Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-26


SENTENCIA N° 93065 CAUSA N° 12.985/10 AUTOS "HORMIGÓN RÁPIDO SA C/ PÉREZ, GERARDO HORACIO S/ CONSIGNACIÓN" - Juzgado N° 54.- En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 26/4/12 , reunidos en la Sala de Acuerdo los señores miembros integrantes de este Tribunal a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oir las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Diana Cañal dijo:

Amas partes, apelan la sentencia de la instancia anterior que rechazó la consignación e hizo lugar parcialmente a la reconvención, en los términos de las presentaciones de fs. 209/210 y 212/216, que recibieron las respectivas réplicas de fs. 227/228 y 219/221.

El perito contador, cuestiona la regulación de sus honorarios, por considerarlos exiguos (fs. 205).

Por una cuestión de mejor orden expositivo, trataré en primer término la apelación de la empleadora Hormigón Rápido SA, quien se queja porque entiende que la sentenciante, sobre la base de una errónea interpretación de los hechos y las pruebas producidas en autos, concluyó que en el caso resulta inaplicable la ley 22250, por lo que encuadró el vínculo laboral bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo.

También cuestiona la condena por el supuesto de pago de salarios "en negro". Al respecto, critica la valoración de la prueba testimonial, así como la procedencia de los incrementos indemnizatorios previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 25323.

Por último, apela la imposición de costas y la regulación de honorarios.

El trabajador, Sr. Pérez Gerardo Horacio Argentino, en el escrito de reconvención (fs. 33) afirmó que, desde su ingreso, se registró incorrectamente su categoría laboral, el régimen aplicable y la remuneración percibida.

Sostuvo que la empleadora pretendió encuadrar su vínculo, dentro de las disposiciones de la ley 22250 y del Convenio Colectivo de Trabajo nº 445/06, cuando debió haber aplicado la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de Trabajo nº 40/89, dadas las características de las tareas desempeñadas.

Indicó que ingresó a trabajar para la empresa Hormigón Rápido SA en la categoría de chofer, desempeñándose de lunes a sábados, en el horario de 7 a 19 horas. Afirmó que sus tareas consistían en manejar un camión de la empresa (motohormigonero), y repartir los materiales que aquélla vende y distribuye, lo cuales debía entregar en las obras en construcción o destinos que le eran indicados. Así, diariamente se presentaba en la sede que la empresa tiene en la Ruta 21 y Mosconi, de la localidad de Laferrere, Pcia. de Bs.As., en donde cargaba el material a entregar, para luego, una vez en destino, descargarlo y retornar a la sede de la empresa en busca de un nuevo traslado.

Sostuvo que la empleadora consignaba en sus recibos de sueldo, una remuneración de $1.900 mensuales, cuando en realidad percibía de $3.500.

La empleadora Hormigón Rápido SA, contestó la reconvención a fs. 45. Negó que corresponda la aplicación de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, y que el trabajador hubiera desempeñado las tareas de chofer.

Desconoció que se abonaran salarios sin registro, así como el horario denunciado por el trabajador.

Afirmó que su objeto social se encuadra dentro de las disposiciones de la ley 22250; que el Sr. Pérez se desempeñó bajo sus órdenes como Operario Oficial Mixero, y que lo hizo desde el 1 de febrero de 2009 hasta el 15 de febrero de 2010, fecha en que fue despedido.

Señaló que remitió la correspondiente libreta de fondo de cese al IERIC, de acuerdo con lo previsto en la ley 22250. Además, explicó, que la tarea cumplida por el trabajador, en lo que tiene que ver con la conducción del camión, era el transporte de hormigón en proceso de elaboración. Dicha actividad -según dijo-, es secundaria respecto de su tarea principal, la cual consistía en la operación del trompo (mixer), ubicado sobre dicho camión. De ahí la calificación de su categoría laboral como operario oficial mixero.

Ahora bien, el artículo 1 de la ley 22250 establece quiénes son los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación personal. El inciso a), menciona al "empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de excavaciones, construcciones nuevas, o de modificación, reparación, conservación o demolición de las existentes, de montaje o instalación de partes ya fabricadas, o de vías y obras. También está comprendido aquél que elabore elementos o efectúe trabajos destinados exclusivamente para la ejecución de aquellas obras, en instalaciones o dependencias de su propia empresa, establecidas con carácter transitorio y para ese único fin". Luego, de los testimonios rendidos por ambas partes, surge que el Sr. Pérez era chofer en la empresa Hormigón Rápido SA, que manejaba un camión que llevaba carga de materiales de hormigón de esta a distintos lugares. A su vez, que el camión que manejaba aquél estaba equipado con un mixer (motohormigonero), y que estos son utilizados para transportar materiales de la empresa Hormigón Rápido SA para ser entregados en el destino final de una obra en construcción (ver declaraciones de De la Rosa a fs. 122 y Galarza a fs. 166, ofrecidos por el trabajador; y de Masciotra a fs. 181, a propuestas de la empresa Hormigón Rápido SA).

Cabe destacar que el testigo Masciotra (fs. 181), quien dijo ser jefe de producción de la empresa Hormigón Rápido SA, además señaló que el operador de mixer conduce la unidad motohormigonera hacia la obra y el retorno; que la actividad genérica de esta está contemplada para obras que se ubican a una distancia de la planta, así como para plantas que están dentro de la obra, es decir, donde tiene plantas propiamente dicha. Que las grandes obras tienen plantas dentro de la obra y el hormigón nunca sale de la misma.

Las impugnaciones vertidas por la empresa Hormigón Rápido a fs. 126 y 170, dirigidas a cuestionar las declaraciones de los testigos ofrecidos por el trabajador con fundamento en las imprecisiones que señala, no alcanzan para desvirtuarlas, pues las manifestaciones expuestas en los respetivos escritos carecen, en el caso, de la relevancia que pretende asignárseles. En el primer escrito, no invocan ningún argumento ni justificación del reproche. Mientras que en la segunda presentación, cuestiona solo de manera dogmática la valoración del testimonio de Galarza, dado que sus manifestaciones no están corroboradas por ningún otro elemento probatorio (arg. art. 456 y 386 del CPCCN).

Del análisis de esta prueba, surge claramente que la tarea realizada por el trabajador Pérez, no se encuentran comprendidas en la ley 22250, pues los testigos han sido coincidentes en declarar que el mismo, iba a buscar el material a la empresa empleadora, y que lo trasladaba a distintas obras en construcción, lo que indica que se encuentra exceptuado del estatuto mencionado.

En efecto, si bien dentro de las labores de chofer del motohormigonero que realizaba el Sr. Pérez, se encontraba la elaboración del producto destinado a las obras en construcción (fs. 182), lo cierto es que su actividad principal era la de transportar el producto de la empresa Hormigón Rápido SA a distintas obras en construcción, ajenas a esa industria. Por lo tanto, dicha sociedad estaba excluida de la ley 22250.

En efecto, las tareas realizadas por el trabajador no se encontraban vinculadas exclusivamente a la ejecución de obras de ingeniería o arquitectura, pues si la empleadora distribuía y proveía materiales a obras que edifican estructuras de hormigón elaborado, la suya resultaba una actividad complementaria de la industria de la construcción.

Por lo demás, coincido con la sentenciante en que no modifica la conclusión arribada, la circunstancia de que la empresa Hormigón Rápido SA se encuentre inscripta en el Registro de la Industria de la Construcción (fs. 115). Ello, ya que en el derecho del trabajo, es un principio capital el de la primacía de la realidad, a partir del cual se desgajan todos los demás, incluido el in dubio pro operario y la irrenunciabilidad, porque es esa realidad de desigualdad en perjuicio del trabajador, la que las más diversas corrientes ideológicas admiten como subyacente.

Pues, esa realidad se impone en el presente caso, en donde nos encontramos con que los hechos y las prueba rendidas en autos, acreditan que la actividad efectivamente desplegada por el Sr. Pérez, se encontraba fuera del ámbito de aplicación de la ley 22250.

Tampoco obsta a lo expuesto, el hecho de que el Convenio Colectivo de Trabajo nº 445/06 (fs. 79), se aplique a los trabajadores que se desempeñen en las empresas que se dedican a la elaboración y distribución de hormigón y/o morteros, pues si bien la convención colectiva indicada, regula la relación de trabajo para los trabajadores que se desempeñan en las tareas descriptas por el art. 3, la aplicación de la norma convencional queda condicionada a que se trate de actividades propias de la industria de la construcción (art. 7 del mismo convenio; conf. art. 1 de la ley 22250).

Por todo lo expuesto, propongo confirmar la sentencia apelada en este punto.

Esta solución se proyecta sobre la queja del Sr. Pérez, relativa a la aplicación del CCT nº 40/89.

Me explico. En reiteradas oportunidades, he resuelto que en cuestiones como la presente, corresponde distinguir tres niveles conceptuales, que suelen confundirse. Ello son el de unidad de representación, unidad de contratación o negociación y ámbito de aplicación (en sentido análogo, SD Nº 92.894, del 20/12/11, en autos "SA Alba Fábrica de Pinturas, Esmaltes y Barnices c/ Unión del Personal de Fábricas de Pinturas y Afines de la República Argentina UPFPARA s/acción declarativa", del registro de esta sala).

I) Unidad de representación: es la capacidad o aptitud genérica que tienen los sujetos para convenir, en virtud de su capacidad representativa.

Obviamente, en nuestro sistema, esta capacidad se deriva en lo que al sindicato se refiere, del hecho de haber obtenido personería gremial (discusión de neto corte intersindical). En suma, se trata de quiénes están legitimados para celebrar convenios colectivos.

II) Unidad de contratación o negociación: es el conjunto de trabajadores y empresarios para los que se negocia. En suma, para quiénes se pacta el convenio colectivo.

Y, finalmente, III) Ámbito de aplicación: es el conjunto de sujetos a los que efectivamente se aplica el convenio.

En síntesis, los que efectivamente se encuentran sujetos a un convenio ya dictado. Pudiendo suceder que el ámbito de aplicación no coincida con el de negociación, dado que esto en principio respondería a una decisión unilateral de las empresas que, en todo caso, será discutida por los trabajadores y/o el gremio. Precisamente, lo que sucede en el sub lite.

Entre estos tres niveles se da una suerte de continuo, porque lo deseable es que, quienes se sientan a negociar el convenio (I), sean aquellos a quienes el mismo habrá de alcanzar (II), y coincida con los sujetos efectivamente abarcados (III).

Luego, en el nivel I podemos encontrar las cuestiones de encuadramiento sindical (ES), cuando los gremios debaten quién tiene la representación. Pero cuando se discute si una empresa debe o no ser convocada, se está pensando desde la lógica de los dos niveles siguientes: si por la actividad que desarrolla, sus trabajadores pueden estar comprendidos en el convenio a negociar y, por ende, si es legítimo negociar con ella. Luego, aunque sea una cuestión del nivel I, el continuo lleva a considerar que es un tema de encuadramiento convencional (EC).

Por lo tanto, la cuestión de autos se encuentra, claramente, ubicada en el nivel III. Lo que implica que todo desacuerdo en relación con el convenio aplicable, deba ser resuelto por la justicia, no en sede administrativa.

Ello porque, mientras el encuadramiento sindical (que es el que permite definir como una consecuencia necesaria, a la unidad negociadora por parte de los trabajadores) es un aspecto dilucidado primero a nivel intersindical y administrativo, y solo una vez agotada la vía se recurre a la justicia, el encuadramiento convencional (y mucho más concretamente, el ámbito de aplicación) implica una discusión netamente judicial.	Cabe recordar lo resuelto en el fallo plenario número 36 ("Risso c/ Química Estrella"), del 22/3/57, el cual establece que "En los casos en que el empleador tenga a su servicio trabajadores que realizan tareas distintas a las que exige su actividad específica, no debe considerárselo comprendido en las CC que contemplan especialmente la profesión o el oficio de los trabajadores".	Comparto la crítica que formulan los que sostienen que, en este precedente, fueron confundidos los dos institutos que intentamos diferenciar: ES y el EC, puesto que un cambio en el primero no repercute necesariamente en el segundo, porque precisamente, el trabajador puede estar desarrollando dentro de la actividad general de la empresa, una más específica que justifique la aplicación de un convenio diferente (el mentado Nivel III), en donde cabe memorar el sonado caso Carrefour (Resolución 263 del 29/10/03, MTYSS).

Luego, un cambio en el ES no afecta inmediatamente el EC, porque en relación con el aspecto convencional, la única influencia que tiene es para el futuro: al establecer cuál es el sindicato con capacidad negocial de los nuevos convenios.

¿Cuál es, entonces, la actividad de Hormigón Rápido SA? De las constancias de la causa resulta que es "la venta y distribución de hormigón elaborado" (este no es un hecho controvertido).

Ahora bien, el art. 2.2 del CCT Nº 40/89, prevé el ámbito personal y territorial de aplicación. En el mismo se determina que: "la presente Convención Colectiva de Trabajo, será de aplicación para la totalidad de los trabajadores ocupados en el transporte de cargas por automotor en todo el ámbito del territorio nacional y/o fuera del mismo cuando se encuentra afectado al tráfico internacional, prorrogándose los derechos y obligaciones de las partes cuando el contrato individual se hubiere celebrado en el país pero se deba ejecutar total o parcialmente en el extranjero, como así también cuando el contrato se celebrare en el extranjero, pero su ejecución dentro del territorio nacional responda a directivas que emanen de una sede o administración ubicada en la República Argentina, con independencia del lugar de radicación del dependiente, así se trate de transporte de ganado, vinos, cereales, minerales, materiales de y/o para la industria de la construcción, servicios de encomiendas y expresos, diarios y revistas, remolques de vehículos automotores en la vía pública, repartos a domicilio, servicios de cargas combinadas con otros medios de transporte, sean éstos ferroviarios, marítimos y/o aéreos, mudanzas, combustibles u otros elementos líquidos, semilíquidos y/o sólidos, servicios de transporte de clearing y carga postal, valores y/o caudales públicos o privados, servicio de recolección de residuos domiciliarios, barrido y/o limpieza de calles, vías y/o espacios públicos y tareas complementarias y/o afines, el transporte de caña de azúcar y/o sus derivados en cualquiera de sus formas, y, en general, otros tipos de transporte automotor de cosas o mercaderías, aún cuando las cosas transportadas hayan sido elaboradas para una finalidad determinada, equipos y/o máquinas y/o elementos que ulteriormente se destinen a montajes de industrias y/o construcciones civiles, como así también aquellos que provengan de desmontajes similares, guardas de carga en tránsito, etc.; siendo ésta enumeración meramente enunciativa y no taxativa ni limitativa, y por ello no implica de manera alguna la exclusión de otras formas de transporte. Tampoco será condición indispensable para que se considere transporte, que el precio de la prestación sea precisamente denominado flete, pudiendo estar éste precio involucrado en la cosa transportada o en el servicio prestado sin que ello desvirtúe la existencia de un transporte".

En cambio, el CCT Nº 445/06 (invocado por la empresa empleadora), no prevé ninguna categoría en la cual se encuentre incluido el transporte del "hormigón elaborado" (ver fs. 79/109).

Ahora bien, toda vez que tengo vedado realizar una aplicación extensiva o analógica de convenios (art. 16 LCT), en cuyo caso contemplaría la posibilidad de otro marco convencional, observo que la actividad de marras, se compadece con la prevista en el convenio 40/89, más que con la de este último convenio citado, que, puntualmente, no prevé la categoría de chofer.

Siguiendo el hilo de lo resuelto en el presente decisorio, no cabe entonces duda alguna de que en el caso corresponde aplicar el CCT nº 40/89, pues la actividad realizada por el trabajador Pérez era el transporte de los productos que comercializaba y distribuía la empresa empleadora, aunque sea elaborado.

En consecuencia, corresponde hacer lugar a las diferencias salariales reclamadas.

Luego, la apelación de la empresa Hormigón Rápido, referida al pago de salarios sin registro, no tendrá favorable acogida.

En efecto, los testigos que declaran a instancias del trabajador (De la Rosa a fs. 122 y Galarza a fs. 166), acreditan que el mismo percibía salarios sin registro.

El primero de los deponentes, afirmó que fue compañero de trabajo de Pérez en la empresa Hormigón Rápido, y que aquél percibía un sueldo de alrededor de 3.500 pesos, y que la mitad era en blanco y la otra "en negro".

Indicó que el sueldo era mensual, y que lo abonaba el jefe de personal, SR. Fernando Rodríguez. Que sabe que el sueldo era abanado por cajero, y que la parte en negro la daban en "en la mano".

Manifestó también, que el Sr. Fernando Rodríguez daba la plata en mano, que hacía firmar un papelito y la entregaba; que sabe que el sueldo en negro era abonado en la misma planta en donde trabajaban, y donde se encontraba el jefe de planta, ahí había una oficina. Aclaró que sabe que al Sr. Pérez también le pagaban "en negro", porque estaban todos juntos cuando iban a cobrar y, además, contaban a ver quién sacaba un pesito más "en negro". Recuerda que se les pagaba los días 5 o 6 de cada mes la parte "en negro".

Si bien dicho testigo tiene juicio pendiente con la empresa Hormigón Rápido, esta circunstancia no basta para descalificarlo, sino que en todo caso corresponderá apreciar sus manifestaciones con mayor rigurosidad, pero no lo invalida (arts. 386 y 456 del CPCCN).

Este criterio, lo he seguido invariablemente como Juez de primera instancia, en la lógica de lo cerrado de la comunidad de trabajo, que impediría de otro modo que, aún la empleadora, no pudiese tampoco acompañar declaraciones de quienes son sus dependientes y/o funcionarios.

En ambos casos, la vara es la misma: verificar con mayor estrictez a esta clase de declarantes, teniendo en cuenta la coherencia con los escritos introductorios y la de los testigos de la parte entre sí.

Por su parte, el deponente Galarza (fs. 166), afirmó que trabajó en Hormigón Rápido SA, y que fue compañero de trabajo del Sr. Pérez.

Explicó que este último, "cobraba más o menos lo que todos, estaban todos iguales, les pagaban en negro, iba el jefe de personal Fernando Rodríguez y les pagaba, les pagaba en la planta en el mismo sector de trabajo donde arrancaban, que en el caso de Pérez al comienzo fue en negro después cambió, por lo menos para el dicente, en el caso de Pérez. Cree que fue para todos igual.

Si bien este testigo no precisó la suma que la empresa le entregaba al actor sin recibo, lo cierto es que da cuenta de la modalidad de pago sin registro, y, además, tales circunstancias se encuentran corroborados por el testigo De La Rosa (conf. art. 163, inc. 5º, y 386 del CPCCN).

Por lo demás, el recurrente no se hace cargo de que la empresa Hormigón Rápido SA, ni siquiera exhibió sus libros laborales (según informe contable a fs. 172/174), por lo que la sentenciante aplicó la presunción prevista en el art. 55 de la LCT (fs. 199, segundo párrafo), que no fue desvirtuada por prueba en contrario.

En consecuencia, propongo también confirmar en este aspecto el fallo de grado.

En tal contexto, la apelación vertida en torno a la condena de la indemnización del art. 1 de la ley 25323, no tendrá favorable acogida, dado que se verifica en la especie el presupuesto de hecho que la torna procedente (existencia de una relación laboral que al momento del despido, no esté registrada o lo esté de modo deficiente).

Tampoco encuentro motivos, para acceder a la queja vertida sobre la aplicación de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25323. En el particular caso, no se dan las circunstancias de hecho que habilitaría apartarse del principio general que la norma impone (ver intimación de fs. 29).

Finalmente, el trabajador Pérez cuestiona la sentencia de grado, porque se rechazaron las horas extras, y la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT.

Observo que la queja relativa a las horas extras, tendrá favorable acogida.

En efecto, el testigo Masciotra (fs. 191), jefe de producción de la empresa Hormigón Rápido, afirmó que: "respecto al horario de salida depende de las necesidades, en caso de lluvia puede retirase antes y en caso de terminación de alguna obra se harán horas extras", indicó que sabe de esto porque al ser jefe de producción, su tarea es fiscalizar hombres, máquinas y tareas.

De ello, se desprende que la empresa empleadora se encontraba obligada a llevar y conservar un registro especial, en el que constara el trabajo realizado en exceso de la jornada máxima legal permitida, debiendo a su vez, presentar en autos el registro de las mismas (art. 6, inc. c, de la norma citada).

Sin embargo, no se exhibieron las planillas horarias (conf. art. 52, inc. G, de la norma citada; ver informe contable fs. 173 vta., punto h), por lo que, en el caso, cobra operatividad la presunción prevista en el art. 55 de la LCT, la cual no fue desvirtuada por prueba en contrario.

Para más, los testimonios rendidos a instancias del Sr. Pérez, demuestran que este trabajó en exceso de la jornada máxima legal permitida.

En efecto, tanto el testigo De La Rosa (fs. 122) como Galarza (fs. 166), indicaron que el horario de ingreso de Pérez era a las 7. El primero, aclaró que el de salida era a las 19 horas; mientras que Galarza afirmó que el horario era "hasta las 7, 8, 9, 10 a veces más tarde" (conf. art. 386 y 456 del CPCCN).

En consecuencia, propongo revocar la sentencia de grado en este punto y, por ende, hacer lugar a las horas extras reclamadas.

En cambio, no prosperará la queja relativa a la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT, pues la presentación en este punto no reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 116 de la ley 18346, ya que no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia que cuestiona.

Al respecto, el recurrente no revierte la conclusión de la sentenciante, referida a que no existe en autos constancia que acredite que el Sr. Pérez hubiese dado cumplimiento con la intimación fehaciente que la norma prevé (ver intercambio telegráfico de fs. 28/31).

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la liquidación practicada por el perito contador a fs. 173, que llega firme y consentida, y que considero ajustada a derehco, propongo elevar el monto de condena a la suma de $68.891 (indemnización por despido: $3.500;indemnización sustitutiva del preaviso: $3.500; sac sobre el preaviso: $291,67; salario proporcional mes de egreso: $1.750; integración mes de despido: $1.750; sac sobre integración: $145,83; vacaciones prop. 2009: $1.960; vacaciones prop. 2010: $238; sac primer semestre prop.: $437,50; art. 1 ley 25323: $3.500; art. 2 ley 25323: $ 4.375; horas extras: $31.920; Vale alimentario según CCT 40/89: 9.005,76; viático según CCT 40/89: $4.515,84; adicional no remunerativo CCT 40/89: $5.040; menos lo depositado a fs. 14: $3.038,54).

Dicho total, deberá ser abonado, en forma solidaria, por la empresa Hormigón Rápido SA al Sr. Pérez Gerardo Horacio Argetino en la forma, plazo, y con más los intereses moratorios fijados en el fallo de grado, que llegan firmes y consentidos a esta alzada.

Resta señalar que la empresa Hormigón Rápido SA, deberá entregar el certificado de trabajo y las constancias de aportes y contribuciones previstas en el citado art. 80, dentro del plazo y bajo el apercibimiento previstos en el fallo de grado (circunstancias que llegan firmes a esta alzada). Me refiero, tanto al certificado de trabajo, como a las constancias referidas a los aportes y contribuciones al sistema de la Seguridad Social, conforme las conclusiones arribadas en la presente sentencia.

Ante el nuevo resultado del litigio que propicio, y lo normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y proceder a su determinación en forma originaria, razón por la cual deviene abstracto el tratamiento de los agravios sobre el punto.

Propongo imponer las costas de ambas instancias a cargo de la empresa Hormigón Rápido SA (art. 68 CPCCN).

En atención al resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a las normas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de los letrados de Gerardo Horacio Argentino Pérez, Hormigón Rápido SA, por sus trabajos en la instancia previa, y para el perito contador, en el 17%, 12% y 7% del nuevo monto de condena, respectivamente (cfr. art. 38 de la ley 18.345; 6, 7, 8, 9, 19, 37, 37 y conc. de la ley 21.839 -reformada por la ley 24.432- y demás normas arancelarias vigentes, y art. 68 del CPCCN).

Propicio regular los honorarios de los letrados intervinientes ante esta alzada en 35%, para la representación letrada de Gerardo Horacio Argentino Pérez, y en un 26% para la representación letrada de Hormigón Rápido SA, ambos porcentajes se calcularán sobre la base de lo que les corresponda percibir por sus trabajados en la instancia previa (art. 14 de la ley 21839).

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto". Atento lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Por último, de conformidad con lo dispuesto por el art. 46 de la ley 25345, modificatoria del art. 132 de la ley 18345, Res. Nº 27 de esta Cámara del 14.12.00, en la etapa procesal oportuna, la Secretaría de primera instancia deberá realizar la comunicación de rigor.

En definitiva y por lo que antecede, voto por: I.- Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide. II.- Modificarla parcialmente en el sentido de elevar el monto de condena a la suma de $68.891 (sesenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos), que deberá ser abonada por la empresa Hormigón Rápido SA al Sr. Pérez Gerardo Horacio Argentino en la forma, plazo y con más los intereses moratorios fijados en el fallo de grado. III.- Condenar a la empleadora Hormigón Rápido SA a entregar el certificado de trabajo y las constancias de aportes y contribuciones previstas en el art. 80 de la LCT, dentro del plazo y bajo el apercibimiento previstos en el fallo de grado, y conforme las conclusiones arribadas en la presente sentencia. IV.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior. V.- Imponer las costas de ambas instancia a cargo de la empresa Hormigón Rápido SA. VI.- Regular los honorarios de los letrados de Gerardo Horacio Argentino Pérez, Hormigón Rápido SA, por sus trabajos en la instancia previa, y para el perito contador, en el 17% (diecisiete por ciento), 12% (doce por ciento) y 7% (siete por ciento) del nuevo monto de condena, respectivamente. VII.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes ante esta alzada en 35% (treinta y cinco por ciento) para la representación de Gerardo Horacio Argentino Pérez, y en un 26% (veintiséis por ciento) para la representación letrada de Hormigón Rápido SA, ambos porcentajes se calcularán sobre la base de lo que les corresponda percibir por sus trabajados en la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado. VIII.- Ordenar que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 46 de la ley 25345, modificatoria del art. 132 de la ley 18345, Res. Nº 27 de esta Cámara del 14.12.00, en la etapa procesal oportuna, la Secretaría de primera instancia realice la comunicación de rigor.

El doctor Néstor M. Rodriguez Brunengo dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide. II.- Modificarla parcialmente en el sentido de elevar el monto de condena a la suma de $68.891 (sesenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos), que deberá ser abonada por la empresa Hormigón Rápido SA al Sr. Pérez Gerardo Horacio Argentino en la forma, plazo y con más los intereses moratorios fijados en el fallo de grado. III.- Condenar a la empleadora Hormigón Rápido SA a entregar el certificado de trabajo y las constancias de aportes y contribuciones previstas en el art. 80 de la LCT, dentro del plazo y bajo el apercibimiento previstos en el fallo de grado, y conforme las conclusiones arribadas en la presente sentencia. IV.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior. V.- Imponer las costas de ambas instancia a cargo de la empresa Hormigón Rápido SA. VI.- Regular los honorarios de los letrados de Gerardo Horacio Argentino Pérez, Hormigón Rápido SA, por sus trabajos en la instancia previa, y para el perito contador, en el 17% (diecisiete por ciento), 12% (doce por ciento) y 7% (siete por ciento) del nuevo monto de condena, respectivamente. VII.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes ante esta alzada en 35% (treinta y cinco por ciento) para la representación de Gerardo Horacio Argentino Pérez, y en un 26% (veintiséis por ciento) para la representación letrada de Hormigón Rápido SA, ambos porcentajes se calcularán sobre la base de lo que les corresponda percibir por sus trabajados en la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado. VIII.- Ordenar que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 46 de la ley 25345, modificatoria del art. 132 de la ley 18345, Res. Nº 27 de esta Cámara del 14.12.00, en la etapa procesal oportuna, la Secretaría de primera instancia realice la comunicación de rigor.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Néstor Miguel Rodríguez Brunengo Diana Regina Cañal Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Leonardo G. Bloise Secretario