Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1960-09-23


Opinión del Procurador General de la Nación:

Como lo señalara el tribunal a quo en su pronunciamiento de fs. 45, V. E. tiene ya resuelto que la estimación de las circunstancias que hagan necesaria la declaración del estado de sitio o su mantenimiento, así como el lugar o los lugares del país en que aquél debe imperar, es facultad reservada en forma exclusiva al Congreso, o bien, durante el receso de éste al Poder Ejecutivo (Fallos, t. 236, p. 632 entre otros); y, asimismo, que es del resorte exclusivo de este último el apreciar y resolver en cada caso sobre la oportunidad de adoptar, en salvaguarda del orden público, las medidas o restricciones autorizadas por el art. 23 de la Constitución Nacional (Fallos, t. 196, p. 584 y t. 242, p. 540 [v. LA LEY del 12/4/59, fallo 1064-S]).

En consecuencia, y resultando de autos que la detención que sufre José M. Zárate ha sido dispuesta en virtud de las facultades que la cláusula constitucional ya citada confiere al Presidente de la República, opino que corresponde confirmar el fallo apelado en cuanto ha sido materia del recurso extraordinario deducido a fs. 48. - Junio 28 de 1960. -Ramón Lascano.

Buenos Aires, setiembre 23 de 1960.

Considerando:

1º - Que, a fs. 1/3 de estos autos, se promovió "recurso de hábeas corpus" en favor de José M. Zárate, con motivo de haber sido éste "detenido el día 7 de noviembre de 1959 a las 5, en momentos de retirarse de la reunión del Movimiento Obrero Unificado realizada en la vecina ciudad de Avellaneda". Rechazada la petición en 1º y 2º instancia, fue interpuesto recurso extraordinario que el tribunal a quo concedió.

2º - Que las razones expuestas en apoyo de la apelación son las siguientes: a) el actor, no obstante haber anticipado -en su escrito de fs. 1/3- que ofrecería y produciría pruebas "a fin de demostrar que las causas invocadas para la detención de José M. Zárate no eran las aducidas en el decreto del Poder Ejecutivo nacional", no ha podido valerse de tales pruebas; b) el ejercicio que el Presidente de la Nación ha hecho, en el caso, de las atribuciones previstas en el art. 23 de la Constitución Nacional, importaría desconocimiento del requisito de "razonabilidad", al que la doctrina jurisprudencial ha estimado de observancia inexcusable; c) la ley 14.785, declaratoria del estado de sitio, adolecería de inconstitucionalidad en razón de no mediar "conmoción interior" ni "ataque exterior" que la justifiquen y de haber sido sancionada "por tiempo indeterminado" y para "todo el país".

3º - Que en lo concerniente al primero de los indicados agravios, sin perjuicio de señalar que la apelante no ha enunciado concretamente cuáles son las pruebas de que habría podido valerse ni demostrado la pertinencia de ellas con relación al caso, lo que en sí mismo bastaría para fundar un pronunciamiento de esta Corte adverso a la petición formulada (Fallos, t. 244, p. 240 [Rev. LA LEY, t. 98, p. 125, fallo 44.663, con nota de Próculo]), existen otras razones decisivas que llevan a idéntica conclusión.

4º - Que, en efecto, según se desprende de las constancias agregadas a la causa, la detención que Zárate sufre no es sino el "arresto" a que se refiere el art. 23 de la Constitución Nacional, o sea que ha sido dispuesta por el Presidente de la Nación a fin de "asegurar la tranquilidad pública" y "de acuerdo con las facultades que le confiere el estado de sitio" (fundamentos del decreto 12.859-60). En consecuencia de ello, la solución del presente juicio no ofrece dudas. Es cierto que la jurisprudencia atinente a la suspensión de garantías individuales durante el estado de sitio ha experimentado una apreciable modificación, en el sentido más favorable a los derechos humanos, a partir del fallo dictado en el caso "Antonio Sofía y otro" (Fallos, t. 243, p. 504 [Rev. LA LEY, t. 97, p. 525, fallo 44.534, con nota de Rafael Bielsa] y además, Fallos, t. 244, p. 59). Pero también lo es que, no obstante la circunstancia mencionada, habida cuenta de los preceptos constitucionales que rigen el punto, continúa siendo necesario distinguir entre: a) la generalidad de las medidas de ejecución del estado de sitio que pueden adoptar las autoridades del Estado, y b) la facultad específica de arrestar o trasladar personas, reconocida al Presidente de la Nación. Aquellas medidas son susceptibles de control judicial, toda vez que aparezcan clara y manifiestamente irrazonables en los casos concretos sometidos a juzgamiento. En cambio, los actos a través de los cuales se pone en movimiento la facultad de arrestar o trasladar personas -facultad que la Constitución define como privativa del Presidente de la Nación-, son judicialmente irrevisibles en todos los supuestos, salvo que medie trasgresión de los límites trazados por el propio art. 23 de la Ley Fundamental (doctrina de Fallos, t. 158, p. 391; t. 160, p. 104; t. 167, p, 254; t. 170, p. 246; t. 195. p. 439 [Rev. LA LEY, t. 30, p. 626, fallo 15.287]; t. 196, p. 584; t. 197, p. 483 [Rev. LA LEY, t. 33, p. 123, fallo 16.445]; t. 235, p. 681; t. 236, p. 632 [Rev. LA LEY, t. 87, p. 678, fallo 40.995, con nota de Próculo] y 657 [Rev. LA LEY, t. 87, p. 248. fallo 40.780, con nota de Próculo]; t. 242, p. 540; t. 243, p. 504, entre otros), como sucedería si el Presidente de la Nación aplicara una pena o negara el derecho de opción para salir del territorio argentino, debidamente invocado por el interesado.

5º - Que, ello aclarado, se hace manifiesto que las pretensiones del actor no son atendibles. En el caso, se trata, justamente, del empleo por parte del Presidente de la Nación, de la facultad de arrestar que inviste. De acuerdo con lo expuesto, pues, el acto impugnado es irrevisible en sede judicial y así cabe declararlo, como con acierto lo han hecho el juez interviniente y la cámara a quo y como lo dictamina el Procurador General. Por lo demás, las pruebas de que el apelante dice haber sido privado habrían estado dirigidas a demostrar que "las causas invocadas para la detención" no fueron las que el órgano competente adujo. Está claro, pues, que dichas pruebas no guardan relación alguna con la exigencia de razonabilidad -según ésta ha sido caracterizada por la Corte Suprema-, sino que más bien tenderían a acreditar el error o la improcedencia particular del arresto. Precisamente por ello el interesado ha carecido de derecho a producirlas. Entender lo contrario, esto es, aceptar que los magistrados judiciales puedan controlar las decisiones del Presidente de la Nación en esta materia y con el alcance que se pretende, equivaldría a operar una inválida transferencia de funciones: el Poder Judicial se sustituiría al Ejecutivo, asumiendo, en cada caso, el efectivo y concreto ejercicio de las atribuciones en juego, con desmedro del sistema institucional vigente y del principio con arreglo al cual cada poder del Estado, dentro de los límites de su competencia, obra con independencia de los otros dos en cuanto a la oportunidad y extensión de las medidas que adopta y de los hechos y circunstancias que las determinan (Fallos, t. 195, p. 429 y t. 236, p. 657).

6º - Que, por tanto, corresponde desestimar el agravio "sub examine". A los jueces no les es dado recibir prueba destinada a impugnar actos judicialmente irrevisibles, por cuanto la mera aceptación de ella comportaría ya un principio de juzgamiento.

7º - Que las precedentes consideraciones obligan a desechar, asimismo, la tacha de arbitrariedad deducida en el escrito de interposición del recurso. Y lo propio cabe resolver acerca de la impugnación de inconstitucionalidad que se formula contra la ley 14.785, la que, en virtud de su naturaleza, constituye un acto no justificable (Fallos, t. 236, p. 657 y t. 243, p. 504). A lo que debe añadirse que el problema referente a la extensión temporal y territorial del estado de sitio ha sido anteriormente contemplado y resuelto por el tribunal, en forma adversa a las alegaciones del recurrente (Fallos, t. 236, p. 632).

En su mérito, habiendo dictaminado el Procurador General, se confirma la sentencia apelada, en cuanto ha sido materia del recurso extraordinario. -Benjamín Villegas Basavilbaso. -Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid. -Luis M. Boffi Boggero (en disidencia). -Julio Oyhanarte. -Pedro Aberastury. -Ricardo Colombres.

Disidencia del doctor Boffi Boggero:

Considerando:

Que, en cuanto a la solución de esta causa interesa, ella reconoce una identidad esencial con la resuelta por esta Corte el 10 de agosto próximo pasado en los autos "Iscaro, Rubens L. s/hábeas corpus".

Que procede, en consecuencia, mediante la remisión "brevitatis causa" a los fundamentos que el suscripto expuso en esa oportunidad, revocar la sentencia recurrida.

Por tanto, habiendo dictaminado el Procurador General, se revoca la sentencia apelada en cuanto ha sido materia del recurso. -Luis M. Boffi Boggero.