Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-13


SENTENCIA NÚMERO: SESENTA Y DOS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los trece días del mes de noviembre de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 100/11, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez por la defensa de Sebastián Alejandro Delgadino en contra de la Sentencia número Treinta y uno/2011", dictada con fecha 16/11/11 por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas; en su caso, si a consecuencia de ello ha incurrido en errónea aplicación de la ley sustantiva? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 31/2011, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 24, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº TREINTA Y UNO/2011, del 16/11/2011, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, por mayoría resolvió: ". IV) Declarar culpable a Sebastián Alejandro Delgadino de condiciones personales relacionadas en la causa como coautor penalmente responsable del delito de robo calificado de vehículo dejado en la vía pública (arts. 167 inc. 4º en función del art. 163 inc. 6º del C. Penal) (Hecho comprendido en el requerimiento fiscal de fs. 743/751) condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de cinco años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal). Con costas (arts. 407 y 536 del C.P.P.).".

II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en carácter de asistente técnico del imputado Sebastián Alejandro Delgadino e interpone recurso de casación.

II. a. Fundamenta sus agravios denunciando inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º C.P.P.). En tal sentido, asevera que el voto mayoritario del tribunal carece de fundamentación lógica, ya que se basó en premisas falsas. Sostiene que la sentencia, al basarse en conjeturas y prejuicios -y no en las pruebas aportadas a la causa-, no sólo es arbitraria sino que violó el principio de inocencia.

Enfatiza que existen numerosas contradicciones entre lo manifestado por los testigos Narváez y Soria y lo denunciado por la víctima del delito, tanto en la denuncia como en la ampliación de denuncia. De este modo, sostiene que el tribunal pretendió restarle valor a los testimonios prestados por los mencionados testigos en debate, tildándolos de mendaces, sin ningún fundamento.

Afirma que los elementos de prueba aportados no alcanzan para imputar el delito de robo a su defendido y que, en el peor de los casos, la conducta de éste encuadraría en otra figura penal, tal como lo sostuvo el voto minoritario.

Finaliza su escrito recursivo, formulando reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos.

III. A fin de dar respuesta a los vicios de fundamentación denunciados, cabe destacar en primer lugar, que los cuestionados testimonios de Gimena Candela Soria -hermana de la víctima- y de su cuñado, Mariano Narváez, han sido percibidos por el tribunal durante el transcurso del debate -inmediación-. En tal sentido, esta Corte en numerosos precedentes siguiendo la doctrina sentada por el Máximo Tribunal de la República a partir del fallo "Casal" (CSJN 20-09-05), dijo que: "por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa, puesto que, el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación; es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal" (S. nº 43, 29/08/2012; S. nº 23, 31/05/2012; S. nº 7, 04/04/11; S. nº 3, 02/03/2011; S. nº 45, 17/12/2010; S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otros).

Y es que, a la casación llegan los relatos que de la prueba efectúa el tribunal de juicio pero no le llegan ni las pruebas testimoniales originales, ni las impresiones originales de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el curso del debate, por lo cual el contralor no puede ni debe invadir el ámbito que configura la competencia reservada precisamente a los jueces del mérito, a quienes porque son los que tienen la inmediación en la recepción de la prueba, les corresponde apreciar libre y prudencialmente la eficiencia probatoria.

En el caso, advierto que el recurrente se limita a cuestionar la impresión de veracidad que la declaración de los mencionados testigos ocasionó en el sentenciante, omitiendo que se trata de cuestiones relacionadas en forma directa con la inmediación del juicio oral, y por tanto, resultan excluídas del control casatorio en razón de su naturaleza irreproductible.

En efecto, el tribunal luego de percibir con sus propios sentidos los testimonios brindados en debate por Mariano Alejandro Narváez y Gimena Candela Soria, ponderó las impresiones personales que ha observado y recibido de los referidos testimonios, concluyendo que los mismos en debate modificaron sustancialmente sus dichos expresados en la Investigación Penal Preparatoria a fs. 671/672 y 676/676 vta., respectivamente, sin dar una explicación lógica, lo que motivó que a pedido de parte, el Tribunal ordenara la incorporación de las señaladas declaraciones prestadas en instrucción, a los fines de la oportuna valoración de las mismas. En tal sentido, el tribunal consideró -a diferencia de lo postulado por el recurrente-, que ambos fueron veraces en sus dichos en oportunidad de declarar en la Investigación Penal Preparatoria, no solamente porque no supieron explicar en debate las razones de sus contradicciones, sino porque sus declaraciones de fs. 671/672 y 676/676 vta., son contestes con los demás elementos probatorios incorporados a debate.

En esta dirección, el sentenciante resaltó que en el afán de querer convencer al Tribunal los testigos dijeron que la sumariante judicial, Laura Patricia Ríos, agregó en sus declaraciones los párrafos que justamente contienen las circunstancias que comprometen a los imputados; algo totalmente impensado e ilógico si se tiene en cuenta que para una sumariante judicial sería imposible "inventar" circunstancias tan precisas como: ".Que al llegar al lugar me di con la novedad que la persona que tenía la motocicleta de mi cuñado era Sebastián Delgadino.Quiero decir que yo ya conocía de vista a Delgadino, porque siempre el suele pasar por mi domicilio. Si lo vuelvo a ver estoy seguro que lo reconozco. También quiero decir, que la noche que le robaron la moto a mi cuñado, Sebastián Delgadino y un tal (a) "El Porteño" le pidieron mi número de teléfono a mi hermano Juan Pablo Narváez (26 años de edad), con idéntico domicilio al mío, y de esta manera se comunican para pedir rescate por la motocicleta... En la mañana del día sábado 09 del presente mes y año, aproximadamente a horas 09:30, se hizo presente en la casa de mis suegros (a) "El Porteño", para aclarar que él no tenía nada que ver en el robo de la moto de mi cuñado, que en la oportunidad (a) "El Porteño" se quiso cubrir y dijo que quien había andado en el tema de la moto era Delgadino. Por lo que estoy seguro que ambos fueron los autores del robo de la moto de mi cuñado." (declaración de Mariano Alejandro Narváez de fs. 671/672); o ". mi hermana Cinthia Soria recibe una llamada telefónica, de parte de Sebastián Delgadino, quién le manifestó a Cinthia, que él sabía que le habían robado a mi hermano Cristian. a Delgadino yo lo conozco de vista del Barrio Los Ceibos, donde vive mi madre, también porque es demasiado nombrado, todos sabemos que está relacionado con el ambiente delictivo. También diré que mi hermano por dichos de unos vecinos de quienes no quisieron identificarse por miedo a represalias le manifestaron que ellos habían visto a dos personas que responden a las características físicas de Delgadino y El Porteño, como así, como andaban vestidos. Si los vuelvo a ver a Delgadino y a El Porteño los reconozco con seguridad... Quiero decir que a partir de esto, todo el tiempo yo y mi familia hemos sentido impotencia, porque Delgadino se quedó con el dinero, dañó la moto de mi hermano, porque ya la estaba desarmando, sabemos que fue en compañía del Porteño y hasta el día de la fecha, pasa por nuestro domicilio muy tranquilo, incluso luego de haber amenazado a mi madre, por lo que ella ya radicó la denuncia (declaración de Gimena Soria de fs. 676/676 vta.).

Siguiendo esta línea de razonamiento, el tribunal sostuvo que las declaraciones de ambos testigos prestadas en la Investigación Penal Preparatoria son veraces, porque son contestes en un todo con lo denunciado por Cristian Armando Soria, quién intentó recuperar su moto acompañado por personal policial de la Dirección de Investigaciones, para lo cual extrajo fotocopia de los billetes que iba a entregar (fs. 678/682), y se dirigió al domicilio de Delgadino, pero la maniobra fue advertida por éste o algún allegado y eso motivó que Delgadino suspendiera las tratativas y en las comunicaciones telefónicas posteriores reclamara para la entrega de la moto que no vaya Cristian Soria ni la policía, sino un familiar de éste. Ello explica que a la Plaza del Maestro concurrieron a buscar la moto Mariano Alejandro Narváez y Gimena Candela Soria.

En este orden de ideas el tribunal a quo concluyó que la autoría de Delgadino en el hecho no sólo surge de la denuncia y testimonios analizados, sino además, de la circunstancia que Delgadino conocía del barrio a Soria y fue él quien se comunicó apenas pasada una hora de acontecido el mismo con la familia para pedir rescate de la moto, lo que complica aún más su situación procesal.

Por lo expuesto, considero que el razonamiento del sentenciante resulta ajustado a las reglas de la lógica y su convicción respecto de la participación del imputado en el hecho resulta de la ponderación y valoración de las pruebas que fueron recibidas durante el debate.

Consecuentemente, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que respetuosamente discrepo con mis colegas preopinantes, por considerar que la impugnación articulada debe prosperar por los siguientes motivos:

Los agravios expuestos adjudican a la sentencia vicios de fundamentación en la ponderación de la prueba, razón por la cual, habré de analizar si efectivamente el tribunal a quo ha incurrido en inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, y si a consecuencia de ello, ha inobservado o aplicado erróneamente la ley sustantiva; en su caso, si corresponde o no la absolución del imputado Sebastián Alejandro Delgadino.

Un análisis armónico e integral del fallo puesto en crisis permite evidenciar los vicios de fundamentación denunciados.

Es que la fundamentación de la sentencia constituye una exigencia establecida en forma implícita en la Constitución Nacional cuando en el art. 18 instaura el principio del juicio previo, que constituye sinónimo del debido proceso. Ello por cuanto resulta una exigencia lógica que la decisión que pone fin a toda cuestión, transparente -al menos sintéticamente- las razones de hecho y de derecho que dieron motivo a dicha conclusión.

En el ámbito provincial, la Constitución local en su art. 208 específicamente alude a la exigencia aquí tratada, imponiendo a los magistrados la obligación de dictar las resoluciones motivadamente, es decir, consignando por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen.

Reconociendo la jerarquía dogmática que en el ámbito procesal tienen las garantías constitucionales, la exigencia de la motivación aludida, se halla impuesta en nuestro Código Procesal Penal de la Provincia (Ley 5097), a lo largo de su articulado (arts. 142, 403 y 408 inc. 3°), siendo dicha inobservancia sancionada con nulidad.

En efecto, la fundamentación que debe exhibir la sentencia es la única forma a través de la cual las partes intervinientes en el proceso pueden efectuar, de manera eficaz, el contralor del razonamiento del sentenciante, garantizando el derecho de defensa en juicio (C.N. art. 18).

Sentado lo anterior, corresponde ingresar al examen de los cuestionamientos efectuados por el recurrente quien critica los argumentos brindados en la primera cuestión de la sentencia. En tal sentido, denuncia que la resolución deviene arbitraria e ilegítima en cuanto a su fundamentación, por soslayar las constancias de la causa, dando por sentado circunstancias que no están acreditadas.

Considero que en el fallo atacado es arbitrario por no estar debidamente fundada la certera participación del imputado Sebastián Delgadino en el delito de robo calificado de vehículo dejado en la vía pública por el cual ha sido condenado. No se ha logrado acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar descriptas en el hecho intimado. Es que surge evidente que el imputado Sebastián Delgadino recién aparece en escena con un aparente llamado telefónico realizado aproximadamente una hora después de ocurrido el desapoderamiento de la moto de la casa de la familia de la víctima -familia Soria- en donde es atendido por Cinthia Soria -hermana del damnificado-, a quién le manifiesta que sabía que a su hermano le habían robado la moto, que él únicamente era un intermediario y que estaban pidiendo la suma de mil quinientos pesos para que su hermano recuperara la moto. Esta situación que fue ponderada por el juzgador, se refuerza a su entender, con los testimonios brindados en la investigación penal preparatoria por otra de las hermanas de la víctima, Gimena Candela Soria (fs. 676/676 vta.) y por Mariano Alejandro Narváez -cuñado de la víctima- (671/672), testimonios a los que el tribunal consideró veraces, tildando de contradictorios y mendaces los brindados en el debate. De aquellos surge que aproximadamente a las 03:00 hs., Gimena Candela Soria y su cuñado, Mariano Narváez, se encontraron con Delgadino -a quien conocían de vista, describiendo ambos la ropa que vestía al momento de efectuar la entrega de la moto- en la Plaza del Maestro a donde habían sido citados, lugar en el que este último hizo entrega del vehículo, previo haber recibido el dinero. En esta línea de razonamiento, el tribunal también ponderó, analizando los dichos de la víctima Cristian Armando Soria, que esa misma noche su hermana le comentó que una persona que ella conoce -de la cual no brinda ningún dato-, le había dicho que Delgadino y el Porteño fueron quienes le robaron la moto, es decir, no es que sólo sabía donde estaba, como manifestaban, ellos la habían sacado -aseveró-. Que su hermana no le quiso decir quien le contó eso porque él estaba muy nervioso y seguramente esta persona que fue testigo del robo, debe tener miedo a represalias por parte de los delincuentes. Esta supuesta fuente de información imputativa nunca fue constatada por la investigación y lo que es más grave aún, es que el sentenciante consideró que estos dichos encuentran corroboración con lo declarado por el empleado policial José Antonio Tapia (fs. 667/667 vta.) quien el día 09/04/2009, puntualmente refirió que "teniendo amplio conocimiento del hecho que se investiga y realizando averiguaciones de carácter reservado puedo decir, en primera instancia, que el ciudadano que menciona el damnificado se trataría de Sebastián Alejandro Delgadino.".

El juzgador ponderó, a los fines de fundamentar la participación de Delgadino en el hecho de robo calificado de vehículo dejado en la vía pública, que la prueba documental incorporada a debate (aludiendo a la que acredita la propiedad del motovehículo robado -fs. 657/661- y a la de fs. 678/682 -fotocopias simples de los $ 1.300, es decir de la suma de dinero pagada por el rescate, que la hermana de la víctima hizo entrega a la sumariante de la policía Judicial-) corrobora los dichos del denunciante en cuanto al consejo del personal de Investigaciones que lo acompañó hasta las cercanías del domicilio de Delgadino con el dinero y las fotocopias del mismo, maniobra ésta apreciada por el mencionado Delgadino o sus allegados, que motivó la ineficacia de la misma, y el posterior llamado a su hermana indicándole el lugar de entrega haciéndole saber expresamente que fuera un familiar y no el denunciante ni la policía. De igual modo, consideró el Acta de Inspección Ocular realizada a la motocicleta en cuestión, en donde se constatan los daños sufridos (fs. 697/697 vta.). Pero resulta que la mencionada inspección se llevó a cabo el 28/05/2009, es decir, 19 días después de denunciado el robo. Al igual que la detención del supuesto autor, a pesar de que ya había sido mencionado a una hora de ocurrido el desapoderamiento, o si se quiere, al día siguiente de sucedido -conforme surge de las constancias de la causa-, ya que personal de la policía judicial acompañó a la víctima hasta cercanías de la casa de Delgadino, y el empleado policial encargado de la investigación, José Antonio Tapia, quien no sólo manifestó que por averiguaciones de carácter reservado se trataría de Sebastián Alejandro Delgadino, sino que además brindó datos precisos de su domicilio (09/04/2009, fs. 667/667 vta.), recién se ordena su detención el 26/05/2009, siendo que la última actuación hasta ese momento fue de fecha 17/05/2009.

Estas irregularidades y falencias advertidas en el curso de la investigación aumentan, si se tiene en cuenta lo referido por la víctima, Cristian Armando Soria (fs. 688/689 vta.), quien manifestó que "esa misma noche, entre idas y vueltas, una vez que junté la plata que debía entregar saqué dos juegos de fotocopias del dinero ya que la gente de la policía me había dicho que uno debía quedar para nosotros y otro entregárselos a ellos (lo que se efectivizó a fs. 677/682, conforme se analizara precedentemente). Así terminé haciendo, pero no recuerdo a quién de ellos entregué las copias, sólo que era una chica". "Toda la búsqueda y las tratativas tuve que hacerlas solo porque el grupo de investigaciones me había dicho que así era mejor, que a ellos ya los conocían que era preferible que no me vieran con ellos, pero como dije también ya había perdido contacto con ellos.". Es decir, no se advierte cuál ha sido la razón de hacer fotocopiar el dinero, si no ha existido en el expediente ningún intento de recuperar el monto entregado por el rescate de la moto a Delgadino, y mucho menos de aprehender al supuesto imputado al momento de efectivizarse la entrega del rodado sustraído.

Concluyo de esta manera, que no existen elementos para vincular a Delgadino en el desapoderamiento de la motocicleta. Las tratativas llevadas a cabo para lograr el recupero del rodado sustraído y su posterior entrega por parte del acusado al cuñado de la víctima -Narváez- no se refuerzan con otros elementos independientes que permitan afirmar inequívocamente la responsabilidad de Delgadino en el apoderamiento ilegítimo. Por lo que, atento que la inactividad probatoria, en modo alguno puede perjudicar al imputado, y menos aún ser suplida por este Tribunal, es que me inclino por sostener que en el caso se impone la aplicación del principio de la duda a favor del acusado Sebastián Alejandro Delgadino (S. nº 23, 31/05/2012).

En efecto, lo dicho se sustenta en lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ("Cantoral Benavides", S. nº 18/08/2000), en donde se sostuvo que "El principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla".

Por último, debo decir que no escapa a mi conocimiento el elevado número de robos de motos que ocurren diariamente en nuestra provincia, sin embargo, ello no autoriza a justificar una evidente inactividad probatoria que en modo alguno debe pesar sobre el imputado, ni puede ser suplida por el Tribunal, en razón del sistema acusatorio imperante que veda toda actuación de oficio por parte del Tribunal, endilgándose el impulso del proceso al Ministerio Público Fiscal y a la Querella Particular y Actor Civil, en su caso. En consecuencia, existen limitaciones constitucionales, legales y procesales que me obligan a expedirme en el sentido señalado.

Por ello, voto afirmativamente a la presente cuestión.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/7, por Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de asistente técnico del imputado Sebastián Alejandro Delgadino. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El Dr. Cippitelli da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a la misma en un todo, votando de igual forma.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

A mérito de lo analizado en mi voto, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/7, por Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de asistente técnico del imputado Sebastián Alejandro Delgadino. II) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto y en consecuencia, absolver por el beneficio de la duda al imputado Sebastián Alejandro Delgadino, en relación al delito de robo calificado de vehículo dejado en la vía pública por el que fue condenado. III) Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

Por los resultados del acuerdo que antecede, y por mayoría, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/7, por Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de asistente técnico del imputado Sebastián Alejandro Delgadino.

2º) No hacer lugar al recurso.

3º) Con Costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia Sesto de Leiva -Presidente- (en disidencia), José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria-. ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.