Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-08


Autos N° 22.010 (124.830 - 3° CIVIL), caratulados: "HERRERA, Elias Ramón C/ Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada - Ordinario" En la ciudad de San Juan, a 08 días del mes de julio del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO y el señor Vocal, Dr. GILBERTO A. RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas, contra la sentencia definitiva, recaída en autos N° 22.010 (124.830 - 3° CIVIL), caratulados: "HERRERA, ELIAS RAMÓN C/ TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA - ORDINARIO", dictada en fecha treinta y uno del mes de julio del año dos mil catorce, obrante a fs. 156/161, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En la sentencia dictada en fecha 31 de julio de 2014, el a quo encontró fundamento para hacer lugar parcialmente a la demanda de incumplimiento de contrato incoada por el señor Elías Ramón Herrera, condenando en consecuencia al Triunfo Cooperativa de Seguros a que en el plazo de 10 días abone a la actora la suma determinada en los considerandos con más los intereses en la forma establecida. Impone las costas a la demandada vencida y regula los honorarios de los abogados actuantes.

Contra esta decisión se presenta el abogado Federico Aguiar, a fs. 163 y en función de su representación por la demandada interpone recurso de apelación, el cual es concedido a fs. 164.

El recurrente, repone el sellado y expresa agravios a fs. 174 y sig. sosteniendo que el aquo a realizado una valoración desacertada de la prueba rendida en autos y una interpretación errónea de las cláusulas contractuales que rigen el contrato objeto de juicio.

En esa dirección plantea como primer agravio que el sentenciante haya concluido entendiendo que el siniestro cubierto como es la sustracción del vehículo se ha producido. Ello por cuanto sostiene que la póliza de seguro N° 1.393.282 prevé la cobertura por robo o hurto total del vehículo, fijando a la normativa penal como pauta interpretativa.

Luego de transcribir la misma formula un análisis del sumario penal N° 9628/10 instruido por el Quinto Juzgado de Instrucción de la Provincia de San Juan, del cual no surge prueba concreta y conducente que acredite la acción de hurto efectuada en el estacionamiento comercial "Easy" sobre el automóvil marca Renault 19 dominio UUY-688, sino que tampoco el señor Herrera aporta alguna prueba (testigo, documentación, un ticket, etc.) que acredite fehacientemente que el día 26 de mayo de 2010 entre las 19,20 a 20,30, tanto él como el vehículo color celeste se encontraban en el establecimiento comercial antes mencionado.

Se fundamenta en que solo existe la denuncia realizada por el actor pero de la declaración del oficial Carlos Antonio Flores no surge acreditado el paradero del vehículo denunciado como robado, sino que ni siquiera el lugar indicado era un desarmadero o venta de autopartes.

Impugna nuevamente la declaración testimonial del señor Herrera y Ovalles (fs.95). Respecto de este último indica que no declara que haya existido hurto en el lugar y hora indicada. De igual modo ocurre con la testimonial del señor Godoy. Trae jurisprudencia respecto de la carga probatoria, concluyendo que no existe prueba fehaciente que acredite por parte del actor no solo la consumación e individualización de los autores del hurto del rodado, sino también que tanto el señor Herrera como el Renault 19 dominio UYY-688 estuvieron en fecha 26 de mayo de 2010 entre las 19,20 y 20,30 hs., en las instalaciones del local comercial Easy. Ello por cuanto el siniestro revista la calidad de un elemento esencial del contrato de seguro, por lo cual, si su existencia no ha sido acreditada categóricamente no puede surgir obligación alguna para la aseguradora.

El segundo agravio está relacionado con la referencia a la inexistencia de interés asegurable y su procedente suspensión de cobertura de la póliza planteada por su parte en la contestación de la demanda. Ello por cuanto de las pruebas aportadas en autos se acredita que el señor Herrera no es el titular registral del automóvil Renault 19 dominio UYY-688 sino que dicho rodado pertenece a la señora Lidia Raquel Cabrera. Acreditado ello, se observa que el actor en ningún momento de la demanda acompaña algún tipo de documentación tendiente a acreditar que el rodado le pertenece o por lo menos ser poseedor del mismo, la póliza N° 1.393.282 claramente establece que en caso de robo o hurto del rodado asegurado, el mismo deberá ser cedido al asegurado una vez que éste haya pagado la indemnización al asegurado.

Pero en el caso esto sería de incumplimiento imposible, ya que acreditado que el actor no es el titular registral del rodado, no puede ceder derecho alguno sobre un bien que no le pertenece.

El tercer agravio, de la suma fijada por el rubro "privación de uso" que asciende a $ 10.000 a la fecha de la sentencia con mas los intereses violando claramente el texto de las cláusulas contractuales impuestas en el contrato y aceptadas de común acuerdo por las partes intervinientes que en el art. 21 expresamente se establece que no indemnizará la privación del uso del vehículo. Cita doctrina judicial. Es decir, la cláusula fue aceptada voluntariamente por las partes intervinientes en el contrato y que ha quedado demostrado en esta expresión de agravios que su presentada tenía y tiene fundamentos jurídicos necesarios par sostener que de su parte no existe obligación alguna de indemnizar al actor.

Finalmente en el punto V hace un resumen de los agravios, mantiene la cuestión constitucional y pide la imposición de las costas. Corrido traslado a la contraria, la misma contesta a fs. 181/183 y en función de los argumentos que vierte solicita el rechazo de la pretensión recursiva con imposición de las costas.

Planteado de este modo el recurso cabe precisar que la parte recurrida esgrime como punto básico de su defensa que la presente litis está presidida para determinar su resolución final por la tutela del consumidor de seguro dada por la ley 24.420 de Defensa de los Consumidores, la cual impone, entre otras circunstancias, la modificación de la carga probatoria.

Sobre el particular, cabe precisar que este tribunal en la sentencia dictada en autos N° 21.166 "Vega Pablo Omar c/ Pozo Agustín Hilario y Otro - Daños y Perjuicios" (L. de S. T° 112, F° 88/96- 26/12/2011) se dijo que "corresponde analizar en primer término si corresponde interpretar el contrato de seguro, conforme a las pautas dadas por la teoría de los contratos con cláusulas predispuestas, en primer término y, en segundo, conforme a la ley de defensa del consumidor.

En ese sentido, el seguro contiene una serie de cláusulas preimpresas razón por la cual debe ser aplicado el principio a in dubio pro debilis que, en el caso, es el particular que contrata con la empresa aseguradora la cual tiene toda una estructura empresarial que la coloca en situación de preeminencia económica y jurídica respecto del particular.

A igual meta se arriba con la aplicación de las normas contenidas en la Ley N° 24.240 de Defensa del consumidor, por cuanto no existe ninguna norma que impida su aplicación a los contratos de seguros por cuanto es una ley transversal que con su impronta legislativa que marca su carácter de norma de orden público, llega a todas las contrataciones donde hay un consumidor de bienes o de servicios. En función de ello, además de la interpretación favorable al consumidor de seguros en caso de duda respecto del alcance de las cláusulas y conductas contractuales de las partes, la carga probatoria está a cargo de la empresa aseguradora. (Ver en el libro "Tutela Jurídica de los consumidores", Instituto Región cuyo Academia Nac. de Derecho y CS de Córdoba - FACSO, Univ. Nacional de San Juan, los trabajos de Carlos y Ariel Parellada, "Si todos somos consumidores, ¿quién es el consumidor?; Elena de la Torre, "El derecho a la información: Consecuencias de su inobservancia. Casuística de San Juan"; Pascual Eduardo Alferillo, "Cláusulas abusivas, nulidad e integración del contrato de consumo" y Roberto Pagés Lloveras, "La tutela procesal diferenciadas en los derechos de los consumidores y usuarios")".

Por su parte en doctrina de los autores, Caamaño, Carlos Rodolfo ("Aplicabilidad de la normativa del consumidor en materia de seguros. ¿Es el asegurado un "consumidor"?", DJ 20/11/2013, 1, AR/DOC/3387/2013), sostuvo como conclusión que "el someter al lector a múltiples conceptos que podrían considerarse aislados se aunarán en este punto. Colofón que servirá de piedra basal para concluir aquella idea punzante que todavía continúa oculta.

Con anterioridad a la sanción de la ley 26.361, el concepto de consumidor y asegurado eran disímiles. En la actualidad, el primer artículo de la ley 24.240 abarca a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, integrando una relación de consumo, siendo este el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.

El asegurado y el tercero revisten la calidad de usuarios, aunque cierta doctrina ha considerado desmesurado endilgar tal condición, pero nada más razonable que aplicar el Artículo 42 de la Constitución Nacional para entender lo que implica el término: relación de consumo.

Como se dijo, desde antaño la ley 17.418 tutela ciertos derechos del asegurado, que normológicamente son compatibles con la LDC vigente. La protección al asegurable no era una mera descripción de requisitos que tenía que considerarse al comercializar un seguro, si no un marco que después se fue perfeccionando y complementando en virtud de la legislación consumerista, a modo de ejemplo: cláusulas abusivas, deber de información, publicidad, etc.

En la actualidad, superada la cuestión de quienes son los consumidores de seguros legitimados en las relaciones de consumo (asegurado o tomador, beneficiario y/o víctima de un siniestro) encuentran tal aceptación primero en el raigambre constitucional, y en carácter descendente en todo el resto de la legislación que se expuso en el presente.

En parte de la doctrina citada se puede inducir que se ha avasallado el Artículo 1197 de nuestro Código Civil (34), pero examinando los antecedentes, la praxis (35) intentó equiparar la aptitud negocial de las partes, resolviendo que la normativa de carácter general (legislación de consumo) complemente a la normativa de carácter especial (marco legislativo de seguros) creando una estructura razonable y equitativa. Ambas, integrando un plexo protector del consumidor que anteriormente resultaba laxo y que hoy viene a suplir ciertas situaciones confusas.

De la citación en garantía y la franquicia se puede inferir que la misma le es inoponible al tomador-asegurado y al tercero.

Es de advertir, que el plazo de prescripción de las acciones fluctuará en virtud de que se vulneren principios consumeristas.

Colofón, el contrato de seguros constituye un contrato de consumo que integra las relaciones de consumo, cuando el mismo se celebra a título oneroso, entre un destinatario final o social y una persona jurídica actuando profesionalmente, obligándose los consumidores al pago de una prima, en función del riesgo previsto en la cobertura asegurada.

Si bien nada se expresa sobre la reclamación de daños punitivos, se deberá evaluar la transgresión de los principios tutelados en la LDC, inquiriendo que el asegurable no ha incurrido en ningún supuesto de exclusión de cobertura convencional o legal, equilibrando los derechos y obligaciones de las partes.

En consecuencia, ¿El asegurado es un consumidor? Sin dudas, ¿Y el tercero? También lo es, pero estos legitimados deberán estar siempre inmersos en una relación de consumo, caso contrario quedarán excluidos de tal capacidad".

Por su parte, Sobrino, Waldo A. R. ("La aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor por sobre la Ley de Seguros: una tendencia jurisprudencial que se consolida", RCyS 2011-XII, 79, AR/DOC/5630/2011) concluye sus reflexiones sosteniendo que "VIII.1) En primer lugar, queremos señalar que la Sentencia comentada, realizó un análisis impecable del tema debatido, aplicando derechamente la normativa vigente. VIII.2) En segundo término, vemos que se está consolidando una tendencia Jurisprudencial y doctrinaria, donde -con toda lógica y razonabilidad- se parte que el fundamento básico de toda solución jurídica, es la Constitución Nacional y las normas que de ella se derivan (v.gr. Ley de Defensa del Consumidor en forma preeminente y fundamental -Art. 3º Ley 24.240-).VIII.3) En tercer lugar, como corresponde, en el caso concreto sub examine se aplicó a un consumidor de seguros, en forma preeminente (Art. 3º de la Ley 24.240), la normativa consumerista. VIII.4) También es menester resaltar que queda clara la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en los seguros con la finalidad de defender a la parte más débil. VIII.5) Asimismo, la Sentencia dejó específicamente sentado que la Prescripción para los consumidores de seguros es de tres años. VIII.5) Finalmente, vislumbramos que de a poco, nos vamos acercando a una derivación directa del Art. 42 de la Carta Magna: un "Sistema Legal Autónomo y Autorreferente" de los Consumidores".

Por su parte, Tanzi, Silvia y Papillú, Juan M. ("La aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al contrato de seguro", RCyS 2011-XI , 3, AR/DOC/7637/2010), sostienen que "la responsabilidad civil ha evolucionado de un paradigma de responsabilidad como deuda, al que la concibe como un crédito a la indemnización.

El Derecho de Seguros, y fundamentalmente el seguro de responsabilidad civil, es acorde con esta evolución, ya que si bien este contrato de seguro tiene por fin mantener indemne al asegurado, también es cierto que tiene una finalidad social que es el resguardo de las víctimas.

El Derecho del Consumidor tiene como finalidad la protección de los consumidores o usuarios de bienes y servicios y, entre los casos que comprende encontramos el contrato de seguro de responsabilidad civil en la relación que existe entre la aseguradora y el asegurado. Estos indudablemente se encuentran vinculados a través de una relación de consumo (conf. art. 42 CN y art. 3 de la ley 24.240 conf. ley 26.361)".

Como se infiere de la doctrina antes expuesta por este tribunal coincidente con los autores antes mencionados queda en claro que en derecho corresponde aplicar los principios y normativa de la ley de defensa de los consumidores a los tomadores y beneficiarios de los contratos de seguro. A partir de ello, la carga probatoria de la defensa queda bajo la orbita y es de responsabilidad de las compañías de seguro.

Definido ello, la primera cuestión traída a revisión por la parte apelante es que no se habría acreditado fehacientemente el robo del vehículo. Al respecto se acreditó en autos la realización de la correspondiente denuncia policial en fecha 26 de mayo de 2010 por hurto del automotor del cual resulta damnificado el señor Elías Ramón Herrera que motorizó la acción pública bajo el sumario N° 9628/10 que se tramita por ante el Quinto Juzgado de Instrucción de la provincia.

Una vez realizada la denuncia que se hace bajo apercibimiento del art. 245 del Código Penal (falsa denuncia) es de responsabilidad de la Policía del Estado provincial realizar las investigaciones tendiente a encontrar el automotor esclareciendo el robo o hurto o, en su caso procesar al denunciante por falsa denuncia. En otras palabras, no es de incumbencia del poseedor, mas allá de que pueda realizar investigaciones tendientes a encontrar su automóvil, llevar a cabo dicha investigación.

En función de ello no se le puede endilgar la carencia de prueba de que le fue hurtado o robado el automotor, pues normalmente nadie se prepara para que lo roben. Sería mas dudosa la situación de un sujeto que tiene todo acreditado al momento que lo hurtaron que aquel que solo puede hacer la denuncia. Esta es una presunción hominis que surge de analizar como acontecen normalmente los hechos en la vida cotidiana.

En otras palabras, esta queja no tiene entidad para desmoronar el edificio lógico jurídico construido por la sentencia en sus fundamentos.

En cuanto a la queja, relacionada con la titularidad del automotor para darle legitimidad para reclamar, ello ha sido motivo de fallo en la doctrina de los tribunales y se ha expresado que "la cláusula del contrato de seguro que para el supuesto de pérdida total del vehículo por daño o robo o hurto, condiciona el pago de la prima a la entrega por el asegurado de documentación complementaria que no es posible recabar por un hombre medio y requiere la contratación de un gestor, carece de valor -art.37, ley 24.240- de conformidad con el principio de razonabilidad, pues no se advierte la necesidad de entregar la totalidad de los documentos solicitados antes de que se haya fijado la fecha de pago. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores, 25/10/2011, "Cancio, Carlos Fabián c. Mapfre Argentina Seguros SA s/daños y perjuicios", AR/JUR/76986/2011, LLBA2012 (marzo), 206, RCyS 2012-VI, 241; AR/JUR/76986/2011) Este criterio que compartimos por cuanto quien detenta o tiene la posesión animus domini de un automotor tiene legitimación para reclamar que le sea reparado cuando le es dañado y en el caso, que le sea abonada la suma por la cual aseguró el mismo. En este sentido, el comportamiento de la Compañía de Seguro es de mala fe pues contradice el principio derivado de la buena fe de no volver sobre sus propios actos (venire contra factum proprio non valet) pues contrató el seguro conociendo que no era el propietario y hoy no puede argumentar esa situación para tratar de no abonar el monto por el cual fue asegurado en caso de robo o hurto.

Finalmente, respecto de la privación de uso del vehículo que indica no corresponde su abono porque no forma parte de las cláusulas pactadas en el contrato de seguro que se pide su cumplimiento, cabe consignar que la resolución del presente pleito se hace bajo la normativa contenida en el Código Civil y tiene el reclamo origen contractual, el cumplimiento de un contrato de seguro. En función de ello, se debe tener en cuenta que únicamente son resarcibles las consecuencias inmediatas y necesarias de la falta de cumplimiento, conforme el art. 520. En el caso no se ha demostrado que por parte de la Compañía aseguradora haya un incumplimiento malicioso como está previsto en el art. 521 para imputar el resarcimiento de las consecuencias mediatas, sino que existe un ejercicio regular, normal, del derecho de defensa en función de los antecedentes del caso donde la autoridad policial no ha llegado a dilucidar la autoría del delito denunciado.

En función de ello, si no está previsto en el contrato (la actora reconoce esta circunstancia), es deber de la compañía aseguradora abonar la indemnización prevista porque se ha considerado producido el siniestro asegurado (robo o hurto del automotor) que es la consecuencia inmediata y necesaria del contrato y es una obligación de dar dinero, razón por la cual la sanción que está prevista para el caso de incumplimiento es la de aplicar el interés moratorio establecido en el art. 622 desde la mora en el pago del resarcimiento pactado, que en nuestra jurisdicción debe aplicarse el interés tasa activa por imperio de la doctrina obligatoria del caso "Huaquinchay". Es decir, el abono de la privación del automotor no es una consecuencia inmediata del incumplimiento sino mediata y no está entre las previsiones contractuales por las cuales no debe ser resarcida.

En función de las razones dadas, corresponde hacer lugar a esta queja y declarar parcialmente procedente el recurso. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas en esta instancia por el orden causado.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Hacer lugar parcialmente al recurso impetrado conforme a los considerandos expuestos. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas en esta instancia por el orden causado.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso impetrado conforme a los considerandos expuestos. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas en esta instancia por el orden causado.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S ; T° I-2015; F°118/124; FECHA:8 de julio de 2015 DRES.ALFERILLO-RIVEROS