Acción de amparo, riesgos del trabajo, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: LEAL SONIA ALEJANDRA c/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA A.R.T. s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-16

De lo que antecede se infiere que la cuestión sobre la que se controvierte en autos no requiere mayor debate o prueba ni tampoco exhibe la dificultad que se pregona. En mi opinión, no se está en presencia de un conflicto que exhiba una complejidad tal que no pueda ser resuelto por la vía del amparo, o que requiera mayor aporte de material fáctico o de trámites probatorios que no sean los hasta ahora producidos. Aquí no hay hechos de difícil esclarecimiento, ni tampoco la cuestión jurídica -que es la central y dominante y a la que prácticamente se reduce todo el litigio en examen-, se presenta de dificultosa intelección, ya que representa un tópico esencialmente de derecho la dilucidación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos 15 inciso 2, 18 y 19 de la Ley Nº 24.557. Para decidir tal temática no se aprecia mayores inconvenientes -que no sean los propios de cualquier tarea hermenéutica-, ni mucho menos la necesidad de incursionar en aspectos fácticos que no puedan ser determinados en un proceso urgencista como el de marras. Los escritos de demanda y responde patentizan con toda claridad la inexistencia de un material probatorio significativo (cfr. fs. 29 y 54 vta., y fs. 63 en la que la actora desiste de la prueba pericial oportunamente peticionada); en realidad, de la confrontación del contenido de ambas presentaciones lo que verdaderamente se desprende es que los hechos controvertidos son mínimos (si es que los hay), al centrarse la controversia en cuestiones netamente jurídicas como sería, por ejemplo, el mentado planteo de inconstitucionalidad. Pero, a todo evento, aún cuando la proposición del material probatorio propuesto por la demandada hubiera sido más extenso, tal circunstancia no sería por sí misma impedimento para la viabilidad de la vía elegida porque, de lo contrario, como bien lo puntualiza Néstor Pedro Sagüés "...bastaría que el demandado en un amparo formulase un interminable y grueso informe circunstanciado, y acompañase un material probatorio elefantiásico, para que inexorablemente la acción dejase de ser exitosa, al transformarse en pleito complicado. La adecuada intelección del art. 2º, inc. d de la ley 16.986 obliga, caso por caso, a detectar en qué real medida es necesario o no mayor debate o prueba, para resolver el amparo interpuesto, desbrozando del análisis de los autos aquellos temas que no son de consulta conducentes para adoptar una sentencia" (cfr. "Derecho Procesal Constitucional-Acción de Amparo", pág. 247). Por lo hasta aquí expuesto, juzgo que la cuestión es menos dificultosa de lo que sugiere el pronunciamiento en recurso, ya que esencialmente de lo que se trata es de resolver si las precitadas disposiciones de la Ley Nº 24.557 son o no lesivas a derechos y garantías constitucionales, para lo cual no advierto porqué ello conduzca inexorablemente a ahondar en cuestiones fácticas o a inmiscuirse en indescifrables problemas jurídicos, reduciéndose en su mayoría la tarea a confrontar, a la luz de las circunstancias del caso, la compatibilidad constitucional de dicha preceptiva.; máxime, cuando ya existen pronunciamientos sobre el particular de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. autos " Milone", del 26-10-2004; "Suárez Guimbard, Lourdes c. Siembra A.F.J.P", del 24-6-2008; "A., A. R. p/ s y en representación de sus hijos menores N. A. y M. O. M. A. c. Siembra A.F.J.P. y otro", sentencia del 24-6-2008).