Aplicación analógica de la ley, principio de autonomía, Ministerio Público
Materia: PENAL
Carátula: WILSON, Roberto. s/ VIOLACION-NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-05

El art. 120 de la Constitución Nacional, ha dotado al Ministerio Público -al emanciparlo del Poder Ejecutivo- de autonomía funcional, autarquía financiera, inmunidades, e intangibilidad de remuneraciones (*). En esa inteligencia, el juego armónico de las normas procesales incorporadas por la ley 23.984 determina la necesidad de que el impulso inicial del proceso, conforme al principio "ne procedat iudex ex officio", lo den el Ministerio Público o la autoridad policial, y señala los pasos a seguir con posterioridad (art. 180 y ss. del C.P.P.N.); nada indica para casos en que el juez, en desacuerdo con el criterio liberatorio del fiscal, desea instruir el sumario y carece de requisitoria. Este vacío normativo no puede interpretarse en el sentido que pretende el Ministerio Público en su presentación (**), pues importaría dejar la existencia o no de la persecución penal a su merced y darle a su criterio fuerza ejecutiva sin control de otro órgano judicial independiente; control que deviene necesario para robustecer el principio de legalidad en el ámbito del ejercicio de la acción y que -incluso- s e encuentra previsto en el art. 348 del digesto ritual, pero ya finalizada la pesquisa; por lo cual lógico resulta considerar que se proceda del mismo modo al inicio de la investigación (***). Máxime teniendo en cuenta que la potestad jurisdiccional continúa -aún después de la reforma- en cabeza del juez natural, y el fiscal sigue actuando como parte del proceso. No se vislumbra detrimento a las garantías de defensa en juicio y del debido proceso, pues si el acusatorio formal es una creación artificial a que hubo de acudir el Estado moderno para diferenciar las funciones de perseguir -acusar- y resolver, con el propósito de proteger a los individuos contra un abuso del poder estatal, no parece que el arbitrio adoptado por el art. 348, C.P.P.N. lesione garantía constitucional alguna (****). El art. 120, C.N. establece que la vindicta pública tiene por función promover la actuación de la justicia en coordinación con las demás autoridades de la República (*****), por ende, es claro que no se trata del titular ex clusivo de la acción (******). Nuestros tribunales sostuvieron que promover la actuación de la justicia no es lo mismo que ser el titular de la acción (******), y por eso es que la Corte Suprema ha señalado que los fiscales son simplemente representantes de la acción pública, a punto tal que los jueces no están atados a sus pretensiones (*******). La ley 24.946 (art. 46), al disponer que leyes y disposiciones son derogadas por su imperio, sólo hizo referencia -en el Código Procesal Penal de la Nación- a los artículos 516 y 517; sin hacer mención al art. 348 (*********), por ello no parece una sensata e inteligente interpretación entender comprendidas también, aquellas no derogadas expresamente.

(**) Nota del Secretario: El Ministerio Público cuestionó, en primer lugar la aplicación analógica del art. 348, del C.P.P.N., pues -según su criterio- vulnera la garantía del debido proceso y la defensa en juicio. Además, afirmó que no es posible obligar al fiscal a promover la acción penal pública, cuando éste es, por mandato constitucional, su único titular.