Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 153/159.

Santa Fe, 19 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el acuerdo 337 de fecha 4 de noviembre de 2016, dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, en autos "MARASCA, ANTONIO contra BARAVALLE S.A. Y OTROS -DEMANDA ORDINARIA- (CUIJ N° 21-04956113-7 EXPTE. N° 435/14)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511425-7); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante acuerdo 337 del 4 de noviembre de 2016 (fs. 2/13), la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario rechazó los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por ambas partes y confirmó la sentencia dictada por el Juez de baja instancia -quien, a su turno, había hecho lugar parcialmente a la demanda, condenando a la demandada a otorgar escritura pública traslativa del dominio a favor del actor si ello fuere registralmente posible y a entregarle la posesión del inmueble y los muebles en disputa, ello contra el pago del saldo del precio adeudado, y asimismo a indemnizar el daño emergente causado al demandante a raíz del incumplimiento contractual (difiriendo su cuantificación a una instancia ulterior), rechazando por lo demás el reclamo resarcitorio en lo atinente al lucro cesante y al daño moral-.

Contra tal pronunciamiento interpone la demandada recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055 (fs. 17/37).

Bajo el achaque de prescindencia de las constancias de autos, señala que la Sala ha omitido considerar elementos que demostrarían el conocimiento efectivo del accionante respecto de la celebración del acto en infracción de la representación plural, en los términos del artículo 58 de la ley 19550.

Sobre el particular indica que la documentación obrante en la causa daba cuenta de que el actor integra sociedades de idéntica estructura estatutaria a la de la sociedad anónima demandada, en las cuales se pone en cabeza del directorio -y no de su presidente- la legitimación para concretar actos de disposición como el ventilado en los presentes, de modo que por semejanza -argumenta- aquél mal podía desconocer las limitaciones de quien había actuado por la firma vendedora; y asimismo que del intercambio epistolar suscitado entre las partes al inicio del conflicto, en marzo de 2002, surgen las múltiples advertencias dirigidas al demandante acerca de la invalidez del negocio concertado así como el ofrecimiento de la devolución de la suma abonada.

Añade que el argumento del A quo referido a la unipersonalidad del directorio contradice al estatuto constitutivo de la sociedad demandada obrante en autos; y que no resulta creíble que el actor, directivo de distintas sociedades, no hubiese empleado la diligencia ordinaria de un hombre de negocios en el sentido de exigir toda la documentación pertinente -en especial la concerniente a la legitimación de quien actuaba por la contraparte- a la hora de suscribir el boleto de compraventa.

Expresa que fue en razón del conocimiento que el actor tenía sobre la vulnerabilidad del acto celebrado, que aquél jamás consignó el saldo del precio en dinero sino que se limitó a consignar su obligación en especie de entrega de harina.

Por otra parte, le reprocha a la Sala arbitrariedad por desencuadre normativo.

Al respecto expone que las consideraciones de la Alzada sobre la excepción de incumplimiento, la suspensión del contrato y la pretensión de cumplimiento contractual se hallan desprovistas de una premisa esencial, cual es la buena fe exigible a quien esgrime cualquiera de tales pretensiones; y que en la causa existen constancias que demostrarían inequívocamente la mala fe del actor.

Arguye en tal sentido que el Tribunal ha convalidado el inhabitual comportamiento del demandante en cuanto dejó en suspenso el pago de la parte del precio en dinero hasta la oportunidad de la transferencia dominial; mientras que, a su vez y contradictoriamente, ha permitido la consignación de la prestación en especie que -según lo convenido- se hallaba diferida, respecto de bienes perecederos que no fueron liquidados y que, en verdad, habrían quedado bajo el poder del accionante; situación que -según entiende la quejosa- se agrava más todavía si tales extremos pretenden oponerse en el plano de su concurso preventivo, en desmedro de otros acreedores y en transgresión de las normas concursales.

Asimismo sostiene que, en punto a la obligación de entrega de harina, el fallo ha prescindido de las normas que rigen el pago y la consignación.

Al respecto señala que el cumplimiento de esa obligación en especie no se verificó; y agrega que, aun suponiendo que ello hubiese obedecido a su "mora creditoris" -extremo que afirma no probado-, de igual modo se habrían violentado las reglas de la consignación judicial, desde que -asevera- "no se puede tener por consignado el pago en especie de la harina cuando en la práctica no fue entregada ni tampoco se recurrió a la venta o subasta o acto alguno a los efectos de cumplir con el precio".

Agrega que resulta una cuestión opinable la posibilidad de consignar cosas perecederas y que la Cámara optó por el criterio que lo admite; y que desde tal perspectiva debía exigirse, como mínimo, que se adoptaran medidas tendentes a evitar la pérdida o degradación de la cosa debida; pero que la mera "reserva de harina no retirada" propuesta por el actor como "cuasi consignación de pago" -en el sentido de limitarse a ponerla a disposición del tribunal valiéndose para ello de sociedades bajo su control-, constituye una prueba indubitable de que no hubo consignación ni pago, pues el deudor retuvo la harina sin concretar entrega alguna; de modo que -postula- resulta arbitrario que el A quo haya desconocido esa situación fáctica teniendo por cumplida la parte del precio en especie, cuando en verdad nada se habría pagado.

Tacha también de arbitraria a la condena resarcitoria del daño emergente puesto que, a su modo de ver, aun cuando hubiese existido incumplimiento contractual -extremo que niega-, falta el presupuesto de la certeza y acreditación del perjuicio resarcible, en tanto -dice- se ha receptado la pretensión indemnizatoria sin prueba que la sustente y sin haberse ponderado los incumplimientos y la mala fe de la contraparte, en especial respecto de su deber de mitigar el daño.

Aduce que la Cámara ha concedido un resarcimiento "a ciegas", difiriendo su cuantificación a otro pleito, sin fijar los parámetros objetivos bajo los cuales debería realizarse tal determinación, apareciendo ello como un modo de salvar la negligencia probatoria de la contraria; añade que el daño emergente ha sido receptado sin ponderarse que el actor retuvo buena parte de las prestaciones a las que se encontraba obligado, lo cual -afirma- torna dudosa la existencia de algún daño.

Finalmente alega que resulta arbitraria la decisión de la Alzada de confirmar el fallo de baja instancia que había dispuesto hacer lugar a la demanda de escrituración inmobiliaria por cuanto, más allá de algunas reflexiones aisladas, habría omitido expedirse sobre su impacto en el concurso de la demandada.

2. Por resolución del 21 de junio de 2017 (f. 84), la Sala denegó la concesión del remedio extraordinario interpuesto, al hallar que los planteos de la recurrente reflejaban su mera discrepancia con lo resuelto, sin contenido constitucional.

Tal denegación motiva la presentación directa de la interesada ante esta Corte (fs. 54/80).

3. La presente queja, se adelanta, debe ser rechazada.

Es que en una aproximación a lo sustancial puede advertirse que si bien en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad se invocan diversas hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción, lo cierto es que de la liminar confrontación de tales cuestionamientos con el decisorio atacado no logra entreverse que las causales de descalificación invocadas guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso o que la decisión del litigio dependa de las supuestas arbitrariedades esgrimidas, apareciendo así los planteos recursivos como una mera manifestación de disconformidad de la impugnante con el criterio expuesto por el A quo -en ejercicio de funciones propias- en la valoración e interpretación de las cuestiones fácticas y jurídicas del caso, lo que no depara cuestión constitucional atendible en los términos del artículo 1 de la ley 7055.

En efecto, de la lectura del fallo impugnado surge que la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que, con base en la existencia de un boleto de compraventa -en virtud del cual el presidente de la sociedad demandada, en tal calidad, vendía al actor un inmueble con instalaciones y maquinarias por un precio compuesto en una parte por una suma de dinero en moneda extranjera pagada parcialmente (quedando pendiente un resto a satisfacerse el día de la escrituración) y en otra parte por una cantidad de harina de especie y calidad determinadas-, había declarado procedente la demanda de escrituración y entrega de posesión de las cosas vendidas contra el pago del saldo adeudado, con más resarcimiento del daño emergente.

En lo que aquí interesa, la Alzada rechazó, en primer lugar, el agravio de la demandada referido a la alegada inoponibilidad del contrato al ente societario por una supuesta infracción a la representación plural -consistente en la falta de ratificación de la actuación del presidente por parte del órgano de gobierno, según exigencias estatutarias-.

En tal sentido expuso que, de acuerdo con el artículo 58 de la ley 19550, la sociedad quedaba obligada por todos los actos celebrados por el administrador o representante que no fuesen notoriamente extraños al objeto social, salvo mala fe del cocontratante; que la parte interesada no demostró la falta ni la denegación de la ratificación del boleto; que a tenor de la respectiva escritura constitutiva, el objeto de la sociedad demandada se ceñía a la actividad inmobiliaria; que tampoco se probó el efectivo conocimiento del actor respecto de la invocada restricción estatutaria; y, a mayor abundamiento, que de la misma escritura constitutiva se desprendía además que el directorio era unipersonal.

También descartó las críticas de la accionada relacionadas con los presupuestos de la pretensión de cumplimiento: señaló con apoyo en citas de doctrina y jurisprudencia que, de acuerdo con el artículo 1201 del Código Civil, en los contratos bilaterales una de las partes podrá demandar su cumplimiento si prueba haberlo ella cumplido u ofrece cumplirlo, o que su obligación es a plazo.

En ese marco de análisis, y a los fines de determinar si había mediado cumplimiento de la porción del precio en dinero que debía abonarse con carácter previo a la escrituración, el A quo tuvo por probados los pagos parciales efectuados por el actor, incluyendo el efectuado a un tercero con arreglo al artículo 731, inciso 7, del Código Civil y sobre la base de lo convenido por las partes y la autorización librada a tal efecto, todo lo cual -concluyó- sumaba un porcentaje superior al 25% del precio en dinero pactado.

A su vez, en torno a la harina debida, señaló que su entrega en el lugar convenido y en la forma pactada no pudo cumplirse a tiempo por culpa de la vendedora, quien no prestó colaboración pese a las intimaciones cursadas a tal fin; y que estando concertadas las entregas a partir de los treinta días del otorgamiento de la escritura pública que nunca se llevó a cabo, su consignación judicial con arreglo al artículo 764 del Código Civil -con prescindencia del "nomen iuris"- lucía apropiada a los fines de cumplir tal prestación o bien de demostrar la intención de cumplirla en los términos del artículo 1201 del mismo cuerpo legal.

Y en lo tocante a la pretensión resarcitoria del daño emergente, el A quo expuso que la mora de la demandada y el incumplimiento de las obligaciones a su cargo habían quedado reconocidas por aquélla en el responde y en su alegato; y que habiendo transcurrido más de catorce años desde la celebración del contrato, en virtud del cual el comprador había desembolsado una importante suma de dinero sin recibir nada a cambio, no cabían dudas acerca de la existencia de perjuicios patrimoniales derivados de la responsabilidad contractual imputable a la vendedora.

Finalmente, rechazó el agravio relativo al soslayamiento de la situación concursal de la demandada; indicó que por imperio del artículo 146 de la ley concursal, los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe resultan oponibles al concurso siempre que se hubiera abonado el 25% del precio, correspondiendo al juez del juicio universal disponer el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos legales; y que en su caso el actor podrá presentarse en el concurso de la demandada a verificar su crédito derivado del boleto y reconocido en la sentencia, la que se erigirá como título verificatorio; destacó que, habiéndose abonado más del 25% del precio en dinero y habiéndose consignado la totalidad de la prestación en especie, no se advertía que la situación concursal hubiese resultado desconocida o trastocada.

Frente a ello la recurrente, bajo diversas tachas de arbitrariedad fáctica y normativa, se empeña en imponer su particular postura en cuanto a la solución que considera acertada, en base a su propia interpretación de los hechos y el derecho del caso.

Mas con los argumentos que expone -consistentes, en esencia, en una mera reiteración de planteos que ya han sido examinados y resueltos por los Jueces de la causa- no logra persuadir, siquiera en un grado mínimo y provisional propio de este estadio, que las consideraciones y conclusiones vertidas por la Alzada puedan ser descalificados en el plano constitucional, ni que su particular apreciación de la causa deba necesariamente imponerse en la especie.

Es que, en primer lugar y como es sabido, los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas del expediente sino sólo aquéllas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones y, desde tal perspectiva, la compareciente no trae razones de peso en orden a convencer a esta Corte acerca de que las constancias que se dicen preteridas hubiesen revestido la decisividad que pretende atribuirles.

En especial la recurrente no logra poner en crisis las conclusiones fácticas sobre las cuales el A quo sustentó la oponibilidad del boleto a la sociedad demandada en los términos del artículo 58 de la ley 19550, en el sentido de que el acto celebrado por el presidente del directorio no resultaba notoriamente extraño al objeto social; que en autos no quedó demostrado que el actor, al tiempo de contratar, hubiese conocido efectivamente que la suscripción del boleto se hallaba sujeta, según los estatutos del ente societario, a ratificación por parte del directorio en pleno; y que, de todos modos y a mayor abundamiento, se trataba de un directorio unipersonal -integrado únicamente por su presidente-.

Por otra parte, es claro que los cuestionamientos de la impugnante dirigidos contra las consideraciones de la Sala relativas a la aplicación al caso del artículo 1201 del Código Civil -poniendo el énfasis en el presupuesto de la buena fe del demandante que afirma ausente y en la alegada falta de prueba del pago o del ofrecimiento de pago de las prestaciones a su cargo, manifestando asimismo su oposición a los asertos del Tribunal en punto a la "mora creditoris" y a la posibilidad de depositar la cosa debida en el lugar autorizado por el juez con los efectos de la consignación (art. 764, Cód. Civ.)-, al igual que las quejas relacionadas con las valoraciones de la Alzada acerca de la responsabilidad contractual de la demandada y sobre la certeza del daño causado al actor -en atención a los pagos parciales efectivizados y al tiempo transcurrido sin recibir contraprestación alguna-, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, resueltas por los Jueces de la causa en base a fundamentos suficientes del mismo orden que podrán no conformar a la interesada pero que, al margen de su mayor o menor grado de acierto, no se vislumbran como apartados de la sana crítica racional o del derecho aplicable.

No debe olvidarse, al respecto, que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por la jurisdicción ni puede constituirse como un medio para sustituir a los magistrados en la decisión de cuestiones que le son privativas (por todos, A. y S., T. 100, pág. 251); ni a corregir en una suerte de tercera instancia ordinaria fallos que se reputen equivocados, sino que sólo se admite en los supuestos de desaciertos y omisiones de gravedad a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez (Fallos:312:1850; 313:473; 324:3421; entre otros).

Finalmente, tampoco resulta atendible el reproche de desconocimiento de la situación concursal de la demandada pues, tal como surge de la reseña que antecede, el fallo contiene un pronunciamiento expreso sobre el tema, ajustado a la manda del artículo 21 de la ley 24522 (según art. 4, ley 26086) en cuanto establece que la sentencia que se dicte en los procesos de conocimiento contra el concursado en trámite a la apertura del concurso y excluidos del fuero de atracción valdrá como título verificatorio en el proceso universal, donde en definitiva se resolverá en orden a la oponibilidad o no del fallo a la masa de acreedores con arreglo a las directivas del artículo 146 de la misma ley.

En suma, no se vislumbra en el "sub lite" la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que habilite el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte. Ello en razón de que no son suficientes las meras afirmaciones acerca de la existencia de arbitrariedad o afectación de garantías fundamentales, sino que es necesaria la demostración liminar de su conexión con las constancias de la causa y de su incidencia sobre el pronunciamiento que se impugna, lo que -como se vio- no ocurre en la especie.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario -Sala Segunda-.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral N° 1 de Casilda.