marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defraudación fiscal, agentes de retención
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Federación Bioquímica Provincia de Buenos Aires (Trib. Fiscal) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

Se halla a cargo del agente de recaudación la demostración de la imposibilidad del pago en término de la suma retenida mediante la cual puede liberarse de responsabilidad conforme a las causales de excepción que taxativamente enumera el art. 37 inc. "b" in fine, Código Fiscal (t.o. 1981).
Empleados públicos, indemnización, prescindibilidad, empleo público, Municipalidad, personal municipal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PICCIONI, CARLOS DAVID c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 227-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-08-05

Las indemnizaciones tasadas y entre ellas la Constitucional, contemplan las circunstancias normales de un acto que extingue sin causa la relación de empleo. La inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público en la Administración Municipal y organismos autárquicos o descentralizados dependientes de la Municipalidad durante cinco años subsiguientes a la "baja" del actor, constituye una consecuencia absolutamente anormal, que a diferencia de los servicios de Obra Social, o seguros, o los derechos propios de la carrera, no aparece como un contenido del empleo sino únicamente como derivación de un verdadero y arbitrario exceso que surge directamente del acto ilegítimo de cesantía y sin relación con el "status" del agente, en clara colisión de los artículos 14 y 14 bis y concordantes de la Constitución Nacional, 7 y concordantes de la Constitución Provincial. Por ello, debe ser reparado.
Medidas cautelares, embargo, sociedad anónima
Materia: PROCESAL
Carátula: GAUNA,  Mario  Miguel c/ EMIPLAS S.A. s/ EJECUCIÓN DE SENTENCIAINCIDENTE CIVIL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-11

Si el ejecutado ocultó su patrimonio bajo una persona jurídica, para comprobarse el carácter de simulado del acto es necesario que se corra el velo societario con la producción de prueba correspondiente con garantía el debido derecho de defensa en juicio. No obstante ello, corresponde mantener el embargo provisorio decretado sobre los fondos o títulos de una Sociedad Anónima, aun cuando dicha sociedad lo sea en calidad de tercero y sea una persona distinta a sus integrantes, si el deudor ejecutado es el titular del noventa y nueve por ciento de las acciones y no posee otros bienes registrales en el país. (Sumario N°20738 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Juicio ejecutivo, intimación de pago, notificación en el domicilio, persona ausente
Materia: PROCESAL
Carátula: Parlamento  S.A. c/ Fuks, Víctor s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

En el juicio ejecutivo, cuando en oportunidad de la intimación de pago (artículo 531 del Código Procesal) el deudor no se encuentra en el domicilio, se practicará igualmente la diligencia en la forma prevista por el artículo 141, dejándose constancia de la ausencia del deudor.

No procede la invalidez de la intimación de pago, efectuada en la persona del encargado del edificio del inmueble hipotecado, si allí había constituido domicilio el deudor en el instrumento público.
Emergencia económica, contratos bancarios, depósito bancario, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCALESE, LEONILDA Y OTRO c/ BANCO PATAGONIA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

Si bien esta Sala en diversos pronunciamientos sostuvo que la doctrina del caso "Cabrera" de la CSJN se mantuvo incolúmne, y ello lo fue con base en que el Máximo Tribunal revocó una sentencia dictada por esta Sala (crf. "Tsai Shih Fan c/ Estado Nacional y otro", del 16.11.09), en el caso existen una particularidad que autoriza a apartarse de aquél criterio. En efecto, los actores tenían depositados en el banco demandado un plazo fijo por determinada suma, en febrero de 2002, desafectaron la totalidad de sus depósitos convertidos a pesos a la paridad un dólar igual un peso con cuarenta centavos operación que resultó instrumentada en un documento en el que se lee la leyenda: "bajo protesta". Esta manifestación de voluntad importó dejar reserva y, por tanto, no corresponde considerar extinguido el derecho de los actores a reclamar por la diferencia de cambio. Es que tal acto no requiere ninguna forma sacramental bastando que sea clara la voluntad del acreedor de mantener ese derecho ni resulta necesario dejar constancia de porqué se efectúa la reserva (cfr. CNCom., Sala C, "Hotel Presidente SA s/ inc. de actualización de crédito por Farias;" del 25.09.87). A más, dicho documento no fue categóricamente negado por existir falsedad, habiéndose limitado el banco a expresar ambigua y genéricamente que: ".desconocía su autenticidad." y ello es insuficiente para considerar cumplida dicha carga que impone el Código Procesal en su artículo 356 inciso 1 y, por consiguiente, corresponde tener por reconocido el documento y otorgarle plena eficacia probatoria. Desde esta perspectiva, y toda vez que medió expresa reserva por parte de los actores al efectuar el retiro de los fondos es que no corresponde aplicar-dadas las particulares circunstancias del caso- la doctrina que resulta del fallo: "Cabrera". Por tales razones, en tanto el presente se refiere a un supuesto de depósitos judiciales corresponde remitirse a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en la causa "Massa". Ello así, toda vez que lo que aquí se reclamó es que: ". se abone la diferencia de cambio tal lo ha dispuesto la Corte Suprema en los precedentes Massa y Kujarchuk.." y en dichos fallos se estableció que las entidades financieras deben devolver no solo el depósito pesificado en pesos a la paridad un dólar igual un peso cuarenta sino también corresponde adicionar el C.E.R. con más una tasa de interés del 4 % anual.
Concursos, concurso preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSTITUTO CARDIOVASCULAR INTEGRAL SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-03

El proceso concursal no está instituido en exclusivo beneficio del deudor, sino también de los acreedores y del comercio en general, y todos esos intereses reciben amparo legal, porque también resultan afectados con el procedimiento (CNCom. en pleno "obiter" in re: "Vila, José M." del 3/2/65, conf. Argeri Saúl "La quiebra." Ed. Platense 1972, T° 1 página 189 y ss; esta Sala, 20.4.10, "Ser Pro Servicios Profesionales en Rec. Humanos SRL s/ quiebra s/ incidente de apelación (art 250 CPCC)").
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, parentesco, amistad o vecindad, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: A., S.C. c/ S., R.A. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-28

"El hecho que los testigos sean parientes y vecinos no les quita eficacia probatoria a sus declaraciones, pues las personas más allegadas son quienes tienen mejor conocimiento de los hechos.

Así pueden ser considerados testigos necesarios sin perjuicio del posterior análisis de sus dichos...".
Enfermedad profesional, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Soximo de Jesús Cisterna c/ Empresa Dresser Atlas Argentina Sampic s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-06-20

Asiste razón a la actora cuando pretende que el plazo de prescripción que establece el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo, comience a correr desde la fecha de la junta médica, por ser un dato objetivo de carácter técnico que permitió al trabajador adquirir el pleno conocimiento la certeza sobre la incapacidad laboral que le provoca la enfermedad profesional, por lo que resulta improcedente la defensa de prescripción opuesta.
Honorarios del abogado, fondo común, falta de impugnación, Banco Hipotecario Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ PROPATO ENRIQUE c/ LA FRATERNIDAD SOC DEL PERS FERROVIARIO DE LOCOMOTORAS s/ INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

Incorporado al expediente el texto de la circular 16/87, referida a "Fondos Comunes de Honorarios de Abogados y Procuradores", su autenticidad no fue cuestionada por las interesadas en los términos que brinda el art. 403 del Código Procesal, aplicable al caso por analogía. Resulta claro que si las letradas negaron la pertinencia del régimen consagrado por la circular 14/92 porque fue establecido después de su retiro del banco, tal argumento carece de virtualidad frente al vigente durante su relación profesional con aquél, y más aún, pues no desarrollan crítica alguna respecto de las facultades de quien la dictó. La sola enunciación de los principios generales sobre el derecho al cobro de los honorarios, que prescinde de los alcances de un régimen del que participó, sin indicar los motivos que conducen a su apartamiento, no tiene entidad suficiente para propiciar una solución distinta a la transferencia de los montos depositados en concepto de honorarios al fondo común del BHN.
Secreto profesional, funcionarios públicos, médicos, denuncia, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Zambrana Daza, Norma Beatriz s/ infracción a la ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

El carácter de funcionario público de un médico no lo releva de la obligación de conservar el secreto profesional, ya que admitir lo contrario conduciría a la consagración de un privilegio irritante, pues sólo contarían con el secreto de sus médicos aquellos que pudieran pagar sus servicios privados (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Procedimiento administrativo, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: L., T. c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-29

"... Así, el dictamen vinculante que la Administración esté eventualmente obligada a seguir es, sin duda, un acto productor de efectos, en cuanto el orden jurídico establece un nexo entre su acatamiento y determinados efectos jurídicos; pero sin embargo, no es un acto administrativo en el sentido propio del término, porque los efectos jurídicos no surgen directamente del acto, sino indirectamente. Y así quedan excluidos del concepto de acto administrativo, todos los "actos preparatorios" -informes, dictámenes y proyectos y en general cualquier acto que por sí no sea suficiente para dar lugar a un efecto jurídico inmediato en relación al particular".
Indemnización tarifada, actualización monetaria, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ibañez, Esteban F. c/ I.P.S.A.M. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

La fijación judicial posterior del salario promedio actualizado es procedente y no se encuentra afectada por la cosa juzgada administrativa, en tanto no se altera ni existe una modificación de la obligación originaria determinada por la autoridad administrativa, sino que se trata de establecer la cuantía en que aquélla se traduce cuando ha existido variación del signo de la moneda.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, límites del pronunciamiento
Materia: PENAL
Carátula: HETZE, AURELIO s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-05

Debe quedar perfectamente establecido que en un auto como el impugnado (procesamiento) donde se fija la posición de responsabilidad penal del encartado, la parte civil se encuentra totalmente imposibilitada de apelar o de intervenir de alguna manera en la impugnación efectuada, encontrándose habilitado para ello solamente el Ministerio Fiscal y el imputado, por cuanto la acción penal es pública, ejercitable de oficio o a instancia privada por el Ministerio Fiscal -artículos 6, 7 y 63 del Código Procesal Penal-, no pudiendo el actor civil ejercitar su acción -de por sí accesoria a la primera- en forma independiente, haciéndolo sólo en la medida de sus propios intereses civiles.
Honorarios del abogado, procedimiento administrativo, patrocinio letrado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Turisur  S.R.L. c/ Adm. Parques Nac. s/ Daños
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

No importa para la solución del caso lo dispuesto por el artículo 1, Inciso f, de la Ley 19.549, pues el principio que consagra esta norma - que el patrocinio letrado no es obligatorio - no obsta para que en casos como el de autos resulte necesario para lograr de modo eficaz lo que la Administración no reconoce naturalmente. De ello derivo como condición que la circunstancia de que la ley de procedimientos administrativos no regule el tema de las costas como principio éstas son propias de un trámite judicial no obsta para que en determinados supuestos - como el que aquí se configura - se reconozca la obligación del Estado de soportar los honorarios de la asistencia letrada que regula imprescindible para el reconocimiento del derecho. Y fundo esta obligación en la doctrina del precepto del artículo 70 del Código Procesal al que me encuentro autorizado para recurrir, por analogía, en virtud de lo dispuesto en el ordenamiento específico.
Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE GENERAL ROCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-04-03


Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL General Roca, 3 de abril de 2012.

VISTOS:

Estos autos caratulados "MONTI, Néstor Delfor s/ ley 24.769" (Expte.Nº P19910 del registro de la Secretaría Penal del Tribunal), venidos del Juzgado Federal Nº2 de Neuquén, Secretaría Nº1; y CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el art.26 del decreto ley 1.285/58, es facultad de las cámaras de apelaciones dictar sus resoluciones interlocutorias por voto de los magistrados que las integran, por lo que en esta ocasión cada uno de los miembros del tribunal emitirá su opinión en la forma que sigue.

El doctor Mariano Roberto Lozano dijo:

1. El auto de fs.301/307 por el que se decretó el procesamiento del arriba nombrado por reputárselo prima facie responsable del delito de evasión agravada previsto en el art.2, inc.c de la ley 24.769, por los impuestos al valor agregado y ganancias del año 1998, fue apelado por la defensa que lo asiste según escrito de fs.312/318vta.

2. No obstante ello, luego de realizar el examen integral del legajo a partir de mi asunción en este tribunal, considero que no corresponde abordar los cuestionamientos formulados por el apelante debido a que se aprecia que la acción penal en estos autos se halla prima facie prescripta.

En efecto, desde la convocatoria a prestar declaración indagatoria formulada el 20 de junio de 2003 (fs.153) hasta la fecha, ha transcurrido un plazo superior al del máximo de la pena con la que se encuentra conminado el delito imputado tipificado en el art.1 de la ley 24.769, dado que ahora la agravante no le puede ser aplicada en razón de la reforma introducida mediante la ley 26.735 al art.2, inciso c), de la ley 24.769 que elevó de $200.000 a $800.000 el monto para calificar la conducta, circunstancia que torna conveniente la devolución de las actuaciones al juzgado de origen para que se pronuncie sobre la posible extinción de la acción penal, luego de adoptar las diligencias de rigor.

Debido al carácter de la propuesta que se formula al acuerdo, considero, que no corresponde imponer costas en la instancia (art.531 del CPP) y, por otro lado, dejar sin efecto la audiencia fijada a fs.418.

El doctor Armando Mario Márquez dijo:

Adhiero a lo expuesto y voto de igual modo.

Por ello, EL TRIBUNAL RESUELVE:

I. Devolver las actuaciones al Juzgado Federal Nº2 de Neuquén, Secretaría Nº1 a fin de que, previa adopción de las medidas de rigor, se pronuncie sobre la prescripción de la acción penal;

II. Sin costas;

III. Dejar sin efecto la audiencia fijada a fs.418;

IV. Registrar, notificar y devolver.

Ante mí:

Fdo. Lozano - Márquez REGISTRO N° 113 /12. PSI.
Recurso extraordinario, jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OLMOS, MANUEL SANTOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION    RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION (CSJ EXPTE N. 67-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-18

Configura una causal idónea para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante el más Alto Tribunal del país, el planteo de inconstitucionalidad que se le imputa a la sentencia de la Corte Provincial por resultar violatoria del principio constitucional de movilidad jubilatoria.

Del Voto de los Ministros Dr Barraguirre y Dr Vigo. En Disidencia Dres Alvarez e Iturraspe. Desempata por la Concesión el Presidente Dr Iribarren.
Competencia civil, simulación, contenido de la demanda, improcedencia del recurso, simultaneidad de incidentes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ascar, María Andrea c/ Ahibe, Rosa Argentina s/ ordinario simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-17

El hecho que la actora decida accionar de una manera determinada ahora -acción de simulación- y postergue, por el motivo que fuera, una segunda acción para otro momento -acción de colación-, no puede ser motivo de rechazo de la demanda por la improponibilidad objetiva de aquélla - imposibilidad de juzgamiento-, ya que las condiciones requeridas para obtener la sentencia favorable se encuentran presentes. El tribunal de Alzada tiene vedado introducir tal cuestión en esta instancia, ya que filtra, de esta manera, vía pretoriana y sin que se advierta afectado el orden público, un impedimento procesal que ninguna de las partes, ni el juez de primera instancia, tuvieron en cuenta al litigar. Se exorbita, de esta manera, la jurisdicción del tribunal, pues estaría decidiendo sobre cuestiones no propuestas en primera instancia y que no han sido, obviamente, materia de agravio. Por otro lado, seria contrario a la libertad del ciudadano quien elige cuándo y cómo accionar.
Policía, juntas de calificación, acta policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Parvellotti, Antonio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 421 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-04

Las calificaciones constituyen, en definitiva, una "relación informativa" mediante la cual se valoran, por lo general, el esmero en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo, la capacidad, las aptitudes y el celo en la actuación del empleado. La citada relación es un acto de valoración que entra en los llamados "actos de juicio": éstos consisten en la enunciación de una opinión respecto de un determinado hecho, acto o cualidad de las personas o de las cosas susceptibles de apreciación discrecional, pero emitidos por una autoridad de administración activa.
Admisibilidad formal, competencia ordinaria, daño moral, monto de la indemnización, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Dominguez Rosario Natividad c/ Roure Antonio y otros s/ Apelación de sentencia S/ INC. Y CAS. Y Expte. N 7143 Dominguez (.) de sentencia S/ INC" -acum- s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2020-10-13

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad entablado con relación al monto de condena por daño moral, siendo la cuantificación una temática en los que los tribunales de mérito son soberanos, salvo el supuesto de arbitrariedad.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Derecho laboral, contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, indemnización, empleo no registrado
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: OVIEDO, VICTOR D. c/ MOSCONI, FABIAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-08-16

Es inadmisible la queja interpuesta por la empresa codemandada desde no puede válidamente esgrimirse como defensa la "clandestinidad" del trabajo o la falta de pedido de control por parte del propio trabajador ni de la autoridad administrativa que invoca a fin de repeler la imputada omisión -que sumada a la consideración previa de la calidad de actividad normal y especifica hizo que el Sentenciante considerada que resultaba solidariamente responsable en el marco del artículo 30 de la L.C.T.- ya que, precisamente la previsión legal que tiende al efectivo cumplimiento del contralor en protección al crédito del dependiente, hace que no aparezca ilógico concluir que el controlante no se libera por el "ocultamiento" del contratista, v.gr. que mantuvo empleados en negro. En suma, los Sentenciantes sostuvieron que resultaba innegable que la tarea de distribución de mercaderías formaba parte de la venta de tales productos, máxime cuando la empresa encargada de realizar el reparto, lo fue durante mucho tiempo y quien se encargaba del transporte no sólo firmaba la carta de porte, sino que llevaba la factura de la empresa . Así, al considerar como elemento tipificante de la compraventa mercantil, la obligación del vendedor de entregar la cosa, entendieron que el proceso de comercialización de las bebidas incluía necesariamente el medio utilizado para dicha entrega.

Ante lo cual, sin lograr conmover los argumentos vertidos por el Tribunal, la demandada insiste con su postura pretendiendo hacer prevalecer su propio enfoque de la cuestión considerando que, el transporte de la mercadería no formaba parte de la actividad normal y específica de la empresa, por lo tanto, estima se la condenó al pago de una deuda ajena. (De la Disidencia de los Dres. Gastaldi y Erbetta)
Sentencia, examen mental obligatorio, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OVEJERO, PEDRO NAPOLEON s/ EXAMEN MENTAL OBLIGATORIO - SENTENCIA - PERICIA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-04-05

No es nula la sentencia por falta de motivación de la imputabilidad del agente si a pesar de ser nulo el examen mental practicado(C.P.P., art. 73), con prolijidad enumera y valora correctamente otros elementos de juicio para rechazar la pretensión de la defensa, a saber: el informe técnico (art. 192 inc. 6to., C.P P.) del médico de policía, la testimonial de familiares y amigos, y lo dicho por el propio imputado.-
Seguros, citación en garantía, cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: OLEA DE BARRERA, María Asunción y otros c/ ALONSO, Raúl Osvaldo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-03

Cuando la aseguradora es citada en garantía, la sentencia será ejecutable contra ella "en la medida del seguro", esto es, en los límites y con los alcances de la cobertura asumida por la empresa, entre los que se comprende a la franquicia pactada en la póliza cuyas estipulaciones resultan oponibles al damnificado, ya que su derecho se circunscribe -en este aspecto- a las modalidades del contrato de seguro que vincula a la parte demandada y a la citada en garantía.-
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: CANALETTI, MANUEL c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-23

En los beneficios de litigar sin gastos resulta un desgaste jurisdiccional inútil declarar la caducidad de instancia ya que el litigante puede volver a iniciarlo (cfr. C.N.Civ., Sala K, 30.06.89, "Siniuk, Luis c/ I.S. Szmelo y Cía. S.A.").