Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-21


ROGLICH, Esteban Roberto contra MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE Reg.: A y S t 214 p 177-180.

Santa Fe, 21 de junio del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia 43 del 2 de agosto de 2004, dictada por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "ROGLICH, Esteban Roberto contra MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE -Amparo-(Expte. 108/04)" (Expte. C.S.J. nro. 475, año 2004); y, CONSIDERANDO:

Surge de autos que el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de San Jorge mediante resolución del 14.04.2004 tuvo por desistida la cautelar de autos, con costas en el orden causado; admitió las tachas, con costas a la vencida; desestimó el planteo de incompetencia; y declaró procedente la acción jurisdiccional de amparo promovida por Esteban Roberto Roglich contra la Municipalidad de San Jorge -quien, en esencia, pretendía se ordenara a la demandada el cese inmediato de los actos discriminatorios y persecutorios de que venía siendo objeto, y emplazara a aquélla a respetar las condiciones de trabajo que le correspondían por el cargo que detentaba y las funciones inherentes al mismo- (fs. 1/12).

Recurrida que fuera tal decisión por parte de la demandada, la Sala Segunda - integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad declaró concluido el proceso por sustracción de materia, con costas de ambas instancias a la accionada.

Para así decidirlo, tuvo en cuenta el Tribunal el hecho nuevo relevante y conducente puesto en conocimiento por el actor, consistente en un nuevo traslado de aquél -ordenado en forma verbal- en el sector destinado a oficinas de la Maestranza, debiendo abandonar en su consecuencia el lugar de trabajo que ocupara, cuyas graves condiciones dieran lugar al pedido de la cautelar (fs. 13/18).

En el escrito de presentación del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 20/31), adujo el compareciente que la decisión no reunía los recaudos de coherencia y razonabilidad ni, en suma, las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, por no permitirle a su parte el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa al considerarse competente el Tribunal a quo.

Tachó de arbitraria a la decisión de la Sala por haberse apartado de la doctrina de la Corte provincial en materia de empleo público y resultar violatoria del artículo 18 de la Constitución Nacional al pretender excluir la competencia específica de los jueces en lo contencioso administrativo como "jueces naturales" de la cuestión.

Asimismo, acusó la existencia de violación constitucional por incongruencia, atento a haberse dictado sentencia declarando la sustracción de materia y no haber mandado revocar la sentencia de primera instancia que hizo lugar al amparo.

Hizo lo propio respecto a la violación constitucional en que habría incurrido el Tribunal a quo al haberse apartado del plazo legal de caducidad de la acción de amparo promovida -art. 2, ley 10456-.

Por lo demás, reprochó a la decisión el haber dejado de lado los principios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Provincial, en tanto el amparo no ha perdido su carácter de excepcional en la medida que existan medios alternativos idóneos a los que pudiera acudir el reclamante -tal, el reclamo administrativo previo-.

La referida impugnación fue denegada por el A quo mediante auto 156 del 25.10.2004 (fs. 45/47). Tal denegatoria, motivó la presentación directa del interesado ante esta sede (fs. 50/64).

2. De la compulsa del auto denegatorio con el escrito de queja, surge que el cometido que impone al quejoso el artículo 8 de la ley 7055 -de rebatir y neutralizar cada uno de los motivos expuestos por la Sala para cimentar su decisión de denegar el recurso, trayendo razones de peso en orden a destruir la referida fundamentación- no puede reputarse idóneamente asumido en autos por aquél.

Ello así, desde que el recurrente en un intento de satisfacer formalmente tal exigencia, si bien se hace cargo de algunos de los fundamentos de la denegatoria con el propósito de desvirtuarlos, en modo alguno puede juzgarse que lo haya logrado, lo cual por sí solo sella la suerte adversa del remedio intentado (A. y S. T. 140, pág. 149; T. 191, págs. 25/27, por todos).

En efecto, amén de no poder considerarse refutada la afirmación de la Sala acerca de la falta de interés del compareciente para recurrir -al estimar correcto que la Alzada identificara el contenido de la cautelar con la cuestión de fondo y por ende declarara extinguida la litis por sustracción de materia-, al sostener que "la ponderación de su corrección por la propia recurrente, hacen que luzcan hueros todos los restantes cuestionamientos que se efectúan" (f. 46), lo propio sucede con los restantes argumentos volcados en el auto denegatorio.

Es que frente a lo sostenido por la recurrente en sus agravios acerca de que la Sala desoyera sus planteos de incompetencia y caducidad de la acción, queda incólume -por no haber sido desmerecida- la respuesta brindada por el A quo a la cuestión a foja 46 de la denegatoria en punto a que "lo atinente a la incompetencia del tribunal, caducidad de la acción y carácter excepcional de la misma, fueron cuestiones tratadas al emitir la decisión que se calificara de justa". Por cierto, más allá del acierto o error de lo decidido por la Cámara al abordar la temática de la vía escogida y la incompetencia planteada, el eje sustancial de la litis giró en torno a la ubicación del actor en su ámbito laboral. Y desde esa perspectiva, se consideró que el proceso se encontraba concluido por sustracción de materia, desde que por imperio del traslado de la persona dispuesto después de iniciado el amparo, se había producido el cese del originario acto discriminatorio que motivara esta acción, puesto que el desplazamiento del actor a las oficinas aludidas se correspondía con las funciones que detentaba y aspiraba, y que ello "...no deja sin materia a la medida cautelar únicamente sino a la propia acción, como debió declararse, porque no aparece lógico y razonable continuar con un trámite como el que nos convoca, cuando los actos que se tildan como discriminatorios y persecutorios desaparecen con dicho emplazamiento laboral del actor, el que a más lo tiene por conforme" (f. 16), sin que tales aseveraciones en torno de que la litis se encontraba a la sazón agotada, fueran rebatidas ni tan siquiera mínimamente.

En tal sentido, cabe interpretar que para arribar a dicha conclusión, la Sala entendió que el traslado -que había satisfecho al actor- había importado la admisión de lo solicitado y desde que había sido la propia demandada la que había producido el nuevo cambio, y por ende "la accionada debe considerarse vencida" (f. 46vto.), motivo por el cual se le habían impuesto los gastos causídicos en su totalidad, no mereciendo favorable recepción el planteo que, bajo el rótulo de "incongruencia por defecto" efectuara el recurrente torno a la materia de costas, la cual, por ser procesal, en principio, no admite el recurso de inconstitucionalidad (A. y S. T. 44, págs. 349/351; T. 47, págs. 355/357; T. 49, págs. 296/297; T. 65, págs. 116/118; T. 81, págs. 273/275; T. 111, pág. 392; T. 143, pág. 82), y sin que se advierta la presencia de un supuesto de arbitrariedad en su imposición que haga cobrar vigencia a las excepciones que ha reconocido jurisprudencialmente dicha regla.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ (con ampliación de fundamentos)-FALISTOCCO (con ampliación de fundamentos)-GASTALDI-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria) AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FALISTOCCO Y DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUTIÉRREZ: Sin perjuicio de adherir, en esencia, a la motivación que sustenta el rechazo del recurso directo, resulta pertinente precisar ciertos aspectos en orden a la desestimación de los agravios esgrimidos por la Administración recurrente.

En tal sentido, la cuestión constitucional que esencialmente se invoca en el libelo recursivo gira en torno a que el Tribunal A quo se consideró competente para entender en el amparo no obstante estar debidamente planteada y demostrada la concurrencia en el caso de un supuesto de competencia contencioso administrativa. Dicha argumentación no se hace cargo de lo expresamente considerado por la Sala en cuanto entendió que por imperio de un traslado dispuesto por la demandada se produjo el cese del originario acto motivante del amparo, lo cual dejaba sin materia no sólo a la medida cautelar dispuesta en primera instancia sino también a la propia acción incoada.

En tal inteligencia, concluyó que era innecesario incursionar en otros aspectos de los agravios agregando, respecto de la incompetencia, que aunque "no resulta aceptable en razón de la norma constitucional que se pueda eludir la competencia contencioso administrativa, mucho menos puede admitirse que la derivación a tal vía sea la correcta cuando la cuestión central del debate se ha tornado abstracta". Y ese razonamiento, que de ningún modo puede interpretarse que haya admitido como idónea a la vía del amparo para el tratamiento de la impugnación del actor, no puede ser calificado como ilógico o irrazonable más aún si se considera que esta Corte -si bien al resolver un pedido de avocación- ha sostenido que la decisión sobre la existencia de gravamen actual susceptible de ser reparado a través del amparo no sólo debe ser previa al juzgamiento sobre el fondo del asunto sino también a la resolución de la cuestión de competencia (criterio de "Stiepovich", A. y S. T. 201, pág. 308).

Ello con fundamento en que las decisiones judiciales, en casos como el sub examine, no deben recaer sobre cuestiones que puedan haber devenido abstractas por no mediar gravamen suficiente; y en razón de que no corresponde al Tribunal emitir pronunciamientos inoficiosos (Fallos: 273:61; 279:322; 300:587; 306:1125), inútiles (Fallos: 243:146), abstractos (Fallos: 286:220), o innecesarios.

Al respecto, los agravios de la recurrente se abroquelan tras la invocación de que el sentenciante de grado era incompetente para el tratamiento del caso en función de versar sobre materia contencioso administrativa, mas no logran desvirtuar siquiera mínimamente la lógica seguida en el fallo en orden a la innecesariedad del tratamiento de esa cuestión a partir de la particular solución que tuvo la causa.

En nada conmueven la conclusión precedente los agravios de la apelante que tratan de vincular la cuestión de competencia con el criterio seguido por la Sala a quo para la imposición de las costas.

Es que, por una parte, el planteo pasa por alto que el fallo impugnado simplemente se limitó a fijar las costas del trámite del amparo, aspecto éste para el cual resulta, obviamente, competente. Por otra parte, es sabido que la materia de gastos causídicos no es, en principio, susceptible de impugnación con alcance constitucional según criterio reiteradamente expuesto por este Tribunal (A. y S., T. 44, pág. 349; T. 47, pág. 305; T. 81, pág. 273).

Sin embargo, dicha regla general reconoce excepción en los casos en que tal aspecto procesal ha sido resuelto con arbitrariedad, extremo que la recurrente no ha demostrado, a través de argumentos idóneos y de peso, que concurra en el sub examine.

En función de todo lo expuesto, la queja interpuesta debe rechazarse.

FDO.: FALISTOCCO-GUTIÉRREZ-Fernández Riestra (Secretaria)