marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sanchez, Sergio G. s/ Inconstitucionalidad Dec.1675/80
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-11

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el accionante en la causa por medio de la cual se persigue la declaración de inconstitucionalidad del art. 296 del decreto 1675 /80, en cuanto dispone que los agentes de Policía de la Provincia que fuesen sumariados serán asistidos para su defensa por un oficial de la repartición. Ello así, en tanto si se adoptase una resolución definitiva en el sumario que se le instruye al actor su derecho de defensa en ese procedimiento se vería irremediablemente afectado, pues la asistencia letrada que en él se le denegó constituye una deficiencia de imposible subsanación ulterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hábeas corpus, competencia, cuestiones de competencia, competencia federal, competencia nacional
Materia: PENAL
Carátula: ROLANDO, E.D. s/ HABEAS CORPUS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-06-15

Aun cuando la orden restrictiva de la libertad personal emane de autoridad nacional, han de tenerse por competentes en esta Capital para el conocimiento de los recursos de habeas corpus "en todos los casos", tanto a los jueces federales de este distrito como a los jueces nacionales en lo criminal de instrucción y de sentencia.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, daño por vicio o riesgo de la cosa, eximentes de responsabilidad, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PALACIOS, JUAN CARLOS c/ EMPRESA 9 DE JULIO S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 330 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-28

Aún cuando pesa sobre el actor la prueba genérica sobre el hecho, no siempre soporta esa carga respecto de las circunstancias de éste. Por el contrario, muchas veces, sobre la base de la primera demostración se traslada al demandado la de circunstancias aptas para excluir la responsabilidad.

Así, se verifica, por ejemplo en el supuesto de daños derivados del riesgo o vicio de una cosa (art. 1113): el actor debe demostrar un hecho en el que haya tenido intervención activa la cosa riesgosa o viciosa y, el demandado, si quiere enervar la imputación tendrá que acreditar las circunstancias fácticas que evidencian que el daño reconoce su origen en una causa ajena al riesgo o vicio.
Declaración de la víctima, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

La falta de alusión al imputado en la primera declaración de la víctima y la mención en una posterior no invalida su declaración, pues la víctima fue llamada a deponer en diferentes juzgados y en el marco de causas que versaban sobre diferentes víctimas, por lo que sus manifestaciones estuvieron circunscriptas a distintos objetos procesales, sumado a que su declaración se encuentra corroborada por otros elementos de prueba.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales c/ Brunengo, Emeterio Florentino s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

El art. 272 del CPC. sólo le impide al tribunal fallar sobre capítulos no propuestos, pero no argumentar respecto de ellos al resolver los que tiene sometidos.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, inexistencia de otras vías, jueces, jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: RASAL S.A. c/ ESTADO    NACIONAL   (MINISTERIO  DEL  INTERIOR)  (POLICIA  FEDERAL). s/ ACCION    DE   AMPARO-  JURISDICCION  Y  COMPETENCIA-  ARBITRARIEDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-05

El remedio excepcional del amparo no configura una alteración de las instituciones vigentes, ni justifica la extensión de la jurisdicción legal y constitucional de los jueces, máxime si los agravios carecen de entidad suficiente para sustentar la tacha de arbitrariedad, toda vez que sólo traducen su discrepancia con la conclusión del a quo.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GUTIERREZ Marcelino Orlando c/ Hospital Privado del Colegio Médico de San Juan y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-31

Sin lugar a dudas es errónea la interpretación efectuada por el señor juez respecto de los principios contenidos en el art. 275 inc. 5 del C.P.C.

Si bien se advierte que los presentes autos se encontraban transitando la etapa probatoria, no coincido con lo expresado por el a-quo respecto a la conclusión de la misma, más allá de que el término original por el cual dicha etapa fue abierta, haya precluido.

Ello es así por cuanto, surge de las propias actuaciones que al momento de ser acusada la perención en fecha 04 de septiembre de 2013 la pericia no había sido concluida, adviértase que la labor pericial fue presentada en fecha 07 de octubre de 2013, conforme surge del cargo obrante es decir con posterioridad al acuse de perención, no obstante que los escritos se encuentran agregados en forma desordenada en cuanto a su fecha en autos.

Por otro lado, no puede el juzgador, expresar que el plazo de prueba se encontraba finalizado por haber transcurrido los treinta días de su apertura, puesto que es él mismo, quien autoriza en fecha 27 de diciembre de 2012 la intimación al perito Daniel M. González a presentar su pericia en el término de cinco días, intimación que dispone sea notificada personalmente o por cédula, recayendo dicha actividad en la parte proponente de la prueba y solicitante de la medida, esto es la actora, desde dicho decreto, hasta la presentación de la pericial efectuado por el técnico, ha trascurrido sin duda el plazo legal de seis meses, siendo acusada la caducidad con antelación a la presentación de dicho dictamen, por lo que corresponde sea declarada como tal.
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO, personal municipal, cesantía, aplicación de la ley, personas jurídicas de carácter público, recursos administrativos, recurso de reconsideración, intendente
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ, OSVALDO JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 471 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-23

El Banco Municipal de Rosario es una entidad autárquica (en tal sentido, puede observarse que el artículo primero de la Carta Orgánica respectiva refiere a que es una "persona jurídica, pública y autárquica"). Como tal, es un sujeto público, a la vez que cumple una actividad propia de su capacidad de derecho privado, regida predominantemente por normas de esa índole, y que se hallan autorizadas por el artículo 11 de la Carta Orgánica.

Empero, las resoluciones definitivas que dicta son susceptibles de recurso de reconsideración (art. 69, Ley Orgánica de Municipalidades, nro. 2756) y de recurso de apelación por ante el Intendente Municipal. En tal sentido a la Municipalidad le son imputables las decisiones definitivas, cuando las de la entidad autárquica son apeladas por ante el Intendente .

Y aún la hipotética vigencia de normas del derecho privado en la relación en disputa no le restaría su condición pública, pues, lo cierto es que pesan -y mucho- principios y normas de derecho público que inclinan decididamente a sostener que el vínculo jurídico que une al banco con el personal es de derecho público.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, prescindibilidad, contrato de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Maidana, Oscar Luis c/ E.F.A. s/ ordinario / ley 18.345).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

Es admisible el recurso extraordinario, en tanto el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley federal de prescindibilidad Nx 21.274 debe regirse por los principios del derecho administrativo, aún cuando se invoque la naturaleza de la relación laboral.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, contratos bancarios, tarjeta de crédito, emisión de tarjeta de crédito, banco central
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Flores, Virgilio Rolando c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Dado, entonces, que la LDC 40 extiende la responsabilidad que deriva de la gestión a todos los sujetos que han intervenido en la cadena de comercialización, y sin perjuicio del derecho de repetición que pudiere asistirles en el plano interno, los sujetos que intervienen en la compleja operatoria son todos ellos responsables frente al actor que, en el caso, reviste la condición de consumidor.
Derecho a la intimidad, libertad de expresión, derecho a la información, interés superior del niño, deber de prevención del daño, daño irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

la preventiva dirigida a hacer efectiva la protección a la intimidad del menor, no obsta a que ésta pueda limitarse a lo estrictamente indispensable, permitiendo de ese modo el derecho de informar, pero evitando que a través de la publicación pueda provocarse un daño irreparable a un menor (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Derecho contravencional y de faltas, delito político, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: L., E. J. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Infracción  arts. 13, 59 y 88 del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe  (Expte.: C.S.J. nro. 435 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-05

Aún superadas las diferencias ónticas entre delitos y contravenciones, y sentado que no exista otra distinción entre ambos que la puramente cuantitativa, motivo por el cual los códigos contravencionales o de faltas no pueden desconocer ninguno de los principios a que debe atenerse el ejercicio del poder punitivo conforme a la Constitución Nacional y al derecho internacional de los derechos humanos, ni desconocer el límite del artículo 19 de la Constitución Nacional; ello no obsta, sin embargo, a que se trata de un derecho penal especial. Y ello es así, por cuanto la diferencia cuantitativa da lugar a que se modifiquen algunos de los principios generales y a que el juzgamiento de las contravenciones se rija por un procedimiento también distinto del ordinario.
Desconocimiento de firma, juicio ordinario posterior, apercibimiento
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: LASCANO PIZARRO JOSE c/ ANTONIO GALINDEZ s/ PREPARA VIA EJECUTIVA - DESCONOCIMIENTO DE FIRMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1967-04-14

Corresponde aplicar los apercibimientos del los arts. 237 y 239 del C.P.C. en los juicios ordinarios incoados con posterioridad al desconocimiento de firmas efectuado en diligencias de preparación de vía ejecutiva.-
Reglamentación de la ley, exhibición de película, menores
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-10

Para ponderar si existe un exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria debe considerarse el art. 2 de la ley nro. 23.052 en forma íntegra. Así, vemos que la política legislativa que expresa la norma no se dirige sólo a la prevención de los adultos, sino -y con mayor relevancia- a la protección de los menores (art. 2, inc. a). Advierto que, sobre esta cuestión, los actores desplazan el eje de análisis respecto de la categoría de los reglamentos, pues, en tanto la pretensión de inconstitucionalidad se esboza con fundamento en el art. 102, CCBA, el debate gira en torno a los reglamentos ejecutivos o de ejecución (también conocidos como decretos reglamentarios).
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, contenido de la demanda, indicación de la causa, fallo plenario, certificado de deuda, impuestos
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARBOCLOR SA S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO PROMOVIDO POR ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - AFIP c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto desestimó la pretensión verificatoria incoada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, basada en la determinación oficiosa de deuda por el impuesto a los combustibles líquidos, toda vez que en sede administrativa no se produjo ninguna notificación dirigida a la concursada luego de que ésta efectuara su planteo de exención impositiva, concluyendo que el acto administrativo no se hallaba firme. Tal circunstancia, por cierto dirimente para la recta solución del caso, no mereció impugnación idónea y eficaz de la apelante. En efecto, aquí lo relevante es si luego de la presentación efectuada en sede administrativa por la concursada el organismo de recaudación le notificó alguna decisión que le permitiera interponer recurso; ello, pues según la ley 19549: 11, "para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado...". Y a ese respecto, no existe evidencia, ni ella ha sido aportada por la quejosa, que permita concluir que esa notificación se haya producido de modo fehaciente, cual impone la ley. Y esa omisión impide concluir que la determinación de la deuda incluida en el certificado traído por la pretensa acreedora se encuentre firme.
Jubilaciones, régimen jubilatorio provincial
Materia: LABORAL
Carátula: MALLEA, ALBERTO ENRIQUE c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-14

El derecho a la jubilación, es imprescriptible, inalienable y de orden público (arts. 14 bis C.N. y 62 C.P.). Asimismo, la ley 4266 (art. 23), que rige el beneficio de jubilación, es la que se encuentra vigente al momento del "cese de actividad".
Daños y perjuicios, responsabilidad del funcionario público
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: S. C. V. y Ots.  c/ M. G. S. M. y Ot.  s/ Medida Preventiva de Género P/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-23

En materia de responsabilidad por daños derivados del accionar de un funcionario público si el hecho generador del daño tuvo lugar vigente el Código Civil y Comercial de la Nación, pero aún no sancionada la Ley de Responsabilidad del Estado provincial 8.968 (mayo 2017), la cuestión debe resolverse conforme a las normas y principios del derecho administrativo, aplicando en forma analógica el régimen previsto en la Ley de Responsabilidad del Estado 26.944 sancionada el 2 de julio de 2014 y promulgada de hecho el 7 de agosto de 2014; ya que conforme los arts. 1764 y 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación, no resulta posible analizar la responsabilidad del ente estatal demandado bajo la óptica de las normas y reglas contenidas en la legislación civil.
Contrato de trabajo, despido, discriminación salarial
Materia: LABORAL
Carátula: K., C. S. c/ Huawei Tech Investment Co Ltd. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-01

Corresponde confirmar la sentencia que condena por despido a una empresa que discriminó salarialmente a una empleada, toda vez que se acreditó que las compañeras de la actora realizaban las mismas tareas, pero percibían una remuneración superior, y que la accionada no demostró que se aplicara un sistema de evaluación equitativo que justifique el otorgamiento de mayores salarios a unos trabajadores por sobre otros, ni, por tanto, que la accionante hubiese tenido un rendimiento o desempeño inferior respecto de sus pares con la se efectuó el cotejo.
Sentencia, fundamentación de sentencias, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: D.N.R.P. c/ Vidal  de Docampo, Clara Aurora s/ ejecución fiscal-inc. de ejecución de honorarios-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

A la condición de órganos de aplicación del derecho vigente va entrañablemente unida la obligación que incumbe a los jueces de fundar sus decisiones, no sólo porque los ciudadanos pueden sentirse mejor juzgados sino también porque ello persigue la exclusión de decisiones irregulares para documentar que el fallo es la derivación razonada del derecho vigente y no producto de la individual voluntad del juez. La exigencia de fundamentos serios reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y jurisprudencia vinculados con la especie a decidir (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Actos ilícitos, calificación jurídica, robo con intimidación en las personas, extorsión
Materia: PENAL
Carátula: M., O. Y OTRO s/ Robo (Expte Nº 145-93, Resolución Nº 15, Tomo 2, Folio 112)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-29

Si en un hecho, no hubo ningún tipo de violencia física ni fuerza sobre las cosas, presentándose sólo la intimidación derivada del arma aparente, deberá apelarse a la figura de la extorsión, dado que a través de ese medio se habría obligado a otro a autorizar o poner a disposición ajena una cosa. (DE LA AMPLIACION DE FUNDAMENTOS DEL DR. OLAZABAL)
Examen mental obligatorio, notificación, prueba pericial
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OVEJERO, PEDRO NAPOLEON s/ EXAMEN MENTAL OBLIGATORIO - SENTENCIA - PERICIA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-04-05

El examen mental obligatorio es una peritación, verdadera y propia, que está regida, por consiguiente, por las normas relativas a la prueba pericial; en consecuencia, cuando el juez ordena ese examen, aunque indique que debe practicarlo el profesional integrante del Cuerpo Médico Forense, debe notificar esa medida al imputado y a su defensor, al ministerio fiscal y a las demás partes, antes de que se inicien las operaciones y darles un plazo para que, si lo desean, propongan otro perito, bajo pena de nulidad. La razón es simple: el respeto máximo posible al principio contradictorio, que asegura la fiscalización de la opinión pericial.-
Contrato de transporte, carta de porte, pago, cuenta corriente bancaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: INTERCARGO  S.A.C. c/ PANIFICADORA  B.C.   S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-26

La circunstancia de que la accionada haya llevado la mercadería a la planta operativa de la actora no le hace asumir el carácter de cargadora ni la obliga al pago del flete, cuando la guía (más correctamente la carta de porte, CCOM 167) -no firmada por la demandada-, expresa categóricamente que el costo del porte se abonaría en destino, por medio de una "cuenta corriente".
Empleo público, remuneración, docentes, Estatuto del Docente, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Babio María Teresa y Otros c/ GCBA s/ Empleo Público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

Con relación al concepto de salario o sueldo, tanto en el ámbito público como privado, los conceptos resultan sustancialmente similares, con lo cual no cuadra al respecto formular ningún tipo de distinciones.

Al respecto, la Ley 471 prevé que el personal comprendido en los estatutos particulares se regirán por éstos hasta tanto se celebren las convenciones colectivas de trabajo respectivas (arts. 5, 66 y 90 de la Ley 471).

Por tanto, en el caso, hay que acudir a las disposiciones del Estatuto Docente (Ordenanza Nro. 40.593), que de modo coincidente con la Ley 20744 y el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad reconoce al personal docente el derecho al "goce de una remuneración justa y actualizada, establecida con el asesoramiento de una Comisión Salarial formada por representantes gremiales y de las autoridades correspondientes al gobierno municipal" (conf. artículo 7 inciso b).
Hábeas corpus, asistencia médica, personal militar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Habeas Corpus presentado por el Dr. Olmedo Barrios en representación de los imputados Costa y Pagano
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-08-15

Es procedente la acción de habeas corpus correctivo tendiente a que se declare la ilegalidad de la Resolución 85/2013 dictada por el Ministerio de Defensa de la Nación que dispone la prohibición para que personas condenadas o procesadas con prisión preventiva que tengan rango militar puedan ser asistidas en hospitales militares, pues el estado de salud que se verifica en los acusados -cáncer de próstata y patología cardíaca- desaconseja de momento la suspensión o interrupción radical de la atención médica que estaban recibiendo y no se indica la existencia de otros centros de atención alternativos que puedan continuar sin interrupciones y dilaciones con el servicio de salud acorde a las demandas y necesidades inherentes a las patologías que padecen los imputados, es que de admitirse lo contrario, implicaría un agravamiento en las condiciones de detención, con el riesgo que la aflictiva actualidad descripta se vea aún más afectada por la desatención o tardía intervención médica.
Testigos, incumplimiento del contrato, actividad agropecuaria, rechazo de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Acer S.R.L. c/ Corfone S.A. s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-23

[...] los testigos en los que funda sus agravios la demandada no declaran respecto de hechos que han caído bajo sus sentidos, sino que partiendo de sus conocimientos técnicos elaboran hipótesis o dan información sobre el ciclo de productividad de una cepada en abstracto. En consecuencia estas declaraciones no pueden ser tenidas en cuenta a efectos de desvirtuar lo informado por el perito técnico. (Del voto de la Dra. CLERICI, en minoría).
Régimen penal de la minoridad, menores, recurso de apelación (procesal), agente fiscal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: A., F. y otros s/ RECURSO DE APELACION. MENORES. HURTO CALIFICADO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-21

1) La limitación de la posibilidad de agravio por el fiscal al monto de la sanción impuesta, debe reconocer una razonable excepción cuando, por imperio legal, al acusar a un menor -mayor de 16 años y menor de 18 años-, el acusador está impedido de pedir pena, dado que el Juez no irá más allá de una mera declaración de responsabilidad, en la que se fijará el título por el que el menor podrá ser luego eventualmente condenado.

Si se admitiera que el acusador público no puede apelar la significación jurídica de los hechos delictuosos probados se le estaría cercenando a él y a su representada, sin sustento legal alguno, el derecho de defensa en juicio de su interés legítimo, a través de anularle la posibilidad de doble instancia judicial que informa todo el sistema procesal vigente.

2) La calificación de la conducta es la de hurto calificado, porque habiendo uno de los autores tomado la llave, con que accedieron a la finca, de abajo de la alfombra donde estaba escondida, aquélla no fue 'hallada' sino 'sustraida'.

NOTA: Respecto al punto 2) se citó: Núñez, 'Tratado', t. V, pág.

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