marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción, acción penal, secuela de juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M, N. R. s/ Lesiones graves culposas (Expte. Nº 249-2000, Resolución Nº 39, Tomo   38, Folio 475)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-09

La utilización de la palabra "Juicio", en un sentido genérico equivalente a causa o proceso y comprensiva tanto a la instrucción como del plenario, anclaba su concepción en la extensión conferida a las garantías constitucionales -como por ejemplo la defensa en juicio-, para las cuales no podía excluirse la etapa preparatoria del debate, receptaba el significado referido por otras normas del Código Penal -como por ejemplo la asignada por el artículo 271 al configurar el delito de prevaricato del mandato judicial, para mandato judicial-, y destacaba que la ley en ninguna de sus partes una distinción expresa entre la etapa instructoria y la etapa del juicio propiamente dicha. Además tal postura resultaba coincidente con la predominante en el ámbito civil, donde se reconoce en general efecto interruptivo de la prescripción a la iniciación del proceso de aseguramiento de prueba anticipada. Tales argumentaciones se encuentran enervadas en la actualidad por la ley 24316 del 19-05-94, ya que las mismas, al incorporar la suspensión del juicio a prueba, reconocido en el artículo 76 bis del Código Penal la existencia del "juicio" como etapa diferenciada de la "instrucción", en tanto que la modificación del artículo 94 del mismo Código refirió expresamente "a cualquier estado de la instrucción y mientras no se haya iniciado el juicio" para conferir al pago del mínimo de la multa y de la reparación del daño al efecto extintivo de la acción penal. Por ende, la interpretación sistemática en el tema de las normas del Código Penal definen ahora a la secuela del "juicio" como a la que se concreta en el plenario, pues deviene inadmisible otorgar en un mismo contexto y dentro del mismo Título un distinto sentido a la misma palabra empleada por lo artículos 64 y 67 del Código Penal.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Baulíes, Mirta c/ Argüello, Delta E. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

No hay escándalo en la diferente percepción que de un mismo hecho tienen los jueces civiles y penales, cuando ello se origina en la diversidad del material probatorio que unos y otros han tenido a disposición.-
Honorarios, contadores públicos, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta, Irma c/ Consorcio de Copropietarios Edif. Oasis y/o Nogara s/ Indemnización por antiguedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

El ordenamiento en general establecido por la ley provincial 10.620 no debe aplicarse en cuanto concierne a la actuación de los profesionales de ciencias económicas como auxiliares de la justicia, debiendo adecuarse sus honorarios en materia judicial además de al mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, al monto del juicio y a los emolumentos de los demás profesionales intervinientes en la causa.
Caducidad, juicio, trámites judiciales, recurso contencioso administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CADUCIDAD (CSJ EXPTE Nº 212-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-21

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ocasión de resolver cuestiones suscitadas en torno a la caducidad, ha dado relevancia a la circunstancia de que el trámite del juicio se encuentre en estado avanzado y los justiciables lo hayan instado durante años; y al principio de conservación del proceso. La circunstancia señalada en primer lugar se verifica en el caso, advirtiéndose que el recurso de plena jurisdicción fue deducido ocho años atrás, y que el trámite se halla en estado por demás de avanzado, próximo al dictado de la sentencia.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, prueba pericial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Abraham, Elias s/ Queja en: "Abraham, Elías s/ Homicidio culposo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-06-04

La discusión de la mecánica del accidente así como la descalificación del contenido de parte de las pericias efectuadas comprenden cuestiones de hecho no susceptibles de ser revisadas en casación.
Migraciones, expulsión de extranjeros, motivación del acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, iura novit curia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Roa Restrepo, Henry c/ EN - M. Interior OP y V - DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-06

Incurre en un supuesto de arbitrariedad sorpresiva la sentencia que se expidió sobre una causal de expulsión del migrante diferente a la considerada por la Dirección Nacional de Migraciones, pues de ese modo, se consumó un inequívoco apartamiento de los términos en que había quedado trabada la litis y una violación de las reglas procesales que rigen la jurisdicción revisora de los tribunales de alzada (artículos 34, inciso 4, 166, inciso 6, 271 y 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); solución que no se ve amparada por el principio de iura novit curia, en tanto este no habilita a apartarse de lo que resulte de los términos de la demanda o de las defensas planteadas por los demandados (Voto del juez Rosenkrantz).
Calificación de conducta, non bis in ídem, pena
Materia: COMERCIAL
Carátula: INCARAS S.A.C.I.F. s/ QUIEBRA PROPIA - INCIDENTE DE CALIFICACION DE CONDUCTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-11

Si la norma de calificación introducida en la ley concursal fuera una medida de tipo penal, de las contempladas en el art. 1 y 2 del código respectivo, aplicando la calificación culpable o fraudulenta, no podría imponerse otra sanción por el juez penal en razón del principio non bis in idem. El hecho de la calificación de conducta, si bien implica una sanción la misma no es una pena, sino simplemente una medida o secuela que no está en concordancia con la pena en sentido estricto, ya que el juez comercial no califica la conducta por "los delitos" que puedan acaecer por que no existen delitos en el ordenamiento comercial (art.242 Ley 19551) sino por el fraude comercial o la culpa de igual índole, ajena a toda idea de delito.
Prueba, apreciación de la prueba, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PUCCIO, Arquímedes R. s/ SECUESTRO DE PERSONAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-17

Debe tomarse la totalidad de la prueba común que fue valorada respecto de todos los demás coacusados. Sino se estaría violando el principio de congruencia de las ponderaciones probatorias, al aceptar como válidas las mismas pruebas para unos y no, en cambio, para otros.

Si bien la imputación de un coprocesado es un elemento que debe analizarse con suma cautela, ello no implica que se trate de una evidencia irrelevante. Antes bien, dichas manifestaciones pueden ser evaluadas en contra de la persona a quien se dirigen, a partir de la veracidad que merece el hecho de la responsabilidad que le surge al confesante de su propia confesión, ya que de no haberlo hecho, hubiera sido muy difícil acreditar su intervención.
Matrimonio, impedimento de ligamen, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: Z. A. A. y otros c/ F. M. S. s/ nulidad de matrimonio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-30

Puesto que el impedimento de ligamen tiende a proteger el carácter monogámico del matrimonio y no su indisolubilidad, evitando que se contraiga nuevo matrimonio sin previa disolución de uno anterior, se puede deducir que la monogamia integra el orden público aún después de la vigencia de la Ley 23515.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: Cabrera. Angel Raúl y otros c/ Asseo S.A. s/ Diferencia salarial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

La suficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley requiere que se mencione como violada no sólo la doctrina legal, sino también el precepto normativo relacionado con ella.
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: AGUERO HECTOR OSVALDO s/ ROBO CALIFICADO - LEY PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-09-06

La agravante del art. 167 inc. 2do. C.P., requiere la concurrencia de dos circunstancias. Ella es de aplicación cuando el delito es cometido en lugares poblados y en banda. La banda está definida por el art. 210 C.P., como la asociación de tres o m as personas destinadas a cometer delitos. Esta definición es la que permite, en definitiva, la correcta inteligencia de la ley penal en dicho artículo. Ello no solo resulta de los precedentes legislativos (proyecto de 1917),sino que la interpretación sistemática del código penal lo exige. En efecto, la ley penal ha distinguido como circunstancia calificante la simple comisión del delito por varias personas, de su comisión en banda. Ha caracterizado la primera manera de agravamiento usando formulas como "con el concurso de dos o m as personas" o "reunión de mas de tres personas". Al contrario, en el art. 167 inc. 2do. ha empleado la expresión "en banda", cuya significación no es otra que la definida por el art. 210 C.P.

Consecuentemente, cuando varias personas acuerdan cometer juntas un delito, responden todas ellas individualmente por ese delito y eso es todo. Pero cuando varias personas se ponen de acuerdo para cometer delitos, quienes participan en el acuerdo tienen siempre la pena del art. 210 C.P., aunque no hayan cometido ningún otro delito (T.S.J., S. 12, 8/3/67 y Soler, Sebastián -Derecho Penal Argentino T. IV, Ed. Tea 1970-).-
Prueba testimonial, apreciación de la prueba, deberes del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Navarro, Diana A. c/ Avellaneda Cooperativa de Trabajo Limitada y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

En el análisis de la prueba testimonial, los jueces del trabajo gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de apreciación en conciencia, tanto respecto del mérito, como de la habilidad de sus exposiciones, evaluación que se encuentra -en principio- reservada a su criterio y exenta de revisión por ante la Suprema Corte (doctor HITTERS, sin disidencia).
SOMISA, privatizaciones, régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación, intereses, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: COMERCIAL
Carátula: PLASTICOS NORTE SA c/ SOCIEDAD MIXTA SIDERURGICA ARGENTINA (SOMISA) s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-27

El art. 11, Inc. A), decreto 1144/92, no modificado en este aspecto por el decreto 1923/92, establece que las deudas y obligaciones monetarias de SOMISA, contractuales o extracontractuales, principales o accesorias, que tuvieren origen, título o causa en hechos o actos ocurridos antes del 1.1.92, puras o condicionales, cualquiera fuere el tiempo de su vencimiento o exigibilidad, y cualesquiera fueren las normas jurídicas reguladoras de las mismas, quedan sometidas a las siguientes reglas:

a) las deudas alcanzadas por las previsiones de la ley 23.982 serán satisfechas en las condiciones y momentos establecidos en ese cuerpo legal y sus decretos reglamentarios. Por aplicación del referido decreto 1144/92, dictado en función del art. 15, Inc. 12, Ley 2369 y cuya constitucionalidad no ha sido puesta en tela de juicio, la queja en examen debe ser admitida, toda vez que las facturas de marras son de fecha anterior al 1.1.92 y se hallan alcanzadas por el régimen de la ley de consolidación en virtud de lo previsto en el mencionado decreto. Es adecuado agregar que la actual ley de presupuesto contempla, como lo hacía la 24.624, que los saldos resultantes de la liquidación definitiva de los entes residuales de empresas ya privatizadas serán transferidos a la secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos, efectuándose toda cancelación de deudas mediante la entrega de bonos de consolidación en pesos. Y como consecuencia del régimen legal aplicable, aquellas facturas devengaran, a partir de la mora, el interés que ordena la ley 23.982.
Libertad de expresión, campaña electoral, debate, democracia, partidos políticos, REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay S/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-08-31

En los debates que preceden a las elecciones de las autoridades de un Estado, es indispensable la protección de la libertad de pensamiento y expresión protegida por la Convención Americana -la cual no fue respetada en el marco de la causa penal instada por la justicia paraguaya contra un candidato electoral que durante la campaña vinculó a otro con hechos de corrupción-, al implicar el debate democrático, la libre circulación de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos, sea por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos o de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, cuestiones prejudiciales, proceso penal, daños y perjuicios, responsabilidad civil, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Sosa, María Delia Diéz de c/ Vigil, Rosa Leonor Piedrabuena de y otro s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda   ordinaria (Expte. CSJ Nº 27-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-21

No puede sostenerse válidamente que el decisorio a quo luzca inmotivado si la Sala, adentrada ya en el terreno de la responsabilidad, consideró que el cuestionamiento giraba en torno de la relación causal y la omisión de factores que habrían operado como eximentes de responsabilidad, alegando que no estaría justificada la imputación de culpa y responsabilidad contenida en la sentencia contra la enfermera demandada. De tal modo, señaló que las secuelas y complicaciones sufridas por la actora después del evento dañoso se presentan como el eslabón final de la cadena de sucesos, la cual se inicia con la falta de control desde el mismo momento que regresa de la sala de operaciones; "sin que la aludida demora en el tratamiento de recuperación" se revele como un elemento de rotura del nexo causal, vale decir, como una condición sobreviniente al curso causal propio de la causa imputable a la demandada.
Honorarios del abogado, notificación por cédula, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Herbon,Luis Andrés c/ Estallo,Jorge Nelson s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-07-12

Si bien la cédula de notificación de honorarios, no transcribe los arts. 28 y 114 de la ley 7046, cabe considerar que el incumplimiento de dicha transcripcion no deriva la nulidad del acto de anoticiamiento, dado que la misma sería relativa, por tanto confirmable y estando en autos consentida, al no haberse promovido el respectivo incidente, dentro del plazo que fija el Código Procesal civil (art. 167), no corresponde declarar la nulidad por la nulidad misma.-
Impugnabilidad objetiva, improcedencia del recurso, gravamen irreparable, cuestión federal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Austral Líneas Aéreas y Otros c/  s/ Recurso de queja s/Querella
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-15

El presente no puede hallar viabilidad puesto que la decisión recurrida en casación no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva requerido por el art. 457 CPPN. Si bien la defensa señaló que el rechazo resulta arbitrario y le causa un gravamen irreparable por haberse afectado el derecho de defensa, el debido proceso legal y el principio de legalidad -cuestión de índole federal-, lo cierto es que la impugnación deducida traduce una disconformidad con lo decidido pues, dada la complejidad de las actuaciones, el tribunal a quo ha debido realizar una selección del material probatorio ofrecido por las partes y de esa manera poder arribar en el menor tiempo posible a la audiencia de debate. Por lo demás, si durante el transcurso del debate se tomara conocimiento de la existencia de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles, el tribunal podrá ordenar, aún de oficio, su recepción y de la misma manera podrá hacerlo respecto de aquéllos ya conocidos cuando se hiciere necesaria su incorporación, preservando de esta manera el derecho de defensa de las partes. (Figueroa, Borinsky y Hornos).
Empleados públicos, personal adscripto, remuneración, adicionales de remuneración, acto administrativo, acción de amparo, carácter excepcional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lindberg, María Erika Berta s/ Avocación - Amparo (Expte.: C.S.J. Nro. 559 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-13

A los fines de justificar la utilización de la vía excepcional del amparo, no son suficientes las razones invocadas por la recurrente que le imputa una arbitrariedad manifiesta a la resolución de la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social que dejó sin efecto el pago de determinados suplementos a personal de su dependencia que había sido adscripto a otros organismos, desde que le privaría -según expresa- de un ingreso de carácter alimentario.

Ello así, por cuanto dicha afirmación no puede resultar por sí sola suficiente para justificar su debate por la vía del amparo. Es que no se logra demostrar porque especial circunstancia tales cuestionamientos no pueden ser eficazmente planteados y resueltos en el ámbito jurisdiccional especializado que nuestro ordenamiento constitucional y legal prevé (Constitución Provincial, artículo 93, inc. 2, y leyes 11.329 y 11.330).
Alimentos, cuota alimentaria, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: S., D. V. y otros  c/ G., R. A s/ alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-02

En casos en que se buscar resguardar la integralidad del instituto alimentario, es que corresponde aplicar la tasa activa prevista en el fallo plenario "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios", del 20 de abril de 2009, pues la misma no representa un enriquecimiento indebido, ya que en manera alguna puede considerarse que la aplicación de esa tasa implique una alteración del significado económico del capital de condena.
Excusación, violencia moral
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ JULIO CESAR Y OTRO c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.-CASACION CREDITO DE LA PROVINCIA s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-10-17

Las injurias o agravios vertidos durante la tramitación del proceso, deben ponderarse con suma estrictez, en razón de que causales como las de violencia moral podrían ser utilizadas por las partes intervinientes para evitar que los juicios se inicien o concluyan ante los jueces naturales de la causa, logrando así que el juzgador se aparte del conocimiento de la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Allanamiento domiciliario, consentimiento del morador, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, ANTONIO. s/ ALLANAMIENTO ILEGAL. NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-11

Es nulo el allanamiento efectuado por personal policial en violación a lo dispuesto por el art. 188 C.P.C., sin que se dieran los supuestos taxativamente enumerados en el art, 189 Cód. Cit., pues la posibilidad de conformidad que permita el acceso a la vivienda sólo puede surgir del art. 400 inc. 4to que hace referencia al horario de realización de los allanamientos formalmente correctos y no a la convalidación de esos procedimientos con violación de las importantes formalidades previstas, garantía de fundamentales preceptos constitucionales.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, honorarios, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Saralegui de Castro, Irma s/ Concurso especial (art. 203, L.C.) pedido por Stiglich, Miguel y  otra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-22

La resolución que decide sobre la procedencia de la regulación de honorarios del síndico y su letrado patrocinante por aplicación del art. 244 de la ley 24.522, reviste carácter definitivo en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Personal militar, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL-MILITAR
Carátula: SUAREZ RAMON RICARDO y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-03-05

El objetivo de la ley del personal militar que establece que cualquier asignación que se otorgue al personal en actividad cuando revista carácter general se acordará en todos los casos con el concepto de sueldo -art. 54 de la Ley 14.777, actual 19.101- fue evitar en el futuro la sanción u otorgamiento de incrementos de los haberes que posteriormente no se computaran a los efectos del retiro, conforme ha manifestado la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ley sobre riesgos del trabajo, competencia, inconstitucionalidad, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez Fonseca, Miguel c/ Servicio Penitenciario Federal s/ ley 24557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

A fin de resolver las cuestiones de competencia se ha de tener en cuenta, primero, la exposición de los hechos efectuada en la demanda y, en la medida en que se adecue a ellos, el derecho invocado como fundamento de la pretensión (conf. Fallos 303:1453; 1465; 306:229,2230: 311:157, 2198; 313:971, 1467; entre muchos otros). En base a ello, cabe reiterar que el actor formalizó un planteo contra el Estado Nacional, dirigido, en suma, a obtener el desembolso de una indemnización basada en la LRT, cuestionando, entre otros ítems, la instancia previa y el mecanismo de pago periódico. Habiendo el Alto Cuerpo declarado la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24557, y atendiendo a la naturaleza común de la legislación en la materia (SC C 2605 XXXVIII "Castillo, Ángel c/ Cerámica Alberdi SA" del 7/9/04), en el marco del art. 20 de la ley 18345, debe continuar entendiendo la justicia ordinaria. (Del dictamen de la Procuradora Fiscal ante la CSJN, al que adhieren los ministros Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Argibay).
Peritos, dictamen pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: "Jasmillin,  Emiliano    Guillermo c/ Dirección   General  deFabricaciones Militares s/ empleo público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

Lo que se le requiere al experto es que elabore su informe sobre la base de constancias objetivas obrantes en la documentación que se le brinde la referencia a manifestaciones que habrían sido hechas por un tercero -fuera del expediente judicial- es ajena a la tarea e incumbencia especializada del experto -cuyo cometido es la elaboración del dictamen a partir de los elementos contables y documentales pertinentes- por lo cual aparece por completo insuficiente para sustentar el informe (Del voto del juez Márquez, cons. X).