Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL 5ta NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-10-13


En la Ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de Octubre de dos mil cinco se reunieron en Acuerdo Público los Señores Vocales de la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dr. Abraham Ricardo Griffi, Dra. Nora Lloveras, Dr. Abel Fernando Granillo a los fines de dictar sentencia en estos autos caratulados "BOBATTO DIEGO OSCAR C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA ABREVIADO - COBRO DE PESOS EXPTE. 544542/36" venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Octava (8°) Nominación en lo Civil y Comercial, en contra de la Sentencia Número Un mil trescientos cuarenta y ocho (N° 1348) de fecha treinta de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve (30/11/99)(fs.627/640), dictada por el Sr. Juez Dr. Héctor Hugo Liendo, cuya parte resolutiva dice: I) Hacer lugar a la demanda promovida por el Dr. Diego O. Bobatto en contra del Banco de la Provincia de Córdoba y, en consecuencia, ordenar a esa última a abonar en el término de diez días la suma de pesos novecientos veinticuatro ($924,00), con más sus intereses conforme al considerando pertinente. II) Costas a cargo de la demandada a cuyo fin regulo los honorarios profesionales del Dr. Diego O. Bobatto en la suma de pesos trescientos sesenta y ocho ($368,00) con más la suma de pesos setenta y siete con veintiocho ($ 77,28) en concepto de Impuesto al Valor Agregado. Protocolícese, hágase saber y dése copia. Realizado el sorteo de ley, la emisión de votos resultó de la siguiente manera: DR. ABRAHAM RICARDO GRIFFI, DR. ABEL FERNANDO GRANILLO Y DRA. NORA LLOVERAS. Este Tribunal en presencia de la Actuaria se planteó las siguientes cuestiones a resolver: 1°) ¿PROCEDE EL RECURSO DE APELACION DE LA PARTE DEMANDADA? 2°) ¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE?. EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ABRAHAM RICARDO GRIFFI, A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA DIJO: 1. Contra la sentencia de primera instancia, cuya parte resolutiva ha sido transcripta precedentemente, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el que, concedido, hizo radicar la causa en esta instancia, en donde se cumplimentaron los trámites de ley. La sentencia apelada contiene una relación de causa que satisface las exigencias del art.329 del C. de P.C., razón por la cual a la misma me remito, en homenaje a la brevedad. 2. El Dr. Juan Ramón Villalba, en representación de la institución demandada, se agravia en primer término ante el rechazo de la excepción de defecto legal. Sostiene que los cálculos que efectúa el Sr. Juez a quo se refieren a una suma que resultaría aproximada a la demandada, pero que en modo alguno, alcanza a conferir certeza al monto que se reclama en la demanda. Por otra parte, se queja acerca de la atribución, en cabeza de su mandante de la obligación de cargar con los gastos que ocasionaran el estudio de título o verificaciones registrales y la incorrecta valoración de la documentación aportada por su parte. Menciona en especial la resolución de Directorio de fs. 362, los contratos de fs. 364 y 365, la nota de fs. 366, 367 a 369; 370; 375 y 376 a 379. Entiende que resulta claro de la documentación aportada por su parte que el proceso no irrogaba gasto alguno para el Banco. Explica que se celebró un contrato de locación de servicios por el que el actor asumía la contratación sin subordinación y a su riesgo técnico, en cuya cláusula tercera se establecía que el profesional percibiría un pago de treinta jus en forma mensual por la prestación de los servicios. Reseña diversas constancias probatorias, para concluir diciendo que el Sr. Juez a quo no realiza valoración alguna de las probanzas aportadas por su parte, en especial las notas direccionadas por el actor que en grado de confesión revelan sin lugar a dudas que tomó a su cargo los gastos que insumían las verificaciones registrales previas a la iniciación de las acciones judiciales. Aduce que ninguna otra interpretación que no sea la literal puede extraerse de lo escrito y comunicado por el actor a su instituyente cuando en nota de fs. 366 señala que no percibiría suma alguna por ningún concepto del Banco de la Provincia de Córdoba, refiriéndose sin duda alguna a todos los gastos necesarios para promover las acciones judiciales, entre ellos -aclarara los concernientes a los gastos de verificación registral, lo que encuentra su explicación en la importante cartera que se le confiaba al Dr. Bobatto con la posibilidad cierta del cobro de ingentes honorarios a los condenados en costas. Indica que esa prueba dirimente no es materia de consideración alguna por parte del judicante, lo que implica la no valoración de elementos de prueba de importancia trascendente para la correcta solución de esta causa. Agrega que incluso de la propia prueba testimonial que el Sr. Juez a quo señala sólo puede colegirse que el actor abonaba los gastos, pero no que el Banco se hubiere hecho cargo de los mismos. Expresa por último, que el Sr. Juez a quo no ha valorado debidamente la prueba informativa diligenciada por su parte y por la que los juzgados de radicación de las demandas informan que en las mismas no figura la realización de gasto alguno efectuado por el Dr. Bobatto. Reitera su reserva del caso federal. 3. Corrido el traslado de ley, la parte actora lo contesta a fs.680/681, pidiendo el rechazo de los agravios y la confirmación de la sentencia. 4. Entrando al tratamiento de la cuestión y concretamente al análisis del primer agravio, estimo que a la luz de las constancias de autos, el mismo debe ser rechazado. Antes que nada conviene recordar que para la procedencia de la excepción de defecto legal, es necesario e imprescindible que los términos de la demanda coloquen al accionado en una situación de duda o incertidumbre, que le impida contestarla o ejercer en forma sus derechos, por no contener los requisitos extrínsecos necesarios, los cuales, en nuestra ley procesal, se encuentran expresamente determinados en su art.175. Se ha dicho con razón que "....cuando se trata de omisiones u errores fácilmente subsanables, por ejemplo que la omisión pueda ser suplida con otros elementos como documentos anexos a la demanda, el impedimento es inexistente" (Carlo Carli, La demanda civil, pag.196, Ed. Lex). La alegación de falta de precisión en la forma de proponer la demanda resulta improcedente cuando la presentación realizada no le impide a la accionada una correcta defensa, por disponer de todos los medios necesarios a esos fines. En definitiva, para que proceda la excepción de defecto legal, los vicios de la demanda deben ser de tal gravedad que resulte difícil conocer lo que se pretende, creando en la contraria una perplejidad que le impida ejercer su derecho de defensa. Si de la demanda resulta evidente el objeto y la finalidad perseguida, el defecto legal alegado no existe. En este orden de ideas y examinando detenidamente el contenido de la demanda, advertimos que no existe el estado de indefensión que alega el apelante. El actor ha dicho que promueve demanda por el cobro de la suma de pesos novecientos veinticuatro; aclarando que la suma reclamada surge de la realización de ciento treinta y dos informes registrales, a razón de pesos doce cada uno de ellos. En realidad, aunque el producto obtenido sea mayor que la cifra inicial, ello no le impedía a la demandada contestar la demanda, máxime cuando el actor expresa en forma concreta lo que persigue: únicamente el cobro de los informes del Registro. Por otro lado, el error material en que pudo haber incurrido el actor, no constituyó un impedimento para que el Banco de la Provincia de Córdoba interpusiera su defensa más importante, cual es la referida a la falta de derecho del actor al cobro de cualquier suma y por cualquier concepto. En consecuencia y por todo lo expuesto, estimo que el rechazo de la excepción de defecto legal se ajusta a derecho. 5. En cuanto al segundo agravio, estimo que debemos efectuar algunas consideraciones previas al tratamiento en concreto del mismo. En primer lugar, considero que el vínculo jurídico que une a las partes ha quedado acreditado por el reconocimiento expreso de las mismas, debiendo tenerse por cierta la locación de servicios de que se trata, en base a los documentos fs.364 y 365. Conforme a estos contratos, el actor ofreció a la institución demandada (sin subordinación y a su riesgo técnico) la prestación de sus servicios profesionales letrados, para representar al Banco de la Provincia de Córdoba en los juicios que se le asignen en relación a los créditos por contribución territorial que fueran cedidos por el Gobierno de la Provincia al Banco (cláusula primera); acordándose que el plazo de la locación sería de un año (cláusula cuarta) y que el Dr. Bobatto percibiría en pago una suma mensual equivalente a treinta jus (cláusula tercera) y que el mismo no tendrá derecho a cobrar (directa ni indirectamente) honorario alguno al Banco que se devenguen por sus actuaciones en juicio, sin perjuicio de percibirlos de los terceros condenados en costas, sin afectar los intereses de la institución (cláusula quinta). Ahora bien, en virtud de este contrato, el Dr. Bobatto inició numerosos juicios en contra de deudores fiscales; reclamando ahora la devolución de lo que tuvo que pagar para efectuar estudios de título (o verificaciones registrales); petición a la que el Banco se opone, fundado en que en ninguna de las normas contractuales que vinculan a las partes se estableció que la institución demandada se haría cargo de gasto alguno, como así también en que el actor se comprometió en forma expresa a no percibir del Banco suma alguna por ningún concepto. El apoderado del Banco de la Provincia de Córdoba, al contestar la demanda, además de negar el derecho del actor, afirma que los gastos que hubiera podido realizar el Dr. Bobatto, siempre estuvieron a su cargo, "....por ser consecuencia normal de la contratación para quien recibía semejante prebenda configurada por la exclusividad en la promoción de tan importante cantidad de juicios" (sic). Como puede advertirse, la cuestión a resolver no es otra que la de dilucidar si los gastos realizados en concepto de estudios de títulos (o verificaciones registrales) deben ser pagados por el Banco de la Provincia de Córdoba, tal como lo solicita el actor, a cuyo fin debe interpretarse el contrato celebrado entre las partes. Al respecto podemos decir que en materia de interpretación contractual, al igual que en la interpretación de las leyes, es principio indiscutido que cuando los términos son claros y la voluntad de las partes se ha expresado en una forma concreta y precisa, cuando ésta surge fácilmente, no debe buscarse fuera de ellos la interpretación, ni puede exigirse que los jueces, sobre la base de presunciones no probadas, decidan de modo contrario al que emana de esa misma voluntad expresada claramente (LL. t.115, p.143; LL t.111.p.423; LL t.113, p.l86; LL t,115, p. 587). Es decir que cuando el sentido y alcance de la convención surgen con naturalidad y en forma indubitable de los propios términos que exteriorizan el acto jurídico, no se necesita recurrir a elementos ajenos al instrumento que lo formaliza, para resolver de acuerdo con la evidente intención de las partes (LL. t.114,p. 824). Ahora bien, desgraciadamente, no siempre los contratos están concebidos en términos suficientemente claros, que eviten al juzgador recurrir a otros elementos a efectos de clarificar el sentido que las partes se han propuesto dar a las distintas cláusulas que lo integran. En estos casos, cuando la inteligencia del contrato no pueda extraerse de sus cláusulas, sea por ser las mismas ambiguas o equívocas, o contradictorias entre si, o por contener vacíos, o por haber equivocado las partes el nombre de la convención que celebran, etc., será necesario proceder a su interpretación, para establecer claramente las obligaciones asumidas y los efectos de las mismas. En el Código Civil, a diferencia de lo que ocurre en materia comercial, advertimos la ausencia de reglas específicas para la interpretación de los contratos; habiéndose limitado el codificador a consagrar un principio general de alto valor ético: el de la buena fe. El principio que consagra el art.1198 del Código Civil, al reconocer y admitir que los contratos no obligan sólo a lo que formalmente expresan, sino también a todas las consecuencias que hubieran sido virtualmente comprendidas en ellos, se sustenta en la idea de que las convenciones deben interpretarse y cumplirse de buena fe. Conforme a esta regla genérica, el juzgador, al interpretar los contratos, debe darle a los vocablos empleados el sentido usual, colocándose en el lugar de las partes, pensando conforme lo harían personas correctas, otorgando a las palabras y contratos sus efectos usuales y sus consecuencias virtuales (LL t.56, p.513). Por otro lado, la "buena fe" a que aludimos, impone a las partes el deber de no pretender más de lo que les es debido conforme con la honesta inteligencia de las cláusulas contractuales, y habida cuenta de su finalidad. Por otra parte, a falta de reglas específicas, se aplican en forma subsidiaria las bases establecidas en el art.216 del Código de Comercio. En términos generales, podemos decir que para desentrañar la intención común de las partes contratantes, es necesario ocurrir a la interpretación sistemática u orgánica del contrato, a la observación de los hechos simultáneos anteriores y posteriores al contrato, a los usos y costumbres y, principalmente, a la finalidad económica perseguida. En el caso que nos ocupa, advertimos que del contrato suscripto por las partes nada surge sobre los gastos a realizarse previos a la iniciación de los juicios. Por el contrario, sólo se ha convenido las condiciones bajo las cuales el Dr. Bobatto representará al Banco de la Provincia de Córdoba en los juicios que se inicien contra los deudores del impuesto inmobiliario; aclarándose concretamente que el mismo no cobrará al Banco honorarios de ninguna naturaleza. En cuanto a los gastos que nos ocupan, nada se ha convenido y, por lo tanto, no tiene por qué ser a cargo del Dr. Bobatto. El apoderado del Banco dice que dicho letrado comunicó a la institución que no le cobraría suma alguna por ningún concepto; comprometiéndose a afrontar el pago de los gastos que la operatoria registral demande, recuperando los importes erogados directamente de cada uno de los responsables al pago en sede judicial (ver notas de fs.366, 367/369, 370/375 y 376/379). Sin embargo, no podemos tomar en cuenta dichas notas, ya que no existe constancia alguna que el Banco haya respondido a las mismas y que ese haya sido en definitiva el convenio sobre los gastos de los informes de dominio. En primer lugar, no podemos dejar de señalar que el Banco hizo opción de la cláusula por la cual la cual podía revocar el poder en cualquier momento (cláusulas sexta y quinta de los contratos de fs.364 y 365), razón por la cual, las razones de conveniencia que hubieran podido llevar al Dr. Bobatto a firmar el contrato -a las que hace mención el apoderado del Banco desaparecieron a los seis meses de suscribirse el convenio. El Dr. Villalba no advierte que difícilmente alguien se hará cargo de los gastos previos al juicio si el poderdante no le garantiza que el mandato va a durar hasta la finalización de dichos juicios, máxime cuando, como él mismo lo enfatiza, dichos pagos se cobrarían al demandado en sede judicial. Por otro lado, de la prueba rendida, se desprende que el tema de los gastos por informes de dominio (o verificaciones registrables) nunca fue afrontado y resuelto directamente por el Banco. De la declaración de los testigos Carlos Alberto Novara (fs.353/355), Alejandro Daniel Sariago (fs.473), Marcelo Fabián Frias (fs.474), Nora Elena Dominella (fs.478/479), Gregorio Alejandro Moyano (fs.531), Antonio Bisio (fs.533), Osvaldo Azar (fs.534), Raul E. García (fs.544) y Juan Carlos Quinteros (fs.607), surge que el tema se trató en la sección Asuntos Legales del Banco e incluso en reuniones del Directorio; admitiéndose al principio que el estudio de títulos los pagara el actor y que los gastos le serían reintegrados; habiéndose también evaluado la posibilidad de realizar una licitación para la realización de esta tarea. El testigo Quinteros, como Gerente del Departamento de Negocios Especiales del Banco -quien termina siendo muy parco en su declaración en el juicio responde a la sección de Asuntos Judiciales recomendando la aceptación de la oferta presentada por la firma "Verificaciones Córdoba" respecto del rubro "Verificación de Dominios" (ver fs.67); tema que también es conocido por el Dr. Azar (ver fs.67 bis); testigo este último que admite como posible que el Banco se haya comprometido a la reintegración de los gastos, aunque insista en que no hay nada "escrito" sobre el asunto. Estos testimonios tienen que ser valorados a la luz de la sana crítica racional. Recordemos que las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería crítica, sino libre convicción. La sana critica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz seguimiento (Couture, Eduardo, ob.cit., pag.270). Conforme a estos testimonios, y demás pruebas de autos, llego a la conclusión que, a pesar de haber sido conversado el tema entre las partes, las mismas no llegaron a ninguna conclusión, máxime si se tiene en cuenta la revocación del poder otorgado al Dr. Bobatto, circunstancia ésta, precisamente, que no facilitó las cosas. De allí, pues, que le asiste la razón al señor Juez a quo cuando sostiene que lo único que se contrató de manera expresa fue la prestación de la labor profesional de abogado del Dr. Bobatto; estando fuera de la contratación la cuestión del aporte de dinero para la realización de la tarea de recupero del crédito fiscal; y siendo que el Banco de la Provincia de Córdoba fue el único beneficiario de éstos trabajos, el importe de los mismos se debe reintegrar al actor, ya que lo contrario implicaría un enriquecimiento indebido por parte de la entidad crediticia en desmedro de los intereses económicos y patrimoniales del Dr. Bobatto. Por todo lo expuesto, a la primera cuestión, voto por la negativa. EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ABEL FERNANDO GRANILLO A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el Señor Vocal preopinante. LA SEÑORA VOCAL DOCTORA NORA LLOVERAS A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el Señor Vocal Doctor Abraham Ricardo Griffi. EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ABRAHAM RICARDO GRIFFI A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA DIJO: PROPONGO: 1°) Rechazar el recurso de apelación. 2°) Confirmar la sentencia recurrida. 3°) Imponer las costas a la parte demandada, a cuyo fin se determinan los honorarios del Dr. Diego E. Bobatto en el cuarenta por ciento del término medio de la escala del art.34 de la Ley 8226. EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ABEL FERNANDO GRANILLO A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el Señor Vocal preopinante. LA SEÑORA VOCAL DOCTORA NORA LLOVERAS A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el Señor Vocal Doctor Abraham Ricardo Griffi. Por el resultado de la votación precedente. SE RESUELVE: 1°) Rechazar el recurso de apelación. 2°) Confirmar la sentencia recurrida. 3°) Imponer las costas a la parte demandada, a cuyo fin se determinan los honorarios del Dr. Diego E. Bobatto en el cuarenta por ciento del término medio de la escala del art.34 de la Ley 8226. Protocolícese, hágase saber y bajen