Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-10


Salta, 10 de Marzo de 2011.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "SALOMON, HECTOR JOSE MARIA CONTRA LLAYA HNOS. Y LLAYA, ALFREDO MIGUEL - EJECUCION DE HONORARIOS" , Expte. CAM - 25488 / 10; originario del Juzgado de 1ª. Instancia del Trabajo del Distrito Judicial del Norte (Tartagal), Expte. Nº 4041/06, para resolver la apelación interpuesta a fs. 57/61, y ___________________C O N S I D E R A N D O La Dra. Liliana Paz de Gómez dijo:

I.- Suben los autos a ésta Alzada para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 57/61 por el actor en contra de la resolución de fs. 53/54 que declara prescripto el crédito reclamado en autos, en virtud de la ejecución de honorarios iniciada por el Dr. Héctor José María Salomón.- Expresa que la resolución aludida le causa agravio por apartarse de toda la legislación que regula, ordena y protege el trabajo de los abogados, además de contradecirse con la propia jurisprudencia que cita, parte de premisas falsas como por ejemplo decir que el demandado no estaba notificado de la regulación de honorarios, afectando derechos constitucionales y denotando, a su criterio, parcialidad manifiesta.

Hace referencia y transcribe en primer término la notificación del auto regulatorio obrante en los autos principales, efectuada por la Policía de la Provincia a fs. 168 de los mismos, entendiendo que el demandado tuvo suficiente conocimiento del auto regulatorio y que, por otra parte, si el Juez entendiera que no fue notificada la misma, no hubiera dado curso a la ejecución de honorarios en autos. Recuerda además la presentación de fs. 170/174 efectuada por el Sr. Miguel A. Llaya a través de su letrado apoderado Dr. Montoya, un par de meses después de la referida notificación, solicitando el fuero de atracción de la causa a la Quiebra, lo que fuera posteriormente denegado y quedando la resolución firme y consentida.- Agrega que, en el presente Expte. de ejecución de honorarios, se presenta nuevamente el demandado a través del mismo letrado apoderado solicitando suspensión de plazos y sin ser otorgada, y en forma extemporánea a su criterio, plantea la prescripción de sus honorarios profesionales, cuando debió hacerlo en tiempo y forma al notificarse de los mismos en los autos principales. Considera que efectuada la regulación y firme, su derecho a ejecutarla prescribe a los diez años, habiendo transcurrido solo uno. Cita a continuación jurisprudencia y efectúa citas doctrinarias y jurisprudenciales y consideraciones sobre la Cosa Juzgada, a las que, por razones de brevedad me remito.- Alude luego al instituto de la preclusión procesal y sus consecuencias, en relación a la situación de autos, y también al principio que nadie puede alegar su propia torpeza frente a negligencia de la parte, con citas jurisprudenciales sobre aquel y sobre la apertura de la vía extraordinaria en casos de regulación de honorarios.- Enumera a continuación los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional que fueron afectados con la resolución, en especial su derecho de propiedad, citando también al respecto la Convención Americana de los Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica - y Corte Interamericana de Derechos Humanos Opinión Consultiva No. 9/87.

Considera que la sentencia contiene una verdad a medias y que, la abundante jurisprudencia citada por su parte claramente demuestra que el a quo se apartó de la ley para resolver la cuestión, dictando una sentencia contraria a derecho. Solicitando se revoque el fallo y se determine el valor real de sus honorarios profesionales. Reiterando que la prescripción en el caso es la decenal, por encontrarse ya regulados y firmes los honorarios, conforme el plazo general establecido por el art. 4023 del Código Civil.- Efectúa reserva del Caso Federal por evidente conculcación de derechos y garantías constitucionales.- Los agravios son contestados a fs.67/69 por el codemandado Miguel A. Llaya, a través de su letrado apoderado Dr. J. Gustavo Montoya, solicitando caducidad de instancia (resuelta por la negativa a fs. 92 y vta.) y que se declare desierto el recurso por no cumplir con los recaudos del art. 255 del C.P.C.YC. y, en su caso, se rechace el mismo con costas, efectuando a su vez reserva del recurso de inconstitucionalidad local y Caso Federal.- II.- Analizando el recurso opuesto y los agravios vertidos, además del análisis de los presentes autos y el expte. principal acompañado, caben efectuar las siguientes consideraciones.- En primer término puntualizar que en autos se abre la vía recursiva, no obstante encontrarnos frente a un proceso de ejecución de sentencia para el que resulta aplicable el art. 73 del C.P.L., ya que las cuestiones controvertidas hacen referencia a actuaciones previas al inicio de la ejecución.- Efectuada ésta salvedad, cabe también considerar que no corresponde declarar la deserción recursiva como solicita el apelado, toda vez que, aunque escuetos, adoptando un criterio amplio en materia de apelación, y por la naturaleza del crédito reclamado en autos, los agravios vertidos alcanzan a configurar la crítica que marca el art. 255 del C.P.C.YC.

Avocándome entonces a la cuestión planteada, surge del expediente principal "ordinario laboral Estevez, David y otros vs. Llaya Hnos." No. 1523/93, que el mismo concluyó por acuerdo de partes en audiencia del 22/8/94 quedando posteriormente homologado y rechazada la incidencia opuesta a fs. 134 por el actor Gómez, conforme resolución de fs. 149 de enero de 1995. A partir de esa fecha los autos quedan sin movimiento, hasta fs. 152 en que se ponen los mismos a observación de las partes para archivo, previa vista a la Caja de Abogados y Rentas. A fs. 153 el Dr. Salomón renuncia al poder conferido por los demandados en fecha 30/7/03 sin efectuar petición alguna y se procede al Archivo el 25/8/03.- A fs. 157, con fecha 25/10/05, presenta nuevo escrito el Dr. Salomón, reiterando su renuncia al poder conferido y solicitando regulación de honorarios. Remitidos nuevamente los autos al Juzgado se dicta auto regulatorio con fecha 5/12/05, iniciando el citado profesional su ejecución de honorarios en los autos sub examine el 11/4/06, proveyéndose la misma a fs. 12 el 22/6/06. El demandado solicita en préstamo los autos a fs. 18 el que se concreta con fecha posterior por tener el Expte. en su poder el Dr. Salomón, planteando excepción de prescripción, (luego de intimar la devolución de los mismos), a fs. 26 con fecha 9/8/07.

Resultando entonces aplicable al caso el art. 4032 del Código Civil, como afirma el Sr. Juez a quo, en el mismo debe distinguirse la prescripción bienal de la obligación de pagar a los abogados, procuradores, etc. en la administración de justicia sus honorarios, plazo que corre desde que feneció el pleito por sentencia o transacción o desde la cesación de los poderes del procurador o desde que el abogado cesó en su ministerio. Ésta se refiere entonces a honorarios devengado en un juicio y no regulados, luego de haber cesado en la función y transcurrido el plazo bienal aludido. Con relación a los honorarios regulados y firmes, por aplicación del art. 4023 del Código Civil el plazo de prescripción es el decenal, norma y plazo que solicita el actor se aplique en el caso, aludiendo a que resulta extemporáneo por haber perimido el derecho a solicitar la prescripción, la aplicación del art. 4032, frente a la regulación que considera firme y consentida.- Frente al análisis efectuado precedentemente de las constancias de los expedientes acompañados y de la normativa legal aplicable en ambos supuestos de prescripción (arts. 4032 o 4023 del Código Civil), cabe considerar entonces la oportunidad para el planteo de la excepción de prescripción producida en la ejecución de los honorarios iniciada en autos por el actor y proveída favorablemente por el juzgado de origen. A tal fin se debe tener en cuenta también que, la fallida notificación de los honorarios regulados al Dr. Salomón en el principal, si bien el oficial de la Policía informa que no dio cumplimiento a la misma, no puede dejar de desconocerse que fue recibido por el demandado Sr. Miguel A. Llaya, en el mismo domicilio real que denuncia en autos, y que, pese a sus manifestaciones y negativa a recibir la diligencia se le notificó el motivo de la misma, (ver fs. 168 del expte. principal), presentándose 6 meses después al Juzgado a solicitar el fuero de atracción en virtud de la quiebra declarada a la Sociedad de hecho de la cual fue integrante (fs. 174 del mismo). Circunstancia apuntada por el recurrente.-La corriente jurisprudencial mayoritaria, si bien no es uniforme, ha sostenido que la prescripción sólo puede ser invocada durante la ejecución como excepción previa, debiendo primero regularse los honorarios.

Se puntualizó que "el silencio guardado por el eventual deudor en el curso de una incidencia regulatoria no autoriza a presumir que haya hecho remisión de la prescripción ganada. Inclusive la conformidad expresamente prestada al importe de los honorarios regulados por parte del posible obligado a su pago, no implica tampoco una renuncia al derecho de oponer, en su momento la prescripción operada" (Edgardo López Herrera, "Tratado de la prescripción liberatoria" pág. 930).- En el caso bajo examen, se advierte entonces que finalizado el juicio por sucesivas homologaciones del acuerdo arribado con los actores, siendo en ese momento el Dr. Salomón letrado apoderado de los integrantes de la sociedad de hecho demandada, éste no solicitó regulación de honorarios durante prácticamente diez años, habiendo por otra parte, dos años antes de tal solicitud, renunciado al poder conferido, sin efectuar solicitud alguna en tal sentido y a efectos de mantener vivo su derecho frente al escueto plazo dispuesto por la ley de fondo, conforme se describiera precedentemente, y que surge de las constancias de la causa, haciéndolo luego que el plazo se encontraba vencido.- La aplicación entonces al caso del art. 4032 solicitada por el excepcionante, deviene acertada, no pudiendo interpretarse que, frente al conocimiento de la regulación (aunque fuere tácito), medió renuncia del obligado al pago de honorarios de su derecho a plantear la prescripción, que lo hace en la oportunidad de la ejecución de los mismos y en el plazo legal que toma contacto con los autos.- Por lo expuesto entonces, normas legales, doctrina citada, voto porque se rechace el recurso de apelación interpuesto en autos por la parte actora y en su mérito se confirme lo resuelto a fs. 53/54, con costas en ésta instancia por el orden causado, en atención al resultado del presente y tratarse de cuestión controvertida en doctrina y jurisprudencia, proviniendo lo resuelto de la interpretación que, en el caso, se realiza de normativa de fondo, (art. 67 2ª parte y 68 del C.P.C. y C. de aplicación a fuero por el art. 90 del C.P.L.), y teniendo también presentes las reservas de recursos formuladas por las partes.- El Dr. Jorge Daniel Cabrera dijo:

Que estando en un todo de acuerdo con el voto de la Vocal preopinante se adhiere al mismo en todas sus partes.- Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA II.

________________________R E S U E L V E I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto en autos por la parte actora y en su mérito confirmar lo resuelto a fs. 53/54, con costas en ésta instancia por el orden causado, (art. 67 2ª parte y 68 del C.P.C. y C. de aplicación a fuero por el art. 90 del C.P.L.), y tener presentes las reservas de recursos formuladas por las partes.- II.- Reservar la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.- III.- Mandar copiar, registrar, notificar y oportunamente bajar.-