Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09


///nos Aires, 9 de mayo de 2006 VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, CONSIDERANDO: 1. Que el actor, por su propio derecho, solicitó el dictado de una medida cautelar que "...disponga la prohibición de innovar respecto de la situación de revista y salarial del suscripto, disponiéndose con ello la percepción de mi salario en legal y debida forma." Luego, ampliando el contenido de su presentación inicial, requirió se ordene a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires el mantenimiento de la cobertura, que resulta negado por ausencia del comprobante de salario respectivo. Conforme su relato, es empleado de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con treinta y seis años de antigüedad. Aseveró en su presentación que, producto de una vieja dolencia articular, fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio Güemes. A resultas de una mala práctica durante la operación, su rodilla se vio afectada a tal punto que la actividad de caminar e incluso la de estar parado, resulta n intolerables en la actualidad. Pese a ello, relató que la junta médica laboral que observó su estado concluyó que se trataba de la simulación de una enfermedad inexistente. Agregó que, a fines de octubre del año 2003 se dispuso la suspensión de la percepción de su salario. 2. Que, a fs. 460/461, la señora juez de primera instancia decidió admitir la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó a las demandadas el otorgamiento al actor de la cobertura médica pertinente y el pago del salario que corresponde según su situación de revista. Ello, hasta tanto la Administración se expida en debida forma sobre la relación de empleo público del actor o se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones. Fijó caución juratoria. Para así decidir, observó que, de las constancias arrimadas a la causa no surge que el actor haya sido declarado cesante o que expresamente se le haya suspendido el pago de su salario. Por ello, advirtió que la concesión de la medida peticionada aparece como la única posibilid ad de evitar el daño actual y posible que produce al accionante la carencia de cobertura médica y de haber salarial. 3. Que, a fs. 490/493 vta., la parte demandada apela la medida ordenada por la instancia de grado. Relata en sus agravios que el actor fue citado reiteradamente, luego de que la Dirección de Medicina del Trabajo declarara que su dolencia no resultaba incapacitante, no asistiendo el agente a ninguna de ellas. Destacó que, en concreto, el accionante no cumple tareas desde el 17 de abril de 2003. En virtud de estas circunstancias, manifiesta que la medida ordenada avala una situación irregular. Agrega que no hay peligro en la demora en autos, pues el actor no percibe su salario desde octubre de 2003. En subsidio, solicita se modifique la medida cautelar dispuesta, para que, en caso de mantenerse lo resuelto en la instancia de grado, se ordene la reincorporación del actor a sus tareas o su comparecencia ante la Dirección de Medicina del Trabajo para la evaluación de su condición física a los fines laborales. 4. Que conviene recordar que la procedencia de las medidas cautelares se halla condicionada a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita (fumus bonis iuris) y el peligro en la demora (periculum in mora), que exige evidenciar que la tutela jurídica que la parte actora aguarda de la sentencia definitiva pueda llegar a resultar inútil por el transcurso del tiempo, configurándose un daño irreparable al actor cuyo derecho es finalmente reconocido (cfme. esta Sala, in re, "GONZALEZ, Mónica Adriana c/GCBA sobre otros procesos incidentales - medida cautelar", Expte. Nº5422/1, del 7 de febrero de 2003, entre otros). Como tantas veces se ha reiterado, el dictado de las medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud; aun más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto caute lar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (C.S.J.N., doct. de Fallos: 316:2060 y 15-2-94, 0.148.XXV Obra Social de Docentes Particulares c/Provincia de Córdoba s/ in constitucionalidad). 5. Que, ingresando en el análisis de la cuestión planteada, lo primero a afirmar es que la demandada no habría aportado elementos que permitan conocer que en sede administrativa se ha producido alguna actuación que resuelva definitivamente la situación laboral del actor. En efecto, no consta prima facie en autos que el accionante haya sido declarado cesante o que se haya intentado reincorporarlo a su lugar de trabajo. Estas circunstancias tornan verosímil el derecho invocado por la parte actora, quien padece una dolencia en su rodilla que dificulta su actividad normal -cuestión que, más allá del contenido concreto de este malestar y del grado de incapacidad que conlleva, no se encuentra discutida por la demandada-. Ante esto, la falta de cobertura médica y el no pago de los salarios para quien no posee una definición cierta del contenido actual de su situación laboral resultarían un avasallamiento de derechos constitucionales que deben ser protegidos mediante el instituto cautelar. Si bien aparece como cierto que el actor no estaría prestando tareas en la Administración, esto no empece a que la demandada deba expedirse sobre la relación laboral, pues de ella dependería la subsistencia económica y médico-asistencial del agente. Así, es claro que la situación que se intenta proteger renueva diariamente su urgencia, pues se trata del adecuado acceso a una cobertura médica y de la percepción salarial fruto de una relación de empleo público de la cual no consta que se haya desvinculado al accionante. 6. Que, no obstante, resulta atendible el reclamo subsidiario articulado por la demandada. Sin embargo, se observa en autos que la capacidad laboral del actor no se encuentra, a los fines laborales, claramente diagnosticada. Ordenar, por tanto, la reincorporación inmediata a sus tareas podría resultar dañoso, en la medida que la gravedad de la lesión lo impida. De este modo, cabe agregar a la medida dictada por la instancia de grado que, en el plazo de diez días de notificada la presente, deberá constituirse una nueva junta médica que evalúe la capacidad física del actor a los efectos de determinar si corresponde su reincorporación o no a la tareas en las que se desempeñaba. Cumplido esto, deberá ser informado ante la a quo, a los efectos que correspondan. Por los motivos expuestos, es que el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fue materia de agravios. II. Ordenar que, juntamente con el cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior, en el plazo de diez (10) días, una junta médica evalúe la condición física del actor y se expida sobre su aptitud para continuar prestando las tareas que en calidad de agente de la Administración desarrollaba. Regístrese en el libro de amparos y medidas cautelares, notifíquese y devuélvase.