marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prisión preventiva, sentencia, cosa juzgada
Materia: PENAL
Carátula: Pizarro, Francisco H. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-09

Si el art. 7 de la ley 24.390 era la ley vigente al momento del hecho, la aplicación retroactiva de la ley 25.430, que derogó esa norma, se halla vedada por el principio de legalidad material -consagrado en el art. 18 de la CN- en atención al carácter material que ostentan las reglas de cómputo de la prisión preventiva. La inmutabilidad del fallo condenatorio -propia de la cosa juzgada- es adquirida con la desestimación de la queja dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Catucci y Madueño).
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banchetti, Julio César c/ Robles, Cristina Alicia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-02

Si quien va circulando sobre su vehículo por la calzada advierte que adelante lo hace otro automóvil que exhibe un andar sinuoso o dubitativo, eso debe llevarlo a estar lo suficientemente alerta como para sortear la emergencia que pudiera producirse, guardando una distancia prudencial que lo preserve de posibles frenadas bruscas.

Máximo, cuando el auto que antecede ha arribado a una intersección arts. 64, 85, 86 y conc. de la ley 5800; art. 512 y conc. del cód.

civil).-
Acción cambiaria, pagaré a la vista, intereses, IVA, obligaciones de dar sumas de dinero, obligación tributaria, hecho imponible, suma líquida
Materia: COMERCIAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: BANCO MERCANTIL ARGENTINO SA. c/ TODO EL SUR SRL. s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-29

En la ejecución de un pagaré girado a la vista, resulta improcedente desestimar la pretensión del banco accionante en cuanto a la inclusión en la condena de la suma reclamada por el I.V.A.

sobre intereses, pues si bien este rubro no está comprendido dentro de los que pueden reclamarse mediante la acción cambiaria intentada en la hipótesis (DL 5965/63: 52), sin embargo, -tal como acontece en el caso-, el ejecutante cuenta con título procesal para cobrar esa suma, toda vez que demandó su cobro con base documental que alude al hecho imponible (primer artículo sin numerar incorporado por decreto 2633/92 a continuación del decreto 2407: 5º, reglamentario de la ley sobre I.V.A.) y, a más, la que reclama es obligación líquida y exigible de dar una suma de dinero (CPr: 520 y conc.).
Recusación y excusación, prejuzgamiento, doctrina
Materia: PROCESAL
Carátula: PODOLSKY  MARIO  JUAN c/ TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM SAS/ s/ UMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

No existió en la especie el "adelanto de criterio" invocado, toda vez que no hay prejuzgamiento cuando el juicio emitido ha sido indispensable en el momento en que se ha expresado y dentro de los límites de la cuestión considerada (conf. Colombo, C. J. -Kiper, C. M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado", t. I, pág. 189 y 192/3). Importa destacar que el instituto examinado: a) no es el medio apto para cuestionar los criterio empleados por los jueces para decidir los temas sometidos a su conocimiento (confr. esta Cámara, Sala 3, causa 7.982/93 del 22.4.99) y b) es de carácter excepcional y de interpretación restrictiva (confr. esta Cámara, Sala 2, causa 9.256/96 del 29.4.97 y sus citas).
Homicidio preterintencional, homicidio simple
Materia: PENAL
Carátula: Velázquez, Luis del Valle s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2014-07-10

El comportamiento del imputado que sacudió de forma brusca al bebé de su pareja debe ser encuadrado en orden al delito de homicidio preterintencional, pues el fallecimiento del menor se produce por el obrar imprudente del acusado, quien previa y dolosamente lo lesionó, generando un riesgo que se manifestó en el resultado final, siendo éste previsible y evitable, de acuerdo con las características propias del acusado, la corta edad del menor, la materialidad delictiva comprobada y el contexto del suceso. (Del voto del Dr. Muchnik)
Reconocimiento de firma, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. c/ OPEN SPORT SA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-17

El reconocimiento de firmas no puede hacerse por el defensor oficial -ya que se trata de una diligencia personalísima- por lo que debe recurrirse -al desconocerse su domicilio- a la citación edictal bajo apercibimiento de tener por reconocida la firma, citación en la que debe constar claramente su finalidad y el apercibimiento antes mencionado (cfr. sala B, 21.3.84, "Bco. Pcia. de Bs.As. c/ Del Zoppo, Tulio s/ ejec."; esta sala, 24.4.96, "Bco. de Cred. Argentino SA c/ Suaya, Elías s/ ejec."), resultando conveniente práctica indicar, además que se designará al defensor oficial para que lo represente. Apúntese, que la referencia contenida en el Cpr: 526 a los arts. 339 y 340, al determinar la forma como se citará al presunto deudor -en la preparación de la vía ejecutiva- no contradice la aplicabilidad del Cpr: 343
Accidente en espectáculo deportivo, responsabilidad del organizador, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Corral de Solana, Mónica c/ Mauriz, José Manuel y otros s/ Demanda Sumaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-05-30

...la Asociación de Volantes no adoptó las precauciones oportunas, según las circunstancias previsibles, para evitar la actualización del daño. Es en consecuencia responsable por el riesgo de la cosa, en tanto el daño reconoce su causa adecuada en la actividad propia de la entidad, en circuito de su propiedad destinado a ella. Esta responsabilidad objetiva por riesgo, cumple la función esencial de posibilitar el resarcimiento de la víctima toda vez que la verdadera causa del daño permanece desconocida y sólo se advierte exteriormente como tal el solo riesgo. Pero si la causa del daño reside además en una conducta culpable del dueño o guardián, la responsabilidad contaría con el apoyo de dos títulos resarcitorios que refuerzan el sustento de la obligación. Y no necesariamente debe considerarse la preeminencia genérica y abstracta del primero, salvo que la subsidiariedad estuviere expresamente dispuesta.
Derecho contravencional y de faltas, desobediencia
Materia: PENAL
Carátula: G., J. s/ Infraccion articulo 72 ter inciso f) del codigo de faltas (Expte Nº  273-98, Resolución Nº4, Tomo 5, Folio 387)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-04

El tipo contravencional del artículo 72 ter, apartado F) del Código de Faltas está estructurado sobre la desobediencia o falta de acatamiento de una concreta "indicación de la autoridad pública competente, tendiente a mantener el orden y organización del dispositivo de seguridad" (el subrayado nos pertenece), con lo que lo que debe existir y conocer el imputado es una concreta indicación, y el direccionamiento final de la misma a mantener el orden y organización del dispositivo de seguridad. Es que el tipo contravencional que estudiamos, de naturaleza eminentemente dolosa, requiere la voluntad de incumplir -no acatar- la orden, y semejante voluntad no parece posible considerar que haya estado presente en quien frente al conocimiento de ella presenta una alternativa al propio funcionario que la impartió, sin que ésta la rechace e insista en su primigenia orden. (DE LOS FUNDAMENTOS DEL DR.

OLAZABAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, ley procesal, interpretación de la ley, recurso de reposición (procesal), plazo, Poder Judicial, sanciones disciplinarias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: P, F. G. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Sanción   (Expte CSJ Nº 805-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-12

La ausencia de argumentaciones serias de la recurrente para rebatir la extemporaneidad -señalada por el Tribunal a quo- de la revocatoria planteada a la resolución que le impuso la sanción, impiden reprochar a éste carencia de motivación suficiente por aplicación de normas procesales que hacen al orden de todo juicio, como lo son el requisito de la temporaneidad, de la preclusión y de la consecuente firmeza que adquieren las resoluciones. Ello implica dejar en pie la sanción impuesta a la recurrente, lo que hace que la invocación en torno a la alegada violación de la defensa en juicio aparezca como una causal de arbitrariedad señalada en abstracto sin que se logre demostrar su configuración en la especie.
Secreto profesional, funcionarios públicos, denuncia, denuncia facultativa, denuncia obligatoria
Materia: PENAL
Carátula: Zambrana Daza, Norma Beatriz s/ infracción a la ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

El art. 167 del Código de Procedimientos en Materia Penal, que contempla el supuesto del secreto profesional, no hace referencia alguna a los funcionarios y empleados públicos, y tampoco contiene una prohibición expresa de formular la denuncia, pues se limita a disponer que no es obligatoria (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Jueces, deberes y facultades del juez, doctrina legal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de General Pueyrredón c/ Corchado, María s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-06

Si bien es cierto, que no existe una norma legal que expresamente obligue a los jueces a seguir la doctrina emanada de la Suprema Corte Provincial, ello surge implícitamente desde que las normas constitucionales prevén el recurso de inaplicabilidad de la ley a los fines de resguardar la correcta aplicación de la doctrina legal y en tanto las normas procesales imponen entre los deberes del Juez asegurar los principios de celeridad y economía procesal, todo lo cual no implica un ciego acatamiento a lo que aquel Tribunal dispone en tanto el Juez puede dejar a salvo su opinión en contrario.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montes de Oca, Hector c/ Empresa de Transportes M. Guemes s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

La tasa del 6% anual para intereses moratorios sólo resulta aplicable cuando procede la recomposición del capital como consecuencia de la inflación. Y si los valores fijados en la sentencia son créditos pendientes de pago, reconocidos judicialmente en la misma y de época posterior al período inflacionario esto es de fechas ulteriores al 31/03/91 se aplicará la tasa de intereses -pasiva- que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a 30 días, vigentes durante los distintos períodos de aplicación.(Ley 23928 art. 8, Cód. Civil art. 622)
Resoluciones inapelables, auto de prisión preventiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ZUKOWSKI, Judith R. s/ PRISION PREVENTIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

En el nuevo régimen procesal de la ley 23.984, el auto de prisión preventiva no es susceptible del recurso de apelación, existiendo otros institutos para procurar su neutralización.
Mediación, recurso de queja (procesal), juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Pioli Chadirjian, Gustavo y otros  c/  s/ ordinario s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-13

Corresponde revocar la decisión por la cual se rechazó in limine la demanda por haber caducado el trámite de mediación. Ello por cuanto la mencionada decisión es apta para ocasionar un perjuicio de imposible o difícil reparación ulterior por cuanto se vincula con los derechos de los justiciables a ocurrir ante la justicia.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: Di Prisco, Rosana Miriam Edith c/ Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24

Las objeciones vinculadas con los argumentos fácticos del fallo sólo traducen la discrepancia del recurrente con lo expresado por la Cámara sobre la base de fundamentos de hecho y prueba y de derecho común y procesal que, al margen de su acierto o error, bastan para sustentar lo resuelto y excluír la descalificación de la sentencia.
Honorarios del perito, contadores públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: J.J.CHEDIAK  S.A.I.C.A. c/ ESTADO NACIONAL (COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AEREA) s/ HONORARIOS  DE  PERITOS  - CONTADOR PUBLICO - CONSTITUCION NACIONAL -  DERECHOS Y GARANTIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

Para justificar una reducción en más de doce veces de los honorarios regulados al perito contador es necesario que la resolución final exponga razones acordes con la seriedad de las articulaciones de las partes.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montenegro, Ezequiel A. c/ Cavallo, Pablo C. s/ Usucapión. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

No es definitiva -a los efectos de los arts. 278 y 296 del CPC- la resolución de primera instancia dictada para mantener el buen orden y decoro de la causa, como tampoco lo es el pronunciamiento de la Cámara que declara mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra aquélla resolución. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
In dubio pro operario, duda
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, Marcela Fabiana y otro c/ Fundación hematológica s/ Cobro de pesos Echeverría, Marcelo César c/ Sancor SA. Ltda. s/ Diferencia de indemnización, etc. Ruiz, Humberto c/ Cervecería Bieckert S.A. s/ Remuneraciones adeudadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25|1993-12-28|1997-09-16

La duda a la que alude el art 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce o no en el juzgador y si éste no la tiene o no la manifiesta al pronunciarse en el fallo, la apreciación que efectúe el recurrente resulta irrelevante.
Detención, extraña jurisdicción, declaración indagatoria, plazos procesales, cómputo del plazo, traslado de detenidos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Belleggi, José A. y otros s/ recurso de casación Causa: 183
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-14

Si la detención se produce en extraña jurisdicción y por orden de otro magistrado, comienza a correr el plazo recién sólo cuando el instructor sabe que el detenido se encuentra a su disposición, y ello ocurre cuando el traslado se hizo efectivo, previa anotación a la orden conjunta.
Recurso de apelación (procesal), plazo
Materia: PENAL
Carátula: JOSE ESTOFA c/ DAVERI, LUIS GENARO Y OTRO s/ ESTAFA ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-12-20

La normativa del art. 13 de la ley 6.261 restitutoria de la ley 5.390 establece el plazo de 24 hs. para recurrir el auto que conceda o niegue la excarcelación, y por ser estos plazos comunes empiezan a correr desde la última notificación.
Deberes del juez, perspectiva de género, situación de vulnerabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Llebana, Marina c/ Yasco, Antonio s/ liquidación de la sociedad convivencial(F) (S / Casacion) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2023-02-02

Es deber y obligación de la magistratura efectuar un análisis de la casuística en miras al interés familiar y al mejor resultado del proceso, abordando el conflicto con perspectiva de género, disponiendo lo conducente para evitar todo perjuicio a las personas en situación de vulnerabilidad. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Carrizo, Luis Alberto y otro s/ Robo reiterado - Privación ilegal de la libertad - Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

No son suficientes, para acreditar que los hechos han de encuadrarse en la normativa del art. 166 inc. 2 del C.P., sólo lo manifestado por los testigos que han visualizado un objeto que responde a las características morfológicas de un arma de fuego pues de allí no puede extraerse su capacidad dañosa.
Empleados públicos, renuncia al empleo, denegatoria del beneficio
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gerez, Hugo Horacio c/ Banco de Catamarca en Liquidación s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-08-14

El Estado Provincial y Municipal en virtud de la transferencia de la Caja de Jubilaciones de la Provincia a la Nación, han dictado normas tendientes a facilitar la jubilación o retiro voluntario de los agentes de la administración pública, con el objetivo de recionalizar su estructura. Resultando imperativa la renuncia al cargo para acogerse al beneficio, ante la desprotección en que se colocaba a los agentes, el Estado a través de esas normas legales, ordenó el pago de una suma de dinero como adelanto de la jubilación, determinada en un 70% del haber, hasta tanto se acordara el beneficio, y para el caso de no ser otorgado, se previó reintegrar una suma de dinero equivalente al 30% restante de lo que hubiera sido el sueldo del agente en la administración, además de su reincorporación al cargo.

En el caso, surge claramente que la suma de dinero que el actor percibió, no nació de una obligación del Estado por una contraprestación del agente en su carácter de empleado público, toda vez que esta persona renunció al cargo, pues era condición sine qua non para intentar la jubilación y además porque existe una resolución que lo reincorpora, la que lógicamente presupone su desvinculación; ello permite concluir, que las sumas que percibió y debe percibir, nacen de un acto administrativo de carácter general que reconoce a un particular este derecho, generándose una obligación unilateral a cargo de la Administración Pública, y que al darse las condiciones legales exigibles, se hace acreedor el recurrente.

En tal caso, cuando un particular tiene un derecho cuya existencia no depende del reconocimiento administrativo por surgir expresamente de la ley, la simple negativa de la Administración de reconocerle su derecho constituye un mero pronunciamiento administrativo, que al no configurarse como acto administrativo, no surge a su respecto plazo de caducidad, pues no se está en presencia de una acción impugnatoria típica, sino ante una acción creditoria, cuyo único modo de extinción del derecho es, en virtud del factor tiempo, la prescripción, cuestión no debatida en autos. Por lo que corresponde hacer lugar a la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción y condenar a la demandada a pagar la suma de dinero que resulte de integrar al 70% de lo que venía percibiendo un 30% más, que deberá calcularse sobre lo que el agente debió percibir durante el tiempo que duró su desvinculación como empleado público, más el porcentaje equivalente por el SAC, con un interés del (8%) anual devengados hasta su efectivo pago.(Del voto de la mayoría - Dr. Cáceres -Dr. Contreras S/L) .
Derecho, robo calificado
Materia: PENAL
Carátula: POGONZA, DARIO HERNAN S.D. ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO E.P.D. ALVAREZ DE VERON s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-12

Aplicar la figura del art. 166 inc.2, párrafo 2, sin que se pueda demostrar de modo alguno la aptitud para el disparo del arma utilizada en un hecho delictivo, es un exceso que arremete contra principios de raigambre constitucional, como lo son los de legalidad y razonabilidad. Lo cual implica una aplicación inadecuada de una norma de derecho común, que la desvirtúa, equivale a decidir en contra o con prescindencia de sus términos y constituye una causa definida de arbitrariedad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Dependientes, debido proceso, relación de dependencia, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Guerrero, Ricardo c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-05

Quien aduce una relación de trabajo -en el caso, el ante administrativo- es quien debe acreditarla y no a la inversa, por lo que, frente a la imputación de un cargo, donde las garantías del administrado cobran especial relevancia y la menor duda debe ser siem-pre en su favor, es el organismo quien debe demostrar la procedencia de aquél y, en tal cometido, agotar los medios a su alcance para lograrlo (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 22.04.98, "Sureda, Víctor José"). (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Sentencia absolutoria, cuerpo del delito, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: De Jesús, Ricardo Martín s/ Robo Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-02-23

Parece oportuno y conveniente como solución que mejor concilia con el criterio de Justicia, emprender la senda de la absolución, frente a la orfandad probatoria en que nos deja la invalidez de la prueba viciada de nulidad, y en ausencia de otros elementos inculpatorios de peso para arribar a la certeza que reclama una condena, puesto que en la especie no ha sido debidamente acreditado el cuerpo del delito, conforme a las exigencias que emergen de la letra de los arts. 207 y ccs. y pese a la confesión que contiene la indagatoria del procesado, la misma para tener plena vigencia autoincriminante, debe reunir los requisitos establecidos en lo dispuesto por el art. 316 inc. 7) del C.P.M.P. .
Acción de amparo, trámites judiciales, francos rotativos, coronavirus, trabajadores de la salud, hospitales públicos, protocolo
Materia: PROCESAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Iñiguez, María Isabel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

En el marco de una acción de amparo la actora introdujo como pretensión sustancial que se le provea de elementos de higiene con más la implementación de medidas de seguridad y protocolos sanitarios adecuados para la prevención del COVID 19 en razón de su desempeño como franquera en el Hospital Moyano. Asimismo peticionó una medida cautelar para que antes del dictado de la sentencia se implementen las medidas necesarias para prevenir el contagio del mencionado virus y el otorgamiento de elementos de seguridad e higiene con más la implementación de protocolos sanitarios. La juez a quo receptó el requerimiento cautelar. Apela la resolución el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Hospital Moyano). En materia de medidas cautelares especialmente relacionadas con la protección de la salud se debe aplicar un criterio amplio siendo preferible el exceso en admitirlas que la parquedad en negarlas. La tutela cautelar peticionada se funda en el marco normativo dictado en un contexto de pandemia con efectos a nivel mundial declarada por la OMS en relación con el COVID-19 y que diera lugar al decreto 260/2020 mediante el cual se amplió por un año la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por la ley 27.541, así como el decreto N° 297/2020 de "asilamiento social, preventivo y obligatorio", con el fin de proteger la salud pública, y también a nivel local fueron tomadas medidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así, en el caso, en el supuesto de incumplimiento de las medidas de prevención adecuadas se pondría en riesgo la integridad psicofísica de la trabajadora así como la de su entorno familiar y pacientes que entren en contacto con ella en caso de enfermar, por lo que los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora exigidos para admitir la tutela cautelar solicitada se encuentran reunidos. Y toda vez que la accionada, sostiene haber dado cumplimiento con las medidas preventivas necesarias, solicitando una prórroga para demostrarlo, no se advierte de que manera lo resuelto le causaría agravio. Corresponde confirmar la resolución apelada. (Del voto del Dr. Corach, en mayoría).