Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-06-14


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los días del mes de junio de dos mil once, se reunió en Acuerdo los miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Jorge Pfleger, Daniel Alejandro Javier Panizzi y Alejandro Rebagliati Russell, bajo la presidencia del primero de los nombrados para dictar sentencia en la causa caratulada "P., M. R. s/ lesiones graves en accidente de tránsito" (Expte. 21.736 - F° 146 - Letra "P" - Año 2009).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 303: Rebagliati Russell, Panizzi y Pfleger.

El Juez Daniel A. Rebagliati Russell dijo:

I. El Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 2 de la ciudad de Puerto Madryn, mediante sentencia del día ocho de junio del año 2009, condenó a N. M. A. a la pena de seis meses de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación especial para conducir automotores, con costas, por hallarla autora material y penalmente responsable del delito de lesiones culposas graves (C.P., arts. 94 en función del artículo 92), por el hecho ocurrido en esa ciudad el día 16 de octubre de 2004, aproximadamente a las 10.30 horas, en perjuicio de M. R. P..

Que el hecho objeto de debate se describió en el requerimiento de elevación a juicio, el cual indica: "El día 16 de octubre de 2004, aproximadamente a las 10.30 hs., la encartada N. A., se desplazaba conduciendo un automotor marca Daihatsu Feroza Dominio XXX ***, por la calle Piedrabuena en dirección sur-norte y en la intersección de la calle Albarracín, de esta ciudad, debido a la alta velocidad a la que se conducía, embistió a un ciclomotor marca Zanella color negro sin chapa patente en el que se movilizaba la Sra. M. R. P., quien a consecuencia del evento sufrió fractura expuesta en su pierna derecha, fractura de clavícula, politraumatismo, traumatismo de cráneo y de miembros inferiores." (v.fs.99/101).

II. A fs. 260/6 la defensora particular, doctora N. M. S., interpuso recurso de casación, indicando como motivos las causales previstas en el artículo 415 inciso 1ro. y 2do. del Código Procesal Penal -Ley 3155-.

Sostiene que el juez de grado se equivoca en el concepto de culpa, y que no entiende porqué no consideró que el actuar imprudente de P. contribuyó al resultado dañoso.

Insiste en que la conducta de la víctima revela un desinterés total y una desatención absoluta por las normas así como por el prójimo, y que el tribunal le resta entidad a este proceder.

Agrega que la sola velocidad no es suficiente para sustentar un juicio condenatorio y que no se puede sostener de ninguna manera que su asistida actúo con imprudencia y negligencia e impericia en el arte de manejar, ya que activó todos los mecanismos necesarios ante las circunstancias que se le presentaron.

En cuanto al segundo motivo de agravio, sostiene que la sentencia carece de los requisitos esenciales para su validez.

Critica que el juez no responde a los argumentos de la defensa, al negarse a realizar un análisis profundo de los mismos.

Consideró que las circunstancias apuntadas ameritan que se case la sentencia atacada por falta de motivación en virtud de lo dispuesto en el art. 363, inc. 3° del C.P.P.

Por último, reitera el pedido de las nulidades requeridas en el debate.

III. Sentado lo que es el meollo de la discusión, penetraré en el examen de la sentencia, y advierto en un primer análisis que no existen razones para conmover el pronunciamiento dictado y por ello, adelanto que el fallo en crisis -en mi concepto- debe ser confirmado.

En primer término, ha quedado demostrado que el resultado dañoso aquí investigado fue producto de la colisión entre el automóvil que conducía N. M. A. y la motocicleta en la que circulaba M. R. P..

Este accidente, según quedó registrado, ocurrió en la intersección de las calles Piedrabuena y Albarracín, de la ciudad de Puerto Madryn.

Para analizar la situación, el juez tuvo en cuenta el siguiente material probatorio: acta policial y croquis de fs. 1/3; certificado médico de fs, 4; informes técnicos de fs. 10; 20/1; fotocopia de historia clínica de fs. 29/35; pericia accidentológica de fs. 52/7; fotos de fs. 46/7; informe médico de fs.96.

En base a ello, y luego de escuchar en audiencia a las partes y testigos convocados, el juez llegó a la conclusión que las lesiones registradas en la víctima habían sido provocadas por la colisión entre los vehículos, y que la responsabilidad recaía en A. por haber actuado con imprudencia y negligencia, además de impericia en el arte de manejar.

Este razonamiento lo extrae de la declaración del perito R. y del testigo presencial, G. C., quienes coinciden en sostener que el vehículo en el que iba la imputada, circulaba a una velocidad superior a los 60 km. por hora.

A este dato lo compara con la reglamentación vigente en la materia, que sostiene que la velocidad en una arteria urbana no debe superar los 40 km. por hora, y que esta velocidad debe disminuir al llegar a una encrucijada.

Así, entiende que la conducta desplegada por la imputada queda subsumida en la figura del artículo 94 inc. 2° del C.P.

Esta breve síntesis tiene por finalidad describir los fundamentos utilizados por el magistrado para decidir como lo hizo, y como ya adelantara, comparto esta conclusión.

En la oportunidad e emitir mi voto en autos "C., P. s/ lesiones culposas en accidente de tránsito" (Expte. 21.118 - F° 37 - T° II - Letra "C" - Año 2007), sostuve que si se probaba que el accidente se produjo en una "bocacalle" se debe disminuir la velocidad hasta detener la marcha si fuere necesario. Que esta exigencia surgía de la necesidad de posibilitar el cruce de peatones y de aquellos automotores que circulen por la derecha.

En el caso de autos, y según quedara acreditado por el material probatorio, si bien la prioridad de paso la tenía la camioneta, que circulaba por la derecha, dicha circunstancia no modifica la obligación que tenía de disminuir la velocidad al llegar a la intersección, lo que también quedó registrado, ya que se determinó que lo hacía a más de 60 km. por hora. Así lo sostuve en el fallo citado: ´. Ello así, por cuanto la prioridad de paso de quien circula por la derecha, no exime a quien lo tiene del necesario deber de cuidado y prudencia cuando debe afrontar el cruce, pues no constituye un derecho absoluto ni tampoco lo faculta para arrasar con cuanta cosa se encuentre a su paso, pues la preferencia debe conjugarse con el deber de reducir la velocidad de su vehículo al llegar a las intersecciones.´ Por lo expuesto encuentro acertada la decisión del juez correccional y la responsabilidad adjudicada a título de culpa a A. aparece ajustada a las constancias de la causa. En cuanto al segundo agravio, entiendo que la sentencia se encuentra motivada, y según ya expresé, dio las explicaciones lógicas del caso, e indicó en qué consistió la culpa adjudicada.

Por lo demás, los argumentos de la defensa han sido contestados cuando refiere que en materia penal no se admite la compensación de culpas, y que lo que aquí se está juzgando es el accionar desplegado por la imputada, que no extremó los cuidados necesarios para evitar el resultado.

Para finalizar y, respondiendo al planteo de nulidades, nada tengo que agregar a lo dicho por el Tribunal.

El artículo 173 del ordenamiento adjetivo (Ley anterior), disponía que la instrucción se iniciará por prevención o información policial, con la debida intervención del señor Fiscal, no siendo necesario en estos casos el requerimiento fiscal.

Por todo lo expuesto, propongo se rechace por improcedente el recurso de casación interpuesto por la defensa, se confirme la sentencia, y se regulen los honorarios de la defensa en la suma de pesos quinientos.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El ministro Rebagliati Russell ha expuesto los antecedentes del caso y los agravios deducidos por el casacionista, de manera que omitiré toda alusión a ellos y me remitiré a lo detallado precedentemente.

II. El fallo atacado condenó a N. M. A. a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación especial para conducir automotores, con costas. La halló autora material y responsable del delito de lesiones culposas graves (artículo 94, en función del artículo 92 del Código Penal), por el hecho acaecido el día 16 de octubre del año 2004, aproximadamente a las 10,30 horas, en perjuicio de M. R. P..

La sentencia tuvo por acreditado que, en circunstancias en las que N. M. A. se desplazaba conduciendo un auto marca Daihatsu Ferosa, dominio XXX-***, por la calle Piedrabuena en dirección sur-norte, en la intersección con la calle Albarracín, embistió a un ciclomotor marca Zanella, color negro, sin chapa patente, en el que se movilizaba M. R. P., quien sufrió fractura expuesta en su pierna derecha, fractura de clavícula, politraumatismo de cráneo y de miembros inferiores.

El Juez en lo Correccional estableció que la imputada actuó con imprudencia y negligencia, además de impericia en el arte de conducir.

Para arribar a tal conclusión se basó, fundamentalmente, en la pericia accidentológica realizada por el Oficial Inspector R. M. R. y en el testimonio de G. C..

El perito, al tiempo de exponer en el debate las conclusiones de su dictamen, declaró que sobre la base de cálculos y fórmulas físico-matemáticas, pudo establecer una mínima probable de velocidad de la camioneta en el evento de 60,55/57 kilómetros por hora y, que la moto circulaba a poca velocidad. Estimó que con todos los elementos cotejados, la causa principal del accidente había sido la velocidad de circulación del rodado mayor.

A su turno, el testigo G. C. expresó que el día de los hechos, se encontraba en su automóvil estacionado sobre calle Albarracín al 1300; que vio pasar una moto, la que al llegar a la intersección de las calles Estivariz y Piedrabuena, fue embestida por una camioneta. Calculó, por su experiencia, la velocidad del vehículo en 60 ó 70 kilómetros por hora y manifestó que el ciclomotor se desplazaba a 40 ó 50 kilómetros por hora.

La base probatoria del evento estuvo compuesta, además, por el acta policial y croquis de fojas 1/3, el certificado médico de P., los informes técnicos de los pliegos 10 y 20/21, las fotocopias de la historia clínica de la víctima, las fotografías de las hojas 46/47 y la pericia accidentológica de los folios 52/57.

Por último, el sentenciador confrontó la conducta desplegada por la atribuida con la reglamentación nacional en materia de tránsito que exige que la velocidad de circulación en una arteria urbana, que no es avenida, debe ser inferior a los 40 km/h, disminuyéndose al llegar a una encrucijada.

En función del material probatorio evaluado el a quo concluyó que N. M. A. ejecutó la conducta antijurídica y culpable prevista en el artículo 94, segundo párrafo del Código Penal.

En mérito de las probanzas analizadas, no encuentro razones suficientes para descalificar la sentencia como un acto jurisdiccional válido. El pronunciamiento dictado es una decisión motivada y correctamente razonada.

Ha determinado con certeza la existencia del hecho insimulado y la responsabilidad de la acusada en el evento.

Si bien quedó establecido que el rodado mayor circulaba por la derecha y, por esa razón, gozaba de la prioridad de paso, lo cierto es que, de acuerdo a la normativa de tránsito, el conductor que se acerca a una encrucijada está obligado, en todos los casos, a reducir considerablemente la velocidad y, aun a detenerse.

En el caso de autos, se probó que A. no aminoró la marcha al aproximarse a la bocacalle y, por lo tanto, su accionar culposo surge palmario y, por consiguiente, debe responder por esa inobservancia.

III. La compensación de culpas alegada por la defensa no procederá desde que la culpa de la víctima no puede compensar la falta de atención y cuidado de la encausada, que violó un precepto legal e introdujo un riesgo grave para la seguridad del tránsito.

Es decir, la imputada creó un riesgo prohibido merced a un comportamiento, que era -entre otros- el de reducir la velocidad al llegar a la esquina. Por ello, le era exigible la evitación de la producción del resultado por su obligación de garantía.

En definitiva, el nexo de evitación entre la conducta debida y el resultado descarta la competencia de la víctima en su producción.

IV. Por último, expresaré mi concordancia con el ministro Rebagliati Russell en torno a que el artículo 173 del Código Procesal Penal (Ley Nº 3155) no exige el requerimiento fiscal para iniciar la instrucción si medió prevención o información policial.

Todo lo dicho, descarta la posibilidad de acogimiento de las nulidades planteadas, tal como lo expresara el distinguido colega que votó antes.

V. En conclusión, voto por confirmar la sentencia atacada en todos sus términos y regular los honorarios profesionales de la defensa, de acuerdo al monto fijado en el sufragio anterior.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Daniel A. Rebagliati Russell y Alejandro J. Panizzi, existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal de Justicia; de modo que haré uso de la facultad que prevé el C.P.P., art. 357 (texto según ley 4550, art. 7).

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente S E N T E N C I A 1º) Declarar improcedente la casación interpuesta a fs. 260/6, con costas (C.P.P. -ley 3155, artículos 485, 486, 488 y concordantes).

2º) Confirmar la sentencia protocolizada con el número 044/2009, de fs. 247/52.

3°) Regular los honorarios profesionales de la doctora N. M. S. en la suma de quinientos pesos ($ 500.), no incluye I.V.A.(Ley 2.200, artículo 14.y Ley 4920, art.59).

4º) El presente es firmado por dos miembros de la Sala Penal por encontrarse el doctor Rebagliati Russell en uso de licencia.

5°) Protocolícese y notifíquese.