marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Abogados, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, sanciones del Colegio Profesional, reemplazo del patrocinio, notificación a letrados anteriores
Materia: PROCESAL
Carátula: "Silvero, Juana María c/ CPACF (Expte. 23.797/08)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-23

El Tribunal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal puede imponer a un abogado la sanción de llamado atención prevista en el artículo 45, inciso a) de la ley 23.187 si se configura la falta prevista en el artículo 15 del Código de Ética ya que para presentarse como nuevo letrado de una de las partes en una causa el abogado debe cerciorarse de que su colega hubiera renunciado expresamente al patrocinio o se le hubiera notificado en forma fehaciente la revocación o su desvinculación en la causa. Es una carga del letrado efectuar tal comunicación.
Injuria laboral, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: ESCALADA MIGUEL c/ MONTE LIBANO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-08-24

La violación a un deber contractual de prestación de conducta, configura injuria en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo,sss lo que deriva en la falta de confianza que, como elemento esencial para la armonía de la relación, produce automáticamente la rescisión justificada del vínculo puesto que desaparecida la confianza entre las partes la prosecusión del vínculo jurídico se torna imposible.
Recurso de casación, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: REGGIANI, LUIS EDGARDO. c/ BANCO PROVINCIA DE RÍO NEGRO. s/ COSTAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-11-09

NO EVIDENCIÁNDOSE ARBITRARIEDAD, LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO HABIDO ENTRE LAS PARTES, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EXISTENCIA Y MAGNITUD DEL PERJUICIO, ES PRIVATIVA DEL MÉRITO Y AJENA AL RECURSO DE CASACIÓN.
Relación de dependencia, trabajador, prueba, recibo
Materia: LABORAL
Carátula: Maidana, Carmen c/ ABC Modas y/u otra s/ Indemnización por Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-05-11

No es procedente el agravio de la parte demandada contra la sentencia del A-quo por la categoría asignada a la contraria, ya que, más allá de que la finalidad específica y propia del recibo, no sea otra que la de documentar el acto jurídico del pago, los otros datos allí contenidos, también constituyen elementos probatorios, pero de naturaleza intrínseca distinta, en tanto traducen una confesión extra judicial por parte del trabajador firmante, pese a que no es precisamente quien lo confecciona, ya que la experiencia indica que de ordinario lo hace el empleador, siendo frecuente que aquél no advierta o no pueda, por obvias razones, cuestionar la subsistencia de claros, que bien pueden luego llenarse en contra suya; cuando se recurre para ello al uso de formulario impreso, como acontece en la especie. La vigencia de un derecho originado en principios de derecho procesal, cede en este supuesto, al afectarse la verdad jurídica objetiva que sin hesitar surge de las constancias de la causa. Formalismo, no es lo mismo que ritualismo, aunque ambas pueden estar conectadas por un nexo. Mientras que la forma procesal tiene un sentido teleológico, finalista, el ritualismo tiene un aspecto, que a la postre deriva en su degeneración, precisamente porque se desentiende de dicha finalidad.
Revocación de sentencia, procesos de conocimiento, legitimación pasiva, ejecución del contrato
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Surveyseed Services SA Cu Holding (Cuh) Bv c/ En M Economia s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-13

Se admite las críticas de la AFIP, se revoca la sentencia apelada y se hace lugar al planteo de falta de legitimación pasiva ya que la relación jurídica que originó el pleito está configurada, exclusivamente, entre la firma actora y el Estado Nacional. En cuanto al plano sustancial de la contienda, la sala desestima los agravios de la firma actora y confirma la sentencia apelada. Considera que la interpretación del decreto 477/1997 que propicia la firma demandante queda desvinculada de las restantes pautas contractuales que integraron la relación jurídica de las que no se desprende ningún indicio en favor de su postura y colisiona con la conducta que desplegó durante la ejecución del contrato. Sostiene que dado el tiempo en que se efectuaron los trabajos, la recta interpretación de las normas, y la conducta seguida por las partes en le ejecución del contrato, la firma actora no tenía derecho a tomar, en ningún caso, la cotización del dólar estadounidense para expresar la cuantía de la obligación que adeudaba la administración. Indica que se trató de una conducta estrictamente unilateral orientada por una inadecuada interpretación del contrato que no importó, en modo alguno, que la cuestión pudiera tener encuadramiento en la ley 25.561 o en el decreto 214/2002.
Derecho constitucional, Derecho procesal, derechos y garantías constitucionales, acción de amparo, competencia por la materia, organización de la justicia, Cámara de Apelaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P. A. Sociedad de Responsabilidad Limitada c./ Municipalidad Comodoro Rivadavia s/ acción de amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-29

La Ley V-180 sustituyó el art. 4º de la Ley V-84 sancionada el 02/12/21 y publicada en Boletín Oficial el 06/12/21 y atribuyó competencia en las acciones de amparo que sean interpuestas contra actos, hechos u omisiones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Provincia del Chubut, las corporaciones municipales, sus entidades autárquicas o descentralizadas, a la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la jurisdicción judicial en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto.
Recurso de casación, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL
Carátula: MONTENEGRO PAULINO DEL JESUS Y OTRO c/ BIVI FULVIO SERGIO Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS -  CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-08-20

Fundar el recurso de casación implica establecer clara y concretamente la cita de la ley o de la doctrina, violadas o aplicadas falsa o erróneamente en la sentencia, indicando en qué consisten la violación, la falsedad o el error.
Recusación, apartamiento del juez, sentencia arbitraria, declaración indagatoria, derecho a conocer el hecho imputado, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Smart, Jaime Lamont y otro c/  s/ legajo de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-03

Es arbitraria la decisión que apartó al juez de la causa basándose en los términos en que el magistrado describió el hecho atribuido al imputado, toda vez que ello no se aparta de lo que manda el código ritual para citarlo al acto de la indagatoria y para que este acto sea una garantía de su defensa eficiente, en tanto la citación a indagatoria sólo se justifica si hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito; y para asegurar que el imputado pueda defenderse correctamente en ese acto, antes de invitarlo a hablar, si así lo desea, el juez debe informarle detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye (artículos 294 y 298, respectivamente, del Código Procesal Penal de la Nación). - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -.
Competencia, laudo arbitral, traductores públicos
Materia: COMERCIAL
Carátula: GALAPESCA SA s/ CONC. PREV. S/ EXEQUATUR X KERCHRYBPROM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

Del dictamen fiscal 89951:

Resulta improcedente denegar la pretensión de ejecutar un laudo dictado por un Tribunal Arbitral con sede en la Republica de Ucrania con base, -como en el caso-, en que el convenio en virtud del cual se sometió el conflicto al arbitraje contenía una cláusula que si bien establecía que "todos los documentos, documentación comercial, informes, cuentas, etc., realizados dentro del marco del presente contrato se llevarían en idioma ruso y español. Y en conexión con lo expuesto, en caso de que surja la necesidad de su ejecución en español, "tendrían validez sus traducciones oficiales"; sin embargo, no se cumplió con el recaudo de la traducción ya que: a) ante el requerimiento que en tal sentido se hiciera, el tribunal arbitral considero infundada la petición y se limito a ampliar el plazo para las contestaciones pendientes; razón por la que la constitución del referido tribunal estuvo viciada y b) aun cuando se considerara al tribunal constituido regularmente, también se encontraría viciado por igual motivo el procedimiento seguido para llegar al laudo, porque todo el desarrollo se hizo en base a presentaciones que no fueron notificados en idioma español. Ello pues, el sentido y alcance de la cláusula se circunscribe a los aspectos relacionados con el cumplimiento del contrato, afirmación que se basa en los términos utilizados en su redacción y, por su parte, la referencia a "correspondencia comercial, informes, cuentas, etc." remite inequívocamente a documentos o instrumentos necesarios para la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato, es decir, para su cumplimiento por las partes. Máxime, si en la disposición convencional en la que específicamente se pacto el sometimiento de las diferencias al arbitraje, no existe mención, siquiera del tema del idioma en el que debería llevarse a cabo el procedimiento arbitral. De modo que., ni la constitución del tribunal, ni el procedimiento seguido para llegar al dictado del laudo estuvieron viciados. Por ende, no se configura en la especie la causal de denegación del reconocimiento del laudo prevista en el art. 5-1°- b), de la Convención de Nueva York (aprobada por la Ley 23619, B.O. 4.11.88).
Decreto de necesidad y urgencia, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Argentina de Compañías de Seguros y otros c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ Nulidad de acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-27

El constituyente de 1994 explicitó en el artículo 99, inciso 3°, del texto constitucional, estándares judicialmente verificables respecto de las situaciones que deben concurrir para habilitar el dictado de disposiciones legislativas por parte del Presidente de la Nación y en ese marco cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son: el texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Jurisdicción y competencia, competencia por el territorio, lugar del hecho
Materia: PENAL
Carátula: Miranda, Diego G. y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-13

La competencia territorial de los jueces en materia penal está dada por el lugar de comisión del delito de acuerdo a lo establecido en el art. 37 del Código Procesal Penal de la Nación y no por el lugar donde se producen diligencias procesales vinculadas con los hechos en cuestión.
Regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Villafañe, Jorge Abel y Otros c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-20

Los jueces -en principio- deben practicar las regulaciones de honorarios, de conformidad con las prescripciones de las leyes arancelarias locales, y el artículo 6 del Dto. Ley n° 2.200 establece las pautas a tal fin, siendo la de apreciación cuantitativa la primera mencionada. Si la fijación del honorario contribuye a dignificar la profesión, y deben ser tratados "con la mayor delicadeza y perfecta conveniencia" -Consejo de la Orden de Abogados de París del 13 de Junio de 1899-, la determinación previa del monto del proceso adquiere relevante significación, a fin de deducir un nivel de proporcionalidad y razonabilidad entre el quantum del pleito y el estipendio a otorgarse, sin perjuicio de atender a las pautas cualitativas que el régimen de aranceles también ha previsto.
Prisión domiciliaria, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Morellatto Donna, Fernando Eugenio s/ Incidente de prisión domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-08-03

La concesión de la prisión domiciliaria es un acto facultativo para el Tribunal, pues el ordenamiento vigente dispone que ".El juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria." - art. 32 de la ley 24.660-, lo que significa que la decisión de otorgar el beneficio del arresto domiciliario es una facultad discrecional exclusiva delegada por el legislador al Juez, no tratándose de una obligación imperativa y automática dispuesta por la ley, lo que se expresa en la sintaxis con el verbo facultativo "podrá" y no con el verbo imperativo "deberá".
Concurso real, homicidio calificado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Nieva, Jorge Mario- Fernández, Gastón Sebastián s/ Homicidio triplemente calificado Homicidio triplemente calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-10-04

Si bien es cierto que al Tribunal no le está vedado dar al hecho sub judice una calificación diferente a la que venía propuesta en el requerimiento fiscal de petición de enjuiciamiento, no lo es menos que el dispositivo legal que faculta tal trocamiento se ve condicionado por la fórmula conceptual que legalmente lo habilita art. 394 C.P.P.

Repárese que el enunciado se manifiesta en singular y que, fácticamente, la integración de un concurso material de delitos implica, semántica y jurídicamente, la consideración de conductas autónomas en cuanto a su volición, las que se perfeccionan totalmente en sus diversos grados de ejecución-delito tentado o consumado-, contrariamente a lo que sucede en el concurso aparente o formal, en el que una misma conducta lesiona en su despliegue varias tipicidades descriptas catalogadamente.

En autos, sería absurdo entender la inexistencia ideológica de una conducta ilícita, que cual conditio sine qua non actúa como base de la agravante contenida por el inc. 7 del art. 80 del digesto sustantivo, pero, en cambio, el concurso material compuesto carece de virtualidad jurídica, al no sustentarse uno de los delitos integrantes del mismo en imputación conductual descripta y referida separadamente en ambas declaraciones del imputado, cuanto menos en resolución jurisdiccional instructoria que lo vislumbre y, más aún, no contenido en el requerimiento de elevación de la causa a juicio, expresión de la acción pública que determina la base y límite del factumásometido a plenario.

Por lo tanto, no existe en autos el concurso material de delitos que se construye en la decisión mayoritaria. (Del voto del Dr. Roselló:

En Disidencia)
Accidente ferroviario, estrago culposo, recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Roque Ángel Cirigliano en la causa Córdoba, Marcos Antonio y otros s/ descarrilamiento, naufragio u otro accid. culposo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

El recurso extraordinario deducido por la defensa del condenado en la causa por la que se investigó el accidente ferroviario denominado como "Tragedia de Once", resulta inadmisible en virtud de lo dispuesto por el art 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Diferencias salariales, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: VALLEJOS ESTEFANIA NOEMI c/ INC. S.A. s/ DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-31

Atento la conducta observada por el empleador durante el proceso, que no acreditó que se esté en presencia de una excepción en los términos de los artículos artículo 103 bis y 10, resulta correcta la fijada por el Juez a los fines de la determinación del salario previsto por $9.073,40 a los fines de determinar la existencia de diferencias salariales.
Abandono de trabajo, notificación al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: DOMINGUEZ, JAVIER MARCELO c/ CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

Resulta ajustado a derecho el despido dispuesto por el empleador por abandono de tareas, luego de haber intimado al trabajador en dos oportunidades a que se reincorpore a las mismas, aun cuando las comunicaciones cursadas fueron rechazadas por el empleado ambas veces, toda vez que si bien quien elige el medio de comunicación resulta responsable por su resultado, lo cierto es que las misivas, amén de haber sido desconocidas por el actor, fueron dirigidas al correcto domicilio del mismo, cumpliendo la demandada con su deber de intimar al dependiente, no pudiendo serle imputable la falta de recepción de las epístolas de marras, máxime considerando que el dependiente fue sancionado durante los últimos seis meses de la relación laboral, en tres oportunidades, por los mismos hechos que originaron el despido.
Derecho de réplica, Comunicaciones, prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Petric, Domagoj Antonio c/ Diario Página 12.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

El eventual costo adicional que la admisión de una rectificación o respuesta supone, tiene causa y constituye un riesgo propio de la actividad periodística que se realiza, que exige el mayor de los cuidados al referirse a terceros (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Costas, honorarios del abogado, honorarios extrajudiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Briñas, Ramón c/ Rivas, Enrique s/ Consig. judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

Los gastos administrativos de estudio para iniciación de juicios contemplados en el dec. ley 8904/77, en su acápite II, inc.11, se vinculan con tareas de naturaleza extrajudicial, lo que descalifica "ab initio" su englobamiento en el concepto de costas, toda vez que tal retribución es asignable en compensación por el análisis de una controversia de intereses que no llega a los estados judiciales.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jubilación por invalidez, incapacidad laboral, porcentaje de incapacidad, porcentaje inferior al mínimo, denegatoria del beneficio, trabajador autónomo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TSOPELAS, DEMETRIO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

No existe motivo alguno para declarar incapacitado a los fines previsionales a quien el Cuerpo Médico Forense reconoció una incapacidad laborativa inferior al mínimo legal (en el caso, 46,9%), si de las constancias de autos surge que el peticionante es repostero de oficio y se desempeña como propietario de una confitería, actividad que por su desarrollo autónomo le permite una razonable regulación del esfuerzo.
Inimputabilidad, estado de inconsciencia, ebriedad, dosimetría alcohólica, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: YANACON, OSCAR ALBERTO s/ INF. ART. 189 BIS DEL C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

Si bien el testigo del acta de procedimiento y los policías que intervinieron en el mismo coinciden en señalar cierto grado de alcoholización del individuo, esto no resulta suficiente para considerar al mismo un alcohólico crónico o patológico, ni que padeciera una ebriedad plena en el momento consumativo, más cuando el análisis de alcoholemia realizado, dió como resultado una negativa existencia de alcohol en la sangre, ni haberse presentado en el procesado ninguno de los efectos de intoxicación crónica.
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, actualización monetaria, docentes, intereses, recurso contencioso administrativo, tasa pasiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTINEZ, INES HORTENCIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 005-87 BALLARDINI, JUAN PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 003-87 BENITEZ ZUBELZU, MARIA DOLORES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION BARINOTTO, ELVIRA CATALINA CHIAPPERO DE  BARINOTTO, ALICIA ELVIRA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION NIDELCOFF, MARIA CRISTINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-24|1992-03-24|1992-06-10|1992-07-01|1992-08-12

Corresponde recomponer el haber jubilatorio del recurrente, desde la fecha demandada, sin perjuicio del mayor monto que tenga derecho a percibir por aplicación de leyes posteriores tales como la 9360, determinándolo de modo que refleje las modificaciones de la remuneración del personal activo, que se desempeñe en el cargo docente en el que se jubiló el actor, debiendo computarse a tal efecto los incrementos en la cantidad de puntos asignados al cargo y el aumento del valor del punto. Las diferencias resultantes serán actualizadas a partir de la fecha en que se devengaron y hasta el 31 3-1991 (artículo 1, 7 y 13, ley 23928), con más intereses a la tasa del 6 % desde el reclamo administrativo respecto de las diferencias devengadas con anterioridad y desde que cada prestación fue debida, respecto de las posteriores, hasta el 31-3-1991. De allí en más, deberá computarse la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941-91.
Prueba confesional, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Albarracín, Mario c/ Villalba, Julio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

El accionado no puede hacer valer en su favor las respuestas dadas en su propia absolución de posiciones. Esas manifestaciones hechas por el propio demandado en la prueba confesional, nunca pueden servir de elemento de convicción favorable a esa parte, puesto que se encuentra en pugna con los principios que informan a la teoría general de la prueba, desde que las proposiciones que emanan de la parte no prueban a su favor. Sólo operarán las manifestaciones que fueran desfavorables o perjudiciales para el absolvente o bien, pero nunca las que favorecen a aquél.
Jurisdicción y competencia, Constitución Nacional, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Administración General de Puertos c/ GCBA s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-20

Cuando el art. 75, inc. 2 de la Constitución Nacional establece que es atribución del Congreso Nacional dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, agrega "sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales"; expresión que no deja lugar a dudas respecto de los alcances de las disposiciones contenidas en la legislación común y que permite afirmar que, desde el punto de vista del diseño constitucional argentino, la jurisdicción tributaria local no se encuentra regulada por las disposiciones de los cuerpos normativos enunciados en dicho precepto. (Voto de la Dra. Ana María Conde).