Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04


CAUSA N° 83-00/CC/2004 "Aquino, Delfina s/ inf. arts. 116 y 117 C.C. -Apelación-" En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de julio de 2006, se reúnen los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Marcelino Norberto Civitillo, cotitular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 7 a fs. 123/125, contra la resolución obrante a fs. 124 vta. dictada por la Sra. Juez de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas, María Gabriela López Iñiguez, de la presente, de la que, RESULTA:

1.- Que a fs. 104/105 vta. obra el acta de acuerdo de juicio abreviado celebrada por las partes, a través del cual acordaron la imposición para Delfina Aquino de una pena de diez (10) días de arresto de cumplimiento en suspenso y las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia y comunicar a la fiscalía cualquier cambio de ésta; b) cumplir con las citaciones o requerimientos que la fiscalía o el Juzgado hiciere y c) realizar trabajos de utilidad pública dos días al mes, a razón de cuatro horas cada uno durante seis meses, en la Guardia de Auxilio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.- Que a fs. 117, obra el informe del Registro de Contraventores de la CABA, por el cual se hace saber que la imputada registra una condena dictada el 14/04/2003, de cuatro (4) días de trabajos de utilidad pública, a razón de cuatro (4) horas cada día a cumplir durante cuatro (4) domingos, más el comiso de los efectos secuestrados y las costas del proceso, por haber sido considerada autora de las contravenciones previstas en los arts. 3 y 4 de la ley 255 y art. 47 del CC.

3.- Que a fs. 118 la Magistrada de Grado remite las actuaciones a la Fiscalía interviniente, a fin de que el Sr. Fiscal, conjuntamente con la imputada y su defensa, se expidan respecto de la información acerca de los antecedentes contravencionales de la encausada. Ello, por estimar que tal circunstancia podría alterar los términos del acuerdo de fs. 104/105 vta.

4.- Que a fs. 119 el Sr. Fiscal interviniente manifiesta que en virtud de que la condena registrada por la imputada quedó firme el 14/04/2003, y que los hechos endilgados en esta causa ocurrieron entre el 22/06/2005 y 25/08/2005, transcurrieron los dos años previstos en el último párrafo del art. 46 de la ley 1472, razón por la cual resulta procedente la aplicación de una condena de ejecución condicional.

5.- Que a fs. 121 vta. la Sra. Magistrada de Grado resuelve declarar la nulidad del acuerdo de juicio abreviado. Considera que el art. 46 "in fine" de la ley 1472 establece la suspensión del cumplimiento de la pena para los casos de primera condena, siendo que la imputada registra una condena anterior. Señala que el plazo de dos años transcurrido desde la sentencia condenatoria hasta los hechos que motivaron la formación de la presente causa, a los que hace referencia el Sr. Fiscal, para tener por no pronunciada la primer condena, no resulta aplicable al caso.

Ello, por entender que para tener por no pronunciada la primera condena es necesario que haya sido de ejecución condicional y que en este caso la imputada registra una condena de efectivo cumplimiento. Por otra parte, agrega que si bien el art. 43 LPC limita al Magistrado a imponer una pena más gravosa que la acordada entre las partes, ello no puede ser así cuando el pacto se hizo con base en una errónea interpretación de las normas aplicables. Así, concluye que el acuerdo afecta fatalmente la legalidad de la pena, debiéndose declarar su nulidad. En virtud de ello, se excusa para seguir entendiendo en las presentes actuaciones, por haber tomado conocimiento del fondo del asunto debatido.

6.- Que a fs. 123/125, se agrega el recurso de apelación presentado por el Sr. Defensor Oficial contra la decisión supra reseñada. Sostiene que en el caso de autos debe aplicarse el instituto de la condena en suspenso, expresamente contemplado en el art. 46 de la ley 1472. Ello, por entender que si bien nuestra legislación contravencional no regula detalladamente el instituto de la condenación condicional como sí lo hace el art. 27 CP, del juego armónico de los arts. 46 y 17, se desprende que dos son los años que deben transcurrir para obtener nuevamente el citado beneficio.

Por último, entiende que es impensable que un condenado por una contravención no tenga nunca más la posibilidad de gozar del beneficio de la condena en suspenso, máxime cuando la condena anterior quedó firme durante la vigencia de la ley 10, y los hechos de estas actuaciones ocurrieron bajo la vigencia de la ley 1472, la que reguló por primera vez el instituto.

7.- Que a fs. 126 la Magistrada de Grado resuelve conceder el recurso interpuesto.

8.- Que a fs. 130/132, la Sra. Fiscal de Cámara solicita que se declare inadmisible el recurso por extemporáneo por haber sido presentado fuera del término de tres días. Así, para el caso en que el Tribunal no comparta dicho criterio, solicita que se convoque a Plenario del Tribunal con el objeto de unificar jurisprudencia en relación con el plazo recursivo en materia de apelación. Subsidiariamente, entiende que corresponde confirmar la resolución impugnada. Señala que no hay modo de asignar al último párrafo del art. 46 CC un significado distinto al que fue otorgado por la Sra. Juez de Grado, siendo erróneo darle una interpretación autónoma, como lo pretendieron las partes al momento del acuerdo de juicio abreviado.

Entiende que del art. 46 CC se desprende que solo la sentencia condenatoria que fue dejada en suspenso es la que debe tenerse por no pronunciada, en los casos en que el condenado no cometa una nueva contravención durante el término de dos años. Señala que una interpretación en contrario conduce a resultados contradictorios y que lo establecido en el citado artículo debe ser congruente con el resto de la norma.

Por otra parte, manifiesta que resulta falaz lo manifestado por la defensa al entender que el Código Contravencional no regula detalladamente la condena condicional, toda vez que existe un artículo dedicado al instituto y máxime cuando el art. 50 CC contempla la cancelación automática de los registros a los cuatro años desde la fecha de la condena, cuando el imputado no ha cometido una nueva contravención en ese lapso. Señala que es clara la ley respecto a la aplicación del instituto solo en los casos de primera condena, y que su aplicación en este caso viola el principio constitucional de legalidad.

9.- Que a fs. 135 pasan los autos a estudio del Tribunal.

PRIMERA CUESTIÓN:

Es pertinente señalar que el escrito de apelación incoado ha sido interpuesto en legal tiempo, tal como esta Sala tiene dicho en las causas n° 092-00-CC/2004 "Recurso de quejas en autos Gutiérrez, Carlos E. s/ley 255, rta. 7/5/2004; n° 166-01-CC/2004 "Recurso de ueja en autos Campos, Daniel Alberto s/inf. art. 41 CC", rta. 7/6/2004; n° 194-00-CC/2004 "Bruneta, Francisco José s/inf. art. 76- Apelación, rta. 16/7/2006; n° 147-01-CC/2004 "Recurso de queja en autos Farman, Emma s/inf. art. 41 CC", rta. 1/6/2004; n° 106-00-CC/2004 "NN (Cabildo 1985) s/inf. art. 72 CC", rta. 10/8/2004; n° 244-01-CC/2004 "Incidente de nulidad en Raimondo, José Miguel s/inf. 41 CC- Apelación", rta. 10/9/2004; n° 199-00-CC/2004 "San Nicolás, Martín Damián s/art. 41 CC", rta. 15/9/2006; n° 284-00-CC/2004 "Barboza Mechato, Carmen Segundina s/inf. 41 CC", rta. 6/10/2004; n° 252-00-CC/2004 "Bravo, Miriam Soledad s/art. 39 CC- Apelación", rta. 12/11/2004, entre otras. Por lo que no se habrá de tener en cuenta la impugnación fiscal en tal sentido.

Sentado ello, debe determinarse si la resolución impugnada causa gravamen irreparable (art. 449 CPPN).

Al respecto, cabe recordar que el gravamen irreparable "...aparece como una cuestión de hecho que debe ser considerada en cada caso. Se ha afirmado que el mismo se configura cuando aparece un perjuicio jurídico que no puede ser reparado durante el trámite del juicio ni en la sentencia definitiva..." (conf. Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", Tomo II, José Luis De Palma Editor, Bs. As., 2004, pág. 1193).

En efecto, la decisión que declara la nulidad del acuerdo de juicio abreviado es pasible de entrañar el mentado perjuicio, pues implicaría para el imputado la inevitable sujeción a un proceso que su defensa y el titular de la acción quieren evitar, por lo que corresponde afirmar que el recurso ha sido correctamente concedido.

SEGUNDA CUESTIÓN:

En el caso de autos, se agravia la defensa por la decisión de la Sra. Magistrada de Grado que rechazó el acuerdo de juicio abreviado por entender que a la luz del antecedente registrado por la imputada Delfina Aquino, no corresponde la aplicación de una pena de ejecución condicional, tal como lo establece el art. 46 CC. Por otra parte, señala que el a quo interpreta el art. 46 CC "in fine" de una manera perjudicial para su defendida.

En este sentido, entiende que si bien nuestra legislación contravencional no regula detalladamente el instituto de la condenación condicional como sí lo hace el art. 27 CP, del juego armónico de los arts. 46 y 17 CC, se desprende que dos son los años que deben transcurrir para obtener nuevamente el citado beneficio. Por último, manifiesta que resulta impensable que el autor de una contravención no pueda nunca más gozar del beneficio de la condena en suspenso, máxime cuando la condena anterior adquirió firmeza en vigencia de la ley 10, y los hechos que motivaran las presentes actuaciones ocurrieron durante la vigencia de la ley 1472.

Ahora bien, conforme surge del art. 43 LPC "cuando el presunto contraventor/a acepta la imputación, el acta contiene el requerimiento de juicio y es enviada al juez o jueza, quien, si considera que para dictar sentencia se requiere un mejor conocimiento de los hechos, llama a audiencia de juicio. Si así no fuere, dicta sentencia y la notifica al contraventor/a. En tal caso, no puede imponer pena, que supere la cuantía de la solicitada por el o la fiscal, pudiendo dar al hecho una calificación legal diferente de la del requerimiento.".

De este modo, corresponde al Juez de Grado la "...verificación del resguardo por los derechos del acusado en el trámite y en el acto del acuerdo, y en su convicción sobre los siguientes puntos: que el hecho y la participación flagrante o confesada por el imputado se encuentran suficiente y concordantemente acreditados por las pruebas reunidas en la investigación preparatoria, haciendo innecesario el debate para el esclarecimiento (o el mejor o el mayor esclarecimiento) de los extremos fácticos de la imputación; que la calificación jurídica contenida en la acusación es claramente la adecuada y que la pena requerida y convenida es acorde con ese encuadramiento, por estar dentro de la escala penal prevista para el delito y jurídicamente posible la modalidad de ejecución acordada. O sea que el tribunal deberá verificar el efectivo resguardo por las garantías del acusado y el respeto de los principios de verdad y legalidad, como condición de su conformidad con el juicio abreviado." (Conf. Cafferata Nores, "Cuestiones actuales sobre el proceso penal" -Juicio abreviado-, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1996, pág. 164).

Siendo así, la cuestión a resolver radica en determinar si en el caso de autos resulta legalmente posible aplicar a la imputada una condena de ejecución condicional, tal como lo pactaron las partes a fs. 104/105 vta., o bien si ello no resulta viable, debiéndose concluir en la nulidad del acuerdo de juicio abreviado.

Ingresando al estudio de la cuestión planteada cabe destacar que a la encartada se le endilga la comisión de las contravenciones previstas en los arts. 116 y 117 de la ley 1472, que habrían sido cometidas entre el 22/06/2005 y el 25/08/2005.

Además, tal como fuera informado a fs. 117 por el Registro de Contravenciones de la Ciudad, la imputada registra una condena anterior de fecha 22/4/2003 a la pena de cuatro (4) días de trabajos de utilidad pública, a razón de cuatro (4) horas cada día a cumplir durante cuatro (4) domingos, en orden a las contravenciones previstas en los arts. 3 y 4 de la ley 255 y 47 CC.

Siendo así, se advierte que la decisión del a quo resulta ajustada a derecho, pues de la lectura del art. 46 CC surge con claridad que solo resulta procedente la condena de ejecución condicional en "...en los casos de primera condena...", no verificándose tal exigencia en el caso de Delfina Aquino, en virtud de registrar una sentencia condenatoria anterior de efectivo cumplimiento.

De allí que resulte acertado el fundamento de la Magistrada de Grado al sostener que, conforme al antecedente registrado por la imputada, deviene imposible la aplicación de la condena en suspenso en las presentes actuaciones.

Si bien desde la fecha de la primer condena hasta que la encartada cometiera el hecho que motivara la formación de la presente causa transcurrieron dos años, ello no habilita a que la pena a imponer en esta causa sea dejada en suspenso.

Cabe advertir que no resulta acertada la interpretación que la defensa realiza del último párrafo del art. 46 CC, pues hace referencia al transcurso de los dos años a partir de la condena anterior para tenerla como no pronunciada, no es a los efectos de borrar esa primer condena de los registros (art. 50 CC), sino a los efectos del cómputo y unificación de penas en el hipotético caso de que el imputado cometa una nueva contravención durante ese plazo, siempre que la primer condena haya sido dejada en suspenso.

Al respecto, "...La opinión dominante sostiene que lo sometido a condición es sólo la ejecución de la pena impuesta, de manera que cumplida la condición, es esa ejecución la que queda excluida. Esta tesis es la correcta." Por otra aparte "...es verdad que, gramaticalmente, los términos del art. 27 "la condenación se tendrá por no pronunciada", pueden hacer pensar que si bien lo que se suspende inicialmente es el cumplimiento de la pena, en definitiva, una vez cumplida la condición de no delinquir, lo que se borra es la condena. Pero el código también emplea la palabra "condenación" con el significado de "pena" fijada por la sentencia (art. 40).

La interpretación de que, como resultado del cumplimiento de la condición de no delinquir, la condena se borra, contradice la idea claramente expresada por la ley de limitar los efectos penales de ese cumplimiento a la no ejecución de las penas de reclusión, prisión o multa. En efecto, si lo que quedara sometido a condición y luego desapareciera fuera la condena, no tendría sustento, por no haber existido en ningún momento sentencia ejecutable, la aplicación de la pena de inhabilitación impuesta en forma conjunta." (conf. Ricardo C. Núñez, Tratado de Derecho Penal", Tomo II, Ed. Lerner, Córdoba-Buenos Aires, 1978, págs. 523 y 524).

Tampoco resulta posible aplicar supletoriamente el art. 27 CC para que la segunda pena a imponer sea dejada en suspenso, pues más allá de que en el caso de autos aún no transcurrió el plazo previsto en dicha normativa (8 años para delitos culposos y 10 para los dolosos), la legislación local no contempla dicha situación. Esa falta de recepción demuestra la intención del legislador de no incorporar dicha circunstancia para el caso de las contravenciones. De lo contrario, lo hubiera contemplado al momento de anexar el instituto en cuestión a la ley 1472, máxime cuando la derogada ley 10 no lo contenía. Por lo que no asiste razón a los agravios manifestados por la defensa.

En consecuencia, se advierte, tal como lo ha puesto de manifiesto la Sra. Magistrada de Grado, que el acuerdo pactado por las partes violó el principio de legalidad de la pena.

Al respecto, en oportunidad de decidir acerca de la nulidad de acuerdo de juicio abreviado decretado por un Magistrado de Grado, esta Sala ha dicho que"...el art. 43 LPC dispone que al elevarse el acuerdo de Juez de Primera Instancia, éste puede dictar sentencia o de considerar insuficientes los elementos de juicio para el conocimiento de los hechos, llamar a audiencia de juicio en virtud de lo establecido por los artículos 45 y 46 de la Ley N° 12.

Sin embargo, siendo que en el supuesto de autos la pena pactada por las partes no se adecua a lo dispuesto en el ordenamiento legal (artículo 22 Ley N° 10), la única solución posible es la adoptada por el magistrado, es decir, declarar la nulidad del acto viciado."(causa n° 197-00-CC/2004, "Enriquez, Rafaela s/inf. art. 68 CC Nulidad -Apelación, rta. 10/8/2004).

En virtud de lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

I.- CONFIRMAR el auto de fs. 121 y vta., en cuanto declaró la nulidad del acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes a fs. 104/105.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente los a efectos antes mencionados.

Ante mí: