Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-10


SENT Nro. 526 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán,10 DE JULIO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducida por la Sra. Fiscal de Cámara en lo Penal de la IIIa. Nominación, en contra de la sentencia dictada por la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, del 12/12/2002 (fs. 348/351 vta.), que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 18/02/2003 (cfr. fs. 360). En esta sede no se presentó memorial sobre el recurso casatorio que se intenta, mientras que a fs. (366/368) obra dictamen del Sr. Ministro Fiscal, quien mantiene la impugnación. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 353/359 por la Fiscal de Cámara en lo Penal de la IIIa. Nominación, contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Penal, Sala VIa. del 12/12/2002 que, por mayoría de sus miembros, declaró a Rafael Sierra autor de tentativa de robo en perjuicio de Antonio Falci, sin aplicar sanción penal por estimarlo innecesario; y le impuso la medida de seguridad curativa de desintoxicación y rehabilitación.

Invoca inobservancia y errónea aplicación de la los arts. 164 y 42 del CP, y arts. 16, 19 y 20 de la ley 23.737. En lo sustancial, alega que la medida de seguridad dispuesta en la instancia de mérito, no autoriza a los jueces a eximir de sanción por el delito comprobado; sino que procedía establecer la pena y su unificación con la condena dictada por la Sala IIIa. de la misma Cámara, del 27/11/2001. En consecuencia, revocar la condicionalidad de esta última según lo dispuesto por los arts. 27, 58 y cc. del Código Penal.

Destaca que conforme establece el art. 16 de la ley 23.737, cuando el condenado por cualquier delito dependiera física o psíquicamente de estupefacientes, el juez impondrá, además de la pena, una medida de seguridad. Puntualiza que el encontrarse bajo efecto de estupefacientes al momento de cometer el hecho, no significa dependencia en los términos de la ley; lo cual ha sido señalado en el voto minoritario. Pone de relieve que tanto las declaraciones de Sierra como el psicodiagnóstico obrante a fs. 311/313 excluirían la supuesta dependencia; y que ello no puede tenerse por acreditado con las meras afirmaciones del acusado, no corroboradas clínicamente ni mediante prueba idónea. Agrega que las medidas de seguridad contempladas en el citado art. 16 son complementarias de la pena impuesta; y que los arts. 19 y 20 de la misma ley disponen la previa constatación médica de la dependencia de estupefacientes, no verificada en el caso. Que en tales condiciones, la comisión del ilícito bajo los efectos de estupefacientes no exime de pena sino que la agrava, cuando se los empleare para facilitar o ejecutar otro delito (arg. art. 13, ley 23.737). Cuestiona además el aserto sentencial relativo a que Sierra ofreció una débil resistencia; lo que no resultaría de la declaración prestada por el testigo Héctor Fabián Gamarra, quien impidiera su fuga.

Continúa expresando que la eximición de pena sólo corresponde en el supuesto descripto por el art. 17 de la ley, no invocado por el Tribunal a quo; añadiendo que el art. 41 del CP citado en el pronunciamiento tampoco autoriza a excluir de reproche penal, pues sólo legisla sobre las pautas para la determinación de las penas.

Finalmente, impugna el voto minoritario, en cuanto omitió disponer la acumulación de penas en base a lo dispuesto por el art. 58 del CP, habida cuenta de la condena dictada por la Sala IIIa. en fecha 27/11/2001, en cumplimiento a la fecha de dictarse sentencia en la presente causa.

Como doctrina legal, propone: "Se aparta del régimen penal vigente, el acto sentencial que declara al imputado autor del delito de robo en grado de tentativa y resuelve no imponer pena, pese a su imputabilidad y ordena la medida de seguridad curativa de rehabilitación y desintoxicación, sin previa constatación por peritos especializados de su dependencia física o psíquica de estupefacientes en errada aplicación de los arts. 16, 19 y 20 de la ley 23.373" La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 18/02/2003 (fs. 360). En esta sede no se presentaron memoriales; y a fs. 366/368 corre agregado dictamen del Sr. Ministro Fiscal, quien mantiene la impugnación.

2.- Según emerge de la sentencia impugnada, al tratar la cuarta cuestión -sanción a aplicar, y si corresponde la aplicación de una pena-, la Sra. Vocal preopinante consideró que la puesta en riesgo de los bienes jurídicos hace procedente una disminución de la pena, según lo prevé la misma ley de fondo. Valoró afirmativamente la posibilidad de modificar lo atinente a la necesidad de pena, cuando en forma razonada y suficiente se concluye en la inconveniencia de su aplicación. En el caso concreto, señaló que al momento del hecho el imputado tenía 18 años, y aparentemente actuó bajo el efecto de estupefacientes; lo cual se desprendería de los dichos del testigo Gamarra, y de la concurrencia de aquél a un centro de tratamiento de adicciones a drogas, manifestada en sus declaraciones; remitiéndose además a la entrevista con la psicóloga (fs. 311/313). Concluyó que "El tiempo transcurrido desde la ocurrencia del hecho, la situación personal del enjuiciado, su adicción a los estupefacientes y los fines constitucionales de la pena -rehabilitación y resocialización-, permiten y aconsejan en el caso bajo examen, teniendo además presentes las pautas del art. 41 penal en relación tanto a extensión del daño, como así también de las condiciones personales del sometido a proceso, no imponer pena y sí en cambio ordenar una medida de seguridad como ha sido propuesta, la que se cumplirá con la intervención del cuerpo médico de este Poder que deberá realizar un informe para su cumplimiento efectivo en el penal en el que se encuentra alojado" (cfr. fs. 351).

Previamente, expresó que encontrándose Sierra en el penal de la ciudad de Concepción, por la imputación de un delito en autos "Suárez, Héctor Leonardo y otros s/robo agravado y otros delitos", la medida de tratamiento debe disponerse mientras está alojado en el establecimiento penitenciario.

3.- Examinadas las actuaciones, se verifica que asiste razón al Ministerio Público. La ley 23.737 no autoriza a eludir discrecionalmente la imposición de una pena en casos como el presente, con el solo argumento de su inconveniencia; máxime cuando el mismo Tribunal tuvo por acreditado el hecho y su autoría por el imputado. Las restantes consideraciones en torno a las circunstancias del hecho y condiciones personales de su autor, podrán ser atendidas al momento de graduar la sanción, mas son insuficientes para eliminarla.

La ley citada tipifica como delito la tenencia de sustancias tóxicas prohibidas para uso personal, e instrumenta diferentes alternativas para la reacción del Estado; por lo que frente a esta hipótesis delictiva, el juzgador cuenta con distintas opciones de marcada finalidad asistencial. El reemplazo de la pena por una medida de seguridad ha sido previsto en la ley sustancial, con el objetivo de estimular al condenado por tenencia de estupefacientes para consumo personal (art. 14, segundo párrafo, ley 23.737), al cumplimiento de medidas curativas o educativas; cuyo resultado satisfactorio permite al juez sobreseer definitivamente (art. 18, ley 23.737); y aún a la sustitución de la pena por una medida de seguridad, cuando el procesado por el delito del art. 14 no dependiera física o psíquicamente de estupefacientes, por tratarse de un principiante o experimentador (art. 21).

Tal objetivo de reinserción social, tanto a personas adictas como experimentadores o principiantes, debe ser valorado en las concretas circunstancias del caso, a modo de salvaguardar la salud del acusado con consecuencias menos gravosas que las producidas por el cumplimiento de una pena en prisión. La política criminal presente en la citada ley comprende varias alternativas que hacen prevalecer su finalidad curativa; mas la posibilidad de sustituir la imposición de una pena y su ejecución, sólo corresponde en los casos que la misma ley ha previsto. En tal sentido, su art. 16 es claro en cuanto al carácter accesorio de las medidas de seguridad curativas ("además de la pena"), en relación al condenado por cualquier delito que dependiese física o psíquicamente de estupefacientes. De otra parte, como señala el Ministerio Público, el uso de estupefacientes para facilitar o ejecutar otro delito ha sido contemplado como agravante de la pena (arg. art. 13); de modo que no le es dado a los jueces sustituir discrecionalmente la sanción que corresponda.

A más de no concurrir alguna de las hipótesis que según el ordenamiento permiten eludir la sanción penal, la mayoría de la Sala a quo tomó por cierta una premisa fáctica no demostrada objetivamente en autos; esto es, que el imputado depende física o psíquicamente de estupefacientes. No surge de estas actuaciones, ni aparece debidamente fundado en la sentencia recurrida, que tal aserto cuente con apoyo científico. Los elementos mencionados por el Tribunal a quo resultan insuficientes para tener por acreditada tal dependencia física, en tanto presupuesto ineludible para imponer la medida de seguridad. Una interpretación sistemática de la misma ley conduce a sostener que conforme a lo previsto en su art. 20, la aplicación de la medida curativa exige el dictamen de peritos, que permita a los jueces distinguir entre el delincuente que hace uso indebido de estupefacientes, y el adicto a dichas drogas que ingresa al delito (arg. art. 20, ley 23.737).

Tal déficit no puede verse subsanado con lo ordenado en el punto III de la dispositiva, que manda ejecutar la medida de seguridad curativa, "previo dictamen de perito que aconseje la terapéutica adecuada"; toda vez que conforme a lo considerado, la opinión especializada debió ser requerida previo a la imposición de dicha medida, para fundamentar la decisión adoptada.

4.- Se concluye que, determinada la autoría y responsabilidad del acusado por el delito de tentativa de robo, el Tribunal a quo carecía de facultades para obviar la imposición de sanción penal. Por las razones expuestas, procede hacer lugar al recurso en examen, y casar el pronunciamiento declarando su nulidad parcial, conforme a la siguiente doctrina legal: "La imposición de las medidas de seguridad curativas o educativas previstas por la ley 23.737 requieren dictamen previo de peritos, a fin de establecer de manera objetiva si el imputado depende psíquica o físicamente de estupefacientes; y en su caso, la orientación terapéutica adecuada. La sustitución de la pena por una medida de seguridad de tal naturaleza, sólo procede en los casos y bajo las condiciones que la misma ley determina". En consecuencia, declarar la nulidad parcial del punto II de la dispositiva, en cuanto resuelve no imponer pena; y de su punto III.

Tal nulidad parcial resulta un imperativo de la posible divisibilidad de la parte resolutiva de la sentencia en capítulos escindibles; reiterándose que en la especie la existencia del hecho, su autoría por el acusado y la calificación legal, han sido establecidas definitivamente por los jueces de mérito y resultan inabordables en la presente instancia casatoria. Las restantes afirmaciones de hecho contenidas en el pronunciamiento no se ven alteradas por su nulidad parcial, que afecta únicamente la motivación del fallo en los puntos señalados.

La causa será reenviada a la Cámara a quo para que, por la Sala subrogante que corresponda, se dicte pronunciamiento integrador sobre la pena y su graduación; debiendo a tal efecto arbitrar el procedimiento adecuado que posibilite dicha integración. Igualmente, dispondrá la producción del dictamen previsto por el art. 20 de la ley 23.737, a fin de evaluar objetivamente la eventual necesidad de una medida de seguridad. Quedan excluidas de su potestad cognoscitiva las cuestiones ajenas a la anulación, y que no se ven afectadas por el déficit que da lugar a la invalidez parcial así declarada; por lo que conservan plenamente su eficacia, y serán vinculantes para los jueces de reenvío (arg. art. 4º CPP y art. 826, CPCC).

Surgiendo de autos la existencia de una condena anterior, dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala IIIa. con fecha 27/11/2001 en los autos "Sierra, Leonardo Ezequiel s/robo en perjuicio de Segundo López", deberá el Tribunal decidir según corresponda, de acuerdo a lo normado por el art. 58 y cc. del CP.

A las cuestiones propuestas los señores vocales Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto a fs. 353/359 por la Fiscal de Cámara en lo Penal de la IIIa. Nominación, contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Penal, Sala VIa. del 12/12/2002 (cfr. fs. 348/351). En consecuencia, declarar la nulidad parcial del puntos II de la dispositiva, en cuanto resuelve no imponer pena; y de su punto III.

II.- REMITIR la causa a la Excma. Cámara en lo Penal, para que, por intermedio de la Sala subrogante que corresponda, se dicte pronunciamiento sobre la graduación de la pena y en su caso, la necesidad de imponer una medida de seguridad; a cuyo efecto deberá arbitrar el procedimiento adecuado que permita emitir sentencia integrativa de la parcialmente anulada.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA