Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-02-18


La Plata, febrero 18 de 2009.

Antecedentes 1.a. Los señores Alberto Marcos O'Connor y Juan Carlos Falco, por apoderado, promueven la acción receptada en el art. 161 inc. 1º de la Constitución provincial solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la ley 11.959, por la cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación unos terrenos de su propiedad ubicados en el Partido de San Isidro.

Argumentan que los arts. 1, 2, 4 -inc. c-, 7 y 8 de la citada ley violan su derecho de propiedad garantizado en la Constitución provincial, así como en la nacional.

Sostienen que incoan la presente acción en forma preventiva, desde que a la fecha de su interposición, los preceptos impugnados no le habrían sido aplicados a los demandantes.

b. Postulan que las tierras de su propiedad fueron expropiadas "con el pretendido sustento de que ellas se encuentran ocupadas por más de una centena de intrusos desde hace muchos años" (conf. fs. 67). Pero -advierten- ello no responde a la realidad de los hechos.

Relatan, en tal sentido, que adquirieron los lotes en conflicto el 27-VII-1992, con el fin de subdividirlos para la posterior construcción de un barrio residencial, similar a los que rodean el predio expropiado.

Puntualizan que el 14-IX-1992, por decreto 2506, el Intendente municipal de San Isidro promulgó la ordenanza 7049 por la que fue autorizada la unificación y nueva subdivisión de las parcelas englobadas en este barrio. Asimismo, que al 23-III-1993 y al 26-III-1993 -respectivamente- se contaba con factibilidad técnica aprobada por la entonces Obras Sanitarias de la Nación, para el tendido de la red de agua potable en el inmueble reseñado y la correspondiente a Gas del Estado para la obra de gas natural. Adjuntan documentación en tal sentido.

Recuerdan que con fecha 14-IX-1993 fue labrada un acta notarial de constatación que da cuenta de la existencia de un cerco perimetral con alambrado olímpico que encierra todo el predio, dejándose constancia -además- sobre el ejercicio por los actores de la posesión pacífica y sin oposición de terceros.

Señalan que al advertir la ocupación ilegal de las calles Uspallata, Padre Acevedo y Del Valle Iberlucea por intrusos no identificados, el 24-X-1995 formularon una denuncia ante la Municipalidad de San Isidro con el objeto de que el Intendente municipal ejerciera las acciones pertinentes en resguardo y protección de los bienes del dominio público bajo su cuidado y tutela. En el marco de tales actuaciones, los accionantes recibieron una comunicación de la comuna local donde se les informó que la Municipalidad, había promovido acciones judiciales para el desalojo de los ocupantes ilegales ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nº 3, Secretaría nº 6 del Departamento Judicial de San Isidro.

Destacan que observando lo actuado por el municipio, que sólo se refería a la intrusión de la calle Del Valle Iberlucea sin resolver el mismo problema que se exterioriza en las calles Uspallata y Padre Acevedo, nuevamente se dirigieron a la autoridad local para reiterar su pedido originario.

Prosiguen su relato destacando que a mediados del año 1996 detectaron una pequeña ocupación de un alero de una vivienda que penetraba en el lote 20a de la manzana 61, reseñan que el 29-VIII-1996 se inició por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nº 14, Secretaría nº 3 de San Isidro una diligencia preliminar para determinar la identidad de los ocupantes y el carácter de la posesión que detentaban tanto de esa pequeña fracción como de la calle Uspallata. La medida arrojó como resultado la identificación de los ocupantes contra quienes, el 12-VI-1997 se inició acción de reivindicación ante el mismo juzgado y secretaría antes señalados. Acollarada a la presente causa obra copia certificada del referido expediente judicial 50.775/97.

Mencionan también que el 11-VI-1997 denunciaron ante el municipio local nuevamente la intrusión de las calles públicas Padre Acevedo, Uspallata y Del Valle Iberlucea.

c. En lo que califican de "insólita actitud asumida por la Legislatura", reseñan que fue sancionada una ley (11.959, B.O. de fecha 10-VI-1997) que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación, entre otros, los inmuebles de los aquí actores, disponiéndose que las parcelas expropiadas serían adjudicadas en propiedad, a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes con cargo de construir una vivienda propia. La disposición expropiatoria fijó como requisito para alcanzar la condición de adjudicatario de los lotes, el haber detentado una ocupación efectiva del grupo familiar el cual no podrá ser inferior a dos (2) años.

Frente a los términos de la citada norma y reseñando los fundamentos del proyecto que luego fue sancionado, los impugnantes postulan la inconstitucionalidad de la norma por mediar "falsa causa de utilidad pública".

Sostienen que ninguno de los ocupantes mencionados en la ley ejerció de hecho o derecho actos posesorios por el plazo que prevé la norma cuestionada, sino que -conforme lo relataran previamente y de acuerdo a la constatación notarial de fecha 16-VI-1997 y del relevamiento fotográfico efectuado el 30-VI-1997 conforme acta notarial de fs. 52/56- los inmuebles expropiados se encontraban libres de intrusión, salvo una pequeña invasión de construcciones, asentadas sobre la calle Uspallata, que afectaban algunas en ínfima porción parcelas de propiedad de los actores.

Bajo tales premisas, aducen la inexistencia de utilidad pública, planteo que los lleva a tildar a la ley impugnada de "... un mero y arbitrario despojo, una burda confiscación" (conf. fs. 73). Sobre este punto, admitiendo la mayor o menor flexibilidad con la que pueda examinarse el término "utilidad pública", los demandantes cuestionan su efectiva existencia desde que, expresan, "... se quita a dos familias propietarias para darle a diez familias que viven en la vecindad, pero que jamás ocuparon esas tierras".

Alegan la irrazonabilidad del texto normativo sancionado.

De un lado, porque a su criterio el art. 4, inc. b) de la ley 11.959 es de cumplimiento imposible debido a que nunca existieron las mentadas "ocupaciones existentes" en las parcelas expropiadas. Para más, razonan, que de entenderse referida tal norma a las ocupaciones efectivas de las calles Uspallata y Padre Acevedo, sería como admitir que la ley expropiatoria habría implicado derogar tácitamente la ordenanza municipal 7049 que resolvió el trazado de tales arterias, con franca violación -según opinan- de la autonomía municipal garantizada por las constituciones nacional y local. Del otro, critican el art. 8 de la ley en debate, desde que -remarcan- no existían los reseñados ocupantes efectivos de los inmuebles de marras.

Finalmente, indican que lo dispuesto en el art. 7 de la misma norma, en cuanto a la presunción sobre mejoras, violenta el régimen sobre la materia estatuido en el Código Civil e invade, por tanto, la competencia delegada por las Provincias a la Nación, con cita de los arts. 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional.

Como colofón ponen de manifiesto que el terreno a expropiar estaría en 100% desocupado y el espacio que efectivamente está intrusado (el de las calles públicas) ni siquiera se menciona en el texto de la ley. Este hecho torna improcedente la posible argumentación del Fisco que pretenda encuadrar el caso en el art. 2 de la ley 5708.

Plantean el caso federal, ofrecen prueba y solicitan medida preliminar.

2. A fs. 114/119 se presenta el Asesor General de Gobierno contestando la demanda.

a. En primer término, se opone a la admisibilidad de la pretensión.

A su criterio en la demanda, antes que la constitucionalidad de la ley 11.959, se cuestiona la aplicación del precepto a los actores, lo cual escapa al carril del art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, toda vez que no suscita un enjuiciamiento en abstracto sobre la juridicidad de la norma.

En otro orden, entiende que el juicio de utilidad pública realizado por la Legislatura no puede ser revisado por los jueces, del mismo modo que la sentencia a dictarse en esta litis tampoco podría sobreponerse a aquel criterio. Ello, a su entender, basta para desestimar la pretensión.

Subsidiariamente, de admitirse la posibilidad de llevar a cabo tal revisión, el representante estatal sostiene que no existe en la Constitución local cláusula alguna que defina la mentada utilidad pública, ni parámetro que permita establecer hasta qué punto y en qué medida una ley, como la norma cuestionada, ha hecho aplicación o escapa del referido concepto, lo cual también afectaría la prosperabilidad de la pretensión articulada.

b. Por cuanto concierne al fondo del asunto, el Asesor de Gobierno niega que haya existido falsedad en la razón determinante de la ley y que no exista utilidad pública.

Desde su perspectiva, en el sub examine se plantea un conflicto entre el interés privado de los actores en llevar adelante en los predios expropiados un emprendimiento urbanístico para la construcción de un barrio residencial y el interés del Estado en proveer de vivienda digna a un sector de la sociedad carente de ellas, a cuyo fin también prevé su urbanización, para viviendas sociales.

Argumenta que es la expropiación la herramienta idónea para solucionar ese conflicto de intereses, mediante el examen y definición de lo que, en el caso, sería de utilidad pública.

Reconoce que tal concepto no es unívoco sino contingente o circunstancial; que puede variar según el lugar, la época y el ordenamiento jurídico que se consideren. Por ello, afirma, en cada caso concreto "... habrá que establecer si la expropiación dispuesta cumple o no el requisito de satisfacer una necesidad generalmente sentida o las conveniencias del mayor número" (conf. fs. 115), aunque reivindica la esencia política de la decisión y su carácter de potestad exclusiva y discrecional del legislador, sólo limitada por el fin a que deben servir los bienes expropiados (conf. fs. 115 vta.) y por la interdicción de la arbitrariedad (conf. fs. 116).

Enfatiza que el desapropio que tienda a evitar la situación de desamparo que implica la falta de vivienda digna encuadra en la exigencia de la utilidad pública, sobre todo si se advierte que el texto constitucional provincial garantiza la protección de la familia al igual que el derecho a la vivienda. Y ello se traduce en una sincera y efectiva decisión del legislador en supuestos cuando -como en la especie- personas carentes de recursos cuentan con el riesgo de quedar sin espacios habitacionales.

A la vez, no advierte inconvenientes en tener por configurada la utilidad pública "... cuando los beneficiarios de la expropiación sean determinadas personas, a cuyo dominio pasan en definitiva las parcelas que pertenecieron en propiedad al actor" (conf. fs. 116 vta.).

Postula, por otra parte, que las normas que sanciona la Legislatura tienen en general la presunción de ser conformes a la Constitución, atributo que en su parecer adquiere mayor fuerza y excluye la posibilidad de error cuando de la "calificación de utilidad pública" se trata.

Concede que la expropiación -en principio- debe limitarse a los bienes necesarios para la ejecución de las obras y fines estatales básicos, mas ello no impide extenderla a inmuebles contiguos con el propósito de asegurar o facilitar la realización de tales objetivos.

Reafirma la potestad expropiatoria incluso en aquellos casos en que, para la ejecución de planes de mejoramiento social, pueda existir la necesidad de ocupar inmuebles no contiguos ni vinculados con las parcelas efectivamente ocupadas por actuales asentamientos precarios. En tales supuestos -agrega- será el plan de urbanización y la creación de nuevos centros de población, lo que constituya la utilidad o interés general. Entiende que la ley 11.959 encuadra en estas premisas.

Con sustento en los argumentos precedentes, el Asesor de Gobierno concluye sobre la imposibilidad de concebir a la acción de inconstitucionalidad como un instrumento que -según como sea utilizado- importe un poder de veto sobre las decisiones que en uso de sus potestades exclusivas adopte el legislador.

c. Reserva el caso federal, mas no ofrece prueba. Solicita el rechazo de la acción, con costas a la contraria.

3. Los actores presentan su réplica a fs. 121/122. De un lado, defienden el control judicial de la declaración de utilidad pública, citando en apoyo de su argumentación doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia.

Del otro, reseña que en un supuesto idéntico al ventilado en la causa la Provincia desistió del proceso expropiatorio según se aprecia de los términos del decreto 2044/1997.

4. A fs. 147 se presentan los actores denunciando un hecho nuevo. Relatan que en el expediente judicial que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nº 14, Secretaría nº 3 referenciado en el escrito de demanda, los allí demandados reconocieron expresamente que sus precarias viviendas no se asientan sobre los terrenos expropiados sino sobre la calle Uspallata.

Con idéntico fin se presentan a fs. 158/159, mas ahora denunciando que el 18-I-2000 un grupo de aproximadamente 10 personas ingresó subrepticiamente en algunos de los lotes expropiados, de lo que se dejó constancia notarial y se formuló la pertinente denuncia de usurpación ante la Unidad Funcional de Instrucción nº 11 de San Isidro, causa 63.620.

5. Agregado el cuaderno de prueba, el alegato de la parte actora, y el dictamen del por entonces Procurador General de esta Suprema Corte, fue dictada la providencia de autos para dictar sentencia.

6. En ese estado, ante el tiempo transcurrido desde la publicación de ley 11.959, el Presidente del Tribunal requirió -como medida para mejor proveer- que el Poder Ejecutivo provincial informe acerca de si fue declarado el abandono de la expropiación por la autoridad competente (v. providencia de fs. 305).

A fs. 310 la Fiscalía de Estado informa que ante el Juzgado de Primara Instancia en lo Civil y Comercial nº 11 de San Isidro tramita la causa "Provincia de Bs. As. c/ O'Connor, Alberto Marcos y ot. y/o Q.R.P. s/ Expropiación", que involucra los inmuebles enumerados en la ley 11.959. Indica que en julio de 2000 se tomó posesión de tales bienes, habiéndose depositado el monto de la valuación fiscal ante el juez de la expropiación. Por ello, estima que no se ha incurrido en el abandono previsto en el art. 47 de la ley de expropiaciones.

Por su parte, a fs. 311, la Subsecretaría Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos de la Gobernación de la Provincia pone en conocimiento del Tribunal que no se ha dictado acto administrativo alguno declarando el abandono de la expropiación prevista en la ley cuya constitucionalidad se cuestiona, reiterando que en julio de 2000 se tomó posesión de los inmuebles enumerados en la ley.

A fs. 312 el Presidente del Tribunal requirió la remisión del proceso expropiatorio; cumplido lo cual y dispuesta la reanudación de los autos para pronunciar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes cuestiones:

1º) ¿Debe acogerse la oposición a la admisibilidad de la pretensión articulada por la demandada? En caso negativo:

2º) ¿Es fundada la impugnación de inconstitucionalidad formulada por los actores? A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

Adelanto mi respuesta negativa al interrogante.

1.a. Alterando el orden de los planteos efectuados por la demandada al objetar la admisibilidad de la pretensión, he de abordar en primer término el reparo fundado en la alegada no justiciabilidad de la ley que formaliza la declaración de utilidad pública a los fines expropiatorios.

Tal declaración, como suele decirse y no se halla en discusión aquí, comporta una potestad privativa del legislador, cuyo criterio no puede suplantarse por el de los jueces sin riesgo de quebrantar la división e independencia funcional de los poderes estatales (conf. C.S.J.N. Fallos 4:311; 35:303; 93:219; 191:424) e interferir con el ejercicio de atribuciones indispensables para la convivencia social (conf. C.S.J.N. Fallos 252:310; 272:88). Una lógica deferencia hacia la valoración legislativa, que expresa la aptitud representativa de quien debe definir cuándo las necesidades sociales o el interés público justifican acudir al instituto de la expropiación [conf. Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, in re Berman, 348 U.S. 26 (1954); Midkiff, 467 U.S. 229 (1984); Ruckelshaus v. Monsanto Co., 467 U.S. 986 (1984)], explica el señalado criterio general.

Con todo, dicha deferencia presupone la adecuación constitucional de la potestad pública ejercida. Obviamente, no enerva -ni podría hacerlo sin socavar las bases del Estado de Derecho (arg. arts. 1, 17, 18, 31, 33 y concs. Const. nac.; 1, 3 y 15, concs., Const. pcial.)-, la facultad del expropiado de impugnar bajo determinadas circunstancias la validez de la ley que somete su propiedad a semejante limitación; hipótesis que abarca, entre otras posibilidades, la desvirtuación de la causa de utilidad pública concretamente aducida, por cuanto de suceder ese vicio no habría expropiación constitucional sino una virtual confiscación; esto es, la privación sin motivo del derecho de propiedad.

b. Aun habiéndose invocado el fundamento previsto en la norma (la utilidad pública [arts. 17, Const. nac.; 31, Const. pcial.] o el interés social [arts. 75 inc. 22, Const. nac. y 21.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos] o general [art. 1, ley 5708, t.o. 1986]), la decisión de expropiar un bien no siempre obtura el eventual escrutinio de los jueces, sobre todo frente a afectaciones de derechos provocadas mediando arbitrariedad del poder público (conf. doct. C.S.J.N., Fallos 33:162; 204:310; 209:390; 251:246; 210:1153; 291:507; 312:1725; 317:221; en análogo sentido esta Suprema Corte en causa B. 43.878, "Bonfante", sent. de 3-III-1964, "Acuerdos y Sentencias", 1964-I-259); tampoco, si en el ejercicio de semejante potestad se incurre en un desvío o exceso notorio de la finalidad invocada (conf. C.S.J.N., Fallos 298:383), situaciones en las que la norma legislativa puede ser privada de validez por irrazonable (arts. 17, 28, 31, 33 y concs., Const. nac.).

La existencia de un objetivo de utilidad pública o interés social comporta un requisito al que el ordenamiento jurídico sujeta la procedencia de toda ley que disponga la expropiación de un bien (conf. doctrina causas Ac. 38.142, sent. de 8-III-1988, "Acuerdos y Sentencias", 1988-I-262; Ac. 67.773, sent. de 21-III-2001; Ac. 81.916, sent. de 28-V-2003) y, a la vez, un concepto jurídico genérico y flexible, aunque susceptible de interpretación como de disputa argumental en torno a su alcance; debate nada sencillo por cierto. Sin embargo, el cuestionamiento por su no configuración más chances de prosperar tendrá cuando el desapropio sea producto de una determinación legislativa puntual sobre un bien concreto y en beneficio inmediato de terceros particulares, como acaece en el sub judice, y, menos, si especifica una utilidad pública declarada genéricamente por la norma para realizar una obra estatal (v. gr., caminos, obras hidráulicas, etc.).

Así pues, denunciada la ausencia o distorsionada invocación del fundamento constitucional; más propiamente, puesta en entredicho la ley expropiatoria por no basarse en la utilidad pública, cobra sentido franquear el acceso al control a cargo de los jueces (arg. arts. 17, 18, 28, 31, 33 y concs., Const. nac.; 1, 15, 31, 57, 161 inc. 1 y concs., Const. pcial.). Según ocurre con toda norma o acto que expande sus efectos hacia las situaciones subjetivas de las personas o afecta las atribuciones exclusivas de una autoridad pública, atañe en definitiva a los jueces ponderar si ha sido expedida en modo regular, con observancia de los fines a los que debe adecuarse la atribución desplegada, pues de no ser así procederá la declaración de inconstitucionalidad (conf. doct. causa B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004, del voto de la mayoría a la primera cuestión); lo que no implica imponer al Poder Legislativo constricciones indebidas, ni desconocer el lógico respeto que sus opciones políticas merecen (consideradas tanto en sí, cuanto en el plano jurídico-institucional, dado que, por las características de su desempeño, al dictar una ley no practica una simple o mecánica ejecución de un mandato predeterminado por el constituyente). Por el contrario, al actuar de tal modo el Poder Judicial, sin minar la voluntad del órgano democráticamente elegido ni acusar un cometido contramayoritario, articula los frenos y equilibrios diseñados para fortalecer el Estado Constitucional de Derecho (conf. en lo pertinente, Holmes, Stephen, "El Precompromiso y la Paradoja de la Democracia" en "Constitucionalismo y Democracia" de Elster, J. y Slagstad, R., trad. Mónica Utrilla de Neira, FCE, México, 1999, pág. 251).

No se trata sino de aplicar, en la medida de lo posible, la supremacía constitucional (arts. 31, Const. nac.; 3, 57 y concs., Const. pcial.).

c. Lo expuesto se explica mejor al repararse en la doble vertiente del instituto de la expropiación, que a la vez que constituye una técnica destinada a la consecución de los intereses públicos, acuerda un reaseguro para los intereses -básicamente, los económicos- de quienes por tal motivo pueden verse privados de su propiedad, confiriendo garantías para respetar el contenido esencial de tal derecho (TCE, sent. 37/1987 de 26-3-87). Una de éstas radica en la efectiva ocurrencia de la causa de utilidad pública, título en virtud del cual se despliega la potestad bajo estudio (TCE, sent. 301/1993 de 21-10-93), en prevención contra el uso arbitrario o discriminatorio del poder estatal. De acontecer esa circunstancia, todo afectado podrá reaccionar mediante la contestación de la constitucionalidad de la norma que dispone la expropiación.

d. Dado que los actores consideran que ese supuesto se ha configurado en la especie, resulta pertinente la revisión judicial materia de la presente causa. El reparo opuesto por la accionada debe rechazarse.

2. No lleva mayor fortuna el otro argumento con que se procura lograr la inadmisibilidad de la pretensión.

Al margen de la peculiar condición de la ley cuestionada en el proceso -en tanto, como buena parte de las normas de esa índole, más próxima a la "ley medida" o "ad hoc", posee una individualización y concreción ajenas al típico y, desde luego, más extenso espacio de generalidad y abstracción predicable respecto de cualquier otra ley estándar- y del hecho de que esta Corte, en circunstancias similares, no ha objetado la procedibilidad de pretensiones de inconstitucionalidad (I. 3024, "Lavadero de Lanas El Triunfo", res. de 8-VII-2003), es perceptible que en el caso lejos se está de opugnarse acto aplicativo alguno, que para más la demandada no se empeña en precisar.

Antes bien, media una crítica frontal a la razonabilidad de la ley pues, desde la óptica de los impugnantes, e independientemente de cualquier acto ulterior aplicativo o de implementación, esa norma menoscaba el derecho de propiedad de su parte.

Ello revela la improcedencia de la objeción del Asesor General de Gobierno, centrada en la aducida falta de cuestionamiento del precepto legal en abstracto, como la inaplicabilidad del criterio jurisprudencial que -en situaciones bien diferentes a las aquí enjuiciadas- ha dado lugar a la inadmisibilidad de la pretensión prevista en el art. 161 inc. 1º de la Constitución provincial (conf. I. 1308, sent. de 28-VI-1994 en "Acuerdos y Sentencias", 1994-III-55; I. 1658, "Franco" de 16-II-2000; I. 2060, "Ale" de 5-VI-2000; entre otras).

3. Por último, la circunstancia de que en la demanda se refiera a la vía procesal intentada con invocación del -ya por entonces- inexistente art. 149 inc. 1 de la Constitución local (fs. 66 vta.), cuando en verdad era y es claro que procuraron acceder ante esta Corte en los términos del art. 161 inc. 1 de ese cuerpo supralegal, no mella la admisibilidad de la pretensión, en tanto, aparte de esa mención se individualizaron los preceptos pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial (art. 683 y concs.) y no ha habido al respecto reparo alguno de la parte demandada, quien -por lo demás- no fue afectada en su cometido por la señalada falta de actualización de la cita normativa.

4. En suma, la oposición formal debe rechazarse, con costas (arts. 68 y 688 in fine, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

Adhiero al desarrollo argumental y solución propiciada por mi colega preopinante, a excepción de lo señalado en el punto 1, apartado a) y punto 2, segundo párrafo de su exposición.

Con dicho alcance, doy mi voto también por la negativa.

Los señores jueces doctores Pettigiani y Kogan, por los fundamentos vertidos por el señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

1.a. Para desbrozar el camino de esta argumentación es preciso destacar que la constitucionalidad del fin in abstracto procurado por el órgano emisor al dictar la ley 11.959 no ha sido puesta en entredicho en esta litis.

El conflicto, en esencia, gira alrededor de la utilidad pública en concreto. La existencia o inexistencia de los supuestos fácticos considerados y expresados como tales por la Legislatura es lo que está en juego, pues su comprobación vendrá a explicar si la utilidad pública se hallaba justificada o no. Por eso carece de relevancia centrar el análisis en develar si el propósito declarado en la norma legislativa daba -o hubiera dado- razón per se de un fin de interés general.

Visto desde otro lugar: en esta litis hay que verificar y pronunciarse sobre el soporte material de la declaración de utilidad pública, lo que conduce a confrontar las precisas circunstancias resaltadas por el órgano parlamentario con los hechos existentes al tiempo de la emisión de la ley 11.959, y concluir si ésta, en atención a los términos y prescripciones legales efectivamente acuñados y dispuestas, ha observado lo previsto en el art. 31 de la Constitución provincial.

b. Por tal motivo, está de más detenerse en el examen relativo a la adecuación al ordenamiento constitucional que en sí mismo hubieran podido tener las políticas públicas que promueven soluciones habitacionales a un sector social carente de viviendas, en casos análogos al de autos, de ser ciertos todos los hechos aducidos por el legislador. Es que, al margen de lo dicho en el punto anterior, como causa de utilidad pública de una expropiación enmarcada en tal propósito no generaría mayor problema. Semejantes iniciativas han sido admitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que, por ejemplo, satisface la exigencia del art. 17 de la Constitución nacional, en orden al ejercicio de la potestad de expropiar bienes, el programa estatal que tiene en miras un propósito amplio de mejoramiento social (conf. C.S.J.N., Fallos 272:88; 296:78).

Además, finalidades del calibre aludido pueden entroncar, entre otros, en los preceptos de los incs. 1 y 7 del art. 36 de la Constitución provincial.

c. De otra parte, los demandantes no afirman su pretensión en el tradicional pensamiento que reputa inválido expropiar a unos para darle a otros, ni sostienen que, al obrar de esa manera, el expropiante haya dejado de satisfacer una utilidad pública para realizar meros intereses particulares; planteo que, sin otro aditamento, seguramente habría devenido insuficiente para privar de validez a la norma legislativa.

Huelga poner de relieve que el alcance de la utilidad pública varía en función del cambio de las condiciones económicas, políticas y sociales (conf. doct. causa B. 43.878 cit.). De tal suerte no luce necesariamente contraria a su recta invocación aquella expropiación que destina el bien expropiado a terceras personas, por ejemplo, para propender a la realización de objetivos de desarrollo industrial (conf. Fallos 298:383) o de progreso y bienestar de la comunidad (conf. Fallos 318:445).

Desde esa perspectiva, sería erróneo echar mano a la consabida fórmula, ya recordada, para afirmar la inexistencia de utilidad pública, sin evaluar todas las circunstancias que rodean cada caso.

2.a. Por cierto, hay supuestos en los que -por la índole del objetivo cuya consecución se ambiciona con la expropiación- la utilidad pública es lograda de modo directo, al incrementarse el dominio público o el patrimonio estatal merced a la incorporación de la cosa expropiada y procurarse con ello un beneficio tangible para una universalidad más o menos indeterminada de personas (v.gr. construcción de caminos, represas, canales, vías férreas, escuelas, hogares de ancianos, por citar algunos ejemplos).

En todos ellos la imbricación del fin social tenido en mira con el cometido estatal es tan clara que la posibilidad de que la utilidad pública alegada en la norma pudiese ser desvirtuada aparece como muy remota. Además, en esos casos, el autor de la norma goza de un amplio margen de apreciación, de un espacio moderadamente prefigurado, que se traduce en una considerable flexibilidad a la hora de exteriorizar la declaración de utilidad pública. Más aún: ella podría surgir del mismo articulado de la ley, o hasta resultar, llegado el caso, implícita del contexto de sus determinaciones o, por ejemplo, en virtud del carácter repetitivo de la solución que propicia (conf. Fernández, Tomás Ramón, De la arbitrariedad del legislador, Madrid, 1998, pág. 159).

b. Pero en otras situaciones las finalidades que impulsan la expropiación se logran en modo más reflejo o indirecto -pues no media un incremento en los activos del Estado ni se confiere un bien público a un conjunto amplio e indeterminado de personas-, mediante la provisión de concretos beneficios a un número limitado y determinable de individuos, incardinada en el marco de políticas sociales, económicas o de otro tipo.

Realizar de esa manera el interés público, expropiar en cumplimiento de esta clase de medidas, es factible; pero es también singularmente exigible su justificación, cuando la mayoría de la comunidad no tiene un uso o disfrute directo de tales bienes (sent. de 15-XI-2005, causa núm. 44302/2002, asunto "J. A. Pye [Oxford] Ltd. contra el Reino Unido").

Indudablemente, en el ámbito de ciertas reformas públicas (planes de colonización, vivienda social, reformas agrarias, desarrollos urbanísticos, etc.) la asignación en propiedad a terceras personas puede constituir un medio legítimo para favorecer el interés general (conf. doct. T.E.D.H., sent. de 21-II-1986, caso "James", nº 40; sent. de 21-II-1990, caso "Hakansson and Sturesson", nº 44, entre otros), sobre todo, cuando se trata de permitir el acceso a bienes esenciales que dignifican a las personas de bajos recursos, excluidas o marginadas.

En semejantes hipótesis la deferencia hacia la voluntad legislativa ha de operar de manera diferente, con menor rotundidad, toda vez que la satisfacción de la utilidad pública demandará una evidencia más perceptible sobre: a] el correlato entre las razones que sustentaron la determinación legislativa y las circunstancias fácticas que se alegaron como determinantes para echar mano del instrumento expropiatorio [S.C. U.S.A., Cincinnati v. Vester, 281 U.S. 439 (1930)] y; b] la vinculación entre la decisión expropiatoria y un plan gubernamental en la materia racionalmente evaluado [doct. Kelo v. City of New London, sent. de 23-VI-2005).

Tales recaudos, ese matiz diferencial en la justificación exigible para dotar de racionalidad a la solución normativa acordada, son constitucionalmente necesarios pues su concurrencia servirá para discernir la utilidad pública, evitando que la expropiación aparezca como instrumento al servicio de un particular o un conjunto de particulares, lo que podría importar una desviación cuestionable del ejercicio de las facultades legislativas, al no orientarse al fin previsto en el ordenamiento y alterar los derechos, principios o garantías que éste consagra (art. 28, Const. nac.).

Se colige así, ante el cuestionamiento sobre el punto, la importancia de corroborar la existencia de las circunstancias expresamente ponderadas por el legislador, porque su ausencia, la discordancia entre ellas y los motivos esgrimidos a la hora de extinguir el derecho de propiedad, o la inconsistencia evidente de éstos, podrán originar una voluntad normativa descalificable como acto jurídico (conf. doct. causa B. 67.594 cit.).

c. En adición, lo expuesto se condice con la índole -ya adelantada supra 2 al votar la primera cuestión- de una ley de expropiación como la que aquí se examina.

Desprovista de las mismas notas de generalidad y abstracción asignables a las normas que de ordinario la Legislatura expide para regular o incidir sobre conductas futuras, la presente ley expropiatoria, al margen de su forma, modo o procedimiento de sanción, presenta caracteres propios. Por el mayor acotamiento personal y concreción que exhibe, se aproxima a una medida ad hoc (conf. Martínez Carrasco Pignatelli, Concepción, Naturaleza jurídica de las leyes "ad hoc", Madrid, 1995, pág. 72 y ss.), cuya validez, en salvaguarda de razonabilidad y la igualdad jurídica (arts. 16, 28, Const. nac.), supone la correcta individualización de las circunstancias que han llevado a escoger determinado bien para cumplir con un fin asociado a la satisfacción de necesidades de personas también determinadas, no ya para incorporarlo al dominio o al uso públicos.

Algo similar cabría decir de la ley que confiere temporalmente privilegios u otorga recompensas de estímulo a ciertas personas (v.gr. art. 75 inc. 18, Const. nac.). Tanto ésta como aquélla por la que se decide expropiar una propiedad están más necesitadas de justificación puntual -en adición al propio contenido de su articulado, que quizás en otros casos podría resultar suficiente, v. supra 2.a. de esta cuestión- que el texto normativo que, por ejemplo, desarrolla una ley de fondo, aprueba un Código procesal o diseña la organización de un ente regulador de servicios públicos. Esa justificación material adquiere perfiles de mayor nitidez cuando el instrumento expropiatorio tiende a la satisfacción de intereses de particulares como herramienta para lograr, de manera indirecta, un beneficio público o la mejora social.

d. En función de lo hasta aquí dicho, puede apreciarse la ineficacia del enfoque sustentado por la demandada, cuyo discurrir se apoya primordialmente en la negativa a la revisabilidad judicial de la utilidad pública de la norma bajo examen, sin reparar en que ello, en rigor, no es el centro del debate en la causa. Lo que no ha advertido la representación estatal es que la Legislatura expuso unas concretas circunstancias fácticas y unas razones consideradas relevantes (conf. fs. 224) como fundamento para expropiar los terrenos involucrados en el presente pleito. Además, lo ha hecho configurando de esa forma el presupuesto objetivo para la sanción de unas reglas de contenido inequívoco.

Ese aspecto central que, al igual que el cuestionamiento que los actores le hacen a la ley en ese plano -esto es: el reproche por la ausencia o falsedad del motivo determinante invocado para sustentar la norma expropiatoria y al mismo tiempo la inconsistencia entre algunas condiciones fijadas por la ley y la realidad de la situación de los ocupantes en relación con el predio involucrado en la litis-, dirime la procedencia de la acción, no ha sido debidamente atendido por la demandada, quien, descansando en la negativa genérica de fs. 114 vta. cuanto en la presunción de constitucionalidad de las leyes, nada ha aportado al proceso para desvirtuar las pruebas acompañadas junto con la demanda o producidas en el proceso a instancias de los reclamantes.

3.a. En el marco de la impugnación de la norma, los actores llevaron a cabo una actividad probatoria orientada a demostrar que las circunstancias fácticas especificadas por el legislador eran esencialmente inciertas, aparte de discordantes con la condición de los supuestos beneficiarios previstos en la ley así como con el estado real de los inmuebles expropiados.

Quedó al desnudo, en el relato de los demandantes y al valorarse luego la prueba, el grave y manifiesto error o la distorsión en la apreciación de los hechos aducidos como motivo determinante de la expropiación.

Todo ello marca la procedencia de la acción.

b. En efecto, según se ha visto, la ley 11.959 sancionada en fecha 7 de mayo de 1997 y promulgada el 29 de mayo del mismo año (conf. B.O. de 10-VI-1997, fs. 189) declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en el Barrio "Uspallata", de la localidad de Beccar, Partido de San Isidro, designados catastralmente como Circunscripción VII, Sección E, Manzana 60, Parcelas 15a, 15b, 16a, 16b, 16c y 17: inscriptos sus dominios como Matrícula 10.757, a nombre de Alberto Marcos O'Connor; Parcela 15c: inscripto su dominio en la Matrícula 39.621, a nombre de Falco, Juan Carlos; Manzana 61: inscripto su dominio en Matrícula 10.757, a nombre de Alberto Marcos O'Connor; Manzanas 67 y 68: inscriptos sus dominios en Matrícula 60.847 (art. 1, ley cit.).

Por su art. 2 se dispuso que las fracciones sujetas a expropiación serían adjudicadas en propiedad, a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes, con cargo de construcción de vivienda propia. En el art. 8 fijó las condiciones para ser adjudicatario, a saber: a) tener una ocupación efectiva del inmueble, no inferior a dos años; b) no poseer, ninguno de los miembros del grupo familiar, inmuebles a su nombre, ni ser beneficiarios de otra vivienda bajo cualquier otro régimen.

Como corolario de lo allí dispuesto, atribuye al municipio de San Isidro la realización de un censo integral de la población afectada con la medida (art. 4 inc. a) y la transferencia de los lotes a los ocupantes que resulten beneficiados (art. 4 inc. c).

En el art. 9 se establecen las obligaciones a las cuales se someten los adjudicatarios y las sanciones de las que pueden ser objeto.

El dispositivo legal fallaba en su objeto, al no poder ser aplicable a los inmuebles de los demandantes sin dar por ciertas determinadas circunstancias que, a tenor de lo aquí probado, no estaban configuradas tal como el legislador las explicitó.

c. A fs. 224 obran agregados los fundamentos del proyecto de ley que luego se convirtiera en la norma ahora cuestionada.

Allí se señala que "... desde hace mucho tiempo, estos humildes trabajadores ocuparon esas tierras, ociosas, improductivas, verdaderos basurales y focos contaminantes, que fueron limpiados por éstos con sus propias manos, en conjunto con sus familias".

Puede leerse también que: "muchos de los actuales ocupantes ... nacieron, crecieron y se hicieron adultos" en el asentamiento.

En dicho documento se reconoce que "la necesidad de implementar planes urbanísticos ... requiere en todos los casos la previa regularización urbana y dominial de estas situaciones irregulares".

De tal modo se concluye sosteniendo que el proyecto de ley daría solución definitiva "... a más de 150 familias ... permitiéndoles ... la compra de la tierra que ya ocupan, y sobre las cuales ya han levantado sus viviendas".

La prueba rendida en el proceso revela que esas razones contrastan con los hechos existentes al sancionarse la norma, más allá de alguna coincidencia menor entre algunos de los datos ponderados y la realidad de la ocupación del inmueble.

d. Con fecha 16-VI-1997, uno de los actores manifestó por escritura pública que las fracciones expropiadas se encontraban a dicha fecha "totalmente desocupadas, sin ninguna clase de ocupantes ... tampoco existe en las mismas construcción alguna", efectuando la pertinente constatación notarial mediante constitución del escribano actuante en las fracciones apuntadas, junto con un agrimensor matriculado.

Del resultado que arroja la actividad señalada, asentado en escritura pública de fs. 49/51, cuya falsedad no ha sido argüida por la accionada, se desprende que se detectaron "... pequeñas invasiones de construcciones" (asentadas fundamentalmente en la calle Uspallata) en la Parcela 17 de la Manzana 60; en la Parcela 20 a. de la Manzana 61. Igual situación se daba con el lote 24 de la Manzana 54 y con 20 b. de la Manzana 47 (en este caso, proveniente del asentamiento sobre la calle Iberlucea). El resto de los lotes -a tenor de lo constado- estaba totalmente desocupado y libre de construcciones.

El escribano y agrimensor intervinientes ratifican lo actuado, conforme surge de las declaraciones testimoniales de fs. 254 y 259.

Días más tarde, se completó la constatación notarial mediante un relevamiento aéreo, que da fe la escritura de fs. 53/56, tampoco cuestionada por la demandada. El escribano dejó constancia de que lo evidenciado en las fotografías es el mismo estado de desocupación del que diera cuenta la escritura anterior.

e. A la vez, para acreditar la realidad de los inmuebles con anterioridad a la sanción de la ley impugnada, se adjuntó documentación relacionada con la denuncia formulada oportunamente por uno de los ahora demandantes ante la Municipalidad de San Isidro con motivo de lo que -según oportunamente sostuviera- era una ocupación irregular de tres calles del dominio público local, linderas a los terrenos de su propiedad. Dichas arterias fueron individualizadas como Padre Acevedo, Uspallata y del Valle Iberlucea.

La comuna, en respuesta al oficio pertinente, reconoció la documental y acompañó copia de ellas, al obrar en su poder los originales (conf. fs. 198/213).

De esta prueba, considero relevante resaltar las cédulas de fs. 205/206 donde el municipio comunicó al actor que se habían promovido los autos "Municipalidad de San Isidro c/Constante, Carlos s/Desalojo" ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nº 3, Secretaría nº 6 del Departamento Judicial de San Isidro con el fin del desalojo de los ocupantes ilegales.

Estas comunicaciones datan del 2-XI-1995, esto es, poco menos de dos años antes de la sanción de la ley 11.959.

f. Las declaraciones testimoniales practicadas en este proceso -sobre las que no se articuló tacha alguna por la expropiante- concuerdan con la posición de los actores.

Angelillo señaló en el proceso que los terrenos expropiados estaban entre 1992 y 1996 desocupados y que en las trazas de las calles Uspallata e Iberlucea había ocupantes que cree ilegales (fs. 251). Lanusse coincidió en su relato con el anterior testigo y agrega que cinco meses antes de la audiencia donde presta su testimonio (6-VI-2000) se ocupó la manzana 60 con cuatro familias (fs. 252).

g. También aportan fuerza de convicción las constancias de los autos "O¿Connor, Alberto c/Matianda, José y otros s/Reivindicación" que en copia autenticada por el Juzgado interviniente obra acollarado al presente.

En él, uno de los ahora actores demandó por reivindicación a las personas que se identifican a fs. 13/14 del acumulado, por la ocupación de la Parcela 20 a. de la Manzana 61, Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Sección E del Partido de San Isidro. Al contestar demanda, uno de los requeridos expresamente reconoció que su vivienda se encuentra asentada sobre la calle y no sobre la propiedad del demandante (conf. fs. 90 y 92).

A fs. 86/89 consta documento supuestamente expedido por la Secretaría de Tierras de la Provincia, Delegación Boulogne, que fuera acompañado por uno de los accionados en reivindicación (conf. fs. 94). Este documento -encontrándose incorporado a la presente causa- no fue objetado en autos por la demandada, por lo que su ponderación resulta habilitada.

Teniendo en cuenta los términos de la ley 11.959 y los conflictos suscitados que allí se relatan, el organismo interviniente, con fecha 30-XII-1997, entendió de difícil concreción la regularización de la situación de los ocupantes en los terrenos expropiados. Frente a ello y en atención a una propuesta de colaboración económica efectuada por el actor O¿Connor, la autoridad administrativa citada propuso como plan de regularización, la inclusión de la totalidad de las familias ocupantes (30 aproximadamente, según hace constar) en la operatoria del Asentamiento Planificado de Tigre.

Destaco, finalmente, que tal circunstancia no había variado sustancialmente a julio de 2000, momento en que se llevó a cabo la desposesión de los inmuebles en el proceso expropiatorio iniciado por el Fisco provincial en virtud de la ley 11.959. Del acta obrante a fs. 66/8 de tales actuaciones se desprende la existencia de 16 viviendas precarias ocupadas en las fracciones expropiadas.

h. La prueba producida corrobora lo argumentado por los demandantes y da sostén a la impugnación deducida en autos.

Ha quedado acreditado que las razones aducidas para echar mano de la potestad expropiatoria carecían de correlato con los antecedentes efectivamente comprobados.

En sustancia, las fracciones expropiadas se hallaban desocupadas. No existía, por ende, en los terrenos declarados de utilidad pública, al momento de la sanción de la ley, el más de un centenar de familias que se mencionan. Tampoco -por cierto- en los dos años anteriores.

La problemática habitacional que se pretendía solucionar sólo abarcaba a unas pocas personas que en su gran mayoría ocupaban el espacio correspondiente a las calles Iberlucea, Padre Acevedo y Uspallata, bienes del dominio público municipal.

Esa era la situación fáctica al dictarse la ley, conforme se ha demostrado en el pleito. Los hechos son tal como la realidad los exterioriza; no le es dable a la norma crearlos. Por eso, al sancionarse la ley 11.959, se incurrió en arbitrariedad.

Tampoco surge que hubiera existido un plan de mejoramiento social para atender la situación de las personas afectadas por la falta de vivienda. Los antecedentes de la ley 11.959 y el propio texto de su art. 3, dan cuenta de tal falencia, que afecta la racionalidad a la determinación adoptada.

Para más, la crisis habitacional que padecían los ocupantes de la zona -según surge del informe de una repartición provincial v. supra g.- podía afrontarse por medio de otras alternativas socialmente equivalentes.

i. Si se parte de la premisa que legislador debe justificar sus determinaciones -desde luego, conforme las formas de expresión que le son propias, y, obviamente, sin mengua de la amplitud de que dispone para discernir la solución normativa más apropiada a las circunstancias en función del fin constitucional que habilita su actuación [v. supra, en esta segunda cuestión, lo dicho en el apartado 2.a.]-, porque ello es una exigencia inherente a la juridicidad de todo acto estatal, entonces, y todavía más que en otro tipo de actos legislativos, cuando decide privar de la propiedad a una persona, la causa expropiandi que en concreto invoca ha de ser seriamente explicitada.

Lo apuntado no conspira contra las notas especiales de la noción de utilidad pública. Tampoco anula la potestad que de ella deriva, ni desconoce que su determinación implica el examen de plurales cuestiones políticas, económicas y sociales, que el legislador puede sopesar a su arbitrio, adoptando todas o algunas de las opciones o alternativas disponibles. Simplemente, quiere decir que en esa tarea -la expropiación de un bien- es menester que la finalidad de interés general concurra, sea inteligible y, por ello, de algún modo debe ser expresada. En palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es necesario que la decisión expropiatoria tenga fundamento razonable (T.E.D.H., "James y otros contra Reino Unido", sent. de 21-2-1986, serie A, núm. 98, pág. 32, ap. 46).

Va de suyo que el cumplimiento de esa fundamentación no ha de ser idéntico en todos los casos. Mayor detalle o desarrollo explicativo demandará cuanto menos directo o inmediato sea el modo de realización del fin público (v.gr., si el bien es expropiado no ya para incorporarlo al dominio o al uso públicos o en todo caso a los activos del Estado, sino para destinarlo al uso, titularidad o explotación de otros particulares).

En el sub lite se ha comprobado la distorsión incurrida al sancionarse la ley 11.959. También, la falta de correspondencia entre la plataforma fáctica que se invocó, los hechos realmente existentes y las normas en ella contenidas a los fines de expropiar la propiedad de los actores. En tales condiciones puede concluirse que la expropiación ha carecido de fundamento razonable.

Presentándose de manera ostensible y ex ante la inexistencia de un fin de utilidad pública, por surgir de su propio texto o de la correlación entre éste y la realidad sobre la que pretende operar, entonces cabe predicar su inconstitucionalidad. Esta conclusión, aparte de lo ya abundado, participa del mismo orden de razones que explica la procedencia de la acción de retrocesión cuando, expropiado el bien, el destino de interés general considerado en la ley que así lo dispuso no se ha cumplido o se ha desvirtuado (arg. art. 44, ley 5708, t.o. 1986).

j. La circunstancia de que un porcentaje ínfimo de la superficie de las parcelas expropiadas estuviera ocupado por terceras personas que habrían de beneficiarse con la norma en cuestión, en vez de diluir el reproche a la ley evidencia su desmesura.

Más bien, refleja un indicio elocuente de la falta de proporción entre los fines expuestos al ejercer la potestad pública (atender la situación crítica habitacional de tales ocupantes) y los medios empleados (expropiar los inmuebles objeto de esta litis argumentando que en su totalidad se hallaban ocupadas, pese a constatarse que ello sólo acontecía en una pequeña parte). Sobre todo cuando no existe elemento objetivo del que pudiera explicarse la pertinencia de expropiar la totalidad de los predios de los demandantes en los términos del art. 2 de la ley 5708 (t.o. 1986 con sus reformas).

El obrar estatal razonable supone una proporción adecuada entre fines y medios o técnicas aplicadas, así como la ponderación de que, para concretar tales objetivos, no se impongan sacrificios de derechos innecesarios por excesivos (conf. Fernández, Tomás Ramón, op. cit., pág. 160). Precisamente, en materia expropiatoria, la armonización entre las exigencias del interés general y las vinculadas a la protección de los derechos fundamentales de las personas (T.E.D.H., asunto "Sporrong y Lönnroth contra Suecia" de 23-9-1982, serie A, núm. 52, pág. 26, ap. 69), han llevado a imponer puntualmente esa razonable adecuación proporcional entre los medios empleados y el fin de utilidad pública (T.E.D.H., asunto "Pressos Compañía Naviera S.A. y otros contra Bélgica" de 20-11-1995, serie A, núm. 332, pág. 23, ap. 38).

k. Las consideraciones anteriores revelan que en la especie ha existido una aplicación irrazonable de las potestades constitucionales por parte del legislador, con grave afectación del derecho de propiedad de los actores (arts. 10, 31, 57 y concs., Const. pcial.), pues: i] se ha basado en motivos determinantes inexistentes o los ha ponderado con manifiesto error de apreciación; ii] ha acudido al instituto expropiatorio sin observar una proporción racional con los fines de interés general que en concreto pretendía realizar. Todo lo cual determina, en definitiva, la falta de justificación de la causa de utilidad pública o interés general puntualmente invocada.

l. Finalmente, el hecho de que, tanto en la demanda (v. fs. 66 vta.) como en el alegato (v. fs. 271 vta., 277), los actores, al reputar infringidas las normas que consagran la inviolabilidad del derecho de propiedad, hayan citado los arts. 9 y 27 de la Constitución provincial, cuando debieron aludir -y desde luego inequívocamente aludían- a los enunciados normativos contenidos en los actuales arts. 10 y 31, según la numeración dada por la reforma del año 1994, no importa una falencia que impida en este proceso ordinario la consideración de tales agravios -para más, desarrollados con suficiente concisión-, habida cuenta de que, por efecto del iura novit curia, a los jueces atañe resolver los conflictos sobre la base de las disposiciones vigentes, sin obligada sujeción a las que hubieran invocado las partes ya que, en tanto no se modifiquen los supuestos fácticos del caso, escoger el régimen normativo pertinente para su solución es atribución inherente al órgano judicial (v. mi voto dado en la causa B. 64.474, "Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 19-III-2003 y B. 61.184, sent. de 27-X-2004).

4. La pretensión deducida en esta litis no ha perdido su interés, ni los agravios en ella vertidos actualidad, por causa de la desposesión materializada en el proceso expropiatorio derivado de la ley 11.959 (vide fs. 66/68 de los autos "Provincia de Bs. As. c/O'Connor, Alberto Marcos y ot. y/o Q.R.P. s/Expropiación"). De un lado, pues tal acto disipa toda duda acerca de la posible configuración de un supuesto de abandono de la expropiación; del otro, en tanto dicha circunstancia consolida el cuadro de gravamen a los derechos invocados por los actores.

A su vez, no puede perderse de vista que dichas tramitaciones, sumadas al depósito del monto correspondiente a la valuación fiscal, tampoco pueden ser valoradas en esta causa como un posterior consentimiento de los actores a la ley cuya inconstitucionalidad plantearon, dado que en el juicio expropiatorio aún no se ha trabado la litis (vide fs. 59/60, 141 vta. y manifestación del Fisco provincial de fs. 174/5).

5. Por fin, de la solución que propicio (esto es: la inconstitucionalidad de la ley 11.959) no cabe derivar una fuente de perjuicio para la situación de aquellas personas, ocupantes de las tierras cuya expropiación ha originado esta litis, que verosímilmente se encuentran en situación social comprometida y que, sobre todo, en su mayoría, pudieron legítimamente fundar razonables expectativas sobre la legalidad y eficacia de la solución habitacional que les fuera conferida o permitida por el Estado provincial para atender sus acuciantes problemas de arraigo y vivienda. Consecuentemente, debe quedar establecido que la procedencia de la acción no influye sobre la responsabilidad de la Provincia demandada de atender la situación de tales personas, en cuanto pudiere verse afectada por el cumplimiento del presente fallo (arg. arts. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XI de la Declaración Americada de Derechos y Deberes del Hombre; 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; conf. art. 75 inc. 22, C.N.; 15, 36, proemio e inc. 7, primera parte, 56 y concs., Const. pcial.).

6. Por todo lo dicho, y lo solicitado en autos, procede declarar la inconstitucionalidad de la ley 11.959 (arts. 3, 10, 15, 31, 56 y 57 de la Constitución provincial), con el alcance que surge de lo consignado supra en el apartado 5. Con costas a la accionada por su condición de vencida (arts. 68 y 688, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Negri, Pettigiani y Kogan, por los fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión planteada por la afirmativa.

Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar a la demanda, declarándose la inconstitucionalidad de la ley 11.959 (arts. 3, 10, 15, 31, 56 y 57 de la Constitución provincial).

Se deja establecido que esta declaración no debe influir en la responsabilidad de la Provincia demandada de atender la situación de las personas que ocupan las tierras cuya expropiación ha originado esta litis, en cuanto pudieren verse afectadas por el cumplimiento del presente fallo (arg. arts. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; conf. art. 75 inc. 22, C.N.; 15, 36, proemio e inc. 7, primera parte, 56 y concs. de la Constitución provincial).

Con costas a la accionada por su condición de vencida (art. 68, primer párrafo, C.P.C.C.).

Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del doctor Juan José O'Connor, apoderado de los actores y del doctor A. F. G., patrocinante letrado del apoderado, en la suma de pesos ... y pesos ..., respectivamente (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 22, 26, 28 inc. "a", 49 y 54 del dec. ley 8904/1977), cantidades a las que se deberán adicionar el 10% (ley 8455).

Regístrese y notifíquese. -Héctor Negri. -Hilda Kogan. -Eduardo Julio Pettigiani. -Daniel Fernando Soria.