marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo con el concurso de personas, robo en poblado y en banda, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: BALLESTEROS, Daniel y otros s/ ROBO - CONCURSO PERSONAS - ASOCIACION ILICITA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-30

El quehacer del procesado debe encuadrarse en la figura del art. 167 inc. 4 C.P. que, en función de su similar, 163 inc. 9 agrava el robo cuando en el mismo intervienen tres o más personas, sin que tal reunión llegue a informar la doctrinal y legalmente llamada "banda".

La sanción de la ley 21.338 introdujo la calificante mencionada y la hizo regir independientemente de la "banda". Ello restó sustento a la conclusión emanada del plenario "Coronel, Rogelio" (7/6/63) que no asimilaba a la última con el concepto de asociación ilícita, como hasta ese momento similar precedente contradictorio lo había establecido.

La identificación de ambas ideas recobra vigencia en la actualidad y ello es así, no sólo por la indefectible necesidad de distinguir en forma nítida el significado de las agravantes en cuestión, sino también porque la acabada intelección del art. 210 C.P. induce inequívocamente a la conciliación conceptual mencionada.
Libertad condicional, excarcelación, fallo plenario
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RETAMOZO, HECTOR A. s/ ABUSO  DESHONESTO - CONCURSO DE DELITOS - PENA - LIBERTAD CONDICIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

Debe aplicarse la doctrina sentada por el plenario "Aranda, Rogelio" del 23/5/74, si el acusado, actualmente excarcelado, estuvo detenido algo más de ocho meses, para que pueda tramitar su libertad condicional mientras continúa gozando de libertad, y evitar de este modo, el daño innecesario que podría irrogar al sujeto la suspensión de una libertad que parece haberle permitido una normal reinserción social.
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba, cuestión federal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sabartes, Antonio c/ Fontana, Héctor s/ Tercería de dominio Fernández, Alfredo y otro c/ Colombo, Aquino y ot. s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14|1991-10-29

La falta de consideración de algunas pruebas como de la reserva del caso federal no constituye omisión de cuestiones esenciales.
Derechos y garantías constitucionales, facultades del juez
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Escobar, Jorge Alberto s/ Acción Meramente Declarativa - Sumarísimo - Inconstitucionalidad; y  en Expte. N 1990 - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-03-03

El avance de los principios constitucionales que es de natural desarrollo, y no de contradicción, es la obra genuina de los intérpretes, en particular de los jueces, quienes deben consagrar la inteligencia que mejor sirva a los grandes objetivos para los que fue declarada.
Ley penal más benigna, sobreseimiento, recurso de casación, evasión
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Conbos Srl s/ Evasión Simple Tributaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Misiones
Fecha: 2014-03-31

Debe ser concedido el recurso de casación articulado contra el decisorio confirmatorio del desistimiento de las actuaciones, rechazando el requerimiento de Instrucción formulado en relación al delito de evasión simple previsto por el art. 1 de la Ley 24.769 por aplicación de la ley penal más benigna (art. 2 del C.P. y 1 de la Ley 26.735), pues el pronunciamiento recurrido se halla entre aquellos que habilitan la vía casatoria en los términos de art. 457 y concordantes del CPPN, es que, con el sobreseimiento confirmado por aplicación al caso de la Ley Penal Más Benigna se torna imposible la continuidad de las actuaciones; y, en atención a la fundamentación desarrollada por el recurrente, se verifica que en la promoción de la Instancia extraordinaria se han expresado concretamente los motivos de la oposición, resultando una crítica autosuficiente de la decisión adoptada.
Recurso de casación laboral, cauciones
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: ALE MOISES c/ LA GACETA s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-25

Esta norma art. 134 C.P.T. contempla una situación de excepción con relación al artículo 133 del CPT -que es el que prevé el régimen general en materia de afianzamiento, según se colige claramente del artículo 132, inciso d), del CPT-, y regula el caso de que exista embargo trabado sobre bienes suficientes con anterioridad a la fecha de interposición del recurso, entendiendo por tal el que a dicho momento se encontrara concretado y no simplemente ordenado por el magistrado en la sentencia respectiva.

Ello así por cuanto dicha hermenéutica fluye claramente del texto del dispositivo en examen, no bien se advierte que por el solo hecho que el recurrente adjunte "testimonio autenticado que acredite esta circunstancia", expresamente se lo declara exento de cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior -vale decir, el 133-, o, lo que es lo mismo, se considera satisfecho el requisito del afianzamiento, siendo que esta declaración no resulta concebible sino con relación a un embargo decidido y concretado, y no con respecto a uno simplemente ordenado jurisdiccionalmente pero todavía no materializado en los hechos.

Además, según el texto expreso del artículo 134, la remisión a las disposiciones del artículo 133 únicamente está autorizada cuando se verifique la situación prevista en la segunda parte de la norma, y no con relación a la primera. Por lo tanto, queda evidenciada la incorrección del encuadre normativo resuelto por el a quo y la impertinencia de su afirmación en el sentido que el plazo de 15 días previsto en el artículo 133 se aplica también al supuesto del 134 toda vez que, conforme a lo considerado ut supra, en el primer párrafo de dicha norma sólo quedan aprehendidos embargos concretados y no meramente ordenados.

Es así que constituye un apartamiento ostensible del texto de la ley y una desvirtuación manifiesta de su sentido, tener por aplicable a la situación contemplada en la primera parte del artículo 134 del CPT, un plazo que no está en el texto del mismo y al que, además, una sana exégesis de la norma repele, de conformidad a lo considerado con anterioridad.

Asimismo, por tratarse de una solución de excepción la descrita en el artículo 134 del CPT, es de interpretación restrictiva, por lo que no corresponde extenderla al caso de marras, en el que al momento de plantearse el remedio casatorio, no se había concretado todavía el embargo.
Accidentes de trabajo, legitimación activa, muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización civil
Materia: LABORAL
Carátula: Santillán, Toribio Elpidio c/ Duckwitz, Jurgen Gerhard s/ Cobro de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11

La falta de aptitud jurídica para promover la acción en los términos de la ley 9688 debido a que el peticionario no demostró los recaudos que la legislación exige para reconocerle el derecho a la percepción de la indemnización resarcitoria por el fallecimiento de un hijo, no es excluyente con relación a las restantes cuestiones de la causa, ni obsta al análisis de la calificación jurídica del siniestro ocurrido, ni de la responsabilidad patronal del evento.
Sufragio, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-06

El Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires ha establecido a quiénes otorga derecho al voto disponiendo a ese respecto que el derecho es "universal", es decir que todas las personas lo tienen, carácter que garantiza que todos, por el solo hecho de ser personas, merecen el derecho al sufragio, razón por la cual el Legislador no puede regular el derecho al voto sobre la base de reconocer distinta dignidad a las personas; puesto que, de hacerlo, vendría a revisar la voluntad del Constituyente que ha estimado a todos de igual dignidad, sin perjuicio de que ello no impide su reglamentación. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Denegatoria del recurso, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: SA LAS PIEDRAS c/ ESTADO NACIONAL s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-22

Frente a una providencia que deniega un recurso, no cabe, a su vez, una nueva apelación, sino que el litigante perjudicado debe recurrir directamente al Tribunal Superior de la Causa mediante la interposición de la Queja pertinente (cfr. Alsina, H., "Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil", T. IV, p. 223;

Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado", T. I, p. 771 y sus citas en nota 23;

Fassi-Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado", T. II, p. 290 y sus citas en nota 90; Ibáñez Frocham, M. M., "Tratado de los Recursos en el Proceso Civil", págs. 133/4, N° 46).
Situación del imputado, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: A., V.H. s/ Incidente de Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-05

A diferencia de la pena como condena, cuyo sentido y alcance emanan de la doctrina penal, la prisión preventiva tiene una finalidad procesal concreta, el aseguramiento de las condiciones para la realización efectiva de la justicia penal. Es decir atiende a garantizar, en la hipótesis de determinados marcos fácticos-legales, la intervención personal del imputado, manteniéndolo a disposición del Tribunal mientras se sustancia el proceso.
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías
Materia: AERONAUTICO - CIVIL
Carátula: Boston Cía. Argentina de Seguros  S.A. c/ Varig Brazilian Airlines s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-23

Si ha existido nota de mala condición entra a jugar una presunción impuesta por el buen sentido, que indica que si los pesos son idénticos y no se ha comprobado, ni siquiera invocado la introducción de elementos extraños, el faltante establecido tiempo después no puede ser atribuido a la responsabilidad del transportista.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G.P. DE G., R.M.B.R. c/ DE B. , G y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-24

Es procedente el resarcimiento de los gastos de atención médica, farmacéuticos y de traslados cuando existe daño físico, aun a falta de comprobantes, pues se presume la necesidad de su erogación aun cuando la víctima cuente con cobertura por obra social o se atienda en establecimientos públicos.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, efectos de la sentencia penal en sede civil, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL - CIVIL - PENAL
Carátula: Morales, Domingo Faustino c/ Ibañez, Juan Carlos y otros s/ daños y perjuicios (sumario).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que consideró que no podía alterar la afirmación del juez penal en el sentido que la víctima había sido el embestidor, ya que este enfoque preserva el art. 1103 del Código Civil, por cuanto la noción de "existencia del hecho principal" engloba las circunstancias fácticas atinentes a la materialidad del hecho que fueron estimadas esenciales para determinar la absolución del imputado.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castiglioni, Héctor Oscar y otro c/ Amado, Roberto Luis y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

Para interrumpir la prescripción de la acción basta cualquier gestión judicial que ponga de manifiesto la actividad del acreedor y su intención de mantener vivo el derecho y no dejarlo perder (art.

3986, Código Civil).
Enfermedades inculpables, jubilaciones, salarios por enfermedad
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, ALBERTO RAUL c/ KENIA  S.A.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-15

No corresponde el pago de los salarios por enfermedad inculpable con posterioridad al otorgamiento del beneficio jubilatorio, toda vez que tales prestaciones son de seguridad social por cubrir riesgos de subsistencia, resultando improcedente su percepción, en orden a la finalidad del artículo 213 de la Ley de Contrato de Trabajo, con posterioridad a la obtención del mencionado beneficio.
Admisibilidad del recurso, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUIATTI DE FONTANA MARIA ISABEL c/ ESTADO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-22

Conforme se desprende de las actuaciones agregadas y del propio relato de la actora, se planteó recurso de revocatoria y apelación jerárquica en subsidio contra la resolución del IOSPER. Y si el escrito fue presentado ante el P.E., éste lo derivó -como correspondía- al IOSPER. Constatada la demora del órgano mencionado, en dictar la resolución pertinente, le cabía a la reclamante plantear el recurso de queja por ante el P.E. o haber instado una decisión ante el mismo Instituto, cosa que no hizo. Todo lo cual determina una situación de falta de agotamieno de la vía administrativa que obsta al dictado de la admisibilidad del proceso.
Gastos del proceso, honorarios, peritos
Materia: PROCESAL
Carátula: Medina, Rubén Darío y otra c/ Nores, Agustín Alejandro y/u otro s/ ordinario daños y perjuicios (Turno A)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-05-05

Para regular los honorarios de los peritos debe estarse a lo previsto por las leyes arancelarias específicas que comprenden a cada profesional. En ese sentido, la fijación de los estipendios de los ingenieros especialistas por tareas o intervenciones en su calidad de auxiliar de la administración de justicia, se encuentra regulada en el capítulo V de la Ley provincial 10849. Si el cálculo conduce a una suma excesivamente desproporcionada, es de aplicación el art. 1255 del CCC
Sentencia condenatoria, remoción de jueces, principio de congruencia, iura novit curia, facultades del juez, cambio de calificación legal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: L. G., G. R. s/ QUEJA EN: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL s/INVESTIGACIÓN L. G. s/PTO. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO" (Expte. Nº 21197/06 - STJ-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-02

Lo cierto es entonces, que no se ha verificado irregularidad procesal alguna desde que el cambio de la subsunción jurídica de los hechos según la calificación de la requisitoria se encuentra permitido por la ley y no ocasionó una violación al derecho de defensa.
Recurso de inconstitucionalidad, jueces, calificación jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: S., E. B. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Peculado   (Expte. C.S.J. Nro. 572 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-26

La calificación legal de los hechos materia del proceso es propia de los jueces de la causa y no sustenta el remedio extraordinario, en tanto la condena no se funde en hechos diferentes a los que fueron objeto del debate.
Competencia contencioso administrativa, omisión de pronunciamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FRANCESCHI DE CARBONEL NORA IMELDA Y OTROS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-21

La alegación -aún hecha seriamente y con cierto grado de verosimilitud- de que en la sentencia que dictara en un juicio contencioso administrativo el Tribunal ha omitido considerar argumentos que la recurrente entiende esenciales, no resulta viabilizante del recurso de nulidad establecido en nuestro régimen procesal contencioso administrativo, por cuanto una cosa es no resolver alguno de los puntos controvertidos que son materia integrativa de la litis en cuanto refieren a las pretensiones concretas de las partes, y otra es no atender -por considerarlos, de modo expreso o implícito, inconducentes- uno o varios de los argumentos que la parte recurrente ha esgrimido como fundamento de la posición que sostiene.-
Obras sociales, derechos de las niñas, niños y adolescentes, parentesco por afinidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: M. F. F. E. F. c/  s/ determinación de la capacidad jurídica
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-07-13

La definición que de Familia se efectúa en el Decreto Reglametario 415/2006, de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061, en su art. 7 describe que "se entenderá por "familia o núcleo familiar", "grupo familiar", "grupo familiar de origen", "medio familiar comunitario" y "familia ampliada", además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada".
Derecho procesal, temeridad o malicia, SECLO, ley especial, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Rubio Esteban Nicolás  c/ Prevención ART SA  s/ accidente ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-08

La demanda entablada por el actor generó la intimación de pago al demandado quien denunció la existencia de una transacción extrajudicial homologada por el SECLO, previo al dictado de la sentencia, y opone excepción de cosa juzgada administrativa y pago total. El actor desconoce dicho pago y expresa que de ser cierto, ha de ser tomado como pago a cuenta. La accionada da en pago el monto del acuerdo, los intereses devengados y la multa dispuesta, y frente a ello el juez de grado libró giro en favor del actor, extinguiéndose así la obligación de la demandada. El actor desistió del proceso. En grado se dispuso ratificar la presentación, no obstante el accionante continuó instando el procedimiento a fin de obtener un pronunciamiento definitivo. No cabe duda que al momento del dictado de la sentencia no existía obligación alguna en cabeza de la demandada y, que la conducta asumida por la actora, que podría encuadrarse dentro de la categoría de mala fe procesal, resultó determinante para arribar a una condena errónea que obligó a pagar una obligación inexistente al momento de su dictado. La accionante tuvo constantes oportunidades para hacer saber de la existencia del acuerdo conciliatorio y de su cobro, lo cual hubiera evitado un enorme dispendio jurisdiccional y no se habrían dictado los actos jurisdiccionales que se cuestionan. Cierto es que la conducta procesal de la demandada tampoco resultó acertada, toda vez que debió interponer las defensas procesales a su alcance en el momento procesal oportuno y que el cambio de patrocinio jurídico no es óbice ni justificación para su interposición tardía. Cabe destacar que se pretende poner en jaque la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por la existencia de un error in iudicando, el que se produjo por la deficiente, temeraria, o maliciosa conducta procesal adoptada por las partes, lo cual debe hacerse saber al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. En consecuencia corresponde, declarar la nulidad de todo lo actuado desde el desistimiento del proceso, y descalificar como pronunciamientos jurisdiccionales válidos las sentencias dictadas en primera y segunda instancia.
Accidentes de trabajo, acción civil, cosa riesgosa
Materia: CIVIL LABORAL
Carátula: Hassanie, Rolando c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-18

Las diferencias que emergen del ejercicio de la opción por la acción civil que autoriza la Ley de Accidentes, están dadas -entre otras- por la inaplicabilidad de los principios rectores del Derecho del Trabajo: el régimen más favorable al trabajador, la indiferencia de la concausa, la ponderación de la culpa de la víctima, la primacia de la realidad del orden laboral... Opinión que sin embargo no es pacífica respecto de algunos de tales enunciados. Puede decirse, no obstante, que, ejercida la opción, los supuestos fácticos de la acción deben encorsetarse en los postulados normativos -no pueden ser otros que los que la norma civil contempla- y la responsabilidad encuentra límite en las consecuencias jurídico-dañosas efectivamente ocasionadas por las cosas o sus propiedades.
Recurso de revisión penal, recurso extraordinario, defensa en juicio, defensor, traslado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: B., J. A. s/ RECURSO DE REVISION PENAL - HOMICIDIO CALIFICADO Y ROBO CALIFICADO   (EXPTE.: C.S.J. NRO. 3 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-03

No obstante el encuadre legal que asigna a su pretensión el defensor técnico del imputado, no nos encontramos ante una sentencia firme que habilite la vía del recurso de revisión escogida.

En este sentido, el escrito presentado por el imputado "in forma pauperis" refleja la voluntad de interponer un recurso extraordinario federal, el cual aún no ha sido fundado técnicamente por ninguno de los curiales que se sucedieran en el ejercicio de su defensa.

Ante tal particular circunstancia, debe primar el principio que impone a los jueces en materia criminal extremar los recaudos que garanticen plenamente el derecho de defensa, cuyo ejercicio debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal sea provisto de un adecuado asesoramiento legal que asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio.

Consecuentemente, corresponde declarar inadmisible el recurso de revisión penal intentado, sin perjuicio de lo cual, y a los fines de resguardar las garantías de debido proceso y su correlato de defensa en juicio (art. 18 C.N.), ante el eventual estado de indefensión del recurrente, corresponde correr traslado al defensor particular por el término de 10 días a los fines que funde jurídicamente el escrito presentado "in forma pauperis" por el condenado, de conformidad con el artículo 14 de la ley 48 y con los artículos 256 y 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (recurso extraordinario federal), notificando personalmente al condenado de lo resuelto por esta Corte. (De los Fundamentos del Dr. Erbetta)
Beneficios previsionales, afiliados previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Volponi Jose Osvaldo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

En materia previsional, la efectiva prestación de servicios constituye la base del sistema en tanto indica el inicio de la afiliación (arts. 15, 17 inc. 'e', 18 y conc. ley 8587); siendo computable el tiempo de servicios prestados siempre que permitan la la liquidación de las retribuciones pertinentes, elemento básico y sustancial para la efectivización del aporte.
Derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, derecho a la salud
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: B., A. c/ SEROS y Otra s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-23

La obra social de los empleados estatales, no puede alegar para no asistir en forma integral a su afiliado que entraría en colapso financiero de repetirse casos semejante. En principio, porque en el caso que nos ocupa nada se ha demostrado sobre el particular y amén de ello, como se explicara precedentemente, ella cuenta con la normativa legal de su creación que le permite arbitrar las medidas que considere pertinentes para brindar el servicio que le encomendara el legislador en el artículo 1 del Decreto Ley Nro. 1404. No es posible que la contabilidad pública o de la obra social en el caso, sea la que decida el derecho a la salud de un menor.