marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jubilaciones, cómputo de servicios, aportes previsionales, régimen jubilatorio provincial, edad mínima para jubilarse
Materia: CIVIL
Carátula: Vargas González, María Elena c/ I.P.A.U.S.S. s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2012-09-20

El principio de uniformidad no se encuentra vulnerado por e l art. 21 inc. a de la Ley 561 de la Provincia de Tierra del Fuego -conf. ley local 721-, que establece la exigencia de un tiempo mínimo de servicios con aportes efectivos en la provincia para acceder al beneficio previsional, ya que el Estado provincial se encuentra facultado en los términos de los arts. 121 y 125 de la Constitución Nacional para dictar su propio régimen jubilatorio y la pretendida uniformidad no puede visualizarse desde el prisma de la identidad, pues coexisten en nuestro país distintas cajas u organismos de previsión que al cobijo de su normativa han establecido diferentes requisitos de accesibilidad, por lo que no resulta razonable soslayar estas exigencias frente a la existencia de regímenes dispares.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, aplicación de la ley previsional, retiro militar, pensiones militares, retiro policial, pensiones del personal policial
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Harvey, Margarita Juana c/ Estado Nacional Mrio. de Defensa Estado Mayor del Ejército - s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Es formalmente procedente el recurso extraordinario si se encuentra en juego la interpretación que debe darse a las normas que integran el sistema de retiros y pensiones de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, y la decisión fue adversa a la pretensión que la recurrente sustentó en ella.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Vacca, Claudio Fabián. Villabona, Néstor Fabián s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-07

Es inconducente el agravio referido a que la denegación de una pericia habría transgredido las garantías de defensa en juicio y del debido proceso (con la cita de los arts. 18, 28, 31, 33 de la Constitución nacional, y 9 y 13 de la Constitución provincial) si la invocación de las mencionadas garantías constitucionales no pueden sustentar el reclamo toda vez que, en el caso, se trata del incumplimiento de una exigencia contemplada en una norma del Código procesal (art. 271) que no ha sido impugnada como inconstitucional.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Luna, Oscar c/ Arroyo, Roberto y otro s/ Haberes, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-08

Las presunciones que surgen de los arts. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 del dec. ley 7718/71 sólo juegan cuando se ha probado una relación de trabajo subordinado entre las partes.
Emergencia económica, inembargabilidad de fondos
Materia: ECONOMIA
Carátula: Silvana Ortega c/ Estado Provincial (ley 5320) s/ Acción autónoma de inconstitucionalidad. L.A. Nro.  51 F. 220/228 Nro. 98 Acción autónoma de inconstitucionalidad. L.A. Nro.  51 F. 220/228 Nro. 98
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-10-31

El ámbito de aplicación de la ley 5320 no abarca los créditos otrora consolidados, pues a su respecto es dable inferir que el Estado hubo de ponderarlos y cuantificarlos con vasta anticipación, lo que conlleva la obligación de preverlos en el presupuesto correspondiente al ejercicio vigente al tiempo de la desconsolidación. A partir de la clausura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura en el que corresponda tratar la ley de presupuesto con inclusión de la partida presupuestaria respectiva, nace en cabeza del acreedor el derecho de ejecutar judicialmente su crédito.
Contrato de trabajo, fecha de ingreso
Materia: LABORAL
Carátula: CASCO MIGUEL ANGEL c/ MEYER CARINA Y/U OTRO s/ DIFERENCIAS SALARIALES Y OTROS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-15

Las fechas de rubricación del libro de sueldos y jornales, llevado en hojas móviles, correspondiente a los períodos en que prestó servicios el actor, se produjeron con antelación al momento del despido y, por sobre todo, a los reclamos que éste formula, efectuados todos con posterioridad a la extinción del vínculo, con la única excepción de los últimos veintiún días de la relación laboral, por lo que no resulta posible la maniobra que la recurrente pretende en esta instancia -de atribuir al empleador- como realizada al amparo de una rúbrica tardía de la documentación laboral.
Aplicación de la ley, doctrina de la arbitrariedad, tráfico de influencias, cohecho
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Unidad Fiscal Unica J. A. c/  s/ invest. cohecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-22

En primer lugar, respecto a las facultades revisoras del Tribunal de Impugnación Provincial resulta doctrina jurisprudencial de la Sala Penal del máximo tribunal local, que debe: a) comprobarse que los magistrados del juicio hubieran dispuesto de la correcta actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que la prueba se hubiese incorporado bajo la vigencia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad ("juicio sobre la prueba"); b) comprobarse la existencia de elementos probatorios con suficiente consistencia para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia ("juicio sobre la suficiencia de la prueba"); y c) verificarse que el tribunal de juicio haya cumplido con el deber de motivación, es decir, que se haya concretado de manera real el fundamento de la convicción del juzgador y que este convencimiento se base en parámetros lógicos y razonables ("juicio sobre la motivación y su razonabilidad"), labor que también se extiende a una función valorativa de pruebas no comprometidas con la inmediación pero que se desarrolla, en este último tipo de pruebas, bajo el control de la racionalidad de las inferencias realizadas, censurándose las fundamentaciones ilógicas o irracionales, absurdas y, en definitiva, arbitrarias. De esta forma, el tribunal revisor al controlar la motivación fáctica y jurídica de la sentencia, actúa verdaderamente como tribunal de legitimación de la decisión adoptada por los sentenciantes, en cuanto verifica la solidez y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas por los mismos, confirmándolas o rechazándolas.
Accidentes de trabajo, daño
Materia: LABORAL
Carátula: Piacenza, Miguel Raúl c/ Cooperativa de Servicios Públicos Sauce de Luna Ltda. s/ Quiebra s/Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-11-27

En el caso, no se encuentra demostrado científicamente que la mecánica del accidente -no se trató de un esfuerzo columnario de flexión y extensión con levantamiento de cargas sino de una caída- haya sido ciertamente idónea para provocar la afección incapacitante cuya indemnización se reclama como accidente de trabajo (Voto de la Mayoría). Las constancias del expediente prueban que existió una relación de causa a efecto entre el accidente y la incapacidad del accionante y, a pesar del régimen de la ley 24.028 que eliminó la teoría de la indiferencia de la concausa y que el artículo 2 establece que "en caso de concurrencia de factores causales atribuibles al trabajador y factores causales atribuibles al trabajo, sólo se indemnizará la incidencia de estos últimos, la que será determinada por la autoridad administrativa o judicial según correspondiere", en el caso, la caída desde un árbol en que trabajaba fue la causa principal de las afecciones del actor, ya que se trató de un fuerte golpe traumático susceptible de lesionar gravemente (Voto de la Minoría).
Querellante, rol de querellante, facultades del querellante
Materia: PENAL
Carátula: Chomicki, Ricardo Miguel s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-13

Las personas ideales poseen la capacidad de ser querellantes y ejercer como tales, siempre y cuando sea uno de sus fines estatutarios y posean el poder correspondiente para representar a las víctimas o familiares de éstas a quienes la ley reconoce derecho de querellar. (Dres. Mitchell, García y Yacobucci).
Poder Legislativo, igualdad ante la ley, facultades legislativas, inmunidad de jurisdicción, criterio de razonabilidad, voto en disidencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

El mantenimiento de una prerrogativa injustificada como es la inmunidad de proceso vulneraría, en primer término, el principio de igualdad ante la ley, ya que éste no exige que todas las personas sean tratadas de igual modo, sino que determina la obligación de igualar a todas las que se encuentran en la misma categoría, grupo o clasificación, evitando distinciones arbitrarias u hostiles; así, la razonabilidad es la pauta para ponderar la medida de la igualdad, con lo que queda entendido que el legislador puede crear categorías, grupos o clasificaciones que irroguen trato diferente entre los habitantes, a condición de que el criterio empleado sea razonable; y la inmunidad de proceso no presenta ese carácter, desde que no tiene una vinculación directa con la posibilidad de la respectiva Cámara -y del particular legislador- de cumplir con sus funciones, siempre en la medida que se respete la inmunidad de arresto. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - DOCTRINA: Bidart Campos, Germán J, "Manual de la Constitución Reformada", Editorial Ediar, 2da. reimpresión, Bs. As. 2001, Tomo III, pág. 533).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, legislación rural, falta de prueba, primacía de la realidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-AGRARIO
Carátula: Maciel, Miguel Angel c/ Pagani, Osvaldo Raúl s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-05

Las consideraciones del Tribunal de Alzada para rechazar el recurso de inconstitucionalidad no resultan adecuadamente neutralizadas por el presentante en su recurso directo, en tanto no logra hacerse cargo de los argumentos confirmatorios vertidos por la Sala, desde que, contrariamente a las invocaciones del recurrente, los puntos expuestos por la Alzada reflejan un examen exhaustivo de las postulaciones de las partes, de las constancias del expediente y de las pruebas ofrecidas en autos, y el análisis efectuado por el Juzgador -por el cual consideró insuficiente la prueba ofrecida por la demandada para acreditar la excepcionalidad -trabajo agrario temporario- al régimen general -trabajo permanente-, podrá o no conformar al recurrente, pero lo cierto es que éste no logra persuadir en forma decisiva a este Cuerpo que el razonamiento luzca irrazonable en modo tal que lo haga pasible de descalificación constitucional ante esta sede, en tanto se imponía al recurrente fundamentar y demostrar, en las concretas circunstancias del caso, los agravios por él invocados lo cual no se acredita ni logra entreverse; puesto que la Sala, para así decidir y partiendo del modo en que quedó trabada la litis, efectuó una evaluación de las constancias de autos y pruebas colectadas -particularmente testimoniales de ambas partes, copia de expediente del Ministerio de trabajo, informativa a A.F.I.P.- las cuales analizó en el marco normativo del Régimen de Trabajo Agrario y de la Ley de Contrato de Trabajo (por remisión del art 2 inc b) de la ley 26727) y señalando la preeminencia del principio de primacía de la realidad. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26727; Ley 20744
Recurso de revisión (procesal), recurso de apelación (procesal), preclusión
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: WELLER, F. c/ CRERAGHTY, S. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-09-27

Si el impugnante aceptó el fallo de primera instancia, en cuanto al encuadramiento legal de los hechos, al no agraviarse expresamente por la aplicación del art. 1109 C.C. y la consecuente exclusión del art. 1113 C.C., no puede ahora como fruto de una tarda reflexión pretender incorporar una materia en la decisión que, en tiempo propio propio, no merece objeción alguna de su parte. No habiendo el recurrente objetado "intra certum tempus", el enfoque jurídico que le resultó perjudicial, habilitando al tribunal de grado para un pronunciamiento al respecto, ha servido su conducta para precluir su derecho a impugnarla en el futuro por va casatoria, al haber quedado convalidado el supuesto agravio. Admitir lo contrario importaría desnaturalizar el remedio extraordinario de la revisión en desmedro del derecho de defensa e igualdad ante la ley que debe regir el proceso judicial.
Honorarios del abogado, pacto fiscal
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Tojo, Luis y otra c/ TRANSPORTES COMODORO S.A. y otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-28

La Ley No. 3925 no ha derogado la Ley de Aranceles Profesionales No.

2200, pues por aquélla el Poder Ejecutivo Provincial se ha comprometido a propiciar -punto 10- el dictado de una ley especial que contemple el criterio comprometido en el denominado "Pacto Fiscal".

Norma provincial que a la fecha no ha sido dictada, en una materia de estricta competencia provincial por no haber sido delegado al Congreso de la Nación y que se mantiene en la Constitución Nacional sancionada en 1994 -art. 121-.
Empleo público, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Saba, Nader Owen c/ Municipalidad del Partido de General Pueyrredón s/ Acción de reinstalación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

Los reclamos derivados de la terminación de la relación de empleo público deben tramitar por la vía contencioso administrativa.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fianza, obligación principal
Materia: CIVIL
Carátula: Ganeva Vicheva, Varbina y Otro c/ Fernández, Audelino y Otra s/ Cobro de Pesos Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-17

Ha de recordarse que el art. 523 del C.C. establece que "De dos obligaciones una es principal y la otra accesoria, cuando la una es la razón de la existencia de la otra"; así, la obligación que tiene existencia propia e independiente de la otra con la cual está conectada, es la principal, mientras que la accesoria no encuentra en sí misma la razón de su existencia, sino que depende de la existencia y legitimidad de una primera obligación. Este fenómeno de interdependencia de las obligaciones es lo que prevé el artículo citado y que se presenta típicamente en la fianza.
Concursos, actos y diligencias procesales, defectos del procedimiento, sindicatura, falta de firma
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOSNIC, LOPEZ, FELTRIN Y OTROS c/ SIDUS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-05

No procede la nulidad de la resolución que hizo lugar al recurso de queja incoado por uno de los dos estudios que conforman la sindicatura plural que promovió la extensión de quiebra, con base en que el escrito en el que se dedujo la queja, más allá de mencionar en su encabezamiento a los dos estudios actuales integrantes del órgano sindical desinsaculado, no fue suscripto por uno de ellos; así las cosas, aún cuando pudiera pensarse que tal carencia podría, en principio, favorecer la postura de los nulidicentes pues el juzgado concursal había impuesto a los integrantes de la sindicatura una actuación conjunta, no es menos cierto que al contestar la incidencia nulificatoria ha sido ratificado todo lo actuado por el estudio que no había suscripto el escrito. Ello así y aún cuando asistiría razón a los quejosos en punto a que la representación sindical debía ser ejercida, necesariamente, por ambos estudios (exigencia no rebatida en autos), cabe reparar, en que las formas procesales no son un fin en sí mismas, ya que de lo contrario, se estaría estableciendo un principio de sacramentalidad inaceptable en nuestro ordenamiento. Es por ello, que en sentido concordante con lo expuesto, la finalidad a que tienden los requisitos de los actos procesales no es otra que la de salvaguardar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, por lo que, en la hipótesis de autos no puede haber declaración de nulidad pues, más allá de la falta de legitimación que existió al tiempo de interponerse la queja que este Tribunal acogiera, trátase de una omisión eminentemente subsanable, que tal cuestión quedó zanjada, con posterioridad, como resultado de la convalidación efectuada por el estudio que no suscribió la mentada vía recursiva. En efecto, se arriba a tal conclusión, dado que las nulidades procesales son todas relativas y convalidables mientras se refieran a irregularidades puramente formales y cuya fuente sea sólo la falta o distorsión de requisitos relacionados con aspectos meramente procedimentales. No es justificado así, aceptar una nulidad basada en un formalismo cuando ha existido un verdadero asentimiento de lo actuado por el estudio que interpuso la queja.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: Kocianova de Gagliardo Marta c/ Sciarrotta Marcelo y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-10

Si se tiene en cuenta que los vehículos que precedían al demandado consiguen frenar sin problema alguno y que éste, lejos de realizar tal maniobra, sólo atina a volantear hacia la izquierda, podemos presumir que tal accionar se debió o bien a que no guardaba una distancia prudencial que hubiera permitido contener su rodado o que se hallaba transitando desatendiendo las circunstancias del tránsito, por lo que las maniobras de frenado de los autos que lo precedían lo toman por sorpresa, mediando en ambos casos, negligencia en su manejo.
Concursos, liquidación de entidades financieras, cesación de pagos, hechos reveladores
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIDEICOM CIA. FINANCIERA  S.A. s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR BANCO CENTRAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-23

Encuadra en las previsiones de la LC.86-5 el ofrecimiento de liquidación de cuatro sucursales, en brevísimos plazo, para así atender el desfasaje de su cuenta corriente en el banco central, lo evidencia con meridiana claridad la insostenible situación en que la entidad financiera se encontraba en ese momento. Y de los términos del plan de saneamiento propuesto por la entidad, surge también sin hesitación su confesión del estado cesante. En efecto, al requerir la refinanciación de su deuda con la autoridad de contralor, no hizo sino evidenciar su imposibilidad de cumplirla, con lo cuál también se ha dado el supuesto de la LC.86-1.
Gastos del concurso, locación
Materia: COMERCIAL
Carátula: JORGE Y ROGER ATAIDE - SOCIEDAD DE HECHO s/ QUIEBRA PROPIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1983-09-19

Dicho crédito esta incluido en la categoría de gastos del concurso, porque con la intervención del sindico y la autorización del juez, continuo el contrato de locación que existía con anterioridad a la quiebra. Además de estar la revalorización prevista en el contrato respectivo, la masa es continuadora de la locación, no pudiéndose alterar las cláusulas contractuales asumidas.
Despido indirecto, injuria laboral, pago de la remuneración, mora del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: ALFARO, JUAN PABLO c/ TERRABUSI  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-30

Hallarse en conflicto con el personal no justifica el atraso en el pago de la remuneración, tornando procedente la situación de despido indirecto en que se coloca el trabajador, previo haber intimado telegráficamente a la patronal el cumplimiento de su débito.
Empleados públicos, ENTEL, tareas de vigilancia, calificación del trabajador, cambio de categoría, remuneración, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: RIVERO, JORGE c/ ENTEL s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-21

Los trabajadores que laboraban en la "División de defensa Regional" de la empresa demandada requerían una mayor especialización y capacitación en la tarea de vigilancia de la misma. Por ello se les otorgaba una categoría determinada y una remuneración especial. Estas circunstancias objetivas fueron las causas por las cuales hubo una diferencia en la remuneración para estos dependientes. El hecho de que posteriormente, como consecuencia del traslado de los mismos al "Departamento de vigilancia", efectuaran las mismas tareas, no resulta suficiente para configurar un trato desigual o discriminatorio que fundamente las diferencias salariales requeridas en la demanda.
Automotores, robo calificado
Materia: PENAL
Carátula: Santillán, Mario Oscar s/ Robos Ramallo, José Aníbal s/ Robo aut.tor Vázquez, Bibiana Aurelia s/ Privación ilegítima de la libertad calificada por el empleo de armas  en concurso real con robo de aut.tor calificado por el empleo de  armas Montouto, Eladio Enrique s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07|1991-08-20|1993-12-14|1991-02-19

La remisión que formula el art. 38 del decreto ley 6582/58 a normas del Código Penal forma parte del sistema jurídico actual y en función de ello debe ser interpretada.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, ciclista
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ RENE JULIO c/ PONCE JUAN EDUARDO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-11-29

Tratándose de un accidente de tránsito entre un automotor y un ciclista, la situación jurídica del segundo es equiparable a la del peatón embestido, en razón de la significativa desproporción entre el riesgo que genera el uso de uno y otro vehículo, de éste modo, media en contra del automovilista presunción legal de responsabilidad y para desvirtuarla debe demostrar que el hecho ocurrió por culpa de la víctima. Este desplazamiento de la presunción de culpabilidad hacia el conductor del vehículo de mayor porte, no impide que se aprecie el proceder de la víctima, si éste con su actuar imprudente provoca el hecho dañoso. No es suficiente para atribuirle al ciclista culpa en la producción del siniestro, el hecho de que éste haya tomado parte de la cinta asfáltica ya que para calificar su obrar como culpable debió conducirse de manera incompatible con la normal prudencia que debía exigirse en las circunstancias de tiempo y lugar. De modo alguno puede inferirse como causal del accidente haber zizagueado sobre el costado derecho del asfalto (y no sobre toda la cinta asfáltica) al dejar la banquina, ya que es normal el zizagueo, por lo tanto es algo que el conductor debe prever.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, proceso penal, etapas del proceso, instrucción
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Pieckenstainer, Dieter Walter s/ Lesiones - Recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal -   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es la posibilidad de considerar   como "secuela de juicio" (artículo 67 del Código Penal) con entidad   interruptiva de la prescripción de la acción penal a determinados   actos de la instrucción previos a la requisitoria de elevación a   juicio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-12

Es posible considerar como "secuela de juicio" (art. 67 del Código Penal) con entidad interruptiva de la prescripción de la acción penal a determinados actos de la instrucción previos a la requisitoria de elevación a juicio. (Del Voto del Dr. Crippa García)