Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-09-30


AUTOS N° 20. 583 (96.239 - 3° CIVIL) "PÉREZ SILVANA BELÉN C/ C.T.I. (COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEL INTERIOR S.A.) - DAÑOS Y PERJUICIOS" L. DE S. T° 108, F° 125/230 En la ciudad de San Juan, a 30 días del mes de setiembre del año dos mil diez, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y los señores Vocales DRES. GILBERTO A. RIVEROS Y PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer de los recursos de apelación que se interpusieran contra la sentencia recaída en autos N° 20. 583 (96.239 - 3° CIVIL) caratulados "PÉREZ SILVANA BELÉN C/ C.T.I. (COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEL INTERIOR S.A.) - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha dieciocho del mes de noviembre del año 2009, obrante a fs. 141/147, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recursos que una vez concedidos tuvieran debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. El objeto de la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios contra la Cía. de Teléfonos del Interior S.A., está fundado en los siguientes hechos: El día 19 de Enero de 2005, la Sra. Silvana Belén Pérez, recibe en su domicilio una factura de CTI por servicio de telefonía celular de una línea que jamás había contratado ni solicitado. Trató de hacer inmediatamente el reclamo pero la empresa no solucionó el problema, "muy por el contrario, el día 07 de febrero de 2005, recibo nueva factura de CTI, pero esta vez de dos líneas telefónicas". Acudió nuevamente a las instalaciones de la empresa con el fin de que dieran de baja a las dos líneas, pero le exigieron pagar un canon previamente. Además sufrió el maltrato de los dependientes de la demandada en clara violación a los Derechos al Consumidor y lo establecido por el Reglamento General de los Servicios de Comunicaciones Móviles (RSC 490/1997), por el cual se obliga a tratar con cortesía, corrección y diligencia a los clientes. La transgresión de los empleados de la accionada a las normas jurídicas mencionadas por el mal trato recibido, los hace incursos en la previsión genérica del art. 1066 del C.C. que delimita el marco jurídica del ilícito.

Ante tal situación, acudió a las oficinas de la Defensa del Consumidor, cuyo trámite la obligó a pedir licencias en su trabajo como docente de educación especial en Media Agua para seguir el trámite de rigor causándole inconvenientes de distinto tipo e ingentes pérdidas de tiempo. Y no solo por el tiempo que distrajo en la Defensa al Consumidor para obtener la baja del servicio de dos teléfonos celulares no pedidos a CTI, sino también por los malos tratos de sus dependientes, reclama por daño moral la suma de $ 10.000,00 con los intereses y costas correspondientes.

2. El fallo de primera instancia resuelve: 1) Admitir la demanda; 2) condenar a la demanda Compañía de Teléfonos del Interior S.S. (C.T.I.) a pagar a la actora en el plazo de diez días, en concepto de daño moral, la suma de pesos cinco mil ($ 5.000,00) a la fecha de la demanda, con más los intereses (ley 4119) hasta el efectivo pago; 3) imponer las costas a la demandada vencida. Esta decisión está apelada por ambas partes.

3. Agravios de la parte actora:

Dice la Sra. Silvana Belén Pérez asistida con patrocinio letrado, que no obstante estar de acuerdo con el a quo al juzgar que se cometió un delito y la demandada debe responder en el marco de lo establecido en el art. 1078 del C.C., le agravia el bajo monto de la indemnización fijado en $ 5.000, lo que no estaría a la altura de los padecimientos sufridos, y en especial, por la utilización de datos personales sin su autorización previa, con un fin puramente lucrativo. Que la protección de los datos personales está consagrada en el art. 43 de la Constitución nacional y en la ley 25.323. Quedó vulnerada la autodeterminación informativa sobre la que se apoya el concepto de tutela de datos personales, pues "no solo entraña un específica instrumento de protección de los derechos del ciudadano, sino que consagra un derecho fundamental autónomo a controlar el flujo de informaciones que conciernen a casa persona y decidir sobre la difusión y la utilización de sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado".

Califica de magra indemnización porque está impuesta a una empresa multinacional, con ganancias siderales que aparecen contrapuestas a los padecimientos de quien se encuentra repentinamente como deudor de un servicio telefónico jamás solicitado. Hace una cita de un caso resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones Civil y Comercial, Sala III, en fecha 17/09/2005, in re: Azula, Amalia c. Telefónica Comunicaciones Personales S.A. - RCyS 2005-VIII, 59, donde uno de sus integrantes fundó su voto así: "....No puedo dejar detraer nítidas imágenes a mi mente, al pensar lo que debe haber sentido la actora cuando, dentro del esfuerzo por alcanzar un bien que necesitaba y que se le había ofrecido con requisitos para su posición económica alcanzables, el abuso de su quizá inocencia comercial, se encontró con el rigor de su gigante interlocutor, quien con antifaz de burócrata de turno, no le dio siquiera la posibilidad de rever un contrato, que no sólo no había existido sino que la llevaría a una debacle económica personal. Pregunto: ¿Esto no es acaso un daño moral? Respondo, sí lo es y vaya si lo es. Por eso y por virtud de las pautas referidas precedentemente propongo que este rubro sea aumentado a la suma de $ 25.000 a los valores de este pronunciamiento, con sus intereses que deberán computarse desde la fecha de notificación de la demanda y las costas del juicio".

4. Agravios de la parte demandada:

Se agravia por el quantum de la condena, por ser excesiva y superior a las pautas doctrinarias y jurisprudenciales vigentes. Que en autos la actora denunció el daño moral por el mal uso de su nombre, pero no acreditó el dolo, la culpa o la intención de causar el perjuicio por parte de la demandada. Tampoco está probado que se haya causado la más mínima molestia o que su nombre haya tomado estado público, "todo se limitó a la sorpresa de haber recibido una factura por un servicio no contratado, más la obligación de concurrir a audiencias en la Dirección de Defensa del Consumidor". Que no se ha demostrado que el uso sin consentimiento de sus datos personales persiguiera un fin lucrativo.

Razona el Dr. Marcelo Navas, apoderado de la demandada: "No soslayemos que la factura emitida por la empresa demandada, fue por un importe de $ 20,01, por lo que la condena de $ 5.000, es por demás desproporcionada. La misma sentencia dice que el daño moral está caracterizado por el cúmulo de padecimientos físicos (en el caso no los hubo) y espirituales (por una factura de $ 20,01), dolor (no existió), ansiedad (por pagar $ 20.01, cuando la actora pudo sin problema pagar la suma de $ 50 (ver fs. 24 vta.) para que le decretaran una cautelar, disgusto (insisto, por 20,01?) o por haberse alterado el ritmo de vida del damnificado... En este caso la actora asistió a dos o tres audiencias, tuvo una sorpresa porque le llegó una factura de $ 20,01... y por ello percibirá la suma de $ 5.000".... "Y si bien existe una presunción hominis de la existencia del daño, esta no puede llevarse al punto de condenar a la demandada al pago de la suma de $ 5.000. Justamente el fallo recurrido dice que debe atenderse a la gravedad del ilícito cometido".

La actora no ha probado el mal trato que dice haber recibido del personal de la empresa telefónica. Su reclamo no puede estar fundado en los trámites extrajudiciales realizados para revertir la situación.

En cuanto a la condena a pagar intereses desde la fecha de la demanda, tampoco corresponde, porque al momento de promoverla, su derecho era incierto, beneficiándose con la incontestación de la demanda y la ficto confesio. La jueza a quo redujo sustancialmente el monto demandado. Los intereses tienen que ver con la mora, en tanto y en cuanto estos son el precio del dinero, o la compensación por su uso, son los frutos civiles del capital. En este punto hace una cita doctrinaria: "Los intereses moratorios son los que el deudor debe legalmente por imperio de la ley, por retener un capital o suma de dinero después de la fecha en que debía pagarla o devolverla, y ellos representan la indemnización o resarcimiento específico y legal de los daños y perjuicios sufridos por el acreedor en el incumplimiento de las obligaciones puramente pecuniarias, esto es, de dar sumas de dinero, que están excluidas del régimen de los artículos 519 y ss". (Rezzónico, "Obligaciones", T° I, p. 446). En una palabra, los intereses tienen que ver con la mora, que es preciso analizarla como paso previa a determinar el quantum adeudado.

"Los rubros indemnizables respecto de los cuales no han mediado pagos efectuados por la víctima, no devengan intereses sino a partir de la sentencia definitiva" (CNEsp. Civ. Com., Sala V, "Tallon c/Comas - Sumario", 12/02/81).

También alegó: "Las sentencias tienen efecto declarativo y no constitutivo de derecho, y debe mediar un proceso para que tal declaración se haga, por lo que no podemos imponerle a la accionada la obligación de soportar el transcurso del tiempo pues, de la misma manera que un proceso se demora cuatro años, podría llevar diez y no tiene por qué mi parte soportar el transcurso del tiempo como si la demandante hubiese efectivamente erogado las sumas reclamadas".

5. Para resolver con ecuanimidad los recursos planteados, ha de verse en primer lugar cómo está planteada la demanda, y si los hechos relevantes y pertinentes de la pretensión han quedado suficientemente demostrados para justipreciar el daño moral reclamado.

Veamos cuáles son las situaciones que lo provocaron. Se ha dicho en la demanda que la actora recibió el 19 de enero de 2005 de CTI una factura por un servicio de telefonía celular que no había contratado. Esto motivó el reclamo ante la empresa, que no fue atendido con seriedad, ni inmediatamente, porque el día 07 de febrero CTI MÓVIL volvió a enviarle otra factura similar, pero esta vez por deuda en dos líneas telefónicas. Nuevamente se presenta en las oficinas de la empresa donde dice haber perdido toda una mañana en el trámite, y acusa mal trato de los empleados en actitud de una clara violación a los derechos del consumidor. Por tales inconvenientes, acude ante la Dirección de Defensa del Consumidor, donde inició un trámite que culmina con la Resolución N° 326 D.D.C. de fecha 20/06/2006, aplicándole a CTI MÓVIL una multa de $ 30.000, por infracción a los art. 19° y 40° de la ley N° 24.240 y art. 22° de la Const. de la Provincia.

Asimismo, alude a "maniobras fraudulentas" de la demandada o de sus dependientes, imputando tal conducta porque cada línea vendida ellos perciben una comisión. "Es decir que, en virtud de lo establecido en el art. 1072 del Código Civil, el acto cometido por la demandada es un delito, en virtud del cual se debe reparar el daño o perjuicio causado (art. 1077 y 1078 C.C.". Así expone el fundamento de la pretensión.

6. Ahora bien, es necesario analizar los elementos de prueba aportados al proceso. En este sentido tiene relevancia la valoración las constancias que obran en el Expte. N° 405 0068-P-06 de la Dirección de Defensa del Consumidor, cuya resolución final aplica una importante multa por transgresión al art. 47 de la ley N° 24.240, encontrando a la empresa denunciada incursa en conducta violatoria de los artículos 19 y 40 de ese ordenamiento legal. El órgano de aplicación consideró que se había violado el derecho a la intimidad y a la seguridad, "ya que se han utilizado por personal de CTI datos personales identificatorios de la denunciada para obtener la comisión que se abona por suscripción de un servicio, falseando datos ya que dicho servicio nunca fue solicitado y por lo tanto CTI no ha brindado el servicio como corresponde, ya que la suscripción al mismo implica un acto de voluntad del suscriptor (en este caso la denunciante), que no se ha verificado en el caso en análisis a través del dictado de la resolución N° 162-DDC-06".

Por efectos de la confesión ficta (art. 401, CPC) y por los demás datos de prueba arrimados al proceso, la jueza a quo ha valorado en forma positiva la existencia de los hechos en que se funda la pretensión (conf. art. 370, CPC). Solamente aún está en discusión si la indemnización fue ponderada con justicia. Conviene adentrarse en la naturaleza del derecho lesionado antes de medir la cuantificación del resarcimiento. En este orden, la conceptuación del daño a la intimidad la encontramos dentro de responsabilidad civil mentada en el art. 1071 bis del Código Civil. A más de ello, huelga decir que goza de tutela constitucional, como bien lo señaló el Director de Defensa al Consumidor en su resolución. La zona de reserva privada de cualquier sujeto de derecho tiene, entre otras finalidades, la guarda de los datos personales que no pueden ser utilizarlos o comunicarlos a terceros sin el consentimiento de su titular. Gozan de protección específica en la ley N° 25.326. Su artículo 5° dispone: "El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado s consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare de acuerdo a las circunstancias..." De acuerdo a esta norma, el ilícito está claramente cometido por la empresa telefónica demandada o sus dependientes, que actuaron desaprensivamente para vincular con un contrato inexistente a la usuaria de un servicio telefónico que nunca solicitó. Lógicamente, denota una conducta antijurídica anterior al envío de las facturas.

La figura jurídica del derecho a la intimidad radica en el hecho de la intromisión de un extraño al ámbito privado de las personas en las más diversas formas. La antijuridicidad emana del elemento objetivo de responsabilidad por la imputación que le cabe al autor o victimario de la perturbación o de las molestias ilegítimas causadas en la vida ajena y el riesgo creado por ese actuar reprochable. Se prescinde de los factores subjetivos de un obrar doloso o culposo. Es decir que aún sin culpabilidad hay un agraviado, una víctima (Conf. Mosset Iturraspe, "La intimidad frente al derecho. Su problemática", en Rev. de Derecho Privado y Comunitario, 2006-2, Ed. Rubinzal Culzoni). El jurista recuerda: "Es un caso de aquellos, sostiene Orgaz, en que por razones de equidad la indemnización ha de vincularse inmediatamente a las molestias ilegítimas y no a la culpa. Sería injusto imponer al agraviado inocente la obligación de probar el dolo o la culpa de quien ha violado su intimidad, so pena de no obtener la reparación que merece y, todavía cargar con los gastos correspondientes a su justa demanda" En una palabra, no hace falta investigar si hubo conducta fraudulenta o si los directivos o dependientes de la empresa telefónica cometieron un delito civil (art. 1072, C.C.) para converger en un daño indemnizable. Por eso, todos los esfuerzos de la demandada que trata de minimizarlo en alusión a la suma insignificante ($ 20.01) que reclamara la empresa con la factura mal enviada, son inconducentes.

7. El daño se agrava por el modo como se produce. No solo se utilizaron datos privados de la persona que no tuvo la intención de comunicar, sino que el accionar de la demandada obligó a la víctima a realizar fastidiosas gestiones ante la empresa, no atendidas inmediatamente para subsanar con premura el error. La actitud de la empresa telefónica motiva en reclamo ante la Dirección de Defensa al Consumidor, con lo que recién logra la víctima el cese de la agresión. La empresa telefónica ni siquiera ocurrió ante la citación para los descargos en dicho trámite administrativo. Las circunstancias apuntadas van dando espacio al daño moral concomitante (art. 1078, C.C.).

La indemnización fijada por la jueza de grado está bien relacionada con estas circunstancias pero resulta insuficiente. El daño proviene de la clara transgresión al derecho personalísimo de la intimidad, con base constitucional; pero las vicisitudes posteriores sumaron su incidencia en el daño moral. No es posible liberarse de la responsabilidad con solo hablar de un simple error por mandar la empresa telefónica una factura mal confeccionada, sino que lo hace a propósito de un servicio no contratado. Tampoco demostró buena predisposición y diligencia para subsanar el inconveniente de forma inmediata y así evitarle mayores molestias a la víctima por la violación al derecho a la intimidad. Quede claro que no se trata de una simple molestia por la cual haya de ser desechada la posibilidad del resarcimiento. De ahí que encuentro razonable fijar al monto solicitado en la demanda como resarcimiento razonable de reparación del daño moral.	8. Sobre los intereses que han sido puestos en tela de juicio por la demandada por entender que no hubo mora, también su agravio debe ser desestimado, pues aquí los intereses compensatorios debieran correr desde la fecha en que se produjo el daño. Desde entonces nace el derecho a su indemnización, respetando los parámetros de la doctrina sobre la integridad del resarcimiento (art. 1068 y 1069, C.C.). En el sub lite la sentencia de primera instancia determina que sean computados a partir de la fecha de la demanda. Este punto no ha sido motivo de agravio por parte de la actora, de modo que no corresponde a este tribunal modificar nada al respecto (conf. art. 277, CPC). 9. De acuerdo a esta exposición, propicio el siguiente fallo:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, fijando el monto indemnizatoria en la suma que reclama en la demanda. Desestimar el recurso de apelación de la parte demandada.

II) Imponer las costas a la demandada vencida.

Así voto.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, fijando el monto indemnizatoria en la suma que reclama en la demanda. Desestimar el recurso de apelación de la parte demandada. II) Imponer las costas a la demandada vencida.

Los DRES. PASCUAL E. ALFERILLO y GILBERTO A. RIVEROS, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, fijando el monto indemnizatoria en la suma que reclama en la demanda. Desestimar el recurso de apelación de la parte demandada.

II) Imponer las costas a la demandada vencida.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.