Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-27


PELANDA, Edgardo César contra MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION Reg.: A y S t 202 p 222-226. Santa Fe, 27 de octubre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia 153 del 19 de diciembre de 2003, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario en autos "PELANDA, Edgardo César contra MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN -Recurso Contencioso Administrativo Sumario Ley 10.000- (Expte. 143/03)" (Expte. C.S.J. nro. 170, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso de inconstituc En la pieza recursiva (fs. 4/37), tras una reseña de las vicisitudes de la causa, la demandada sostuvo que el fallo de la Sala incurrió en diversas causales de arbitrariedad, entre las que destacó:

a) Prescindencia de prueba decisiva para la adecuada resolución de la causa.

Refirió que su parte planteó oportunamente al apelar que la sentencia de primera instancia había omitido considerar prueba decisiva - concretamente, la confesional del actor y el estudio de medición certificada de la densidad de potencia total emitida en la proximidad de una antena de Telefonía PCS (1900 [MHZ]), elaborado por la Facultad Regional Santa Fe, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional-, y la Cámara al confirmar dicha decisión, volvió a omitir la consideración de dichos elementos probatorios esenciales.

b) No decidir cuestiones planteadas.

Expresó que como consecuencia de la omisión apuntada más arriba, no trató el agravio de su parte relativo a que no existe interés difuso violado al actor y que los derechos que éste estima conculcados revisten el carácter de derechos subjetivos, cuestión ésta que, amén de haber estado oportunamente planteada de modo claro, preciso y debidamente fundada, devenía conducente para la resolución del pleito, dado que si se considera que los derechos cuya afectación declama el actor son de una naturaleza jurídica distinta a la del interés simple o difuso, la demanda no podía prosperar, y debió en todo caso deducir una acción distinta, por ejemplo, una demanda por indemnización de daños y perjuicios.

c) Falta de fundamentación suficiente, contener afirmaciones dogmáticas y fundarse en la sola voluntad de los jueces.

Sostuvo que la sentencia se fundó en hechos alegados por la actora pero que no están respaldados por elemento probatorio alguno. En tal sentido, manifestó que el actor no realizó ninguna actividad probatoria para demostrar cuál había sido el interés difuso afectado y de qué modo se produjo tal afectación cuando ello era para él una carga procesal; así, no está probada la supuesta lesión a la seguridad de las construcciones, ni la supuesta lesión en la preservación de la salud que -según la actora- "es de temer", ni lesión a la legalidad.

d) Autocontradicción.

Reputó autocontradictoria a la sentencia, por cuanto niega lo que surge claramente de los hechos probados en el expediente de manera inequívoca; así, aludió a que su parte planteó oportunamente la caducidad de la acción porque la actora tuvo conocimiento de la lesión que alega con un plazo mucho mayor que el de caducidad establecido en el artículo 3 de la ley 10000, mientras que la sentencia de Cámara sostuvo que su parte no acreditó que el actor conociera la nota alegada.

Al respecto, afirmó que la nota -de fecha 11.04.2000- fue ingresada por el actor por Mesa de Entradas de la Municipalidad, encontrándose agregada en autos junto a otras, tal la de septiembre 2003.

Adujo que el actor se encargó de probar que conocía la instalación de la antena desde por lo menos el 24.03.2000 -lindante por otra parte con el fondo de su domicilio- y la demanda se inició el 18.12.2000.

Puso énfasis así en que, de haberse acogido la caducidad planteada, la demanda hubiese sido rechazada, toda vez que el actor al momento en que iniciara la acción no tenía derecho a hacerlo y demandó a la Municipalidad indebidamente.

La Sala a quo, mediante auto 91 del 20.04.2004 denegó la concesión del remedio deducido (fs. 87/89); tal denegatoria, motivó la presentación directa del interesado ante esta sede (fs. 91/121).

2. Si bien el compareciente acusa la invalidez del pronunciamiento por presunta arbitrariedad, del análisis de los fundamentos vertidos en la pieza recursiva en su confrontación con aquél, se desprende que las hipótesis de arbitrariedad que el recurrente intenta perfilar -tales, "prescindencia de prueba decisiva para la adecuada resolución de la causa", "no decidir cuestiones planteadas", "falta de fundamentación suficiente y afirmaciones dogmáticas" y "autocontradicción"- carecen de sustento en las constancias de la causa, y en modo alguno pueden entenderse como demostrativas de las circunstancias que sustentan el pretendido caso constitucional, puesto que se vinculan, esencialmente, con el criterio con el que el Tribunal analizó los hechos, valoró las pruebas aportadas y aplicó las normas en juego, ámbito que, en principio, resulta ajeno al remedio excepcional intentado.

En efecto: los planteos reseñados precedentemente sólo trasuntan su discrepancia para con el criterio adoptado por la Alzada al confirmar la decisión del Juez de Primera Instancia de Villa Constitución en cuanto a hacer lugar al recurso contencioso administrativo sumario deducido con fundamento en la ley 10.000, intentando hacer prevalecer su propio enfoque acerca de la solución que hubiese correspondido al caso -y opuesta a tanto al juez de baja instancia como a la de los juzgadores de segundo grado de conocimiento- en cuanto que, a su juicio, se debió rechazar la demanda instaurada por cuanto no se encuentra acreditado cuál es el interés difuso afectado en el caso-, asentado todo ello en su particular apreciación de los hechos y del plexo probatorio reunido en la causa y el valor que se le asignara a éste dentro de un ámbito que, en principio, resulta ajeno al remedio excepcional intentado y sin que esta tarea aparezca en absoluto arbitraria.

En tal sentido, dable es el señalar que carece de asidero la supuesta arbitrariedad fáctica en la decisión de la Alzada al haber omitido la consideración de elementos probatorios esenciales -tales, la confesional del actor y el estudio de medición efectuado por la Facultad Regional de Santa Fe- y como consecuencia de ello, no haber dado tratamiento a la cuestión planteada acerca de que no se había acreditado el interés difuso violado al actor siendo que, por el contrario se trató en su caso de un derecho subjetivo, como así también la alegación de que la sentencia se encontraba teñida de dogmatismo al tener por probados los hechos alegados por la actora sin haber estado respaldados por elemento probatorio alguno.

Ello así por cuanto el discurso argumentativo expuesto por el compareciente en tal sentido -tendente a persuadir, en síntesis, acerca de que la Cámara efectuó una incorrecta interpretación de la ley 10000 y que no surge cómo la presencia de la antena en cuestión afecta el interés difuso del actor- no logra desmerecer la conclusión de los miembros de la Sala.

Es que si se atiende a los propios términos del pronunciamiento puesto ahora en tela de juicio, el A quo, liminarmente consideró que el recurrente no había cumplido con la carga de refutar los argumentos en cuya virtud el Juez fundara el acogimiento de la demanda instaurada, esto es, que cuando la Municipalidad otorgó el permiso para la iniciación de la obra, dicho acto no había dado debido cumplimiento a lo dispuesto por las ordenanzas y En tal sentido, de la lectura de la decisión criticada se desprende que el A quo dio acabada respuesta a la cuestión planteada en torno a la índole de los intereses en juego, toda vez que, tras destacar que el recurso previsto en la ley 10000 es un remedio judicial de "legitimidad" cuya procedencia presume la existencia de una norma administrativa previa de carácter local, "escapando en principio al ámbito del "recurso" lo concerniente a la discrecionalidad y oportunidad de la actividad administrativa en las esferas no regladas" (f. 2), dejó debidamente en claro que "sin perjuicio de la amplitud de intereses que contempla la ley 10000, es indudable que la instalación de este tipo de antenas afectan intereses sanitarios, estéticos y ambientales no diferenciados, que no los titulariza un sujeto en particular" (f. 2vto.).

Tanto más, la mentada cuestión fue abordada por el Tribunal en la denegatoria del recurso, poniendo énfasis en que "se vuelve a insistir sobre que no se trata de intereses difusos, pero no se refuta, ni se destina un párrafo sobre las consideraciones acerca de la extensión de los intereses recepcionados en la ley 10000 expuestos en el fallo que se pretende descalificar", aseverando además en relación los reproches formulados, que "la impugnación se fundamenta, mediante la alegación de arbitrariedad en la valoración de la prueba efectuada en el pronunciamiento en recurso...no pasa de ser una simple discrepancia con la ponderación de los elementos probatorios que efectuara el Tribunal y que, como tal, carece de sustento suficiente para lograr la apertura de la instancia extraordinaria" (f. 88). Argumentos todos éstos a los cuales el recurrente no da fundada réplica en su presentación directa ante estos estrados, dejando así incólumes tales afirmaciones.

Por último, en lo que concierne al reproche enunciado bajo el rótulo de "autocontradicción", encaminado a demostrar que de haberse admitido la caducidad planteada la demanda se hubiese rechazado, lo cierto es que con los argumentos que expone -acerca del conocimiento de la instalación de la antena que tenía al menos desde el 24.03.2000- no llega a conmover la respuesta dada por el A quo al tema, habiendo aseverado que "la expresión de agravios no acredita, como debiera haberlo hecho...que el actor conociera la instalación en el momento que se invoca a fs. 226 vta., no lo dice en la demanda, ni se prueba que el actor haya conocido la nota alegada en tal foja quince días antes de iniciar la acción" (f. 3), quedando en pie por ende tales fundamentos.

Por ende, con los extremos que señala en su escrito impugnativo en confrontación con todo lo precedentemente apuntado, no logra el apoderado de la Municipalidad demandada persuadir a esta Corte acerca de que la decisión de la Cámara exhiba una aparente fundamentación; antes bien, preciso es señalar que los motivos brindados por el Tribunal de segundo grado aparecen acordes con la exigencia de suficiente motivación que impone el artículo 95 de la Constitución provincial, el que -como tiene dicho reiteradamente este Cuerpo- no obliga al juzgador a efectuar desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga a sí misma como un pronunciamiento objetivo y razonable o, lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial (Cfr., A. y S., T. 65, pág. 424; T. 99, págs. 195/197; T. 102, págs. 236/241; T. 117, págs. 139/142; T. 149, págs. 418/422, entre otros).

En definitiva, toda la crítica del impugnante queda reducida a la disconformidad para con los criterios valorativos e interpretativos sustentados por la Alzada en su decisorio, en una postura adversa a sus pretensiones, pero de la cual no se infiere causal alguna de arbitrariedad que habilite la apertura de esta instancia de excepción, por cuya vía se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción, y conviertan al pronunciamiento en una no sentencia, mas no autoriza a sustituir a las instancias ordinarias, en la interpretación del derecho sustantivo o procesal o en la ponderación del material fáctico del litigio.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)