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Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación, peligro de naufragio o desastre aéreo, accidente de aviación, responsabilidad penal, delito de peligro
Materia: PENAL
Carátula: AZUGNONI de RUMACHELLA, María D. s/ apelacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-14

El curso causal dañoso se compuso de la actuación defectuosa, no de una sino de varias personas que en sus respectivos ámbitos organizativos desafiaron el riesgo tolerado en una actividad donde el más mínimo detalle debía entrar dentro del cálculo y la previsión. Tan sólo admitir la posibilidad de que algún asunto escapase a ese control debe ser concebido como un potenciador exponencial del riesgo donde prácticamente no existe espacio tolerado. Los roles eran diversos y así se ha demostrado; obviamente, al empresario no se le exige lo que al técnico, ni viceversa, como tampoco que uno y otro supiesen pilotear. No obstante, está claro que quien debía hacer de barrera de contención de riesgos en su respectiva esfera no sólo no los redujo sino que los aumentó en el sentido de prescindir de intentos de contención -como se vió- claramente necesarios. Y en lo que a esto respecta cada uno ha dominado concientemente la situación. Ello ambientado en un contexto de división vertical del trabajo, donde la existencia de competencias residuales sin duda también da lugar a responsabilidad -formación e información, dotación de medios, etc.-. Las imputaciones, sobre la base del artículo 190 del ordenamiento sustantivo encuentran su razón de ser, no en el hecho de que cada uno de los encartados provocó el accidente de aviación sino por haber realizado una conducta equivalente a ello, permitiendo y avalando desde sus órbitas exclusivas que la aeronave volara sin mecanismos de alarma que demostrasen que la calefacción de los tubos pitot estaba inoperativa y con una tripulación deficientementemente entrenada. Claramente es un delito de puesta en peligro que se comete cuando, según reza la norma, el autor sabe que su conducta es generadora de riesgo. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Ley de seguros, intervención de terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: G. D. A. y otra c/ T. G. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-18

La prestigiosa Cámara de Apelaciones platense atinadamente sostuvo que "El art. 118 de la ley de seguros consagra en verdad -desde la perspectiva procesal- una citación de terceros "sui generis" con la característica de la intervención coactiva que se encastra en la normativa del art. 94 del ordenamiento procesal antes referido, y que convierte al citado en una verdadera parte con amplias facultades defensivas, y por ende impugnatorias; a tal punto que la sentencia que se dicta hace cosa juzgada contra el asegurador y puede ser ejecutada contra éste en la medida del seguro como surge del art. 118 apartado 3 de la ley 17.418 (conf. art. 96 C.P.C.C.); por lo cual entonces es indudable que tiene la posibilidad de atacar la sentencia antes de que se convierta en inalterable, pudiendo en tales casos por vía de ejemplo impugnar en el caso que el asegurado entre en una connivencia con el tercero, o si simplemente ejercita una actitud negligente en el proceso.
Administración Pública, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCARANO, LUIS DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 817 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02

La función de los órganos consultivos es asesorar a los activos, preparando la acción de éstos, al facilitarle elementos de juicio que sirvan de base para la formación de la voluntad del órgano activo. No ejercen funciones de voluntad, sino solamente de apreciación técnica, por lo que las opiniones que vierten no tienen virtualidad jurídica para constituirse en conductas susceptibles de vincular a la Administración. (Del Voto Del Dr. Spuler)
Medidas cautelares, medicamentos, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GELAY CARLOS ALBERTO c/ SWISS MEDICAL SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-11

La resolución 840/95 (BO 22-3-95), regula el trámite que debe seguirse para la importación de cualquier medicamento que no se comercialice en el país. En su art. 1 establece como Uso Compasivo de Medicamentos al uso estrictamente individual, limitado a un paciente, de una droga en alguna de las situaciones que allí se refieren (por ejemplo, enfermedades que deterioren la calidad de vida; enfermedades para las que no exista en nuestro país un tratamiento convencional siempre que exista un balance riesgo/beneficio razonable para el paciente; o cuando existiera tratamiento convencional pero el paciente no hubiera presentado respuesta al mismo, etc).
Violación de domicilio, desobediencia
Materia: PENAL
Carátula: G.O.,S.A. - Reyes Paez, Luis s/ Violación de Domicilio en Concurso ideal con desobediencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2014-01-10

Corresponde condenar al imputado en orden a los delitos de violación de domicilio y desobediencia (artículos 26, 27, 45, 55, 150 y 239 del Código Penal) en concurso real, pues se acreditó que se hizo presente en el domicilio de su ex pareja, abrió el candado por ella colocado como medida para franquear el acceso de personas ajenas al inmueble e ingresó a tal vivienda, sin el consentimiento de la aludida mujer, con lo cual, además de violentar la privacidad de la referida víctima, desoyó consciente y abiertamente el mandato judicial que pesaba en su contra y le prohibía acercarse a dicha vivienda, a su moradora y su familia.
Obligaciones en moneda extranjera, entidades financieras, mora del deudor, pesificación, coeficiente de estabilización de referencia, intereses moratorios, intereses compensatorios, intereses punitorios
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PAMPA c/ L., S. s/ PREPARA VIA EJECUTIVA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-12-28

La pesificación no "beneficia" al deudor moroso; para la economía interna su sacrificio es exactamente el mismo que debía hacer antes de la pesificación. Podría creerse que la solución beneficia al deudor, pero no es así, pues todos pierden: un dólar es igual a un peso, pero a ello debe sumarse el 40 -cuarenta por ciento- a diciembre de 2002 por el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) (actualmente, a diciembre de 2004 debe sumarse aproximadamente el 52 -cincuenta y dos por ciento- por el CER) y a este resultado, los intereses compensatorios, moratorios y punitorios que pudieran corresponder a la tasa que los jueces libremente pueden fijar, sin perjuicio de los límites que se han colocado en las distintas jurisdicciones. El Congreso fija el valor de la moneda.

En tal sentido, se recuerda que la Corte Suprema de Estados Unidos, en oportunidad de la conversión a moneda de curso legal de las obligaciones contraídas bajo cláusula oro, consideró válida la conversión dispuesta y rechazó el pedido de mayor daño, por no estar avalado por un efectivo menoscabo respecto de la relación con otros valores distintos del oro.
Principios generales del Derecho, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: HEREDEROS de J. M. s/ Tercería de Mejor Derecho en Autos "P., R. A. c/ S. E. S. S.A. s/ COBRO DE PESOS"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-09

La "buena fe" es una exigencia que domina todo el ordenamiento jurídico, no sólo en lo referente a la constitución de la relación, sino también en la ejecución e interpretación de cualquier aspecto de la convención (Art. 1198, Cód. Civil), exigiéndose una conducta clara, diligente y sincera de las partes, tanto en el proceso formativo de los contratos cómo durante toda su vigencia y hasta su posterior extinción para que funcione adecuadamente el mismo.
Concursos, síndico del concurso, legitimación procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAOLINI Francisco - Quiebra c/ Municipalidad de Rivadavia s/ Nulidad de Acto Jurídico - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-11-11

Por la declaración de quiebra el art. 142 de la ley de Concurso y Quiebras va a acordar legitimación del Síndico, y habilitación procesal, como consecuencia del desapoderamiento que padece el fallido. Entonces, si bien es cierto que el síndico no es continuador de la persona del fallido, "la ley desplaza al cesante de la disponibilidad de su patrimonio y de la atribución constitucional de defensa en juicio, sustituyéndolo en esa cualidad por la actuación compulsiva del órgano concursal, la cual es excluyente de la del fallido.

"El fallido, como consecuencia del desapoderamiento, pierde la legitimación para actuar en todo proceso que involucre los bienes desapoderados en razón de la quiebra. El síndico ejerce los derechos de los que está privado el fallido y, en particular, de acuerdo a la norma que comentamos, está habilitado para intervenir en las relaciones jurídicas patrimoniales del fallido que sean anteriores a la quiebra".
Servicio telefónico, facturación excesiva, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: Coto, Guillermo Emilio c/ Telefónica de Argentina s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05

Resulta prima facie suficientemente acreditada la verosimilitud del derecho requerida para la viabilidad de la medida de no innovar, así como el peligro inminente de la eventual baja de la línea telefónica en virtud de la falta de pago habida cuenta que de las boletas de pagos cuyos montos son impugnados se registran pulsaciones excedentes que superan en demasía a las registradas respecto de esa línea telefónica por los bimestres anteriores.
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Néstor  Carlos  Varni, Síndico de la Comisión Fiscalizadora del Banco Oddone S.A. s/ RECURSO  DE  APELACION  c/  RESOLUCION  236/80  B.C.R.A.(Ley 19.550).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-18

Para la correcta deducción del recurso extraordinario es menester que se lo funde, dado su carácter autónomo, mediante un preciso relato de los hechos de la causa, de la materia federal en debate y de la vinculación existente entre éstas y aquéllos. El escrito respectivo debe contener una crítica prolija de la sentencia impugnada, esto es, que el recurrente debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el a quo para arribar a las conclusiones que lo agravian.
Improcedencia del recurso, nulidad de la notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Saldaña Leopoldo Esteban c/ Kablan Julio Horacio s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-05-13

Resulta improcedente el planteo de nulidad de las cédulas notificatorias, puesto que las piezas referidas cumplieron el cometido del art.

26 del CPL y que las nulidades -como remedio extremo- son de interpretación restrictiva y de carácter relativo, en tanto el vicio o defecto es susceptible de convalidación expresa o tácita.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, servicio público, transporte interno, transporte de pasajeros, Estado Provincial, sistema federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: El Práctico S.A. c/ Provincia de Córdoba s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-18

La acción declarativa deducida por una empresa prestataria del servicio público de autotransporte -inscripta en el Registro Nacional del Transporte Automotor de Pasajeros- contra la Provincia de Córdoba a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 1° y 2° de la ley 8669 y 2° de su decreto reglamentario 254/03, no tiene un carácter simplemente consultivo ni importa una indagación meramente especulativa, sino que responde a un "caso" y busca precaver los efectos de actos a los que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal.
Falta de fundamentación, recurso extraordinario, Pacto de San José de Costa Rica, improcedencia del recurso, certiorari
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Gil Domínguez, Andrés c/  s/ formula petición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

La impugnación al art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por resultar violatorio del art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos formulada en el recurso extraordinario exhibe una manifiesta carencia de fundamento que la torna ineficaz e impide su consideración por parte de la Corte.
Contratos, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pulvermacher, Alberto José Esteban c/ Contín La Plata S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18

El derecho no sólo protege a la persona en su integridad y en su patrimonio económico, sino también en su patrimonio moral o afectivo; de aquí que todo daño inferido a la personalidad, especialmente a la sensibilidad a través de sus manifestaciones de honor, paz, dignidad, pudor etc., obligue a su autor a repararlo aunque, tratándose de un pretensión resarcitoria por daño moral emanada de un relación de índole contractual, sólo será jurídicamente viable si existe acabadamente probada una lesión a los sentimientos a las afecciones o a la tranquilidad anímica, que no pueden ni deben confundirse con las inquietudes propias del mundo de los pleitos y de los negocios.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, fundamentos insuficientes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MANASSERO, PRIMO DANTE c/ VANNI,  NORBERTO CARLOS RAMON -TERCERIA DE DOMINIO PROMOVIDA POR HUGO MARIO FRUGONI- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 265-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-01

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad, si el recurrente, que se queja concisamente del decisorio, no brinda elementos que permitan suponer la violación de alguna garantía constitucional. Como dice Morello, no se trata de "abrir sin más la puerta", es necesario que las circunstancias del caso sean habilitantes.
Honorarios del abogado, información sumaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Medisur  S.A. s/ Información Sumaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-02-27

En una información sumaria - realizada a los efectos de obtener una declaración sobre la titularidad de los certificados de plazo fijo e intransferibles - si bien deben ponderarse la importancia económica que la cuestión tiene para la recurrente, no es equiparable el procedimiento a un contradictorio, a los efectos del cálculo de los honorarios del profesional interviniente, por lo que corresponde aplicar un tercio de la escala del art. 7 de la Ley 1 519, dado el carácter de tramitación especial y voluntaria de la información producida.
Escrituración, pago, precio, fecha cierta, compraventa, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: GRAFFIGNA FRANCISCO RICARDO ESTEBAN s/ QUIEBRA - INC.DE ESCRITURACION S/ POR VICTOR RAUL AGUILAR
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-07-06

En el marco de un proceso falencial, cabe rechazar por improcedente la demanda incidental de escrituración promovida, toda vez que no se ha probado el pago del precio tal como requiere la ley 24522:146.

Ello así, pues si bien las firmas insertas en el boleto de compraventa se encuentran certificadas por escribano público, lo cual dota al instrumento de fecha cierta; aún cuando las cláusulas del instrumento establecen el precio convenido, y que éste se encuentra totalmente pago, lo cierto es que dicho pago no fue realizado en presencia del notario; así se infiere del texto del boleto y de las propias declaraciones del incidentista y de la parte vendedora.

Entonces, si bien las partes manifestaron en el contrato de compraventa que el precio se encontraba cancelado, no se trata de un hecho que haya sucedido en presencia del notario, por lo que corresponde probar su ocurrencia.
Recurso de apelación (procesal), caducidad de instancia, plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ORTIZ RONCAGLIA, Omar Dante c/ RONCAGLIA, Amadeo Alfonso s/ Cumplimiento de Contrato  - Obligación de escriturar
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-23

En este aspecto de la Caducidad, nuestra Jurisprudencia ha señalado que: "si se consiente una actuación, ya sea del tribunal, de los auxiliares o de las partes, posterior al vencimiento del plazo de caducidad, no puede solicitarse la perención de la instancia porque la misma ha quedado subsanada.

En rigor no cabe hablar -dicen- de subsanación de la perención porque no es la perención de la instancia la que se subsana sino la instancia misma, al igual que lo que se subsana en las nulidades procesales no es el vicio sino el acto procesal o procedimiento viciado. Igualmente se sostiene que existe consentimiento tácito cuando no existe una declaración de voluntad de la parte de consentir que la instancia continúe (Ob. Cit. pág. 449).
Despido discriminatorio, enfermedades inculpables, cáncer, despido por maternidad, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Sandoval María Alejandra c/ Tomografía Computada Buenos Aires s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-19

En el caso, la actora expresó que su despido revistió carácter discriminatorio y por ello reclamó una reparación pecuniaria por el daño moral sufrido. Se encuentra fuera de discusión el intercambio telegráfico, del cual se extrae que la actora se encontraba embarazada y poseía un tumor en el riñón al momento del distracto pues, tan sólo cinco días después de ser despedida, expresó dicha situación. Así, se desprende que no hizo saber a su otrora empleadora su estado de gravidez ni la enfermedad oncológica que portaba, sino después del despido. Sin embargo, fue su estado de salud lo que determinó el fin de la relación y ello violenta el principio constitucional de no discriminación afectando injustificadamente la dignidad de la actora, pues las circunstancias concomitantes al momento del distracto indican a las claras que, independientemente de su gravidez y de la enfermedad oncológica que portaba, fue su estado de salud previo a la toma de conocimiento de dichos extremos, el detonante que incidió en la finalización del vínculo.

Fuente del sumario: OFICIAL
Jurisdicción y competencia, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Varela, Ramón y Barraza de Varela, Dolores s/ sucesiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-03

Para decidir sobre el juez competente para entender en la sucesión de la causante, es irrelevante que veinte años antes del fallecimiento ella y sus hijos acordaran radicar la sucesión de su cónyuge en determinados tribunales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez, Claudio F. y Lamolina, Gustavo Vicente c/ Paradiso, Daniel s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Debe considerarse acreditado el absurdo denunciado cuando la fundamentación del fallo impugnado no se compadece con la evidencia de las constancias documentales.
Bienes públicos del Estado, servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VILLAR, LUIS FRANCISCO c/ MUNICIPALIDAD  DE  SANTA  FE, EN  AUTOS  "GEPPEL  Y PINASCO Y AMBROS PALMEGIANI C MUNICIPALIDAD DE SANTA FE" s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   INCIDENTE  DE  APREMIO. INCIDENTE    DE  LEVANTAMIENTO  DE  EMBARGO  PROMOVIDO POR LA DEMANDADA.     CSJ EXPTE NRO 102-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-03-23

Los bienes afectados al uso público o a un servicio público -por su destino- no son enajenables mientras dure su afectación.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Saucedo, Manuela c/ Marcos, Cesar s/ Daños y perjuicios Garcia de De Rosa, Irma c/ Gandino s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03|1990-09-13

Para la determinación del resarcimiento no corresponde someterse estrictamente a los cálculos matemáticos derivados de los ingresos que obtenía la víctima, sino que deben evaluarse pautas tales como el vínculo familiar, condición social de la víctima y de quien reclama el resarcimiento, expectativas de vida, etc.
Suspensión de juicios conexos, alimentos, obligación alimentaria, incumplimiento de la obligación alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R. DE F.M. c/ F.C.R. s/ REDUCCION DE LA CUOTA ALIMENTARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-04

SUSPENSION DE JUICIOS CONEXOS AL DE ALIMENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA. Si bien es cierto que se ha admitido, aparte de los medios comunes a todo acreedor para lograr el cumplimiento de la prestación alimentaria, diversas sanciones tendientes a obtener la satisfacción de dicho deber, entre las que figura la suspensión del juicio de reducción de la cuota (conf.

Busso, "Código Civil Anotado", T.II, p.847; Borda, "Tratado de Derecho Civil Familia", T.II, p.395; Colombo, "Código Procesal...", T.I, p.392; C.N.Civ. Sala F, R.167.097 del 25/11/72; íd.íd. R.170 388 del 21/12/72; íd.íd. 5/11/80, E.D. 92-610; íd. Sala G, R.279.775 del 3/3/82) no lo es menos que ésta es una medida de carácter excepcional, a la que sólo debe recurrirse cuando la conducta del alimentante aparece, "prima facie", como maliciosa (conf. Borda, op.

y loc. cit.). De lo contrario, se corre el riesgo de cercenarle su posibilidad de defensa en juicio, y en casos extremos, de impedirle para siempre demostrar que sus ingresos no cubren la cuota fijada, porque si realmente no puede satisfacerla y se le impide probar que esto es cierto quedará encerrado en un círculo sin salida (conf. C N. Civ. Sala G, R.282.652 del 13/8/82). C.N.Civ. Sala G, R.828 "R. de F.M. c/F.C.R. s/Reducción de la cuota alimentaria s/Art. 250 Cód. Proc.", del 4/11/83.
Tasa de justicia, interpelación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cervellini de Fernández, Lidia N. c/ Fernández, Juan R. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18

La intimación hecha a un litigante para que cumpla con el pago de la tasa por servicios judiciales debe ser notificada por cédula o personalmente (art. 135, inc. 5 del C.P.C.C.).-
Accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria
Materia: CIVIL
Carátula: Guerrero, Juan A. y otra c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-13

Demandados daños y perjuicios como consecuencia del accidente ferroviario que sufriera la demandante, corresponde atribuirle el cincuenta por ciento de responsabilidad e igual porcentaje a la empresa ferroviaria si en el hecho intervinieron o sirvieron de concausa la actitud omisiva del guarda que tenía a su cargo el control y seguridad de los pasajeros y no debió autorizar la puesta en movimiento del convoy cuando se estaba produciendo el ascenso de uno de ellos y un caso fortuito, como lo es el resbalón de la víctima al subir al tren, que en definitiva fue el que le provocó la caída.