Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-21


SENT Nro. 810 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 21 de Octubre de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Cabral, Domingo Bartolomé vs. Castillo S.A.C.I.F.I.A. s/Incumplimiento de contrato".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación presentado por el apoderado de la parte actora contra la sentencia de fecha 14/5/2003 dictada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Común (fs. 268/269), que fue concedido por resolución del 1/7/2003 (fs. 283).

El recurso es admisible porque fue presentado en término, está dirigido contra sentencia interlocutoria que resuelve definitivamente un tema relativo a la extensión de la condena impuesta a la parte demandada, y contiene un agravio referido a una cuestión de derecho, cual es el alcance de la cosa juzgada.

Para una mejor comprensión del caso se efectuará una breve síntesis de los antecedentes relevantes de la cuestión a resolver.

2.- Por sentencia de fecha 11/04/2001 (fs. 188/189) la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial Común resolvió un recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28/4/2000 (fs. 168/171), en la que se había hecho lugar a la demanda por incumplimiento de contrato, condenando a la accionada a devolver el precio pagado más sus intereses.

El voto del Dr. Carlos Ibáñez en su considerando 3° analizó el agravio referido a la improcedencia del pago de intereses porque éstos debían compensarse con el uso y goce del vehículo que hizo el actor por más de tres años, y porque se restituiría un vehículo depreciado, mientras que el actor recibiría todo el dinero que abonó con intereses. El sentenciante expresó que "este agravio resulta procedente en razón de que el comprador ha tenido la posesión de la motocicleta comprada que deberá restituirle al vendedor y por lo tanto, el uso y goce de la misma debe compensarse con los intereses del precio pagado que a su vez le debe ser restituido por aquél (cfr. doctrina art. 1053 in fine del Cód. Civil por analogía)".

Dirimiendo la disidencia entre los vocales Dres. Ibáñez y Gallo Cainzo, el Dr. Robinson se expidió fundadamente a favor de la compensación de los intereses con el enriquecimiento sin causa de quien se benefició con el uso de la motocicleta, adhiriendo al voto del Dr. Carlos Ibáñez (fs. 189 vta.).

Pese a que clara e indubitablemente se había conformado la voluntad del Tribunal en el sentido de acoger el agravio del demandado sobre la compensación de intereses, en la parte resolutiva se expresó que se confirmaba la sentencia del 28/4/2000 en cuanto la misma fuera materia de agravios (fs. 190). La sentencia no fue recurrida.

La parte actora presentó planilla que incluía intereses (fs. 202), de la que se corrió traslado al demandado, quien la impugnó oponiéndose a los intereses, invocando para ello el voto mayoritario de la Cámara (fs. 207).

Al pedir el demandado que se intime a la parte actora a que restituya el vehículo y que no se le entregue ningún importe de dinero hasta que ello no se cumpla, el Juzgado fijó fecha de entrega del vehículo (fs. 245 vta.). A esa pretensión se opuso el actor, planteando que el demandado solamente había pagado el capital, y que hasta que no abonara los intereses y gastos su parte no estaba obligada a restituir el vehículo. El accionante expresó que la sentencia de Cámara no había hecho lugar a la apelación del demandado, y que el fallo había quedado firme y consentido, por lo que sí se debían los intereses.

La parte demandada contestó el planteo del actor, exponiendo que la sentencia debía interpretarse como una unidad lógica y jurídica, y que los considerandos y motivaciones de la sentencia formaban con la parte dispositiva una unidad funcional (fs. 248), y que se dispuso la compensación de intereses con el uso y depreciación del vehículo.

La incidencia fue resuelta por sentencia del 11/10/2002 (fs. 249), en la cual se hizo lugar a la revocatoria deducida por el actor, interpretando que la sentencia de primera instancia había sido confirmada en alzada conforme su parte dispositiva, por lo que el demandado debía los intereses.

Apelada la sentencia por el demandado, la Cámara hizo lugar al recurso por sentencia del 14/5/2003 (fs. 268/269), admitiendo que si bien las conclusiones del fallo en examen no se reflejaron en su parte resolutiva, ello no implicaba que esa omisión conlleve la admisión de intereses que se desestimaron. El Dr. Ibáñez expuso que esa omisión podía ser corregida incluso en la etapa de ejecución de sentencia por aplicación del principio procesal establecido en el art. 277 segundo párrafo CPCC. El Vocal Dr. Gallo Cainzo expresó que al consistir la sentencia judicial en una norma individual, el límite procesal de la cosa juzgada debe determinarse con referencia al contenido de la norma creada por el juez en cada caso concreto, y en tanto su constitución sea requerida para la solución de las cuestiones planteadas, con prescindencia del lugar del pronunciamiento en el cual aparecen decididas. Sostuvo que al haberse determinado el rechazo de los intereses, la sentencia adquirió firmeza y fuerza de cosa juzgada, por lo que no resultaba atendible una interpretación distinta fundada en la forma en que se redactó su parte dispositiva (cfr. fs. 269).

3.- Contra esa sentencia el actor interpuso recurso de casación en el que se agravia de que la sentencia incurrió en grave alteración de la estructura del proceso, al desconocer un fallo anterior firme y consentido. Advierte que el Tribunal no pudo subsanar sus errores en forma elíptica, remitiéndose a los considerandos. Expuso que una sentencia semejante únicamente se pudo revisar mediante sentencia fundada, a pedido de parte, por el mismo Tribunal que originó dicho error, pero de ninguna manera por un tribunal inferior (fs. 277 vta.), y que de esa manera se le impidió la posibilidad de recurrir en casación. Invoca violación al derecho de propiedad y a la cosa juzgada, ya que el supuesto yerro de la Cámara no es de tipo numérico. Plantea que los errores que no sean de tipo numérico, únicamente pueden ser revisados por el tribunal que dio origen a dicho error, no pudiendo el inferior transgredir la parte resolutiva de la sentencia de alzada, y se agravia de la imposición de costas por el orden causado, siendo que las mismas deben ser soportadas por quien dejó vencer los términos sin recurrir la sentencia (cfr. fs. 278).

4.- Corresponde rechazar el recurso de casación planteado por la parte actora, por los siguientes motivos.

De la lectura de los considerandos del fallo del 11/4/2001 (fs, 188/189) surge con grado de certeza que la voluntad de la mayoría del Tribunal fue hacer lugar al agravio del demandado apelante, en el sentido de que no era procedente el pago de intereses porque éstos debían compensarse con el uso y depreciación del vehículo. Tales manifestaciones son absolutamente explícitas, coherentes y congruentes en esa dirección, y no queda margen de duda sobre cuáles fueron los razonamientos, los fundamentos fácticos y jurídicos y la decisión. Sin embargo, y sin nada que lo justifique, la parte resolutiva dispuso confirmar la sentencia recurrida (cfr. fs. 190).

Ante tal contradicción entre los considerandos y la parte resolutiva, corresponde analizar e interpretar la sentencia para determinar cuál fue la decisión jurisdiccional, ya que la falta de correspondencia entre el antecedente y la consecuencia debe ser superada en una interpretación que precise el alcance de la cosa juzgada y el sentido de la norma jurídica individual que resolvió el caso.

5.- Cabe recordar que es imperativo constitucional la fundamentación de las sentencias (art. 28 de la Constitución de la Provincia y art. 18 CN), por lo que su motivación constituye un requisito esencial y condición ineludible para la validez del acto jurisdiccional.

Por ello, una correcta y adecuada interpretación de la norma jurídica individual que constituye la sentencia, no puede prescindir de los fundamentos de la misma, ya que su validez y congruencia están dados por lo expresado en la fundamentación, esto es, la invocación de las normas o principios jurídicos que a criterio del órgano judicial son aplicables a la controversia y que dan sustento a lo que se resuelve.

6.- No ofreciendo ninguna duda cuál fue el sentido de la decisión, -como lo corroboró el Tribunal en el pronunciamiento objeto del presente recurso-, el contenido de la sentencia que reviste fuerza de cosa juzgada es el que integra la norma jurídica individual según aparece constituida y expresada como núcleo esencial del pronunciamiento, en el caso, las expresiones de los Vocales que expusieron y fundamentaron su manifestación de voluntad.

La interpretación que se propicia persigue la búsqueda racional del sentido sustancial del acto jurisdiccional y de su consecuencia jurídica, considerando a la sentencia como una unidad lógica e inescindible. Sobre esta cuestión expresaron Lino Palacio y A. Alvarado Velloso, citando a José Luis de Imaz que "sobre la base de consistir la sentencia en una norma individual, se llega a la acertada conclusión de que el límite procesal de la cosa juzgada debe determinarse con referencia al contenido de la norma creada por el juez en cada caso concreto, y en tanto su constitución sea requerida para la solución de las cuestiones planteadas, con prescindencia del lugar del pronunciamiento en el cual aparecen decididas "(Límites procesales de la cosa juzgada", LL, 76-876)". (Palacio y Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. IV p. 459, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1992).

7.- Por ello, en el caso a estudio, y por sus singulares características, lo que queda firme y constituye cosa juzgada es la declaración de la consecuencia jurídica a la que arribó el Tribunal expuesta en los considerandos. No se puede extender el valor formal del instituto de la cosa juzgada más allá de límites razonables, prescindiendo de una adecuada ponderación de la sentencia. Tal interpretación preserva la institución de la cosa juzgada, pues la búsqueda de la verdad jurídica con criterio sustancial preserva la solución prevista en el fallo, siendo que el antecedente lógico y absolutamente inseparable de los antecedentes en relación a la parte dispositiva no debe ser sino la conclusión final y necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos tenidos en cuenta al adoptar la decisión jurisdiccional (cfr. en igual sentido CSN sentencia del 8/3/1983 en "Segura de Villamaciel c. Ministerio de Cultura y Educación").

8.- Una interpretación contraria a la que se propicia estaría dando valor a un obvio error de redacción del dispositivo sentencial, que no reconoce ningún sustento ni fundamento, y del que no pueden emerger derechos frente a la inequívoca decisión expresada en los considerandos. Cabe resaltar que el recurrente no se hace cargo ni rebate el fundamento sentencial relativo a que la sentencia adquiere autoridad de cosa juzgada por su sustancia, de que hubo un error en el dispositivo, y que no puede prescindirse del verdadero sentido de la solución a la que arribaran los integrantes de la Sala, aseveración que el Tribunal sustentó en un elemental sentido de justicia en función del cual priorizó la verdad jurídica objetiva frente a lo formal.

9.- Es doctrina de la Corte Suprema de la Nación que "son arbitrarios los pronunciamientos que, por excesivo ritualismo, extienden el valor formal de la cosa juzgada más allá de los límites razonables" (doctrina de Fallos 310: 2063). La Corte Suprema ha determinado que si bien lo atinente a la existencia o inexistencia de cosa juzgada es un problema de hecho y de derecho procesal, ajeno a la instancia extraordinaria, ello no es óbice para conocer un planteo de dicha naturaleza cuando su examen extiende su valor formal más allá de los límites razonables, utiliza pautas de excesiva lasitud y omite una adecuada ponderación de aspectos relevantes de la causa lo cual redunda en un evidente menoscabo de la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional (v. doctrina de Fallos: 318: 2068; 323: 2562).

10.- Por ello, en el caso no se trata de modificar un pronunciamiento, sino de precisar su sentido, por las características excepcionales que presenta. Una vez descubierto el error del dispositivo, y frente a la inequívoca voluntad manifestada en los considerandos, si no se determinara el verdadero sentido de la sentencia se incurriría en una grave arbitrariedad, pues se estaría tolerando que se generara o se lesionara un derecho que sólo tendría como causa un error, por lo que no puede prescindirse del uso de los medios pertinentes para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos. Tal principio se sustenta en el hecho de que el cumplimiento de una sentencia con vicios semejantes, lejos de preservar conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, pues aquélla busca amparar, más que el texto formal del fallo, la solución real prevista en él (doctrina de Fallos: 308: 755 y E. 16. XXII. "Estado nacional -Ministerio de Economía- c. Cooperativa Poligráfica Editora Mariano Moreno Ltda.", sentencia del 20/4/89 -La Ley, 1989-E, 77-).

11.- El hecho de que la sentencia del 11/4/2001 quedara firme no obliga al magistrado a obrar en un sentido determinado, sino que es deber de los jueces otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, toda vez que la confección de la liquidación sólo procede en cuanto hubiere lugar por derecho, por lo que excede los límites de la razonabilidad la pretensión de practicar la liquidación en forma contraria al sentido explícito de la sentencia, a pesar de encontrarse dicha situación erróneamente expresada en el dispositivo del fallo.

12.- Desde otra perspectiva, cabe advertir que el recurrente no se opone en realidad a que una sentencia que presente tales vicios pueda ser revisada por el mismo Tribunal que originó el error (fs. 277 vta.), sino que más bien cuestiona el procedimiento y la forma de subsanar que se hizo en este proceso incidental, motivo por el que también se agravia de la imposición de costas por su orden.

Al respecto cabe observar que si el recurrente no cuestionó por ser inequívoco el sentido del fallo, -del que no se agravia en esta instancia-, no le asiste razón al actor al utilizar las vías recursivas para perseguir tan sólo que se cumplan los procedimientos que a su criterio debieron observarse, por carecer y no invocar un interés legítimo en tal sentido (art. 168 CPCC).

13.- Por igual razón, no corresponde hacer lugar al agravio sobre las costas.

14.- En cuanto a la imposición de costas, habiéndose podido considerar con razón probable para litigar, y atento a las peculiares características del caso, corresponde imponerlas por su orden (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación presentado por la parte actora contra la sentencia de fecha 14/5/2003 dictada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Común (fs. 268/269).

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA