Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-16


--- En la ciudad de Trelew, a los días de noviembre del año dos mil diez, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez y Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "W., A. A. y otra c/ M., D. O. y otra s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte Nº 366 - Año 2010) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es técnicamente suficiente el recurso de apelación sostenido a fs. 322/328 vta.? SEGUNDA: Caso afirmativo de lo anterior ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?, TERCERA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 336. A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew, Doctor Marcelo LOPEZ MESA, expresó: -I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 294/298 vta.) rechazó en todas sus partes la demanda de daños y perjuicios promovida por A. A. W. y A. V. F. por sí y en representación de su hija menor Y. W. contra O. D. M. y A. L. C., imponiendo las costas del proceso a los actores vencidos y regulando los honorarios de los profesionales intervinientes. II. El fallo es apelado a fs. 310 por el actor Sr. A. A. W., siendo concedido libremente el recurso a fs. 311 y fundado con el escrito que corre agregado a fs. 322/328 vta., que contiene, en síntesis, los siguientes motivos de agravio: Refiere el actor que en primer lugar le causa agravio el fallo recurrido por cuanto la juez de grado realizó una valoración parcial de la pericia accidentológica producida en autos, la que si bien no fue impugnada por su parte, presentaba a su entender varias cuestiones que la a quo no tuvo en cuenta al momento de analizar la misma y valorar su contenido. Manifiesta que si bien no se encontraba discutida la calidad de embistente de la Toyota Hilux, ello no implicaba endilgar exclusiva culpa del evento dañoso al embestidor. Seguidamente hace una salvedad en cuanto al cálculo de velocidad de la camioneta, que efectuó el perito ya que en su fórmula utilizó una misma variable (coeficiente de adherencia del vehículo) cuando existían dos fragmentos diferentes en la trayectoria de la camioneta, uno el trayecto de frenada (derrape) el que fue tomado como coeficiente y otro, que es el desplazamiento de la camioneta posterior al impacto -7,14 mts. según croquis- hasta su inmovilidad final. Por lo que, sostiene que el cálculo de velocidad sólo debería haber sido aproximado y mucho menor a los 46.26 kms/hs. que determinó el perito. Hace notar que el cálculo efectuado para el Peugeot se realizó en base a otro coeficiente de adherencia por no haber "derrapado", de lo que puede advertirse claramente que la distancia de inmovilidad final de dicho rodado -10,35 mts.- fue muy superior al de la camioneta, por lo que sostiene que al momento del impacto la Toyota Hilux desarrollaba una velocidad menor a la del Peugeot, lo que se debió a que por tardía que fuera, la conductora de la camioneta tuvo la intención de frenar antes (4,08mts.), a lo que el conductor del Peugeot jamás atinó. Manifiesta que si bien el perito concluyó que en el supuesto de haber circulado la camioneta en la encrucijada a velocidad reglamentaria de 30 kms/hs., se hubiera detenido 3,88 mts. antes del lugar del impacto, por lo que era físicamente evitable el accidente, la sentenciante interpretó estas conclusiones como si la conductora de la camioneta hubiese sido quien venía por la mano izquierda y la única obligada a disminuir la velocidad en la encrucijada y jamás se preguntó a qué distancia hubiera detenido su marcha el Peugeot 306 en caso de haber intentado frenar, con lo cual afirma que para el demandado también era físicamente evitable el accidente si tan sólo hubiera intentado frenar, siendo éste quien mayor obligación tenía por ser quien circulaba por la izquierda. A renglón seguido refiere que la juez de grado resultó contradictoria en el fallo en crisis cuando afirmó en primer lugar que el actor habría perdido la prioridad de paso porque el Peugeot inició el cruce de la calle con anterioridad y el choque se produjo cuando éste había traspuesto la intersección de ambas calles, siendo que con anterioridad había sostenido que no puede invocarse una ventaja escasa o de difícil apreciación en el arribo a la encrucijada, porque ello desnaturalizaría la valiosa regla del art. 41 de la ordenanza municipal de tránsito Nº 5490/96, de ceder el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Afirma que no se puede resolver una eximente de responsabilidad con apoyatura en una potencial pérdida de un derecho absoluto como lo es el del paso por la derecha. Cita jurisprudencia de las dos Salas de esta Alzada y de otras Cámaras de Apelaciones en abono de su postura. Sostiene que en el evento dañoso de autos, existió un embestidor físico o material que fue el vehículo Toyota Hilux de propiedad de la actora, a la par que existió también un embestidor jurídico, que fue el responsable de la colisión al interponerse en la línea de marcha habilitada de su contraria de modo imprevisto, haciéndose embestir con tal maniobra, que en el caso fue el conductor del Peugeot, Sr. M.. Aduce que a la velocidad que desarrollaban ambos vehículos, no puede enfatizarse que el automotor Peugeot se presentó en la encrucijada con tanta antelación como para afirmar que el único obligado a ceder el paso era a quien le correspondía por derecho, y más aún, que perdió ese derecho por no haber sido simultáneo el inicio del cruce. Sostiene que la colisión ocurrió según la pericia accidentológica en el centro mismo de la encrucijada, y no como sostuvo la sentenciante, cuando el Peugeot ya había traspuesto la intersección de ambas calles. Reitera que un segundo antes de la colisión sólo existía 3.08 mts de diferencia entre el Peugeot 306 y la Toyota Hilux, por lo que mal pudo la a quo ampararse en esta falta de simultaneidad de los vehículos para romper el nexo causal. Refiere que la sentenciante no realizó consideración alguna relacionada con la actitud desplegada por el conductor del Peugeot 306, la velocidad a la que circulaba por la mano izquierda al momento del impacto, afirmando que lo hacía a mayor velocidad de la permitida, lo que denota que el demandado no sólo no disminuyó su carrera al llegar a la encrucijada, sino que deliberadamente siguió acelerando raudamente, aumentando la velocidad en más de 10 kms/hs en sólo un segundo trasponiendo la encrucijada. Con lo que, evidentemente jugó a intentar ganar el paso, lo que tampoco fue tenido en cuenta por la a quo. Afirma que de la absolución de posiciones brindada por el accionado, se desprende de la respuesta dada a la octava posición que si bien la camioneta frenó, no pudo evitar la colisión, con lo cual reconoció que vio la Toyota Hilux antes del impacto y al responder a la novena posición, manifestó que había un vehículo Peugeot 504 de color crema estacionado, cortando la ochava de la esquina sur-oeste, lo que seguramente obstruyó la visión del Sr. M., debiendo haber extremado las precauciones al llegar a la esquina. Afirma que nada de ello fue valorado por la juez de grado en la sentencia en crisis. Refiere que no se aprecia que la eventual velocidad desarrollada por la actora hubiese sido relevante a los efectos de atribuir la exclusiva responsabilidad del evento dañoso a su parte, como lo hizo la a quo, dado que la causa trascendente fue la inobservancia de la prioridad de paso por parte del conductor del vehículo Peugeot 306, concluyendo que la intervención de la Toyota Hilux no interpuso elemento alguno de fractura o cese de la relación de causalidad, lo que tornó por tanto responsable en un 100% del accidente al rodado del accionado. Por último se agravia en cuanto a la imposición de costas a su parte, como una derivación lógica de todo lo antes expuesto. Solicita en definitiva se revoque la sentencia recurrida en todas sus partes, haciendo lugar a la demanda entablada, con expresa imposición de costas. III. Corrido traslado a la contraria del memorial de agravios mediante providencia de fs. 329, el mismo es contestado por el representante legal de los demandados y citada en garantía con la pieza procesal de fs. 330/333, peticionando en primer lugar se declare desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor, por no resultar la expresión de agravios de fs. 322/328 vta. una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada, de conformidad con lo dispuesto por el art. 268 Anexo A - Ley XIII Nº 5, limitándose a dirigir sus objeciones a aspectos probatorios, marcando disidencias sobre diversas cuestiones que no conmueven al pronunciamiento. Para el caso de no hacerse lugar a dicho planteo, solicita se desestime en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto por el actor, confirmando la sentencia de primera instancia por resultar ajustada a derecho, con expresa imposición de costas.

--- IV. Ingresando al tratamiento de la primer cuestión traída, referente a la suficiencia técnica del recurso de fs. 322/328, vistas que fueron sus menciones y cotejadas con el tenor de la sentencia que pretendía a su través cuestionarse, anticipo que debe juzgarse que el mismo supera la valla del art. 268, Ley XIII, Nro. 5, ex art. 265 CPCyC.-- --- Ocurre que la pretensión de las accionadas de que se declare la deserción del recurso de su contraria debe juzgarse inacogible. - --- Es que, no se dan en el caso los presupuestos para la declaración de tal deserción, como que no es predicable del escrito de sostenimiento del recurso (cfr. fs. 322/328) que el mismo no haya controvertido los argumentos dirimentes del fallo atacado o, que habiéndolo hecho, la crítica no resultara concreta y razonada, con la solvencia técnica suficiente para superar la valla del art. 268, Ley XIII, Nro. 5, ex art. 265 C.P.C.yC.. ------- --- Analizado el ataque y la sentencia en crisis, se comprueba que éste supera los requisitos técnicos de la norma explicitada, con lo que la solicitud de deserción de la demandada debe rechazarse. ----- --- Además de ello, aún si el ataque no fuera del todo logrado -que sí lo es en aceptable medida-, igualmente el pedido de deserción no puede prosperar, ya que para la declaración de su deserción, la insuficiencia del intento recursivo debe ser palmaria, no debiendo quedar dudas sobre que el ataque recursivo no alcanza a llenar el mínimo indispensable para su admisibilidad.

--- Es que, en la duda, resulta de aplicación el criterio inveterado de nuestros tribunales de mayor prestigio de que en ese caso corresponde considerar como expresión de agravios el escrito que no reuniría estrictamente los requisitos procesales. El criterio amplio que preside la materia tiende, así, a asegurar a las partes en litigio una mayor oportunidad para defender sus derechos y afianzar con ello la garantía consagrada por el art. 18 CN (C. Nac. Civ., sala H, 2/7/01, "Consorcio Monteagudo 150 v. Belluschi, Oscar y otros", JA 2002-IV-síntesis; esta Sala, conforme mi voto, en sentencia del 23/12/08 in re "D. R. S.R.L. c/ C.. D. S. M. A. S.A. s/ cumplimiento de contrato" (Expte. Nº 22.942 - año: 2008); ídem, 11/03/2010, "A., E. F. c/ C. W. SA s/ Indemnización" (Expediente: 47/2010). --- De tal suerte, el intento de obtener la deserción del recurso de la actora, por parte de sus contrarias, no reúne los requisitos de admisión, por lo que habrá de ser desestimado, motivo por el cual a la primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.----- --- A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Carlos Dante Ferrari: ------ Llamado a expedirme acerca de la articulación interpuesta por la parte apelada, debo adelantar desde ya mi total coincidencia con la opinión expresada por el colega de primer voto. -- Como lo ha venido sosteniendo el Cuerpo en numerosos precedentes, es carga inexcusable de quien pretende la revocación de un decisorio proponer una crítica concreta y razonada con el propósito de señalar la sinrazón del proceso lógico desarrollado por el sentenciante y encaminada a superar, en síntesis, el juicio de certeza y la conclusión jurídica arribada en su consecuencia (art. 265 C.P.C.C.; su doctrina). Se ha sostenido, además, que la impugnación debe referirse a la inferencias extraídas por el juzgador en el marco de las pruebas colectadas y del derecho aplicable al caso (conf. S.D.C. 88/93 C.A.N.E.). Por otra parte, esta exigencia no puede suplirse mediante objeciones genéricas ni consideraciones subjetivas que tan sólo pongan de manifiesto un mero desacuerdo con lo resuelto (conf. S.D.L. 111/93 C.A.N.E.), sino que dicha impugnación debe concretarse a través de un razonamiento superador, destinado a demostrar el yerro o la sinrazón del juicio lógico contenido en el fallo. En síntesis, es menester que quede exhibida la falacia o el hipotético error en la construcción intelectual que brinda esencial sustento y motivación al decisorio recurrido (S.D.L. 112/93). ------- Pues bien: en la especie, una lectura de los fundamentos de la sentencia y de las quejas planteadas por la parte apelante permite comprobar que, más allá de lo que en definitiva haya de resolverse a su respecto, la recurrente ha dirigido sus críticas sobre aspectos dirimentes que constituyeron el fondo de la decisión, y que dichas objeciones no se reducen a poner de manifiesto una mera discordancia de opinión, sino que además se exponen allí los motivos concretos por los que considera que el fallo debe ser revocado, efectuando de tal modo una impugnación que, al menos prima facie, satisface los recaudos y exigencias formales. En consecuencia, sin ahondar aquí en la consideración de las argumentaciones vertidas en dicha pieza recursiva y más allá del destino que en definitiva pueda merecer la apelación impetrada, opino que, en tanto las objeciones planteadas reclamarán un condigno análisis y consideración por parte del Cuerpo, la expresión de agravios contiene por tanto un mínimo de crítica que, objetivamente, permite considerar cumplidos los requisitos exigidos por el ordenamiento procesal desde el punto de vista estrictamente técnico, pues, como ya lo hemos sostenido en precedentes análogos, en caso de duda, ha de estarse por la suficiencia del recurso (conf. esta Sala; Exptes. 10576; 19279; 19928; 20792; 20850; entre muchos otros). A mérito de ello, considero que la declaración de deserción solicitada por la contraparte no debe ser acogida. Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.

--- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:

--- Ingresando al tratamiento de las cuestiones traídas a resolución por la actora, bien vistas que fueron las mismas, anticipo que los embates contra la sentencia de grado no habrán de prosperar. --- Varias líneas doctrinales de esta Cámara confluyen en pro de la confirmación del decisorio apelado. --- En primer lugar, el apelante pretende tardíamente revertir los efectos de la aplicación de una pericia no cuestionada en su oportunidad hábil, sobre la base de opiniones suyas. Ello torna aplicable la doctrina de la improcedencia de la refutación doxal de la episteme que desarrollara en un par de votos de mi autoría y que ha sido acogida como doctrina legal por esta Sala. -------- --- En mi voto de la causa caratulada "R., M. J. c/ D. P. J. S. y otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 443 - Año 2009 CANE), en sentencia de esta Sala del 15/10/2009 dejé sentado que pretender descalificar comprobaciones periciales sobre la base de dos testigos casi conjeturales implicaría hacer prevalecer la doxa sobre la episteme, esto es, la opinión vulgar sobre el conocimiento científico y sus reglas. Admitir ello sería tanto como permitir una refutación doxal de la episteme, esto es, un rebatimiento de comprobaciones técnicas con un basamento científico a partir de opiniones de testigos, que no son fiables para acreditar las circunstancias y pormenores de un evento instantáneo, máxime cuando deponen meses o años después de ocurrido el mismo. -- --- Además, no debe olvidarse que en el terreno de la apreciación de la prueba y en especial de la testimonial el juzgador puede inclinarse a la que le merece mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo en definitiva ello una facultad privativa del magistrado (C. Nac. Civ., sala H, 31/5/91, "Aloy, Carlos y otros v. Harpers y Papparazzi de Cacciola", JA 1991-IV, síntesis). --- --- Y tampoco cabe soslayar que en multitud de fallos, a través de mi voto, esta Sala ha decidido que la apreciación de la prueba efectuada por los jueces de grado constituye una decisión tomada por el juzgador en el centro o núcleo mismo de sus facultades, que constituye el ámbito de mayor discrecionalidad y legítimo arbitrio que le concede el ordenamiento, no bastando impugnarlas sobre la base de una opinión distinta sino que debe ensayarse, a su respecto, un ataque frontal, fundado en argumentos hábiles y conducentes, que demuestren el desacierto manifiesto de la resolución (mi voto en sentencias de esta Sala, del 12/11/08, in re "L., A. c/ S., R. s/ Cobro de pesos" (expte. 117, año 2008); ídem, 4/4/08, "P. V. c/ M. H. O. s/ Dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. N° 22.785 - Año 2008); Ídem, del 19/6/08, in re "F., R. D. c/ B. H. S.R.L. y otros s/ Indem. de ley" (registrada como SDL 38/08); ídem, 18/6/2008, "V., L. N. y otro c/ L. "X" S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley", registrada bajo el Nº 36 DE 2.008 - SDL); ídem, 7/8/08, "G., N. F. c/ P., R. L. y/o q. rte. resp. laboral de E. T. s/ Indem. de ley", registrada al Nro. 50 de 2008 SDL; ídem, 8/9/06, "S., J. G. c/ S. I. A. S.R.L. s/ cobro de pesos - laboral", registrada bajo el Nro. 56 DE 2.008 - SDL; ídem, 20/9/08, "S. M. C. C. R. S. Cobro de Haberes e Indemnización de ley" (Expte. N° 22.915 - Año 2008, registrada bajo el Nº 61 de 2.008 - SDL; ídem, 23/9/08, A., S. A. c/ S., H. y otro s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. n° 22.806 - año: 2008, registrada bajo el Nº 59 de 2.008 - SDL; ídem, 21/8/08, "F., M. c/ B., O. H. y Otros s/ Cobro de Haberes e Indem. de Ley" (Expte. n° 22.863 - año: 2008, registrada bajo el Nº 54 de 2.008 - SDL; en igual sentido, Cám. Civ. y Com. Neuquén, Sala I, 29/2/96, "Aravena Bastias, Fernando c/ UCASA s/ Accidente", en Juba, base Neuquén, sumario Q0000046).

--- Si se piensa un poco, en autos el panorama es peor todavía por cuanto la pericia no fue impugnada en su momento y no existen otros elementos de prueba en la causa que modifiquen o permitan contrastar las constataciones periciales y, además, la opinión contraria a la pericia procede de la propia parte apelante, con lo que se trata de una opinión -doxa- interesada, como que emana de la parte actora, con lo que debe verse a la misma como el intento de agregar en alzada elementos de convicción que desvirtúen tardíamente una pericia no cuestionada en su hora adecuada.

--- Pero, asimismo, los argumentos brindados por el recurrente respecto del mantenimiento de la prioridad de paso por circular desde la derecha, aún habiendo su contraria iniciado el cruce de la esquina con anterioridad, confrontan el criterio de esta Sala que se plasmara en el precedente reciente del caso "M. c/ P.", del 2 de Noviembre de 2010. --- Dije allí que adscribo a la opinión de que la sola violación de una norma reglamentaria referida a la circulación vial no constituye base suficiente para determinar por sí la atribución de responsabilidad en un evento dañoso, pues el régimen que al respecto ha organizado nuestro derecho sustantivo se erige sobre el concepto de causalidad; la infracción sólo debe ser considerada como factor decisivo si resulta de las circunstancias del caso que la misma es la que ha dado motivo al siniestro (C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 2ª, 9/3/2004, LLBA 2004-1252). --- Pero en este caso puntual, la violación de la norma de tránsito referente a la velocidad máxima permitida en ciudades -que de por sí no es cualquier norma de tránsito, ni es invocable su violación alegremente- asume el rol de causa adecuada del daño, cuya responsabilidad se debate aquí. -------- --- Es que, esa velocidad excesiva e imprudente fue la causa del accidente, como dice el perito en sus explicaciones, pues ese exceso provocó el embestimiento, el que pudo evitarse si el conductor del automóvil embistente hubiera circulado a velocidad reglamentaria. --- Agregué luego que no excluye los efectos de su imprudencia la prioridad de paso que alegara, pues ella no puede servir de excusa para evitar las consecuencias del incumplimiento flagrante de las normativas de tránsito en un tema tan sensible -y que tanto dolor causa a los argentinos diariamente- como es el exceso de velocidad de circulación, causa adecuada -junto a la desatención al conducir- de miles de muertes y lesiones cada año en nuestro país. --- La conducta negligente del embistente no quedaría así justificada por el hecho de haber contado este codemandado con la prioridad de paso otorgada a quien circula desde la derecha del otro conductor protagonista del evento, ya que aún de contar con ella, es un principio asentado en jurisprudencia que la preferencia de paso es relativa (C. Nac. Civ., sala L, 31/3/1999, "Alvarado Martínez, Leonardo v. Sierra, Emilio A.", LL 1999­D-828, J. Agrup. caso 14.210; ídem, 23/9/1996, "Giuliani, Mario y otro v. Khafif, Isaac y otros", LL 1998-C-682). ---- --- Bien se ha dicho que la prioridad de paso no significa en sí misma una atribución in abstracto desvinculada de las circunstancias imperantes. No aniquila el deber de prudencia de quien tiene la prioridad. El tránsito constituye un complejo accionar, donde cada uno debe actuar con la debida cautela. La prioridad de paso no es un pasaporte de legitimidad para andar totalmente autónomo, sin conexión con las naturales contingencias creadas por la compleja circulación (C. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, 7/6/2001, "Chiappori, Aurora del Carmen v. Díaz, Néstor Herminio", Juba sum. B2351314). Y, en similar sentido, se ha expuesto que la prioridad de paso no da derecho al conductor a barrer con todo lo que encontrare en su trayecto, como si contara para ello -en virtud de aquella ventaja- con un bill de indemnidad (C. 1ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 31/10/1991, "Giusti, Ignacio v. Yacopini, Carlos", Juba sum. B200168; C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 2/10/1990, "Corallini, Osvaldo Alberto v. Raffo, Hebert y otro", Juba sum. B350629; Sup. Corte Bs. As., 22/12/1999, "Malbos, Luis A. y otra v. Morón, Guillermo y ots.", Juba sum. B24880; ídem, 3/5/2000, "Núñez, Jorge Daniel v. Empresa de Transportes Martín Güemes y otro", LLBA 2000-1197; ídem, 4/4/2001, "Quiñones, Antonio H. y otra v. Correa, Aimar A. y otra", DJBA 160-228; C. Civ. y Com. San Martín, sala 2ª, 18/11/1997, "González, Petrona Leonor v. Blanes, Miguel Ángel", Juba sum. B2000903; C. 1ª Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 23/5/2000, "Costantini, Amadeo v. Llul, Mabel y otro"; ídem, sala 1ª, 8/8/2000, "Machado, Abel Simplicio v. Desiderio, Juan y otro", Juba sum. B1403051; C. 1ª Civ. y Com. San Nicolás, 4/7/2000, "Morales, Daniel Marcelo v. Muga, Juan Carlos y otros", Juba sum. B855844; C. Nac. Civ., sala K, 23/3/1999, "Bayne, Carlos J. y otro v. González, José A.", LL, 1999-F-803, J. Agrup. caso 14.495; ídem, sala C, 2/8/1999, "S., C. A. v. Verdún, Pedro A.", LL 2000-A-451; DJ 2000-1-1221; ídem, sala M, 28/2/1994, "Garriga, Olga v. El Puente SA", JA 1994-IV-695).

--- Dije después que el exceso de velocidad a que circulara el codemandado P. significó no solo una infracción íntimamente relacionada con la causa del accidente, sino la causa adecuada del mismo, lo que lleva a responsabilizarlo de los daños sufridos por el actor (cfr. art. 64, párr. 2°, Ley 24.449 y su doctrina y jurisprudencia). Lo propio cabe decir en autos, cuanto el perito actuante dictamina -en criterio no controvertido ni impugnado- que de haber circulado el actor embistente a velocidad reglamentaria el accidente no se habría producido. El apelante pretende refutar este aserto del perito -que el juzgador de la instancia anterior esgrime- sobre la base de su opinión personal y formulándose un cuestionamiento hipotético además, Ello resulta ineficaz, no logrando contrastar ni reducir la eficacia de la constatación pericial.

--- Por otra parte, el actor apelante no ha tomado debida nota de los efectos que la presunción que emana del embestimiento genera en su contra, la que no ha desvirtuado debidamente, por lo que ella permanece en pie y con plenos efectos.

--- Como dijera en mis votos de las causas "R. c / D. P." y "M. c/ P.", el rol de embestidor en una colisión permite edificar a partir de él una presunción relativa y desvirtuable de responsabilidad. El embestidor es responsable del accidente cuando no logra demostrar que el embestido se ha interpuesto antijurídicamente en su línea de marcha autorizada y que lo ha hecho de modo para él inevitable (cfr. Mi voto, en sentencia de esta Sala del 15/10/09, in re "R. M. J. c/ Di P. J. S. y otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 443 - Año 2009 CANE). Tal rol en autos le cabe al coaccionado P., quien no ha desvirtuado la presunción relativa que emana del embestimiento que realizara. ----- Parece buena idea recordar la elaboración de nuestra jurisprudencia que distingue entre un embestidor físico o material y un embestidor jurídico. En esta línea, se ha dicho que cuando la víctima se concreta como el embestidor mecánico, agente activo de la colisión, ello no hace derivar para ella una consecuencia plenamente desfavorable, desde que para que ello ocurra es menester que coincida el concepto de embestidor mecánico con el de embestidor jurídico; el primero se refiere a una calidad puramente física, y el segundo, a una jurídica (C. Civ. y Com. Mercedes, sala 2ª, 3/11/05, "Santana, María del C. v. Rea, Oscar A. y otra", JA 2006-II-síntesis y mi voto, en sentencia de esta Sala del /10/09, in re "R. M. J. c/ D. P. J. S. y otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 443 - Año 2009 CANE).---- --- Siguiendo esta elaboración y aplicándola al caso de autos, tenemos que existe aquí un embestidor físico o material, el vehículo del actor que, a la par, ostenta el rol de embestidor jurídico, esto es, quien ha sido el responsable de la colisión al llegar a colisionar al vehículo del actor por llegar a la encrucijada con un exceso de velocidad tal que lleva a asignarle a esa causa la función de causa adecuada -y excluyente- de la colisión. ---- --- No cabe olvidar que en el caso de colisión de dos vehículos existe una presunción de responsabilidad del embistente que con la parte delantera de su automóvil choca a otro en su parte trasera o en sus laterales, presunción que puede ser desvirtuada si se acredita el proceder culpable o imprudente de quien aparece embestido (C. Nac. Com., sala E, 20/04/92, "MAZZEI, LUCIO v. OROMA SILVA, MANUEL S/ SUM.", en AbeledoPerrot online). Presunción que no ha sido desvirtuada en este caso y que pretende soslayarse solo sobre la base de opiniones de la parte que carga con ella.------ --- Los presuntos argumentos que desliza el apelante para revertir esta presunción no son otra cosa que opiniones suyas, relativas y carentes de una apoyatura legal, científica y argumental sólida. Ergo, ellos no pueden ser atendidas en esta instancia.----- --- Todo lo anterior conspira contra el acogimiento de este agravio. Por tanto, adscribo a la opinión de que en esta litis la accionante no ha logrado desvirtuar la presunción de responsabilidad que pesa sobre el conductor del vehículo embistente, no logrando tampoco en la apelación el recurrente rebatir idóneamente la convicción del juez de grado expresada en la sentencia. Creo que ello basta para el rechazo del agravio, lo que propongo al acuerdo. --- V. Por tales fundamentos, habré de proponer al acuerdo la confirmación del decisorio impugnado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas de alzada a la apelante vencida en esta instancia (art. 69 LEY XIII Nº 5, ex art. 68 C.P.C.yC). - --- En cuanto a los estipendios profesionales, propondré la determinación de los de alzada correspondientes a los Dres. R. L. y J. F. C., letrados de las accionadas, en el 27% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado y para el Dr. M. M., letrado patrocinante de la actora, en el 25% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado; tales porcentuales se corresponde con la importancia, mérito, trascendencia, calidad y resultado de las labores profesionales cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).--- --- Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA. --- A ESTA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Carlos D. Ferrari prosiguió diciendo: I. En primer lugar, coincidiendo con la opinión del colega preopinante, diré que las críticas efectuadas respecto de la pericia y sus conclusiones no consiguen conmover los fundamentos técnicos expuestos en dicha pieza procesal. En este sentido, cabe destacar que la pericia accidentológica realizada en el proceso (fs. 234/240 vta.) contiene un muy elaborado detalle de todas las operaciones técnicas realizadas y el material consultado, identificando las causas principales y secundarias del accidente, para concluir, en lo que aquí interesa, que la Toyota Hi-lux circulaba a una velocidad de 46,26 km/h y revistió localidad de embistente en el choque registrado el 04/07/2007 en la intersección de las calles Marconi y Howell Jones de la ciudad de Trelew. A mi juicio, las alegaciones efectuadas en miras a desmerecer las inferencias del perito actuante no consiguen restar eficacia convictiva a dicho dictamen, ya que el mismo exhibe adecuada fundamentación técnica, juzgado según las reglas de la sana crítica racional (art. 481 -antes 477- del CPCC, texto seg. Ley XIII N° 5; su doctrina).------- Al respecto, cabe recordar que la pericia en cuestión ha aportado una prueba científica, de cuyas conclusiones, en principio, sólo cabría apartarse por bien fundadas razones. Como lo ha sostenido Michele Taruffo, catedrático en Italia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pavía, ("La prueba, artículos y conferencias" - Monografías Jurídicas Universitas - Ed. Metropolitana, Santiago de Chile - 2008), "la prueba no resulta ser un mero instrumento retórico sino un instrumento epistémico, o sea, el medio con el que en el proceso se adquieren las informaciones necesarias para la determinación de la verdad de los hechos. En consecuencia, también de la ciencia se hace un uso epistémico, en el sentido de que las pruebas científicas están dirigidas a aportar al juez elementos de conocimiento de los hechos que se sustraen a la ciencia común de que dispone. Por lo que se refiere a la valoración de las pruebas, la adopción de la perspectiva racionalista que aquí se sigue, no implica la negación de la libertad y de la discrecionalidad en la valoración del juez, que representa el núcleo del principio de la libre convicción, pero implica que el juez efectúe sus valoraciones según una discrecionalidad guiada por las reglas de la ciencia, de la lógica y de la argumentación racional. Por decirlo así, el principio de la libre convicción ha liberado al juez de las reglas de la prueba legal, pero no lo ha desvinculado de las reglas de la razón. Por lo demás, en la mayor parte de los sistemas procesales modernos el juez está obligado a justificar racionalmente sus propias valoraciones, y elabora argumentos lógicamente válidos para sostener su decisión en hechos" (ob. cit. - p. 100).

--- II. Por otra parte, ante la insistencia del apelante acerca de la prioridad de paso que le asistía al presentarse por la derecha al cruce de la intersección, debo decir una vez más que el carácter "absoluto" de la prioridad de paso del que accede a la intersección por la derecha según el art. 41 de la ley de tránsito, sienta una directiva legal que no puede llevarse a un extremo tal como para contradecir las reglas del sentido común y de la sana crítica racional. Por el contrario, en la interpretación y aplicación de dicha regla no cabe desentenderse de la realidad, y así se ha ocupado en señalarlo la jurisprudencia al sostener que "la prioridad de paso establecida respecto del conductor que aparece por la derecha no es absoluta, pues la legislación de tránsito debe ser considerada con criterio flexible y atendiendo a las circunstancias de la causa" (conf. CNCiv., sala C o 03/12/2008 o Verdecchia, Roberto y otro c. Fernández, Cipriano y otros s/daños y perjuicios o La Ley Online); máxime cuando el automotor embestido se encontraba más avanzado en la bocacalle y ya se estaba transponiendo el cruce (conf. CNCiv., sala F o 09/06/2006 o Rivas, Margarita B. c. Bernar, Nélida R. y otro o La Ley Online; id. CNCiv., sala D o 31/05/2006 o Corbalán, Mariela Soledad c. Quiroga, Diego Sebastián y otros o La Ley Online; entre muchos otros). El mismo criterio de sensatez ha primado en la Suprema Corte bonaerense, al sostenerse que la regla derecha antes que izquierda no representa ningún "bill de indemnidad" que autorice al que aparece por la derecha de otro vehículo, a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda pues, como también lo ha puesto de resalto esta Corte en la causa Ac. 58.668 citada, tanto el art. 71 de la ley 5800 como el art. 57 de la ley 11.430, imponen al conductor que llegue a una bocacalle la obligación de reducir sensiblemente la velocidad, la que rige tanto para el que se aproxima por la derecha como para el que lo hace por la izquierda", haciendo aplicación de esta regla de prioridad conforme a las particularidades del caso, al resto de las reglas de tránsito y a los principios de la responsabilidad civil de los partícipes (conf. Ribera, Carlos E. - "La prioridad de paso del que circula por la derecha según la doctrina de la Suprema Corte de Justicia bonaerense" - LLBA 2005 (junio), 485). -- En síntesis, comparto plenamente la postura interpretativa amplia y flexible de la norma citada que se desprende de la doctrina judicial ya citada, más allá de la aparente inflexibilidad que, a primera lectura, parecería desprenderse de la expresión "absoluta" empleada en el texto legal. Acerca de la mención del apelante al recordar la distinción entre "embestidor físico" y "embestidor jurídico", es del caso señalar que, más allá de su acierto conceptual, en la situación bajo examen, el actor reunió ambas calidades, por lo que esa disquisición no varía las conclusiones expuestas precedentemente. En suma, puede apreciarse que las quejas vertidas por la parte recurrente tan sólo traducen, como se expresa en dicha pieza, un profundo desacuerdo con el fallo, mas no logran conmover los sólidos argumentos que dan respaldo a la decisión apelada, cuya confirmación propiciaré por tanto a través de mi voto. III. A mérito de lo ya expresado, compartiré la resolución propuesta por el Dr. López Mesa en el sentido de confirmar el decisorio en lo que ha sido materia de agravios, con costas al apelante (art. 69, CPCC, texto Seg. Ley XIII N° 5). También concuerdo con las regulaciones de honorarios que propicia el magistrado prevotante, ya que las mismas se adecuan a la extensión, calidad, eficacia de las tareas cumplidas y a los resultados respectivamente obtenidos, según las escalas arancelarias vigentes (arts. 5,6,13,18, 46 y conc., Ley XIII N° 4 - antes Ley 2.200).------- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.

--- A LA TERCERA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:

--- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente: --- 1) CONFIRMAR el decisorio impugnado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios. --- --- 2) IMPONER las costas de alzada a la apelante vencida.

--- 3) REGULAR los estipendios profesionales de alzada correspondientes a los Dres. R. L. y J. F. C., letrados de las accionadas, en el 27% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado; y para el Dr. M. M., letrado patrocinante de la actora, en el 25% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado.

--- 4) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. --- Tal mi voto. --- A ESTA ÚLTIMA CUESTIÓN, el Dr. Carlos D. Ferrari concluyó diciendo: Tal como lo anticipé, comparto la resolución propuesta por el magistrado preopinante en todos sus términos, votando en el mismo sentido. Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 8 Ley V - Nº 17). Trelew, de noviembre de 2010. En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A:

--- CONFIRMAR el decisorio impugnado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios. --- --- IMPONER las costas de alzada a la apelante vencida.

--- REGULAR los estipendios profesionales de alzada correspondientes a los Dres. R. L. y J. F. C., letrados de las accionadas, en el 27% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado; y para el Dr. M. M., letrado patrocinante de la actora, en el 25% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado.

--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.010 - SDC.- Conste.- cg JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.