marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cómputo de servicios, falta de prestación de servicios, causas políticas y gremiales, aplicación temporal de la ley, régimen jubilatorio, facultades legislativas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALMIRON, LUCIA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-31

Las normas que permiten el cómputo de períodos de inactividad por causas políticas o gremiales consagran un beneficio de características excepcionales, apartándose de los presupuesto básicos en materia jubilatoria; o sea que dicho beneficio no existe sino en la medida en que la legislación lo otorga y en consecuencia es susceptible de limitación o eventual cesación por vía legal con el objeto de restaurar la vigencia de los principios fundamentales del régimen jubilatorio nacional, limites temporales éstos que el legislador ha fijado conforme pautas de oportunidad y conveniencia.
Insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, asistencia alimentaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en LMMDV y otros contra GCBA y otros sobre amparo - asistencia alimentaria y otros subsidios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

En el caso, resulta aplicable el principio conforme el cual las sentencias deben adecuarse a las circunstancias de hecho existentes al momento de su dictado, aunque estas sean sobrevinientes a los recursos deducidos. Por ello, los agravios expuestos por la recurrente respecto a que la parte actora no cumplía con el requisito del dos años de residencia en la Ciudad que exige la ley n° 4036, han perdido virtualidad en razón de que a la fecha de resolución del presente recurso de queja, el grupo familiar actor cumpliría con los mencionados dos años de residencia mínima para el acceso a la prestación social otorgada. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Rechazo de la demanda, exclusión de socio
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Platero, Daniel Alberto  c/ García Rey, María Graciela s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

Corresponde rechazar la demanda de exclusión de socio promovida por el socio gerente contra una socia, en tanto el actor le atribuye la autoría intencional de un incendio sucedido en la sede social, toda vez que al momento de entablar la acción se encontraba consumido el plazo de 90 días establecido en la LGS 91, produciendo la pérdida del derecho a reclamar la exclusión societaria.
Sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Flglioli Oscar César c/ Grill Dominga y Otra s/ Consignación Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-15

El fuero de atracción que ejerce el proceso sucesorio, en cuanto importa alterar las reglas procesales relativas a la competenecia de los órganos judiciales, reviste carácter de excepción a tales principios, y en consecuencia, debe interpretarse restrictivamente.

Ello así, en la especie, el juicio por consignación derivado de la obligación contractual contraída por los herederos despúes de la muerte del causante - aunque esté referida a un bien integrante del acervo hereditario-, no es traído al sucesorio de éste último, por no darse ninguno de los supuestos enumerados por el art. 3284 del Cód. Civil, debiendo tramitar por ende, ante el Juez que corresponde según las reglas de competencia que sean aplicables. (Minoría u opinión personal)
Despido discriminatorio, tutela sindical, indemnización adicional
Materia: LABORAL
Carátula: M.G.A. c/ Aron Rabe e Hijos SA y otros s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-14

La cuantificación del art. 245 L.C.T. no comprende los daños que provoca la resolución contractual decidida como venganza o represalia a la persona trabajadora por el hecho de haber reclamado al empleador mejoras en las condiciones laborales de cuya legitimidad estaba persuadido de buena fe. El despido del trabajador en el caso, constituyó un acto ilícito en los términos del art. 1716 y concs. C.C.C.N., debiéndose reparar los perjuicios materiales y morales ocasionados independientemente del distracto.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL
Carátula: G., S.M. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Denuncia Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-22

El principio de que en los pleitos sobre daños las costas integran el resarcimiento, es aplicable en aquellos casos en que en que no promedia desestimación de reclamos indemnizatorios improcedentes. Pero cuando son rechazadas exigencias resarcitorias injustificadas, tal principio queda desplazado, tornándose de estricta aplicación el artículo 71 C.P.C.C. o, llegado el caso, su igual nro. 72.
Votantes, proceso electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: Informe final de Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires s/ gastos de campaña PASO período 2019 s/ electoral - otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

Para recibir pronunciamiento del Tribunal, la cuestión debería llegarle en términos de una controversia entre una parte acreedora y la parte deudora, cosa que no ocurre y que no nos cabe anticipar. No estamos interviniendo en una causa justiciable de las que deben recibir atención de los órganos permanentes del Poder Judicial sino en una contienda electoral. Se impone, pues, resolver con la premura que imponen el desarrollo ordenado del proceso que lleva a los comicios y, luego, a la proclamación de los elegidos, y atendiendo a los derechos e intereses de los electores, no directamente representados en el procedimiento sino por el cuerpo que lo organiza, en ejercicio de funciones administrativas, que, en el caso de este Tribunal, se superponen con las jurisdiccionales, debido a circunstancias por todos conocidas. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren las juezas Inés M. Weinberg y Alicia E. C. Ruiz).
Concursos, privilegios (civil)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios del Edificio Gulfi Torre I c/ Pozzi, Nora Elena s/ Quiebra s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-03

No es posible diferenciar capítulos dentro de los "gastos por expensas" que no se encuentren referidos en la ley como de "conservación y mejoras". Así, los gastos originados en la administración (honorarios del administrador, papelería, honorarios de arquitectos, ingenieros para realizar mejoras, sueldos de porteros o personal de limpieza), son gastos que contribuyen al mantenimiento de la cosa reuniendo en consecuencia la calidad de privilegiados conforme lo dispone la ley de Concursos (ley 24522 art. 241)
REPÚBLICA DEL PARAGUAY, plazo, cumplimiento parcial, responsabilidad internacional del Estado, sentencia, cumplimiento de la pena, Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueblos originarios, derecho a la vida, violación, personería jurídica, propiedad comunitaria de la tierra, Pacto de San José de Costa Rica, sentencia condenatoria, usos y costumbres, acción reivindicatoria, tierras, acto de entrega
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Comunidad Indígena Sawhoyamaza c/ Paraguay s/ Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-02-08

Si bien el plazo otorgado a la República del Paraguay para que entregue las tierras tradicionales a los miembros de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, se encuentra pendiente -habiendo sido declarada la responsabilidad internacional del Estado en marzo del 2006 por violación a la Convención Americana, en lo relativo al derecho a la vida, los derechos de propiedad, protección judicial y personalidad jurídica-, y, en consideración a la falta de avances en este punto, la Corte Interamericana debe recordar al Estado, que la sentencia condenatoria contempló la posibilidad de entregarles tierras alternativas cuando la devolución de las ancestrales no fuera posible y siempre que se realice con el consenso de la comunidad conforme sus valores, usos y costumbres, pues del cabal cumplimiento o no de esta obligación, depende directamente el goce de los demás derechos.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, ley arancelaria, honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley, jus, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PELLEGRINI, DOMINGO EVARISTO c/ ALLOA, AMELIA TERESA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-22

Las cuestiones debatidas en autos- en cuanto refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus- guardan sustancial analogía con las que fueran materia de análisis y decisión en la causa "Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna", a cuyos fundamentos y solución cabe remitir; y proyectando las pautas allí expuestas, surge de las constancias de autos que el A quo confirmó la resolución de baja instancia que había habilitado la aplicación del sistema jus más allá de la fecha de firmeza de la regulación del estipendio, apartándose en ese modo, del valorismo atenuado adoptado en el precedente mentado, motivo por el cual corresponde anular lo resuelto. (Del voto del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículo 32; Ley 12851. - Jurisprudencia concordante: Cereijo, AyS T 282, p 444/450, sumario J00 3918.
Derecho procesal, recursos, recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, intervención judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Magnasco, María Enriqueta  c/ Inverbol SA de Finanzas  s/ nulidad de asamblea s/ inc. de medida cautelar s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-30

Procede rechazar la queja por la denegatoria de la apelación deducida contra la providencia mediante la cual se había desestimado la posibilidad de considerar el pedido de prórroga de la intervención ordenada en grado pleno en otro expediente. Ello por cuanto, la actuación cumplida por el quejoso en el marco de este proceso seguido en aquel expediente, importó la reedición del temperamento. En efecto: en esa causa se solicitó la prórroga que también aquí se había pedido, sobre cuya consideración no medió tampoco pronunciamiento por los mismos fundamentos. De ello se sigue que, no obstante lo manifestado en punto a que se trata de expedientes distintos, la pretensión importa, en estricto rigor, un intento de revisar de manera elíptica ese temperamento anterior que se encuentra consentido, lo cual es inadmisible.
Sociedades comerciales, intervención judicial, procedencia del recurso, interventor recaudador
Materia: COMERCIAL
Carátula: Mate, Lorena Vanesa c/ Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Ltda. s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-25

Corresponde admitir la pretensión cautelar de designación de un interventor recaudador dispuesta por el CPR 223, en tanto la norma posibilita la aplicación de esta medida ante la falta de otra medida eficaz o como complemento de aquella. Este supuesto se configura en la especie, pues ante la imposibilidad de trabar embargo sobre las cuentas bancarias de la entidad demandada en sucesivas ocasiones, sumado a las constancias emitidas por el Banco Central de la República Argentina que informan la situación de deudora con riesgo de insolvencia, así como la importante cantidad de cheques rechazados que totalizan un importe millonario, corresponderá admitir la medida solicitada.
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, responsabilidad de la concesionaria, responsabilidad de la administradora del plan, terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MAGGIO, ANTONIO c/ AUTOMOTORES LOUVRE  S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-22

Si bien en un contrato firmado por un particular con una administradora de un plan de ahorro para fines determinados, tiene a éstos como partes contratantes, no excluye la existencia de sujetos complementarios o terceros involucrados en el sistema, en su calidad de partes conexas. Posteriormente a la adjudicación de bienes, la empresa fabricante terminal queda obligada frente a los adjudicatarios de modo directo, debiendo cumplir las obligaciones que recaen sobre el vendedor, toda vez que con ella la sociedad administradora del sistema ha contratado la provisión de los bienes que deben adjudicarse. Asimismo, la concesionaria no solamente en relación con la terminal fabricante actúa como concesionaria oficial, sino que también suele ser agente colocador o productor del sistema, consecuentemente, en lo atinente a la naturaleza jurídica de la relación habida entre tales agentes (concesionarios) y las entidades que administran el plan de ahorro, prevalece la opinión de considerar que dichos intermediarios son agentes de comercio, mandatarios de las empresas administradoras, con facultad de concluir los contratos en su representación, asumiendo de una manera estable el encargo de promover por cuenta de la entidad de ahorro, la celebración de los contratos en una zona determinada, percibiendo una compensación proporcional a la importancia de los negocios concluidos. También se ha considerado que configura un supuesto de corretaje anómalo o contrato de agencia.

En síntesis, el concesionario debe actuar en interés de su mandante, encontrándose sometido a las normas que rigen la actividad de la entidad administradora por cuanto asumen su representación.

Por ello responden por el incumplimiento en sus funciones de las normas que rigen la actividad, pero no por el incumplimiento del contrato originariamente firmado entre el particular y el administrador del sistema, pues ello es obligación directa y exclusiva de la entidad.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez Carlos Eduardo c/ Garcia Hugo Oscar s/ Daños y Perjuicios. Condino Yolanda c/ Soengas Roque Florencio s/ Daños y Perjuicios Gonzalo, María Laura c/ Lopez, Ariel Osvaldo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-02|1998-03-24|2001-08-17

Los testigos sin errores son la excepción debido a que no pueden equipararse a la impresión inamovible de una fotografía que perdura en el tiempo indefinidamente, debiendo partirse de la presunción de que nadie va por la calle vestido de testigo prestando atención a cada detalle que ocurre a su alrededor por que tarde o temprano deberá declararlo en un Juzgado. Lo que debe tenerse en cuenta en su evaluación es la inexistencia de manifiestas o groseras contradicciones que evidencien su falta de veracidad.
Estafa, engaño, plan de ahorro previo
Materia: PENAL
Carátula: SARTRES, Alejandro P. s/ ESTAFA:CONFIGURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-04

Incurre en el delito de estafa quien se comportó frente a los damnificados como un vendedor autorizado de la empresa y percibió de ellos diversas sumas de dinero por la suscripción de la solicitud de adhesión al plan de ahorro previo "Autoplan" para la adquisición de un vehículo y las retiene para sí, engañando a aquéllos haciéndoles creer que estaban tratando con una persona plenamente autorizada para realizar tales operaciones, por lo que pagaron con total y absoluta confianza.
Procesamiento, prueba, robo
Materia: PENAL
Carátula: Fabian Hector C. y Otro
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-02-13

Debe revocarse la sentencia que dispuso el procesamiento de la imputada en orden al delito robo agravado en grado de tentativa, si en la causa en la que se investiga la comisión del homicidio del acompañante de la encartada no existe certeza acerca de que haya mediado un simple intento de robo con efracción, pues no resulta coherente probabilizar una participación de la nombrada en lo que no se sabe como ocurrió, máxime cuando la intimación fática hecha a la encartada se desprende solo de una presencia en el lugar con asistencia a un herido con peligro de muerte, sin que se especifique el aporte concreto al eventual accionar delictivo previo del mismo.
Contratos innominados, defensa del consumidor, publicidad engañosa, aplicación de la ley, retroactividad de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUAREZ, NELIDA c/ ASSIST CARD SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-24

Toda vez que la contratación de un plan de asistencia al viajero publicitado en un aviso cuyo incumplimiento se invoca, fue celebrada antes de la entrada en vigencia de la ley 24240, no corresponde analizar la cuestión a la luz de dicha norma; en consecuencia, si entre la publicación del aviso en cuestión y el momento de la contratación, se publicaron nuevos avisos con distintas condiciones, no puede alegarse que la prestadora del servicio haya tenido el propósito de inducir a engaño respecto de las verdaderas condiciones del servicio promocionado, no correspondiendo responsabilizarla por no cumplir con lo publicitado en el primer aviso.
Obediencia debida, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, jerarquía de los Tratados Internacionales, jerarquía constitucional, ley penal más benigna
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Raffo, José Antonio y otros s/ tormentos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-28

Si se entendiera que el art. 2 "in fine" de la Convención, aprobada por ley 23.338, excluye de la legislación penal argentina la eximiente de obediencia debida en el caso del delito de tortura, no parece disputable que esa norma "ex post facto" vendría a modificar nuestra legislación, resultaría más gravosa y, por tanto, inaplicable al caso por imperio del art. 2 del Código Penal, desde que la norma legal que puso en vigor el tratado no alteró el principio general inexcusable, sin que tal conclusión se altere por la circunstancia de que una de las normas implicadas sea la prevista en un tratado, pues -como tiene dicho la Corte.ni el art. 31 ni el art. 100 de la Constitución Nacional atribuyen prelación o prioridad de rango a los tratados con las potencias extranjeras respecto de las leyes válidamente dictadas por el Congreso Nacional, y ambas normas -leyes y tratados- son calificadas como ley suprema de la Nación.
Competencia de la Corte Suprema, autonomía provincial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barreto,  Alberto  Damián  y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Si todos los actos de los poderes de los estados provinciales pudieran ser objeto de una demanda ante la Corte, vendría a ser ella quien gobernase a las provincias, desapareciendo los gobiernos locales.
Etapa probatoria, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: L., H. O. c/ I., A. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-03

"Considero útil señalar que, en sentido procesal, la prueba es "un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio" y el propio ordenamiento adjetivo insta a las partes a agotar los recursos dados por la ley para formar en el espíritu del juez un estado de convencimiento acerca de la existencia o inexistencia de las circunstancias relevantes del juicio (Art. 377, Cód. Procesal). Así la obligación de afirmar y probar, se distribuye entre las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de cada una de ellas, hacer valer los hechos que quiere que sean considerados por el Juez y que tiene interés que sean tenidos en cuenta por él como verdaderos.
Concursos, quiebra, continuación de la empresa, cooperativa de trabajo, intereses, canon locativo
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Wunder PharmSRL c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-04

En función de lo dispuesto por los arts. 107 y 274 del ordenamiento concursal, el magistrado cuenta con facultades suficientes para disponer el pago de un "canon mensual" por el uso de los bienes que componen el activo falencial, al menos hasta que la venta de los bienes de la fallida se concrete. Ello así, concilia los intereses de la cooperativa de poder someterlos a actividad productiva y mantener las fuentes de trabajo, con el interés de los acreedores, de preservar los bienes y obtener un rédito por la locación que coadyuvará a una mejor satisfacción de su crédito. En ese marco, la retribución a percibir no se fija de acuerdo a criterios de mercado sino que para establecer el quantum de esa compensación hay que tener en cuenta diversos parámetros tales como el nivel de producción, los ingresos y egresos de la cooperativa, el porcentaje sobre el valor de los bienes, los valores de mercado, la conveniencia del mantenimiento de los bienes, entre otros. Es que no se trata de establecer una relación contractual con prestaciones recíprocas sino que solo se fija una compensación para la quiebra por uso y goce. En conclusión, en el caso, cabe reducir este monto en tanto se ajusta a la real situación vivenciada por la cooperativa, adecuándose a la necesidad de los trabajadores y expectativas de la quiebra. Es que la determinación de un canon superior en el contexto de productividad, podría condicionar negativamente la continuación de la explotación, con el riesgo de frustrarla decisivamente.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL
Carátula: Nuevo Cómputo S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos -A.N.A.- s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18

El escueto cuestionamiento respecto de la reducción de monto de los gastos de almacenaje y en relación a los intereses por la inmovilización del capital, como, asimismo, las meras discrepancias del apelante relativas al valor de venta de los vehículos utilizados para fijar la desvalorización por envejecimiento del modelo o acerca de la reducción del quantum del daño por la destrucción de la red comercial, resultan inhábiles para modificar lo resuelto en la sentencia pues en absoluto satisfacen el recaudo de crítica concreta y razonada dispuesto por el art. 280, ap. segundo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Territorio aduanero especial, tasa de almacenaje, tasa de estadística
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Sedamil S.A.I.C. c/ Estado Nacional (ANA.) s/ aduana.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Del art. 600 del Código Aduanero sólo surge que el nivel de las tasas retributivas de servicios que pudieran ser aplicables en los territorios aduaneros especiales, en relación con el que rigiese en el territorio aduanero general, no es una pauta para justificar la existencia de un área de tal naturaleza, en orden a las definiciones que sobre los distintos ámbitos especiales aduaneros contiene el art. 2. del citado ordenamiento legal.