Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-20


Causa Nº 193-01-CC/2005 caratulada: "Curibanco Carrion, Elmer Wilman s/ inf. Art. 189 bis del C.P. - Apelación." En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de marzo de 2006, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Fernando Bosch, Marcela De Langhe y Pablo Bacigalupo, para resolver las presentes actuaciones.

VISTO:

El Sr. Defensor Oficial, Mariano Luis Bertelotti, interpone recurso de apelación (fs. 11/16 del incidente) contra la resolución de la Titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 3, Carla Cavaliere, recaída con fecha 21 de noviembre ppdo., por la que se rechazara el planteo de prescripción de los presentes actuados seguidos respecto de Elmer Wilman Curibanco Carrión (fs. 9/10 de la incidencia).

Articula su procedencia en base a lo preceptuado por el art. 61, inc. 1º de la L.P.C. -según ley 1287- en los casos de resoluciones equiparables a sentencia definitiva, conforme al supuesto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva -apartado a) de la norma- en virtud del gravamen irreparable que irroga a su pupilo la continuidad del proceso, pese al fenecimiento de la acción penal.

Promueve asíla adopción de un temperamento desincriminatorio en favor de su asistido, aludiendo que desde la fecha de comisión del hecho -26 de octubre de 2002- ha transcurrido el máximo del término legal previsto en el art. 62, inciso 2º del C.P. en concordancia con el delito reprochado, sin que medie acto procesal interruptivo alguno.

En este contexto el agravio se ciñe al llamado a prestar declaración, en la consideración de que la citación del imputado efectuada en los términos del art. 41 de la L.P.C. no configura causal de interrupción.

Señala entonces que existen dos opciones a los efectos de dilucidar la ley aplicable: la norma del art. 67 del C.P. en su redacción actual (ref. Ley 25990) o la vigente al momento de la presunta comisión del hecho; ambas hipótesis bajo el principio de la ley más benigna no obstante formular sendas objeciones para su procedencia.

De tal manera, en relación al primer supuesto, arguye que de ningún modo puede equipararse la citación cursada al imputado a prestar declaración en los términos del art. 41 de la LPC, a la declaración indagatoria prevista en la actual redacción de la norma del art. 67 del C.P. relativa a los actos interruptivos de la prescripción; "cualquier otro acto procesal que no sea ese no podrá ser considerado con virtualidad interruptora"(fs. 13vta.), lo que lleva a sostener que una interpretación contraria constituye una aplicación extensiva y por tanto violatoria del principio constitucional de legalidad.

En abono de esta tesis agrega que los demás actos enumerados en la norma, han previsto en forma expresa su extensión a otras oportunidades procesales como los contemplados en los incisos c y d, citando novel doctrina tras la reforma legislativa introducida.

En tal sentido refiere, que la declaración del imputado en el sistema local -de raigambre acusatoria- presenta una naturaleza distinta a la prevista en el orden nacional -proveniente de un sistema inquisitivo- y por lo tanto su objeto no obedece sólo a un acto de defensa propio de aquel sistema, sino a un modo de lograr la averiguación de la verdad.

Por último señala que los procesos penales que tramitan en sede local, deben respectar dicho sistema acusatorio y que tal declaración es prestada ante el/la fiscal actuante en los términos del art. 41 antes citado, sin perjuicio que el art. 56 inc. 1º de la L.P.C. (s. ley 1287) disponga que se tomará con las formalidades propias del art. 294 del Código de Procedimientos Nacional en materia penal lo que implica que se equipare sólo en su forma.

En cuanto a la segunda premisa postula también la prescripción de la acción penal, en tanto el llamado a prestar declaración conforme el art. 41 de la LPC. en ningún modo puede constituir secuela de juicio según la norma en cuestión, vigente al momento de comisión del hecho.

En tal tesitura y siempre en relación a la esencia del sistema acusatorio, señala que los actos que pueden ser considerados interruptivos son los del "juicio" y que "la investigación penal preparatoria que conduce el fiscal... es sólo una etapa preliminar que tiene por destino eventual el arribar al juicio propiamente dicho" (fs. 15) de lo que cita doctrina concordante y jurisprudencia en materia contravencional.

Causa Nº 193-01 -CC/2005 Sala II Finalmente mantiene las reservas de inconstitucionalidad y de caso federal formuladas, solicitando se haga lugar al recurso impetrado declarándose la extinción de la acción penal y en consecuencia se dicte el sobreseimiento de su defendido.

Por su parte la Sra. Fiscal se expidió favorablemente en torno a la admisibilidad de la impugnación, no así en lo que hace al fondo de la cuestión (fs. 21/23vta.).

Sostuvo que debe confirmarse la resolución atacada, puesto que la "declaración" prevista en el art. 56 de la L.P.C., tiene la misma naturaleza jurídica que la contenida en el art. 294 del Código de Procedimientos Nacional como acto de defensa material.

De ello desprende que en la inclusión de los vocablos "declaración indagatoria" en la reforma del art. 67 del C.P., el legislador ha querido expresar "la declaración que presta una persona en el marco de un proceso judicial...con todas las garantías establecidas por el ordenamiento procesal de cada jurisdicción." Lo contrario, adujo, "llevaría al absurdo de concluir que se ha legislado exclusivamente para el Código Procesal Penal de la Nación, o que la sanción de la ley 25.990 implica que las provincias deberán en lo sucesivo modificar sus ordenamientos de forma para adaptarse a las prescripciones de la parte general del código de fondo, lo que a todas luces resulta incongruente con el ordenamiento jurídico restante y con los principios de la Constitución Nacional" (fs. 22vta.). Agregando a manera de ejemplo lo preceptuado en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires -art. 308- en cuanto a la utilización del término "declaración" recibida por el fiscal.

En tal inteligencia señaló que a igual conclusión se arriba de aplicarse el art. 67 del C.P. anterior, puesto que el llamado a prestar declaración aquí cursado, queda "comprendido dentro del vocablo `secuela de juicio', operando así como una causal de interrupción de la acción penal" (fs. 22vta.) en el sentido otorgado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.

De este modo rechazó las alegaciones de la defensa en cuanto a que la interpretación contraria configuraría una decisión in malam partem o violatoria del principio de legalidad, con apoyo de jurisprudencia atinente.

En la oportunidad prevista por el art. 51 de la L.P.C. el Bertelotti, mantuvo los agravios expuestos, como así también las reservas formuladas, señalando que la Sra. Fiscal ha intentado con esfuerzo equiparar la declaración de la ley procesal local a la nacional, criterio que a su entender no puede ser acogido (fs. 26).

CONSIDERANDO:

I. Admisibilidad.

En el examen de admisibilidad del recurso ordinario intentado corresponde verificar la presencia de las pautas de impugnabilidad objetiva y subjetiva, como así también los requisitos formales de lugar, tiempo y modo que deben reunirse en su interposición.

Así, en relación a las primeras, cabe destacar que el pronunciamiento jurisdiccional que rechazó el pedido de prescripción interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, es de aquellos susceptibles de causar gravamen a la defensa. En consecuencia, por imperio de los arts. 432, primera parte y 449 "in fine" del ceremonial nacional (de aplicación supletoria, conf. art. 55 ley 1287 ref. ley 1330 para las competencias aprobadas por la ley 597), corresponderá la constatación del agravio invocado por el apelante como sustento del remedio articulado.

En ese marco, pasando a verificar las pautas de impugnabilidad subjetiva, el remedio impugnaticio ha sido impetrado por quien tiene derecho a hacerlo y en relación a la concurrencia de los requisitos formales observamos su cumplimiento toda vez quese presentó ante el Magistrado que dictó la resolución atacada, en forma y tiempo oportuno.

II. La cuestión de fondo.

La defensa se agravia del rechazo de prescripción de la acción respecto de su pupilo, basado en que la citación a prestar "declaración" no configura una causal de interrupción; centrándose en este único supuesto habida cuenta que no se dan en el caso otros actos con tal virtualidad.

Invoca a tal fin presuntas pautas de interpretación de la ley de fondo en torno a su aplicación retroactiva, con ajuste al principio de ley más benigna y su correspondencia con la reglamentación procedimental.

El hecho que nos ocupa tuvo lugar con fecha 26 de octubre de 2002, oportunidad en que el aquí imputado fue encontrado en la intersección de las calles Viamonte y Uriburu, de esta ciudad, portando el revólver marca "Pucará" calibre 22 con cuatro cartuchos de bala en su interior y la autorización extensiva sólo a la tenencia y calidad de legítimo usuario.

Causa Nº 193-01 -CC/2005 Sala II Tras la traba de competencia suscitada, dirimida por la intervención de este fuero y algunos planteos posteriores en torno a la postulación del archivo de las actuaciones, arriba la defensa promoviendo la intervención que nos ocupa y que al momento de resolver nos lleva a entender que no asiste razón a esa parte, en tanto los argumentos que ensaya no resultan ajustados a los parámetros legales por los que debe transitar el caso.

En efecto la figura penal atribuída al imputado Curibanco Carrión, acorde al momento de producción del hecho, prevé una pena de seis meses a tres años según la ley 25.086; la extinción de la acción penal por prescripción, opera transcurrido el máximo de pena señalada para el delito en cuestión (conf. art. 62 inc. 2º del C.P.). De modo tal que en principio el plazo se encontraría cumplido, siempre que claro está, no obste una causal de interrupción de lo que justamente se agravia la defensa.

Ahora bien, la argumentación defensista presenta sus bemoles por cuanto la aplicación retroactiva de la ley de fondo conduce a idéntico resultado; es más la nueva formulación del art. 67 del C.P. refleja, en lo que respecta a los casos que inciden en su operatividad, que no son otros que los ya contemplados -si bien no en forma expresa- en la anterior redacción bajo la fórmula "secuela de juicio" que justamente la labor doctrinaria y jurisprudencial se encargó de delinear.

Sabido es que largo fue el derrotero en cuanto a la interpretación de tales vocablos utilizados hasta la reciente reforma introducida por la ley 25990 (B.O. 11-01-05) y la fijación de los hitos procesales pertinentes con efectos sobre el curso de la prescripción, pero lo cierto es que tales actos resultan materialmente coincidentes.

De manera que, desde este punto de vista, no deviene automático resolver conforme la ley más benigna, como resulta en el caso, en que además, ha sido reformada la figura penal reprochadajustamente en lo que hace a su escala punitiva, y que obviamente su mayor gravedad hace retroceder la nueva figura en pos de la versión anterior.

La labor interpretativa deberá entonces tener un sentido amplio y discurrir, no sólo en torno al principio invocado sino también, en otras fuentes como lo son la jurisprudencia y la doctrina, que han ocupado especial relevancia -como se dijo- en la interpretación y aplicación del art. 67 en su anterior versión.

1. La objeción esbozada en torno al art. 67 del C.P. (Ley 25990).

Agravia a la defensa la interpretación de la a quo, en cuanto a que el llamado a prestar declaración dispuesto por la Sra. Fiscal actuante en fecha 21-10-05, a fs. 160, no puede asimilarse al presupuesto indagatorio contemplado en el inciso b) del art. 67 del código de fondo.

De más está decir que no compartimos el criterio expuesto, pese a los esforzados argumentos articulados por el Sr. Defensor en cuanto al alcance y contenido de los vocablos declaración y/o declaración indagatoria, puesto que se trata de expresiones que aluden al mismo acto.

En efecto, la ley de procedimientos local ha previsto un tratamiento especial -Capítulo XIV- para la actuación en los tipos penales que fueran transferidos aesta órbita por Ley Nº 597, cuyo marco de aplicación se delinea en el art. 55 manteniendo el alcance supletorio del Código de Procedimiento Penal de la Nación, acorde el trazado original de la Ley de Procedimiento Contravencional.

De modo tal que en lo que respecta a la fase prepatoria -de exclusiva actividad fiscal- se prevé entre otras atribuciones del acusador público, la recepción de audiencia de declaración con las formalidades del art. 294 del CPPN (art. 55 LPC), acto que pese al intento de la defensa, no es otro que una declaración indagatoria. La circunstancia de la distinta terminología empleada o una formulación más sintética si se quiere, no habilita a argüir que se trata de diferentes supuestos, más bien se relaciona con una redacción acorde al sistema procesal instaurado en el ámbito de la ciudad y en consonancia con la reformulación del proceso penal operado en la última década en diversas jurisdicciones, tal el caso de la ciudad, la provincia de Buenos Aires y otros, coincidente con las nuevas modalidades estipuladas para la etapa instructiva o preliminar del proceso.

Una interpretación sistemática y teleológica de la norma y de todo el plexo procedimental lleva a tal entendimiento y lejos está dicho acto de perder el conjunto de garantías que debe rodearlo como "acto de defensa material" en su doble esfera, no sólo como posibilidad de descargo sino también como oportunidad para conocer los hechos que prima facie se imputan a un individuo.

En la misma línea tampoco puede sostenerse la alegación de la defensa, en tanto la audiencia fijada en autos es en rigor la estipulada en el art. 41 del procedimiento contravencional, no contemplada expresamente en la ley de fondo, por cuanto como ya se ha señalado, precisamente el art. 55 de la L.P.C. alude a aquella como referencia para Causa Nº 193-01 -CC/2005 Sala II prever el acto que opera como presupuesto de la imputación para arribar a la requisitoria de juicio.

De manera tal que ese y no otro es el sentido de la norma prevista en el art. 56, por cuanto de su letra resulta claro el objeto de la convocatoria que no obedece a una simple comparecencia u otra circunstancia; de otro modo no se advierte cuál sería la razón de rodear la audiencia del art. 41 de la L.P.C. con las solemnidades del la indagatoria o lo que es más, el derecho que asiste al imputado de que esa misma audiencia pueda tener lugar ante la presencia del juez (tal el caso del art. 308 del Código de Procedimientos Penal de la Pcia. de Buenos Aires, a que hiciéramos referencia y fuera señalado por la Sra. Fiscal ante esta instancia). Obsérvese que en ambos casos dicha audiencia es la única oportunidad durante la etapa previa, y de existir mérito suficiente para pasar el proceso a la etapa oral queno será reiterada sino hasta la audiencia de juicio propiamente dicha, tal como sucede en el procedimiento nacional; de modo que no estamos ante actos de distinta naturaleza, la audiencia fijada en los términos del art. 56 inc. 1º tiene la misma validez.

En este entendimiento y en relación a la aptitud de la citación a indagatoria como acto interruptivo de la prescripción penal, aunque analizado desde el concepto de secuela de juicio, la Cámara Nacional de Casación Penal ha sostenido: "...`De adverso, el auto por el que un Juez llama a una persona a prestarla es una convocatoria compulsiva -aún cuando no implique por sí afectación como sujeto activo- de aquella al proceso por estar imputada y sospechada de la comisión de un delito'. En este sentido, la convocatoria a prestar declaración indagatoria es un acto de inequívoco impulso procesal, pues sin él no podría proseguirse la causa contra persona determinada." (del voto del Eduardo R. Riggi - Causa 2545 - "Ríos, Mariano Ezequiel s/Recurso de Casación" - CNCP - Sala III - 22/06/2000 - elDial.com AA5F9).

Por tal motivo debe rechazarse el agravio, toda vez que una interpretación armónica de los preceptos puestos en crisis conducen a este resultado, en tanto estamos ante figuras penales cuyo juzgamiento compete al fuero local, lo que no habilita a efectuar una selección de normas según el caso, debiendo atenerse tal como lo estipula el propio art. 55 a ese conjunto de reglas "especiales" y con carácter supletorio a las contenidas en el procedimiento nacional. Así el Máximo Tribunal ha dicho "Las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todos con valor y efecto" (Fallos: 310:195, 799, 1012, 1390, entre otros). SC M 519 LXXXIV - "Manzano, José Luis c/ Verbitsky, Horacio y Otro" 4-5-00 (cit. elDial.com AA6C4).

2. La objeción esbozada en torno al art. 67 del C.P. (Ley 13569)).

La segunda interpretación, consecuente con la ley vigente al momento de comisión del hecho, como se dijo corre igual suerte, en tanto la jurisprudencia mayoritaria -en seguimiento de la tesis "amplia" elaborada doctrinariamente sobre el particular- ha sido conteste en incluir a la declaración indagatoria entre aquéllos actos que conforman "secuela de juicio" computándose para ello a partir del auto que así lo dispone; circunstancia esta última sobre la que también existieran algunas disquisiciones sobre todo frente a convocatorias sucesivas.

Discurrir aquí sobre si la aplicación de la versión preliminar de la norma en cuestión resulta más "benigna" puesto que la audiencia atacada no se encuentra prevista expresamente entre sus postulados, es casi una falacia que conduce a valorar la preeminencia de las fuentes del derecho al momento de su aplicación y con especial relevancia tratándose de la esfera penal; en tanto señaláramos que, para escudriñar sobre el alcance y significancia del concepto `secuela de juicio´ debe acudirse a la jurisprudencia y doctrina y que como se dijo ambas fuentes han coincidido en su inclusión.

Muestra de ello es el criterio sostenido por la Cámara Nacional de Casación Penal, en numerosos fallos y más recientemente tras la sanción de la ley 25990, cuando aludiera en torno al referido concepto: "No puede desconocerse que desde su incorporación originó, a través del tiempo, una variada interpretación por los órganos jurisdiccionales encargados de su aplicación. Esta Cámara, con resoluciones coincidentes de las cuatro salas que la integran, había adoptado un criterio unánime consistente -en síntesis- en considerar `secuela de juicio´ a todos aquellos actos del órgano tendientes a la prosecución de la acción penal" ("Arroyo, Valentín s/Rec.Casación"- CNCP, Sala I 07/07/05 - La Ley 19/01/2006, 1-DJ 11/01/2006, 97).

De modo que, postular la aplicación de esta versión normativa pretérita implica optar por la interpretación construida jurisprudencialmente que más allá de su aserto o relevancia, deja un bache que justamente la nueva redacción de la norma como se señalara vino a zanjar, siempre claro está que para el caso entendamos la voz "juicio" como un todo y no una porción técnicamente así denominada del proceso, en concordancia con la denominada "tesis amplia".

Causa Nº 193-01 -CC/2005 Sala II En adopción de dicha tesis y aplicación del principio de la ley más benigna, la versión normativa actual resulta ser la procedente, pese a que los actos procesales interruptivos de la prescripción son los mismos que los acuñados originariamente, en tanto su carácter taxativo no ofrece dudas en cuanto a la calidad interruptora del llamado a indagatoria y más allá de la locución utilizada para designar dicho acto procesal.

Tal solución deviene congruente de la exégesis del art. 67, inc. b) del C.P. por lo que la citación dispuesta en autos a fs. 160, en los términos del art. 41 de la L.P.C. es causal de interrupción de la prescripción de la acción penal.

Por ello, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE:

I.- CONFIRMARla resolución de fs. 9/10vta. que rechazara la extinción de la acción penal por prescripción, interpuesta por el Sr. Defensor Oficial, Mariano Luis Bertelotti, respecto de Elmer Wilman CURIBANCO CARRION.

II.- TENER PRESENTE la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y del caso federal planteado.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente, devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá cumplimentar las notificaciones pertinentes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Sobre los distintos antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales en relación al concepto "secuela de juicio" y la adopción a esta tesis, nos hemos expedido con amplitud en autos "Castillo, Juan Mauricio Maximiliano s/inf. art. 189 bis del C.P.N. - Apelación" - Causa Nº 138-00-CC/2005, rta. 23-06-05.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas