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Propiedad industrial, modelos y diseños industriales, apropiación indebida de diseño industrial, mala fe, daños y perjuicios, producción de la prueba, imposibilidad de producir la prueba, presunciones
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: IURCOVICH NATAN LEON c/ INDUSTRIAS BRAVI S.A. s/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS, DAÑOS Y PJ.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

En el ámbito del derecho a la propiedad industrial, frente a las notorias dificultades para la prueba del daño causado por una infracción, y considerando que en casos frecuentes la invasión del derecho legítimamente obtenido tiene origen en conductas maliciosas, la más moderna doctrina se inclina -no sin sólidos fundamentos- a sostener que, como regla, toda usurpación de marca, designación social, patente de invención, modelos ornamentales, modelos de utilidad, etc., provoca un daño. Y como éste, en general, es de difícil prueba (cuando no imposible), los autores propician que se parta de una presunción de daño, debiendo los jueces -para superar los problemas probatorios y evitar que estos obren como vehículo de la impunidad, especialmente cuando el caso presenta connotaciones dolosas- recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código Procesal en función de una delicada apreciación de las condiciones de cada causa -naturaleza y precio de la mercadería; bocas de expendio; calidades del público consumidor; concurrencia de mala fe; proximidad de los negocios, etc.- (Cfr. J. Otamendi, "Derechos de Marcas", 2da. ed., Bs. As., 1995, p. 325; O. Etcheverry, "La Reparación de Daños en las Infracciones de Marcas y de Nombres, Derechos Intelectuales", ed. Astrea, T. 3, ps. 13/20).
Cuestiones de competencia, padrón electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: Fiorentini, Darío Fabián s/ Exclusión del padrón electoral - Art. 8° Ley 346 (Ciudadanía española)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

El juzgado federal con competencia electoral del distrito del último domicilio registrado por el ciudadano en la República antes de su radicación en el exterior resulta competente para resolver su exclusión del padrón electoral, conforme ha entendido la Cámara Nacional Electoral en autos Cerdan Leonardo Carlos s/exclusión del padrón electoral - Art. 8° Ley 346 (Ciudadanía española)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: FOINCO Compañía Financiera SA c/ Ortiz, Luis Agustín s/ Demanda ejecutiva. Cuestión a resolver: ¿Es apelable el auto que   rechaza la pretensión de caducidad del proceso? (Tribunal pleno)   (Expte. Nro. 102-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-05

Es inapelable el auto que rechaza la pretensión de caducidad del proceso.
Excusación, recusación, jueces, excusación por prejuzgamiento, recusación por prejuzgamiento
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DE LA CRUZ, RAUL c/ ATUEL ELECTRONICA  S.A. s/ RECUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-21

La circunstancia cierta de que un juez haya emitido opinión en relación a un determinado individuo no limita su posibilidad de expedirse en otro litigio iniciado por idéntica personada, dado que no se va a pronunciar sobre la misma causa, cuestión si alcanzada por el prejuzgamiento.
Empresas de servicios eventuales, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cejas Vanesa Patricia c/ La Delicia Felipe Fort SAIIC y F s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-29

Las empresas de servicios eventuales sólo se encuentran autorizadas para proveer personal a terceros, para cumplir en forma temporaria servicios determinados de antemano, o responder a exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato (art. 29 L.C.T., tercer párrafo, 77 de la ley 24.013; 1 y 2 del decreto 342/92; arts. 1y 2 del dec. 1694/06). Sólo en estos casos, entre los trabajadores y la empresa de servicios eventuales se establece una relación de trabajo de carácter permanente, continuo o discontinuo. Ni la celebración por escrito de un contrato de trabajo eventual, ni la intermediación de una empresa de servicios temporarios inscripta en el registro que lleva el Ministerio de Trabajo eximen de la prueba de la necesidad objetiva eventual, justificativa del modelo. Ello así pues en nuestro ordenamiento jurídico no basta el acuerdo de voluntades sanas y la observancia de las formalidades legales, para generar un contrato de trabajo de plazo cierto o incierto. Debe mediar también una necesidad objetiva del proceso productivo que legitime el recurso a alguna de esas modalidades.
Desindexación, Ley de desindexación, aplicación de la ley, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: MINISTERIO DE ACCION SOCIAL DE LA NACION c/ ASOCIACION CIVIL JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRES s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

La dilación que puede provocar -si no hay acuerdo de partes- la aplicación de la ley 24.283 no es razón para descartarla, desde que es claro que se trata de una situación general sin propósito de persecución de personas o grupos de personas, mereciendo ser agregado:

a) que en la instauración de la demanda -que tardó casi tres años-no fue el Estado Nacional precisamente diligente; y b) que no se ha planteado la inconstitucionalidad de la ley 24.283, de manera que los jueces no están facultados para prescindir del ordenamiento jurídico vigente.
Actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, sentencia, nulidad de sentencia, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CIRCULO MEDICO c/ SER CON S.R.L. s/ Prepara via Ejecutiva (LIBRO: S071 - 206)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-14

Es nula la sentencia, si luego de que una de las partes pidió sustanciación de la prueba el Juez no se expidió, llamó autos "para resolver", y a continuación dictó directamente la sentencia definitiva.
Concurso preventivo, quiebra, declaración de quiebra, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: B.M.J c/ R.J.P s/ Alimentos y litis expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05

Declarada la quiebra, todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de la ley y sólo pueden ejercitar sus derechos sobre los bienes desapoderados en la forma prevista en la misma, aclarándose que ello implica el sometimiento a un mismo estatuto -la ley concursal- y, asimismo, el acceso al proceso por el procedimiento que la ley determina. (Minoría u opinión personal)
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Raya, Ariel Gustavo y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-10

Si uno de los coimputados en la causa obtuvo la probation y no se advierte que el fiscal haya dado sus razones para diferenciar la situación de aquel imputado con respecto a los que ahora impetran el beneficio, la actual oposición, más allá de que hubiera sido otro fiscal quien diera su consentimiento, implicaría un quebrantamiento del principio de unidad de actuación del Ministerio Público, previsto en la ley 24.946. El voto concurrente sostuvo que la oposición fiscal se sostuvo en una valoración fáctica de la gravedad de lo hechos remitiéndose a un argumento de interpretación normativa, desautorizado por la CS en el fallo "Acosta". (Dres. Yacobucci, Mitchell, García).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, acción de amparo, licencia de televisión, licitación pública, adjudicación
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CAS TV. S.A. C/ COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION Y OTRO s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-08

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la decisión que no hizo lugar a la acción de amparo deducida contra el decreto que otorgó la licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de televisión a otra de las firmas concursantes, si la empresa actora no demostró cuál es el gravamen que le ha producido la adjudicación, en virtud de no haber controvertido las causales esgrimidas por la autoridad concedente para tenerla por desafectada de la licitación a la cual aspiraba, por propias anomalías en su presentación.
Juicios contra el Estado, ejecución de sentencia, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PERALTA, ROSA BEATRIZ Y OTRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-20

Aun sin haber sido planteada excepción legítima alguna, debe rechazarse el apremio si el ente público acredita haber cumplido los extremos establecidos por la ley 12.036 para la atención de la sentencia de condena, por no ostentar la respectiva acreencia el carácter de exigible, de modo de permitir hacer operativa la ejecución forzada.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Gonzalez, Abelardo R. c/ Agudia S.R.L. y otro s/ Ley 22.250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-20

Las tareas de supervisor de obra civil de un trabajador empleado en una empresa constructora resultan coadyuvantes e imprescindibles para que otra empresa dedicada a la explotación petrolera (ambas codemandadas) pueda cumplir con su actividad normal y específica propia, ya que dichas tareas distan de ser aleatorias y eventuales, sino que son de vital importancia y complementan tal actividad dado que no se entiende de qué forma se podría efectuar la exploración y explotación de petróleo y gas, sin los trabajos encomendados a la firma constructora, consistentes en la remodelación y construcción y mantenimiento de la red de cañerías en el conducto de fluidos de la planta gasífera y petrolera.
Incidentes, traslado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reijenstein, Hugo c/ Corporación Médica Gral. San Martín s/ Beneficio de litigar sin gastos. Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-25

El art. 180 CPC. no contiene una sanción expresa para el caso de que se hubiera omitido notificar el traslado del incidente dentro del plazo establecido y no habiendo dispuesto el Juzgado apercibimiento concreto no cabe sancionar esa falta de notificación con la no presentación o caducidad del mismo, ya que las sanciones no se presumen (arts. 18 y 19 C.N.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Exceso ritual manifiesto, juicio de desalojo, defensa en juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Herrera, Ricardo Horacio y otro/a c/  s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

La causal del excesivo rigorismo no supone soslayar, en modo alguno, el riguroso cumplimiento de las normas adjetivas, sino que pretende contemplar la desnaturalización de su uso en desmedro de la garantía de la defensa en juicio, en los supuestos en que la incorrecta aplicación de un precepto de tal índole venga a frustrar el derecho de fondo en juego.(doctor Genoud, sin disidencia)
Tribunal de Cuentas Provincial, recurso de reconsideración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Boffano, Humberto Javier y Guaymás, Francisco c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 44, Fº 447/450, Nº 174) Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 44, Fº 447/450, Nº 174)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-06-30

Conforme a lo dispuesto en el art. 100 y 103 de la ley 4376, es el Tribunal de Cuentas en acuerdo plenario y no una de sus Salas a quien corresponde decidir los recursos de reconsideración que pudieran ser deducidos. Dicho mandado legal no puede ser eludido por reglamentaciones que desnaturalicen el sistema creado por el legislador, disponiendo que un órgano distinto al previsto por ley tiene competencia para resolver los recursos aludidos.

Consecuentemente, resulta inaceptable que, indirectamente y por vía reglamentaria, el Tribunal de Cuentas pueda modificar la competencia del fuero contencioso administrativo.-
Procedimiento administrativo, acto administrativo, notificación del acto administrativo, falta de notificación, recursos administrativos, facultad de interponer recursos, particular administrado, defensa en juicio, deberes de la administración, in dubio pro actione
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Méndez, María Eugenia c/ Gobiernod de la Ciudad de Bs. As. s/ Empleo Publico As. s/ Empleo Publico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-21

El artículo 64 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, establece que "toda notificación que se hiciere en contravención de las normas precedentes carecerá de validez". Este extraordinario detalle y rigor formal se justifica por dos razones: por una parte porque la intervención en un procedimiento administrativo no requiere asistencia del letrado; por otra, porque en el tráfico administrativo los plazos de impugnación son extremadamente fugaces. Todo ello exige un especial cuidado, a fin de evitar que se pierdan derechos materiales por razones puramente adjetivas.

El carácter estrictamente formal de la notificación comporta una consecuencia capital: una notificación que no haya sido hecha en debida forma no produce efectos, de lo cual se sigue que la propia resolución notificada tampoco podrá producirlos en contra del interesado, ya que la notificación demora el comienzo de la eficacia del acto (art. 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos).

Con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante los organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos o intereses. Es decir que no se pueda producir al ciudadano una situación de inferioridad o indefensión.

Lo expuesto se robustece atento a que no debemos apartarnos del principio pro actione, rector en la materia contencioso administrativa, destacado reiteradamente por nuestro máximo tribunal como valioso criterio hermenéutico (conf. Fallos; 312:1306; 312:1017; 267:24, entre muchos otros) a fin de no menoscabar el derecho de defensa.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, tribunal de alzada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B., M.A. c/ C.R. T.V. SCC s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-24

Pretender descalificar las declaraciones en segunda instancia las declaraciones formuladas por los testigos en la instancia anterior resulta totalmente extemporáneo. Ello así, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 456 del Código Procesal, las partes sólo pueden controvertir la idoneidad de los testigos dentro del plazo de prueba, limitación que tiende a eliminar la posibilidad de que alguno de los litigantes pretenda prolongar arbitrariamente la etapa probatoria mediante incidencias tardías. Esta prohibición opera también en la alzada.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fojo, José Luis y otros c/ Estado Nacional y Provincia de San Juan s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

El amparo del derecho a la igualdad no encuentra desmedro ante leyes que contemplan en forma distinta situaciones que consideran diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupos de personas.
Protección de consumidores y usuarios, amparo colectivo, derechos de incidencia colectiva, intendente, distribución de energía eléctrica, continuidad del servicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Grindetti, Néstor Osvaldo c/ Edesur S.A. y otro s/ amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

El intendente, como titular del departamento ejecutivo municipal, invocando su calidad de afectado tiene legitimación para promover una acción de amparo contra la empresa de distribución de energía eléctrica y el Ente Regulador de la Energía Eléctrica a fin de que se garantice la continuidad del servicio, pues su atribución no puede quedar limitada a la habilitación para presentarse ante los tribunales provinciales, en tanto implicaría vedar al municipio la posibilidad de hacer valer sus intereses, por medio del Intendente, ante conflictos con el Gobierno Federal -o entidades que actúen en su nombre en la órbita federal-, que son dirimidas ante tribunales del mismo carácter (Disidencia del juez Rosatti).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: RIOS MAXIMILIANO CEFERINO c/ OLMOS MARCELO ANTONIO Y OTRO s/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-01

El conductor de un automóvil debe responder por los daños sufridos por un motociclista a raíz del accidente de tránsito que protagonizaron, si no se ha demostrado la culpa de la víctima en forma concluyente, para exonerarlo total o parcialmente de la responsabilidad.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, culpa civil, culpa de la víctima
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Cueto, Adriana Mabel c/ Telias, Walter Horacio. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Para que la aceptación de los riesgos por la víctima sea causal de supresión o de disminución de la responsabilidad del autor del da!o, esa aceptación debe constituir una culpa.
Estafa, estelionato, compraventa de automotores, automotor prendado
Materia: PENAL
Carátula: GRISI, E. D. s/ DEFRAUDACION. ESTELIONATO. ESTAFA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-01

1) Configura el delito de ESTAFA y no el de estelionato la acción del procesado que vendió un automóvil como libre de toda deuda y gravamen, cuando en realidad estaba prendado; no pudiendo en consecuencia el damnificado efectuar la transferencia en el Registro de la Propiedad del Automotor.

La calificación correcta es la de estafa, por cuanto el acusado utilizó ARDID para obtener del comprador la entrega del precio total convenido, ocultando que no se había cancelado la deuda que pesaba sobre el bien, cuyo monto era más de la mitad de ese importe.

2) Aún admitiendo que cuando se firmó el recibo provisorio, el procesado comunicó el gravamen al comprador, en la inteligencia de que al recibir el precio total la obligación estaría pagada, y aún, también, que en el título de dominio apareciera el gravamen, ello no prueba que aquél haya informado en el momento de suscribir el recibo definitivo que no había satisfecho la deuda, sino por el contrario, hizo constar en forma categórica que el automóvil estaba "libre de todo gravamen".

3) Si bien la acción del procesado no puede encuadrarse en el tipo del artículo 173 inciso 9no. C.P., dado que en el título figuraba la existencia de la prenda, sí debe encuadrarse en la figura genérica de la estafa, por cuanto es evidente que el comprador no hubiera pagado el precio total si hubiere sabido que la deuda que soportaba el automóvil no estaba saldada; o sea que la lesión patrimonial apareció innegable cuando abonó el saldo total, no habiéndosele comunicado que quedaba pendiente una deuda mayor que la mitad del precio del vehículo.
Competencia, cuestiones de competencia, delitos contra el honor, desestimación de la querella, vista de las actuaciones, audiencia de conciliación
Materia: PROCESAL
Carátula: LLARYOA, A. y otros s/ CALUMNIAS E INJURIAS. NULIDAD. COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-21

Es nulo el auto que desestima por incompetencia la querella por calumnias e injurias, si esa resolución se dictó luego de celebrada la audiencia de conciliación (art. 591 CPC), y sin la vista previa a la querella y al fiscal, el cual es parte necesaria en toda cuestión de competencia (art. 118, inc. 3 y 448 CPC).
Elevación en consulta, Cámara de Apelaciones
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: B., O. s/ Denuncia Robo que fue Víctima
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1983-04-18

Las sentencias dictadas por el Superior Tribunal de Justicia con anterioridad a la creación de las Cámaras de Apelaciones, o a su efectiva puesta en funcionamiento, revisten el carácter de definitivas, a la par que cumplimentan debidamente el precepto constitucional, por lo que no cabe respecto de ellas el recurso de consulta articulado posteriormente por el art. 23 de la ley 1386.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Monzón, Carlos s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Es improcedente el agravio referido a no haberse relevado al procesado del juramento prestado si el acta -en la que la instrucción policial requirió el juramento- nada tiene que ver con la declaración indagatoria que reglamentan los arts. 126 y ss. del C.P.P., habiéndose formalizado sólo al efecto de hacer constar sus circunstancias personales, la formación de causa y el cumplimiento de la identificación digital que impone el art. 210 del C.P.P.;

máxime que en el caso el eventual defecto de procedimiento alegado quedó subsanado mediante consentimiento, ya que no tiene carácter esencial (doct. art.308, C.P.P.).