marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, interpretación de la ley, depósito a plazo fijo, restitución de sumas de dinero, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Cardinale, Miguel Angel c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

La interpretación de las normas que establecen el régimen de garantía que más se compadece con su finalidad de regulación económica es la que asegure a los depositantes la devolución de sus imposiciones con más sus intereses, inclusive los devengados durante el plazo de 30 días que establece el art. 56 de la ley 21.526.
Regulación de honorarios, terminación del proceso, caducidad de instancia, base regulatoria, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAZ, ANGEL CLAUDIO c/ DIRECCION GRAL. FAB. MILITARES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

Cuando, por haber terminado el proceso por caducidad de instancia, no es posible diferir la regulación del incidente para el momento de la sentencia, este Tribunal - por sus salas I y II - tiene decidido, valorando la justicia del resultado y la indefinición del monto en tanto supeditado a la prueba, que corresponde atenerse al quantum por el que - según los hechos invocados en la demanda - razonablemente habría prosperado en caso de haber finalizado el proceso según su modo normal; respetándose de esta manera el principio del art. 19 de la Ley 21.839 y elimimándose la notoria injusticia de tomar como base e la regulación una suma absolutamente desproporcionada con la entidad de los daños; solución particularmente valiosa cuando el beneficiario de la regulación es el propio profesional que en forma unilateral incurrió en la desmedida valoración de aquéllos.
Intereses, capitalización de intereses, anatocismo
Materia: PROCESAL
Carátula: Automotorers Saavedra S.A c/ Fiat Concord S.A s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-17

El cómputo acumulativo de intereses que aplican en forma exponencial tasas que incluyen la actualización del capital para los efectos inflacionarios puede resultar en un despojo para el deudor, cuya obligación no puede exceder el crédito actualizado con un interés que no trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres, en cuya observancia está interesado el orden público, y frente a tales pautas consolidadas no resultan atendibles los planteos deducidos contra la sentencia que no admitió la capitalización de los intereses devengados por el monto de la condena desde el 31 de marzo de 1991 hasta el 25 de agosto de 2003, pues el apelante no aduce razones que pongan en tela de juicio su aplicabilidad al caso o importen nuevos argumentos que puedan llevar a una modificación del criterio establecido, tornándose insustancial la inviolabilidad de la propiedad planteada a los fines del recurso. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, daño, compensación económica, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SALVIA, FRANCISCO VICTOR Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE N° 208- 89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-17

Incurre en un error la Municipalidad que alega que la "articulación" basada en el artículo 29 de la ley 4106 no constituye incidente alguno "sino el ejercicio de una facultad que la ley otorga a la Administración, y que no resulta revisable por el Poder Judicial", por lo que concluye que "no hay incidente a caducar", desde que, si bien es cierto que la norma postula que "si se dispusiera la suspensión, la autoridad administrativa, en los casos de grave daño para el interés público, 'podrá' proceder a su cumplimiento", ello no significa que el legislador le haya otorgado la facultad discrecional, irrevisable por la Corte, de incumplir la orden judicial.
Contrato de trabajo, dignidad del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: REY, CARLOS ALBERTO c/ GURMENDI SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-05-31

La dignidad del trabajador no puede ser menoscabada, extremo que acaecería si se le obligase a realizar trabajos innecesarios o a permanecer inactivo en horarios de labor.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, portación de armas, delitos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PADILLA, MIGUEL ANGEL c/  s/ PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, DOS HECHOS EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

En orden los planteos por atipicidad de la conducta del imputado con base a la falta de comprobación de que las municiones secuestradas eran aptas para ser disparadas, invocando los lineamientos del fallo "Arriola" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y acusando al Tribunal la aplicación de jurisprudencia no pertinente para el caso, cabe tener presente que los mismos así formulados no constituyen cuestión constitucional alguna, pues el A quo brindó fundamentos suficientes para explicar por qué en autos correspondía confirmar la condena por la calificación legal seleccionada, haciendo hincapié para desechar los planteos defensivos, que por tratarse de un delito de peligro no existe otra motivación en una persona que lleva en la vía pública un arma de fuego apta para el disparo y proyectiles en su interior -y que corresponden al calibre secuestrado-, que no sea la idea de su utilización y, en algunos casos de su empleo en un hecho delictivo, encontrándose atrapado su accionar en el delito de portar un arma de fuego sin autorización legal. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Acciones reales, propiedad intelectual, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SADAIC c/ JUAN BAR s/ (LIBRO: S064 - 426)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-05-03

En el reclamo de SADAIC, la desvalorizacion monetaria e interese, se aplica apartir de cada mes de uso de los derechos de autor.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: IBAÑEZ LUNA, JORGE ADRIAN c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

El recurrente no logra demostrar el carácter excesivo de la sanción aplicada, ya que al afirmar que la misma no guarda relación con la conducta imputada ni con los hechos probados, no logra hacerse cargo de que el Tribunal judicante, ponderó que no existía exceso, en la medida que no se había desbordado dicho límite, y que las razones invocadas por la Administración no devenían arbitrarias por encontrarse expresamente fundadas en la normativa aplicable y los hechos acreditados.
Derecho penal, delitos, delitos contra la propiedad, calificación legal, hurto simple, hurto calificado, bicicleta
Materia: PENAL
Carátula: Marcos Aguilar y otros c/ VILLAGRA, JULIO CARLOS y otros s/ ABUSO DE ARMAS en C. Real, AMENAZAS AGRAVADAS, COACCION, EVASION, HURTO CALIFICADO, INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR, LESIONES LEVES CALIFICADAS, y ROBO en CONCURSO REAL, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD,  ROBO AGRAVADOS, ROBO EN GRADO DE TENTATIVA, VIOLACION DE DOMICILIO ROBO en CONCURSO REAL, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD,  ROBO AGRAVADOS, ROBO EN GRADO DE TENTATIVA, VIOLACIÓN DE DOMICILIO,
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-04-07

En el alegato final el Sr. Fiscal de Cámara interino, requiere condena por el delito de Hurto Calificado del Art. 163 inc. 6º por tratarse el bien de un vehículo dejado en la vía pública. La defensa de Pacheco, admite la responsabilidad de su pupilo, pero dice que la bicicleta no se trata de un vehículo, por tratarse de un medio de transporte impulsado por tracción a sangre; cuestiona también que el elemento haya sido dejado en la vía pública.

Para encuadrar el hecho el tribunal entiende que el velocípedo efectivamente se trata de un vehículo. Negarle la condición de vehículo por el hecho que no se propulsa con motor sino a través de la propia fuerza desplegada por su conductor, sería establecer una protección penal mas intensa, diferenciada para el patrimonio de las personas con capacidad adquisitiva mayor, respecto de aquellas mas pobres.

La importancia que tiene un automóvil para el que tiene tal capacidad adquisitiva es parangonable a la importancia económica de la bicicleta respecto del que no tiene medios para proveerse de un vehículo autopropulsado. La razón de la calificante en el robo de vehículos, entiende el tribunal que no está ligada a las características de los mismos, a si tienen o no motor, satisfaciéndose el concepto vehículo en la sola aptitud que en la naturaleza del mismo se reconozca como medio de transporte.

El motivo de la mas severa punición de este tipo de ataques al patrimonio radica no en el valor del bien que se sustrae sino en la mayor indefensión de la victima respecto a la capacidad de protección del vehículo, cuando lo deja librado a la confianza pública, estacionado en la vía publica.

Esta mayor vulnerabilidad del bien, abandonado a la confianza colectiva, en sitio público, se compensa mediante un agravamiento penal para el supuesto de sustracción. En el caso estamos frente a un hurto simple ya que la víctima no dejo su bicicleta en la vía pública, como lo exige la respectiva tipicidad penal, sino que el mismo estaba ante su vista, encontrándose su titular en las inmediaciones con posibilidad de protegerlo, tanto es así, que el denunciante se alerta de inmediato por la acción del imputado y reacciona en defensa de su patrimonio persiguiéndolo de inmediato sin darle alcance. Debe responder el acusado entonces por el delito de Hurto simple, previsto en el Art. 162 del Código Penal.
Declaración de inconstitucionalidad, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A.M.I.A. s/ Amparo - Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento firmado entre la Argentina e Irán en relación con el ataque terrorista a la sede de la AMIA perpetrado en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, y la ley aprobatoria 26.843, pues advierte que existe un riesgo o peligro de que su implementación torne abstractos o inexigibles los requerimientos de asistencia judicial cursados, y que asimismo resulte afectada la independencia de la jurisdicción, la autonomía del Ministerio Público y el derecho a la jurisdicción de las víctimas.
Municipalidad, personal municipal, remuneración, prescripción, intereses, tasa pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: TOLOSA, RUBEN ANIBAL c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ ACLARATORIA - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA  JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 11-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-14

Corresponde declarar, respecto de todos los agentes municipales que reclamen cobro de diferencias salariales, que las obligaciones deberán ser consideradas prescriptas por los períodos anteriores en dos años a la fecha de promoción del reclamo administrativo; y que tienen derecho a percibir dichas diferencias, con más actualización por depreciación monetaria según las variaciones experimentadas por los índices de precios al consumidor, desde la fecha en que se devengó cada prestación y hasta el 31.01.1991 (artículos, 1, 7 y 13 ley 23928), e intereses a la tasa del 6% anual desde el reclamo administrativo respecto de las diferencias devengadas con anterioridad, y desde que cada prestación fue debida, respecto de las posteriores hasta el 31.3.1991. De allí en más, deberá computarse la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del Decreto Nacional 941-91.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, acción de amparo, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CABELLINI, BETIANA M. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-04

Si bien las cuestiones debatidas pueden caracterizarse como materia contencioso administrativa, en razón de que la resolución impugnada se enmarca dentro del esquema de organización de un servicio público y posee carácter de norma propia del derecho público local -atento a que es en ejercicio de las potestades que le son propias a la Provincia en materia de educación, que reguló la convocatoria a concurso, considerando de manera diferencial la antigüedad docente como suplente en escuela pública y en escuela privada-, ello no obsta a que las mismas se puedan canalizar a través del amparo; sin embargo, tratándose de un litigio que versa sobre dicha materia donde la competencia de los Tribunales especiales se supone, ello imponía en cabeza del Juzgador el deber de extremar el control de concurrencia de los requisitos que tornan admisible aquella vía, análisis que omitió la mayoría de la Sala, al ingresar al tratamiento de los requisitos de admisibilidad del amparo soslayando el análisis antes referido. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67/164; Grandinetti, T 132, p 477/488; Vaninetti, T 106, p 141. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 43; Constitución Provincial, artículo 113; Ley 8927; Resolución 1952/11 del Ministerio de Educación de Santa Fe, artículo 14, Anexo II; Decretos provinciales 1311/82 y 145/07. - Jurisprudencia vinculada: Burggi, AyS T 284, p 63/73, sumario J0044285. - Jurisprudencia Concordante con Saez, AyS T 284, p 281/294, sumario J0044223.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, domicilio, sucesiones
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Freile, Cayetano s/ sucesión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

Tienen relevancia para acreditar el ultimo domicilio del causante (arts. 3284 y 90, inc. 7x del Código Civil) los informes de la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos y del banco donde aquel percibió mensualmente en forma personal su jubilación.
Procedencia del recurso, efecto diferido del recurso, petición de herencia, alegato
Materia: PROCESAL
Carátula: M. D. S., A. c/ E. D. M., D. S. M. S. y otros s/ ordinario acción de petición de herencia s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-30

La decisión que resuelve la no agregación del alegato por considerar que la devolución del expediente fue tardía, es susceptible de ser apelada, pero ante el dictado de la sentencia por el magistrado de grado, la concesión del recurso debe serlo con efecto diferido, en razón del estado procesal aludido y la solución analógica prevista en el art. 495 último párrafo CPCC, para que se funde en la oportunidad del art. 252 inc.1 CPCC
Accidente de tránsito, prueba testimonial, testigos, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Contreras, Vda. de  Calo Rosario . c/ Puglisi, Héctor Eduardo. s/ Sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

El natural interés en justificar su propio proceder por parte de quien conduce un vehículo involucrado en un accidente, aventado o menguado de tal modo responsabilidades no puede desconocerse como tampoco es descartable que sus acompañantes, máxime siendo amigos, se sientan inclinados a respaldarlo, por lo que sus declaraciones testimoniales, dejan serias dudas acerca de su imparcialidad, y deben aceptarse sólo si se encuentran corroboradas con otros medios mayormente confiables.
Ley de empleo, Derecho laboral, contrato de trabajo, empleo no registrado, indemnización, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: González, María Sara c/ Geriátrico Raíces y/o Messina Susana s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 111-00, Resol. Nro. 85, Tomo 26, Folio  59)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-22

La indemnización que prevé la ley 24.013 tiene el carácter de sanción y por consiguiente se está ante una norma de carácter objetivo y puramente formal, por lo que para su configuración es preciso que se den los presupuestos previstos en la misma. Por ello es necesario que se acredite la intimación al empleador -a los fines de la inscripción- estableciendo la fecha real de ingreso, el verdadero monto de las remuneraciones y demás circunstancias verídicas relacionadas con la dinámica operativa del vínculo que permitan -en su caso- calificar la inscripción como defectuosa. Ello no varía en el supuesto de falta de registración. Si el empleador diera total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de treinta días, queda eximido del pago de las indemnizaciones allí previstas.

Ante la negativa del empleador de la existencia de la prestación de servicios no es necesario dejar transcurrir el plazo de ley.
Huelga, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abalo de Martínez, Norma s/ ACCIóN DE AMPARO. Muzio, Carlos y otro s/ ACCIóN DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-09-21|1988-10-05

No es necesaria la preexistencia de decreto especial o acto administrativo que disponga el descuento de haberes por días de huelga, -en el caso de los trabajadores docentes- bastando con la observancia del Reglamento de Liquidación de Gastos (Dec.1099/67) para proceder en el sentido indicado. Del mismo se desprende que no puede aprobarse el gasto si no medió certificación de "la real prestación de servicios".
Asociación ilícita, finalidad delictual
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SELIGMANN, Miguel y otros s/ procesamiento causa 13.604
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-02

"...No es necesario que la asociación se constituya inicialmente como asociación criminal, la finalidad delictiva puede agregarse a una asociación preexistente..."
Concubinato, Seguridad social, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SIMONE OSVALDO s/ SUMARIA INFORMACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-18

El art. 83 de la ley Provincial 4163 confiere competencia a los Jueces de Conciliación para entender en los actos de jurisdicción voluntaria relacionados con asuntos de trabajos y previsión social.

Como la competencia se otorga en función de la materia de las peticiones, la norma es de orden público; por lo cual su imperatividad es absoluta, no admite prórroga de parte ni aplicación del principio de trascendencia que domina las nulidades puramente relativas.

Si la petición extra-contenciosa formulada por vía de sumaria información se vincula estrechamente con el derecho del trabajo y la previsión social y mediante ella se persigue la declaración pública de una cierta situación de hecho para la ulterior constitución de un derecho propio de la Seguridad Social, cual es que la concubina puede gozar de los beneficios médico-asistenciales y farmacéuticos de la obra social de que es titular el peticionante, es de concluir que la petición bajo examen engasta en la hipótesis normativa del prementado art. 83 y surte, en consecuencia, competencia de los Jueces de Conciliación.-
Competencia criminal, competencia correccional, competencia federal, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Superior Tribunal de Justicia, remisión del expediente, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Fole Cavallo, Roberto Aldo c/  s/ Amenazas con armas o anónimas (art. 149 bis) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Si la contienda de competencia fue trabada entre un órgano de esta Ciudad y uno federal, la resolución de la incidencia no se encontraría comprendida dentro de los conflictos respecto de los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente "Bazán", reconoció la competencia de este Tribunal Superior de Justicia para resolver. En consecuencia, corresponde devolver las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a sus efectos. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg. Voto compartido por la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, contrato de servicios, interpretación del contrato, honorarios del abogado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PEREZ DEL VISO, ANIBAL MARCELO c/ BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

Asiste razón al recurrente en cuanto postula la descalificación constitucional del decisorio atacado por haber incurrido la Jueza a quo en arbitrariedad fáctica por apartamiento de las constancias de autos y prescindencia de prueba decisiva, ya que al mandar llevar adelante la ejecución promovida por el actor, efectuó una interpretación de los antecedentes relevantes del caso que no satisface debidamente el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable, al considerar de manera parcial el contrato de locación de servicios celebrado entre las partes, sin la debida consideración integral de sus cláusulas a la luz de la totalidad de los elementos probatorios incorporados a la causa que dan cuenta de la verdadera intención de éstas al contratar.

Ello así, ya que si bien la cláusula primera del convenio en cuestión refiere que el Banco contrata los servicios profesionales de asesoramiento jurídico en el proceso de liquidación del Banco demandado, no puede soslayarse que ésta sola cláusula resulta insuficiente para definir el real alcance del convenio celebrado, dado que ello exige un análisis integral del mismo.

Y en este punto adquiere un papel decisivo la cláusula sexta en donde claramente se pacta la renuncia anticipada a percibir honorarios cuando el Banco deba soportar las costas que le hayan ido atribuidas por sentencia judicial, lo que autoriza a concluir que resulta razonable el planteo de la demandada respecto a que el objeto de la contratación también refería a la representación en juicio, por lo que en el presente caso nada tiene el actor que reclamar a su parte, debiéndose recordar que la ley arancelaria local, desde la sanción de la ley 11089, ya no posee carácter de orden público, por lo que la cláusula sexta no merece ningún reproche desde este punto de vista.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, tribunal de impugnación penal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Enriquez, R. A.  c/  s/ abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad de la víctima conviviente
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-16

El Tribunal de Impugnación, mediante su propio análisis frente al caso no sólo le asignó una intelección inversa a precedentes de este Cuerpo, sino que, en lo sustancial y conforme al modo en que invalidó lo actuado, se apartó de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al prescindir de aspectos relevantes que debía priorizar, sin aportar nuevos y fundados argumentos que justifiquen no seguir dicha posición; lo que torna su decisión carente de fundamento.