Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14


//nos Aires, Capital de la República Argentina, a los 14 días del mes de Septiembre de dos mil cinco, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "B", para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: "Fanlo Margarita Ester c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ Daños y Perjuicios" respecto de la sentencia de fs. 210 / 214, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: LUIS LOPEZ ARAMBURU - GERONIMO SANSO - CLAUDIO RAMOS FEIJOO - A la cuestión planteada el Dr. López Aramburu, dijo: Contra la sentencia de fs 210/214, apelan y expresan sus quejas la parte demandada de fs 234/241, y la actora lo hace de fs 246/252, ambas sin merecer respuesta. Se agravia el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dice que no le corresponde la culpa atribuida por la ausencia de causalidad entre "el árbol y el daño invocado" por la actora, y porque éstos responden a la negligencia de la moradora en tareas de mantenimiento y conservación, ya que dicha propiedad cuenta con una antigüedad de más de noventa años. Insiste en que el perito no ha realizado una inspección técnica y solicita, como medida para mejor proveer una nueva designación de perito a los fines de evacuar la totalidad de los puntos de pericia que no han sido respondidos, en especial si los polvillos del plátano pueden provocar las graves inundaciones que padeció el inmueble de la actora, entre otras consideraciones. La actora, a su vez, se agravia del monto otorgado en concepto de daños y perjuicios solicitando se eleve y porque no se ha hecho extensiva la condena a la Policía Federal al haberla detenido injustamente. En primer lugar, cabe poner de resalto que la demanda se promovió por daños y perjuicios ocasionados por la presencia de un árbol (plátano) situado en la vereda de la calle Thompson 471, de esta ciudad, que provocara daños en la azotea causando obstrucción en los desagotes pluviales provocando, además humedades, filtraciones hídricas, que estropearan la pintura, yesería y empapelado del techo de la casa de propiedad de la actora. El sentenciante puso de manifiesto que mediante las pruebas incorporadas al proceso ha quedado demostrado suficientemente que la demandante ha sufrido diversos daños en el inmueble de su propiedad. Y para ello se basa en el informe pericial presentado a fs 160 de estos actuados, en el que destaca la constatación personal del perito de los daños en la vivienda que junto a las fotografías acompañadas responden fielmente al daño observado. Destaca el "a quo" que de acuerdo a lo determinado por el experto "el origen de tales daños es la penetración de agua y/o humedad proveniente de las lluvias (continuas y varias a través del tiempo) y que, se aprecia estimativamente, y que fue debido a mal, insuficiente o nulo escurrimiento pluvial por los conductos de desagotes realizados constructivamente para tal función", indicando que de estar desobstruidos y limpios el agua pluvial correría hacia el exterior. Agrega luego que el factor básico (puede o no ser exclusivo pero si muy incidente) es la acumulación naturalmente desordenada y continua de frutos (redondos) que se deshacen en su período y dejan polvo y fibra diseminados que se apelotona sin disolverse del árbol, plátano oriental que está ubicado en la acera que por su crecimiento y desarrollo de años excede en altura hasta el nivel de la azotea, penetra con su ramaje, hojas y frutos en el espacio privado de azotea de la unidad de vivienda. Acota el sentenciante que la pericia mereció impugnación pero que sus quejas no desvirtúan lo afirmado por el experto, quien no sólo, constató tales daños personalmente, sino que respondió acabadamente a fs 174, fundando debidamente su opinión y ratificando su informe. En primer lugar, considero, que en lo que se refiere a este tema, que la pieza en análisis no cumple con los recaudos establecidos en el art. 265 del Código Procesal, tratándose de una reiteración de las defensas desarrolladas en Primera Instancia que, si bien revelan el disenso del apelante no constituyen la expresión de críticas concretas a los fundamentos dados por el "a quo" en su decisorio, ya que el sentenciante analizó pormenorizadamente las pruebas traídas a estos autos (especialmente la pericial de fs 160 y su contestación de fs 174), señalando que de dichos elementos resulta que existe la relación de guarda entre la "cosa" árbol y el Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires, que lo incluye en la disposición legal del art 1113, 1ra parte del 2do párrafo del Código Civil, desde que le incumbe sobre aquél un deber de control y mantención cuya finalidad, entre otras cosas, es precisamente, la de evitar la producción de daños a terceros y, si bien es cierto que tanto la demanda como la actora, discrepan con el experto y lo decidido por el "a quo", también lo es que se limitan a formular un total disenso con lo que resulta de aquellos elementos probatorios y no formulan una crítica concreta efectuada con un fundamento científico, en lo que hace al informe pericial y cabe señalar que pese a que la actora designó un consultor técnico (ver fs 51, punto D) y la demandada (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) designó también un profesional (ver fs 114, punto IV) dichos profesionales no han presentado un informe (ver fs 172/172 vta) que discrepara con los hallazgos del perito y no ejercieron las facultades que le otorgan lo establecido en los arts 471, 472, 473, y 474 del Código Procesal, debiendo agregarse que el origen de la designación del experto avienta toda sospecha. En cuanto a las impugnaciones que se efectúan a la pericia y a la suma por la cual prospera la demanda, advierto que los apelantes revelan su disenso con el pronunciamiento, sobre todo con lo expuesto por el "a quo" a fs 213, 2do, párrafo, pero no presenta facetas positivas a lo dicho por el sentenciante. En efecto, la accionante formula un enfático disenso en base a un desarrollo de la cuestión sumamente subjetivo y que no condicen con las probanzas de autos. En otras palabras, las quejas vertidas carecen de fundamento probatorio y únicamente se emiten en base a elucubraciones sumamente subjetivas que carecen de prueba que las avale. En lo que se refiere al período por el cual fue detenida y por lo que solicita la condena también a la Policía Federal, cabe poner de resalto que aquella lo fue el mismo día 13 de agosto de 1999, a las 17 hrs. (según constancias de fs 2), se comunica dicha detención al Sr. Juez Nacional en lo Correccional n° 9, a las 18.20, a fs 29 se procede a la soltura de Margarita Ester Fanlo de Delia, que se efectiviza a las 23.50 hrs, y lo que afirmara el sentenciante en el sentido de que el procedimiento que se llevara a cabo fue dispuesto de acuerdo con las normas correspondientes dispuestas por el Juez en lo Correccional, y que no obstante que después el resultado haya sido el sobreseimiento de los detenidos, no condice que se le adjudique la culpa por esas actuaciones. En lo que se refiere al tema respecto a la aplicación del art 22 de la ley 23.982, es menester señalar que en primer lugar, más allá de considerar que este tema debió ser introducido en Primera Instancia, cabe expresar que esta Sala ha dicho en reiterados pronunciamientos, que dicho precepto, que es de orden público, encuentra su justificación en la necesidad de que el obligado al pago pueda efectuar la previsión presupuestaria correspondiente, establece un mecanismo para hacer frente a las obligaciones del sector público de causa o título posterior al 1.4.91, poniendo en cabeza del ente ejecutivo la carga de tramitar el crédito en el presupuesto del año siguiente, quedando entonces diferida su ejecución compulsiva por parte del acreedor hasta la conclusión del período ordinario de sesiones del año en que debió aprobarse la partida presupuestaria que contuviese su acreencia. No implica una normativa de emergencia, sino que reviste carácter esencial dentro del régimen de pago de las deudas ordinarias y no consolidadas del Estado (conf. CNCiv., Sala M, R. 250912, del 26?10?98).Y dado el estado actual de transición institucional en que se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -como continuadora a todos sus efectos de la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (conforme artículos 5 de la ley 24.588 y 7 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires)- cabe considerar que para la cancelación de la obligaciones a su cargo no podrá eludirse el trámite que instrumenta el citado art. 22, dentro del cual la deudora tendrá la carga de tramitar el reconocimiento de una partida presupuestaria acorde con la deuda pendiente de cumplimiento en el presupuesto del año siguiente (conforme CNCiv., sala A, del 4.11.97, publicado en diario El Derecho del 22.4.98, pág.11; también esta sala B, R. 232.375 del 29-10-97; sala C, del 6.11.97, publicado en diario El Derecho del 12.12.97, pág11; sala D, R 119.977 del 8.7.98; sala I, del 12.2.98, "MCBA c/ Banco Nac. de Desarrollo"; sala J, "Chiao, José y otro c/Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y otros s/ds. y ps.", del 19.5.98, entre otros). Ahora bien, se trata en el presente de conciliar el acto procesal -sentencia de condena - con la disposición innovadora referida a la consolidación de las obligaciones del Estado. Porque es imperativo para la validez del pronunciamiento establecer un plazo de cumplimiento (art. 163 inciso 7° del Código de Procedimientos), cuyo efecto directo e inmediato es dar origen a la ejecución forzada, circunstancia que no se da en aquellos otros fallos de carácter declarativo o constitutivo. Además de los otros que conciernen al plazo mismo que no es de carácter procesal, sino que está regido por el artículo 28 del Código Civil (ver entre otros el Cód. Pr. Comentado Fassi - Yañez volumen I página 821). La ausencia de plazo es interpretada como que la exigibilidad, y por lo tanto la instancia de ejecución forzosa, se sucede de inmediato a la fecha del decisorio. En consecuencia el pronunciamiento de condena no sería válido ni asignaría punto de partida para el cálculo de accesorios de no contener un tope, un término de cumplimiento. Por lo demás, la pretensión de la apelante no podría ser entendida en el sentido de que al considerar vigente para el caso, la regla del aludido artículo 22, aspira a que la sentencia no contenga plazo, porque entonces no estaría contando con efectuar la previsión para el ejercicio subsiguiente. En otras palabras, en el proyecto de presupuesto de qué año introduciría como erogación a efectuar, el importe de una sentencia de condena que no tiene exigibilidad porque no cumplió la directiva del artículo 163 inciso 7°. Considero que la regla procesal precedentemente citada instala explícitamente un concepto, el de que se está frente a una sentencia de condena, acto seguido el de posibilitar la ejecución forzada; y actualmente a contar de la ley 23.982 contiene un concepto implícito, que el plazo que fije está condicionado a la regulación específica del artículo 22, y tiene como consecuencia establecer claramente el punto de partida del crédito a todos los efectos (ejercicio en que habrá de realizarse la previsión presupuestaria, curso de los intereses etcétera). Y una reflexión más, hasta se podría como excepción cumplir la decisión dentro del plazo estipulado, si es que el Estado tuviera reservas afectadas para hacer frente a sentencias como la de autos, para así eximirse de los mayores costos a irrogarse por los réditos y costas, exhibiendo de tal manera condiciones de óptima administración al haber adoptado con diligencia las previsiones necesarias anticipadamente. Por estas razones considero que la queja no debe recibirse. En lo que se refiere al cómputo de la tasa de interés, que la demandada solicita lo sea desde el pronunciamiento recurrido, no corresponde hacer lugar al pedido, toda vez que los intereses en la especie, se si bien se deben desde el momento en que se produjo el daño, al no existir agravio de la actora en tal sentido, no corresponde modificar lo decidido por el "a quo" respecto de la fecha de arranque del cálculo de este accesorio. En cuanto a la tasa de interés, toda vez que el hecho tuvo lugar con posterioridad al 1° de abril de 1991, deben computarse conforme lo establecido por los plenarios del fuero a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, conforme así lo decidiera el "a quo", por lo que las quejas no pueden tener favorable acogida. Por todo lo expuesto propongo se confirme la sentencia apelada en todas sus partes. Con las costas de Alzada por su orden, atento a que no progresan las pretensiones de las partes. Los Dres. Sansó y Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. López Aramburu, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto: LUIS LOPEZ ARAMBURU - GERONIMO SANSO - CLAUDIO RAMOS FEIJOO.