Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16


SENT Nº 397 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciseis (16) de Junio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Herrera Mónica Ester vs. Las Quintas S.R.L. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 30 de julio de 2010 (fs. 402/405), la actora interpone recurso de casación, el que fue concedido por resolución del 30/11/2010 (fs. 428). Según el informe actuarial de fs. 437, sólo la parte demandada presentó la memoria prevista en el art. 137 del CPL.

2.- La sentencia impugnada rechazó la demanda, impuso las costas a la actora y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

3.- La recurrente afirma que la sentencia impugnada interpretó erróneamente el art. 96 LCT ya que le otorgó un sentido totalmente distinto del establecido por la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto al efectivo cumplimiento de los deberes del empleador. Expresa que en el trabajo de temporada el trabajador tiene derecho al régimen de protección contra el despido arbitrario y adquiere estabilidad impropia a partir de su contratación en la primera temporada, y que la sentencia no ponderó las obligaciones del empleador por cuanto en los considerandos afirmó que la demandada se sustentó en el art. 254 LCT. Señala que el fallo expresó que su parte no se desempeñó durante el período 2005, lo que se sostuvo en la demanda pero, omitió referenciar la razón por la cual no se desempeñó en ese período. Explica que el empleador al ser notificado por su parte para que le indique fecha de ingreso, inmediatamente la intimó a realizarse exámenes preocupacionales y que en la prueba confesional, el mismo empleador reconoció que no había realizado antes dichos exámenes; siendo arbitraria la sentencia de la Cámara que no valoró las pruebas. Agrega que es por ello que no se demostró que hubiera trabajado en el período 2005, desde que el empleador, luego del fichaje e intimado por la trabajadora, la derivó a realizarse los exámenes mencionados y amparándose en los mismos, la despidió sin más.

Alega que la sentencia recurrida es arbitraria al inobservar o aplicar erróneamente el derecho adjetivo y sustantivo, violando el art. 212 de la LCT, cuyo tercer párrafo sanciona al empleador que obrando de mala fe, no le asigna al trabajador una tarea compatible con la aptitud física y psíquica del empleado. Denuncia una irrazonable y dogmática valoración de la prueba, explicando que, conforme la doctrina imperante, el empleador tiene la obligación de otorgar al trabajador tareas livianas acordes a su capacidad actual; por lo que incumbe al empleador probar la falta de puestos con tareas para el trabajador parcialmente incapacitado, en los términos del art. 212 LCT, máxime si se tiene en cuenta el principio de las cargas probatorias dinámicas que, según el caso, hacen recaer la carga en la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas de producir la prueba respectiva.

Insiste en que la sentencia es arbitraria al sostener que no aportó ningún elemento para desvirtuar las afirmaciones de la demandada respecto de que estaba impedida de asignarle otras tareas. Señala que el pronunciamiento impugnado invirtió la carga de la prueba pues si la demandada afirmó no tener a disposición otro puesto de trabajo acorde a la afección de su parte, debió necesariamente probar sus dichos y que, sin embargo, se pretende que la actora pruebe tal circunstancia en clara violación a la ley de fondo. Prosigue en que si el empleador no le otorga tareas compatibles con su aptitud física o psíquica, estando en condiciones de hacerlo, el contrato se extingue y le debe pagar al trabajador la indemnización por antigüedad contemplada en el art. 245 LCT, y que esa sanción, prevista en el párrafo tercero del art. 212 debe ser aplicada al caso de autos. Añade que la solución contraria implicaría que el empleador puede infringir la ley, sin consecuencia alguna para el; o peor aún, que su parte tendría que limitarse únicamente a plantear el monto de la indemnización por medio de otro proceso, como lo considera la sentencia, lo cual es a todas luces inaudito.

Denuncia que el fallo recurrido resulta contradictorio con anterior pronunciamiento de la Sala I, recaída en los autos caratulados "Herrera, Elena Beatriz vs. Las Quintas S.R.L. s/ Cobro de pesos", el que se encuentra firme y consentido y cuya copia acompaña. Señala que los puntos contradictorios entre ambos pronunciamientos son los referidos a la valoración de la prueba; puntualizando que la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo sostuvo que la demandada debió necesariamente aportar prueba que demuestre que se encontraba imposibilitada de otorgarle otras tareas a la empleada, razón por la cual no le corresponde el pago del art. 212, 2° párrafo LCT sino la indemnización del 3er. párrafo de dicha norma.

Finalmente afirma que la sentencia recurrida incurre en arbitrariedad mediante una irrazonable valoración de la prueba, haciendo una valoración dogmática y dejando de lado la pauta hermenéutica de la sana crítica, a lo que se suma la violación al derecho de fondo, específicamente art. 212, tercer párrafo LCT.

4.- El recurso de casación ha sido interpuesto tempestivamente contra una sentencia definitiva. Se funda en infracción normativa y en la doctrina de la arbitrariedad y denuncia además el supuesto del art. 131 inc. 2) del CPT, adjuntando el fallo recaído en los autos "Herrera, Elena Beatriz vs. Las Quintas S.R.L. s/ Cobro de pesos", dictado por la Sala I el 23/12/2009. Siendo actora la recurrente, no es necesario cumplir con el afianzamiento. En consecuencia, corresponde abordar su procedencia.

5.- Conforme surge de la reseña precedentemente efectuada del recurso en examen, el planteo recursivo sustancialmente se basa en que la sentencia impugnada habría vulnerado las reglas que rigen la carga probatoria, infringido disposiciones normativas y que se configura el supuesto previsto por el art. 131 inc. 2) del CPT.

La actora inició demanda contra Las Quintas S.R.L. en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, integración mes de despido, SAC s/ integración mes de despido, SAC y vacaciones proporcionales, sanción de los arts. 213 LCT, 9 ley 25.013, 2 de la ley 25323 y ley 24557. Refirió que el 30/4/2003 ingresó a trabajar para la demandada como personal temporario y que en la temporada del 2004, la relación laboral continuó sin inconvenientes hasta el día 05/7/2004, en que notó que su pierna izquierda estaba inflamada, siendo el diagnóstico 'trombosis en la pierna izquierda', por lo cual estuvo internada una semana. Agregó que el empleador le otorgó licencia por enfermedad pero se vio obligada a reintegrarse en la segunda quincena del mes de agosto hasta cumplir con la zafra respectiva, y que al comienzo de la temporada 2005, luego del llamado realizado por la empresa mediante el diario, se presentó a prestar servicios no obstante continuar enferma, y a pesar de haber satisfecho los requisitos exigidos, la empresa no la convocó a prestar servicios, razón por la cual remitió telegrama de fecha 13/5/2005 mediante el cual intimó a la demandada la provisión de tareas normales y habituales. Expresó que recibió como respuesta de la empresa carta documento nº 038685455 AR en la que se le notificó que debía presentarse el día 23/5/2005 a hs. 8,30, en el consultorio de CREAR sito en calle Monteagudo nº 853 de esta ciudad, a efectos que se le practique el examen médico indicado al momento del fichaje, como condición previa a su reintegro a la firma empleadora, examen médico que sí se realizó. Afirmó que el día 02/6/2005, recibió carta documento en la cual la empleadora le comunicaba la extinción del vínculo y ponía a su disposición la indemnización del art. 212, 2° párrafo de la LCT y certificación de servicios, atento las enfermedades inculpables surgidas del referido estudio médico, que no le permitían realizar las tareas habituales y que no existían otras para ofrecerle. Afirmó que en fecha 13/6/2005, rechazó dicha misiva y que solo percibió la suma de $ 224,91. Invocó las disposiciones del art. 212, tercer párrafo LCT y sostuvo que el empleador no podía, en forma arbitraria, establecer que no cuenta en su empresa con tareas que su parte pudiese realizar ni que este hecho fuese ajeno a su responsabilidad (fs. 3/6).

La demandada negó que los problemas de salud que la actora presentó en la temporada 2004 hubieran tenido relación alguna con las tareas cumplidas ni que fueran enfermedad profesional o del trabajo, que la actora se hubiera encontrado en condiciones de reintegrarse a sus tareas normales y habituales en la temporada 2005 y que hubiera sido procedente el pago de las indemnizaciones de los arts. 245 y 213 de la LCT ni los demás rubros reclamados. Manifestó que la actora sólo trabajó en forma efectiva en una sola temporada, la del año 2003, pues apenas se inició la temporada de 2004, solicitó licencia por enfermedad inculpable, la que se mantuvo durante casi toda la temporada. Explicó que al inicio de la temporada 2005, previo a decidir si podría o no ingresar a trabajar, procedió a efectuar un 'examen preocupacional' que determinó que la actora padecía de hipoacusia conductiva en oído derecho y en los miembros inferiores presentaba arañas vasculares y había sufrido trombosis en pierna izquierda. Agregó que, ante ello, el proceder de su parte fue ajustado a derecho teniendo en cuenta las patologías que sufría la actora, la naturaleza de las tareas desempeñadas por esta, su falta de capacitación para cumplir tareas de orden administrativo o que no requieran esfuerzo físico, y que no podía ser insertada en otras tareas diferentes de las cumplidas. Rechazó la pretensión de la demandante de ser indemnizada en forma diferente a la abonada por su parte y que la indemnización se integre con los salarios caídos hasta la finalización de la temporada porque no la inició, no siendo aplicable -en su opinión- lo normado por el art. 213 de la LCT; asimismo, negó que correspondiese la conservación del empleo dado el carácter crónico de las patologías de la actora. Sostuvo que su parte cumplió con la indemnización acorde con la situación planteada, es decir, teniendo en cuenta que las patologías referidas eran de naturaleza inculpables, que impedían el cumplimiento de las tareas habituales de la actora en la temporada 2005 y que, siendo las únicas tareas para las cuales se encontraba capacitada en un empaque de fruta, no podía considerarse la extinción dispuesta como un despido sin causa y con derecho a percibir las indemnizaciones por dicha causal, como pretendía la trabajadora desconociendo lo normado por el art. 212, 2º párrafo LCT (fs. 85/90).

Surge así que la actora reclamó a la empresa demandada -entre otros rubros- el pago de la indemnización del art. 245 LCT. Entendió que, conforme los términos del art. 212 LCT, la empleadora no podía, en forma arbitraria, establecer que no cuenta en su empresa con tareas que su parte pudiese realizar ni que este hecho fuese ajeno a su responsabilidad. La accionada negó la procedencia de dicha indemnización ya que, en su opinión, actuó conforme a derecho cuando dispuso la extinción de la relación laboral en los términos del art. 212, 2º párrafo de la LCT, atento las patologías inculpables que sufría la actora, las que le impedían realizar las tareas normales y habituales; en particular negó que la actora pudiera ser reinsertada en otras tareas diferentes de las cumplidas.

Por su parte, la Cámara analizó el material probatorio de la causa y consideró que "la enfermedad que padecía la actora era de carácter inculpable, por ende no existía obligación alguna por parte de la empleadora de denunciar dicha patología a la ART a la que hubiera estado afiliada, al no encontrarse la contingencia protegida según el art. 6 y demás c.c. de la Ley de Riesgos del Trabajo". Sostuvo que "la razón social demandada, al disponer el cese de la relación laboral luego de conocer por los estudios médicos realizados y no impugnados, de la continuación y grado de enfermedad de la señora Herrera, se sustenta en la situación contemplada en el art. 254 de la LCT y en el poder discrecional que posee respecto a la integración de su personal cuando decidió extinguir el vínculo que lo unía a aquella. Afirmar de modo distinto se habría violado la garantía de libertad y comercio (art. 14 de la C.N.) y art. 18 de la C.N. Sin embargo, el Derecho del Trabajo reacciona contra todo despido arbitrario ofreciendo su protección, es decir que el cese ocasionado debe ser indemnizado. En esta situación ocurrida, la misma accionante manifestó a fs. 4 haber percibido la suma de $224,91 en concepto de indemnización, lo que también aduce la demandada. Ahora bien, si ese monto se encontraba o no ajustado a derecho era revisable por una vía distinta a la de aquí intentada". Entendió que "habiendo la parte empleadora menguado la capacidad laboral de la actora para asignársele otras tareas, teniendo en cuenta la categoría que detentaba (peón general) lo que le impedía la reubicación de la empleada por ese motivo y el objeto de la empresa, no se aportó ningún elemento para desvirtuar tales afirmaciones" (fs. 404 vuelta).

Corresponde recordar que, en lo pertinente, el art. 212 dispone: "Reincorporación. Vigente el plazo de conservación del empleo, si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración.

Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuera imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el art. 247 de esta ley.

Si estando en condiciones de hacerlo no le asignare tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida en el art. 245 de esta ley".

La norma impone al empleador el deber de reasignar tareas al trabajador que se encuentra incapacitado para realizar las tareas que cumplía anteriormente (art. 212, primer párrafo LCT). Sólo si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuera imputable, deberá abonar una indemnización reducida igual a la que prevé el art. 247 de la LCT (conf. art. 212, segundo párrafo LCT), que es el supuesto que invocó el demandado y cuya configuración negó la trabajadora.

Señala Mario E. Ackerman que "en el primer párrafo del art. 212 se impone al empleador una obligación de fuente legal, de objeto múltiple -básicamente doble- y conjunto, cuya exigibilidad está subordinada a la producción de un presupuesto de hecho complejo. Este presupuesto de hecho complejo está integrado, a su vez, por cuatro elementos fácticos cuya concurrencia es ineludible para la exigibilidad no sólo del cumplimiento de la obligación principal sino también -y esto es una consecuencia obvia de su carácter- de prestaciones subsidiarias -indemnizaciones- previstas en el segundo, tercer y cuarto párrafos" (Tratado de Derecho del Trabajo, T. VI, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, pág. 575). Respecto del supuesto previsto en el segundo párrafo del citado art. 212 de la LCT, sostiene el autor que "es el de un trabajador que ha sufrido una disminución parcial y permanente de su capacidad de trabajo y que ya no puede desarrollar las tareas que anteriormente cumplía y sí, en cambio, está en condiciones de realizar otras adecuadas a su nueva capacidad, pero frente a quien su empleador no puede cumplir con la obligación de reasignar tareas que le impone el primer párrafo de la norma. Si bien para cumplir con la obligación que le impone el primer párrafo del art. 212 de la LCT el empleador no debe crear un cargo o función especial para el trabajador incapacitado, sí debe existir, en cambio, una real imposibilidad de reubicación de éste en la empresa" (ibídem, pág. 603).

Confrontados los argumentos de la actora con los fundamentos del fallo y los antecedentes del caso a la luz del marco normativo precedentemente referenciado, se advierte que le asiste razón a la recurrente cuando denuncia vulneración de la regla de carga de la prueba.

Esta Corte tiene dicho que "las reglas relativas a la carga de la prueba son controlables en casación, cuando lo alegado es su irregular inversión. El recurso resulta admisible únicamente en orden a verificar si el tribunal aplicó correctamente esas reglas; sin que quepa a esta Corte pronunciarse sobre la aptitud conviccional de las pruebas meritadas, lo que excede el ámbito del remedio extraordinario de la casación" (CSJT, "Abregú, Fernando N. vs. Fincas Cañeras S.A. s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 822 del 08/10/2000).

En las concretas circunstancias del caso, en el que la relación laboral habida entre las partes concluyó por voluntad de la empleadora con fundamento en que se configuró el supuesto previsto en el segundo párrafo del art. 212 de la LCT -que la dependiente negó-, transgrede las reglas de distribución de la carga probatoria considerar que la actora no aportó ningún elemento para desvirtuar las afirmaciones de la empleadora respecto de la imposibilidad de asignarle otras tareas o reubicarla en la empresa. Ello, por cuanto no recaía en cabeza de la actora la carga de desvirtuar las afirmaciones de la demandada respecto de la imposibilidad de otorgarle tareas acordes a su incapacidad; contrariamente, era la empleadora la que debía acreditar la mentada imposibilidad que constituye el presupuesto de hecho de la norma que invocó como fundamento de su defensa (conf. art. 302 CPCyC).

No cabe perder de vista que conforme los términos del art. 212, primer párrafo de la LCT, la incapacidad de la trabajadora, por sí sola, no determina la extinción de la relación laboral. Como se señaló precedentemente, en tal situación la norma impone al empleador la obligación de asignar a la dependiente tareas acordes a su capacidad actual, sin disminución de su remuneración, salvo los supuestos previstos por el segundo y cuarto párrafo de dicha regla. Consecuentemente, si la empresa accionada comunicó la extinción del contrato de trabajo, invocando que la actora se encontraba imposibilitada de cumplir sus tareas habituales y no tenía otras labores para asignarle, amparándose en las disposiciones del art. 212, 2º párrafo de la LCT, es a la misma empleadora a quien corresponde probar que no hay tareas acordes al estado de salud de la dependiente -presupuesto fáctico del citado artículo- para que proceda la conclusión del vínculo laboral con la indemnización reducida o atenuada (art. 247 LCT) allí contemplada.

En lo pertinente, se ha señalado que "la jurisprudencia resulta coincidente en cuanto que a los efectos de aplicar el segundo párrafo del art. 212 de la LCT, el empleador no sólo debe acreditar la inexistencia de vacantes en las cuales pudiera asignar al actor tareas livianas, sino además que quienes se encuentran realizándolas no pueden desempeñarse en otras o la imposibilidad de efectuar una rotación de las tareas que permita dar al actor tareas compatibles con su estado [ver en tal sentido esta Sala X, S.D. 1366 del 21/4/97, in re "Abt Oscar I. v. Transporte del Oeste S.A. s/ Indemnización art. 212", S.D. 2666, octubre 1997 in re "Alpire Tito R. vs. S.A. Expreso Sudoeste", S.D. 11.164 del 29/10/2002 en autos "Villarruel Miguel A. vs. Siderca S.A. s/ Indemnización art. 212 LCT" entre muchas otras]" (CNAT, Sala 10ª, "Felices, María A. vs. Mobile Media Solutions S.R.L. y otro", 10/8/2009, LexisNexis online, Lexis n°70056025). Asimismo que "la carga de la prueba de que no hay tareas livianas acordes al estado de salud del trabajador incumbe a la empresa, en virtud de lo dispuesto por el art. 377 del CPCCN, y por ser quien está en mejores condiciones de probarlo. Sin embargo, coincido con la Sra. Juez de grado en que la demandada no demostró tales extremos [conf. art. 386 del CPCCN]. Cabe señalar que el empleador no solo debe acreditar la inexistencia de puestos en los cuales pudiera asignar al actor tareas livianas, sino además, que por ejercicio del ius variandi, quienes se encuentran realizándolas no pueden desempeñarse en otras o la imposibilidad de efectuar una rotación de tareas que permita al trabajador una ocupación compatible con su estado [en sentido análogo, S.D. 78.876 del 14.5.99 "Aybar, Osmar O. v. JA Diharce y Cía. S.A.", del registro de esta Sala]" (CNAT, Sala 3ª, "Giménez, Joaquín vs. Finexcor S.R.L.", 21/9/2010, LexisNexis online, Lexis n°70064591). Al respecto, Mario Ackerman sostiene que "acreditado el presupuesto de hecho -incapacitación permanente del trabajador- que opera como antecedente de la obligación impuesta al empleador -reasignación de funciones-, será éste quien deba probar la existencia de un impedimento, que no le es imputable, que obsta al cumplimiento de aquélla, demostrando la concurrencia de las circunstancias descritas en el apartado anterior" (op. cit., pág. 606; en sentido análogo, Carlos Alberto Etala, Contrato de Trabajo, T. 2, Astrea, Bs. As., 2010, pág. 159; Gabriel A. Tosto, Ley de Contrato de Trabajo, Director: Rodríguez Manzini, Jorge, T. IV, La Ley, Bs. As., 2007, pág. 44; Valentín Rubio, Régimen Legal del Contrato de Trabajo, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, pág. 232).

En otras palabras, la Cámara tuvo por acreditado que la enfermedad que padecía la actora era de carácter inculpable y que el empleador dispuso la extinción del vínculo laboral con fundamento en la imposibilidad de otorgar tareas a la dependiente, conforme lo dispuesto por el art. 212, segundo párrafo de la LCT, circunstancias fácticas que han quedado firmes. Sin embargo, como antes se dijo, ha aplicado erróneamente las reglas de la carga probatoria, toda vez que apartándose de las disposiciones del art. 212 de la LCT, de su interpretación jurisprudencial y doctrinaria, liberó a la empleadora de la carga de probar que no tenía otras tareas para asignarle a la trabajadora e injustificadamente se la asignó a la empleada.

En síntesis cabe concluir en que, el yerro de la Cámara radica en atribuir la carga probatoria a la actora que había negado que la empleadora accionada no tuviera otras tareas para asignarle, circunstancia alegada por esta última como fundamento de la extinción del contrato de trabajo en los términos del art. 212, segundo párrafo de la LCT, tanto en la comunicación epistolar como en el responde.

Por todo lo considerado corresponde HACER LUGAR al recurso de casación en examen conforme a la siguiente doctrina legal: "La carga de la prueba de la imposibilidad de otorgar tareas al trabajador incapacitado contemplada por el art. 212, segundo párrafo de la LCT, corresponde al empleador que invoca esa circunstancia como fundamento de la extinción del contrato de trabajo", y, en consecuencia, CASAR parcialmente el punto I resolutivo del fallo en cuanto absuelve a la demandada de pagar a la actora los rubros indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, integración mes de despido, SAC s/ integración mes de despido, SAC y vacaciones proporcionales, sanción de los arts. 9 ley 25.013, 2 de la ley 25323, la planilla de condena y en su totalidad los puntos resolutivos II y III.

Atento al resultado del recurso y a que la decisión demanda de un proceso de selección y valoración de los hechos y pruebas de la causa a fin de determinar si el demandado ha acreditado o no el presupuesto fáctico del art. 212, segundo párrafo de la LCT, concerniente a la imposibilidad de la empleadora de otorgar tareas a la trabajadora demandante, procedimiento axiológico que constituye, como regla, tarea propia y exclusiva de los jueces de grado, corresponde reenviar los autos a la Cámara del Trabajo para que, con la composición que por turno corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento.

El modo en que ha sido resuelto el agravio concerniente a la distribución de la carga probatoria torna inoficioso el tratamiento de los demás planteos formulados por la recurrente.

6.- Las costas se imponen en el orden causado (arts. 49 CPT y 105, inc. 1 del CPCCT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante sin perjuicio de dejar expresamente consignado lo siguiente:

El recurso de casación fue interpuesto en término, se dirige contra una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del Código Procesal Laboral (en adelante CPL); que cumple con el requisito del artículo 131 inciso 1 del CPL pues está fundado en la presunta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo en cuestión respecto a la valoración del material fáctico obrante en autos; finalmente, no resulta exigible el afianzamiento por no ser condenado a pagar suma alguna tal como prevé el artículo 133 del CPL (a contrario).

Ahora bien; siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la ponderación por este Tribunal Cimero provincial de aquélla valoración efectuada por el A quo -ponderación ésta del que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen deviene admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la actora contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo del 30/7/2010 (fs. 402/405) en base a la doctrina legal expresada en el apartado V de los considerandos. En consecuencia, CASAR parcialmente el punto I resolutivo del referido fallo en cuanto absuelve a la demandada de pagar a la actora los rubros indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, integración mes de despido, SAC s/ integración mes de despido, SAC y vacaciones proporcionales, sanción de los arts. 9 ley 25.013, 2 de la ley 25323, la planilla de condena y en su totalidad los puntos resolutivos II y III, y REMITIR los autos a la Cámara a fin de que, con la composición que por turno corresponda dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS del recurso, conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN	(con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00029128-01.