Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-10


Cámara Nacional de Casación Penal 2010 - Año del Bicentenario Reg. Nº 16.315 En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 10 días del mes de agosto de 2010, se reúne la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Juan E. Fégoli como Presidente, y los doctores Raúl R. Madueño y Juan C. Rodríguez Basavilbaso como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por la Defensora Pública de Menores e Incapaces en esta causa nº 13.308, caratulada: "V., M. E. s/recurso de casación", de cuyas constancias RESULTA:

1º) Que el Tribunal Oral de Menores nº 2, no autorizó el traslado de M. E. V. desde el Instituto de Menores Manuel Belgrano -su actual lugar de alojamiento-, a una Residencia Educativa (cfr. fs. 166/167).

Contra esa resolución, interpuso recurso de casación la doctora Silvana L. Céspedes, Defensora Pública de Menores e Incapaces del nombrado (fs. 169/194vta.), el que fue concedido a fs. 197/197vta.

2º) Que la recurrente fincó sus agravios en los incisos 1º y 2º del artículo 456 del C.P.P.N.

En primer término sostuvo que "...el Tribunal ha inobservado los principios fundamentales contenidos en la ley 22.278 y en la Convención sobre los Derechos del Niño... [Siendo] que la valoración de los distintos elementos que constan en autos (antecedentes, historia personal, conducta, etc.) debe ser conjunta y armónica y [...] deberá examinarse a la luz de la mencionada convención..." (fs. 170).

En ese orden de ideas señaló que el decisorio atacado resulta arbitrario toda vez que el tribunal de mérito desatendió la petición de traslado de V. -desde un centro de régimen cerrado a una residencia educativa-, cuando ello se encontraba respaldado, desde el 14 de octubre de 2009, por el equipo técnico consultado (cfr. fs. 173 y 185), careciendo tal denegatoria de la debida motivación y adoleciendo de una valoración "antojadiza" de las probanzas reunidas en autos, todo lo cual habilitaría a que un tribunal superior la deje sin efecto (cfr. fs. 174).

Asimismo, se agravió la defensa de que "...el decisorio en crisis aplic[ó] erróneamente la ley sustantiva (ley 22.278), como -asimismo- inobserv[ó]... los postulados de máxima raigambre que receptan los arts. 18 de la Constitución Nacional, 3ro. y cdtes. de la Convención sobre los Derechos del Niño, 7mo. 2. 3. y 6. y 8vo. 2. de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos..., 17 de las... Reglas de Beijing, 1ero. y 2do. de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad y 8.2. de la Convención Interamericana de Derechos Humanos..." (fs. 173vta./174).

En punto a ello, adunó que "...el Tribunal en su mayoría no... trató la cuestión desde los principios rectores que rigen en materia minoril, prescindiendo de los informes favorables de los profesionales y desconociendo los progresos alcanzados por aquél, [lo que] importa desconocer la consideración rectora del interés superior del niño que establece la Convención. Al respecto, entre las opciones disponibles, el Estado debe elegir aquella que mejor promueva la ´reintegración del niño... y que éste asuma una función constructiva en la sociedad´ (art. 40.1 CDN), en lo que no debe menospreciarse la importancia de proteger y promover la reinserción del niño en el núcleo familiar de convivencia, en la medida de lo posible (art. 9.1. CDN), y una integración social en la educación y preparación para el trabajo (art. 28 CDN). Y que esa revinculación con su núcleo primario solo puede lograrse mediante un avance y profundización en su tratamiento, que justamente actualmente requiere su traslado a una residencia educativa..." (fs. 174/175).

En ese sentido, consideró que "...derivar al joven al Programa de Residencia Educativa para continuar con un abordaje integral, con el objetivo de trabajar sobre la reinserción paulatina y su medio socio familiar y finalizar sus estudios es la única medida jurídicamente válida que puede adoptarse a su respecto... [puesto que V.] ya demostró que la evolución que se pretendía lograr y se buscó estando alojado [en un centro de régimen cerrado] ya se logró [siendo] necesario producir el traslado a otro lugar de residencia pues de lo contrario el avance no sólo resulta trabado sino que transitará una involución no buscada y contraria a los fines del sistema penal de la minoridad..." (fs. 179/179vta.).

Argumentó la señora Defensora que el voto de la mayoría en la decisión cuestionada hizo alusión al hecho ilícito que se le endilga a V., cuando -a tenor de la parte- "...en nada debe importar la gravedad o no de él. Ello fue un tema que se ventiló en el juicio celebrado en los términos del art. 431 bis del C.P.P.N. pero que igualmente permitirá que se decrete su sobreseimiento... o bien su absolución conforme el art. 4 de la ley 22.278..." (fs. 181/181vta.).

Y que "...la finalidad del tratamiento tutelar es lograr la resocialización del joven y poder llegar a la conclusión de que resulte innecesaria la imposición de una pena y como consecuencia de ello deben implementarse medidas que le permitan al destinatario ir demostrando que está iniciándose o ya transitando ese camino..." (fs. 185).

Así las cosas, solicitó la señora Defensora que se declare procedente el remedio impetrado y se revoque la resolución recurrida, haciendo reserva del caso federal (cfr. fs. 194/194vta.).

3º) Que el señor Defensor Público Oficial ante esta instancia, doctor Juan Carlos Sambuceti (h), presentó la breves notas que lucen a fs. 203/206, remitiendo a los fundamentos esgrimidos por la doctora Silvana L. Céspedes. Superada así la oportunidad prevista en el art. 454, en función de lo dispuesto en el art. 465 bis del C.P.P.N., el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del mismo cuerpo de leyes). Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: Dres. Juan E. Fégoli, Raúl R. Madueño y Juan C. Rodríguez Basavilbaso.

El doctor Juan E. Fégoli dijo:

En trance de abordar la cuestión sometida a inspección, advierto que el decisorio recurrido es portador de vicios que resienten su motivación, descalificándolo como acto jurisdiccional válido, por lo que adelanto desde ya que habré de postular que el mismo sea revocado.

Digo ello por cuanto al momento de resolver el rechazo del pedido formulado por la defensa -en tanto postulaba la aplicación a su pupilo del régimen de minoridad y su consiguiente traslado a una residencia educativa- el voto mayoritario consignó textualmente que "...las causas que registra el menor (nros. 5814 y 5964), los graves hechos que se le adjudican en una de ellas, la conducta asumida en anteriores internaciones de lo que se da cuenta a fs. 15 y 65, justifican que por el momento no transite en un régimen sin la seguridad necesaria, el resto del trámite de los procesos incoados a su respecto, los que se hallarían próximos a ser resueltos, al menos en esta instancia, conforme surge del estado de los mismos informado por la Actuaria al momento de resolver...".

De la transcripción efectuada precedentemente del único pasaje que dedica el pronunciamiento puesto en crisis a fundamentar el rechazo del pedido de la defensa, surge sin mayor esfuerzo la absoluta falta de motivación del mismo en tanto omite dar acabada respuesta los plurales argumentos expuestos por la empeñosa asistencia letrada en el escrito glosado a fs. 160/162vta. y en el correspondiente recurso interpuesto a fs. 169/194vta. por medio de los cuales postuló la aplicación del régimen de menores en favor de su pupilo y el consiguiente alojamiento del nombrado en una residencia educativa.

En este orden de ideas, es del caso señalar que el voto mayoritario de ninguna manera hizo alusión a los informes psicosociales de V., elaborados por el equipo interdisciplinario del Centro de Régimen Cerrado Gral. Manuel Belgrano de fs. 130 y 140/141, como tampoco al informe integral de fs. 153/155, de fecha 07-05-2010.

Adviértase particularmente que a fs. 164, la Lic. Gloria B. Sorrentino y la Psicóloga Laura Edith Costantino, señalaron que "...el modelo de Informe Integral reemplaza a los anteriores informes Psico-Sociales. El mismo, remitido con fecha 07 de mayo de 2010, incluye el proceso de evolución comprendido en los meses de marzo y abril del corriente año...", informe que introduce nuevos datos a la situación que revestía el menor V. al momento de expedirse el a quo a fs. 128/128vta., y que ante la nueva petición de la parte no fue analizado en el voto mayoritario, habiéndose remitido éste a la gravedad de los hechos endilgados al nombrado (cfr. en igual sentido mi voto in re: "González, Francisco Mauricio s/rec. de casación", c. nº 5.940, reg. nº 8.297 de la Sala II, rta. el 20-02-2006).

Recuérdese que expresamente el tribunal de mérito, con fecha 23 de diciembre de 2009, había rechazado un planteo idéntico al aquí tratado sobre la base de "...las constancias logradas en el presente legajo, especialmente del análisis de los distintos informes efectuados por el equipo técnico del Instituto, [concluyendo] que en la actualidad no se encuentran reunidas las condiciones objetivas para que el joven sea derivado a una Residencia Educativa, debiendo aún los profesionales intervinientes continuar profundizando el trabajo que vienen materializando en el aspecto del acercamiento e interés familiar sobre la situación del menor y recíprocamente de éste con el grupo parental..." (fs. 128), aspectos que de ninguna manera fueron nuevamente analizados por el a quo frente al planteo defensista de fs. 160/162vta. y a las constancias indicadas supra.

Sobre el particular, lleva dicho esta Sala que si bien los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos, sí tienen el deber, en razón de su elevada función jurisdiccional y con fundamento en la garantía de la defensa en juicio, de pronunciarse expresamente sobre los puntos propuestos en cuanto sean decisivos en el pleito, por lo que la omisión de consideración y resolución de una cuestión relevante priva de fundamentos mínimos a la resolución en crisis (cfr. mi voto in re "Benítez, Mónica Beatriz s/rec. de casación", causa nº 3.186, reg. nº 4.484 de la Sala II, rta. el 03/10/01 entre muchas otras).

En la misma dirección, he tenido ocasión de señalar que incurre en arbitrariedad la resolución de la Alzada que no considera cuestiones oportunamente propuestas por las partes y conducentes para la resolución del pleito (cfr. mi voto in re "Artaza, Eugenio s/rec. de casación", causa nº 4.811, reg. nº 6.487 rta. el 06/04/04).

Por las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo revocar el pronunciamiento de fs. 166/167 y devolver las actuaciones a su procedencia a fin que se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí dispuesto. Tal es mi voto.

Los doctores Raúl R. Madueño y Juan C. Rodríguez Basavilbaso dijeron:

Que por compartir sus fundamentos, adhieren al voto que lidera el acuerdo.

Por ello, y en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa a fs. 169/194vta., sin costas, y, en consecuencia, revocar lo decidido a fs. 166/167, remitiendo las actuaciones a su procedencia para que se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí dispuesto (arts. 471, 530 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese en la audiencia ya designada y, oportunamente, devuélvase al Tribunal Oral de Menores nº 2, sirviendo la presente de atenta nota de estilo.- Fdo. Juan E. Fégoli, Juan C. Rodríguez Basavilbaso y Raúl R. Madueño. Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretario de Cámara.