Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-26


SENT Nro. 697 San Miguel de Tucumán, 26 DE SEPTIEMBRE de 2003.- Y VISTO: La pretensión cautelar articulada por los actores en autos: "Arias, Hugo Alfredo y otros vs. Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Común y Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Acción de amparo"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal la pretensión cautelar articulada por los actores de autos, a fin de obtener la suspensión inmediata, hasta tanto se resuelva en definitiva la acción de amparo, del llamado a inscripción, entre los días 11 al 29 de septiembre del año en curso, de las solicitudes para aspirar a la integración de la lista de Síndicos Concursales.

Sostienen que la aplicación inmediata del art. 1 del "Reglamento para la Designación de Síndicos, Enajenadores y Evaluadores", dictado por resolución Nro. 03/2003, del 10 de julio de 2003, les genera graves e irreparables daños por el peligro que implica que durante el transcurso de tiempo que demande la resolución definitiva de la cuestión planteada, los legítimos derechos de los actores resulten burlados por la aplicación de las normas impugnadas.

Advierten que la verosimilitud del derecho surge inequívoca por la conculcación de derechos ocasionada por las disposiciones legales atacadas, siendo manifiesta la arbitrariedad de las medidas adoptadas. Y resulta evidente el peligro en la demora, desde que sólo ordenando la suspensión de la aplicación de la norma impugnada resulta posible mantener la verosimilitud del derecho invocado, en tanto los perjuicios ocasionados se convertirían en definitivos e irreparables.

2.- En autos se promovió acción de amparo a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 3 inc. a), 6 y 10 del "Reglamento para la Designación de Síndicos, Enajenadores y Evaluadores", dictado por Resolución Nro. 03/2003 del 10 de julio de 2003 por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de la Capital de la Provincia de Tucumán. Las normas mencionadas establecen la exigencia de que los estudios contables estén constituidos por tres o más integrantes (art. 3, inc. a), modificando la reglamentación preexistente que sólo exigía dos; determinan los puntajes y los criterios para la asignación de los mismos (art. 10); y prevén la remisión de la nómina de inscriptos a los Colegios Profesionales que mencionan para la formulación de observaciones (art. 6).

Con fecha 2 de septiembre de 2003 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común de la Capital, dispuso que la exigencia establecida en el art. 3 inc. a) del Reglamento ya mencionado, referida a que los estudios de contadores se integren con tres o más miembros, comenzará a regir a partir de la próxima inscripción en el año 2007. La prórroga, dispuesta por única vez, halla fundamento en que el plazo de inscripción para la formación de las listas comienza el 11 de septiembre, y en el breve tiempo con que cuentan los estudios integrados por dos miembros para adecuarse a la nueva exigencia. En relación con los cuestionamientos vinculados al puntaje establecido en el art. 10 inc. 1), advirtió que se trataba del mismo sistema previsto en el régimen vigente anteriormente, y que la circunstancia de que algunos profesionales se encuentren realizando cursos de especialización en sindicatura concursal sin haber obtenido todavía el título, no impedía valorar dicho antecedente de acuerdo a las pautas del inciso d) del mismo artículo. En orden a la alegada falta de precisión de los criterios para determinar el puntaje asignado, destacó que el ya citado art. 10 del Reglamento establecía con toda claridad los puntajes distinguiendo los distintos rubros a valorar, los que deberán ser evaluados conforme al prudente criterio del Tribunal. Por fin advirtió que la prórroga del plazo de inscripción no resulta factible por cuanto la ley concursal dispone que la Cámara de Apelación deberá formar la listas cada cuatro años (art. 253 inc. 2) los cuales se cumplen en la fecha establecida para el llamado de inscripción y dicho plazo determinado no puede ser modificado.

3.- Los antecedentes expuestos permiten advertir que en el caso no se hallan satisfechos los recaudos impuestos por el art. 226 CPCC, que exige, entre los requisitos comunes a todas las medidas cautelares, que se justifique en forma sumaria el peligro de frustración del derecho o la razón de urgencia de la medida. Tales circunstancias no concurren en la especie, toda vez que la modificación introducida por el Reglamento en cuestión, que eleva a 3 el número mínimo de miembros de los estudios de contadores, recién comenzará a regir -como quedó dicho-, a partir de la próxima inscripción en el año 2007, de modo que no constituye un requisito exigido para realizar la inscripción cuyo plazo vence el día 29 de septiembre del año en curso. Los restantes planteos formulados por los amparistas no guardan vinculación directa con requisitos o exigencias para la inscripción, ni la falta de resolución de los mismos afecta o impide de modo alguno que aquella se efectúe en el plazo fijado por la Cámara. En consecuencia no se advierte la existencia del peligro denunciado por los actores y que justificaría la suspensión del llamado a inscripción, desde que para dicho llamado no se halla en vigencia ningún nuevo requisi to cuyo incumplimiento impida concretar la misma.

Conforme a lo considerado, el incumplimiento de los recaudos legales mencionados obsta al progreso de la pretensión cautelar, la que se desestima.

Por ello, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR a la pretensión cautelar articulada en autos (fs. 19/37).

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA