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Doctrina de la real malicia, derecho comparado, principios generales del Derecho, prensa, Comunicaciones, libertad de prensa, dolo, culpa grave, deber de obrar con prudencia, información periodística
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., H. W. y Otra c/ F., G. B. y Otra s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-11

La aplicación de la doctrina de la real malicia tal como ha sido desde su origen pergeñada por la Corte de los Estados Unidos, en la sentencia dictada en autos: "New York Times vs. Sullivan" en el año 1964, me anima a sostener que colisiona con los principios contenidos en la legislación civil de nuestro país, al formular entre autores y víctimas de hechos dañosos distinciones que la ley no ha fijado (art. 1109 CC.); al establecer grados y niveles de culpa ajenos a nuestras normas (art. 512 CC.) y al limitar la responsabilidad de los medios de difusión a supuestos de dolo o culpa grave, que son incompatibles con lo dispuesto en el art. 902 del CC. al disponer que "cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos".
Cuestiones de competencia, abogados, sanciones disciplinarias, multa, detención, habeas corpus, juez de circuito, juez de distrito
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCHIO, LUIS EUGENIO c/ SANTA MARIA SRL s/ DEMANDA SUMARIA     INCIDENTE DE ASEGURAMIENTO DE BIENES     COMPETENCIA      EXPTE NRO 36-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-23

Si no ha sido librada la orden de detención por el Juez de Circuito -al haberse convertido en arresto, una multa que se le impusiera a un letrado por una sanción disciplinaria- por encontrarse en trámite "recursos ordinarios" (nulidad y apelación con efectos suspensivos), no se configura actualmente un conflicto con el Juez de Distrito, que hizo lugar a un recurso de habeas corpus interpuesto por el curial sancionado, disponiendo el no cumplimiento de la medida, que justifique analizar si procede la intervención de esta Corte, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, correspondiendo devolver los autos al Juez remitente.
Cuenta corriente bancaria, capitalización de intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: B.Ch. SA c/ M., O.M. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-22

En la ejecución del saldo deudor en cuenta corriente bancaria no puede tratarse lo relativo a la capitalización de intereses.
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Ramundo, Claudia Aida c/ Calautti, Roque s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Frente a los alcances y consecuencias que tiene la instancia administrativa de la Subsecretaría de Trabajo provincial, las partes deben ser particularmente cuidadosas y expresar claramente su voluntad de declinar dicha instancia antes de dictarse la resolución administrativa definitiva que fija la indemnización, habida cuenta que luego existiría un acto decisorio de autoridad competente.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-05-09


Salta, 09 de Mayo de 2014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ARANGIO, ANGEL ROBERTO -vs.- SCOTIABANK QUILMES S.A. POR INCIDENTES" - Expediente Nº Inc.- 159.388/06 del Juzgado de 1ra. Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 1º Nominación (CAM 289687/9 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

1º) A fs. 188 el Dr. Carlos Cornejo Costas requiere la regulación de los honorarios profesionales que le corresponden por su labor desarrollada en esta instancia. Si bien a fs. 177 la Dra. Margarita Cornejo Pucci requirió la elevación de los autos a este Tribunal a los fines de la regulación de sus honorarios por su intervención en esta instancia, cabe destacar que ella suscribió la presentación de fs. 188, de la que se desprende el reconocimiento de que fue el Dr. Carlos Cornejo Costas a quien le cupo actuación en la segunda instancia por la parte demandada (v. fs. 142/145).

El peticionante, en su carácter de letrado apoderado de la parte demandada, contestó -en efecto- el traslado del recurso de apelación interpuesto por la actora, el que fue rechazado por este Tribunal mediante pronunciamiento de fs. 165/169 vta., con costas.

2º) Que a los fines de establecer el monto de los honorarios cabe tener en cuenta lo dispuesto en los arts. 13 del Decreto Ley nº 324/63, 1º del Decreto nº 1173/94 y 15 de la Ley 6730.

3º) Que dentro de ese marco, corresponde retribuir la tarea profesional del Dr. Carlos Cornejo Costas por la actividad realizada en esta instancia en la suma de $ 4.800 (pesos cuatro mil ochocientos).

Por ello,_ LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I.- REGULA los honorarios profesionales del Dr. Carlos Cornejo Costas en la suma de $ 4.800 (pesos cuatro mil ochocientos) por su actuación en estos autos.

II.- ORDENA se registre, notifique y baje.
Procedimiento laboral, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL -LABORAL
Carátula: PEREZ c/ COOPERATIVA DE ENERGIA LAS VARILLAS s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-10-30

No transgrede disposición de orden público ni importa renunciar a derechos irrenunciables el otorgar a la parte demandada condenada en juicio un plazo mayor que el ordenado en la sentencia para abonar el crédito del trabajador por lo que corresponde, a pedido de parte, homologar el acuerdo que así lo establece.
Caducidad de instancia, mediación
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIEP, RODRIGO SEBASTIAN C/ SEGUROS SURA SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-22

Es que el vencimiento del plazo de caducidad de la instancia de mediación tiene como consecuencia principal borrar los efectos provocados por la mediación sin acuerdo (conf. CNCom, Sala A in re "Elecnor de Argentina c/ VERA Constructora SRL s/ ordinario").
Convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Morales, Reynaldo c/ Peso, Héctor Carlos s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-02-21

El convenio colectivo de trabajo es una norma sectorial de derechos laborales que avanza sobre los mínimos legales para cumplimentar el proyecto social constitucional. A diferencia de las leyes que se reputan conocidas por todos, los convenios colectivos de trabajo son conocidos, en principio, nada más que por sus firmantes y los sectores a los que se aplican sus normas. Atento que el demandado realizaba tareas de matarife, no puede pretender el actor se aplique el convenio citado en el cual la actividad del empleador debió ser la de transportista.
Quiebra, conclusión de la quiebra, avenimiento (comercial), verificación tardía, acreedor no concurrente
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAZ E HIJOS SACAEI s/ QUIEBRA  S/  INC.  DE VERIFICACION POR DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE  LA PROVINCIA DEL CHUBUT.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-15

La conclusión de la quiebra por avenimiento en modo alguno afecta a aquellos acreedores que no hayan participado en el proceso falencial, o que hayan acudido tardiamente a verificar sus acreencias, y que, por ende, no han intervenido en el procedimiento de conclusión de la quiebra. Tales acreedores se hallan en la misma situación en que se encontrarían en caso de no haber existido la quiebra, sin que sus créditos se vean afectados por la suspensión de la actualización del capital, o del devengamiento de los réditos.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial, Constitución Nacional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Correa Vda. de Merino, Elba Iris c/ Brun, Romeo s/ Nulidad de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-11

No puede cuestionarse por vía del recurso extraordinario de nulidad la forma en que una determinada cuestión fue resuelta o encargada, ni tampoco alegarse supuestas violaciones a la Constitución Nacional.
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: D'Amelio, José María c/ Breves S.A. s/ Indemnizaciones adeudadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-16

Habiéndose acreditado el hecho básico, esto es la causa jurídica que motiva el reclamo -existencia del contrato de trabajo, lapso de relación y la naturaleza de la tarea-, se opera en favor del actor la inversión de la carga probatoria (art. 39, segunda parte, ley 11653).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz, Elvina Pugh de c/ Armada Argentina s/ quien resulte responsable.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Procede el recurso ordinario de apelación, si el valor cuestionado, actualizado a la fecha de su interposición, supera el mínimo establecido en el art . 24, inc. 6., apartado a), del decreto ley 1285/58.
Intereses, convertibilidad, capitalización de intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: Boston Cía. Arg. de Seguros  S.A. c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. "Río Neuquén" s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-08

La ley de convertibilidad prohíbe la actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas, es que, lo que no admite la ley son los mecanismos de actualización excepto las situaciones contempladas en ella misma y en su decreto reglamentario. Así vg. para el caso de autos la compensación se da mediante la fijación de intereses, que con la modificación del artículo 623 del Código Civil se establece que no se deben intereses de intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes; o cuando liquidada la deuda con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se hacen en la evolución períodica de la tasa de interés de plaza.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: Rico, Washington Francisco s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-10

La sola discrepancia del impugnante con lo resuelto en la sentencia no es causal que permita abrir la vía excepcional de la apelación por el carril de la Arbitrariedad.

Para la procedencia del recurso Extraordinario, no puede el acudente omitir toda referencia fundada, toda concatenación entre lo resuelto y la falta de logicidad de lo fallado, limitándose a manifestar sólo discrepancias con lo resuelto, sin tener en consideración que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación estrictamente excepcional, reservándose para los casos en que se demuestre un notorio desvío de las leyes aplicables.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Farah Nabib s/ Defraudación y Falsificación de documentos - Casación - Recurso  Extraordinario (Libro: A023-295) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1954-10-19

La cuestión de nulidad de una medida de prueba producida en la faz instructoria del proceso, es insuficiente para llegar a la Corte Suprema mediante el recurso extraordinario, pues atañe sólo al ordenamiento del juicio y no afecta la supremacía constitucional y las instituciones fundamentales que la apelación del art. 14 de la ley 48, está destinada a garantir.
Fondo de asistencia legal, presunta víctima, menores en situación de desamparo, adopción internacional, medios de prueba, presidente de la corte interamericana
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-PROCESAL
Carátula: Caso Ramírez Escobar y Otros Vs. Guatemala c/  s/ Fondo de asistencia legal de víctimas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2016-10-14

Atento los recursos disponibles en el Fondo de Asistencia de la Corte Interamericana, corresponde otorgar a las presuntas víctimas del caso presentado por la Comisión por violación a la Convención Americana en perjuicio de dos pequeños niños sometidos a un proceso de adopción internacional, la ayuda económica necesaria para que presenten un máximo de cuatro declaraciones, postergando la determinación del monto para el momento en el cual, la Presidencia del Tribunal, resuelva sobre la relevancia de las declaraciones ofrecidas, los gastos solicitados y, en su caso, la apertura del procedimiento oral.
Subasta de inmuebles, lugar del remate
Materia: PROCESAL
Carátula: BEJA, DAVID A. c/ WINDOR  S.A. s/ EJEC. HIPOTECARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-15

Mientras el art. 7 del dec. 27311/50 al disponer que los remates públicos de bienes inmuebles deberán realizarse en el lugar geográfico en que éstos se encuentran, cuando por razones económicas u otros motivos no resultara conveniente la aplicación de lo dispuesto en el párrafo precedente, la autoridad competente podrá autorizar la realización de la subasta en otro lugar, confiere primacía al lugar de ubicación del inmueble, el art. 577 del C.

Procesal acuerda al juez una opción sobre la que debe decidir ateniéndose a razones de conveniencia. Pero se observa que pone en primer término, dentro de la alternativa, el lugar donde tramita la ejecución, y que se considera una facultad discrecional del juez, según las circunstancias. Para armonizar ambos criterios, se debe considerar que el art. 7 del mencionado decreto no instituye un principio absoluto, de manera que la subasta puede llevarse a cabo en un lugar distinto al de la ubicación del inmueble, cuando las circunstancias del caso lo aconsejen, lo que ocurra, por ejemplo, frente a razones económicas o a condiciones climáticas que pueden incidir en la efectiva realización del acto o ante hechos susceptibles de afectar el crédito comercial del ejecutado.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, colegio profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oller Mirella, Antonia c/ Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-09

Declarada la incompetencia para entender en una acción intentada ante la Suprema Corte en los términos del art. 74 ley 12.008, corresponde remitir el expediente a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial en turno del Departamento Judicial de La Plata (art. 352 inc. 1, del C.P.C. y C.; art. 29 3er. párrafo, últ. parte ley 5.177 texto anterior a la ley 12.277, art. 3, dec. ley 9398/79).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Municipalidad, poder de policía, autonomía municipal, habilitación municipal, establecimiento comercial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TENTO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-29

La interesada insiste en su recurso directo en que la interpretación del Tribunal a quo resultó irrazonable y afectó el régimen municipal y su autonomía, mas con lo argumentado no logra rebatir eficazmente las motivaciones de los Sentenciantes relativas a que la Ordenanza impugnada se dirige derecha y centralmente a regular una materia -defensa de la competencia- estrictamente delegada a la Nación por su directa relación con el comercio. (De la ampliación de fundamentos de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dr. Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ordenanza 8664/10 de la Municipalidad de Rosario. - Jurisprudencia concordante con Smart SRL, AyS T 316, p 280/291, sumario J0049668.
Multa, publicidad engañosa, lealtad comercial
Materia: PENAL
Carátula: COTO CICSA. s/ Lealtad Comercial.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-21

1 - Corresponde confirmar la resolución que impuso una multa a la razón social sumariada por infracción al Art. 9 de la Ley 22802, toda vez que ésta lanzó un folleto publicitario donde se consignaba un precio para el producto que, al efectivamente adquirirlo, revelaba una diferencia del 100 por ciento en más, en tanto ello se encuentra acreditado con la simple observación de la publicidad, el ticket de compra y la etiqueta del pesaje.- 2 - Corresponde confirmar la resolución que impuso una multa a la razón social sumariada por infracción al Art. 9 de la Ley 22802, toda vez que ésta lanzó un folleto publicitario donde se consignaba un precio para el producto que, al efectivamente adquirirlo, revelaba una diferencia del 100 por ciento en más, y no puede prosperar el argumento defensista en cuanto a que existían carteles sobre los productos en oferta y que el consumidor debía recurrir a personal del establecimiento a fin de corroborar los precios vigentes, toda vez que no puede exigirse al potencial consumidor que realice cálculos, averiguaciones o alguna otra operación a efectos de conocer cuál será en definitiva el costo del producto que desea adquirir, como así tampoco a que bien en particular, corresponde el precio publicitado, puesto que si existe oferta pública, el aviso debe bastarse a sí mismo y ser concluyente respecto de que se oferta y a qué precio corresponde exactamente, a fin de evitar que se induzca a error a los potenciales interesados a consumir determinado producto.- 3 - Las regulaciones publicitarias persiguen el fin de dar acabada tutela a la prerrogativa que es el derecho de los consumidores y usuarios de bienes y servicios a recibir información adecuada y veraz. Tanto la falta total de información como la información dada en forma parcial, contradictoria o engañosa son todas variante idóneas para inducir a error a los potenciales interesados en consumir determinado producto o utilizar cierto servicio (Sala A, Reg. 592/2004).
Procedimiento administrativo, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CERIANI, Benjamín Víctor c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-27

Sólo el administrado puede invocar en su favor el silencio administrativo previsto en las normas pertinentes, dando por pronunciado negativamente al funcionario remiso en expedirse en torno de la pretensión que formulara en sede administrativa, y habilitado para promover las acciones judiciales que pudieren corresponder. Pero, el art. 10 de la ley 19.549, no releva a la Administración Pública de su obligación legal de resolver. Por ello, si el particular tiene interés en obtener una resolución expresa del órgano estatal, aunque fuera denegatoria de su pretensión, el Estado no puede acogerse a los efectos fictos de su silencio, sino que debe emitir una decisión, concreta y fundada, en torno de la cuestión deducida por el particular.-
Juicio político, sentencia legislativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ATE SAN JUAN-SECRETARIO GENERAL HECTOR SANCHEZ s/ INCONSTITUCIONALIDAD-JUICIO POLITICO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-12-26

Los legisladores deben cumplir con una doble función, la primera que se refiere a la decisión política en sí misma, y la otra a la redacción del fallo. Si bastara la decisión política, de la misma podría darse fe por un fedatario, sin necesidad de redactar un fallo . La redacción del fallo es exigida a fin de que se vuelque el proceso lógico ocurrido en el razonamiento de quienes deciden ( examen analítico de los hechos y apreciación crítica de los elementos de prueba), porque esa es la manera para que aquel proceso lógico adquiera valor objetivo y sea susceptible de contralor, requisito esencial para que la decisión tenga carácter de sentencia, es decir, de verdad lógica objetiva.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maduri, José c/ Zendri, Horacio Néstor s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Surgiendo de la prueba rendida en la causa que el actor destinaba el vehículo afectado al trabajo de la verdulería y fletes del mercado;

que tiene habilitado a su nombre un negocio de verdulería y frutería; que la camioneta debió permanecer detenida durante veinte (20) días para que se la reparara, utilizando la facultad concedida a los jueces por el art. 165, C.P.C.C., corresponde indemnizar este rubro, por el importe de Australes 3.000.000, a la fecha del fallo apelado (24/09/91).
Marcas, marcas confundibles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Laboratorios Casasco S.A. c/ Drawer S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-26

Se trata de dos específicos que tienen finalidades medicinales, de manera que resulta prudente acentuar los recaudos para evitar cualquier tipo de confusión. Dicho en otros términos, partiendo del enfoque de que las marcas deben ser "claramente distinguibles" (art. 3, incs. a) y b), Ley 22.362 y nutrida jurisprudencia sobre el punto), resulta apropiado practicar el cotejo de los signos sin atenuar el rigor que muchas veces se justifica en el renglón 5 del Nomenclador. No son indispensables extensos desarrollos para mostrar que las marcas "DRONER" y "DRAWER" son confundibles. La confundibilidad es evidente y lo evidente no necesita demostración.
Acción de amparo, caducidad, cómputo del plazo, acto administrativo de alcance general, publicación del acto administrativo, gravamen irreparable, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C.A.I.T.P.A. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

En el sub examine, en el que se impugna un acto de alcance general de origen legislativo, el plazo de caducidad establecido en la Ley Nro. 16.986, artículo 2 inciso e) debe comenzar a computarse con la publicación de las normas atacadas ya que según afirma la actora desarrolla su actividad desde hace años y además, en momento alguno alegó razones para suponer que desconocía las normas desde el momento efectivo de su publicación. De modo que, en la hipótesis de que las normas atacadas hayan producido una lesión a la actora, ésta ha comenzado con su entrada en vigencia.

El rechazo de la acción intentada no causa agravio irremediable a la actora quien puede, de acuerdo a los cauces procesales idóneos, cuestionar la legalidad de las normas atacadas y, en caso de advertir la presencia de los recaudos previstos por el Código Contencioso Administrativo y Tributario, solicitar la tutela cautelar que considere adecuada en el marco de un proceso ordinario.

Es que, el rechazo de la acción de amparo en este estado no implica violación alguna de las garantías constitucionales que asisten a quienes interpusieron la acción. Lo dicho no importa negar la judicialidad de los actos presuntamente viciados sino precisar la vía adecuada para su cuestionamiento. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Lugar de cumplimiento del contrato, remuneración en dólares
Materia: LABORAL
Carátula: Erize, Javier c/ Wells Fargo Argentina LLC y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-23

Corresponde admitir la demanda por despido interpuesta contra una entidad financiera internacional por un trabajador cuya mejor remuneración fue cobrada en dólares, y determinar que el monto de condena será abonado en dicha moneda extranjera o en su equivalente en pesos en cantidad suficiente para adquirir la suma en dicha moneda, pues se acreditó el desempeño del actor tanto en territorio argentino como también en la R.O. del Uruguay, y los elementos de juicio resultan suficientes para tener por probada la existencia de una única relación de trabajo, que a lo sumo, pudo tener algún cambio geográfico temporal pero no estructural ni subjetivo, por lo que el actor se desempeñó siempre en relación de dependencia para la persona jurídica demandada.