marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Violencia de género, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Correa , Marco Antonio y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-19

Los jueces no podemos sustraernos de la problemática dela violencia de género y desoír a aquellas víctimas que acuden al poder judicial en busca de una reparación, en el sentido amplio del término, toda vez que se trata de un problema grave y lesivo de los derechos humanos fundamentales: por ello, el agravio relativo a la pena impuesta carece de fundamentación, pues la defensa sólo exterioriza su disenso con el criterio valorativo del tribunal de mérito en punto al quantum de la pena discernida, sin conseguir con ello evidenciar el quebrantamiento de lo dispuesto en los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Recurso contencioso administrativo, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, contrato de obra pública, rescisión del contrato, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Ivalsa SRL e Ivalsa Construcciones SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 637-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-15

Siendo que la pretensión principal ejercida en el caso refiere a la nulidad del acto de rescisión de un contrato de obra pública por no concurrir, a criterio de los recurrentes, las causales aducidas por la Administración, no se comprende de qué modo la producción de las medidas cautelares solicitadas (constatación judicial y prueba de informes) podría coadyuvar a "asegurar los efectos de la sentencia" o a hacer cesar los trastornos manifiestamente ilegales que, según postulan, les ha provocado la actuación de la Administración. Y de entenderse que estos pedidos refieren a medidas específicamente previstas en el Código Procesal Civil y Comercial, debe señalarse que las recurrentes no efectúan ninguna alusión respecto de la concurrencia de los extremos exigidos por dicho cuerpo legal respecto de este tipo de cautelares; no surgiendo, por lo demás, a criterio del Tribunal, que fueren conducentes respecto de las cuestiones sobre las que versa la litis, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 11330, por lo que cabe su rechazo.
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Baez Vda. de Peña, Juana y Peña, José c/ Rodríguez,  Carlos  Fausto;  El Triángulo S.A. y Salto, Rita Mercedes s/ Daños y Perjuicios Carlos  Fausto;  El Triángulo S.A. y Salto, Rita Mercedes s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-12-19

En principio, las pruebas son indivisibles, no pudiendo invocarse lo favorable y desechar lo desfavorable, sin prueba en contra. Si se han ofrecido como prueba las constancias del expediente criminal, va de suyo que se ha aceptado también la declaración indagatoria en él prestada, con todas las consecuencias que ello pueda significar para la acción intentada en jurisdicción civil por daños y perjuicios.
Injuria laboral, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: A., J.A. c/ K.H. SRL y/u Otro s/ Demada Laboral -Diferencias Salariales e Indemnización porDespido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-16

"La calificación de la injuria es facultad soberana del Juez, habiéndose resuelto reiteradamente que para establecer si el hecho u omisión imputados constituyen injurias, deben tenerse en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, haciéndose mérito del móvil que ha determinado a ejercitar la falta".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, tercera instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Olivieri, Amadeo c/ Riva, Juan Carlos s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Cobro de  pesos (Expte.: C.S.J. Nro. 383 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-13

Debe rechazarse la queja interpuesta por cuanto el compareciente -disconforme con el rechazo total de la demanda resuelto por la Sala- pretende reabrir el debate en la instancia extraordinaria, principalmente acerca de la relación que ligó a las partes y de las consecuencias que surgen de la misma, a efectos de imponer su propio enfoque del caso, favorable a su demanda por cobro de pesos, asentado en su particular visión de las circunstancias fácticas y jurídicas. Más, olvidando que no cabe la apertura del recurso de inconstitucionalidad para renovar el debate propio de las instancia ordinarias, dado que el cometido de la Corte es efectuar el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional analizando el grado de acierto o error que tienen sus fallos.
Condena condicional, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste c/ B. R. y otro s/ homicidio simple - ley 5020
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-02-11

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "SQUILARIO" expresó que, "Justamente, el instituto de la condenación condicional previsto en el art. 26 del Código Penal tiene por finalidad evitar la imposición de condenas de efectivo cumplimiento en casos de delincuentes primarios u ocasionales imputados de la comisión de conductas ilícitas que permitan la aplicación de penas de hasta tres años de prisión. Tal aserto encuentra explicación en la demostrada imposibilidad de alcanzar en tan breve lapso de prisión el fin de prevención especial positiva que informa el art. 18 de la Constitución Nacional" (cf. Fallos: 329:3006). (Voto del Dr. Mansilla, Dr. Apcarian y Dra. Piccinini sin disidencia)
Compraventa inmobiliaria, corretaje inmobiliario, corredor, remuneración, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: TERRANES, JOSE. c/ AUSELLI SANCHEZ, HORACIO Y OTROS. s/ RESCISION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-02

Si el comprador demanda la rescisión del boleto de compraventa, sosteniendo que para la adquisición necesitaba el otorgamiento de un crédito ante el Banco Hipotecario Nacional, circunstancia que el vendedor conocía, el que se frustró debido a que el enajenante no permitió el acceso al inmueble del tasador de la institución, de admitirse la acción procede la restitución de lo abonado al intermediario en carácter de comisión, por constituir un perjuicio sufrido.

Cuando la acción va dirigida a la resolución del contrato, deben ser indemnizados aquellos daños al interés negativo, es decir que el contratante quede indemne de aquellos perjuicios que no habría experimentado en el supuesto de no haber otorgado el acto que quedó sin eficacia, puesto que en esa consideración se mira hacia el pasado, tratando de restablecer la situación anterior a la firma del acto. (conf. Llambías, "Código Civil Anotado", T. II, -A, p. 157 - nro. 14). Dentro de estos daños al interés negativo figuran los gastos efectuados con motivo del acto, como los sellados, honorarios, viajes y la comisión del intermediario.
Promulgación de la ley, sanción de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vaschetto, María A. c/ Comisión Municipal de la Vivienda. s/ Escrituración.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

Si se tiene en cuenta la dispar redacción del art. 72 de la Constitución Nacional con respecto a su fuente, y por razones de carácter teleológico que hacen a la inconveniencia de una interpretación gramatical se estima posible la promulgación parcial de las leyes siempre que el proyecto de ley no constituye una estructura unitaria inescindible, es decir, que si la norma observada no afecta en nada a la autonomía del resto de las normas aprobadas del proyecto éstas pueden promulgarse.
Quiebra, protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil), síndico del concurso, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: FELIZZIA, ALFONSO L. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-02-27

El art. 122 de la ley 19.551, es meramente enunciativo, de modo que incluye actos no mencionados expresamente. Ello así, porque la conclusión correcta es la contraria. Al punto que la propia exposición de motivos de la ley 19.551 dice "Los actos ineficaces de pleno derecho se enuncian taxativamente". Cabe señalar que los actos contemplados en el art. 122 o sea de disposición de bienes (incs. 1, 2 y 3) o de constitución del bien de familia, no es un acto de disposición, sino de resguardo del núcleo familiar. Además los actos perjudiciales a los acreedores son actos que el deudor, por su situación de falencia debió abstenerse de realizar, por eso precisamente se los declara ineficaces. Vale decir, no basta un perjuicio, económico en el caso, sino a ello se agrega el deber de abstenerse de llevarlos a cabo. En cambio, el bien de familia, aunque produce también un perjuicio a los acreedores posteriores, no sólo que la ley no lo prohibe, aunque el deudor esté en cesación de pagos, sino que implica "un perjuicio" querido por la ley. Dicho en otras palabras, el sustraer el bien de familia a la acción de los acreedores es el principal efecto de aquel. (Guastavino, op. cit., nro. 453, p. 228). Los únicos acreedores que pueden agredir el inmueble inscripto como bien de familia haya o no quiebra , son los anteriores a la inscripción y los demás indicados en el art. 38, Ley 14.394. La misma norma excluye a los otros que sean posteriores: Luego, no habiendo acreedores de primera clase, el bien de familia no queda sujeto al desapoderamiento (arts. 111 y 112 inc. 2, Ley 19.551): En el caso de conclusión de quiebra por carta de pago, si los acreedores fueron desinteresados y el crédito por honorarios del síndico es posterior, por lo que no corresponde la desafectación del inmueble, aunque en otro juicio se haya hecho lugar a la desafectación: puesto que se trataba de un crédito anterior.-
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, tribunal de enjuiciamiento, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aguirre, Emiliano. c/ SEÑORA  JUEZ  DE  INSTRUCCION  EN LO  CRIMINAL Y  CORRECCIONAL DE LA PRIMERA NOMINACION DE SANTIAGO DEL ESTERO. s/ RECURSO DE HECHO - JUICIO POLITICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

Corresponde desestimar la queja interpuesta ante la denegación de recursos extraordinarios dirigidos contra un pronunciamiento del jurado de enjuiciamiento que, según la recurrente era susceptible de ser revisado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero, ya que no se ha satisfecho el requisito de someter el pleito a conocimiento de la máxima instancia judicial en los términos del art. 14 de la ley 48.
Improcedencia del recurso, impugnabilidad objetiva, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cheb Terrab, Salomón Carlos c/  s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-06

Corresponde no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa, toda vez que la decisión recurrida no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto en el art. 457 del CPPN; y no se advierte ni la parte argumenta de manera adecuada la arbitrariedad por falta de motivación que alega. (Dres. Geminani, Hornos y Borinsky).
Verificación de créditos, incidente de revisión, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C.Y.A.S.A. S.A. s/ Concurso Preventivo S/ Incidente de revisión (Canela)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-10-06

Más allá de la admisión de cualquier medio de prueba en pretensión verificatoria como la aqui intentada (inc. de revisión), debe siempre el incidentante probar la causa de la obligación, ya que la alusión a la posibilidad de crear pasivos ficticios no es una imputación concreta al peticionante de la verificación, sino que es la razón generadora por la cual debe ser requerida la acreditación de la causa de los créditos a los fines de su incorporación al pasivo de la concursada. Y, aún cuando no corresponde exigir una prueba acabada y contundente de la relación en que se apoya el título, se requiere al menos, una adecuada justificación del crédito.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Luna, Víctor Hugo c/  s/ robo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-20

Del análisis de la resolución recurrida dictada en audiencia, se desprende que los reproches por arbitrariedad y falta de motivación no se corresponden con el tratamiento que sobre este tópico efectuara la Cámara, por lo que tales planteos se desvanecen al carecer de ropaje constitucional, en tanto los Judicantes, tras hacer lugar al planteo de reducción de pena, se abocaron al tratamiento de la modalidad de cumplimiento de la misma, ponderando las características del hecho y las condiciones personales del autor que fueran valoradas por el Tribunal de grado, haciendo hincapié en la naturaleza del suceso y en la violencia ejercida y las consecuencias que ello tuvo sobre la víctima; y frente a ello, la compareciente insiste en esta oportunidad con sus reproches en torno a la ausencia de motivación suficiente y a la existencia de arbitrariedad en la determinación de la pena, al tiempo que cuestiona circunstancias que dice fueron valoradas en la cuantificación y postula violación de garantías constitucionales con base a alegaciones que no sólo no condicen con lo argumentado por el A quo en tal sentido, sino que además no resultan suficientes para persuadir a este Tribunal -desde la generalidad en la que han sido formuladas- de que las consideraciones efectuadas por la Alzada no se correspondan con las constancias de la causa, ni que resulten ilógicas o insuficientes para cumplir con la motivación exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial, a la par que tampoco logra demostrar por qué considera que la sanción penal no refleja la medida del injusto y de la culpabilidad efectivamente probada y que la misma resulte en el caso de su asistido de una magnitud irrazonable o desproporcionada, careciendo así del matiz constitucional exigido para franquear el acceso a la vía extraordinaria. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución de Santa Fe, artículo 95
Recurso de queja (procesal), Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habeas corpus
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Bara, Sakho s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-11

Los desarrollos expuestos en el recurso de queja no permiten descalificar lo afirmado por la Alzada, pues los recurrentes no han logrado establecer la adecuada correspondencia entre los derechos cuya afectación invocan y el contenido de la sentencia que confirmó el rechazo del habeas corpus interpuesto. (Voto en disidencia del Dr. José O. Casás).
Delitos, lesiones en riña, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos NN c/  s/ Lesiones leves en riña s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

Corresponde radicar las presentes actuaciones ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas si los órganos judiciales que han intervenido no discuten la competencia que tienen los del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para para investigar el hecho -"escindible" de los otros denunciados- encuadrado provisoriamente en el delito de lesiones en riña (arts. 95 y 96, CP). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano). "Incidente de competencia en autos NN s/ lesiones leves en riña s/ conflicto de competencia I", expte. n° 16888/19, sentencia del 5/8/2020. 2. Corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas para investigar el hecho encuadrado provisoriamente en el delito de lesiones en riña (arts. 95 y 96, CP). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi y del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Contrato de transporte, derechos de las partes, obligaciones de las partes, importaciones, mora, importador, derecho de retención, facturación promedio, presentación al cobro, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Kraft Cargo SA c/ Tigre Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-08

Corresponde admitir el reclamo promovido por el transportista, de las facturas emitidas por la estadía de la mercadería importada en la zona aduanera, en el marco del contrato de servicios que la uniera con la demandada, celebrado en los términos del art. 1251 y concordantes del Código Unificado. Ello así, pues surge de la pericial contable que las facturas reclamadas están registradas en la contabilidad de la actora. Asimismo, la AFIP -Aduanas- informó que la mercadería de importación adquirida por la demandada y transportada por la actora, se sometió el régimen de "despacho directo" para su nacionalización, el cual -de acuerdo al art. 278 del Código Aduanero- corresponde a la que puede ser pasada a plaza sin previo sometimiento al régimen de depósito provisorio de importación.

Sin embargo, la demandada (importadora) no acreditó haber concretado la solicitud de destinación de importación respectiva dentro de los cinco días anteriores al arribo del medio de transporte (art. 279 del Código Aduanero) y tampoco probó haberlo hecho en los quince días posteriores (art. 217 del Código Aduanero); solicitudes que no correspondían a la actora realizar, sino que eran de responsabilidad de la importadora gestionar (conf. CNFed. Civ. Com. Sala I, in re "Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud SA c/ Sasson and Cía. SAIC", del 26/03/98).

En ese marco, es razonable entender que la mercadería importada no fue despachada a plaza tempestivamente y que, por el contrario, permaneció en zona aduanera devengando estadías por causa de un retardo imputable a la accionada. Consecuentemente, resulta justo admitir la demanda incoada por la transportista actora con motivo de los gastos diarios ocasionados por la retención del camión de transporte en zona fiscal (estadías), durante todo el lapso facturado, al no haber la demandada acreditado que él no se corresponda con el tiempo corrido mientras pendían los trámites de nacionalización o despacho a plaza que debía impulsar la demandada.

Esto último debe ser así, máxime estando acreditado que la mercadería llegó (desde la República Federativa de Brasil) al control aduanero (de Paso de Los Libres) ponderando que la factura acompañada de un remito relacionado -en el caso, a la misma operatoria de importación- es prueba por excelencia de la ejecución del contrato (conf. CNCom, Sala D, in re "Eyelit SA c/ Yanik SA s/ ordinario", del 03/06/08; CNCom, Sala E, in re "Em-Po SA c/ Santaella, Guillermo y otro", del 22/02/84), cabe concluir que, más allá de las negativas genéricas formuladas por la emplazada al responder la demanda, debe esta última responder frente al reclamo de la actora, tanto más cuando el hecho de la estadía facturada también luce acreditado por el testimonio de dos empleados de la actora.
Clasificación de delitos, acoso sexual, plataformas electrónicas, lugar del hecho, declaración de incompetencia, remisión del expediente, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Acosta, Hugo c/  s/ acoso sexual a menores por comunicaciones electrónicas - art. 131 del CP s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-25

Si bien el delito de grooming (art. 131 del CP) es competencia del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso corresponde remitir el expediente al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas con el objeto de que decline su competencia y lo remita a los tribunales penales ordinarios del Departamento Judicial de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Ello así, en tanto no se halla controvertido que en este caso tanto el denunciado como la víctima residirían en dicha localidad y las evidencias reunidas sugieren, al menos por el momento, que los hechos podrían haberse desarrollado en dicho lugar o producido allí sus efectos. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Daños y perjuicios, automotores, culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORREA c/ PERALTA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S060 - 314)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-03-03

Para distribuir las culpas debe tenerse en cuenta la forma como cada actividad culposa concurrio a producir el dano, y para medir la culpa del infractor a los reglamentos de transito debe tomarse en consideracion la relacion de causalidad entre la transgresion y el dano producido.-
Lealtad comercial, acta de constatación, prueba, comerciante
Materia: PENAL
Carátula: CARREFOUR ARGENTINA S.A. s/ Lealtad comercial Causa Nro. 36131.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-12

1-Las actas labradas por los funcionarios de la Secretaría de Comercio constituyen prueba suficiente de los hechos probados, conforme lo establece el art. 17 inc. d) de la ley de lealtad comercial. (Del voto del Dr. Romero).- 2-Las normas contenidas por dicha ley están destinadas a la protección del público consumidor y los requisitos que emanan de su art. 1 deben ser cumplimentados y respetados tanto por los fabricantes e importadores como por los comerciantes minoristas, (art. 6, 1er.

verso, 2do.párr. ley cit.) Los comerciantes podrán eximirse de responsabilidad, mediante la exhibición de la documentación que individualice a los responsables de la fabricación o importación, sólo en lo referente a la veracidad de las indicaciones contenidas en los rótulos, pero no respecto de la efectiva existencia de las indicaciones que exige el art. 1 de la ley de marras. (Del voto del Dr. Romero).
Seguros, seguro colectivo, principios generales del Derecho, beneficiario del seguro, demanda laboral, pago total, acción de repetición, asegurado, procedencia del recurso, intereses
Materia: COMERCIAL-CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/ Frigorífico Sansu SACI y A. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-25

Ello así, pues el actor no aclaró explícitamente que tipo de acción había incoado (si de mandato o de subrogación), aunque parece evidente que no invocó una relación de mandato o gestión de negocios. Sin embargo, en su escrito de demanda requirió intereses "...desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia". Y es evidente que en el caso, descartadas las acciones anteriores y frente a la inexistencia de un preacordado vencimiento, es menester la interpelación para constituir en mora al presunto deudor (CCCN 509-2° y 887, según interpreta Alterini J., "Código Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético", T. IV. página 440). Actuación a la que cabe asimilar a la notificación de la demanda.
Daños y perjuicios, establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: Samaniego, Héctor W. y otros c/ Caldevit S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-03-08

Si los establecimientos asistenciales se valen de la actividad ajena de los médicos para el cumplimiento integral de su obligación, habrán de responder por la culpa en que incurran sus sustitutos, auxiliares o copartícipes, en razón de la irrelevancia jurídica de tal sustitución, ya que al acreedor no le interesa que el cumplimiento sea efectivizado por el propio deudor, o por un tercero del cual éste se valga para sus fines, y de la equivalencia de comportamientos del obligado y de sus sustitutos o asociados, que determina que el hecho de cualquiera de ellos se considere como si proviniese del propio deudor.(del voto del doctor de Lázzari)