Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-15


------ En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 15 días del mes de Junio del año dos mil doce, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. Fernando S. L. ROYER y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Daniel Luis CANEO y José Luis PASUTTI para dictar Sentencia en los autos caratulados: "L., B. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. N° 18.240-L-2001) y atento lo dispuesto por la Acordada Nº 3204/00, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. CANEO, ROYER y PASUTTI.----------------------- ------ Acto seguido se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? ---- ------ A la primera cuestión el Dr. CANEO, dijo: ----------------------------- ------ I.- ANTECEDENTES.--------------- ------ 1.- El Sr. B. L., quien se dice acreedor del Estado Provincial en virtud de una obligación oportunamente censada en la Ley N° 3609 -de consolidación- demanda a la Provincia del Chubut, pretendiendo se declare la existencia del crédito a su favor por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO con ///VEINTITRÉS CENTAVOS ($22.935,23) o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendir, con más los intereses a "tasa libre activa que percibe el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones de descuento de documentos comerciales" desde que cada suma comenzó a ser adeudada, y se condene a la demandada al pago de la suma resultante con más las costas devengadas por la instancia. Aclara que el "pago debe ser integral.sin descuentos de ninguna naturaleza".----------------------------- ------ En el Apartado I.- HECHOS expone que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 3609, el 27.03.91 se presentó a censar los Títulos de Crédito Emitidos por la Provincia denominados PAGARÉS AJUSTABLES Ley 3189 de Financiación del Plan de Infraestructura Escolar del año 1989 -Plan "PARA CRECER"- individualizados con los Números 4066, 4067, 4068 y 4069 con un importe de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE AUSTRALES, cada uno y el N° 4370 de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES AUSTRALES, que le fueron cedidos en pago por la empresa A. P. S.R.L.------------ ------ Comenta que la presentación censal se identificó como "Declaración Jurada N° X **" realizada en la delegación de la Dirección General de Rentas de Comodoro Rivadavia, advirtiendo que la misma "significó una PETICIÓN FORMAL, exclusivamente de reconocimiento como ACREEDOR de la Provincia del Chubut" (fs. 13) y así lo aclaró dice- en esa planilla.------------------------- ///--- Destaca que desde el inicio, entendió que la Ley N° 3609 y las normas concordantes y reglamentarias le exigían presentarse pero -subraya- exclusivamente para el relevamiento, verificación y control de dicho crédito, sin admitir -enfatiza- la aplicación de esa norma para efectivizar ninguna quita, pues ello -justifica- afectaba garantías constitucionales como el derecho de propiedad y el derecho al debido proceso. Transcribe lo manifestado en la planilla comentada "Se deja constancia, que el solo cumplimiento de este censo, no implica por mi parte, reconocimiento alguno de los derechos y obligaciones en ellos consignados, tratándose de una información estadística, la misma puede contener errores involuntarios, y la presentación de estas planillas de censo no significan consecuentemente la legalización y reconocimiento alguno de la ley Nro. 3609 y Decreto 68-91" (fs. 13).------------------------ ------ Indica que el 20.08.93 fue citado por personal de la Contaduría General de la Provincia a fin de notificarle la Resolución N° 139/93 EC por la cual se consolidó y reconoció un crédito al 31.12.90 de TRES MIL DOSCIENTOS SIETE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (u$s 3.207) pretendiendo en ese acto -añade- liquidar el crédito. Insiste en que había dejado claramente establecido que en el marco del art. 1° de la Ley N° 3609, su presentación era al sólo efecto del relevamiento de su crédito, no admitiendo -señala- su aplicación para la consolidación y liquidación. En ese instante -explica- impugna la liquidación realizada porque -según sostiene- contiene errores gruesos. Prueba de ello es el Acta Notarial N° *** del mismo día, en la que hizo constar el rechazo y destacó que "sus ///acreencias son provenientes de compromisos contractuales, rechazando la liquidación que se intenta y reservándose las acciones administrativas y/o judiciales que pudieran corresponder para su cobro" (fs. 13 vta. "in fine" y 14).----------------- ------ Refiere que el 13.10.94 una Nota de la Contaduría General informaba "se le ha verificado y consolidado al 31 de diciembre de 1990, a su favor, la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO (u$s 7.944) (SIC) monto sujeto a retención de Impuesto a los Ingresos Brutos" y acompañaba además -menciona- copia e instrucciones para la suscripción de un nuevo convenio. Sostiene que esa Nota además del error del monto, contenía otras "incongruencias", las que enumera: los montos en letras y número no guardan congruencia; ninguna cifra transcripta se ajusta al monto de las actualizaciones de créditos censados y legislación aplicable que no es -asevera- la N° 3609 y no guarda los recaudos formales de toda notificación comprendidos en el art. 62° del Dto. Ley N° 920.-------------- ------ Cuenta que a pesar de diversas presentaciones no logró respuestas a sus requerimientos, hasta que el 18.8.95 ingresó una formal denuncia por cumplimiento irregular de las obligaciones propias de los funcionarios de la Contaduría General en relación con el tratamiento de la petición efectuada en la Declaración Jurada antes referida, denunciando la mora de la Administración.----------------------- ------ Manifiesta que la liquidación fue rechazada porque la metodología de ajuste de los documentos violentaba claramente lo preceptuado en las ///normas legales aplicables; puntualiza L. que la metodología de la liquidación respondía al procedimiento de la Ley N° 3609, modificada por la N° 3806, normas que -interpreta- no comprenden la situación de este crédito que reclama. Sostiene "el presente crédito se ajusta a lo pautado por la ley nacional 23982, la que fue adherida por la provincia.a través de la ley 3798." (fs. 14 vta. "in fine" y 15).---------- ------ Considera que la Ley N° 3609, dictada en el marco de la llamada Emergencia Económica Provincial, contempla tres aspectos la obligación de presentarse: para el relevamiento, verificación y control de las deudas y créditos que el Estado Provincial mantenga con particulares al 31.12.90, sancionando su no presentación. Transcribe el art. 1° y resume "correspondía presentarse ya que el nacimiento de la obligación se produce el 15 de marzo del año 1990, el crédito ya había nacido" y acusa "gran confusión manifiestan los funcionarios entre los conceptos de existencia del crédito y exigibilidad de éste" (fs. 15 vta).----------------- ------ Distingue cuándo una deuda es "exigible" y cuándo "existe" como tal, para alegar que en su caso "el crédito existía al momento de tomar vigencia la ley 3609, es más lo confirma la misma administración cuando lo reconoce en el Acto Administrativo emanado por la Contaduría General.de fecha 13 de octubre de 1994" y afirma ".no era exigible ese crédito existente, ya que el vencimiento de los documentos remitían a los meses, 4, 5, 6 y 7 del año 1991" (15 vta.) Y concluye "era obligación presentarse a verificar porque.la ley lo ///establece en el art. 1°.el monto del crédito no lo eximía de la presentación".---- ------ En el Apartado IV.- de la demanda se ocupa L. de la CONSOLIDACIÓN aunque aclara que lo hace al solo efecto ejemplificativo y no -remarca- porque sea aplicable a su caso, reiterando que todo intento de aplicarla sería ilegal e inconstitucional. Analiza el art. 13° de la norma, el cual transcribe, para colegir que las razones de emergencia que expone el precepto se refieren a la del ejercicio fiscal y presupuestario, como situación que nace en el pasado -argumenta- pero con efectos actuales al período mencionado en la ley. Dice que el inciso a) se refiere solo a las deudas que se hubiesen tornado exigibles con anterioridad al 31 de mayo de 1990, subrayando "no recepta.el crédito en estudio, ya que este no es exigible para el acreedor de la provincia, todavía, ya que el vencimiento de los documentos se remonta al mes de abril, en adelante, del año 1991." (fs. 16 vta).------------------------------- ------ Reproduce el inciso b) y opina que a partir de una mala lectura podría decirse que el mismo recepta los documentos que se reclaman, pero no es así -controvierte- y asevera que ese es uno de los errores más frecuentes. Destaca que el estudio interpretativo de una norma no debe realizarse "en forma estanco" sino -subraya- el espíritu de la ley se encuentra en la totalidad de los artículos que conforman la norma. Justifica que el art. 13° -siempre de la Ley N° 3609- contiene un último inciso que es el que ejerce la limitación al inciso b) de cuáles serán los créditos que se tornaren exigibles con posterioridad al 31.5.90, ///interpretando que "se refiere a los que se convertirían en exigibles entre el 31 de mayo de 1990 y el 31 de diciembre del mismo año".-------- ------ Concluye en que no son consolidables las deudas y los créditos de particulares censadas "cuyo vencimiento original, según contrato o ley que hubiere dado origen a la prestación, hubiere ocurrido con posterioridad al 31.12.90". Las deudas y los créditos de particulares no censadas en la misma situación. Las deudas y créditos de particulares posteriores al 31.12.90". Y de ello colige que los documentos no se encuentran incluidos en la Ley N° 3609 ya que son deuda o crédito anterior al 30.5.90, y no vencen antes del 31.12.90 "por ende no son consolidables" (fs. 17 vta.). Refiere a la modificación que introdujo la Ley N° 3806 alegando que ratifica su postura.--------------------------------- ------ Agrega L. que el 16 de marzo de 1993 se sancionó la Ley N° 3798 que -según estima- contempla tres aspectos fundamentales. En el artículo 6° del Decreto Reglamentario N° 571/93 una modalidad de presentación de las acreencias de los particulares; consolida "ipso iure" las obligaciones vencidas o de causas o título anterior al 01.4.91 según las normas del Régimen de la Ley de Convertibilidad 23928 en la relación un peso o dólar = diez mil australes y del pago de la deuda consolidada que se hará con los recursos anuales del presupuesto provincial.--------- ///--- Reitera su posición acerca de las deudas no consolidables en el marco de la Ley Nº 3609, mencionando que ante la adhesión al régimen de Consolidación de Deudas del Estado Nacional (Ley Nº 23982) dispuesta por la Ley N° 3798 y reglamentada por el Dto. N° 571/93 resulta claro que su crédito está excluido de la norma referida en primer lugar, puesto que -según cree- se trató de una adhesión condicionada que no se ajusta a lo previsto en el art. 19 de la Ley nacional cuando establece que las normas locales no podrán introducir mayores restricciones a los derechos de los acreedores que las que ésta establece respecto a las deudas del sector público nacional.------- ------ Relata cuál es el método de cálculo contemplado en el plexo normativo nacional, el cual compara con el régimen de actualizaciones dispuesto en el art. 13° de la Ley N° 3609, para afirmar que no podría consolidarse por el régimen de ésta aquellos créditos que no se hubiesen censado o se lo hubiere hecho fuera de los plazos que se establecieron o se encontraren pendientes del acto administrativo de Consolidación. En estos casos -agrega- correspondería efectuar la consolidación en el marco de la Ley N° 3798. Estima "no puede utilizarse la previsión del artículo 2 de la ley 3798, para consolidar créditos con la modalidad de la ley 3609, si el resultado de su aplicación fuere más favorable para el acreedor, respecto de la aplicación de la ley 23982" (fs. 20).--------------------------- ------ Realiza un análisis de cuáles son -a su entender- las exclusiones expresamente contempladas en la Ley N° 3798 para consolidar, puntualmente en el art. 20° de su Dto. Reglamentario; las que enumera y concluye "para mantener incólumes sus derechos el acreedor, cualquier ///particular que lo fuera del Estado provincial debía peticionar el reconocimiento de su Crédito mediante .Ley 3609 la presentación de la Declaración Jurada; .ley 3798 presentar liquidación judicial firme o.administrativa definitiva.; acompañar los instrumentos probatorios del crédito; cumplido lo anterior, la Administración procedía a relevar, verificar y controlar con exactitud el crédito declarando la legitimidad del mismo y, cuando correspondía lo CONSOLIDABA.los créditos CONSOLIDADOS se cancelaban en la forma y con los instrumentos que cada ley prevé" (fs. 20 y 20 vta.).--------- ------ En el Punto VII "LA PRESENTE OBLIGACION DEL COMITENTE ESTATAL EN EL REGIMEN DEL CONTRATO DE OBRA" expone L. que la doctrina y jurisprudencia son unánimes al referirse al precio de la obra. Explica la obligación de la Administración de pagarlo y la del contratista de percibirlo en tiempo y forma fijado en el pliego. Señala que la Ley N° 3189 introduce una modificación particular para el Régimen de Pagos de Obras Públicas pues previó que los Contratistas financiaran por sí o por terceros las obras a realizar bajo el denominado "Plan de Infraestructura Escolar del Año 1989", por el cual -añade- se estableció diferir el plazo de pago del art. 43° de la Ley N° 533 en plazos que constarían en los PAGARÉS AJUSTABLES fijando el primer vencimiento de cada serie de pagarés al 5° mes de expedición de los Certificados, según Anexo IV de los pliegos como Anexo II Ley 3189.-------------------------- ///--- Indica que ese fue el criterio de este Cuerpo, ratificado en la causa "O.". Considera que el pagaré no es un medio de pago, sino una promesa de pago, subrayando que "constituye un título circulatorio a la orden, puesto que los de la ley 3189 se emitían a favor del contratista y podían circular por simple endoso, a diferencia de los Certificados de obra que podían circular por Escritura Pública de cesión" y del fallo citado deduce que "en la forma que lo establece la ley 3189, para canje de los Certificados de obra, No implican Pago y por ende el vencimiento original de la prestación principal, coincide con la fecha de vencimiento de cada documento emitido en canje" (fs. 21 vta.).--------------------------- ------ Luego de exponer un concepto de Título de Crédito, en el cual encasilla L. a los Certificados de Obra, y señalar su carácter de públicos y causales, afirma que la causa válida mencionada en el Título, es la obra A. de B. M. de Comodoro Rivadavia; los Certificados canjeados, de Obra n° *, de variación de costos n° * y de variación de costos financieros n° * y el Plan de Infraestructura Escolar que -alega- es lo mismo que decir la Ley N° 3189. Dice que esa operatoria creó el referido Plan, menciona los arts. 2° y 6° y destaca que en los Pliegos de Condiciones de la Obra se estableció que el pago de los Certificados debía realizarse conforme la Sección IV; transcribe los artículos 8°, 12°, 33° del Anexo II Ley 3189, sosteniendo que el art. 35° modifica los arts. 17° y 18° de la Ley N° 533, autorizando a adjudicar dentro del concurso las variantes previendo las de pago.--------------------- ------ Subraya que según el art. 33° -Anexo II de la Ley N° 3189- "cada certificado de obra se canjearía en la Tesorería General.por Veinte ///(20) documentos iguales consecutivos mensuales, cuyo primer vencimiento operaría al quinto mes de emitido el certificado, aplicándose para actualización hasta la fecha de efectivo pago el sistema que se hubiera pactado contractualmente" (fs. 23). Con ello expresa que el vencimiento del 1° documento (de los 20 a entregar en canje por cada Certificado) -aclara- opera a los 165 días del mes de ejecución de los trabajos; el segundo a los 195 días o 180 de la expedición de cada certificado y así sucesivamente.----------- ------ Bajo el título "SOBRE LAS LEYES DE CONSOLIDACIÓN A LOS CRÉDITOS EMERGENTES DE OBRAS PÚBLICAS", distingue distintas situaciones.-------- ------ Alude primero a los "Créditos Emergentes de Deudas de Obras Contratadas en el Régimen de la Ley 533", interpretando que el vencimiento original de la obligación principal a efectos de la Consolidación -art. 13° inc. b) Ley 3609- "para los supuestos de deudas por obras ejecutadas bajo su régimen" -aclara- ocurre a los 45 días del mes de ejecución de los trabajos; dilucida 15 días para la expedición de los certificados y 30 días para el pago. Sintetiza "deben peticionarse -censarse- todos los créditos anteriores al 31.12.90, dentro de lo pautado por la ley 3609 o los posteriores al 31.12.90, conforme a los requerimientos de la ley 3798" (fs. 23 vta.).----------------------------------- ///--- Enuncia -según su parecer- qué ocurre con las Deudas contempladas en los incisos a) y b) que son consolidables en la Ley N° 3609 (fs. 24) y asevera que no son consolidables al amparo de esa Ley "todos los certificados por obras ejecutadas en el mes de noviembre de 1990 .en razón de que el vencimiento original según el contrato (2°parte del inciso b) artículo 13° modificado por ley 3806) sería posterior al 31.12.90.vence el 15 de enero de 1991" (fs.24 vta); aunque el acreedor del Estado -destaca- igual estaba obligado para peticionar a presentar su Declaración Jurada pues el origen del crédito databa de 1990. Tampoco lo son -continúa- los certificados a vencer o vencidos a partir de 1991 en el marco de la Ley 3798, porque -justifica- se trata de Deudas Corrientes expresamente excluidas en el art. 20° Dto. N° 571/93, que transcribe.---------------------- ------ Y resume "los certificados que vencen a partir de 1991, se hallan excluidos de la consolidación, por cuanto son obligaciones nacidas de acuerdo a las previsiones originales por la ejecución normal de los contratos celebrados regularmente (en el marco de la ley 533) por el Estado Provincial." (fs. 25).--------------- ------ Luego se refiere a los Créditos emergentes de deudas de obras contratadas en el régimen de la Ley 3189 afirmando que deben peticionarse -censarse- los créditos anteriores al 31.12.90 dentro de lo pautado por Ley 3609 o los posteriores a esa fecha conforme los requerimientos de Ley 3798.- Y detalla, una vez más, cuáles son los créditos que estima contemplados en el art. 13° de la Ley N° 3609, diferenciando el inciso a) y b) (fs. 25/25 y vta.) con la modificación ///introducida por la Ley N° 3806 para finalizar afirmando que "los documentos de la ley 3189, que no eran alcanzados por la consolidación de la ley 3609, se encuentran también excluidos de la consolidación de la ley 3798" (fs. 25 vta.).------------------------------------- ------ Ello -su caso- porque son obligaciones nacidas de acuerdo a las previsiones originales por la ejecución normal de contratos celebrados regularmente (Ley 3189); aclarando "respecto de nuestro crédito, ha habido ejecución presupuestaria, atento que ha existido Crédito Presupuestario; la respectiva Orden de Disposición. Compromiso." (fs. 26).------------- ------ Seguidamente expone sobre la SITUACIÓN DE CRÉDITOS NO CONSOLIDADOS.- En relación a los Créditos por certificados de obra ley 533 emitidos durante diciembre de 1990 afirma que, peticionado su reconocimiento y censado, debían abonarse a su vencimiento, pues se trataba -dice- de créditos corrientes, con más interés en caso de mora.----- ------ Esto es -así lo dice- si a la fecha de la sanción del Decreto N° 571/93, se hallaban pendiente de pago NO SON CONSOLIDABLES en la Ley 3798 por cuanto se hallan excluidos de la misma. Los que tuvieran vencimiento posterior al 31.12.90, conforme la 2da parte del inciso b) del artículo 13 modificado por Ley 3806. Resume que el acreedor del Estado debía peticionar presentando su Declaración Jurada por el origen de su crédito anterior a 1991; reitera que los documentos de la Ley N° 3189 se ///encuentran excluidos de la consolidación de la Ley N° 3798, porque así lo establece -opina- el artículo 20° del Dto. N° 571/93 que transcribe. Así, -itera- porque son obligaciones nacidas de acuerdo a las previsiones originales por la ejecución normal de los contratos celebrados regularmente por el Estado Provincial. ha habido ejecución presupuestaria porque "ha existido oportunamente Crédito Presupuestario; la respectiva Orden de Disposición. el Compromiso que. es una autolimitación o un autoembargo.. ha habido erogación calculada, que se hizo concreta y fija mediante la liquidación, es decir que se constituye en deuda líquida" (fs. 26).- Considera que la derogación de la Ley N° 3189 por la N° 3609 no afectaba los títulos emitidos, por cuanto los derechos otorgados por los mismos no pueden ser cercenados.---- ------ Justifica ser un "ACREEDOR LEGÍTIMO DEL ESTADO PROVINCIAL" con las constancias llevadas a cabo por ante la Administración y plasmadas en la declaración Jurada X-**; y en tanto se "HALLA EXCLUIDO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS LEYES N° 3609 Y 3798" (fs. 27), explica que para la liquidación, hasta el 1° de abril de 1991 correspondía la utilización de las fórmulas pactadas en cada documento según lo autoriza la Ley de Convertibilidad 23.928, con la equivalencia UN dólar=Australes Diez Mil. Y a partir ese día -completa- solo procede reconocimiento de Interese a la tasa pactada que es la de Descuento de Certificados de Obra del Banco Provincia del Chubut hasta la fecha de su efectivo pago.--------------- ///--- Insiste en que su presentación se hizo exclusivamente para RELEVAMIENTO, VERIFICACIÓN y CONTROL y no para la CONSOLIDACIÓN y PAGO dentro de la Ley N° 3609 con TIDEP; acusa que "todo avance .para llegar a la Consolidación. y al Pago .significará una arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. se procede a concretar verdaderas exacciones inconstitucionales" (fs. 27 vta.). Sostiene que la normativa mencionada impuso cargas inadmisibles y arbitrarias que fueron aprobadas por la Legislatura provincial en franca usurpación -subraya- de las facultades expresamente delegadas a la Nación por la Constitución. Y remarca "nunca acaté voluntariamente dicho régimen por arbitrario e inconstitucional. la única aceptación puesta en evidencia .fue la obligatoriedad del artículo 1° .al disponer .el inmediato relevamiento, verificación y control.habiendo cumplimentado esta parte solamente el art. 1°.hemos atacado por inconstitucional e ilegal el resto de la normativa de la ley 3609, normas concordantes y reglamentarias" (fs. 27 vta./28).- Abona con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se ampara en el precedente "Intertelefilms S.A.." Doctrina que, según entiende, fue recepcionada por este Tribunal en "W. I.".- ------ Vuelve a referirse al art. 1° ya referido, exponiendo que generó una "sensación de compulsión manifiesta en el propio diagrama de las obligaciones.y sus sanciones" (fs. 28 vta.).----------------------------------- ///--- A continuación desarrolla L. aquellos aspectos donde finca la inconstitucionalidad. Dice que la Ley 3609 afecta la integridad de su crédito, reduciendo a un 30% su valor; que la obligación compulsiva ya mencionada no importó de su parte un voluntario acatamiento y vuelve a referir que en la Declaración Jurada X *** dejó expedito el camino procesal para la impugnación y subraya "la aplicación .de los artículos 13 y 14 de la ley 3609 constituye una grave violación al derecho de propiedad." (fs. 29). A más de ser inconstitucional por confiscatoria, el procedimiento es arbitrario por desigual y funda con el fallo "G., A." de este Cuerpo.---------------- ------ Expresa además que nadie está obligado a recibir del deudor, con menoscabo de la integridad de su patrimonio, cualquier cosa que se le quiera dar para cancelar un crédito, agraviándose "mediante ley 3609 el Estado Provincial deudor, pretendió cancelar sus obligaciones con una dación en pago consistente en la emisión de títulos de moneda foránea que a la fecha de sanción (enero 1991) no era legalmente reconocida como tal y carecía de curso legal y poder cancelatorio en la República Argentina" (fs. 29 vta); recuerda que la emisión de moneda y fijar su valor es competencia de la Nación, razonando que la Provincia no pudo legalmente imponer la cancelación de sus deudas con una moneda que no tenía ese efecto.--- ------ Refiere haber formalizado el 30 de septiembre de 1997 reclamo administrativo, dando origen al Expte. N° 6212 MH, con un escrito acompañado de la documental respectiva. En dicho trámite -cuenta-denunció mora (11.5.99), el 30.06.98 se giró Carta Documento ///intimando a que se resolviera y el 22.11.00 se recurrió por ante el Gobernador de la Provincia pretendiendo el pago de las sumas adeudadas. El 20.03.01 se denunció nuevamente la mora en los términos del art. 76° del Dto. Ley N° 920 sin obtener respuesta, con ello -dice- se vio obligada a iniciar la presente acción.- ------ Ante la hipótesis de que este Tribunal encuadre su deuda en la Ley N° 3798, deja planteado L. la inconstitucionalidad de la misma. Detalla que ésta efectúa una adhesión condicionada a la Ley N° 23928 y esboza una contradicción entre el art. 2° de la norma local y el 19° de la nacional (con transcripción de ambos preceptos). Asevera que es válida exclusivamente la adhesión de la Provincia a la Ley N° 23.982, explicando "lo que es totalmente inconstitucional es la normativa de dicha ley, que condiciona y limita la aplicación de la normativa Nacional, sujeta a las prescripciones de la ley 3609". Solicita al Tribunal considere la "inconstitucionalidad parcial que denunciamos" y su pretensión de que "se cubran nuestras acreencias sin quita que pudiera afectar el derecho a un debido proceso, a la igualdad y al resguardo del patrimonio" (fs. 31). Justifica su postura en la doctrina del Fallo: 175:262 "Cubas.".------------------------- ------ Asevera que la liquidación de los documentos debe ser realizada en base a la Ley N° 23.982 que fue receptada por la Provincia del Chubut, sin aplicar -razona- el resto del articulado de dicha normativa 3798 que establece condiciones mayores e impone quitas, como las de los arts. 13 ///y 14 la Ley N° 3609 y concordantes, en grave perjuicio -alega- a su parte.--------------- ------ Hace reserva de Caso Federal, ofrece pruebas y bajo el sub título MONTOS RECLAMADOS practica liquidación a la fecha de vencimiento de cada documento con indicación del número de cada uno, fecha de emisión, valor originario en Australes, índice de aplicación al 01.04.91, monto resultante en Australes, la conversión en pesos o dólares y el monto de cada uno a esa data; arribando de ese modo al total del importe reclamado. Realiza petitorio de estilo y solicita se haga lugar a la demanda instada.- ------ 2.- A fs. 57/64 la demanda es ampliada.- Puntualmente aclara el actor que pretende en autos la declaración de un crédito a su favor y contra la Provincia del Chubut; que la reclamación administrativa formalizada por ante la Administración tramitó por los expedientes N° 6212 y 6612 del Ministerio de Hacienda; ratificando -señala- el resto del contenido de la demanda inicial.---------- ------ Menciona que desarrollará "determinados acontecimientos" para evidenciar que desde el inicio de sus relaciones con el Estado provincial no aceptó se aplicara a su acreencia los efectos confiscatorios -califica- de la Ley N° 3609.-------------------------- ------ Reitera que dicha Ley solo fue aceptada como censo y como medio para cumplir con el relevamiento y verificación pero -subraya- rechazó toda quita. Ejemplifica ello con la planilla del Censo y transcribe -///nuevamente- la "reserva" que insertó al pie.- Hace mención al Acta Notarial -descripta en la demanda- y advierte que cuando allí se mencionan "los compromisos contractuales" refiere al Plan de Infraestructura Escolar de la Ley N° 3189 que aprobó el Pliego de la Licitación y fue base -explica- de los documentos emitidos y censados el 27.03.91. Reitera haber rechazado expresamente toda posibilidad de quita a su acreencia, no aceptando firma alguna -remarca- de contrato relacionado con la ley 3609.--------------- ------ Expone L. que ni aún en el nuevo contexto jurídico dado por la Ley N° 3798 aceptó quita alguna sobre sus acreencias, pues no alteró ni modificó su postura del 27 de marzo de 1991 donde -recuerda- solo aceptó la figura del relevamiento, verificación y estadística de la Ley N° 3609.--------------- ------ Individualiza las presentaciones efectuadas en los expedientes administrativos antes referidos, digrega no haber acatado el régimen jurídico que ahora tacha de inconstitucional y con mención de doctrina aplicable sostiene la accionante no haber consentido ni aceptado nunca la normativa que ahora cuestiona.------------ ------ Reitera párrafos del escrito de demanda y sintetiza una vez más que "pese a todas las confusiones legales y procedimentales.solo aceptaba la figura del RELEVAMIENTO, LA VERIFICACIÓN Y EL CONTROL ///del artículo 1ro. de la ley 3609, impugnando desde su inicio, el resto de la normativa" (fs. 61 vta).-------------- ------ Insiste con su argumento de que al vicio de confiscatoriedad que endilga a la normativa cuestionada se adiciona el de "usurpación inconstitucional de facultades y atribuciones delegadas por las Provincias a la Nación" (fs. 62) destacando que cuando tacha la ley hace extensivo el planteo de inconstitucionalidad al sistema reglamentario.----------------- ------ Concluye ahora L. en que "la liquidación de los documentos. debe ser realizada en base a la Ley Nacional 23.982 que fue receptada por la Provincia del Chubut, sin aplicar el resto del articulado .3798, en sus artículos 13, 14 y concordantes, en grave perjuicio del patrimonio e intereses." (fs. 63).------------------------------ ------ 3. A fs. 74/81 y vta. la Provincia del Chubut contestó la acción.----- ------ En forma preliminar, opone la caducidad de los derechos del accionante en los términos y de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley N° 4105, mediante la cual la Provincia adhirió a la Ley N° 24.447 que en su artículo 25° establece ".caducarán los derechos y prescribirán las acciones para peticionar créditos contra el Estado nacional o cualquiera de los entes comprendidos en la Ley 23982 de causa o título anterior al 1 de abril de 1991.La extinción de las consecuentes obligaciones del sector público nacional se producirán de pleno derecho.".

///--- Sostiene la accionada que esa legislación es conocida por el actor atento lo dispuesto en los artículos 20° y 923° del Código Civil, razona que procede sin sustanciación alguna.---- ------ Refiere que existen pronunciamientos locales que viabilizaron el instituto que invoca y cita un fallo de Primera Instancia del 18.11.99 del Juzgado Universal de la ciudad de Rawson que fue luego ratificado por la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; transcribe parcialmente párrafos del mismo que abonan su postura (fs. 74 vta./75) y de ello deriva que con esos sólidos argumentos y en pos del principio de economía procesal, podría este Tribunal resolver favorablemente su planteo sin entrar al análisis de la cuestión de fondo.------------------------- ------ Subsidiariamente contesta la demanda. Primero, con las negativas de práctica, entre las que se destaca la referida a la procedibilidad de la acción promovida por el accionante; que deba este Cuerpo declarar la existencia de crédito alguno a favor de L. menos aún por la suma pretendida con más intereses, ni que éstos deban ser calculados a la tasa libre activa que percibe el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones de descuento de documentos comerciales, capitalizada mensualmente; que la presentación censal efectuada mediante declaración jurada N° X-*** haya significado una petición formal, exclusivamente de reconocimiento como acreedor de la Provincia; que tengan efecto jurídico alguno las aclaraciones hechas en la planilla de censo oportunamente presentada por la actora; que haya entendido L. que la presentación al censo era ///exclusivamente para el relevamiento, verificación y control de dicho crédito y que no admitiera la aplicación de la Ley N° 3609; que ésta efectivice quitas afectando derechos constitucionales o que no le corresponda su aplicación. Niega expresamente el argüido rechazo de la accionante a la liquidación practicada o que ésta violara lo preceptuado en la normativa aplicable; la interpretación que L. efectúa de la referida Ley y los efectos jurídicos que pretende atribuir de ella a los procedimientos contenidos en la misma, como el entendimiento que da a las situaciones en ella contempladas. También controvierte que, si a criterio de la actora la Ley N° 3609 no le es aplicable, realice su análisis ejemplificativo, cita y su pedido de inconstitucionalidad; que sólo queden comprendidas las deudas exigibles con anterioridad a mayo de 1990 y por ende que no le sea aplicable a la actora. Asimismo que las deudas que se tornasen exigibles y/o devengadas al 31 de mayo de 1990 quedaren excluidas de la Ley N° 3609 o que pueda considerarse una mala lectura de la ley aquella que indicare que las deudas posteriores al 31/5/90 se encuentran incluidas en sus preceptos y que haya errores en la hermenéutica de las normas. Niega la interpretación de la contraria del artículo 13° y sus incisos y la conclusión a la que arriba "ficción errónea ésta en la cual estructura la pretendida exclusión de su crédito de la aplicación de la Ley 3609" (fs. 75 vta); que no fueren consolidables las deudas y créditos de particulares no censadas cuyo vencimiento original según contrato o ley hubiere ocurrido con posterioridad al 31/12/90; que los Documentos N° 4066, 4067, 4068, 4069 y 4370 no se encontraran incluidos en la Ley 3609 atento a la interpretación de la actora y que no sean consolidables; que la Ley N° 3798 planteara una adhesión condicionada a la Ley N° 23982 y que la adhesión de la primera no se ///ajuste a las previsiones de la última y que existan mayores restricciones a los derechos de los acreedores por aplicación de la Ley 3609. Rechaza que el método de actualizaciones a que hace referencia con relación a la Ley 23982 y que alude a normas administrativas nacionales, sea aplicable en la jurisdicción local de la Provincia del Chubut y como normas del caso; que la previsión del artículo 2° de la Ley N° 3798 para consolidar créditos con la modalidad de la Ley N° 3609 no fuere aplicable, como también que resultare más desfavorable que la establecida por la Ley N° 23982; que sea correcta la interpretación del actor sobre los pasos procedimentales que dice debía cumplir el Estado para consolidar deudas; que los "pagarés ajustables" de la Ley 3189 tengan las características que las normas comerciales asignan a los títulos circulatorios y que sólo revisten la calidad de reconocimiento de deuda por parte del Estado Provincial. Controvierte la interpretación que la contraria extrae del caso "O." y que las deudas de L. deban ser consideradas como deuda corriente a fin de aplicar la Ley N° 3798, en virtud de la emergencia declarada y la consolidación establecida por la Ley 3609 y su modalidad de pago; que la obligación contenida en la modalidad adoptada por la Ley 3189 no se encuentren consolidadas bajo aquélla ni que le sea aplicable al crédito reclamado por la actora lo dispuesto en el artículo 20° incs. a) y b) del Decreto N° 571/93; que haya existido ejecución presupuestaria en los términos que señala la accionante para el presupuesto 1991. Expresamente niega que el crédito reclamado por el actor esté excluido de la consolidación de las Leyes 3609 y 3798 y consecuentemente los sistemas de liquidación que ///establece la contraria, la conversión a dólares estadounidenses de su acreencia y la tasa de interés que aplica. En cuanto a la tacha de inconstitucionalidad niega que la normativa local haya impuesto cargas inadmisibles y arbitrarias en usurpación de facultades delegadas a la Nación, afectando garantías constitucionales como el derecho de propiedad. Refiriéndose a los fallos citados por el actor, niega que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya declarado la inconstitucionalidad de la Ley N° 3609 en "Intertelefilms." y que el caso "W. I." de este Cuerpo haya receptado doctrina de la Corte que no identifica. Es falso -dice- que la reclamación administrativa interpuesta ante el Poder Ejecutivo hubiera podido posibilitar al Estado Provincial resolver la situación que la actora plantea, atento la normativa imperante y las competencias propias del Poder Administrador y que en virtud de ello reconozca los derechos que por esta vía esgrime. Con cita de PEYRANO advierte la Provincia demandada que basta para cumplir con la presente carga aportar la propia versión de los hechos.--------------- ------ En el "Apartado 3 - ANTECEDENTES" desarrolla los "Dichos de la actora" y señala que los documentos que esgrime resultan ser, por un lado, títulos de crédito público y, por el otro, deudas corrientes del Estado provincial. Menciona que en un primer análisis de la Ley N° 3609 estima que no le es aplicable porque los créditos que exhibe tenían vencimiento posterior al 31/12/90, data ésta -subraya- que toma como "hito fundamental" a los efectos de aplicar aquélla y de la interpretación particular que de la misma realiza.-------- ///--- Acusa que controvierte la jurisprudencia de este Tribunal, en particular -destaca- la causa "C. R." al esgrimir que su presentación al censo posee efectos diferentes a aquel que le ha asignado la hermenéutica judicial.-------------------- ------ Califica el planteo de L. como incongruente, porque -según expone- analiza extensamente la Ley N° 3609, opina que la misma no le es aplicable pero la tacha de inconstitucional. Transcribe un párrafo de la demanda y critica a la contraria diciendo "lo incongruente de su posición es que si por una parte considera que el crédito no censado no es consolidable, qué sentido tenía entonces presentarse en el marco del artículo 1° de la Ley 3609, más aún cuando refuerza su entendimiento analizando que los documentos en su poder poseían un vencimiento de la obligación que lo excluía de la obligación que de pleno derecho declaraba la ley 3609. No obstante ello,. presentó la planilla correspondiente del censo de deuda." (fs. 78 vta.).------------------------- ------ Destaca que no se registró en el Estado ni se acompañó prueba que a su debido tiempo, es decir -aclara- al vencimiento de los documentos que esgrime, de que se haya presentado para requerir su cobro; sólo se limitó a reclamar -alega- y de ello da cuenta el acta notarial que agrega. Observa que si bien en ésta efectúa reserva de acciones, en ningún momento expresa claramente -advierte- que se opone a la aplicación de la N° Ley 3609. Reproduce textualmente su introducción, esgrimiendo "todo ello ocurre en Comodoro Rivadavia el 20 de agosto de 1993; es ///decir, más de dos años después del vencimiento de los documentos que hoy trae a la litis" (78 vta.).--------------- ------ Expone que a más de seis años de vencimiento de los documentos y ya vigente la Ley 4105 -remarca- L. se presenta ante el Estado en idénticos términos que los traídos en la demanda, adicionando la impugnación de inconstitucionalidad en noviembre del año 2000; fechas en las cuales -comenta- existían pronunciamientos de este Tribunal que con total claridad -opina- interpretaron la normativa y por los cuales se evidenciaba que no existía la maraña y oscuridad normativa alegada por el accionante. Cita el precedente "I.".----------------------------------- ------ Interpretando el fallo, sostiene la Provincia demandada que la actora se encontraría en la tercera posible conducta que el mismo describe; explicando que si bien L. arguye haberse censado al solo efecto del relevamiento de su crédito, la genérica reserva plasmada en la planilla del censo, la falta de un planteo formal contra la inclusión en la norma citada y no haber reclamado el pago al vencimiento de cada documento demuestra que quien ahora acciona "se sujetó al sistema para luego auto excluirse y atacarlo. .no se alcanza a comprender por qué, quien cree que sus acreencias se encuentran excluidas de un sistema legal y en ello basa su reclamo, en la misma oportunidad ataque el sistema (que dice no le corresponde le sea aplicado) de inconstitucional". (fs. 79).----------------- ------ Sostiene que la accionante confunde leyes y artículos; así solicita que la liquidación de su crédito se realice en base a la Ley Nacional N° ///23.982, pero también afirma que ésta no le es aplicable conforme el artículo 20° del Decreto N° 571/93 inciso b)-por ser deuda corriente- o por ser título de crédito público en virtud de lo dispuesto en el decreto y artículo citado inciso a). Asimismo -agrega- ataca de inconstitucionalidad la adhesión efectuada por la Provincia por Ley N° 3798 a la norma nacional que dice no le corresponde se le aplique, pero pide se liquiden sus acreencias conforme a ella.------------ ------ Estima que debe considerarse la pretendida relación que quiere incorporar la contraria de un dólar o peso y que a esta resultante se le aplique lo que denomina tasa pactada, que no existe como tal en el documento que esgrime, explicando que el mismo tiene una fórmula "de ajuste" que tiene entre sus componentes una tasa que no necesariamente es la que corresponda aplicar dentro del razonamiento que efectúa el accionante por la supuesta mora en el pago del documento. Transcribe la liquidación realizada por la contraria cuando calcula su acreencia al 01/04/91 y fija el monto que reclama y añade que se debe adicionar la actualización y los intereses correspondientes, controvirtiendo la Provincia que en esta parte de su reclamo olvida L. la vigencia de la Ley Nacional al solicitar que el crédito sea actualizado con posterioridad a esa data.- Concluye en que el actor solicitó se liquide su crédito de tres formas distintas.------------ ------ Para fundar su postura, cita y transcribe parcialmente la Provincia fallos de este Cuerpo (fs. 80/81) en los cuales se abordó oportunamente ///los efectos de la presentación al censo y cómo resolvió esta Sala en esos precedentes el ataque de inconstitucionalidad por usurpación de la Provincia de atribuciones delegadas al Gobierno Nacional; con todo ello concluye que no le asiste razón a la parte actora al reclamo intentado, pide así se declare y se le impongan las costas.-------------------------------- ------ Hace reserva de Caso Federal y ofrece prueba.-------------------------- ------ 4.- Corrido traslado a la actora de la caducidad opuesta, a fs. 83/85 contesta el planteo.-------------------------- ------ Luego de referirse a las normas en que fincó su postura la contraria, estima L. que es necesario tener en cuenta que el artículo 25° de la Ley N° 24447 supedita su aplicación en las Provincias que previamente hayan adherido a la Ley N° 23982 y que la demandada -subraya- sostiene que el crédito reclamado se encuentra comprendido dentro del régimen previsto por la Ley N° 3609.--------------- ------ Aborda el primer argumento destacando que el plazo de caducidad no puede oponérsele. Justifica que la Provincia adhirió a la norma nacional -N° 23982- solamente respecto de aquéllos créditos comprendidos en la misma no alcanzados por la Ley N° 3609, ello surge -opina- de la manda legal que impone al Poder Ejecutivo cuidar las situaciones alcanzadas por la Ley 3609 sean consolidadas según ese régimen. Como la Provincia expresamente los excluyó -opina- los mismos no quedan alcanzados por la Ley N° 23982 ni por el art. 25° de ///la Ley N° 24447. Así lo entiende amparándose en lo prescripto en el art. 19° de aquélla, el que transcribe.----- ------ Que al momento de contestar la demanda, la Provincia del Chubut afirmó que la relación jurídica existente entre las partes queda incluida dentro del marco legal previsto por la Ley N° 3609, razón por la cual -sostiene- no puede venir en contradicción con sus propios actos a aseverar que los créditos se encuentran comprendidos en el régimen de consolidación de la ley nacional para beneficiarse con la caducidad de la Ley N° 24447. En caso de duda -agrega- habrá de estarse por la supervivencia del derecho y pide se rechace el planteo.---------------------- ------ 5.- La prueba producida es documental y pericial contable. El actor acompañó copia certificada del Expte. N° 6212 caratulado "L., B. de Comodoro Rivadavia solicita liquidación y pago instrumento de crédito censados en Declaración Jurada X-**. Adj. Antecedentes"; en original los Pagarés N° ****/**** y ****; copia de la Planilla Censo 3609 y Declaración Jurada Ley 3609 y Decreto N° 68/91. Intimada la demandada acompañó al contestar demanda el original del expediente citado. Se agregó por cuerda el Expte. "G., A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativo" y se reservaron en Secretaría los Exptes. I.20/1991 XXIV ORI- caratulado "I. S.A. c/ Chubut, Provincia del (Secretaría de Gobierno-LU 90 Canal 7 de Rawson) s/ Ordinario" y "S. A. S.A.C.I.I.F. c/ Provincia del Chubut s/ ///Demanda Contencioso Administrativa (Expte. N° 15413-S-1995). A fs. 23/30 obra Informe Pericial y a fs. 44/72 se anexaron las explicaciones de la experticia que fueron solicitadas y luego ampliadas por el Perito Contador a fs. 76/99.------------------------ ------ 6.- Las partes no presentaron alegato de bien probado.---------------- ------ 7. A fs. 302/303 y vta. emite Dictamen el Sr. Procurador General Adjunto. Reseña los antecedentes de hecho de la causa, la normativa aplicable y desarrolla una serie de consideraciones sobre el instituto de la caducidad. Expresa que la competencia provincial no se encuentra restringida por el régimen de consolidación para legislar en materia de caducidad incluyendo -advierte- lo relativo a plazos y a los derechos alcanzados; finca que de la naturaleza procesal del instituto surge la indiscutible regulación provincial. Concluye que nada obsta a que el Estado provincial pueda establecer plazos de caducidad para reclamar ante la jurisdicción derechos creditorios en su contra, estén o no alcanzados por regímenes de consolidación. Con cita de los arts. 25 de la Ley N° 24447 y el 3° de la Ley 4105 opina que se refieren a todos los derechos creditorios de causa o título anterior al 1 de abril de 1991, sin más excepciones que las deudas previsionales y las de provincias y municipios; dice que no surge que el legislador haya excluido de ese alcance los créditos comprendidos en la Ley N° 3609 por ello -señala- no se entiende la postura actoral que ha referido que el plazo de caducidad solo alcanza a los créditos consolidados de conformidad a la Ley Nº 23982. Ello -aclara- sin perjuicio de que en un pasaje de la demanda sostiene que su acreencia se ajusta a lo pautado en ésa.- Destaca otra ///contradicción argumentativa en la parte actora, que pretende el pago de su crédito conforme las condiciones originales, fundando su pretensión en que al mismo no le son aplicables las prescripciones de la Ley N° 3609, incluyendo el pedido de inconstitucionalidad de ésa, para luego al contestar el traslado esgrimir que la caducidad no le es oponible por estar incluida en dicha Ley. Sintetiza que, en cualquiera de los supuestos, resulta aplicable el plazo de caducidad atento ser el crédito derivado de pagarés ajustables Ley N° 3189 y tienen origen anterior a la fecha de corte fijada. Desestima la invocación de la teoría de los actos propios invocada por L., manifestando que no hubo contradicción en la postura de la Provincia demandada, pues articuló la caducidad de los derechos del accionante y, subsidiariamente, contestó la demanda. Concluye que la confrontación de las fechas, interpuesta la demanda el 15 de mayo de 2001 (fs. 32 vta.) excedido largamente el plazo legal previsto, caducó por imperio legal el derecho del Sr. L., debiendo hacerse lugar a la defensa opuesta.-------- ------ II.- ANALISIS: ---------------------- ------ 1.- B. L., tenedor de "Pagarés Ajustables" Ley N° 3189, Títulos Públicos de Financiación del Plan de Infraestructura Escolar del año 1989 denominado "Plan Para Crecer" que le fueron cedidos por la empresa A. P. SRL, viene a este juicio a solicitar se declare la existencia de un crédito a su favor y se condene a la Provincia del Chubut al pago de la suma que indica, con más ///actualización e intereses. Aduce que cualquier descuento que pudiera afectar el total reclamado es confiscatorio e inconstitucional y contrario a su derecho de propiedad.------------------- ------ La exposición de la demanda, aparece en principio como enmarañada y confusa, pero se despeja a poco que se advierte que a este crédito, que consta -como dije- en "Pagarés Ajustables" Ley Nº 3189, lo alcanzó el estado de emergencia en que se sumió el país desde 1989, y permanecen incobradas las cártulas en sus manos.- Procura por esta acción realizarlas, para lo cual emprende un arduo camino para "desembarazarse" de las Leyes Provinciales que instituyeron la consolidación de deudas del sector público:------------------------------------ -De la Ley Nº 3609, de Enero de 1991 (y su reglamentario Dto. Nº 68/91), la que dirá que no le es aplicable, no sólo porque afirma que no se sometió a ella, sino por interpretar que alcanzaba a los créditos "realizables" -no "existentes" al 31/12/90, y el propio vencía en 1991.- O bien -por si se entendiera que está comprendido- su inconstitucionalidad, que viene a afincar en que -según dice- le impone con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas exacciones inaceptables, reduciendo el crédito a un 30% de su valor, a más de haberse excedido la Provincia al dictarla de sus facultades, pues ejerció las que fueron delegadas a la Nación.---------- -De la Ley Nº 3798, que la sucedió en Marzo de 1993, por la cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 23982, pero parcialmente, pues encara su "nulidad parcial", en mérito a que tal adhesión la hizo "con las adecuaciones pertinentes a las particularidades del Estado Provincial"; ///adecuaciones dadas por el Dto. Nº 571/93, las que también ataca por inconstitucionales en razón de estos "condicionamientos", negando la atribución de las Provincias para ello.---- ------ Sostiene en consecuencia que su crédito no está consolidado por estas normas, tal como fueron dictadas.- Pero. admite la que deriva de la Ley Nacional Nº 23928, por la adhesión provincial, sin atender a los condicionamientos, esto es sin "adecuaciones", en base a la cual requiere -según claramente lo viene a expresar a fs. 63- el pago que reclama.------- ------ 2.- Al contestar la demanda, la Provincia accionada, viene a oponerle la caducidad del derecho del accionante en los términos y de conformidad con lo prescripto en la Ley N° 4105, por adhesión a la Ley Nacional Nº 24445, contestando subsidiariamente la acción, afirmando que el crédito de L. está comprendido en la Ley Nº 3609.------------- ------ A ello L. responde confusamente.- De sus términos da la impresión que modifica su razonamiento inicial para entenderse comprendido en la Ley Nº 3609.- Mas interpretada coherente con la demanda, infiero que viene a sostener que la Provincia no puede oponer la caducidad que dispone la citada norma -Ley Nº 4105- en tanto la Ley Nº 3609, en la que asevera que su crédito está comprendido, está excluida de la Ley Nº 23982 por Ley Nº 3798, que se apartó de la nacional imponiendo condiciones más gravosas, por lo cual, y por el acto propio, no puede prevalerse de la caducidad, ya que -afirma- "le está ///vedado .acogerse a los beneficios de las leyes.en un aspecto y rechazarla para otros." (fs. 84 vta.), con lo que solicita se desestime el planteo.------------- ------ 3.- A fin de dar claridad a las situaciones debatidas -sólo con ese propósito, en tanto la mención normativa vacua no auxilia a la comprensión del caso- haré historia.------ ------ 3.1.- La Provincia del Chubut -como el país todo- hacia fines del año 1988, se encontraba en una delicada situación económico financiera que le impedía cumplir con los compromisos contraídos con los contratistas y proveedores, razón por la cual, para afrontarlos, sancionó diversas leyes con la intención de adecuar tales obligaciones a las posibilidades financieras del Estado. Ese fue el fundamento por ejemplo de las Leyes N° 3189, 3364 y 3411, entre otras.------------------------------- ------ 3.1.1.- El 12.12.90 el entonces Gobernador enviaba a la Legislatura un proyecto de Ley en el que admitía el estado de cesación de pagos de la Provincia y mencionaba que para asegurar la continuidad de la actividad debía proponer a los acreedores a modo de concordato un plan de pago que contenía una quita y una espera, tratando con ello de recomponer la situación interna para afrontar las acreencias. Argumentaba que eran modos excepcionales de superar problemas de idéntico tenor. Así surgió la Ley N° 3608 que autorizó al Poder Ejecutivo, a través del entonces Ministerio de Economía, Servicios y Obras Públicas (en adelante MESOP), a emitir títulos al portador, de hasta 7 años de plazo, denominados TIDEP por hasta un valor nominal determinado (art. 1°), ///estipulando que el Estado provincial respalda los Títulos y garantiza el cumplimiento de las condiciones de emisión (art. 8°). Agrega que la moneda de estos títulos, sería el Dólar Estadounidense; que la amortización se efectuaría en cuatro trimestres iguales durante el año de vencimiento de cada una de las series; que los intereses serían pagaderos semestralmente durante todo el plazo de vigencia del título, exceptuado el año de vencimiento durante el cual pagarían trimestralmente en forma conjunta con los pagos de amortizaciones; que la tasa de interés sería la que rija para 180 días en la plaza interbancaria de Londres (LIBOR) pudiendo aumentársela en un 1% y que todos los pagos se efectuarían en Dólares (art. 9°).-- ------ 3.1.2.- El 28.12.90, completando la anterior, se sanciona la Ley N° 3609 que dispuso un relevamiento, verificación, consolidación y cancelación de deudas y créditos entre el Estado provincial y los particulares. Estableció que las deudas devengadas o que fueren existentes al 31.12.90 serán consolidadas a dicha fecha, con aplicación a las deudas originadas en la aplicación de las Leyes N° 3189, 3549, 3488, 3542, 3513, 3514, 3517, 3521, 3364, 3411 y 3505 que esta norma derogó en el art. 25°. Los particulares, debían presentarse a confeccionar una Declaración Jurada (art. 2°) y la no presentación o hacerlo fuera de término, implicaba la conformidad de éstos para que sus créditos fueran consolidados de oficio (art. 5°) según el reconocimiento máximo autorizado en el art. 14° de la norma comentada.------------------------------ ///--- Asimismo, el Capítulo II - DE LA CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS - proporciona un método de reconocimiento de las deudas de la Provincia, especificando por tales a las emergentes de la provisión de bienes y/o servicios, locaciones, obras mediante las cuales el Estado provincial hubiere comprometido pagos o entregas de dinero, y que se encuentren devengadas o fueren existentes al 31.12.90.- Estas deudas, se consolidaban a esa fecha -art. 11°- y conforme fija el art. 12° resultaban comprendidas las deudas por mora originadas en la aplicación de las Leyes 3189 y las nombradas antes, "aún cuando se encontraren sus respectivos plazos de pago, a la fecha de vigencia de la presente Ley, vencidos o por vencer".-------------- ------ El reconocimiento de las deudas operaría según previó el art. 13° de la siguiente manera: ".a) .deudas que se hubiesen tornado exigibles con anterioridad al .31.05.90 se reconocerán conforme sus pautas contractuales y/o legales que fueren de aplicación hasta dicha fecha. Tal deuda expresada en dólares estadounidenses al tipo de cambio de australes.5000 = 1 U$S constituirá el máximo legal de reconocimiento a efectuarse al 31 de Diciembre de 1990, como deuda pendiente por Capital. b) Respecto de las deudas que se tornaren exigibles y/o devengadas, ambas, con posterioridad al 31 de mayo de 1990 se reconocerán conforme sus pautas contractuales y/o legales que fueren de aplicación hasta el momento de su vencimiento. Tal deuda expresada en dólares estadounidenses al tipo de cambio.A. 5000 = 1 U$S. constituirá el máximo legal del reconocimiento a efectuarse al 31 de diciembre de 1990 como deuda pendiente por capital. c) .se les adicionará el interés simple que resulte de aplicar la tasa del último día hábil de 1990 que rija ///operaciones de .180 días en la plaza interbancaria de Londres para depósitos en dólares estadounidenses. Dicho interés correrá desde el 31 de mayo de 1990 en el supuesto del inciso a) y desde el momento del vencimiento de la deuda en el supuesto del inciso b). En ambos supuestos, hasta el 31 de diciembre de 1990".--------------------------------- ------ Esta forma de reconocimiento, fue después reformada por Ley N° 3806.- Sólo a ello se aplica la norma, que no modifica el art. 12 antes transcripto.--------- ------ La Ley Nº 3609 reguló además, en su art. 15°, que el recálculo descripto "sustituirá automáticamente y de pleno derecho, a toda otra actualización establecida, ya sea legal o contractual, ya sea de intereses moratorios o punitorios.." Determinada la deuda del particular, se facultó al Poder Ejecutivo, mediante el MESOP, a disponer la cancelación de la misma mediante la utilización de los Títulos de la Deuda Provincial (TIDEP), integrándose en cinco series con vencimiento en los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, respectivamente (arts. 18° y 19°).---------------- ------ 3.1.3.- Por ".la magnitud de la deuda a ser consolidada, es menester sentar pautas claras y precisas respecto de cómo habrá de procederse a la consolidación de deudas instituida por la Ley 3609". Así se justificó en el 7mo. Considerado de la norma reglamentaria que vio la luz por el Decreto N° 68/91. En lo que aquí interesa estableció que ///".solamente se consolidarán aquellas deudas que, devengadas al 31.12.90, sean legítimas. Se considerará devengamiento de la deuda la prestación contractual ejecutada a dicha fecha". (art. 1°). El artículo 4° previó que "a toda deuda documentada o determinada en el marco de las Leyes a las que hace referencia el art. 12° de la Ley 3609, le será aplicado lo dispuesto en los incisos a) y c) del artículo 13°" y completó el 5° ".inciso a). En el supuesto del inciso a) del art. 13°.será exigible toda aquella deuda que constare en un certificado de obra, orden de compra, factura u otro instrumento análogo y su respectiva fecha de pago venciere con posterioridad al 31.05.90. b) En el supuesto del inciso b). será exigible toda aquella deuda que constare en un certificado de obra, orden de compra, factura u otro instrumento análogo y su respectiva fecha de pago venciere con posterioridad al 31.05.90".-------- ------ 3.1.4.- El 19 de marzo de 1993 se sancionó la Ley N° 3798 por la cual la Provincia del Chubut adhirió al Régimen de Consolidación de Deuda de Estado Nacional (Ley N° 23.982) con las adecuaciones que resulten pertinentes a los fines de su aplicación a las particularidades del Estado Provincial. Además, en el art. 2° estableció que al reglamentar la norma, el Poder Ejecutivo debía cuidar que las situaciones alcanzadas por la Ley N° 3609 quedasen consolidadas según ese régimen y sus modificatorias; a salvo "las sentencias judiciales que recayeran en virtud de demandas derivadas de la aplicación.que quedarán íntegramente sometidas." a ésta. La Ley fue reglamentada por el Decreto N° 571/93 publicado en el B.O. del 24/5/93.------------ ///--- 3.1.5.- Así las cosas, oportuno resulta señalar que la declaración del Estado de Emergencia en la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económico financiera de la Administración Pública -Ley N° 3992- fue prolongada en el tiempo mediante el dictado de sucesivas leyes que prorrogaron sus efectos.-------------------- ------ De éstas, en tanto resulta de interés para la causa porque es la norma cuya aplicación reclama la Provincia, voy a detenerme en la Ley N° 4105 que extendió la emergencia hasta el 30 de septiembre de 1995, y en su art. 3°, luego de adherir a lo establecido por el art. 25° de la Ley N° 24.447, extendió el plazo allí mencionado para el orden local hasta el 31 de diciembre de 1995.---------------------- ------ El precepto rezaba ".caducarán los derechos y prescribirán las acciones para peticionar contra el Estado nacional o cualquiera de los entes comprendidos en la Ley 23.982 de causa o título anterior al 1 de abril de 1991.La extinción de las consecuentes obligaciones del sector público nacional se producirá de pleno derecho; sin perjuicio de la extinción que ya se hubiese operado con anterioridad en cada caso." (resaltado propio).

------ Y si bien, un Decreto -N° 76/95 (B.O. del 26/12/95)- fijó que esa norma ".no es de aplicación a los particulares cuyas acreencias respecto del Estado provincial hayan sido consolidadas a la luz de los ///regímenes legales establecidos en las Leyes 3609 y 3798"; no requiere mayores argumentaciones expresar que, pese a su dictado, esta reglamentación no puede prevalecer por jerarquía normativa frente a lo establecido por la Honorable Legislatura; sus extremos y/o sus efectos podrían modificarse, ampliarse o excepcionarse solo con otra Ley posterior pero nunca por vía reglamentaria. Véase que ni fue mencionada por las partes, ni pretendida su oposición por el accionante, ni planteada su inconstitucionalidad, por lo que explayarme al respecto deviene inoficioso.--------- ------ 3.2.- Con posterioridad el 18/12/2000, mediante la Ley N° 4647 la Provincia del Chubut adhirió al Régimen de Consolidación de Deudas del Estado Nacional, "de conformidad con las previsiones del Capítulo V, artículos 13° a 18° ambos inclusive de la Ley N° 25.344, con las adecuaciones que resulten pertinentes a los fines de su aplicación a las particularidades del Estado Provincial." ya aplicable a las deudas de causa o título posterior al 31 de Marzo de 1991.------------------------------- ------ En este contexto histórico se interpuso la presente demanda el 15 de mayo de 2001.---- ------ 4.- Volviendo en el tiempo, L., con sus Títulos de Ley Nº 3189, se presentó al censo que dispuso la Ley Nº 3609, formuló "reserva" y no cumplió con los procedimientos ulteriores previstos por la norma ya que, anoticiado del monto recalculado por la Autoridad de Aplicación, lo rechazó; no suscribió el convenio ni realizó el canje ///regulado en el Capítulo III de aquélla. Retuvo, consecuentemente, las cártulas originales que ahora trata de realizar.---------------------------------- ------ Las constancias obrantes indican que en su carácter de "acreedor legítimo del Estado provincial" tal como él mismo se califica en el escrito inicial, se presentó el 27 de marzo de 1991 a formalizar la "DECLARACIÓN JURADA PARA EL CENSO DE DEUDAS Y CRÉDITOS ENTRE EL ESTADO PROVINCIAL Y LOS PARTICULARES AL 31-12-90. LEY 3609 Y DECRETO Nro. 68/91" (título del formulario obrante a fs. 9) donde se volcaron los datos personales del hoy actor.- El mismo día suscribió la PLANILLA DE CENSO LEY 3609 con las especificaciones allí detalladas la cantidad de títulos que tiene en su poder por un total de cinco (5), que fueron emitidos el 15 de marzo de y el 15 de abril ambos 1990, con vencimiento sucesivo los días 15 del mes de abril, mayo, junio y dos (2) en julio de 1991, insertándose en la columna "Deuda del Estado provincial al 31/12/90" los montos de cada uno expresados en australes. Aclarando L. en la parte final que "el solo cumplimiento de este censo, no implica por mi parte, reconocimiento alguno de los derechos y obligaciones en ellos consignados, tratándose de una información estadística, la misma puede contener errores involuntarios, y la presentación de estas planillas de censo no significan consecuentemente la legalidad y reconocimiento alguno de la Ley Nro. 3609 y Decreto 68-91" (fs. 8).--------- ///--- Se produjo luego en encuentro con funcionarias de la Contaduría General de la Provincia que tenían a su cargo la firma del Convenio con particulares respecto de la Ley citada y la Resolución N° 139/93, -al que alude el actor en la demanda- que quedó reflejado en el Acta Notarial -20/8/93- que por requerimiento del ahora actor se suscribió en dicha oportunidad, que corre agregada en copia certificada a fs. 23 del Expte. N° 6212/97M.H. -agregado por cuerda y que tengo a la vista.- Allí se hizo constar que L. era "citado en su carácter de acreedor del Estado Provincial .por la posesión de documentos .está contemplado por la Ley N° 3609 de consolidación de deuda..tiene a su favor un crédito por todo concepto de .$3207 pudiendo hacer efectivo en este acto, previa firma de convenio que se le hace conocer. L. manifiesta que la cifra aludida contiene errores de cálculos. y considera que se están incumpliendo compromisos contractuales lo que le ocasiona un perjuicio rechazando de pleno derecho esta liquidación reservándose las acciones administrativas y/o judiciales que pudieran corresponder para su cobro. Agregan las señoras . que la deuda es en dólares y el pago en igual moneda Estadounidense. Se le requiere si manifiestan conformidad y si lo suscriben en tal efecto, agregan que si.".--------------- ------ El 13/10/94 la Contaduría General le envía una nota cuyo encabezado dice "Habiéndose acogido al régimen de relevamiento, verificación, consolidación y cancelación de deuda pública Ley 3609., a través de su Declaración Jurada X-**, informamos a Ud. que se le ha verificado y consolidado al 31 de diciembre de 1990 a su favor la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MIL SETECIENTOS ///OCHENTA Y CINCO (u$s. 7944).remitimos a ud. Convenio a suscribir entre el particular y la Provincia.el cual deberá firmarse.junto al convenio deberá enviarse el original de los Pagarés Ajustables Censados N° 4066, 4067, 4068, 4069 y 4370, sin la entrega de los mismos no se hará efectiva la deuda." (fs. 26-Expte. N° 6212/97 MH).- Adjunto a esta nota, está el proyecto de Convenio de donde surge que la readecuación del crédito es por el valor indicado en letras, es decir, por la de u$s. 7.785 (fs. 28/29 Expte. N° 6212/97 MH).---------------------- ------ Desde esa fecha y hasta el 30 de octubre de 1997, no hay elementos que permitan establecer si se desarrolló alguna tratativa entre los litigantes.---------- ------ Ese día, L. por nota "reclama .la liquidación y pago de los montos que le correspondan .que formalmente ha peticionado mediante su presentación al Censo de la Deuda Pública -Ley 3609- en Declaración Jurada X-***.". Con ésta, se inicia el expediente administrativo que vengo comentando (fs. 1/15), donde se reproducen los extremos de hecho y las consideraciones vertidas acerca de las leyes de consolidación de deuda pública que precisó en la demanda incoada. Aunque considero apropiado transcribir de aquélla el párrafo siguiente "En cuanto a si se trataba de créditos consolidables: .por tratarse de créditos emergentes de la Ley N° 3189, se hallan excluidos de las Consolidaciones de las leyes 3609 y 3798" (fs. 13).-------------------------- ///--- El 30 de junio de 1998 a tenor de la Carta Documento obrante a fs. 35 (siempre del Expte. referido) el ahora actor intimó al Sr. Ministro de Economía para que resolviera su pedido ".bajo apercibimiento de que si en el plazo de un mes no se procediera .considerare denegada la petición en los términos del artículo 76° de la Ley N° 920.", recibida por la Mesa de Entradas y Salidas de esa Cartera el 1° de julio del mismo año.----------------- ------ Ante la falta de respuesta de la Administración, el 11 de mayo de 1999 DENUNCIA MORA mediante nota agregada a fs. 33 y, el mantenimiento de esa postura por parte de la Provincia, motivó la presentación, el 22 de noviembre de 2000. Escrito cuyo título dice "Recurso -Impugna de Inconstitucionalidad- Hace reserva de Caso Federal" reiterando los extremos de su reclamo (fs. 38/54). Hay una nueva DENUNCIA DE MORA el 20 de marzo de 2001 que no obtuvo respuesta, pues el expediente finaliza con la expedición de copias solicitadas por L.--------------------- ------ 5.- De conformidad con la relación que precede, no cabe duda alguna de que el crédito de L. quedó comprendido en la Ley Nº 3609, mas allá de su voluntad expresada o de las reservas que al acudir al censo formulara.-- ------ Para así afirmarlo, recuerdo el criterio del Dr. MARTÍN -Ministro de esta Sala, en anterior composición, con el que coincido- en su voto en Sentencia Definitiva N° 11/SCA/99 (in re "I."), donde reiterando el dado en causas similares -SD N° 2, 5, 7, 8 y 9/SCA/99, N° 18/SCA/97 ///("C. de E. M..."), S.D. N° 1/SCA/98 ("H. J...") y S.D. N° 9/SCA/98 ("S...) fallaba ".si hay una característica en la consolidación de la deuda, como instrumento excepcional del que echa mano el Estado para autopreservarse en las situaciones económicas límite que caracterizan el estado de emergencia económica, ésta es la obligatoriedad y la compulsividad. Aquí radica la diferencia entre las leyes que autorizaron la "refinanciación" de la deuda -como las N° 3364 y 3411- que admitían una negociación voluntaria (así quedó establecido en S.D. N 1, 6 y 18/SCA/97, y 1/SCA/98) y las ulteriores que la "consolidaron". En éstas, el resquicio que se confiere a la aquiescencia particular, es prácticamente inexistente". Así aún cuando en sede administrativa, se dio en llamar "acuerdos" o "convenios" a las "actas" que regula el art. 22, para quienes la suscribieron (que no es el caso del actor) en tanto importaron conformidad expresa y clara, es visible que la autonomía de la voluntad estuvo absolutamente constreñida a los parámetros que la norma estipulaba (art. 23 de la misma Ley).------- ------ Refiriéndose a las "opciones" contenidas en el régimen de consolidación de deuda sancionado por Ley N° 3609 decía el colega que ".O el particular se aviene y acude al censo y luego al acuerdo, o cuestiona. De cualquier modo si no se aviene, aún cuando cuestione, su deuda se consolida al margen de su voluntad por el sólo imperio de la ley en su art. 5. Y, si cuestiona, habrá de estarse al éxito de sus opugnaciones" (resaltado propio).-------- ///--- Meditaba acerca de cuál era el efecto de la consolidación que la ley impuso, sobre el crédito de los particulares que, o no iban a censarse y verificar, o acudían al censo y verificaban, pero sin aceptar el pago en TIDEP; interpretaba el Dr. MARTÍN ". sólo en apariencia, la Ley Nº 3609 admite la "opción" de recibir o no TIDEP, apariencia deducida de la técnica impropia del lenguaje cuando se nominan "acuerdos" a las "actas" de la Ley. Y, aún en posición de admitir que existiera una "opción", no podría deducirse de ello el efecto, de que los documentos que representaban la deuda -que fue consolidada- permanecen incólumes. Porque si así fuera, "cuál sería entonces el efecto de la consolidación. El objetivo de estas normas. es claro: imponer quita y plazo. En el sistema de Ley Nº 3609, la primera -sea por efecto de la presentación voluntaria al censo, o de oficio ante la conformidad que importa el silencio- opera "ministerio legis": art.5, conc. arts. 11, 12, 13, 14 de la Ley. El acto administrativo que es la Resolución Ministerial que sigue a la verificación, sólo la formaliza". Aclaraba también ". hay diferencia entre crédito verificado y crédito consolidado. El primero, verificado, es el originario de la vinculación Estado particular, o aquél en que se transformó. (subrayaba el Sr. Ministro que vengo citando que, para el precedente era el emergente de los "compromisos" Ley 3189 que censó; advierto que lo mismo ocurre en autos), el segundo -consolidado- es el que resulta de la aplicación al verificado, de los arts. 13 y 14 de la Ley".-- ------ Y completaba "El segundo objetivo -esto es, los plazos- se hace efectivo con la forma de pago que ha previsto el art. 17 de la Ley: una vez recalculada la deuda, y compensados los créditos (arts. 15 y 16) los saldos netos al 31/12/90 -tal la fecha a la cual se remite la consolidación- ///se cancelan mediante la entrega de TIDEP, cuyas condiciones de emisión previó la Ley 3608: en series, con amortización en 4 cuotas trimestrales, intereses vencidos pagaderos semestralmente a la tasa que se estipula, y con la distribución determinada por el art. 20 de la Nº 3609. El único reconocimiento de deuda posible, entonces, en el marco del derecho público vigente, es el del consolidado por efecto de Ley Nº3609, que -a su vez- sólo podía cancelarla el Estado Provincial con TIDEP". Así la hermenéutica, sólo so riesgo de dar por tierra con la consolidación de deudas impuesta por el legislador podría admitirse, que los "pagarés ajustables" cuyo monto fue consolidado, pudieran ejecutarse -o reclamarse su pago- sin quitas, y con la sola presentación del instrumento. Pero tampoco -y he aquí donde encuentro el "resquicio" de autonomía de la voluntad a que antes me referí- puede admitirse, que la no-aceptación de TIDEP, induzca a considerar como efecto, la inexistencia del crédito consolidado. Este existe y subsiste, pero el riesgo de no haber admitido la forma de cancelación estipulada, es de quien lo ha tomado; si no quiso presentarse a obtener los TIDEP, no puede acusar -desde la consolidación- mora del Estado. Y la cancelación del crédito consolidado habrá de estar, en todo caso, a los términos de la ley vigente al momento del pago".---------------------- ------ A más, el régimen de consolidación de esta Ley privó de eficacia a los "pagarés ajustables" de Ley N° 3189 tornando su cártula ineficiente. Así porque ".La "liberación" de tal consolidación, solo puede devenir .por vía del obtenimiento de la declaración de inconstitucionalidad de ///la Ley N° 3609" (S.D. N° 9/SCA/98). Tal el inveterado criterio de esta Sala, al interpretar en sentencias precedentes la posición de los particulares frente a la ley donde sostuvo con claridad que "las reservas carecen de eficacia jurídica frente a la consolidación, pero su trascendencia se determina en orden a habilitar o no planteos de inconstitucionalidad que se formularan" (S.D. N° 1 y 9/SCA/98 "J." y "S."). Habilitación que no da solamente la reserva, sino el ejercicio de los consecuentes derechos de impugnación administrativa o de acción en plazos más o menos inmediatos. (voto Dr. MARTÍN en SD N° 8/SCA/09 "L.").------------------------------------ ------ En los mismos fallos se dejó en claro, la inaplicabilidad de las normas de derecho privado a la situación en conflicto, salvo con un carácter supletorio, y ajustadas a las particularidades del Derecho Administrativo que rige la misma.- Así lo decía el Ministro cuya opinión vengo citando: "...en el caso, no puede aceptarse la aplicación derecha de las reglas privatísticas.- La emergencia, la consolidación, el derecho de necesidad, es de excepción.- Toda cuestión debe analizarse en su marco regulador.- Véase, que incluso respecto de la mención expresa que hacen leyes de esta naturaleza, o sus reglamentarios, de institutos como la "novación", la Suprema Corte ha dicho que la introducción de este vocablo "no tiene entidad jurídica suficiente para desvirtuar el carácter de orden público de la norma en cuestión" (con referencia a Ley 23982 - LL 1995-A-189).- La subsidiariedad, o supletoriedad del Derecho Común, sólo podrá establecerse con el rigor restrictivo que el derecho excepcional de emergencia admita..." (SD N° 1 y 6/SCA/97 "C. R...", "O..." y muchas otras ulteriores en la materia).- Y se ///afirmaba, con sólidos fundamentos, la potestad el las Provincias de declarar su propio estado de emergencia y regular las relaciones en consecuencia.- Relaciones de Derecho Público Administrativo.------------ ------ En tales pronunciamientos también, este Superior Tribunal se manifestó a favor de la constitucionalidad de la citada Ley, analizando los argumentos que aquí invoca el actor, rechazándolos.- Particularmente, la atribución de la Provincia para dictar la Ley, por cuanto se dice que se trata de normas sustantivas y que esta materia ha sido delegada a la Nación por la Constitución Nacional -art. 67 inc. 11, hoy 75 inc. 12- por lo que "brevitatis causae" y en tanto como se verá, frente a la pretensión tal como se deduce el argumento no es dirimente, he de remitirme a ellos (SD Nº 18/SCA/97; 2, 5, 6, 7, 8, 9/SCA/99 entre otras).---------------------- ------ Así es que, frente a la regulación misma de Ley Nº 3609 y la hermenéutica dada, los esfuerzos de L. se desvanecen.- Y, reitero, su crédito está comprendido en aquélla, y por ende quedó excluido de la Ley Nº 3798, que si bien adhirió a la Nacional Nº 23.982, lo hizo con reservas, según antes he descripto.-------- ------ 6.- He dicho antes, que este análisis lo efectuaba al solo efecto de aportar claridad al contexto normativo en que se mueve el sub-lite, precisando la situación jurídica del actor, que es la indicada.- Porque para la solución de la causa, es ocioso entrar al análisis de la inconstitucionalidad parcial de las reservas efectuadas por la Provincia al ///adherir a la Ley Nacional Nº 23928 cuando dicta la Ley Nº 3798, como se plantea.- Lo es, no solamente porque los razonamientos dados en los fallos del Tribunal que he citado para validar la Ley Nº 3609, se aplican a la Nº 3798, sino ante la oposición que aquélla formula de caducidad de la acción y del derecho por efecto de la Ley Nº 4105, de adhesión a la Nº 24.447.------------- ------ 6.1.-Voy a suponer por un momento -sólo en hipótesis- que asista razón a la actora.que efectivamente tales reservas no fueran legítimas.que deba aplicarse la Ley Nº 3798 sólo en tanto adhiere a la Nacional Nº 23.928.y que su crédito deba estimarse sólo comprendido en la consolidación de esta última.------ ------ Pues bien, si así es -y lo es- la caducidad de Ley N° 4105 de adhesión a la nacional Nº 24447, le es, sin dudas, aplicable.- Hasta quizás por un plazo menor, porque si el accionante está sosteniendo que la Provincia no puede legislar al margen de aquélla, y que se debe aplicar a su crédito sólo la adhesión no los condicionamientos según las "particularidades", debería admitir que los derechos y acciones a que la misma hubieran dado lugar, habrían fenecido el 30 de junio de 1995.- O -claro- atacar la constitucionalidad de la caducidad dispuesta, lo que no hizo.---------------- ------ Además, al contestar el traslado, se limita a cuestionar la oposición afirmando, que si la Provincia sostiene que su crédito está incluido en Ley Nº 3609, y la misma está (inconstitucionalmente a su juicio) excluida ///de la adhesión.esa exclusión implica que no puede aplicar la caducidad de aquélla. no puede contradecir su propio acto.---------------- ------ A lo que cabe acotar lo ya dicho: con el mismo criterio, no puede L. afirmar que su crédito está comprendido en la Ley Nº 23982 por la sola adhesión de Ley Nº 3798, afincando en ello su demanda, y desasirse de la caducidad derivada de esa adhesión, dispuesta a su vez, por adhesión de Ley 4105 a Ley 24447 que se aplica a aquélla, y que extendió el plazo estipulado en la norma adherida en beneficio de los comprendidos, hasta el 31 de Diciembre de 1995.----------------------------- ------ A más de lo cual -y con respecto al "acto propio" de la demandada- claro está que la oposición en juicio no fue necesaria.- Se trata de normas de orden público, no disponibles por las partes, y que "iuria novit curia" deben ser impuestas por el Tribunal de oficio.--------------------------------- ------ Ha de decirse asimismo, que la Ley Nº 24.447 refiere a "caducidad de derechos" y "prescripción de acciones", y luego a "extinción" de las obligaciones, dando idea de legislar sobre materia de fondo.- Y la jurisprudencia, con referencia al mismo ha dicho "...es conveniente recordar que el art. 25° de la ley 24447 estableció que el 30/06/95 se producirá -de pleno derecho- la caducidad de los derechos y la prescripción de las acciones para peticionar créditos contra el Estado Nacional., a excepción de las deudas previsionales y las que reclamen las provincias y municipios. A ello cabe agregar que, al momento de ///interpretar el citado art. 25 no pueden ser obviados los principios que diferencian la caducidad como modo particular de la extinción de los derechos con la prescripción liberatoria, medio de extinción de la acción judicial correspondiente, los cuales unidos a los expresos términos de dicho precepto llevan a considerar que el 30 de junio de 1995 venció el plazo para interponer la respectiva acción judicial por quien alega la titularidad de un crédito contra el Estado .de causa o título anterior al 1° de abril de 1991. Su falta de deducción temporánea trae como consecuencia la extinción del correspondiente derecho y de la acción. Y esa extinción, por expreso mandato legal, se produce de pleno derecho" (Conf.: Sala IV, in re "Ecomand Construcciones Portuarias." del 4/2/2003, confirmada por la CSJN, en fecha 23/12/2004; en CNCAF -Sala II- Sent. 25/11/2010 in re "Espacio S.A.." en elDial.com AA66D7 - resaltado propio).-------------- ------ Mas lo cierto, es que como la doctrina indica, si la diferencia entre ambos institutos -caducidad y prescripción- existe en naturaleza (aunque diverge sobre ello), lo cierto es que en definitiva, tienen los mismos efectos prácticos, y la atribución de las Provincias de imponer plazos de caducidad es inobjetable.------------------- ------ La misma doctrina civilista al procurar diferenciarlos, admite que hay caducidades procesales como la del plazo para intentar demanda (Vide LLAMBÍAS - Tratado de Derecho Civil - Parte General - Tomo 2 - pág. 713 - ed. 1961), y como lo afirma M. MARIENHOFF, los términos impuestos por normas nacionales y provinciales para demandar son válidos, en la medida en que se refieran "inexcusablemente a ///derechos de origen y naturaleza administrativo" (en LL 1980-B- 1628), y tales son las relaciones jurídicas emergentes de estos créditos contra el Estado, cartulados en Pagarés, emitidos en razón de situaciones de emergencia (ver punto 5.).- En rigor entonces, aquella "venia" del art. 25 de Ley 24447 al expresar "las Provincias que en virtud de sus Leyes de emergencia hayan adherido a la Ley 23982 y sus modificatorias podrán adherirse con los mismos efectos al régimen establecido por el presente artículo" no era imprescindible.----------- ------ Las relaciones aquí controvertidas son indudablemente de de Derecho Público Administrativo, materia reservada por las Provincias; como reservada está la atribución de fijar plazos de caducidad para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, que no son de otra índole las que en virtud de tales relaciones proceden.------------------------- ------ Ningún impedimento existe para que, siendo así, la Provincia impusiera un plazo de caducidad.- Y no empecé a lo dicho que el legislador haya resuelto hacerlo por adhesión a la norma nacional; lo cierto es que en ejercicio de aquellas atribuciones, y aún en adhesión, extendió el plazo en beneficio de los particulares.---------------------------- ------ El efecto del cumplimiento del estipulado -como señala MARIENHOFF (mismo trabajo citado)- será -claramente- la pérdida del derecho a accionar judicialmente y en definitiva, la pérdida o extinción del derecho no ejercido.- Y cita en concordancia a LLAMBÍAS, SPOTA, ///ZAVALA RODRÍGUEZ, BORDA, inclusive a Luis VARELA, autor del Código -ya derogado- Contencioso-Administrativo para Bs.As. quien dijo que "vencido el plazo sin haberse promovido la acción los derechos pertinentes deben suponerse "renunciados" por el particular negligente o indiferente".------- ------ Esto es y sintetizando, si de algún modo puede discutirse la atribución de las Provincias para disponer por sí la prescripción de las acciones, no es cuestionable la facultad de establecer plazos de caducidad dada su naturaleza procesal, reservada la materia a su atribución.- En este orden, pudo estipular válidamente uno distinto -más amplio- del establecido por la norma nacional- y comprender en él particularmente, el límite para reclamar judicialmente deudas de causa o título anterior al 1 de Abril de 1991, como efectivamente ocurrió por vía de la Ley Nº 4105, más allá de haberlo hecho por adhesión a aquélla.- El interés público vinculado a estas situaciones -particularmente el ordenamiento definitivo para su satisfacción con los medios disponibles- del pasivo del Estado en situación de emergencia, así lo exigía.--- ------ Siendo así, la defensa opuesta por la Provincia demandada, con sustento en el art. 3° de la Ley N° 4105 resulta procedente; B. L. debió demandar al Estado provincial antes del plazo que expiró el 31 de diciembre de 1995, pero impetró esta acción mucho tiempo después, recién el 15 de mayo de 2001 (fs. 32 vta.), lo que así debe declararse.--------- ------ Votaré en consecuencia por el rechazo de la pretensión.--------------- ///--- A la misma cuestión dijo el Dr. ROYER:-------------------------------- ------ A.- Demanda B. L. el pago de un crédito que dice mantener contra la Provincia del Chubut, documentado en Pagarés Ajustables que aquélla emitió en virtud de la Ley Nº 3189 para satisfacer las deudas originadas por obra pública, en el que se denominó "Plan Para Crecer".- Tenedor particular que recibe estos títulos por endoso de la firma "A. P. SRL".--- ------ El Dr. CANEO se ha preocupado por deslindar acabadamente la situación jurídica del actor, determinando y describiendo la normativa que abraza la misma.- Lo ha hecho, en tanto como bien explica, las solas referencias normativas, y la controversia acerca de aquélla hacían necesaria su precisión, para afincar sobre bases ciertas la solución de la litis.- A su relato he de adherir en un todo, coincidiendo con su conclusión en este acápite, destacando que los criterios emanados de la jurisprudencia del Tribunal que cita, es la que he contribuido a formar en los mismos pronunciamientos citados, desde la SD N° 1/SCA/97 (in re "C. R.") y muchas posteriores.------------------------------------ ------ Recuérdese que en la época en que se sanciona la Ley Nº 3189, la Provincia atravesaba un estado de crisis económica, y trató de ordenar el pago de sus compromisos a través de Leyes como ésta, que autorizaban su diferimiento; pero aquella etapa se prolongó y agravó, lo que motivó que por vía de Ley 3609 se dispusiera la consolidación de todo el pasivo.

///--- Atendiendo a las referencias del punto 3 del voto de mi predecesor, he de afirmar entonces sin duda ninguna, que el crédito que el actor pretende aquí realizar, quedó de pleno derecho comprendido en la consolidación dispuesta por la Ley Nº 3609 y su reglamentación al 31 de Diciembre de 1990.------------------------- ------ Lo dicho se concilia con lo que -como decía- he fallado antes: "las opciones de los acreedores ante la norma emergencial, de orden público, no desde ya en el marco de esta ley 3609, que prácticamente no le da alternativas", sosteniendo "la norma -es claro, y sin esfuerzo hermenéutico ninguno- le impone no solo el censo...le exige una vez que se presentó, percibir del modo estipulado y bajo los apercibimientos que prevé, la sujeción al sistema. La opción a la que aludo debe examinarse en el marco del orden jurídico, en el que la norma se engarza y en el cual debe "acomodarse", garantías constitucionales incluídas. Y en este contexto general, el administrado: .o se subordina al régimen -que no le permite reclamos ni observaciones y hasta le exige renunciar a ellas, consintiendo voluntaria y formalmente con sus estipulaciones, que evidente y explícitamente, por razones de fuerza mayor argüidas, que reconoce y acepta, le imponen el sacrificio de sus intereses individuales en aras del altar de la comunidad;.o se alza contra el sistema que se instaura." (mi voto en S.D. N° 18/SCA/99 in re "G." y otras).--------------- ------ La atenta lectura de estos obrados me permite aseverar que el Sr. L. eligió la primera de las opciones descriptas, circunstancia ésta que no sólo surge expresamente del relato de los hechos contenido en la ///demanda, sino que además puede constatarse en la documental agregada al expediente.- Así es que concurrió a suscribir la Declaración Jurada con la cual se daba inicio a la gestión administrativa de canje de "pagarés ajustables" por TIDEP (formularios adjuntos a fs. 8 y 9 de autos), sujetándose de ese modo a la Ley N° 3609, sometiéndose a la verificación y consolidación de su crédito, que según sus propios dichos fue "determinado por acto expreso" del entonces Ministerio de Economía en la Resolución N° 139/93 EC (acto administrativo que no acompañó a la causa -tampoco lo hizo la Provincia- y no he podido localizar en los Boletines Oficiales de esa data).- Pero el procedimiento fracasó al negarse el accionante a firmar el Convenio respectivo -según exigía la Ley- por desacuerdo con el monto en el que la Provincia fijó su acreencia al "reajustarla"; el proyecto de este instrumento puede verse agregado a fs. 28/29 del Expediente Administrativo N° 6212/97-MH incorporado en autos como prueba y que tengo a la vista.-------------------- ------ Por otra parte, las elucubraciones del actor que toman por base la fecha de vencimiento de sus títulos para excluirse de este régimen son inatendibles, en tanto el art. 12 de la Ley dispuso expresamente la consolidación a la fecha indicada de las emergentes de Ley Nº 3189 "aún cuando se encontraren sus respectivos plazos de pago vencidos o por vencer.".- Y así lo entendió cuando acudió a censar su crédito, mas allá de los reparos que formuló en la planilla respectiva.-------------------------- ///--- La Ley N° 3609 fue sucedida en el tiempo por una norma de consolidación nacional (la emergencia no fue exclusivamente local) -tal la Nº 23982- a la que adhirió la Provincia por la Nº 3798, pero limitadamente, lo cual es razonable ante la ya operada por la Nº 3609, en ejecución, previniendo que habría de cuidarse el mantenimiento de aquélla.- Esta Ley, comprensiva de créditos anteriores al 1 de Abril de 1991, fue reglamentada por Dto. Nº 573/91.------------------------------------ ------ Y es allí donde radica la particularidad de esta causa que viene a distinguirla de los demás precedentes en los que me he pronunciado.- Porque el actor entonces viene a sostener, de un modo bastante imbricado, que de este modo se impusieron condiciones más gravosas que la norma nacional, lo cual ésta vedaba por su art. 19, y quiere que su crédito sea reconocido al margen de ellas, aplicando directamente los parámetros de la Ley Nacional, por el solo efecto de la adhesión, ensayando una inconstitucionalidad parcial.------------------------------------ ------ Grafico ello con los dichos del accionante que si bien finaliza la demanda exponiendo que su objetivo es "obtener el pago del crédito en la forma peticionada en este escrito" (fs. 31 vta.) en los párrafos anteriores pueden observarse distintas alegaciones, por ejemplo, había afirmado ".los pagarés de la ley 3189, de nuestro caso, se hallan excluidos de la consolidación, por cuanto son obligaciones nacidas de acuerdo a las previsiones originales por la ejecución normal de los contratos celebrados regularmente (ley 3189) por el Estado provincial. si a la fecha de la sanción del Decreto 571/93, se hallaban pendientes de pago, NO SON CONSOLIDABLES en la ley 3798, por cuanto se hallan ///excluidos de la misma." (fs. 26); ".la derogación de la ley 3189, por la ley 3609, no afectaba a los títulos emitidos." (fs. 26 vta.) para concluir ".la liquidación, de los documentos .debe ser realizada en base a la ley 23982 .receptada por la Provincia del Chubut, sin aplicar el resto del articulado de dicha normativa 3798, que establece condiciones mayores e impone quitas, las de la ley 3609 . en grave perjuicio para esta parte." (fs. 31). Además aclara L., para el supuesto de que se encuadrara su deuda en la Ley N° 3798, la misma es "clara y manifiestamente inconstitucional" (fs. 30 vta.) por contener una adhesión condicionada a la ley nacional referida, y colige "es válida exclusivamente la adhesión de la Provincia.a la ley 23.982" (fs. 30 vta.).---------------- ------ B.- Sin embargo, la enmarañada estrategia expuesta, no empece que el Judicante iura novit curia sortee tal escollo y fije cuál es el derecho aplicable al supuesto fáctico contenido en autos -tal, reitero, la Ley N° 3609- y, como consecuencia inmediata de ello, atienda la procedencia o no de la defensa traída por la Provincia, que opuso -primero- al progreso de la acción la Ley Nº 4105, que adhirió al art. 25 de la Ley Nacional Nº 24.447 -preceptos también descriptos por el Dr. CANEO- que dispuso la caducidad de los derechos y prescripción de las acciones derivadas de créditos anteriores a Abril de 1991, al 30 de Junio de 1995.- La norma provincial en tanto, a más de la adhesión- extendió el término al 31 de diciembre de ese año.----------------------- ///--- La actora ejerció su defensa acusando acto propio del Estado demandado, diciendo que si éste sostenía -lo hizo en contestación subsidiaria- que estaba comprendida en Ley Nº 3609, excluida ésta de la Nº 3987 de adhesión a la N° 23.928, no puede prevalerse de esa caducidad autorizada sólo para los créditos comprendidos en ésta.- Afirmó que no era admisible que utilizara la norma -adherir o no- según su conveniencia; que la adhesión fue solo parcial.- En caso de duda -arguye- debe estarse a la supervivencia del derecho.------------------------- ------ Lo cierto es que impetró esta acción recién el 15 de Mayo de 2001 (fs.32 vta.), reteniendo riesgosamente títulos públicos de leyes derogadas, deteniéndose en infructuosos reclamos administrativos.---------------------- ------ Recuerdo que ya en el año 1998, fueron muchas las demandas que debió atender este Cuerpo, en donde los accionantes advertían en el libelo inicial que se presentaban a juicio "compelidos por el plazo de caducidad que impuso la Ley N° 4105". Y aún cuando se había emitido un Decreto - N° 76/95- que contenía una suerte de excepción para "los particulares", una interesante interpretación de lo allí normado observé en un juicio que resolví, donde la parte concurrió a esta Sede alegando que ". la Ley 4105 le exigió accionar, ya que la pirámide kelseniana -o si se prefiere la primacía por el art. 31° CN- lo hizo temeroso de la ineptitud legal del Dto. N° 76/95, pues es evidente, el sacrificio tiene sus límites y no era de esperar que alcanzara al total de su acreencia". (S.D. N° 2/SCA/98 in re "W. I. S.A..."). Certera opinión pues resulta lógico que la reglamentación no puede modificar, ampliar o restringir lo dispuesto por Ley, amén de ser harto oscura.- ¿Quiénes son "los particulares"?; ¿acaso ///la Ley se aplicaba solamente a los créditos interestatales?.- En fin, no caben otros comentarios, pues el referido decreto no fue citado, opuesto ni mereció comentarios de L. al contestar la vista conferida, ni -por lo dicho- cabe su aplicación.--------------- ------- C.- Las razones por las cuales L. resiste la caducidad son inaudibles.- Y lo son, porque si efectivamente se hubiera encontrado en la situación que pretende: excluido de Ley 3609, y por ende comprendido en Ley 3987 sin las limitaciones y al margen de las condiciones que en ésta ataca de nulas, el plazo de Ley Nº 4105 le es claramente oponible.------------------------ ------ Esto es, ante la pretensión deducida, la aplicabilidad de la norma es indudable.- Al acusado "acto propio" de la Provincia, se opone el del actor.- Si se dice amparado por la adhesión lisa y llana a Ley Nº 23928 (lo único válido en su concepto de Ley Nº 3798) -y lo dice- a la misma corresponde -en forma lisa y llana- la adhesión de Ley Nº 4105 a Ley Nº 24.447.------------- ------ También lo es, atendiendo a la situación jurídica real -no la invocada- que es la que dilucida el preponente y con la que he acordado: sujeto a Ley 3609, excluido de Ley Nº 3798.- Porque como ha destacado y desarrollado mi predecesor, aún cuando la adhesión de Ley Nº 4105 pudiera ser cuestionada por las particularidades de Ley 3798, que se dice no responde al art. 19 de Ley Nº 23928, siendo ésta una "exigencia" de ///Ley Nº 24.447 para poder ser aplicada por las Provincias, así como he asegurado en los fallos anteriores la atribución de éstas de dictar sus propias normas frente a un estado de necesidad afirmando que es materia de Derecho Administrativo local, igualmente tienen la potestad de establecer plazos de caducidad fuera de los cuales no puede intentarse la acción contencioso administrativa.-------- ------ ¿Caducidad? ¿Prescripción?.- La ley nacional ha contemplado las dos, mas como señala el colega, basta la primera, de clara potestad provincial, para validar la Ley Nº 4105.- Así, pues los plazos de caducidad, son un requisito de admisibilidad propio de la habilitación de la instancia contencioso-administrativa, en los Códigos específicos de Provincia.---------- ------ En un interesante artículo, Horacio DIEZ explica que "La validez constitucional de los plazos a los que se encuentra sujeta la demandabilidad del Estado constituyó una de las cuestiones más debatidas en la doctrina, ya que han expresado tantas posturas favorables como adversas a los plazos de caducidad a los que se subordina la impugnación judicial de los actos administrativos". Expresa que los críticos al sistema han señalado que con la adopción de plazos de caducidad para la interposición de las acciones contencioso administrativas se vulnera lo dispuesto en el Código Civil en materia de prescripción, se debilita el principio de legalidad del obrar administrativo, el que cede frente a la teoría del acto consentido, se consagra una situación violatoria del principio de constitucionalidad de igualdad ante la ley, en tanto el Estado no está sujeto a plazos de ///caducidad cuando tuviere calidad de parte actora y que se compromete la garantía de tutela judicial efectiva, dada la exigüidad de dichos plazos. Frente a esos argumentos, se ha sostenido que la materia contencioso administrativa, forma parte del Derecho público, en cuyo marco tanto la Nación como las provincias (éstas en virtud de las facultades no delegadas) pueden establecer regulaciones distintas de las que consagra el Código Civil. Se ha dicho también, en concordancia con los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de igualdad ante la ley, que la distinta naturaleza y entidad que ostentan el interés individual y el interés público, cuya gestión corresponde al Estado, legitima la diversidad de trato que supone la interposición de plazos de caducidad sólo a los particulares y se ha alegado que la ejecución de los cometidos administrativos requiere de una seguridad incompatible con la posibilidad de que las impugnaciones en sede judicial sean deducidas dentro de los amplios plazos de prescripción que prevé el Código Civil. En síntesis, la sujeción de las acciones contencioso administrativas a plazos de caducidad, no resulta pasible de descalificación desde el punto de vista constitucional. Comenta que, respecto a la naturaleza jurídica de estos plazos, un sector minoritario de la doctrina interpretó que son de prescripción, en tanto, otros autores consideraron carente de utilidad la determinación de la naturaleza de estos términos mientras que la posición mayoritaria es la que sostiene que se trata de plazos de caducidad y como tales fatales, perentorios y operan de pleno derecho extinguiendo la prerrogativa jurídica involucrada. acaecido el plazo .-asevera el autor- "se produce la pérdida del derecho ///a accionar judicialmente". En cambio, los plazos de prescripción no tienen esas consecuencias; en especial, el beneficiario podría no invocar la prescripción, la que entonces no opera de pleno derecho. (Conc: "El plazo de caducidad para demandar al Estado. (El Artículo 25 de la Ley N° 19549)" en "Control de la Administración Pública- Administrativo, Legislativo y Judicial"- Jornadas organizadas por la Universidad Austral - Facultad de Derecho - RAP, 2009, pág. 256/258).-------------------------- ------ Coincidiendo con lo dicho, recuérdese que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló que "los plazos de caducidad. constituyen una prerrogativa procesal propia de la Administración Pública, consecuencia del denominado "régimen exorbitante del derecho privado" que impera en la relación ius administrativa. la existencia de términos para demandar a la administración se justifica por la necesidad de dar seguridad jurídica y estabilidad a los actos administrativos. Son válidas constitucionalmente las normas provinciales que establecen un término para la iniciación de demandas contencioso-administrativas, en cuanto se limiten a la reglamentación del ejercicio de las acciones acordadas en los ordenamientos locales y no restrinjan derechos acordados por las leyes de la Nación.". (in re "Gypobrás S.A." Sent. 05.04.95 Fallos: 318:441).---- ------ Esto es, ningún impedimento se alza para que la Provincia, atendiendo a razones de seguridad jurídica que en el caso se aplican a la satisfacción -del modo que se estimó asequible o posible- de sus deudas, para evitar un default que a la postre no hubiera beneficiado a sus acreedores, haya impuesto un término de caducidad para instar acciones judiciales contencioso-administrativas derivadas de las relaciones de ///derecho público emergentes de la consolidación de deudas anteriores a Abril de 1991.----- ------ Compartiendo la opinión de mi predecesor, no obsta a ello que haya optado por una vía de adhesión a la norma nacional, pues -aún con reticencias y modificaciones- estuvo adherida a la Ley N° 23928.- Lo cierto es que en ejercicio de aquellas atribuciones, se apartó -y válidamente por lo antes dicho- del plazo.-------------------------------------- ------ De tal suerte, cuando se alza el accionante contra el modo en que ha operado la adhesión en el orden local de la Ley N° 23.982, destacando la necesidad de aplicarla solo parcialmente, omite fatalmente considerar que aún cuando su postura resultara triunfante, ha transcurrido holgadamente el plazo legal previsto en la Ley N° 4105.-------------------------------------- ------ La cual, debe subrayarse, es de orden público.- Y en esos casos "el juez estará obligado a aplicar de oficio la ley ya que. el derecho o potestad asignado resulta irrenunciable. y se debe garantizar su goce y ejercicio aunque el destinatario no efectúe ningún pedido o decida desprenderse de ellos."(Conf. Orden Público - Horacio H. DE LA FUENTE - Astrea 2003, pág. 97). Coincidiendo con esa postura, el Alto Tribunal de la Nación que falló ".asiste razón al apelante cuando asevera que el tribunal, pese a establecer que el crédito de autos se encuentra comprendido en el régimen de consolidación de deudas, prescindió de la solución normativa prevista para el caso que, además, es ///de orden público.- Asimismo, no resulta abundante recordar que la naturaleza señalada de orden público que el legislador atribuyó al régimen de consolidación obliga a los jueces a aplicarlo en cualquier estado del proceso y aún cuando el accionado omita solicitarlo. (Fallos: 329:1715 - 13/03/2010 - "Mercado, Florentino." en elDial.com - AA74A9) (el destacado es propio) lo que no ocurrió en autos, pues la Provincia se opuso.-------------------------- ------ En mérito de lo expuesto el plazo legal fijado en el precepto comentado fue fatal, y procede el rechazo de la demanda.------------------- ------ A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo:------------------------------ ------ 1. Si los jueces "son servidores del derecho para la realización de la justicia y contribuyen a su producción en tarea común con los legisladores" (CS Fallos: 249:37 y voto Dr. Martín en S.D. 2/SCA/98 "W. I."), no puede ser otra que la propiciada por mis Colegas la solución al caso que expone este pleito.-------------------------------------- ------ No caben mayores comentarios a los que ya se expusieron, y no habré de sobreabundar, pues fueren los títulos que tiene comprendidos en la Ley 3609 (así lo creo) o bien -como lo viene a afirmar en este juicio- en la Nº 3798, igualmente le alcanza la Ley Nº 4105.------------------------ ------ Inconcluso el trámite que siguió en la sede administrativa, intimada la Provincia en diversas oportunidades a resolver su situación y frente a la falta de respuesta expresa, instó el Sr. L. el presente juicio para ///obtener el reconocimiento de su crédito y la respectiva condena de pago de deudas contraídas antes del 31/12/90, el 15 de mayo de 2001. Notificada la accionada opuso al progreso de la acción la defensa de caducidad, justificando que, a partir del dictado de la Ley N° 4105 (cuyo art. 3° adhirió a lo establecido en el art. 25° de la Ley N° 24.447) los acreedores del Estado provincial, por causa o título anterior al 1° de abril de 1991, tenían posibilidad de demandar el pago respectivo hasta el 31 de diciembre de 1995.-------------------------- ------ El precepto nacional textualmente reza ".caducará el derecho y prescribirán las acciones.". Sobre la diferencia entre estos institutos, reflexionaba en la Sentencia Definitiva N° 1/SCA/11 (in re "G."), que aún cuando es factible referir a ellos promiscuamente ".no se trata de lo mismo, aunque -es cierto- alguna doctrina los identifica por sus efectos, en particular cuando de Prescripción en el Derecho Administrativo se trata y hasta ciertos Códigos Procesales Administrativos de Provincia nomina los términos que son -en puridad conceptual- de caducidad, como de prescripción".---------------------------- ------ Comenté ".la Prescripción se define como el "medio legal de extinción de los derechos por la inacción o no ejercicio de su titular durante el tiempo establecido por el derecho objetivo" (SPOTA -Tratado de Derecho Civil - Parte General -Tomo I - Vol 3 -Ed.Depalma, pág. 5). Y desde antiguo, la Corte Suprema ha explicado cuál es la función de este instituto, expresando "La prescripción es una institución de orden ///público que responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente, poner fin a la indecisión de los derechos y consolidar las situaciones creadas por el transcurso del tiempo disipando las incertidumbres" (CSJN 29/8/55, JA 1955-IV, p.367). La caducidad en tanto .es un plazo procesal -adjetivo- vinculado con la habilitación de la instancia, que las legislaciones procesales administrativas estipulan -con otras condiciones- como perentorio para interponer las acciones específicas, transcurrido el cual ya no será posible instar su revisión judicial".----------------- ------ Previne que ".el efecto que deriva de la promoción extemporánea del pleito, esto es, transcurrido el término de caducidad, es la pérdida del derecho material en juego, pues se entiende que en tal caso el acto deviene inatacable (COMADIRA Julio - Procedimientos Administrativos - Ley Nac. de Proc. Adm. anotada y comentada - Ed. La Ley - tomo I - pág. 475 conc. GRAU "Habilitación de la Instancia contencioso-administrativa - Platense - pág. 59). Y esta es la razón por la que la doctrina suele "identificar" ambos institutos -REJTMAN FARAH- que se inscribe entre ellos, indica que la jurisprudencia se inclina por diferenciarlos, pero. -nos dice- como sea que se califiquen "tendrán las características y efectos que la Ley les asigne y en consecuencia no se vincularán con la conservación del derecho sino con las acciones a través de las cuales se puede impugnar la actividad administrativa" (Impugnación Judicial de la Actividad Administrativa - Ed. La Ley - pág. 154). Expone HUTCHINSON, que los dos institutos responden conceptualmente al mismo supuesto de hecho: la inactividad en el ejercicio del derecho o potestad jurídica durante un tiempo determinado, ///lo que conduce a la misma consecuencia jurídica: la extinción del derecho (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos - Tomo I - Astrea - pág. 479 y 484/485), y GONZÁLEZ ARZAC destaca la inutilidad de entrar en "disquisiciones terminológicas" (ED 51-955). MARIENHOFF (LL 1980-B-1026) respetará las diferencias, que debe decirse, se originan en el Derecho Continental Europeo, siendo sucintamente explicada la distinción por MAIRAL al expresar "mientras la Prescripción conduce a la inexigibilidad de un derecho que nació perfecto como sanción por su no ejercicio durante un lapso por lo general prolongado, la Caducidad en cambio, provoca la extinción de un derecho que ya nació temporalmente limitado atento al interés general en su rápido ejercicio." (Control Judicial de la Administración Pública - Tomo I - pág. 380).".- Y no sin mencionar que la Corte Nacional, parece inclinada a sostener la diferencia, al menos en materia tributaria (cité Fallos 326:3899; elDial - AA56FB), afirmé que "a contrario, los términos de caducidad, dada su naturaleza procesal, son de indiscutible regulación provincial, no delegada a la Nación." y dejé establecido, para lo que en este pleito interesa, que ".en mi opinión el sentido de la caducidad es la de ser una especie del género "condiciones de habilitación de la instancia contencioso-administrativa.".----------------- ------ Traslado el razonamiento contenido en el precedente glosado y resulta propicio subrayar que para el caso y respondiendo a las excepcionales circunstancias en las que estuvo inmersa la Provincia, con la Ley N° 4105, adhirió al criterio nacional de poner un coto, de fijar un ///plazo dentro del cual los titulares de deudas públicas estatales que habían sido consolidadas en épocas donde la economía no transitaba períodos de bonanza, estaban compelidos a concurrir a juicio para demandar su pago. Categóricamente la norma, aún cuando otorgó un plazo más amplio que el nacional cuyo vencimiento operaba el 30 de Junio de 1995, regló que en el derecho público local así debía suceder hasta el último día de 1995.---------------- ------ Es más, si se analiza la redacción del art. 25 de marras se verá que dice "sin perjuicio de la extinción que ya se hubiera operado con anterioridad en cada caso en particular, por el vencimiento del plazo de prescripción o la caducidad del derecho respectivo".- La conjunción indica que puede haber operado una caducidad anterior, que desde que no está contemplada en la Ley Nº 23.982, puede ser perfectamente, la indicada por las normas de habilitación de instancia.------------------------- ------ A resultas de lo dicho, compartiendo la opinión de mis preponentes, estimo asiste razón a la Provincia cuando aduce que la demanda es extemporánea. Su interposición fuera del plazo contenido en el artículo 3° de la Ley N° 4105 es tardía y la demanda debe ser rechazada.----------- ------ Así lo dejo propuesto al Acuerdo.-- ------ A la Segunda Cuestión dijo el Dr. CANEO:----------------------------- ------ Según he votado la primera, propongo al Acuerdo: 1) RECHAZAR la demanda instaurada por el Sr. B. L. contra la Provincia el ///Chubut, en tanto ha caducado la posibilidad de reclamar su derecho pretendido por haber transcurrido el plazo de caducidad previsto en Ley Nº 4105.- 2) Costas a la actora (art. 69 de Ley XIII Nº 5).- 3) Regular los honorarios de los representantes procesales de la Provincia del Chubut, ex Fiscal de Estado Dra. Sonia H. DONATI, por la primera etapa y parte de la segunda, en el 5% del monto del proceso que se precisará en la etapa de ejecución, teniendo en cuenta la pericia contable dada en autos y sus explicaciones; y a sus apoderados Dres. Jorge Eduardo FERNÁNDEZ, Miguel Ángel GIUDICI y Mónica C. DENCOR en el 30% de lo regulado a ésta; al Dr. Jorge Luis MIQUELARENA en el 3% sobre la misma base, a sus apoderados, Dr. Eduardo A. FERNÁNDEZ LUBO y Dra. Mónica C. DENCOR en forma conjunta en el 40% de su regulación.- A la apoderada del actor, Dra. N. L. DE E. en el 6,50 % por dos etapas.- Todo de conformidad con los parámetros del art. 5 inc. a) a f), 6, 7, 8, 9 37 y 46 de Ley XIII Nº 4 con las modificaciones de Ley XIII Nº 15.- Al perito Contador A. H. G. en el 2% del monto del proceso - art. 60 de la misma Ley citada.- Lo indicado, más IVA si correspondiere.------------------------------ ------ A la misma cuestión dijo el Dr. ROYER:-------------------------------- ------ Atento mi voto a la primera cuestión, comparto la solución dada por el Dr. CANEO.---- ------ A su turno dijo el Dr. PASUTTI:--- ///--- Coincido con la propuesta del los Dres. CANEO y ROYER.--------- ------ Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictar la siguiente:-------- ---------------------------------S E N T E N C I A:------------------------------- ------ 1º) RECHAZAR la demanda instaurada por el Sr. B. L. contra la Provincia del Chubut, en tanto ha caducado la posibilidad de reclamar su derecho pretendido por haber transcurrido el plazo de caducidad previsto en la Ley Nº 4105.-------------------------------- ------ 2º) COSTAS a la actora (art. 69 de Ley XIII Nº 5).-------------------- ------ 3º) REGULAR los honorarios de los representantes procesales de la Provincia del Chubut: ex Fiscal de Estado Dra. Sonia H. DONATI, por la primera etapa y parte de la segunda, en el 5% del monto del proceso que se precisará en la etapa de ejecución, teniendo en cuenta la pericia contable dada en autos y sus explicaciones; y a sus apoderados Dres. Jorge Eduardo FERNÁNDEZ, Miguel Ángel GIUDICI y Mónica C. DENCOR en conjunto, en el 30% de lo regulado a ésta; al Dr. Jorge Luis MIQUELARENA en el 3% sobre la misma base, a sus apoderados, Dr. Eduardo A. FERNÁNDEZ LUBO y Dra. Mónica C. DENCOR en forma conjunta en el 40% de su regulación.- A la apoderada del actor, Dra. N. L. DE E. en el 6,50 % por dos etapas.- Todo de conformidad con los parámetros del art. 5 inc. a) a f), 6, 7, 8, 9 37 y 46 de Ley XIII Nº 4 con las modificaciones de Ley XIII Nº 15.- Al Perito ///Contador A. H. G. en el 2% del monto del proceso - art. 60 de la misma Ley citada.- Lo indicado, más IVA si correspondiere.- ------ 4º) REGISTRESE y notifíquese.-- Fdo. Dres. Fernando S.L. ROYER, Daniel Luis CANEO y José Luis PASUTTI.- Sentencia Definitiva recibida en Secretaría el 18/06/12 y registrada bajo el N° 08/SCA/12. CONSTE.