marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Marcas, interés legítimo, oposición al registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAUMA AUTOMOTORES SA c/ SUMA CARLOS ELIAS s/ nulidad de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

Respecto del término "sauma" al que la actora le atribuye la motivación de ser el apellido del fundador de la firma. Sin embargo, debe atenderse que también lo es el del propio comerciante que se ha dedicado al rubro como integrante de la firma actora, y ahora lo hace fuera de la firma (en la que solo permanece como accionario, y no como directivo o empleado, lo cual lo diferencia de los precedentes señalados por la actora), por lo cual, ante la inexistencia de limitación convencional alguna (no se ha agregado un convenio vigente que imponga restricciones de uso u actividad) tiene un derecho equivalente y suficiente interés legítimo a identificar ese servicio con su propio patronímico civil, tal como se encuentra reconocido por la jurisprudencia de los tribunales federales (arg. esta Sala, causa 8617 del 17/2/1998; Sala 2, C. 102 del 5/5/1981 y C.

455/97, del 12/9/2003).
Vivienda única, inscripción registral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BANCO FRANCES S.A c/ JIMENEZ, JULIO DOMINGO Y OTRA s/ COBRO DE PESOS COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-06-25

La vivienda única y asiento del grupo familiar es una situación de hecho y, como tal, es mutable; razón por la cual se la exime de la inscripción registral y así lo dispone el art. 1° de la Ley 6.317 que la considera "automáticamente inscripta de pleno derecho como bien de familia".
Recurso extraordinario federal, gravedad institucional, acto administrativo, división de poderes, resolución administrativa, cuestiones de competencia, contrabando de estupefacientes, aeropuertos
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: Ministerio de Defensa c/ resolución n. 155/96 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

Corresponde dejar sin efecto la resolución de cámara que declaró inaplicable la directiva del Ministerio de Defensa, vinculada con la intervención de la justicia penal económico en los casos de portación de estupefacientes en los aeropuertos mencionados en el art. 1027 del Código Aduanero, si la interpretación efectuada no se compadece con el limitado contenido ni con el destinatario de la directiva, pues no puede afirmarse que con ese acto administrativo se pretenda resolver lo referido a la competencia judicial en materia del delito de contrabando de estupefacientes.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, médico cirujano, cirugía estética
Materia: CIVIL
Carátula: L.S.S. c/ O.E. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-11

Los médicos ginecólogos frecuentemente realizan implantes de prótesis de silicona para la reconstrucción mamaria en caso de adenomastectomía subcutánea intervención que depende de su formación y habilidad quirúrgica, de modo que la falta de título o certificado en la especialización de cirugía estética no es obstáculo para practiquen estos procedimientos. Por lo demás la especialización en cirugía plástica no es indispensable para realizar este tipo de intervenciones aunque sea aconsejable, en tanto la certificación como médicos (habilitación por su matrícula nacional y/o provincial)los autorizan a ejercer la medicina en su totalidad. La autorización del Ministerio de Salud y de los colegios médicos es para anunciarse como especialistas pero no para actuar como médicos. Con este enfoque si los médicos tenían sólo títulos habilitantes como cirujanos y administraron todos los medios y Conocimientos científicos a su alcance para la correcta atención del paciente en tanto la operación no se debió exclusivamente a una cuestión estética sino a puntuales problemas de salud, al no demostrarse negligencia o impericia no puede imputarse responsabilidad a los profesionales.

Sumario N°20840 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Accidente de tránsito, daño psíquico, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Zenteno Isabel y otro c/ Venegas Alexis Andres y otro s/ d. y p. derivados del uso de automotores (con lesion o muerte)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-20

En relación la cuantificación del daño físico, a fin de lograr una más equitativa reparación de la incapacidad física es menester estar al promedio de las dos fórmulas que usualmente se utilizan en el ámbito judicial (Vuotto y Méndez).
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gorsd, Estela María Trinidad c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-01

En virtud del compromiso asumido con sus beneficiarios por la Provincia de Jujuy frente a eventuales reclamos que podría suscitase en la aplicación del Convenio de Transferencia (cfr. Cláusula 13ª. y concordantes), ha de concluirse que la misma resulta concurrentemente responsable con la A.N.Se.S. en el cumplimiento de la sentencia que ordena el reajuste del haber previsional del titular, tal como fue previsto por la ley 4.903 que autorizó la firma del convenio contenido en su Anexo I (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 18.10.07, "Agostino, José Domingo y otros"; ídem Sala III sent. del 04.05.09, "Cruz, Teófila"). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, depósito judicial, juicios contra el Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: Cóppola, Guillermo Esteban c/ Estado Nacional y/o Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-10

El recurso extraordinario, interpuesto contra la sentencia que declaró prescripta la acción en una demanda de daños y perjuicios contra el Estado Nacional, debe ser desestimado por no haberse efectuado el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Concurso preventivo, intereses, suspensión del acto administrativo
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE. N° 84407 - BANCO DE MENDOZA S.A. EN J° 37.305 BANCO DE MENDOZA S.A. s/ CESE ACTIVIDAD REGLADA S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-03-19

Para la Ley de Concursos y Quiebras, no existe una suspensión sinedie de los intereses. Con la presentación en concurso, se produce la cristalización de las deudas del concursado de fecha anterior a ella, suspendiéndose a partir de entonces el curso de los intereses. Pero una vez homologado el acuerdo se produce la cesación de tal efecto, renaciendo para el acreedor privilegiado el derecho a la percepción de su acreencia debidamente reajustada desde la fecha de la resolución homologatoria.
Reserva de la cuestión federal, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Dra. Mónica Beatriz Córdoba s/ En autos Corte Nro. 35/01 Nieva, Juan C. y otros C/Empresa Bosio  S.R.L. y otro-Daños y Perjuicios-Casación-Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-05-22

Contra la sentencia de esta Corte que hizo lugar parcialmente al recurso de casación en una regulación de honorarios la representante legal de la empresa citada como tercero por la demandada plantea recurso extraordinario. Fundamenta dicho recurso en que el pronunciamiento dictado es arbitrario por interpretar que al no existir norma expresa para la regulación de honorarios en la actuación del tercero citado se considere aplicable la correspondiente a los incidentes y que tal decisión provoca lesión a los derechos de propiedad, el debido proceso legal y defensa en juicio consagrados en la Constitución Nacional.

Conforme doctrina de esta Corte, previo el análisis de los planteos de fondo es menester el control de admisibilidad en relación a los requisitos procesales y procedimentales del recurso extraordinario federal indicados en general en los arts. 14 y 15  de la ley 48.

Dentro de dichas formalidades se exige el deber del oportuno planteamiento de la cuestión federal, entendiéndose por tal al momento de trabar la litis, o bien cuando motivos de excepción justifiquen la ausencia de tal formalidad, toda vez que su finalidad es conferir a los jueces de la causa la oportunidad de pronunciarse sobre la cuestión federal que se alega comprometida.

En el caso, la recurrente omitió efectuar la reserva pertinente.

Tampoco alegó arbitrariedad sorpresiva. Al respecto, cabe recordar que la circunstancia de que el fallo no se haya basado en argumentos esgrimidos o bien contrarios a los pretendidos por las partes, no significa de modo alguno que el sentenciante haya introducido cuestión federal en esa oportunidad, más aún si se tiene en cuenta que el resultado al que se arriba era una contingencia previsible, obstando tal omisión a la concesión del recurso.

En efecto, en tal sentido la CSJN ha reiterado que es tardía la cuestión federal introducida al plantear el recurso extraordinario, si aquélla pudo ser invocada en un estadio anterior de la litis.

Aplicando este criterio, la cuestión federal ha sido planteada fuera de término, pues la recurrente pudo articularla al contestar el traslado del recurso de casación, toda vez que lo que ahora cuestiona era uno de los agravios del casante, motivo del recurso acogido en el fallo que se impugna. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario federal por inadmisible.
Responsabilidad del funcionario público, escribanos públicos, inhabilitación preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Prisco, Fernando D. c/ Colegio de Escribanos de la Capital Federal s/ Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-16

El artículo 4, inciso c), de la Ley 12.990 tiene por finalidad separar del ejercicio profesional en forma preventiva a aquellos escribanos que se encuentran acusados por cualquier delito desde que se hubiera dictado la prisión preventiva, es decir que, el fin a que apunta, no puede considerarse de ningún modo irrazonable, habida cuenta que está destinado a proteger un valor jurídico preeminente:

la fe pública.

Tanto el artículo 4, inciso c), como el artículo 55, de la Ley 12 990 están inspirados en el interés del Estado en ejercer, a través de la suspensión preventiva, un eficaz contralor sobre quienes ejercen la actividad notarial, en cuyo desarrollo se encuentran comprometidos objetivos básicos de la convivencia social. En consecuencia, permitir que un escribano procesado por delito de falsedad ideológica previsto en el artículo 293 del Código Penal, continúe ejerciendo su profesión, afectaría la garantía que todos los particulares buscan cuando concurren a un notario, de modo que apartar de la actividad notarial a quienes atentan contra el prestigio de la delicada función fedataria, no es irrazonable ni caprichoso - presupuesto éste de inconstitucionalidad - sino que es oportuno y conveniente en función de los valores en juego, pues el escribano, como funcionario público que es, debe estar al margen de toda actuación irregular y sospechosa hasta tanto se dilucide su comportamiento.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, adicionales de remuneración, docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tierno, Grisel Mara Beatriz y Otros s/ Queja Por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado En Tierno, Grisel Mara Beatriz Y Otros c/ GCBA y Otros s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, a cuestionar la sentencia que confirmó el rechazo de la demanda en cuanto reconoció carácter bonificable, a un adicional de remuneración docente (FONAINDO). Ello así dado que: a) la actora no se hace cargo de los puntos del Estatuto Docente sobre cuya base el punto viene decidido, ni de la argumentación que dio la Cámara, más allá de su acierto o error; y b) el planteo según el cual se habría violado el principio de igualdad en razón de que el mismo fuero, en otras ocasiones, habría reconocido el carácter bonificable del suplemento, además de infundado, supondría tanto como obligar a los jueces a mantener pétreos sus criterios, circunstancia que es inadmisible. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a sus fundamentos en "Magne, Rita Beatriz y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Magne, Rita Beatriz y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - genérico", expte. n° 11078/2014-1; sentencia del 28-09-2022).
Accidente de tránsito, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL
Carátula: Díaz Alfaro Cenen c/ Novoa Manuel Horacio s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-03-28

Los gastos de asistencia médica y farmacia resultan razonables teniendo en cuenta la naturaleza de las lesiones sufridas por la víctima y el tiempo que duró su curación, aún en ausencia de prueba. Para determinar los gastos de farmacia y asistencia médica causados por un accidente de tránsito, no es indispensable la presentación de recibos y facturas, pero bien guardar relación con el daño sufrido.

Aunque los gastos médicos y de farmacia no estén acreditados, debe admitirse los reclamados si así resulta de la naturaleza de las lesiones sufridas y la prolongada asistencia médica citada. La verosimilitud de la necesidad de inversión de gastos por asistencia médica y de farmacia, en ausencia de toda documentación, debe quedar librada a apreciación judicial en juicio de accidentes de automotores.
Improcedencia del recurso, calificación legal, juicio abreviado, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: NEYRA VÁSQUEZ, Fernando Alfredo s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

No ha de tener favorable acogida el agravio mediante el cual se cuestionó en el recurso de casación, la calificación legal si poniendo de resalto que al presentar el acuerdo de juicio abreviado ante el tribunal, el recurrente prestó su conformidad con aquella de modo que no se comprende su agravio actual con lo que libremente consintió con anterioridad, ni mucho menos demuestra la arbitrariedad con la solución legal dada al a quo (voto del juez Días)
Contrato de trabajo, empleados públicos, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: PALAZZO, JORGE c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ NULIDAD ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

El primer párrafo del art 2 de la LCT no constituye un obstáculo para que las normas de la ley 22.140 sean aplicables a los empleados públicos, dado que sus disposiciones no resultan incompatibles con la naturaleza y modalidades de la función pública y, respecto del régimen jurídico al que se hallan sujetos los dependientes de ésta, existe un mecanismo de recíproca exclusión legalmente consagrado, según el cual los empleados públicos - a quienes es aplicable en principio la ley citada- entrarán dentro del ámbito de aplicación de la LCT cuando así se disponga por acto expreso o cuando se los incluya en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo (art 2 inc a) de la LCT). Por su parte, el art 2 inc f) de la ley 22.140 excluye del ámbito de su aplicación al personal comprendido en convenciones colectivas de trabajo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, honorarios, honorarios del perito, prueba pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: Gaga S.R.L. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales y/o Petromen. s/ cobro de honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que consideró que no le asistía derecho al experto para reclamar sus honorarios de la parte que no había ofrecido prueba pericial, pues omitió dar respuesta a los agravios invocados por el recurrente según el cual el pedido de explicaciones formulado en la etapa probatoria había importado una participación en la producción del peritaje, conducta que -a su entender- excluiría la aplicación del art. 478, 2° párrafo, inc. 2° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Procesos de ejecución, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: B. N. D. L. S.A. c/ R., T. R. y otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-10-17

El juicio ejecutivo se caracteriza por ser un proceso de cognición restringido básicamente con limitaciones respecto al juicio ordinario en cuanto a los plazos y a las defensas que puede oponer el demandado al progreso de la ejecución.

La finalidad del juicio ejecutivo no consiste en lograr un pronunciamiento judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho sustancial incierto, sino obtener la satisfacción de un crédito que la ley presume existente en virtud de la peculiar modalidad que reviste el documento que lo comprueba.
Acción de amparo, recurso contencioso administrativo, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DENTI, CARLOS Y A. Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-06

La resolución de la Sala Laboral y Minas que no se ciñe a considerar las cuestiones propuestas, ni tampoco se limita a resolver lo concretamente peticionado en la acción de amparo, sino que decidió convertir la acción primigeniamente instaurada en un recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, atento a la materia en debate; inobserva el principio de congruencia según el cual se debió resolver con arreglo a lo peticionado. En efecto, en lugar de examinar si había ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en la resolución administrativa, se resolvió sobre una cuestión ajena a la concreta temática del amparo; alterando el equilibrio procesal de las partes litigantes en desmedro de la accionada, que debe soportar una sentencia previa, respecto de la cual no pudo defenderse.
Medidas cautelares, impedimento de contacto del menor con el padre no conviviente
Materia: CIVIL
Carátula: L. A. c/ N. M. C. s/ Medidas Precautorias (Art.232 Del C.P.C.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-08-19

Por aplicación del principio de interés superior del niño, debe admitirse la medida precautoria peticionada por la ex pareja de la demandada, tendiente a que el progenitor de ésta no tenga contacto con sus nietos, con fundamento en un supuesto abuso deshonesto que la madre habría sufrido por parte de aquél.
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rada Enrique Fernando y otros c/ Banco de Río Negro S.A. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-11-16

La selección de un segmento determinado dentro del ámbito convencional (en autos del 18/75), ello remite a valoraciones casuísticas de diversa índole, las que no pueden estimarse excluidas por el art. 245 de la LCT, sino que se hallan obviamente insitas en la aplicación práctica del mismo. Repárase -a guisa conceptual- que el propio dispositivo contemporiza el principio más favorable al trabajador par determinar el tope de convenio aplicable, en los casos de dudas en la selección y operatividad de los mismos. Idéntica reflexión merece la alusión al art. 16 de la LCT. pues siempre se está en la esfera del mismo convenio colectivo. (Mayoría de los Dres. Lutz y Sodero Nievas)
Costas, intervención de terceros, acuerdo de partes
Materia: PROCESAL
Carátula: COBENSIL   SA c/ OBRA   SOCIAL  DE  LA  INDUSTRIA  DE  PASTASALIMENTICIAS s/ incumplimiento de prestación de obra social.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

El juez no decidió que el juicio hubiese finalizado por allanamiento, sino que recurrió a la disposición del art. 70 inc. 1, del Código Procesal, al sólo efecto de fundar la imposición de las costas conforme la conducta asumida por el demandado en el pleito, en particular, en el acuerdo celebrado con la actora. Es decir, no parece razonable que en dicho acuerdo la demandada hubiese asumido todos los costos del juicio, salvo los que ella misma motivó con la citación, y que ahora pretenda que el citado cargue con las costas por su intervención en el pleito al que lo trajo, y ello sin que se hubiese dictado un pronunciamiento definitivo que atribuyera responsabilidad al tercero, precisamente por el mencionado acuerdo.
Contratos, compraventa, vicios, defectos de fabricación, automotores, obligaciones del proveedor, responsabilidad del fabricante, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rosano, Valeria Alejandra c/ Darc Libertador SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-27

Las fallas de fabricación y/o problema de fondo del automotor, no pueden sino involucrar la responsabilidad de la codemandada como "fabricante" según lo previsto por la ley 24240: 40. Es que la responsabilidad perseguida respecto del "proveedor" en los términos de la ley 24240: 10 bis, no excluye la responsabilidad del "fabricante" según el citado art. 40, norma esta última que, por cierto, aprehende el daño al consumidor en un sentido genérico, esto es, no específicamente el que pueda sufrir en su persona, sino también a todo perjuicio resultante del vicio de la cosa que produzca un menoscabo en el derecho del adquirente (conf. Farina, J., Defensa del Consumidor y del usuario, Buenos Aires, 2004, pág. 436, n° 1 "a", y pág. 437, n° 2). Concretamente, el defecto de fábrica está aprehendido en la responsabilidad contemplada por el citado art. 40 (conf. Chamatropulos; D., Estatuto del Consumidor Comentado, Buenos Aires, 2016, T. II, pág. 77), y la acción por indemnización de daños y perjuicios prevista en él es "principal" y "autónoma" y puede ser dirigida contra todos los sujetos mencionados en ese precepto o contra alguno de ellos, vgr. contra el "fabricante", perdiendo interés la distinción entre las órbitas extracontractual y contractual de responsabilidad, ya que en este aspecto se habla de una responsabilidad negocial (conf. CNCom, Sala E, 17/3/08, "Bello Díaz, Nelson c/ Fiat Auto Argentina SA s/ ordinario"; Rouillón, A. y Alonso, D., Código de Comercio Comentado, Buenos Aires, 2006, T. V, pág. 1200, n° 2; Farina, J., Defensa del Consumidor y del usuario, Buenos Aires, 2004, pág. 451).
Empleo público, competencia contencioso administrativa, impugnación del acto administrativo, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Andriuzzi,   Claudio   Marcelo c/ Facultad  de  Ciencias  Veterinarias s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 40 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, compete a la Cámara Nac. de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Cap.Fed. y no a los jueces de primera instancia del mismo fuero el conocimiento de la presente acción mediante la cual se impugna la resolución administrativa que decretó la cesantía del actor, ya que el término podrá utilizado en la misma, no importa consagrar la facultad del afectado a elegir vía u órgano judicial en busca de protección de sus derechos, en apartamiento de las previsiones de tales dispositivos, sino autorizarlo -dentro de la técnica legislativa regulatoria de la relación de empleo público y el orden disciplinario implícito en ella- a dejar la esfera administrativa para pasar a la judicial, reservándose la ley el señalamiento del tribunal competente.