Excepciones procesales, indulto, cosa juzgada, non bis in ídem, tratados internacionales, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " ACOSTA, Jorge E. y otros y P.P...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

En la época en que fue dictado el perdón analizado (decreto de indulto nro. 1002 del año 1989) existían normas de rangos supra legales que permitirían cuestionar su legitimidad. Luego de la reforma constitucional de 1994 resulta evidente la inconducencia de la discusión sobre la condición de condenados o procesados de sus beneficiarios y la necesidad de centrar el debate en determinar si los hechos calificados como crímenes contra la humanidad pueden ser perdonados por parte de algunos de los poderes del Estado a través de actos propios. Tal situación remite a la obligación internacional derivada del artículo 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Allí establece que "Si el ejercicio de los derechos y las libertades mencionados en el artículo 1° no estuviere garantizado por disposiciones legislativas de otro carácter; los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de esta Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades"La obligación de adoptar medidas, en consonancia con el deber de garantía, versa también sobre la eliminación de las normas incompatibles con los tratados y comprende la obligación de no dictar tales medidas cuando ellas conduzcan a violar esos derechos y libertades (al respecto: C.I.D.H., Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención-artículos 1 y 2, Convención Americana sobre Derechos Humanos-, Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994). Esto es perfectamente aplicable al caso en estudio, ya que "nadie puede sostener seriamente que [el indulto] sea más intocable que una ley [...] particularmente en cuanto a la lesión de derechos que puede implicar" (Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro; "Derecho Penal. Parte General", Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 850). En 1994, finalmente, se produjo la reforma constitucional que no sólo acogió esta doctrina sino que fue más allá ampliándola. A la vez que reconoció la mayor jerarquía normativa de los tratados respecto de las leyes nacionales, en el actual artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, dio rango constitucional a un grupo determinado de instrumentos internacionales, y agregó un mecanismo de decisión para otorgar esa jerarquía a otros tratados de derechos humanos.Así, es indudable que esta nueva perspectiva del problema impone revisar los criterios relativos a la jerarquía de las normas internas y los instrumentos internacionales. En rigor, corresponde modificar los parámetros tradicionalmente utilizados y adaptarlos a la nueva realidad impuesta no sólo por vía jurisprudencial del Máximo Tribunal, sino por la propia Constitución.Además, como se recordará, para la fecha de la firma del decreto 1002/89 (6 de octubre de 1989) el Congreso ya había aprobado la Convención Americana de Derechos Humanos (desde el 1º de marzo de 1984), así como también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (desde el 17 de abril de 1986) y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (desde el 30 de julio de 1986). A su vez, en función del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia según el cual los tratados internacionales quedan incorporados a la legislación del país a partir de su aprobación por el Congreso Nacional (Fallos 202:353), esas normas convencionales formaban parte del derecho interno.De tal modo que la contradicción que se advierte entre el decreto analizado y los tratados internacionales invocados impone al Estado argentino la obligación de suprimir las normas y prácticas que de cualquier naturaleza impliquen una violación a los derechos y garantías que emanan de esos instrumentos. Es por ello que habiéndose dictado normas de ese tenor no corresponde aplicarlas si de tal circunstancia pudiere derivar responsabilidad para el Estado Argentino, por la actividad de, al menos uno de sus poderes soberanos. Así la única vía posible para evitar tal situación la constituye el desconocimiento de la validez del decreto 1002/89. Esta consecuencia es la única posible aún ante la existencia de derecho convencional en la materia, pues la consideración de los hechos como crímenes contra la humanidad genera en cada Estado miembro de la comunidad internacional la obligación de juzgar y castigar a sus autores, en tanto delitos de esa naturaleza lesionan valores que la humanidad no duda en calificar como esenciales y constitutivos de la persona humana" (ver causa n° 22.544 "Vañek", reg n° 23.944, rta. el 8/7/2005).