Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2012-06-28


2º Instancia .- Resistencia, junio 28 de 2012.

Considerando: Llegan los presentes autos a conocimiento de esta Alzada a fin de resolver el recurso interpuesto por la Defensa Técnica (Dr. C. G. S.) del Sr. Otto Wirz, contra la Resolución dictada por el Inferior, a través de la cual decidiera:...Fallo: "I) Condenando a Otto Emilio Wirz, de las demás condiciones personales obrantes al inicio, a la pena de una multa de dos veces el monto de las operaciones en infracción. II. Imponer las costas al condenado en autos. III..."sic. á Para fundamentar el decisorio arriba citado, consideró el Juzgador que los elementos incorporados al sumario llevado a cabo por el Banco Central de la República Argentina permiten tener por cierto y probado que el imputado omitió ingresar las divisas provenientes de las operaciones de exportación efectuadas en los períodos comprendidos entre el 25 de julio de 2002 y el 14 de enero de 2003, las cuales obran detalladas a fs. 3 y 7 por un total de dólares estadounidenses ochocientos treinta y ocho mil dieciocho (U$ S 838.018).

En lo atinente a la entrada tardía de divisas, dice el Inferior que el imputado ingresó las mismas fuera de término por un valor FOB U$ S 11.494.

Avala su decisión con los informes producidos por el Banco Macro y el BCRA obrantes a fs. 3, 7, 15/27 y 119/121 respectivamente.

3) Que disconforme con lo decidido apela la Defensa Técnica del imputado fundando su recurso a fs. 341/344.

En síntesis la recurrente aduce: a) Que el fallo en crisis desestima la defensa de prescripción introducida en el pleito, pretendiendo el Juez a quo soslayar principios fundamentales del derecho penal que impiden la aplicación de normas más gravosas para el imputado. Sostiene, además, que debe aplicarse la ley 25.990 en cuanto estableció para el régimen represivo argentino cuáles son las causales de interrupción de la prescripción de la acción penal. b) Se agravia asimismo por la desestimación, sin más trámite, de los elementos probatorios de descargo oportunamente aportados. Particularmente el Sr. Juez desestima las pruebas consistentes en presentaciones efectuadas ante la justicia brasilera con los cuales su parte pretende acreditar que la falta de ingreso de divisas se debió al incumplimiento de los importadores del pago de las mercaderías. c) Por último sostuvo que en causa análoga el Juzgador otorgó valor convictivo a las mismas probanzas aportadas en los presentes autos, no obstante sin acompañar prueba de sus dichos.

Y Considerando: á1) Realizaremos en primer término una breve sinopsis del tema en crisis, por poseer la ley penal cambiaria características especiales, al constituir la misma una de las emblemáticas leyes penales en blanco.

Dijimos que el Inferior consideró que las conductas del imputado configurarían las infracciones previstas por los arts. 1 incs. e) y f) de la Ley 19.359, t.o. por Decreto 480/95, las que deben integrarse, en el caso, con las disposiciones de los Decretos Nº 1606/2001, 1638/2001, 2581/64 y Comunicación "A" 3473 y complementarias del BCRA; todo ello en base a las anomalías advertidas en las operaciones de exportación supra mencionadas.

Que el Art. 1 de ley de mención reza: "Serán reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente Ley:.....e) Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o el tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidas por las normas en vigor. f) Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios..."; a la vez que el Art. 2 establece que: "Las infracciones previstas en el artículo anterior serán sancionadas con: a) multa de hasta diez veces el monto de la operación en infracción, la primera vez... f) Cuando el hecho hubiese sido ejecutado por los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos, o miembros del consejo de vigilancia de una persona ideal, con los medios o recursos facilitados por la misma u obtenidos de ella con tal fin, de manera que el hecho resulte cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma, la persona de existencia ideal también será sancionada de conformidad con las disposiciones de los incisos a y e...".

Que la conducta endilgada consiste en síntesis en la omisión de ingresar al país o en el ingreso tardío y posterior negociación en el mercado único de cambios, del contravalor de las divisas resultantes de la exportación de productos.

La normativa que establece la obligación antes citada resulta ser el complemento de la ley penal en blanco, y ha sufrido constantes variaciones, las que reseñaremos a efectos de una mayor claridad expositiva.

A partir de fines de 1990 se produjo un cambio en la normativa que regulaba la operatoria del comercio exterior llevándola a un ámbito de mayor libertad, en ese sentido, se dispuso dejar sin efecto el funcionamiento del mercado oficial de cambios, se amplió el período para ingreso y negociación de divisas y se establecieron excepciones.

Este proceso de desregulación culminó con el dictado del decreto 530/91 que en su Art. 1, dejó sin efecto la obligación de ingresar y negociar en el mercado de cambios las divisas provenientes de la exportación de productos que fuera dispuesta por el Art. 1 del Dcto. 2581/64, entrando en vigencia aquél decreto junto a la Ley de Convertibilidad (Nº 23.928).

Ante la crisis económica - financiera transitada por nuestro país hacia fines de la década del 90 y en forma paulatina, se recorrió un camino de regulación nuevamente. Así, a través del Decreto 1606/2001 (5/12/2001), se derogó la norma que había dejado sin efecto la obligación de liquidar las divisas provenientes de las exportaciones.

En efecto, la normativa que venimos analizando en su art. 5º dispuso: "..derógase el Decreto 530/91, restableciéndose la vigencia del Art. 1 del Decreto 2581/64 y del Art. 10 del Decreto Nº 1555/86".

Entonces, mediante la citada preceptiva quedó restablecida la obligación de ingresar en tiempo y forma, mediante el sistema bancario determinado por la pertinente reglamentación del BCRA, las divisas provenientes de operaciones de exportación.

Dando origen a la presente causa la presunta omisión en que incurriere el imputado al no ingresar las divisas correspondientes a operaciones de exportación efectuadas en los períodos comprendidos entre el 25 de julio de 2002 y el 14 de enero de 2003, las cuales obran detalladas a fs. 3 y 7 por un total de dólares estadounidenses ochocientos treinta y ocho mil dieciocho (U$ S 838.018) y en lo respectivo a la entrada tardía de divisas, dice el Inferior que el imputado ingresó las mismas fuera de término por un valor FOB U$ S 11.494.

Precisados los antecedentes, responderemos en forma liminar el agravio vertido respecto a la aplicación de la Ley 25.990 en materia de prescripción.

En este punto asiste razón al Juez de Grado al sostener que las normas específicas contenidas en la Ley 19.359 no han sido modificadas ni derogadas por la ley citada en primer término, por tanto, continúan en vigencia.

Recordemos que el Art. 19 de la ley penal cambiaria establece un plazo específico de prescripción de seis años para perseguir las infracciones de cambio. A continuación, la norma instituye que ese lapso se interrumpirá por los procedimientos que impulsen la investigación, practicados con conocimiento del inspeccionado, por los actos procesales de impulsión dictados por la jurisdicción administrativa o judicial y por la comisión de otra infracción.

Entonces, en cuanto a la controversia suscitada en torno a la prescripción de la acción penal, no puede admitirse la tesis del recurrente; ya que lo resuelto en el fallo se ajusta a la doctrina sentada por el Alto Tribunal en Fallos: 295:869; 311:2453 y 323:1620; en el sentido que no corresponde aplicar las normas generales del Código Penal respecto de infracciones sancionadas por leyes especiales, según un ordenamiento jurídico que le es propio, en tanto el criterio que se debe observar resulte del sistema particular de tales leyes, de su letra y de su espíritu -como ocurre con el término de prescripción establecido por el Art. 19 de la Ley 19.359- sin necesidad de acudir a la remisión prevista por el Art. 4 del Código de fondo.

Ahora bien, y ya adentrándonos al núcleo de la cuestión, forzoso es destacar que las discutidas en autos constituyen infracciones formales, que se cometen por omisión y son de carácter instantáneo, puesto que quedan consumadas, en su faz material u objetiva, en el momento preciso en que el acto omitido debió realizarse.

Por otra parte, como regla general en materia cambiaria, cuando se verifica la materialidad de una infracción de aquella especie, la culpabilidad se presume estando a cargo del imputado la carga de la prueba que lo exima de responsabilidad.

"El Benteveo S.A., Régimen Penal Cambiario 24/02/2010 -Voto Dr. Hornos- Cámara Nacional de Apel. en lo Penal Económico.

Así también lo ha entendido el Alto Tribunal al disponer que "...en los casos de hechos ilícitos contemplados por la Ley 19.359 está a cargo de los imputados la demostración de las razones exculpatorias que aleguen..." (Cf. Fallos 301:996); no afectándose mediante esta doctrina el estado jurídico de inocencia, pretendiéndose que quien, ante una conducta acreditada invoca la concurrencia de una circunstancia o causal de excepción en virtud de la cual se sustraería de la sanción penal, la demuestre, y no que el sospechoso pruebe su inocencia, es decir la irrealidad de la imputación. (en este sentido fallos CSJN 301:618, 303:1065, 306:1347, entre otros).

Con estos parámetros, analizaremos la apelación planteada, examinando si las defensas alegadas poseen visos de seriedad suficiente para desvirtuar la presunción legal.

Aduce la defensa en su descargo obrante a fs. 205 que la falta de liquidación de las importaciones que se le imputa no obedece a una actitud maliciosa ni voluntaria de su parte, toda vez que adoptó los recaudos necesarios para obtener el cobro de las mismas por vía judicial, acompañando copias simples de presentaciones efectuadas ante tribunales extranjeros.

Acerca de este descargo, afirmó el Juez de grado que los instrumentos aportados no poseen valor probatorio, dado que no pasan de ser una declaración de voluntad unilateral expresada en un instrumento privado.

En este sentido, cabe confirmar tal desestimación dado que no puede soslayarse el hecho de que la documental adjunta, se encuentra redactada en idioma portugués, contrariando normativa específica de nuestro ordenamiento jurídico; ya que en todas las actuaciones escritas o verbales se debe utilizar el idioma nacional y -específicamente- con relación a la prueba documental en idioma extranjero es condición fundamental que esté redactada en idioma español o traducidas a este. (Conf. Fassi S.C. - Yañez C.D. "Código Procesal Civil y Comercial comentado, anotado y concordado" Tomo I, Pag. 601 y su cita).

Entendemos entonces que, conforme la sana crítica, no corresponde dar entidad suficiente a la prueba arriba citada, ya que la misma posee los vicios mencionados y no se han acompañado otras probanzas a efectos de desvirtuar la presunción legal.

En lo que respecta al ingreso tardío de divisas resultante de la operación de embarque por un valor FOB U$ S 11.494, la defensa no ha presentado descargo alguno.

Ante los hechos así analizados cabe concluir confirmando la pena de multa aplicada al infractor por encontrarse graduada dentro de los parámetros establecidos por el Art. 2 inc. "a" de la Ley 19.359, considerándose asimismo la falta de antecedentes cambiarios del imputado.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se resuelve: 1) No hacer lugar al recurso de apelación de fs. 290/295 y, en consecuencia, por los fundamentos de mención, confirmar la Resolución de fs. 284/288 2) Regular los honorarios generados en esta instancia para el Dr. C. G. S. en la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500) conforme arts. 6, 8 y 14 de la ley arancelaria vigente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. Nota: De haberse dictado el Acuerdo precedente por los Sres. Jueces de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley 1285/58 y art. 109 del Reg. Just. Nac.).- Ana V. Order.- José L. A. Aguilar.

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