Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-07


2º Instancia.- Buenos Aires, julio 7 de 2010.

El doctor Fernández dijo:

I. Que a fs. 104/107 la Sra. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda impetrada contra el Poder Ejecutivo Nacional - Registro Nacional de las Personas y revocó la Resolución Nº 933 dictada por este último organismo con fecha 31 de mayo de 2005, ordenándole que se abstuviese de obligar al aquí actor a ejercer la opción prevista en el Decreto Nº 894/01. Impuso las costas en el orden causado.

Para decidir de tal modo, sostuvo -en lo esencial- que en el caso no existía la doble erogación que se buscaba evitar con la sanción del decreto citado por cuanto el actor percibía su haber jubilatorio de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires que se sustenta con los aportes de sus afiliados; por lo cual consideró que dicha norma resultaba inaplicable.

II. Que a fs. 108 interpuso recurso de apelación la demandada y a fs. 112 hizo lo propio la actora. Expresaron agravios a fs. 119/122 y 123/124, los cuales fueron contestados a fs. 126/127 y 128 / 130 respectivamente.

III. Que por elementales razones de buen orden corresponde dar tratamiento, en primer término, al recurso interpuesto por la accionada.

Ello así, debe puntualizarse que la demandada se agravia -en lo principal- de que la a quo hubiese declarado inaplicable al caso el Decreto Nº 894/01. Invoca el pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Saralegui Francisco", del 14 de febrero de 2006, y afirma que el hecho de que el actor perciba su haber de retiro de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires no constituye obstáculo a la aplicación de la norma en el caso.

IV. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en punto a la constitucionalidad del Decreto Nº 894/01 en la causa "Saralegui, Francisco c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo", del 14 de febrero de 2006. En el mismo sentido se ha expedido este Tribunal en las causas "Oliver, Hugo Dante c/ Mº Interior - Dto 894/01 438/03 s/ proceso de conocimiento", del 23 de mayo de 2007, y "Landaburu Luis Víctor c/ EN - Dto 894/01 y 1089/03 s/ proceso de conocimiento", del 22 de diciembre de 2009, entre otras. En tales condiciones, por razones de economía procesal y en honor a la brevedad corresponde remitirse -en lo pertinente- a los fundamentos expuestos en dichos precedentes y tenerlos por aquí reproducidos.

V. Que, ello sentado, cabe destacar que el Decreto Nº 894/01 prevé que "... el desempeño de una función o cargo remunerado o prestación contractual con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad en la Administración Pública Nacional, es incompatible con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal...". (art. 1º, el resaltado me pertenece) De tal modo, no se observa como el hecho de que el haber de pasividad involucrado, abonado por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, entidad autárquica de derecho público provincial de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1º de la ley 11.761 del Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, pueda acarrear la inaplicabilidad del régimen impugnado. En efecto, dicho haber jubilatorio no constituye más que uno de los haberes de previsión provenientes de un régimen provincial de los contemplados expresara ente en la norma analizada.

No debe olvidarse que, cuando la letra de la ley no exige un esfuerzo de interpretación, la norma debe ser aplicada con prescindencia de consideraciones que limiten los supuestos comprendidos en ella y procurando dar pleno efecto a la voluntad del legislador (CSJN, Fallos: 200:165; 302:973; 306:940 y muchos otros).

Y, en el caso, la inaplicabilidad del decreto declarada por la Sra. Juez de la anterior instancia resulta manifiestamente contraria a lo dispuesto en esa norma, pues no caben dudas de que el supuesto del sub examine se encontraba alcanzado por la misma y no existían razones que justifiquen/decisión adoptada.

En otro orden de ideas cabe, asimismo, recordar que si bien la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a sus sentencias, por lo que carecen de fundamento aquéllas que se apartan de los precedentes del Tribunal sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el mismo, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, especialmente en supuestos donde dicha posición fue expresamente invocada por el apelante. (conf. dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 332:616) Es decir, en el caso, frente a la claridad de la norma analizada, declarada constitucional por el Máximo Tribunal en el precedente "Saralegui" ya citado, la Sra. Juez de la anterior instancia decidió no aplicarla invocando para ello que en el sub examine no se registraba la doble erogación que había justificado el dictado de la norma, desconociendo así injustificadamente lo expresamente regulado y la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en dicha causa sin aportar nuevos argumentos.

En consecuencia, en virtud de todo lo hasta aquí dicho, debe hacerse lugar al recurso de apelación interpuesto y rechazar la demanda impetrada; con costas de ambas instancias a la actora vencida, por no existir razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 68, primera parte, del CPCCN.

VI. Que, en virtud de lo hasta aquí expuesto, resulta inoficioso expedirse en relación al recurso de apelación interpuesto por la accionante a fs. 112.

En consecuencia y si mi voto es compartido, corresponde revocar el pronunciamiento apelado, imponiendo las costas de ambas instancias a la actora vencida por no existir razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 68, primera parte, del Código Procesal.

Los doctores Argento y Grecco adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede se resuelve: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionada y rechazar la demanda impetrada; con costas de ambas instancias a la actora vencida.- Jorge Esteban Argento. - Carlos Manuel Grecco. - Sergio Gustavo Fernández.