Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-24


Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 24 días del mes de Marzo de dos mil, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "B", para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: "P. S. V. c/ C. F. A. J. s/ repetición" respecto de la sentencia de fs. 402 / 408, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: LUIS LOPEZ ARAMBURU - GERONIMO SANSO - FELIX R. DE IGARZABAL.- A la cuestión planteada el Dr. López Aramburu, dijo:

Contra la sentencia de fs 402/408, apela la demandante quien vierte sus quejas de fs 418 a 450, cuyo traslado mereció la respuesta de fs 453/ 464.

Que en un primer acercamiento al tema es menester señalar que esta Vocalía no se ha de atener al orden en que la accionante vierte sus quejas, ni al utilizado por la demandada para contestarla, todo ello en aras de una mayor claridad en la exposición y en el tratamiento de los hechos que condujeron a este litigio.

Para comenzar corresponde destacar que, de acuerdo a lo narrado en el escrito de inicio, y no controvertido en el responde; las partes, que habían constituido un matrimonio del cual nacieron dos hijas, promovieron su separación de mutuo acuerdo en junio de 1981 (ver fs 11 vta del expediente sobre divorcio).

En el mencionado expediente el demandado se comprometía pasar alimentos únicamente a sus hijas y que consistían en un pago en efectivo de pesos cinco millones, en forma mensual, del 1 al 5 de cada mes actualizado trimestralmente, pago que se efectuaría mediante depósito en sucursal Banco Nación.

Asimismo, el padre se hacía cargo de los gastos de atención de la salud de sus hijas, ya sea contratando un servicio con una empresa o mediante el pago directo de los gastos.

Por último, el demandado "...atribuye el uso exclusivo de la vivienda familiar que fuera sede del hogar conyugal a sus hijas para que habiten con la madre" (tal como lo señala la propia accionante a fs 87 capítulo 2, punto 4) aclarándose que dicha prestación se prolongaría "...hasta el cumplimiento de la mayoría de edad de la hija menor del matrimonio" (conf punto 6 de fs 87 vta.).

Como se observa - se itera-, las prestaciones contempladas en aquel convenio únicamente lo eran a favor de las hijas y ello en forma exclusiva, no generando ningún derecho para la ex esposa, si bien ella habitaría el inmueble en razón de tener a su cargo la guarda de las hijas. Y al cesar la obligación alimentaria impuesta por la ley al padre, a la mayoría de edad de la hija menor, no sólo no le era exigible el pago de suma alguna, sino que, además, aquel podía reclamar la restitución del inmueble. También, como obligación alimentaria a favor de sus hijas, el demandado se hacía cargo de los gastos de administración, impuestos y tasas de la mencionada vivienda.

Ahora bien, la accionante reconoce que en reiteradas oportunidades promovió numerosos reclamos por vía judicial ante las demoras e incumplimientos de su cónyuge, (ver fs 87 vta /88, punto 7) y que éste, a partir de 1985, demostró renuencia a afrontar los gastos del departamento.

Según relata la actora, ella aceptó hacerse cargo del pago de dichos gastos (ver fs 88 punto 9), si bien lo habría hecho bajo la promesa de que una vez llegada la fecha de restituir el departamento al demandado, la ex cónyuge tendría el derecho de mantenerlo ocupado hasta que se compensara el valor locativo de aquel, con lo abonado por la accionante en reemplazo de su ex esposo.

Esta Vocalía estima pertinente señalar que las críticas formuladas respecto de la posibilidad de una novación, a la que se refiere el "a quo", no le hacen compartir el reproche del apelante; puesto que, si bien no se trataría de una novación objetiva, encuadraría en una novación subjetiva, en que el deudor es reemplazado por otro (ver G. A. Borda, "Tratado de Derecho Civil Obligaciones", tomo I, págs. 524 y ss, etc., 8va edición actualizada, año 1998, editorial Perrot).

En otras palabras, la obligación de ambos cónyuges para con sus hijos se había distribuido, originalmente, de la siguiente manera: el padre facilitaba una vivienda haciéndose cargo de los gastos de administración, impuestos y tasas (nada se dice de luz, gas y teléfono) y de los gastos de atención médica de las hijas; además del pago de una suma mensual; a su vez, la madre se hacía cargo de la obligación (en especie), de atender, cuidar y guiar a sus hijas (amén de poder satisfacer con su peculio como profesional algún gasto que excediera la suma pasada por el padre).

A partir de 1985 la actora, quien habría iniciado una relación con su actual pareja en 1982, lleva a dicha persona al domicilio indicado y coetáneamente se hace cargo de los gastos de expensas impuestos y tasas.

En realidad no se trata de una renuncia, porque la actora no renuncia a nada, ya que lo convenido no fue establecido a su favor, ni era la acreedora, sino que se hace cargo parcialmente de una obligación que había asumido su ex cónyuge y esta Vocalía no observa obstáculo alguno para ello.

Dicha asunción resulta de los propios dichos de la actora, quien expresa en septiembre de 1988 (ver fs 328 capítulo 5to) "..hago saber que desde el año 1985 afronto el pago de las expensas e impuestos del departamento que ocupamos sin haber hecho nunca reclamos al respecto, a pesar de haberse convenido desde un principio que dicha obligación la asumiría el señor Chattas", luego de reseñar otras liberalidades de la actora como ser haber asumido el 50% del tratamiento sicoterapéutico de la hija menor.

Cabe destacar que ninguna mención se hace en el sentido que se intenta dar a ello en este juicio, es decir de que ello en realidad no implicaba que realmente la actora afrontara el gasto, sino que únicamente adelantaba dichos pagos a fin de prorrogar la obligación de desocupar el bien luego del plazo convenido y que la falta de reclamo al ex esposo lo fuera para evitar roces entre los ex cónyuges que pudiere resultar del reclamo judicial en el sentido de que se cumpliera estrictamente lo convenido. Por otra parte, ello no condeciría con la conducta de la accionante, quien reconoce las numerosas actuaciones judiciales a que dio lugar las demoras y /o tardanzas de su ex cónyuge y que resultan del escrito de inicio y de los expedientes venidos "ad efectum videndi".

En tales circunstancias, estimar que hubo novación subjetiva mediante la cual la madre asumió como parte de su obligación alimentaria una porción de la que había convenido con el padre (novación subjetiva) no luce como antijurídico, impropio o imposible.

Ahora bien, reconocido por la actora que asumió el pago de los gastos, se extinguió la obligación del padre en ese aspecto, naciendo la obligación para ella.

Nada se dijo en aquella ocasión de que existía una nueva contraprestación, que sería esta vez a favor de la actora, y que consistiría en el usufructo de la vivienda hasta compensar lo abonado, y ninguna prueba escrita se ha traído de ello.

Si a ello se le adiciona que la actora adquirió un departamento donde iría a vivir con su nueva pareja en la calle Tucumán en febrero de 1998, es decir, coetáneamente a que la hija menor llegara a la mayoría de edad y que coincide también con el cese de pago de las expensas, según resultaría de la documental agregada por el demandado y que motivara un reclamo del consorcio, resulta claro que la conducta de la actora conlleva a no tener por formalizado acuerdo alguno respecto de la supuesta continuación en el usufructo de la vivienda.

Los reproches que se formulan respecto de la falta de congruencia del pronunciamiento de Primera Instancia, o la no invocación de ciertos hechos en el escrito de responde, no es correcta.

El aquí demandado reconoció el convenio y su homologación y destacó que la actora no dejó pasar situación alguna respecto del estricto cumplimiento de lo convenido, señalando las diversas incidencias que promoviera y, destacando que ellas se generaban, no en el incumplimiento de la prestación, sino en cuestiones tangenciales como ser ajustes por actualización, diferencias cuando se abonaba en dos veces, intereses sobre dichas diferencias, a la vez que destaca que, nunca se reclamó los gastos de expensas, impuestos y tasas, y que a poco de iniciar su vida en común con su nueva pareja, la accionante le hizo saber que se hacía cargo de dichos gastos, e invocó las doctrinas de los propios actos para requerir el rechazo de la pretensión.

Se estima pertinente iterar que los casos deben ser decididos por el tribunal de conformidad con los hechos alegados y no necesariamente con el derecho invocado, o las supuestas normas que el justiciable entienda aplicable, ya que dichos hechos deberán ser interpretados por el tribunal a la luz del derecho vigente y ello no vulnera el principio de congruencia ni el sistema dispositivo del código de rito, y surge claramente del escrito de responde que el demandado alega que su ex esposa se hizo cargo de las expensas, impuestos y tasas cuando llevó a vivir a su nueva pareja y ello ha sido interpretado por el "a quo" o bien como una novación subjetiva, o bien como una asunción de deuda o renuncia a su eventual reintegro, y ello en base a que no se ha acreditado el nacimiento de una nueva obligación del demandado en favor de su ex esposa, si bien surgió una nueva obligación por parte de la madre para con sus hijas, extinguiendo de este modo la obligación del padre. Y la conclusión a que arribara que comparte esta Vocalía, la vio confirmada por la costumbre social de que en caso de formarse una nueva pareja ésta se haga cargo de los gastos de su vivienda y no que el ex esposo se haga cargo de suministrar vivienda al concubino de su ex cónyuge.

Cabe agregar que esto último si constituiría una verdadera liberalidad, mediante la cual una persona en 1998 se desprendería del derecho de usufructo de un inmueble en favor de dos personas con las que no tiene vínculo alguno (su ex-esposa -ya disuelto el vínculo en 1987- y la nueva pareja de ésta).

En cuanto a los agravios basados en las declaraciones de los testigos y su eficacia probatoria, y la negativa de los ofrecidos por la contraparte, esta Vocalía señala que, tal como lo destacara el "a quo" en autos ha existido orfandad probatoria y que los testigos, tanto los traídos de una como de otra parte, se contradicen y no hay audiencia en que no se haya requerido actas para promover acciones penales por falso testimonio, por lo que se comparte totalmente el criterio de Primera Instancia.

En resumen, esta Vocalía propone se confirme la sentencia apelada en todo lo que fuera materia de recurso. Con costas de Alzada al apelante.

Los Dres. Sansó y de Igarzabal, por análogas razones a las aducidas por el Dr. López Aramburu votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto LUIS LOPEZ ARAMBURU - GERONIMO SANSO - FELIX R. DE IGARZABAL.- Es fiel del Acuerdo.- Buenos Aires, 24 de Marzo de 2000.- Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo lo que fuera materia de recurso.

Con costas de Alzada al apelante.

En atención al sentido del recurso de apelación interpuesto únicamente por bajos a fs. 409 Otrosí digo, la naturaleza, resultado y mérito de la labor desarrollada, apreciada por la importancia, calidad, eficacia y extensión de la tarea, etapas cumplidas en el procedimiento ordinario (fs. 104), habiendo alegado las partes sobre el mérito de la prueba, la actora a fs. 307/383 y la demandada a fs. 392/398, lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9, 37, 38 y concordantes de la Ley nro. 21.839, reformada por el art. 12 de la Ley nro. 24.432, se modifica la regulación de fs. 408, fijándose en PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS ( $ 5.400) los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Mauricio Luis Mizrahi.

Por su labor en la Alzada, se regulan en PESOS DOS MIL ( $ 2.000) los honorarios de la letrada apoderada de la parte demandada, Dra. Norma L. Levy y en PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ( $ 1.400) los del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Mauricio Luis Mizrahi ( arts. 6, 7, 8, 9, 10, 14 y concordantes de la Ley nro. 21.839 y Ley nro. 24.432 ).

Notifíquese y devuélvase.-