marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, relación de dependencia, músicos, coro religioso, viáticos
Materia: LABORAL
Carátula: STOCKI, VIVIANA c/ COMUNIDAD BENEI TAKVA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-19

La tarea coral efectuada por los demandantes no puede ser configurativa de un contrato de trabajo, toda vez que aunque se le s abonaban importes simbólicos tendientes a paliar pequeños viáticos, los demandantes no tenían categoría de músicos profesionales ni demostraron tampoco que la actividad coral fuera su profesión habitual, sino que actuaban en el marco de una impronta religiosa.
Regulación de honorarios, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUZMAN, ANDRES RENE S/ QUIEBRA S/INCIDENTE DE HONORARIOS c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-28

Cuando, como en el caso, la cuestión debatida carece de contenido patrimonial, como puede concluirse a poco que se tenga presente que, en rigor, el recurso no contenía una pretensión susceptible de ser expresada en una suma de dinero, sino que estaba dirigido a obtener determinado mecanismo para proceder a la realización de un activo, es que no es posible atenerse a escalas predeterminadas a esos efectos, pero sí se tendrá en cuenta los valores, como parámetros demostrativos del interés económico involucrado en la cuestión, a cuyo efecto se deberá considerar lo expresado en el informe de la LCQ 39 así como el valor de la oferta formulada por el paquete accionario motivo del recurso. También debe tenerse presente que las tareas que motivaron la regulación que se pide tuvieron lugar por vía incidental; por lo que, dado que las pautas que la ley 27423 había introducido en su art. 47 en materia de incidentes fueron observadas mediante Decreto 1077/17, forzoso es concluir que hoy no existe una regla específica para fijar la retribución de labores cumplidas en el marco de un proceso de esa especie. Y, finalmente, debe aclararse que los honorarios solicitados por el síndico y el letrado, refieren a actuaciones correspondientes a la segunda instancia, las que deben ser reguladas entre el treinta por ciento (30%) y treinta y cinco por ciento (35%) de la cantidad que se fije para honorarios en primera instancia (ley 27423: 30).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, pena, prisión domiciliaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., G. S. - A., C. O. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR EL APROVECHAMIENTO DE LA CONVIVENCIA PREXISTENTE CON LA VICTIMA MENOR DE EDAD- APELACION - SENTENCIA CONDENA PRISION EFECTIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-08-20

Los Judicantes analizaron la pretensión defensiva consistente en el mantenimiento de la morigeración de la prisión preventiva de la que gozara el imputado durante el proceso, mas consideraron que no podía prosperar, atento no admitirse legalmente la solución pretendida -continuación de una prisión morigerada una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria- y no encuadrar el caso en alguno de los supuestos de procedencia de cumplimiento domiciliario de la pena; y tal respuesta de la Alzada no ha logrado ser descalificada desde la óptica constitucional por la impugnante, que se limita a tildarla de excesivamente formal, mas sin demostrar que resulte irrazonable o desprovista de la debida fundamentación, advirtiéndose que su postulación -más allá del tinte constitucional que pretende otorgarle- sólo deja traslucir su mero disenso con la solución dada a la causa por el Tribunal a quo.
Protección del medio ambiente, ley general del ambiente, interpretación de la ley, política ambiental
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Fábrica Militar Río Tercero c/  s/ infracción ley 24.051
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-01

La ley General del Ambiente establece que su aplicación e interpretación, así como de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, estará sujeta al cumplimiento de los principios establecidos en su artículo 4°, que se deben integrar, conforme el artículo 5° en todas las decisiones de carácter ambiental.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, sociedades comerciales, tipo societario
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: TRANSPORTE GONZALEZ - SOCIEDAD DE HECHO c/ ENAGRO  S.R.L. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-20

Si la accionada reconoció haber celebrado con la actora las operaciones detalladas en la demanda, pero negó que ésta sea una sociedad de hecho y desconoció a sus integrantes, debió precisar pues debe saber con quién contrató- quién fue la persona individual o ideal con la cual pretende haber celebrado la convención, indicando su tipo societario y el nombre de su o sus representantes, y aportar la prueba correspondiente. No habiéndolo hecho la defensa no puede prosperar.
Error de prohibición, explotación sexual, maltrato laboral
Materia: PENAL
Carátula: Morales Mamani, Marcela Gladys c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-18

El voto concurrente señaló, respecto a la existencia de un error de prohibición, que teniendo en cuenta las particularidades de configuración del delito, no puede afirmarse seriamente que una persona desconozca la prohibición de someter a una persona a través de maltratos físicos y psíquicos para que trabaje y así obtener un rédito económico, ya que hechos como los del caso, que atentan contra la dignidad de la persona humana, resultan repulsivos de las más elementales normas de convivencia. (Dres. Borinsky, Hornos -voto concurrente- y Gemignani).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bojanich José O. c/ Filippini S.A. y otro s/ Cobro ejecutivo MONTES JOSE LUIS c/ SECO JUAN MIGUEL s/ COBRO EJECUTIVO Guma Oscar Humberto c/ Obra Social Conductores de Transporte Colectivo Pasajeros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07|1992-10-13|1996-05-16

En la operatividad de la norma explicitada por el art. 1101 C. Civil y en el marco de un proceso ejecutivo, no deben sentarse principios generales, ya que las particularidades del caso darán sustento al criterio a asumir, cualquiera sea su signo. Tal así, por cuanto la prejudicialidad material tiende a evitar incurrir en pronunciamientos contradictorios y provocar escándalos jurídicos.
Prescripción, interrupción de la prescripción, cargo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Quinteros, Alejandra Edith c/ Vieyra, Stella Maris s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-03-23

A los efectos interruptivos de la prescripción debe estarse al cargo cuya constancia deja la Receptoría de Expedientes de la Secretaría de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia.
Suspensión del plazo, suspensión del proceso judicial, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Montemar Compañia Financiera S.A. c/ Maetú, Luis Alberto s/ ejecución acelerada (cambiaria)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-06-04

Para que el plazo de la perención transcurra, la inactividad debe ser imputable, voluntaria. No sucede ello si median impedimentos para actuar útilmente, convencionales, legales o de hecho. En el caso de autos el actor presenta un pedido de suspensión de "plazos" pero que de acuerdo a sus razones y a la expresa mención efectuada en el escrito, en realidad fue un pedido de suspensión del procedimiento. Así pareció entenderlo el juzgado, cuando al proveer dispuso suspender los plazos que le estuvieren corriendo a la ejecutante, los cual sólo puede entenderse involucrado el de la caducidad de instancia, pues no había ningún otro en juego. La especial situación procesal en que el Tribunal colocó a la ejecutante, en virtud de la suspensión ordenada por el a quo, torna, cuanto menos, dudosa la procedencia del incidente de caducidad de instancia.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, escribanos públicos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cuestas, Norma Beatriz y ot. c/ Ricotti, Juan Carlos y otro s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Los escribanos que actuaron en el otorgamiento de un acto cuya validez se impugna no pueden permanecer ajenos al pleito pues se enjuicia la validez de actos pasados ante el registro a su cargo, por lo que resulta imprescindible escucharlos en el juicio, sobre todo cuando se habla de un supuesto fraude en el trámite escriturario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de nulidad, autosuficiencia
Materia: PENAL
Carátula: Salas, Silvio A. s/ Infracc. art. 96 inc. f, ley 8031. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

El recurso extraordinario de nulidad resulta también inadmisible ya que si bien se denuncia la omisión de tratamiento de ciertos temas planteados en el recurso de apelación, no se individualizan las cuestiones presuntamente omitidas, no bastándose entonces a sí mismo, y debiéndose señalar que esta Corte reiteradamente ha decidido que la adecuada fundamentación de los recursos extraordinarios no puede suplirse o inferirse de lo manifestado en otros recursos también interpuestos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación penal, prisión preventiva, prórroga del plazo, cuestión federal, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "CAPDEVILLA, Carlos O. s/ casación...".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-31

La prórroga de la prisión preventiva suscita cuestión federal y excita la intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal en tanto se sostenga la inobservancia y erronea aplicación de los dispositivos de la ley 23.490 y su interpretación ennmarcada en los arts. 316, 317 y 319 del C.P.P.N. relacionadas con la razonabilidad del plazo de prisión preventiva erigido en los Tratados de derechos Humanos con jerarquía constitucional y demás garantías relativas a esa cuestión consgradas en el ordenamiento constitucional.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), abuso sexual, víctima menor de edad, responsabilidad penal, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S. Z., M. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR SU CALIDAD DE GUARDADOR DE LA VICTIMA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-05-07

Si bien la presentante considera que el fallo está basado en preconceptos y prejuicios y que las únicas pruebas existentes eran las declaraciones de la psicóloga y de la fonoaudióloga del niño y sus propios dichos -tildándolos de insuficientes para el dictado de una condena-, lo cierto es que no se hace cargo de descalificar el desarrollo argumental realizado por el A quo que -para confirmar la declaración de responsabilidad penal del imputado dispuesta en primera instancia- partió de entender que por las características de los hechos investigados resultaba difícil contar con pruebas directas, pero que ello no impedía en modo alguno lograr certeza acerca de su existencia a partir de la presencia del cúmulo de indicios concordantes reunido en el caso, donde el relato de la víctima -cuyo cuestionamiento defensivo se descartara- había sido corroborado por otros testimonios, tanto en relación a la secuencia de los hechos como a su autor material.
Recurso de casación, principio de congruencia, nulidad del acto jurídico
Materia: LABORAL
Carátula: Ikes, Stella Maris y otras. c/ Ardos (Asociación Rionegrina de Obras Sociales) s/ Inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-05-30

En el caso se evidencia el yerro jurídico localizado en el tratamiento -como cuestión a debatir- de un tema que en rigor estaba efectivamente instalado como desacuerdo en los montos a liquidar y pagar. La articulación de este desarrollo en el acto jurisdiccional incorpora indebidamente la consideración por el Juez de algo que en rigor no le había sido propuesto. Esta demasía determina la existencia de falta de congruencia exigida por el art. 34 inc. 4 CPCiv., mucho más evidente desde que en definitiva el pronunciamiento se inclina por la improcedencia del ítem, cuando solo correspondía determinar su monto.

Queda de tal modo configurada la absurdidad jurídica, agravada por la invocación inicial de documental reconocida, que ulteriormente es ignorada al momento de resolver, haciéndolo en contra de la evidencia generada precisamente por el reconocimiento de esa instrumental. (En disidencia: Dr. Echarren).
Subasta judicial, indisponibilidad de fondos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Scordamaglia, Francisco Rafael c/ Vizioli y De Laurentis, Juan Mario s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

La indisponibilidad de los fondos depositados que consagra el artículo 581 del CPCC constituye una facultad privativa del adjudicatario del bien subastado que tiende a prevenir la eventual frustración de la operación por causas atinentes a terceros, poniéndolo a cubierto de esa eventualidad. De esta forma, preserva del derecho del comprador ante imprevistos que tornen difícil o imposible la adquisición y que obliguen a la devolución de lo abonado, aun cuando éste se encuentre en posesión del bien. (Minoría u opinión personal)
Procesos de conocimiento, acción meramente declarativa, inconstitucionalidad, sociedades comerciales, capital social
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

Resulta improcedente deducir una acción meramente declarativa con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad del decreto del poder ejecutivo 677/01 (referido al mecanismo denominado régimen de participaciones residuales), de las resoluciones n 400, 401 y 402 de la comisión nacional de valores y demás reglamentaciones, con el objeto de evitar la aplicación de esas normas por parte de la sociedad defendida cuando, como en el caso, se verifica que: a) se pretende aventar con la mentada inconstitucionalidad la posible articulación del procedimiento referido precedentemente; esto es, que la accionada formula una declaración de adquisición de la totalidad del capital social de una entidad bancaria y con ello despoje -de manera forzosa- la tenencia de las sociedades pretensoras; b) las accionantes sostuvieron que la reclamada retiene cerca del 93% de las acciones del banco, y a partir de ese extremo infiere o supone que la reclamada ejercerá la opción de compra, toda vez que son las propias reclamantes quienes reconocen la inexistencia del prius para el ejercicio de la oferta que habilita la norma impugnada, puesto que la defendida no ostenta una tenencia del 95% del capital social; y c) el fundamento basal de la pretensión descansa sobre inferencias o conjeturas respecto a la conducta que podría adoptar la accionada si alcanzase el umbral mínimo exigido y tras ello decidiese ejercitar la opción referida.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aguirre, Carlos Alberto c/ Cabrera, José Victorino y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

Si bien es tela de juicio la fuerza vinculante de los fallos de la Corte Suprema de la Nación, aún ante la inexistencia en nuestro régimen constitucional y legal de norma alguna que obligue a acatarlos resulta ventajosa mantener unidad en la interpretación de la ley con la doctrina del más alto Tribunal del país.-
Honorarios del abogado, base regulatoria, valor nominal, actualización monetaria, monto del juicio, intereses, mora del deudor, ejecución de sentencia, convertibilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ JULIO RAUL c/ CNAS s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-05

No cabe la repotenciación del capital a partir del 1.4.91. (Cfr.

Arts. 7 y 8 de la ley 23.928), Por lo tanto los honorarios deben ser calculados sobre la base del capital nominal; la circunstancia de que el monto de condena se vea incrementado por los intereses devengados a partir de la fecha fijada en la sentencia, se debe a la situación de mora en que se encuentra la deudora, extremo que no se presenta con los honorarios del peticionante, toda vez que la demandada todavía no se encuentra en mora respecto al pago de sus emolumentos por esta ejecución de sentencia.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: PROCESAL
Carátula: RADIO UNIVERSIDAD NAC. LITORAL S.A. c/ COMITE FED. RADIODIF (COMFER) Y/O ESTADO NACIONAL. s/ RECURSO DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-06

La arbitrariedad o ilegalidad manifiestas a que aluden la ley 16 986 y la jurisprudencia anterior y posterior a su sanción, requieren que la lesión de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de amplio debate o prueba.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, daño material
Materia: LABORAL
Carátula: DE BRASSI, ORLANDO c/ S.O.M.I.S.A. s/ 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-03

Si la acción intentada se funda en el art. 1113 C.Civil y el empleador pretende ser exonerado de responsabilidad, a él incumbe demostrar en qué proporción del daño global comprobado incidió la predisposición orgánica del trabajador.
Viajantes de comercio, comisiones
Materia: LABORAL
Carátula: Passi Juan José c/ Autoservicio del Lavado de Paraná s/ Cobro de pesos y entrega de certificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-02-02

La jurisprudencia ha dicho que el juramento del artículo 11 de la ley de Viajantes de comercio Nro. 14546, no tiene efecto cuando se refiere a cantidad incierta imposible de calcular con exactitud e inclusive con aproximación, que la inversión de prueba tiene gravitación procesal sólo con relación a hechos, por lo que no es pertinente tener por cumplida aquélla y valorar ésta en el caso de que el accionar no se haya establecido a qué negocios corresponde el monto de las comisiones reclamadas.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sierra, Angel c/ Caporali, Omar L. s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

Probado el daño físico y la relación de causalidad entre el evento y el resultado dañoso, la existencia del daño moral fluye evidente y no necesita ser acreditado -art. 163 inc.5º, 2a.parte del C.P.C.C., y art. 1078 del C.Civil-.-
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, monto mínimo, instancia única, litisconsorcio, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: LEVI, DIEGO Y OTROS c/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.E. s/ REAJUSTE PRECIO DE PASAJE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-12

El importe individual reclamado por cada litisconsorte es inferior al mínimo de apelabilidad (art. 242, Código Procesal, texto según ley 23.850), consecuentemente la causa es de instancia única y, por tanto, todos los recursos interpuestos han sido mal concedidos.

No impide así decidirlo ni el error del a quo, ni el consentimiento de las partes ni la improcedente tramitación dada a esos recursos en esta Alzada, desde que ninguno de esos extremos es razón suficiente para derogar la ley procesal que ordena las competencias por razón del monto disputado, debiéndose tener presente que el primer presupuesto de validez de una sentencia es que haya sido dictada por un tribunal con jurisdicción (Fallos 269:439), aspecto que no se cumple en el sub judice, habida cuenta de que el Código Procesal ha suprimido en los supuestos de escasa cuantía la competencia revisora de un tribunal de alzada ordinario.
Indemnización por despido, intereses
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Cocaro, María de los Angeles  c/ Video Drome S.A  s/ despido y cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-03

A fin de preservar la política económica de prohibición de indexar y mantener así una economía nominalista, es que ha de recurrirse a la tasa de interés ante la realidad económica que genera que se deprecie el crédito indemnizatorio del trabajador. (del voto de la Dra. Alejandra Barroso, en mayoría).
Facultades del juez, facultades disciplinarias del juez, sanciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BS.AS. c/ TROTTI, Fernando Juan s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-14

Aún cuando el artículo 43 de la ley 23.187 establece que es atribución exclusiva del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal fiscalizar el ejercicio de la profesión de abogado, el juez se encuentra facultado a aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por la ley, a fin de mantener el buen orden y decoro del proceso.-
Jubilación ordinaria, demanda, acción de amparo, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASANOVA, LUIS ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION ORDINARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-20

Iniciada una demanda judicial tendiente a obtener el beneficio de jubilación ordinaria en los términos de la ley 18.037, y habiendo obtenido sentencia favorable en primera instancia, la cual no se encuentra firme y está pendiente de resolución ante la C.F.S.S., corresponde confirmar la resolución del "a quo" que rechazó la acción de amparo iniciada, tendiente a obtener el mismo beneficio pero bajo el régimen de la ley 24.241. Ello así porque tal como lo señala el juez de la anterior instancia, si bien la parte accionante considera que no existe incompatibilidad entre ambos reclamos, la misma es evidente por cuanto las características del haber previsional, su liquidación y demás circunstancias resultan claramente disímiles entre los diversos regímenes (leyes 18.037 y 24.241). A mayor abundamiento, cabe señalar que si bien las impugnaciones a las resoluciones de la A.N.Se.S. tienen un procedimiento especial (art. 15 de la ley 24.463, sustituido por el art. 3 de la ley 24.655), no resulta posible la readecuación de causas como la presente, atento existir juicio en trámite y pendiente de resolución judicial definitiva, lo que podría dar lugar a sentencias contradictorias.
Constitucionalidad, subrogancia del juez
Materia: PENAL
Carátula: Milla, María C. s/ Falta de mérito
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-13

La ley 27.145 no prevé ningún sistema de prelación que otorgue primacía a los magistrados de igual jurisdicción o competencia nombrados en sus cargos según lo prevé la Constitución Nacional, por sobre los abogados o secretarios que no reúnen esa característica. Se trata de una cuestión fundamental, pues si como dijo la Corte Suprema, un régimen de contingencia como éste, debe tender a respetar, de la mejor manera entre las posibles, los principios y valores que hacen a la naturaleza y esencia del Poder Judicial en un estado constitucional de derecho, adaptándolos a las particularidades de excepción de un mecanismo de suplencias, y la selección de estos magistrados tiene que estar presidida de un criterio de razonabilidad; entonces resulta elemental sostener que, de existir posibilidades funcionales y reales de cubrir la vacancia con un juez permanente, aquella debe, como mínimo, ser la primera opción, antes que acudir a alguien cuyo nombramiento es ajeno al procedimiento constitucional.