Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-19


SENTENCIA NUMERO: DIECINUEVE En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y el Dr. Enrique Ernesto Lilljedahl -subrogante-, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 97/09, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por Dr. Francisco Carlos Allocco c/ Auto Interlocutorio Nº 80/09 en Expte. "R" Nº 55/09", contra el Auto Interlocutorio Nº 80/09, dictado con fecha quince de octubre de dos mil nueve por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿ Es admisible el recurso interpuesto a fs. 01/13 vta. por el Dr. Francisco Carlos Allocco? ¿Es nula la resolución impugnada en cuanto confirma la prisión preventiva de los imputados? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 42, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, el Dr. Enrique Ernesto Lilljedahl.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. El recurso de casación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio Nº 80/09, dictado en Expte. Nº 55/09, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P..- II. Por Auto Interlocutorio Nº 80/09, del 15/10/09, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, en lo que aquí concierne, resolvió: "1º) NO HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Técnica de los imputados NERIO ORLANDO RAMOS (D.N.I. Nº 29.902.797) y MARCOS SALVA (D.N.I. Nº 32.414.323), confirmando en consecuencia el Auto Interlocutorio Nº 39/09 del Juzgado de Control de Garantías de la Tercera Circunscripción Judicial de Belén en todo lo que fuera materia de agravios...".

III. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Francisco Carlos Allocco, en su calidad de asistente técnico de los imputados, Nerio Orlando Ramos y Marcos Salva, e interpone recurso de casación invocando el motivo formal previsto en el art. 454, inciso 4º, del C.P.P..- III. a. Luego de fundar la impugnabilidad objetiva y subjetiva de su pretensión, el recurrente denuncia falsa motivación, desconocimiento evidente del derecho procesal penal, absurdidad y arbitrariedad en la motivación. Asevera, que se ha prescindido de constancias de la causa y que se afirman como hechos ciertos aspectos de la misma que es contrario a lo afirmado, generando una evidente mendacidad en el fallo. Sostiene que la sentencia dictada por el Juez de Control de Garantías, se basó en una presunción trazada a partir del monto abstracto de la pena asignada al delito imputado. A continuación, cuestiona cada uno de los votos emisores del resolutorio que ataca. Así, refiriéndose al camarista emisor del primer voto, cuestiona que éste haya puesto de resalto que "no se criticó el mérito positivo de probabilidad". En tal sentido, el recurrente sostiene que dedicó buena parte de sus agravios al análisis que intenta desconocerse.

Del mismo modo, cuestiona que el magistrado haya justificado la cautelar basándose en "la sanción de nulidad prevista para cuando debiéndose disponer la prisión preventiva la misma no se dicta". Con este criterio, asevera que nunca sería conveniente otorgar la libertad, y para asegurarse convendría siempre mantener la prisión preventiva. Refiere que el voto en crisis habla de indicios de peligrosidad, pero contrariamente de las constancias de la causa emergen indicios que apuntan a un arraigo familiar, laboral, personal, social, que descartan cualquier duda sobre la más mínima posibilidad de fuga o cualquier conducta que haga presumir que puedan los encartados ni siquiera intentar eludir la justicia, a la que se sometieron en todo momento en forma absolutamente voluntaria -enfatiza-. Asimismo, sostiene que el juez efectúa una errónea apreciación del derecho, en su análisis del art. 292 del C.P.P., al concluir que sus asistidos no son merecedores de la libertad, cuando de las constancias de la causa no se advierte peligro de fuga. Asevera, que el magistrado optó por la salida más fácil, mantener la privación de la libertad, cuando se podría haber solucionado la cuestión con una medida menos gravosa, como así, que yerra al asegurar que no se discutió la cuestión fáctica. Al respecto señala que en la expresión de agravios se ataca de modo expreso la fragilidad de la acusación, el carácter contradictorio de los fundamentos utilizados por el fiscal y luego confirmados por la sentencia de grado. Sostiene que existen pruebas encontradas y equívocas, afirmando que se menciona manchas de semen que están en las prendas íntimas de quien no participa en el hecho (Anselmo Salva). A su entender, existe nulidad en los considerandos por falsa motivación. Advierte que no se ha fundado cuáles son las circunstancias demostrativas de peligrosidad, y cuando lo intenta hacer, lo hace incorrectamente.

Luego, dirige sus críticas al camarista que emitió su voto en segundo término. Cuestiona que allí, también, se presume exclusivamente la peligrosidad punitiva del delito. Destaca que esto se ha discutido en la expresión de agravios, apoyándose la defensa en la extensa orientación del pensamiento jurídico moderno al que apunta la doctrina y jurisprudencia -enfatiza-. Por último, alude al magistrado emisor del tercer voto, al considerar que confunde gravedad de la pena, con presunción de peligrosidad, en lugar de atender a las especiales circunstancias del caso, y corroborar si constan en autos datos que indiquen arraigo familiar, social y laboral que alejen toda sospecha de peligro para el desarrollo de la causa, tal como ocurre en el caso bajo examen. Interpreta que el argumento "si se ausenta" el o los imputados "se suspenderá el juicio", es poco serio; que con ese criterio y con ese fundamento, nunca sería aconsejable conceder la libertad provisoria del imputado.

Funda su escrito recursivo aludiendo que la sentencia es nula por violar el derecho de defensa y las normas del debido proceso legal, al aplicar erróneamente normas del proceso penal violentando la intervención del imputado en el proceso, causando gravamen irreparable (arts. 187 segunda parte en función del arts. 186 inc. 3º y art. 454 inc. 4º del C.P.P, art. 18 C.N.).

Afirma que las condiciones impuestas por el art. 292 del C..P.P., llevan a efectuar una interpretación elástica, de modo tal que, en cada caso traído a juzgamiento, pueda darse: 1) El promedio de la pena es una condición objetiva, mientras que, 2) la ponderación que pueda corresponder condena de ejecución condicional es una condición subjetiva, razón por la cual, primero ha de superarse la primera para recién ingresar a tratar la segunda. Y es allí en donde tanto el Juez de Control de Garantías como los camaristas se equivocan. En efecto, asevera que los magistrados analizaron únicamente las condiciones objetivas de ponderación de la pena, su quantum, lo cual se erigiría en un vallado imposible de superar. Y de allí, presumen la posibilidad de fuga. Interpreta que era en el análisis de las condiciones subjetivas en donde se podía inferir aquel peligro de fuga, conforme lo señalado en el último párrafo del citado artículo. Entiende que a partir de allí, se debe analizar si el mínimo de la pena establecida para los delitos asignados permitía la imposición de otras medidas más eficaces. Argumenta que es obligación del magistrado fundamentar en forma racional el "peligro procesal" o el entorpecimiento del accionar de la justicia en el caso concreto. A continuación, cita doctrina y jurisprudencia. Concretamente cuestiona que, de la resolución impugnada se desprende que los magistrados omitieron expresar por qué motivos consideraron que los imputados "tornarían ilusorios" los fines del proceso. Cuestiona que los argumentos utilizados tienen como único sustento la calificación de los hechos atribuidos, al sostener que su penalidad torna imposible que transiten en libertad durante el proceso. En tal sentido, asevera que sólo valoraron que el delito imputado, simplemente por la entidad punitiva, ya era suficiente para determinar su inexcarcelabilidad, en atención a las reglas objetivas de aplicación al caso. Resalta que, el deber de comprobar la existencia del peligro en el caso concreto exige que el juicio acerca de la presencia de ese peligro esté a cargo exclusivamente del tribunal. Ese juicio requiere de la comprobación efectiva de las circunstancias concretas, objetivas y ciertas, en un caso particular y respecto de un imputado determinado, que indiquen la existencia probable del peligro procesal, si se han acreditado los motivos justificantes para la procedencia de la medida cautelar dispuesta.

Culmina, solicitando la nulidad del Auto Interlocutorio que ataca; formula expresa reserva del Caso Federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3ro., inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- IV. Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de esta Corte en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 1/13 vta. por la defensa de los imputados Nerio Orlando Ramos y Marcos Salva, contra la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, que confirmó la decisión dictada por el Juez de Control de Garantías en virtud de la cual dispuso la prisión preventiva de los acusados de mención.

Antes de ingresar al tratamiento de los agravios impetrados por el recurrente, cabe aclarar que si bien la resolución que se recurre (Auto Interlocutorio que confirma la prisión preventiva dictada por el Juez de Control de Garantías), en principio, no encuadraría en las nombradas como recurribles en casación por el art. 455 de la ley de forma, en razón de que el ordenamiento procesal establece una limitación objetiva que, en lo sustancial, exige que, por vía de principio, se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva o equivalente, al menos, en este estadio procesal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la decisión de restringir la libertad del imputado antes del pronunciamiento final de la causa es equiparable a sentencia definitiva, en razón de que podría ocasionar un perjuicio imposible de reparar (Fallos 307:359; 310:1835; 311:358; 314:791, entre otros). De esta manera, si bien la decisión no puede considerarse definitiva, por los intereses en juego, debe ser equiparada a definitiva, pues el auto impugnado confirma la restricción a la libertad de los imputados con anterioridad al fallo final, ocasionando un perjuicio de imposible reparación ulterior, dada la jerarquía constitucional de la libertad personal de quien cuenta con la presunción de inocencia.

Formulada la precedente introducción, debo decir que, del escrito recursivo se advierte que los planteos introducidos por el recurrente están enderezados a manifestar su disenso con los argumentos que sustentaron el pronunciamiento que se ataca.

Destáquese, que tal discrepancia, en modo alguno, acarrea por sí, vicio de arbitrariedad, falsedad en la fundamentación o lesión constitucional -como arguye la defensa-, máxime cuando se observa que el fallo puesto en crisis contiene la debida fundamentación.

Como bien lo señala la resolución atacada, la defensa ha omitido cuestionar el mérito de probabilidad requerido para el dictado de la cautelar privativa de libertad, y aunque a través de esta vía intenta rebatir tal circunstancia, del único argumento vertido al respecto, no se advierte que logre conmover dicho juicio de probabilidad. Razón por la cual, la discusión sólo radica en analizar si efectivamente los camaristas han decidido, argumentando que existen riesgos procesales, basándose únicamente en la calificación legal atribuida por el delito reprochado, esto es, abuso sexual con acceso carnal agravado (art. 119 tercer párrafo en función del art. 119 cuarto párrafo inc. "d" del C.P.).

En consonancia con lo expresado en nuestra Constitución Nacional y en los pactos internacionales con idéntica jerarquía, toda persona sometida a proceso por un delito debe ser tenida por inocente hasta que se demuestre lo contrario, la peligrosidad procesal constituye la razón fundamental por la que puede ordenarse la prisión preventiva. Por ella, debe entenderse el riesgo que la libertad del imputado puede entrañar para los fines del proceso seguido en su contra, esto es, su posible afectación de los objetivos de descubrimiento de la verdad real -interponiendo obstáculos para su logro-, y de actuación de la ley penal sustantiva -impidiendo el normal desarrollo del juicio o el cumplimiento de la pena eventualmente impuesta, al sustraerse de la autoridad- (Cafferata Nores, José I. y Tarditti, Aída, "Código procesal penal de la provincia de córdoba comentado", t. 1, p. 649).

En el supuesto de encarcelamiento preventivo del art. 292 inc. 1° del C.P.P., el legislador ha presumido iuris tantum la concurrencia de estos riesgos, cuando prima facie mediare un pronóstico de pena privativa de la libertad, de cumplimiento efectivo, por el delito que se le sigue en el proceso. De tal modo, la ley local -idéntica a la vigente en el orden federal (arts. 1º y 312 del C.P.P.N.) y a las de la mayoría de la Provincias (concordancias citadas por Levenne en "Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984)", 2ª edición, Depalma, p. 268)-, consagra una presunción del legislador que el peligro para los fines del proceso existe toda vez que la amenaza penal exceda de cierto límite (Cafferata Nores, José I., "Introducción al nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Ley n° 8123", Lerner, 1992, p. 52).

No obstante ello, la presunción de peligrosidad procesal, no se infiere indefectiblemente del pronóstico de pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo al que se refiere el art. 292 inc. 1° del C.P.P., sino que, admite prueba en contrario. Es decir, pueden concurrir circunstancias específicas que enerven esa sospecha, demostrando que en el caso concreto, la peligrosidad procesal no se deriva de la amenaza de condena a pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo. Ello sucede, cuando se presentan condiciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un delito, que por sí resulten suficientes para desactivar la presunción legal.

En el sub examine, el hecho que se le atribuye a los imputados Ramos y Salva es Abuso Sexual con Acceso Carnal Calificado, cuya escala penal tiene un mínimo de 8 años de prisión y, prima facie, en caso de condena, el pronóstico es de pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo, por lo que, se presume el riesgo procesal.

Conforme al concepto que se viene desarrollando, si bien dicha presunción de peligrosidad admite prueba en contrario que autorice a desactivar la presunción legal, ello no se advierte en el caso de los encartados, pues es posible inferir que podrán impedir el normal desarrollo del juicio atento que no ha concluido la investigación, o que intentarán sustraerse de la autoridad.

En efecto, ambos imputados, al ser sorprendidos por la policía intentaron darse a la fuga hasta que lograron ser reducidos por personal policial (testimonio de fs. 40/41). Tampoco se advierte de las constancias de autos el arraigo al cual hace hincapié insistentemente la defensa. Destáquese, que ambos imputados son solteros, sin profesión, carecen de bienes propios -conforme lo acreditado- de oficio albañil, que uno de ellos (Ramos) hace cinco años que reside en el Departamento Antofagasta de la Sierra, ya que anteriormente lo hacía en la Localidad de Antofalla -Departamento Antofagasta de la Sierra, Provincia de Catamarca-, y que el otro acusado, Salva, si bien ha fijado su domicilio real en la localidad de "Los Nacimientos" - Departamento Antofagasta de la Sierra-, aclaró que transitoriamente vivía en Barrio "San Juan" s/n en Villa de Antofagasta de la Sierra, desde hace cuatro meses por razones laborales. Sumado a ello, también quedan desvirtuadas las apreciaciones formuladas por la defensa, en cuanto afirma que los imputados se sometieron a la justicia, en todo momento en forma absolutamente voluntaria, ya que se ha acreditado que los mismos han sido privados de su libertad a partir de la fecha del hecho, lo que no puede significar mas que la sujeción compulsiva al proceso. Lo expresado, deja sin sustento los fundamentos brindados por el recurrente, no lográndose, por tanto, revertir la sospecha de peligrosidad procesal instaurada.

Consecuentemente, estimo que debe mantenerse la prisión preventiva convalidada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, en tanto que dicha medida satisface los requerimientos normativos que apuntalan la validez del encierro cautelar en el sub examine.

Por último, siguiendo el criterio fijado por esta Corte en S. nº 8, del 23/04/09, y teniendo en cuenta la proximidad del término para que concluya la investigación penal preparatoria, con la consecuente elevación de la causa a juicio, considero que resulta impostergable tomar los recaudos indispensables, a fin de evitar más dilaciones en los autos principales.

Es que, subordinar el avance de la causa principal a la resolución definitiva de la cuestión incidental -que, por serlo, no refiere al fondo del asunto- llevaría a demoras innecesarias que afectarían el derecho de los propios imputados a una justicia rápida y eficaz. Por ello, considero que ante próximos eventuales planteos recursivos, a fin de asegurar el equilibrio de los intereses en juego y de garantizar la efectiva vigencia de los derechos de las partes, la que no sería íntegramente satisfecha si se paraliza la causa principal, entiendo que la misma deberá continuar su trámite por cuerda separada, debiéndose únicamente, en caso de existir, remitirse a esta Corte, la vía incidental. La medida resulta procedente, habida cuenta que el propósito de la formación de incidentes es no paralizar o suspender el proceso principal, el que debe proseguir mientras tramite la cuestión incidental en resguardo principalmente del derecho de los imputados de que la causa se resuelva lo más pronto posible.

Asimismo, estimo oportuno resaltar que, aunque las actuaciones no demuestran falta de diligencia por parte de las autoridades judiciales intervinientes, en atención a la indudablemente grave restricción impuesta a los imputados, se impone recomendar a las mismas, la prioridad en el tránsito por la etapa de la investigación penal preparatoria para posterior decisión definitiva en la causa.

Voto, pues, negativamente a la presente cuestión.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, el Dr. Lilljedahl dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/13 vta., por el Dr. Francisco Carlos Allocco, en su carácter de asistente técnico de los imputados Nerio Orlando Ramos y Marcos Salva. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Ordenar que, ante próximos eventuales planteos recursivos, los mismos tramiten por cuerda separada, continuando con su curso el expediente principal. IV) Ordenar la inmediata remisión de las presentes actuaciones -previa extracción de copia certificada de la misma- y del expediente principal, a la Fiscalía de Instrucción de la Tercera Circunscripción Judicial, Belén, Catamarca, a fin de que, sin demoras, se concluya la investigación y se dicte resolución definitiva de la causa. V) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). VI) Téngase presente la reserva del caso federal y la de los recursos contenidos en el Art. 2º, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Lilljedahl dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/13 vta., por el Dr. Francisco Carlos Allocco, en su carácter de asistente técnico de los imputados Nerio Orlando Ramos y Marcos Salva.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Ordenar que, ante próximos eventuales planteos recursivos, los mismos se tramiten por cuerda separada, continuando con su curso el expediente principal.

4º) Ordenar la inmediata remisión de las presentes actuaciones -previa extracción de copia certificada de la misma- y del expediente principal a la Fiscalía de Instrucción de la Tercera circunscripción Judicial, Belén, Catamarca, a fin de que, sin demoras, se concluya la investigación y se dicte resolución definitiva de la causa.

5º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

6º) Téngase presente la reserva del caso federal y la de los recursos contenidos en el Art. 2º, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.- 7º) Protocolícese y hágase saber.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Enrique Ernesto Lilljedahl -subrogante- ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.