Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-20


SECRETARIA LETRADA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN ROSARIO Reg.: A y S t 216 p 100-102.

Santa Fe, 20 de setiembre del año 2.006.

VISTOS: los autos "SECRETARÍA LETRADA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN ROSARIO - Situación de Agentes de esa Sede: Raúl Darío RAMONDA y Noemí Rosa WHURMANN- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 514, año 2005), para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario federal articulado a fojas 813/836; y, CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio por el que este Tribunal rechazó de plano las recusaciones articuladas, dedujo el recurrente recurso extraordinario federal para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 813/836).

Tras referirse a los antecedentes del caso, a la admisibilidad del recurso interpuesto y a la cuestión constitucional en debate, afirmó que el primer agravio está constituido por carecer la resolución atacada de suficiente motivación toda vez que se ha hecho una remisión a precedentes del Tribunal empero no reflejan razonamiento alguno.

Dijo que la Corte nacional implícitamente ha reconocido que si el mismo tribunal que se pronunció en el ámbito administrativo debe luego hacerlo en el terreno contencioso pueden los jueces que lo integran ser apartados de la causa, extremo no respetado en autos.

Consideró, en segundo término, que los fundamentos esgrimidos para desestimar la recusación no responden al planteo deducido, siendo argumentos que responden a una incidencia fácticamente diferente a la del sub lite.

Seguidamente, adujo que la recusación fue planteada en la primera oportunidad en que a la Corte le tocó intervenir como Órgano jurisdiccional y las cuestiones de trámite del recurso tendentes a su resolución no ameritan nuevos, reiterativos y sobreentendidos planteos de recusación.

Asimismo, se agravió de que en la resolución recurrida se confunde al equiparar el órgano colegiado con las personas que lo integran expresando que lo cuestionado es que sean las mismas personas las que intervengan en uno y otro caso y no el mismo Cuerpo.

Tildó de "mezquina" la decisión de la corte por la extensión y alcance que corresponde otorgarle a una garantía constitucional como la del debido proceso, la que incluye la imparcialidad del juzgador, garantía que se extiende también al ámbito administrativo dentro del cual la Corte ejerció sus facultades de superintendencia y dictó resolución.

Paso seguido, se refirió extensamente, con citas de doctrina y jurisprudencia, a este tópico, y afirmó que las garantías constitucionales deben interpretarse de modo amplio y no restrictivamente como en el caso.

2. En el examen de admisibilidad que corresponde efectuar a este Tribunal a fin de conceder o denegar el recurso federal interpuesto cabe destacar liminarmente que los agravios esgrimidos carecen de idoneidad en orden al franqueo de la instancia extraordinaria por cuanto, más allá incluso de la cuestión relativa al recaudo de definitividad de sentencia, los planteos del recurrente -en definitiva- sólo traducen la mera discrepancia de su parte con el criterio sustentado por este Cuerpo cuando, en el ejercicio de funciones propias y en una materia regida por reglas de carácter procesal - también ajena a la instancia mencionada (cfr. Fallos, 277:9; 245:179; 265:100; 268:567; 302:210; etc.)-, resolvió el rechazo de plano de las recusaciones articuladas por cuanto no concurrían ninguno de los supuestos previstos por el ordenamiento adjetivo para el apartamiento de los Jueces de las causas que se someten a su decisión.

En ese orden, no es ocioso destacar que el impugnante omite absolutamente hacerse cargo de la ausencia de previsión del supuesto bajo examen en las normas respectivas (vide art. 10, del Código de rito local), por lo que, en última instancia, su pretensión si bien se mira no se funda sino en una extensión analógica de las referidas normas, en abierta contradicción con el principio reiteradamente sostenido conforme al cual la interpretación de las normas que establecen las causales de recusación y excusación de los magistrados ha de efectuarse con un criterio estricto (vide Fallos, 319:758), canon éste que se funda, a su vez, en "la necesidad de preservar, en la medida de lo posible, al juez que le corresponda actuar conforme a los criterios de distribución y asignación de competencia" (cfr. "Carreras", A. y S., T. 191, pág. 202; "Abalos", A. y S., T. 114, pág. 424), insistiéndose con relación específica a esta Corte Suprema que "aquella orientación restrictiva resulta particularmente fuerte cuando se trata de integrantes del Máximo Tribunal de la Provincia, según lo contempla el artículo 12 de la ley 10.160 (cfr. A. y S., T. 99, pág. 492) (A.y S., T. 101, pág. 148; en igual sentido: T. 101, pág. 150; T. 103, pág. 265)." En tales condiciones, se advierte que la genérica invocación por parte del recurrente de que se habrían vulnerado garantías constitucionales, y sin demostrar de cómo sus alegaciones resultan trasladables a supuestos como el del sub lite -cuando no se observa que aquélla pudiera estar estrictamente comprometida en el caso-, habilita a poner de resalto la exigencia de que exista una relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal aducida en él (Fallos, 165:62; 181:290; 276:365; 278:271; 294:466, etc.) (art. 15 de la ley 48); representando, por lo tanto, sus pretendidos agravios la mera expresión de su disconformidad con la solución a que se arribara en la decisión cuestionada -extremo que, huelga reiterarlo, resulta ajeno a la instancia extraordinaria (cfr. Fallos, 279:173; 295:420; 302:1574; 304:267; 307:1037; 310:676, etc.)- , la que a su vez -vale la pena destacarlo- responde a una implícita ponderación efectuada por esta Corte en cuanto a la revisión de los actos que ella dicta en el ejercicio de su competencia de gobierno del Poder Judicial, competencia atribuida por el artículo 92 de la Constitución provincial, cuya preservación integra el ámbito de sus delicadas responsabilidades institucionales.

Con esa inteligencia, acoger planteos como el esbozado por el recurrente implicaría que el poder de superintendencia, de raíz constitucional, quedase sujeto -en definitiva- al juicio de quienes no revisten el carácter de miembros naturales del Órgano Superior del Poder Judicial de la Provincia, con violencia del espíritu de nuestra Carta Magna (arg. de Fallos, 307:1256; cfr., Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Bs. As., "Labandal", febrero 13, 1990, Ac. y Sent., T. 1990-I, pág. 135).

En este sentido, como se expresara en A. y S., T. 181, pág. 340, cabe señalar que le corresponde a la Corte provincial -en su integración natural- la recta revisión de lo decidido en la esfera de Superintendencia conforme a los principios y normas que rigen al recurso de inconstitucionalidad local, "sin que la viabilidad, posibilidad, suficiencia y eficacia de tal instancia judicial se vean impedidas por la doble e inescindible carácter de aquélla como supremo tribunal constitucional local y titular de la Superintendencia, en una intervención que aparece justificada y exigida por una regla de necesidad ("rule of necessity", de tradicional presencia en el Common Law y reiteradamente empleada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos -"Evans v. Gore", 253 U.S. 245; "O'Donoghue v. United States", 289 U.S. 516; "O'Malley v. Woodroug", 307 U.S. 277; "United States v. Will et al., 449 U.S. 200; vide también, en particular, Fallos, 323:4229 [4230]) derivada de la especial sensibilidad que revisten cuestiones como la presente para el gobierno del Poder Judicial, y por el evidente interés público comprometido en el normal funcionamiento del Servicio de justicia, que imponen la firme defensa y cuidadosa preservación de las atribuciones del órgano supremo en el orden local (cfr. "Abalos", marzo 8-1995, cons. 3 y 4 )." Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto a fojas 813/836.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)