marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Oscar Rubén s/ Lesiones leves Etcheto, Jorge A. y ots. s/ Encubrimiento Aguilera, Jorge A.; Acosta, Zunilda R. s/ Abandono de persona seguida muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04|1992-03-24|1997-03-18

El recurso extraordinario de nulidad interpuesto (art.349, inc.1, C.P.P.) resulta inadmisible al no reunir los requisitos propios de esta vía recursiva, ya que no se denuncia violación de los artículos 156 y 159 de la Constitución Provincial ni se funda en el contenido normativo de dichos preceptos, sino que se intenta traer a examen de este Tribunal supuestos de nulidad procesal y errores de juzgamiento como es la violación del derecho de defensa, temas estos ajenos al remedio intentado y sí propios del recurso de inaplicabilidad de ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actualización monetaria, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miche, Carlos Raúl s/ Incidente Actualización de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-01

Pretendiéndose el reconocimiento de un plus por desvalorización monetaria, pero sin el cómputo de intereses, el tema de la existencia o no de mora por parte del deudor al efectuar el depósito carece de trascendencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Bariani Alicia Susana c/ Tover SA y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-24

No corresponde extender la responsabilidad en los términos del art. 30 LCT, ante el caso de una trabajadora que prestaba servicios como empleada administrativa para una empresa que no era la principal, ni la beneficiaba directamente con sus labores, y siendo su actividad específica la comercialización y distribución de gas. Las labores de la reclamante no reportaban un beneficio directo para la principal. (En el caso, la actora trabajaba para una sociedad que se dedicaba a la prestación de servicios de distribución de avisos de deuda y facturas por consumo, lectura de medidores de gas, corte del servicio domiciliario y la rehabilitación de aquél, para empresas como las restantes codemandadas que eran distribuidoras de gas).
Hurto de energía, conexión clandestina de electricidad, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: RIOS, JORGE A. s/ HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

Las circunstancias de que no conste la fecha de ocupación del inmueble por el encausado ni que haya abonado el servicio de S.E.G.B A. en alguna oportunidad, que aquél no es propietario de la vivienda ni paga impuesto inmobiliario, que se ignora cuándo ni quién efectuó la conexión clandestina, robustecen un cuadro de dudas que impide sustentar un juicio de reproche basado en la certeza que exige la ley ritual, máxime cuando el enjuiciado ha demostrado su propósito de normalizar la situación a la brevedad sin haber recibido intimación fehaciente de la empresa damnificada.
Universidades, concursos docentes, jurado del concurso, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nuta Ana Raquel c/ Universidad Nacional de Buenos Aires (Resol. 6663/97)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-07

La competencia de un juez para dilucidar cuestiones suscitadas en torno a los resultados de un concurso, se encuentra restringida al control de legitimidad, siéndole vedado entrar a considerar cuestiones de mérito u opinables que son de exclusivo resorte de las personas a las que se encomendó la función de dictaminar y revisar los resultados, y en los que cabe presuponer una mayor idoneidad al respecto (conf. Sala II del fuero, in re: "Méndez, María Ramona c/ Conet s/ empleo público", del 21/11/95). (Consid. V).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ ASOCIACION MUTUAL DE ACCION PROFESIONAL Y EMPRESARIAL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -APREMIO  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 215 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-05

Es sentencia definitiva a fin de la deducción del recurso de inconstitucionalidad la resolución que hace lugar al apremio cuando el perdidoso es el demandado, toda vez que para dicha parte ya no resulta susceptible de impugnación por los remedios ordinarios en virtud de lo dispuesto por el artículo 509 del C.P.C.C.
Concurso preventivo, crédito verificado, verificación tardía, honorarios, regulación de honorarios, leyes, aplicación de la ley, ley arancelaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ Primera ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la   verificación concursal -tempestiva y tardía- de créditos?. Segunda   ¿Corresponde regular honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante, distinguiendo según aquel sea contador o abogado y   según se impongan o no las costas al tercero verificante?. Tercera   ¿Cuál es la base regulatoria? ¿Se computa la desvalorización   monetaria y los intereses?. Cuarta ¿Corresponde reducir la escala   arancelaria en función del trámite seguido y de las etapas cumplidas?   Auto sprint sobre quiebra. Incidente verificación crédito (Expte.   Nro. 128-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

Para arribar a la solución que ha de traer certeza futura en lo que respecta a la retribución de la labor profesional en casos de verificación concursal -tempestiva y tardía- de créditos, es imprescindibles apoyarse en las normas legales análogas vigentes -le y arancelaria local- y en los principios generales que inspiran la retribución del trabajo profesional judicial y en los procedimientos en los cuales se desenvuelve esa labor profesional. (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Actos y diligencias procesales, juicio ordinario, prueba, nulidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOCATURA ELIDA c/ PIELES  LUXOR Y OT. s/ Ordinario (LIBRO: A073 - 134)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-25

Si no existe auto o decreto que admita las pruebas ofrecidas, no se pueden rendir éstas (principio de admisibilidad), y menos emplazar a una parte para producirlas. La resolución que así lo ordena es nula, si la primera (de admisión), no se encontraba aún firme.
Medidas de seguridad, régimen penitenciario, reclusión accesoria por tiempo indeterminado
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Conmutación Miño, Ernesto Oscar y otro s/ Robo Cuello, Segundo Dionisio s/ Tentativa de robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07|1986-11-28|1994-04-26

Si bien el art. 115 de la Ley Penitenciaria Nacional (dec. ley 412 /58) establece que la medida de seguridad del art. 52 del C.P. se cumplirá en el establecimiento de la Nación destinado a ese exclusivo objeto, en el que no podrán ser recibidos internos que deben cumplir pena privativa de libertad, en la práctica no ocurre así; según el "Reglamento Interno de la Progresividad del Régimen Penitenciario", dicha accesoria jugaría como "refuerzo" de la pena principal, ya que se cumple en forma paralela.
Medidas cautelares, obras sociales, personal policial, hijo incapacitado, pensiones
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Alba, Roberto José c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-03

Corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que hizo lugar a la medida cautelar y dispuso mantener al peticionante en su afiliación a la obra social de la institución demandada. Ello así, por cuanto el art. 102, inc. c) de la ley 21.965, enumera entre otros deudos del personal policial con derecho a pensión, a los hijos varones mayores incapacitados definitivamente para el trabajo, siempre que carezcan de recursos suficientes o de beneficio previsional más favorable. Es decir, que la norma condiciona el otorgamiento del beneficio a la existencia concomitante de dos requisitos: uno de tipo personal -mayoría de edad e incapacidad laboral definitiva-, y otro de índole patrimonial -carencia de recursos o de un beneficio previsional más cuantioso-; requerimientos que concurrirían en el demandante según la valoración efectuada por el juez a quo, y que, sumado a que la demandada no ha controvertido los hechos ni negado la autenticidad de la documentación presentada en apoyo del requerimiento cautelar, resulta suficiente para tener por verosímil el derecho invocado. En cuanto al peligro en la demora, la eventualidad de que el titular se viera privado de cobertura médica hasta tanto recaiga sentencia en los autos principales (siendo que, en el caso, se trata de una persona que padece una enfermedad mental, conforme lo acreditado en autos), permite tener por configurado el segundo presupuesto de viabilidad de la medida cautelar. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, daño moral, daño material, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: Franchi, Juan C. c/ Ferrer, Hector R. y otro s/ Daños y perjuicios. Cuestión a resolver: ¿Corresponde establecer un   monto indemnizatorio mínimo e igualitario por privación de vida   humana con prescindencia de todo otro perjuicio cierto?   Protocolizado Sala II, Folio 176 (Tribunal pleno) (Expte. Nro. 8-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-12

Debe independizarse el daño moral del material. El carácter resarcitorio del daño moral no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, puesto que no se trata de un daño accesorio de éste. (Del Voto del Dr. Crespo).
Acumulación de penas, concurso de delitos, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C/ Favio Flores Javier Nahin y otra c/  s/ Acuerdo Plenario Convocado en Expte. N 7.436 C/ Favio Flores Javier Nahin y otra por hurto simple S/ CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2021-10-26

El juez competente para unificar no solo ejerce una potestad que le es propia, sino que, además, se encuentra conminado por el cumplimiento de una obligación que le impone la norma del Art. 58 del C.P.. Como consecuencia de ello tratándose de un supuesto de unificación de condenas, nada obsta a que el juez competente para decidirla pueda revisar el carácter de la condenación y sus efectos, desde que debe dictar una nueva y única condena, comprensiva de todas las que son objeto de unificación, conforme las reglas del Art. 58 del C.P., sin que el Art. 27 del C.P. constituya escollo alguno para el cumplimiento de esa tarea. (VOTO DISIDENTE Dr. Juan José Victoria y Dr. Daniel Olivares Yapur)
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación procesal, directorio, ejecución comercial, asambleas especiales, administración ruinosa
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lavorano, María Alejandra  c/ Gonzalo First SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

En materia de impugnación de acuerdos sociales rige la prohibición de una conducta contradictoria, de donde se sigue, por ejemplo, que quien con su actitud pasiva ha permitido conferir eficacia al acto precedente, mal puede impugnar el posterior que es su consecuencia (conf. CNCom, Sala D in re "Gianakis, Ricardo Miguel c/ D'Mode SA s/ ordinario", del 28/10/13). Tal es la regla general, pero evidentemente, la aplicación de dicha regla deja de ser posible cuando a ella se contrapone la presencia de un caso de abuso del derecho (CCCN 10).
Enfermedad profesional, trabajo insalubre, concausa
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ, NORMANDO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-12

La sola circunstancia de que la demandada catalogue a las tareas desempeñadas por el trabajador como comunes porque no están incluídas por la autoridad de aplicación en ninguna norma que las califique de penosas, peligrosas o insalubres, no es óbice para concluir que fueron aptas, las acreditadas para operar como concausa de la dolencia que afecta al demandante.
Transporte automotor, choferes, remuneración, encomienda
Materia: LABORAL
Carátula: ROSSI, JORGE E. c/ EMPRESA ARGENTINA DE MICROOMNIBUS ABLO. SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-31

Si bien el trabajo no se presume gratuito no hay ninguna disposición que establezca que los conductores de ómnibus de larga distancia deban recibir un suplemento por llevar y entregar encomienda.
Seguros, responsabilidad del asegurado, culpa grave
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Contreras vda. de Calo, Rosario c/ Puglisi, Héctor Eduardo y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Si bien la valoración de la culpa grave es una cuestión librada a la apreciación judicial, debe seguirse una interpretación restrictiva, que no abarca a cualquier negligencia o descuido, puesto que si así fuere, la institución del seguro se vería limitada a las hipótesis de fuerza mayor o caso fortuito, lo cual es contrario a la función de garantía. Si se exigiera el cumplimiento de recaudos de seguridad completa en el tomador del seguro, haría a éste prácticamente innecesario o económicamente inconveniente.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, doctrina de la arbitrariedad, acción de amparo, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CAPRIOLO, IRMA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

Si bien las cuestiones debatidas pueden caracterizarse como materia contencioso administrativa, en razón de que la resolución impugnada se enmarca dentro del esquema de organización de un servicio público y posee carácter de norma propia del derecho público local -atento a que es en ejercicio de las potestades que le son propias a la Provincia en materia de educación, que reguló la convocatoria a concurso, considerando de manera diferencial la antigüedad docente como suplente en escuela pública y en escuela privada-, ello no obsta a que las mismas se puedan canalizar a través del amparo; sin embargo, tratándose de un litigio que versa sobre dicha materia donde la competencia de los Tribunales especiales se supone, ello imponía en cabeza del Juzgador el deber de extremar el control de concurrencia de los requisitos que tornan admisible aquella vía, análisis que omitió la mayoría de la Sala, al ingresar al tratamiento de los requisitos de admisibilidad del amparo soslayando el análisis antes referido. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67/164; Grandinetti, T 132, p 477/488; Vaninetti, T 106, p 141. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 43; Constitución Provincial, artículo 113; Ley 8927; Resolución 1471/10 del Ministerio de Educación de Santa Fe, artículo 14, Anexo II; Decretos provinciales 1311/82 y 145/07. - Jurisprudencia vinculada: Burggi, AyS T 284, p 63/73 - Jurisprudencia Concordante con Saez, AyS T 284, p 281/294.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, cuestión de derecho común, recurso de inconstitucionalidad, costas, sentencia condenatoria, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: V, A A s/ APELACION. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE N. 459-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

Si bien la regla general es que la cuestión de costas queda excluida del recurso extraordinario, se admiten como excepción los casos en que tal aspecto procesal ha sido resuelto con arbitrariedad, o cuando lo decidido puede prohijar una restricción indebida al derecho de defensa. No le cabe dicha excepción al fallo que no ha incurrido en tales vicios descalificantes al reputar aplicable lo normado en la primera parte del artículo 168 del Código Procesal Penal -que consagra la regla objetiva fundada en el vencimiento-, al imponer las costas de ambas instancias al perdidoso.
Buques, medidas cautelares, interdicción de navegar
Materia: NAVEGACION
Carátula: PUERTO  MARIEL SA c/ SMIT INTERNATIONAL ARGENTINA SA s/ INCIDENTEDE APELACION DE MEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-09

El señor Juez de primera instancia dejó sin efecto la medida cautelar que ordenó la efectiva inmovilización, amarre e interdicción de navegar de los buques remolcadores Edimir (matrícula 01212) y Dumar (matrícula 0329). Las dos embarcaciones fueron entregadas a su propietaria, conforme surge de la expresa declaración de la parte demandada, y ponderando además que la accionante guardó silencio frente a la medida para mejor proveer decretada por este Tribunal, se advierte que la cuestión debatida ha devenido abstracta y por ende, su tratamiento por el Tribunal resulta inoficioso (cfr. Fallos: 224:548; 256:327 y 262:367). Todos los agravios relacionados con la inmovilización, amarre y la interdicción para navegar para evitar nuevos daños a las embarcaciones, son inconducentes para revocar la resolución apelada toda vez que los remolcadores ya fueron entregados a la parte actora. En ese contexto, devinieron abstractos los agravios de la recurrente.
Renta vitalicia previsional, beneficios previsionales, demanda, carácter alimentario, intereses, sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Micheloud, María Angélica c/ La Estrella Compañía de Seguros de Retiro y otro s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-09

La no fijación de intereses -oportunamente solicitados- compromete la garantía de propiedad al disminuir el poder adquisitivo del crédito que se demanda, desvirtuando su finalidad alimentaria, con desmedro también del principio de movilidad de las prestaciones que consagra el art. 14 bis de la C.N. (cfr. C.S.J.N., sent. del 30.07.85, "Kundt Cortez, Carlos Federico"); y habiéndose reconocido en autos la procedencia del beneficio solicitado, tal derecho resultaría menguado si no se admitiera que el pago de los haberes previsionales retroactivos debe hacerse considerándose los intereses devengados hasta la efectiva cancelación total del crédito. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia que ordenó se le abone a la peticionante la renta vitalicia previsional en dólares estadounidenses, con intereses.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nofal, Walter A. y otros c/ Ugalde, Sandra L. y otros s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Tras la disolución por divorcio o separación de bienes cada masa soporta, frente a terceros, su propio pasivo, por la aplicación de los arts.5 y 6 de la ley 11357, repartiéndose luego los esposos por mitades los saldos activos que resulten (art.1315, C.C.).
Seguros, cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: De La Torre María Teresa y otros c/ Bórquez Oyarzún de García Rosalinda y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2001-07-27

La ley de seguros admite la exclusión de cobertura para los supuestos de dolo o culpa grave del asegurado -delimitación causal subjetiva- pero tales limitaciones se encuentran acotadas a la persona del asegurado o beneficiario mas no puede ser extendida a otras personas que no sean aquellas a las que se refiere la norma jurídica. El carácter necesario (arts. 70, 105 y 152 L.S.) o seminecesario (art. 114 L.S.) de las normas legales que implementan los referidos supuestos de "no seguro" impide que, por reglas de autonomía (condiciones generales o especiales de póliza), se amplíen los derechos del asegurador predisponente o se restrinjan los del asegurado-adherente.
Confirmación de sentencia, indemnización, defectos de fabricación, automotores, falta de prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Brogno, Nicolás Eduardo c/ Volkswagen Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-28

Procede confirmar la sentencia de grado que rechazó la acción tendiente a obtener una indemnización por daños supuestamente sufridos a causa de los desperfectos que presentó el vehículo adquirido. Ello por cuanto, no hay en la causa elementos para afirmar que la reparación que fue efectuada sobre el automotor no haya sido satisfactoria (conf. LDC 17), dado que las demandadas hicieron honor a la garantía en términos que deben considerarse satisfactorios, por lo que no es posible sostener que el actor tiene derecho a recibir una indemnización con sustento en que la accionada le vendió una cosa impropia para su destino. La condición defectuosa sólo puede predicarse de la cosa cuando, tras haber sido sometida a la reparación debida, esa reparación no haya logrado colocarla en condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, lo cual aquí no ha ocurrido o, por lo menos, no ha sido probado. Es que aún cuando se acepte que el solo hecho de haber vendido un automóvil defectuoso obliga a las demandadas a una prestación adicional a esa garantía, lo cierto es que ellas se hicieron cargo y ofrecieron al quejoso un automotor sustituto, que el rechazó, lo cual revela que su pretensión actual de obtener la aludida indemnización implica una contradicción con sus propios actos anteriores (CCCN 1067) que torna improcedente la pretensión.
Excarcelación, duración del proceso, prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "RIVEROS, Omar s/ denegatoria excarcelación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-07

De acuerdo con el artículo primero de la Ley 24.390, la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años, sin que se haya dictado sentencia. A su vez, y como excepción se estipula que el encierro podrá extenderse por un año más cuando la cantidad de delitos imputados o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de una sentencia en el plazo de dos años. Conforme parece surgir de esta norma, siempre que se mantengan los motivos que justifican todo encierro preventivo, la restricción de la libertad de un imputado debería cesar a los dos años, salvo que las circunstancias señaladas hayan obstaculizado la normal culminación del proceso, caso en el cual ésta podría prorrogarse hasta los tres años. Ahora bien, detallado el marco normativo y habiéndose descartado jurisprudencialmente la posibilidad de resolver este tipo de casos apelando al solo paso del tiempo del detenido en prisión preventiva, corresponde ahondar en las características de la instrucción. Dado el caso de quien ha cumplido más de cinco años de encierro preventivo y que a la luz de las prescripciones de la ley 24.390 (artículos 7 y 8), el tiempo de encarcelamiento preventivo del nombrado debe computarse como aproximadamente 8 (años) años y 4 (cuatro) meses de prisión. En virtud de este último extremo pierde entidad toda presunción relativa a la existencia de riesgos procesales en autos. Adviértase en este sentido que el largo tiempo de detención que corresponde computarle al nombrado atenúa los riesgos procesales que emergen de una alta amenaza de pena. Por otra parte, y si por hipótesis se mantuvieran las presunciones de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, las características de esta instrucción tampoco permiten ya prorrogar la prisión preventiva en estudio. En este sentido, y si bien no desconozco la multiplicidad de ilícitos que comprende esta investigación, ni tampoco su complejidad -características que, de hecho, no desaparecen con el tiempo-, lo cierto es que tales extremos ya no son suficientes para que el plazo del encierro preventivo mantenga su carácter de razonable (en los términos del artículo 7. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). (Del voto del Dr. Cavallo).