Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-06-30


Expte. Nº 4680 "c/SCAFIDE Daniel Sebastián -Por amenazas agravadas por el uso de armas y resistencia a la autoridad en concurso ideal en perj. de la adm. pública, Italo Blanc y Ricardo Villalón-Casación" En la Ciudad de San Juan, a treinta(30) días del mes de junio del año dos mil nueve, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal ante la inexistencia de cuestiones incidentales se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?.

EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO: Contra la sentencia dictada por el señor juez del Segundo Juzgado Correccional interpone recurso de casación la defensa técnica de Daniel Sebastián Scafide.

-- El fallo cuestionado (fs. 99/105 vta.) dispuso condenar al nombrado Scafide a la pena unificada de cinco años y nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo, resultante de la acumulación de la pena de un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, impuesta en la presente causa (juicio N° J1062/08), y la sentencia firme dictada contra la misma persona por la Sala Primera de la Cámara Penal en el juicio N° 696/05 "c/ Scafide, Daniel Sebastián y otros por tentativa de robo agravado .", en fecha 27/03/2007, de cuatro años y seis meses de reclusión de cumplimiento efectivo. Asimismo en el resolutorio atacado se lo declaró reincidente en los términos del artículo 50 del Código Penal.

Por su parte el Sr. Defensor Oficial N° 1 doctor Mario Oscar Vega en representación de su pupilo, a fs. 107/108 vta. y 126/128, esgrime la violación de distintas normas constitucionales, de fondo y procesales, y concretamente alega que el Juez Correccional debió receptar el acuerdo de juicio abreviado al que se arribara, imponiendo condena sólo por ese hecho y remitiendo ulteriormente la causa a la Sala Primera de la Cámara Penal a fin de que proceda a la unificación.

Los agravios del recurrente pueden resumirse del siguiente modo: 1) El sentenciante carecía de poder y competencia para dictar la unificación de condenas dado que ésta debió ser dispuesta por el tribunal que dictó la pena mayor. 2) Se ha vulnerado el límite de punición que está conformado por la suma de los máximos de las condenas unificadas, aplicándose el método acumulativo aritmético. 3) Al momento de disponer la acumulación se han tenido en cuenta los registros prontuariales como fundamento para agravar la punición y de ese modo se ha hecho una interpretación incorrecta de los artículos 40 y 41 del C.P.. 4) La sentencia recurrida desconoce los principios de proporcionalidad de la pena y de mínima ratio, si de pondera la pena impuesta con el valor de los bienes en juego y la modalidad comisiva.

Frente a ello la representante del Ministerio Público Fiscal (fs. 130/132 vta.) se pronunció por el total rechazo de la impugnación articulada, propugnando la confirmación del fallo.

Habiéndose plasmado la postura de las partes y decretado el llamamiento de autos corresponde abordar el tratamiento del recurso y sus agravios.

En primer lugar es necesario advertir que a fs. 89 y vta. obra el acuerdo de juicio abreviado celebrado entre las partes, de conformidad a las previsiones del Libro III, Título II, Capítulo IV del Código Procesal Penal, donde expresamente se peticionó -además de la imposición de una condena de un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo y la declaración de reincidencia la unificación de las penas conforme lo prescribe el art. 58 del C.P.. Dicha actuación y acuerdo, en la oportunidad de celebrarse la audiencia que prescribe el art. 514 del C.P.P., fue expresamente ratificada por la defensa técnica, el imputado y el agente fiscal (véase fs. 98 y vta.). Así las cosas no cabe perder de vista la postura que la Sala Segunda de esta Corte de Justicia tiene asumida en el sentido de que "nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (cfr. P.R.E. S.2ª.

1999-II-250/256). De manera que ahora la defensa no puede valedera y seriamente cuestionar la procedencia de la unificación dispuesta por el Sr. Juez del Segundo Juzgado Correccional, cuando fue precisamente ella la que la solicitó.

No obstante lo hasta acá dicho existen otras cuestiones que resultan dignas de destacar para dar adecuada respuesta a los agravios.

Hay uniformidad de criterio en sostener que el artículo 58 del Código Penal prevé dos supuestos de unificación perfectamente diferenciados. El primero de ellos hace referencia cuando el hecho por el que se juzga ha sido cometido con posterioridad a la sentencia condenatoria definitiva dictada por el delito anterior. No se trata entonces de un caso de unificación de condenas para remediar la falta a las reglas del concurso real, sino de un supuesto de unificación de penas, en la que la cronológicamente primera ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

La regla sobre unificación de penas (primera hipótesis del art. 58 del C.P.) se debe aplicar en el caso en el que, después de una condena pronunciada por sentencia firme, se debe juzgar a la misma persona que está cumpliendo pena, en forma efectiva o condicional, por otro delito distinto, cometido después de la condena.

Haciendo referencia a tal supuesto se tiene dicho que "la unificación de condenas debe ser aplicada de oficio, por el órgano jurisdiccional que pronuncia la última sentencia" (cfr. Andres José D'alessio "Código Penal Comentado", parte general, Ed. La Ley, pág. 626). Y en ese mismo sentido Carlos Creus (en su obra "Cuestiones Penales", Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 135) aclara que la competencia unificadora del tribunal que dicta la última pena se ejerce aunque la condena que se haya impuesto no sea la mayor. La Cámara Nacional de Casación también tiene sentado que "la regla primera del art. 58 del C.P. no sólo puede sino que debe ser aplicada de oficio por el órgano jurisdiccional que esté en condiciones de hacerlo, en la etapa en que el proceso se encuentre" (Sala 1°, 13/11/1997 Flores, Carlos, LL 1997-F-846).

Así entonces en virtud de registrar el encartado Daniel Sebastián Scafide una condena firme y vigente anterior correctamente certificada en autos -impuesta por la Sala Primera de la Cámara Penal de nuestra provincia en el juicio N° 696/05 su situación encuadra en el primer supuesto del artículo 58, por lo que el sentenciante al proceder a la unificación ha obrado con estricto apego a la ley.

Habiéndose determinado que el Sr. Juez del Segundo Juzgado Correccional tenía competencia y potestad jurisdiccional para disponer la unificación de las penas, corresponde ahora ver si tal unificación en sí misma se ajustó a los lineamientos legales.

El Inferior al respecto consigna en su fallo que Scafide ". ha dedicado su corta existencia a una vida delictual atacando permanentemente al medio social en que vive y a sus semejantes . en esa planilla prontuarial que corre agregada a fs. 92/93 vta. se detallan pormenores de esa existencia verdaderamente peligrosa para la sociedad .", por lo que concluye aplicando en concreto el sistema aritmético de la suma de las penas respectivas, apoyándose para ello en la supuesta personalidad del condenado inferida de su prontuario.

Cabe destacar que como principio general aplicable en la unificación de penas debe adoptarse el procedimiento por composición, pues el aritmético es de aplicación excepcional, debiendo el juez que unifica respetar los hechos y la calificación jurídica efectuada en las sentencias. Sabido es que el juzgador al momento de proceder a la unificación tiene como límite la inalterabilidad de las declaraciones contenidas en ellas; y aunque la aplicación de las reglas sobre el concurso de delitos se haga sin alterar las declaraciones de los hechos contenidas en los respectivos pronunciamientos, en rigor se trata de una especie de revisión que establece la pena justa, pena que -por lo tanto debe ser fijada por composición (conforme la personalidad del procesado, la gravedad de los hechos y demás circunstancias de la causa, teniendo en cuenta las normas legales de los artículos 40 y 41 del C.P.) y no por suma.

En el sub examine no se advierte que se encuentren presentes supuestos de excepción como para apartarse de los principios generales y hacer aplicación del método acumulativo aritmético; de manera que la pena unificada impuesta resulta injusta y arbitraria.

Entiendo que la existencia de cuatro procesos judiciales -ninguno de ellos concluidos por sentencia condenatoria firme-, dos antecedentes policiales -uno cuando el encartado era menor de edad y otro contravencional-, y un proceso judicial con auto de falta de mérito -todos ellos anteriores a las sentencias que se unifican (conforme surge de las constancias de fs. 92/93 y vta.) de ningún modo pueden constituir motivo para disponer una sumatoria lisa y llana de las sanciones que se unifican, toda vez que tal proceder se encontraría en pugna con el principio de inocencia de rango constitucional y en definitiva constituiría una apreciación agravatoria de la penalidad, con afectación de la individualidad y autonomía de cada sentencia al haberse computado en la evaluación y graduación de la pena a aplicar cuestiones que son extrañas a las propias condenas en juego.

Así entonces a ese respecto ha existido errónea aplicación de la ley sustantiva, por lo que corresponde (cfr. art. 586 del C.P.P.) casar el fallo solamente en cuanto al monto de la pena impuesta y, atento las consideraciones efectuadas por el a quo, estimo justo que la sanción unificadora sea de cinco años y cuatro meses de prisión, confirmándose en todo lo demás la sentencia de fs. 99/105 vta.

Tal es mi voto y así lo propugno.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON: Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto modificándose tan solo el monto de la pena impuesta el que queda en cinco años y cuatro meses, y confirmar en lo demás el fallo de fs. 99/105 vta.. Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos para su cumplimiento. Fdo. Dres. Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: María Graciela Aguilar de Fornés-Secretaria Letrada.

NIL Cp-4680 P.R.E. S.2ª. 2009-II-315