Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-07


SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA Y SEIS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los siete días del mes de noviembre de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 46/12, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Dra. Mariana Vera, en contra del Auto Interlocutorio Nº 11/12 con relación al Expte."C-M" Nº 113/1;" el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la resolución atacada por haber aplicado erróneamente el art. 76 bis del Código Penal? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso es presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva en tanto la cuestión no es susceptible de ser revisada eficazmente en oportunidad posterior, por lo que es formalmente admisible.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 26, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres, y en tercer término, el Dr. Luis Raúl Cippitelli.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 11, dictado el 26/03/2012, la Cámara en lo Criminal de 3º Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba formulado por quien ejerce la defensa técnica de los imputados Carlos Ever Carrizo y Daniel Ismael Murua, Dra. Mariana Vera.

II. Contra esa decisión, es interpuesto este recurso de casación, por inobservancia o errónea aplicación del art. 76 bis del Código Penal (art. 454 inc. 1º del Código de .Procedimientos Penales).

Quien recurre dice que el rechazo al pedido de suspensión del juicio a prueba fue fundado por el Tribunal a quo en la opinión desfavorable del Fiscal, en la gravedad del hecho y en la peligrosidad de los imputados. Según su criterio, en esos términos, la resolución es arbitraria y causa un gravamen irreparable, viola los principios de derecho penal de ultima ratio y sostiene un derecho penal del enemigo basado en la peligrosidad y en la necesidad/objetivo de imponer penas, con lo que contraría el diseño constitucional del derecho penal y las normas internacionales contenidas en los tratados.

Manifiesta que el Tribunal no dio razones para considerar debidamente fundado el dictamen fiscal.

También, que la gravedad del hecho está expresada en la escala penal de un mes a seis años de prisión prevista para el atribuido delito de robo (art. 164 del Código Penal), cuyo mínimo permitiría la condenación condicional y la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis, 4º párrafo del Código Penal); y que las invocadas violencias que habrían sido ejercidas para consumar ese delito están contenidas en esa figura básica y no la agravan, por lo que no constituyen obstáculo válidos a la procedencia del instituto, menos aún en atención a que más personas habrían participado del hecho, lo que, según su criterio, debería haber sido valorado como atenuante del hecho, más teniendo en cuenta que el objeto del desapoderamiento reprochado es un par de zapatillas, lo que no justifica una pena de prisión efectiva y ni una condena.

Sostiene que en el caso la suspensión solicitada es procedente debido a que se trata de un delito de acción pública cuya pena, en caso de condena no superaría los tres años de prisión, considerando que la escala penal asignada para ese delito es de un mes a seis años, que los imputados no tienen antecedentes computables constitucionalmente y que el reproche penal es por el robo de un par de zapatillas.

Por ello, estima que, al resolver como lo hizo, el Tribunal restringió indebidamente el alcance del instituto, contrariando los principios sentados por la Corte Suprema en los conocidos precedentes "Acosta" y "Norberto", otorgando una indebida preeminencia a los dos primeros párrafos del art. 76 bis del Código Penal sobre el cuarto, al que deja totalmente inoperante; con lo que los imputados, dos chicos jóvenes provenientes de un medio humilde, resultaron privados de la oportunidad de sentirse útiles, de demostrar su voluntad de integrarse al sistema y de reparar el daño causado.

Pide al Tribunal que case la sentencia impugnada y resuelva el recurso con arreglo a lo dispuesto en los arts. 466 y 467 del rito.

Hace reserva del caso federal.

III. Después de estudiar el planteo recursivo, concluyo que los agravios invocados carecen de fundamentos suficientes.

Por una parte, la denegatoria a la solicitud de suspensión del juicio a prueba no se encuentra fundada en la mera escala penal conminada en abstracto por la ley para el delito reprochado a los imputados. Por ello, la postura del Tribunal no contradice los principios sentados por la Corte Suprema de la Nación en los conocidos precedentes "Acosta" y "Norberto" con relación al alcance que cabe asignarle al 4º párrafo del art. 76 bis del Código Penal. Por ende, los argumentos recursivos invocados sobre el tema carecen de idoneidad a los fines de conmover los fundamentos de la resolución impugnada.

Por otra parte, en la audiencia prevista en el rito (art. 355), el Fiscal consultado invocó razones de política criminal para opinar que, con arreglo a las circunstancias del caso, estimaba que no pediría pena en suspenso (fs. 106/107vta). Así, en lo esencial, fundamentó su temperamento en el modo en que había sido ejecutado el delito de robo, no con fuerza en las cosas u objetos inanimados, sino mediante violencia ejercida por una patota en contra de la persona damnificada, por considerar que tal modo de comisión atenta contra la vida y la salud, por lo que valora ese tipo comportamiento como más grave. Según su criterio, ese tipo de delincuencia podría incrementarse si el juicio a prueba fuera suspendido en este caso debido a que, si así ocurriera, el mensaje social sería que gozarán de ese beneficio los que con más personas (entre diez) golpeen a otra para consumar un delito contra el patrimonio de ésta.

En la resolución impugnada, la referida oposición fiscal a la suspensión al juicio fue ponderada como debidamente fundada, y ninguno de los argumentos invocados en el dictamen fue desestimado. En esas condiciones, la valoración judicial efectuada permite deducir que el Tribunal a quo no constató vicio de logicidad ni de motivación, ni otra deficiencia que inficionara en el carácter vinculante del dictamen fiscal.

Por su parte; quien recurre, no señala errores graves del dictamen en la interpretación del Instituto ni en la de los motivos legales que obstan a su aplicación; y aunque reitera su discrepancia con los motivos invocados por el representante fiscal, no refuta con argumentos adecuados las objeciones de la Fiscalía que fueron conocidas y contestadas por la defensa en ocasión de la audiencia referida, y fueron valoradas en la resolución apelada como adecuadas y suficientes para impedir la suspensión del juicio a prueba. En esa dirección observo que, según el Fiscal, la intervención en el caso de una patota determina la calificación del hecho de la causa como grave en tanto de ese modo el desapoderamiento de los bienes de la persona damnificada fue consumado poniendo en riesgo la vida y la salud de ésta. No obstante, sobre el punto, quien recurre se limita a indicar que solamente dos de los supuestos partícipes fueron sometidos a proceso, y alega que esa circunstancia debió ser valorada a favor de los imputados; pero lo hace de manera dogmática, sin dar razones que justifiquen su parecer. Sin embargo, ciertamente estaba obligada a proporcionar esas razones atento a que, en principio, su postulación es contraria al sentido común según el cual, en el acontecer habitual, la agresión plural disminuye las posibilidades defensivas del agredido por lo que traduce mayor perversidad en los autores y, por ende, un mayor contenido de injusto. Tan es así que en esa particular modalidad de ejecución delictiva encuentran su razón distintas agravantes previstas por el legislador penal, sin que la imputación en el caso de la figura básica constituya obstáculo para la eventual valoración de esa circunstancia en el marco de los arts. 40 y 41 del Código Penal, como agravante de la conducta reprochada.

Tampoco es rebatido el argumento fiscal sobre el mayor reproche que merece el robo cometido en las circunstancias apuntadas con respecto al perpetrado mediante el uso de fuerza en las cosas; y con esa omisión, quien recurre no demuestra la irrazonabilidad de ese criterio fiscal ni, por ende, la idoneidad de ese argumento para concurrir válidamente a justificar un eventual pedido de cumplimiento efectivo de la pena, como sostuvo el fiscal interviniente.

En ese contexto y por las razones dadas -a las que en este apartado cabe remitir para evitar reiteraciones innecesarias- la crítica efectuada a los fundamentos del Tribunal referidos a las violencias ejercidas contra el damnificado, no es de recibo.

El agravio con relación a la peligrosidad de los imputados tampoco puede ser acogido debido a que la peligrosidad invocada en la resolución recurrida es la vinculada con el referido modo en que el hecho fue ejecutado (en el caso, por una patota que habría agredido físicamente a la persona damnificada por el delito de robo presuntamente consumado), por lo que su consideración era pertinente a los fines de evaluar la posibilidad en el caso de una condena condicional como presupuesto de procedencia de la solicitud formulada. Por una parte, entre otros parámetros, la consideración de la manera en que el hecho ha sido cometido -reitero- se encuentra expresamente prevista en los arts. 40 y 41 del Código Penal como pauta de utilidad a los fines de mensurar la pena y, de acuerdo con la ponderación adecuada, para estimar la posibilidad concreta de una condena en suspenso. Por otra, como circunstancia relevante a los fines de la individualización de la pena justa para el hecho efectivamente cometido en el caso, la referida modalidad de comisión es susceptible de ser valorada como agravante del hecho de la causa y, eventualmente, como de mayor peso con relación a la escasa cuantía de los bienes sustraídos en la oportunidad.

Por ello, con los argumentos que expone, sobre la juventud de los imputados, los efectos negativos de la pena (la estigmatización y exclusión del individuo) y el poco valor de los objetos del robo, quien recurre no logra demostrar la absurdidad del juicio de conveniencia en que es sustentada la decisión impugnada, debido al interés en mantener la persecución manifestado por el titular de la acción penal, no inmotivada o arbitrariamente sino con arreglo a las razones de política criminal invocadas en esa dirección con base en criterios de oportunidad, por la necesidad de juzgar el hecho de la causa, dada su gravedad -por el modo de su comisión-, por la utilidad de reforzar con una eventual sentencia condenatoria la motivación negativa contenida en la amenaza legal para el particular tipo de delincuencia del que se trata en las presentes.

Así las cosas, aunque la escala penal aplicable en el caso permite en abstracto la suspensión del juicio a prueba, no obstante la juventud de los imputados y pese a que carecen de antecedentes penales, considero que la decisión impugnada, de no hacer lugar a la solicitud formulada (para que el juicio a prueba sea suspendido) se sustenta de manera suficiente en fundamentos formalmente admisibles cuya injusticia en el caso la presentación recursiva no ha logrado desvirtuar.

Con arreglo a las consideraciones expresadas, mi respuesta a la primera cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

La señora Ministra preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Ministra Dra. Sesto de Leiva, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la primera cuestión, y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/05 vta. en favor de los imputados Carlos Ever Carrizo y Daniel Ismael Murua II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva efectuada del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

La Sr. Ministra preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da la Dra. Sesto de Leiva, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/05 vta. en favor de los imputados Carlos Ever Carrizo y Daniel Ismael Murua.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva efectuada del caso federal 5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.