Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-15


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 15 de 2009.

El doctor Juan Carlos Fernández Madrid dijo:

Las codemandadas Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica (fs. 526/529) y Sanatorio Otarmendi y Miroli S.A. (fs. 530/536) apelan la sentencia dictada a fs. 512/519 y el perito contador se queja por considerar bajos los honorarios que se le regularon.

En el caso, la actora se venía desempeñando en la empresa Leplic S.A. desde el 1-10-99, según fue admitido en la sentencia, hasta que el 1/8/02 se concretó el traspaso del personal al Sanatorio Otamendi y Miroli S.A., formalizado en el expediente administrativo nº 1.060.350/02 tramitado ante el Ministerio de Trabajo, en el que se reconocían todos los derechos adquiridos con su anterior empleadora, con excepción de la antigüedad.

Esta falta de reconocimiento de la antigüedad previamente adquirida fue valorada por la juez "a quo" como "...una renuncia prohibida a la luz de lo normado por el art. 12 de la LCT..." pues el único beneficio para la reclamante era mantener el contrato de trabajo y éste es un derecho con el que ya contaba (fs. 515).

Esta conclusión, que a mi juicio es ajustada a derecho, no fue criticada con argumentos idóneos (fs. 530/532) que permitan revertir lo decidido sobre el punto puesto que la antigüedad adquirida es un derecho incorporado al contrato de trabajo, del que no puede disponer válidamente ni siquiera la propia trabajadora por expresa prohibición del art. 12 LCT. y ello impone que se deba tener por configurada la irregularidad registral invocada en la demanda así como la injuria que motivó el despido indirecto.

La condena solidaria a ambas codemandadas fue fundada en la existencia de un conjunto económico en los términos del art. 31 LCT pues la sentenciante concluyó (fs. 515vta.), con base en el análisis de prueba contundente en tal sentido, que se configuró una sola y única relación de trabajo con un grupo económico de salud, que incurrió en fraude al cercenar derechos consagrados legislativamente en relación con la antigüedad en el empleo (art. 18 y conc. LCT), sin que los agravios esbozados sobre el punto permitan tener por cumplida la exigencia contenida en el art. 116 de la ley 18.345.

La remuneración considerada por la juez "a quo" para el cálculo de los rubros diferidos a condena ($ 1.638,91) ha sido cuestionada por ambas codemandadas y, a mi juicio, los agravios deben ser admitidos puesto que dicho importe incluye adicionales que, con excepción del referido al escalafón por antigüedad, fueron desestimados por sentencia firme dictada por el titular del Juzgado nº 2 del fuero, agregada a fs,261/263 del expediente que corre por cuerda.

En consecuencia, propongo que la remuneración a considerar sea la resultante de sumar el sueldo percibido (fs. 9vta.), esto es $ 1.378,80 con más la diferencia correspondiente al escalafón por antigüedad ($ 54,48), lo que arroja un salario total de $ 1.433,28 que debe ser el salario base al que ajustar el cálculo de los importes de los rubros por los que prospera la demanda.

El progreso de la indemnización regulada en el art. 90 de la ley 24.013 ha sido apelado por la codemandada Sanatorio Otamendi y Miroli S.A. (fs. 533) y, a mi juicio, los agravios expresados no pueden ser admitidos puesto que, como ha quedado resuelto, se trata de un vínculo iniciado el 1/10/99 que no fue registrado con ajuste a ese dato y, en consecuencia, se ha incurrido en el incumplimiento sancionado por la referida norma por lo que la condena de este rubro debe ser confirmada.

Dado la fecha de extinción del vínculo (junio de 2006), deben ser admitidos los agravios expresados a fs. 535vta. en relación con el cálculo de la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561 y la vigencia del Decreto 1433/05.

Por las razones expresadas, propongo rectificar el cálculo de los rubros de condena conforme la siguiente liquidación: $ 10.032,96 (indemnización por antigüedad); $ 2.866,56 (indemnización sustitutiva de preaviso); $ 288,88 (sac s/preaviso); $ 1433,28 (integración mes despido); $ 573,30 (vacaciones proporcionales 2006 con sac); $ 819,45 (sac proporc. 2006 y s/integración); $ 12.182,88 (indemnización art. 9 ley 24.013); $ 14.621,68 (indemnización art. 15 ley 24.013); $ 5.016,48 (indemnización art. 16 ley 25.561); $ 7.310,84 indemnización art. 2 ley 25.323), lo que arroja un total de $ 55.146,31 suma de la que se debe deducir lo percibido a cuenta por recibo de fs. 31 ($ 1.185), según decisión firme de la sentencia, por lo que el monto de condena queda reducido a la suma de $ 53.961,31 con más los intereses fijados en origen (fs. 518).

El certificado de trabajo deberá ser confeccionado con las especificaciones verídicas correspondientes, entre ellas, la remuneración de $ 1.433,28, según se ha propuesto en los considerandos precedentes, y la obligación de entrega debe recaer, como fue decidido, en cualquiera de las codemandadas indistintamente en razón de que ha quedado comprobado con carácter firme que ambas constituyeron un grupo económico de salud responsable en los términos del art. 31 LCT, por lo que este punto de la condena debe ser confirmado.

Los porcentajes fijados en concepto de honorarios a fs. 519 son adecuados al trabajo cumplido y a las normas arancelarias de aplicación por lo que propicio que sean confirmados, con excepción de los regulados a la perito contadora que estimo deben ser elevados al 8%, con la aclaración de que los Porcentajes se deberán calcular sobre el monto de condena determinado en esta instancia.

Atendiendo a la solución que propongo las costas de alzada deberán estar a cargo de la parte demandada (art. 68 CPCCN) y, a tales efectos, juzgo que los honorarios de las representaciones letradas de cada una de las partes, por su actuación en segunda instancia, deben ser fijados en el 20% de lo que deban percibir por su actuación en la instancia de grado.

La doctora Beatriz I. Fontana dijo:

Adhiero por sus fundamentos al voto que antecede. Solamente a mayor abundamiento, y en lo que atañe a la condena solidaria recaída respecto de ambas co demandadas, creo importante destacar que en autos quedó acreditado que mientras la accionante revistó como contratada por Leplic prestó servicios en el domicilio de Medicus de Azcuénaga 910, como también en las instalaciones de co demandada Sanatorio Otamendi y Miroli, tal como se denunció en el escrito de inicio.

A ello debe agregarse que al cesar en sus actividades Leplic, la actora fue contratada por el Sanatorio Otamendi y Miroli según contrato que fue acompañado por esta última a fs. 61/63.

Pues bien, el texto de dicho contrato luce idéntico al que fue adjuntado a fs. 135/137 cómo parte del Expte. Nº 1.060.350/02 del Ministerio de Trabajo, y que fuera utilizado por Medicus para contratar también a personal que dejaba de prestar servicios para Leplic.

Cabe señalar que en ambos contratos se repite el texto de la cláusula segunda que constituye una violación del principio de irrenunciabilidad señalado por la sentenciante de grado.

También corresponde agregar a lo expuesto que en estas actuaciones los poderes otorgados por ambas personas jurídicas co demandadas contaron con la intervención del Sr. Carlos Ignacio Uriburu en carácter de apoderado (fs. 44 y fs. 55), lo que revele otro elemento en común además de las minutas contractuales utilizadas por ambas empresas.

Frente a ello, la participación simultánea de la misma persona -Dr. J.F.A.-, en carácter de presidente del directorio de ambas co demandadas tal como surge de lo informado por la Inspección General de Justicia conforme documental que obra en sobre de pruebe reservado, y el desconocimiento de la real antigüedad de la actora cuando ha quedado probado que desde el inicio en 1999 esto última prestó servicios para ambas en forma indistinta, son en mi opinión constancias más que suficientes para confirmar la sentencie, en tanto de las presentaciones recursivas no advierto que se hayan aportado elementos objetivos para refutar los mismas.

En atención al resultado del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, ley 18.345, el Tribunal resuelve: I) Modificar el salario reconocido fijándolo en la suma de $ 1.433,28 que debe constar en el certificado de trabajo II) Modificar el monto de condena reduciéndolo a la suma de $ 53.961,31 con más los intereses fijados en origen; III) Elevar los honorarios de la perito contadora al 8% del monto de condena; IV) Confirmar le sentencia de primera instancia en lo demás que decide; V) Imponer las costas de alzada a las demandadas y VI) Regular los honorarios de las representaciones letradas de cada una de las partes, por su actuación en segunda instancia, en el 20% de lo que deban percibir por su actuación en le instancia de grado. - Juan Carlos Fernández Madrid. - Beatriz I. Fontana.