Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-04-14


Expte. N°: 49900 P., F. A. C/ M., D. Y M. O. S/ ACCION PAULIANA N° Orden: 59 Libro de Sentencia Nº: 52 encia - Folio:

/NIN, a los 14 días del mes de Abril del año dos mil once, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, PATRICIO GUSTAVO ROSAS Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa Nº 49900 caratulada: "P. F. A. C/ M. D. Y M. O. S/ ACCION PAULIANA", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán y Rosas.- La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Guardiola dijo:

I.- Que en el pronunciamiento de fs. 364/9 el Sr. Juez de grado hizo lugar a la acción pauliana interpuesta por F. A. P. y H. N. P., contra D. G. M., O. E. M. y D. N. M. y consecuentemente decretó la inoponibilidad a los acreedores accionantes de las transferencias de dominio de los dos inmuebles identificados en la demanda con costas a los demandados vencidos.- Para así resolver tuvo por acreditado, a partir de la copia certificada del pronunciamiento condenatorio dictado en autos "P. A. F. y otro c/ M. J. M. y otro s/ Daños y Perjuicios", que los accionantes resultan ser acreedores de los enajenantes por la suma de $259.800 dispuesta a favor de F. A. P. y por la suma de $ 10.000 fijada en favor de H. N. P., en virtud de los perjuicios que sufrieran como consecuencia del hecho delictivo acaecido (el 4/08/02) con anterioridad a las operaciones impugnadas en autos que fueran perfeccionadas el 23/08/02.- Por su parte consideró que las operaciones atacadas agravaron el estado de insolvencia de los demandados, quienes carecen de bienes suficientes para hacer frente al monto de los créditos reclamados, tal como estima acreditado mediante las tasaciones de los inmuebles embargados en el proceso de ejecución de sentencia, el monto del depósito embargado en las mismas actuaciones; como así también con la valuación de las hectáreas objeto del proceso de escrituración iniciado por los demandados, las que también resultarían insuficientes atento a los gastos que la culminación de dicho proceso podría irrogar a los accionantes.- Por último concluyó que la adquirente - dada su condición de hermana de uno de los enajenantes con quien asimismo explotara en forma conjunta un negocio al menos hasta el 13/09/2.006- tenía al momento de efectuarse la operación efectivo conocimiento de la situación patrimonial de los enajenantes, como así también del hecho ilícito generador del crédito de los accionantes; circunstancias que, sumada al apuro con que se realizara la transferencia (suscribiendo directamente las escrituras), la falta de demostración del origen del dinero abonado, como del destino que se le diera a los inmuebles adquiridos, permiten presumir tanto el ánimo de defraudar de los enajenantes como la mala fe de la adquirente.- Dicha resolución motiva los recursos de apelación interpuestos por los perdidosos a fs. 386 y 387.- La crítica de los enajenantes desarrollados en la expresión de agravios obrante a fs. 410/411 se centra en la ausencia de los requisitos de procedencia de la acción pauliana exigidos por el art. 962 del C.C., al haberse acreditado que los bienes embargados por los accionantes tanto en el proceso de ejecución de sentencia como en el de escrituración resultan suficiente para satisfacer la acreencia de los accionante, de donde surgiría tanto la ausencia del estado de insolvencia, como el perjuicio a los acreedores exigidos por la norma referenciada. En esta dirección ponen de resalto el contradictorio razonamiento esgrimido por el sentenciante de grado al afirmar por un lado la existencia de un estado de insolvencia de los enajenantes, y al mismo tiempo que los actores abandonaron el proceso de escrituración por no arriesgarse a un reclamo por enriquecimiento ilícito, con lo que a su criterio estaría reconociendo que el valor real del inmueble en cuestión supera el monto reclamado.- A fs. 412 obra la fundamentación recursiva de la adquirente quien insiste en que su adquisición fue realizada de buena fe, conforme a los valores de mercado y teniendo conocimiento de la existencia en el patrimonio de los enajenantes de otros inmuebles, por lo que mal podría entenderse que estaba al tanto del estado de insolvencia que se les atribuye.- Que habiéndose corrido traslado de las expresiones de agravios las mismas son resistidas por los accionantes en la réplica agregada a fs. 419/420, por lo que firme el llamado de autos las presentes actuaciones han quedado en estado de ser resueltas ( art. 263 del C.P.C.C.).- II.- Los requisitos de la acción pauliana objetados en su configuración por los contratantes vencidos consisten en la insolvencia ( art. 962 inc. 1 C.Civ) y el conscius fraudis del tercero adquirente a título oneroso ( arts. 968 y 969 C. Civ.) Paso a ocuparme de ellos, adelantando mi opinión en el sentido de que ambos se encuentran reunidos.

A. 1. El maestro Salvat ("Derecho Civil Argentino. Parte General", T II, págs. 602/3 nros. 2431/2436) explicaba "...Los términos: estado de insolvencia, significan que el deudor carezca de bienes suficientes para hacer frente al pago de la totalidad de sus deudas; en otros términos, que el pasivo del deudor exceda a su activo. Este estado es en unos casos presumido por la ley y en otros debe ser probado...Fuera de los casos en que la ley lo presume, el estado de insolvencia debe ser probado. Esta prueba incumbe, de acuerdo con las reglas generales que rigen el onus probandi, al acreedor demandante....La obligación del acreedor consiste en probar únicamente la insolvencia del deudor. Pero ninguna obligación tiene de establecer el monto de ella, es decir demostrar la suma en que el pasivo excede al activo; esta prueba sería completamente inútil, puesto que probada la insolvencia, es indiferente que sea mayor o menor" , agregando luego (n°2441 p. 606) que la defensa de solvencia no podría prosperar en caso de tratarse de bienes "dependientes en manera alguna de otro juicio, el acreedor demandante no tendría en este caso la posibilidad de ejecutar de plano dichos bienes y la solvencia del deudor sería por consiguiente más aparente que real" En sentido concordante expresa Arauz Castex (Parte General To. II nros. 1892 y 1893 p. 412) que "No importa - ya lo veremos- que haya sido causada por el acto impugnado o que existiera anteriormente, ni que el desequilibrio patrimonial sea grande o pequeño" Mosset Iturraspe ("Contratos simulados y fraudulentos " To. II p. 214/5) reflexiona que "Para juzgar acerca de la existencia o no de un menoscabo en la situación patrimonial del deudor y de su eco o reflejo en la situación del acreedor, debe procederse con un criterio amplio... así como el acreedor puede alegar insolvencia sin la previa excusión de los bienes del deudor, puede también éste (el deudor) paralizar la acción de aquel (el acreedor) demostrando solvencia y dando garantías suficientes. Y decimos lo de las garantías, en seguimiento del artículo 966 acerca del tercero, por cuanto los bienes que se encuentran en el patrimonio del deudor pueden estar embargados ...o ser de dificil excusión" Y dice Bustamante Alsina ("La acción revocatoria o pauliana- Requisitos de procedencia y carga probatoria" en ED to. 174 p. 688 y ss) "...la exigencia procesal (actor incumbi onus probandi) no debe mantenerse estática en cabeza del actor...es más fácil para éste (el deudor) demostrar su estado de solvencia patrimonial, que para el accionante allegar al proceso la prueba negativa que revela la insolvencia. En el moderno derecho procesal no existen reglas absolutas en materia probatoria, dado que predomina el principio de las "cargas probatorias dinámicas", según el cual, dicha carga se coloca en cabeza de la parte que se encuentra en mejores condiciones para producirlas: no hay preceptos rígidos sino la búsqueda de la solución justa según las circunstancias del caso concreto." En el mismo sentido se expide Maximiliano Cossari (" La acción pauliana y la prueba de la insolvencia. Justa aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas" en La Ley 2008-F,137) A. 2. Los deudores enajenantes esgrimen la existencia de otros inmuebles embargados y en condiciones de ser ejecutados; además del crédito con sentencia firme por escrituración de las 2/3 partes de dos inmuebles de un total 65 has en Rawson Partido de Chacabuco (ver expte. n° 36985/97 acollarado). Es de señalar que el crédito de los actores según liquidación aprobada el 23/8/2010 asciende a la suma de $ 435.877,59 ( ver fs. 272 expte de ejecución de sentencia 4561-2008 que también corre por cuerda). A ello debemos adicionar el crédito privilegiado por costas aún no liquidado.

La magnitud de la deuda y las contingencias posteriores al dictado de la sentencia en el juicio de daños y perjuicios son un dato revelador para dilucidar el recaudo en análisis, ya que si bien la cesación de pagos no es sinónimo de insolvencia, se ha señalado que puede constituir un indicio de tal estado (conf. Garibotto, "Teoría general del acto jurídico", p. 249; Mosset Iturraspe, ob. cit. ps. 213 y 214; CCiv y Com de Azul, sala II 30/11/2004 "Benthencourt, Claudia R. c. Acebal, Eugenia E." LLBA 2005 marzo, 192) Con este alcance se debe aquilatar lo manifestado por los deudores ejecutados en la audiencia conciliatoria de fs. 248 de no poder cumplir con los términos de la liquidación aprobada.

Por el otro lado tenemos los cuatro inmuebles en vías de ejecución (todos en el partido de Chacabuco Circ. VIII Secc G): 1) Qta 1 Mza 1-A Parcela 18 Partida (026) 15967 valuación fiscal $ 1.766; 2) Qta 1 Mza. 1-A Parcela 20 Partida (026) 15.969 valuación fiscal $ 2.772; 3) Qta. 2 Mza. 2-A Parcela 3 Partida (026) 13767 valuación fiscal $ 5.396 y 4) Qta. 2 Mza. 2-A Parcela 4 Partida (026) 8634 valuación fiscal $ 17.411. De estos dos últimos inmuebles sólo el 50% pertenece a los ejecutados. Las valuaciones fiscales que surgen de fs. 142/160 del mencionado proceso de ejecución, conforme consulta informática a ARBA se mantienen vigentes. Será en consecuencia sobre dichos valores que se fije la base para la subasta (art. 566 del CPCC).

No revierte esta evidente situación de insuficiencia patrimonial la sentencia que condena a escriturar la fracción cuyos derechos les fueron cedidos por R. L. T.

Cierto es que no existe una tasación a valores actuales del objeto de dicha acreencia, contándose como pautas de ello con determinaciones muy desfasadas en el tiempo: los u$s 27.000 que fueron su precio en marzo de 1995 ( ver boleto de fs. 17 del expte. 36.985) y la base regulatoria de $ 78.526 en el año 1999 ( fs. 85 del mismo expte.); y que la hipótesis que se plantea el juez de grado a fs. 367 segundo párrafo en cuanto a que superara el monto de la acreencia además de contradictoria resulta inviable ya que por la vía oblícua del art. 1196 CCivil la escrituración no se realiza a nombre del subrogante.

Empero ese derecho creditorio, aún con sentencia firme, no alcanza para crear una expectativa cierta de que la acreencia de los actores se vea satisfecha en modo y tiempo razonable.

Téngase en cuenta que desde que recayó sentencia en dicho proceso condenando a M. A. P. y los herederos de O. P., el 27 de abril de 1998 ( ver sus fs. 63/64) luego del allanamiento de los demandados, los compradores M.-M. no lograron la transferencia del dominio. En este sentido no puede dejar de aquilatarse la incidencia del convenio y plano de subdivisión suscripto por quien fuera el cedente Sr. T. con el restante condómino J. P. (ver fs. 31 y 34) y las obligaciones asumidas por los compradores (cláusula séptima y adicional).

Considero por ello que no basta apoltronarse en la sola apariencia de solvencia de contar con el dominio o condominio de otros bienes y un ius ad rem de otro inmueble, si por su valor o circunstancias hacen razonable presumir que la expectativa de cobro de los actores en la acción revocatoria no se verá íntegramente cumplida (arts. 384 y 375 del CPCC).

Tal como expone Victor M. Peralta Reyes, en su completo trabajo "Fraude a la ley y fraude a los acreedores. La acción revocatoria ordinaria o pauliana" publicado en La Ley 2006-D, 889 "La doctrina más antigua exigía que el acreedor acreditara un perjuicio concreto, debiendo demostrar que en el patrimonio de su deudor no habían quedado bienes suficientes para satisfacer su acreencia; de manera tal que se requería el agotamiento de la vía ejecutiva. Sólo después de agotada la vía ejecutiva con resultado negativo, le quedaba abierta la vía de la acción pauliana. Sin embargo, las posturas más modernas se inclinan por contentarse con el riesgo, no exigiendo un perjuicio real y concreto (éste ha quedado reducido a un mero riesgo de perjuicio, a un perjuicio eventual). O sea que el presupuesto objetivo de la acción pauliana ha quedado limitado a un supuesto fáctico simple: que el acto cuestionado haya provocado o agravado la insolvencia del deudor, con el consecuente riesgo para el acreedor de no poder hacer efectivo su crédito" para, luego de recordar la opinión de Albaladejo de que no hay motivo para pensar que el acreedor vaya a alegar caprichosamente una insolvencia, puesto que ningún acreedor se embarcará en una acción revocatoria, cuando sepa que su deudor tiene otros bienes abordables distintos de aquellos que fueron objeto de la enajenación que reputa fraudulenta y de Montes en el sentido de que pueden los jueces establecer presunciones hominis, en cuya virtud cuando de los datos, indicios e indicaciones aportados por el acreedor impugnante se permita derivar la existencia de una presunción de insolvencia del deudor, queda el acreedor relevado de todo ulterior acreditamiento, y es el propio deudor el que, si quiere destruir la fuerza probatoria de semejante presunción, tendrá que acreditar su solvencia, concluir "no cabe duda que será cada vez más crucial el examen de la conducta procesal asumida por el deudor en el juicio, ya que, en determinadas circunstancias, éste deberá prestar su colaboración para el esclarecimiento de la cuestión litigiosa" Así estimo innecesario para acreditar la insolvencia con el adicional peligro de agravarla aún más en perjuicio directo del acreedor quien debería desembolsar los gastos para ello, esperar a que se vea el resultado de una acción que no han incoado los principales interesados, cuando no se visualiza una ventaja cierta con ella; teniendo por el contrario en los bienes dispuestos para provocarla o agravarla expedita su ejecución.

B. Respecto del presupuesto subjetivo de la acción de fraude, Tonón (" El fraude pauliano" La Ley 1986-B-917) dice "Hoy por fraude del deudor y por participación fraudulenta del tercero se entiende el conocimiento que éstos tuvieran de la perjudicialidad del acto...Pero como el único perjuicio reparable por vía de la acción pauliana es el perjuicio derivado del producirse o del agravarse la insolvencia del deudor, bien puede decirse que el presupuesto subjetivo de la acción pauliana está configurado por el conocimiento que el deudor y el tercero hubieran tenido de que el acto iba a provocar o agravar la insolvencia del primero" , por lo que - siguiendo a Garibotto ("Simulación y fraude en los actos o negocios jurídicos" La Ley 1990-D-1106)- "la complicidad del tercero equivale a su mala fe y ésta , a su vez, consiste en el conocimiento que al celebrar el acto con el deudor tuviera de la insolvencia de éste, de modo que al acreedor que intenta la acción le es suficiente con probar tal conocimiento".

Como valora el A-quo existen presunciones no establecidas por la ley que desempeñan en esta materia, al igual que en la simulación, un importante rol, pudiendo mencionarse en el sublite el parentesco, la estrecha relación comercial, la proximidad del acto al hecho del que deriva el crédito, la falta de motivos ( v. Saux/Muller en Código Civil de Bueres-Highton To. 2B p. 707). A todas ellas debemos agregar por su decisiva importancia el propio reconocimiento formulado por D. N. M. en la contestación de demanda que conocía la problemática judicial en que estaba involucrado el hijo menor de los enajenantes y la situación patrimonial de estos ( ver fs. 117). Resulta diáfano que el negocio fue concertado con el claro propósito de sustraer los dos inmuebles objeto de la presente del patrimonio como garantía de cobro de los acreedores, generando o agravando el peligro de que los restantes bienes, cuya entidad se manifiesta conocer, sean insuficientes (y acá está precisamente la insolvencia) para responder.

Por todo ello, doy mi voto POR LA AFIRMATIVA.- Los Señores Jueces Doctores	Castro Durán y Rosas, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- A LA SEGUNDA CUESTION el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, corresponde:

I.- CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas de Alzada a los demandados vencidos (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904) ASI VOTO.

Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Rosas, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y PATRICIO GUSTAVO ROSAS, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).- //NIN,	14	de Abril de 2011.- AUTOS Y VISTOS:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, SE RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas de Alzada a los demandados vencidos (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904) Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.- DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y PATRICIO GUSTAVO ROSAS, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-