Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-03


///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de diciembre de dos mil ocho, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Angela Ester Ledesma, Guillermo José Tragant y Eduardo Rafael Riggi, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 9760 del registro de esta Sala, caratulada "Sánchez Valdez, Alfredo Martín s/ recurso de casación", con la intervención del representante del Ministerio Público el señor Fiscal General, doctor Raúl Omar Pleé y de la Dra. Laura Beatriz Pollastri por la asistencia oficial del nombrado.- Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: Tragant, Ledesma y Riggi.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Guillermo José Tragant dijo:	PRIMERO:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto a fs. 14/17 por la defensa oficial de Alfredo Martín Sánchez Valdez, contra la resolución de fs. 11/12 vta., dictada por Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de la Plata, que resolvió rechazar el planteo formulado por el señor Defensor Oficial, en favor del nombrado y ordenó se practicara por Secretaría un nuevo cómputo en el que se tuviera en cuenta el tiempo trascurrido desde la llegada a la Argentina del condenado -15 de noviembre de 2007- hasta la concesión de su excarcelación -11 de abril de 2008-.

La impugnación fue concedida a fs. 18/19 vta. y mantenida en esta instancia a fs. 26.- Puestos los autos en Secretaría por diez días, a los fines de los artículos 465 primera parte y 466 del ordenamiento ritual, se presentó la Sra. Defensora Oficial ante esta instancia (fs. 28/29), solicitando se hiciera lugar al remedio intentado.- Que habiéndose celebrado la audiencia prevista por el artículo 468 del código de forma, el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.- SEGUNDO:

La defensa técnica de Nicolás Orlando Sosa fundamenta el recurso en las dos causales previstas por el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, por considerar que la resolución en crisis carece de la debida fundamentación toda vez que -a su entender- el a quo habría inobservado las disposiciones contenidas en el artículo 25 del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, el artículo 66 de la ley 24.767 y el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación.- Señala que la decisión impugnada se ha apartado de las previsiones nacionales e internacionales de fondo en materia de extradición en tanto no tuvo en consideración en el cómputo de pena practicado, la detención que sufriera su ahijado procesal en la República del Perú con motivo de la sentencia condenatoria dictada por un tribunal de dicho país.- Sobre el particular, insiste en que de conformidad con el artículo 25 del Tratado de Montevideo y el artículo 66 de la ley 24.767, el trámite de extradición de su defendido se extendió desde agosto de 2003 -fecha en la que el nombrado fue detenido con fines de extradición- hasta el 15 de noviembre de 2007 -día en que arribó al territorio nacional y fue efectivamente entregado a la autoridad judicial argentina-.- Sostiene que el tiempo que insumió la totalidad de la gestión debe ser computado bajo la letra del artículo 24 del Código Penal por directa aplicación de la normativa vigente en materia de extradición activa.- Por todo ello, juzga que el a quo ha incurrido en un apartamiento de la normativa vigente, impidiendo así tomar conocimiento de las razones que los jueces tuvieron para pronunciarse en ese sentido.- A todo evento, efectúa reserva de caso federal.- TERCERO:	Descriptos así los agravios del recurrente, habré de efectuar una breve reseña de los hechos para luego ingresar en el tratamiento de la cuestión relativa a la procedencia de computar -o no hacerlo- el tiempo de detención padecido por el acusado en Perú en el marco de la condena dictada en ese país a su respecto.- De esta manera, se advierte que Alfredo Martín Sánchez Valdez fue detenido en las presentes actuaciones el día 15 de noviembre de 1999, recuperando su libertad mediante la excarcelación concedida ese mismo día.- Que con posterioridad a que se decretase su procesamiento como partícipe necesario del delito de falsificación de documento destinado a acreditar la identidad de las personas (fs. 90/91), el día 21 de junio de 2000, se lo declaró rebelde, ordenándose su inmediata detención (fs. 108).- Así las cosas, con fecha 23 de agosto de 2003 se detuvo a Sánchez Valdez en la República de Perú en mérito al pedido de captura nacional e internacional dispuesta, permaneciendo en detención preventiva por la extradición solicitada en el marco de la presente causa.- Cumplidas las formalidades del caso y declarada procedente la extradición el día 14 de octubre de 2003 en el Expte. n° 60-2003 del registro de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (fs.159/163), con fecha 4 de diciembre de 2003, el Consejo de Ministros de ese país decidió a través de la resolución suprema n° 200-2003-JUS conceder la extradición solicitada por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 1 de Lomas de Zamora, aplazando la entrega del reo hasta tanto se resolviera su situación jurídica en el proceso pendiente en su país de origen (fs. 152/153).- De esta forma, con fecha 25 de noviembre de 2004, el Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima condenó al nombrado a la pena de tres años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas -microcomercialización- (fs. 7/10 del legajo de personalidad), cuyo vencimiento operaba el 24 de noviembre de 2007(fs. 11/12 del mencionado legajo).- Sin embargo, con anterioridad a que se agotase dicha pena, se procedió a la entrega de Sánchez Valdez el 15 de noviembre de ese mismo año, permaneciendo detenido a disposición de la justicia argentina hasta el 11 de abril del corriente año, fecha en la que se concedió su excarcelación.- CUARTO:

Ahora bien, en el marco de las relaciones bilaterales entre la República Argentina y la República del Perú resulta de aplicación, al sub lite, el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, sin que el nuevo documento internacional que rige entre las partes en la materia, aprobado por la ley 26.082 alcance al caso de autos.- Así las cosas, el artículo 25 del citado tratado establece que "la entrega al reo podrá ser diferida mientras se halle sujeto a la acción penal del Estado requerido, sin que esto impida la substanciación del juicio de extradición".- Que efectivamente, y tal como lo prevé el Tratado de Montevideo, tanto la justicia como el gobierno peruanos resolvieron conceder la extradición de Sánchez Valdez pero difiriendo su entrega a resultas del proceso seguido al nombrado en aquélla jurisdicción, circunstancia que no impidió el juicio de extradición, no así el procedimiento seguido a su respecto en este país en virtud de que nuestra legislación prohíbe el juicio criminal celebrado in absentia.- Por su parte el artículo 66 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal n° 24.767 dispone que "el tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición, será computado en la forma prescripta por el art. 24 del Código Penal" mientras que el art. 11 inc. e) establece que la extradición no será concedida "si el estado requirente no diere seguridades de que se computará el tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición, como si el extraditado lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento".- De lo expuesto, se desprende que asiste razón al a quo en cuanto a que no debe computarse el plazo transcurrido entre el 25 de noviembre de 2004 al 11 de noviembre de 2007 toda vez que las referidas normas aluden exclusivamente a que se compute el tiempo de detención que demande el trámite de extradición -tal como fuera efectuado en el presente- pero nada disponen respecto de aquél lapso que el extraditado cumpla en carácter de condenado una vez concedida la extradición pero diferida su entrega hasta la culminación del proceso que se le siguiera en el país requerido.- Adviértase que el período de tiempo que la defensa pretende que se compute se corresponde exclusivamente con la pena de cumplimiento efectivo impuesta en la sentencia condenatoria dictada por la justicia peruana y no con la detención preventiva motivada en el pedido extraditorio de la judicatura argentina. Repárese que de haber ocurrido únicamente esto último respecto del período comprendido entre el 25 de noviembre de 2004 y el 11 de noviembre de 2007, si hubiera correspondido computar dicho plazo (mutatis mutandi causa n° 8558 "González Dosil, Inés s/ recurso de casación", Reg. 1904/07 del 28/12/07).- Que la única manera en que ingrese el tiempo cumplido en la causa peruana paralela es a través de la unificación y como nuestro régimen legal no prevé la unificación de sentencias extranjeras en materia penal, ergo, dicho período no resulta computable.- En conclusión, propongo al acuerdo no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Sánchez Valdez, con costas. Tal es mi voto.- La señora juez doctora Ángela Ester Ledesma dijo:	Adhiero a la solución propuesta por la voz que lidera este acuerdo y emito mi voto en igual sentido.

Así es mi voto.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:	Que adherimos a la solución propuesta por el doctor Guillermo José Tragant en su voto, y en consecuencia, emitimos el nuestro en idéntico sentido.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación deducido por la defensa de Alfredo Martín Sánchez Valdez, CON COSTAS (artículos 456 incisos 1° y 2°, 470 y 471 contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Fdo: Angela E. Ledesma - Eduardo R. Riggi - Guillermo J. Tragant.

Ante mí: María de las Mercedes López Alduncin. Secretaria de Cámara.