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Leyes, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE SAN JUAN
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SAVIO LEONARDO ANTONIO Y OTRA c/ GARCES MATTAR MARIA ANDREA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-05-07

Sobre la interpretación de las leyes, debe considerarse la regla según la cual, debe primar la apreciación literal del texto y considerarse la intención del legislador.

Su examen no se puede llevar a cabo sino "en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas y en modo alguno sobre la base de los resultados obtenidos en su aplicación, pues ello importaría valorarlas en mérito a factores extraños".

La norma primera de la interpretación, es la de atenerse a sus propias disposiciones, en todo cuanto se halle fundamentalmente contemplado por ella.

Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la función judicial interpretar las mismas indagando lo que ellas dicen jurídicamente. Para ello resulta indispensable recurrir a las demás normas que integran el ordenamiento jurídico, lo que no puede ser obviado por los magistrados con motivo de sus posibles imperfecciones técnicas, desde que no cabe prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma.

El Código Civil, en su art.1 sienta el principio fundamental de la autoridad de la ley, ésta es obligatoria, debe cumplirse. Una vez publicada la norma entra en vigencia (art.2), dejando sin efecto a toda ley anterior sobre la misma materia, en lo que se contradice.

Conforme lo preceptuado por el Código citado, las leyes a partir de su entrada en vigencia deben aplicarse con la máxima extensión. No sólo a los hechos y relaciones futuras sino también, a los nacidos al amparo de la ley anterior y que se encuentren en plena vigencia al dictarse la nueva ley (art.3).

Los plazos dispuestos por la Ley 8037, entran a regir a partir de la vigencia del nuevo ordenamiento procesal (art.793), el día 01 de febrero de 2010; pero con un agregado para el caso específico de la perención de instancia (art.798), 30 días hábiles subsiguientes al 01/02/10.

Ello implica que, en los procesos en trámite, aún cuando a la fecha de entrada en vigencia se hubieren cumplido los plazos de perención previstos en el nuevo Código; si cualquiera de las partes o el Juez o Tribunal impulsan el procedimiento, dentro de los 30 días hábiles posteriores al 01/02/10, la perención por los nuevos plazos no se producirá.

Pero ese plazo adicional (30 días hábiles subsiguientes al 01/02/10) no se aplica a los casos en que ya se hubiere acusado la perención a tal fecha, en base a los plazos establecidos en la Ley N 3738 (última parte del art.798).
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, exceso de velocidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CAMPOS, MIGUEL Y OTROS c/ COMUNA DE URANGA s/ DAÐOS Y PERJUICIOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-09-20

Debe declararse inadmisible la presente queja desde que el recurrente no logra demostrar la alegada arbitrariedad por apartamiento normativo o de las constancias de la causa, en modo tal de evidenciar que la causación del evento dañoso pudiera razonablemente desvincularse de la negligencia del conductor del rodado, y, en este aspecto, de la confrontación de sus alegaciones con los antecedentes y evidencias de la causa, surge que el impugnante tan solo se limita a reiterar que "la niebla le impidió visualizar los carteles", mas omite efectuar toda referencia tendiente a demostrar irrazonabilidad en el criterio de los Sentenciantes cuando concluyeran que quien conducía el vehículo lo hacía a una velocidad inapropiada para el desplazamiento en las condiciones climáticas referidas, y señalara que, justamente, por tal inapropiada velocidad no habría divisado los carteles indicadores.(Del voto de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dres. Erbetta y Falistocco)
Deber de información, supervisión de cumplimiento de sentencia, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, derechos políticos, responsabilidad internacional del Estado, derechos de los pueblos indígenas, NICARAGUA
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Yatama c/ Nicaragua s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-11-29

Debe el Estado de Nicaragua presentar a la Corte Interamericana, en el término de cuatro meses, un informe que indique las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las indemnizaciones ordenadas en la Sentencia que declaró su responsabilidad internacional, en violación a los derechos políticos de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales presentados por el partido político regional indígena "Yatama" -23 de junio de 2005; Serie C No. 127-, las que en su totalidad serán entregadas a la organización referida, resolviendo, la misma, el modo en que será distribuida.
Obras sociales, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: IGARTUA, Sandra Mabel c/ OSECAC s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-06-14

Emerge incontrastable del planteo de la demanda que lo que la actora persigue es el cumplimiento de un servicio propio de la obra social traída a juicio -provisión de un medicamento para su hijo menor- y en virtud que son las Leyes 23660 y 23661 las que rigen su funcionamiento y las que establecen como su jurisdicción la federal para los conflictos concernientes con la actividad que desarrolla como prestadora de la seguridad social, al haber expuesto expresamente el letrado de la demandada la incompetencia de la justicia provincial para entender en estos obrados y no ser una decisión facultativa, por aplicación expresa de la normativa vigente, no cabe sino que rechazar el recurso de apelación articulado por la accionante y confirmar parcialmente el resolutorio en crisis, en cuanto a la materia de competencia se trata.
Concursos, prescripción, verificación tardía, impuestos, radicación de automotores, extinción de las obligaciones, novación, homologación del acuerdo
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Cerámica Cregar  c/  s/ concurso preventivo s/ inc. revisión por gobierno de la ciudad de buenos aires
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

Procede confirmar la decisión que declaró prescripta parte de las posiciones que integran el impuesto por radicación de vehículos. Ello por cuanto, no es hecho controvertido que esos conceptos corresponden a deudas anteriores a un previo concurso de la deudora, que concluyó por cumplimiento del acuerdo y esas deudas no fueron objeto de insinuación en aquel concurso.

En ese marco aun cuando se otorgara entidad a la ejecución fiscal invocada por el recurrente antes de la finalización del primer concurso, lo cierto es que, de todos modos, ello ocurrió luego de transcurrido el plazo de dos años de la LCQ 56 contados desde la promoción de aquel primer concurso.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Insúa Sáenz, Carlos Alberto c/ Shalom, Alberto César y otros s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-21

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no aclaró de dónde extrajo el guarismo sobre el que calculó los intereses.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, resolución denegatoria, recursos administrativos, recurso de reposición (procesal), Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAIEM SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUIEBRA.    RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   EXCEPCION.    CSJ EXPTE NRO 347-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-23

Si el afectado inicia el contencioso administrativo atacando sólo el acto que por motivos formales rechazó su pretensión en la instancia administrativa, tal decisión, por ser de aquéllas dictadas de oficio, ineludiblemente requiere la revocatoria como exigencia para tener por agotada la instancia administrativa. La razón que impone obligatoriamente esta impugnación obedece a la necesidad de que no se traigan a sede jurisdiccional planteos que no fueron ventilados en sede administrativa, privando de tal suerte a la administración de la posibilidad de revisar sus propios actos y en su caso, enmendarlos teniendo en cuenta los argumentos brindados por el administrado.
Gastos del concurso, concurso preventivo, desistimiento del deudor, designación del síndico del concurso, honorarios del síndico del concurso, regulación de honorarios, concursado, reincorporación en la lista
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: MERLO, ADOLFO s/ CONC. PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06

Resulta improcedente que el concursado -a quien se lo tuvo por desistido de su presentación concursal- cuestione la regulación de honorarios practicada por el a quo a favor del síndico designado y aceptante del cargo y alegue la improcedencia de la misma, argumentando sobre la posibilidad de que se reintegre al funcionario a la lista de sorteos. Ello, pues en cuanto a la pretendida incorporación a la lista, a más de la improcedencia de asumir tal temperamento (Ley 24522: 253-6º), el pretensor carece de legitimación para peticionar sobre un ámbito que no le concierne. Por su parte, cupo al Magistrado regular honorarios, toda vez que el funcionario aceptó el cargo.
Materia: CIVIL
Carátula: COLANERI ALDO MANUEL Y CORNELI ROBERTO BARTOLOME s/ JUICIO VOLUNTARIO POR PRESENTACION CONJUNTA-CASACION CIVIL GOBIERNO DE LA PROVINCIA c/ SANATORIO SAN FRANCISCO S.R.L. Y/U OTROS s/ EJECUSION FISCAL - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-08-10|2007-07-10

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de la ley que no denuncia la violación de las normas que apoyan la decisión, no rebate sus fundamentos y cuestiona conclusiones irrevisables en casación.
Vitivinicultura, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: EL MARINERO S.A. s/ Vitivinicultura Causa 28877
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

1- En el marco de la Ley 14878 no existe norma alguna que impida la apelación ante esta Cámara de las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia.- 2- Si el Juez no se pronunció como tribunal de apelación, no existe regla ni razón para excluir los recursos previstos para las decisiones de los Jueces en lo Penal Económico.
Juicio ejecutivo, liquidación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lysionek, Antonio c/ Barreiro, Raúl Horacio y/o Alonso, Raquel H. s/ ejecutivo Municipalidad de Tordillo c/ Giorgi, Carlos Camilo s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29|1998-04-27

No ajustándose a lo ordenado en sentencia, debe reformarse la liquidación, no obstante no haber sido observada por la contraria.

Es función del Tribunal ajustar la liquidación a lo que corresponde según derecho. No impide al juez modificar una liquidación, el hecho de que la misma haya sido consentida por la contraparte o no impugnada, ya que tal circunstancia no obliga al sentenciante a actuar en un sentido determinado; ni puede el Juez aprobar una liquidación cuando advierte errores o excesos, pudiendo corregirla de oficio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Resolución administrativa, consentimiento, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bordogna, Adolfo Rubén c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Si de las constancias administrativas surge sin dudas que el empleado tenía conocimiento cierto de que en consecuencia de la reestructuración efectuada cesó en el agrupamiento jerárquico y fue reubicado en el agrupamiento administrativo, habiendo transcurrido más de cuatro meses sin que cuestionara tal reubicación debe considerarse que medió consentimiento al respecto, desde que dicho plazo supera ampliamente a los establecidos en el ámbito del procedimiento administrativo para impugnar los actos que se consideran lesivos (arts. 89 y 92 dec. ley 7647/70).
Defraudación, estafa
Materia: PENAL
Carátula: LORENZO, L. A. Y MIODOSQUI, C. H. s/ "ESTAFA"-ART. 172 DEL C. PENAL, EN PREJUICIO DE "OBLAK PLASTICOS  S.A." Y LA ADMINISTRACION PUBLICA.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-17

El delito de estafa requiere la concurrencia de cuatro elementos, a saber: ardid, error, perjuicio y beneficio. Si bien en el caso de los tres primeros se los considera de carácter esencial, el cuarto puede o no encontrarse presente, sin mengua de su configuración.

Respecto del primero de ellos (ardid), que consiste en el astuto despliegue de medios engañosos de que se vale el sujeto activo para inducir en error al sujeto pasivo, su concurrencia es de la esencia del delito de estafa, al punto tal que de no acreditarse el mismo, la conducta del agente resulta atípica. Es así como se exige que dicho ardid debe ser idóneo y el determinante del error en el que incurre el sujeto pasivo y por ende causante de la disposición patrimonial perjudicial.
Procedimiento en tiempo de paz de la justicia militar, simple damnificado, recurso militar ante la justicia federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Reynaldo Benito Bignone c/  s/ CS c/  s/ CS c/  s/ S/INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-21

Los legítimos derechos del particular damnificado a coadyuvar al ejercicio de la acción pública aparecen satisfechos por la ley 23 049. Es verdad que la actuación de aquél en la instancia militar es muy reducida, pero esto se compensa con el derecho a apelar la sentencia del fuero castrense y de intervenir, aunque no haya apelado en el procedimiento, ante la Cámara. Las normas que reglan esa intervención están redactadas de tal modo que puede -y debe- interpretárselas de manera que las pretensiones razonables del damnificado, tanto en lo referente a las defensas de derecho cuanto a las de hecho y prueba, encuentren posibilidad de acogida en las actuaciones ante la Cámara Federal respectiva. (Voto del Dr.

Enrique Santiago Petracchi).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: SA LAS PIEDRAS c/ ESTADO NACIONAL s/ RETROCESión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-28

El recurso articulado es inadmisible, ante todo, porque -aunque no se lo diga explícitamente -por el pretende reverse en la instancia extraordinaria la deserción de la apelación declarada por el tribunal de la causa, cuestión que es ajena a la vía del art. 14 de la ley 48 en virtud de su carácter factico y procesal (cfr. Corte Suprema, in re "Canzani, Jorge c/Morán, Manuel" del 26.4.77, Reg. en Gaceta de Paz, sup. del 20.5.77, Sumario N° 1097).
Recurso contencioso administrativo, incompetencia, Municipalidad, intendente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banchero, Amanda Inés López de c/ Municipalidad de Santo Tomé s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 698-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-13

Si bien es cierto que en reiteradas oportunidades la Corte Provincial ha señalado que "la concurrencia de las condiciones para el ejercicio de potestades administrativas de anulación y, en general, los aspectos vinculados al mismo, exceden...el ámbito de discusión propio de las cautelares", también lo es que así lo expresó en supuestos en los que tal potestad resultaba, cuanto menos, ejercida por el órgano con competencia para ello y, además, dejándose a salvo el caso de que la facultad anulatoria apareciera ejercida "prima facie" de manera manifiestamente ilegítima.
Internet, sociedades comerciales, difamación, buscadores de Internet
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mandante  SA c/ Yahoo  Com y otros s/ incidente de apelación demedida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

Casos como el que se plantea involucran dos intereses esenciales que necesariamente se deben ponderar: por un lado, el derecho de la sociedad a estar informada y a expresar todo tipo de opiniones e ideas a través de un medio de gran difusión como Internet -con sus efectos positivos y negativos-; y por el otro, los derechos de los sujetos que puedan resultar afectados por el uso que se haga del referido medio, de acuerdo con las concretas circunstancias de cada caso (esta Sala, doctrina de la causa 4560/10 del 15-3-2012 y sus citas). Se debe examinar la verosimilitud del derecho que invoca la peticionaria. Para ello se debe partir de la base de que la tutela judicial es solicitada por una sociedad comercial que invoca perjuicios derivados de información que considera difamatoria contenida en determinadas páginas web a las que se accede a través de los buscadores. La naturaleza de los derechos involucrados en estos casos exige una precisa determinación de los intereses en juego.

Es que para decidir acerca de la medida solicitada -que tiene por finalidad evitar daños irreparables- no cabe, en principio, asimilar los derechos personalísimos con los patrimoniales. Esto no implica que estos últimos no sean susceptibles de una tutela judicial precautoria, pero el juicio de valor que debe hacerse en tal supuesto es distinto, habida cuenta de que la cautela pretendida es susceptible de poner en tensión esos derechos con otros amparados en forma directa por la Constitución Nacional, como la libertad de expresión y de información (cfr. ley 26.032;

esta Sala, causa 8867/11 dictada en la fecha).
Recurso de casación, revocación del sobreseimiento, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL
Carátula: Autos Expte. Corte Nº 114/16, caratulado Recurso de Casación c/ Sent. Nº 85/16 Expte. Nº 58/16 Rojano Juan Carlos y Otro s/ Falsificación de Instrumento Público, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-23

En la resolución impugnada ha sido inobservada la ley sustantiva aplicable al caso, dado que la garantía del debido proceso legal (art. 18 de la Constitución Nacional) asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma (CS, Fallos: 321:2021), sin perjuicio de las atribuciones del legislador, de regular lo concerniente al ejercicio de la acción penal y a la intervención del querellante particular, y el hecho que las normas invocadas en la sentencia apelada, de derecho interno, sobre la exclusiva titularidad estatal de la acción penal -art. 5 del CPP y 120 de la Constitución Nacional- aún no hayan sido adecuadas a lo dispuesto en el Pacto de San José de Costa Rica, no limita el alcance del derecho constitucional del querellante, a la sentencia previo juicio, ni suspende las garantías de los derechos reconocidos en dicho pacto , las que son inmediatamente operativas y obligatorias para los Estado parte desde su ratificación, por lo que corresponde declarar admisible el recurso de casación interpuesto por el letrado en representación del Querellante particular (arts. 454, 455, 457, 460 y conc. del CPP) y, como consecuencia, revocar el sobreseimiento dictado con relación al imputado .
Ordenanzas municipales, libertad de comercio e industria, jornada de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

No se advierte una interferencia relevante entre la ordenanza 1660/2014 del Municipio de Arroyito - en cuanto regula el horario de apertura y cierre de comercios en el ámbito municipal - y la norma nacional, pues no se ha probado que con la decisión de prohibir la apertura de los supermercados los días domingo se impida el desarrollo pleno del comercio y por lo demás, no se trata de una restricción al comercio interprovincial sino que el conflicto solo se materializa en el ámbito del municipio (Voto del juez Lorenzetti).
Acción de amparo, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL-LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Velez, Victoria Celinda c/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-03

Sin perjuicio de que la presentante carece de habilidad para accionar judicialmente y ser parte (conf. lo sostenido por esta Corte de Justicia, autos N° 41/00, Sent. N° 93 del 04/05/00), lo que resulta suficiente para el rechazo in límine de la acción de amparo intentada, el Tribunal estima oportuno verter las siguientes consideraciones demostrativas de la ineficacia de la vía elegida.

En efecto, se advierte la ausencia de los presupuestos previstos en la norma del Art. 6 incs. a) y b) de la Ley 4642, toda vez que de las constancias de autos no surge que la resolución ministerial cuestionada ostente el vicio de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, como tampoco se logra demostrar con la prueba acompañada que los derechos que se dicen lesionados tengan la certeza y liquidez que se requiere para que la acción resulte procedente, puesto que la eventual invalidez del acto atacado necesita un análisis más profundo que el que puede brindar el amparo.

Por último, hemos de advertir que en la cuestión sometida a conocimiento de este Cuerpo, invocando la urgencia para que sus derechos no se tornen ilusorios en el tiempo -fundamento de la tutela cautelar peticionada- atento a la fecha de interposición de la demanda -10 de marzo de 2009- y que el evento dañoso debió acontecer el 11 de marzo (un día después), el supuesto perjuicio se habría consumado, deviniendo todo pronunciamiento en abstracto y generando un desgaste jurisdiccional inútil, ante el planteo inoportuno y concomitante a la producción del daño.

Por ello, corresponde declarar la inadmisibilidad formal de la acción intentada, conforme a lo previsto en los Arts. 1, 2, 3, 6, 17 y concordantes de la Ley 4642.
Cheque, cancelación del cheque, extravío del cheque
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESCALA DE MADRID, LILIANA s/ CANCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

Es inaplicable el procedimiento de cancelación prescripto por el dec. Ley 5965/63: 89 cuando se invoca el extravío de libretas de cheques o de cheques no suscriptos.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, abogados, inscripción en la matrícula
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COCCO, DANIEL ENRIQUE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RESOLVER LA CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL PARA ANTE C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-06-14

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto, desde que en la sentencia atacada a través del recurso previsto en la ley 7055 -por la que se denegó la inscripción del recurrente en la matrícula por hallarse encuadrado en el impedimento del artículo 295 inciso 1 de la ley 10160- se habían brindado fundamentos suficientes para descartar los agravios vinculados a violación de derechos y garantías constitucionales, normas legales y tratados internacionales, explicitando de manera clara por qué la norma en cuestión no resultaba inconstitucional, dando respuesta suficiente a cada uno de los planteos del justiciable; y ahora, pese a invocarse cuestión federal, la lectura del memorial recursivo es la reiteración de lo planteado y decidido con anterioridad, no cumpliendo de tal modo con los recaudos establecidos en el artículo 3, incisos d y e del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que no se demuestra que las consideraciones expuestas por este Tribunal no contengan razones jurídicas bastantes, como tampoco la arbitrariedad ni la lesión de los derechos constitucionales y legales que se invocan (Del voto de la mayoría)