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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestiones procesales, sentencia suficientemente fundada, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SINDICATURA BID COOP. LTDO. c/ BANCO RIO DE LA PLATA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-21

La presente queja no ha de prosperar ya que, no obstante la postulación de los presentantes de que las pautas sentadas por el artículo 5 de la ley de aranceles sólo juegan en causas insusceptibles de apreciación pecuniaria y que las previstas en el artículo 4 no podían conducir a una rebaja en el caso; sólo caen en el mero disenso hermenéutico conceptual, sin lograr perfilar un agravio constitucional pues, en rigor, no deja de ser una selección normativa del Sentenciante dentro de los parámetros de razonabilidad para arribar a una equilibrada y justa retribución de los emolumentos con sujeción a la naturaleza e importancia de los trabajos realizados.

En este sentido, la Cámara efectuó un análisis del desarrollo que había tenido el procedimiento luego de transitar ambas instancias y de los efectos que la nulidad dispuesta en la causa -validez de todos los actos probatorios con excepción de una testimonial- tendría en relación a la actuación de los profesionales -aprovechamiento de la importante actividad probatoria ya desplegada y reedición de otros actos procesales-, para concluir que procedía la rebaja del 33% de los honorarios, tomando la división del proceso en etapas contemplada en el artículo 9 de la ley 6767 y considerando la provisoriedad de la regulación de honorarios -ya que la finalización del proceso dará lugar a una nueva fijación.
Robo simple, tentativa, motocicleta, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Leone, Eduardo Carlos s/ Robo - Motocicleta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

La conducta del acusado, que intentara sustraer una motocicleta debe encuadrarse en las previsiones de los arts. 42, 44 y 164 del C P., no pudiendo incluirse en las contenidas por el art. 38 del decreto - ley 6.582/58, ya que la resolución 586/88 que incluyó a los motovehículos, no se trata de un decreto del P.E.N., sino de un simple acto administrativo insusceptible de tener validez.
Recurso de inconstitucionalidad, daños y perjuicios, indemnización por clientela, valor llave, permisionario, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUARDERIA NAUTICA ROSARIO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-01

La sentencia impugnada debe ser anulada en relación a lo resuelto respecto al reclamo de los rubros "clientela" y "valor llave", toda vez que las afirmaciones de la Sala para fundar la procedencia de la indemnización otorgada resultan insuficientes, apartándose de las constancias de la causa a la hora de justificar la existencia de un empobrecimiento que pudiese dar andamiento a la reparación pretendida; desde que el permisionario no sólo no puede objetar el destino que el Ente Público le otorgue al predio una vez vencido el plazo convencional, sino que tampoco puede reclamar a las demandadas reparación alguna bajo los rubros antes mencionados, ya que ninguna compensación económica puede exigirles quien ya no tenía derecho alguno para continuar con la explotación de la guardería náutica, a lo que cabe agregar que si no existen áreas disponibles para ese rubro donde pudiese haber continuado con dicho emprendimiento, de manera alguna puede achacársele ello a las demandadas.
Ejecuciones especiales, proceso penal, prisión domiciliaria, inadmisibilidad del recurso, cuestiones procesales, pandemia, derecho a la salud, falta de agravio concreto, faltas relacionadas con la higiene y la salud, medidas de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: Leyes, Jorge Alberto s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-09

Corresponde declarar inadmisible el recurso deducido, toda vez que el recurrente se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes para rechazar la prisión domiciliaria. Para denegar la solicitud defensista, la magistrada de la instancia anterior consideró determinante el informe médico remitido por el Complejo Penitenciario Federal VI "Luján de Cuyo" que concluyó que los padecimientos de salud que presenta Leyes no lo colocan dentro de ninguno de los "grupos de riesgo" definidos por las autoridades sanitarias. Descartó que la situación de Leyes se encontrara comprendida en alguno de los supuestos que prevé la Acordada 9/20 de esta CFCP. Al respecto precisó que el agotamiento de la pena impuesta operará el 10/8/2022, que el nombrado se halla temporalmente alejado del régimen preparatorio para la libertad, y que se encuentra sujeto a las previsiones de la ley 27375, motivo por el cual "no resulta posible la concesión de salidas transitorias ni de libertad condicional a su respecto". Por lo demás, cabe señalar que la sola alusión a la pandemia del COVID-19 en el caso no habilita automáticamente a modificar la modalidad de encierro que sufre un imputado (Acordada 9/20 de esta CFCP), más aún cuando no se verifica una situación de riesgo concreta y actual que aqueje a Leyes y que justifique acceder a lo peticionado. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde, atento a la pandemia declarada, encomendar a la jueza de ejecución que continúe requiriendo a la unidad carcelaria donde se encuentra detenido que arbitre los medios necesarios tendentes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene. Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESMORIZ, TERESITA AGAR c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ COBRO RUBROS LABORALES. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   N° 392-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-06

Al margen de cuál sea el grado de vinculación de las decisiones de la Corte Nacional, razones de utilidad y conveniencia (criterio de "Llorca"), seguridad jurídica, de economía procesal y para evitar fallos contradictorios (criterio de "Acosta"), determinaron que en "Bartolotta", la Corte Provincial se inclinara por seguir las directrices fijadas por aquélla aun en la hipótesis de que interprete que la recurrida es sentencia definitiva por concurrencia de las circunstancias que, en su momento, lo llevaron a sostener aquel criterio.
Cuestiones de competencia, empresas del Estado, correos, ENCOTESA, accidentes de trabajo, tercero demandado, competencia federal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Benicasa, Mabel I. c/ Correo Argentino s/ ind. por enf. acc.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Siendo Encotesa una empresa del Estado Nacional, hoy en proceso de liquidación, corresponde, por imperio de lo previsto en los arts. 116 de la Constitución Nacional y 2, incs. 6 y 12 de la ley 48, entender a la justicia federal en la causa en que se peticiona el pago de las indemnizaciones por accidente de trabajo y en la cual aquella empresa fue citada como tercero de intervención obligada (art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, plazos procesales, ejecución prendaria, desindexación, rechazo de la demanda, gravamen irreparable, sentencia interlocutoria, resoluciones apelables
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ LABORATORIO BIOLOGICO Y EXPERIMENTADOR DEL SUD SA s/ RECURSO DE QUEJA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

Los ejecutados cuestionaron la entidad de la deuda en función de requerir la aplicación de la Ley 24.283, planteamiento este que, por su particular naturaleza y la finalidad que inspiró la sanción de ese régimen legal, no constituye propiamente una excepción en los términos del art. 30 del Decreto-ley 15.348/46 (Ley 12962). En tales condiciones, meritando que el sistema desindexatorio de la Ley 24.283 puede -eventualmente- tomar incidencia en cuanto al monto ejecutado y evitar la concreción de un gravamen insusceptible de ulterior reparación, y considerando -desde otro ángulo- que el aludido régimen es de "articulación libre", resulta apropiado interpretar que la interlocutoria que decide su rechazo no está sujeta al plazo de apelabilidad de dos días que establece el art. 30 de la Ley de Prenda, ceñido como se halla a las excepciones propiamente dichas. En consecuencia, y desde que al respecto no hay una norma específica para interponer el recurso, es razonable decidir que rige la norma general del art. 244 del Código Procesal;

solución esta que se adecua al principio de hermenéutica que aconseja preferir la tesis que mejor armoniza con los derechos y garantías constitucionales.
Incidente de verificación, quiebra, crédito por honorarios, costas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Sulfur SA c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por britos, monica silvia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Cabe rechazar la pretensión del abogado patrocinante del trabajador, para que su crédito por honorarios también reciba el reconocimiento del privilegio especial que la ley otorga al crédito de su cliente. Sucede que el crédito por honorarios del letrado regulados en un juicio de despido no está contemplado en la LCQ 241 sino en el 246 que regula el privilegio general. En efecto, cuando la LCQ 246-1° hace mención a las costas judiciales se refiere a aquellas que eventualmente corresponden al trabajador en las que están comprendidos los honorarios regulados judicialmente. El fundamento de la referencia a las costas del proceso es que el empleado actúa en juicio con el beneficio de gratuidad previsto en la ley 20744: 20, con lo que es necesario que la ley adopte un temperamento especial frente a estos gastos, destinado a evitar que sus titulares queden virtualmente privados de toda expectativa de cobro, susceptible de dificultar al dependiente de acceder a la asistencia letrada (v. Villanueva, Julia; "Privilegios", pág. 171, año 2004). En lo que respecta a los honorarios regulados en sede laboral sólo está previsto el privilegio general para aquellos aranceles que pudieran estar a cargo del trabajador.
Competencia por la materia, reclusión accesoria por tiempo indeterminado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: TISSERA, ANTONIO VALENTIN s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1976-05-11

La Cámara del Crimen es competente para intervenir en una causa donde es probable la aplicación de la medida accesoria del art. 52 C P.

Para que la probabilidad de aplicación surja, será menester que el imputado registre cinco condenas a menos de tres años, supuesto del inc. 4to. del art. 52 C.P., por ejemplo.-
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Estrella, Luis Fernando; Menéndez, Luciano Benjamín; Vera, Domingo Benito s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

El proceso no ha vulnerado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable atento no se ha logrado evidenciar que la duración del mismo, con las características que presenta por tratarse de delitos de lesa humanidad, pueda ser calificada de excesiva a la luz de los parámetros que la doctrina judicial vigente considera relevantes para su evaluación, en virtud de la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, todo ello conforme los parámetros fijados por la Corte Interamericana. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Intereses, intereses convencionales, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Integrado Departamental Cooperativo c/ Arias, Héctor Raúl y otros s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-06-09

Si bien es posible morigerar la tasa pactada con encuadre en el criterio del respeto a outrance de la realidad económica, pese a existir cosa juzgada sobre la cuestión, no cabe aplicar tal principio cuando la planilla practicada en base a la sentencia firme y con autoridad de cosa juzgada, condenando el pago del capital más intereses pactados, fue a su vez aprobada mediante providencia firme y consentida, recayendo posteriormente la sentencia de venta en la ejecución de sentencia, que manda llevar adelante la ejecución por ese monto con más intereses, también firme; el principio de preclusión procesal lo impide. Sí puede morigerarse la tasa en relación a los intereses posteriores a los contemplados en la liquidación, resultando adecuada la del 25,2 % comprensiva de compensatorios y punitorios.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, relación de dependencia, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: DEBONA, JORGE ATILIO c/ SANCOR C.U.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 74 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-23

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ya que no luce arbitraria la decisión de la Sala en cuanto no se ha apartado de la regla establecida por esta Corte según la cual "el método más confiable y seguro para desentrañar la verdadera naturaleza de la relación contractual es la comprensión global y entrecruzada de todos los aspectos fácticos del caso, de modo de poder encuadrarlo más dócilmente en una determinada figura jurídica".

Es que el planteo de la recurrente respecto a que el actor realizaba otras actividades no resulta conducente para alterar la decisión de la Alzada fundada en una apreciación del conjunto del material probatorio de la causa y de los hechos afirmados por las partes, por cuanto la "exclusividad" de ningún modo constituye un carácter diferencial del contrato de trabajo, más allá de que en algún caso en particular pueda ser importante para determinar si existe o no subordinación.

Una decisión diferente importaría exceder la jurisdicción de esta Corte habilitándola a revisar todos los pronunciamientos de los tribunales inferiores con menoscabo de los límites funcionales e institucionales impuestos por la Constitución y las leyes. (del voto en disidencia del Dr. Gutierrez).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Poder Judicial, superintendencia, actos de los poderes públicos, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARAMAYO, DOMINGO RAUL s/ REPOSICION EN EL CARGO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-14

Compete a la Corte Suprema la producción de aquellos actos de gobierno que, como cabeza de poder y órgano supremo de la organización judicial argentina, fuesen necesarios para garantizar la investidura de los jueces nacionales, incluido el juicio sobre la existencia de dicha investidura, en la medida en que ella ineludiblemente lo requiera.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, tribunales de instancia única, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FIORANO, LEONELLO ANGEL c/ GODANO, AURELIO s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 46-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-06

Es admisible la queja si la ausencia de definitividad contra la resolución del tribunal colegiado por el que se confirmó el decisorio del juez de trámite que no hizo lugar al pedido de regulación de honorarios argumentada por el a quo, fue adecuadamente rebatida por los quejosos quienes a tales fines, exponen el régimen de recurribilidad que existe en materia de honorarios, con especial referencia al artículo 29 de la ley 6767.
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Maldonado, Rabelino c/ Empresa Constructora Carlos F. Yensen y/o resp. y/o prop. s/ Dif. de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-10-20

El plazo de prescripción comienza a correr desde el momento en que la víctima tuvo conocimiento exacto de las consecuencias que el infortunio ocasionó en su capacidad laborativa.
Títulos de crédito, cheque, portador del título, bancos, representación de la sociedad, principio de apariencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO FRANCES SA c/ COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE TANDIL Y VELA LTDA. s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-12

Si bien se ha sostenido que "al tenedor legitimado de títulos valores no puede exigírsele que indague acerca de la subsistencia de los poderes otorgados por la sociedad, cuando quienes los revestían continuaron, luego de la revocación de tales poderes, disponiendo de cheques de la cuenta corriente del ente y de su sello social" (CNCOM, sala e, 27.4.87, In re, "Cabanne, Alejandro c/ Molinos Río de la Plata"), sin embargo, si el portador del título es una entidad bancaria de vasta trayectoria, no puede estimarse que hubiere sido sorprendido en su buena fe por la apariencia creada. A más, cuando el referido título fue librado por una cooperativa, pues conforme surge de la normativa legal, el representante legal de tal entidad es su presidente y si bien estatutariamente se previo la posibilidad de otorgar poderes, la entidad receptora del título debió asegurarse de la existencia del mismo previo a recibir el título, y no limitarse -como ahora en la especie lo hace- a asegurar su existencia sin ningún otro aporte probatorio.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, Inspección General de Justicia, sociedad anónima
Materia: PROCESAL - COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ASORTE S.A. s/ DEVOLUCION IMPORTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

Procede el recurso extraordinario cuando se encuentra en juego la inteligencia de normas de naturaleza federal, como son las que regulan las atribuciones de la Inspección de Justicia con respecto a las sociedades anónimas de capitalización y ahorro, y la decisión es contraria al derecho que la apelante fundó en aquélla (art. 14, inc.

3ro., de la ley 48).
Reposición in extremis, recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), interposición del recurso, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: AVARO, HORACIO LUIS RAMON c/ NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-18

Corresponde hacer lugar al recurso de revocatoria "in extremis", pues si bien entre las copias acompañadas por el quejoso al momento de interponer el recurso de queja ante esta Corte no se encuentran agregadas las del decreto que suspende los términos procesales como la del que los reanuda, surge de los autos principales -arribados con posterioridad a la resolución cuestionada- que se encontraban suspendidos los términos procesales, por lo que el recurso de inconstitucionalidad resulta interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 2 de la ley 7055.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, legalidad objetiva, legitimación activa, querellante conjunto
Materia: PROCESAL
Carátula: N., J.; R., S.A. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-26

Si con arreglo al C.P., artículo 71, a la Constitución Provincial, art. 195 inciso 3° y al C.P.P., artículo 12, el Estado, a través de sus órganos predispuestos, es el principal legitimado -conforme al principio de oficialidad- a perseguir los delitos de acción pública, el querellante podrá adherirse a la investigación ya iniciada, pero con las limitaciones que el C.P.P. establece, -artículo 12, ap. 3°-.

Estas restricciones equivalen a que el derecho de la parte querellante a recurrir las decisiones jurisdiccionales, depende de la autorización expresa de la ley o que pueda hacerlo el Ministerio Fiscal y que efectivamente el titular de la acción ejercite la impugnación. Aceptar una autonomía recursiva del querellante que vaya más allá del interés incriminante fiscal sería delegar, por medio del ritual, a un acusador privado con plena independencia, una acción penal que el orden público no le ha concedido.
Obligaciones, responsabilidad mancomunada, obligaciones solidarias, partes del proceso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Althabe, María Magdalena y otro c/ Feel SA y otros s/ ordinario s/ incidente art 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-02

No se ignora que los principios de la solidaridad se producen únicamente en las relaciones de la parte acreedora con la parte deudora, y que una vez efectuado el pago de la prestación la solidaridad se extingue. No obstante, si uno de los deudores pagó el total de la obligación solidaria pese a deber sólo su cuota-parte, en lo que excediere de su porción hizo el pago de una deuda ajena, cuyo reembolso puede por ende exigir de sus codeudores (Alterini J. "Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético" T. IV, pág. 339, edit. La Ley).
Aplicación de la ley, funcionarios de facto, proceso de reorganización nacional
Materia: CIVIL
Carátula: Sousa, Claudia Beatriz c/ A.N.Se.S. s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-05

Si bien la Ley 26.475 declaró extinguidos los beneficios obtenidos por aquellos funcionarios que se hubieran desempeñado como Presidente de la Nación, Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado en organismos descentralizados y en entidades descentralizadas de la Administración Pública Nacional durante el llamado "Proceso de Reorganización Nacional", es evidente que la intención del legislador apunta a cercenar la posibilidad de la obtención ilegítima de beneficios, generados sobre la base de una calidad de integrantes de un poder no sustentado en bases democráticas, lo que tornaría nula su designación. Admitiendo la posibilidad de invocar los servicios para obtener el beneficio en el régimen general. De ello puede interpretarse en el sentido que permite preservar el status jubilatorio alcanzado y, no echa por tierra los servicios prestados, sino que admite su consideración dentro del régimen general. (Disidencia de la Dra. Lucas).