Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-12


Esquel, 12 de junio de 2006.- Y VISTOS:

El recurso de apelación que obra a fs. 1/3 del Incidente 184/05, interpuesto por el Defensor Particular de los procesados S, R y C, J L, contra la Resolución del Sr. Juez de Garantías, obrante a fs. 7/8, que deniega el pedido de Sobreseimiento impulsado por la Defensa, así como el recurso en adhesión al mismo, interpuesto por la Defensora Particular del procesado C R A, obrante en el Incidente 01/06 CANO, que este tribunal ha dispuesto acumular al presente incidente, en Resolución de fecha 31/05/06 (fs. 50 Expte. CANO 01/06) , de los que;

RESULTA:- Que a fs. 1/3 el defensor particular de los imputados S y C insta el sobreseimiento de sus pupilos por entender que no existiendo mérito para la elevación a juicio y habiéndose vencido el plazo del art. 183 del C.P.P. procede su dictado de conformidad con lo previsto por los arts. 292 y 294 inc. 6º del C.P.P.- Considera el defensor que: "el plazo que se refiere el art. 183 del C.P.P., es ordenatorio y tiene como propósito el de no mantener indefinidamente una causa y sometido a proceso a los imputados sin resolver definitivamente su situación.".- Cita doctrina y jurisprudencia sobre la materia.

Que en forma subsidiaria deja peticionada la apelación considerando que la denegación de lo solicitado le causará gravamen irreparable a sus defendidos.- Mediante Auto 197/2005, obrante a fs. 07/08 el Juez de Garantías rechaza el sobreseimiento peticionado por la defensa técnica con fundamento en la interpretación a contrario sensu de los arts. 292 y 294 inc. 6º del C.P.P.Expresa que el plazo previsto en el art. 183 del C.P.P., en tanto se trata de cumplir actividad indispensable para el desarrollo del proceso, jamás puede ser perentorio sino meramente ordenatorio y su inobservancia no determina la caducidad o extinción del deber o facultad no cubiertos en tiempo útil, sino que sólo puede dar origen a sanciones disciplinarias.Sostiene asimismo, que en causas con pluralidad de imputados debe recibirse en su totalidad la declaración de cada uno de ellos, contándose el plazo de duración de la instrucción a partir del instante en que concluyó la última de las indagatorias recibidas en su curso.Pone de manifiesto que al tiempo de la resolución se encontraba dispuesta la declaración de C A T, pendiente de producción, por lo que el plazo del art. 183 del C.P.P., no se encontraría vencido.Destaca que el peticionante parcializa la interpretación al referirse sólo al plazo previsto en el art. 183 del C.P.P., obviando que la procedencia del sobreseimiento dependerá también de la inexistencia de elementos suficientes para la elevación a juicio, situación que no se da en autos.Que a fs. 9 y mediante Auto Nº 75/05 el Juez de Garantías hace lugar a la Aclaratoria interpuesta por la defensa técnica, haciendo lugar a la apelación planteada en subsidio y teniendo presente la reserva del Caso Federal.

A su turno, la defensora particular de R A C, en legal tiempo y forma, se adhiere al recurso interpuesto por la defensa de los imputados S y C, expresando como motivos del agravio: "el desconocimiento de lo dispuesto en el art. 183 del C.P.P., en cuanto al plazo de la instrucción; en relación a cómo debe computarse dicho plazo; en cuanto a que se debió solicitar prórroga para ampliar ese plazo; y en relación a que no se ha definido aún cuál es el plazo que V.S. tiene para concluir esta etapa de instrucción." Hace reserva del Caso Federal.

Y CONSIDERANDO:

Entrando al análisis del planteo recursivo en cuanto a la naturaleza del plazo de cuatro meses establecido en el art. 183 del C.P.P., y atento que el mismo no contiene una sanción específica para el caso de incumplimiento, corresponde interpretarlo en el contexto del articulado del mismo cuerpo legal. En este sentido, el art. 145 determina que los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas por la ley.- Por lo tanto debe considerarse que el art. 183 constituye un supuesto de excepción al criterio general, al establecer dicha norma que el mismo es prorrogable por otro plazo igual, contemplando incluso casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, en que la prórroga puede superar excepcionalmente el término de cuatro meses, por lo que se trata de un plazo con efecto ordenatorio.- No obstante, dicha prórroga debe solicitarse motivadamente y antes del vencimiento del plazo; ello a los efectos de mantener el principio del Debido Proceso.

Debe merituarse que los intereses públicos debatidos en el proceso penal determinan que resulta inaplicable, en su totalidad, el principio de preclusión, pues deviene incompatible con sus fines, aunque la excepción se limite a los casos extremos en que sea absolutamente necesaria.

El plazo establecido para cumplir la etapa preparatoria (art. 207 C.P.P. Nación - 183 C.P.P. Chubut), es final, de clausura o aceleratorio; la irreprochabilidad del trabajo para quienes deben afrontarlo requiere su cumplimiento antes de que termine el tiempo oportuno pero, por el efecto que produce su vencimiento, es plazo ordenatorio o meramente conminatorio, establecido para posibilitar el regular desarrollo del procedimiento aunque al fenecer no genere la extinción o agotamiento de la labor, precisamente por estar impuesta (CLARIA OLMEDO, "Tratado de Derecho Procesal Penal", T. IV, pág. 123 y sgtes.) Por el contrario la mayor parte de la actividad atingente a la labor de los sujetos públicos del proceso, cuando se cumple intempestivamente, sólo depara eventual responsabilidad disciplinaria, política e incluso penal (art. 273, párrafo 2º C.P.) (DÁLBORA, Francisco J. Nota a Fallo LL. T. 1994 "C", pág. 522 y ssgtes.) Asimismo y conforme lo ha sostenido este tribunal al resolver los incidentes de excarcelación de los coimputados C, S Y C (Nº 97/05, 209/05, 210/05 CANO), las normas procesales locales deben armonizarse e interpretarse en el contexto de las Constituciones Nacional y Provincial, y Tratados Internacionales ratificados por la Nación (art. 75 inc. 22 C.N. y 22 C.Ch.). En tal entendimiento, la etapa de instrucción no debe exceder un tiempo razonable de acuerdo a las circunstancias de la causa.- Consecuentemente y teniendo presente que el derecho invocado por los apelantes ha sido consagrado por el art. 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, de rango constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.), corresponde analizar el concepto de plazo razonable y, al respecto, compartiendo el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales.- Del análisis de las actuaciones surge con palmaria claridad que estamos en presencia de una causa compleja, entendida en sentido cuantitativo y cualitativo, atendiendo a la cantidad de delitos atribuidos, la modalidad de comisión y el número de intervinientes en el hecho, en efecto, existen en la causa cinco imputados y un prófugo, la comisión del ilícito demandó una importante actividad preparatoria y de fuga, la investigación ha debido abarcar un ámbito territorial extenso, y fue necesario producir innumerables diligencias probatorias, algunas en extraña jurisdicción, todo lo cual permite evaluar que ha habido una importante actividad investigatoria.- En lo atinente a la actividad desarrollada por los interesados, se advierte una importante actuación que ha dado lugar a la tramitación de numerosos incidentes, que motivaron la recurrente intervención de esta alzada.

En este sentido, ha dicho la jurisprudencia que..."se reconoce la imposibilidad de traducir el concepto 'plazo razonable' utilizado por el art. 7º inc. 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos -art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional- en un número fijo de días, meses o años, o en variar la duración según la gravedead de la infracción, sino que hay que tener en cuenta la complejidad de los acontecimientos analizados, el número de personas involucradas y otras circunstancias; como que en varias oportunidades el legajo haya necesitado el pronunciamiento del tribunal de alzada" (CNCCorr., Sala IV, 5-08-97, "KIPERBAND, Benjamín", L.L. 1999-A-493) .

Por lo demás, adelantamos que, el sólo vencimiento del plazo no basta para que se configure la situación del art. 294 inc. 6º, sino que además es necesario que no existan elementos suficientes para fundamentar la elevación de la causa a juicio.

Dicho esto, debemos señalar que en autos existen cuatro procesamientos firmes, así como abundante material probatorio colectado durante el período de instrucción, lo que lleva a considerar que no se configura el supuesto del art. 294 inc. 6º, y por ello, no procede el sobreseimiento requerido.

Resta a este cuerpo expedirse respecto de qué criterio ha de tomarse a los fines del cómputo del plazo previsto en el art. 183 C.P.P.; en tal sentido entendemos que debe tenerse presente que los principios que informan la necesidad de tramitar en un único proceso las causas conexas (art. 35 inc. 1º C.P.P. y ssgtes.) hacen indispensable sostener que debe ser la última indagatoria la que dé inicio al cómputo del plazo referido. Y ello así, pues a contrario sensu, nos encontraríamos con la ilógica consecuencia derivada de que por cada imputado debería realizarse la elevación a juicio en forma independiente, a pesar de existir razones claras de conexidad objetiva y subjetiva que sustentan la necesidad de una tramitación única, comprensiva de la totalidad de las conductas presuntamente involucradas en la comisión del ilícito que se investiga.

Por todo lo expuesto, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut RESUELVE 1)CONFIRMAR, en cuanto fue materia de recurso, la resolución de fs. 7/8 de los presentes;

2)Téngase presente la reserva del Caso Federal;

3)Regístrese, protocolícese, notifíquese y devuélvase.- GRACIELA VILMA CONESA GUSTAVO MANUEL MACAYO / OMAR SANTIAGO GONZÁLEZ Ante mí.- Norma Marrero Secretaria AUTO PROTOCOLIZADO BAJO EL NRO. 46/06 CANO.-Norma Marrero Secretaria