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Acción de amparo, clausura preventiva, medidas cautelares, razonabilidad tributaria, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, costas
Materia: PENAL
Carátula: GANDOLFO, GUSTAVO s/ Acción de amparo Causa 32840
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

1- La clausura preventiva de comercios impuesta por la Secretaría de Industria y Comercio en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley de abastecimiento pero apuntando a supuestas infracciones tributarias (de competencia de la Dirección General Impositiva (D.G.I.)), son procedimientos contrarios al principio de coherencia, controvierten una elemental equidad y resultan ilegítimos toda vez que mediante el ritual de un plexo legal ajeno se pretende remediar falencias que el comercio pudiera presentar en relación a otra normativa cuya aplicación compete al órgano recaudador.- 2- Habiendo cesado el acto cuestionado antes del plazo fijado por el Art. 8 de la Ley que regula el amparo, no corresponde la aplicación de costas conforme a la excepción prevista en el Art. 14 de la misma.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, error material
Materia: COMERCIAL
Carátula: IMEX - SOCIEDAD ANONIMA s/ CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-24

Advertido el error por la sala de alzada, resultaría ocioso conceder un recurso extraordinario deducido por tal cuestión, que solamente distraería a la Corte Suprema sin utilidad para el recurrente pues luego de ocupar la atención de ese tribunal solo llegaría, en el supuesto más favorable para él, a la situación en la que puede ser colocado con la enmienda del aspecto referido.

La corrección oficiosa por la sala de tal contingencia no agravará la situación procesal de la contraparte del recurrente, porque las ulterioridades del proceso le abrirán las vías de audiencia y de recursos que crea conveniente a sus derechos.
Servicio telefónico, derechos del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR. c/ PEDIDO DE INFORME SERVICIO TELEFONICO MOVIL-MOVISTAR s/ APELACION S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-04-23

Corresponde admitir la competencia como autoridad de aplicación provincial a la Dirección de Comercio Interior para sancionar a una empresa prestadora del servicio de telecomunicación por incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor.

El Tribunal a-quo ha omitido considerar en su análisis que la relación dentro de la cual se comete la infracción es de consumo, y esta definición conceptual impone como regla la competencia de los organismos administrativos locales (conf. Arts 25 y 41 Ley 24240). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)
Transferencia de fondo de comercio, boleto de compraventa, efectos entre partes, efectos con relación a terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASTRO SERAFIN c/ ESCUDERO ROBERTO FRANKLIN Y OTROS s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-10

1 - La Ley 11867 rige la relación de las partes con terceros ya que entre ellas el contrato de transferencia de fondo de comercio concluye con el consentimiento de ambos sobre el objeto y el precio, sin que sea exigible forma específica alguna, la que normalmente se manifiesta con la suscripción de un instrumento al que comúnmente se lo denomina boleto. Por ello entonces, el boleto no es para las partes un convenio con miras a una venta futura sino un contrato perfecto y definitivo. Si al boleto se le otorga carácter provisorio, dicha nota sólo tiene relevancia con respecto a terceros, pues para las transferencias comerciales amparadas por la Ley 11867, resulta menester el cumplimiento de ciertos requisitos que necesariamente han de llenarse una vez que ambos contratantes -vendedor y comprador-, se pongan de acuerdo sobre las condiciones del pago y demás modalidades. 2 - Sólo después de estipulada la venta, el vendedor y el comprador dan los pasos necesarios para ajustarse a la ley citada, en garantía de los terceros. Por ello resulta imprescindible en esta materia, distinguir el contrato de compraventa cuyos efectos jurídicos son interpartes (artículo 1197 Cciv.), de la transferencia del establecimiento que como acto complejo resulta la ejecución de aquel contrato. En consecuencia, la transferencia del establecimiento y el pago del precio sólo tienen validez respecto de terceros, cuando se cumplieron las exigencias legales; pero nada obsta a que tanto la transferencia como el pago del precio, tengan lugar al firmarse el contrato con plena validez entre partes (Fernández Gómez Leo, "Tratado teórico-práctico de Derecho Comercial", T. I, p. 454, Buenos Aires, 1984).
Traba de la litis, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: B. C. E. c/ G. E. A. s/ DIVORCIO VINCULAR (ORDINARIO).
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-16

El juez ciñe la decisión arribada a las pretensiones formuladas por las partes determinando su procedencia de acuerdo al material fáctico aportado por éstas. En la especie la actora reclama por ante el órgano jurisdiccional se disuelva el vínculo conyugal que la une con el accionado y éste limita su posición procesal a oponerse a tal propósito. Si bien en un principio el demandado plantea reconvención por causal subjetiva, luego y antes de ser notificada la actora, desiste de tal pretensión, limitando su postura a negar la procedencia de la acción instaurada en su contra.

Siendo esta forma anormal de extinción del proceso reconvencional una facultad conferida por la norma ritual a los litigantes y se funda en el principio dispositivo que prima en el proceso civil, -que es aquel en que se confía a las actividad de las partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del juez- una de cuyas manifestaciones es precisamente que la disponibilidad del derecho material reside en la exclusiva voluntad de las partes, en virtud del cual se puede desistir de la pretensión, allanarse a la del actor, pueden transigir, conciliar, etc.; con las limitaciones que existen en cuanto al allanamiento y transacción en procesos donde existe un interés social comprometido, como ocurre con los procesos relativos al estado civil y capacidad de las personas, como el presente, pero destacando que la facultad de desistir de la propia pretensión se mantiene incólumne en el caso, pues de esa manera no se modifica el estado civil existente, que es lo que en definitiva se tutela en estos asuntos de familia.

DRES.: SANTANA ALVARADO - AGUILAR DE LARRY.
Deber de información, obligaciones del Estado miembro, Pacto de San José de Costa Rica, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado, torturas, prisión preventiva ilegal, obligaciones pendientes de cumplimiento, competencia, tribunales internacionales, sentencia
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Bayarri c/ Argentina s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-06-20

Debe la República Argentina presentar a la Corte Interamericana, en el término de tres meses -a más tardar el 3 de octubre de 2012-, un informe indicando todas las medidas adoptadas para cumplir, en forma efectiva, con los puntos pendientes de acatamiento de la sentencia que declara la responsabilidad internacional del referido Estado por violación a la Convención Americana, en perjuicio de quien sufrió prisión preventiva excesiva y torturas -en el marco de un proceso penal en el que se investigaba su autoría en la comisión de secuestros extorsivos-, a los fines de prestar pronto acatamiento de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 del Pacto.
Liquidación, capitalización de intereses, anatocismo
Materia: COMERCIAL
Carátula: HILDT, MARÍA AGUSTINA c/ EGEL, RICARDO RUBÉN Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-23

En materia de liquidaciones, para poder efectuar un cálculo de intereses sobre intereses -anatocismo- deben estar reunidos los presupuestos enunciados en el art. 770 inc c) del CCC, esto es, que medie una liquidación aprobada, haberse intimado su pago y que el deudor resulte moroso en verificarlo, resultando insuficiente la sola aprobación de la planilla para habilitar la capitalización de intereses.
Representación procesal, menores, administración de los bienes de los hijos
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Cermelli de Neira, González, Rosario c/ Monzo, Horacio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

El artículo 274 del Código Civil, acuerda a los padres el derecho de representar a sus hijos y estar en un juicio por ellos, y el artículo 294 del cuerpo legal citado autoriza a cualquiera de ellos a realizar actos de administración meramente conservatorios. La actuación procesal, en principio, es una actividad conservatoria de los bienes de un menor, y puede ser cumplida en forma indistinta por cualquiera de los padres. Consecuentemente, la acción entablada por indemnización de perjuicios que se habían ocasionado al menor por un hecho ilícito puede ser procesalmente llevada a cabo por uno de ellos salvo que medien actos procesales de disposición para los cuales será menester contar con la conformidad del otro, o la supletoria del juez competente.
Sentencia, ejecución de sentencia, liquidación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, PEDRO TOLENTINO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - CONCESION  DEL RECURSO EXTRAORDINARIO (CSJ EXPTE Nº 728-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-26

Si la demandada considera que tiene derecho a objetar el monto de la condena con fundamento en la Ley 24283, nada le impide hacerlo en la etapa de ejecución de sentencia, como surge de dicha ley, sin perjuicio, claro está, de que el Tribunal resuelva la procedencia del planteo.
Declaración indagatoria, nulidad procesal, traductores públicos, traductor no profesional, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Borda Collazo,  C.E. s/ Prueba Testimonial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-09

No pueden desecharse las manifestaciones vertidas por la ausencia de un intérprete profesional si dada la hora y el lugar del suceso el voluntario traductor del momento era lo único que podía obtenerse con la premura del caso, y cuando la imposición sobre su necesaria presencia por la ley ritual se refiere exclusivamente a la indagatoria, correspondiendo en tal caso a la defensa, que alega que la traducción fue infiel por incapacidad del traductor, su demostración.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, derecho a la intimidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Sciammaro, Liliana E. c/ Diario "El Sol" s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-28

Resulta irrelevante el debate en torno a la verdad o falsedad de la información difundida pues, si bien ello es de interés cuando el bien que se invoca como lesionado es el honor, no lo es cuando la lesión consiste en la invasión al ámbito reservado de la intimidad, es decir, cuando el bien lesionado en última instancia es la libertad que tiene todo ser humano en el núcleo central de su persona (Voto de los Dres. Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
Demanda, rechazo in límine
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ DE OVEJERO GRISELDA DEL J. c/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ DIRECCION DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-16

Un supuesto de inhabilidad formal de la demanda que autoriza disponer su repulsa "in limine" se configura cuando se comprueba, la falta de legitimación "ad processum" en alguna de las partes.
Parto inducido, procedencia del recurso, anencefalia, derechos de la persona por nacer, aborto no punible
Materia: PROCESAL
Carátula: T., S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCBA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-26

La inducción al parto de la actora debe ser autorizada, dado que el bebé que está gestando padece anencefalia, y surge de los conocimientos alcanzados hasta el presente por la Ciencia Médica que claramente la criatura no tiene posibilidades de vida autónoma y tal circunstancia es la que tiñe todo el espectro de circunstancias, cuestiones, efectos e implicancias jurídicas y metajurídicas valorado para la adopción de dicha decisión, podría ser otra la solución si existiera alguna posibilidad de vida autónoma del nasciturus tras el alumbramiento, cualesquiera fueran las circunstancias en las que ella habría de darse, pues la vida es el valor supremo y cualquier otro derecho debe ceder ante él, es más, aun en el caso, si existiera un beneficio para el feto de continuarse el embarazo -por mínimo que éste fuera-, sería primordial su protección, pero desgraciadamente, en este caso, la madurez física que pudiera alcanzar el niño por nacer de continuarse con la gestación hasta el término del embarazo, no logrará que esté en mejores condiciones para vivir. (del voto por su fundamento de la Dra. Conde)
Prueba, presunciones
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., A.A. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-22

El proceso indiciario no puede sustituirse a la prueba directa y debe ser un procedimiento de indagación subrogatorio de la indagación directa e intentado solamente cuando se haya excluido toda posibilidad de prueba directa.
Quiebra, calificación de conducta, sociedades comerciales, responsabilidad del síndico de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: CECOPEL  S.A. s/ QUIEBRA S/CALIFICACION DE CONDUCTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-15

El síndico de la sociedad no resulta responsable de las conductas previstas por la LC: 235 incs.6; 10 y 11, por cuánto son de incumbencia de los administradores de la sociedad y no de aquel.

Tampoco es culpable por la demora en la presentación en concurso (LC: 236,inc. 5), pues dicha decisión correspondió al órgano administrador. En cambio, le son atribuibles las conductas de los incs. 8 y 12 del art.236 de la Lc, por referirse a funciones que le incumben al órgano fiscalizador.
Despido por falta o disminución de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ACEVEDO, OSCAR Y OTROS c/ CHEEIN HNOS. SC Y/O RESP. s/ DIF. DE INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-12

Para que proceda el despido por causas económicas, además de demostrar el cumplimiento de las medidas previstas por el decreto 328/89, es necesario ilustrar sobre la verdadera situación contable de la empresa, siendo a tales fines prueba idóena y hábil, la pericial contable, y las registraciones contables de la misma, pero no las simples facturas.
Presunción de contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Michel Diego Emmanuel c/ Gramlich, Rolando y otra y/o quien resulte responsable s/ despido diferencias y rubros adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-09-21

No basta demostrar la prestación de servicios, sino que ellos lo han sido en beneficio de una organización empresarial o de un tercero a quien se califica como empleador.
Contrato de suministros, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Geijo, Oscar M. c/ Municipalidad de Berazategui s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Corresponde el pago de intereses por los atrasos comprobados en los pagos de los créditos derivados de la ejecución de contratos administrativos sujetos a la Ley de Contabilidad y al Reglamento de Contrataciones.
Solidaridad previsional, regularización impositiva, repatriación de capitales, moneda extranjera, bienes en el exterior, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, quebrantos impositivos, crédito fiscal, bonos de consolidación, Régimen de conversión de quebrantos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Banco de Mendoza S.A. c/ Dirección General Impositiva. Sancor Seguros de Retiro S.A. c/ Dirección General Impositiva. s/ Reconocimiento de créditos fiscales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

Con el debido sometimiento a la recta interpretación de la ley 24.073, cualquier otro alcance que se pretenda atribuir a la "modificación" que introduce la ley 24.463 -que sólo esta disposición habría venido a condicionar la entrega de los bonos a los supuestos en que efectivamente los contribuyentes tuviesen ganancias sujetas al tributo, es decir, a los casos en que éstos hubiesen podido, de acuerdo a las reglas de la ley del impuesto, disminuir su carga fiscal por haber tenido quebrantos en ejercicios anteriores-, resultaría manifiestamente inaceptable (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Carlos S. Fayt).
Concurso preventivo, apertura del concurso, resolución de apertura, plazos procesales, sociedad anónima, estatuto social, modificación del estatuto social, inscripción registral
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEXTIL SALTEX  SA s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-31

No es procedente el rechazo del pedido de apertura de concurso preventivo de una sociedad anónima por el hecho de que esta en uso de la facultad que le acuerda la LS: 284, haya modificado su estatuto y el mismo no se encuentre inscripto, fundado por el tribunal en la imposibilidad de oponerse tal reforma a terceros.

Máxime si -como en el caso- posteriormente se cumplió y acreditó la exigencia registral, otorgando la misma fecha cierta al acto, con todos los efectos que este concepto importa en el plano jurídico, sin perjuicio de la inoponibilidad a terceros por el período comprendido del "iter" en trámite.
Abogados, honorarios, divorcio contradictorio, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: Abel Albaizar y otra s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-09-18

La intervención simultánea como letrada patrocinante de ambos cónyuges presentantes no autoriza por sí a duplicar los honorarios cuando la labor cumplida no se traduce en una mayor complejidad, importancia, extensión y eficacia, ni el juicio se ha tornado contradictorio. El juicio de divorcio en sí, con abstracción de los bienes, es un proceso carente de contenido patrimonial, por lo que para la retribución de la labor profesional el magistrado debe tener en cuenta la efectivamente desarrollada de conformidad a lo previsto en el Art. 6 del arancel.
Ejecución fiscal, inhabilidad de título, certificado de deuda, código tributario, intimación previa, título ejecutivo inhábil, disidencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Provincia del Neuquén c/ Galand, Luis s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-30

Resulta inhábil el título en que consta la deuda fiscal, toda vez que el certificado de deuda fue emitido con fundamento en lo establecido por el Código Fiscal, régimen que expresamente prevé como paso previo al reclamo judicial la intimación al obligado para que abone la tasa correspondiente (cfr. art. 290 ley 2680 modificada por ley 2796 y art. 314, en su redacción anterior). [...] Por ende, al resultar la intimación previa -según el régimen tributario local- un presupuesto de procedencia para la expedición del título, y verificándose en forma clara y sin necesidad de mayores indagaciones su falta de cumplimiento, considero que el recurso es procedente. (Del voto de la Dra. PAMPHILE, en mayoría).
Torturas, delitos contra la humanidad, dominio del hecho
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

Los delitos de tormentos agravados cometidos por los policías y militares entre septiembre de 1975 y finales del año 1977 constituyen delitos de lesa humanidad, ya que obedecían a un contexto específico y eran llevados a cabo como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, de conformidad con una organización del Estado, en el que tanto los efectivos policiales que se desempeñaban en el ámbito de las distintas Brigadas Policiales y de la Alcaidía Provincial, como los representantes del Ejército Argentino, conservaban el domino del hecho y actuaban conforme a una división funcional del trabajo criminal que debían realizar. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Ministerio Público, facultades del fiscal, imputado, detención, prórroga del plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RAMIREZ, EZEQUIEL MAXIMILIANO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

Con relación a la prórroga de la detención a la que alude el artículo 274 del Código Procesal Penal, cabe aclarar que es una facultad otorgada al órgano fiscal, pero debe destacarse que tal prerrogativa debe ser comunicada inmediata y fehacientemente al Juez u otro órgano que permita un registro y control de la detención y sus prórrogas;

debiendo además ser debidamente fundada por el fiscal y tales fundamentos deberán analizarse al momento de controlar la legalidad de la detención por parte del Juez competente (De los fundamentos del Dr. Falistocco).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, recurso contencioso administrativo sumario, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: D´PAUL, JORGE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUMARIO LEY 10.000 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 328 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la quejosa no logra persuadir que el criterio interpretativo respecto de las normas que regulan el llamado recurso contencioso administrativo sumario pueda ser descalificado en el plano constitucional, traduciendo el mero disenso con los fundamentos vertidos por los juzgadores al colegir que la alusión a las "vías de impugnación especiales" que efectúa el artículo 2 de la ley 10.000, no refiere al "reclamo administrativo previo" estipulado por la ley 9.040.

La tesis sostenida por la Sala, al margen del acierto o error en que pudo incurrir, no resulta absurda ni caprichosa, ni se advierte que haya desbordado las posibilidades interpretativas aceptables que ofrece la referida disposición de la ley 10.000.

Antes bien, la conclusión a la que arriba el A quo parece ajustarse a los conceptos que, con relación al alcance de la expresión "Otras vías de impugnación especiales acordadas por las leyes o reglamentos" contenida en el citado artículo 2do., vertiera el doctor Ulla al emitir su voto en la causa "Federación de Cooperadoras Escolares Departamento Rosario contra Gobierno de la Provincia de Santa Fe", donde se dejó en claro que dichas vías -respecto de las cuales el recurso regulado en la ley 10.000 juega un rol subsidiario- se tratan de "recursos judiciales de carácter sumario" previstos para la protección de intereses simples o difusos, salvo que por ellos no se pudiera obtener una rápida reparación de la lesión.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, tiempo de vida útil
Materia: LABORAL
Carátula: AVILA, TOMAS c/ FERRY LINEAS ARGENTINAS  S.A. s/ ART. 1113 C.CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-09

El hecho de que el accionante estuviera sujeto a un régimen previsional de excepción, no es óbice para considerar como límite probable de una vida laborativa, la edad de 65 años, a los fines de la reparación solicitada en base al derecho común, siempre que no esté demostrado en forma alguna que el actor reuniera todas las condiciones requeridas para jubilarse por dicho régimen.