Constitución Provincial, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco de la Provincia de Cordoba c/ Olivera, Julia Raquel s/ Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-02-12

No es pacífica la doctrina judicial acerca de la posibilidad de que un ente del Estado pueda discutir en pleito de constitucionalidad de normas jurídicas creadas por el mismo Estado, existiendo tesis negativa fundada en la unidad de la actividad estatal necesaria por el bien del mismo Estado, la lealtad y buena fe que deben imperar en las relaciones jurídicas de los tres poderes, y el bien común que se altera por la inseguridad que implica que una sección del Estado cuestione las propias reglas legales.

El ordenamiento jurídico que presupone el estado de derecho, que impone a los poderes constituidos la obligación de ajustar sus actos a los principios que informan las prescripciones de la Constitución, implica afirmar que el derecho es un sistema de normas válidas, coherentes con las normas constitucionales y las que en su consecuencia se dicte, a fin de que la supremacía sea de la Constitución y no de los hombres o funcionarios.

La unidad del ordenamiento jurídico, no es un sistema de normas de un mismo nivel, sino que se trata de una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas, que se halla constituida por el hecho de que la creación de una norma, de menor grado, se encuentra determinada por otra de grado superior.

Siendo así, nada empece al poder administrador y sus órganos, para instar en causa judicial concreta en que sea parte, la declaración de inconstitucionalidad de normas legislativas cuando conceptúe no se compadece con las normas constitucionales, por cuanto de esa manera no se altera la unidad del orden jurídico, sino que coadyuva a su mantenimiento que, es un sistema de normas válidas, esto es haber sido creadas por los órganos competentes, en correspondencia con las normas constitucionales y el resto del ordenamiento jurídico, asegurado de tal manera la supremacía de la Constitución, que es imperativo resguardar en garantía de los derechos y la estabilidad jurídica.

La unidad de la actividad del Estado a través de sus autoridades y entes que lo integran, está supeditada al respecto de la unidad del ordenamiento jurídico que fluye de la estricta observancia de la supremacía de las normas constitucionales (art. 31 Const. Nac.), para cuya determinación, en el supuesto de considerar el Poder Administrador que existe norma inconstitucional, debe ocurrir necesariamente al órgano judicial que es el único competente para declarar la inconstitucionalidad de normas legales. En tal sentido se juzga que la administración pública puede y debe ocurrir ante la autoridad judicial gestionando la declaración de normas legales que considere inválidas por inobservancia de la Constitución Nacional.

Esto es así porque los órganos estatales tienen el deber de preservar la constitucionalidad en todo su obrar.

No parece congruente que el mismo Estado a través de una entidad autárquica que lo integra, que está incrustada dentro de la Administración del Estado, pretenda desconocer la validez de la ley que el mismo Estado ha mandado cumplir, cuando aún no ha sido derogada.

El principio lógico de no contradicción torna inadmisible el cuestionamiento de constitucionalidad de la Ley 8067 efectuado por el Banco Oficial embargante, desde que siendo ente autárquico integrante del Estado, no puede éste a un mismo tiempo y efecto admitir la validez de la ley y su invalidez sin desmedro de la unidad de acción estatal, de la lealtad, de la seguridad jurídica y del congruente obrar de la administración en la que está inserto el impugnante.

No puede aceptarse, sin desmedro de la necesaria unidad de la actividad estatal, que un organismo oficial, como es un Banco Estatal, desconozca, por vía del acuse de inconstitucionalidad, una ley del Estado debidamente promulgada por el poder ejecutivo.

Por otra parte, por imperio de los principios de la obligatoriedad y vigencia de la ley, mientras no sea derogada por el órgano constitucional competente (arts. 1, 2 y conc. C. Civil), el Banco de la Provincia de Córdoba en el carácter de entidad autárquica del Estado Provincial, no está legitimado para impugnar la constitucionalidad de la Ley 8067, porque habiéndose organizado la Provincia de Córdoba, como estado social de derecho (art. 1, Const. Pcial.), el estado se liga por propia voluntad al derecho que crea (según expresión de Jellinek) lo que implica su autosujeción a los límites jurídicos que formula.