marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación de sentencia, concurso preventivo, disposición de bienes, inhibición general de bienes
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Perales Aguiar SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-14

Cabe revocar la resolución que le prohibió a la concursada -en la etapa de cumplimiento del acuerdo- disponer y gravar sus bienes sin autorización previa del Tribunal y le ordenó, además, informar acerca de todos los actos que excedieran la administración ordinaria de sus negocios, bajo apercibimiento de declararlos ineficaces de pleno derecho. Si bien el régimen de administración establecido por la ley para regir durante la etapa de cumplimiento del acuerdo ha sido estructurado sobre la base de una amplia libertad, como se infiere del hecho de que el deudor solo necesita pedir autorización judicial para realizar actos de enajenación de bienes registrables, ese régimen es subsidiario, dado que él puede ser materia de regulación específica en el acuerdo. En el caso, como parte de la propuesta homologada, los acreedores aceptaron que la inhibición general de bienes no se mantendría. En tales condiciones, no cupo volver sobre ello y restringir las facultades de la concursada de disponer libremente de sus bienes, sin perjuicio, de que el comité de acreedores designado al efecto deberá ocuparse de vigilar el cumplimiento del acuerdo.
Ejecución hipotecaria, intervención voluntaria, usufructo, derechos del usufructuario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CRESPO, Alfredo Martín y otro c/ CAMPIONI, Norberto y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-18

1- En el marco de una ejecución hipotecaria, el carácter de usufructuario no autoriza a intervenir en el proceso en los términos del art. 90, inc. 2 del Código Procesal, si no es deudor del mutuo ni parte de la relación jurídica sustancial.

2- Por aplicación de los dispuesto por los arts. 2916, 3108 y 3109 del Código Civil, las facultades del nudo propietario para constituir hipoteca sobre el inmueble sometido al derecho real de usufructo pueden ser ejercidas sin más límites que los derechos del usufructuario, a quienes los terceros adquirentes o contratantes, en su caso, deberán respetar.
Arraigo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caminos, Eduardo Andrés c/ Ferreyra, Julio César s/ Sumario con prueba anticipada-Hoy acum. Expte. Nro. 5895
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-19

No habiendo pronunciamiento sobre el beneficio de litigar sin gastos, la excepción de arraigo debe prosperar, pues la solitaria promoción del beneficio no acarrea la eximición o exención de la obligación de arraigar puesto que el actor, en dicha situación, únicamente está liberado parcialmente de pagar impuestos y sellados de actuación.
Personal policial, obras sociales, Poder Ejecutivo Nacional, facultades reglamentarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "De  Carlo  Elba Rita y otros c/ EN -M° Interior- PFA Dtos 1866/83582/93 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-25

No se ha dejado en evidencia, en el texto de la ley 21.965, la existencia de una delegación nítida que, en su caso, pretendidamente habilite al Ejecutivo a dictar un precepto como el objetado (arts. 10, 125 y 126, Ley 21.965; Fallos: 307:1643;

310:2193; 311:1617 y 315:2530), el decreto 582/93, y las normas dictadas en su ámbito, vinieron virtualmente a modificar desde 1993 el sistema de financiamiento de la Obra Social Policial.

Empero, y aún cuando se aprecie con amplitud el ámbito de autonomía del Ejecutivo, el poder de reglamentar no llega a consentir la desnaturalización de derechos, máxime cuando el poder administrador ingresa en un ámbito propio de la competencia legislativa (Fallos: 322:1868 y 329:584) (Del voto del juez Márquez, cons. III).
Jueces, deberes del juez, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ESPERANZA S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTATIVO DE PLENA JURISDICCION NALLAR DE BARCO, NELIDA ALCIRA Y OTROS c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUAREZ DE PEREA, FELISA c/ I.S.S.P. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO GUTIERREZ, JULIO; QUIROGA, JULIO Y OTROS c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO OSORIO DE JIMENEZ, ANA MARIA c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-10|1997-06-19|1997-06-19|1997-06-19|1997-06-19

El reparo legal, vinculado a la exigencia de imparcialidad, que opera como principio básico en la composición y resolución de la causa, es medio esencial para lograr absoluta diafanidad en la actividad jurisdiccional.
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil, ejecución hipotecaria, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO FRANCES S.A. c/ ESTEBAN MARIO DEL V. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-09-01

Tratándose de una ejecución hipotecaria, es criterio de éste Tribunal, que no es de aplicación el art.1101 del Código Civil ya que lo decidido no tiene carácter definitivo, pudiendo debatirse en un posterior juicio ordinario.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, trabajadores gastronómicos, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez Trujillo, Richard c/ Catering Argentina SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-22

Si bien la actividad específica de la demandada, en este caso (Zanella SA) es la fabricación de motocicletas, ciclomotores y artefactos para el hogar, no puede soslayarse que para el cumplimiento de sus fines empresariales debe realizar toda una serie de actividades complementarias de aquélla tenida por principal, entre las cuales por su propia decisión incluyó el servicio de comedor a su personal. Las tareas de este servicio, su bien pueden calificarse como secundarias, están integradas permanentemente al establecimiento y coadyuvan a su objetivo final, más si se tiene en cuenta que la propia demandada manifestó que la finalidad perseguida por dicho comedor era la de "brindar opciones que contribuyan al bienestar de la comunidad laboral que integra la empresa". Por ello, y teniendo en cuenta que en el caso las comidas eran abonadas por los trabajadores con vales que aportaba la propia demandada, quien además era dueña de diversos elementos (como heladeras, transportadores de comidas eta) que existían en dicho comedor, se hallarían acreditados los extremos que prevé el art. 30 LCT. (Del voto de la Dra. Porta, en minoría).
Delitos contra las personas, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Priebke, Erich c/  s/ solicitud de extradición - causa n° 16.063/94. 16.063/94.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Los delitos contra la humanidad son imprescriptibles.
Defensa en juicio del Estado, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SINDICATURA BID COOP. LTDO. c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-21

Este Cuerpo ha puntualizado que con la reclamación administrativa previa sólo se pretende excitar a la Administración Pública a fin de que se pronuncie dentro de términos perentorios sobre los derechos invocados sobre el particular, permitiendo al Estado gozar de plazos razonables que le permitan ordenar sus cuentas, evitando conflictos inútiles, en beneficio colectivo; que el reclamo administrativo previo no reviste carácter de orden público y reconoce expresamente que si la demandada comparece y se opone al progreso de la acción resultaría irrazonable e inútil obligar al actor a efectuar el planteo cuyo resultado le resulta conocido de antemano.
Sentencia definitiva, diputados, inmunidades parlamentarias
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Muñoz, Victor Hugo s/ Queja en: "Incidente de nulidad en autos: "Tolosa, Elsa s/ denuncia"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-02-26

La decisión recurrida, carece del carácter de sentencia definitiva o equiparable a tal puesto que al reconocérsele al recurrente la decisión de someterse a proceso o negarse, haciendo uso -para ello- de la inmunidad que le otorga su carácter de legislador, dicha facultad no "... contiene pronunciamiento que pueda gravitar en forma decisiva en el ejercicio del derecho de alguno de los litigantes...".
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Scioscia, Miguel Angel c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Los titulares de los llamados "intereses legítimos" se encuentran legitimados para promover la acción contencioso administrativa reglada en el Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo.
Prueba testimonial, testigos, declaración testimonial, generales de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: T. A. L. c/ A. D. S. S.A. y/u otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-21

Se ha señalado que los testimonios aportados por quienes se hallan alcanzados por las generales de la ley y que además carecen de la precisión exigida, no poseen eficacia probatoria.
Recurso de casación, notificación, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Farías, Roberto s/ Amenazas- Apelación- Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-12-12

La notificación de la radicación de la causa, en la instancia casatoria, al defensor oficial, para que comparezca por el procesado, no es exigencia de nuestro C.P.P., que se satisface, en cuanto al derecho de defensa de éste y de los otros intervinientes, con la notificación que del auto de concesión del recurso se efectúa a todas las partes por el Tribunal concedente.

Si la ley no exige la intervención efectiva del imputado a través de su defensor en la instancia casatoria, la cuestión no encuadra en el art. 176 inc. 2º del C.P.P., porque esta norma sanciona con nulidad absoluta a los actos cumplidos sin la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos establecidos por la ley.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravedad institucional, jurisprudencia, percepción de impuestos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de San Lorenzo c/ ESSO SAPA S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Apremio   Municipal (Expte. C.S.J. Nro. 483 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-20

Conforme al criterio con que la Corte local ha meritado la "gravedad institucional", puede derivarse que la misma se encuentra presente cuando los planteos del recurrente son idóneos para demostrar que la cuestión debatida excede el interés individual de las partes y afecta el de la comunidad, al referir -en el caso- a la interpretación de normas que hacen a la recaudación de la renta fiscal y que tienen directa incidencia en el desarrollo de actividades lucrativas o económicas, ligadas al bienestar común.

(Del Voto de la Mayoría, en Disidencia el Dr. Gutiérrez)
Honorarios del abogado, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lieman S.A.F.I.C.I.A. c/ Martinez, José Luis s/ Cobro ejecutivo. Reconstrucción de expediente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

Si de autos resulta inequívocamente que la parte obligada tuvo conocimiento de la decisión arancelaria, aún cuando el anoticiamiento del pronunciamiento que regulara honorarios no se haya practicado en la forma prevista por el artículo 135 del c.p.c., cabe sostener que tal como lo establece el artículo 149 2do. párrafo del citado ordenamiento, a partir de aquella circunstancia se producen los efectos de dicha comunicación.
Contrato de trabajo, obligaciones del empleador, deber de ocupación
Materia: LABORAL
Carátula: GALLO, MIGUEL ARCANGEL c/ S.A.  LA RAZON EDITORIAL  E.F.I.C. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-21

El trabajador tiene la obligación de trabajar pero también el derecho de hacerlo y el empleador sólo puede liberarse de la obligación de dar ocupación efectiva, aún cuando abone la remuneración, cuando existan motivos fundados legalmente contemplados, que le impidan cumplir con ese deber, ya que el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora el hombre en sí, conforme art. 4 LCT.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, enfermedad profesional, reparación integral, presupuestos de responsabilidad, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Escobar, Elsa Margarita c/ Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-04

La quejosa se limita a atribuirle al Tribunal excesiva exigencia probatoria respecto a la acreditación de los presupuestos de responsabilidad y contradicción en cuanto a la acreditación de la enfermedad profesional alegada en autos, sin lograr desmerecer los fundamentos expuestos por la Sentenciante, al entender la Sala que, si bien la enfermedad profesional se podía extraer de las actuaciones administrativas y de las consideraciones del perito médico actuante, respecto a la prueba de los restantes presupuestos estructurales de la responsabilidad civil endilgada, no basta solo con la acreditación del daño y su vinculación causal con el factor laboral para legitimar la pretendida reparación extrasistémica, pues tales extremos resultan indicativos de los presupuestos de viabilidad de la responsabilidad tarifada en el marco de la legislación especial sobre Riesgos del Trabajo, mas no necesariamente de la del empleador a la luz del Derecho Común, correspondiendo a la accionante demostrar no sólo la existencia del daño, sino también el carácter riesgoso o vicioso de la cosa y que el demandado es su dueño o guardián. (De la disidencia de los Dres. Spuler y Gutiérrez)
Confirmación de sentencia, solicitud de excarcelación, robo simple, coautoría, sentencia condenatoria, fallos del Superior Tribunal
Materia: PENAL
Carátula: Villalba, Julio Exequiel -robo simple c/  s/ control jurisdiccional
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-10-16

Corresponde no hacer lugar al cese del encarcelamiento del condenado a la pena de prisión por ser coautor del delito de robo, debido a que esta Corte en cuestiones similares a las del caso, sostuvo que los derechos que la CN consagra lejos de ser absolutos, están sujetos a limitaciones o restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre sí; en determinadas circunstancias o las constatadas en autos, el interés del imputado en recuperar la libertad debe ceder ante el de la sociedad en defenderse del delito, no facilitar la impunidad del condenado y aplicar la ley penal sustantiva. A mayor abundamiento, ha de señalarse que el estado de inocencia con plena vigencia durante la etapa cognoscitiva del proceso, no subsiste con el mismo vigor después de la sentencia condenatoria y menos aún después de la confirmación de ésta; la certeza sobre la existencia del hecho y la responsabilidad que le incumbe al imputado, fue dispuesta por la sentencia condenatoria y la confirmación de ésta por el Tribunal de Casación, resultando resoluciones coincidentes.
Sentencia, principio de congruencia, proceso penal, thema decidendum
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: D., M. G.; F., C. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -HOMICIDIO  CALIFICADO POR EL VINCULO Y POR ALEVOSIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 410  AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

La congruencia de la sentencia consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definidores del esquema contencioso: la pretensión y la decisión. Se ha dicho que el fundamento de dicho principio radica en la garantía del debido proceso, del "due process o law", del juicio previo constitucional como presupuesto de validez de la sentencia, y sobre todo, de la inviolabilidad de la defensa en el proceso. De tal suerte que, lo que no pudo ser materia de contradictorio, aquello que sobrevino intempestiva y sorpresivamente sin estar en el marco de la enfrentada dialéctica de las partes, eso no puede ser materia de la decisión jurisdiccional pues lesionaría las reglas de la discusión franca, convergente y sin trampas. Y, concretamente, el proceso penal exige que el núcleo fáctico sometido a juzgamiento sea esencialmente el mismo a lo largo de todo el proceso: desde su intimación en la indagatoria, su descripción en el procesamiento, su formulación en la requisitoria de elevación a juicio y su análisis en la sentencia.
Contrato de trabajo, despido con causa, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: C., R. E. c/ R. P., E. A. y/o q´ rlte. resp de "Panadería Santa Paula" s/ Diferencia de haberes e indemn. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-11

El que se haya tratado de un solo acto de inconducta, no excluye la legitimidad de la causal del cese, en tanto un único acto puede bastar para justificarlo cuando evidencia una actitud incompatible con las exigencias caracterizantes de la relación de trabajo (Art. 242 L. C. T., su doc.).
Sociedad conyugal, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cefaratti, María c/ Barbieri, Héctor y otros s/ Tercería de dominio en autos: Barbieri, Héctor O. c/ Nardone, Jorge  A. y otro s/ Ejecución de alquileres Gomez, Berta A. s/ Incidente de nulidad de subasta en: Moscuzza José E. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-18|1995-11-28

No es necesario el asentimiento del cónyuge del deudor para la venta decretada a pedido de un tercero en una ejecución forzada sobre bienes gananciales adquiridos por aquél, pues los derechos del tercero no pueden quedar al arbitrio del cónyuge no titular.
Fundamentación del recurso, mala praxis
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GUERRA, DOMINGO ORLANDO Y ANA ERMELINDA CORDOBA DE GUERRA c/ JOSE LUIS GALLIOTTI Y/O CLAUDIA MARIANA LOPEZ GOMEZ Y/O RAUL ALEJANDRO FERNANDEZ Y/O GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ JUICIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-06-26

La parte recurrente no efectúa una adecuada refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la decisión recurrida. Concretamente no rebatió la aseveración de la Alzada relativa a: a) la mala praxis médica en que incurriera el galeno J.A.G. debido a la falta de antibioticoterapia antes y después de la apendicectomía que sufriera el menor, siendo ello su responsabilidad, más allá de no haber intervenido en el acto quirúrgico. Lo expuesto conlleva la desestimación de los agravios extraordinarios en virtud de la deficiencia técnica que exhibe el remedio sub examine.
Facultades del juez, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Croci,  Rubén Alberto y otros s/ infrac. a la ley 23.737 -causa Nro. 32/97-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Si bien el estado de incertidumbre se desarrolla en el fuero interno de los magistrados, ello no puede reposar en la pura subjetividad sino que, por el contrario, esa especial situación debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso, tarea que no puede abandonarse en aras de supuestas exigencias del sistema probatorio.
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, monto del juicio, Impuesto sobre los ingresos brutos, determinación de impuestos, multa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orígenes AFJP c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Medida Cautelar s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-19

En el artículo 6 de la Ley Nro. 327 se establece como tasa judicial genérica para las actuaciones susceptibles de apreciación pecuniaria una suma equivalente al 2 (dos) por ciento sobre el valor del objeto litigioso.

En el caso, teniendo en consideración que la actora indicó específicamente la estimación del monto reclamado no puede considerarse al presente juicio como no susceptible de apreciación pecuniaria o de monto indeterminado.

No resulta correcto sostener que el objeto perseguido resulta insusceptible de apreciación pecuniaria cuando lo que en definitiva se pretende lograr es la suspensión de los efectos de la Resolución de la Dirección General de Rentas que determinó de oficio el monto del Impuesto a los Ingresos Brutos reclamado al actor, y se aplicó una multa consignando expresamente los montos reclamados, lo que pone en evidencia el contenido económico de la acción, circunstancia que impide tener por configurado el supuesto contemplado en los artículos 9 y 11 de la Ley Nro. 327.
Condominio, división de condominio, costas
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ FRANCO, Ana María y Otro c/ GONZALEZ TABOADA, Enrique y Otros s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-02

Del hecho de que el condómino demandado reconozca que no consintió vender a los actores su parte de los bienes por un precio vil, no puede deducirse válidamente que se opusiera a la venta del mismo a un precio razonable ni a ningún tipo de intento extrajudicial conducente a la división del condominio por parte de los accionantes.

Si bien es cierto que el art. 2692 del Código Civil no introduce requisitos formales para accionar por condominio, al no haber aportado los actores ninguna constancia de que los demandados se habían negado a la venta cuando iniciaron la demanda, al corrérseles el traslado de los allanamientos con pedido de imposición de costas a su parte, debieron haber solicitado la apertura a prueba. No parece haber otro modo de evitar el encuadre jurídico del último párrafo del art. 70 del Código Procesal en una demanda por división de condominio.
Privatizaciones, facultades del Poder Ejecutivo, contrato de trabajo, cesión del establecimiento
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Taschowsky, Dionisio E. c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-21

El hecho de que la ley faculte al Poder Ejecutivo a disponer que el Estado asuma el pasivo de la empresa a privatizar (art. 15, inc. 12, de la ley 23.696) no puede traducirse, sin más, en la liberación de la responsabilidad de quien sucede a ella como titular de un patrimonio especial -que engloba activos y pasivos-; en cuanto el deudor primitivo sólo puede ser liberado a través de una declaración expresa del acreedor en tal sentido, conforme al principio general establecido en el art. 814 del Código Civil, pues los efectos de la norma citada en primer término son asimilables, en principio, a los que resultan de una delegación imperfecta.
Accidentes de trabajo, ofrecimiento de la prueba, oportunidad procesal
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Flores Patricio Daniel c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-17

El pedido de prueba en la Alzada se encuentra autorizado por los arts. 129 y 131 del CPL, siendo excepcional y de interpretación restrictiva. En efecto, sólo puede admitirse respecto de aquéllas que hubieren sido denegadas contra derecho en primera instancia o que no hubieren podido producirse por motivos atendibles. Debe tratarse de prueba que haya sido ofrecida en primera instancia, en la oportunidad procesal correspondiente, y se haya desestimado infundadamente por el Juzgado a quo, no debiendo responder esa frustración a la negligencia de la parte que la ofreció. Debe existir una negativa expresa del juez privando al litigante de la prueba ofrecida (Voto Ronconi-Romero)