Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-04


000201/2010 --- En la ciudad de Trelew, a los días de junio del año dos mil diez, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez y Carlos Dante Ferrari para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "L. R. A. c/ D. C. M. s/ Cobro de haberes" (Expte. 201 - Año 2010 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 199.-----------------------.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Carlos D. FERRARI dijo: -------------------I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 185/190 vta.) acogió parcialmente la demanda entablada, condenando a C. M. D. a abonar al actor la suma de $ 59.015,30, con más los intereses que cobra el B. C. S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento -tasa activa- desde que cada suma fue debida hasta su efectivo pago, imponiendo las costas al demandado vencido, procediendo a la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.---II. Los fundamentos del decisorio, en síntesis, son los siguientes: 1) Consideró el juez de grado que del examen de los testimonios brindados por los Sres. W. A., M. J., B. C. y A. J., resultó que la mayoría de los declarantes coincidieron en que el actor efectivamente trabajó para el demandado D. en diversas localidades realizando tareas de albañilería. Agregó que ello quedó corroborado también mediante la confesión ficta incurrida por el accionado en razón de su incomparecencia a la audiencia de absolución de posiciones celebrada a fs. 119, a tenor del pliego de posiciones agregado a fs. 182. De tal modo, sostuvo que habiendo quedado demostrada la relación laboral alegada por el accionante, cobró vigencia la presunción de verdad de las afirmaciones efectuadas por el trabajador en su demanda conforme lo previsto por el art. 57 de la L.C.T., en mérito al silencio observado por el demandado a la intimación cursada extrajudicialmente que corre agregada a fs. 6. Refirió que no obsta a tal conclusión la circunstancia de que el actor se hubiera desempeñado transitoriamente para otro empleador, ya que la discontinuidad de las prestaciones como la exclusividad de las mismas no configuran elementos determinantes para desechar la existencia de un verdadero contrato de trabajo, por lo que consideró que la relación laboral invocada por el accionante ha sido suficientemente acreditada, con las modalidades de trabajo denunciadas en la demanda. 2) En lo relativo al distracto, manifestó que el actor se consideró despedido por culpa del demandado, ante los incumplimientos de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que los unía. Señaló que el despido indirecto es el decidido por el trabajador ante un incumplimiento del empleador de suficiente gravedad que constituya una injuria que impida la continuación del contrato. Refirió que el actor en fecha 27 de noviembre de 2007 intimó al demandado para que en el plazo de dos días hábiles aclarara su situación laboral, abonara los haberes de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2007, aguinaldo segunda cuota 2005, aguinaldo 2006 y primera cuota de 2007, bajo apercibimiento de considerarse despedido. Asimismo, intimó al pago de diferencias salariales, registro de la relación laboral, el pago de horas extras y las asignaciones familiares con el telegrama obrante a fs.6. Continuó diciendo, que ante el silencio del demandado a la intimación cursada, el accionante nuevamente cursó telegrama -el que corre agregado a fs.4-, comunicando que daba por finalizado el contrato de trabajo, intimando a abonar los rubros reclamados y la libreta del fondo de cese laboral, bajo apercibimiento de solicitar judicialmente la indemnización del art. 18 de la ley 22.250. Agregó que del informe glosado a fs. 68, emanado del Correo Argentino, surgía la entrega de dichas comunicaciones al demandado. Que, en atención a todo ello consideró el juez de grado que quedó acreditado en autos por un lado, la relación laboral que unió a las partes, y por otro, la falta de pago de los salarios adeudados al trabajador, siendo ésta la principal obligación del empleador. Por lo que, encontró válida la decisión del actor de dar por finalizado el vínculo contractual, debiendo el demandado cargar con las indemnizaciones previstas por la ley 22.250 y el CCT 76/75 aplicable al caso.3) En cuanto a las diferencias salariales reclamadas por el actor por el período diciembre de 2005 a julio de 2007, refirió el sentenciante que el actor denunció como salario la suma de $ 2.440, que no fue desvirtuada por el demandado en autos según lo establecido por el art. 44 de la ley 69. Sostuvo que tampoco acreditó el accionado mediante los recibos de pago pertinentes, la cancelación de los salarios adeudados al trabajador de acuerdo a lo prescripto por el art. 138 y ss. de la L.C.T. Consideró que no obsta a tal conclusión, los recibos adjuntados por el demandado al contestar la acción que corren agregados a fs.33/41, puesto que carecían de toda validez según lo dispuesto por los arts. 139, 140 y conc. de la L.C.T., además de haber sido desconocidos por el actor. Sostuvo asimismo que conforme lo establece el art. 260 de la L.C.T., para que el pago laboral tenga efectos liberatorios, debe ser completo, de modo tal que el que sea insuficiente será considerado como entrega a cuenta del total adeudado, pudiendo el trabajador efectuar el reclamo de su crédito por todo el plazo legalmente previsto de prescripción. Respecto al pago de los salarios y aguinaldos adeudados que fueran objeto de reclamo por parte del trabajador, tanto judicial como extrajudicialmente, sin haber obtenido respuesta favorable del accionado, consideró que resultaban procedentes ante la falta de acreditación de su pago conforme a la ley sustantiva, así como también hizo lugar al concepto de vacaciones proporcionales y asignaciones familiares por cuatro hijos. Asimismo declaró procedentes la asignación destinada a vestimenta en virtud de lo dispuesto por el art. 35 del CCT 76/75 y las indemnizaciones correspondientes a la falta de entrega por parte del empleador de la libreta de aportes con motivo de la extinción del contrato, de conformidad con lo dispuesto por el art. 18, párrafos primero y segundo, de la ley 22.250. En cambio, no hizo lugar a la multa prevista por el art. 80 de la L.C.T. en razón de no haber intimado fehacientemente la entrega del certificado de trabajo, de acuerdo a lo establecido por la citada norma legal, como así tampoco al reclamo por horas extras toda vez que el actor supeditó el mismo a la pericia contable que se practicaría en autos, la cual no fue producida por dicha parte. Rechazó por último la indemnización prevista por el art. 19 de la ley 22.250 por no haberse intimado de acuerdo a lo dispuesto en dicha norma legal, declarando asimismo que no resultaban procedentes las indemnizaciones establecidas en los arts. 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013, en función a la incompatibilidad con el específico régimen jurídico de la actividad de la construcción. Consideró el juez de grado abstracta la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 del Decreto 146/01 en razón de no haber prosperado el rubro pretendido y rechazó el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561, toda vez que el actor se limitó a señalar que se vulneró su derecho de propiedad e igualdad al aplicar la citada norma legal, al prohibirse los mecanismos indexatorios o de actualización monetaria establecidos en dicho ordenamiento legal, no habiendo precisado y acreditado fehacientemente en autos el perjuicio que le originó la aplicación de la disposición, pues la invocación de agravios meramente conjeturales resultaba insuficiente para descalificar el precepto o procedimiento impugnado. Citó jurisprudencia en tal sentido. A mayor abundamiento consideró el sentenciante que la norma objetada reúne los recaudos de validez constitucional desde que responde a los presupuestos requeridos que caracterizan el estado de emergencia, a saber: una situación real de emergencia constatada y declarada por el órgano competente y con control judicial sobre su existencia y subsistencia; un fin real de interés social y público; transitoriedad de la regulación excepcional y razonabilidad del medio elegido, es decir, proporción y adecuación entre la medida dispuesta y el fin perseguido y los motivos y causas que dieron origen a la emergencia, concluyendo finalmente que la comprobación del estado de emergencia no requiere de una prueba estricto sensu, bastando los hechos de público conocimiento a tal efecto. 4) Concluyó el juez de grado acogiendo la demanda parcialmente por la suma de $ 59.015,30, con más los intereses que cobra el B. C. S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento -tasa activa- desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, con costas al demandado vencido. ---------------------III. El fallo es apelado por el demandado a tenor de la pieza obrante a fs. 195 que contiene, en síntesis, los siguientes motivos de agravio. Objeta la consideración del juez de grado referida a que la relación laboral invocada por el actor quedó suficientemente acreditada con las modalidades de trabajo denunciadas en el escrito de demanda, por aplicación de la presunción establecida por el art. 57 de la L.C.T. Sostiene que dicha presunción no podía imponerse a la documental acompañada por su parte al contestar la acción -glosada a fs.42/44-, emanada de un organismo público como el ANSES, y cuya veracidad quedó acreditada con el informe elaborado por dicho organismo a fs. 135. Afirma que dicha documental acreditó que el actor trabajó bajo relación de dependencia para las empresas E. E. S.A. en el período Julio de 2006 a Septiembre del mismo año y C. S. S.R.L. e I.. C. B., en el período Enero de 2007 a Febrero de 2007, ambas empresas radicadas en la Provincia de San Juan, y rescató la declaración del testigo B. C., quien puntualizó que el actor se desplazaba a Gaiman y a San Juan para realizar otros trabajos. Agrega que dicha prueba quitó valor a la presunción que cobra vida en ausencia de otras probanzas y acreditó de manera fehaciente que la relación existente entre las partes no era bajo la modalidad que se demandó. Por último, se agravia en forma subsidiaria, en cuanto a la imposición de costas a su parte efectuada por el sentenciante en el fallo en crisis, por no guardar el principio de proporcionalidad que exige el art. 68 del C.P.C.C., en razón de la cantidad de rubros de la demanda que le fueron rechazados al actor, teniendo en cuenta la magnitud de los montos demandados. Concluye solicitando se revoque la sentencia apelada en cuanto es materia de agravios, con costas.--------------- VI. Corrido traslado a la contraria del memorial de agravios mediante providencia de fs. 196, el mismo no es contestado.---VII. En mi opinión, el primer motivo de agravio carece de una argumentación apta para desmerecer el juicio lógico expuesto en el fallo. Adviértase que el sentenciante a quo hizo mérito de dos factores favorables a la versión actoral, a saber: a ) la falta de respuesta a la intimación cursada por el trabajador, circunstancia que daba operatividad a la presunción establecida en el art. 57 de la LCT en virtud del silencio guardado y b) la confesión ficta en que quedó incurso el demandado al no comparecer a la audiencia confesional a la que había sido citado bajo apercibimiento de ley. Frente a ello, el apelante aduce que dichas presunciones no pueden superar del valor probatorio emergente de la información brindada por el Anses.--------------Es oportuno recordar en que el fuero laboral la confesión ficta tiene características propias y diferenciadas de las del procedimiento civil y comercial, que son aplicables solo en forma supletoria (art. 24, 44, 73 y conc., Ley XIV N° 1 - ex Ley N° 69). En este orden de ideas, el art. 24 de la ley procesal del fuero establece que en caso de incomparecencia, el absolvente "será tenido por confeso sobre los hechos expuestos en la demanda o contestación, salvo prueba en contrario". Me he ocupado en remarcar una vez más el tenor de la norma citada, por cuanto difiere en forma notoria e inequívoca de la regla establecida en el art. 417 del C.P.C.C., que limita en cambio la confesión ficta a "los hechos personales, teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas". La regla procesal laboral, como puede apreciarse, es de mayor amplitud en el plano fáctico, en tanto abarca "los hechos expuestos en la demanda o contestación" y, además, de carácter imperativo ("será" tenido por confeso), supeditando el efecto confesorio tan sólo a la existencia de prueba en contrario (conf. mis votos en Expte. 17956 - S.D.L. 21/02 - id. Expte. 22104 - S.D.L. 35/07; id. Expte. 22896 - S.D.L. 56/08; id. Expte. 598 - S.D.L. 82/09 - id. Expte. 675 - S.D.L. 85/09; entre otros).--A partir de este marco procesal y en vista de la incomparecencia del demandante a la audiencia confesional, en principio cabe presumir como ciertos los presupuestos de hecho narrados por la demandada en su contestación para abonar su versión defensiva, salvo prueba en contrario.-Ahora bien: el apelante pretende oponer como prueba contraria para destruir esta regla presuntiva a la información emanada de la AnSes a fs. 135/155. Sin embargo esta información carece de eficacia para producir el efecto pretendido, por cuanto se limita a brindar constancia de los registros obrantes en dicha repartición, originados en las declaraciones juradas del propio empleador. Claro está que esa información no puede constituirse en prueba favorable al emitente y en perjuicio del trabajador. Así lo ha resuelto con acierto la jurisprudencia en criterio que comparto, al expresar que "las declaraciones juradas que la demandada haya presentado ante la AnSes no prueban contra el actor, toda vez que se trata de instrumentos unilateral e inconsultamente confeccionados por la empleadora" (conf. CNTrab. - Sala II - 20/02/2008 - SD 95.544 EXPTE. 8710/2006 - "Cueto Victor Gustavo c/Muelle del Plata S.R.L. y otros s/ Despido" - elDial - AA4647).--------------------------Lo contrario significaría ni más ni menos que admitir que un empleador preconstituya pruebas en su propio beneficio, mediante el simple trámite de sujetar a su solo arbitrio los datos brindados a los entes provisionales y demás registros públicos. Esta posibilidad no puede recibir tutela jurídica, pues ello implicaría resolver el conflicto en abierta contraposición al principio de primacía de la realidad que campea en el fuero laboral, convirtiendo en letra muerta la obligación genérica de buena fe establecida en el art. 63 de la LCT.------------------------A mérito de lo expresado, opino que este agravio debe desestimarse, por lo que voto en tal sentido.--- VIII. Distinta suerte ha de correr en cambio el agravio referido a la imposición de las costas de primera instancia al demandado.--------------------------En efecto, tal como lo expresa el recurrente, las pretensiones acumuladas por el actor no prosperaron en su totalidad, ya que se desestimaron las referidas a la multa prevista en el art. 80 LCT, a la indemnización establecida en el art. 19 de la ley 22.250, a las indemnizaciones solicitadas con base en los arts. 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013 y al planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561.----Así las cosas, atendiendo por una parte a la proporción de rubros acogidos y desestimados y a su incidencia económica en el resultado de la litis, y por la otra, a la innegable circunstancia de que el trabajador se vio en la necesidad de interponer esta demanda judicial para que le fueran reconocidos sus reclamos, considero prudente y equitativo distribuir las costas en ambas instancias en un 75% a cargo del demandado y en el 25% restante por cuenta del actor, aplicando supletoriamente la regla establecida en el art. 72 -antes 71- del C.P.C.C. (texto seg. Ley XIII N° 5), tal como lo hemos resuelto en reiterados casos análogos.--- IX. Conclusiones: --------------------De compartirse las consideraciones expuestas precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, modificándolo única y exclusivamente en cuanto a la imposición de las costas, que deberán ser distribuidas en ambas instancias en un 75% a cargo de la parte demandada y en el 25% restante por cuenta del actor. II) Fijar los honorarios profesionales correspondientes a esta alzada para el Dr. C. D. O. en el 3,6% del monto del proceso debidamente liquidado (arts. 5, 13, 46 y conc., Ley XIII N° 4 - ex Ley 2.200).-------------Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.--------------------.

A ESA MISMA CUESTIÓN PRIMERA el Dr. Velázquez expuso:

En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito al resumen que de la decisión impugnada y los agravios vertidos por el recurrente realizara el Señor Magistrado antes sufragante.- Concuerda mi opinión con la del colega y para fundar mi voto individual, cual lo exige la manda del art. 169 de la Const. Prov., basta con formular las consideraciones siguientes.- I.- La linea argumental en que el recurrente cimentó su primer agravio resulta francamente deficitaria. Parece no haber advertido que el Señor Magistrado "a quo" apoyó su conclusión acerca de la real existencia de la relación laboral habida entre las partes en la ficta confesión en que el demandado incurriera, así como en las testificales rendidas; sólo luego, y en relación a la veracidad de los incumplimientos del empleador alegados por el actor, el sentenciante de origen los tuvo por acreditados a través de la presunción nacida del silencio guardado por el patrono frente a la intimación que le fuera formulada por el trabajador, a tenor del art. 57 L.C.T.- Muy correctamente razonó el juzgador. La controvertida relación de trabajo fue acabadamente demostrada mediante la ficta confesión en que el demandado cayera (fs. 50, 58/vta., 119), que en el régimen del procedimiento laboral tiene un alcance aún mayor que en el proceso civil y comercial. En efecto, el demandado ausente sin justa causa en la audiencia de absolución de posiciones "será tenido por confeso sobre los hechos expuestos en la demanda..., salvo prueba en contrario" reza el art. 24 de la Ley XIV n° 1 (antes art. 25 de la Ley 69). A partir de dicha presunción se invirtió sin más entonces la carga de la prueba, porque en nuestro sistema procesal la "ficta conffessio" no requiere de corroboración por ninguna otra probanza para erigirse en elemento de convicción que el juez tiene el deber insoslayable de atender, cual con meridiana claridad y en modo imperativo la citada norma establece al disponer que el incompareciente sin causa justificada a la audiencia "será tenido por confeso" (este tribunal, c. 22/10 S.D.L. 5/10, c. 78/10 S.D.L. 14/10, por no citar sino los últimos precedentes del cuerpo donde así fue declarado).- Mas acontece que en la especie a esa "probatio probatissima" vinieron a añadirse las testificales aportadas, que todavía -así fuera ello superfluo- la confirmaron. De ese modo quedó acreditada la prestación de servicios por el demandante y el carácter dependiente o subordinado de éstos en favor del demandado. Aplicable entonces la presunción del art. 23 L.C.T., pesaba sobre el demandado la carga de probar la naturaleza no laboral de la relación, en el caso el vínculo de amistad entre los litigantes invocado. Y ni rastros de probanzas hallo en autos al respecto.- Hoy invoca el apelante las constancias documentales de las que se desprende el desempeño del actor para otros empleadores durante algunos meses. Magro argumento para conmover lo antedicho, porque, sabido es, la exclusividad no es característica de la esencia del contrato de trabajo, resultando hasta relativamente comunes los casos de vinculación del trabajador con varios empleadores (esta alzada, c. c. 13.787 S.D.L. 123/98, c. 16.089 S.D.L. 41/00, c. 18.281 S.D.L. 44/02, c. 22.592 S.D.L. 15/08, c. 694/09 S.D.L. 89/09). A ello se suma que la discontinuidad de las tareas para un empleador no desdibuja la relación laboral, pues es conocida la existencia de contratos de trabajo por tiempo indeterminado pero de prestaciones discontinuas, tipo contractual del que nos hemos ocupado en más de una oportunidad (c. 11.289 S.D.L. 168/94, c. 11.529 S.D.L. 33/95, c. 13.411 S.D.L. 101/98, c. 13.787 S.D.L. 123/98, entre otras). Es que el carácter permanente del trabajo no depende de la cantidad de días de prestación en la semana o en el mes, sino de la habitualidad y vocación de permanencia, aun con cierta discontinuidad (esta alzada, c. 18.146 S.D.L. 36/02, c. 20.842 S.D.L. 60/05, c. 22.857 S.D.L. 64/08; confr.: C.N. Tr., Sala V, 30/3/92, S.D. 47.431, cit. en "Ley de Contrato de Trabajo...", Manuales de Jurisprudencia La Ley, 2da. ed., pág. 227/228, sum. 4).- Tocante a los incumplimientos del empleador, bien hizo el sentenciante en aplicar la presunción del art. 57 L.C.T. El silencio mantenido por el empleador intimado por el trabajador por más de dos días resulta jurídicamente relevante, pues creó una presunción a favor de este último, no desvirtuada en la especie por probanzas en contrario; es más, la norma del art. 57 L.C.T. debe ser integrada con la del art. 919 Cód. Civ. y considerar entonces que tal actitud silente importó manifestación de voluntad "conforme", porque el patrono tenía "obligación de explicarse" impuesta por la ley (confr.: C.N. Trab., Sala IV, S.D. 66.828, cit. en " Manuales de Jurisprudencia La Ley- Ley de Contrato de Trabajo..." ind., pág. 156, sum. 12; esta sala, c. 12.500 S.D.L. 120/97, c. 20.605 S.D.L. 48/05).- II.- Tal como surge del escrito inicial, once reclamos acumuló objetivamente el actor en su demanda: 1) haberes insolutos; 2) diferencias salariales por distinta categoría laboral; 3) remuneraciones por horas extras; 4) asignaciones familiares impagas; 5) vacaciones no gozadas; 6) indemnización del art. 18 párr. 1° de la Ley 22.250; 7) resarcimiento del art. 18 párr. 2° ídem; 8) reparación del art. 18 últ. párr. íd.; 9) indemnización del art. 19 íd.; 10) indemnizaciones especiales de los arts. 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; y 11) resarcimiento del art. 80 "in fine" L.C.T. El contenido económico de la demanda alcanzó a un total de $ 82.365,03.- Cuatro de esos ítemes fueron a la postre desestimados -indemnizaciones de los arts. 19 de la Ley 22.250, 8,9,10 y 15 de la Ley 24.013 y del art. 80 últ. párr. L.C.T. y remuneraciones de horas extraordinarias-, mientras que prosperaron los siete restantes aunque por importes inferiores a los reclamados. La condena llegó así a $ 59.015,30.- Por cierto que en el proceso laboral debe ser cautelosa la aplicación de la excepción consagrada en el art. 72 C.P.C.C. (ex art. 71) para separarse del principio general del vencimiento como base de la condena en costas (art. 58 de la Ley XIV n° 1, antes art. 59 de la Ley 69), mas en el subexamen el vencimiento parcial y mutuo aparece claro. En la prudencial repartición de las costas a que da lugar el vencimiento fragmentario y recíproco no debe imperar, desde luego -y menos en el ámbito de los procesos laborales-, un criterio puramente aritmético, aherrojado por la suma dineraria reclamada en la demanda y el monto de la condena. Ha de resolverse por el contrario esa cuestión con un enfoque global del resultado del litigio y valorar las costas con criterio jurídico, en el que pesa tanto la entidad económica de cada una las pretensiones acumuladas como el número de ellas que progresan o son rechazadas, cual en varias oportunidades decidiera esta sala (v. gr., c. 57/08 S.D.L. 77/08, c. 204/08 S.D.L. 10/09, c. 417/09 S.D.L. 55/09, c. 519/09 S.D.L. 66/09, entre innumerables otras anteriores). Computado también que el actor se vio en la necesidad de acudir a los estrados judiciales para obtener la protección de indisputables derechos, opino que el balance final del litigio conduce a imponer las costas de primera instancia al demandado en un 75 % al demandante en el restante 25 %, tal como el colega preopinante propusiera.- De idéntica manera han de ser distribuidas las costas de segunda instancia, visto el éxito muy parcial de los agravios.- Ante la extensión, calidad y resultado de los trabajos profesionales de alzada, comparto la tasación de ellos efectuada por el prevotante (arts. 5, 6, 13, 18, 46 de la Ley XIII n° 4, antes arts. 6, 7, 14, 19 y 47 del Dec.-ley 2.200).- Me expido en esta cuestión entonces PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Carlos Dante Ferrari expresó: -----------------------En vista del acuerdo alcanzado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, modificándolo única y exclusivamente en cuanto a la imposición de las costas, que deberán ser distribuidas en ambas instancias en un 75% a cargo de la parte demandada y en el 25% restante por cuenta del actor. II) Fijar los honorarios profesionales correspondientes a esta alzada para el Dr. C. D. O. en el 3,6% del monto del proceso debidamente liquidado.-----Así lo voto.

A ESTA ULTIMA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre la anterior cuestión.- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 8º Ley V Nº 17; antes art. 9 Ley 1130, To. Ley 4550),- --- Trelew, de junio de 2.010.---.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:-S E N T E N C I A: ------------ --- CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, modificándolo única y exclusivamente en cuanto a la imposición de las costas, que deberán ser distribuidas en ambas instancias en un 75% a cargo de la parte demandada y en el 25% restante por cuenta del actor.-FIJAR los honorarios profesionales correspondientes a esta alzada para el Dr. C. D. O. en el 3,6% del monto del proceso debidamente liquidado.-- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--- --- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.010 - SDL.- Conste.-------------------------- JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.