marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BEJARAN, OSVALDO RAUL c/  s/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIO PUBLICO-APELACION-SENTENCIA CONDENA PRISION EJECUCION CONDICIONAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-30

La Cámara rechazó el recurso interpuesto con base en que la interesada tan sólo pretendía reeditar planteos tratados suficiente y oportunamente, y sólo expresaba divergencias con la valoración efectuada por el Tribunal en relación a la prueba rendida y al rechazo de su postulación acerca del plazo razonable y no precisaba concretamente en qué consistirían las supuestas causales de arbitrariedad y de la valoración de principios constitucionales genéricamente referidas, argumentación que la defensa ni siquiera tangencialmente intenta desvirtuar, fundando su recurso directo en que la Cámara había expresado que no está determinada la arbitrariedad en el recurso impetrado así como que no se ha cumplido con el requisito de admisibilidad sustancial.
Pacto de cuota litis, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: Arellano Ana D.B. c/ LT 29 Radio Victoria y Otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-06-30

El artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo autoriza la celebración entre el trabajador y su letrado de pacto de cuota litis bajo ciertos recaudos. Se trata de una excepción al principio de insensibilidad de los créditos laborales. También se dijo: Quien resulta acreedor, hasta la concurrencia del pacto de cuota litis, del monto reconocido judicialmente al trabajador es su letrado, en calidad de cesionario de aquél en virtud de pacto legalmente aceptado y libremente acordado, incluso controlada su seriedad a través de ratificación de la empleada y homologación judicial, por lo que no se dan las razones que justifican el pago personal al trabajador y sí las propias de la cesión de derechos que imponen el cobro directo de su crédito por el cesionario -cfr. artículos 1434, 1457,  1459, 1460, 1467, 1468 y concs. del Código Civil. (Voto de la Mayoría).Disidencia del Dr. NARDIN: Si la norma del artículo 277 de la Ley 20.744 exige el pago directo y personal al titular del crédito para que se opere la cancelación de la obligación, a pesar de mediar el otorgamiento de un mandato suficiente, o sea prescindiendo de la existencia de éste, se impone denegar la pretensión del mandatario de que se le efectivice previamente el porcentaje emergente del pacto de cuota-litis, que es una consecuencia de aquel apoderamiento, marginado expresamente por la ley en orden a la efectividad del pago en juicio.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ RAMON A. c/ MUNICIPALIDA DE LA CIUDAD CAPITAL DE SGO. DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-10-30

La ley establece que la carga de las partes de activar el proceso cesa únicamente cuando los autos pendieren de resolución en cuanto a lo principal.
Jurisdicción, competencia federal, entorpecimiento de los servicios públicos, falsificación de documentos, servicio telefónico, facturación excesiva
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Davaro, Saúl c/ Telecom  SA s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

En la Capital Federal es competente el fuero contenciosoadministrativo federal para conocer en la demanda contra una empresa telefónica impugnando facturaciones, pues nada hay que excluya el caso del ámbito de competencia definido en el art. 45, inc. a) de la ley 13.998.
Aclaratoria (procesal), deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Paloschi de Baltar, Myriam Mabel c/ Baltar, Roberto Axel. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Si los jueces, al descubrir un error aritmético o de cálculo, no lo modificasen, incurrirían con la omisión en grave falta, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconoce como causa el error.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Schroder Alberto Santiago c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, contra la sentencia de Cámara que decretó la deserción del recurso de apelación. Ello así porque no contiene una crítica suficiente de la resolución interlocutoria que denegó el recurso de inconstitucionalidad que intenta mantener: que la apelación se dio en el marco de la etapa ejecutiva de la sentencia, y que la insuficiencia de los escritos de expresión de agravios y la consiguiente deserción del recurso, remiten al estudio de una cuestión de hecho y derecho procesal propia de los jueces de la causa. Resulta aplicable entonces la jurisprudencia de este Tribunal que reiteradamente ha señalado la necesidad de que la queja contenga una crítica desarrollada y fundada destinada a rebatir argumentativamente los motivos por los cuales la Cámara resolvió no conceder el recurso que se intenta defender. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior
Materia: COMERCIAL
Carátula: FINERCO  S.A. c/ CIA. AZUCARERA CONCEPCION  S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

El Código procesal 553 exige, para que el ejecutado pueda promover el juicio ordinario posterior, el previo cumplimiento de las condenas impuestas en la sentencia dictada en el juicio ejecutivo, cumplimiento que ha de ser total, es decir, por todo el importe de la liquidación que se practique.
Homicidio culposo, culpa de la víctima
Materia: PROCESAL
Carátula: BERENQUEL, RICARDO s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-03-27

Para que una persona pueda ser considerada responsable de un delito culposo debe tener una relación causal con el resultado y si este se produjo por culpa de la víctima aun cuando medie infracción por parte del imputado que no cause directamente el resultado, el que igualmente se hubiera producido sin la misma, no existe responsabilidad culposa que atribuir al imputado.
Derechos de los agentes de la administración pública, deberes del funcionario público, Policía Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: R., M. A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-03

Si el accionante invoca un actuar ilegítimo de la administración cuando retuvo sus haberes durante meses, debió acreditar que durante ese período se encontraba eximido de prestar funciones con alguna justificación legal.
Expropiación, indemnización, despojo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ La Victoria Sociedad en comandita por acciones y/o Quienes en definitiva resulten propietarios s/ Expropiación (Expte.: C.S.J. Nro. 666 año 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

En lo que refiere al tema atinente a la época en que debe fijarse el justiprecio en el juicio expropiatorio, se ha arribado a la conclusión -con base en jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación- de que, en principio, el valor a tener en cuenta es el correspondiente a la fecha en que la expropiante tomó posesión del inmueble.
Estatuto del periodista, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Sevilla, Hernando Damián y otros c/ Diario  El Comercial y/o Juan Honofre Amarailla y/o Persona física o jurídica que resulte propietaria o responsable s/ Reclamo laboral Comercial y/o Juan Honofre Amarailla y/o Persona física o jurídica que resulte propietaria o responsable s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-24

La indemnización especial establecida en el estatuto del periodista, no importa una restricción ilegítima al derecho de propiedad; no es irrazonable, ni vulnera la facultad de contratar, por ello no procede su impugnación por supuesta transgresión al derecho de propiedad, si no se ha demostrado que ella impone indemnizaciones confiscatorias.
Sentencia, notificación, notificación tácita
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO NORDECOOP LTDO. c/ VICENTE RAMON MONCADA s/ EJECUTIVO" EXPTE. N 13235/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-08-27

Si dictada la sentencia de remate que rechazó la excepción, impuso costas y reguló honorarios, la apoderada de la parte ejecutada presenta un proyecto de cédula que transcribe la tarifación de honorarios en la sentencia de remate efectuada, existe un conocimiento de esta resolución judicial que surge, ya no de hecho o acto que meramente pueda hacerlo suponer o, lo que es lo mismo, que pueda dejar lugar a dudas sino antes bien, clara e inequívocamente de los autos.La presentación de tal proyecto está demostrando que la interesada se enteró del contenido de la sentencia, por m s que la regulación que anoticia se encuentra en el apartado 2do. del fallo.
Sanciones disciplinarias, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alonso, Andrés Nicanor c/ Municipalidad de San Fernando s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

Los arts. 1 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, 258 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 11 inc. h in fine de la Ordenanza General 207 abren la instancia contencioso administrativa en tanto se invoca el incumplimiento de las normas positivas referidas al procedimiento y la decisión expulsiva por la que se reclama (aunque no más allá de todo aquello que dichas normas imponen). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trabajadores marítimos, abandono de trabajo, intimación a reintegrarse al trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: HOFLAERTI, RAMON c/ A. BOTTACCHI  S.A.  DE NAVEGACION s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-20

Para que se configure el abandono de trabajo como justa causa de despido del trabajador que se halla a órdenes, el empleador debe intimar a fin de ponerlo en mora, y si al vencimiento del plazo fijado no se presentare, recién allí debe considerarlo incurso en la figura del abandono.
Robo calificado, robo en despoblado, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: G., O.S. s/ Robo con Arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-25

"El robo se comete en despoblado cuando se realiza en parajes alejados de los grupos de población o de los centros urbanos, de modo que no sea posible el auxilio inmediato a la víctima".
Contrato de trabajo, remuneración, jornada de trabajo, pluriempleo
Materia: LABORAL
Carátula: "Licciardi,  Cosme  Daniel c/ Consolidar  A.R.T. S.A. s/ dif. desalarios".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-20

Para la determinación de la contraprestación remuneratoria debida, al encontrarse demostrado que el desempeño de los actores no se limitó al estricto cumplimiento del horario pactado (de apenas un promedio de 4 hs. mensuales) puesto que es sabido que la labor exige cierta tarea de persuación, la concertación de entrevistas, la presentación del producto, etc., todo lo cual naturalmente insume una mayor extensión horaria a la antojadizamente establecida, se estima prudente asignar al desempeño efectuado en el marco del contrato que uniera a los actores con la demandada, una cuarta parte de la remuneración convencional debida para la categoría y ello toda vez que, en la misma estructura y con idéntica extensión horaria, el actor prestó servicios para cuatro empresas distintas sin que la demandada lograra demostrar objetivamente en la causa una dedicación distinta o menor en lo que hace a los productos y servicios involucrados.(Del voto de la Dra. González).
Preparación de la vía ejecutiva, pagaré, títulos de crédito
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Orozco de Díaz, Liliana c/ Huiscai, Ana s/ Prepara Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-02

No cualquier instrumento puede considerarse título ejecutivo incompleto factible de complementación por la vía de la preparación sino que para que un título merezca su integración debe contener todos los elementos y requisitos esenciales del título ejecutivo.

Consecuentemente, no corresponde citar al demandado para el reconocimiento de la firma de los instrumentos que, aún reconocidos, no constituyen título hábil por carecer del requisito formal que exige el art. 101, inc. 6 del Dto. 5965-63 lo que da lugar a que los títulos indicados no resulten válidos como pagaré a tenor de lo dispuesto por el art. 102 de la norma mencionada.
Robo calificado, robo en banda, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: OLIVERA, Juan y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-05

No se ha podido probar que haya existido una banda; esto es, la asociación de dos o más individuos con el propósito de cometer ilícitos indeterminados. Existen dos formas de agravar estos delitos cuando el número de intervinientes es de tres o más y resulta de la aplicación de los artículos 167 inciso 2do. o 210 del C.P. El primero de ellos se diferencia de la asociación ilícita en que ésta requiere además del número de intervinientes el propósito de cometer delitos (banda) cierto grado de organización y permanencia en el tiempo (asociación ilícita).-
Responsabilidad periodística, publicación de fotografía, menores, escrache, programa de televisión, doctrina de la real malicia
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: P. P., M. y otros c/ L., J. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-01

Corresponde confirmar el fallo que condenó a un periodista a indemnizar a los hijos menores de un juez federal por haber llamado a escracharlos en su programa de televisión y divulgado la imagen de uno de ellos, habida cuenta que la doctrina de la real malicia resulta improcedente en el caso toda vez que no se está en presencia de una noticia publicada en forma falsa o inexacta, sino que el hecho antijurídico se configura cuando el demandado incitó al escrache público de los menores, claramente en perjuicio de los derechos individuales o personalísimos de los actores.
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miguel Angel Velazco c/ Gobierno de la Provincia de Santa Cruz s/ Demanda Contencioso - Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-05-22

Para gestionar el restablecimiento de una relación administrativa en la que se goce en propiedad de un derecho (como el de la estabilidad en el empleo público, en el caso), debe concurrirse al litigio con el título incuestionado de su preexistencia al acto lesivo.
Competencia de paz, funcionarios judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M. E. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-31

A la luz entonces de las claras disposiciones constitucionales, nadie podría desconocer el carácter institucional y la función jurisdiccional de la justicia de paz, lo cual ubica a los integrantes de ésta, en calidad de jueces y por ende con todos los derechos y obligaciones que les asignan las leyes (arts. 40 y concordantes de la ley V-3 - antes Ley N° 37).
Contrato de trabajo, administrador de la sociedad, responsabilidad solidaria, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Agüero,  Lisandro Raúl c/ López Becerra Ricardo Arturo s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-30

La clandestinización del vínculo laboral, en abierta violación a la legislación laboral, plantea la cuestión de la responsabilidad de los administradores, representantes y directores. El juego armónico de los arts. 59 y 274 de la L.S. es muy claro en cuanto contempla su responsabilidad personal, solidaria e ilimitada, aunque algunas veces no será fácil demostrar que la sociedad fue utilizada con el fin de no cumplir o de violar la ley. Resultará suficiente por ejemplo, con la demostración de la violación de las normas de orden público por parte de la sociedad. En estos casos nos encontramos ante una categoría de dolo como causa de incumplimiento contractual, que compromete la responsabilidad del deudor moroso, habida cuenta de que posee la intención deliberada de no cumplir, sin que sea necesario acreditar la intención de producir el daño. La figura excluye la necesidad de la prueba de intención de daño a los efectos de configuración del dolo.
Administración de vialidad provincial, Derecho contravencional y de faltas, multa, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 636-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-17

Las particularidades del procedimiento instaurado para hacer efectivo el control de cargas llevan a la conclusión de que la actividad administrativa de constatación de la infracción produce importantes consecuencias en el plano jurídico, que se proyectan sobre el resto del procedimiento, puesto que allí queda también determinada la cuantía de la multa que se aplica.
Procedimiento laboral, representación procesal, representación de personas jurídicas, apoderado
Materia: LABORAL
Carátula: Avalos Marcelo Fabián c/ Miralejos S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-22

Si bien es cierto que conforme a la ley local 10.996, las personas jurídicas sólo pueden estar en juicio a través de representantes legales o bien a través de mandatarios que revistan la calidad de abogados o procuradores, ello no implica que sus apoderados generales no tengan legitimación sustantiva para conferir poderes judiciales a abogados o procuradores. (Del Dictamen de la Fiscal Adjunta "ad hoc", al que adhiere la Sala).
Acción de amparo, derecho a la salud, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Z. D. C. M. F. c/ I. D. P. Y. S. S. D. T. -. D. S. s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-28

Por ser la demandada quien en sustento de su defensa había alegado que los diversos centros de rehabilitación contratados por el IPSST prestan "exactamente los mismos servicios que el centro denominado 'Marckay', mas a un valor sustancialmente menor a los que factura este último", dicha parte -y no la actora- era quien tenía la carga de acreditar aquel supuesto de hecho (cfr. art. 302 del CPCyC). ¿Así lo hizo? No; todo lo contrario, luego de afirmar categóricamente que los servicios que brindan los centros contratados por su parte "resultan más que suficientes para el tratamiento de las patologías que están destinados a contrarrestar", efectúa una llamativa e incomprensible -por contradictoria- oposición "a que se ofrezca prueba alguna relacionada o tendiente a la comparación entre los servicios que brinda Marckay y los que ofrecen los prestadores vinculados al IPSST".
Concesión comercial, extinción del contrato, transferencia de la concesión
Materia: COMERCIAL
Carátula: NICOLELLI, PEDRO EDGAR OMAR c/ MULTICANAL SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-18

Si la concedente (defendida) autorizó expresamente y por escrito al concesionario (pretensor) para formar una sociedad de responsabilidad limitada, a efectos de la explotación o de la continuación de la concesión antes dada al accionante, resulta improcedente -como en el caso- que la accionada funde su decisión de concluir el vínculo convencional en la circunstancia de que el reclamante cedió parcialmente sus derechos a otras personas físicas (con las que constituiría el ente societario), por haber transgredido cierta previsión contractual, que establecía la prohibición de ceder el contrato o los derechos de el resultantes, sin el consentimiento "previamente escrito" de la concedente. Ello pues, no es dudoso que la autorización "para formar una sociedad" que se haría cargo de la concesión, supone -jurídica y necesariamente- la autorización "para ceder los derechos" del concesionario o, mas precisamente, para "ceder el contrato" de concesión celebrado, pues la sociedad no sólo sucedería al originario concesionario en los aspectos activos del vinculo -los derechos contra quien otorgo la concesión-, sino también en los pasivos -las obligaciones frente al concedente-. Por tanto, la constitución del ente societario como la cesión del contrato de concesión es perfectamente válida y oponible a la concedente.
Administración Pública, amparo por mora, costas, costas al vencido
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: VERON, CIPRIANO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-23

En los casos de amparo por mora contemplados en el art. 28 de la ley 19.549 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 106 del Dec.

1759/72, modificado por el decreto 1883/91 reglamentarios de la ley citada, corresponde la aplicación supletoria del C.P.C.C. para resolver las cuestiones no previstas expresamente y en tanto no fuere incompatible con el régimen establecido por la Ley de Procedimientos Administrativos. En consecuencia, dado que con su actitud la A.N.Se.S.

dio lugar a la acción de amparo por mora de la administración, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 del Código de rito, corresponde confirmar la condena en costas impuesta por el "a quo" a la accionada vencida.
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Paz, Emilio c/ Sniafa S.A.I.C.F. y S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

Hay cosas que no son, en sí mismas, riesgosas pero que adquieren tal carácter al obligar al trabajador a continuos esfuerzos para su traslado y a la adopción de posturas antifuncionales.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad de la provincia, dependientes, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Furnier, Patricia María c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Si los agentes policiales están obligados a actuar en cualquier momento a fin de prevenir la comisión de delitos que pongan en peligro la seguridad de la población, y en su consecuencia a portar armas, resulta lógico admitir que los perjuicios que de ello deriven sean soportados por la colectividad en general y no sólo por los damnificados; si la protección pública genera riesgos, es lógico que esos riesgos sean soportados por quienes se benefician con ella.
Defensa del consumidor, ejecución hipotecaria, mutuo hipotecario, prescripción, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABN AMRO BANK N.V. c/ E., A. y Otra. s/ EJECUCION HIPOTECARIA s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-10-09

Considero que el plazo de prescripción de tres (3) años que establece la Ley de Defensa del Consumidor (art.

50) es para las acciones judiciales, administrativas y sanciones emergentes de la ley, es decir, para las que pueden deducir los consumidores, pero no para casos como el de autos donde la acción (ejecución hipotecaria) conferida al prestador (entidad financiera) no emerge de la Ley 24240 sino del derecho común; consecuentemente debe aplicarse el término de prescripción que prevé éste, específicamente el artículo 846 del Código de Comercio. (Voto del Dr. Mansilla en disidencia)