Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-28


AUTOS N° 22.381 (80090 - 8° CIVIL), CARATULADOS: "LEAL Gabriela Alejandra - Prescripción Adquisitiva" En la ciudad de San Juan, a 28 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. GILBERTO A. RIVEROS y el señor Vocal, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas 366, contra la sentencia recaída en autos N° 22.381 (80090 - 8° CIVIL), caratulados: "LEAL GABRIELA ALEJANDRA - PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", dictada en fecha veintidós del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, obrante a fs. 360/364, de estos autos originarios del Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El a quo en su sentencia de fecha 22 de noviembre de 2016, cuya copia obra a fs. 360/364, rechazó la demanda e impuso las costas a la actora vencida, regulando los honorarios de los profesionales intervinientes.

Contra este decisorio, a fs. 366, se presenta la abogada Cristina Vanesa Laciar y por la participación otorgada interpone el recurso de apelación, el cual es concedido con efecto suspensivo.

La parte recurrente, a fs. 368/374, funda sus agravios contra la sentencia pretendiendo que luego del análisis de los hechos y pruebas aportadas, conforme derecho aplicable, se deje sin efecto la sentencia y se haga lugar a la demanda.

El primer agravio lo titula la recurrente sosteniendo que la sentencia es arbitraria por prescindencia de los hechos determinantes de la causa. En ese sentido le causa gravamen irreparable que el a quo diga que la actora pretende usucapir siete lotes cuando ella no lo expresó de ese modo, pues su pretensión es que se declare la prescripción por usucapión del inmueble que ella habita desde hace más de 40 años y su familia desde 80 años a la actualidad y es un solo lote, cercado que posee y detenta como dueña.

Critica expresando que el a quo ha perdido de vista el fin social que tiene el presente proceso.

De igual modo sostiene que el a quo se equivoca al juzgar que el contradictorio con los titulares registrales no está debidamente trabado, marcando que cuando se trabó la litis regía el CPC Ley 5732 y no la Ley 8037. Al respeto detalla el trámite del proceso, el cual luego de peticionarse el informe sobre la titularidad del dominio, se anotó la litis. Posteriormente se presentan al proceso Mercedes Alicia Marcó y Pablo Antonio Tadeo Marcó y contestan como herederos. En función de ello sostiene que no pueden argumentar que no se han realizado las debidas notificaciones de la litis puesto que es la propia anotación del juicio inscripta la que surte dicho efecto.

Sin perjuicio de ello, critica severamente que el a quo dejó de meritar que su mandante es poseedora desde hace más de 80 años y que ella personalmente lleva más de cuarenta años en el lugar objeto de esta acción de posesión que es su hogar. Situación que el a quo por un formalismo procesal inaceptable determina que no se ha comprobado.

En cuanto al análisis de las probanzas que realiza sostiene que el a quo se equivoca dado que no ha tenido en cuenta que todos los testigos rendidos son contestes en afirmar que la familia Leal vive desde siempre en ese lugar y que la actora vivió toda su vida en ese lugar. Examina las testimoniales y el acta de constatación de fs. 200.

El segundo agravio indica que la sentencia es arbitraria por exigencias caprichosas que dejan de lado la realidad probada en autos. En ese sentido precisa que el a quo no tiene en cuenta que en la propia vida de la actora, señora Gabriela Leal, el momento de la interposición de la demanda, ya había cumplido con más del plazo de la prescripción adquisitiva. Califica de dogmática las aseveraciones vertidas por el a quo en los considerandos, pues si sólo se tiene en cuenta la vida de la señora Leal, nacida en 1975 conforme consta en el poder y en el DNI, ella sola ha cumplido más de 20 años de posesión.

Entiende que la señora Leal pudo desde los 10 años poseer el inmueble, razón por la cual al inicio de la demanda 2005 había vencido el término para usucapir, conforme art. 2392 Cód. Civ. Sin perjuicio de ello, con el material probatorio acompañado queda acreditado que sus ascendientes iniciaron la posesión en el año 1955.

En el tercer agravio, considera arbitraria la falta de reconocimiento de la propiedad ya adquirida por parte de la señora Gabriela Leal. Ello por cuanto allí vivió toda su vida la familia Leal y la actora por más de 30 años. El titular registral, señor Riege, nunca molestó ni perturbó, ni reclamo a la señora Leal por la posesión.

De igual modo le agravia, que el a quo diga que la posesión no fue pacifica, en razón que los titulares registrales en el año 2004 era el señor Pedro Riege, ver fs. 117, ver fs. 101, 105, quienes intimaron al desalojo nunca fueron titulares registrales. Por ello, las intimaciones cursadas por quienes dicen ser sus sucesores, no han acreditado esa situación jurídica, razón por la cual nunca pudieron válidamente intimar a la actora. Por el contrario, ésta se defendió contestando y repeliendo la invasión, en demostración de su propiedad. Razón por la cual las intimaciones no son interruptoras de la posesión. Por otra parte, la señora Gabriela Leal puede unir la posesión de sus abuelos y de su padre a la suya, sin necesidad de citar a sus hermanos o familiares, por la sencilla razón que quién ha cumplido la posesión, quién detenta el corpus y lo prueba por ser la única que vive allí con su familia propia, es la actora.

Finaliza el agravio expresando que es prueba, también, de la posesión cumplida que desde el año 1955, si se quiere o desde 1985 si se prefiere, el titular registral jamás efectúo reclamo alguno sobre dicho inmueble. Además considera que no se evalúo correctamente el acta de fs. 200, en la cual claramente dispone el cerramiento del terreno, la casa en que habita la señora Leal y la disposición de dueña que ésta efectúa.

En el cuarto agravio cuestiona la condena en costas.

Y, en el quinto, insiste en la falta de valoración de la prueba aportada y producida en autos y que es conducente a la resolución del caso.

Formula reserva para ocurrir a instancias superiores con planteos de inconstitucionalidad, conforme a la Ley 2275 y ante la C.S.J.N., art. 14 ley 48.

Corrido traslado a la contraria se presenta a fs. 377/378 y en función de los argumentos que vierte, solicita se tenga por contestado el traslado y se rechace la apelación en todas sus partes con imposición de costas.

Planteado de este modo, el recurso de apelación corresponde verificar el modo de impetración de la demanda por parte de la actora que define la procedencia de los themas decidendum introducidos en los agravios. En la sentencia obrante a fs. 360/364 se desestima la acción por la indebida integración de la litis, tanto en su parte demandada como en la parte actora.

Con relación a la primera, se sigue el criterio fijado por este tribunal en autos N° 19.554 (60.949 - 8º Civil) "Orosco, Eugenio Conrado - Posesión veinteañal", 28 agosto 2008. de S. Tº 101, Fº 79/85, sustentado en el voto del Dr. Gilberto Riveros al cual adherí que "en nada empaña el razonamiento del juez el hecho que la Defensora Oficial no lo haya advertido, o no lo manifestara, pues tratándose de la integración de la litis con las personas que la ley llama a confrontar, constituye una cuestión de derecho que, en caso de no haber sido articulada como defensa, igualmente debe resolverse por la aplicación del principio "iura novit curia". El juez tiene atribuciones suficientes, y puede hacerlo de oficio. Ya antigua y coincidente doctrina y jurisprudencia ha sostenido que "En tanto la legitimación configura uno de los presupuestos básicos del ejercicio de la función jurisdiccional, el examen de la calidad o legitimación para obrar es resorte y función investigadora de oficio del juez al momento de dictar sentencia, toda vez que ello es necesario para la validez del pronunciamiento (ED. 104 682, JA 1993 -IV-96, cit. por Palacio Alvarado Velloso en "Código Procesal Civil y Comercial" Tº VII, pág. 356)".

Es decir, si no está debidamente integrada la litis no puede dictarse válidamente sentencia por cuanto la misma sería inejecutable porque no podría ser opuesta a los herederos que no han formado parte del proceso litigioso.

Va de suyo que no basta con notificaciones ficticias o supuestas a los herederos sino que es menester cumplir con el ritual de identificar a los herederos y notificar a cada uno de ellos, para no vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa.

Pero la carencia de legitimación, de igual modo, la sentencia puesta en crisis la marca en la parte activa, dado que (según dice la actora) fue sucesora de la posesión ejercida por su padre (Adolfo Eduardo Leal fallecido en el año 2002) y abuelo (Pablo Policarpio Leal fallecido en el año 1985). En función de ello no sólo debe acreditar que es sucesora sino que esa calidad no es compartida con otros sucesores.

En un antecedente similar, resuelto en fecha 08-09-09, en autos N° 20.048 "GENEM, MARTA GERTRUDIS - POSESIÓN VEINTEAÑAL" Protoc. L. de S, T° 105;F° 84-100, dijimos " ... en el caso especial advierto una circunstancia más, que agrega complejidad al asunto, y hacen más amplio el campo probatorio y más riguroso el examen y de los elementos demostrativos que aporta la actora como es (según su propio dicho) que el inmueble fue dado en pago al Sr. Sebastián Genem en el año 1.959 (fs. 132 vta.).

En el supuesto de tener por cierta esta alegación, no es la Sra. Marta Gertrudis Genem (que para ese entonces tenía seis años de edad - según resulta de los datos obrantes en el testimonio de poder agregado a fs. 1) quien comienza la posesión, sino su padre Sebastián Genem; y en tal caso otros hechos tendrá que probar como es la sucesión en la posesión; y en su caso exclusividad, si hay otros parientes que también habitaban el inmueble junto al Sr. Sebastián Gemen.".- En el caso dijo la actora (fs. 94 vta.) que " ... los hermanos .... quienes también habitaban el inmueble objeto de la posesión, son contestes en afirmar que la misma es de pertenencia de la Sra. Leal, por ser así la voluntad de su padre .." y ofrece el testimonio de ellos.

Habiendo reconocido la existencia de otros sucesores, ocupantes del bien, debió decir sus nombres, para su identificación y citación, y así aventar la posibilidad que se sienten con iguales derechos; cosa que no hizo.

Entonces razona acertadamente el Juez a-quo cuando considera a fs. 363 que debió integrarse la litis con los demás sucesores universales.- En el presente no solo incurre en la omisión señalada en el párrafo anterior, sino que los ofrece (a los hermanos) como testigos (fs. 97 vta.; lo que se presume ya que sus apellidos son coincidentes), sin instar recibir sus declaraciones.- A lo que cabe aclarar que no es la declaración testimonial la forma de acreditar el vínculo parental; como tampoco es suficiente, para demostrar la voluntad de su padre, o la supuesta cesión que, según sus dichos, hicieron los hermanos a su favor.

Puede agregarse a ello que el juez dispuso a fs. 222 que, la actora acredite haber corrido traslado de la demanda a los titulares de dominio, cosa que no cumplió.- Ello es importante por cuanto como exige el art. 1905 del Cód. Civil y Comercial la sentencia que se dicta en los juicios de prescripción adquisitiva, en proceso que debe ser contencioso, debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real respectivo. La sentencia declarativa de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión. La resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar, de oficio, la anotación de la litis con relación al objeto, a fin de dar a conocer la pretensión.

Es decir, en algunos casos con muchos años de posesión continua y transmitida por herencia puede ocurrir que la propiedad del bien por prescripción adquisitiva se haya producido con anterioridad inclusive al nacimiento de quién la llevó a tribunales para que sea declarada. De allí la importancia que tiene que los herederos del poseedor original sean perfectamente citados a estar en el proceso.

Este criterio, era el sostenido por la norma positiva vigente al momento de iniciarse el proceso en el art. 3418 del Código Civil cuando se precisaba que el heredero sucede no sólo en la propiedad sino también en la posesión del difunto. La posesión que éste tenía se le transfiere con todas sus ventajas y sus vicios. El heredero puede ejercer las acciones posesorias del difunto, aun antes de haber tomado de hecho posesión de los objetos hereditarios, sin estar obligado a dar otras pruebas que las que se podrían exigir al difunto.

En la actualidad, dicha pauta legal se mantiene intacta en la letra del art. 2280 del Cód. Civ. y Com., cuando regula que "desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquél de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor.

Si están instituidos bajo condición suspensiva, están en esa situación a partir del cumplimiento de la condición, sin perjuicio de las medidas conservatorias que corresponden.

En principio, responden por las deudas del causante con los bienes que reciben, o con su valor en caso de haber sido enajenados".

Y, específicamente, en el art. 1901 se prevé que "el heredero continúa la posesión de su causante. El sucesor particular puede unir su posesión a la de sus antecesores, siempre que derive inmediatamente de las otras. En la prescripción breve las posesiones unidas deben ser de buena fe y estar ligadas por un vínculo jurídico".

Atendiendo los antecedentes de la causa y precedentes dictados por este tribunal en primer lugar si no se ha integrado la litis en cualquiera de sus partes, sea actora o demandada, no corresponde continuar con el tratamiento de los otros temas planteados como agravios.

En segundo término y siguiendo el lineamiento fijado en autos N° 21.986 (N° 121181 - 4 Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan), "Massa Armando y Massa José Luis s/ Adquisición de dominio por usucapión abreviado", 18 diciembre 2015, (L. de S ; T° II-2015; F° 176 / 186) y autos N° 19.920 (78.091 - 3° Civil) "Barceló, José Cristóbal c/ Ramis, Vicente y otros - Escrituración", 8 setiembre 2009, (L. de S. T° 105, F° 58/62), cuando se verifica la indebida integración de la litis, propongo al tribunal anular el proceso a partir de la demanda.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Declarar la nulidad del proceso a partir de la demanda. Imponer las costas a la actora vencida.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Declarar la nulidad del proceso a partir de la demanda. Imponer las costas a la actora vencida.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A . T° I-2018; F°34/39; FECHA:28 de febrero de 2018 DRES.RIVEROS-ALFERILLO