Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-03-16


Río Gallegos,	16	de marzo de 2010.- Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados: "EMPASA S.A. c/ OLIVER JUAN ANTONIO Y OTROS s/ SUMARIO", Expte. Nº E-18.760/01 (E-1.540/06-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y, CONSIDERANDO:

I.- Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación que interpusiera la parte demandada a fs. 235/251 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 225/229, argumentando quebrantamiento de las formas, violación de la ley y arbitrariedad.- Se agravia la parte demandada en los siguientes términos: ". Que, por el presente se articulan formal recurso extraordinario provincial de casación por violación de la ley sustantiva y adjetiva; por quebrantamiento de las formas sentenciales y por arbitrariedad en la actividad de juzgamiento y aplicación de los artículos 1044, 1047, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1190, 1191, 1192, 2255, 2263, 2264, 2271, 2283 y concordantes del Código Civil, artículos 58, 268 y concordantes de la Ley de Sociedades; y artículos 34 inciso 4º, 164 inciso 6º y concordantes del C.P.C.y C. en los términos previstos por los artículos 2º y 3º) inciso a) -Recurso de Casación- de la Ley 1687, contra la sentencia definitiva de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial. Peticionando, en consecuencia, que V.E. case en su totalidad la sentencia aludida, con pérdida de eficacia jurídica, revoque la sentencia de primera instancia en sus puntos 1º) y 2º) y componga positivamente la litis, rechazando la demanda en todas sus partes. O en su defecto case la sentencia de Cámara por quebrantamiento de sus formas, decretando su nulidad y mande juzgar nuevamente por nuevos jueces hábiles conforme a derecho." (confr. fs. 235). Fundamenta su recurso en las siguientes consideraciones: "A) VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA Y ADJETIVA: Violación de la Ley. Sentencia Arbitraria" (confr. fs. 241 vta.). Aduciendo que la actividad del sentenciante se inició correctamente cuando analiza el ".vínculo contractual 'que se constituyera con los comodatarios'. Lo retoma fundamentalmente porque categóricamente entiende y lo destaca, que el solo antecedente invocado por la actora como fundamento de la restitución de bienes reclamados, no puede válidamente ser oponible a los demandados. Esto es, juzga acertadamente que la ya decretada declaración de nulidad del acto no basta para obtener la restitución de las maquinarias reclamadas." (confr. fs. 242), pero que ".acto seguido, la actividad de juzgamiento se desentiende de la traba de la litis, de lo alegado y probado por las partes, y con un evidente quebrantamiento del acto sentencial, el conocimiento jurisdiccional del contrato celebrado por la empresa actora con los demandados, no comienza lógicamente con base en los términos del mismo, su posibilidad de confirmación o reconducción, naturaleza y término o plazo del contrato, su prueba y alcances, circunstancias todas invocadas por la demandada. Esto es, no atiende las pretensiones esenciales de las partes, particularmente se aparta de los fundamentos expuestos lacónicamente en los términos de la demanda o traba de la litis, sino que el análisis comienza con la pretendida comprobación de la buena fe de los demandados que no fue precisamente objeto de articulación en la demanda." (confr. fs. 242 vta.). Alega que el objeto de la demanda es ".la restitución de los bienes que detentan los demandados por entender que los retienen sin causa y título alguno. La acción tiene un preciso límite, la pretensión está encorsetada en la nulidad del contrato de comodato decretada. No invocan mala fe de los demandados, ni desconocen la preexistencia del comodato." (confr. fs. 242 vta./243). Asimismo sostiene que la Excma. Cámara omitió tratar temas esenciales introducidos en la contestación de demanda, tales como la inoponibilidad de sentencia que declara la nulidad del comodato ya que a los demandados jamás se le dio intervención en el incidente que declaró dicha nulidad, como tampoco trató la cuestión alegada por los demandados respecto a que el interventor de la sociedad ".nos intimó a que presentáramos las Rendiciones de Cuentas emergentes del Contrato de Comodato. Cumplimos con tal intimación, le entregamos periódicamente las rendiciones correspondientes y las mismas fueron recibidas sin observaciones por el Señor Interventor Judicial dejándonos copia con constancia de ello." (confr. fs. 243) las que fueron agregadas por el mismo interventor a la causa "Rodríguez Carrera Aníbal c/ Empasa s/ Acción de Nulidad s/ Incidente Medidas Cautelares" por lo cual ".la falta de expreso tratamiento de cuestión esencial oportunamente propuesta, advierte un notorio déficit sentencial con grave afectación al derecho de defensa de los demandados." (confr. 243 vta.). Manifiesta que la Excma. Cámara ".no sólo atiende circunstancias no invocadas por la parte actora, sino que a la vez, ha dejado de apreciar hechos esenciales y conducentes invocados por los demandados directamente vinculados con el reconocimiento del comodato por la intervención de la empresa actora." (confr. fs. 244). Agregando que ".El contrato de comodato fue confirmado por la actuación de los administradores interventores judiciales, porque no existía exigencia legal para que firmara simultáneamente el coadministrador judicial; el artículo 1044 exige que no tuviere la forma exclusivamente ordenada por la ley. No configura un supuesto de nulidad absoluta no susceptible de confirmación." (confr. fs. cit.), y que esta cuestión fue planteada específicamente al contestar la demanda. Aduce que ".el contrato declarado nulo constituye principio de prueba por escrito para los demandados en la prueba del comodato invocado y consentido por el interventor de la empresa. Ello, conforme a los artículos 1191 y 1192 segundo párrafo del Código Civil, ya que existe un acuerdo privado, que este emana del adversario o de la parte interesada en el asunto que hace verosímil el contrato litigioso." (confr. fs. 244 vta.). Alega asimismo que ".En el contrato celebrado con fecha 15 de septiembre del año 1997, se estableció plazo de vencimiento o de extinción del mismo, en las cláusulas segunda y tercera. En la cláusula segunda se establece que el comodante dará a los comodatarios los equipos consignados en el anexo nº 1, con el solo fin de cancelar deudas que en concepto de haberes y otros rubros laborales acuerda a los mismos. A su vez, en la cláusula tercera, se especifica que los comodatarios usufructuarán los equipos con el objeto que de lo producido líquido se aplique en forma paulatina y proporcional entre los mismos, a la cancelación del monto de la cláusula segunda." (confr. fs. cit.). Denuncia que oportunamente los demandados iniciaron demandas laborales -las cuales nombra-, anoticiando al Tribunal que las mismas cuentan con sentencias favorables de Cámara que establecen que a los créditos laborales reconocidos a los actores en esas causas (demandados en ésta) se les deberá deducir la suma correspondiente a las ".sumas percibidas por cada uno de los suscriptos comodatarios como consecuencia del contrato de comodato de fecha 15 de septiembre de 1997 y de acuerdo a las rendiciones acreditadas en las causas mencionadas." (confr. fs. 245 y vta.). Manifiesta en fin, que ".Encontrándose pendiente el plazo estipulado en el contrato es perfectamente posible la reconducción del contrato por el interventor judicial de la empresa, como coadministrador, en cuanto a la aceptación de las rendiciones de cuentas. En este cuadrante, los demandados han apuntado que: 'Esta situación también hace caer la nulidad planteada, ya que el contrato fue reconocido y aceptado por el Interventor. Es un caso donde resulta aplicable la teoría de los actos propios según la cual nadie puede válidamente ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz'." (confr. fs. 245 vta./246). Como segundo núcleo de agravios alega "B) QUEBRANTAMIENTO DE FORMAS SENTENCIALES" describiendo los alcances del principio de congruencia (art. 164, inc. 6º, del C.P.C. y C.) y que ".Este principio, el de congruencia, es el que ha sido violado sistemáticamente en la causa, más aún, se ha juzgado contradictoriamente, la sentencia presenta un alarmante contradictio in terminis, más allá de lo pedido y probado por la parte actora; esto es, se ha juzgado ultra petita. La violación es clara, la demanda se funda en la nulidad del convenio o contrato de comodato ya decretada sin intervención de los demandados. En función de ello se peticiona el reintegro de los bienes. La sentencia en el mérito del primer punto, que presenta como primera cuestión a dilucidar, referida a los alcances de la sentencia que declara la nulidad del contrato de comodato. sostiene que la misma resulta inoperante respecto de los demandados. Lo demás juzgado por la Excma. Cámara, es ultra o extra petita, con afectación del derecho de defensa de los demandados." (confr. fs. 246 y vta.). Manifiesta que ".No existe en la demanda otro fundamento que no sea la nulidad decretada respecto de Juan Vido. La acción no tiene otro argumento, ni se ha pedido nulidad alguna respecto de los comodatarios." (confr. fs. 246 vta.), entonces -pregunta- ".¿Cuál es la causa de la restitución si la propia Cámara reputa inoperante la nulidad invocada por la actora? Los señores jueces de Cámara para encontrar algún sustento a su resolución han tenido que ingresar en la consideración de circunstancias no invocadas en la demanda. Y a la vez, han dejado de fallar sobre cuestiones expresamente propuestas por las demandadas (ver especialmente consideraciones, ultra petita del Punto V de la Sentencia Recurrida, párrafo sexto, infra nº 6 y 7)." (confr. fs. cit.). Como tercer núcleo de agravios fundamenta la "Arbitrariedad de sentencia" (confr. fs. 249) diciendo que ".La sentencia sub exámine tiene sólo una fundamentación aparente, insuficiente para considerarla como un acto jurisdiccional legítimo. Constituye una mera afirmación dogmática que se desentiende de las constancias acreditadas en la causa. No analiza el ad quem, ninguno de los hechos de esta causa ni la inteligencia de las normas que se aplican a este caso." (confr. fs. 251). Cita jurisprudencia y doctrina que hace a su derecho y realiza reserva del caso federal.- Concedido el recurso a fs. 368/369, se ponen los autos a disposición de las partes para que aleguen su derecho de conformidad con el artículo 8º de la ley 1.687, facultad que no es ejercida por ninguna de ellas.- Corrida vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina a fs. 375/376 vta. que ".tanto la sentencia de Primera Instancia y la dictada por la Excma. Cámara se encuentra ajustada a derecho y le asiste razón al disponer que los demandados carecen de instrumento legal para rechazar la acción de restitución iniciada por la actora. Por los argumentos hasta aquí expuestos, soy de la idea que corresponde declarar improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 235/251 vta.." (confr. 376 vta.).- II.- Que se analizará en primer término el agravio del quebrantamiento de las formas, ya que de ser el mismo procedente, resultará inoficioso tratar los restantes. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas está establecido por nuestra ley adjetiva para los casos en que ".se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia." (confr. art. 2º, ley 1.687).- Este Tribunal ha considerado procedente este remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válida (confr. Tomo V, Sentencia, Reg. 166, Folio 857/859, Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238) o incongruencia palmaria por omisión total o parcial, de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (confr. Tomo III, Sentencia, Reg. 90, Folio 404/408; Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238), o la incongruencia entre el objeto de la pretensión y lo efectivamente resuelto (confr. Tomo XII, Sentencia, Reg. 425, Folio 2322/2327).- En el caso que nos ocupa, la Cámara trata las cuestiones planteadas por los demandados, y les da la razón, pero, luego pasa a proponer un interrogante surgido de su propia cosecha consumando un evidente apartamiento de los términos en que quedara trabada la litis. Esto constituye una violación de las formas sustanciales que se deben cumplir en una sentencia. En efecto, el art. 164 inc 6º establece expresamente que la sentencia debe tener ".La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio.".- La SCBA ha dicho que ".Corresponde la anulación de oficio del fallo que trata una cuestión ajena a la relación procesal." (SCBA, L 33780 S 11-9-1984 "Fratini, Juan Carlos c/ Producciones Alfa 3 y otros. s/ Despido", L 33543 S 30-4-1985, " Escobar, Patrocinio c/ Compañía Fulget S.A. s/ Accidente de trabajo", entre otros).- Cabe señalar de inicio que, si bien es cierto que el recurso extraordinario provincial no tiene por objeto revisar en una tercera instancia las cuestiones de derecho común que fueron motivo de análisis y decisión por los jueces de grado, no es menos cierto que este Tribunal ha hecho excepción a tal criterio cuando la sentencia impugnada carece de los requisitos que la sustenten como acto jurisdiccional y de ello se derive una manifiesta violación a derechos o garantías constitucionales (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo III, Sentencia, Reg. 90, Folio 404/408; Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238; Tomo V, Sentencia, Reg. 166, Folio 857/859).- Ante circunstancias como las apuntadas, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo que ".si bien es cierto que la determinación de alcance de las peticiones de las partes y las cuestiones comprendidas en la litis remite al estudio de cuestiones fácticas y de índole procesal, ello no resulta óbice para que esta Corte pueda conocer en un planteo de esa naturaleza cuando la decisión de los tribunales de la causa traduce un apartamiento de las constancias del expediente y de la adecuada interpretación de los principios que informan el debido proceso adjetivo consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional." (Fallos: 314:1875, voto del Dr. Fayt, Considerando 3º).- Reiteradamente este Tribunal ha tratado la violación del principio de congruencia procesal en el andarivel de artículo 2 de la ley 1.687 (Recurso de Casación): ".En materia de incongruencia, el remedio se opera a través de la vía del quebrantamiento de formas (art. 2 Recurso de Casación - Ley Provincial 1687), precisamente por tratarse de un vicio estructural que necesariamente invalida al pronunciamiento así dictado." (confr. Tomo IX, Sentencia, Reg. 313, Folio 1685/1694).- Preliminarmente, debe puntualizarse que "La interpretación del escrito de demanda sólo puede ser revisado en esta instancia si el recurrente demuestra que el a quo ha incurrido en absurdo al infringir las normas que regulan la actividad funcional de los tribunales de apelación como las que gobiernan el principio de congruencia" (confr. SCBA, Ac. 50575, S, 27-7-1993, "León Eduardo A. c/ Asmar, José A. y otros s/ Daños y perjuicios") y que "Es jurisprudencia firme del más Alto Tribunal bonaerense que la interpretación del alcance de los argumentos de las partes es de exclusiva competencia de los jueces de la instancia ordinaria, exenta de censura en casación, salvo que medie absurdo, arbitrariedad, o se demuestre que son producto de razonamientos desatinados o capciosos" (confr. HITTERS, Juan Carlos Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", Ed. L.E.P., La Plata, 1998, pág. 409), siendo por lo tanto, por vía de principio, ajenos al recurso de casación los temas vinculados con la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, salvo que se demuestre arbitrariedad. Este es el caso que se nos presenta en estas actuaciones.- Así, en la Excma.Cámara, se decidió sobre un tema que no integró la litis ya que no formó parte del requerimiento de la actora ni de la contestación de la demandada, vulnerando la congruencia que debe existir en la sentencia conforme lo previsto en los artículos 34, inciso 4º y 164, inciso 6º, del C.P.C. y C..- En efecto, la actora reclamó el cumplimiento de la sentencia que declaró la nulidad del contrato de comodato celebrado entre Juan Vido (como Presidente de EMPASA S.A.) y los demandados.- Se ha demandado a Juan Antonio Oliver, Graciela Beatriz Zuccotti, Silvia Beatriz Zannini, José Alejandro Alvarez Muñoz y Alberto Algorry ".con el objeto que restituyan a mi mandante las maquinarias, automotores y demás bienes que más adelante se individualizarán y cuya tenencia los mismos detentan en virtud de un acto declarado nulo, de nulidad absoluta, por decisión judicial firme; solicitando que la sentencia fije un plazo para la restitución, que se efectivizará en las mismas condiciones en que fueron recibidos bajo apercibimiento de daños y perjuicios." (confr. escrito de demanda de fs. 10). Los elementos que detallan ".fueron entregados en fecha 15/09/97 a los accionados por el Sr. Juan Vido mediante un convenio que denominaron contrato de comodato, donde éste actuaba." (confr. fs. 11) por EMPASA S.A. ".sin contar con la participación del interventor de la misma, quien había sido designado en la causa 'RODRIGUEZ CARRERA ANIBAL JORGE C/EMPASA - EMPREN-DIMIENTOS PATAGONICOS S.A. S/ ACCION DE NULIDAD R-15.802/96 S/ INCIDENTE MEDIDAS CAUTELARES R-16.225/97'.- De los términos de este convenio se desprende que tenía por objeto compensar el uso de tales bienes con una supuesta deuda laboral de la empresa con los accionados. En esa causa el 30/10/98 el Sr. Juez interviniente decretó la nulidad absoluta del mismo y de un acuerdo de reconocimiento de deuda laboral firmado por los accionados y esta decisión fue confirmada por sentencia de la Cámara de Apelaciones de fecha 15/08/2000, la que se encuentra firme." (confr. fs. cit.), que ".Por lo tanto al quedar sin efecto alguno el convenio mencionado, los accionados deben restituir a la propietaria los bienes cuya tenencia detentan al día de la fecha sin título alguno." (confr. fs. 11 vta.). Este es el objeto y fundamentación de la demanda que diera inicio al proceso que nos ocupa.- Al contestar el reclamo, los hoy recurrentes peticionan su rechazo con fundamento en que ".la demanda se sustenta en una premisa jurídica que si bien puede tener efecto entre los socios de EMPASA carece de efectos frente a terceros contratantes de buena fe como son los demandados en este juicio." (confr. fs. 22) agregando que ".Los socios de EMPASA se pelean entre ellos por la participación y porcentaje que cada uno tiene en la empresa y tales desavenencias son planteadas en juicio.- Uno de los socios pide que se designe un coadministrador judicial para que controle al otro y así en un incidente de ese juicio se nombra un Coadministrador Judicial, no precisándose los alcances y las verdaderas funciones de dicho administrador. No se dice en la Resolución judicial, si reemplaza al presidente, si interviene o no en los actos de administración, si hay una administración compartida, si el Presidente puede o no seguir firmando, o si el Presidente cesa en su función. Tampoco dentro de ese ámbito de ambigüedad se aclara si dicho coadministrador tiene que firmar o no los actos y documentación de la sociedad." (confr. fs. 22 y vta.). Agrega que ".En esa pelea entre socios Y POR UN INCIDENTE DENTRO DE OTRO INCIDENTE. el Señor Juez actuante resuelve declarar la nulidad de un CONTRATO DE COMODATO suscripto entre EMPASA y nuestra parte porque el coadministrador judicial no participó." (confr. fs. 22 vta.), enfatizando que ".En este caso dado sin una resolución que prohíba firmar al Presidente, sin estar éste separado del cargo, y sin publicación de edicto alguno que pueda advertir a terceros, se declara en un incidente dentro de otro incidente del citado juicio entre los socios, la nulidad de un contrato de comodato suscripto entre Empasa y terceros (nosotros) por faltar la firma o conformidad del coadministrador designado. Cabe agregar que en el citado juicio entre los socios de Empasa no somos parte y sin ser citados y sin que se nos dé posibilidad alguna de defensa, se declara la nulidad de un contrato firmado entre nosotros y Empasa, a pesar de que el mismo está vigente, se está ejecutando y cumpliendo.- Por otra parte, cuando el Sr. Peralta fue designado interventor ratificó la existencia y vigencia del comodato, ya que en distintas ocasiones nos solicitó y exigió la rendición de cuentas emergentes del comodato. Luego como puede decirse que el comodato es nulo por no haber dado consentimiento el coadministrador si por otro lado el interventor designado posteriormente (que sí desplazó al órgano decisorio), controlaba su cumplimiento." (confr. fs. 23).- Así trabada la litis, en primera instancia se hace lugar a la demanda con fundamento en que la declaración de nulidad absoluta del comodato y de los convenios laborales está firme, que esta nulidad deriva de la falta de firma en dichos instrumentos del coadministrador judicial, que esta nulidad es originaria y tiene efectos intra y extrasocietarios y no puede ser purgada por los actos posteriores del coadministrador judicial (confr. fs. 163/167).- Apelada la sentencia, la Excma. Cámara rechaza los agravios de los demandados, confirmando la sentencia de primera instancia. Analiza la ad quem, el alcance de la declaración de nulidad del comodato relacionando la sentencia que en los autos "Rodríguez Carrera c/ Empasa s/ Acción de nulidad s/ Incidente de medidas cautelares" se dictara denegando la participación de los aquí demandados con fundamento en que ".'.la sentencia que se dictará sin haberse oído a cualquier legitimado sustancial necesario, no haría cosa juzgada a su respecto.' (v. copia de la sentencia a fs. 82/87). Y tan es así que al no haber tenido los ahora demandados oportunidad de defenderse y producir prueba en defensa de sus derechos, aquella sentencia dictada no puede afectarlos como a los litigantes principales siendo por ende inoponible a éstos no pudiendo por cierto ser condenados ni se puede pretender ejecutar dicha sentencia en su contra por ser inoperante a su respecto. De allí, que EMPASA S.A. no podía sino demandar a través de esta nueva acción a los cocontratantes de Juan Vido para que se resuelva su situación respecto del contrato declarado nulo para Vido y EMPASA S.A.; por lo que este agravio debe admitirse, correspondiendo aclarar que no se está por la presente revisando un acto jurisdiccional firme sino analizándose los alcances del vínculo contractual que se constituyera con los comodatarios." (confr. fs. 226 vta.).- Esta cuestión ha sido tratada por la Excma. Cámara, ya que lo descripto en el párrafo precedente es efectivamente lo que ocurrió: a fs. 600/605 de la causa "RODRÍGUEZ CARRERA Aníbal Jorge c/ EMPASA - EMPRENDIMIENTO PATAGONICOS SOCIEDAD ANONIMA s/ Acción de Nulidad - Expte. R-15.802/96 s/ Incidente de Medidas Cautelares", Expte. Nº R-16.225/97, se declaró la nulidad del contrato de comodato en cuestión, sin la participación de los comodatarios.- Cuando quisieron plantear la nulidad de esa sentencia, su intervención fue rechazada en primera (confr. fs. 1156/1158 vta., Expte. cit.) y en segunda instancia (confr. fs. 1562/1567, Expte. cit.). El argumento dado para rechazar la intervención de los comodatarios en aquel planteo fue que ".la sentencia que se dictará sin haberse oído a cualquier legitimado sustancial necesario, no haría cosa juzgada a su respecto." (confr. fs. 1564 vta.). Lo dicho hasta aquí por la sentencia de segunda instancia es apropiado al modo en que se desarrollaron los acontecimientos, ya que la inmutabilidad de la cosa juzgada vale sólo entre las partes, esto es, sólo cuando el caso particular decidido pone nuevamente de frente a las mismas personas que participaron en el juicio en el que sólo ellas, en efecto, han podido hacerse oír y hacer valer sus razones en el proceso que se ha cerrado con el fallo, mas no cuando se pretende extender los alcances de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada respecto de un tercero que no ha tenido participación alguna en el pleito, máxime si se tiene en cuenta que los aquí recurrentes -oportunamente- intentaron cuestionar aquella decisión y su participación fue negada.- Por ello, la sentencia que aquí se pretende hacer valer como sustento de la demanda sólo puede ser ejecutada contra quienes hayan sido parte en el proceso, ya que aquella hace cosa juzgada únicamente para los mismos (arts. 17 y 18 C.N.; arts. 308, inc. 2º, 333 y sgs., 164, incs. 2º y 6º del C.P.C. y C.).- Así ha dicho la SCBA que "La cosa juzgada alcanza a los sujetos procesales que se ubican en la situación de partes frente al tribunal, tanto activa como pasivamente. Más allá de este límite subjetivo, lo resuelto es "res inter alios acta"; no vincula a nadie más con su autoridad, de donde se obtiene la relatividad del alcance de la cosa juzgada" (confr. SCBA, Ac 84325, S, 1-4-2004, "Orellano, Ricardo Enrique c/ Coomarpes Ltda. y otros U.T.E. s/ Incidente de ejecución de honorarios").- III.- Que, el análisis que realiza a continuación la Excma. Cámara es el que origina el yerro que nos ocupa.- Estudiando el alcance que debe darse al "principio de congruencia" que en nuestro ordenamiento procesal está contemplado en los artículos 164, inciso 6º y 165, es concordante la doctrina al decir que "El proceso tiene límites objetivos (objeto y causa) y subjetivos (partes), el tribunal debe fallar dentro de esos límites, los cuales, en el proceso dispositivo que nos rige, son los que derivan de las pretensiones de las partes. Es éste el principio de congruencia al que deberá ajustarse la sentencia. El objeto del proceso en la segunda instancia es el mismo de la primera, fijado por el actor en su pretensión (o el demandado en su reconvención) y delimitado por las defensas del demandado. NO existe en nuestro sistema el novum iudicium, por lo que debe enunciarse el siguiente principio negativo: el objeto del proceso de segunda instancia no puede ser distinto al de la primera; es decir, el tribunal ad quem no puede conocer sobre cuestiones no propuestas a la decisión del juez a quo." (confr. Bacre, Aldo, Recursos ordinarios y extraordinarios, Ed. La Rocca, Bs. As., 1999, pág. 262/263).- Así ha dicho la Suprema Corte bonaerense que "El principio de congruencia, establecido por el artículo 163, inciso 6° y reiterado por el artículo 272 del C.P.C. y C, significa que, como regla general, debe existir correspondencia perfecta entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide, o sea sobre todas las demandas sometidas a su examen y sólo sobre éstas y debe dictar el fallo basándose en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las pretensiones hechas valer por las partes en sus presentaciones y sólo basándose en tales elementos" (confr. Ac 33929, S, 30-11-1984, "Barreneche, Mario Osvaldo c/ Byrd Refrigeración S.R.L. y otros s/ Resolución de contrato de compraventa o indemnización por daños y perjuicios", DJBA 128, 346, LL 1986 A, 653, AyS 1984-II, 400; Ac. 45236, S, 19-3-1991, "Zardi, Raimundo Rubén c/ Rivara, Roberto Luis y ot. s/ Daños y perjuicios", AyS 1991-I-353; Ac 46964, S, 22-12-1992, "Distribuidora El Faro S.A. c/ Pesquera Dalia S.A. s/ Ejecución s/ Incidente cobro de honorarios doctores Scarimbolo y Vespa", AyS 1992 IV, 621; Ac 46613, S, 10-8-1993, "Figueroa, José Luis y Juan Angel c/ Esnaola, Mario y otro s/ Tercería de dominio", entre tantos otros).- El fundamento de este instituto ha sido expresado por la misma Corte al decir que "Una de las garantías del debido proceso consiste en el marco que tiene la judicatura para no introducir alegaciones o cuestiones de hecho sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa; por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez. Superando este marco, se produce el quebrantamiento del principio de congruencia" (confr. SCBA, L 32598, S, 24-8-1984, "Lecuna, Beatriz c/ Montovi, Carlos s/ Desalojo"; SCBA, L 34731, S, 30-7-1985, "Barrios, Juan Carlos c/ Mataderos y Frigoríficos Guillón SACIA s/ Cobro de salarios", AyS 1985 II, 271; SCBA, L 66755, S, 17-11-1998, "Juárez, Patricio A. y otro c/ Cerámica San Lorenzo I.C.S.A. s/ indemn. enf., etc.", AyS 1998 VI, 70; SCBA, L 84997, S, 18-4-2007, "Costa, Guillermo Atilio c/ Brandawer y Cía S.A. s/ Despido, etc.", entre otros).- En consonancia con lo antedicho, este Tribunal ha sostenido que el principio de congruencia -que debe estar presente en las sentencias- consiste en la correlación que debe existir entre la pretensión y la decisión, de conformidad al artículo 34, inciso 4º y 164, inciso 6º, del C.P.C. y C., sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IV, Sentencia, Reg. 144, Folio 699/705).- Entonces, si el objeto de la demanda fue que se restituyan los bienes dados en comodato porque había una sentencia que había declarado nulo este negocio jurídico -sólo eso se demandó-, y si como vimos, esa sentencia es inoponible a los demandados (comodatarios), la consecuencia lógica de este enunciado es un pronunciamiento dictado dentro de ese marco que establece los límites de la litis. No la ficticia ".segunda cuestión" introducida oficiosamente por la Cámara de "si el contrato mantiene sus efectos." (confr. fs. 226 vta.) respecto de los demandados, que termina por desvirtuar el verdadero objeto del juicio.- En efecto, como segundo argumento la sentencia en crisis comienza a analizar la buena fe de los demandados ".a fin de determinar si el contrato mantiene sus efectos a su respecto." (confr. fs. 226 vta.).- Aquí habrá de hacerse una digresión: en los presentes autos se demandó el cumplimiento de una sentencia que declaró la nulidad de un contrato de comodato, dictada sin la participación de los comodatarios, expresando la misma sentencia que esa nulidad no les es oponible. Por lo que sin petición de parte -y violando una vez más el principio de congruencia, la jurisdicción apelada, el derecho de defensa y tratando a la luz de un nuevo análisis extender aquella cosa juzgada a estos demandados- analiza el ad quem los efectos de la designación del interventor y la falta de su firma en el comodato y los convenios laborales diciendo que ".la llamada parte comodataria conocía de la existencia del coadministrador por lo que no puede decirse que al suscribir el contrato de comodato obró con la debida diligencia al contratar con Juan Vido y no exigir la concurrencia del coadministrador judicial o requerir las aclaraciones pertinentes en el expediente que se estaba tramitando. De manera que EMPASA S.A. a la fecha de la firma del contrato de comodato, el 15 de septiembre de 1997, para poder actuar requería tanto de la firma de su presidente, Juan Vido, como del coadministrador designado judicialmente. por lo que el convenio mencionado no fue suscripto por quien podía válidamente obligar a la sociedad ya que la firma de su presidente debía completarse necesariamente con la firma del coadministrador judicial -se reitera- deviniendo el contrato así celebrado nulo por falta de capacidad para obligar a la empresa de quien lo suscribiera a nombre de ésta." (confr. fs. 227 y vta.). Agregando la sentencia que ".La omisión de esta diligencia de verificación [si, con quien se estaba contratando, podía obligar a la sociedad] acarrea la nulidad, y no obliga ni al pseudo representante. Se produce una especie de compensación de negligencias: de la propia, al actuar en nombre de otro, al margen de toda autorización, y del tercero frente a quien se requiere actuar, que debiendo verificar no lo hizo. Y esta nulidad resulta absoluta porque afecta la seguridad jurídica ante el intento de desconocer lo que había sido dispuesto por el magistrado respecto de la administración de la sociedad, correspondiendo en consecuencia que los demandados restituyan a la actora los bienes objeto del presente juicio." (confr. fs. 227 vta./228).- Con esta transcripción se demuestra el desatino de la Cámara, que muta la acción de restitución de bienes muebles, en un análisis no pedido, reeditando nuevamente el debate sobre la nulidad del comodato por la falta de firma del interventor porque -según dice- los contratantes no actuaron con la debida diligencia (cuestión tampoco alegada).- Lo expuesto permite concluir que, en realidad, la decisión ahora en revisión nada tiene que ver con la plataforma de hecho y de derecho que motivara el debate, apartándose inexplicablemente de las verdaderas cuestiones sometidas a juzgamiento, el que ha sido despeñado en una suerte de círculo vicioso en el que primeramente se dice que la sentencia que declara la nulidad del comodato es inoponible a los demandados, pero en base al análisis de cuestiones no introducidas al proceso, declara que aquella nulidad dictada sin intervención de los comodatarios ahora les es oponible en virtud del nuevo análisis que -sorpresivamente y sin pedido de parte- realiza en la segunda instancia, en franca violación de los artículos 164, inciso 6º, y 165 del C.P.C. y C..- Como corolario de lo antedicho, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por Juan Antonio Oliver, Graciela Beatriz Zuccotti, Silvia Beatriz Zannini y José Alejandro Alvarez Muñoz a fs. 235/251 vta., por quebrantamiento de las formas sustanciales (art. 2º de la ley 1.687), decretando la nulidad de la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 225/229, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda, con costas a la actora perdidosa (art. 68 del C.P.C. y C.).- Por todo ello, lo dispuesto por los artículos 2°, y 14° primera parte, de la ley 1687 -Recurso de Casación-, y artículo 164, inciso 6° del C.P.C. y C., y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;

RESUELVE:

1º) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por Juan Antonio Oliver, Graciela Beatriz Zuccotti, Silvia Beatriz Zannini y José Alejandro Alvarez Muñoz a fs. 235/251 vta., por quebrantamiento de las formas, y decretar la nulidad de la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 225/229, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda.- 2º) Imponer las costas del proceso a la actora perdidosa.- 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto sean regulados los de las anteriores instancias.- 4º) Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvase.- La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27° de la ley Uno, t.o. ley N° 2.404).-