Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-05


Libro I- 66 Expte: SII-27533 Nº orden Juicio: REINOMAR S.A C/ CARRIZO SELVA DEL CARMEN S/ EJECUTIVO Juzgado: Paz Letrado de 25 de Mayo Mercedes, 1 de diciembre de 2011 .- AUTOS Y VISTOS:

I.- Vienen estos autos a la Alzada para resolver el recurso de apelación planteado por la parte ejecutante a fs. 17 contra la decisión de fs.16 y vta. , mediante la cual la señora jueza de Paz de 25 de Mayo se inhibió de entender en las presentes actuaciones.

Y CONSIDERANDO:

II.- La sentenciante de la instancia anterior fundó du decisorio en el art. 36 de la la Ley de Defensa del Consumidor ( ley 24.240 y sus modificatorias) y en el criterio sentado por la Excma. S.C.B.A. en la causa "Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo Alejandro Rene s/ Cobro ejecutivo" nro. 109.305, del 1/9/2010. La Sra. Jueza expresó que la concurrencia de elementos serios y adecuadamente justificados sobre la existencia de una relación de consumo en este caso, resultaban de: la multiplicidad de procesos de idéntico tenor iniciados por la parte actora dedicada al préstamo de dinero para el consumo y la circunstancia de ser la persona física accionada la destinataria de dicho crédito.

III.- En el escrito de fundamentación del recurso, la apelante esgrime que el caso de autos es distinto al caso "Cuevas" fallado por la Excma. S.C.BA.

En este sentido, dice que la Sra. Jueza "a quo" de la instancia anterior ha inferido que la accionante se dedicaba al préstamo de dinero y que se trataba de un crédito para consumo sin elementos determinantes y objetivos. En definitiva, se agravia de la presunción efectuada en la resolución recurrida sobre la existencia de una relación de crédito para el consumo afirmando que la sentenciante de la instancia anterior utiliza argumentos pocos sólidos.

A fin de sustentar su postura cita la causa "T.E.V. S.A. c/ Picagua Bogado, Laura Beatriz s/ Cobro ejecutivo" Rc 113588 I, del 22/12/2010, en la cual la Excma S.C.B.A. dijo que no podía el juez inhibirse de oficio dado que la competencia territorial era prorrogable.

Asimismo, hace mención al fallo de la Excma. C.S.J.N. "Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Toledo", del 24/8/2010, donde el Tribunal se expidió de conformidad con el dictamen de la Procuración. En dicho dictamen, por aplicación de lo establecido en el art. 4º, tercer párrafo, del Código Procesal de la Nación, se consideró que el juez no podía declarar de oficio su incompetencia. Sostiene la apelante que si bien el código procesal provincial no contiene la misma disposición, hay que entender que los jueces provinciales tampoco pueden declararse incompetentes de oficio cuando la competencia es prorrogable.

IV.- Sobre las cuestión que aquí nos compete resolver ya se ha expedido el máximo Tribunal de la Provincia, no sólo en la causa "Cuevas" antes citada y aludida en la resolución recurrida; sino que luego de tal causa, el cimero Tribunal Provincial se pronunció en las causas "Electrónica Megatone S.A. c/ Cabral, Gerardo Adrián s/ Cobro Ejectutivo" nro. 111.325 del 29/9/2010, "Bilbao, Edgardo Cesar c/ Ochoa, Mónica del Valle s/ Cobro Ejecutivo" nro. 111.152 del 13/10/2010 y "B.B.V.A. Banco Francés S.A. c/ Ortíz, Miguel Angel y otro/a s/ Cobro ejecutivo. Incidente de competencia" nro. 113.770 del 16/3/2011 En tales precedentes el cimero Tribunal de la provincia expresó que el legislador nacional, al promover la protección a la parte débil del contrato financiero de consumo, no ha dado una respuesta concreta a la siguiente problemática: por un lado, el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor nro. 24.240 modificado por la ley 26.361 (L.D.C) impide la prórroga de jurisdicción en perjuicio del usuario e impone que las controversias respectivas tramiten ante los tribunales más próximos a éste; por otro, en los títulos abstractos está vedada la discusión sobre la causa de la obligación (art. 542 C.P.C.C.) por lo que no es posible indagar más allá del documento para verificar si la convención que dio lugar al pagaré es efectivamente una de aquellas protegidas por el indicado precepto tutelar. Frente a este tipo de dilema, debe imperar un criterio hermenéutico que permita arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables como ocurre con los usuarios y consumidores. Dicha lectura "armonizante" consiste en autorizar a los jueces a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 L.D.C. (Del voto del Dr. Hitters). Si bien es cierto que en las cuestiones exclusivamente patrimoniales se encuentra autorizada la prórroga de la competencia territorial atribuida a los tribunales provinciales (art. 1 C.P.C.C.), el art. 36 L.D.C. establece una excepción a dicha facultad de los particulares. Luego, el juez se halla habilitado para rechazar de oficio su competencia si constata que, en fraude a la ley, la ejecución se encuentra causada por una operación financiera para consumo o de crédito para consumo. Habría quedado configurado un supuesto de abuso de derecho mediante la utilización del fraude a la ley. No es posible aceptar que el esfuerzo normativo llevado a cabo por el legislador nacional a través del establecimiento de una competencia territorial improrrogable en beneficio de la parte débil de la relación de consumo, con clara finalidad tuitiva, pueda ser dejado de lado por el simple recurso de acudirse a títulos cambiarios para instrumentar la deuda (Del voto del Dr. Pettigiani).

Además, agregó el Dr. Pettigiani (en las causas "Cuevas" y "Bilbao") que aún cuando el título haya sido otorgado antes de la entrada en vigencia de la ley 26.361 (B.O. 7/4/2008) que modificó el art. 36 de la LDC, si el inicio de la ejecución fue posterior el nuevo texto de la norma resulta inmediatamente aplicable en atención a su carácter de orden público con efectos inmediatos sobre las relaciones jurídicas no consumidas al comienzo de su vigencia.

En suma, puede decirse que la doctrina de la S.C.B.A. indica que los jueces deben declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a la que se refiere el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Esta doctrina ha sido aplicaba también por la Excma. S.C.B.A. en las causas "Macrostar S.R.L. c/ Gómez, Jorgelina y otro s/ Cobro ejecutivo" Rc 114308 del 27-4-2011 y "T.E.V. S.A. c/ Picagua Bogado, Laura Beatriz s/ Cobro ejecutivo" Rc 113588 I 22-12-2010 (esta última citada por la recurrente), en las cuales entendió que no se advertía de la compulsa de las actuaciones la existencia de una relación de consumo a las que se refería el art. 36 de la L.D.C.

Cabe agregar que, en sentido similar a los pronunciamientos de la S.C.B.A, con fecha 29/6/2011 se expidió, por mayoría, la Cámara Nacional Comercial en pleno. La doctrina del plenario fue la siguiente: "1 -En las ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal: 1. Cabe inferir de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos previstos en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución. 2. Corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor." V.- Como se dijo anteriormente, la apelante se agravia fundamentalmente diciendo que en este caso no se había constatado la existencia de la relación de consumo mediante elementos serios y adecuadamente justificados.

También se dijo antes que la sentenciante fundó su criterio en la multiplicidad de causas y la calidad de las partes entendiendo que la actora se dedicaba al préstamo de dinero y que el accionado era una persona física.

La recurrente dijo al respecto que eran solamente 8 los juicios iniciados ante el Juzgado de Paz y que no podía presumirse que una persona que iniciara 8 cobros ejecutivos al año se dedicara al préstamo de dinero o que se tratara de una operación comprendida en la ley de defensa del consumidor.

Este Tribunal entiende que la circunstancia de tratarse de varios juicios similares es un elemento que puede indicar una relación de consumo (tal como lo evaluó la S.C.B.A en "Cuevas").

A su vez, como lo consideró la Sra. Jueza de Paz, la parte demandada es una persona física y ello también permite inferir la relación de consumo (fallos de la S.C.B.A. y plenario de la Cámara Nacional Comercial) dado que ordinariamente encuadra en la categoría de "consumidor o usuario" del art. 1º L.D.C.

En este caso, la parte actora se agravia puntualmente sobre la presunción que se hace en el decisorio recurrido relativa a que su parte es "prestamista de dinero para consumo" y que media una relación de consumo. En su memorial se pregunta por qué no se considera la posibilidad de que la actora pueda dedicarse a distintas actividades y que la operación haya sido contraída por motivos no comprendidos en la L.D.C.

Sin embargo, en ninguna parte de los agravios se dice exactamente a qué actividad se dedica la actora ni por qué no podría encuadrarse al accionado en la categoría de consumidor.

A juicio de este Tribunal, la actora no justifica que en el caso no existe una relación de consumo. Contrariamente, como se dijo antes, solo se limita a formular preguntas y hacer conjeturas.

Ello - y a pesar del esfuerzo argumentativo de la letrada apoderada de la parte actora - no hace más que reforzar la convicción de este Tribunal de que se trata de una relación de consumo en los términos del art. 36 L.D.C.

En suma, en el caso se entiende aplicable la doctrina de la Excma. S.C.B.A por constatarse elementos suficientes para tener por justificada la relación de consumo (art. 163 inc. 5º C.P.C.C.).

Por último, con relación al fallo de la C.S.J.N. citado por la recurrente, cabe decir que el mismo es de fecha anterior a los fallos de la S.C.BA. en los cuales, como se expuso más arriba, se dejó establecido que el art. 36 de la L.D.C. configuraba una excepción a la facultad de los particulares prevista en el art. 1º C.P.C.C. de prorrogar la competencia territorial en cuestiones patrimoniales.

Por ello, de acuerdo a los arts. 36 y concordantes de la L.D.C., art. 163 inc. 5º C.P.C.C. y jurisprudencia citada, SE RESUELVE: Confirmar la resolución de fs. 16 y vta. en lo que fue materia de apelación y agravios. REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y DEVUÉLVASE.