Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-25


SENT Nº 103 San Miguel de Tucumán, 25 de Marzo de 2013.- Y VISTO: La cuestión de competencia suscitada en autos: "Toro Manuel Marcelo vs. Efecon S.R.L. y otro s/ Accidente de trabajo"; y	C O N S I D E R A N D O :

Que, conforme surge de los antecedentes de la causa, se observa que el actor inicia demanda por accidente de trabajo en fecha 23 de septiembre de 1997 y que, una vez que las actuaciones se encontraban en estado de dictar sentencia (conf. fs. 685), la Sala VIª de la Excma. Cámara del Trabajo declaró de oficio su incompetencia para entender en la presente causa, interpretando que la Ley sobre Riesgos del Trabajo (Ley Nº 24.557) aplicable al caso, dispone la competencia de la justicia federal, citando el artículo 46 de dicha ley para sostener su postura, en consecuencia, ordenó la remisión de las actuaciones al Juzgado Federal con jurisdicción local que por turno corresponda (conf. sentencia de fecha 31/08/2004, agregada a fs. 692).

A su turno, una vez remitida la causa, el Juez Federal Nº 2 de la Provincia de Tucumán se declaró incompetente mediante pronunciamiento de fecha 4 de mayo de 2005 (fs. 705/706), por considerar que la competencia federal establecida en el artículo 46 de la Ley Nº 24.557 "solo está fijada en relación a las apelaciones intentadas en contra de las decisiones provenientes de las comisiones médicas provinciales, por lo que el tribunal federal no puede intervenir en demandas que ignoren o desconozcan dicha vía específica". A su vez, con posterioridad, mediante sentencia de fecha 9 de febrero de 2011 (fs. 1068), dispuso ampliar la sentencia de fecha 4 de mayo de 2005 y ordenó la remisión en devolución de los autos a la Sala VIª de la Excma. Cámara del Trabajo, invitando a los miembros de dicho Tribunal a plantear la cuestión de competencia negativa ante el superior común en caso de mantener el criterio adoptado en la resolución de fecha 31 de agosto de 2004.

Radicadas las actuaciones en la Sala VIª de la Excma. Cámara del Trabajo, dicho Tribunal dispuso la elevación de la causa a ésta Corte Suprema de Justicia a los efectos de resolver la referida cuestión de competencia.

En este marco, se observa que la cuestión de competencia suscitada en este proceso, referida a un reclamo por indemnización por accidente de trabajo y otros rubros derivados de una relación laboral (conf. fs. 141), constituye una temática que recibió tratamiento a través de numerosos pronunciamientos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán -y bajo similar marco legal al que se encuentra sometido este caso-, en el sentido de que resulta competencia de la justicia ordinaria provincial y, específicamente, del fuero del trabajo, el proceso mediante el cual se persigue el cobro de una indemnización por un accidente de trabajo.

Así, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó que "no es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el citado art. 75, inc. 12. Lo contrario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas que fija la Constitución Nacional cuando se trata de derecho común, referentes a la no alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los tribunales de provincias si las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador (Fallos: 271:206, 209, considerando 4°). A todo evento, las excepciones a tan terminante regla están rigurosamente condicionadas a que los efectos de esta alteración 'han de ser tenidos por válidos, siempre que la intención de producirla sea inequívoca y no se apoye en el mero arbitrio del legislador, sino en necesidades reales y fines federales legítimos, impuestos por circunstancias de notoria seriedad' (Fallos: 248:781, 782/783, considerandos 1° y 2°; 300:1159, 1161/1162, considerando 3°, y 302:1209, 1214, considerando 2° y 1552, 1557, considerando 5°)" (CSJN, in re "Castillo, Ángel S. vs. Cerámica Alberdi S.A." de fecha 07/9/2004, Fallos 327:3610, publicado en La Ley 2005-A, 259). Asimismo, el máximo Tribunal nacional en el precedente "Sotelo, Rodolfo vs. Gonzálvez, José Carlos y otros" de fecha 13/10/2009 (CSJN, Fallos 332:2302) resaltó que "Sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar que en el precedente 'Castillo', V.E. admitió soslayar la actuación en sede administrativa, pues el actor articuló su pretensión directamente ante la justicia, sin que hubiese sido un obstáculo el haber preterido la instancia ante las comisiones médicas y sin cuestionar la validez de los artículos 21 y 22 de la LRT. Esta circunstancia, como la del precedente 'Aquino' -aludido supra- en que se invalidó la veda de accionar con la amplitud de debate que garantiza el trámite judicial a todo ciudadano, puso en evidencia que la vía jurisdiccional no estaba cerrada pese a la existencia de un trámite administrativo obligatorio, pues tales disposiciones no se adecuaban a la Ley Fundamental", remarcando también en dicho precedente que "Desde esa perspectiva, cabe reconocer la aptitud jurisdiccional de la justicia del trabajo local para conocer en planteos como el debatido en virtud de lo decidido por VE en Fallos 327:3610 que, entre otros puntos, sostuvo la índole común de la normativa sobre riesgos del trabajo y la calidad de entidades de derecho privado de las aseguradoras en esta materia, a cuyos términos procede remitir, en todo lo pertinente, por razones de brevedad" (dictamen de la Procuradora que la Corte hace suyo).

Por su parte, esta Corte Suprema de Justicia, sostuvo que "resulta de competencia provincial laboral, el proceso mediante el cual se persigue el cobro de una indemnización por un accidente de trabajo contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, al tratarse de un conflicto individual de daños causados al trabajador derivado de la relación o contrato de trabajo, lo que encuadra perfectamente en el art. 6 inc. a) de la ley 6204 la que delimita la competencia material, que es improrrogable y de orden público. Siendo así, los tribunales del trabajo de la justicia ordinaria resultan competentes para entender en reclamaciones derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557" (CSJT, sentencia nº 1187 de fecha 12 de diciembre de 2006. En igual sentido, CSJT, sentencias nº 49 de fecha 22 de febrero de 2010 y nº 1056 de fecha 3 de noviembre de 2008). A su vez, y con relación a la misma temática, esta Corte también destacó que "es que el fuero laboral local es competente para entender en tal situación (confr. Vázquez Vialard, A., en TySS, 1996-510; Ackerman, Mario y Maza, Miguel Ángel, 'Ley de Riesgo del Trabajo. Aspectos Constitucionales y Procesales', p. 157). En tal sentido, la ley procesal laboral provincial prevé en su artículo 6 la competencia para entender en este caso (art. 6: 'La justicia del trabajo conocerá: a) en los conflictos jurídicos individuales derivados del contrato de trabajo, cualquiera sea la norma legal que deba aplicarse')" (CSJT, sentencia nº 767, de fecha 12 de septiembre de 2005).

En este contexto de armónica interpretación jurisprudencial sobre el órgano jurisdiccional competente en la materia debatida, se observa que más allá de los fines por los cuales se remitió el presente proceso a ésta Corte Suprema de Justicia y de quien resulte el Tribunal superior común, corresponde, a los efectos de garantizar un adecuado servicio de justicia y, teniendo en cuenta el orden público involucrado, que la Sala VIº de la Excma. Cámara del Trabajo asuma su competencia en el presente proceso, ratificando el criterio que sostuvo éste Tribunal sobre la materia en anteriores pronunciamientos (v.gr.: CSJT, sentencia nº 671, de fecha 28 de julio de 2008).

Cabe agregar que la solución propuesta, atiende a las especiales características de la causa, en donde se verifica que el Juzgado Federal Nº 2 de la Provincia de Tucumán declinó su competencia en estos autos y, especialmente, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos que dieron motivo al reclamo del actor y la dilación del trámite en el que todavía no se ha radicado definitivamente el juicio para la resolución de la causa -recordamos que el juicio se inicio en septiembre del año 1997-, todo ello podría -de profundizarse- generar lesión a la garantía del "plazo razonable" -consagrada en el artículo 8, inciso 1º, de la Convención Americana de Derechos Humanos- (conf. CJSN, in re "Losicer, Jorge Alberto y otros vs. BCRA -Resol. 169/05", de fecha 26/06/2012 y CSJN, Fallos 334:1302).

En efecto, el caso de autos quedaría aprehendido por el artículo 6, inciso 1º del Código Procesal Laboral, que determina la competencia de la Justicia del Trabajo para entender "en los conflictos jurídicos individuales derivados del contrato de trabajo, cualquiera sea la norma legal que deba aplicarse". Por lo expresado, corresponde devolver las actuaciones a la Sala VIª de la Excma. Cámara del Trabajo, a fin de que la misma asuma la competencia y dé continuidad al trámite legal.

Por ello, encontrándose en uso de licencia el señor vocal doctor René Mario Goane, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Ministro Fiscal (fs. 1086), se	R E S U E L V E :

DEVOLVER las actuaciones a la Sala VIª de la Excma. Cámara del Trabajo, a fin de que la misma asuma la competencia para entender en el presente juicio y dé continuidad al trámite legal, conforme a lo considerado.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (en disidencia) ANTONIO GANDUR	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(en disidencia) DANIEL OSCAR POSSE	ROGELIO ANDRÉS MERCADO ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ Voto en disidencia de la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y del señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán:

1. La Sala VIª de la Cámara del Trabajo declaró de oficio su incompetencia para entender en la presente causa y ordenó su remisión al Juzgado Federal con jurisdicción local que por turno corresponda (sentencia del 31/8/2004), cfr. fs. 692). A su turno, el Juez Federal N° 2 de Tucumán se declaró incompetente mediante resolución de fecha 4 de mayo de 2005 (cfr. fs. 705). El 09/02/2011 dispuso ampliar la referida resolucion y ordenó la remisión en devolución de los autos a la Sala VIª de la Cámara del trabajo, e invitó a dicho Tribunal a plantear la cuestión de competencia negativa ante el Superior común en caso de mantener el criterio adoptado en pronunciamiento del 31/8/2004. En la referida resolución, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 1057 (cfr. fs. 1068).

Por proveído de fecha 05/9/2012 (cfr. fs. 1079) la Sala VIª de la Cámara del Trabajo remitió la causa a esta Corte. Sostuvo que "se ha configurado un conflicto negativo de competencia que debe ser resuelto por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia, atento los términos del Art. 17 de la Ley 6238".

2. En la especie estamos en presencia de un conflicto competencial entre un Juez federal y un Tribunal provincial cuyo órgano superior jerárquico es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de lo determinado por el Decreto-Ley 1285/58, art. 24 inciso 7 (cfr. dictamen de la señora Procuradora Fiscal que la Corte Suprema de Justicia de la Nación comparte en autos "Anis, Héctor Antonio c/ Comisión Médica n° 1 Berkley Internacional ART y Scania Arg. S.A. s/ indemnizaciones" sentencia del 17/4/2012). Que siendo así, corresponde devolver la presente causa a la Cámara del Trabajo, Sala VIª, para que proceda, de mantener su criterio de incompetencia (cfr. fs. 692), a elevar los autos al máximo Tribunal Nacional para que dirima el conflicto de competencia.

Por todo lo expuesto, y oído el Sr. Ministro Fiscal a fs. 1086, corresponde remitir los autos a la Sala VIª de la Cámara del Trabajo a fin de que proceda conforme a lo considerado.

CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.