marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Quiebra, notificación, nulidad del acto jurídico
Materia: COMERCIAL
Carátula: BONINI, NESTOR; MURAD, DE BONINI, MARIA Y VARIPLAST s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-10-25

Toda nulidad en la notificación, queda subsanada si la persona se manifiesta sabedora de la providencia por un acto judicial y las actuaciones ulteriores,siempre que no hubiera interpuesto el recurso de reposición dentro del término legal contado desde el acto referido.-
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COMERCIAL GALETTI HNOS. S.R.L. c/ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-12

La Sala incurre en arbitrariedad al omitir tratar de manera fundada en los hechos y el derecho aplicable, la defensa de prescripción invocada por la compareciente con sustento en lo prescripto por el artículo 54 de la ley 10468; puesto que frente a lo dispuesto por dicha norma y en atención al tiempo transcurrido desde el acta de infracción y la apertura del sumario hasta el pronunciamiento por parte de la Autoridad Administrativa, era necesario que la Sala se avoque motivadamente al análisis de la cuestión planteada, la que -prima facie- revestía suficiente decisividad como para merecer un tratamiento expreso y puntual por parte de los Sentenciantes, quienes nada dijeron al respecto incurriendo en absoluta omisión de pronunciamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), indemnización tarifada, compensación judicial, derecho de propiedad, inflación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TORRES GOMEZ, FERNANDO c/ ASOCIART ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-25

Más allá de su grado de acierto o error, los planteos de la impugnante resultan insuficientes en orden a acreditar que los accesorios determinados no se compadezcan con una adecuada ponderación de las circunstancias del caso bajo examen ni que fueran dispuestos apartándose de los lineamientos fijados por esta Corte en "Olivera" y por el máximo Tribunal nacional in re "Castillo", desde que la Alzada, tras ponderar que en los actuados el monto de la prestación adicional debe calcularse tomando en consideración la nota de la Subgerencia de control de Entidades vigente a la fecha de la consolidación de la contingencia, recalcó que la tasa de interés debía contemplar la compensación provocada por el retardo en el pago así como la neutralización del componente inflacionario con el propósito de eludir una lesión al derecho de propiedad del trabajador y garantizar así una justa, prudente e íntegra reparación del daño en el marco de la legislación aplicable al caso. (De la ampliación de fundamentos de los Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJN: Castillo, Fallos: 342:227; CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 11
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Osses, Eduardo Roberto y otra s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Concurso   preventivo. Incidente de revisión promovido por la Dirección General  Impositiva (Expte. CSJ Nº 194-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-08

No es procedente el remedio intentado si el planteo que la quejosa traduce solo la intención de imponer su propio enfoque de la solución que correspondería en el caso, asentada en su particular apreciación de las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa.

Tales aspectos no autorizan la revisión de lo decidido por la Sala, a menos que se demuestre la falta de lógica o irracionalidad de la interpretación o aparezca desprovisto de fundamento y solo sea el fruto de la subjetiva voluntad de los juzgadores. Por ello, a tenor de lo expuesto, al contar el decisorio con fundamentos adecuados para sustentarlo -al juzgar inadmisible la tasa de interés pretendida por la D.G.I.- sin lograr la ocurrente convencer de la arbitrariedad de dicha exégesis, ni que sea susceptible de alterar garantías constitucionales, en cuanto no demuestra que la inteligencia asignada por el a quo a la ley concursal conlleve una ineludible deformación de aquélla, se imposibilita el franqueo de la instancia extraordinaria.
Honorarios, prescripción decenal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PALACIOS DE CEPPARO ELENA R. s/ Concurso Voluntario (LIBRO: A154 - 381)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-04

Si la concursada pretende plantear la prescripción de los honorarios de los profesionales, por aplicación de lo dispuesto por el art. 4032 del C.C., debió deducir la acción, antes de solicitar la regulación de los honorarios de los funcionarios y profesionales que actuaron en el concurso. Pero una vez regulados y firmes los honorarios de los profesionales, no rige la prescripción bienal del citado artículo 4032 del C.C., sino la decenal.-
Intimidación pública, juez previniente, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos N. N. c/  s/ Intimidación pública s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

En este conflicto negativo de competencia los magistrados que contienden no discrepan acerca de la descripción de los hechos -tres denuncias telefónicas anónimas sobre la existencia de explosivos en una escuela- que suscitaron su intervención sino acerca de si ellos encuadrarían en el art. 149 bis, CP (postura adoptada por el Juez Nacional en lo Criminal y Correccional) o en el 211, CP (postura adoptada por el Juez Penal Contravencional y de Faltas). Cabe señalar que, según surge del incidente remitido a este Tribunal, no fueron realizadas medidas de prueba en ninguna de las jurisdicciones entre las que se suscitó la cuestión, ni se ha dado algún avance a la causa en alguna de ellas. A la vez, no han sido expuestos elementos para descartar la calificación de la conducta como constitutiva del delito tipificado en el art. 211 del CP, que atribuiría competencia al juez que aquí previno esto es al juez Nacional en lo Criminal y Correccional. Por lo tanto corresponde atribuir la competencia al juez Nacional. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Divorcio, abandono del hogar conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: L., N.O. c/ B., M.L. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

Frente a una mujer que lo injuria, que no come con el marido y unos suegros que viven en el mismo predio y lo insultan, la convivencia matrimonial es imposible y el abandono no puede ser considerado malicioso. Falta el deber de asistencia en el plano espiritual del cónyuge que, no comparte las comidas con su esposo, vive ajeno a la vida de su cónyuge, se niega a compartir sus actividades sociales, lo desprecia y hace público su desprecio.
Medidas cautelares, suspensión del proceso judicial, producción de la prueba, sanciones disciplinarias, Consejo de la Magistratura, pedido de informes, plazo perentorio, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Gemignani, Juan Carlos c/ E.N. - Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura Expte. 40/21 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Corresponde rechazar la medida cautelar interina solicitada por un juez de la Cámara Federal de Casación Penal, para que se suspenda la producción de medidas de prueba en el marco de una investigación disciplinaria llevada a cabo en su contra por el Consejo de la Magistratura, habida cuenta que la información brindada por el reclamante resulta insuficiente para conformar los supuestos de gravedad y de situación impostergable exigidos por en el art. 4, segundo párrafo de la Ley 26.854 para el dictado de la medida interina, porque de los fundamentos enunciados no surge que no pueda esperarse hasta el momento de la producción del informe y que, por el contrario, demuestra que resulta necesario tener mayor información previo a adoptar cualquier decisión. Además el corto y perentorio plazo para cumplir el informe (tres días) previsto en la disposición legal, conforma la mayor garantía a la tutela judicial efectiva pues, de seguirse el curso normal del proceso, la petición cautelar será resuelta a la brevedad.
Instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ventura, Domingo c/ Pisani, Antonio s/ Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

El instrumento público sólo hace plena fe de lo que el oficial que lo autoriza describe como realizado por él o acontecido ante él, pero no de la sinceridad de las manifestaciones que realizan los sujetos que en él intervienen, ni de otros hechos que de él puedan extraerse por inferencia. Cód. Civ. art. 994.
Banco central, contestación de la demanda, plazos procesales, excepciones procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autocírculo S.R.L. c/ B.C.R.A. y Otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

El art. 2º del decreto-ley 14.715/57, dispone que el B.C.R.A. deberá contestar el traslado de la demanda dentro del plazo de treinta días y oponer todas las defensas y excepciones que tuviera.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, expropiación
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, MIGUEL ANGEL Y OTRA. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-14

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que hizo lugar a la demanda de expropiación si los agravios de la apelante según los cuales sólo habría mediado una mera restricción administrativa y que faltaría la declaración legal de utilidad pública, remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho público local, materia propia de los jueces de la causa y ajena como regla y por su naturaleza, a la instancia del art. 14 de la ley 48, máxime teniendo en cuenta que el tribunal ha expresado razones suficientes para sustentar la existencia de un claro cercenamiento de las facultades del propietario, así como en lo atinente a la calificación de utilidad pública que surgiría de las disposiciones legales que menciona; lo resuelto cuenta así, con apoyo fáctico y jurídico que, al margen de su acierto o error, impide su descalificación como acto jurisdiccional.
Recurso de inconstitucionalidad, apreciación de la prueba, presunciones, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE, jubilaciones, acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ANGARONI, CARLOS y OTROS c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-DEMANDA DE APREMIO (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 417 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-19

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que los sentenciantes han adoptado una solución que, por franquear los límites de razonabilidad a los que está subordinada la apreciación de las pruebas y demás constancias de la causa, no puede ser vista como la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa.

En el caso, la Alzada adoptó como fundamento central de su respuesta el acta del 15 de octubre de 1997, que en su hora invocaran los amparistas en sustento de su pretensión -pues en ella se habría materializado "el reconocimiento del beneficio por parte de la Empresa provincial de la Energía respecto a los pasivos", concluyendo en que la misma le confería a aquéllos el derecho que reclamaban judicialmente.

Al así decidir, el a quo prescindió de efectuar un tratamiento adecuado del asunto conforme a las pruebas producidas, los argumentos por las partes y las reglas prudenciales de la sana crítica, omitiendo hacerse cargo de una circunstancia oportunamente tenida en cuenta por la magistrada de baja instancia al afirmar la no-concurrencia del presupuesto de ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta, vinculada con la inexistencia de un original o de copia cierta de la casi mítica acta de fecha 15.X.97, que en definitiva los actores nunca presentaron en el expediente, existencia que la Sala dio sin embargo por sentada a partir de una serie de presunciones que exorbitan irrazonablemente el ámbito de la prueba indiciaria (que presupone indicios objetivamente serios, precisos y concordantes, cuya ponderación como decisiva no resulta de una visión de conjunto, sino fragmentaria, del caso examinado, lo cual -como es obvio- supone un defecto que no puede ser salvado por la vía de apelar a las restricciones probatorias existentes en el amparo.
Contrato de trabajo, cambio de horario
Materia: LABORAL
Carátula: OYARZO ROBI ALBERTO c/ ESTACION DE SERVICIO DON FRANCISCO  S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-08-16

Si bien el art. 66 de la L.C.T. establece que el empleador está facultado para introducir aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, ello lo es en la medida que dichos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato ni causen perjuicio material ni moral. En los presentes autos no acreditó por su parte la demandada, las razones que esgrimió en el telegrama de cambio de horario, que hacía a la justificación de las razones objetivas de reestructuración y mejor funcionamiento, lo cual sumado al perjuicio analizado, permiten concluir que el cambio de horario impuesto a la reclamante no constituyó un ejercicio legítimo del ius variandi y facultó al empleado a considerarse "injuriado".
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, recursos de la seguridad social, aportes previsionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Barraco,  Cora  Graciela c/ Instituto  Nac.  de Serv. Soc. paraJubilados y Pensionados s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

En tanto el inc. b) del art. 2° de la ley 24.655 estipula que los juzgados de Primera Instancia de la Seguridad Social serán competentes en las demandas que versen sobre la aplicación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones establecido por la ley 24.241 y sus modificatorias, resulta competente dicho fuero para resolver la demanda por cobro de aportes previsionales. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Empresas del Estado, suspensión de juicios contra el Estado
Materia: LABORAL
Carátula: PERON, ALFREDO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-11

La existencia de algunos procesos presuntamente dolosos, que no se identifican y respecto de los cuales no se indica si el dolo proviene de alguna de las partes o del propio Poder Judicial, no puede constituir una razón suficiente para suspender todos los procesos existentes, incluso los que se hallan en la etapa de conocimiento, del mismo modo que la investigación de los delitos no permite suspender las garantías individuales de todos los ciudadanos, salvo el caso limitado del estado de sitio durante cuya vigencia tampoco se veda el ejercicio de la jurisdicción. Por otra parte, si algún acto ilícito se ha cometido es precisamente el Poder Judicial el encargado de investigarlo y sancionarlo en el aspecto penal y de invalidar, cuando ello proceda sus efectos jurídicos en el campo procesal.
Prueba documental, oportunidad procesal, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Lácteos La Erminia SRL c/ Supermercados Mayoristas Makro SA s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

Resulta procedente rechazar la pretensión de agregar documentos después de haberse contestado la demanda, más dentro del plazo con que se cuenta para producir dicha contestación. Ello, pues la norma del cpr 333, indica que la accionada debe aportar los documentos que se encuentren en su poder "con" la contestación de la demanda, y su redacción no da lugar a equívoco.
Revocación de sentencia, amparo por mora, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivas S.A. - Codam S.R.L. - Enrique Sanandres Rivas (ENSA) U.T.E. c/ Provincia del Neuquén s/ Amparo por mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-14

Cabe revocar el pronunciamiento de grado y rechazar el amparo por mora iniciado contra la Provincia, en tanto no se ha concretado en el caso el requisito subjetivo de legitimación activa por carecer de la representación que invoca de la UTE a los fines de promover esta acción vinculada con actos administrativos y de disposición, cuando precisa y expresamente bajo el título "REPRESENTANTES" los integrantes de aquella previeron en la cláusula 7 del contrato que su ejercicio sería conjunto y plural con la intervención de al menos tres de las personas físicas allí designadas.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Bandín, Amelia Beatriz c/ Supermercado S.A. Elefante s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

Debe anularse de oficio el pronunciamiento del tribunal del trabajo si tanto en el veredicto como en la sentencia se observan fundamentos contradictorios que imposibilitan extraer conclusiones claras acerca de la situación debatida en la causa, lo que imposibilita el ejercicio de la casación propio de la Suprema Corte.
Caducidad de instancia, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA, María Cristina c/ KEHEYAN, Mariano Fabio s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-24

El hecho de que los procesos acumulados no tramiten en forma conjunta, sino por cuerda separada, en modo alguno desvirtúa el principio de indivisibilidad de la instancia, puesto que tal circunstancia carece de relevancia procesal, sin que pueda haber perención en uno solo de los procesos acumulados, sino en ambos.-
Suspensión del acto administrativo, nombramiento, personal de planta permanente, presupuesto municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LAISHI s/ PREPARACION DE LA ACCION (Suspensión de la Ejec. Del Acto Administrativo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-09-03

Resulta procedente la suspensión de la ejecución de los decretos municipales que dispusieron el nombramiento como personal de planta permanente de varios empleados que se encontraban en condición de agentes contratados, promoviéndolos a categorías superiores y disponiéndose un aumento generalizado de haberes a toda la planta de personal y funcionarios comunales, pues los decretos atacados fueron sancionados violentando "a priori" las modalidades de designación exigidas por la normativa, imputando las erogaciones que ello importe en forma generalizada al presupuesto general de gastos y recursos en vigencia, pero sin explicitar el origen e identidad de los recursos que demandaría afrontar un gasto de tal naturaleza, evidenciando la pretensión de reestructurar el presupuesto vigente, en contradicción con lo establecido en la Ley 25.917 de "Responsabilidad Fiscal".
Banco central, régimen de garantía de los depósitos, prueba, prueba documental, declaración jurada, liquidación de entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO-BANCARIO-PROCESAL
Carátula: De Luque Alfredo y otro c/ Estado Nacional (B.C.R.A.) s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

El régimen de garantías de los depósitos establecido por la ley 21.526 determina la posibilidad -en principio- del reintegro total de los depósitos constituídos en las entidades adheridas al régimen a nombre de personas físicas, en las condiciones y hasta el monto que por vía reglamentaria establezca el Banco Central de la República Argentina. A ese fin, podrá disponerse que los depositantes formulen una declaración jurada referente a los depósitos que mantengan en la entidad en liquidación, que es requisito esencial para tener por acreditado el derecho invocado por el pretendiente la prueba de la autenticidad del instrumento que acredita la imposición. (Del voto del juez Coviello, cons. III).
Personas jurídicas, domicilio legal, juicio ejecutivo, intimación de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Queldaqui SRL. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

El domicilio del ente colectivo reviste el carácter de legal y por ende, de imperativa elección, con los efectos previstos en citado artículo 11 inc. 2º: segundo apartado "in fine" de la ley 19550 (doct. art. 90: 1er. párrafo o inciso 3º, Código Civil), por consiguiente se debe tener por cumplimentada en forma legal la diligencia de intimación de pago realizada en dicho domicilio (arts.

11 inc. 2º cit.; 40, 41 y 42, CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intereses, pago, recibo
Materia: CIVIL
Carátula: BUSTOS ARMANDA ESTHER c/ CAJA MUTUAL DE SEGURO DE SUPERVIVENCIA, VIDA E INVALIDEZ s/ MEDIDAS PREPARATORIAS-ORDINARIO-CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-04-20

El efecto cancelatorio de debido y recibido, sin reservas sobre la indexación e intereses de lo cobrado, tiene la virtualidad de resolver la relación creditoria e importa liquidación definitiva de la deuda con sus accesorios.
Despido, contrato de trabajo eventual, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Mariano Hector c/ Compañía Distribuidora y Logística S.A. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-28

Procede concluir que entre el trabajador y la empresa existió un contrato de trabajo por tiempo indeterminado y debe ser condenada solidariamente por las indemnizaciones derivadas del despido en los términos del art. 29 LCT, ya que si bien alegó la existencia de un contrato de trabajo de naturaleza eventual, no probó su existencia.
Seguridad social, deuda previsional, aportes adeudados, directores de SA, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: "COUTO, ARMANDO c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-16

La responsabilidad ilimitada y solidaria que establece el art. 8 de la ley 11.683, no ha de aplicarse a las personas que demuestren fehacientemente la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales por causas ajenas, es decir, que no fue su voluntad o actuar negligente el que soslayó el debido cumplimiento fiscal, sino las circunstancias fácticas por las que atravesaba la empresa. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Expresión de agravios, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Portillo, Gustavo Enrique y otros 6 actores c/ Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos s/ Cobro de Pesos - Recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-09-13

Corresponde a los Tribunales de mérito juzgar con exclusividad, si el apelante ha cumplido con su obligación de efectuar una crítica razonada y concreta del fallo que cuestiona, tal como lo dispone el inciso c) del artículo 125 del Cód. Procesal Laboral, y si el Tribunal de grado entiende que no se ha cumplido con tal deber, como ocurre en el sub case, tal conclusión no puede ser revisada a través del recurso en examen, salvo supuestos excepcionales de sentencias arbitrarias, que no se comprueba en este caso. Se rechaza el recurso.