Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-30


B., J.

Reg.: A y S t 215 p 368-370.

Santa Fe, 30 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor de J. B. contra el auto 493 del 30 de noviembre de 2005, dictado por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario en autos "B., J. -Privación Ilegítima de libertad y otros-Competencia por inhibitoria-(Expte. 427/05)" (Expte. C.S.J. nro. 78, año 2006); y, CONSIDERANDO: Surge de las constancias de autos que el A quo confirmó la resolución de baja instancia que, a su turno, rechazara el planteo de inhibitoria deducido por J. B. -en el que se había alegado la competencia provincial en la causa 130/04 en trámite ante el Juzgado Federal nro. 4 de Rosario-, en tanto esa pretensión contenía "...una excepción de falta de acción por mediar cosa juzgada, la que por su propia naturaleza resulta groseramente inadmisible sea interpuesta en la causa donde se afirma se dictó la decisión que hizo la cosa juzgada, y corresponde por el contrario que se deduzca ante el Juez que ahora se considera que pretende llevar adelante una doble persecución penal por los mismos hechos" (f. 2). Contra dicho pronunciamiento, el defensor del mencionado B. deduce recurso de inconstitucionalidad (fs. 4/21).

Luego de dar por cumplidos los requisitos de admisibilidad estrictamente formales del remedio intentado, el impugnante explica los vicios que -desde su óptica- advierte en el auto en crisis. Al respecto, reputa arbitraria la aseveración de la Sala en cuanto consideró manifiestamente inadmisible su planteo.

Entiende que el pronunciamiento del Tribunal "...no se compadece con el planteo de competencia por inhibitoria, donde indudablemente la única cuestión que puede válida y lógicamente tratarse es de si el juez que está actualmente entendiendo en una cuestión penal es o no el juez competente,..." (f. 18). Critica que la Sala exhibió una confusión entre los conceptos de admisibilidad y procedencia, no se expidió sobre su pretensión y decidió aspectos no sometidos por las partes a la resolución judicial, deviniendo tal decisión arbitraria e incongruente.

Señala que aquella omisión importó que subsistiera el apartamiento del Juez natural de la causa, y que un juez incompetente persiguiera penalmente a su pupilo.

A su vez, el interesado cuestiona el fallo en crisis porque hubo omisión de pronunciamiento acerca del alcance de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mismo caso.

Recuerda que en dicho antecedente se resolvió que la justicia ordinaria de la Provincia debía continuar la investigación de los hechos endilgados a B., y la justicia militar debía realizar lo propio respecto del personal perteneciente a la policía provincial, por considerar que éste se encontraba comprendido en el artículo 10 de la ley 23049.

Ese desconocimiento -asegura- importa "...una seria afectación al orden institucional..." (f. 18 vto.) pues existe una deber jurídico de acatamiento al fallo dictado en la misma causa.

Se agravia también de que el A quo no haya considerado que si bien la situación de los policías y militares imputados quedó regida por las leyes 23049, 23492 y 23521, dichas normas son ajenas a la situación de B. En función de ello, razona que, al momento de comisión de los hechos, los supuestos ilícitos endilgados a B. debían ser juzgados por la justicia ordinaria, sin estar contemplada su situación en leyes especiales que atribuyeran competencia a la justicia federal.

También reprocha a la Alzada no haber evaluado la contradicción en que incurrió el Juez de Primera Instancia cuando, por una parte, expresó que no tramitaba ante su Tribunal ninguna causa que comprenda sucesos delictivos relativos al alegado fin de represión del terrorismo durante los años 1976/1983, y, por otra parte, admitió que por defectos en los registros no sabe qué ocurrió en la causa acumulada 85/1984, de lo que el recurrente concluye que dicha causa está en trámite.

En esa línea, critica que la Sala no haya abordado el problema de la doble persecución penal sucesiva sin haberse ponderado que el Juzgado Federal Número 4 "...aparentemente habría asumido la competencia federal en razón de la materia, fundándose en el art. 210 bis del Código Penal, según la asignación del art. 32 del Código Proc. Penal de la Nación, pero sin reparar que el citado artículo fue recién incorporado... seis años después de cometido el delito que se le atribuye a B. ..." (f. 20).

Por otro lado, le agravia al compareciente que el A quo haya eludido valorar que las consideraciones atribuidas y consecuentes calificaciones se basaron en información incompleta del Juzgado Federal sin haberse analizado razonablemente si la base fáctica de las dos investigaciones penales eran o no la misma. Para ello -indica- se debió requerir copias de los expedientes del Juzgado Federal y suplir los deficientes registros del Juzgado de Instrucción.

Por último, el recurrente manifiesta que se resolvió afectando la garantía del juez natural (artículo 18 C.N.). El Tribunal a quo, mediante auto 45 del 28 de febrero de 2006, denegó la concesión del recurso (fs. 29/31).

Contra tal denegatoria, la demandada acudió en queja ante estos estrados (fs. 33/51).

2. Aun cuando pudieran considerarse superadas las cuestiones relativas a la falta de planteo oportuno de la cuestión constitucional y ausencia de legitimación procesal - remarcadas por el A quo en la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad-; no puede soslayarse de todas maneras, la presencia de un óbice formal a la admisibilidad de la presente impugnación.

Es que sobre el particular, constituye un criterio afincado en este Tribunal el que considera que las decisiones sobre cuestiones de competencia no constituyen, en principio, sentencia definitiva ni pueden ser equiparadas a tal, toda vez que no ponen fin a la controversia ni impiden su ulterior tramitación.

Ello es así, ya que al no pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, se deja incólume el derecho para accionar por la vía que corresponda (cfr., Fallos: 302:417; A. y S. T. 144, pág. 450; T. 175, pág. 183; T. 188, pág. 181), a menos que lo resuelto cause un gravamen irreparable (cfr. A. y S. T. 63, pág.

111 y A. y S. T. 199, pág. 265) o que medie denegatoria del fuero federal (cfr. Fallos 311:455) -hipótesis exactamente inversa a la suscitada en autos- o una efectiva privación de justicia (cfr. Fallos: 308:2230, 311:2701).

Asimismo, se ha dicho que la ausencia de sentencia definitiva que inspira dicho principio no puede suplirse aunque se invoque la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de las garantías constitucionales (cfr. Fallos: 256:474; 311:928 y A. y S. T. 199, pág. 265).

Lo dispuesto por el A quo en tanto deja a salvo el derecho del recurrente de efectuar su planteo "...ante el Juez que ahora se considera que pretende llevar adelante una doble persecución penal por los mismos hechos" (f. 2) no reviste la aludida condición, sin que la argumentación dada por aquél (especialmente fs. 5 y vto. y f. 49 vto.) alcance para desvirtuar tal conclusión. En suma y conforme a lo explicitado, corresponde denegar el remedio deducido.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)