marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, procedimiento administrativo, prueba testimonial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RIVERO, MAXIMO s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-02-11

Si el organismo previsional denegó la jubilación por invalidez peticionada basado en que el solicitante se encontraba incapacitado con jerarquía invalidante a la fecha de afiliación y éste niega tal extremo afirmando que su capacidad laborativa a la fecha de la afiliación al régimen se encuentra comprobada a través del desempeño de tareas por cuenta propia, extremo que se vió imposibilitado de acreditar en razón de negarse el ente previsional a sustanciar la prueba testimonial, esta negativa vicia al procedimiento seguido ante los organismos administrativos afectando, por otra parte, el derecho de defensa del titular (artículo 18 Constitución Nacional).
Recurso contencioso administrativo, intereses, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kessler, María Marta y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 360-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-13

Es criterio de la Corte Provincial que el pago de intereses es una consecuencia de la actitud renuente del demandado a cumplir su obligación no obstante ser constituido en mora, y, en el caso de los recursos contencioso administrativos, se entiende que ella se produce desde el reclamo administrativo.
Usurpación de inmueble, despojo, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: COLL, Antonio y otra s/ usurpación Causa nro. 26.731
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-27

Para que la acción de despojo resulte típica, debe ser perpetrada por alguno de los tres medios taxativamente enunciados en el artículo 181 del Código Penal. Es así, que debe admitirse en asignar escaso valor probatorio al estudio técnico realizado después de tres años de acaecido el hecho, por lo que la utilización de la violencia como medio típico es cuando menos improbable, tornando verosímil la versión de los acusados en sus declaraciones indagatorias. Por lo que el estado de duda impide tener por acreditada la realización del tipo penal de marras.
Acto administrativo, Poder Judicial, control de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: ROBERTO OSVALDO FERRER c/ MRIO. DE DEFENSA s/ RESOL. NRO. 361
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-25

La potestad del Poder Judicial de revisar los actos administrativos sólo comprende, como principio, el control de su legitimidad -que no excluye la ponderación del prudente y razonable ejercicio de las facultades de las que se hallan investidos los funcionarios competentes-, pero no el de la oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas por éstos adoptadas. Dicho control de legitimidad supone el de la debida aplicación de las normas estatutarias, de manera que los hechos se clarifiquen adecuadamente y lo decidido se ajuste al texto legal.
Recurso de casación penal, sentencia, nulidad de sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: IBARGUEN, NESTOR H. s/ TENTATIVA DE ESTAFA MEDIANTE USO DE INSTRUMENTO PRIVADO FALSIFICADO  -REMON, MARIANO A. s/PART. CRIM. PRIMARIO EN TTVA DE ESTAFA EN C.  IDEAL c/FALSIF. DE INTRUMENTO PRIVADO TODO EN C. REAL CON TTVA DE ESTAFA EN C. IDEAL CON FALSIF. DE INSTRUM. PRIVADO s/CASACION"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-07

Procede el Recurso de Casación interpuesto por el Defensor Oficial, casando la sentencia de Cámara, que condenó a su defendido por ser el autor del delito de estafa reiterado en una oportunidad, revocándose el fallo y decretándose la absolución del imputado. Ello por las siguientes razones: 1) No es posible en el caso afirmar la existencia de la estafa atribuida al procesado ya que la situación de éste con respecto a la presunta víctima era la de verdadero acreedor, por lo que la acción judicial intentada equivocadamente, podrá asumir los caracteres de una pretensión temeraria e injusta, pero no constituye delito, no pudiendo reprocharse penalmente bajo el delito de estafa atento a la inexistencia de perjuicio y beneficio indebido, recaudos que se reputan esenciales para la comisión del ilícito mencionado. 2) Se advierte la vulneración de normas procesales cuya inobservancia se encuentran sancionadas bajo pena de nulidad, como el art. 375 inc.3 del Cód. Proc. Penal, que establece que la sentencia será nula si faltare o fuere contradictoria la fundamentación. En el decisorio impugnado existen afirmaciones que importan una seria contradicción en la motivación de la misma, en aspectos que se reputan esenciales para arribar a una conclusión respecto de la existencia o no del delito de estafa.
Competencia contencioso administrativa, incidente de nulidad, notificación, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LEAL, ENRIQUE DAVID c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-11-28

Cuando la parte afectada no fórmula ninguna clase de señalamiento respecto de cual ha sido el daño sufrido por error cometido en las fechas de las cédulas de notificación y oficio dirigido al señor interventor, no acreditando con efectividad cuales son los antecedentes que hacen a la invalidez del acto, es decir la transgresión al ejercicio del derecho de defensa, debe rechazarse la nulidad planteada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, sentencia arbitraria, aplicación errónea de la ley, revocación de sentencia, revocación parcial
Materia: PROCESAL
Carátula: Mader Eugenio Norberto c/ Michelena Domingo Martín s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2004-06-18

Debe revocarse parcialmente la resolución en la cual se advierte error en su motivación para determinar una situación jurídica y proceder a la resolución del núcleo mismo del agravio, prescindiendo de analizar adecuadamente la normativa que fija la naturaleza esencial configurativa para la solución del caso.
Recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, retiro de fondos
Materia: PROCESAL
Carátula: MEGANET SA c/ UGOFE SA s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-09

La finalidad de la presente queja es la de obtener que se declare mal denegado el recurso de apelación interpuesto en subsidio por la parte demandada, contra la providencia dictada mediante la cual, ante el planteo de retiro de fondos deducido por la demandada por la consignación efectuada que mereció la oposición de la actora, el juez a quo dispuso que las sumas depositadas fueran colocadas a plazo fijo, renovable automáticamente cada treinta días. En los términos en los que la cuestión ha quedado planteada, cabe concluir que le asiste razón a la quejosa, pues lo decidido le genera gravamen (art. 242 del Código Procesal). Corresponde admitir la presente queja, conceder el recurso de apelación interpuesto en subsidio y tenerlo por fundado. Toda vez que según surge de los autos principales se decretó la quiebra de la actora, corresponde devolver las actuaciones a primera instancia a fin de que se provea y sustancie debidamente el recurso con la sindicatura de Meganet SA.
Nombramiento, peritos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SUCESION DE MAIZTEGUI DE SOLARI, AURORA AURELIA c/ MICHELENA CARLOS ALBERTO Y/O CUALQUIER OTRO OCUPANTE s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-11-24

Al no existir la disconformidad con los valores a que hace referencia el artículo 39 de la ley 7046 -y obviamente estimación alguna-, la designación de un perito para tasar el inmueble impuesta oficiosamente, resulta manifiestamente improcedente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Maio, Ciríaco c/ De Maio, Angela y ots. s/ Colación. Rescisión de partición por donación y reducción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

Las sentencias que omiten considerar las cuestiones oportunamente propuestas por las partes y conducentes para la decisión del juicio carecen de fundamentos suficientes, lo que acarrea su nulidad. Ello queda contenido en el deber de expresar el derecho que rige el caso, razonadamente derivado del ordenamiento jurídico vigente y correspondiente a los hechos de la causa. Afecta también al principio de congruencia desde que los puntos expuestos por las partes en sus escritos de demanda y contestación fijan, precisamente, el campo de actuación del decisorio, estando en ello interesada conjuntamente la defensa en juicio (art. 18, Const. Nac., 163 inc. 6º, CPCC).
Convenios colectivos de trabajo, jornada de trabajo, jornada reducida
Materia: LABORAL
Carátula: P., M.A. c/ C.P.S.P.y V. Puerto Madryn s/ Cobro de Pesos -Laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-02-06

La materia de jornada puede ser objeto de estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos (art. 198), lo que permite otra regulación, y por ende, la posibilidad de su reducción.
Potestad tarifaria, renta pública, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TDF S.A. c/ Municipalidad De Caleta Olivia s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2015-06-26

Corresponder rechazar la demanda intentada contra la municipalidad de Caleta Oliva tendiente a declarar la inconstitucionalidad de las ordenanzas fiscales tarifarias respecto a la tasa de comercio e industria, toda vez que las normas atacadas fueron dictadas conforme las facultades que el art. 47, inc. 4º, apartado e) de la Ley Orgánica de las Municipalidades confiere al Concejo Deliberante, respetando principio de legalidad.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Carlos Aristides Bardelli c/ José Mallo y/o Ferretería "Mallo" s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-09-09

A fin de reordenar el procedimiento y en resguardo del carácter de órden público que reviste la jurisdicción Apelada, corresponde declarar de oficio la nulidad de la resolución ante el evidente exceso de facultades en qeu incurriera el Juez "a quo" puesto que al conceder el recurso se ha desprendido de la jurisdicción avanzando su actuación al denegar el acuse de caducidad de la instancia recursiva, que es de incumbencia exclusiva de esta alzada, pues sobre el punto, por analogía al examen de la procedencia formal, no esta ligado por la conformidad de las partes ni por resolución del Juez de Primer Grado aun cuando se encuentre consentida. Este examen por lo demás puede hacerce de oficio.
Municipalidad, personal municipal, seguros, asegurador, accidentes de trabajo, juicio, partes, citación en garantía, citación a juicio, presentación extemporánea, actos y diligencias procesales, preclusión
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SANCHEZ, SARA EDITH; FERREYRA, OMAR RUBEN Y FERREYRA, CRISTIAN DANIEL DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 91 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-11

Corresponde hacer lugar al pedido de desvinculación de la presente litis formulado por la aseguradora desde que si bien es cierto que al contestar la demanda, la Municipalidad solicitó la citación en garantía de dicha entidad, también lo es que consintió el decreto por el cual la Presidencia del Cuerpo dispuso la apertura a prueba, como así también que recién instó la citación en la fecha en que debía informar sobre el mérito de la causa, oportunidad en la que -naturalmente- ya se encontraba producida la prueba del caso. Surge claro, entonces, que la aseguradora fue finalmente emplazada en una etapa procesal impropia y vedada por el artículo 118 de la ley 17.418, según el cual el asegurado puede citar en garantía al asegurador "hasta que se reciba la causa a prueba". Elementales exigencias vinculadas a la preclusión procesal y, en fin, al derecho de defensa obstan a que la Caja Nacional de Ahorro y Seguros pueda ser considerada parte de la presente litis.
Proceso penal, nulidad procesal, nulidad absoluta, preclusión
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Olmos, José Horacio; De Guernica, Guillermo Augusto s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

Al ordenarse la reiteración del debate y la nulidad de la sentencia de condena se retrotrajo el juicio a etapas ya superadas y se produjo un apartamiento de las formas sustanciales que rigen el procedimiento penal que ocasiona la nulidad absoluta de dicho acto y de todo lo actuado en consecuencia (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, procedencia del recurso, participación criminal, apremios ilegales
Materia: PENAL
Carátula: GARCÍA, Marcelo Edgardo y GONZÁLEZ, Hugo Darío c/ Personal Policial, MELIDA ORELLANA, Cristian Sebastián, AMPUERO, Rosario Pánfilo, PAZ, José  Samuel, GONZÁLEZ, Javier Alejandro, DÁVALOS, Luis César s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-25

La actuación como chofer del móvil policial que le cupo al imputado en los hechos denunciados, está claramente reflejada en él una conducta compatible con el supuesto de participación criminal contemplado en el art. 45 del Código Penal (partícipe primario).

Va de suyo que todos los que realizan la acción típica -es decir que no son autores, ni coautores, ni autores mediatos- sólo pueden ser responsables si han determinado al autor a cometer el hecho punible -instigación-, o si le han prestado una ayuda para que lo cometa -complicidad-.

La participación, en consecuencia, es punible porque constituye un aporte a la materialización del ilícito del autor, por lo que el contenido de ilicitud del hecho del partícipe tiene su primer elemento en el hecho del autor, pues el partícipe infringe la prohibición de impulsar o apoyar el hecho prohibido de aquél, dirigiendo su acción a la lesión del mismo bien jurídico que es agredido por el autor del delito.

En efecto, los presupuestos de la participación criminal son dos: comunidad del hecho y convergencia intencional entre los sujetos intervinientes. Lo primero significa que los aportes realizados por los partícipes contribuyen a la producción de un mismo hecho delictivo.

El concurso material no constituye por si solo participación criminal, sino que ésta exige en quienes prestaron una contribución personal un propósito hacia el objetivo o hecho común, esto es, una convergencia de las particulares intenciones hacia un mismo objetivo, que puede tener su fuente en el acuerdo de los participantes, reflexivo o de improviso, o en la respectiva intención de contribuir a un objetivo común.

No puede obviarse, por tanto que, el requisito básico para la aplicación de las reglas de la participación -Libro I, título VII, arts. 45 a 49 del Código Penal- es la existencia de personas partícipes que tomando parte en el delito no tienen el dominio del hecho, es decir que no son autores del mismo pero colaboran dolosamente para su producción.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, fallo plenario, certificado de deuda, tasas, multa, impuestos, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Amaru SACI c/  s/ quiebra s/incidente de verificación de crédito del gobierno de la ciudad de buenos aires
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

1 - Corresponde denegar la verificación del crédito pretendido por el gobierno de la Ciudad, en tanto la determinación de deuda de oficio de impuestos de ingresos brutos no fue acompañada de su justificación; ello en tanto, la propia incidentista reconoce haber realizado la misma con base presunta.

2 - Las certificaciones de deuda emitidas por el organismo fiscal gozan de la presunción de legitimidad establecida por el art. 12 de la ley 19549 pero ello no importa que se deba directa sumisión a sus constancias, si no se presenta una base documental y explicativa que permita seguir la secuencia lógica que pruebe los importes reclamados, lo que no ha ocurrido en el caso pues la incidentista pretende que se reconozca la deuda con base en que la concursada se encuentra inscripta en su jurisdicción.

3 - Las pruebas realizadas en la causa, tampoco son suficientes para receptar la verificación, en tanto ellas nada demuestran sobre la correcta determinación del tributo y el incidentista no acreditó la realización de actividades en la jurisdicción que justifiquen tales presunciones ni tampoco se pudo determinar con certeza cuál era ella, en tanto la denunciada por el organismo recaudador difiere de la informada por la sindicatura y aquélla a la que hizo referencia el único testigo propuesto en la causa.
Régimen penal de la minoridad, responsabilidad parental, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: MIARA, Samuel y otra s/ suposición de estado civil, etc. Causa nro. 11.000
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

"La simple circunstancia de que los niños fueran rodeados de atenciones, educación e incluso afecto, no desplaza aquella concepción de propiedad....cuya naturaleza impide ejercer por si mismo el derecho indeclinable de todo ser humano de crecer en libertad. Antes bien, una relación familiar de padres e hijos basada en la mentira del progenitor sobre cuestiones tan esenciales como las que nos preocupa, sólo puede dar lugar a una relación de sometimiento, la forma más violenta de vulnerar el bien jurídico protegido por la norma de aplicación al caso.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, excepciones procesales, admisibilidad de la petición, incompetencia, relación de consumo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Circulo Cerrado SA de Ahorro para Fines Determinados c/ Gallo, Rodolfo Esteban y otro s/ejecución prendaria. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

Cabe revocar la resolución mediante la cual el magistrado se declaró incompetente, de oficio, para entender en las presentes actuaciones, con base en que la relación contractual que vinculaba a las partes se hallaba comprendida dentro de una operación de crédito para el consumo, por lo que resultaría aplicable la doctrina plenaria sentada por la Cámara Comercial en los autos "CNCom, Autoconvocatoria a plenario", del 29/6/11. Pues bien, del examen de las constancias obrantes se observa de la prenda acompañada en esta ejecución, que si bien se consignó que el vehículo adquirido lo era para "uso privado", las características de éste - "furgón"- puede hacer presumir que su destino era ser integrado en la actividad comercial del deudor -distribución de bebidas-. En ese marco, atento las circunstancias apuntadas que surgen de los propios instrumentos acompañados, no se aprecia que, al menos en esta instancia liminar del proceso, pueda inferirse que el vínculo que subyace entre el accionante y los accionados sea de consumo, por lo que las disposiciones de la LDC 36, no resultan, al menos en esta instancia del proceso, aplicables en autos. Disidencia del Dr. Chomer:

Cabe confirmar la declaración de incompetencia del juez a quo. Ello por cuanto, en el caso, el contrato de prenda con registro, constituye un contrato de consumo, por lo que pareciera que el vínculo establecido entre el acreedor y el deudor (persona física) posibilitaría una relación de consumo (nótese que del contrato surge que el bien es de "uso privado"), en la medida de que el cliente sea consumidor final de una operación de crédito, activa o pasiva, lo que excluye al consumo destinado a la integración en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros (LDC 1, 2 y dec. regl. 1794/94 y sus modif.; Moeremans, D.E.: "Contratación bancaria y la Ley de Defensa del Consumidor. Los servicios bancarios y financieros", LL, 1998-C-1035 y ss.; Mosset Iturraspe, Jorge: "El cliente de una entidad financiera -de un banco- es un consumidor tutelado por la ley 24240", y Stiglitz, Gabriel: "Resistencia contra la protección del consumidor", ambos en JA, 12/05/99; Gerscovich, Carlos G.: "Bancos, clientes y protección de los consumidores", JA, Doctrina, 09/06/99; véase además, Alterini, Aníbal A.: "Cómo desbaratar la protección del consumidor", LL, 1999-A-783; Álvarez Larrondo, "El impacto procesal y de fondo de la nueva ley 26361 en el derecho del consumo", y Ariza, Ariel, "Más que una Reforma...", ambos en Reforma a la ley de defensa del consumidor, Suplemento Especial LL, abril).
Accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rinaldi Rubens c/ Natalio Chalub y Ots. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S141 - 093)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-02-24

La disminución de beneficios mediante la comparación tanto de las ganancias anteriores y posteriores o la disminución de la posibilidad ulterior de mejorar los ingresos o la pérdida de potencialidades futuras, de todo tipo, causadas por las secuelas permanentes, pero teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima y su vida de relación, sin que resulte decisivo ni determinante el porcentaje rígido que se le atribuya de incapacidad
Daño moral, muerte de un hermano, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Tapia, Carlos Alberto, Ochoa Rosana y Otros c/ Centro Comunitario Adherido al Programa 136 y Otro s/ Ordinario, Daños y Perj. Mala Praxis
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-12-04

Debe declararse la inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil en cuanto impide a los humanos de la víctima a fallecida reclamar el daño moral, si el vínculo afectivo que sostenían con la occisa ha quedado acreditado, pues una aplicación literal del precepto normativo citado no se ajusta a la directiva de que los perjuicios injustos deben ser indemnizados que haya apoyatura en el art. 19 del CN que consagra el principio "alterum non laedere".
Improcedencia del recurso, Ministerio Público Fiscal, Gendarmería Nacional, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: Urzagaste Faustino Irineo y otros c/  s/ Infracción art. 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-18

Corresponde rechazar los agravios del MPF contra la absolución de uno de los imputados si de la sentencia surge que los diálogos destacados por la parte no fueron descartados ni se ha desconocido su existencia, mas no obran otros elementos en el expediente, aparte de los dichos del gendarme, que permitan confirmar que era el encartado quien mantenía tales conversaciones, tampoco ha arrimado el MPF ningún elemento que afirme tal circunstancia y que permita rebatir las conclusiones a las que arribara el tribunal de la instancia anterior.