marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cobro de sumas de dinero, empresa de transporte, horas extra
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Orradre, Fabricio Estanislao c/ Empresa Ciudad de Gualeguaychú SRL s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-21

El legislador impone a las empresas de transporte exigencias formales ineludibles y concretas, justamente a los fines de llevar certezas y proteger a los trabajadores -y al propio patrón- en la discusión de un ítem que, por las características de la actividad, es discutido en casi todos los casos. Ante ello, la omisión de exigencias formales no es gratuita, esas exigencias se imponen justamente para despejar controversias en cuanto a la real extensión de la jornada de labor de los choferes de colectivos de pasajeros (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Representación sindical, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez de Vega, Graciela c/ FIORASI S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-08

El Art.40 de la ley 23.551 habla de "delegados" sin anexarle el carácter de "efectivos" o de ejercicio propio y cabal, así como que en las restantes disposiciones del Título XI de la ley en ningún lugar se restringe o disminuye la calidad de delegado por ser efectivo o suplente, no debiendo entonces distinguir donde la ley no distingue, máxime si atendemos a la amplitud del instituto laboral de la tutela de los representantes sindicales.
Superior Tribunal de Justicia, jueces, acto administrativo, revisión del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONAHORA DE HANNE ROXANA c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-18

El control de la actividad administrativa del poder judicial es indiscutible, la discusión tanto en jurisprudencia como en doctrina, se centra en quiénes serían los encargados de hacerlo; puesto que la intervención del mismo tribunal que decidió como tribunal de superintendencia, incide sobre la situación jurídica subjetiva del justiciable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, transferencia del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ALZOGARAY, SANDRA FABIANA. c/ GOROSITO HNOS.S.R.L. Y/U OTROS. s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC-CASACION LABORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-23

El familiar de los empleadores que continúa explotando el establecimiento comercial debe ser considerado responsable en los términos del art. 228 de la Ley de Contrato de Trabajo por las indemnizaciones derivadas del despido de los trabajadores accionantes, en tanto, tratándose de una transferencia familiar, no corresponde exigir la acreditación de una operación directa y formal para la operatividad de la norma citada.
Fiscal de Estado, ley formal, nulidad procesal, aplicación de la ley, jerarquía de las leyes
Materia: PROCESAL
Carátula: T.C.I. SA. s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-07-15

El haber omitido dar a la fiscalía de estado el carácter de parte legítima y necesaria en el juicio Configura violación de un acto esencial del proceso que pudiera afectar el derecho de defensa, por lo cual no guarda relación con las nulidades procesales propiamente dichas y, por ende, no esta alcanzada su articulación por los requisitos que consagra el art. 172 De la ley de forma. Ello encuadraría en el concepto de nulidad impropia, que es aquella en que el acto procesal no es irregular en si mismo, como tal, sino por reflejo, porque su contenido viola una norma jerárquicamente superior, como es en el caso, la ley 1.575, Que pertenece a la esfera de la constitución provincial y opta por una solución tendiente a asegurar plenamente la defensa del patrimonio del fisco y los intereses del estado provincial.
Proceso contravencional, prueba, apreciación de la prueba, audiencia de juicio contravencional, principio de oralidad, testimonio incorporado por lectura, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: N., R. M. s/ Artículo 75
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-22

La convicción judicial ha de emanar necesariamente de medios de prueba recibidos en las audiencias de conformidad con los preceptos legales pertinentes (en nuestro caso, fundamentalmente el artículo 46 del Código Contravencional y supletoriamente, las normas establecidas en el Código Procesal Penal de la Nación para este respecto) Esta regla sólo admite las excepciones establecidas taxativamente en el artículo 391 del Código Procesal Penal de la Nación.
Acto administrativo, legalidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fuentes, Pablo Daniel c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad Dto. nº 1660/93 y su Ratificatoria nº249/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-01

La legalidad y la justedad, si bien son aspectos que hacen a la regularidad del acto jurídico, no lo integran como elementos. Son calidades que hacen a la totalidad del acto, y por ende, a la parte de norma individual que éste crea, como tema del fundamento. Por ello juegan frente a todos los elementos del acto, como lo hacen en la ley, si se pretende enjuiciarla frente a la Constitución. La legalidad exige que todos los elementos integrantes del acto -incluso el fin- sean lógicamente acordes con la norma general que aplican, no estén en contradicción lógica con ella y, por tanto, tengan en ella su razón y esencia. La justedad del acto, se da como razonabilidad en la imputación del consecuente al antecedente (razonabilidad en la ponderación) y como razonabilidad en la determinación de la situación existencial antecedente del acto (razonabilidad en la selección). Ambos aspectos presentes -especialísimamente el segundo- en el acto discrecional, cuya ausencia justifica y determina su revisión.
Mora, mora del deudor, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: C., A.I. c/ S., J.M. y Otros s/ Daños y Perjuicios  Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-20

Los intereses que se fijan en la condena lo son en concepto de indemnización por la mora del deudor en el pago de la obligación dineraria, el que datará en las obligaciones de fuente contractual desde el incumplimiento y en las de fuente aquiliana desde que aconteció el evento dañoso. Los intereses cualquiera sea su especie son frutos civiles de un capital, y su cuantía ha de establecerse de acuerdo a una tasa o porcentaje que se calcula con referencia a un capital determinado indisponible para el acreedor durante el tiempo que dura la mora "debitoris".
Sistema electoral, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRENTE PARA LA VICTORIA s/ Plantea Recurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-16

Puede advertirse que la interpretación efectuada en la resolución 019/11 no es ajustada a derecho. Por el contrario, queda de manifiesto que el TEP incurrió en una violación al Código Electoral al oficializar las listas de dichas agrupaciones, en vista de la expresa prohibición expresada en dicha norma legal.

Ello configura una decisión arbitraria, al sustentarse en meros dogmatismos y carecer de adecuada fundamentación, admitiendo la oficialización de dos listas idénticas para las categorías de Gobernador y Vice Gobernador, en contravención a los recaudos establecidos en el art. 60 CEN.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., A. c/ C., O. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda   sumaria de alimentos (Expte. CSJ Nº 622-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-13

Las resoluciones dictadas en materia de índole alimentaria, por regla, no constituyen sentencias definitivas a los fines del recurso de inconstitucionalidad, en tanto dejan abierta la posibilidad de revisar el criterio con el cual se las ha establecido cada vez que así se aconseje. Y si bien tal principio admite excepción cuando el pronunciamiento impugnado resulte lesivo de garantías de raigambre constitucional o cause un gravamen irreparable, tal situación no se verifica en el caso donde el recurrente no logra demostrar que se configure alguno de dichos supuestos.
Extinción del contrato de trabajo, indemnización por despido, ley de empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Travesino, Guillermo Eduardo c/ Loreiro, Horacio Guido s/ Diferencias Remuneratorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-03-30

El autodespido invocando la normativa de la Ley 24.013, tiene clara y expresa regulación en el artículo 15, 2 parte de la Ley, que "autoriza" la duplicación si el autodespido "se apoya" en las causales de los artículos 8, 9, y 10 de la Ley. Claramente se colige que, si el autodespido se apoya "en alguna otra causal que el empleador acredite, NO CORRESPONDE la indemnización del artículo 15". Se pasa aquí al régimen general del artículo 245 de la Ley 20.744, con "posibilidad acumulativa" con alguna de la indemnización de los artículos 8, 9 y 10, concurriendo "las circunstancias" y satisfechos "los requisitos" que habilitan su aplicación.
Caducidad de instancia, plazos procesales, cómputo del plazo, días inhábiles, feria judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: EMIC c/ TANDANOR s/ CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-16

El plazo de caducidad se computará desde la medianoche en que termina el día de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez, secretario o prosecretario, que tenga por efecto impulsar el procedimiento, correrá durante los días inhábiles -salvo los que correspondan a las ferias judiciales o aquellos en los que, por una circunstancia de hecho o de derecho, las partes se hallaren impedidas de activar el procedimiento- y fenecerá a la medianoche del mismo número de días del mes correspondiente (confr. art.311 del C.P C.C.N; C.S.J.N. sentencia dictada el 25 de septiembre de 1990 en la causa "Mandinga Soc. en Comandita por Acciones c/Pcia. de Buenos Aires"; esta sala, resolución dictada el 19 de noviembre de 1993 in re "Balpalá Construcciones S.A.c/Estado Nacional -Ministerio de Obras y Servicios Públicos s/Consignación". Ver asimismo Sala IV del fuero, 30-12-94, "Casa Bernard S.A.I.C."). A partir de ese momento la parte puede solicitar el tribunal su declaración siempre que no hubiere consentido cualquier actuación de éste o de su contraria posterior al vencimiento de los plazos indicados (art.315 C.P.C.C.N ).
Sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, calificación de bienes, aportes previsionales
Materia: CIVIL
Carátula: G., P. c/ C.F., G. s/ LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-29

1- Si el beneficiario del régimen previsional optó por un sistema de capitalización individual (conf. ley 24.241)que incrementa las rentas por la colocación de fondos por parte de la entidad receptora elegida que además permite aportes voluntarios para incrementar el haber de su jubilación futura, el total de los fondos conforma un patrimonio independiente y distinto de la administradora, como si se tratara de un fideicomiso. Sin embargo, para el aportante ese sistema jubilatorio, no ejerce un derecho de propiedad regular sobre los fondos, dado que se establecen limitados márgenes de disponibilidad total o parcial del capital y es la administradora quien ejerce esas facultades bajo la fiscalización de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. La finalidad de esos aportes es la protección futura a través del financiamiento de prestaciones básicas en etapas en las que son necesarias -para el interesado y su grupo familiar- como lo son la vejez, invalidez o muerte. Son beneficios que la seguridad social que acuerda la Constitución Nacional (art. 14 bis)insita en el concepto de protección integral de la familia. 2- Desde este enfoque lo acumulado en la cuenta de capitalización no está alcanzado por el régimen de comunidad de bienes del matrimonio sino que debe reputarse como un activo propio del interesado, como también lo son los aportes voluntarios que acrecentaron los fondos. En este último supuesto, el incremento no es una mejora sobre cosa propia del cónyuge en tanto el mayor valor que adquiere el bien no se incorporó al tiempo de la disolución del régimen patrimonial matrimonial sino con posterioridad, de modo que el cónyuge que reclama su ganancialidad sólo tenía un derecho en expectativa a la percepción del beneficio. De lo contrario la excónyuge reclamante tendría asegurada una recompensa que no estaba atada a los avatares del riesgo empresarial, lo que constituye un despropósito en tanto la ley no le da más seguridades que las que brinda al propio aportante. 3- En cuanto a los aportes realizados por las firmas empleadoras el origen de los fondos no prueba la relación de causalidad entre los servicios personales del beneficiario con esas invocadas donaciones remuneratorias (art. 902 del Código Civil), por lo que la carga de su demostración recae sobre quien alega la vinculación. Por otra parte los bienes adquiridos por donaciones son propios, lo que también lo hace presumir el tratamiento impositivo que reciben.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: AGUERRE TORIBIO LUCIO c/ RAMON LUNA s/ ORDINARIO - RECURSO DE REVISION - PRUEBA - VALORACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-10-10

Los casos de las llamadas pruebas legales en los cuales la valoración no está confiada al juez sino fijada preventivamente por el legislador mediante reglas que disponen en abstracto y de un modo vinculante la eficacia de los medios probatorios, son excepcionales y de aplicacion taxativa.
Régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, honorarios del perito, Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Materia: ECONOMIA
Carátula: CAPECE, Luis Sebastián y otro c/ COBRE, Pablo Agustín y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-04

Con total independencia de que la obligación que determina la tramitación de un juicio se haya originado con anterioridad a la fecha de corte prevista por la ley 23.982, respecto de los honorarios de los peritos intervinientes, si éstos han aceptado el cargo y desplegado su labor posteriormente, no se encuentran alcanzados por dicho precepto, ni por la ley 24.764, que incluye dentro del sistema a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
Ejecución de sentencia, ley vigente
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Quiroga, Hugo Alberto c/ Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y otros - Ordinario - Daños y perj.- Otras formas de respons. extracontractual - Recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-02-17

Es cierto que el tenor literal del art. 806 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba (CPCC) menciona al Estado y no incluye de manera explícita a EPEC. Y también lo es que, al contener dicha norma un régimen de excepción en lo concerniente al cumplimiento de las sentencias, su interpretación ha de ser estricta. No obstante, si se tiene en cuenta cuál es la razón de ser de la política legislativa que inspira el mencionado precepto y, paralelamente, el marco de actuación y control al cual se encuentra sometida EPEC, corresponde concluir que la norma procesal sí le es aplicable.
Ente Nacional Regulador del Gas, reunión de directorio, quórum, nulidad de las resoluciones de la asamblea
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Distribuidora de gas Pampeana S.A. c/ Ente Nacional Regulador del Gas -resol. ENERGAS 19/93-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

La cuestión relativa al quorum del Directorio del ENARGAS planteada por la recurrente conduce a declarar la nulidad de la resolución 19/93 por cuanto, como la misma recurrida lo reconoce, la prescripción del artículo 58 de la ley 24.076 no se ha cumplido en la especie, toda vez que dicha resolución ha sido dictada por dos de los miembros del Directorio. En efecto, ella está suscripta por el Presidente del Ente y por uno de los miembros del Directorio y no contiene la constancia formal de la causa que justifique la falta de intervención del tercer miembro del órgano.
Recurso de inconstitucionalidad, Impuesto sobre los ingresos brutos, actividad industrial, alícuota, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	 s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-14

La invocación por la demandada (GCBA) de la definición legal de "industria" para fundar su postura -al margen de ser inapropiada por las razones dadas- es tardía pues recién se la incorpora como argumento en el recurso de inconstitucionalidad y, según quedó consignado, la definición se incluyó dentro de la normativa fiscal en 1998; es decir mucho antes que el GCBA contestara el traslado. (Del voto del Dr. Muñoz).
Concursos, conclusión de la quiebra, pago total, fondos remanentes, moneda extranjera, tipo de cambio
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Schammas, Guido Alberto c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-06

Ello así, teniendo en cuenta que en anteriores pronunciamientos ya se consideró que cuando los fondos se encontraban depositados en dólares estadounidenses, correspondía adoptar un mecanismo que permitiera obtener la mejor cotización posible, a efectos de salvaguardar debidamente la totalidad de los intereses comprometidos en la quiebra. Así, se encomendó a los jueces de grado inferior el dictado de las medidas conducentes para proceder a la venta de los dólares a través de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, de acuerdo a la cotización correspondiente al llamado "dólar MEP" o "dólar Bolsa" (CNCom, Sala B in re "Blockbuster Argentina SA S/ Quiebra S/ Incidente de Distribución de Fondos", del 03/11/21, ídem "Soto, Fernando Ernesto s/ Quiebra" del 15/12/21).
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maldonado, Rafael Enrique y otra c/ Estado Provincial (Prov. de Buenos Aires-Ministerio de Economía) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-22

Si bien es cierto que la palabra "demanda" empleada en el art. 3986 del CC no tiene el sentido estricto con que se la utiliza en derecho procesal, sino uno más amplio, no lo es menos que la misma, para encuadrar en dicha norma, debe haber sido dirigido "contra el poseedor o deudor" y no contra un tercero.
Recurso de casación, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL
Carátula: Tapia, Armando c/ Bernal, Daniel Alberto y otros s/ Prepara vía ejecutiva por cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-04-06

El auto interlocutorio en crisis, resuelve no hacer lugar a la apelación deducida y confirmar en todas sus partes la resolución recurrida que manda llevar adelante la ejecución, hasta hacerse al acreedor íntegro pago del capital reclamado. De ello se sigue, ciertamente, que en manera alguna su naturaleza implica la conclusión del pleito, por cuanto la sentencia importa o puede importar posteriores actos jurídicos procesales de las partes atinentes a la misma materia en discusión, lo que veda, lógicamente, su agotamiento en la presente instancia.
Remuneración, Fondo Nacional de la Vivienda, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: HAARMAN Y REIMER  S.A. s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

Para el cálculo de las contribuciones restablecidas por la ley 23060, con referencia al sueldo anual complementario, teniendo en cuenta que dicha norma entró en vigencia el 1/4/84, deberán computarse los haberes del trimestre, es decir de los meses de abril, mayo y junio de ese año. Esto es así porque el SAC se va devengando mes a mes y el hecho de que se pague al final de cada semestre no implica que la obligación nazca originariamente para la época de su pago.
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Siboldi, Mabel S. c/ Gastaldo, Guillermo C. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-06

El agravio moral para un niño tan pequeño -4 años que ha perdido a su padre, necesariamente es mayor al de otras situaciones. Las angustias, padecimientos y todo tipo de aflicciones y manifestaciones en el plano espiritual y de la personalidad, provenientes de la ausencia del padre cuya muerte fue producto de un hecho conmocionante como es un accidente de tránsito, deben ser resarcidas con una suma un poco más elevada que si se tratara, verbigracia, de un hijo mayor o de una esposa.
Quiebra, concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, principios procesales, resoluciones inapelables, pedido de quiebra, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Synergia Personal Temporario SRL le pide la quiebra Unión Obreros y Empleados Plásticos c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-05

Ha sido sostenido con cierta uniformidad tanto en doctrina como en jurisprudencia, que las decisiones no conclusivas adoptadas durante la instrucción prefalencial y que no causan gravamen irreparable no resultan susceptibles de recurso de apelación, en tanto comportarían una suerte de desnaturalización de la especial estructura del trámite (Conf. CNCom, Sala A, 24/4/90, "Labate, René s/ ped. de quiebra por Raber, León"; Sala B, 26/2/88, "Salem Oscar s/ ped. de quiebra por Taglia SA"; Sala D, 28/4/88, "Establecimientos Faraón SA s/ ped. de quiebra por Concepción Guillermo"; CNCom, Sala F, 3/12/09 "VV SRL s/ pedido de quiebra por Rey Vazquez Jesús Eduardo").
Acción de inconstitucionalidad, interés público, razones de oportunidad, mérito o conveniencia, división de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HERRERA, BLANCA LILA Y OT. (EXPTE. N°  87.911 ) c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS ( PROV. DE MZA.) s/ ACC. INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-03-05

La acción de inconstitucionalidad contemplada en nuestra Constitución provincial es vía apta para canalizar un verdadero interés público de naturaleza política ligado íntimamente con la efectiva vigencia de la supremacía constitucional.

No lo es cuando el aspecto atacado de la norma se vincula con la oportunidad o conveniencia, que es cuestión ajena al control judicial que se encuentra limitado a la constitucionalidad y legalidad de los otros poderes del Estado. De lo contrario, el llamado contrapoder ejercido por el Poder Judicial vulneraría la regla democrática que ha puesto en mano del Poder Ejecutivo y Legislativo la determinación de lo conveniente.

En consecuencia, la aplicación estricta del principio de que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición es un acto de gravedad institucional, por lo que el juzgador debe acudir a él como "ultima ratio", procurándose la interpretación que más favorece la validez y vigencia de norma sometida a examen constitucional.