Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-06-12


[[p]]///MA, 12 de junio de 2014.- VISTO: Las presentes actuciones caratuladas: "INFANTE, JUAN H. C/ MUNICIPALIDAD DE EL BOLSON S/ SUMARIO (l) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 26046/12-STJ), elevadas por la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 330/334 por la parte actora, se decide plantear y votar las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C U E S T I O N E S- - - - - - - - - - - -----1ra.- ¿Es fundado el recurso?- - - - - - - - - - - - - - - -----2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -V O T A C I Ó N- - - - - - - - - - - - A la primera cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. PICCININI dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----1.- Mediante la sentencia obrante a fs. 303/308 y su aclaratoria de fs. 326, la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche hizo lugar a la demanda y condenó a la Municipalidad de El Bolsón y -en los límites de la cobertura- a Provincia A.R.T. S.A. a resarcir los daños sufridos por el actor a raíz de un accidente de trabajo.- - - - -----Acerca del siniestro, la Cámara se limitó a decir que no se hallaba controvertida su existencia, por lo que corresponde remitir aquí a la descripción del hecho contenida tanto en el escrito de demanda como en otras piezas agregadas al expediente (tales como los dictámenes de las Comisiones Médicas Nº 9 y 18 -fs. 10/15 y 4/8, respectivamente- y el informe pericial médico de fs. 252/258). De todas ellas surge que el 22/07/06, en ocasión en que el actor se encontraba elevado, montado dentro / ///-2- del balde de una pala cargadora armando una zaranda en la cantera municipal de El Bolsón, más precisamente, cuando estaba tratando de sujetar una parte de la estructura de aproximadamente dos toneladas, esta se derrumbó y le cayó encima, lo que le provocó politraumatismos y heridas con secuelas graves en el miembro superior izquierdo y las zonas abdominal y genital, que determinaron finalmente una incapacidad permanente, total y definitiva del 85,82% de la t.o.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Seguidamente la Cámara descartó que el accidente se hubiera producido por culpa de la víctima. En tal sentido expresó que, con las declaraciones testimoniales rendidas en la causa, había quedado acreditado que el modo de trabajo del personal municipal en la cantera (al colocar la zaranda o grilla) había sido el mismo de siempre, es decir, que el actor y los testigos habían realizado sus tareas como de costumbre, sin que en esa oportunidad ni en ninguna otra hubieran recibido alguna indicación diferente o contraria ni tampoco ninguna advertencia sobre posibles riesgos.- - - - - - - - - - - - - - -----Señaló también que en la vista de causa se afirmó que en las canteras privadas se utilizan soportes de hormigón o hierro tubo que aguantan el peso que se les pueda colocar, pero que el soporte que brindaba el Municipio para apoyo de la zaranda era un poste de madera, por lo que concluyó que no se proveía al personal de los elementos de seguridad necesarios que hubieran evitado que se produjera el infortunio.- - - - - - - - - - - - -----Sentado ello, y tras considerar los precedentes "Vuoto" y "Méndez" de la Sala III de la C.N.A.T., el Tribunal de grado procedió a cuantificar el daño material -lucro cesante- y también estimó el daño moral.- - - - - - - - - - - - - - - -/// ///-3- En otro orden manifestó que, si bien en este caso se podía sostener que el empleador no tomó las medidas de higiene y seguridad propias del trabajo realizado por el actor, no se había acreditado culpa alguna, incumplimiento o negligencia de la A.R.T. que permitiera extender su responsabilidad más allá de lo que determina la Ley 24557, por lo que, en definitiva, condenó a esta a abonar las indemnizaciones debidas al trabajador hasta el límite de su cobertura en un pago único, en conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Milone" (Fallos 327:4607), donde el alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la forma de pago mediante renta periódica.- - - - - - - - - - - - -----2.- Contra lo así decidido, la parte actora interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 330/334. En dicha presentación, que reitera -en lo sustancial- los agravios que la misma parte ya había formulado en un recurso previamente deducido junto con su pedido de aclaratoria (v. fs. 310/314 vlta.), la impugnante critica lo dicho por el a quo acerca de que no se había acreditado incumplimiento, culpa o negligencia de la A.R.T., porque entiende que así se invirtió la carga probatoria, al considerar que correspondía a la actora demostrar que la aseguradora no había dispuesto medidas para evitar lo sucedido. Expresa que ese razonamiento de la Cámara, además de violar el debido proceso y la defensa en juicio, torna arbitrario el decisorio, toda vez que impone a la actora la carga de acreditar un hecho negativo -lo que la aseguradora no hizo-, violando así el principio de la carga dinámica de la prueba, puesto que era la A.R.T. la que se encontraba en mejor posición para acreditar el pleno cumplimiento de sus obligaciones legales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -/// ///-4- Agrega que, para eximirse de la responsabilidad que surge del articulado del Código Civil (1074, 1107, 1109, ss. y ccdtes.), la aseguradora debió probar el cumplimiento efectivo de las obligaciones que le imponen las normas contractuales y legales. En tal sentido, afirma que uno de los objetivos esenciales de la L.R.T. es la reducción de la siniestralidad a través de la prevención de los riesgos laborales (art. 1, apart. 2, inc. a de la L.R.T.), en cuyo marco el sistema impone obligaciones concretas en cabeza de las A.R.T.; en el caso, la aseguradora debía denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos de la empleadora y ofrecerle asistencia técnica a esta última en materia de selección de elementos de protección personal del trabajador.- - - - - - - - -----En ese orden de ideas, manifiesta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un pronunciamiento trascendente en la causa "Torrillo" (del 31.03.09, Fallos 332:709), en el cual sentó la doctrina definitiva de que las aseguradoras de riesgos del trabajo deben responder civilmente por los daños que sufra un trabajador a raíz de una enfermedad o accidente laboral, siempre que se demuestre la existencia de un nexo de causalidad entre el daño en la persona y la omisión o deficiencia en el cumplimiento por parte de la A.R.T. de sus deberes legales en materia de prevención y seguridad en el trabajo.- - - - - - - - -----En otra dirección argumental, cuestiona que se haya dispuesto que la indemnización a cargo de la A.R.T. deba determinarse mediante la aplicación de la fórmula de cálculo prevista en el Anexo de la Resolución Nº 29346 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y que la Cámara hubiera omitido pronunciarse acerca del rubro "compensación dineraria de pago único" del art. 11, inc. 4, ap. b de la /// ///-5- L.R.T., incrementada por el Decreto 1694/09, incluido en el punto 2 de la liquidación practicada en la demanda.- - - - - -----3.- Ingresando en el tratamiento del recurso habré de comenzar señalando que, si bien -en principio- las aseguradoras de riesgos del trabajo no deben responder más allá de los límites de la cobertura emergente del seguro contratado (donf. doctr. de este STJRN in re: "MORA POLANCO", Se. Nº 73/05 y "SEPÚLVEDA", Se. Nº 57/05, entre otros), nada obsta a que si hubo daño sufrido por un empleado a raíz de un accidente de trabajo y se puede establecer la existencia de una relación causal entre este y una inactividad o deficiente actividad controladora de la aseguradora, ella pueda y/o deba ser responsabilizada en los términos del art. 1074 del Código Civil (in re: "MOYANO", Se. Nº 110 del 18.12.07; "PREVENCIÓN A.R.T. S.A.", Se. Nº 31 del 22.07.13).- - - - - - - - - - - - - - - - -----La responsabilidad de la A.R.T. en estos casos comprende la obligación de abonar a la víctima del infortunio -o a sus derechohabientes- el resarcimiento pleno con base en la normativa civil e independientemente del otorgamiento de las prestaciones en especie de la L.R.T.- - - - - - - - - - - - - - -----Como se advierte, se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual subjetiva frente al trabajador o sus derechohabientes, en el que se debe probar la culpabilidad en sentido amplio, es decir, abarcativa del dolo o de la culpa, por omisión de la A.R.T. y su intervención en el nexo causal (véase Ricardo A. Foglia, capítulo 12 "B": "Acciones fuera de la regulación de la L.R.T.", en la obra colectiva "Riesgos del Trabajo", dirigida por Jorge Rodríguez Mancini y Ricardo A. Foglia, La Ley, 2008, pág. 656).- - - - - -----El art. 1074 del Código Civil expresa textualmente: /// ///-6- "Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Las aseguradoras tienen el deber de prevención de los riesgos de trabajo a través del control de las condiciones de seguridad que surge de la Ley 24557. Las medidas de prevención referidas en el art. 4.1 de la ley precitada se encuentran determinadas en la misma ley y en sus normas reglamentarias, en especial, el Decreto 170/96, como así también en la Ley 19587 y sus reglamentarias. Esta última establece que la higiene y seguridad en el trabajo comprenden las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias y de tutela que tengan por objeto proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores (4 inc. a).- - - - - - - - - - -----Si bien el deber de prevención que surge de la Ley 19587 es preexistente a la L.R.T., debe ser tomado en sentido integral, principalmente porque es una condición que produce efectos dentro del sistema de esta última; por lo tanto, las medidas referidas en aquella no pueden resultar totalmente ajenas a las aseguradoras.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----No debe olvidarse que el objetivo primordial de la Ley de Riesgos de Trabajo es la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo (art. 1.2.a), y que tanto las aseguradoras como los trabajadores y los empleadores son quienes deben adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente el riesgo (art. 4.1 de la L.R.T.).- - - - - - - - - - - - - - - - -----En tal sentido, la reglamentación de la L.R.T. (decreto 170/96) instruyó a las aseguradoras y los empleadores a /// ///-7- acordar un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, a la vez que detalló diversos aspectos de este; en particular, previó tanto que debía ser redactado "en lenguaje claro, procurando evitar el uso de conceptos equívocos, de modo que el empleador pueda comprender con claridad sus compromisos e identificar los aspectos que debe mejorar para adecuarse a la legislación vigente" (art. 5), como que su marcha debía ser vigilada por las A.R.T. "en los lugares de trabajo, dejando constancia de sus visitas y de las observaciones efectuadas en el formulario que a tal fin disponga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo", lo cual implica verificar el mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados con el plan (art. 19). Asimismo, el citado decreto también estableció que las aseguradoras debían brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados en las siguientes materias: a) determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato; b) normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo; c) selección de elementos de protección personal, y d) suministro de información relacionada con la seguridad en el empleo de productos químicos y biológicos (art. 18).- - - - - - - - - - - -----Respecto de las circunstancias concretas del caso de autos cabe advertir que, si bien la Cámara claramente le asignó responsabilidad subjetiva a la empleadora por no haber brindado los elementos más aptos y seguros en resguardo de la integridad física de sus trabajadores (art. 1109 del Cód. Civ.), al mismo tiempo eximió de toda responsabilidad extra-sistémica a la A.R.T., por considerar que de su parte no había habido culpa,// ///-8- incumplimiento o negligencia que pudiera hacerla responsable más allá de los límites de la cobertura (v. fs. 305, párrafos primero y tercero).- - - - - - - - - - - - - - - -----Tal afirmación parece dar la idea de que la A.R.T. fue diligente en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención (porque, por ejemplo, realizó inspecciones, informó sobre medidas de seguridad, elaboró un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, impartió cursos en cumplimiento de dicho plan, etc.) y la empleadora fue reticente a cumplir y ejecutar las medidas aconsejadas por la aseguradora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Sin embargo, nada de ello fue siquiera invocado, y mucho menos probado, por la A.R.T.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Muy por el contrario, de la prueba documental aportada por la Municipalidad de El Bolsón -no desconcocida por las otras partes- solo surge que recién con posterioridad al siniestro, el 30.08.06, la A.R.T. realizó una visita al establecimiento y formuló las siguientes recomendaciones: a) prohibir el transporte de personas en máquinas cargadoras, retroexcavadoras, topadoras, tractores u otros similares; b) autorizar el uso de las máquinas tipo viales solamente a los operadores capacitados y habilitados para tal fin; c) disponer del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de acuerdo con el Decreto 1338/96 para capacitar a los operadores de máquinas cargadoras, retroexcavadoras, topadoras, tractores u otras similares a efectos de no llevar personal dentro y/o sobre su estructura (carrocería), como así también informarlos sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos y las medidas preventivas; d) proveer de arnés de seguridad a los operarios que trabajen en altura y controlar su uso correcto; / ///-9- e) disponer del Servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo de acuerdo con el Decreto 1338/96 para capacitar al personal que realiza tareas en altura sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos, las medidas preventivas y el uso de arnés de seguridad; f) utilizar zarandas adecuadas para las tareas de separación de áridos, evitando estructuras con sobrepeso con el objetivo de mejorar su traslado y montaje; g) disponer del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de acuerdo con el Decreto 1338/96 para capacitar al personal que realiza tareas de montaje y desmontaje de zarandas u otras estructuras similares; h) disponer del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para realizar procedimientos de trabajo seguros en altura y capacitar al personal sobre los riesgos y las medidas preventivas, e i) disponer del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo con el objetivo de realizar procedimientos de trabajo seguros para la implementación y utilización de zarandas y otras estructuras similares, incluyendo construcción, traslado, montaje y desmontaje de estas, los riesgos y las medidas preventivas (fs. 199/201).- - -----En lo sustancial, la defensa ensayada por la A.R.T. en ocasión de contestar el traslado del recurso en examen pasa por distinguir entre "obligación de seguridad" por un lado, exclusivamente a cargo del empleador, y "obligación de prevención" por el otro, a cargo del empleador y la aseguradora, y por enfatizar que en autos solo se habría probado el incumpliento de la primera, respecto de la cual la aseguradora nada podría haber hecho por carecer de las funciones -y facultades- de un inspector de trabajo. También refiere que en ningún momento el actor fundó su demanda en el art. 1074 del Código Civil, y solo se limitó a atribuirle /// ///-10- responsabilidad por no haber cumplido sus obligaciones de prevención, sin siquiera hacer referencia a concretos incumplimientos de su parte (v. fs. 343 vlta./344).- - - - - - -----Empezando por esto último baste señalar que, si bien es verdadero que el actor no indicó como fundamento de derecho de su demanda el art. 1074 del Código Civil, ciertamente introdujo los argumentos suficientes para centrar el debate en la eventual concurrencia de un supuesto de responsabilidad extracontractual de la aseguradora (v. fs. 41 vlta. y fs. 42), lo que descarta cualquier eventual violación del principio de congruencia y, naturalmente también, cualquier posibilidad de afectación del debido proceso y la defensa en juicio.- - - - - -----Sobre la cuestión de que la actora no señaló concretamente cuál había sido la omisión de la A.R.T., ya que se habría limitado a mencionar genéricamente el incumplimiento de su deber de prevención, cabe decir que, con apoyo en la doctrina de la Corte sentada en la causa "Torrillo" (ya citada), aquella invocó los deberes que surgen de la normativa legal y reglamentaria (que no son otros que los del art. 4 de la L.R.T. y del Decreto 170/96), los que identificó como deberes de control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visitas a los lugares de trabajo y denuncia (fs. 42).- - - - - - - - - - -----Por lo demás, la exención de responsabilidad pretendida por la A.R.T. con fundamento en que ella no podría obligar a los empleadores a cumplir determinadas normas de seguridad pasa por alto dos reflexiones expresamente señaladas por la Corte en la causa "Torrillo": por un lado, que no es misión de las A.R.T. sancionar incumplimientos o imponer cumplimientos, /// ///-11- sino lo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que estos, y los riesgos que le son anejos, puedan evitarse y, por el otro, que no es propio de las A.R.T. permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas (consid. 8º).- - - - - - - - - - - - - - -----De todo lo expuesto previamente se sigue el incumplimiento patente de las obligaciones que surgen de los arts. 4.1 de la L.R.T., 8 de la Ley 19587 y 18, 19 y ccdtes. del Decreto 170/96. Asimismo, resulta igualmente cierta la posibilidad de que, en caso de haberse desplegado previamente todo el plan de acción recién formulado luego de sucedido el siniestro, este podría haberse evitado o su entidad eventualmente podría haberse visto mermada, todo lo cual habilita la condena de la A.R.T. con fundamento en lo dispuesto por el art. 1074 del Código Civil (proyección de la doctrina de la C.S.J.N. en las causas "Soria", Fallos 330:1550; "Galván", Fallos 330:4633; "Torrillo", Fallos 332:709 y "Naval", Fallos 334:573).- - - - -----4.- La solución propuesta torna inoficioso adentrarse en la consideración de los demás agravios referidos a los alcances y la cuantificación de las prestaciones dinerarias que habrían correspondido al actor de acuerdo con las normas de la L.R.T., porque tales sumas quedan subsumidas en la reparación integral discernida con fundamento en las normas del derecho común, por la que ahora habrá de responder solidariamente la A.R.T. Si así no fuera, se estaría indemnizando dos veces lo mismo, lo que conduciría a un enriquecimiento sin causa del acreedor. VOTO POR LA AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /// ///-12- Adhiero a la solución que propone la colega que me precede en el orden de votación.- - - - - - - - - - - - - - - - -----En el caso que nos ocupa, el obrar omisivo ilícito de la aseguradora introdujo una condición eficaz y relevante para la producción del resultado dañoso. En consecuencia, entre aquel y este se configura un nexo causal adecuado -aunque no excluyente- que nos permite tener por reunidos los presupuestos de admisibilidad de la pretensión resarcitoria.- - - - - - - - -----El relato de los hechos que el Tribunal de grado tiene por acreditados para fundar su condena al Municipio (fs. 303/305) pone en evidencia una situación de precariedad e inseguridad en el trabajo que no pudo ser soslayada por la A.R.T., que recién con posterioridad al siniestro (según constancias de autos) realizó una visita al establecimiento. Las numerosas recomendaciones que entonces realizó no hacen más que exteriorizar la trascendencia jurídica de su obrar omisivo ilícito anterior (en especial, incumplimiento de los deberes previstos en los arts. 4 y 31 de la Ley 24557 y Dec. 170/96) y su decisiva intervención en la producción del siniestro y/o extensión de sus consecuencias dañosas.- - - - - - - - - - - - -----Ricardo Foglia indica que el estudio de esta compleja situación requiere de la aplicación de las reglas que regulan la causalidad de autoría, que tienen por finalidad establecer quién es el autor material de un hecho o, eventualmente, su participación en este. Al respecto explica: "La causación de autoría es el elemento que conecta un hecho atribuible a un sujeto (atribuibilidad) objetivamente antijurídico (antijuridicidad objetiva) y subjetivamente imputable y culpable (culpabilidad) con un daño determinado. En tal sentido cabe señalar que el daño es generado por el empleador, pero /// ///-13- es posible que la acción esperada de la ART hubiera evitado o disminuido el mismo. Por ello como señala Bueres \'. sin perjuicio de la existencia previa de un proceso causal que desencadena el daño, la falta de interposición del omitente para conjurarlo cuando el ordenamiento se lo impone, tiene virtualidad suficiente para considerar que hay relación causal\'" (autor citado, capítulo 12 "B": "Acciones fuera de la regulación de la L.R.T.", en la obra colectiva "Riesgos del Trabajo", dirigida por Jorge Rodríguez Mancini y Ricardo A. Foglia, La Ley, 2008, pág. 661).- - - - - - - - - - - - - - - - -----En el caso que nos ocupa, la omisión de la A.R.T. respecto de sus deberes de información, visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas de prevención, definición de medidas correctivas para reducir los riesgos identificados, capacitación y demás enumerados en el voto ponente (acciones esas que -reitero- recién ejecutó en parte con posterioridad -y seguramente a raíz- del siniestro), fue una condición adecuada para que el daño se produjera, aun cuando su causa activa haya correspondido al empleador, Municipalidad de El Bolsón (conf. Ricardo Folgia, op cit., págs. 661/662).- - - - - - - - - - - - -----En dicho contexto, con sustento en los arts. 512, 901 a 906, 1074 y concordantes del Código Civil, y en conformidad con la doctrina vigente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente "Torrillo" (Fallos 332:709), corresponde hacer lugar al recurso y condenar solidariamente a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo. MI VOTO.- - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ADHIERO a los fundamentos vertidos por los señores Jueces preopinantes y VOTO EN IGUAL SENTIDO.- - - - - - - - - - - -/// ///-14- A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Atento a la coincidencia de los votos precedentes, ME ABSTENGO de emitir opinión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. PICCININI dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----De acuerdo con lo expuesto al tratar la primera cuestión, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, extender solidariamente a Provincia A.R.T. S.A. la condena recaída en estos autos sobre la Municipalidad de El Bolsón (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm. y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504). También propicio que las costas de esta instancia se impongan a la aseguradora vencida (art. 68 del CPCCm). Por último, propongo que se regulen los honorarios del Víctor Hugo Massimino en el 30% de los que le correspondan en la instancia de origen y los de los doctores Oscar R. Lozano, Natacha Vázquez y Marcela González Abdala -en conjunto- en el 25% calculados de idéntico modo (arts. 15 y ccdtes. de la L.A.). ASÍ VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión los señores Jueces doctores Ricardo A. APCARIÁN y Sergio M. BAROTTO dijeron: - - - - - - - - - - - - - -----ADHERIMOS a la solución propuesta en el voto precedente.- A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 L.O.).- - - - - - - -----Se deja debida constancia de que se firma la presente en los términos que autoriza el segundo párrafo del art. 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atento a la licencia por compensación de feria de la señora Jueza doctora Adriana C. /// ///-15- ZARATIEGUI.[[/p]][[p]]-----Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:[[/p]][[p]]Primero: Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, extender solidariamente a Provincia A.R.T. S.A. la condena recaída en estos autos sobre la Municipalidad de El Bolsón (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm. y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Segundo: Imponer las costas de esta instancia a la aseguradora vencida (art. 68 del CPCCm).- - - - - - - - - - - - - - - - - - Tercero: Regular los honorarios del Víctor Hugo Massimino en el 30% de los que le correspondan en la instancia de origen y los de los doctores Oscar R. Lozano, Natacha Vázquez y Marcela González Abdala -en conjunto- en el 25% calculados de idéntico modo (arts. 15 y ccdtes. de la L.A.), los que deberán abonarse en el plazo de diez (10) días. Notifíquese a la Caja Forense y cúmplase con la ley 869.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuarto: Registrar, notificar y oportunamente devolver.- - - - -   LILIANA LAURA PICCININI -Jueza- RICARDO A. APCARIAN -Juez- SERGIO M. BAROTTO -Juez- ENRIQUE J. MANSILLA -Juez en abstención-  ANTE MI: GUSTAVO GUERRA LABAYEN -Secretario-  TOMO: I SENTENCIA: 34 FOLIO N°: 259 a 273 SECRETARIA: 3[[/p]]
[[p]]///MA, 12 de junio de 2014.- VISTO: Las presentes actuciones caratuladas: "INFANTE, JUAN H. C/ MUNICIPALIDAD DE EL BOLSON S/ SUMARIO (l) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 26046/12-STJ), elevadas por la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 330/334 por la parte actora, se decide plantear y votar las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C U E S T I O N E S- - - - - - - - - - - -----1ra.- ¿Es fundado el recurso?- - - - - - - - - - - - - - - -----2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -V O T A C I Ó N- - - - - - - - - - - - A la primera cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. PICCININI dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----1.- Mediante la sentencia obrante a fs. 303/308 y su aclaratoria de fs. 326, la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche hizo lugar a la demanda y condenó a la Municipalidad de El Bolsón y -en los límites de la cobertura- a Provincia A.R.T. S.A. a resarcir los daños sufridos por el actor a raíz de un accidente de trabajo.- - - - -----Acerca del siniestro, la Cámara se limitó a decir que no se hallaba controvertida su existencia, por lo que corresponde remitir aquí a la descripción del hecho contenida tanto en el escrito de demanda como en otras piezas agregadas al expediente (tales como los dictámenes de las Comisiones Médicas Nº 9 y 18 -fs. 10/15 y 4/8, respectivamente- y el informe pericial médico de fs. 252/258). De todas ellas surge que el 22/07/06, en ocasión en que el actor se encontraba elevado, montado dentro / ///-2- del balde de una pala cargadora armando una zaranda en la cantera municipal de El Bolsón, más precisamente, cuando estaba tratando de sujetar una parte de la estructura de aproximadamente dos toneladas, esta se derrumbó y le cayó encima, lo que le provocó politraumatismos y heridas con secuelas graves en el miembro superior izquierdo y las zonas abdominal y genital, que determinaron finalmente una incapacidad permanente, total y definitiva del 85,82% de la t.o.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Seguidamente la Cámara descartó que el accidente se hubiera producido por culpa de la víctima. En tal sentido expresó que, con las declaraciones testimoniales rendidas en la causa, había quedado acreditado que el modo de trabajo del personal municipal en la cantera (al colocar la zaranda o grilla) había sido el mismo de siempre, es decir, que el actor y los testigos habían realizado sus tareas como de costumbre, sin que en esa oportunidad ni en ninguna otra hubieran recibido alguna indicación diferente o contraria ni tampoco ninguna advertencia sobre posibles riesgos.- - - - - - - - - - - - - - -----Señaló también que en la vista de causa se afirmó que en las canteras privadas se utilizan soportes de hormigón o hierro tubo que aguantan el peso que se les pueda colocar, pero que el soporte que brindaba el Municipio para apoyo de la zaranda era un poste de madera, por lo que concluyó que no se proveía al personal de los elementos de seguridad necesarios que hubieran evitado que se produjera el infortunio.- - - - - - - - - - - - -----Sentado ello, y tras considerar los precedentes "Vuoto" y "Méndez" de la Sala III de la C.N.A.T., el Tribunal de grado procedió a cuantificar el daño material -lucro cesante- y también estimó el daño moral.- - - - - - - - - - - - - - - -/// ///-3- En otro orden manifestó que, si bien en este caso se podía sostener que el empleador no tomó las medidas de higiene y seguridad propias del trabajo realizado por el actor, no se había acreditado culpa alguna, incumplimiento o negligencia de la A.R.T. que permitiera extender su responsabilidad más allá de lo que determina la Ley 24557, por lo que, en definitiva, condenó a esta a abonar las indemnizaciones debidas al trabajador hasta el límite de su cobertura en un pago único, en conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Milone" (Fallos 327:4607), donde el alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la forma de pago mediante renta periódica.- - - - - - - - - - - - -----2.- Contra lo así decidido, la parte actora interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 330/334. En dicha presentación, que reitera -en lo sustancial- los agravios que la misma parte ya había formulado en un recurso previamente deducido junto con su pedido de aclaratoria (v. fs. 310/314 vlta.), la impugnante critica lo dicho por el a quo acerca de que no se había acreditado incumplimiento, culpa o negligencia de la A.R.T., porque entiende que así se invirtió la carga probatoria, al considerar que correspondía a la actora demostrar que la aseguradora no había dispuesto medidas para evitar lo sucedido. Expresa que ese razonamiento de la Cámara, además de violar el debido proceso y la defensa en juicio, torna arbitrario el decisorio, toda vez que impone a la actora la carga de acreditar un hecho negativo -lo que la aseguradora no hizo-, violando así el principio de la carga dinámica de la prueba, puesto que era la A.R.T. la que se encontraba en mejor posición para acreditar el pleno cumplimiento de sus obligaciones legales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -/// ///-4- Agrega que, para eximirse de la responsabilidad que surge del articulado del Código Civil (1074, 1107, 1109, ss. y ccdtes.), la aseguradora debió probar el cumplimiento efectivo de las obligaciones que le imponen las normas contractuales y legales. En tal sentido, afirma que uno de los objetivos esenciales de la L.R.T. es la reducción de la siniestralidad a través de la prevención de los riesgos laborales (art. 1, apart. 2, inc. a de la L.R.T.), en cuyo marco el sistema impone obligaciones concretas en cabeza de las A.R.T.; en el caso, la aseguradora debía denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos de la empleadora y ofrecerle asistencia técnica a esta última en materia de selección de elementos de protección personal del trabajador.- - - - - - - - -----En ese orden de ideas, manifiesta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un pronunciamiento trascendente en la causa "Torrillo" (del 31.03.09, Fallos 332:709), en el cual sentó la doctrina definitiva de que las aseguradoras de riesgos del trabajo deben responder civilmente por los daños que sufra un trabajador a raíz de una enfermedad o accidente laboral, siempre que se demuestre la existencia de un nexo de causalidad entre el daño en la persona y la omisión o deficiencia en el cumplimiento por parte de la A.R.T. de sus deberes legales en materia de prevención y seguridad en el trabajo.- - - - - - - - -----En otra dirección argumental, cuestiona que se haya dispuesto que la indemnización a cargo de la A.R.T. deba determinarse mediante la aplicación de la fórmula de cálculo prevista en el Anexo de la Resolución Nº 29346 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y que la Cámara hubiera omitido pronunciarse acerca del rubro "compensación dineraria de pago único" del art. 11, inc. 4, ap. b de la /// ///-5- L.R.T., incrementada por el Decreto 1694/09, incluido en el punto 2 de la liquidación practicada en la demanda.- - - - - -----3.- Ingresando en el tratamiento del recurso habré de comenzar señalando que, si bien -en principio- las aseguradoras de riesgos del trabajo no deben responder más allá de los límites de la cobertura emergente del seguro contratado (donf. doctr. de este STJRN in re: "MORA POLANCO", Se. Nº 73/05 y "SEPÚLVEDA", Se. Nº 57/05, entre otros), nada obsta a que si hubo daño sufrido por un empleado a raíz de un accidente de trabajo y se puede establecer la existencia de una relación causal entre este y una inactividad o deficiente actividad controladora de la aseguradora, ella pueda y/o deba ser responsabilizada en los términos del art. 1074 del Código Civil (in re: "MOYANO", Se. Nº 110 del 18.12.07; "PREVENCIÓN A.R.T. S.A.", Se. Nº 31 del 22.07.13).- - - - - - - - - - - - - - - - -----La responsabilidad de la A.R.T. en estos casos comprende la obligación de abonar a la víctima del infortunio -o a sus derechohabientes- el resarcimiento pleno con base en la normativa civil e independientemente del otorgamiento de las prestaciones en especie de la L.R.T.- - - - - - - - - - - - - - -----Como se advierte, se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual subjetiva frente al trabajador o sus derechohabientes, en el que se debe probar la culpabilidad en sentido amplio, es decir, abarcativa del dolo o de la culpa, por omisión de la A.R.T. y su intervención en el nexo causal (véase Ricardo A. Foglia, capítulo 12 "B": "Acciones fuera de la regulación de la L.R.T.", en la obra colectiva "Riesgos del Trabajo", dirigida por Jorge Rodríguez Mancini y Ricardo A. Foglia, La Ley, 2008, pág. 656).- - - - - -----El art. 1074 del Código Civil expresa textualmente: /// ///-6- "Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Las aseguradoras tienen el deber de prevención de los riesgos de trabajo a través del control de las condiciones de seguridad que surge de la Ley 24557. Las medidas de prevención referidas en el art. 4.1 de la ley precitada se encuentran determinadas en la misma ley y en sus normas reglamentarias, en especial, el Decreto 170/96, como así también en la Ley 19587 y sus reglamentarias. Esta última establece que la higiene y seguridad en el trabajo comprenden las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias y de tutela que tengan por objeto proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores (4 inc. a).- - - - - - - - - - -----Si bien el deber de prevención que surge de la Ley 19587 es preexistente a la L.R.T., debe ser tomado en sentido integral, principalmente porque es una condición que produce efectos dentro del sistema de esta última; por lo tanto, las medidas referidas en aquella no pueden resultar totalmente ajenas a las aseguradoras.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----No debe olvidarse que el objetivo primordial de la Ley de Riesgos de Trabajo es la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo (art. 1.2.a), y que tanto las aseguradoras como los trabajadores y los empleadores son quienes deben adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente el riesgo (art. 4.1 de la L.R.T.).- - - - - - - - - - - - - - - - -----En tal sentido, la reglamentación de la L.R.T. (decreto 170/96) instruyó a las aseguradoras y los empleadores a /// ///-7- acordar un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, a la vez que detalló diversos aspectos de este; en particular, previó tanto que debía ser redactado "en lenguaje claro, procurando evitar el uso de conceptos equívocos, de modo que el empleador pueda comprender con claridad sus compromisos e identificar los aspectos que debe mejorar para adecuarse a la legislación vigente" (art. 5), como que su marcha debía ser vigilada por las A.R.T. "en los lugares de trabajo, dejando constancia de sus visitas y de las observaciones efectuadas en el formulario que a tal fin disponga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo", lo cual implica verificar el mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados con el plan (art. 19). Asimismo, el citado decreto también estableció que las aseguradoras debían brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados en las siguientes materias: a) determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato; b) normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo; c) selección de elementos de protección personal, y d) suministro de información relacionada con la seguridad en el empleo de productos químicos y biológicos (art. 18).- - - - - - - - - - - -----Respecto de las circunstancias concretas del caso de autos cabe advertir que, si bien la Cámara claramente le asignó responsabilidad subjetiva a la empleadora por no haber brindado los elementos más aptos y seguros en resguardo de la integridad física de sus trabajadores (art. 1109 del Cód. Civ.), al mismo tiempo eximió de toda responsabilidad extra-sistémica a la A.R.T., por considerar que de su parte no había habido culpa,// ///-8- incumplimiento o negligencia que pudiera hacerla responsable más allá de los límites de la cobertura (v. fs. 305, párrafos primero y tercero).- - - - - - - - - - - - - - - -----Tal afirmación parece dar la idea de que la A.R.T. fue diligente en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención (porque, por ejemplo, realizó inspecciones, informó sobre medidas de seguridad, elaboró un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, impartió cursos en cumplimiento de dicho plan, etc.) y la empleadora fue reticente a cumplir y ejecutar las medidas aconsejadas por la aseguradora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Sin embargo, nada de ello fue siquiera invocado, y mucho menos probado, por la A.R.T.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Muy por el contrario, de la prueba documental aportada por la Municipalidad de El Bolsón -no desconcocida por las otras partes- solo surge que recién con posterioridad al siniestro, el 30.08.06, la A.R.T. realizó una visita al establecimiento y formuló las siguientes recomendaciones: a) prohibir el transporte de personas en máquinas cargadoras, retroexcavadoras, topadoras, tractores u otros similares; b) autorizar el uso de las máquinas tipo viales solamente a los operadores capacitados y habilitados para tal fin; c) disponer del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de acuerdo con el Decreto 1338/96 para capacitar a los operadores de máquinas cargadoras, retroexcavadoras, topadoras, tractores u otras similares a efectos de no llevar personal dentro y/o sobre su estructura (carrocería), como así también informarlos sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos y las medidas preventivas; d) proveer de arnés de seguridad a los operarios que trabajen en altura y controlar su uso correcto; / ///-9- e) disponer del Servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo de acuerdo con el Decreto 1338/96 para capacitar al personal que realiza tareas en altura sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos, las medidas preventivas y el uso de arnés de seguridad; f) utilizar zarandas adecuadas para las tareas de separación de áridos, evitando estructuras con sobrepeso con el objetivo de mejorar su traslado y montaje; g) disponer del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de acuerdo con el Decreto 1338/96 para capacitar al personal que realiza tareas de montaje y desmontaje de zarandas u otras estructuras similares; h) disponer del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para realizar procedimientos de trabajo seguros en altura y capacitar al personal sobre los riesgos y las medidas preventivas, e i) disponer del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo con el objetivo de realizar procedimientos de trabajo seguros para la implementación y utilización de zarandas y otras estructuras similares, incluyendo construcción, traslado, montaje y desmontaje de estas, los riesgos y las medidas preventivas (fs. 199/201).- - -----En lo sustancial, la defensa ensayada por la A.R.T. en ocasión de contestar el traslado del recurso en examen pasa por distinguir entre "obligación de seguridad" por un lado, exclusivamente a cargo del empleador, y "obligación de prevención" por el otro, a cargo del empleador y la aseguradora, y por enfatizar que en autos solo se habría probado el incumpliento de la primera, respecto de la cual la aseguradora nada podría haber hecho por carecer de las funciones -y facultades- de un inspector de trabajo. También refiere que en ningún momento el actor fundó su demanda en el art. 1074 del Código Civil, y solo se limitó a atribuirle /// ///-10- responsabilidad por no haber cumplido sus obligaciones de prevención, sin siquiera hacer referencia a concretos incumplimientos de su parte (v. fs. 343 vlta./344).- - - - - - -----Empezando por esto último baste señalar que, si bien es verdadero que el actor no indicó como fundamento de derecho de su demanda el art. 1074 del Código Civil, ciertamente introdujo los argumentos suficientes para centrar el debate en la eventual concurrencia de un supuesto de responsabilidad extracontractual de la aseguradora (v. fs. 41 vlta. y fs. 42), lo que descarta cualquier eventual violación del principio de congruencia y, naturalmente también, cualquier posibilidad de afectación del debido proceso y la defensa en juicio.- - - - - -----Sobre la cuestión de que la actora no señaló concretamente cuál había sido la omisión de la A.R.T., ya que se habría limitado a mencionar genéricamente el incumplimiento de su deber de prevención, cabe decir que, con apoyo en la doctrina de la Corte sentada en la causa "Torrillo" (ya citada), aquella invocó los deberes que surgen de la normativa legal y reglamentaria (que no son otros que los del art. 4 de la L.R.T. y del Decreto 170/96), los que identificó como deberes de control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visitas a los lugares de trabajo y denuncia (fs. 42).- - - - - - - - - - -----Por lo demás, la exención de responsabilidad pretendida por la A.R.T. con fundamento en que ella no podría obligar a los empleadores a cumplir determinadas normas de seguridad pasa por alto dos reflexiones expresamente señaladas por la Corte en la causa "Torrillo": por un lado, que no es misión de las A.R.T. sancionar incumplimientos o imponer cumplimientos, /// ///-11- sino lo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que estos, y los riesgos que le son anejos, puedan evitarse y, por el otro, que no es propio de las A.R.T. permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas (consid. 8º).- - - - - - - - - - - - - - -----De todo lo expuesto previamente se sigue el incumplimiento patente de las obligaciones que surgen de los arts. 4.1 de la L.R.T., 8 de la Ley 19587 y 18, 19 y ccdtes. del Decreto 170/96. Asimismo, resulta igualmente cierta la posibilidad de que, en caso de haberse desplegado previamente todo el plan de acción recién formulado luego de sucedido el siniestro, este podría haberse evitado o su entidad eventualmente podría haberse visto mermada, todo lo cual habilita la condena de la A.R.T. con fundamento en lo dispuesto por el art. 1074 del Código Civil (proyección de la doctrina de la C.S.J.N. en las causas "Soria", Fallos 330:1550; "Galván", Fallos 330:4633; "Torrillo", Fallos 332:709 y "Naval", Fallos 334:573).- - - - -----4.- La solución propuesta torna inoficioso adentrarse en la consideración de los demás agravios referidos a los alcances y la cuantificación de las prestaciones dinerarias que habrían correspondido al actor de acuerdo con las normas de la L.R.T., porque tales sumas quedan subsumidas en la reparación integral discernida con fundamento en las normas del derecho común, por la que ahora habrá de responder solidariamente la A.R.T. Si así no fuera, se estaría indemnizando dos veces lo mismo, lo que conduciría a un enriquecimiento sin causa del acreedor. VOTO POR LA AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /// ///-12- Adhiero a la solución que propone la colega que me precede en el orden de votación.- - - - - - - - - - - - - - - - -----En el caso que nos ocupa, el obrar omisivo ilícito de la aseguradora introdujo una condición eficaz y relevante para la producción del resultado dañoso. En consecuencia, entre aquel y este se configura un nexo causal adecuado -aunque no excluyente- que nos permite tener por reunidos los presupuestos de admisibilidad de la pretensión resarcitoria.- - - - - - - - -----El relato de los hechos que el Tribunal de grado tiene por acreditados para fundar su condena al Municipio (fs. 303/305) pone en evidencia una situación de precariedad e inseguridad en el trabajo que no pudo ser soslayada por la A.R.T., que recién con posterioridad al siniestro (según constancias de autos) realizó una visita al establecimiento. Las numerosas recomendaciones que entonces realizó no hacen más que exteriorizar la trascendencia jurídica de su obrar omisivo ilícito anterior (en especial, incumplimiento de los deberes previstos en los arts. 4 y 31 de la Ley 24557 y Dec. 170/96) y su decisiva intervención en la producción del siniestro y/o extensión de sus consecuencias dañosas.- - - - - - - - - - - - -----Ricardo Foglia indica que el estudio de esta compleja situación requiere de la aplicación de las reglas que regulan la causalidad de autoría, que tienen por finalidad establecer quién es el autor material de un hecho o, eventualmente, su participación en este. Al respecto explica: "La causación de autoría es el elemento que conecta un hecho atribuible a un sujeto (atribuibilidad) objetivamente antijurídico (antijuridicidad objetiva) y subjetivamente imputable y culpable (culpabilidad) con un daño determinado. En tal sentido cabe señalar que el daño es generado por el empleador, pero /// ///-13- es posible que la acción esperada de la ART hubiera evitado o disminuido el mismo. Por ello como señala Bueres \'. sin perjuicio de la existencia previa de un proceso causal que desencadena el daño, la falta de interposición del omitente para conjurarlo cuando el ordenamiento se lo impone, tiene virtualidad suficiente para considerar que hay relación causal\'" (autor citado, capítulo 12 "B": "Acciones fuera de la regulación de la L.R.T.", en la obra colectiva "Riesgos del Trabajo", dirigida por Jorge Rodríguez Mancini y Ricardo A. Foglia, La Ley, 2008, pág. 661).- - - - - - - - - - - - - - - - -----En el caso que nos ocupa, la omisión de la A.R.T. respecto de sus deberes de información, visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas de prevención, definición de medidas correctivas para reducir los riesgos identificados, capacitación y demás enumerados en el voto ponente (acciones esas que -reitero- recién ejecutó en parte con posterioridad -y seguramente a raíz- del siniestro), fue una condición adecuada para que el daño se produjera, aun cuando su causa activa haya correspondido al empleador, Municipalidad de El Bolsón (conf. Ricardo Folgia, op cit., págs. 661/662).- - - - - - - - - - - - -----En dicho contexto, con sustento en los arts. 512, 901 a 906, 1074 y concordantes del Código Civil, y en conformidad con la doctrina vigente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente "Torrillo" (Fallos 332:709), corresponde hacer lugar al recurso y condenar solidariamente a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo. MI VOTO.- - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ADHIERO a los fundamentos vertidos por los señores Jueces preopinantes y VOTO EN IGUAL SENTIDO.- - - - - - - - - - - -/// ///-14- A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Atento a la coincidencia de los votos precedentes, ME ABSTENGO de emitir opinión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. PICCININI dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----De acuerdo con lo expuesto al tratar la primera cuestión, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, extender solidariamente a Provincia A.R.T. S.A. la condena recaída en estos autos sobre la Municipalidad de El Bolsón (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm. y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504). También propicio que las costas de esta instancia se impongan a la aseguradora vencida (art. 68 del CPCCm). Por último, propongo que se regulen los honorarios del Víctor Hugo Massimino en el 30% de los que le correspondan en la instancia de origen y los de los doctores Oscar R. Lozano, Natacha Vázquez y Marcela González Abdala -en conjunto- en el 25% calculados de idéntico modo (arts. 15 y ccdtes. de la L.A.). ASÍ VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión los señores Jueces doctores Ricardo A. APCARIÁN y Sergio M. BAROTTO dijeron: - - - - - - - - - - - - - -----ADHERIMOS a la solución propuesta en el voto precedente.- A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 L.O.).- - - - - - - -----Se deja debida constancia de que se firma la presente en los términos que autoriza el segundo párrafo del art. 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atento a la licencia por compensación de feria de la señora Jueza doctora Adriana C. /// ///-15- ZARATIEGUI.[[/p]][[p]]-----Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:[[/p]][[p]]Primero: Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, extender solidariamente a Provincia A.R.T. S.A. la condena recaída en estos autos sobre la Municipalidad de El Bolsón (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm. y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Segundo: Imponer las costas de esta instancia a la aseguradora vencida (art. 68 del CPCCm).- - - - - - - - - - - - - - - - - - Tercero: Regular los honorarios del Víctor Hugo Massimino en el 30% de los que le correspondan en la instancia de origen y los de los doctores Oscar R. Lozano, Natacha Vázquez y Marcela González Abdala -en conjunto- en el 25% calculados de idéntico modo (arts. 15 y ccdtes. de la L.A.), los que deberán abonarse en el plazo de diez (10) días. Notifíquese a la Caja Forense y cúmplase con la ley 869.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuarto: Registrar, notificar y oportunamente devolver.- - - - -   LILIANA LAURA PICCININI -Jueza- RICARDO A. APCARIAN -Juez- SERGIO M. BAROTTO -Juez- ENRIQUE J. MANSILLA -Juez en abstención-  ANTE MI: GUSTAVO GUERRA LABAYEN -Secretario-  TOMO: I SENTENCIA: 34 FOLIO N°: 259 a 273 SECRETARIA: 3[[/p]]