marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, Poder Judicial, funcionarios judiciales, médico forense, incompatibilidad de cargos, aplicación temporal de la ley, ley anterior, ley posterior, ley de orden público
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MEDICOS FORENSES s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDAD  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 785 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

La aplicación inmediata de los cambios en un régimen jurídico (modificación de normas por otras posteriores -en el caso- sobre incompatibilidades) se encuentra legitimada por el interés público comprometido en relaciones de empleo público como las aquí analizadas (Médicos Forenses de los Tribunales Provinciales), inscriptas por su naturaleza en un régimen estatutario iuspublicista en cuyo marco se configura una situación de especial sujeción frente al poder estatal, el cual goza de prerrogativas exorbitantes que le permiten introducir modificaciones razonables a fin de satisfacer en la mejor forma las exigencias de aquél, tanto más cuando se encuentran comprometidos valores -como los que hacen a la propia administración de Justicia- ante los cuales no resultan admisibles planteos que intenten subordinar aquellas exigencias (propias del bien común) a las del mero interés particular o de mal entendidos "derechos adquiridos" que nadie puede hacer valer absolutamente frente a leyes que reúnen todos los requisitos necesarios para calificarlas como de orden público, siendo también por lo demás evidente que no se trata de un supuesto donde la aplicación de la norma incida sobre la propia subsistencia de la relación que vincula al Poder Judicial con los peticionantes -cuya estabilidad no resulta afectada-.
Acción de amparo, cuestión abstracta
Materia: CIVIL
Carátula: FERRERO DE AZAR, ANA MARIA c/ ACORDADA DE LA SALA DE SUPERINTENDENCIA DEL 06-08-1992 s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-04-04

Aunque la causa de una pretensión pueda presentarse inicialmente como concreta, es factible que, con posterioridad, se torne abstracta como consecuencia de la desaparición de las condiciones constitutivas del objeto de la decisión judicial, tal es la situación de la amparista que interpuso el recurso contra acordada de superintendencia nombrando a otra letrada en un cargo vacante, si con posterioridad fue designada jueza. No cabe pronunciamiento al respecto, por lo que corresponde declarar la cuestión abstracta.
Regulación de honorarios, abogados, ejercicio profesional
Materia: CIVIL
Carátula: A. S. c/ M. R. O. s/ordinario (acción de nulidad) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-08

"Cuando el abogado actúa en el doble carácter de patrocinante y apoderado debe interponer los recursos legales contra toda sentencia definitiva, contraria a las pretensiones de su poderdante y contra toda regulación de honorarios que le corresponda a abonar al mismo"
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: F., M.E. c/ P., O.E. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-09

Los testimonios carecen de fuerza convictiva para imputar, con única base en ellos, la comisión de injurias graves, causal de divorcio alegada por la actora. Los pretensos hechos injuriantes, así aislados, no pueden en modo alguno configurar una conducta injuriante, en tanto y en cuanto constituyen coyunturas que se dan habitualmente en cualquier hogar argentino.
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Segura, Miguel Jorge c/ Montes, Gabriela Laura s/ Divorcio Vincular - Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Para que sea procedente un recurso es necesario que la resolución contra la cual se alza, haya sido contraria al interés que ha defendido, o sea, que le causa agravio o perjuicio al recurrente, circunstancia que se configura al desestimarse la pretensión del quejoso de que se dé por perdido a su contrincante el derecho de contestar la acción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Violencia de género, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: J. J. G. s/ Lesiones y amenazas en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-10-30

El pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por el acusado de lesiones y amenazas en perjuicio de su ex pareja, es improcedente, pues se trataría de un caso de violencia de género y la aplicación del instituto de la probation contraría el compromiso asumido por el Estado de sancionar esta clase de hechos, es que, de verificarse y cumplirse las exigencias del art. 76 bis y ter del código penal, se suspendería la realización del debate de manera definitiva al extinguirse la acción penal y de ese modo se imposibilitaría a la supuesta víctima de la realización de un juicio oportuno y de la posibilidad del acceso efectivo al mismo.
Prueba confesional, confesión calificada
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: M., J.; G., J.E.; S., S.; G., H.R. s/ Apremio Ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1982-03-30

No deja de ser confesión por negar su responsabilidad en el hecho, o porque la aceptación de su participación en el hecho no sea total.

Basta con que reconozca expresamente haber participado en el mismo.
Estado federal, comercialización ilegal de estupefacientes, Constitución Nacional
Materia: PENAL
Carátula: Braghiroli, Gustavo Eduardo  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en braghiroli, gustavo eduardo contra consejo profesional de ciencias económicas de la ciudad autónoma de buenos aires sobre otras causas con trámite directo ante la cámara de apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-12

Es una noción básica aquella según la cual el federal es un Estado de poderes enumerados, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen el poder residual que les aseguran los arts. 121, 124, 126 y 129 de la Constitución Nacional. A la luz de esta regla, para que una ley del Congreso integre la ley suprema de la Nación (en los términos del art. 31 de la CN), ella debe sustentarse en una atribución que le haya sido conferida a dicho poder por la CN. Acerca del reparto de las competencias para organizar los procesos penales que hace la CN me pronuncié en mi voto en "Del Tronco", expte. n° 6784/09, resolución del 27 de septiembre de 2010. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: N.E.H. c/ ANSES s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-02

Corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la representación letrada de la parte actora en tanto presentó el escrito de expresión de agravios en debido tiempo en una Sala diferente a la de radicación de la causa, toda vez que no se advierte una situación que amerite prescindir de la norma procesal, por lo que se rechaza el planteo de la parte actora y se tienen por no expresados los agravios, al haber vencido el plazo previsto en el artículo 259 del CPCCN
Juicio correccional, hábeas corpus, recurso de apelación (procesal), edicto policial, vagancia y mendicidad, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DOMINGUEZ, GUILLERMO E. s/ HABEAS CORPUS    JUSTICIA CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-11

1) El art. 1 inc. c) del Edicto Policial sobre Vagancia y Mendicidad, es inconstitucional dado que se halla en pugna con el art. 19 y ccdtes. de la Constitución Nacional, principalmente porque aquel régimen normativo sanciona, con fórmulas extremadamente imprecisas, a individuos en situaciones muchas veces no derivadas de una autodeterminación, sino de circunstancias ambientales ineludibles, particularmente en momentos como los actuales, donde las expectativas existenciales y los recursos de supervivencia de un gran número de personas se han visto reducidos a límites lindantes con lo infrahumano.

2) Si la vía apelativa ante el fuero correccional prevista por la ley, aparece en el caso como medio tardío para restaurar la libertad injustamente conculcada, los jueces competentes deben aplicar las disposiciones de la ley 23.098 antes de que sus beneficiarios sufran perjuicios irreparables, cuando los recursos ordinarios de apelación resultan ineficaces a tales fines.
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras, banco central, responsabilidad del banco, omisión de estados contables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RICCILLO, JULIO CESAR c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-05

La ausencia de contabilización es inoponible al depositante y, por el contrario, mediando un incumplimiento de sus deberes por parte de la entidad liquidada, las consecuencias de esa omisión recaen sobre el Banco Central que pudo y debió ejercer un debido control por tratarse de una entidad sujeta a su fiscalización.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-11-25

En la práctica resulta difícil determinar cuando una cuestión es de hecho o de derecho, y en este sentido la doctrina ha sostenido que: "En la experiencia concreta existen problemas que sólo pueden resolverse mediante una conjunción entre juicio de hecho y de derecho no susceptible de separación. Ante la imposibilidad de trazar en forma acabada y definitiva la línea divisoria, se debe rectificar la tendencia a abusar de la calificación -cuestión de hecho- y en caso de duda por la complejidad del problema de fondo, estimarla como de derecho".
Plazos procesales, presentación extemporánea
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Santucho, César Eduardo c/ Gentile, Pablo Javier s/ Nulidad del acto jurídico y su acumulada. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-11-12

Tanto el plazo para interponer como para contestar el traslado del recurso extraordinario federal se cumple a los diez días de notificado personalmente o por cédula-, debiéndose computar el mismo conforme las normas establecidas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 257). En el caso, resulta extemporánea la presentación efectuada reputándose inoficiosa dicha actuación (doctr. art. 11, Acordada 4/2007).
Impuestos, régimen penal tributario, extinción de la acción penal, cumplimiento de la obligación, pago en cuotas, sobreseimiento definitivo
Materia: PENAL
Carátula: SEO, JUNG SOO s/ Contrabando y Régimen penal tributario Causa 32497
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-24

Ante el acogimiento del imputado al régimen de presentación espontánea y facilidades de pago previsto en el Decr. 631/92, corresponde declarar extinguida la acción penal aplicando lo dispuesto en el art. 14 de la ley penal tributaria y sobreseer definitivamente en la causa, aún cuando el pago pactado con la Dirección General Impositiva haya sido en cuotas.
Revocación de sentencia, sentencia arbitraria, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra Castelucci María Laura sobre ejecución fiscal - régimen simplificado c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-12

Corresponde revocar la sentencia recurrida, en tanto no siguió el precedente "Arubatex S.R.L." del Tribunal, ni fundó ese apartamiento en argumentos que hubiera entendido novedosos, o que no formaron parte del debate en aquella causa precedente. Ninguno de los motivos que se esgrimieron en la sentencia impugnada, constituye un argumento jurídico que justifique el apartamiento del precedente de este Tribunal en que incurrió la jueza. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grosso Filomena c/ Cattena Juan Jose s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18

Si al efectuarse la ampliación de demanda por daños y perjuicios derivada de un accidente de automotores, se encontraba prescripta la acción contra el titular registral, o sea que había transcurrido el plazo de dos años que prevé el artículo 4037 del Código Civil y no había sido interrumpido con la promoción de la acción contra otro demandado -el conductor-, debiéndose resaltar que la actora conocía antes de iniciarse la demanda quién era la titular del automotor, resulta procedente la prescripción deducida.
Acción de amparo, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: CODERE ARGENTINA S.A. c/ PROPIETARIOS O EXPLOT. DE MAQUINAS DE JUEGO s/ ACCION DE AMPARO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-25

Los términos en el juicio sumarísimo son de dos días, y este trámite se aplica subsidiariamente en la acción instaurada.
Caducidad de instancia, alegato, llamamiento de autos, elevación en apelación, demora en la elevación de los autos
Materia: PROCESAL
Carátula: Copan Coop. de Seg. Ltda. c/ Marziano, Franco s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

El artículo 495 del Código Procesal prescribe que, vencido el plazo para presentar los alegatos, el Secretario sin petición de parte, pondrá el expediente a despacho, agregando los alegatos, si se hubieren presentado. El Juez, acto contínuo, llamará autos para sentencia. Debiendo cumplirse la actividad de oficio la declaración de caducidad de la instancia resulta improcedente en orden a lo dispuesto por el artículo 313, inciso 3) del Código Procesal porque de existir demora es imputable al secretario.
Asegurador, sentencia condenatoria
Materia: LABORAL -CIVIL
Carátula: TOLEDO HUGO RICARDO c/ CON SER S.A. s/ DEMANDA - DIFERENCIA DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-07-08

Sólo a título de referencia se indica que, con posterioridad a la elaboración de la jurisprudencia de esta Sala se dictó la ley 23643 que modificó el segundo párrafo del art. 7 de la ley 9688 dejando "sin efecto legal el requisito de citación en garntía establecido en la ley de seguro". Respecto al alcance de dicha disposición , en general, se ha coincidido en que el régimen quedaba intacto en tanto la facultad de citar en garntía era ejercida por el asegurado o empleador y la modificación sólo se aplicaba respecto del trabajador o sus derechos habientes. Pero en este punto surgieron dos líneas interpretativas: a)la de quiénes sostuvieron que no siendo la citación un requisito legal, en cuanto resulta de caácter facultativo su ejercicio, la reforma no cambió mayormente las cosas y que subsiste la posibilidad de citación (en garantía) sujeta al prudente arbitrio judicial y b) quiénes criticando la técnica del legislador, sostuvieron que la innovación hacía al efecto de la condena, que dejaba de ser in solidium para revestir el carácter de solidaria entre empleador y asegurador, siendo en consecuencia problema entre los condenados lso reclamos que puedieran corresponder derivados del contrato que los vinculaba.

Sin embargo, la nueva ley 24.028 ha vuelto en este aspecto al punto inicial de la ley 9688 antes de la reforma introducida por ley 23 643. Es decir, que el empleador, el trabajador damnificado o sus causahabientes podrán citar en garantía a la aseguradora, pero a diferencia de aquélla se establece que el trabajador y sus derechos habientes deberán demandar al empleador, excluyéndose la demanda directa en contra del asegurador (art. 6).(Voto del Dr.Moisset de Espanes).-
Alimentos, alimentos provisionales
Materia: CIVIL
Carátula: I., D. del C. c/ V., B.V. s/ Violencia Familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-16

Como ya se reseñara en anteriores pronunciamientos y sostiene la jurisprudencia en forma uniforme, los alimentos provisorios tienden a satisfacer o cubrir las necesidades básicas e imprescindibles del alimentado durante la sustanciación del proceso hasta el dictado de la resolución definitiva o que otros elementos de prueba modifiquen los mismos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maturi de Pegoraro, Yolanda y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Usucapión Folgueras, Horacio Hipólito c/ Guadañin, Raquel Rafaela s/ Rectificación de título de propiedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-18|1996-07-16

La Corte no puede convertirse en una tercera instancia entrando al examen de las constancias acreditativas, aunque la valoración de las pruebas efectuada por el juzgador haya sido equivocada, discutible, objetable o poco convincente.
Constitucionalidad, convertibilidad, inconstitucionalidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: CRISTALERIA LA ESPERANZA SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/ INC.  VERIFICACION  POR  AGUILA  LOTARIO M.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-25

No procede la tacha de invalidez de la ley 23928 y del decreto 529/91 si no se brinda razón alguna en virtud de la cual a través de sus prescripciones se afectarían substancialmente las "garantías de propiedad crediticia y de igualdad jurídica y el vulneramiento irrazonable al principio protectorio en el trabajo subordinado (cn:

17, 18 y 14 bis)", constituyendo así el cpr 265 y 266, una valla al progreso de la pretensión recursiva.
Recurso extraordinario, proceso penal, prueba, sobreseimiento definitivo, detención, obediencia debida, indulto
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Suárez Mason, Carlos Guillermo s/ homicidio, privación ilegal de la libertad, etc.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-13

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que denegó diversas medidas de prueba solicitadas por la madre de una desaparecida en jurisdicción dependiente del Primer Cuerpo del Ejército entre los años 1976 y 1983, ya que ello implicaría la reapertura del proceso y el consecuente ejercicio de actividad jurisdiccional contra quienes han sido sobreseidos definitivamente por las conductas que dieron lugar a la formación de la causa.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Pescio, Raúl y otro s/ consignación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-11

El respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las causas que, en lo sustancial, versan sobre aspectos propios del derecho público local, sin perjuicio de que las cuestiones federales que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Excarcelación, condena condicional, pena máxima eventual
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: AYALA, Miguel Angel s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-21

Corresponde conceder la excarcelación solicitada cuando el delito por el que se le dictara prisión preventiva al procesado tiene establecida una pena máxima de seis meses de prisión sin que constituya obstáculo para ello la condena de siete meses de prisión en suspenso certificada en su legajo de personalidad.
Improcedencia del recurso, funcionarios públicos, insuficiencia del agravio, escala penal
Materia: PENAL
Carátula: Acuña, Matías N. y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-11

Resulta improcedente el cuestionamiento de falta de fundamentación de la sentencia en lo tocante al hecho calificado como resistencia a la autoridad, pues los informes médicos -respecto del Comisario y del imputado- permitieron concluir al tribunal que el encausado se resistió, violentamente, a través de golpes y forcejeos, como así también identificándose con un nombre falso, al accionar de los funcionarios públicos que se encontraban dando cumplimiento de la orden judicial que disponía su detención.No se observan vicios que afecten la validez del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, apreciándose que el encuadre de ellos bajo las previsiones del artículo 210 del Código Penal también luce correcto, pues ha quedado de manifiesto que existía entre los nombrados una comunidad de voluntades duraderas en el tiempo tendientes a perpetrar múltiples planes delictivos, que concretaban a medida que se le presentaban las circunstancias propicias según lo planificado.Respecto al cuestionamiento de la necesidad de imponer pena a un menor de edad, cabe hacer notar que el órgano sentenciante decidió fundadamente la situación procesal del nombrado bajo las disposiciones de la ley 22.278, dada su condición de menor a la fecha de los hechos atribuidos, teniendo e n cuenta la evolución del nombrado en su tratamiento tutelar y las pautas fijadas por el Superior, brindando adecuados y suficientes fundamentos sobre la necesidad de imponer pena al encausado, por lo que la sentencia no puede ser descalificada como acto jurisdiccional válido.Examinados los argumentos que exhibe el fallo puesto en crisis respecto de las penas impuestas a los encausados, se observa que las mismas han sido suficientemente fundadas en las circunstancias particulares del expediente, se ajustan a la escala penal aplicable al caso y no resultan irrazonables o desproporcionadas. Dres. Catucci, Riggi y Mahiques.
Portación de armas, armas de uso civil, proceso penal, sujetos del proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Lazarte, Emiliano y otros c/  s/ 189 bis, Portación de arma de fuego de uso civil s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

La decisión que por mayoría concedió la suspensión del proceso a prueba respecto de los tres imputados, no constituye una derivación razonada del derecho vigente en tanto omitió la aplicación del art. 205 del Código Procesal Penal. En efecto, al encuadrar el caso bajo el primer párrafo del art. 76 bis del Código Penal, prescindiendo de la letra de los arts. 76 del CP y 205 del CPP, se soslayó la oposición expresada por el fiscal en la audiencia. El precepto mencionado ha quedado desplazado por lo normado en el código ritual, conforme lo dispuesto por la actual redacción del art. 76 del CP, que establece que la suspensión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes y sólo ante la falta de regulación total o parcial, se aplicarán las disposiciones del Título XII. Sin embargo, la Cámara al resolver como lo hizo, prescindió de dicha cláusula y desconoció la potestad local para regular la materia. Ello torna arbitrario el pronunciamiento atacado. (Del voto del juez Santiago Otamendi).