Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-25


I: En el caso, se hizo lugar a la excepción de falta de acción. II: "...Se comprende como imputado a la persona que es indicada como autor del hecho o partícipe en él ante cualquiera de las autoridades establecidas por la ley para la persecución penal (art. 72 C.P.P.N., art. 70, C.C.P. Córdoba, etc.). En este caso tal extremo se verifica con respecto a los recurrentes, al no prever el nuevo ordenamiento procesal un tercer tipo de declaración, distinta de la testifical e indagatoria. Examinándose la forma de tales declaraciones supuestamente espontáneas puede advertirse fácilmente que las mismas han observado al menos los requisitos básicos necesarios para la indagatoria (artículos 294 y concordantes del C.P.P.N.), por lo cual a tal efecto deberán considerarse (art. 279 del código de forma), pues si hay imputación deberá recibirse indagatoria y si no la hay o la sospecha es inexistente, habrá de recibirse testimonio, con el natural resguardo de no llegar a imponer una eventual incriminación ( C.C.C.F Sala I C. "Martínez Brizuela", reg. 742 del 2.11.93; conf. "Almeyra, M, "El imputado en la nueva legislación procesal penal", J.A., 1992-IV, pág. 5 y también en "Las formas de la indagatoria instruccional en la nueva ley de enjuiciamiento", L.L., t. 1992-D, pág. 1110).Es sumamente importante destacar que en el caso que nos ocupa, los imputados fueron "citados a prestar tan espontánea declaración. No es difícil descartar cualquier tipo de "espontaneidad" en la posterior comparecencia, en cuanto al pedido manifiesto de un Magistrado del fuero penal a acudir a su presencia, mal puede originar un movimiento absolutamente voluntario de quien termina concurriendo a declarar (C.C.C.Fed. Sala I, causa. "Basigalupo" reg. 421 del 30.6.93.)" "Sin dudas acerca de la calidad de imputados de los incidentistas a partir de tales actos, puede llegarse fácilmente a la conclusión que no ha existido, a su respecto, resolución de mérito que venga a definir su situación procesal, hecho que, advertido por el Tribunal Oral N° 3, originó la remisión de la causa a al etapa instructoria, decidiendo conjuntamente el cambio de Magistrado actuante". La garantía aludida por las defensas ampara a quienes, investigados penalmente, vuelven a ser perseguidos con posterioridad, en otro proceso penal, que tiene como objeto la imputación del mismo hecho. Sin embargo, en el caso "sub-examine" no puede, de manera alguna, hablarse de nuevo procedimiento, en cuanto resulta claro que se trata del primero que omitió resolver la cuestión de fondo respecto a estos involucrados. Sólo la verificación de una sentencia de mérito puede violentar el principio aludido, en cambio y como se exhibe en el presente, su inexistencia posibilita al Magistrado y, además, lo obliga, a culminar el proceso respecto de los encausados. "Tal como lo ha expresado la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, en causa "Vielmetti, Roque A y otra" (28.10.97), en caso similar en que un Tribunal Oral descalificó un procedimiento, mandando sustanciar la causa con arreglo a derecho, "...Por el contrario dado que el juicio llevado a cabo carece de efectos, no puede decirse que al dictarse una nueva decisión haya habido dos enjuiciamientos, pues hay sólo uno -el segundo- que puede considerarse válido (cf. Doctrina fallo 312:567)" "El Tribunal pasará entonces a analizar si, siendo la misma actuación que la originada en el fuero de instrucción, se ha infringido la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable". "En los pronunciamientos de esta Sala en los cuales se ha hecho lugar a tal planteo, se observaban situaciones en las cuales la instrucción había producido infinidad de pruebas contra los acusados y, sin embargo, no se había podido arribar a una sospecha tal que permitiera el paso a la etapa posterior. En esta ocasión, si bien la situación es inversa, la gravedad es mayor en la medida en que han transcurrido prácticamente seis años sin que los recurrentes hayan visto resuelta su situación frente a la ley , pudiendo haber supuesto válidamente que no se encontraban todavía sospechados luego del transcurso de la investigación sin su presencia". "Lo expuesto pone de relieve que este caso puntual que ocupa a esta Alzada, por sus especiales particularidades adquiere un excepcional carácter en razón de que , ante la falta de complejidad de la causa, ella no se ha sustanciado con la diligencia debida respecto de la situación de Salomón Fridman y Enrique Ciccone". "El derecho a obtener un pronunciamiento definitivo en un lapso razonable de tiempo encuentra su raigambre garantista en el respeto a la dignidad humana en un contexto en el que el debido proceso adquiere la calidad de resguardo del individuo sometido a tal proceso. El derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal, no se ha visto respetado en el caso de marras en tanto el tiempo transcurrido entre las supuestas manifestaciones espontáneas (fines de 1992) y el llamado a prestar indagatoria (agosto de 1996) es a todas luces grosero y violatorio del derecho invocado por los incidentistas. (C.S.J.N.: "Mattei", 272:188; "Aguilar", 298:50; "Monzatti", 300:1102; "Bartra Rojas", 305:913), careciendo los mismos de responsabilidad en la demora: "En suma, el acusado tiene un derecho constitucional a que su proceso avance. Si por deficiencias en la investigación... o por cualquier otra razón no imputable al procesado se ha dado causa a una nulidad, los tribunales están inhibidos de retrotraer el proceso a una etapa precluida" (Alejandro Carrió, "Garantías Constitucionales en el Proceso Penal", pág. 397)". "Sobre el tema que nos ocupa, el Pacto Internacional del Derechos Civiles y Políticos, menciona en su artículo 14, inciso 3 c) el derecho de toda persona acusada de la garantía mínima de ser juzgada sin dilaciones indebidas. Con respecto a ello, el comité de Derechos Humanos ha efectuado, entre las Observaciones generales adoptadas a fin de interpretar tal Pacto, la siguiente mención: "10. En apartado c) del párrafo 3 se dispone que el Acusado será juzgado sin dilación indebida. Esta garantía se refiere no sólo al momento en que debe comenzar un proceso, sino también a aquel en que debe concluir y pronunciarse la sentencia; todas las frases del proceso deben celebrarse sin dilación indebida. Con objeto de que este derecho sea eficaz, debe disponerse de un procedimiento para garantizar que el proceso se celebre sin dilación indebida, tanto en primera instancia como en apelación." (HIR/GEN/1/Rev. 2, del 29.3.96, p. 19). "El derecho invocado ha sido consagrado también por el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de rango constitucional en virtud de lo establecido por el art. 75, inc.22, de la Constitución Nacional. Tal como este Tribunal ha manifestado en la causa 28.100 "Moreno Ocampo, L." del reg. 1050 de la Sala I, fallo del 22.11.96: "Acerca de la interpretación del aludido precepto de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya antes de la reforma constitucional, en el fallo Ekmedjian c. Sofovich (J A, 1992- p. 194, C. S. J. N. sostuvo que la interpretación del Pacto debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -uno de cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de San José (estatuto, ect. 1) (cons. 21). La C. S. vuelve sobre la cuestión en el fallo Giroldi, H. D., s/casación, del 7.4.95 (ED, t.163, pág. 161), donde se interpreta el texto constitucional citado que otorga jerarquía constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos en las condiciones de su vigencia, afirmando que ello significa "tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación", y que de ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (cons.11). La corte sostiene además que como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde -en la medida de su jurisdicción- aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado en los términos anteriormente expuestos, ya que lo contrario podría implicar la responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional (cons. 12)" "Con relación a ello, en las sentencias de la Corte Interamericana en los casos "Genie Lacayo del 29 de enero de 1997 y, "Suárez Rosero" del 12.11.97, ese organismo ha afirmado compartir el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y, c) la conducta de las autoridades judiciales (con citas de los precedentes "Motta" del 19.2.91 y "Ruiz Mateos", del 23.6.93, ambos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). En el caso bajo examen, los procesados han estado sometidos a causa judicial por determinada cantidad de meses sin que concurra ninguno de los elementos en los que podría justificarse la demora. El asunto no es complejo, no ha entorpecido el desarrollo del proceso la actividad de los involucrados y , lo que se aprecia es una conducta morosa de los tribunales intervinientes en el desarrollo del proceso respecto de Fridman y Ciccone, de tal suerte que respecto de otros imputados en el caso se ha dictado sentencia firme (fs. 605/606 y 755/65). La demora ha obedecido a la propia mora de las autoridades judiciales y carece de justificación a la luz de los estándares citados, por lo que luce procedente la solución propiciada por las defensas en base a normas de jerarquía constitucional". "Por otro lado, en oportunidad de expedirse la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Giménez, Jorge Alberto", contra la Nación Argentina (Informe 12/96, caso 11.245, rta. 1.3.96), la misma adujo: "...La prolongación del proceso por más de cinco años, sin que se haya dictado sentencia de término, constituye una violación del derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro del plazo razonable que establece el art. 8.1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos..., El principio de legalidad, que establece la necesidad de que el Estado proceda al enjuiciamiento penal de todos los delitos, no justifica que se dedique un período de tiempo ilimitado a la resolución de un asunto de índole criminal. De otro modo, se asumiría de manera implícita que el Estado siempre enjuicia a culpables y que, por lo tanto, es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la culpabilidad, cuando conforme con las normas internacionales, el acusado debe ser considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad." "Por ello, deberá hacerse lugar a la excepción de falta de acción planteada".