marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Operaciones bancarias, contratos bancarios, fianza, validez de los actos procesales, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires SA c/ Castro, Alberto Edgardo/ Guillermo Castro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-16

Resulta inaplicable al caso, el corte temporal de cinco años establecido por el CCCN 1578 en tanto que la fecha de vencimiento del contrato de fianza operó una vez entrado en vigencia el nuevo régimen. Si bien los efectos del acuerdo constituido bajo la ley anterior que se produzcan a partir de la entrada en vigencia de una nueva ley imperativa que define sus alcances y contenidos, se rigen por esta última y las consecuencias ya producidas o agotadas deben regirse por la ley derogada; en la especie, se está analizando el plazo de vigencia contractual, ante un caso que contiene una situación continua que nació en vigencia del viejo código y se extinguió en tiempos del nuevo régimen.

Sobre el punto esta Sala comparte la doctrina que interpreta que si el plazo previsto contractualmente es mayor al del Código Civil y Comercial de la Nación, rige el que establezca éste último como ley nueva contado a partir de su vigencia -y no desde el día de la firma del documento-, excepto que, contando desde la celebración del acto lleve a un plazo superior al aprobado por el nuevo código unificado (v. Heredia, Pablo D; "Derecho Transitorio en Materia Contractual", publicado en Revista Código Civil y Comercial de La Ley, año 1, N° 1 pág. 14; con cita de: Kemelmajer de Carlucci; "La Aplicación del Código Civil y Comercial a las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes" pág. 154, año 2015).

Esta solución es la que el mismo código brinda en su art. 2537 para la modificación de plazos de prescripción que por, sus características, guarda fuerte analogía con el caso bajo análisis. En base a ello, en el sub-lite el plazo de vigencia del contrato, según la nueva norma, no estaba agotado a la fecha de esta sentencia. Como ello excede el límite previsto en el contrato, el CCCN 1578 no es aplicable en este aspecto. (En el caso, la fianza habría sido otorgada el 10/04/08 con vencimiento el 12/04/18).
Prueba pericial, dictámenes
Materia: PENAL
Carátula: Demetrio, Daniel s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

El informe médico que no se funda en "principios científicos", no tiene fuerza probatoria.
Derechos y garantías constitucionales, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Crespi Hnos. y Cía. en j: Roque, Lico s/ Quiebra - Verificación - Inconstitucionalidad (Libro: S050-028)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1951-05-17

Lo relativo a la doble instancia no es materia constitucional. Su implantación tiene su fuente en la ley y no en la Constitución (art. 123, inc. 17 Constitución vigente). De ahí que cuando la ley, en miras del interés de la índole que la determina, establece única instancia en algunos casos mediante la inapelabilidad, no puede hablarse de violación constitucional, ni intentarse y ejercitar los remedios legales propios cuando esto último ocurre.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia civil, compraventa inmobiliaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Woods, León James y otros c/ Camino Real Country Club SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

Resulta competente la Justicia Civil para entender en un reclamo por daños y perjuicios que se aducen ocasionados por no realizarse la escritura de transferencia de dominio ni la entrega de cierta compraventa de inmuebles. Ello así, pues las cuestiones referidas a la compra de lotes de terreno resultan materia eminentemente civil en tanto los contratos referentes a inmuebles constituyen actos regidos por la ley civil en todos sus aspectos, no obstante la evidente comercialización, en muchos casos, de esas operaciones (CNCom, Sala B in re "Hellas SRL c/ Hostal del Lago SRL s/ ordinario" del 07/03/96).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio de apremio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia c/ Caleras, Carlos Vázques y otros s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

Si bien, en principio, las decisiones recaídas en el procedimiento de apremio establecido por el decreto-ley 9122 no revisten carácter de definitivas para la procedencia de recurso extraordinario, en el caso el pronunciamiento de la Cámara, que resuelve de modo final sobre la suerte del crédito cuya ejecución se intenta, reviste carácter de definitivo en el concepto del art.278 del C.P.C.C..

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia arbitraria, quiebra, crédito laboral, intereses, fundamentación de sentencias, derivación no razonada del derecho vigente
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la señora Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa Club Ferrocarril Oeste c/  s/ quiebra/ incidente de levantamiento/ incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-26

No es posible considerar a la sentencia que rechazó la pretensión del acreedor laboral de obtener el reconocimiento de los intereses devengados con posterioridad al decreto de quiebra como una derivación razonada del derecho vigente pues, al cercenar la procedencia de intereses, prescindió del texto y de la finalidad del artículo 129 de la ley 24.522 y de lo establecido por las normas federales de jerarquía supra legal protectorias de los derechos del trabajador. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite- -El juez Lorenzetti, en disidencia, consideró inadmisible el recurso (art. 280 CPCCN)-
Principio de congruencia, deberes del juez, calificación legal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Herrera, Ricardo E. y otro s/ recurso de casación. Causa: 481
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-08

El Tribunal puede dar al hecho una calificación jurídica distinta a la contenida en el requerimiento fiscal, pero debe siempre mantenerse la identidad fáctica.
Beneficios previsionales, jubilaciones, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GERVASUTTI, MARIO BASILIO c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-08

La reglamentación del art. 156 de la ley 24.241 contenida en el Dec. 2433/93, según la cual el derecho a la jubilación se rige, hasta la fecha de entrada en vigencia del Libro I -ocurrida el 01.02.94- en los supuestos contemplados en los párrafos 2do. y 3ro. del art. 43 de la ley 18.037, por la ley vigente a la fecha en que se produjera la incapacidad o se cumpliere la edad requerida, se compadece con la filosofía de la reforma plasmada por el Poder Legislativo en la ley 24.241. (Disidencia del Dr. Fasciolo).
Jubilaciones, cargo, MINISTERIO DE TRABAJO, empleados públicos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GAETAN, ANGEL VIRGINIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION  EXPTE NRO  227-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-26

La jerarquización funcional de un cargo no implica siempre la correlativa jerarquización presupuestaria, por lo que la circunstancia de que el cargo de Director de Asuntos Gremiales del Ministerio de Trabajo fuese encasillado en categoría 23 sólo podría tener un valor indiciario al resolver sobre el reclamo de recategorización efectuado en base a categoría 24, por ser el cargo desempeñado en forma interina por el recurrente -Director General item 3 (Director Regional del trabajo, Decreto ley 2634-58-ley 4890) , de mayor jerarquía que aquél.
Seguro de responsabilidad civil, denuncia del siniestro
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benito, Mariel Mercedes c/ Ehrlich, E. Fabián s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Negada por la aseguradora la satisfacción por el asegurado de la carga que en tal sentido le imponía el art. 46 de la ley 17418 y el contrato que lo vinculara a la primera, cabía al segundo probar que había llevado a cabo la denuncia o comunicación del siniestro en tiempo propio a la aseguradora. No surgiendo de constancia alguna de la causa la mentada denuncia o el conocimiento que la citada en garantía tuviera del siniestro con antelación a su llamada a la litis, no otra cosa cabe que declarar la caducidad o pérdida del derecho del asegurado a ser indemnizado por la aseguradora con causa en el siniestro que diera motivo a esta pleito (arts. 15, 46, 47 ley 17418; art. 375, 384 y cc. CPCC).
Locación de inmuebles, intimación previa, falta de pago, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: MELINSKY DE CARBALLEDA c/ MAKABADI NADER s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-21

No cabe conferir a la intimación previa establecida por el art. 5to.

de la ley 23091, el carácter de una exigencia ritual cuyo incumplimiento frustre inevitablemente la demanda que persigue la rescisión del contrato por falta de pago.
Tentativa, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Norberto Raúl y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

La calificación de la tentativa como acabada o inacabada se define según el plan del autor, pues sólo cuando el autor ha hecho todo lo necesario según su plan para consumar el delito, la tentativa ha de considerarse acabada. Sin embargo, el plan, que pertenece al plano de lo subjetivo, sólo puede reconocerse a partir de lo objetivo, y en particular, de los actos materiales de ejecución, de los medios empleados y de las circunstancias del obrar. Cuando el autor realiza actos materiales de ejecución con determinados medios y en determinadas circunstancias que ex ante bastan para la consumación del delito, y la consumación no se produce por circunstancias ajenas a su voluntad, entonces se trata de un caso de tentativa acabada. Sólo puede examinarse un supuesto de tentativa inacabada cuando la consumación no se alcanza por faltar todavía la realización de ciertos actos ejecutivos (voto del juez García).
Prescripción de la acción penal, tesis del paralelismo
Materia: PENAL
Carátula: SOSA, Carlos y otros s/ prescripción Causa 26.150
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

La prescripción de la acción penal corre y opera independientemente para cada delito.
Competencia federal, unificación de penas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GODOY CAÑETE, ALCIDES J. s/ RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-23

La jurisdicción federal puede unificar sentencias ordinarias de no impedirlo una norma procesal local cuando sea el caso de que intervenga en segundo lugar, o cuando haya dictado la pena mayor, esto ultimo de acuerdo a las reglas previstas en el articulo 58 del código penal.
Interés público, derecho al honor, derecho a la dignidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Prestofelippo, Eduardo Miguel c/  s/ 71 Ter - Hostigamiento Digital
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-27

Las expresiones vinculadas con asuntos de "interés público" merecen especial tutela, y el concepto de "interés público" -que no abarca solo cuestiones de índole política- debe entenderse de la manera más amplia y flexible dentro de límites razonables. Aun de acuerdo con una interpretación amplia de la noción de "interés público", existen ciertas expresiones que podrían quedar fuera de ella, tales como aquellas relacionadas exclusivamente con la vida privada de las personas, o que interfieran con la protección de su honor o dignidad, o bien con otros ámbitos que también merezcan tutela constitucional. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Síndico del concurso, patrocinio letrado, concursos
Materia: CIVIL
Carátula: Iale Foot Ball Club c/ Silva Ariel D.y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-07-01

La norma procesal local - artículo 53 del Código Procesal Civil y Comercial - debe ceder ante la expresa y clara disposición falimentaria,la cual al otorgarle al Síndico legitimación procesal amplia ha sido coherente con los principios y disposiciones especiales y esencialmente colectivos que imperan en materia concursal, así como con la naturaleza del órgano sindical y las exigencias profesionales y de idoneidad que se imponen para el desempeño del cargo, que presuponen que se encuentra capacitado para el ejercicio de los actos que la ley le impone. El Síndico no se encuentra obligado por su actuación en juicio, en ningún caso, a asistirse con patrocinio letrado en orden a lo dispuesto en el artículo 257 de la ley concursal que prevalece así por sobre lo dispuesto en el artículo 53 del Código Procesal Civil y Comercial.
Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-01-10


Buenos Aires, 6 de enero de 2006.- Y VISTOS: Estos autos, a efectos de resolver sobre la habilitación de feria peticionada a fs. 65. I.- El día 2 de noviembre de 2005 la accionante -patrocinada por el señor Defensor Oficial del Fuero-, inició este proceso de amparo a efectos de que se le permita explotar la licencia de taxi de la que es propietaria y, además, que se le devuelva la documentación retenida en el procedimiento efectuado por SACTA S.A. el día 12 de octubre de 2005. Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar que la autorice a seguir trabajando con el automotor (licencia de taxi nº 21.515), hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada en autos. Indicó que a partir del procedimiento efectuado por SACTA S.A., se vio privada de trabajar con el vehículo de su propiedad, situación que le genera graves perjuicios económicos para la subsistencia digna de su familia. Manifestó que es madre de un menor con retraso madurativo en tratamiento médico (vid. fs. 1/7 y constancias de fs, 8 bis y sgtes.). A fs. 55/6 el señor juez de grado dictó sentencia interlocutoria, rechazando l a medida cautelar solicitada. Contra tal resolución se alza la accionante a tenor del memorial agregado a fs. 57/62. Las actuaciones fueron recibidas en la Sala II del Fuero y, con posterioridad, fue solicitada la habilitación de la feria judicial. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó a fs. 67/8, propiciando su rechazo. II.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 135 del CCAyT y 1.4, in fine del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad, "durante la feria judicial sólo tramitarán los asuntos que no admitan demora". Las razones de urgencia que autorizan la habilitación de la feria judicial son aquéllas que entrañan un riesgo previsible e inminente de frustrar determinados derechos en el caso de no prestarse el servicio jurisdiccional a quien lo requiere dentro del período de receso tribunalicio cuando, por la naturaleza de la situación que se plantea, la prestación de ese servicio no puede aguardar a la reanudación de la actividad ordinar ia. Además, la habilitación de la feria judicial está restringida a supuestos de verdadera y comprobada urgencia. Tales recaudos se configuran en el sub examine, teniendo en cuenta el carácter netamente alimentario del pedido de la accionante. Por ello, habiendo dictaminado el representante del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal RESUELVE: Habilitar la feria judicial para continuar con el trámite de la presente causa. Regístrese y notifíquese. Fecho, remítase al Ministerio Público Fiscal a los efectos indicados a fs. 68, punto IV in fine.
Acción meramente declarativa, caso concreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Transportes Unidos del Sud S.R.L. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

La declaración de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda a "un caso" que busque precaver los efectos de un acto en ciernes, constituye una causa en los términos de la Ley Fundamental.
Cosa juzgada, seguridad jurídica, orden público
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: CURTOLO DE TAGLIANI, AIDA c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-05

Alterar una cuestión determinada cuando el fallo está firme comporta un menoscabo de la garantía de la cosa juzgada, pues la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, sin la cual no hay, en rigor, orden jurídico y es además, exigencia de orden público (cfr. C.S.J.N., sent. del 29.10.91, "Fernández Martínez, J.

L. c/ Minetti J. y Cía. Ltda. S.A."
Competencia civil, procesos especiales, Poder Judicial, verdad jurídica objetiva, amparo colectivo, principio de publicidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Protección de Consumidores del Mercado Común del Sur-Proconsumer c/ Banco Santander Rio S.A. y otro s/ ordinario (TPM)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-17

Aun cuando se pueda advertir el extenso tiempo en la presentación de las propuestas de publicidad por parte de la Asociación de Consumidores, tal circunstancia no solo puede ser imputable a aquélla, pues al anoticiarse al juzgado del resultado del recurso de queja -con la respectiva transcripción de la resolución- y donde se dejó en claro que la fundamentación de la denegación radicaba en la ausencia de perjuicio desde que la parte actora, en esa instancia, no había sugerido otros mecanismos alternativos de publicidad, debió el magistrado -director del proceso- intimar a su cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicar el sistema por él dispuesto, adoptando así un temperamento similar al realizado en la resolución ahora cuestionada.
Cuestiones de hecho y prueba, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Carmody de Miranda, Mabel L. y otro c/ Provincia de San Juan s/ Expropiación Inversa-Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-11-26

Las cuestiones referentes a la base regulatoria, interés jurídico, su apreciación, importancia y mérito de la labor profesional, son cuestiones de hecho y por ello insusceptibles de ser revisadas en la instancia extraordinaria; salvo claro está, el caso de arbitrariedad.
Alimentos, acuerdo de partes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TASCA ESTEBAN Y HERLAN MABEL MAGDALENA s/ DIVORCIO VINCULAR POR PRESENTACION CONJUNTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-06-05

El convenio autorizado por el art. 236 del Código Civil, son vinculantes para los cónyuges, quienes carecen de la facultad de modificarlo ni unilateral ni bilateralmente si el juez no los objeta.
Corretaje, corretaje inmobiliario, actos de comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: VICENTE TEDESCO c/ JUAN GUANZIROLI s/ CONTRATO DE CORRETAJE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1923-05-16

Son actos de comercio, sujetos a la jurisdicción mercantil, (art.

8, inc. 3, Código de comercio), las operaciones de corretaje relativas a la venta de bienes inmuebles.
Prueba testimonial, apreciación del juez, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Fumaneri Veronica Mariela c/ Ibarra Hugo E Ibarra Laura s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-02-08

Cuando se pretende demostrar la existencia de un contrato de trabajo mediante la prueba testimonial las declaraciones deben ser lo suficientemente amplias e ilustrativas, de modo de permitir al juez valorar su resultado conforme a las reglas de la sana crítica y así arribar a la convicción necesaria para fallar acogiendo esa posición.
Sanciones aduaneras, graduación de la pena, pena mínima, facultades del juez
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: Centro S.A. (T.F. 8763-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

La facultad de atenuación no reconoce otro límite, en su ejercicio por parte de los jueces, que el resultar ella procedente en virtud de los hechos establecidos en el sumario y que tal facultad alcanza a todas las penalidades (Fallos: 195:92, 211:290, entre otros).
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Trelew Compañía Constructora Patagónica Industrial eInmobiliaria, S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso-Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1977-11-29

En derecho público no existen las categoría civilistas de actos nulos y anulables desde que en virtud del principio por el que se presume la validez del acto administrativo se requiere en todos los casos una investigación de hecho para determinar los vicios que lo puedan afectar.
Prueba, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: L., M. R. s/ Abuso deshonesto s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-01

En concreto, es la suma y la pluralidad de los indicios contingentes mencionados, su conducencia respecto del hecho investigado, la conexión entre ambos - que no es obra de la casualidad o el azar o motivada en causas distintas -, además de la inexistencia de contraindicios que puedan descartar razonadamente el hecho reprochado, lo que permite acordar con la decisión del juzgador respecto de la acreditación de tal ítem.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR (DR. MENISES) EN AUTOS:"sOCIEDAD ANONIMA LUIS MAGNASCOY COMPAÑIA LIMITADA MANTEQUEIRA MODELO c/ RIO BERMEJO S.A.A.I. s/ ORDINARIO"EXPTE. N10595/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-06-20

No es cuestión de pregonar decretos cautelares sin contracautela, o haciendo de la caución juratoria el principio general. La regla debe ser a la inversa: los magistrados están obligados a fijar tal garantía sin ninguna liberalidad y extremando las precauciones para que los eventuales daños y perjuicios derivados de una mediad de seguridad obtenida sin derecho no queden sin reparación. Y ponderar con equilibrio ese derecho a una contracautela eficaz, evitando que por resoluciones desmedidas o desproporcionadas, quien logró una medida cautelar no sufra injustificadamente obstáculo real en su derecho a efectivizarla.
Prescripción, interrupción de la prescripción, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: TORRES, César Ricardo c/ EMPRESA DE TTES. SUR NOR CISA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-22

En el art. 3986 del Código Civil la palabra "demanda" no está circunscripta a la categorización estricta con que se la emplea en derecho procesal, sino que comprende todas aquellas manifestaciones judiciales que importen una exteriorización de la voluntad del titular del derecho de mantenerlo. En consecuencia, la solicitud de carta pobreza para litigar, configuraría una "demanda" en los términos prescriptos por la mencionada disposición legal.
Jueces, cuestiones de competencia, juez de instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: Juez Correccional y de Menores Nº 1. s/ Cuestión de Competencia (Dra. Marta Beatriz Arrua).
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-11-25

Son los Jueces de Menores los que tienen la atribución de instruir las actuaciones en que estén comprendidos menores como sujetos activos de un hecho ilícito, como así la de juzgar y resolver sobre su situación penal. (Dr. Márquez Palacios: En disidencia).