Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-14


SENT Nº 325 C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Catorce (14) de Mayo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por los letrados Maximiliano Stein y Carlos E. Arias por sus propios derechos en autos: "Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. Vargas Martín Juan Pedro s/ Ejecución fiscal".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto a fs. 176/182, en contra de la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción del 12/4/2011 (fs. 171/172).

Corrido traslado a la demandada, contesta a fs. 186/189, solicitando se rechace el recurso por inadmisible. Sostiene además que conforme a la Ley Nº 24.432, se debe regular honorarios tomando como base el monto de la sentencia, laudo o transacción y en un porcentaje que no exceda el 25% y demás razones que allí esgrime.

II.- El recurso es deducido por el letrado Maximiliano Stein, apoderado de la actora, con el patrocinio letrado de Carlos E. Arias, por expresas instrucciones recibidas de su mandante y por sus propios derechos y se fundamenta en que el fallo impugnado es violatorio de las leyes que el mismo establece que resultan aplicables, por lo que resulta arbitrario, incongruente y se encuentra motivado de manera aparente.

Como antecedentes del caso refieren que su representada inició esta demanda de ejecución fiscal el 15/8/2008; que el demandado opuso excepciones; que se ordenó la apertura a prueba; que se ofrecieron las que allí menciona; que el 06/5/2009, a través de un escrito presentado conjuntamente, se puso en conocimiento que el accionado se allanó a la deuda reclamada en autos mediante el acogimiento al Régimen Excepcional de Facilidades de Pagos Ley N° 8.166; que el 08/5/2009 la sra. Juez decretó tener por allanado al accionado "en los términos de la Ley Nº 8166, art. 1º", implicando este acto el allanamiento incondicional del contribuyente"; que el 18/8/2009 se dicta sentencia imponiendo el pago de las costas y gastos causídicos a la demandada; que el 26/11/2009 se proveyó que previo a regular honorarios, practique la actora planilla de actualización de capital, la que fue presentada por su parte, oponiéndose la demandada y contestada la misma el 30/6/2010 se resolvió no hacer lugar a la impugnación de planilla efectuada por el demandado; que no obstante ello la regulación de honorarios resultó mal efectuada por lo que apeló la sentencia; que el 22/12/2010, la Cámara resolvió hacer lugar al recurso de apelación deducido por los suscriptos y dispuso tener como base para la regulación de honorarios el monto por el que la demandada se acogió al Plan de Facilidades de Pago Ley Nº 8.166; que ante el error material y violación de norma de derecho en la que incurrió la sentencia de Cámara, planteó recurso de revocatoria en su contra; que por sentencia del 12/4/2011 se resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de revocatoria interpuesto por los suscriptos, que corrigió el error material en el que había incurrido, pero se mantuvo en la parte de la que resulta la violación de la norma de derecho, lo que motivó el planteo del presente recurso.

Se quejan por violación de la ley aplicable, la que ocasiona -además-, la arbitrariedad de la sentencia, todas éstas cuestiones jurídicas, que terminan conculcando su derecho de propiedad (art. 17 CN), con cita de jurisprudencia de esta Corte.

Sostienen que la sentencia considera aplicable al caso la Ley N° 8.166, y practica la regulación conforme a lo normado en la Ley Arancelaria N° 5.480 -con lo que se encuentran de acuerdo-; que no obstante, al reconocer que al caso resultan aplicables tales normas, jamás puede pretender que se tome como base regulatoria el monto efectivamente pagado pues tal criterio viola flagrantemente la Ley N° 8.166; que no debe pasar por alto que conforme lo demuestra acabadamente el escrito agregado en autos, presentado de común acuerdo por ambas partes titulado: "Me Allano -Doy en Pago, el apoderado de la demandada dijo expresamente: "...Que vengo a poner en conocimiento de S.S., que mi mandante se acogió al Régimen Excepcional de Facilidades de Pago, en los términos de la Ley N° 8.166, art. 1º allanándose de esta manera a la deuda reclamada en autos por la actora... ".

Refieren que conforme lo expresó su parte en el otro si digo de dicho escrito, señalaron que la Ley N° 8.166, en su art. art. 1º reza: "Establécese con carácter general y temporario la vigencia de un régimen excepcional de facilidades de pago, aplicable para la cancelación total o parcial -al contado o mediante pagos parciales- de deudas vencidas y exigibles al 31 de Diciembre de 2008 inclusive, en concepto de tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia, incluyendo sus actualizaciones, intereses, recargos y multas; por el cual los contribuyentes y responsables podrán regularizar su situación fiscal, dando cumplimiento a las obligaciones tributarias omitidas, en la forma, condiciones y con los alcances establecidos para cada caso por la presente ley. Quedan también alcanzadas por el citado régimen las siguientes deudas:...c) Que se encuentren...en proceso de trámite judicial de cobro, cualquiera sea su etapa procesal, implicando el acogimiento al presente régimen de pleno derecho el allanamiento incondicional del contribuyente y responsable y, en su caso, el desistimiento y expresa renuncia a toda acción o derecho, incluso el de repetición, asumiendo los citados sujetos por el monto demandado, el pago de las costas y gastos causídicos en los casos que corresponda el mismo.

Sostienen que la Ley N° 8.166 en dicho artículo también es clara en cuanto a que el acogimiento del beneficio no solo implica allanamiento incondicional como lo señalara, sino que además el trascripto art. 1° establece que el acogimiento implica asumir el pago de las costas "por el monto demandado"; que resolver de manera contraria y violando a lo reglado por la norma, configura un supuesto de sentencia arbitraria, con cita de jurisprudencia de esta Corte.

Expresan que la norma no admite confusión acerca de lo que implica -de pleno derecho-, el acogimiento al Régimen Excepcional de Facilidades de Pago Ley N° 8.166; que el acogimiento implica allanamiento y asumir -por el monto de la demanda-, el pago de costas y gastos causídicos; que la sentencia de Cámara del 22/12/2010 yerra con respecto a la jurisprudencia que cita de los casos "Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- vs. La Recoba y vs. Telecom Arg. Stet France Telecom S.A.", pues los mismos no se tratan de acogimientos a la Ley Nº 8.166.

Insisten que en el caso de autos no hay margen de dudas, pues la ley aplicable establece expresamente que la asunción del pago de costas y gastos causídicos lo es por el monto de la demanda; que tan es así que la Cámara en el séptimo párrafo de los considerandos del fallo del 22/12/2010 reconoce que el pago de las costas lo es "por el monto demandado"; que resolver lo contrario resulta violatorio de la teoría de los actos propios y del principio de congruencia, pues por una parte reconoce que se aplica la Ley N° 8.166 y que la costas se pagan por el monto demandado y por el otro termina resolviendo, en base a una jurisprudencia inaplicable al caso, que se debe tomar como base regulatoria el monto efectivamente ingresado, con cita de antecedentes de este Tribunal.

Refieren que además de lo expuesto no puede dejar de recalcar el error en que incurrió el fallo del 22/12/2010 cuando expresa "...la aceptación de este sistema de pago por el acreedor implica su allanamiento incondicional...y en su caso, el desistimiento y expresa renuncia de toda acción y derecho, asumiendo los citados sujetos por el monto demandado el pago de las costas y gastos causídicos."; que esta afirmación resulta incorrecta, pues quién se allana no es su mandante, sino el deudor que se acoge a un régimen excepcional de facilidades de pago y conforme el propio Tribunal lo reconoce, lo hace por el monto de la demanda; que la sentencia resulta motivada de manera aparente, pues establece cuales son las normas aplicables y resuelve en clara violación a las mismas, merituando correctamente que la accionada se acogió a los beneficios de la Ley Nº 8.166 y a la vez apartándose de su texto y citando -además-, jurisprudencia inaplicable al caso, con cita de jurisprudencia de esta Corte.

Sostienen que cuando dicen que la base regulatoria es la efectivamente pagada con el plan de pagos, se está diciendo que la deuda pagada es el monto demandado; que en el caso en cuestión, el monto efectivamente pagado es el de $ 652.336,55, monto éste por el que se inició el juicio; que tan es así, que en el hipotético caso en que un plan de pagos se formalice en cuotas, si el plan decayera, automáticamente el acreedor debe ejecutar el decaimiento con la pérdida de los beneficios que había significado el acceso a la moratoria; que cuando el accionado regulariza una deuda con el beneficio de esta moratoria (Ley Nº 8.166), lo que paga efectivamente es el monto total de la deuda, es decir, el monto demandado.

Expresan que no resulta de aplicación al presente caso el antecedente de esta Corte en los autos caratulados "Gobierno de la Provincia. de Tucuman -D.G.R.- c/ Portón Blanco S.A.", pues en ese caso se trató del acogimiento del demandado al plan de pagos establecido mediante la Ley Nº 7.882, la cual, a diferencia de la Ley aplicable al presente caso (Ley N° 8.166), no prevee en su articulado que la asunción de las costas y gastos causídicos lo es por el monto demandado.

Reiteran que de la simple lectura de la ley N° 8.166, en su art. 1, inc. c) se desprende que este aspecto de la ley "por el monto demandado" (el cual no es menor) no está normado en la Ley Nº 7.882; de ahí la diferencia sustancial entre este caso y el antecedente mencionado de Porton Blanco. Propone doctrina legal en los términos que da cuenta el escrito recursivo.

III.- La sentencia de Cámara del 22/12/2010 (fs. 147/149), objeto del recurso de revocatoria deducido por los recurrentes sostiene que de las constancias de autos surge que la demandada se acogió al Plan de Facilidades de Pago en los términos de la Ley Nº 8.166, por lo que es de aplicación para el caso esta ley y las normativas que en consecuencia se dicten; que la Resolución 012/ME en su integridad no aprehende el supuesto del caso en examen, toda vez que la Ley Nº 8.166 y su reglamentación no preve disminución de honorarios a quienes se acogieron a su régimen; que a su vez, el hecho de que en su origen la deuda haya entrado en el denominado Plan de Facilidades de Pago, no implica necesariamente que quede acogida, por ese solo hecho, al régimen de facilidades de pago de la Resolución 012, todo lo contrario al allanarse el demandado a la deuda, hace expresa mención que se acogió al Régimen excepcional de Facilidades de pago, en los términos de la Ley Nº 8.186 -fs. 77-; que por consiguiente, no cabe la reducción del 85% de los honorarios que se practicó en la sentencia en crisis, con cita de jurisprudencia de esta Corte.

Sostiene que el monto de la planilla asciende a $ 751.893,79, incluyendo capital e intereses; que lo cierto es que la ley concede beneficios a los contribuyentes que abonen sus contribuciones total o parcial -al contado o mediante pagos parciales-, de deudas vencidas y exigibles al 31/12/2008 (art. 1), con el añadido de que la aceptación de este sistema de pago por el acreedor implica su allanamiento incondicional y, en su caso, el desistimiento y expresa renuncia de toda acción y derecho, asumiendo los citados sujetos por el monto demandado, el pago de las costas y gastos causídicos en los casos que corresponda el mismo (inc. c).

Refiere que el deudor se allana al sistema de la ley por la suma de $ 199.031,04, la deuda quedó acotada y extinguida, al quedar liberado, por imperio de la ley, de los intereses y otros recargos; que cumplida la condición de la ley -allanamiento, acogimiento al sistema, y pago- la pretensión de la acreedora se constriñó legalmente al monto del capital; que el monto del juicio por el que se acogió al plan de facilidades de pago -$ 199.031,04-, será tomado como base para la regulación de honorarios, por lo que corresponde hacer lugar a este agravio.

Expresa que con relación al segundo agravio -sentencia considerada extra petita- debe desestimarse ya que el Juez al fallar debe aplicar al caso concreto la norma que considere adecuada, aún cuando no haya sido solicitada por las partes; que sin embargo la sentencia hace una mala aplicación del derecho, por cuanto incluye en la sentencia una norma anterior que no corresponde, la Resolución 012/ME, siendo la aplicable la Ley Nº 8.166 y procede a regular honorarios, aplicando los artículos pertinentes de la Ley Nº 5.480.

IV.- La sentencia objeto del presente recurso de casación sostiene que los Dres. Maximiliano Stein y Carlos Arias plantean revocatoria de la Sentencia mencionada, en virtud de lo normado en el art. 31 de la ley arancelaria, siendo dos las cuestiones a resolver; que el primer tema está referido a la base del cálculo que se toma a los efectos de la regulación de honorarios, la que debiera ser de conformidad a las Leyes Nº 5.480, Nº 8.166 y expresan que cuando la base regulatoria es efectivamente pagada con el Plan de pagos, la deuda pagada es el monto demandado; que en el caso en cuestión el monto de la demanda es $ 652.336,55 - monto éste por el que se inició el juicio y que al tomarse como base regulatoria el monto efectivamente pagado se está violando la Ley Nº 8.166.

Refiere que la sentencia recurrida no resulta arbitraria ni incongruente en razón de que, como puede apreciarse en los considerandos de la misma, se expresa, clara y precisamente el porqué de la reducción de la base de cálculo, y ello en razón de que la base queda acotada y extinguida al quedar liberado el deudor, por imperio de la ley, de los intereses y otros recaudos; que con jurisprudencia que se cita a fs. 148 de sus considerandos, se explicita las razones que adopta el Tribunal a los fines de la reducción de la base para el cálculo de los respectivos honorarios; que sobre el particular existe más bien un disenso generalizado y no así una critica puntual en lo que el recurrente considera se afecta a sus derechos, de conformidad a lo dispuesto por el art. 717 CPCyC; que por ello se confirma lo resuelto sobre el particular.

Expresa que la segunda cuestión está referida a lo que se sostiene como error material al cálculo reducido, efectuado por este Tribunal; que en efecto, se ha tomado como base la suma de $ 199.031,04, cuando debió tomarse la suma de $ 77.542,56, que resulta de la boleta de deuda N° 851, a fs. 82 y sumarse a la boleta Nº 852 de fs. 87, que resulta la suma de $ 288.787,95, que otorga un total de $ 336.330,51, considerando el Tribunal que este monto resulta correcto porque los intereses que contemplan las respectivas boletas son las resultantes del régimen de facilidades de pago con la adopción de intereses reducidos a tal efecto y que efectivamente se paga; que corresponde efectuar una nueva regulación, conforme a la base regulatoria mencionada, aplicándose los arts. 14, 15, 38 y 63 de la Ley Nº 5.480, y los mismos porcentajes que se tuvieron en cuenta en la instancia y regula honorarios a los recurrentes; que por todo lo expuesto, corresponde acoger parcialmente a la revocatoria interpuesta y procede a regular honorarios conforme a la base y a las pautas arancelarias que menciona.

V.- Por auto interlocutorio del 21/6/2011 (fs. 194), la Cámara concede el recurso de casación deducido por la demandada, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y en su caso el de procedencia. Se verifica que fue interpuesto en término, contra una sentencia que, en materia de honorarios regulados a los letrados intervinientes, resulta definitiva, al acoger parcialmente el recurso de revocatoria contra el pronunciamiento de honorarios, previsto en el art. 31 de la Ley Nº 5.480. El memorial se basta a sí mismo, y contiene la cita de las normas que se pretenden vulneradas, proponiendo la doctrina legal que los recurrentes estiman correcta. A fs. 175 corre agregada boleta que acredita el depósito de ley. Por tales motivos, el recurso resulta admisible.

En razón que la sentencia recurrida regula honorarios a los letrados presentantes cabe interpretar que el recurso ha sido deducido por sus propios derechos únicamente, dado que las costas fueron impuestas al ejecutado y por lo tanto, la cuestión carece de interés para su representado.

VI.- De la confrontación del memorial casatorio puesto en relación con los motivos sentenciales se advierte que el recurso no ha de prosperar.

La queja de los recurrentes se centra en que la base regulatoria esta conformada por el monto reclamado en la demanda que asciende a la suma de $ 652.336,55, en razón que la jurisprudencia de esta Corte no resulta aplicable al caso, dado que en los autos caratulados "Gobierno de la Provincia de Tucuman -D.G.R.- c/ Portón Blanco S.A.", se trató del acogimiento del demandado al plan de pagos establecido mediante la Ley Nº 7.882, la cual, a diferencia de la Ley aplicable al presente caso (Ley N° 8.166), no prevee en su articulado que la asunción de las costas y gastos causídicos lo es por el monto demandado.

Sostienen asimismo que la sentencia impugnada yerra con respecto a la jurisprudencia que cita de los casos "Gobierno de la Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. La Recoba y vs. Telecom Arg. Stet France Telecom S.A.", pues en dichos casos no se trata -como en el presente- de acogimientos a la Ley Nº 8.166.

El presente caso se encuentra regido por la Ley Nº 8.166, sancionada el 19/3/2009 y publicada en el BO el 26/3/2009, en razón que el ejecutado se adhirió al Régimen Excepcional de Facilidades de Pago, establecido en la citada ley, que libera al contribuyente que abona la deuda de contado o en pagos parciales, del pago de intereses y demás recargos. Prescribe su art. 1º: Establécese con carácter general y temporario la vigencia de un régimen excepcional de facilidades de pago, aplicable para la cancelación total o parcial -al contado o mediante pagos parciales-de deudas vencidas y exigibles al 31 de Diciembre de 2008 inclusive, en concepto de tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia, incluyendo sus actualizaciones, intereses, recargos y multas; por el cual los contribuyentes y responsables podrán regularizar su situación fiscal, dando cumplimiento a las obligaciones tributarias omitidas, en la forma, condiciones y con los alcances establecidos para cada caso por la presente ley. Quedan también alcanzadas por el citado régimen las siguientes deudas.c) Que se encuentren en.o en proceso de trámite judicial de cobro, cualquiera sea su etapa procesal, implicando el acogimiento al presente régimen de pleno derecho el allanamiento incondicional del contribuyente y responsable y, en su caso, el desistimiento y expresa renuncia a toda acción o derecho, incluso el de repetición, asumiendo los citados sujetos por el monto demandado, el pago de las costas y gastos causídicos en los casos que corresponda el mismo.

En el caso de autos, la ejecutada fue intimada de pago (fs. 15); dedujo excepciones (fs. 59/60); ofreció pruebas y manifestó en el expediente a fs. 77/78 que se adhirió al Régimen Excepcional de Facilidades de Pago, establecido en la Ley Nº 8.166. En su mérito abonó de contado la deuda en concepto de Ingresos Brutos, Tipo de Plan 913, Nº de Plan 0000851 por Capital, la suma de $ 70.481,70 y un interés de $ 7.060,86, lo que totaliza la suma de $ 77.542,56, habiéndose reducido sustancialmente los intereses que ascendían a la suma de $ 130.810,65, según da cuenta la liquidación obrante a fs. 84.

Asimismo, se adhirió al Régimen de Facilidades de Pago que le permite abonar en 48 cuotas la deuda en concepto de Ingresos Brutos, Tipo de Plan 914, Nº de Plan 852, por Capital la suma de $ 199.031,04 y un interés de $ 89.756,91, lo que totaliza la suma de $ 288.787,95, habiéndose reducido sustancialmente los intereses que ascendían a la suma de $ 421.998,63, según da cuenta la liquidación obrante a fs. 87.

La Cámara al citar en apoyo la doctrina de esta Corte establecida en sentencia Nº 771, del 13/10/2010, "Gobierno de la Provincia de Tucumán - D.G.R.- vs. Portón Blanco S.A. s/ Ejecución fiscal", asimila correctamente el caso de aplicación de la Ley Nº 7.882 al presente, en el que se dijo que la cuestión no ofrece mayor dificultad interpretativa, en cuanto a que si se inicia el reclamo judicial pero el deudor se allana al sistema de la ley que establece facilidades de pago y paga el impuesto adeudado, de conformidad a lo previsto en la ley respectiva la deuda queda acotada y extinguida, al quedar liberado el accionado, por imperio de la ley, de los intereses y otros recargos.

Es que, cumplida la condición de la ley -allanamiento, acogimiento al sistema, y pago-, la pretensión de la acreedora se constriñó legalmente al monto del capital más los intereses reducidos en la proporción establecida por la ley en su art. 5º, según que el pago sea de contado o mediante pagos parciales.

Bajo esa condición se promueve la demanda y se sujeta la pretensión. A la Ley Nº 8.166 está sometida la actora y sus efectos se expanden a su letrado, pues su labor se encuentra dentro de ese subsistema legal que incide no sólo en la gestión profesional sino también en los costos del juicio y, por ende, en su retribución económica. Al limitarse el crédito actoral y la pretensión correspondiente al capital más el porcentaje de intereses establecidos en los planes Nº 0000851 (pago de contado) y Nº 852 (en 48 cuotas) respecto a Ingresos Brutos, en virtud del cumplimiento de la antedicha condición, las costas a las que el ejecutado resulta condenado recaen sobre tales monto de capital y porcentaje de intereses, y de ningún modo sobre el capital y la totalidad de los intereses, pues la ley ha dispuesto, en este supuesto especial, beneficiar al contribuyente (art. 5), y resulta claro ontológica y lógicamente que un beneficio no conlleva ni de él puede derivar un perjuicio, cual sería que tuviera que pagar costas sobre el beneficio. Queda así constituido el "monto del juicio" o base a los fines regulatorios (CSJTuc., sentencia Nº 431, 30/5/2007, "Gobierno de la Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. La Recova S.R.L. s/ Ejecución fiscal").

No cabe olvidar que en la interpretación y aplicación del derecho, no es siempre método recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que las nutre es lo que debe rastrearse en procura de una aplicación racional, que avente el riesgo de un formalismo paralizante, debiéndose buscar en todo tiempo una valiosa interpretación de lo que las normas, jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas, pudiéndose arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fin común de la tarea legislativa como de la judicial (conf. CSJN "Vera Barros, Rita E. c. Estado Nacional -Armada Argentina-" LL 1995-A, 22; CSJTuc., sentencia Nº 215, 28/3/2006, "Torres, José Esteban vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios ").

En mérito a lo antes considerado, cabe concluir que la cuestión no cambia porque en el presente caso, la ejecutada se acogió al Régimen Excepcional de Pagos establecido en la Ley Nº 8.186 en cuanto el art. 1, inc. c) de la citada norma preve que el contribuyente y responsable asumen "por el monto demandado, el pago de las costas y gastos causídicos en los casos que corresponda el mismo", como lo afirman los recurrentes. Es que -como se dijo-, la deuda queda acotada al monto abonado por el contribuyente también en el presente caso, conforme al Plan de Facilidades de Pago estatuido por la Ley Nº 8.186 y queda extinguida la deuda restante al liberarse al deudor de los intereses y bajo esa condición se promueve la demanda y se sujeta la pretensión y sus efectos se aplican a la actora y se expanden a su letrado, lo que incide en los costos del juicio y en la regulación de honorarios que deba practicarse. Por lo tanto, no resulta arbitraria la sentencia impugnada en cuanto decide que los estipendios de los recurrentes deben calcularse teniendo como base regulatoria el monto de lo efectivamente abonado por el ejecutado, conforme al Plan de Facilidades de Pago al que se adhirió, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia del 12/4/2011 (fs. 171/172).

VII.- En cuanto a las costas y existiendo de parte de los recurrentes razón probable para litigar en cuanto la posición asumida por los mismos en el presente recurso se deriva de una interpretación literal de la Ley Nº 8.186 que rige el caso, actuando en base a una convicción razonable acerca de la existencia del derecho invocado, corresponde se impongan las costas por su orden, en mérito a lo previsto por el art. 105 inc. 1º del CPCyC.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito, al recurso de casación deducido a fs. 176/182 por los letrados Maximiliano Stein y Carlos E. Arias por sus propios derechos en contra de la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción del 12/4/2011 (fs. 171/172).

II.- IMPONER las costas por su orden, conforme a lo considerado.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.