Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-03


Reg.: A y S t 283 p 349/355.

En la ciudad de Santa Fe, a los tres días del mes de julio del año dos mil dieciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia doctores Daniel Aníbal Erbetta, Mario Luis Netri y Roberto Héctor Falistocco con la presidencia de su titular, doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BERTOLATTO, Néstor Moisés contra PROVINCIA DE SANTA FE -Recurso contencioso administrativo- (Expte. 25/13) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Queja admitida)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511290-4). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Spuler, Gutiérrez, Erbetta y Netri.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S. T. 275, págs. 338/339, esta Corte admitó la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia de fecha 26.3.2015, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número 2, por entender que la postulación del quejoso contaba -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de la causa, e importaba articular con seriedad planteos que revestían entidad constitucional con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de la instancia extraordinaria.

El nuevo análisis de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arribada por el Cuerpo. Por lo tanto, y de conformidad a lo expuesto por el Señor Procurador General a fojas 360/363, corresponde declarar la admisibilidad del presente recurso.

Por ello, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Erbetta y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

1. Conforme surge de las constancias de la causa, el señor Néstor Moisés Osvaldo Bertolatto interpuso recurso contencioso administrativo contra la Provincia de Santa Fe, tendente a obtener el reconocimiento y pago de la indemnización por fallecimiento de su esposa, María Esther Lengruber, quien se desempeñaba como ayudante de cocina de la Escuela nro. 234 de la localidad de Carcarañá; con más los intereses moratorios desde la fecha del reclamo y hasta el efectivo pago, y costas (v. fs. 22/28). Fundó su pretensión en los artículos 32 inciso "c", 36 y 26 de la ley 8525.

Relató que habían contraído matrimonio el 14.7.1955, y que hasta el fallecimiento, producido el 7.7.2008, llevaron una vida en común; y que se le había acordado el beneficio de pensión en su carácter de cónyuge supérstite, en virtud de lo establecido por el artículo 25 inciso "b" de la ley 6915. Destacó además que se encontraba totalmente incapacitado para el trabajo, que gozaba de una jubilación como ferroviario en la A.N.S.E.S., y que el ingreso familiar más importante provenía de la agente provincial fallecida.

Afirmó que, en consecuencia, su reclamo resultaba procedente con base en el artículo 32 inciso "c" de la ley 8525, por encontrarse incapacitado y haber accedido al beneficio de pensión en forma exclusiva "aun de contar con calidad de causa-habiente o derecho-habiente de la fallecida (artículo 36)"; y que el régimen de la 8525 resultaba aplicable, por no encuadrar el caso en la excepción prevista en el artículo 2, inciso "f", referida al "personal comprendido en estatutos especiales".

Remarcó que la regla en esta materia es la inclusión del grupo familiar "per se" como beneficiario del resarcimiento, y que la distinción establecida por el artículo 36 inciso "a" de la ley 8525 entre "la cónyuge" y "el cónyuge" es inconstitucional por ser discriminatoria, antagónica al espíritu que inspira el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos fundamentales, y lesiva del derecho a la protección integral de la familia consagrada por el artículo 14 bis de la Constitución nacional y los tratados internacionales que mencionó.

Postuló la irrazonabilidad de la exclusión legal del cónyuge no incapacitado totalmente para el trabajo o no dependiente económico, por cuanto importa colocarlo en peor condición a la que se hallaba antes de acaecer la contingencia, lo que afectaría su derecho de propiedad.

La demandada, en el responde, planteó la inadmisibilidad del recurso por falta de agotamiento de la vía administrativa previa, por haberse omitido el recurso jerárquico; y su improcedencia, en primer lugar por no haberse acreditado los requisitos necesarios para resultar beneficiario de la indemnización reclamada -declaratoria de herederos que acreditara que el vínculo matrimonial subsistía al tiempo del fallecimiento, y carácter de único sustento del ingreso de la cónyuge-.

En segundo lugar, alegó que la causante se encontraba excluida del ámbito de aplicación de la ley 8525 en los términos de su artículo 2 inciso "f", atento que la regía un estatuto especial -el correspondiente al Agrupamiento Asistentes Escolares, decreto 516 del año 2010-. En tal sentido, invocó los precedentes "Bossi" y "Vocos", en los que esta Corte negó el reconocimiento de beneficios por aplicación analógica de la ley 8525 o de los principios de la seguridad social, desechando que tal solución afectara derechos o garantías constitucionales.

En tercer lugar, negó que se hubieran vulnerado los derechos previsionales del recurrente, atento a que cuenta con una jubilación nacional y un beneficio de pensión provincial, de modo que su nivel de vida no se encuentra comprometido.

La Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2 de Rosario, por sentencia de fecha 6.6.2017, resolvió declarar improcedente el recurso (fs. 294/304). Para así decidir, tras superar la cuestión de la admisibilidad, descartó que la causante se encontrara regida a la fecha del fallecimiento por la ley 8525, sea por vía directa, supletoria y/o analógica, o por la ley de contrato de trabajo, de conformidad a lo establecido por su artículo 2; y aseveró que, por el contrario, la agente se encontraba sometida a un estatuto especial -el decreto 2824 del 4.9.1984, referente al Personal Escolar No Docente-, y por tanto excluida de la ley 8525, de acuerdo a lo normado por el artículo 2 inciso "f" de ésta.

Concluyó que no correspondía en el caso aplicar las leyes invocadas por la actora, que sí preveían la indemnización pretendida para otros sectores de empleados privados o estatales, a diferencia de lo que ocurría con el estatuto especial específicamente aplicable en estos autos.

Con cita de precedentes de la Cámara de lo Contencioso administrativo Nro. 1, señaló que debía desecharse toda posibilidad de recurrir a la analogía a los fines del reconocimiento de derechos como el pretendido, pues les está vedado a los jueces inmiscuirse en las atribuciones de los órganos políticos.

Remarcó que no podrían soslayarse las consecuencias que se seguirían de sostener que por el hecho de que la ley de contrato de trabajo o uno o varios estatutos del sector público previeran determinadas indemnizaciones, y, en general, determinados derechos, todos los servidores del Estado debían gozar de los mismos.

Expresó que dicha postura conduciría a arribar, por la impropia vía de las sentencias judiciales y en contra de lo establecido por el artículo 55, inciso 23, de la Constitución provincial, a la consagración de una suerte de estatuto pretoriano del empleado público integrado con lo mejor de los ordenamientos sancionados por los órganos habilitados constitucionalmente para ello; y citó el precedente "Regue", de esta Corte, que, si bien referido al personal docente, resultaba trasladable al caso. En dicho fallo se destacó que la solución adoptada no importaba una discriminación arbitraria ni una vulneración de los principios de igualdad y progresividad de los derechos fundamentales.

Finalmente, señaló que las consideraciones reseñadas resultaban suficientes para concluir en el rechazo del recurso, tornándose dispendioso analizar los restantes fundamentos expuestos por las partes.

2. Contra dicha decisión deduce el actor recurso de inconstitucionalidad con fundamento en que el Tribunal se habría apartado de los cánones de motivación y fundamentación exigibles, afectando con ello el derecho a la jurisdicción (artículo 1, inciso 3, ley 7055).

Tras argumentar en torno a la concurrencia de los recaudos de admisibilidad de la impugnación, alega que la Cámara "omite la aplicación al caso de la ley 8525, sin que el principio del iura novit curia fundamente recurrir a lo normado por su artículo 2 inciso 'f', atendiendo a lo regulado en el decreto 2824/84 y en el decreto 516/10, sustitutivo de aquél".

Postula que se soslayó distinguir entre el derecho y la ley, resaltando que lo pretendido encuentra consagración expresa en la Constitución provincial y en el ordenamiento jurídico todo.

Sostiene que el decreto 2824/84 no constituyó un cuerpo orgánico propio, estructurado sobre la base de una realidad diferente, de particularidades propias conforme a las actividades y funciones desarrolladas por la agente fallecida, que se traduzcan en un "estatus especial" y referencien su particular pertenencia un subsistema jurídico conforme pautas de unidad y globalidad exigidas.

En ese sentido, señala que si ésta hubiese sido la intención del legislador hubiese dictado la legislación con características omnicomprensivas de la relación de empleo, sin remisión al régimen general (artículo 55, inciso 23, Constitución provincial). Indica que la reglamentación de la estructura escalafonaria, no puede considerarse que contemple todo lo normativamente requerido.

Tras alegar acerca de la pertenencia de la indemnización reclamada al área de la seguridad social, y la configuración de una vulneración del derecho a la igualdad, destaca que al personal del Agrupamiento Asistentes Escolares encuadrado en el decreto 2824/84 expresamente se lo incorpora, en su artículo 1°, al Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Provincial, decreto acuerdo 2695/83, para quienes la ley 8525 instituye la indemnización en cuestión.

Cuestiona asimismo la sentencia en crisis en cuanto juzgó inaplicable supletoria o analógicamente la ley 8525 o la ley de contrato de trabajo, recurriendo a precedentes judiciales con poca o ninguna afinidad con la cuestión en debate, vulnerando con ello la Cámara el principio de congruencia, ya que fueron cuestiones no articuladas.

Por último, alega acerca del principio protectorio contendido en el artículo 14 bis de la Constitución nacional y la preferente tutela del trabajador y su familia contemplada en el artículo 21 de la Carta magna provincial; y se agravia de la falta de aplicación del principio "in dubio pro justicia social", y de la omisión probatoria en que incurrió la Provincia.

3. Por decisorio de fecha 2 de setiembre de 2015 la Cámara "a quo" denegó la concesión del recurso, accediendo el impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja, como se expusiera al tratar la primera cuestión.

4. Habiéndose cuestionado desde el plano constitucional la respuesta jurisdiccional de la Cámara, el examen de las constancias de la causa me convence de que la sentencia debe ser dejada sin efecto, desde que la ausencia de motivación suficiente reprochada a los Sentenciantes se verifica configurada.

En efecto: la "a quo" se planteó como cuestión medular a resolver si la causante se encontraba regida a la fecha del fallecimiento por la ley 8525, en cuyas disposiciones fundaba el recurrente la procedencia de la indemnización reclamada, o, por el contrario, se hallaba sometida a un estatuto especial, y por tanto excluida del ámbito de aplicación de aquélla (de acuerdo a lo normado por su artículo 2 inciso "f").

Para ello -señaló- debía partirse de la situación de revista de la agente a la fecha del fallecimiento -7.7.2008-, esto es, su pertenencia al Agrupamiento Personal Escolar No Docente, el que se encontraba regido por el decreto nro 2824/84 -y fue posteriormente sustituido por el Agrupamiento de Asistentes Escolares, decreto 516/10-. Se trataba, pues, de un estatuto especial, que, por imperio del artículo 2 inciso "f" de la ley 8525, excluía la aplicación de la misma.

Concluyó pues que no correspondía acceder a la concesión del beneficio de indemnización por fallecimiento, reclamado con fundamento en la ley 8525.

Y bien: dicho razonamiento omite toda consideración a la norma contenida en el artículo 30 del estatuto especial que el propio Tribunal consideró regía a la causante (decreto 2824/84), según el cual "el personal comprendido en este agrupamiento tendrá todos los derechos y beneficios que confiere el Estatuto Escalafón para los agentes civiles de la Administración Pública provincial".

Dicho dispositivo, ausente en otros estatutos especiales aplicables en diversos sectores de trabajadores estatales sobre los que ha tenido ocasión de pronunciarse esta Corte ("García", A. y S. T. 244, pág. 222; "Bossi", T. 251, pág. 74; "Ghione", T. 252, pág. 426; "Regue", T. 258, pág. 464; "Vocos", T. 260, pág. 77; "Kloster", T. 264, págs. 54/61), debió necesariamente ser considerado por la "a quo" como integrante del grupo normativo que regía el caso, a fin de analizar su incidencia -positiva o negativa- en orden a la procedencia de la indemnización pretendida.

Al no haber ocurrido así, la respuesta dada por los Magistrados -sustentada, como se dijo, meramente en la inaplicabilidad al caso de la indemnización por fallecimiento prevista en la ley 8525, de conformidad con la exclusión del "personal comprendido en estatutos especiales" dispuesta por su artículo 2 inciso "f"-, no satisface las exigencias de adecuada y suficiente fundamentación que demanda la Constitución.

Los fundamentos expuestos bastan para sustentar la anulación del fallo en el caso en estudio, tornándose inoficioso -en sentido coincidente al señalado por el Señor Procurador General en su dictamen de fojas 360/363- que esta Corte se pronuncie en la presente oportunidad sobre otros aspectos involucrados en la causa.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Erbetta y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de los autos al Tribunal de origen a fin que por los subrogantes legales que corresponda juzgue nuevamente la causa; con costas por su orden.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Erbetta y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito al acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de los autos al Tribunal de origen a fin que por los subrogantes legales que corresponda juzgue nuevamente la causa; con costas por su orden.

Registrarlo y hacerlo saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2.