Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-04


Causa N° 11765-00-CC/2007. Recurso de Apelación en autos "Gomez, Leonor s/ inf. art. 116 ley 1472". Sala II.

En nos Aires, 4 de junio de 2007.

Viene a conocimiento del Tribunal el recurso de apelación interpuesto por los titulares de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 6, Dres. Aníbal O. Brunet y Mario G. Galante -fs. 34/37-, contra el auto obrante a fs. 29/31 en cuanto dispuso: "I- No confirmar la clausura preventiva impuesta sobre el local ubicado en la calle Francisco de Viedma s/n entre los números 6973 y 6977 de esta Ciudad de Buenos Aires y ordenar el inmediato levantamiento de la interdicción impuesta a dicho comercio....II- Declarar la nulidad del procedimiento llevado a cabo por el Subinspector Enrique Tevez el día 3 de abril de 2007, a las 9:33 hs...y de todo lo actuado en consecuencia y sobreseer a la Sra. Gómez Leonor, de las demás condiciones obrantes en autos por el hecho que fuera imputada en el presente sumario...III- No hacer lugar al allanamiento del local citado, solicitado por el representante del Ministerio Público (art. 30 a contrario sensu ley 12)".

Para arribar a tal temperamento la a quo sostuvo: "...como puede verificarse en autos, el accionar policial se encuentra viciado desde el comienzo del procedimiento, habida cuenta que no surge del sumario, alguna denuncia para excitar la tarea prevencional como tampoco orden de la Fiscalía actuante para la realización de tareas de inteligencia sobre el local..., no pudiendo ser una cuestión discrecional por parte de quien tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las leyes, teniendo en cuenta, lo expuesto precedentemente respecto del art. 183 del CPPN" (fs. 30).

Asimismo, en punto a la clausura preventiva adoptada por el funcionario policial -que fuera convalidada por el Ministerio Fiscal- dijo: "no se advierten los elementos fácticos que habilitan la adopción de la medida cautelar por la prevención y confirmadas por el Sr. fiscal, en el marco de lo dispuesto por el art. 18 de la ley ritual, ello así, toda vez que, sin perjuicio de tratarse de un procedimiento nulo,...no se da el supuesto de que la flagrante contravención pueda poner en peligro grave e inminente a la salud o la seguridad pública, habida cuenta que, más allá que se pueda sostener que lo recaudado por el Estado en función de las actividades lúdicas es destinado a satisfacer necesidades sociales, la actividad desplegada por quien viola las disposiciones prescriptas y reprimidas por el Título V de la ley 1472, jamás podría considerarse grave ni tampoco inminente peligro para la seguridad pública" (fs. 30 vta.).

Por su parte, los impugnantes refutando los fundamentos adoptados por la Magistrada expresaron -centralmente- que: "Es de recordar que las fuerzas policiales cumplimentan una función esencial reconocida por todos los ordenamientos procesales, incluso la Ley 12, vinculada a su función administrativa de prevención sustancial, la que es propia y característica del Poder Ejecutivo, tendiente al descubrimiento de hechos ilícitos y en evitar consecuencias mayores o que ellos se sigan perpetrando. Resulta claro diferente cuando los funcionarios policiales actúan con posterioridad al avocamiento del Fiscal, o mediando orden de este, ya que allí lo harán a título de colaboradores del Magistrado actuante" (fs. 36).

Y, en atención a que según infieren la Sra. Jueza interviniente habría llevado adelante un juicio de mérito que resulta prematuro atento la etapa en que transita el legajo, postularon su apartamiento (fs. 37).

Las quejas fueron mantenidas por el Sr. Fiscal de Cámara ante esta Alzada (fs. 54/56).

A modo de consideración previa debe dejarse en claro que de la lectura de las objeciones incoadas por el Ministerio Fiscal surge que, si bien formalmente la apelación se dirige al decisorio puesto en crisis de modo integral, en lo sustancial, la pieza recursiva se concentra en la declaración de nulidad del procedimiento policial y de todo aquello obrado en consecuencia, como así también, en forma indirecta, respecto del sobreseimiento dictado en favor de la Sra. Leonor Gómez. En virtud de ello, el examen de esta Alzada se hará en relación a dichas cuestiones, sin perjuicio de denotar que en rigor de verdad al invalidarse la actuación prevencional desde su inicio, como así las diligencias practicadas en su razón, deviene innecesaria la consideración en particular de la no convalidación de la medida de clausura impuesta -reseñada por los apelantes- de momento que la cautelar nombrada, en definitiva, integra el "totum" nulificado en función de aquello, amén de su inapelabilidad ante estos estrados toda vez que su rechazo no puede irrogarle gravamen irreparable a quien lo invoca.

Causa N° 11765-00-CC/2007. Sala II.

Ahora bien, adentrándonos en la temática planteada, entendemos que el accionar policial, a contrario de lo interpretado por la Magistrada, se ajustó a derecho, en virtud de que las tareas efectuadas por dicho personal se circunscribieron a las funciones que le son propias como autoridad de prevención, y que además le son exigidas tanto por la normativa local como nacional -vgr. art. 16 ley 12 y art. 183, 184 del C.P.P.N respectivamente-; y como tal no requieren orden jurisdiccional previa o denuncia como requisito legitimante.

Lo expuesto no controvierte lo estipulado en el art. 36 de la L.P.C., regla citada por la Nazar para fundar su temperamento, en tanto dicha norma, en lo pertinente, prescribe el aseguramiento de prueba y establece el contenido formal que debe tener el acta labrada por los funcionarios de seguridad una vez comprobada la posible comisión de una ilícito de este tipo -a efectos de originar una investigación contravencional-, pero nada indica en relación a la actividad anterior desplegada por éstos -dentro del marco constitucional pertinente- con el fin de arribar a tal estadío.

Dentro del razonamiento apuntado, la Sra. Jueza de grado invalidó lo que denominó las "tareas de inteligencia" efectuadas por el subinspector Enrique Tevez sobre la base de la certificación de causas que ordenara -fs. 28- y en función de la declaración vertida por el nombrado en cuanto expuso que al llegar al comercio sindicado "...recordaba (que allí) se levantaban jugadas de quiniela no oficial" (ver fs. 1).

Sin embargo, no se advierte que la labor impugnada se haya apartado del rol de prevención enunciado, en tanto la actuación de Tevez y los cursos de acción que en consecuencia éste adoptó tuvieron su génesis con motivo de un accionar que vio materializarse, como seguidamente se expondrá. En este punto corresponde citar el precedente de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal "Romero Saucedo Carlos", resuelta con fecha 3 de marzo de 1995, donde acertadamente se señaló la naturaleza diferencial entre el accionar de "inteligencia" o de investigación preventiva o de prevención, y la de investigación instructoria o sumarial, así en lo que aquí interesa, se caracterizó a la primera como un "sinnúmero de actividades orientadas hacia la investigación, averiguación, verificación y pesquisa de datos para la adopción de medidas de control a los fines del mantenimiento del orden público y la seguridad de la ciudadanía, la prevención de la delincuencia, la interrupción de infracciones en curso o el apartamiento de un peligro real e inminente", desdoblando y separando de este modo a la policía de seguridad respecto de la investigación, convertida en policía judicial; mientras que la segunda fue referida en el fallo como la actividad estimulada por medio de una denuncia en el modo pautado por los arts. 174 a 176 CPPN, resultando de aplicación, y en función de ello, la regla prevista en el art. 186 del citado cuerpo legal.

Asimismo -volviendo al tipo de práctica enunciada en primer término- se dijo también en aquél: "Estas labores de averiguación, pesquisa, etc., genéricamente denominadas 'tareas de inteligencia', constituyen una metodología normal en la detección de los delitos y sus posibles autores. Más que una aceptable técnica de investigación, es una actividad absolutamente esencial para las fuerzas policiales y cuerpos de seguridad y forma parte integrante de las funciones que en modo imperativo establece el ordenamiento procesal en su art. 183, cuando reza: 'La policía o las fuerzas de seguridad deberán investigar, por iniciativa propia... los delitos de acción pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación', todo lo que aparece complementado con las previsiones específicas estatuidas por el art. 184 y subsiguiente. Con acierto enseña Clariá Olmedo que en el contexto de sus atribuciones genéricas debe la policía investigar por iniciativa propia la verdad acerca de los delitos cuya persecución corresponde a los órganos públicos del Estado (Vid "Tratado de Derecho Procesal Penal", t. III, Bs. As., Ediar, 1963, p. 68 y ss.)".

En el caso sub examine, el Subinspector, actuó en el marco de sus deberes y facultades de averiguación, verificación y prevención ante la presunción -al parecer formada- de que en el local ubicado en la calle Francisco de Viedma s/n entre la identificación catastral 6973 y 6997 respectivamente, se comerciaría juego de quiniela ilegal, creencia que seguidamente configuró a partir del ingreso al lugar del Sr. Teodoro Gómez Fernández, quien luego de realizar su apuesta -según se comprobara- se retiró del sitio con dos ticket computarizados, instrumentos que a la postre aportara voluntariamente a la autoridad policial (ver acta de fs. 1/vta.).

Cabe concluir entonces que frente a ese panorama, el funcionario reaseguró la prueba recabada y adoptó las medidas necesarias a fin de hacer cesar la contravención, diligencias éstas que comunicó inmediatamente al Causa N° 11765-00-CC/2007. Sala II.

Fiscal en turno, en la persona del Aníbal Brunet quien en definitiva, aprobó y convalidó lo actuado -conf. acta de fs. 1 vta.-, dándose cumplimiento de este modo con los mandatos legales.

En atención a lo expuesto no se advierte irregularidad alguna por parte de la autoridad policial en el ejercicio de la actividad que le es propia.

Abona cuanto aquí se dijo autorizada doctrina que fuera citada por el Tribunal de Casación en el precedente reseñado, así Baumann dice que "...frente a sospechas de un hecho delictivo, la policía está obligada a emprender investigaciones, ya que tiene el derecho de intervenir en primer término a fin de comprobar si existe algo de verdad en esos rumores, mas no tiene el deber de informar previamente al ministerio público" ("Derecho Procesal Penal. Conceptos fundamentales y principios procesales", Bs. As., Depalma, 1986, p. 180; en fallo cit.).

A su turno, el Mitchell en la causa: "De Oliveira, Alvirio H. s/rec. de casación", CNº 601, rta. el 26/2/1996 , sostuvo: "En el procedimiento que desencadenó la detención del procesado, la policía, por propia iniciativa y en cumplimiento de obligaciones que le impone la ley, actuó con base a tareas de inteligencias que en absoluto habilitan el remedio impugnativo intentado, pues las mismas constituyen una metodología normal en la averiguación de probables delitos y sus posibles autores. Esas tareas esenciales son establecidas por el ordenamiento en el art. 183 CPPN., complementado en el art. 184 y ss".

Por su parte, en ese sentido se expidió la Sala VII de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional en el caso "Cosentino, María E", rta. el 25/10/04, donde resolvió: "Las tareas de inteligencia, en cuanto importen la búsqueda, recepción, estudio, clasificación y confrontación de información vinculada con la prevención de los delitos, son propias de la actividad policial en el Estado de Derecho y están sujetas a los límites establecidos en la Constitución y la ley. Dichas tareas forman parte de todo proceso de investigación y pueden ser tanto anteriores como posteriores a la iniciación de una causa judicial. En la valoración de las actuaciones policiales o de las fuerzas de seguridad debe partirse siempre del principio de veracidad de las diligencias por ellas realizadas, salvo que su cuestionamiento se sustente en probanzas que las descarten o pongan en duda".

También, la Sala IV de dicho cuerpo, en el legajo "Holgado, Alfredo M.", entendió que: "para que las fuerzas de seguridad realicen tareas de inteligencia, el CPPN., no exige la previa existencia de una orden judicial fundada, sino que, por el contrario, establece que la policía debe investigar por iniciativa propia o por orden de autoridad competente (art. 183)".

En otro orden, conforme la validez del procedimiento de prevención que dio inicio a los presentes actuados, y en atención a que en el caso el sobreseimiento dictado en favor de la Sra. Leonor Gómez ha devenido a todas luces prematuro, corresponde revocarlo.

Finalmente, a efectos de preservar la imparcialidad del juzgador, que constituye una garantía constitucional explícita como consecuencia de la jerarquía normativa adquirida por los arts. 8.1 de la CADH, 14.1 del PIDCP, 10 de la DUDH y XXVI de la DADDH -arts. 75, inc. 22 de la CN y 10 de la C.C.A.B.A.-, se decidirá el apartamiento de la Juez interviniente debiendo otro Magistrado continuar con el trámite de las presentes actuaciones -conf. "Montero Montero, María Nela s/ Infracción Art. 71- Apelación", causa nº 217-00-CC/2004 rta. el 09/09/2004-, en virtud de que la María Cristina Nazar se expidió sobre cuestiones de mérito, resolviendo en función de ello, sobre el fondo de la cuestión.

Por las razones expuestas, resultando formalmente admisible el recurso incoado, y concluido el Acuerdo pertinente, el Tribunal, RESUELVE:

I- REVOCAR EL DECISORIO de fs. 29/31 en cuanto en lo pertinente dispuso DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO llevado a cabo por el Subinspector Enrique Tevez el día 3 de abril de 2007, a las 9:33 hs...y de todo lo actuado en consecuencia y SOBRESEER A LA SRA. GOMEZ LEONOR, de las demás condiciones obrantes en autos por el hecho que fuera imputada en el presente sumario.

II- APARTAR a la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 26 - María Cristina Nazar- del conocimiento de la presente causa, debiéndose remitir las actuaciones a la Causa N° 11765-00-CC/2007. Sala II.

Secretaría General del Tribunal a fin de que mediante el sorteo de práctica se determine el nuevo Magistrado que habrá de conocer -conf. Acuerdo nº 10/2005-.

Regístrese, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara, gírense los actuados a la Secretaría General de esta Alzada a los efectos enunciados precedentemente. Oportunamente deberán remitirse las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia Nº 26 para que se tome razón de lo resuelto, se practiquen las restantes notificaciones y se envíe el legajo al juzgado que resulte desinsaculado. Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

NOTA: Para dejar constancia que la Marcela De Langue no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.