Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-15


SENT Nro. 600 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 15 de AGOSTO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial en lo Penal de la 9ª Nominación, por el querellante y actor civil, contra la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Penal, del 03/3/2003 cuya lectura de fundamentos tuvo lugar el 12/3/2003; que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 03/4/2003 (cfr. fs. 330 y vta.). En esta sede, no se presentaron memorias sobre el recurso de casación, mientras que a fs. 335/336 corre agregado dictamen del señor Ministro Fiscal, quien se expide por el rechazo del recurso deducido por el querellante y actor civil. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Area Maidana. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por el señor Defensor Oficial en lo Penal de la 9ª Nominación César Augusto Picón en contra de la sentencia de fecha 3 de marzo de 2003 dictada por la Sala II de la Cámara Penal, cuya lectura se efectúa el 12/3/2003, por la cual se resolvió absolver a Luis Alberto Valdez. El recurso fue concedido por el mismo tribunal a través de la resolución de fecha 3 de abril de 2003.

2.- El requerimiento de elevación a juicio obrante a fojas 170 señala que el señor Luis Alberto Valdez cobró al señor Jorge Roberto Díaz la cantidad de $1.000 con la finalidad de hacerle entrega de un local comercial del mercado de pulgas "Persia" sito en calle Junín nº 270 de esta ciudad expidiéndole un recibo por dicha suma. Se debe aclarar que el único organismo autorizado para hacer entrega de los locales es la Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. La Fiscalía consideró que el acusado era probable partícipe punible del delito enmarcado en el art. 172 del CP ya que utilizando una influencia mentida, logró el desplazamiento patrimonial por parte de Díaz en beneficio propio, induciendo al error de que era la Cooperativa que dirigía quien otorgaba las concesiones.

3.- Luego de realizar un resumen de los antecedentes de la causa el recurrente señala que su representado tuvo la intención de adquirir un local comercial en la Galería Persia. Como prueba de esto indica la solicitud presentada en la Dirección de Producción, Abastecimiento y Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. También remarca la entrega que hizo al imputado en su carácter de presidente de la Cooperativa Futuro de $1.000 y que del recibo entregado figura que el dinero se hizo por gastos de vigilancia de los locales 15, 44 y 29 y por entrega de local.

En relación al dolo del señor Luis Alberto Valdez, afirma que la intencionalidad de estafar surge de las siguientes pruebas: a) DIPASA le comunicó a Valdez la adjudicación del local nº 37. b) En la declaración del testigo García como el propio acusado se admitió que el dinero no ingresó a la Cooperativa sino que sirvió para pagar la deuda que se tenía por el préstamo de los servicios de luz y vigilancia. c) La entrega de los mil pesos entregados por el querellante se realizó cuando ya se encontraba configurado el ilícito cuya investigación ya tramitaba ante la Fiscalía de Instrucción. d) La declaración del imputado acerca de que la entrega del dinero se realizó en calidad de préstamo es totalmente falsa en tanto el señor Jorge Roberto Díaz no era puestero, y en el mismo recibo se puede leer que se lo realizó por entrega de local.

Afirma que resulta errado sostener que el querellante debió conocer la circunstancia de que los locales eran concedidos por DIPASA por el solo hecho de que la mujer del señor Díaz haya sido puestera. Que tampoco es correcto afirmar que su defendido es culpable por haber solicitado la intervención de Valdez y de la Cooperativa puesto que esta realiza reconocidas y concretas tareas de intermediación con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Manifiesta que no resulta adecuado como fundamento para la absolución la falta de actividad en el mercado del señor Díaz luego de la posesión del local.

Expresa que el fallo se equivoca al rechazar como elemento incriminatorio la falta de educación de su defendido indicando como equivalentes los conocimientos suministrados por la "universidad de la calle".

Indica que no es posible inferir que el señor Jorge Díaz y su esposa tenían conocimiento que tales locales no se podían comprar, que no es posible ahondar la intencionalidad de estos si lo que se estaba investigando era la intencionalidad del imputado.

Finaliza sosteniendo que la sentencia incurrió en una errónea aplicación del derecho en el caso concreto que la hace carecer de sustento legal y razonabilidad adecuados. Que se apartó de los principios de la sana crítica racional al prescindir de prueba y constancias esenciales para la resolución de la causa, desatendió los antecedentes que obran en autos y fundó su resolución en simples conjeturas carentes de apoyo en los hechos probados.

4.- La liminar lectura del recurso de casación y su confrontación con la sentencia impugnada demuestran que los agravios formulados por el señor Defensor Oficial de la 9ª Nominación no logran demostrar inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o la existencia de una grave desviación en los principios de la sana crítica al momento de valorar la prueba reunida.

En efecto, la sentencia hace una reseña de los antecedentes como de los alegatos de las partes remarcando que el recibo es una evidencia contradictoria por cuanto el manuscrito hace referencia a tres locales que no pertenecen a las partes y en el margen izquierdo parece la frase "por entrega local Mercado Persia" en singular. También señala que el propio Díaz dijo que "a él le constaba que el dinero serviría para entregar a las autoridades de DIPASA para una concesión por 'izquierda' del local que estaba solicitando". Para el tribunal estos eventos dejan una duda acerca de la complicidad de la parte querellante en el hecho repudiable de la coima.

En relación a la calificación la Cámara considera que no se configuró la estafa en el sentido típico de la misma en tanto no hay engaño. Que el señor Jorge Roberto Díaz sabía que los locales del Mercado de Pulgas Persia no se vendían no sólo porque su esposa es concesionaria del un local sino porque, además, el propio querellante afirmó en el plenario que entendió desde el primer momento que "el destino de los mil pesos era una supuesta 'dadiva' para conseguir un local en concesión".

La doctrina ha señalado en forma reiterada que entre los elementos esenciales que configuran la estafa se encuentra el ardid o engaño que provoca el error en el sujeto pasivo. "El fraude tiene que haber causado un error en el sujeto a quien se dirige la acción.... Es el error en que incurre la víctima, a raíz de la conducta del agente, el que tiene que determinar la disposición patrimonial de aquélla; lo cual no ocurre cuando la disposición ha sido determinada por una causa extraña al error que el agente suscitó en la víctima..." (Carlos Creus, Derecho Penal parte especial, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997, págs. 466/468). En efecto, sin la concurrencia de este "error", es decir, si la actividad del supuesto estafador no provocó ningún efecto en el sujeto pasivo no podemos decir que se configura la estafa puesto que es necesaria la relación causal entre el fraude del agente y el error de la víctima.

En el presente caso el error en que supuestamente fue inducido el señor Díaz aparece a partir de su propio testimonio sino contradictorio por lo menos confuso. En un primer momento, la parte querellante presentó su denuncia señalando que ella entregó el dinero en la creencia que la Cooperativa debía comprar el local para que se lo adjudiquen (fs. 5). Igualmente en la elevación a juicio el señor Fiscal de Instrucción indicó como uno de los elementos incriminatorios las declaraciones de Luis Alberto Ponce e Irma Ramona del Carmen Carmona los cuales señalan que la cooperativa no podía vender locales. Pareciera entonces que el error que provocó el acusado se refería a la posibilidad de una compra del local por parte del señor Jorge Roberto Díaz. Sin embargo, como lo expuso la Cámara, es el propio Díaz quien en el plenario declara que todo el tiempo él sabía que el dinero no estaba destinado a la compra sino a una supuesta "dádiva" para conseguir un local en concesión. De este modo, el tribunal considera que se puso en duda el supuesto error que había alegado y deja un manto de razonables sospechas sobre los reales motivos de la entrega de los mil pesos.

Entonces, al entender el tribunal que es esencial para la configuración del delito la existencia de un error como causal de la disposición patrimonial, en el presente caso las evidentes contradicciones respecto a la configuración del error provocan que la figura de la estafa se desvanezca.

Desde otra perspectiva, se debe señalar que el recurrente, centró su ataque en la errada valoración del tribunal respecto al recibo entregado a la víctima omitiendo hacer referencia a la declaración en el plenario de la víctima la cual sirve de fundamento esencial para desacreditar dicho documento. La falta de crítica sobre este argumento sentencial también determina la suerte del recurso en tanto que éste debe realizar un ataque completo y exhaustivo de los motivos en que se basa la resolución impugnada.

En este sentido, esta Corte ha señalado reiteradamente que el recurso de casación es improcedente formalmente cuando el escrito de agravios no contiene una crítica autosuficiente de la sentencia recurrida, con desarrollo concreto de los motivos de impugnación contra la totalidad de los fundamentos en los que se sostiene el decisorio atacado. La ausencia de crítica adecuada contra uno solo de los argumentos esenciales del fallo, torna inocua la alegación de infracción normativa respecto de los demás, puesto que aun siendo aquella exacta, por sí sola no bastaría para variar la solución cuando ésta aparece sustentada en fundamentos autónomos, independientes y de igual rango decisorio (cfr. CSJTuc., sent. nº 125 de fecha 12/3/2002; sent. nro. 556 de fecha 04/7/2002).

Por lo expuesto, el recurso de casación en examen debe declararse inadmisible al no satisfacer los recaudos de admisibilidad que impone el CPPT.

A las cuestiones propuestas los señores vocales Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el señor Defensor Oficial en lo Penal de la 9ª Nominación Cesar Augusto Picón en contra de la sentencia de fecha 3 de marzo de 2003 dictada por la Sala II de la Cámara Penal.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA