Impuesto a las ganancias, IVA, prescripción, costas
Materia: ADUANERO-CIVIL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: San Ramón S.A. - TF 30014-I y otro c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-13

El TFN declaró la prescripción respecto de San Ramón S.A. por IVA (períodos 3 al 11/2001) y de Cochería San Ramón S.R.L. por el impuesto a las ganancias del período fiscal 2001 e IVA (períodos 3 al 11/2001), con costas. Asimismo, confirmó parcialmente las resoluciones apeladas en cuanto determinaban impuesto, intereses y multas, respecto a los impuestos y períodos fiscales no declarados prescriptos, con costas. Fundó su decisión en las siguientes afirmaciones: (i) no se vislumbraba violación de las formas esenciales en el desarrollo de la etapa administrativa, ni una falta de motivación -en las resoluciones de vista y las determinaciones de oficio- que ameritase la declaración de nulidad; (ii) las co-actoras habían sido reticentes a colaborar con la Administración; circunstancia que motivó la orden de allanamiento que permitió secuestrar extensa cantidad de documental que -a la postre- resultó suficiente para llevar adelante las tareas de fiscalización necesarias; (iii) no se explicó el motivo de los "pases entre cuentas" entre las diversas sociedades integrantes del denominado "Grupo Ramón", que conformaban la mayoría de las acreditaciones bancarias que los apelantes no pudieron justificar; (iv) las registraciones contables sin sustento probatorio documental y estados contables sin rúbrica del representante legal y/o del profesional que los confeccionara y/o del auditor independiente, y sin certificar ante el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas, no podían ser tomadas como jurídicamente válidas; (v) ambas recurrentes habían presentado declaraciones juradas del impuesto a las ganancias en cero e informado acreditaciones bancarias en exceso a las ventas declaradas; (vi) ninguna había presentado la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales - acciones y participaciones (período fiscal 2002) pertinente, ni esgrimido argumento alguno para exculparse, por lo que correspondía confirmar las sanciones impuestas; (vii) las multas por defraudación por ese mismo tributo, correspondientes al período fiscal 2003, también debían validarse. Máxime, cuando -a partir de la ley 25.795- este ilícito fiscal podía considerarse configurado a partir de la pura omisión; y (vii) la demostración de la existencia de diversas maniobras defraudatorias omisivas y comisivas en lo atinente a las restantes sanciones aplicadas. Decisión que fue confirmada por la sala. Al respecto, precisó que las co- actoras habían prescindido de aportar elementos probatorios -amén de sus propias declaraciones- que justificaran, de algún modo: (i) el origen del dinero involucrado en las acreditaciones bancarias utilizadas por el Fisco para determinar la materia imponible; y (ii) las razones que motivaron su marginación del gravamen en estudio. Por lo tanto, los contribuyentes no habían logrado acreditar -con el rigor probatorio reclamado a tales fines- que los montos impugnados no constituyeran ingresos alcanzados por el impuesto a las ganancias y/o ventas omitidas en el IVA. A título ejemplificativo, puntualizó que la insuficiencia de los argumentos vertidos en el memorial se vislumbraba en: (i) la falta de identificación o detalle -de modo preciso y circunstanciado- del "motivo del giro de fondos de una empresa a otra", y las probanzas de respaldo tendientes a justificar o explicar la depuración de las sumas por "pases de cuenta"; (ii) la ausencia de individualización de los gastos que debieron computarse -con los elementos probatorios que los corroboraban- en cada uno de los períodos fiscales que no fueron declarados prescriptos por el a quo; (iii) la escasez de pruebas suficientes para tener por verificado el circuito completo de cada uno de los depósitos involucrados en autos; y (iv) la íntima vinculación que mediaba entre las co-actoras, que permitía colegir que pudieron haber aportado la documentación necesaria -vgr. facturas, recibos, registraciones contables, boletas de depósitos- para demostrar el origen de cada una de las acreditaciones bancarias implicadas.