marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Mutuo comercial, escritura pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FILCA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ZAPALA s/ ACCION PROCESAL ADMN
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1986-04-30

SI EL ENTE BANCARIO NO TOMO LOS RECAUDOS NECESARIOS AL FIRMAR LA ESCRITURA PUBLICA EN QUE SE INSTRUMENTABA EL MUTUO CONCEDIDO, DEBE CARGAR CON LOS DAÑOS QUE SU OBRAR LE HA EROGADO.
Concursos, fuero de atracción, ejecución prendaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B.U.C.I. Coop. Ltda c/ Enrique Sanz I.C.A.S.A. s/ Ejec - Prendaria (LIBRO: S154 - 022)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-07-05

Los acreedores privilegiados con garantía prendaria, no comprendidos en el acuerdo, pueden ejecutar la sentencia de verificación ante el juez que corresponda, según la naturaleza de sus créditos. No rige para el acreedor prendario el fuero de atracción.-
Competencia, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Juzgado de Paz de Esquel s/ Presunta infracción a la Ley Provincial n° 90 G., A. H. s/ Homicidio s/ Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-02|2011-04-14

El Código Procesal Penal -Ley 5478 ó Ley XV n° 9-, artículo 423, derogó las leyes 3155, 4143, 4566, 4743, y toda otra norma que se le oponga.

Se advierte que la Ley 2364 -ó Ley I 90- no ha sido abolida por el procedimiento ahora vigente, ni expresamente (ella no aparece en el artículo 423), ni implícitamente, ya que el ritual aplicable al régimen de prohibición de los Juegos de Azar desautorizados no contraría al nuevo sistema adjetivo.

La jurisdicción y competencia de los Jueces para intervenir en la sustanciación o juzgamiento de delitos no implica negar que esos mismos Magistrados deban continuar ejerciendo la judicatura ante los casos que prevé la regla anterior en el tiempo y especial.

Ambos ordenamientos subsisten armónicos y consistentes según mandan dos actos legislativos independientes pero articulados. La interpretación según la cual los Jueces no deben juzgar las infracciones de marras, y sí deben hacerlo los Jueces de Paz, necesita reñir con los artículos 16 y 19 de la Ley I 90- es decir, fulminar la voluntad de la Legislatura local.

Evidentemente un entendimiento que requiere tal esfuerzo no puede admitirse: abusa de poder la decisión de los Magistrados que genera la expansión de sus atribuciones hasta usurpar las que corresponden con exclusividad a los representantes del Pueblo (vide Constitución Provincial, artículo 135 incisos 19 y 27 in fine).
Cesión del establecimiento, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ORELLANA PEDRO RICARDO c/ CIA. ARGENTINA DE TEL╔FONOS S.A. s/ PAGO DE HABERES, ETC.-CASACION S.A. s/ PAGO DE HABERES, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-07-11

La tutela que la ley de contrato de trabajo otorga a los crÚditos laborales en ocasión de la transferencia de establecimientos tiene vigencia en los procesos de privatización de los servicios de telecomunicaciones, existiendo en consecuencia, solidaridad entre el transmitente y el adquirente.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, rechazo de la demanda, base regulatoria, monto de la demanda, sentencias de segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: SIGLO XXI COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE REASEGURO s/ REASEGUROS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-24

Es jurisprudencia reiterada de nuestros tribunales -que la nueva ley 24.432 no modificó -, que para determinar la entidad económica de un pleito a los fines regulatorios, debe partirse del principio según el cual el interés económico discutido no varia según que la pretensión deducida prospere totalmente o sea rechazada. A esos efectos, la misma trascendencia tiene el reconocimiento de un derecho como la admisión de que el supuesto derecho no existe. De ahí que, ante la alternativa de rechazo de la demanda, deba computarse, el valor intrínseco de aquélla, aplicándose analógicamente las reglas que rigen el supuesto de demanda totalmente admitida (cfr. esta Sala, Causas N° 4032 y 11648 del 12.8.94, 10101 del 26.9.94, 1462 del 6.4.95, entre muchas otras; asimismo cfr. CNCom, Sala A, del 31.10.84, LL 1985-A, 109; Sala E, del 14.6.85, LL 1985-D, 535, Idem del 25.2.93, LL 1993-C, 460; Sala D del 28.2.91 LL 1992-B, 607; Sala B, del 15.8.89, LL 1990-A, 312, Idem. del 21.2.92, LL, 1993-A, 109; CNCivil.

Sala C del 29.2.84, LL 1985-C, 639; Sala A, del 10.2.93 LL, 1993-C, 460, entre muchas otras).
Daños y perjuicios, vicios redhibitorios
Materia: CIVIL
Carátula: Serro, Rubén O. y otra c/ Cardinale, Carlos A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

Cabe hacer lugar a la demanda por los daños y perjuicios derivados de la existencia de vicios redhibitorios, verificados en el inmueble adquirido por la actora, en tanto conforme surge de los informes técnicos y periciales, la construcción presenta graves deficiencias edilicias, que no pudieron ser advertidas por el comprador y que, de haberle sido informado el estado que presentaba la vivienda, otra habría sido la elección u otro el precio que habría pagado.
Jubilación ordinaria, personal embarcado, dragados, trabajo insalubre, equivalencias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "VON DIEZELSKI, ALFREDO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

La capacidad física restante que permitió al titular seguir trabajando no puede ir en detrimento de la posibilidad de una mayor cuantificación de la prestación cuando, en análoga situación, al trabajador incapaz sí se le permite mejorar el haber de la prestación (cfr. régimen para minusválidos, ley 20.475), lo que implica colocar en una situación de desigualdad ante la ley a aquel que continúa trabajando en una actividad insalubre. En consecuencia, el exceso de años debe ser reconocido en igualdad de condiciones que aquellos que correspondieren a quienes exceden los años necesarios en el régimen general. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).
Transporte aéreo de carga, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, franco Poincaré
Materia: AERONAUTICO
Carátula: El Cabildo Cía. Arg. de Segs. Grales.  S.A. c/ Aerolíneas Argentinas y otra (Aero Perú) s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-10

El Sr. Juez aceptó como límite de responsabilidad para el transportista de la mercadería faltante la equivalencia de u$s20 para los 250 francos Poincaré (que contempla por kilogramo el apartado 2-a) del artículo 22 de la Convención de Varsovia, según versión del Protocolo de La Haya de 1955), según la estimación aproximada que se fija al dorso de la carta de porte. Sin embargo los artículos 23 y 24 del Tratado consagran un criterio estricto para apreciar la derogación contractual de sus disposiciones o la de las cláusulas por la que se tienda a reducir el límite inferior de responsabilidad del porteador aéreo. Aunque sea ésa la solución seguida por la I.A.T.A. (tomada del fallo de la Suprema Corte norteamericana en el caso "Franklin Mint. vs. T.W.A." en el que el tribunal estimó que para el valor del oro debía adoptarse la paridad de la onza Troy del año 1978, última equivalencia fijada por la ley y que determinó para dicha onza la cantidad de u$s42,22), debe mantenerse el procedimiento de conversión del franco Poincaré que ha sido acogido en numerosas decisiones de esta Cámara, esto es: como 1 franco Poincaré contiene 0,05895 g. de oro fino, el valor de éste debe tomarse de su cotización libre en los mercados internacionales (1 onza Troy 31,10348074 g. de oro fino) a la fecha de la sentencia final.
Recurso de casación, discrepancia del recurrente, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: AGROVAL S.A. c/ CABADAS ALVARO Y OTROS s/ REIVINDICAION Y DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-17

Estando cuestionada la aplicación de una norma de carácter procesal, no resulta suficiente a los fines de la apertura de la instancia extraordinaria, la sola exteriorización de un punto de vista discrepante con el Tribunal a-quo y acorde con el personal enfoque formulado por el impugnante, sino que es menester demostrar el quebrantamiento palmario de las leyes de la lógica o la denuncia de la infracción a la normativa en cuestión, extremos estos que, no solo deben estar alegados sino que deben quedar perfectamente acreditados.
Teoría del delito, concurso de delitos, concurso real, tenencia ilegítima de armas de guerra
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Liendro, Evaristo A. y Rey, Miguel A. s/ recurso de casación casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-14

En el delito de tenencia ilegítima de arma de guerra el bien jurídico tutelado es la seguridad común, ante la amenaza de quien tiene a su alcance el medio idóneo para hacer efectivo el evento lesivo hacia la integridad de las personas y de los bienes. Dicha figura se trata de un delito de peligro abstracto de carácter permanente, el que su consumación comienza a partir del momento en que, sin la debida autorización, se tiene un arma de guerra o se tiene uno de los materiales a que se refiere el inc. 1° del art. 189 bis. Esto puede suceder tanto si la autorización no se solicitó o no se obtuvo, como si caducó la obtenida. (Voto del Dr. Tragant).
Recursos, Ministerio Público Fiscal, resoluciones judiciales, planteo oportuno
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público Fiscal de la CABA - Unidad Especializada en Litigios Complejos s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Observatorio de Derecho Informático Argentino O.D.I.A. y otros contra G.C.B.A. Sobre Otros Procesos Incidentales - Amparo - Otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-13

Corresponde dar por concluido el trámite de la queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal dirigida a cuestionar, en último término, la resolución del juez de primera instancia que, en el marco de un amparo, rechazó un planteo de nulidad. Ello así, toda vez que del estudio de las actuaciones se desprende que la resolución cautelar cuya nulidad en definitiva persigue el Ministerio Público Fiscal recurrente, ha perdido vigencia. Esto se debe a que su alcance fue modificado por la Cámara de Apelaciones al disponer que mantendría sus efectos hasta el dictado de la sentencia definitiva, circunstancia que ya se ha verificado. En ese contexto, más allá de la razón que hubiera podido asistir a la quejosa al articular sus planteos, lo cierto es que su pretensión de nulidad ha perdido actualidad puesto que, al haber agotado su vigencia la medida cautelar impugnada, no subsiste ningún interés jurídico concreto en obtener la nulidad reclamada. Así las cosas, el planteo de nulidad ha devenido abstracto. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe. Voto compartido por el juez Santiago Otamendi).
Cheque, extravío del cheque, multa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Graneros y Elevadores Argentinos de Colón Sociedad Cooperativa Ltda. s/ Interpone recurso art. 64 Ley 24452
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

La entidad bancaria que aplica la sanción prevista en el art. 62 de la ley 24452 es un tercero para quien los problemas internos de la cooperativa -titular de la cuenta corriente- resultan ajenos, pues los actos de sus representantes han de reputarse realizados por la entidad que opera con el banco (arts. 63, 72 y 73 ley 20337). Si el apelante tenía conocimiento de las irregularidades internas y estando a su alcance comunicarlo al banco para evitar el pago del cheque art.5 ley 24452- no lo hizo, debe hacerse cargo de su propia negligencia y abonar la multa impuesta.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, Cándido s/ Abuso de armas y amenazas en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

Las risas y charlas en voz alta no pueden considerarse como agresión ilegítima de las víctimas. Y aún aceptando que ello perturbara a quien se considera con derecho a descansar, existen en el ordenamiento jurídico múltiples formas de hacer cesar dicha actitud, y no la utilizada por el acusado como remedio de tales actitudes.- MINORIA U OPINION PERSONAL)
Quiebra, autorización para viajar, sociedad anónima, síndico de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: TOYTRADE SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-02

La prohibición de viajar al exterior sin previa autorización judicial se limita a los administradores y socios solidarios de la sociedad fallida (lc: 26 y 107). De tal suerte, el síndico de una sociedad anónima no se encuentra comprendido en la restricción legal, por no ejercer la administración ni representación del ente, pues su función exclusiva consiste en la fiscalización, conforme LS:

225, 268 y 294.
Responsabilidad penal, accidente de tránsito, falta de licencia de conducir
Materia: PENAL
Carátula: S., D.; H., N.; I., D. s/ Lesiones en Accidente de Tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-10-20

A los efectos de la responsabilidad penal por accidentes de tránsito la falta de la credencial habilitante constituye sólo una presunción en contra, susceptible de ser destruida por pruebas opuestas.
Renuncia tácita, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: Aguilera, Javier Julio y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad  Diferencias Salariales Ortiz, Héctor Rafael y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-28|2000-12-28

La renuncia, en sentido amplio es el acto jurídico por el cual alguien se desprende de un derecho, remite una facultad propia.

El acto propio, a su vez, es un principio según el cual nadie puede alegar un derecho que está en pugna con su propio actuar, y que consiste en una conducta que crea objetivamente confianza en otra persona, acerca de que el sujeto mantendrá ese comportamiento. Es la "promesa de conducta coherente", cuya violación repugna el principio de la buena fe, puesto que ha generado una expectativa en la contraria de que su accionar estaría en consonancia con las conductas anteriores. Su fundamento es ético y reside en la probidad y en el impedimento para realizar actos abusivos.
Acceso a la justicia, criterio de razonabilidad
Materia: CIVIL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLAGRA, Enrique Omar s/ Abuso de autoridad -Recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-02-19

El afectado por el delito no agota su derecho a acceder a la justicia con la sola presentación del conflicto ante los estrados tribunalicios; debe asegurársele además, que éste será dirimido en un lapso prudencial. Ello es relevante pues entonces, frente al caso concreto, y junto al derecho del imputado, también deberá conjugarse la tutela de la víctima, y -mediatamente- el interés de la sociedad toda en la aplicación de la ley. Lo contrario embargaría, en principio, la garantía de razonabilidad del tiempo insumido en el proceso, que sitúa al damnificado y al acusado en un pie de igualdad ante la actuación de la justicia (arts. 16, C.N., 14.1, PIDCYP).
Combustibles, abastecimiento de combustibles, acción de repetición, prescripción decenal, pago indebido
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Y.P.F.   S.E. c/ J.B.  Marítima S.A. y J.A. Banco. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-03

Descartado que la actora hubiera "comprado" los fluidos a la demandada y, en consecuencia, que hubiera pagado por ellos precio alguno, no se advierte la razón que pudo llevar al sentenciante a sostener que correspondía aplicar a la acción respectiva el plazo correspondiente al reclamo fundado en el pago indebido, pues es claro que no medió ningún pago que pudiera servir de antecedente a la aplicación de ese instituto (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso de inconstitucionalidad, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fernández, Gabriel en j: Figueroa, Ricardo c/ Gabriel Fernández s/ Desalojo - Queja por apelación denegada (Libro: A019A-092)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1951-11-07

La sentencia que desestima la incidencia de acogimiento a los beneficios del art. 20 de la ley 13581 -suspensión de desalojo- tiene el efecto procesal de dar por terminada la contienda y de abrir el camino de ejecución de la parte de la sentencia que ordena el desalojo. En tal virtud resulta idónea, bajo el punto de vista formal, a los efectos de la apertura de la instancia mediante recurso de inconstitucionalidad.
Riesgos del trabajo, Constitución Nacional, control de constitucionalidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Llosco, Raúl c/ Irmi SA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12

No existe interdependencia o solidaridad entre los preceptos de los que se valió el actor para obtener de la aseguradora lo que le era debido por ésta, y el art. 39.1 que exime de responsabilidad civil al empleador.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chaves, Ricardo c/ Amorena, Osvaldo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Si bien el recurso abre la jurisdicción de la Alzada a los efectos de resolver sobre la justicia de dicha sentencia, en materia alguna posibilita fallar sobre las peticiones formuladas en segunda Instancia con prescindencia de las cuestiones planteadas ante el Juez de Primer grado, pues el tribunal " ad-quen " carece de atribución para resolver sobre capítulo alguno que no hubiere sido propuesto a decisión del Inferior.-
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: YBARRA DE MILLA ROSA RAMONA c/ ARMIJO JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

La petición formulada por un tercero no puede ser considerada como acto de impulso procesal idóneo para interrumpir el curso de la perención.-
Incidente de nulidad, error judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: MARIA ESTHER JUAREZ DE VALDEZ c/ EL RANCHILLEÑO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INCIDENTE DE APELACION DEDUCIDO POR LA ACTORA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1994-02-03

El incidente de nulidad no es la vía idónea para subsanar errores "in iudicando", para los cuales no está habilitada la vía de la nulidad, no procede cuando los vicios imputados no hacen a "como el juez debe proceder", sino al "como debe decidir", y por tanto no se puede por esta vía pretenderse la revisión de la sentencia por un presunto error en su juicio o razonamiento.
Delito penal, torturas, apremios ilegales
Materia: PENAL
Carátula: B., H. s/ Modificacion Procesamiento (Expte Nº 231-98, Resolución Nº  23, Tomo  4, Folio 455)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-19

La tortura, tal como se encuentra tipificada en nuestro Código Penal, no requiere de ningún modo o medio específico de consumación. Es así como resulta posible concebir su realización a través de la actuación de una sola persona o de varias, y tanto merced a algún mal trato aplicado en un solo momento, cuanto a través de malos tratos prolongados en el tiempo; a su vez, dentro de la última de las alternativas expuestas puede pensarse en que la tortura se constituya por graves y sucesivos malos tratos, en que se constituya por leves pero múltiples malos tratos, o que lo haga por un incremento sucesivo en la gradación de malos tratos dispensados. Pues bien, cuando se considera un hecho concretado con la eventual participación de varias personas, sobre todo en las dos últimas de las posibilidades expuestas, el factor subjetivo adquiere singular relieve. Es que no toda sucesión de malos tratos, aún aplicados en un mismo lugar geográfico y aunque produzca un resultado altamente gravoso, nos coloca ante una tortura reprochable, ya que pueden tratarse de hechos distintos, protagonizados por personas distintas y sin acuerdo entre ellas. Esto aunque desde su sufrimiento la víctima no lo sienta así.
Cómputo de intereses, accidentes de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Género Carlos Antonio c/ CAN ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-26

Los intereses de la indemnización por accidente corren desde la fecha del siniestro. El hecho generador de la incapacidad laboral de la trabajadora determina el momento en que nace su derecho a percibir la indemnización que estipula la ley Nº 24.557, pues durante el tiempo transcurrido entre el nacimiento del derecho y el momento en que ésta es reconocido administrativa o judicialmente se devengan intereses, que deben ser soportados por el deudor. De lo contrario se estaría beneficiando a la deudora a costa de la acreedora, quien ha debido iniciar este proceso para obtener el reconocimiento de su derecho a ser indemnizada por la minusvalía que padece. (Del voto de la Dra. Vázquez, en mayoría).
Interpretación de la constitución, Derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Usuarios y Consumidores Unidos c/ Secretaría de Energía de la Nación y otros s/ ley de Defensa del Consumidor c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-23

La Constitución tiene la condición de norma jurídica y, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que estos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en debate un derecho humano. -Del precedente "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad" (Fallos: 339:1077) al que la Corte remite-
Prueba, juicio sumario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: URRICHE HORACIO EDMUNDO c/ JUAN M. AYALA Y EMILIA NURIMAR SAT s/ Cobro de Pesos (LIBRO: S149 - 316)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-30

Pero, esta facultad otorgada por la norma legal, no lo autoriza modificar los términos en que quedó trabada la litis, alegando hechos o circunstancias que cambien la pretensión y que no fueron expuestos en la demanda. En definitiva, solo debe admitirse la ampliación de prueba por el actor, en juicio sumario, cuando ella no conduzca a acreditar hechos que le incumbía afirmar, proponiendo su prueba en la demanda inicial. Y ello así, aún cuando fuera el demandado quien se refiere a esos hechos en el responde donde los niega, discute o presenta de manera diversa a la hipótesis legal en juego.-
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: T., J.P. c/ M., E.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-11

En el ámbito de los daños provocados "por la cosa", a quien reclama indemnización le basta con demostrar su contacto con la cosa generadora de riesgo, la propiedad o guarda de ella por el demandado y el daño sufrido, presumiéndose por imperio legal la existencia de relación causal entre este último y el riesgo creado. Desde que la responsabilidad que se le endilga al dueño o guardián se asienta en un factor legal de atribución puramente objetivo, su culpa no es extremo exigido a ese fin por la disposición legal. Exigirle al actor que pruebe la conducta culposa del dueño, guardián o su dependiente como presupuesto indefectible para responsabilizar a aquéllos, importaría imponerle una carga sin asidero normativo, mereciendo recordarse en este aspecto que la ley ha de aplicarse estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido, sin extender el mismo añadiendo requisitos que la letra legal no establece.
Elecciones, sufragio
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Justicialista - Distrito Neuquén - s/ presentación suma de candidatos boletas PJ. - UCD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

La función electoral del sufragio se cumple mediante las elecciones, que son procedimientos a través de los cuales el pueblo elige a sus autoridades.