Secreto profesional, derecho a la salud, derecho a la intimidad, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, prueba, prueba prohibida, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: " Cocca, Sergio Eduardo s/ nulidad ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-27

" el deber de confidencialidad que tienen los médicos respecto de lo que le comuniquen sus pacientes encuentra sustento constitucional en el derecho a la salud y a la intimidad del que gozan los ciudadanos (arts. 19 y 33 de la Constitución Nacional), como correctamente lo ha señalado el juez de la anterior instancia"."En relación con el primero de estos principios, difícilmente podría existir una adecuada atención médica si la persona no confía en que su médico guardará secreto de todo aquello de lo que se entere o comunique de forma confidencial en el marco del tratamiento de su padecimiento. Es en virtud de ello que la institución del secreto médico desde antiguo se encuentra prevista en los códigos de ética o leyes de ejercicio de cualquier profesión vinculada al arte de curar"."A partir de allí puede afirmarse que existe una razonable expectativa de intimidad en esa relación con el médico y toda la información que en ese ámbito surja, y, por lo tanto, quedará exenta del conocimiento generalizado por parte de los demás y no será objeto de intromisiones arbitrarias (en este sentido, Nino, Carlos S., Fundamentos de derecho constitucional, Ed. Astrea, Bs. As., 2000, pág. 327; y C.S.J.N. Fallos: 306:1892 "Ponzetti de Balbín"). Este derecho, que se desprende del artículo 19 de nuestra Ley Fundamental, también lo encontramos reconocido ampliamente en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 12 de la D.U.D.H.; art. 11 de la C.A.D.H.; art. 17 del P.I.D.C.P.; y arts. 5, 9 y 10 de la D.A.D.D.H.)"."Es decir, que el valor que cobra la intimidad encuentra sustento en el hecho de que terceros no adquieran un poder indebido sobre actos propios"."Precisamente, por tratarse de un aspecto de la vida cotidiana tan trascendental por los intereses superiores que se encuentran en juego, como la salud y la intimidad, ha sido fuertemente reglamentado el deber de guardar secreto médico. En particular, encontramos que el artículo 11 de la ley 17.132 -régimen legal del ejercicio de la medicina- establece que: "Todo aquello que llegare a conocimiento de las personas cuya actividad se reglamenta en la presente ley, con motivo o en razón de su ejercicio, no podrá darse a conocer, salvo los casos que otras leyes así lo determinen o cuando se trate de evitar un mal mayor, y sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal, sino a instituciones, sociedades, revistas o publicaciones científicas, prohibiéndose facilitarlo o utilizarlo con fines de propaganda, publicidad, lucro o beneficio personal". El Código de Ética de la Confederación Médica de la República Argentina (del 17/04/1955) contiene prescripciones similares"."De un modo más genérico, también desde el derecho civil, a través del artículo 1071 bis del Código Civil, se prohíben las intromisiones arbitrarias en la intimidad de las personas, lo que atrapa a esa relación del paciente con el médico. Y, en el ámbito del derecho penal, ese secreto lo encontramos protegido por el artículo 156 del Código Penal que sanciona al que teniendo noticias, por razón de su...profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo relevare sin justa causa"."En primer lugar, debe descartarse que los médicos hayan estado obligados a comunicar a la autoridad los hechos de los que tomaron conocimiento de parte de Cocca pues no se trataba de un delito de los mencionados en el artículo 177, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no era contra la vida y la integridad física y, por otro lado, los conocieron en el marco del secreto profesional, por lo que tenían vedado, como señala ese artículo, divulgarlos"."Si a ello sumamos el deber de abstención que tienen los médicos de declarar sobre los secretos que tomaron conocimiento en ejercicio de su profesión que surge del artículo 244 del mismo código, se destierra toda posibilidad de interpretar que estos profesionales podrían igualmente denunciar a sus pacientes en atención a la facultatividad de ese acto (artículo 174 del C.P.P.N.) o que la denuncia penal sea siempre justa causa en los términos del artículo 156 del Código Penal. Es que una exégesis de este tipo -como pretende el fiscal- desconoce que, estando en juego un aspecto de la intimidad de las personas, "...sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen" (C.S.J.N. Fallos: 306:1892 "Ponzetti de Balbín"), y en nuestro sistema es la misma ley procesal penal que excluye esa posibilidad". "Podrá haber en algunos casos justa causa para levantar el secreto profesional y denunciar penalmente al paciente, pero para ello será necesario, por ejemplo, que exista una amenaza de un mal futuro que pueda evitarse para el mismo enfermo, el facultativo o terceros, pero no por el sólo interés en el castigo de los delitos. Ello se debe a que, para poder limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el derecho que ampara al imputado, no alcanza con la mera invocación de que se trata de una investigación penal de un delito grave ni tampoco con señalar que todos los derechos son relativos, sino que se requiere la necesidad de preservar otros derechos (en este sentido, de esta sala, causa n° 38.513 "Prieto" reg. n° 1243, del 14/11/2006, con cita de la C.S.J.N.

Fallos: 312:496 y de Nino, Carlos S., Fundamentos de derecho constitucional, ed. Astrea, Buenos Aires, 2002, pág. 481)"."Como principio, en nuestro sistema de garantías la regla es el secreto profesional y la excepción el deber de revelarlo por justa causa, la que nunca podrá ser la sola finalidad de exponer al necesitado a un proceso penal (en este sentido, Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, T° IV, ed. Tea, Bs. As.

2000, pág. 148; Núñez, Ricardo, Derecho Penal Argentino, Ed.

Bibliográfica Omega, año 1967, Tomo V, págs. 131/132). Esta ha sido, por otro lado, la doctrina desde antiguo por parte de este Tribunal (de esta sala, causa n° 25.883 "Zambrana Daza", reg.

64, del 14/02/1995; de la sala II, causa n° 13.778 "Zambrana Daza" reg. 15431, rta. 15/05/1998; causa n° 30.744 "Tenca", reg.

518, rta. 08/07/1999; y causa n° 17.181 "Morelli", reg. n° 18.507, del 23/03/2001)"."En este punto, resulta trascendente poner de resalto el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde en un caso análogo al presente se resolvió absolver al imputado (c.n° 4733 "Baldivieso, César Alejandro s/ recurso de hecho", de fecha 20/04/2010) dejando de lado el criterio del máximo tribunal del precedente "Zambrana Daza" invocado por el fiscal en su recurso. En este mismo sentido se expidió la Dra. Angela Ester Ledesma en su voto en disidencia en la causa n° 11.136 "Muñoz Alcalá, Paulino", rta.

el 22/02/10, reg. n° 137/10 de la Sala III de la C.N.C.P."."Es por este motivo que, más allá del interés público que reclama la determinación de la verdad en el juicio, resulta decisivo para la solución de este caso tener en cuenta que aquí no se encontraban en juego otros intereses que permitieran justificar el proceder de los médicos, pues el transporte del estupefaciente ya se había frustrado, y nada indicaba que este sujeto estuviese en condiciones de seguir su plan. El imputado, a diferencia de lo que sugiere el recurrente, no le estaba pidiendo a los médicos que se transformasen en cómplices o encubridores de su delito, sino sólo que le salvasen la vida"."Por otro lado, entendemos que no corresponde realizar una distinción entre el carácter público o privado del establecimiento en el que se desarrollaron los hechos y, de ese modo, distinguir entre profesionales-funcionarios y profesionales-particulares, toda vez que aquella circunstancia en nada debe inferir respecto a los deberes y obligaciones que aquellos guardan". "En este sentido, explica Soler que "la admisión del principio contrario importa sancionar directamente un privilegio de clase altamente inmoral, pues las pobres gentes que concurren a la Asistencia Pública o a los hospitales de caridad se pondrían automáticamente en manos de la justicia. En cambio, al mismo médico, después de atender su servicio hospitalario gratuito, sería posible, en su consultorio, comprarle, junto con la tarjeta, el silencio profesional considerado por todos, en ese caso, como obligatorio. La obligatoriedad del secreto no depende en absoluto de la forma gratuita o remunerada con que fue prestado, sino de la naturaleza misma del socorro, de su carácter necesario, y esta condición la tiene tanto el socorro del médico particular como el del médico empleado, y aún es más frecuente que la intervención de los servicios públicos tenga lugar en situaciones extremas" (Soler, Sebastián, ob.cit., pág.

150/1)"."Es decir, que el carácter de funcionario que tienen aquellos médicos que integran los servicios de salud estatales no los releva de la obligación de conservar el secreto profesional, pues la ley no realiza distinción alguna en este aspecto y, de admitir lo contrario, se estaría dando privilegios a quienes por su poder económico tienen la posibilidad de concurrir a centros de atención privada"."Así las cosas, aclarada dicha cuestión, coincidimos con el a quo en cuanto a que no puede iniciarse proceso en virtud de la denuncia de un médico pues ello implicaría desconocer que su conocimiento llegó a las autoridades policiales en virtud de la violación del derecho a la salud e intimidad del imputado, lo cual no puedenunca ser sustento de la actividad de investigación del Estado"."Finalmente, mal puede sostenerse que un criterio como éste aliente este tipo de prácticas ilícitas cuando la experiencia indica que es la pobreza y la desesperación lo que, en la mayoría de los casos, arroja a estas personas a arriesgar seriamente sus vidas. El Estado cuenta con suficientes herramientas para tomar conocimiento de los delitos sin