marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen de visitas entre parientes, abuelos
Materia: CIVIL
Carátula: E.M.R. c/ A. DE E.I.M. s/ REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-12

El derecho de visita que el ordenamiento legal (art. 376 bis del Cód. Civil) concede a los abuelos, configura un verdadero derecho subjetivo, pues constituye una facultad reconocida y amparada para la satisfacción de un interés legítimo, el cual sólo puede ser retaceado por razón fundada en perjuicios a la salud moral o física de los menores interesados. Cuando uno de los sujetos de este derecho de visita es un menor, puede decirse de él que es de la misma naturaleza que el que tienen asignado los padres en el supuesto de desenvolvimiento anormal de las relaciones conyugales y más allá de la visión completa familiar que conviene al menor para su adaptabilidad al medio social, es preciso preservar la consecuencia formativa de su personalidad que se logra más acabadamente cuando tiene relación con aquellos parientes a quien lo unen lazos de afectividad (conf. Molinario "Estudio del art. 376 bis del Código Civil" L.L.1976-D-pág. 851,espec. cap. III, Nro. 15).
Compraventa, contrato de comisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ TOMAS PAULINO c/ BECERRA MANUEL HORACIO s/ ENAJENACION  DE  UN  VEHICULO  PROPIO-  CLAUSULA  POR  CUENTA Y ORDEN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-14

El vendedor demandado enajenó un vehículo de su propiedad, utilizando una cláusula -"por cuenta y orden"- impresa en un contrato-formulario; donde cualquier situación de duda que pudiera derivarse de la misma conlleva a resolver contra el predisponente, es decir a favor de la parte más débil. Pese a la pretensión del accionado, de que se considere ha ejercido un mandato, el contrato ha sido celebrado en interés propio y lo obligaba a cumplir con sus obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 453 del Código de Comercio, en atención a que se trata de una operación sujeta a la legislación mercantil, ávida cuenta al carácter de comerciante del vendedor y al ánimo de lucro del acto celebrado por el mismo. De haber actuado ejerciendo un mandato representativo, debería haberse planteado la expresión "en nombre y representación".

En cambio la empleada "por cuenta y orden" revela existencia de un contrato de comisión, conforme al cual el vendedor igualmente estaba obligado a asumir las consecuencias de sus actos de acuerdo con la normativa del artículo 233 del Código de Comercio.
Cuestiones de competencia, aplicación de la ley, fundamentación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Márquez, Alicia B. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

Para decidir cuál es el juez competente no cabe atenerse a la ley que en definitiva sea aplicable, sino a la que se invoca como fundamento de la acción intentada.
Cuota alimentaria, alimentado de escasos recursos
Materia: CIVIL
Carátula: P.,B.P. c/ C.R.A. s/ Incidente (Excepto los Tipificados Expresamente) - C.C,.Incidente de Aumento de Cuota Alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-19

El quantum de la cuota alimentaria debe considerar el ostensible y público incremento de los salarios y del costo de vida operado durante el tiempo transcurrido desde la fecha de la homologación del acuerdo alimentario, y el correlativo incremento de los gastos destinados a cubrir las necesidades de los hijos menores -art. 267 del Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires- de manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, asistencia, por enfermedad, y de habitación; presumiento que la mayor edad de los hijos implicó un aumento de gastos en rubros tales como esparcimiento, vestimenta, e incluso educación por la mayor independencia que en tal etapa adquieren los mismos.
Homicidio, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIL LUIS ANGEL Y OTROS c/ HECTOR ANIBAL CAMUGLIA Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-08-23

Lo indemnizable en caso de homicidio no es la privación de la vida, sino las disvaliosas consecuencias, patrimoniales o espirituales, que provoca esa desaparición en personas distintas de la víctima inmediata.
Robo calificado, robo con perforación o fractura
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez Armando E. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-26

La circunstancia de que el causante advirtiera un cartel en la puerta que rezaba "Nos hemos ido al campo-Rosa" (fs. 13 vta.) no hace más que confirmar el carácter de habitado de la casa y no borra por supuesto el "plus" de peligrosidad denotado por el desprejuicio, o desenfado del autor, aunque éste se cerciorara, tocando el timbre de que en el domicilio no había nadie, dado que, como extraño que era en el lugar, no podía saber en que momento regresarían los moradores desde el campo, o en cual otro podría hacerse presente la llamada "Rosa" u otra persona, familiar, amigo, proveedor, etc. como es natural que suceda en toda casa destinada a vivienda.-
Liquidación de la sociedad conyugal, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: S. P., N. S. c/ E., A. L. s/ ordinario liquidación sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-24

En materia de costas, la fórmula "por su orden" debe considerarse equivalente a la "costas en el orden causado"; situación que implica que cada parte paga sus gastos y los comunes por mitades.
Regulación de honorarios, recurso de casación, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: Corte Nro. 11/05(bis) Luis Alberto Cannata en autos 150/93 "CHASAMPI, Nora del Valle Cannata de c/ CANNATA, Jorge José s/ Acción de Nulidad" s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-06-16

De acuerdo a los agravios del recurrente en el decisorio objeto de recurso se configurarían las dos causales invocadas como sustento del recurso de casación; la de errónea aplicación e interpretación de la Ley de aranceles, conforme al juego de las disposiciones mencionadas por el recurrente, Arts. 31, 32 y 6, inc. "c", de la Ley Nro. 3956, en orden a las secuelas del juicio, por lo que merecen su consideración por este Tribunal.

Asimismo la arbitrariedad de sentencia por no satisfacer adecuadamente el derecho a la jurisdicción, por la aplicación de las normas citadas en orden a lo reclamado en la demanda, que versa sobre la porción hereditaria de la casante y no sobre la totalidad de los bienes que componen el acervo hereditario.

En conclusión debe declararse formalmente admisible el recurso de casación interpuesto. Del voto de la Dra. Sesto de Leiva -En Disidencia
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Fontora, Miguel y otros s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04

Si por errónea aplicación de la ley ha de entenderse la remisión de un texto legal a un hecho diverso de su hipótesis, no cabe menos que concluir que no es ése el caso de autos si el juzgador dio por probada en el robo la utilización de un arma y calificó a aquél como agravado en los términos del art. 166 inc. 2 del C.P..
Cheque sin fondos, prueba, dolo
Materia: PENAL
Carátula: SPAIZMANN, JORGE ELIAS s/ Cheque sin fondos Causa 29684
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-24

Aunque el informe del Banco niegue la existencia de autorización para girar en descubierto puede resultar que pese a que dicho informe exista, si al controlar los resúmenes de cuenta resulta de ellos, que se han abonado cheques sin tener la correspondiente cobertura. Ello haría concluir que al momento de la entrega del cheque el acusado pudo creer con razonabilidad que los cheques que entregaba, que eran todos por cantidades menores a los descubiertos del Banco, serían abonados en el momento de ser presentados, por lo que la acción carecería en su inicio del dolo requerido por la figura. (Del voto del Dr. Sustaita).
Concursos, efectos de la apertura, actos prohibidos, pronto pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: GAIA  INGENIERIA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE PRONTOPAGO (POR BYL ALBERTO NATALIO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

El artículo 16 de la Ley 24522 (T.O. Ley 26086), siguiendo los términos de la Ley 23472 (LCT: 266) no supedita el pronto pago a la verificación de crédito en el concurso ni a la obtención de sentencia en juicio laboral previo, siendo que el pedido sólo podrá negarse, total o parcialmente por resolución fundada en los siguientes supuestos: "que los créditos no surjan de la documentación legal y contable del empleador, o que los créditos resultaren controvertidos o que existan dudas sobre su origen o legitimidad o sospecha de connivencia dolosa entre el trabajador y el concursado". Es decir que la ley concede este procedimiento sumarísimo a favor de los acreedores laborales, en tanto y en cuanto sean presentados al juez los presupuestos pertinentes que formen convicción en su persona respecto de la pertinencia del reclamo. En este sentido la reforma de la ley recogió el criterio que hubo de sentar la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que "los créditos laborales tienen una tutela especial destinada a que los acreedores no se vean forzados a esperar el trámite completo del concurso para cobrar sus créditos, derecho que tiene su razón de ser en el carácter alimentario de las prestaciones adeudadas" (Heredia, Pablo D. "Tratado Exegético de Derecho Concursal", Editorial Ábaco, Buenos Aires, To. 1., pág. 436). En este contexto, si bien es un procedimiento previsto que atiende, específicamente, a satisfacer el reconocimiento de un crédito obviando cualquier formalismo excesivo, ello no predica per se que el tribunal deba admitir la aplicación del instituto si no existe consenso sobre el aserto de lo pretendido.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Larroude, Héctor Pedro c/ Arena, Carlos Oscar s/ Daños y perjuicios y perjuicios y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-31

El daño estético es una lesión a la integridad del aspecto, a nuestra identidad corpórea, que no ha de confundirse con el menoscabo a la vetustez o belleza de una persona (aunque también lo implica). También sabemos que el daño psicológico es una lesión que se da en la esfera psíquica del sujeto. Y no ignoramos que uno y otro daño son distintos entre sí y a su vez, distintos a la lesión física y a los costos de atención médica y reparación de uno y otro.

Pero a los fines indemnizatorios estos daños no constituyen un tertium genus, que deban indemnizarse en forma autónoma, particularizada e independiente del daño patrimonial y del daño moral.
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, acumulación de penas, unificación de penas, proceso en trámite
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ORTIZ TAIPE, JORGE s/ RECURSO DE CASACION Causa 709
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

Debe incluirse en el cálculo el lapso en que el condenado permaneció en detención o prisión preventiva en las causas sentenciadas (artículo 24 del Código Penal); y el tiempo sufrido a tenor de la prisión cautelar en un proceso que tramita paralelamente sólo puede ingresar en la cuenta si en él hubiese recaído condena y ésta fuese unificable con la causa.
Acción de amparo, depósito a plazo fijo, caja de ahorro
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "SLEIGH  VERITY  ANNA  Y  OTRO c/ PEN LEY 25561 DTO1570/01 214/02 s/ amparo sobre ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

"Respecto de los depósitos a plazo fijo o en caja de ahorro, a la cuestión planteada le es aplicable por analogía la doctrina sentada por este tribunal, en los autos "Pozzi, Carlos Daniel", el 18 de febrero de 2010, por lo cual corresponde remitirse, en mérito a la brevedad, a los fundamentos expuestos en ese decisorio".
Competencia, fuero de atracción, sucesiones, acervo sucesorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FERNANDEZ BELTRAN, Elba Cecilia c/ OCUPANTES GOYA 258 s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-18

Tratándose de medidas cautelares tendientes a resguardar la integridad y conservación de un inmueble que forma parte del acervo hereditario del causante, si bien la acción no se encuentra prevista en el art. 3284 del Código Civil, resulta conveniente que las cuestiones atinentes a los bienes que conforman el haber hereditario se radiquen ante el juez del sucesorio si se pretende asegurar a uno de ellos, en orden a lo establecido en el art. 690 del ordenamiento ritual.-
Concurso preventivo, juez del concurso, actos ineficaces de pleno derecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: Bouzas, Raul Antonio c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-13

En materia de actos que importen exceder las limitaciones impuestas por la inhibición general de bienes realizados durante la etapa de cumplimiento del acuerdo, y sin la correspondiente autorización judicial, no es de aplicación la sanción prevista por la LCQ 17, en tanto reglada únicamente para la hipótesis de violación a las previsiones contenidas en la LCQ 16, que carecen de efectos en ese momento del proceso (LCQ 59, 4° párrafo). Y vinculado a la anterior, en estos casos se presenta como un dato relevante, los medios (técnicos, publicísticos y registrales) que tenían a su alcance los terceros adquirentes de los bienes, de conocer el estado concursal del enajenante y por lo tanto su posible mala fe (cfr. CNCom, Sala C, "Park Sang Yong s/ quiebra", del 2.10.07).
Capacidad procesal, calificación jurídica, competencia, prevención, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M.A. s/ Internación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

Planteado el conflicto de competencia (art. 161, inciso 2, Const. Prov.) entre dos tribunales de familia: aquél ante el cual se inició la causa de acuerdo al lugar de internación originario (art. 482, C.C.) y el que corresponde al lugar de internación actual ( nuevo orden normativo:arts. 35,36 y 42 del Código Civil y Comercial), los estándares que constituyen la regla general de aplicación en los supuestos de internación y de determinación de la capacidad jurídica y la prolongada internación del enfermo sin que el tribunal de familia que previno se excusara o inhibiera sino que prolongó su competencia durante un largo período, ni advertirse la concurrencia de alguna alteración en las condiciones imperantes con entidad suficiente para justificar el traslado de competencia que sorpresivamente pretende, es el competente para continuar entendiendo. En sentido similar se ha expresado la C.S.J. N. en la causa "G., A. S. y otro s/ Insania" (Res. 8 de septiembre de 2015).
Intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gómez, Marta Silvia c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa y de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-07

La "intervención obligada" de terceros en el proceso es siempre adhesiva.
Alimentos, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez,María Elena c/ Sap,Jorge Willen y Otra s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-10-02

La solidaridad de una obligación puede ser constituida por decisión judicial (Art. 700 C.C.). Su carácter solidario no se contrapone con el de subsidiario, ya que el acreedor podrá reclamar el todo(Art.

699 C.C.) al deudor obligado en subsidio, cumplida que sea la condición (Art. 702 C.C.): el incumplimiento del deudor principal.
Acción de amparo, empleados públicos, reincorporación, salarios caídos, suspensión preventiva, sanción arbitraria
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bastianon, Dante José c/ Dirección de Inspección Laboral - Sub Secretaria de Trabajo del Mtrio. del Gob. y Justicia del Estado s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-05-18

El accionante fue suspendido en funciones y haberes, sin que hasta el presente esa suspensión preventiva haya cesado en sus efectos, de lo que resulta que la elongación excesiva de su plazo la ha tornado manifiestamente arbitraria, además de modificar su naturaleza jurídica transformándola en una sanción de hecho y no como resultado legítimo de un debido proceso, ya que dada la naturaleza precautoria la misma debía imponerse por tiempo determinado. Habiendo transcurrido un lapso extremadamente prolongado sin que la administración haya resuelto la situación procesal administrativa del amparista, lo que por supuesto transforma a la permanencia de la suspensión preventiva en un ejercicio abusivo de facultades, corresponde hacer lugar a la acción intentada ordenando el reintegro del amparista a sus funciones. En relación a los haberes caídos, resulta razonable que el plazo máximo de suspensión preventiva no puede exceder los tres meses desde la fecha de iniciación del sumario, por lo que corresponde el reintegro de haberes al amparista a partir de ese momento.
Corte interamericana de derechos humanos, obligatoriedad del precedente, sentencia de la Corte Interamericana, recurso de reposición (procesal), extinción de la acción penal, prescripción
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Derecho, René Jesús c/  s/ Incidente de prescripción de la acción penal -causa n° 24.079-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

Con el objeto de dar estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia "Bueno Alves vs. Argentina", corresponde hacer lugar al recurso de revocatoria, dejar sin efecto el pronunciamiento que confirmó la declaración de extinción de la acción penal por prescripción y sobreseyó parcial y definitivamente en orden al delito previsto por el art. 144 bis del Código Penal y devolver las actuaciones a la instancia anterior para que, por quien corresponda, se cumplimenten las pautas fijadas en dicho fallo.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-07


ALESSIO, Atilio Juan Reg.: A y S t 214 p 1.

Santa Fe, 7 de junio del año 2.006.

VISTOS: los autos "ALESSIO, Atilio Juan -Recurso Directo- sobre COMPETENCIA" (Expte.

C.S.J. nro. 93, año 2006), para resolver la contienda de competencia suscitada; y, CONSIDERANDO: 1. Atilio Juan Alessio, con patrocinio letrado, recurrió, por ante el Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la localidad de Sastre, la decisión del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de San Jorge que lo condenaba al pago de una multa y ordenaba el pase de los antecedentes al Registro de Reincidencias.

El titular de ese Órgano jurisdiccional se declaró incompetente por cuanto sostuvo que, de conformidad al artículo 123 -inciso 1 - de la ley 10160 y Acordada de esta Corte del 13.05.87, tiene jurisdicción sobre el Distrito San Jorge el Juez Comunal de Carlos Pellegrini.

Previa intervención de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, la causa fue remitida al Juzgado Comunal de Carlos Pellegrini, quien tampoco aceptó la radicación de la causa por ante dichos estrados con fundamento en la Acordada de este Alto Tribunal del 12.12.84 que adjudicó al Juzgado de Paz Departamental y de Faltas de Sastre competencia territorial en la ciudad de San Jorge.

Apelada esa resolución, los autos arribaron al Juzgado de Primera Instancia de Circuito de El Trébol, cuyo titular dispuso que por haberse trabado un conflicto negativo de competencia entre el remitente y el Juzgado de Circuito con asiento en Sastre, la causa debía ser elevada a la Corte Suprema, extremo que posteriormente se efectivizó.

2. No se halla habilitada la competencia que atribuye a este Tribunal el inciso 5to.

del artículo 93 de la Constitución provincial.

En efecto, no corresponde a este Cuerpo resolver el conflicto negativo de competencia suscitado en el sub lite toda vez que, de la compulsa de estos actuados, se desprende que los Órganos jurisdiccionales contendientes poseen como superior común la Cámara de Apelación en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial (art. 6, ley 10160 -t.o. Decto. 0046/98-) , a quien se remitirán los autos a los fines correspondientes.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Así declararlo y ordenar la remisión de los autos de conformidad a lo expuesto en los Considerandos que anteceden.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)
Mediación, mediación obligatoria, prescripción adquisitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MAZZITELLI, Ilda Beatriz c/ COLANGELO DE GALLINOTI, María Luisa y otros s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-18

En tanto el juicio de prescripción adquisitiva no está excluido del trámite de mediación previa obligatoria prevista en el art. 11 de la ley 24573, la imposibilidad fáctica de notificar previamente a los múltiples co-titulares de dominio no obsta a la procedencia del trámite aludido (conf. decreto 91/98, arts. 11 y 14). Máxime cuando no hay obstáculo legal alguno para que la parte ocurra al juez en auxilio de las medidas conducentes para ubicar el domicilio de los requeridos.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cavanna, Marcelo c/ Passanitti, Saverio y otro s/ Liquidación sociedad de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Cuando se demanda el cumplimiento de un convenio de disolución de una sociedad de hecho, el valor del litigio es determinado o determinable: su monto está dado -al menos- por la suma que corresponde al socio que reclama dicho cumplimiento o por la que los demandados le atribuyen, en ambos supuestos, actualizadas a la época de interposición del recurso.
Competencia por la materia, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: SOTO ACEBAL, MARTIN s/ Contrabando Causa 29736
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Una vez abierto el juicio plenario la competencia por razón de la materia sólo puede determinarse en base a la calificación legal invocada por la acusación.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, procedencia del recurso, avocación jurisdiccional
Materia: PENAL
Carátula: CAVANA, Nancy Evangelina c/ CAVANA, César Ubaldo s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-22

Así, la ley ritual establece que, una vez admitido (en sus requisitos formales) el requerimiento de juicio formulado por el Fiscal Correccional, el Juez se avocará (lo que sólo implica que asume su competencia), notificara a las partes a los fines de ejercer la actoría civil y/o querella conjunta y de ello correrá traslado al imputado para que articule excepciones, se oponga a la querella o pida el sobreseimiento (sólo por los incs. 1º y 3º del art. 326 CPP).

De manera tal que si se interpretara el avocamiento del Juez como una valoración de su parte sobre la tipicidad -a más del prejuzgamiento- no tendría sentido lo normado por el art. 359 del CPP.-
Instrucción, jueces, facultades del juez, citación de testigos
Materia: PENAL
Carátula: CAUSA 3394 s/ Incidente de nulidad Causa Nro. 36965.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-14

Debe ser confirmada la resolución que no hizo lugar a la nulidad planteada respecto del auto que dispone la citación de testigos por considerar el apelante que estos fueron convocados para declarar sobre cuestiones ajenas a lo que dio lugar el requerimiento de instrucción, pues el Juez encargado de la instrucción goza de atribuciones relativamente discrecionales en la decisión de las diligencias a practicar (Cf. Art. 199 C.P.P.).