Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-04


SENTENCIA NUMERO: CINCO En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 99/09, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto p/ Dra. Natalia Pérez Casanovas -Fiscal Penal en lo Correccional de Ira. Nominación- en Expte. Nº 151/03 caratulado: 'VARGAS, Einer Rosario- s.a Homicidio Culposo- Chañar Punco- Santa María", contra la Sentencia nº 114/09, dictada con fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve por el Juzgado Correccional de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es Admisible el recurso de casación interpuesto a fojas 01/09 por la Sra. Fiscal en lo Correccional de Primera Nominación, Dra. Natalia Pérez Casasnovas. Es nulo el fallo impugnado por haber inobservado o aplicado erróneamente la ley sustantiva? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 18, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero: el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 114/09, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P..- II. Por Sentencia nº 114/09, del 17/11/09, el Juzgado Correccional de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "I) Declarar extinguida la acción penal por prescripción en la presente causa a favor de VARGAS, EINER ROSARIO, de condiciones personales relacionadas en autos, sindicado como supuesto autor del delito de HOMICIDIO CULPOSO (art. 84 del Código Penal), de conformidad con lo prescripto en los Arts. 59 inc. 3º y 62 inc. 2º en concordancia con el art. 2, ambos del Código Penal. II) En consecuencia, ordenar el sobreseimiento total y definitivo a favor de VARGAS, EINER ROSARIO, de condiciones personales relacionadas en autos por las razones expuestas precedentemente y en relación al delito referido (Art. 84 del Código Penal), de conformidad a lo prescripto por el art. 346 inc. 4 del C.P.P....".- III. Contra dicha resolución recurre en casación la Sra. Fiscal Correccional de Primera de Nominación, Dra. Natalia Pérez Casasnovas -en adelante la recurrente-, en su condición de representante de los intereses sociales, e invoca el motivo sustancial previsto en el inciso 1º del art. 454 del C.P.P.. Concretamente, denuncia la errónea aplicación del art. 67 del C.P., entendiendo que la acción penal no se encuentra prescripta pues su curso se ha interrumpido.

Asevera que la sentencia recurrida es arbitraria y agraviante para los intereses de la comunidad, alegando que la prescripción se interrumpe por la fijación de la audiencia de debate, por la comisión de un nuevo hecho delictivo, y por la rebeldía del imputado al sustraerse de la facultad del órgano estatal de poner fin a la causa a través del juicio propiamente dicho.

Refiriéndose puntualmente al fallo que ataca, resalta que en éste se sostuvo que luego del auto de citación a juicio había transcurrido el plazo de prescripción, ya que ninguno de los actos procesales practicados con posterioridad a aquél poseía carácter interruptivo. Destaca que para fundar esta argumentación, el tribunal aplicó retroactivamente la ley penal más benigna, considerando que, según la nueva redacción del art. 67 del C.P., el auto de fijación de audiencia para debate, ya no constituye un acto interruptivo de la prescripción. Contrariamente a lo sostenido por el a quo, la recurrente postula la arbitrariedad de la decisión, alegando que existen actos procesales posteriores al requerimiento de elevación a juicio que interrumpieron el curso de la prescripción: la fijación de fecha de debate; la comisión de un nuevo delito y la rebeldía del imputado.

Considera que en el caso de autos, el cómputo de la prescripción debe tomar como punto de partida el último acto procesal al que se le confirió efecto interruptivo con arreglo a la normativa que se aplicó durante el proceso. En tal sentido, sostiene que los nuevos parámetros para interpretar los actos que interrumpen la prescripción, de acuerdo a la nueva legislación, sólo podrían ser aplicados a partir de su entrada en vigencia y no antes, considerando su virtualidad los actos denominados "secuela de juicio" que se hayan producido con anterioridad a la sanción de la ley 25.990. En la señalada dirección, la recurrente entiende que no era posible privar a los actos procesales cuya capacidad interruptiva se cuestiona de aquel efecto interruptivo del curso de la prescripción que se les había otorgado anteriormente, al menos no con sustento en el principio de retroactividad de la ley penal más benigna como lo hizo el a quo. Interpreta la representante de los intereses sociales, que aún cuando se aplicara retroactivamente la ley 25.990, debería interpretarse la noción de "acto procesal equivalente" con relación a otros códigos procesales que no contengan la figura de la citación a juicio, así como a otros actos de procedimiento con efectos similares en juicios ya iniciados. Lo contrario -expresa- significaría, en el caso, aplicar una hermenéutica parcial que desnaturalizaría las finalidades del legislador con lesión de los derechos constitucionales de acceso a la jurisdicción por parte del querellante. Manifiesta que de las constancias de autos, surge que, asimismo han interrumpido el curso de la prescripción distintos autos firmes con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.990. Entre ellos se encuentra -sostiene- la primera fijación de audiencia de debate (fs. 403, 23/09/2009).

Continúa su expresión de agravios, diciendo que también se interrumpe el curso de la prescripción por la comisión de un nuevo delito, por haber violado el imputado la caución juratoria de fs. 253, 254, 257 y 404, las que fueron remitidas a la Fiscalía de Instrucción a cargo del Dr. Mauvecín (09/10/09), a los fines de que investigue la supuesta comisión de un delito (art. 239 del C.P.).

A continuación cita doctrina y jurisprudencia, refiriéndose por último, a la rebeldía del imputado. Con relación a ello, alega que Vargas voluntariamente decidió sustraerse del accionar de la justicia impidiendo la realización del debate, por encontrarse ausente, así, eludió la acción de la misma no pudiendo aquella materializarse en ningún sentido. Manifiesta que la intervención del imputado fue meramente dilatoria en el procedimiento. Asevera que si avalamos conductas como éstas, quienes deban someterse a la realización de un juicio, no comparecerían, sustrayéndose voluntariamente de la acción de aquélla; por ello entiende que estos actos interruptivos revisten el carácter de trascendentales. Sostiene que el juez no valoró las cuestiones precedentemente descriptas, poniendo de resalto el interés de la sociedad en la procedencia del recurso.

Por último, expresa que la arbitrariedad del decisorio se manifiesta en que se ha interpretado la ley 25.990 en un sentido violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; con menoscabo del derecho de acceso a la justicia que ampara a la víctima del delito, conforme la normativa supranacional de rango constitucional.

Estos son los agravios que a mi entender contiene la pretensión recursiva.- III. a. Corrida vista al Sr. Procurador General de la Corte de Justicia (fs. 14/15), manifiesta que mantiene el recurso deducido por la Sra. Fiscal de Correccional, solicitando se le imprima el trámite de ley.- IV. Como puede apreciarse, el núcleo central de la cuestión a dilucidar, radica en analizar si efectivamente el a quo ha inobservado o aplicado erróneamente el art. 67 del C.P., modificado por ley 25.990 (B.O. 11/01/05). Concretamente, el meollo de la cuestión se centra en determinar si han existido actos interruptivos de la prescripción de la acción penal.

En forma liminar debo adelantar, que le asiste razón a la recurrente en cuanto al yerro incurrido por el sentenciante, pero no por los argumentos traídos en su sustento -actos que interrumpen la prescripción-, pues son otras las razones que permiten arribar al resultado buscado.

En el fallo bajo examen, el tribunal sostuvo que a la luz de lo dispuesto por el art. 67 -párrafos 4º y 5º- del C.P. modificados por la ley vigente Nº 25.990, luego del auto de citación a juicio, había transcurrido el plazo de prescripción, ya que ninguno de los actos procesales practicados con posterioridad a aquél poseían carácter interruptivo. Funda esta argumentación al sostener que la nueva redacción del art. 67 enumera en forma taxativa las causales de interrupción de la prescripción de la acción penal, a la vez que elimina dentro de esta categoría aquellos actos procesales que mantienen en movimiento la acción penal, esto es "secuela de juicio".

En primer término, la recurrente esgrime como causal interruptiva, el decreto de fijación de la primera audiencia de debate. Alega que conservan su virtualidad los actos considerados "secuela de juicio" que se hayan producido con anterioridad a la sanción de la ley 25.990. No obstante lo afirmado, advierto, que los argumentos dados al respecto, no se condicen con las constancias de la causa, puesto que, el decreto de fijación de audiencia de debate al que alude la representante de los intereses sociales como interruptor del curso de la prescripción, es de fecha mucho posterior (26/06/08; fs. 357) a la enterada en vigencia de la nueva ley que se menciona. Es decir, se trata de un acto procesal dispuesto durante la vigencia de la ley 25.990 (B.O. 11/01/05) y no antes como argumenta la recurrente. Por ello, tampoco resultan de recibo los fundamentos brindados al invocar que los parámetros de la nueva legislación sean aplicados a partir de su entrada en vigencia y no antes, puesto que si tomamos en cuenta esta argumentación, igualmente nos conduce a la prescripción de la causa, por no existir interrupción. Aceptar dicho criterio, implicaría además, ir contra el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna (art. 2 del C.P.; 9º de la Convención Americana de Derechos Humanos; 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 75 inc. 22 de la C.N.).

En igual sentido, y a fin de dar respuesta integral a los fundamentos dados en el escrito recursivo, adviértase que con el instituto de la prescripción de la acción penal (C.P., art. 67) y a propósito de la modificación operada con la Ley 25.990, se ha reemplazado la fórmula abierta y sujeta a la interpretación, "secuela del juicio", que es equivalente a los actos de impulso del trámite o de exteriorización de la voluntad estatal persecutoria, por una enunciación taxativa de actos procesales, que impide asignarle ese efecto a otros actos no incluidos en el elenco legal. De este modo, el artículo 67 del C.P., señala expresamente cuáles son los actos interruptivos en cada etapa del proceso, a saber: a) en la investigación penal preparatoria, la declaración indagatoria y el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio; y b) durante el juicio "el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente" y "el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme". Por lo tanto, en este último apartado la expresión "acto procesal equivalente", al ir precedido de la disyunción "o" refiere claramente a la forma en que cada normativa procesal vigente en el lugar de enjuiciamiento regula la citación a juicio, que en el caso de nuestra ley procesal, se trata del "decreto de citación a juicio" (art. 358 del C.P.P.). Entender que dicha expresión se extiende a todos aquellos actos que impulsaron el proceso -como pretende la recurrente- desembocaría nuevamente en el problema de una fórmula vaga y ambigua sujeta a interpretación, que precisamente fue lo que la reforma pretendió erradicar.

Desde otro ángulo, corresponde ahora, examinar la segunda causal invocada con eficacia para provocar la interrupción de la prescripción de la acción penal, cual es, la comisión de un nuevo delito (desobediencia judicial, art. 239 del C.P.). Como punto de partida, debo decir que aquí sí, la causa que alega la recurrente se encuentra dentro de las expresamente previstas en el art. 67 -párrafo cuarto, inc. a)- del C.P..

Ahora bien, dicho ello, cabe preguntarse si efectivamente en el caso de autos, nos encontramos ante la presencia de la mencionada causa interruptiva, es decir, ante la comisión de un nuevo delito.

Un detenido análisis de las constancias del expediente, me permite advertir que lo que existe es una serie de conductas irregulares y tendenciosas del imputado a lo largo del procedimiento, que han sido puestas en conocimiento del fiscal de instrucción de séptima nominación a efectos de que se investigue la posible comisión de hechos delictivos perseguibles de oficio.

En esta dirección, cabe recordar que el instituto de la prescripción encuentra su fundamento en la destrucción por el transcurso del tiempo de los efectos morales que el hecho ilícito provoca en la sociedad: extingue la alarma social ante el delito y la correlativa exigencia de la sociedad de que se lo reprima como medio de obtener la tranquilidad social, circunstancias que constituyen el fundamento de la pena. La prescripción deviene a consecuencia del incumplimiento de una función esencial del Estado, cual es, el ejercicio de su poder jurisdiccional a su debido tiempo, dado que posee un plazo perentorio para ejercitar la acción penal, y se traduce en la obligación de conducir los procesos no sólo en legítima forma, sino también, en términos regulares y precisos. Todo esto, siempre y cuando, el individuo involucrado en el procedimiento no altere el término de esta potestad por su intervención intencionalmente dilatoria en el procedimiento o eluda el accionar de la justicia. Ello es así, puesto que la fuga del imputado, con claras intenciones de eludir el accionar de la justicia, provoca que ésta no pueda materializarse en ningún sentido.

Esta última argumentación, encuentra sustento en la propia causa, en una concatenación de actos llevados a cabo por el imputado y mantenidos por su defensa técnica, que denotan justamente esa intervención intencionalmente dilatoria en el procedimiento, intentando de esta manera eludir el accionar de la justicia, con un único objetivo común: lograr la prescripción de la causa.

En efecto, surge de las constancias de autos, la siguiente concatenación de actos procesales: a) El 11/07/03 el fiscal de instrucción interviniente concedió la excarcelación al imputado Einer Rosario Vargas, bajo caución juratoria, imponiéndole la obligación de comparecer cada vez que sea citado y de no ausentarse de la provincia sin conocimiento de la autoridad judicial (fs. 253/254). b) A fs. 257 es puesto en libertad, fijando domicilio en Medanitos, Departamento Santa María, comprometiéndose a ser presentado cuando sea requerido. c) A fs. 357 el tribunal fija audiencia de debate para el día 11/07/08 a las 09:00 hs. d) El 10/07/08, comparece la defensa del imputado manifestando que Vargas se había trasladado a Bs. As. ante la posibilidad de conseguir trabajo, situación ésta que motivó que no pueda ser notificado, ya que su padre que vive en el domicilio denunciado en autos, también se encontraba en Bs. As. (fs. 359). e) Con fecha 14/07/08 el padre del imputado designa como nuevo abogado defensor al Dr. Víctor Manuel Pinto (fs. 363), a lo cual el juez no hace lugar, libra orden de detención al imputado Vargas, notificando al defensor oficial en turno (fs. 364). A fs. 367 comparece el imputado, da las razones de su ausencia de la provincia y designa como abogado defensor al antes propuesto por su padre. Ante ello, el a quo, deja sin efecto la orden de detención y fija audiencia de debate para el día 13/07/08, a las 11 horas, notificando personalmente al imputado Einer Rosario Vargas (fs. 367/368). Dos horas y media antes de dar inicio a la audiencia de debate fijada, comparece la defensa del imputado y solicita la suspensión del juicio a prueba, suspendiéndose así el inicio del debate. El tribunal, siguiendo el criterio ya sentado para este tipo de delitos -con pena de más de tres años y de inhabilitación- no hizo lugar al pedido, lo que motivó la interposición por parte de la defensa técnica del respectivo recurso de casación. En esta secuencia de actos, destáquese que durante el trámite de la mencionada impugnación, los recurrentes ponen en conocimiento del Tribunal de que se habría operado la prescripción de la acción penal (fs. 13 del pertinente recurso). Esta Corte, no hizo lugar al recurso interpuesto, ordenando que se celebre el debate (S. nº 17/09, 21/09/09; fs. 393/400 vta.). f) A fs. 403 se fija nuevamente fecha de debate para el día 1/10/09 a las 09:00 hs., no pudiendo notificar al imputado de la realización de la misma por no encontrarse nuevamente en su domicilio (Medanitos - Santa María), informándose que se encontraría nuevamente en Bs. As. (fs. 404), ante lo cual el juez libra orden de detención y vuelve a suspender la audiencia de debate ante la imposibilidad de notificar fehacientemente al imputado. Pese a ello, se debe destacar que la propia defensa, en escrito presentado con fecha 1/10/09, reconoció que los padres del imputado fueron puestos en conocimiento de la realización de la respectiva audiencia. En idéntica oportunidad, los asistentes técnicos aseveraron que no pesaba restricción alguna sobre el imputado. Esto último no encuentra sustento en las constancias de autos, puesto que Einer Rosario Vargas tenía la obligación legal de no ausentarse de la provincia sin conocimiento del tribunal (fs. 253/254), obligación que incumplió reiteradamente, conforme se ha acreditado.

Todo ello originó que el juez, mediante decreto fundado (fs. 414) decidiera revocar la libertad concedida (fs. 253/254 y 257) y ordenara proseguir con la orden de captura emitida. Además, remitió copias debidamente certificadas de fs. 253/254, 257, 404, 407, 408/414 a la fiscalía de instrucción en turno, para que investigue la posible comisión de hechos delictivos perseguibles de oficio, ordenando que prosiga la causa según su estado.

Lo reseñado precedentemente, condice con el informe remitido por la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación al Juzgado Correccional de Primera Nominación, en donde efectivamente se constata que en el libro de Entradas y Salidas perteneciente a la mencionada fiscalía, registra ingreso con fecha 09/10/09 (anterior a la emisión del fallo en cuestión), Expte. Letra "J" 175/09, caratulado: "Juzgado Correccional de Primera Nominación remite oficio s/ Ilícito Penal", aclarando que con el respectivo legajo se remitieron copias certificadas de las fs. 253, 254, 257, 404, 407 y 408/414 del Expte. Letra 151/03 "Vargas Einer Rosario s/ Homicidio Culposo - Chañar Punco - Santa María" a fin de que se investigue la posible comisión de hechos delictivos perseguibles de oficio por parte de Einer Rosario Vargas. Informándose además, que dicha causa al día de la fecha (30/11/09) se encuentra en etapa investigativa y sin personas imputadas.

En este análisis, tampoco se puede soslayar, que la defensa técnica del incoado Vargas, conocía donde éste se encontraba, y si bien, no era su obligación informar al tribunal, colaboró de esta manera para que su defendido continúe entorpeciendo el accionar de la justicia (fs. 413).

Por último, destáquese, como era de esperar, que luego de esta secuencia de actos, comparecen los abogados de Einer Rosario Vargas solicitando se declare el sobreseimiento del imputado por prescripción de la acción penal, petición que el Juez Correccional acogió mediante la sentencia que aquí se cuestiona.

En este caso, considero que no caben dudas de que existieron acreditadas circunstancias en las que el individuo involucrado en el procedimiento ha alterado el término de la potestad jurisdiccional, eludiendo el accionar de la justicia a través de su intervención intencionalmente dilatoria a lo largo del procedimiento, mudando su domicilio a otra provincia sin dar aviso al tribunal cuando existía una obligación legal de hacerlo, con claras intenciones de evitar su localización y lograr así la prescripción de la causa. De las constancias analizadas se advierte que no sólo ha existido una puesta en conocimiento por parte de la autoridad judicial al fiscal de instrucción en turno a los fines de que investigue la comisión de un hecho delictivo, sino que existen en la causa constancias concretas de que el imputado Vargas ha quebrantado la ley, se ha burlado de la justicia y ha desobedecido una orden judicial (fs. 253/254, 257).

Y esto es así, porque el fundamento de la prescripción no puede sustentarse en base de apreciaciones caracterizadas de manera relativa, puesto que sostenerla exclusivamente desde esa perspectiva, es decir tomando en consideración únicamente la posición del imputado, para resolver el conflicto dentro de lo que podría llamarse un plazo razonable y sin dilaciones, avasallaría los derechos de las victimas. Y las limitaciones de los actos interruptivos de la prescripción mediante la nueva redacción del art. 67 de C.P., solamente fijó la forma de computar el tiempo máximo de duración de un proceso, término que no puede ser considerado en abstracto, sino en relación al caso concreto.

Y en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus fallos ha expresado respecto del concepto de plazo razonable que se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso 1) la complejidad del asunto; 2) la actividad procesal del interesado y 3) la conducta de las autoridades judiciales. -Ruiz Mateo c/ Spain Judgment, 23/06/1993, Serie A n°262, párr. 30- . Y no es posible establecer un criterio in abstracto de este plazo, sino que él se fijará en cada caso vistas y valoradas estas circunstancias, -Conf. Informe de la Comisión IDH en el caso "Firmenich" -Argentina- n° 27/89, caso 10.037 y texto en el informe 1988-1989-.

Ya que como bien lo sostienen los antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales nacionales como internacionales, esta no se trata de una garantía exclusivamente asignada al imputado, sino también a las victimas del delito, quienes tampoco pueden sortear el destino del proceso a las dilaciones motivadas por la contraparte, y ello es así, porque la tanto la Constitución como la leyes que se dictan en su consecuencia yacen en el delicado equilibrio entre los intereses generales y los derechos particulares, así como también los derechos de los imputados y los de las victimas.

Y es en el derecho procesal en especial, que al estar en presencia de una permanente puja entre los derechos individuales y los generales, éstos deben conjugarse en un punto de equilibrio derivado de limites puestos al accionar del estado, mediante el sistema de frenos y contrapesos, y ambos derechos -individuales y generales; víctimas e imputados-, como los principios que lo sostienen, deben conjugarse armónicamente, lo que implica no anteponer los unos sobre los otros, sino conformar un equilibrio y tolerable marco legal que contenga a todos ellos y fije los limites precisos de las normas aplicables conforme las constancias del caso concreto.

Siendo esto absolutamente compatible con la postura reiterada de la Corte Federal, cuando sostiene que los derechos y garantías de la Constitución no son absolutos, sino que están sujetos a leyes que reglamentan su ejercicio. Ya que todos los derechos reconocidos por la constitución tienen igual valor y deben interpretarse armónicamente, sin que unos estén por sobre los otros, tratando de lograr un equilibrio entre ellos, que es lo que se pretende en todos los casos en general en que el Estado, a través de la sanción de las leyes pertinentes, fija como en este caso, por un lado los limites a la actividad punitiva del estado y por el otro establece interrupciones y suspensiones en el computo de ese plazo de prescripción, basada en circunstancias concretas que se suscitan durante el transcurso del proceso, ya que sin estos actos interruptivos y suspensivos del decurso de la prescripción, prácticamente todos los procesos inevitablemente prescribirían, facilitando el accionar deliberado de las partes que tiendan a ese fin, aniquilando de esta forma uno de los objetivos esenciales del estado, cual es monopolizar la actividad punitiva y efectivizar un adecuado servicio de justicia, el que, como en este caso, se vería burlado, por la prolongación del proceso, que dependió exclusivamente de una acción deliberada del imputado que, terminaría siendo beneficiado por su contumaz conducta.

Por lo que, teniendo en cuenta que lo que tiene efecto interruptivo es la comisión de ese nuevo delito y no el proceso a que éste pudiera dar lugar, considero que en el caso bajo análisis la prescripción se encuentra interrumpida; asimismo, que se debe tomar como fecha de interrupción el 30/09/09, fecha en la que el Oficial Palomeque, de la División Asuntos Judiciales, informa al tribunal la imposibilidad de notificar a Vargas en el domicilio fijado en autos por no encontrarse en la Localidad de Medanitos -Santa María-; constatándose además, que el acusado se encontraría nuevamente en la provincia de Buenos Aires (404).

Por las razones expuestas, voto afirmativamente a la presente cuestión.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que respetuosamente discrepo con mis colegas preopinantes, como lo hiciera oportunamente en autos, Expte. Corte Nº 72/08, caratulados "Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando R. Ávila en Expte. Nº 151/03 - VARGAS, Einer Rosario p.s.a. Homicidio Culposo - Santa María - Catamarca" (S. nº 17, 21/09/09), en donde me expedí por la prescripción de la causa en cuestión, lo que torna sin materia el agravio esgrimido. Así voto.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/9 vta., por la Sra. Fiscal de Correccional de Primera Nominación, Dra. Natalia Pérez Casasnovas, en su carácter de representante de los intereses sociales. II) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, revocar el fallo cuestionado y ordenar la inmediata remisión de los autos principales al Juzgado Correccional de Primera Nominación a fin de que su titular adopte todas las medidas útiles para que, sin más demoras, se celebre el debate y se dicte sentencia definitiva en la causa. III) Sin costas (arts. 536/538 del C.P.P.).

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Atento lo referido al tratar Primera Cuestión, voto negativamente.- Por los resultados del acuerdo que antecede, y por mayoría, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/9 vta., por la Sra. Fiscal de Correccional de Primera Nominación, Dra. Natalia Pérez Casasnovas, en su carácter de representante de los intereses sociales.

2º) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto y en consecuencia, revocar el fallo cuestionado y ordenar la inmediata remisión de los autos principales al Juzgado Correccional de Primera Nominación a fin de que su titular adopte todas las medidas útiles para que, sin más demoras, se celebre el debate y se dicte sentencia definitiva en la causa.

3º) Sin costas (arts. 536/538 del C.P.P.).

4º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia de V. Sesto de Leiva (en disidencia) ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.