Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-09-14


Autos N° 22.203 (112665 - 8° CIVIL), caratulados: "VARGAS, José Antonio y Otra C/ Vergara Marcelo Adrián - Daños y Perjuicios" En la ciudad de San Juan, a 14 días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA y el señor Vocal, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas 569, contra la sentencia definitiva, recaída en autos N° 22.203 (112665 - 8° CIVIL), caratulados: "VARGAS, JOSÉ ANTONIO Y OTRA C/ VERGARA MARCELO ADRIAN - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha 29 del mes de abril del año dos mil dieciséis, obrante a fs. 551/566, de estos autos originarios del Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr.PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En la sentencia dictada por el iudex a quo en fecha 29 de abril de 2016, cuya copia obra agregada a fs. 551/566, resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda, declarar que el accidente de tránsito ocurrido el día 24 de octubre de 2008, aproximadamente a las 00,30 hs. en calle Av. Benavides, metros al oeste de calle 2 de Setiembre, Dpto. Chimbas, se produjo por culpa concurrente de las partes intervinientes en el mismo atribuyendo una responsabilidad en el mismo de un sesenta por ciento (60%) aL Sr Marcelo Adrián Vergara, conductor del Dodge 1500 dominio WQW-002, y en un cuarenta por ciento (40%) al conductor de la moto, el fallecido Osvaldo Vargas, conforme los fundamentos expresados en los considerandos de esta sentencia. En consecuencia, condenar al demandado, Marcelo Adrián Vergara a abonar la suma determinada en los considerandos que anteceden y que ascienden a Pesos Doscientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro ($ 236.664) conforme al grado de responsabilidad establecido en los considerandos de la presente resolución, con más los intereses calculados a la Tasa Activa que aplica el Bco. Nación Argentina-Suc. San Juan, para las operaciones de descuento (según ley 4119), desde la fecha del accidente -esto es el 24 de octubre de 2008, con la salvedad de los gastos materiales que se calculan desde la fecha del informe pericial, esto es al 01 de diciembre de 2010, y hasta el momento del efectivo pago el que deberá efectivizarse en el término de quince días de quedar firme la presente y conforme la liquidación que se practicará al efecto. II) Imponer parcialmente las costas al demandado vencido, en un sesenta por ciento (60%), conforme lo expuesto en los considerandos de la presente resolución. III) Regular los honorarios al abogado de la parte actora Carlos Hernán Coco, por su actuación en doble carácter, parcialmente vencedor en la contienda, por la labor desplegada en tres etapas de juicio (Demanda, Prueba y Alegato) en un veintiún por ciento (21%); a los abogados Gustavo Fabián Ramos y Carlos Vicente Alcayata, por la labor desarrollada en doble carácter y en forma conjunta, parcialmente vencidos en el juicio, en un doce coma seis por ciento (12,6%); los de la perito Licenciada en Psicología Sra. Miriam Alejandra Seguí Solera en un dos por ciento (2%); los del perito mecánico Lucio Manuel Ángel Gómez en un dos por ciento (2%); todos ellos de la liquidación que oportunamente se apruebe en autos y de conformidad a las pautas previstas por los arts. 11, 12, 14, 15 y 19, 47 de la Ley N° 56-O (ex 2150).

Contra este decisorio, se presenta a fs. 569, el abogado de la parte actora quién interpone recurso de apelación por sus mandantes contra la sentencia y en función de la Ley 56-O y art. 800 CPC, apela por altos los honorarios de todos los profesionales en nombre de sus mandantes y, por su propio interés, por bajos.

Los recursos interpuestos son concedidos a fs. 571, con efecto suspensivo el primero y con los efectos previstos en el art. 53 de la Ley 56-O, el segundo.

Continuando con el desarrollo del proceso recursivo, la parte actora se presenta a expresar sus agravios contra la sentencia a fs. 584/587vta . En concreto se agravia: a) porque se ha determinado que el accidente de tránsito fue producido por culpa concurrente en un 60% al señor Vergara, y en un 40% al conductor de la moto. b) En subsidio, con relación al porcentaje de culpabilidad atribuido al conductor de la moto. c) por imposición de las costas procesales.

Con relación al primer punto de agravio, hace referencia a que la normativa aplicable para la determinación de la responsabilidad es la que estaba vigente al momento de accidente y en ese sentido reclama la aplicación del Código Civil dado que se produjo en fecha 24 de octubre de 2008.

El recurrente invoca el principio de confianza que se torna de mayor aplicación en el régimen de tránsito por cuanto el mismo se encuentra detallado pormenorizadamente lo que importa que se puede prevenir cual será el comportamiento de los otros vehículos conforme a una conducta normal.

En ese sentido, describe que está acreditado que el automóvil del demandado Marcelo Adrián Vergara circulaba por calle Benavidez de este a oeste por el carril derecho junto a la banquina del costado norte. En esa circunstancia la moto que circulaba detrás del automotor decide superarlo por el costado izquierdo cuando intespectivamente el automotor gira hacia su izquierda sin realizar señales para anticipar la maniobra con lo cual interrumpe su circulación e impactan produciéndose el choque que finiquitara con la vida del motociclista. Invoca la aplicación del art. 42 de la ley 24.449.

El recurrente precisa que lo expuesto da por tierra con el razonamiento inculpatorio del a quo respecto del fallecido Vargas porque si el conductor de la moto se dispuso válidamente en ese momento el sobrepaso del vehículo conducido por el demandado Vergara, nada hacía pensar la maniobra de giro hacia la izquierda por parte del demandado, ya sea por su ubicación hacia el costado de la banquina norte y la falta de señalización correspondiente, ninguna distancia prudencial debía respetar, sencillamente porque se disponía al sobrepaso de aquel rodado. De hecho, destaca, que el impacto se produce cuando el demandado se interpone en la maniobra de sobrepaso iniciada por el conductor Vargas. Los daños verificados en los vehículos ratifican su posición.

Para cerrar el tema, precisa que una situación es que el conductor de la moto haya chocado la parte trasera del auto (aquí adquiere operatividad la presunción de distancia prudencial a que alude el a quo) por cuanto otra circunstancia muy distinta es cuando el choque se produce en la puerta izquierda del vehículo como en el presente caso.

En el segundo agravio, lo plantea en subsidio sosteniendo que de ningún modo el accionar de la víctima puede representar el 40% de causalidad en el accidente.

El tercer agravio, se focaliza en la imposición de las costas.

En el apartado cuarto plantea la cuestión constitucional y, a continuación formula el petitorio reclamando que se admita íntegramente el recurso incoado.

Corrido traslado a la contraria que se encuentra en rebeldía razón por la cual se ordena la notificación ministerio legis (fs. 601) y en consecuencia, tras el pedido correspondiente, a fs. 603, se ordena la elevación al superior.

Planteado el recurso de apelación del modo propuesto por la parte actora corresponde definir cual es el régimen legal aplicable al caso atento la entrada en vigencia a partir del 1 de agosto de 2015 del Código Civil y Comercial.

En ese sentido, este tribunal ha sostenido que "resulta ineludible precisar que al momento de revisar los agravios traídos por las partes ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial, Ley 26.994, razón por la cual se debe tener presente el contenido del art. 7 que indica con relación a la eficacia temporal de las normas reguladoras, como regla general, en general y en especial la de la responsabilidad civil que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

En ese sentido, en distintos fallos se ha diferenciado que en la construcción de la sentencia de daño existen dos segmentos perfectamente diferenciados. El primero relacionado con la determinación de quienes serán los sujetos responsables del deber de resarcir. Y la segunda, etapa se vincula con el análisis de las consecuencias derivadas del accidente que es la valoración y cuantificación de los daños padecidos y reclamados.

Respecto del primer segmento de la sentencia, este tribunal ha tenido oportunidad de expresarse en los autos Nº 18.728 (21.287 - 5º Civil) Caratulados "Rivera, Ana Ester y Otra C/ Rivera Prudencio, Fernando - Daños y Perjuicios - Sumario" y Autos N° 18.952 (17.799 - 5º Civil) Caratulados "Rivera Giménez, Gisela María C/ Rivera, Ana Ester - Daños y Perjuicios - Sumario", donde se entendió que "la expresión de agravios vertida por la recurrente encuentra su fundamentación y, por cierto, base de la crítica al fallo, es el contenido normativo de los artículos 41 y 43 de la Ley de Tránsito Nº 24.449, que entró en vigencia en la provincia de San Juan cuando se sancionó y promulgó la ley Nº 6684 (BO 1/02/1996).

El régimen imperante al momento del accidente era el de la Ley Nº 13.893 que en su artículo 50 b) 5to. establece que "tiene prioridad de paso el vehículo que ingrese en la circulación giratoria de la rotonda". Como se colige esa normativa tenía reglado un régimen diametralmente distinto al vigente en la actualidad, por lo cual corresponde desestimar sin mas meritación esta queja".

En otras palabras, la determinación de los sujetos responsables del deber de resarcir se debe formular en base al régimen jurídico imperante en el momento en que acaeció el hecho dañador que será la causa fuente de la obligación de resarcir. Es decir, se deben examinar los presupuestos de la responsabilidad conforme a la normativa y doctrina que informa a la misma existente a la fecha del accidente. Ello es así porque ha quedado absolutamente agotado en su estructura normativa el hecho jurídico generador de la obligación, se ha consolidado y con ello tiene génesis la obligación de resarcir que tiene naturaleza de obligación de valor.

Con ello se puede expresar que quedó abierta para su meritación la etapa de las consecuencias jurídicas derivadas del hecho dañador (Valoración y cuantificación del daño como deuda de valor), respecto de las cuales hasta que no queden consolidadas en su determinación, sea en sede judicial o extrajudicial, son alcanzadas por las nuevas leyes sancionadas. En el caso, por el contenido del Código Civil y Comercial, Ley 26.994". (n° 22.006 (95.899 - 4° civil), "Manrique, Margarita Antonia y otro c/ Bargas, Juan Antonio y otro - Daños y perjuicios", 04 septiembre 2015, L. de S. T° II-2015 F° 15/22) Este criterio jurisprudencial es plenamente aplicable al caso, atendiendo la fecha en que acaeció el accidente, razón por la cual será de aplicación las normas contenidas en el Código Civil y en la ley 24.449 de aplicación en la provincia por la adhesión registrada por la Ley 6684 ( ).

Partiendo de esta base normativa, y revisando la prueba aportada a los presentes autos se verifica que en el proceso penal que se adjunta como prueba, se ha dictado sentencia en fecha 30 de junio de 2011 (fs. 156 y sig.) en la cual se determina que "siguiendo con la prueba objetiva, que el impacto se produjo con la parte delantera de la moto en el comienzo de la puerta delantera izquierda del auto, esto es así, en la medida que en el auto hay huellas, por demás visibles, del caucho de la rueda delantera de la moto en dicho lugar, rueda que se observa desplazada hacia atrás, producto del impacto, ver fotos de fs. 50 y las aportadas por División criminalísticas de la Policía de San Juan, obrante a fs. 105/109, especialmente las de fs. 107".

Esta descripción de los hechos, hacen cosa juzgada (prejudicialidad penal) en el ámbito civil, razón por la cual es un tema que no cabe debatir ni contradecir, razón por la cual se debe tener por acreditado que el choque de la moto no fue en la parte trasera del rodado sino en la lateral izquierda en el momento en que realizaba una maniobra que se consideró penalmente reprochable en función del art. 39 inc. b) de la Ley de tránsito.

A ello debemos sumar como agravante que la ley de tránsito en su art. 43 prevé una serie de reglas que deben ser observadas por el sujeto que pretenda con su automotor realizar un giro. En ese sentido, se impone como deber a) advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante la señal luminosa correspondiente, que se mantendrá hasta la salida de la encrucijada; b) circular desde treinta metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar; c) reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha moderada; d) reforzar con la señal manual cuando el giro se realice para ingresar en una vía de poca importancia o en un predio frentista.

Como se colige de los antecedentes de la causa relatado por la sentencia penal que hace prejudicialidad en sede civil, el automovilista no adoptó estas medidas preventivas impuestas por la ley de tránsito, razón por la cual objetivamente se llega a la conclusión que la culpa del accidente es exclusiva del señor Marcelo Adrián Vergara a quién se le debe imputar el cien por ciento (100%) de la responsabilidad resarcitoria.

En función de ello propongo a los señores magistrados integrantes de la Sala que se haga lugar al recurso de apelación y se impongan las costas de ambas instancias a la demandada vencida. Así voto. El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde tratar las apelaciones de honorarios deducidas a fs. 569 vta., teniendo en cuenta la modificación de la imputación de responsabilidad, por lo que se condena al demandado al 100% de las costas del proceso.

El abogado Carlos Cocco -por su mandante- apela por altos los honorarios regulados a su favor y la de todos los profesionales y -por derecho propio- su regulación por baja.

En primer lugar, las apelaciones formuladas a ambas regulaciones por bajas y altas, serán desestimadas por resultar ajustadas a derecho.

En este contexto, y verificados los trabajos realizados por los letrados teniendo en cuenta el resultado obtenido, valorándose el mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada (art. 12 de la Ley 56-O), los recursos deben ser rechazados y confirmar los honorarios regulados por el juez aquo.

Ello es así, por cuanto los porcentajes fijados como vencedor y perdidoso, y por las tres etapas de juicio , se encuentran ajustados a derecho, por hallarse dentro de la escala establecida por el art.14 de la Ley 56-O, (que fija el porcentual del 21% al 30% ), de acuerdo a las etapas cumplidas art. 19 incs. a), c) y g) de la misma ley.

Para la regulación a los letrados Gustavo Ramos y Carlos Alcayaga se aplica el porcentaje del 60% que prevé la escala del art. 15 de esta ley para el supuesto de ser perdidoso (60% al 100%).

Igual suerte corre la apelación de los honorarios de los peritos actuantes, las que se encuentran ajustadas a derecho, de conformidad a lo dispuesto en el art. 46 Ley 56-O), por lo que corresponde confirmarlos.

Por ello propicio: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 569, y declarar que la culpa del accidente es exclusiva del señor Marcelo Adrián Vergara a quien se le debe imputar el cien por ciento (100%) de la responsabilidad resarcitoria. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida en igual proporción. Rechazar los recursos de apelación interpuestos a fs. 569 vta., en consecuencia, confirmar los honorarios regulados. Regular los honorarios del abogado Carlos Cocco, por lo actuado en segunda instancia en el 40% de lo regulado en primera instancia, a la fecha de la presente resolución.

El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 569, y declarar que la culpa del accidente es exclusiva del señor Marcelo Adrián Vergara a quien se le debe imputar el cien por ciento (100%) de la responsabilidad resarcitoria. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida. Rechazar los recursos de apelación interpuestos a fs. 569 vta., en consecuencia , confirmar los honorarios regulados. Regular los honorarios del abogado Carlos Cocco, por lo actuado en segunda instancia en el 40% de lo regulado en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S ; T° II-2016; F°143/148; FECHA:14 de septiembre de 2016 DRES.ALFERILLO-VICTORIA