Acción de amparo, medidas cautelares, obras sociales, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL
Carátula: Cabrera, Gustavo Daniel c/ Obra Social (APROSS) s/ amparo - cuerpo de copia
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-04-10

La demandada, al sostener en su expresión de agravios que la verosimilitud en el derecho no existiría porque la Apross otorga cobertura integral, bajo la orbita de la Ley de Apross y Resoluciones internas y sus actualizaciones, soslaya que conforme da cuenta el Acta de Audiencia las partes no arribaron a un acuerdo íntegro respecto de la cobertura de salud solicitada y que la pertinencia y acierto de tal afirmación deberá ser objeto de evaluación en la sentencia final, pero no puede impedir el despacho cautelar habida cuenta la naturaleza de los derechos en juego, la que impide ser estricto en la apreciación de los recaudos que habilitarían la concesión de la tutela anticipada, porque se encuentra en serio riesgo o peligro, el derecho a la salud de las personas (art. 42. CN). En efecto, la salud es un valor imprescindible para el desarrollo humano, ubicándose en importancia inmediata después de la vida, ya que la falta de medios para atender a los requerimientos del amparista, podría lesionar de manera irreversible su derecho de acceso a la salud. En este orden de ideas, cabe observar que medidas precautorias como la aquí pretendida "se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva" (Fallos: 320:1633). Como consecuencia de lo expresado anteriormente, la acción que se promueve requiere un procedimiento, que evite el perjuicio grave o irreparable a la vida o a la salud de las personas, que la duración convencional de un proceso judicial, podría ocasionarle. De otro costado, el juzgador no puede desatender la tutela judicial pedida, cuando existen especiales circunstancias fácticas, que demuestran que la demandada es renuente a cumplir con los requerimientos, con el peligro inminente que ello puede ocasionar para la salud del amparista. En tal contexto, la verosimilitud del derecho invocado debe analizarse desde el punto de vista del derecho constitucional que toda persona tiene a la vida y, por ende, a la preservación de la salud. Destacan que el norte interpretativo para la decisión judicial que adoptan, se basamenta en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN). Agrega que la Cámara ha reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida-, destacando que "... la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga" (Fallos 321:1684 y causa A. 186 XXXIV, "Asociación Benghalensis y otros v. Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986" del 1/6/2000, mayoría y votos concurrentes y dictamen del procurador general de la Nación a cuyos fundamentos se remiten)" ("in re": "Campodónico", cit.). Por lo tanto, corresponde tener por configurado el primer requisito bajo análisis, es decir la tutela dentro del proceso del derecho a la salud del afectado. Si a ello le suman la prueba documental de los certificados médicos, e historial clínico donde consta la enfermedad del amparista y la necesidad de recibir las prestaciones de salud que reclama, es obvio que el peligro en despachar la adecuada tutelada, surge la naturaleza del caso planteado, que exige superar las vallas del rígido formalismo.