Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-07


SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA Y CINCO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los siete días del mes de noviembre de dos mil doce, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 70/12, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en contra del Auto Interlocutorio Nº 23/12 (Gordillo, Ronald Raúl - robo calificado, etc.", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿La resolución impugnada se encuentra fundada en una interpretación errónea del art. 76 bis del Código Penal? 2º) ¿La resolución apelada se basa en una apreciación errónea de la prueba? 3º) Qué resolución corresponde dictar? El recurso es formalmente admisible por haber sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y contra sentencia equiparable a definitiva en tanto la cuestión no es susceptible de ser revisada eficazmente en oportunidad posterior.

De acuerdo con el sorteo realizado a fs. 16, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 23, dictado el 28/05/2012, la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba formulado por quien ejerce la defensa técnica de la persona imputada en las actuaciones principales.

II. Contra esa decisión, es interpuesto este recurso de casación, por inobservancia o errónea aplicación del art. 76 bis del Código Penal (art. 454 inc. 1º del Código de Procedimientos Penales), y por inobservancia y errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria (art. 454 inc. 2º del Código de Procedimientos Penales), con argumentos que trataré conjuntamente para evitar repeticiones innecesarias.

Quien recurre dice que el rechazo al pedido de suspensión del juicio a prueba fue fundado en la calificación legal del hecho de la causa (robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido ser determinada); con lo que el Tribunal a quo realizó una distinción que el art. 76 bis del Código Penal no realiza, en tanto el texto de dicha norma, su interpretación sistemática y el fallo de la Corte Suprema en el precedente "Acosta", no permiten inferir ninguna excepción a la aplicación del Instituto vinculada con los delitos contra la propiedad.

Sostiene que la decisión es arbitraria debido a que se funda en la oposición fiscal, la que se encuentra basada en afirmaciones abstractas y sin sentido con relación a los bienes lesionados, y en la supuesta proliferación de hechos como los de la causa, sin referirse en debida forma al caso concreto.

Manifiesta que el imputado carece de antecedentes penales y tiene un excelente informe socio ambiental pero que el Tribunal no tuvo en cuenta esas circunstancias las que tornan procedente la aplicación del mínimo de tres años de prisión de la escala penal prevista para el delito imputado y, por ende, una pena en suspenso y la suspensión del juicio a prueba.

Alega que, en esos términos, lo resuelto afecta el principio de jerarquía constitucional de legalidad (arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional); de mínima suficiencia (arts. 1 y 72 inc. 22 de la Constitución Nacional en función de los arts. 5º, puntos 6º y 9º, de la Convención Americana de Derechos Humanos y 6º y 15º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos); de subsidiariedad, según el cual, el Derecho Penal debe constituir una última ratio por lo que el Estado debe agotar los medios menos lesivos antes de acudir a él; y de máxima taxatividad interpretativa, que exige estarse a las formas más limitativas de la criminalización.

Cita doctrina y jurisprudencia; y pide al Tribunal que case la resolución para que sea dictada otra que, conforme a Derecho, conceda la suspensión del juicio a prueba.

III) Después de estudiar el planteo recursivo y los fundamentos de la decisión impugnada concluyo que los agravios expuestos carecen de fundamento suficiente.

Como dice quien recurre, en principio, los extremos invocados en el recurso (falta de antecedentes penales y excelente informe socio ambiental) justifican augurar la aplicación de una pena de prisión más cercana al mínimo que al máximo de la escala penal prevista por la ley para el delito imputado en el caso y, con arreglo a ese monto punitivo, cabe admitir la posibilidad de una condena en suspenso.

No obstante, cierto es también que, con arreglo a lo dispuesto en la norma de aplicación (art. 76 bis inc. 4º del Código Penal), el juicio a prueba sólo podrá suspenderse si el Representante del Ministerio Público Fiscal presta su consentimiento. Claro que, en caso de oposición, ésta sólo es vinculante si se encuentra debidamente fundada y el Juez a quo así lo admitió en la resolución impugnada; por lo que, aunque sin un tratamiento exhaustivo, con la invocación del dictamen fiscal como razón esencial de su decisión, el Juez a quo expresó su juicio positivo sobre la calidad de los motivos expuestos por el fiscal consultado.

Ahora bien, en el control a cargo de esta Corte, sólo me referiré a esos motivos; y, en el afán de ser breve, únicamente a los que bastan para otorgarle el sustento válido y suficiente a la decisión cuestionada; cuyo desacierto, no fue demostrado. Ellos son los referidos al interés manifestado por el Ministerio Público Fiscal en el juzgamiento y en la punición del delito de la causa, por tratarse supuestamente de un robo perpetrado con el uso de un arma de fuego (cuya aptitud no fue comprobada), debido a que la proliferación de ese tipo de delincuencia requiere una respuesta estatal que la desaliente, por entender el fiscal consultado que ese objetivo no puede ser satisfecho apropiadamente con la suspensión del juicio a prueba. La objeción fiscal radica en la gravedad del hecho de la causa derivada del empleo en la ocasión de un arma de fuego; en el entendimiento que esa circunstancia (uso de arma de fuego) fue determinante del aumento de las penas dispuesto en la conocida como Ley Blumberg para reforzar la finalidad disuasiva de las sanciones amenazadas para ese tipo de delincuencia.

En los términos reseñados, dada la vinculación del instituto de la suspensión del juicio a prueba con el principio procesal de oportunidad, estimo que la referida opinión fiscal expresa un criterio aceptable de política criminal para mantener la persecución penal de la que es indiscutible titular; y que, con su mero disenso, quien recurre no demuestra lo contrario. Así lo considero puesto que, ciertamente, el agravamiento previsto para los delitos cometidos con armas de fuego constituye un dato objetivo que justifica afirmar el mayor contenido de injusto asignado por la mencionada ley a la comisión de delitos como el atribuido al imputado Gordillo. Como también debido a que ese incremento punitivo expresa el interés estatal en la efectiva punición de esa clase de delitos con lo que demuestra la necesidad de mantener la persecución penal hasta el dictado de la sentencia; por cuanto sería un contrasentido, por una parte aumentar las penas y su supuesto poder disuasivo, y por otra, desistir de ese propósito de prevención especial y general de la pena, renunciado a la eventual condena y a su efectiva aplicación con la suspensión del juicio a prueba.

De tal modo, estimo que la oposición fiscal se encuentra precedida de la apreciación razonable de parámetros de pareja utilidad que los propuestos por la defensa para la solución de la cuestión planteada, frente a los cuales éstos deberán ceder debido a que resultan insuficientes en el caso para descalificar el criterio fiscal expuesto. Por ende, considero que la solicitud para la suspensión del juicio a prueba fue negada con fundamentos apropiados debido a que el interés en dedicar los recursos del Estado al esclarecimiento y eventual condena del hecho de la causa se encuentra suficientemente justificado en el caso; y que, por ello, la decisión en ese sentido implica una interpretación aceptable del precepto aplicable (art. 76 bis. 4º párrafo del Código Penal).

Opino también que en tanto la decisión impugnada no se vincula con la tesis amplia o restringida de interpretación que cabe adoptar del art. 76 bis del Código Penal, y dado que no relaciona adecuadamente las razones que sustentan lo decidido con los principios constitucionales que invoca como inherentes a la tesis procedente, quien recurre no justifica el tratamiento que propone sobre ese tema.

Tampoco conecta suficientemente los fundamentos de la resolución apelada con la interpretación que del Instituto de la suspensión del juicio a prueba realizó la Corte Suprema en el fallo "Acosta", con lo que no demuestra la contradicción de la decisión que lo agravia con esa interpretación meramente aludida.

Además, el acuerdo prestado por la víctima no debía necesariamente integrar el análisis sobre la procedencia del Instituto debido a que -como el casante reconoce en su presentación- el consentimiento prestado por la víctima o por el damnificado no condiciona en modo alguno al Tribunal; por lo que el agravio sobre el punto carece de fundamento suficiente.

Por las razones dadas, en tanto la resolución revisada no presenta los vicios denunciados en el recurso, mi respuesta a la primera y a la segunda cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, y voto, como consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Por como quedaron resueltas las cuestiones precedentes, mi respuesta a la última cuestión planteada es que el recurso debe ser rechazado y la mencionada resolución confirmada en los siguientes términos: 1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/11 por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en favor del imputado Ronald Raúl Gordillo; 2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto; 3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.); 4º) Tener presente la reserva efectuada del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El Sr. Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el Dr. Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/11 por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en favor del imputado Ronald Raúl Gordillo.

II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

IV) Tener presente la reserva efectuada del caso federal.

V) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.