Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-11


SENT Nº 146	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Once (11) de Abril de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse -por encontrarse en uso de licencia el señor vocal doctor René Mario Goane-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por parte demandada en autos: "Ávila Ángel Miguel vs. Martín Isaac y Sleiman Rosa M. S.H. y otros s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto a fs. 149/154 vta. por la parte demandada contra las sentencias nº 120 y nº 121 de la Sala II de la Cámara del Trabajo (Centro Judicial Concepción) de fecha 23/05/2012 (fs. 144/145 vta. y 146 y vta., respectivamente). El recurso fue declarado admisible por resolución del referido Tribunal del 09/08/2012 (fs. 158). Una vez radicados los autos ante esta Corte, solo la parte actora presentó la memoria que autoriza el art. 137 del CPL (cfr. informe actuarial de fs. 167).

La sentencia nº 120 hizo lugar al recurso de apelación deducido por el actor contra el pronunciamiento del Juzgado de Conciliación y Trámite de la Ia Nom. de fecha 08/06/2011, revocándolo en sus puntos I y II y ordenando sustitutivamente no hacer lugar a la excepción de litispendencia interpuesta por la parte demandada, e impuso las costas a los demandados vencidos. La sentencia nº 121 resolvió no hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada contra el referido pronunciamiento del 08/06/2011. Las costas en ambos fallos fueron impuestas a los demandados.

El fallo de primera instancia revocado por la sentencia objeto de este recurso, había resuelto hacer lugar parcialmente a la excepción de litispendencia interpuesta por los demandados y continuar el trámite de este juicio por los rubros reclamados en los puntos VII, VIII, X de la demanda, y los que fueran su consecuencia conforme las pruebas aportadas al presente.

2. Los recurrentes relatan que su parte contestó la demanda el 23/02/2010, ampliando el responde el 24/02/2010 y oponiendo excepción de litispendencia. Expresan que de los autos "Sleiman, Martín Isaac y Rosa S. H. vs. Ávila, Miguel Ángel s/Consignación de Indemnización laboral por despido y otros" (Expte. 464/09), surge que el 14/06/2010 recayó sentencia declarando válido y admisible el pago por consignación, pronunciamiento al que se arribó con evidente posterioridad al momento de deducir la defensa de litispendencia. Afirman que va de suyo que la parte demandada no pudo oponer las defensas de pago o cosa juzgada porque al momento de contestar la demanda la consignación aun se encontraba en trámite. Manifiestan que si bien cuando el Juez emite la sentencia del 08/06/2011 (que resolvió la excepción de litispendencia) ya había recaído sentencia en el juicio de consignación, la competencia del magistrado estaba limitada por las cuestiones sometidas a su estudio, y la demandada tenía vedada la posibilidad de articularlas por vía de excepción en virtud de la preclusión. Señalan que esta cuestión fue claramente puesta de manifiesto por la demandada apelante ante la Cámara, indicando que la sentencia de pago por consignación del 14/06/2010 era favorable, se encontraba firme y consentida y a través de ella se extinguía la obligación de la demandada con arreglo a los principios de equidad e integridad que caracterizan a todo pago como medio extintivo de las obligaciones. Añaden que por tal razón la demandada apeló el pronunciamiento del 08/06/2011, puesto que otorgaba al actor la posibilidad de reclamar los rubros VII, VIII y X, lo que implicaba desconocer la integridad del pago efectuado en un proceso, si bien de conocimiento acotado, plenamente bilateral y contradictorio, válido, y aceptado de plena conformidad por el actor en autos.

Alegan, en cuanto a los rubros VII y VIII (diferencias salariales y de adicionales no remunerativos), que debatir y posteriormente resolver sobre ambos rubros supone intervenir la autoridad de cosa juzgada material de la sentencia del 14/06/2010, pues modificarán sustancialmente el resultado de la consignación judicial que cancela los rubros remuneratorios (salarios, SAC proporcional, vacaciones, etc.), indemnizatorios y la entrega de los certificados de trabajo y aportes provisionales, con todos los efectos que el pago ostenta con arreglo a los arts. 754, 759 y cc. del Código Civil, esto es, extinguiendo la obligación con todos sus accesorios, lo que supone la preclusión de todos aquellos planteos aducibles o cuestiones vinculadas a esa sentencia. Agregan que la existencia de posibles diferencias salariales y adicionales no remunerativos supone introducir futuras modificaciones en todos los rubros sobre los cuales hay sentencia firme, consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, y que la sentencia del 14/06/2010 dejará de cumplir su función pública de instaurar la paz social (lo que excede el interés privado o dispositivo de los litigantes) con la emisión de otro fallo que la contradiga. Entienden que se atenta gravemente contra la seguridad jurídica obtenida por la sentencia del 14/06/2010 pasada en autoridad de cosa juzgada material, pues ese resultado firme no es susceptible de ataque directo (en el mismo proceso) o indirecto (mediante otro).

Sostienen que, además, el actor no ha logrado probar en el juicio por consignación que la prestación ofrecida fuere incompleta o insuficiente, o que el pago judicial no ha resarcido íntegramente la pretensión derivada del distracto, ni ha promovido recursos en su contra que evidencien su disconformidad a ese respecto.

Añaden que la sentencia del 08/06/2011 subvierte la certeza, la seguridad jurídica y el adecuado servicio de justicia al admitir la prosecución de reclamos sobre una pretensión ya juzgada mediante sentencia inmutable, definitiva e indiscutible. Citan jurisprudencia de la Corte Suprema nacional sobre la cosa juzgada.

Aducen que, aun considerando que la sentencia del 14/06/2004 solo haga cosa juzgada formal, ella representa un obstáculo para un nuevo proceso posterior donde se ventilen pretensiones que guarden íntima y necesaria conexidad con las decididas por una sentencia anterior, al punto que la sentencia a dictarse en ese nuevo proceso puede alterar lo resuelto mediante la primera sentencia. Citan doctrina y jurisprudencia que entienden favorable a su posición.

Concluyen en que "por encontrarse afectada la garantía de la propiedad, como las reglas del debido proceso, el reclamo de diferencias salariales resulta inaudible, pues su recepción significa emitir un pronunciamiento sobre el fondo del mismo pleito ya resuelto por un mismo órgano jurisdiccional, motivo por demás suficiente para hacer valer la defensa de cosa juzgada.".

Manifiestan, en cuanto a la sanción prevista en el art. 80 de la LCT (procedente cuando el empleador no hace entrega de la constancia de aportes y certificación de servicios), que se ha soslayado que la recurrente dio oportuno y acabado cumplimiento con esa obligación y que dicho cumplimiento formal, tempestivo y de buena fe se encuentra consagrado de manera inalterable por la sentencia del 14/06/2010. Señalan que la inexplicable indiferencia y morosidad del demandante colocaron a la empresa en la necesidad de consignar el certificado de trabajo y la certificación de remuneraciones y servicios junto al importe indemnizatorio, es decir que no fue necesario que el actor efectuara la intimación y reclamo pertinente. Entienden que por ello la sentencia recurrida "demuestra sin ambages que el inferior en grado no solo ha omitido evaluar las circunstancias particulares de autos, prescindiendo de prueba relevante incorporada a la causa sino que contradijo absolutamente una sentencia firme y ejecutoriada.pasada en autoridad de cosa juzgada". Añaden que "permitir la continuación del juicio del rubro para condenar a la demandada a la indemnización especial del art. 80 de la L.C.T. cuando de autos surge el oportuno cumplimiento de esa obligación empleadora es contrariar y desnaturalizar el espíritu de la Ley nº 25.345, cuyo objetivo fue prevenir más eficazmente la evasión fiscal".

Amplían las consideraciones sobre afectación de la cosa juzgada, el debido proceso, la legítima defensa -por tener que defenderse de un fallo "arbitrario, írrito e ilegal"- y el derecho de propiedad, concluyendo en que los motivos expresados justifican la exclusión de los rubros mencionados e impiden la continuación del juicio. Aseveran que la cosa juzgada debió ser declarada de oficio.

Sostienen que toda objeción o diferencia del quantum indemnizatorio o salarial consignado debió canalizarse mediante recursos ordinarios o extraordinarios contra la sentencia del 14/06/2010, y no a través de la reedición de la contienda de autos. Afirman que los pronunciamientos de la Cámara desconocen que la sentencia del 14/06/2010 ha consolidado la cancelación de las acreencias del accionado "y de las sentencias que habilitan de manera irrestricta el reexamen de rubros abonados y entregados oportunamente en su totalidad y nunca impugnados por la accionante quien los recibiera sin manifestar reserva ni disconformidad alguna". Agregan que lo resuelto por el Tribunal reduce la sentencia de pago por consignación a una mera condena en abstracto.

Alegan que lo expuesto conduce al dictado de una sentencia contradictoria en la presente causa, respecto de la sentencia recaída en la causa del pago por consignación, con las escandalosas consecuencias previsibles, y aseveran que la conexidad entre lo invocado en ese proceso y el de autos es evidente: identidad de objeto (pago/cobro de una suma de dinero), sujetos (empleado y empleador) y causa (relación laboral por despido concluido sin causa).

Expresan que todo lo referido revela que la decisión de la Cámara deviene arbitraria y contraria a derecho, que la ausencia de razonabilidad violenta gravemente la defensa en juicio de los demandados, lo que torna nulo el fallo impugnado descalificándolo como acto jurisdiccional válido, y que los fallos atacados no constituyen una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, contraviniendo de tal modo el servicio de justicia.

Finalmente, reiteran argumentos sobre la cosa juzgada y violación de derechos adquiridos, y proponen doctrina legal.

3. La Cámara consideró en la sentencia nº 120 que asistía razón al actor apelante, adhiriéndose y haciendo remisión al dictamen de la Fiscalía de Cámara Civil, Comercial y del Trabajo de fs. 138 y vta. Tal dictamen precisó, con cita jurisprudencial, los presupuestos de procedencia de la excepción de litispendencia. Sostuvo que la consignación no puede aceptarse como una opción para paralizar el juicio del reclamo laboral y con ello privar al trabajador de la utilidad que le brinda este tipo de procesos, por cuanto la sentencia dictada en el juicio de pago por consignación no hace cosa juzgada material. Señaló, con apoyo doctrinario, que en este tipo de procesos -breves y concentrados- la mayoría de las cuestiones tienen recortado el ámbito cognoscitivo, en tanto otras situaciones, reposadas generalmente en el nudo gordiando del problema, permiten agotar su temática, y que por eso la resolución que recae en un juicio sumarísimo hace cosa juzgada formal o material según la amplitud que permite el debate. Concluyó que, aplicando al caso la doctrina y jurisprudencia citadas, correspondía rechazar la excepción de litispendencia a fin de que el reclamo indemnizatorio tuviese el debate amplio propio de los juicios ordinarios y de los reclamos laborales.

El Tribunal continuó expresando que, agregado a ello, tenía presente que el proceso de pago por consignación al que hizo referencia la demandada se encontraba concluido, por lo que no era un juicio o litigio pendiente. Citó jurisprudencia de esta Corte sobre los presupuestos de configuración de la excepción de litispendencia, y consideró que tal excepción no era procedente atento a que el juicio de pago por consignación no tenía identidad de sujeto, objeto y causa y se encontraba concluido, resolviendo que correspondía hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor.

En la sentencia nº 121, la Cámara igualmente tuvo presente que el proceso de pago por consignación se encontraba concluido, por lo que no era un juicio o litigio pendiente, y tuvo presente asimismo el referido dictamen de fs. 138 y vta., agregando que tenía en consideración lo resuelto en esa misma fecha respecto del recurso de apelación interpuesto por el actor, por lo que rechazó el recurso de apelación deducido por los demandados.

4. El recurso ha sido interpuesto en término, se funda en infracción normativa y en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, se basta a sí mismo y es inexigible el afianzamiento por no tratarse de sentencia condenatoria (arts. 131/133 CPL).

En cuanto al requisito previsto en el art. 130 del CPL, si bien la sentencia impugnada no resuelve el fondo del asunto ni tampoco pone fin al pleito o hace imposible su continuación, en las concretas circunstancias del caso se advierte que los recurrentes fundamentan sus agravios sustancialmente en la preservación de la cosa juzgada, exponiendo las razones de hecho y de derecho que sustentan su posición. Cabe recordar que esta Corte ha dicho reiteradamente que "no obstante que el acto judicial impugnado constituya sentencia interlocutoria, al discutirse lo atinente al desconocimiento de la cosa juzgada, la cuestión controvertida asume gravedad institucional." (CSJT, "Gómez Ana María vs. Ivars Juan Bautista s/Cobro ejecutivo de pesos", sent. n° 863 del 25/9/2006; "Jerez Adolfo Alfredo vs. Tubio Tucumán S.A. s/Cobro de pesos", sent. n° 192 del 05/4/2010, entre otras). También es pertinente recordar que para este Tribunal concurre el supuesto excepcional de gravedad institucional cuando "se ha planteado una cuestión de derecho al cuestionarse la estructura esencial del proceso con incidencia directa en la sistemática procesal de los incidentes, en la preservación de la cosa juzgada y en la garantía del debido proceso legal, y, por ende, con gravitación en el derecho de defensa de raíz constitucional, exponiendo las razones de hecho y de derecho que sustentan su posición; con lo que el punto debatido en esta cuestión incidental asume caracteres de gravedad institucional, ya que atañe al desconocimiento o no de la cosa juzgada derivada de un anterior pronunciamiento" (CSJT, "Pedroza Avellaneda Germán Exequiel vs. Big Match S.A. s/Cobro", sent. nº 375 del 26/5/2010).

Conforme lo expuesto, corresponde tener por satisfechos los requisitos de admisibilidad del recurso intentado y consecuentemente abordar su procedencia.

5. Confrontados los agravios de los recurrentes con los fundamentos de la sentencia impugnada y las constancias de la causa, se advierte que el recurso no puede prosperar.

A fin de enmarcar adecuadamente la cuestión traída a resolución, resulta pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes.

En fecha 08/9/2009 el actor inicia demanda por cobro de pesos contra los demandados, incluyendo los rubros de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC sobre preaviso, SAC proporcional, haber agosto 2009, integración mes de despido, diferencias salariales, diferencias adicionales no remunerativos, sanción art. 2º de la Ley 25.323, sanción art. 80 de la LCT, sanción art. 275 de la LCT y multa arts. 9º y 15 de la Ley 24013, todo ello con base (conforme fuera completada la demanda el 04/11/2009) en el despido indirecto del trabajador. Por su parte, en fecha 29/09/2009 los demandados en el referido juicio y ahora recurrentes inician juicio de pago por consignación en contra de quien es actor en estos autos, a fin de consignar el pago de los rubros indemnización por antigüedad, haber agosto 2009, SAC proporcional y vacaciones proporcionales, con fundamento en el despido directo sin causa dispuesto por el empleador. El 03/02/2010 los demandados contestan demanda en el presente juicio y deducen -en lo que aquí concierne- excepción de litispendencia fundada en la existencia del juicio de consignación. El 26/04/2010 la Jueza en esta causa dispone suspender los términos procesales hasta tanto sea resuelto el juicio de consignación, resolución que no es impugnada por ninguna de las partes. El 14/06/2010 se dicta sentencia en el juicio de consignación que hace lugar a la acción sumarísima de consignación de pago. El 07/02/2011 el actor solicita la reapertura de los términos procesales en este juicio, en virtud de haber quedado firme la sentencia dictada en el proceso de consignación. El 08/6/2011 la Jueza de primera instancia dicta sentencia haciendo lugar parcialmente a la excepción de litispendencia, resolución que es apelada por ambas partes. Finalmente, el 23/5/2012 la Cámara dicta la sentencia nº 120 por la cual hace lugar al recurso de apelación deducido por el actor y rechaza la excepción de litispendencia, y la sentencia nº 121 por la cual desestima la apelación interpuesta por los demandados.

Del relato que antecede surge que la decisión de la Cámara de rechazar la excepción de litispendencia se encuentra ajustada a derecho. Dado que en autos se había resuelto suspender los términos procesales hasta tanto recayera sentencia en el juicio de consignación, lo que fue consentido por ambas partes, y que en virtud de ello al momento de dictar sentencia en primera instancia -y desde luego en segunda- ya había recaído sentencia firme en el juicio de consignación, surge evidente que, tal como lo puso de manifiesto el Tribunal, no concurría en el caso el presupuesto de existencia de un proceso pendiente, condición necesaria para la procedencia de la referida excepción. La doctrina y la jurisprudencia son contestes en que -sin perjuicio de los restantes requisitos de procedencia- la excepción dilatoria de litispendencia presupone la existencia de otro proceso pendiente. En tal sentido, ha dicho esta Corte que "el proceso en que se funda la excepción de litispendencia debe estar 'pendiente', de lo que se sigue que no existe litispendencia si el proceso anterior concluyó por sentencia firme o se extinguió por desistimiento (conf. Palacio-Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 7, pág. 362/3)" ("Salazar, Cecilia Martha vs. V. M. F. y Asociados S.R.L. s/ Cobro de pesos", sent. nº 1044 del 30/10/2006).

Contra la resolución de la Jueza que hizo lugar parcialmente a la excepción de litispendencia (dictada luego de que recayera sentencia en el proceso de consignación), los demandados interpusieron recurso de apelación en el que incluyeron los planteos de cosa juzgada y pago que aquí reproducen y amplían, en los términos ya reseñados.	El dictamen de Fiscalía de Cámara que las sentencias impugnadas hicieron suyo esencialmente consideró que la consignación no podía aceptarse como una opción para paralizar el juicio del reclamo laboral y con ello privar al trabajador de la utilidad que le brinda este tipo de procesos, y que la sentencia dictada en el juicio de consignación no hacía cosa juzgada material, concluyendo que en el caso correspondía que el reclamo indemnizatorio tuviera el debate amplio propio de los juicios ordinarios y los reclamos laborales. Citó jurisprudencia de esta Corte relativa a la cosa juzgada que resulta pertinente reproducir: "Su comprobación requiere un examen o cotejo preciso de esa sentencia con el nuevo asunto que se plantea; entraña una comparación entre los elementos de juicio, entre dos situaciones jurídicas: la ya resuelta y la que está en debate. Elemento de la cosa juzgada es, pues, el caso; pero hay que agregar otro: la coincidencia entre el contenido de la sentencia y la nueva situación que se trae para resolver (cfr. CSJTuc., in re "López de Frías, Delfina E. vs. Elena López de Areco y otros s/reivindicación", sentencia del 14/12/95)". Idéntico criterio ha sido sostenido en "Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas Islas Malvinas vs. Consorcio General Lamadrid s/Reivindicación", sent. nº 1042 del 29/11/2000.

A la luz de la jurisprudencia citada, y en relación a la conclusión de la Cámara de que la sentencia dictada en el juicio de consignación no hace cosa juzgada material en este juicio, se observa en primer lugar que tal sentencia de consignación expresamente dejó constancia de que "en un futuro y en un nuevo proceso deberán dirimirse las acciones correspondientes y así lo declaro". La previsión del fallo es consecuente con la circunstancia de que el trabajador estaba impedido, en el juicio de consignación, de canalizar sus pretensiones a través de reconvención, de oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento (como la de litispendencia), y de proponer cuestiones que, por su naturaleza, alterasen la estructura o fin del proceso sumarísimo (art. 404 CPCyC, de aplicación por remisión de los arts. 103 y 106 del CPL), lo que evidencia, en consonancia con lo considerado por la Cámara, el restringido ámbito cognoscitivo del trámite previsto en la ley adjetiva para el pago por consignación. Así entonces, este juicio puede ser considerado el nuevo proceso en el cual la sentencia del juicio de consignación previó que podrían dirimirse los planteos del trabajador.

En el mismo sentido, se advierte que la sentencia que hizo lugar a la consignación inició su análisis diciendo que debía examinar si lo depositado por el actor era lo devengado por el trabajador, "con prescindencia de que el empleador no lo hubiera satisfecho íntegramente". En otras palabras, la Jueza advirtió que verificaría si lo pagado era debido, pero no si ello era necesariamente todo lo debido.

De lo expuesto puede concluirse que no merece reparo lo resuelto por la Cámara en relación al alcance de la incidencia de la sentencia dictada en el juicio de consignación en este proceso. Ello así, por cuanto esa sentencia examinó si el monto consignado era algo que el empleador adeudaba al trabajador, pero hizo expresa reserva de que ese monto podía no ser todo lo adeudado ("con prescindencia de que el empleador no lo hubiera satisfecho íntegramente") y consideró la posibilidad de un nuevo proceso donde se dirimieran los reclamos correspondientes ("en un futuro y en un nuevo proceso deberán dirimirse las acciones correspondientes").

Se ha sostenido que la existencia de cosa juzgada se encuentra supeditada al requisito de que, sobre la cuestión o cuestiones planteadas, haya mediado un pronunciamiento sin reservas (CNCiv., Sala F, La Ley, t. 131, p. 1195 (18.233-s); t. 136, p. 207, cit. en Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo-Perrot, 1993, t. v, p. 516), lo que no acontece en autos, desde que la sentencia que se pretende que haga cosa juzgada, como se señalara, contiene reservas expresas, aun cuando hubiesen sido consignadas en los considerandos del pronunciamiento. Es que tal como se ha dicho, el límite procesal de la cosa juzgada debe determinarse con referencia al contenido de la sentencia en cada caso concreto, y en cuanto su constitución sea requerida para la solución de las cuestiones planteadas, con prescindencia del lugar del pronunciamiento en el cual aparecen decididas (Imaz, Esteban, "Límites procesales de la cosa juzgada", en La Ley, t. 76, p. 876, cit. en Palacio, Lino E., op. cit.).

Lo resuelto por la Cámara se corresponde asimismo con una diferencia sustancial existente -retomando los términos del precedente de esta Corte tenido en cuenta por el Tribunal- entre el contenido de la sentencia del juicio de consignación y lo que en este proceso deberá resolverse: la consignación (por un monto de $ 22.441,18 y comprensiva de 4 rubros) se fundó en el despido directo sin causa dispuesto por el empleador, mientras que la demanda en este juicio (por la suma $ 111.373,32 y abarcadora de 12 rubros) se basa en la denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa y en la existencia de una fecha de ingreso y una relación laboral distintas a las registradas, y por ende, distintas de las que fueron tomadas en cuenta a los fines de la consignación. Al respecto, se ha considerado, en la misma línea de lo decidido por la Cámara, que: "Dado que el objeto del juicio por consignación deducido por la empleadora ha sido la cancelación de salarios, vacaciones, aguinaldo proporcional y entrega del certificado de trabajo respecto del trabajador despedido, no hace cosa juzgada respecto de los créditos reclamados por el trabajador en un nuevo proceso con fundamento en la indemnización derivada del supuesto despido arbitrario, pues se trata de rubros que emergen de la ruptura de la relación y que requieren un debate más amplio que el que corresponde al proceso de consignación" (CNAT, Sala I, "García Fuentes, César M. c. Consorcio de Propietarios del Edificio Brisas Puerto Madero", sent. del 13/06/2007, La Ley Online, AR/JUR/3811/2007).

De lo hasta aquí expuesto se deriva que "la coincidencia entre el contenido de la sentencia y la nueva situación que se trae para resolver" que -conforme fue puesto de manifiesto en las sentencias impugnadas- esta Corte considera elemento integrante de la cosa juzgada, no concurre en el caso.

Por todo lo considerado, y sin que ello signifique emitir juicio sobre la procedencia de los reclamos del actor, resulta ajustada a derecho la decisión de la Cámara de permitir al trabajador el acceso a un proceso con amplitud de debate y prueba, en el que deberá dilucidarse cabalmente la extensión de los rubros declarados procedentes en el juicio de consignación y la procedencia o improcedencia de los restantes rubros aquí reclamados. Ello, sin perjuicio de lo ya abonado al actor en el juicio de consignación.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por los demandados.

Atento a como se resuelve, deviene inoficioso -o bien prematuro- el tratamiento de los restantes agravios referidos a la improcedencia de determinados rubros en particular.

6. Las costas en esta instancia se imponen a los recurrentes vencidos (art. 105 primera parte CPCyC, de aplicación supletoria en virtud del art. 49 del CPL).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Adhiero al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, manifestando que siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero provincial de la ponderación que efectuara el tribunal de grado del material probatorio -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen resulta admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra las sentencias nº 120 y nº 121 de la Sala II de la Cámara del Trabajo (Centro Judicial Concepción) de fecha 23/5/2012 (fs. 144/145 vta. y 146 y vta., respectivamente), por lo considerado.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.