marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio abreviado, pena, consentimiento del procesado, reglas de conducta
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Páez, Gustavo Daniel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-15

De la simple lectura del art. 27 bis del Código Penal se advierte que las disposiciones allí contenidas son inherentes a la condena por los delitos y en la modalidad en ellos previstas. Tal circunstancia, que debió ser conocida por el aquí recurrente al momento de concluir el acuerdo de juicio abreviado con el representante del Ministerio Público Fiscal como necesaria consecuencia del consenso dado, en forma alguna pudo ser prenda de negociación por las partes. Siendo ello así, carece de todo sustento la afirmación de que el tribunal a quo agravó la pena solicitada por el Ministerio Fiscal al imponer las referidas accesorias, con olvido de su carácter imperativo y de las consecuencias que de tal condición. (Voto del Dr. Riggi;

en disidencia, según sus votos los Dres. Tragant y Ledesma).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, caducidad, plazo, sellado judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CAPSE S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 53 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-22

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario desde que la recurrente insiste en los cuestionamientos efectuados en el recurso de inconstitucionalidad, sin hacerse cargo de refutar las conclusiones de este Cuerpo que al examinar las razones expuestas por la Cámara en apoyo de lo resuelto, apreció que el Oficio entendió que "los trámites atinentes a la tasa de justicia no suspenden ni interrumpen el plazo de caducidad", distinguiendo de todos modos, el curso del proceso con anterioridad y una vez rechazado el planteo de la recurrente relativo al sellado; cuestione s que señaló este Tribunal eran propias de los jueces de la causa y cuya irrazonabilidad no se había logrado justificar.
Contrato de trabajo, fletero, relación de dependencia, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Coniglio  Luis  Daniel  y  otros c/ KCK  Tissue  S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-08

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal General de la lectura del art. 4 inc. h) de la ley 24.653 se concluye que el ordenamiento previsto por dicha ley sólo se aplica a los fleteros que no son dependientes. No se puede interpretar la norma en cuestión como una derogación, para las personas físicas que hacen tareas de transporte, de las pautas legales de la imperatividad del tipo contractual laboral. Tal inferencia sería inexplicable y gravísima, porque los que hacen traslado de carga con su fuerza de trabajo incorporándose a una empresa ajena mediante el pago de una retribución periódica en dinero, serían autónomos aunque tuviesen exigencias fácticas de exclusividad y se daría una inadmisible hipótesis de trabajo no tutelado. El análisis global de la ley 24.653 evidencia que se trató de generar una regulación orgánica para el transporte de carga llevado a cabo por empresas autónomas, sea su titularidad de una persona de existencia ideal o de una persona física y, en este marco, no es cuestionable la inclusión de los "fleteros" autónomos y si el "fletero" fuera dependiente dejaría de existir una relación de transportes que es, precisamente, lo que la ley aspira a regular. El legislador no puede pronunciarse genéricamente acerca de la dependencia que deberá ser determinada en cada caso concreto. Así, la interpretación del alcance del art. 4 inc. h) de la ley 24.653 se ajusta a los principios y valores constitucionales en juego sin que quepa declarar su inconstitucionalidad de oficio. (Del voto del Dr.

Zas).
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por conexidad, improcedencia del recurso, convocatoria a la asamblea de accionistas
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Block, Beatriz Inés  c/ Ro & Mo SA y otros  s/ medida precautoria s/ incidente de art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

El pedido de convocatoria judicial a asamblea es un trámite que se agota con la resolución del juez al admitir o denegar tal solicitud, por lo que no se justifica la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis para que proceda el desplazamiento de la competencia al juez que previno en ese trámite.
Recurso de inconstitucionalidad, competencia penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ López, Oscar s/ Infracción art. 249 Código Penal - Inconstitucionalidad  (Libro: A027-278)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-08-30

Para que en materia procesal penal sea viable el recurso de inconstitucionalidad es necesario, según el art. 577 del Código Procesal Penal que previamente se haya cuestionado el aspecto constitucional de una ley, ordenanza, etc. que estatuyan sobre materia regida por la Constitución.
Recurso contencioso administrativo, recurso de casación, caducidad, impulso procesal, actuaciones administrativas
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE CASACION -RECURSO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 187 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-12

Corresponde hacer lugar al recurso de casación invocando la existencia de sentencias contradictorias entre las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, que configuraría la hipótesis del artículo 37 de la ley 11.330, desde que la Cámara Nro. 1 entiende que determinados los presupuestos objetivos de procedencia de la caducidad de la instancia -aún en la etapa de "preadmisibilidad"- opera dicha causal, en cambio la Cámara Nro. 2 sostiene que el recurrente no tiene la carga de impulsar la remisión de los expedientes administrativos, en virtud de los apercibimientos previstos en el artículo 13 de la ley 11.330 y que la inactividad debe responder a una inacción voluntaria, siendo el trámite oficioso hasta la admisibilidad del recurso.

Es que, a los efectos de fijación de "la doctrina o norma jurídica que rige la cuestión debatida", cabe señalar que el caso a decidir se encuentra sometido a las reglas de la ley 11.330, y en particular, a su artículo 13, "conforme al cual '(...) si requerido, en cualquier caso, el envío del expediente, éste no fuera remitido en el plazo fijado, el Tribunal procederá de inmediato y sin más trámite a entender en el recurso tomando como base la exposición del recurrente (...)', norma ésta que introduce una mención -la destacada en cursiva- ausente en el artículo 28 de la antes vigente ley 4.106".

En tales condiciones, la medida que pone en la cabeza del actor una carga impulsoria inexistente, no satisface las exigencias de fundamentación derivadas del ordenamiento constitucional, por lo que correspone declarar que el criterio a aplicar en la materia debe ser el sostenido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nro. 2.
Pensiones, divorcio, matrimonio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Monteverde, Ángela L, c/ Gendarmería Nacional s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-02

No puede ser viuda quien no era cónyuge del causante al producirse el deceso de éste, por lo que la ex esposa divorciada vincularmente del beneficiario fallecido no goza de derecho a pensión) (Voto de la Doctora Elena I. Highton de Nolasco) -Del precedente "Parets", al que remitió el voto-.
Honorarios, pago, plazo de gracia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTADO NACIONAL  D.G.I. c/ CUER Y TEL  S.A.  COMERCIAL INDUSTRIAL s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-16

Carece de asidero la pretensión de la deudora relativo al goce de un nuevo plazo de gracia para el pago del saldo líquido de honorarios actualizados, toda vez que, ocurrida con anterioridad la mora del deudo, sus efectos se prolongan hasta el pago total de la acreencia, sin solución de continuidad (art. 61, ley 21.839). Lo contrario permitiría al deudor suspender el curso de tales efectos mediante la parcialización de los pagos.
Detenido, establecimientos penitenciarios, derechos de las personas privadas de libertad, derecho a la vida, derecho a la integridad psíquica y moral, derecho a la dignidad, derecho a la integridad física, obligaciones internacionales, estado parte
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de las Penitenciarías de Mendoza Resolución de la Corte Interamericana c/  s/ Medidas Provisionales así como sus empleados y funcionarios púbicos que presten servicio en dichos lugares c/ Rep. Argentina s/ La vida e integridad personal de las personas recluidas en las penitenciarias de Mendoza, así como sus empleados y funcionarios púbicos que presten servicio en dichos lugares
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-06-18

Conforme lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de las personas privadas de libertad, representa una obligación ineludible de los Estados en su posición de garante, el procurarles las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención, con el objetivo de proteger y garantizar su derecho a la vida e integridad personal.
Procedencia del recurso, autosuficiencia del agravio, antecedentes penales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos alcides echagüe, claudio y otros sobre 5 c - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-24

Si bien corresponde conceder la queja porque contiene una crítica suficiente del auto denegatorio, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad toda vez que el planteo de la recurrente, contrastado con la resolución impugnada, no supera una mera discrepancia interpretativa con los criterios y valoraciones de hecho y derecho que allí se consignan. Los jueces fundaron la verificación de los requisitos del encarcelamiento preventivo en el hecho de que la acusación tenía base fáctica con sustento probatorio suficiente, conforme el estado del proceso. También, tuvieron en cuenta la existencia de antecedentes penales y anotaciones en el Registro Nacional de Reincidencia; ponderaron la pena en expectativa que, de conformidad con la ley procesal penal aplicable, permitiría constatar la concurrencia de un indicador de peligro de fuga (art. 181, inciso 2, CPP) y, por último, valoraron las condiciones de arraigo. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., M. S. y otro s/ Homologación de convenio: tenencia. Régimen de visitas. Alimentos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Los peticionantes, al presentar el pedido de homologación del convenio sobre tenencia y régimen de visitas, en relación a su hija menor, ante el Juez de Paz de su domicilio ejercieron la opción que les otorga el art. 828 del C.P.C. según ley 11.453. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prórroga de la competencia, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: Gobierno  de  la Provincia de Entre Ríos c/ Instituto de ServiciosSociales para el Personal Ferroviario s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

Los estados provinciales pueden prorrogar la competencia originaria "rationae personae" en favor de la justicia federal de grado.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: Gallettini Francisco c/ Empresa Gutiérrez S.R.L. s/ Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-06-15

Para el cálculo de intereses según la tasa pasiva que fija el Banco Central de la República Argentina, debe aplicarse la siguiente expresión algebraica que esa Institución recomendó en el Comunicado Nro. 14.290 del 5 de agosto de 1991: i = [(100 + tm : 100 + to) - 1)] . 100.
Competencia, juicio ejecutivo, subasta de inmuebles, juicio de desalojo
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIGIL GRANDA, ANGEL c/ FALACIONI, OSVALDO s/ EJECUTIVO - INCIDENTE DE LANZAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-04

Procede sustanciar por vía de incidente de la ejecución lo relativo al desalojo del inmueble subastado en ella, sin necesidad de recurrir al fuero especial, bastando que los afectados sean debidamente oídos sobre sus derechos (CPR. 590: 6, 1).
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, expresión de agravios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MAIDA RE, HECTOR Y OTRO c/ CURTI, HORTENCIO R s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 101-84 ALBERT, HECTOR c/ CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA s/ DEMANDA ORDINARIA - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 146-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-29|1993-04-02

Es jurisprudencia de la Corte suprema que la reserva de la cuestión constitucional debe proponerse apenas sea posible, incluso al contestar agravios la parte que arriba vencedora a la segunda instancia, por existir la posibilidad de que el juez de alzada revoque el fallo impugnado.
Embargo, automotor secuestrado
Materia: PROCESAL
Carátula: Herrera, Ramón Osvaldo c/ Machado, Fernando s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-27

Si bien no es materia directa del recurso, entiendo que corresponde señalar que, en principio, el bien automotor no puede ser secuestrado ya que, como bien lo dice la jueza de grado, no se encuentra embargado el automotor, sino los derechos y acciones que el demandado tiene sobre él y que no se conocen, dado que en autos no existe un solo documento del que surja la naturaleza y alcances de estos derechos y acciones.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Isaura S.A. c/ Diamante (Soc. irregular) s/ Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-04

El pronunciamiento de la Cámara que confirma el embargo preventivo y la inhibición general de bienes decretados, no reviste carácter de definitivo en los términos de los artículos 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, pues teniendo dicho tipo de medidas carácter provisional no causan instancia (arts. 202, 203, 207, 228 y concs., Código citado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excepciones procesales, excepción de incompetencia, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: MARCONI, MARIO ENRIQUE s/ Excepción de Falta de jurisdicción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-16

La ley manda que el Juez resuelva los incidentes de la especie del que se trata (excepción de falta de jurisdicción) "sin otra tramitación" (art. 449 del Código de Procedimientos en Materia Penal (Ley 2372)). Permitir que esa providencia dé lugar a apelaciones implica tergiversar totalmente el propósito de sustanciación abreviada que emerge claramente del contexto de disposiciones que regulan el trámite de las excepciones previas. Los reclamos de las partes únicamente pueden llegar a la alzada en la ocasión prevista por el art. 455 del Cód. cit.
Pena, unificación de penas, condena condicional, período de prueba, revocación de la condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: O., J. s/ Hurto calificado (Expte Nº218-99, Resolución Nº11, Tomo 6, Folio  375)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-10

Si el imputado, antes de la ejecución del hecho por el que fuera juzgado en esta causa, ya contaba en su haber con una condena firme y el hecho aquí juzgado fue cometido durante el período de prueba establecido por el artículo 27 del Código Penal vinculado con la pena impuesta en dicha sentencia, el punto a dilucidar es: ¿puede considerarse como una forma de "cumplimiento de pena" el período probatorio que a tenor del artículo 27 del Código Penal se haya impuesto en una condena anterior y por un hecho anterior al que es juzgado?. A mi modo de ver, la respuesta debe ser positiva. Es que durante todo ese período, la condena precedente no ha perdido su actualidad, sino que el condenado está sufriendo consecuencias que de ella se derivan, cual la conminación de abstenerse de delinquir.

Para decir que la pena se extinguió, deberíamos convenir en que ya de ningún modo es posible exigir su cumplimiento, supuesto absolutamente inadmisible, puesto que precisamente la comisión de un nuevo hecho durante ese lapso puede provocar su ejecución, y en forma real. A través del análisis precedente, debe pues darse una respuesta afirmativa al interrogante planteado, habilitándose la unificación de penas discutida.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Maini, Ovidio Miguel s/ Robo aut.tor agravado y privación ilegal de la libertad agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley donde se denuncia la errónea aplicación del art. 166 inc. 2 del Código Penal, entendiendo que debía aplicarse el art. 164 del mismo Código, sin mencionar cuáles serían las normas legales que habría violado la Cámara al entender lo contrario en tanto la única referencia normativa -art. 263, regla IV, letra f. del Código de Procedimiento Penal- es inatingente, pues tal artículo -que por otra parte no está destinado a regular las sentencias de Cámara- se limita a disponer que los jueces deben resolver la cuestión relativa a la calificación, mas no le indica cómo deben hacerlo.
Procedimiento aduanero, notificación, domicilio erróneo, nulidad de la notificación
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: Iveco Arg. S.A. - T.F. Nº 7441-A c/ A.N.A..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-20

Teniendo en cuenta que la diligencia practicada se llevó a cabo en un domicilio distinto de aquel al que la legislación aduanera considera constituido, corresponde declarar la nulidad de la notificación.
Denegatoria del recurso, fundamentación insuficiente, empleo no registrado, extensión de la responsabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Casas, Ramón Omar y otro c/ TOTAL SERVICIOS S.R.L. s/ Beneficios Laborales - s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-05-30

Debe desestimarse el recurso de casación impetrado por los trabajadores, dado que no ha quedado demostrado ninguno de los supuestos que harían posible la extensión de la responsabilidad a los socios del ente, conforme elaboración de la doctrina sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho o para violar la ley, y aunque la empresa en la cual trabajaban los actores cerró definitivamente, ello no significa que la sociedad haya sido disuelta o liquidada, pues la explotación de estaciones de servicios, comercialización de combustible, lubricantes, etc., es parte del objeto social pero no el único, y en tanto los trabajadores pudieron trabar embargo preventivo sobre un bien que pertenece a la sociedad, la posibilidad de ejecutarlo, excluye la eventual frustración de sus derechos; es por ello, que el hecho de que se haya optado por la tesis restrictiva, no convierte al fallo en un acto susceptible de ser atacado por la vía intentada, como tampoco el mismo resulta arbitrario en función de ser el resultado de la derivación lógica y razonada de los antecedentes fácticos y jurídico.
Subasta judicial, subasta de inmuebles, seña
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Carlos Osvaldo Duret s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-30

La dispensa de pago de la seña en caso de subasta de inmuebles o del precio en el remate judicial para compensarlos con el crédito que generalmente se reconoce a favor del comprador lo es con la suma que se le adeuda hasta el alcance de la menor y en los términos del artículo 818 del Código Civil, siendo menester autorización judicial porque no sólo ha de tenerse en cuenta el precio sino también la cantidad que ha de estimarse provisoriamente para cubrir costas y gastos de la ejecución, como así también los impuestos, todo ello, sin perjuicio de las demás preferencias que surgen de la Ley de rito.
Competencia contencioso administrativa, competencia federal, competencia comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: Programa Santa Clara  S.A. c/ Torneos y Competencias  S.A. s/ Juicio de Conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-29

Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la incompetencia del fuero y ordenó la remisión de la causa a la Justicia Nacional en lo Comercial de la Cap. Fed. cuando la relación jurídica que vincula a las partes está regida por el derecho común.
Honorarios, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JUNTA NACIONAL DE CARNES c/ SAN SEBASTIAN S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-30

En la primera etapa de los procesos de ejecución cabe computar -a los fines regulatorios- sólo el capital más los recargos legales reclamados originariamente (ambos importes debidamente actualizados); y en la segunda, el monto actualizado de la liquidación aprobada. (S1,1918,300683)
Competencia penal, lesiones en riña
Materia: PENAL
Carátula: CASTEX, LUIS A.; BAHAMONDE, ANDRES s/ P.S.A. HOMICIDIO Y ABUSO DE ARMAS S/ CASACION LOPEZ, OCTAVIO ERNESTO; LOPEZ, ELBA ALICIA Y PONCE, JULIO CESAR s/ VIOLACION DE DOMICILIO, LESIONES GRAVES Y COACCION CAL EN CONC. REAL  (LOPEZ, E.); LESIONES LEVES Y VIOLACION DE DOMICILIO EN CONCURSO  REAL S/ CASACION' REUCAN, ROQUE s/ CORRUPCION AGRAVADA S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-10-13|1993-11-12|1993-11-29

La alegada violación del derecho de defensa se diluye totalmente, habida cuenta de que si el señor defensor estuvo presente en el careo y pudo controlar la prueba, el pleno ejercicio de la defensa de su pupilo no aparece en absoluto menguado.-
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, convocatoria judicial, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Curet, Sebastian c/ Cargo Staff Logistics SA s/ convocatoria a asamblea
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-17

Cabe revocar el pronunciamiento que desestimó el pedido de inclusión de ciertos temas a tratar en la próxima asamblea extraordinaria y dejo sin efectos la convocatoria judicial dispuesta, imponiendo en cabeza del accionante actor los honorarios correspondientes al auxiliar designado como presidente de esa asamblea. Ello pues, si bien el pedido de convocatoria judicial a asamblea no es un procedimiento contencioso, sino voluntario, frente al cual el juez ordena sin más, verificados ciertos extremos, la realización del acto, lo cierto es que si el socio accionante introdujo el pedido y el magistrado interviniente dispuso la convocatoria sin que la sociedad se opusiera a ello, cabe juzgar tardío tal asentimiento, debiendo ser aquélla quien debe responder por los gastos causídicos que ocasionó por su negligencia (cfr. esta Sala F, 11/10/12, "Bertoncello Egidio c/ Boscherino Antonio y otro s/ medida precautoria; entre otros). De modo que, en dicho marco, procede que las costas de la presente causa sean soportadas por la sociedad demandada quien guardó silencio frente a la requisitoria que se le efectuara oportunamente mediante cartas documento.