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Recurso de casación, queja por recurso denegado, inadmisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, circunstancias que impiden la excarcelación, intimidación pública
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Lares, Carlos Darío c/  s/ Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-24

Si bien la confirmación del rechazo de excarcelación cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva puesto que resulta equiparable a sentencia definitiva, es inadmisible el recurso de casación al no encontrarse debidamente fundada una cuestión federal, se ha garantizado la doble conformidad judicial y el a quo fundó la denegatoria en la existencia de riesgos procesales, ante la gravedad del delito -llamados intimidantes en contra de una gobernadora de provincia, detentación de una granada de mano al momento de su detención-, la existencia de una causa en su contra en trámite y la falta de trabajo estable.
Interés superior del niño, adopción
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: M. ,M. M. V. c/  s/ Abrigo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-07

Cuando se encuentran en pugna intereses de niños y adultos, debe prevalecer el del niño.(doctor Soria, sin disidencia)
Cuestiones prejudiciales, proceso penal, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: CONCHA UÑATES RAÚL A. Y OTRA c/ DELTROZZO CLAUDIO RICARDO Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-07

Si de las constancias del expediente penal no surgen elementos que permitan presumir en lo mas mínimo su progreso, esto lleva a concluir que los argumentos dados por el a quo, de que no existe posibilidad que en dicha causa pueda dictarse un pronunciamiento, resulta un hecho comprobado. Ello implica que la aplicación de la norma referida a la prejudicialidad llevaría a una suspensión sin plazo definido para el dictado de sentencia útil en el proceso civil, ya que el damnificado actor no se encontraba habilitado, a la época de dictada la sentencia de primera instancia, a instar el avance del sumario criminal, constituyendo tal situación una afectación a su derecho, ante una no justificada dilación del proceso que afecta la garantía de la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.
Consulta popular, autonomía provincial, Estado Provincial, cuestión de derecho público local, competencia originaria, ley provincial, Constitución Nacional, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat  c/ Salta, Provincia de y otro  s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2005-12-27

Si la impugnación constitucional de la ley provincial que convoca a consulta popular sobre el derecho de propiedad comunitaria de los pueblos indígenas exige analizar la confrontación que se produce entre los arts. 15 y 60 de la Constitución de Salta, resulta evidente que el conflicto pertenece al ámbito local y requiere para su solución la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico provincial, sin perjuicio de una eventual cuestión federal en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional que oportunamente podría habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema.
Registro público de afiliados, partidos políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Mascheroni Santiago y otros c/ Convención Provincial de la U.C.R. s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-20

La ley 23.298 -modif. por ley 26.571- impone la obligación de llevar un registro público de afiliados "constituido por el ordenamiento actualizado de las fichas de afiliación" (cf. artículo 26), lo que obliga a su depuración continua y constante (cf. Fallos CNE 652/88; 3153/03; 3409/05; 3488/05; 3971/07; 3997/08 y 4052/08) pues, en tanto se trata de un registro de naturaleza permanente, se halla más expuesto a la desactualización.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Sosa Padilla, Raúl Milagro c/ Universidad Nacional de Córdoba. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Ese propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal.
Querellante, administración fraudulenta, calidad de parte, accionistas, falta de acción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SPERA, Karina L. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-15

La condición de querellante se adquiere por ostentar la calidad de particular damnificado por el delito. Por ello, si no se halla cuestionado el carácter de accionista del pretenso, extremo que ha sido tomado en consideración a fin de reconocerle su condición de persona directamente afectada por el delito de administración fraudulenta, corresponde confirmar el auto que rechazó la excepción de falta de acción presentada por la defensa.

El hecho denunciado configura un hecho único, y no es factible como pretende el recurrente dividir la capacidad de querellar respecto de cada imputado en particular puesto que el derecho a querellar lo es respecto de hechos y no de personas.
Armas de uso civil, arma descargada, bien jurídico protegido
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, Alan y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-17

La circunstancia de que el arma no estuviera cargada, así como los desperfectos mecánicos que presentara, impiden la configuración del tipo legal establecido en el art. 189 bis, párrafo tercero, del C.P. -ley 25.086-.

El delito previsto y reprimido en el art. 189 bis del C.P., es un tipo penal de peligro abstracto y que lo que determina su punibilidad es la peligrosidad que se supone que conlleva la acción.

En un Estado democrático de Derecho la antijuridicidad requiere por un lado, la tipicidad penal (principio de legalidad) y por el otro, que los tipos penales partan, en general, de la descripción de lesiones o puestas en peligro de bienes jurídico-penales (principio de exclusiva protección de bienes jurídicos), como resultados especialmente graves y/o peligrosos (principio de ultima ratio) que el Derecho Penal desea evitar si no concurre un interés prevalente que los justifique. Si a ello se suma que debe respetarse el principio de culpabilidad (en sentido amplio), sólo se puede intentar legítimamente impedir tales resultados desvalorando y en su caso, prohibiendo las conductas voluntarias que aparezcan ex-ante como capaces de producir dichos resultados.

La antijuridicidad no se agota en la relación entre la acción y la norma, sino que posee también importancia por su contenido (antijuridicidad material) y en sentido material, una acción es antijurídica en atención al menoscabo del bien jurídico protegido por la correspondiente norma.

En consecuencia, el revolver sin municiones en su tambor, hallado en la cintura de uno de los imputados, es una conducta que no contradice el tipo penal bajo estudio, toda vez que no se advierte que el bien jurídico tutelado haya estado expuesto a algún peligro.

Los principios de lesividad, legalidad, igualdad y culpabilidad, exigen que los términos se utilicen restrictivamente y en relación al peligro. En el delito en análisis es necesario probar el riesgo hacia el bien jurídico ya que, si bien esto podría conducir a una conversión de los delitos de peligro abstracto en delitos de peligro concreto, surge como una de las respuestas más adecuadas si se quiere respetar principios básicos de derecho penal.

Si la razón de castigo de todo delito de peligro es su peligrosidad, siempre deberá exigirse -para su punición- que no desaparezca en ellos todo peligro. Sostener el castigo por el solo hecho de tener un arma descargada, no implica sino avanzar en un derecho penal de ánimo, vedado por nuestro sistema constitucional.

Por ello, debe revocarse el procesamiento del imputado y dictarse su sobreseimiento.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia, fundamentación suficiente, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, Poder Judicial, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FALU, EDUARDO -VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.A.D.A.I.C.) s/ RECURSO EXTRAORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 825 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

No cabe hacer lugar al agravio del recurrente basado en pretermisión de instancia y consecuente menoscabo a la competencia funcional, desde que el mismo encierra, sin duda, su particular criterio acerca del alcance que cabe otorgarles a los artículos 381 y 19, inciso 10) de la ley 10160, intentando encuadrar los hechos descriptos en la denuncia en el primero de los preceptos enunciados en franca oposición conceptual a lo decidido por este Órgano en el marco de las facultades conferidas por el segundo de los artículos citados, pero sin lograr persuadir que este Tribunal haya propiciado un alcance excesivo del artículo 19, inciso 10) de la ley 10160, desbordando, así, los límites de razonabilidad y logicidad tolerados en la tarea de calificar los hechos en el ordenamiento legal. En esa oportunidad, esta Corte dijo "...si bien la denuncia formulada contra el juez laboral fue rechazada por el Tribunal de Enjuiciamiento, tal decisorio obedeció a que el accionar del citado magistrado no se subsumió en ninguna causa de remoción de los jueces. Ello no obsta a que la conducta del mismo pueda ser reprochable en la esfera disciplinaria, cuya potestad resulta inherente a este Cuerpo..." ( Acta N 29, punto único, el 14.5.1992).Por tanto, aceptar la tesis argumental del impugnante conllevaría sin más a cercenarle a esta Corte Suprema el ejercicio del gobierno del Poder Judicial al recortarle la facultad disciplinaria otorgada por mandato constitucional y legal (arts. 92, inc. 2), C.P. y 19, L.O.P.J.).
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maldonado, Mario c/ Cañete, Miguel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-15

Si no medió pronunciamiento alguno sobre el daño moral en la sentencia apelada, habiéndose puntualizado que en virtud de la mentada omisión la cuestión fuera subsanada en esta instancia, queda descartado que el apelante haya tenido que hacer una crítica de un tenor distinto al que formuló, pues el nivel técnico que requiere el art. 260 del Código Procesal, tiene relación directa con el contenido del decisorio apelado. Frente a una omisión del pronunciamiento, no cabe extremar el rigor de apreciación del escrito de expresión de agravios pues podría menoscabarse la garantía del acceso a la segunda instancia, y con ello la de índole constitucional (art. 18 de la Const. Nac.).
Acción contencioso administrativa, caducidad, plazo
Materia: Administrativo
Carátula: L.A.L., S.A.C.I.F.I.A. c/ Administración de Vialidad Provincial y Pcia. del Chubut s/ Demanda Resarcitoria y Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-12-04

Dadas las circunstancias del caso y normas vigentes, la caducidad planteada por la demandada no es procedente. Ello es así, porque, al dictar el Poder Ejecutivo Provincial el Decreto 851-82, transcurrido el plazo de seis meses del art. 16 del Decreto Ley 1895, renunció a la caducidad operada por el vencimiento del primer plazo. Es decir dicha resolución tardía reabrió el plazo de veinte días que tenía la interesada para habilitar la Instancia Judicial.
Acción contencioso administrativa, principios tributarios, Derecho constitucional, derecho a la vivienda digna, emergencia habitacional, subsidio estatal, interpretación de la ley, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ R. E. D. I. c/ GCBA s/ amparo - habitacionales y otros subsidios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

Del propio texto constitucional surge que la carga del Estado en materia habitacional es de cumplimiento progresivo y en función de prioridades. En efecto, el art. 31, inc. 1 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado estableciendo que, entre otras medidas, la Ciudad "resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos". (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Daños y perjuicios, dependientes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez de Franco María c/ Rebucci Alejandro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

La responsabilidad del empleador -en un caso, en el cual uno de los dependientes cometió homicidio contra otro dependiente dentro del lugar de trabajo-, por el daño sufrido por su dependiente tiene razón de ser en una obligación preexistente al propio convenio celebrado por las partes. No se trata de un incumplimiento de una obligación creada por contrato, sino lisa y llanamente de la violación del deber jurídico de no dañar a otro estatuído por la propia ley civil generadora de responsabilidad de naturaleza contractual.
Tasa de justicia, pago, costas, costas al vencido, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Proveeduría Central S.A. -Incidente c/ FEMESA s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

No exime a la parte actora del deber de estimar el monto del proceso a los fines del pago de la tasa de justicia, la circunstancia de que esté próxima a dictarse la sentencia definitiva en el juicio donde se pueda determinar que es la parte demandada la obligada al pago de los gastos del juicio, parte que, en definitiva, se debería hacer cargo del pago de las diferencias adeudadas por ese concepto en los términos de los artículos 9; inc. a) y 10 de la ley 23.898. Ello es así pues, en la disposición contenida en el art. 10 citado, no se crea un nuevo sujeto pasivo del impuesto (que sigue siendo quien, al promover las actuaciones o requerir el servicio de justicia, permite tener por configurado el hecho imponible), sino que se establece que el condenado al pago de las costas deberá afrontar la tasa, pero no respecto del Estado, sino de la otra parte en el pleito, como resultado de la condenación en costas y en aras de un resarcimiento integral (art. 77 del código procesal; esta Sala, "Deleo S.R.L. c/ E.N. -Mº de Salud P. y A. Soc- Hosp. José T. Borda s/ contrato de obra pública", del 24/11/94).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, costas, conjueces, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: FISCO NACIONAL c/ N.N. Y-O JUAN PEDRO VARELA s/ HONORARIOS- REGULACION    CONJUEZ O JUEZ AD HOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-15

Lo concerniente a la inaplicabilidad del régimen de aranceles de la ley 21.839 a los fines de fijar la retribución de la labor de los abogados inscriptos en la matrícula, en los casos excepcionales en que cumplen temporariamente funciones jurisdiccionales, no plantea por vía de principio, cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria.
Homicidio culposo, mala praxis, responsabilidad médica, responsabilidad penal, violación al deber de cuidado, obligaciones del médico, relación de causalidad, muerte del recién nacido
Materia: PENAL
Carátula: Bergalli, Alejandro A. s/ Homicidio Culposo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-20

1. Si bien la prestación médica es una obligación de medios y no de resultados, tales medios deben ser aplicados de conformidad con reglas técnicas y éticas cuya violación por el agente configura una conducta penalmente reprimible por el daño causado al paciente.

2. En los supuestos de responsabilidad médica, la conexión entre el daño y la conducta atribuida, no puede establecerse a través de la relación causal clásica, sino de conformidad a la doctrina de la selección de las causas jurídicamente relevantes, por lo que acreditada la conducta omisiva, violatoria del deber de cuidado al que se encuentran obligados en su condición de profesionales, el deceso - posterior al parto - de un recién nacido, puede ser atribuido como homicidio culposo - art. 84 del C.P. -, si el resultado posiblemente no se hubiera producido de haberse actuado con la debida diligencia.

3. Los médicos deben actuar con la celeridad, precaución, dedicación personal e indelegable y con todos los recursos disponibles que la emergencia requiera y si violan este deber de cuidado, contribuyendo en tal forma a aumentar el riesgo para la paciente, que pudo ser evitado, o por lo menos haberlo intentado o disminuido, son responsables penalmente por el resultado lesivo a título de culpa, pues por sus dotes profesionales no podían ignorar tales riesgos, actuando en consecuencia con negligencia e inobservancia de los deberes a su cargo.
Recurso de revisión (procesal), sentencia definitiva, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: AGUSTINOY EFRAIN c/ VICTOR MONDINO s/ ORDINARIO - MEDIDAS PROBATORIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-18

Las resoluciones que admiten o deniegan el despacho de las medidas probatorias no estan sometidas al control de la revisión pues el gravamen que puedan causar a la parte interesada es susceptible de ser corregido a través de las impugnaciones que la ley autoriza contra el pronunciamiento definitivo, si es que el resto de la actividad probatoria no ha alcanzado a evitar una sentencia desfavorable.
Subasta de inmuebles, obligaciones propter rem, transmisión de las obligaciones
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Mercantil Argentino  S.A. c/ Maiellaro, Pablo y otros s/ Hipotecario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-29

El ejecutante y comprador del inmueble en la subasta, como consecuencia de este acto jurídico deviene deudor de las obligaciones reales ambulatorias - tales como las tasas de O.S.N.

- al pesar éstas sobre el inmueble. Estas obligaciones acompañan al inmueble y se transmiten de un titular de dominio a otro, cuando hubiere mediado un traspaso de la propiedad. Por ende - y sin perjuicio de la confusión operada - no puede el ejecutante esgrimir su condición de acreedor hipotecario para eximirse del pago de tales tasas y que ello importaría pretender una solución sin fundamento legal y en desmedro de una legítima acreedora.
Cómputo de servicios, prueba, prueba testimonial, valor probatorio, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: BARGA, Julio Héctor c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y  Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

Cuando de acreditar servicios se trata, no corresponde negar lisa y llanamente la eficacia de la prueba testimonial única, sin efectuar una apreciación concreta de la misma. Dicho medio no reconoce limitaciones en tanto se halle enderezado a demostrar la ocurrencia de simples hechos en períodos razonables que, dada su magnitud temporal, lleven a concluir que el testigo es veraz al traducir sus dichos un conjunto de circunstancias que sean acordes con el conocimiento que cabe exigir a un testimonio imparcial (hechos que hayan sido vistos u oídos personalmente, que guarden una mediana contemporaneidad con el momento en que se presta, que sean precisos sin que esta cualidad, cuando se refiera a sucesos ocurridos muy atrás en el tiempo, comporte una recreación plena por su minuciosidad, ya que tal connotación hará nacer fundadas dudas sobre su certeza). (Disidencia del Dr. Fernández).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia, recurso de reposición (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Nacional c/ Textil Escalada  S.A. s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Las resoluciones de la Corte Suprema no son susceptibles del recurso de reposición.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, violación de la ley o doctrina legal, violación de las formas procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Transportes Comodoro Rivadavia S.A. c/ Sigal, Osvaldo Néstor y otro s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-24

La solución corresponde en función de la causal de casación invocada.

Así tenemos que cuando se concede el recurso por violación de la ley o doctrina legal el Tribunal casará la sentencia, y resolverá conforme a la doctrina y norma a aplicar. Y cuando se trata de quebrantamiento de formas se declarará la nulidad de la sentencia recurrida, y resolverá que los correspondientes subrogantes legales dicten nueva sentencia.
Lesiones graves, prueba
Materia: PENAL
Carátula: León Patricio Franco Arriola s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-09-23

Las pruebas agregadas a la causa, dan suficiente basamento para que sobre ellas repose un fallo condenatorio, ya que la confesión del encartado al momento de prestar declaración indagatoria, cumple los efectos previstos en los arts. 316 y 321 del C.P.M.P. ya que se encuentra abonada por las respectivas pericias, secuestro del arma utilizada en el hecho, como así de los proyectiles utilizados y respectivas vainas, dichos de testigos merituados dentro de la mensuración apropiada a la relación parental, inspección ocular y fotografías, elementos que llevan a la certeza de que el imputado fue el autor penalmente responsable de las heridas graves sufridas por la víctima, quedando su proceder ilícito encuadrado en la norma del art. 90 del Código Penal.
Prueba, declaración de negligencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARIO CESCA S.A. c/ GRACIELA AZAR s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-04

Importa tácitamente una denuncia de negligencia, el pedido de la parte de cierre del plazo probatorio.
Competencia, contenido de la demanda, exposición de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: Oliveira, José Manuel c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ escrituración CMV.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-18

Para determinar la competencia, ha de estarse de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y después, sólo en la medida en que se adecue a ello, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión.