero nunca su cercenamiento o abolición pues la propia Constitución Nacional ha establecido una valla infranqueable igual que la Provincial, según la cual, los derechos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
Ejecución prendaria, prenda con registro, saldo impago, remisión del expediente, secuestro de bienes, competencia por conexidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: CITIBANK  NA c/ DEL  CASTILLO,  MARCELA  ALEJANDRA s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-18

Resulta improcedente que un magistrado ofrezca jurisdicción para entender en una ejecución prendaria al titular del juzgado actuante en el precedente trámite del secuestro cuando, -como en el caso-, se reclama el saldo impago del crédito prendario que el ejecutante había otorgado al ejecutado, luego de la realización del bien prendado. Ello pues, el trámite del secuestro se agotó con la venta del bien objeto del mismo, razón por la que no se advierten razones de conexidad que impongan la tramitación de las actuaciones en el tribunal ante el cual radicó el mentado secuestro prendario ya concluído.