marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción, suspensión de la prescripción, interrupción de la prescripción, actos interruptivos, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Cooper Oil Tool Argentina SAIC. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22

Los actos interruptivos o suspensivos del plazo de prescripción deben verificarse necesariamente antes de su vencimiento, toda vez que mal puede suspenderse o interrumpirse un plazo ya cumplido.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: César, Santiago Martín c/ Farmacia Galénica y otro. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que omitió pronunciarse sobre la procedencia de los intereses, expresamente solicitados en su oportunidad.
Recurso de casación, sentencia arbitraria, representación procesal, falta de representante legal, tercerías, facultades del tercero, prueba, falta de prueba, fiscal de Estado, falta de citación, objeto del proceso, pueblos originarios, derechos del aborigen, posesión, adquisición del dominio, prescripción adquisitiva, rechazo de la demanda, tratados internacionales, Organización Internacional del Trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: N., M. c/ C. Y B., F. y Otro s/ USUCAPION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-06-09

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el tercero y revocar el fallo de la Cámara en cuanto deja sin efecto el punto del decisorio de primera instancia, reponiendo éste en cuanto rechaza la demanda.

La resolución se motiva en el déficit (e inexistencias) de la participación procesal del actor, en la desinterpretación de la posición en el pleito del tercero, violación de las reglas de la sana crítica en una arbitraria evaluación de la prueba y omisión de la citación del inc. 4) del art. 789 del C.P.C.Cm. para integrar al Estado a la litis en orden a disposiciones ineludibles que comprometen el interés público. Agrego que en cuanto a la pretensión invocada por el tercero en cuanto a la aplicación de la Ley 2287, el inc. 17) del art. 75 de la C.N. y el Convenio Nro. 169 de la O.I.T. (aprobado por la Ley Nacional 24071), no es éste el ámbito ni la vía procesal adecuada para el ejercicio de esos derechos en función de los términos en que integró el proceso y fue consentido.

No obstante, señalo que esos derechos bien pueden ser ejercidos - cual expresa y reserva el tercero - en otro proceso posterior, donde deberán ser adecuada y sustantivamente ponderados en todos sus alcances dentro de la letra y el espíritu de esa normativa enmarcada en la reforma constitucional de 1994, en especial los arts. 13 a 19 del Convenio Nro. 169 de la O.I.T. sobre Pueblos indígenas y tribales, aprobado por la 76ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en GINEBRA, incorporada con anterioridad a la legislación nacional el 04-03-92 y también antes de esto al ámbito legislativo rionegrino con la Ley 2287 del 22-12-88, especialmente los arts. 11 a 23
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ FRANCISCO ANTONIO s/ LESIONES GRAVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-09-23

En el análisis de la posible existencia de una situación de legítima defensa, no debe dejarse de tener en cuenta el eventual estado de ebriedad en el que se encontraban todos los intervinientes del hecho, incluso el procesado, lo que puede ser actuado para que el mismo no valorara correctamente la situación de peligro en la que se hallaba a los fines de adecuar su respuesta defensiva. Pero, partiendo de la base de que, efectivamente, medió una agresión ilegítima por parte de la víctima, dicha valoración subjetiva del real peligro corrido por quien se defiende, no perjudica la tipificación de la causal de justificación.
Daño psíquico, gastos médicos
Materia: CIVIL
Carátula: Mateos, Gabriel Adrián c/ Abad, Horacio Daniel y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-27

En orden a la fijación de la indemnización por gastos de atención psicológica, corresponde considerar que la víctima del evento dañoso tiene libertad para elegir los profesionales y establecimientos que le inspiren mayor confianza, motivo por el cual no está obligada a hacerse atender en lugares gratuitos o pertenecientes a su obra social.
Contratos civiles, emergencia económica, obligaciones en moneda extranjera, pesificación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: OM SYSTEMS SRL c/ CABLEVISION SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-23

Toda vez que el contrato que vinculó a las partes tuvo por objeto la compraventa de productos importados, cuyo precio fue fijado en dólares estadounidenses, moneda esta que no parece elegida como sucedáneo de una cláusula de estabilización, sino mas bien en su condición de divisa, es decir, como instrumento de pago necesariamente ligado a la correlativa operación de importación de productos, queda excluida de la conversión dispuesta por el Decreto 214/02
Acción contencioso administrativa, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Codelpla Vial UTE c/ Municipalidad de Venado Tuerto s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte CSJ Nº   504-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

El artículo 4 de la ley 4106 -Código Contencioso Administrativo- impone el agotamiento de la vía administrativa mediante los recursos reglamentados en el trámite administrativo, exigencia genéricamente preservada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resguardo del sistema de adjudicación constitucional. En otras palabras: la impugnación judicial de un acto administrativo procede cuando -entre otras exigencias- se hubieren agotado sin éxito todas las instancias administrativas previas.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, carga de la prueba, procedimiento de crisis de empresas
Materia: LABORAL
Carátula: MILLAN, Aldo c/ CLUB COMUNICACIONES s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-27

Cuando se alegan causales de fuerza mayor tanto para disponer suspensiones cuanto para resolver despidos es menester acreditar no sólo la existencia de la crisis sino que ésta ha sido imprevisible o que, aún prevista, no pudo ser evitada para lo cual el empleador debe probar que arbitró todos los medios obrando como buen empleador a fin de evitar que los efectos recayeran sobre sus dependientes. Tal carga de la prueba en cabeza del principal no puede soslayarse aún cuando se haya iniciado el Procedimiento Preventivo de Crisis ante la autoridad administrativa.
Despido por maternidad, certificado médico
Materia: LABORAL
Carátula: Schagen de Lira Alejandra Irene c/ Industris Arquímedes Rossi S.A. s/ Ordinario (LIBRO: S077 - 019)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-04

La presentación que hace la actora del certificado médico que acredita el estado de embarazo, a una dependiente del principal, tiene los efectos de una notificación fehaciente. La negligencia de la empleada que lo recibe que no inserta la fecha al mismo, no puede perjudicar con sus consecuencias a la empleada, privando de sus efectos a la presentación del certificado médico.
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso, recurso extraordinario, efecto suspensivo
Materia: PENAL
Carátula: CABELLO, JUAN CARLOS s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-09

Son ajenos al ámbito de la vía casatoria cuestionamientos relacionados con la situación de hecho ventilada en la causa y con la prueba colectada y su valoración. La interpretación simultánea de los recursos de inaplicabilidad de ley y extraordinarios, dados los plazos que señala el procedimiento vigente, obliga a resolver los mismos coetáneamente, no siendo factible la suspensión del primero, a las resultas del segundo.
Locación, destino del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: Viñau de Calzada, Nélida Paulina c/ Sánchez, Teodoro y Otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-13

"Para determinar lo pactado respecto del destino que debía darse al inmueble locado, se debe estar a lo expresamente establecido en el contrato, pues a él debe atenerse el inquilino de conformidad al artículo 1504 del Código Civil".
Licencia de conducir, transporte de niños, antecedentes penales, inhabilitación para conducir, sanciones administrativas, acto administrativo, vicios del acto administrativo, ley de tránsito, control de constitucionalidad, acción de amparo
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Britos, Fabio Daniel c/ Municipalidad de Zapala s/ Acción de amparo Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-27

Corresponde acoger favorablemente el recurso de apelación interpuesto por el accionante, y en su consecuencia, hacer lugar al amparo deducido y en ejercicio del control difuso de constitucionalidad que todos y cada uno de los jueces debemos realizar, en virtud del mandato constituyente contenido en el art. 16 de la Constitución Provincial y 43 de la Constitución Nacional, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 24449, del art. 20 inc. 5 del decreto Nro. 779/95, del acto denegatorio de la habilitación de clase D para conducir en caso de transporte de escolares y de la resolución de la Sra. Intendente municipal nro. 1225/2013 que confirma dicho acto administrativo, ordenando a la demandada que le otorgue al accionante la licencia de conducir en los términos en que fuera requerida, siempre y cuando se verifique el cumplimiento de los restantes recaudos previstos en la legislación vigente; toda vez que la demandada en el momento de producir el informe previsto en el art. 11.2 de la ley 1981, amen de invocar en su defensa, la vigencia de la disposición reglamentaria cuya inconstitucionalidad propicio, no ha brindado ninguna explicación acerca de las razones que indujeron al poder administrador local para vincular los delitos por los que ha sido sancionado penalmente el actor con la seguridad de los menores a la que apunta la ley de tránsito y su reglamentación. No habiéndose evaluado en concreto la situación del accionante. La mera suposición relativa a que el actor tenga una propensión a repetir conductas delictivas no basta para inferir la afectación de la seguridad en el traslado de niños. Adviértase que el mismo decreto reglamentario establece en idéntico art. apartado 6 que para las restantes subclases de la clase D, la autoridad jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante. También deviene inconstitucional la actividad administrativa desplegada por el ejecutivo municipal que fuera objeto de este amparo, pues la constancia de antecedentes penales del actor no autoriza a denegar, con apoyo en lo dispuesto por el art. 20.5 del decreto reglamentario 779/95, la licencia peticionada, por cuanto dicha disposición constituye una reglamentación inconstitucional de los derechos fundamentales del actor.
Constitución Nacional, decreto de necesidad y urgencia, riesgos del trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Gómez, Enrique Daniel  c/ La Segunda Art S.A.  s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-04-17

El decreto es inconstitucional sin más por una cuestión formal, porque en esencia al dictar el DNU 669/2019, el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó facultades legislativas vedadas por el artículo 99 inciso 3 de la CN, con motivo que no se cumplían las condiciones excepcionales que determina la Constitución Nacional para sortear la intervención del Congreso, pues no se advirtió un grave riesgo, como tampoco que el Congreso estuviere impedido de funcionar, (estaba en período de sesiones ordinarias), y menos que la medida estuviese destinada a proteger intereses generales, sino más bien particulares y de la parte fuerte del contrato, en perjuicio del más débil que no hace falta aclarar, resulta ser el trabajador siniestrado (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Daños y perjuicios, delitos contra el honor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CISMONDI, EDUARDO c/ RAMON CASIANO ALONSO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-09-09

Si el demandado en sede penal pretendió obtener una reparación de sus derechos que consideraba conculcados, sin intención de producir daño alguno al entablar denuncia o querella contra el actor, está ausente el elemento subjetivo indispensable para la configuración de una acusación calumniosa, por lo que es improcedente el reclamo de indemnización de daños y perjuicios por ese motivo.
Suspensión del beneficio, Administración Nacional de la Seguridad Social, silencio de la administración, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: DE CANDIA, SERGIO c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

La vía del amparo resulta idónea cuando se persigue el restablecimiento de la prestación que la A.N.Se.S. dejó de abonar regularmente, sin mediar resolución ni notificación alguna al titular. Esto así en cuanto, en principio, no corresponde necesariamente en ese proceso decidir sobre el fondo de la cuestión planteada, sino verificar simplemente si el organismo antes de resolver como lo habría hecho-afectando haberes de prestaciones en vías de cumplimiento-dio adecuada posibilidad de participación en los procedimientos al beneficiario.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ordóñez, Noemí Mabel Christen de c/ Comunicar Centro de Estudios Superiores y/u otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-08

Si bien para que el recurso de inconstitucionalidad resulte admisible debe dirigirse contra sentencias definitivas, dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación, es dable poner de relieve que tanto esta Corte como el Máximo Tribunal Nacional de Justicia han atribuido dicho carácter a las decisiones que, si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior o que, en suma, ponen fin a la cuestión debatida en forma tal que esta no pueda volver a renovarse.
Divorcio contradictorio, prueba testimonial, testigos
Materia: CIVIL
Carátula: D'A., O.L. c/ S., N.N. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-30

En un juicio de divorcio, los testigos no están para emitir opiniones subjetivas sobre el carácter de los cónyuges, sino para especificar, concretamente, que circunstancias fácticas recuerdan haber visto y que manifestaciones, dichos o reacciones observaron en ellos, corroborantes de las causales alegadas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea, diligencias preliminares
Materia: PENAL
Carátula: Pantalani, Rubén Alberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

Resulta ineficaz la afirmación hecha por el defensor de que la historia clínica "fue presentada por la interesada" y con carácter sorpresivo, porque el art.93 -numeración anterior- del C.P.P. no excluye que el Juez o la instrucción incorporen elementos aportados por particulares, aunque fueren interesados; y además porque, en el caso,la adquisición de la historia clínica fue realizada por la instrucción y en la oportunidad debida.
Extradición, Estado requirente, régimen penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Laguna García, Luis Eduardo c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-07

Corresponde confirmar la resolución que declaró procedente la extradición, toda vez que el agravio fundado en la situación carcelaria existente en el país requirente -único en el cual se sustenta el recurso- es mera reiteración del que ya fue ventilado en el trámite de extradición en ocasión de sustanciarse el juicio y fue -en lo sustancial- debidamente considerado por el a quo de forma ajustada a derecho y a la luz de las particularidades del caso, sin que, respecto de las circunstancias comprobadas en la causa, la sola insistencia sobre la existencia de un cuadro de situación general sea suficiente para inferir que el riesgo invocado es cierto y actual.
Ley de defensa del consumidor, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ Mercado a Término Rosario SA y otros s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

A los efectos de evaluar la existencia de un colectivo consumeril con base en derechos individuales homogéneos, corresponde verificar la existencia de tres elementos: una causa fáctica común, un enfoque colectivo de los efectos de ese hecho, y que el interés individual no justifique la promoción de una demanda. En ese contexto, se advierten configurados estos tres elementos en la acción incoada a fin de obtener la nulidad de la comunicación conjunta de Mercado a Término de Rosario SA y Argentina Clearing N° 657 y 518 en relación a la venta de contratos de dólar futuro; disponiendo a su vez la devolución de los montos adeudados por la modificación unilateral contractual, retrotrayendo la misma al estado anterior a la aplicación de dicha comunicación.

Ello porque, si bien en este caso no está involucrado un bien colectivo propiamente dicho (vgr. ambiente), puesto que están en juego derechos individuales enteramente divisibles (referidos a los aludidos contratos), existe un hecho único que provocaría la lesión de todos los consumidores involucrados en esa operatoria y por ello puede ser identificable a una causa fáctica homogénea; por lo cual puede sostenerse que la pretensión incoada es común a todos esos intereses.

Asimismo, se advierte que el reclamo de la demandante, no se relaciona con un daño diferenciado, que cada contratante pudiera sufrir, sino que proyecta la pretensión hacia los efectos comunes del conjunto de contratantes; e incluso pudo haber proyectado consecuencias en el mercado local.

La intención de la accionante tiende a detener el hecho que habría provocado -según se sostiene- la lesión de los derechos de los contratantes. Es decir que, observamos -en principio- la existencia de una pretensión dirigida a incidir sobre un 'aspecto colectivo' de los efectos del hecho por el cual se reclama, extremo que justifica que la formación de la clase; máxime en el caso en el que la cuestión lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte (CSJN in re Halabi, Ernesto c/ PEN -ley 25873 dto. 1563/04- s/ amparo-ley 16986). 5. El presente es el claro ejemplo en el que se acciona en pos de defender un interés general de los consumidores eventualmente afectados por un determinado comportamiento del mercado.
Cesión de derechos, cesión de deudas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zgonc, Daniel Roberto y ot. c/ Asociación Atlético Villa Gesell s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

Quien asume una deuda ajena, asume también la mora que la misma tuviese.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, ley federal, interpretación de la ley, industria de la carne
Materia: PROCESAL
Carátula: Cámara Argentina de la Industria Frigorífica - SENASA - s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-19

Procede el recurso extraordinario toda vez que se encuentra en tela de juicio la inteligencia y validez de normas de carácter federal - decreto 193/95, arts. 4°, 5° y 6° - y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el recurrente fundó en ellas.
Cuestiones de competencia, alimentos, menores, domicilio del menor, código civil y comercial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: E. J. A. c/ A. M. L. s/ alimentos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-27

El Código Civil y Comercial de la Nación asigna el conocimiento de los procesos relativos a niños, niñas y adolescentes al juez del foro en el cual se sitúa su centro de vida (art. 716) y asimismo, la ley 26.061 define dicho concepto como el lugar donde ellos hubieren transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.
Certificado de trabajo, decreto reglamentario, inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Celiope, Teresa Andriana c/ INC S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-30

Corresponde declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01, ya que constituye un claro exceso reglamentario con relación a la norma superior que reglamenta (art. 4 ley 25.345), conforme lo expuesto en el fallo "Díaz, Andrés c/ Carnicerías Fresco Meat SA s/ despido" (CNAT Sala VI sent. del 2/4/04), a cuyos fundamentos cabe remitirse por razones de brevedad.
Recurso extraordinario, mala praxis, responsabilidad médica, historia clínica
Materia: PROCESAL
Carátula: Tesone  de  Bozzone, Marta Patricia y otro c/ Kreutzer, Guillermoy otros. s/ mala praxis
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

Es inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) deducido contra la sentencia que -si bien rechazó la demanda por mala praxis condenó al sanatorio por no cumplir adecuadamente con el deber de custodia de la historia clínica.
Leyes, presunción de legitimidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA SA c/ RODRIGUEZ, Claudio Roberto y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA ESPECIAL LEY 24.441
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-13

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional por cuanto las leyes debidamente sancionadas y promulgadas gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia. En este orden de ideas debe ser considerada como "ultima ratio" del ordenamiento jurídico y requiere no sólo la aseveración de que la norma causa agravio constitucional, sino además que ello sea probado en el caso concreto.
Prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: R., A.L. c/ G., E. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-27

"Tengo para mi que la sana crítica como sistema de apreciación de la prueba impuesto por el art. 386 del rito provincial, responde a normas de criterio fundadas en la lógica y la experiencia.

En su consecuencia, aquél se halla constituido por un estándar flexible referido a la sensatez del juzgador, que obliga a éste a ponderar la prueba rendida con un criterio adecuado a las leyes de la razón humana (lógica) y al conocimiento que como hombre posee de la vida (máximas de la experiencia), de manera tal que sus conclusiones no aparezcan singulares ni subjetivas, sino que puedan ser compartidas por otros hombres".