Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-02-15


SENTENCIA NUMERO: DOS En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los quince días del mes de febrero de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia de Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 71/09, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en causa Nº 234/08 - 'CARRIZO, Roberto Aroldo Homicidio Calificado en Grado de Autor'", contra la Sentencia Nº 40/09, dictada con fecha veintitrés de junio de dos mil nueve por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿ Es admisible el recurso interpuesto a fs. 01/07 vta. por el Dr. Víctor Manuel Pinto. Es nulo el fallo impugnado por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 18, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: Primero: el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 40/09, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P..- II. Por Sentencia nº 40/09, del 23/06/09, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "1). Declarar culpable a Roberto Aroldo Carrizo, de condiciones personales ya mencionadas en la causa, como autor penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo, cuya pena deberá atenuarse en función de la concurrencia de circunstancias extraordinarias, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de VEINTIDÓS AÑOS de prisión de cumplimiento efectivo con más accesorias legales (arts. 80 inc. 1ro. y 80 último párrafo, 45, 12, 40, 41, 41 bis del Código Penal)...".- III. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su calidad de asistente técnico del imputado, Roberto Aroldo Carrizo, e interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en el art. 454, incisos 2º y 4º, del C.P.P..- III. a. Luego de fundar la impugnabilidad objetiva y subjetiva de su pretensión y de efectuar una breve síntesis de la causa, el recurrente sostiene que la sentencia es nula por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de pruebas de valor decisivo, causando gravamen irreparable (arts. 408 inc. 3º en función del art. 186 inc. 3º y 187, y art. 454 del C.P.P., y art. 18 C.N.). Afirma que ante la inexistencia de pruebas directas que lleven a la conclusión asertiva de que el imputado es realmente el autor de la muerte de su hijo, el tribunal ponderó elementos indiciarios que evidencian -a entender del impugnante- una excesiva y arbitraria amplitud discrecional. A continuación, asevera que el tribunal fundó la condena en sólo dos elementos: 1) la declaración del imputado a la que se le anexó declaraciones testimoniales que sindican a éste como una persona violenta y a que no explicó sobre la pérdida de una pieza dentaria que se encontró a una escasa distancia de la cama y la lesión en su labio superior; 2) las declaraciones de los hermanos Leguizamón que manifestaron que el imputado habría expresado haberle pegado un tiro a Bertito, es decir, a su hijo. Interpreta que el resto de los fundamentos no pueden considerarse tales, pues se trata de un exacerbado intento de descalificar las afirmaciones de la defensa técnica, vertidas en los alegatos, al argumentar sobre las pruebas recibidas en audiencia de debate. En idéntica dirección, se agravia de la conclusión arribada por el a quo con respecto al carácter violento del imputado. El recurrente interpreta que resulta más lógico pensar que Carrizo, al acostarse luego del puntapié que habría recibido de su hijo, lo hizo a fin de evitar, precisamente, que la cosa siguiera a mayores, evitando de esa manera una pelea. Igualmente destacó que, con respecto a la pieza dentaria, durante el debate quedó claro que se trataba de una prótesis que a Carrizo se le salía reiteradamente y que éste se la colocaba o reinsertaba con la gotita. Asevera que jamás puede extraerse certeza de los indicios valorados por el tribunal. Refiriéndose a los testimonios de los hermanos Leguizamón, afirma que se le da valor superlativo a expresiones que no sirven para incriminar, ni siquiera como indicios. Por último, cita doctrina y finaliza expresando que la equivocidad de la prueba reunida no sólo no permite la sustentación certera de la imputación, sino que, además, no se descarta la posibilidad de una conclusión diferente. Enfatiza en que, si bien no se ha probado que fue suicidio y sí resultó un homicidio, pero tampoco -asevera- existe prueba contundente de que ese homicidio le sea atribuido a Carrizo de manera indubitable, o con la certeza exigida. Solicita se declare la nulidad de la sentencia.

III. b. Subsidiariamente, el recurrente también solicita la nulidad de la sentencia al entender que se ha violado el principio de inocencia. Reitera, que se ha condenado a su defendido sin certeza (art. 454 inc. 4º del C.P.P.), sostiene que debió haber prevalecido el principio in dubio pro reo. Luego de referirse a las implicancias que tuvo la reforma constitucional de 1994, culmina su escrito recursivo formulando expresa reserva del caso federal y de los recursos contenidos en el Art. 2º, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.- IV. En primer lugar debo aclarar que si bien el recurrente ha invocado separadamente dos motivos casatorios (previstos en el art. 454 incs. 2º y 4º), no obstante ello, advierto que los fundamentos dados en el primer embate tienden a demostrar tanto la inexistencia probatoria como la falta de certeza para condenar a Roberto Aroldo Carrizo, planteo éste último, que reitera al invocar subsidiariamente su segundo cuestionamiento. En consecuencia, de lo reseñado se infiere que lo que aquí corresponde analizar es, si el a quo efectivamente ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas como lo asevera el recurrente, y en su caso, si corresponde absolver al incoado en cuestión por el beneficio de la duda, conforme lo peticionado, lo que impone efectuar el tratamiento conjunto de ambos embates.

Ingresando puntualmente a lo que aquí se discute, debo decir que yerra el impugnante al afirmar que el tribunal ha omitido valorar pruebas de valor decisivo, como así, al aseverar que sólo ha fundado su condena en dos elementos probatorios.

La afirmación que antecede, encuentra sustento en la propia fundamentación del fallo en crisis de donde surge con certeza la participación del acusado en el hecho que se le endilga (Homicidio agravado por el vínculo). Un detenido examen del resolutorio me permite advertir que, contrariamente a lo señalado por el impugnante, el tribunal para arribar a la mentada conclusión, ponderó varios elementos probatorios debidamente incorporados a debate. Así, descartó la posibilidad de que la víctima se haya suicidado, concluyendo certeramente que se trató de un homicidio. Circunstancia ésta, reconocida por la propia defensa en su escrito recursivo, aunque niega que dicho homicidio sea atribuible a su asistido.

Respalda la aseveración que antecede, el análisis que el juzgador ha efectuado de las detalladas explicaciones brindadas por el médico de policía que realizó la autopsia, las que además, fueron plasmadas por el forense en su informe médico. Destacaron los camaristas, que el mencionado profesional a más de efectuar la autopsia, también se hizo presente en el lugar del hecho y allí examinó el cuerpo del occiso. En igual sentido, consideraron las razonables y contundentes explicaciones brindadas por el perito balístico con relación a la distancia desde la cual se realizó el disparo -más de un metro-; concluyendo así, que este análisis les permite desechar la tesitura de que la víctima se haya efectuado el disparo y que fue, el acusado, quien le disparó con el arma a su hijo en la cabeza.

En consonancia con lo expresado, el tribunal también tuvo en cuenta que el propio padre, en su declaración, reconoció que entre ellos se generó antes del hecho una discusión motivada por su negativa de prestar la motocicleta que su hijo le solicitaba para concurrir a una fiesta de quince años y que a raíz de ello la víctima le aplicó un puntapié en el lado izquierdo de la cintura. En esta dirección, el juzgador resaltó que si bien el imputado sostuvo que luego de dicha acción se acostó nuevamente y que luego sintió un disparo de arma de fuego, y que al salir al patio se encontró con su hijo tirado en el piso en posición de cúbito dorsal; no obstante ello, descartó que aquella haya sido la actitud asumida por el imputado tras la agresión sufrida por parte de su hijo. Así, meritó que casi toda la prueba testimonial señaló a Carrizo como una persona violenta, especialmente cuando se encontraba en estado de ebriedad, como precisamente lo hacía la noche del hecho. Sumado a ello, el a quo ponderó que el imputado tampoco dio explicaciones razonables sobre la pérdida de la pieza dentaria que se encontró a escasa distancia de su cama. Para ello, destacó la lesión que se detectó tras el examen médico en su labio superior, circunstancia que fue señalada por varios testigos -aclaró el sentenciante-, lo que llevó al tribunal a concluir que existió una pelea y que no se trató sólo de una mera discusión o de un simple puntapié, como lo señaló el acusado. Aquí, cabe destacar la relación que existía entre el hijo y su progenitor, puesto que quedó acreditado y así lo resaltó el a quo, que existían entre ambos discusiones y peleas. Ello, fue manifestado coincidentemente por la Sra. Ledesma (ex esposa del imputado); por su hija, Miriam Carrizo y por Mirian Ortega -destacó el tribunal-.

En idéntica línea de razonamiento, el fallo en crisis ponderó que los testigos Guaraz, Ibáñez, y Julio y Joaquín Leguizamón, de manera coincidente señalaron que vieron al acusado con sangre en la boca; que tales lesiones fueron descriptas en el acta de inspección corporal (fs. 90/90 vta., en donde se constata que el imputado presenta un "hematoma y herida cortante en el labio superior de la parte derecha de la boca (...) se observa la falta por desprendimiento de una pieza dentaria incisiva superior (...)" y que se advierten con claridad en las placas fotográficas (fs. 48/49) -repárese que estos elementos probatorios fueron debidamente incorporados a debate-.

Continuando con el análisis propuesto, cabe destacar aquí, que la sentencia cuestionada también evaluó los datos aportados por los hermanos Leguizamón, en cuanto a que ellos indicaron que esa noche el acusado fue a su domicilio pidiendo ayuda y que escucharon que éste había manifestado "me mandé una macana, le pegué un tiro a Bertito"; que Carrizo llegó al domicilio de aquéllos muy nervioso y exaltado. Que también habían escuchado que dijo "Bertito se suicidó" -aunque esto ha quedado plenamente descartado conforme el correcto análisis efectuado por el tribunal de mérito-. En igual sentido, el tribunal ponderó lo manifestado en debate por Julio Ernesto Leguizamón -testimonio que consideró absolutamente creíble, despojado de toda animosidad con respecto al acusado-, quien señaló que varios días después de que ocurriera el deceso del chico Carrizo, se encontró con el padre quien lo había amenazado para que no dijera nada acerca del comentario que le hizo de que él le había efectuado un tiro. A más de ello, el a quo también puso de resalto lo relevante que resulta lo manifestado por el mencionado testigo en cuanto a que algunos familiares fueron a su casa a pedirle que dijera que se había tratado de un suicidio.

En atención a lo examinado, el tribunal concluyó que se logró acreditar que la víctima falleció como consecuencia de un disparo de arma de fuego efectuado por el acusado; que dicha arma, conforme el informe técnico balístico fue disparada a una distancia mayor a un metro de la víctima. Así, se ha tenido por acreditado que efectivamente "el día veintiocho de abril del año dos mil siete entre las veintiuna y treinta y veintitrés horas, el acusado, Roberto Aroldo Carrizo, previo mantener una discusión con su hijo, Roberto Marcos Carrizo de dieciséis años de edad en el inmueble que ambos ocupaban, sito en paraje Dos Pocitos del departamento Santa Rosa de esta provincia, tomó una carabina marca 'Batan', modelo Súper 54, calibre 22 largo de su propiedad y le disparó desde una distancia mayor a un metro impactando dicho proyectil en la zona fronto temporal derecha sin orificio de salida con trayectoria de arriba hacia abajo y desde atrás hacia delante causándole hemorragia cerebral masiva con destrucción de masa encefálica que le provocó casi en forma instantánea su muerte".

En razón de lo expuesto, estimo que las apreciaciones formuladas por el recurrente en modo alguno logran desestabilizar la resolución puesta en crisis. Ello es así, porque la lectura de la sentencia impugnada muestra un fallo sólido, con una correcta valoración del material probatorio rendido y con un análisis pormenorizado de los testimonios brindados en debate. Con relación a esto último, cabe destacar lo sostenido por esta Corte (S. nº 29, 07/12/09), en cuanto a que los principios de inmediación y contradicción imponen que los órganos de prueba que hayan de producirse en el debate deban comparecer personalmente a fin de que, precisamente, tanto el tribunal como las partes tomen conocimiento directo de los mismos, de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y demás circunstancias que sirven para evaluar su veracidad y eficacia, y por sobre todo ello, de interrogar directa y libremente a los testigos a fin de indagar sobre el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener. Sumado a ello, el a quo ponderó el examen técnico médico efectuado a la víctima, Roberto Marcos Carrizo (fs. 4), el examen externo del cuerpo y el acta de operación de autopsia (fs. 35/36); las placas fotográficas (fs. 46/69); el acta de inspección corporal realizada en el cuerpo del imputado (fs. 90/90 vta.); del informe pericial balístico (fs. 94/99); el croquis ilustrativo (fs. 40); de la copia certificada del acta de defunción de la víctima (fs. 38) de la que también surge el vínculo entre ésta y el condenado Roberto Aroldo Carrizo; los informes bioquímicos de fs. 86/88 y 364/366; del informe socio ambiental del acusado Carrizo (fs. 275/276 vta.) y demás elementos probatorios debidamente incorporados, todo lo cual conduce a sostener que los agravios de la defensa no importan más que una distinta lectura del material probatorio rendido en autos.

La afirmación que antecede, encuentra sustento en la propia fundamentación del fallo en crisis de donde surge con certeza la participación del acusado en el hecho que se le endilga, esto es, Homicidio Agravado por el Vínculo (arts. 80 inc. 1º y 80 -último párrafo- del C.P.).

Por ello, concluyo que las pruebas receptadas en el debate permiten sostener con el grado de certeza exigido la participación responsable del incoado Roberto Aroldo Carrizo en el hecho que se el imputa. Así voto.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/7 vta., por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su carácter de asistente técnico del imputado Roberto Aroldo Carrizo. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y la de los recursos contenidos en el Art. 2º, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/5 vta., por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su carácter de asistente técnico del imputado Roberto Aroldo Carrizo.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada y la de los recursos contenidos en el Art. 2º, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen es tos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del Valle Sesto de Leiva ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.