Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-18


Salta, 18 de mayo de 2010.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados: "BAZÁN, MARÍA NOEMÍ c. LIZONDO, OSCAR FABIÁN y/o CAMPOS, MARIELA y OTROS - ORDINARIO", expte. de Cámara nº 24655/10, originario del Juzgado de 1º Instancia del Trabajo de la ciudad de San José de Metán, para resolver las apelaciones interpuestas a fs. 140/42, y 144/45 C O N S I D E R A N D O Dijo el Dr. Figueroa: la sentencia de primera instancia, es apelada por ambas partes de la relación procesal; la demandada por las razones que expone a fs. 140 y sgte. y la accionante por las que detalla en su escrito de 144/45, las que paso a analizar.

El primero de los recursos, luego de formular un breve resúmen de los hechos, comienza señalando que la señora juez a quo, en reiteradas oportunidades, valora en perjuicio de su parte la presunción del art. 55 LCT, por la no presentación del libro del art. 52. Ello, pese a que luego de diversas alternativass procesales (a cuyo relato me remito, brevitatis causae) se había revocado la decisión de desglosar fs. 47/48 y tener por decaído el derecho de acompañar la documentación requerida, quedando en claro, según dice, que no se tuvo por decaído derecho alguno y quedaba para el momento de dictar sentencia apreciar la validez probatoria de la documental acompañada. Por lo que le ocasiona grave perjuicio, que al valorar la existencia de relación laboral, como la fecha de comienzo de la misma, se tomó a favor de la actora la presunción del art. 55 LCT, siendo que esta no opera en autos, si el proveído que la ordenaba fue revocado y, sin ella, la señora juez no tendría elementos para fallar en perjuicio de su parte, ya que sólo cuenta con las pobres testimoniales tomadas en autos.

El segundo agravio, se relaciona con la valoración de la prueba confesional, discrepando el recurrente con el criterio de que si ambas partes se mantuvieron en sus dichos, deba tenerse por cierta la existencia de relación laboral. Agrega que se trata de una interpretación caprichosa, sin asidero alguno y que no habría que dar la razón a ninguna de las partes, si ambas se mantuvieron en lo que dijeron por escrito, todo lo cual va más allá de lo que la ley procesal prevé para situaciones como la descripta.

Como penúltimo agravio, plantea el recurso de la demandada objeción sobre la forma en que S.S. aprecia la prueba de testigos, donde pese a haber mencionado todas las testimoniales, al momento de valorarlas no aprecia la de Genaro Leiva, cliente habitual del negocio, que como tal aporta datos relevantes y verídicos, tomando sólo en cuenta los dichos de los testigos de la actora, que denotan estar alineados y preparados para verter los datos por ella proporcionados. El agravio final, tiene que ver con el monto tomado en cuenta al realizar planilla. Señala que en el escrito de demanda la actora toma como remuneración mensual la suma de pesos 1.318,01, impugnada al contestar la acción y reiterado ello al momento de alegar; que allí se indicó que en los informes de fs. 54 se hallan las planillas con los montos adecuados y que contrariamente a lo impuesto por el principio de congruencia, no se tuvo en cuenta lo manifestado por su parte en reiteradas oportunidades, en referencia al monto utilizado para confeccionar la planilla de liquidación. Pide se haga lugar al recurso y se rechace la demanda y, subsidiariamente, se tenga presente la impugnación del monto base de la planilla de liquidación, con costas, formulando reserva de recursos por si lo que se decide le fuera contrario.

El recurso de la parte actora, tiene que ver con el punto II del fallo, es decir el rechazo de lo reclamado por los arts. 1 y 2 de la ley 25323, 43 a 45 de la 25345 y 8 a 15 de la ley de empleo. Sostiene que le agravia el rechazo, fundado en que al accionar sólo se indican sumas globales, sin establecer períodos y sin que los juzgadores puedan subsanar los silencios de las demandas, mediante la observación de las planillas; que ello configura un fundamento inconsistente y parcial, toda vez que en el escrito inicial se indicó correctamente qué períodos y qué cálculo o parámetro se adoptaba y que su reclamo no es global, ya que cada rubro se encuentra individualizado por separado, se indica el período y se manifiesta cuál es el concepto que corresponde y la operación matemática realizada, no habiendo en consecuencia silencio alguno y que con sólo repasar la normativa en cuestión, podemos apreciar que la operatividad en el caso deviene aplicable plenamente y de la forma en que se lo planteó en la demanda.

Pormenoriza, que la ley 24013 sanciona el trabajo sin registración del trabajador, corresponde la sanción del empleador y su aplicación está sujeta a la previa intimación del trabajador que en el caso ha existido, tornando aplicable la sanción legal; que el art. 1 de la ley 25323 establece que ante la falta de registración de la relación laboral, sin requerir intimación, se aplica la duplicación de la indemnización y que con relación a la ley 25345, la inobservancia del deber de entregar al trabajador constancias documentadas de las cotizaciones y los certificados de servicios y remuneraciones, será sancionada con una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual.

Finaliza, sosteniendo que analizadas las normas en cuestión, los fundamentos del rechazo y la claridad del reclamo, se comprueba que no hubo reclamo global, oscuridad al momento de perfeccionar el reclamo ni menos indeterminación de los períodos correspondientes, lo que unido al carácter de trabajador en negro, hace cobrar operatividad a las leyes mentadas. Pide se haga lugar a la revocatoria del fallo, se acojan los reclamos descriptos, se impongan las costas a la parte contraria y se tenga presente la reserva de recursos y del caso federal, para una hipótesis adversa.

Entrando al análisis de cada recurso, diré que entiendo que el de la parte demandada no puede prosperar. Esta parte, minimiza a la hora de apelar la testimonial de la actora, como lo vino haciendo desde el responde de demanda, donde en dos párrafos consecutivos del punto IV de fs. 18, calificó de irrisoria la prueba de la contraria. Que no lo es tanto, si tenemos presente que Bazán acercó a juicio a Suárez, Lagarde y Lucena, testigos que dieron detalle bastante del desempeño de la actora en el negocio de la accionada, que no demostraron "alineamiento" alguno (cuya demostración estaba en todo caso a cargo del recurrente) y que fueron analizados correctamente por la señora juez a quo, que estaba en todo su derecho de darles más valor que a Genaro Leiva. Testigo que a veces se quedaba a la siesta a tomar una cerveza y se retiraba, a la hora que llegaba la actora a tomar unos mates y se retiraba. Llama la atención, que si Leiva y Bazán se cruzaban, el primero supiese qué hacía la segunda en el lugar y que aludiese a que "había otra gente que atendía allí" (135 vta, segundo párrafo in fine), si es "que los mismos (los demandados) se encuentran inscriptos como monotributistas y no registran empleados" (ver 140, II, tercer párrafo). Lo que denota la falsedad de la postura de los demandados y la inconveniencia de haber removido la testimonial de Leiva.

El tema del Libro Especial, cobra relevancia precisamente a partir de la comprobación de la relación laboral, haciendo desaparecer el argumento del párrafo sexto de fs. 17 vta., de que no correspondía inscribir a la actora, porque no era empleada de los demandados. En cuanto a que no se pueda hacer valer presunción alguna en contra de la parte empleadora, a partir de la falta de presentación del Libro, cabe señalar que resulta irrelevante, porque no fue necesaria la prueba de presunciones, si a través de la testimonial sabemos del desempeño, de la tarea cumplida, de la jornada diaria y semanal, etc.

Quizás, la forma en que está redactado el tercer párrafo de fs. 135 vta., haya dado lugar al apelante a interpretar que la señora juez a quo extrae, de una situación equivalente, una conclusión distinta y desfavorable a su parte. Se dice allí, que "en la prueba confesional, ambas partes se mantuvieron en sus dichos Por lo que la Judicante considera que la relación laboral existió entre las partes". Leído el párrafo aisladamente, puede dar la impresión de que lo que lleva a S.S. a tener por acreditada la relación, es que ambas partes se hayan manteniodo en su postura. Sin embargo, si se interpreta ampliamente, y estando esas frases a continuación de la valoración de la prueba testimonial, no caben dudas que se quiso decir que habiendo sido la testimonial francamente favorable a la actora y no surgiendo nada útil de la confesional, hay razones para interpretar que la relación laboral existió, "quedando dilucidada la primera cuestión controvertida", como reza el comienzo del penúltimo párrafo de fs. 135 vta.

Desestimados los tres agravios iniciales, cabe entrar al último, vinculado a la suma tomada en cuenta a los fines de la liquidación. Tampoco aquí, la suerte es favorable al apelante, en vista de que siguiendo a fs. 54, donde según el recurso "se encuentran las planillas con los montos adecuados", vemos que la retribución inicial de un vendedor B es de pesos 1.121, 96, que sumado a un no remunerativo de 258,05, da 1380.01, que resulta mayor a la reclamada, cuya condena no puede por ende producir agravio.

Por tales razones, voto por rechazar el recurso de la parte demandada y por confirmar la sentencia de primera instancia a su respecto; con costas, art. 67 CPCC. Teniendo presente la reserva formulada.

El recurso de la parte actora, mientras tanto, debe tener acogida sólo en lo que se refiere a la ley 24013, que en mi concepto está suficientemente reclamada, (con la salvedad que formularé) a fs. 6 vta, penúltimo párrafo. En cambio, se comprueba que falta en la demanda una argumentación como la de fs. 144 vta., puntos "b" y "c", notoriamente extemporánea, según el principio del art. 271 CPCC. Lo que torna procedente el argumento de la sentenciante a quo al desestimar dichos rubros, aplicando criterios pacíficamente mantenidos por ésta Cámara, acerca del modo de plantear las demandas. Voto, en consecuencia, por hacer lugar al reclamo, pero sólo por el art. 8, toda vez que si he de estar al párrafo comentado para acoger el agravio, deberé estarlo también para hacer lugar a lo que allí solicita, donde no se menciona al art. 15 de la citada ley de empleo. La suma asciende a pesos 1.792,49, que se deberá agregar en cuanto a plazos e intereses, al punto I del fallo de fs. 137; con costas de ambas instancias a la demandada perdidosa. Correspondiendo rechazar, con costas, los demás aspectos del recurso; en ambos casos, art. 67 CPCC. Teniendo presente, también en este caso, la reserva efectuada. El Dr. Cabrera, adhiere al voto anterior.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo FALLA I) Rechazando el recurso de la parte demandada, con costas.

II) Haciendo lugar parcialmente al recurso de la accionante y en su mérito condenando a Oscar Fabián Lizondo, Mariela Campos y quien resulte responsable, a pagar a la actora María Noemí Bazán (en el plazo y con los intereses establecidos en el punto I del fallo de fs. 137), la suma de pesos un mil setecientos noventa y dos con cuarenta y nueve centavos ($ 1.792,49). Costas de ambas instancias, a la parte demandada.

III) Rechazando los demás aspectos de este mismo recurso, con costas.

IV) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique en 1ª Instancia, teniendo presente las reservas formuladas y mandando registrar, notificar, reponer y bajar los autos al Juzgado de orígen.