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Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, daños y perjuicios, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, falta de prestación de servicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual
Materia: PROCESAL-CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: LOPEZ, LIDIA c/ H.E.C.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 344 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

La Corte Suprema de Justicia Nacional en la causa "Brescia" (Fallos 317:1921) -en donde fue demandada, la Provincia de Buenos Aires por daños y perjuicios sufridos a raíz de la muerte de una persona que concurrió a un hospital bajo su ámbito para recibir atención médica- la Corte aplicó el principio de la obligación de prestar el servicio de asistencia a la salud de la población, reiterando que se es responsable por los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular, poniéndose en juego la responsabilidad extracontractual del Estado; y calificando al sistema asistencial médico que se brinda en los hospitales como servicio público .Esta jurisprudencia, pese a su valor institucional, fue totalmente ignorada por la Sala en el decisorio cuestionado al sostener -con sustento esencialmente doctrinario civilista- la naturaleza contractual del vínculo que unió a la paciente con los médicos y hospital actuantes.

Por ello, olvidó también la Sala que en el Derecho Público la responsabilidad del Estado se asienta en principios distintos a los que rigen en el derecho privado, admitiéndose -como quedó clarificado con la jurisprudencia reseñada y resulta avalado por la doctrina especializada en la materia- que cuando el incumplimiento de los deberes por parte de los agentes públicos producen daños de naturaleza civil, se pone en marcha la responsabilidad extracontractual del Estado.
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Polti, Daniel Ernesto (Intendente de la Municipalidad de Recreo - Dpto. La Paz) c/ Concejo Delibernate de Recreo - Dpto. La Paz s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-15

El control político de los actos es tan de la naturaleza del régimen republicano, que en la legislación argentina se han arbitrado diversos sistemas para la corrección de los mismos.

Ahora bien, cabe preguntarse si del análisis del régimen legal del municipio de Recreo puede colegirse que el mismo contempla en sus contenidos a la suspensión y/o destitución del intendente municipal por parte del Concejo Deliberante como modo jurídico-político para hacer efectivo el control de los actos de gobierno y la responsabilidad de dicho funcionario. En este sentido, la respuesta debe ser afirmativa, llegando a esta conclusión no sin esfuerzo, habida cuenta que nos encontramos ante un ordenamiento legal (C.O.M.) técnica y sustancialmente insuficiente y careciente de coherencia lógica y eficacia funcional que le permita coordinarse con los desarrollos alcanzados por el Derecho Público Provincial.

De la interpretación del Artículo 170 de la C.O.M. se colije que, como su texto lo indica, si se promovió el procedimiento que determinan los artículos que lo preceden, esto es, aquéllos que refieren al juzgamiento de la responsabilidad política y al juicio político de los funcionarios a que se hace mención (Intendente y Concejales), estableciéndose en la C.O.M. la imposibilidad de "ejercer el procedimiento de Revocatoria por la misma causa y viceversa", debe necesariamente concluirse que ello es así porque ambos procedimientos pueden concluir en idéntico remedio, esto es la suspensión o la revocatoria del mandato de los funcionarios electivos a que hace mención el Art.203 de la C.O.M., por lo cual, promovido por el Concejo Deliberante el proceso pertinente, el Órgano deliberativo, en el ejercicio de su competencia, está facultado para proceder a la suspensión del Intendente, acreditados que sean los hechos que den origen a la denuncia en contra del mismo y resguardando el principio de la defensa en juicio y el debido proceso consagrado en el Art.18 de la Constitución Nacional.

Coincido con el Señor Procurador General de la Corte en que no existe duda acerca de la inexistencia de vicios en el procedimiento seguido para resolver la suspensión del ocurrente, no pudiendo observarse ni imputarse irregularidad alguna a lo actuado por el Concejo Deliberante y la Comisión de Juicio Político, conforme lo expresa en su meduloso dictamen.
Organismos del Estado, competencia, acto administrativo, legalidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cruces S.A. de Construcciones C.I.F.I. c/ Municipalidad de Malvinas Argentinas s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-07-04

La sujeción de la Administración Pública al principio de legalidad determina que toda la actuación estatal se encuentre acorde con las normas atributivas de competencia, con sustento en las cuales deben dictarse los actos pertinentes.
Regulación de honorarios, monto del juicio, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: HEMARSA. SACIFI. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

A fin de efectuar la regulación de honorarios no deben acumularse los intereses al capital, ya que la condena por intereses reviste un carácter accesorio y constituye una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional.
Contratos de adhesión, deber de información, sistema informático, cajero automático
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BADARACCO, ELENA SUSANA C/ NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. S/ SUMARÍSIMO (CIVIL)" - Expt. N° 7102/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-22

Los contratos de adhesión electrónicos son aquellos para los que se emplean medios electrónicos de comunicación que no requieren la presencia física de las partes contratantes (art. 1105 CCC). Según lo indica el art. 1106, para la "utilización de medios electrónicos", cuando se exija que el contrato conste por escrito, ese requisito se debe entender satisfecho "si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar...". La exigencia de contrato escrito se relaciona con el deber de información del proveedor cuando se utilicen medios electrónicos.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Villalba, Ricardo Rubén c/ Sánchez, Ricardo Daniel s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Si la asistencia médica, el tratamiento y la rehabilitación se ha producido en establecimientos oficiales, como surge de las historias clínicas obrantes en autos, constituyendo un hecho notorio que dichos servicios son gratuitos (arts. 163 inc. 6°, 164, 384, C.

Procesal). A su vez, también por vía de principio, los pacientes allí asistidos no tienen que afrontar gastos de medicamentos. Cosa distinta sucedería si el damnificado hubiera sido internado o asistido en un centro de asistencia privado, pues las máximas de la experiencia universal indican que la misma es onerosa, y obviamente deben afrontarse la totalidad de los gastos de farmacia, salvo la existencia de alguna cobertura médica o profesional. Y si bien, suele suceder que cuando ser atendido en un establecimiento público, puede llegar a ser necesario efectuar algún gasto, cuando tal excepción se produce el desembolso es de escaso monto.
Recurso de apelación (procesal), honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gallardo de Beltramone en J.: Gallardo de Beltramone Dolores c/ Aldo Tomasi y ots. s/ Daños y Perjuicios Casación (LIBRO: S260 - 127)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-10-02

Es apelable toda regulación de honorarios, sea principal o complementaria, por tener su misma naturaleza, en razón de los términos amplios del art. 40 CPC. Asímismo, los efectos definitivos de las regulaciones complementarias pueden ser, desde la perspectiva econónomica, más importantes que los de la regulación originaria y es evidente que el legislador quiso otorgar al régimen de los honorarios una amplia revisibilidad, prueba de lo cual es que no se imponen costas.
Tribunales arbitrales, juicio de árbitros, compromiso arbitral
Materia: PROCESAL
Carátula: SMIT  INTERNATIONAL  ARGENTINA SA c/ PUERTO MARIEL SA s/ TRIBUNALARBITRAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-01

La cláusula compromisoria constituye un contrato autónomo dentro de otro contrato y que la suerte de este último -así se invoque su nulidad, su inexistencia o su rescisión- no acarrea necesariamente la invalidez del pacto arbitral, en tanto no se pruebe que el consentimiento al arbitraje está viciado de invalidez, cuestión esta última ajena a este conflicto. Esta premisa, que está recogida positivamente en el instrumento universal vigente para la República Argentina en materia de arbitraje internacional -la Convención de Nueva York de 1958-, y en el instrumento regional más reciente -el Acuerdo del MERCOSUR de 1988, ratificado por ley 24.353-, también rige en arbitraje puramente nacional, tal como lo acepta la doctrina nacional más prestigiosa (confr. C. Colombo / C. Kiper, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado", tomo VI, La Ley, 2006, comentario al art. 742, pág. 703; M. E. Uzal, "Solución de controversias en el comercio internacional", ed. Ad-Hoc, 1992, pág. 64; R.Caivano, "El control judicial en el arbitraje. Apuntes para una futura reforma de la legislación argentina", La Ley 2008-D-1274 y ss).
Ejecución prendaria, recurso de apelación (procesal), plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUCI en j: BUCI c/ BENOA s/ Ejecución Prendaria Recurso Directo (LIBRO: A114 - 137)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-09-30

Es jurisprudencia de este Tribunal que, siendo en la ejecución prendaria la sentencia apelable dentro del término de dos días, el recurso contra otras providencias apelables dictadas en la ejecución de marras, deben interponerse también en el plazo de dos días.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, competencia, jueces, responsabilidad penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CLEMENTIN, JULIO CESAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

No merece favorable acogida el pedido de nulidad del proceso por supuesto "irregular desplazamiento del juez legalmente predispuesto con la consiguiente afectación a la garantía de juez natural", considerando que en su planteo el presentante elude tener en cuenta que el magistrado originalmente competente era el sindicado por las denunciantes como autor de los hechos ilícitos siendo lógico que, en vista de las circunstancias del caso, el mismo no tomara conocimiento de las actuaciones; sin motivar cuál sería el eventual perjuicio que ello le podría causar considerando que con seguridad finalmente se hubiera excusado por tener un claro y manifiesto interés en el proceso al ser el imputado , todo lo cual determina la necesaria desestimación de este agravio.
Impuestos, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: CAIRATI, ANDRES s/ Impuestos, Recurso de Queja por apelación denegada Causa 30852
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-30

Debe rechazarse la queja impetrada contra el auto del Juez de 1° instancia en lo Penal Económico que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación contra la clausura de un local comercial, habiendo emanado el auto en cuestión de la última instancia ordinaria (Art. 19, ap. 5) de la ley 23905), en virtud de la irrecurribilidad que se desprende de la norma legal citada (Del voto del Dr. Repetto).
Auto de procesamiento, robo, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: F., S. A. c/  s/ Procesamiento y excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-16

Corresponde revocar el procesamiento decretó del imputado por el delito de robo simple, en calidad de coautor; y decretar en consecuencia el Sobreseimiento del encartado ya que de las constancias de autos solo surge el robo del celular de la víctima por los únicos dichos de esta última; toda vez que el personal policial que intervino inicialmente no presenció el hecho ilícito, sino que procedió a su aprehensión tras haber tomado contacto con el denunciante. Por lo mencionado, y sumado al hecho que no se secuestró en poder del encausado ningún bien propiedad de la víctima, es que no pueden ser corroborados sus dichos por ningún otro elemento de cargo.
Delitos contra la humanidad, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Schaller, Carlos José Ramón c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-23

Contrariamente a lo pretendido por el recurrente, debe descartarse la hipótesis de que los sucesos fueron "hechos aislados" de violencia, sino que sucedieron en un contexto de prácticas y procedimientos represivos y de persecución de grupos políticos opositores, que operaban fuera de la ley desde el aparato estatal, configurando los elementos objetivos y subjetivos que permiten encuadrarlos como crímenes de lesa humanidad, por lo que en consecuencia, debe rechazarse el planteo.
Violencia de género, violencia familiar, perspectiva de género, deberes del juez, grupos vulnerables, homicidio vinculado
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Comisaría 18 de Los Menucos  c/  s/ investigación homicidio agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-11-30

La perspectiva de género exige no solo un análisis contextual sino también conglobado de las pruebas, a efectos de considerar el marco estructural en el cual se inserta la particularidad de los hechos juzgados. A su vez, las violencias contra las mujeres exige, en principio comprender que -como señala Carol Smart- el concepto de racionalidad posee una localización histórica, policita y cultural. Por ello el juzgar con perspectiva de género impone nueva racionalidad jurídica que implica el corrimiento de la mirada androcéntrica de los fenómenos que el derecho aprehende, revisar las llamadas "máximas de la experiencia" a efectos de que incluyan la experiencia de las mujeres y la comprensión de los mecanismos de subordiscriminación que las afectan particularmente en función de su género. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)
Jerarquía administrativa, seguridad jurídica, justicia social
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diez SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

Cuando hay que optar por la salvación de uno entre dos valores jurídicos contrapuestos, la elección hecha en favor del que posee más jerarquía es perfectamente constitucional. Todo conflicto jurídico es un conflicto de valores, y producido un conflicto insalvable de valores, el bien jurídico más valioso es el que debe prevalecer. En la ocasión, los valores que deben prevalecer sin duda alguna son los de la seguridad jurídica y confianza legítima, que constituyen la premisa fundamental para "promover el bienestar general" e "impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social, objetivos consagrados por el Preámbulo de nuestra Constitución provincial y que se complementan con los artículos 8, segunda parte, y 25 del mismo texto fundamental, y con el artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional -que consagra la llamada "policía de prosperidad". Esta cláusula, que se incluyó debido al influjo de Alberdi, ha sido considerada por algunos como "importantísima", ya que "prosperidad del país, adelanto y bienestar de todas las provincias" significa lisa y llanamente desarrollo, hoy confirmado por el inciso 19, fruto de la Convención Reformadora de 1994. (Del Voto en Minoría del Dr. Ulla).
Tribunal Municipal de Faltas, tribunal administrativo, recurso extraordinario
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Di Salvo, Octavio s/ habeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

La mera facultad de deducir recurso extraordinario basado en inconstitucionalidad o arbitrariedad no satisface las exigencias del control judicial suficiente de la condena a cumplir pena de arresto emanada de la Justicia Municipal de Faltas de la Capital Federal
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García de la Peña, Marcelo Alejandro c/ Schissler, Valentín s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

No pueden confundirse las limitaciones contenidas en los arts. 272 y 273 del C.P.C.C. respecto del concepto de "capítulos no propuestos" y "puntos omitidos" y los fundamentos o argumentos para resolver los mismos.
Derecho a la justa retribución, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: T., A.P. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-06-17

El derecho a la retribución del agente público nace en el momento en que se inicia la relación de empleo, y que comprende no sólo el sueldo base, sino los adicionales generales y particulares y demás suplementos y compensaciones que por imperio de las normas vigentes deban integrarlo, y que se incorporan al salario en virtud de presupuestos según los cuales se habilita su pago; presupuestos previstos por las normas que refieren a hechos o situaciones jurídicamente reconocidas como susceptibles de ser retribuidas en forma complementaria. Fuere que se considere al vínculo iuris entre el Estado y sus agentes, como Estatutario o Contractual, en el primer caso la propia situación estatutaria de subordinación, en el segundo la cláusula exorbitante, determinarán en definitiva las circunstancias particulares a que se sujetarán estos derechos.
Municipalidad, tributos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE FEDERACION c/ VIDEO CABLE FEDERACION s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-15

Es atribución y deber del municipio, fijar las tasas, contribuciones y demás tributos municipales y la forma de su percepción.- La pretensión municipal de percibir el derecho por la ocupación de la vía pública por instalación de cableados, previamente autorizado aparece legalmente justificada aunque no esté expresamente tipificado el sujeto pasivo y contribuyente del derecho por la ocupación de la vía pública. La norma jurídica que crea el tributo existe y determina expresamente el hecho imponible al gravar la ocupación de la vía pública, debiendose en tal caso abonar los derechos que establezca la Ordenanza Impositiva Anual.-
Duración del proceso, criterio de razonabilidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., U.D., C., A.E. s/ Robo en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-22

La Constitución Provincial le otorga a todos los ciudadanos en el artículo 44, cuando establece que "Todo proceso debe concluir en un término razonable".

La razonabilidad es del resorte exclusivo de los jueces, y si no es posible traducir ese "término razonable" en un número determinado de días, semanas, meses o años, siempre debe estar relacionado con el juicio de que se trata y con las particularidades de cada caso para resolver. El de razonabilidad es el único principio absoluto del orden jurídico.
Beneficio de litigar sin gastos, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hanríquez Sofía Esther -Beneficio de litigar sin gastos c/ Mº del Interior -P.E.N.- art. 3º ley 24.043 s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

El art. 79, inc. 2) del C.P.C.C.N. señala como requisito de la solicitud, el ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos económicos, de lo que se infiere la carga procesal de quien lo invoca de aportar los elementos necesarios tendientes a demostrar y acreditar fehacientemente, la carencia de recursos y la imposibilidad de obtenerlos, para afrontar las erogaciones del juicio.
Depreciación monetaria, actualización monetaria, honorarios, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALBRECHT, ELVIO c/ SUCESION DE ROMERO DONDA s/ COBRO DE PESOS.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 247-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-02-26

La actualización por depreciación monetaria pretendida con arreglo a expresas normas legales, -ley arancelaria 6767- no tiene el carácter de una sanción al responsable del atraso en el cumplimiento de la obligación, de acuerdo a los principios del artículo 750 del civil, traducida en la carga de los daños, intereses y demás consecuencias que de este atraso culposo derivan.

Simplemente, persigue mantener indemnes los valores que representan los honorarios regulados, los que con una expresión numérica para una fecha, al transcurrir el término fijado en la ley, y como consecuencia del fenómeno inflacionario, tienen otra (mayor) dimensión en cifras, para poder mantener incólume, el valor del trabajo profesional en tiempos de inestabilidad monetaria.
Recurso de casación, derechos sindicales, tutela sindical, exclusión de la tutela sindical, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: EMPRESA ANTONIO BARILLARI S.A. c/ SUAREZ SANTOS CIRILO s/ EXCLUSIÓN DE TUTELA SINDICAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2004-05-11

Todo lo referente a la exclusión de las garantías sindicales normado por la Ley 23.551, no constituye materia propia del recurso extraordinario provincial de casación, dada la ausencia del dictado de una sentencia definitiva que ponga fin al pleito o cause un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. La invocación de arbitrariedad o violación a la ley no suple la falta de requisito de definitividad a los fines del recurso intentado. Ya que en las instancias ordinarias corresponde únicamente analizar si existen elementos que permitan realizar una apreciación apriorística de la situación como para excluir la tutela, en caso afirmativo correspondería la pertinente declaración judicial de tal exclusión pero con la única finalidad de que el empleador tenga la posibilidad cierta de adoptar o no las medidas dispuestas por el Art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, sin que la razonabilidad, justicia o legitimidad de su aplicación, eventualmente deba ser motivo de decisión por la judicatura en el marco del procedimiento sumarísimo estatuido en la legislación.
Derecho de los beneficios de la seguridad social, jubilaciones, denegatoria del beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ODASSO JOSE c/ CAJA  DE  PREVISION  Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PCIA. DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-02-26

Resulta ilegítima la denegatoria del beneficio previsional sustentada en la negativa de reconocimiento de períodos computables, tomados en cuenta por otra caja -cuando tampoco hay reciprocidad- porque se infringe la norma que no condiciona dicho cómputo a ese supuesto.
Embargo preventivo, peligro en la demora
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: TORRES, Teresita de los Angeles c/ VIDAL, Carlos; VIDAL, Adrián; PANIFICADORA CROCANTE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-04-25

Es verdad la inversa proporcionalidad entre verosimilitud y peligro, pero no lo es menos que, aunque uno de los factores prevalezca, ambos deben estar presentes y, lo que es más, no resulta demasiado válido el argumento único de la demora de los trámites judiciales, el que, de tenerse aisladamente en cuenta a los fines de la procedencia de las medidas cautelares y atento a la necesidad de preservar el derecho de defensa y de cumplir los plazos procesales, podrían conducir a que se pretendiera trabar embargo en cada juicio que se ventila por ante los tribunales de cualquier distrito.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)