Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-28


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"P C, A T c/ A, R H s/ DIVORCIO VINCULAR", expte. nro. 15.222/05, venidos del Juzgado Letrado de Familia (expte. nro. 665/04), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 138), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 93/95? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a conocimiento de esta Alzada el presente pleito por apelación deducida por la parte actora contra la sentencia nro. 93/2005 del Juzgado de Familia de esta jurisdicción que hizo lugar a la demanda y reconvención decretando el divorcio vincular de la actora A T P C del demandado reconviniente R H A, por culpa de ambos y por la causal de adulterio el accionado y de mutuas injurias graves (art.214 inc.1 en función del arts. 202 inc. 1 y 4 del Código Civil), rechazó la causal de abandono voluntario y malicioso, impuso las costas por su orden (fs. 93/95, fs. 98).

A fs. 100 apela sin sostener el recurso.

1.- En el memorial de agravios de la parte actora sostiene que no evaluó adecuadamente los hechos con base en las pruebas, no se trató de una pareja desquiciada sino que el actor tenía carácter violento y afectaba a toda la familia siendo confeso, los testigos de la demandada mintieron, efectúa una crítica respecto a que no se admitió la declaración testimonial de la hija quejándose porque no produjo una prueba alternativa.

Solicita la apertura a prueba lo cual fue denegado (fs. 128/129 vta.).

2.- En forma preliminar, transcribo doctrina sostenida reiteradamente por quien suscribe respecto de la valoración del memorial de agravios: "que no puede el Tribunal de Alzada, aún cuando no compartiera los fundamentos ni la solución de la sentencia apelada, suplir al recurrente en la formulación de las razones admisibles para lograr la revisión del fallo.

Es decir, puede la sentencia del inferior estar eventualmente desajustada a derecho, pero si los agravios del apelante no demuestran el yerro del sentenciante, a la par de cuál es el criterio correcto en el caso y la doctrina exacta que debe aplicarse a la misma, la suerte debe resultar adversa para el apelante.

Pues si la sentencia es desacertada y los agravios no demuestran el desacierto, o también son ellos desacertados u omite toda referencia o destrucción de este presunto desacierto, no se advierte cómo podría lograrse la revisión de aquella si no es supliendo la actividad crítica del impugnante y hallando agravios idóneos allí donde no se los ha manifestado, lo que está vedado para el Tribunal (Conf. Peyrano "Del Sentido Común y de la Suficiencia del Escrito de Expresión de Agravios", nota en diario La Ley el 11/11/86), porque el memorial da la medida de las facultades del Tribunal (art. 265 C.P.C.Ch.)".

La razón que tuvo la a-quo en su fallo para otorgar el divorcio en la forma y modo que lo hizo, no fue criticada puntualmente por la apelante y, siendo así, no satisface una exigencia mínima que debe observar el memorial porque el art. 265 C.P.C.Ch. es sumamente claro en expresar que el recurrente debe "indicar concretamente los puntos que afectan a su derecho", entendiéndose que la concreción que prescribe ese artículo está significando que la parte debe seleccionar, del discurso del Magistrado, el argumento (o los argumentos) que constituyen estrictamente la idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión, y luego señalar dónde está el error en que ha incurrido conforme esos argumentos, sea en sus referencias fácticas o en sus interpretaciones jurídicas, error que llevará al desacierto ulterior concretado en el veredicto (Cf. LL 1985-A-309, voto del Dr. Alberti; CCCC Ia. Tuc., "M Z R c/ Complejo A S J", del 13/3/87; "C c/ Empresa de O S y L", del 18/2/85; "R c/ P" del 23/10/84; "O c/ E C s/ Daños y Perjuicios" del 23/2/88). No obstante la acertada doctrina, en el reducido marco del memorial abordaré su tratamiento por aplicación de un criterio amplio mantenido por el tribunal que integro, que prefiere considerar reunido el mínimo de técnica legal para no aplicar la máxima sanción (art. 266 del ritual) que resulta poco afortunada frente a la posibilidad de conculcar el derecho constitucional de defensa.

3.- Tanto de la lectura del memorial como lo actuado hasta llegar al mismo fallo movilizan a marcar a modo docente el desacierto del apelante además de la falta, como dijera precedentemente, de crítica.

Me refiero al desacierto en punto a pretender trasladar al magistrado la decisión de la parte de incorporar una testimonial mal propuesta (los tres hijos del matrimonio) y la desidia en no prever alternativas subsidiarias.

Más grave aun es la circunstancia que esa afirmación de la apelante es inexacta pues propuso prueba que fue ordenada a fs. 59, también tengo en consideración que ofreció como testigos otras personas (fs. 52) no familiares, a saber A, S, F, compareciendo uno solo de ellos (S) a fs. 91/92.

El art. 427 del CPCCCh es contundente al respecto y la jurisprudencia de viejísima data sobre testigos inhábiles.

"Resulta totalmente improcedente tomar en consideración las declaraciones de un hijo (formuladas a la asistente social, pues la ley sabiamente impide que se los presente como testigos sea a favor o en contra de las partes (CNCiv. Sala D).

Resulta violatorio del debido proceso garantizado por el artículo 18 de la CNacional permitir que se incorporen declaraciones de los hijos como pruebas en contra del derecho que invocan los padres (CSJN, 24-4-74 ED 54-458).

La prohibición contenida en el art.427 del ritual respecto de los testigos excluidos es de orden público, de modo que no puede ser violada aunque medie conformidad de las partes, pudiendo el juez, de oficio, dejar sin efecto el auto citatorio aunque esté consentido o suspender la audiencia en el instante en que el impedimento se pone de manifiesto (C2da., CCom. de la La Plata, sala II 22-7-69 ED 30-726)" (Jorge L. Kielmanovich "El juicio de divorcio y separación personal", pág. 341 y 342, Ed. Rubinzal Culzoni-2002).

Es más, si a sabiendas de la norma procesal invocada no instó la presencia de los otros testimonios, es válido recordar la magistral enseñanza de Goldsmidt con relación a la conducta omisiva en el proceso y en particular a la carga procesal concebida como imperativo del propio interés, al señalar como principio: "la ocasión obliga, o más bien, impone una carga y la más grave culpa contra sí mismo es dejar pasar la ocasión" (Teoría General del proceso, pág.84) (Fenochietto "Cod.Proc...", t.2, pág. 404 Ed. Astrea-1999).

Por lo tanto, no quedando mayores posibilidades de valoración de conducta omisiva ...", "no queda margen alguno para el arbitrio del juez" (ob. citada, cita Morello-Sosa-Berizonce, Cod.Proc.IV-B, pág. 505 -Carli "La demanda civil", pág. 258, Areal -Fenochietto, Manual t.II, pág.200).

Por estas razones rechazo los agravios, e impongo las costas al apelante vencido según principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCCh), difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Propongo para el Acuerdo:

1.- Desestimar los agravios y confirmar la sentencia venida en crisis.

2.- Costas al apelante vencido, diferir la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

3.- No obsta a lo resuelto la reserva del caso federal con denuncia de violación de normas de la Constitución Nacional, desde que su introducción no justifica por si sola la existencia de un caso constitucional ni basta para ocasionar el automático desplazamiento de leyes locales en cuestiones que por su naturaleza no son federales (SCBs.As. 16-3-93, "M, M c/C y otro", DJ1993-2-274).

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 98 y 100) de la sentencia de fs 93/95 que hace lugar a la demanda y reconvención interpuestas, respectivamente, decretando el divorcio vincular de los cónyuges R H A y A T P C, por culpa de ambos y por la causal de adulterio el accionado y de mutuas injurias graves (art 214 inc.1°, en función del art. 202, inc.1° y 4° del Código Civil), rechaza la causal de abandono voluntario y malicioso, impone las costas por su orden, regula honorarios, declara disuelta la sociedad conyugal al día 3 de septiembre de 2004 y ordena se libre oficio al Registro Civil y Capacidad de las Personas.

Concedido los recursos interpuestos por las partes, elevado los autos a la alzada se ponen los autos a los fines de los arts 259 y 260.

El demandado apelante incumple con lo que disponen los artículos mencionados por lo que corresponde declarar desierto el recurso (art. 265 del CPCCCh).

A fs 128/129 vta se agregan los agravios de la actora, los que se dirigen a la decisión del sentenciante de decretar el divorcio por culpa concurrente.

Señala que la sentencia adopta una posición simplista, al sostener que la causal de injurias graves se debe exclusivamente a una pareja desquiciada cuyo comportamiento mutuo causó la ruptura del affectio maritales entre los cónyuges.

Entiende que es imprescindible contar con el testimonio, o en su defecto, con la valoración de los dichos de las hijas del matrimonio.

Menciona el art 427.

Sostiene que los testigos de la demandada mintieron en sus declaraciones y alude a la pérdida de las constancias fonomagnéticas.

Efectúa otras consideraciones y transcribe jurisprudencia.

Considera que no se puede pedir a una persona que ante la agresión infundada y constante del otro, asuma una posición netamente pasiva.

Solicita se provea la prueba que fuera denegada en primera instancia.

A fs 132 se resuelve rechazar la apertura a prueba, por resultar extemporáneo el planteo, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 260, primer párrafo, del ordenamiento procesal.

El quejoso no rebate en la forma que lo requiere la norma la sentencia dictada.

Observo que ninguna consideración efectúa sobre lo sostenido por la Sra. Juez, en punto a que "Quedó probado que el trato indecoroso era mutuo. el de la actora hacia él que se patentiza en las ausencias de la casa cuando éste regresaba al hogar luego del trabajo en el campo.".

El sólo argumento de que la posición asumida por S.S. es simplista, y la cita de jurisprudencia no es la crítica concreta y razonable que requiere el art. 265 del CPCCCh, ni puede entenderse como supletorio de lo que se pretende atacar, debe concretarse puntualmente cuáles son los agravios que causa la sentencia cuya revisión se solicita, y en el caso de autos se limitó a una presentación, donde disiente, sin hacerse cargo de rebatir los fundamentos del a-quo, lo que revela la insuficiencia del intento.

De allí que opino que el recurso deberá ser desestimado toda vez que la presentación del quejoso no satisface las exigencias rituales, que exigen un estudio detenido del pronunciamiento que se pretende revertir, aportándose elementos y demostrando en esta instancia de las equivocaciones de las deducciones, inducciones y resultado al que arriba el sentenciante.

Por todo ello, y no habiendo cumplido el apelante con la exigencia el art. 265, la sanción del art. 266 deviene correcta.

Las costas de la instancia, de acuerdo a cómo se resuelve las impongo en el orden causado (art. 68, 2do párr. CPCCCh.

Para regular los honorarios, que los difiero para el momento del acuerdo, valoraré el resultado obtenido, el trabajo profesional, la posibilidad que las pretensiones prosperen y la medida de la oficiosidad (arts. 3, 6, 7, y 14 de la ley de aranceles).

A la segunda cuestión la Dra Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Confirmar la sentencia de fs 93/95 y declarar desiertos los recursos de acuerdo a las consideraciones efectuadas.

2) Costas por su orden.

3) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

4) Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de esta Alzada, por lo cual, a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quienes abren el recurso la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a ellas me remito.

I.A - a) Después de un exhaustivo estudio de los términos en que fue planteada la apelación por parte apelante actora (fs. 128/ 129vta.), considero de aplicación el criterio doctrinario y jurisprudencial unánime en cuanto a que: "La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.

Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado -debe decirse cuál es el agravio-.

Lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones -debe exponerse por qué se configura el agravio-.

Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones.

Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a-quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (conf. Morello-Sosa-Berizonce, en "Códigos Procesales de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", T. III, pág. 351; Cám.Nac.Civ., Sala A, 14-2-80, L.L. 1980, v.D., p.180; ídem., Sala B, 13-6-78, Der. v.80, p.378, entre otros).

En dicho sentido y como resultado de la merituación efectuada sobre el contenido de los agravios expresados por el recurrente, advierto que los mismos se limitan a consideraciones genéricas, impugnaciones subjetivas y simples afirmaciones dogmáticas sin el necesario desarrollo argumental que demostrara lo pertinencia de lo aseverado, no ingresando a un análisis integral de los presupuestos jurídicos y de hecho, teniendo establecido en dicha circunstancia Nuestro Superior Tribunal de Justicia que los agravios deben comprender una crítica razonada de aquellas partes del fallo, que considere erróneas o equivocadas, debiendo contestar la parte apelante y analizar exhaustivamente las conclusiones de hecho y el derecho invocado en forma puntual.

Consecuentemente con ello se ha expresado: "Las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación" (STJCh, 27-03-1992, Sentencia Definitiva Superior Tribunal de Justicia - magistrados: Dres. Agustín Torrejón - Fernando S.L. Royer en autos caratulados: "B, M c/ R A P y Pcia. del Chubut s/ Daños y Perjuicios", 18-03-1994, "Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ Provincia del Chubut s/ Ordinario").

A la luz de dichos entendimientos y analizados que fueran los fundamentos de hecho y de derecho efectuados por la a-quo a fs. 93/95 se amerita que éste ha analizado en forma integral las circunstancias dadas en la presente causa, siendo insuficientes los argumentos expuestos por la agraviada, ya que la misma los funda en interpretaciones subjetivas sin la individualización concreta necesaria para enervar la decisión de la a-quo que critica.

Por último, es criterio de la suscripta a partir de los autos caratulados: "R, M A c/ M, E s/ Sumario (Daños y Perjuicios)", expte. nro. 10.805/98, sent. Def. nro. 52 del 14/12/99), que la elección de la prueba es facultad privativa del juzgador, quien puede seleccionar aquellas que estime relevantes y decidirse por unas, descartando otras que considere inconducentes o inoperantes por ser suficiente a tal efecto que haga referencia a las que han servido más decididamente a la conclusión, lo cual no supone ni permite afirmar que no hayan sido computadas; no violando las leyes que rigen la valoración probatoria la preferencia del juez por unas pruebas respecto de las otras, con lo cual el fallo puede apoyarse en determinados testimonios pruebas corroborantes de las que éstos resulten y presunciones con prescindencia de otras pruebas (conf. SCBA, Ac. y Sent., 1977, v.I, p.344).

Son todas estas las razones por las cuales corresponde rechazar los agravios expuestos por la apelante actora a fs. 128/129 vta. en virtud de lo prescripto por el art. 266 del CPCCh y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 93/95 en cuanto fuera materia de agravio.

I.B) En cuanto al recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 100, concedido a fs. 101, atento no haber presentado el memorial de agravios en oportunidad de los arts. 259 del CPCCh, corresponde la aplicación del art. 266 del CPCCh y así lo determino.

I.C) En virtud de lo decidido en el presente voto, las costas de esta instancia son impuestas en el orden causado (art. 71 del CPCCh).

Se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para el momento del acuerdo, donde serán regulados teniendo en cuenta la temática planteada, la labor desarrollada y el éxito obtenido, conforme lo prescripto por los arts. 6, 7, 14, 47 ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la colega preopinante, Dra. Reynoso de Roberts y considerar que esta parte del voto no está comprendida dentro de lo prescripto por la manda constitucional de nuestra Constitución Provincial, art. 269, a la misma adhiero en todos sus términos.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia de la Dra. García Blanco, la siguiente SENTENCIA:

1) Declarar desiertos los recursos de apelación interpuestos, de acuerdo a los considerandos pertinentes, y confirmar la sentencia de fs. 93/95.

2) Costas por su orden, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. E R B en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500).

3) Tener presente la reserva del caso federal.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO -Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara NÉLIDA SUSANA MELERO - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 14DEL AÑO 2007 DELLIBRODE SENTENCIASDEFINITIVAS