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Competencia contencioso administrativa, compraventa inmobiliaria, plan para la vivienda
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: GILARDI, NORBERTO DANTE c/ COMISION DE VIVIENDAS (LEY 21.7120 s/ MEDIDA DE NO INNOVAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

Habida cuenta de los hechos expuestos por el actor en su demanda y la naturaleza de la pretensión esgrimida -solicitud de fijación de precio definitivo a la compraventa de un inmueble comprendido en un programa habitacional sin fines de lucro destinado a proveer viviendas a bajo costo a personal de la Policía Federal, por considerar que el determinado por la Comisión Viviendas Ley 21.712 resulta excesivo y arbitrario- y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámara, cuyos fundamentos se comparten, corresponde declarar la competencia del fuero en lo contencioso-administrativo para entender en esta causa.
Declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Amelong, Juan Daniel y otros s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-05

La declaración del testigo-víctima de la privación ilegal de la libertad y tormentos tiene un valor innegable e incontrovertible, dado que brindó una relación circunstanciada y detallada de su cautiverio y de las brutales torturas a las que fue sometido por parte de los imputados, sin que se advierta, a pesar de esa desgraciada experiencia, animosidad en su declaración que habilite a prescindir de ella.
Reposición in extremis, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante
Materia: PROCESAL
Carátula: GODOY, JULIO ESTERGIDIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-27

Esta Corte ha delineado el instituto de la revocatoria "in extremis" estableciendo los presupuestos de este procedimiento atípico de reparación para casos de error indisputable y nunca de reexamen o reconsideración de la causa, a lo que debe agregarse la condición de subsidiaridad que ostenta. En el caso, los recaudos de viabilidad del remedio intentado se encuentran ausentes atento a que la Municipalidad plantea un "nuevo juicio" respecto a la imposición causídica con el claro propósito de reexaminar la cuestión con base en los artículos 28 inciso e de la ley 6767 y 251 del Código Procesal Civil y Comercial y por otro lado, el requisito de subsidiaridad de este remedio se encuentra incumplido atento a la vía impugnativa extraordinaria que la ley le acuerda a la recurrente para reparar el perjuicio que dice ostentar -art. 14, ley 48.
Sumario administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CIVIL
Carátula: Vazquez Daiana Natali c/ Roldan Jose Maria s/ Abordaje
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-05

Luego de recopilar los antecedentes agregados a la causa, quiero dejar expresadas un par de reflexiones. En primer lugar, no encuentro asidero alguno a la afirmación de ROLDÁN respecto a que se le habría cercenado su derecho de defensa en el sumario administrativo y durante su posterior revisión judicial. En segundo término, debo aclarar que no necesariamente éste y el proceso penal deben llegar a idénticas conclusiones, puesto que ambos operan en planos diferentes, siendo independientes y autónomos entre sí, existiendo extremos que resultan irrelevantes en la sede penal pero no en sede administrativa (conf. esta Sala, causa 8435/05, "Godoy José c/ H.A.P.S.A. s/ daños y perjuicios", del 14.06.12 y sus citas, "MARIENHOFF, M. S., "Tratado de Derecho Administrativo", t. IV, pág. 427).
Citación en garantía, asegurado, denuncia del siniestro
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: VEGA, ERICA GISELA c/ BERAZAIN, SILVANA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-24

Respecto del cuestionamiento del acogimiento de la declinación de la citación en garantía -con sustento en la supuesta extemporaneidad de la defensa de la compañía aseguradora por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 17418-, la Cámara explicitó que efectuada la denuncia de siniestro el pronunciamiento de la aseguradora sólo es exigible con relación al asegurado y es únicamente a él (o a sus derechohabientes) a quien debe comunicar el reconocimiento o el rechazo de su derecho, desde que la denuncia y el pronunciamiento constituyen deberes establecidos por la ley (en tanto el Estado regula la actividad aseguradora) pero que son consecuencia del contrato y solamente afectan a los contratantes; y en el seguro de responsabilidad civil la comunicación que efectúe el damnificado sobre el acaecimiento del siniestro no hace nacer para el asegurador la obligación de expedirse en los términos del artículo citado, ya que es una conducta solamente exigible por el asegurado y en tanto haya mediado denuncia previa efectuada por éste en el plazo legal; por lo que es la denuncia del tomador la que origina para la aseguradora la carga de expedirse y no la comunicación que pudiera realizar la víctima, en tanto esta última es ajena al contrato. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta).
Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, denuncia, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: KELLER SARMIENTO, JOSE s/ CONDUCTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

La denuncia frente al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados puede ser formulada por quien se vea agraviado por el proceder de un abogado (conf. art. 5 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina).
Proceso penal, actor civil, acción civil, notificación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R., V. Y R., S. s/ Lesiones culposas (Expte. Nro. 676-00, Resolución Nro. 296, Tomo 57,  Folio 06/08)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-04

En la etapa preparatoria la noticia de la constitución y alcances de la acción civil a las contrapartes, debe ser lo suficientemente clara y precisa a los fines de posibilitar que se defina en forma previa a la demanda, el marco de la acción ejercida. Y acreditada doctrina ha sostenido que esa noticia, en punto a las consecuencias sobre la definición de la acción civil en sede penal, es relevante para la posibilidad de un alejamiento que no implique un "anonadamiento" de la pretensión, toda vez que tiene importancia como un momento que tiende a establecer con fijeza al actor civil como parte en el futuro juicio. Ello, sin perjuicio de que el instante no excluido de oficio, tenga desde ya facultades de peticionar como tal, facultades que no exceden lo propio de las medidas preparatorias de juicio. En tas esquema interpretativo, no existiendo una notificación expresa sobre la constitución, tampoco parece que la expresión de voluntad contraria a la renuncia de la pretensión, pueda ser estimada como renuncia e impedida en medio de las medidas preparatorias, la elección de otra vía para el ejercicio de la acción.
Elecciones gremiales, impugnación de la elección, Confederación General del Trabajo, acción de amparo
Materia: LABORAL
Carátula: CENTRAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ARGENTINA CTA c/ JUNTA ELECTORAL NACIONAL DE LA CTA s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-13

El art. 1059 del Código Civil admite la confirmación de un acto y lo define como aquel acto jurídico por el cual una persona hace desaparecer los vicios de otro acto que se halla sujeto a una acción de nulidad, situación que no se da en la especie pues la votación había comenzado a realizarse con anterioridad a la convocatoria a dicha reunión, sin que hubiera sido adoptada con la voluntad de la CEN.
Procedencia del recurso, procesamiento, recurso de queja (procesal), resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Gurka, N. D.;  Da Silva, J.A. y otros c/  s/ queja por recurso de casación denegado
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-07

Corresponde no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa toda vez que la resolución recurrida -procesamiento confirmado- no supera el límite de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N.,, se encuentra garantizado el doble conforme, y el recurrente no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el a quo, que permita equipararla a definitiva a los efectos de habilitar la intervención de esta Cámara. Dres. Borinsky y Hornos.

Fuente del sumario: OFICIAL
Proceso contravencional, medidas cautelares, clausura preventiva
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L; J. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 72 Artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-26

Conforme las probanzas acumuladas en autos, estas no alcanzan para tener por configurado el peligro a la salud pública que haría procedente el mantenimiento de la clausura preventiva.

No se advierte en esta causa el "grave e inminente peligro" para aquellos bienes que produciría el hecho contravencional (ruidos molestos), sin perjuicio de que eventualmente aquéllas pruebas sean suficientes como para dar por probada la conducta contravencional que, al respecto, no requiere típicamente de aquel requisito.

Las conclusiones de las distintas pericias obrantes en el sumario dan uniformemente valores por debajo del nivel de ruido máximo permitido por las disposiciones locales en vigencia (si bien ello no es suficiente para descartar la comisión de la contravención de ruidos molestos, artículo 72 Código Contravencional, conforme lo sostuviera esta Sala en la causa Nº 258/CC/00, " I,F. J." Resuelta el 10 de marzo de 2000).
Derecho procesal, partes del proceso, intervención de terceros, citación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Feely, Debora  c/ Banco Bbva Argentina SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-29

Cabe confirmar la resolución que denegó la citación requerida por la demandad en los términos del CPR 94 respecto del Banco Central de la República Argentina y al Estado Nacional como productores de las normas que reglamentaron la operación financiera que aquí se trata. Por cuanto el objeto del presente reclamo se circunscribe a la adecuación del monto del crédito con garantía hipotecaria bajo el sistema UVA (unidades de valor adquisitivo) celebrado entre la actora y la entidad bancaria demandada, no siendo ni el Poder Ejecutivo ni el Banco Central de la República Argentina parte en la relación jurídica afectada.

El ordenamiento procesal no exige que el peticionante demuestre cuál es la relación jurídica que lo une al tercero como requisito para dar curso a la petición. Mas como es un instituto de carácter excepcional, que se interpreta con criterio restrictivo, debe mediar invocación sobre la existencia de una comunidad de controversia (fallos 326:3529). Máxime cuando es solicitada por la demandada en tanto obliga a la actora a litigar contra quien no fue elegido como sujeto pasivo originario (Cfr. CNCom sala D "Coviama SA s/ Concurso preventivo s/ inc de verif. Por Fiscalía de Estado de Buenos Aires", del 18/3/99).

Lo que se requiere es que exista más que un mero interés del citante: el CPR 94 opera -en líneas generales- sobre el presupuesto de que la parte, en caso de ser vencida, tenga la posibilidad de intentar una pretensión de regreso, o bien cuando la relación o situación jurídica sobre la que versa el proceso guarda conexión con otra relación existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios, de manera tal que el tercero podría haber asumido inicialmente la posición del litisconsorte del actor o del demandado (conf esta sala en autos "Bengochea, Juan Francisco c/ Banco de Galicia y Buenos Aires s/ ordinario s/ inc de apelación del 5/9/19).
Prevaricato del abogado, legitimación procesal, legitimación activa, patrocinio letrado
Materia: PROCESAL
Carátula: SPEISER, PEDRO s/ QUERELLANTE - DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-18

El prevaricato del abogado o mandatario judicial consiste, en perjudicar deliberadamente la causa que le fuese confiada. Resulta único damnificado directo, quien le confió su representación o patrocinio, además, de la administración de justicia.

No puede ser legitimado activamente quien no fue presentado ni patrocinado por el querellado al que se le imputa el delito de prevaricato.
Pago de la remuneración, mora del empleador, crisis económica
Materia: LABORAL
Carátula: ESCOBAR, MARTINA c/ INSTITUTO MASSONE SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-05

El empleador no puede invocar la existencia de una crisis economico - financiera para justificar la mora durante un prolongado lapso - en el caso: tres meses y medio - en el pago de la remuneracion, toda vez que la demora en el cumplimiento de esta obligación esencial no es el medio idóneo para resolver la situación alegada, en razón de que la ley prevé diversos métodos a tal fin.
Prescripción, suspensión de la prescripción, actuaciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Prosperi, Enrique Mario c/ Gobierno de la Nación (Ministerio de Defensa) s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

Podría admitirse que el reclamo administrativo no "interrumpe" la prescripción cuando él no es necesario. Sin embargo, no cuadra dudar que, en tanto no se declare con carácter firme por la Administración la caducidad prevista en el primer párrafo del artículo 1, inciso e), apartado 9), de la Ley 19.149, las actuaciones administrativas tienen efecto "suspensivo", según lo dispone el último párrafo del referido apartado.
Accidentes de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: LLANOS ADRIANA DEL VALLE c/ PORCEL DE PERALTA Y OTRO  S.A s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-24

El lucro cesante futuro en la medida que la trabajadora continúa laborando, no puede consistir en lo que ésta deja de percibir de acuerdo a su incapacidad, precisamente porque no deja de percibir nada, ya que le sigue pagando su remuneración. No es que no exista un daño futuro, sino que la cuantía del daño no puede consistir en la cantidad a que se arribe por la fórmula de matemática financiera tradicional y no parece razonable que a la actora se le mande a pagar la indemnización que se ha calculado sobre parámetros que presuponen que la víctima no va a poder trabajar más hasta que se encuentre en condiciones de jubilarse y no la mera posibilidad o "chance" de que así ocurra. Por estas razones estimo que las pautas de la fórmula de matemática financiera desarrolladas, son correctas, pero la cantidad obtenida debe ser disminuída prudencialmente por el juzgador, para adecuarla al daño efectivamente producido que en atención a las circunstancias del caso, como la edad de la trabajadora, la característica de un miembro superior que conserva limitadamente la función de "pinza", su adaptación a las nuevas tareas, estimo que el monto de la indemnización a determinarse debe reducirse en un veinte por ciento, del valor que se obtenga, sobre las bases dadas previamente.
Despido, notificación, cambio de domicilio
Materia: LABORAL
Carátula: Greco, Mario Hugo c/ Harengus S. A. y-o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-05-10

Por más que, como principio general, el telegrama intimidatorio en los términos del art. 244 L.C.T. adquiera eficacia recién con su recepción por el destinatario, forma excepción a tal regla el caso en que, como en la especie, la comunicación fracasa sin culpa del remitente y por incuria en cambio del destinatario. En efecto, no es imputable al empleador la falta de entrega de la pieza telegráfica cursada al dependiente en el domicilio consignado por éste en la empresa, si el trabajador no demostró haberle notificado al principal su cambio de residencia; en tal supuesto la falta de entrega del despacho sólo cabe reprocharla al empleado y deben reputarse cumplidas las previsiones legales. Es que no es lógico hacer caer sobre el remitente del telegrama, por el solo hecho de haber elegido ese medio para transmitir su declaración de voluntad, las consecuencias que no derivan del medio escogido sino de la negligencia del destinatario.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad, prueba extrajudicial
Materia: LABORAL
Carátula: BETTOLLI, CESAR OCTAVIO DE JESUS. c/ ASOCIACION MUTUAL JURAMENTO. s/ INDEMNIZACIONES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-02

Sin que ello signifique emitir pronunciamiento respecto de la existencia de la conducta injuriosa imputada al actor como justa causa de despido, la sentencia recurrida valora aislada y fragmentariamente las pruebas de la causa sin confrontarlas entre sí, desatendiendo injustificadamente cuestiones planteadas y elementos decisivos para la solución del caso.

Al decidir así, el fallo desconoció el principio de unidad de la prueba, se apartó de las reglas que gobiernan la valoración de las pruebas (art. 40 CPCyC) e incumplió con el deber de fundamentación que le imponen los arts. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, 264 y 265 del CPCyC a los que remite el art. 46 del CPT. Tal déficit determina su descalificación como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia.

(ESTOFAN (CON SU VOTO) - GOANE (CON SU VOTO) - SBDAR)
Acción de amparo, notificación por nota
Materia: PROCESAL
Carátula: Pellegrint, Raúl Darío c/ Obra Social de Seguros s/ Ley de discapacidad s/Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-01

En los procesos de amparo todos los días son considerados días de nota, por lo cual los plazos deben ser contados todos los días hábiles, sin que pueda computarse a su respecto el plazo de gracia del art. 124 del C.P.C.C.N.
Indemnización por despido, multa laboral, contrato de tiempo parcial
Materia: LABORAL
Carátula: Sabatini Ruben Franco c/ Mures Blanco Pablo Germán y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-11

A partir de las cuestiones que han quedado probadas en el caso se desprende que al actor se le adeudan diferencias salariales motivadas en que la demandada consignó en sus libros y abonó al actor su salario acorde a un contrato de trabajo a tiempo parcial, cuando en realidad trabajaba en jornada completa. Si bien constituye injuria de gravedad suficiente a los fines de legitimar el despido indirecto en que se colocó, en modo alguno esta irregularidad puede ser subsumida dentro del presupuesto de viabilidad del art. 15 ley 24.013. Al demandar solicitó sendas multas previstas en los arts. 10 y 15 de la referida ley. No se advierte configurado en el caso el antecedente previsto en el artículo -la percepción por parte del trabajador de sumas mayores a las registradas en la documentación laboral-, circunstancia que obsta a la condena del art. 10 LNE y, consecuentemente, a la del art. 15 de la ley 24.013, no resultando dicho articulado de aplicación en el caso.
Unificación de penas, sistema de composición, reincidencia, cómputo de la pena, método de la suma aritmética
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: HESHIKI, Ernesto A. s/ UNIFICACION DE PENAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-01

Si bien en líneas generales corresponde aplicar el sistema composicional para unificar penas, método que también está incorporado a la práctica, lo cierto es que las frecuentes incursiones registradas por el procesado en la senda delictiva, se erigen como factor gravitante que persuade acerca de la conveniencia de abandonar dicho sistema y a sustituirlo por el de la sumatoria aritmética. De este modo se logrará satisfacer el principio que informa a la función retributiva de la pena y que, al mismo tiempo, acrecienta las posibilidades de alcanzar la efectiva resocialización del encartado a través de un tratamiento penitenciario eficaz.
Procedimiento administrativo, recursos, recurso de reconsideración, habilitación de instancia, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ROVITTI, LUIS OSVALDO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

Si bien desde lo estrictamente formal el recurso de reconsideración (acompañando copia de una petición cuyo original no obra en autos) sería improcedente para abrir esta instancia judicial, razones de economía procesal y lo prescripto por el art. 11 de la ley 24.473 habilitan su tratamiento, evitando frustraciones del adecuado servicio de justicia. (Disidencia del Dr. Wassner).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, transporte de personal
Materia: LABORAL
Carátula: ORTIZ, HUGO c/ SEGBA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-27

SEGBA no es solidaria en los términos del artículo 30 de la ley de contrato de trabajo por las tareas de traslado de personal que realizó el trabajador dependiente de un contratista, dado que la actividad normal y específica de la empresa es la producción y suministro de energía eléctrica y la cumplida por el obrero revistó una importancia secundaria y no principal.
Competencia por el territorio, jurisdicción internacional, régimen de visitas, tratados internacionales, domicilio conyugal, interpretación de tratados internacionales, secuestro de personas, sustracción internacional de menores
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Gay, Camilo y otros c/ Shaban, Imad Mahmoud Mohammad y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Los tribunales argentinos son incompetentes para entender en la demanda tendiente a que se establezca un régimen de visitas entre parientes, si coinciden el lugar del último domicilio conyugal y el de la residencia de los menores en jurisdicción de Guatemala, pese a que los niños han sido presumiblemente secuestrados y trasladados a Jordania, ya que admitir la jurisdicción del domicilio de los actores conduciría a aumentar los foros exorbitantes o abusivos, agravando la posibilidad de conflictos de jurisdicción.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva, accidente de tránsito, automotores
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: MAUJO DEL RIEGO, AMADOR c/ VULETICH, HORACIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 481-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

El criterio sostenido por el a quo en el decisorio impugnado, en tanto entiende que el artículo 1113 del Código Civil no resulta aplicable al caso -colisión ocurrida entre dos vehículos en circulación- aseverando que si ambas partes se hallan enmarcadas en la teoría del riesgo, el fundamento de la responsabilidad entre uno y otro se neutraliza, no encuentra fundamentación adecuada en nuestro sistema jurídico que permita mantener el decisorio como acto jurisdiccional válido, dado que, al margen de que pueda existir algún sector doctrinario o jurisprudencial que comparta tal postura, ello no puede servir de fundamento para convalidar un palmario desconocimiento de la norma que rige y que es la única de posible aplicación para resolver el caso.