Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-22


Salta, 22 de Marzo de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "MEDINA, Amanda Glady vs. ZALAZAR DE LOS RIOS, Helvecia Isolina - Ejecutivo" expte. n° 155.493/06 del Juzgado de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 3ª. Nominación del Distrito Judicial del Centro - Expte CAM n° 274.654/09 de esta Sala Tercera, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

I) La providencia de fs. 42, al tiempo de rechazar el recurso de revocatoria planteado a fs. 40/41 respecto de la providencia de fs. 39, concede la apelación subsidiaria. A fs. 46/47 expresa agravios. Dice que se deniega el dictado de auto de venta con sustento en que los bienes no están precisados, pues forman parte de un todo ideal, que obsta su valor de realización; además, que no se subastarán solamente derechos sino también deudas de suerte que el eventual comprador no sabría del verdadero contenido económico de su adquisición. Refutando lo dicho por la jurisdicción de grado afirma que ese derecho a la herencia se encuentra determinado en un juicio sucesorio, en el cual está claro no solamente los bienes y deudas que lo integran, sino también las personas que gozan del derecho a los bienes relictos y que afrontarán las deudas. La demandada de autos es la única heredera del de cujus y, por tanto, acreedora a la totalidad del acervo. Su derecho -entonces se encuentra fijado y en condiciones de tener un valor concreto. Que la venta de derechos y acciones hereditarios no está prohibida por la ley, y de hecho se realiza de común en la realidad. Lo que se está vedado es la enajenación de la herencia futura. Estando en el comercio, son susceptibles de ejecución. Repara en lo dicho por el art. 570 del Código Procesal Civil y Comercial cuando señala: Si el embargo hubiese recaído en bienes... a los efectos de regular su subasta, en clara alusión a la definición dada por el Código Civil en su art. 2.312. El derecho hereditario es un objeto inmaterial susceptible de valor y, por ende, un bien susceptible de ejecución forzada. Que tiene pleno conocimiento de los bienes y deudas que involucran el acervo hereditario de la Sra. Zalazar. Por último, dice que si hace lo que la Jueza pretende, es decir esperar hasta que el derecho de su deudor se materialice en bienes concretos por el trámite de la partición y adjudicación, lo más probable es que su expectativa de cobro se vea frustrada por una razón evidente: es claro que la demanda ya tiene conocimiento de la existencia de un embargo sobre su derecho hereditario y carece de interés en continuar tramitando la sucesión.

Corrido traslado de la memoria no es replicada por la demandada. Elevados los autos a esta Sede, se pasa la causa a despacho con el juicio sucesorio requerido (ver fs. 66 y 67).

II) Ha señalado el Tribunal, con citas de otras Salas de esta Cámara, que no es procedente la subasta de un automotor si no se encuentra inscripto a nombre del ejecutado en el pertinente Registro, pero en tal caso los derechos y acciones pueden ser rematados si resultan ciertos y precisos (CApel.CC.Salta, Sala V, tomo IV, año 1984, f° 233; íd. tomo V, año 1985, f° 1281; íd. Sala IV, tomo X año 1988, f° 310; CApel.CC.Salta, Sala I, año 1984, f° 219; íd. Sala IV, tomo VIII, año 1986, f° 73). Los derechos y acciones pueden subastarse cuando ellos son definidos, claros y precisos (CApel.CC. Salta, Sala IV, tomo V, año 1983, f° 521; íd. Sala V, tomo VI, año 1986, f° 885; íd. Sala III, año 1996, f° 318). Sobre la cuestión, apunta Martínez que en principio es procedente la ejecución o enajenación forzosa de derechos y acciones, es decir la posibilidad de embargo de tales derechos y su ejecución ulterior como consecuencia rigurosamente lógica, porque entre los bienes del deudor, prenda común de los acreedores, se encuentran los derechos, es decir, los objetos inmateriales susceptibles de valor (Oscar J. Martínez, La Subasta Judicial, Editora Platense, La Plata, 1972, pág. 32). La jurisprudencia nacional decidió en idéntico sentido resolviendo que si bien, en principio, es improcedente la subasta de acciones y derechos, ello no sucede si se trata de créditos definidos, claros, precisos y fácilmente estimables. Así, es admisible la subasta pública de los derechos y obligaciones embargados, si recaen sobre un inmueble perfectamente individualizado en posesión del deudor, que ha sido tasado con arreglo a derecho (CApel. de Concepción del Uruguay, Sala Civil y Com. en L. L., 1997-E, 1058, J. Agrup., caso 11.949 - DJ, 1997-1-401), cuanto que procede la subasta de los derechos de un bien inmueble que compró el deudor mediante boleto, y más aun cuando el vendedor reconoce la venta y ofrece su colaboración (C.2ª, Civ.Com.Min. de San Juan, 1984/04/24, "Adarvez Oscar L. c. Samper, Jaime" en Diario El Derecho del 2/10/84, pág. 8; CApel.CC. Salta, Sala III, año 2004, f° 696; íd. íd. año 2007, f° 721).

Y en autos se aprecia que existen elementos como para tener por acreditados los recaudos de certeza y precisión aludidos a efectos de la subasta pretendida por el apelante en orden a los derechos y acciones de la demandada sobre el bien inmueble embargado, en tanto ha sido declarada única y universal heredera del causante (fs. 32 del expediente sucesorio); que sólo se ha denunciado el predio afectado como único integrante del acervo sucesorio de Alberto De Los Ríos (el catastro 1.688 del Departamento de Metán - fs. 33 de dicha causa); que se le adjudicó Helvecia Zalazar el bien raíz (fs. 39); que se expidieron las hijuelas y ello en fecha 23 de abril de 1999 (fs. 42 y 42 vta.); más, la única sucesora declarada no ha procedido a la inscripción del dominio a su favor en la Dirección General de Inmuebles, lo que determinara que el embargo dispuesto en autos se efectivizara sobre sus derechos y acciones (fs. 29 de autos).

III) En aras de un agotamiento de la temática que nos convoca, la Sala II de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, por mayoría (voto de los Dres. Viglizzo y Pilotti), en fallo del 05/10/ 2006 en el expediente N° 127.869 "Villalba, Jorge Ricardo c/ Arbasetti, Horacio s/ cobro ejec. de alquileres" -elDial, AA3882- en caso similar al de autos, dijo que "El acreedor se encuentra plenamente habilitado, a fin de hacer efectivo su crédito, para pedir la venta forzada de los derechos y acciones hereditarios que su deudor tiene derecho a percibir sobre determinado bien inmueble, sin que constituya requisito necesario para su cumplimiento la previa inscripción de la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad, ya que no median motivos para su exigencia (art. 16 Ley 17.801)".

En su voto en disidencia, el Dr. Peralta Mariscal luego de reparar que la resolución apelada dispone que "...Previo a resolver, advirtiéndose que a la fecha del presente no obra en autos constancia del estadio procesal del sucesorio de don Norberto Aquiles Arbasetti, más precisamente si se ha dictado declaratoria de herederos ya que es preciso que previo al remate se encuentre inscripta la declaratoria de herederos que le reconoce tal carácter al ejecutado, dice que la subasta judicial no resulta equiparable con el contrato de compra venta ni con el de cesión onerosa de derechos, pues es un acto jurisdiccional de naturaleza publicista mediante el cual el juez competente ejecuta bienes del deudor para obtener una suma líquida de dinero y poder satisfacer así a los acreedores ejecutantes, prescindiendo absolutamente de la voluntad del titular de dominio. Todos los contratos (incluyendo los dos que nos ocupan), muy por el contrario, exigen el consentimiento pleno y válido de ambas partes (art. 1.137 del Código Civil) del que se prescinde totalmente en el caso de subasta, pudiendo éstos tener el mas variado de los objetos (art. 1.197 del mismo código) con la única limitación impuesta por el art. 953 y conc. del Código Civil mientras que aquella no, como se verá. 3) Sentadas las diferencias más importantes que hacen inconciliables a los mencionados contratos con la subasta judicial, cabe analizar ahora si los derechos hereditarios, ya sea sobre un bien determinado o sobre todos ellos en forma indeterminada (que sin ninguna duda pueden ser objeto de los contratos), son susceptibles de ser rematados en subasta pública. Para ello, debe dejarse aclarado que estos derechos (tanto en uno como en otro caso como se demostrará), son de contenido absolutamente difuso, intangible y contingente.

En efecto, cuando los derechos y acciones son los que corresponden a alguien sobre toda la herencia, jamás puede saberse a ciencia cierta cuál es el contenido de éstos, por lo menos en forma completa, puesto que existe siempre la posibilidad de que aparezcan nuevos bienes (lo que no acarrearía inconvenientes) o deudas desconocidas con anterioridad, pudiendo desaparecer en este último caso todo el activo de la sucesión. Cuando se trata de derechos y acciones que corresponden sobre un bien específicamente determinado (salvo el caso de los créditos, art. 3485 y siguientes del Código Civil), la conclusión a que se llega es la misma. Si hay varios herederos (y aunque fuera uno solo existe siempre la posibilidad de que se presente alguien invocando y acreditando debidamente tal calidad), los bienes se concentran formando una masa indivisa en la cual aquellos tienen un derecho en expectativa que será concretado con la partición o con la inscripción de la declaratoria de herederos en favor de la o las personas declaradas como tales, pedida por todos ellos (pues en este caso, la inscripción equivale a una partición en que las partes se adjudican en condominio los bienes relictos). Antes de estos trámites, no tienen derecho alguno sobre un bien de la herencia materialmente determinado, pues puede tocarle a otro heredero en la partición (ya presentado o que se pueda presentar en lo sucesivo). Por lo tanto, como se adelantara, tampoco puede saberse en este caso cuáles son "los derechos y acciones hereditarios que corresponden sobre un bien determinado", llegando nuevamente a la conclusión de que se trata de un objeto difuso y contingente, salvo cuando se ha aprobado la partición o se ha inscripto la declaratoria de herederos en favor del único presentado como tal (recordemos que la inscripción en favor de todos los herederos y pedida por todos ellos, equivale a una verdadera cuenta particionaria); más, en estos casos, ya no son "derechos y acciones hereditarios", sino que el beneficiario pasa a ser titular de dominio liso y llano con título suficiente (partición judicialmente aprobada o declaratoria de herederos inscripta a pedido de todos los declarados como tales) y modo suficiente (por ficción jurídica tiene la posesión de los bienes hereditarios desde la delación, arts. 3415, 3418 y conc. del Código Civil). Cierto es que aún inscripta la partición o la declaratoria de herederos en favor de los declarados (uno o varios), pueden presentarse en lo sucesivo otras personas invocando y demostrando tal calidad. Pero porque esta contingencia tenga carácter imprevisible e inevitable no puede ser desvirtuada la necesidad de concreción efectiva del título suficiente (partición judicialmente aprobada u orden de inscripción de la declaratoria de herederos pedida por todos aquellos que fueron declarados tales), resultando conveniente, además, que la inscripción sea debidamente efectivizada para su oponibilidad a terceros (art. 2.505 del Código Civil). De tal forma quedan debidamente perfeccionados los derechos en expectativa generados por el fallecimiento del causante. 4) Establecido ya el contenido de los derechos y acciones hereditarios, resta analizar si los mismos pueden ser objeto de una subasta judicial. Se adelanta que no. Sólo los herederos (salvo circunstancias excepcionales y contingentes) se encuentran en condiciones medianamente claras de determinar cuáles son los derechos que en definitiva van a corresponderle a él o a sus coherederos sobre la herencia y por lo tanto serían los únicos que en el acto de la subasta podrían saber a ciencia mas o menos cierta (nunca en forma precisa) qué es lo que están comprando. Serían entonces, en la práctica, los únicos oferentes pues nadie va a comprar algo que no sabe qué es, qué valor tiene y lo que es peor, si en definitiva va a existir o no. Y en caso de que ellos no compren, lo haría el acreedor puesto que de lo contrario la insatisfacción de su crédito sería segura, siendo en este caso solamente probable. Se estarían lesionando de esta forma tanto los derechos del ejecutante como los del ejecutado (pues terceras personas podrían estar interesadas en pagar un precio mayor), lo que resulta inadmisible. 5) La seriedad que debe revestir una subasta judicial exige que esté dirigida a un número indeterminado de posibles interesados y que lo que se ofrece para su conversión en dinero sea fácilmente evaluable por lo que es en sí mismo y no por lo que indirectamente podría llegar a ser, por lo cual, la única salida plausible es que el acreedor, echando mano a la acción subrogatoria (art. 1196 del Código Civil) concrete los derechos en expectativa de su deudor (heredero por hipótesis) y, una vez hecho esto, solicite la subasta judicial".

Ahora bien, cualquiera fuere la posición que se asuma en la materia, lo cierto es que en el caso, como se dijo, el proceso sucesorio ha concluido, de modo tal que no se rematarán genéricamente derechos y acciones de la heredera, en la medida que su alícuota está perfectamente definida e identificada. Es decir, no existe ya indivisión hereditaria, sino que el bien ha sido adjudicado a su favor por la partición que se encuentra debidamente aprobada, aunque no fuere inscripta, por lo cual nada obsta a que se proceda a la subasta.

Por ende, la apelación intentada -a mi entender debe prosperar en tanto la subasta se concretará sobre derechos ciertos y determinados, no existiendo posibilidad alguna que se verifique una situación de duda o falta de certeza sobre lo que se rematará. Y el acreedor no puede quedar supeditado a que su deudora inscriba las hijuelas para recién poder concretar el acto de ejecución forzada. IV) En orden a las costas del recurso, se disponen por su orden (arts. 67, 2ª parte y 68, 1ª parte, del Código Procesal), dado que la decisión del Juzgado fue emitida de oficio y no a instancias de la accionada, quien en momento alguno formuló oposición al embargo reclamado, ni rebatió los argumentos del memorial presentado por la ejecutante, por lo que no hay mérito para que se las cargue a dicha parte.

El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Domínguez.

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto en subsidio por el actor a fs. 40/41. En su mérito, DEJA SIN EFECTO la resolución de fs. 41 apartado I y REVOCA la providencia de fs. 39, MANDANDO se dicte el auto de venta peticionado a fs. 38. COSTAS del recurso por el orden causado.

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.