Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27


MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO contra ESSO SAPA S.A.

Reg.: A y S t 206 p 312-318.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO contra ESSO SAPA S.A. - Apremio Municipal- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 59, Año 2002). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea doctores Spuler, Vigo, Falistocco y Netri.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. Mediante resolución registrada en A. y S., T. 176, pág. 402, esta Corte admitió la queja y, en consecuencia, concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia n 55 dictada por el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral N 2 de la ciudad de San Lorenzo, por las razones entonces expuestas (fs. 60/65 v., Expte. C.S.J. Nro. 485, Año 2000).

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para apartarme de aquella conclusión provisoria, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 470/472.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente? el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. En la presente causa promovió la Municipalidad de San Lorenzo juicio de apremio contra Esso Sociedad Anónima Petrolera Argentina, pretendiendo el pago de la suma de $ 502.225,60, con más sus intereses, en concepto de "derecho de registro e inspección" por el período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 1 de abril de 1998 (fs. 8/v.).

Citada de remate, a fs. 136/150 la accionada opuso -en lo que interesa- excepción de inhabilidad de título, por inexistencia manifiesta de deuda, atento no resultar alcanzada como contribuyente del Régimen Especial del artículo 45 del Código Tributario Municipal, y ser contribuyente del Convenio Multilateral en razón de actuar en varias jurisdicciones del país, no pudiendo ser sometida a tributos de importe fijo, tal como lo ha entendido la Comisión Arbitral en reiteradas resoluciones; expresó asimismo que de acuerdo con el artículo 51 de la Ordenanza Impositiva, los contribuyentes de Convenio Multilateral deberán determinar el monto bruto imponible relativo a la Municipalidad de acuerdo a las prescripciones del referido convenio, y que su parte se ha ajustado a éstas, "tributando sobre la base del art. 35 del Convenio Multilateral y en función del mencionado art. 51 de la Ordenanza local". También opuso la excepción de pago total, en razón de tributar el Derecho de Registro e Inspección según corresponde en derecho, y la excepción de cosa juzgada, atento a que la cuestión central de la pretensión fiscal ha sido ya juzgada por el organismo con competencia en la materia, esto es por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, la que mediante resolución 11/99 dictada en el expediente "ESSO S.A.P.A.

c. Municipalidad de San Lorenzo - Pcia. de Santa Fe" (expte. 194/98) hizo "lugar al reclamo de la firma, y declar(ó) indirectamente la improcedencia de la deuda fiscal, organismo cuyas decisiones son obligatorias para las partes (art. 24, inc. b del Conv.

Multilateral) y de consideración obligatoria para los Magistrados (Fallos: 294:420)".

A fs. 177/180 la actora contestó las excepciones opuestas, sosteniendo -entre otros extremos- que la de inhabilidad de título llevaría a considerar cuestiones ajenas al juicio de apremio, al no fundarse en las formas extrínsecas del título, y que en cuanto a la de cosa juzgada, la resolución del organismo administrativo "no se encuentra firme", al haber deducido la Municipalidad recurso de apelación ante el Plenario de la Comisión Arbitral.

A su turno, la señora Jueza rechazó las excepciones opuestas y mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto el acreedor se hiciese íntegro cobro de la suma reclamada en concepto de capital e intereses considerando -entre otros extremos- que la accionada, con su defensa de inhabilidad de título, intentaba desplazar la discusión al plano causal o de origen del crédito, lo que está vedado por el artículo 8 de la ley 5.066 en cuanto consagra la citada excepción sólo con referencia a los aspectos extrínsecos del título, por lo que los jueces no deben admitir controversias sobre el origen del crédito ejecutado; asimismo, desestimó el planteo de pago total atento la ausencia de recibos u otras constancias que demostrasen tal extremo, y la defensa de cosa juzgada con el argumento de que no habían sido agregadas al proceso las copias certificadas del expediente tramitado ante la Comisión Arbitral, lo que impedía el examen integral de ambos procesos (fs.

193/195).

2. Contra tal pronunciamiento dedujo la demandada recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 , de la ley 7.055.

En sustento de su impugnación se agravió de que la decisión atacada afecta el principio de legalidad o reserva de ley (artículo 15 in fine, Constitución provincial), por cuanto convalida una pretensión de la Municipalidad de San Lorenzo apartándose de las disposiciones del Código Tributario Municipal.

Sostuvo que su parte no encuadra en los supuestos que contempla el artículo 45, que establece un "régimen especial" para el "derecho de registro e inspección" para aquellos sujetos que realicen actividades de industrialización, procesamiento, fabricación o comercialización de determinados productos -en el caso derivados del petróleo- y que tengan radicado en jurisdicción municipal un establecimiento o planta con determinadas características, atento a que el depósito que tiene su parte en la Municipalidad de San Lorenzo se dedica a la recepción, almacenamiento y despacho de hidrocarburos livianos, que son recepcionados desde barcazas a través de un muelle propio; y ese combustible luego es despachado en camiones tanques para abastecer a la región noroeste del país, ventas efectuadas en otra jurisdicción y que en la mayoría de los casos se realizan bajo la modalidad CIF, es decir que el domicilio del adquirente es el lugar de entrega de la mercadería.

Agregó que de ninguna manera su parte debe tributar bajo el "régimen especial", pues falta el primer requisito que consiste, justamente, en que la empresa no desarrolla en ese depósito ninguna actividad de industrialización, procesamiento, fabricación o comercialización, sino que simplemente recibe el producto, lo almacena y luego lo despacha cuando recibe la orden de la casa matriz, por lo que aplicar el "régimen especial" a quien no encuadra en aquél implica apartarse de una norma superior como es el Convenio Multilateral.

Afirmó que el fallo lesiona el derecho de propiedad debido a que el tributo es ilegítimo y cualquiera sea su cuantía resulta confiscatorio en tanto importa una limitación a su propiedad no autorizada constitucionalmente;además de no respetarse los límites del Convenio Multilateral -lo que torna al tributo excesivo- la confiscatoriedad aparece, esencialmente, por constituir una exacción sin base tributaria legítima.

Alegó que el pronunciamiento afecta el principio de sumisión y solidaridad federal (artículo 1, Constitución provincial), toda vez que la pretensión tributaria de la actora se aparta del plexo normativo que coordina la tributación en los Estados provinciales cuando un mismo sujeto actúa en más de una jurisdicción, al igual que cuando lo hace en dos o varios municipios; y el Convenio Multilateral es el que ejerce esa regulación o coordinación (ratificado por ley provincial 8159 del 22.12.77) aplicable tanto a la Provincia como a los Municipios.

Destaca que la Comisión Arbitral -organismo encargado de la aplicación y regulación del Convenio Multilateral- sostuvo que la pretensión tributaria de la Municipalidad de San Lorenzo es incompatible con las normas de éste (resolución 11/99), y que en igual sentido se pronunció la Asesoría de la Comisión Plenaria.

Puntualizó que al dejar de lado la aplicación del Convenio Multilateral, la actora se apropia indebidamente de ingresos de su parte sobre los que correspondería tributar a otras jurisdicciones en las que también ejerce actividades, afectándose de tal modo las normas que regulan el federalismo fiscal de la República.

Consignó que la actitud asumida por el Municipio de San Lorenzo en relación al "derecho de registro e inspección" se opone al principio constitucional de capacidad contributiva y también a la cláusula constitucional de desarrollo económico, puesto que conductas que se apartan de una norma que obliga a todas las jurisdicciones como es el Convenio Multilateral, que además no acatan el pronunciamiento del órgano de aplicación como es la Comisión Arbitral, llevan inevitablemente a que el contribuyente plantee seriamente la continuidad de su actividad dentro de la provincia.

Se agravió en definitiva de que el decisorio desechó sin más las excepciones interpuestas, sin mencionar las causales invocadas que permiten hacer excepción a la regla por la cual no está permitido discutir la causa de la obligación en las ejecuciones, sin expedirse sobre la numerosa jurisprudencia tanto de esta Corte como del más Alto Tribunal de la Nación, por la cual procede hacer lugar a la inhabilidad de título cuando se aportan suficientes indicios de la inexistencia de deuda. Aseveró que en el caso ni siquiera se analizaron la cantidad de indicios que se aportaron, además de resultar inconcebible que no se hubiera tenido en cuenta la resolución nro. 11/99 de la Comisión Arbitral que rechaza la pretensión de la Municipalidad de San Lorenzo, pronunciamiento que es obligatorio para las partes -artículo 24 inciso b) del Convenio Multilateral- (fs. 203/216 v.).

Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs.376/382 v.), el iudex a quo denegó la concesión del recurso por auto de fs. 383/385 v., accediendo la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja, como se expresara al tratar la primera cuestión.

3. El detenido estudio de la causa me convence de que la impugnación planteada merece favorable acogida, y que la decisión recurrida no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda el ordenamiento constitucional.

Para así considerarlo, parto de recordar que es axioma no discutido el de que las resoluciones judiciales que omiten considerar cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la decisión del juicio carecen de fundamento suficiente para sustentarlas y deben ser dejadas sin efecto (Fallos: 243:307; 247:111; 251:518; 255:132 y 142, entre muchos), toda vez que la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional requiere no sólo adecuada oportunidad de audiencia y prueba para los litigantes, sino también la debida consideración por los jueces de las defensas susceptibles de gravitar en el resultado de la causa.

Proyectando dichas reglas al caso, el estudio de sus constancias conduce a concluir que el a quo ha preterido el análisis y pronunciamiento de una cuestión sometida a decisión que podía resultar trascendente para la suerte de la litis, brindando un argumento que, en las particulares circunstancias que presenta el sub lite, no puede considerarse como la fundamentación suficiente que exige el artículo 95 de nuestra Carta Magna provincial.

En efecto, y conforme se expresara ut supra, la demandada opuso -desde su primera presentación en juicio- la defensa basada en la inexistencia de la deuda reclamada con base en que, debiendo tributar conforme al Convenio Multilateral del 18.8.1977 -ratificado en el orden provincial por ley 8159- no podía ser sometida al pago de un importe fijo en concepto del derecho de registro e inspección que percibe el Municipio (denominado "régimen especial"), pues tal proceder colisiona con el esquema delineado en el referido Convenio (art. 35).

Así, la recurrente puso expresamente de manifiesto que, frente a la determinación practicada por el Municipio en los términos del régimen especial del tributo citado, ocurrió ante el organismo de aplicación del Convenio (Comisión Arbitral, arts. 15 a 26) y puso especial énfasis en que, mediante resolución N 11 del 2 de setiembre de 1999, la Comisión Arbitral había resuelto favorablemente su presentación declarando la improcedencia de la pretensión del municipio de San Lorenzo.

Acompañó, entre otras constancias, copia certificada de la mencionada resolución (fs.

119/121), recordó el carácter obligatorio que revestía para las partes (art. 24, inciso b), del Convenio) e invocando jurisprudencia del más alto rango, resaltó que los tribunales están obligados, aún en procesos ejecutivos, a tratar y resolver las cuestiones alegadas por las partes relativas a la inexistencia de deuda.

Frente a ello, la Jueza anterior en grado, sin detenerse mínimamente a examinar los planteos del accionado, despachó la ejecución con el consabido argumento de que, en los procesos de apremio fiscal, no resultan admisibles las defensas relativas al origen del crédito (art. 8, ley 5066), agregando -bien que para desestimar el planteo de cosa juzgada- que no se habían acompañado las copias certificadas del expediente tramitado ante la Comisión Arbitral.

Tal respuesta, que podría considerarse atendible en abstracto, se evidencia como inaceptable a poco que se repare en que conduce a la aplicación mecánica de un precepto legal y, por esa vía, margina arbitrariamente el tratamiento una cuestión decisiva para la resolución del caso, como es el hecho de que el órgano con competencia para aplicar el Convenio Multilateral, al conocer sobre el mismo planteo que el formulado en autos, decidió "hacer lugar a la presentación efectuada por la empresa ESSO S.A.P.A. contra la determinación impositiva efectuada por la Municipalidad de San Lorenzo de la Provincia de Santa Fe".

No obstante que al momento de dictar la sentencia de baja instancia no se encontraban incorporadas las copias del expediente tramitado ante la Comisión Arbitral, no podía soslayarse que el recurrente, al oponer excepciones y ofrecer su prueba, acompañó una copia certificada notarialmente de la mencionada resolución 11/99 sobre la que asentó su planteo (ver fs. 119/121).

Siendo ello así, el argumento con que la Jueza eludió el tratamiento de la cuestión propuesta no supera el test de constitucionalidad que esta Corte debe realizar, pues si bien por regla general en las ejecuciones fiscales no resultan admisibles planteos atinentes al origen del crédito o que impliquen ingresar en la discusión causal, esa pauta no podía operar, en las particulares circunstancias del caso, como una suerte de valladar infranqueable que impidiese el examen del planteo sobre la existencia misma de la deuda (sobre el punto vide "Vanderhoeven Agrícola S.A. contra Bussy, R. A. y S., T. 184, pág.

229 y sus citas).

A fuerza de ser reiterativo: lo que no podía marginarse -y que juzgo decisivo en la especie- es que la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, al que adhirió nuestra Provincia por ley 8159, había dictado resolución en la cuestión aquí debatida, esto es: la aplicación del régimen especial del derecho de registro e inspección al contribuyente aquí demandado.

A ello se suma que, conforme surge de lo expuesto por la recurrente en el escrito de queja (fs 36 v., expte 485/2000; vide también fs. 412 y 445 v.de estos autos), la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral habría confirmado -mediante resolución N 5 del 27.4.2000- la ya referida resolución N 11/99 emanada de la Comisión Arbitral, rechazando la apelación interpuesta por el Municipio actor, extremo que tornaría más patente aún la necesidad de examinar la defensa opuesta por el accionado.

Todo lo expuesto adquiere particular importancia a la luz del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido que las decisiones emanadas de los órganos creados por el Convenio Multilateral (en los que, vale aclararlo, tienen representación los fiscos adheridos, arts. 15 y sig. del Convenio), deben ser valoradas por los Magistrados (cfr., especialmente, "Municipalidad de Morón", Fallos: 294:420 y E.D. T. 68, págs. 330 y sig. con comentario aprobatorio del doctor Carlos M. Giuliani Fonrouge; también, "S.A. Siemens" Fallos: 297:534; "Compañía Azucarera Concepción S.A" Fallos: 304:504; Bulit Goñi, Enrique, "Convenio Multilateral", Bs. As., 1992, Depalma, pág. 157 y sus notas).

En tales condiciones, la Sentenciante omitió deliberadamente que el demandado estaba cuestionando, desde el inicio del proceso, uno de los presupuestos básicos de la acción ejecutiva como es la existencia de deuda exigible esgrimiendo en su apoyo una resolución del organismo de aplicación erigido por el Convenio Multilateral (hoy confirmada por la Comisión Plenaria, a estar a los dichos de la recurrente), lo que hace pasible al fallo de descalificación constitucional, sin que lo aquí resuelto -cabe destacarlo- implique abrir juicio sobre el alcance que corresponda asignarle a las resoluciones de los organismos de aplicación ya referidos, ni tampoco validar la conducta del contribuyente en cuanto a su adecuación con las normas del Convenio Multilateral.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)