marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa inmobiliaria, vicios redhibitorios, prescripción, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ALARCON, Elba y otro c/ REY, Marcial y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-16

Si el vicio debió quedar revelado al entrar en posesión el comprador, es desde ese momento que corre el plazo de prescripción cualquiera sea la fecha de la escritura. Es que, al resultar jurídicamente inaceptable el desdoblamiento entre acción redhibitoria y acción de daños y perjuicios, aunque el reclamo se limite sólo a los daños, el plazo de prescripción será siempre de tres meses.
Recurso de casación laboral, gratificaciones
Materia: LABORAL
Carátula: TREJO JORGE RENE c/ BCO.DE LA PROVINCIA DE SGO.DEL ESTERO S/CONCESION GRACIABLE s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-03-12

Por aplicación del principio de "realidad" carece de importancia para determinar la naturaleza de la gratificación que el empleador la denomine liberalidad, donación, acto graciable o gratuito si se ha otorgado con motivo del trabajo.
Recurso de casación, asegurador, citación en garantía
Materia: PROCESAL
Carátula: GODOY JOSE RENE c/ EMPRESA  S.A.D.E. s/ LABORAL-ACCIDENTE DE TRABAJO-RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-10-13

La citación en garantía al asegurador por parte del asegurado, según el art. 118 de la Ley de Seguros, es una simple vía de economía procesal que permite que en un mismo pleito se ventilen todas las cuestiones, sin que signifique que su falta de concreción determine la perdida de las acciones legales que le correspondan a la parte por su relación contractual con la aseguradora, circunstancia que le quita definitividad al fallo atacado y que deviene como presupuesto para la admisibilidad de la casación.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz, Walter c/ Pacheco, J. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

Absuelto el acusado en la jurisdicción criminal por no haberse acreditado la existencia del hecho que se le imputa, no puede ser objeto de un nuevo juicio civil, fundándose en que cometió el hecho, porque sería volver sobre la cosa juzgada y exponerse al escándalo jurídico de dos decisiones contrarias.

Si en el proceso penal se tuvo por no acreditado el hecho principal investigado, dicho pronunciamiento tiene el alcance que le atribuye el 1103 del C.C., toda vez que desde el punto de vista jurídico-procesal un hecho existe o no según se lo haya acreditado.

La circunstancia de que conclusión de inexistencia haya derivado de la duda carece de relevancia porque en virtud del principio lógico de identidad, resulta imposible que un hecho pueda ser y no ser al mismo tiempo.
Sentencia de trance y remate, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: López, Alejandro Emilio s/ Rec. de Queja por Apel. Denegada... Denegada...
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-12-05

Teniendo en cuenta que en el orden local no existe una disposición similiar a la contenida en el inc. 4to. del art. 554 del C.P.C. y C. de la Nación, cabe señalar que ésta última representa simplemente la consagración legislativa del criterio doctrinario y jurisprudencial, que aún antes de la reforma introducida en el orden nacional por la ley 22.434, había admitido la apelabilidad de la sentencia de trance y remate fuera de los supuestos previstos en la ley formal, cuando el recurso versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causare gravamen irreparable en el juicio ordinario posterior.
Daño moral, responsabilidad contractual, licencia por maternidad, licencia por matrimonio, vacaciones
Materia: CIVIL
Carátula: "BARANI  MONTES,  Mónica Edith c/ SIGEN - Resol. 112/05 s/ empleopúblico".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

En el caso de autos, los daños derivan de una relación contractual. En tales casos, el artículo 522 del Código Civil establece la facultad de los jueces de condenar la reparación del agravio moral, "de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso". En el sub lite, los daños derivados del no reconocimiento de licencias por matrimonio, por maternidad o por vacaciones constituyen un daño en las relaciones de familia y afectaron el derecho a la vida personal y familiar de la actora. En tal contexto, el reconocimiento de una suma en concepto de daño moral aparece como ajustada a derecho, habida cuenta de la indudable repercusión que los hechos indicados pudieron tener en las afecciones íntimas de la actora.
Contratos administrativos, empleo público, ley laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acharez, Julio y otros. c/ Municipalidad de General Roca s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/INAPLICABILIDAD DE LEY. - Collinao, Rufino y otro c/ Municipalidad de General Roca s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/INAPLICABILIDAD DE LEY - OCHOA, LUIS E. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (PODER LEGISLATIVO) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-21|1990-11-21|1991-04-10

La Ley de Contrato de Trabajo en el art. 2do. prevé de modo explícito la exclusión de las disposiciones de la Ley a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo.
Recurso de casación, depósito previo, actualización monetaria
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Orlando Luis Stirnemann c/ Estado Provincial y otra s/ Amparo s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-06-26

El depósito previo, participa de la naturaleza de una carga económica y de un requisito esencial para la admisibilidad del recurso de casación, habiéndose ya decidido en concordancia con la Corte Suprema de Jusiticia de la Nación que: "... no constituye un impuesto ni ninguna otra clase de gravamen fiscal, sino que importa una restricción procesal". Como tal, carga económica y forma de limitar los recursos, debe revestir de un cariz de actualidad que impida que los fundamentos fácticos del depósito concluyan simplemente en una historicidad no deseada, con una efectividad final que redunde directamente en la eficaz administración de justicia.
Responsabilidad de los establecimientos asistenciales, responsabilidad objetiva, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: T.S.R. c/ Sanatorio San Juan Bosco S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-09-18

El sanatorio demandado debe responder por los daños que sufrió en la salud una paciente que contrajo una infección tras la colocación de una venoclisis, puesto que, la obligación de seguridad que pesa sobre el ente asistencial tiene una garantía de indemnidad, que implica que cualquier daño que se le irrogue al acreedor, genera contra el deudor una presunción de adecuación causal, desvirtuándose únicamente mediante la demostración de las eximentes propios de todo sistema objetivo, es decir, hecho de la víctima, de un tercero por quien no deba responder o caso fortuito y fuerza mayor, lo que en el caso no ha ocurrido.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, acción reivindicatoria, expropiación, posesión
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ ELENA ETCHEVARNE Y OTROS s/ EXPROPIACION.    DEPRECIACION MONETARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30

Es dable equiparar a sentencias definitivas a aquellas que originan agravios cuya enmienda en la oportunidad procesal en que se los invoca, exhiben prima facie entidad bastante para conducir a un resultado diverso del juicio, por lo que de ser mantenidos generaríanse consecuencias de imposible o insuficiente reparación ulterior. Así ocurre en el caso en que no parece razonable remitir a las partes a reproducir sus controversias por vía de ejecución de sentencia en el pleito ya concluido sobre reivindicación, luego de haber ellas debatido extensamente todo lo concerniente a las condiciones y modalidades de restitución del inmueble en su integridad en un incidente de reintegro de posesión que lleva más de seis años de trámite.
Medidas cautelares, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LELLA P. c/ J.CORTEZ s/ Ejecutivo (LIBRO: A064 - 381)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-12-05

El automotor no es un instrumento necesario para el desempeno de la profesion de medico y de abogado y por ende no cae dentro de la normativa del inc. primero del art. 235 CPC. En cambio es inembargable la mesa de operaciones de cirujia.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Local Cooperativo Limitado c/ Toselec S.A.C.F.I. s/ Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

Resulta errónea la interpretación legal que adiciona al porcentaje aludido por el art. 21 del dec. ley 8.904, el 50 por ciento para el apoderado, porque conduce cuando se consideran valores máximos, a una regulación confiscatoria que excede el tope del 33 por ciento.
Acción de inconstitucionalidad, procurador general
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Corbella, Pedro Leo y otros. s/ Demanda de inconstitucionalidad de ley 8800.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

La intervención del señor Procurador General en las demandas originarias de inconstitucionalidad si bien es esencial, está limitada a la de emitir su dictamen con la finalidad de asesorar o ilustrar al Tribunal acerca de la cuestión que debe decidir. Es en este sentido que debe interpretarse la disposición del art.687 del CPCC en cuanto prescribe que concluida la causa para definitiva y antes de dictarse la providencia de autos, "se oirá al Procurador General (en el caso se desestimó el recurso de revocatoria interpuesto por el Procurador General). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, caducidad de instancia, costas, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: MALVICINO SACIIA Y F c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CADUCIDAD DE INSTANCIA (CSJ EXPTE NRO 72-88) Scatena, Juan Pablo y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Caducidad  (Expte. C.S.J. Nro. 335 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01|2002-03-06

El allanamiento al pedido de caducidad no exime a la parte de soportar las costas del juicio principal.
Régimen penal tributario, extinción de la acción penal, deuda previsional, deudas impositivas, cancelación de deudas
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Sigra SRL. s/ ley 23.771 - Causa n° 2953.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

El art. 14 de la ley 23.771 posibilita la extinción de la acción penal, cuanto entre otras circunstancias, "el infractor acepte la pretensión fiscal o previsional... y una vez efectivizado el cumplimiento de las obligaciones".
Escritos judiciales, copias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giaccio, Diego c/ Gómez, Eduardo y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-09

El art. 120 del Código Procesal Civil y Comercial en tanto establece que deberán adjuntarse tantas copias como partes intervengan, ha de interpretarse razonablemente a partir de su razón de ser, que es asegurar a las partes interesadas el debido conocimiento de las cuestiones planteadas por la contraria
Concursos, sociedades comerciales, presentación en concurso, pedido de quiebra, acuerdo preventivo, plazos procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDITORIAL CONTENIDO s/ QUIEBRA S/ ACCION DE RESPONSABILIDAD ART. 167 LC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-29

El plazo de seis meses establecido por la l: 165-2., 2 párr, (que es de caducidad) se extiende en cualquiera de las dos hipótesis contempladas por los incs. 1 Y 2. por ende si -como acontece en el caso- una sociedad se presentó en concurso preventivo y, luego, el día fijado para la realización de la junta de acreedores, solicitó la declaración de su quiebra, por no haber llegado a un acuerdo con sus acreedores (situación no prevista en la l: 165-2), procede computar el plazo con un criterio amplio a los fines de preservar la finalidad del instituto.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, cuestiones de hecho y prueba, tercera instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: M., V. G. c/ D., R. O. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Reclamación  de filiación extramatrimonial. Recurso directo (Expte. CSJ Nº   800-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-11

La insistente intención de renovar el debate sobre la valoración fáctica, probatoria y jurídica de temas de derecho común y procesal -ya tratados por los jueces de la causa- no depara caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte Provincial, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los Tribunal es ordinarios en su competencia jurisdiccional.
Reincidencia, pena
Materia: PENAL
Carátula: SINFORIANO GOMEZ DAVALOS s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

Lo que interesa a los fines de la reincidencia, es que el autor haya experimentado el encierro que importa la condena, no obstante lo cual reincide demostrando su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce.
Competencia por el territorio, defraudación, asegurador, productor asesor de seguros
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ponce, Oscar Emilio s/ retención indebida.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Es competente el juez del lugar donde tiene su sede la aseguradora para conocer del delito de defraudación que se imputa a un productor de seguros.
Requisa personal, estado de sospecha, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Desesar, Héctor María Salvador s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-09

El "estado de sospecha" debe existir en el momento mismo en que se produce la interceptación en la vía pública pues es allí cuando la policía debe tener ya razones suficientes para suponer que una persona está en posesión de elementos que demuestran la comisión de un delito; de lo contrario, como se ha afirmado en la jurisprudencia norteamericana, una aprehensión o requisa ilegal a su inicio no puede quedar validada por su resultado. Toda vez que las cuestiones relativas a la suficiencia de la sospecha o las razones de urgencia -justificativas de las medidas llevadas a cabo sin orden de autoridad competente- deben surgir claramente de la sentencia atacada en razón de su incidencia directa en la validez de este tipo de actuaciones prevencionales definitivas e irreproducibles, no cabe otra decisión que la nulidad de todo lo actuado en este proceso.

(Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell).
Violencia de género, femicidio, obligaciones internacionales, REPÚBLICA ARGENTINA, Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, derechos de la mujer
Materia: PENAL
Carátula: Duré, Jorge Claudio c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-04-26

No es el odio hacia la mujer lo relevante en la violencia de género -y en el femicidio como su máxima expresión-, sino que lo dirimente es su cosificación, su degradación al carácter de mero objeto de propiedad del varón, en función de un estereotipo jerárquico sustentado en patrones socioculturales, la asimetría de poder en la relación, el sometimiento de la mujer basado en su propio género y el contexto específico en que se despliegan los actos de violencia física o verbal, tendientes todos a lograr su sometimiento, tales son las notas distintivas de este tipo de delitos, conductas asimismo vedadas por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que además en el caso del Estado Argentino, goza de máxima jerarquía normativa.
Prisión preventiva, plazo
Materia: PENAL
Carátula: Barreto S. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-18

El art. 169 inc. 11 del C.P.P. considera diferentes cuestiones. En su primera parte prevé la situación para que un imputado pueda ser excarcelado (vencimiento de dos años de prisión preventiva). Luego, pondera una circunstancia obstativa para tornar viable la excarcelación (el hecho de poder prorrogar la prisión preventiva por un año a petición del Ministerio Público Fiscal). A continuación, particulariza respecto a las circunstancias que hacen cesar definitivamente la prisión preventiva (el transcurso de tres años, siempre y cuando no haya comenzado la audiencia oral del debate), y por último establece cuando la prisión preventiva no tendrá término máximo de duración, lo cual ocurrirá si se ha interpuesto recurso extraordinario contra la sentencia condenatoria.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, cónsules nacionales, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, denegatoria del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Blasco, Juan Roberto s/ p.s.a. de lesiones culposas -causa nº19/95 "B"-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Corresponde rechazar el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que denegó el fuero federal reclamado, si el recurrente no rebatió el argumento principal de los jueces de la causa, consistente en el diferente tratamiento que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares otorga a los funcionarios consulares de carrera -capítulo II de la Convención- con relación a los funcionarios consulares honorarios, distinguiendo en esta categoría, entre los extranjeros y los funcionarios consulares honorarios que sean nacionales o residentes permanentes del Estado receptor -arts. 64 y 71, párrafo 1° de la citada Convención-.
Sentencia, voto de adhesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P., C. c/ Herederos de R. J. Z. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-08

Los fundamentos ampliatorios desarrollados por el vocal que vota en segundo término, forman sentencia si quien lo hace en último término también adhiere a aquéllos.
Recurso de casación penal, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: Ovando, José Alberto c/  s/ homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor en perjuicio de Córdoba, Marcos Alberto; Córdoba, Raúl Ezequiel; Córdoba, Leandro José - Recurso de Casación sin Preso
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-06-16

Corresponde rechazar los recursos de casación contra la sentencia que condenó a los imputados como autores penalmente responsables del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor, toda vez que el análisis hecho por el Tribunal de Juicio resulta acertado y perfectamente válido para fundar la sentencia, habida cuenta que solamente demostró una circunstancia fáctica concreta, real y probada que excluye la aplicación de una técnica determinada, sea cual fuere el nombre, máxime cuando el Fiscal como la querella simplemente se limitaron a lanzar postulados desnudos de contenidos y que no se corresponden con los registros de lo realmente ocurrido en el debate, en orden a los engorrosos dictámenes periciales sobre la velocidad.
Propiedad horizontal, violación del reglamento de copropiedad, obras nuevas y modificaciones, alteración de la fachada
Materia: CIVIL
Carátula: Consorcio de Propietarios Pueyrredón 2482/88/90 c/ Chteimberg, Norberto Gregorio s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

El cerramiento del balcón, realizado sin obtener la debida autorización del Consorcio, implica infringir la normativa contenida en el art. 5 de la Ley 13.512 en cuanto prohíbe que los copropietarios puedan efectuar toda innovación o modificación que pueda afectar la seguridad del edificio, así como todo cambio que implique modificar la forma externa del frente del edificio. El hecho de que existan en el Consorcio otras violaciones del Reglamento de Copropiedad y del Código de Edificación, de ninguna manera justifica el cerramiento. De lo contrario habría que concluir que cualquier incumplimiento reglamentario se encuentra permitido, lo que sería evidentemente absurdo. Si existen otras transgresiones deberán implementar los interesados las acciones que corresponda para hacerla cesar. La circunstancia de que sea frecuente y acostumbrado el cerramiento de balcones no hace inaplicables las normas mencionadas, en virtud de que la costumbre no puede derogar ni sustituir una ley. Solo en ocasiones de gran excepcionalidad podría admitirse que no puede aplicarse, situación que no reviste este tipo de situaciones.
Jueces, facultades disciplinarias del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Cayasta Comercial S.A. c/ Instituto Rosembusch S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Daños y  perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-24

No solo es facultad, sino deber de los magistrados cuidar el decoro y orden en los juicios y el respeto a su autoridad e investidura (art. 22 del Código Procesal Civil y Comercial), como así también el de velar para que las actividades judiciales profesionales se desarrollen en un ambiente de orden y respeto (art. 222 de la ley 10.160), como lo es el de las partes el de conducirse con lealtad, probidad y buena fe (art. 24 del Código Procesal Civil y Comercial).
Declaración de insania, sentencia, elevación en consulta
Materia: PROCESAL
Carátula: A.N.F. s/ Insania
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

La elevación en consulta que estatuyen los arts. 253 bis y 633 del Código Procesal para los casos en que la sentencia que declara la incapacidad del denunciado no fuere apelada, tiene por finalidad obtener la revisión del procedimiento por parte del Tribunal de Alzada, quien debe determinar si se han observado las formalidades previstas especialmente por la ley para este tipo de procesos y, en su caso, si el pronunciamiento recaído es justo de acuerdo a las pruebas aportadas ( conf. Falcón "Código Procesal...", t.II, p.

398). Si la sentencia fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 22.434, quedando firme con posterioridad a dicha ley, aun cuando no existan razones de orden procesal que obsten a la viabilidad formal de la consulta en ese caso, resulta a todas luces inoficioso a esa altura de los acontecimientos, pronunciarse acerca de la procedencia o improcedencia de la declaración de incapacidad , juzgándola sobre la base de hechos acaecidos y pruebas aportadas mucho tiempo atrás ( conf. C.N.Civ. Sala F, C. 12.033 7-2-85; íd. C.

12209 del 12-2-85; íd. C. 11.649 del 26-2-85; íd. C. 11.185 del 26-3 85).