Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-17


Salta, 17 de febrero de 2016.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "DIRECCION GENERAL DE RENTAS vs. AGUILAR, Nelson - EJECUCION FISCAL" del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 4ª Nominación; Expte. Nº 503315/15 de Sala, y C O N S I D E R A N D O I. Viene apelada por el demandado la sentencia de trance y remate obrante a fs. 28/29, por la que se rechazó el planteo de nulidad y la excepción de inhabilidad de título opuestas por esa parte, y dispuso llevar adelante la ejecución en su contra, con costas.

A fs. 37/38 funda su recurso con sustento en que el juez a quo omitió considerar debidamente la existencia de un proceso administrativo de baja del impuesto a las actividades económicas, que se inició mediante el formulario F 900-A en fecha 08/08/14, y que no abrió la causa a prueba, a fin de que la actora remita copia de las actuaciones administrativas pertinentes. Sostiene que ello constituye un atentado al debido proceso y a su derecho de defensa.

Entiende que la sentencia es arbitraria -porque se le impidió producir prueba esencial- y que resulta nula e insalvable, dada su motivación aparente, en desmedro de la igualdad ante la ley y la razonabilidad jurídica.

Agrega que su parte probó la iniciación del procedimiento de baja del impuesto que se pretende cobrar con el certificado de deuda que se ejecuta en autos y que el juez debió cerciorarse si dicho procedimiento había concluido con algún acto administrativo al respecto.

Solicita se haga lugar al recurso de apelación incoado, se revoque el fallo recurrido y se haga lugar a las excepciones por él planteadas, con costas. Formula reserva de los recursos de inaplicabilidad de la ley, constitucionalidad y extraordinario federal.

A fs. 41/42 contesta el memorial la parte actora, solicitando se rechace el recurso y se confirme la sentencia. En primer lugar, afirma que está excluido del análisis de la excepción de inhabilidad de título la causa de la obligación, respecto de la exactitud de la determinación fiscal o la competencia del funcionario que suscribe la certificación.

Por otro lado, sostiene que el demandado conoce que no existe acto administrativo alguno que haya otorgado la baja peticionada, atento a la notificación obrante a fs. 18, por la cual se le informó que no era posible obtener la baja por la deuda que registra con el organismo.

Además, entiende que el demandado debió plantear recurso contra la providencia que disponía autos para resolver, si insistía en la apertura de la causa a prueba. Formula reserva de plantear recurso de inconstitucionalidad local y extraordinario federal.

A fs. 49 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra notificada y firme.

II. Conforme se ha expresado en precedentes de este Tribunal (CApelCCSalta, Sala IV, t. XXVIII, fº 281/284), las ejecuciones fiscales son procesos ejecutivos especialmente regulados. Atendiendo al origen y formación del título, responden a una naturaleza administrativa, ya que son creados por entidades públicas con el fin de percibir gravámenes indispensables para su desenvolvimiento (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Comentado", tomo 3, p.171). Es decir, reconoce el código el derecho a promover este particular juicio privilegiado, considerando la función pública de los servicios prestados a la sociedad, siendo un rango distintivo del título fiscal el de su "unilateralidad", lo cual supone que en uso de las facultades reconocidas y dentro de su competencia, el funcionario expide el certificado de deuda representado por la forma escrita y conteniendo los presupuestos sustanciales del título ejecutivo: la individualización de la persona obligada (propietario del bien, usuario, contribuyente), monto en pesos, exigibilidad de la prestación y causa de ella.

El certificado así extendido tiene el valor de un instrumento público (art. 289 inc. c del Código Civil y Comercial) con las consecuencias jurídicas de impedir al accionado desconocer, en principio, sus constancias, si bien la expedición de la boleta de deuda debe encuadrarse dentro de los límites legales (Fenochietto-Arazi, ob. cit., pág. 172).

En tal sentido, se ha señalado que el certificado de deuda debe encontrarse respaldado por los asientos contables de la repartición que lo emite (Cám.2°C.Com. de La Plata, en Revista Doctrina Judicial 1979-12-3), así como que debe bastarse a sí mismo, conteniendo todos los presupuestos ejecutivos, especificando los períodos de impuestos que se adeuden y la naturaleza de ellos (C.S.J.N., en L.L. 1976-C-109).

Consiguientemente, debidamente documentado, el título acredita la existencia de un crédito fiscal exigible (conf. CNCiv., Sala B, en E.D. 89-227).

La excepción de inhabilidad de título se opone con sustento en la inexistencia de deuda reclamable. "La excepción de inhabilidad de título es viable en el caso en que se cuestione la idoneidad jurídica de aquél, sea porque no figura entre los mencionados por la ley, porque no reúne los requisitos a que ésta condiciona su fuerza ejecutiva (existencia de cantidad líquida, exigible, etc.) o porque el ejecutante o el ejecutado carecen de legitimación procesal en razón de no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor" (Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. VII, Abeledo Perrot, cuarta reimpresión, pág. 424; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXIII, fº 251/252, entre otros).

Ha acreditado el demandado que, en fecha 08/08/14, presentó solicitud de baja de inscripción del impuesto a las actividades económicas, señalando como fecha de cese de la actividad el 31/08/2010, y otorgándosele a dicho trámite el Nº 1571/2014. Surge con claridad que tal documentación -que acompaña su planteo de excepciones- "no tiene valor como constancia de baja" (cfr. fs. 11).

Cabe señalar que el título ejecutivo Nº 46368, emitido el 03/12/14, da cuenta que el señor Aguilar adeuda al Fisco los períodos 8 a 12/2010; 1 a 12/2011 y 1 a 12/2012 del impuesto a las actividades económicas. Del estado de solicitud de constancia de baja Nº 1571/2014 de fs. 18 y de fecha 30/04/15 surge que no se otorga la baja con relación al título ejecutivo Nº 46368, que es, precisamente, el que da sustento al presente juicio.

Entiende el demandado a fs. 26 que tal documentación carece de validez y eficacia probatoria, por emanar de la propia actora. Sin embargo, no tiene asidero su fundamento, ya que, en caso que se hubiera proveído favorablemente la prueba por él instada, también habría sido documental emanada de la Administración (cfr. fs. 12 vta. in fine) y, quizá, habría consistido en idéntico informe al agregado a fs. 18. Así, no ha logrado el demandado acreditar la inexistencia de deuda, por ya no revestir el carácter de contribuyente, toda vez que se le ha negado la concesión de la baja en el impuesto por los períodos que surgen del certificado de deuda. En consecuencia, como lo ha resuelto el juez a quo, la excepción de inhabilidad de título no resulta procedente.

Por otro lado, como lo entiende la actora, de insistir con la producción de la prueba instada, debió el demandado deducir recurso de revocatoria respecto el segundo apartado de la providencia de fs. 27, por la que se llaman autos para resolver, el que, no habiendo sido cuestionado, quedó consentido; entonces, mal puede ahora argüir que la sentencia es nula por haberse dictado sin producción de prueba, cuando fue él quien consintió su dictado (cfr. fs. 27 vta.).

Es que el principio de preclusión procesal impide reeditar etapas que han quedado firmes por haber sido consentidas expresa o tácitamente por las partes. Sabido es que el proceso ejecutivo tiene un marco acotado de conocimiento, atento al carácter "ejecutivo" otorgado al título que le sirve de sustento.

Por ello, la jurisprudencia ha entendido que la apertura a prueba de las excepciones en el juicio ejecutivo es facultad privativa del Juez, quien puede, en consecuencia, prescindir válidamente de esta etapa cuando considere que los elementos obrantes en el expediente son suficientes para resolverlas sin necesidad de recurrir a ese arbitrio (CApelCCSalta, Sala III, año 1996, f° 686/687, íd. Sala V, año 1992, f° 879/883; íd. Sala I, año 1987 f° 78).

En el último precedente, se sostuvo que "considerando lo expuesto, debe concluirse que el juzgado en grado ha ejercitado la facultad señalada, al decidir el llamamiento de autos para resolver, proveído que aun cuando se encuentre suscripto por el Secretario, ha adquirido firmeza, al no merecer objeción de parte del demandado, estando amparado entonces por el instituto de la preclusión, y no encontrándose el proveído que así lo dispuso encuadrado en las excepciones del art. 135 del Cód. Proc., jugaba el principio general de la notificación automática del art. 133; y en cuanto a su suscripción por el Secretario, el art. 38 inc. 8º del Código le faculta expresamente a firmar las providencias simples que tiendan a instruir y ordenar el proceso, hasta el llamamiento de autos para sentencia, decretos éstos que, en nuestro caso, como ya se señalara, se encuentran firmes"(CApelCCSalta, Sala III, tomo año 2006, f° 369).

También se dijo que: "Si la providencia que llamó autos para resolver las excepciones opuestas por el demandado fue consentida por éste, las manifestaciones efectuadas en el memorial de agravios sobre la necesidad de que se abra a prueba, resultan extemporáneas, pues ha precluido la oportunidad de hacerlo" (CApelCCSalta, Sala V, tomo XV, año 1995, f° 495/499).

Por más amplitud que pretenda asignársele al derecho de defensa en juicio, no puede éste llevar a desconocer el instituto de la preclusión y a dejar de lado las omisiones en que incurrieran las partes y que sólo a ellas cabe imputar (CApelCCSalta, Sala III, t. 2014-I, fº 201/206).

Asimismo, la decisión de no abrir la excepción de inhabilidad de título a prueba no afecta el derecho de defensa ni el debido proceso, ya que el ejecutado podrá replantear eventualmente la cuestión en el juicio ordinario posterior que autoriza el artículo 563 del CPCC.

"Es facultad del juzgador desestimar la procedencia de la prueba ofrecida cuando aparece innecesaria (art. 549 del Código Procesal -art. 559 segundo párrafo de nuestro código de rito-), atento la índole del juicio ejecutivo que no admite la apertura y producción de pruebas tendientes a investigar la causa de la obligación"(CApelCCSalta, sala IV, t. XXXV-I, fº 118/119).

Se advierte que el instrumento acompañado por el Fisco reúne los requisitos antes mencionados: la individualización de la persona obligada (contribuyente), detalle de períodos adeudados, monto en pesos, exigibilidad de la prestación y su causa, con lo cual concurren los presupuestos de procedencia de la vía ejecutiva (art. 530 del C.P.C.C.).

Es por todo ello que los agravios formulados por el demandado no logran conmover los fundamentos de la sentencia de trance y remate dictada a fs. 28/29, por lo que corresponde la desestimación del recurso, con costas al apelante (art. 568, CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación impetrado por el demandado a fs. 34, con costas.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.