marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interdictos posesorios, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arias, Luis c/ Liscia, Sergio s/ Incidente de ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-08

En los supuestos de interdictos no puede ponderarse el valor total del inmueble que lo motiva, sino en todo caso fijar la cuantía retributiva en concordancia con el valor económico del interés lesionado cuya protección jurisdiccional se requiere.
Cheque, desnaturalización del cheque
Materia: PENAL
Carátula: DE ORONA, ALBA ROSA c/ CHAZARRETA DE LOZANO, MARIA DEL R. Y LOZANO, GUILLERMO s/ ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-14

Se está en presencia de la desnaturalización del cheque si al tiempo de su libramiento, los documentos dados en pago no cuentan con posibilidad alguna de cobro ante un eventual depósito, por estar la cuenta corriente cerrada.
Recurso de casación, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibáñez, Omar Horacio y Otros c/ Bieza, Víctor Federico y Municipalidad de Valle Viejo s/ Daños y Perjuicios -s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-05-17

La invocación de la causal "errónea interpretación y aplicación de la ley" no se satisface con su simple mención sino que, para su viabilidad, es menester indicar en qué consiste la violación o error legal que se denuncia, debiendo precisar y demostrar en forma clara de qué modo los textos legales citados han sido transgredidos en el caso concreto y, además, cómo habría influido para torcer la solución a la que arriba el fallo. (Del voto del Dr. Cáceres).
Honorarios, monto del juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Leonardi, Juan Antonio c/ La Nación (Mº de Defensa -Ejército Arg.) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

A efectos de saber el monto del asunto hay que tomar como tal el rubro capital que surge de la liquidación aprobada (de conformidad con el criterio sustentado por esta Sala in re "Mercado, Benito Rafael c/ E.N. (Mº de Defensa)", del 15/12/94, entre otras), más los intereses devengados hasta la iniciación de la demanda (C.S.J.N.

Fallos: 304:659), con prescindencia de los posteriores, tal como lo ha sostenido este Tribunal en numerosas oportunidades y conforme jurisprudencia de la C.S.J.N. (Fallos: 280:416; 295:72; 301:384;

302:782, entre muchos otros).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión abstracta, proceso penal, imputado, libertad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARAY, AXEL LEONEL c/  s/ ROBO SIMPLE EN TENTATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

Teniendo presente que el recurso de inconstitucionalidad ha sido interpuesto contra la decisión del Juez de Cámara que desestima los agravios de la defensa destinados a cuestionar la constitucionalidad de las modificaciones introducidas por la ley 13746 en los artículos 214, 217 y 274 -tercer párrafo- del Código Procesal Penal y confirma la resolución que dispone la prisión preventiva del imputado, dirigiéndose los agravios de la impugnante a discutir los argumentos expuestos por el A quo para convalidar la decisión de primera instancia; y que del sistema informático de consultas de la Oficina de Gestión Judicial de la Segunda Circunscripción surge que el justiciable fue puesto en libertad por la presente causa, cabe concluir que habiendo perdido actualidad los planteos de la Defensa, el caso deviene estrictamente abstracto, careciendo por tanto de entidad para operar la apertura de esta instancia de excepción. - CITAS: CSJN: Fallos 189:245; 248:51; 260:153; 307:188; 308:1489; 311:787; 316:479; 310:937; 311:208; 317:826; 289:238; 301:991; 303:1633; 318:2438. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 13746; Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 214, 217 y 274, tercer párrafo
Sistema acusatorio, tipo penal, insuficiencia del agravio, agravantes de la pena, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Coppede, Eugenio Ramiro y otro c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

Uno de los votos concurrentes agregó que en cuanto a la violación al principio acusatorio basado en que el Fiscal General al momento de emitir su alegato negó tener certeza sobre la finalidad ilegítima del tipo penal enrostrado, luego de examinar el registro fílmico del alegato efectuado durante la audiencia de debate no se advierte la alegada vulneración. El representante del Ministerio Público Fiscal fundó debidamente su alegato, apoyando su postura en jurisprudencia de esta Cámara Federal y en doctrina, explicando que las exigencias del tipo penal en cuestión -esto es, el art. 5to. inc. "c" de la ley 23737- se habían comprobado en la causa, pues a su modo de ver era suficiente que intencionalmente se comercie con precursores químicos, y que esos precursores químicos sirvan para fabricar estupefacientes. El otro voto concurrente señaló que en el caso quedó comprobado que se trató de un hecho en el que hubo una organización de tres personas en la que cada una cumplió con un rol diferente, sin que el alegado desconocimiento entre los imputados alcance para descartar la aplicación de la agravante como pretende la defensa, pues lo relevante es la actuación coordinada de cada uno de los partícipes en el ilícito a sabiendas de que es parte de una organización compuesta por tres o más personas. Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña -votos concurrentes-.
Acción de amparo, prueba, enfermedad preexistente, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Añasco, Rosa Noemí c/ OSDE s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-04

Hallándose probado en autos que la actora habría ocultado sus antecedentes médicos, que padecía de una enfermedad en la columna, la que requería de tratamiento quirúrgico y que se encontraba obligada a denunciar como preexistente al tiempo de solicitar su afiliación, esta Sala considera que la sentencia del magistrado de la anterior instancia no resulta congruente con la normativa que regula la actividad de las entidades de medicina prepaga (Ley 26.682), su decreto reglamentario y las normas de derecho de fondo con relación a los contratos y su interpretación conforme al principio de buena fe. Dándose, en el caso, el supuesto de falsedad de la declaración jurada de salud suscripta por la actora, lo que habilita a la demandada a la recisión del contrato en los términos del art. 9 de la Ley 26.682, cabe concluir que la baja unilateral oportunamente dispuesta por OSDE no constituyó un acto de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta.
Libertad de expresión, derechos y garantías constitucionales, interpretación de la constitución, deberes del funcionario público, deber de lealtad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CUEVA, RAUL JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 521 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

No es posible desconocer la trascendencia pública -saludable por cierto- que naturalmente abrigan los debates sobre, en general, los asuntos públicos, ni la importancia que para la sociedad tienen las informaciones acerca de esos asuntos. Por lo tanto, la ya natural preeminencia de la libertad de expresión, en el caso se refuerza, no sólo por la necesidad de resguardar el adecuado ejercicio de derechos políticos, sino también en razón del derecho a la información por parte de la comunidad, todo lo cual, en suma, hace que los deberes de la relación de empleo queden en verdad relegados a un segundo plano. En ese sentido, se ha dicho que el relieve público de la información a transmitir va a ser determinante en la prevalencia del derecho fundamental sobre la buena fe contractual; y que ni la buena fe contractual, ni los deberes específicos funcionariales, son suficientemente relevantes jurídicamente como para neutralizar o disminuir la significación que adquiere el que estemos ante informaciones que, por tratarse de instituciones públicas, afectan -o pueden afectar- al ciudadano. (De La Ampliación De Fundamentos Del Dr Lisa)
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Servicios Argentinos Sociedad de Hecho s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-09-04

Si se recurre en casación por la causal del inc. 1º del art. 257, y el recurrente se limita a denunciar que el art. 979 del Código Civil fue desoído, sin indicar donde se encuentra la violación y ni siquiera a cual de los incisos de la norma se refiere; dicha infracción no puede tener andamiento en atención que existe la necesidad de precisar suficientemente cual es la ley violada y en que se concreta tal transgresión entre otros extremos.
Prueba insuficiente, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Tillería, Fabián Alcides y otros c/  s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-18

Nos encontramos ante un accionar doloso que ha quedado debidamente acreditado, configurando las omisiones -tales como la incorrecta forma de llevar el libro de parte diario de la Seccional-, un dato objetivo más que refleja el modus operandi de una parte importante de la Seccional Primera de la ciudad de Comodoro Rivadavia, siendo en consecuencia una muestra más del proceder disvalioso del imputado, que vale recalcar, no se agotó en ellas.
Recurso de revisión (procesal), omisión de pronunciamiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Matar, Vicente c/ Matar, Gabriel y otros s/ Nulidad de acto jurídico - Inconstitucionalidad - Revisión (Libro:  S055-168) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1951-11-28

Es improcedente el recurso de revisión fundado en omisiones que recaen sobre las razones de la demanda y su contestación; pues al aludir la Constitución (art.170, "f", 3) a omisiones de resolución de cuestiones fundamentales debe entenderse que se producen cuando no hay solución sobre un extremo de la litis (Voto del Dr. Pithod).
Trabajadores marítimos, adicional por remolque
Materia: LABORAL
Carátula: FLORES, JUAN CARLOS Y OTROS c/ COMPAÑIA  DE  TRANSPORTES  Y  COMERCIO  INTERNACIONAL  SACIFIA  Y  M. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-04-30

El 50 % del plus por remolque a que se refiere la cláusula 6ta.

Del acuerdo de tarifas de pilotaje de baqueanos debe calcularse sobre la totalidad de lo facturado durante las horas de remolque efectuadas (en disidencia voto el doctor Morasso).
Locación de obra, prueba del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: SASLOVSKY MARIO c/ CAMPODONICO ROBERTO s/ LOCACION DE OBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-23

Para establecer la existencia de un contrato de locación de obra es admisible toda clase de pruebas, entre ellas la realización misma del trabajo, pues lo contrario seria injusto e importaría violar el principio supremo de la buena fe que rige en todo el derecho de las obligaciones.
Contrato de suministros, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Novoternic Azul S.C. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

La invariabilidad establecida en el art.22 del dec.3300/72 no es razón, por si sola, que obste a la revisión del monto del contrato en tanto el reclamante haga mérito de la concreción de un supuesto de imprevisión, pero el proceso inflacionario -que con distintas alternativas acontece, en el país y que no ha sufrido alteraciones sustanciales en el período que interesa para la solución del caso- no reviste las características exigidas por el art.1198 del C.C.

para proceder a la revisión contractual que se pretende.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), costas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: COSTA, CARLOS ADRIAN c/ ATAUDES ZEBALLOS SRL s/ LABORAL - ACCIDENTE DE TRABAJO - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 568-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-24

La postergación del pago hasta tanto haya decisión respecto a la imposición de costas consagrada por el Código Procesal Laboral (artículos 19 y 20 Ley 7945) no es extensible a la carga de depositar que la ley específica reguladora del recurso de inconstitucionalidad (Ley 7055) establece como condición de admisibilidad de la queja por denegación de éste y no constituye impuesto, tasa ni otro tipo de contribución provincial ni municipal.
Candidatos, falta de notificación, dirigente gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Bassi, Antonio Edgardo c/ Empresa GI Sol S.R.L. y/o Gine, Carlos Alberto y/o Junta Electoral del Sindicato s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-12-26

Especial importancia asume, también en este supuesto, la comunicación al empleador, a partir de la cual este no podrá despedir, suspender ni modificar las condiciones de trabajo del candidato sin recurrir previamente al procedimiento de exclusión de tutela reglado por el artículo 52 tal comunicación puede hacerse efectiva por una doble vía: la comunicación del sindicato o para suplir la omisión o el retraso de esta, por el propio interesado.

No puede ser suplida por las razones que invoca la apelante sobre el supuesto carácter público de las elecciones, ni simples apreciaciones subjetivas como sostener que los comerciantes tienen por costumbre leer los diarios, ni tampoco que fueron varios los trabajadores despedidos con motivo de la elección, que no constituyen técnicamente agravios conforme a lo dispuesto por el artículo 255 del Código Procesal Civil y Comercial.
Recurso de apelación (procesal), gravamen irreparable
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Carranza Latrubese, Gustavo c/ Pacheco, Omar Alfredo s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-06

Se ha considerado que no causa gravamen irreparable y que por lo tanto es inapelable la providencia que ordena correr un traslado y ello en razón de que a los efectos del recurso de apelación, el "gravamen irreparable" consiste en un perjuicio jurídico que no podrá repararse durante la sustanciación del proceso, ni en la sentencia definitiva, de este concepto se desprende que hay que ir a cada caso en particular para determinar si lo hubo o no, no surgiendo de autos esta circunstancia ya que no puede hablarse de la existencia de dicho gravamen cuando aún no se ha emitido resolución sobre la nulidad articulada y el traslado tiene por efecto garantizar el principio de contradicción y derecho de defensa de las partes.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Mastrovito, Gustavo Gabriel s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Arma es todo instrumento susceptible de potenciar la violencia que por sus propios medios puede generar una persona y que produzca la convicción en aquél contra quien se utiliza de que puede ocasionarle un daño físico. En el caso de autos existió la agravante por haberse utilizado lo que los testigos percibieron como un "arma blanca", bastando al efecto la apariencia voluntariamente creada por el ofensor, sin que sea menester el secuestro del elemento o ninguna clase de pericia al respecto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad del acto jurídico, intereses
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: TERRON, ALBERTO s/ ACCION CIVIL - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1964-04-17

La acción civil articulada en vía penal goza de todas las garantías que le son inherentes como tal, con las limitaciones que pudieran surgir de la naturaleza propia del proceso penal.

La ley establece que la sentencia es nula si es incompleta en sus elementos esenciales la parte resolutiva, por lo que compete al tribunal resolver todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, entre las que se incluye las relativas a la indemnización demandada. Si los intereses son integrativos de la indemnización y fueron reclamados, es evidente que la sentencia, al omitir el pronunciamiento sobre ellos, queda en la situación que prevé el art 351 C.P.P., con la sanción del art. 1272, inc. 2do., C.C..-
Sentencia arbitraria, costas, fallido, incidente de verificación, verificación tardía, acreedor, procedimiento laboral
Materia: COMERCIAL
Carátula: Jockey  Club  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires s/ quiebra s/incidente  de  verificación de crédito por la Provincia de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

No es arbitraria la resolución que impuso la costas en todas las instancias a la fallida vencida en el incidente de verificación si destacó que la jurisprudencia relativa a la imposición de costas al acreedor de verificación tardía no resultaba aplicable por cuanto la imposibilidad de instar la verificación en los términos del art. 33 de la ley 19.551 no era imputable al acreedor, quien debía de modo previo concluir con la tramitación de los procesos laborales para ejercer el reclamo por vía de verificación.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, prueba documental, historia clínica, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: WASSER DE REYES, Ester M. c/ HOSPITAL ITALIANO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-28

La omisión de la historia clínica o su imperfecta redacción privan al paciente de un crucial elemento de juicio para determinar la culpa imputable al médico, quebrantándose el deber de colaboración que debe existir por parte del accionado para facilitar la prueba, por lo que, ante su ausencia, la carga ha de considerarse invertida. Sin embargo, ello no lleva a una presunción absoluta sino que debe ponderarse en relación a los antecedentes del caso y las pruebas aportadas por las partes. Tal criterio se condice con la exigencia al médico, o al instituto asistencial, de una amplia colaboración en la dilucidación de los hechos que hacen a la controversia, aportando todos los elementos a su alcance para demostrar su "no culpa", pues lo contrario, esto es, una conducta pasiva en materia probatoria, constituiría una violación a elementales principios de buena fe, que el juez no puede dejar de valorar al momento de dictar sentencia. Por eso, la omisión de acompañar la historia clínica, que supone una grave irregularidad, es suficiente para generar una presunción judicial de culpa. De allí que, en tales términos, le corresponda a la accionada, en principio, acreditar su diligencia en la atención del paciente.-
Decreto de necesidad y urgencia, constitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez, Germán c/ Transportes Automotores La Plata S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

De conformidad con lo dispuesto por el art. 82 y 99 de la Const. Nacional, los decretos -aún en caso de ser unilateralmente tipificados por el Poder Ejecutivo como de "necesidad y urgencia"- no mantienen su vigencia hasta que el natural órgano legislativo sancione normas en contrario, sino que para mantenerla el Jefe de Gabinete debe someter la consecuente medida que el decreto encierra a la Comisión Bicameral Permanente, con la finalidad del expreso tratamiento de esta norma primigeniamente secundaria de ambas Cámaras del Poder Legislativo, las que deben manifestarse expresamente, sin que quepa una sanción tácita o ficta.
Accidentes de trabajo, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Vergara Cortez Jorge Aurelio c/ Experta ART SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-14

De respetarse la ley 27.348, en el caso, ello obligaría al trabajador a acudir ante comisiones médicas jurisdiccionales ubicadas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que no ha adherido al régimen. Se trata de una dolencia cuya toma de conocimiento es anterior a la sanción de la referida ley y resulta imprudente aplicar peyorativamente la nueva legislación en desmedro de las directivas del art. 18 C.N. pues, ningún sujeto puede ser afectado en su derecho a ser juzgado por los jueces designados por ley antes del hecho de la causa, máxime cuando tal imposición implica una elongación de los tiempos procesales en reclamos de contenido alimentario en disonancia con los principios de eficacia jurisdiccional y de celeridad que deben regir en la materia, ya que la morosidad procesal afecta el buen servicio de justicia. Por lo tanto, resulta inaplicable la ley 27.348 y en función de ello debe revocarse la resolución impugnada (primera instancia) y declarar competente a la J.N.T. para entender en el caso.
Tercerías, embargo, levantamiento del embargo, bien de familia, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: PUPPO, EDUARDO c/ GOLDSZER, JORGE s/ SUM. S/ INC. DE EJECUCION DE HONORARIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-08

La decisión que denegó el levantamiento de embargo solicitado con fundamento en la afectación del inmueble como bien de familia (ley 14393: 38) no esta sujeta a la inapelabilidad prevista por el CPR 104, que esta referida a los supuestos en que el interesado esta habilitado a ejercer la vía de la tercería de dominio o de mejor derecho (CPR 97).
Proceso contravencional, acta contravencional, prescripción de la acción contravencional, incomparecencia del imputado
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B, J. Z. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

Resulta erróneo que la fiscalía intente sustentar la causal de suspensión de la prescripción en la incomparecencia de los presuntos contraventores a las citaciones por ella cursadas a los domicilios denunciados en las actas contravencionales.

La incomparecencia de los encausados a "las citaciones legalmente previstas", que conforme al texto vigente del artículo 31 del Código Contravencional constituye causal de suspensión de la prescripción de la acción contravencional, exige que la citación sea remitida al domicilio constituido al que se refiere el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Contravencional. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira).
Convertibilidad, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Oviedo de Martinez, Silvana c/ Peyrani Di Castelnuovo, Pablo Enrique y otra s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Si la cuestión no fue sometida a la instancia de grado no obsta al tratamiento por el tribunal si constituye -la apelada- una decisión que infringe una norma de orden público, indisponible para los particulares y aplicable de oficio por los jueces de cualquier instancia. Sentado ello, y por aplicación de las normas imperativas contenidas en la Ley de Convertibilidad del Austral que impide todo ajuste de deudas dinerarias con posterioridad al 1/4/91, resulta que, en efecto, es improcedente el incremento del canon locativo a razón del 1% mensual y acumulativo sobre el importe del alquiler resultante del desagio antes mencionado, que se dice haber convenido abonar y efectuado, respectivamente, en el escrito inicial. (Cód.

Civ., arts. 2, 3 y 21; Ley 23.928 art. 13)