Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL,COMERC., LABORAL, MINERIA Y FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-02-28


San Martín de los Andes, 28 de Febrero del año 2014. VISTAS: Las presentes actuaciones caratuladas: "ROSSI ALBERTO ARTEMIO Y OTRO C/ DEHAIS JOSE S/ INTERDICTO DERECOBRAR" (Expte. Nro.: 12759, Año 2002), del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° UNO de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de los Andes; reunidos en Acuerdo los señores Vocales de la Sala II de ésta Cámara de Apelaciones Civil del Interior, doctores Dardo Walter Troncoso y María Julia Barrese, a efectos de resolver, y;

CONSIDERANDO: I.- Llegan las actuaciones del epígrafe a resolución de este tribunal en virtud de los diversos recursos de apelación interpuestos contra el auto regulatorio de honorarios que obra glosado a fs. 1518/1523 vta.

Luego de transitar por el procedimiento previsto por el artículo 24 de la Ley Arancelaria, el magistrado determinó el monto del proceso en la suma de NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($9.095.425,29). Luego, en base al mismo, reguló los honorarios de todos los profesionales intervinientes.

II.- En primer lugar, a fs. 1558 vta., apela el perito ..., por considerar bajos sus emolumentos. En igual presentación apela el Dr. ..., por su propio derecho e invocando la misma razón que su patrocinado.

Ambas apelaciones son fundadas en la desproporción existente con la regulación al Dr. .... Realizan una regla de tres simple para evidenciarla.

En sustento de su queja el Dr. ... también agrega que desarrolló "extensos trabajos" e "innumerables gestiones de notificaciones" hasta llegar al auto regulatorio.

III.- A fs. 1559/1565 apela sus honorarios el Dr. ..., presentación en la cual también expresa los fundamentos de su recurso.

La primera crítica la dirige a las progresivas reducciones que el a-quo fue realizando al monto del proceso hasta arribar al que finalmente determinó como base regulatoria.

Asevera que el "único fundamento" de la decisión fue el escrito de inicio del interdicto, donde "unilateralmente" los actores manifestaron haber comprado las dos terceras (2/3) partes de la estancia. Sostiene que los profesionales debieron atender un "triple accionar judicial", dentro del cual incluye las labores por la medida cautelar innovativa que acompañó a la demanda interdictal, y las desarrolladas en el incidente de administración. Cita los actos de hecho ejecutados por los actores en la totalidad del campo los cuales demostrarían que el 66% invocado en el escrito inicial fue "completamente teórico". Continúa su discurso recursivo alegando que la labor profesional se desarrolló sobre la estancia Fortín Nogueira completa.

En segundo lugar se agravia por entender que no se ha tomado el valor real y actual del inmueble. Señala que debió acudirse al peso, por ser moneda de curso legal, y no al dólar. Realiza una serie de consideraciones sobre la valoración del inmueble realizada por él mismo en el año 2004, la cual fue similar a la escogida por el Juez al seguir la tasación del perito M.. En tercer lugar se queja de las pautas de regulación tomadas por el a-quo, entre las cuales enuncia la ya citada reducción de la base regulatoria, la elección de la tasación en dólares, la conversión a pesos tomando como parámetro el dólar oficial y no el "blue" o paralelo y, finalmente, la regulación en "JUS" en lugar de pesos.

Por último, un agravio notoriamente independiente pero que el apelante lo incluye en el desarrollo de su tercer agravio, lo constituye la queja por la imposición de las costas en el orden causado en el procedimiento de regulación.

Indica que su estimación en el año 2004 guarda mucha similitud con la del perito M., lo que no sucede con la estimación de la parte actora. En segundo lugar, indica que la repartición de las costas por su orden es contraria a lo ya resuelto por la Cámara de Apelaciones, que ordenó imponerlas al actor Muñoz de Toro, y a lo dispuesto por el T.S.J., al declarar inadmisible la casación intentada por éste último.

IV.- A su turno, a fs. 1568 apela la resolución la parte actora, obrando a fs. 1571/1574 vta. los fundamentos del recurso.

En primer lugar, apela la totalidad de los honorarios regulados "por altos".

En segundo lugar se agravia (únicamente) por la utilización del "JUS" como unidad de regulación, en lugar de la moneda de curso legal, el peso.

Interpreta que tal proceder encierra un mecanismo de repotenciación y actualización de la deuda, posibilidad vedada por la prohibición de indexación dispuesta por el vigente artículo 7° de la Ley de Convertibilidad. Cita doctrina y jurisprudencia en aval de su postura.

Se explaya sobre la función y finalidad de la "unidad de honorario profesional", la cual fuera, a su entender, la posibilidad de determinar los honorarios mínimos, más no la de actualizar las condenas por dicho concepto.

Realiza una comparación entre la evolución del valor del "JUS" y de la tasa activa del B.P.N. para demostrar las potenciales consecuencias gravosas que implica para su representado la utilización de la unidad de honorario profesional como parámetro de regulación.

En la misma línea argumentativa, continúa el desarrollo de la impugnación remarcando que el uso del JUS contraviene la prohibición de indexar las deudas dispuesta por la Ley 23.928.

Finaliza citando el reciente fallo del T.S.J. en autos "SEGOVIA, RAUL WENCESLADO C/ FLUODINÁMICA S.A." en el cual nuestro máximo tribunal local se pronunció sobre un tema conexo (pero diferente), cual es la imposibilidad de incluir los intereses en la base regulatoria, por encontrarse vigente la citada prohibición de actualizar las deudas.

Hace reserva del caso federal por arbitrariedad sorpresiva.

V. a).- Sin perjuicio de la preeminencia que tiene la apelación "por altos" por sobre las demás apelaciones, corresponde tratar en primer término el recurso del Dr. ..., pues en él se cuestiona la base regulatoria, presupuesto y punto de partida de todas las regulaciones.

De manera previa a ingresar al estudio del recurso cabe advertir que, por momentos, no se sigue el método de exposición del recurrente, pues el mismo no sigue un orden adecuado, amén de contener muchas más impugnaciones que las tres enunciadas como agravios.

Sentado lo anterior, y retomando la discusión sobre la base regulatoria, la doctrina enseña que "a los fines de su determinación, los primeros indicios deben encontrarse en el escrito inaugural de demanda. Ello en virtud del principio de congruencia (art. 18, Const. Nacional; arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6°, CPCCN), según el cual debe existir una lógica correlación entre la pretensión y defensas deducidas en juicio y la correspondiente sentencia, es decir, que el decisorio debe versar sobre los sujetos individualizados en la demanda, recaer sobre el objeto que fuera reclamado y pronunciarse en función de la causa invocada y en la respectiva contestación" [Passarón, Julio Federico-Pesaresi, Guillermo Mario; "Honorarios Judiciales", Tomo I, pág. 234, Editorial Astrea, 2008].

Resulta razonable que para determinar el monto del proceso se acuda en primer término al objeto demandado, pues es en base a éste que queda trabada la discusión de fondo entre los litigantes.

El principio de congruencia prohíbe al judicante resolver excediéndose del marco que las propias partes le trazan en la demanda y contestación. Por ello, pese al esfuerzo argumentativo del letrado recurrente, lo cierto es que la pretensión de los accionantes estuvo destinada a recobrar la porción de la estancia que habían adquirido mediante boleto de compra-venta a sus anteriores titulares (66,66%), y no más allá de ese límite. Si con posterioridad, y en los hechos, los actores ejercieron actos sobre la estancia entera (en virtud de la procedencia de la medida innovativa), ello no modifica la forma en que quedó trabada la litis. De igual modo y como contracara, de haberse hecho lugar al interdicto, la posesión recobrada habría sido sobre el mismo porcentaje, sin perjuicio de que por la calidad de "cosa común" derivada del condominio que une a las partes, los actos posesorios se hubieran materializado sobre el bien in totum.

En igual sentido se han expresado nuestros tribunales nacionales. Así, se ha dicho que: "como se colige el objeto del interdicto de recobrar la posesión quedó restringido a una porción del inmueble y no a todo el inmueble. Esta circunstancia está expresamente mencionada en la construcción de la sentencia donde se da cuenta de que se modificó la demanda en cuanto a la naturaleza del interdicto pasando de retener a recobrar la posesión. Y por otra parte, en cuanto a la superficie en discordia que no es otra que la marcada por la superposición de los planos. En función de ello y sobre el criterio de que la ejecución de la sentencia debe ser un fiel reflejo del objeto de la sentencia, no cabe duda de que el proceso de regulación de los honorarios debe ser realizado tomando en consideración el real objeto del litigio. En este caso, qué cantidad de tierra y clase de derecho se pretendía recuperar" [Cámara 1era en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan De los Ríos, "Hugo Ricardo c. Lomos S.A."; 08/11/2007; Cita online: AR/JUR/9170/2007].

Otra cuestión que merece ser destacada es que los actos materiales que el letrado cita en el desarrollo de este agravio (vgr. asesoramiento, viajes al Juzgado y a la estancia, contactos telefónicos, denuncias policiales, entre otros) lo son "en razón del proceso" y no "en el proceso", por lo que corresponde que sean valorados y retribuidos extrajudicialmente por su cliente, como parte del servicio de asesoramiento letrado prestado.

En base a las consideraciones expuestas, corresponde rechazar el agravio en estudio.

b).- En relación al segundo agravio, cabe puntualizar la falta de expresión detallada por parte del apelante del perjuicio que le generaría la elección del a-quo de la tasación del perito Mora. Máxime considerando que al final de cuentas el a-quo convierte el dólar a peso, por lo que se vuelve a la tasación en moneda de curso legal, como solicita el apelante. Si lo que lo agravia es la conversión al valor del dólar "oficial" (cosa que no dice, o no lo hace expresamente), debió realizar la crítica concreta y razonada que la legislación adjetiva le exige.

c).- El titulado "tercer agravio" resulta una reedición de los dos primeros, aludiendo nuevamente a la reducción de la base regulatoria y a la inconveniencia de escoger la tasación realizada en dólares, por lo que corresponde estar a lo ya considerado al respecto. Sin perjuicio de ello, el apelante introduce cuestiones nuevas, que deben ser analizadas en párrafo aparte.

El letrado impugnante hace referencia a la imposición de las costas por su orden, a la "exclusión" de los incidentes en la regulación, a la ausencia de regulación por las tareas en la Alzada y en el Tribunal Superior y, finalmente, a que el auto regulatorio estaría en contradicción con lo decidido en la instancia extraordinaria. También se agravia porque la regulación fue realizada en JUS en lugar de pesos.

Para dilucidar la certeza o sinrazón de las críticas, corresponde hacer una disquisición que, al parecer, el letrado apelante ha confundido, y que lo lleva a impugnar cuestiones que no se han dicho.

Así, por un lado están las costas del proceso principal, sobre las cuales el a-quo nada dijo, y que están a cargo de la parte actora, desde que adquirió firmeza la sentencia definitiva que rechazó el interdicto iniciado. De esta circunstancia no puede agraviarse porque no le genera perjuicio alguno. Igual consideración cabe respecto a la inclusión del a-quo de los incidentes en la regulación total, pues en nada le cambia al apelante que el magistrado realice una regulación global o varias independientes, si el condenado en costas es el mismo.

Por otra parte están las costas generadas por el incidente de tasación, las cuales el magistrado impuso en el orden causado, basándose en lo alejadas que estuvieron, a su entender, las tasaciones realizadas por las partes y letrados de la del experto. Aquí la decisión sí cobra relevancia para el apelante, pues al perjuicio económico que le irroga soportar el cincuenta por ciento (50%) de las costas se añade la omisión de regularle emolumentos por la labor desarrollada en causa propia (de conformidad a lo prescripto por el art. 13 Ley 1.594).

Entendemos que en este punto la apelación debe tener favorable recepción, pues como bien señala el letrado, la estimación que realizó a fs. 664/665 resultó igual a la que dictaminó el perito tasador M. a fs. 1428/1429 (cien dólares la hectárea). No logra dilucidarse a qué quiso hacer referencia el a-quo al señalar que "las estimaciones de ambas partes estuvieron muy alejadas del valor real finalmente asignado al inmueble", pues la estimación del recurrente y la realizada en la pericia que finalmente fue considerada resultan idénticas. De allí que todas las oposiciones realizadas por los co-actores condenados en costas (y también de sus letrados) no tenían asidero alguno (cfr. impugnación del Dr. Carlos F. Sanchez Galarce a fs. 668/670; del co-actor Fernando Muñoz de Toro a fs. 700/705; de la Dra. ... a fs. 707/708; del Dr. ... nuevamente a fs. 781/790 vta.; del co-actor Rossi a fs. 1053/1056).

Sin perjuicio de ello, aun cuando al final de cuentas el agravio posee andamiaje, cabe descartar la queja del letrado dirigida a una supuesta contradicción con lo resuelto por la Alzada y el Tribunal Superior de Justicia, ya que las costas por el trámite del artículo 24 se imponen de manera independiente, de conformidad a parámetros diferentes, atendiendo fundamentalmente a quién presentó la estimación más alejada de la real y quién se opuso sin motivos fundados. A ello se añade que las resoluciones a las que hace referencia el recurrente fueron dictadas en el marco del incidente de nulidad que motivara la resolución de fs. 1082/1085 vta., ajenas, por ende, a la discusión relativa al valor del inmueble.

Además, en este punto el apelante parece demostrar una nueva confusión entre la condena en costas del incidente de regulación y las instancias superiores por las que transitó el proceso. Señala que "no se regulan honorarios, en la res.

Apelada que la Alzada ordena y el TSJ confirma, a cargo de la actora Muñoz de Toro". Naturalmente que el magistrado no ha regulado por las actuaciones en segunda y tercera instancia, pues carece de competencia para hacerlo. Finaliza en este acápite citando el punto I del Resuelvo de la resolución apelada, agraviándose de que la regulación lo sea "por la intervención en los autos principales. haciendo. comprensivo a las distintas incidencias generadas en él". La ubicación de la cita hace pensar que el apelante confunde instancias con incidencias, lo cual de ser así, constituiría un evidente error de derecho.

Salvando las cuestiones marcadas y en síntesis, la resolución debe ser revocada en este punto porque no existen motivos para repartir las costas del incidente cuando la estimación del recurrente es equivalente a la del perito tasador. Por ello, considerando que las oposiciones e impugnaciones de la parte actora no tenían razón de ser, corresponde imponer las costas del incidente a su cargo.

d).- Por último, retomando una crítica independiente pero aglutinada en el agravio anterior, corresponde tratar la cuestión de la regulación expresada en JUS y de la imposibilidad de calcular intereses al importe de condena.

Consideramos que este agravio tampoco resulta atendible, pues la unidad de medida JUS se caracteriza por mantener la regulación a valores actuales, circunstancia que descarta el perjuicio por mora en la cancelación de la deuda.

Ello sin perjuicio de señalar que no asiste razón al recurrente cuando asevera que el JUS impide añadir intereses, pues estos se asocian con la mora del deudor. Llegado el caso, si el condenado en costas no cancela la deuda, el letrado podrá ejecutar la sentencia, liquidar su crédito de conformidad al valor del JUS vigente, y añadir los intereses moratorios que se hubieran generado, hipótesis que vuelve a demostrar la ausencia de agravio para el apelante.

e).- Como consecuencia de la modificación de quien carga con las costas en el incidente de tasación, se deben regular honorarios al Dr. ..., por su actuación en derecho propio. Teniendo en cuenta que en este caso, como bien manifestara el a-quo, la regulación debe ser proporcional a la realizada a favor del perito, y valorando la extensión, eficacia y calidad de las labores desarrolladas por el recurrente, por derecho propio, en el procedimiento de tasación, se estima justo fijar sus honorarios en la cantidad de SETENTA (70) JUS.

VI.- Corresponde en este estado ingresar al estudio de la apelación interpuesta por los co-actores.

En cuanto a la apelación de la totalidad de los honorarios por altos, realizados nuevamente los cálculos (tomando el valor del JUS vigente en el momento de la regulación), debe señalarse que los mismos no exceden el tope prescripto por el artículo 7 de la Ley Arancelaria, por lo que este aspecto del recurso no puede ser acogido.

Finalmente, hay que avocarse al tratamiento de la crítica dirigida a la utilización del JUS como unidad de regulación.

Entendemos que este agravio tampoco resulta atendible puesto que el obligado al pago tenía la posibilidad de notificarse personalmente del auto regulatorio y depositar el importe de condena según el valor del JUS vigente en dicha fecha.

Si así no lo hizo, y con el transcurso del tiempo el JUS incrementó su valor, el encarecimiento de la condena obedece a la voluntaria dilación en el cumplimiento. Esta circunstancia queda en evidencia cuando el apelante realiza la comparación entre el incremento que ha tenido en estos años el JUS y la tasa activa, pues quien se preocupa por la evolución de la tasa de interés, reconoce la posibilidad de incurrir en mora.

También cabe descartar la pretendida violación a la Ley Arancelaria que el apelante le atribuye a la resolución apelada, por un supuesto apartamiento de la finalidad tenida en cuenta por el legislador al instituir el JUS. Sin perjuicio de ser certero que "la unidad de honorario" otorga al Juez un parámetro objetivo al que acudir cuando deba regular honorarios mínimos, en ningún pasaje de la Ley 1.594 existe una prohibición de utilizarla en supuestos en que puedan fijarse los emolumentos aplicando las escalas arancelarias del artículo 7° y concordantes.

Concatenándolo con la apelación del Dr. ..., cabe concluir que, así como no se puede permitir la especulación del acreedor en que la tasa de interés evolucione más rápido que el valor del JUS, tampoco es aceptable el supuesto inverso, previsto desde la posición del deudor.

VII.- Continuando con las cuestiones traídas a resolución del tribunal, ingresaremos al estudio de la apelación del perito F..

El tasador acude a un único argumento en sustento de su recurso (un simple cálculo matemático), que podríamos encuadrar dentro de la "teoría de la proporcionalidad".

La doctrina de la proporcionalidad, gestada por la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal nacional, enseña que "El estipendio de los peritos debe guardar relación con los honorarios de los letrados intervinientes, debiendo adecuarse la regulación de los peritos, además del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, al monto del juicio y a los emolumentos de los profesionales que han intervenido en la causa" (Manuales de Jurisprudencia La Ley - Honorarios- pág. 432 p.178, citado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial, Sala II en autos "SANDOVAL CLEMIRA BEATRIZ C/ LENZANO MARIA TERESA Y OTRO S/ COBRO SUMARIO DE PESOS", año 2001, base de datos www.jusneuquen.gov.ar). Ahora bien, el experto pretende la elevación de sus honorarios comparándolos con los del letrado de la parte vencedora. El parámetro que utiliza el perito para demostrar la desproporción es incorrecto, pues él no intervino en el proceso principal, sino en el procedimiento especial del artículo 24 de la Ley Arancelaria, por lo que sus honorarios no tienen porqué guardar relación con los del patrocinante del vencedor.

Por ello, siendo erróneo el argumento esgrimido por el perito tasador, y no habiendo invocado más fundamentos, corresponde rechazar su apelación.

VIII.- Finalmente, nos avocaremos al tratamiento del recurso del apoderado del perito F., Dr. ....

En virtud de que el letrado ha seguido la misma línea de argumentación que su patrocinado, valen las reflexiones realizadas en el considerando anterior. La teoría de la proporcionalidad no puede fundar la elevación de honorarios regulados por las tareas en un incidente, tomando como pauta los fijados por el proceso principal. Mucho menos considerando que los profesionales impulsan el incidente de estimación en beneficio propio, no en el de sus representados y/o patrocinados.

A ello se añade que no era necesario que el perito se presentara con representación letrada, por lo que las tareas que haya realizado su apoderado en pos de notificar las tasaciones a las partes, no lo hacen meritorio de una regulación ejemplar.

En conclusión, la apelación del Dr. ... también debe ser rechazada.

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad a la doctrina y jurisprudencia citadas, y a la legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil del Interior, RESUELVE:

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el Dr. ... y, en consecuencia, revocar la forma de imposición de costas en el incidente de tasación, las cuales quedan a cargo de la parte actora. En virtud de ello, regular los honorarios del Dr. ..., por las tareas desarrolladas por derecho propio en dicho incidente, en la cantidad de SETENTA (70) JUS (cfr. arts. 6, 13 y 35 de la Ley Arancelaria). Los honorarios deberán ser cancelados dentro de los diez (10) días de quedar firme la regulación, debiendo adicionarse el porcentaje correspondiente a la alícuota del I.V.A., en caso de que los beneficiarios acrediten su condición de "responsables inscriptos" frente al tributo.

II.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en todo lo que ha sido materia de agravios.

III.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el perito ... en todo lo que ha sido materia de agravios.

IV.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. ... en todo lo que ha sido materia de agravios.

V.- Sin imposición de costas de Alzada por inexistencia de contradicción (art. 68, segunda parte, C.P.C. y C.).

VI.- Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula a las partes y letrados que hayan constituido domicilio ante la Alzada y, oportunamente, remítanse al Juzgado de origen.

Dra. María Julia Barrese - Dr. Dardo Walter Troncoso Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Civil Subrogante Registro de Sentencias Interlocutorias N°: 01/2014 Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Civil Subrogante.