Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso judicial de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 21/5, contra la Resolución 73-SDE-2003, en los autos "WAL MART S.A. contra G.C.B.A. sobre OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL." Expte. RDC nº 458/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Carlos F. Balbín y Dr. Horacio G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la Resolución apelada? A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. El 13 de mayo de 2002, funcionarios de la Dirección de Lealtad Comercial inspeccionaron uno de los supermercados de la actora, situado en Av. De los Constituyentes 6060. En una de las góndolas de dicho local, encontraron que se exhibían para la venta al público productos carentes de precio, en presunta infracción a lo normado en el art. 2 de la Resolución 434-SCI-94, complementaria de la Ley 22.802. En consecuencia, labraron el acta de infracción que consta a fs. 2, 5 y 6, por supuesta violación al art. 2 de la mencionada normativa. II. Luego de instruidas las actuaciones pertinentes, en las cuales la apelante no presentó descargo, el Secretario de Desarrollo Económico, mediante la Resolución 73-SDE-2003, de fecha 13 de enero de 2003, impuso a la firma una multa de pes os veinticinco mil ($ 25.000), al considerarla responsable de infringir lo establecido en el art. 2 de la Resolución 343-SCI-94 y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 24.344. III. Contra la mencionada Disposición, la apelante interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación (fs. 21/5), que fue concedido a fs. 31. En su expresión de agravios, Wal Mart Argentina S.A. expresó los siguientes: a) No es aplicable al caso de autos la Resolución 434/94 citada como fundamento de la decisión apelada; b) Cuestiona el monto de la multa. IV. Primeramente, me abocaré al estudio del primer agravio planteado por la parte apelante, el cual consiste en que no le es aplicable la Resolución 434/94 citada como fundamento de la decisión recurrida. La Resolución 73-SDE-2003 establece que "... en la referida inspección se constataron la existencia de productos que, descriptos en las actas de infracción Nº 167, 168 y 169, eran exhibidos y ofrecidos y carecían de precio de venta al público, lo que constituye una presunta infracción al artículo 2 de la Resolución 434-SCI-94; Complementando el artículo 1º de dicha Resolución que establece que quienes ofrezcan directamente al público bienes deberán exhibir precios con sujeción a lo establecido por la presente resolución, el artículo 2º aclara que `en el caso de bienes, la exhibición se hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de la misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público y cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no sea posible, deberán utilizarse listas de precios." Wal Mart S.A. afirma que "La resolución citada como fundamento de la decisión apelada no es aplicable al caso de autos. Claramente su artículo primero -citado por la resolución apelada- delimita la aplicación de la misma a determinados bienes y servicios ... Mi representada no se encuentra entre los sujetos enunciados en el Anexo I de la resolución citada, por lo que la misma no le es aplicable". El art. 1 de la Resolución 434/1994 establece que "Quienes ofrezcan directa mente al público bienes o los servicios incluidos en el Anexo I que en UNA (1) planilla forma parte de la presente Resolución, deberán exhibir precios con sujeción a lo establecido por la presente Resolución". El Anexo I de la Resolución presenta una lista compuesta por 24 proveedores de servicios, no así de bienes. En el caso de autos, Wal Mart S.A. es multado en relación al ofrecimiento al público de bienes, no de servicios. La Resolución 73-SDE-2003 multa a la apelante por infracción al art. 2 de la Resolución 434-SCI-94, el cual determina que "En el caso de bienes, la exhibición se hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no sea posible, deberán utilizarse listas de precio". Al respecto, cabe concluir que la Resolución le es aplicable, ya que la recurrente no es concebida como sujeto enunciado en el Anexo I, sino como comercio que ofrece directamente al público bienes. V. Wal Mart S.A. continúa manifestando que "La aplicación de la multa apelada se basa únicamente en la aplicación de dicha resolución, que fuera derogada por la resolución 7/2002." Esta Sala I ya ha tenido oportunidad de expedirse al respecto manifestando que "En este sentido, los requisitos que deben cumplirse respecto de la exhibición de precios de bienes y servicios se encuentran actualmente regulados por la Resolución 7/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, que derogó formalmente -entre otras normas- los artículos 2 y 4 de la Resolución 434-SCI-94 (en virtud de los cuales se sancionó a la actora en estas actuaciones). La Resolución 7/2002, según surge de sus fundamentos, fue dictada a los efectos de `contar con un texto ordenado, que reúna las obligaciones en materia de información de precios al consumidor, incorporando los casos particulares regulados por otras normas legales´. Consecuentemente, mantuvo vigentes las obligaciones establecidas en div ersas normas, entre las cuales se encuentran las que surgían de los artículos 2 y 4 de la Resolución 434-SCI-94, cuyo texto ha sido reproducido en los artículos 5 y 6 de la Resolución 7/2002. En virtud de lo expresado, la derogación formal de los artículos 2 y 4 de la Resolución Nº 434-SCI-94 no afecta en absoluto la prosecución de las presentes actuaciones, dado que la obligación que aquellos imponían ha sido mantenida hasta la actualidad por los artículos 5 y 6 de la Resolución 7/2002.Cabe señalar que los artículos 5 y 6 de la Resolución 7/2002 disponen, en lo que aquí interesa, que `la exhibición de los precios deberá efectuarse por unidad, en forma clara, visible, horizontal y legible [y] en el caso de bienes muebles, la exhibición se hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público´. Las normas descriptas establecen claramente un mandato cuyo objeto es garantizar el derecho del consumidor a ser informado adecuadamente r especto de las características esenciales del producto exhibido, entre las que se encuentra, obviamente, el precio. Entiendo que este mandato se funda en el deber de información consagrado por el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece que `los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo (...) a una información adecuada y veraz´. La Constitución local, por su parte, establece en su artículo 46 que `la Ciudad (...) protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles (...) el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna.´ (in re "Dia Argentina S.A. c/ G.C.B.A. s/ Otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones", expte. RDC 381/0, 08 de noviembre de 2004, del voto del Dr. Balbín; "Dia Argentina S.A. c/ G.C.B.A. s/ Otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones", expte. RDC 567/0, 09 de noviembre de 2005; "Dia Argentina S.A. c/ G.C.B.A. s/ Otras causas con trámite dir ecto ante la Cámara de Apelaciones", expte. RDC 835/0, 26 de mayo de 2005). VI. La actora continúa argumentando que " ... la resolución citada establece en su artículo 6to. (siguiendo con lo que establecía el art. 2º, de la derogada resolución) que la indicación de los precios correspondientes a los bienes muebles, puede efectuarse sobre cada uno de los productos o grupo de productos, por lo que la indicación del precio de los mismos en la parte inferior de la góndola o estante en la que se encuentran ubicados sería suficiente para complementar con la misma. El acta de infracción da cuenta de que al realizarse la inspección en uno de los locales de mi representada ciertos productos carecían de la indicación de su precio en el cuerpo de los envases (nada se dice si existía o no existía una indicación clara en la parte inferior de la góndola o estante en la que se encontraban ubicados). Por lo que aún cuando se considerara aplicable la resolución 434/94 en razón de que los productos o servicios de la empresa su mariada se encuentran comprendidos dentro de aquellos que se indican en el Anexo I de dicha resolución, se habría cumplido acabadamente con la norma citada al consignar el precio de los productos en cuanto a grupo en la parte pertinente de la góndola o estante exhibidor. ... Queremos poner en resalto que en la góndola correspondiente y bajo los productos se indica el precio de los mismos (como es de práctica común en los comercios del ramo). En el acta obrante a fs. 2, 5 y 6 de las presentes actuaciones los inspectores señalaron que "Se constata que los productos que se mencionan a continuación, exhibidos en góndolas y sin impedimentos para su comercialización, carecen de precio de venta al público, en presunta infracción a lo normado en el Art. 2º de la Resolución 434-SCI-94, complementaria de la Ley 22.802 ...". Cabe destacar que la actora no ha impugnado las actas labradas por los inspectores de la Dirección de Lealtad Comercial, remarcando en la expresión de agravios que estas actas dan cuenta que los pro ductos carecían de precio en el cuerpo de los envases. De la transcripción de las actas surge claramente que los inspectores no hacen referencia a si la falta de precio era en el cuerpo del envase o en la parte inferior de la góndola o estante en que se encontraban ubicados. Las tres actas hacen alusión a la falta de precio, pudiéndose inferir que éstos no figuraban en ningún lado. Por su parte, la apelante no ha aportado a autos prueba tendiente a demostrar que los precios figuraban en las góndolas donde estaban expuestos los productos. VII. Finalmente, la recurrente señala que "También, y para el caso de que las etiquetas en las que figura el precio de los productos se desprendan en virtud del manipuleo que sufren por los visitantes de la tienda, mi representada tiene instalados y a disposición de los consumidores y visitantes de la tienda aparatos electrónicos que leen los códigos de barra de los diferentes productos indicando a través de una pantalla el precio de los mismos.... el precio del producto, est e puede visualizarse además al pasar por la línea de caja, pudiendo el consumidor optar por dejar el producto en caso de considerar que el precio no es conveniente." En cuanto a los aludidos "verificadores de precios" tampoco se advierte que la recurrente haya aportado alguna evidencia probatoria que razonablemente podría haber colectado para demostrar que estos artefactos pueden suplir la falta temporal de precios en la góndola. La apelante tenía a su alcance otros medios probatorios que no fueron acompañados y ni siquiera invocados. A modo de ejemplo podría haber demostrado con material fotográfico o planos del salón de ventas el número de máquinas verificadoras de precios con que cuenta el comercio y su utilidad para cumplir el deber de información al consumidor. VIII. Asimismo, Wal Mart S.A. considera que la multa impuesta resulta a todas luces excesiva y desproporcionada, violando los principios de equidad y razonabilidad, así como los de igualdad ante la ley. Máxime teniendo en cuenta su calidad de no r eincidente. Al respecto, cabe señalar que la apelante invoca el principio de igualdad, equidad y razonabilidad de forma genérica, sin que llegue a comprenderse concretamente en qué consiste la vulneración que alega y, en definitiva, cuál es su relación con la cuestión debatida. Las dogmáticas afirmaciones que realiza carecen del mínimo sustento, ya que no ha acompañado ni ofrecido prueba alguna que respalde sus genéricos dichos. IX. Ahora, pasaré a analizar la razonabilidad de la multa aplicada por la administración. El art. 18 de la Ley 22.802 dispone que "El que infringiere las disposiciones de la presente ley, las normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, será sancionado con multa de $100 hasta $500.000". Si bien la Ley 22.802 no contiene criterios para graduar la sanción, es preciso tener en cuenta que la Ley de Lealtad Comercial conforma un sistema protector en conjunción con las Leyes de Defensa de la Competencia (Ley 22.262) y de Defensa del Consumidor (Ley 24.240). Así debe e ntenderse el art. 3 de esta última, que dispone: "Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial. En caso de duda se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor". La referida concepción implica que las tres leyes deben interpretarse de forma conjunta y armónica, a efectos de cumplir con una de las finalidades que tienen en común: defender y proteger los derechos del consumidor. X. Por ello, cabe tener en cuenta lo establecido en el art. 49 de la ley de defensa del consumidor, que dispone: "En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la inf racción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley incurra en otra de similar naturaleza dentro del término de tres (3) años". A su vez el art. 16 de la Ley 757 --Ley de Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario--, receptó estas pautas de graduación para aplicarlas a las infracciones previstas, no sólo en la Ley de Defensa del Consumidor, sino también en la Ley de Lealtad Comercial (conf. art. 15, Ley 757), plasmando así, en el ámbito local, la concepción expuesta en el considerando anterior. XI. A mayor abundamiento, es importante destacar que el monto de la multa impugnada ($25.000) se encuentra mucho más cerca del mínimo previsto ($100), según el art. 18 de la ley 22.802, que del límite máximo de graduación establecido ($ 500.000). De las consideraciones precedentes se desprende que la multa aplicada se ajusta a los límites pre vistos en la ley 22.802, y no se aprecia como desproporcionada o irrazonable. XII. Por lo tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, jurisprudencia citada, normas aplicables al caso, se propone al acuerdo que en caso de ser compartido este voto, se rechace el recurso de apelación judicial interpuesto, con costas a la parte vencida (conf. art. 62, primer párrafo, CCAyT). El Dr. Carlos F. Balbín, por los fundamentos expuestos por el Dr. Esteban Centanaro, adhiere al voto que antecede. A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti dijo: I. Comparto la solución propuesta por mi colega, el Dr. Esteban Centanaro, así como sus fundamentos, con excepción de lo dicho en el considerando V. Aclaro, al respecto, que la autoridad de aplicación señaló que la conducta de la empresa configuraba una violación a lo dispuesto en el art. 2 de la resolución 434-SCI-94, como complementaria de la ley 22.802, la cual proscribe -con carácter genérico- la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propag anda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto del precio de los bienes muebles. La res. 434/94 y las que la sustituyeron y modificaron sólo reglamentan el deber legal de exhibir el precio, reglamentación que, en lo esencial, ha permanecido constante. Basta considerar, en cada caso -res. 434/94 y res. 7/02-, el art. 1º referido a los principios generales para advertir que el punto esencial -el deber de exhibir precios- no ha sufrido modificaciones, pues sólo se produjeron modificaciones de técnica legislativa -ver arts. 2 y 4 de la resolución 434-SCI-94 en comparación con los arts. 5 y 6 de la resolución 7/2002-, que no alteran en nada lo ya señalado. En síntesis: el precio, en definitiva, no fue exhibido como es debido, y las sucesivas modificaciones de la reglamentación en nada afectan la solución del caso, que se encuentra claramente subsumido en los términos de la figura infraccional tipificada en la ley. En este sentido dejo expresado mi voto. En mérito a las consideraciones vertidas, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la Resolución 73-SDE-2003; 2) Costas a la apelante vencida (art. 62, primer párrafo, CCAyT). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. Esteban Centanaro Carlos F. Balbín Juez de Cámara Juez de Cámara Horacio G. Corti Juez de Cámara