Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-26


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil nueve, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia de su titular Dr. Fernando S. L. ROYER y asistencia de los Señores Ministros Dres. José Luis PASUTTI y Daniel Luis CANEO para dictar sentencia en los autos caratulados "P., C. D. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 21.632-P-2.009), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 563, de conformidad con lo dispuesto en la Acordada Nº 3.204 correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. CANEO, PASUTTI y ROYER.

Acto seguido, se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. -- A la primera cuestión el Dr. CANEO dijo: - Vienen estos autos a conocimiento de esta Sala por vía de los sendos Recursos de Apelación Ordinaria que la demandada y actora dedujeran a fs. 538 y 539, respectivamente, contra la Sentencia Definitiva Nº 12/2.009 de la Excma. Cámara de Apelaciones -Sala "B"- de la ciudad de Trelew y fundaran a fs. 547/549 vta. y 544/546 vta. -- I.- ANTECEDENTES: - El Señor C. D. P., con el patrocinio letrado de los Dres. S. A. y T. R., promovió formal demanda por daños y perjuicios en contra de la PROVINCIA DEL CHUBUT, a efectos de obtener el resarcimiento pecuniario de los daños y perjuicios de índole patrimonial y moral a partir de los errores no excusables cometidos por funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, durante el desempeño de sus funciones en el marco de un proceso penal instaurado en su contra y cuya consecuencia dañosa fue la privación de su libertad por el extenso lapso de 20 meses.

El reclamo ascendió a la suma de pesos quinientos veintiocho mil ochocientos ($ 528.800) o lo que en más o en menos resultare, con más intereses y costas judiciales. -- Indicó que la exigencia del reclamo administrativo previo que legislaba la Ley de Procedimiento Administrativo Provincial en los artículos 138 a 146, no constituía un requisito formal para allanar el camino de la demanda judicial. No obstante, aclaró, la reclamación administrativa previa fue debidamente presentada ante los autoridades provinciales en fecha 14 de septiembre de 2.004. Puntualizó que la Provincia contestó en mayo de 2.005, por intermedio de la Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, donde rechazó el reclamo administrativo, fundando su decisión en la Ley Provincial Nº 2.427. -- Advirtió que la Ley Nº 2.427 se apartaba de la pauta constitucional y restringía una garantía consagrada por la norma fundamental de la Provincia.

Resaltó que el reclamo administrativo previo se efectuó, menos para cumplir una formalidad no requerida, que para dar oportunidad a la Provincia de analizar la procedencia y justicia del resarcimiento peticionado, evitando el dispendio jurisdiccional y las costas. - Interpuso subsidiariamente Acción de Inconstitucionalidad de la Ley Nº 2.427 para el supuesto que la misma obstara el progreso de la acción intentada. - Destacó la oposición flagrante a la Constitución de dicha Ley, dictada para reglamentar una garantía amplia y comprensiva del resarcimiento para cualquier ciudadano, al que el Poder Judicial hubiera detenido en forma arbitraria, injustificada, por un lapso superior al que requieran las medidas probatorias necesarias para procurar el grado de responsabilidad de los intervinientes.

Sostuvo que esta norma vulneraba el principio elemental que tenía el órgano que reglamentaba de no alterar su espíritu. -- En el Capítulo dedicado a los "Hechos" relató que mediante la sentencia de fecha 28 de mayo de 2.004, dictada por la Excma. Cámara I en lo Criminal de la ciudad de Trelew, en los autos: "C. D. P., M. J. G. y otros p.s.a. Estafa TW" (Expte. Nº 27/02 - C.1ra. C.), fue procesado y detenido en orden a los delitos de: estafa en concurso ideal con expendio de moneda falsa por equiparación de cheque, en concurso real por expendio de moneda falsa por equiparación de cheque (13 hechos) en concurso real con asociación ilícita (arts. 172, 52, 54, 282 en relación con el artículo 285, 55 y 210 del Código Penal) y por el expediente 147/02 en orden al delito de acopio de armas de guerra sin la debida autorización (art. 189 bis, V párrafo del C. P.). -- Manifestó que la excesiva, absurda e inequitativa calificación legal efectuada por el Procurador Fiscal y acogida por el Juez de Instrucción, fue motivo de su ilegítima detención, pese a que el Defensor Oficial que lo asistía apeló y presentó pedidos de eximición de prisión. - Señaló que de la resolución de Cámara, se advertía que de todas las personas involucradas en la causa, él fue el único absuelto de todos los delitos imputados.

Explicó que la sola atribución de delitos no excarcelables no era suficiente para restringir la libertad del procesado, pues el fundamento esencial, era asegurar la actuación efectiva de la ley penal a título de prevención o cautela, para garantir la efectiva vigencia del orden jurídico penal, para alejar del peligro que el procesado eludiera el juicio. Sólo en estos casos -añadió- se podía inferir a un ciudadano la más grave lesión de privar de su libertad, cuando aún no había sido declarado culpable.

Declaró que por sus antecedentes, que constaban en el sumario, su radicación definitiva en la Provincia, constituyendo una familia y la presentación espontánea cuando fue requerido, convirtieron la detención en una demasía injustificable, que debía ser reparada.

Fundamentó la responsabilidad del Estado por errores judiciales. Afirmó la ilegitimidad de su detención, fuera por la imputación y calificación de los delitos que hiciera la instrucción en forma desmesurada y sin sustento probatorio alguno, fuera por la imputación de esos delitos, que tampoco justificaban la detención, en virtud de la falta de antecedentes y comparecencia al tribunal; extremos reconocidos por el Superior Tribunal de Justicia, al hacer lugar al Recurso de Casación y ordenar a la Cámara del Crimen el dictado de un pronunciamiento acorde a derecho, que hiciera lugar al pedido de excarcelación bajo caución juratoria. -- Tuvo por acreditado el daño que le causara el pronunciamiento jurisdiccional por el sólo hecho de haber sido privado de la libertad durante veinte meses. -- Señaló que los rubros que el Estado debía resarcir tenían un doble aspecto: daño emergente y lucro cesante. - Sustentó el daño patrimonial y emergente: a) en la pérdida de veinte (20) meses de salarios más sus intereses, lo que dio una suma aproximada del orden de pesos treinta y tres mil ($ 33.000); b) el testimonio notarial que acreditaba la hipoteca de la propiedad y el menoscabo patrimonial por un monto de dólares estadounidenses treinta y un mil novecientos treinta y cuatro (U$S 31.934), equivalente a pesos noventa y cinco mil ochocientos ($ 95.800), pues el crédito no pudo pagarse en tiempo y forma debido a su ilegítima detención, ocasionando trastornos, intereses y costas judiciales para evitar el remate de su propiedad cuando salió de prisión; c) lucro cesante futuro estimado en el orden de los pesos doscientos mil ($ 200.000). Calculó el rubro global en la suma de pesos trescientos veintiocho mil ochocientos ($ 328.800).

Incluyó dentro del daño resarcible el daño moral que sufriera por estar privado ilegítimamente de su libertad, sabiendo que era inocente y aún cuando pudieran haberle atribuido los delitos, -agregó- tampoco se ajustaba a derecho esa detención, dado que sin menoscabo de su libertad hubiera podido estar a derecho y a disposición de la justicia, durante la instrucción sumarial y todo el proceso penal.

Cuantificó ese daño, traducido en angustia, dolor, impotencia, vergüenza, en un monto de pesos doscientos mil ($ 200.000).

Ofreció prueba. Formuló petitorio de estilo.

A fs. 312/317 vta. se presentó el Dr. Adolfo Federico von PÖEPPEL, en representación de la PROVINCIA DEL CHUBUT. - Contestó demanda. Efectuó, en primer término, la negativa de los hechos. Negó que se debiera suma alguna como indemnización y por los conceptos que se reclamaran; que hubiera habido error judicial, y/o errores no excusables cometidos por funcionarios y magistrados del Poder Judicial, y por ende, que hubiera derivado una indebida o ilegítima detención del actor. Rechazó que la actora hubiera sufrido una injusta detención y que la Provincia del Chubut tuviera responsabilidad por los supuestos daños y perjuicios del Señor P.. Negó que hubiera habido una excesiva imputación por parte del Juez de Instrucción respecto al actor; que la instrucción hubiera efectuado una calificación e imputación desmesurada de los delitos que se le atribuían al actor. Rechazó toda procedencia a los conceptos de "daño patrimonial y emergentes" dados por el actor, sus montos y las pautas esgrimidas para su determinación; la procedencia del daño moral; que el Señor P. se encontrara trabajando al momento de su detención y que mantuviera económicamente a su grupo familiar.

Seguidamente realizó una síntesis de los dichos de la actora. Resaltó que curiosamente no se había achacado "un supuesto error o errores de un funcionario judicial o magistrado", sino que por el contrario, se imputaron errores cometidos "por funcionarios y magistrados", cuestión ésta aún más complicada pues -aclaró- supuestamente habrían participado del error o equivocación no sólo uno o unos funcionarios judiciales, sino también, junto con éstos, lo habrían hecho magistrados; esto es, se habrían equivocado varios miembros del Poder Judicial. - Atento a la imputación, precisó que el actor se equivocó pues la misma no surgía de la Sentencia de Cámara sino de la instrucción en dichos autos y, particularmente, el actor fue imputado de los delitos de estafa (2 hechos) y asociación ilícita. -- Manifestó que existieron en la etapa de instrucción elementos de convicción suficientes como para sostener la participación punible del imputado P. en el hecho investigado y dictar su procesamiento con prisión preventiva.

Ofreció su propia versión de los hechos. Relató que con fecha 14 de enero de 2.000, el actor, en compañía de J. H. L., se presentó en la fábrica de ladrillos sita en el Parque Industrial Nuevo de la localidad de Gaiman, propiedad del Señor A. R., manifestando en esa oportunidad el Señor H. L. ser el jefe de compras de la Municipalidad de Rawson, con el objeto de comprar 30.000 ladrillos para un barrio de esa ciudad, conviniendo el precio de dicha venta y entregando cheques de pago diferido pertenecientes al Municipio, de la cuenta abierta en el B. C. S.A. - Continuó narrando que con fecha 21 de enero del mismo año, el actor P. regresó a la fábrica de ladrillos y adquirió 40.000 ladrillos más, pagando el precio con un cheque de la Municipalidad de Rawson, que también resultó apócrifo. - Manifestó que estos dos hechos fueron acreditados con la denuncia que efectuó el Señor A. R., y la presencia del imputado P. en la fábrica de ladrillos fue corroborada por las testimoniales brindadas en autos. -- Explicó que tales hechos fueron calificados por la instrucción como estafa (dos hechos en concurso real), en calidad de coautor, en concurso ideal con circulación de moneda falsa por equiparación de cheque (arts. 45, 54, 55, 172, 282, en función del art. 285 del Código Penal), todo ello en concurso real con asociación ilícita del art. 210, del mismo cuerpo legal, en virtud de tomar parte juntamente con J. M. G., J. H. L. y R. H. L.. - Justificó el dictado del auto de procesamiento con prisión preventiva, en razón de haberse establecido con el grado de probabilidad que se requería en ese estadio, los hechos que se le imputaban. - Refirió que apelado dicho auto por todos los procesados, la Sala "B" de la CANE, confirmó el auto de procesamiento con prisión preventiva del Señor P., pues entendió que con las pruebas colectadas por el Juez de Grado inferior, se determinaron los hechos que se le imputaban. -- Posteriormente -prosiguió-, se dictó con fecha 11 de marzo de 2.003 el auto de elevación a juicio, que no fue apelado por la defensa del Señor P., quedando firme a su respecto. -- Sostuvo que el actor pretendió y persiguió injustificadamente el cobro de una exagerada suma de dinero de parte del Estado, por el solo hecho que la sustanciación del proceso seguido en su contra finalizara con su sobreseimiento. -- Citó jurisprudencia y doctrina relativa al principio básico que regía la responsabilidad del Estado por actividad judicial. - Destacó que en la sentencia penal definitiva, que absolvió al Señor P., respecto de los delitos de estafa (dos hechos) que se le imputaban, se lo absolvió por aplicación del art. 4 del CPP, esto es, el beneficio de la duda.

Aclaró que esa cuestión resultaba muy distinta a la que daba cuando la absolución del imputado se disponía resolviendo la ilegitimidad de la medida que dispuso la prisión preventiva.

Insistió en que la posterior sentencia absolutoria pronunciada tras la sustanciación del plenario y, en función de nuevos elementos de convicción, no importó descalificar aquella medida (prisión preventiva), dictada legítimamente. - Referido a los rubros reclamados, sostuvo que no surgía de autos ni pudo probar el accionante, que medió relación de causalidad entre su detención, el perjuicio económico y la afectación de su patrimonio. - Solicitó que se rechazara el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 2.427. - Ofreció prueba y formuló petitorio de estilo. -- A fs. 468/472 luce agregada Sentencia Nº 29/08 dictada por la Señora Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Puerto Madryn, mediante la cual se rechazó la demanda entablada por el Señor C. D. P. contra la PROVINCIA DEL CHUBUT, así como el planteo de inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 2.427, y se impusieron las costas a la parte actora. - II.- SENTENCIA DE LA CÁMARA DE APELACIONES.

La Sentencia fue apelada por la parte actora. En primer término se agravió que la Juez de grado considerara que no había pronunciamiento alguno que indicara que el auto de prisión preventiva no se había ajustado a las pruebas colectadas hasta ese momento. Alegó que esta aseveración omitió consciente o inconscientemente que en el incidente de excarcelación caratulado: "P., C. D. s/ Excarcelación" (Expte. Nº 5.602-CCTw), la Cámara Primera en lo Criminal de Trelew confirmó el decisorio del Juez de Instrucción, y no hizo lugar a su pedido de excarcelación. Añadió que ese decisorio fue declarado nulo por el Superior Tribunal de Justicia, ordenándose con posterioridad su inmediata libertad. Dedujo de ello que fue detenido en forma arbitraria e injusta, no porque hubiera sido absuelto en la sentencia, sino que en la etapa instructoria, por error de la Cámara y desoyendo la opinión del Fiscal, tuvo que sufrir 20 meses de injusto encarcelamiento.

Como segundo agravio se refirió a que la Sentenciante de Grado había razonado que la absolución del imputado en el juicio oral, público y contradictorio, no transformaba la prisión preventiva y la detención en ilegítimas, toda vez que en la etapa instructoria, había resultado suficiente la semi plena prueba. Exteriorizó que la confusión en el pronunciamiento estuvo dada por lo manifestado en el agravio precedente, ya que el Defensor Oficial sostuvo que la comisión de los delitos imputados tenían como mínimo tres años de prisión y en caso de ser condenado, ante la falta de antecedentes, el tiempo que llevaba detenido, hubiera habilitado su libertad condicional. Destacó que el Superior Tribunal declaró la nulidad del auto de la Cámara que denegó el pedido de excarcelación, haciendo lugar, finalmente, a la excarcelación. Subrayó que del relato antedicho surgía evidente que la detención había sido ilegítima y que los argumentos desplegados en la Sentencia apelada favorecían su posición. Reiteró que la ilegitimidad de la detención fue establecida por el propio Superior Tribunal de Justicia, y además del fallo absolutorio final resultó la conclusión de que el auto de prisión preventiva fue incuestionablemente infundado y arbitrario. -- El tercer agravio se refirió al planteo de inconstitucionalidad subsidiaria de la Ley Provincial Nº 2.427. Consideró que la nulidad solicitada era irreprochable ya que la Ley decía "condenados" y la Constitución, "indebida privación de la libertad", incluyendo a "detenidos y presos". Entendió que el apartamiento de la norma con la Constitución era manifiesta y evidente. Señaló que luego de la reforma de 1.994, la Constitución Provincial extendió el resarcimiento a los detenidos ilegítimamente, por lo que tanto el procesado como el condenado tenían expedita la acción judicial resarcitoria, siempre que acreditaran una detención ilegítima. Resaltó la operatividad de las garantías consagradas a partir de 1.994. - Realizó reserva del Caso Federal y formuló petitorio de estilo.- A fs. 520/535 la Sala "B" de la Excma. Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, mediante Sentencia Definitiva Nº 12/2.009, revocó el fallo apelado e hizo lugar parcialmente a la acción promovida por C. D. P. contra la PROVINCIA DEL CHUBUT, condenando a esta última a que, en el plazo de diez días de consentida la misma, abonara al actor la suma de pesos veintiocho mil trescientos ($ 28.300), con más los intereses a la tasa activa que percibía el B. C. S.A. en sus operaciones de descuento, desde el 09/05/02 hasta la fecha del efectivo pago. Adecuó las costas e impuso las de primera instancia en un 60% a la demandada y en un 40% al actor (art. 71 del C.P.C.C.). Las de esa sede en un 80% a la accionada y en un 20% al actor (art. 71 del Rito). Fijó y reguló honorarios. -- El Magistrado votante en primer término se refirió a los dos primeros agravios expresando que, como dijera el recurrente, ninguna apreciación efectuó la Señora Juez "a-quo" respecto a la resolución de nulidad del Superior Tribunal de la Provincia, mas se equivocó al decir que la nulidad dictada lo era respecto de una resolución de la Cámara del Crimen confirmatoria del decisorio del Juez de Instrucción. Aclaró que la resolución aludida de la Cámara del Crimen no había confirmado ninguna decisión del Juez de Instrucción, sino que había rechazado un pedido de excarcelación deducido por el procesado ante la misma Cámara. Advirtió que era cierto que con anterioridad, el Juez de Instrucción había denegado previos pedidos de excarcelación.

Continuó señalando que atento los términos en que fueron vertidos los dos primeros agravios, la ilegitimidad y arbitrariedad de la detención dictada, derivaba de la resolución de nulidad decretada por el Superior Tribunal Provincial. - Manifestó que el apelante no se había agraviado del considerando del fallo recurrido que había establecido que la sentencia absolutoria no transformaba la prisión preventiva en ilegítima, sino que atribuyó dicho efecto a la nulidad dictada por el Superior Tribunal.

Con relación al tercer agravio señaló que resultaba claro que el art. 60 de la Ley Suprema local preveía un supuesto diverso al más restringido del art. 1 de la Ley Nº 2.427, ya que en el máximo nivel normativo provincial se postulaba la reparación en el caso que sólo se demostrara el error judicial, especificando como supuesto particular el de la indebida privación de la libertad. Era así, que no resultaba aplicable la Ley Nº 2.427, pues la norma que cabía aplicar era la del art. 60 de la Constitución Provincial. Añadió que la supremacía de la norma constitucional (conf. arts. 31 de la Constitución Nacional y 10 de la Constitución Provincial), imponía como única solución posible la aplicación del referido artículo 60. En consecuencia, encontró que el agravio mentado devenía abstracto, ya que el "sub-exámine" no caía bajo las previsiones de la Ley Nº 2.427. - Afirmó que había quedado descartada la comisión de error judicial en los primeros pronunciamientos que dispusieron la prisión preventiva del Señor P. o denegaron la excarcelación, los que, quedaron firmes. Aclaró que había quedado demostrado el error judicial con la resolución del Superior Tribunal de Justicia del 03 de julio de 2.002, que había anulado la denegación de excarcelación resuelta por la Cámara del Crimen el 10 de mayo de 2.002. No se declaró la antijuridicidad de la detención del actor por el período anterior al pedido de excarcelación del Señor Defensor de Cámara, esto es antes del 09 de mayo de 2.002. Es por ello que el período de detención que resultaba alcanzado por la nulidad y, en consecuencia por la antijuridicidad, involucró solamente un período de algo menos de dos meses, desde el 09 de mayo de 2.002 hasta el 05 de julio de 2.002, fecha en la cual se hizo lugar al pedido de excarcelación. -- En punto a los rubros reclamados, señaló que, el actor requirió la suma de $ 33.000 por la pérdida de veinte meses de salarios, por lo que cuantificó los ingresos mensuales en $ 1.650. Siendo así, por este rubro reconoció el monto de pesos tres mil trescientos ($ 3.300), dado que la pérdida de ingresos computables se redujo a dos meses.

En lo que se refería al daño moral, encontró que el reclamo por este ítem resultaba procedente, ya que el actor se vio privado de la libertad de manera antijurídica por el lapso de dos meses. Entendió que el daño fue grave, en cuanto la libertad era uno de los bienes más preciados por el ser humano, mas el período de tiempo por el cual se había prolongado la detención ilegítima, se redujo a dos meses, lo cual evidentemente aminoraba la cuantificación del perjuicio. Creyó razonable reconocer por este rubro la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000).

Seguidamente indicó otro rubro que había peticionado como lucro cesante futuro por incapacidad laborativa futura y el daño causado a su familia que redundó en un deterioro a su personalidad, que estimó en la suma de $ 200.000. El Magistrado señaló que no se dedujo que el actor presentara incapacidad laborativa alguna en razón de su estado anímico o psicológico, correspondiendo la desestimación de ese rubro.

Por último, examinó el reclamo que se sustentaba en la necesidad de su concubina en contraer un préstamo hipotecario por la suma en dólares estadounidenses equivalente a pesos noventa y cinco mil ochocientos ($ 95.800). Concluyó que la eventual pérdida de ingresos por tal escaso período de tiempo no guardaba relación de causalidad adecuada con la imposibilidad de afrontar la deuda mencionada, por lo que rechazó ese ítem.

En consecuencia, propició al Acuerdo que se revocara el fallo apelado en cuanto rechazó la demanda, haciendo lugar parcialmente a la misma y condenando a la accionada a que en el plazo de diez días de consentida la misma, abonara al actor la suma de pesos veintiocho mil trescientos ($ 28.300), con más los intereses.

En punto a las costas, entendió que si bien se había hecho lugar parcialmente a la demanda, tanto en el aspecto cualitativo -se rechazaron dos rubros de los cuatro requeridos-, como cuantitativo -se acogió el reclamo por una suma sensiblemente menor a la demandada-, la cuestión central debatida en autos -la existencia o no de responsabilidad de la Provincia accionada- había sido favorable para el actor, por lo que consideró que debía ser la demandada quien cargara con las costas en mayor proporción. Fundó su opinión en jurisprudencia y doctrina. Adecuó, a continuación, los honorarios regulados en la instancia anterior. Fijó las costas de la sede y reguló los honorarios. -- Seguidamente emitió su voto el segundo Magistrado. Comenzó enunciando los tres agravios esgrimidos por la actora. -- Entendió que metodológicamente correspondía tratar en primer lugar el último agravio de la apelante que cuestionó que la "a-quo" no hubiera tenido en cuenta la reforma constitucional producida en la Provincia del Chubut en 1.994, cuyo artículo 60 extendía el resarcimiento a los detenidos injustamente. De ello coligió que no hacía falta declarar la inconstitucionalidad de la Ley Nº 2.427, contrariamente a lo afirmado por la Juez de grado. - Consideró que a la actora apelante le asistía razón al decir que las disposiciones constitucionales eran de aplicación directa y prevalecían sobre cualquier otra de inferior jerarquía normativa e informaban toda interpretación de las leyes. -- Expresó que si la Ley Provincial se oponía a la Constitución, el art. 10 de aquélla, hubiera obligado al juez a revisar si la ley era compatible con la Constitución declarando, a pedido de parte o de oficio, su inconstitucionalidad. Pero en el caso de autos, aclaró, ello no ocurría, porque la Ley Nº 2.427 resultaba inaplicable. No hacía falta, agregó, declararla inconstitucional. - Precisó que el hecho que se aplicara al caso el art. 60 de la Constitución Provincial no significaba el automático acogimiento de la pretensión actora. - Expuso que la apelante presuponía que el decisorio del STJ de Chubut del 03 de julio de 2.002 tornaba ilegítimo todo el período de detención del actor. Insistió que ello no era así, pues no había declaración alguna en autos de antijuridicidad de todo ese período. El STJ de Chubut lo único que anuló, fue la sentencia del 10 de mayo de 2.002, que denegó el pedido de excarcelación interpuesto por el detenido C. D. P.. Dicho pedido fue introducido con fecha 09 de mayo de 2.002, por el Sr. Defensor de Cámara, Dr. Alfredo PÉREZ GALIMBERTI y el detenido lo estaba desde el año 2.001, sin que su detención anterior al 09 de mayo de 2.002 haya sido declarada antijurídica por acto jurisdiccional alguno.

Reconoció que el STJ declaró nula una denegatoria de excarcelación del actor, pero la misma se relacionaba con su detención durante dos meses, esto era, el período 09 de mayo de 2.002 a 05 de julio de 2.002. Lo ilegítimo fue esa detención, pero no el período restante o anterior.

Explicó que el pedido de excarcelación, primero denegado y luego concedido al actor, permitía descartar la alegación suya de detención indebida anterior a ese pedido. Existió un acto propio de reconocimiento de la defensa del actor que impedía el progreso del reclamo por etapas previas a ese pedido de excarcelación, al haberse reconocido el sustento de la imputación penal dirigida en su contra.-- Alegó que habiendo contado dicho pedido de excarcelación con la aquiescencia de la Señora Fiscal de Cámara, la denegatoria de la excarcelación -luego anulada por el STJ- había sido antijurídica y mantuvo al actor en una privación de libertad que no era jurídicamente sustentable, lo que vulneró su derecho a la libertad por el lapso de dos meses.

A mayor abundamiento el Magistrado votante, señaló que no estaban debidamente acreditados respecto del período de detención previa al 09 de mayo de 2.002, los presupuestos de la responsabilidad del Estado. -- Fijó que el daño estaba probado, pero con posterioridad al pedido de excarcelación. Tuvo por acreditados debidamente en relación al mismo, los presupuestos de la responsabilidad de la demandada, daño causado (pérdida de ingresos y daño moral), antijuridicidad de ese daño (mantener a una persona detenida en contra de la opinión del fiscal y través de un fallo anulado por el STJ de la Provincia), relación causal adecuada entre el hecho antijurídico y el daño sufrido y existencia de un factor de atribución de responsabilidad al Estado. -- De acuerdo al período de detención acreditado en autos, a las circunstancias de la causa y adaptando a lo probado efectivamente lo peticionado por el actor para el resarcimiento de un período mayor, el Magistrado sufragante entendió que la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000) resarcía o mitigaba debidamente el agravio moral padecido.

En punto a la incapacidad para el trabajo alegada por el actor, indicó que ella no había sido probada debidamente. Consideró, asimismo, que el reclamo derivado de la ejecución hipotecaria, no era indemnizable, dado que no guardaba relación de causalidad adecuada con la detención del actor por los meses de mayo a julio de 2.002, período por el que se le otorgó indemnización. - Finalmente señaló que los motivos expuestos lo llevaban a concluir que el decisorio atacado debía ser revocado en punto al rechazo de la demanda, acogiéndose en consecuencia parcialmente la misma y condenándose a la demandada a indemnizar al actor la suma de pesos veintiocho mil trescientos ($ 28.300) en concepto de daños materiales y morales ocasionados por la indebida prolongación de su detención por el lapso de dos meses. -- III.- EL RECURSO DE APELACIÓN ORDINARIA.

A fs. 538 el Dr. Adolfo Federico von PÖEPPEL, en representación de la Provincia del Chubut y a fs. 539 el Señor C. D. P., con el patrocinio letrado de los Dres. S. A. y T. R., interponen sendos Recursos de Apelación Ordinaria por ante este Superior Tribunal de Justicia contra la Sentencia registrada bajo el Nº 12/09 dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones -Sala "B"- de la ciudad de Trelew, los cuales fundan a fs. 547/549 vta. y 544/546 vta., respectivamente.

A fs. 562 se llaman Autos para Sentencia. - Se queja la demandada que la Sentencia de la Excma. Cámara hiciera lugar a los agravios vertidos por la actora recurrente toda vez que -alega- los mismos difieren de la postura argumentada y sustentada en el escrito de demanda. Explica que el actor al expresar agravios contra el fallo de primera instancia, modifica sensiblemente su posición respecto a la supuesta ilegitimidad de su detención, pues deduce, en la segunda instancia, que fue detenido en forma arbitraria e injusta, ya no por haber sido absuelto en la Sentencia Definitiva, sino porque en la etapa instructoria, por error de la Cámara y desoyendo la opinión del Fiscal, tuvo que sufrir 20 meses de injusto encarcelamiento.

Critica que el apelante hubiera modificado su posición primigenia esbozada en la demanda, cambiando los argumentos para sostener la apelación y la Cámara, si bien lo advirtió, aceptó este cambio sosteniendo que ello ya había sido manifestado por el recurrente en el escrito de inicio. - Advierte que es en la Segunda Instancia donde el actor funda sus agravios en la ilegitimidad y arbitrariedad de su detención derivada de la Resolución decretada por el Superior Tribunal de Justicia Provincial, no ya de la Sentencia absolutoria, de cuyas consideraciones pretendió hacer desprender dicha arbitrariedad e ilegitimidad de la prisión preventiva, conforme el escrito de demanda.

Expresa que resulta contradictorio y agraviante sostener como lo hizo la CANE que, respecto al tiempo anterior al 09 de mayo de 2.002 no se alegó ni probó su ilegitimidad ni su antijuridicidad, así como que, respecto de dicho plazo tampoco estuvieron debidamente acreditados los presupuestos de responsabilidad civil.- Se agravia que la CANE hubiera considerado válido o legítimo el período de detención anterior al 09 de mayo de 2.002 e ilegítimo el tiempo posterior de casi dos meses que va desde el 09 de mayo de 2.002, en que se efectuara el pedido de excarcelación y fuera rechazado, al 05 de julio de 2.002, en que el Superior Tribunal dictó la anulación del pronunciamiento denegatorio de la Cámara Penal. -- Explica que resultó contradictorio pues entiende que se habla de un mismo lapso de tiempo de detención, que se inició con el auto de prisión preventiva y sobre el cual hubo otros pedidos de excarcelación que fueron oportunamente denegados.

Estima que la CANE se equivoca cuando sostiene que el daño estaba probado por el período posterior al pedido de excarcelación, estando acreditados los presupuestos de responsabilidad civil del Estado.

Reitera que la decisión del Superior Tribunal que anuló una resolución de la Cámara del Crimen mandando dictar otra, no torna a aquélla en arbitraria e ilegítima. Tampoco la torna, agrega, el tiempo de detención entre una y otra resolución en ilegítima, no configurándose el daño alegado en la Sentencia recurrida.

--Se agravia también de la condena. Se queja de la carga en costas en una proporción mayor que la recurrente. Manifiesta que ello violenta el principio objetivo de la derrota y lo dispuesto en el art. 71 del Código Ritual, en cuanto a que, en caso de vencimiento parcial y mutuo, las costas se distribuirán o compensarán en proporción al éxito obtenido por cada una de las partes. Finalmente, aclara, que al actor se le rechazaron dos de los cuatro rubros solicitados por no haberlos acreditado y sólo se hizo lugar parcialmente a la demanda por un monto excesivamente más bajo en relación a la escalofriante suma requerida en la demanda. -- En definitiva, solicita se revoque el fallo en cuanto a los agravios expresados, rechazando la demanda, con costas a la actora.-- En su escrito "Expresa Agravios", la actora se queja, en primer término que la sentencia hubiera limitado la antijuridicidad de la detención del Señor P. a un período de sólo dos meses, aduciendo que el pedido de excarcelación y por el cual se declaró nula la denegatoria de la Cámara, fue interpuesto con fecha 09 de mayo de 2.002, por el Señor Defensor de Cámara, y el detenido lo estaba desde el año 2.001, sin que su detención anterior al 09 de mayo de 2.002, hubiera sido declarada antijurídica por acto jurisdiccional alguno. Alega que de ello no se puede concluir que fue legítima su detención, toda vez que se aparta del precepto constitucional que prescribe y reafirma el principio de inocencia.

Esgrime que la confusión del sentenciante radica en que si bien se declaró la antijuridicidad de la detención a partir del mes de mayo de 2.002, ello no quita que los meses anteriores hubieran sido de detención ilegítima, aún sin declaración jurisdiccional, en razón del exceso de la prisión preventiva del Señor P., no sólo por haberse cumplido el período mínimo de detención, sino porque los presupuestos que requerían disponer la detención no se cumplimentaron en su totalidad y no se probó que hubiera peligro de fuga y posibilidad de entorpecer la investigación. - Apunta que debe revocarse en ese punto el decisorio y pronunciarse por la ilicitud de la detención en la forma solicitada en la demanda. -- El segundo agravio se refiere a la cuantificación del daño. Sostiene que si la detención fue ilegítima durante los veinte meses, el daño debe computarse conforme a los salarios dejados de percibir por el actor ($ 33.000) y el daño moral conforme lo estimado en la demanda.

Manifiesta que en el supuesto de no acogerse el primer agravio y en el improbable e hipotético supuesto de coincidir con que el período de detención ilegítimo fuera de dos meses, insiste en que tampoco se justificaría la arbitraria e infundada estimación del daño moral en pesos veinticinco mil ($ 25.000).

Razona que si una detención y encarcelamiento injustificados, aunque sólo fuera de dos meses, privando a una persona de la facultad ambulatoria y del contacto con sus familiares, se mensura en pesos veinticinco mil ($ 25.000), constituye un agravio a toda la doctrina que informa y sostiene el resarcimiento del daño moral. En este agravio, peticiona, que se revoque el exiguo monto y se haga lugar al solicitado en la demanda o en su defecto, se eleve considerablemente el fijado por la Cámara de Apelaciones. -- En torno al tercer agravio explica que el reclamo derivado de la ejecución hipotecaria, fue juzgado en la Sentencia como no indemnizable, dado que el corto período de detención ilegítima, no tendría causalidad adecuada para acoger ese reclamo.

Sin embargo, expone, este rubro debe acogerse en su totalidad, pues su detención le impidió arbitrar los medios para el cumplimiento de la deuda hipotecaria contraída.

En cuarto lugar señala que el rechazo total del rubro rotulado: como lucro cesante futuro por incapacidad laborativa futura y el daño causado a su familia, no se fundó debidamente. Aduce que no poder establecer el grado de angustia o daño psicológico, no significa que no lo hubo, dado que ello es inherente a toda privación de la libertad. Continúa argumentando que resulta una contradicción flagrante y una tergiversación de la pericia, concluir que no hubo desmedro, disminución o daño en la capacidad laborativa de un encarcelado injustamente. En consecuencia, estima que debe revocarse el infundado rechazo del resarcimiento relativo a este rubro y concederse en su totalidad o al menos en un monto razonable que morigere el infundado rechazo.

En definitiva, hace reserva del Caso Federal y solicita se haga lugar a la Apelación, revocando la Sentencia de Cámara, en las partes que es motivo de agravios, con expresa imposición de costas.- A fs. 561 y vta. obra dictamen del Señor Procurador General Adjunto quien opina que corresponde hacer lugar al Recurso Ordinario de Apelación deducido por el Estado Provincial, revocando la sentencia en crisis y rechazando la demanda. -- IV.- ANÁLISIS:

1.- Arriban estos autos a decisión de la Sala del Superior Tribunal de Justicia que integro, en virtud de sendos Recursos de Apelación Ordinaria interpuestos por actora y demandada, en contra del decisorio de la Cámara de Apelaciones de Trelew, registrado bajo el número 12 del año 2.009, el cual revoca la decisión de Primera Instancia, y hace lugar a la demanda promovida por el Señor C. D. P. contra la Provincia del Chubut. En dicho fallo se admitió la indemnización por los rubros: daño patrimonial y moral, las costas se readecuaron para la instancia de grado y, en la Alzada se distribuyeron en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% en cabeza del actor. - La actora se queja en primer lugar, por cuanto la sentencia limita el plazo de ilegitimidad en la detención a solo dos meses. También cuestiona el monto indemnizatorio fijado en concepto de daño moral al que califica de injusta e infundadamente reducido por la Cámara de Apelaciones. Insiste con su reclamo indemnizatorio por la deuda hipotecaria que debió asumir para hacer frente a sus obligaciones, ante la imposibilidad laboral del quejoso por su privación de libertad y, asimismo, con el daño futuro por incapacidad laborativa futura, más el daño causado a su familia por idénticas razones. -- Por su parte, la demandada se agravia porque considera que la Cámara revoca el decisorio de grado utilizando elementos no invocados en el escrito de inicio, donde el actor reclamó los daños y perjuicios ocasionados por los errores de los magistrados y funcionarios al definir una calificación legal a los delitos que se le imputaran, que condujeron a su detención por orden del Juez de Instrucción. Luego, en la Alzada, plantea la ilegitimidad de la detención con fundamento en el decisorio de este Tribunal, donde se declaró nulo el resolutorio de la Cámara Criminal que confirmó su detención. Refiere que la sentencia recurrida advirtió esa circunstancia pero lo trató igual, entendiendo la demandada que el planteo se había introducido por primera vez, al expresar los agravios respecto de la sentencia de grado, y ello modificaría la postura inicial del accionante al trasladar la fundamentación de su reclamo, a la exclusiva decisión de este Superior Tribunal. - También considera que el período de ilegitimidad no puede remontarse a la fecha de la detención del actor por cuanto la declaración de nulidad de la sentencia de Cámara, se refiere, exlusivamente, al último pedido de excarcelación peticionado.

Critica, en definitiva, que se condene a su parte al pago de indemnización alguna, toda vez que el actor no logró acreditar los daños y perjuicios sufridos, circunstancia que enerva la petición de inicio, ya que el art. 60 de la Constitución Provincial exige la demostración del daño para reclamar su pago. -- 2.- Ambos recursos bajo análisis satisfacen los recaudos de admisión de la vía intentada, en la medida que se articulan contra una sentencia definitiva emanada de la Cámara de Apelaciones, donde una de las partes involucradas es el Estado Provincial, y el litigio denota la existencia de un evidente "valor económico" en juego, por lo que no habré de ahondar en mayores precisiones sobre el particular.

Lo dicho, no significa, sin más admitir la procedencia formal de sendos Recursos, pues para ello también resulta menester merituar, si por su suficiencia, los memoriales presentados resultan aptos para superar el escollo que haga viable la consideración de los fundamentos de la sentencia apelada en función de los cuestionamientos de las quejosas.

En el sentido expuesto cabe establecer que es requisito de toda expresión de agravios, que la crítica que se efectúe al resolutorio adverso, constituya un cuestionamiento concreto y razonado de las partes que el apelante considere erróneas (conf. SD Nº 01/SROE/08). No basta a los efectos de conmover los fundamentos del decisorio que se ataca la mera disconformidad, sino que deben darse razones concretas y serias que signifiquen un verdadero ataque directo a la decisión, demostrativas de los errores de hecho y de derecho que la misma pudiere contener. Como el Superior Tribunal de Justicia, con anteriores composiciones, lo señalara, "la expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal..." y debe contener un estudio minucioso y preciso de la sentencia apelada y condensar los argumentos y los motivos que demuestran los errores cometidos por el juez, y ello para que el tribunal, además, pueda apreciar en qué puntos y por qué razones el apelante considera perjudicado su derecho". Esto es, el memorial deficiente o incompleto, lleva indefectiblemente a la deserción del recurso (SD Nº 51/92 y 7/93, 9 y 14/SRE/98, 08/SRE/01). -- En SD Nº 22/SRE/01 se señaló que criticar es muy distinto a disentir, lo primero conlleva un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos o jurídicos que el fallo pudiera contener, en cambio disentir no significa otra cosa que la mera exposición de que no se está de acuerdo con la sentencia. Así, no constituye expresión de agravios el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista, las generalizaciones o el mero desacuerdo con lo resuelto, las simples consideraciones subjetivas o disgreciones inconducentes o carentes de debido sustento jurídico (conf. SD Nº 28/SRE/97). O bien como lo ha caracterizado otro Tribunal de igual jerarquía, "la simple proposición de una exégesis legal distinta que se considera más adecuada" (Conf.: S.T.J., de Santiago del Estero, 2/2/97, "CHAVEZ c/ CHAVEZ"). - 3.- Dicho esto, advierto que el memorial traído por la parte actora a esta instancia no se ajusta estrictamente a los recaudos reseñados "supra", ya que las razones expresadas en el mismo no se advierten suficientes para refutar los argumentos de hecho y de derecho dados para llegar a la decisión impugnada (Conf. C.S.J.N., Fallos: 304:1444; 308:818; 317:1365 y 325:3422). -- Como ya se expresara, el actor pretende un resarcimiento abarcativo de todo el período de detención fundado en error de los magistrados y funcionarios que fueron confirmando la prisión preventiva en cada oportunidad que se requirió la excarcelación, situación que entiende corroborada por lo resuelto por este Tribunal mediante SI N° 24/02. -- La sucesión de las constancias del juicio, fueron tenidas en cuenta por la Alzada al analizar los agravios expuestos ante esa instancia, cuyos argumentos no han sido debidamente atacados por el actor en el recurso bajo análisis. En primer lugar, cuando el Dr. LÓPEZ MESA (fs. 530 vta.) se refiere a la preclusión de los pedidos de excarcelación anteriores al de fecha 09 de mayo de 2.002, tuvo en cuenta en su voto, que no podía dejar de considerar los dichos efectuados por el Defensor General al momento de interponer su pedido de excarcelación a fs. 13/14 del incidente penal N° 56-02 "P., C. s/ excarcelación", quien explícitamente indicó que no cuestionaría la "autoría o responsabilidad del mismo en los hechos reprochados". - Este sólido y relevante considerando no tuvo el debido reproche por parte del quejoso, cuando era prácticamente insoslayable si pretendía cuestionar la legitimidad de su detención desde que ésta tuvo lugar. Lejos de ello, nada dijo al respecto y por lo tanto queda claro que este punto quedó firme para él. Pero, además, señaló el mismo Camarista que la demanda delimitó las cuestiones de hecho y derecho sometidas a su juzgamiento a la ilegitimidad de la detención y la existencia de errores no excusables cometidos por funcionarios y magistrados, los cuales no fueron demostrados en autos. Al no rebatir tampoco este otro argumento dirimente, lo dicho en la Alzada sobre el particular, también ha adquirido grado de firmeza, puesto que el recurrente sólo se limitó a reiterar su posición de demanda pero sin demostrar, en modo alguno, cómo quedó acreditado el error judicial que atribuyó a magistrados y funcionarios y cuál fue la prueba conducente para tal fin. Sin acreditación certera del error invocado, el agravio queda huérfano de sustento fáctico y jurídico y por ende impiden a este Tribunal modificar lo resuelto en la instancia anterior. -- Por lo que propongo al Acuerdo declarar desierto el recurso de la actora en este primer agravio que he tratado. ASÍ LO VOTO. -- 4.- Analizo ahora el recurso de la demandada, por el que se cuestiona la atribución de responsabilidad fijada por la Cámara de Apelaciones, en tanto que su resolución definirá la suerte de los restantes agravios de actora y demandada. -- Se advierte que, en la primera de las quejas, la accionada cuestiona la conducta seguida por la actora, ya que considera que los fundamentos de la apelación presentada por ante la instancia anterior, no fueron los mismos que manifestara en su escrito inicial. Esta circunstancia la advierte la Alzada cuando corrige que la denegación de excarcelación que se recurre se refiere, exclusivamente, al último pedido efectuado por el actor ante la Cámara del Crimen de Trelew, que no abarcarían, en modo alguno, los denegados con anterioridad por el Juez de Instrucción.

En función de la insuficiencia técnica ya establecida respecto del recurso de P., queda perfectamente establecido que el período por el cual habré de analizar si hubo o no ilegitimidad en la detención, a los efectos de la procedencia de la indemnización reclamada, se circunscribirá al plazo de dos meses transcurrido desde el planteo del último incidente de excarcelación (presentado con fecha 09/05/02) y el dictado de la resolución de este Tribunal que declaró nulo el interlocutorio de la Cámara del Crimen (con fecha 05/07/02), exclusivamente.

La ilegitimidad que da lugar, en sentido propio, al llamado "error judicial", aparece cuando el acto judicial dictado por el magistrado en ejercicio de su potestad juzgadora, resulta objetivamente contrario a los hechos comprobados en la causa, al derecho y a la equidad; o si se quiere, cuando entre la confrontación de la solución dada y la que correspondía de acuerdo a la apreciación de la prueba y la ponderación de las normas especialmente aplicables, resulta evidente, manifiesto e inopinable, la existencia de la equivocación productora de un daño cierto (conf.: C.S.J.N., "LÓPEZ, Juan de la Cruz c/ CORRIENTES, Provincia de s/ daños y perjuicios", 11/06/98).

Jorge MOSSET ITURRASPE, citando a BIDART CAMPOS, dice que "la prisión preventiva, la privación de la libertad durante el proceso penal es, en principio, legítima, porque conduce a posibilitar la indagación de la verdad en orden al presunto delito y su autoría. La defensa social y el fundamento mismo del enjuiciamiento penal consiente, dentro de dimensiones razonables y según la naturaleza del caso y del ilícito penal, las formas que, bajo nombres diversos, implican privación provisional de la libertad del imputado procesado" ("El Error Judicial", Ed. RUBINZAL-CULZONI, 2.005, pág. 71). - El autor citado opina que en jurisprudencia se ha hecho un distingo entre el imputado absuelto por inocencia del que lo es por falta de mérito o de pruebas, o por el beneficio de la duda, y así concluye que el derecho indemnizatorio no pertenece en estos últimos supuestos. Acordando con PARELLADA, refiere que "la presunción de inocencia es suficiente para fundar el derecho a la libertad pero no el de indemnización a cargo del Estado" (Op. citada, pág. 72). - Juan Fernando GOUVERT, en su trabajo "Responsabilidad del Estado por Acto Lícito", pág. 2 (publicado en www.pensamientopenal.com.ar/16102008/doctrina05.pdf), refiere que nuestro derecho es restrictivo, cuando se trata del acto judicial regular, porque en la comunidad jurídicamente organizada todos sus componentes tienen el deber o carga genérica de someterse a decisiones que se tomen en los procesos jurisdiccionales, lo cual implica tener que soportar los daños ocasionados por una sentencia desfavorable (que no da lugar a sus pretensiones). - Continúa diciendo el mismo autor que el máximo Tribunal de la República ha dicho que para que el estado sea responsable del perjuicio ocasionado a quien imputado de un delito sufre prisión preventiva y posteriormente resulta absuelto, es exigible que: 1) la absolución sea dictada en virtud de su manifiesta inocencia y 2) que el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado y arbitrario (Fallos 321:1.712). -- En el caso específico de la prisión preventiva debe centrarse el análisis en la etapa instructoria a fin de establecer si los elementos de juicio valorados por el instructor en ese momento, pudieron llevar a su convencimiento, con la provisoriedad propia de esa etapa preliminar, sobre la existencia del hecho delictivo y la participación en el mismo del imputado. Resulta vital el actuar del juez de instrucción -o de garantías- en la causa penal en cuestión, a partir de considerar que media un ejercicio irregular del servicio en el dictado del auto de procesamiento y prisión preventiva en contra del acusado teniendo en cuenta su absolución posterior, y en especial, la descalificación judicial en la etapa (Autor citado, pág. 17). - Siguiendo esta línea de pensamiento, se advierte en las constancias de la causa penal agregada como documental por la presentante, que el Juez de Instrucción decretó el procesamiento con prisión preventiva de P. con fecha 15/05/01 por considerar que los hechos denunciados en su contra tuvieron lugar con el grado de probabilidad requeridos y que los autores fueron el actor y los coimputados, en asociación ilícita.

-La situación procesal de P. fue analizada por la Cámara del Crimen al denegar la excarcelación que aquí nos ocupa, y destacó que la causa penal había sido elevada a juicio en orden al delito de estafa, dos hechos, en concurso real, ambos en concurso ideal con circulación de moneda falsa por Equiparación de Cheque, todos en concurso real con Asociación Ilícita (arts. 172, 54, 55, 282 en relación al 285, 210 del C.P.). - Ello a su vez, surgía de las propias constancias del expediente penal, donde la calificación legal de los delitos que le fueran imputados por el Juez de Instrucción, fue confirmada por la Alzada al entender que se había logrado establecer, con cierto grado de probabilidad, la reunión de los coimputados y la permanencia de la asociación a partir del año 1.999 -conforme lo manifestado en la realización de maniobras con cheques adulterados además de otros hechos de estafa requeridos de instrucción por el Ministerio Público Fiscal (conf.: documental de fs. 263)-. También se desprendía del expediente que el actor y H. L. habían efectuado la compra de ladrillos al damnificado R., mediante el pago de cheques adulterados supuestamente firmados por funcionarios del municipio de Rawson, de numeración correlativa, relacionados con otros cartulares presentados en la ciudad de Esquel por R. H. L.. Surgían, además vinculaciones estrechas con el vehículo utilizado por los coimputados para transportar los bienes adquiridos, la aparición de las chequeras dejadas por uno de ellos en la casa de F., sumado a la entrega de otros títulos adulterados en la ciudad de Puerto Madryn por parte del actor, una sumatoria de hechos que demostraron con cierto grado de probabilidad la asociación de los imputados para cometer ilícitos indeterminados (fs. 263 vta.). En definitiva la Cámara del Crimen consideró probados dos elementos subjetivos de dicha figura: el conocimiento y participación en los fines de la asociación, y segundo, que dicho sujeto sea considerado parte por los restantes integrantes de la misma. Por ello, confirmó la prisión preventiva dictada por el Juez de la anterior Instancia, quien tuvo en cuenta además, que la eventual pena aplicable al actor, podría dar lugar no sólo a la existencia de peligro de fuga de los imputados sino también al entorpecimiento de los restantes medios probatorios pendientes de producción. - Entre el pedido de elevación a juicio y el dictado del fallo definitivo, tuvo lugar el último incidente articulado por el actor en pos de obtener la concesión de la excarcelación, plazo donde no se produjeron modificaciones en la causa penal que pudieran llevar a distintas conclusiones de las consideradas hasta ese momento por la Cámara del Crimen, la cual explica y fundamenta su decisión de sostener la prisión preventiva, en disidencia con lo expresado por la Fiscal de Cámara a fs. 17 (Expte. Nº 56/02). - Por otra parte la sentencia definitiva dictada en la causa penal, de fecha 28 de mayo de 2.004, absolvió al actor con relación al delito de estafa por entrega de cheques adulterados, por no considerarlos equiparables a la moneda falsa sino que se los define como cartulares a los efectos de discernir el bien jurídico tutelado. Respecto de los cheques utilizados en la compra de ladrillos en Gaiman, no los considera falsificados por el beneficio de la duda (art. 4 del C.P.P.). Los restantes, si bien contaron con la respectiva pericia, no hubo indicación clara de si fueron adulterados o falsificados, circunstancia que al no ser equiparable, debe ser detallada en cada supuesto en particular. Estas circunstancias constituyeron los pilares que definieron su absolución. -- 5.- Lo dicho me lleva a la convicción que la anulación de la decisión que deniega la excarcelación no constituye sin más el error judicial que se atribuye, menos aún cuando no indica el actor de modo claro y contundente en qué consistió el grave desacierto endilgado a los Sentenciantes. Tampoco realizó actividad probatoria conducente y eficaz para demostrar sus simples alegaciones. Así, al expresar sus agravios por ante la Cámara de Apelaciones de Trelew, respecto de la sentencia de grado, el actor indica en el primero de ellos: "que fui detenido en forma arbitraria e injusta no porque haya sido absuelto en la sentencia sino que en la etapa instructoria, por error de la Cámara y desoyendo la calificada opinión del Fiscal, tuve que sufrir 20 meses de injusto encarcelamiento" (pág. 485 vta.). He transcripto el párrafo por cuanto estos dichos, más allá del error en el que incurriera el actor al pretender injustificadas las detenciones anteriores por el fallo que dictara este Superior Tribunal, no dejan de ser simples expresiones cuya comprobación en autos, a los efectos de establecer la existencia de error judicial y por ende daño resarcible, resultaron también insuficientes.

No puedo dejar de considerar que en materia de daños y perjuicios, rige el principio que establece que los mismos deben demostrarse, como refiere LLAMBÍAS al decir que "la prueba de la existencia del daño es indispensable, y no puede otorgarse indemnización alguna si falla esa comprobación" (Cód. Civil Anotado, Tº II-A, pág. 159). - Por el contrario, acorde a las circunstancias tenidas en cuenta al momento del dictado de los respectivos decisorios, se constatan actos procesales debidamente fundados durante la tramitación del proceso penal, sin que se advierta un acto que se pueda calificar como contradictorio ni con los hechos que motivaran la instrucción penal ni con el derecho ni mucho menos la equidad. - 6.- Si puede afirmarse, al leer la sentencia de la Cámara del Crimen que rechazó el último pedido de excarcelación, que existe un distinto criterio en la fundamentación de la denegatoria a aquél que ulteriormente sostuvo este Tribunal. Pero en ningún modo se puede colegir que dicho resolutorio haya sido infundado o arbitrario, toda vez que los Camaristas entendieron que los delitos atribuidos hasta ese momento al actor -supra detallados-, conforme el auto de elevación a juicio y dictamen del Ministerio Público, constituían delitos que llevaron a "merituar la pena a aplicarse" como de imposible ejecución condicional, entre otros fundamentos.-- La diversidad de criterios no implica que uno de ellos sea erróneo de manera automática, y ante el resultado adverso, cuenta el agraviado con los remedios procesales tendientes a obtener la revisión de la decisión. Que ello ocurra significa que ha funcionado adecuadamente el paraguas protector del debido proceso, contribuyendo a la optimización de la administración de justicia. Se ha sostenido que lo importante en las decisiones judiciales "descansa no sólo en aquél interés en orden a un ejercicio democrático del poder, sino ya en el interés más inmediato de los destinatarios de la norma que consagra un determinado resultado interpretativo. De ese modo quedan expeditas las vías impugnativas ante las instancias judiciales superiores por parte de los agraviados por la decisión, quienes a su vez intentarán rebatir los argumentos dados en apoyo de la misma (Conf.: Rodolfo L. VIGO, "Interpretación Jurídica", Ed. RUBINZAL-CULZONI, pág. 36, año 1.999).

En idéntico sentido sostuvo la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que "el error en el juzgar, por sí mismo, el error de criterio en la apreciación de los hechos no configura una falta del servicio de justicia ni una prestación irregular del mismo. Es que en razón de los límites de la condición humana y, por ende, de la falibilidad de los jueces, ese servicio está estructurado en una serie de sucesivas instancias que permiten recursos o medios de impugnación mediante, revisar o enmendar en las instancias superiores los "errores" (muchas de las veces, diferencias de interpretación del derecho, en la valoración de los hechos o en la apreciación de la prueba) cometidos en las inferiores" (SCBA, "M.M., L. c. Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios", 19/09/07, c87857). Por ello, dijo el Alto Tribunal que "no hay ilegitimidad fundante de "error judicial" cuando el acto jurisdiccional se dicta de un modo formalmente regular y con un contenido que enmarca dentro de un razonable criterio judicial de apreciación de los hechos y del derecho aplicable, aunque las personas a quienes dicho acto afecta puedan sentirse perjudicadas y objeto de una decisión arbitraria (Fallos 321:1712).- 7.- A mayor abundamiento, no se puede atribuir ilegitimidad en la detención por su sola invocación, y por ende, no corresponde establecer una indemnización en forma automática por tal motivo.- Cabe destacar que la cautelar restrictiva de la libertad se habría tornado tal, si hubieran dado alguno de los supuestos que preveía el ordenamiento jurídico en el antiguo art. 107 in fine del Código Procesal Penal -vigente al momento del período bajo análisis-. No se advierte en autos ninguno de dichos supuestos, de manera que no surge evidente la mentada ilegitimidad atribuida por el quejoso.

Por los fundamentos que anteceden, asiste razón a la demandada en cuanto considera que las causales invocadas por el actor para justificar la reparación de autos, por el período acotado de aproximadamente dos meses, no han sido probadas como presupuesto de la existencia del daño, motivo por el cual propongo al acuerdo se haga lugar al agravio de la demandada y se revoque la sentencia opugnada. ASÍ LO VOTO. -- A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo:

1.- Venidos estos autos en virtud de sendos Recursos de Apelación Ordinaria interpuestos por las partes actora y demandada en contra de la sentencia de la Cámara de Apelaciones que admitiera parcialmente la procedencia de la acción intentada, comienzo por adelantar que en primer término he de considerar el recurso de la demandante, pero acotado al cuestionamiento que formula por la falta de reparación del período de detención anterior al 9 de mayo del año 2.002. Ello así por cuanto los restantes agravios propuestos dependerán de la suerte que corra el recurso de la parte accionada, referido a la responsabilidad que se le atribuyera por el período restante.

La lectura del memorial de agravios que introduce la recurrente actora, me induce a reflexionar que el mismo carece de suficiencia técnica adecuada, en tanto omite criticar de manera concreta y razonada los fundamentos de la sentencia impugnada por los que se deniega la reparación reclamada en relación al período de detención anterior al 9 de mayo de 2.002.

Es relevante aquí destacar que la Cámara de Apelaciones efectuó sustanciales argumentaciones que la llevaron a la adopción de la decisión recurrida, ninguna de las cuales obtuvo por parte del quejoso la pertinente y adecuada refutación. Así, dijo la Alzada que en tanto la demanda se promovió por considerarse ilegítima la detención y que existieron errores no excusables cometidos por funcionarios y magistrados, acotada por el marco de conocimiento impuesto a esa sede, no cabía explorar la posibilidad de resarcimiento aún cuando no hubiera existido error judicial en la prisión preventiva dictada; que el recurrente no cuestiona lo considerado por el a quo en cuanto a que la absolución del imputado en el juicio oral, no transforma la prisión preventiva y la detención en ilegítima, dado que resulta suficiente la semi plena prueba u otros elementos para justificarla; que quedó descartada la comisión de error judicial en los primeros pronunciamientos que dispusieron la prisión preventiva de Paredes o denegaron la excarcelación, los que quedaron firmes (voto del Dr. DE CUNTO).- A su turno, el restante Camarista señala que "la falta de sustento de la imputación penal contra él dirigida, así como el pedido de excarcelación basado más en elementos que demostrasen que no entorpecería la investigación que en cuestionar los elementos enderezados en su contra, implica que no puede compartirse en esta instancia la alegación del actor de que su detención era indebida por habérsele tenido por erróneamente encuadrado en una figura delictiva que no le correspondía (asociación ilícita). Existe un acto propio de reconocimiento de la defensa del actor a fs. 14 del expediente de su excarcelación agregado a autos que impide el progreso del reclamo por etapas previas a ese pedido de excarcelación, al haberse reconocido el sustento de la imputación penal dirigida en su contra" (voto del Dr. LÓPEZ MESA). - La escueta queja sobre este punto no se hace cargo en forma concreta de los fundamentos antes señalados, y se limita a reiterar aquellas afirmaciones que fueron introducidas en su escrito de demanda y que han tenido debido tratamiento, tanto por la instancia de origen como por la Cámara de Apelaciones. -- Con insistencia viene afirmando esta Sala que es condición de la expresión de agravios que constituya una exposición jurídica y lógica que demuestre que la sentencia es injusta y agraviante, indicándose porqué lo es. Requiere un estudio crítico, razonado, punto por punto, de los errores de la sentencia por la apreciación de los hechos o por la interpretación de las pruebas o la aplicación del derecho. No basta hacer consideraciones generales en torno a la sentencia; es menester hacer mérito de los motivos y razones legales que fundamentan el pedido de revocación. En este orden de ideas cabe precisar que no ha de ignorarse la previsión del art. 265 del C.P.C.C. En SD N° 05/SROE/05 se ha dicho que la norma es clara y no admite duda, exige que el debate se mantenga en un plano intelectual y no verbal, debe también seleccionarse del discurso del magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión. Incumbe al recurrente la tarea de señalar cuál punto del desarrollo argumental mismo constituye una errata en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que lleva al desacierto ulterior concretado en el veredicto. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, antes de tener éxito en su reclamo, se disipan en una continuada contradicción respecto de todo el desarrollo expresivo del magistrado, haciendo tan fatigoso cuan incompleto su reclamo y por ello cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica antes que por la solidez de la sentencia todavía no examinada (Conf. Cám. Nac., Sala D, 24/4/84, LL 1.985-B-596, sum. 119) (SD Nº 07/SROE/05) (mi voto en SD Nº 02/SROE/09). -- La deficiencia técnica apuntada me permite concluir en la insuficiencia del memorial de agravios en este punto, por lo que adhiero a la opinión del preopinante de considerar desierto el mismo.

2.- Paso ahora a tratar el recurso de la demandada, en tanto implica la revisión del decisorio en crisis por el período de tiempo en el cual se ha establecido la existencia de responsabilidad del Estado Provincial por la detención indebida del actor, esto es, desde el 9 de mayo de 2.002 hasta el 05 de julio de 2.002. - 2.1.- Para arribar a la conclusión que reconoce tal responsabilidad, los Sres. Camaristas han tenido por acreditada la indebida detención de P. a partir de la resolución del Superior Tribunal que anuló la decisión de la Cámara del Crimen que denegara la excarcelación del actor. Entienden de tal modo configurado el factor de atribución de la responsabilidad civil reclamada en el error judicial, contemplado en el art. 60 de la Constitución Provincial, que juzgan presente en el proceso penal. -- La queja de la demandada sobre este punto sostiene que ninguna de las causales contempladas en el art. 60 de la Carta Magna se han verificado en autos respecto de todo el período de detención de P., incluyendo el posterior al 9 de mayo de 2.002. Expone que el Superior Tribunal de Justicia anula el decisorio de la Cámara Criminal al sostener un distinto criterio de interpretación, pero que ello no convierte a dicho período en ilegítimo ni hay declaración del Superior Tribunal de antijuridicidad de tal lapso de tiempo. En nuestra Provincia, tal como vengo refiriendo, contamos con norma expresa de rango constitucional que prevé el derecho a reparación ante el supuesto de error judicial, y esta norma ha sido empleada por los Magistrados, descartando que fueran de aplicación los supuestos que dan lugar a indemnización establecidos por la Ley Nº 2.427. - 2.2.- Mas es importante establecer que para que efectivamente pueda sostenerse la existencia del "error judicial" contemplado en la Constitución, no basta conque la resolución o decisión sea revocada, sino que el vicio endilgado debe poseer determinadas características que ameriten su calificación como tal. A ello se refiere el art. 60 de la Manda Constitucional cuando estipula la reparación por error judicial "sin otro requisito que su demostración". -- Para reconocer tales características especiales, encuentro apropiado valerme de las enseñanzas aportadas por autorizada doctrina y jurisprudencia, que permitirán contornear los límites que demarcan el reconocimiento de la responsabilidad estatal, traspasados los cuales se activa o viabiliza la cobertura constitucional.

Ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "a los efectos de la demanda de daños y perjuicios por error judicial, la sola anulación o revocación de la sentencia condenatoria dictada en sede penal, a raíz de una instancia apta como lo es el recurso de revisión, es condición necesaria pero no suficiente para responsabilizar civilmente al Estado por un acto dictado en ejercicio de su función jurisdiccional. Ello así, pues la reparación sólo procede cuando resulta manifiesta la materialidad de la equivocación, lo que presupone un resultado erróneo, no ajustado a la ley." ("GONZÁLEZ BELLINI, Guido Vicente c. Provincia de Río Negro", 17/03/2.009, publicado en DJ 06/05/2.009).

En idéntico sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, con cita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que "la mera revocación o anulación de la resolución judicial no otorga derecho a la indemnización; es menester acreditar cuál es la falta de servicio imputado a los órganos estatales, individualizando las constancias del caso que indican que el ejercicio ha sido irregular" (CSJN, 13/10/1.994, "ROMÁN c. Estado Nacional", JA 1.995-I-263 y LA LEY, 1.995-B, 437) ("CARNEVALE, Raymundo Oscar c. Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y otros", La Ley Online).

Específicamente al tratar el supuesto de encarcelamiento cautelar, sostuvo el Alto Tribunal que "la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hayan llevado a los juzgadores al convencimiento -relativo, obviamente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta- de que medió un delito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor." (Fallos 329:3.806).

En otro precedente, se imputaba la existencia de error judicial y el actor sostenía que el mismo había sido reconocido en un fallo de revisión en casación, que declaró ilegítima y sin efecto por falta de acusación válida la sentencia impugnada ordenando remitir las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza para que dicte un nuevo fallo, luego del cual fue absuelto. Nuestro Alto Tribunal estableció que "como principio general, la absolución posterior del procesado no convierte en ilegítima la prisión preventiva dispuesta en el curso de un proceso, pues sólo debe significarse como error judicial aquella sentencia que resulta contradictoria con los hechos probados en la causa y las disposiciones legales congruentes al caso. Es pues desde esta comprensión que la privación de la libertad durante el proceso no debe ser automáticamente reconocida a consecuencia de la absolución, sino, cuando el auto de prisión preventiva se encuentre infundado o se revele irracional" ("POULER, E. R. c. Estado Nac. Ministerio de Justicia", del 08/05/2.007, Fallos 330:2.112). - Desde la doctrina, Emilio A. IBARLUCÍA reseña el estado actual de la jurisprudencia, y hace mención al avance de la misma en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por error judicial y por funcionamiento irregular de la administración de justicia. Expone que tanto uno como otro supuesto han sido encuadrados en el concepto genérico de actividad ilegítima o ilícita del Estado, toda vez que siempre se trata de actos de los órganos judiciales cometidos en infracción a normas legales o reglamentarias o con notable desidia o negligencia. Pero aclara: "no se conceptúa de esa manera a la detención preventiva en una causa penal aun cuando fuera revocada por el tribunal de alzada o se dictare sentencia absolutoria. En la medida que la prisión preventiva haya sido dictada con los requisitos exigidos por el código de procedimiento penal, el acto no es ilegítimo aun cuando luego el detenido fuera absuelto. Tampoco lo es si es revocada por la cámara de apelaciones, ya que éste es un remedio ordinario dentro del procedimiento." ("La responsabilidad del Estado frente a la absolución del detenido o a la revocación de la prisión preventiva" (ED, 176-755). -- Al finalizar su trabajo el autor citado formula propuestas de regulación de la responsabilidad en los supuestos que absolución del detenido o revocación de la prisión preventiva, estableciendo, entre los casos en que no procedería la indemnización la "hipótesis de revocación o anulación de la prisión preventiva por el tribunal de alzada, siempre que este acto procesal se haya producido en un plazo razonable desde la detención", al que -a su juicio- establece en no más de tres meses.

2.3.- Las constancias obrantes en la causa penal arrimada a estos autos denotan la existencia de denegatorias de pedidos de excarcelación efectuados por el Sr. P., incluyendo aquella decisión de la Cámara del Crimen de fecha 10 de mayo del año 2.002 que a posteriori fuera anulada por este Superior Tribunal. En la solicitud de excarcelación formulada el 21/12/2.001 (fs. 1 del expediente N° 161-46 vta.-01) el dictamen del Procurador Fiscal indica que: "no existe base procesal para considerar la procedencia de su libertad por cuanto se carece de efectivo pedido de pena que habilitaría la aplicación del art. 284 inc. 6° del C.P.P.". La circunstancia apuntada no varió al dictado de la resolución de la Cámara del Crimen, registrada bajo el número 90/2.002 (fs. 18 y vta. del expediente N° 56-48 vta.-02). Lo que si se modificó fue la opinión de la Sra. Fiscal, expuesta a fs. 17, y que mereció la interpretación que sobre la misma formulara este Cuerpo -en anterior conformación- por sentencia obrante a fs. 32. -- Adviértase entonces que si bien existía el encuadre jurídico de los hechos, no había requerimiento de pena que fijara la misma, por lo que aún frente al dictamen del Fiscal, bien pudo la Cámara del Crimen formular las consideraciones expuestas en su decisorio, sin que esto habilite a sostener que su razonamiento se encuentre viciado de un error grosero, o de manifiesto apartamiento a la ley. -- Por otro lado, al haber decretado la nulidad de la resolución emanada de la Cámara Criminal implicó para este Tribunal reconocer que la sentencia adoptaba una decisión que obstó a su aceptabilidad en el proceso, por lo que se la removió y ordenó el dictado de una nueva, acorde a las pautas evaluadas por el Cuerpo. Pero ello en modo alguno puede dar lugar a considerar que por el solo efecto de la nulidad declarada surge automáticamente la indebida o ilegítima detención del actor. - Repárese que la decisión de este Tribunal por la que se nulifica aquél decisorio, no tiene en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de casación interpuesto sino que la resolución adoptada lo fue por entender: "Que si el Ministerio Fiscal puede pretender en contra del acusado, una pena que no supere los tres (3) años de privación de la libertad y así limitar la competencia material de los oficios jurisdiccionales (C.P.P., art. 27, inciso 1°, letra f, según Ley Nº 4.743, art. 1), es coherente con ello que ciertos dictámenes del titular de la acción -que supongan el pronóstico de una sanción arreglada a dicho margen- importen el ejercicio válido de una facultad dotada de fuerza vinculante con relación al Tribunal", para finalizar señalando que dicho quantum de pena incide además "sobre algunos efectos accesorios al objeto del juicio: la aplicación de las reglas de la prisión preventiva". - De la lectura del Recurso de Casación obrante a fs. 22/25 vta. del incidente de excarcelación (Expte. Nº 56-48 vta.-02-P) surge que tal circunstancia no fue ni siquiera alegada por la defensa de P., lo que corrobora la afirmación de que no se trata de un grave o evidente error de derecho señalado oportunamente, sino que la actuación de la Cámara del Crimen se ha enmarcado en una interpretación válida de las normas procesales atinentes al alcance o fuerza vinculante sobre el dictamen fiscal en un aspecto accesorio al objeto del juicio, que no ha sido compartido por el Superior Tribunal por sostener otra postura disímil. Esto, por si solo no llega a configurar error judicial susceptible de reparación conforme el art. 60 de la Carta Magna Provincial.

Ha dicho el Superior Tribunal de Córdoba, con cita de ROMERO VILLANUEVA, Horacio J. ("Algunas observaciones derivadas del error judicial", JA 1.996-IV-541), que: ". no son escasos los actos o pronunciamientos judiciales que se dictan ante una circunstancia que admite más de una interpretación controvertida o posiciones antagónicas, y por lo tanto, los particulares no pueden pretender reparar por vía de una demanda resarcitoria lo que de ordinario sólo se puede objetar en el transcurso del proceso, como ámbito natural de la contienda" ("CARNEVALE, Raymundo Oscar c. Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y otros", La Ley Online). También se entendió que "el error judicial en una sentencia no se configura en una disímil posición doctrinaria respecto de un caso en particular, posición que -no escapa a persona alguna- puede modificarse en el tiempo, sino en una evidente y grosera equivocación en la aplicación del derecho o en la consideración de hechos inexistentes o no probados en la causa. Para ello, la parte tiene a su disposición los recursos judiciales suficientes para alcanzar la descalificación del pronunciamiento .en procura de la enmienda de una doctrina que considera equivocada" (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 4ª, "VON FRIEDRICHS, Nicolás I. v. Estado Nacional", JA 2.000-I-256). -- 3.- Todo lo expuesto, sin dejar de advertir que no encuentro que la actora hubiera señalado la existencia de "error judicial" en la resolución de la Cámara de Apelaciones que denegara su excarcelación. Ello así ya que de la lectura del escrito introductorio de la pretensión indemnizatoria, se extrae sin mayor esfuerzo interpretativo que la imputación que se formula respecto del error judicial que ameritaría la reparación reclamada lo es en orden a la "imputación y calificación de los delitos que hiciera la instrucción en forma desmesurada y sin sustento probatorio alguno", así como la "imputación de esos delitos, que tampoco justificaban la detención, en virtud de la falta de antecedentes y comparecencia al Tribunal" (punto VI in fine de la demanda). -- Como corolario de ello, puedo afirmar, en coincidencia con lo manifestado por la demandada y con palabras de la Corte Suprema, que la accionante no dio cumplimiento respecto de tal decisorio cuestionado a "la carga procesal de individualizar del modo más claro y concreto que las circunstancias del caso hicieran posible cuál ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular, vale decir, describir de manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que da sustento al reclamo, sin que baste al efecto con hacer referencia a una secuencia genérica de hechos y actos, sin calificarlos singularmente tanto desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de perjuicios, como en punto a su falta de legitimidad." ("ROMÁN S.A.C. c. Estado Nacional-Ministerio de Educación y Justicia", L.L. 1.995-B, 440). -- 4.- Por todo lo expuesto, convengo con el colega preopinante en hacer lugar al Recurso de Apelación Ordinaria deducido por la demandada, revocar la sentencia de la Cámara de Apelaciones, y rechazar la demanda en todas sus partes, lo que torna improcedente el tratamiento de los restantes agravios. ASÍ LO VOTO. - A igual cuestión el Dr. ROYER dijo:

-Los sufragios de los doctores Daniel Luis CANEO y José Luis PASUTTI, conforman la voluntad de la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, de modo que no emitiré mi voto (art. 28, Ley N° 37, modif. por Ley N° 4.550).

A la segunda cuestión el Dr. CANEO dijo: - Atento a como me he pronunciado al votar a la primera cuestión propongo al Acuerdo hacer lugar al Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la demandada Provincia del Chubut contra la Sentencia Definitiva N° 12/2.009.

En cuanto a las costas en mérito a lo resuelto, por aplicación del art. 279 del Código Ritual, se readecuan las de las instancias anteriores, y se imponen en cada una de ellas, como asimismo en esta instancia a cargo de la actora vencida (art. 68 del C.P.C.C.). ASÍ LO VOTO.

En relación a los honorarios, corresponde su readecuación al contenido del pronunciamiento, teniendo en cuenta para ello la calidad, extensión y eficacia de las labores desarrolladas, el resultado obtenido en el pleito.

Así, propongo REGULAR los honorarios profesionales, por la actuación en la primera instancia, de los Dres. S. A. y T. R. , en conjunto, en el 8 % del monto del proceso, y para el Dr. A. F. V. P. en el 15,6 %, sobre idéntico monto.

Por la actuación ante la Segunda Instancia, los honorarios de los Dres. S. A. y T. R., en conjunto, en el 25% de los regulados a la parte actora respecto de los regulados a la parte actora en primera instancia y para el Dr. A. F. V. P., en el 30% de los que fueran fijados por la actuación de esa parte en la instancia de origen (conf. arts. 6 incs. "c" y "d", 7, 9 y 14 del Dto. Ley N° 2.200 modif. por Ley N° 4.335). -- Por el desempeño por ante esta instancia, REGULAR los estipendios de los Dres. S. A. y T. R., en conjunto, en el 25 % de los fijados para la primera instancia; y para el Dr. A. F. V. P., en el 35% de los que les fueran regulados por la primera instancia. (art. 14 Ley Nº 2.200, modif. Ley Nº 4.335 - T.O. Dto. Nº 138/99), todos los honorarios con más IVA, si correspondiere. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. PASUTTI expresó: -- Conforme los términos de mi voto a la primera cuestión acuerdo con la solución que propicia el Dr. CANEO en todas. Acuerdo también con la imposición de costas y regulación de honorarios efectuada. ASÍ LO VOTO.

A igual cuestión el Dr. ROYER dijo:

Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión. - Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente: - --S E N T E N C I A 1º) ADMITIR el recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la accionada Provincia del Chubut.

2°) REVOCAR el fallo definitivo Nº 12/2.009 de fs. 520/535 de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, y RECHAZAR en todas sus partes la demanda incoada.

3°) IMPONER las costas por la actuación ante todas las instancias a la actora vencida (arts. 68 y 279 del C.P.C.C.). - 4°) ADECUAR los honorarios de Primera Instancia, y REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. S. A. y T. R. , en conjunto, en el 8 % del monto del proceso, y para el Dr. A. F. V. P. en el 15,6 %, sobre idéntico monto. Por la actuación ante la Segunda Instancia, los honorarios de los Dres. S. A. y T. R., en conjunto, en el 25% de los regulados a la parte actora por su desempeño en primera instancia y para el Dr. A. F. V. P., en el 30% de los que fueran fijados por la actuación de esa parte en la instancia de origen (conf. arts. 6 incs. "c" y "d", 7, 9 y 14 del Dto. Ley N° 2.200 modif. por Ley N° 4.335).

5°) ESTABLECER los honorarios por la actuación ante esta Instancia, de los Dres. S. A. y T. R., en conjunto, en el 25 % de los fijados para la Primera Instancia; y para el Dr. A. F. V. P., en el 35% de los que les fueran regulados por la primera instancia. (art. 14 Ley Nº 2.200, modif. Ley Nº 4.335 - T.O. Dto. Nº 138/99). Todos los honorarios con más IVA si correspondiere.

6°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.-- Fdo.: Dr. Fernando S. L. ROYER - Dr. Daniel Luis CANEO - Dr. José Luis PASUTTI.

RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.009 REGISTRADA BAJO EL N° 03 S.R.O.E. CONSTE