Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-27


COMODORO RIVADAVIA, Veintisiete de marzo 2006.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "L., J. A./Abuso Sexual y Amenazas", Expediente Nro. 15540 año 2006 (Lega-jo de Fotocopias), venidos del Juzgado de Instrucción Nro. 3 (Expediente Nro. 5958 año 2005).

Que a fojas 13/15 vta., (59/61 vta., del principal) y 18/20 vta., (107/109 vta., del principal) la Señora Abogada Adjunta de la Defensa Pública, en repre-sentación del inculpado J. A. L., apela los autos de fo-jas 10/12 y 17/17 vta., que ordena el procesamiento y convierte en prisión preventiva la detención que viene cumpliendo el nombrado.

Que agravia a la defensa la circunstancia de encontrarse sometido a proceso y privado de su liber-tad, con la ausencia de elementos de convicción suficien-tes, que el rito exige en su artículo 273 y la arbitra-riedad en la valoración de la prueba, para estimar que se está en presencia del delito que se le enrostra a su asistido y que se investiga en la presente causa. Que al momento de construir la materialidad del hecho y la auto-ría el a-quo pretende sostener hechos sin apoyatura en pruebas que brinden el mínimo de convicción necesaria pa-ra esta etapa. Que se construye sobre el relato de la se-ñora A. y su relato resulta muy inconsistente y contra-dictorio, como para valerse del mismo para sostener la imputación que se pretende y más aún privar de libertad a L.. Agrega que el auto de procesamiento no realiza un co-rrecto mérito de la prueba y por ese motivo resulta in-fundado, el a-quo se limita a resumir la prueba rendida en autos, pero en ningún momento la valora y realiza el análisis para incorporarla a la hipótesis que pretende sostener para imputarle el hecho a su defendido. Por los motivos expuestos es que solicita se revoque el auto re-currido y se disponga la libertad del nombrado L.. Tam-bién se agravia por el dictado de prisión preventiva, se-ñalando que sabido es que las únicas causales que permi-ten justificar la privación de libertad durante el proce-so, admitidas constitucionalmente, son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación, contemplando el ritual parámetros a efectos de determinar su existen-cia en un caso concreto. Y a pesar de ello el a-quo hace referencia a sólo uno de ellos (la pena que se espera co-mo resultado del procedimiento), sin merituar las demás circunstancias requeridas específicamente por los demás incisos del art. 286. La sola posibilidad de que le pu-diese corresponder una pena de cumplimiento efectivo no representa por sí el peligro de fuga y por ende privar de la libertad a su asistido por esa causal, no brinda sufi-ciente motivación al acto y está fuera del marco consti-tucional. Hace reserva de casación y cuestión federal.

En primer lugar cabe señalar que en vir-tud de no haberse remitido la totalidad de las fojas que integraban el expediente, es que se solicitó fojas 26 la remisión de los autos principales, los que se encuentran agregados por cuerda; debiéndose advertir al señor Juez interviniente y secretaria actuante que en lo sucesivo se deberá dar cumplimiento al art. 411 del CPP.

Se ha de adelantar que el pronunciamiento adoptado por el a-quo y en virtud del análisis que efec-túa, está motivado en las constancias reunidas durante los primeros momentos de la investigación y fundado en conclusiones que implican la obtención de elementos de convicción suficientes para ese mérito de posible condena en el futuro. A dicho entendimiento se arriba ya que ha sostenido la doctrina: ".se trata de la valoración de elementos probatorios suficientes para producir probabi-lidad, aún no definitivos ni confrontados, pero que sir-ven para orientar el proceso hacia la acusación, vale de-cir hacia la base del juicio." (conf. Claría Olmedo. "De-recho Procesal Penal", t. II. p. 612, Ed. Marcos Lerner, año 1984). La decisión jurisdiccional impugnada, importa sólo el reconocimiento del mérito de la imputación y la creencia de que se cometió un delito en el que intervino el encausado, prescindiéndose de certeza plena (Suplemen-to de Jurisprudencia Penal a cargo de Francisco J. D'Albora pág.56).

Mayor relevancia asume lo dicho si se tiene en cuenta que no puede soslayarse que en la inves-tigación de actos abusivos, por las circunstancias en que los mismos tienen lugar y su índole privada, no se cuenta habitualmente con prueba incriminatoria directa, corres-ponde analizar tan solo indicios e intentar en base a és-tos, reconstruir lo acontecido y en su caso, efectuar la atribución de responsabilidad penal que corresponda.

Así se ha dicho: "La valoración probato-ria en los delitos contra la honestidad genera la necesi-dad de optar por un criterio amplio en la aceptación de los indicios, debido a que generalmente se cometen en lu-gares solitarios y sobre seguro de la no intromisión de terceros y que en razón de lo sigiloso de la acción de-lictiva, que generalmente caracteriza estos atentados co-ntra la honestidad, la presencia de una fuerte prueba in-diciaria es suficientemente idónea para justificar la existencia del cuerpo del delito y la responsabilidad de su autor" (Cámara de Apelaciones, Sala B, Trelew 3/9/98 en "C. R. A. -menor- Supuesta Víctima Abuso Contra la Honestidad¨").

Que los fundamentos alegados por la de-fensa para revocar el procesamiento no resultan suficien-tes, toda vez que a tenor de lo precedentemente expresa-do, los indicios reunidos alcanzan para estimar como pro-bable la responsabilidad de J. A. L. en los hechos que se le atribuyen.

La denuncia de fojas 1/2 vta., ratificada y ampliada a fojas 22/23, los testimonios rendidos en au-tos. Así J. C.: "siempre tenemos problemas con los pa-cientes judiciales" (fs. 20/20 vta.); F. A.: "es muy di-fícil de saltarla o trasponerla para un paciente comun, que está medicado y debilitado pero no para una persona como L. que está completamente lúcida y es atlético. L. abre la ducha de hombres como que se está bañando y en realidad salta al baño de mujeres" (fs.21/21 vta.). A. N. refiere que el licenciado P. fue amenazado por L. (fs. 24/24 vta.), H. E. da cuenta de la medicación que estaba prescripta para L. y la denunciante (fs. 25/25 vta.), F. G.: "hasta el día de la denuncia de A. nunca la ví en ac-titud de víctima o a L. en actitud de hostigamiento hacia ella, pero puede pasa este tipo de cosas de manera sola-pada, máxime teniendo en cuenta que el paciente L. es un paciente complicado. Estaba dado de alta por propia vo-luntad no se quiso retirar y nadie pudo expulsarlo. Con este paciente tuvimos bastantes problemas" (fs. 27/28), C. R. H.(fs. 29/29 vta.), todos ellos personal con pres-tación de servicio en el departamento de Salud Mental del Hospital Regional, donde se desarrollaron los hechos y que admiten la personalidad agresiva de L..

A ello se adiciona el informe de fs. 45/46 que da cuenta del trastorno disocial de la persona-lidad del imputado, el secuestro de una "faca" o arma ar-tesanal entre las pertenencias del inculpado y el cuchi-llo que éste le entregara al Dr. E., elementos que pudie-ron crear en el animo de la denunciante, que las amenazas proferidas hacia sus hijos pudiesen concretarse.

Que es de hacer notar, como reiteradamen-te lo ha sostenido esta Sala, que no se trata el marco de valoración de los solos dichos de la presunta víctima que en todo constituyen indicios de valor, sino que la motivación también se integra, como se señalara ut-supra, con la descripción, que de los hechos realiza la denun-ciante que concuerdan con las circunstancias de lugar y tiempo.

Se ha dicho que "Para disponer el proce-samiento la ley requiere elementos que permitan estimar la existencia de delito y la responsabilidad del imputado, bastando la existencia de indicios suficientes que deben apreciarse con un criterio distinto del que corres-ponde en la ocasión del fallo definitivo (CNPenal Econó-mico, sala A, marzo 12-998- B. C. J.-Rev. LA LEY del 28/9/98 SP, p. 60, fallo 97.894).

Acentuado en autos, cuando por las carac-terísticas, del delito que se investiga priva la imposi-ción del poder del más fuerte sobre el más débil.

Al decir del Dr Cafferata Nores: "los conceptos de fuerza, intimidación o resistencia ínsitos a la violación son revisados y ampliados para dar un lugar predominante al libre consentimiento y nuevos factores coactivos o intimidatorios que puedan anularlo." Y añade: "Es preciso garantizar que al examinar judicialmente un acto para determinar si un crimen sexual fue cometido no se exija que la víctima pruebe haber ofrecido suficiente resistencia al ataque, sino sólo que su voluntad fue que-brada" (Discurso informante del Dr Cafferata Nores. Cfme Pandolfi. "Delitos contra la integridad sexual (ley 25.087)" El nuevo art. 119. Pag 54, 55. Ed. La Rocca). En punto al agravio respecto al dictado de la prisión preventiva la recurrente objeta, que la restricción a la libertad a su defendido, se funde exclu-sivamente en la expectativa de pena.

Del precedente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia citado por la recurrente: "A., J. s/ Estafa- expte. Nro. 19.951-año 2005 Nro. 14.989/04" de la Sala A de este Cuerpo resulta que el coartamiento de la libertad sólo puede fundarse en la incidencia que en el proceso pueda tener el mantenimiento de la ambula-ción del imputado y que las escalas penales en abstracto son insuficientes para justificar, en concreto, dicho ex-tremo.

Con tales parámetros y partiendo que la privación de la libertad es una excepción, se ha de ana-lizar la situación puntual, atento que de acuerdo a lo que surge de la Constitución y de los tratados de su mis-ma jerarquía, sólo se reitera es excepcional su admisión, pero sin olvidar como lo señala el Superior y lo estable-ce la Constitución, la libertad que gozan todos los habi-tantes está sujeta a las normas que reglamentan su ejer-cicio y en todos los casos en que se de tratamiento a una excarcelación o se dicte una prisión preventiva, se veri-fiquen la concurrencia de otras circunstancias que, acom-pañando a la amenaza de pena como regla limitadora de la libertad durante el proceso, permitan fundar los peligros procesales.

En este orden de ideas, adelantamos nues-tra opinión en el sentido que, en el sub-examine, ha de ser confirmada la prisión preventiva dispuesta por la di-recta verificación que materializan en el caso concreto el riesgo procesal resumido por la ley. A tal conclusión se ha arribado siguiendo las pautas evaluatorias indica-das por el informe nº 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se sostiene deben conside-rarse "varios elementos, incluyendo los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que po-see, vínculos familiares y otros que lo mantendrían en el país.

Es que J. A. L., se encuentra procesado y con prisión preventiva, por el delito de abuso sexual agravado reiterado en dos ocasiones, en concurso real en-tre sí; art. 119 3° párrafo (en función del 1° párrafo in fine) y art. 55 del Código Penal, que tiene una pena su-perior a la que determina el art. 284 inc. 1, de allí que resulta improbable que ante una condena, la misma sea condicional.

En orden a las condiciones personales, si bien podría argumentarse que no se halla acreditado en autos un desarraigo en forma absoluta, ya que de las constancias de la causa surge que el mismo vive en esta ciudad (con imprecisiones para ubicarlo) y ha cumplido condena en la seccional cuarta de esta ciudad, cierto es que manifiesta vivir con dos amigos uno de los cuales no recuerda el apellido(fs.50)y tampoco acreditó una ocupa-ción, aun cuando depone ser albañil. De las constancias de la causa surge que desde el mes de octubre de 2005 es-tuvo internado en el Sector de Salud Mental del Hospital Regional y habiendo sido dado de alta, el mismo permane-ció allí hasta el momento de su detención, circunstancias sobre las cuales no argumenta la defensa.

Además, la gravedad del hecho que se le imputa y por ende de la pena que se aplicaría al imputado permiten inferir la existencia de riesgos de proceso de acuerdo a lo previsto por el art. 286 inc. 2 del C.P.P.

Por esas razones, se concluye que corres-ponde confirmar la decisión en crisis y denegar la excar-celación solicitada.

Por ello, la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Co-modoro Rivadavia:

R E S U E L V E:

1)Confirmar la resolución de fojas 53/55 rectificado a fojas 103/103 vta., de los autos principa-les, que decreta el procesamiento y la prisión preventiva de J. A. L., cuyos datos filiatorios obran en autos, por resultar "prima-facie" autor probable del delito de Abuso Sexual agravado reiterado en dos ocasiones en concurso real (arts. 119 3er. Párrafo (en función del 1er. Párrafo in fine) y 55 del Código Penal) y traba embargo sobre sus bienes.

2)Advertir al Señor Juez interviniente y secretaria actuante conforme el considerando respectivo.

3)Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NELIDA SUSANA MELERO - PRESIDENTE GRACIELA MERCEDES GARCIA BLANCO - JUEZ DE CAMARA MARTA SUSANA REYNOSO DE ROBERTS - JUEZ DE CAMARA REGISTRADA BAJO EL NRO. 20 AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS