marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la vida, derechos no enumerados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

Si bien la defensa del derecho a la vida no contaba hasta la reforma de 1994 con una alusión expresa en la Constitución nacional, la protección devenía incuestionable de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 33 de la Ley fundamental. En efecto, al referir en esta última norma a los derechos implícitamente reconocidos, se está aludiendo a las previsiones estipuladas en aquellos ordenamientos normativos que regulan la cuestión de una manera decidida y enfática, como son no solo las normas de derecho común -artículos 79 y 88 del Código Penal, entre otros-, sino también en aquellos instrumentos de derecho internacional como son los Pactos, Convenciones y Declaraciones que, al referirse expresamente sobre Derechos Humanos, prestan especial atención al derecho a la vida y algunos, incluso, llegan a referir expresamente que el mismo comienza desde el momento de la concepción -artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica-. (Del Voto del Dr. Iribarren)
Personal policial, sumario administrativo, faltas disciplinarias
Materia: LABORAL
Carátula: Villarrubia, Oscar Alberto c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 44, Fº 315 bis/318, Nº 125 bis) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 44, Fº 315 bis/318, Nº 125 bis)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-05-19

La disponibilidad mencionada por el art. 135 del Reglamento de Normas para Sumarios Administrativos (Código Policial) - que implica el no ejercicio de las funciones específicas de su grado o cargo - se refiere a los supuestos contemplados por el art. 137 del mismo ordenamiento. Este último artículo prevé la procedencia de la disponibilidad cuando la permanencia del imputado sometido a sumario judicial y/o administrativo vinculado a las funciones inherentes a su cargo o grado, implique un obstáculo para la investigación de un delito o falta disciplinaria que se le imputa, cualquiera sea la gravedad de la misma o cuando el imputado se encuentre sometido a sumario administrativo que pueda dar lugar a su destitución.-
Prueba, absolución de posiciones
Materia: PROCESAL
Carátula: SANZ BALBINO c/ ASOCIACION  DEL  PERSONAL  DE  LA  ADMINISTRACION  PUBLICA PROVINCIAL s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-08-25

La invocación del error en la formulación de la posición realizada por el propio apelante debe descartarse de plano como defensa, pues este tipo de vicio no invalida el acto en nuestro derecho (art. 928 del Código Civil) y porque tal actitud queda lamentablemente próxima al menoscabo de los liminares principio de lealtad, probidad y buena fe, sabia moral de nuestro ordenamiento procesal vigente (art. 34 inc. 5, appdo. d) del C.P.C.C.).
Declaración indagatoria, extinción de la acción penal, plazo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Secco de Vilanova, Inés s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-07

La ineficaz comunicación del llamado a prestar declaración indagatoria, no puede quitar valor a la providencia que lo ordena ni posee virtualidad para interrumpir el lapso en el que la extinción de la acción por prescripción se produce.
Cuestiones de competencia, suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta, juez de ejecución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zapata, Angel s/ competencia". Causa n. : 2434.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-24

El señor juez de ejecución penal es el competente para el libramiento de las comunicaciones necesarias que permitan efectivizar el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas por el tribunal de juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, Constitución Provincial, juicio de apremio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Buendía, Eduardo Oscar s/ Apremio provincial - Recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-25

El objeto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov. y 299 y 300 del C.P.C.C.). De allí que la impugnación efectuada por este carril debe referirse a las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado que dan sustento a la declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, según el caso, demostrando su desacierto.(doctor Genoud, sin disidencia)
Concesión comercial, automotores, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACCESORIOS CA SRL c/ CAR ONE SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-08

Cabe rechazar la demanda, por cuanto de los elementos de prueba arrimados no surge que las tareas que realizaba la actora sean las propias de un contrato de concesión. Así, el contrato de concesión invocado por esta debió probarse por escrito, con base en la importancia económica del objeto del contrato (conf.

CCiv.: 1193). Este principio reconoce las mismas excepciones que la prueba de los contratos formales. Es decir que otros medios serán admisibles, pese a ser el objeto de un valor superior, cuando: A) haya un principio de prueba por escrito; B) Un principio de ejecución (que exime a quien lo ejecutó del deber de presentar un instrumento convencional escrito, pues cuando alguna de las partes ha cumplido la prestación está autorizada para emplear todos los medios de prueba enumerados en el CCiv.:

1190, ya que la prueba de la existencia de lo convenido puede resultar de la ejecución de la prestación).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, eximentes de responsabilidad del empleador, culpa grave del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: GALLIUSI, IVO c/ NEOCAL SAIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-06-09

No es indemnizable en los términos del artículo 1113 Código Civil el daño emergente de la explosión de una caldera, toda vez que el dependiente damnificado, autoridad máxima de un operativo de puesta en funcionamiento de la misma en el establecimiento de un cliente de su empleadora, siendo persona capacitada para la tarea, haya acercado imprudentemente su rostro al visor del artefacto, sin constatar la presencia del vidrio protector, faltante en el caso.
Obstrucción de la vía pública, dolo, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S, R.O. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

El punto en cuestión a resolver en los presentes obrados es si la conducta enrostrada al imputado se adecua al tipo contravencional descripto en el artículo 41 del Código Contravencional, con el grado de lesividad suficiente requerido por el artículo 1 del mismo cuerpo legal, para ser merecedora del juicio de reproche.

Esta conducta, debe ser dolosa, toda vez que nuestro ordenamiento contravencional no prevé el reproche del tipo culposo, en los casos del artículo 41, y en este sentido, corresponde recordar que el dolo requiere discernimiento, voluntad e intención de querer el resultado, estando prevista la forma culposa solamente en los casos que el Código Contravencional lo establece expresamente, circunstancia que no se advierte en la especie.

De las constancias obrantes en autos surge que ha sido acabadamente probado, que fue afectado el bien jurídico tutelado por la norma en análisis por el accionar del encartado, la que implica una clara agresión a la libre circulación y utilización por parte de los vecinos del espacio público, todo ello conforme al juego armónico del los artículos 1 y 41 del código de fondo.

Así, la conducta desarrollada por el imputado es dolosa.
IVA, modificación de la ley, ratificación del decreto, obligación tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ DGI. (Estado Nacional) s/ repetición DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La ley 23.871 no ha dispuesto la ratificación del decreto 435/90 (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi y del Dr. Gustavo A. Bossert).
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, trabajadores portuarios, indemnización por accidente de trabajo, pago, Ente de Contratación
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ, Nazario c/ MURCHINSON SA ESTIBAJES Y CARGAS Y OTROS s/ accidente 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

El Ente de Contratación es responsable de abonar a los obreros registrados los salarios o indemnizaciones que corresponden a los accidentes in itinere ocurridos al trabajador yendo a los lugares de contratación, o saliendo de éstos cuando han sido contratados por una empresa que no tiene empleador responsable ante la ley 9688. Pero cuando se trata de enfermedades adquiridas por el hecho o en ocasión del trabajo, el Ente no resulta responsable toda vez que dichas enfermedades derivan del hecho de la puesta a disposición de la fuerza de trabajo por parte del dependiente a las diferentes empresas para las que laboró.
Prevaricato del abogado, malversación de caudales públicos, depósito judicial, caducidad de instancia, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FLORES, Juan Carlos. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-11

Si el imputado, en su carácter de depositario judicial y abogado patrocinante de la damnificada, retiró sin devolver a aquélla una suma de dinero de un plazo fijo y surge del expediente administrativo en cuestión que con posterioridad al retiro dinerario, no impulsó el procedimiento, lo cual motivó que se decretara la caducidad de instancia, imposibilitando a la parte que patrocinaba defender sus intereses en el juicio en cuestión, su procesamiento en orden a los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricato debe ser confirmado.

Ello en tanto "el perjuicio, que no necesariamente tiene que tener carácter económico, puede traducirse en la pérdida de la causa (sentencia contraria) o de otras alternativas procesales, por ejemplo, el vencimiento del término, la omisión de pruebas, no utilizando recursos legítimos, dejando prescribir la acción, provocando con la inactividad procesal la perención de instancia, etc." (*).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: DANIEL JAIT y otra c/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES  S.A. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  -  SENTENCIAS  ARBITRARIAS -  CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que declaró la caducidad de la segunda instancia, omitiendo considerar los argumentos de la parte en el sentido de que los procedimientos se hallaban suspendidos en virtud de las leyes 23.082 y 23.169 y la suspensión de los procedimientos declarada por el juez de primera instancia.
Marcas, marcas confundibles, cotejo de marcas, uso de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: TORRES  MORENO ADOLFO c/ SIGI SA s/ cese de oposición al registrode marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-27

Aunque las marcas tengan un elemento coparticipado de uso genérico, ello no lo elimina del cotejo, pues los signos enfrentados deben ser juzgados, como totalidades, sin desmembraciones artificiales (conf. Sala II, causa 10.499/94 del 8-4-97). Cuando concurre esa circunstancia, para que los conjuntos adquieran el rasgo de ser de fácil distinción es preciso que el ingrediente disímil tenga una potencia diferenciadora capaz de contagiar su peculiaridad a todo el conjunto, dando como resultado un signo de originalidad suficiente, insusceptible de producir el recuerdo de la marca opuesta (conf. esta Sala, causa 2756/99 del 28-3-03; Sala II, causa 8966/93 del 11-2-03).
Contratos civiles, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Penedo, Ricardo P. c/ Principiano, Jorge A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-11

La circunstancia que uno de los contratantes no haya utilizado los mecanismos extrajudiciales para resolver el contrato, toda vez que si bien intimó al otro al cumplimiento, no lo hizo bajo apercibimiento de resolución, ello no impide el planteo de una pretensión judicial tendiente a que se decrete la misma (doc.

artículo 1204 "in fine" del Código Civil).
Conciliación, estafa, extinción de la acción, delito de acción pública
Materia: PROCESAL
Carátula: G., L. y otros c/  s/ falta de acción-estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-28

La defensa consideró que el acuerdo conciliatorio al que arribaron las partes (art. 59, inciso 6, del CP según ley 27.147) extinguía la acción pero los vocales señalaron que "..el acuerdo celebrado en el caso no conduce a la solución pretendida sobre la base de lo establecido en el artículo 59, inciso 6º, del Código Penal (texto según ley 27.147). En efecto, el trámite del sumario se rige por la ley 23.984 -que no contempla la posibilidad de una conciliación en delitos de acción pública- y el decreto Nº 257/2015 ha suspendido la entrada en vigencia de la ley 27.063, por lo que la disposición del artículo mencionado no resulta aplicable, en tanto remite a la legislación procesal respectiva (de esta Sala, causas números 33.944/2015, "B., L.", del 10 de febrero de 2016; 77.747/2016, "R., M.", del 22 de diciembre de 2017; 24.998/15/3, "L., A.", del 13 de julio de 2018; y 70.129/18, "G., I.", del 14 de diciembre de 2018)."
Régimen penal tributario, sanciones tributarias, clausura del establecimiento, acta de comprobación, notificación, valor probatorio, fijación en la puerta, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: HSIEH LI FENG s/ Medidas Precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-18

1 - La ley que rige en materia de procedimiento tributario establece las formas de notificación, señalando la manera en que deben proceder los funcionarios para llevarlas a cabo y establece, también, que las actas que ellos labren hacen fe mientras no se demuestre su falsedad (Cf. art. 100, inc. b, ley 11683). En dicha norma está previsto la fijación, en la puerta del domicilio, de un sobre cerrado y firmado con copia de la resolución cuando no hubiere ninguna persona en el lugar dispuesta a recibir la notificación o firmar el acta y si bien dicha ley de procedimiento tributario establece que cualquiera de los domicilios de un contribuyente tiene valor de domicilio constituido a los fines de la validez de las notificaciones, no se advierte la razón en la causa de haber optado por dirigirlas a un lugar distinto de aquel en el cual el organismo inspeccionó el comercio del contribuyente, siendo además que ante el inconveniente con que tropezaron los funcionarios, resultaba atinado intentar una nueva diligencia en el referido local comercial de donde, en tales condiciones, la atribución legal de dar valor de notificación a la frustrada diligencia de que se trata resulta un ejercicio abusivo de dicha facultad. (Del voto en disidencia del Dr.

Hendler).- 2 - Aún cuando el carácter fehaciente del acta acredita el hecho de haber puesto el sobre cerrado conteniendo copia de la resolución en la puerta, eso no acredita que el destinatario de la comunicación la haya recibido y ninguna disposición de la ley autoriza a dar por decaído el derecho de un contribuyente por el transcurso de un plazo del que no haya podido enterarse, pues si así se interpretara esa ley se hallaría en pugna con el derecho de defensa en juicio, lo que tendría que ser declarado por el Juez que entendió en el amparo (art. 43 de la Constitución Nacional). Además, en rigor, la ley tampoco dice que la colocación del sobre en la puerta equivalga a la notificación y una cosa es que los funcionarios hayan cumplido con las diligencias que la norma indica y otra es que eso tenga determinada consecuencia legal para quienes no hayan participado de las diligencias. (Del voto en disidencia del Dr.

Hendler).- 3 - Tal omisión en la notificación restringe ilegalmente el derecho de defensa en juicio del demandante a quien se priva de la posibilidad de recurrir de una resolución sancionatoria de cierta gravedad - la clausura del local de su comercio y una multa - lo que resulta manifiestamente ilegal y debe hallar remedio por la vía del amparo. (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Instrucción, etapas del proceso, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B., J. s/ Denuncia Robo con Arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-02

El reconocimiento en rueda de personas es un acto procesal complejo e irreproducible, ya que no puede el imputado estar integrando distintas ruedas para que quien lo va a reconocer rectifique o ratifique su examen, debiendo ser valorado prudentemente y juntamente con las demás probanzas habidas en la causa.
Seguros, seguro de caución, póliza, liberación del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALBA  CIA  ARGENTINA DE SEGUROS  SA c/ CIELMEC  SA  Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

No procede liberar al asegurador que demando al tomador y a los fiadores, principales pagadores de todas las deudas existentes, la reintegración de las pólizas de seguros de caución, con el fin de desobligarse, por cuanto el seguro de caución no constituye una fianza, contrato con el que existen notorias diferencias, toda vez que aquel se caracteriza por la intervención de tres partes y la necesaria conexión entre dos contratos, cuyos sujetos son el asegurador, el tomador y el asegurado, siendo este último la única parte legitimada para acceder a la pretensión esgrimida, por ser el beneficiario de las pólizas emitidas y por su calidad de acreedor de las prestaciones asumidas en los contratos garantizados (en el caso, la circunstancia que el tomador hubiera reintegrado al asegurador algunas de las pólizas contratadas no constituye un argumento válido para sustentar el reclamo sino que la decisión de proceder o no a dicha devolución le concierne al asegurado).
Derechos del niño, derecho del menor a ser oído, defensor de menores, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: LISSA c/ TATA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-05

1- La intervención del Ministerio Público de Menores resulta indispensable en todas las actuaciones y cuestiones en las que se encuentren involucrados intereses de un menor de edad, y las actuaciones cumplidas sin su participación acarrean la invalidez de los pronunciamientos dictados en esas condiciones (art. 59 Código Civil). Esta situación compromete el derecho de defensa, el debido proceso, el de derecho a la justicia y el derecho a ser oído con relación a los menores.

2- De tal manera, si no se dio intervención a la Defensora de menores con posterioridad al acuse de caducidad de la instancia, no corresponde decretarla porque de cumplirse la vista a la funcionaria pública , pudo haber suplido cualquier inactividad en la causa.

(Sumario N°19127 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RONCHIETTO MARIO E. c/ CONSEJO PROF. ING. ARQ.AGRI. Y GEOLOGOS DE MZA. s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: A130 - 328)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-13

"...el inc. III del mismo art. 94, dice que si ese conocimiento del acto irregular, resulta de una forma determinada, esto es "de una presentación al expediente", el afectado ya no tiene el plazo de cinco días, sino que su impugnación la debe efectuar en "esa misma presentación". Se advierte con claridad que se trata de una forma de consentimiento tácito en donde el conocimiento del acto pasible de nulidad, no resulta de cualquier forma (como en el supuesto del inciso anterior), sino de una manera específica cual es, mediante la presentación al expediente.

Pero en definitiva lo que interesa es el conocimiento del acto que en este caso la ley presume por vía de esa presentación.

La convalidación a su vez, se produce por la falta de impugnación en el modo y término que prescribe la ley, es decir en ese mismo escrito. Nuestra ley formal, no exige, que para que se tenga consentido tácitamente el acto con la presentación al expediente, deban o puedan examinarse los autos o éstos deban encontrarse en una forma o lugar determinado. Adviértase que cuando el legislador quiso contemplar esos extremos así lo previó, como por ejemplo en el art. 67, en donde al normar la notificación "en el expediente" consignó que el profesional examine el mismo.

Lo que indudablemente surge de la norma no es que el escrito o presentación se encuentre dentro o fuera del expte., o agregada en ese mismo momento o con posterioridad, sino que el conocimiento del acto viciado resulte de ella y no se lo impugne en esa oportunidad.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, interpretación de la ley, cuestión abstracta, jueces, equidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

En nuestro régimen provincial encontramos hipótesis en las que un determinado proceso (el caso concreto) no es más que la ocasión de un pronunciamiento sobre la interpretación de la ley que asume carácter abstracto al pretenderse que sus efectos se extiendan a todo caso futuro en que dicha ley tenga que ser aplicada. En nuestro recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal, el objetivo de la sentencia es establecer "la interpretación de la ley penal aplicable, la que será obligatoria para la Cámara de Apelación en lo Penal durante el plazo de cinco años contados desde la fecha del pronunciamiento" (artículo 488, Código Procesal Penal). No cabe duda que respecto de los casos futuros ese pronunciamiento se da "en abstracto". Y si esto es así, ¿por qué no reconocer que el pronunciamiento en abstracto fuera de la ocasión de un proceso determinado es algo aceptable como procedimiento legislativo? (Del Voto del Dr. Crippa García -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reggioso, Jorge Adrián c/ Moroni, Mariano Andrés y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

La valoración de la conducta del actor en el proceso, como la conclusión referida a que no se ha configurado una situación que autorice al accionante a permanecer inactivo y a la espera de un "acto impulsorio" de la contraria, constituyen cuestiones de hecho sobre las cuales la Corte no puede entrar a juzgar, salvo el supuesto excepcional de absurdo.