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Acto administrativo, ilegitimidad del contrato, Municipalidad, personal municipal, cesantía, sumario administrativo, Administración Pública, deberes de la administración, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FASANO, ARMANDO LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nº. 497 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-07

Corresponde declarar ilegítimo el acto de cesantía si en el caso se violaron formas sustanciales con efectiva lesión al derecho de defensa del actor. En efecto, de las constancias administrativas remitidas no surgen constancias de que se hubiera otorgado al agente una mínima posibilidad de ejercer su derecho de defensa, ni la Municipalidad demandada la invoca, a pesar de que afirma que el agente tuvo la oportunidad de analizar y rebatir o negar los fundamentos de la sanción, durante la tramitación del recurso de revocatoria sustanciado en sede municipal. Pero el derecho a ser oído y a producir pruebas de descargo, considerados como aspectos fundamentales de la garantía de la defensa, deben ser aplicados e interpretados razonablemente, de lo que se sigue que debe darse al interesado la oportunidad de expresar sus razones antes de la emisión del acto administrativo que establece la sanción; y, en el caso, el hecho de que el agente promoviera recurso de reconsideración con posterioridad a la imposición de la sanción disciplinaria no suple la omisión en la que incurrió la Administración, lesionando el principio de defensa en juicio, que integra el del debido proceso, y que constituye una garantía constitucional de la que la Administración no puede prescindir sin mengua del ordenamiento jurídico fundamental. (Del Voto del Dr. Vigo, al que Adhiere el Dr. Falistocco, que quedan en Minoría)
Impuestos, régimen penal tributario, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO METALURGICO POWER S.A. s/ Régimen penal tributario. Causa 36425.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Si el monto evadido, conforme lo manifestado por el representante de la Dirección General Impositiva, no supera los importes señalados en el Art. 8 de la Ley 24587 como condición objetiva de punibilidad para el castigo de los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria, corresponde confirmar el sobreseimiento dictado respecto del Presidente de la firma imputada.
Defensa del consumidor, fecha de vencimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Camiletti SA s/ apelación (Ley Pcial. Nº 1.480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-09-11

El art. 5 de la ley de Defensa del Consumidor trata de la responsabilidad emergente del guardián de los productos alimenticios puestos a la venta pública, recayendo sobre el vendedor el deber de garantizar al consumidor la vigencia del producto, supuesto que cae en el campo de la teoría de la responsabilidad objetiva.
Abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, JOSÉ LUIS S/ INFRACCIÓN ART. 119 C.P.", Expte. Nº 2382 (L-588/08/T.S.J.) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-08-28

Dada la duración de los abusos sexuales imputados, por lo prolongado, constituyen abusos gravemente ultrajantes, como así el acto sexual comúnmente denominado "cunnin lingus" (practicar sexo oral en la vagina del sujeto pasivo) es para la doctrina especializada "Abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización" (art. 119, 2do. párr., C.P.).

El "sometimiento sexual" que describe la citada norma (someter del latín submittere: dominar, sujetar, humillar), recepta aquellos casos en los cuales, mediando en términos generales un quebrantamiento de la voluntad del sujeto pasivo, se subordina a la víctima al dominio o voluntad de otro, reduciendo de esta manera al sujeto pasivo a un estado de cosa sobre la que se ejerce dicho dominio o disponibilidad, anulando la libertad o la autodeterminación sexual con la consiguiente minoración de su dignidad personal.

Como "gravemente ultrajantes" se definen los actos sexuales que, objetivamente considerados, tienen una desproporción con el propio tipo básico, y que producen en la víctima una humillación más allá de lo que normalmente se verifica con el abuso en sí.

Corresponde aplicar la agravante en función de la defraudación a la confianza que ocasionó el imputado a los progenitores de la menor, quienes depositaban esperanzas que el profesional mejoraría la salud de lo más preciado que puede tener una persona, un hijo, condición que le facilitó su accionar.

La defensa, por aplicación del principio "in dubio pro reo", solicita que se encuadren los hechos como "Abuso sexual simple" (art. 119 del C.P.), por resultar la calificación más favorable al imputado. La aplicación del principio "in dubio pro reo" (art. 4 del C.P.P.) solicitada por la parte recurrente no resulta atendible en la presente causa considerando las particularidades del caso.

La duda para la filosofía del derecho es un estado de indeterminación del ánimo entre dos juicios o decisiones o bien acerca de un hecho, que impiden al juzgador emitir una conclusión terminante.

Tal incertidumbre no se verifica en autos, por tener en su convicción un estado de certeza irrefutable, resultando infundado el estado de duda invocado.
Recurso extraordinario, procedimiento tributario, ejecución fiscal, excepción de prescripción, cómputo del plazo, regularización impositiva, suspensión de la prescripción, sentencia definitiva, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional  DGI. c/ Distribuidora El Plata  SRL. s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

La decisión que hizo lugar a la excepción de prescripción y rechazó la ejecución fiscal por considerar que para computar el plazo de prescripción fijado en el art. 59, inc. a) de la ley 11.683 (t.o. 1978 y modif.) no debía tenerse en cuenta la suspensión prevista en el art. 49 de la ley 23.495, reviste el carácter de sentencia definitiva, toda vez que no es apelable (reforma introducida al art. 92 de la ley 11.683 por la ley 23.658, art. 34 pto. 11) y la pretensión articulada fue rechazada en forma tal que no puede ser objeto de tratamiento ulterior.
Discriminación, discriminación racial o religiosa, cruz esvástica
Materia: PENAL
Carátula: BIONDINI, Alejandro y otros s/ infr. art. 3 de la Ley 23.592 Causa nro. 22.639
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-28

La cruz svástica resulta suficiente por sí sola, para considerar consumado el delito analizado, que al encontrarse adosada a las publicaciones en cuestión, el águila imperial que las fuerzas alemanas aludidas utilizaban, vgr.: en la parte superior de las gorras y en las chaquetas de sus uniformes, etc. y la designación "nacionalista socialista..."; se reafirma con mayor abundancia la prueba que habla de su antijuridicidad y se colige de manera indiciaria la responsabilidad de los enjuiciados
Recusación, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL PENAL
Carátula: Fiscalía de Estado c/ Cantos, José María. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-07

La circunstancia de haber prestado declaración contra el juez recusado durante el trámite de juicio político que se sustancia ante la Cámara de Diputados de la Nación, no resulta relevante a los fines de la causal del art. 75, inc. 9x del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Intereses moratorios, cómputo de intereses, fijación judicial, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: DEGREGORIO, MIGUEL - EXTPE. 30467 c/ BISAGUIRRE, DANIEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-04-18

Resulta del todo cierto que la aplicación de la tasa pasiva de interés prevista por ley 7198 concede a los deudores un financiamiento del que carecen fuera del proceso judicial.

En la medida en que la tasa a fijar no sea positiva, en el sentido que su resultado económico supere a la pérdida del valor adquisitivo del dinero para que signifique un resarcimiento para el acreedor en la medida de esa superación, no cumple con la finalidad propia del interés moratorio que está, valga la obviedad, destinado a solventar el daño moratorio.

Todo lo cual implica una clara desvirtuación de los derechos del acreedor previstos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional.
Exclusión de la tutela sindical, extinción por jubilación del trabajador, preaviso
Materia: PENAL
Carátula: Tronge Alberto Luis c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-29

La situación prevista en el art. 252 L.C.T. no constituye, por sí sola, justa causa que autorice la exclusión de la tutela sindical. Dado que la intimación del citado artículo incluye el preaviso, queda claro que por aplicación del plenario 286 (13/8/96 "Vieyra, Iris c/Fiplasto SA s/indem. art. 212") nada obsta a que el empleador intime al representante gremial a jubilarse, siempre que el fin del plazo concedido sea posterior a la extinción de la tutela legal. El carácter temporal de la garantía de estabilidad diseñado por la ley 23.551 se vería desvirtuado si el empleador no pudiera practicar la intimación que contempla el referido art. 252 L.C.T. cuando el delegado gremial reúna las condiciones para obtener el beneficio jubilatorio correspondiente. Sostener lo contrario prolongaría indefinidamente el contrato del representante gremial quien al vencimiento de su mandato podría obtener una nueva designación gremial llegando a un verdadero sistema de estabilidad propia o absoluta, superior al que posee el resto de los dependientes. Corresponde rechazar la demanda.
Jueces, deberes y facultades del juez, proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Belfiglio, Luciano R. c/ De Zan, Roberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-14

Ha menester destacar que en el proceso de daños y perjuicios donde rige el principio dispositivo, no obstante la persecución de obtener la verdad de lo acontecido, no se halla el Juez facultado para investigar acabadamente todos los hechos, sino tan sólo aquellos que han sido puestos de manifiesto por las partes, quienes en sus escritos introductivos de la litis, han delimitado así el marco de posibilidades decisorias del Magistrado, a quién no le está permitido modificar las circunstancias fácticas plasmadas por los justiciables (art. 34 inc. 4º y 163 inc. 6º del C.P.C.C.).
Educación general básica, matrícula escolar, certificado de estudios, legalización de instrumentos públicos extranjeros, acción de amparo
Materia: PROCESAL-EDUCACION
Carátula: K, Alberto Alcides y otra c/ Dirección Pública de Gestión Privada y Poder Ejecutivo s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-05-04

Los padres de una menor interpusieron acción de amparo en contra de la Dirección Pública de Gestión Privada y del Poder Ejecutivo, a fin de que se conceda nueva prórroga para presentar legalizados por el Ministerio del Interior de Ecuador los certificados analíticos de matrícula y asistencia en establecimientos educacionales de ese país de su hija, y se autorice una nueva inscripción condicional.

La omisión de conceder la extensión del plazo solicitado -ante los motivos exculpatorios expuestos por los padres de la menor, dado que de hecho el trámite no resulta sencillo y demanda su tiempo en tanto debe diligenciarse en otro país- y, por ende, la negativa a conceder la autorización de inscripción condicional de la menor en tercer grado, resulta manifiestamente arbitraria ante estas especiales circunstancias del caso, y es evidente el perjuicio grave que se causaría a la estudiante, lesionando sus derechos de aprender, al impedirle asistir al colegio y cursar el grado correspondiente, porque de ese modo perdería la enseñanza impartida y la posibilidad de compartir el aprendizaje junto al resto de sus compañeras. Es decir que el daño grave y concreto a la menor es indiscutible, como así también la lesión de los derechos constitucionales que alegan los accionantes, cobrando magnitud ante la posibilidad de evitarse.

Por todo lo expuesto corresponde hacer lugar a la acción de amparo interpuesta; y consecuentemente, hacer saber a la Dirección Provincial de Educación Pública de Gestión Privada que deberá conceder el plazo de tres meses para que los amparistas presenten la documentación requerida debidamente legalizada y se disponga la inscripción provisoria de la menor en el Tercer Año del Nivel EGB.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, empleados públicos, verdad jurídica objetiva
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Asociación  del  Personal de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

Es descalificable como acto judicial, por omitir otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, la sentencia que condenó a la demandada a reicorporar al empleado por haber incurrido en práctica desleal, omitiendo considerar informes de ineludible examen para la correcta dilucidación de la litis.
Transporte de carga por agua, subrogación en los derechos del asegurado, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANTORCHA CIA. ARG. DE SEGUROS SA. c/ ANDREZ MERZARIO s/ FALTANTE DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

Aunque aquí no se haya acompañado el recibo de pago de la suma que ella abonó a la consignatoria, la manifestación hecha por ésta resulta suficiente a los efectos de tener por subrogada a la aseguradora en la medida de ese pago. Pues lo que fundamentalmente importa es que quien se presenta demandando por el incumplimiento del contrato de transporte, haya acreditado que desinteresó, total o parcialmente, a la parte perjudicada. Y, en este sentido, el reconocimiento de la propia consignatoria de que ese pago se hizo, no sólo es suficiente sino que constituye el medio más directo de legitimarla, por cuanto esa declaración proviene precisamente de la parte que recibió el pago que sirve de sustento a la subrogación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obligaciones de dar sumas de dinero, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Institutos de Servicios Sociales para el Personal de la Industria de la Construcción (ISSPIC). s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-04-15

Cuando el interés aplicado produce mas de la duplicación del capital fijado al año 1993, la situación provoca, en épocas de estabilidad monetaria, un enriquecimiento indebido que violenta el principio de igualdad que debe regir las prestaciones y el resguardo del derecho de propiedad.
Acciones posesorias, acción de restitución, concubinato, RESISTENCIA, bienes inmuebles, adquirente por boleto, posesión, privación de la posesión
Materia: CIVIL
Carátula: Calisti Marcos Antonio. c/ Peña Luciana Beatriz. s/ Acción de restitución.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

La acción de restitución de inmueble incoada contra la concubina, debe ser rechazada, pues tratándose de una acción de carácter policial para su vialidad se requiere que la pérdida de la posesión se haya producido por violencia, clandestinidad o abuso de confianza, y no lo configura ello, el cumplimiento de la orden judicial de exclusión del hogar por parte del accionante, pues no es dable considerar que aquélla haya adquirido la posesión por vías de hecho, acompañadas de actos materiales ejercidos con fuerza o intimidación, o por actos ocultos, o por vicios , o por la negativa a restituirlo pese a haber contraído la obligación de hacerlo al ingresar -arts. 2365, 2369 y 2372 del Código Civil-, máxime si una vez vencido el término de la exclusión no denunció acto de violencia alguno, sino una resistencia a restituir. (Del voto en disidencia del Dr. Castro Durán).
Municipalidad, facultades tributarias municipales, tasas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: M.S.C. de Bariloche c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Ejecución Fiscal s/ Inc. Art. 250 C.P.C. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-03-19

La tasa que retribuye los servicios prestados por el Municipio con la finalidad de preservar la seguridad, salubridad e higiene, no admite dudas en cuanto se inscribe dentro del ámbito de facultades que -por su naturaleza- son propias de los Municipios. (Voto del Dr. Azpeitía)
Prescripción adquisitiva, justo título
Materia: COMERCIAL
Carátula: SIRCOVICH SAMUEL s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-25

Según el Cciv: 4010, el justo título es todo título que tiene por objeto transmitir un derecho de propiedad estando revestido de solemnidades exigidas para su validez, sin consideración a la condición de la persona de quien emana. El acto debe, en consecuencia, tener por objeto transferir la propiedad y para que sea "justo" es menester que esté revestido de las formalidades exigidas para su validez.
Recurso de casación, procedencia del recurso, justicia militar, ejecución de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL-MILITAR
Carátula: OSORES, MARCELO MAURICIO s/ RECURSO DE QUEJA Causa 315
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Las decisiones del órgano encargado de la ejecución de la sentencia pueden ser revisadas en esta instancia de casación (artículo 445 bis, inciso 9 Código de Justicia Militar).
Intervención de línea telefónica, insuficiencia del agravio, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Marcolongo, Reynaldo Oreste y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-10

Corresponde rechazar el agravio vinculado a la nulidad de las intervenciones telefónicas, toda vez que la resolución recurrida resulta ajustada a derecho y a las constancias de la causa ya que la exigencia que emana de los arts. 123 y 236 del C.P.P.N., se encuentra plenamente satisfecha en el caso, por cuanto que, como consecuencia de las tareas de inteligencia realizadas por los preventores, siempre informadas al representante del Ministerio Público Fiscal en la instancia de origen, se detectaron diversos números telefónicos de interés de las personas implicadas en estos hechos que derivaron en múltiples órdenes de intervención de sus líneas, prorrogadas oportunamente, pero todas con el correspondiente respaldo motivacional para dar sustento a las órdenes judiciales pertinentes.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José de Costa Rica, doble instancia, recurso de casación penal, competencia del tribunal de casación, sentencia condenatoria, cuestiones de hecho y prueba, Superior Tribunal de la Causa, República Argentina, obligaciones internacionales, Cámara Federal de Casación Penal
Materia: PENAL
Carátula: Comes, César Miguel y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

Conforme el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su par 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, rige, en materia de casación penal, la garantía de la doble instancia que otorga al imputado el derecho de someter la sentencia condenatoria a la revisión amplia y eficaz de un Tribunal Superior pues, en tanto la Nación Argentina ha asumido aquellos compromisos internacionales, no puede la Cámara Nacional de Casación Penal negar el tratamiento del planteo del recurrente aún cuando se trate de razonamientos relativos a cuestiones fácticas, pues incumpliría su misión de hacer efectiva la vigencia del doble juicio en caso de condena.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scarfó, Antonio y otros c/ Elichiry, Néstor Omar y otro s/ Reclamación - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

El trabajo domiciliario de la mujer es una profesión y posee valor económico propio (arg. arts. 1067, 1083, 1084, 1085 y conc. del cód.

civil).-
Posesión, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: CARDOZO SANCHEZ, MARIO CARMELINO c/ YATZKAIER, SAMUEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-31

En el derecho argentino, desde la muerte del causante y hasta la partición, cada uno de los herederos ejercita los derechos de su autor de una manera necesariamente indivisible en cuanto a la propiedad y a la posesión; y la manera indivisible que tiene la posesión importa para cada uno de ellos la posesión por el todo, porque la limitación que significa la cuota parte de cada coheredero atañe a las relaciones entre ellos, pero no con respecto a los terceros frente a quienes cada cual goza y padece la situación de poseedor por el todo; por ende, por aplicación de tales principios, un heredero estará facultado para demandar frente a terceros, sin el concurso de sus coherederos, la adquisición de un inmueble por prescripción comenzada o producida en cabeza del causante. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Netri, Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJ Tucumán, 06-06-1978, La Ley Online AR/JUR/4909/1978; STJ San Juan, J.A. 1967-IV-251; C1°CCom. Bahía Blanca, L.L. 107-702. - DOCTRINA: Areán, Beatriz A., "Juicio de usucapión", 5ta. ed., 2da. reimp., Hammurabi, 2014, págs. 398/399.
Sentencia, aclaratoria (procesal), inadmisibilidad del recurso, jurisprudencia, empleados públicos, relación de dependencia, prescripción, Derecho laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Villarreal, Magdalena Isabel Martínez de y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral -Aclaratoria (Expte.: C.S.J  Nro. 730 Año 2000) Papini, Carlos Pepino c/ Dirección Provincial de Vialidad s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Cobro de pesos laboral -Aclaratoria  (Expte.: C.S.J. Nro. 636 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-13|2003-08-13

No puede prosperar el recurso de aclaratoria interpuesto por la actora a fin de que se determine "la fecha de aplicabilidad de la nueva jurisprudencia", por cuanto, además de resultar evidente que lo relativo a la operatividad del nuevo criterio jurisprudencial sobrepasa el ámbito cognoscitivo de este recurso, es forzoso destacar que el peticionante pretende por esta vía generar dudas acerca de los alcances del pronunciamiento que él mismo se reconoce sabedor en tanto sostiene expresamente que "la Corte ha decidido que la norma aplicable es el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo que reduce la prescripción a dos años. Y en el caso testigo y en los demás casos apuntados (...) dispone la adecuación de las sentencias de los a quos a la sujeción de las pautas del fallo mediante nueva sentencia de los jueces de grado".
Contrato de trabajo por tiempo determinado, estabilidad del empleado público
Materia: LABORAL
Carátula: Miguens, Miriam Patricia c/ Municipalidad de Trelew s/ Nulidad e Inconstitucionalidad de Resoluciones Municipales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-04

La aceptación de un contrato de trabajo por un régimen permanente de inestabilidad vedaba a quien lo consentía el reclamo por la estabilidad del empleado público.