marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido por fuerza mayor, cierre del establecimiento, indemnización reducida
Materia: LABORAL
Carátula: AGÜERO, Primo Marcos c/ Rodríguez, Alejandro Antonio s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-06-14

Debe entenderse que la fuerza mayor es un acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse, Traído a nuestro ámbito de aplicación, la Ley de Contrato de Trabajo con el fin de reglamentar los derechos constitucionales reconocidos a los trabajadores en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y en particular sobre el derecho a la "protección contra el despido arbitrario" ha pretendido contemplar las situaciones de la extinción del vínculo laboral por cuestiones no imputables al empleador, o que excedan el arco de responsabilidad que le compete en su calidad de resultar la parte fuerte de la relación laboral.

Permítaseme aclarar que entiendo que en los acontecimientos analizados en el caso concreto, no se configura un cambio o variación de la causal invocada para el despido, sino que la interpretación que corresponde otorgarle a la causa invocada oportunamente es la existencia de fuerza mayor derivada de la enfermedad terminal, de la imposibilidad de mantener la explotación comercial caracterizada por todas las circunstancias descriptas oportunamente, tales como la inexistencia de socio ni ninguna otra persona que contara con conocimientos suficientes del oficio para que continuara con la explotación del negocio.

Ante estas circunstancias, la aparición de la enfermedad terminal en la salud del empleador que a la postre terminó con su vida a pocos días de la extinción del vínculo y cierre del establecimiento comercial, constituyeron un impedimento material para poder arbitrar medidas tendientes a garantizar la explotación del comercio.

A mi criterio, la enfermedad terminal que padeció el actor, las particularidades de la explotación comercial y la imposibilidad de continuar con la explotación comercial, constituyen sin duda una causal de fuerza mayor no imputable al empleador, que a mi criterio justificaron la decisión del cierre del negocio comercial y por consiguiente la extensión del vínculo. Por ello propicio que debe modificarse el fallo, y en consecuencia, condenarse al pago de la indemnización por despido reducida conforme a la previsión del art. 247 LCT.

(del voto del Dr. Guillermo F. Baigorrí)
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, responsabilidad civil, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Alvarracín, Rosa Carlota c/ Alvarracín, Rosa Carlota s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-29

Es de recordar que las ART desempeñan un papel fundamental en materia de seguridad y es esta función la que genera responsabilidad. Están obligadas a asesorar a los empleadores para prevenir y proteger (actividades permanentes de prevención y vigilancia) y la conducta omisiva de la ART en este sentido, implica una negligencia en su obrar que trae como consecuencia los daños en la salud del actor. Así el empleador directo es responsable por el daño causado y la ART al incurrir en una omisión culposa lleva a la aplicación del art. 1074 Cód. Civil por lo que debe responder no acotado al valor de la póliza sino plena e integralmente, en forma solidaria por el crédito reconocido al trabajador. Así entonces, resulta que el empleador es responsable directo por el daño causado y la ART cuando incurre en una omisión culposa determina la aplicación del mencionado art. 1074 del C. Civil por lo que debe responder solidariamente y no sólo en los términos de la póliza.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comité Provincial de la U.C.R. s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1987-12-10

Sólo se admite la llamada gravedad institucional o interés institucional "dentro" de una cuestión constitucional o federal, a fin de atenuar lo que se denominan "ápices procesales", es decir, para sortear o ablandar uno o más requisitos formales del recurso, para moderar su rigor, pero en modo alguno se admite que con la gravedad institucional se fabrique una causal más, o una causal independiente para el andamiento del recurso extraordinario, cuando no se tipifica la cuestión federal o constitucional que él exige.

(Del voto del Dr. Carlos María Quiroga.)
Medidas cautelares, medida de no innovar, incumplimiento de resolución judicial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ONABE s/ medida de no innovar".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-10

Una medida de no innovar no pude ser utilizada para incumplir una orden de otro juez, al respecto, resulta aplicable el criterio según el cual una cautelar de tales características, no puede, como regla, interferir en el cumplimiento de pronunciamientos judiciales, ni ser empleada para impedir u obstaculizar el derecho de índole constitucional de ocurrir a la justicia para hacer valer los derechos que las partes interesadas consideran tener.
Acción de amparo, acto administrativo, motivación del acto administrativo, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIOS, ALEJANDRA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-08-18

El recurso extraordinario incoado merece favorable recepción, en tanto el pronunciamiento atacado se aparta de los cánones de motivación y fundamentación exigibles al sostener que el acto administrativo cuestionado -que disponía el cese de la suplencia conferida con fundamento en el decreto 4762/82- se había dictado en contradicción a lo dispuesto por la ley en materia de incompatibilidad docente, aceptando lisa y llanamente los planteos de la amparista, omitiendo infundadamente analizar las razones y motivaciones invocadas por la demandada y, en todo caso, evidenciar cómo el acto administrativo y la normativa criticada resultaban opuestos a las atribuciones públicas organizativas o que respondían a un fin desviado o manifiestamente excesivo.
Daños y perjuicios, indemnización, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bonali, Víctor Hugo c/ Municipalidad de Ensenada s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

La valoración y tasación del daño patrimonial y del daño moral se han de abordar en forma totalmente autónoma, atendiendo a la entidad objetiva de los efectos económicamente perjudiciales, en uno, y de los efectos anímicamente perjudiciales, en el otro. Siempre, en uno y otro supuesto, de consuno a las circunstancias particulares del caso concreto, como modo de lograr una indemnización justa, plena e integral que, sin olvido de la necesaria prudencia y de la siempre anhelada equidad, permita -en el primer supuesto- la recomposición del patrimonio lastimado y en la medida de su real menoscabo y -en el segundo- una adecuada reparación del dolor sufrido.
Acto administrativo, acto administrativo de alcance general, reglamentos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gianola, Raúl Alberto y otros c/ Estado Nacional y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-15

La potestad reglamentaria habilita para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido contemplados por el legislador de una manera expresa, cuando se ajustan al espíritu de la norma reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue, son parte integrante de la ley reglamentada y tienen la misma validez y eficacia que ésta (Voto de la mayoría, al que no adhirió la Dra. Carmen M. Argibay). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Adalberto Jorge s/ Infracción ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Es infundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad en el que se plantea la transgresión del art. 113 del Código de Faltas, por la forma que se notificó la sentencia, sin advertir que el recurso en cuestión se refiere a la constitucionalidad de "leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos" y no a actos procesales.
Superintendencia, Cámara de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Santa Marina, Alberto Patricio s/ Avocación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Si bien el ejercicio de la postestad disciplinaria respecto de los magistrados, con las limitaciones que impone su investidura, constituye materia propia de las cámaras de apelaciones, ello no es óbice para admitir la avocación del caso cuando concurren supuestos de manifiesta extralimitación o arbitrariedad, o existen razones de superintendencia general que la tornen conveniente (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano y Guillermo A.F. López).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, proceso penal, etapas del proceso, preclusión, juicio, reapertura del debate, juicio oral, instrucción suplementaria, ley procesal penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N., D. S. y CH., M. M. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 242 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17

Si se establece un parangón entre la estructura del procedimiento común y el oral se advertirá que no existen diferencias sustanciales en orden a las actividades de complementación de la prueba como medidas para mejor proveer. La apertura de ambos procedimientos ante los órganos jurisdiccionales competentes (juez de sentencia y sala del crimen) contiene el mismo presupuesto: la producción de la requisitoria fiscal.

En uno y en otro existen normas que autorizan a producir medidas probatorias -aún de oficio- durante el juicio:

1) las "nuevas pruebas" en el común (art. 393) y la "instrucción suplementaria" en el oral (art. 453); 2) la "reapertura de la causa a prueba" (art. 400) para el común y las "nuevas pruebas" (art. 472) como la "reapertura del debate" (art. 476) para el oral.

En consecuencia, no habiendo diferencias sustanciales con relación a estas medidas tendentes a complementar la prueba, constituye una hermenéutica irrazonable de las normas en cuestión sostener que en el juicio oral -por el camino del artículo 453 del Código Procesal Penal- se permite a volver a la instrucción originaria con todas sus implicancias, cuando esa posibilidad de retorno de manera alguna se encuentra contemplada en el procedimiento común. (Del voto de la Mayoría)
Expropiación, indemnización, Tribunal de Tasaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARINO, LORENZO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ EXPROPIACION INVERSA (CSJ EXPTE NRO 23-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-06

A los efectos de fijar la indemnización por expropiación, es adecuado recurrir a la valuación por hectárea considerada por la Comisión de Tasaciones considerada desde la fecha de la última tasación y promediado ese valor base a la luz de los distintos coeficientes de corrección que correspondan.
Querella, acusación fiscal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LUCERO DE CONSIGLI, ESTELA Y OTROS s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO Y ESTAFA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-17

En los supuestos en que no habiendo observado los requisitos formales mínimamente exigidos para tornar procedente una querella, la misma no resulta nula, si como consecuencia del trámite final seguido en la causa, la existencia o no de la acusación de la querella como así también de la prueba que produjera con posterioridad deja igualmente inalterado el proceso, ya que se encuentra con la acusación Fiscal como sustento suficiente para dar lugar al juicio propiamente dicho y la prueba ofrecida no es otra que la previamente incorporada por el Magistrado en la etapa de sumario y que por ello tiene entidad propia, habiéndose limitado la querella a remitirse a la misma.
Competencia desleal, falta de perjuicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: FORETIC, CARLOS ALBERTO c/ FORETIC, FERNANDO MARIO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-15

No se encuentra configurado un supuesto de competencia desleal cuando, -como en el caso- surge que si bien el defendido utilizó sus conocimientos en el mercado -creando una nueva sociedad con el mismo objeto de la que representaba como único director-, sin embargo, nada ha sido acreditado en el sentido de que haya producido un perjuicio concreto sobre el pretensor, en tanto no se encuentra demostrado que la cartera de clientes de la que gozaba hubiese disminuido o desviado, ni existe evidencia alguna que acredite que haya desbaratado, perjudicado o desbalanceado la igualdad de posibilidades en la concurrencia al mercado de ambos mercaderes (o empresarios).
Gobierno de facto, leyes
Materia: LABORAL
Carátula: MORELLI, NICOLAS c/ ELMA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-21

La validez de las normas y actos emanados de un gobierno de facto está condicionada a que expresa o implícitamente el gobierno constitucional elegido que le suceda le reconozca.
Medidas cautelares, cuestiones de competencia, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Santander, Julio César y otro c/ E.N. - S.P.F. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-15

En el marco de una medida cautelar formulada contra el Estado Nacional o sus entes descentralizados, el juez interviniente debe expedirse sobre la cuestión de competencia al momento de pronunciarse sobre aquélla, si no lo hubiera hecho antes, según lo dispuesto por el art. 2°, ap. 1°, de la ley 26.854 dado que la norma no brinda otra oportunidad para pronunciarse sobre la cuestión, distinta de las previstas en los arts. 4°, 10 y 352 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Responsabilidad del Estado, personal policial, facultades de la autoridad de prevención, impericia
Materia: CIVIL
Carátula: TARDIO CLAUDIO OSCAR c/ GAGO NESTOR ALEJANDRO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

Atendiendo a la forma comprobada en que se produjeron los hechos, el inspector debió actuar con celeridad en cumplimiento de sus deberes, ya que dejando de lado lo de su legítimo derecho a defenderse, el policía se hallaba obligado, en virtud de su función, a intentar reducir a los delincuentes (art. 8°, inc. d, Ley N° 21.965), que desoyeron la voz de alto. En consecuencia, el codemandado no actuó con impericia o exceso alguno en el ejercicio de su actividad.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, oportunidad procesal, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: GIRALDEZ LUIS ALCIDES c/ TROLLANO ADOLFO Y OTRO s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-03-16

Es la fecha en que se diligencia el mandamiento la que debe tomarse en cuenta para determinar si la excepción esta presentada en termino, puesto que aun cuando la contraria haya tomado vista del expediente con anterioridad, esta se efectúa en una etapa previa al juicio en si mismo, en la que la ejecutada no es litigante ni tiene las cargas que pesan sobre el mismo. Recién con la intimación de pago y citación para la defensa el deudor interviene en el juicio ejecutivo, pues la mencionada citación es el acto mediante el cual se acuerda al deudor la posibilidad de oponerse a la actuación de la pretensión ejecutiva, valiéndose para ello del planteamiento de alguna de las excepciones previstas por la ley.
Registro de marca, ganado, bienes gananciales, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Tapia, Edith Susana c/ Contin, Nazario Raul s/ Ordinario s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-03-05

Considero erróneo lo sostenido por la Cámara, que invirtiendo de alguna manera la carga de la prueba, concluye que la recurrente no ha acreditado el carácter ganancial de los vacunos declarados por el demandado como de su propiedad al momento de requerir la expedición del boleto de marca. El que debe demostrar en el caso a la luz del régimen jurídico de marcas establecido por el Decreto 982/59 y de la normativa general que rige la cuestión, que el ganado era propio y no ganancial, es el demandado.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, acto administrativo, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pistacchia, Juan Antonio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 805-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-04

No puede prosperar el agravio del recurrente fundado en que antes de proceder a su adscripción al Tribunal Electoral, se debió oírlo y dársele intervención al servicio jurídico de la Administración, por cuanto la ley 8525 no exige la participación del agente antes de disponer su traslado, y tampoco resultaba inexcusable un dictamen del órgano de administración consultiva desde que la medida no tenía una entidad tal que significase la posibilidad de afectar derechos subjetivos del agente. Además, la falta de intervención del empleado con anterioridad al dictado de la medida impugnada no aparece que, en el caso, haya tenido decisividad habida cuenta que el actor expuso, en sede administrativa, todo cuanto creyó conveniente a su derecho, exponiendo razones que fueron conocidas y valoradas por la Administración activa en los actos impugnados.
Estado Nacional, estado federal, sistema federal, acceso a la información pública, territorio, República Argentina, emisoras privadas de radio, emisoras de televisión privadas, radiodifusión, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba, publicidad oficial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: La Cornisa Producciones S.A. c/ EN - JGM - SC s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-14

Resulta razonable que el Estado Nacional pretenda extender la información pública a todos los rincones del territorio nacional contratando con pequeños medios del interior, representando una herramienta idónea a los fines de cumplir con su pretensión de federalización, pero en tanto no pudo explicitar ni probar la envergadura del plan desarrollado, no ha podido justificar la incidencia de la supuesta inversión en relación a la disminución de la pauta publicitaria contratada con la actora -una productora de programas de radio y televisión -, que de $ 994.166 percibidos como suma en el año 2010, la redujo a $ 7.270 en el año 2011.
Docentes, empleados públicos, jubilaciones, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: TORRES, CLAUDIO FELIX s/ JUBILACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-07

Si la finalidad perseguida por el régimen de la renuncia condicionada, fue paliar la situación que creaba la exigencia de tener que cesar en las funciones para acceder a la jubilación, soportando de tal modo el peso de la falta de haberes hasta que fuera concedido el beneficio, frente a los términos de la ley 18.037 que corrigió esa exigencia, bien pudo el a quo entender que no correspondía aplicar a los docentes y agentes de la administración las normas que reclama el recurrente -decretos 8.820/62 y 9.202/62- que importarían perjudicarlos, precisamente, con aquellas disposiciones que fueron dictadas para su protección.
CÓDIGO DE FALTAS DE SANTA FE, injurias graves
Materia: PENAL
Carátula: R, E C s/ INFRACCION LEY 3473.     CAP EXPTE NRO 211-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-10-15

Quien pretende ampararse en el artículo 10 del código de faltas, debe demostrar que los insultos son como reacción a ofensas o injurias dirigidas en su contra y no provocados por él, "parificada a la atenuante por emoción violenta excusable prevista en el código penal".
Bienes del Estado, dominio público, mercado de pulgas, mantenimiento del edificio, peligro de ruina, facultades de la administración, desalojo administrativo, desocupación del inmueble, medidas cautelares, suspensión del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ACARYA Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO ART. 14 CCABA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-07

En el caso, encontrándose debidamente demostrado en autos, por un lado, que las actuales condiciones del predio denominado "Mercado de Pulgas" suponen significativos riesgos para la integridad de sus ocupantes y de eventuales concurrentes y, por el otro, siendo la facultad de autotutela sobre bienes de dominio público una potestad expresamente reconocida a la Ciudad de Buenos Aires por el ordenamiento jurídico (artículo 12, LPA), el acto administrativo por el cual se dispone la desocupación administrativa del mencionado predio (Decreto Nro. 1630/05) no aparece como manifiestamente ilegitimo o arbitrario.

A ello se suma, a su vez, que la realización de las obras necesarias para revertir la precaria situación en que se encuentra el mercado en la actualidad resultaría de muy difícil, sino imposible concreción, sin proceder previamente a la desocupación del predio y al retiro de los materiales allí acopiados por sus actuales ocupantes.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, compraventa, compraventa de automotores, daños y perjuicios, precio, prueba, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: OSVALDO OSCAR RAMOS c/ ISAAC DECAROLI Y COMPAÑIA. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.    DAÑOS Y PERJUICIOS.    COSA JUZGADA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-19

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que -ante la falta de prueba del desembolso de suma alguna en concepto de precio- entendió que no había acreditado el perjuicio y revocó el pronunciamiento que -frente a la imposibilidad de cumplimiento del contrato de compraventa de cinco vehículos- hizo lugar a la pretensión del cobro del valor actualizado de los automotores. Ello así, pues se trata del análisis de cuestiones de hecho, regidas por el derecho común y procesal, que han sido resueltas con fundamento suficiente de igual naturaleza, lo que obsta a la descalificación del fallo con base en la doctrina sobre arbitrariedad.
Libertad de prensa, responsabilidad penal, inimputabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Pérez Arriaga, Antonio c/ Diario La Prensa  S.A. s/ Recurso de Hecho Pérez Arriaga, Antonio c/ Arte Gráfica Editorial Argentina  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02|1993-07-02

En el sistema legal vigente, es imprescindible probar aún el factor de imputabilidad subjetivo - sea la culpa o el dolo - de la persona u órgano que dio la noticia o publicó la crónica.
Alumbrado, barrido y limpieza, puertos, pago de tributos, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CENTRAL PUERTO S.A. c/ G.C.B.A s/ REPETICIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28

El alumbrado, barrido y Limpieza no es un tributo vinculado a servicios típicos de regulación policial portuaria, por lo cual no puede pensarse que el Gobierno local pretende "duplicar" sus pretensiones tributarias a fin de obtener ingresos suplementarios de parte de contribuyentes ubicados en zona portuaria.

Por el contrario, la contribución examinada es un típico tributo local, propio de todas las jurisdicciones locales en la tradición tributaria argentina (y así sucede también en el ámbito de la Ciudad, antes como municipio y ahora como entidad autónoma), que no ha sido creado "ad hoc" con respecto a los agentes económicos radicados en el puerto.