marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, doble instancia, imputado, sentencia condenatoria, calificación legal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COSENZA, CESAR DANIEL c/  s/ HOMICIDIO CRIMINIS CAUSAE (ARTICULO 80, INCISO 7, CODIGO PENAL)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-10

Los Judicantes manifestaron que no correspondía otorgar a la apelación horizontal el alcance pretendido por la defensa, explicando que en el caso de autos, el imputado no había sido condenado por el Tribunal de apelación y, por ello, la nueva revisión no debía comprender el análisis de todos los puntos o cuestiones sometidos a examen en la primera impugnación, entendiendo que debían diferenciarse los casos de condena por la Cámara de los de agravamiento de la calificación legal -como el presente-, en tanto en aquéllos, como mínimo, los medios de prueba que dan sentido al cambio de la sentencia no son los mismos; mientras que en éstos lo que se modifica es la significación jurídica del hecho considerado probado, agregando que en autos, cumplimentada la exigencia legal de revisión de lo resuelto en primera instancia por la Cámara que los precedió, todos los aspectos que hubieran sido confirmados agotaban lo proyectado por la garantía, y luego de citar precedentes jurisprudenciales en aval del criterio adoptado, expresaron que la segunda apelación debía implicar exclusivamente el examen de las cuestiones fácticas y de los elementos probatorios cuya significación jurídica fue interpretada por el órgano revisor anterior de manera distinta a la otorgada en la condena por el tribunal de primera instancia, estimando que las apreciaciones hechas por la Cámara de ningún modo habían modificado la plataforma fáctica sobre la que se habían expedido los Jueces de grado, ni se había empleado prueba distinta para disponer la recalificación jurídica de aquélla, de manera que no podía afirmarse que se hubiera incurrido en una reconstrucción de los sucesos de modo incompatible con la realizada en primera instancia.
Intereses convencionales, intereses usurarios, modificación de la tasa de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASTOR S.R.L. c/ CONDELIA S.A. s/ Ejecución Hipotecaria (LIBRO: S071 - 107)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-18

La posibilidad morigeradora de la tasa de interés frente a la hipótesis de usura, se da siempre a través de un análisis detallado del caso concreto, que obliga a constatar si de las circunstancias aplicables se detecta el vicio que invalide la cláusula convencional. No hay parámetros "in abstracto" que puedan oponerse como condicionamiento absoluto.
Excusación, desplazamiento de la competencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tafra, Mateo c/ Frigorífico Siracusa y-u Otro s/ Legajo de Copias para Ser Elevado a la Excma. Cámara deApelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-14

Implicando un desplazamiento anormal de la competencia, siendo inherente ésta a la garantía del juez natural, las causales de excusación son de enumeración taxativa y deben ser interpretadas restrictivamente y con mesura dada su trascendencia y gravedad.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, allanamiento domiciliario, consentimiento del morador, nulidad procesal, desistimiento del recurso, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, apercibimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, Ramona. s/ ALLANAMIENTO.  ESTUPEFACIENTES. CORRECCIONES DISCIPLINARIAS. DEFENSOR  OFICIAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-19

1) No tiene valor legal el procedimiento de secuestro de estupefacientes realizado sin orden de allanamiento, sino tan sólo con la autorización que el procesado habría otorgado verbalmente a la comisión policial para ingresar a su domicilio, al ser interceptado por dichos funcionarios cuando pretendía a su vez entrar en él.

En virtud de lo expuesto y dado que la invalidez del secuestro impide la comprobación del cuerpo del delito, pues la confesión no basta a tal efecto, debe absolverse al procesado del delito de tenencia de estupefacientes.

2) La inactividad del actual Defensor Oficial de la otra procesada, que desistió del recurso, no puede perjudicar a su defendida, porque ha sido doctrina que este Tribunal ha venido sosteniendo que la falta de recurso no le impide asumir la competencia en supuestos como el presente, revocándose la sentencia recaída y absolviendo a la procesada, por los argumentos expuestos precedentemente;

aplicándose al Defensor Oficial la sanción de apercibimiento, por haber recaído en deficiente actividad que le fue perdonada en causa anterior.

NOTA: Se citaron respecto al punto 1): Fallos I/51, IV/4 y 264;

JPBA, 11/287 y 37/111; Fallos I, 2da. serie, pág. 335.
Jueces, cesantía, indemnización, gobierno de facto, Constitución Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL
Carátula: ASTUENA, NORMA JUANA c/ ESTADO NACIONAL (P.E.N.) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-26

La cesantía de un juez dispuesta con prescindencia no ya, obviamente, de los mecanismos previstos en la Constitución Nacional, sino de los arbitrados posteriormente (confr. ley N. 21.374, B.O.

del 9.8.1976) comportó un sacrificio de derechos previamente atribuidos por acto válido y que el Estado no pudo disponer sin indemnización. Tal es lo que resulta de los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional y de la doctrina que con carácter general consagra el art. 18 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Pues, en efecto, si por hipótesis, el cese del demandante encontró su causa en motivos de conveniencia política o simplemente administrativa, no es dudoso su correlativo derecho a indemnización.
Locación, plazo legal, destino de la locación, vivienda familiar, comercialización
Materia: CIVIL
Carátula: GHERSI NANCI L. Y OTRA c/ MANUEL MARIN s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-18

Es cierto que los contratantes fijaron un plazo de dos años a la relación locativa, pero no es menos cierto que los locadores tenían conocimiento del objeto que iba dar al inmueble el inquilino a más de vivienda familiar (panadería) conforme última cláusula del contrato. Por lo tanto se debió considerar la existencia de una locación integrada en donde las actividades comerciales como la vivienda componen un todo único inescindible, y como tal excluida de la disposición contenida en la primera parte del art. 2do. Ley 23091.

La característica del inmueble en el caso analizado, obliga a desestimar el argumento del desdoblamiento del contrato (contrato de locación para vivienda y convenio incluido en el mismo para que el locatario explote un negocio de despensa y panadería). Lo que interesa es la posible divisibilidad del inmueble en función de las distintas actividades (vivienda y comercial), y en su caso particular someter cada uno de ellos al respectivo caso legal locativo. Pero en el subexámine, se trata de un solo inmueble que sirve para una doble finalidad en donde no hay un fin subordinado al otro, y por consiguiente, debe suponerse que existe indivisibilidad en el uso de las partes del inmueble rigiendo el plazo legal mayor.-
Costas al vencido, interpretación restrictiva, costas en el orden causado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LESCANO GERARDO ALFREDO c/  s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2018-04-05

Corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor contra el punto II de la sentencia dictada en primera instancia que impuso las costas por el orden causado, solicitando el recurrente que se impongan al demandado. Debe señalarse que el art. 105 del CPCCT establece como regla que la imposición de las costas debe aplicarse a la parte vencida. Este principio general no es absoluto, sino que admite excepciones, las que deben aplicarse con criterio restrictivo, requiriendo que se demuestre la existencia de circunstancias objetivas que avalen la eximición de las costas al vencido. Si bien la sentencia hace lugar a la demanda en todos sus términos, impuso las costas por el orden causado, debido a que el demandado había vendido oportunamente el vehículo a un tercero y se le hacía imposible firmar la documentación requerida por el actor.
Demanda defectuosa, prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: RECABARREN, Nicolás Roque c/ Caja de Acción Social y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-05-18

...de que la demanda promovida "erróneamente" contra la Provincia de San Juan no interrumpió el plazo de la prescripción.

Es que si bien es cierto que el curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo (art. 2546 del nuevo CCyC, que posee recaudos menores art. 3986 del CC derogado), ello no es aplicable al caso en que se promoviera el reclamo contra una persona que no era la legitimada pasiva.

A ello se agrega que la deducción del beneficio de litigar sin gastos interrumpe la prescripción solo contra quien se denunció como "demandado", y no contra la Caja de Acción Social, quien fue demandada luego de que el plazo de prescripción estaba cumplido.
Sucesiones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Chaparro Jorge Alberto s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-09

Habiendo inventario aprobado, deben adecuarse los honorarios provisorios que se pudieron regular en base a una estimación, aunque de ello resulte una significativa reducción y proceder a la regulación en forma definitiva de los correspondientes a los profesionales intervinientes.
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: ROCHE, RAUL c/ INST. TERMOMECANICAS EMECRA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-04-14

No todos los trabajadores de la construcción quedan comprendidos en el ámbito de validez personal de la Ley 17258 ya que ninguna norma de la citada ley establece que están comprendidos en sus términos todos los trabajadores amparados en el Convenio de la Construcción. (Conforme SCBA., 16 de mayo de 1972,'Basante, Horacio c/ Telesistema Argentino SA').
Concursos, concurso preventivo, trámites judiciales, desistimiento, incumplimiento del deudor, publicación de edictos, imposibilidad de pago, consumidores
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Zupan, Matías Germán  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-07

Con independencia de la opinión que merezca la noción de hipervulnerabilidad del consumidor, lo cierto es que la cuestión relativa a la carencia de recursos para afrontar la publicación de edictos que dispone la LCQ 27 y 28 no requiere aludir a ella para cumplir con las directivas del CCCN 1 a 3, en relación a que toda sentencia judicial debe estar razonablemente fundada y conformarse, aplicando el diálogo de fuentes, a los principios y reglas que emergen de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de acuerdo al rango que se les asigna como fuentes del derecho.

Las garantías constitucionales y convencionales del debido proceso y el acceso a la jurisdicción, imponen admitir el recurso del deudor, pues juzgar en sentido adverso frustraría el acceso a la solución preventiva sin fundamento razonable, conclusión que queda corroborada mediante una apreciación razonable del panorama configurado, en el que el deudor intenta valerse del concurso preventivo para acordar con sus acreedores pero no puede acceder a él por carecer de recursos. No puede admitirse la exclusión resultante de exigir el pago de la publicación de edictos cuando objetivamente se comprobó la imposibilidad de hacerle frente. En esa perspectiva, los mencionados arts. 27 y 28 del ordenamiento concursal son inconstitucionales en el caso (cfr. CNCom, Sala F, in re "Pelayo, Aníbal Alberto c/ Nuevo Banco de Entre Ríos SA s/ordinario" del 12/06/23).
Abogados, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Cavalli Nicolás Roberto y otro c/ CPACF (Expte 14610/02)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

Si bien la defensa de los intereses en disputa debe ser ejercida con energía y denuedo, el abogado debe hacerla con la indispensable mesura que salvaguarde la majestad de la justicia, tornándose imprescindible conservar el debido equilibro, evitando los desbordes de palabra (Cons. 7°).
Competencia, competencia por la persona
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Righetti c/ Fiatra s/ Pago por consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-26

Tratándose de acciones personales, la competencia se establece, en primer término, por el lugar convenido expresa o tácitamente para el cumplimiento de la obligación y a falta de toda determinación de éste, el actor podrá optar entre el lugar del domicilio del demandado o el lugar del contrato, a condición de que el demandado se encuentre en él, siquiera accidentalmente. De lo dicho surge claro que los dos últimos supuestos -domicilio del demandado y lugar del contrato- son excepciones a la regla establecida por el lugar de cumplimiento de la obligación, que sólo puedan ejercitarse cuando ni siquiera tácitamente puede ser el mismo determinado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), cuestiones de competencia, quiebra, asegurador
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pavón, Manuel c/ Gandolfo, Carlos Oscar s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-07

...en circunstancias en que ha sido ya fallada la causa en primera instancia y se encuentra apelada esta sentencia, el fuero de atracción operará sólo luego de que el tribunal de Alzada haya revisado el fallo recurrido ante ella, pues lo contrario significaría ampliar la competencia del tribunal de apelación al que le corresponde entender en el proceso concursal, atribuyéndole el conocimiento de una causa en la que no intervino ninguno de sus magistrados inferiores, alterándose así las reglas básicas de la organización judicial y principios rectores del derecho procesal. Se citaron en tal sentido, precedentes del más Alto Tribunal Nacional.
Competencia, obras sociales, Poder Judicial, universidades nacionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DIRECCION OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES c/ Miyar, Rogelio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-06

La ley 23.890 en su art. 4 expresamente excluye a las obras sociales correspondientes al Poder Judicial y de las Universidades Nacionales, por lo cual, ante los claros términos de la norma y tratándose del reclamo de un ente público respecto de un ex-agente (en el caso de la Universidad de Buenos Aires), por servicios que le hubiera dispensado con motivo del vínculo que sostuvieran, corresponde la competencia de la Justicia Nacional de Primera Instancia Civil y Comercial Federal. Ello así, en atención a las particulares circunstancias de la causa, que exceptúan la regla que señala que son competencia de la Justicia Federal de la Seguridad Social las causas que versen sobre el Cobro de aportes y contribuciones adeudados a obras sociales (cfr. art. 24, ley 23.660 y art. 2, inc. f, ley 24.655)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: PETTEAN SORAIRE, ANTONIO ALAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-06-21

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que la pretensión última del impugnante -más allá del acierto o error en la respuesta jurisdiccional- es renovar un debate ya agotado en las instancias ordinarias, sin lograr demostrar la irrazonabilidad de la justificación expuesta por los Magistrados, que optaron por el mínimo monto posible de seleccionar al individualizar la pena con el estipulado para la tentativa, por entender que la gravedad del hecho se patentizaba con la visualización de las constancias que ilustran sobre el inhumano castigo que se le aplicó al injustamente agredido antes de morir; destacando además -con relación al eventual proceso de readaptación social logrado o en curso de serlo- que no puede ser perjudicado con la aplicación de la pena que se resiste, y en definitiva no se está decidiendo sobre un menor sino sobre un actual adulto que desde los dieciocho años ha continuado en permanente conflicto con el sistema penal, circunstancia que estimó de no haber ocurrido así, adquiriría significativa trascendencia el tiempo transcurrido desde el hecho hasta la imposición de la pena.
Ejecución hipotecaria, mutuo, vivienda única
Materia: PROCESAL
Carátula: Raffo, Alfredo José y otros c/ Praderio, Narciso Ricardo y otra s/ ejecución hipotecario s/ incidente (de liquidación de deuda y determinación del plan de pago)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-08

La decisión del juez de rechazar el procedimiento contemplado en el art. 584 ter del CPCC, la inconstitucionalidad de ese procedimiento y la orden de proseguir la ejecución, luce correcta, porque dicho procedimiento, en el caso concreto (existencia de dos inmuebles sumado a una irrisoria capacidad de pago de los deudores), no tiene razón de ser y solamente se advierte como un obstáculo para volver las cosas a su cauce normal. Este tipo de obstáculos, que para ser justo no son considerados de tal manera por el legislador sino como paliativos a las crisis económicas, son de consecuencias predecibles y generan costos enormes para las partes, tanto en lo patrimonial como en lo emocional. Ese desgaste acarrea una lógica pérdida de confianza en el sistema de justicia y las instituciones en general, con el consiguiente peligro de que este tipo de debates, en el futuro, se sustraigan al ámbito judicial y queden sujetos a las fortalezas y debilidades de las partes.
Contrato de distribución, daños y perjuicios, indemnización, rescisión del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: GODICER  SA c/ CERVECERIA  Y  MALTERIA  QUILMES  SAICA  Y  G s/ ORDINARIO. (LL 29.9.04, Fplicacion 108123).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-10

En una acción en la que un distribuidor persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, como consecuencia de la rescisión del contrato que lo vinculo con el defendido, resulta improcedente incursionar en la noción de llave subjetiva cuando, -como en el caso- no se aprecia prueba de desempeños particulares del distribuidor. En tal sentido cabe precisar que por lo general gran parte del éxito obtenido por el concesionario guarda estrecha vinculación con la actividad que este desarrolle, empero sencillo también ser discernir que el elemento fundamental radica en la calidad del producto que se vende o distribuye, ya que de poco serviría tener un concesionario eficiente y capaz de lograr una considerable clientela como resultado exclusivo de su idoneidad, si por la calidad del producto no puede mantenerla. Seguramente la perdería rápidamente en el supuesto que los productos carecieran de la calidad deseada.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Torres, Manuel Horacio; Villalba, Julio y otro s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

No cabe admitir la existencia de omisión de "una cuestión esencial" que habilite el recurso extraordinario de nulidad previsto en el art. 156 (num. ant.) de la Constitución de la Provincia, si surge de la causa que el a quo no dispuso la formación del incidente de retractación de la confesión de ambos imputados en virtud de las manifestaciones que éstos habrían formulado en la audiencia de vista de causa pues sin abrir juicio sobre el carácter de "cuestión esencial" atribuible a este planteo, lo cierto es que el juzgador mal pudo omitir el tratamiento de un tema que no le fuera sometido a su decisión, ya que no surge de lo actuado -ni lo argumenta el quejoso- que se haya intentado siquiera la promoción del respectivo incidente, incumpliendo la carga que le impone a la parte -y no a la Excma. Cámara- el art. 240 del Código de Procedimiento Penal.
Cuestiones de competencia, estafa, hipoteca
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Zubieta, Norma Beatriz y Casenave, Pedro Antonio s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

Corresponde al Juez de Garantías a cargo del Juzgado Nro.1 de Morón, entender en la querella promovida por un particular que habría sido pasible de una maniobra engañosa que habría comenzado en Palomar, Provincia de Buenos Aires, al ser el denunciante requerido por un condómino para firmar una supuesta garantía que no resultó tal y que habría sido un poder mediante el cual le hipotecaron en su perjuicio la casa, maniobra que habría sido consumada en la misma localidad.
Alteración de la tranquilidad pública, bien jurídico protegido, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, W. P. s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

En el caso del artículo 71 del Código Contravencional, el imputado debe ser sancionado por poner en peligro cierto la tranquilidad pública mientras ofrecía servicios sexuales en la vía pública y no por sus preferencias sexuales que se desconocen y hacen al ámbito de su reserva.

Jamás se puede penar el "ser" de una persona, sino sólo su hacer, desde que el derecho es un orden regulador de conducta humana. No se puede penar a un hombre por como ha elegido ser, sin que ello violente su ámbito de autodeterminación garantizado por nuestra Constitución Nacional en su artículo 19 y por nuestra Constitución local en sus artículos 11, 12 y 13 inciso 9.

En el caso del artículo 71 del Código Contravencional, el imputado debe ser sancionado por poner en peligro cierto la tranquilidad pública mientras ofrecía servicios sexuales en la vía pública y no por sus preferencias sexuales que se desconocen y hacen al ámbito de su reserva.

Jamás se puede penar el "ser" de una persona, sino sólo su hacer, desde que el derecho es un orden regulador de conducta humana. No se puede penar a un hombre por como ha elegido ser, sin que ello violente su ámbito de autodeterminación garantizado por nuestra Constitución Nacional en su artículo 19 y por nuestra Constitución local en sus artículos 11, 12 y 13 inciso 9.

(Del voto del Dr. Ventureira)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, honorarios, honorarios del veedor
Materia: PROCESAL
Carátula: HILANDERIA OLMOS S.A. s/ REGULACION DE HONORARIOS DE VEEDORES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-28

La circunstancia de que el a quo haya también valorado las deficiencias imputables al desempeño de los veedores con el objeto de reducir el monto de los estipendios, no implica en modo alguno contradicción en sus fundamentos sino que ello fue el resultado de la evaluación de distintos aspectos de una misma actividad.
Divorcio, convenio de partición de bienes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Laurencena María Isabel y Butta Orlando Adolfo s/ Divorcio vinculas por mutuo consentimiento s/Inc. de Disolución y  Liquidación de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2008-02-25

La doctrina que admite la validez de los convenios de separación de bienes formulados con anterioridad a la sentencia de divorcio, sólo es aplicable a los realizados por presentación conjunta, teniendo en cuenta el artículo 236 del Código Civil después de la reforma de la Ley 23515 admite expresamente la celebración de dichos convenios en un proceso de común acuerdo, además las estipulaciones sobre como se van a dividir los bienes o sobre como se los va a distribuir, constituyen pactos que no violan principios de orden público, lo que sí podrían violentar son intereses privados (de los cónyuges o de los hijos), pero no vulneran el orden público protegido por el artículo 1218