marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia criminal y correccional, desobediencia a un funcionario público, transferencia de competencias
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de competencia en autos ANSES, (Administración Nacional de la Seguridad Social) sobre 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad s/ conflicto de competencia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

Corresponde declarar competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional para continuar con la investigación del hecho denunciado, toda vez que la orden restrictiva supuestamente desobedecida provino de un juzgado nacional. Ello así porque, de conformidad con el tercer Convenio de transferencia de competencias penales a la justicia de la Ciudad (ratificado por las leyes n° 26702 y n° 5935), el factor determinante para que el delito de desobediencia (art. 239 del CP) y otros delitos sean investigados y juzgados por el Poder Judicial de la Ciudad radica, según su punto "SEGUNDO", en que los hechos sean cometidos por o contra "sus funcionarios públicos" o "atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial que tramite ante los tribunales locales". Y de los precedentes emitidos por la CSJN en la materia (cf. "Corrales", Fallos: 338:1517, "Nisman", Fallos: 339:1342 y "Bazán", Fallos: 342:509) no es posible derivar que los jueces nacionales resulten "funcionarios públicos" locales, que integren alguno de "sus poderes públicos" o que deban ser considerados "tribunales locales". (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz por remisión a su voto in re "Incidente de incompetencia en autos "García, María Laura s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad" s/ conflicto de competencia I en/ García, María Laura s/ infr. Art(s). 239 del CP", Expte. SAPCYF n° 16329/19, sentencia del 1/7/2020).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, habeas corpus correctivo, ejecución de la pena, salidas transitorias, drogadicción
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: O., M. S. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-21

La presente queja no ha de merecer favorable recepción al no evidenciarse una cuestión constitucional sobre la cual expedirse, por cuanto la resolución atacada -que rechazó el habeas corpus correctivo a favor del condenado- no ha resultado controvertida por las genéricas alegaciones de la defensa con invocación de una supuesta afectación a los derechos constitucionales a la salud y reinserción social; más aún cuando el decisorio de la Sala se acompasa con las resoluciones dictadas a posteriori respecto del condenado, ya que de las constancias de autos surge que -en instancia competente- la Jueza de Ejecución Penal incorporó al régimen de salidas transitorias al penado, dictando asimismo autorización para su internación a fin de retomar su tratamiento para la adicción a sustancias psicoactivas, resolución ésta última que fue revocada ante la imputación de comisión de un nuevo hecho delictivo.
Indemnización, daño material, incapacidad laboral, accidente de tránsito, lesiones culposas
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: HEREDIA JUAN CARLOS s/ INDEMNIZACION  -  DAÑO  MATERIAL -  ACCIDENTE DE TRANSITO - LESIONES  CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-08-16

Si bien en el caso el rubro "incapacidad laboral" no puede prosperar, por cuanto se acreditó que la víctima luego que se restableció de la lesión se reintegró a trabajar normalmente, ello no obsta a que el reclamo solicitado prospere como daño material, por la incapacidad laboral y permanente del 10% de la total obrera, que le ocasionó el accidente, ya que toda lesión física de carácter permanente ocasione o no un daño económico, debe ser indemnizada como valor que la víctima se vio privada aun cuando no ejerciera ninguna actividad lucrativa, puesto que la reparación no solo comprende el actual y concreto aspecto laborativo, sino que también las posibilidades futuras y además todas las consecuencias que afectan la personalidad humana íntegramente considerada.-
Recurso extraordinario, jueces, DEBER DE ACTUAR CON INDEPENDENCIA DE CRITERIO, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, preclusión
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: B., L. O. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO-HOMICIDIO CULPOSO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 313  AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-11-13

No cabe hacer lugar al planteo del impugnante en torno a la supuesta violación a la garantía de la imparcialidad fundado en la intervención en la etapa investigativa y luego en el juicio propiamente dicho o Plenario del mismo Magistrado Correccional, desde que la defensa del imputado recién efectúa su postulación al deducir el recurso extraordinario federal, mientras que en las causas que cita en apoyo de su postura ("Llerena", "Dieser") expresamente se tuvo en cuenta que el recurrente había formulado la cuestión relativa a la ausencia de imparcialidad de los juzgadores en las distintas oportunidades con las que contó durante el desarrollo del proceso.

No obstante lo expuesto, es dable remarcar que según los argumentos vertidos por el Máximo Tribunal de la Nación, los criterios adoptados en aquellos precedentes resultan de aplicación a las causas futuras y en trámite, no pudiendo ser revisados aquellos actos donde operó la preclusión.

Mas precisamente, en oportunidad de fallar la causa "Llerena" la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al definir el alcance de la garantía en cuestión, señaló que las pautas sentadas resultaban de práctica hacia adelante y no implicaban en manera alguna la revisión de actos precluidos y sentenciados, en los cuales el temor de parcialidad quedó desplazado por la actuación que tuviera en concreto el juez.

Por lo tanto, precisó, si la defensa consideró que "había existido parcialidad debió oportunamente haberlo planteado con los recursos o remedios procesales con los que contaba" (consid. 29).
Inconstitucionalidad, régimen de consolidación de deudas, indemnización expropiatoria, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Servicio Nacional de Parques Nacionales c/ Franzini,  Carlos  y  sus  herederos  o quien resulte propietario de Finca "Las Pavas" s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

Es inconstitucional el régimen de la ley 23.982 en su aplicación al pago de la indemnización por expropiación , pues un sistema que comporte una demora en el cobro de la indemnización es inconciliable con la exigencia constitucional del pago previo debido al expropiado y, por tanto, resulta violatorio de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley Fundamental.
Contrato de trabajo, accidentes de trabajo, enfermedades inculpables
Materia: LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Julio IGLESIAS c/ CORPORACION ARGENTINA DE PRODUCTORES DE CARNES s/ RECURSO    EXTRAORDINARIO   -  CONTRATO  DE  TRABAJO  -  ENFERMEDADES  INCULPABLES - ACCIDENTES DEL TRABAJO - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-18

El art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde el punto de vista material, puede considerarse como una prestación de seguridad social cuyo rechazo no debe operarse sino con extrema cautela.
Compraventa inmobiliaria, valor locativo
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ, CARLOS H. Y OTRO. c/ P.E. CONSTRUCCIONES S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-21

La mora de la vendedora en la entrega de la unidad la hace responsable de los daños que provoque su incumplimiento, de conformidad con lo preceptuado por los arts. 511, 512, 519 y concordantes del Código Civil, que rigen aunque no se haya estipulado ninguna consecuencia para tal incumplimiento.

El valor locativo es la consecuencia inmediata de la imposibilidad de utilizar el inmueble prometido y esa falta de disponibilidad del bien constituye un daño por sí mismo, que debe resarcirse en base al costo del uso de una unidad semejante a la adquirida. El hecho de no ser oponible al vendedor el arrendamiento que pudiera efectuar la adquirente, no impide utilizar el valor locativo para medir la magnitud del perjuicio experimentado por el no uso del departamento De acuerdo con las facultades acordadas por el art. 165, última parte, del Código Procesal el monto del perjuicio debe fijarse judicialmente aún cuando no existan pruebas de su magnitud, siempre que su existencia esté comprobada. El avalúo del perjuicio queda librado al prudente arbitrio judicial, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y sin que la falta de producción de las pruebas correspondientes pueda jugar en favor de la parte a cuyo cargo pesaba la acreditación del daño.
Promoción de la corrupción, facilitación de la corrupción
Materia: PENAL
Carátula: Vitullo, Eduardo Osvaldo s/ Corrupción agravada - Violación reiterada - Abuso deshonesto  agravado reiterado. Peralta, Ivón Ricardo s/ Tentativa de violación García, Ricardo Enrique s/ Corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17|1995-12-28|1997-08-12

No teniendo el art. 125 del Código Penal por núcleo la referencia a quien corrompiere sino a quien "promoviere o facilitare" la corrupción del tipo no requiere, entonces, que se produzca la concreta corrupción, pero tampoco basta con la pura actividad de ejecutar actos idóneos para corromper.
Protección de la vivienda, deudas de los cónyuges, asentimiento del cónyuge, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Gualeguaychú c/ Giménez, Angel José s/ incidente desafectación bien de familia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-12-18

La deuda que le fue reclamada al cónyuge y por la que se pretendía subastar el 50% del inmueble de su titularidad, es de fecha posterior al matrimonio y no fue contraída por ambos cónyuges, ni con el asentimiento del otro, quien estaba por eso legitimada para el planteo de la inejecutabilidad del art. 456 últ. párr. CCC. La legitimación del que sí contrajo la obligación, está dada exclusivamente en función del interés del hijo menor de edad que habita con su progenitora la vivienda, y no por un interés propio, cuya invocación, implicaría el ejercicio abusivo de un derecho que le está impuesto a los jueces evitar (art.10 CCC).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Ganadera de El Triunfo Ltda. s/ Quiebra (a pedido de acreedor)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

Resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que dirige su impugnación a lo decidido en otra causa, aún cuando medie conexión entre ellas.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, crédito hipotecario, bienes inmuebles, vivienda, bienes inembargables, leyes, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Banca Nazionale del Lavoro S.A. c/ Abdala, Manuel s/ Recurso de inconstitucionalidad-Demanda ejecutiva (Expte. C.S.J.   Nro. 258 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-20

El más Alto Tribunal de la Nación ha trazado directrices claras en torno a la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles destinados a vivienda propia y construidos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional, receptadas por la Corte local en sucesivas oportunidades. Concretamente, ha sostenido in re "Jaralambides Teófilo L. contra Pereira Rocha de Jaralambides", que la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles destinados a vivienda propia -construidos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional-, mientras mantengan su categoría originaria, reconocen como "ratio legis" el notorio objetivo social del afianzamiento de la vivienda, fruto del esfuerzo de los componentes del grupo familiar y de la ayuda social por vía estatal; que esta hermenéutica concuerda con los fines de fomento de la vivienda familiar atribuidas a la función del banco y con el espíritu de normas análogas -como las que regulan el llamado "bien de familia"- que encuentran sustento constitucional en el artículo 14 bis de la Carta Magna nacional; y que sostener que el beneficio de la inembargabilidad se extingue juntamente con el pago total de la deuda, importaría aceptar que ha sido instituido en el solo interés del Banco, pese a que éste está suficientemente asegurado por el crédito hipotecario. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco a los que Adhieren los Dres. Vigo y Spuler)
Estado Nacional, soberanía, deuda pública, deuda externa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Brunicardi, Adriano C. c/ Estado Nacional (BCRA.) s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

El acto mediante el cual el Estado Nacional transformó la deuda financiera externa privada en deuda externa pública y difirió su pago a períodos futuros, constituyó una emanación de la soberanía nacional.
Cuestión constitucional, impugnación del acto administrativo, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Impulso de San Luis SA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Impulso de San Luis SA c/ AGIP s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Si las instancias anteriores han valorado los argumentos de la actora y han tenido por incumplido el requisito formal de la solicitud de exención del impuesto sobre los ingresos brutos, a partir de las constancias de hecho y prueba obrantes en la causa y de una interpretación de la normativa infraconstitucional aplicable, corresponde rechazar la queja toda vez que la recurrente no ha arrimado nuevos argumentos conducentes a sostener la existencia de un genuino caso constitucional. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere la jueza Marcela De Langhe).
Recurso de revisión (procesal), honorarios, error judicial, daño moral, base
Materia: PROCESAL
Carátula: PIETRAS JUAN JOSE Y OTRA c/ ZAKIAN HUGO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-03-29

Evaluar el daño moral significa medir el sufrimiento humano. Esto no sólo es imposible de hacer en términos cuantitativamente exactos, sino que es una operación no susceptible de ser fijada en términos de validez general o explicada racionalmente. Cada juez pone en juego su personal sensibilidad para cuantificar la reparación, la cantidad de dinero necesaria para servir de compensación al daño. Es el juez en definitiva quién fijará el monto del daño moral independientemente de lo reclamado por las partes. Por ello, a los fines de la base regulatoria, se debe estar al valor que el sentenciante fija en su resolución, no correspondiendo en este caso la aplicación del art. 29 de la Ley 7269.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, para el caso en que en las demandas se reclamaren montos por demás excesivos en concepto de daño moral, se debe aplicar lisa y llanamente la norma en análisis, esto es, debe estarse al monto demandado para estimar los honorarios profesionales.

Del juego armónico del art. 29 y sus concordantes de la Ley 7269, surge que la base regulatoria está determinada por el valor o monto del juicio, en presencia del cual es obligatoria la regulación de honorarios sobre la base de lo demandado, con la excepción apuntada en relación al daño moral.

Si al momento de promoverse la demanda se precisó un monto, éste adquiere carácter vinculante para el juez a los fines de la regulación de honorarios, sin que el abandono, con carácter de subsidiario, a lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse o que fije el prudente arbitrio judicial, pueda dejar sin efecto aquél principio directriz del art. 29 de la ley arancelaria (7269).

El interés económico defendido por el profesional es el equivalente a la expectativa que la demanda genera en el patrimonio del cliente, con abstracción del resultado del litigio. En este último puede estar reflejado el mérito de esa actividad, pero no el valor sobre el cual recae, que debe estar expresado en el contenido de la demanda (incs. 3ro. y 5to. art. 155 C.P.C.), como requisito de admisibilidad y eficacia (156 Código citado).-
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Molfa, Juan C. c/ Martín, Omar O. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-07

No constituye una base idónea para ser examinado en la instancia extraordinaria a través del recurso extraordinario de nulidad el embate del recurrente que se basa en imputaciones sobre errores de juzgamiento.
Delitos contra la humanidad, desaparecidos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Albornoz, Roberto, De Cándido Luis, De Cándido Carlos y Menéndez Luciano s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-08

Desde la primera fase de la dinámica del factum las víctimas pasaron a ser desaparecidos lo que les posibilitó a los imputados, merced a la clandestinidad en la que operaban, tener absoluta disposición de sus vidas, es decir, pudieron decidir libremente, con total impunidad y arbitrariedad el destino de las personas que se encontraban bajo la órbita de su dominio.
Recurso extraordinario, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Julio c/ Cerámica Martín SA. y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

La desaparición de los requisitos jurisdiccionales importa la del poder de juzgar.
Responsabilidad civil, daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad del Estado, policía
Materia: CIVIL
Carátula: Fantoni, Carlos Ildo c/ Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-05-22

Existe un deber de la sociedad toda de indemnizar los daños injustamente producidos por las fuerzas policiales, toda vez que en ellas la comunidad ha delegado el ejercicio legítimo de la fuerza, conforme los dictados del Estado de derecho.
Concesión de servicio público, Municipalidad, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 306 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-25

Cuando el servicio público excede el ámbito comunal y se encuentra regulado por otra instancia estadual -en el caso, la Provincia-, el municipio conserva su poder de policía local en cuanto al cumplimiento de los fines que le asigna la Constitución provincial y la ley orgánica de Municipalidades (vgr., en el artículo 39, incisos 52 y 53, de la ley 2756), debiendo coordinar su ejercicio con el inherente al servicio en cuestión; vale decir que, en las materias de sus respectivas competencias, el poder de policía se ejerce en forma concurrente en todo el ámbito de sus respectivos territorios.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS s/ RECURSO  DE  RECONSIDERACION  DEL  PUNTO  4  DE  LA ACORDADA N. 4 DEL   8/6/88     RECURSO EXTRAORDINARIO (CSJ EXPTE N. 157-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-03-20

Asume gravedad institucional y el análisis de la cuestión de fondo se impone, debiendo dejarse de lado su rechazo por cuestiones meramente formales -oportuno planteo de la cuestión constitucional en lo que hace a la legitimación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para asumir la defensa de los derechos o intereses legítimos de sus asociados-, si la solución afecta a toda una categoría profesional, y al correcto ejercicio de la función judicial, debiendo en consecuencia, concederse el Recurso Extraordinario interpuesto.
Recurso de casación, recurso de queja (procesal), fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Bernal, Trinidad s/ Recurso de queja por denegación del recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-04-05

Rechazado el recurso extraordinario de casación por motivos ajenos a los agravios expuestos por el apelante, no satisface el requerimiento de fundamentación suficiente la queja que omite rebatir en términos expresos las razones dadas por el juzgador, ya que eso era el presupuesto lógico para demostrar la vialidad del recurso rechazado.
Locación, vencimiento del plazo, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ IZQUIERDO BROWN, E.T. c/ ALOE, JUAN CARLOS A. Y OTROS s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-14

Mientras el locador no requiera la restitución del inmueble arrendado, una vez vencido el plazo, la locación subsiste en los término del contrato hasta tanto se efectúe dicha intimación, oportunidad a partir de la cual, si el locatario elude el cumplimiento de la obligación de restituir, la detentación del inmueble deviene ilegítima, debiendo resarcir los daños y perjuicios irrogados por la demora (arts. 1622 y 1609 del Cód. Civil). De manera que tal requerimiento constituye el requisito indispensable para que nazca la obligación resarcitoria (conf. C.N. Esp. Civ. y Com. Sala V, E.D. 82-722; id. Sala IV, E.D. 81-575, sum. 64; Ca.

2a. CC. La Plata Sala I, E.D. 83-173). La previsión de un plazo cierto en el contrato y lo dispuesto por el art. 509, primer apartado del Código Civil, no obsta a la aplicación del art 1622 del código citado. Al existir una norma específica reguladora de un aspecto contractual (arts. 1609 y 1622), ella debe prevalecer frente a aquella que lo hace para la generalidad de las obligaciones a plazo cierto (art. 509, primer apartado), a no ser que las partes mediante una estipulación contractual hubieran dispuesto lo contrario (arts. 1137 y 1197, Código Civil).
Seguros, seguro marítimo, seguro de protección e indemnidad, incumplimiento del contrato, obligaciones del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARMADORA RIO DE LA PLATA SA c/ LA BUENOS AIRES CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

En cuanto al incumplimiento del contrato de seguro por no haberse proveído a la defensa judicial de la accionante en los estrados de Ravenna, se observa, en primer lugar, que no hay pruebas en autos de cual es el contenido de la cobertura F. D. & D., ya que la póliza remite al respecto a las reglas del "The Standard Ship Owner's Mutual F. D. & D. Association Limited", que no han sido incorporadas a estas actuaciones. En las reglas del club P&I, que si han sido agregadas al juicio, lo que se encuentra es la regla 19 que, en su apartado (IV), trata sobre la pérdida del flete ("freight") y, en su apartado (VIII), de los supuestos de demora ("demurrage") y detención (detention) del barco. De cualquier manera, ni de las condiciones específicas de la póliza, ni de las reglas del Club Pandi, se desprende que este haya contraído obligación alguna de defender judicialmente al asegurado y, en cuanto a las costas y gastos del juicio, la recurrente no ha controvertido concretamente la conclusión del aquo de que su parte no justificó haber efectuado erogación alguna en este aspecto. Por lo demás, según expresiones de la propia actora en su escrito fue mal defendida en el juicio seguido en Ravenna, infortunio cuyas consecuencias no cabe trasladar a la accionada.