marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DURAN RODOLFO c/ RESTAINO ALBERTO LUIS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

Si el actor al demandar lo hizo contra las cabezas visibles del acto ilícito y/o quien resulte responsable del mismo, ya que no estaba en condiciones de individualizar a priori el responsable de aquél o establecer la medida de tal responsabilidad, la circunstancia de que la acción haya prosperado contra uno sólo de los codemandados no coloca al actor en situación de vencido y, en consecuencia, no corresponde imponerle el pago de las costas.-
Recurso de nulidad, vicios, nulidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villamayor, Ramón A. c/ Diez, Santiago s/ Ejecución de honorarios honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-02

El recurso de nulidad debe aludir a vicios de construcción del proceso o de la resolución en su forma y no a supuestos errores de juicio; el desacierto intrínseco del fallo que puede alegarse, no hace al objeto del recurso nulificante.
Parte dispositiva, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Agüero, Manuel Trinidad c/ Bepre, María Esther Penisse de s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-09-06

Comparto la corriente doctrinaria que sostiene que la unidad lógica y jurídica de la sentencia exige que no haya una suerte de disociación entre la parte dispositiva y su motivación, considerando que ante el caso concreto, debe recurrirse a los fundamentos para interpretar los alcances de la parte dispositiva.

En la especie, de la prueba que se acompañó (resolución penal que dictó el sobreseimiento definitivo del imputado), no surge con grado de veracidad la concurrencia de los supuestos (inexistencia del hecho o falta de autoría) que requiere la norma del art. 1103 del C.C., por lo que resulta imperioso acudir al dictamen fiscal, en razón de que el sobreseimiento fue dictado a su requerimiento.

Ahora bien, de las consideraciones emitidas en el dictamen fiscal surgen los motivos o fundamentos que determinan al Fiscal a solicitar el sobreseimiento, y los mismos no se compadecen con un razonamiento preciso e inequívoco respecto de la inexistencia del hecho o a la falta de autoría. Repárese que a partir de la valoración hecha por él cabría interpretar que el sobreseimiento solicitado encuadraríase dentro del inciso "c" del art. 331 del C.P.P. más que dentro del inc. "a" del mismo ordenamiento, pues en rigor, y de acuerdo a los términos que el mismo emplea en su dictamen, se podría juzgar que el acto o el hecho existió y que el acusado intervino en su realización, sólo que desde su óptica medió una causa que, conforme a la ley penal ,excluye la antijuridicidad del acto, es decir, lo excusan y, por ende, hacen posible, en caso de comprobarse su indudable existencia, que el imputado sea sobreseído por no podérselo responsabilizar penalmente.

Siendo ello así, el Juez civil antes de sentir la influencia de la sentencia dictada en sede penal debió ponderarla en su contenido integral, esto es, no sólo tomando en cuenta su parte dispositiva, sino computándosela también en su unidad lógica y jurídica, pues de lo contrario, aquellos fundamentos, como síntesis de la determinación que condujo al Fiscal a requerir el sobreseimiento, quedan o quedaron, como en este caso en concreto, al margen del fallo dictado.

En tal inteligencia es que la decisión contenida en la parte dispositiva no sobreviene conforme ni adecuada a ellos, razón por la que se puede sostener que la sentencia dictada en sede penal exhibe una incongruencia interna que la vuelve, cuanto menos, revisable en esta sede.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación impetrado, revocándose la sentencia dictada en cuanto decide desestimar la demanda por imperio de la cosa juzgada, ordenándose al Juez que se avoque al conocimiento de la cuestión de fondo y, en consecuencia, dicte pronunciamiento, el cual no es posible que recaiga en esta instancia, en razón del debido resguardo al principio de la doble instancia. Sin costas en razón de la opinabilidad que conlleva el tema y la materia resuelta. (Del voto del Dr- Crook)
Recurso extraordinario de nulidad, argumentos de las partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garbarz, Claudio A. c/ CARREFOUR ARG. y otros s/ Daños y perjuicios Rape, Elba María y otro c/ Cassatta, Ricardo s/ Restitución de depósito Stabio S.A.I.C. c/ Pérez, Carlos Jesús y ot. s/ Ejecutivo (reconstrucción). Inc. ocupación inmueble a subastarse Empresa Constructora 25 de Mayo S.A. c/ Klajman, Adolfo Leonardo y otra s/ Incidente de nulidad Podskoc, José y otro c/ Pardiño, Raúl y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05|1989-06-13|1991-05-28|1994-11-15|1997-03-04

Los argumentos de derecho o de hecho en los que las partes sustentan sus pretensiones no revisten el carácter de cuestión esencial en los términos del art.156 de la Constitución provincial, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todas las cuestiones esenciales no conlleva la de seguir a las partes en todas sus argumentaciones.
Calumnias, doctrina de la real malicia
Materia: PENAL
Carátula: Y. N., D.R. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-09-05

La jurisprudencia de la Corte Federal ha establecido en un caso que el dolo y la real malicia son equivalentes a los fines de la punibilidad por el delito de calumnias, al expresar en el caso Suárez: su dolo o la real malicia, que exige el conocimiento de la falsedad o al menos la efectiva representación de tal posibilidad. Resulta interesante destacar que el Alto Tribunal no exige el conocimiento efectivo de la falsedad, sino la efectiva representación de la posibilidad de la falsedad y la indiferencia respecto del resultado que pudiera ocasionar al honor de quien se vea afectado por la noticia (del voto del Dr. Carranza).
Pericia médica, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Espíndola, Leonardo c/ Integral Comunicaciones S.A. s/ Laboral (Expte Nro. 344-01, Resolución Nro. 99, Tomo 20, Folio 466/471)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-07

Los jueces no pueden apartarse de las conclusiones de un dictamen médico sin aportar fundamentos científicos para ello, ya que, en tal supuesto, el fallo no constituye derivación razonada del derecho vigente y es pasible de descalificación como acto jurisdiccional; habiéndose expresado también, al respecto que, no siendo el tribunal experto en medicina, debe atenerse a las conclusiones fundadas de los peritos, aunque examinando la motivación, pues el juez abdicaría de su facultad de juzgar en caso contrario, pero una norma de prudente administración de justicia inclina a aceptar sus conclusiones cuando se apoyan en apreciaciones técnicas profesionales que no deben dejarse de lado sin motivo serio.
Recurso de casación laboral, doctrina legal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: REY RAMON ANGEL c/ ALYCON S.A. s/ CASACION LABORAL - DOCTRINA CONTRADICTORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-08-29

No constituye doctrina contradictoria a los fines del art. 95, Inc. 1ro., LPT la sentada por la sala laboral, desde que la contradicción con la sustentada en autos no se configuraría respecto de la "interpretación de la ley...Contraria a la hecha por otra cámara de trabajo en lapso no mayor de tres años..." Como requiere el dispositivo legal citado.
Viáticos, carácter no remuneratorio, aportes previsionales, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ODOL SAN LUIS S.A. c/ C.A.F.P.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-13

Los viáticos abonados para resarcir mayores erogaciones (en el caso, gastos con rendición de cuentas) que no ocasionan beneficio patrimonial especial, no deben considerarse remuneración sujeta a cotización ya que lo que pretende el art. 20 de la ley 18.037 es evitar el fraude previsional y, al exigir rendición de cuentas para considerar a los viáticos exentos de cotizaciones previsionales, aplica en el ámbito específico el principio de la primacía de la realidad, inherente tanto el derecho laboral como al de la seguridad social. Además, no puede ignorarse que dicho concepto aparece enunciado en el inc. e) del art. 2 del Dec. 333/93, excluyendo su carácter salarial a los fines de la seguridad social.
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MURACA, SUSANA CATALINA s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 468
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06

El artículo 76 bis del Código Penal, párrafo último, veda la aplicación de la suspensión del juicio a prueba en los casos de delitos reprimidos con pena de inhabilitación, sin distinguir su carácter de pena principal o conjunta con la de prisión o multa, ni diferenciar un orden o escala de gravedad relativo a ellas.

(Del voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Proceso penal, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vargas Einer Rosario s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando R. Avila en Expte. Nº 151/03 - Vargas Einer Rosario p.s.a. Homicidio Culposo - Santa María - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-21

La jurisprudencia ha equiparado las resoluciones que deciden sobre la suspensión del juicio a prueba a los autos que pongan fin a la pena, o que hagan imposible que continúen, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, porque el concederla tiende a extinguir la acción y con ella la pena, mientras que al rechazarla se priva al imputado del derecho de evitar la pena, provocándole un agravio irreparable, que determina la objetiva impugnabilidad en casación de la resolución atacada.

(Del voto del Dr. Cáceres, por la mayoría)
Accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Anzalone, Enrique Angel y Otra c/ Transporte Villa Bosch y Ots. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-10

Debe rechazarse la demanda por daños y perjuicios cuando ha quedado fehacientemente acreditado que el actor, conductor de un motociclo, a excesiva velocidad embistió al microómnibus que tenía prioridad de paso. La carencia de registro y de autorización paterna del menor, refuerzan el cargo de responsabilidad sobre el embistente
Nulidad procesal, declaración de oficio, prueba testimonial, testigo prohibido
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: A., R. A; B., N. F.; C., J. A.; A., H. R. s/ Robo Automotor, Atentado y Resistencia a la autoridad, Daño,Lesiones  todo en Concurso Real
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-02-11

Si bien es probable que el testimonio fue animado por el fin de favorecer al imputado tratando de mostrar que no es el único autor del delito de marras; de hecho ha servido para agravar su situación procesal, toda vez que su conducta aparece ahora en una figura más severamente penalizada. En tales circunstancias, por imperio de la terminante prohibición del art. 211 del CPCC -"no podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, ...hermanos..."-, que en nuestra provincia cuenta con rango constitucional, a criterio de este Tribunal no puede merituarse dicho elemento de prueba -beneficiándose también con esta interpretación los restantes imputados-. ...Y si bien en el caso que nos ocupa no ha mediado una petición de la Defensa en tal sentido, procede la anulación de oficio por esta Cámara.
Non bis in ídem, clasificación de delitos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Liendro, Evaristo A. y Rey, Miguel A. s/ recurso de casación casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-14

Los delitos de robo mediante el empleo de armas y de tenencia ilegítima de arma de guerra concurren en forma material, salvo en los casos en que media entre ambos -uno instantáneo y otro permanente- coincidencia total tanto objetiva como subjetivamente, pues en estos últimos supuestos cabría considerar la hipótesis de concurso ideal para evitar afectación al principio que veda la doble persecución penal por el mismo hecho. Tal criterio es aplicable al caso en autos, en el que lo debatido es la concurrencia entre otro delito instantáneo -aunque de efectos permanentes- como lo es el de encubrimiento y el mismo ilícito de carácter permanente antes considerado. (Voto del Dr. Bisordi -en mayoría-).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, Automóvil Club Argentino
Materia: LABORAL
Carátula: SASEAN, ALDO HERMINIO c/ AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-08

El automóvil club argentino resulta solidariamente responsable en los términos del artículo 30 de la LCT., por las obligaciones laborales asumidas por el concesionario que se dedicaba a la prestación de auxilio mecánico de los socios de ACA. dentro de una zona determinada y mediante el uso de camiones de la entidad facilitados en calidad de comodato.
Acción de amparo, derecho a la vida, derecho a la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: REPETTO, Lorena Teresita c/ IOSPER s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-07-22

El derecho a la vida debe significar derecho "a una vida plena", y no limitada por serios problemas orgánicos como los que padece la amparista, y que, como tambien se pone de manifiesto, puede derivar en otras enfermedades que sí ponen en peligro su existencia.

Ante ello, es procedente el medio elegido para la defensa del derecho de la amparista, que, tal como lo determina el art. 19 de la Constitución es "un derecho humano fundamental"
Apreciación de la prueba, recurso de casación, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Valderrama, Luis Manuel s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-10

El principio in dubio pro reo, por ser en principio de carácter procesal, funciona en el área de la valoración de la prueba, la cúal es de exclusiva incumbencia del tribunal de mérito y por lo tanto no es susceptible del control casatorio.
Solidaridad previsional, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Albornoz, Luis Oscar c/ ANSeS s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-28

Los agravios referentes a la inconstitucionalidad de los artículos 22 y 23 de la ley 24.463 devienen abstractos, pues el artículo 23 ha sido derogado por la ley 26.153, y en virtud de la entrada en vigencia de dicha norma, el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en el plazo allí previsto.
Competencia civil, fuero de atracción, ejecución hipotecaria, concurso preventivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BANCO DEL PATRIM. DESAFEC. c/ HIGAMAR s/ EJECUCION HIPOTECARIA - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-10

Del voto de la mayoría (Dres. Alterini y Bueres):

La ejecución hipotecaria no se encuentra alcanzada por el fuero a atracción del concurso. No obsta a lo expuesto la circunstancia de que el ejecutante no hubiere presentado aún el pedido de verificación de su crédito ante el juez del concurso.-
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: AIZCORBE, Héctor Ismael s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-21

El indicio de oportunidad no ha de ser equívoco; para que surja es necesario que, por razones de lugar, tiempo y modo, el acusado haya estado en condiciones de consumar el hecho, lo que no se satisface por haber sido visto el imputado -al igual que tantas personas- días antes en las inmediaciones de la casa del damnificado.-
Ejecución de sentencia, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: PICCIOTTO Edmundo c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ INC. REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-14

Los plazos de ejecución de sentencia no son procesales, porque la litis contestatio no produce novación, y por ende el plazo que puede asignar el Juez debe computarse, como que se trata del cumplimiento de una obligación, por el Código Civil. Es equitativo acordar a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el plazo de treinta días continuos para el pago de los honorarios (conf. CNCiv. Sala D, L.

251.703, del 29/12/78; íd., H. 9.836, del 5/10/84).
Contrato de trabajo, enfermedades inculpables, certificado médico, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: CASACCIO  GRACIELA  CRISTINA c/ TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.S/ s/ CCIDENTE - LEY 9688.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-12

Si bien es cierto que ninguna norma legal o convencional impone en forma expresa la obligación de la empresa de convocar a una Junta Médica ante la discrepancia que se produzca entre las certificaciones médicas presentadas por un trabajador y el resultado del control médico previsto en el art. 210 LCT, cabe recordar que el art. 62 de la LCT ha establecido una regla genérica que determina el modo en que deben actuar las partes del contrato de trabajo para superar aquellas cuestiones que no estén previstas en forma específica. Esta regla genérica de conducta resulta aplicable al caso en el que deriva de las reglas de los arts. 208/210 de la LCT, la necesidad de resolver con criterio de colaboración y solidaridad, las controversias que se plantean, máxime cuando desde 1976 se modificó el cuestionado sistema del art. 227 originario y el cual no fue reglamentado, así como teniendo en cuenta que lo que se halla en juego en nada más ni nada menos que el ingreso económico que la ley ha previsto como sucedáneo del salario. Para más, la doctrina y la jurisprudencia tiene dicho que, con un criterio de solidaridad y colaboración, constituye un obrar prudente del empleador realizar al menos una tercera consulta.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, honorarios, carácter accesorio, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Rodríguez Peña, María de Las Mercedes c/ Dirección Nacional de Recaudación Previsional s/ Recurso de inconstitucionalidad -Apremio por honorarios profesionales  (Expte.: C.S.J. Nro. 110 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

Si la actividad profesional que dio origen a los honorarios cuya inclusión en los postulados de la ley 23982 pretende la accionada, se remonta (cuanto menos) a 1982 , habiendo dichos emolumentos sido regulados y adquirido firmeza en 1983, no es irrazonable sostener que en el "sub lite" se encuentra cumplida toda pauta racional de prórroga a que pudiera considerarse con derecho el Estado nacional, pues, sea cual fuere la postura que se adopte en torno a la naturaleza de las retribuciones aquí comprometidas, lo cierto es que el alongamiento inusitado a que ha sido sometida la satisfacción de la acreencia reclamada, bien podría justificar -en las particulares circunstancias de esta causa- el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley citada.Y si bien es cierto que la Corte nacional sostiene que no se viola la garantía del artículo 17 de la Constitución nacional cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad; no lo es menos que tal limitación o postergación no debe tener entidad para alterar o degradar la sustancia del derecho reconocido, v.gr. posponiéndolo indefinidamente. Desde esta óptica, el A quo no sólo ponderó los dispositivos legales comprometidos en la especie sino que en su resolución subyacen elementales principios de justicia y equidad, por lo que la sentencia impugnada no merece reproche constitucional alguno. (De la Ampliación de Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Daños y perjuicios, responsabilidad del escribano
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ninno, Delfa s/ Denuncia en su contra, Colegio de Escribanos de Capital Federal Pertino, Abel Rodolfo, Cotti de la Lastra de Pertino, Mabel Rita s/ Daños y perjuicios. Responsabilidad del escribano
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06|1993-05-11

El escribano no puede en su actividad notarial originar situaciones de índole dudosa, aunque a la postre el acto instrumentado alcance su objetivo, ya que en su carácter de profesional del derecho y fedatario, su obligación permanente es la de otorgar actos que no sean susceptibles de ser cuestionados por falta de efectividad y firmeza.
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: RAMIREZ  TRISTAN RICARDO c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-03

La frustración de ventajas económicas esperadas debe acreditarse mediante los medios que se encuentren al alcance del acreedor (art. 377 del Código Procesal). Se trata de ilustrar al Tribunal sobre los beneficios que venía obteniendo el interesado como producto de su actividad comercial o profesional y que se vieron interrumpidos por la acción antijurídica del deudor (arg. de los arts. 508 y 1069 del Código Civil; esta Sala, causas 3525/01 del 26/12/06 y sus citas, entre otras; Alfredo Orgaz, "El daño resarcible", 3era. Edición, actualizada, pág. 24 y 25).
Tasas de interés, tasa pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: Van Ophuysen, Juan J. c/ Tolosa de Ortaisaguirre, Miriam y-u otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-28

El interés percibido por el Banco del Chubut S.A. es el que más justamente compensa la indisponibilidad del capital de condena emergente de un fallo judicial, pues cabe presumir que ante la falta de medios, el damnificado deba eventualmente recurrir al crédito bancario para solventar temporariamente el quebranto económico sufrido.
Acción de amparo, carácter excepcional, bien jurídico protegido, acto administrativo, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

En el ordenamiento jurídico santafesino, el amparo no solamente constituye un remedio excepcional por su propia naturaleza, sino también, por el particular diseño institucional que constitucional y legalmente se ha establecido para la revisión de la legitimidad de los actos administrativos, por lo que se torna especialmente estricto el criterio con que debe apreciarse en cada caso la concurrencia de los presupuestos para la viabilidad del amparo. Esta es la más equilibrada solución para afianzar el mandato del constituyente plasmado en el artículo 43 de la Carta Magna de la Nación, sin producir una distorsión en cuanto a las reglas especiales que gobiernan la revisión de legitimidad de los actos de la Administración de acuerdo a la Constitución de la Provincia de Santa Fe. De este modo, preservando la pauta de la materia contencioso administrativa como punto de partida del razonamiento sobre la posible materia de amparo, se obtiene un importante criterio ordenatorio en una materia que en nuestro medio ha estado desgraciadamente signada por una desmesurada proliferación.(Del voto del Dr. Falistocco).