marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, bienes del Estado
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda	 c/ Fernández, Martha Isabel y otros s/ Desalojo s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido Isabel y otros s/ Desalojo s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-29

El principio de autotutela no reduce su aplicación a ciertos ámbitos de la actividad administrativa ni a la protección de los bienes del dominio público. Por el contrario, opera como fundamento de un sistema general que faculta a la administración a definir unilateralmente, y sin necesidad de una previa intervención judicial, las situaciones de hecho dictando los actos administrativos que resulten necesarios (art. 12, ley de procedimientos administrativos). (Del voto de los Dres. Casás y Muñoz).
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, falta de fundamentación, homicidio calificado, agravantes de la pena, arma de fuego
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., J. R. M. s/ Homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y la condición de la víctima por ser miembro de la fuerza policial, resistencia a la autoridad y portación de arma de guerra en concurso real s/ Casación" (Expte. Nº 26681/13 STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-03-18

[.] la Defensa se desentiende de los fundamentos en los que se basa la doctrina legal de este Superior Tribunal, que reiteradamente ha establecido que, dado que el delito de homicidio no tiene como elemento constitutivo su comisión con arma de fuego, corresponde la aplicación de la agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal (conf. STJRNS2 Se. 172/12 "CHUCAIR", entre muchas otras).

También se ha explicado que "[] el legislador quiso sancionar hechos ilícitos cometidos mediante un elemento específico de muy amplio poder vulnerante e intimidatorio, lo que introduce un riesgo mayor para la víctima y disminuye sus posibilidades de defensa" (STJRNS2 Se. 63/13 "MENDEZ").

Por otra parte, la alegada vulneración del principio de legalidad no puede prosperar, dado que el art. 41 bis ha sido incorporado al Código Penal mucho antes de que se cometieran los hechos que motivaron estas actuaciones, lo que también ha sido argumentado por este Cuerpo (conf. STJRNS2 Se 100/12 "COFRE").- Por último, la Defensa no ha cuestionado fundadamente la validez de la norma criticada -por caso, no se ha argumentado, fundado ni pedido su declaración de inconstitucionalidad-, por lo que mal podría dejar de aplicarse a los hechos que se le reprochan a M. P. Ello, más allá de que tampoco se aprecia una inconstitucionalidad palmaria y manifiesta que habilite tal declaración merced al control difuso, la que -además- sabido es que constituye la última herramienta a la que podría acudirse, en resguardo de la división de poderes. (Del voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Crespo, Benito V. c/ Farmacia Central Avellaneda S.C. s/ Despido Acevedo, Mario Adolfo c/ Ferrum S.A. s/ Despido Ocampo, David y otros c/ Coca Cola S.A.I.C. y F. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27|1993-08-10|1996-02-20

El juez puede declarar la inconstitucionalidad de oficio de las leyes y debe hacerlo cuando las circunstancias así lo exijan.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Alimentos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Martina, Lelia I. c/ Ruiz, Miguel A. s/ Alimentos. Martina, Lelia I. c/ Ruiz, Miguel A. s/ Alimentos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-12-22|1995-12-22

Actualmente es concepto reiterado en las decisiones judiciales que en esta materia hay una gran amplitud probatoria, aquí como en pocos casos, el valor de los indicios o presunciones alcanza un nivel máximo. Así se ha dicho que la prueba de los ingresos del alimentante, no debe ser necesariamente directa, sino también puede surgir en parte de prueba directa y en parte de prueba indiciaria, lo que habrá de valorarse con un criterio amplio y favorable a la prestación alimentaria. En este sentido, no es indispensable demostrar acabadamente la capacidad económica del obligado, ya que para apreciarla en su real dimensión, puede recurrirse a las presunciones que permitan obtener una estimación aproximada de aquella, debiendo valorarse la prueba con un criterio amplio, favorable a la prestación cuya fijación judicial se persigue. En el caso de autos, reviste particular importancia el hecho de que los ingresos del demandado, provengan de su trabajo sin relación de dependencia, por lo cual la presunción de su causal económica hace imprescindible, toda vez que no es posible aportar pruebas directas de lo que percibe según su actividad. Lo que se intenta, a falta de posibilidades de demostración exacta de su situación patrimonial, es contar con los elementos mínimos que permitan inferirla. Los índices de relativa prudencia han de apreciarse con un criterio proclive a los menores destinados a la prestación.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: González, Sandra M. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

La recuperación de lo sustraido constituye una circunstancia atenuante en función de los arts. 40 y 41 inc. 1 del Código Penal.
Prueba testimonial, testigos
Materia: LABORAL
Carátula: Tarifa, Hipólito c/ Ing. Hinko, Poganik s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-11-03

El testigo de oídas se remite a lo que le anuncian o transmite, pero no pueden afirmar y mucho menos confirmar el acontecer, por lo tanto sus afirmaciones quedan en el plano de lo personal sin significar aportes valiosos a los fines pretendidos.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas
Materia: ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: M.S. y A.H.B. c/ L. R. P. A. s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-21

El principio general es que toda acreencia a cargo del Estado nacional, que tenga por objeto la obligación de entregar una suma de dinero o que se resuelva en la entrega de una suma de dinero y que su causa o título sea posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 31 de diciembre de de 2001, se encuentra sujeta al régimen de consolidación de deuda y deberá ser abonada, a opción del acreedor, en títulos públicos o en una suma de dinero en forma inmediata a su vencimiento, conforme el plazo de espera de la ley -dieciséis años- . Ello como resulta de la previsión de la ley 23982 y el artículo 51 de la ley 25967.
Responsabilidad del agente marítimo, pérdida parcial de mercaderías
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGENCIA DE TRANSPORTE MOORE MC CORMACK  S.A. s/ RECURSO - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

En los casos de mercadería faltante a la descarga, cabe sancionar al agente marítimo que formuló el manifiesto de la carga toda vez que dicho trámite se realizó par cumplir una operación de "importación", concepto éste último definido por el art. 9 punto 1 del Código Aduanero, sin perjuicio de haberse, además, en el caso, destinado a consumo la carga (cfr. arts. 135, 196, 217, 234 y 956).

El perjuicio fiscal que requiere la norma infringida (art. 954 punto 1 y art. 956 ap. e) se produce aunque deben abonarse los gravámenes (art. 14, 2 apartado) porque si pasara desapercibida la inexactitud que se declaró, pudo evadirse aquella responsabilidad tributaria objetiva.

Es computable el momento en que se produce la manifestación a los fines de establecer si existió el perjuicio, porque aquella responde a un hecho propio y anterior de quien la realiza, es decir, el transportista o su agente; con abstracción del pago efectivo que en concepto de gravamen corresponda tributar, toda vez que basta la mera posibilidad de que el perjuicio se produzca.

Atento lo dispuesto por el art. 916 del Código Aduanero, la causa exhibe motivos suficientes para atenuar la pena impuesta, aún por debajo del límite mínimo previsto por el art. 954, punto 1, ap. a.

En efecto:

a.- El hecho ilícito compuesto por las disposiciones de los arts.

954 y 956 ap. c, remiten a una sanción prevista de modo particular para otro tipo de declaraciones, que no guarda proporción en supuestos próximos a los de responsabilidad indirecta lo que admite una apreciación menos rigurosa.

b.- aunque la solicitud de rebaja del manifiesto no resultó anterior a la constatación oficial, la actora la formuló en término; en la legislación anterior, este hecho resultaba relevante a los fines infraccionales (arts. 51 y 905 de las Ordenanzas) de modo que no cabe ahora excluirlo del análisis.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: ROBLES ABALOS IRMA DEL VALLE c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA s/ DIFERENCIA DE HABERES,ETC.-CASACION ROSALES ELIAS MARTIN c/ POLICIA DE LA PROVINCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-14|2002-08-09

El recurso de casación se manifiesta como una instancia de carácter excepcional, que no tiene por objeto corregir en tercera instancia sentencias que el recurrente considera equivocas a raíz de su discrepancia con el alcance atribuido por el Tribunal de grado a principios y normas del derecho procesal, como las atinentes a materia probatoria o la ponderación que de tales elementos efectuaron los jueces de la causa, salvo casos de arbitrariedad.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, locación, juicio de desalojo, derecho de retención
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: GUARESCHI, GERARDO O. c/ MARINOZZI, RAUL RENE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-05-26

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que, con el planteo de que la Alzada se amparó en cuestiones formales para desestimar su pretensión de ejercer el derecho de retención en el proceso de desalojo y que omitió valorar hechos probados, no da respuesta a lo razonado por los jueces que, luego de efectuar el encuadre de la situación-de donde surgen algunos datos fácticos no aportados por el quejoso, como que el destino de la locación era un salón de negocios- y de tener por acreditado y admitido por las partes que el inmueble al término del contrato no fue restituido a su propietario, entendieron que aquella defensa no tenía andamiaje en tanto no existió de parte del locador una autorización para efectuar mejoras ni surgía la misma del contrato, como tampoco pruebas de la demandada en sentido contrario.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, sentencias contradictorias, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Galván, Carlos Humberto c/ Carlos Díaz S.R.L. s/ Demanda laboral - Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-21

Procede hacer lugar al recurso de queja interpuesto por la actora, concediendo en consecuencia, el recurso de inconstitucionalidad denegado, puesto que la sentencia atacada es definitiva en el concepto de que habilita la instancia extraordinaria y que el recurrente ha efectuado la crítica al auto denegatorio, la misma presenta contradicciones en la parte resolutiva que no se pueden pasar por alto, haciendo en consecuencia procedente el recurso intentado, y siendo obligación de este Superior Tribunal, evitar la existencia de sentencias que presenten estas características.
Acción, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Canteras Cerro Negro S.A. c/ Municipalidad de Olavarría s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

Si la pretensión de la actora ha encontrado plena satisfacción mediante la aplicación de un acto administrativo dictado por la demandada con posterioridad a la traba de la litis, las cuestiones planteadas en torno a la validez del decreto que anteriormente la había denegado se han tornado abstractas, pues cualquiera que fuere la decisión sobre la alegada nulidad de dicho acto sería irrelevante para el derecho de la actora.
Pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Suárez, Luis s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-03

Si bien al abordar el homicidio y las lesiones en riña la ley licúa la diferencia entre autoría y complicidad, al discernir la sanción por aplicar el juez deberá tener en cuenta los diferentes roles asumidos.
Candidatos, deber de residencia, gravedad institucional, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucía  Martínez,  Alejandro  Galíndez  y  Oscar del V. Carrizo s/ Impugnación  a la candidatura a gobernador del Senador Nacional José Luis Barrionuevo s/Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-03-21

Fue interpuesto recurso de casación en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de la Provincia que confirmó el fallo del Juez Electoral que inhabilitaba en la candidatura a gobernador a quien no cumplía el requisito de residencia exigido por el art. 131 inc. 5 de la Constitución de la Provincia.

Si bien el método expositivo de los agravios es confuso, la recurrente parece afirmar que la sentencia en recurso se encuentra viciada por los tres supuestos del art. 298 del CPCC y que la cuestión considerada in genere constituye situación de gravedad institucional como condición de flexibilización interpretativa en cuanto a la exigencia de requisitos formales para la recepción del recurso.

Razones de orden lógico indican que debe analizarse como primera cuestión si en autos se configura la alegada gravedad institucional, en tanto ésta, como instituto, implica una condición de apertura de esta instancia extraordinaria y, en consecuencia, es conceptualmente previa a la consideración de los vicios alegados a tenor del citado art. 298.

De la doctrina legal de esta Corte surge claramente que la gravedad institucional: a) debe referir a circunstancia excepcional y severamente anómala; b) que comprometa seriamente a instituciones básicas del sistema republicano y c) que quien la alegue pruebe acabadamente esas circunstancias y su transcendencia social e institucional.

Ninguna de estas condiciones se encuentra cumplida en el planteo de los recurrentes, en tanto no se demuestra cómo y por qué el trámite regular y normal de impugnación del candidato de un partido pudiera vulnerar de alguna manera el funcionamiento, la vigencia o la participación efectiva de tal representación política en una compulsa electoral y, mucho menos, cómo la inhabilitación legal de un candidato pudiera poner en cuestión instituciones fundamentales del régimen republicano o los intereses comunitarios en general; tal déficit lleva a considerar que, por el contrario, la cuestión debatida no excede el mero interés de parte, por lo que corresponde no hacer lugar al planteo de gravedad intitucional intentado.(del voto de la Dra. Sesto de Leiva)
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10


SINDICO EN AUTOS: GONZALEZ Y FIZ S.A. Reg.: A y S t 202 p 443-444. Santa Fe, 10 de noviembre del año 2.004.

VISTOS: los autos "SINDICO EN AUTOS: GONZALEZ Y FIZ S.A. -Quiebra- contra APUT, Jorge Elías D. -Demanda Ordinaria-Acción de Ineficacia- (Expte. 476/01) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 212, año 2004); para resolver el recurso de revocatoria deducido a foja 104; y, CONSIDERANDO: 1.

Contra la providencia que intimó al recurrente a efectuar el depósito contemplado en el artículo 8 de la ley 7055, interpuso éste recurso de revocatoria.

Fundó su pedido en que actúa como funcionado de la quiebra, y como tal se encuentra exento del depósito según el último párrafo del artículo 119 de la ley 24522.

Recalcó que la acción de ineficacia intentada fue promovida con sustento legal en la norma aludida, por lo cual no está sometido a tributo previo.

2. Habrá de desestimarse la revocatoria interpuesta.

En efecto, la Corte Suprema nacional ha sostenido reiteradamente (por todos, Fallos 285:235) que "La obligación de cumplir el depósito no reconoce otras excepciones que las expresamente comprendidas en la legislación pertinente".

Este Tribunal, a su vez, en la causa "Vázquez" (A. y S., T. 112, pág. 495), entre otras, expresó que la ley regulatoria en el ámbito provincial del recurso de inconstitucionalidad, en cuanto dispone en su artículo 8, segundo párrafo, que "... estarán eximidos del depósito los que gozaren de exención del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia", es una norma que, como toda excepción, debe ser interpretada de manera restrictiva.

Tales afirmaciones obstan a la pretensión de la parte recurrente, quien solicita la eximición del depósito con base en lo dispuesto por el artículo 119 de la ley 24.522, desde que, ese precepto, de similar tener al artículo 182 de la misma norma, no refieren a eximiciones en el pago de actuaciones, tasas o impuestos, sino que, concretamente, se dirigen sólo a postergar el tiempo en que deben ser cumplidas.

En tal sentido, ya se ha expedido el Tribunal, señalando que conforme reiterada interpretación (ver por todos: Quintana Ferreyra-Alberti, "Concursos", T. 3, pág. 327) la exoneración de abonar las tasas como recaudo "previo" no puede afectar la certidumbre de la recaudación sino, "... tan sólo, postergarla en el tiempo".

De tal manera, amén de no encontrarse "eximido", sino meramente postergado el pago de las tasas o contribucion Por último, debe recordarse que de por sí, la exigencia del depósito previo como requisito para la viabilidad de un recurso no contradice garantías constitucionales (Corte Suprema de la Nación, causas "Golpe" 23.3.93 y "Bielli" 22.9.92).

Por todo lo expuesto, lo dispuesto en la ley 10.924 y Acta-Acuerdo Nro. 2 del año 1.993-punto 13-, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la revocatoria interpuesta.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)
Fallos de la Corte Suprema, recursos, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Celulosa Argentina S.A. s/ concurso preventivo S/ solicitud de regulación de honorarios  S/queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-03

Las decisiones de la Corte Suprema no son susceptibles de recurso alguno.
Prueba, juicio de desalojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sebastián, Roberto c/ Lescano, Jorge Omar y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

Aferrarse al formalismo de que la justificación de la restitución del inmueble arrendado, sólo podía justificarse a través de la prueba documental, que prevé el contrato de locación, constituye una exteriorización del sistema dispositivo, que no puede prevalecer sobre el régimen de los medios de prueba establecidos por el legislador, y que responden a principios de orden público, que no pueden ser dejado de lado por las partes (art. 376 cód. Proc.). Por lo tanto el señorío de las partes derivado de la autonomía de la voluntad, no puede limitar los medios de prueba admisibles, máxime cuando, como en el caso, se está frente a una cláusula predispuesta contenida en un contrato de adhesión (arts. 1198, 1ra. parte. Cód.

Civil).
Cumplimiento de la pena, reincidencia, reclusión accesoria por tiempo indeterminado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ríos, Jorge Rubén s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-20

Corresponde anular la resolución que declaró cumplida la pena al condenado a reclusión perpetua, con declaración de reincidencia, pues la normativa vigente no admite tal solución, al no ser viable su libertad condicional y por ende inaplicable la extinción de la pena prevista en el art. 16 CP y, por otro lado, al condenado no se le impuso la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado -art. 52 CP- hipótesis en la que sí sería factible aquella posibilidad de acuerdo con el art. 53 CP. La disidencia entendió que la circunstancia de que no exista una regulación expresa que alcance a las personas condenadas a prisión perpetua más la declaración de reincidencia no debe ser interpretada como un supuesto de pena que no tiene vencimiento, pues ello desconocería los principios de mínima intervención, última ratio, pro homine, proporcionalidad, racionalidad y favor libertaris, y postuló que una interpretación armónica y constitucional de la pena de prisión perpetua no puede exceder de los 25 años de prisión -arts. 13 y 16 CP-. (Dres. Tragant, Riggi, Ledesma -en disidencia-).
Sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, errónea apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez Calsina, María Paula c/ Castillo S.A.C.I.F.I.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. B-89.153/02 Laboral - daño moral y otros rubros. L.A. N 47 F 1122/1124 N 486 S.A.C.I.F.I.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. B-89.153/02 Laboral - daño moral y otros rubros. L.A. N 47 F 1122/1124 N 486
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-08-13

Si bien es doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia que el recurso extraordinario articulado no está previsto para volver sobre el valor atribuido por el a-quo a la prueba rendida en la causa ni para revisar los hechos fijados en su consecuencia (L.A. 43 F 1159/1161 Nro. 430; L.A. 43 F 1188/1190 Nro. 443; L.A. 43 F 1191/1193 Nro. 444; L.A. 43 F 1199/1201 Nro. 446; L.A. 43, F 1215/1216 Nro. 453, entre muchos otros) no es menos cierto que un apartamiento manifiesto del alcance de la prueba, como es atribuir el carácter de intimación fehaciente a un telegrama que no consta haber llegado a destino, descalifica lo decidido por su manifiesta arbitrariedad y justifica el acceso de la vía elegida. Se trata, en definitiva, de un pronunciamiento que, como lo manifiesta el recurrente, no está dotado de la fundamentación necesaria para considerarlo derivación razonada del derecho con ajuste a las constancias aportadas a la causa.
Acción de inconstitucionalidad, acordadas, domicilio constituido, remisión a dictamen fiscal, valor probatorio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Osella, María V. c/ Estado Nacional - Minist. de Economía s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-04

Cabe rechazar el planteo de inconstitucionalidad de las Acordadas 31/11 y 38/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuyos términos se hizo saber a los letrados que debían constituir domicilio electrónico, pues de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General, no contrarían los arts. 75, inc. 32, y 76 de la CN, habida cuenta de que el Congreso de la Nación mediante la sanción de la ley 26.685 expresamente autorizó la utilización de comunicaciones y domicilios electrónicos constituidos en todos los procesos judiciales, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que su equivalentes convencionales, y atribuyó a dicho Tribunal y al Consejo de la Magistratura facultades para reglamentar la utilización de las nuevas herramientas y disponer su gradual implementación, las que han sido ejercidas dentro de dichos límites por la Corte Suprema a través del dictado de las disposiciones cuestionadas.
Prueba, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: STAUT JAIME c/ ZONNER BERNARDO Y OTRO Y/O TODO OCUPANTE s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-07-01

Conforme surge de autos, fue consentido por el apelante el auto de apertura y producción de pruebas, la certificación de las producidas y la clausura del período probatorio, no habiéndose denegado dichas pruebas ni tampoco han sido motivo de declaración de negligencia o caducidad, por lo que el replanteo en esta instancia deviene improcedente por no encuadrar en los supuestos contemplados en el art. 259 inc. 2 del C.P.C.C.