marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Incidente de caducidad, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Gsponer, Ana María c/ Rossi, Daniel Dante s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-12-07

En consideración al efecto suspensivo que por su naturaleza tiene el incidente de perención de instancia -que imposibilita que pueda realizarse válidamente cualquier acto en el proceso principal hasta tanto se resuelva aquél- , corresponde declarar de oficio la nulidad del auto interlocutorio que resolvió sobre el incidente de perención del incidente de perención de instancia y también sobre este último, pues debió pronunciarse únicamente sobre el incidente de perención de la perención, y sólo en el hipotético caso de rechazarse el mismo y quedar firme la resolución correspondiente, continuar con la tramitación y ulterior resolución del incidente de caducidad de instancia.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín s/ nulidad en autos N. 49.290 -U- 102 (Urondo, Javier).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-02

No revisten carácter de sentencia definitiva, en principio, las resoluciones que decretan o deniegan nulidades.
Indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: D. P., D. S. c/ I. S.R.L. y otro. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-05

Verdad es que las inquietudes propias del mundo de los negocios no deben confundirse con la lesión de los sentimientos, con la modificación disvaliosa del estado espiritual del reclamante, pero cuando el incumplimiento genera consecuencias que superan el límite de las meras incomodidades para transformarse en una situación que afecta su estado de tranquilidad -del que cualquier persona tiene derecho a gozar- nace la obligación de reparar en los términos del art. 522 Código Civil.
Habeas corpus colectivo, habeas corpus correctivo, prisión domiciliaria, condiciones de detención, telefonía celular, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Xumec c/  s/ habeas corpus colectivo y correctivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2020-03-30

Corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de hábeas corpus entablada por una asociación de derechos humanos a favor de las personas privadas de la libertad alojadas en dependencias del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, y ordenar que se arbitren los medios necesarios y proceder a la remisión a las autoridades judiciales de las actuaciones correspondientes al pedido de prisión domiciliaria de la totalidad de la población carcelaria provincial que se encuentre en situación de riesgo frente al coronavirus y se disponga un alojamiento transitorio y de aislamiento. Asimismo, cabe determinar que se garantice un sistema periódico de entrega de elementos de higiene y limpieza a las personas privadas de la libertad, como así también un procedimiento de desinfección de los lugares de alojamiento. Además, corresponde autorizar el uso transitorio de telefonía celular a todas las personas privadas de la libertad detenidas en el ámbito del Servicio Penitenciario mientras dure el estado de emergencia sanitaria.
Procedimiento laboral, prueba pericial
Materia: PROCESAL -LABORAL
Carátula: FERNANDEZ c/ PRATAVIERA E HIJOS s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-05-11

El informe pericial constituye una prueba como las demás, en consecuencia, la oportunidad para alzarse contra la misma valorando, esto es, meritando su contenido, es el debate, no resultando para nada indispensable que se impugne el dictamen ante el juez de conciliación. El hecho de que el perito contraloreador de la demandada haya suscripto de conformidad el informe pericial que contradice a ésta en su postura en el juicio, significa nada más que "un punto en contra", porque así como el dictamen pericial no obliga al tribunal, de la misma manera, la opinión del perito contraloreador, puede ser dejada de lado si sus conclusiones carecen de rigor técnico -científico.
Violación de domicilio, derecho a la intimidad
Materia: PENAL
Carátula: G., A. y Otro s/ Privación Ilegítima de la Libertad y Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-23

La acción punible es la de entrar, o sea, pasar de afuera al interior. Es la persona del agente la que debe entrar; no basta, por consiguiente, que penetre en el interior una parte de su cuerpo, como el brazo o el pie, o que asome la cabeza, introduciéndola más allá del límite del domicilio. El lugar donde se ingresa debe estar aplicado, en el momento del hecho, a constituir la esfera de reserva de la intimidad de vida del titular. Por otro lado, el domicilio así entendido tiene que ser ajeno respecto del agente, lo cual ocurre cuando él no es su titular o no tiene derecho a habitar en él como accesorio del derecho del titular. Contiene el tipo un elemento subjetivo que es el entrar conociendo que el titular ha resuelto expresamente excluirlo del domicilio o presumiendo que lo quiere excluir.
Derecho tributario, sanciones tributarias
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Ambas Limited Sucursal Argentina c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-08-12

Las sanciones fiscales se diferencian de las que se imponen en sede penal porque el criterio de aplicación es diferente, habida cuenta que en materia tributaria se tiene en cuenta que cualquier obstaculización de los contribuyentes en la recaudación implica pérdidas pecuniarias que de algún modo deben ser reparadas.
Obras sociales, competencia, resoluciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DEL TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ARGENTINA Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-04

Resulta contraria a derecho la Resolución n° 200/99 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación que, conforme una presentación efectuada por la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la R.A. -con oposición a lo peticionado por parte de la Obra Social del Personal de la Industria del Tabaco y de la Obra Social de Empleados del Tabaco de la R.A.-, resolvió modificar los porcentajes de las sumas provenientes del Fondo Nacional del Tabaco -creado por ley 19.800- asignados en la Res. 390/96. Con el dictado de dicha resolución, el organismo estatal se colocó como órgano resolutor de un conflicto entre obras sociales sindicales (comprendidas dentro del régimen de las leyes 23.660 y 23.661), atinente a los recursos y financiación de las mismas; máxime teniendo en cuenta que al momento del dictado de aquélla, la Superintendencia de Servicios de Salud era el órgano facultado por el orden normativo para resolver ese tipo de conflictos suscitados entre obras sociales. En consecuencia, no cabe más que concluir que la resolución en cuestión es nula, de nulidad absoluta e insanable, por haber sido dictada mediando incompetencia del órgano emisor (art. 1038 y 1044 del C.Civ.) debiendo la situación retrotraerse al mismo estado en que se hallaba antes del acto anulado (art.

1050 C.Civ.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Cuello, Carmelo René s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25

Es insuficiente el agravio con referencia a la supuesta transgresión del art. 199 del Código de Procedimiento si no se demuestra, con el debido apoyo normativo, que el citado texto legal imponga la anulación del acta que se cuestiona.
Divorcio contradictorio, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: M. L. O. c/ C. DE M. E. R. s/ DOVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-26

La circunstancia de que haya sido el esposo quien se retiró del hogar, no implica por sí misma, la configuración de su culpa en el alejamiento. La pasividad mantenida durante largo tiempo sin el menor signo de reanudar la convivencia, puede ser interpretada como la adhesión a la situación existente, ingresándose así a una bilateralidad que no existió inicialmente. Esa actividad del abandonado llega a convertir al cónyuge en un copartícipe del estado de separación de hecho, en condiciones tales que permitirían inferir la existencia de un acuerdo de voluntades respecto del alejamiento del marido que, al margen de la discusión sobre la culpa en su origen, fue finalmente aceptado tácitamente por ambos.
Desacato calificado, jueces, ofensas vertidas en juicio
Materia: PENAL
Carátula: AGUILAR, M s/ DESACATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-02

Configura el delito de desacato, la acción del procesado que envió cartas al Juez de la causa, en las que excedió notoriamente las previsiones del art. 115 C.P., ya que además de injuriarlo, le imputó la comisión de graves delitos (detención ilegal, omisión de denuncia, etc.), constituyendo esas misivas el vehículo de que se valió el imputado para amenazar encubiertamente al magistrado para que accediera a contemplar favorablemente la posición de inocencia que alegara en el expediente.
Recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Korzeniowsky, Domingo en j: Korzeniowsky, Domingo en j: Horars de korzeniowsky, Ana s/ Información sumaria - Recurso de queja - Queja por apelación  denegada (Libro: A019A-360) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-04-28

Es improcedente la queja contra la denegación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Cámara, interpuesto contra la resolución de ésta que no hace lugar a la queja deducida con motivo de la negativa del juez de primera instancia a conceder los recursos de apelación y nulidad. Ello a mérito de lo dispuesto por el art. 34 de la ley 434.
Accidente de tránsito, indemnización, daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Abreu Carlos Roberto c/ Vega Victorio Elias s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Si bien el damnificado normalmente tiene derecho a que se le repare el rodado en lugar de obligarlo a tener que adquirir otra unidad tal solución no tiene andamiento en supuestos como en los cuales resultaría económicamente disvaliosa.
Acción de amparo, cuestión federal, expresión de agravios, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gallardo Ángel Isidro c/ Municipalidad de Termas de Río Hondo s/ Acción de Amparo - Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-04-07

El recurrente cuestiona la sentencia atacada, por haberse violado derechos y garantías constitucionales. Entiende que las cuestiones planteadas asumen naturaleza constitucional y federal, y en consecuencia, habilitan el presente carril impugnatorio. Pero, el contenido de los agravios planteados, no se condicen con dichos parámetros, ya que se agravia de que éste Superior Tribunal haya confirmado que el amparo fue rechazado por razones de extemporaneidad; y que además, se trata de una cuestión que requiere mayor debate y prueba, y por tanto la improcedencia de la vía elegida. Estos agravios no encuadran dentro de las cuestiones de carácter federal, razón por la cual quedarían excluidas de la instancia aludida por lo que debe denegarse la concesión del recurso extraordinario federal.
Principios procesales, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: V., R. y Otros c/ D.B., E. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-13

En la aplicación del derecho, no hay limitación alguna y el juez es libre de elegir el derecho que cree aplicable, según su ciencia y conciencia. El aforismo iura novit curia (que lo define como el derecho lo sabe el juez) significa, pura y simplemente, que el tribunal no se halle atado por los errores o las omisiones de las partes; y en la búsqueda del derecho todos los caminos se hallan abiertos ante él. Guasp destaca que ningún inconveniente existe, y legal y teóricamente se admite, que, con respecto a las normas de derecho, el juzgador puede desempeñar un papel activo, es decir, utilizar como instrumento de su fallo, en cuanto motivación jurídica, preceptos que ninguna de las partes haya invocado o que hayan sido manejados errónea o defectuosamente por ellas: iura novit curia; narra mihi factum, dabo tibi ius.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, leyes, inconstitucionalidad, conflicto de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES c/ PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-11-20

La atribución de conocer y resolver las causas de competencia entre los Poderes Públicos de la Provincia corresponde originaria y exclusivamente al S.T.J.; en el caso de estudio el accionante afirma en su escrito inicial que la Honorable Legislatura de la Provincia, a través de una Ley absolutamente inconstitucional (Ley n° 4988), avanza sobre materia que es propia del Poder Ejecutivo, requiriendo que la jurisdicción resuelva el conflicto de competencia suscitado,así, el Juez natural de la acción no puede ser sino el Máximo tribunal de la Provincia.
Ruidos molestos, nivel de ruido, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: I, F.J. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 72 Artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-10

Hemos de disentir con el quejoso en cuanto a su afirmación de que la expresión "normal tolerancia" es un elemento normativo del artículo 72 del Código Contravencional, ello resultaría cierto en el caso de que se aceptara que la "normal tolerancia" estaría dada por la circunstancia de que los ruidos no excedan los parámetros diseñados en la Sección 5.1.1.1. de la Ordenanza Nro. 39.025, pero ello no es así, toda vez que la norma contravencional excede el marco de aquella disposición, en función de lo taxativamente dispuesto por el artículo 1 del Código de fondo en cuanto al principio de lesividad; debe advertirse al respecto que no se trata aquí de juzgar una falta administrativa, en función del poder de policía que ejerce el Estado local, sino de apreciar si una conducta reúne los requisitos como para poder serle reprochada a su autor a título de contravención.

De esta manera, no se encuentra el juzgador constreñido por los valores de los niveles sonoros que describe la citada ordenanza, por lo que resulta descabellado pensar que deba aquél analizar la intensidad de tales niveles para concluir en que no existe contravención si los mismos no superan los valores fijados por la norma en cuestión; si así se hiciera, se desvirtuaría totalmente el proceso contravencional y el fin que ha tenido el legislador para establecerlo, lo que resulta contrario a las disposiciones del artículo 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los artículos 1 y c.c. de la Ley Nro. 7.
Proceso contravencional, potestad disciplinaria, sanciones disciplinarias, facultades del juez, aplicación supletoria de la ley, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, fallos del Superior Tribunal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Lavin, Gabriel Aníbal; Reitovich, Saúl Pablo; Lavin, María Noe y otros (García del Río 4119) s/ inf. arts. 116 y 117
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-27

Con relación al planteo referido a la falta de facultades del juez contravencional para imponer sanciones procesales, ante la ausencia de normas específicas que así lo permita, cabe señalar que el artículo 6 de la Ley Nro. 12 determina que se aplica supletoriamente el Código Procesal Penal que rija en la Ciudad en todo aquello que no esté expresamente regulado en la ley de procedimiento local. De este modo, la posibilidad de sancionar a abogados de la matrícula no se encuentra regulada en la Ley Nro. 12, pero sí en el Código Procesal Penal de la Nación -artículos 112, 113 y 368-.

No puede aceptarse que tales normas procesales penales no se apliquen pues el único límite de la supletoriedad es, tal como lo describe el propio artículo 6 de la Ley Nro. 12, que las mismas "no se opongan" a su texto, lo que evidentemente no sucede pues, "por expreso mandato constitucional y legal, en el ámbito jurisdiccional, el Juez titulariza de forma exclusiva facultades de prevención y sanción de toda clase de acción u omisión que conculque el deber de lealtad, probidad y dignidad alterando el buen orden y el decoro de la tramitación del proceso judicial" (Gil Domínguez, Andrés "Las facultades disciplinarias del Poder Judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", La Ley Sup. Act. 25/04/2006, 1).

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha afirmado recientemente que "la perturbación del desarrollo normal de la audiencia, así como el abandono de la defensa ocurrido en ella, circunstancias ambas sobre cuya base el Juez adoptó medidas que no exceden el reestablecimiento del orden en el desarrollo del proceso, son potestades acordadas a los jueces en la normativa procesal aplicable (arts. 112, 113 y 370 del CPPN, al que remitía el art. 6 de la ley 12) " (del voto del Dr. Lozano en "Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ recurso de queja por apelación denegada en Incidente de apelación en autos Sabán, Carlos s/ inf. art 116, ley 1472", TSJ, Expte. 5369/07, rta. 06/11/2007).
Beneficios previsionales, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Digier, Agustín Arturo c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

La demora del organismo previsional en pronunciarse acerca de la solicitud formulada cuando no existía impedimento legal para la acumulación, no puede afectar validamente el derecho a obtener el beneficio de acuerdo con las disposiciones vigentes a la fecha del pedido.
Quiebra, quiebra a pedido del acreedor, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Nueva Regina SRL c/ Fábrica de Equipos Agrarios S.A. s/ Pedido de quiebra (Expte. Nro.66-01, Resolución Nro.211, tomo 1)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-06

Al haber resultado vencido el acreedor peticionante de la quiebra, pretensión que resultó rechazada al depositar la accionada en pago una suma que llevó a tener por probada la inexistencia de la cesación de pagos, y a la vez vencedor en su pretensión secundaria de cobrar su crédito, las costas deben imponerse por su orden. La solución resulta de reconocer la existencia de vencimientos recíprocos.
Honorarios del abogado, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez Basso, Fabián c/ Chaparro, Mariano s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Generándose un comportamiento renuente del deudor, se justifica que el interés deba calcularse a partir de la fecha de la regulación originaria si la base regulatoria no fue sopesada con sentido de actualidad en ocasión de la tarea revisora, toda vez que la intangibilidad de los honorarios impone sufragar los perjuicios derivados de la conducta ilegítima de quien ha incurrido en mora (art. 17 Const. Nac., 508, 509, 622, Código Civil; 54 inc. b dec.

ley 8904), pues la tasa de interés sirve para compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero configurada por tardanza en el cumplimiento de la obligación.
Competencia, prevención
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nicastro, Omar c/ Kricorian, José s/ Daños y perjuicios. Incidente de competencia entre Excmas. Cámaras  Primera y Segunda de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-07-12

La prevención a la que se refiere el art. 38 de la ley 5827 es la prevención en la misma causa. Se trata de una regla sencilla que complementa la del orden del turno: lo que dice la norma es que el turno rige sólo para la primera apelación en el proceso. Una vez que la Alzada ha tomado conocimiento de esa primera apelación, el turno ya no rige más y sigue entendiendo la misma Cámara. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, Derecho ambiental, desarrollo sustentable, prevención
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

Así, el "principio de precaución" afirma que si las posibles consecuencias adversas de algo son catastróficas, o implican algún riesgo para la gente, por pequeño que éste sea, entonces deben tomarse "acciones preventivas" (art. 3 inc. A, 4 y cc. de la Ley N* 2779 y art. 32 de la Ley Nacional N* 25675, entre otras), aún ante la ausencia de evidencias que apoyen esta predicción. Esto podría sonar como un prudente curso de acción, pero en realidad puede llegar a someter a las políticas públicas como rehenes de aquéllos con una imaginación demasiado vívida, que son los más vociferantes de sus fobias, un imperativo categórico para algunos que se traduce como significando "...No tolerarás ni siquiera el riesgo a correr un riesgo...", que no puede llevarnos a la búsqueda inútil de un utópico e imposible "riesgo cero", pues bajo tal precepto, no sería razonablemente permitido - ni posible - el progreso de las sociedades. Hay que compatibilizar la ecología con el progreso social a través del desarrollo sustentable.
Prescripción, declaración de oficio, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Gustavo c/ Fadelsa S.A. s/ Accidente Ramallo, Ricardo I. c/ Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo Mastantuono, Javier Ismael R. c/ Lofeudo, Eugenio M. s/ Ley 9688 González, Rolando A. c/ Artenvas Soc. de hecho y otros s/ Accidente de trabajo ley 9688 Janik, Marcelo Alejandro c/ Emepa S.A. s/ Indemnización por despido Novelli, Beniamino Oscar c/ Municipalidad de General Alvarado y/o a quien corresponda s/ Indemnización por enfermedad accidente Buscaglia, Héctor R. c/ Credil S.R.L. s/ Indemnización por antigüedad, etc. Ciancio, Humberto O. c/ Unsain, Jorge E. s/ Indemnización por despido Bernachea, Francisco Omar c/ Celulosa Jujuy S.A. s/ Enfermedad accidente Giunta, María Angélica c/ Dirección Gral. de Escuelas y Cultura Pcia. de Bs. As. s/ Accid. de trabajo López, Luis Mariano c/ Metalúrgica Fungris y otros s/ Indemnización por despido, etc. Martínez, Carlos Alberto c/ Barrera, Osvaldo Raúl (Propietario de Instalaciones Barrera) s/ Indemnización por incapacidad. Accidente de trabajo y otro Calabrese, Daniel Abel c/ Ministerio de Seguridad s/ Daños y perjuicios As. s/ Accid. de trabajo López, Luis Mariano c/ Metalúrgica Fungris y otros s/ Indemnización por despido, etc. Martínez, Carlos Alberto c/ Barrera, Osvaldo Raúl (Propietario de Instalaciones Barrera) s/ Indemnización por incapacidad. Accidente de trabajo y otro Calabrese, Daniel Abel c/ Ministerio de Seguridad s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02|1995-02-21|1997-03-25|1997-08-26|1997-04-22|1998-08-25|1999-11-17|1999-09-07|2002-05-29|2002-05-15|2001-04-25|2003-08-06|2007-07-04

Si bien la prescripción es defensa que los jueces no pueden aplicar de oficio, porque lo contrario supondría de parte de los mismos suplir hechos que debían demostrarse (art. 3964 y su nota, Código Civil), la suspensión de aquélla sólo puede tomarse en cuenta si las partes la alegan; en razón de que está constituida por la concurrencia de ciertas circunstancias que, como en punto a la prescripción no pueden ser conocidas y verificadas por los jueces mientras no sean alegadas y probadas por los interesados.