marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Libros de comercio, adhesión al recurso, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Gasreck SA c/ IPS SAIC s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-01

El sistema de libros de comercio instaurado por la ley (arts. 61 a 73, ley 19.550) tiene el propósito de hacer conocer inmediatamente el estado de los negocios de la empresa y apreciar si ellos progresan o decaen a fin de que la justicia y los acreedores puedan juzgar sobre la corrección con que fueron llevadas las operaciones mercantiles, y eventualmente, las causas de la mala situación del comerciante en caso de concurso o quiebra. Ella es el reflejo de la vida económica y de la marcha de los negocios de la sociedad; y el sistema sobre el que se basa tiene en miras la protección de los socios, del comercio en general y del interés social más que la utilidad particular del comerciante (conf. R. L. Fernández y O. R. Gómez Leo "Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial" Depalma, 1993, págs. 85 y 86). En suma, los valores patrimoniales asentados en la contabilidad tienen un soporte jurídico y, a su vez, en los libros se proyectan los derechos a través de los valores cifrados (conf. Savatier, Le Droit Comptable, citado por Fernández Madrid, J. C. en "Eficacia Jurídica de los Libros y las Registraciones", Derecho Fiscal, 439, enero de 1985) (conf. CNCiv. y Com. Fed., Sala III, causa 5.584/97 del 7/11/2002).
Recurso de casación, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALLUZ, EDMUNDO c/ FIGUEROA, TOMAS ISSE Y OTROS s/ COBRO DE ASUTRALES - RECURSO DE CASACION GIOVANNINI CARLOS c/ ARGIRO MARTA, FIORE ROQUE E INDUSTRIAS FRIGORIFICAS S.A. s/ DIFERENCIAS DE SUELDOS,ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-02-06|2002-02-04

Lo atinente a honorarios por ser una cuestión de hecho, no puede plantearse por vía de casación. Esta vía impugnativa sólo se constituye como válida, cuando el decisorio es absurdo o arbitrario;

no reuniendo los recurso señalados precedentemente, deviene el rechazo del recurso planteado.-
Fallo plenario, acusación fiscal
Materia: PENAL
Carátula: V.J.-G.N.M.-T.E.-B.R.N-S.R.D. s/ Privación ilegítima de la libertad y Facilitación de la prostitución  agravada por el uso de intimidación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-05-28

La postura de este Tribunal respetuosa del principio acusatorio no ha variado ante el reciente pronunciamiento de la CSJN in re "MARCILESE,Pedro y otro Homicidio Calificado" de fecha 15/08/02 ya que en putidad tampoco la Corte ha variado tal principio sino simplemente que ante la gruesa falta de fundamentación, es decir, ante la mera abstención de acusación por parte de la Fiscalía no puede el Tribunal permanecer pasivo, lo que siempre se ha sostenido entre nosotros es decir la potestad del Tribunal para ordenar la nulidad de la requisitoria. No se suple al Fiscal en la necesariedad de la acusación sino que se supera con el reenvío pertinente una irregularidad en el proceso, atinente a la completud y legalidad de la actividad de las partes, del mismo modo que se puede anular o interrumpir un debate ante la absoluta inacción de la Defensa.
Juicio ejecutivo, pagaré, título ejecutivo inhábil
Materia: PROCESAL
Carátula: AMUCHASTEGUI JUAN DANIEL c/ RAIES CARLOS Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-05-23

El documento en cuestión consigna una obligación líquida, exigible, de plazo vencido, incondicionada, de dar sumas de dinero y, por ende reúne los requisitos del instrumento quirógrafo que, por las connotaciones antes predicadas resulta título ejecutivo en los términos del art. 502 inc. 2do. del C.P.C.C. La apuntada omisión del "beneficiario" debe considerarse suplida por la promocióna del juicio, al asumir el ejecutante la calidad de "tenedor", máxime cuando si bien el co-ejecutado desconoció adeudar suma alguna al actor, la inexistencia de toda relación con el tenedor del documento, no puede servir de sustento a la excepción de esta naturaleza, en tanto ello implica un intento de entrar a discutir la causa de la obligación en contra de lo expresamente vedado por el art. 523 inc. 4to. del código de rito.
Procedimiento laboral, intervención de terceros, interpretación restrictiva, citación por el demandado
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Haidbauer, Gustavo Alfredo c/ Fundación Judía para la Asistencia de la Ancianidad A. Zikna s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-17

Cabe confirmar el fallo que rechazó la citación de tercero solicitada por la demandada en el marco de una acción entablada por el trabajador por despido indirecto, puesto que la intervención de terceros en el proceso es de carácter restrictivo y sólo se la admite frente a circunstancias especiales, en las que exista un interés jurídico para proteger, desde que altera la estructura clásica del proceso al convocar a quien no fue demandado por el pretensor; resultando necesaria la comunidad de controversia (art. 94 CPPN), más que el mero interés del citante. La parte actora no está obligada a litigar contra quien no tuvo intención de instar la acción, ya que tiene la facultad de iniciar un proceso contra quien estime más adecuado, a partir de los hechos establecidos en cada caso y del derecho que la misma considera que le asiste.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, apreciación del juez
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: W, J G s/ HOMICIDIO Y COACCION EN CONCURSO MATERIAL     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 773-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-05-09

No pesa sobre el sentenciante el deber de respaldar su decisión con la totalidad del material probatorio, sino que puede escoger aquel que estime adecuado en orden a lo decidido finalmente.
Poder Judicial, Poder Ejecutivo, leyes, Poder Legislativo, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GAGGIAMO, HECTOR JOSE CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO      EXPTE NRO 280-89 GIACOMINO, ROBERTO DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CAPELLA, HUGO VICTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO BUSANICHE, DORA ESTHER TEJERINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CARDOZO, JACINTA INES VILLA LARROUDET DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO D'AGOSTINO, JOSE ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION LUCENA, ENRIQUE ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-30|1990-09-19|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1990-12-12

La función de control de inconstitucionalidad que incumbe a los jueces en el proceso judicial no es excluyente de otro tipo de control. Así por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede controlar la constitucionalidad de las leyes en el momento de la promulgación.

Del mismo modo el Poder Legislativo puede ejercer dicho control en el ejercicio de sus facultades, en especial las del inciso 28 del artículo 67, Constitución Nacional (Diario de Sesiones Diputados de la Nación del 17-05-84, dichos del Diputado Cornaglia, miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, al tratar el proyecto de la ley 23062).
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, sentencia de la Corte Interamericana, medidas provisionales, supervisión de cumplimiento de sentencia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Torres Millacura y otros c/ Argentina s/ solicitud de medidas provisionales
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2015-06-23

Toda providencia que la Corte puede llevar a cabo o disponer con posterioridad a la sentencia que resuelve el caso, son expresamente previstas en la normativa aplicable, siendo realidad indiscutible, que en el procedimiento reglamentario de supervisión de cumplimiento de sentencias tampoco se contempla la posibilidad de dictar medidas provisionales.

(Del voto en disidencia del Juez Eduardo Vio Grossi).
Graduación de la pena, prisión perpetua, atenuantes de la pena, agravantes de la pena, dolo directo, violencia de género, homicidio calificado por el vínculo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Paez, Juan Ramón  c/  s/ homicidio doblemente agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2017-03-01

Corresponde merituar si la responsabilidad objetivamente atribuida al acusado, también le es subjetivamente enrostrable, debiendo hacer referencia a la existencia o no, de eximentes, atenuantes o agravantes y finalmente determinar el encuadramiento legal de su conducta. La capacidad y la responsabilidad penal se presumen y toda alegación contraria a esta regla, debe ser probada por quien la invoca; en el caso no se advierte ni tampoco se ha demostrado que el acusado pueda estar comprendido en algunas de las eximentes legales de responsabilidad que impidan reprocharle el injusto sometido a juzgamiento. Ello así, de los informes mental y psicológico que se le han efectuado al acusado, se infiere que el mismo no presenta causas psíquicas eximentes de imputabilidad, resultando jurídicamente imputable y penalmente responsable del delito que se lo acusa. Resulta evidente el obrar intencional, tendiente a provocar el resultado que en definitiva ocurrió, demostrando el dolo directo en su accionar. Así también cabe señalar que el delito se enmarca en un contexto de violencia de género, agravante contemplado en el inc. 11 del art. 80 del CP. Entonces, la pena debe guardar relación con el grado de culpabilidad en el hecho y también debe ser proporcional a la gravedad del ilícito penal cometido -homicidio calificado por el vínculo-. La pena es una consecuencia del delito y éste debe reflejarse en su determinación, por eso conforme al encuadre jurídico de la conducta del acusado se está ante un tipo penal que exige la aplicación de una pena rígida en el caso de adultos -prisión perpetua-, que son aquellas que el Tribunal está obligado a imponer, sin existir margen que permita la mensuración judicial.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones recurribles, nulidad procesal, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Es apelable el auto que rechaza la pretensión de caducidad del   proceso? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-26

De acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 362 in fine Código Procesal Civil y Comercial, -por no generarse la nulidad en la forma o contenido de la sentencia- declarada la nulidad por el supuesto vicio procedimental al no admitir la caducidad -que no sería sino el error del a quo- habría que remitir los autos al Juez que le corresponda entender en su lugar, para que dicte otra resolución, en el sentido en que habría decidido el Superior que nulificó el procedimiento por haber caducado el proceso, porque de otra manera se llevaría a una nueva nulidad. Evidentemente se trata de un camino tortuoso para llegar a la solución que se podría lograr más rápida y sencillamente mediante el recurso de apelación, sin el inútil desgaste jurisdiccional que provocaría la tramitación de todo un juicio -ya caduco-, con los posteriores recursos contra la sentencia, y nuevo trámite ante el juez inferior subrogante. (Del Voto del Dr. Serralunga -En Disidencia-)
Condena penal, graduación de la pena, cuestiones de hecho y prueba, derivación razonada del derecho vigente, fundamentación suficiente, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: ARANDA RAMÓN S/SECUESTRO CALIFICADO ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO POR EL VÍNCULO Y DESOBEDIENCIA TODO EN C/R ENTRE SI Y ANIS HECTOR SEBASTIÁN S/SECUESTRO CALIFICADO", Expte. Nº 3707 (A-686/11/T.S.J.) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-03-08

Se puede sostener que la condena impuesta, se encuentra, adecuadamente fundada, en tanto ha explicitado las razones de hecho y de derecho que llevaron a disponer la sanción en el caso en concreto.

La graduación de la pena realizada no puede ser catalogada como arbitraria, en tanto el fallo ha fijado los lineamientos para la determinación de la pena y los ha merituado al caso en concreto.

La fijación del quantum de la sanción, resulta una derivación razonable de las constancias de la causa, dando de esa forma estricto cumplimiento a lo previsto en los artículos 40 y 41 del Código Penal.-
Recurso de reconsideración, improcedencia del recurso, reglamentos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, competencia contenciosa del tribunal internacional, COLOMBIA, violación de derechos humanos, declaración testimonial, defensor, conflicto armado interno, prueba pericial, audiencia pública
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Yarce y Otras c/ Colombia s/ Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2015-06-18

Corresponde desestimar el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución del Presidente de la Corte Interamericana, de fecha 26 de mayo de 2015, en cuanto decidió que dos de los peritos ofrecidos por las representantes de las presuntas víctimas debían rendir su dictamen, uno ante fedatario público y el otro en audiencia pública -en el caso en que se demanda a Colombia por las presuntas violaciones a los derechos de cinco defensoras de derechos humanos, en el contexto del conflicto armado interno entre grupos ilegales y fuerzas públicas- pues, al interponer el recurso, las representantes no indicaron la mayor conveniencia de una modalidad respecto de otra, ni la existencia de alguna situación en virtud de la cual resulte imposible asistir a la audiencia pública.
Juicio ejecutivo, título ejecutivo inhábil, cuenta corriente bancaria, tarjeta de crédito
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: BANCO CASA COOP. LTDO. c/ CHIESA, OFELIA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-15

No procede ejecutar una supuesta deuda que se habría devengado por la utilización de una tarjeta de crédito, intentándose este procedimiento a través de la facultad otorgada a los bancos, por CCOM: 793, exclusivamente para los saldos deudores en cuenta corriente.

Aunque en una cláusula de las condiciones que rijen el otorgamiento de la tarjeta, se expresa conformidad y aceptación para el débito en la "cuenta corriente" del adherente en el banco, no se probó su apertura y, además el representante legal de dicha institución reconoció que era utilizada para los débitos emergentes de la tarjeta, por lo que el título en ejecución tampoco está comprendido en la previsión del art. 793 citado.
Concursos, propuesta de acuerdo preventivo, categorización de acreedores, aplicación de la ley, período de exclusividad, procedencia del recurso, extensión de la responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOMEZ, MARIA LUISA S/CONCURSO PREVENTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

Procede revocar la resolución que declaró extemporáneo el pedido de prórroga del período de exclusividad en el marco de este concurso, abierto en los términos del art. 68, dado que sólo se habría solicitado aquí la suspensión de la audiencia informativa. Ello por cuanto, resulta claro que el pedido que el garante efectuó en el concurso de la sociedad garantizada, no puede entenderse -so riesgo de incurrir en un exceso rigor formal- acotado a obtener la suspensión de la audiencia informativa sin abarcar también el periodo de exclusividad en sí mismo, máxime cuando la petición a este respecto había sido planteada en cierto escrito firmado por la sociedad garantizada con sus dos "garantes". A ello cabe sumar que, había sido también proveído en el concurso preventivo de la sociedad garantizada un pedido de fijación de nuevas fechas, haciéndose extensivo lo decidido allí a los concursos de los garantes; en consecuencia, el pedido de marras, no puede considerarse extemporáneo. A más, es dable agregar que la concursada ha dado muestras de que se encuentra llevando a cabo gestiones exitosas para conseguir que los acreedores aprueben su propuesta, por lo que no es posible descartar que en un plazo razonable adicional la recurrente pueda conseguir esas conformidades que todavía le restan.
Accidente en supermercado, ley de defensa del consumidor, igualdad ante la ley
Materia: CIVIL
Carátula: FARIAS BUSTINGORRY JUANA BEATRIZ C/ COOPERATIVA OBRERA LTDA. DE CONSUMO Y VIVIENDA Y OTROS S/ D. Y P. DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE PARTICULARES c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-05-05

Más allá del carácter de asociado de aquél que concurrió al establecimiento de la cooperativa demandada y que su concurrencia al establecimiento tuvo por objeto un acto de consumo, la constituyen en consumidora en los términos de la ley 24.240, al igual que sitúa a la cooperativa demandada en el carácter de proveedor; es acertado concluir con la a-quo en que cuando la cooperativa se vincule con un destinatario final como proveedora, queda inserta en el régimen especial de protección al consumidor, imponiendo la solución más favorable al consumidor. Una solución distinta, llevaría a vulnerar el derecho a la igualdad, por cuanto frente a una misma situación pondría en una posición desventajosa al asociado en comparación con un tercero que no lo fuera. Por ello prima en la especie la relación proveedor-consumidor y en consecuencia resulta de aplicación el régimen tuitivo consumeril. (del voto del Dr. Noacco, en mayoría parcial).
Prueba testimonial, declaración testimonial, juramento y promesa de decir verdad, falta de juramento, abogados, idoneidad del testigo, testigo prohibido, parentesco, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: BICCI RAUL MARCELO c/ ESTADO NACIONAL-MIN. DE DEFENSA-ESTADO MAYOR GRAL. EJERCITO s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

La única prueba aportada por el accionante para abonar su petición ha sido la declaración de dos testigos: la de su yerno y la de una abogada que lo conoce "por motivos profesionales". Ninguna de tales declaraciones sirve a los efectos de que aquí se trata. La ineficacia como prueba de ambas declaraciones podría ser afirmada, en el caso de la del yerno del actor, por aplicación de lo dispuesto en el art. 427, Código Procesal, y en el caso de la abogada, porque su testimonio fue tomado sin juramento o promesa de decir verdad (cfr. Palacio-Alvarado Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente", T. 8., coment. al art. 427, pág. 355, y coment. al art. 440, pág. 392), A lo que su suma, que ambas declaraciones han sido extremadamente parcas y carentes de las naturales precisiones que cualquier persona del entorno del actor estaría en condiciones de brindar.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quillón, Miguel c/ Bacaglio, Ricardo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-23

Con relación a este rubro no puede exigirse una prueba acabada de las erogaciones realizadas, resultando justo permitir el uso adecuado de la facultad otorgada a los jueces por el art. 165, tercer párrafo, del Código Procesal.
Contrato de obra pública, multa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Brave Construcciones S.A. c/ Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

Las multas por mora en la ejecución de una obra pública cuya devolución -en el marco de una renegociación destinada a normalizar y restablecer el equilibrio en obras conflictivas y corregir desviaciones económicas- ha sido convenida en forma actualizada, deben restituirse en esa forma no obstante la omisión que al respecto se hubiera incurrido en la redacción de la norma autorizada del convenio.
Accidentes de trabajo, insuficiencia del agravio
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Meseguer Mariano Aníbal c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-06

El éxito de la queja requiere -entre otras condiciones-, que la impugnación se ocupe de tomar todas las postulaciones y motivos que forman la "ratio decidendi" del fallo a los fines de rebatirlos concreta y puntualmente. De ahí que, basta con que se haya omitido la impugnación a uno solo de los fundamentos decisivos o centrales en que la sentencia se sustenta, para desestimar el recurso articulado por insuficiente, pues aquel solo fundamento es apto "per se" para mantenerlo, no pudiendo el Tribunal revisar oficiosamente conclusiones no impugnadas y que, por tanto, llegan firmes a esta instancia, ello, del mismo modo que no pueden ser traídas a esta instancia cuestiones no sometidas al magistrado de grado (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Vitivinicultura, vinos, elaboración de vinos, comercialización de productos agropecuarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bodegas y Viñedos Giol c/ Inst. Nac. de Vitivinicultura. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

Del debate parlamentario de la ley 14.878, se infiere que mediante ésta se ha buscado fiscalizar, eficaz y correctamente, la elaboración, comercialización y distribución del vino, para garantizar su genuinidad de todas las etapas y poner al industrial bodeguero a cubierto de la competencia desleal. De tal modo, se vigoriza la industria en economía y prestigio y se benefician todos los sectores vinculados con la actividad vitivinícola.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, Banco Central de la República Argentina, liquidación de entidades financieras, órgano liquidador, quiebra, incidente de revisión, leyes, interpretación de la ley, privilegios especiales (comercial)
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ BID -QUIEBRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO  POR LOS LETRADOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-10-19

Corresponde rechazar la queja desde que la argumentación desarrollada por los recurrentes traduce tan sólo el cuestionamiento a la labor jurisdiccional cumplida por la Alzada sin traspasar el límite de la mera discrepancia de criterios con respecto a la interpretación del derecho, pues no demuestra que el Juzgador haya excedido las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el punto de vista constitucional.

En el caso, la Alzada consideró que para el reconocimiento del privilegio especial estatuido en favor de la incidentista (BCRA) por el artículo 53 inciso a) de la Ley de Entidades Financieras, los redescuentos y adelantos debían ser efectuados en las condiciones previstas por el artículo 17 de la Carta Orgánica del Banco Central, es decir, para subsanar lailiquidez transitoria de la entidad de que se trate y siendo posible su renovación luego de transcurridos cuarenta y cinco días desde su cancelación, sosteniendo que el agregado insertado por el decreto 290/95 al inciso c de la última norma citada no implicaba una derogación del plazo aludido, argumentando que dicho lapso fue recién suprimido expresamente mediante la ley 25562