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Recurso de inconstitucionalidad, leyes, aplicación de la ley, Constitución Provincial, competencia del Superior Tribunal de Justicia, proceso penal, resoluciones recurribles, revocación de la prisión preventiva, recurso de casación, interpretación de la ley, recursos, iura novit curia, derechos y garantías constitucionales, medidas cautelares, cómputo privilegiado de la privación de libertad, peligrosidad del imputado
Materia: PENAL
Carátula: GAON, Pablo Alberto y Otro s/ Defraudación Calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-15

El inicio de un proceso penal, por sí mismo, somete al imputado a la restricción de derechos que le son impuestos a título de coerción personal, pero sin dudas siendo la libertad ambulatoria el que se encuentra en la cúspide valorativa, la privación cautelar de este derecho antes de la sentencia, cuenta con legitimación constitucional bajo las condiciones y límites que se establecen, a fin de evitar que se vulnere arbitrariamente.

Las disposiciones constitucionales vigentes tanto en el orden nacional como local, configuran un sistema que conjuga razonablemente el interés público con las garantías y derechos individuales, en relación a las medidas de coerción que consistan en la privación de la libertad del imputado antes de la sentencia.

La posibilidad jurídica de la privación de libertad del imputado durante la sustanciación del proceso penal, se desprende del mismo artículo 18 C.N. cuando autoriza el arresto del imputado antes del dictado de una sentencia en su contra, disposición de la cual la doctrina judicial de la Corte Suprema derivó el reconocimiento constitucional a los institutos del arresto, detención y prisión preventiva.

Los Tratados constitucionales (artículo 75 inc. 22° C.N.) no contienen disposición alguna que implique la prohibición del encarcelamiento preventivo, sino un conjunto de reglas que vedan la arbitrariedad en el ejercicio de esta potestad estatal (art. 9, Declaración Universal de los Derechos del Hombre; art. XXV, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 7, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 9, 10 y 11, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Tampoco prohíbe el encarcelamiento cautelar la Constitución de la Provincia sino que establece los resguardos bajo los cuales es tolerable la restricción a la libertad (art. 42).
Contrato de trabajo, prueba, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Rougier, Susana Romina c/ Elorza, María Amalia y otro s/ Indemnizaciones y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-26

Considerando las particularidades de los hoteles alojamiento, carecen de toda credibilidad los hechos relatados por los dos testigos de la actora en tanto que implican que en su concurrencia también se ocupaban de charlar con el personal del mismo, dentro de la habitación que habían tomado con su acompañante y, siendo dichos testigos los únicos que afirman haber visto a la accionante realizando tareas dentro del motel, la ineficacia del medio probatorio coloca a la demandante en una situación que torna inaplicable la presunción dispuesta por el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Caducidad de instancia, inactividad procesal, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ribo, María Graciela c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-03

Desprendiéndose del análisis de las actuaciones que ha sido la propia actora quien, con sus continuas peticiones, ha imposibilitado efectuar los actos necesarios para impulsar la causa, obstaculizando de tal forma la elevación del expediente a la Alzada, no corresponde hacer lugar al planteo de caducidad de instancia por ella planteado. (Del voto del Dr. Laclau al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).
Expropiación, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Boquiniuzzo, F. y otra s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1982-11-02

Conforme el art. 33 de la ley 5708 la presentación del memorial es facultativa, aún en el caso de que no se funde el recurso, la Cámara está obligada a revisar la decisión impugnada en su totalidad.
Cheque sin fondos, interpelación, dolo
Materia: PENAL
Carátula: LORENZO MONTES, AMILCAR s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12

El hecho en sí de la comunicación tiene un relieve totalmente objetivo:no depende de la voluntad del autor del hecho sino de la de un tercero. Pero, en cambio, la omisión de pagar en el plazo legal, sí es necesario que haya sido dolosa para configurar el delito. (Del voto del Dr. Hendler).
Aplicación de la ley penal, ley penal más benigna
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

El art. 2 del Código Penal sólo recoge un principio general fundado en la conveniencia que puede quedar de lado cuando concurran circunstancias que así lo determinen.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GUTIERREZ RAUL EMILIO c/ JORGE VICENTE CURLETTI Y MIGUEL ANGEL MATTEADA s/ DEMANDA ORDINARIA - HECHO ILICITO - MENORES - PADRES:  RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-10

Atendiendo particularmente a que el rodado inutilizado por los ingentes daños, cumple un destino indiscutible de recreación y paseo familiar y que tales destrozos fueron producidos en las proximidades de tiempo de vacaciones, el daño moral se torna, a mi juicio, indiscutible y la procedencia de su reparación legítima y procedente (arts, 1078,1109 y ccts. del C.C.).
Improcedencia del recurso, prescripción de la acción penal, insuficiencia del agravio, prevaricato
Materia: PROCESAL
Carátula: Salinas, Graciela Yolanda s/ rec. de casación c/ auto interl. nº 79 de expte. nº 144/18 de la Cámara de Apelaciones c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-08-28

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la letrada patrocinante de la madre y tutora de J.B.E., pues las actuaciones referidas a los supuestos delitos atribuidos al Dr. Lilljhedal y al Juez Varela fueron archivadas por haberse operado la prescripción de la acción penal cuatro meses antes de la elevación a juicio, y la recurrente no refuta con los argumentos que presenta los fundamentos por los cuales en la resolución impugnada se descarta la existencia de las figuras delictivas denunciadas. En lo que al delito de prevaricato se refiere, si bien es cierto que el Dr. Lilljhedal actuó como abogado defensor primero y como abogado de la parte querellante después, lo cierto es que no presentó ningún escrito defensivo, y su designación como patrocinante de la querella fue hecha después que operó la prescripción, y la agraviada no demuestra el error de lo resuelto por el a-quo que se fundó en la ausencia del perjuicio concreto exigido para que se configure el delito, lo que sin dudas resultaba menester, pues se consuma con el efectivo perjuicio de los intereses confiados, por el aporte del abogado a una de las partes de los conocimientos que obtuvo en la relación de confianza cliente/abogado que tuvo con la contraria. Por consiguiente, si el recurrente omitió demostrar que lo resuelto en el fallo que impugna no se ajusta a lo que dispone la ley, su objeción sólo muestra su disenso que no es idóneo para conmover lo dictado sobre el punto. Así, no existiendo el supuesto prevaricato no puede configurarse el supuesto encubrimiento al que alude la recurrente, más aún cuando no demuestra lo contrario, por lo cual su agravio carece de fundamento, como resulta infundada su denuncia sobre el retardo de justicia atribuido al entonces juez que intervino en la causa, por cuanto no desvirtúa las razones que se dan en el decisorio vinculadas con la prescripción operada con anterioridad a la intervención de dicho magistrado, y esa omisión frustra su intento de mostrar la relevancia de las irregularidades que alega, más aún cuando además de la hipotética mora, no consigue demostrar que concurren los demás presupuesto exigidos para que se configure el tipo delictivo que denuncia, todo lo cual constituyen motivos suficientes para no hacer lugar al recurso interpuesto.(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva).
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, contratos administrativos, contratos en curso de ejecución, derecho de propiedad, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: EFICAST SA. c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-17

Es constante jurisprudencia de la Corte Suprema que la acción de amparo no constituye el medio adecuado para dilucidar el sentido último de preceptos legales complejos y encontrados (confr. Fallos: 311:1313, y 319:2955, entre otros), ni remediar todos los males que pudieran surgir del desconocimiento del derecho constitucional de propiedad; sino tan solo los que impliquen un desconocimiento grosero y patente de tal garantía; es decir, los casos en que su vulneración supere, claramente y sin necesidad de mayor examen, lo meramente opinable en materia de interpretación de las normas concretamente involucradas.

Si, contrariamente, se admitiera que el amparo procede cada vez que en el marco de un contrato en curso de ejecución las partes disienten sobre la conducta a seguir ante posibles incumplimientos parciales y mutuos, con el desmedro patrimonial consiguiente, dicho remedio constitucional quedaría desnaturalizado para cumplir el fin para el que fue específicamente concebido, que es el de tutelar de manera inmediata y efectiva la violación palmaria de los derechos humanos y las garantías constitucionales básicas e impedir así toda amenaza contra los fundamentos esenciales del Estado de Derecho.
Aduanas, Complejo Presa Embalse Casa de Piedra, mercadería aduanera, exenciones impositivas, interpretación de la ley
Materia: ADUANERO
Carátula: Constructora Embalse Casa de Piedra S.A. (T.F. 7201-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

Aún cuando pueda admitirse que la redacción tanto del art. 3 de la ley 22.882, como de la resolución (A.N.A.) Nº 3537/84, puede resultar confusa -en tanto allí se prevé que: "Las exenciones dispuestas precedentemente estarán sujetas a las respectivas comprobaciones de destino. Para ello los entes contratantes extenderán las certificaciones correspondientes"-, la interpretación efectuada por el a quo le acuerda el sentido apropiado a lo así dispuesto toda vez que de los considerandos de la resolución Nº 3537/84 surge que "la Secretaría de Hacienda ha dictaminado en el sentido de que la certificación de real necesidad expedida por el Ente Ejecutivo Presa Embalse Casa de Piedra, constituye el elemento suficiente para que esta Administración despache las mercaderías en él detalladas con los beneficios impositivos que acuerda la ley 23.332, sin perjuicio de la intervención y/o autorización de las Secretarías de Comercio y de Industria, en la materia de sus respectivas competencias", de donde se desprende que el certificado aludido por la actora no se relaciona con la comprobación del destino de la mercadería sino con la procedencia de los beneficios otorgados, debiendo su emisión ser previa a la importación de los bienes ya que tiene en miras su despacho. (Consid. VI).
Pena, graduación de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Prividera, José Antonio s/ Artículo 127, inciso c, del Código de Faltas
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-02-13

Debo poner de resalto que la contravención se consuma en el momento del hecho, y las circunstancias posteriores que legitimen aquella conducta contraria a la ley ya no tendrán influencia respecto a la falta, ni a la imputabilidad o culpabilidad del autor; solamente podrán servir para la graduación de la pena.
Actualización monetaria, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: Giacone, Néstor c/ Blanco, Rufino y /u ot. s/ Indemnización por despido; etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06

Si el importe de la conciliación homologada celebrada entre las partes -en la que no se preveían pautas de actualización- fue depositado vencida con holgura la fecha establecida para el pago, el acreedor tiene derecho a reclamar el reajuste por la depreciación monetaria operada con prescindencia de los motivos del incumplimiento del deudor, desde que la actualización del art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo tiene carácter imperativo y no está supeditada a la conducta culpable o negligente de éste en la demora.
Contienda negativa de competencia, abuso sexual, restricción de acercamiento, denuncia
Materia: PROCESAL
Carátula: G., M. E. c/ F., C. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-18

Deberá intervenir en la presente causa el Colegio de Jueces de Primera Instancia, toda vez que de acuerdo al ordenamiento jurídico que rige el caso, el conflicto debe ser resuelto por el órgano judicial que tenga competencia en la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate, sin perjuicio de que la denuncia pueda efectuarse ante cualquier juez, de cualquier instancia, incluso ante el Ministerio Público; y en el sub lite nos encontramos ante una denuncia por abuso sexual con acceso carnal, y es en el marco de esa denuncia que la interesada solicita una medida de distanciamiento respecto del denunciado y su grupo familiar; por lo que cabe concluir que el Colegio de Jueces de Primera Instancia es el tribunal adecuado para tramitar las presentes actuaciones, puesto que la medida de distancia solicitada resulta accesoria de la denuncia por la posible comisión del delito referido, e incluso fue requerida simultáneamente con este última. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 119. - Jurisprudencia vinculada: S., L. C., AyS T 307, p 67/71, sumario J0048161.
Sentencia contra el Estado, ejecución de sentencias contra el Estado, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Martínez, Gabriel Rubén c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

El plazo especial de pago establecido por el art. 170 de la ley 11.672, obsta a la ejecución forzosa de las condenas dinerarias dictadas contra el Estado Nacional, mientras esté vigente y a condición de que se cumplan los recaudos previstos en él.
Audiencia de debate, prueba, pericia médica, defensa en juicio, nulidad procesal, preclusión, comprensión de la criminalidad del acto
Materia: PROCESAL
Carátula: S., A. s/ Homicidio calificado por el vínculo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-07-13

En cuanto a la nulidad del nuevo dictamen pericial solicitado con el fin de que una nueva junta médica se expidiera acerca de si la imputada al momento del hecho pudo comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, tal medida fue dispuesta por el tribunal en el curso del debate oral; se encuentra dentro de las atribuciones previstas por el art. 359 del código adjetivo y puede ser dispuesta de oficio; evidentemente era manifiestamente útil, puesto que gravitó en la dilucidación del objeto procesal y fue puesta en conocimiento de las partes, con lo que se dio estricto cumplimiento al trámite respectivo. Además, éstas no manifestaron objeción alguna, por lo que el agravio en tratamiento debe ser rechazado atento la convalidación de la defensa de lo actuado en una etapa preclusa (arts. 162 inc. 3 y 163 inc. 2 CPP).
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, distribución de competencias, división de poderes, facultades del Poder Judicial, limitaciones a los poderes públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Si bien los tribunales poseen incuestionables facultades para revisar los actos de los poderes legislativo y ejecutivo, si éstos implican el ejercicio de facultades privativas, la revisión judicial será factible sólo cuando haya mediado alguna violación normativa que ubique tales actos fuera de las atribuciones concedidas al poder de que se trate y de las normas que las regulan.
Ley de defensa del consumidor, ley especial, ley de orden público
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gomez de Olivera Jorge Ruben c/ Federacion Patronal Seguros S.A. s/ Daños y Perj. Autom. S/lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22

La aplicación de la ley 24.240 no puede estar condicionada al hecho de que una ley especial -como la Ley de Seguros- prevea mecanismos de protección para el consumidor; puesto que el régimen de protección del consumidor, desde el enfoque imperativo de un plexo de orden público -art. 65 Ley 24.240-, impone la aplicación de sus normas por parte de los órganos judiciales.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, honorarios, regulación de honorarios, verificación tardía, crédito verificado, ley arancelaria, base regulatoria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la verificación  concursal -tempestiva y tardía- de créditos? ¿En la verificación   concursal -tempestiva y tardía- de créditos, corresponde regular   honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante? Auto sprint sobre  quiebra. Incidente verificación crédito. El presente pleno renueva   la cuestiones planteadas en el acuerdo número 30 del 12.6.1989   dictado por la misma cámara en pleno y en los mismos autos publicado  en JA 1989-III-517 Y LL 1989- C-585. (Expte. Nro. 128-87) -Tribunal   pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-27

El artículo 287 de la ley 24522 expresamente establece como se regulan los honorarios en los procesos de revisión de créditos y en los de verificación tardía. Ello así, el vacío legal preexistente (de la ley 19551) ha sido llenado -aunque sea, parcialmente-, correspondiendo integrar esa norma concursal con los artículos 6 y 16 de la ley local 6767, en función de los cuales los honorarios en los incidentes equivalen al treinta por ciento (30%) de la regulación total de la escala arancelaria. En cuanto a la base de cálculo sobre la cual aplicar las alícuotas del artículo 6 de la ley 6767, está dado por la propia ley concursal: "tomándose como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado".

(De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho constitucional, acción de amparo, legitimación procesal, asociaciones sindicales, objeto social, derechos de incidencia colectiva, derecho a la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano c/ GCBA s/ amparo - salud - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Toda vez que la Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano fue constituida, de acuerdo a su estatuto, con el objeto de conferir protección gremial a sus asociados, carece de legitimación, de acuerdo a lo establecido en su instrumento fundacional, para promover la acción dirigida a suspender la construcción de la "casa de medio camino" dentro del predio del mencionado hospital. Ello así, en tanto la accionante no indica cuál es el perjuicio que a sus asociados le ocasiona la construcción de dicha casa, ni especifica qué derecho laboral o gremial se lesiona o el perjuicio concreto y directo a los trabajadores del Hospital (únicos destinatarios del objeto de la asociación). Conferirle legitimación a quien no la detenta -con la gravedad que implica suspender una obra en curso producto de una licitación aprobada y en proceso- amerita un análisis estricto de la capacidad jurídica para sustentar la acción que intenta y las consecuencias de la misma. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Contrato de suministros, adjudicación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SACOAR S.A.I.C. c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

La presencia de un solo postulante en el trámite licitatorio y el hecho de que se dispuso con el avenimiento de este último la ampliación del plazo para las ofertas denota la configuración de un marco excepcional en el desarrollo del trámite de selección (art.

54, Reglamento de Contrataciones, segundo apartado), quedando perfeccionado el contrato de suministro con la notificación de la adjudicación.
Prisión domiciliaria, emergencia sanitaria, coronavirus, salud del imputado, internación
Materia: PENAL
Carátula: D'Elía, Luis Ángel c/  s/ prisión domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-04

Corresponde conceder, de manera transitoria y hasta tanto cesen los motivos de excepción, la prisión domiciliaria al detenido, como consecuencia de sus problemas de salud, en el marco de la pandemia declarada por la expansión del contagio del Coronavirus, una vez que egrese de un sanatorio en el que se encuentra internado, dado que la Cámara Federal de Casación Penal, en función del rechazo de varias solicitudes de prisión domiciliaria, ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento debido al avance de la pandemia y a los problemas de salud del detenido, quien no quiso tomar los remedios recetados por los médicos para su patología, y tampoco quiso ser atendido en el Hospital Penitenciario, razón por la que se lo trasladó a un nosocomio extramuros. Deben tomarse en cuenta por un lado los síntomas presentados por el detenido, la falta de certeza sobre la posible necesidad de dejarlo internado un tiempo y de la necesidad de efectuarle estudios vinculados al COVID-19; y por otro, la obligación del tribunal de impedir que se pongan en riesgo con posibles idas y vueltas al penal, los efectos logrados con las medidas de aislamiento ordenadas por las autoridades en las unidades del Servicio Penitenciario Federal.
Honorarios del abogado, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fumaroni, Mario c/ Fiorito Hnos. y Dall'o S.R.L. s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

Si la regulación de honorarios efectuada en Alzada no fue notificada personalmente o por cédula, atento su inapelabilidad, la condición de "firme" atribuida al auto deviene una vez notificado personalmente o por cédula el "por devueltos" con que se recibe el expediente en primera instancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intereses, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía Financiera de Concesionarios Ford Finanfor s/ recursos de apelación - Sellos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Los intereses integran el monto del proceso a los fines regulatorios.
Obras sociales, empleados públicos, asistencia médica, prestaciones de la obra social, intervención quirúrgica, cobertura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GALÁN, LILIANA BEATRIZ (EXPTE. N° 87.845 ) c/ OSEP s/ ACCIÓN DE AMPARO S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-02-01

Resulta lógico que para cierto tipo de intervenciones, la obra social de empleados públicos ponga un porcentaje a cargo del afiliado siempre y cuando, ese porcentaje sea razonable, y al mismo tiempo, la mutual cree procedimientos expeditos para acreditar la carencia económica para cubrir el resto, de tal modo que el afiliado carenciado pueda acceder al servicio de salud sin gastos a su cargo.