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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, notificación, domicilio legal, publicación de edictos, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GUARDERIA NAUTICA ROSARIO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-11-11

La Sala entendió que no se advierte ningún vicio notificatorio, ya que ante la advertencia del oficial notificador se ofició al Registro Público de Comercio a efectos de conocer cuál era el domicilio efectivo constituido por la accionante en ese organismo y al informarse que el último domicilio social inscripto era el de "Dársena de Cabotaje Puerto Rosario" se procedió a publicar edictos, por lo que la prueba de la constitución y existencia legal de un nuevo domicilio estaba en cabeza de la impugnante. Frente a ello, la recurrente no aporta elementos de convicción suficientes para validar sus críticas respecto de la arbitrariedad del fallo, aún cuando los agravios se enmarcan en el delicado tema de la indefensión, ya que no es menos cierto que, atento la excepcionalidad de la acción intentada -acción autónoma de nulidad- y la trascendencia de las consecuencias de tal declaración (con relación a la afectación de la cosa juzgada), la falencia de la quejosa redunda en el perjuicio derivado de no cumplir con las exigencias legales de este excepcional remedio, con lo cual la falta de demostración de haber cumplido con la carga exigida a su parte relativa a la actualización del domicilio de la persona de existencia ideal demandada en el Registro Público de Comercio y la conducta procesal por ella asumida, se tornan aún más significativas.
Extradición, criterio de razonabilidad, Derechos humanos
Materia: PROCESAL
Carátula: Lagos Quispe, Leónidas s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-28

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y ley 23.338) y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (ley 23.652) disponen el rechazo de la extradición cuando haya razones fundadas para creer que la persona estaría en peligro de ser sometida a tortura, por lo que debe tenerse en cuenta la regla de prueba que consagra la convención universal en el art. 3.2 y recurrir a documentos de conocimiento público y notorio provenientes de instituciones que integran los sistemas de protección de los derechos humanos a fin de evaluar las irregularidades denunciadas (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni). -Del precedente "Borelina", al que remitió la disidencia-.
Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, robo de automotor, cómputo de la pena, reforma legislativa
Materia: PENAL
Carátula: Cersósimo, Santiago Nicolás s/ Recurso de casación. Causa: 1779
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

El decreto-ley 6582/58 aumentaba la escala penal del art. 164 del C.Penal de tres a diez años prisión cuando el objeto del apoderamiento era un automotor. La derogación de ese régimen por la Ley 24.721, publicada en el Boletín Oficial el 18 de noviembre de 1996, hizo renacer la antigua figura de robo prevista en el art. 164 del código de fondo, con una pena mínima de un mes y una máxima que alcanza a los seis años de prisión. Como consecuencia de lo expuesto y en razón de lo establecido en el art. 2 del C.P., ha de adecuarse la pena que oportunamente se impusiera al condenado a los montos punitivos vigente.
Apertura del concurso, propuesta de acuerdo preventivo, presentación de las ofertas, plazo legal, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Brañas de Poujade, Nilda C. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-08-31

Más allá del incumplimiento del plazo estipulado en horas o días establecido por el art. 43 de la Ley 19551 que sin duda alguna ha quedado comprobado en autos, amén de que dicho precepto legal no contempla el supuesto de la presentación tardía o extemporánea, aún cuando el art. 296 inc. 1 de la citada ley contempla en principio la perentoriedad de los plazos en el proceso concursal, la especial situación que se ha advertido en autos indican la continuidad de la empresa y la voluntad demostrada por la concursada para la solución de la crisis patrimonial, son los elementos que se deben computar, más allá de la literalidad del texto legal, para canalizar la interpretación y así posibilitar la flexibilidad necesaria para dar oportunidad al obligado de obtener su recuperación económica.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez, Jorge Alberto y otra c/ Sanz, Alberto Gerardo s/ Daños y perjuicios Mastronardi, Dante c/ Flores, Ricardo Oscar y otr. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-20|1991-07-25

Para establecer si los gastos pretendidos por el vencedor en costas deben reintegrarse total o parcialmente, corresponde atenerse a las peculiaridades de cada caso, y no pronunciarse al respecto en la sentencia que en general las impone, porque se trata de un aspecto que deberá zanjarse durante la sustanciación de la pertinente liquidación, oportunidad en que las partes podrán someter a la jurisdicción la pertinencia de cada renglón (arts.77, 167 inc.7º, 501 y concds. del CPCC).
Contrato de trabajo, período de prueba, despido por maternidad, protección contra el despido arbitrario
Materia: LABORAL
Carátula: Corazzini Marisa Noelia c/ Spell S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-16

La discrecionalidad patronal de despedir sin tener que afrontar ninguna responsabilidad indemnizatoria derivada del distracto durante el plazo de prueba, art. 92 bis L.C.T., se enfrenta a una normativa de jerarquía constitucional que protege a los trabajadores de prácticas discriminatorias, ya que la facultad de despedir en las condiciones que establece el mencionado dispositivo encuentra un reparo ante la notificación que la trabajadora efectúe denunciando su embarazo, correspondiendo al empleador demostrar que el despido sin causa no obedeció a una práctica discriminatoria y que se debió, realmente, a que la trabajadora no pasó satisfactoriamente el período de prueba.
Gobierno de facto, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, daños y perjuicios, juicios en que la Nación es parte, excepción de prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Miguel, Lorenzo Mariano c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Corresponde desestimar la excepción de prescripción deducida por el Estado Nacional si, aún cuando el arresto cesó en forma definitiva con fecha 16 de abril de 1980, la detención fue directa consecuencia del ejercicio de los poderes constituyentes que se arrogó el gobierno de facto por lo que no era viable el ejercicio de la acción indemnizatoria, ya que debía insertarse dentro de un orden jurídico que impedía al recurrente solicitar la declaración de ilegitimidad del proyecto político vigente, para cuya realización se habían concebido los medios causantes del daño (Disidencia de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor, Enrique Santiago Petracchi y Guillermo A. F.

López).
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, policía federal, personal policial, portación de armas, arma reglamentaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDEZ LUCAS ANIBAL Y OTRO c/ POLICIA FEDERAL ARGENTINA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-15

La diligencia exigible a la Policía Federal Argentina, como responsable principal, no se agota en la elección de su personal, sino que también le incumbe el estricto control del desempeño y conducta de los mismos, aún más si se tiene en cuenta que a sus agentes les hace entrega de un arma -cosa indudablemente peligrosa-, la que deben portar en forma obligatoria en todo momento, aun cuando se hallaran en franco de servicio (arg. arts. 512 y 902, Código Civil). (sumario confeccionado por el SAIJ).
Locación, vencimiento del plazo, prórroga del plazo, prórroga verbal, contrato por escrito
Materia: CIVIL
Carátula: ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES c/ ALANIZ, Elvira s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

El hecho de que el locador admita que durante el transcurso de la relación locativa, largamente prolongada en el tiempo, se produjeron prórrogas verbales de la locación, no resulta suficiente para considerar que del mismo modo se produjese una nueva prórroga, particularmente cuando el modo adoptado por las partes en los tiempos más recientes, es por escrito.
Ejecución de sentencia, honorarios, trámites judiciales, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Pedraza, Martín Francisco y otra c/ Joffe de Appas, Rosa Aida y/o impacto s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-03-26

Si es iniciado el trámite de ejecución de sentencia ante la falta de pago y depositado el capital condenado antes de la citación de venta corresponde regular honorarios al apoderado del actor, ello porque si está vencido el plazo acordado y no se dio cumplimiento, se hizo necesario iniciar el procedimiento de ejecución. Por lo tanto, en principio, las costas de la ejecución de la sentencia deben ser soportadas por el condenado incumplidor por cuanto fueron generadas por no haberla cumplido en tiempo oportuno.
Diferencias salariales, trabajador calificado
Materia: LABORAL
Carátula: BUSTAMANTE, NESTOR FABIAN. c/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER. s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA. PLOTTIER. s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA. PLOTTIER. s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-11-30

Corresponde el rechazo de la demanda en la que el actor solicita que se le abonen las diferencias salariales y se ordene su recategorización con la categoría OSC al considerar que esa categoría le correspondía desde su ingreso, en atención a su título de "Técnico Auxiliar Tornero Metalúrgico".

En los presentes queda claro que, al momento de su ingreso, el título que poseía el accionante no fue una condición necesaria para su nombramiento y, tan así que tampoco le fueron asignadas funciones de índole técnica especializada, con lo cual no surge mérito para afirmar que fue incorrectamente encasillado en oportunidad de comenzar a prestar servicios para el Municipio demandado.
Juicio de árbitros, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schwarzbach José c/ Cappelacci Jose s/ Ejecución de laudo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-09

La normativa de aplicación es clara en establecer que contra el laudo arbitral "no se admitirá recurso alguno" (art. 47 Regl. Trib.

Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata)
Medidas cautelares, derecho a la salud, afiliación a obras sociales, cobertura, dictamen pericial, cuerpo médico forense, certificado de discapacidad, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa L. S., M. T. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-29

La sentencia que dispuso con carácter cautelar que la obra social demandada arbitre los mecanismos necesarios para asegurar a la afiliada la cobertura integral de las prestaciones solicitadas es arbitraria, pues el fallo exhibe una ostensible carencia de fundamentación en cuanto omite proporcionar respuesta a la objeción oportunamente planteada por la entidad demandada a la procedencia de la pretensión de la actora de que se le brinden servicios de salud en una institución con la cual no tiene convenio prestacional y a pesar de haber autorizado su cobertura con prestadores que sí están incluidos en su cartilla y que brindan el mismo tipo de servicios. -El juez Rosatti, en disidencia, consideró que debía desestimarse el recurso extraordinario por no dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable a tal-.
Divorcio contradictorio, reconvención, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: S., J.C. c/ B., R.M. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-22

Se encuentra legitimado el Defensor Oficial para reconvenir en un juicio de divorcio por una causal subjetiva, en base a los elementos incorporados a la causa, en razón de que aquél está facultado no sólo para defender, sino también para contratacar, mediante la oportuna deducción de una reconvención. Si el defensor no lo hiciera, incurriría en incumplimiento de sus deberes, lo cual reglamentariamente está considerado falta grave. En este sentido, el defensor "es parte" y puede formular todas las alegaciones que a éste le competen.
Accidentes de trabajo, aplicación temporal de la ley, retroactividad de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: SOMAGLIA, VENILDO JUAN c/ LA PATAGONIA COMPA#IA DE SEGUROS SA s/ EXPTE NRO 38-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-06

La retroactividad de la ley es concebible cuando se trate de relaciones que no se forman instantáneamente sino en curso de formación (in fieri) en el momento de sustitución de la norma.

El principio de retroactividad se viola cuando se revalora un hecho llevado a cabo bajo la ley antigua para deducir consecuencias sobre la base de la ley nueva.

De lo que se denomina "consumo jurídico" resulta que las consecuencias de hechos de una situación o relación, instantáneas o progresivas cumplidas bajo el imperio de una ley se rigen por ésta aunque una nueva norma les atribuya otros efectos y la acción se ejercite posteriormente; por el contrario las situaciones que se configuran con el paso del tiempo y que en curso de constituirse bajo una ley no se han perfeccionado al entrar en vigencia una nueva ley, les resulta aplicable ésta.

La reforma de la ley de accidentes de trabajo se aplica a las relaciones laborales existentes antes de su entrada en vigencia pero sólo con relación a los infortunios producidos con posterioridad a ésta.

No se trata de aplicar la norma más favorable (artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo), pues esto supone la concurrencia de dos o más normas vigentes igualmente aptas para regular una determinada institución de derecho del trabajo; no es una norma de derecho transitorio función que cumple subsidiariamente el artículo 3 del Código Civil.

La sentencia de condena al pago de la indemnización es declarativa y no constitutiva.
Régimen de consolidación de deudas, fallos de la Corte Suprema, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Eduardo Cardozo y otros c/ Bco de Acción Social s/ Recurso de Casacion e Inconstitucionalidad Recurso de Casacion e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1994-12-19

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo dividido, estableció la doctrina legal aplicable a la consolidación de deudas, obligaciones accesorias y aplicación de las leyes 23.696 y 23.982, en los autos:"Moschini, José M. c/ Fisco Nacional".En este fallo-que constituye doctrina legal, a la cual debemos someternos a fin de evitar un dispendio jurisdiccional inútil- sostiene, en suma, que debe considerarse alcanzada por las mismas disposiciones de la Ley 23.982 (en la cual se apoya el decreto del P. E. local nº 88/91), como deuda consolidada, la que corresponde a un crédito por honorarios profesionales de causa anterior al 1º de abril de 1991, cuando en la sentencia se condenó al pago de una obligación consolidable que se encuentra totalmente cumplida.

La cancelación de la obligación cuyo cobro constituyó el objeto de la contienda judicial, no es óbice a la aplicación del régimen de consolidación al crédito por honorarios, pues dicha novación también alcanza a los efectos no cumplidos de las sentencias respecto a las obligaciones consolidadas y en tal situación se encuentra la retribución del ejecutante, toda vez que constituye un efecto no extinguido de la condena en costas establecida en la sentencia dictada en el proceso.
Leyes, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: LONGO ESTHER BEATRIZ Y OTRA c/ CÉSAR A IBÁÑEZ E HIJOS S.R.L. Y/U OTROS s/ MUERTE POR ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-29

La aplicación retroactiva de una ley está condicionada por el Art. 17 de la Constitución Nacional y el consecuente respeto a los derechos adquiridos. Por tanto es necesario fijar el momento en el cual la situación jurídica del acreedor se ha consolidado, por cuanto ello le concede un derecho que no es posible modificar con las posteriores modificaciones de la ley que rige la materia.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: MINI, MIRIAM VIOLETA c/ ASOCIACION MUTUAL BAN DE BAN. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-ORDINARIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-20

Todo lo que no haya sido objeto de agravio concreto y haya sido motivo de decisión del a-quo gana firmeza y constituye un ámbito que no alcanza la jurisdicción de la alzada, limitada a tono con el aforismo "tantum devolutum quantum apellatum". En otras palabras, lo que no se incorpora como objeto de agravio significa su consentimiento e impide que la cámara pueda proceder a revisarlo.
Competencia federal, compraventa inmobiliaria
Materia: PROCESAL
Carátula: MERLO RUMILDO FILOMENO. c/ COMISION MUNIC. DE LA VIV. s/ ESCRITURACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-03

Los fondos públicos del Fondo Nacional de la Vivienda administrados por la Comisión Municipal de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y mediando discordancia de los firmantes de contratos individuales con dicha comisión, existiendo modalidades de los contratos sujetos a resoluciones administrativas, concluye la competencia contencioso-administrativa federal (art. 2, inciso 1, de la Ley 48; art. 111, incs. 1 y 4, de la Ley 1893; artículo 32 del Decreto-Ley 1285/58 aunque, en la eventualidad, pueda arribarse a una orden de sometimiento a la instrumentación de la escrituración del inmueble.
Regulación de honorarios, juicio sumarísimo, honorarios del abogado, acción meramente declarativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa Telefónica de Centenario Ltda. c/ C.T.I. y otros s/ acción meramente declarativa (sumarísimo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-03-26

A los fines de regular los honorarios del letrado que intervino en una acción meramente declarativa, aún cuando el letrado hubiese desconocido la documentación aportada por la actora, corresponde tomar de ella el importe que reconoce adeudar la demandada, porque es demostrativo del interés económico del proceso en trato (del voto del Dr. Barreiro)
Sociedad conyugal, bienes de la sociedad conyugal, calificación de bienes, bienes gananciales, depósito bancario
Materia: CIVIL
Carátula: K.E.S. c/ P.B.H.J. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-11

El hecho de que el cónyuge hiciera los depósitos, no lo convierte en único propietario de la cuenta, que se trata de una forma de operatoria -orden recíproca o indistinta-, que permite que cualquiera de los titulares pueda mover la cuenta sin límites (conf.

art. 12 inc. a) circular B-382 del Banco Central de la República Argentina), pero la propiedad, por aplicación del art. 674 del Código Civil pertenece por partes iguales a ambos.
Derecho procesal, debido proceso, actos y diligencias procesales, competencia comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: Nuevos Aires Group SA c/ Union Personal de Seguridad de la Republica Argentina s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-13

Resultan competencia de este fuero los juicios derivados de contratos de locación de obra y de servicios y los contratos atípicos a los que resultan aplicables las normas relativas a aquéllos, en los casos en que "el locador sea comerciante matriculado o sociedad mercantil" (conf. decreto 1285/58: 43 bis). Pues bien, en el caso, la pretensión se origina en una relación, prima facie, encuadrable en el marco de un contrato de locación de servicios que se encuentra prestado en la especie por una sociedad comercial, ello conlleva a tornar aplicable al caso lo dispuesto por el art. del decreto ley 1285/58: 43 bis inc. c), modificado por la ley 26637: 10. Por lo tanto, en principio, si un acto es comercial para una sola de las partes intervinientes todos los contrayentes quedan por razón de él, sujetos a la ley mercantil (Cfr. arg. CNCom, Sala B, in re: "Sucesión de Enrique Queirolo c/ Unión Docentes Argentinos", del 5.10.87). Tampoco puede soslayarse que tratándose de una asociación sindical la ley 23551: 63, atribuye en ciertos casos competencia al fuero en lo laboral, mas ello ocurre en puntuales supuestos en lo que están en juego cuestiones relacionadas con la organización y accionar de esa específica actividad (vrg. cuestiones referentes a prácticas desleales, acciones previstas en los arts. 47 y 52 de la citada normativa) que no se compadecen con el caso bajo análisis, rigiendo el fuero común fuera de tales supuestos, razón por la cual el agravio de la demandada no habrá de progresar. (En el caso, la actora interpuso demanda tendiente al cobro de una suma de dinero a raíz de un supuesto incumplimiento de un contrato de locación de servicios de administración, fiscalización, auditoría de un centro recreativo y camping, propiedad de la asociación sindical accionada).
Gestación por sustitución, filiación por técnicas de reproducción humana asistida
Materia: CIVIL
Carátula: C., F. A. y Otro c/ R. S., M. L. s/ Impugnación de maternidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-18

Resulta procedente la acción de impugnación de la maternidad deducida por los padres biológicos de una niña gestada mediante maternidad subrogada, ello en virtud de la voluntad del matrimonio de convertirse en padres de la niña, respecto de quien han asumido y ejercen la responsabilidad parental desde su nacimiento, así como la correspondencia biológica de la nacida respecto de los presentantes conforme surge del informe de ADN , máxime considerando el interés superior de la menor que debe prevalecer, a quien deberán hacerle saber, en cuanto sea oportuno, el contenido de este proceso.
Delitos contra la salud pública, curanderismo
Materia: PENAL
Carátula: A., J.R. c/ A., B. del C. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-10-26

La norma del artículo 208, inc. 1°, del Código Penal, sanciona a quien "sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización", desarrolla alguna de las conductas que la misma enumera. Sabido es que este inciso se refiere al curanderismo, pues curandero es aquel que dice curar o hace como que cura, careciendo de conocimientos para el ejercicio de cualquier arte de curar (no sólo conocimientos médicos), o no los tiene en la medida suficiente; de allí que la ley diga "sin título o autorización" o "excediendo los límites de su autorización".