Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-31


Salta, 31 de Mayo de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA D/SALTA vs. PARANA SEGUROS S.A. -SUMARIO POR COBRO DE PESOS" - Expte Nº 144.858/05 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 8º Nominación (Expte. N° CAM 255.586/9 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

La Dra. María Cristina Montalbetti dijo:

1.- Que la sentencia dictada a fs. 483/491, que hace lugar la demanda de cobro entablada, condenando a la demandada a pagar a la parte actora la suma de $ 285.771,68 con más los intereses que correspondan en los límites de los arts. 953 y 1071 del C.C. y costas del juicio, es apelada por la parte demandada, quien en su memorial de fs. 550/54 reitera que mediante la acción se pretende el cumplimiento de los contratos de seguros de caución instrumentados en las pólizas N° 16.376, 16.370, 16.357, 16.372, 15.742, 15.746, 15.741, 15.744, 15.743 y 15.745, en las que el actor fue asegurado por afectación de las garantías por anticipos financieros y ejecuciones de diversos contratos de obras públicas. Afirma que no está controvertida la relación contractual entre las partes cuyos objetos detalla en los puntos a) a j), tampoco la denuncia del IPDUV a Paraná sobre la configuración de siniestros de caución por incumplimiento de las contratistas tomadoras de las pólizas, ni la designación de PPD S.A., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como liquidadora frente a la denunciada configuración de siniestros, ni la actuación del Ingeniero Miguel Ángel Rosalez como perito de la misma, ni el requerimiento a la actora por parte de esa firma de copia de toda la documentación de las obras N° 877, 878, 910, 944 y 956.

Expresa la apelante que lo que se discute es el cumplimiento de la accionada de sus cargas como asegurada, ya que en tanto éste afirma haber provisto a PPD S.A. de todos los elementos necesarios para la verificación y liquidación de los siniestros, Paraná sostiene que aquél se negó la provisión de copias de la documentación de las obras mencionadas precedentemente y por ende le impidió verificar la configuración de tales siniestros y realizar las eventuales liquidaciones correspondientes, razón por la cual expresa su desconocimiento de los siniestros y la procedencia de la indemnización. Para el hipotético caso de considerarse ellos probados y procedente la acción la accionada solicita eximición de costas con sustento en el segundo párrafo del art. 67 del CPCC y también en ese supuesto la exclusión de la garantía correspondiente a la obra N° 944 por haber existido un cambio de objeto del seguro no notificado a la aseguradora y por ende no consentido por ella y no le es oponible. Dicha modificación fue producida respecto del lugar de ejecución, ya que mientras el contrato originario celebrado entre la actora y la empresa ARY Construcciones y Servicios SRL se consigna como objeto el "Programa Federal de Solidaridad Habitacional - Obra: Construcción de cinco viviendas e infraestructura en Tartagal - Departamento de San Martín - Salta y garantizado de tal modo por Paraná, mediante pólizas N° 16.370 y 16.376 la obra terminó localizándose y ejecutándose parcialmente en la localidad de General Mosconi.Critica la sentencia de primera instancia en cuanto hace lugar íntegramente a la demanda y condena el capital reclamado, intereses a una tasa que no determina y costas del juicio. Considera que la Sra. Juez equivoca el rumbo ya que entiende que en sus manifestaciones se cuestiona la actuación de PPD S.A., cuando la intervención de liquidadores de seguros es una práctica habitual y públicamente conocida. Además, esa designación no fue discutida por el IPDUV, quien no sólo no formuló oposición, sino la aceptó en forma clara a través de su conducta posterior, traducida en su atención al personal técnico de la liquidadora y la provisión de parte de la documentación que se le solicitara. Así las cosas debe considerarse legítimos y válidos todos sus requerimientos respecto de los siniestros y dentro de ellos, la entrega de copias de toda la documentación de las obras públicas sobre las cuales el actor denunciara la configuración de siniestros, cuya actuación deriva del art. 46 de la ley 17.418, 2° y 3° párrafo.

Agrega que al decidir sobre esta cuestión que es medular del pleito, la sentenciante afirma que no surge de las probanzas de autos que la actora haya incurrido en una desidia en su obligación de proporcionar la documentación necesaria y que por el contrario la demandada no ha actuado con la diligencia necesaria para abonar las indemnizaciones convenidas en las pólizas de los seguros de caución. Esta afirmación en su entender es configurativa de un error suficiente para categorizarlo de arbitrariedad, importa desconocimiento de la prueba producida sobre la reticencia del IPDUV en brindar información y proveer copia de la prueba documental requerida (informe de fs. 287/401, anexo 1) e informe del Correo Argentino (fs. 162), de las que deriva un efecto práctico directo respecto de los siniestros cual es la imposibilidad de la accionado de verificarlos y liquidarlos adecuadamente a través de PPD S.A. y por otra parte, la falta de derecho de la actora a exigir las prestaciones dinerarias emergentes de las pólizas de seguro de caución en virtud de lo dispuesto por el art. 1204 C.C. y ante la claridad de la cláusula 7° de la póliza, acerca de que el derecho de resarcimiento del asegurado nace a partir de la recepción por parte del asegurador de la documentación pertinente.

Considera que se debe concluir que: a) el IPDUV incurrió en incumplimiento contractual respecto de su obligación informativa, b) en consecuencia el siniestro no puede verificarse ni liquidarse y c) el derecho indemnizatorio no está expedito ni deviene legalmente exigible. Esta solución se impone de conformidad con el art. 48 de la Ley de Seguros 17.418, cuya aplicación se descartara por entender que no ha quedado probado que la actora actuara con malicia, cuando ella se configura por el hecho mismo de la negación infundada y obstructiva.

Sobre la imposición de las costas la revocación del fallo producirá idéntico efectos respecto de las impuestas. En caso de rechazarse el recurso, estima que igualmente debe reformarse la misma pues nos encontramos en una situación justificativa de costas en base al art. 67 segundo párrafo del CPCC, ello aún en la hipótesis de no configurarse la causal de caducidad del derecho, por lo que pide su eximición.

En cuanto al rubro diferencias por redeterminación, considera que en caso de no acogerse el planteo principal, igualmente le agravia que se incluya este rubro que consignara el Perito Ingeniero Civil José Osvaldo López en las liquidaciones correspondientes a las obras N° 877, 944 y 956, puesto que no otorgó ninguna otra garantía que las específicamente previstas en las pólizas de seguro de caución. El fundamento de la sentencia es que estarían incluidos en los cálculos efectuados en la pericia del ingeniero, cuando lo fueron por el perito contador Mariano Ramón, quien aclara que en el monto determinado en su labor están incluidos esos importes reconociendo expresamente no haberse fijado si el mismo estaba incorporado en las garantías otorgadas por las pólizas, por lo que no existen razones para haber impugnado la pericia, siendo el Juez quien debe juzgar si las mismas son razonables y armónicas con el conjunto de la prueba.

Para el supuesto de no acogerse el planteo principal, con relación a la obra N° 944, peticiona la revocación de la condena, por el hecho que dicha obra fue ejecutada parcialmente en General Mosconi y no en la ciudad de Tartagal como estaba previsto en el contrato. El cambio de lugar de la obra es una modificación contractual que hasta debe calificarse como una obra diferente, por no haber sido informado jamás a Paraná, ni por la empresa tomadora del seguro, ni por el ente asegurado, encuadrando en los arts. 37 y 38 de la Ley 17.418 y en caso de siniestro excluye la obligación del asegurador (art. 40 de la ley segundo párrafo). En la sentencia se entiende que se trataría de un simple error en la redacción del contrato de obra pública, irrelevante en la medida de que los pliegos licitatorios y las resoluciones de adjudicación dicen el lugar correcto el que, se considera, no podría ser desconocido por Paraná por cuanto al emitir la póliza debió compulsar la documentación correspondiente, lo que constituye un error de juicio y también se entendió que no constituye una agravación del riesgo.

Corrido traslado la contraria a fs. 559/61, en primer lugar dice que el memorial no contiene una crítica concreta y razonada del fallo y en cuanto al fondo entiende que si se designó liquidador es porque aceptó el riesgo (art. 46 apartado 2 de la ley de Seguros), que la aseguradora se encuentra obligada para con la actora como si fuera el deudor mismo, no pudiendo liberarse sino por las mismas razones que hubiere podido invocar la empresa constructora incumplidora.

Además, la pretensión de desconocer y rechazar el pago de la redeterminación contenida en cada uno de los balances financieros de Cierre de Obra, contraría la posibilidad de su aplicación y liquidación que permiten y contemplan las normas vigentes (arts. 40 de la ley provincial n° 6.838/96, el 44 del Decreto Reglamentario 1.448/96 y 1.170/03).

Respecto de la obra N° 944 conforme toda la documentación relativa a la misma salvo el contrato que contiene un error de tipeo, es el corolario de la selección de interesados convocados mediante el proceso de Licitación Pública N° 116/04, frente a ello debemos estar a las previsiones del art. 1198 del C.C. y de todos modos el supuesto cambio de lugar no fue el generador o detonante del abandono de la obra o la mala ejecución de ella, sino que ello fue absolutamente indiferente por lo que pide se rechace el recurso.

Luego se llaman los autos para sentencia, providencia que quedó consentida, poniéndose los mismos a despacho.

2.- Un primer punto a considerar, atento el planteo efectuado por la parte actora, es el referido a la suficiencia o no del memorial. Al respecto cabe tener presente que si bien el recurso planteado requiere de una concreta y fundada crítica del fallo dictado, que no se traduzca en meras discrepancias con el razonamiento del Sr. Juez de 1° Instancia, en su estudio debe adoptarse un criterio amplio, a fin de que se respete cabalmente el derecho de defensa en juicio y de la doble instancia ordinaria.

En este sentido se han pronunciado las Salas de esta Cámara que "al efectuarse la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio en cuanto a su admisibilidad, ya que este es el que mejor armoniza con el respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional... y en caso de dudas debe estarse a favor de su idoneidad" (conf. Sala III, t. 2002 fs. 269/70, 2.003 fs. 232/34), se debe analizar el recurso "si existen elementos suficientes" (Sala IV t. XXI, año 1999, fs. 576).

Por tal razón, resultan suficientes, en este caso particular, las manifestadas en el memorial del apelante, que hacen a las apreciaciones del sentenciante que se entienden equivocadas, por lo que debe estudiarse el fondo de la cuestión apelada.

Como lo indican tanto el organismo accionante cuanto la parte demandada, están contestes en la existencia de las licitaciones y contrataciones para la realización de las obras públicas designadas con los números 877, 878, 910, 944, 956, que resultaran seleccionadas las empresas A y R Construcciones SRL, UTE A y R Construcciones - Ary Construcciones y Servicios y esta última individualmente, que la demandada emitiera las pólizas por Seguros de Caución (Nº 15.742, 15746, 15743, 15745, 15741, 15744, 16376, 16370, 16375, 16372), que en virtud de los incumplimientos de las constructoras, el IPDUV resolviera los contratos y efectuara la denuncia a Paraná Seguros S.A. sobre la configuración de los siniestros de caución, que dicha sociedad designara como liquidadora a la PPD S.A., la que a su vez, escoge como perito al Ingeniero Miguel Ángel Rosalez, quien recibiera documentación entregada por la actora de las obras citadas y practicara inspección de las obras mencionadas.

La crítica del fallo radica en los siguientes puntos: falta de entrega de copias de toda la documentación requerida por la liquidadora, el rubro diferencias por redeterminación, la condena referida a la obra Nº 944 y la imposición de las costas.

Enmarcada la cuestión en los Seguros de Caución comprendidos en la conceptualización del artículo 1, segundo párrafo de la Ley 20.091 y reconocidas las pólizas que consagran la contratación del mismo, le son aplicables las normas de la ley 17.418, entre las que reviste particular importancia los extremos exigidos por los arts. 46 y sgtes., referidos a la denuncia del siniestro acaecido, cuya realización no se discute y el ofrecimiento de información suficiente para que la Aseguradora pueda verificarlo, tema que nos ocupa.

Las cargas complementarias, que consagran los párrafos segundo y tercero de la norma citada, refieren a la información que pueda ser necesaria o para verificar el siniestro o determinar las prestaciones a cargo de la aseguradora y en este sentido se ha considerado que deben ser guiadas por la necesidad, razonabilidad y posibilidad. Así deben ser conducentes, proporcionadas, no implicar un abuso que frustre las funciones del seguro y tener por finalidad la verificación del siniestro o la extensión del daño. También se ha entendido que la sanción por incumplimiento de estas cargas es la pérdida del derecho a ser indemnizado, siempre que tal incumplimiento sea malicioso (equivalente al dolo) o distorsionado en forma intencional (conf. Miguel A. Piedecasas en Régimen Legal del Seguro, Ley 17.418 191 y ste.).

Como puede advertirse claramente de la causa se pusieron a disposición de la firma liquidadora PPD S.A. la documentación con la que contaba la actora y también los medios de traslado para facilitar al Sr. Ingeniero designado por ésta Miguel Ángel Rosalez las constataciones que fueren menester. Dicho especialista otorgó recibo de tales documentos que se le suministraron y que fueron requeridos por carta documento, conforme surge del instrumento incorporado a fs. 255 del 22 de setiembre de 2005 y reconocido por su firmante (fs. 275). Sin embargo, luego se produce un intercambio epistolar tendientes a obtener de la actora una mayor cooperación, como ser que se preparen todos los antecedentes numerados en fotocopias (carta doc. del 22/11/05 y 05/12/05) y también se requirieron detalladamente las copias de las certificaciones de obra y otros elementos probatorios mencionados en la carta del 03/11/05, las que se dice no fueron obtenidas, pero no todo lo requerido tenía similar trascendencia para la solución del asunto, conforme las pautas destacadas precedentemente, máxime cuando el siniestro estaba ampliamente comprobado y también la extensión del daño, sin que se presente la situación prevista en el artículo 36, inc. b, Ley 17.418.

Si embargo, las supuestas carencias pueden tenerse por subsanadas con las periciales producidas en la causa, ya que ambos expertos, Sres. Peritos Contador Público Mariano Ramón (fs. 280/84) e Ingeniero José Osvaldo López (fs. 411/19 y 438), pudieron efectuar los dictámenes con los elementos que contaban para determinar los montos abonados por la actora y demás puntos puestos de resalto por ellos, sin que existan pruebas que contradigan sus conclusiones.

No se percibe de las actuaciones ningún retaceo en la averiguación de los hechos que pueda ser calificado de malicioso, para admitir la caducidad del derecho pretendido y si bien es cierto la información complementaria, después de denunciado el siniestro, era necesaria para la determinación de los valores, en autos además de la documentación brindada, el estado de las obras se constataron in situ y se produjeron pruebas periciales, contable y de construcción, de las que se desprenden los valores en debate, que fundan la sentencia apelada y no son refutados convincentemente en los agravios vertidos, por lo que el recurso en este punto no puede prosperar.

No tiene incidencia en el caso el tema referido a la designación de la firma liquidadora, ya que ello no es trascendente para la solución del caso, ni puede hacer variar el resultado.

Sentada la procedencia de la obligación, con relación al segundo problema referido a las diferencias por redeterminación por mayores costos que se dice no están previstas en los contratos de seguros, ellas son mencionadas por el Ingeniero a fs 412, quien luego a fojas 438 emite todas las aclaraciones requeridas, entre las que claramente resalta que las mismas derivan de las certificaciones por diferencia por redeterminación de cada obra y al ser preguntado sobre si se ajustan a la ley y a lo es práctica habitual en obra, respondió que sí y que hubo conformidad de la contratista sobre el cobro de los anticipos, la redeterminación de los certificados y el cobro de los anticipos financieros.

Por lo demás, las pólizas consagran en forma global topes máximos que no son alcanzados por las cifras pretendidas, en consecuencia se encuentran dentro de las montos previstos por ese seguro y por ende prosperan.

En cuanto a la obra 944, cuya ejecución se realizara en la localidad de General Mosconi y no en Tartagal como se consigna en las pólizas Nº 16370 y 16376, responde a la contratación directa Nº 04/04 para la construcción de 5 viviendas del Programa Federal de Solidaridad Habitacional, conforme lo dictamina el Sr. Perito Ingeniero a fs. 414 y no a la licitación que se indica en la demanda (Nº 116/04), allí también se advierte que el contrato refiere la localidad de Tartagal no donde se efectuaron las obras, pero el propio encargado liquidador pone de manifiesto que inspeccionó las 5 viviendas en General Mosconi, dado que en Tartagal no existen (fs. 223).

Esta situación no implica una agravación del riesgo ni tampoco un cambio en el objeto contratado, aún cuando en la póliza se diga que el objeto es la construcción de 5 viviendas en Tartagal según contrato, dado que ellas no existen en esa localidad y sí donde se inspeccionaron, por tanto no puede considerarse excluida de la cobertura, dado que si ellas no están en Tartagal, pero sí en Mosconi, evidentemente se trataba de un mero error material que pudo ser advertido desde inicio cuando se entregara el terreno a la empresa contratista y al suscribirse las pólizas en cuestión, con la diligencia que para todos exigían las circunstancias, por lo que luego del suceso no pueden hacerse prevaler para eludir la obligación asumida, en el marco de la buena fe que rige en materia contractual conforme lo dispone el art. 1198 del C.C.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser soportadas por la parte vencida en virtud del principio objetivo de la derrota, art. 67 del CPCC, en ambas instancias, no advirtiéndose motivos suficientes para la distribución pretendida.

Por ello, voto porque se rechace la apelación interpuesta y se confirme la sentencia en lo que fuera materia de recurso, con costas en ambas instancias a la parte vencida.

El Juez Alfredo Ricardo Amerisse dijo:

Que adhiere por sus fundamentos al primer voto.

Por el acuerdo que antecede, se rechaza la apelación interpuesta y se confirma la sentencia en lo que fuera materia de recurso, con costas en ambas instancia a la parte vencida.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.