marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Protección de la vivienda, subrogación real
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TERCERIA  DE DOMINIO DE ALFREDO LASCANO EN: RAZETTO MIGUEL C/ ALFREDO LASCANO - EMBARGO s/ EMBARGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-08-09

El inmueble constituido como "bien de familia" puede ser ejecutado por obligaciones asumidas con anterioridad y que, por consiguiente, no caen dentro de la protección que establece el art. 38 de la ley 14394.

De acuerdo a lo expresado resulta improcedente la consideración de si el inmueble en cuestión debe o no responder por los honorarios adeudados con motivo de una tercería de dominio intentada, ya que si corresponde subastar el inmueble desaparece totalmente la protección resultante del "bien de familia", dado que es inconcebible una subrogación real sobre el producido de la subasta. La ley 14394 protege la vivienda, y no su valor una vez convertida en dinero por subasta.-
Concurso preventivo, cesación de pagos, estado de insolvencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Alimac Tecnologica SRL c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-10

Si la fecha de inicio del estado de insolvencia dejara de fijarse en alguna anterior a la presentación del deudor en convocatoria, claramente buena parte de los actos otorgados en la etapa preconcursal quedarían marginados del alcance del régimen de ineficacia falencial con el solo recurso del deudor de dilatar el trámite con propuestas concordatarias que aseguren el transcurso de dos años antes de la sentencia de quiebra (cfr. Heredia, Pablo. D., Tratado Exegético de Derecho Concursal, ed. Abaco, Bs. As., agosto 2005, T° 4, pág. 79).
Proceso contravencional, recurso de queja (procesal), sustanciación del recurso, remisión del expediente
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Bustamante, Mariana; Morales, Vanesa; Icazatti, Celina y ots s/ Infr. Arts. 116 y 117 ley 1472
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-09

Dado que régimen procesal contravencional de la Ciudad difiere al de la Nación en cuanto al trámite del recurso de apelación, se debe resolver la queja y en su caso, proceder directamente al análisis de los agravios.

En efecto, los artículos 50 y 61 de la Ley Nro. 12 regulan que tal remedio procesal debe ser deducido mediante escrito fundado, mientras que el Código Procesal Penal de la Nación sólo exige su motivación, por lo que prevé un sistema de emplazamiento (arts. 451 y 454) que, de abrirse el recurso de queja, deviene necesario el reenvío a la instancia inferior para notificar al recurrente respecto de la concesión del primigenio recurso de apelación -dado que se fundamenta en la Alzada-.

Por ello, no corresponde en el ámbito local tal remisión a primera instancia (ley 12, art. 6).
Recusación, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: INES REGINA KRAPP Y JORGE GREGORIO BENZAQUEN s/ DIVORCIO  VINCULAR-SEPARACION  DE  BIENES-TENENCIA DE HIJOS-VISITAS Y  ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-02-22

El prejuzgamiento, como causal de recusación, consiste en la emisión por parte del juez interviniente, de opinión o dictámen preciso, sobre él o los puntos concretos que deben ser materia de decisión en la causa, sea que ello ocurra fuera de los autos, pero con relación a éstos o en el propio expediente antes de la oportunidad fijada por la ley para pronunciarse.

Supone que como consecuencia de la opinión emitida, el juez pudiera enfrentarse, en la oportunidad de decidir en definitiva, a una verdadera limitación de su libertad de decisión respecto del o de los puntos materia del litigio.

Es inidóneo apoyo de esta causal, la pretendida parcialidad de la jueza, toda vez que el prejuzgamiento no tiene por objetivo asegurar un juez imparcial, sino excluír un juez que ha comprometido su opinión sobre lo que deberá juzgar.
Ejecución del contrato, obras sociales, acompañamiento terapéutico
Materia: CIVIL
Carátula: G. P. L. y otro c/ Sociedad Española de Beneficencia Hospital Español s/ Cumplimiento de Prestación de Obra Social/Med. Prepaga
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

La Sra. Patricia Liliana García, en representación de su hermano José María García, inició la presente acción ordinaria contra Sociedad Española de Beneficencia Hospital Español ante el juzgado n° 3 del fuero. Señaló que su hermano padece de "Trastorno de Esquizofrenia Crónica" desde el año 2011 y que a raíz de ese diagnóstico el cuerpo médico de la obra social le prescribió la necesidad de contar con acompañamiento terapéutico las 24 horas. A juicio del Tribunal las presentes actuaciones deben quedar radicadas en este Fuero. Ello así, en tanto la decisión que se adopte en el caso exigirá necesariamente la interpretación directa e inmediata de normas de carácter federal (leyes 23.660, 23.661, 24.901 y 26.682) que regulan la actividad de las entidades que prestan servicios vinculados con la estructura del sistema de salud (CSJN Fallos 329:2823 y esta Sala causa n° 12307.06 del 13.3.07, causa n° 5743.16 del 17.10.17 y sus citas de jurisprudencia).
Interrupción de la prescripción de la acción penal, juicio, cuestiones procesales, código penal, Constitución Nacional, tratados internacionales
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bustos Gustavo Antonio s/ Formula denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-08-22

Constituye una equivocación establecer el alcance que debe asignarse a la expresión juicio contenida en el artículo 67, párrafo 4to del Código Penal, exclusivamente sobre la base del "nomen juris" atribuido por la ley procesal a la etapa oral y pública del proceso penal; habida cuenta de la estrecha vinculación entre la prescripción de la acción penal y el "ius punendi", el concepto de juicio debe armonizarse, principalmente, con las demás disposiciones legales del Código de fondo. Esto es así, pues, con un criterio contrario, la interrupción de la prescripción de la acción penal dependería de lo que en cada caso se disponga por las leyes de rito locales, conculcándose las disposiciones constitucionales referentes a la atribución de facultades a los poderes que integran el gobierno nacional, y favoreciendo soluciones distintas para casos sustancialmente idénticos. En consecuencia, es necesario remarcar que por el Código Penal se utiliza el término "juicio", de forma indistinta y como sinónimo de causa o proceso (Confr. Arts. 30 inc. 2, 72 último párrafo, 112, 269, 271, 275 párrafo 2 del Código Penal).

Si se tienen presente, que la Constitución Nacional constituye el fundamento y la base de la totalidad del derecho positivo nacional, también es útil mencionar que, por aquélla se han utilizado como sinónimos o equivalentes, las expresiones juicio, procedimiento y causa, como surge de los artículos 18, 24, 53, 59, 60, 70, 114 inc. 5, 115 párrafos 2 y 3, 116 y 118 de la Constitución Nacional. Asimismo, se advierten expresiones equivalentes en los Tratados y Convenciones Internacionales, por ejemplo, la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre" (OEA, 1948), en el artículo XVIII emplea el párrafo "un procedimiento sencillo y breve", para referirse al juicio en el que la persona hace valer sus derechos; la "Declaración Universal de los Derechos Humanos" (ONU, 1948), en el artículo 11 utiliza la frase "juicio público", como equivalente a proceso en su totalidad; la "Convención Americana sobre Derechos Humanos" (Pacto de San José de Costa, Rica, Ley 23.054), hace uso en el artículo 8, punto 4) de la expresión "juicio" como equivalente de "proceso", término que emplea en los puntos 2) y 5);

"Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes" (ONU, 1984, Ley 23.338), en los artículos 6 y 9 emplea los vocablos "procedimiento" y "proceso", como sinónimos para consagrar las garantías que se observaran para llevar a una persona a juicio.
Asociaciones civiles, revisión judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAEZ EDUARDO A. c/ CLUB MENDOZA DE REGATAS s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S150 - 151)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-02-15

A los fines de la determinación de la indemnización por daño moral, se debe tener en cuenta, exclusivamente el agravio sufrido por el accionante, como consecuencia de una sanción por suspensión, impuesta en un procedimiento irregular donde no se le permitió ejercer su derecho de defensa. No cabe duda que para una persona que tuvo una activa participación, a lo largo de toda su vida en la institución deportiva, ejerciendo cargos directivos, la suspensión impuesta, así como la imposibilidad de acceder a las instalaciones durante veinte días significa una lesión a sus afecciones legítimas que justifica una indemnización en concepto de daño moral.-
Compraventa inmobiliaria, precio, obligaciones en moneda extranjera, novación, obligaciones de dar cantidades de cosas
Materia: CIVIL
Carátula: PERALTA, HECTOR ROBERTO c/ TANGARA  S.A.C.I. y F.  Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

El documento suscripto por el apoderado de la vendedora, en el que el precio de la compraventa primitivamente fijado en dólares se estableció en moneda argentina, importó una convención liberatoria que debe ser calificada como una novación objetiva, toda vez que plasmó la transformación de una obligación de dar cantidades de cosas -como es, según el art. 617 del Código Civil, la obligación en moneda extranjera- en el pago de una suma de dinero que representaba el saldo insoluto del precio de venta (conf. arts. 801 y 812 del Código Civil).

No es atendible el argumento de la vendedora de que esas facultades pertenecen a un capítulo que en los poderes se nominó como "actuaciones ante la justicia", dado que el contrato novatorio se realiza con prescindencia de una actuación jurisdiccional y no es precisamente compatible con la presencia de un pleito, ni menos aún su concreción depende de él.

No puede pensarse que un poder, que resulta acorde a la exigencia impuesta en los arts. 806 y 1881, inc. 2, del Código Civil, por el simple modo de titular una de las secciones del instrumento, quedara limitada antojadizamente esa prerrogativa al objeto de un litigio, cuando la naturaleza de la novación se define por su esencia transformadora del objeto, causa o sujetos de las obligaciones preexistentes, pero no por su característica litigiosa. Una cortapisa de ese tenor tuvo que haber sido impuesta por el poderdante, para posibilitar que los terceros que contrataran con el mandatario advirtieran la virtual existencia de la insuficiencia de los poderes, si la novación se concertaba respecto de créditos ajenos a toda actuación judicial; pero al no haber procedido de ese modo, debe darse preeminencia a la vigencia de las facultades que resultan taxativamente enumeradas, y que sin duda debieron ser las ponderadas por el tercero al tiempo de celebrar el negocio (arg.

arts. 1934 y 1940 del Código Civil).
Temeridad o malicia, multa, boleto de compraventa, pago total
Materia: CIVIL
Carátula: Alegre, Clotilde Marcelina y otro c/ Acuña, Rubén Oscar y otro s/ escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2014-12-12

Corresponde declarar la temeridad y malicia de los vendedores del inmueble en cuestión, dado que la afirmación de que el precio convenido no les fue pagado con argumentos de notoria precariedad, amerita la aplicación de una multa a favor de la parte contraria, los demandados no pudieron ignorar que el precio les fue íntegramente abonado mediante depósito en caja de ahorro -como así consta en la cláusula inserta en el boleto de compraventa que ellos mismos firmaron, a la que se le asignó expresamente el carácter de formal recibo-, con coincidencia plena de monto, fecha y número de la cuenta identificada en el boleto, y, por otra parte, que si los vendedores no hubieran percibido la totalidad del precio no habrían otorgado de inmediato la posesión del inmueble a los compradores, sin hacerles reclamo alguno durante varios años, lo que evidencia la malicia con que actuaron.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-03


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 3de 2009.

Considerando : 1. Los delegados liquidadores apelaron la resolución de fs. 46/8 que verificó a favor del Dr. J. A. C. un crédito por la suma de $ 5.265,18 con privilegio general (LCQ. 246:1) en concepto de honorarios regulados en sede laboral.

Fundaron su pretensión recursiva con el memorial obrante en fs. 51/2, contestado por el incidentista en fs. 54/5.

2. Si bien en la instancia laboral no se cumplió con la certificación de los datos de la sindicatura actuante en la liquidación de la compañía de seguros (v. fs. 72: pto. IV de los autos "Rossi Hilda Cristina c/La Confianza Compañía Argentina de Seguros s/despido"), lo cierto es que, tal como señaló el juez de grado, esa actuación ya había sido efectuada en sede comercial el día 26.10.00 (v. fs. 61).

Y las notificaciones allí efectuadas arrojaron en su totalidad resultado positivo (v. fs. 74, 85, 88, 97 y 99), lo cual despeja cualquier duda al respecto.

Además, los recurrentes omitieron señalar las defensas que se habrían visto impedido de oponer ante la supuesta defectuosa notificación, no advirtiéndose, entonces, violación alguna al derecho de defensa de la deudora.

En consecuencia, el recurso de los delegados liquidadores será desestimado.

3. Por lo expuesto, se resuelve: rechazar el recurso deducido por la sindicatura y confirmar la resolución apelada, con costas (Cpr. 69). Devuélvase sin más trámite, encomendándose al juez de la primera instancia las diligencias ulteriores y las notificaciones pertinentes (Cpr. 36:1). Los doctores Miguel F. Bargalló y Bindo B. Caviglione Fraga actúan de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de esta Cámara del 22/7/08 pto. III y del 27/8/08 pto. VI, respectivamente. - Angel O. S ala.- Miguel F. Bargalló.- Bindo B. Caviglione Fraga.
Constitución Nacional, división de poderes, distribución de competencias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

La delegación modifica la distribución constitucional de funciones entre los órganos del Estado, cuya admisibilidad requeriría una norma expresa - de inexcusable jerarquía constitucional - que permitiese apartarse de la regla general.
Recurso de casación, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: HERMOSILLA, OLGA G. c/ FIDEL, JORGE R. Y OTRA s/ ORDINARIA S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-03-31

Procede el recurso de casación contra la sentencia de Cámara confirmatoria de la de primera instancia, que dedujo del monto indemnizatorio correspondiente al valor vida los importes percibidos en concepto de seguro de vida y los haberes jubilatorios que percibió la actora en su carácter de beneficiaria de pensión del causante. Ello es así, pues:1)la percepción de seguro de vida y haberes jubilatorios obedece a una causa distinta del hecho ilícito y 2)se caería inevitablemente en el enriquecimiento indebido del responsable del daño quién se vería beneficiado con un monto reducido, limitado al resarcimiento de los daños patrimoniales siempre menores en relación al que puede establecerse para compensar el valor vida y el daño moral.-
Jubilaciones, pensiones, confiscatoriedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PANNOCCHIA HUMBERTO Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA E INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S245 - 456)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-27

La "flexibilidad" del porcentaje reducido responde al análisis que debe realizar el juzgador en el caso concreto. Para ello debe considerarse, entre otros, la razonable proporcionalidad con las sumas que soportaron descuentos jubilatorios, la depreciación monetaria, los servicios efectivamente prestados y los computados o reconocidos.
Pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: González, Carlos Alberto y otros s/ Robo calificado, homicidio y lesiones graves Rodríguez, Américo Osvaldo; Garialde, Luis Alejandro s/ Doble homicidio y robo Sebrero, Karina Alejandra s/ Tentativa de robo. Homicidio Flores, Antonio Aurelio y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14|1997-03-11|1995-06-27|1993-12-14

En cuanto a la escala penal prevista en el art. 165 existe razonable relación sistemática dentro del régimen: basta con cometer un robo "con armas" o realizarlo : "en despoblado y en banda" para que incluso sin mediar lesión alguna en las personas ni daño en las cosas- la ley prevea una escala penal de cinco a quince años de reclusión o prisión (art. 166, C.P.) y, si tal robo fuera de un automotor, de nueve a veinte años de reclusión o prisión (art. 38 del decreto ley 6.582/58 ratificado por ley 14.467); y bien:

mediando la muerte de una persona la escala es de diez a veinticinco años de reclusión o prisión ante la suma de un robo -"doloso"- y de un homicidio resultante del mismo, aunque éste fuere "culposo" en relación a alguno o algunos o todos los autores y partícipes del robo.
Juicio de apremio, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Prov. Bs. As. c/ Schneider S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

El artículo 77 del Código Fiscal (ley 10.397, t.o. según resolución 339/94 del Ministerio de Economía), establece que procede la ejecución de los créditos tributarios por vía de apremio provenientes de la deuda de gravámenes, intereses y multas no abonadas en los términos establecidos y resultantes de: a) Resolución definitiva de la Autoridad de Aplicación; b) Decisión del Tribunal Fiscal que determine la obligación impositiva debidamente notificada; c) Declaración jurada; d) Liquidación administrativa a que se refiere el art. 33 y e) Padrones de contribuyentes. En tanto, el art. 118 del citado Código prescribe que "El cobro judicial de gravámenes, intereses y multas se practicará conforme al procedimiento establecido por la ley de Apremio respectiva...". Mientras que según el ordenamiento legal que regula el procedimiento para el cobro de los créditos fiscales de la Provincia y de las municipalidades (art. 1 dec. ley 9122/78), estatuye que será título ejecutivo suficiente: a) la liquidación de deuda expedida por funcionarios autorizados al efecto y b) el original o testimonio de las resoluciones administrativas de las que resulte un crédito a favor del Estado (art. 2 dec. ley 9122/78). (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Divertimentos Acuáticos S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

Se torna indemnizable el daño provocado siempre que el mismo sea efectivo, individualizado, evaluable económicamente y se ajuste al concepto de "sacrificio especial", en el sentido que incida sobre ciertos individuos y supere los pequeños daños derivados de la convivencia y en tal línea de pensamiento se ha reconocido la reparación patrimonial exclusivamente del daño emergente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Resoluciones judiciales, sentencia definitiva, doctrina de la arbitrariedad, recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Fundación Poder Ciudadano c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Corresponde rechazar la queja toda vez que la sentencia de Cámara que, en la etapa de ejecución, determinó el alcance temporal de la condena al GCBA a brindar la información requerida, no es la definitiva, sino una posterior; y el GCBA recurrente no muestra que constituya una apartamiento palmario de aquella. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Prescripción de la acción penal, comisión de nuevo delito, interrupción de la prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Barreto, Marcos Lorenzo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-22

El hecho de que al imputado -como consecuencia de una nueva conducta ilícita- se le esté sustanciando un proceso no habilita al órgano jurisdiccional de mérito a aplazar la decisión sobre la prescripción de la acción penal, ya que es necesario, exclusivamente, que haya sido condenado por otro delito. (Voto de los Dres. Bisordi, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, acción de amparo, bien jurídico protegido, Poder Judicial, remuneración, jubilaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BREBBIA, ROBERTO Y OTROS DEMANDADO: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 761 AÑO 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-05-23

La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación asimiló, en relación a la intangibilidad y a la utilización de la acción de amparo, la situación de los Magistrados y Funcionarios pasivos a la de los activos.

En particular, en relación al empleo de la vía del amparo por parte de Magistrados jubilados, in re "Argüello Varela" expresó que: "... de encontrarse reunidos los extremos requeridos por el artículo 1 ley 16.986, es procedente la vía del juicio de amparo para cuestionar todo acto que, de modo manifiestamente ilegal, imponga una reducción sustancial en los haberes que les corresponde percibir a los Magistrados Jubilados.

De otro lado, es del caso añadir que la mera aserción referente a la existencia de otras vías procesales aptas para proporcionar adecuada tutela a los derechos invocados, no comporta agravio fundado respecto de las razones expuestas por el actor relativas a la ineptitud de las vías ordinarias para proteger esos derechos en las concretas circunstancias de la causa", conceptos que reafirmó en el caso "Gaibisso".
Recurso de casación, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: ROJAS MARIO ENRIQUE Y OTROS S.D. HOMICIDIO  TRIPLEMENTE CALIFICADO E.P. DE RAIMUNDI CORRAL LEDA FABIANA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-02-14

El auto de procesamiento no es de aquellas resoluciones contra las cuales puede interponerse el recurso de casación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ombudsman, facultades del ombudsman, competencia administrativa, Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Frías Molina, Nélida Nieves c/ INPS - Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

El art. 16 de la ley 24.284 dispone que el Poder Judicial queda exceptuado del ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo.
Locación de inmuebles, plazo de la locación, prórroga del plazo, obligaciones del fiador, alquileres posteriores al vencimiento
Materia: CIVIL
Carátula: BLASCO, Gustavo c/ FUNES, Juan s/ EJECUCIÓN DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-03

Resulta inoponible a los garantes tanto el contrato de prórroga, como el convenio de desocupación suscripto, sin su intervención, entre locador y locatario una vez vencido el contrato originario.