Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-05-29


AUTOS N° 101048 (4° JUZGADO CIVIL) (N° 9600 SALA III) "PROVINCIA DE SAN JUAN (D.G.R.) C/EMPRESA VALLECITO S.R.L. EJECUCION FISCAL" ///Juan, a 29 días del mes de Mayo de dos mil nueve.

--VISTO: Para resolver el recurso de apelación concedido a la demandada a fs. 28, contra la sentencia de fecha 29 de Setiembre de 2008, obrante a fs. 23/25 y vta..

CONSIDERANDO: El Sr. Juez a-quo en la sentencia recurrida resolvió: "I) Declarar que la ley 7.866 es aplicable al caso de autos. En consecuencia, declarar condonados los montos reclamados por los períodos correspondientes al año 2001 y hasta el año 2002 del certificado de deuda base de esta ejecución. Las costas de este planteo se imponen en el orden causado. II) Ordenar que prosiga la ejecución adelante, por todos sus trámites, hasta hacer trance y remate de los bienes embargados o a embargarse de la ejecutada (EMPRESA VALLECITO S.R.L.), por la parte de la deuda reclamada que no queda comprendida en los efectos de la ley, esto es, por los períodos anteriores al año 2001, con más los intereses reclamados y costas por la ejecución que prospera a la ejecutada vencida.

III) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en la ley 4072".

Contra dicho pronunciamiento se alza la demandada a fs. 27, se le concede el recurso a fs. 28. Expresa agravios a fs. 29/32, los que fueron respondidos por la parte actora a fs. 34/35. La apelante hace reserva de la Cuestión Constitucional Provincial y Federal.

La actora en esta causa a fs. 04 interpone demanda ejecutiva contra la demandada, a fin de obtener el pago de la suma de $ 42.033,19 ctvos, con más sus intereses y costas, conforme la Ley 3908.

La deuda reclamada se origina en la falta de pago, de los períodos del impuesto a la Radicación de Automotores comprendidos entre el año 1997 y el año 2002, detallados en el certificado de ejecución, obrante a fs. 02.

A fs. 12/14 comparece la ejecutada y opone excepción de prescripción a la deuda ejecutada y pide la inconstitucionalidad de los arts. 47 y 48 del Código Tributario. En subsidio, solicita la condonación parcial de la deuda referida a las cuotas 1° a 11° del año 2001 y las cuotas N° 1 a N° 10 del año 2002, por aplicación de la Ley 7.866.

Las que fueron contestadas por la actora a fs. 17/18 y pide el rechazo de la prescripción. Expresa que, a los fines de la aplicación de la ley 7.866, al que la demandada pretende acogerse en subsidio, en caso de que se rechace la excepción de prescripción y planteo de inconstitucionalidad; deberá la ejecutada aceptar y cumplir las condiciones que prescribe el art. 2° de la ley citada.

A fs. 20/21 contesta la vista conferida la Sra. Agente Fiscal, sobre la inconstitucionalidad de los arts. 47 y 48 del Código Tributario.

La sentencia recurrida le causa a la accionada los siguientes agravios: Primer agravio: El Juez incurre en contradicciones y hace una interpretación forzada y errónea al considerar que, al solicitar la demandada la condonación de una parte de las deudas, renuncia a la excepción de prescripción, respecto a lo períodos no comprendidos en ella.

Interpreta el apelante que el art 2° de la Ley 7866, se refiere a procesos judiciales que estaban tramitándose con anterioridad a la promulgación de la ley. Cuando el proceso se ha iniciado con posterioridad, el concesionario de servicios públicos tiene derecho a plantear la prescripción de las deudas anteriores y pedir, la condonación de las comprendidas en el período 2001 a 2007. No puede privarse a su parte de la defensa opuesta de prescripción de las deudas anteriores a dicho período y del pedido de condonación que prevé la Ley 7866. Insiste que el requisito de renuncia y pago de los gastos y honorarios del juicio, no es de aplicación al caso.

Segundo agravio: El Juez aquo no se ha expedido en su resolución sobre la excepción de prescripción opuesta y el pedido de inconstitucionalidad de los arts. 47 y 48 del Código Tributario, alegando erróneamente la presunción de renuncia de dicha defensa, con la sola invocación de la Ley 7866. Formula reservas para interponer los Recursos Extraordinarios de la ley 2275 y el Caso Federal del art. 14 de la Ley 48.

Pide en definitiva: Se confirme el punto 1) de la parte resolutiva de la sentencia. Se revoque en todas su partes el punto 2) y se haga lugar al planteo de excepción de prescripción de las deudas anteriores al año 2001, de acuerdo a lo establecido por el art. 3.986 del Código Civil, segundo párrafo.

Este Tribunal ya se ha pronunciado sobre la aplicación de la Ley 7.866, en Autos N° 93.337 (4° Juzgado Civil) (N° 9492-Sala III ) "Provincia de San Juan c/Transporte Automotores 20 de Junio S.A. Ejecutivo"(Prot. de Sent. T° II-F° 214/217-Año 2009), entre otros.

Allí dijimos: I) Acerca de la interpretación de la leyes la C.S.J.N. ha resuelto que: "Cabe considerar la regla interpretativa, según la cual debe primar la apreciación literal del texto y considerarse la intención del legislador (Fallos 315-142). Es decir, que la norma primera de interpretación es la de atenerse a sus propias disposiciones, en todo cuanto se halle fundamentalmente contemplado por ella. (Fallos 212-64); y a la finalidad perseguida por la norma (F:284-9)".

"La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigna no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor formal de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción y traduzca una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva. (Fallos: 313: 1223)."-Teniendo en consideración las pautas indicadas se analizará la ley 7.866, sobre cuya interpretación difieren las partes.

Dicha norma al otorgar un beneficio o prerrogativa, debe ser interpretada restrictivamente a fin de no desnaturalizar los propósitos de las leyes fiscales, que son de orden público.

El Alto Tribunal de la Nación al referirse a las mismas ha dicho que: "Las normas que crean privilegios han de interpretarse restrictivamente para evitar que las situaciones excepcionales se conviertan en regla general (F:306-467)".

Al respecto interpretamos que el art. 2° establece que: las deudas que se incluyen en la condonación son aquellas que se encuentran en procesos de ejecución, cualquiera sea su etapa procesal; referidas a las contraídas en el período indicado en el art.1° (01/01/01 al 30/11/07), por ser las que se condonan.

Para acogerse a dicho beneficio se imponen dos condiciones, que son: a) Que el deudor abone los gastos y honorarios devengados a los profesionales de la parte actora. Respecto a los primeros, consideramos son los referidos a los devengados en el juicio, según el monto de las deudas en cuestión y hasta el momento de acogerse al beneficio. Las costas, concernientes al trámite de adhesión serán impuestas por su orden.

Si la ejecución comprende, además, deudas no condonadas, las costas de la ejecución que continúa se impondrán conforme lo establecen los arts. 543 y 74 del C.P.C.

b) Los deudores deberán renunciar a todo tipo de acciones contra el Estado y a las defensas que se hubieran interpuesto en la ejecución. Disposición que alude a las deudas comprendidas en el periodo condonado (01/01/01 hasta 30/11/07).

Dicha interpretación resulta ser razonable, ya que lo contrario importaría una grave lesión a los derechos constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso. Además de un desconocimiento a todas las otras normas de aplicación.

La intención del legislador y la interpretación de la ley nunca pueden llevar a la pérdida de derechos, que cuentan con el amparo constitucional.

Por otra parte, la ley en discusión, concede el beneficio para las deudas originadas en el período que indica, comprendiendo las que aún no han sido ejecutadas como las que se encuentran en ejecución, como surge claramente de su articulado.

Subsumiendo: La condonación, tanto para las deudas que no ha sido requerido su pago judicialmente, como las que se encuentran en ejecución, son las comprendidas en el período entre el 01/01/01 hasta el 30/11/07 (art. 1°).

La renuncia exigida en el art.2° se refiere a las acciones que puedan deducirse contra el Estado, o excepciones interpuestas en el proceso judicial, que tengan su origen en las "deudas condonadas".

En consecuencia, el Sr. Juez a-quo deberá, respecto de las deudas ejecutadas por los períodos no comprendidos en la condonación, tratar las defensas opuestas por la ejecutada. Reiteramos, dicha condonación está referida sólo a las deudas comprendidas en el período 2001/2007, ejecutadas judicialmente o nó.

En estos autos, como ya lo indicáramos, la ejecutada a fs.12/14, plantea excepción de prescripción respecto de toda la deuda reclamada, teniendo en cuenta que ha vencido con exceso el término de cinco años que establece el Código Tributario. Pide asimismo la inconstitucionalidad de los arts. 47 y 48 de dicho Código. En subsidio, solicita la condonación parcial de la deuda, referente a la cuota 1° a 10° del año 2001 y 1° a 10° del año 2002, según la ley 7866.

En el punto I) de la sentencia apelada se admite la condonación pedida en subsidio, respecto a los períodos indicados y se imponen las costas por su orden. Esta parte de la sentencia está consentida por el apelante, que pide la derogación del punto II). Ello, por cuanto el Sr. Juez aquo, sin tratar las defensas opuestas, ordena llevar adelante la ejecución por los períodos por los que se pide se decrete la prescripción.

Corresponde en consecuencia revocar el punto II) de la sentencia apelada y mandar que el Sr. Juez aquo se pronuncie sobre la excepción de prescripción, respecto de las deudas ejecutadas anteriores al año 2001, e inconstitucionalidad de los arts. 47 y 48 del Código Tributario. Las costas en ambas instancias se imponen por el orden causado, atento a la naturaleza de la cuestión planteada (arts. 543, 74, 75, 77 y conc. del C.P.C.).

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: Admitir el recurso de apelación concedido a la demandada a fs. 28, contra el punto II) de la sentencia de fecha 29 de Setiembre de 2008, obrante a fs. 23/25 y vta., el que se revoca. En su lugar: "Ordenar que el Sr. Juez aquo se pronuncie sobre las defensas opuestas contra el resto de las deudas ejecutadas, según los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes". Costas en ambas instancias por el orden causado. Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

FDO: DR. DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. MOISES MOYA, HUMBERTO CABALLERO. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI SECRETARIA- PROT. DE SENT T° II -F° 369/372 2009-