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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, juicio, partes, maniobras dilatorias, multa, facultades del juez, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TUTTOLOMONDO, SERGIO RUBEN c/ ASOCIART ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-05-02

Cabe desestimar los reproches vinculados a la multa por conducta obstruccionista prevista en el artículo 275 de la ley 20744, en tanto permanece incólume lo señalado por la Sala en el auto denegatorio en cuanto a que el proceder dilatorio del demandado quedó evidenciado al apelar este último la totalidad de la sentencia y luego expresar agravios respecto de la aplicación del DNU 669/19 y sus intereses, coartando la posibilidad de ejecución del crédito reconocido y dilatando inmotivadamente el proceso en perjuicio del trabajador; y sobre la aplicación de la sanción en concreto, esta Corte provincial tiene dicho que -en principio- calificar la conducta del empleador en orden a lo dispuesto por la norma antes mencionada, constituye una facultad privativa de los jueces de grado que, en tanto no desborden los límites que las leyes autorizan y no medie un evidente exceso en sus facultades, resultan exentas de revisión por esta vía de excepción, salvo que se alegue y se demuestre arbitrariedad en lo decidido, extremo que no surge evidenciado en el caso y sella la suerte adversa del remedio intentado. - CITAS: CSJStaFe: Vallejos, AyS T 196, p 137. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 275; DNU 669/19
Accidentes de trabajo, guardián de la cosa, cosa riesgosa, caballos de carrera
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: NUÑEZ, JUSTO c/ STD EL TURF Y OTROS s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

La persona que estaba autorizada para hacer correr por su cuenta y orden a un caballo en un hipódromo, reviste el carácter de guardián de una cosa riesgosa, en los términos del art. 1113 del C.Civil. En tal sentido, responde por las consecuencias derivadas del accidente causado por el equino al jockey que lo montaba, dentro de las instalaciones del hipódromo.
Contrato de obra pública, liquidación final
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jaime Bernardo Coll Construcciones c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

Cuando por los complejos circunstanciales de la obra pública -de alcances extraordinarios por su configuración- no ha sido posible arribar a un balance definitivo de la misma que posibilita la extinción de las recíprocas obligaciones si la liquidación final ha sido perseguida por la actora sin éxito, es justo condenar a la Administración a practicarla utilizando todos los elementos necesarios para ello.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Polino, Héctor y otro c/ Poder Ejecutivo (Exp. Feria 5/94) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Es admisible el recurso extraordinario si se ha puesto en tela de juicio la inteligencia de la Constitución Nacional y la decisión fue contraria a la validez del derecho que se funda en ella.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, aplicación de la ley laboral, principios laborales, policía del trabajo, ius variandi, modificación del contrato de trabajo, cambio de horario
Materia: LABORAL
Carátula: LAVIN, LAURA RAQUEL c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE AGRIMENSORES, INGENIEROS, ARQUIT. Y/O PROFESIONES AFINES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-13

La facultad del empleador de introducir cambios relativos a las modalidades de la prestación del trabajo, configura un ejercicio irrazonable de sus facultades porque importa una alteración de una modalidad esencial del contrato (art. 66 LCT).

En efecto si la demandada incurre en un ejercicio abusivo del ius variandi se debe tener por legítimo el autodespido de la actora,lo que nos permite sostener que no existe el supuesto previsto por el Art. 2, último párrafo, Ley 25.323.
Comisión Nacional de Valores, bolsa de comercio, mercado de valores, fondos comunes de inversión, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Fos, Francisco c/ Banco Patagonia SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

Pesa sobre el administrador de fondos de inversión la actividad propia de management o inversión de los fondos bajo su gestión, lo cual, de suyo, impone la conclusión de que, si bien él no debe ningún resultado, sí debe todo aquello implícito en una obligación de medios que supone en el obligado, alta sofisticación y conocimiento del mercado, obligación que debe cumplir de manera profesional, con la diligencia del buen hombre de negocios, en el interés colectivo de los inversores y priorizando en todos los casos dicho interés (ley 24083: 3). Es por eso que la ley lo hace responsable de los perjuicios que sufran los inversores a causa del incumplimiento de esas obligaciones (art. 4 misma ley), que, al menos en lo que respecta a los fondos comunes de inversión, ha sido objeto de precisa regulación destinada a proteger al ahorrista por la vía de evitar los conflictos de intereses que surgen en toda actividad financiera en que se designa para actuar a un fiduciario (ver, entre muchos, Elespe, Douglas, Bancos y mercados de capitales. La arquitectura del sistema. Fundamentos de la regulación y supervisión, LA LEY 2018-F, 911).
Obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, convertibilidad, Ley de desindexación
Materia: LABORAL
Carátula: METZ, OSCAR c/ EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA SA s/ COBRO DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

De los arts 4 y 5 del decreto 794/94 que regula pautas de aplicación para la Administración Pública en tanto deudora de obligaciones indexadas, surge claro el principio de que el valor real y actual de las deudas dinerarias es el valor actualizado que tenían al 1/4/91 cuando cesó toda actualización según ley formal.

Sin perjuicio de que tales pautas sólo revisten un valor de meras guías auxiliares para al juez cuando se trata de una obligación entre particulares, cabe puntualizar de modo ilustrativo que la Administración Pública dentro de ese régimen está habilitada a cuestionar la liquidación actualizada, pero no en cualquier caso sino solamente en el supuesto de que dicho valor actualizado al 1/4/91 distorsione con irrazonabilidad manifiesta el "valor" actual de la prestación. No cualquier impresión subjetiva o evaluación más o menos interesada del deudor, así fuere ligera o aislada, resulta suficiente para la eventual limitación o recorte de la actualización monetaria. Se requiere que la distorsión sea manifiesta, lo que constituye una pauta inicial orientadora en un campo plagado de incertidumbre e indefiniciones como el que instaurara la ley 24.283.
Farmacéuticos, aplicación del convenio colectivo, lugar de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: R., M.  c/ J. D., D. del C.  s/ cobro de pesos e indemnizaciones de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-08

Corresponde aplicar el CCT 659/2013 (de Trabajadores de Farmacia), a la relación laboral entre el trabajador y la accionada, dado que si bien el local en donde se desempañaba el actor no era una farmacia, el mismo se encontraba habilitado como Botiquín de Farmacia con Anexo, y dicha habilitación constituye un Botiquín de Medicamentos, tal como lo menciona el art. 2 de la Ley 17.565 (Régimen Legal del Ejercicio de la Actividad Farmacéutica). (Del voto en disidencia del Dr Früchtenicht)
Desbaratamiento de derechos acordados, bien jurídico protegido
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PAGLIARUOLO, Francisco R. s/ SOBRESEIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-22

El delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, no sólo protege la propiedad como bien jurídico, sino también la confianza que debe mediar entre las partes cuando se frustra maliciosamente el cumplimiento contractual, que se torna imposible, incierto o litigioso.
Pagaré, intereses, intereses convencionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Campagna Marta Noemi c/ Infante Ramona del Carmen y Otros s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-17

Si las partes convinieron los intereses a devengar a partir del vencimiento del pagaré, su reclamo -en principio-, se conforma a derecho ya que integra el contenido de la prestación cambiaria en los términos del art. 52 inciso 2do.del Decreto Ley 5965/63.

(Minoría u opinión personal)
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JEANMAIRE LIDIA F. c/ JEANMAIRE E.P. s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-17

Frente al tercero extraño al "vinculum juris" existente entre apoderado y mandante -en el caso, la parte contraria- la renuncia del mandatario es inoponible, hasta que no se den todos los presupuestos de cesación del mandato, específicamente, la diligencia notificatoria de tal renuncia a dicho mandante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Administración General de Puertos, depósito aduanero, depósito de la carga, obligaciones del depositario, responsabilidad de la administración portuaria, caso fortuito, fuerza mayor, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CALEDONIA ARGENTINA CIA DE SEGUROS SA C/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ QUINQUELA MARTIN Y OTRO S/FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP Y/O FLET BQ QUINQUELA MARTIN Y OTROS s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Esta cámara ha sentado el principio general en materia de depósito, ya que la AGP asume las obligaciones propias del depositario, la responsabilidad de la administración portuaria, relativas a la recepción y guarda de los efectos importados, correspondiendo interpretar restrictivamente las excepciones previstas en la legislación aduanera; y quien alega el "caso fortuito o fuerza mayor" debe probar la concurrencia de los requisitos que lo configuran, es decir que fue imprevisible, inevitable, ajeno al deudor y con aptitud para impedir el cumplimiento de la prestación debida, estando a cargo de quien lo invoca la prueba de dichos extremos. Asimismo, la responsabilidad de la AGP por el hecho de sus dependientes es inexcusable" (vid. Sala III, in re "Boston Cía Arg de Seguros SA c/AGP s/cobro", causa n° 6755 del 6.7.90, entre otras).
Recurso extraordinario, cuestión federal, cuestiones federales simples, medicina prepaga, personas con discapacidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cambiaso Péres de Nealón, Celia María Ana y otros c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Médicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-28

Procede el recurso extraordinario si la demandada ha fundado su derecho en una interpretación de la legislación federal, de acuerdo con la cual la ley 24.901 no genera obligaciones a cargo de las empresas de medicina privada, y la sentencia dictada ha sido contraria tanto a esa interpretación de la ley como al derecho que en ella apoyara la recurrente (art. 14.3 de la ley 48) (Disidencia de las Dras. Elena I. Highton de Nolasco y Carmen M. Argibay).
Calumnias, injurias, juicio por delitos de acción privada, audiencia de conciliación, desistimiento tácito de la acción, renuncia del agraviado, extinción de la acción penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Estenssoro, J. A. s/ Querella Art. 109 C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-03

Entender que eventuales deficiencias en cuanto a la acreditación la comparecencia por parte de la querella trae aparejado el desistimiento tácito de la acción instaurada, constituiría un excesivo rigor formal.

Es que no debe olvidarse que la consecuencia adoptada, desistimiento tácito y consecuente extinción de la acción penal, es de naturaleza excepcional y limitada, máxime en atención a lo que expresamente se legisla en el art. 2 del C.P.P.N. en el sentido de que toda disposición legal que limite el ejercicio de un derecho o que establezca sanciones procesales, debe ser de interpretación restrictiva, criterio también imperante en el ámbito de los principios generales del derecho en materia de renuncia de los derechos (art. 874 del C.C.).

Ello ocurre cuando, como en el caso, se interpreta como desistimiento tácito y se da por extinguida la acción penal promovida por el delito de calumnias e injurias, con fundamento en que el querellante no acreditó el haber concurrido a la audiencia, cuando surge su solicitud de nueva audiencia por escrito receptado por el a-quo veinte minutos después de la hora prefijada a tal fin, más aún cuando no surge elemento alguno que acredite lo afirmado por la querella en cuanto a su presencia.
Jueces, deberes del juez, verdad jurídica objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Blanco, Orlando Miguel c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 552-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-07

El quietismo del órgano judicial, cuando a sabiendas no accede a la verdad que podía sin embargo haber obtenido si hubiera desplegado la actividad oficiosa que el cuadro de situación específica le demandaba, equivale al supuesto más frecuente en que la sentencia ha prescindido de considerar elementos de prueba conducentes a la solución profunda y debida a la causa. Lo que importa colisionar de frente con lo que nos debe guiar en esta problemática: componer el proceso con justicia.
Accidente de tránsito, responsabilidad indirecta, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL
Carátula: STEINFELD, Enrique c/ SCELZO, Félix s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

El art. 1113 del C. Civil legisla sobre la responsabilidad del principal por el hecho ilícito de su dependiente, siendo requisitos comunes de la responsabilidad por el hecho ajeno la relación de dependencia y la comisión del hecho ilícito por el dependiente. En el supuesto del patrón, atento la naturaleza de la relación de dependencia, surge además el requisito de que el dependiente haya obrado en ejercicio de la función encomendada, pues más allá de ésta el agente deja de estar bajo su dependencia, como lo impone el mencionado artículo.
Corretaje, comisión del corredor, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOZA, ARCHIBALDO c/ TOPYED  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

Cabe reconocer al corredor el derecho al cobro de la comisión de conformidad con el Código de Comercio III, aún cuando el contrato se hubiere concluido en condiciones distintas, pero en términos que tengan relación y origen directo con las que el corredor propusiere, habiendo desplegado actividad específica para vincular a las partes dentro del término de la autorización y aún cuando el contrato se cristalizara luego de encontrarse ésta vencida, pero entre las mismas partes acercadas.

(En el caso, en lugar de una cesión o transferencia de contrato de alquiler, se formalizó una locación lisa y llana).
Derechos y garantías constitucionales, detenido, debido proceso, defensa en juicio, patrocinio letrado, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, recurso in forma pauperis
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Martínez, Rubén Alejandro y otros s/ p.ss.aa. robo calificado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

Los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de la ley, y es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda.
Recurso de casación, falta de cita legal
Materia: PROCESAL -PENAL
Carátula: IRUSTA, DANIEL ALBERTO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - RECURSO CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-07

No constituye exageración infundada ni mero tecnicismo reclamar la determinación legal del vicio, su ubicación en el espectro de hipótesis delineadas por el art. 171 C.P.P. en sus tres apartados y el perjuicio sufrido, en tanto sólo estos recaudos permitirán al tribunal de casación fiscalizar de qué manera la violación al art. 155 de la Constitución de la provincia se entronca en alguna de las previsiones genéricas del art. 171 CPP, para empinarse como nulidad absoluta; si a esto agregamos que este precepto enuncia situaciones jurídicas referidas al juez o tribunal, al ministerio fiscal y al imputado, va de suyo que al tribunal de casación le está vedado no ya aplicar libremente el derecho sino poner los hechos determinantes de esas situaciones trascendentes para el derecho; no sólo para frustrar el quebrantamiento de la regla de contradicción en el proceso sino también del requisito de autonomía del recurso intentado.

Por todo ello, en el caso era imprescindible el concreto señalamiento por el recurrente de la real situación del inc. 3 del art. 171 CPP a que se refería su demanda; si no lo hizo así, la exigencia no debe ser tenida como de intensidad o rigor excesivo que derive en arbitrariedad pues reconoce sustento legal suficiente.
Emergencia habitacional, situación de vulnerabilidad, derecho a la vivienda digna
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en htlm contra gcba sobre amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

Si bien la ley n° 4036 prevé la obligación de garantizar el acceso a la vivienda, lo hace con relación a cierto grupo de personas, esto es, solo quienes presenten las características referidas en el art. 18 y el art. 25, inc. 3 de la referida ley y no, con respecto a otras. Es decir, dentro del universo de personas en situación de vulnerabilidad social, la ley n° 4036 distingue entre personas con discapacidad y adultos mayores, a quienes les reconoce el derecho a un alojamiento, y el resto de las personas en esa situación, quienes tienen acceso a las políticas sociales que instrumente el GCBA. A su vez, dentro de este último grupo, la ley n° 4042 asigna preferencia a los grupos familiares con niñas, niños y adolescentes. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Prescripción, interrupción de la prescripción, inhibición general de bienes, sentencia de trance y remate
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO COOP. AGRARIO ARGENTINO LTDO. c/ PAVON, RAMON s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

Los pedidos de reinscripción de la inhibición general de bienes, la liquidación practicada y la solicitud de libramiento de oficios y testimonios a esos fines, gozan del carácter interruptivo de la prescripción, pues habiéndose presentado con posterioridad al dictado de la sentencia de trance y remate es claro que tales medidas traslucen el interés en percibir la acreencia por la que se ordeno llevar adelante la ejecución.
Impuestos, régimen penal tributario, extinción de la acción penal, aceptación de la pretensión fiscal, cumplimiento de la obligación, pago en cuotas, facilidades de pago, sobreseimiento, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: PARDO GARCIA, HECTOR s/ Incidente de extinción de la acción penal Causa Nro. 36610.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

1-El art. 14 de la ley penal tributaria establece la extinción de la acción penal cuando, aparte de otras condiciones se dan dos recaudos sustanciales:la aceptación de la pretensión fiscal y que se trate de la única vez en que se procede de esa manera (Del voto de los Dres.

Hendler y Repetto).- 2-La exigencia del efectivo cumplimiento de las obligaciones (Cf.

"Criscola" Sala A, Reg. 109/93) debe entenderse circunscripta a aquellas obligaciones que estuvieran supeditadas a plazos no vencidos (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- 3-La aceptación de un plan de pagos futuros para amortizar gradualmente una deuda anterior aún cuando no suponga una novación de la obligación, supone igualmente la renuncia del derecho del acreedor a obtener una prestación íntegra y en el plazo originariamente acordado (Cf. C.C., Art. 742 y 750); en tales condiciones, la única efectivización de cumplimiento que cabe verificar es la de las amortizaciones que fueran de plazo vencido (Del voto de los Dres.

Hendler y Repetto).- 4-Corresponde confirmar la resolución que declaró la extinción de la acción penal pues la pretensión de la Dirección General Impositiva de postergar dicha declaración hasta el pago de la última cuota tornaría inoperante al Art. 14 mencionado y sería incompatible con el trámite del proceso penal conduciendo a excluir toda posibilidad de extinción en esos casos (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).
Sentencia arbitraria, revocación de sentencia, excarcelación, caución personal, Derechos humanos, delitos contra la humanidad, prisión domiciliaria, derechos y garantías constitucionales, Ministerio Público, fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte, imputado, peligrosidad del imputado
Materia: PENAL-PROCESAL-POLITICO
Carátula: V , Alberto Gabriel s/ causa N° 10919
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-17

Es arbitraria la sentencia de la Cámara de Casación Penal que concedió la excarcelación bajo caución personal a quien está imputado de gravísimas transgresiones a los derechos humanos, puesto que no sólo desconoció la doctrina del Máximo Tribunal en cuanto ponderó como menos lesiva la detención cautelar domiciliaria respecto del encarcelamiento con idéntico fin en tanto medida adecuada que no viola las garantías fundamentales del acusado, sino que además se negó a efectuar consideración alguna respecto de dicha postura, concretamente invocada por el Ministerio Público. (Del voto de la mayoría que remite al Dictamen del Procurador Fiscal).
Apreciación de la prueba, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Flores Patricio Daniel c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-17

El planteo formulado por la apelante guarda íntima vinculación con el único agravio que esgrime contra la sentencia definitiva (esto es, con el fondo del asunto: valoración de la prueba pericial médica producida y la eventual determinación de incapacidad en el actor), corresponde en este estado del proceso denegar la apertura a pruebas que interesa el accionante apelante, a fin de evitar adelantar cualquier decisión sobre el fondo de la cuestión que pueda afectar el normal desarrollo del presente proceso. Ello, sin perjuicio de hacer uso esta Alzada en oportunidad de conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva- de las facultades que en beneficio de la consecución de la verdad real establece el inc. a) del art. 8 del CPL como directriz general de todo el ordenamiento instrumental laboral entrerriano (Voto Ronconi-Romero)
Juicio de alimentos, divorcio contradictorio
Materia: CIVIL
Carátula: G.,  E.A. c/ B. de G.,  L.M. s/ Alimentos.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-25

Si al trabarse la litis en el juicio de alimentos ya se encontraba deducido el de divorcio seguido entre las partes, la cuestión debe regirse por lo dispuesto por el art. 231 del Código Civil. Es decir que el juez podrá fijar los alimentos que deban prestarse al cónyuge a quien correspondiera recibirlos. En este sentido en cuanto al derecho alimentario y su contenido rige el art.

198 del Código Civil y frente al silencio de la ley habrán de aplicarse por analogía las pautas señaladas en el art. 207 del Código Civil.