marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Filiación, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Candia Marcos Argentino c/ Candia Josemaria y/o sus herederos s/ Ordinario - Impugnación de reconocim.Paternidad y reclam.Filiación Extramat.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-03-25

La solución intrínsecamente justa y socialmente valiosa a la que arriba la Cámara, se postula por mantener vigente el derecho a obtener un emplazamiento filial que reconozca una realidad biológica que en caso se tiene por suficientemente acreditada sin que se afecte, más allá de su normal incidencia, la estabilidad familiar.

La decisión se revela completamente con la finalidad de la ley, cuyo horizonte es sin duda mantener incólume el derecho de una persona a obtener su identidad, como derecho personalísimo e irrenunciable y como tal no puede ser desvirtuado o desconocido con la aplicación literal y parcializada de una disposición interna que le coloque una valla infranqueable.
Defensa del consumidor, daños al consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: Abaria Pablo Daniel c/ Mondelez Argentina SA s/ daños y perj. incump. contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Corresponde rechazar la demanda por daño punitivo iniciada contra una empresa por la ingesta de una galletita que contenía un hilo en su interior, toda vez que el actor no logra acreditar un daño resarcible, pues refiere daño en una pieza dental pero no acompaña prueba de que hubiera concurrido a ser asistido por un odontólogo, con relación al malestar estomacal se desprende que no debe haber sido tan intenso dado que recién concurre a un médico diez días después, por lo que no se advierte que el episodio pueda ser calificable como daño cierto.
Licitación pública, Municipalidad, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Codelpla Vial UTE c/ Municipalidad de Venado Tuerto s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte CSJ Nº   504-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

No puede considerarse que los trámites de impugnación previstos en los pliegos de una licitación puedan ser automáticamente equiparados a los recursos administrativos exigidos por la ley para habilitar la instancia judicial. En efecto, no sólo que aquellos están dispuestos para satisfacer finalidades y principios especiales -propios de los procedimientos de selección de contratistas-, sino que pueden establecer, según cada reglamentación, condiciones de admisibilidad que pueden variar y ser diferentes a las de los recursos legales, con lo cual, incluso, pueden diferir en el desarrollo de secuencias administrativas particulares, en principio extrañas al procedimiento de los "recursos reglamentados en el trámite administrativo".
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Percodani Rosa Elena y Otros contra GCBA y Otros Sobre Amparo (Art. 14 CCABA)", expte. SACAyT n° 46341/12-2 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-21

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, y revocar la sentencia en cuanto dispuso el desarchivo de la causa y ordenó a la parte demandada que arbitrara los medios para asegurar a la actora la necesaria accesibilidad a su vivienda mediante la reparación de la oruga salvaescaleras o la provisión de una nueva. Ello así, debido a que en la presente causa no obra constancia alguna que permita deducir que la accionante haya intentado dirigir su reclamo contra las personas a las que la ley asigna, expresamente la responsabilidad por la reparación solicitada. Por ello, la conclusión a la que arribaron los jueces de la Cámara de extender los efectos de la sentencia firme y ejecutoriada para acoger favorablemente el planteo propuesto por la actora sobre cuestiones que no fueron objeto de debate, resulta errónea y exhibe un grave vicio de fundamentación. En consecuencia, asiste razón al demandado cuando descalifica la sentencia recurrida como un acto jurisdiccional válido con arreglo a la doctrina sobre arbitrariedad. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Prescripción adquisitiva decenal, justo título
Materia: CIVIL
Carátula: Brito, María Carmelina c/ Pappalardo, Pascual s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

La prescripción adquisitiva breve supone justo título para usucapir y posesión de buena fe mantenida durante diez años (art.

3999). Aunque el título aportado a los fines de escriturar, implique el justo título para usucapir que menta el art. 4010 del Código Civil, no es factible invocar buena fe, si no se efectuó el estudio de títulos cuando se realizó la adquisición, que hubiera revelado la imperfección que emana de los mismos, lo que obsta a los fines de la usucapión corta.
Certificado de saldo deudor, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Río de la Plata c/ Clavel, Fernando y otra. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-02-28

Al tratar las excepciones de falsedad e inhabilidad de título el art. 529 inc. 4 del C.P.C determina expresamente que no se puede entrar a discutir la legitimidad de la causa del título de la ejecución. En ese sentido y tomando en consideración las características del certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria como título ejecutivo autónomo, es claro que se encuentra vedado introducirse en cuestión alguna que se vincule con la causa de la obligación instrumentada en ese documento, como sería la que se refiere a la composición del saldo y a la liquidación de este último pues dicha indagación conduciría, ineludiblemente, a examinar la causa de la obligación.
Sentencia absolutoria, in dubio pro reo, homicidio en ocasión de robo, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Saiz, Kevin Alexander c/  s/ p.s.a homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-03-23

Corresponde absolver por el beneficio de la duda al imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego que se le atribuía -art. 41 último párr. de la constitución Provincial, y arts. 1, 406 4º párr., 411 del C.P.P.-, ordenando su inmediata libertad y la remisión de la causa a la Fiscalía de Instrucción de origen a los fines de la prosecución de la investigación, pues de la prueba testimonial surge una duda grave e insuperable que impide determinar con certeza que el encartado cometió el hecho que se le imputa, máxime que fue sindicado como autor por una persona anónima o un llamado anónimo; elementos probatorios que carecen de validez porque no son razones suficientes para que nos encontremos en el concepto de "causa probable"; "sospecha razonable" ó "razones urgentes" que desencadene legitima y legalmente un procedimiento judicial.

Fuente del sumario: SAIJ
Despido con causa, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Coyopae, José Omar c/ Pelama Chubut SA s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-28

El abandono del trabajo como acto de incumplimiento que justifica el despido, se configura cuando el trabajador guarda silencio a la interpelación del empleador y no pretende justificar su ausencia o fija su posición.
Accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, culpa de la víctima, ebriedad
Materia: CIVIL
Carátula: PINTOS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-28

Demandados daños y perjuicios como consecuencia del accidente ferroviario que sufriera el demandante corresponde hacer lugar a la demanda a pesar del estado de ebriedad de la víctima a que alude el informe médico del expediente criminal y correccional federal, porque además de no haber sido acreditado debidamente por no haberse efectuado el pertinente dosaje de alcohol en sangre, es intrascendente pues en nada altera la obligación tácita de seguridad que incumbía a ferrocarriles como transportista.

Aún admitiendo que tal obligación fuese de medios, las eximentes que pudo invocar la empresa pudieron ser la culpa de la víctima, de un tercero o el "casus" genérico de los arts. 513 y 514 del Código Civil y si no existen pruebas que permitan admitir tales eximentes, la responsabilidad de la accionada resulta inexcusable, en virtud de lo dispuesto en el art. 184 del Código de Comercio.-
Daños y perjuicios, daño ambiental, Derecho ambiental, política ambiental, aplicación de la ley, Constitución Nacional, obligaciones solidarias, responsabilidad solidaria, acción de repetición
Materia: CIVIL
Carátula: F., J. E. c/ CIA. NAVIERA PEREZ COMPANC SACIFI y Otros s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-15

Conforme el análisis de la "litis contestatio", estamos en presencia de un claro supuesto de daño al medio ambiente o ecológico; de allí que a partir de la reforma del art. 41 de la Constitución Nacional la cuestión deba resolverse desde una mirada inevitable según las normas respectivas del derecho ambiental ya que "el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley".

En tal sentido tenemos en claro la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, en cuyo art. 4 establece el principio de responsabilidad: "La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, estará sujeta al cumplimiento de los siguientes principios: "Principio de congruencia", "Principio de Prevención", "Principio Precautorio", "Principio de equidad intergeneracional", "Principio de progresividad", y "Principio de responsabilidad:

El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan...".

Por su parte el art. 31 de la misma ley establece:

"Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable.

En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se hará extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación".
Recurso de casación, sentencia absolutoria, deudas impositivas
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE TUCUMAN -DGR-. c/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PERINATAL S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-22

En orden a la definitividad del pronunciamiento, la sentencia recurrida no hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora; confirmando, en consecuencia, la absolución de la demandada (Banco del Tucumán) de la imputación de solidaridad de la deuda fiscal reclamada en los autos principales a Centro Integral de Atención Perinatal S.R.L.; por lo que constituye un pronunciamiento que pone fin al proceso de ejecución intentado contra el primero, en el marco del presente incidente, impidiendo su continuación, debiendo ser considerada definitiva a los fines del recurso intentado (cfr. CSJTuc., sentencia 403 del 08/6/2010, en "Correa Zeballos Arando Luís Rubén vs. Shell Gas S.A. s/despido"; ídem sentencia nº 26 del 10/02/2004, en "Silva, César O. vs. Juan Tomás Moreno s/despido -incidente promovido por el Dr. Armando Gosen sobre ejecución de honorarios-").

En el marco normativo de los arts. 748 y 749 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante CPCCT) se advierte que el pronunciamiento impugnado no deja abierta una vía de reparación, quedando aprehendido entre las sentencias equiparables a definitivas previstas en el inc. 1 del referido art.

748 procesal (CSJTuc., sentencia nº 941 del 05/10/2009, en "Tafani Rubén Marino vs. Vizcarra Juan Fernando s/Ejecución prendaria"), al menos respecto de la imputación de responsabilidad solidaria reclamada.

DRES.: GANDUR - POSSE - SBDAR.
Sociedad anónima, acciones societarias, transmisión de acciones, acciones preferidas
Materia: COMERCIAL
Carátula: MEROLA, ELIGIO c/ EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANDES  S.A.C. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-12

El reconocimiento de una cláusula de adquisición preferente de acciones, debe juzgarse con carácter restrictivo y debe constar en forma expresa ya que, de otra forma, se afectaría sin fundamento, el mentado principio de la libre circulación de las acciones y la protección del tercero adquirente de buena fe.
Remoción de jueces, daños y perjuicios, gobierno de facto, tratados internacionales, responsabilidad del Estado, recomendaciones de organismos internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carranza Latrubesse, Gustavo c/ Estado Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores - Provincia del Chubut
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-06

Corresponde desestimar el agravio del Estado Nacional y reconocer el carácter obligatorio para éste de las recomendaciones del artículo 51.2 de la Convención Americana formuladas en el informe de la Comisión en el marco de un reclamo de nulidad y de reparación de daños y perjuicios por parte de un juez provincial que fue removido por un decreto dictado por el Poder Ejecutivo de facto provincial, si dicho resultado es el que impone el "sentido" que debe atribuirse a los términos de dicho precepto tanto en el "contexto" específico cuanto en el general en que están insertos, atendiendo al "objeto y fin" del régimen de peticiones y de la Convención Americana en su integralidad y es el que mejor corresponde al principio de "buena fe" y al "efecto útil" de dicho régimen, evitando así el "debilitamiento" del sistema, cuando no, del propio ser humano al cual está destinado a servir.
Sucesiones, administración de la herencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Echarri, José Ignacio s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-26

Si la convocatoria a los sucesores para la audiencia de designación de administrador no se efectuó bajo apercibimiento de nombrar al mismo con el solo acuerdo de los que concurrieran. Por lo cual, debe en su caso, el sentenciante -previamente a resolver la designación- correr traslado de la petición formulada por la apoderada de dos de los herederos a los restantes en su defecto, proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 744 del Código Procesal, a fin de no violentar el principio de defensa en juicio.
Renuncia al empleo, intimidación, denuncia policial
Materia: LABORAL
Carátula: GODOY, JORGE c/ MEDICA HNOS.  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-30

La amenaza de una denuncia policial, dada la particular situación de un simple obrero -que difiere de la de una persona de mayor nivel social y cultural que podría hacerlo inmune a la amenaza- constituye intimidación en los términos de los artículos 936, 937 y 938 del código civil. Por lo tanto la renuncia obtenida de esa forma, es nula.
Materia: PENAL
Carátula: QUERELLA PROMOVIDA POR LOS SRES. GENARO OTILIO CORIA Y GENARO ATILIO CORIA c/ D-AZ ANDRES ALBERTO S.D. CALUMNIAS E INJURIAS s/ CASACIÓN CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-08

La forma de asegurar al imputado la garantía constitucional de ser juzgado por un juez imparcial, importa evitar que el mismo magistrado correccional que instruyó el proceso sea aquél que luego llevará adelante el juicio y dictará sentencia. Y ello es así, pues la imparcialidad objetiva que corresponde avalar al encausado, sólo podrá garantizarse en la medida que se haga desaparecer por completo la más mínima sospecha que pudiera albergar aquél, relativa a prejuicios o pre conceptos de que estaría imbuido el juez correccional como resultado de la inevitable valoración del hecho y la responsabilidad del imputado inherente a la etapa de investigación.
Facultades del juez, multa, temeridad o malicia, inconducta procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: ELECTROMEDIK SA c/ CLINICA BAZTERRICA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

Procede imponer una multa procesal del 5% de la condena a la defendida cuando, -como en el caso-, se verifica que realizó una negativa mendaz "con conocimiento de su mendacidad", toda vez que los hechos negados fueron expresamente reconocidos por sus dependientes, y a su vez, estaban registrados en su contabilidad. De modo pues, que en el conocimiento de su mendacidad y de la consecuente sin razón de la defensa radicó, pues, la temeridad de la accionada.
Prescripción de la acción penal, ley penal más benigna, interrupción de la prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Carbonari, Silvio Luis s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-21

Resulta ley más benigna la 25.990 pues a partir de su entrada en vigencia quedaron enumerados taxativamente aquellos actos procesales que poseen entidad interruptora del curso de la prescripción de la acción penal, resultando más beneficiosa frente a la marcada amplitud que revestía el término "secuela del juicio". El llamado a prestar declaración indagatoria es el primer acto procesal con entidad interruptiva pues a partir de aquel llamado el juez imputa un delito a un sujeto determinado. La fecha de comisión del delito previsto y reprimido por el art. 1 ley 24.769 coincide con aquélla en la cual opera el vencimiento del plazo general para el cumplimiento de la obligación tributaria siempre que el monto evadido exceda la suma de $ 100.000 por el respectivo ejercicio anual y cuando se trata de la evasión de un impuesto de período fiscal inferior al año, debe tenerse en cuenta, a los fines del análisis del suceso implicado, el ejercicio comercial de la contribuyente. Si el imputado recién compareció ante el magistrado instructor -quien dejó sin efecto la orden de captura que pesaba sobre el nombrado- tres años después de iniciada la causa debe rechazarse el agravio relativo a la garantía a ser juzgado sin dilaciones indebidas ya que no se evidencia una irrazonable prolongación del proceso que haya resultado ajena al propio imputado.
Compraventa de automotores, automotor defectuoso, responsabilidad civil, responsabilidad objetiva, defensa del consumidor, responsabilidad del fabricante, responsabilidad de la concesionaria, daños y perjuicios, indemnización, daños punitivos, daño moral, privación del uso del automotor, disidencia
Materia: CIVIL
Carátula: DIJKSTRA, NICOLAS. c/ SAPAC S. A. Y OTRO. s/ SUMARÍSIMO ART. 321 CPCC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-02-26

No resulta procedente el pedido de elevación del monto por este rubro daño punitivo, si el recurrente no demuestra de qué manera "la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso" (art. 52 bis) determinen que se deba aumentar el monto y que fijar sus términos resulta facultad del juez, sin que baste para ello resaltar su carácter disuasorio. (del voto del Dr. Pascuarelli).
Derechos y garantías constitucionales, prueba prohibida, regla de exclusión, femicidio, debido proceso, orden de allanamiento
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Daniel Marcelino  c/  s/ causa con imputados
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2017-02-10

No hay vulneración de garantías constitucionales por aplicación de la doctrina del hallazgo inevitable y por excepción a la regla de exclusión de la prueba ilegal, cuando cabe deducir, con absoluta certeza, que la prueba hubiera sido igualmente obtenida por un medio legítimo, como sucede en el caso de quien indicó el lugar en el que enterró a quien fuera su esposa, pues eliminando completamente los dichos de quien resultó imputado por femicidio, indefectiblemente se hubiera arribado al hallazgo del cadáver ya que su domicilio había sido legalmente allanado, mediando orden de juez competente, y se estaban realizando tareas de rastrillaje, en la zona contigua a su vivienda.
Daños y perjuicios, seguros, cobertura, seguro de responsabilidad civil, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNÁNDEZ,   Marcos  Mauricio c/ UNIDAD  DE  GESTIÓN  OPERATIVAFERROVIARIA DE EMERGENCIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-25

1- El juez en virtud del principio "iura novit curia" debe elegir y aplicar correctamente el derecho que debe surgir de los hechos y planteos formulados por las partes, independientemente del error en que las partes pudiesen incurrir en su individualización. El magistrado se encuentra constreñido por la determinación, de las personas, objeto y causa especificados en la demanda. Ello con el objeto de evitar introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de hecho respecto de las cuales las partes no puedan ejercer su derecho a defensa. 2- De tal manera si la damnificada no realizó ningún planteo respecto de las limitación de cobertura que alegó la aseguradora -en virtud de la franquicia pactada con su asegurado- en los momentos de celebrarse la audiencia del art. 360 del Código Procesal ni el momento de alegar, no corresponde aplicar la doctrina del plenario "Obarrio c/ Monsa". Fundamentos de la Dra. Barbieri: Si la víctima no solicitó la inoponibilidad de la franquicia en los momentos procesales oportunos y la condena a la aseguradora se encuadró en el artículo 118 de la ley 17.418, debe entenderse que se hace extensiva contra la citada en garantía sólo en la medida del seguro. Fundamentos del Dr. Sánchez: Las normas procesales que establecen el principio de congruencia son siempre aplicables (arts. 34, inc. 4, 163, inc. 6, 277 y eones. del Código Procesal), por lo que no corresponde declarar la inoponibilidad de la franquicia o descubierto obligatorio acreditado por la aseguradora citada en garantía con la póliza respectiva, si el damnificado recién en los agravios modifica el reconocimiento que efectuara en la anterior instancia de la franquicia y el pedido de condena conforme a esta cobertura.
Alimentos, demanda, cuota alimentaria, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: Fuenzalida, Elizabeth Deolinda c/ Azurmendi, Jacobo Mateo s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-12-21

A los fines de fijar la cuota alimentaria, si el demandado -como en el caso que nos ocupa- pretende que no se tengan en cuenta ciertos indicios que permitirían presumir una situación económica mayor a la que tiene, tendrá a su cargo producir la prueba en sentido contrario. En efecto, fuera de los casos del alimentante que cuenta con ingresos regulares que permiten establecer un porcentaje de ellos en carácter de cuota alimentaria; frecuentemente no resulta posible acreditar el real nivel de ingresos del demandado a través de prueba directa. En consecuencia y pese a que efectivamente en la causa se adjunta documentación referida a la situación económica del demandado, de ella no se ha obtenido una cantidad precisa como ingreso mensual, tarea que incumplía al demandado realizar o indicar en la instancia de origen, con anterioridad al dictado de la sentencia y no al momento de expresar los agravios. Así, la cuota alimentaria determinada por el A-quo resulta proporcionada no sólo en relación a los ingresos mensuales informados en autos, sino también en función de los bienes reconocidos por el alimentante y que conforman también su aservo patrimonial.