marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución hipotecaria, inhabilidad de título, enmiendas
Materia: PROCESAL
Carátula: DECKER, Guillermo Angel c/ PEREZ, Ramón Eduardo s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-04

La existencia de enmiendas o raspaduras en el texto de la escritura no enerva su ejecutabilidad, si es que no se alteraron las principales estipulaciones del contrato hipotecario. Cuando dicho contrato reúne en sí mismo, y sin necesidad de acudir a otros instrumentos, los recaudos exigidos por el art. 520 y concordantes del Código Procesal, en sus aspectos objetivos y subjetivos, constituye título ejecutivo.-
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, delitos, juicio ordinario, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: CRESPO Y RODRIGUEZ C/ MOGILANSKI DIEGO S/ ORDINARIO. c/ s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

Procede confirmar la acción que persigue la reparación del daño derivado de la imputada maniobra defraudatoria, perpetrada por los accionados consistente en la falta de entrega de la hacienda que originalmente debían entregar, que les había sido pagada por el actor y la consiguiente necesidad de éste de proveerse por otros medios de la hacienda para entregarla a los compradores. Ello por cuanto, en el caso, las constancias registradas por la accionante en sus libros de comercio, llevados en legal forma, se corresponden con la prueba documental y testimonial aportada por ella, y no fueron debidamente contrarrestadas por el accionado. Por ello, sin soslayar que la presentación de la solicitud de la suspensión del juicio a prueba del imputado en la causa penal no implica confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente (CP 76 bis), en el caso existen presunciones fundadas en hechos reales y probados que, por su número, precisión, gravedad y concordancia, producen la convicción de que el recurrente se obligó conforme el contrato de venta de terneros a término acompañado por la actora y que no cumplió con su prestación (CPR 163).
Derecho procesal, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO c/ PONTORIERO JORGE A. s/ COBRO DE PESOS ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-14

"Puede pedirse mejorar la medida cuando el bien afectado a ella ha perdido su valor inicial, o se demuestra que desde el comienzo era insuficiente". El actor puede solicitar la ampliación, mejorar o sustitución, siempre que acredite que la medida vigente no cumple en forma adecuada, esto es, con funcionalidad, el rol de garantía a que está destinada, toda modificación o ampliación de una medida cautelar debe estar precedida por la justificación prima facie de los motivos que la hacen procedente.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, carga de la prueba, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Mazanti S.A s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-08

En caso de opción por la vía civil en derecho de daños para que el dueño o guardián responda por el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa debe mediar relación de causalidad adecuada entre la cosa y el daño. La carga de la prueba del nexo causal corresponde a la actora. Si se tratara de causalidad concurrente, corresponde graduar la extensión del resarcimiento en virtud de la imputación de las consecuencias dañosas.
Banco central, régimen de garantía de los depósitos, certificado de depósito a plazo fijo, simulación, prueba, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCATTAGLIA, JOSE Y OTRO c/ B.C.R.A. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

La ley no exige que los depositantes demuestren el origen de los fondos con que se efectuó un depósito cuya garantía conforme a la ley 22.051 se pretende, pero si el Banco Central reclamó la presentación de elementos demostrativos de dicha procedencia (punto 7.1.5. cir. OPASI-1 modif. por com. A-614), a lo que los depositantes accedieron sin obtener decisión favorable, y promovido por éstos el juicio opuso la simulación de los certificados por falta de ingreso del dinero, defensa que los actores tuvieron ocasión de responder, el tribunal debe evaluar todas las circunstancias en conjunto para resolver la excepción (arg. arts.

377, 386, CPCiv.) sin hallarse limitado por las exigencias que la ley establece para probar la simulación entre partes.
Juicio ejecutivo, cheque, cancelación del cheque, denuncia, extravío del cheque
Materia: PROCESAL-PENAL-COMERCIAL
Carátula: Ulfeldt, Eric Richard c/ Las Quintas Ruta 2 SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Admitir una solución contraria conduciría a privar a los mencionados cheques, sin base legal, de un efecto propio de los títulos de crédito, cuál es su aptitud ejecutiva. Y si bien nuestra legislación legitima el rechazo de cheques por el girado ante la denuncia de su extravío o sustracción (arg. ley 24452: 5), tal circunstancia no constituye impedimento legal al progreso de su ejecución judicial (conf. CNCom, Sala D, in re "Acebal, Atilio Federico c/ Cows & Bulls SA s/ ejecutivo", del 12/02/07).
Acción de inconstitucionalidad, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gandulfo de la Serna, Pedro Dionisio s/ Inconstitucionalidad arts. 1, 2, 8 y 14 ley 10897 y arts. 1 y 2 ley  10918
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

La mera presentación de la demanda impone al actor la carga de instar el procedimiento y su inacción, representada objetivamente con la no confección de la cédula de notificación transcurridos los términos de ley, determina la caducidad de la instancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho a la vida, muerte digna
Materia: CIVIL
Carátula: S. , M. d. C. s/ insania
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

Si el enfermo no dejó instrucciones, ni mandas y tampoco se cuenta con manifestaciones previas a su pérdida de conciencia que ilustren acabadamente sobre su madura y reflexiva decisión de interrumpir o negarse a recibir tratamientos de sostén en tales circunstancias, es decir, si se desconoce su voluntad al respecto, no puede autorizarse la supresión de la alimentación e hidratación artificial que conduzca a su muerte natural. Es que, esto es lo que acontece con los derechos personalísimos: sólo pueden ser ejercidos por su titular. Ya por sí o por apoderado, pero siempre con la inconfundible voluntad impulsora de aquél que tiene el goce innato de tal derecho por su condición de persona. (Del voto del Dr. Roncoroni)
Contratos, interpretación del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: FELIU TERESITA AURORA Y OTROS c/ EMPRESA UNIPERSONAL JUAN AZZI Y/O COMPAÑIA FINANCIERA SIC s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-04-12

A los fines de la interpretación de un contrato, cuyo texto y cláusulas son claras, no es preciso pretender desentrañar la intención de quienes lo suscribieron, sino que es suficiente interpretarlo derivando el derecho que asiste a las partes nacido como consecuencia de tal documento y estar a los términos lisos y llanos empleados por quienes le dieron nacimiento.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: "Luncheon  Tickets  S.A.  -Inc.  Med. c/ Municipalidad  GeneralViamonte (Pcia de Bs As.) s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-04

Corresponde el rechazo del recurso extraordinario en relación a la arbitrariedad atribuida a la resolución y al gravedad institucional invocada por cuanto estos supuestos no resultan susceptibles de consideración por esta Sala.
Asociaciones sindicales, elecciones gremiales
Materia: LABORAL
Carátula: GASPERO, ARTURO c/ UNION FERROVIARIA s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-29

La conjunción de los arts. 5 y 8 de la Reglamentación Electoral, unida a un diseño que conlleva a un plazo perentorio para presentarse a competir en el proceso electoral imponen afirmar antes de que expire el término, se presente una lista que necesariamente debe ser completa y aspirar a todos los cargos. El proceso del art.

8 se limita sólo a aquellos casos en que presentada en tiempo y forma una lista completa, la Junta Electoral impugna a uno de los candidatos.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ibarbia, Fernando c/ Miguel, Roberto s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

Le corresponde probar -sea actor o demandado- a aquel que pretende innovar en la posición de su adversario; vale decir, al litigante que quiere modificar el estado normal de las cosas o situación adquirida por la contraparte.-
Corretaje, locación, juicio de desalojo, responsabilidad del corredor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SCHANTORNO DE PETRECCA, TERESITA MANUELA c/ SALOMONE, JUAN CARLOS OSVALDO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-11

No existe en derecho una prescripción siquiera genérica que imponga al intermediario indagar sobre el estado de la relación locativa entre el locatario y a la vez sublocador desalojado (lo cual conllevó, en el caso, el desahucio de los accionantes sublocatarios del local donde asentaba su adquirido "quiosco"), y la locadora principal propietaria de la finca.
Beneficios previsionales, prescripción, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Torcelli, Alfredo Francisco c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Perera, Gonzalo Amaranto c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28|2000-06-21

Los efectos de un acto interruptivo de la prescripción duran mientras se mantenga la instancia administrativa, la que sólo decae por la existencia de una resolución firme y consentida o por declaración de caducidad.
Derecho civil, medidas cautelares, alcoholismo, tratamiento médico, asistencia psicológica
Materia: CIVIL
Carátula: BERGE MONICA SILVIA c/ SWISS MEDICAL GROUP SRL s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-19

Las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deben reconocer la patología del consumo de alcohol "en la cobertura para los tratamientos médicos, farmacológicos y psicológicos . " y, asimismo, deben brindar a los pacientes alcohólicos "la asistencia y rehabilitación que su estado requiera" (art. 12 de la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo) y que Swiss Medical SA omitió informar a la accionante los prestadores de que disponía para cubrir la prestación requerida, se estima apropiado apartarse aquí de la regla general mencionada precedentemente (esta Sala, causa 6.641/09 del 10.02.10) y, dados los elementos obrantes en autos y el estrecho marco cognitivo del ámbito cautelar, concluyese en que resulta aconsejable no introducir cambios en el tratamiento que recibe actualmente la actora, al menos hasta que se decida la cuestión de fondo (esta Sala, causa 10.690/00 del 18.9.01 y su cita). Máxime cuando el tratamiento ha tenido principio de ejecución; circunstancia ésta que pone de manifiesto la necesidad de asegurar la permanencia y continuidad de la prestación médica recibida por la peticionaria (Corte Suprema, Fallos 327:5373).
Juicio ejecutivo, procedimiento monitorio, demanda, pagaré, endoso, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Daichman, Jorge Luis c/ Coll Acebal, Silvana s/ Monitorio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-02-23

Corresponde el rechazo de la demanda monitoria ejecutiva entablada presentando un pagaré donde el portador no es quien aparece como beneficiario en el título ni poseedor en virtud de una cadena regular e ininterrumpida de endosos, limitando el examen de la legitimación a las determinaciones del título valor presentado exclusivamente. Tal solución se impone forzosamente cuando ni siquiera consta en el pagaré el nombre del tomador o beneficiario.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Atienza, Juan c/ Sardi, Victor y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

El artº 280 del CPC unicamente libera de la obligación de efectuar el depósito previo a quienes al tiempo del vencimiento del plazo para recurrir gocen efectivamente del beneficio de litigar sin gastos, siendo por ende insuficiente la mera invocación del beneficio de pobreza, o la presentación solicitando su otorgamiento para liberarlo de dicha carga. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción de la acción penal, doctrina de la arbitrariedad, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Kozba, Alejandro Javier s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-24

Es arbitraria la decisión que declaró la prescripción de la acción penal contra legem en tanto no explica cómo se habría afectado la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, pues el momento de la comisión del hecho sólo tiene relevancia para el comienzo del cómputo de la prescripción de la acción, sin embargo el imputado sólo puede invocar la garantía del derecho a ser juzgado en un plazo razonable desde el momento en que una autoridad del Estado le dirige una imputación formal de los cargos en su contra. La disidencia consideró que la decisión exhibe una fundamentación aparente y que el tribunal debió realizar el máximo esfuerzo en pos de demostrar de qué modo la continuación de la pesquisa lesiona el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento definitorio en un plazo razonable, aspecto no abordado en la resolución. (Dres. Mitchell -en disidencia-, García, Yacobucci).
Protección de los glaciares, derechos de incidencia colectiva, desarrollo sustentable, bien común
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-04

Frente a las previsiones de la Ley de Glaciares que apuntan a proteger derechos de incidencia colectiva, los jueces deben ponderar que las personas físicas y jurídicas pueden ciertamente ser titulares de derechos subjetivos que integran el concepto constitucional de propiedad, amparados en los términos y con la extensión que les reconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de la Corte. Mas también deben considerar que ese derecho individual debe ser armonizado con los derechos de incidencia colectiva (artículos 14 y 240 del Código Civil y Comercial de la Nación) para asegurar que el ejercicio de la industria lícita sea sustentable (artículos 1°, 2° y 4° de la Ley General del Ambiente 25.675). Todo ello en consideración de los objetivos generales de bien común, como aquel que la comunidad internacional ha trazado para garantizar "modalidades de consumo y producción sostenibles" en la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible aprobado por la Organización de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 (A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, objetivo 12).
Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, competencia, colegio profesional, potestad disciplinaria, abogados, sanciones disciplinarias, resoluciones recurribles
Materia: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL
Carátula: M., R. Y P., J. F. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA). DENUNCIA FORMULADA  POR LOS COLEGIADOS DRES. IGNACIO FLORENTINO LOZA Y EUGENIA VICTORIA  DELPORTE (CSJ EXPTE Nº 317-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-18

La Corte Suprema de Justicia carece constitucionalmente de competencia para resolver las impugnaciones contra sanciones aplicadas por los Colegios profesionales; en primer lugar, porque la naturaleza de la cuestión impide encuadrarla entre las facultades de Superintendencia del Tribunal, susceptibles de ser ampliadas por ley; y, en segundo lugar, en razón del "numerus clausus" que consagra la Constitución (artículo 93) -respecto de su competencia jurisdiccional-, que excluye toda posibilidad de intervención de este Tribunal para ejercer el "control judicial suficiente" requerido según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Daños y perjuicios, indemnización, daño eventual, daño actual
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORTIZ, EDUARDO c/ SOLLAZO HNOS. SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-20

No debe confundirse el daño eventual con la "chance"; la pérdida de la "chance" es daño actual, no hipotético y resarcible cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrado por culpa del responsable y debe valorarse en su intrínseco valor económico de probabilidad; su indemnización no se identifica con la utilidad dejada de percibir, pues lo resarcible es la "chance" misma, que debe apreciarse judicialmente, según el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta, sin que pueda identificarse con el eventual beneficio perdido.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, prueba, prueba confesional, culpa de la víctima, menor damnificado
Materia: CIVIL
Carátula: SCHIARITI, Francisco Agustín c/ MIRANDA, Carlos Alberto s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

El reconocimiento del menor, en el sentido de que podría haber mediado algo de culpa propia, no basta para endilgarle, sin más, imputabilidad suficiente como para fracturar la relación de causalidad, consistentemente acreditada. La declaración de un menor de edad, despojado de toda experiencia tribunalicia, sin asistencia letrada, no debería interpretarse como una especie de confesión contradictoria con los intereses de quien, precisamente, por la incapacidad derivada de su inmadurez, merece la protección de la ley.
Clausura por falta de activo, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Reinoso Santos Norberto s/ concurso preventivo (hoy quiebra)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-06-06

En los casos de clausura del procedimiento por falta de activo e inexistencia de acreedores, la norma del art. 268 inc. 2 de la LCQ da como única pauta la labor realizada por funcionarios y letrados, lo que significa aplicar principios como los de razonabilidad y proporcionalidad entre los honorarios a regular y aquellas labores.
Impuestos, pago electrónico
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Maxima Energía SRL (TF 30045-I) c/ DGI". s/ apel. resol. Comisión Nacionalde Defensa de la Competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23

La Sala V de esta Cámara en oportunidad de pronunciarse en autos "La Angostura SRL (TF 31150-I) c/ DGI" Expte. N° 14.247/2011, sentencia del día 22 de noviembre de 2011, destacó las especiales circunstancias del país en el momento del dictado de la Ley N° 25.413 - sancionada en el año 2001- y las referencias contenidas en el debate parlamentario en relación al clima de total desconfianza de la población hacia las entidades financieras, de modo que uno de los propósitos más importantes de esa ley era corregir la evasión fiscal y aumentar la recaudación tributaria. Ello, con la finalidad de "recomponer la situación fiscal, preservar el crédito público y la recuperación de la competitividad de la economía (v. Antecedentes Parlamentarios, La Ley, t 2001-A, parágrafo 25 y 30, págs. 1049/1050). Desde esa perspectiva, el Tribunal expresó que "..el legislador entendió que era necesario desalentar los pagos en efectivo, para que la mayor cantidad de operaciones negociales se efectuaran normalmente mediante instrumentos bancarios o tarjetas de crédito, con lo cual, su registro sería instantáneo con el medio de pago. Tal alcance de la norma surge de las disposiciones contenidas, entre otros, en el inciso c) del artículo 1° de la Ley N° 25.413 - donde se decidió gravar los movimientos aun en efectivo- y el artículo 9 de dicha ley que reduce de $ 10.000 a $ 1.000 el monto del artículo 1° de la Ley N° 25.345, que estipula la suma a partir de la cual es obligatoria la utilización de procedimientos bancarizados para realizar operaciones" (confr. Sala V sentencia citada, considerando V.2 último párrafo)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación suficiente, loterías, permiso precario, cesación de servicios, Administración Pública, facultades de la administración, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rudyk, Marcos c/ Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fé s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Ordinario (Expte.: C.S.J. Nro. 554 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, si no se advierte que los sentenciantes al fallar se sustenten en pautas excesivamente ambiguas o voluntaristas en la apreciación del derecho o de los hechos del litigio, que den lugar a la descalificación de la sentencia por deficiente fundamentación. En efecto, no puede soslayarse -magüer la absolución penal-, que la dudosa actuación del agente originó la denuncia que desencadena la investigación y luego el proceso penal, actos que se realizan en cumplimiento del deber legal de denunciar todo delito perseguible de oficio, que atañe a los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones (art. 180, inc. 1, Código Procesal Penal), desplegando una actividad lícita en los límites del art.

1071 del Código Civil. En la conducta del recurrente se advierte la ausencia de un presupuesto esencial para que el Estado se encuentre en la obligación de reparar probables perjuicios y es que la conducta del perjudicado debe ser legítima: que el particular (persona individual o colectiva) que haya sufrido las consecuencias gravosas, no haya sido autor de la conducta disvaliosa, es decir, que se reconozca como justificante el obrar exclusivo del Estado. El enfoque global de los antecedentes de hecho y de derecho que condujeron a la separación del actor, autorizan afirmar que no se procedió con arbitrariedad ni irrazonabilidad. Como asevera el demandante, el obrar del estado fue lícito, esto es sin desviaciones , mientras la conducta del demandante no fue la apropiada.
Ejecución de sentencia, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Italia y Río de La Plata c/ Mancini, Carlos A. y otros s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-20

La circunstancia de que antes del dictado de la sentencia final, el acreedor no hubiera requerido la actualización de la deuda por depreciación monetaria, no le impide efectuar dicha petición por el período posterior.