Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-14


SENT Nro. 334 San Miguel de Tucumán, 14 DE MAYO de 2003.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la Ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuesto por la parte demandada en autos: "Argañaraz de Rizo, Lidia Noemí y otros vs. Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.) s/Contencioso administrativo"; y C O N S I D E R A N D O:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso extraordinario federal incoado por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 1118, del 10-12-2002, de esta Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, por la que no se hace lugar al recurso de casación deducido por la misma parte en contra de la sentencia de fecha 17-8-2001, de la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo.

II.- La recurrente basa la vía impugnativa que intenta, en la cuestión federal que surgiría del alegado supuesto de arbitrariedad normativa en la que habría incurrido la sentencia dictada por este Tribunal. Sostiene que la misma consagra un apartamiento inequívoco de la solución legal prevista para el caso, vulnerándose la garantía constitucional de la defensa en juicio -artículo 18 de la Constitución Nacional-, el principio de razonabilidad establecido en el artículo 28 y el de legalidad del artículo 19, todos de la Ley Fundamental Nacional.

Manifiesta que el fallo reviste gravedad institucional en tanto se aparta en forma arbitraria de la doctrina legal sentada por esta Corte en los autos: "Frascarolo, Carlos Alberto vs. Superior Gobierno de la Provincia s/ Contencioso Administrativo", y aduce que no se tuvo en cuenta la situación económica financiera de la Provincia y las consecuencias sobre la realidad económica provincial que se derivarían de la decisión adoptada, destacando que existen juicios en iguales condiciones al de referencia, con un impacto económico superior a los 200 millones de pesos.

Refiere, además de la afectación significativa al tesoro provincial, a la incidencia de la sentencia en el cumplimiento de las funciones propias del estado: seguridad, salud, educación, justicia, etc., y en la calificación del riesgo crediticio del estado.

Efectúa consideraciones relativas a la razonabilidad y temporalidad de la legislación de emergencia y al bien común que, en el sub lite, se persigue con la misma, en los términos de fs. 1069 vta./ 1072 vta., y concluye expresando que el voto minoritario existente en autos hace alusión a la causa "Barros, Telésforo Antonio y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s /Cobro de australes", y rescata de la misma, a su vez, el voto minoritario del Dr. Gandur, con el cual manifiesta coincidir.

III.- Este tribunal, ante el cual se ha articulado el remedio extraordinario federal, debe decidir acerca de la admisibilidad del recurso, cuyo juzgamiento refiere a la presencia o no de los requisitos de la vía tentada necesarios a tal fin, que surgen de los artículos pertinentes de la Ley Nº 48.

Al respecto, cabe destacar que ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 1064 y 1074 vta.), por parte legitimada al efecto, y se impugna la sentencia definitiva emanada del Superior Tribunal de Provincia, habiéndose introducido oportunamente la reserva del caso federal.

De otra parte, y sin perjuicio del análisis que en definitiva corresponde efectuar a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde a este Tribunal verificar si, en la especie, el escrito recursivo cuenta, prima facie, con fundamentos suficientes para dar sustento a los déficit atribuidos por el recurrente al pronunciamiento atacado.

En esta perspectiva se observa que el impugnante funda su embate en la arbitrariedad normativa en que habría incurrido el fallo (conculcación a las prescripciones de los artículos 18, 19 y 28 de la Constitución Nacional), alegando que no es derivación razonada del derecho vigente; que arbitrariamente se declaró inconstitucional la normativa en cuestión; que se descuidó el impacto de la sentencia sobre la situación socio-económica de la provincia, y que existe gravedad institucional.

Si bien es cierto que la normativa discutida pertenece a la esfera del derecho público local y que, por regla, estas cuestiones no ingresan al contenido del recurso extraordinario federal, más verdadero es aún que resulta atendible contemplar las hipotéticas lesiones constitucionales invocadas, los especiales ribetes económicos que presenta la cuestión debatida y la trascendencia de la significación teleológica última de los dispositivos implicados; todo lo cual, prima facie, presenta entidad suficiente para justificar la intervención del Máximo Tribunal de la Nación, permitiendo superar los ápices procesales frustratorios del control constitucional de la CSJN (Fallos: 248:189; CS, 1999/12/07, en LL, 2000-B, (183), etc.). Ello así, puesto que la naturaleza de la materia en examen, según lo manifiesta el recurrente, trasciende el mero interés de los particulares, adquiriendo notorio interés institucional (Fallos: 253:406); tanto más cuando se considera la alegación a una variada cantidad de casos en iguales circunstancias (Fallos: 302:363).

Con la inevitable dosis de relatividad con que puede estimarse un asunto, como de interés general con trascendencia potencial superior a la individual, lo cierto es que el recurrente ha formulado adecuadamente su libelo recursivo en el punto, argumentando razones que se presentan, a primera vista, como bastantes en cuanto a que el presente caso adquiere tales características, al versar sobre la declaración de inconstitucionalidad de regímenes de emergencia provincial.

Por lo precedentemente considerado, dada la naturaleza del asunto litigioso y su relevante significación, puede verosímilmente entenderse que la situación de autos adquiere carácter excepcional, y habiéndose propuesto cuestión federal suficiente, se torna conveniente (al confrontarse, por un lado, lo que se ha dado en llamar poder de policía de emergencia -en manos del estado provincial-, y la plena vigencia de las garantías constitucionales, del otro), que sea el más Alto Tribunal de la República el que lleve a cabo la dilucidación definitiva de la cuestión planteada puesto que, en su condición de intérprete final de la Constitución, le corresponde decidir si, en el caso, existe la alegada infracción normativa con afectación a la garantía de defensa en juicio y a los principios de legalidad y razonabilidad previstos en los artículos 18, 19 y 28, respectivamente, de la Ley Fundamental de la Nación.

Por lo expuesto, corresponde conceder el recurso extraordinario federal incoado por la parte demandada, siendo oportuno también recordar que ya existen precedentes de este Tribunal en idéntico sentido recaídos en causas que versan sobre el mismo tema planteado en autos (sentencias Nº 360, del 22-5-2001 y 361, de igual fecha).

Por ello, y oído el Sr. Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

I.- DECLARAR ADMISIBLE y, en consecuencia, conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo Nº 1118, de fecha 10-12-2002, conforme a lo considerado.

II- ELEVAR oportunamente las actuaciones a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA