Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-01


Dictamen del Procurador Fiscal de la Nación:

Suprema Corte:

I. La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal declaró, por mayoría, desierto el recurso interpuesto por la defensa de Claudio K contra la sentencia que lo condenó a la pena de cinco años de prisión como autor penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes.

Contra esa decisión, se interpuso recurso extraordinario (fs. 679/688), que fue concedido a fs. 694.

II. Para mayor claridad en la exposición; conviene destacar que el a quo notificó a los defensores técnicos del imputado el auto que informaba a las partes la integración del tribunal que intervendría en la instancia y las emplazaba para mantener o adherir al recurso interpuesto. Tras verificar que a partir de la fecha de esa notificación se había vencido el término correspondiente sin que el recurrente mantuviera su voluntad impugnativa, declaró desierto el recurso.

La defensa sostiene que esa decisión es arbitraria, pues la naturaleza del auto de emplazamiento exige que éste sea notificado personalmente al imputado, y es recién a partir de esa notificación -que en el caso se omitió- que debería comenzar a correr el plazo para mantener el reclamo.

Afirma que aun cuando el mantenimiento fue tardío considerando el plazo a partir de la notificación a la defensa técnica, el tribunal debió tener en cuenta las razonables explicaciones de los letrados con respecto al motivo del error que produjo la presentación extemporánea; éste se debió, según expone el apelante, a que esa parte computó los términos según el calendario judicial de justicia federal de Córdoba -provincia en la que tramitó la causa- en vez de atender al de la Capital Federal -donde debía tramitar el recurso de casación-. Con cita de jurisprudencia de la Corte, señala que, en todo caso, no cabe sancionar ese error en cabeza del acusado.

Considera que la valoración conjunta de ambas circunstancias, es decir, la omisión del tribunal de notificar personalmente al imputado y las referidas explicaciones de los abogados, permite concluir que el fallo que declaró desierto el recurso ha consagrado un exceso ritual en desmedro de las garantías de la defensa en juicio, el debido proceso y la doble instancia.

III. Es criterio de V.E. que las resoluciones que declaran desierto un recurso ante el tribunal de alzada no son, debido a su naturaleza fáctica y procesal, impugnables por la vía del artículo 14 de la ley 48. Y si bien es cierto que V.E. ha reconocido que ese principio puede ceder cuando lo decidido revele un exceso ritual susceptible de frustrar la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 311:2193; 324:176; 327:3166; 329:5528, entre otros), no encuentro que los agravios del recurrente alcancen a demostrar que en el caso se trate de ese supuesto.

Así lo pienso, pues la cuestión relativa a la forma en que deben ser realizadas las notificaciones que se plantea en el sub lite, remite al examen del derecho procesal y es, en principio, ajena a la competencia extraordinaria de la Corte (conf. Fallos: 319:617; 320:2226; 325:1541), máxime cuando el auto de cuya notificación se trata no es uno de aquéllos respecto de los cuales V.E. ha entendido necesaria la notificación personal al imputado (Fallos: 327:3802).

En tales condiciones, es menester resaltar que en este caso se encuentra fuera de discusión que al momento de mantener la apelación, el plazo previsto para realizar ese acto procesal se encontraba fenecido, y no surge del expediente ni la defensa alegó la existencia de razones excepcionales que el tribunal hubiera debido tener en cuenta para dispensar el cumplimiento de la elemental carga de observar los términos de la ley.

En este sentido, estimo que la invocación del argumento de que la negligencia de la defensa no debe pesar sobre el encausado, no es por sí sola suficiente para evitar los efectos procesales que sólo pueden ser atribuidos a la falta de previsión del asistente técnico y de ningún modo a una interpretación ritualista de las normas pertinentes.

Pienso que ello es así pues, tal como lo sostuve al dictaminar el 6 de marzo de 2006 en un caso que guarda cierta analogía con el presente (S. 1823, XL "Saavedra, Raúl Oscar s/robo calificado en grado de tentativa, homicidio calificado, etc.- causa nº 27/2003"), sostener lo contrario implicaría dejar librado al capricho del recurrente la justificación de la demora para ejercer sus derechos y, de esa forma, desconocer que los plazos procesales y el régimen de preclusión tienen por finalidad reglar la forma en que se llegará a una decisión definitiva de certeza (conf. doctrina de Fallos: 313:711).

Acerca de la pretendida violación a la garantía de la doble instancia, ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el mero hecho de que un reclamo no produzca un resultado favorable al reclamante -como podría ocurrir, por ejemplo, cuando no hubiera acudido oportunamente al procedimiento apropiado- no demuestra por sí solo la inexistencia de un recurso interno eficaz (conf. casos "Velásquez Rodríguez", del 29/7/88 y "Fairén Crarbi y Solís Corrales", del 15/3/89, párrafos 67 y 92, respectivamente).

De acuerdo con ese criterio, el hecho de que no todo alzamiento contra un fallo tenga aptitudes como para justificar su procedibilidad formal, ni sea idóneo para alcanzar la revisión que se propone, no debe ni puede confundirse con la afectación de la garantía al recurso que, como todos los demás derechos de raigambre constitucional, no es absoluta y se ejerce conforme a la reglas que reglamentan su ejercicio (artículo 14 de la Constitución Nacional), y así lo ha entendido V.E. al concluir que la Constitución Nacional no consagra derechos absolutos (Fallos: 304:319 y 312:318, entre otros), ni ellos tienen en sí tal carácter (Fallos: 304:1293).

Con arreglo a lo expuesto, cabe destacar que ha sido el recurrente quien, pese a tener a su alcance la totalidad de los mecanismos que habilitaban la revisión del fallo, no ha satisfecho una de sus principales cargas a fin de evitar que la decisión apelada continúe conservando su sustento jurídico y adquiriera firmeza (conf. Fallos: 306:1347 y 322:1495, disidencias de los doctores Fayt, Bossert y Orlandi; y del doctor Petracchi).

Por ello, entiendo que el apelante no ha demostrado la existencia concreta de agravios de naturaleza federal, ni que su crítica supere el ámbito propio de los aspectos regidos por el derecho procesal, cuyo análisis es ajeno a esta instancia de excepción y que, en la medida en que fueron resueltos por el a quo con fundamentos de igual carácter, obstan la tacha de arbitrariedad (Fallos: 308:551; 318:73; 319:1728).

IV. En consecuencia, opino que V.E. debe declarar inadmisible el recurso extraordinario interpuesto. Febrero de 2009. -Eduardo Ezequiel Casal.

Buenos Aires, junio 1º de 2010.

Considerando:

Que la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal omitió examinar -al amparo de un excesivo rigor formal- tanto las razones que habrían motivado el mantenimiento tardío del recurso de casación deducido contra la sentencia condenatoria, como así también lo alegado en cuanto a una interpretación del art. 146 del Código Procesal Penal de la Nación que el recurrente entendió errónea y contraria al derecho constitucional de defensa en juicio.

Por ello y oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Hágase saber y vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo expuesto. -Ricardo Luis Lorenzetti (en disidencia). -Elena I. Highton de Nolasco (en disidencia). -Carlos S. Fayt. -Enrique Santiago Petracchi. -Juan Carlos Maqueda (según su voto). -E. Raúl Zaffaroni (según su voto). -Carmen M. Argibay (en disidencia).

Voto de los doctores Maqueda y Zaffaroni:

Que la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal omitió examinar -al amparo de un excesivo rigor formal- las razones que habrían motivado el mantenimiento tardío del recurso de casación deducido contra la sentencia condenatoria, a los efectos de considerar si -en esas condiciones- la declaración de deserción del recurso era la opción más respetuosa del principio pro homine, en el marco del "deber de garantizar" el derecho al recurso que le asiste a toda persona condenada por un delito (art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos). Que, en tales condiciones, la cuestión planteada resulta, mutatis mutandis, sustancialmente análoga a la resuelta en Fallos: 329:2265, a cuyos términos cabe remitirse en razón de brevedad.

Por ello y oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Hágase saber y vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo expuesto. -Juan Carlos Maqueda. -E. Raúl Zaffaroni.

Disidencia de los doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco y Argibay:

Que el recurso extraordinario concedido a fs. 694 es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se lo desestima. Hágase saber y remítanse en devolución los autos al tribunal de origen. -Ricardo Luis Lorenzetti. -Elena I. Highton de Nolasco. -Carmen M. Argibay.