Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-04-16


2º instancia. - Mercedes, abril 16 de 2008.

1º ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 207/211? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Nolfi dijo:

1.- La parte actora (MATADERO Y FRIGORIFICO LOS GIRASOLES S.A.) en su presentación inicial de fs. 16/21, (si bien en forma poco clara), entabló contra la MUNICIPALIDAD de 9 de JULIO, el "interdicto de recobrar" legislado en el art. 608 del C.P.C.C.; y digo que lo hizo en forma poco clara, porque habla por momentos del remedio procesal mencionado, y por momentos de la "acción sumarísima de recobrar". Pero al margen de ello, y atento a que una parte de la doctrina y la jurisprudencia en la materia distingue entre el referido interdicto y la acción de despojo contemplada en el art. 2490 del Cód. Civ., mientras que otra parte no establece diferencia alguna al respecto; lo cierto es que esta Sala en su resolución de fs. 82/83 (que se encuentra firme) ha dicho que se trata en autos de un interdicto de recobrar, por lo que la solución del caso debe basarse exclusivamente en lo que surge del ya citado art. 608 del Cód. ritual; ésto es que el examen de lo actuado y de la prueba rendida, debe limitarse a determinar si se encuentra acreditado que quien promovió el interdicto tenía "la posesión actual o la tenencia" de los bienes cuya restitución reclama; y que fue despojado de ellos "total o parcialmente... con violencia o clandestinidad".

2.-Por eso, la sentencia apelada (fs. 207/211), después de sintetizar con claridad y precisión la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema, ha dicho textualmente y con razón en el Considerando I: "Estas características informan la vía sumarísima del procedimiento, y consecuentemente la restricción de la materia susceptible de ser debatida en su seno, siendo ajena al mismo toda cuestión que atañe al título dominial o al mejor derecho a la posesión o tenencia, materias que quedan reservadas a ulteriores procesos de conocimiento más amplio..."; y agregó luego, también acertadamente en el Considerando siguiente: "...la accionante ha desviado el objeto del presente proceso, desplegando su actividad probatoria, en gran medida, en dirección a acreditar la propiedad de los bienes muebles que se encuentran en el predio municipal en el cual se llevó a cabo la concesión...".

Respecto a los requisitos de violencia y clandestinidad, se ha acotado, que tanto una como otra deben interpretarse en sentido amplio y no desde la óptica de irresistibilidad extrema que supone la terminología de ambos conceptos, ya que se dejarían al margen del posible amparo judicial diversas hipótesis que también implican vías de hecho demostrativas de la voluntad de apropiarse de una cosa sin el consentimiento del poseedor o tenedor. La violencia implica la exclusión absoluta del legitimado activo por medio de un acto irresistible y contrario a su voluntad, mientras la clandestinidad un despojo hecho en forma furtiva u oculta ante el desconocimiento o ignorancia del perjudicado ( "Amday Mode Luis y ot. c/ Ocupantes Inmueble en de Pinedo 1113 s/ Interdicto", sentencia de la Cámara Civil de Quilmes del 10 de mayo de 2000).

Se dice que existe violencia cuando la cosa es adquirida por vías de hecho, acompañada por fuerza material o coacción moral insuperable. Cabe calificar de violenta a la posesión tanto si se adquiere con violencia como si, adquirida pacíficamente, se la conserva con algún tipo de violencia ("Gil Gabina c. Lo Presti, Claudia Alicia y otros s/ Interdictos", Cámara Civil de La Matanza, 13 de febrero de 2003).

En definitiva, la apreciación de la existencia de violencia moral o intimidación sobre una persona queda librada al criterio judicial de acuerdo a su sana crítica y teniendo en cuenta las circunstancias del caso. En tal sentido la apreciación de las pruebas debe efectuarse mediante el empleo de las reglas de la experiencia que el juez extrae de todos los medios aportados y tal valoración reclama además del esfuerzo lógico, la experiencia del magistrado basada en su conocimiento del mundo y de las cosas.

3.- Ahora bien, con relación al primero de los requisitos exigidos por la ley y que deben por lo tanto ser probados, concuerdo nuevamente con lo afirmado por la señora jueza de la instancia anterior cuando dijo en el Considerando III: "...la posesión denunciada por la firma accionante encuentra su razón de ser en el contrato de concesión que vinculó a las partes, operación de la que da cuenta la documentación agregada en autos (fs. 27/30)...", y agregó más adelante: "Pero lo que cobra real importancia en la cuestión, es la falta de controversia en la materia, habida cuenta que de la lectura del escrito de contestación de demanda de la Municipalidad de Nueve de Julio, surge claramente que esta última reconoce que el frigorífico Los Girasoles S.A. era poseedor de los bienes muebles que enumera la citada sociedad en su escrito de demanda...". Es por eso que considero debidamente probado, el requisito al que se refiere el inc. 1ro. del ya citado art. 608 del C.P.C.C., esto es, la posesión actual o la tenencia -en cabeza de la actora- de los bienes cuyo reintegro solicita.

4.-Probado -como queda dicho- el primero de los requisitos exigido por la ley para que el interdicto proceda, debe analizarse si se encuentra también demostrado el hecho del despojo y que el mismo se efectuó con violencia o clandestinidad.

El análisis más detallado de los hechos permite admitir el distingo más fácilmente.

La clandestinidad ha sido bien definida por Fenochietto y Arazi citando a este respecto a la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II, en la causa 35.136 del 21/4/83, del modo siguiente: "La clandestinidad consiste en actos ocultos tendientes a tomar la posesión o la tenencia en ausencia del poseedor o tenedor, o con precauciones para sustraerla al conocimiento de los que tenían derecho a oponerse (art. 2369, Cód. Civil)" ("Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado...", tomo III, pág. 213).

En el caso que nos ocupa, la parte actora en su demanda ha dicho textualmente a fs. 17 y vuelta: "El despojo base de esta presentación, fue presenciado de forma directa por varios testigos, empleados, y personas allegadas a la firma, y tomó estado público a través de los medios de comunicación locales y a través de las declaraciones de las mismas autoridades municipales"; por lo que no puede de ningún modo esa parte alegar que el despojo ha sido clandestino.

Con relación a la violencia cabe señalar, que la parte actora en su demanda, no ha dicho en momento alguno que haya utilizado el municipio fuerza física; ni se han invocado lesiones ni daños materiales. La apelante al expresar agravios ha dicho a fs. 223 vuelta, que la: "incautación de bienes muebles en posesión de la actora, fue inexorablemente violenta..."; y agregó a continuación: "El propio decreto faculta a la Fuerza Pública para llevar a cabo la diligencia, de lo que surge que no media conformidad de la despojada y menos aún pacifidad en el trámite. Esto por contrario sensu es violencia".

No comparto este criterio; la violencia a la que alude el art. 608 del C.P.C.C. y que da lugar al interdicto, es la violencia infundada, ilícita, carente de sustento legal y por lo tanto injustificada; pero la violencia resultante de un decreto de alcance particular con sus requisitos (órgano, competencia, causa, finalidad, procedimiento, voluntad, y notificación ), y con sus elementos ( objeto, contenido y forma) de la autoridad legítima, el que a su vez se funda en una norma legal que expresamente la autoriza, no es más que el ejercicio de la autoridad pública por un órgano del Estado, cuyos actos gozan de presunción de legitimidad y ejecutoriedad; es decir de que el acto, en principio, es válido.

En realidad la presunción de validez se extiende a todos los actos públicos y por lo tanto, su aplicación no está restringida al derecho administrativo. La presunción de legitimidad, surge de la naturaleza misma de la función estatal, y está vinculada con la necesidad de su estricto cumplimiento. Es una presunción de origen político que se acepta y recepciona por el orden jurídico (Gustavo Adolfo Revidatti "Derecho Administrativo", Tomo II, p. 232 y ss. y 289 y ss; Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1985).

No ha existido en el caso como antes lo he dicho, fuerza física ni lesiones ni daños materiales; y lo que la recurrente sostiene, es que la violencia injustificada resulta del hecho de que el decreto municipal ordena la incautación de bienes y autoriza la utilización de la fuerza pública; pero tal violencia (si queremos llamarla de ese modo), es legítima porque surge de un decreto (fs. 36/37) y ese decreto se fundó expresamente en el art. 236 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58); por lo que tal violencia, que no es -lo reitero- fuerza física, no es tampoco la violencia mencionada en el art. 608 del Cód. ritual, y no autoriza por lo tanto la procedencia del interdicto.

Por lo dicho hasta aquí considero, que si bien se encuentra demostrada la posesión o tenencia de los bienes en cabeza de la actora, y la incautación de tales bienes por el municipio demandado; no se encuentra en cambio probada la existencia de despojo violento o clandestino, como lo exige el tantas veces citado art. 608 del C.P.C.C., para la procedencia del interdicto de recobrar legislado en esa norma.

Finalmente señalo, que aunque la norma legal citada habla sólo de violencia y clandestinidad, la doctrina y la jurisprudencia han incluido el abuso de confianza, entre los caracteres del despojo que tornan procedente el interdicto. Así por ejemplo Fenochietto y Arazi en la obra antes citada, mencionan los casos siguientes que toman de precedentes jurisprudenciales: un locador solicitó al locatario, que le entregue por unos días el inmueble locado para efectuar una refacción, y se negó después a restituírselo. Vendido y escriturado un inmueble, el comprador autorizó al vendedor para continuar ocupándolo unos días, y se negó después éste a entregarle el bien. Estos ejemplos, entre otros que citan los autores, demuestran que el abuso de confianza puede fundar un interdicto de recobrar, pero ello ocurre cuando la confianza de la cual se abusa es explicable y no existe una razón seria para desconfiar; en el caso que nos ocupa en cambio la situación es otra, la Municipalidad demandada dictó el decreto cuya copia se encuentra glosada a fs. 36/37; y en él se declaró extinguido por culpa de la actora el contrato de concesión, ordenándose recuperar la posesión del inmueble e incautar los bienes de la concesionaria; y ordenándose instruir asimismo al Apoderado Judicial Jefe para que inicie las acciones judiciales pertinentes. En tales condiciones y efectuada la incautación, era desde el comienzo evidente que los bienes no serían restituidos y que la cuestión terminaría en un planteo judicial; por lo que no puede de ningún modo hablarse de abuso de confianza, por más que la accionante haya presentado notas y solicitado entrevistas.

Por estas consideraciones, doy mi voto por la confirmación de la sentencia apelada que desestimó con costas el interdicto planteado; debiendo imponerse también a la accionante vencida las costas de la apelación.

Con el bien preciso alcance que surge de lo hasta aquí dicho, me expido por la AFIRMATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el doctor Bagattin, aduciendo análogas razones, dio su voto también por la Afirmativa.

2º cuestión. - El doctor Nolfi dijo:

En mérito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1º.- Confirmar la sentencia de fs. 207/211 en lo que fue materia de apelación y agravios.

2º.- Disponer que las costas de alzada sean soportadas por la parte accionante vencida.- ASI LO VOTO.

A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, el doctor Bagattin, aduciendo análogas razones, dio su voto en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA Mercedes, de abril de 2008.

Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que en el acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado establecido: que la sentencia de fs. 207/211, se ajusta a derecho por lo que debe ser confirmada.

POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede SE RESUELVE:

1º.- Confirmar la sentencia de fs. 207/211 en lo que fue materia de apelación y agravios.

2º.- Disponer que las costas de alzada sean soportadas por la parte accionante vencida. - Roberto Angel Bagattin. - Luis María Nolfi.