Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-09-11


Libro de Acuerdos Nº 44, Fº 880/884, Nº	400.	En la ciudad de San Sal-vador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los once	días del mes de setiembre de dos mil uno, el Superior Tribunal Justi-cia integrado por los señores Jueces titulares Dres. Héctor Fernando Arnedo, Raúl Octavio Noceti, Héctor Eduardo Tizón, José Manuel del Campo y Ser-gio Eduardo Valdecantos vieron el Expediente Nº 508/01, caratulado "Re-curso de inconstitucionalidad int. En Expte. Nº B- 56.814/00 (trib. Cont. Ad.) Amparo: Sanchez Gerardino c/ Estado Provincial - Ministerio de Eco-nomía-" y El Dr. Arnedo dijo:

Luego de haber obtenido fallo favorable que condenaba al Estado Provincial a pagar a favor de Gerardino Sánchez una indemniza-ción por accidente laboral, el Tribunal del Trabajo dispuso, el 20 de octubre de 1.992, la suspensión de la ejecución de sentencia en atención a lo dis-puesto por el decreto 88/91. (fs. 177 del Expte. Nº A-42545 del Tribunal del Trabajo, agregado por cuerda) Esa decisión se encuentra firme y consentida.

Pasado el tiempo, luego de pagos parciales realizados por la demandada, la parte actora solicita administrativamente la cancelación del saldo adeudado, directamente ante el Poder Ejecutivo. Frente a la nega-tiva deduce acción de amparo ante un tribunal distinto -el Contencioso Ad-ministrativo- para que se ordene al Estado Provincial a abonar el saldo im-pago. Esa demanda fue receptada favorablemente en fallo dividido, por lo que ahora es cuestionada en esta instancia por la Procuradora Fiscal.

Se agravia, en primer lugar, porque según entiende, la sentencia fue dictada por jueces incompetentes ya que la actora debió plan-tear su pedido por vía incidental ante el magistrado en donde originariamen-te se encontraba radicada la causa.

También se agravia por los eventuales errores que pu-dieran resultar del cálculo de intereses llevado a cabo y por la falta de pon-deración de la prueba producida.

Luego del traslado pertinente, la parte actora pide se re-chace el recurso, por los motivos que expone en su escrito de fs. 19/20 al que remito por motivos de brevedad.

Oído el Sr. Fiscal General habilitado corresponde dictar sentencia.

La primera reflexión que conviene realizar se refiere al modo en que el instituto del amparo logra cobrar virtualidad suficiente para ser admitido.

Al respecto resulta necesario tener en cuenta que, con-forme a la ley, la existencia de vías paralelas obstan a la procedencia del amparo.

Ello así por cuanto no se verifica un presupuesto inex-cusable para su procedencia: ausencia de una vía idónea.

Si bien el art. 43 de la Constitución Nacional y el 41 de la Provincial habilitan el amparo directo ello, claro está, es sin perjuicio del carácter subsidiario que el instituto conserva respecto de los demás cauces judiciales de tutela, lo que significa que el amparo acude en socorro o auxi-lio del sistema procesal común solamente en los casos en que éste no pueda, previsiblemente, dar una respuesta eficaz.

En efecto, de acuerdo a conocida doctrina del Alto Tri-bunal, las pautas jurisprudenciales que informan acerca de los recaudos de admisibilidad de la acción de amparo no han variado, en términos generales, con el actual texto de la Constitución Nacional art. 43 primera parte , pues-to que su apertura requiere circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado solo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del amparo.

Así es que resulta indispensable, para su admisión, que quien solicita esa protección judicial acredite, en debida forma, que se im-pone la inobservancia de las vías procesales ordinarias a fin de evitar un per-juicio grave, o que la remisión a ellas produzca un gravamen serio insuscep-tible de reparación ulterior, cosa que la actora no realizó en el caso de autos.

Esto así, resulta innegable que la amparista debió acudir al Tribunal en donde se encontraba radicada la causa principal en lugar de promover injustificadamente una nueva acción ante un Órgano Jurisdiccional distinto.

Ello porque los jueces del proceso ya radicado son los que en mejores condiciones se hallan para resolver el conflicto en razón de la especialidad y conocimiento de todos los elementos de la causa, además de satisfacer en mayor medida el principio de inmediación que se corres-ponde con la nota de celeridad exigible para todo tipo de proceso.

En consecuencia, resulta irrazonable, que la actora haya acudido al instituto del amparo alterando los regímenes propios de las insti-tuciones procesales ordinarias vigentes sin un motivo justificante.

Fácilmente se puede advertir que el Tribunal originario goza de la mejor aptitud para disponer medidas, admitir pruebas y resolver en consecuencia, sin necesidad de recurrir a la vía del amparo. Más aún, de haberse utilizado aquella vía idónea, el procedimiento hubiese resultado más directo, ágil, sencillo y económico.

Entonces, no se justifica que en lugar de formular un simple pedido en el Tribunal de origen alegando el hecho nuevo, se haya iniciado un nuevo juicio, ante un Tribunal, que como ocurrió, debió estudiar la causa que a su vez ya había sido estudiada por otros jueces a quienes se les pidió la remisión del expediente, causando con ello un inútil dispendio jurisdiccional y elevación de los costos judiciales.

Admitir situaciones como esta vale tanto como duplicar la cantidad de procesos existentes con un mismo objeto, con el consiguiente perjuicio que trae aparejado el incremento de juicios y abarrotamiento de los tribunales que puede evitarse de una manera más eficiente y económica tanto para el Estado como para los justiciables.

Por lo demás, la propia Ley Fundamental de la Provin-cia dispone, previendo situaciones como la presente, que es posible deducir acción de amparo "siempre que no pudieren utilizarse los remedios ordina-rios sin daño grave o que no existieren procedimientos suficientes acordado por las leyes o reglamentos para reparar el agravio, lesión o amenaza" (art. 41 de la Constitución de la Provincia) En ese sentido, el art. 3º de la Ley 4442 Régimen Pro-cesal para el Amparo, expresamente dispone que "El amparo será improce-dente cuando a) Existan procedimientos efecaces o remedios -administrativos o judiciales- adecuados para obtener la protección..." Sobre esta cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado en distintos fallos que "Para la admisión del remedio excepcional del amparo resulta indispensable que quien solicita la protec-ción judicial demuestre, en debida forma, la inexistencia de otras vías lega-les idóneas para la protección del derecho lesionado o que la remisión a ellas produzca un gravamen insusceptible de reparación ulterior." (Corte Sup., 23/02/1995, - Villar, Carlos Alfredo v. Banco Central de la República Argentina s/ amparo Fallos 318:178; Fallos 280:238 La Ley, 145 90 y en idéntico sentido, Bidart Campos Régimen Legal y Jurisprudencial del Ampa-ro, pag. 190) En consecuencia y dado que la actora no ha acreditado los recaudos señalados más arriba y omitió demostrar que su pretensión no puede hallar adecuada tutela en el procedimiento ordinario ni que se encuen-tre impedida de obtener, mediante ellos, la reparación de los perjuicios que eventualmente pudiera causarle la situación suscitada, la acción deducida debe rechazarse. Ello así ya que para admitir una excepción al carácter resi-dual del amparo es menester que la lentitud de la vía paralela atente contra la necesaria urgencia y posibilidad de gravamen irreparable.

Por lo demás, y respecto de la declaración de incompe-tencia, vale recordar el criterio del más Alto Tribunal que al tratar la inter-pretación de una norma similar a la contenida en el art. 10 de la ley de am-paro local afirmó "El art. 16 de la ley 16.986 -en cuanto veda la articulación de cuestiones de competencia- sólo tiende a impedir el planteamiento de de-fensas o excepciones previas que obstaculicen la celeridad del trámite que debe imprimirse a estas causas, pero no impide la declaración de incompe-tencia que expresamente contempla el art. 4º del citado texto legal, ni que la Corte Suprema pueda conocer en cuestiones de esa naturaleza. (CSJN, 1999/09/23, La Ley, 2000-A, 186 - La Ley, 2000-B, 676 - DJ, 2000-1-1046 - ED, 186-762) Este también es el criterio seguido por este Superior Tribunal conforme puede consultarse en L.A. 42 Fº 380 Nº 132 y L.A. 50 Fº 94/96 Nº 43.

Entonces, si la interesada disponía de otros medios pro-cesales idóneos para lograr su objetivo, obviamente, la vía del amparo re-sulta improcedente.

En relación a las costas, las de ambas instancias, debe-rán ser soportadas por la parte actora perdidosa y para la regulación de honorarios se tendrá en cuenta lo dispuesto por los arts. 2, 4, 6, 7, 11 y con-cordantes de la ley 1687, razón por la que tomando como base el monto re-clamado con más los intereses correspondientes a la tasa pasiva que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, obtenemos la cantidad de cincuenta y ocho mil setecientos dieciocho pesos ($58.718), to-mados al 14/08/01. Entonces, corresponde regular los honorarios de la pri-mera instancia en la cantidad de nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos ($9.688) para la representante del Estado Provincial, la cantidad de cinco mil ciento sesenta y siete pesos ($5.167) para el Dr. Luis Alberto Benavides y dos mil quinientos ochenta y tres pesos ($2.583) para el Dr. Alfredo Pedro Pilili. Para la instancia extraordinaria corresponde fijar la suma de tres mil trescientos noventa pesos ($3.390) para la Procuradora Fiscal, mil quinien-tos cincuenta pesos para el Dr. Luis Alberto Benavides ($1.550) y setecien-tos setenta y cuatro ($774) pesos para el Dr. Alfredo Pedro Pilili.

Los Dres. Noceti y Tizón adhieren al voto que antece-de.

El Dr. Del Campo, dijo:

Adhiero plenamente al voto del Dr. Arnedo por todos los fundamentos allí dados, al que deseo agregar simplemente que de seguir-se la ejecución ante el Tribunal de origen por via incidental se evita posibles sentencias contradictorias evitando de esa manera conflictos entre distintos órganos judiciales de un mismo Poder.

El Dr. Valecantos adhiere al voto del Dr. Arnedo.

Por todo ello, el Superior Tribunal de Justicia RESUELVE:

I) Revocar la sentencia dictada por el Tribunal Conten-cioso Administrativo el 21 de diciembre de 2.000.- II) Rechazar la acción de amparo deducida por Gerar-dino Sánchez en contra del Estado Provincial -Ministerio de Economía.

III) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora.

IV) Regular los honorarios de la primera instancia en la cantidad de nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos ($9.688) para la re-presentante del Estado Provincial, Dra. Alicia Camú, de cinco mil ciento sesenta y siete pesos ($5.167) para el Dr. Luis Alberto Benavides y de dos mil quinientos ochenta y tres pesos ($2.583) para el Dr. Alfredo Pedro Pilili; y para la instancia extraordinaria la suma de tres mil trescientos noventa pe-sos ($3.390) para la Procuradora Fiscal, mil quinientos cincuenta pesos para el Dr. Luis Alberto Benavides ($1.550) y setecientos setenta y cuatro pesos ($774) para el Dr. Alfredo Pedro Pilili.

IV) Registrar, agregar copia en autos y notificar.