Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-05


FLORITO ZAPATA, Miguel Angel contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 193 p 114-117.

Santa Fe, 5 de noviembre del año 2.003.

VISTOS:

Los autos "FLORITO ZAPATA, Miguel Angel contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. nro. 359, año 1.995), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio de este Cuerpo de fecha 29 de agosto del año 2.001, registrado en A. y S. T. 174, págs. 413/417, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra el auto de Presidencia de fecha 28 de febrero del año 2.001 que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo, deduce el actor el remedio extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48.

Achacó al fallo incurrir en "arbitrariedad sorpresiva" en tanto consideró que no se había agotado la vía administrativa previa, lo que destaca no fue cuestionado por la demandada al contestar el pedido de suspensión de la medida administrativa. En tal sentido, imputó a este Cuerpo haber incurrido en exceso ritual manifiesto violando la garantía de defensa en juicio, por cuanto no aplicó los principios "in dubio pro reo" e "indubio pro actione", máxime cuando se encontraban en discusión derechos de naturaleza previsional. Expresó que el Tribunal no se hizo cargo de ninguno de los agravios postulados en el escrito de revocatoria incurriendo en los mismos vicios del auto de Presidencia, en tanto -según entiende- reiteró sin argumentos las afirmaciones contenidas en éste.

A su juicio el fallo se basa en afirmaciones dogmáticas que revelan apoyo en la mera voluntad personal de los sentenciantes. Reiteró los cuestionamientos formulados al deducir el recurso de revocatoria respecto a que la vía administrativa fue agotada correctamente y sostuvo que el Tribunal prescindió de los antecedentes administrativos relevantes reseñados.

Expresó además, que el Tribunal omitió considerar el agravio fundamental referido a la tramitación de diversos expedientes administrativos entre los cuales existía una situación de identidad por cuanto en todos ellos se había hecho valer la misma causa jurídica e idéntica pretensión, más precisamente, la del encuadre normativo de la situación del actor en los artículos 16 inc. 9 y 23 inc. b) de la ley 6830, previa constitución de una junta médica de especialistas ajenos a la institución, que valoren correctamente su estado de salud y la relación de éste con la actividad laboral.

Insistió en que "la revocatoria con apelación en subsidio culmina con la denegación del Poder Ejecutivo provincial a través del decreto que se cuestionó" y que el fallo afectó el principio de congruencia al fallar en contra de lo planteado por su parte. 2. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso extraordinario federal interpuesto. En tal sentido, cabe señalar que la mera interposición del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad.

A tales efectos es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por esta Corte para fundar su decisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Realizando el análisis señalado precedentemente, del memorial recursivo se desprende que los argumentos expuestos por el recurrente no satisfacen el recaudo de debida fundamentación exigido por las normas pertinentes. Es que, cumpliendo con lo establecido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el impugnante debe fundar su recurso con arreglo a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 48, de lo que surge que pesa sobre el apelante la carga de efectuar en la impugnación una crítica prolija, concreta y razonada de la sentencia atacada así como la refutación de todas y cada una de las motivaciones enunciadas por el Tribunal superior de la causa para arribar a las conclusiones que originan sus agravios (Fallos 303:109; 304:1306; 306:503, etc.); y tal extremo se adelanta -en modo alguno- puede entenderse satisfecho en la especie. En efecto, aún cuando el recurrente acuse arbitrariedad y lesión a principios constitucionales, de la lectura de los fundamentos en que sustenta su impugnación en cotejo con el fallo de marras surge que los agravios que imputa al decisorio son reiteración de los planteos efectuados en el recurso de revocatoria deducido contra el auto de Presidencia y sólo trasuntan su mera disconformidad con el criterio seguido por el tribunal, en ejercicio de funciones propias, en torno a la interpretación de normas de derecho público local y de las circunstancias relacionadas con las mismas.

Y en tal tarea, no logra persuadir que en el "sub examine" se verifique un motivo de excepción que autorice la apertura de la instancia ante la Corte nacional, vedada, en principio, a las cuestiones de dicha naturaleza.

Es que, en rigor de verdad, el recurrente insiste en la pretensión de hacer prevalecer su propio enfoque -opuesto al de este Tribunal- fundado en que el decreto 1006/95 del Poder Ejecutivo resolvió un recurso de apelación, produciéndose con ello el agotamiento de la vía administrativa.

Empero, esta argumentación no se hace debidamente cargo de las razones explicitadas por el Tribunal en el fallo al considerar de manera fundada que el decreto 1006/95 " no concluye procedimiento recursivo alguno iniciado por el particular" sino que "se trata de un acto dictado como conclusión de un procedimiento iniciado de oficio por la Administración", el cual "tal como lo señaló la Presidencia, requería la deducción de revocatoria para habilitar la instancia contenciosa administrativa".

Por lo que, la crítica del impugnante sólo traduce diversidad de criterio con el de esta Corte, lo que no entraña cuestión constitucional para operar la apertura de la vía intentada. Efectivamente, tales conclusiones no resultan conmovidas por los planteos del recurrente fundados en que el decisorio incurre en arbitrariedad al omitir tratar cuestiones planteadas referidas al análisis de los antecedentes administrativos y a la existencia de "una situación de identidad" en la tramitación de los diversos expedientes en dicha sede, en los que se "había hecho valer la misma causa jurídica e idéntica pretensión".

Ello así, por cuanto surge de la lectura del fallo, que el Tribunal consideró las actuaciones administrativas que el recurrente dice preteridas y que los planteos esgrimidos al deducir el recurso de revocatoria fueron debidamente evaluados, desechándose fundadamente. No hay pues reproche constitucional alguno.

Específicamente, este Cuerpo analizó que el actor presentó dos recursos de apelación, ambos en subsidio, uno deducido contra un acto preparatorio, esto es, la elevación del expediente por parte de la División Personal a fin de que la Jefatura de Policía solicite el pase a retiro obligatorio por la causal del artículo 16 inciso 1, que concluyó con la resolución nro. 993/94 sin que conste que haya sido recurrida y el otro, que tramitó en otras actuaciones, interpuesto contra la resolución del Jefe de Policía de fecha 6.9.1993 que -previo dictamen de la Junta médica respectiva- determinó su incapacidad en un 30%.

Consideró además, que "el decreto nro. 10065/95 fue dictado en actuaciones distintas a las que tramitaron a partir del recurso deducido contra el acto que hizo suyo el dictamen de la Junta Médica de Control de Incapacidad , y sin tener estas últimas a la vista, lo que no podría objetarse, ya que -se reitera- obedece a una causa diferente".

En suma, que tampoco podía considerarse a dicho acto normativo como rechazo implícito del recurso de apelación al que alude el actor. Asimismo, sostuvo que lo resuelto por el decreto 1006/95 no excluye la procedencia de la pretensión del actor, vinculada con el cambio de causal del pase a retiro, ya que dispone -por remisión al dictamen nro. 333/95 de la Dirección de Asuntos jurídicos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto- que el encuadramiento del retiro en la causal del artículo 16 inciso 1) de la ley 6830, lo es "sin perjuicio del cambio de causal que puede operarse...en el caso que triunfe el remedio legal deducido contra el dictamen de la Junta médica de Incapacidad", remedio que dio origen a un procedimiento administrativo distinto; y que éste "el eventual proceso contencioso administrativo a que podría dar lugar la denegación expresa o presunta de las pretensiones en él deducidas, resultaría la vía idónea para la discusión de los aspectos que sustentan los agravios que se dirigen contra la determinación de la incapacidad efectuada por la Junta Médica policial". Lo expuesto, demuestra que no existe concordancia entre los planteos formulados por el compareciente y la decisión impugnada, quebrando la regla de admisibilidad que impone que debe existir relación entre las hipótesis doctrinarias jurisprudenciales de arbitrariedad sustentadas y la realidad del caso.

Por lo demás, cabe concluir que el fallo recurrido no resulta dogmático, por cuanto explicita fundamentos suficientes para sustentarse como acto jurisdiccional válido, sin que el recurrente logre ahora demostrar que en los considerandos del mismo se hubiesen efectuado enunciados como verdades indiscutibles sin el respaldo del debido fundamento.

En suma, en autos, la Corte -con mayor o menor acierto- efectuó una interpretación de las normas aplicables contenidas en el decreto-acuerdo 10204/58 y en la ley 4106, a las circunstancias de la causa y lo único que puede inferirse de la limitada fundamentación expuesta por el impugnante es su disenso con la decisión adoptada, lo que no asume sustancia constitucional como para operar la apertura de la vía intentada. Cabe pues descartar también la tacha de arbitrariedad fundada en que el Tribunal se ha inclinado en una hermenéutica estrictamente literal de las normas que regulan el agotamiento de la vía administrativa previa, afectándole su derecho a la jurisdicción.

En ese sentido, cabe advertir que la sentencia que incurre en "exceso ritual" es un pronunciamiento arbitrario, por no constituir derivación razonada del derecho vigente.

El ritualismo consiste en la desnaturalización de las formas y de las regulaciones procesales, incompatible con el debido proceso y con el razonable formalismo jurídico (vid. Guastavino, Elías P. "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", T. 2, pág. 613).

Desde esa perspectiva, el recurrente no logra en esta instancia recursiva demostrar que el fallo de esta Corte importe una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva o que la interpretación de las circunstancias de la causa a la luz de normas locales afecte la garantía del debido proceso.

La circunstancia de que esa interpretación resulte desfavorable al interés de la recurrente, no implica por sí solo, un excesivo rigor formal (A. y S. T. 95, págs. 465/470).

Igual resultado adverso deben correr las demás imputaciones del impugnante, dado que vistas en su desarrollo y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión a garantías constitucionales, sólo traducen la insistente intención de renovar el debate sobre la apreciación de las circunstancias del caso y con relación a cuestiones de derecho público local, lo cual no resulta apto para operar la apertura de la instancia extraordinaria (Fallos 308:118; entre otros). Por ende, ante la falta de entidad constitucional de los planteos del recurrente, cabe denegar la concesión del recurso extraordinario previsto en la ley 48. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber. Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)