Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-06-22


SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO:22 San Fernando del Valle de Catamarca,22 de junio de 2.006.- Y VISTOS:

Estos autos Corte No 06/03 "PAU, Gabriel Dante c/ Cámara de Diputados y Estado Provincial - Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción", en los que a fs. 159 se llevó a cabo la Audiencia que prescribe el Art. 39 del Código Contencioso Administrativo; llamándose autos para sentencia a fs. 159 vta.- En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es procedente la Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde? Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs. 160 vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, CESAR ERNESTO OVIEDO y ENRIQUE ERNESTO LILLJEDAHL.- A LA CUESTION PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que a fs. 41/45 de los presentes, el actor en autos interpone acción Contencioso Administrativa en contra de la Cámara de Diputados de la Provincia y el Estado Provincial, solicitando la revocación del Decreto No 280 dictado por la Presidencia de la Cámara de Diputados que le reconocía el derecho a la percepción de adicional por tareas específicas de la hacienda pública a partir del 1ro de Noviembre del año 2002, dejando de lado su solicitud de pago retroactivo desde el momento mismo del comienzo de ejercicio de funciones ligadas al adicional de que se trata.- Que ingresando a la relación de hecho a la causa, la actora expone que desempeñándose como agente de la Cámara de Diputados, a partir de Agosto de 1999 se le traslada a la Dirección de Administración y Contaduría de ese órgano parlamentario. Que ante la vigencia del Decreto C.D. No 225 de Junio de 1990 que otorgaba el adicional de mención a los agentes de la Cámara que se desempeñaran en tareas de hacienda pública, realiza diversos reclamos a fin de que le sea liquidado a partir de su traslado.

Con fecha 2 de Diciembre de 2002 el Presidente de la Cámara de Diputados emite el Decreto No 280, cuestionado en autos, por el que se le reconoce el actor el adicional peticionado pero sólo a partir de noviembre de ese año y hasta el 31 de Diciembre, denegando implícitamente el pago retroactivo, esto es, desde su traslado.- Que a criterio del actor, la decisión Administrativa objeto de la presente causa resulta arbitraria, afecta derechos adquiridos y supone la violación del principio de igualdad ante la ley frente a otros agentes, a pesar de encontrarse el ocurrente en idénticas condiciones laborales que aquellos. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que revocado que fuera el acto Administrativo atacado, se ordene el pago de las sumas resultantes con mas intereses, desvalorización monetaria y costas.- Que a fs. 51 este Alto Tribunal declara prima facie su competencia para entender en autos.- Que a fs. 91/96 corre agregada contestación de demanda de la Cámara de Diputados en la que se interpone excepción de incompetencia del Tribunal sosteniendo, en relación a la cuestión debatida, que para acceder al derecho peticionado requería ser otorgado por resolución del Presidente del Cuerpo y que el adicional también dependía de las posibilidades presupuestarias de la institución. Ofrece prueba y solicita se rechace la acción intentada, con costas.- Que a fs. 99/102 obra contestación de demanda del Estado Provincial que con similares argumentos peticiona se rechace la demanda en todas su partes.- Que a fs. 106/107 esta Corte de Justicia rechaza la excepción de incompetencia planteada por la demandada.- Que a fs. 112 se abre la causa a prueba, clausurándose su período a fs. 149.- Que a fs. 155/156 y 157/158 se agregan los alegatos de parte, ordenándose a fs. 159 vta. el llamado de autos.- Que ello así, ha quedado demostrado en autos la condición de agente parlamentario de la actora; que como tal le fueron reasignadas funciones por resolución interna No 157 y, en consecuencia, fue trasladado a la Dirección de Administración y Contaduría a partir del 1ro. de Agosto de 1999; que en ese lapso se encontraba en vigencia el Decreto C.D. No 225 por el que se le otorgaba un adicional por tareas específicas de la Hacienda Publica al personal que prestara servicio en la Dirección de Contaduría de la Cámara de Diputados; y por último, que tal derecho peticionado por el actor le fue reconocido luego de diversos reclamos por el Decreto No 280 a partir del 1ro. de Noviembre de 2002, denegándose el pago retroactivo de dicho adicional a partir de la fecha de efectiva prestación de servicio en el ámbito funcional contemplado en el acto administrativo que lo establecía, bajo dos alegaciones fundamentales, la 1ra., que el otorgamiento del adicional dependía de una decisión personal del Presidente de la Cámara de Diputado en relación al agente en cuestión, por lo estipulado en el Art. 2 del Decreto No 225 originario; y 2do., su otorgamiento se encontraba condicionado a las posibilidades presupuestarias del órgano estatal.- Ambas condiciones, a nuestro criterio, resultan francamente arbitrarias y contrarias al orden Jurídico que se menciona para justificarlas.- Como primera cuestión resulta que aún el carácter funcional específico del adicional, debe entenderse que el mismo tiene carácter general para todos aquellos que cumplan funciones en el ámbito objetivo de los Departamentos Contables de la Cámara de Diputados, tal como lo establece el Art. 1 y el Art. 2 en su primer párrafo del decreto de creación del adicional, resultando irrazonable que tal reconocimiento haga caso omiso de par metros objetivos y deba depender del criterio personal de la máxima autoridad del órgano, que otorgándolo individualmente, agente por agente, lo haga para unos y para otros no por un ejercicio omnímodo de voluntad, ajeno por cierto a los principios de las propias normas que se analizan, pero fundamentalmente contrario al principio de actividad reglada que regula la función pública, y al criterio general de derecho que indica iguales prerrogativas para aquellos que se encuentran en igualdad de condición.- También resulta irrazonable que la Administración deniegue retroactividades por funciones que ella misma asignó y que el agente simplemente acató, determinando con el acto administrativo de traslado el tiempo de nacimiento del derecho.- En relación al 2do. argumento de la Administración demandada, esto es, su capacidad presupuestaria de acuerdo a su nivel de ejecución, no resiste el mas somero análisis, si tenemos en cuenta que el reconocimiento de un derecho patrimonial establecido en 1990, no puede depender del nivel de ejecución presupuestaria a finales del ejercicio 2002, por que ello supone invertir el orden lógico de los acontecimientos y desvirtuar la noción misma de presupuesto.

En tal sentido la Administración debió prever el costos de los cambios funcionales previstos en el ejercicio en el que se hicieron o, en su caso, el monto de la retroactividad debida al momento en que reconoció el adicional en cabeza del actor.- Por todo lo expuesto parece pertinente reconocer el derecho patrimonial peticionado en autos, desde el momento de efectivo traslado del agente al ámbito contable de la Administración demandada, dejando a salvo, sin embargo, las prerrogativas de la Administración para modificar los adicionales salariales en la medida que no afecten derechos adquiridos y la estructura patrimonial de los mismos, por lo que corresponde hacer lugar a la acción intentada. Con costas a los codemandados, conforme al criterio objetivo de la derrota (Art. 65, Ley No 2403).- A LA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que adhiero al tratamiento dado a la cuestión y resolución a la que arriba la Sra. Ministro preopinante, en el sentido que debe hacerse lugar ala acción, con los alcances dados en los considerandos de la presente, con costas a cargo de las codemandadas. (Art. 65, Ley Nº 2403). Así voto.- A LA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Lilljedahl dijo:

Que comparto en todo lo expresado en el voto que abre el Acuerdo, por lo que adhiero al mismo. Así voto.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe.- San Fernando del Valle de Catamarca,22 de junio de 2.006.- Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar a la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta; consecuentemente, reconocer el derecho patrimonial peticionado, desde el efectivo traslado del actor a la Administración demandada. Dejando a salvo las prerrogativas de la Administración para modificar los adicionales salariales en la medida que no afecten derechos adquiridos y su estructura patrimonial.- 2) Con costas a cargo de las codemandadas que resultan vencidas.- 3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello.- 4) Protocolícese, hágase saber y firme o ejecutoriada por Secretaría procédase a devolver los Exptes. Administrativos agregados por cuerda a los organismos correspondientes y archívese.