marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos civiles, mandato
Materia: PENAL
Carátula: Bocazzi, Carlos Adolfo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

Constituye un presupuesto indispensable para la labor en el juicio la representación mediante un poder que debe ser especial. El poder es la facultad otorgada en el contrato de mandato por el cual una persona (mandatario) se obliga a representar a otra (mandante) para ejecutar en su nombre uno o varios actos de consecuencias jurídicas. Este poder puede ser general, en tanto abarque una universalidad de asuntos del poderdante, o especial en la medida en que se confiere para un acto concreto o determinado.
Filiación, legitimación procesal, caducidad, plazo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A., A.C. c/ L., E.E. s/ IMPUGNACION DE PATERNIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-08

La eventual caducidad de la acción de filiación que pudiera derivarse con relación a la madre, no puede enervar la amplitud temporal que la ley concede a las que competen a los hijos, las cuales, de ejercerse durante la minoridad, sólo pueden ser impetradas por medio de los representantes necesarios, con la intervención promiscua del Ministerio Pupilar (art. 59 del Código Civil).-
Protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez Hilda Angela s/ Ejecucion de honorarios s/desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La constitución del "bien de familia", conforme lo prescribe el artículo 35 de la Ley 14394, produce efectos -entre ellos la inembargabilidad que lo ampara-, a partir de su inscripción. Por otra parte la desafectación de un inmueble del régimen instituído por la precitada normativa, implica retrotraer a su estado anterior, al bien de que se trate, y su consiguiente reincorporación al patrimonio que es la prenda común de los acreedores (arts. 35, 37, 38, 49 y ccts. de la ley 14394). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROUILLON, ALFREDO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ EXPROPIACION INVERSA.    INDEMNIZACION.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 25-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-07-08

Es improcedente la anulación de la sentencia vista a la luz del criterio totalizador con que los sentenciantes ponderaron el conjunto de las circunstancias del proceso, aun cuando pueda ser susceptible de reproches válidos, si se analizan parcializadamente sus argumentos y con el enfoque limitado al aspecto propuesto por la demandada.
Acción de inconstitucionalidad, cuestiones de hecho y prueba, contratos agrarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Peressini, Edgardo y otros c/ Riquelme, Angélica Haydee s/ ordinario s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-02-11

El recurso intentado no ha de prosperar, pues pese al matiz constitucional que la compareciente aspira otorgar a sus reproches, en sustancia se discute la interpretación que de los hechos, pruebas y derecho aplicable efectuaron los Juzgadores en ejercicio de funciones propias; y no demuestra que exista arbitrariedad en el pronunciamiento de la Sala que entendió, valiéndose de la regla in claris non fit interpretatio, ante la claridad del texto de lo convenido entre las partes y la falta de ambigüedad o vaguedad, que se trata simplemente de aplicar lo pactado, por lo que debía confirmarse la decisión del Juez inferior en relación a que -al no surgir de las constancias de autos que la demandada hubiera depositado en la planta la cantidad suficiente de oleaginosa para abonar los arrendamientos reclamados-, correspondía condenarla a cumplir con la entrega de los quintales de soja por los que se había obligado.
Cómputo de intereses, anatocismo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Yell Argentina SA c/ Grupo Romulo Garcia SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-19

La previsión del CCIV 623 se encuentra hoy receptada por el CCCN 770, el que dispone que: "No se deben intereses de los intereses, excepto que: a) una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a seis meses...". Se advierte que ambas disposiciones coinciden en la necesidad de un convenio expreso para la procedencia del anatocismo, pero discrepan sobre un punto neurálgico de la cuestión: la periodicidad. En efecto, el CCIV 623 dejaba ello librado al arbitrio de las partes, cuando el actual CCCN 770 dice que no puede ser inferior a seis meses. Cabe recordar, a esta altura de la exposición, que la nueva ley resulta de aplicación inmediata cuando es imperativa o de orden público, debiendo prevalecer sobre cualquier pacto en contrario, pues los particulares no pueden acordar un régimen distinto (conf. Kemelmajer de Carlucci, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", ed. Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, págs. 31 y ss.).
Martillero, honorarios, subasta judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Santangelo, Horacio s/ CONCURSO   PREVENTIVO  S/QUIEBRA (INCIDENTE  APELACIÓN)  S/CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-05-12

De la interpretación del art. 285 LC. surge que el martillero no puede cobrar comisión al concurso, en ningún caso, no sólo cuando se realizó la subasta, sino aún cuando la misma no se haya producido.

Ello no significa que el martillero deje de ser reembolsado por los gastos de ley, los de costumbre y los autorizados, porque a ese respecto la misma norma contiene expresa previsión, ni tampoco significa que se vea privado del reconocimiento dinerario que corresponde a su tarea; pero en éste aspecto en la oportunidad y mediante la evaluación y demás extremos previstos para los demás funcionarios y empleados del Concurso.
Concursos, privilegios (comercial), crédito laboral, acreedor con privilegio especial, crédito prendario, concurrencia de privilegios especiales, Ley de Concursos, aplicación temporal de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: IES SA. s/ QUIEBRA  S/  INC. DE DISTRIBUCION PROVISORIA DE FONDOS (PRONTO PAGO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-24

Si bien bajo la vigencia de la Ley 19551, la fiscalía entendía que el crédito de origen laboral tenía prelación respecto del crédito prendario, y la Ley 24522: 243 consagra claramente la preferencia al acreedor prendario sobre la del acreedor laboral con privilegio especial, esta nueva regla no puede ser aplicada -en el caso- pues se trata de una de las disposiciones de la ley concursal que regula el denominado derecho sustancial o de fondo, en oposición a las reglas meramente procesales o adjetivas. A más, el régimen de la Ley 19551 disponía una tutela especial para el acreedor laboral que determina que los derechos reconocidos bajo su vigencia se mantengan hasta el momento del cobro del dividendo concursal.
Fundamentación del recurso, falta de fundamentación, deserción del recurso, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PERRONE, GUILLERMO c/ CAJA  DE  RETIROS  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA POLICIA FEDERAL s/ COBRO DE PESOS - RECURSOS -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-26

El apelante no cumple con las exigencias del art. 265 del C.P.C.C. puesto que no formula consideraciones relativas al derecho a cobrar el adicional por título como parte integrante del beneficio jubilatorio de que es titular, lo propio ocurre con el reajuste monetario y los intereses, pues los fundamentos son insuficientes.

La oposición del Tribunal de Cuentas de la Nación al reajuste monetario e intereses no es fundamento que pueda hacerse valer por sí mismo en el ámbito judicial, dado que los dictámenes de ese organismo sólo producen efectos en la esfera administrativa.

Se abstiene de formular una crítica procesalmente idónea respecto del fundamento jurídico empleado por el sentenciante.

Por consiguiente, corresponde declarar desierto el recurso.
Interpretación de la constitución, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., A. c/ Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas y otro s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-16

El ingente papel que en la interpretación y sistematización de las normas infraconstitucionales incumbe a los jueces, no llega hasta la facultad de instituir la ley misma, siendo la misión más delicada de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que le incumben a los otros poderes, por lo cual el principio de división de poderes no consiente a los magistrados el poder de prescindir de lo dispuesto por la ley respecto del caso, so color de desacierto injusticia.
Recurso extraordinario, cuestión federal, ley federal, interpretación de la ley, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Eirin, Carlos Alberto y otros c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Hallándose en debate la interpretación de una norma federal, el Tribunal no se encuentra limitado en su decisión por los argumentos de las partes o lo expresado por la cámara, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, abuso del derecho
Materia: LABORAL
Carátula: Fernandez, Omar Néstor c/ Maita, Félix y otros s/ Despido Esparraguera, Fernando Héctor c/ Centro Cultural Argentino Danés y Asociación Escolar Argentino Danesa s/ Indemnización por daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16|1999-06-08

Establecer la existencia o no de buena fe o del abuso del derecho es una cuestión de hecho privativa de los jueces de la instancia ordinaria e irrevisibles, en principio, en casación, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo, con indicación expresa de la norma procesal violada.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ, FRANCISCO c/ ROSIL  S.C.A. s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-20

No existe responsabilidad objetiva de la empleadora, en los términos del art. 1113 C.Civil, si el actor se desempeñaba como personal de vigilancia para una empresa que no tenía ni la propiedad ni la guarda de los aviones productores de ruido, que aterrizaban en el aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, pronunciamiento inoficioso, derivación razonada del derecho vigente, ley penal, leyes, razonabilidad, delitos, robo calificado, robo de automotor, robo con armas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: A, J. M. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo calificado de automotor (Expte.  CSJ Nº 187-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

Si bien las exigencias mínimas de razonabilidad que recaen sobre toda ley penal -de conformidad con los principios rectores del ordenamiento jurídico- obligan en el momento -por aplicación de la ley 24721- a desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por haberse tornado inoficioso su análisis (atento a la insoslayable vigencia del principio consagrado por el artículo 2 del Código Penal), de todos modos la respuesta de la Corte -aún de no haber mediado tal novedad legislativa- debió ser adversa a la impugnación planteada, por cuanto la agravante que preveía el art. 38 del decreto-ley 6582/58 para el supuesto de robo de automotores con empleo de armas (9 a 20 años de reclusión o prisión) ofrecía un ejemplo paradigmático de norma inconstitucional por su irrazonabilidad, extremo correctamente advertido en su pronunciamiento por el Tribunal a quo. (Del Voto del Dr. Ulla)
Habeas corpus, resoluciones recurribles, recurso extraordinario
Materia: PENAL
Carátula: Fernández Daguerre, José Luis s/ Supresión de documento público y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

Si bien el art. 414 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) establece la inaplicabilidad de las resoluciones dictadas por la Cámara en el recurso de "habeas corpus", dicha regla reconoce como excepción los casos en los cuales se pronuncie sobre falta de jurisdicción (art. 403 inc. 5, C.P.P. -según ley 3589 y sus modif.-) o sobre prescripción de la acción o de la pena (art. 403 inc. 8, C.P.P. -según ley 3589 y sus modif.-) ya que en estos casos su recurribilidad deriva del carácter de sentencias definitivas por aplicación del art. 357 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.).
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, trámites judiciales, revisión judicial, interpretación restrictiva, cuestiones de hecho y prueba, cuestión no justiciable, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T, J A s/ SU PRESENTACION. DENUNCIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE N. 315-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

Resulta incontrastable que lo atinente a la interpretación de la ley 7050 en orden a las causales de remoción de los magistrados y, desde luego, la apreciación de los hechos materia de acusación, conforman ámbitos atribuidos por la Constitución provincial a la exclusiva y definitiva decisión del Tribunal de Enjuiciamiento y, por lo tanto, no revisables judicialmente en principio. Esta conclusión encuentra sustento en la íntima relación que existe entre las notas propias de las causales de destitución y las del órgano que fue tenido especialmente como apto para considerarlas y aplicarlas. Entender lo contrario significaría, en suma, convertir el control judicial de los enjuiciamientos a magistrados o juicios políticos, destinado a verificar el respeto a la garantía del debido proceso, en una forma de penetrar en el ámbito de lo que debe seguir siendo no justiciable, porque así lo requieren principios que son inseparables del sistema político de la Constitución. Va de suyo, esta directriz debe ser aplicada rigurosamente cuando de lo que se trate es del deslinde de ámbitos de no justiciabilidad, toda vez que configuran excepciones a la regla de control judicial.
Requerimiento de elevación a juicio, nulidad procesal, instrucción sumaria, notificación, falta de notificación, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ZAPATA, J. s/ REQUERIMIENTO DE ELEVACION A JUICIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-24

Se ha conculcado el derecho de defensa consagrado por el art.

18, C.N. y debe declararse la nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado, cuando el imputado no ha sido notificado formalmente de los derechos que le asisten conforme lo dispone el art. 353 bis, C.P.P. Aun cuando se le cursaron notificaciones, que no fueron entregadas personalmente, nunca compareció. De manera que se llegó a la etapa de debate sin que tuviera noticia fehaciente del hecho imputado por el funcionario encargado de ello y sin oportunidad de evaluar con asistencia letrada la conveniencia o no de ser oído y en qué términos.
Recursos, recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, inadmisibilidad del recurso, exclusión del hogar
Materia: CIVIL
Carátula: BORLA, MARCELA BEATRIZ c/ ALVAREZ, ERNESTO ENRIQUE s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-14

La solución dada por la sentencia de exclusión del demandado aparece como la más adecuada, ya que en ella prima el interés general del núcleo familiar más numeroso conformado por la madre y sus hijos respecto el problema de vivienda, pudiendo a todo evento el progenitor procurar ubicación de su actividad laboral en otro espacio físico.

Ello en resguardo de lo dispuesto por el art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño que exige la tutela del interés superior de los hijos.
Dolo indirecto, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: C., M.E. s/ Muerte por Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-14

Para la determinación del dolo eventual se puede optar por vía de dos métodos distintos, esto es, según se considere el saber del autor -elemento intelectual- o la dirección de su voluntad - elemento emocional-. Siguiendo la teoría del consentimiento, Maurach rescata también como base del elemento volitivo, el intelectivo, el autor debe haberse representado la producción del resultado como posible, y cuando éste se produzca, debe existir entre éste y el autor una determinada relación de voluntad - aprehensión hipotética del dolo-, es decir, debe consentir el resultado.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Tomatis, Andrés C. s/ Infrac. art. 96 inc. f) ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

Son ajenos al recurso extraordinario de inconstitucionalidad los agravios que propone el recurrente relativos a la validez de determinadas diligencias practicadas en la causa, al mérito de la prueba y a la efectiva tipificación de la infracción imputada, desde que no guardan relación con el planteo del "caso constitucional" que lo habilita conforme los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia y 349 inc. 2 del Código de procedimiento Penal -texto según ley 3589 y sus modif.-
Derecho procesal, competencia, prórroga de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Monsanto Argentina SRL c/ Wedorczyk, Juan Carlos s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-04

Para determinar la exigibilidad de una cláusula de elección del tribunal competente, habrá de analizarse si, para admitirla existiría algún obstáculo y/o denegación de tal derecho de orden sustancial o procesal, o si se da algún supuesto de fraude, circunvención o abuso del desconocimiento de alguna de las partes o si se produjese alguna violación de principio de orden público (véase, Uzal María Elsa, Soluciones Jurisdiccionales en el Ámbito Internacional" en Highton E y Areán B. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, 1°era. Ed., 2004, págs. 197/198). En otras palabras deberá atenderse, con especial cuidado, a si se da una irrazonable disparidad que permita en el caso invalidar el consentimiento, desvirtuando con ello la existencia de un eficaz acuerdo de voluntades. Pues bien, como la prórroga de jurisdicción se trata de una facultad excepcional, que siempre debe ser interpretada con carácter restrictivo, solo ante la duda, cabe estar a la regla de la improrrogabilidad, de lo contrario se asestaría un duro golpe a las reglas del comercio en general (cfr. arg. CNCom, Sala A, in re: "Droguería del Sud SA c/ Arce José Martín s/ ordinario", del 10.4.06).
Improcedencia del recurso, lista de precandidatos, partidos políticos, incompetencia
Materia: ELECTORAL
Carátula: Lista "UNO-Una Nueva Opción" del Partido Renovador Federal c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-10

No puede prosperar el planteo de nulidad formulado por los presentantes respecto de la resolución de Presidencia que dispuso no oficializar la lista de precandidatos/as, fundado en la incompetencia del Tribunal, en general, y de su Presidente, en particular. Ello así, toda vez que el partido actor ha sido debidamente notificado de las Acordadas Electorales n° 1/2021 y n° 3/2021 sin cuestionarlas, razón por la cual ha consentido lo allí dispuesto, en cuanto a que compete de manera originaria al Tribunal Superior de Justicia llevar adelante esa función hasta tanto se constituya el Tribunal Electoral que contempla el Código Electoral, (cfr. art. 113 inciso 6 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y que, con relación a la oficialización de las listas de precandidatos/as para las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de 2021 (cf. art. 1), se delegó en la Presidencia el dictado de las medidas necesarias para cumplir con las etapas del proceso y de las decisiones interlocutorias o de mero trámite vinculadas con ese proceso (cf. art. 2). (Del voto de las juezas Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Alicia E. C. Ruiz).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, Seguridad social, Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia, solidaridad previsional, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Transportes Servemar S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ impugnación resolución nº 1685/94.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

La competencia que la ley 24.463 atribuye a la Cámara Federal de la Seguridad Social no conlleva una ampliación del alcance del recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, máxime si se considera que el art. 19 de dicha ley consagra una extensión excepcional del art. 24, inc. 6°, del decreto ley 1285/58 al eximir del recaudo de "monto mínimo" que es, a su vez, de interpretación restrictiva.
Dolo eventual, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: R.M., N.C. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-04

El imputado se representó la posibilidad de que el resultado disvalioso conocido se produjera. Debe tenerse en cuenta que en el dolo eventual lo que el autor ha de aceptar es la posibilidad del resultado posible, no éste en sí, porque en tal caso estaríamos ante el dolo directo -cfr. Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, págs.

552, III-. Sirve para ello sus gritos de advertencia a la víctima de agacharse porque le volaría la cabeza, acreditado y analizado en la presente. Siendo entonces esa actitud del inculpado más que evidente de la conciencia que tenía sobre las posibles consecuencias de su obrar y no obstante ello, igualmente siguió con su conducta. Si bien nos hallamos ya en los escalones del llamado dolo eventual, esa representación del posible resultado requiere, a su vez, el aditamento que la producción final del resultado le resulte indiferente. El fundamento del dolo eventual está en el razonamiento que permite concluir en que los resultados cargados a este título, si bien es cierto que no han sido directamente queridos, no se han dejado tampoco de quererlos, puesto que no se han evitado. Por eso dice Beling que no es necesario que el autor lo quiera, sino que basta con que "no no lo quiera". Es esta precisamente la conducta acreditada del encausado, quien ante la representación del posible acaecer disvalioso, continuó con sus disparos resultándole indiferente y a ese título debe responder por el delito de Homicidio en orden a la normativa del artículo 79 del Código Penal.
Grupo económico, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: OLAVIAGA, JORGE SERGIO c/ NORTE FOTOGRAFICA S.A. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-31

Surge demostrado fraude en los términos previstos por el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, puesto que las sociedades demandadas conforman una explotación común, con uso y dirección común, tanto de elementos materiales como personales en los términos previstos por el art. 31 de la L.C.T. y en consecuencia conformando ambas sociedades un grupo económico, resultan responsables por la totalidad de lo pretendido por el actor.