marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Consejo de la Magistratura, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Traboulsi, Carlos Lionel c/ Poder Ejecutivo Nacional - Medida Cautelar s/ promueve acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-11

La igualación del procedimiento de selección de todos los miembros del Consejo de la Magistratura propuesta por la ley 26.855, independientemente del estamento al que correspondan, sometiéndolo a un mismo proceso electoral en simultáneo con otras categorías de cargos que se seleccionan mediante el voto popular, desvirtúa la diferenciación que hace a la representación de cada uno de los estamentos establecida en el artículo 114 de la Constitución Nacional, y elimina cualquier sustento cualitativo que pudiera haber en el proceso de selección respecto a la calidad o excelencia educativa y profesional del candidato, reemplazándolo por un requisito tan amplio y generalizado en su enunciación -amplia y reconocida trayectoria-, que resulta por un lado de imposible control para la mayoría de los electores y por otra parte de valoración subjetiva.-
Instrumentos privados, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pezoimburu, Amelia E. y otro c/ Díaz Padron, Eduardo y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-22

Aún cuando se aplicase por analogía el art. 898 del Código Civil, la circunstancia de que el instrumento privado presente, en partes no esenciales, entrerrenglonaduras, borraduras o enmiendas no salvadas, ello no sería -por sí sola-, causa de nulidad.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Franchino, Elvira y otro c/ Bevilaqua, María del Carmen s/ Interdicto de obra nueva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-03

Para la iniciación de una obra nueva debe requerirse el consenso unánime de los demás copropietarios, pues si bien el titular de cada unidad funcional tiene facultad de usar y gozar de los derechos emanados de su propiedad, no menos cierto es que debe hacerlo de conformidad al reglamento que rige la vida comunitaria, y a la ley de propiedad horizontal (doctr. art. 1137 del cód.civil; arts. 2 penúltimo párrafo, 3, 7, 2do. párrafo, 9 y concs. de la ley 13512).-
Denegatoria del recurso, hábeas corpus, fundamentación de sentencias, derecho de trabajar
Materia: PENAL
Carátula: Perez Corradi, Ibar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-28

Corresponde rechazar el recurso de casación deducido contra la denegatoria del habeas corpus interpuesto con fundamento en el agravamiento de las condiciones de detención por no permitírsele trabajar en el taller de armado de broches, pues los fundamentos esgrimidos por el a quo lucen ajustados a derecho por cuanto el interno se encuentra sometido a un régimen de protección y control -Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados- al cual se sometió voluntariamente para su seguridad y el establecimiento donde se encuentra alojado está aplicando las medidas necesarias para su cuidado, garantizando el derecho al trabajo consagrado en la Constitución Nacional y en el art. 106 de la ley 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, llevándole los elementos del taller laboral a su celda, para proteger su vida como le ha sido encomendado, sin que el recurrente haya logrado rebatir adecuadamente los argumentos en los cuales se sustentó la resolución cuestionada. (Dres. Gemignani, Hornos, Borinsky).
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: ROMANISZYN, Jorge C. y otra c/ RUBINSTEIN, Carlos y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-03

La querella suspende el curso de la prescripción cuando en el escrito respectivo no se hubiese individualizado a la persona querellada, si se trata del mismo hecho, dado que en el proceso penal no se exige tal requisito cuando se desconoce esa circunstancia.
Robo en poblado y en banda, concepto de banda
Materia: PENAL
Carátula: SANTOS, M. s/ ROBO - BANDA - SINONIMO ASOCIACION ILICITA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-25

Acreditada como está la intervención en el hecho de por lo menos tres personas, ello resulta suficiente para la configuración de la banda contemplada en el artículo 167, inciso 2 del Código Penal.
Inadmisibilidad del recurso, rechazo del querellante, falta de firma
Materia: PENAL
Carátula: Abella, Rogelio Severino c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-13

Es inadmisible el recurso de queja interpuesto contra la decisión de la cámara de apelaciones que, a su vez, había declarado desistido el recurso de apelación contra la denegatoria de ser tenido por parte querellante, en tanto de la lectura de aquél se advierte una actuación deficiente por parte del patrocinante, toda vez que la presentación escrita carece de firma. Ello obsta a la actuación en forma autónoma del pretenso querellante conforme se desprende del artículo 83 CPPN en cuanto dispone bajo pena de inadmisibilidad que la "pretensión de constituirse en parte querellante se formulará por escrito, en forma personal o por mandatario especial que agregará el poder, con asistencia letrada" (jueces Jantus, Bruzzone y Sarrabayrouse).
Honorarios del abogado, convenio de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D. N., A. c/ F. de D. N., E. E. s/ Divorcio vincular, separación de bienes, tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

Si la tarea encomendada a los letrados en el convenio de honorarios (iniciar, proseguir y terminar demanda vincular de divorcio contradictorio, separación de bienes y tenencia de hijos) en su conjunto no resulta de objeto prohibido en los términos del art. 4 del dec. ley 8.904, la conclusión de aquélla por exclusiva voluntad del cliente no afecta al convenio que mantiene plena vigencia (art.

6, dec. ley cit.).
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, docentes, prescindibilidad, salarios caídos
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: EDUARDO JUAN CASALDERREY c/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-08

Corresponde desestimar los agravios del apelante respecto a la legitimidad de la resolución por la que se suspendió al actor en el desempeño del cargo docente que ocupaba, como los referentes a la improcedencia de lo ordenado por el a quo respecto del pago de los salarios debidos desde la fecha de la referida resolución hasta que fue declarado prescindible, pues carecen de entidad suficiente como para controvertir lo resuelto por aquél sobre dichos aspectos, lo que torna infundado el recurso extraordinario.
Robo con violencia en las personas, tentativa, robo con armas, arma impropia, tijeras
Materia: PENAL
Carátula: MENDOZA, SAMUEL. s/ ROBO-  VIOLENCIA  FISICA  EN  LAS  PERSONAS-  TENTATIVA- ROBO- ARMAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-05

Configura el delito de robo con violencia física en las personas en grado de tentativa y no el de robo con armas, porque el empleo de la TIJERA probablemente sólo obedeció a una finalidad estrictamente intimidatoria, desprovista de una asunción intencional de su potencial vulnerante, ya que ni de su parte, ni desde la víctima, hay mayores precisiones acerca del modo en que se utilizó el instrumento.
Indemnización por despido, prueba insuficiente, prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: BRIGUERA JORGE GASTON c/ GENERAL INK FACTORY S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-06

Corresponde que las empresas codemandadas abonen al actor la indemnización por despido en los términos del art. 29 LCT, pues quedó demostrada la efectiva prestación de servicios del actor en el establecimiento de la demandada y realización de tareas de asistencia técnica para la codemandada, máxime los extensos argumentos expuestos por ambas que resultan insuficientes para revertir la decisión de grado, en tanto, no se probó que los servicios del actor hayan sido requeridos para cubrir necesidades transitorias y extraordinarias en los términos del art. 99 de la mencionada ley, como fuera postulado por las recurrentes.
Intereses, intereses moratorios
Materia: CIVIL
Carátula: G., E.L. c/ G., D.B. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-07

Los intereses moratorios constituyen la reparación del daño que la privación del capital durante la mora del deudor ha causado al acreedor, quien debe ser colocado en situación equivalente a la que gozaría si la mora "debitoris" no hubiera ocurrido. Como es presumible que, al no contar con su dinero a tiempo, se vio forzado a suplirlo acudiendo al crédito y abonando, por ende, intereses liquidados según un tipo activo, representativo del valor que el mercado asigna al uso del dinero ajeno, bien está que el deudor moroso le compense el costo de dicho crédito con el posterior pago de una tasa también activa. Esta circunstancia, lo reitero, es presumible y no requiere ser invocado ni probada en concreto, por hallarse implícita en la situación de mora y ser consecuencia necesaria de ella.
Habeas corpus colectivo, manifestación popular, corte de rutas, violación de derechos humanos
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Área de Pueblos Indígenas de Andhes y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-16

En el contexto específico de protestas, el hábeas corpus preventivo se erige como una herramienta crucial para garantizar que las fuerzas de seguridad involucradas no vulneren la integridad física y demás derechos de los manifestantes, lo contrario implica que aquellos que participan en las protestas en las rutas nacionales que cruzan el territorio provincial queden desprovistos de la garantía constitucional en amparo y protección de sus derechos sean amenazados o vulnerados por parte de las autoridades. En tales circunstancias, cerrar el hábeas corpus genera incertidumbre sobre la garantía y protección de los derechos humanos en el marco de las manifestaciones -a las que también acuden mujeres, niños y adultos mayores- y limita la posibilidad de que los afectados puedan buscar un recurso legal oportuno en caso de que se produzcan abusos o violaciones por parte de las fuerzas de seguridad encargadas de resguardar el orden. (Del voto en disidencia del Dr. Gustavo M. Hornos)
Lucro cesante, prueba, accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carreira de Martín, Elina Inés c/ Garay, Jorge Emiliano y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

Para acreditar las pérdidas o lucros cesantes que en la actividad lucrativa, oficio o profesión del sujeto provoca la inutilización momentánea de su rodado es menester probar, a más de la privación y su tiempo, la actividad lucrativa y las mermas en ella sufrida como consecuencia de tal privación.
Divorcio contradictorio, liquidación de la sociedad conyugal, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: K. DE  V.A.  Y V.D. s/ DIVORCIO 67 BIS - HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18

En los juicios de divorcio las regulaciones de honorarios se rigen por lo dispuesto por el artículo 6 de la ley 21.839, por cuanto no tienen contenido patrimonial, aunque la regla mencionada no es absoluta desde que la ausencia de contenido económico no impide considerar el valor de los bienes para establecer una justa retribución. Dicho valor sólo constituye una pauta indicativa, y no resulta necesario determinarlo con exactitud; pero cuando se realizan trámites que persiguen la liquidación de la sociedad conyugal, si tendrán dichos trabajos un contenido económico preciso, que puede dar derecho a poner en marcha el procedimiento previsto en el artículo 23 de la ley 21.839. Si se interviene en un convenio de adjudicación de bienes, y en los trámites específicos de liquidación, distribución e inscripción resulta de aplicación el artículo 35 de la citada ley, que establece que la regulación se realizará sobre el monto de los bienes existentes al momento de la disolución de la sociedad conyugal, y siguiendo las pautas del artículo 7, es decir, entre el once y el veinte por ciento del valor de los bienes susceptibles de apreciación pecuniaria.
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal municipal, indemnización, Derecho laboral, prueba, carga de la prueba, concausa
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: FERREYRA, ELVIRA HERMINIA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 689 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-26

Resulta parcialmente procedente el recurso contencioso administrativo debiendo reconocerse a la actora el derecho a percibir indemnización por enfermedad del trabajo con fundamento en las disposiciones de la ley 9688 modificada por la ley 23643, desde que surge de autos que el trabajo desarrollado ha podido influir en el agravamiento o desenlace de la patología descripta (cérvicobraquialgia y lumbalgia), sumado a la que demandada no ha acreditado haber cumplido cabalmente con las obligaciones que le impone la legislación relativa a higiene y seguridad laborales -circunstancia ésta que le hubiera permitido actuar en consecuencia.
Juicio por delitos de acción privada, fallo plenario, citación a juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: González, Santiago s/ competencia. Causa: 414
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-15

Esta etapa da comienzo una vez trabada la litis y superada la citación a juicio que manda el artículo 428 C.P.P.N., y que se impone ante el fracaso de la conciliación o retractación.
Prueba, pericia médica, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ JORGE ANTONIO c/ EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CORDOBA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-09-21

El porcentaje de incapacidad establecido en la pericia no indica baremo, tabla o criterio alguno que permita verificar su corrección o razonabilidad, ignorándose las causas por las que se atribuye tal porcentaje y no uno distinto -mayor o menor- de manera que se excluya el mero arbitrio de los expertos. Informes con tales defectos carecen de toda eficacia convictiva, no siendo posible fundar en ellos una sentencia, ya que al carecer de fundamento la peritación, la sentencia basada en ella también resultaría infundada o con una mera apariencia de fundamentación lo que no resulta admisible en ninguna decisión jurisdiccional. La eficacia probatoria de un informe pericial exige que el informe esté debidamente fundado, que las conclusiones sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos y que resulten convincentes y no aparezcan como absurdas e imposibles. Resulta absurdo que el juez esté obligado a declarar que un dictamen en plena prueba de un hecho cualquiera, así provenga de dos o más peritos en perfecto acuerdo, si le parece absurdo o siquiera dudoso, carente de razones técnicas o científicas, contrario a la lógica o a las reglas de la experiencia o a hechos notorios, reñidos con lo expuesto sobre la materia por autores de reconocido prestigio, emanado de personas que no son verdaderos expertos, desprovistos de firmeza y claridad. Esa sujeción servil haría del juez un autómata, lo privaría de su función de fallador y convertiría a los peritos en jueces de la causa, lo cual es inaceptable. Las insuficiencias del informe pericial, deben ser asimiladas a la falta de razón de dicho testigo que quita a éste toda fuerza probatoria.-
Competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, prórroga de la competencia, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DECIMA OCTAVIANO c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ COBRO DE PESOS. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-04-25

La competencia en lo contencioso administrativo es atribuida de modo originario y exclusivo al Superior Tribunal por la Constitución de la provincia, competencia que es de orden público e improrrogable, insusceptible de prórroga por acuerdo de partes, por lo que corresponde anular lo actuado ante otros tribunales cuando la cuestión a decidir involucra la posible violación de un derecho subjetivo administrativo del reclamante.
Derecho procesal, jueces, deberes y facultades del juez, facultades disciplinarias, multa, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ferrari, Daniel Federico c/ Sofia, Gustavo Armando s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto impuso una sanción de multa al ejecutado, ante el desconocimiento de la firma inserta en el documento ejecutado, luego desvirtuado por la pericia caligráfica que dio cuenta que esa firma es de puño y letra de su presidente, revela inconducta procesal de su parte en los específicos términos del Código ritual (CPR 528).
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: QUINTANA DE MARZO ELENA M c/ VENTURI HNO S.A.C.I.F. s/ DESPIDO  Y  ACUMULADO  -  CASACION  LABORAL  -  CAUSA  -  EMBARAZO  -  MATERNIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-12-06

El art. 178 LCT establece una presunción iuris tantum de que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro de los plazos que allí se determinan y siempre que aquella hubiese cumplido con las obligaciones que se le imponen.Se ha querido de esa manera sancionar el despido por causa de embarazo, pero cuando realmente ese ha sido el motivo que determina la medida. Si, por el contrario, se acredita la justa causa invocada para despedir y ella nada tiene que ver con la maternidad de la empleada, admitir su pretensión resarcitoria por tal motivo, implicaría consagrar una presunción jure et de jure en contra de lo que la propia ley dispone.
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Medina de Cabanillas, Blanca Elsa c/ Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

Los efectos del acto interruptivo duran mientras se mantenga la instancia administrativa, la que sólo decae sea por la existencia de una resolución firme y consentida - lo cual requiere que el acto definitivo esté efectivamente notificado- o por declaración de caducidad de la que quedan exceptuados los expedientes de Previsión Social (art. 127, ley 7647).
Incidente de verificación, resoluciones judiciales, notificación por cédula
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: López, Héctor Marcelo y otros s/ Impugnación  informe  individual en "Banco Comercial Finanzas   S.A.   Quiebra (entidad financiera  intervenida  y  liquidada  por  el Banco  Central de la República Argentina).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

La resolución en el incidente de verificación se notifica por cédula.
Funcionarios judiciales, nombramiento del personal judicial, secretario judicial, incompatibilidades de los funcionarios judiciales, parentesco con el juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juzgado  Nacional  de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n. 10 s/ solicitud excepción a aco. 6/92 y 10/92 (parentesco). y Correccional Federal n. 10 s/ solicitud excepción a aco. 6/92 y 10/92 (parentesco).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

No corresponde hacer lugar a la propuesta del juez que solicitó se lo eximiera de dar cumplimiento a lo normado por el art. 12 del Reglamento de la Justicia Nacional y las acordadas 6/92 y 10/92 de la Corte, pues si bien el art. 1. de la última acordada mencionada derogó el régimen de inhabilidades derivadas del parentesco solamente para los secretarios privados o cargos con similares funciones, para cualquier otro supuesto se mantiene la vigencia del art. 12 del Reglamento de la Justicia Nacional que prevé que, entre otros, no pueden ser designados los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad con los magistrados o funcionarios titulares bajo cuya dependencia inmediata deben prestar servicios.
Representación del trabajador, poder especial, nombre, segundo nombre
Materia: PROCESAL
Carátula: VARGAS, RAUL c/ CROWN CORK DE ARGENTINA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

No se incurre en exceso ritual si no se permitió la comparecencia del representante legal de la demandada por haberse omitido el segundo nombre en el poder especial, del cual también carecía de otros elementos identificatorios que permitieran inferir que se trataba de la misma persona.
Obligación principal, obligaciones accesorias, sentencia, honorarios
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Lorenzo Barca, Eduardo c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ escrituración.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

El concepto de obligación accesoria y las características del nexo que la vincula a la obligación principal, son esencialmente ajenos a la relación que existe entre las diversas condenas contenidas en una sentencia, concretamente la que reconoce el crédito del actor y manda satisfacerlo y la que establece el crédito por honorarios del letrado que interviene en el proceso.
Faltas, régimen de faltas, sanciones en el régimen de faltas, facultades del juez, fundamentación de la resolución
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: De Marchi, Facundo y De Marchi Lucas -Sociedad de hecho s/ exceder capacidad de personas - apelación s/ exceder capacidad de personas - apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

El artículo 30 de la Ley Nro. 451 otorga al sentenciante la facultad atenuar las penas previstas para cada tipo infraccional imponiendo en su lugar la pena sustitutiva de amonestación, entre otros supuestos, cuando el infractor efectúe una espontánea reparación del daño causado; la falcultad aludida resulta una excepción al principio general que establece para cada una de las conductas tipificadas en el Régimen de Faltas una sanción determinada; no siendo dicha potestad discrecional sino que debe ejercerse sobre la base de una fundamentación adecuada.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Laup, Raúl Juan c/ Juárez, Hugo Horacio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-01

La omisión de la referencia de la culpa en el art. 1103 del código citado -y que sí ha sido incluida en el art. 1102- no ha sido una exclusión involuntaria ni puede entenderse como el fruto de una redacción defectuosa. En tal entendimiento, sólo cuando la absolución del acusado se funda: (i) en la inexistencia del hecho principal que se le atribuye, o (ii) en la ausencia de autoría -que es otra manera de no existir el hecho con respecto al imputado, aquel pronunciamiento no puede ser revisado en la instancia civil.
Desbaratamiento de derechos acordados, obligaciones de hacer, boleto de compraventa
Materia: PENAL
Carátula: TONDA, Daniel Pablo; TONDA, Daniel Santiago s/ DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-07-04

Las obligaciones de hacer, como son las que surgen de los boletos de compraventa, también pueden ser objeto del delito de desbaratamiento de derechos acordados, estando amparados por el tipo penal del art. 173 inc. 2 del Código Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)