Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28


2º Instancia. - Buenos Aires, marzo 28 de 2006.

La Dra. Gauna dijo:

I) Contra la sentencia obrante a fojas 459/466 apelaron y expresaron agravios la parte actora a fojas 521/525 y la parte demandada a fojas 527/528. . A fojas 536 la parte actora contesta los agravios expuestos por la parte demandada. A fojas 564 se desglosó la presentación de fojas 532/533 en virtud de lo dispuesto a fojas 559. En consecuencia, las presentes actuaciones se encuentran en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo.- II) Sentado lo anterior, la parte actora cuestiona la decisión del anterior sentenciante en cuanto admitió la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la compañía se seguros y, por los argumentos que esgrime, peticiona que se revoque la sentencia en lo relativo a ese punto.- Por su parte, el demandado impugna la atribución de responsabilidad y cuestiona la decisión del anterior sentenciante de admitir la excepción opuesta por la citada en garantía.- Asimismo, se queja de los montos por los que prosperaron las partidas correspondientes a la incapacidad sobreviniente (física), daño moral e incapacidad psíquica.- III) Resumidas de esta manera las quejas traídas a conocimiento de este Tribunal, se tratará en primer lugar lo concerniente a la responsabilidad que ha sido cuestionada por la parte demandada, tal como se adelantara.- El apelante expone que se acreditó que no fue victimario sino víctima del siniestro acaecido y que ello surgía de las propias manifestaciones del actor a la perito médica designada de oficio, por cuanto -según entiende- aquél habría reconocido su calidad de embistente al manifestar "que el día 21/12/98 circulaba en moto y al llegar a una esquina impacta con un automóvil siendo despedido unos metros".

Alude a que esa manifestación despeja toda duda respecto del modo en que se produjo el siniestro, dando por tierra toda especulación respecto de la forma de producción del hecho realizada por el perito mecánico, quien para sostener su hipótesis tomó la narración de los hechos expuestos por el actor y de un testigo ofrecido por éste.-Asimismo expone que impedido de ello, aquél recurrió a elementos que se encontraban fuera de su arte y profesión. Agregó que en la impugnación se señaló todo esto y se advirtió que el informe pericial comportaba la necesidad de una prueba específica en el campo del saber del perito. Finalmente, arguye que al verter el perito opiniones sobre áreas vedadas, el dictamen pericial se constituía en una inadecuada forma de uso de los conocimientos científicos y, que más grave era que el anterior sentenciante admitiera esa intromisión.

Con relación al tema, cabe manifestar que las alegaciones vertidas por el demandado no cumplen con la crítica concreta y razonada a la que alude el artículo 265 del Código Procesal.

La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido. Constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante estima equivocadas. (arg. art. 256, Cód. Proc.). De ahí que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que motiven la decisión del a quo, mediante la exposición de circunstancias jurídicas por las cuales se considere erróneo el pronunciamiento impugnado.- La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea correcta, lo cual significa que el recurrente debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego al interesado la tarea de señalar cual es el punto del desarrollo argumental que resulta equivocado en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica, antes que por la solidez de la sentencia todavía no examinada (CNac.Com, Sala D, 24/4/84, LA LEY, 1985-A, 309).

En el caso, de la manifestación expuesta por el actor en la oportunidad de la realización del peritaje médico no puede arribarse a la conclusión que se pretende. Primero, porque surge diáfano que al expresar aquél que "al llegar a una esquina impacta con un automóvil", se estaba refiriendo al accidente en si mismo, sin que esa expresión pueda ser analizada de manera aislada y con abstracción del conjunto de elementos rendidos en el expediente.

Por otro lado, lo expuesto por el apelante configura una reiteración de lo ya manifestado a fojas 440 y por ende se trata de una cuestión sometida al conocimiento del anterior sentenciante, quien desestimó ese argumento al encontrar acreditada la narración de los hechos vertida en el escrito de demanda, conclusión ésta que no fue eficazmente rebatida, al no introducirse argumentos de peso que demuestren la omisión o el error de hecho de derecho en el que pudo haber incurrido el Señor Juez a quo al arribar a ese resultado.- Respecto a lo argumentado en relación a que el perito recurrió a elementos que se encuentran fuera de su arte y profesión, ha de mencionarse que también constituye una mera reiteración de los términos expuestos en la oportunidad de impugnar la pericia mecánica (v.fs. 311/312) desestimados por el a quo por los fundamentos vertidos a fojas 460 vuelta/46.- En consecuencia, ante la escueta y limitada argumentación expuesta, que no ataca el núcleo principal sobre el que el Señor juez apoyó su decisión, la que por su generalidad no configura la crítica concreta y razonada que se exige en el artículo 265 del Código Procesal, cabe concluir que el recurso se encuentra desierto en este punto (art. 266 Cód. Proc.).- En torno a lo decidido por el anterior sentenciante en relación a la excepción de falta de legitimación opuesta por la compañía seguros, citada en garantía, es del caso expresar que tanto las alegaciones vertidas por la actora como por el demandado no podrán progresar, al constituir nada más que un mero disenso con lo resuelto, sin haberse suministrado argumentos jurídicos que demuestren que debió adoptarse un temperamento distinto.- En particular, la actora formula una serie de manifestaciones, tales como: que la finalidad del seguro de responsabilidad civil no se agota en el interés particular de los contratantes; que la excepción interpuesta carece de fundamentación jurídica y fáctica; que el planteo se origina pura y exclusivamente en relaciones contractuales no resultando oponibles a terceros damnificados; que el pago de la cuota de la prima fue efectivamente realizado por el tomador del seguro y fue debidamente receptado y aceptado por la aseguradora, que ello significó la voluntad expresa de la aseguradora de mantener la vigencia del contrato de seguro; que la aseguradora debería responder pues en tal caso tendrá eventualmente la posibilidad de repetir el pago efectuado contra su asegurado; que se trata de una cuestión de orden administrativo-contractual inoponible a la víctima; que no existen fundamentos para admitir la excepción; que del informe pericial surge claramente la emisión de la póliza, la denuncia del siniestro, el pago de la prima realizado el día 22/12/98, no figurando el rechazo de la cobertura, que el pago fue efectivizado horas después de su vencimiento y que con anterioridad a la fecha del accidente las cuotas se hallaban pagas.

En síntesis, tras citar jurisprudencia que consideró aplicable al caso peticiona que se modifique la sentencia de primera instancia y que se rechace la excepción interpuesta.- Por su lado, el demandado arguye que la póliza mantenía su vigencia desde las doce horas del día 21 de noviembre de 1998 hasta la misma hora del día 21 de Diciembre de 1998 y que por tanto si el siniestro se produjo el 21/12/98 la póliza se encontraba plenamente vigente. Agrega que como el seguro fue contratado hasta las doce horas del día 21/12/98, la póliza mantenía su vigencia hasta las doce horas del último día del plazo, salvo pacto en contrario, es decir, hasta las veinticuatro horas del 21/12/98. Que si el accidente ocurrió el día 21/12/98, a las veinticuatro horas, la póliza mantenía su vigencia.- Como podrá observarse, las apelantes no han expuesto razones de peso que refuten las conclusiones a las que arribó el anterior sentenciante, quien luego de ponderar los términos del dictamen pericial contable de fojas 304/306 -que devino firme ante la falta de un pedido de aclaración y/o impugnación- concluyó que a la fecha del siniestro 21/12/98 el asegurado no contaba con el pago de su prima, de acuerdo a lo estipulado en el Endoso A 16 de las Condiciones Generales de la póliza.- Tampoco cuestionaron debidamente lo resuelto en la anterior instancia en cuanto a los efectos que la falta de pago de la prima provoca y menos aún los alcances que tiene la recepción del premio o pago adeudado por parte del asegurador.- Tratándose de un supuesto de limitación del riesgo o no seguro, resultaban extrañas las consideraciones relativas a la función social del seguro y a la protección de la víctima (Herrera, Verónica c. Portillo, Nélida s/ daños y perjuicios", Nº H 168.967 del 26/12/1996).- Cuando la aseguradora es citada en garantía, la sentencia será ejecutada contra ella "en la medida del seguro", esto es en los límites y con los alcances de la cobertura asumida por la empresa, ya que su derecho se circunscribe -en este aspecto- a las modalidades del contrato de seguro que vincula a la parte demandada y a la citada en garantía. Las cláusulas limitativas de responsabilidad en materia de seguros, especialmente aquéllas que delimitan el riesgo asegurable, en tanto cláusulas de no seguro, no son ajenas a la víctima, esto es, ella no puede ignorarlas, desde que su derecho a ser pagada por la compañía aseguradora del victimario se concretará, en tanto la conducta de esta última resulte involucrada en el riesgo que ha absorbido la entidad aseguradora. El seguro de responsabilidad civil se instituye en beneficio del asegurado, aunque en definitiva su efecto beneficioso pueda extenderse a terceros, pero ello será así en tanto el contrato lo permita (CNCiv., Sala I, Olea de Barrera, María Asunción y otros c. Alonso, Raúl Osvaldo s/ daños y perjuicios", Nº 1089185, del 3/10/1996).- Asimismo, cabe recordar que el artículo 118 de la ley de seguros le permite al asegurador oponer defensas nacidas antes del siniestro. La doctrina ha interpretado que el asegurador que ha sido parte en el proceso a través de la citación en garantía, debe indemnizar al reclamante en los términos del contrato de seguro, esto es, que puede oponer todas las defensas que tuviere contra el asegurado en tanto hayan nacido con anterioridad al hecho generador del daño (Soler Aleu, A. "El nuevo contrato de seguro", ps. 256/7; Stiglitz, ob. cit.,p. 557; Halperín, I. y Morandi, J.C., "Seguros", p. 683; CSJN, "Compañía Argentina de Seguros Visión S.A. c. Comac S.A.", del 2/10/90, ED, 142-775; CNCom., Sala A, ED, 154-596).- Mediante la citación contemplada en el artículo 118 de la ley 17.418, el asegurador es llamado a juicio para cumplir la prestación debida a su único acreedor cual es, mantener indemne al asegurado asumiendo sus obligaciones en los términos del contrato respectivo. Sin embargo, se desprende de este artículo en su parte final, que el asegurador en el juicio contra su asegurado y al que fuera citado en garantía puede oponer todas las defensas nacidas con anterioridad al siniestro.

Por todas las consideraciones expuestas, toda vez que en sus argumentos las apelantes no se hacen cargo de los sólidos fundamentos expuestos por el juez a quo sino que lo expuesto refleja nada más que un mero disenso con lo resuelto que no alcanza para modificar el temperamento, al no rebatirse a través de razonamientos de peso los fundamentos vertidos en la sentencia, tratándose sólo de opiniones personales de quienes las formulan mas sin exponer cual habría sido el error de hecho o de derecho que se le atribuye el Señor Juez, se propone al Acuerdo que se haga efectivo el apercibimiento que prevé el artículo 266 del Código Procesal y que se declare desierto el recurso de apelación interpuesto en lo que hace a la cuestión bajo análisis.- En torno a la queja vertida por la demandada, referida a la incapacidad física sobreviniente, cabe expresar que le asiste el derecho de peticionar como lo hace. Ello es así, pues si bien es cierto que del informe pericial obrante a fojas 395/397 surge que como consecuencia del accidente el actor padece un 5% de incapacidad parcial y permanente al haber sufrido fractura cerrada de tibia y peroné derecha y presentar cicatrices, secuelas de la intervención quirúrgica a la que se vio sometido y acortamiento de miembro inferior derecho de 1 centímetro, no presenta ninguna limitación funcional, lo que se encuentra consentido.- Es más, el experto expresó que las lesiones, las secuelas de intervenciones quirúrgicas, traumatismos y fracturas no le provocan al actor trastornos osteo-musculares. Asimismo, al examen semiológico no detectó limitación a la movilidad activa o pasiva, que las fracturas consolidaron; que no presenta lesión articular ni ligamentaria; que podría superar un examen preocupacional; que puede practicar deportes con normalidad, que puede desarrollar actividades tales como correr, saltar, etc.; que no es conveniente que se someta a tratamiento alguno; que no se encuentra afectada la movilidad y funcionalidad de los miembros afectados; que no presenta lesión estética, lo que demuestra que no obstante el accidente no ha tenido una severa repercusión que menoscabe su integridad corporal.- Cabe recordar, que la indemnización tiene por objeto en la medida de lo posible la reposición de las cosas a su estado anterior (art. 1083 del Código Civil) sin convertirse en fuente de lucro para el damnificado y correlativamente en un factor de expoliación para el dañador, lo que ocurre cuando éste se ve compelido a indemnizar un daño total o parcialmente inexistente (Pizarro, Ramón Daniel; Daño Moral. Prevención. Punición pág. 35).- El daño patrimonial, para ser resarcido, requiere la existencia de consecuencias valuables económicamente, como expresa el art. 1068 del Código Civil:"algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria". Es que el derecho de daños no es sancionatorio, sino resarcitorio, por ello no se detiene en la lesión sino que averigua sus resultados: si y como la lesión ha gravitado en la esfera patrimonial (o espiritual) de la víctima. La lesión no es el daño y si su causa (Matilde Zavala de González- Resarcimiento de daños. Tomo 2 a, pág. 105).- También es oportuno expresar que la afectación de la integridad física o psíquica que arroja una secuela que impide temporaria o definitivamente el restablecimiento del estado de cosas del que gozaba la persona con anterioridad al suceso dañoso, habrá de indemnizarse adecuadamente de acuerdo a las particularidades del caso. En efecto, no todo ataque contra la integridad corporal o la salud de una persona genera incapacidad. A tal efecto es menester la subsistencia de secuelas que el tratamiento o asistencia prestados a la víctima no logran enmendar o no lo consiguen totalmente.- Es que la lesión física o psíquica no es en si misma un daño resarcible. En cambio, ella es causa de un daño patrimonial o moral indemnizable, en cuanto genera un menoscabo económico, directo o indirecto (arts. 1068 y 1069 del Código Civil) o un agravio moral (art. 1078) (conf. Cámara 3º1 Civil y Comercial, Córdoba, 26/9/88, Semanario Jurídico, 1/12/88, citado por Matilde Zabala de González en "Resarcimiento de Daños 2a) Daños a las Personas", pág. 95 y siguientes), el que debe ser fehacientemente demostrado.- De acuerdo a los conceptos y marco legal expuesto, sumado a las condiciones personales en las que se desenvolvía su vida y que surgen del expediente sobre beneficio de litigar sin gastos, que luego del accidente dejó de trabajar y que a Mayo de 1999 no se encontraba en condiciones de realizar changas, que vivía sólo en la casa de sus tíos, que carecía de bienes de fortuna, que no poseía cuentas bancarias, ni cajas de ahorro, ni obra social, ni medicina prepaga (v. fs. 6 y fs. 15), se arriba a la conclusión de que la cantidad otorgada en la anterior instancia resulta un tanto elevada, por lo que se propone un prudente reajuste a la cantidad de $ 12.000 por entender que ella se adecua a las particularidades que la causa ofrece (art. 165 Cód. Proc.).- En lo concerniente al daño moral, cabe expresar que a éste se lo ha definido como "la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria" (conf. Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, ed. Abeledo- Perrot, 4? edición, Nº 557, p. 205).- Este daño no tiene por que tener vinculación con el daño material en lo que hace a la consideración de su cuantía, pues no es complementario ni accesorio. Tiene condición autónoma y vigencia propia que asienta en aspectos presentes y futuros, propios del dolor, la herida a los sentimientos, los padecimientos de toda índole que el mal acarrea, las afecciones destruidas. Tiene por ello configuración independiente de los detrimentos patrimoniales y de subsistencia, y no requiere la prueba de los efectos producidos por el ataque, pues surgen del hecho mismo, re ipsa loquitur (conf. CNCiv, Sala C, agosto 24-982, "Zalnerovich, José I. c. Dicón S.A. Teleonce"; CNEsp.Civ.Com., Sala VI, noviembre 30-981, "Magan, Agustín c. Lage, Andrés y otra"; CNEspCivCom, Sala II, mayo 19-982, "Amico de Naso, María A. c. Díaz, José M.").- La reparación del mismo no puede ser fuente de un beneficio ni de un enriquecimiento injusto.- La fijación de su importe es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, a los padecimientos experimentados, es decir, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de los reclamantes y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador (CNEsp.Civ.Com., Sala V, mayo 9.983, ED. 104-549; CNEsp.Civ.Com, Sala VI, "García Calvo, Antonio c. Cambia, Carmelo y otro s/ sumario", 7/11/86).- Para ponderar la magnitud del agravio resultarán pautas útiles: la edad de la víctima, sexo, tipo de tareas, condición social, gravedad de las lesiones sufridas, intensidad de su tratamiento, incapacidad sobreviniente, etcétera.- En el caso, cabe evaluar que al momento del accidente el actor tenía 24 años de edad, que fue atendido en el Hospital Diego Thompson, que presentó politraumatismo con TEC sin aparente pérdida de conocimiento, traumatismo de ambos miembros inferiores con fractura 1/3 medio de tibia desplazada y doble fractura de peroné todas cerradas, excoriaciones múltiples, traumatismo de rodilla con choque rotuliano, que se le efectuó tracción esquelética transcalcanea y se internó en sala de cirugía. Que a las 24 horas de internado comenzó con dolor y bloqueo de rodilla izquierda. Que se constató mediante punción hemartrosis por lo que se confeccionó calza de yeso. Que se solicitó mediante Servicio Social intervención quirúrgica para tratamiento de fractura para lo que se esperó 52 días. Que se suspendió la cirugía en dos oportunidades, que finalmente se operó el 25/02/99, que tuvo buena evolución por lo que se decidió su externación y seguimiento por consultorio externo. Por todo ello, teniendo especialmente en cuenta la violencia misma del impacto, de acuerdo a las condiciones personales a las que se hiciera referencia anteriormente y a las que cabe remitirse para evitar repeticiones, se arriba a la convicción de que la cantidad establecida en la sentencia resarce adecuadamente el daño infligido, por lo que se propone al Acuerdo que se confirme la sentencia en este aspecto (art. 1078 Cód. Civ. y 165 Cód. Proc.).- En torno a la incapacidad psicológica, también le asiste el derecho al apelante de peticionar del modo en que lo hace.- En efecto, la perito psicóloga determinó que el actor padece un trastorno por stress postraumático en grado moderado que conlleva un porcentaje de incapacidad parcial y permanente del orden del 15 %. Asimismo, recomienda la realización de un tratamiento con la frecuencia sugerida a fojas 331, lo que fue ratificado a fojas 360/362.- Ahora bien, no obstante el porcentaje de incapacidad detectado pericialmente, no puede soslayarse que el tratamiento -aún cuando no produzca la remisión total del cuadro, de alguna manera lo mejorará-, por lo que en esta línea de pensamiento se arriba a la conclusión de que la cantidad otorgada en la anterior instancia, resulta un tanto elevada. Por ello, teniendo en cuenta además las condiciones personales a las que se hiciera referencia anteriormente y a las que cabe remitirse para evitar repeticiones, se propone un prudente reajuste a la cantidad de $ 20.000, por considerar que ésta resarce razonable y adecuadamente el daño padecido (art. 165 Cód. Proc.).

En consecuencia, por todas las consideraciones expuestas precedentemente, analizadas las pruebas en particular y en conjunto a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 386 Cód. Proc.), las normas legales aplicables al caso y el alcance de las quejas, se propone al Acuerdo de Sala que en caso de resultar compartido este voto se modifique la sentencia de primera instancia, reduciendo la indemnización otorgada en concepto de incapacidad física sobreviniente ($ 20.000) a la de $ 12.000 y a la concedida por incapacidad psíquica ($ 30.000) a la de $ 20.000, y que se la confirme en todo lo demás que ha sido motivo de agravio. Con costas de Alzada a la parte demandada en virtud del principio de la reparación integral que impera en la materia (art. 68 Cód. Proc.).- Los Dres. Giardulli y Kiper, por las consideraciones expuestas por la Dra. Gauna, adhieren al voto que antecede.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide modificar la sentencia de primera instancia, reduciendo la indemnización otorgada en concepto de incapacidad física sobreviniente ($ 20.000) a la de $ 12.000 y a la concedida por incapacidad psíquica ($ 30.000) a la de $ 20.000, y confirmarla en todo lo demás que ha sido motivo de agravio. Con costas de Alzada a la parte demandada en virtud del principio de la reparación integral que impera en la materia (art. 68 Cód. Proc.).- En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes, adecuándolos al presente pronunciamiento.- Teniendo en cuenta el capital de condena, la naturaleza del proceso y su resultado, las etapas procesales cumplidas, y el mérito de la labor profesional apreciado por la calidad, eficacia y extensión del trabajo y verificando las tareas realizadas por cada uno de los profesionales intervinientes, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y concordantes de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-, decreto ley 16.638/57, decreto ley 7887/55 y artículo 478 del Código Procesal, regúlanse los honorarios del apoderado de la parte actora y su letrado patrocinante, en conjunto, Doctores A. L. B. y J. A. M. A. en la suma de pesos diez mil ($ 10.000); los de los letrados patrocinantes del demandado, en conjunto, Doctores E. L. A. y O. D. en la suma de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500); los del letrado apoderado de la citada en garantía, Doctor J. A. S. en la suma de pesos ocho mil ochocientos ($ 8.800); los del perito ingeniero A. D. Z. en la suma de pesos mil quinientos ($ 1.500); los del perito contador H. O. M. G. en la suma de pesos mil quinientos ($ 1.500); los del perito psicólogo O. F. C. en la suma de pesos mil quinientos ($ 1.500); los de la perito médico M. A. A. en la suma de pesos mil quinientos ($ 1.500) y los del consultor técnico N. R. C. en la suma de pesos seiscientos ($ 600).- Por su actuación en la alzada, regúlanse los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora, en conjunto, Doctores A. L. B. y J. A. M. A. en la suma de pesos dos mil seiscientos ($ 2.600) y los del letrado patrocinante del demandado, Doctor O. D. en la suma de pesos mil cuatrocientos ($ 1.400) (art. 14 del Arancel).- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. -Jorge A. Giardulli. -Elsa H. Gatzke Reinoso de Gauna. -Claudio M. Kiper.