Tribunal: Cámara de Apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2008-08-15


2º Instancia. - Concordia, agosto 15 de 2008.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? El doctor Moreni dijo:

La cónyuge supérstite y los hijos menores y mayores de edad del infortunado Francisco Osvaldo Franquini formalizaron demanda sumaria en perjuicio de la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda. y el Videocable local Tevecon S.A. con el propósito de obtener el resarcimiento de los perjuicios que la muerte por electrocución de aquél les ocasionare cuando aproximadamente a las trece horas del día 17 de marzo del año 2002 en circunstancias en que encontrándose en su vivienda sita en calle Tomás de Rocamora nº 110 de esta ciudad ante la existencia de un cable de video humeante en el techo de la misma y la no concurrencia de personal de la empresa de Videocable ante los insistentes reclamos telefónicos que se le efectuaren luego de solicitar a los vecinos la interrupción del servicio eléctrico y hacer lo propio con el suyo subió al techo munido de un calzado con suela de goma con la finalidad de separar el cable humeante del techo y ponerle una madera entre ambos y al disponerse a bajar por una columna tipo de tramo de antena de televisión tocó con su pierna la chapa de zinc quedando inmovilizado por la descarga eléctrica y sujetando con su mano izquierda dicha columna siendo separado de la misma por su hijo con un palo de madera luego de lo cual fue trasladado al Hospital Felipe Heras lugar donde finalmente falleció.

Cuando la juzgadora de grado en definitiva se pronunció luego de considerar que el caso debía encuadrarse en el art. 1113 inciso 2º del Código Civil que consagra la responsabilidad objetiva derivada del riesgo de la cosa, entendió que con las probanzas colectadas al expediente se acreditó el daño provocado a los actores, la relación causal entre el cableado y el daño y las calidades de dueños y guardadores de las instalaciones por parte de la Cooperativa Eléctrica y Tevecon S.A. con lo cual -dijo- son los demandados por sus condiciones de dueños y guardianes del cableado televisivo y de la línea que transporta energía eléctrica cuyo tendido es necesario para la explotación de los servicios que prestan quienes deben responder por el sólo hecho de crear el daño sin que les sea suficiente probar que de su parte no hubo culpa.

En ese sentido -continuó- los accionados para liberarse de responsabilidad invocaren la ocurrencia de dos hechos liberatorios concretos, la acción voluntaria y temeraria de la víctima y la culpa del titular de la línea del domicilio ubicado en calle Rocamora nº 108 erigido en calidad de tercero por quien no debían responder y, examinando el conjunto del cuadro probatorio practicado en el juicio concluyó que no existía certeza sobre cuál fuera el mecanismo del accidente en que Franquini sufriera las lesiones que le provocaran la muerte por electrocución por cuanto si bien se comprobare que con posterioridad al hecho la co-demandada Tevecom S.A. cambió los cables quemados y los taps afectados y la empresa de energía reemplazó la línea trifásica sin aislación por cable preensamblado en el cruce de líneas aéreas de calles Rocamora e Hipólito Irigoyen y la violación de las normas de seguridad establecidas en la reglamentación vigente como que las instalaciones domiciliarias de las viviendas de calle Rocamora nº 108 y 110 no responden a las reglas del buen arte, los demandados no acreditaren de manera concreta la causa eficiente y lugar donde se produjo el desperfecto que provocó la muerte de la víctima, esto es, si se produjo por el mal estado o irregularidades en el cableado externo de las instalaciones o por los alegados defectos en las conexiones internas de los domicilios particulares.

Más allá de lo anterior, sí entendió acreditado en el pleito la conducta temeraria de la víctima al asumir el riesgo que importaba ascender al techo de su vivienda advertido del peligro que implicaba la existencia de un cable humeante provocando así la ruptura parcial del nexo causal liberándose de una porción de la responsabilidad que sobre ellos pesaba por aplicación de la presunción legal establecida en el artículo 1113 del Código Civil.

También advirtió probado que más allá de las modificaciones en el cableado aéreo posteriores al siniestro tanto la empresa de cable como la Cooperativa Eléctrica infringieren las normas de seguridad que establecen la distancia mínima de 0,50 metros que debe existir en el tendido de los cables de baja tensión y los de la señal televisiva, la falta de aislación en las conexiones y en la línea aérea trifásica, la existencia de anomalías en el estado de mantenimiento del cableado en violación al deber de custodio y seguridad que les compete a las prestatarias de los servicios de conservar las instalaciones en condiciones normales de uso de manera tal de que no presenten riesgos para la salud o integridad física de los usuarios.

Concluyó entonces que el acontecimiento luctuoso se produjo por culpa concurrente de la víctima y de los entes demandados en igual proporción asignándole a estos últimos en forma solidaria el deber de responder por los daños causados en virtud de sus calidades de dueños y guardianes del cableado de la señal de video y de energía eléctrica extendiendo la condena a la aseguradora citada en garantía "Compañía Argentina de Seguros Victoria S.A." en la medida de la culpabilidad de su asegurada en orden a lo dispuesto en el artículo 118 de la ley de Seguros nº 17.418.

En función de lo anterior y a lo dispuesto en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil condenó a las accionadas a abonar en forma solidaria y en el término de diez días la suma de $ 28.000 a la cónyuge supérstite Rosa Elisa Isla, $ 14.000 a cada uno de sus hijos menores Martín Alejandro, Federico Emanuel y Florencia Franquini en concepto de daño material y $ 42.000 para cada uno de los hijos mayores Maria Lorena y Diego Andres Franquini en concepto de daño moral todos a la fecha de la sentencia y $ 980 por gastos de sepelio fijado a la fecha del siniestro y del vencimiento de las cuotas pactadas incluyendo accesorias y distribuyendo en igual proporción a los establecidos grados de responsabilidad las costas del juicio -Cftr. pronunciamiento corriente de fs. 475/491vta-.

Lo entonces resuelto provoca la disconformidad de la totalidad de los enfrentados litisconsortes tanto activos como pasivos en recursos que interpuestos en la instancia de origen de fs. 492 por la Cooperativa Eléctrica y otros Servicios de Concordia Ltda. de fs. 495 por los actores, de fs. 499 por la empresa de Video Cable Tevecom S.A., la Cia. Aseguradora Citada en Garantía Cia. Argentina de Seguros Victoria S.A. de fs. 504 todos ellos oportunamente concedidos libremente y con efecto suspensivo en decretos corrientes de fs. 493, 496, 500 y 505 que mantienen en la alzada mediante los memoriales corrientes de fs. 526/528vta. 530/533, 518/522vta y 523/525 obrando réplicas de todos los litisconsortes pasivos de fs. 535/537 -Tevecom S.A.- fs. 538/539vta. -Cooperativa Eléctrica- fs. 540/542 -Cia. Aseguradora Victoria S.A. y de los actores en unificada representación y escrito de fs. 543/546 de autos.

También, de fs. 494/495 obra recurso arancelario interpuesto por los Dres. F. M. P. y G. A. M. quienes en ejercicio de sus propios derechos y por la acreditada representación de los accionantes apelan los honorarios que se asignaren en la sentencia en cuestión por considerar altos los establecidos a los letrados de la contraria y peritos intervinientes y bajos los propios, recurso éste que fuera concedido por la juzgadora de grado al punto 2 del resolutorio corriente de fs. 496.

A los actores les agravia que se hubiera adjudicado concurrencia de culpas derivadas de la causación del accidente por cuanto entienden en orden a las razones que exponen correspondía asignarla en integridad a las accionadas y respecto al monto estipulado para retribuir a todos los litisconsortes el daño material interesado en el escrito de demanda al que reputan reducido si se tiene en cuenta que corresponde detraer los intereses que se incluyeran en la condena a devengarse desde la ocurrencia del infortunio bregando para que el tribunal eleve dichos emolumentos en forma prudencial.

Por su parte, sendas empresas de servicio codemandadas y la Cia. Aseguradora Citada en Garantía resisten la atribución de parciales culpabilidades en el entendimiento de que la conducta de la víctima fracturó en los hechos el imprescindible nexo de causalidad entre la conducta ilícita y el resultado dañoso.

En ese orden, Tevecom S.A. refiere que la juzgadora de grado aplicó responsabilidad objetiva estableciendo un factor objetivo de atribución cuando desde su óptica, la exclusiva actuación voluntaria, negligente y temeraria de la víctima fuera la causante de su muerte por cuanto emanando humo del techo en condiciones climáticas adversas producto de la lluvia e intensa humedad, provisto solamente de ojotas subió al techo sabiendo que el mismo se encontraba totalmente electrizado no existiendo entonces nexo causal entre el obrar de la empresa y el fallecimiento de Franquini dado la evidente culpa de éste o en todo caso del propietario de la casa vecina sita en calle Rocamora a la altura del número 108 por las deficiencias internas de su instalación eléctrica todo lo cual provocare en el caso la fractura del relacionado nexo de causalidad.

La aseguradora también afirma la existencia de culpa de la víctima al expresar que cuando Franquini sube al techo mojado, sin calzado ni elementos o herramientas aislantes estaba en condiciones de prever el riesgo al que se exponía y que más allá de estar electrificado el techo no había ninguna razón que justificara su temeraria actitud instando al rechazo de la demanda.

Finalmente, la Cooperativa Eléctrica en similar tesitura manifiesta que no se demostró con certeza el motivo de la electrificación del techo de la vivienda aludiendo a la existencia de un acta notarial levantada en el lugar del hecho y la ratificación de su contenido por parte de los testigos Sosaya, Legarreta y Machado, todos empleados técnicos de la empresa quienes manifestaron que al cortar el suministro de energía al inmueble vecino de Rocamora nº 108 desapareció la energización del techo por lo que el inconveniente derivaba de las conexiones precarias en dicha propiedad precisando que la responsabilidad de la Cooperativa llega hasta el medidor en tanto las líneas internas son aprobadas por la Municipalidad local recordando que la propiedad antes aludida no poseía disyuntor lo cual hubiera evitado el luctuoso desenlace interesando en suma la desestimación de la pretensión indemnizatoria por inexistencia total de responsabilidad de su parte dado la demostrada total y única responsabilidad de la víctima en dichas circunstancias.

Que, por una elemental cuestión de orden y método corresponderá evaluar en primer lugar los agravios referentes a la atribución de responsabilidad derivada del dañoso evento en tanto los co-accionados por una parte resisten la adjudicación de responsabilidad parcial que se les formula en la sentencia impugnada que atribuyen en integridad al obrar temerario y culposo de la víctima obrante en calidad de eximente en el caso, y por la otra, los actores bregan porque les sea asignada en forma integral a las demandadas en orden a las razones que exponen en sus respectivos embates recursivos.

Y, puestos prontamente en dicha faena se adelanta que la cuestión fue acertadamente resuelta por la juzgadora de origen en orden a las probanzas obrantes en el pleito como así también el correcto encuadre jurídico en que se subsumiera la especie -art. 1113 del Código Civil-.

En efecto, tiene dicho el tribunal antes de ahora en concordancia con pacífica doctrina y jurisprudencia que la electricidad a la que resultan aplicables las disposiciones referentes a las cosas -art. 2331 segundo párrafo del Código Civil según ley 17.711- importa una condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales previstas en dichas normas (Cftr. al respecto amplias citas formuladas en el precedente "Barrios, Nora Beatriz y O c. Consejo General de Educación de la Provincia y/o contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y/o responsable s/Sumario" del 28.2.2000 con invocación al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en la causa "Prielle de Nicolini c. Segba" del 15.10.1987 publicado en LA LEY, 1988-A, 217).

También, que para subsumir en el párrafo segundo del artículo 1113 del Código Civil a la energía eléctrica, ésta debe haber desempeñado una función activa, un rol creador, que contemplado a la luz de la razón pueda visualizarse como la causa motivante del evento dañoso (Ver LLAMBIAS en "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones" Tomo IV-A-478, KEMELMAJER de CARLUCCI en "Código Civil Anotado y Concordado-Belluscio-Zannoni Directores" tomo V pág. 521) resultando aplicable en tales condiciones la regla general distributiva de la carga probatoria que adjudica la demostración de los hechos constitutivos a quien afirma la existencia del derecho que pretende hacer valer (art. 363 CPCC, ALSINA en "Tratado teórico práctico..." tomo II pág. 192, COUTURE en "Fundamentos de derecho procesal civil" pág. 245, MORELLO-PASSI LANZA- SOSA-BERIZONCE en "Códigos Procesales" Tomo V pág. 18).

Esto es decir que, corresponde a quien pretende beneficiarse con el sistema de responsabilidad objetiva establecido en el dispositivo inmerso en el artículo 1113 del texto sustantivo acreditar que se encuentra alcanzado por la norma para de allí en más juzgar la estatuida presunción legal en favor del accionante y depositarse en cabeza del dueño o guardián -demandado en el pleito- demostrar las eximentes allí previstas acreditando culpa de la víctima total o parcial, de un tercero por quien no debe responder o que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta.

Así las cosas, examinando la cuestión a través del prisma de la "Causalidad adecuada" -art. 906 del Código Civil- con el propósito de establecer desde la óptica jurídica si un suceso es causa de otro, es necesario realizar "ex post facto" un diagnóstico de probabilidad en abstracto a los fines de establecer si la acción u omisión bajo examen han sido idóneas para producir el evento perjudicial según el curso ordinario de las cosas.

Directivas éstas que tienden a encausar el proceso de razonamiento confiriendo un amplio margen de apreciación al juzgador que no se ciñe a fórmulas o esquemas apriorísticos en una materia donde la lógica de los hechos y el estudio de las circunstancias y factores causales contribuyen decididamente a responsabilizar el daño ocasionado (doctrina de los arts. 901/905 del Código Civil).

En suma, la teoría del riesgo creado regula la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y constituye el principio rector en la materia pesando presunciones concurrentes de responsabilidad o causalidad contra cada dueño o guardián quienes deben afrontar los daños causados a otros excepto que prueben la existencia total o parcial de las eximentes o circunstancias liberatorias a que antes aludiera.

Puestos a analizar el caso traído en revisión se advierte por una parte como más arriba lo refiriera la indudable aplicación a la especie del dispositivo normativo previsto en el artículo 1113 del Código Civil respecto de ambas empresas prestatarias tanto del servicio de electricidad como de televisión por cable toda vez que ambas infringieran las normas de seguridad que establecen la distancia mínima de cincuenta centímetros que debe existir en el tendido de cables de baja tensión y los de la señal televisiva (Cftr. Ordenanza Municipal nº 28960 del año 1994 y Reglamentación de líneas aéreas exteriores de baja tensión de la Asociación Electrónica Argentina BT 7.1.1., 10, 10.1 citados en la Pericia Técnica producida por el Ingeniero Electricista Manuel Raul Perez de fs. 114/131 particularmente de fs. 130 cuando afirma que en nuestro caso la distancia existente en la instalación es menor y no se respetan las distancias mínimas y que "...esta norma no se cumple ya que el tendido de los cables de energía y de TV no guardan separaciones mínimas..." fs. 130 in fine).

Al respecto dice el precitado perito que el cable de video llega entrelazado y junto con los cables tipo preensamblados de energía eléctrica encontrándose agrupados en un solo haz (ver fs. 128 vta. in fine) que, es posible el contacto y la transmisión de energía eléctrica desde los cables preensamblados al cable de video cuando se rompe el aislamiento eléctrico sea por rozamiento prolongado de los cables, por tareas de montaje o por defecto o fallas en la fabricación del cable y que en el caso el cable que alimenta el alumbrado público su aislamiento se encuentra roto como asimismo las partes expuestas de los cables de energía como son los puentes en el cruce con otras líneas y que en esos casos el aislamiento del preensamblado debe necesariamente quitarse para efectuar la conexión con el cable puente donde deben usarse morsetos que no están aislados y si por alguna razón el cable de TV roza con algunos de estos morsetos es posible que se establezca una conexión eléctrica por rotura del aislamiento de este último y que la posibilidad de contacto eléctrico se da más aun cuando existen líneas eléctricas sin aislación como es el caso del cruce existente en el lado oeste de la calle H. Irigoyen con Tomás de Rocamora y que hasta el día 3 de junio del año 2004 -esto es, más de dos años después de acaecido el luctuoso suceso- existía una línea aérea sin aislación (ver fs. 29).

Que, existe un cable de video sobre los techos sin conexión sujeto a la parte superior del poste de hormigón armado que soporta la línea de baja tensión con cable preensamblado y que finaliza en el otro extremo encontrándose deteriorado en todo su recorrido y en un tramo de seis metros desprendido del cable coaxil cuya única explicación posible es que el cable portante se calentó por circulación de corriente eléctrica a tal punto que fundió el aislamiento que lo vinculaba al cable coaxil de TV del cual forma parte y provocó su desprendimiento y que, la Cooperativa Eléctrica ha efectuado modificaciones en las instalaciones en el cruce del líneas aéreas de calle H. Irigoyen y Tomás de Rocamora -Línea aérea trifásica con neutro en aleación de aluminio, desnudo sin aislación reemplazada por cable preensamblado (Ver pericia en fs. 130 vta. y ampliación de pericia en fs. 159 al responder la crítica efectuada a la respuesta número doce).

Finalmente, que los cables de TV no están diseñados para transportar energía eléctrica pero si toman contacto con partes que están a un potencial eléctrico determinado (por ejemplo 220 V) se pondrán a ese potencial y el contacto con dicho potencial puede provocar la muerte de una persona por electrocución (Ver explicaciones dadas por el perito de fs. 186).

Enmarcados entonces en la operatividad fáctica y jurídica del dispositivo inmerso en el art. 1113 del Código Civil de indudable aplicación en el caso sometido a consideración resulta también de ineluctable factura la existencia de la eximente prevista en su segundo párrafo -culpa o hecho de la víctima- aunque sólo de manera parcial y hasta el 50% como con acierto fuera calibrado en la instancia de grado -art. 1111 del Código Civil-.

Porque, también cabe adjudicar cuanto menos negligencia cuando no temeridad haber el occiso subido por medio de un tramo de metal tipo antena de televisión al techo que sabía electrizado a los fines de intentar aislar al cable que se encontraba humeando agravado por la circunstancia de hacerlo inmerso en condiciones meteorológicas adversas dado la existencia de lluvias y marcada humedad según lo informare el Servicio Meteorológico Nacional -ver informe corriente de fs. 325/326- no habiendo esperado la llegada de personal de las prestatarias de sendos servicios una de las cuales -la de cable- arribó cuando el mismo se encontraba en el techo y encontrando el malogrado resultado final cuando se disponía a bajar.

Es el turno ahora de abordar el restante agravio de los actores relativo al "quantum" indemnizatorio con que la juzgadora de origen retribuyera los daños parcialmente adjudicados conforme el establecido grado de responsabilidad.

Los mismos afirman que teniendo en cuenta que la sentenciante los fijó a la fecha del dictado del pronunciamiento en la suma total de pesos setenta mil para retribuir a su cónyuge y tres hijos menores el padecido daño material descontando los intereses, dichos valores no se compadecen con lo acreditado en autos y con las circunstancias de hecho que rodeaban a la familia del señor Franquini al momento de su muerte más aun cuando la víctima era su único sostén.

En primer lugar se advierte que dejan firmes los restantes rubros que en dicha estancia procesal se resarcieran tales como el daño moral y los gastos de sepelio.

En segundo lugar, que la judicante de origen aplicare en la especie el criterio de establecer los montos de condena a la fecha de su pronunciamiento respecto de los cuales tiene dicho reiteradamente el Tribunal que puede adoptarse tal temperamento siempre que en tal caso se incorporen las correspondientes accesorias devengadas a dicha fecha (Cftr. "Chamorro Elpidio Cesar y Chapuis de Arovi Sara Rosa c. Sguerzo Claudio Cesar y otro - Sumario" del 25.10.2006; "Nolly de Godoy Nilda Natalia y otro en repr. ... c. Scheinkerman Daniel Simon - Sumario" del 28.8.2006; "Leiva Miguel Angel c. Capiglioni Victor Alfredo y otros - Sumario" del 14.3.2002).

Y, el monto global adjudicado en retribución del padecido daño material de consuno a las probanzas arrimadas a la especie, fundamentalmente la edad de cuarenta y cinco años con que contaba Franquini al tiempo de acaecimiento del luctuoso suceso, su condición socio-económica traducida en los demostrados ingresos que como dependiente de la Farmacia "San Antonio" y Pastor de la Iglesia Pentecostal sumaban pesos seiscientos ochenta ($ 680) de consuno al atribuido grado de responsabilidad (50%) y las incorporadas accesorias desde el día del hecho según expresamente diera cuenta la juez anterior, no sin dejar de mensurar que el rubro a resarcir debe procurar paliar el impacto que en el patrimonio de los legitimados activos ocasiona la supresión de la vida del causante, se aprecia establecido en sintonía con los precedentes que para casos similares tiene resuelto antes de ahora el Tribunal (Cftr. esta Sala entre tantos otros precedentes similares "in re" "Araujo Lucia Catalina c. Brugo Javier y Otros - Daños y Perjuicios" del 29.3.2005; "Moreyra Florencio y Otros c. Barrutti Enrique Alfredo y Otro - Sumario" del 29.10.2002; "Culpian Vda. de Iribarren Elba c. Folonier Miguel - Sumario" del 17.2.2005; "Aquino Pintos, Kalay Abraham c. Oppel Esther - Sumario" del 7.3.2007; "Goycochea Alfredo c. Municipalidad de Federación - Sumario" del 6.7.2004) razón por la cual cabe desestimar también este aspecto del embate recursivo.

Finalmente, es el turno ahora de abordar el recurso arancelario de apelación propuesto por los letrados que representaran a los actores cuando en el memorial corriente de fs. 494/495 adelantan que respecto a la imposición de costas efectuarán las consideraciones pertinentes al fundar los agravios respecto de la sentencia principal -lo cual no concretaren ulteriormente a estar al tenor y contenido del recurso que analizare en anteriores párrafos- manifestando que los estipendios asignados a todos los profesionales que intervinieran en representación de los codemandados son elevados y desproporcionados en lo cual incluyen los fijados al perito contador Guitar y los que les fueran asignados a los recurrentes por su labor en el pleito los reputan bajos conforme su propio interés y por tal razón instan su elevación y la reducción de los restantes.

En este aspecto, habiéndose compulsado exhaustivamente la labor profesional desplegada por la totalidad de los letrados y peritos que intervinieran en el pleito, teniendo presente la bien resuelta condena en costas en análoga proporción que la admitida contribución culpable en la producción del dañoso evento, la base económicamente computable en la especie plasmada en el monto de condena, el contenido y tenor de los diversos trabajos llevados a cabo por los profesionales intervinientes según su mérito, eficacia y extensión recordando que los letrados B., A. y E. efectuaren conjuntamente el responde de la codemandada Cooperativa Eléctrica -ver fs. 97/102- la participación que les cupiere a los abogados de los accionantes y codemandadas en la etapa probatoria y la presentación de alegatos -A. y E. en conjunto y B. omitiéndolo- como así la importancia y extensión de la pericia técnica eléctrica producida por el Ingeniero Perez y el tenor del informe que efectuare el perito contador Guitar en orden a lo dispuesto por los arts 3, 5, 12, 14, 30/32, 66, 61, 63 ss. y ccs. de la ley 7046 corresponderá elevar los estipendios asignados a los Dres. P. y M. a las respectivas sumas de $ 12.179 y $ 10.686 reducir los fijados en favor del Dr. B. y el perito G. a las respectivas sumas de $ 6.120 y $ 1.700 confirmando los emolumentos asignados a los Dres. S., E. y A.

Por todo lo anteriormente expresado y en respuesta al interrogante planteado al comienzo corresponderá desestimar la totalidad de los recursos interpuestos por actores y demandados confirmando la sentencia venida en revisión con costas a los vencidos en cada contención y hacer lugar parcialmente al recurso arancelario propuesto por los letrados de los actores en los términos establecidos en el párrafo anterior.

El doctor Smaldone dijo:

Que se adhiere al voto del Sr. Vocal preopinante.

El doctor Gambino dijo:

Conforme a lo dispuesto en el art. 47 de la L.O.P.J. -según Ley 9234, artículo 2º- existiendo votos coincidentes y al solo efecto de imprimir mayor celeridad al trámite me abstengo de votar.

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

1. - CONFIRMAR la sentencia de fs. 475/491 y vta., venida en revisión; CON COSTAS a los vencidos en cada contención y HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso arancelario propuesto por los letrados de los actores CORRESPONDIENDO elevar los estipendios asignados a los Dres. F. M. P. y G. A. M. a las respectivas sumas de PESOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE ($ 12.179,00) y PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 10.686,00); REDUCIENDO los fijados en favor del Dr. C. A. B. y el perito C. G. a las respectivas sumas de PESOS SEIS MIL CIENTO VEINTE ($ 6.120,00) y PESOS UN MIL SETECIENTOS ($ 1.700,00), CONFIRMANDO los emolumentos asignados a los Dres. D. G. S. y A. M. A.

2. - REGULAR el honorario profesional devengado en la alzada por la actuación que les cupiera a los Dres. G. A. M. en la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS ($ 5.700,00), F. M. P. en la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS ($ 5.700,00), D. G. S. en la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA ($ 9.180,00), A. M. A. en la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($ 4.325,00), E. G. E. en la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($ 4.325,00) y C. A. B. en la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 3.366,00), arts. 3, 5, 12, 14, 30/32 63 y 64 Ley 7046.

REGISTRESE, notifíquese y en estado bajen. -Ricardo I. Moreni. -Juan R. Smaldone.

Según su voto de abstención previsto en el art. 47 de la L.O.P.J. (LEY 9234). -Jorge L. Gambino, Vocal.