marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, exceso de velocidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OVIEDO GERARDO c/ SELENIA ROSAS Y OTRA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S154 - 437)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-05-21

La velocidad imprudente no sólo se determina según los kilómetros horarios de su marcha, sino también cuando ella conduce a no tener el pleno dominio del vehículo.-
Responsabilidad del Estado, liquidación de divisas, exportaciones
Materia: ADUANERO-ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: Compañía Azucarera Concepción  S.A. c/ Estado Nacional s/ procesode conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

Si se demanda al Estado por su incumplimiento de la función que había asumido de la liquidación de las divisas originadas en operaciones de comercio exterior, de acuerdo con la reglamentación fijada en forma inequívocamente unilateral, se le imputa en realidad, una "falta de servicio".
Cesión de créditos, cesión total
Materia: CIVIL
Carátula: ALSINA 396  S.A. c/ CORINA, ALFREDO E. Y OTRO s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-07

A diferencia de lo que sucede cuando se ceden por separado créditos o deudas, cuando se verifica una transmisión de la totalidad de los derechos y obligaciones de un contrato, la cesionaria adquiere el rango de parte contractual, con su posición activa y pasiva en las prestaciones recíprocas. En ese tipo de cesión, el contratante cedido no es parte, limitándose a dar su asentimiento expreso o tácito.
Doctrina de los actos propios, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: VAISHIEN DE LAGO ANA SOFIA POR SI Y POR SU HIJO MENOR ESTEBAN MARTIN LAGO c/ CODURI JUAN PEDRO MANUEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-12-04

La doctrina de los actos propios deriva del principio de buena fe y por tanto integra el derecho positivo.
Perito de oficio, perito de parte, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fehrmann, Guillermo Rodolfo y Otros s/ Recurso de casación interpuesto en causa nº 3992  s/Denuncia s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2013-09-27

La interpretación dada a los arts. 228 y 233 del Código Procesal Penal de la Provincia de Tierra del Fuego, referente a que los peritos ofrecidos de parte deben estar inscriptos en las listas confeccionadas por el órgano judicial competente, deviene excesiva, pues cuando el art. 233 del mencionado cuerpo alude a la necesidad de que el perito se encuentre legalmente habilitado, debe entenderse como una exigencia de la norma vinculada con el título habilitante más no con la inscripción en el listado oficial, el cual está previsto para los peritos de oficio no forenses.
Principio de congruencia, acusación, sentencia, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: PROVINCIA del  CHUBUT c/ P., M.E. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2019-02-01

El principio de congruencia corresponde a la inviolabilidad constitucional de defensa en juicio en una correlación. Implica la correspondencia entre el hecho imputado en la acusación y el descripto en la sentencia.
Concursos, efectos de la apertura, contratos en curso de ejecución, contratos bilaterales, locación, canon administrativo, declaración de quiebra, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ops SACI c/  s/ expediente transitorio s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-26

Procede confirmar la resolución que rechazó el reclamo del pago de cánones locativos devengados con posterioridad al decreto de quiebra por la locación de ciertos inmuebles. Ello por cuanto, si bien en el caso, los contratos de locación se celebraron luego del concursamiento preventivo y que los locadores han sido parte integrante de la sociedad fallida; más allá de esa singular situación, lo cierto es que los incidentistas no tendrían crédito reclamable por cánones devengados luego del decreto de quiebra aun cuando los contratos no sean declarados ineficaces. En efecto, por disposición de la LCQ 157-2°, rigen las normas de los artículos 144 ó 197, según el caso, del mismo cuerpo legal. De ello se colige que al contrato de locación, en un proceso de quiebra, se le aplican las reglas de los contratos de prestaciones recíprocas pendientes.

Dicho esto, se aprecia dirimente el hecho que en esta quiebra no ha mediado decisión favorable respecto a la continuación de la explotación de la empresa ni tampoco hubo decisión en los términos de la LCQ 144 en relación a los contratos de locación. Por efecto de la declaración de quiebra los contratos quedaron suspendidos a la espera de una decisión jurisdiccional respecto a la continuación del contrato o resolución (v. Roitman, Horacio; "Efectos de la Quiebra sobre los Contratos Preexistentes", pág. 99, año 2005). Pasados los 60 días desde la última publicación de los edictos sin que se dicte el referido pronunciamiento, el cocontratante in bonis pudo exigir una decisión (LCQ 1445°), y no lo hizo. Ante ese silencio, el contrato quedó resuelto de modo tácito por imposición de la LCQ 144-5°. De modo que, como no medió pronunciamiento judicial sobre la continuación de la explotación de la empresa ni sobre la vigencia de los contrato, las locaciones se vieron resueltas. El silencio sobre el destino de los contratos produjo el cese retroactivo de sus efectos y, por consiguiente, de las obligaciones emergentes de ellos retrotrayendo el statu quo existentes al momento de decretarse la quiebra (conf. Graziabile, Darío; "Instituciones de Derecho Concursal", tomo V, pág. 393, año 2018).
Indulto, procesado, inconstitucionalidad, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Meza, Alicia s/ Indulto - Procesados - Amnistía - Procesados
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

a) Significa una intromisión inadmisible a la competencia del Poder Judicial, el indulto a procesados otorgado por el Poder Ejecutivo, que afecta la división de poderes y viola el art. 95 de la C.N. al hacerse cesar en forma definitiva un proceso, sacando de ese modo de la mano de los jueces, para cubrirlo con un patente de indemnidad.

b) Corresponde declarar la inconstitucionalidad del decreto del P.

Ejecutivo que dispuso el indulto de un procesado, revocándose en consecuencia la resolución que declaró extinguida la acción penal por tal motivo, disponiendo la captura del procesado.
Defensa del consumidor, obligaciones del proveedor, obligación de seguridad, deportes, fútbol, actividad riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: Méndez Peralta Ramos, Santiago c/ Club Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-12

Las empresas que lucran con el alquiler de canchas de fútbol están obligadas a adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger a los usuarios, que son quienes hacen posible su actividad y la rentabilidad del servicio que ofrecen (art. 2, Ley 24.240). Esta obligación no se atenúa por el hecho de que la actividad deportiva conlleve algún tipo de riesgo, porque el daño no se produjo por una contingencia propia del ejercicio deportivo, sino por el deficiente estado de las instalaciones (césped sintético en mal estado).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Arbeloa, Enrique Gabriel s/ Abuso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en que se alega violación del derecho de defensa en juicio -arts. 18 de la Constitución nacional y 9 de la Constitución de la Provincia si el recurrente no señala la norma o normas procesales -provinciales- que impedirían a los jueces acudir a pruebas no invocadas, en tanto aquellas normas constitucionales no regulan directamente tal posibilidad.
Trabajadores de Luz y Fuerza, bonificación anual por eficiencia, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, ROBERTO c/ SEGBA s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

Atento el carácter anual de la denominada "bonificación anual por eficiencia", corresponde su cómputo a los efectos del cálculo indemnizatorio, pero teniendo en cuenta su incidencia mensual, de igual modo que se efectúa el cálculo del sueldo anual complementario.
Robo calificado, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Mónaco, Sergio Fabián s/ Robo calificado por uso de arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-11

La sustracción de los efectos que se mencionan al describir el hecho por parte de los inculpados, utilizando un arma de fuego en las condiciones acreditadas al tratar la anterior cuestión, debe interpretarse como intimidación, sin el plus de violencia -riesgo incluido para la vida de las víctimas- que implica la figura agravada del artículo 166 del Cód. Penal que, precisamente como ya dijera en párrafos anteriores, exige una acreditación certera de todas las condiciones requeridas para que la agravante se configure, circunstancia no acreditada con certeza en el caso sub-exánime.Este Tribunal tiene dicho en numerosos casos similares anteriores, que la gravedad del tipo penal en análisis obliga al Juzgador a la mayor prudencia en cuanto a la acreditación en forma certera de todas las circunstancias calificantes del tipo en análisis, esto es, el reconocimiento sin lugar a dudas del arma utilizada, que la misma haya estado en condiciones de ser accionada por el agente al momento de ser empleada, lo cual -obviamente- implica que tenga su dotación de proyectiles y que sea apta para el disparo. Si bien esta última condición aparece acreditada con el informe técnico balístico ya analizado, no ocurrió lo mismo con el reconocimiento certero por parte de la víctima, no acreditándose tampoco con la misma convicción que ella estuviera cargada con proyectiles al momento del hecho. Por ello entiendo que la conducta desplegada por los acusados debe encuadrarse en la figura del ROBO, prevista en el artículo 164 del mismo cuerpo legal.
Recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BRAU MIRIAM ROSANA c/ GUTMAN ENRIQUE s/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA-RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-04-29

El caso bajo examen está mostrando la existencia de una apelación que se ha concedido con un efecto distinto del que corresponde y en esto la razón asiste a los ocurrentes ya que la específica norma de aplicación, en razonable armonía con el art. 14, es la del primer párrafo del art. 11, de la Ley Nro. 9.324, donde excepciona la regla expresando que "cuando el Juez haya dispuesto la adopción de una medida tutelar", como bien puede encuadrarse por razonable armonía analógica -art. 14- aquélla ya reseñada, en el recurso se "concederá con efecto devolutivo" sin perjuicio de que, por tratarse la cuestionada de un auto interlocutorio, dicho recurso fue otorgado en relación.-
Publicación de la sentencia, insuficiencia del agravio, ley de defensa del consumidor, multa
Materia: CIVIL
Carátula: Crefin S.R.L. s/ Apelacion (Ley Pcial N° 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-02-13

Debe rechazarse el agravio referido a la imposición de publicar la parte resolutiva de la resolución recurrida en el diario de mayor circulación de la Provincia de Formosa, pues el recurrente no expone argumentos sólidos y suficientes que permitan un análisis serio de su queja, más cuando, la infracción que se le imputa - art. 4° de la Ley 24.240 - fue debidamente verificada por la Autoridad de Aplicación, correspondiendo su cumplimiento en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del art. 47 de la mencionada ley.
Empleador, obligaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Perrone, Oscar Mario c/ De Marco, Oscar Rubén s/ Indemnización por antigüedad y ots. Castro, Ricardo F c/ Vademecum SA s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-01|2002-11-06

El objetivo específico de la Ley Nacional de Empleo es promover la regularización de las relaciones laborales.
Ley vigente, irretroactividad de la ley, causales subjetivas de divorcio
Materia: PENAL
Carátula: Gonzalez , Gladys Ofelia c/ Tabaré , José Ángel s/ ordinario divorcio , Expte. N° 8214
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-15

El nuevo régimen del divorcio resulta inmediatamente aplicable a tenor de lo dispuesto en el art. 7º CCCN, toda vez la ausencia de decisión firme respecto de la culpabilidad atribuida a la apelante obsta a que en este punto se entienda que existe una situación jurídica consumida o agotada bajo el régimen anterior que, por el principio de irretroactividad de la ley, impida la aplicación de las nuevas disposiciones. En tal situación, habiéndose derogado completamente el sistema de atribución de culpabilidad que regía hasta el 31/07/2015, deviene inoficioso que este Tribunal ingrese al tratamiento del recurso deducido, en el que justamente se discute la imputación subjetiva que en el fallo recurrido se hace a la apelante, pues la atribución subjetiva como causa de divorcio ha desaparecido como recaudo para su declaración -art. 435 CCCN-.
Afiliación partidaria, documentos de identidad
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de apelación en autos Partido Humanista s/ reconocimiento personería jurídico política
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-13

El criterio por el cual se considera como un medio razonable de fiscalización de la documentación que las fichas de afiliación sean acompañadas de copias de los documentos cívicos de los afiliados donde conste la identidad y el domicilio fue receptado recientemente por la ley 26.571 -modificatoria de ley 23.298-, que introdujo en forma expresa en su artículo 7° bis, la exigencia de presentar junto con las afiliaciones, "copia de los documentos cívicos de los afiliados donde conste la identidad y el domicilio" (cf. art. 7° bis, inc. "a").
Ejecución fiscal, juicio de apremio, aportes y contribuciones previsionales, Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, persona jurídica pública no estatal, exención de tasa de justicia, jurisprudencia
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CAJA COMPLEMENTARIA PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ Educare S.R.L. s/ DOCENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-08

Si bien la vía del apremio importa adoptar un medio tutelar específico, cuya característica es la de facilitar la celeridad de la recaudación de los aportes y sus accesorios destinados, en el caso, a la Caja Complementaria para la Actividad Docente, quien funciona como entidad no estatal de derecho público, sin fines de lucro (cfr. arts. 16, primer párrafo y 17, segundo párrafo, ley 22.084), no puede deducirse de ello que sea procedente convertir a estos juicios en ejecuciones fiscales, cuando el Estado Nacional no es parte. Concordante con ello, el Alto Tribunal ha declarado que aquellas normas especiales que contemplan exenciones a la obligación de pagar sellado deben ser incluidas en forma expresa e interpretadas con criterio restrictivo, por tratarse de excepciones a las reglas generales (cfr. Fallos 313:731; 314:1027, citado por C.N.Civ. y Com.Fed. en pleno, sent. del 21.12.95, "Banade c/ Pesquera Diego Primero S.A.". En consecuencia, corresponde confirmar lo decidido en materia de imposición de tasa de justicia a la Caja Complementaria para la Actividad Docente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cornalo Lidia Catalina y otros c/ Monte Verde S.A. y otros s/ Sumario por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-05-14

La arbitrariedad como causal de revisión vía inaplicabilidad de ley reviste naturaleza excepcional y su correcta configuración exige cabal demostración de que el razonamiento que apuntala el fallo se revele como absolutamente inconciliable con las constancias de la causa, de modo que si la solución a la que arriba, aparece como jurídicamente posible, aún cuando a juicio de quien recurre pueda resultar opinable, no se cumple tal recaudo, obstando a la admisibilidad de la impugnación.
Asociaciones civiles, estatuto de la asociación, inclusión de socio, intervención judicial, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL
Carátula: IGLESIAS JUAN CARLOS c/ ASOCIACION MUTUALISTA EMPLEADOS BCO. DE LA PROVINCIA DE BS. AS. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

No aparece "prima facie" configurada ninguna violación formal al estatuto de la demandada en cuanto se denegó a la ex-esposa del actor su ingreso como asociada "adherente", ingreso que estaba condicionado a una resolución de la Comisión Directiva del ente que se tomó con los recaudos del mencionado estatuto. Como lo tiene señalado la Corte Suprema, no es procedente desconocer lo que en forma expresa surge de la reglamentación del ente, en el sentido de que el ingreso como "adherente" requiere una aprobación de la Comisión Directiva, exigencia que pone de manifiesto que dicha incorporación de asociados no es automática ni resulta del mero cumplimiento de recaudos tales como el pago de las cuotas y cargas pertinentes, o de la ausencia de perjuicios para la asociación mutual, sino que se encuentra sujeta a la discrecional valoración que haga dicha Comisión de las circunstancias atinentes a la entidad (cfr. C.S.J.N. in re V.224.XXV Recurso de Hecho, "Villar, Oscar Alberto c/Asociación Mutualista de Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires del 10 de mayo de 1994).
Seguros, prescripción, indemnización por incapacidad, asegurado, asegurador, siniestro
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ  ALBERTO  RAMON  Y OTRO c/ CAJA DE SEGUROS DE VIDA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-10

El fundamento de la carga del asegurado de informar al asegurador la ocurrencia del siniestro consiste en permitir que aquél se encuentre en condiciones de controlar las circunstancias en que se produjo, sin que para su cumplimiento la ley no exige forma especial, sin perjuicio de las precisiones que se pacten en el contrato de seguro (Halperín - Barbato, "Seguros", cap. IV, VII, pto. 60, pág. 494, ed. 2003).
Ley penal más benigna, retroactividad de la ley penal, tipo penal, multa penal, tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Ayerza, Diego Luis s/ infracción al régimen cambiario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

El inc. a), del art. 20, de la ley 19.359, que establece que no será aplicable el principio de la ley penal más benigna previsto en el Código Penal a los supuestos tipificados en el art. 2° que imponen pena de multa, es incompatible con el derecho de jerarquía constitucional que tiene el imputado a que se le aplique la ley penal más benigna, por no configurarse en la especie las excepciones previstas a dicho principio por la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert).
Sustracción de menores, padres, patria potestad, ejercicio de la patria potestad, autorización para viajar, consentimiento, tenencia de hijos menores, abuso del derecho
Materia: PENAL
Carátula: Pyrih, Luis Aníbal s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-26

El ejercicio potencial de la titularidad de la patria potestad consiste, entre muchos otros (tenencia, custodia, comunicación, supervisión de la educación, etc.), en dar por parte de los padres el consentimiento expreso para autorizar a un menor para salir de la República (art. 264 quater, del C.C.); ejercicio del que se vio privado la madre del menor por el accionar antijurídico del imputado, quien aprovechando la custodia del niño durante el régimen de visitas lo sacó del país. Esa tenencia circunstancial, -ya que la legal la tenía la madre-, de ninguna forma puede justificar libertad plena de decisión individual sobre los destinos del niño, ni funcionar como causal de impunidad. Es que si bien la patria potestad -correctamente entendida, no como un "poder" sino como una "función"- es un derecho natural reconocido por nuestro derecho positivo, su legítimo ejercicio no puede implicar un abuso de ese derecho. Ello es así toda vez que "el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira en reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres" (art. 1071 del C.C.). (Voto del Dr. Hornos, Dra. Capolupo de Durañona y Vedia adhiere según su voto, Dra. Berraz de Vidal en disidencia).
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, prueba, carga de la prueba, obligaciones de las partes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Daverio, Oscar c/ G.C.B.A. s/ Daños y Perjuicios Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

Las partes tienen la carga de aportar al proceso los elementos necesarios a fin de convencer al juez que los hechos sucedieron en la forma que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende de la posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos.

La prueba tiene como fin producir la convicción judicial. Planteados los hechos del proceso, la parte que tiene sobre sí la carga de la prueba, si quiere triunfar, debe demostrar que los hechos que fundan su pretensión ocurrieron de la manera que expresó en su escrito.

Los pleitos se deciden por las pruebas aportadas y no por las manifestaciones unilaterales de las partes.
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Soria, Segundo A. c/ Municipalidad de Berazategui s/ Cobro de Pesos Sumario -cuestión de comp. art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

El conocimiento de la pretensión indemnizatoria planteada por el actor con sustento en el art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, teniendo en cuenta la índole administrativa del vínculo -sujeto a un régimen de derecho público local- constituye materia litigiosa propia de la competencia contencioso administrativa en el marco de la doctrina del Tribunal que sostiene que pertenecen a la referida competencia los conflictos suscitados con motivo de la relación laboral de la Administración con sus agentes aún cuando se invoquen normas laborales si puede inferirse en virtud del "objeto del servicio cumplido" que existe una evidente falta de adecuación del derecho que, en esa forma, se alega como aplicable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)