Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-07


Autos N° 4.710 (J.P.L.G.S.J., Rivadavia, N° 22.665/12), caratulados: "NÚÑEZ, Luis Saturnino c/ Castro Núñez, Rosa Yolanda y cualquier ocupante - Desalojo (Abreviado)".

--------- San Juan, 7 de mayo de dos mil quince. -- --------- Y Vistos: --------------------------------------------- --------- Para resolver el recurso de apelación articulado a fs. 83 por el Sr. Nelson Raúl Pérez, en su carácter de apoderado del actor, quien actúa con patrocinio letrado, contra la sentencia obrante a fs. 80/81 vta. ------------------ --------- Tal recurso fue concedido con efecto suspensivo conforme lo prescripto por el art. 250 del C.P.C., en el segundo párrafo de la providencia de fs. 91. ----------------- --------- Y Considerando: ------------------------------------ --------- I. Que en la resolución que se impugna el a quo rechazó la demanda de desalojo promovida por el Sr. Luis Saturnino Núñez contra la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez, por no estar legitimada pasivamente para ser demandada en el (proceso de) desalojo del inmueble (punto dispositivo I); e impuso las costas al actor vencido, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (punto dispositivo II). -------------------------------------------------- --------- II.1. Contra dicho pronunciamiento se alzó el accionante, quien fundó el recurso de apelación con el memorial que obra a fs. 95/101. En tal pieza, en síntesis, manifestó: ------------------------------------------------------ · Que la sentencia de fs. 80/81 vta. fue dictada apartándose de los hechos expuestos y debidamente demostrados en el expediente. ----------------------------------------------------- · Que le agravia la resolución en cuanto el a quo impone injustamente al recurrente -que es el propietario del inmueble- el deber de tener que demostrar que el ocupante del mismo tiene una obligación exigible de restituir; apartándose de la verdadera naturaleza jurídica del proceso de desalojo. Cita doctrina. ------------------------------------- · Que inició demanda contra la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez y cualquier ocupante que se encontrara realmente domiciliado en el inmueble sito en Avda. Paula Albarracín de Sarmiento N° 1.518, Norte, Rivadavia. Señala que a fs. 43 se presentó el Sr. Luis Jorge Castro Núñez, denunciando como domicilio real el de la vivienda objeto de desalojo. ---- · Que la acción la inicia -a través de su representante legal- en su calidad de titular registral del inmueble, y no en base a ningún otro derecho que dé origen a la obligación de restituir, como ser el mandato revocado a la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez o el permiso que le hubiera dado ésta a su hermano Sr. Luis Castro Núñez para ingresar al predio, en evidente contradicción con el principio nemo plus iuris establecido por el art. 3270 del Código Civil (C.C.). --------- · Que es forzada la interpretación que hace la Jueza de atribuir al ocupante del inmueble una tenencia que supuestamente le fue transmitida por alguien que carecía de ella, por lo que le intenta cargar con la producción de una prueba inoperante e imposible de efectuar, al imponerle la obligación de demostrar que los demandados tienen el deber de restituir la finca. --------------------------- · Que la Jueza omitió considerar que el objeto de la demanda es procurar el desalojo del inmueble y para ello se la dirige contra la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez y cualquier otro ocupante del mismo. Indica que en la resolución recurrida se pronunció solamente contra la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez sin hacerlo respecto de su hermano, quien se presentó formalmente solicitando participación en el proceso y denunciando su domicilio real en el inmueble objeto de la litis (ver fs. 43), presentación ante la cual el a quo, mediante el proveído de fs. 47, dispuso tener por presentado, por parte y domiciliado al Sr. Luis Jorge Castro Núnez, manifestando, con cita doctrinaria, que si se demanda [con la expresión] 'y cualquier otro ocupante', el que se presente en juicio lo hará como parte demandada. ---------------------------------------------------- · Que el a quo sostiene que la parte accionada no tiene obligación de restituir, cuando en realidad él inicia la acción de desalojo basado en su derecho real de propiedad, lo que es justificativo suficiente para exigir la devolución del inmueble, y con más razón cuando las personas que lo habitan carecen de derecho para permanecer en el mismo.- · Que yerra también la sentenciante cuando manifiesta que en el sub exámine se involucran vicisitudes propias de un contrato de mandato entre el actor y la demandada, siendo esta cuestión ajena al ámbito del desalojo. Manifiesta que la apreciación es equivocada porque el proceso se inicia en base al derecho real sobre el inmueble y no en base a un contrato de mandato revocado. ------------------------------- · Por último, en lo que respecta a las costas, entiende que como la sentencia debe ser revocada, aquéllas deben ser impuestas al accionado. --------------------------------------- --------- Ordenado el pertinente traslado del memorial al demandado a fs. 103, éste no lo contestó (ver cédula de fs. 104 y vta.), por lo que se le da por decaído el derecho a hacerlo mediante la providencia de fs. 106. ------------------ --------- 2. En el mismo decreto se dispuso la elevación del expediente a la Alzada, la que materializó por primera vez a fs. 107 vta. Ya en esta sede apelatoria, por Presidencia, se decidió remitirlo nuevamente al Juzgado de origen a fin de que se notificara el traslado de la fundamentación del recurso en el domicilio procesal constituido por el accionado a fs. 43. --------------------------------------------------------- --------- Cumplido lo cual, se reenviaron los autos a la Cámara (fs. 113), en cuyo ámbito se ordenó -previa determinación de quienes intervendrían en el examen del recurso (fs. 114)- el pase de los autos a resolver (fs. 117); proveído que se encuentra firme y consentido tal como surge de las constancias de las cédulas obrantes a fs. 118 y vta. y 119 y vta. Posteriormente, y luego de algunas actuaciones, se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio de la causa en el orden pertinente (fs. 125). -------- --------- III.1. Comenzando con el análisis de la cuestión sobre la que corresponde expedirse y ciñéndonos al contenido del pronunciamiento impugnado, adelantamos nuestro criterio parcialmente favorable a la pretensión contenida en el recurso. Ello, de conformidad con los argumentos que a continuación expondremos: -------------- --------- 2. En tanto útil para la resolución de la cuestión traída a estudio, conforme a la solución que se elaborará en los subsiguientes considerandos, efectuaremos una síntesis de la parte pertinente de las actuaciones obrantes en el expediente: ----------------------------------------------------- a) Como documentación habilitante con el objeto de acreditar su legitimación procesal para iniciar la acción de desalojo, el Sr. Luis Saturnino Núñez acompaña copia del poder especial de 1 de abril de 2011 otorgado a favor del Sr. Nelson Raúl Pérez, para que actúe en su nombre y representación, con referencia al inmueble individualizado como Lote 5, N.C. N° 02-29-970770, inscripto en el Registro General Inmobiliario bajo el N° 5.260, F° 60, T° 53, Departamento Rivadavia, el 10 de julio de 1980 (fs. 1/3); ------------------------------------------------------------ b) adjunta también, copia de la revocatoria del Poder Especial de Administración sobre el inmueble ya identificado, del 14 de julio de 2011, otorgado por el Sr. Luis Saturnino Núñez a favor de la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez, el que quedó sin valor real e íntegramente revocado (fs. 4/5); -------------------------------------------------------- c) agrega asimismo copia de la C.D. N° 12824422 remitida por el actor a la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez, al domicilio de Barrio C.G.T., Manzana 'A', Casa 10, Rawson, San Juan, comunicándole la revocación del Poder Especial de Administración del inmueble, conforme Escritura N° 115, F° 205, de fecha 14 de julio de 2011 y solicitando la remisión del testimonio y las fotocopias que obraren en su poder (fs. 6); --------------------------------------------------- d) a fs. 7 la exadministradora rechaza el contenido de la C.D. porque duda de la autenticidad de la firma de su primo y manifiesta que continuará ejerciendo las facultades que le confiere dicho poder; ------------------------------------------ e) a fs. 8 el Sr. Luis Saturnino Núñez rechaza por improcedente, falaz y maliciosa la C.D. N° 128605733 enviada por la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez. Asimismo y habiendo tomado conocimiento de que algunas personas estarían habitando el inmueble (hoy objeto de desalojo) y que habrían ingresado durante la vigencia del mandato, la intima para que en el plazo perentorio de 48 hs. le haga saber la identidad de las mismas y en qué carácter se encuentran dichos moradores. Remite la misiva al domicilio mencionado más arriba (letra 'c'); ---------------------------- f) a fs. 9 obra la contestación a dicha carta, en la cual la exmandataria le informa que había decidido mantener la vigencia del mandato hasta que su primo le comunique 'personalmente' la decisión de revocarlo. Agrega que los moradores del inmueble se encuentran habitándolo con su consentimiento, teniendo en cuenta que ha sido reiteradamente usurpado; ------------------------------------ g) a fs. 10/12 vta. corre agregada la demanda de desalojo iniciada por el apoderado especial del Sr. Luis Saturnino Núñez (ver fs. 1/3), con patrocinio letrado, mediante la cual se persigue el desahucio de la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez y cualquier otro ocupante que se encuentre realmente domiciliado en Av. Paula Albarracín de Sarmiento N° 1.518, Norte, Rivadavia, San Juan; ----------------------- h) a fs. 36/37 corre glosada la cédula notificando a la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez y a cualquier otro ocupante la demanda de desalojo en el domicilio señalado en el apartado anterior. El Oficial de Justicia actuante deja constancia de que fue atendido por el Sr. Germán Castro, quien manifestó que la vivienda es habitada por él conjuntamente con su padre, madre, hermano, hermana (menor de edad) y dos sobrinos (menores de edad), que "viven en ese domicilio porque les presta la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez" -subrayado agregado- (fs. 37); ----- i) a fs. 29/34 vta. se agregó un escrito donde figura que el Sr. Luis Jorge Castro Núñez manifiesta actuar por derecho propio y con patrocinio letrado, plantea nulidad, contesta el traslado de la demanda y pretende ejercer derecho de retención sobre el inmueble, aunque es la Dra. María I. Leotta de Jordá, Mat. Prof. 1.526, quien suscribe el libelo aduciendo que la presentación la realiza en carácter de gestora, conforme lo dispuesto por el art. 51 del Código Procesal Civil (T.O. por la Ley Prov. N° 8.037, actualmente renumerada como Ley Prov. N° 988-O conforme al "Digesto Jurídico de la Provincia de San Juan", aprobado por Ley Prov. N° 8.509 [y modif.]);----------------- j) dicha presentación dio lugar al decreto de fs. 35, en donde el a quo, evaluando que el instituto de la gestión es de carácter excepcional y restrictivo y ante la falta de invocación de causales valederas, consideró inexistente el escrito. Dicha resolución fue consentida al no ser objeto de impugnación en tiempo oportuno y, por lo tanto, se produjo la preclusión de lo allí decidido; ------------------------------- k) a fs. 43 el Sr. Luis Jorge Castro Núñez, por derecho propio y con patrocinio letrado, admitiendo que el escrito de fs. 29/34 vta. fue tenido por 'inexistente', se hace parte asumiendo la calidad de codemandado y solicita se lo tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio procesal. Asimismo, denuncia que el verdadero domicilio de la demandada Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez es el de Barrio C.G.T., Manzana 'A', Casa 10, Rawson, San Juan, solicitando se le notifique la demanda para que pueda ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, a fs. 44 la Jueza se remite al decreto de fs. 35, que tuvo por inexistente la presentación de Sr. Luis Jorge Castro Núñez, providencia (la de fs. 44) que también fue consentida; ----- l) a fs. 45 se le dio al presentante por decaído el derecho a contestar demanda, ofrecer prueba y oponer excepciones y se declaró su rebeldía; ----------------------------------------- m) a fs. 46 el Sr. Luis Jorge Castro Núñez insiste en que se le provea el punto I del escrito de fs. 43. La Inferior -en función de lo informado por el oficial notificador a fs. 37-, procedió a "recomponer" el proceso (fs. 47) y lo tuvo por presentado, por parte y domiciliado, en función de lo prescripto por los arts. 90 y ccds. y 668 del C.P.C. Con cita doctrinaria dispuso que si se demanda a cualquier otro ocupante, el cesionario o sublocatario que se presente en juicio lo hará como parte demandada. Tal decreto quedó consentido; ----------------------------------------------------- n) a fs. 59 se adjunta copia simple de la C.D. N° 0295804125 enviada el 5 de octubre de 2012 por el Sr. Luis Jorge Castro Núñez a la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez, comunicándole formalmente que se encuentra demandada en las presentes actuaciones, ello -según indica el remitente- a fin de desligarse de toda responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por dicha omisión; --------------------------------------------- ñ) a fs. 61/62 vta. la codemandada Sra. Rosa Yolanda Castro presenta un escrito (con cargo del 26 de octubre de 2012) planteando la redargución de falsedad de la cédula que acompañó (notificada el 9 de mayo de 2012) por considerar que es falso su contenido en cuanto se afirma que ocupa el inmueble objeto del desalojo. Ante ello, el a quo determina el rechazo de la redargución de falsedad intentada porque no surgía de autos que el instrumento cuestionado hubiera sido impugnado previamente a dicho planteo de redargución; --------------------------------------- o) a fs. 63 vta. y mediante notificación personal, la letrada que la patrocina (al igual que al Sr. Luis Jorge Castro Núñez) apela tal decisión por causarle gravamen irreparable. A fs. 64 el a quo considera inexistente la petición porque la misma carecía de firma de la patrocinada, requisito indispensable para su validez, toda vez que la presentante no revestía la calidad de parte; ----- p) a fs. 70 se ordenó la producción de la prueba ofrecida por el actor; ---------------------------------------------------- q) a fs. 72 y vta. se glosa el informe de dominio remitido por el Registro General Inmobiliario, el que informa que el titular del inmueble inscripto bajo el N° 5.260, F° 60, T° 53, Año 1980, Departamento Rivadavia, es el Sr. Luis Saturnino Núñez, DNI 6.768.731 (o sea, el actor); y ------------------- r) a fs. 80/81 vta. obra la sentencia impugnada. ----------- --------- 3. Ingresando al tratamiento de la cuestión traída en apelación, debemos indicar que compartimos la solución jurídica a la que ha arribado el a quo exclusivamente con respecto al ap. I. de la parte resolutiva del pronunciamiento recurrido (falta de legitimación pasiva de la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez), pues tal respuesta se impone en función de las pruebas obrantes en autos y las circunstancias de la totalidad del contexto del presente juicio de desalojo. ---------------------------------------------- --------- La legitimación procesal -activa o pasiva-, es uno de los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión procesal vinculada a los sujetos del litigio, y puede definirse como la exigencia en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y aquellas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender -legitimación activa- y para contradecir -legitimación pasiva- respecto de la materia sobre la cual versa el proceso (cfr. Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2ª ed., 3ª reimpresión, 1990, Tº I, pág. 406, n° 80 y sus citas a pie de página). ----- --------- Así, se ha sostenido que la falta de legitimación sólo se refiere a la ausencia de calidad de titular del derecho invocado por el actor, o la de calidad de obligado por parte del demandado, sea porque no existe identidad entre las personas del demandante a quien la acción está concedida, o entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede, y determina la procedencia de la excepción en cuestión (Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., Sala I, 16-02-99, "Sony Music Entertainment Argentina c/ Páez, Juan D. y otra", La Ley, 2000-A-84). ----------------------------------------------- --------- Cuando un sujeto alega y pretende la titularidad de un derecho frente a otro (que es el sujeto pasivo), hay que indagar si entre uno y otro existe una relación jurídica sustancial que permita presumir el nexo de alteridad entre ambos sujetos, y entre la pretensión del supuesto titular del derecho invocado y la obligación que le quiere hacer cumplir al sujeto pasivo a favor de ese derecho (cfr. Bidart Campos, Germán J., "La legitimación pasiva y la relación jurídica con el legitimado activo", La Ley, 1997-B-641). ----------------------------- --------- En efecto, para el progreso de la acción de desalojo tanto se requiere que quien la ejercite tenga el derecho a la libre disposición del bien objeto de aquélla -en el sub exámine el uso y goce del inmueble-, como que aquel contra quien va dirigida carezca de título para la ocupación y tenga la obligación de restituir la cosa. --------- --------- Como inherente al derecho real de dominio aparece la potestad de usar y gozar de la cosa, excluyendo a terceros de ese uso y goce (arts. 2506, 2508, 2513, 2516 y ccds. del C.C.). De ahí que dicha pretensión pueda ser ejercida por medio del proceso de desalojo, en tanto tiende a liberar de ocupantes un inmueble. -------------------------- --------- Es por ello que resulta necesario analizar en primer lugar la legitimación del actor para requerir la devolución del inmueble, pues no toda persona está legitimada para obrar en el proceso de desalojo, ya sea como actora o demandada. Para ello deben reunirse las cualidades de titular de la relación jurídica sustancial, en la que la pretensión se funda. Con respecto a la legitimación para obrar activa, se trata en definitiva de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley concede el derecho o poder jurídico de requerir el desalojo del inmueble [propietario, locador, comodante, etc.] y la persona que lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo [actora] (cfr. Kenny, Héctor Eduardo, "Proceso de desalojo", Astrea, Buenos Aires, 2001, pág. 70, ap. b). ---------------- --------- Según el art. 2513 del C.C., es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular, y así como tiene la facultad de arrendarla o prestarla, también tiene la de excluir a terceros del uso, goce, o disposición de la misma (art. 2516 del C.C.). Y es mediante el juicio de desalojo que se pretende recuperar la tenencia perdida; de ahí que la acción compete al propietario, al poseedor y aun al simple tenedor, y contra aquel que la detenta sin derecho. ------------------------------------------- --------- Están legitimados activamente para promover el proceso todos aquellos titulares de una acción personal que pretendan excluir a otros de la detentación de un inmueble; y esta acción se concede a todo aquel que invoque un título del cual derive un derecho a usar y gozar del inmueble, contra todo el que esté en la tenencia actual de él, ya sea sin derecho originario y regularmente conferido, por abuso de confianza, engaño, clandestinidad o violencia, intrusión propiamente dicha, o en virtud de un título que, por su precariedad, engendre la obligación de restituir (Cám. Paz Letrada Santa Fe, 30-07-79, Zeus, Tº 19-257; Cám. Apel. Civ. y Com. Mercedes, Sala I, 15-02-83, El Derecho, Tº 103-525; Cám. Paz Letrada Rosario, Sala I, 18-03-80, Juris, Tº 62-74). --------------------------- --------- El actor se fundó para demandar en su carácter de propietario del inmueble ubicado en Avda. Paula Albarracín de Sarmiento N° 1.518, Norte, Rivadavia San Juan, con N.C. N° 02-29-970770, inscripto en el Registro General Inmobiliario bajo el N° 5.260, F° 60, T° 53, Departamento Rivadavia, el 10 de julio de 1980; acreditando tal calidad -entre otra documental que adjunta- con la copia del Poder Especial (fs. 1/3) otorgado al Sr. Nelson Raúl Pérez (ver fs. 1, renglones 14 a 19, donde identifica el inmueble), calidad de titular dominal que quedó corroborada con el informe enviado por el Registro General Inmobiliario (ver fs. 72 y vta.), además de que tal condición nunca fue impugnada por quienes intervinieron como demandados en autos. ----- --------- En tal sentido, cabe destacar que los supuestos fácticos y jurídicos alegados por el actor -titular registral del inmueble- surgen de las constancias ut supra señaladas y del reconocimiento de la propia administradora en el intercambio epistolar de las cartas documento (ver copias de fs. 6/9). ----------------------------------------------------- --------- En lo tocante a la legitimación pasiva y conforme lo determina el art. 664 del C.P.C., procede contra los locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos, usurpadores y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible. De las constancias de la causa surge que la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez, administradora del inmueble hasta que se produjo la revocación del poder, no vivía en el inmueble y dicha circunstancia era conocida por el actor, ya que tanto en la cartas documento enviadas por él haciéndole saber la revocación del mandato y exigiéndole le informe sobre los ocupantes del predio, como en las respectivas respuestas, la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez figura como domiciliada realmente en Barrio C.G.T., Manzana 'A', casa 10, Rawson. Las relaciones entre ambos se determinan a través del contrato de mandato y, por ende, al no vivir en el inmueble cuyo desahucio se pretende, la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez carecía de legitimación pasiva para ser demandada. -------------------- --------- Asimismo, al ser notificados los ocupantes del inmueble, el Sr. Germán Castro -receptor de la cédula de fs. 36/37- manifestó que él habita la vivienda conjuntamente con su padre, madre, hermano, hermana (menor de edad) y dos sobrinos (menores de edad), agregando que viven en ese domicilio porque les presta [el inmueble] la Sra. Rosa Yolanda Castro. ---------------------- --------- Como lógica consecuencia, se impone el rechazo de la queja en este punto. ------------------------------------- --------- 4. En cuanto al agravio referido al rechazo de la acción de desalojo, entendemos que le asiste razón al apelante y que el mismo debe prosperar contra todos los actuales ocupantes, entre otras cosas, sobre la base de la legitimación activa que el demandante ostenta en función de algunas de las circunstancias y elementos vertidos en el subapartado inmediatamente anterior (III.3). --------------- --------- Resulta sabido que el objeto de la acción de desalojo es asegurar la libre disposición de un inmueble a quien tiene derecho a ello, cuando es detentado contra su voluntad por personas que entraron en su tenencia mediante actos o contratos que por cualquier causa no pueden considerarse ya existentes, pero siempre que la exigibilidad de la restitución, fundada en una causa autorizada por la ley, sea actual, real y concreta al momento de la demanda. ------------------------------------- --------- En autos, el tenor de los agravios del recurrente permite advertir que lo esencial de su queja versa sobre lo que estima un erróneo análisis efectuado por la Juzgadora de la documentación obrante en la causa, pues de ella se desprendería la legitimación pasiva de los ocupantes y la consiguiente obligación de restituir el inmueble a su legítimo propietario. ------------------------------------------- --------- Conforme lo dispuesto por el art. 667 del C.P.C. tanto en la demanda o la contestación, las partes deberán expresar si existen terceros ocupantes. Si el actor lo ignorare podrá remitirse a lo que resulte de la diligencia de notificación, de la contestación de la demanda o de ambas. --------- El accionante, al iniciar la demanda, la dirigió contra la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez y cualquier otro ocupante, y precisamente en la constancia de la cédula de notificación de fs. 36/37, de puño y letra el Oficial de Justicia dejó asentado que fue atendido por una persona llamada Germán Castro, quien informó todas las personas de su familia que habitan el lugar (incluso menores) y que la vivienda les fue prestada por la ya citada Sra. Rosa Yolanda Castro, tal como anticipáramos.---------------------- --------- Como vimos, en el relato de las actuaciones más relevantes de la causa, particularmente en el ap. III.2, subaps. 'i', 'j', 'k', 'l' y 'm', se destaca que el Sr. Luis Jorge Castro Núñez plantea nulidad y contesta el traslado de la demanda, pero su letrada patrocinante suscribe el escrito en carácter de gestora, considerándolo la Jueza como inexistente. Posteriormente, y admitiendo la inexistencia de tal libelo, aquél se hace parte asumiendo la calidad de codemandado. A fs. 45 se le dio por decaído el derecho a contestar demanda y se declaró su rebeldía. Ante la insistencia del presentante (fs. 46), la Inferior -en función de lo informado por el oficial notificador a fs. 37-, "recompone" el proceso y lo tiene por presentado, por parte y domiciliado, en función de lo prescripto por los arts. 90 y ccds. y 668 del C.P.C. (fs. 47). -------------------------------- --------- Como vimos, la primera parte del art. 664 del C.P.C. efectúa una enumeración de los legitimados pasivos para iniciar la acción de desalojo, entre los cuales menciona expresamente a cualquier ocupante cuyo deber de restituir sea exigible. La amplitud de la expresión adoptada legitima pasivamente a todo tenedor que haya entrado en la detentación de la cosa por voluntad del poseedor o simple tenedor, bastando la entrega de la cosa sin necesidad de formalidad alguna (art. 2460 del C.C.). ----------------------- --------- Los ocupantes revisten el carácter de parte ya que por limitada que sea su legitimación, aquella calidad se adquiere, bien que a título accesorio, por el mero hecho de requerir la protección de un derecho propio o coadyuvar al éxito de un derecho ajeno (cfr. Palacio, Lino Enrique, obra ya mencionada, T° VII, 3ª reimpresión, 1990, págs. 100/101, n° 953). ------ --------- En similar sentido se ha sostenido, mutatis mutandis, que la norma [procesal que determina la legitimación pasiva en el ordenamiento jurídico al que el fallo que aquí citamos se refiere] tiene un alcance amplio del cual surge quiénes están legitimados pasivamente para ser parte en el proceso de desalojo. Menciona entre ellos a "cualquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible", integrando de este modo su contenido dogmático con una fórmula suficientemente flexible, que permite al órgano judicial la aplicación de la norma a supuestos fácticos que generen dificultades interpretativas. De allí que la intervención de terceros en el proceso de desalojo adquiera singular relevancia (Sentencia 43, 29-05-2014, Proceso: "Nugara, Daniela Itatí c/ Pastrana, Vanessa Silvina y/o quien resulte ocupante s/ Desalojo", Mag. Votantes: Chaín, Semhan y Niz, Jurisprudencia Civil y Comercial de Corrientes, Fuente: Lex Doctor, versión 9.0). -------- --------- Como vimos, el Sr. Luis Jorge Castro Núñez -ocupante del inmueble como tenedor precario- contesta la demanda (ver fs. 29/34 vta.), aunque por un desacierto procesal de su letrada patrocinante el escrito fue considerado inexistente (ver decreto fs. 35). No obstante, insiste en ser tenido por parte como codemandado con los escritos de fs. 43 y de fs. 46. Finalmente, el a quo admite la petición y conforme a lo informado por el oficial de justicia a fs. 37 "recompone" el proceso y tiene al solicitante por presentado, por parte [como codemandado] y domiciliado (fs. 47). Posteriormente, es notificado de que se le dio por decaído el derecho a contestar demanda, ofrecer prueba y oponer excepciones, declarándose la rebeldía (fs. 48 y vta.). ------------------------------------------------------------ --------- Los demandados tuvieron la oportunidad procesal de oponerse a la pretensión y ofrecer la prueba pertinente que pudiera asistirles para fundar su oposición al desahucio, pero no lo hicieron en tiempo y forma legal. ----------------- --------- La rebeldía, tal como está legislada en el art. 58 del C.P.C., no altera la secuela regular del proceso, pues la sentencia debe ser pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en la demanda, contestación y reconvención si la hubiere. En efecto, aquella norma, en concordancia con el art. 318 del mismo ordenamiento, impone la carga de reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a ellos dirigidos cuyas copias se acompañen, pues el silencio -como en el caso examinado-, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de los hechos pertinentes y lícitos vertidos en la demanda (en el marco de una presunción iuris tantum). Ello quiere significar que la ley acuerda en tal caso una facultad a la Juzgadora, quien la puede ejercer según las particulares circunstancias que concurren en el proceso y dictar el pronunciamiento que en derecho corresponda. -- --------- Este Tribunal resolvió que "ello no significa que tales circunstancias (incomparecencia, omisión de desconocer la instrumental y rebeldía) resulten per se y automáticamente suficientes para admitir la demanda incoada, tanto en sus alcances cualitativos como en los cuantitativos, pues cabe meritar el resto de las constancias de la misma, las particularidades del caso, etc. Sin embargo, (...) aquello importa un elemento coadyuvante que cabe tomar en consideración" (Autos Nº 1.746, caratulados: "B.B.V.A. Banco Francés c/ Salinas Barrionuevo, Rosa María - Sumario", P. de S., Tº VI/2002-2003, Fº 121/124, 05-03-03). ---------------------- --------- En virtud de ello, consideramos que tanto los pedidos efectuados por el Sr. Luis Jorge Castro Núñez de ser tenido por parte como codemandado (ver fs. 43 y 46) y la copia de la C.D. 0295804125, enviada por éste (dando como domicilio el de Av. Paula Albarracín de Sarmiento N° 1.518, Norte, Rivadavia -inmueble cuyo desalojo se persigue-) a la Sra. Rosa Yolanda Castro Núñez, constituyen elementos de juicio favorables a la existencia de la tenencia precaria y la subsiguiente obligación de restituir el inmueble por parte del codemandado, en tanto en modo alguno logra demostrar la existencia de un mejor derecho que el del propietario. -------------------------------- --------- Si bien la rebeldía, en sí misma, no torna admisible la demanda, sino que es necesario que los hechos invocados hayan sido expuestos con suficiente nitidez y coherencia para que -calificados jurídicamente, y con la prueba que los respalde-, creen una presunción de verosimilitud, las actuaciones indicadas supra contribuyen a su admisión. -------------------------------------------------- --------- Se advierte que el accionado no tiene ningún derecho legítimo para permanecer en el inmueble, puesto que habría accedido al mismo a raíz de un acto voluntario de la entonces mandataria del actor y cuyo poder fue revocado con anterioridad a la iniciación de la demanda (ver copia de escritura de revocación de mandato de fs. 4/5 y copias de C.D. de fs. 6/9), y por tanto podía requerírsele a aquél la devolución del bien en cualquier momento. --------- --------- IV. En mérito a los elementos y argumentos jurídico-fácticos vertidos, corresponde admitir parcialmente el recurso de apelación deducido a fs. 83 por el actor contra la sentencia de fs. 80/81 vta. --------------------------------- --------- Ante las particularidades que ofrece el caso corresponde determinar que para el supuesto de constatarse la presencia de menores de edad que habiten regularmente el bien inmueble objeto del presente proceso, el plazo de desocupación será de veinte (20) días, de acuerdo con lo establecido en el art. 672, parte final, del C.P.C., de lo que el a quo deberá tomar debida razón. ------ --------- Asimismo, corresponde disponer que se notifique la misma ?con el expediente? a la Asesora de Menores e Incapaces N° 2 que ha intervenido en la presente causa (ver fs. 41). ----------------------------------------------------- --------- En conclusión, debe admitirse parcialmente el recurso deducido por el actor y, en su mérito, se procede a reestructurar la parte resolutiva de la sentencia de fs. 80/81 vta. ------------------------------------------------------ --------- De resultas de ello, el ap. I permanece inalterado; el primigenio ap. II pasa ?con modificaciones? a ser el ap. III y se introduce un nuevo ap. II. ---------------------------- --------- En definitiva, la modificación hace que en su tramo dispositivo la sentencia quede redactada como sigue: "II) Hacer lugar a la demanda de desalojo contra el Sr. Luis Jorge Castro Núñez y/o cualquier otro ocupante que viva con él o por él, condenándolo(s) a desocupar el inmueble sito en Av. Paula Albarracín de Sarmiento N° 1.518, Norte, Rivadavia, N.C. N° 02-29-970770, en el plazo de diez (10) días de notificada la presente (veinte -20- días en caso de constatarse la existencia de menores), bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento por la fuerza pública, si fuere necesario. III) Imponer las costas de primera instancia en un treinta por ciento (30%) al actor y en el restante setenta por ciento (70%) a cargo del codemandado vencido, Sr. Luis Jorge Castro Núñez". ------------------------------------- --------- Como mencionábamos, el punto dispositivo I) permanece inalterado. ----------------------------------------- --------- Por todo lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, Se Resuelve: -------- --------- 1) Admitir parcialmente el recurso deducido por el actor a fs. 83 y, en su mérito, se reestructura la parte resolutiva de la sentencia de fs. 80/81 vta. De resultas de ello, el ap. I permanece inalterado; el primigenio ap. II pasa ?con modificaciones? a ser el ap. III y se introduce un nuevo ap. II. En definitiva, la modificación hace que la sentencia de primera instancia, en el tramo pertinente de su parte resolutiva quede redactada como sigue: "II) Hacer lugar a la demanda de desalojo contra el Sr. Luis Jorge Castro Núñez y/o cualquier otro ocupante que viva con él o por él, condenándolo(s) a desocupar el inmueble sito en Av. Paula Albarracín de Sarmiento N° 1.518, Norte, Rivadavia, N.C. N° 02-29-970770, en el plazo de diez (10) días de notificada la presente (veinte -20- días en caso de constatarse la existencia de menores), bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento por la fuerza pública, si fuere necesario. III) Imponer las costas de primera instancia en un treinta por ciento (30%) al actor y en el restante setenta por ciento (70%) a cargo del codemandado vencido, Sr. Luis Jorge Castro Núñez". ------------------- --------- 2) Distribuir las costas de la Alzada en un treinta por ciento (30%) a cargo del actor apelante y en el restante setenta por ciento (70%) a cargo del codemandado Sr. Luis Jorge Castro Núñez. Se deja constancia de la inexistencia de actividad susceptible de regulación de honorarios en esta instancia de letrado alguno de dicho codemandado. ------------------ --------- 3) Regístrese, agréguese copia a los autos, notifíquese a las partes personalmente o por cédula y a la Asesora de Menores e Incapaces N° 2 con el expediente, y oportunamente bajen, previa reposición de sellado si así correspondiere. -------------------------- Fdo.: Víctor Bazán - Presidente; María Esthela Tonelli - Vocal.

P. de S. N° 13, fs. 109/122.