marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fundamentación de sentencias, tribunal colegiado
Materia: PROCESAL
Carátula: M. D. D. R. c/ S. A. I. SA s/ sumario - cobro de pesos e indemn. de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-03-27

Si bien la mayoría de votos concordantes debe coincidir en la solución de cada uno de los puntos o capítulos que integran la litis, ello no significa sin más que sea exigible la existencia de fundamentos iguales, cada juez puede dar sus razones aunque no sean las mismas o difieran de las dadas por los otros miembros. Es que, si fuera necesaria una exacta coincidencia la exigencia de votos individuales resultaría un requisito sin sentido, pues no sería otra cosa que pedir una reiteración de fundamentos por cada miembro del tribunal. Lo que debe sopesarse es que las razones dadas en cada voto no se excluyan jurídicamente entre sí de manera que no tengan la afinidad acumulativa indispensable.-
Daños y perjuicios, cosa riesgosa, pozo sin protección, responsabilidad del contratista
Materia: CIVIL
Carátula: RUMINOT, Gladys Elena c/ TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-13

Resulta responsable la empresa prestadora de un servicio público, por los daños acaecidos a un peatón al caer en una zanja abierta en la vía pública por un contratista, si de las constancias obrantes en la causa no surge que se haya desligado de vigilancia y contralor respecto del locador por cuanto personal dependiente de dicha empresa trabajó en la obra.-
Empleados públicos, salarios caídos, depreciación monetaria, intereses, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SUASNABAR, DAVID MARCELO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 149-76 ESQUIVEL, MARIO CESAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 375-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-04-24|1992-11-11

No habiendo sido solicitados los haberes caídos -con más actualización e intereses- en sede administrativa, tampoco corresponde sean acogidos en la instancia judicial, atento su naturaleza revisora; ello sin perjuicio de que si el actor se considera con derecho, los pida en gestión autónoma, para ser resuelta por quien y como corresponda.
Peritos, honorarios del perito
Materia: CIVIL
Carátula: Garcia, Daniel M. y otra c/ Noguera, Mario Ruben y otros s/ daños y perjuicios y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-09-20

Los honorarios de los peritos se deben regular atendiendo a la naturaleza y monto del pleito y la cuantía de los intereses comprometidos, efectuando una adecuada proporción entre la retribución del perito y la de los demás profesionales que intervienen en la causa; todo ello sin dejar de tener una relación razonable entre la retribución que se fija, las tareas efectivamente cumplidas por el perito y la incidencia de las mismas en la decisión.
Presentación espontánea del demandado, notificación, ampliación de la demanda, fallos del Superior Tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Asociación de Vendedores Ambulantes s/ Acción Reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-24

"Es más, la Corte de Justicia de la Provincia, admitió la posibilidad de ampliación de la demanda con posterioridad a que se notificara el demandado formalmente del traslado respectivo ante su presentación espontánea, en los autos N°2276, caratulados "FIGUEREDO JUAN NICOLÁS C/HARO PIZARRO, RODOLFO DANIEL Y OTROS - DAÑOS Y PERJ. - QUEJA" Y FIGUEREDO, JUAN NICOLÁS C/HARO PIZARRO, R.D. Y OTROS DAÑOS Y PERJ. - INCONSTITUCIONALIDAD", registrado en P.R.E. S. 1ª. -2004-I-122.

...Allí dijo: "Conforme lo dispuesto en el artículo 316 ya citado, la caducidad o consunción del derecho a modificar la demanda se produce en el momento en que la demanda es notificada. (.) Resulta a mi juicio evidente que el legislador ha previsto ese período que va desde la interposición de la demanda a la efectiva notificación de su traslado, como un intervalo disponible libremente por el actor para enmendar errores, subsanar defectos, completar el conjunto de pruebas ofrecidas y por otros motivos por los que se entendió conveniente conferir aquella facultad, para cuyo ejercicio no se previó un plazo perentorio, sino limitado por el acaecimiento del hecho notificación de la demanda normalmente provocado por la actuación del propio actor, con la confección y diligenciamiento de la cédula respectiva. (.) Si el ejercicio de la facultad no está sujeta a un plazo perentorio, sino autorizado durante todo ese período en que el actor dispone de la acción ya interpuesta -sea para modificar la demanda o aún para desistirla sin otra formalidad que comunicarlo al Tribunal- en las particulares circunstancias que presenta el caso del sub lite, donde no hubo efectivo traslado de la demanda -siendo éste un acto procesal cuya iniciativa y ejecución se encuentra a cargo del actor (artículos 323 y 142 del C.P.C.)- cabe concluir en que el derecho a modificar la demanda que confiere el artículo 316 del C.P.C. debe subsistir a la contestación espontánea de la demanda por el accionado".

Esta misma posición fue sostenida por esta Sala de la Cámara aplicando la normativa del código procesal vigente en autos N°117323 (C.C.Nº22445), caratulados "TURCUMAN SILVIA YAMILE - ADQUISICIÓN DE DOMINIO POR USUCAPIÓN ABREVIADO -"PROTOCOLIZADO: L. A.-Año 2017- del Tº II - Fº173/178".
Recurso de inconstitucionalidad, ley vigente, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, honorarios, juicio de apremio, cuerpo de abogados del Estado, BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANÓNIMA
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Melamedoff, Esteban Daniel c/ Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Apremio (Expte.: C.S.J. Nro. 801 año  1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-11

Se debe concluir en la invalidez de la respuesta jurisdiccional proporcionada por la Cámara -la que no constituye la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa-, por cuanto el Sentenciante rehúsa conocer la materia llevada a su conocimiento con la liviana excusa de que la oportunidad para controvertir los presupuestos de la pretensión de exonerarse de los emolumentos regulados era la establecida en el procedimiento previsto por los artículos 24 y 31 de la ley 6767, resultando evidente que la fundamentación de la Alzada, (Código Procesal Civil y Comercial), sólo acarrearía un inútil dispendio jurisdiccional, pues esa temática ha sido resuelta por la Corte local. En definitiva, sus argumentaciones, con más la que considera que la entidad transformada en sociedad anónima con participación estatal mayoritaria es una persona de derecho privado y, de consiguiente, regida únicamente por esas normas, constituyen pretextos formales que marginan la presencia de fuertes notas "iusplublicísticas" en la relación jurídica banco-empleado, que se materializan a través de la influencia de normas y principios de derecho público, entre ellos los que prohíben a los profesionales a sueldo de la Administración percibir honorarios cuanto éstos deban ser desembolsados por el erario público en cualquiera de sus manifestaciones institucionales y jurídicas.
Declaración indagatoria, silencio, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: PERALTA, JAVIER ANTONIO s/ HOMICIDIO  SIMPLE EN PERJUICIO DE DANTE MAURICIO ALVAREZ SUSTANCIADO  CONTRA JAVIER ANTONIO PERALTA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-09-01

Una persona indagada tiene la facultad de callar, y su silencio no puede ser computado como indicio en su contra; pero si habla y miente se invierte el onus probandi y debe el probar que sus dichos son ciertos.
Deberes del juez, beneficios previsionales, otorgamiento del beneficio, carácter alimentario, cómputo de servicios, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: TORRES, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-23

Si la interpretación de la prueba se limita a un análisis parcial o aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, sin integrarlos y armonizarlos debidamente en su conjunto, se desvirtúa la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los medios probatorios (Fallos 303:2080; 308:640; 311:948 y Vázquez, María Paulina, sent. del 12.08.97, donde el Alto Tribunal puso de resalto, como doctrina, que los jueces deben obrar con cautela en el desconocimiento o rechazo de solicitudes de beneficios de naturaleza alimentaria). Los precedentes citados cobran especial significación cuando los servicios por los que se persigue el reconocimiento fueron prestados hace más de 20 años, y mayoritariamente están fuera del alcance de la sanción del art. 25 de la ley 18.037.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Carlos Enrique s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-01

La circunstancia de que el particular damnificado persiga la reparación patrimonial en sede penal no lo autoriza a interponer recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ya que, diversamente de como ocurre en el caso del recurso extraordinario de nulidad, tal circunstancia no desplaza el régimen de los arts. 149 inc. 4º letra a) de la Constitución de la Provincia y 80 y conc. del Código de Procedimiento Penal, en tanto dicho apartado a) contiene a diferencia del apartado b)- la salvedad de que la ley procesal determinará las restricciones del recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Partes del proceso, pretensión procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: ZOFF MERCEDES s/ INCIDENTE - PRETENSION - OBJETO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-20

Los principios que rigen en general los procesos contenciosos, son aplicables, en lo pertinente, a todas las pretensiones que deban tener trámite incidental, por lo que los sujetos que sean partes deben cumplir con todas y cada una de las cargas que le son propias (conf. Palacio, "Derecho Procesal..." t.IV, p. 378 y ss.; Falcón "Código Procesal..." t.II, p. 175.9.1 y ss). Una de ellas es la expresión del objeto de la pretensión donde se asienta el conflicto y que es justamente sobre el que recaerá la resolución del Juez, puesto que es de su propia esencia decidir colisiones efectivas de derecho y no hacer declaraciones generales o abstractas (conf. C.S.J N. Fallos 199-213; 229-460; 236-673).

Pero además debe existir interés procesal en el pretendiente, el que únicamente se verifica por un derecho actual insatisfecho, como presupuesto de admisibilidad de la actividad que pretende desarrollar (conf. Davis Echandía, "Nociones Generales de Derecho Procesal Civil" p. 257; Palacio, op. cit. t. I-180).
Prisión preventiva, plazo, estupefacientes, libertad condicional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Stacchino, Nelson Mauricio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

No resulta acertado sostener que a partir del pronunciamiento en los autos "Nápoli", la doctrina fijada por el Superior en orden a la constitucionalidad de la exclusión que establece el art. 10 de la ley 24.390 haya sufrido un cambio, ni que la coyuntura judiciable analizada en esa oportunidad sea análoga a la tratada in re "Arana", pues en éste último precedente la Corte Suprema señaló que "...no existe duda que las razones de interés público que determinaron al legislador a excluir las conductas a las que se ha hecho referencia, han surgido de la necesidad de armonizar las disposiciones del derecho interno con los compromisos internacionales asumidos por el país al aprobar diversos tratados internacionales, entre los que corresponde destacar la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscripta en Viena el 19 de diciembre de 1988 y aprobada por la ley 24.071. Entre los aspectos principales del tratado corresponde mencionar la recomendación efectuada a los estados partes referente a la necesidad de que al conceder la libertad caucionada o la libertad condicional los tribunales tengan en cuenta la gravedad de determinadas conductas -menciona las vinculadas con el tráfico de estupefacientes- y algunas circunstancias, entre las que figuran la participación en actividades delictivas internacionales organizadas (conf. art. 3°, inciso 7°)". (Voto del Dr. Riggi).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Pirane c/ Empresa  Constructora  Ciotti  y/o  Luciano  Ciotti  y/o Responsables s/ Ejecución Fiscal - Incidente de Nulidad Ciotti  y/o  Luciano  Ciotti  y/o Responsables s/ Ejecución Fiscal - Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-06-18

Quedan fuera de la apelación los puntos de la sentencia que no fueron objeto de una crítica concreta, por cuanto la finalidad de la excepción de agravios no se satisface con la mera invocación de un hecho, ni la mención de jurisprudencia, resultando así consecutivas las conclusiones del fallo no impugnadas.
Filiación, alimentos provisionales, aumento de cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: P. I. V. c/ C. R. R. s/ Incidente de Alimentos - Actuaciones para Elevar a la Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-03-10

En la resolución de fecha 26 de abril de 2006, el Sr. Juez a-quo consideró verosímil el derecho invocado y fijó una cuota alimentaria provisional a cargo del demandado y en beneficio de la menor en la suma de Pesos Ciento cincuenta ($150). Para ello tuvo en cuenta, entre otras cosas, la edad de la menor y los gastos propios de su edad.

Y es teniendo en cuenta ello que lo solicitado por la actora es procedente, porque sin perjuicio del carácter eminentemente cautelar de la resolución que admitió los alimentos provisorios, es claro que las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de su fijación han variado sustancialmente con el tiempo.

En efecto, la cuota alimentaria provisoria fue fijada hace nueve años, habiéndose verificado desde entonces un incremento de los precios de los productos y servicios en general. Si a esto se suma la mayor edad de la niña, lo que permite presumir un sensible aumento en los gastos de alimentación, vestimenta, traslados y educación, su aumento se encuentra plenamente justificado.

Conforme lo expuesto, y atendiendo a que por un lado los alimentos provisorios tienden a cubrir los gastos mínimos de subsistencia durante la tramitación del proceso, y por el otro no se han probado los ingresos del alimentante, voto para que se haga lugar al recurso, se revoque la resolución impugnada, y se admita el pedido de aumento de la cuota alimentaria provisoria, fijándose en la suma mensual de Pesos Mil ($1000), monto que rige a partir del mes de marzo de 2013 que es la fecha en que fue solicitado el aumento de alimentos.
Recurso de nulidad, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Sur S.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-05-11

La valla impediente u obstativa establecida en el art. 295 - monto del litigio habilitante del recurso - del ordenamiento formal, no rige con relación al recurso de nulidad extraordinario.

(Bertolini: En disidencia)
Cuestiones de competencia, privación de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cavura de Vlasov, Emilia c/ Vlasov, Alejandro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1960-03-28

Si bien la oportunidad en tiempo adecuado es siempre importante para la realización de los negocios humanos, hay supuestos en que aquélla adquiere caracteres de urgencia, ya por la índole de la cuestión en debate amparo o por la demora experimentada competencia de jueces extraños al conflicto ya por la premura que las particularidades específicas del caso imponen en su solución. En consecuencia, se debe establecer que el concepto de privación de justicia puede ser referido a las circunstancias en que se lo invoca, en cuanto de ellas resulte que lo decidido y apelado prive al ejercicio del derecho en debate de toda razonable utilidad.
Obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Arce, Elías c/ Amondarain, Tomás s/ Ordinario -cobro de pesos-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-08-10

El principio nominalista, acogido por nuestro legislador, es válido en el marco y en el tiempo en que la obligación transita dentro de los términos de lo convenido. Pero que, incumplido el pago por vencimiento de la obligación, ese principio no agota el resarcimiento que los perjuicios irrogados por la mora ha provocado en el acreedor. El incumplimiento, ha señalado el Tribunal, lleva la cuestión al campo de la responsabilidad civil emergente de la mora, mora que impone a la relación entre las partes un nuevo vínculo obligacional en que el moroso, como factor de daño, adquiere el deber de resarcirlo en plenitud. Y dado que ese daño no se reduce en las actuales circunstancias a la mera privación del uso de capital resarcido por los intereses moratorios, sino que el incumplimiento somete a ese capital por un tiempo no previsto en lo pactado a las consecuencias de la desmonetización, el pago debe contemplar ese perjuicio para constituirse en efectiva "solutio" de la obligación.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flores de Sessa, Alix Elvira c/ Polichella, Edgardo Osvaldo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

La pericia producida en la causa penal, no puede ser tenida en cuenta, porque no ha podido ser controlada por la parte actora, como tampoco se ha cumplido con los recaudos impuestos por los arts. 457 y siguientes del Código Procesal.
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: LABORAL
Carátula: SUAREZ, JULIO DANIEL c/ DOMVIL S.A.I.C.A. s/ Indemnización por accidente de trabajo-RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE  LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-12-13

La contestación de agravios no debe limitarse sólo a refutar al adversario sino que debe criticar a la sentencia en la parte que desestimó sus defensas o razones a fin de que el Tribunal de alzada las pueda examinar, ya que incluso de no haceerlo, debe interpretarse como un desestimiento de sus defensas o pretensiones.
Llamamiento de autos, prescripción de la acción penal, recurso de inconstitucionalidad, falta de autorización judicial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Gómez, Roberto Marcelo s/ 79 - cuidar coches sin autorización legal (Art. 82 según TC Ley 5666 y modif.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

4-Dado que la presentación que generó estas actuaciones no ha abierto la jurisdicción de este Tribunal para investigar cuál ha sido el trámite imprimido a la acción, no tiene competencia para requerir (o exigir) a los jueces de la primera instancia que realicen determinada diligencia que, fruto de determinada investigación, estiman conducente, o peticionar que se pronuncien acerca de determinada cuestión que no ha sido materia de agravio ni petición ante el Tribunal, ni, hasta donde nos es sabido, de petición de parte legitimada ante la instancia de mérito. El Tribunal no es parte en el pleito; y sólo quienes lo son pueden requerir a los jueces un pronunciamiento en determinado sentido. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Cnel. Pringles s/ Quiebra.R. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

El pronunciamiento que con fundamento en el art. 50 inciso "c" de la ley de Entidades Financieras reconoce la facultad de la sindicatura desempeñada por el Banco Central de la República para realizar los bienes de la entidad en liquidación en las condiciones previstas en la norma citada, no tiene carácter de definitivo en los términos del art. 278 del C.P.C.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contravenciones de juego, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, M. s/ Ley Nro. 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-29

Respecto de la Ley Nro. 255, el bien jurídico protegido es el patrimonio del Estado local, lo que aparece como evidente conforme al artículo 50 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto dispone destinar el producido de los juegos de azar, destreza y apuestas a la asistencia y el desarrollo social, tareas ambas de carácter netamente estatal. Tal conclusión no descarta que, en ciertos supuestos descriptos en la ley, también se procure proteger el patrimonio de los particulares. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Prescripción liberatoria administrativa, reclamo administrativo previo, crédito laboral, empleo público, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solís Herrera, Bárbara y otros c/ Provincia de Salta (Ministerio de Salud Pública) s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-20

A los efectos de la interrupción de la prescripción, el concepto de demanda debe ser amplio, incluyéndose en él a todo acto judicial y ciertos extrajudiciales, como la reclamación administrativa, que sean indicativos de la debida diligencia del acreedor y de la voluntad de interrumpir el curso del término, quedando librada a la prudencia de los jueces establecer, en cada caso, si se ha operado o no el efecto interruptivo.

La adhesión en sede administrativa, con anterioridad al vencimiento del plazo de prescripción, para el reclamo de la deuda por actualización de la bonificación por antigüedad percibida con las planillas complementarias del sueldo de diciembre de 1989, tenía el carácter indicativo de debida diligencia como voluntad de interrumpir el curso de la prescripción y la consideraba no operada para el reclamo administrativo.
Subasta judicial, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Provincial c/ Mazzei de Jorge, Mirta s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-01

La Corte Nacional, en numerosos precedentes, ha sentado el principio de que corresponde actualizar los créditos cuyo valor real se ve disminuido por efectos de la depreciación monetaria y cuyo cumplimiento se ha demorado por la conducta ilegítima de quien ha permanecido deudor, en salvaguarda de la garantía del art. 17 de la C.N. No obsta a la aplicación de dicha doctrina, que tiende al mantenimiento de la intangibilidad del crédito durante todo el proceso judicial, -como el mismo Alto Tribunal se ha encargado de advertirlo- la circunstancia de que la actora hubiese formulado el pedido después del dictado de la sentencia de trance y remate, ya que el reajuste por depreciación monetaria se refiere a algo que no es sustancialmente diverso del reclamo originario de la litis sino, como esto mismo, razonablemente traducido en valores vigentes en tiempo posterior.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, feria judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Freire y Cía. Soc. en Comandita por Acciones c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1982-06-10

Si bien el suscripto se ha pronunciado en otras causas en el sentido de que debe computarse el lapso correspondiente a la feria judicial del mes de enero, porque ésta no interrumpe el curso de la perención, entiendo que cabe volver sobre dicha interpretación, teniendo en cuenta en especial la nueva legislación en el orden nacional, la que, por ley 22434 ha establecido expresamente, que los plazos... correrán durante los días inhábiles salvo los que corresponden a las ferias judiciales.