Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 365/369. Santa Fe, 14 de febrero del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME), en calidad de tercero citado al pleito, contra la sentencia de fecha 21 de marzo de 2017 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, en autos "BARCELO, GRISELDA LUCIA Y OTROS contra ARZOBISPADO DE SANTA FE - SENT. COBRO DE PESOS - RUBROS LABORALES - (CUIJ 21-04664033-8)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511251-3); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante decisión del 21 de marzo de 2017, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, rechazó el recurso de apelación interpuesto por SOEME. De ese modo, confirmó la decisión de la jueza de baja instancia que, a su turno, rechazó la excepción de incompetencia interpuesta por SOEME y dispuso -como medida cautelar- la suspensión del descuento en concepto de aporte solidario que se venía efectuando en los haberes de los trabajadores integrantes de la parte actora (fs. 2/3v.). Contra este pronunciamiento, SOEME deduce recurso de inconstitucionalidad en su carácter de tercero citado al pleito (con los alcances y razones previstas en el artículo 301 del CPCCSF). Argumenta ser titular de los derechos sobre los que versa la litis y que en autos se ha puesto en tela de juicio la legitimidad del aporte solidario establecido en su favor mediante el Convenio Colectivo celebrado en fecha 20.12.2012 con el Consejo Superior de Educación Católica, convenio que -aduce- guarda sustento en leyes nacionales y pacífica doctrina y jurisprudencia (fs. 7/16v.). En cuanto a los recaudos de admisibilidad y procedencia del recurso de inconstitucionalidad, afirma que el decisorio que tilda de arbitrario es definitivo, causa gravamen irreparable y es inconstitucional por contener graves vicios en la motivación, no dar razones valederas que permitan sustentar constitucionalmente lo decidido y configurar una clara violación del debido proceso y una verdadera privación de justicia al ignorar los profusos y serios planteos de su parte, brindando fundamentos sólo aparentes que se presentan teñidos de dogmatismo y desentendidos de la solución justa que imponía el caso. Solicita a esta Tribunal la suspensión de los actuados invocando el artículo 307 del referido Código de rito y de la totalidad del procedimiento hasta tanto se resuelvan sus planteos, incluyéndose la medida cautelar pedida por la actora. Sostiene con carácter de previo y especial pronunciamiento la declinatoria de competencia de la justicia laboral provincial por incompetencia en razón de la materia, con fundamento en el artículo 20 de la ley nacional 18345, de donde -afirma- surge que es competencia exclusiva de la Justicia Nacional Laboral el tratamiento de la totalidad de las cuestiones fundadas en Convenciones Colectivas de Trabajo. Refiere que "La ley que rige en la especie, sustentando la legitimidad de la imposición de aportes solidarios a los trabajadores no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, es el artículo 9 de la ley nacional 14250..." lo cual -afirma- conlleva que su análisis corresponda a la justicia laboral federal y sea materia ajena a la competencia del magistrado provincial (art. 116 C.N.)" (f. 8v.). Señala también que el demandado en autos, Arzobispado de Santa Fe de la Vera Cruz, no es empleador de los actores ni firmante de la convención colectiva por lo que carece de la legitimación pasiva sustancial para actuar en autos, donde "...lo único que se persigue es no pagar el aporte solidario previsto en el artículo 9 de la ley 14250 sin plantear su inconstitucionalidad ni cuestionar su legitimidad y vigencia...", lo cual -en su entendimiento- sólo puede hacerse ante la justicia federal laboral. Aduce que ambos firmantes de la Convención Colectiva de alcance nacional, tanto SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad) como CONSUDEC (Consejo Superior de Educación Católica), poseen domicilio en Capital Federal, lo que determina -según interpreta- que estando las partes legítimas en estas actuaciones (actores y firmantes del convenio colectivo) domiciliadas en diferentes provincias, la justicia provincial resulte incompetente. Agrega que si bien los actores fundan la competencia en el artículo 2, incisos a) g) y k) de la ley provincial 7945 (t.o. ley 13039), la justicia provincial no resulta competente porque "Nunca un conflicto basado en una Convención Colectiva puede ser un conflicto individual, máxime si se plantea como en el caso un litisconsorcio activo de varias personas" (f. 9). Por otra parte, relata que se opuso a la medida cautelar ordenada en baja instancia, que dispuso que el Arzobispado suspenda las retenciones en concepto de aporte solidario acordado en el Convenio Colectivo de fecha 20.12.2012. De este modo, argumenta que lo decidido le causa un gravamen irreparable pues deja firme el arbitrario fallo de primera instancia, dictado por juez incompetente, por detracción de fondos solidarios legítimos que le corresponden por convenio colectivo; agravio que -considera- sólo puede ser reparado por la vía excepcional mediante el presente recurso de inconstitucionalidad. 2. Evacuado el traslado que prevé el artículo 4 de la ley 7055 (fs. 19/23), mediante resolución del 09.05.2017, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 25/27); ello motivó la presentación directa del interesado ante esta Corte (fs. 31/42). 3. Se adelanta el rechazo de la presente queja, por las razones que seguidamente se exponen. Cabe recordar que el artículo 1 de la ley 7055 establece una exigencia fundamental para que la resolución, supuestamente agraviante, pueda ser objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad local. Esta es, que debe tratarse de una sentencia definitiva o auto equiparable. A su vez, cabe apuntar que resulta ser posición pacíficamente aceptada, tanto por esta Corte como por el Máximo Tribunal nacional, que corresponde atribuir tal carácter a las decisiones que, si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (en tal sentido, Fallos:308:1832; A. y S., T. 92, pág. 416; T. 107, pág. 149; T. 120, págs. 309 y 320, entre otros). Pues bien, atento a su naturaleza, el pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad -en cuanto rechaza la apelación de COEME y así, confirma la decisión anterior que declarara competente a la justicia provincial en materia laboral para entender en las presentes actuaciones y ordena suspender los descuentos a los actores en concepto de aportes solidarios- no es sentencia definitiva, ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación. Ello así, puesto que: 3.1. En cuanto a sus planteos de incompetencia de la justicia provincial, se advierte que, tal como puntualizara el A quo, el recurrente "...confunde la estructura constitucional de formación de la legislación de fondo con las atribuciones de competencia en los fueros federal, nacional y provincial" (f. 2v.). En efecto, el recurrente deja firme los argumentos esbozados por el A quo, en tanto se limita a achacarle arbitrariedad y falta de fundamentación mas sin intentar controvertir sus razones, configurando así el planteo impugnativo una mera discrepancia con el alcance que le asignara el juzgador a los hechos del proceso y su subsunción en el derecho aplicable, sin perfilar una cuestión constitucional en los términos del artículo 1 de la ley 7055. El recurrente invoca como vulnerada la ley 18345, la cual regula la organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo. Ahora bien, en sus artículos 20 (invocado por la recurrente) y 21, 22 y 23 no hace más que determinar la competencia material de estos Tribunales, del mismo modo que -en normas de redacción similar- lo hacen los artículos 2 y 3 del Código Procesal Laboral santafesino (ley provincial 7945, t.o. Ley 13039). En su artículo 24, la ley 18345 refiere a la competencia territorial y señala que "En las causas entre trabajadores y empleadores será competente, a elección del demandante, el juez del lugar del trabajo, el del lugar de celebración del contrato, o el del domicilio del demandado. El que no tuviere domicilio fijo, podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia. En las causas incoadas por asociaciones profesionales por cobro de aportes, contribuciones o cuotas, será competente el juez del domicilio del demandado". A la par de esta norma y también con una redacción similar, el artículo 5 del Código Procesal Laboral santafesino, establece que: "En las causas incoadas en materia laboral será competente a elección del trabajador demandante: el juez del lugar del trabajo; el del domicilio del demandando o el del lugar de la celebración del contrato. El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar de su última residencia. En las causas promovidas por asociaciones profesionales por cobro de cuota sindical y contribuciones convencionales, será competente el juez del domicilio del demandado...". Pues de las referidas normas se colige sin esfuerzo que si lo que persigue el trabajador -o un grupo de ellos, como ocurre en autos- es la suspensión de los descuentos -en el caso, cuotas solidarias- y cuestiona la legitimidad del sujeto que invoca derecho a ellas o de la norma convencional que sirve de sustento, es a opción de los "trabajadores demandantes" accionar ante el juez del lugar donde prestan sus tareas o lugar del trabajo -lo que aconteció en la especie- o del domicilio del demandado, o del lugar de celebración del contrato. Esta interpretación del artículo 5 del Código Procesal local, resulta concordante con la fijada por esta Corte en los precedentes "García, Elio c. Mapfre ART S.A. s. Competencia" (A. y S. T. 266, pág. 111) y "Velázquez c. Prevención ART. S.A. s. Competencia" (A. y S. T. 266, pág. 221), los que si bien refieren a demandas contra sucursales de aseguradoras de riesgos del trabajo, adoptan un discernimiento de la referida norma que resulta trasladable a la especie. 3.2. En cuanto a sus planteos relativos a lo dispuesto en autos por vía de cautelar, esta Corte tiene dicho que -como regla- no constituyen sentencia definitiva o autos equiparables a tales, en los términos del artículo 1 de la ley 7055, las resoluciones referidas a medidas cautelares -sea que las decreten, levanten o modifiquen-, salvo que medien agravios que, por su magnitud y las circunstancias del caso, puedan ser irreparables. Y en este punto, el quejoso, pese a sus alegaciones, no demuestra la configuración de un supuesto que habilite excepcionar el referido recaudo -esto es, no evidencia que lo decidido pudiere provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior-, en tanto lo resuelto por vía cautelar (suspensión de las retenciones en los haberes de los trabajadores que integran la parte actora), de acuerdo a su propia naturaleza, no configura un decisorio definitivo ni equiparable a tal (Fallos:305:1847; 256:150; 257:147; 258:262; 262:136; 265:265; 324:432; CSJ Sta. Fe: A. y S., T. 54, pág. 458; T. 59, pág. 18; T. 65, pág. 175; T. 82, pág. 151; T. 108, pág. 278). Aún cuando el impugnante sostenga que la decisión cuestionada violaría sus garantías constitucionales -concretamente, el debido proceso y la defensa en juicio- y afectaría su derecho de propiedad, tales alegaciones resultan genéricas, eventuales e insuficientes en orden a evidenciar la irreparabilidad pretendida. De este modo, no logra el quejoso demostrar el andamiaje constitucional de sus alegaciones, en tanto no acredita la presencia de una situación de excepción que permita sortear el recaudo de definitividad. Y así, frente a la ausencia del referido recaudo de definitividad de la decisión cuestionada (arg. art. 1 de la ley 7055) y sin que el interesado evidencie una situación de excepción al mismo, corresponde denegar el remedio de queja deducido. Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 4 de Santa Fe.