marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas en el orden causado, accidente de tránsito, responsabilidad médica
Materia: CIVIL
Carátula: IÑIGO, LUIS. c/ ELLI, MARIO Y OTROS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-18

Siguiendo autorizada jurisprudencia en supuestos como éste, en que un litis consorte es absuelto y otros condenados, las costas de la acción rechazada deben ser soportadas por el o los condenados, los cuales siendo los causantes de la existencia del pleito, son responsable de todas sus consecuencias, entre ellas la del actor, que por ignorar las complejas cuestiones médicas que se derivan de este difícil caso, se haya visto en la necesidad demandar, -o como en el caso de autos - de allanarse a la citación de los terceros, que evidentemente, se encontraban involucrados. Esto, en síntesis, sería la aplicación lisa y llana del principio objetivo de la derrota ( art. 105 CPCCT), que propone el actor en sus agravios. Sin embargo, en este caso concreto, dada la secuencia de los acontecimientos, no se puede concluir que, ni el demandante, ni los codemandados principales, pudieran verosimilmente comprobar, antes del juicio, que solo un grupo de los médicos intervinientes en el hecho (el equipo del Hospital Padilla) eran los responsables del daño que se trata de reparar en este prolongado y difícil juicio. Basta repasar la profusa prueba que se produjo en el expediente y en la causa penal, así como las controversias que se suscitaron en relación a los actos médicos, lo que demandó varias pericias e informes médicos, observaciones, impugnaciones, medidas para mejor proveer, etc., a fin de determinar la causa de la amputación que padeciera el actor. Era materialmente imposible que alguna de las partes pudiera realizar por su cuenta una investigación que les llevara a descartar la responsabilidad de alguno de los dos posibles agentes del daño. Por ello una actitud prudente y responsable era, por un lado citar a los terceros por parte del codemandado Brahim (fs. 167/168), y allanarse a dicha citación por parte del actor solicitando que las costas sean impuestas por el orden causado (cfr.

escrito de fs. 190), aun cuando en su origen el actor hubiera optado no demandar al luego citado equipo médico que lo atendió en el Sanatorio. En consecuencia, estimo que lo justo y equitativo, es en este caso que las costas generadas por la citación de los terceros y la citada en garantía, sean soportadas en ambas instancias por el orden causado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones procesales
Materia: PENAL
Carátula: Llorens, Luis R. s/ Recurso de casación. Hurto. Robo. Recurso extraordinario de  inaplicabilidad de ley Recurso extraordinario de  inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta inadmisible en virtud de lo establecido por el art. 494 del Código Procesal Penal, toda vez que si bien se alega la errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal por parte del Tribunal de Casación -en el caso arts. 18 de la Constitución nacional y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos-, los agravios del recurrente se dirigen a cuestionar el tratamiento dado a cuestiones de orden procesal, como sería la de la aplicación del art. 450 del Código Procesal Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Alimentos, separación de hecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TOMAS DE MARTINEZ BETTY c/ DELFIN MARTINEZ s/ FIJACION DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-26

Habiendo cesado la convivencia, admitir que con la sola acreditación del vínculo matrimonial ya alguno de los cónyuges tiene derecho a alimentos,significa consagrar una presunción, que no se aprecia en la ley, en el sentido de que quien primero los pide a los alimentos, y por ese sólo hecho, es el titular del derecho consagrado por el texto legal. Bastaría con anticiparse en el reclamo, para erigirse en beneficiario de la prestación, porque en ese sólo extremo estaría el basamento de la obligación.-
Medidas cautelares, intervención de sociedades
Materia: PROCESAL
Carátula: BLASER CESAR c/ BLASER MARIO EDUARDO RENE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-05-05

El dere ho principal que se pretende proteger, cual es, de acuerdo a los términos del escrito de demanda, el de ser indemnizado por el demandado, no surge ni mínimamente acreditado en autos a esta altura del proceso, por cuanto de la documental acompañada, únicos elementos de convicción presentados sólo surge la existencia de una sociedad entre las partes, la cesión de los derechos del actor al demandado de otra y las obligaciones que tal cesión irrogaron, pero en modo alguno la verosimilitud del incumplimiento y la atribución de tal incumplimiento al demandado que sería la causa fuente del deber de indemnización pretendida, tal como el sentenciante de la anterior instancia ha merituado y que en concreto no fue rebatida por el apelante, razones que en este estadio procesal tornan inadmisible las medidas cautelares solicitadas (conf. arts. 210, inc. 3, 211 inc. 1 y ccs. del C.P.C.C.).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Morán, Eduardo Antonio s/ Hurto calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Debe anularse de oficio parcialmente la sentencia en la que respecto de uno de los delitos la Cámara se limitó a describir la materialidad del hecho sin indicar ni las constancias ni medios probatorios que la acreditarían, ello unido a la falta de cita de ninguna norma procesal en el tramo en cuestión.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, diligencias preliminares, oficios, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: García Corrado y Asociados SA c/ Cohen SA y otro s/ prueba anticipada
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-06

Procede revocar el pronunciamiento que desestimó el pedido formulado para el libramiento de oficios a la Caja de Valores, a Bolsas y Mercados SA, Mercado Abierto Electrónico SA y a la Comisión Nacional de Valores requiriendo información sobre cierta operatoria de venta de títulos públicos que se presume fue efectuada "over the counter" por el demandado. Ello, a fin de contar con información que le permita emplazar correctamente la demanda por daños y perjuicios. Ello por cuanto, en el caso, es admisible el proveimiento requerido ya que constituye un recaudo previo para procurar a la actora la obtención de información sobre la cual basará la acción que anuncia o, en su caso, el conocimiento de datos que no han podido obtenerse sin intervención judicial, y que resultan indispensables para que el proceso pueda ser planteado eficazmente (conf. esta Sala, 22/12/09, "M & F Distribuidora SA otro c/ Banco Patagonia SA s/ diligencia preliminar"). Consecuentemente y a modo de asegurar el mandato constitucional que otorga a los particulares el derecho a obtener una respuesta expedita por parte del órgano jurisdiccional (conf. CN 14 y 43), no se aprecia otra alternativa para el peticionante que la del CPR 323
Excarcelación, pluralidad de hechos
Materia: PENAL
Carátula: MOREIRA, Héctor s/ EXCARCELACION - PLURALIDAD DE HECHOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-25

La pluralidad de hechos investigados en la presente causa, así como el estado actual de la misma, impiden la excarcelación solicitada en términos del art. 379 inc. 6 en función del art. 701 C.P.C.
Recurso de casación, recurso de queja (procesal), depósito previo, designación de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREYRA VICTOR ISIDRO c/ SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ LABORAL  -  INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS DE LA C.P.N. CLAUDIA  F. BORRONI S/RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-04-11

No corresponde la liberación del depósito ante esta instancia a quien intervenga en virtud de un nombramiento efectuado de oficio pero en defensa de un interés propio por más legítima que ésta sea, por cuanto la tipificación de la excepción (art. 4 inc. d) de la Ley 1687), subyace dentro del parámetro de designación de oficio respecto del interés de un tercero, y no dentro del ámbito individual.
Sentencia condenatoria, notificación
Materia: PENAL
Carátula: BARRAZA HECTOR DAVID S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. MARTINEZ MIGUEL RICARDO s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-19

La notificación de la sentencia condenatoria -acto fundamental en el proceso, a través de la cual, si queda firme, el imputado es legalmente declarado culpable- es un acto complejo que debe componerse tanto de la notificación al imputado como de la notificación al defensor; resultando ambas imprescindibles, y sin que pueda afirmarse que una de ellas puede reemplazar a la otra, por lo que no puede considerarse materializado dicho acto (notificación) hasta tanto se haya notificado al imputado y su defensa técnica de la sentencia condenatoria dándoles la posibilidad de recurrir la misma.
Leyes, declaración de inconstitucionalidad, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Arza, Silvia Mariela c/ Provincia de Río Negro CPE s/ Contencioso administrativo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-02-01

En los casos, en los que, más allá de la pretensión individual de las partes, se cuestiona esencialmente la vigencia en sí de la norma, y la aplicación general de una disposición, bajo la implícita pretensión de una pseudonulidad de la misma; o bien cuando la tacha de inconstitucionalidad se encamina a producir un efecto derogatorio en la aplicación general de la norma, en la causa en la que se la plantea y/o en otras por vía de cascada, se podría eventualmente c
Pena de inhabilitación, derecho de propiedad
Materia: PENAL
Carátula: NERONE, Rolando Oscar y otros c/  s/ Privación de libertad agravada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-27

La disidencia parcial sostuvo que la aplicación al caso de las accesorias a la pena de inhabilitación absoluta previstas en el art. 19 CP, importa un menoscabo tanto al libre uso y disposición como a la inviolabilidad del derecho de propiedad (arts. 14 y 17 CN); es que estas prestaciones previsionales constituyen un derecho adquirido porque son consecuencia de los aportes integrados durante la vida laboral de una persona, de modo que su suspensión conlleva la privación de la subsistencia, lo que amerita afirmar que el inciso cuestionado deviene confiscatorio. Dres. Borinsky, Hornos, Gemignani -disidencia parcial-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Caballero de Molina, Josefa c/ Arana, Miguel Eduardo s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Si, más allá de la precariedad del escrito de demanda, quedó procesalmente incorporado a la causa el debate sobre la existencia de la responsabilidad que regula determinado precepto legal es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad que denuncia y demuestra que en la fijación de las condiciones de aplicación de tal norma existen contradicciones que descalifican la decisión como acto jurisdiccional válido.
Recurso de queja (procesal), exención de depósito
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional Nro. 6- s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: "Oniszczuk, Carlos Alberto y Márquez, Sandra Rosana s/ Ley 255 - Apelación" Contravencional Nro. 6- s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: "Oniszczuk, Carlos Alberto y Márquez, Sandra Rosana s/ Ley 255 - Apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-16

Si el depósito no rige como condición de admisibilidad, única finalidad para la cual está previsto en el art. 34 de la ley nro. 402 (LPTSJ), tampoco es posible imponerlo al condenado en costas a resultas de la definición de su recurso y, menos aún, cuando, de ser esta persona el imputado por rechazo del recurso del defensor, él no ha sido quien ha interpuesto el recurso y, por tanto, es ajeno a la causa de la imposición. Por lo demás, se puede discutir cuál es la relación jurídica entre imputado y defensor, o, para el caso, entre imputado y defensor oficial, pero no se puede discutir que la ley le ha concedido al defensor un derecho autónomo a recurrir en favor del imputado. (Del voto del Dr. Maier).
Daños y perjuicios, legitimación activa, herederos forzosos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cerrutti, Omar H. y otros c/ Dominguez, Ernesto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-26

La presunción de daño ocasionado por el deceso de una persona integrante de la familia, respecto de los hijos mayores, depende de la subsistencia de dicha presunción. Previa determinación de que la prueba, que obra en autos, no ilustra en modo alguno sobre las circunstancias fácticas familiares relativas al rol de la madre y los hijos, en el seno familiar, y la dependencia económica o no de éstos con relación a aquélla, he de partir de lo que indican las máximas de la experiencia universal, en el sentido de que, en principio, las personas cuando han llegado a la mayoría de edad, desarrollan una actividad laboral, y se independizan económicamente de sus padres. y dado que, a sus vez, no existe ningún indicio sobre el estado de necesidad en que se pudiere encontrar el hijo ahora mayor de edad, circunstancia fáctica que no fuera afirmada en la demanda, cabe considerar que, en el caso de autos, fuera del monto indemnizatorio fijado, las apuntadas máximas de la experiencia universal descartan la necesidad de asegurar la subsistencia para una persona joven con aptitudes físicas normales, durante el tiempo probable de la vida de la madre (arts. 1083, 1084 Cód. Civil).
Medidas cautelares, ascenso militar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Calvi   Edgardo  -inc  med-  (15-II-11) c/ EN  -  M°  Defensa-Ejercito - Dto 1736/09 s/ Personal Militar".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-14

La resolución nº 1.581 dictada por la entonces Ministra de Defensa con fecha 29 de noviembre de 2010 clasificó al actor, junto con otros oficiales de las Fuerzas Armadas, como "No permanece en el servicio activo", invocando que habrían cumplido dos de las tres oportunidades en las que el personal militar es considerado para ascenso, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución nº 382/10 del 9 de abril de 2010, y de acuerdo con la competencia delegada por el Decreto nº 1.736/09 dictado el 12 de noviembre de 2009. En este sentido, el actor no desconoce que habría cumplido dos de las tres oportunidades en las que fue considerado para el ascenso. Por el contrario, además de los cuestionamientos normativos, la pretensión cautelar involucra la verificación de una virtual desviación de poder en el marco de una decisión discrecional, examen que excede el estrecho marco de conocimiento de un incidente, y que debe ser materia de tratamiento en la sentencia de mérito, previa sustanciación del proceso y con plena intervención de la contraria.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, firma
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lazarte, Domingo Adolfo c/ Paraná S.A. Compañía de Seguros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-12-17

Si el recurso de apelación fue interpuesto solo con la firma del letrado patrocinante el mismo no puede ser concedido, dado que las firmas de las partes es condición esencial y hacen a la existencia misma del acto contenido en el instrumento privado, en los términos y con los efectos del art. 1012 del Código Civil. En estos casos la firma reviste especial trascendencia en tanto permite exteriorizar la voluntad de la parte y si es omitida, priva de eficacia al escrito para el fin perseguido; en la especie, acceder a la revisión del fallo impugnado.
Compensación económica, mediación, prueba testimonial, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: M. M. C. c/ C. E. J. s/ compensación económica (sorteo de mediación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-26

En el caso, la prueba testimonial y la evolución patrimonial aceptada por ambas partes, demuestran que el reparto de roles durante la convivencia de la pareja, perjudicó el presente de la reclamante y condicionó su futuro en cuanto a las posibilidades al momento de la ruptura de un desarrollo autónomo frente a las posibilidades y potencialidad que por su oficio el reclamado goza, verificándose un desequilibrio injusto entre ambos, que justifica la compensación económica reclamada.
Recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., R. O. s/ Recurso Extraordinario - Corte Suprema de Justicia en ejercicio de  Facultades de Superintendencia - Solicitud de cesantía de Juez de  Circuito por faltas cometidas (Expte.: C.S.J. Nro. 610 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-21

En la causa "Di Mascio", la Corte Suprema de Justicia Nacional señaló que siendo la decisión del legislador, plasmada en la ley 48, de que todo pleito radicado ante la justicia provincial en el que se susciten cuestiones federales, debe arribar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo después de "fenecer" ante el órgano máximo de la judicatura local, cabe concluir que las decisiones que son aptas para ser resueltas por la Corte Nacional no pueden resultar excluidas del previo juzgamiento por el órgano judicial superior de la provincia. Consecuentemente, corresponde afirmar que en los casos aptos para ser conocidos por esa Corte según el art. 14 de la ley 48, la intervención del superior tribunal de provincia es necesaria en virtud de la regulación que el legislador nacional hizo del art. 31 de la Constitución, de modo que la legislatura local y la jurisprudencia de sus tribunales no pueden vedar el acceso a aquel órgano, en tales supuestos, ya sea por el monto de la condena, por el grado de la pena, por la materia o por otras razones análogas.
Daños y perjuicios, servicio público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MONACO, MARIO FRANCISCO (EXPTE. Nro. 10160) c/ OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-10-16

La determinación de daños y perjuicios que se le reclaman a las empresas prestatarias de los servicios públicos está reservada exclusivamente a la competencia judicial. El ámbito de conocimiento que otorga la Ley Nro. 6044 en su art. 10 al órgano administrativo, no puede ser interpretada sino en el sentido de que los entes reguladores de la prestación de los servicios públicos quedan privados absolutamente del ejercicio de decisiones jurisdiccionales.
Acción contencioso administrativa, Municipalidad, interés legítimo directo y actual, resoluciones irrecurribles, ingresos públicos, coparticipación federal, Estado Provincial, leyes, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 476 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-20

El ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio -la afectación de un interés jurídicamente protegido-, de orden 'personal particularizado, concreto y, además susceptible de tratamiento judicial', recaudos que han de ser examinados con particular rigor cuando se pretende debatir la constitucionalidad de un acto celebrado por alguno de los otros poderes del Estado.

Es que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución , qué gravamen le causa y debe probar, además que ello ocurre en el caso concreto.

En el caso, no basta la simple manifestación de que la Provincia mediante los actos legislativos y reglamentarios atacados habría generado un perjuicio a la Municipalidad contrariando, de tal modo, la Constitución Provincial, sino que la recurrente debe demostrar una efectiva invasión en la esfera de sus atribuciones propias o una concreta lesión a un interés legítimo, directo y actual.

Tales exigencias no se cumplen por la pretendida interferencia del poder provincial en el ámbito municipal, no bastando simplemente con demostrar que se produjo una disminución en el flujo de ingresos sino que, además debió acreditarse que los fondos asegurados por la legislación provincial no resultaban suficientes para asegurar un normal funcionamiento económico y financiero.

Sin perjuicio de ello, es claro que aún ante la eventual confirmación de las cifras invocadas por la recurrente, ello no resulta suficiente para concluir en la inconstitucionalidad de la normativa atacada por cuanto restaba aún demostrar que la disminución era de tal magnitud que tornaba insuficientes a los recursos coparticipados para el desempeño de sus cometidos . (De los Fundamentos del Dr. Falistocco)
Recurso de reposición (procesal), recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, Derecho laboral, empleador, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: BENAVIDEZ, RAUL SEBASTIAN c/ CERRO BLANCO S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (REVOCATORIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

Cabe desestimar la revocatoria interpuesta, desde que la recurrente no logra, a pesar de su argumentación, hacer variar la línea jurisprudencial uniformemente esbozada por este Cuerpo en sus sucesivas integraciones, en el sentido que sólo resultan eximidos del depósito los que gozaren de exención del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia; y ésa no es la situación en que se encuentran los empleadores -como el impugnante- que no están exentos de dicho pago siempre que les corresponda hacerlo, sino sólo beneficiados con la postergación de éste hasta que haya decisión respecto de la imposición de costas, conforme a las disposiciones legales que rigen la materia, momento a partir del cual deben reponer todas las actuaciones o la parte a su cargo. - CITAS: CSJStaFe: Panero, AyS T 166, p 481; Vázquez, T 102, p 495; T 135, p 490. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículos 19 y 20; Ley 7055, artículo 8, último párrafo. - Jurisprudencia vinculada: Caula, AyS T 280, p 161/162, sumario J0043662.
Compraventa inmobiliaria, corretaje, comisión del corredor
Materia: CIVIL
Carátula: TOROSSIAN, Eduardo y otros c/ BARUA ARAGON, Eva I. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

La razón de la prohibición consagrada por el art. 105, inc. 3º del Código de Comercio reside en el propósito de impedir que el corredor pueda hacer la competencia a su comitente. Pero la autorización explícita por parte de este último, a percibir el excedente del precio mayor al pactado, tanto en la primera autorización de venta como en el boleto de compraventa en el que el comprador lo hizo en comisión, permite concluir que esa competencia habría quedado excluida por dicho acuerdo concretado entre el propietario y el encargado de la venta.
Resolución administrativa, resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: Moreno, Carlos María c/ Frigorífico Anselmo S.A. y otro s/ Indemnización, ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

En el supuesto de accidentes del trabajo, aún consentido el trámite administrativo, cabe a las partes deducir por ante el Delegado Regional el recurso de apelación a que alude el art. 13 de la ley 10.149 contra la resolución dictada, pretendiendo -cualquiera fuesen los motivos de impugnación que pudiera merecer tal resolución- una decisión final del Subsecretario de Trabajo para luego, y si éste confirma la resolución recurrida, interponer el recurso previsto en el art. 14 del mismo cuerpo legal para que sea resuelto por el tribunal del trabajo competente.