Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-08


AUTOS 127548 (C.C.Nº22071) DEL Tercer Juzgado Civil, CARATULADOS: "SERALICO S.A. C/ TRANSPORTES Automotores 20 de Junio S.A. - Cobro de Pesos".

PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2015- del Tº II -Fº01/04.- En la Ciudad de San Juan a 08 días del mes de junio de 2015, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Roberto M. Pagés Lloveras y el Sr. Vocal Dr. Octavio Augusto Sánchez, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 153, contra la sentencia de fecha 30 de abril del año dos mil catorce, recaída en los presentes autos Nº127548 (C.C. Nº22071) caratulados: "SERALICO S.A. C/ TRANSPORTES AUTOMOTORES 20 DE JUNIO S.A. - COBRO DE PESOS", dictada por el Sr. Juez titular del Tercer Juzgado Civil, obrante a fs. 141/146 vta.- 1°- ¿Resulta procedente el recurso de apelación obrante a fs. 147?;

2°- En su caso, ¿Qué resolución corresponde dictar? EL DR. ROBERTO PAGES LLOVERAS DIJO:

A la primera cuestión:

Antecedentes I- En la resolución que consta a fs. 141/146 vta., el Sr. Juez del 3° Juzgado Civil, Comercial y Minería, resolvió hacer lugar parcialmente a la presente demanda de cobro de pesos sólo por lo reclamado en concepto del servicio de viandas adeudado, y condenar, en consecuencia a la accionada Transporte Automotores 20 de junio a que en el plazo de diez días abone a la actora, SERALICO S.A., la suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos Diecinueve ($4.719), con más los intereses desde que fuera intimado de pago por la carta documento referenciada (11-03-11) y hasta su efectivo pago, con más gastos y costas del proceso; imponer las costas de este proceso a la demandada vencida (art. 66 del C.P.C.); y regular los honorarios de los profesionales intervinientes.

Para así resolver, consideró -en resumen- que quedó acreditada la recepción de viandas y el cumplimiento de la prestación del servicio al que se obligó la actora pero no el supuesto daño sufrido a la vajilla que endilga a la accionada.

II- A fs. 147, el apoderado de la parte actora plantea el recurso de apelación.

En la expresión de agravios (fs. 156/157) sostiene que, en primer lugar, se agravia por no haberse valorado la documental presentada a fs. 13, la declaración de los testigos de fs. 87, como que su parte ofreció la prueba pericial y no fue proveída.

En segundo lugar se agravia por la fecha en la cual se estableció que deben computarse los intereses, proponiendo como correcta la que corresponde a la emisión de la factura (21/12/10).

Pide que se revoque la sentencia impugnada en la forma propuesta, con costas.

III- A fs. 159/162 consta agregado el escrito de traslado del memorial de agravios presentado por la apoderada de la parte demandada.

Manifiesta -en resumen- que debe rechazarse la apelación interpuesta por no reunir los agravios expresados los requisitos exigidos por los arts. 253, 262 y ccs. de la ley 8037.

En subsidio contesta los agravios solicitando su rechazo en razón de que no se han probado los daños y perjuicios reclamados ni con la prueba referida en el primer agravio y que la fecha de los intereses están bien fijados, por la necesaria constitución en mora del deudor.

IV- A fs. 179, se certifica el pase de estos autos a estudio.

Tratamiento del Recurso A la primera cuestión, el Dr. Roberto M. Pagés Ll. dijo:

1. El art. 253 del Código Procesal Civil y Comercial de San Juan impone al recurrente la carga de realizar una crítica concreta, razonada y seria de la resolución puesta en crisis por el apelante, lo cual no resulta cumplido con la mera disconformidad con lo resuelto en la instancia anterior, en tanto ello resulta insuficiente para demostrar los posibles yerros en los que se incurre en la sentencia cuestionada.

2. En consecuencia, si en el caso en cuestión la parte recurrente alega que no se ha valorado la prueba a la cual hace referencia, pero careciendo dicha crítica de entidad suficiente para rebatir las conclusiones del sentenciante, limitándose a expresar la disconformidad con lo resuelto, el primer agravio debe rechazarse.

Es que, en este proceso, con la documental presentada a fs. 13 y la declaración de los testigos obrante a fs. 86/87 no puede tenerse por acreditado un monto mayor, tal como indicó el a quo, por el supuesto daño sufrido a la vajilla.

3. Ahora bien, la prueba informática, electrónica, o digital, es cualquier información obtenida a través de un dispositivo informático, electrónico o medio digital que sirve para adquirir convencimiento de la certeza de un hecho controvertido en un proceso judicial.

Es un tipo de prueba física donde sus datos pueden ser recolectados, almacenados y analizados con herramientas informáticas forenses y técnicas especiales.

3.1. El concepto de documento electrónico o digital queda incluido en la noción de documento en sentido amplio, como referido a todo objeto susceptible de representar una determinada manifestación del pensamiento, con prescindencia de la forma en que esa representación se exterioriza.

En la mayoría de los Códigos Procesales vigentes sólo se pensó en el documento en soporte papel, y muchos de sus preceptos no son adecuados o resultan insuficientes para poder utilizar los documentos digitales o electrónicos como medios de prueba, por lo que surge la necesidad de adaptar por analogía a las normas vigentes o bien de crear nuevas leyes que regulen expresamente a la prueba informática, electrónica, o digital en todo lo relativo a su obtención, presentación, conservación y valor probatorio.

3.3. Entonces, ante la ausencia de una regulación específica de la prueba electrónica ello implica que su utilización como medio de prueba en un proceso judicial se rige por una interpretación jurídica analógica de la prueba tradicional o, en su defecto, en la forma que establezca el Juez (art. 341, CPCCM).

3.4. Y por todo ello, la impresión de un e-mail no acredita en principio su envío desde la cuenta de correo de la parte contraria, puesto que podría haber sido manipulado. Quien ofrece y agrega un documento electrónico, por ende, deberá demostrar que el mismo reúne los requisitos de confiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad 3.5. Sin perjuicio de ello, si bien en este caso se ha tenido por acreditadas las comunicaciones que existieron entre las partes utilizando correos electrónicos (fs. 09/15), de tales comunicaciones no puede tenerse por acreditada la procedencia de un reclamo por un monto mayor al establecido en primera instancia ($4.971), pues es justamente ese monto al que se hace referencia en el mail que se ha tenido por probado como remitido desde la cuenta "gustavo@la20.com.ar" a la cuenta de "Andres Baldi"; es decir, de la cuenta de un dependiente de la obligada al pago de la misma hacia el Presidente de la sociedad accionante.

3.6. A ello se agrega que con relación a la referencia a la prueba pericial ofrecida, de la constancias de autos (acta de fs. 50/vta. y resolución de fs. 51/vta.) surge que la parte actora desistió de la prueba pericial informática y quedando solo la prueba pericial caligráfica en subsidio, y no que se haya ofrecido otra prueba pericial a los fines de acreditar daños en las bandejas.

4. Respecto del segundo agravio, tratándose de la determinación de los intereses moratorios en una acción en la cual se pretende el cobro de un monto facturado en el que se consignó como plazo del pago el de 30 días pero no la fecha de presentación al cobro, sino únicamente la fecha de emisión (21/12/10, fs. 02), de modo tal que a falta de plazo cierto, para la constitución en mora se requiere la interpelación al deudor y constando interpelación extrajudicial de fecha 11/03/11 (fs. 16/17), la mora debe juzgarse producida con dicha intimación judicial, momento a partir del cual corresponde computar intereses moratorios del capital de condena de primera instancia, tal como lo sostuvo el Sr. Juez de primera instancia, por lo que corresponde su rechazo.

Así voto.

A la segunda cuestión:

Conforme lo acordado al tratar la primera cuestión, corresponde rechazar, con costas, el recurso deducido a fs. 147, y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en un 30% de lo establecido en primera instancia (art. 196, LP-56-O) EL DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso deducido por la parte actora a fs. 147;

II- Imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en un 30 % de lo establecido en primera instancia.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.