marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Salud pública, medicamentos, estupefacientes, control de medicamentos, comercialización, expendio de medicamentos, importaciones, exportaciones, comercio interior, poder de policía, control sanitario, Ministerio de Salud, reglamentación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cisilotto, María del Carmen Baricalla de c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social). s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-01-27

Las actividades de importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización o depósito en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana, están sometidas a la ley 16.463 -y a los reglamentos que en su consecuencia se dicten- y sólo pueden realizarse previa autorización y bajo control del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública (hoy Ministerio de Salud Pública y Acción Social), el que ejerce el poder de policía sanitaria referente a dichas actividades y se halla facultado para dictar las disposiciones reglamentarias o complementarias que sean necesarias para el cumplimiento de la finalidad del decreto 9763, reglamentario de la ley 16.463.
Acción, cuestión constitucional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cristófaro, Virgilia c/ Caja Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas s/ Demanda contencioso administrativa Bielik, Alicia Angélica c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16|2000-08-30

Si la totalidad del orden jurídico rige todo caso judicial, también una causa contencioso administrativa está regida no solamente por la ley administrativa invocada sino también por las normas constitucionales de las cuales esa ley es su aplicación.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no decisiva, prueba, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C., G. E. c/  s/ abuso sexual agravado-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-30

En cuanto a las alegaciones que esgrime la impugnante respecto a la restricción del derecho de defensa por privación de la posibilidad de producir prueba -concretamente, de una pericial psicológica del imputado y de su grupo familiar- y por la introducción -la que califica de sorpresiva- de un video del niño exhibido en la instancia de apelación, privándosele a su parte del uso de la palabra en último lugar durante aquélla, siendo que -a su criterio- se trataba de una suerte de testimonial, no se advierte la decisividad que la recurrente le asigna a tales cuestiones y el impacto que las mismas tendrían para variar la solución de la causa y, por tanto, su entidad para determinar la procedencia de la presente vía. (Del voto del Dr. Gutiérrez. En disidencia: Dres. Erbetta y Netri)
Regulación de honorarios, causa propia, honorarios del procurador, abogado procurador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FELDMAN, JACOBO. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ AMPARO-ABOGADO-PROCURACION JUDICIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

El hecho de que la ley 21.839 no haga distinción respecto al modo de actuación del abogado que actúa en causa propia en relación a su derecho de cobro de honorarios a su contraria vencida en juicio, no altera la necesaria conclusión de desconocerle el derecho en cuanto a presuntos trabajos realizados como procurador.
Falsa denuncia, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: BILLORDO DE KREMER s/ FALSA DENUNCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-12-19

Demostrado que ante la autoridad competente tuvo lugar la denuncia de un delito de acción pública que no ocurrió, la figura del art. 276 bis del Cód. Penal se encuentra perfectamente tipificada con el conocimiento de la autora de que tal denuncia puso en movimiento la administración de justicia en la investigación de un delito imaginario con el consiguiente perjuicio ante el inútil desgaste jurisdiccional y el roce a la moral de un conocido profesional.
Nulidad de sentencia, arresto domiciliario, deber de asistencia familiar
Materia: PENAL
Carátula: Bellet, Hugo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-22

Corresponde anular la resolución que -con fundamento en que los hijos del imputado estaban imposibilitados de brindar la asistencia que demanda el caso- concedió el arresto domiciliario en los términos del art. 32 inc f ley 24.660, pues el a quo realizó una evaluación parcial de los informes obrantes en el legajo y no dio una acabada respuesta al agravio introducido por el MPF en torno a que la hija del imputado podía hacerse cargo de su progenitora, en tanto vive en la misma ciudad y cuenta con "medios propios" y tales circunstancias no fueron rebatidas por los judicantes.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, sociedades comerciales, socios, incidentes, juicio sumarísimo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MENDOZA, GENARO c/ FABRICA DE MOSAICOS CRAVERO S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE  AUSTRALES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 490 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la cuestión discutida es de índole procesal, y si bien debe hacerse excepción a esa regla cuando de la inteligencia de normas constitucionales pueda derivarse frustración a la garantía de defensa en juicio, el quejoso no logra demostrar que ello haya ocurrido en el caso donde la decisión del a quo contó con sobrados fundamentos, en tanto expresó que el trámite a imprimirse a la extensión de la condena de la sentencia laboral dictada contra la sociedad a los socios, administradores y continuadores de la explotación comercial era el previsto por el artículo 387 inciso "c" del C.P.C. y C., como incidente.

En el caso, la Sala infirió que la extensión de la condena solicitada fue realizada en forma incidental, entendiendo que el trámite que correspondía imprimirle al mismo era el juicio sumarísimo (artículo 387 inciso "c" y ss. del C.P.C. y C.), atento que no tiene establecido una tramitación propia, y en tal tesitura, consideró que el actor debió ofrecer toda la prueba en la acción incidental (artículo 413, código citado)
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ESTADOS UNIDOS, competencia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 32/2014 - Medida cautelar No. 37-14 - Asunto de Samuel Moreland con respecto de Estado Unidos de América - Improcedencia de la pena de muerte frente a violaciones al debido proceso c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2014-10-24

Hace a la función de supervisión de la Comisión Interamericana, el control del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados, pues aún aquellos que no ratificaron la Convención Americana, tiene el deber de satisfacer lo normado por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, máxime si el análisis versa sobre la procedencia de medidas cautelares cuando resultan indispensables para prevenir un daño irreparable a las personas, atento la gravedad y urgencia de la situación.

Fuente del sumario: SAIJ
Principio de legalidad, gasto público, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: H.S. Informática S.R.L. c/ Municipalidad de Pilar. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-06

La sujeción de la Administración al principio de legalidad impone a sus órganos y entidades un obrar consistente con el ordenamiento jurídico, principio que importa el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que encauzan los procedimientos de selección del contratista estatal, las modalidades de contratación y, en suma, la ejecución del gasto público. De allí que se haya supeditado la validez de los contratos públicos al cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
Liquidación judicial, aprobación de la liquidación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ORFICA S.C. c/ FIDEL GOMEZ s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-10-20

Al aprobarse una planilla de liquidación se produce la homogeneización de los valores transformados en capital, y es a partir de ese momento procesal la oportunidad de practicarse la nueva planilla de liquidación, teniendo como base el monto consentido por ambas partes.-
MEDIDAS PREPARATORIAS, cheque, bancos
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa Vitivinifruticola General Alvear Ltda. c/ Banco Patagonia SA s/ prueba anticipada
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

Procede admitir la diligencia preparatoria para permitir que la demandante pueda evaluar el alcance de la acción que desea promover, atento el criterio amplio y carácter enunciativo del CPR 323. En base a ello, se ha de admitir el secuestro de ciertos cheques originales, como así también todas las constancias referidas al rechazo de otros cheques -todos ellos habrían sido librados por cierta sociedad y habrían sido rechazados bajo la leyenda "defectos formales"-. También el secuestro del legajo bancario completo de la sociedad libradora, con los registros de firmas de la empresa, que el Banco accionado tuviere en la casa matriz y en una determinada sucursal. Dicha documentación deberá permanecer en custodia en el juzgado interviniente.
Contrato de trabajo, obligaciones del empleador, registros laborales, Sistema Único de Registro Laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Romano, Nancy y otro c/ Bae Negocios SA s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

La exigencia de registrar la relación laboral en el libro especial del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, como también en el Sistema Único de Registro Laboral son obligaciones conjuntas y no alternativas; así, el período de prueba sólo puede ser invocado por el empleador cuando se trate de un trabajador inscripto no sólo en los libros, sino también en los registros laborales (art. 52 LCT; arts 7 y 18 de la ley 24013 y art. 2 decreto regl. 2725/91). Frente al incumplimiento de registro debe interpretarse inequívocamente que se ha renunciado al período en cuestión, y en consecuencia ello trae aparejada la pérdida de los beneficios previstos en el art. 92 bis de la LCT. De esta forma, la ruptura intempestiva de la relación, dispuesta por el empleador, aún en el supuesto o hipótesis de considerar que se habría producido dentro del plazo previsto en el mentado artículo, trajo aparejado - en el caso- el deber de abonarle a los actores las indemnizaciones de rigor (cfr. arts. 231, 232 y 245 LCT modif. por la ley 24013).
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Spadaccini, Rodolfo Bernardino c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

A los fines de la determinación de los requisitos y condiciones exigibles para proceder al cómputo de servicios honorarios ha de estarse a lo dispuesto en el art. 71 del dec. ley 9650/80 (art. 62 en la numeración originaria), aún cuando se trate de aquellos prestados con anterioridad a su vigencia.
Impuestos, régimen penal tributario, ley penal más benigna, archivo del expediente, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: COLMENARES, GRECIA DOLORES s/ Régimen penal tributario Causa 35409
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

1- Debe confirmarse la resolución apelada que dispuso rechazar el requerimiento fiscal de instrucción y archivar el expediente por no constituir delito la presunta infracción imputada, si en la causa en que se investigan hechos que podrían encuadrar en las previsiones del Art. 1 de la Ley penal tributaria el informe técnico de la Dirección General Impositiva determinó valores inferiores a los señalados por la ley 24587 (norma que corresponde aplicar por ser más benigna (Art. 2, C.P.) a la existente al momento de los hechos) que estableció como condición objetiva de punibilidad que el perjuicio patrimonial que se pueda ocasionar al Fisco supere determinado monto (Del voto de los Dres. Pizzatelli y Grabivker).

2- No resultando ilícito el hecho que se le atribuye a la imputada, corresponde a su respecto un auto que cierre definitiva e irrevocablemente el proceso (Art. 335 C.P.P.) (Del voto en disidencia del Dr. Hornos).

3- Descartada la ilicitud el hecho no resulta imperativo legal que la imputada haya prestado declaración indagatoria o su equivalente (Art. 73 cód. cit.) para ser acreedor de un sobreseimiento, que es la forma conclusiva del sumario que más se ajusta al estado jurídico de inocencia previsto en el Art. 18 de la Constitución Nacional (Del voto en disidencia del Dr. Hornos).
Prescripción adquisitiva, contracautela, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Cantini, Transito Abel  c/ Manzo, Anacleto Pilar Y Otra s/ usucapión s.incidentes civil s/ incidentes (civil) (legajo apelación art. 247 cpcc)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-22

La exigencia de una contracautela juratoria cumple una función de garantía por los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse al afectado si resultara que el peticionante abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga. El juez es quien, en definitiva, posee la facultad de establecer el tipo de caución de acuerdo a la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso (art. 196, CPCC), la cual debe ser proporcionada, evitando que no se convierta en un impedimento u obstáculo para la tutela requerida.
Nulidad de sentencia, sobreseimiento, violencia familiar, delito de acción pública, delito dependiente de instancia privada
Materia: PENAL
Carátula: Moreno Charpentier, Santiago s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

No puede ser homologada la decisión que dispuso el sobreseimiento del imputado, si la actuación de las autoridades intervinientes que se impugna fue provocada sin que la víctima hubiera instado la acción penal por los hechos narrados (arts. 71 y 72, CP; y arts. 5, 6, y 174 CPPN). Ello, pues en la presentación inicial ante la Oficina de Violencia Doméstica, la pretensa querellante describió una serie de hechos que, prima facie, se corresponden con delitos de acción pública dependientes de instancia privada (arts. 89, 92, 119, tercer párr., CP) y respecto de los que efectuó reserva de su derecho a instar la acción penal. Aquella falencia formal limitaba absolutamente el accionar jurisdiccional, dejando subsistente únicamente la solución contenida en el art. 195, segundo párr., CPPN.. Sin perjuicio de ello, el caso avanzó hasta disponer la desvinculación definitiva del imputado en orden a los sucesos reseñados (voto del juez Bruzzone)
Robo, robo con armas, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: Agüero, Carlos Hugo s/ Robo agravado por el uso de armas (art. 166, Inc. 2 del C. Penal),  en perjuicio de Marina Rodríguez de López Gaido
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-17

Lo esencial no es el peligro corrido por la víctima o la falta de poder vulnerante, lo fundamental es que el arma -aunque carezca de proyectiles o tuviera desperfectos- sirvió como arma impropia, apta o idónea para intimidar, y esto es suficiente para que se configure.
Recurso de inconstitucionalidad, competencia de la Corte Suprema, juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior, inhabilidad de título, pagaré, acción cambiaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diez SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

Resulta de decisiva importancia para resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado el que la Provincia ejecutada haya limitado su estrategia defensiva a cuestionar esencial y exclusivamente la habilidad del título presentado por la ejecutante, pretendiendo introducirse en el debate acerca de la validez o legitimidad de la causa que le dio origen, sin considerar (como tampoco lo hizo la Alzada) que, en una recta apreciación del tema, tal discusión se encuentra vedada -como regla- en el sistema de nuestra ley adjetiva, ya que, en cuanto a las excepciones de falsedad material e inhabilidad de título, las mismas sólo pueden referirse "a lo puramente externo" (art. 475, inciso 2º, Código Procesal Civil y Comercial), y en cuanto a las excepciones fundadas en las relaciones extracartulares, ellas exceden en principio el tratamiento propio del juicio ejecutivo, sin perjuicio de que puedan dar lugar a un juicio declarativo posterior (artículo 483, cód. cit.). Ello sirve de fundamento para sostener la inaplicabilidad al sub judice de los principios que, en orden a la determinación de su propia competencia, ha sentado la Corte a través de reiterados precedentes. (Del Voto en Minoría del Dr. Ulla).
Recurso extraordinario, inconstitucionalidad, debido proceso, acceso a la justicia, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Medina, Andrea Alejandra c/ Túñez, José María y otros. s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-26

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues la desestimación de la apelación federal por la sola mención de dicha norma no importa afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida, sino que no se han hallado elementos en la causa que tornen manifiesta la frustración del derecho a la jurisdicción en debido proceso configurando la arbitrariedad invocada.
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: TRANSPORTES MARTINEZ S.A. -INC.- c/ SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS s/ VARIOS"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-22

La ley 23.898 -con la reforma introducida por la ley 24.073-, no contempla exenciones al pago de la tasa judicial con fundamento en la persona de los litigantes -ello con excepción de aquellos que actuaren con beneficios de litigar sin gastos-, exceptuando del pago -en algunos supuestos sólo concede un diferimiento de él- a determinados tipos de proceso. (Confr., esta Sala, 30 de sept. de 1994, "Panella", cons. 1.-).
Regímenes jubilatorios especiales, médicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Falchik, Arón c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

El art. 45 de la ley 6742 exige una determinada intensidad en el ejercicio de la profesión, bastando a los fines de cumplimentar sus recaudos acreditar que la actividad médica se realizó en forma continua e ininterrumpida por el período indicado en la norma.
Bosques, explotaciones forestales
Materia: RECURSOS NATURALES
Carátula: Maderera Noreste del Chubut Sociedad Anónima c/ Provincia del chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-02

"El dominio de los Bosques asentados en tierras fiscales atribuido a la Provincia es similar a un dominio "desmembrado", imperfecto, porque si bien existe, los posibles beneficios económicos que reporta están destinados a quienes -de conformidad con la Ley- los aprovechan. Es más, ese aprovechamiento por los administrados se fomenta, con liberaciones impositivas, premios, primas, y todo lo que permita y acentúe el desarrollo de la industria forestal. El concesionario -al igual que el usufructuario- adquieren un dominio útil, los frutos y productos le pertenecen, aunque el Estado Provincial conserve el dominio directo o eminente".
Derecho administrativo, amparo por mora, pronto despacho, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Irigoyen  María  Verónica c/ EN  M°  RREE CI y Culto Dto. 214/06-JEM DECI 726/06 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-16

Si bien el administrado cuenta con medios para instar la actividad de la administración, como es el pedido de pronto despacho o el amparo por mora, no se encuentra obligado a utilizarlos si la vía elegida es la del amparo y ella resulta apta por la entidad de lo que se peticiona (Cons. IV).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Raúl Alberto. Avendaño, Oscar Amaro. Ríos, Sergio Esteban y ot. s/ Robo. Robo aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Es facultad del magistrado estimar la necesidad, conveniencia y medida del conocimiento "directo y de visu" del sujeto, toda vez que el art. 41 inc. 2 in fine del Código Penal lo limita "en la medida de ese conocimiento".
Recurso de casación, fundamentación de sentencias, cuestiones de hecho y prueba, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Morales Agüero, Luis A. s/ recurso de casación". Causa n. : 961.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Una de las características del juicio oral es la imposibilidad de revisar por la vía casacional el contenido de testimonios y dictámenes que se han producido en el debate, de allí entonces que los jueces de la sentencia deben explicitar aún mínimamente, pero con claridad, qué de ellos, lógicamente engarzados con el resto del material probatorio, los lleva a determinado convencimiento.
Daños y perjuicios, responsabilidad del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López Cesar c/ Gorchs Guillermo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Si la posesión sólo se remontaba a pocos años atrás, y carecía de título alguno, es obvio que el letrado patrocinante no se encontró posibilitado para optar por un defensa idónea, que frustrara a una pretensión real como la reivindicación (arts. 2758 Cód. Civil).

Siendo ello así, la caducidad de la prueba o la negligencia en la producción de la prueba, devinieron inocuos pues nunca la acreditación de la autenticidad de los documentos privados sobre la compra de materiales, de consuno con lo que surgía sobre la existencia de una información sumaria o una encuesta social de la Municipalidad, o el pago de las tasas municipales de fecha reciente, pudieron tener entidad para contrarrestar la eficacia de la acción de reivindicación invocada por quien ostentaba un título que lo legitimaba como tal. La misma reflexión cabe formular respecto del reconocimiento judicial sobre el inmueble, o la valuación de dichas mejoras, pues todo giró respecto de actos posesorios recientes inconducentes para obstar a la acción de reivindicación (arts. 2384, 2758 Cód. Civil). De modo análogo cabe decir respecto de la prueba testifical o la prueba de confesión, que la misma devino inconducente, pues va de suyo que debieron versar sobre los actos posesorios en cuestión, los cuales no obstaban al acogimiento de la demanda interpuesta.