marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inspección impositiva, inspectores de la DGI, allanamiento sin orden, inviolabilidad del domicilio
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: STEINCO GUSTAVO ALEJANDRO (TF 18283-I) c/ DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

La forma en que la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio y en consecuencia la imposibilidad de allanar -sin orden judicial-, se encuentra debidamente garantizada, sólo se torna operativa en el caso que los agentes públicos obren de la forma indicada en el párrafo precedente. Es decir, los agentes públicos (en el caso los "inspectores" de la AFIP-DGI), para garantizar de forma plena el principio constitucional aquí tratado, se deben ajustar a los siguientes requisitos,: 1) poner en conocimiento en forma concreta y positiva a los representantes de la firma; 2) en forma "previa" al ingreso del local; 3)haciéndoles saber que "No" tienen orden judicial para allanar; 4) que pueden negarse a dejarlos ingresar para efectuar allanamiento alguno; 5)dejando constancia -aunque resulte obvio- que su objetivo constituye o puede constituir el posible allanamiento de objetos. (del voto del Dr. Gallegos Fedriani - Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Fredes, Gonzalo Arturo y otros c/  s/ causa n° 13.904
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-06

No basta para satisfacer la exigencia de fundamentación que surge del art. 15 de la ley 48 con la invocación genérica y esquemática de agravios, dado el carácter autónomo del recurso extraordinario, siendo insuficiente la aserción de determinada solución jurídica en tanto ella no esté desarrollada con referencia a las circunstancias de la causa y a los términos del fallo que la resuelve (Disidencia del Dr. Horacio Rosatti).
Ley de emergencia, despido, desempleo, prórroga del plazo, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: G. C., L. M. c/ C., E. S. s/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-08-02

El artículo 16 Ley 25561 establece: "Suspéndese la aplicación de la Ley Nro. 25557, por el término de hasta NOVENTA (90) días. Por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente".

Por su parte, el decreto 264/02 (art. 4) disponía: "La duplicación prevista en el artículo 16 de la ley 25561 comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo". A partir de lo expresado por la norma legal y su decreto reglamentario, este Cuerpo entendió que el hecho de que el texto del art. 16 de la Ley 25561 consignara el término "indemnización" no necesariamente debía llevar a interpretar que aquél se refería exclusivamente a la indemnización por antigüedad, pues bien podía entenderse que dicho sustantivo, aún en singular, denotaba la integralidad de la reparación que, en todos los casos, deriva directamente del despido y, por ello, comprende todos sus rubros: indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso más parte proporcional de SAC e integración mes de despido más parte proporcional de SAC.
Costas, mora de la administración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Schaab, Rosa Magdalena c/ SGPER s/ Acción de amparo por mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-01-09

Cuando la amparista solicita informe del estado del expediente administrativo en fecha 10/12/09, antes de interponer la demanda de amparo por mora, la propia Administración omite hacerle saber que se habría dictado el Decreto Nº 4668/09 MSAS que posteriormente acompaña la Fiscalía de Estado luciendo fecha de emisión del 04/12 /09. Son estas actitudes omisivas de la accionada las que inducen a error a la actora, por lo cual debe la demandada cargar con las costas del proceso.
Depreciación monetaria, honorarios, moneda, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO. c/ AGUSTIN SCIPIONI Y OTROS. s/ HONORARIOS-  REGULACION- DEPRECIACION MONETARIA- JUSTICIA CONMUTATIVA - DERECHO DE PROPIEDAD-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

Es descalificable la regulación ya que, al no repotenciar el monto por capital, tomando en cuenta la depreciación operada con anterioridad a la sentencia, y reconocida en el mismo pronunciamiento, importa privar al profesional interviniente de una adecuada contraprestación, infringiendo el principio de la justicia conmutativa y vulnerando el derecho de propiedad.
Excusación, AMISTAD MANIFIESTA
Materia: CIVIL
Carátula: SINDICATURA DEL BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL COOP.LTDO.s/QUIEBRA c/ LAYUS GUILLERMO H. Y OTRA s/COBRO DE PESOS s/ QUEJA POR CASACIÓN DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-25

El vocablo litigantes, que utiliza el código de rito, al tratar la recusación con causa por amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato, alude a las partes en el juicio, descartándose así a mandatarios y letrados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: VISCUSI, HUMBERTO c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

A parte del monto del juicio existen en el arancel de honorarios, un conjunto de pautas generales, naturaleza y complejidad del asunto, resultado obtenido, mérito de la labor realizada, eficacia y extensión del trabajo, escalas, mínimos, etc, que constituye la guía permanente para lograr una retribución justa y razonable. De modo que la validez constitucional de las regulaciones no depende exclusivamente de dicho monto o de las escalas pertinentes.
Pueblos originarios, derechos de los pueblos indígenas, Pacto de San José de Costa Rica, REPÚBLICA ARGENTINA, propiedad comunitaria de la tierra, derecho a una alimentación adecuada, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, responsabilidad internacional del Estado Parte
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina s/ Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-02-06

Ciento treinta y dos comunidades indígenas que habitan la Provincia de Salta, en la República Argentina, demandaron a dicho Estado alegando violación de distintos derechos - propiedad comunitaria e identidad cultural entre otros-, amparados por la Convención Americana. El Tribunal Interamericano abordó su estudio separándolo en tres grandes núcleos temáticos: 1) derecho a la propiedad comunitaria, 2) los derechos al medio ambiente sano, alimentación adecuada, al agua y participación en la vida cultural, y 3) derecho a las garantías judiciales. Se invocó asimismo violación a otros derechos respecto de los cuales la Corte Interamericana consideró no violentados por el Estado accionado.
Sociedades comerciales, derechos del socio, derecho de información del socio, acta de asamblea, copia del acta
Materia: COMERCIAL
Carátula: BERMAN ROBERTO c/ YUNIDA SOCIEDAD ANONIMA s/ DILIGENCIAS PRELIMINARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-26

La prohibición establecida en la ley de sociedades: 55 último párrafo -examen de los libros y papeles sociales y requerimiento de informes al administrador- no alcanza a otros actos que los accionistas pueden efectuar validamente tales como los descriptos en la ley de sociedades: 249 que les otorga en forma explícita la facultad de requerir copia del acta de asamblea.
Sociedad cooperativa, designación de consejero, inscripción registral, inoponibilidad a terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: MEDINA ROLANDO c/ BANCO CENTRAL DE LA REP. ARG. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

Los consejeros designados por el síndico conforme al art. 65 de la ley 20.337 ejercen efectivamente las funciones hasta la reunión de la primera asamblea, y la falta de publicidad de la nueva integración del órgano no es por regla oponible a los depositantes (art. 118, ley 20.337; arts. 10, 12 y 60, ley 19.550, t.o. 1984), como tampoco lo es el incumplimiento de la obligación de comunicar los cambios al Banco Central.
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo, comisiones médicas, igualdad ante la ley, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

No se constata "igualdad de circunstancias" entre un reclamo de resarcimiento de daños basado en regímenes indemnizatorios no laborales y el fundado en el sistema especial de reparación de accidentes y enfermedades del trabajo, pues los primeros no son sistemas de reparación tarifados, difieren en cuanto a los márgenes de responsabilidad que establecen y, por todo ello, suponen exigencias probatorias más gravosas y una muy precisa y detallada ponderación de las circunstancias variables propias de cada caso, mientras que el régimen especial de la ley de riesgos del trabajo, que otorga una más amplia cobertura, es tarifado y procura lograr automaticidad y celeridad en el acceso a las prestaciones e indemnizaciones que contempla, circunstancias que justifican y hacen razonable la existencia de una instancia administrativa previa.
Prueba confesional, apreciación del juez, culpa civil
Materia: PENAL
Carátula: Airasca, Héctor Alberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

No se acredita legalmente la culpa del acusado si: a) existe confesión de autoría ya que en el contexto de su relato indagatorio se atribuye una conducta que constituye autoría de las lesiones sufridas por la víctima de autos; b) esa confesión es calificada pues el relato contiene la exclusión de cualquier forma de culpa ya que expone que cumplía con la conducta exigible en materia de precaución -dichos del procesado que guardan sustento en la prueba pericial-; c) la confesión es indivisible pues no concurren las "presunciones graves en contra" requeridas en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.).
Excarcelación, caución juratoria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SEGOVIA YATEL MIGUEL s/ SOLICITA EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-07-15

Si bien el imputado no cumplió con una de las condiciones de la excarcelación, nada indica que ello haya sido con el fin de eludir la acción de la justicia, por lo que de acuerdo al art. 382 del C.P M.P. el beneficio deberá otorgarse bajo caución juratoria por no darse las circunstancias que prevee la segunda parte del mismo y atendiendo en el caso, al espíritu de la ley, que surge claramente de la última expresión del art. 383 del cuerpo legal citado.
Rebeldía, recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, eximición de prisión, excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LAURENZO, Julio. s/ APELACION-REBELDIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-01-10

El recurso de apelación no es la vía idónea para la revisión del incidente de rebeldía, el cual deberá ser subsanado mediante los institutos de la exención de prisión y excarcelación.
Deber de imparcialidad, recusación
Materia: PENAL
Carátula: Filozof, Mario y otros s/ recusación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-24

No corresponde hacer lugar a la recusación que no encuadra en las previsiones del art. 55 CPPN sin que se logre acreditar la concurrencia de alguna de las circunstancias tenidas en cuenta por la CS en "Llerena". Debe rechazarse el planteo de nulidad que sólo reposa en meras conjeturas elucubradas por la querella.
Recurso de apelación (procesal), juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: ALBERTENGO, HENRY ALONSO c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Y COMUNA DEL TREBOL s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS. QUEJA POR DENEGACION DEL   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 489-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-09

El principio procesal "tantum devolutum quantum apellatum" no se advierte vulnerado, por cuanto el mismo es verdad respecto del apelante y no del apelado (Carnelutti, "Sistema de Diritto Processuale" T II p 587); y no puede ser invocado entonces en perjuicio de quien resultó ganancioso y por tanto estaba impedido de apelar.
Deuda previsional, sanciones conminatorias
Materia: LABORAL
Carátula: Calle, Diego Osvaldo c/ Clikbed S.R.L. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-29

El decreto reglamentario del artículo 43 de la ley 25.345, establece que para que sea procedente la sanción conminatoria del artículo que reglamenta, el trabajador deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de 30 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente, ingrese los importes adeudados más los intereses y multas que pudieren corresponder a los organismos recaudadores. (Este es el criterio mayoritario de la Sala con la subrogancia de los Dres. Maza y González. Sin embargo la Dra. Pasten, deja a salvo su opinión minoritaria, en el sentido de que a los fines de la procedencia de la sanción prevista en el art. 132 bis L.C.T., las retenciones deben haber sido efectivamente realizadas por el empleador y omitido su depósito posterior, quedando acreditadas la retenciones con los recibos de sueldo y con la documental denominada "mis aportes", probada la falta de ingreso de los importes).
Accidentes de trabajo, beneficio de litigar sin gastos, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cuellas Ricardo Oscar c/ Reconquista Aseguradora de Riesgos de Trabajo y Gas Nea S.A. -Accidente de trabajo" --1239/19- s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-26

Si bien el principio de gratuidad -art. 20 LCT- en las actuaciones judiciales es inherente al Derecho del Trabajo y constituye una de las manifestaciones -en el ámbito procesal- del principio protectorio, apuntando a colocar al trabajador en condición de acceder en forma efectiva e irrestricta a la jurisdicción, y que no necesita de trámite ni de prueba alguna, no debe confundírselo con el beneficio de litigar sin gastos. Esto en función de que el principio de gratuidad implica la imposibilidad de gravar el ejercicio de las acciones judiciales o de las peticiones administrativas, pero de ninguna manera puede interpretarse que impide la condena en costas o que desplaza las disposiciones de los arts. 75 a 83 de la ley 4870 -CPCCER-, vigente aun en esta provincia para el fuero laboral (Voto Romero. Unanimidad)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, indemnización, automotores
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: SAN CRISTOBAL SASG c/ OSELLA DE VARVELLO, NORMA ESTELLA s/ CONSIGNACION     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 445-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-02-08

Los agravios del quejoso que no constituyen otra cosa que un lúcido cuestionamiento al núcleo interpretativo del fallo, con parciales alusiones al tema litigioso, a lo demandado y reconvenido, y que no entrañan cabal demostración de la razón, aun liminarmente analizado, por lo que puede haberse afectado concretamente alguna de las normas de la primera grada del sistema, tornan circunscripta la cuestión a la hermenéutica (idónea o incorrecta) a lo que la parte llama "el quid de la naturaleza de la indemnización" y cuya dilucidación no puede integrar la competencia de la Corte en esta materia excepcional.

En el caso, el recurrente impugna la sentencia que lo condena a la entrega de un automóvil de características similares a las del vehículo siniestrado, más otros rubros y condenas subsidiarias para el supuesto de que dicha obligación se torne de cumplimiento imposible, cuestiones vinculadas inescindiblemente a valoraciones de la póliza, costo de automotores, compensación justa, que no encierran demostración de que se halle afectada la preceptiva constitucional.

De la disidencia del Dr Barraguirre.
Falsificación de instrumento público, certificado de estudios
Materia: PENAL
Carátula: CASTRO DE LOTO, ERMITA PURA s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-26

1) El documento apócrifo no tiene por qué ser perfecto "Si la falsedad consiste, en atribuir su texto a quien no lo ha otorgado, de manera que 'pase' por auténtica, se debe deducir que la falsificación debe tener algo capaz de engañar".

De ahí que sea necesario imitar los signos de autenticidad.

2) Basta la posibilidad de un perjuicio cualquiera, con tal que esa causación de peligro sea derivada de la falsedad misma y del empleo del documento falso.
Suspensión del juicio a prueba, facultades del juez, facultades del fiscal, Ministerio Público Fiscal, oposición del fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Franco David c/  s/ 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Frente a la oposición a la suspensión del juicio a prueba, corresponderá al juez analizar si el MPF ha brindado los motivos por los que estima inapropiado que un determinado caso se resuelva por la vía del beneficio solicitado por el imputado, y sólo la opinión del fiscal que satisfaga ese requisito, causará el efecto que la ley establece -que el juez deba atender el criterio del acusador-. Para ello, entonces, será necesario que la oposición de quien dirige la pesquisa exhiba algún fundamento del cual el juez pueda derivar la conclusión que propicia el fiscal -la inconveniencia de suspender el procedimiento en ese caso-, aunque no la comparta. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Concurso preventivo, deudas del fallido, resoluciones judiciales, competencia, orden público
Materia: COMERCIAL
Carátula: SILVA SANTIAGO ALBERTO LE PIDE LA QUIEBRA PALACIOS JERONIMO JULIAN c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-16

Del Dictamen Fiscal N° 154789:Procede confirmar la resolución del juez que se declaró incompetente para conocer en las actuaciones. Ello por cuanto, en el caso, no se encuentra debidamente acreditado que el presunto fallido realice una actividad económica organizada en los términos del CCCN 320, ni la existencia de empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios en esta jurisdicción. Es que el domicilio real del reclamante se encuentra ubicado en extraña jurisdicción. Finalmente, la supuesta condición de accionista de cierta sociedad con domicilio en CABA, no es un elemento suficiente para sostener que posea la sede de sus negocios en dicha sede social (cfr. Prono, Ricardo, "Derecho Procesal Concursal. Adaptado al Código Civil y Comercial, 1° ed. La Ley 2017, pág. 82). En consecuencia cobra relevancia el domicilio del presunto fallido, en virtud de lo normado por la LCQ 3-1°
Emergencia económica, crisis económica, división de poderes, hecho del príncipe, revisión judicial de actos administrativos, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abayu Gabriel Edgardo y otros c/ Pcia. De Río Negro (P. Ejecutivo) s/ Sumarisimo (Ejec.Sentencia) s/ Inaplicabilidad de ley" Simon Alicia Karina c/ Consejo Provincial de Educación de Río Negro y Prov. De Río Negro s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley Gentili Marcela Andrea c/ Consejo Provincial de Educación - Provincia de Río Negro s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-09-06|1999-09-06|1999-09-29

La declaración de emergencia u otras formas de encuadramiento de la crisis del Estado efectuada por sus Poderes competentes no es, como tal, revisable por los tribunales quienes sin embargo pueden efectuar un control de razonabilidad del medio empleado con motivo de aquella emergencia.
Rebeldía, falta de contestación de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: LAMEX S.R.L c/ BRISASOL S.A s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

La rebeldía en la contestación de la demanda no implica que deban admitirse sin más las afirmaciones de hecho de la parte actora, condenando por ello al rebelde, sino que evaluando la conducta de las partes y las constancias del proceso, debe establecerse si la presunción favorable al accionante, que deviene de la rebeldía, tiene corroborante en la prueba producida en apoyo de la acción intentada.-
Juicio de apremio, ejecución de sentencia, apercibimiento, Estado Provincial, deuda previsional, bonos de consolidación, pago en efectivo, regulación de honorarios, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GHIOLDI, ALBERTO OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- INCIDENTE DE APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 1676 AÑO 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-11

No puede prosperar la solicitud de la parte actora de que se hagan efectivos los apercibimientos fijados en la resolución que mandó llevar adelante la ejecución -cancelación en dinero en efectivo de las amortizaciones vencidas-. Es que la Corte, al establecerlos, los sujetó al cumplimiento de dos condiciones, a saber: la aprobación de la liquidación del pleito -hecho ya cumplido- y la regulación de los honorarios; y, siendo que este último requisito recién se efectiviza mediante la presente resolución, es evidente que el plazo acordado de quince días para la entrega de los Bonos Previsionales de la Provincia de Santa Fe suficientes para cubrir la acreencia reclamada ni siquiera ha empezado a correr. Las costas, en este punto, se impondrán en el orden causado atento a que se desestima la postura de la actora pero por argumentos aportados por el Oficio.
Subasta, saldo de precio, depósito judicial, plazos procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: RENCO DE WEBER, MARIA s/ CONCURSO CIVIL LIQUIDATORIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-07

Siendo el remate judicial un acto procesal, el lapso que va desde la fecha de la realización de la subasta hasta la integración del saldo de precio, tratándose de una venta "al contado", no obedece a la existencia de un "plazo" a favor del deudor susceptible de "desagio" sino, en todo caso, derivado de una condición (CCIV: 569) consistente en la aprobación del remate.
Participación necesaria, tentativa de homicidio, actos materiales hostiles, orden público
Materia: PENAL
Carátula: Favale, Cristian Daniel y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-10

Resulta más que sugestivo que los únicos que inadvirtieron el clima hostil reinante en el lugar y la posibilidad cierta e inminente de una agresión ilegítima hayan sido precisamente los sujetos a quienes el Estado les confió la preservación del orden público para garantizar la integridad de las personas, a cuyo fin los entrenó para poder advertir situaciones de peligro y les impuso un especial deber a su cargo, rol éste que desatendieron con el propósito de contribuir a los ataques que se estaban llevando a cabo. De este modo, la violación a sus deberes funcionales se erigió en una clara muestra de adscripción a lo que los ferroviarios estaban perpetrando a la sazón, configurando así un aporte esencial que debe ser reputado, como bien lo discernió el tribunal, como participación necesaria en el delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa.