marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ausencias injustificadas, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: J., D.A. c/ G.C., F. y Otras s/ Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-24

Es que la obligación de dar aviso en caso de accidente sólo sede ante causas de fuerza mayor que impiden al dependiente cumplir con la misma y estas causas deben derivar exclusivamente de la contingencia que motiva la ausencia. Dicho aviso tiene precisamente por finalidad la de permitir al principal reemplazar al trabajador en caso de necesidad y posibilitar controlar su estado. La omisión injustificada del aviso hace perder al trabajador su derecho a la percepción del salario siempre que la existencia del infortunio no resulte luego acreditada de manera inequívoca y de acuerdo a su carácter y gravedad justifiquen, en su caso, la imposibilidad de haber efectuado ese aviso en tiempo oportuno.
Recurso extraordinario de nulidad, argumentos de las partes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guatto de Minchín, Olinda Josefina c/ Maidana, Pablo Damián y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Los argumentos carecen del carácter de esencial a los fines del recurso extraordinario de nulidad.
Participación criminal, persona en actitud pasiva
Materia: PENAL
Carátula: Arvia, Alejandro y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

Lo que ha sido calificado como una conducta pasiva en realidad significó para la víctima una mayor amenaza a su integridad física, por cuanto los inculpados integraban el grupo agresor que impidió en dos oportunidades que los dos amigos que acompañaban al damnificado pudieran asistirlo en momentos en que recibía un duro castigo físico y además, la intervención no se limitó al primer momento del hecho sino que se extendió a la persecución de la víctima, una vez que ya había sido agredida y la violencia era la característica dominante de la situación. Dicha circunstancia impide sostener que esas conductas sean incompatibles con un designio encaminado a provocar un daño en el cuerpo o la salud del damnificado.
Daños y perjuicios, indemnización, daño moral, daño material, relación de causalidad, enriquecimiento sin causa, daño cierto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Serradilla, Raúl Alberto c/ Provincia de Mendoza y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12

A fin de determinar la indemnización, comprensiva como regla del daño material y el moral, es necesario examinar los requisitos ineludibles para la procedencia del reclamo, esto es, la existencia de daño cierto, la relación de causalidad entre las conductas reprochables y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a los estados demandados, partiendo siempre de la premisa insoslayable en la materia de que la indemnización de los perjuicios lleva implícita la realidad de los mismos y su determinación requiere la comprobación judicial de tal extremo, excluyendo de las consecuencias resarcibles a los daños meramente eventuales o conjeturales en la medida en que la indemnización no puede representar un enriquecimiento sin causa.
Requerimiento de elevación a juicio, notificación defectuosa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Martínez, Victorio Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-06

No corresponde hacer lugar al planteo de nulidad si el requerimiento de elevación a juicio fue el único acto que se omitió notificar a la asistencia técnica del imputado y el defensor no indicó cuál era la defensa de la que se vio privado de oponer. (Dres. Madueño, Fégoli).
Sistema acusatorio, requerimiento de sobreseimiento, defensa en juicio, jurisprudencia
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Carlos Guillermo y Otros s/ Robo Calificado - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-03-06

1- A pesar del pedido de absolución solicitado por el Fiscal, el Tribunal puede dictar sentencia condenatoria, porque no pierde la jurisdicción, el conocimiento del delito, y por el carácter irretractable de la acción penal pública.

2- No existen vallados en las disposiciones constitucionales para interpretar que constituye acusación la actividad requirente producida antes del juicio.

3- Tanto para la doctrina procesal como para la jurisprudencia, en el ordenamiento procesal local, la requisitoria de elevación a juicio constituye la acusación pues es la base o columna sobre la que se desenvuelve el juicio.

4- La garantía de la defensa en juicio que el art. 18 de la Constitución de la Nación y el art. 40 de la Constitución de la Provincia establecen a favor del imputado, exige que éste hubiera tenido, en el proceso, la posibilidad de contradecir la atribución de la totalidad de los hechos delictivos y de sus circunstancias con valor penal, que, en su conjunto, constituyeran el objeto del juicio según la requisitoria o auto de elevación a juicio y, en su caso, la ampliación del requerimiento fiscal.

5- En relación al juicio común no contamos con una norma idéntica a la contenida en el artículo 414, último párrafo, CPP, que condicione la jurisdicción del tribunal (tampoco lo preveían las leyes 3183 y sus modificatorias, ni el decreto 5154 y sus modificatorias), desde que si bien la nueva regulación (ley 8123) restringió la actividad del tribunal durante el juicio con relación a los poderes que anteriormente tenía conferidos, no puede decirse que haya diseñado un sistema acusatorio puro, por cuanto no lo estableció en toda su plenitud al no reproducir para el juicio común la disposición sólo válida para el juicio correccional.

6- Una cosa es que se haya limitado la actividad del Tribunal como un tercero imparcial, de control de garantías y decisor, y otra es pretender asignarle una sujeción a la decisión del Ministerio Público en cuanto a la disposición de la acción penal.

7- Es jurisprudencia del Alto Tribunal que sus decisiones no obligan sino en el caso en que fueron dictadas, y los tribunales inferiores pueden apartarse de su doctrina aún al decidir casos análogos sin que se produzca gravamen constitucional, máxime cuando se aportan nuevas argumentaciones en base a normativa constitucional nacional y procesal local.
Regulación de honorarios, monto del juicio, monto de la demanda, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: DI GIACOMO Y CONSALVO c/ PEDRANA  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-31

Cuando el monto de la condena es notablemente inferior al quantum reclamado y las costas se imponen en proporción al resultado del juicio, la expresión "suma resultante de la sentencia" de la ley 21839: 19 alude no sólo a los importes admitidos en la sentencia, sino también a aquellos desestimados en ella, correspondiendo considerar en tales supuestos monto del proceso el total reclamado por el actor.
Competencia, cuestiones de competencia, violación de correspondencia, separación de competencias
Materia: PENAL
Carátula: BASUALDO, RICARDO s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-10

La sustracción de la pieza postal constituye un hecho diverso del uso ilícito que, posteriormente, se realizó de su contenido, por lo que, hasta tanto no se demuestre la concreta vinculación que existió entre ambos delitos, corresponde que cada uno de ellos sea investigado ante el Tribunal del fuero pertinente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, proceso penal, actor civil, oportunidad procesal, acción civil, incidente de oposición
Materia: PROCESAL PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: M DE F, E Y OTROS s/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS. INCIDENTE DE CONSTITUCION DE   ACTOR CIVIL. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDA  D (CSJ EXPTE N. 146-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

El decisorio del Tribunal de grado que revoca la resolución del Juez de Instrucción -por la que, habiéndosele devuelto por el Juzgado de Sentencia los autos a los efectos de agotar la correcta incorporación del actor civil al proceso, no hizo lugar a la oposición planteada teniendo por constituido en forma definitiva al actor civil en los términos del artículo 105 del Código Procesal Penal- fundado en que: a) agotado el plazo final establecido por el artículo 100 del Código Procesal Penal se opera la pérdida de la facultad para instar la constitución en parte civil y la preclusión procesal que impide volver el procedimiento a etapas extinguidas; b) la constitución de partes civiles comprende no solo la instancia de constitución sino las consecuentes notificaciones a las partes intervinientes; c) el artículo 374 del Código Procesal Penal impide elevar la causa a juicio hasta que no se hubieran agotado los trámites derivados de la oportuna instancia de constitución; d) si bien puede sostenerse el deber oficioso del instructor de practicar las notificaciones del artículo 102 del Código Procesal Penal, el quebrantamiento eventual de dicha obligación funcional carece de trascendencia procesal; e) la acción civil acumulada al proceso penal es una pretensión privada de reparación y como tal compete al interesado controlar el procedimiento; f) de allí que frente al decreto de elevación a juicio irregularmente expedido, debió recurrirlo tempestivamente el perjudicado posibilitando la subsanación del defecto; más allá de su acierto o error constituye un criterio hermenéutico que no puede ser tildado de arbitrario y no roza cuestión constitucional que autorice su revisión en esta Sede.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, calidad de parte, acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, carácter excepcional
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTÍNEZ, MARGARITA DEL PILAR POR SU ESPOSO PÉREZ, CARLOS RAÚL c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (I.P.S.) s/ AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-21

El ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos, entre ellos el de la preservación de la salud, no necesita justificación alguna, sino, por el contrario, es la restricción al respecto que se haga la que debe ser justificada.

El Estado no puede eludir ligeramente sus obligaciones constitucionales alegando limitaciones financieras. No basta con una simple afirmación, sino que es preciso fundar adecuada y convincentemente la carencia presupuestaria para que ésta pueda ser considerada un obstáculo insalvable a la procedencia de la acción
Recurso de reposición (procesal), fallos del Superior Tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: Aztorga, Marianela Silvana c/ Poma, Martha Sofía s/ Queja Por Rec. De Inconst. Denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-10-01

Las sentencias de la Corte de Justicia de la pcia de Salta no son susceptibles de ser revisadas por vía del recurso de reconsidera-ción, revocatoria o nulidad, salvo que se verifique con claridad manifiesta el vicio apuntado.
Embargo, coparticipación municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Tomas, Sandra Patricia c/ Municipalidad de Comandante Fontana s/ Accion de Amparo Laboral (Inc. de Modalización de Pago Ley Nº 1373)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-07-29

Atento a que la Resolución Modalizadora de Pago tiene vigencia recién desde la fecha en que ha sido dictado, y que, dada la falta de notificación del levantamiento de embargo decretado el Ministerio de Economía de la Provincia de Formosa, ha seguido descontando mensualmente a la Municipalidad de Comandante Fontana el valor correspondiente al 10 % de los montos que en concepto de Coparticipación le corresponden en el presupuesto provincial, resulta ajustado a derecho proceder la devolución a la mencionada Municipalidad, de las sumas que excediendo la cuota mensual y consecutiva dispuesta en la Resolución Nº 241/12 fueron depositadas a partir de la coparticipación correspondiente al mes de Abril del 2012 hasta la fecha de la toma de razón del levantamiento de embargo y traba de nuevo embargo decretado en el punto 5 de tal resolución, ordenando que en la primera instancia se proceda a arbitrar los medios necesarios a los fines de hacer efectiva tal devolución; disponiendo que asimismo, se dé cumplimiento a la notificación dispuesta en el punto 5 de la citada Resolución Nº 241/12, al Ministerio de Economía de la Provincia a los fines allí ordenados.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Droguería del Norte S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por Rofina S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-15

Es descalificable la sentencia que se pronunció sobre la constitucionalidad de la normativa de emergencia aplicándola a un crédito verificado en pesos por el juez de grado, en el entendimiento que ese magistrado había convertido la moneda de la obligación de acuerdo con dicha normativa, cuando resulta manifiesto que la verificación se realizó en pesos porque el crédito había sido reflejado en los asientos contables de la concursada en esta moneda. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, recurso de inaplicabilidad de ley, exceso ritual manifiesto, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: CELIS, REINALDO c/ CERDA AUTOMOTORES  S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que desestimó el recurso de inaplicabilidad de ley considerando que la apelante no había denunciado por errónea la interpretación de la norma del C Civil sobre la cual se fundó el fallo de grado pues incurrió en un exceso ritual que constituye una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva, pues la parte desarrolló argumentaciones que se vinculan en forma directa con la interpretación y aplicación de una norma -art. 3 del C.Civil, que era susceptible de ser determinada en virtud del principio iura novit curia, aunque no se mencionara expresamente ese precepto y se había expuesto un razonamiento encaminado a demostrar cuál era la solución legal aplicable.
Pericia médica, determinación de la incapacidad, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CABRERA LUIS FERNANDO c/ PROD. FRUT.ARG. CIA. DE SEG. LTDA. s/ RECURSO ART. 46 LEY 24557
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-28

La pericia médica omitió valorar los factores de ponderación al determinar un grado de incapacidad física del 7% que fue incrementado por el juez de grado al 7,35% por estar afectado el miembro superior hábil. Ello así, resta considerar que el actor no posee dificultad alguna para la realización de su tarea habitual, por lo que corresponde asignar 0% al factor tipo de actividad y tampoco necesita de recalificación laboral, por lo que se asigna 0% a este factor. Por lo tanto, considerando la edad del trabajador al momento del accidente, que era de 23 años (.), por el factor edad corresponde asignar un 2%. Luego, sumando el valor del factor edad a la incapacidad física, se concluye en que el trabajador de autos presenta un 9,35% de disminución de la capacidad laborativa.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: S., A. c/ A.D.O.S.T. s/ Cobro de Pesos -Sumario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-28

La Segunda Instancia no es autónoma ni es reconducción o "novum iudicium", sino que depende de lo actuado en el grado inicial, cuyo resultado procesal, expresado en la sentencia, se revisa en la Alzada siguiendo el hilo conductor de los agravios expuestos. De ahí que todo lo decidido por el juzgador de la precedente instancia que no es luego objeto de concreto ataque, gana firmeza en virtud del principio dispositivo, constituyendo un ámbito no alcanzado por la competencia de la Cámara, ceñida como se halla por los agravios.
REPÚBLICA ARGENTINA, derecho a la vida, derecho a la integridad física, prueba testimonial, Pacto de San José de Costa Rica, menores, reclusión perpetua
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Mendoza y otros c/ Argentina s/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana c/ Argentina s/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana c/ Argentina s/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana del Presidente de la Corte Interamericana
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-08-01

No resulta procedente la objeción formulada por el Estado Argentino respecto de la prueba testimonial ofrecida por la representante de las presuntas víctimas en referencia a la supuesta violación de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana - derecho a la vida e integridad personal-, en el caso en que se impusieron penas de privación y reclusión perpetua a varias personas por hechos que habrían ocurrido cuando aún eran niños, puesto que quien objeta debe referirse con precisión a la prueba específica que impugna e indicar bajo qué argumentos sustenta tales objeciones, requisitos incumplidos por el Estado.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mar de Ostende S.R.L. c/ Municipio de Pinamar s/ Nulidad de tasas municipales. Cuestión de competencia Art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

Si corresponde declarar que la cuestión que se debate en estos autos es propia de la competencia originaria y exclusiva atribuida a esta Corte por el art. 149 inc. 3º de la Const. Prov., habiendo tramitado los mismos ante quien carecía constitucionalmente de toda jurisdicción para conocer y decidir acerca del asunto que en ellos se ventila, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado y ordenar el archivo del expediente (arts. 149 inc. 3º Const. Prov.y 26 C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, jubilación por invalidez, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Farías, Romualda Hipólita c/ Caja  Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que había denegado el beneficio de jubilación por invalidez, en razón de no haberse acreditado los requisitos exigidos por el art. 33 de la ley 18.037, pues la circunstancia de que los agravios de la recurrente se vinculen con cuestiones de hecho, prueba y derecho común, no resulta óbice para habilitar la instancia extraordinaria, cuando lo decidido prescinde de prueba conducente y desatiende los fines tuitivos de la legislación previsional, con grave menoscabo de las garantías constitucionales.
Licencia de conducir, licencia de conducir vencida
Materia: CIVIL
Carátula: Seltzer, Mirta Meris s/ Articulo 77, decreto 326/97-División de Tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-08-21

La licencia para conducir es un documento público personal e intransferible que no acredita per-se identidad sino idoneidad y que precisamente habilita para conducir los vehículos que cada categoría determina.

Se dice que es un documento que acredita idoneidad pues supone que su obtención viene precedida por el cumplimiento de una serie de requisitos médicos, teóricos y prácticos que autorizan a su titular para conducir. De allí la suma necesidad de que el mismo se halle actualizado pues no tenerla o encontrarse caduca autoriza a presumir falta de permiso.
Regulación de honorarios, patrocinio letrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Viola, José Luis c/ Provincia de Formosa-Instituto de Colonización y Tierras Fiscales s/ Acción Contencioso Administrativa Colonización y Tierras Fiscales s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-05-17

El art. 12 in fine de la ley 512 establece que si el abogado se hiciere patrocinar por otro abogado el honorario se regulará considerando al patrocinado como procurador y al patrocinante como abogado, resulta improcedente lo solicitado por el accionante, toda vez que los honorarios que le fueran regulados lo son en calidad de apoderado, y no habiendo sido patrocinado por otro abogado le corresponde íntegramente en su totalidad.
Constitución Nacional, obediencia debida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

La obediencia ciega y nuestro orden constitucional se excluyen mutuamente.
Recurso de apelación (procesal), revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrocarriles Argentinos c/ Cooperativa de Almaceneros Minoristas de Punta Alta. s/ Escrituración - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

La revocación de la sentencia del juez de grado impone a la alzada el deber de examinar las defensas que no hubiesen sido tratadas en el fallo revocado que había rechazado la acción (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F.

López).
Prevención del delito, requisa personal, transporte de estupefacientes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: García, Cayetano José s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24

No se advierte violación al procedimiento legalmente establecido en el art. 230 bis CPPN en tanto la inspección se realizó en el marco de un operativo público de prevención realizado por la policía en el marco de sus facultades de control de automotores y vehículos en rutas nacionales y, al momento de inspeccionar a los pasajeros, notaron que el imputado se encontraba nervioso y se hacía el desentendido mientras abrazaba su mochila, ello sumado a los datos previos, concretos y objetivos que fueron motivo suficiente para proceder a la requisa que culminó con el hallazgo de estupefacientes. Las específicas circunstancias del caso -la detención del imputado se produjo cuando se desplazaba en el colectivo con 1042 gramos de cannabis sativa- resultan suficientes para acreditar el "transporte" exigido por la figura. (Dres. Hornos, Gemignani y Borinsky).
Daños y perjuicios, jugador de fútbol, teoría de la aceptación del riesgo
Materia: CIVIL
Carátula: González Centurión, Celeste Soledad c/ A.F.A. Asociación del Fútbol Argentino s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-02

Cabe el fallo que determinó que la Asociación del Fútbol Argentino no debe responder por los daños sufridos por una futbolista dentro del campo de juego durante la disputa de un torneo oficial de Futsal, puesto que la asunción del riesgo debe ser confinada a los riesgos específicos, es decir, los que resultan connaturales a la actividad deportiva y hay acuerdo en que los participantes asumen la posibilidad de sufrir ciertos daños derivados de los riesgos propios del deporte en cuestión, esto es, los derivados del desarrollo normal, pero no aquellos excesivos o extraordinarios. La asunción voluntaria del riesgo normal del juego inherente a la específica actividad deportiva ejercitada, opera una causa de justificación idónea para superar la antijuridicidad de la conducta. Y agrega que aunque el daño fue producido por una falta reglamentaria, ello no significa que genere responsabilidad civil.