marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Convenios colectivos de trabajo, jornada de trabajo, horas extra, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: P., M.A. c/ C.P.S.P.y V. Puerto Madryn s/ Cobro de Pesos -Laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-02-06

Si la empleadora en forma unilateral incrementó la jornada de trabajo en exceso del tope establecido en el convenio colectivo, las horas adicionadas deben computarse como suplementarias y abonadas conforme a las pautas previstas en el art. 201 de la L.C.T..
Sociedad de hecho, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Azarola Santos e hijos (Soc.de hecho) s/ Quiebra -Solicitada por Buratovich SACIF-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

Los actos reiterados de la persona en nombre de la sociedad, durante el tiempo en que se dieron y en el marco de frecuentes actos jurídicos habidos entre las partes, de estrecha relación entre sí y respecto de una cuenta corriente de la sociedad, muestra una situación que se descuenta conocida por los demás socios y conduce a la convicción de la integración social por todos mencionados en la demanda.
Leyes, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Flores, Luis Alberto s/ Robo - Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

Desde que la prueba tiene por finalidad ser meritada a los efectos correspondientes, su ejecución comienza cuando es producida y recién culmina al ocasionar sus efectos en el acto jurisdiccional que la valora, razón por la cual si la declaración testimonial del menor de trece años y el reconocimiento del imputado se practicaron cuando ya se hallaba vigente la reforma procesal efectuada por ley 10.358, resulta irrelevante a los fines de su evaluación la fecha de comisión del hecho por la expresa imposición del art. 145 de dicha ley; lo contrario llevaría a soluciones absurdas que no se compadecen con el espíritu de la reforma.
Recurso de casación, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: PEREYRA GUILLERMO OMAR s.d. ROBO CALIFICADO SEGUIDO DE HOMICIDIO e.p. SZELSKE GERMAN s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-12

La valoración efectuada por el Tribunal de grado, respecto de la prueba testimonial, constituye una atribución que le es propia y que resulta ajena -por vía de principio- al control casatorio.
Escritos judiciales, proceso judicial, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Antonini, Mabel M. c/ Colegio de Escribanos de la Pcia. de Bs.As. s/ Diferencia indemnización por muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-07

Siendo la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y el establecimiento de los términos en que quedó planteada la litis, facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y detraídas del ámbito de la instancia extraordinaria en tanto tal ejercicio no resulte irrazonable o absurdo, lo resuelto por el tribunal de grado que le causa agravio a la recurrente, debió ser atacado demostrando ese vicio de ilogicidad en tal interpretación de las pretensiones y defensas, a fin de acreditar la violación al principio de congruencia denunciado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Bancos, ley de defensa del consumidor, intervención de terceros, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Guarino, Lucas Ezequiel c/ Banco Itau Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

En el marco de una acción incoada por un consumidor contra una entidad bancaria, con fundamento en la normativa consumeril, corresponde desestimar la citación de tercero pretendida por el banco accionado toda vez que no se advierte la posible acción de regreso que el demandado podría articular contra el tercero. En ese sentido, resulta insuficiente el argumento articulado, relativo a que el actor efectuó algún reclamo ante dicho tercero, pues ello no importa per se que este sujeto procesal deba ser citado en autos.
Causales de desalojo, falta de pago, grupos vulnerables
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: P.L.V. c/ J.D.Z., Y.E.S. y A.M.V. s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2022-10-11

Corresponde hacer lugar al desalojo solicitado por una mujer que celebró un contrato de locación de un galpón con un grupo de personas pertenecientes a un movimiento que se dedica a labores de acopio y reciclaje de cartones, plásticos y aluminios, que se negaron a restituir el bien locado, toda vez que si bien el acuerdo de voluntades ha violado una norma de orden público que regula el plazo mínimo de la locación, se encuentra probada la falta de pago de los cánones locativos pertinentes, lo que marca el incumplimiento de una obligación que se erige en un elemento tipificante del contrato de locación junto a la cosa, cual es el precio y paralelamente, el hecho probado relacionado con la ocupación de una fracción superior del inmueble alquilado marca, a su vez, otro incumplimiento derivado de la relación contractual aludida, por cuanto los demandados, no sólo se han excedido en el uso y goce de la fracción de inmueble, sino que han extendido esas prerrogativas a una porción que no fue objeto del contrato, de cuya utilización han privado arbitrariamente a la pare actora, todo ello determina que la pretensión de desalojo, debe prosperar, independientemente que a la fecha no se haya cumplido el plazo de la locación, pues la mera condición de sujeto vulnerable no puede constituirse en un justificativo, por sí mismo, para el incumplimiento de obligaciones asumidas, ni para obstaculizar el ejercicio de los derechos de quien pretende ejercerlos.
Contratos comerciales, intermediación de viajes, tratados internacionales
Materia: COMERCIAL
Carátula: GIAMBELLUCA, EMILIA c/ NAVIL TRAVEL SERVICE S.R.L. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

El intermediario de viajes "será responsable de los actos y omisiones de sus empleados y agentes cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funciones, como si fueran propios" (art.21 del Convenio de Bruselas); y según el art. 22, inc. 11, "...será responsable por toda falta que cometa en la ejecución de sus obligaciones, debiendo apreciarse dicha culpa en relación con los deberes que incumben a un diligente intermediario de viajes", y según el inc. 3 "...no responderá por el incumplimiento, total o parcial de los viajes, estadías u otros servicios que constituyen el objeto del contrato". (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: CIVIL
Carátula: GUTIERREZ, MARIA CRISTINA c/ ABAL MORENO, ROBERTO BENJAMIN s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

La ejecutabilidad de las astreintes no resulta incompatible con su carácter provisional.
Facultades del juez, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: RATTO, Eduardo César c/ FAST RENT S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

El juez tiene la atribución y el deber de emitir su pronunciamiento sobre la hipótesis fáctica planteada, sin estar constreñido por la definición técnica aportada por las partes. De allí que la dilucidación del motivo de atribución de responsabilidad entraña un problema de encasillamiento jurídico al que resulta aplicable e principio "iura curia novit". El juez debe examinar si la acción puede prosperar por alguna razón justificadora de la imputación, aunque no sea esgrimida por el actor, ya que la "causa petendi" en la responsabilidad civil resarcitoria es la producción de un daño injusto, de donde, si hay alguna razón para que el accionado responda, la pretensión no debe ser rechazada, ya que el juez debe indagar, inclusive oficiosamente, la existencia de algún motivo para fundar la responsabilidad, sustituyendo, en su caso, el invocado por el pretensor.-
Procesamiento, adhesión al recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: O. C., L. O. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-01-18

Explicaron los vocales que al haber sido recurrido el procesamiento del imputado por la defensa oficial que lo asiste, la adhesión al recurso del coimputado es inadmisible pues ello importaría duplicar la vía cuando dicho instituto ha sido previsto para habilitar la impugnación de quien no ejerció esa facultad previamente.
Pago, depósito judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro c/ Michaud, Angel Ramón s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-06-14

Si se trata de depósitos judiciales originados en el embargo del haber jubilatorio del ejecutado, el acreedor se encuentra obligado a aceptar pagos parciales pues la regla del artículo 742 no resulta de aplicación a las extracciones judiciales en razón de la incongruencia que tal negativa del acreedor trasunta cuando precisamente el cobro de la deuda debió ser el móvil que lo indujo a promover el juicio y no deriva de ello perjuicio alguno para él.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sobreseimiento, abuso sexual de menores, violencia de género, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa B., A. O. c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-15

Corresponde hacer lugar al recurso interpuesto contra la sentencia que dictó el sobreseimiento del imputado en orden al delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por un ascendiente y contra una menor de dieciocho años de edad, pues aun cuando los agravios remiten al examen de cuestiones ajenas por regla y naturaleza al remedio del artículo 14 de la ley 48, no resulta óbice para su consideración por dicha vía cuando, con menoscabo de derechos de raigambre constitucional (Convención de Belém do Pará, ley 26.485 y Convención sobre los Derechos del Niño) el a quo ha omitido considerar elementos conducentes para la solución del litigio y realizado afirmaciones dogmáticas que dan fundamento sólo aparente a su resolución. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Deuda previsional, recurso de apelación (procesal), depósito previo, falta de pago, concurso preventivo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SANTANNA, NESTOR OMER c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

Debe admitirse el recurso de apelación presentado sin dar cumplimiento a la exigencia del depósito previo (arts. 15, ley 18.820 y 12, ley 21.864) si el titular acredita encontrarse en proceso concursal.
División de poderes, Constitución Nacional, facultades del Poder Ejecutivo, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ Estado Nacional s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-24

El Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la administración, ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente conferidos; ese es un principio uniformemente admitido como esencial para el mantenimiento e integridad del sistema de gobierno adoptado por la Constitución y proclamado enfáticamente por ésta en el art. 29
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, concurso civil, reglas procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BERRUEZO YELAMOS, Antonio c/ Sucesión de ANTONIO BERRUEZO YELAMOS p/ Quiebra (Pequeña) s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-17

El proceso concursal, desde su nacimiento y hasta su extinción, tanto en lo que hace al remedio preventivo como a la quiebra, tiene una vida propia y una reglamentación especial estatuida por el ordenamiento vigente.

Dentro de los principios comunes que contiene la Ley 24.522, se encuentra el inc. 3° del art. 273, el que prescribe que, las resoluciones son inapelables; es decir, la ley ha establecido el principio general de la inapelabilidad de las resoluciones que se dicten en los concursos, salvo disposición expresa contraria de la ley (art. 273, primer párrafo), o sea, salvo los supuestos que la misma dispone en forma expresa que son apelables.

En efecto, cuando la ley quiso establecer la revisión de las sentencias, lo dispuso expresamente, tal como lo puntualiza el Juez de la Cámara de Apelaciones de La Plata Jorge Eduardo Crespi (citado por Morello, A.J. Tessoene y M.E. Kaminker Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", t VIII, pág. 632/635), al enunciar los casos en que la Ley 24.522 prevé el recurso de apelación (art. 13; art. 17; art. 24; art. 51; art. 58; art. 59; art. 61; art. 63; art. 65; art. 96; art. 103; art. 117; art. 118; art. 144, inc. 7°, ap. b); art. 191; art. 206, in fine; art. 210 y su remisión; art. 214; art. 218; art. 232 in fine; art. 255, párr. 3 y 4; art. 255, in fine; art. 259, último párrafo y su remisión; art. 260, penúltimo párrafo y su remisión; art. 262, 2° párrafo y su remisión; art. 272; art. 281, párrafo 2° y art. 285, párrafo 1°), casos éstos que no son los de la especie.

En consecuencia, si la ley no ha previsto expresamente la apelabilidad del proveído o resolución que fija la fecha de vencimiento del período de exclusividad y la fecha en que se celebrará la audiencia informativa, tal acto no encuadra en los supuestos de excepción legal; por lo que, sobre la base de una conceptualización de lo que es el proceso falencial y de la aplicación de sus reglas procesales, la decisión en crisis es inapelable.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado, reiteradamente, que todos los derechos deben operar según las leyes que reglamentan su ejercicio, atendiendo a su razón de ser teleológica y al interés que protegen (E.D. 56-502); el derecho de defensa en juicio no es absoluto, sino que está sujeto a las reglamentaciones necesarias para hacerlo compatible con el derecho de los demás litigantes y con el interés social de obtener una justicia eficaz (Fallos, 185:242; 212:447; 286:257); y la garantía de tal defensa no requiere la doble instancia judicial (Fallos, 222:509; 241:195, 259:89; 281:67).
Instrumentos privados, reconocimiento de firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Coopesur Cooperativo Ltdo. c/ Ramiro, Néstor Oscar s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

El art. 1028 del código civil dispone que "el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido", es decir, importa el reconocimiento de su contenido. Por lo que si el deudor no desconoce como suya la firma inserta en el pagaré que se ejecuta, sino que, por el contrario, reconoce el libramiento a favor del accionante, y, además, en lo que respecta a la tasa de interés cuestionada, no se adujo que la sigla 'TEM' hubiera sido introducida con posterioridad a la firma del documento, en el espacio que permitía el texto impreso, pero sin enmienda alguna (doct.arts. 211 y 217 del Código de Comercio), la impugnación de la liquidación practicada por el actor no puede prosperar.-
Confirmación de sentencia, daños y perjuicios, error judicial, fundamentación de sentencias, prisión preventiva, auto de procesamiento
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Irigoytía, Carlos Francisco y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ ordinario - daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

No es arbitraria la sentencia que rechazó el reclamo de daños y perjuicios iniciado contra una provincia por el accionar ilegítimo del poder judicial local derivado de la prisión preventiva y procesamiento del actor, pues el tribunal valoró debidamente que no se había acreditado que el auto de procesamiento y la prisión preventiva decretada en contra de aquél haya estado en abierta contradicción con los elementos existentes en las actuaciones penales al tiempo de su dictado o con las normas que condicionan la aplicación de la medid (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Procedimiento laboral, sentencia ultra petita
Materia: LABORAL
Carátula: Moya, Rosa c/ Servin SA s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-24

El procedimiento laboral permite fallar "ultra - petita", es decir, que dado cierto reclamo (sueldo de enero por ejemplo), la sentencia puede condenar por suma mayor a la reclamada, si de la prueba surge que ese sueldo era superior al peticionado. La resolución no podría condenar, en cambio, por una remuneración no reclamada (en la hipótesis, sueldo de febrero), aunque se pruebe que ese mes resta impago. En otros términos: se puede condenar por mas de lo pedido (ultra petita) pero no condenar por lo no pedido (extra petita).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, habeas corpus
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Leandro s/ Hábeas corpus. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

La resolución de la Cámara que en un hábeas corpus decide sobre la prescripción de la pena, reviste carácter definitivo en los términos del art. 357 del Código de Procedimiento Penal según ley 3589 y modif. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión federal, inconstitucionalidad, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, entes autárquicos, estabilidad del empleado público
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: LEONOR VIRGINIA ROMERO DE MARTINO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ POLITICA    LEGISLATIVA-    DELEGACION  DE  FACULTADES  LEGISLATIVAS-  ESTABILIDAD  DEL EMPLEADO PUBLICO-  CESANTIA-  CONSTITUCION  NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

Los agravios referidos a la inconstitucionalidad del art. 29, inc. g), del Estatuto del Personal de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro suscitan cuestión federal bastante para su examen en la instancia del art. 14 de la ley 48, habida cuenta de que la decisión ha sido favorable a su validez y adversa a los derechos que la actora sustentó en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: S., L.M. c/ L., E.G. s/ Solicita autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-18

"Los jueces no están obligados a ponderar todas las probanzas producidas en el juicio, ni a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos, bastando que se hagan cargo de aquéllos que sean conducentes a la decisión del litigio".
Indemnización por accidente de trabajo, depreciación monetaria, intereses
Materia: LABORAL-ECONOMIA-FINANZAS-CIVIL
Carátula: Zapata Roque Antonio c/ Experta ART S.A.  s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-03-08

Resguardado por la norma el valor real de la indemnización a través del mecanismo implementado para la actualización del ingreso base mensual -aplicación del decreto 669/19-, se debe atender al perjuicio ocasionado por el retardo. El STJER juzgó justa la aplicación de una tasa bancaria pura que no contemple la depreciación monetaria, y estableció que desde el momento que ocurrió el siniestro se debe computar un interés conocido como puro y entendió justo fijarlo en el 12% anual. En definitiva, mientras la fórmula empleada para la actualización del IBM por RIPTE procura evitar la depreciación monetaria, el interés anual fijado persigue compensar la pérdida de la utilización del dinero, durante el tiempo transcurrido desde el nacimiento del crédito (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Poder Judicial, jueces, nombramiento, tribunal de enjuiciamiento, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

Los Tribunales ordinarios no tienen competencia para juzgar sobre la habilitación constitucional de los Jueces, es decir, sobre la "capacidad en abstracto". Cualquiera sea el ordenamiento constitucional y legislativo, en todos los casos existe un órgano específico y un procedimiento para producir la declaración de inhabilidad del Juez y con ella su separación: en nuestra Provincia el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados para los Jueces nombrados con acuerdo legislativo (ley 7050), y el juicio político para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, escalafón, reescalafonamiento, asignación de funciones, decretos, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tissembaum, Isaac c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 450-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

No puede proceder el reclamo de reencasillamiento en la categoría 23 pretendido por el actor (que se desempeñaba -bajo la vigencia del decreto 791/80- en el nivel 3, con funciones de Subdirector de Prensa) con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 inciso "c" del decreto-acuerdo 2695/83 (Escalafón para el Personal de la Administración Pública provincial) si el contenido de las funciones que le fueron atribuidas bajo el rótulo de Subdirector, no se corresponden con las asignadas al funcionario así denominado en el marco de la estructura orgánico-funcional de la dependencia creada con posterioridad a la entrada en vigencia del escalafón decreto 2695/83.
Regímenes jubilatorios especiales, empleados de banco, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aquilano, Rafael Roberto c/ Caja de Subsidios, Jubilaciones y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Establecer si una persona se encuentra sin medios de vida no significa un estado de extrema pobreza o de absoluto desamparo y al no formular el ordenamiento legal respecto de la acreditación de medios de vida ninguna aclaración o directiva, cabe interpretar que el legislador lo ha considerado como una cuestión fáctica, apreciable en cada circunstancia en el momento de discernir el beneficio pensionario, sin formular distinción alguna sobre si el status económico debe obedecer a hechos ajenos o sujetos a la voluntad del peticionante.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kostzer, Moisés c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas s/ Otras demandas contra la Aut. Admnistrativa Económicas s/ Otras demandas contra la Aut. Admnistrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-28

La Ley Nro. 466 atribuyó a esta Cámara el conocimiento de los recursos contra las sanciones disciplinarias (art. 34) y para el supuesto de denegatoria de la matrícula o su renovación (art. 68).

Por lo demás, la disposición transitoria 3 de la mencionada ley estableció que "Hasta tanto se constituya la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, entenderá en las causas judiciales que se promuevan en razón de lo establecido en la presente ley el Tribunal Superior de Justicia".

De la perspectiva de esas disposiciones legales y de las características de las funciones desempeñadas por la entidad demandada y la naturaleza de su vinculación con sus miembros corresponde confirmar lo decidido por el señor juez de grado, quien resulta competente para seguir entendiendo en las presentes actuaciones.