marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución de sentencia penal, libertad condicional
Materia: PENAL
Carátula: S., J. s/ Solicita Libertad Condicional
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1970-05-12

Si bien el artículo 13 del Código Penal menciona expresamente, entre los requisitos para el otorgamiento de la libertad condicional, la observancia regular de los reglamentos carcelarios, la misma disposición establece que, cumplidas las condiciones, los condenados "podrán" obtener tal libertad. Es decir que se trata de un beneficio susceptible o no de concederse por la autoridad judicial, considerando al efecto los distintos factores que correspondan, entre los que revisten máxima importancia aquéllos que hacen a la readaptación y peligrosidad del penado.
Vicios redhibitorios, acción redhibitoria, cumplimiento de la obligación
Materia: CIVIL
Carátula: SEMINO DE MEDICI, MABEL ANA c/ BULNECO  S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-05

Una vez cumplido el contrato y transferida la propiedad de la cosa, cuyo uso y goce tiene el propietario, arts. 2513, 2516 y concordantes del C.Civil, si éste se ve privado de ella total o parcialmente por causa de vicios redhibitorios, el vendedor no cumple con aquello a que se obligó. Hay en el fondo una razón de moral, de buena fe, de probidad y de equidad impuesta por la interdependencia de las prestaciones del vendedor y el comprador, la que impone a aquél que se obligue a hacer tener útilmente la cosa para el comprador, el deber de responder por sus defectos ocultos, que lo hagan impropia para su uso, o que disminuyan considerablemente su idoneidad o utilidad para el comprador. Estas garantías constituyen los principios generales, en virtud de los cuales el acreedor está facultado a pedir el cumplimiento exacto de la obligación, a salvo la hipótesis en que ello no fuera posible u opte por el ejercicio de otra acción. Una aplicación concreta de un principio, no puede negar el principio mismo. La circunstancia de que el art. 2174 del C.Civil prevea únicamente dos acciones -la redhibitoria y la quanti minoris o de disminución del precio-, no importa negar al comprador la posibilidad de exigir el exacto cumplimiento de la obligación asumida por el vendedor, cuando luego de la entrega de la cosa surgen defectos que estaban ocultos.
Derechos y garantías constitucionales, acción reivindicatoria
Materia: CIVIL
Carátula: TORREZ HUMBERTO OSCAR c/ TORRES MARIO PASCUAL Y OTRO s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-02-19

De acuerdo a una interpretación sistemática de la normativa en armonía con el orden jurídico restantes y con los principios y garantías constitucionales, la regularización de titularización de dominio -ley 24374- no puede tener el alcance de subvertir todos los presupuestos fáctico-jurídicos sobre los que la adquisición se asienta.
Demanda, objeto de la demanda, monto del juicio, principio dispositivo, demanda defectuosa, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DAKOTA S.A. c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

Por aplicación del principio dispositivo, el Tribunal no puede suplir a las partes en sus invocaciones o peticiones. Aún cuando hipotéticamente no resultara posible la determinación del monto del reclamo, la parte actora, cuanto menos, no se encuentra impedida de efectuar una estimación aproximada con la precisión necesaria en la conformación y delimitación pertinente, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la prueba a producirse en autos. Ello es una exigencia que debe registrar todo reclamo en directa relación con el efectivo daño sufrido y las pautas propias de probidad y buena fe, en miras a excluir la posibilidad de que se configure un estado de indefensión de la accionada, sea porque se afecte la oposición de las defensas adecuadas, sea porque le restrinja el completo ofrecimiento de las pruebas conducentes que estime corresponder. Por lo demás, con ello se preservan las garantías de igualdad de las partes, del derecho de defensa y debido proceso.
Servicio público, falta de servicio público, deficiencias en el servicio, indemnización, obligaciones del usuario, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Román SAC. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia). s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

La pretensión de ser indemnizado por la falta de servicio imputada a los órganos estatales requiere dar cumplimiento a la carga procesal de individualizar del modo más claro y concreto cuál ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular.
Derecho laboral, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: FERREYRA, ELVIRA HERMINIA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 689 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-26

En los casos de enfermedad accidente no se presume la responsabilidad del empleador sino se exige el aporte de elementos de juicio que demuestren que el deterioro sufrido tenga una relación adecuada con la prestación laboral, conclusión que no puede cuestionarse con fundamento en el principio "in dubio pro operario", pues su aplicación no procede en materia probatoria, sino sólo cuando se está en presencia de una colisión normativa que crea dudas fundadas acerca de la ley aplicable. (De la Disidencia del Dr. Spuler)
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Kogan, Daniel Guillermo y otro s/ Robo reiterado - Hurto reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

Debe anularse de oficio la sentencia recurrida cuando contiene deficiencias que imposibilitan resolver si la Cámara integró la prueba compuesta conforme a derecho o con elementos extraños al régimen probatorio previsto en la ley, al no mencionar la naturaleza jurídica de los elementos que la conforman.
Solicitud de excarcelación, cauciones
Materia: PENAL
Carátula: FRANCO, J. s/ EXCARCELACION - CAUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-25

Si en la solicitud de excarcelación no se determinó la calidad de la caución bajo la que se formulaba la petición, debe entenderse que se la dejó librada al libre arbitrio judicial.
Declaración espontánea, declaración indagatoria, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Elvas, Héctor Damián s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-02-21

Si en la declaración indagatoria el procesado repite su declaración espontánea variando solo en cuestiones que pueden considerarse favorecedoras para el mismo luego de tener conocimiento de las pruebas obrantes en su contra, debe atenderse a la declaración espontánea justamente por tal carácter y por ser, la más cercana temporalmente al suceso y a su vez la menos viciada por cualquier tipo de prueba. Fundamento del Dr. Castillo Giraudo.
Delegado normalizador, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: TADEY LAISE, HECTOR EDUARDO c/ CONSORCIO  DE  PROPIETARIOS  DE  LA  CALLE  SARMIENTO  1894 - CAPITAL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

La persona que actúa como "asesor-colaborador" del Delegado Normalizador en un Sindicato no se convierte en representante gremial con todas las consecuencias legales que de tal representación puedan surgir, y entre las cuales se encuentra la estabilidad como máximo exponente. La ley otorga tal protección sólo a quien ejerce determinado tipo de delegación gremial, con sustento en las bases y requisitos que ella establece.
Empleo público, personal municipal, motivación del acto administrativo, racionalización administrativa, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARREGUI, Liliana c/ BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-18

A la luz de lo dispuesto por el art. 7, inc. e) de la ley 19.549, cumple con el requisito de motivación requerida el acto administrativo por el cual el Banco de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la desvinculación del agente, si se halla fundado en la aprobación y mención de una reestructuración en algunos sectores de la entidad y en la finalidad de un mejoramiento de la estructura de eficiencia operativa y una mayor agilidad en el proceso de toma de decisiones.
Costas al vencido, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Leiman, Berta Luisa c/ Herko, Julio y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-02

Por el carácter resarcitorio que tienen los juicios por indemnización de daños y perjuicios las costas deben ser impuestas al condenado aunque el reclamo prospere parcialmente, criterio también aplicable a la segunda instancia.
Autoridad de prevención, vista al fiscal, nulidad procesal, investigación a cargo del juez, delegación de la investigación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Chavarría, Hugo y Morey, Omar s/ recurso de casación. Causa: 570
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

La omisión de la comunicación al fiscal prevista en el artículo 186 del Código Procesal Penal de la Nación no puede generar nulidad alguna si se reconoce que la prevención policial es un modo autónomo de iniciación del proceso penal que debe contar con la dirección del juez o del fiscal y que la noticia que se da a este último tiene fundamentalmente en mira la posibilidad de delegación prevista por el artículo 196 del Código ritual.
Acumulación de procesos, sentencias contradictorias, estado de la causa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Maderera Noroeste del Chubut Sociedad Anónima c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-15

Debe considerarse, que el objeto del instituto -acumulación de procesos- el evitar que se dicten sentencias contradictorias en causas en las que por su vinculación jurídica puedan tener influencia recíproca o decisiva, o hacer cosa juzgada. Y "corresponde desestimar la acumulación de procesos si uno está en condiciones para el pronunciamiento de la sentencia y el otro recién en contestación de la demanda, pues elementales razones de orden y economía descartan la posibilidad de admitirla...".
Mediación penal, robo
Materia: PROCESAL
Carátula: R. F. A.; R. F. I. s/ p.s.a. de robo. Ciudad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2014-11-14

Cabe declarar como no mediable una causa en la que se investiga un robo, pues si bien el artículo 106 del Código Penal admite el instituto de la mediación para delitos con sanción que no excedan los seis años de prisión, éstos deben ser aquellos cometidos sin violencia en la integridad física de las personas, que no es el caso de autos, máxime cuando se advierte que de los antecedentes penales de uno de los imputados, surge que registra otras causas y condenas anteriores, y se ha sustraído voluntariamente de la justicia en varias oportunidades, lo que evidencia una personalidad desinteresada de las consecuencias que emergen del hecho de estar sometido a un proceso penal, y que podría utilizar el procedimiento de la mediación para eludir nuevamente la acción de la justicia.
Impuestos, emergencia económica, mercado cambiario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Cementos Avellaneda (T.F. 22.279-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-30

El decreto 2.568/02 ha otorgado efecto retroactivo a sus disposiciones a través de su art. 6 y dicha norma no ha sido cuestionada en su constitucionalidad o aplicabilidad, por lo que no es posible prescindir de ella para revolver la cuestión planteada por el contribuyente, que sostiene que los intereses resarcitorios de los anticipos deben computarse desde la entrada en vigencia del decreto citado dado que éste debe producir efectos a futuro, atento su carácter modificativo de una situación jurídica anterior (Cons.V).
Seguro de responsabilidad civil, culpa grave
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acuña, Hilda Erminia y otros c/ Salafia, Roque Vicente y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-04-12

En el marco de una interpretación dinámica del Derecho, cuando el aseguramiento es obligatorio, necesariamente el mismo es contratado a favor de la víctima. Por ello, aunque exista culpa grave del asegurado, la compañía debe responder frente a la víctima del accidente de tránsito, dado que el derecho de aquella nace del acto dañoso y no de los términos de la póliza de seguros.

A lo que cabe agregar que el art. 114 de la propia ley en la materia -norma específica de este tipo de aseguramientos- no dispone que "se libera a la aseguradora" sino -únicamente- que "el asegurado" no tiene derecho a ser indemnizado; de modo que no le quita ese derecho a la víctima inocente del accidente de tránsito. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia contencioso administrativa, amparo por mora
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: El Acuerdo Cía. Arg. de Seguros c/ Superintendencia de Seguros de la Nación s/ Amparo por Mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-01-20

Es competente el fuero Cont. Adm. Fed. cuando los trámites relativos a la determinación del Tribunal competente han insumido un intervalo de tiempo tal que pone en peligro la efectividad del recurso planteado - apelación de la resolución que declaró la incompetencia para entender en el amparo por mora -, con lo cual, a fin de evitar perjuicios a la accionante y frente a la inexistencia de previsión legal que determinar si se ha configurado o no la mora alegada, la Sala no encuentra obstáculo en asignarla al fuero en tanto la decisión que en definitiva se adopte no importa inmiscuirse en la competencia que en materia de actividad aseguradora se reconoce al fuero comercial, circunscribiéndose la cuestión a verificar el cumplimiento de la obligación de expedirse que pesa sobra la administración, aspecto que, en definitiva, se regula por normas del derecho público.
Concursos, efectos de la apertura, actos prohibidos, créditos del fallido, acuerdos preconcursales, embargo, apertura del concurso, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Electrotel SACIF c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-27

A partir de la sanción de la ley 26086, la iniciación de la suspensión del trámite de los juicios y del fuero de atracción encuéntrase subordinada al cumplimiento de la publicación de edictos de la sentencia de apertura del concurso preventivo. De tal manera, no se afecta la validez de los actos procesales realizados en los juicios sujetos a atracción que sean de fecha posterior a la de presentación del deudor en concurso preventivo, e inclusive si tales actos se concretaron después del dictado de la sentencia de apertura concursal, pues lo que cuenta como hiato es la fecha en que ha tenido lugar la primera publicación de edictos (LCQ 27 y 28).

Pero ello cede en el caso de que de los actos procesales anteriores a la publicación de edictos deriven disposiciones patrimoniales u alteraciones a la par condicio creditorum en contra de lo previsto por la LCQ 16. En estas hipótesis, los respectivos actos procesales resultan inoponibles a la masa, en los términos que prevé la LCQ 17 (conf. Heredia, P., "Ley 26086: nuevo modelo en el régimen de suspensión y prohibición de acciones y en el diseño del fuero de atracción del concurso preventivo", JA 2006-II, p. 975).

Es que la prohibición que prevé la LCQ 16 -que obedece a la necesidad de mantener la igualdad entre los acreedores- se vería afectada en caso que se desinteresara total o parcialmente a alguno de aquellos cuando el estado de cesación de pagos ya se encuentra reconocido por el deudor y ha sido exteriorizado mediante el pedido de apertura del proceso concursal (conf. CNCom, Sala E, in re "Lahusen SA", del 15/12/86, publicado en LL 1987-B, p. 522).

Consecuentemente, la inalterabilidad de la situación de los acreedores preconcursales -que rige tanto respecto del deudor como del acreedor- debe juzgarse configurada a partir de la presentación en concurso y no desde la sentencia de apertura. Dicho en otros términos, la LCQ 16, no hace otra cosa que otorgar efectos retroactivos a la sentencia de la LCQ 14, de suerte tal que los actos celebrados el mismo día de la presentación en concurso preventivo son alcanzados por aquella (conf. CNCom, Sala F, in re "Gilmer SA s/ concurso preventivo s/ incidente de apelación art. 250" y sus citas, del 03/05/12).
Comodato, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Sosa de Carrizo, Mirta Niria c/ Chaile, Ricardo Calixto s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-09-19

Corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y en consecuencia confirmar la sentencia del inferior que condena al apelante a la entrega de los inmuebles objeto de la acción. En efecto, estando reconocida por ambas partes la naturaleza de la relación, esto es el comodato, es a cargo del comodatario probar la existencia de un plazo determinado; no producida tal prueba como en el caso de autos, el préstamo deviene precario y se puede demandar la restitución en cualquier momento.

Sin perjuicio de ello, aún existiendo plazo, el comodante puede pedir la restitución antes del vencimiento del mismo si le sobreviene alguna necesidad imprevista y urgente.
Habeas data, defensa en juicio, pedido de informes, mora de la administración, costas, exención de costas
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Moreno, Gustavo Daniel. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-09

Si la administración en el ejercicio de su derecho de defensa demuestra la ausencia de mora y se allana a la pretensión dando cumplimiento a su deber de resolver dentro del plazo fijado para evacuar el informe, podrá eximirse de costas pues habrá quedado comprobado que no dio causa a la promoción de la acción. (Del voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín.
Trabajadores aeronáuticos, goce de pasajes
Materia: LABORAL
Carátula: RAFFORD, JUAN ANGEL c/ BRANIFF AIRWAYS INCORPORATED s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-24

Tiene derecho el trabajador aeronáutico a la entrega de los pasajes correspondientes al período vacacional no gozado (conforme cct. Numero 213/73) pero ello no legitima que dicha prestación deba ser de por vida y extenderse tras la ruptura de la relación laboral pese a que los empleados jubilados de dicho régimen puedan reclamar tal beneficio.
Cámaras de casación, competencia, habeas corpus
Materia: PENAL
Carátula: Páez, Leonardo Gastón s/ Hábeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-30

El alzamiento de una Cámara Departamental respecto de la doctrina sentada por este Tribunal con atingencia a la invalidez de las prórrogas de la privación de la libertad cautelar dictadas de oficio, esto es sin requerimiento fiscal, constituye una situación de gravedad institucional habilitante de la vía prevista por los artículos 405, 406 y concordantes del Código de Procedimiento Penal.

(Minoría u opinión personal)
Tercerías, aportes previsionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Terrile, María Cristina s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

Cuando la intervención del profesional en la tercería es consecuencia de su actuación en el expediente principal, ella queda cubierta, a los efectos previsionales, por el anticipo que efectuara originariamente. Iguales consideraciones merece lo atinente al derecho fijo establecido en el artº 3 de la ley 8480. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Decretos, empleados públicos, remuneración, acto administrativo, Estado Provincial, emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Placidi, Mario Andrés y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 7-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

El decreto 381/91 como acto administrativo de carácter general -según se desprende del considerando en el que se deja constancia de la necesidad de evitar perjuicios pecuniarios a los agentes públicos-, establece básicamente para el futuro un régimen de actualización de créditos a favor de los agentes de la Administración pública, con lo que su aplicación retroactiva violenta el principio general de la irretroactividad de los actos administrativos. En este sentido, no puede entendérselo inserto en l a órbita de la emergencia (ley 10.472) -con base en lo que expresa s u texto-, por la expiración de la vigencia de ésta y su prórroga, porque si se lo entiende como un acto destinado a evitar perjuicios a los agentes acreedores, el resultado sería el contrario. En el caso, no concurren circunstancias que permitan tener por verificada una excepción a dicho principio desde que el nuevo régimen de actualización instituido no produjo efectos favorables para el destinatario confiriéndole nuevos derechos o facultades o ampliando el ámbito de los preexistentes, sino todo lo contrario.
Aportes previsionales, socio empleado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASA IGLESIAS SRL. s/ IMPUGNACION ACTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-29

Si bien los socios gerentes de una SRL. pueden ser considerados dependientes de la sociedad porque pese a que tienen funciones de gobierno, en definitiva las decisiones pueden serles impuestas por los propietarios de las cuotas sociales, ello no ocurre cuando los socios son los únicos integrantes de la sociedad y quienes toman las decisiones, sin que exista subordinación alguna ni ningún elemento que permita aseverar que cumplieran roles que no fueran los del gobierno del ente.
Contratos administrativos, contrato de suministros, pago, pago extemporáneo, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAAD, Miguel E. c/ E.F.A. s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

No resulta novedoso que la ley 21.391 es una norma que regula el mecanismo de ajuste y accesorios que se utiliza cuando el pago no se efectúa en el momento pactado contractualmente, y que la aplicación de tal sistema de actualización en materia de contratos administrativos de suministro, denota la existencia de un sistema legal de estabilización del crédito que, como tal, no incorpora inflación a la deuda, toda vez que sólo tiende a remediar los efectos de ese fenómeno una vez producidos (confr. C.S.J.N. B. 320 XXII, "Bigma" del 7/12/91).