Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-02-07


.MDEL.1446960.

EXP. nº 29.125/12 Salta, 7 de febrero de 2.017 AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "BELIZAN LOPEZ, JULIO ROLANDO c. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A - ORDINARIO", EXP. nº 29.125/12, originario del Juzgado del Trabajo nº 1, para resolver la apelación interpuesta a fs. 130/135, y C O N S I D E R A N D O María de las Mercedes Domecq dijo:

I. La sentencia de primera instancia que rechazó íntegramente la demanda, es objeto de la mentada vía recursiva.

De una lectura atenta -y adviértase, dificultosa por la ausencia un de adecuado uso de signos de puntuación- surge que el recurrente ha expuesto como único agravio, el apartamiento del sentenciante de las constancias de autos. Así expone que la demandada no ha desconocido la prueba que ha adjuntado su parte (32 planillas de rendición individual/colectiva de la demandada sobre seguros de vida), por lo que el a quo debió tener por reconocida. Luego expresa que -a su consideración- ha errado el juez de primera instancia al tener a la prueba documental acompañada por la demandada (nota del productor de Seguros Sr. D'Andrea expresando que el actor en realidad fue su ayudante de ventas de pólizas por el período junio/11-diciembre/12) como reconocida, pues fue específicamente desconocida por su parte a fs. 79.

En tercer lugar manifiesta que la prueba pericial mencionada en la sentencia de grado, al concluir que las comisiones se le abonaban al productor de seguros Sr. D'Andrea, probó a su entender una conducta defraudatoria: registración de las operaciones concretadas por el actor, a nombre del Sr. D'Andrea. Por otro lado, estima que la prueba testimonial de la Sra. Cecilia Aliana Camacho ha sido valorada de manera parcial pues de ella surgiría a su entender la dependencia del actor para con la demandada, por las órdenes impartidas por el Sr. Chica quien se desempeñaba en Caruso Cía. Argentina de Seguros S.A. como coordinador comercial, según lo expresado en la absolución de posiciones.

Y finalmente defiende que el a quo ha ignorado la declaración de las testigos: 1) Sra. Inés María Quipildor quien habría declarado que su hija le recomendó al Sr. para contratar un seguro; y que luego habría llamado a la empresa "Caruso" donde se le habría indicado que fuera a ver al accionante; 2) Sra. María de los Ángeles Reynoso en relación a la venta de seguros del accionante para "Caruso"; y 3) Sra. María Guadalupe Flores, quien expresa que el accionante laboró para "Caruso".

Por ello concluye que, habiéndose probado la prestación de servicios por parte del Sr. Belizán, correspondía hacer efectiva la presunción del art. 23 de la LCT y en consecuencia debía tenerse por acreditada la existencia de un contrato de trabajo. Corrido el traslado ordenado a fs. 137, a fs. 138/140 se agregó la contestación de los agravios formulada por la parte demandada, quien entiende que los argumentos del apelante no superan las meras disconformidades solicitando por ello el rechazo del remedio intentado, con costas.

II. En relación a la primera argumentación: junto con la demanda se acompañaron efectivamente treinta y dos "Planillas de rendición individual/colectiva" donde se ha consignado "Caruso Seguros; Agencia nº 01, Emisión: D'Andrea; productor 10.678" (documentación reservada a fs. 15).Tal documentación, como lo afirma el recurrente, no ha sido desconocida por la contraparte (ver fs. 33 in fine).Sin embargo, no hallo fundamento válido para entender que con ella se pruebe un servicio, pues se trata de copias simples, sobre las que se consignó de manera manuscrita la construcción sintáctica "Copia. Rdo" y una fecha, careciendo de sello identificatorio de la empresa respecto a su recepción, y aún en el mejor de los casos, ellas tienen consignado como emisor de tal rendición al señor D'Andrea, no al actor. Así las cosas, desprovista de toda identificación de la persona física o jurídica a quien se le atribuye el servicio, lo único que prueba la posesión de los documentos es su existencia en sí misma, extremo este compatible tanto con una circunstancia accidental, como con una relación espontánea (como puede ser la de un cadete que asiste a entregar documentos en la empresa), como con una relación permanente (de naturaleza civil o laboral).En lo referente a la segunda argumentación: la nota glosada a fs. 3 de la documentación reservada a fs. 36, dirigida a la demandada y atribuida al señor Humberto Julio D'Andrea (Productor - Asesor de Seguros), expresa que el señor Julio Rolando Belizán "se desempeñó como ayudante de ventas del suscripto en el período de Junio de 2011 hasta el 31 de Diciembre de 2012, lapso durante el cual y por la venta de Pólizas de Seguros de Vida, se le cancelaron las correspondientes comisiones acordadas (primera y segunda cuota), habiendo el mismo firmado los recibos correspondientes; no existiendo deuda a la fecha de parte del suscripto con el mencionado". Corrido el traslado de esa comunicación al accionante a fs. 37, este "impugnó" la autenticidad de tal documento "atento que no es un instrumento que emanara de esta parte y aún menos de la demandada, solicito se tenga presente". En otras palabras no imputó falsedad a la nota, sino aludió a una inoponibilidad como documentación de tercero cuya confección le fue ajena.

A fs. 79 el Juzgado de Primera Instancia tuvo por reconocida la prueba ofrecida por la parte demandada.

Tal providencia fue notificada por nota del 7 de octubre de 2.013 y, aunque pueda considerarse equivocada en su fundamento, se consintió por las partes, quienes omitieron cuestionarla por medio alguno y realizar consideración en su alegato. Fue recién en el recurso de fecha 1 de octubre de 2.014 -un año después- que el accionante refiere a una supuesta improcedencia del mentado decreto: entiendo por ello que este se encuentra firme. Sin embargo, no comparto el alcance que se le ha dado a fs. 123, tercer párrafo, al documento reconocido, toda vez que no resulta prueba suficiente de la ajenidad de una relación de trabajo alegada entre las partes, una nota suscripta por una persona distinta a ellas, en la que refiere que el trabajador estaba bajo dependencia de otro.

Por ello, habrá que estar a las constancias aportadas a la causa para resolver si ha mediado en autos o no una relación de dependencia cuya titularidad sea de la aquí demandada.

Sobre el informe pericial de fs. 105/106 referido en el pronunciamiento: contrariamente a lo concluido tanto por el Sentenciante como por el recurrente, nada prueba, ya que lo que se le preguntó al perito fue si las planillas de rendición aportadas por el actor y los datos en ellas consignados se corresponden con la documentación de la demandada, pero el experto contestó nombrando cuáles fueron las liquidaciones realizadas por Caruso Cía. Argentina de Seguros S.A. al señor D'Andrea, explicando que la conciliación requerida de montos no se pudo realizar, pues aquellas son rendiciones individuales, y la compañía procesa importes globales. Ante ello, destaco que lo afirmado por el perito solo prueba que habían operaciones entre Caruso Cía. Argentina de Seguros S.A. y el productor D'Andrea que eran abonadas de manera global, sin haber en tal informe, extremo que haga a la causa. Trascendental para la resolución del caso me parece, en cambio, el testimonio de la señora Cecilia Aliana Camacho, pues de todos los testigos, es la única que se ha identificado como prestadora de servicios en circunstancias similares al accionante (ver fs. 95/98 y 108/109 vta.).Tal declarante manifestó que cuando ella y el señor Belizán realizaban operaciones, todas ellas se hacían "bajo el nombre del Sr. D'Andrea, todas las ventas que realizábamos se las hacía a su nombre y él presentaba [.]. Él respondía a Chica" (fs. 109 vta.), agregando luego que los contratos "Los llevaba D'Andrea que es el que verificaba que estuviera bien". Se desprende de ello que los servicios no eran realizados a nombre de la demandada, sino como representantes del productor de seguros, señor D'Andrea, tanto frente a los contratantes del seguro como frente a la empresa Caruso Compañía Argentina de Seguros S.A. Entendido ello así, resultan lógicas y concordantes las afirmaciones de la testigo respecto a que las instrucciones en materia de rendición no sólo provenían del tan mentado D'Andrea como titular de la relación, sino también del señor Chica (dependiente de la demandada según absolución de posiciones obrante a fs. 95vta), pues la gestión de concertación de las operaciones comerciales entre estos dos últimos, no se limitaba a una mera entrega de documentación, pudiendo contener observaciones o indicaciones al respecto. Entonces: en el marco de relaciones civiles o comerciales, las instrucciones al representante de una de las partes de la otra no resultan per se suficientes para acreditar una dependencia laboral. De lo contrario podríamos llegar al absurdo de tener que considerar, por ejemplo, a la secretaria de un estudio contable como dependiente de un organismo recaudador por las indicaciones realizadas en la repartición al momento de tramitar las encomiendas. Es en tal contexto interpretativo que puede entenderse que la Sra. Inés Argentina Quipildor (fs. 95vta/96 vta.) haya afirmado que al llamar a la empresa le hayan indicado que debía contactarse con el accionante para contratar un seguro, toda vez que él es quien representaba al señor D'Andrea en sus gestiones como productor autorizado.

Y en nada modifica tales conclusiones, los testimonios de María de los Ángeles Reynoso (fs. 66 vta./97) ni de María Guadalupe Flores (fs. 97/98), pues sus alusiones a la venta de seguros de la demandada por el actor resultan compatibles con su representación respecto del productor de seguros. Bajo tales circunstancias me parece errada la pretensión de aplicar la presunción contenida en el art. 23 de la ley de contrato de trabajo para tener por acreditada la relación laboral con Caruso Cía. Argentina de Seguros S.A., toda vez que, si bien en autos se ha probado la prestación de servicios del señor Belizán, ella lo ha sido en representación de Humberto Julio D'Andrea quien no fue traído a autos como demandado.

Por ello es que de prosperar mi voto, se rechazará la apelación interpuesta por el actor confirmándose la sentencia de primera instancia, imponiendo las cosas al accionante, por eficacia del principio objetivo de la derrota (art. 67 del C.P.C.C).

De acuerdo a lo dispuesto en la acordada nº 12.062 del 11 de abril de 2.016, propongo que los honorarios de esta instancia se determinen en el 45% del monto regulado en primera instancia y de lo que fue materia de agravio (art. 13 del decreto ley nº 324/63 y sus modificaciones).

La Dra. Mirta Inés Regina dijo: Adhiero al voto que antecede.- Por ello, LA SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

R E S U E L V E I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el actor, con costas.

II. DETERMINAR los honorarios por la labor desarrollada en esta instancia en el 45% de lo que se regule en primera instancia.

III. MANDAR se registre notifique y que bajen los autos al Juzgado de origen.

SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA