Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-10-24


Expte. Nº 715 caratulado "IÑON Gutiérrez María Laura c/ Construcciones Ivica y Antonio Dumandzic S.A. y otro S/Conflicto de Competencia" San Juan,veinticuatro de octubre del año dos mil catorce.

VISTO: El conflicto negativo de competencia suscitado entre los jueces del Primer Juzgado Laboral y del Tercer Juzgado Civil. El primero se declara incompetente para entender en la causa en función de lo preceptuado en los artículos 1 y 2 de la ley 8452 y 4 último párrafo de la ley 26.773, en tanto el trabajador reclama reparación integral de los daños causados.

Por su parte, el Juez del Juzgado Civil entiende que las normas aludidas son inconstitucionales, al igual que el artículo 17 inciso "b" de la ley 26.773. Dice que la ley 8452 contraría lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Provincial, 18 de la Constitución Nacional y 36 de la Carta Internacional Americana de Derechos Sociales, de rango constitucional. Añade que también contraría lo preceptuado en el artículo 4 inciso 1 del Código de Procedimientos Laboral, el cual fija la competencia de la justicia laboral "en las controversias individuales de derecho entre empleadores y trabajadores derivadas del contrato de trabajo o de una relación laboral". Señala que las controversias por accidentes o enfermedades del trabajo son de carácter laboral, independientemente de cual sea el sistema de responsabilidad en que se funde el trabajador civil, laboral o sistémico de la LRT; y que no es necesario ser juez civil para aplicar normas de derecho común. Considera que al cambiar el fuero dejan de aplicarse los principios propios de la rama especial, tales como el de gratuidad, in dubio pro operario, impulso de oficio; que la acción de reparación integral con que cuenta el trabajador no es civil sino constitucional, se enmarca en un contrato de trabajo y son sus principios los que deberán aplicarse a esa relación.

Al recibir nuevamente los autos, el juez laboral se opone a la declaración de inconstitucionalidad, alegando que las acciones en cuestión son de naturaleza civil.

El Fiscal General de la Corte ha dictaminado que debe entender en la causa el Tercer Juzgado Civil.

Y CONSIDERANDO: Cabe aclarar, en primer lugar, que la vía del conflicto de competencia no es la habitualmente idónea para juzgar sobre la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Sin embargo, el Tribunal juzga que en este caso ello es necesario, ya que la declaración de inconstitucionalidad ha producido un desplazamiento de competencia que ha generado un conflicto de ese tenor. En consecuencia, es imprescindible examinar aquella declaración a fin de dilucidar el conflicto.

A dicho efecto, cabe recordar que el artículo 4 de la ley 26.773 faculta a la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional a optar, de modo excluyente, entre las indemnizaciones previstas en el régimen de la ley de Riesgos del Trabajo 24.557, modificatorias y complementarias, y "las que les pudieren corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad". Como consecuencia, también establece que "en los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, forma y los principios correspondientes al derecho civil". A su turno, la ley provincial 8452 dispone que "A los efectos de las acciones judiciales previstas en el Artículo 4 último párrafo de la Ley Nacional N. 26773 (.) será competente la Justicia Civil, comprendiendo, a los efectos de esta Ley, al Fuero Civil y al Fuero Contencioso Administrativo de la Provincia." Pues bien, el Tribunal entiende que las normas no vulneran el orden constitucional. Es cierto que la acción de derecho común supone una relación laboral. Sin embargo, tiende a aplicar el régimen indemnizatorio previsto en el Código Civil. Es así que en estos asuntos se superponen cuestiones de naturaleza laboral y civil, con lo que será cuestión de política legislativa definir a cual de los fueros se atribuye la competencia. Y, más allá de lo que pueda pensarse sobre la conveniencia de la solución legal que se adopte, el Tribunal no advierte por qué razón una u otra opción podría ser inconstitucional.

Así, se ha dicho: "El trabajador afectado, en este caso, acciona por el código civil y no por la ley de contrato de trabajo y entonces el legislador pudo razonablemente, y ello no puede resultar cuestionable, que el juez competente sea quien entiende normalmente en los temas de derecho civil y no el que se especializa en cuestiones de derecho de trabajo" (Etala, Juan José, "¿Quién es el juez competente?", La Ley On Line).

Aludiendo específicamente a los artículos y principios constitucionales que el juez del Juzgado Civil refiere como vulnerados, el Tribunal entiende: en primer lugar, que las normas no violan el artículo 62 de la Constitución de la Provincia, ya que este impone al Estado promover y facilitar ".la solución de conflictos laborales (.) mediante el establecimiento de tribunales especializados.". El texto constitucional puede interpretarse con mayor o menor amplitud, punto sobre el que no es necesario expedirse en este momento. Pero es indudable que no establece una regla según la cual acciones como la presente, en que como se dijo coexisten cuestiones civiles y laborales deban tramitar necesariamente ante los "tribunales especializados".

La misma razón es aplicable respecto de la alegada violación al artículo 36 de la Carta Internacional Americana de Derechos Sociales. En él se dispone que "En cada Estado debe existir una jurisdicción especial de trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos." Tratándose, como se ha dicho, de acciones en que coexisten temas de materia laboral con otros de materia civil, no se advierte que la asignación de las causas al fuero civil implique violación del Estado de constituir aquella jurisdicción especial.

Tampoco se advierte la violación al principio del "juez natural" consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ya que, en este caso, el "juez natural" es justamente el determinado por la ley.

Por ello, se RESUELVE: I) Declarar que los artículos 4º último párrafo y 17 segundo párrafo de la ley 26.773, como los artículos 1º y 2º de la ley 8452 no contrarían el orden constitucional y que, consecuentemente, el Tercer Juzgado Civil resulta competente para entender en la presente causa; II) Disponer la remisión del expediente a dicho Juzgado y encomendar a su titular que informe lo resuelto al Primer Juzgado Laboral, con copia de la presente y del dictamen del Fiscal General (artículo 11 del CPC).

Protocolícese y agréguese copia al expediente. Fdo. Dres. José Abel Soria Vega, José Eduardo Balaguer y Ángel Humberto Medina Palá. Ante mí: Andrés de Cara Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Cc715 CS PROTOCOLO CAUSAS DE COMPETENCIA. AÑO 2014. F°51.