marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Unificación de penas, fundamentación de sentencias, ley vigente, insuficiencia del agravio, protección de la dignidad
Materia: PENAL
Carátula: Homann, Aldo Manuel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-09

La unificación objetada ha sido correctamente fundada y acorde la normativa vigente al momento de los hechos, por lo que el cuestionamiento de la defensa ha quedado limitado a una mera discrepancia con la decisión adoptada, sin que el impugnante consiga demostrar el vicio jurídica que alega. Y es que no se advierte en autos que se haya arribado a una pena cruel o que importe una mortificación mayor que aquellas que su propia naturaleza impone; o que expresen una falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el delito y la intensidad o extensión de la privación de bienes jurídicos del delincuente como consecuencia de la comisión de aquél, que resulte repugnante a la protección de la dignidad de la persona humana.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, incapacidad laboral, reinserción laboral
Materia: Procesal
Carátula: Cárdenas Bahamonde, Sergio c/ Supercemento S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-04-12

Las posibilidades de reinserción en el mercado laboral, que la sentencia recurrida enuncia en sus fundamentos, no halla sustento fáctico en autos, y no se concilia, además, con lo opinado por juristas y especialistas que por el contrario señalan los inconvenientes del minusválido o discapacitado para esta competencia.
Violencia familiar, deberes del juez
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: C.M.J.  c/  s/ Protección contra la Violencia Familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-05

Como prescribe el artículo 14 de la ley 12569, según el texto de la ley 14509, durante el trámite de la causa y por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante la solicitud de informes periódicos acerca de la situación. Esta obligación cesará cuando se constate que ha cesado el riesgo, teniendo en cuenta la particularidad del caso, de lo que resulta que incumple con su deber el juez que, por el sólo pedido de la parte denunciante, resigna controlar las medidas y decisiones adoptadas en su momento y tanto más si las revoca, o no las prorroga, sin asegurarse que el riesgo que justificó acordarlas haya desaparecido.
Presidente de la Nación, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Fiscales adjuntos, cesantía, facultades discrecionales, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Solá, Roberto y otros c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

El art. 2° de la ley 21.383 supedita la remoción de los fiscales adjuntos a la comprobación de su mala conducta, por lo que no puede sostenerse válidamente que las facultades discrecionales del presidente para decretar cesantías lo eximan del cumplimiento de los recaudos que para todo acto administrativo exige la ley 19.549, como así también del sello de razonabilidad que debe acompañar a toda decisión de las autoridades públicas.
Impuestos, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires c/ Poder Ejecutivo (Tribunal Fiscal).Coady.:Asurmendi,Emeterio Gonzalo. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

El efecto liberatorio del pago es un derecho patrimonial adquirido respecto del impuesto y no puede ser desconocido sin contrariar el principio contenido en el art. 3 del Código Civil que, en tales casos, se confunde con la inviolabilidad de la propiedad asegurada por el art. 17 de la Constitución nacional.
Ampliación de la declaración indagatoria, suspensión de la audiencia, resolución denegatoria, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: K., B. s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-20

La queja, intentada contra la resolución que declaró improcedente el recurso de apelación deducido en virtud de no haberse hecho lugar al pedido de suspensión de la audiencia fijada para la ampliación de la declaración indagatoria, debe ser rechazada, dado que el pronunciamiento objetado no se trata de aquellos declarados expresamente apelables y no causa a la parte interesada un gravamen de imposible reparación ulterior.
Proceso penal, facultades del querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., O. E. s/ Homicidio Culposo s/Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-12-05

Acorde los nuevos vientos doctrinales, la víctima ocupa un rol prevaleciente en el conflicto penal.

De un papel inerte y limitado a la condición de sujeto hablante acerca del hecho que lo damnificara, el afectado por el delito ha escalado posiciones hasta ser reconocido como un sujeto procesal con capacidades que le permiten actuar, incluso con autonomía, en el ejercicio de la pretensión penal en los delitos de acción pública.

Sin embargo, esta nueva condición no implica ni teórica ni normativamente la sustitución del monopolio estatal en materia penal o, desde otra perspectiva, la entronización de la venganza privada que es -a decir de Julio B. Maier- la "... solución incivilizada de un conflicto social...".
Legítima defensa, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: MARQUES BERNABE A s/ CASACION  PENAL  -  CAUSA  DE  JUSTIFICACION  -  LEGITIMA  DEFENSA  -  SENTENCIA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-08

La determinación de si existe en un caso concreto, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler una agresión ilegítima, constituye una cuestión de hecho objetivamente comprobable. El medio resulta racionalmente necesario si su empleo es hecho oportunamente y guarda proporción con la agresión, legítima defensa si, según las circunstancias y el valor de los bienes en juego, su uso implica un empleo adecuado de los elementos de la defensa de que se dispone en relación al ataque inminente o en curso. Para medir la proporcionalidad de la defensa, es decir, si se ha hecho un empleo adecuado de los elementos de la defensa de que se dispone con relación al ataque inminente o en curso, no resulta admisible desconocer cuales son las características objetivas de los instrumentos empleados por el agresor y por quien se defiende.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Oscar Jose c/ Di Nofa, Eduviges s/ Cobro ejecutivo Castillo, Julio David c/ Estado de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16|2001-06-22

Aún cuando en sede penal la inexistencia del hecho haya derivado de una situación de duda, tal conclusión no puede dejar de producir efectos en el proceso civil, pues el principio lógico de identidad impide que un hecho pueda ser y no ser al mismo tiempo.
Excepciones procesales, plazos procesales, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIARIOS Y NOTICIAS  S.A. c/ SERVICIOS DE RADIO Y  T.V.  DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

La constitución del ente como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, configura una sociedad conformada bajo una regulación especial de derecho privado, que -más allá de su objeto y de la aplicación del derecho público que corresponda en algunos aspectos- no puede ser asimilada a las personas de derecho público taxativamente enumeradas en el cpr:346. Dicha norma se refiere exclusivamente al beneficio de que gozan el estado nacional, las provincias y las municipalidades y no puede ser extendido a otros entes y organismos, aunque el estado posea una participación que asegure su conducción y gobierno.
Disolución de la sociedad conyugal, indivisión postcomunitaria, mora del vendedor, interpelación, telegrama
Materia: CIVIL
Carátula: B.V.J. c/ L. DE B.M. s/ FIJACION DE VALOR LOCATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

Un telegrama no puede considerarse una interpelación para poner en mora a la deudora, si el reclamo no fue expreso, categórico, preciso y coercitivo para exigir el pago (conf. Belluscio "Código Civil...", T.2, p. 604 y ss.), por lo tanto el requerimiento judicial recién determina la fecha de la que debe partir el pago por valor locativo de un bien de la sociedad conyugal ocupado por uno de los cónyuges, mientras que lo anterior a ella corresponde considerarlo como gratuito con el consentimiento tácito del otro.
Honorarios, apoderado, doble regulación, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: BOYERO RUBEN HUGO c/ PEDRO AMADEO BONFIGLI s/ ORDINARIO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-15

Los honorarios cumplidos durante la vigencia de la ley 7269 se rigen por ésta, con exclusión de otro régimen arancelario.

Con relación a los honorarios por los trabajos cumplidos como procuradores por los letrados de la demandada, no procede regulación alguna. Debe tenerse presente la formulación del art. 23 de la ley 7269, a tenor del cual "cuando en un proceso o gestión interviene más de un profesional por la misma parte, se considera como un sólo patrocinio o representación".

De la correlación de esta norma con el segundo párrafo del art. 45 de igual ley, resulta que el profesional no puede ejercer en el juicio dos funciones distintas y separables, susceptibles cada una de ser remunerada en forma independiente de la otra, cuando actúa sólo en un acto procesal. Ello porque el precepto es claro cuando expresa: " será aplicable esta norma al caso en que un letrado actuare sólo como procurador, con el patrocinio de otro".

La figura apoderado absorbe a la del patrocinante cuando aquél, además de ejercer la representación del dominus litis en virtud de la procura, interviene activamente en el desarrollo del pleito como abogado, pero no a la par de otro sino en forma aislada. En tal caso no hay lugar a dos regulaciones porque es única la función cumplida por el profesional.

El supuesto contemplado en el art. 45 es el de dos letrados que ejercen cada uno una función distinta en forma conjunta y simultánea. En tal caso se retribuye al apoderado por la representación y asesoramiento técnico del mandante, y el abogado por la actividad cumplida en el desarrollo del litigio.-
Sentencia, acuerdo y voto individual, pena
Materia: PENAL
Carátula: Collini, Carlos Alberto y otro s/ Robo automotor, privación ilegal de la libertad Fernández, Miguel Angel s/ Robo calificado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29|1997-09-16

La formalidad del acuerdo es requisito esencial para la validez del fallo, pues sin él no puede considerarse cumplida la disposición constitucional (art. 168, Const. Prov.) que impone la exigencia del acuerdo previo y voto individual de los jueces a fin de dejar establecida la mayoría de opiniones que determinará la sentencia definitiva, por lo cual su omisión acarrea nulidad (la que puede y debe declararse de oficio), como ocurre cuando el decisorio ha sido dictado en forma de simple auto, donde la opinión de cada magistrado se diluye de manera impersonal en la resolución tomada en común; no obstando a lo expuesto que en el caso se individualice la opción de sólo uno de los tres señores jueces integrantes de la Sala.
Incapacidad laboral, incapacidad preexistente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LEVYS, NORMA BEATRIZ s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

Si la minusvalía ostentada por el trabajador no agotó su capacidad de ganancia al inicio de la relación laboral, no puede admitirse lógicamente que ese mismo porcentaje le impida desempeñarse al cese.

Distinto sería el supuesto de haberse acreditado que durante el tiempo con desempeño la minusvalía se acentuó y que el déficit verificado al cese de la actividad es sensiblemente superior al del inicio, imposibilitando la prestación laboral.
Cámaras de casación, apreciación de la prueba, declaración testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

La Cámara de Casación se encuentra facultada para examinar el material de convicción disponible en la medida de sus posibilidades, entre los que se encuentra la grabación integral de la declaración de la testigo, a fin de indagar la existencia de un error de apreciación del testimonio que pudiese ser determinante para el resultado del juicio.
Extradición, rebeldía, debido proceso, Constitución Nacional, auxilio jurídico internacional, derecho extranjero
Materia: CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Re, Ivo s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

No cualquier solución normativa que reglamente el proceso en ausencia -rebeldía o contumacia- o, eventualmente, la garantía del debido proceso en otros términos a los consagrados en el derecho argentino importa de por sí violentar los principios del derecho público consagrados en la Constitución Nacional, ya que ello significaría imponer la solución jurídica consagrada sobre el punto en el derecho nacional, a un Estado extranjero (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Antonio Boggiano, y, Guillermo A. F. López).
Código Electoral Nacional, plazos procesales, plazo perentorio
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: Luis Ángel Santacruz, apoderado del partido Encuentro Amplio. s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-09

Las normas electorales buscan dar certeza y poner fin a las disputas mediante la rápida definición de situaciones jurídicas conflictivas. Por ello, el tratamiento procesal de los asuntos de derecho público electoral no es siempre asimilable al que rige los de derecho privado, ni aun siquiera los de derecho público que no están sometidos a un cronograma rígido como el que encorseta a los que se encuentran reglados por el Código Electoral Nacional, con plazos perentorios e improrrogables, sujetos todos ellos a una fecha límite final, la de la elección.
Seguros, acción subrogatoria, legitimación activa, indemnización, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. DE SEGUROS EL NORTE SA c/ OTERO, MANUEL s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-22

La transferencia de los derechos del asegurado al asegurador contra el tercero autor del daño se opera de pleno derecho con el pago de la indemnización, sin necesidad de cesión de derechos ni convención alguna entre las partes. El título que legitima y habilita el reclamo del asegurador no se encuentra en el contrato de seguro, sino en el desembolso probadamente realizado y en la subrogación legal que es su consecuencia.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solari, Oscar Horacio c/ Provincia de Buenos Aires (Obras Sanitarias) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

Si en los considerandos de la resolución se detallan suficientemente los hechos que configuran la causa de la decisión sancionatoria, se sustenta en antecedentes debidamente acreditados cuyos hechos encuadran en las normas legales que tipifican las faltas imputadas en el sumario y se encuentra integrado por los dictámenes emitidos por la Dirección Provincial del Personal de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Sumarios, y por la Asesoría General de Gobierno, se configura un acto idóneamente fundado circunstancias que determinan la inexistencia del vicio de falta de motivación.
Justicia militar, modificación de la competencia
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

La limitación de las atribuciones del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, derivada de la entrada en vigencia de la Ley 23.049 -art. 10- no se ve impedida por la facultad de los ciudadanos revestidos de carácter militar de invocar a los órganos jurisdiccionales militares como jueces naturales para los delitos incluidos en la competencia castrense, ya que las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia se aplican de inmediato.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, automotores, indemnización, mora, acción de reintegro, patentes, garantía de indemnidad
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Vitale, Nora Silvana  c/ Caja de Seguros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

Corresponde admitir el derecho del asegurado para recuperar de la aseguradora lo que hubiera pagado en concepto de impuesto a la radicación del automotor -patente- a partir de la mora de la compañía en la cobertura del siniestro de robo, toda vez que desde ese momento el abono de dicho tributo se convierte en un gasto improductivo para el asegurado (conf. CNCom, Sala D, in re "Gladstein, David E. c/ Gerli SA otro s/ ordinario", del 18/11/14; ídem, "Forrajes SA c/ Nación Seguros SA s/ ordinario", del 17/05/18).

Y si, como ocurre en el caso, a partir de la mora de la aseguradora, el asegurado dejó de pagar el referido tributo, lo que corresponde es que aquella mantenga indemne a la propietaria responsable fiscal, incluso como eventual legitimada pasiva de cobros ejecutivos (conf. Barros Bourie, E., "Tratado de la responsabilidad extracontractual", Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, ps. 237/238, n° 153).

A este último fin, sin embargo, no corresponde condenar al pago de una suma de dinero y menos con intereses que son inadmisibles respecto de un daño futuro (CSJN, in re "Terrero, Felipe Eduardo y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", del 26/02/02, fallos 325:255), ya que ello implicaría anticipar indebidamente el resarcimiento de un perjuicio cuyo quantum se desconoce y, dadas sus características, que incluso podría no quedar enteramente cubierto con una suma dineraria.
Locación, pago, pago anticipado, usos y costumbres, mora, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: SERGIO EDUARDO VALDEZ Y NOROESTE CALZADO  S.R.L. c/ MARIA LUISA PURA RODRIGUEZ DE JORGE s/ ORDINARIO: PAGO POR CONSIGNACION DE ALQUILERES MARIA LUISA PURA RODRIGUEZ DE JORGE s/ ORDINARIO: PAGO POR CONSIGNACION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1988-08-24

La oportunidad del pago de los alquileres es según los usos del lugar por adelantado y del 1 al 10 del mes según lo pactado. Una cláusula del contrato de locación prevé el pago en el domicilio del propietario, mientras que otra establece la mora automática del deudor en caso de falta de pago de una mensualidad en la fecha pactada.

Esto se compadece plenamente con el criterio sentado a partir del plenario "Barber contra Blanco Vitorero", en el sentido de que en materia locativa, se tiene operada la mora de pleno derecho, cuando se ha pactado que el pago del alquiler se hará dentro de cierto plazo en domicilio que no es el del inquilino, ni de su representante.

Además la mora es presupuesto indispensable para el nacimiento de los intereses moratorios, hayan sido estos pactados o no.
Contrato de obra pública, Obras Sanitarias de la Nación
Materia: CIVIL
Carátula: Argenobras S.A. c/ O.S.N. s/ Cobro de autrales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Si bien es cierto que el art. 7 de la ley 20.324 establece que el titular de Obras Sanitarias de la Nación podrá delegar atribuciones propias con el objeto de agilizar el trámite administrativo, en la medida que no desnaturalice su propia función, también lo es que la delegación debe ser expresa y contener, en el mismo acto, una clara y concreta enunciación de las tareas, facultades y deberes que comprende la transferencia de competencia (cfr. Dromi José R. "El acto administrativo", p.42, Ed. Astrea-1985).
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto mínimo, autosuficiencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Bustamante, Olimpio Asunción. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-02-16

Corresponde al recurrente consignar y acreditar en el escrito recursivo, a los fines de la autosuficiencia requerida en el Art.

297 del C.P.C. y C., que el monto habilitante supera el mínimo legal.(Dra. Poggiese de Oudín: según su voto).-
Depreciación monetaria, intereses, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA, ANGELA c/ MUNICIPALIDAD DE RIO COLORADO s/ SUMARIO S/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-12-28

El Poder Judicial no puede constantemente establecer mecanismos -de vida efímera- para seguir matemáticamente el proceso inflacionario.

Los ajustes dispuestos por vía jurisprudencial -que reconoce una velocidad de reacción frente a los factores económicos realmente diferenciada de otros ajustes posibles instantáneamente en el ámbito financiero- deben admitir cierto grado de imperfección que no llegue a alterar la equitativa aplicación de los fundamentos que precisamente autorizan esa labor judicial. La aplicación de la tasa pasiva y el abandono del mix actual provocaría un desajuste de la misma magnitud pero en sentido contrario, ello es en desfavor del mantenimiento del poder adquisitivo dinerario.- Por otra parte, el desequilibrio provocado por la inflación, no se enjuga exactamente con la tasa pasiva, pues bien puede en hipótesis argumentarse que el costo del dinero es el que debe pagarse cuando uno accede al crédito -tasa activa- y no cuando ahorra, con lo que el desajuste vuelve a invertirse.-
Prueba, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: S, E H C DE s/ HOMICIDIO CULPOSO      EXPTE NRO 240-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-03-20

Si a la sobrina de la imputada que la acompañara en el automóvil en ocasión del luctuoso accidente no se le hizo conocer el contenido y alcance del artículo 252 del digesto formal, en cuanto posibilita la abstención de declarar contra los parientes, constituye una anormalidad en el proceso.
Indivisión hereditaria, partición de la herencia, prescripción, cómputo del plazo, uso exclusivo de la cosa común
Materia: CIVIL
Carátula: VILLAR DE LEROSE NELIDA c/ SANCHEZ BEATRIZ PETRONA s/ POSESION VICENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-23

Respecto al condómino, el art. 3460 del Código Civil consagra como uno de los presupuestos para la cesación de la indivisión, la posesión de manera "exclusiva" que hubiere comenzado a ejercer alguno de los herederos, siendo menester para ello que se origine una nueva "causa" para la posesión mediante actos jurídicos que importen la manifiesta rebelión contra el título actual. Aunque para tales casos no sería necesario que ocurra la intervención del art.

2458, es claro que de cualquier manera la posesión debería dejar de ser promiscua a fin de ser útil para prescribir. Así, el condómino debería gozar de manera exclusiva el fundo entero como propietario único mediante actos suficientemente caracterizados que desvirtúen el equívoco de la situación.

En tales condiciones corresponde aguzar el análisis de la prueba aportada para detectar actos de esa naturaleza porque en principio, quien ejerza la administración del condominio es entendido que la ejerce en nombre de otros.