Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, facultades discrecionales, control de legitimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADA S.R.L. c/ I.O.S.P.E.R. s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-21

La decisión de la accionada sobre la habilitación de la prestación del servicio que persigue la actora constituye una potestad discrecional del ente administrativo; no existe un concreto imperativo legal que obligue lisa y llanamente a éste a otorgar la habilitación que aquélla le requiere.- Esto no significa que este tipo de actividad -discrecional- de la Administración implique o permite proceder apartándose o no ejecutando la ley, sino que actúa con mayor libertad (no entera libertad) que en la actividad reglada, porque su conducta no está determinada por normas legales, sino por la "finalidad" legal a cumplir; hay una diferente forma de actuar, pero siempre dentro del "ámbito" legal y, en estos supuestos de actividad discrecional, la Administración actúa de acuerdo a normas o criterios no jurídicos, vale decir no legislativos, constituídos por datos que, en la especie concreta, se vinculan a exigencias de la técnica o de la política, y representan el mérito, oportunidad o conveniencia del respectivo acto.- Ello se complementa con el deber de la Administración, emergente de los principios básicos elementales de la vigencia de un verdadero Estado de Derecho, de decidir las peticiones que le formulen los particulares o administrados y de allí deriva la previsión contenida en las leyes administrativas otorgando un sentido al silencio de la Administración cuando ésta omite pronunciarse.- Tratándose en el sub-examen del requerimiento de una decisión de la Administración que ésta debe adoptar dentro de su ámbito de actividad discrecional, no existiendo un concreto derecho subjetivo del requirente a que la decisión se formule en un sentido determinado, sino que tal derecho subjetivo emergerá eventualmente de la decisión que se adopte, el particular reclamante goza de un interés legítimo que le permite pretender -administrativa o jurisdiccionalmente- la obtención de una decisión expresa de la Administración renuente o para considerar tácitamente denegada su petición e impugnarla por ilegitimidad persiguiendo su anulación; en este último caso, el órgano jurisdiccional interviniente se encuentra imposibilidado para suplir la omisión de manifestación de voluntad del ente administrativo y acceder, per se, máxime con la natural orfandad de elementos de juicio que es característica en este tipo de procedimientos, al otorgamiento de esa habilitación en los términos en que se concibe la pretensión actoral originaria, toda vez que no le es dable sustituir -en el esquema tripartito de poderes propio del sistema republicano de gobierno- a la Administración en la valoración del mérito, oportunidad y conveniencia del acto a emitir. Por tanto, aunque la aludida actitud del ente administrativo accionado revele, en verdad, una negligente e irreverente inobservancia de la genérica obligación de la Administración de pronunciarse ante las peticiones que se formulen, no puede el órgano judicial arrogarse esa potestad decisoria propia de la Administración, respecto de la cual está llamado a efectuar sólo su control de legitimidad, careciendo razonablemente de atribuciones para inmiscuirse en el ejercicio directo de potestades propias de otros poderes del Estado.