marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa inmobiliaria, ejecución de sentencia, condena a escriturar
Materia: CIVIL
Carátula: WALSHE   TERENSE   JOSEPH   PATRICK c/ HARGREAVES  NICHOLAS s/ ESCRITURACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-13

1- La condena a escriturar debe contener el apercibimiento, del art. 512 del Código Procesal, por el cual si el obligado no cumple dentro del plazo fijado, el juez suscribirá por él y a su costa el instrumento traslativo de dominio. Esto así, toda vez que la sentencia que condena a escriturar un inmueble constituye una especie de condena a hacer. De ahí que, si el vencido no acata el mandamiento judicial, el poder jurisdiccional tiene el imperio de sustituir, con su propia autoridad el acto del litigante recalcitrante, quien ha dejado ya de ser obligado para ser propiamente condenado. 2- El hecho de que el vendedor condenado a escriturar se encuentre representado por el Defensor Oficial y no conozca la existencia del proceso, no demuestra que la obligación sea de cumplimiento imposible, más cuando incumplió la obligación asumida de realizar los trámites pertinentes para otorgar la respectiva escritura, violando, así, el principio de buena fe y el deber de lealtad en lo atinente al cumplimiento del contrato. (Sumario N°20262 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Sumario administrativo, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monzón, Adrián Gabriel Antonio c/ Estado Provincial s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-01

En cuanto al procedimiento administrativo realizado por la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de la Provincia para finalmente sancionar al Agente, si bien adolece de impefecciones -como la falta de relato de los hechos por los que se inicia el sumario-, ello no impidió el ejercicio legítimo del derecho de defensa, ni del debido proceso, toda vez que el traslado que se le corrió al accionante y que contesta su abogado defensor, lo fue a los fines de que expresara lo que estimare pertinente a su derecho de contradicción y defensa.
Acto administrativo, acto administrativo regular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fondevila, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

A los efectos de determinar si en el caso el Instituto de Previsión Social pudo válidamente proceder a dejar sin efecto el acto que determinó que los haberes del actor debían calcularse en base al cargo de Jefe de Departamento y ordenó practicar la liquidación sobre un cargo de menor remuneración, sólo cabe considerar irregular al acto primero si carece de alguno de los requisitos externos de validez o contiene un error grave, que supere lo meramente opinable.
Recurso extraordinario, cuestión federal, resolución administrativa, inconstitucionalidad, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PESQUERA COSTA BRAVA S.R.L. c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL - A.F.I.P. - D.G.I. s/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD (ART. 250 CPCCN)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-16

Al hallarse en tela de juicio la validez de normas dictadas por organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional (D.G.I.) -Resoluciones Generales nro. 65 y 200-, con derechos amparados en nuestra Carta Magna, y resultando la decisión recaída en la causa adversa a las pretensiones de los recurrentes, corresponde conceder el recurso.
Honorarios, perito contador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO MENDOZA c/ FERNANDEZ JULIAN s/ (LIBRO: A068 - 153)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-08-24

"... La oportunidad en que el Juzgador determine la regulacion complementaria correspondiente a la perito mediante la resolucion pertinente, lo sera una vez que exista sentencia definitiva, de la que surgira sin hesitacion el monto de lo litigado y en la que se estableceran los honorarios pertenecientes a los profesionales forenses, que correspondera hacer en orden a la actualizacion del monto de los honorarios regulados en la resolucion recurrida, los ajustes necesarios de conformidad con la disposicion de la ley ya transcripta, como asi tambien tonando en consideracion a una jurisprudencia constante referida a la relacion de proporcionalidad que debe existir entre las sumas reguladas a los tecnicos-auxiliares de justicia, y los profesionales que asistieron juridicamente a las partes ...".-
Sustracción de menores, delito continuo
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

La duración de la retención tiene relevancia para enjuiciar la extensión del daño causado y la medida del injusto cuando se trata de un delito permanente como el de retención u ocultación de menor, donde la prolongación en el tiempo es directamente proporcional a la extensión de la afectación de los derechos del niño, de sus padres, de sus parientes con vocación de tutela legal, o de la familia extensa.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: CIVIL
Carátula: GARAY MARTA SUSANA c/ JUAREZ VILLEGAS LUIS s/ DIVORCIO VINCULAR - RECURSO EXTRAORDINARIO GARAY MARTA SUSANA c/ JUAREZ VILLEGAS LUIS s/ DIVORCIO VINCULAR - RECURSO EXTRAORDINARIO FERNANDEZ MARIANA MERCEDES c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - RECURSO EXTRAORDINARIO FISCO DE LA PROVINCIA c/ PESCI Y ABOSLAIMAN S.H. DE PESCI LUIS ENRIQUE Y ABOSLAIMAN Y OTROS s/ EJECUCION FISCAL - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-10-10|2006-10-10|2009-03-30|2014-03-06

Es improcedente el recurso extraordinario federal, cuando la cuestión federal no fue introducida oportunamente en el proceso.
Uniones convivenciales, competencia por la materia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Deasis Aranda Bernardo c/ Romero Raquel Yanina  s/ Cumplimiento De Contratos Civiles/Comerciales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-02

En cuanto a las uniones convivenciales, como forma de vida familiar, el Código sustancial les ha brindado aval a ciertos aspectos de las mismas, entre ellos, la posibilidad de poder pactar sobre la distribución de los bienes (art. 528, CCyC). Por ende, aun cuando no exista una estricta identidad patrimonial con el matrimonio, lo cierto es que la pauta de distribución de bienes que brinda el artículo 528 citado, el que habilita a acordar sobre ello, es una forma de regulación derivada de esa clase de unión familiar y, por ende, competencia del fuero especial.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, Superior Tribunal de la Causa, ley de abastecimiento, multa administrativa
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Polisur Sociedad Mixta s/ apelación, multa -ley 20.680.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia del juzgado federal que confirmó la pena impuesta -una multa- en los términos de la ley 20.680, pues se trata de una sentencia del superior tribunal en la causa, art. 16 de la ley citada.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente, cuestiones de hecho y prueba, reglas de la sana crítica
Materia: Procesal
Carátula: P., J. C. s/ Robo Agravado por Uso de Arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-08-10

"El Tribunal de Casación ejerce el contralor de la corrección del razonamiento del juez por aplicación de los principios fundamentales de la lógica y máximas de la experiencia, sin omitir opinión sobre la elección de los medios probatorios ni tampoco sobre la justicia de la decisión".
Tercería de mejor derecho, boleto de compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodil López, Jaime c/ Canellas de Nicastri, Alicia y otro s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

Para la actuación del art. 1185 bis del Código Civil se requiere tanto el pago del 25 por ciento del precio, como la existencia de fecha cierta.
Accidentes de trabajo, indemnización, salario mínimo, vital y móvil, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Primón, Julio Oscár e Insaurralde Agustín c/ Papel Misionero S.A.I.F.C.I. y/o Instituto Provincial del Seguro s/ Laboral, por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-28

Utilizar a los fines del cálculo del tope indemnizatorio, establecido en el art. 8°, 3° apartado de la ley 9.688, el Salario Mínimo Vital y Móvil fijado en junio de 1989, en las condiciones inflacionarias que vivía el país, importa violentar el art. 14 bis de la Constitución Nacional que reconoce el derecho a un salario mínimo vital y móvil. Estos caracteres se verían comprometidos en la especie, de admitirse con los alcances que le ha impuesto la liquidación en sede administrativa por lo que correspondería actualizar el Salario base Mínimo, Vital y Móvil a la fecha de determinación de la indemnización.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia consentida
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN MENGUAL c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ SUMARIO-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1989-03-16

La resolución consentida no puede dar base al recurso extraordinario por expresa disposición del artículo 4, segundo apartado de la ley 2275.
Concursos, tasa de justicia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CICLOPE SACIFASI s/ CONC. PREVENTIVO - INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-17

En los casos de pedido de quiebra promovidos por un acreedor la tasa de justicia se abona en base al crédito en que se funda la acción y más precisamente ello en los incidentes promovidos por acreedores, en el que se postula la verificación del propio crédito de los incidentistas, dado que su determinación numérica no ofrece dificultad alguna para individualizar la base del tributo. En consecuencia, no es beneficiado tal supuesto por el régimen legal que excepciona el principio general -conforme al cual debe abonarse dicha tasa al momento de la presentación ante la administración de justicia requiriendo su intervención-, justamente en razón de la indeterminación del monto del proceso, como acaece en un proceso concursal (Código Fiscal, t.o. Ley 10731). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-17


2º Instancia .- Buenos Aires, 17 de octubre de 2008.

Considerando: I. Fueron elevadas las presentes actuaciones en virtud del recurso interpuesto por el incidentista contra la resolución dictada en fs. 20.

El memorial del recurrente obra en fs. 26/28 y fue contestado sólo por el sindico en fs. 36.

II. Agravia al incidentista la decisión de la a quo en razón de haberse rechazado in limine la pretensión verificatoria. Añade que debido a la modificación introducida por la ley 26086, la presente petición verificatoria no puede se considerada tardía, pues se trata de un título de causa anterior al concurso, producto de una sentencia dictada en un juicio que tramitó ante un tribunal distinto al del concurso.

III. Con el objeto de comprender debidamente la cuestión de autos, aparece importante destacar ciertos aspectos de lo sucedido con relación al honorario que se pretende ingresar dentro del pasivo concursal: a) El proceso en que fueron regulados los honorarios del incidentista, se carátula "Candio, Carlos Antonio c/ Serra, Horacio José s/ sumario" y tramitan ante el Juzgado Civil Nº 49; b) la sentencia de 1ra. instancia fue dictada el 9 de febrero de 2001 (v.fs. 1/6); la de 2da instancia, el 13 de febrero de 2002 (v.fs. 7/14); c) los honorarios del incidentista fueron modificados en segunda instancia, con fecha 7 de julio de 2006 (fs. 23); d) el acuerdo propuesto por la concursada fue homologado el 9 de agosto de 2005 (v.fs. 20).

En primer término debe dejarse debidamente sentado que si bien es cierto lo expresado por la sindicatura en su memorial de fs. 36, en cuanto a que el incidentista concurrió a verificar el crédito que tuvo su causa en la imposición de costas del juicio al que se aludió en el item "a" del párrafo precedente y que ante su desestimación debió haber deducido incidente de revisión, lo cierto es que era inútil su inicio en razón de que los honorarios definitivos recién fueron establecidos en julio de 2006.

Sentado lo anterior, queda fuera de duda que el honorario correspondiente tiene su origen en fecha anterior a la presentación en concurso, motivo por el cual mal puede enviarse al pretensor a la vía individual y ante el Juez que corresponda, tal como lo dispuso la magistrada de la instancia de grado en fs. 20. Procede entonces, revocar tal decisión y dar curso al incidente iniciado por el recurrente.

IV. Por ello, se resuelve: admitir el recurso interpuesto por el incidentista y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento dictado en fs. 20. Sin costas por no existir contradictor.- El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana actúa conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 542/06 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15/11/06 de esta Cámara de Apelaciones.- José Luis Monti .- Bindo B. Caviglione Fraga .- Juan Manuel Ojea Quintana.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, calificación de concepto del interno
Materia: PENAL
Carátula: SAN MARTIN, Agapito s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

La falta de información precisa no puede presumir el buen concepto del imputado.-
Daños y perjuicios, pretensión resarcitoria
Materia: CIVIL
Carátula: LEGUIZAMON ALFONSO DELIBANO c/ ABDO CARLOS JORGE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-11-15

Cuando se encuentra acreditada la existencia del hecho productor o generador del perjuicio, no así la debida demostración del mismo, no puede haber pretensión rasarcitoria ni consecuente condena indemnizatoria sin la prueba efectiva del daño.-
Proceso contravencional, prueba, admisibilidad de la prueba, nulidad procesal, regla de exclusión, teoría del fruto del árbol venenoso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, D. M. s/ Ley Nro. 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-28

Para nuestro sistema jurídico, especialmente para el procedimiento aplicable al juicio penal, los medios probatorios que hayan sido obtenidos en violación a algún derecho o garantía consagrados constitucionalmente, no son admisibles como prueba de cargo.

Puede plantearse un antagonismo de posturas entre un modelo de eficacia del sistema penal enjuiciatorio, y otro, contrapuesto, cuyo fundamento político esté dado por el respeto, en su máxima expresión, a las garantías procesales emanadas de los plexos constitucionales, siempre teniendo en miras que el fin último del procedimiento penal, consiste en la averiguación de la verdad.

Este Tribunal, siguiendo las razones de índole ética y política, establecidas por la Corte Suprema, y seguida por los tribunales inferiores de todo orden jurisdiccional, considera que sólo es posible la adopción del modelo garantista, debido a que éste es el que mejor se adapta al respeto de los derechos establecidos en la dogmática constitucional.

Finalizada esta cuestión, definamos ahora qué implica la posibilidad de extender ésta ilegalidad, mediante la aplicación de la teoría del "fruto del árbol venenoso".

La extensión de la ilegalidad mediante la teoría del fruto del árbol venenoso es necesaria para garantizar la efectiva vigencia de la regla de la exclusión, puesto que limitarla al único hecho de ilegitimidad primigenia, tornaría estéril la garantía en tratamiento, ya que de otro modo, las prohibiciones probatorias podrían ser eludidas muy fácilmente, mediante la introducción de un hecho que engañosamente pretenda interrumpir la secuencia causal. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Pronto pago, crédito laboral, monto de la demanda, demanda de verificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERROVIAS  SAC s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INC. DE PRONTO PAGO PORHAFFAR, JONATAN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-08

Corresponde admitir el pronto pago de una deuda laboral en la medida de la porción reconocida y denunciada -por un monto menor al pretendido por la acreedora- por la concursada, pues toda vez que no habiendo objetado su procedencia sustancial ninguna de las partes, la existencia de controversia respecto del importe de la acreencia insinuada, si bien hará necesaria la apertura de proceso verificatorio, no obsta la autorización del pronto pago con el alcance indicado.
Proceso penal, peculado, funcionarios públicos, bien jurídico protegido
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Moreno, Ricardo Héctor s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Fernando Ramón Avila por la defensa del imputado Ricardo Héctor Moreno en contra de la Sentencia Nº 19/09 recaída en causa Expte. Nº 153/99 caratulado Moreno, Ricardo Héctor y otros - ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23

La defensa del imputado plantea Recurso de Casación contra la sentencia que lo declaró culpable como coautor penalmente responsable de los delitos de peculado en forma continuada -veintinueve hechos- e hizo lugar parcialmente a la acción civil instaurada por la parte actora civil, Estado Provincial, por resarcimiento del daño material que surge de los respectivos montos correspondientes a los delitos por los cuales fuera condenado, con costas en un ochenta por ciento a la parte demandada y en un veinte por ciento a la parte actora, cuestionando la calificación legal dada a los hechos.

En el caso, se endilgó al imputado haber sustraído ilegalmente los fondos públicos cuya administración detentaba por acto de autoridad, y tal accionar fue comprobado en el juicio y con éste el perjuicio irrogado a la administración pública por el quebrantamiento de la tutela y control público de esos caudales.

De la administración de los fondos por el imputado, como si fueran suyos, con desprecio del procedimiento contable previsto para asegurar los fines a que estaban destinados y de la transparencia de su administración, dan cuenta acabada tanto los testimonios recibidos como las auditorías y pericias contables practicadas, no obstante las objeciones a tales actos formuladas por el recurrente.

Esas pruebas producidas en el juicio y valoradas en la sentencia dejaron en evidencia ese manejo discrecional de los fondos públicos, los que el imputado distrajo de su destino predeterminado por las normas administrativas, por fuera de la propia Administración Pública, conforme el concepto que corresponde asignar al verbo típico "sustraer", con lo que, además, vulneró el procedimiento administrativo legalmente instituido para el control de legitimidad del gasto público.

El beneficio personal del administrador derivado del manejo discrecional de los fondos públicos, no es requisito del tipo en tratamiento, por lo que el reproche no descansa en la apropiación de esos fondos por Moreno sino en haberlos colocado en una objetiva situación de riesgo que el dinero público no tiene porque correr (conf. Buompadre en Delitos contra la Administración Pública, pág.252 en cita al fallo de la C.F. San Martín, Sala II, in re "Zitto Soria, Miguel A.", JA, nº6061, 29/10/97, p.48).

Por ende, atento a que no empece a la tipificación del delito de peculado la circunstancia de que el incuso no se haya enriquecido personalmente, tampoco interesaba en esta causa el sobreseimiento por el delito de enriquecimiento ilícito que invoca el apelante.
Pensiones militares, madre viuda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ojeda Navarro, Blanca Alicia c/ Caja de Ret. Jub. y Pens. de la Pol.Fed. s/ retiro militar y Fuerzas de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

La ley 21.965 reconoce el derecho de pensión a "la madre viuda carente de recursos suficientes o de beneficio previsional más favorable" (art. 102, inc. e) y a "la madre natural que no hubiere contraído matrimonio o fuera viuda en el momento de fallecer el causante, que carezca de recursos suficientes o de beneficio previsional más favorable" (art. 102, inc. f). Determina como regla general que los deudos del personal concurren a ejercitar su derecho con arreglo a la situación existente al día del fallecimiento del causante, no pudiendo hacerlo con posterioridad a ese momento pero establece como excepción que los deudos mencionados en los incisos e) y f) del art. 102 pueden cumplir con este requisito con posterioridad a ese momento (art. 103). Sin embargo, condiciona su derecho a la circunstancia de "haber estado totalmente a cargo del policía fallecido" (art. 104). (Consid. VII).
Pena privativa de la libertad, libertad condicional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ, GERARDO RAMON s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-17

Corresponde denegar la concesión del recurso interpuesto, desde que al rechazar el recurso de inconstitucionalidad se determinó que no es absolutamente imprescindible la necesidad de acceder a la libertad condicional ante un supuesto expresamente vedado por la normativa legal, aún bajo el prisma de la esencialidad de la readaptación; fundándose el rechazo de la petición incoada por el impugnante en la estipulación prevista en el artículo 14 del Código Penal -norma que veda la posibilidad de obtener la libertad condicional por los delitos allí enumerados-, en tanto no se brindaron motivos suficientes para excepcionar lo allí dispuesto. (Del voto del Dr. Falistocco)-
Municipalidad, personal municipal, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zorzoli, María Cristina c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 194-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-05

Con la vista se le brinda al imputado una razonable oportunidad de ser oído, conocer las actuaciones y ofrecer pruebas, con lo cual se cumplen las condiciones requeridas. Esta doctrina judicial es aplicable también al caso de suspensión del agente municipal.