Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-03-27


AUTOS N° 21.561 (C.C. SALA 1° - 9° JUZGADO CIVIL- N° 113.715), "QUIROGA, Eliana Edita C/ González, Salvador Santiago y Otro - Daños y Perjuicios".

L. DE A. T° 186, F° 74/79 SAN JUAN, 27 de marzo del año dos mil trece.

Y VISTO:

Para resolver en estos autos N° 21.561 (C.C. sala 1° - 9° Juzgado Civil- N° 113.715), caratulados: "QUIROGA, ELIANA EDITA C/ GONZÁLEZ, SALVADOR SANTIAGO Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS" , el recurso de apelación articulado a fs. 96 por la actora, quien actúa por medio de apoderado, contra la resolución de fecha 29 de octubre de 2012, obrante a fs. 92/94 vta., dictada por la Juez Titular del 9° Juzgado Civil.

Por medio de la sentencia cuestionada el a quo resolvió hacer lugar al planteo de caducidad de instancia deducido por la parte demandada, Carlos Salvador González, con costas a la vencida, regulando los honorarios del Dr. Carlos Manuel Sánchez Bustos, por su actuación profesional en el incidente resuelto y en doble carácter como ganancioso en un 6,6% de la base regulatoria que corresponda y los del Dr. Hipólito Fernández, en doble carácter y como vencido en un 4,62% de la base regulatoria que corresponda.

Para así resolver consideró que desde la fecha del último acto impulsorio, proveído de fecha 26 de septiembre de 2011, obrante a fs. 78, y hasta la fecha de interposición de la caducidad (10/09/12- fs. 86), transcurrió el plazo de caducidad (seis meses) establecido en el art. 274, inc. 1° del C.P.C., computado del modo establecido en el art. 275 ibídem.

Contra la citada resolución se alzó la actora, quien a fs. 100/101 expresó agravios manifestando que es errónea la decisión ya que si existen actos impulsorios del proceso como la firma del oficio al Registro del Automotor N° 5 de la Provincia, que junto con el formulario 02 de informe de dominio su parte había dejado a la firma del a quo, a fin de averiguar quién era el titular registral del vehículo protagonista del accidente e integrar la litis y poder continuar el juicio. Que prueba de ello es la constancia en el expediente donde con lapicera se escribió la frase "OFICIO Y FICHA 30/3/12", además de haber quedado registrado en el proceso en salida a letra, constancia que agrega.

Que el oficio firmado nunca fue retirado por su parte, ni enviado por el Tribunal al Registro por no encontrarse el mismo en el expediente, ya sea porque se extravió o por haber sido sustraído por alguien a quien el oficio perjudicara procesalmente.

Afirma que hubo un acto idóneo para continuar el proceso (oficio y ficha) y que no fue considerado en la sentencia.

Agrega, que además los plazos comienzan a correr desde la última actuación del Tribunal, es decir desde el 02/04/2012, día en que el juzgado lo sacó a letra, según el sistema informático del mismo, y como consecuencia no han transcurrido los seis meses hasta que el demandado interpuso la caducidad, por lo que solicita sea revocada la sentencia.

También se agravia al no considerar como impulsorio al escrito de fs. 84 por el cual su parte desiste de la acción contra una de las partes y peticiona sobre la imposición de costas.

Que se resolvió parcialmente la declinación de la cobertura, sin considerar el desistimiento contra la aseguradora y las costas, el que debió ser resuelto para continuar el trámite, y agrega que, más aún si su parte no fue la que impulsó la citación del tercero, dando lugar a lo establecido en el art. 275, inc. 6 del C.P.C., al estar pendiente una resolución por parte del Juzgado, no corren los plazos para la caducidad, por cuanto considera que el Tribunal debió rechazar la citación y no diferir el tratamiento, o formar actuaciones por separado sobre la declinación de cobertura y resolver sobre las costas.

Se agravia también de la regulación de honorarios al fijar porcentajes, no fijar la base regulatoria y no cumplir con el art. 72, imponiendo las costas por su orden o en su caso eximiendo de costas a su parte, lo que solicita.

Corrido traslado a la contraria a fs. 103/106 lo contesta pidiendo su rechazo, en relación a la anotación obrante a fs. 83 vta., que carece de firma, no constituye un acto con entidad suficiente para interrumpir el plazo de la perención. Agrega que no puede ser considerado dicho argumento por la Alzada, ya que no fue introducida la cuestión por el recurrente en primera instancia y por ende no ha sido tratado en la sentencia recurrida.

En cuanto al segundo agravio, esto es el escrito presentado a fs. 84, donde desiste de la acción contra la Aseguradora y solicita imposición de costas, entiende que el escrito es inoficioso ya que el a quo había resuelto la declinación de la citación en garantía a fs. 78, la que se encuentra firme, además de considerar que no constituye técnicamente una expresión de agravios, ya que no hay una crítica concreta y razonada de la parte del fallo que el apelante considera equivocada.

En cuanto a las costas considera que resulta improcedente desde que simplemente se ha dispuesto fijar un porcentaje de la base regulatoria que corresponda, debiendo en todo caso formalizarse la discusión al momento de formalizar la base regulatoria.

Elevados los autos a la alzada, a fs. 112 obra el certificado de pase de los autos a resolver.

Y CONSIDERANDO:

Entrando al tratamiento del recurso articulado adelantamos opinión en sentido contrario a su admisión.

El instituto de la perención de la instancia es un modo anormal de extinción del proceso, cuyo fundamento -en definitiva- radica en la presunción de desinterés que exterioriza esa inactividad, a la vez que su propósito responde a la necesidad de evitar la duración indeterminada de los juicios, como medio de proteger la seguridad jurídica.

En primer lugar y siendo de aplicación la normativa del Código Procesal Civil N° 8.037, el plazo de seis meses previsto en el inc. 1, del art. 274, es aplicable al caso de autos.

Analizando el primer agravio referido a que han existido actos impulsorios del proceso, según constancia obrante a fs. 83 vta., el mismo no puede ser analizado en esta instancia, en virtud de lo dispuesto por el art. 262 del C.P.C., atento a que no ha sido motivo de análisis y decisión por parte del a quo, ya que no fue articulado oportunamente al momento de contestar el traslado de la perención que oportunamente se le cursara.

En relación al segundo agravio, el apelante manifiesta que desistió de la demanda contra la compañía aseguradora y pidió costas, sin que el a quo haya resuelto su planteo por lo que correspondería la aplicación del art. 275, inc. 6 del C.P.C.

En este caso cabe acotar que cuando la compañía aseguradora La Equitativa del Plata Sociedad Anónima de Seguros fue citada, la misma declinó la defensa y opuso excepción de falta de legitimación pasiva, contestando subsidiariamente la demanda (fs. 69/74 vta.), el a quo mediante resolución obrante a fs. 78, de fecha 26 de septiembre de 2011, difirió el tratamiento de la declinación de la citación en garantía y de las costas para el momento de resolver en definitiva. Dicha resolución se encuentra firme y debe ser considerada como el último acto impulsorio del proceso. Esto por cuanto con posterioridad a fs. 79/80 y 81/82 el actor agrega al proceso dos cédulas de notificación que ya habían sido agregadas citando a la compañía aseguradora, quien ya había comparecido al proceso.

El planteo formulado por el demandado si fue proveído cuando el a quo lo tuvo presente y remitió al proveído de fs. 78, esto es que la declinación se resolvería al momento de dictar la sentencia definitiva y dicho proveído también se encuentra firme por no haber sido cuestionado por la parte.

Es incorrecto el análisis efectuado por la actora en cuanto sería de aplicación el art. 275, inc. 6, por cuanto no está pendiente ninguna resolución del Juzgado.

Por último el tercer agravio en relación a la imposición de costas y la no aplicación del art. 72 del C.P.C., este Tribunal en reciente fallo con voto del Dr. Pascual Alferillo se dijo: "...En primer término es necesario y científicamente adecuado conocer cuáles fueron las razones expuestas por los elaboradores de la norma sobre el tema. En ese sentido, Velert F. - Pagés Lloveras - Velert B, dicen que "el nuevo Código de San Juan innova respecto del anterior, incluso del CPCCN y de los código de la mayoría de las provincias argentinas". En ese sentido, el fundamento central es sustentado en el pensamiento de Ricardo Reimudin y Francesco Carnelutti, quienes coinciden que cuando se produce la caducidad de la instancia la inercia o falta de impulso procesal no es de una sola de las partes sino de ambas, incluyendo al propio tribunal.

Atendido ello, se advierte que las soluciones normativas contradicen sus propios dichos, por cuanto el art. 279 del C.P.C., únicamente concede legitimación al demandado, para interponer la perención de la instancia y, excepcionalmente, al actor cuando se opone a una pretensión que se tramita por incidente. Por otra parte, la misma no podrá ser declarada de oficio sino a pedido de parte, conforme el art. 280 C.P.C.

Además se puede agregar que en el art. 294 C.P.C., se autoriza al actor para que pueda modificar o ampliar la demanda, antes de que esta sea notificada. Con ello queda en claro que la prerrogativa procesal de determinar el tiempo para efectivizar la notificación de la demanda es de exclusiva incumbencia de la parte actora. Ella tiene la facultad para hacerlo pero también tiene la carga de hacerlo antes de que se le perima la instancia que abrió con la demanda.

Por otra parte, se argumentan los autores (en el Tomo 1, pág. 426) antes referenciado que hay un acuerdo tácito para hacer cesar el proceso y de que para ambos sería parcialmente desfavorable al no obtenerse una sentencia definitiva, se contradice cuando impone las costas para el incidente donde se tramita como cuestión litigiosa si se produjo o no la perención de la instancia pues debió ser por su orden si realmente se piensa que hay un acuerdo tácito que por cierto no existe al ser contradictorio su trámite.

La judicatura no puede cuestionar ni revisar la decisión legislativa en si propio, por cuanto excedería sus facultades, pero si puede examinar la razonabilidad de las soluciones normativas, por cuanto este requisito es una exigencia constitucional.

Así es entendido por la Corte Federal que entre otros fallos ha sostenido que "es principio básico de la hermenéutica atender en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las informan, no debiendo prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma". (CSJN, O. 466. XXXIX; ORI "Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/Catamarca, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad", 20/05/2008, T. 331, P. 1262) En otras palabras, una norma irrazonable es inconstitucional.

Avanzando concretamente, en el tema sin lugar a duda que imponer las costas por su orden cuando no existe un deber de impulsar el proceso impuesto por la norma, es una decisión que contradice abiertamente la razonabilidad, el derecho de propiedad y el debido proceso.

Se debe recordar que la imposición de las costas, es una carga que se impone a quién resulta perdedor en una contienda procesal, en un litigio traído a los tribunales para que la jurisdicción se expida, pues se entiende que litigó sin razones jurídicas.

En la perención de instancia, la supuesta inercia de los demandados no tiene castigo o sanción, pues el actor, no puede pedir la caducidad de la instancia por dicha negligencia de los accionados. En cambio, en contrario, si tiene el demandado la facultad de pedir dicha perención por cuanto el actor si tiene, el deber procesal de impulsar el proceso.

Como se colige, es por un accionar negligente de quien tiene el deber de impulsar el proceso, el actor, que se produce la caducidad de la instancia. Es por ello que conceder al negligente la eximición en costas es una solución irrazonable por cuando es ella la que provocó a la contraria y obligó a ésta a defenderse participando del proceso abonando los sellados de ley y requiriendo la participación necesaria de los profesionales del derecho para que lo asistan.

Mandar abonar las costas del proceso generadas para su defensa, a quien fue requerido a participar compulsivamente en el proceso, no tiene culpa alguna por la extinción anticipada del proceso producida por la negligencia o inercia del actor, implica una agresión al derecho de propiedad del demandado protegido por el art. 17 de la CN que planteo la caducidad de la instancia.

En función de ello propongo al tribunal se declare la inconstitucionalidad de la primera parte del último párrafo del art. 72 del C.P.C. en cuanto ordena que las costas del juicio serán impuestas por el orden causado. En el caso, las costas deben ser impuestas a la parte actora vencida.

Resolviéndose: 1) Declarar la inconstitucionalidad de la primera parte del último párrafo del art. 72 del C.P.C. en cuanto ordena que las costas del juicio serán impuestas por el orden causado. 2) Imponer las costas a la parte actora vencida (AUTOS N° 21.358 (97.347 - 3° CIVIL) "CASTRO JULIO ALFREDO Y OTRA C/ ALMADA DOMINGO ERNESTO - DAÑOS Y PERJUICIOS" L. DE S. T° 114, F° 116/119 -11/12/2012).

Atento la posición asumida, se declara la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 72 del C.P.C. manteniendo la imposición de costas impuestas por el a quo.

En cuanto a la base regulatoria este Tribunal ha dicho: "Ante el hecho de haber concluido el proceso por caducidad de instancia, ha de destacarse el criterio fijados por la Corte de Justicia de la Provincia para casos similares: "...si bien el supuesto de juicio terminado por caducidad de instancia no está individual y expresamente contemplado en nuestra legislación arancelaria actual, tiene perfecta cabida dentro de la previsión establecida en el inc. b) del art. 191. Por ello es que reitero el criterio interpretativo sustentado en el precedente citado supra, lo que me lleva a concluir, citando ese fallo, en que "los términos inequívocos de la norma se refieren a la inexistencia de sentencia definitiva resolutoria del conflicto a que da lugar la relación sustantiva o de la transacción que es su equivalente como forma de dar fin a las pretensiones de caducidad de la instancia, en cambio, nada resuelve acerca de los derechos de las partes, excepto los que se relacionan con el proceso mismo, de donde surge con claridad, que no puede hablarse de juicio ganado como pauta para efectuar la regulación de honorarios del abogado o apoderado de la instancia. Ello porque esa finalidad no se alcanza con tal declaración, ya que está abierta la posibilidad de intentar nuevamente el ejercicio de la acción, si no se hubiere operado la prescripción de ésta".

En base a lo dicho debe entenderse que, cuando el juicio ha concluido con una resolución por la que se declara la caducidad de la instancia, debe aplicarse, a los fines de la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, el art. 191 inc. b) de la ley 2150 y en consecuencia se tomará como monto del juicio la mitad de la suma reclamada en la demanda, teniendo en cuenta, para graduar el honorario, la etapa del proceso en que la caducidad se produjo (Voto del Dr. Medina Palá). (AUTOS N° 1.755 (N° 1.377 DEL 4° CIVIL y 14.882 DE LA SALA I) "LOBILLO, ANTONIO C. Y OTRAS c/SÁNCHEZ, DANIEL Y OTRO-DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO-II CPO.-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION" P.R.E. SALA I, TOMO II, FOLIO 300/306. AUTOS Nº 20.319 (Nº 29.538 - 1º CIVIL) "HERRERA DE OCHI, CARMEN LEONOR C/ COBAS, MARTA ROSITA A. - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - RECONSTRUIDO" L. DE A. T° 169, F° 148/149 FECHA: 20-11-2009).

Por lo expuesto cabe determinar que la base regulatoria será la mitad de la suma reclamada en la demanda.

En relación a la regulación de los honorarios profesionales es procedente formular la siguiente observación, la tarea desplegada en el proceso principal y la tarea cumplida en el incidente de caducidad de instancia conllevan una regulación independiente.

Analizando este punto entendemos que así procede desde que se trata de actuaciones profesionales distintas, que generan un incidente con tramitación especial y cuyo objetivo es diferente. Así es como lo ha entendido ha jurisprudencia que dice que "El pedido de caducidad de instancia abre un incidente, y la labor profesional que en la sustanciación del mismo se realiza devenga honorarios que son independientes de los que generan las tareas cumplidas en el principal. De allí que cuando el pedido prospera, quepa una doble regulación para los profesionales que intervinieron en el incidente y en el proceso que por efectos del mismo concluye" J.A. 982-I-583.- E.D. Tº 59-327.....El criterio apuntado no es otro que el sustentado repetidamente por la Corte de la Provincia cuando fija doctrina expresando que: "El incidente de perención de instancia tiene contenido económico" Véase P.R.E. in re n° 1165. (AUTOS Nº 16.337 (N° 50.135-3° CIVIL) "SABIO, ALFREDO FRANCISCO C/ MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO - RECURSO DE REVISIÓN - ORDINARIO" L. DE A. T° 113 - F° 100/103 - FECHA: 25 DE JULIO DE 2001.) Por lo anteriormente expuesto, se confirma la regulación efectuada en cuanto a la intervención de los profesionales en el incidente de caducidad, quedando pendiente la regulación de los honorarios por las tareas cumplidas en el principal.

Se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes, en doble caracter, por la labor cumplida en el incidente de caducidad en el 30% de lo que le corresponda en primera instancia de conformidad a lo dispuesto por los arts. 188, 196 de la Ley 2.150 y 800, inc. 10 de la Ley N° 8.037.

SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 96, confirmando la sentencia de fecha 29 de octubre de 2012.

2) Declarar la inconstitucionalidad de la última parte del art. 72 del C.P.C.

3) Fijar la base regulatoria en la mitad del monto reclamado en la demanda, quedando pendiente la regulación en primera instancia por el proceso principal.

4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, en doble carácter, por la labor cumplida en el incidente de caducidad en el treinta por ciento (30%) de lo que le corresponda en primera instancia de conformidad a lo dispuesto por los arts. 188, 196 de la Ley 2.150 y 800, inc. 10 de la Ley N° 8.037.

Protocolícese, déjese copia fiel en autos, notifíquese y bajen, previa reposición de sellado, si correspondiere.