Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15


SENTENCIA DEFINITIVA Nº:100257 SALA II Expediente Nro.: 47.513/2009 (Juzg. Nº 16) AUTOS: "MORILLAS ADRIANA ISABEL C/ ESTADO NACIONAL MINIS-TERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS POLICÍA FEDERAL ARGENTINA S/ DESPIDO".

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 15 de MARZO DE 2012	, reunidos los inte-grantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Adriana Morillas en procura del cobro de los rubros indemnizatorios detallados en el escrito inicial.

Contra tal decisión, se alzan la parte actora y la demandada, a tenor de los memoriales de fs. 157/161 y 166/168, respectivamente.	La actora se agravia por la no aplicación al caso de las disposiciones de la LCT. Cuestiona que no se incluya en la base de cálculo de la indemnización el código 282 (dec 2744/93) pues sostiene que dicho suplemento reviste carácter remunerativo y bonificable. Finalmente apela la imposición de costas.

Por su parte, la demandada finca su disenso en la condena al pago de la compensación prevista en el art. 16 del Estatuto del Per-sonal Civil de la Policía Federal Argentina. Afirma que el pronunciamiento se aparta del principio de congruencia porque reconoce beneficios que no fueron objeto de la litis ni pedidos supletoriamente por la demandante afectando, de ese modo, el ejerci-cio de su derecho constitucional de defensa (art. 18 CN). Sostiene que la compensa-ción reconocida es de corte administrativo por lo que debió agotar, previamente, la instancia administrativa y culminada ésta recién acceder a la Justicia. Por último, a mayor abundamiento, señala que el sentenciante no solo se ha excedido en cuanto al objeto de la litis sino también en cuanto a su competencia. Liminarmente cabe destacar en orden al cuestionamiento vertido por la demandada acerca de la competencia de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones que la excepción in-coada al respecto fue expresamente desestimada por el Sr. Juez a quo en la decisión que luce a fs. 85/86 y lo allí decidido en modo alguno fue cuestionado por el recurren-te (ver, silencio guardado frente a la notificación de fs. 89), por lo que dicha temática constituye una cuestión que ha quedado firme y preclusa (en similar sentido FGA Dictamen Nro. 50.455 del 13/5/10 in re "Navelino Carlos Julio c/ Asociación Mutual Fondo Compensador Fuerza Aerea Personal Civil s/ Diferencias de Salarios" del re-gistro de la Sala X).

Despejado ese tópico, se impone analizar los agravios expuestos por la parte actora respecto a la normativa que debe regir el vínculo y este aspecto de la queja no puede tener favorable acogida. Hago esta afirmación porque la Corte Su-prema de Justicia de la Nación en el precedente "Leroux" decidió que no es admisible sostener que la relación de empleo público se halla regida por la ley laboral común frente a la existencia de un régimen jurídico específico que reglamenta los derechos de los dependientes del organismo estatal y a la disposición del art. 2do. inc. a) de la LCT, según el cual el régimen no es aplicable a los dependientes de la administración pública, salvo que por acto expreso se los incluya en éste o en el de las convenciones colectivas de trabajo (CSJN, 30-4-91, "Leroux de Emede, Patricia c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", en D.T. LI-B, pág. 1847). El más Alto Tribunal también ha dicho que "dentro del concepto de empleo público están comprendidos tanto los supuestos de incorporación permanente a los cuadros de la administración, como aquéllos del personal contratado y temporario (F:311:216), marco éste ajeno al dere-cho privado -laboral o no laboral- y propio de la normativa administrativa (F:320:74)" (C.S.J.N., 5-10-99, "Castelluccio, Miguel c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ despido" C567 XXXIV).

Desde esta perspectiva, considero que resulta acertada la decisión del Sr. Juez a quo quien de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 inc a) de la LCT , decidió no aplicar las disposiciones contempladas en dicho cuerpo normativo (ver, en especial considerando V del pronunciamiento apelado) en la inteligencia de que no regían la relación mantenida entre las partes y desestimar, de ese modo, las pretendidas indemnizaciones derivadas de un despido incausado (arts 232, 233 y 245 LCT y arts 1 y 2 de la ley 25323 e indemnización del art. 45 de la ley 25345).

Precisado ello, se impone destacar que la ac-cionada solo cuestiona la condena al pago de la compensación prevista por el art. 16 del Estatuto del Personal Civil de la Policía Federal Argentina pero en modo alguno se agravia respecto de la aplicación al caso de la doctrina sentada por el Alto Tribunal en autos "Ramos", por lo que a mi juicio, este aspecto del decisorio llega firme a la Alzada.	La accionada alega que la contratación de la actora se sustenta en lo dispuesto por el art 844 del dto 1866/83 que expresamente establece que, "La Superintendencia de Bienestar está facultada para efectuar todas las contrataciones y adquisiciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, con cargo a las partidas de recaudación propia, de acuerdo con las normas de este capítulo y la reglamentación general sobre disposición de fondos que dicte la Jefatura de la Policía Federal Argentina. Para la defensa de los intereses del organismo el funcionar que ejerza su dirección contará con capacidad jurídica suficiente y asumirá la repre-sentación legal y administrativa que sea menester".	Ahora bien, de autos se desprende que la ac-tora fue contratada como psicopedagoga y su designación prorrogada en forma suce-siva por períodos no superiores al año, desde abril del 1998 hasta diciembre de 2004, aunque el vínculo se mantuvo hasta el mes de diciembre del 2007 pero sin formalizar los contratos por tiempo determinado como se había hecho hasta fines del 2004.

En este contexto, cabe concluir que las tareas para las que fue contratada eran propias y concretas del destino. Esta circunstancia unida al extenso lapso (más de nueve años) descartan la condición de transitoriedad que debería revestir cualquier contratación a término, condición que, por otra parte, no fue invocada ni menos acreditada por la demandada.

Desde tal óptica, y en la medida que, como se concluyó en el pronunciamiento recurrido, se produjo una desviación de poder por parte de la accionada, al encubrir un vínculo dependiente encuadrable en el empleo público bajo la figura de sucesivos contratos por "tiempo determinado", coincido con lo decidido en la instancia de grado, en aplicar, por vía de la analogía, la doctrina sen-tada por la Cortes Suprema en autos "Ramos 2 (Fallos 333:311) pues se impone la necesidad de otorgar protección a quien tuvo una legítima expectativa de permanencia laboral y no se encontraba encuadrado en el régimen jurídico del empleo público ni tampoco hallaba protección en la LCT por la exclusión que dispone su art. 2. Al res-pecto, he de poner de relieve que recurrir al recurso de la analogía (art 16 del Código Civil) resulta lícito cuando al sentenciar el juzgador debe enfrentarse, como en el caso, al silencio, a la oscuridad o la insuficiencia legislativa.

En síntesis, cabe considerar manifiestamente irrazonable dejar sin protección alguna a quien prestó servicios dependientes para la administración pública en forma ininterrumpida, en cumplimiento de funciones pro-pias y permanentes de esta última, bajo el ropaje fraudulento de contrataciones que supuestamente autorizaba el citado art. 844 del dto 1866/83 y que en realidad encu-brían una designación permanente.

En el marco descripto, y si bien deviene apli-cables, tal como se expuso, las consideraciones vertidas por el Alto Tribunal en el precedente individualizado, no menos cierto es que a diferencia de aquél (recuérdese que en "Ramos" el vínculo del actor se entabló con la Armada Argentina y el Dto 4381/73 aplicable a dicha relación autorizaba la contratación de personal y excluía expresamente cualquier reparación en caso de rescisión), en el supuesto que nos reúne existe una norma específica que es el art. 16 del Dto ley 6581/58 que establece la in-demnización a la que tiene derecho el personal civil que es separado de su cargo en la Policía Federal Argentina por otras causales que las tipificadas en el art. 14 del Dto 6581/58, a saber: a) por renuncia, b) por incapacidad física derivada por enfermedad incurable, c) por incapacidad física para el servicio, d) por jubilación, e) por cesantía o exoneración, f) por fallecimiento, g) por renuncia o pérdida de la ciudadanía argentina por nacionalización. Adviértase que en autos el vinculo de la Sra. Morillas con la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina no se rescindió por ninguna de las causales enunciadas en el mencionado art. 14 del Dto 6581/58 sino por aplicación del la decisión administrativa nro. 535/2007, de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, el art. 40 del Estatuto para el personal civil de la Policía, Dto ley 6581/58, Dto 894/2001 y demás normas complementarias (disposiciones todas éstas que regu-lan la situación del personal que había optado oportunamente por continuar su vínculo con la Superintendencia de Bienestar y tuviera un beneficio previsional de jubilación suspendido por aplicación de la referida normativa). De modo tal que, cabe considerar ajustada a derecho la decisión de la instancia anterior en cuanto reputa aplicable lo dispuesto en el art. 16 de referido Dto 6581/58 que prevé una compensación, para el personal con más de tres años de antigüedad y hasta un máximo de diez años, equiva-lente al 100% del último sueldo por cada año de antigüedad, calculado exclusivamen-te sobre el básico y la bonificación por antigüedad.	Al respecto, creo necesario señalar que la aplicación de dicho precepto normativo no resulta caprichosa ni antojadiza ni implica afectar el principio de congruencia judicial como parece deslizar la recurrente, sino que demuestra el correcto recurso a la máxima iura novit curia que impone al juez encuadrar el caso, normativamente, de acuerdo a los hechos denunciados por las par-tes, pudiendo suplir el aspecto jurídico mas no lo atinente a la cuestión fáctica discu-tida.

En efecto, su requerimiento se receptó sobre la misma plataforma fáctica descripta en el escrito inicial, aunque mediante una cali-ficación distinta de la vinculación invocada. Este actuar judicial es inobjetable a la luz de la vieja regla forense, que manda al tribunal a aplicar el derecho correspondiente (iura novit curia) sobre los hechos de la causa con prescindencia del encuadramiento jurídico erróneo en el que hubieran incurrido las partes (ver, en similar sentido, Sent. Def. Nro. 95286 del 9/10/2007 en autos "Riva René Albino c/ Banco de la Nación Argentina s/ indemnización artículo 212", con voto del Dr. Miguel Ángel Maza, al que adherí). A riesgo de ser reiterativa, quiero remarcar que el juez de anterior grado no se apartó del contexto fáctico definido en los escritos constitutivos sino que se limitó a encuadrar los hechos que la litigante sometió a su consideración, en el derecho apli-cable.

En tal sentido, reiteradamente se ha sosteni-do que es deber del judicante aplicar el derecho al factum acreditado y en la medida que ello no implique afectar el derecho de defensa de las partes, hipótesis que no vis-lumbro verificada en el caso.

Por lo expuesto, considero que debe recha-zarse este aspecto del recurso en examen y confirmar la condena impuesta con susten-to en lo previsto por el citado art. 16 del Estatuto del Personal Civil de la Policía Fe-deral.

El agravio vertido por la actora en torno a la omisión de computar en la base de cálculo el suplemento creado por el Dto 2744/93 con sustento en que tiene carácter remunerativo y bonificable no pude tener favorable acogida. Ello así porque, sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en el art. 9 del mencionado decreto, no menos cierto es que se intenta introducir en forma tardía una cuestión que no fue planteada en el escrito inicial -ni tampoco cuestionada en su vali-dez constitucional-, y esa circunstancia impide su consideración en esta Alzada por elementales razones adjetivas, vinculadas al derecho de defensa en juicio y al principio de congruencia procesal (arts. 34 y 277 C.P.C.C.N. y 18 de la Constitución Na-cional), por lo que cabe desestimar este aspecto de la queja y confirmar lo resuelto.

La apelación deducida por la actora en torno a la imposición de costas, tampoco puede prosperar. Hago esta afirmación porque de estar a las particularidades de la causa, al éxito sólo parcial de la demanda y al criterio novedoso para resolver aplicado como consecuencia del fallo dictado por el Máximo Tribunal, resulta acertado imponer las costas en el orden causado (art. 68, 2do. párra-fo, C.P.C.C.N.), criterio que cabe hacer extensivo a las de Alzada.

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada propongo que se regulen sus honorarios en el 25% y 25% respectivamente, de la suma que le corresponda percibir por lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de agravios; 2) Imponer las costas de Al-zada en el orden causado 3) Regular los honorarios de la representación y patro-cinio letrado de la parte actora y de la parte demandada, por la labor desarro-llada en la Alzada, en el 25 % y 25% , respectivamente de la suma que le corres-ponda percibir a cada una de ellas por lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza Graciela A. Gonzá-lez Juez de Cámara Juez de Cámara