Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17.716 EXPEDIENTE Nº 663/2010 SALA IX JUZGADO Nº 56 En la Ciudad de Buenos Aires, 29-03-2012 para dictar sentencia en los autos caratulados "MAZALI ACOSTA GIANELLA DANIELA C/ ELLA FASHION S.A. S/ DESPIDO" se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

I-	La sentencia de primera instancia que rechazó la demanda provocó la queja de la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 161/164, mereciendo réplica de la contraria a tenor del escrito que obra a fs. 168/170.

A fs. 166 la parte demandada apeló los honorarios que le fueron regulados, por considerarlos bajos.

II-	Adelanto que el recurso traído a estudio recibirá favorable recepción.

Corresponde destacar liminarmente que arriba incuestionado el despido directo en los términos del art. 242 de la L.C.T. decidido por la parte demandada, invocando grave incumplimiento contractual de las obligaciones a cargo de la actora y consecuente pérdida de confianza.

Seguidamente expondré los fundamentos que me llevan a decidir de manera contraria al sentenciante de grado, efectuando primeramente una breve reseña de las posturas asumidas por las partes.

La accionante, como consecuencia de la negativa de tareas del día 12/9/2009 intimó a la demandada el 14/9/2009 a tenor del telegrama que obra en el sobre de fs. 3 identificado con la letra "A" (desconocido por la demandada y acreditada su autenticidad a través de la prueba oficiaria a Correo Argentino evacuada a fs. 105) a fin de que se aclare su situación laboral emplazando asimismo a su empleadora en los términos del art. 11 de la ley 24.013.

Esta contestó dicho emplazamiento con fecha 18/9/2009 a tenor del telegrama obrante a fs. 23 del 16/9/2009, mediante el cual despidió a la actora en los términos del art. 242 de la L.C.T. como consecuencia de un grave incumplimiento de las obligaciones a su cargo que generaron además de perjuicio económico a la empresa que alega en la pieza rescisoria, una pérdida de confianza. Imputación que fuera rechazada por la accionante a tenor del telegrama identificado con la letra "D" obrante en el sobre de fs. 3 expresamente reconocido por la accionada a fs. 35.

Sentado lo anterior, y discrepando respetuosamente con el magistrado anterior, no encuentro elementos de juicio con fundamentos idóneos que avalen la postura asumida por la demandada, pues considero que si bien a través de la única testigo que se refirió al hecho imputado a la accionante (Lodeiro a fs. 137) quien declaró que la actora le entregaba bolsas de cartón sin permiso de su empleador y que posteriormente ésta (quien fuera ex empleada de la empresa demandada) se las reintegraba, siendo la declarante la que directamente le comentó al Sr. Roberto, con la consecuencia de haber tenido problemas por ello -la dicente por pedirlas y la actora por entregarlas sin permiso-, considero que más allá de que estos dichos acreditan el hecho que se le imputa a la Sra. Mazali para extinguir el contrato de trabajo, la máxima sanción que dispuso la accionada, resulta a mi juicio de evidente desproporción en los términos del art. 242 de la L.C.T.

Ello es así por cuanto, y sin entrar en la evaluación de la reprochabilidad del hecho imputado que fuera posteriormente acreditado a la luz de la testigo en cuestión, carece de razonabilidad y proporcionalidad que merece tener en cuenta frente a la facultad con la que cuenta el empleador al momento de sancionar a un trabajador, máxime que la propia accionada en su escrito de defensa y telegrama rescisorio aludió a que se efectuó una investigación interna en la empresa, de la cual nunca se le dio traslado a la accionante a fin de ejercer su descargo y a todo evento, ninguna prueba obra en la causa que de cuenta de los extremos alegados por la accionada en relación a ello.

Tampoco resulta poco relevante, que no existió el perjuicio que invoca al despedir a la trabajadora, toda vez que -insisto- más allá de la reprochabilidad del hecho imputado, las bolsas le eran restituídas, lo que a todas luces demuestra que el invocado perjuicio económico al que se alude, en definitiva no se advierte acreditado en autos, pese a que la demandada contaba con todos los elementos al efecto.

Asimismo, resulta por demás llamativo que la accionada tome la decisión extrema de aplicar la máxima sanción -el despido-, posteriormente a que la Sra. Mazali la emplace a regularizar su situación laboral y a la debida registración de su vínculo contractual -ello más allá de las resultas de la misma-.

En este contexto, los hechos tal como se invocan en el telegrama de despido, resultan inviables para considerar a la falta imputada a la accionante, como una injuria de entidad suficiente que hiciera imposible la prosecusión del vínculo en los términos del art. 242 de la L.C.T.

Además, y sin perjuicio de señalar que aún en el mejor de los escenarios para la demandada, nos encontramos en presencia de un incumplimiento que necesariamente impone una sanción, en mi opinión, ello no justifica la adopción de la máxima -el despido- por la actitud adoptada por la trabajadora, teniendo en cuenta que se trata de una vinculación laboral de tres años y casi cuatro meses, en los cuáles sin perjuicio de haber sido apercibida la actora en una sola oportunidad un año y dos meses antes de ser despedida (ver fs. 20) -circunstancia que tampoco ha sido invocada al momento de decidir la rescisión del vínculo-; además los antecedentes disciplinarios por sí solos no pueden eximir al empleador de su responsabilidad indemnizatoria, ya que necesariamente se requiere la existencia de un hecho actual, grave y concluyente que valorado con dichos antecedentes, permitirían aplicar la máxima sanción, frente a lo cual, la decisión rupturista, aparece reñida con el principio de proporcionalidad que debe guiar ineludiblemente la apreciación de la entidad de la injuria en los términos del art. 242 de la L.C.T., y la posibilidad que brinda el ordenamiento de disponer medidas disciplinarias que pueden llegar a suspensiones de hasta 30 días (art. 220 de la L.C.T.), previéndose de tal manera un régimen sancionatorio progresivo de índole eminentemente conminatoria (art. 67 de la L.C.T.), en aras de plasmar las condiciones más adecuadas para la prosecución del vínculo (art. 10 de la L.C.T.).

Por lo expuesto, considero que el hecho imputado a la actora en la notificación del despido, no cumple con el requisito de proporcionalidad en los términos previstos por el artículo 242 de la L.C.T., por lo que voto por revocar la sentencia dictada en la anterior y considerar que el despido dispuesto por la empleadora no resultó ajustado a derecho en dichos términos. Así lo voto.

III-	Ahora bien, sentado lo anterior, me expediré en relación a los distintos rubros reclamados en la demanda, teniendo en cuenta las cuestiones que han arribado incólume mereciendo tratamiento anterior, como ser las comisiones que reclama que fueron desestimadas y no merecieron réplica de la accionante, de modo tal que dicho tópico arriba incuestionado a esta instancia por lo cual no habré de expedirme respecto de ello.

En relación al reclamo con fundamento en la Ley 24.013, será rechazado, toda vez que no se encuentran dados los supuestos abarcados por la norma aludida. Me explico.

Arriba incólume el segmento del decisorio que determinó la fecha a partir de la cual la actora comenzó a trabajar en la demandada, de modo tal que el período temporal en el cual se desarrolló la relación laboral fue desde el 24/5/06 hasta la fecha del despido decidido por la empleadora, esto es 19/9/2009.

Ahora bien, en torno a la remuneración registrada, se desprende de las constancias de la causa (ver recibo de sueldo obrante en el sobre de fs. 3 acompañado por la parte actora -agosto de 2009- de $ 1.937,25) que resulta ser la denunciada por la parte demandada en su contestación de demanda (ver fs. 26/41 vta.), sin incluir las comisiones que la actora reclamó abonadas en negro, que han sido desestimadas -extremo que arriba firme-.

Por dichos fundamentos rechazaré las multas reclamadas en virtud de la Ley 24.013.

IV-	En relación a la multa con fundamento en el art. 2 de la ley 25.323, y toda vez que se encuentran reunidos los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa aludida (ver telegrama obrante en el sobre de fs. 3 identificado con la letra "D") y en virtud de encontrarse reclamada en la demanda acogeré la misma en virtud de la liquidación que practicaré oportunamente.

V-	En cambio, distinta suerte correrá el reclamo de- rivado de la multa prevista en el art. 45 de la Ley 25.345 toda vez que no se encuentran cumplidos los requisitos de viabilidad de la sanción pecuniaria en tratamiento(art. 3 del decreto 146/01), por lo que rechazaré dicho agravamiento.

VI- A los fines de practicar la liquidación que por despido injustificado corresponde abonar a la accionante, tomaré como base remuneratoria la que emerge del recibo de sueldo y denunciada por la parte demandada a la que me referí precedentemente -agosto de 2009- de $ 1.937,25.

En este contexto, en virtud de lo dispuesto en el art. 65 de la L.O. y conforme a los rubros expresamente reclamados en la demanda (ver fs. 5/11) a la actora se le adeudan los siguientes conceptos: 1) art. 245 de la L.C.T. (4 períodos): $ 7.749,00 ($ 1.937,25 x 4); 2) indemnización sustitutiva de preaviso (1 período): $ 1.937,25; 3) días de setiembre de 2009: $ 1.162,35 ($ 1.937,25 / 30 x 18 días); 4) integración del mes de despido: $ 774,90 ($ 1.937,25/ 30 x 12 días); 5) vacaciones proporcionales: $ 774,90; 6) S.A.C. s/ vacaciones proporcionales: $ 64,60 ($ 774,90 / 12); 7) S.A.C. proporcional 2009: $ 413,99 ( $ 1.937,25 / 2= $ 968,62 / 182.5 X 78 días); 8) art. 2 de la ley 25.323: $ 5.230,58 ($ 7.749,00 + $ 1.937,25 + $ 774,90 x 50 %); todo lo cual arroja un monto total de condena de $ 18.107,57 con más los intereses establecidos en el Acta nº 2357 de la Excma. C.N.A.T. desde la fecha del despido hasta su efectivo pago.

VII- Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 279 del C.P.C.C.N. y teniendo en cuenta lo resuelto precedentemente, habré de dejar sin efecto la imposición de las costas y regulaciones de honorarios efectuadas en la instancia de grado y procederé a fijarlos de manera originaria, por lo que resulta abstracto expedirme acerca del recurso interpuesto por la parte demandada contra los honorarios que le fueron regulados a su favor.

Es por ello que, en virtud de cómo se resolvieron las cuestiones discutidas en las presentes actuaciones, y teniendo en cuenta que si bien ninguna de las normas que rigen la distribución de las costas establece una férrea vinculación matemática entre su atribución y la proporción por la que progresan los reclamos, debiéndose tener en cuenta al mismo tiempo las razones por las que se accedieran al litigio, y cómo éste se desenvolviera, resulta insoslayable que en la determinación en examen se deben reflejar los eventuales vencimientos mutuos (conf. arts. 68 y 71 del CPCCN), propicio imponer las costas de la instancia de grado en un 70 % a cargo de la parte demandada vencida en lo sustancial y en un 30 % a cargo de la parte actora.

VIII- en virtud de la calidad, extensión y mérito de las tareas desplegadas en la instancia de origen, regúlanse los honorarios a favor de las partes actora y demandada en el 16 % y 14 % respectivamente, del monto total de condena con más los intereses determinados en el considerando respectivo (arts. 6, 7, 8 y concs. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, y en especial, lo dispuesto por el art. 38 de la L.O.).

IX- Teniendo en cuenta el modo de resolverse los recursos traídos ante esta Alzada, impónganse las costas de esta instancia a cargo de la parte demandada (art. 68 1º párrafo del C.P.C.C.N.) y a tal fin por las labores llevadas a cabo por las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora y demandada ante esta instancia, regúlanse sus honorarios en el 30 % y 25 % respectivamente, de lo que en definitiva, les corresponde percibir por sus trabajos realizados en origen. (art. 14 ley 21.839, mod. por ley 24.432).

El Dr. Gregorio Corach dijo:	Si bien coincido con mi distinguido colega preopinante Dr. Balestrini en cuanto al fondo del asunto, discrepo con la solución adoptada en cuanto a que el sueldo anual complementario deba computarse para determinar la indemnización por vacaciones no gozadas.

Tal como he sostenido en distintos precedentes de esta Sala X (ver "Ferragut Néstor Fabián c/ Pesquera de la Patagonia s/ despido" SD Nº 15.068 del 31/3/07, "Bazán Claudio c/ Roux Ocefa S.A. s/ despido" SD 1395 del 29/4/99, SD 3174 del 31/8/98 in re: "Russo Luis c/ Miyazono Ricardo s/ despido", "Pereyra Fabián Daniel c/ Nuevo Banco Bisel SA s/ despido" SD 14231 del 30/3/06) estimo que no corresponde liquidar el rubro sueldo anual complementario sobre vacaciones no gozadas. Lo entiendo así puesto que el concepto aludido tiene un carácter indemnizatorio, que impide -a mi ver- computar sobre éste la incidencia del SAC, el cual sólo opera sobre rubros salariales.

Por ello, -a mi juicio- corresponde descontar del monto diferido a condena por el Dr. Balestrini, la suma de $ 64,60 (liquidación practicada en el considerando VI) que fue imputada en tal concepto.

En consecuencia, el monto objeto de condena ascenderá entonces a la suma de $ 18.042,97 -PESOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS- ($ 18.107,57 - $ 64,60). Dicha suma llevará los intereses dispuestos en el voto precedente.

Más allá de la modificación precedentemente mencionada, reitero, adhiero a la solución propuesta por el voto precedente.

Por lo expuesto, de prosperar mi voto, correspondería: 1) Revocar la sentencia dictada en la instancia de origen y hacer lugar a la acción incoada en los términos expuestos en el presente pronunciamiento; 2) Condenar a la accionada a abonar a la actora dentro del quinto día de practicada la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O., la suma de PESOS DIECIOSCHO MIL CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 18.042,97), con más los intereses establecidos en el presente pronunciamiento; 3) Dejar sin efecto la imposición de las costas y regulaciones de honorarios efectuadas en origen y distribuirlas en un 70 % a cargo de la parte demandada y en un 30 % a cargo de la parte actora. 4) Regular los honorarios de la instancia de grado en virtud de la calidad, mérito y extensión de los trabajos desarrollados a favor de las partes actora y demandada en el 16% y 14 % del monto total de condena. 5) Imponer las costas de esta Alzada a cargo de la parte demandada. 6) Regular por las tareas desarrolladas en esta sede a favor de las partes actora y demandada en el 30 % y 25 % respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus trabajos llevados a cabo en la sede originaria. El Dr. Roberto C. Pompa: De acuerdo con la disidencia parcial que resulta de los votos de los distinguidos colegas que me precedieron, me toca definir en el caso de autos, si el rubro "vacaciones no gozadas" que prospera, debe llevar o no la incidencia del S.A.C.

Coincido con la doctrina del Dr. Juan C. Fernández Madrid (Cf. Fernández Madrid, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Tomo II, La Ley, pág. 1362/1363) cuando señala que "si bien la suma que se devenga en concepto de vacaciones no gozadas tiene carácter indemnizatorio, la misma resulta equivalente al "salario correspondiente" y aquél constituye un salario diferido" (Cf. C.N.A.T., Sala VI, 31/7/87, "Thompson Susana E. C/ Di Paolo Hnos S.A.", en T y S.S., 1987-922). De otro modo se privaría al trabajador de una parte del salario ya ganado, porque si no hubiera recurrido al distracto el lapso de la vacación "gozada" se hubiera contado como tiempo trabajado para el cómputo del S.A.C.

Por ello, adhiero al voto del Dr. Alvaro E. Balestrini.

A mérito del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la sentencia dictada en la instancia de origen y hacer lugar a la acción incoada en los términos expuestos en el presente pronunciamiento. 2) Condenar a la accionada a abonar a la actora dentro del quinto día de practicada la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O. la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO SIETE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 18.107,57) con más los intereses establecidos en el presente pronunciamiento. 3) Dejar sin efecto la imposición de las costas y regulaciones de honorarios efectuadas en origen y distribuirlas en un 70 % a cargo de la parte demandada y en un 30 % a cargo de la parte actora. 4) Regular los honorarios de la instancia de grado en virtud de la calidad, mérito y extensión de los trabajos desarrollados a favor de las partes actora y demandada en el 16% y 14 % del monto total de condena. 5) Imponer las costas de esta Alzada a cargo de la parte demandada. 6) Regular por las tareas desarrolladas en esta sede a favor de las partes actora y demandada en el 30 % y 25 % respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus trabajos llevados a cabo en la sede originaria.

Regístrese, cópiese, notifíquese y previa citación Fiscal, vuelvan.

Ante Mí