Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03


MUNICIPALIDAD DE SANTA FE contra ICONICOFF, Angel Enrique Reg.: A y S t 208 p 386-388.

Santa Fe, 3 de agosto del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia de fecha 9 de marzo de 2004, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE contra ICONICOFF, Angel Enrique -Apremio- (Expte. 336/03)" (Expte. C.S.J. nro. 246, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 9 de marzo de 2004 la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad resolvió -por mayoría- rechazar el recurso de apelación, confirmando el fallo que, a su turno, rechazó la demanda.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la actora recurso de inconstitucionalidad afirmando que estamos ante un supuesto de gravedad institucional, por cuanto la Cámara se arroga funciones de índole netamente administrativa vinculada a la forma y procedimiento de elaboración del título ejecutivo.

Agregó que pretender que el Municipio para la ejecución de sus créditos emita un título ejecutivo por cada período adeudado, más aún por cada cuota del crédito, dificulta en forma grave el mecanismo de percepción de la renta pública.

Dijo que el crédito en ejecución es uno solo, por lo que el mismo certificado contiene períodos del mismo crédito y que las sumas correspondientes a cada uno de los períodos se encuentra detallados, siendo las mismas líquidas y exigibles.

Entendió que las excepciones opuestas sólo pudieron afectar dos de los períodos por cuanto invalidar la totalidad del título, obligando a su parte a la iniciación de un proceso ordinario, cuando el resto de la deuda se encuentra reconocida, implica un excesivo rigor formal, postergando y, eventualmente, impidiendo injustificadamente el ingreso de fondos a la renta pública.

Afirmó, contrariamente a lo que se sostiene en el fallo atacado, que no se trata de varios créditos en un mismo título, porque el crédito del contribuyente es uno solo, Tasa General de Inmueble Padrón nro. 0127173-0, cuyo pago se fracciona en cuotas.

Por ello en el título no se han acumulado varios créditos, sino los distintos períodos impagos pertenecientes al mismo.

Además, aseguró que por más que se cree un nuevo título su ejecución deberá someterse a un proceso distinto, largo, engorroso y con discusión de la causa u origen de la deuda, postergando en el tiempo y en forma injustificada el ingreso de los períodos no afectados por la cosa juzgada, cuyos montos se encuentran discriminados en el mismo instrumento en forma líquida y exigible.

Agregó que pretender la elaboración de un título y su posterior ejecución por vía de apremio sería pasible de la defensa de prescripción del crédito, tornando ilusorio su ingreso a la renta pública.

Por otra parte señaló que el decisorio atacado resulta definitivo en los aspectos cuestionados, no admitiendo otro juicio ulterior sobre el mismo objeto y que el gravamen que produce es de imposible reparación ulterior.

Citó jurisprudencia en apoyo de tal afirmación.

Por último, señaló que razones de economía procesal conducen a la apertura de la instancia extraordinaria, ya que la solución contraria obligaría a su parte a iniciar un juicio ordinario posterior, lo que importa dilatar innecesariamente la tutela de sus derechos.

2. Ante todo debe señalarse que el enunciado relativo a que las sentencias dictadas en procesos de ejecución son insusceptibles del recurso de inconstitucionalidad por carecer del carácter de definitividad exigido por el artículo 1ro. de la ley 7055, no es absoluto, dado que admite que tal recaudo se tenga por satisfecho cuando se trata de excepciones procesales relativas al juicio ejecutivo y de cualquier otra excepción o defensa que se haya deducido, sustanciado y decidido en aquél, sin limitación de prueba (Cfr. criterio de A. y S. T. 140, pág. 256, por todos).

Por ello, a pesar de que la ley 5066 prevé la posibilidad del juicio ordinario posterior y, aunque no se recurra a él dada la posibilidad de que los períodos impagos puedan reclamarse, conforme lo manifestado por la Sala, mediante un nuevo certificado expedido con las formalidades legalmente impuestas, lo que evidencia que no estamos en presencia de un agravio irreparable, el recaudo de definitividad debe considerarse satisfecho.

Ello así, ya que la discusión acerca de la "excepción de inhabilidad de título y/o litispendencia" opuesta por el accionado, resistida por la actora y acogida favorablemente por los sentenciantes es una cuestión cuyo debate queda reservado al presente juicio y no podrá ser reeditado en ningún otro proceso ulterior, encontrándose, pues, satisfecho el recaudo formal exigido por el artículo 1ro., de la ley 7055.

Aclarado ello, cabe destacar que a pesar de invocar el recurrente gravedad institucional, arbitrariedad y exceso de rigor formal, sus argumentaciones solo traducen el intento de imponer su particular criterio interpretativo en cuanto a la suerte que debe correr la excepción opuesta por el demandado.

Mas sin lograr demostrar en su memorial recursivo excepcional que la respuesta dada por la mayoría de la Sala al recurso de apelación resulte infundada y merezca ser descalificada desde una óptica constitucional.

En efecto, los sentenciantes, al rechazar la apelación de la actora, fallaron en base a la ley especial que regula la ejecución de créditos fiscales de la Municipalidad, considerando que "la ley específica menciona la posibilidad acumulativa de varios créditos en un mismo proceso, no en un mismo certificado, lo cual si bien puede ser factible, debe reunir los requisitos de todo título de naturaleza ejecutiva, entre ellos consignar una deuda líquida exigible, lo que no acontece cuando en un sólo instrumento se suman deudas ya pagadas o reclamadas como en el presente caso en un juicio concursal", concluyendo que "la resolución apelada, cuando estima que el certificado para la ejecución fue erróneamente librado, conteniendo deudas cuyo cobro no puede perseguir mediante la presente vía de apremio, resulta acertada, no obstante la falta de negativa expresa por cuanto el tribunal tiene la facultad de verificar si el título que se le presenta trae aparejada ejecución o si carece de habilidad para ello..." (F.63).

Además de esto, destacaron especialmente que la actora no se ve impedida de proceder a librar un nuevo certificado a los fines de perseguir el cobro de los restantes períodos reclamados, por lo que su solución no implica un exceso de rigor formal sino el respeto a los principios comprometidos en procesos de ejecución como el presente.

Frente a dichas consideraciones, la impugnante insiste en su postura en cuanto a que en base a un rigorismo formal excesivo el fallo rechaza la ejecución de una deuda probada y discriminada en el título con montos líquidos y exigibles, afectando en forma directa el interés público comprometido y configurando un supuesto de gravedad institucional.

Sin embargo, sus argumentaciones al respecto no logran traspasar el límite de la mera discrepancia interpretativa en torno a la cuestión debatida en autos, sin lograr demostrar que la mayoría de la Sala -al margen de su grado de acierto o error- haya desbordado al fallar los límites impuestos por la Constitución y la ley, lo que determina la inadmisibilidad del recurso intentado.

Por último, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que no configura cuestión constitucional la mera discrepancia interpretativa en torno a las normas legales en juego, ya que no cabe proclamar un exceso ritual si los jueces apoyaron sus conclusiones -al margen de su grado de acierto o error y aunque puedan no ser compartidas- en una armónica aplicación de preceptos adjetivos, no tachados de inconstitucionales y que se presumen sancionados en salvaguarda de los derechos fundamentales de los justiciables (Cfr.criterio de A. y S. T. 86, pág. 457; T. 104, pág. 471).

A lo que cabe agregar que en el caso no se advierte comprometido un supuesto de gravedad institucional al no superar lo debatido el mero interés de las partes (Cfr. A. y S. T. 140, pág. 128).

Máxime si tenemos en cuenta la posibilidad expresamente señalada en el decisorio atacado de reclamar los períodos impagos mediante certificado expedido con las formalidades legalmente impuestas.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)