Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-23


//n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de agosto de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 242/244 contra la sentencia en la presente causa, de la que RESULTA:

1º) Que arribadas las actuaciones a la sede judicial y habiéndose celebrado la audiencia de debate, se dictó sentencia a fs. 236vta./241, en la que con fecha 22/5/06 se resolvió condenar a María Delia Banegas, por las infracciones consignadas en las actas de comprobación labradas el día 26 de octubre de 2005, a la pena de Multa de pesos cuatro mil cuatrocientos ($4400), comprensiva de: 1º) pesos trescientos ($300) por la correspondiente acta nro. 2 0882535; 2º) pesos novecientos ($900) (acta nro. 2 0882536); 3º) pesos doscientos ($200) respecto del acta 2 0882791, 4º) pesos doscientos ($200) respecto del acta nro. 2 0882537, 5º) pesos doscientos ($200) por el acta nro. 2 0880357, 6º) pesos quinientos ($500) respecto del acta nro. 2 0880358, 7º) pesos cuatrocientos ($400) por el acta nro. 2 0880359, 8º) pesos cuatrocientos ($400) por el acta nro. 2 0880360, 9º) pesos trescientos ($300) por el acta nro. 2 0882532, 10º) pesos doscientos ($200) por el acta nro. 2 0882534, 11º) pesos cuatrocientos ($400) por el acta nro. 2 0882533 y 12º) pesos cuatrocientoss ($400) por el acta nro. 2 0882531, pagadera en diez cuotas mensuales y consecutivas de pesos cuatrocientos cuarenta ($440) sin perjuic io de la clausura impuesta en sede administrativa (arts. 4.1.1; 1.2.3; 1.2.4; 2.2.14; 2.1.2; 2.1.1 primer párrafo; 1.1.6; 1.2.2; 12 y 19 de la ley 451); II) Con costas (art. 55 inc. h) de la ley 1217).

2º) Que a fs. 242/244 la imputada María Delia Banegas conjuntamente con su letrado defensor Diego Julio Mercado Barreiro, interpusieron recurso de apelación contra la sentencia mencionada supra por ser arbitraria y violatoria del ordenamiento legal vigente y de las normas constitucionales. En concreto, plantean los siguiente agravios: a) existencia de una contradicción en el fallo en relación a si el lugar brinda o no servicio de hotelería; b) incorrecta valoración de la prueba realizada por la sentenciante; c) desconocimiento por parte de la juez de que el valor probatorio de las actas puede ser desvirtuado por prueba en contrario; d) erróneo encuadre jurídico del caso en las prescripciones del art. 12 de la ley 451 por parte de la magistrada de grado. A juicio de la defensa existe un concurso aparente y no real de hechos porque la ausencia de habilitación implica el resto de las faltas que resultan ser consecuencia de no poseer la correspondiente habilitación. Finalmente hace reserva del caso federal.

3º) Que a fs. 245, la Sra. Juez de Primera Instancia concede sin fundamentos el recurso de apelación interpuesto, razón por la cual a fs. 251/vta. esta Sala resuelve devolver las actuaciones al juzgado de origen para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la impugnación deducida, el que es realizado a fs. 253/4, concediendo el recurso interpuesto por las causales de arbitrariedad y violación de la ley.

4º) Que a fs. 256/257, la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, sostuvo que el recurso impetrado resulta admisible. En relación al primer agravio expresó que los apelantes no logran demostrar la arbitrariedad y que el desarrollo de sus argumentos evidencia una mera discrepancia con la forma en que la juez valoró la prueba. En cuanto al segundo agravio sostuvo que la falta individualizada en el acta nro. 2 0882532, labrada por "no exhibir libro de registro de inspecciones, ni libro de registro de pasajeros y por no tener encargado y/o persona responsable en forma permanente", es consecuencia del hecho de no poseer la correspondiente habilitación, por lo tanto las dos faltas concurren de manera aparente. Agregó que las restantes faltas resultan de sanción independiente a la ausencia de habilitación por ser obligaciones impuestas a los inmuebles, sea que éstos estén destinados a fines civiles o comerciales. Finalmente expresó que si bien corresponde modificar la calificación legal, en cuanto a que el hecho mencionado conforma una unidad de acción con el hecho de no poseer habilitación, solicitó que, atento la gravedad de los hechos imputados se confirme la pena fijada por la a quo.

5º) Que tras deliberar y sometido el recurso a estudio del Tribunal, se plantearon las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTION En primer lugar, corresponde determinar si el juicio de admisiblidad realizado por la Sra. Juez de grado resulta adecuado a los fines de habilitar la competencia de esta alzada, conforme las causales por las que fuera concedido: arbitrariedad y violación de la ley, previstas por el art. 56 de la ley 1217.

La primera causal invocada por la apelante es la de arbitrariedad (último supuesto de los taxativamente previstos por la norma mencionada). Así expresa que el fallo en cuestión no encuentra correlato con las pruebas producidas en autos, que resulta contradictorio toda vez que reconoce a fs. 11/vta de la sentencia que el lugar no brinda servicio de hotelería y luego se contradice. Agrega que las declaraciones testimoniales de las personas que viven en el inmueble son valoradas en forma incorrecta por la sentenciante, desconociendo de este modo el valor probatorio de las actas de comprobación que puede ser desvirtuado por prueba en contrario.

En cuanto a la presunta arbitrariedad de la decisión fundada en la autocontradicción de la sentencia, es importante recordar que el máximo Tribunal Federal adoptó, para descalificar como actos jurisprudenciales válidos, este calificativo cuando la sentencia repudiada declaraba un precepto aplicable y sin embargo no lo aplicaba, cuando afirmaba y rechazaba a la vez un hecho relevante para la solución del caso o cuando negaba en la conclusión lo que se sigue necesariamente de sus fundamentos normativos o fácticos (Conf. Carrió, Genaro y Carrió, Alejandro, El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria; T I, capítulo XV - duodécima causal: incurrir en auto-contradicción, ed. Abeledo-Perrot, 1995).

Al respecto, cabe expresar que la magistrada de grado ponderó cada una de las pruebas obrantes en la causa (actas de comprobación, testimoniales y demás prueba documental incorporada por lectura al debate), para luego sostener que "En concreto la prueba valorada permite aseverar que nos hallamos en presencia de un establecimiento comercial con una infraestructura y funcionamiento propio de un hotel. Queda claro que la circunstancia que en el lugar no se brinde eventualmente un servicio de hotelería no resulta plausible para descartar sin más dicha circunstancia...".

De este modo, en su razonamiento no afirma que el lugar no brinda servicios propios de ese tipo de hospedajes, tal como lo invoca la defensa sino sólo refiere que si en alguna oportunidad "eventualmente", no los prestara, esto no significa que se descarte la existencia de esos servicios.

Lo expuesto revela que la sentenciante en todo momento afirma que estamos en presencia de un hotel y no de un inquilinato. No se advierte entonces, a través del análisis de sus fundamentos, contradicción alguna que habilite la apertura del recurso en relación a este agravio.

Por otra parte, la crítica de la defensa en relación a la forma en la que la Juez ha valorado las declaraciones testimoniales y la importancia que ha otorgado a aquéllas en relación con las actas de comprobación, a los fines de fundar su decisorio, se traduce en una mera discrepancia con el criterio de la juzgadora respecto de cómo debió haber valorado la prueba en autos y qué valor debió haber dado a una por sobre la otra.

Al respecto, este tribunal ha expresado que resulta improcedente la tacha de arbitrariedad si ella se funda en la simple discrepancia del apelante con la apreciación de los hechos y la interpretación de la prueba efectuadas por los jueces de la causa (Fallos 235:462; 249:354 y 683; 250:132; 251: 245 y 453) y que la circunstancia de que el tribunal apelado haya dado preferencia a determinado elemento probatorio no configura arbitrariedad (Fallos 248:68; 251:17;253:496) aún cuando la apreciación de la misma pueda ser calificada de errónea (Fallos 248:46) (causa nro. 071-00-CC/2006 "De Marchi, Facundo y De Marchi, Lucas -Sociedad de hecho- s/ exceder capacidad de personas" Apelación, rta. 22/6/06). En consecuencia, resulta ajena su revisión en esta instancia y por lo tanto el recurso ha sido mal concedido por esta causal.

El último agravio alude al incorrecto encuadre del caso en las prescripciones del art. 12 de la ley 451. Así, al disentir la defensa con el modo en que la Juez aplica la mencionada norma, revela que su planteo se refiere a la errónea aplicación de la ley sustantiva (segundo supuesto previsto por el art. 56 de la ley 1217). Por lo tanto, torna procedente la intervención de esta alzada y el recurso ha sido correctamente concedido por la causal violación de la ley.

SEGUNDA CUESTION Agravio basado en el erróneo encuadre jurídico de los hechos La Juez refirió que las infracciones consignadas en las doce actas de infracción labradas, no responden a un designio común sino a circunstancias diversas e independientes que no habilitan el encuadre del caso a partir de la regla contenida en el art. 11 de la ley 451 (concurso ideal de faltas), sino respecto de la pauta establecida en el art. 12 de dicho ordenamiento (concurso real de faltas).

En contraposición a su postura, la defensa considera que existe un concurso aparente toda vez que la ausencia de habilitación implica el resto de las faltas que resultan ser consecuencia del hecho de no poseer la correspondiente habilitación.

Por su parte, la Sra. Fiscal ante esta instancia consideró que existe concurso aparente sólo entre las infracciones de falta de habilitación y la falta de no exhibir libro de registro de inspecciones, ni libro de registro de pasajeros y por no tener encargado y/o persona responsable en forma permanente, toda vez que estas últimas son consecuencia del hecho de no poseer habilitación. En relación a las restantes faltas, sostuvo que media un concurso real y por ello resulta de aplicación el art. 12 de la ley 451.

Al respecto, es dable establecer que las conductas contenidas en las actas nros. 2 0882532 y 2 0880357, "No exhibir libro de registro de inspecciones, ni libro de registro de pasajeros" como así también "No tener encargado y/o responsable permanente" y "No tener chapa mural en la fachada", no constituyen figuras autónomas en relación a la falta de habilitación prevista por el art. 4.1.1 de la ley 451, por lo que no pueden ser objeto de punición independiente.

En relación a los restantes sucesos, al tratarse de hechos escindibles unos de otros, media entre ellos un concurso real que no puede ser abarcado por el art. 4.1.1 de la ley 451 que prevé la falta de habilitación. Ello así toda vez que esos hechos implican el incumplimiento de otro tipo de obligaciones, principalmente relacionadas con la seguridad y salubridad impuestas al responsable de un inmueble. Nótese que tales conductas fueron tipificadas de manera independiente por el legislador ya sea expresamente en la ley 451 o en las normas complementarias. En base a ello y respecto de éstos corresponde rechazar el agravio impetrado toda vez que resulta de aplicación el art. 12 de la ley 451.

Sin perjuicio de que se ha modificado la relación jurídica que media entre las figuras aplicadas a los hechos contenidos en las actas nros. 2 0882532 y 2 0880357, no corresponde modificar el monto de pena de $ 4400 impuesto por la Juez, toda vez que teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se le imputan, especialmente que la mayoría de las conductas se relacionan con infracciones a normas de seguridad e higiene, éste resulta adecuado en atención a las pautas previstas por el art. 28 de la ley 451, conforme los principios de racionalidad y proporcionalidad.

Por las razones expuestas, el tribunal, RESUELVE:

I- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación en relación a la causal de arbitrariedad invocada, basada en la supuesta existencia de contradicción y errónea valoración de la prueba.

II- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia en cuanto CONDENA a María Delia Banegas, de las demás condiciones obrantes en la causa, en orden a los hechos allí descriptos, a la pena de multa de pesos cuatro mil cuatrocientos ($4400), pagadera en diez cuotas mensuales y consecutivas de pesos cuatrocientos cuarenta ($440), sin perjuicio de la clausura impuesta en sede administrativa; MODIFICANDO la relación jurídica que media entre las figuras aplicadas a las conductas de no exhibir libro de registros de inspecciones, ni libro de registro de pasajeros, no tener encargado y/o persona responsable en forma permanente y no tener chapa mural en la fachada, consignadas en las actas nros. 2 0882532 y 2 0880357, que no encuentran subsunción legal independiente (arts. 4.1.1; 1.2.3; 1.2.4; 2.2.14; 2.1.2; 2.1.1 primer párrafo; 1.2.2; 12, 19 y 28 de la ley 451). Con costas (art. 55 inc. h de la ley 1217).

III- Tener presente la reseva del caso federal efectuada por la defensa.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de primera instancia interviniente, a sus efectos.