marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Convenios colectivos de trabajo, interpretación del convenio colectivo, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: BALLESTEROS, CARLOS HECTOR c/ CORPICO s/ COBRO DE HABERES (PROCESO LABORAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-03-05

La Corte Suprema ha expresado que la interpretación de las convenciones colectivas de trabajo, como así la de la ley 14. 250, es una cuestión de derecho común, cuya decisión corresponde a los jueces de la causa, por Convención Colectiva de Trabajo, debe resolverse en el sentido mas favorable al trabajador (C. N. A. T.

sala 3).-
Presupuesto, Poder Legislativo Nacional, Poder Ejecutivo, facultades legislativas, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zofracor S.A. c/ Estado Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-20

En nuestro sistema constitucional, nada permite inferir que la función legislativa en materia presupuestaria se limita a aprobar o a autorizar lo que propone el Poder Ejecutivo, sino que el Congreso recibe un proyecto de presupuesto y lo acepta, lo modifica o lo rechaza, en todo o en parte, sin restricción alguna; no es un acto aprobatorio que pasa a integrar un acto administrativo: es acción legislativa normal y primordial aun cuando la iniciativa corresponda al Poder Ejecutivo, que es el responsable de la administración general del país (art. 99, inc. 1°, Constitución Nacional).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, verificación de créditos, impugnación de la demanda de verificación, síndico del concurso, honorarios, regulación de honorarios, costas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Acopiadores de Cereales Argentinos SA s/ 1) Apelabilidad de la resolución de la impugnación al informe   individual del síndico. 2) Apelabilidad de las costas en auto   inapelable. 3) Devenga o no imposición de costas al perdidoso el   trámite de impugnación al informe individual del síndico al que se   refiere el artículo 36 de la ley 19551?. Quiebra. Impugnación   promovida por el Banco Provincial de Santa Fe al informe individual   del síndico (Expte. Nro. 161-87 -Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-17

En los trámites de impugnación a la opinión del síndico en el informe individual de verificación de créditos, cabe discernir en cada caso la procedencia o no de costas, puesto que si bien corresponde a la Sindicatura realizar una tarea propia del trámite que como funcionario le es propio, no es menos cierto que por virtud del artículo 33 de la Ley de Concursos, los acreedores deben insinuar de tal modo los créditos que resulten verificables fácilmente por el Síndico. De suerte que si el trámite impugnatorio resulta adverso al acreedor el mismo ha generado una actividad que no tiene por qué ser solventada por el concurso al remunerar globalmente al síndico, lo cual se determinaría una vez que la no admisibilidad quede firme. (De los Fundamentos del DR. Donati -En Disidencia-).
Contienda negativa de competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Rosario c/ Guagliano, Manuel s/ Conflicto negativo de competencia (Expte. C.S.J. Nro. 538 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-19

Ante la circunstancia de que la actora inicia juicio de apremio ante un Juzgado de Circuito de Ejecución Civil y luego -ya citado de remate el demandado- amplía la demanda, el Juez competente es el Juez de Primera Instancia de Distrito, porque la operatividad del artículo 2 de la ley 10.160 requiere, en cualquier caso, que la competencia sea consentida por la contraparte, sin que pueda entenderse ocurrido ese evento por el hecho de que el Tribunal de primigenia radicación provea la demanda u otras medidas de tipo ordenatorio.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Saric, Miguel Antonio y otros c/ Concejo Deliberante de Pilar s/ Conflicto art 187. Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-09

Según el texto del artículo 263 bis del decreto ley 6769/58, introducido por la ley 11024, carecen de legitimación para plantear conflicto en los términos del art. 187 de la Const. provincial, los concejales que, como en el caso, aducen la configuración de un "impedimento para el ejercicio de las funciones".Ello así, porque el "impedimento" que antes de la ley 11024 se hallaba previsto legalmente y concebido como uno de los supuestos de conflictos que ocurrían "en el seno del Concejo" ha sido suprimido como tal a partir de su sanción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intervención de terceros, sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: IGLESIAS FIGUEIRA, GUSTAVO c/ IRIARTE, JORGE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-09

La admisión de la intervención del tercero citado a iniciativa de la parte demandada, no convierte a aquél en sujeto pasivo de la pretensión deducida en la demanda, puesto que ninguna relación de ese tercero con el actor se ha puesto en tela de juicio y ninguna pretensión se ha dirigido en su contra, dado que el actor no ha querido pleitear con él.

El fundamento de la intervención coactiva del tercero radica en la conveniencia de evitar que en la eventual acción regresiva el citado pueda urgir la "exceptio mali procesus".

De modo que la citación no transforma al tercero en un demandado más contra el cual puedan extenderse los efectos de la condena, ni tampoco importa incorporar a la litis otra contienda en la que el demandado original pueda actuar como demandante frente al citado.

Consecuentemente, la regla del código procesal: 96 según la cual la sentencia afecta al tercero como a los litigantes principales, no significa que pueda recaer sentencia condenatoria sobre él, sino que sólo puede constituir un antecedente favorable para la fundabilidad de la pretensión de regreso que se interponga frente al citado, sin que puede constituir un antecedente favorable para la fundabilidad de la pretensión de regreso que se interponga frente al citado, sin que pueda ser ejecutada contra éste.

La intervención del tercero puede ser calificada como adhesiva simple, subordinada o accesoria a la de la parte demandada que lo convocó a juicio, motivo por el cual su actuación se encuentra -en principio- limitada por la conducta que asuma la parte a quien apoye. No obstante lo expresado, debe reconocerse al tercero la facultad de apelar cuando la parte principal no haya deducido el recurso eficazmente y ello pueda causarle por juicio.
Riesgos del trabajo, competencia por el territorio, accidentes de trabajo, domicilio del demandado
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz, Honorio Gustavo c/ A.G.A. SRL s/ Accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-27

Cuando ambas partes tienen domicilio en diferentes provincias o una en una provincia y otra en la Ciudad de Buenos Aires, no es una disposición local la que puede establecer la competencia sino la ley de procedimientos nacional (Fallos: 306: 1059, etc.) que es la única que puede legislar teniendo en cuenta la coexistencia de las diversas jurisdicciones. Por ello, en los pleitos derivados de contratos laborales entre particulares, según lo dispone el art. 24 de la ley 18.345 (v.Fallos: 303:141 y sus citas; 306:368 y sus citas: 311:72 y 323:718), será competente - a elección del trabajador- o bien el juez del lugar del trabajo, o el del lugar de la celebración del contrato o el del domicilio del accionado - empleador - y que está inspirado por el objeto evidente de proteger a los trabajadores que, en la casi totalidad de los casos, serán los demandantes a que se refiere el precepto (v.Fallos: 315:2108). Por ende, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Procuradora Fiscal, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones la justicia nacional del trabajo con asiento en la C.A.B.A., puesto que, de lo expresado en el escrito de demanda - al que debe estarse a los efectos de determinar la jurisdicción (v. Fallos: 313: 971, entre otros)-, surge claramente que el actor optó por tramitar la litis en el domicilio de la co-demandada aseguradora.
Poder Legislativo, legisladores, sanciones disciplinarias
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

La diferencia entre la relación de pertenencia que se da entre las Cámaras y sus miembros y las análogas relaciones de supremacía especial reguladas por el Derecho público se delinea aún más nítidamente si se tiene presente la particular naturaleza de la sanción disciplinaria aplicable por las Cámaras. Mientras la pena disciplinaria, en general, siendo la consecuencia dañosa vinculada a la violación de deberes pertenecientes a un particular "status subiectionis" no tiene eficacia externa sino que reprime solamente las perturbaciones internas causadas por las citadas violaciones, la sanción disciplinaria de las Cámaras tiene en el caso particular cometidos más amplios ya que sustituye las sanciones previstas en otras ramas del Derecho, desplegando sus efectos también fuera de la relación parlamentaria.
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, inexistencia de cuestión federal suficiente, transporte de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Aguirre, Alejandro Ramón c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-30

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto por la defensa contra la resolución que confirmó el rechazo de la excarcelación solicitada a favor del encausado toda vez que no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de esta Cámara Federal de Casación Penal, la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones ha satisfecho el "derecho al recurso" reconocido en el art. 8.2.h de la C.A.D.H. y valoró la gravedad del delito que le imputa (transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, previsto en los arts. 5º inc. "c" y 11º "c" de la ley 23.737, reprochándosele puntualmente ser el conductor de un camión en el que se secuestraron 2.692,118 kgs. de marihuana), la existencia de diligencias probatorias pendientes de realización y que no se pudo acreditar correctamente el arraigo debido a que el imputado informó erróneamente su domicilio.
Prórroga del plazo, invariabilidad de la causa
Materia: LABORAL
Carátula: SEGURONDO ANDREA MARIELA c/ SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-05-14

Habiendo suscripto entre las partes un contrato de práctica laboral para jóvenes en los términos del art. 51 y siguientes de la Ley 24.013, la prórroga del vínculo laboral más allá del plazo, no autoriza en modo alguno a considerar la tranformación de la relación laboral habida entre las partes en un contrato de tiempo indeterminado.
Concursos, presentación en concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIBERT IMPORTADORA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Aun cuando la presentación de apertura del concurso sea sustancialmente incompleta, si la solicitud de la concursada fue sucintamente fundada, explicando - como en el caso - que, dentro del marco de dificultades económicas que atraviesa, había sido emplazada en un pedido de quiebra, procede concederle el plazo previsto por la L.C. 11.
Medicina prepaga, juicio ejecutivo, procedencia del recurso, ejecución de sentencia, ACTO ADMINISTRATIVO
Materia: PROCESAL
Carátula: Arando, Ignacio Miguel c/ Swiss Medical SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-19

Procede admitir la nulidad planteada por la demandada, en cuanto la vía otorgada al proceso no ha sido la correcta. Ello por cuanto, en el caso, se presentó el actor promoviendo contra la empresa de medicina prepaga demandada la ejecución de cierta disposición emanada de la Superintendencia de Servicios de Salud, en donde se intimó a la accionada para que se abstuviera de aplicarle aumentos en razón de la edad, no autorizados por la Autoridad de Aplicación y el magistrado de grado otorgó a la presente acción el trámite de ejecución de sentencia. No puede obviarse que, aún cuando la vía administrativa ya se encontraba agotada, en principio, la cosa juzgada administrativa queda supeditada al control judicial suficiente (CSJN, Fallos 187:79; 247:646; 274:157; 301:1217; 305:132). De tal forma, se considera que la cosa juzgada únicamente se producirá con motivo del ejercicio de dicho control. Así pues, no podría asimilarse la disposición administrativa base de esta acción a una sentencia dictada por un juez o tribunal arbitral. De otro lado, tampoco podría otorgarse a la disposición administrativa el carácter de un título ejecutivo pues tampoco se encuentra dentro de aquellos títulos extrajudiciales a los cuales la ley procesal y, o alguna ley de fondo, les asigna fuerza suficiente para ser reclamados por la vía ejecutiva. En ese marco, se concluye que la vía otorgada a este proceso no era la procedente, asistiendo razón en ello a la accionada. Es que, el título fundante del derecho invocado por el actor, no era uno de los títulos contemplados en el CPR 499 y 500, sin que quepa, reitérase, asimilar una decisión administrativa a una sentencia judicial.
Derecho civil, astreintes, intereses, pago a requerimiento
Materia: CIVIL
Carátula: MOLINARI, IRMA RAQUEL MARTINA c/  s/ SUCESORIO AB INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-02-04

En materia de astreintes, el art. 34 CPCC prevé que la sanción sea graduada de manera progresiva, ya que su claro objetivo es vencer la resistencia del incumpliente, y si bien la modalidad automática operativa por el solo transcurso del tiempo no se encuentra expresamente prevista y no es usual en la práctica tribunalicia, lo cierto es tampoco se encuentra prohibida.
Acción, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Coviares S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-11

La circunstancia de que las autoridades administrativas no actualizaran la liquidación en dicha sede permitiéndole a la actora cumplir el recaudo procesal del pago previo (art. 30 del C.P.C.A.), amparándose en la inexistencia de liquidación comprensiva de los intereses y por ello resultó correcto el pago de una suma originariamente determinada, no resulta revelador del contenido real del valor del pleito. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delegado gremial, estabilidad del delegado gremial, indemnización por despido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arias Giménez, Francisco c/ Empresa Delbón S.A. s/ Reclamo laboral Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-12-04

El ejercicio efectivo de la función gremial no constituye un recaudo legalmente exigible para el cobro de la indemnización de la garantía por estabilidad sindical, pues el presupuesto para la actuación del art. 52 de la Ley 22105, es el título sindical y no su ejercicio de hecho. Producido el despido injustificado del obrero que inviste una representación gremial, tiene derecho a percibir las indemnizaciones que establece el Código de Comercio, reformado por ley 11729, decreto 33302/45 y a las remuneraciones que debió percibir durante el período de estabilidad.
Emergencia sanitaria, educación, educación presencial, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

La magistratura no está en condiciones de juzgar la conveniencia de la medida relativa a la presencialidad o clausura en las escuelas (Voto del juez Lorenzetti).
Daños y perjuicios, responsabilidad de la provincia, inundación, indemnización, hoteles, pago, transmisión del dominio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Salvatore de López, Amelia c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

Si, en virtud de los daños causados por las inundaciones, se indemniza de manera integral el valor real del terreno y de las construcciones e instalaciones hoteleras, corresponde declarar transferido el inmueble al dominio de la Provincia de Buenos Aires.
Diferencias salariales, docentes
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: L.M., T.del C. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2019-02-06

La actora merece percibir las diferencias salariales existentes entre la retribución que consta en los correspondientes recibos y la carga horaria efectivamente cumplida frente a los alumnos y la institucional. Porque esa es la contraprestación que el Estado, beneficiario del desempeño de la función docente asumida por la actora, debió abonarle. Para ello deberá considerar, fundamentalmente, el reconocimiento expreso efectuado por la demandada en relación con la fecha de alta asignada a las horas que pagó en el recibo de haberes correspondientes.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: LEONES MIGUEL CARLOS s/ USURPACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-23

Debe declararse mal concedido el recurso de marras, toda vez que resulta evidentemente extemporánea su presentación, siendo inoperante a estos fines la reiteratoria noticia procesal que consta en la cédula.
Daños y perjuicios, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: QUINTANA SATURNINA c/ SR.  JUEZ  DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PAZ DR. RAMON ALBERTO SERRANO y SUPERIOR GOBIERNO DE ENTRE RIOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-19

Conforme lo establecido por el artículo 167, inciso 1º (apartado i), de la Constitución de Entre Ríos, este Superior Tribunal de Justicia es competente para entender en el presente proceso por cuanto se acciona contra un magistrado judicial pretendiendo la reparación de los daños que habrían sido ocasionados por éste en ocasión y con motivo del ejercicio de su magistratura.
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lopez, María Cristina c/ Aranaga, Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

El letrado que actúa en un juicio, desde el momento de su intervención, adquiere el derecho para que se le determinen sus honorarios en base al monto impetrado en la demanda o, en su caso, el que resulte de la setencia (arts. 1, 16, 21, 51, 53 etc. del Decreto ley 8904). Si las partes fijan convencionalmente su valor, tal transacción no le es oponible a los profesionales actuantes.

(Minoría u opinión personal)
Constitución Nacional, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Monges, Analía M. c/ UBA. - resol. 2314/95.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico.
Actuación de oficio, liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: CHEER, LUISA DEL CARMEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 674-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-19

No obstante que la liquidación practicada y puesta de manifiesto no ha sido impugnada por ninguna de las partes, en nada enerva tal circunstancia las facultades del Tribunal para revisar y corregir, aún oficiosamente, los términos de la liquidación, a fin de que la sentencia no sea tergiversada en un procedimiento que, exclusivamente, está destinado a aplicarla y ejecutarla.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Cordobado, R. s/ Inf. ley 8031. c.79.576
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

Para que sea admisible el recurso de inconstitucionalidad es necesario no solo plantear el caso constitucional en los términos del art. 149 inc. 1 de la Constitución provincial sino también que haya sido resuelto expresamente por el juzgador de última instancia para abrir la competencia por apelación asignada a la Corte, lo que no ha sucedido en el caso de autos, omitiendo el recurrente utilizar los medios procesales aptos para subsanar el silencio en que incurriera el Juez en lo Correccional (art. 349 inc. 2 del Código de Procedimiento Penal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, accidente in itinere
Materia: LABORAL
Carátula: Aquino Santa Matilde c/ Gracía Ricardo s/ Accidente de Tarbajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-09-10

El accidente In Itinere es aquel que ocurre en el trayecto que a consecuencia de sus tareas realiza una persona para ir o regresar de las mismas, conforme art.3  ley 24028.

En autos acontece cuando el trabajador iba siendo trasladado juntamente con otros cosecheros, al lugar de trabajo, en un camión, propiedad del demandado. Tratándose de un accidente In Itinere basta con que ese infortunado día, hubiera sido el primero en que el causante fuera llevado a trabajar.
Prisión domiciliaria, nulidad de sentencia, aplicación errónea de la ley, sentencia arbitraria, salud del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Infantino, Carlos Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-21

La decisión que concedió el arresto domiciliario no puede ser convalidada por cuanto halló exclusivo fundamento en la edad del detenido, incurriendo el a quo en una errónea interpretación del alcance de la ley aplicable y en una causal de arbitrariedad, puesto que no se ha realizado un análisis acabado de los informes médicos cuya producción ordenaron luego del reenvío dispuesto por la Sala
Concursos, síndico del concurso, remoción del síndico del concurso, sanciones procesales, aplicación analógica de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: EUROSTIL S.C. Y OTROS s/ QUIEBRA - INCIDENTE SOBRE INHABILITACION DE SINDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-02-10

De ser removido el síndico con funciones de liquidador en un proceso concursal regido por la ley 11719, no le es aplicable la sanción accesoria prevista por el nuevo ordenamiento vigente, por la falta de previsión legal concreta y la imposibilidad de aplicar analógicamente disposiciones en contra de las preceptivas, ya de la ley específica, ya de la ley común, y aún -tratándose de un régimen sancionatorio- por imperio de la aplicación de la ley más benigna para el imputado, que si es principio penal y no de derecho concursal, ha de respetarse como criterio de orientación general.
Regla de comunicabilidad, dolo, dolo eventual, robo con violencia en las personas
Materia: PENAL
Carátula: D. M., F. y otro s/ Causa 2.149
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-11

Sobre el tema de la comunicabilidad de las circunstancias, cabe aclarar que, "la medida de lo que el partícipe quiso no está dada sólo por su dolo directo o indirecto, sino también por su dolo eventual, vale decir que por lo que eventualmente quiso al utilizar a sabiendas medios o proponerse fines peligrosos o susceptibles de implicar la alteración de las modalidades del hecho o de producir la alteración de su gravedad" , pues en el caso, y a los fines de agravar la penalidad, el imputado no sólo sabía que se utilizarían medios violentos para desapoderar de dinero a la víctima -asumiendo el riesgo que ello implicaba- sino que también asintió, y colaboró con su empleo, sea golpeándola, empujando a su nieta para que no interviniera, e inclusive no evitando que su consorte de causa también la golpeara con el elemento que le causó la grave lesión.