marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, daño moral, intereses, tasa activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: BORREGO, PABLO c/ GOMEZ, ANGEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-21

Procede hacer lugar al reclamo por daño moral inferido a la víctima de un accidente de tránsito, a raíz del cual debió permanecer internado durante cierto tiempo -en el caso, 36 días-, ser sometido a una operación quirúrgica y continuar enyesado mayor tiempo aun -30 días -, a lo que debe sumarse la corta edad del damnificado y las imposibilidades físicas -diferente longitud de las piernas - con las que quedó y que lo aquejaran de por vida, debiendo fijarse a tales efectos la suma de $20.000, a la fecha del accidente -13.9.91-, con más sus intereses desde esa fecha y hasta el efectivo pago, calculados a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días.
Impuestos, contribución territorial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Contencioso Administrativo - Inconstitucionalidad (Libro: S052-341)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-07-23

No está eximido el Banco de la Nación del pago del impuesto de contribución territorial exigido por la Provincia, respecto a un campo propiedad de aquél, sometido a loteo con fines de colonización, pues no está comprendido entre los propiedades que la Ley Provincial exime del pago de dicho impuesto.
Trabajador, intimidación
Materia: LABORAL
Carátula: Marín Ocampos Gervacio Oscar y otros c/ AGIP Argentina s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-06-28

Las declaraciones de voluntad que no reconocen en la intimidación su antecedente inmediato e impulsivo, maguer tengan en ella su ocasión o motivo, no están viciadas de nulidad, como tampoco lo están aquellas que habrían igualmente sobrevenido aunque no hubiese mediado tal violencia psíquica. Pero siempre y necesariamente, el temor debe ser el resultado de "injustas amenazas" (conf.art.937 del Cód. Civ.), lo que no ocurre cuando el que las hace se limita a manifestar el ejercicio de un derecho que le es propio (conf. art.

939 del Cód. Civ.), cuestión de hecho en cuya apreciación habrán de tenerse en cuenta las especiales circunstancias de cada caso, y puntualmente, el despido constituye un acto derogatorio que el ordenamiento jurídico le reconoce al empleador, que si no es justificado traerá aparejado el pago de las indemnizaciones de ley.
Facultades del juez, sentencia, facultades ordenatorias, facultades de saneamiento
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Pizarro Luis Roberto c/ E.N. (A.N.A.) s/ Administración Nac. de Aduanas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-20

La facultad de corregir errores materiales, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, concedida a los jueces por el art. 166 del Código Procesal (con remisión al art. 36, inc. 3º), se sustenta en el hecho de que el cumplimiento de un pronunciamiento informado por vicios semejantes lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, pues aquélla busca amparar, más que el texto formal del fallo, la solución real prevista en él (conf. Fallos: 312:570).
Prueba pericial, dictámenes, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ahrtz, Ivo Alejandro c/ Milichio, Orestes s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

Entre los requisitos para la eficacia probatoria del dictamen pericial se encuentra aquél que exige que la conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos; la claridad en las conclusiones es indispensable, para que aparezcan exactas y el juez pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan deben existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación de sentencias, regulación de honorarios, aplicación de la ley, caducidad, LEY DE CONCURSOS
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Superintendencia de Seguros de la Nación c/ S.A. Pampa Cía. de Seguros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -  Liquidación forzosa- Incidente de regulación de honorarios (Expte.:  C.S.J. Nro. 2055 año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-29

No constituye causal de arbitrariedad lo decidido por la Alzada, en el sentido de considerar aplicable el código de forma local al trámite de la regulación de honorarios y su recurribilidad, por carecer la ley 19.551 de disposiciones expresas (artículo 301, ley citada) y aplicar la ley concursal a la caducidad, por cuanto dicha normativa expresamente la contempla en su artículo 300. Al respecto, la Sala estimó que la compareciente había incurrido en un error conceptual y, en consecuencia, puso claramente de manifiesto que se está en presencia de dos cuestiones distintas, una referida al trámite de regulación de honorarios y su recurribilidad y la otra, relacionada a la caducidad. De allí, entonces, que la resolución impugnada no puede descalificarse como acto jurisdiccional válido, por cuanto no se advierte que la misma resulte contradictoria, ilógica o incongruente por aplicar diversos ordenamientos jurídicos a un mismo supuesto.
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO SANTANDER RIO S.A. c/ GONZALEZ VALENTINI, SEBASTIAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-04-10

De la lectura del fallo impugnado se desprende que la Alzada expuso que el certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria es título ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 793 del Código de Comercio; y que, con arreglo a lo anterior, el título en que se fundaba la ejecución reunía los requisitos legales para proceder ejecutivamente, toda vez que para ejecutar el certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, el banco no está obligado a recabar la conformidad previa del cliente con el resultado ni debe comunicarle previamente el cierre, teniendo el cuentacorrentista la posibilidad de intentar las acciones de revisión y rectificación de la cuenta; y que, por tanto, en autos estaba vedado indagar sobre los rubros componentes del saldo que se intentaba ejecutar, a la vez que las argumentaciones de índole causal relativas a las circunstancias que habrían dado lugar a la conformación del saldo resultaban ajenas al ámbito de conocimiento del proceso ejecutivo.
Trata de personas, coerción personal
Materia: PROCESAL
Carátula: López Atrio, Rafael Alejandro y otros s/ delito - anterior al sistema
Jurisdicción: Federal — Provincia: Corrientes
Fecha: 2014-05-22

La hija del dueño de una whiskería en donde se ejercía la prostitución, debe ser condenada en orden al delito de trata de personas, en la modalidad de traslado y acogimiento o recepción de personas mayores de 18 años de edad con fines de explotación sexual, mediando coerción, pues era quien ejercía la administración de los dos locales por subrogación de su padre y bajo la supervisión de éste y tenía directa injerencia en la explotación de las jóvenes.
Empleo público, cesantía, denegatoria del recurso, presentación extemporánea
Materia: LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Bacaicoa Lorena Ivón y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-22

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal cuando no es deducido en tiempo oportuno. En el caso, surge de las constancias de la causa que el recurrente fue debidamente notificado mediante cédula en el domicilio constituido de la sentencia que rechazó su recurso de queja, y que el recurso extraordinario federal fue interpuesto luego de transcurridas las dos primeras horas hábiles del día subsiguiente al del vencimiento del plazo de diez días establecido por el art. 257 del CPCCN. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano, Santiago Otamendi, Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).
Prescripción, actuaciones administrativas, excepción de prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA c/ PESCI Y ABOSLAIMAN S.H. DE PESCI LUIS ENRIQUE Y ABOSLAIMAN Y OTROS s/ EJECUCION FISCAL-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-02-15

Ante la actitud diligente de realizar "cualquier acto o actuación administrativa emanada de la Autoridad de Aplicación a través de sus distintas dependencias, áreas o sectores, que tienda a determinar la obligación tributaria u obtener el pago del tributo, siempre que se notifique al deudor o por demanda judicial"(arts. 153 inc. 3º), conlleva sin más, al rechazo de la excepción de prescripción liberatoria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario local, sentencia suficientemente fundada
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, GABINO CONRADO c/ TOMAS, RUBEN CESAR s/ DESALOJO DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1984-10-29

Es improcedente el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia interpuesta contra el resolutorio que confirma la sentencia de desalojo, puesto que, el mimo se encuentra debidamente fundado; resultando lo allí resuelto una derivación razonada del derecho aplicable en relación a las cuestiones planteadas y pruebas producidas.
Compraventa inmobiliaria, venta ad corpus, precio
Materia: CIVIL
Carátula: GUGLIELMELLI, Vicente Angel c/ ARGHAM  S.A.F.I.E.I. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-07

Si se admitió que la venta fue "ad corpus", tienen aplicación los arts. 1345 y 1346 del Código Civil. Dado que no fue una operación con indicación de superficie y precio según medida o por medida, sino atendiendo al costo total en los items que el contrato previó, incluido el terreno y el beneficio por honorarios y gastos, la segunda de esas normas debe prevalecer y allí se establece que no hay derecho o suplemento de precio por el exceso ni a disminución por menor área, a salvo lo que supere el vigésimo.

No habiendo peligro de que la cosa por causa de la disminución fuera impropia para su destino, no corresponde entrar a considerar la nulidad de la operación.

Y, más allá de la superficie real del inmueble, lo que vale es tener en cuenta la indicada en el contrato cuando otros valores están en juego, por lo expresamente puesto allí, la ubicación.

La aceptación de venta "ad corpus" por la parte del cesionario, exime de responsabilidad por diferencias de superficies ni da lugar a reclamos por aumento o disminución de precio.

Con mayor razón si se tiene en cuenta el pacto que es de la esencia de la voluntad común y que tiene fuerza vinculatoria, pues las normas que atienden los intereses privados, las ventas "ad corpus", son supletorias en tanto no se observa afectado algún principio general de interés público.
Enfermedad profesional, prueba, pericia médica, apreciación de la prueba, enfermedades inculpables, falta de examen preocupacional
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez Susana Ester c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-05

La ausencia de los exámenes preocupacionales, de lo cual quiere valerse la trabajadora recurrente, mantiene de todas manera inconmovible la solución que viene propiciada (enfermedad inculpable, no profesional). Es que los exámenes preocupacionales solo verifican preexistencias, cuestión distinta al concepto de inculpabilidad, mas allá de que muchas veces coinciden. Ello adquiere importancia al resultar innegable que la preexistencia significa que la dolencia o patología existía antes que el trabajador ingrese a trabajar, con independencia de la causa, mientras que la inculpabilidad refiere a que la patología sea con motivos ajenos al desarrollo del contrato de trabajo. Por ende, puede no existir preexistencia y de todas maneras ser inculpable la dolencia, y de allí que la omisión de los exámenes tiene muchas veces una incidencia solo relativa en la solución de los pleitos (Voto Romero. Adhesión Welp)
Impuestos, derecho de propiedad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Compañía Sudamericana de Cemento Portland Juan Minetti e Hijos Ltda. S.A. c/ Provincia de Mendoza s/ Inconstitucionalidad (Libro: S060-292) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-04-09

Al quedar suprimida por el art. 1° de la ley 2275, respecto de la Compañía actora, la exención de impuestos de contribución directa y a las actividades lucrativas, reconocida por la ley contrato 978 y 1065, se ha lesionado a la misma en su derecho de propiedad y con ello vulnerado a su respecto las garantías constitucionales de protección e inviolabilidad de aquellas consagradas por los arts.

14 y 22 de la Constitución de la Provincia.
Honorarios, beneficio de litigar sin gastos, monto del juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Hernández, José Miguel y Otra c/ Padilla, Juan y Otros s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-30

"La base arancelaria para regular los honorarios por un incidente de beneficio de litigar sin gastos, lo constituye el monto de la demanda del juicio principal y de ninguna manera el objeto perseguido con la obtención del beneficio".
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ALBERTO R VAZQUEZ. c/ CIA. DE TRANSP. VECINAL S.A.T. s/ IMPROCEDENCIA   DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  FUNDAMENTO-  REQUISITOS  FORMALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-26

Es improcedente el recurso extraordinario si el escrito mediante el cual se lo articula no incluye un crítica concreta y razonada de los argumentos que sustentan la sentencia recurrida.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: ARANDA, HIPOLITO c/ BAIGORRIA, HELVECIA ESTHER s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-14

En este juicio sólo podrá ventilarse cuestiones cartulares, con exclusión de las que son extracambiarias. Este criterio se identifica con la finalidad de la política jurídica que en el tráfico le está reservada al juicio ejecutivo, y que no importa en definitiva menoscabar la situación del deudor "sino solo postergar la consideración y resolución de sus defensas extracambiarias", puesto que se le permite iniciar con posterioridad a la ejecución juicio ordinario o sumario (es decir de cognición plena), con amplitud de alegaciones, defensas y pruebas. Si por el contrario se admitieran defensas extracartulares se habría ordinarizado el proceso de ejecución.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba, certificado de pobreza
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Magdalena c/ Shell C.A.P.S.A.  y otra. s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

La concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial en la medida en que los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda).
Despido con causa, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ROBERTO AGUSTIN CORTEZ c/ OBRAL S.R.L. s/ ORDINARIO-COBRO DE AUSTRALES-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1989-02-27

El artículo 54 de la ley 1679, dispone que, corrido el traslado de la contestación al actor, éste podrá ampliar su prueba respecto de los hechos nuevos introducidos por el demandado. Esta norma desvirtúa la alegada indefensión que se habría producido al no poder probar la inexistencia de la causal de despido que se alegó al contestar la demanda, por cuanto la misma le permite ejercer, sin ningún tipo de limitación, la facultad de producir pruebas.
Personal municipal, sanciones disciplinarias administrativas, suspensión del agente, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vico, Tito Angel c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 698 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-27

La argumentación del recurrente en el sentido de que falta la causa de la resolución que impuso la sanción de suspensión, no puede prosperar. Ello es así por cuanto los antecedentes o circunstancias de hecho que justifican la emanación del acto, en el caso concreto, se hallan suficientemente acreditadas al haberse verificado el comportamiento irregular del empleado. Siendo que la Administración, al enrostrarle al actor las faltas administrativas por incumplimiento de los deberes del artículo 13 y aplicarle la sanción de suspensión prevista en el artículo 62 de la ordenanza 8527, no actuó en disconformidad con el derecho objetivo, el recurso debe ser rechazado.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, aplicación de la ley, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: INC.APELACION "SAUCEDO,OSVALDO RAMON Y OTROS c/ SAMUEL GUTNISKY S.A. Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-09-27

La posibilidad de la aplicación de las disposiciones de la Ley 24432 al caso de autos, deriva del hecho de que las regulaciones se hallan recurridas, esto es, no se trata de los supuestos de volver sobre decisiones firmes o de alterar la cosa juzgada, sino, antes bien de dilucidar su corrección sobre la base de una nueva legislación de aplicación inmediata.(art. 3 C.C.)
Ejecución prendaria, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Venloan S.A. c/ Ke Grandera y Martinelli, Eduardo s/ Ejecución prendaria Banco Comercial del Norte c/ Hielo Nevada S.A. y otros s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23|1990-06-12

Establecido que el plazo para interponer el recurso de apelación en la ejecución prendaria es de dos días, es necesario puntualizar que aunque el artículo 30 del decreto ley 15348, alude únicamente a la sentencia, es de aplicación general para todos los casos en que se concedan recursos.
Apelación concedida libremente, crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL
Carátula: Q., J. c/ P.T. SA s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-31

La ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica.
Impuestos, régimen penal tributario, excarcelación, personas jurídicas, responsabilidad penal, aplicación de la ley, caución real, perjuicio fiscal
Materia: PENAL
Carátula: SIEDLISKI, DANIEL M. s/ Incidente de eximición de prisión en causa N° 8226 Causa 31268
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-03

1- Si el beneficiario de la excarcelación figura en las actuaciones como presidente de la sociedad anónima cuyas obligaciones tributarias habrían sido el objeto de las maniobras en averiguación, su eventual responsabilidad debe apreciarse en función de la norma que establece el castigo de los directores de personas jurídicas y sociedades (Art. 12 de la ley 23771).- 2- Si en la determinación de la caución el Juez "a quo" no tuvo en cuenta la correlación de su monto con el perjuicio fiscal estimado, la impugnación constitucional introducida en el memorial de apelación resulta ajeno a la cuestión.- 3- Corresponde en el caso la aplicación de los Art. 382 y 383 del Código de Procedimientos en Materia Penal que señalan que la caución tiene por objeto asegurar la comparecencia del imputado y debe determinarse en razón de la naturaleza del delito y de las condiciones personales del sujeto.
Cuestiones de competencia, competencia penal, lugar del hecho, desnaturalización del cheque, cheque de pago diferido
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Rodríguez, Jorge Gabriel s/ art. 302 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

En los casos en que el cheque - que constituye la contraprestación de la entrega de la mercadería - resulta posdatado, la acción del imputado no debe ser encuadrada en el delito del art. 172 del Código Penal sino en el art. 302, por lo que no corresponde declarar competente al juez del lugar en que se realice la operación sino al magistrado con jurisdicción sobre el domicilio del banco girado.
Prescripción, acumulación de acciones, simulación, colación
Materia: CIVIL
Carátula: ARCE, Hugo Santiago c/ ARCE, Haydee Cristina Carmen s/ COLACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-01

No resulta aplicable la doctrina plenaria sentada en los autos "Glusberg, Santiago s/ concurso c/ Jorio, Carlos s/ suc. s/ ordinario (simulación)" del 10/9/82, cuando la simulación se ejerce en forma conjunta a las acciones de colación o de reducción.

(Sumario N°20186 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Contratos administrativos, permisionario, permiso de ocupación, adjudicatario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CURTIDOS SANTIAGO DEL ESTERO S.A. c/ ESTADO PROVINCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-08-08

La figura del "permisionario", o como sea que se denomine al titular del "permiso precario de ocupación", como lo denomina el decreto, es inexistente en el marco del régimen de colonización de nuestra provincia la que solo reconoce la figura del "adjudicatario" ya sea que se obtenga tal carácter mediante adjudicación directa o por concurso. Así, la ilicitud en el dictado del decreto, la ilicitud en la titulación jurídica de los ocupantes, la ilicitud en la acción desplegada por estos en el campo del actor y la ilicitud en los controles anteriores y posteriores al acto configuran una unidad jurídica directamente imputable al Estado en su carácter de organizador de la política que derivó en la lesión patrimonial que motiva la presente acción judicial. Desde dicho horizonte, no se aprecia que existe "tercero" alguno con una participación relevante como para interrumpir el nexo de causalidad "ya que la titularidad administrativa de la actividad o servicio en cuyo marco se ha producido el daño es, pues, suficiente para justificar la imputación del mismo a la Administración sin mayores dificultades".