Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, cuestiones procesales, inadmisibilidad del recurso, coronavirus, interés superior del niño, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Sosa Bressan, Rodrigo Hernán s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-04

Corresponde declarar inadmisible el recurso de la defensa, en razón de que no surge de la resolución impugnada vicio alguno de fundamentación que lleve a su descalificación por vía de la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros); o de la verificación de graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605); ni la defensa tampoco demostró la existencia de una cuestión federal, conforme la doctrina sentada por la CSJN en "Di Nunzio". El a quo se pronunció por la improcedencia de la prisión domiciliaria solicitada, en los términos de los arts. 10, inc. f), del C.P. y 32, inc. f), de la ley 24.660; así como de una medida menos gravosa, de acuerdo a las previsiones del art. 210 del C.P.P.F. Entendió que, por fuera de la recomendación efectuada por la organización ATAJO, de que sea el encartado quien debe encargarse de los cuidados de su madre, lo cierto es que se comprobó que "junto a la misma conviven personas mayores de edad, que pueden asumir dicha tarea. Respecto del hijo menor de Sosa Bressan, aseveró que no se advierte que la concesión del beneficio tenga una significación determinante; o que, con la denegatoria, se vean afectados sus derechos y comprometido el interés superior, ya que el cuidado y la asistencia están garantizados en tanto "el menor se encuentra a cargo de su madre y con la contención del resto de sus familiares". Los magistrados compulsaron el dictamen negativo del representante del Ministerio Público Fiscal, en cual sostuvo -con cita del art. 221 del Código Procesal Penal Federal-, la existencia de numerosos indicadores de riesgo procesal que justifican el mantenimiento de la detención y su cumplimiento intramuros. Sosa Bressan fue imputado de infringir el art. 5 inc. c) de la ley 23.737 en la modalidad de comercio de estupefacientes y tenencia de los mismos con fines de comercialización, lo que conlleva una pena en expectativa de cuatro a quince años de prisión. Por otra parte, es presumible un intento de entorpecimiento de la investigación cuando el proceso en la causa principal atraviesa la etapa probatoria sin que todavía haya recaído resolución acerca de la situación procesal de los encartados; de modo que, por extensión, tampoco resultan procedentes, de momento, las medidas alternativas de coerción previstas en el art. 210 del C.P.P.F. Por otra parte, el imputado no integra ninguno de los grupos de riesgo con probabilidad cierta de sufrir consecuencias severas producto del contagio del virus COVID-19; ni invocó estar en una situación de riesgo grave originado en las condiciones sanitarias del lugar de alojamiento. Tampoco se encuentra incluido en el listado realizado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal denominado "Población penal alojada. Informe en relación a (COVID-19)". De este modo, se evidencia que Sosa Bressan no integra alguno de los supuestos contemplados en el punto 2 de la Acordada 9/20 de esta Cámara. Sin perjuicio de ello, cabe encomendar al tribunal que disponga lo pertinente para que en la unidad carcelaria donde cumple detención se arbitren los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y a extremar las medidas de prevención, salud e higiene. La disidencia señaló que, si bien correspondía fijar la audiencia prevista en el art. 465 bis del CPPN, dado que los agravios invocados podrían constituir alguna de las causales previstas en el art. 456 CPPN y encontrándose prima facie involucrada una cuestión de naturaleza federal; no obstante, postuló la remisión de las actuaciones a su procedencia, ya que la resolución impugnada es anterior al dictado de la Acordada 9/20 de ese Cuerpo, a fin de que se dictara un nuevo pronunciamiento con la celeridad del caso impone. Dres. Mahiques, Yacobucci y Slokar -en disidencia-.