Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-25


RAWSON, 25 de Junio de 2010.- -- VISTOS:

-- Estos autos caratulados: "Recurso de Queja en autos: "G., P. A. c/ C. s/ Reclamo s/ Apelación art. 7° Ley VII N° 22 (antes 4219)" (Expte. N° 511/2009) (Expte. N° 21.966-R-2010).

-- DE LOS QUE RESULTA:

-- 1.- Que vienen los mismos a consideración de esta Sala en virtud del Recurso de Queja por Apelación denegada interpuesto a fs. 26/32 vta. por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, contra lo resuelto el 16 de Abril del año en curso por el Sr. Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de la misma ciudad -Sala "A"- cuya copia obra a fs. 25, donde proveyó "...siendo la Oficina de Defensa del Consumidor órgano decisor de la presentante, de un conflicto de los administrados, ajena al carácter de parte en derecho propio, deniégase la intervención solicitada y consecuente recurso".

-- En síntesis, afirmará la quejosa que no es así; que su legitimidad para cuestionar la decisión del a-quo es "manifiesta" desde que se ataca una decisión tomada por una dependencia propia, y -estima- que las consecuencias del fallo contra el cual se alza, afectarán de manera ///directa las arcas municipales, y tendrá consecuencias en toda otra actuación que se lleve a cabo en el Organismo Municipal referido.

-- 2.- Que según las copias incorporadas en autos, las presentes actuaciones arribaron a conocimiento de la Cámara para resolver el Recurso de Apelación que, en los términos del art. 45° inc. 11° y 12° de la Ley N° 24.240, "C. A. A. S.A." dedujo contra la Resolución N° 165/09 (fs.14 y vta.) de la Oficina de Defensa del Consumidor dependiente de la ahora quejosa, por la cual se la sancionaba con una multa de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 12.447,24) por infracción de los artículos 10° bis, 19°, 40° bis y 46° de la mencionada Ley. Además, el art. 2° de la Resolución opugnada obligó a la denunciante (Sra. P. A. G.) a abonar la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 948,55) por el daño causado.- -- Que en la expresión de agravios -cuya copia simple se anexa a fs. 4/13 y vta- la empresa apelante, acusó preliminarmente la incompetencia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para dictar el acto que cuestionó por ante la Cámara. Fincó ello en la reforma sufrida por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor efectuada por su similar N° 26.361, conforme la cual -interpretó- se suprimió la potestad de las Provincias de delegar sus funciones en entes municipales. Afirmó que la norma vedaba a los Municipios de la facultad de dictar actos de carácter jurisdiccional para resolver conflictos privados entre particulares.

///Impugnó luego la sanción sosteniendo que la misma no enunció cuál es el incumplimiento invocado o la obligación incumplida, lo que -estimó- afectaba su derecho de defensa. Invocó la inconstitucionalidad del artículo 40° bis de la Ley N° 24.240 y 16° de la Ley N° 26.361 que, según dijo, otorga a la Administración Pública facultades propias del Órgano Judicial. Destacó haber cumplido con el acuerdo conciliatorio al que arribó con la reclamante y entendió que el quantum de la multa impuesta era irrazonable. Asimismo pidió, para el supuesto de que fuera considerada procedente la sanción, su adecuación.- Hizo reserva de caso federal, ofreció prueba y solicitó se revoque la resolución administrativa impugnada.

-- Que el pronunciamiento contra el cual pretendió alzarse la quejosa, fue dictado el 22 de febrero del año en curso y registrado como Sentencia Interlocutoria N° 29 del 2010 (fs. 18/21). Por este acto, los Sres. Jueces de Cámara resolvieron hacer lugar al Recurso de Apelación instado por C. A. A. S.A. declarando la incompetencia de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la nulidad de la Resolución N° 165/2009.-- -- Que para así resolver los Sres. Camaristas anticiparon que atenderían, de los diversos agravios expuestos por la firma apelante, en forma preliminar el relativo a la "incompetencia" atento la implicancia de esa cuestión en relación a los demás.- ///Para ello, relataron y transcribieron preceptos de la normativa aplicable, mencionando los artículos de la Ley de Defensa del Consumidor que fueron modificados por la Ley N° 26.361.-Puntualmente refería el fallo opugnado a los artículos 42° y 43° (modif. por los arts. 18° y 19°, respectivamente) interpretando que "determina la existencia de facultades concurrentes entre la autoridad nacional de aplicación y las autoridades locales respecto del control y vigilancia en el cumplimiento de la ley, como asimismo, autoriza la posibilidad de delegar algunas atribuciones a la autoridad local..." (fs. 19 vta.), las que enumeró. Destacaron que la Provincia del Chubut adhirió a esa preceptiva por Ley N° 5.830, estableciendo en el orden local como autoridad de aplicación a la Dirección General de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de la Secretaría de Trabajo para intervenir en el control, vigilancia y resolución de todos los conflictos que se sucedan de oficio o a petición de parte por la Ley N° 24.240 reformada por Ley N° 26.361 (art.2°). Norma que también -señalaron- modificó expresamente el artículo 3° de la anterior -Ley N° 4219- de la siguiente manera "Los Municipios que en forma expresa adhieran a las disposiciones de la presente Ley podrán ejercer las facultades de control y vigilancia de las disposiciones de la Ley Nacional N° 24.240 y...26.361. ...deberán adherir expresamente al Capítulo III de la presente. La autoridad de aplicación provincial podrá actuar en forma concurrente con los Municipios en el ejercicio de las facultades de control y vigilancia, reservándose la facultad de juzgamiento de las infracciones que se sometan a tratamiento en el marco de la Ley Nacional" (fs. 19 vta./20).

- -- En ese contexto, los Sres. Jueces de Cámara fallaron "surge que en el orden local la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del ///Consumidor es la Dirección General de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de la Provincia, organismo que por Ley se ha reservado la facultad de juzgamiento de las infracciones que se sometan dentro del ámbito de la defensa del consumidor. Si bien se mantiene la posibilidad de concurrencia de las facultades de control y vigilancia entre Provincia y Municipios, la resolución de los conflictos en las relaciones de consumo y juzgamiento de las presuntas infracciones en el ámbito local, queda reservado a la Provincia, por así haberlo dispuesto en forma expresa...concluye que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia no es competente para resolver y juzgar el incumplimiento denunciado por la actora dentro de la relación de consumo que la uniera con la firma C. A. A. S.A...." -- Que la Apelación intentada por el Municipio de Comodoro Rivadavia, cuyo escrito en copia se anexó a fs. 24, fue rechazada por la providencia que motiva la presente, antes descripta.- -- 3.- Viene entonces en queja ante esta Sala, invocando en su libelo el art. 286° del CPCC (numeración del Digesto) y expone los antecedentes de la causa.

-- En el Apartado "B. AGRAVIOS" esgrime que la referencia del a quo cuando establece que el Municipio es ajeno al carácter de parte en derecho propio es un "pronunciamiento erróneo, inexacto y contrario a derecho" (fs. 27) explicando que la Oficina de Defensa del Consumidor es un órgano descentralizado que actúa dentro de la esfera de la Secretaría de Gobierno del Departamento Ejecutivo Municipal. ///Califica ello como un "desacierto legal" de los Sres. Camaristas pues "si bien la Oficina...es un órgano decisor de un conflicto entre administrados, ésta se halla representada legalmente por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia..." (fs. 27 vta.). Añade que la instancia judicial tramitada ante la Cámara de Apelaciones estuvo destinada a atacar una resolución suya y la sentencia resolvió favorablemente ese planteo declarando la incompetencia y la nulidad del acto administrativo, alegando "...resulta fuera de toda lógica jurídica entender que la Municipalidad ...es ajena al carácter de parte en derecho propio, porque administrativamente la oficina ...depende de ésta y toda sentencia dictada en contra de ésta, o de una resolución emanada de ella, debe interpretarse también en contra de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, quien desde luego resultó damnificada directa de la Sentencia recurrida" (fs. 27 vta.).- -- Expone que la Resolución Municipal N° 1480/01 creó la Oficina de Defensa del Consumidor en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, siendo -explica- autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 6758/99 y de las Leyes N° 24.240 y N° 4219 dentro de la competencia material y territorial de esa Municipalidad.--- -- Destaca que el Recurso de Apelación deducido por C. A. A. S.A. "no fue dirigido en contra de la Sra. G." sujeto denunciante en sede administrativa, sino -se agravia- "estuvo específicamente dirigido en contra de la resolución dictada por la Oficina Municipal..."(fs. 28) De ello deriva la quejosa que es "manifiesta la legitimación" para intervenir y perseguir -razona- "por vía de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia la revisión del pronunciamiento..." . Se inquiere "...si una sentencia me declara la ///incompetencia para entender en determinado asunto y al mismo tiempo me declara la nulidad de lo expresado a través de un acto administrativo cierto, no me asiste el derecho de recurrir esa decisión?" (fs. 28). Responde que siendo la perjudicada directa del pronunciamiento del a-quo posee pleno derecho para apelar porque le causa un gravamen irreparable. Señala que lo contrario violenta la garantía del debido proceso, esgrimiendo que "a lo largo de toda la instancia producida ante la Cámara de Apelaciones jamás se le otorgó...el derecho a ser oída con carácter previo a la sentencia que la declara incompetente y le anula el acto administrativo dictado por ella" (fs. 28 vta.) Supone "demostrada la legitimación suficiente de la Municipalidad" para intervenir en defensa de sus derechos, y así -subraya- "poder recurrir el decisorio dictado en contra de la Corporación Municipal, por quitarle ...la competencia atribuida por las propias normas municipales y la Carta Orgánica Municipal para entender y juzgar en materia de defensa de los derechos del consumidor, y por declarar también la nulidad de la Resolución N° 165/2009 que dispone una sanción de multa ..." (fs. 28 vta.).-- -- Bajo el título "Interés Económico afectado. Fondos provenientes de la multa. Recursos del Patrimonio Municipal" desarrolla el segundo agravio. Dice que viene a cuestionar el auto denegatorio del 16 de abril, porque de no alzarse en su contra, deviene firme la Sentencia N° 29/10 trayéndole "aparejado un serio perjuicio a los intereses económicos", explicando que la declaración de nulidad del acto administrativo que ésta contiene, impide la percepción de la multa que se imponía a la firma apelante, agregando "...sin detrimento de la avalancha de juicios ///que eventualmente se entablarían ante la Cámara... persiguiendo la declaración de incompetencia y la nulidad de lo actuado en lo sucesivo por la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor" (fs. 29).--- -- A criterio de la quejosa habría una cuestión de gravedad institucional, que describe como "...la intervención de la Municipalidad... para lograr que el Tribunal de Alzada proceda a revisar y revocar la resolución interlocutoria ...N° 29/10, pues ...atenta directamente contra el patrimonio municipal y el régimen económico y financiero de la Comuna, coartando la potestad estatal de recaudar los fondos que el Estado Municipal estaría en condiciones de percibir por aplicación de la multa fijada en la Resolución Municipal N° 165/09" (fs. 29), prevista en el art. 48° de la Carta Orgánica Municipal, insistiendo que el decisorio recurrido "coarta en forma inminente" el ejercicio de la misma.- -- Concluye insistiendo en que "...posee un alto grado de interés económico institucional en intervenir en el presente proceso y obtener la concesión del recurso de apelación... dado que dicho resolutorio ...limita la entrada de recursos al Tesoro Municipal... hecho que adquiere mayor gravedad... si se considera la finalidad para la cual están destinados ...la satisfacción del bienestar general de la comunidad..." (fs. 30).--- -- Estima arbitraria la denegación de la Apelación interpuesta porque enervó su posibilidad de ser oída ante el "Tribunal de Alzada"; acusa que dicha providencia fue dictada en un marco de absoluta y total ilegalidad "con un desapego manifiesto a las normas de forma que ///gobiernan el procedimiento" (fs. 31). Menciona los arts. 127° a 133° de la Ley de Corporaciones Municipales para indicar que este proceso versó sobre el recurso interpuesto contra un acto administrativo municipal, afirmando que "contra la sentencia interlocutoria dictada en la instancia anterior, debió concederse el recurso de apelación y de nulidad ante el Superior Tribunal de Justicia como bien lo tiene previsto la normativa de forma invocada" (fs. 31). Expresa que aún cuando se trate de una Sentencia Interlocutoria, la misma es asimilable a Sentencia definitiva porque pone fin al proceso; indicando con las normas referidas que el recurso de apelación que interpuso ante la Cámara es admisible, el cual -opina- debe declararse mal denegado y proceder a la concesión del mismo.- -- En el Apartado 4° "Conclusión", resume la quejosa sus alegaciones y en el siguiente detalla la documental que anexa, indica las fechas en que tomó conocimiento de la resolución que impugna, la data en que interpuso el recurso y realiza petitorio de estilo, solicitando "se declare procedente la queja y se revoque el auto denegatorio de fecha 16/04/2010 de la Cámara de Apelaciones....se conceda el recurso de apelación interpuesto, disponiéndose su tramitación". (fs. 32 vta).-- -- 4.- Que a fs. 34 son girados los obrados al Sr. Procurador General a fin de que dictamine sobre la admisibilidad formal del Recurso de Queja, expidiéndose a fs. 35 por Dictamen N° 42/10 opinando que el mismo no es autónomo, porque el escrito -explica- desarrolla en forma incompleta los antecedentes del caso. No obstante, estima que tampoco contiene una crítica concreta y razonada de los argumentos dados por la ///Cámara de Apelaciones al momento de rechazar su planteo, concluyendo que la queja es formalmente inadmisible.- -- CONSIDERANDO:

-- Que intenta la Municipalidad de Comodoro Rivadavia Recurso de Queja contra una decisión adoptada por un órgano judicial -en el caso, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la misma ciudad- que denegó el Recurso de Apelación que interpusiera contra un fallo de ese Tribunal constituido en órgano de alzada de decisiones administrativas por una Ley Especial, VII-N°22 de Defensa del Consumidor (antes Ley N° 4219), según quedó descripto en los resultandos de la presente.-- -- 1.- Que de manera preliminar, oportuno resulta establecer con precisión las particularidades que arroja la vía que transitó el sub-lite. Así, refiriéndose específicamente al recurso comprendido en la normativa aplicable al caso, esta Sala ha señalado que estas Apelaciones que autorizan las Leyes -Nacional y Provincial- de Defensa del Consumidor, constituyen un Recurso Jurisdiccional "...instituido por la legislación especial contra decisiones administrativas que causan agravio a los derechos de los administrados...vías -llamadas por la doctrina como Recursos Jurisdiccionales de Apelación o Directos" (en S.D. N° 13/SCA/06 in re "Dirección Defensa del Consumidor...", reiterando S.D. N° 18/SRE/02 (in re "S. C....") y con anterioridad en N° 28/SRE/00 (in re "Subsecretaría de Trabajo...").- -- Se trata entonces su naturaleza jurídica, de un Recurso Jurisdiccional de Apelación, "...no de una acción, de los varios que ///distintos ordenamientos del derecho público de nuestra Provincia, han previsto, como una instancia de protección jurisdiccional para instar la revisión de actos administrativos, fueren estos emanados de organismos centralizados, descentralizados o autárquicos de la Administración, o de entes de derecho público con funciones delegadas de fiscalización y control de actividades de los administrados . como previa a la acción judicial. Así la Ley...prevé este tipo de Recursos ante órganos del Poder Judicial, como una posibilidad intermedia de tutela, que no es administrativa por el órgano, pero tampoco estrictamente judicial, por cuanto la decisión que se admite apelar, deviene de un órgano administrativo. Integran así un sistema de impugnación o de control de actos administrativos, cuya naturaleza difiere de las acciones judiciales" (S.D. N° 28/SER/00 in re "Subsecretaría de Trabajo...").- -- Consisten en una"...vía procesal especialísima ...prevista para acceder en forma directa al control judicial de actos administrativos... su tránsito permite efectuar una revisión inmediata de la decisión administrativa en una gradualidad mínima, limitada a la legalidad de los procedimientos y decisiones seguidas por la Administración, mas no importa un juicio pleno, con prueba y debate, reservado a las acciones. Los efectos...no hay cosa juzgada, no hay prueba, queda expedita la vía de acción, incluso, no hay costas".- Con GUASTAVINO se dijo "...la revisión o apelación directa., es conferida, en los casos en que la Administración "juzga" en ejercicio del poder de policía y en cumplimiento de funciones reglamentarias, fiscalizadoras, sancionatorias, periciales, homologadoras, controladoras, asesoras conferidas a órganos y reparticiones y organismos ///administrativos y otros entes de derecho público, a quienes se otorga competencia en una primera instancia para sancionar o decidir controversias, o para otorgar o denegar beneficios o derechos. Contra sus decisiones se otorga esta suerte de privilegio de "alzada" para ante el órgano judicial, que hacen "más expedita y efectiva la tutela de los intereses públicos" y los alcances plenos o restringidos de las facultades que éstos invisten deben, a juicio del autor dilucidarse a la luz de la norma que lo confiere, sin que la heterogeneidad de los organismos involucrados, su composición, función, procedimientos, plazos y fueros permita efectuar apreciaciones genéricas. (voto Dr. ROYER en S.D. N° 18/SRE/02 in re "S. C."...).

- Estas "vías intermedias"...de conocimiento limitado, "se satisfacen en la medida que constituyen control judicial suficiente de la decisión emanada del órgano administrativo, exigencia asegurada en tanto el Tribunal actúa como de "derecho", decidiendo sobre la correcta aplicación de las normas jurídicas, poseyendo asimismo, la facultad de revocar o anular aquella decisión, si no fuera suficientemente razonable o se apoyara tan sólo en la voluntad arbitraria o caprichosa de los funcionarios, o implicara la denegación de la defensa en juicio, control que podrá ser más extenso o profundo según las modalidades de cada situación jurídica, previo análisis de los aspectos específicos que singularizan la materia litigiosa..."(S.I. N° 162/90, 225/92, 25/94, 56/96, 31, 70 y 121/SCA/98) constreñidos a la "revisión" de la legitimidad del acto". (del voto Dr. Pasutti en S.D. N° 13/SCA/06 "Dirección de Defensa del Consumidor...").- ///Que completando el criterio de la Sala, ilustrativo resulta citar la opinión de la doctrina que, motivada en la modificación acaecida en la normativa aplicable en el ámbito nacional -a la que adhirió la Provincia por Ley VII N° 53 (antes Ley N° 5830)-, se ocupó del análisis de la materia en debate; entre otros, Marcelo GELCICH y Laura LENCIONI expusieron que "...el Derecho al Consumidor atraviesa horizontalmente el ordenamiento jurídico, proyectándose su aplicación desde la relación de consumo, de base fáctica, a través de la cual se identifica la situación de vulnerabilidad estructural que es objeto de protección por el mismo orden público, sin distinción entre proveedores según sean permanentes u ocasionales, personas públicas o privadas, nacionales o provinciales. Asimismo, la activación del estatuto de defensa del consumidor mediante la detección de la relación de consumo, eleva el umbral protectorio y califica la relación jurídica en su misma naturaleza, abstrayéndola de las categorías públicas o privadas en que se inserten las regulaciones a que estén sometidos proveedores y órganos de control. Ya no se trata de relaciones civiles, comerciales o administrativas, sino de relaciones de consumo. Dicho estatuto se estructura desde su vértice en el art. 42° de la Constitución Nacional, organizando su reglamentación a partir de la Ley 24.240 hacia sus reglamentaciones particulares y normas modificatorias y complementarias, lo que no implica desconocer que otras normas del ordenamiento contengan derechos a favor del usuario o consumidor, aunque formando parte de otros sistemas normativos. ...La Ley de Defensa del Consumidor, a su vez, diseña un sistema de controles adecuado a la tutela de la relación de consumo, en su individualidad así como en su proyección o incidencia colectiva." (Conc.: ///"Competencia de la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor" en LL Litoral 2010 (abril), 273).

-- Que en este orden, la potestad judicial de "revisar" el acto administrativo que dirimió una relación de consumo y fue objeto del Recurso, y discernir la existencia o no de vicios que lo afectan, confirmándolo o revocándolo, es indiscutible e indiscutida.

-- 2.- Que cuando en el sub-lite la Municipalidad de Comodoro Rivadavia se alza contra la providencia que denegó su apelación argumentando que no fue considerada "parte" en la "especialísima vía tramitada", incurre en un yerro fundamental.- Pues justamente en el tipo de proceso en el que recayó el fallo cuya revisión persigue habilitar, una apelación de apelación le está vedado aún a quien asume el carácter de "parte" que la Cámara le ha negado.- - No sólo la Municipalidad omite considerar que no fue legislada una instancia posterior para impugnar el pronunciamiento que resuelve un "recurso jurisdiccional", como lo es en el caso la Sentencia de la Sala "A", sino que además confunde esta vía limitada de control, con las acciones que regula la Ley de Corporaciones Municipales, que no es tal.- Que -vale la insistencia- la única Apelación viable en el contexto normativo que se ha descripto, es justamente la intentada por C. A. A. S.A.; y obtenida la decisión respectiva, fenece allí la vía jurisdiccional, que no prevé otra instancia posterior ó de alzada, ordinaria o extraordinaria, agotándose en ese pronunciamiento el procedimiento que consagra el plexo normativo.-- ///En este orden, se insiste, aún respecto de las partes, se ha negado a las resoluciones judiciales adoptadas en Recursos Jurisdiccionales el carácter de Sentencia Definitiva ante el grado mínimo de revisión que implican, afirmando que tales decisiones no hacen cosa juzgada material, sino que tienen efecto simplemente preclusivo.- Así, fuere en los casos en que el mismo Superior Tribunal actúe en esa instancia revisora, como en los supuestos en que el conocimiento del Recurso Directo ha sido atribuido a jueces inferiores (SD Nº 28/SRE/00) en la Organización Judicial de la Provincia, esto es, inadmitiendo el Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema Nacional, (SI Nº 11/89, 5 y 6/90, 46/90, 135/92, 77/93, 16 y 17/97 entre otras), o la Casación local respectivamente, criterio del que participan desde antaño otras Cortes provinciales (STCba. In re "Stabio..." - JA 1980-I-12) (SI N° 86/SCA/01).--- -- Que hasta aquí, y de conformidad con los fundamentos dados, es evidente la impropiedad de la queja intentada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia contra la providencia que denegó aquélla, la que deviene inadmisible.- -3.- Sin embargo, la confusión que ataca a la quejosa es tal, que merece la atención del Cuerpo por lo particular de su alzamiento.

- Es imprescindible se destaque, que los Sres. Jueces de Cámara hicieron lugar al Recurso Jurisdiccional deducido por C. A. A. S.A., fallando en el particular contexto dado por la Ley VII N° 22 (antes 4219) conforme la cual, se examinó y resolvió una ///"relación de consumo" dada entre esa parte y la Sra. G., es decir, dos administrados; donde además sentenció que la comuna no era competente para juzgar el incumplimiento denunciado por la usuaria/consumidora contra la empresa apelante. Es decir, se pronunció en un conflicto entre "privados" donde, quien ahora pretende apelar, intervino como órgano decisor, y emitió un acto administrativo -el que se apeló- en función jurisdiccional administrativa sujeta a revisión judicial directa, ajeno a la calidad de partes en "litigio" o controversia.-- Que el conflicto entre particulares llevado ante los órganos administrativos con función jurisdiccional da origen a un proceso, y éste, como en lo general lo indica GONZÁLEZ PÉREZ, se manifiesta como un complejo de actividades de dos tipos de sujetos: unos, que discuten acerca de la conformidad de una pretensión con el ordenamiento jurídico; otros, que deciden acercan de esa conformidad.- Aquéllos son las partes del proceso: la que formula y frente a quien se formula la pretensión que es su objeto; éstos, los órganos del orden jurisdiccional (Manual de Derecho Procesal Administrativo - Civitas- 2º ed.- pág. 151 conc. 121), que en el caso lo constituyen un juez administrativo y un Tribunal Judicial.

Que nunca es ocioso recordar, que el ejercicio de funciones jurisdiccionales por la Administración fue objeto históricamente de cuestionamientos, los que fueron zanjados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading-case "Fernández Arias." (Fallos 247:646), que las validó sólo en la medida en que operare respecto de ellas control judicial suficiente.- Y volvieron a la palestra justamente respecto de las competencias de jueces administrativos en "Angel ///Estrada.", caso resuelto el 05/4/05; allí el Cimero Tribunal insistió ".. la denominada "jurisdicción primaria" de las agencias administrativas comprende los conflictos que originalmente corresponden a la competencia de los jueces ordinarios, pero que en virtud de la existencia de un régimen propio, incluyen determinados extremos comprendidos dentro de la competencia especial de un cuerpo administrativo (confr. "United States v. Western Pacific Railroad".), con la salvaguarda de que la palabra final sobre la validez de las órdenes o regulaciones dictadas por aquél siempre compete a los jueces ordinarios" (Considerando 13).- Y agregó ". es relevante añadir que no cualquier controversia puede ser válidamente deferida al conocimiento de órganos administrativos con la mera condición de que sus decisiones queden sujetas a un ulterior control judicial suficiente. Los motivos tenidos en cuenta por el legislador para sustraer la materia de que se trate de la jurisdicción de los jueces ordinarios deben estar razonablemente justificados pues, de lo contrario, la jurisdicción administrativa así creada carecería de sustento constitucional." e importaría un avance indebido sobre las atribuciones que se definen como propias y exclusivas del Poder Judicial (elDial AA28BE).

-- Que operado ese control, en el marco del procedimiento que haya sido estatuido, el juez administrativo habrá de sujetarse a la decisión.- Estas son las reglas derivadas de la norma específica, que determina una revisión judicial directa de estos pronunciamientos.

- Que insólitamente, el Municipio de Comodoro Rivadavia olvidó que el titular de la dependencia de Defensa del Consumidor fue juez ///administrativo y su instancia de Apelación la Cámara por imperio legal.- Incurrió en el impensable comportamiento de un juez que apela la decisión de otro juez de superior instancia que revocó su sentencia.- -- Que el principio general es que son las partes las que están facultadas para deducir el Recurso de Apelación..."( Conc.:LOUTAYF RANEA -"El Recurso Ordinario de Apelación en el proceso civil..."Tomo 1 - 2da. edición ASTREA - pág.232), y dada la condición de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia de órgano jurisdiccional administrativo, su alzamiento fue a todas luces improcedente.- En ese sentido, se ha dicho "Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por . respecto de la sentencia que estableció la inconstitucionalidad del art. ...., pues el mencionado organismo carece de legitimación por no haber revestido el carácter de parte en el proceso en que se dictó el pronunciamiento que pretende recurrir" ( C Fed. Paraná, 28/05/03, Rep. LL, 2003-1795, n° 12).

-- Que por los motivos enunciados, la Queja debe ser desestimada; sin costas y sin que corresponda regular honorarios de conformidad con el art. 2 de Ley XIII N° 4 (antes Dto.Ley N° 2.200 T.O. Dto. N° 138/99).

- -- Que por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Excmo. Superior Tribunal de Justicia:

R E S U E L V E: --- ///1°) DESESTIMAR el Recurso de Queja interpuesto y fundado a fs. 26/32 y vta., por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia contra la providencia del Sr. Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de esa Ciudad -Sala "A" - cuya copia simple obra a fs. 25 de estos autos.- Sin costas.-- -- 2°) REGÍSTRESE, notifíquese y remítase copia auténtica de la presente a la Excma. Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Comodoro Rivadavia -Sala "A".-Firme, archívese.

Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo- José Luis Pasutti- Fernando S.L. Royer.

Recibida y Registrada en Secretaría el 29/06/10 Bajo el N° 20/SCA/10