Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL,COMERC., LABORAL, MINERIA Y FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-16


Zapala, 16 de Mayo del año 2014.

VISTAS:

Las presentes actuaciones caratuladas: "PERESSONI JORGE ALBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE JUNIN DE LOS ANDES S/ COBRO EJECUTIVO", Expte. N° 33290/2012, del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº UNO de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de los Andes, venidas a conocimiento del Cuerpo, y;

CONSIDERANDO:

I.- A fojas 113, la Municipalidad de Junín de los Andes, por intermedio de apoderado y con patrocinio letrado, apela la resolución de fojas 109/111 por medio de la cual el Sr. Juez de grado rechazó las excepciones de incompetencia, falta de legitimación pasiva e inhabilidad de título, oportunamente entabladas por su parte y mandó a llevar adelante la ejecución iniciada por el Sr. Jorge Alberto Peressoni, ordenando el pago de la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) con más los intereses pertinentes, desde la mora y hasta el efectivo pago, con costas a cargo de la ejecutada.

Manifiesta la demandada en primer lugar que, la observación efectuada por el Juez de grado en cuanto a que la excepción de falta de legitimación pasiva en los juicios ejecutivos, debe ser alegada como inhabilidad de título. Considera que ello debe quedar salvada por aplicación del principio iura novit curia, que manda prescindir de la calificación otorgada por la parte debiendo calificar de manera autónoma esa excepción, teniendo en cuantas las circunstancias en que se funda la defensa.

Seguidamente, sostiene la ejecutada que contrariamente a lo mantenido por el a quo, el convenio objeto de estos autos padece de un vicio, por cuanto en el ese instrumento han sido individualizados el Intendente y el Secretario de Gobierno, en su calidad de representantes de la Municipalidad; no obstante, el documento sólo se encuentra suscripto por el primero de los funcionarios mencionados, no existiendo ningún otro instrumento posterior que complemente o salve el vicio alegado.

Continuando con su línea argumental, la recurrente manifiesta que resulta imprescindible referirse a las normas locales que específicamente determinan quien, en qué circunstancias y con que alcance se puede vincular jurídicamente a la Municipalidad de Junín de los Andes, máxime cuando de la propia letra del acto se desprende que la voluntad, para dicho acto, debe estar integrada por la conjunción de voluntades de dos personas físicas, de las cuales solo una de ellas, finalmente suscribe el acto administrativo.

Finalmente, plantea que atento a lo establecido en los artículos 36 inc. s) y 37 de la Carta Orgánica Municipal su parte no se halla legitimada pasivamente, toda vez que de acuerdo a su punto de vista, de la literalidad del título que la contraparte pretende ejecutar se desprende que el documento no expresa acabadamente la voluntad de la administración pública comunal, por no encontrarse refrendado por el Secretario municipal del área pertinente.

II.- A fojas 118/119 la parte ejecutante contesta los agravios esgrimidos por la ejecutada, solicitando su rechazo y la confirmación del pronunciamiento dictado en la instancia de grado.

Respecto del primer agravio esgrimido por la ejecutada, sostiene que el título es hábil, toda vez que considera que reúne los requisitos extrínsecos exigidos para su validez (fecha, monto determinado y se encuentra rubricado).

Expresa que respecto a la supuesta invalidez por la falta de rubrica de secretario, entiende que se trata de la alegación de la propia torpeza, toda vez que ese documento ha tenido principio de ejecución, importando ello el reconocimiento expreso de la deuda, lo que también habilita esta vía.

Considera el ejecutante que la sentencia de grado fue clara y precisa al determinar la viabilidad del instrumento para esta vía.

Finalmente, en lo atinente a la falta de legitimación pasiva, señala que no existe conflicto de identidad con el demandado, y atribuir a la presunta falta de firma, la condición de poder estar legítimamente en juicio, no es obstáculo esgrimible.

Por lo expuesto, el ejecutante solicita se confirme la sentencia recurrida con costas a la ejecutada.

III.- Ahora bien, entrando al análisis de la cuestión traída a decisión, habremos de señalar que si bien el articulo 3 inc. b) del Código Procesal Administrativo excluye de su órbita material los procesos ejecutivos, se advierte que la resolución Nº 597/2011 hizo lugar a un reclamo administrativo de naturaleza salarial de un funcionario público comunal -el actor-. La materia sobre la que versa el mencionado acto se encuentra regida por el derecho administrativo, en sus aspectos sustanciales -que regula la relación de empleo público- y procedimentales -en tanto reglamenta los procedimientos de formación de la voluntad administrativa y los requisitos del acto administrativo-.

Dicho ello, cabe adelantar aquí que surge de manera palmaria la inhabilidad del título que se pretende ejecutar, toda vez que no se cumple con los requisitos extrínsecos del acto administrativo, y por ello entendemos que asiste razón a la recurrente en los aspectos que han sido materia de agravios.

Primeramente, surge del convenio bilateral que integra la resolución 597/2011 que carece de la firma del Secretario de Gobierno comunal, quien, de conformidad a lo que emerge literalmente de lo instrumentado por escrito (cfr. 86/87 vta.), participó de su celebración.

Tal vicio calificado por el derecho público como muy grave, genera la inexistencia del acto, de acuerdo a lo previsto por el artículo 66 inc. g) de la ordenanza de procedimiento administrativo municipal Nº 1016/2002 que textualmente enuncia: "Vicios muy graves. El acto administrativo adolece de vicio muy grave cuando: g) Carezca de la firma del agente que lo emite...".

Ello hace que ese acto no se considere regular y por ende, carece de presunción de legitimidad y ejecutividad (artículo 71 inciso A de ordenanza antes citada).

En virtud de ello, los agentes públicos municipales tienen el derecho y el deber de no cumplirlo ni ejecutarlo (artículo 71 inciso B de la mencionada ordenanza).

Por lo hasta aquí dicho, y no obstante no haber sido requerido por la ejecutada en estos términos, en sede judicial procede de oficio la declaración de inexistencia (Artículo 71 inciso E de la ordenanza 1016/2002) del acto al que las partes han dotado de fuerza ejecutiva.

Asimismo, asiste razón a la ejecutada en lo que hace a la ausencia del requisito contemplado en el artículo 37 de la Carta Orgánica Municipal, que en su parte pertinente reza que "...Los secretarios refrendarán en el ámbito de su competencia los actos del intendente, sin cuyo requisito carecerán de validez...". Ante ello, no cabe más que resaltar que no se ha acreditado en las presentes actuaciones el refrendo de la resolución 597/2011 por parte del secretario del área pertinente, sino antes bien, conforme a lo que emerge de las copias de las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada, en respuesta al oficio judicial Nro. 853/2013, queda evidenciado que quien a la sazón ocupara el cargo de Contadora Municipal (Sra. Adriana Rodríguez), se negó a firmar la resolución aludida (cfr. fs. 31).

En un caso de idénticas características, la antigua Cámara en Todos los Fueros de la IV Circunscripción Judicial de esta provincia ha dicho que "...el recaudo inherente al apuntado refrendo integra el plexo de prescripciones normativas de rango superior en la órbita municipal, por ser el producido del ejercicio del poder constituyente de tercer grado. Dicho requisito encuentra fundamento en las atribuciones de control político otorgadas por el poder constituyente derivado a los Secretarios municipales sobre los actos del Intendente (cfr. en el ámbito de la Constitución Nacional, el comentario efectuado por Gregorio Badeni sobre el refrendo ministerial impuesto por el art. 100 de la Constitución Nacional, en "Tratado de Derecho Constitucional, Tomo III, 3ra. Edición Actualizada y Ampliada, Ed. La Ley, Buenos aires, año 2010, pág. 632/633)..." (Cámara en Todos los Fueros de la IV Circunscripción Judicial, 27/12/2013, en autos "SANABRIA EMILIO FRANCISCO C/ MUNICIPALIDAD DE JUNIN DE LOS ANDES S/ COBRO EJECUTIVO" Expte. N° 33.388/2012, RI Nº 568/2013).

Cabe recalcar entonces que por prescripción normativa expresa de la Carta Orgánica Municipal, la resolución 597/2011 y el convenio que la integra carece de validez, ante la ausencia del requisito del refrendo, que importa el ejercicio de atribuciones irrenunciables asignadas al Secretario municipal pertinente.

Finalmente, como ya hemos señalado, la resolución 597/2011 padece de vicios en sus requisitos, a los que el ordenamiento normativo de derecho público aplicable, la Carta Orgánica Municipal y la ordenanza de procedimiento administrativo municipal- califican como muy graves y graves, cuyas consecuencias derivan en su inexistencia y la nulidad.

Por todo lo expuesto, consideramos procedente la excepción de inhabilidad de título interpuesta por la ejecutada y como corolario de lo expuesto, se impone revocar la resolución de primera instancia y ordenar el rechazo de la ejecución iniciada en autos.

IV.- Las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por su orden, atento a que el ejecutante pudo haberse creído con derecho a litigar y a apelar. Ello en virtud de los antecedentes que emergen de las constancias administrativas adjuntadas por la ejecutada en respuesta al oficio Nro. 853/2013 - entre los que se destacan, la remisión del expediente administrativo iniciado por el ejecutante a la Secretaría de Economía Municipal a efectos de proceder al pago del importe correspondiente al convenio que integra la resolución Nro. 597/2011 y la emisión de veinte recibos de pago (art. 68, segunda parte del C.P.C. y C.).

V.- También debe revocarse la regulación de honorarios efectuada en la instancia de grado y procederse a una nueva regulación, a saber: Al Dr. ..., letrado patrocinante del ejecutante en la suma de pesos ... ($...), de conformidad con los artículos 6, 7, 10, 11 y 40 de la Ley Arancelaria. En cuanto a los honorarios de los letrados de la parte demandada, corresponde que en primera instancia -al igual que en ésta- se supedite su regulación hasta tanto acrediten que no perciben de su representada una remuneración fija por su labor judicial (Cfr. art. 2° Ley 1.594).

Por lo expuesto, y de conformidad con la legislación, doctrina y jurisprudencia citadas, esta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, Sala I, RESUELVE:

I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada y, en consecuencia, revocar la sentencia de trance y remate, rechazando la ejecución, por proceder la excepción de inhabilidad de título opuesta por la Municipalidad de Junín de los Andes.

II.- Imponer las costas de primera instancia por su orden, de conformidad a lo considerado (art. 68, segunda parte, C.P.C. y C.).

III.- Dejar sin efecto la regulación de honorarios de primera instancia, y proceder a una nueva, a saber: Al Dr. ..., letrado patrocinante del ejecutante, en la suma de pesos ... ($ ...), de conformidad con los artículos 6, 7, 10, 11 y 40 de la Ley Arancelaria. En relación a los honorarios de los Dres. ... y ..., corresponde que en primera instancia se supedite la regulación hasta tanto los letrados acrediten que no perciben una remuneración fija de la Municipalidad de Junín de los Andes por su labor judicial (Cfr. art. 2°, Ley 1.594).

IV.- Imponer las costas de segunda instancia en el orden causado, por ausencia de contradicción (art. 68, segunda parte, C.P.C. y C.).

V.- Regular los honorarios del Dr. ..., por sus tareas en esta instancia recursiva como letrado patrocinante del ejecutante, en la suma de pesos ... ($ ...) (Cfr. artículos 6, 7, 10, 11 y 15 de la ley 1594.); supeditándose los de los Dres. ... y ... hasta tanto los letrados acrediten que no perciben una remuneración fija de la Municipalidad de Junín de los Andes por su labor judicial (Cfr. art. 2°, Ley 1.594).

VI.- Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula a las partes que hayan constituido domicilio ante la Alzada y, oportunamente, remítanse al Juzgado de origen.

A fs. 129: Téngase presente el domicilio constituido y a lo demás, estese a lo resuelto precedentemente.

Dra. Gabriela Calaccio - Dra. Alejandra Barroso Registro de Sentencias Interlocutorias N°: 21/2014 Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante.