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Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, cuestiones prejudiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Agrinar SA c/ Oria, Horacio Raúl y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-15

Procede confirmar la resolución que rechazó la pretensión de la accionada, orientada a obtener la suspensión de trámite de las actuaciones, con sustento en la existencia de cierta causa penal, donde se estaría investigando la falsedad ideológica de ciertos documentos base de esta ejecución. Es que la circunstancia de que su parte hubiese instado en sede represiva una denuncia con motivo de aquellos hechos, tampoco es circunstancia que autorice per se a disponer la suspensión de estos actuados. El CCCN 1775 conserva el mismo principio general de prejudicialidad que sentaba el art. 1101 del derogado Código Civil, suspendiendo el dictado de la sentencia civil y no la prosecución del proceso. Así, y en el caso de los procesos ejecutivos, fue resuelto reiteradamente que el juicio penal pendiente no resulta dicte sentencia de trance y remate, la que no tiene como tal carácter de definitiva (Bueres - Highton, "Código Civil. Análisis doctrinal y jurisprudencial", T. III A, pág. 310, edit. Hammurabi, 2007, y sus citas). No se ignora que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió, dadas las particularidades del caso y para salvaguarda de una mejor administración de justicia, la posibilidad de suspender un juicio ejecutivo hasta tanto recayera decisión definitiva en la causa criminal (Fallos 304:536). No obstante, para decidir de aquel modo, el Máximo Tribunal tuvo especialmente en consideración el hecho de que en aquella sede penal había sido dispuesta sobre la actora la prisión preventiva por el delito de defraudación. Tal supuesto no se verifica en el caso, en el que, en cambio, la causa penal a la que refirió la recurrente, recién se encontraría en su etapa preliminar instructoria.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, responsabilidad penal, víctima menor de edad, lesiones, pericia médica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., R. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-30

Si bien la quejosa invoca afectación al in dubio pro reo y arbitrariedad en la valoración de la declaración de la víctima, el reconocimiento en rueda de personas practicado por ésta y la entidad cargosa de lo expuesto por los distintos profesionales que declararon en el debate, lo cierto es que tales planteos fueron suficientemente abordados y desestimados por los Magistrados, con fundamentación que se encuentra debidamente motivada en las constancias de la causa y en las normas aplicables, sin que se persuada a esta Corte sobre su irrazonabilidad o ilogicidad, toda vez que la Alzada trató específicamente las críticas de la impugnante sobre el cambio de versión de la menor -en el marco de su primigenia denuncia y lo expuesto con posterioridad- y explicó las razones por las cuales lucía acertada la decisión del Tribunal de grado de otorgarle credibilidad en relación al segundo relato que brindó luego de los cuatro días posteriores al hecho; y a ese fin, la Cámara se apoyó en lo declarado por la psicóloga interviniente en cuanto a la culpa y angustia de la niña, descartando cualquier otro cuadro psico-patológico o indicadores de fabulación; y finalmente los Magistrados tuvieron en cuenta lo informado en relación al lugar del hecho, los planteos de la recurrente sobre el punto -desestimándolos por entender que se trataba de un lugar inhóspito para una niña de su edad- y las lesiones constatadas por el médico forense -quien indicó que hubo acceso carnal o intento de acceso violento o traumático, compatible con el relato de la víctima-.
Indemnización por accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Farías Adriana Antonia c/ Suárez José Luis y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-04-05

A falta de prueba indubitada de los gastos necesarios realizados para la reparación del automotor, la demanda procederá por las sumas que razonablemente se precisan para volver las cosas a su estado anterior. En uso de la atribución conferida por el art. 267, segundo párrafo del CPCC, el monto fijado por el Sr. Juez a quo en la sentencia apelada resulta razonable y guarda relación con la envergadura de los daños producidos (que surgen de las fotografías y de la denuncia policial realizada en presencia del demandado, y firmada de conformidad por este los que coinciden con lo que se observa en las imágenes fotográficas y con lo consignado en las facturas y el presupuesto adjuntado) y lo que habría abonado la actora en la reparación.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, imputado, libertad, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad
Materia: PENAL
Carátula: G, M L  y  E, A M V de s/ La cuestión a resolver: ¿El cómputo que establece el artículo 7 de  la ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al  tiempo de la vigencia de la ley, que continuan privados de su libertad? (Expte. Nro. 29-95; Expte. Nro. 28-95) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-11

Lo legislado en la ley 24390 tiene en cierta medida el efecto inmediato de una especie de conmutación encubierta de todas las sentencias firmes anteriores a la vigencia de la ley, sentencias cuyas penas han sido individualizadas por quien en la Constitución ha predispuesto para ella, han sido asumidas por sus destinatarios y sus efectos se encuentran en curso de ejecución. El camino hacia un sistema penal más justo y eficaz no debe pasar por una regla general rígida que pretenda compensación para una dosificación proporcional ni por el descongestionamiento indiscriminado de las cárceles; debe pasar por una reforma que contemple la realidad delincuencial desde la óptica de cada caso, con una amplia gama de alternativas para responder de la mejor manera al reclamo de protección de las garantías individuales frente al Estado y frente a todo el que pueda llegar a lesionar bienes jurídicos. Y no es bueno que el descongestionamiento se facilite a través de este método y no mediante una que contemple situaciones concretas que merezcan privilegiarse. (Del Voto del Dr. Bernardini). En el caso la cuestión a resolver es ¿El cómputo que establece el artículo 7 de la Ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al tiempo de la vigencia de la ley, que continúan privados de su libertad?
Encubrimiento de contrabando, procesamiento, revocación de sentencia, declaración indagatoria, secuestro de mercadería, presunciones
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: MEDRANO MARIA MARGARITA s/ Contrabando, incidente de apelación del auto de procesamiento de Hugo Osvaldo Francisco Quispe.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-07

Corresponde revocar el auto de procesamiento del imputado por haber incurrido en el delito de encubrimiento de contrabando, puesto que la norma es clara en que sólo se incurre en ese delito cuando se adquiere, se recibe o se interviene de algún modo en la adquisición o recepción de cualquier mercadería que, de acuerdo a las circunstancias, debía presumirse proveniente de un contrabando ya ejecutado (conf. Art. 874, del primer apartado, inciso d), del Código Aduanero) y, al declarar en indagatoria, el imputado negó conocer el origen extranjero de los efectos que había adquirido en plaza, sumado a que en el acta de verificación y aforo de la mercadería secuestrada en su poder consta que no se acreditó el origen de gran parte de la mercadería y que solo "se la considera extranjera a los fines de su aforo y resguardo", determinándose luego de una nueva verificación que los bienes no contenían inscripción alguna con relación a su origen o procedencia y que, no obstante ello, se "podría inferir" que parte de ellos serían de origen extranjero debido a la existencia de leyendas referidas a una firma tabacalera radicada en el extranjero, y la funcionaria de aduana que suscribió este informe reiteró los motivos aquella inferencia y manifestó que "del resto de la mercadería no se puede conocer el origen, ya que ninguna tiene pie de industria", por lo que, aún en la hipótesis de entender que la mercadería hubiera ingresado ilegalmente al territorio aduanero, el descargo del imputado en el sentido de desconocer su origen extranjero no se encuentra desvirtuado ni tampoco existen elementos suficientes que autoricen a sostener que aquél debía haber presumido que esos efectos eran producto de contrabando.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferreyra, Daría Alberto c/ García, Stella Maris y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

Conforme lo normado por el art. 71 inc.2do., seg.párr. de la ley 5800, la regla de preferencia de tránsito en favor del vehículo que se presente por la derecha, se aplica en las zonas urbanas "tanto en las calles como en las avenidas", por lo que en tal sentido no caben hacer distinciones.-
Beneficio de litigar sin gastos, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL
Carátula: Amendola, German Gustavo c/ Ramus, Susana Jorgelina s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-12-05

Debe concederse el beneficio de litigar sin gastos solicitado por quien convino un pacto de cuota litis con sus abogados del veinticinco por ciento de la indemnización que se perciba, puesto que la sola existencia de dicho pacto no autoriza a presumir la solvencia patrimonial de quien dispone de un derecho que a esa altura del proceso reviste carácter de eventual y que, por el contrario, puede resultar indicativa de la situación contraria, ya que quien carece de recursos económicos puede haber optado por ceder una parte importante de la indemnización que hubiere de corresponderle, a fin de tener acceso a los servicios profesionales del letrado de su elección
Contrato de obra pública, inflación, error (civil), culpa civil, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: Dulcamara  SA . c/ ENTel s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-29

Si la oferente incurrió en error en su previsión inflacionaria este provendría de una negligencia culpable que impide su invocación art. 292 del Código Civil
Nulidad de sentencia, resolución denegatoria, daños y perjuicios, indemnización por muerte, responsabilidad médica, intervención quirúrgica, obligaciones del médico, médico cirujano, médico anestesista, deber de información, información sanitaria, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rozenblat, Alberto c/ Porcella, Hugo y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios derivados del deceso ocurrido en una intervención quirúrgica si el cirujano y el anestesista han incumplido su deber de informar y de colaborar en el proceso, de lo que deriva una traslación de la carga probatoria hacia ellos, que debieron acreditar de manera fehaciente que no había mediado culpa capaz de generar responsabilidad de su parte (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Adolfo Roberto Vázquez).
Bienes muebles, buena fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sosa, Elida Ester c/ Emilce Susana Filippini de Girard y Miguel Angel Bau s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-06-11

La regla contenida en el art. 1331 del Código Civil, respecto de la venta hecha por uno de los copropietarios, no es de aplicación, cuando el comprador es de buena fe y lo adquirido es una cosa mueble (art. 2356, 2412 y 2413 C.C.).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, trámites judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C.A.V.I.C. c/ S.R.L. Juan Maurin y Cía. s/ apremio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1970-07-08

El hecho de que la ley 3019 de San Juan haya establecido el procedimiento de apremio para el cobro de los aportes adeudados por los accionistas de C.A.V.I.C. no viola la garantía de la defensa en juicio, que en el caso se ha ejercido conforme a la ley local de procedimientos.
Excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Provincia del Chubut c/ Asociación de Obras Sociales de Trelew s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-09-11

La excepción de inhabilidad de título sólo puede fundarse en ataques a forma extrínseca sin adentrarse en los aspectos causales, tal como lo previene el Digesto adjetivo en el inciso 4º del art. 542, habida cuenta que el limitado marco cognoscitivo de los juicios compulsorios vedan sopesar cuestiones que hacen a la relación sustancial ínsita en el título adjetivo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencias de segunda instancia, incongruencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SENN, LUIS CARLOS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-22

Corresponde admitir la queja desde que la postulación del actor civil- vinculada a la supuesta autocontradicción del fallo en tanto la sentencia reconoce que el saldo de precio tiene fuente obligacional contractual, pero luego rechaza la pretensión de su cobro otorgándole fuente delictual - cuenta con suficiente asidero en las constancias de la causa y puede configurar una hipótesis de arbitrariedad. (Del voto de la mayoría)
Ejercicio ilegal de la medicina, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: XXX sobre 208 inc. 1 - ejercicio ilegal de la medicina y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-13

Corresponde disponer la prisión preventiva del imputado en orden al delito de ejercicio ilegal de la medicina, en concurso real con la violación de las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia y ordenar su traslado al Complejo Penitenciario Federal que tenga cupo para su alojamiento, toda vez que la hipótesis de investigación e imputación aparece respaldada por los elementos de prueba reunidos y se encuentra acreditada la existencia de una relación laboral entre el imputado y la firma que brinda el servicio de traslados en ambulancias, pues el representante de la obra social y los titulares la firma, identificaron al acusado como integrante de la nómina de médicos que prestaban funciones ante esta firma.
Juicios contra el concursado, verificación tardía, prescripción, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: A.F.I.P. - D.G.I. c/ Matana, Dora Griselda s/ Queja Por Rec. De Inconst. Denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-20

Debe desestimarse el recurso extraordinario federal interpuesto por AFIP contra la resolución que desestimó el pedido de verificación de un crédito previsional, dado que no constituye un agravio constitucional aquel que, al referirse al artículo 56 de la ley 24522, interpreta que desde la fecha en la que el organismo fiscal recibió el expediente laboral no debe correr el plazo de caducidad de seis meses sino un nuevo plazo de prescripción de dos años, pues revela una mera discrepancia en lo atinente a la hermenéutica de normas de derecho común, tema ajeno a la jurisdicción extraordinaria, sin que obste a ello la arbitrariedad alegada en tanto el pronunciamiento que lo resuelve cuenta con razonamientos que, más allá de su acierto o error, le confieren valor como acto judicial.
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARIBALDI VICTOR HUGO RAMON c/ FERNANDA MESTRE DE MALONE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-03

Mediando culpa concurrente la responsabilidad de cada parte debe medirse tomando en consideración la influencia causal de cada una de las culpas, lo que es este caso lleva a proponer que la distribución se haga en razón de un 75% y un 25% a cargo de los conductores respectivamente. La infracción del actor, que no respetó la prioridad de paso, influyó ciertamente en la producción del daño, pero no en la medida preponderante en que lo hizo la falta de conductor del Torino, que no estando capacitado para guiar automóviles circulaba a velocidad excesiva en una zona urbana y en un vehículo de gran potencia. El peligro para la seguridad de las personas que entraña la conducción por menores de edad a velocidades antirreglamentarias justifica sobradamente esos porcentajes.
Divorcio, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L.de F.A.M. c/ F.J.M. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-14

El juicio de divorcio no versa sobre derechos patrimoniales y los honorarios profesionales devengados en él corresponden a un asunto no susceptible de apreciación pecuniaria, no pudiendo el monto de la regulación ser inferior al que se determina en el art.9º, ap.I del dec. ley 8904/77. La circunstancia de que se exteriorizara el valor de los bienes que componen la sociedad conyugal, no lo sustrae a tal encuadramiento, aunque el Tribunal haya de considerarlo entre las diversas directivas contempladas por el art.16 del arancel (inc."k"). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, depósito previo, concursos
Materia: LABORAL
Carátula: Crocianelli, Eduardo H. y Bellomo, Liliana J. c/ Jockey Club de la Pcia. de Bs. As. s/ Renuncia. Recurso de queja c/ T. T. nº 2 de La Plata
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-01

El concurso civil preventivo del recurrente no lo exime de efectuar el depósito previo previsto en el art. 56 del decreto-ley 7718.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: Z. P., G. A. c/ Il., E. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-24

Tratándose de la determinación de la cuota alimentaria corresponde computar el pago de la obra social que a favor del hijo abona el alimentante, a la vez que su capacidad económica.
Violencia de género, Iglesia Católica
Materia: PROCESAL
Carátula: Monasterio, San Bernardo de Carmelitas Descalzas c/ Cargnello, Mario Antonio; De Elizalde, Martín; Ajaya, Lucio Francisco; Pinto y De Sancristóval, Loyola s/ violencia de género
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2024-04-03

En el marco de una denuncia por situaciones de violencia de género del tipo, físico, psicológico y económico por parte del arzobispo y dos sacerdotes hacia varias monjas de clausura por un lapso de más de 20 años, resulta procedente confirmar las medidas de protección adoptadas, instar a las víctimas a realizar retiros y/o ejercicios espirituales para tramitar la violencia recibida, intimar a los denunciados a realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género y a realizar capacitación en cuestiones de género, violencia de género y normativa vigente, y notificar lo resuelto a su Santidad Papa Francisco, toda vez que se ha acreditado la violencia de género ejercida por los demandados, resultando evidente el lugar de superioridad en el que se posicionan, con lenguaje dominante, insultante, pretendiendo manipular la fe y las creencias de las denunciantes, lo que en suma vulnera y menoscaba la libertad personal, religiosa, con frases y expresiones que implican crítica, juicios de valor, desvalorizaciones y descalificaciones configurativas de la violencia de género ejercida, que con el ánimo de minar las resistencias, atentan contra la dignidad de las denunciantes como mujeres y como hermanas de clausura, siendo que la dignidad humana debe estar por encima de cualquier mandato religioso.
Tribunal Fiscal de la Nación, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Damarco- Conte Grand- c/ Grandes Pinturerías del Centro S.A. s/ Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Siendo el Tribunal Fiscal de la Nación un tribunal administrativo - que ejerce facultades jurisdiccionales - no existe impedimento legal para que a su respecto resulten aplicables, en forma supletoria, las disposiciones de la ley de procedimientos administrativos y de su decreto reglamentario.
Lesiones, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Valenzuela, Reinaldo G.; Saucedo, Raúl F. s/ Robo agravado  por el uso de arma en grado de tentativa,lesiones  graves y amenazas agravado  por el uso de arma en grado de tentativa,lesiones  graves y amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-16

La tentativa de apoderamiento, con violencia consumada, es solo un robo tentado, pero la calificante del art.166 inc. 1º C.P. es aplicable independientemente que el robo se haya consumado o solamente tentado.
Pedido de quiebra, consorcio de propietarios, personalidad jurídica del consorcio, indivisión forzosa, condómino, obligación subsidiaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LA CALLE PERU 1724 s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR RAMIREZ, EVA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-30

Resulta procedente el rechazo del pedido de quiebra contra un consorcio de propietarios (conf. Ley 24522: 2) por cuanto la ejecución individual o la pretensión de apertura de concurso dirigida contra el consorcio insolvente carece de aptitud para revocar una solución disvaliosa o nociva, cual sería provocar la disolución de aquélla comunidad, sujeta a una indivisión forzosa en orden a las prescripciones de la ley 13512 y del CCIV 2715, y para que ella tuviera andamiento, sería menester la constitución en mora e interpelación infructuosa a quienes integran como copropietarios el consorcio, en tanto han asumido una responsabilidad subsidiaria que tutela los créditos legítimos de los terceros, situación que si no se verifica, no corresponde hablar de cesación de pagos en el sentido de impotencia económica para afrontar el crédito que fundamenta la acción.
Responsabilidad médica, mala praxis, intervención quirúrgica, daño
Materia: CIVIL
Carátula: QUIROGA VDA. DE GONZALEZ, LILIANA E. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ORDINARIO QUIROGA VDA. DE GONZALEZ, LILIANA E. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-05-24|2005-05-24

Reconocida la vinculación causal entre la intervención quirúrgica y el daño sufrido por el paciente, la demanda debe prosperar si no se han extremado los medios pertinentes para diagnosticar correctamente y reparar las consecuencias de la operación, pues la mala praxis médica supone un perjuicio al paciente a causa de un tratamiento no acertado.

Es tarea más que ardua, imposible, pensar en una regla absoluta o querer trazar una línea categórica de demarcación para deslindar donde principia y donde termina la responsabilidad médica, debiendo cada caso ser resuelto con un alto criterio de equidad, sin excesiva liberalidad, para no consagrar prácticamente la impunidad con el consiguiente peligro para el enfermo, y sin excesiva severidad que lleve a tornar imposible al ejercicio de la medicina.

Cuando se trata del desempeño de un cirujano no cabe sino adoptar un criterio estricto pues por la índole misma de la intervención directa sobre el cuerpo del enfermo, con los riesgos altísimos que los cortes de los tejidos y la extirpación de los órganos hacen aparecer, los cirujanos se encuentran obligados a acentuar de manera muy especial las providencias precautorias. La regla del art. 902 del Cod. Civil concurre para intensificar o afirmar el concepto de culpa en esta especialidad.