Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-06


SENT Nro. 19 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 06 DE FEBRERO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor en autos: "Fariña, Guillermo Agustín vs. García Vda. de Martín, Nélida s/Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara del Trabajo el 30/5/2002 (fs. 876/880), la parte actora dedujo recurso de casación, que fue concedido mediante pronunciamiento del 28/5/2003 (fs. 914 y vta.). Consta en informe actuarial de fs. 927 que únicamente la demandada ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- La Cámara tuvo por acreditado que coexistieron prestaciones de servicios del actor simultáneamente con una relación de concubinato entre los litigantes. Sostiene que dichas prestaciones no configuraron un contrato de trabajo, pues las pruebas aportadas por el actor revelan que los servicios prestados: no reunieron las condiciones de subordinación económica, jurídica y técnica; fueron desarrollados en el marco de la convivencia dentro de la comunidad familiar de la demandada con motivo de su relación de concubinato, para el sostén y enriquecimiento del grupo familiar que integraba con aquella y sus hijos; y que no correspondían a su medio habitual de vida.

En virtud de tales consideraciones, el Tribunal concluyó que el actor no llegó a demostrar las notas tipificantes que permitan encuadrar como un contrato de trabajo las tareas realizadas por el Sr. Fariña para la demandada García de Martín, por lo que rechazó la demanda promovida en autos.

3.- Sostiene que la sentencia del 19/4/2001 dictada por esta Corte Suprema de Justicia desoyó el art. 138 CPTT, que ordena dictar sustitutiva en caso de admitirse la casación, lo que comprueba que no se ha respetado la garantía del juez natural. Añade que dicho fallo condiciona la labor de la Cámara, fijándole límites a su accionar en forma desmedida y dogmática. Entiende que al provenir el defecto del órgano emisor de la decisión, dicho acto es insubsanablemente nulo.

Cuestiona la interpretación de las pruebas efectuada por la Cámara, señalando que en la absolución de posiciones Fariña habla de encuentros amorosos y esporádicos, por lo que sostener que el actor reconoció una vida marital con la demandada es una inexacta y errónea aseveración del sentenciante. A ello agrega que ninguno de los testigos afirmó con plena seguridad la existencia de vida marital y ni siquiera concubinato, destacando que una cosa es la relación por atracción física o de noviazgo y otra muy distinta la vida marital que el preopinante asevera.

Asevera que existe un hueco en el razonamiento de la Cámara que le resta validez al fallo, pues se sostuvo que desde enero de 1991 a diciembre del mismo año hubo prestación de servicios y que en diciembre se formó la pareja, puntualizando que esos meses de trabajo sin relación de pareja no se ven reflejados en la sentencia.

Destaca que el fallo contiene aseveraciones dogmáticas cuando sostiene que los servicios prestados por Fariña no reúnen las condiciones de subordinación económica, jurídica y técnica. Advierte que a fs. 49 consta que la accionada le hizo una lista de insumos y repuestos al actor que le encarga para su compra para la explotación de las fincas, alude a lo escrito por la demandada en la constancia de fs. 53, y esgrime que ante tamaña muestra de subordinación, el fallo queda desprovisto de razonabilidad.

Entiende que según el fallo, el administrador de las posesiones y a su vez apoderado para algunos actos aislados no tendría derecho al régimen laboral. Afirma que el hecho de que una persona ostente la calidad de representante o administrador de una finca no altera la relación laboral que pudiera tener con su dueño.

Manifiesta que lo agravia el hecho de haberse sostenido que en la causa no hay pruebas de un contrato por escrito con las cláusulas alegadas en la demanda.

Postula que es dogmática la afirmación del fallo referente a que las tareas desempeñadas por el actor fueron desarrolladas en el marco de la convivencia dentro de la comunidad familiar de la demandada con motivo de la relación de concubinato. Asevera que el buen trato de Fariña con sus allegados, no autorizan a sostener que el actor trabajaba para enriquecer y sostener un grupo familiar que no era el suyo. Añade que no constituye prueba la falta de registración del actor en los libros de la demandada y que tampoco hubo falta de reclamos salariales, pues los mismos se efectuaron verbalmente para no violentar una buena relación.

4.- En orden al planteo de nulidad efectuado por la parte actora, el mismo se basa en vicios atribuidos a la sentencia del 19/4/2001 dictada por esta Corte, que se encuentra firme al no haber sido cuestionada oportunamente por el recurrente, habiendo pues precluído la posibilidad de peticionar la nulidad.

Al respecto, esta Corte tiene dicho que el recurrente puede impugnar lo que no está firme, pues uno de los efectos del principio dispositivo es justamente, otorgar irrevocabilidad a los temas que las partes oportunamente decidieron no recurrir, caso contrario, la cosa juzgada no podría constituirse en una consecuencia de la sentencia, y con ello se fracturaría los valores del orden y seguridad que nutren al proceso (cfrme. CSJTuc., in re "De la Serna César Eduardo vs. Droguería Norte SRL s/cobros", sent. nº 759 del 29/9/97).

A más de ello, la doctrina sostenida por esta Corte en el fallo precedentemente citado desestima la postura asumida por el recurrente, en tanto postula que en el supuesto de los arts. 33 y 40 CPCC y en los de la infracción sustantiva o adjetiva, cuando se hace necesario examinar nuevamente el material fáctico de la causa, la Corte, como tribunal del recurso de casación, no dicta sentencia sustitutiva en virtud de que la casación no es una tercera instancia para valorar los hechos y pruebas de la causa. Es más, el tribunal esta impedido de ello, y si lo hiciera violaría los principios y fundamentos básicos de del recurso de casación. Entonces, no dispone concretamente en un fallo preciso, expreso y concreto, lo que la parte recurrente del recurso en tratamiento considera que debió decir, porque no compete a su resolución; simplemente establece pautas para que los jueces de la causa, únicos autorizados a valorar hechos y pruebas, digan, conforme a esas pautas.

En virtud de tales razones, y de conformidad con lo dictaminado con por el Sr. Ministro Fiscal a fs. 930, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por el actor.

5.- El recurso de casación ha sido interpuesto en término (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT) y siendo el actor quien recurre no es exigible el afianzamiento del art. 133 CPTT.

En orden al motivo de la casación intentada (art. 131 inc. a CPTT), los agravios se dirigen a cuestionar la valoración efectuada por la Cámara del material fáctico de la causa, que condujo a concluir que no se demostraron las notas tipificantes que permitan encuadrar las tareas realizadas por el actor como un contrato de trabajo, aspecto éste del pronunciamiento que constituye una cuestión de naturaleza eminentemente fáctica, y que como tal se encuentra excluido de la materia casatoria, salvo que fundadamente se demuestre arbitrariedad en el pronunciamiento.

En el caso, el vicio de arbitrariedad no se encuentra suficientemente demostrado, toda vez que la conclusión del fallo vinculada a la existencia de una relación sentimental que llevó a las partes a convivir maritalmente, cuenta con fundamentos probatorios suficientes que la sostienen, y la crítica del recurrente contra la valoración de dichas pruebas se basa principalmente en una discrepancia con el sentido que el tribunal le asigna a la absolución del posiciones del actor y a las declaraciones de los testigos, lo que no alcanza para descalificar a la sentencia.

Por otro lado, debe desestimarse el agravio expuesto a partir de considerar al mes de enero de 1991 como momento inicial de la prestación de servicios, por cuanto el recurrente efectúa una interpretación que excede de los términos expresos de la sentencia -el fallo establece el comienzo de la prestación de servicios en el año 1991 sin precisión de mes- y que se aparta de lo manifestado por su propia parte en el escrito de demanda, donde denuncia como fecha de inicio de su pretendida relación laboral el 23/11/91 (ver fs. 5 vta.).

Asimismo, los argumentos esgrimidos por el actor, disintiendo con lo sostenido por el fallo acerca de que los servicios prestados no reunieron condiciones de subordinación económica, jurídica y técnica, no logran suplir la carencia probatoria de su parte advertida por la Cámara en este punto. En referencia a que las constancias de la agenda de fs. 49 y 53 demostrarían la subordinación, tal postura sólo revela una discrepancia del recurrente con la valoración de las pruebas realizadas por la sentencia, que interpretó que las anotaciones de la agenda no constituyen órdenes de trabajo sino simples apuntes de los cuales no es posible inferir ninguna instrucción. Finalmente, la mención de la Cámara en relación a que el actor se presentaba como representante y administrador de la accionada y no como su subordinado, debe ser entendida en el contexto de las demás pruebas consideradas por la Cámara, que conjuntamente merituadas la habilitaron a sostener la inexistencia de subordinación.

Resta señalar que las demás conclusiones del fallo vinculadas al marco de convivencia en el que se prestaron los servicios y a que fueron cumplidos para sostén y enriquecimiento del grupo familiar que integraba el actor, no logran ser rebatidas por simples argumentaciones expuestas por el recurrente en una dirección distinta a la del fallo, debiéndose señalar que la existencia de reclamos verbales invocada por su parte no se encuentra suficiente apoyo probatorio en las constancias de la causa.

Consecuentemente, la naturaleza fáctica de los planteos efectuados y la insuficiencia del vicio de arbitrariedad denunciado, determinan la inadmisibilidad del recurso intentado por el actor.

6.- Las costas del recurso deben ser afrontadas por el actor vencido (art. 106 primera parte del CPCC, aplicable supletoriamente en virtud del art. 49 del CPTT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 930, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el planteo de nulidad formulado por el actor; y DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por dicha parte en contra de la sentencia dictada por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara del Trabajo el 30/5/2002 (fs. 876/880).

II.- COSTAS conforme se considera.

III. DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO