marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, ascenso laboral, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROBLES, DE FIGUEROA ANA M. c/ I.O.S.E.P. Y/O SUPERIOR GOB. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-15

No se puede pretender un cargo superior sobre la base de un ascenso automatico y general, si no se encuentra fehacientemente acreditado, toda vez que no es suficiente a tal fín, la prueba de testigos ni se compadece con un sistema que requiere una selección especial de los agentes dentro de la administración.-
Derecho de la navegación, Prefectura Naval, buque de bandera extranjera
Materia: NAVEGACION
Carátula: "Leguizamón Oscar R. c/ PNA -Disp. DPSJ JS1 Nº 112/99". s/ responsabilidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-30

La navegación por los canales supone la asunción de riesgos que impone a quienes conducen la nave el sometimiento a las órdenes impartidas por la autoridad naval responsable de la seguridad de la navegación, en especial al práctico, quien es un consejero de ruta y maniobra del capitán (ley 20.094, art. 145) impuesto legalmente en razón de su pericia en aguas tan riesgosas como las que forman los canales de los ríos de la Plata y Paraná. Es, además, conforme a la misma norma, cuando se encuentra en funciones a bordo de buque extranjero, delegado de la autoridad marítima, y como tal debe responder a las directivas impartidas por ésta.
Jubilación por invalidez, denegatoria del beneficio, dictámenes, recurso de apelación (administrativo), comisión médica central
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SOBERON EDUARDO ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-10

De conformidad con lo dispuesto por el art. 49 de la ley 24.241 la presentación del recurso de apelación deber ser hecha ante la Comisión Médica Central, de manera que su interposición ante un órgano inadecuado priva de efectos al cargo obrante en él, toda vez que las consecuencias del error deben pesar sobre quien lo cometió, conforme desde antiguo lo señala la jurisprudencia de nuestros tribunales (cfr. Fallos 301:459; 303:1347).
Accidentes de trabajo, daño moral, daño psíquico
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Palermo, Omar Alberto c/ Swiss Medical Art S.A. Y Otro s/ accidente ley especial Haidbauer, Gustavo Alfredo c/ Fundación Judía para la Asistencia de la Ancianidad A. Zikna s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-03|2020-02-17

El perito como auxiliar de la justicia es quien debe examinar clínicamente a la persona y solicitar los estudios o los elementos de diagnóstico que según su ciencia sean adecuados para determinar la patología que porta, y si bien el psicodiagnóstico efectuado por una profesional ajeno al proceso puede ser utilizado como un elemento de diagnóstico, es el perito el que debe elaborar sus conclusiones. En el caso, se limitó a transcribir la patología que padece el actor y no consideró las circunstancias relativas a la base estructural del sujeto, su personalidad predisponente y los factores socio económicos y familiares entre otros aspectos, ni aportó una evaluación de las funciones psíquicas ni ningún otro dato objetivo de la evaluación supuestamente practicada y que avale la incapacidad atribuida. Tampoco explicó las razones científicas que permitan considerar que el cuadro psicológico que informó como generador de una incapacidad resulte definitivo e irreversible, tomando en consideración que el psicodiagnóstico se funda en las limitaciones físicas que dijo padecer. (Del voto de la Dr. Ferdman en dis.)
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ TUPELI S.R.L. Y OTRO s/ PREPARACION DE LA VIA EJECUTIVA-HOY EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-09-02

Procede tratar la relación causal que dio lugar al convenio de subrogación, objeto de la litis, por parte de la actora contra la firma demandada por la deuda de un tercero en concurso comercial preventivo, debido a que implica una ventaja patrimonial indebida, a favor del ejecutante, en desmedro de la igualdad de los acreedores, correspondiendo admitir la excepción de inhabilidad de título interpuesta.
Enfermedad profesional, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: AREBALO, ANCELMO DAVID c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-28

Corresponde desestimar el recurso de queja interpuesto, por cuanto los reproches que esgrime la compareciente ante el rechazo de la defensa de prescripción, no traduce sino su fuerte discrepancia con el punto de arranque del cómputo del plazo respectivo, sin lograr desmerecer el razonamiento de la Alzada, en el sentido de que si bien la ley 24557 establece un régimen tarifado de reparación y ello no puede traducirse en la exclusión de la vía general preexistente, tampoco puede admitirse que el acceso a la reparación del derecho común excluya al trabajador del régimen legal propio de aquel sistema, por lo que consideraron que el instituto de la prescripción en el presente debe regirse por las disposiciones previstas en el artículo 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo que establece la prescripción bianual, a contar desde el cese del vínculo laboral (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Verificación de créditos, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAMON DIEGUEZ s/ INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA EN  AUTOS:RAMON DIEGUEZ S/ CONVOCATORIA DE ACREEDORES - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-05-04

La resolución que declara verificado un crédito en el proceso concursal, en razón de no haber merecido impugnación ni observación alguna por parte del Síndico, el deudor u otros acreedores y por haberlo estimado procedente, el juez hace cosa juzgada.-
Secuestro de bienes, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: OJEDA, Gustavo y otros s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-17

Nada hay en las leyes que regulan el procedimiento penal que permita sostener que, para probar que un imputado tiene en su poder los objetos de que ha desapoderado ilegítimamente antes a otra persona, existe -con carácter de procedimiento exclusivamente ordenado, que es tanto como sostener la imposición de una formalidad sacramental- únicamente la vía del acta firmada por los imputados o en su defecto por testigos. Si la cosa ocurriera solamente en presencia de los aprehensores, la cuestión debe mirarse con mayor rigor, pero es del caso recordar que se trata de un hecho y los hechos pueden acreditarse por todos los medios de prueba permitidos.-
Daño cierto, daño futuro
Materia: CIVIL
Carátula: Orozco, Liana Alicia c/ Contreras Hnos. SACIFAG y M y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-08

"El daño futuro, es indemnizable cuando aparece como cierto, es decir, si aún no sucedido, resulta no obstante verosímil que sobrevendrá".
Locación de inmuebles, incumplimiento del contrato, resolución del contrato, daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: LABELLA RICARDO c/ MEI VICENTE s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-10

Ante la falta de cumplimiento de la prestación del servicio de agua por culpa del locador-propietario, el inquilino puede pedir la resolución del contrato o la rebaja del monto del alquiler y en ambos casos una indemnización de los daños y perjuicios que hubiere sufrido, de manera que resulta legítima su pretensión de ser reparado por la existencia de un daño moral.
Competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Salta c/ Plumada S.A. s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-10-02

No debe olvidarse que el principio de la tutela judicial efectiva (arts. 8º y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, incorporados al derecho interno por el art. 75, inc. 22, de la C.N.), no sólo implica asegurar el acceso irrestricto a los tribunales, sino también arribar a una sentencia en un plazo razonable en virtud del resguardo de los derechos consagrados en el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Con respecto a la violación al plazo razonable en el procedimiento civil, la Corte Interamericana ha indicado que todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o no, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el art. 8º de la Convención Americana. Más adelante expresó que el "plazo razonable" al que se refiere el art. 8.1 de la Convención, se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva (cfr. CIDH caso "Mémoli vs. Argentina", sentencia del 22 de agosto de 2013, pág. 64). La declaración de incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, ratificada a su turno por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en un proceso que lleva siete años de trámite en ese fuero, conspira claramente contra la eficacia de ese principio. La decisión de declarar de oficio la incompetencia en esta etapa del proceso afecta el principio de economía procesal, compromete la ya dilatada marcha del pleito, irroga un claro perjuicio al derecho de defensa de las partes y brinda una imagen negativa del servicio de justicia. En suma, los argumentos expuestos determinan que la causa debe quedar radicada en el fuero civil y comercial, puesto que resulta inconveniente y ha precluido la posibilidad de declarar la incompetencia conforme lo expresado en los apartados anteriores. (Voto del Dr. S. Vittar)
Mutuo hipotecario, juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, pagaré
Materia: CIVIL
Carátula: ZYIWCA c/ CASTIÑEIRA s/ EJEC. HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-04

Es título ejecutivo el contrato de mutuo con garantía hipotecaria instrumentado en escritura pública, no obstante el hecho de que se haya instrumentado la deuda en pagarés hipotecarios. "La fuerza ejecutiva suficiente y autónoma del título hipotecario que reúne los requisitos de la ley no deja de existir por la particularidad de que se hayan firmado pagarés para facilitar el cobro del crédito cuya presentación al juicio es necesaria al sólo efecto de acreditar que no fueron negociados" (Colombo, "Ejecución hipotecaria", Ed.

Abeledo-Perrot, Bs.As. 1974, p.78). En estos casos no se ejecuta el pagaré sino la hipoteca por la que se garantiza la deuda y la finalidad de la agregación de los títulos, es demostrar que obran en poder de la acreedora e imposibilitar su circulación futura.
Sucesiones, competencia, fuero de atracción
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: VIRGA PEDRO s/ CONSTITUCION  PROVINCIAL  -  GARANTIAS PROCESALES - SUCESION - COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-06

El art. 3284 del C. Civil es una norma atributiva de competencia territorial, desde que establece que el juicio sucesorio se ha de tramitar ante el Juez del último domicilio del difunto. Claro que no sólo se limita a esto, pues también sienta como regla atributiva de competencia material que las demandas concernientes a los bienes que integran el acervo del causante deben entablarse ante aquél.

Esta última regla, que no es absoluta, involucra, según la ley, "las acciones personales de los acreedores del difunto, antes de la división de la herencia" (inc. 4to.), las cuales deberán tramitarse ante el Juez de la sucesión.

El señalado mandato legal establece de tal forma y en procura de la unidad procesal, un verdadero fuero de atracción que se traduce en que el Juez que entiende en el sucesorio no se limita exclusivamente a éste, sino que su conocimiento se extiende a cuestiones vinculadas a la transmisión, lo que se funda en la ostensible ventaja que deriva de centralizar todo lo relativo a la herencia, en la realización del acervo y en la distribución de los bienes. Esta situación legal, desde ya, protege no solamente a los intereses de los sucesores, sino que alcanza también a los terceros interesados.
Beneficio de litigar sin gastos, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: GIOISE, HUGO JORGE c/ WAISMAN, SIMON s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-12

Según prescribe el art. 83 del Código Procesal, el trámite destinado a la obtención del beneficio de litigar sin gastos suspende el procedimiento principal cuando se hubiese solicitado "en el escrito de demanda". De allí que debe atenderse a un criterio de temporalidad, en el que en nada incide que se haga el pedido en el escrito de demanda o en otro por separado, sino que lo requerido es que la presentación sea contemporánea. En tanto lo sea, opera la suspensión prevista en el segundo párrafo del art. 83 del Código Procesal, desde que si se hace con posterioridad el procedimiento no puede ser suspendido.
Acción de amparo, permiso precario, revocación de la concesión
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ORUONDO, RUBEN GABRIEL c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-22

El permiso concedido oportunamente con carácter precario puede ser revocado por decisión unilateral de la comuna, en base a razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que sea posible a los permisionarios obtener su revisión o modificación. Si se conocía desde un principio el carácter precario del permiso y las facultades de revisión que, en todo momento, posee la comuna, no puede sostenerse la existencia de una clara y palmaria ilegitimidad del proceder municipal, inspirada en las leyes nacionales de reforma del Estado y Emergencia Económica, atentativa de derechos constitucionales que pudiese tornar admisible la acción de amparo.
Alimentos, obligación alimentaria, alimentante con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: S. DE C. - C. M. Y OTROS. c/ C. N. E. s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-02

El título profesional que tiene el alimentante, aun cuando no le otorgue en "bill" de indemnidad contra las penurias económicas, en principio cabe presumir que constituye una herramienta valiosa no sólo para satisfacer las aspiraciones intelectuales de quien lo alcanzó, sino también para procurarle a él y a su familia, por lo menos la satisfacción de las necesidades más imprescindibles (conf.

C.N.Civ. Sala E, E.D. 84-326). No es óbice a esta conclusión el hecho de que la madre de los menores también desempeñe tareas remuneradas, pues ello sólo representa un modo de contribuir al mantenimiento de los hijos comunes, mas no excusa el cumplimiento de la obligación paterna, máxime cuando aquella ejerce la tenencia de los niños, por lo que no sólo compensa su deber alimentario con su mayor cuidado y dedicación, sino que además debe cubrir con su propio aporte buena parte de los requerimientos de aquéllos (conf. C N.Civ. Sala A, E.D. 98-707; íd. Sala D, E.D. 99-395). El hecho reconocido de tener la madre actividades remuneradas no puede ser esgrimido en detrimento de las obligaciones que le competen sino en beneficio de sus hijos.
Pactos federales, obligaciones de las partes, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. A. S.A. c/ CHUBUT, PROVINCIA DE s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-06-29

Una vez ratificado el convenio multilateral sobre los ingresos brutos por la Provincia (tal como lo hizo al sancionar la Ley N° 3.925), el pacto pasó a formar parte del derecho público interno local, con rango normativo específico dentro del derecho federal. Por ello si una provincia se aparta de las obligaciones convenidas por medio de este tipo de convenios, incurre en una franca violación de las cláusulas constitucionales.
Obligaciones solidarias, excepción de cosa juzgada
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CHILCZUK, Sergio c/ MONTERO, Héctor Oscar s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Según el art. 715 in fine del Código Civil, los codeudores pueden invocar la cosa juzgada contra el coacreedor que fue parte en el juicio. Y la circunstancia de que las fuentes de las obligaciones sean distintas y no una en común, en nada modifica el criterio de dicha norma, pues, más allá de la distinción entre los múltiples tipos de obligaciones, si el actor discutió el hecho en un proceso de conocimiento pleno con los codeudores, los restantes pueden válidamente invocar la cosa juzgada contra el acreedor que fue parte en el proceso.
Escribanos públicos, suspensión de la matrícula, suspensión preventiva, proceso penal, derecho de trabajar
Materia: PROCESAL - CIVIL - PENAL
Carátula: Juzgado  Nacional  de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción n. 20 - Secretaría n.  160,  comunica  resolución  en causa n. 29.381 seguida contra Romualdo Norberto Benincasa y otros. s/ Delito de falsedad ideológica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

No resulta irrazonable la suspensión preventiva de un escribano mientras se sustancia un proceso penal, cuando éste no se le prolonga sine die con la consiguiente restricción irrazonable al derecho constitucional de trabajar.
Actualización monetaria, tasas de interés, índices de actualización
Materia: LABORAL
Carátula: LARRE, YDELFONSO c/ FINEXCOR  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-30

Cuando al momento de efectuarse los cálculos, ya se conoce el coeficiente de actualización del mes correspondiente, no hay razón para aplicar el del mes anterior. En un supuesto de mes vencido, en el que se cuenta con la tabla actualizatoria corriente para el mismo, no existe motivo que justifique apartarse de él.
Contrato de trabajo, intereses, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: VELASTIQUI, RUBEN TEODORO c/ COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27

Derogada la ley 23.928, en lo vinculado con la paridad cambiaria y generado un aumento del costo de la vida, según parámetros que serán utilizados entre otros aspectos para el pago de las obligaciones de los deudores del sistema financiero, aparece como irrazonable que el trabajador, sujeto constitucionalmente protegido, se encuentre desguarnecido frente al envilecimiento del dinero por una mera prohibición legal, que a todas luces aparece como irrazonable y violatoria del derecho de propiedad y de justamente garantizar lo que pretendía la ley de convertibilidad y sus decretos reglamentarios: ¨mantener incólume el contenido de la pretensión. (En el caso se fija un interés desde su exigibilidad hasta el efectivo pago, equivalente al informado por la CNAT que resulte del promedio mensual de la tasa activa, aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales. Y además una actualización monetaria, utilizando como referencia los valores de la Canasta Básica total elaborada por el INDEC. Declaro oficiosamente la inconstitucionalidad del artículo cuatro de la ley 25.561). De voto en minoría de la Dra. Cañal.
Presunciones, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: VILLAREAL M. GRACIELA;ROMERO R WALTER, ALARCON M. ALBERTO s.d. HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSÍA Y ENCUBRIMIENTO e.p. DE LEDESMA ANTONIO Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-23

El hecho indiciario tiene que basarse en un dato específico y cierto y verosimil y no en circunstancias indicadas o en conclusiones más o menos probables. Los indicios deben relacionarse con el hecho principal, lo que es importante, dado que sin la prueba de todos y cada uno de los hechos principales del delito, éste no puede considerarse perpetrado.-
Accidentes de trabajo, certificado médico
Materia: LABORAL
Carátula: COSTILLA LUIS RICARDO c/ U.C.A.S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-06-22

Aun cuando el certificado médico no fuera conformado por la autoridad administrativa, ello no justifica el reclamo salarial dado que no se demostró que el alta aludida fuera prematura o hubiera sido cuestionada en su oportunidad.
Acción de amparo, rechazo in límine, actuaciones administrativas, doctrina de los actos propios, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fortín, Maure S.A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-20

En el caso, el hecho que da inicio al expediente administrativo constituye un ilícito sobre el que es menester echar luz a fin de determinar la responsabilidad que pudiera corresponder al Gobierno de la Ciudad, como así también verificar si por los hechos de esta causa nos encontramos ante la configuración de la teoría de los actos propios.

Ello es el inicio del que debe partir la elucidación del presente caso, y el rechazo in limine de la acción de amparo impide dirimir esa cuestión, pues no se ha podido escuchar al Gobierno de la Ciudad.
Daño por el hecho o en ocasión del trabajo, responsabilidad del empleador, reintegro de gastos al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Bossu, Sebastián Roberto c/ Servitemp S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Aunque la L.C.T. no ofrece mayores precisiones acerca de la comprensión de las previsiones relativas al reintegro de gastos por parte del empleador contempladas en su art. 76, lo cierto es que una norma de derecho del trabajo, desde antigua data, adoptó idéntico presupuesto para imputar la obligación del empleador de responder por daño a la persona del trabajador y no era otra que la ley 9688. En efecto, resulta adecuado interpretar su alcance con las mismas pautas que se adoptaron para esta ley, o sea, que bastará la mera circunstancialidad de la introducción de la cosa en el ámbito del empleador con su expresa o implícita autorización -emergente de su conocimiento- para generar, si media relación causal y existencia de daño, su responsabilidad.
Internet, medidas cautelares, redes sociales, Facebook, daños y perjuicios, cuestión de derecho común, responsabilidad extracontractual, diligencias preliminares, competencia civil
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bartamian, Margarita Noemí y otros c/  s/ medidas preliminares y de prueba anticipada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-27

En la causa en la que se solicita la tramitación de medidas preliminares con el fin de identificar a la persona que, bajo un alias, remitió mediante Facebook un correo agraviante, con el fin de promover una futura acción de daños y perjuicios, resulta competente el fuero civil pues el objeto del juicio principal se relaciona prima facie con la interpretación de cuestiones vinculadas al régimen de responsabilidad civil extracontractual, materia que compromete con influencia decisiva el examen de aspectos propios del derecho común, cuyo abordaje corresponde a dicho fuero. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-