marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, obligación alimentaria, concurrencia de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. c/ N. N. s/ Alimentos - Copias de Apelacion con Efecto Devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-06-28

La obligación alimentaria de los hijos pesa sobre ambos padres, pero quien vive con los hijos compensa en gran medida su obligación brindándoles cuidado y atención, contribuyendo en especie, es decir, atendiendo personalmente al menor en los diversos aspectos atinentes a su cuidado, higiene, mantenimiento de la ropa, etc., que si se realizaran por terceros, serían económicamente valuables.
SECLO, audiencia de conciliación, pago, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, OSVALDO Y OTROS c/ DOTA S.A. DE TRANSPORTE Y OTROS s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-18

La audiencia de conciliación obligatoria es un requisito legal para iniciar el proceso (art. 1 de la ley 24635) y el proceso mismo es el medio al que debieron recurrir los actores ante el incumplimiento de la accionada, por ello, el reclamo por el jornal del día de tal audiencia no se funda en una obligación genérica de conceder licencia paga para asistir al SECLO, sino en la obligación del condenado en costos de resarcir a su contraparte los gastos y costas en los que necesariamente haya debido incurrir para asegurar la defensa de su derecho.
Sanciones disciplinarias, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chousa, Augusto Alberto c/ Municipalidad de Necochea s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Si no ha mediado adecuación razonable entre los antecedentes fácticos configurativos del caso y el ejercicio de la potestad disciplinaria de la autoridad municipal, el acto sancionatorio, carente de causa que justifique el objeto decisorio, resulta ilegítimo y debe ser anulado, al igual que el posterior que se limitó a desestimar el recurso sin revisar ciertamente la actividad cumplida frente a los vicios denunciados por el interesado.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, indemnización, concesión comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: PROSPERITAS SRL c/ CAGNONI MARIA JOSE s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-16

Cabe condenar a la demandada a la indemnización por daños provocada por la resolución abusiva e intempestiva de la relación comercial (en el caso contrato de concesión y otro de agencia). Así, cuando la resolución por incumplimiento es declarada ilegítima pues no se ha acreditado una o más inejecuciones con entidad para haberla realmente justificado, la parte que indebidamente resolvió debe sí cargar con la indemnización por preaviso omitido, pues la situación se equipara a una rescisión "incausada". Así lo ha resuelto, con innegable lógica, también la Casación Civil y Comercial italiana que ha destacado que la operatividad de la cláusula resolutoria expresa excluye ciertamente el derecho del agente al preaviso o a la indemnización sustitutiva, pero ello sujeto a la verificación por el juez de la existencia del incumplimiento del agente, de donde si tal verificación no se ha cumplido, debe ser reconocido al agente el derecho a la indemnización por omisión de preaviso. En otras palabras, es necesario verificar la existencia de una justa causa de resolución para consentir excluir el derecho a la indemnización por omisión de preaviso (conf. Cass., 18/5/11, n° 10.934, mencionado por Venezia, A. y Baldi, R., Il contrato di agencia - la concessione di vendita -il fanchising, Giuffré Editore, Milano, 2015, págs. 353/356).
Recursos, efecto devolutivo, recurso de apelación (procesal), entidades financieras, policía bancaria y financiera
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: B.C.R.A. c/ AGUILAR, Jorge Luis Ramón s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

En el 1er. párr. del art. 42 de la ley 21.526 se establece el efecto devolutivo con el que deben ser concedidos los recursos de apelación por ante esta Cámara, que importa -en la práctica- la ejecutabilidad del acto apelado, y que ha sido instituído con el fin de evitar que por la vía de su interposición se frustre la adopción de las providencias que, a juicio de la entidad facultada para ejercer el control de la actividad financiera, fueren necesarias para preservar el objetivo expresamente contemplado en la ley de la materia, consistente en la creación y mantenimiento de un mercado financiero competitivo y solvente, en el que se tutelen los intereses de los inversores en la medida en que el cumplimiento de dicho fin lo requiera.
Reconocimiento en rueda de personas, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de solicitud de nulidad presentado por el dr. Antonio Manuel Vargas
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2014-05-29

Rechaza el planteo de nulidad del reconocimiento en rueda de personas, pues el acto impugnado no solo no estaría condicionado al cumplimiento de formalidad alguna bajo sanción de nulidad, sino que en la especie se actuó conforme a lo prescripto para el caso en concreto, llevándose a cabo el mismo con la presencia del defensor de los inculpados, quien no formuló objeción alguna, lo que invalida sus dichos respecto a que no se cumplió con el art. 290 C.P.P. de la Provincia de Jujuy, y evidencia su consentimiento con la forma en que se desarrolló el mismo.
Competencia, celeridad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Cristian Esteban c/ Asociación Ward y otro s/ Daños y perjuicios (accidente de trabajo) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Aunque la contienda no ha sido debidamente trabada -porque si, tal como ocurrió en el caso, la cámara confirmó la decisión del juez de grado que declinó intervenir, rechazada la atribución, es esa alzada y no el juez de grado quien debe insistir en el planteo del conflicto- razones de economía y celeridad procesal aconsejan, dejar de lado ese reparo formal y expedirse sobre el conflicto. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Concursos, privilegios (comercial), acreedores del concurso, gastos de conservación, gastos del proceso, aplicación de la ley, honorarios, derecho de peticionar, quiebra, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Godard, Armando Guillermo c/  s/ quiebra s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-06

Pese a la ausencia de previsión específica en la ley 24522, el honorario del letrado del peticionante de la quiebra se incluye dentro de los gastos de conservación y justicia. Ello pues, si bien se trata en esencia de un crédito preconcursal y que no ha sido causado en la administración, conservación y liquidación de los bienes del concursado, cuando la ley conceptúa los créditos prededucibles también se refiere a aquellas acreencias causadas "en el trámite del concurso" (LCQ 240, párrafo 1°), por lo que cabe incluir la retribución de los profesionales cuya intervención haya sido determinante para declarar la quiebra (Pesaresi-Passarón; "Honorarios en Concursos y Quiebras", pág. 280, Astrea, 2002). Es decir, que constituye un requisito indispensable que la quiebra en la que se pretende incluir ese crédito como gasto del concurso haya sido decretada a petición y como consecuencia del actuar del profesional requirente.
Daño calificado, bienes públicos del Estado, máquinas de juego, juegos electrónicos
Materia: PENAL
Carátula: BOIS, Rubén Alejandro s/ Daño agravado por tratarse de bienes de uso público, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-04

No se trata de un bien de uso público -aún cuando pueda ser utilizado por un número determinado de personas- el objeto dañado (en el caso, una máquina de juegos electrónicos) ubicado en un comercio que lo explota, y que es utilizado por quienes abonen una suma de dinero; el público que no paga el precio correspondiente se halla excluido de su uso, como ocurre con innumerables objetos que se hallan en el comercio: por ejemplo las mercaderías que se encuentran a la venta en los supermercados, que de ninguna manera pueden ser calificadas como bienes de uso público.- La mayor o menor dificultad para ejercer vigilancia sobre los objetos no determina por sí sola la existencia de la calificante.-
Violencia de género, solicitud de excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: G.C.F. s/ S.d. Amenazas e.p. O.M.A. (Cuardenillo de Apelación contra Denegatoria de Excarcelación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-03-25

En relación con la procedencia a la excarcelación del imputado del delito de amenazas, no resulta posible soslayar la angustia, preocupación y temor a su seguridad generado en la denunciante y su condición de Mujer, pues sin que implique prejuzgamiento, su admisión constituiría un verdadero acto de revictimización de quien ha sentido gravemente afectada su seguridad física y psicológica, que se ha manifestado en las expresiones vertidas en la denuncia, por haber recibido de parte del imputado amenazas en forma personal, como así también mediante misivas epistolares y llamados telefónicos, prácticamente desde la fecha que éste último obtuvo como beneficio el cese de prisión en una causa en la que se le imputa la muerte de una novia anterior, hasta el día en que radicó la denuncia.
Empleados públicos, suspensión preventiva, cesantía, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GUEVARA LUIS HUMBERTO c/ PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ DEROGACION DECRETO Nº 295/88 MAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-13

Aun cuando la demandada (Estado Provincial) hubiera actuado con la máxima diligencia finalizando la instrucción del sumario en el plazo de ley, al final de la investigación hubiera dispuesto la cesantía, con la cual ningún derecho a indemnización puede pretender la actora, quien no sufrió ningún perjuicio suplementario.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del asegurador, suspensión de la cobertura, indemnización, incapacidad sobreviniente, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Moncada, García Sebastián A. y otro c/ Mora, Jorge Claudio y otro s/ D. y P. x uso autom. c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-28

En la forma de cálculo propiciada en "Méndez" (Sent. 28 de abril de 2008), se mantiene el esquema de una fórmula financiera, modificando variables de manera de satisfacer las exigencias de integridad y actualidad de la reparación pecuniaria, de tal forma de mejorar y eliminar las falencias de la fórmula "Vuotto", elevando la vida productiva de los trabajadores a los 75 años de edad -antes era de 65 años-, y reduciéndose la tasa de interés al 4%, para mantener el poder adquisitivo original. Indudablemente, al momento de utilizar una fórmula matemática, como pauta orientativa, que colabore con la ardua misión de determinar el resarcimiento de la incapacidad o la vida de una persona, puede ser de gran utilidad esta nueva receta, dado que introduce mayores variables. Esta nueva forma de cuantificar el daño físico evoluciona hacia una indemnización por pérdida del valor vida o por incapacidad sobreviniente, que permite una efectiva reparación integral de las víctimas, de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso y que sea más acorde a la realidad actual. En el caso concreto, la fórmula contempla el porcentaje de incapacidad (18%), la edad al momento del accidente -41 años- y el ingreso mensual de $3866,00; en función de los lineamientos expuestos precedentemente, nos da una suma mayor que la fijada en primera instancia. (del voto del Dr. Ghisini, en mayoría).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Pomponio, Carlos A. y otros c/ Argenpez  S.A. s/ cobro de haberes (laboral).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

La simple mención de un fallo anterior y de una nota de doctrina publicados conjuntamente no satisface de ninguna manera el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, representación procesal, mandato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bergesio, Adriana Stella Maris Mori de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 137-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-21

Debe declararse inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto, por falta de un correcto agotamiento de la vía administrativa previa (artículo 4, ley 4106, aplicable a la causa en virtud de lo establecido por el artículo 38, segundo párrafo, de la ley 11330), por cuanto tanto el escrito de expresión de agravios como el alegato obrante en las actuaciones administrativas, fueron presentados sin firma de la recurrente ni poder que acreditase el carácter de apoderado del profesional que lo suscribió, vulnerándose en consecuencia el artículo 10 del decreto-acuerdo 10204/58, citado -asimismo- en el acto que se impugna. A ello, debe agregarse que al escrito de demanda tampoco se acompaña constancia alguna por la que la actora al menos intente suplir las deficiencias señaladas.
Derecho a la libertad, libertad condicional, Derecho procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de libertad condicional en autos Recalde Mareco, Bartolomé s/ infr. art. 189 bis, CP' 189 bis, CP'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-19

Si bien las decisiones que restringen la libertad del imputado -revocación de la libertad condicional y orden de captura- son pasibles de generar un perjuicio de imposible reparación ulterior, la intervención de este Tribunal queda limitada a los supuestos en los que se encuentre involucrada una cuestión constitucional, y los agravios del recurrente remiten a la consideración de cuestiones de hecho y prueba tenidas en cuenta por los jueces de la causa para decidir al momento de interpretar el derecho común así como a la interpretación que ellos efectuaron de reglas procesales de orden local, aspectos, por regla, ajenos al ámbito del recurso de inconstitucionalidad regulado por los arts. 27 y ss. de la ley n° 402. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Participación criminal, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

La modificación del grado de participación penal, de partícipes secundarios a partícipes primarios, que se registró entre el auto de procesamiento y los requerimientos de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y las querellas, no implica una violación al derecho de defensa en juicio de los imputados, toda vez que los mismos contaron con la concreta posibilidad de ser oídos durante el debate en los términos en que quedó delimitada la plataforma fáctica del juicio por la acusación, teniendo la defensa técnica de los imputados la oportunidad de alegar y enfrentar probatoriamente dicha acusación -art. 18 de la Constitución Nacional-.(del voto del Dr. Mariano Hernán Borinsky)
Regímenes jubilatorios especiales, contadores públicos, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Wortman, Jacobo s/ Inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 9963
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

La ley 9963 al reglamentar la jubilación de los profesionales de ciencias económicas en la Provincia de Buenos Aires se funda razonablemente en principios de la materia sin vulnerar los derechos de propiedad y de igualdad respecto de quienes se hallan en situaciones equiparables. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, domicilio, correspondencia, allanamiento, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Martínez, Saturnino s/ causa N. 8182.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

Es infundado el agravio según el cual existiría violación a la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional por haberse obtenido pruebas de cargo como consecuencia de allanamientos domiciliarios ilegales, si no se ha demostrado en el recurso que la eliminación de las pruebas de cargo que se habrían recogido en las inspecciones de domicilio irregulares, condujera a un resultado distinto al arribado.
Sociedades comerciales, sociedades de garantía recíproca, aplicación de la ley, juicio ejecutivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARANTIZAR SGR C/ WALIORS SA Y OTROS S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

La ley 24467: 68 in fine dispone que el socio partícipe -tomador del contrato- debe ofrecer a la SGR algún tipo de contragarantía en respaldo de la operación (art. 71) y queda además obligado frente a la sociedad de garantía recíproca que integra, por los pagos que ésta afronte en cumplimiento de lo afianzado, la cual podrá repetir de aquél, el total de lo que hubiera pagado -art. 77-, incluso intereses gastos -art. 70-. En consecuencia, sufragada por la sociedad la deuda garantizada, se produce un caso típico de subrogación legal, pues a aquélla le son traspasados, por imperio de ley, los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor financiero, aunque con un límite, que expresamente establece la ley 24467: 76, esto es, que dicha subrogación sólo se produce en la medida que fuera necesario para el recupero de los importes abonados (cfr. esta CNCom, Sala D, in re: "Acristal SA s/ concurso preventivo s/ inc. de revisión por Aluar Aluminio Argentino", del 24/10/08), contra el deudor principal - socio partícipe-, como contra los contragarantistas fiadores solidarios, obligaciones que se apoyan, por un lado, en el contrato de garantía recíproca otorgado por la SGR, mediante el que garantizó a la entidad financiera hasta cierto monto, el reembolso del préstamo conferido por esa institución al socio partícipe y, por otro, en las fianzas suscriptas en el marco de la ley 24467: 71.
Acción de amparo, representación procesal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Bancaria Seccional Catamarca c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-05-09

Si bien el nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional habilita a interponer acción de amparo a toda persona que se considere afectada, continúa exigiendo que se trate de un peticionante con un interés concreto y no un simple interés.

En esa inteligencia, se advierte que la actora -Asociación Bancaria- no reviste el carácter de representante legítima de los intereses individuales de sus agremiados en tanto no ha acreditado el consentimiento expreso y directo de la voluntad de aquellos en esta pretensión, quedando incumplido el requisito exigido tanto por la norma constitucional cuanto por las disposiciones del Decreto Reglamentario de la ley de Asociaciones Sindicales, que exige la acreditación por escrito del consentimiento de los interesados para el ejercicio de dicha tutela. De este modo, sin la debida legitimación, la Asociación y sus agremiados tienen solo un interés simple que no alcanza para generar el derecho a accionar judicialmente por carecer de habilidad para ser parte en el proceso.

Por ello corresponde desestimar la acción de amparo deducida en relación a todos los empleados del banco, quedando a salvo todos los que se presentaron por derecho propio, para los cuales la acción goza de viabilidad.
Responsabilidad extracontractual, obligaciones solidarias, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Pavón, Manuel c/ Gandolfo, Carlos Oscar s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-07

...el tercero víctima de un accidente no está obligado a investigar la mecánica del accidente ni el mayor o menor grado de culpabilidad que puedan haber tenido en su producción los protagonistas del hecho, hallándose habilitado para dirigir su acción contra cualquiera o todos ellos, quienes a su respecto resultan solidariamente responsables. La proporción de culpas, pues, es una cuestión a dirimir entre los civilmente responsables, interesados en limitar su cuota de participación en la obligación resarcitoria. ...Si como en la especie, el damnificado elige demandar a sólo uno de ellos, no podrá examinarse en este proceso la culpa de quien no ha sido parte en el juicio, bastando el reproche causal atribuible al demandado para responsabilizar al accionado por la totalidad del daño, ya que le queda a éste a salvo su derecho, en todo caso, a reclamar del copartícipe la porción pertinente en un proceso ulterior. De otro modo se vulneraría la garantía constitucional de la debida defensa en juicio, al pasar en autoridad de cosa juzgada la decisión acerca de la conducta y eventual responsabilidad de quien no ha sido parte en el litigio.
Accidentes de trabajo, responsabilidad civil, acción indemnizatoria, incapacidad, culpa
Materia: LABORAL -CIVIL
Carátula: LUDUEÑA HUMBERTO c/ INTI  S.A.I.C. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-15

Corresponde responsabilizar a la demandada en los términos del art. 1113, 2do. párrafo, 1ra. parte C. Civil por la incapacidad derivada de afección de columna vertebral y por la enfermedad síquica resultante de ésta, en tanto el Tribunal estimó probadas las labores que realizó el actor para la demandada durante veinte años levantar y movilizar elementos pesados- y las cosas que utilizó a tal efecto; los peritos médicos la estimaron idóneas para producir las afecciones referidas y la empleadora no produjo prueba tendiente a acreditar la ausencia de culpa.-
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-20

La producción de la prueba, en un proceso en que se solicita el pago de "mayores costos",implica incorporar elementos que demuestren la culpa del Estado en no pagar; ello solo se hubiera logrado si los instrumentos acompañados hubieran sido aceptados por la Administración -con fecha y firma de recepción- para recién, a partir de allí, comenzar el cómputo del plazo de 30 días. La carga de la prueba es la facultad que se adjudica a las partes de probar en su propio interés, los hechos que fundamentan su pretensión.
Derecho a la sentencia, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CIRUZZI, Oscar s/ rec. de apelación, Causa nro. 26.871
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-09

Debe concederse al apelante el derecho con el que cuenta toda persona a obtener un pronunciamiento judicial que en forma definitiva resuelva su situación procesal, cerrando el período de incertidumbre que conlleva un fallo provisional en la materia.
Régimen de consolidación de deudas, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, indemnización, carrera administrativa, escalafón
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHAKAROFF, Kiril Nicoloff c/ E.N. (Min. del Int.)" s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-15

Para el caso del decreto 70/91 P.E.N., el monto proveniente del saldo que arroja el cálculo del beneficio según el escalafón del decreto 1428/73 y el realizado de conformidad con el decreto 993/91, "se hará efectivo en los términos de la ley 23.982" tal como lo prescriben los arts. 2 y 3 de la Resolución 1.764/94. (Confr. esta Sala, 15 de nov. de 1994, in re "Miranda de Dizzini").