Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03


Buenos Aires, 3 de abril de 2006.

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El escribano Enrique Alberto Elías Waiman, a fs. 2/11, interpuso recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia, contra la resolución del día 30 de septiembre de 2005 por la cual el Tribunal de Superintendencia del Notariado (art. 172, ley nro. 404, y acordadas nro. 8 del 9/8/00 y nro. 1 del 12/2/01) resolvió declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad del art. 26, inc. 4), de la ley nro. 7, que él presentó contra la resolución del 4 de agosto de 2005 que le aplicó la sanción disciplinaria de destitución del cargo, prevista en el art. 149, inc. d), de la ley nro. 404.

2. A fs. 28/30 el Tribunal aceptó las excusaciones del juez José O. Casás y de la jueza Ana M. Conde, y admitió la recusación con causa deducida por el recurrente contra el juez Luis F. Lozano, dado que estos magistrados -al decidir el sumario y desestimar los recursos de reconsideración y de inconstitucionalidad- habían emitido opinión.

3. A fs. 36, pto. 3, se pasaron los autos al acuerdo.

Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso de queja interpuesto por el escribano Waiman ante el Tribunal, si bien fue deducido en tiempo y forma (art. 33, ley nro. 402), no puede ser admitido.

2. La queja no cumple con la exigencia de autosuficiencia y de fundamentación, pues además de carecer de una exposición minuciosa, clara y ordenada de los antecedentes del caso, no logra rebatir debidamente la razón básica por la cual el Tribunal de Superintendencia denegó el recurso, esto es, que "La competencia conferida por la ley nro. 404 al Tribunal de Superintendencia -atribuida transitoriamente al Tribunal Superior de Justicia (art. 172)-, determina la improcedencia del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, previsto en el art. 26, inc. 4), de la ley nro. 7º, circunstancia ésta que llevó al Tribunal a que admitiera -en varios precedentes que cita- la interposición del recurso extraordinario federal del art. 14 de la ley nro. 48.

En efecto, la razón determinante para declarar la improcedencia del recurso de inconstitucionalidad del art. 26, inc. 4), de la ley nro. 7 ante el Tribunal Superior de Justicia, fue -como se ha visto- que la competencia de superintendencia notarial es ejercida transitoriamente por el Tribunal Superior de Justicia (art. 172, ley nro. 404), y no, como lo afirma el recurrente, que el Tribunal de Superintendencia "determinó la improcedencia del recurso por cuanto la ley que regula la actividad del Notariado no reconoce expresamente la posibilidad de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad" (sic de la queja).

3. Más allá de dicho óbice formal, que sellaría la suerte adversa de esta queja, resulta conveniente señalar que este Tribunal -a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica Notarial nro. 404- dictó el 9 de agosto de 2000 la acordada nro. 8 por medio de la cual dispuso asumir, en forma excepcional y hasta tanto no quede constituida la justicia local, competencia para intervenir como Tribunal de Superintendencia. Para así decidir, el Tribunal tuvo en cuenta lo siguiente:

"1. La Ley nro. 404 dictada por la Legislatura de la Ciudad, en uso de las atribuciones que le confiere la Cláusula Transitoria Decimoctava de la CCBA y la Ley 24.588 (art. 5º), reemplaza a la Ley nro. 12.990 que fuera sancionada por el Congreso nacional como órgano legislativo local.

"En su art. 117 dispone que la disciplina del notariado estará a cargo del Tribunal de Superintendencia y el Colegio de Escribanos. Por su parte, el art. 118 establece que el Tribunal de Superintendencia, a partir de la incorporación de la justicia ordinaria a la Ciudad, estará integrado por un presidente, que será el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires en Superintendencia y por dos vocales titulares de dicha Cámara. Pero según el art. 172, hasta tanto se organice la justicia ordinaria de la Ciudad, las funciones y atribuciones conferidas por la ley al Tribunal de Superintendencia estarán a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

"Es decir que hasta que se incorpore la justicia civil local la superintendencia del notariado debe ser ejercida por la justicia de la Ciudad, cuya conformación se encuentra en su etapa final.

"2. Ahora bien, según el art. 172º de la Ley Orgánica Notarial (Disposición Transitoria, Título VI) 'Hasta tanto se organice la justicia ordinaria de la Ciudad, las funciones y atribuciones conferidas por esta ley al Tribunal de Superintendencia estarán a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. "En anteriores pronunciamientos, el Tribunal expresó que su competencia originaria está expresamente determinada en la Constitución local y que sólo puede ser aumentada, disminuida o modificada por una reforma constitucional. La configuración de esa competencia trasciende las potestades del legislador y de los jueces. Tampoco se trata de una 'competencia residual' acerca de asuntos sobre los que no se pueda determinar cuál es el tribunal específico (in re 'Pinedo, Federico y otros c/ Ciudad de Buenos Aires s/ amparo', expte. nro. 8/99, resolución del 18 de febrero de 1999; 'Hilandería Islán SRL c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa (art. 322 CPCC)', expte. nro. 94/99, resolución del 27 de septiembre de 1999; 'Álvarez Caffaro, Roberto Enrique c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad', expte. nro. 139/99, resolución del 17 de noviembre de 1999, entre muchos otros precedentes).

"La cuestión traída a este Tribunal por el Colegio de Escribanos no trata de ninguno de los supuestos determinados por el art. 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de modo que no corresponde que asuma la competencia de Tribunal de Superintendencia atribuida por la ley.

"3. No obstante dicha conclusión, y dado que la integración de la justicia local aún no ha concluido, se impone encontrar una solución que, hasta que aquéllo ocurra, no desnaturalice la finalidad que ha inspirado la sanción de la norma analizada, de modo de dar pleno efecto a los fines perseguidos legislativamente. Lo contrario importaría dificultar el propósito que inspiró el dictado de la ley, con el consiguiente perjuicio para la función notarial en la Ciudad de Buenos Aires".

4. Posteriormente, el 12 de febrero de 2001, se dictó la acordada nro. 1 por la que se designó presidente del Tribunal de Superintendencia y dos jueces como vocales. Ello con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 118 de la ley nro. 404 y a fin de evitar que las tareas que pudiera generar el ejercicio transitorio de dicha competencia no alterara las propias y específicas del Tribunal. Igual criterio se reiteró en las acordadas nro. 1/03, 3/04 y 2/05.

5. De los antecedentes reseñados precedentemente, queda claro que el Tribunal de Superintendencia no es otro que el Tribunal Superior de Justicia, en función de superintendencia sobre los escribanos (ej. de esta competencia lo encontramos en la ley nro. 1340 de la Provincia de Río Negro; arts. 37 a 59). Por lo tanto, cabe coincidir con el decisorio en crisis acerca de que el actual diseño de la competencia notarial -transitoria y excepcionalmente ejercida por el Tribunal Superior de Justicia (art.

172, ley nro. 404)-, no permite la interposición del recurso de inconstitucionalidad previsto por el art. 26, inc. 4), de la ley nro. 7. 6. No obstante ello, cabe decir, a todo evento, que las críticas efectuadas por el quejoso contra la resolución que denegó el recurso de inconstitucionalidad, cuando sostiene su arbitrariedad por fundamento meramente aparente, adolecer de vicios lógicos, incurrir en un sofisma o falacia de falsa generalización, etc., no hacen más que dejar a la luz su discordancia con la razón dada por el Tribunal para decidir la improcedencia de la vía elegida, sin demostrar el error -o errores- grave de razonamiento que podría dar lugar a su descalificación como acto jurisdiccional válido. En lo que hace a la inobservancia del derecho a la doble instancia, garantizado por el art. 13, inc. 3 de la CCABA, cuadra apuntar que, en el orden federal, de acuerdo con la interpretación efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 323:1787), se ha entendido que la aplicación del art. 8º, inc. 2º, ap. h), de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y su equivalente, art. 14, inc. 5º, del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, que consagran la garantía de la doble instancia, se halla supeditada a la existencia de un fallo final dictado contra una persona "inculpada de delito" o "declarada culpable de delito", situación que no se verifica en la especie.

7. Pero aun pasando por alto todo lo anterior, lo cierto es que el recurso de inconstitucionalidad deducido por el escribano sumariado (fs. 212/219 del expte. nro. 3090/04, según numeración del Tribunal), cuya denegación motiva la presente queja, no contiene cuestión constitucional alguna. Más allá del acierto o desacierto de la decisión disciplinaria objetada, es claro que el recurrente pretende tener derecho a una revisión sobre los hechos y sobre el Derecho común (infraconstitucional). Así, los agravios referidos a que la sanción de destitución es desproporcionada en relación con el tipo de faltas cometidas -inobservancia del principio de proporcionalidad, art. 13, inc. 3, CCABA-, a que se ha violado el derecho al debido proceso, o a que el fallo recaído adolece de vicios que lo invalidan como acto jurisdiccional válido, pues no guarda, al menos en ciertos aspectos, un estricto correlato entre los hechos discutidos en el proceso y la realidad afirmada en la sentencia, no suscitan cuestión constitucional para su consideración por la vía intentada, pues remiten al estudio de cuestiones fácticas excluidas del control recursivo que es competencia propia de este Tribunal. En lo que hace a que la sanción de destitución prevista en el art. 149, inc. d), de la ley nro. 404 viola el derecho básico al trabajo (art. 14 CN), bueno es recordar que la CSJN -al juzgar sobre el particular status de los escribanos- se ha pronunciado a favor de la validez constitucional del art. 52, inc. f), de la ley nro. 12.990, norma ésta que, al igual que la contenida en los arts. 149, inc. d), y 151, inc. c), de la ley nro. 404, preveía la sanción de destitución del cargo (Fallos: 235:445;

315:1371).

Asimismo, tiene resuelto ese Tribunal nacional que los derechos de propiedad y de trabajar no sufren menoscabo alguno por las sanciones a que pueden estar sometidos los escribanos "...pues tales derecho se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio, y no se alteran por la imposición de condiciones que, lejos de ser arbitrarias o desnaturalizarlos, guardan adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido con el ejercicio de ciertas profesiones" (Fallos: 214:612; 292:517; 315:1383).

8. En atención a que al escribano recurrente -mediante resolución dictada en el día de la fecha en el expte. nro. 4291-1/05- se le ha concedido el beneficio para litigar sin gastos, previsto en el art. 72 del CCAyT, corresponde declararlo exento del depósito exigido por el art. 34 de la ley nro. 402 (cf. art. 34, segundo párrafo, ley nro. 402, y art. 3º, inc. f, ley nro. 327). 9. Por las razones expuestas, voto por: a) rechazar el recurso de queja deducido a fs. 2/11, y b) declarar al recurrente exento de efectuar el depósito exigido por el art. 34 de la ley nro. 402.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Las consideraciones que el juez Maier formula en los apartados 3, 4 y 5 de su voto son suficientes para declarar, en las actuales circunstancias, la improponibilidad del recurso de inconstitucionalidad que intentara deducir el recurrente. Desde esta perspectiva la queja en análisis carece de sustento y no puede ser admitida. 2. Por razones similares en la resolución del 30 de septiembre del 2005 el Tribunal de Superintendencia denegó el recurso de inconstitucionalidad: "La competencia conferida por la ley nro. 404 al Tribunal de Superintendencia -atribuida transitoriamente al Tribunal Superior de Justicia (art. 172)-, determina la improcedencia del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, previsto en el art. 26, inc. 4), de la ley nro. 7º".

En efecto y como lo señala mi colega preopinante, "la razón determinante para declarar la improcedencia del recurso de inconstitucionalidad del art. 26, inc. 4), de la ley nro. 7 ante el Tribunal Superior de Justicia, fue -como se ha visto- que la competencia de superintendencia notarial es ejercida transitoriamente por el Tribunal Superior de Justicia (art. 172, ley nro. 404), y no, como lo afirma el recurrente, que el Tribunal de Superintendencia "determinó la improcedencia del recurso por cuanto la ley que regula la actividad del Notariado no reconoce expresamente la posibilidad de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad" (sic de la queja)".

En consecuencia voto por declarar improcedente el recurso de queja interpuesto y, por las razones expuestas por el juez Maier en el pto. 8 de su voto, al recurrente exento de efectuar el depósito exigido por el art. 34 de la ley nro. 402.

El juez Horacio G. Corti dijo:

1. A fin de resolver este caso es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que la ley 404 dispone, como disposición transitoria, que hasta tanto se organice la justicia ordinaria de la Ciudad, las funciones y atribuciones que la ley le confiere al Tribunal de Superintendencia están a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (art. 172).

El Tribunal Superior, en su Acordada del 9 de agosto de 2000, entendió "que hasta que se incorpore la justicia civil local la superintendencia del notariado debe ser ejercida por la justicia ordinaria de la Ciudad, cuya conformación se encuentra en su etapa final" (considerando 1). Luego, en el considerando 4 de la misma Acordada, se dijo que "dado que la integración de la justicia local aún no ha concluido, se impone encontrar una solución que, hasta aquélla ocurra, no desnaturalice la finalidad que ha inspirado la sanción de la norma analizada, de modo de dar pleno efecto a los fines perseguidos legislativamente. Lo contrario importaría dificultar el propósito que inspiró el dictado de la ley, con el consiguiente perjuicio para la función notarial en la Ciudad de Buenos Aires". Es así que el propio Tribunal dispuso "que hasta tanto quede constituida la justicia local este Tribunal asumirá, en forma excepcional, competencia para intervenir como Tribunal de Superintendencia" (art. 1).

Con posterioridad, por Acordada del 12 de febrero de 2001, el Tribunal Superior decidió una integración reducida a los efectos de realizar las tareas notariales.

2. Del anterior relato se desprende que el Tribunal de Superintendencia del Notariado es el mismo Tribunal Superior de Justicia. No hay dos órganos sino, en rigor, un único tribunal -el propio Tribunal Superior de Justicia- que, de forma transitoria, ejerce una función de superintendencia con respecto a la actividad notarial. El hecho de que el Tribunal haya decidido que para ejercer este competencia transitoria él se integre con sólo tres miembros solo se debe a razones operativas, a fin de "que las tareas que genere el ejercicio transitorio de esa competencia no altere sus propias y específicas del Tribunal".

Es decir, a las competencias constitucionales (art. 113 de la Constitución de la Ciudad), reglamentadas por la ley 402, se le añade otra, de forma transitoria y de carácter notarial, que no puede tener una entidad jurídica tal como para suscitar el "desdoblamiento" del Tribunal Superior de Justicia en dos órganos separados o distinguidos: el propio Tribunal Superior y el Tribunal de Superintendencia del Notariado.

Es cierto que esta designación -Tribunal de Superintendencia del Notariado- puede quizás generar, vista superficialmente, algún equívoco, pero es claro que el sentido de las normas reseñadas antes en el punto 1 -la ley 404 y las acordadas complementarias del Tribunal Superior- consisten en asignar y luego aceptar una atribución transitoria de competencia, no en crear un nuevo órgano en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad. Quiero decir: no es lo mismo "establecer" una nueva autoridad jurídica, que "asignar" o "atribuir" de forma transitoria una competencia a un órgano ya creado.

3. Dicho lo anterior, entiendo que una decisión del Tribunal Superior en ejercicio de su competencia transitoria notarial no es susceptible de ser impugnada mediante un recurso de inconstitucionalidad ante el propio Tribunal Superior.

De acuerdo al art. 27 de la ley 402 "el recurso de inconstitucionalidad se interpone contra las sentencias definitivas del tribunal superior de la causa".

Me resulta diáfano que el "tribunal superior de la causa" se refiere a otros tribunales -así las Cámaras de Apelaciones o, eventualmente, los tribunales de primera instancia, ante decisiones que no resulten apelables ante las Cámaras-, no al propio Tribunal Superior. Esto significa que las decisiones que dicte el propio Tribunal Superior en ejercicio de sus diversas competencias ordinarias y transitorias no son prima facie susceptibles de ser impugnadas por la vía del recurso de inconstitucionalidad.

Por cierto, si la competencia de superintendencia notarial fuese ejercida por otro órgano judicial de la Ciudad, así una Cámara de Apelaciones, dicha decisión, en caso de reunirse los restantes recaudos de admisibilidad, estaría dictada por el "tribunal superior de la causa" a los efectos del recurso de inconstitucionalidad.

Comparto, entonces, la argumentación desarrollada por el Dr. Maier en los puntos 3 a 5 de su voto, así como con su conclusión, al decir a su vez que coincide con el decisorio en crisis acerca de que el actual diseño de la competencia notarial no permite la interposición del recurso de inconstitucionalidad.

4. Entiendo que este proceso ha perdido el rumbo como consecuencia de la propia actitud procesal del escribano, quien, ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia que aplicó la sanción de destitución, en vez de deducir, como correspondía, el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia -todo ello en la medida en que el Tribunal Superior es, con respecto a la Corte Federal y a los efectos del recurso extraordinario federal el "tribunal superior de la causa"-, interpuso el recurso de inconstitucionalidad cuyo fundado rechazo dio lugar, a su vez, a esta queja.

Se deduce que al ser, como ya dijo el Tribunal Superior en su resolución del 30 de septiembre de 2005, "improcedente" el recurso de inconstitucionalidad, con igual o más razón lo es la queja luego promovida.

No son, entonces, razones formales propias de la queja las que conducen a rechazarla, sino una cuestión digamos así más profunda, que hace al desacertado camino procesal que ha elegido el escribano para impugnar la decisión que lo destituyó.

5. Lo desacertado de dicho camino lo revela con claridad la desvirtuación de institutos procesales específicos como la excusación y la recusación. Se trata, como se sabe, de mecanismos técnicos que apuntan a garantizar, en casos concretos, la imparcialidad de los jueces. Hay medios generales de garantía, tales como la inamovilidad (ver, entre otros, Hugo Alsina, "Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial" segunda edición, volumen segundo, Ediar, 1957, página 81, numeral 42, "Generalidades"), pero en ciertos supuestos se requiere de estos instrumentos, recusación y excusación, para mantener la imparcialidad en el caso concreto y en virtud de peculiaridades que hacen a ese caso y a las partes que lo protagonizan. Es así que la recusación y excusación actúan de forma concreta y singular, no para dar lugar a la conformación de un tribunal permanente, situación anómala a la que conduciría la interpretación efectuada por el escribano.

Y es que si se admitiera la legitimidad del desdoblamiento del Tribunal Superior en dos órganos -el propio Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Superintendencia del Notariado- y la consiguiente viabilidad del recurso de inconstitucionalidad, deducido ante el primero contra una decisión del segundo, entonces debiera aceptarse la constante recusación y/o eventual excusación de los miembros del Tribunal de Superintendencia del Notariado para resolver el recurso de inconstitucionalidad, de forma que se constituiría, en la realidad de las cosas, un segundo tribunal de carácter permanente. Los tres miembros coincidentes de ambos tribunales habrían siempre emitido opinión, de manera que siempre, por ende, habría que integrar al Tribunal Superior con otros miembros, situación que, por absurda, no puede ser admitida.

Excusación y recusación son instrumentos para asegurar la imparcialidad en ciertos casos, no un mecanismo de aplicación al fin de cuentas automática, que daría lugar a la formación, en los hechos, de dos tribunales superiores de justicia.

6. A todo ello agrego que las presentaciones del escribano (recursos de queja e inconstitucionalidad) revelan una reflexión tardía de su parte, pues si pretendía impugnar el sistema legal como tal, sobre la base de garantías constitucionales como el doble conforme, lo debía haber manifestado en la primera intervención ante el propio Tribunal Superior de Justicia en ocasión de ejercer su competencia notarial, para abrir así la posibilidad de que ese Tribunal resuelva dicha impugnación en el momento procesal oportuno.

7. En resumen, por las razones expuestas, comparto la decisión que propone el Dr. Maier de rechazar el recurso de queja deducido, como así también de declarar al recurrente exento de efectuar el depósito exigido por el art. 34 de la ley nro. 402.

El juez José Saez Capel dijo:

Me adhiero al voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz en cuanto declara improcedente el recurso de queja interpuesto. Asimismo, comparto la decisión del juez Julio B. J. Maier de declarar al recurrente exento de efectuar el depósito exigido por el art. 34 de la ley nro. 402. Por todo ello, y de conformidad con la votación que antecede, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto por el escribano Enrique Alberto Elías Waiman a fs. 2/11.

2. Declarar al recurrente exento del depósito previsto por el art. 34 de la ley nro. 402. 3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se archiven las actuaciones.