Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2a instancia. 30de noviembre de 2009.

Buenos Aires, de de EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda interpuesta viene en apelación, en cuanto al fondo, la parte actora a tenor de su memorial de fs. 853/860, el cual ha sido replicado por la codemandada Estado Nacional -Ministerio de Economía- a fs. 862/863 y por la codemandada Edesur S.A. a fs. 865/872.

Asimismo, el perito contador a fs. 845/846 y la codemandada Edesur S.A. a fs. 843 cuestionan la regulación de honorarios.

En primer lugar examinaré los términos de la queja vertida por el actor, Eduardo Oscar Piscoppo, quien se agravia por el rechazo de su pretensión indemnizatoria con fundamento en los términos previstos por el artículo 241, LCT; esgrimiendo al efecto una serie de argumentaciones referidas a la naturaleza y efectos del instituto de la extinción por mutuo acuerdo y de la suspensión preventiva, con apoyo en citas jurisprudenciales y doctrinarias en dicho sentido. Asimismo, cuestiona el rechazo por daño moral.

En el presente caso la Sra. Juez "a quo" ha entendido que el vínculo en examen se extinguió en los términos previstos por la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 241, dado que a su criterio la prolongada conducta omisiva descripta en el pronunciamiento de grado, evidenció un comportamiento concluyente e inequívoco que se tradujo en el abandono de la relación.

Desde esta perspectiva, y sin perjuicio de las particulares aristas que presenta el caso y las características y devenir de la suspensión preventiva dispuesta por la empresa Segba en el año 1981, de los términos del escrito de inicio surge que la suspensión en cuestión cesaba cuando concluyera la causa penal contra el aquí actor por la que había sido dispuesta -ver fs. 29- lo que aconteció el 24 de abril de 2004 (ver actuación remitida en copia certificada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nro. 49, a fs. 667 vta. causa en la que el actor fue procesado por estafas reiteradas, asociación ilícita y encubrimiento) resolución en la que se decidió el sobreseimiento del actor en sede penal por prescripción de la acción.

Por tanto, y como bien lo destaca la sentenciante de grado, entre la fecha de la resolución de sobreseimiento por prescripción de la acción en sede penal -24/04/2004- y las intimaciones del mes de diciembre de 2005, transcurrió un período notablemente prolongado en el cual la nota determinante ha sido la inacción por parte del trabajador, lo que en mi opinión, deja en evidencia una voluntad concluyente por parte del actor en el sentido previsto por la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 241, que permite concluir en un acuerdo extintivo tácito del vínculo.

Por lo expuesto y no encontrando en el escrito recursivo en examen, elementos objetivos que justifiquen un apartamiento de lo decidido, propongo que se confirme la sentencia de primera instancia en este punto.

El agravio referido al daño moral no tendrá favorable acogida en atención a lo decidido precedentemente.

Las costas han sido adecuadamente impuestas al vencido conforme el principio general que rige en la materia -art.68 CPCCN- sin que se adviertan elementos objetivos que justifiquen un apartamiento de lo decidido al respecto.

En cuanto a la regulación de honorarios que ha sido cuestionada, cabe señalar que los emolumentos regulados en primera instancia resultan adecuados atento el resultado final del pleito, naturaleza y extensión de los trabajos profesionales cumplidos y pautas arancelarias vigentes, por lo que también en este aspecto propongo que se mantenga lo decidido en origen.

Las costas de esta instancia serán soportadas por el apelante vencido a cuyos efectos estimo los honorarios de los presentantes de fs. 862, fs. 865 y de fs. 853 en el 25 % de lo regulado a cada uno de ellos por los trabajos cumplidos en la etapa anterior.

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, ley 18.345, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Confirmar la sentencia apelada. II) Imponer las costas de esta instancia al apelante vencido. III) Regular los honorarios de los presentantes de fs. 862, fs. 865 y de fs. 853 en el 25% de lo regulado a cada uno de ellos por los trabajos cumplidos en la etapa anterior.JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID. BEATRIZ I. FONTANA á