Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-11-26


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil ocho, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Daniel Alejandro Rebagliati Russell, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "B. , C. - R. , C. y B. , R. s/Robo calificado" (Expediente 21.226 - F° 56 - T° II- Letra B - Año 2008).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 318/319: Pfleger, Panizzi y Rebagliati Rusell.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Ha venido a consideración de esta Sala la sentencia emitida por la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Comodoro Rivadavia que, el 21 de diciembre del año 2007, condenó a C. D. B. a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por haber sido cometido con armas en grado de tentativa, en concurso ideal con portación de armas de uso civil (arts. 12, 29 inc. 3º, 42, 44, 45, 54, 166 inc. 2º, 167 inc. 2º, 189 bis inc. 2º, 3er párrafo y concordantes del Código Penal), por el hecho ocurrido el día 16 de febrero del año 2007, en esa Ciudad, en perjuicio de la firma "San Pedro S.A." ("Crediario") y del señor R. H. L. .

II. El Ministerio Fiscal, acorde puede leerse en el acta de audiencia de juicio oral (fs. 211/213), sostuvo que "... el día 16 de febrero del año 2007, a las 11:15 horas, aproximadamente, C. B. junto a otra persona que no pudo ser reconocida, ingresaron con armas de fuego a la firma "Crediario", y procedieron a intimidar a las víctimas y sustrajeron la suma de cinco mil quinientos noventa y cinco pesos ($5595) y una billetera a R. L. y en el exterior esperaban en carácter de campana R. y B. . Luego abordaron un automóvil del que toma el comando B. y huyen del lugar, en forma inmediata, personal policial localiza el rodado en calles 10 de Noviembre y Estados Unidos, se produjo la persecución hasta calle Los Damascos y 12 de Octubre donde fueron abandonando el automóvil y se lanzaron del mismo tres personas, la que no fue identificada, C. R. y R. B. y R. apuntó a Delgado con un arma de fuego y dispara pero no sale el disparo... (omissis) Los imputados ingresan en viviendas lindantes en calle Los Duraznos y se procedió a la detención de R. y de B. . Se sigue la persecución del automóvil hasta que es localizado en Las Fresas y Adela Small adonde detiene su marcha e inmediatamente quien ocupaba el vehículo, que hasta el momento se sospechaba es B. , escapa raudamente del lugar siendo aprehendido en Adela Small 1282. Se procedió al secuestro de un arma de fuego revólver calibre 38, marca Colt y el arma de fuego tipo ametralladora calibre 22...(omissis) un arma de fuego fue secuestrada en el torpedo del automóvil que abandonara C. B. ...".

El negocio asaltado estaba en calle Alem 785 de Comodoro Rivadavia .

La sentencia acogió parcialmente la hipótesis pues absolvió a C. D. R. y a R. A. B. por las razones que dio en su texto, ya que el doctor Pintos consideró al respecto que la colección probatoria era insuficiente y asentó su ponencia en la aplicación del principio "in dubio pro reo", e igual criterio sostuvo la Juez Pettinari, quien postuló operar la regla del "... dubbión..." (sic) y propuso desechar la acusación por insuficiencia probatoria, posición a la que adhirió el Juez Navarro al tratar acerca de la segunda cuestión.

II. La defensa impugnó la decisión. Lo hizo en el escrito que está añadido de fs. 279 a 283 vta.

El doctor Guillermo Iglesias, que de él se trata, arguyó en defensa de su posición varios tópicos.

En primer lugar, y en líneas generales, acusó que el doctor Pintos no había descripto el hecho materia de juicio oral y público, proponiendo que se omitiera su voto, por lo que debía resolverse la cuestión "... conforme la mayoría de votos válidos con estricta aplicación del favor rei...", o, en subsidio, mediante la declaración de nulidad de la sentencia (punto III "Motivo de la interposición") En el siguiente ítem, IV "Resolución que se pretende", postuló que no debía valorarse el voto del doctor Pintos y consecuentemente que se anulara el procedimiento, conforme al voto del doctor Navarro.

En subsidio, el abogado solicitó que se trataran las cuestiones y que se declarara la nulidad desde el inicio y el acta de requisa del rodado y secuestro de efectos, "... como también de la sentencia por ausencia de logicidad..." En el tercer punto de su crítica que tituló "... V. Ausencia de narración de los hechos investigados. Nulidad..." puso de manifiesto que el voto del Juez Luis M. Pintos carecía de la descripción del hecho imputado, impidiendo conocer a las partes la plataforma sobre la que se debatió y deliberó en el pleno, y cómo se relacionaron las pruebas que lo tuvieron por acreditado, lo que consideró una trasgresión al derecho de defensa y debido proceso legal.

En base a esa afirmación sostuvo que la sentencia se debía entender conformada sólo por los votos de los Jueces Pettinari y Navarro, debiendo resolverse con estricta aplicación del "favor rei".

En el punto "... VI. Nulidad del procedimiento..." -y exponiendo que la sentencia era inválida por la presencia de sólo dos votos válidos- adhirió al criterio sustentado por el Juez Navarro respecto al vicio que representaba la detención de los sospechosos en base a que la pesquisa se había iniciado con el dato aportado por el testigo J. C. G. quien, ante la pregunta de la policía sobre el paso de algunas personas en actitud sospechosa respondió: "... vi pasar un Ford Falcon color dorado con los vidrios totalizados a exceso de velocidad...".

Sostuvo que en el pleno los policías afirmaron que conocían a B. y que sabían cuál era su automóvil, desde lo que infirió que "... la detención de mi defendido en cercanías de su casa con el rodado cerca del lugar, permite aseverar que los preventores idearon o bien concurrieron hacia su casa porque nunca tuvieron otra hipótesis que no sea que el imputado sea el autor..." (sic) Adujo que A., en su relato, señaló que G. le había expresado que en el automóvil iban tres personas, extremo que no coincidía con la exposición de G. , que motejó de clara, ya que éste había manifestado no haber visto cuántas personas iban sobre el Falcon por cuanto tenía los vidrios polarizados.

Se le ocurrió curioso que G. advirtiera el paso de un automóvil a exceso de velocidad y frente al local comercial, en un sitio de fluido tráfico y accidentes, lo que carecía de validez como indicio de cargo.

Realizó una larga apología del tercer voto, con el que coincidió, con citas de los precedentes "Daray", "Montenegro" y "Florentino" de la CSJN.

En base a esas razones coincidió con el autor y alegó así que el procedimiento que terminó con la detención de los imputados y secuestro de los objetos relevantes para la investigación era nulo, propiciando la inmediata libertad de su asistido.

Bajo el nomen "... VII. Nulidad de la requisa del rodado y secuestro de los efectos..." pregonó acerca de los vicios en que -estimaba- había incurrido la policía cuando procedió a detener al incuso y a requisar el rodado por orden del Ministerio Público Fiscal argumentando la existencia de un estado de flagrancia.

Hizo alusión a las contradicciones en que habían incurrido los operadores policiales en relación al estado en que se encontraban las puertas del rodado, cerradas o abiertas.

Remarcó que no se daban las condiciones para proceder como la policía lo hizo, y que tal accionar constituyó violaciones a las normas de formas que tornan nula la referida actividad.

Mencionó que el testigo A. había declarado que las puertas del auto estaban abiertas y que al día siguiente los demás testigos (policías) dijeron que estaban cerradas, lo que motivó una denuncia de infracción al art. 323 del rito que la Cámara desechó.

Analizó el art. 71 del procedimiento, y una vez más adujo que la conducta policial había aparejado la nulidad de la requisa del rodado y del secuestro de efectos y volvió sobre su alegato en lo que atañe a la denotación del verbo "ocultar" para dar pábulo a los motivos de la requisa, lo que aquí no había sucedido, dedicando varios párrafos a la cita de los arts. 161, 164, 34, 35, 26 y 25 del CPP.

Examinó, después, lo que a su parecer constituía el porqué de las nulidades y la función de los Tribunales en ese sentido y en el epílogo de este tópico señaló que "... la prevención intentó sin éxito fundar su accionar en supuestas hostilidades que pudieran poner en peligro la diligencia, no es tal porque llegaron al lugar por lo menos cuatro patrulleros y el hecho se produjo en horas de la mañana de un día laborable, con lo cual tal cuestión es desechable. Lo propio respecto al supuesto estado del tiempo porque A. dijo que estaba luminoso, algunos nublado y otros que llovía, con lo cual amerita estar a la duda..." (art. 28 del C.P.P) En el siguiente apartado, "...VIII. De la autoría y calificación...", empezó con una referencia al reconocimiento en rueda de personas que realizaron las testigos S. y Marcos, pero alegó que ellas describieron, momentos antes del acto, a una persona diferente de su asistido, a lo que añadió el argumento de que la indicación de que el personaje había actuado con una ametralladora no se condecía con el hecho de que el sujeto reconocido había usado un arma de ese estilo que fue hallada -si acaso era la misma, alegó- lejos del imputado y cerca de otro ex consorte de causa.

Así consideró que debía sostenerse que B. no fue quién ingresó al local y por ende no podía ser atribuido como autor del robo endilgado, sino analizarse cómo era que en el caso se le había puesto sobre su cabeza dos actividades incompatibles.

Pretendió hacerse fuerte en el testimonio de G. V. M. y de C. V. , quienes describieron a las personas, que en ningún supuesto medía 1.80 "... y menos aún no ten(ía) ojos de color claro...", de esa manera se enervaba el reproche.

En ese tren de ideas, cuestionó la imputación del delito de portación de armas porque en el peor de los casos se trataba de una tenencia de arma en el rodado que tripulaba, reclamando la consecuente reducción de pena por "... inviabilidad de tal calificación...".

Dedujo de todo ello que sólo podía analizarse la participación de B. -para el caso en que no prosperasen los planteos nulisdicentes- desde que los autores del hecho acceden al rodado que él tripulaba, realizando un entramado conceptual del que extrajo que la sentencia era equívoca.

Así propició analizarse la participación secundaria y la imposibilidad de imputarle portación del arma, pues, a su juicio "... a partir de descartar el ingreso al local asaltado que el imputado debió ser alcanzado como partícipe secundario en el hecho de los dos sujetos que actuaron, oficiando de campana, para conducir a los autores hacia la fuga, sin que su voluntad sea encaminada al robo sólo para colaborar en su huída..." exponiendo su razón de que la calificación apropiada era la de encubrimiento.

Por fin, escribió que en último de los casos la cuestión debía se ajustada al art. 166, inc. 2° del C.P, como co-autor "... al generar esta descripción una clara absorción de las demás calificaciones enrostradas por sus colegas..." En el último apartado: "...VIII. De la pena impuesta..." puso de manifiesto que, más allá de las reducción de pena que correspondería por el cambio de calificación, estimó que la pena impuesta excedía el tope fijado por el Fiscal y por esa razón debía ser nuevamente individualizada.

Afirmó que el Fiscal pidió 11 años para los autores del hecho que valoró consumado, pero como el Tribunal en mayoría válida sostuvo que se trataba de una tentativa, por aplicación del artículo 42 del C.P. y doctrina de este Superior Tribunal que no cita en concreto, la pena debió fijarse en cinco años y seis meses de prisión y no en seis años como se impuso en la sentencia en crisis.

Además, entendió que, dada la situación planteada respecto del voto del doctor Pintos, se debía resolver "... con lo votado por el doctor Navarro, quien no indica pena al sostener una calificación diferente (más beneficiosa y ajustada a derecho) ya que el acuerdo se produce entre los doctores Pintos y Pettinari por identidad de calificación legal imputada...".

Consideró, que la pena impuesta era excesiva porque la doctora Pettinari no había analizado los atenuantes por lo que propuso se impusiera el mínimo legal correspondiente.

En el final, hizo reserva del caso federal y culminó reclamando se revocara la sentencia condenatoria con los alcances pedidos en cada caso.

III. Así expuesto el panorama que se presenta, comenzaré el análisis del asunto siguiendo el plan de tratamiento que propuso la defensa en los ítems que se han referido precedentemente.

III 1. Ausencia, en el primer voto, de la narración del hecho imputado.

El artículo 330 del Código Procesal Penal, Ley 5478, establece las formas que han de seguirse en la confección de la sentencia.

La norma, en líneas generales, guarda simetría con su antecedente, el artículo 358 del CPP Ley 3155, y demarca el sendero para que el Juez desarrolle los argumentos en que basa la decisión que la epiloga necesariamente.

El rito impone ciertas precauciones para resguardar al decisorio de los riesgos de la arbitrariedad, al obligar al emisor a conformar un adecuado discurso de justificación; precave de la incongruencia al obligar a una exposición nítida del contenido del debate y de los hechos fijados como consecuencia y, por fin, asegura el cumplimiento del principio republicano de difundir el acto de gobierno que la sentencia implica en el caso concreto, todo con miras a que el destinatario y el pueblo conozcan y puedan someterla a crítica, traducida, en términos procesales, en la deducción de recursos por los interesados.

En resumen de cuentas, la sentencia debe ser: "...a) completa -conteniendo en su parte resolutiva la decisión respecto de todas las cuestiones que han sido objeto del proceso, calificando el hecho y determinando sus consecuencias jurídicas-; b) expresa y precisa, indicando con exactitud los alcances de la decisión, monto de la pena impuesta y de las indemnizaciones si fuera el caso y la calificación jurídica con indicación de las normas legales aplicadas; c) clara, de modo que no dé lugar a confusiones o incertidumbres; y d) no debe ser contradictoria..." (ver Francisco J. D´Albora, en su "Código Procesal Penal de la Nación- Concordado y comentado", Ed. Lexis Nexis, página	Ahora bien, estos preceptos no condicionan el estilo; la manera en que el Juez elabora la sentencia, sea individualmente o como miembro de un Tribunal colegiado.

Los modos de combinación de los signos lingüísticos que aplica hacen a su particular identidad particular, y no pueden ser censurados por la mayor o menor adhesión del lector; en ello va el gusto, no el valor que las normas adjudican.

Por eso es que sea cual fuere el análisis semántico del sufragio del doctor Pintos, no puede decirse que haya infringido las reglas que circunscriben su manera de actuar.	Pues si el defecto denunciado es el que sistemáticamente refirió el recurrente, vale para un exitoso retruécano la trascripción del relato efectuado por ese Magistrado cuando, al referirse al hecho, manifestó expresamente: "... En la audiencia de debate no se ha suscitado controversia en torno a la materialidad del hecho motivo de juzgamiento. Los testimonios de las empleadas de la firma "C."-propiedad de la S.A. "S. A.", sita en la calle Alem nº *** de esta ciudad (por Comodoro Rivadavia), G. V. M. -cajera-, C. S. V. -atención al público en mostrador a dos metros (2 mts.) de la entrada- y E. N. S. , han sido absolutamente coincidentes en el sentido que, alrededor de la hora 11:15 AM del día 16 del febrero del corriente año, hubieron de ingresar al local dos sujetos -uno desconocido en su identidad, y el restante según el reconocimiento en rueda de personas de M. y S. , el acusado C. D. B. -; ambos portando armas de fuego: el que describen como de contextura robusta, de labios gruesos, de una estatura aproximada a 1,65/1,70 mts., joven con cabello largo de color negro, y tez "morocha" (B. ), con un arma símil ametralladora en la cintura, grande, de color negro -referida como que no era un arma "común"-; y el restante, más menudo, con un revolver chico "plateado", o color gris plata oscuro. Luego de un rápido proceder, para lo cual el mencionado en primer término indicó con un gesto a los testigos y clientes del lugar, que guarden silencio, y se levantó un poco la remera, para descubrir el arma de fuego en forma intimidatoria, los presentes en el local fueron conminados a arrojarse al piso, colocarse en el sector trasero -identificado como donde se hallan los "boxes" (cfme. Croquis de fs. 11, actuaciones prevencionales labradas por el testigo A.)-; mientras los autores sustrajeron dinero de la caja atendida por M. , en una suma que esta testigo estimó en $ 5.595.- aproximadamente, el que colocaron en bolsas provistas por el "Banco d. C. S.A.". También preguntaron a Villafranca por el contenido de una caja fuerte ubicada cerca de ella, que no contenía valores; y, en un momento dado, la testigo S. fue apuntada en su cabeza con una de las armas de fuego, como también una clienta sufrió este tipo de accionar, amén de ser conducida por la fuerza hasta debajo de un escritorio, para que se quede allí "cuerpo a tierra". El cobrador R. H. L. , por su parte, fue víctima de la sustracción de una billetera con documentos personales y $ 100. Tanto de esta deposición, como de las ya citadas de M., E. y V. se desprende en forma coincidente que no pudieron apreciar que los autores del hecho hablaran de manera especial; ni tampoco que, en general, exhibieran características o particularidades que sean llamativas, fuera de lo común, surgiendo entonces como resultado de la prueba testimonial, que aquéllos se presentaron en una forma compatible con la habitual de los clientes de la firma -personas trabajadoras, usuarios del sistema de financiamiento de compras en comercios ("Crediario"). En el exterior otro sujeto ofició de "campana", extremo acreditado por la declaración testimonial de la empleada de la farmacia vecina, C. P. M. , quien fue impedida de ingresar, al tiempo que se estaba llevando adelante el atraco, por este individuo, también armado -sin que esta testigo haya podido aportar una descripción de la persona, ni datos del arma de fuego...".

Es posible apreciar con claridad en este texto que el Juez del primer voto no sólo determinó el hecho base de la imputación, sino que lo hizo de forma prolija y circunstanciada con indicación de las fuentes en que se basaba, circunstancia que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, constituye una descripción al tono con las exigencias procesales.

No veo, claramente, en qué medida la protesta pone en color un defecto que vulneró el derecho que reclama conculcado. Tampoco atino a captar, sin mengua a las condiciones del colega profesional, de qué modo se obturó el control o la comprensión -por él o por el incuso- de lo que se decidió, impidiendo desplegar la crítica y elaborar los fundamentos de la impugnación; o qué ambigüedad evitó verificar la congruencia entre lo que fue objeto del debate y lo que el Juez aceptó para, luego de confrontar con la norma, llegar a la solución legal que recaló en la instancia.

Así las cosas, el voto queda incólume y consecuentemente cabe rechazar, sin más, la impugnación sobre el punto.

III 2. Nulidad en el procedimiento.

Entre los ítems en los que prodigó su crítica, expuso el señor defensor de confianza el punto atinente a la decisión policial de sospechar y perseguir el vehículo de B. , bajo la acusación de se quería perjudicarlo intencionalmente, invalidando con ello el procedimiento ulterior.

A ello no puedo oponer otra cosa que el disenso.

Ya he expuesto en otras ocasiones que quien toma decisiones en el campo mismo de una tarea como la que se estudia, realiza operaciones intelectuales de menor calibre que aquellas que pueden formularse en el ámbito sereno de un despacho y ese es un dato a tener en cuenta a la hora de ponderar los presupuestos fácticos que conducen a la actividad en relación con la norma que la permite.

Porque la racionalidad de la actividad será juzgada luego de asociar la percepción del agente público, la impresión que el cuadro le causa, las diversas opciones que pueda representarse, las motivaciones y la autoridad de la que está investido.

El funcionario policial, brazo del poder de policía de Seguridad del Estado y auxiliar del Poder Judicial, tiene un particular entrenamiento y experiencia que le permite percibir y procesar fenómenos de la realidad -dicho esto en términos naturales- en aras de cumplir el fin que la ley le demarca.

Por esa razón, ya en el caso concreto, no parece descabellada y mucho menos ilegal la manera en que los policías cumplimentaron su tarea al inicio, ni tampoco evidencian sus actos una actitud prepóstera o dirigida a perjudicar al incuso.

El haber ligado el dato que le aportó el testigo G. , respecto a que vio pasar, después del asalto, un vehículo marca Ford Falcon color dorado, alejándose desde el lugar del hecho a gran velocidad, con el posible conocimiento " a priori" de: "... que B. tenía un rodado de características similares..." es un razonamiento adecuado, basado en datos de la experiencia y la técnica de investigación.

Aún si le llamáramos conocimiento basado en la intuición, que es -quizás- el primer peldaño en la escala del saber, el proceder es igualmente válido.

No hay desequilibrio a los derechos o exorbitancia en el despliegue de la energía estatal si el oficial público que actúa toma un dato y lo explora y finalmente desemboca en un procedimiento como el que aquí se ha discutido.

Por fin -con pretensiones de ser exhaustivo y exigente- analizaré ciertos aspectos singulares que atañen.

Por ejemplo. No resulta común ver un vehículo de las características de aquél en que se conducía el imputado. Un coche Ford "Falcon" de color dorado con los vidrios polarizados no se ve con frecuencia en la calle en esta época; la producción de este modelo cesó hace más de una década y, por lo demás, su color es extraño al prototipo que lo identifica en la memoria colectiva.

Así, si se tiene en cuenta que el dato aportado por el testigo G. (lo del auto) refería a lo único "raro" que había observado, y que la dirección que llevaba el rodado era coincidente con la que fuese posible que tomaran los autores del delito para alejarse del teatro de los hechos, la asociación automóvil-autores y la decisión de interceptarlos fue atinada, lógica.

Lo que aconteció después validó aquellas sospechas o intuiciones de la policía ya que, al verse perseguidos llevaron a cabo maniobras evasivas aumentando la velocidad y tratando de escapar a la persecución hasta que decidieron, algunos de ellos, abandonar el vehículo, seguramente, con la intención de dividir la atención de los perseguidores.

Esas condiciones le otorgaron a la secuencia el marco que justificaba la intervención que le cupo al personal policial que actuó en la ocasión.

Más allá, y sin perjuicio de lo dicho, estimo que la denuncia que formuló la Defensa Técnica basada en una pretensión de irregularidad procesal, carece de contenido comprobable, lo que deja sus afirmaciones sobre el disvalor de la actuación policial en el campo del mero recelo o prejuicio y eso es razón suficiente para el rechazo.

III. 3 Autoría de B. en el hecho ventilado. Calificación.

Sabido es que el sistema de la sana crítica racional no admite la existencia de una tarifa probatoria. El Juez puede aceptar la perpetración de un hecho por varios conductos, que ora serán directos ora indirectos. Pero no hay una regla o tabla que indique la mayor o menor fuerza del medio al que se acuda, sólo interesará su calidad y la lógica del discurso que lo reivindique.

El sistema imperante no impone formas para demostrar los hechos delictivos sino que, distante del sistema de las pruebas legales, autoriza al Juez a la admisión de toda prueba legítima y apta para el esclarecimiento de la verdad material (libertad de admisión), como asimismo, el arbitrio de valorar y seleccionar, adecuada y racionalmente, las pruebas producidas mediante pautas lógicas, psicológicas y de la experiencia (libertad de valoración) (ver al respecto CFLPL c. Expte. 3937/111, Etchecolatz, M.O. 09/11/2006, en JPBA 134 F.110, página 64).

Creo importante señalar que, en ese tren de ideas, que los jueces han hecho mérito de un complejo probatorio eficaz en el que especialmente se destacan por su calidad algunos medios.

Así, la prueba testimonial constituye, en el caso, una fuente de conocimiento relevante tanto y más cuando se complementa con el reconocimiento en rueda de personas. No sólo se encuentra el Juez con la recreación oral de un suceso o la descripción del atribuido, sino con la relación de los hechos y la concreta identificación de la persona a quien el testigo ha visto perpetrarlos.

Consecuentemente no me parece que pueda ponerse en tela de juicio aquí el valor convictito del testimonio de dos persona, víctimas, que vieron a quien ejecutó el hecho materia de debate y que lo reconocieron en la fila formada para identificarlo, dando pie para asociar al sujeto con lo sucedido de manera convincente.

E. N. S. y G. V. M. , las testigos de marras, tuvieron un conocimiento directo del asalto y de sus circunstancias porque lo presenciaron; ellas ambas trabajaban en el local comercial al momento de la perpetración del saqueo y, a la par de evocar las circunstancias afirmaron bajo juramento que uno de los personajes era B. .

De la misma manera razonaron los Jueces. En el primer voto de la sentencia, por ejemplo, se expresó: "... Finalmente, cabe destacar dentro de la prueba oralizada, las actas de los reconocimientos en rueda de personas y de cosas, llevadas a cabo con fecha 28 de febrero de 2007 en calidad de anticipo jurisdiccional de prueba, por las testigos S. y M. ; diligencias que resultaron positivas en relación con el acusado B. , a quien ambas identifican como la persona que dentro del local de Crediario hizo una indicación de "hacer silencio", con su mano sobre la boca, y también de levantarse la ropa para mostrar un arma de fuego. Además tuvo resultado afirmativo, el reconocimiento de la pistola calibre 22 tipo ametralladora utilizada por B. , del revolver marca "Goliat" de color gris, portado por el otro coautor, de un cuellito tipo polar de color bordó y de un bolso con la inscripción "Puma", que las testigos vieron aquella mañana en poder de B. ...". Los demás coincidieron.

Aún tomando nota de las diferencias de altura destacadas por la defensa, debo decir que las mujeres resultaron contestes en la identificación que fue sin titubeos; por ende, no resulta aceptable descalificarlas sobre la base de una mera discordancia entre el cálculo de altura y la realidad, tanto y más cuando no se percibe que hayan tenido una percepción distorsionada, disociada, o aún inficionada por los prejuicios o las influencias exógenas.

Si la certeza se construye sobre la base de un juego de hipótesis que son puestas en confronte para verificar cuál de ellas prevalece, la hipótesis que relaciona al condenado con el hecho comprobado es la más potente.

Porque, como anuncié, existen otros elementos que vienen a corroborar la afirmación de autoría, tal fueran referidos en la sentencia.

La detención, en las condiciones sucedidas, relacionadas por los judicantes de la mayoría cuando analizaron los dichos de los policías Delgado, W. W. F. , A. , H. M. y C. G. , la lectura de las actas que formalizaran la actividad de los encargados de la prevención, y la denuncia del dueño de "Crediario", completan un plexo adecuado para creerse en posesión de la verdad en cuanto a lo que se viene a discutir concierne.	Tales comprobaciones desbaratan las pretensiones de la Defensa Técnica que, sin aportar ningún elemento que pudiera conmover el discurso de validación de la sentencia, se limitó al recurso retórico de negar la participación de su asistido en el evento investigado.

En síntesis, está más allá de toda duda razonable la existencia del hecho fijado en su estricta materialidad y no puede hesitarse en predicar que B. lo protagonizó de la manera establecida en la que se inspecciona.

La calificación legal es la correcta.

En el proceso de confronte entre el hecho específico real determinado y las hipótesis legales el Tribunal de Juicio ha seleccionado las que son adecuadas. B. es co-autor del delito de robo agravado por el uso de armas en grado de tentativa en concurso ideal con portación de arma de fuego de uso civil (arts. 42, 45, 166 inc. 2° párrafo segundo, y 189 bis del Código Penal).

En vista de cómo quedó reconfigurada la historia ha de tenérselo como coautor en tanto, junto a otros, ahora ignotos, ejecutó todo el camino que requiere la figura del robo agravado por el uso de armas, hasta donde le permitió la acción de terceros que evitaron la consumación del desapoderamiento. Penetró en el lugar, hizo ostentación de la pistola 22 (el arma rara o la ametralladora de la que hablan los testigos) que fue secuestrada y es apta para el disparo, tomó bienes ajenos utilizando ese recurso agresivo y huyó hasta ser alcanzado por la ley en la forma que quedó estructurada en la sentencia.

El perpetrar el asalto llevando consigo el arma, huir con ella y resultar aprehendido en posesión del objeto señalado, torna razonable la solución normativa dada al caso por los jueces.

Si algún óbice pudiera hacerse a las reglas del concurso aplicadas, tema discutible si lo hay, la cuestión resulta insustancial, pues el Tribunal no podría articular una reforma de la calificación por cuanto la tornaría más gravosa, y no existe recurso fiscal.

Razón encuentra el criterio de los señores Magistrados votantes y con estos breves comentarios merece validación.	III. 4. Nulidad de la requisa del rodado y secuestro de efectos.

Daré comienzo al tratamiento de este punto dejando en claro que, pese a la denominación dada por el impugnante al acto atacado, no se ha tratado en el caso de una requisa sino de un registro de vehículo; dos actos procesales material y científicamente diferenciados.

Hecha esta aclaración, a mi juicio necesaria, haré un repaso de las normas que el rito consagra en la materia.

El artículo 171 del CPP (Ley 5478), párrafo 5°, edicta en la materia que "... Se podrá registrar un vehículo, siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos útiles vinculados a una investigación preexistente o cuando mediare fuerte presunción de que tales objetos son resultantes de la comisión de un delito o serán empleados para la inminente perpetración de un delito, lo que deberá hacerse constar así..." y culmina en que "... En lo que sea aplicable, se realizará el procedimiento y se cumplirán las formalidades previstas para la requisa de personas...".

Este último párrafo se vincula, por expresa definición, con las reglas establecidas para la requisa en especial aquella que edicta "... Siempre se solicitará la autorización judicial, salvo casos de extrema urgencia y cuando corra peligro la seguridad de las personas. En ambos supuestos se deberá fundar la medida...".

En verdad que la locución "... en lo que sea aplicable..." no es feliz, por ambigua o anfibológica. Quizás una mejor técnica legislativa debió especificar los casos en que el registro del automotor pudiera realizarse sin la orden del Juez Penal, para no dejar margen.

Pero también ha de tenerse presente que la requisa personal importa un potente intromisión en la privacidad de las personas, lo que no sucede con el automotor pues, en la vía pública, esa privacidad está limitada por la propia naturaleza de las cosas y cede, por caso, a ciertas manifestaciones del poder de policía del Estado: vgr. las inspecciones en las B. s sanitarias realizadas por funcionarios de los servicios de sanidad o el control caminero que exige, a veces, la apertura del coche o la inspección visual de su interior.

De manera que, para mí, ha de atenderse en cada caso a la conducta de los funcionarios policiales que han procedido para ponderar el ajuste de esa actividad a la regla.

Así, considero y lo adelanto, que la actuación policial se mantuvo dentro de los límites formales preestablecidos.

Para pensar de este modo tomo en cuenta el marco referencial de la ocurrencia: la búsqueda y aprehensión de los sospechosos del asalto en cuestión, el hallazgo del automóvil abandonado por sus ocupantes en la forma y contexto en el que sucedió (luego de una persecución, con portación de armas, sospechándose la existencia de un delito en el que se usaran).

En este contexto, no podía asegurarse que en el interior del rodado no se encontraran elementos interesantes a la investigación, cuya expropiación para la preparación del caso pudiera malograrse con el transcurso del tiempo, o -más grave aún- la posibilidad de que en el baúl del mismo se hubieran escondido cosas procedentes del ilícito o utilizadas para perpetrarlo, tanto y más cuando los ocupantes, como ya adelanté, se alzaron dejando el auto a la buena.

Nótese que, con sumo cuidado, la Policía dio noticia al funcionario del Ministerio Público Fiscal, para asegurarse de que su intervención estaba legitimada, lo que de por sí habla a las claras de la circunstancia y la intención, reflexión y elección (decisión) que aquellos tomaron.

Son sumamente interesantes los votos de los doctores Pintos y Pettinari, especialmente el primero que -por el orden- desmenuzó las circunstancias que lo condujeron a optar por la validez, sin desmerecer con ello la interpretación de su colega que también lo hizo completamente; todos éstos fundamentos los comparto.

Inteligente ha sido traer a colación "US vs. Cortez". 449US 411- 21/01/81.

He consultado el fallo en la internet, en (http://supreme.justia.com/us/449/411/case.hotml) y adhiero a su pertinencia pues, como bien se dice, y va de continuo una pobre traducción "... Las Cortes han usado una variedad de términos para capturar el concepto esquivo que define en qué caso existe causa suficiente para habilitar a que la policía detenga a una persona. Vocablos tales como "razones plausibles" "sospechas fundadas" no son definitorios en si mismo. Resultan insuficientes en proveer una regla clara que envuelva a la miríada de situaciones que puedan ocurrir. Pero la esencia de todo cuanto se ha escrito es que la totalidad de las circunstancias -todo el cuadro- debe ser tenido en cuenta. Basados en ese cuadro total los oficiales que producen una detención deben tener una base particular y objetiva para sospechar que la persona que detienen pueda ser un criminal..." (agrego el texto en inglés para control de las partes ". Courts have used a variety of terms to capture the elusive concept of what cause is sufficient to authorize police to stop a person. Terms like "articulable reasons" and "founded suspicion" are not self-defining; they fall short of providing clear guidance dispositive of the myriad factual situations that arise. But the essence of all that has been written is that the totality of the circumstances -the whole picture- must be taken into account. Based upon that whole picture the detaining officers must have a particularized and objective basis for suspecting the particular person stopped of criminal.").

Y esto es lo que aquí ha ocurrido, mutatis mutandi, los oficiales de la ley operaron el registro del automóvil fundado en las serias razones que tenían para hacerlo, las que han sido expuestas precedentemente.

Sin perjuicio de lo expuesto, y como bien acertaron los miembros del Tribunal de Juicio, pueden aplicarse, en lo que atañe, las mismas reglas que validan la detención de flagrancia, situación sobre la que no abundaré so riesgo de redundar.

Vale repetir, una vez más, lo que vengo diciendo en otras causas: que en materia de nulidades debe andarse con cuidado.

Los Tribunales han expuesto reiteradamente que esta sanción procesal es último recurso y que se debe atender tanto a la letra de la ley aplicable en la materia cuanto a la efectiva vulneración del derecho que la irregularidad implica.

En otras palabras. La nulidad está apareada a la expresa determinación de la norma y, fundamentalmente, al efecto pernicioso del acto sobre concretos derechos de quien o por quien se reclama, ya que no hay nulidades en solo beneficio de la ley o nulidad por la nulidad misma.	El principio de trascendencia, que de eso se trata, importa considerar que no hay correctivo si la desviación no tiene trascendencia sobre garantías esenciales de la defensa en juicio, ya que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieren surgir de la desviación (ver al respecto STJ Misiones 12-12-2001, expte. 357/ 2000, res. 635 publicado en "Garantías Constitucionales y nulidades procesales- I" Edgardo Donna-Director, Ed. Rubinzal- Culzoni, pág. 569).

En el mismo sentido debe exponerse que es deber irrenunciable de quien invoca la nulidad de un acto -y de modo fundamental de la sentencia que pone fin al proceso, luego del debate oral y público- demostrar que la eventual exclusión habrá de conducir de modo decisivo y eficaz a una solución distinta y que "...de otra modo (la) impugnación carece de justificación que la sustente. Toda nulidad se vincula con la idea de defensa; si el vicio no priva a la parte de su ejercicio ni afecta la garantía en cuestión, la nulidad debe rechazarse.." (STJ Santa Cruz, 14-03-2001 "Haro, Víctor Manuel s/ robo calificado por el uso de armas en la obra citada precedentemente tomo II. pág 498).

III. 5. De la pena impuesta.

En este aspecto de la queja, también habré de disentir con el impugnante, con todo respeto por sus dotes. El reclamó la aplicación de un monto de pena, basándose en afirmaciones que no se compadecen con la ley aplicable al caso y por ende sus argumentos no conmueven lo decidido.-	La adecuación legal llevada a cabo por el Tribunal de Mérito establece, en su previsión más gravosa, una escala penal que va de cinco a quince años de prisión (art. 166 inciso 2do. del C.P.), que debe reducirse por aplicación del art. 42 del C.P. Dentro de ese rango el Tribunal dispuso la pena que ponderó adecuada conforme a las circunstancias atenuantes y agravantes que se enunciaron, de modo que no se percibe obstáculo para confirmarla.

El cálculo efectuado por el Abogado Defensor, parte de considerar el monto de pena solicitado por el Fiscal como el límite máximo para la aplicación del artículo 42 del Código Sustantivo, criterio que carece de anclaje en la normativa vigente y por lo tanto no obliga al Tribunal colegiado.

Por lo demás, la sanción aplicada es correcta. Los jueces de la inspeccionada han actuado con apego a las reglas de los arts. 40 y 41 del C.P., computando las circunstancias del hecho y las condiciones personales del imputado. A ello reputo razonable.

Conforme a lo reseñado diré que la prueba de cargo ha sido correctamente ponderada por el Tribunal colegiado y los argumentos del recurrente no hicieron mella en su construcción justificante de la pena.

IV. Propicio, entonces, que se rechace la impugnación y se confirme la sentencia atacada, con imposición de costas procesales.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I) En el voto que precede a éste, elaborado por el doctor Pfleger, fueron expuestos con suficiencia los antecedentes del caso y los agravios vertidos por la defensa del acusado, de modo que me abstendré de hacer una ociosa repetición, en beneficio del lector.

II) El primer motivo de recurso se cimienta en que el doctor Pintos, segundo votante, habría omitido describir el hecho juzgado, lo cual no se ajusta a lo que el colega nombrado ha escrito en su voto.

Así es, al contrario de la protesta del recurso -tal como lo transcribió textualmente el doctor Pfleger más arriba, a lo que por brevedad remito- el votante ha descripto, por medio del lenguaje, el hecho objeto del juicio, de modo que el lector pueda figurárselo sin errores; lo ha representado en forma que diera una cabal idea del delinquimiento. Es decir, no lo definió imperfectamente, sino que lo hizo por sus predicados esenciales -explicando sus distintas partes, cualidades y condiciones -, dando una idea general de sus circunstancias.

Además, no debe perderse de vista que la composición de una sentencia de un tribunal colegiado tiene un hilo conductor, de manera que no es preciso transcribir en una parte lo escrito en otra. Es decir, los votos ulteriores no requieren, para ser válidos, la copia de los hechos que se tuvieron por probados en el voto anterior. Desde luego, para que las resoluciones judiciales sean válidas deben ser motivadas, con adecuados fundamentos lógicos y legales (lo que el doctor Pfleger llama "un adecuado discurso de justificación"), por los jueces, uno a uno. Pero esa argumentación individual no significa copiar los hechos sino expresar los motivos que se aducen en apoyo de si se los tiene por probados o no. Esto es, expresar las razones en que se apoyan las decisiones de cada juez (artículo 330 del Código Procesal Penal).

Estos motivos me conducen a que la solución a la que arribo sea conforme, en punto al agravio tratado, con la del distinguido colega que me precedió.

III) Hay, en el recurso, la promoción de la nulidad del procedimiento por el modo en que se derivó en la detención de los sospechosos. Ésta se efectuó sobre la base de la búsqueda iniciada a partir de que el testigo G. informara del raudo paso de un Ford Falcon de color dorado con los vidrios totalizados, momentos después de cometido el hecho.

En este punto, también apruebo la resolución propuesta por el doctor Pfleger.

Como es obvio, todo funcionario policial conjuga la indagación que hace para averiguar la realidad de un hecho y sus circunstancias (que obtiene del caso concreto), con la información con la que cuenta previamente a ese hecho. Éste es un dato de la realidad que los procedimientos son incapaces de suprimir.

La circunstancia de que los policías conocieran a B. y que supieran cuál era su automóvil, en nada invalida el procedimiento. Tampoco lo invalidaría si el nombrado tuviera una identidad pública y sabida por todos y todos supieran qué vehículo tiene.

La fuerza de seguridad recibió el dato de un vehículo que llamó la atención de G. por ser muy singular y escaso en su clase y por la prisa con la que se desplazaba. Al iniciar su busca, quienes viajaban en él iniciaron un comportamiento que tenía toda la apariencia de una fuga.

De ello se desprende que el modo en que los policías dieron con el vehículo es resultado de una consideración legal adecuada, basada -como anotó mi colega, a cuyas razones, una vez más, envío- en datos de la experiencia y la técnica de investigación.

En resolución, el agravio bajo examen será rechazado.

IV) Acerca de la nulidad del registro del automotor y ulterior secuestro de efectos efectuados por la policía por orden del Ministerio Público de la acusación, coincido con el rechazo postulado por el doctor Jorge Pfleger, en el voto previo, sobre la base de los abundantes fundamentos que lo nutren.

Así es, la incidencia se resuelve a la luz del artículo 171 del Código Procesal Penal (trascripto por el doctor Pfleger). Su párrafo final establece las reglas en que debe ponerse en efecto la diligencia cuestionada. La policía actuó, en el caso, sin exceso porque se ajustó a la norma.

Esto guarda estrecha relación con lo que anoté en el punto anterior, es decir, la busca y captura de los sospechosos del hecho que se investigaba, el encuentro del vehículo, luego de una persecución, etc.. Es acertada pues, la resolución del Tribunal de sentencia, en todo y, en especial, en lo concerniente a la detención en flagrancia.

De manera que este agravio será rechazado también.

V) En lo que respecta a la reclamación por la autoría de B. en el hecho y la calificación jurídica que de éste hizo el Tribunal de sentencia, diré que aquella fue establecida y ésta seleccionada correctamente, de conformidad con los hechos que fueron tenidos por probados. De modo que adheriré a la desestimación propiciada por el doctor Pfleger.

Concuerdo con él en cuanto que los jueces de la sentencia valoraron el plexo probatorio de un modo eficaz y, agrego, contundente, del que surge sin ambages que B. fue la persona que ingresó al local en el que se cometió el hecho.

Las testigos E. N. S. y G. V. M. (ambas empleadas del local asaltado) conocieron el suceso por medio de sus propios sentidos, o sea, que tuvieron un conocimiento directo de él. Posteriormente reconocieron, bajo juramento, a B. en rueda de personas.

La calificación jurídica escogida por los Jueces de la Cámara -reitero, de acuerdo con los hechos probados- es la que determinan los artículos 42, 45, 166 inc. 2° párrafo segundo, y 189 bis del Código Penal, tal como ellos lo establecieron. De manera que B. es coautor del delito de robo agravado por el uso de armas de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con portación de arma de fuego de uso civil.

B. tuvo el dominio del hecho de la figura del desapoderamiento agravado por el uso de armas, luego frustrado por razones que le fueron ajenas (esto último, según la Cámara, lo cual no es discutible ahora). Portaba el arma de fuego (calibre 0,22" LR) que fue secuestrada y en condiciones aptas para disparar, sustrajo con violencia bienes ajenos y se fugó hasta que fue capturado por la policía.

Por lo demás, me remito al dictamen del doctor Pfleger, con el propósito de evitar ser más tedioso que lo imprescindible.

En definitiva, el agravio será desechado.

VI) En lo que atañe a la pena impuesta por el Tribunal de mérito (seis años de prisión, accesorias legales y costas), validada por el Ministro del primer voto, disentiré con éste y con aquel.

Sí concuerdo con ellos en que las circunstancias atenuantes y agravantes que se explicaron fueron ponderadas adecuadamente.

El cómputo de la pena fue efectuado -por el Tribunal de sentencia-, de acuerdo con las medidas menor y mayor de la escala penal de la figura de que se trata -que oscila entre cinco y quince años de prisión (art. 166 inciso 2° del Código Penal). Dicha escala ha de disminuirse por aplicación del artículo 42 del mismo código.

En cambio, acierta el defendedor, en que el tope de la escala penal ha de ser la pretensión punitiva estatal.

En punto a la correcta aplicación de los artículos 40 y 41 del Código Penal, la escala penal de los delitos halla su límite mayor en la demanda penal del Estado (artículos 18 de la Constitución Nacional, 44 de la Constitución de la Provincia del Chubut y 362, párrafo primero del Código Procesal Penal).

De manera que, con respecto a la pretensión del Ministerio Público Fiscal como límite de la pena, es procedente el recurso de la defensa, ya que el tribunal no está autorizado para imponer una pena más grave que esa sin violentar principios esenciales del proceso penal. Así lo decidió esta Sala en la sentencia dictada en la causa "SAEZ, Marcos Sebastián y otros s/ robo agravado por haber sido cometido en lugar en poblado y en banda" (Expediente 20.442-S-2006, sentencia N° 41 del 28/09/06), a cuyos fundamentos remito.

La redesignación del delito juzgado (trasladarlo al distrito de la tentativa) en beneficio del imputado no puede hacer ceder aquella garantía en su perjuicio.

Por lo tanto, propicio reducir la pena impuesta a B. a cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas (artículo 42 del Código Penal y doctrina de este Superior Tribunal citada).

VII) En definitiva, la sentencia bajo examen es una resolución fundada, correctamente compuesta y adecuada al derecho, por lo que propicio su confirmación, con costas, excepto en lo que atañe a la pena impuesta, como quedó escrito en el punto anterior.

Voto así.

El Juez Daniel A. Rebagliati Rusell dijo:

I. En atención a lo normado por el último párrafo del artículo 25 del Código Procesal Penal -Ley 5478- procederé a emitir mi sufragio, en el que omitiré toda referencia a los antecedentes del caso y los agravios esgrimidos por el recurrente, remitiéndome para ello a la síntesis que realizó el Juez Pfleger.

II) En cuanto a la crítica esbozada por la defensa contra el voto del juez Pintos, habré de rechazarla.

La descripción del hecho que ha sido objeto de juicio ha sido relatada por el magistrado en forma detallada, a través de los testimonios de las víctimas. Así, de la lectura de esta exposición, se desprende claramente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, personas intervinientes y participación de cada una de ellas en el suceso investigado, cumpliendo acabadamente con el requisito exigido en el artículo 330, inc. 2°. III) El siguiente punto del recurso se relaciona con el planteo de nulidad de la detención efectuada por personal policial.

Al igual que mis colegas de Sala sostengo que el procedimiento ha sido desplegado conforme las prescripciones del artículo 217 del C.P.P.

Tal como surge de la sentencia, el Oficial Subinspector A., mientras se encontraba colaborando en la búsqueda de los sospechosos, se encuentra con Juan C. G. , quien le indica haber visto pasar después del hecho un vehículo Ford Falcon de determinadas características. Esta información es utilizada por el Oficial, toda vez que conocía que el imputado tenía un automóvil como el denunciado por el testigo.

Este dato, fundamental, determinó que la investigación se dirija a dar con el vehículo en cuestión, y la sospecha se confirma cuando, al divisar el rodado, quienes se trasladaban en él iniciaron una aparente huída. Las circunstancias apuntadas legalizan la persecución y la posterior aprehensión. IV) La nulidad planteada del registro del automotor y secuestro de los efectos, también deberá ser rechazada.

Lo dicho en el punto anterior justifican la requisa del rodado una vez detenida su marcha, pudiéndose observar el cumplimiento de las reglas establecidas en el ante último párrafo del artículo 171 del C.P.P..

El registro del vehículo por parte del personal policial está justificado por los fuertes indicios existentes de que las personas que circulaban en el mismo acababan de cometer un delito.

V) La autoría de B. en el hecho bajo exámen ha sido válidamente acreditada por el tribunal.

Para ello utilizaron los reconocimientos en rueda de personas practicados por las testigos S. y M. , quienes indicaron a B. como el sujeto que ingresara al comercio e hiciera la indicación de hacer silencio con su mano sobre la boca y exhibiera el arma que portara.

Por otro lado, como bien los sostiene el Juez Pfleger, existen otros elementos que confirman la autoría del imputado, relacionadas con la persecución y la posterior detención, que también han sido mencionados en el fallo.

Por lo expuesto, la participación de B., en calidad de coautor, ha quedado debidamente acreditada, lográndose la certeza que esta etapa requiere.

En cuanto a la calificación legal del hecho, adhiero en un todo a lo expuesto por mis colegas de Sala, y considero que la elección del a-quo ha sido correcta.

VI) Por último me referiré a la pena impuesta, tema en el cual ha existido disidencia entre los preopinantes.

Luego de examinar esta cuestión también traída a revisión, adelanto mi posición coincidente con la del doctor Pfleger.

La pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal no limita al Tribunal de Juicio para adoptar igual parámetro punitivo.

La referencia efectuada en el artículo 332 del C.P.P. en cuanto a la posibilidad de modificar la calificación jurídica o aplicar penas mas graves indica claramente la facultad jurisdiccional de im-poner la pena que el tribunal considere convenien-te, y así lo establece el artículo siguiente del mismo ordenamiento cuando impone que ´... La sen-tencia condenatoria fijará con precisión las penas que correspondan, las costas, y decidirá sobre la entrega de objetos secuestrados.´ (C.P.P., art. 333, último párrafo).	Lo contrario, conforme lo he sostenido en otras ocasiones, implicaría delegar en mano de unas de las partes del proceso la posibilidad de fijar los límites punitivos de la acción reprochada, con lo cual se desvirtúan no solo normas procesales de orden local, sino de mayor jerarquía, como lo son los artículos 40 y 41 del Código Penal, en donde expresamente se sostiene que son los tribunales quienes fijan las penas.

VII) Conforme a las argumentaciones expuestas, corresponde en mi opinión, rechazar la impugnación incoada, con costas y confirmar la sentencia.

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente --------------- S E N T E N C I A ----------------- 1º) Declarar improcedente la impugnación de fs. 279/283 vta. interpuesta por el doctor Guillermo Iglesias, con costas.

2º) Confirmar la sentencia número 36/2007, de fs. 221/264, dictada por la Cámara Primera en lo Criminal 3º) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Pfleger, Panizzi, R. Russell.-