Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-22


ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES CLUB ATLETICO TOSTADO contra RODRIGUEZ, Juan Alberto y Otro Reg.: A y S t 205 p 443-445. Santa Fe, 22 de marzo del año 2005. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia n 35 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela, en autos "ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES CLUB ATLÉTICO TOSTADO contra RODRIGUEZ, Juan Alberto y Otro sobre Ordinario" (Expte. C.S.J. Nro. 778, Año 1997); y CONSIDERANDO: 1. En la presente causa la Alzada revocó el fallo de baja instancia -que a su turno había hecho lugar a la demanda, dirigida a obtener la revocación de la donación de un inmueble efectuada por Juan Alberto Rodríguez y Beatriz Ceferina Cejas de Rodríguez en favor de su hija Marisa Mónica Rodríguez, instrumentada por escritura pública (fs. 7/10 v). Contra tal pronunciamiento interpuso la accionante recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 , de la ley 7.055. En su presentación se agravió de que dicho fallo: a) decide cuestiones no planteadas -pues se introduce en un debate en torno a la existencia de ánimo de defraudar y a los efectos del bien de familia, a pesar de que tales extremos eran ajenos a la litiscontestatio, pues los demandados habían limitado su defensa a negar la deuda y desconocer el crédito perseguido; b) incurre en autocontradicción, pues por un lado el Tribunal considera que el acreedor no demostró que el acto impugnado le hubiese causado daño y, por otro lado, reconoce que la donación lo perjudica pues "provoca o agrava la insolvencia"; c) prescinde del texto legal, pues se extiende sobre el régimen del bien de familia en lugar de subsumir el caso en las normas sobre fraude en los actos jurídicos (artículos 961 y ss. del Código Civil), que resultaban de aplicación al caso, arribando a una solución que torna ineficaz a la acción revocatoria como instrumento eficaz para evitar el fraude a los acreedores (fs. 13/23 v.).

Evacuado el traslado respectivo (fs. 24/26 v.), la Cámara denegó la concesión del recurso (fs. 30/31), denegatoria frente a la cual la impugnante ocurre en queja ante esta Corte en los términos del artículo 8 de la ley 7.055.. 2. La lectura de los argumentos expuestos por la recurrente en la presentación directa que efectúa, en su cotejo con las razones invocadas por la Cámara al denegar el remedio extraordinario permite concluir en que -a pesar de las genéricas alegaciones de violación a derechos constitucionales (defensa en juicio, debido proceso y propiedad)- no puede reputarse idóneamente satisfecho por la misma el cometido que impone el citado artículo 8 de la ley reglamentaria del recurso de inconstitucionalidad, extremo que conspira contra la suerte del remedio intentado. Ello es así toda vez que su argumentación no logra desvirtuar la razonabilidad de lo sostenido por el a quo en el sentido de que las manifestaciones de la impugnante sólo traducían su discrepancia con las apreciaciones hechas por el tribunal respecto de la valoración de las pruebas y la interpretación y aplicación de normas del derecho común, en una sentencia que "considera los hechos alegados y valora la prueba rendida dando razones suficientes para fundamentar en derecho la conclusión a que arriba", lo cual no depara materia idónea en orden al franqueo de la instancia de excepción. En el caso -cabe recordarlo- la Alzada resolvió rechazar la demanda articulada en autos atento considerar que el acreedor no había acreditado que el acto que impugnara (donación de un inmueble ubicado en la localidad de Villa Minetti) "le hubiera originado algún perjuicio", considerando expresamente lo establecido por el artículo 962, inciso 2 , del Código Civil, demostración que hacía a "un elemento esencial puesto que el fraude pauliano exige que el deudor, sirviéndose de un negocio de disposición válido, tienda a perjudicar a sus acreedores, haciendo insolvente su patrimonio"; y en el caso, prosiguió, "se acreditó cabalmente que el inmueble en cuestión fue inscripto como bien de familia el 15/03/91 y permaneció en tales condiciones hasta su desafectación el 08/04/94, fecha esta última en que se inscribió en el Registro General la donación efectuada por escritura pública (...). Va de suyo que, atendiendo a las fechas de las obligaciones mencionadas en la demanda -pagarés librados el 9 de diciembre de 1993, con vencimientos en fechas 15.XII.93, 10.I.94 y 10.II.94-, dicho inmueble no era susceptible de ejecución o embargo por tales deudas, por lo que mal puede decirse, como lo hace el actor, que las ayudas económicas y crediticias fueron otorgadas en consideración a la garantía que significaba ese inmueble", agregando que esa circunstancia estaba en conocimiento del actor desde febrero de 1992, "quien al contratar con Juan Alberto Rodríguez sabía perfectamente que el inmueble en cuestión no era susceptible de ejecución o embargo por las deudas arriba mencionadas, posteriores todas ellas a la inscripción como bien de familia(...)".

Habiéndose tachado de arbitraria dicha solución con los argumentos arriba expuestos, cabe señalar, con relación al primero de los agravios planteados, que la impugnante no logra demostrar la necesidad de hacer excepción a la regla Idéntica respuesta ha de merecer el planteo de autocontradicción que se formula contra el decisorio, pues tampoco aquí la impugnante cumple con la carga de fundamentación que le incumbe en orden a demostrar la existencia de una concreta violación a las exigencias lógicas que recaen sobre todo razonamiento jurídico (Fallos, 261:263), atendiendo en particular a que -según una razonable inteligencia de los términos empleados- no parece que el pronunciamiento exhiba afirmaciones inconciliables que den lugar a una irreductible contradicción interna, y a que en rigor de verdad el agravio respectivo se sustenta en una suerte de tergiversación del discurso de los sentenciantes, tomándose expresiones fuera del contexto en el cual fueron formuladas. En tal sentido no resulta ocioso recordar que el a quo sostuvo que "el acreedor no acreditó que el acto impugnado le hubiera ocasionado algún perjuicio (art. 962, seg. párrafo, del Código Civil)", destacando luego que dicho elemento es esencial para la procedencia de la acción, en sintonía con consolidada doctrina que se remonta al praejudicium o eventus damni de los romanos (vide, por todos, Salvat, Raymundo M., "Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General", ed. del cincuentenario por J. M. López Olaciregui, TEA, Bs. As., 1964, t. II, págs. 626 y 629 y doctrina francesa allí citada). Pues bien, la quejosa no se hace cargo de lo así expresado en el sentido de que el inmueble no era susceptible de ejecución o embargo al tiempo de la donación (por haber sido constituido en bien de familia con anterioridad a la fecha de libramiento de los pagarés que dieran lugar a la ejecución -extremo cuyo desconocimiento, como es elemental, no podía alegar el recurrente-), omitiendo demostrar la irrazonabilidad de la tesis de que dicha donación no le causaba estrictamente ningún perjuicio, al no disminuir la "garantía común de los acreedores" que es el patrimonio del deudor, cuya extensión está determinada prácticamente -en definitiva- por el conjunto de bienes sobre los cuales aquellos pueden actuar a fin de obtener la satisfacción de sus acreencias, por lo que -si bien se mira- el fallo se asienta sobre la base de reputar no configurados todos los presupuestos exigidos por el Código Civil para la procedencia de la acción revocatoria intentada. En tales condiciones, y más allá del acierto o error de la respuesta (y del criterio adoptado por los jueces de la causa, que no corresponde que sea sustituido por el de esta Corte), resulta inequívoco que la sentencia encuentra fundamento suficiente en las consideraciones expuestas por aquellos, que bastan para satisfacer las exigencias del artículo 95 de la Constitución provincial, lo cual sella la suerte adversa del recurso. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)