Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-23


Causa N° 7689-00/CC/2007 (34/07) "Pizzatti, Mario Fernando s/ inf. art. 117 Ley 1472- Clausura Preventiva (art. 29 LPC) - Apelación" Buenos Aires, 23 de marzo de 2007.

Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa caratulada "Pizzatti, Mario Fernando s/ inf. art. 117 Ley 1472- Clausura Preventiva (art. 29 LPC) - Apelación", el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial obrante a fs. 41/46 vta., de la presente.

Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 41/46 vta. se agrega el escrito de apelación interpuesto por la Defensora -cotitular de la Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1, Patricia López-, contra el punto II) de la resolución dictada por el a quo con fecha 2/03/2007, obrante a fs. 21/23 vta. y solicita que se revoque lo dispuesto en cuanto ordenó convertir la clausura preventiva parcial en los términos del art. 29 LPC del local sito en Santiago del Estero nº 1563, de esta Ciudad, por el plazo de treinta (30) días. Entiende que la puesta en peligro de la seguridad o salud pública, requerida para el mantenimiento de una clausura preventiva conforme al art. 29 LPC, no se verifica en autos. Considera que las razones expuestas por el Magistrado de Grado para fundamentar la existencia de dicho peligro son solo aparentes, toda vez que no guardan relación con el hecho investigado, por lo que constituye una afectación de los principios de inocencia y de culpabilidad por el acto. Señala que en la resolución criticada el a quo fundamentó la medida en una sentencia condenatoria en contra del imputado, de fecha 03/10/06, en virtud de tratarse de la misma conducta reprochada en au tos, y al hecho de haber sido declarado reincidente en esa causa (oportunidad en que se le aplicó una pena de treinta -30- días de arresto domiciliario y la clausura por el término de veinte -20- días del local de Santiago de Estero 1563/65), considera que se trata de una sentencia anterior al hecho investigado en los presentes actuados -sin que se sepa siquiera la fecha del hecho al cual se refiere-, por lo que entiende que el Magistrado incurre, así, en una manifestación de un derecho penal de autor y no de acto. Manifiesta que deducir de los antecedentes contravencionales del encartado una situación de "riesgo para la salud o la seguridad pública", implicaría una infiltración de un criterio de peligrosidad basado en la condición de reincidente del imputado. Por último, entiende que la circunstancia de no habérsele notificado la resolución que, al mismo tiempo que dispuso mantener la clausura en cuestión, libró una orden de allanamiento contra su prohijado entraña un supuesto de nulidad de la clausura prev entiva por afectar derechos constitucionales.

II.- Que a fs. 52 y vta. la Sra. Fiscal ante esta Cámara, en su Dictamen Nº 307/FC2/07, entiende que debe revocarse el punto II) de la resolución en crisis. Señala que la clausura fue impuesta en todo el local considerando que debió restringirse el ámbito de manera de dejarse libre el mostrador, la entrada y demás dependencias que permiten el ejercicio lícito de la actividad kiosco. Por otra parte, señala que el plazo de treinta días dispuesto por el Magistrado ("...período durante el cual el Sr. Fiscal deberá concluir la presente investigación...") no guarda relación con los motivos que habilitan la adopción de la clausura, sino que, a su entender, se lo sujeta a una condición suspensiva de dudosa legitimidad, impuesta como carga procesal al Ministerio Público Fiscal. Señala que la circunstancia de que el imputado posea antecedentes condenatorios por la misma contravención que la investigada en estos autos no autoriza a presumir que en el futuro el encartado continuará incurriendo en esa contravención, por lo que considera que a partir de ese dato no es posible concluir que el local en cuestión ponga en inminente peligro la seguridad pública.

III.- Que a fs. 53 pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTION:

El recurso de apelación interpuesto por la Defensa reúne los requisitos de admisibilidad exigidos por el artículo 50 de la Ley N° 12, esto es, ha sido presentado dentro de los cinco (5) días, mediante escrito fundado y por quien posee legitimación a tal efecto. Asimismo, y tal como se ha afirmado en anteriores precedentes, siendo que la ley citada en el art. 29 establece expresamente la apelación de la clausura preventiva, cabe afirmar que el remedio procesal intentado ha sido correctamente concedido.

SEGUNDA CUESTIÓN:

En primer lugar cabe señalar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la clausura tiene diferentes calificaciones jurídicas, pues puede ser una pena contravencional, una medida precautoria también contravencional, una sanción principal por la comisión de una falta, o bien el contenido de un acto administrativo dictado en ejercicio del poder de policía (TSJ, expte. N° 548/00 "Colón SRL c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo, rta. 09/11/2000).

En el caso, nos hallamos en presencia de una clausura como medida precautoria en materia contravencional, contemplada en el art. 29 LPC. En este sentido, es dable aclarar que a partir de lo dispuesto en dicha norma se desprende que la medida cautelar de clausura, como toda medida precautoria, posee un carácter restrictivo y excepcional, a fin de no agravar la situación de los imputados que se encuentran amparados por la presunción de inocencia.

Siendo ello así, es posible afirmar que los extremos exigidos por la norma antes mencionada -inminente peligro para la salud o seguridad pública- deben encontrarse debidamente acreditados previo a resolver la imposición de una medida restrictiva como la traída a estudio, la cual podría implicar una vulneración ilegítima a derechos consagrados constitucionalmente.

Cabe señalar también, que al afectar derechos de índole constitucional debe procederse con extrema prudencia, debiendo evaluarse con precisión las conductas reprochadas y los fines que se pretenden lograr. Son, además de excepcionales, esencialmente provisorias. Sólo pueden subsistir mientras duren las circunstancias que la determinaron.

De la resolución impugnada surge que el Juez de Grado ha decidido mantener la clausura adoptada el 28/02/2007 en la presente por entender que se verifica una afectación a la seguridad pública. Para ello, toma en consideración una certificación de donde surge una condena anterior del imputado por infracción a la misma contravención investigada en la presente causa y la declaración de reincidencia del encartado (fs. 10), también menciona el acta de fs. 3, mediante la cual el pasado 28 de febrero se efectivizó la clausura, posteriormente convalidada y mantenida por el a quo, ocasión en la cual se habría verificado la comercialización de juego ilegal.

Ahora bien, de la lectura de los presentes actuados no surge que la actividad que se pretende atribuir al imputado ponga en "inminente peligro la salud o seguridad pública", tal como lo exige la normativa contravencional para estos casos. En decir, el material incorporado al expediente y las argumentaciones del Magistrado de Primera Instancia no permiten suponer que se encuentren reunidos los peligros o riesgos exigidos por la legislación para el mantenimiento de una clausura preventiva (conf. art. 29 LPC). Ello así, pues el Magistrado se limita a señalar que la actividad presuntamente desarrollada por el imputado afecta la seguridad pública (fs. 22 vta.), y manifiesta que su conducta "...perjudica de modo concreto los intereses comunitarios y el patrimonio de la administración estatal, al tiempo que la práctica de este tipo de juegos en forma clandestina resulta provocadora potencial de episodios de conflicto y eventual violencia, afectando la pacífica convivencia social por la que el Estado local debe velar en el ejercicio del poder de policía".

Al respecto, se advierte que la adopción de la medida cautelar, en el caso, reposa en fundamentos que eventualmente se vincularían con el carácter lesivo de la conducta prohibida por el art. 117 CC, es decir, con requisitos que se relacionarían con la configuración de la contravención allí prevista. Sin embargo, resulta impropia su utilización como fundamento de una medida cautelar que tiene por finalidad exclusiva conjurar los riesgos aludidos por el art. 29 LPC que no se advierten presentes en el caso de autos.

Por último, resulta oportuno señalar que los antecedentes de un imputado no pueden constituir fundamento alguno que habilite la mantención de una medida cautelar de estas características, tal como lo ha entendido el a quo.

Por los motivos expuestos, corresponde revocar la clausura parcial de la actividad del local sito en la calle Santiago del Estero nº 1563, de esta Ciudad por no reunirse los extremos previstos por el art. 29 LPC que sustentaron la medida.

Finalmente, la forma en que se decide torna ocioso el tratamiento de la nulidad introducida como culminación del recurso bajo examen. Ello, máxime cuando este Tribunal predica constantemente la restrictiva procedencia de este tipo de soluciones ("Erice, Fabián ; Erica, Ariel y otros s/ infr. arts. 116 y 117 Ley 1472 - Apelación, rta. 26/02/2007, entre otras).

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR el punto dispositivo II del auto de fs. 21/23 vta. y, en consecuencia dejar sin efecto la clausura preventiva parcial del local sito en la calle Santiago del Estero 1563, de esta Ciudad por el plazo de treinta (30) días, debiendo el Juez de grado ordenar su inmediato levantamiento (art. 29 LPC, a contrario sensu).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí:

slr