Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-29


"GALATI GRACIELA R. C/ BASILICO ROBERTO R. S/ EJECUCION HIPOTECARIA".- ///nos Aires, abril 29 de 2003.- Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.- El pronunciamiento de fs.17, in fine, mantenido a fs.23, intima a la parte actora a liquidar y abonar la tasa de justicia tomando en cuenta el capital y accesorios reclamados y que resulte de convertir el monto expresado en dólares estadounidenses a pesos conforme la cotización al día del pago. Los agravios se formulan a fs.18/9 y son contestados por el Sr. representante del Fisco a fs.27.

II.- Si bien la Sala participa del criterio según el cual el ingreso del tributo debe ser acorde con los alcances de la pretensión formulada en la demanda y con independencia del resultado final del proceso (CNCiv., Sala C, R.217.714, del 16-7-97; id.id., R.235.179, del 24-3-98 y sus citas, entre otros precedentes), y en tal sentido se pronunció en los autos caratulados "Blanco, S. c/ Constantino, J. s/ ejecución hipotecaria", del 22 de octubre de 2002, que guardan analogía con los presentes, un nuevo análisis de la cuestión traída a estudio convence de la necesidad de modificar tal temperamento.

No puede perderse de vista que el proceso se encuentra en su etapa inicial. Si bien el magistrado dio curso a la ejecución intentada por la suma de u$s 213.000 "o la que en moneda nacional equivalga a aquella según normativas y condición de mercado vigentes a la fecha de la intimación de pago", más alla de los previsibles cuestionamientos que puedan formularse sobre la base de lo normado por el decreto 214/02, la ley 25.561 y sus normas reglamentarias y/o complementarias, las distintas soluciones que sobre esta normativa han dado diferentes tribunales del país dan sustento a la incertidumbre puesta de relieve por la recurrente acerca del monto por el que podría prosperar la ejecución. No se trata de una estimación de monto en un supuesto de deuda de valor, sino de obligaciones de dar sumas de dinero sobre las que el Estado ha establecido una legislación que ha suscitado innumerables cuestionamientos y los tribunales han brindado soluciones diversas.

Frente a esta situación excepcional, las circunstancias apuntadas conducen necesariamente a interpretar atendible la oposición formulada por la parte actora de hacer frente al pago de la tasa de justicia de acuerdo con las pautas fijadas por el art.4, inciso a), segundo apartado, de la ley 23.898 como ordenó el magistrado. Pero, esto no justifica el pago limitado a la suma que figura abonada a fs.13 ($730), sino que en vista del estado actual de la legislación y las distintas soluciones jurisprudenciales, la Sala estima prudente que el tributo se abone tomando como pauta u$s1=1 peso, por ser la manera cierta mínima que determina el monto del reclamo, sin perjuicio de que una vez arribado el proceso a la etapa de la liquidación definitiva (art.591, C.Proc.), se salde -de corresponder- lo que en menos pudiera haberse abonado. No ha de soslayarse que la misma ejecutante a fs.15vta. del escrito inicial señala como monto a pagar por tasa de justicia la suma de $7.929,27, pero sólo abonó -como antes se dijo- $730 (fs.13).

Resolver en el sentido indicado en modo alguno implica pronunciarse en este caso concreto acerca de la aplicación y alcance de la normativa a que se hizo referencia.

R. 366.553. -2- Por las consideraciones precedentes, SE RESUELVE: revocar el pronunciamiento de fs.17, in fine, mantenido a fs.23. En consecuencia, la parte actora deberá abonar en concepto de tasa de justicia la suma de pesos siete mil novecientos veintinueve con veintisiete centavos ($7.929,27) en coincidencia con lo reclamado en concepto de capital y accesorios (fs.15vta.), sin perjuicio del monto que en más pudiera corresponder según el monto que surja de la liquidación definitiva prevista por el art.591 del Código Procesal. Con costas de la Alzada en el orden causado, atento a que la decisión apelada fue dictada de oficio (arg.art.68, C.Proc.). Devuélvanse los autos sin más trámite al Juzgado de origen, a fin de que se lleve a cabo la notificación prevista por el art.135, inc.7? del Código Procesal.- JOSE LUIS GALMARINI FERNANDO POSSE SAGUIER (En disidencia) RICARDO L. BURNICHON Disidencia del Dr. Fernando Posse Saguier:

Como integrante de la Sala F me he pronunciado en sentido contrario al seguido por mis distinguidos colegas. A sus efectos, me remito a lo argumentos expuestos en la causa caratulada "Barreiro, H. c/ Martínez, D. s/ ejecución hipotecaria", del 3-9-02, por lo que sostengo que en el caso corresponde mantener la resolución cuestionada.

En consecuencia, SE RESUELVE: confirmar el pronunciamiento de fs.17, in fine, mantenido a fs.23.- FERNANDO POSSE SAGUIER