Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-23


Causa Nº 11398-00-CC/2006 "ROUSSEAU, Hugo Adrián y SCHLENKER, Alan s/ Inf. Art. 98 (Ley 1472) -Apelacion-". SALA II En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril de 2007, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, y Marcela De Langhe, para resolver estos actuados.

Y VISTOS:

Llega esta causa a conocimiento de la Sala en virtud de la apelación deducida por el Sr. Defensor, Santiago E. Vinzia (fs. 261/264) contra la sentencia dictada por el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 18 que resolvió condenar a Alan Schlenker a la pena de cuatro (4) días de arresto en suspenso, accesorias de prohibición de concurrencia e instrucciones especiales, más el pago de las costas procesales, por encontrarlo coautor materialmente responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 98 del CC -Ley 1472-, consistente en provocar a la parcialidad contraria (ver fs. 238/245, 246/247, 249/259).

Concedido por el a quo el remedio intentado mediante decisorio de fs. 265, fueron colocados los autos en Secretaría por cinco días, a los fines del art. 51 de la LPC, presentándose el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 269/271, solicitando, por los motivos allí desarrollados, se rechaze el recurso interpuesto. Por su parte, la asistencia técnica del imputado mantiene agravios y mejora fundamentos mediante el escrito que obra a fs. 277/279.

Finalmente, habiéndose cumplido con los pasos procesales de rigor, el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.

Y CONSIDERANDO:

Primero (Admisibilidad): El examen de admisibilidad encaminado a determinar la existencia de los recaudos de procedencia de la vía intentada ha sido superado, al ser articulada por quien tiene derecho a hacerlo, en tiempo oportuno, por escrito fundado ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución y contra una sentencia definitiva, por lo que resulta admisible a la luz del art. 50 de la Ley 12, con los alcances y limitaciones que ya hemos señalado en anteriores y reiterados pronunciamientos (Causa nº 043-00-CC/04 "Terrazas Gutiérrez, Sonia s/ art. 41 CC -Apelación-", rta. 23/04/04, entre otras).

Así, habiéndose alegado arbitrariedad como causa determinante de los agravios que invoca, los señalamientos introducidos por el letrado defensor deberán ser confrontados con el fallo recurrido a fin de determinar si éste responde a la exigencia de nuesta Corte Suprema de Justicia de la Nación de que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos 284:119, 311:948 y 311:1488).

Tales extremos imponen a esta Alzada el examen de los fundamentos esgrimidos por el Sr. Juez de grado para arribar a la decisión cuestionada, en el marco de la razonabilidad en la valoración de la prueba y la interpretación del derecho, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y de la motivación del veredicto.

Recordemos que el Tribunal Superior de Justicia al referirse a este tipo de pronunciamientos ha dicho que: "...tiene la obligación de explicar razonablemente -sana crítica racional- tanto la plataforma fáctica sobre la cual se asienta la decisión (conducta concreta que estima existente) como la premisa jurídica que compone la solución..." (Expte. 358/00 "Iwan, Felix Jonás s/ art. 72 C.C. s/ recurso de inconstitucionalidad", rta. el 09-08-00, voto del Julio B.J. Maier).- Por su parte, la Cámara Nacional de Casación Penal en oportunidad de expedirse sobre el particular sostuvo que: "La exigencia de motivar las sentencias se cumple cuando se expresan las cuestiones de hecho y de derecho que conducen a concluir en un caso concreto de un determinado modo, constituyendo un principio que hace al sistema republicano y que se trasunta en que los justiciables, al ser absueltos o condenados, puedan comprender claramente por qué lo han sido..." (CNCP, Sala III, 2001/10/15, causa caratulada "Crescenti, Ernesto J.V.").

Causa Nº 11398-00-CC/2006. SALA II Segundo (Agravios): El apelante encausa su recurso invocando la violación de principios, derechos y garantías de raigambre constitucional, refiriéndose concretamente a los de presunción de inocencia y defensa en juicio, articulando su procedencia en base a lo estatuido en el art. 50 de la Ley 12, además del art. 4 del CC, de los arts. 10 y 13 inc. 3 de la Constitución local, y de los arts. 18 y 19 de la Carta Magna Nacional.

Alega, en primer lugar, que la sentencia cuestionada incurrió en una extensión indebida del tipo contravencional, al ser la conducta descripta en la norma, clara, tajante y taxativa en cuanto a los medios a emplear en la provocación: "lleva o exhibe banderas, trofeos o símbolos de divisas distintas de la propia y las utiliza para provocar a la parcialidad contraria...". Agregó que, si otra hubiese sido la intención del legislador así lo hubiese expresado, utilizando, por ejemplo, la fórmula "cualquier otro medio o modo", lo cual sí autorizaría a una interpretación amplia por parte del juzgador (ver fs. 261vta.).

A su entender, esa ampliación del tipo efecutada por el Magistrado en el fallo recurrido, contra la clara manda legal del art. 4 CC que ordena la interpretación en forma estricta, tiñe de arbitrariedad a ese tramo sustancial del decisorio, en tanto y cuanto y a partir de esa extensión pone al mismo en contradicción con otras normas del mismo rango legal y aún superior (art. 10 de la Constitución local y 19 de la Nacional).

En segundo lugar, aduce que también denota arbitrariedad el pronunciamiento atacado en cuanto tiene por acreditada la participación de su conferente procesal en el acontecimiento juzgado, desde que toda la prueba sobre la que se sustenta es de carácter meramente indiciario y no existen elementos incriminantes que lo vinculen, más allá de su presencia en las cercanías del lugar. Así, afirma que ninguno de los testigos lo vio realizar actividad alguna tendiente a participar del hecho; es decir nadie aseveró en forma fehaciente haber visto a su asistido ingresar al estadio con la bandera aludida, o bien, portarla o exhibirla en la tribuna.

Por todo ello, el quejoso entiende que esta Cámara debe revocar el fallo de la anterior instancia y absolver al mentado Schlenker por el suceso que ha sido llevado a juicio.

Sin embargo, y pese a las manifestaciones precedentes, el recurrente no ha podido fundar suficientemente la existencia de las causales agraviantes con las que pretende sustentar la viabilidad del remedio articulado, en consideración al carácter excepcional que reviste la arbitrariedad alegada. Ello así por cuanto, del escrito recursivo solo se advierte disparidad de criterios interpretativos en la aplicación del derecho de fondo al momento de subsumirse la conducta objeto de proceso, extremo insuficiente para afirmar que la sentencia atacada deviene huérfana de todo sustento probatorio y por ende arbitraria.

Sobre el particular, resulta oportuno citar a nuestro Máximo Tribunal citadino que sostuvo: "La doctrina de la arbitrariedad, desarrollada por la CSJN sólo cubre casos de carácter excepcional y no alcanza a las discrepancias del apelante con respecto a la inteligencia asignada a las normas aplicadas por los jueces de mérito. La tacha de arbitrariedad no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideren tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que las sentencias a causa de ellos, quedan descalificadas como actos judiciales por contener deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, que impiden considerar el pronunciamiento como la ´sentencia fundada en ley´ a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional. En consecuencia, la circunstancia de que el recurrente discrepe con el razonamiento que ataca no significa que la sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria..." (del voto de los Dres. Maier, Conde y Ruíz, TSJ, en causa Nº 2594/03, "YPF S.A. c/ DGR -Res. Nº 480-DGR-2000- s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR -art. 114 Código Fiscal- s/ recurso de apelación ordinario concedido", rta. 11/05/2004).

Ahora bien, dicho ésto, se constata precisamente que la solución que el Magistrado dio al caso en el pronunciamiento recurrido se encuentra fundada racionalmente tanto en el análisis de la materialidad del evento investigado cuanto en la aplicación de la reglas del ordenamiento jurídico, no advirtiéndose deficiencia alguna en la lógica del razonamiento ni ausencia de fundamento normativo que permita considerar al mismo como arbitrario, extremo por el cual se impone el rechazo de los agravios intentados al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, revisaremos -a la luz de las consideraciones vertidas por el defensor- la aplicación del derecho sustantivo efectuada por el juzgador como fundante de la condena que se impuso al acusado Alan Schlenker.

Causa Nº 11398-00-CC/2006. SALA II Tercero (Cuestión de fondo): Ingresando entonces al planteo articulado por la defensa vinculado a los supuestos vicios de arbitrariedad denunciados y analizado el caso con ajuste a los alcances y limitaciones señalados al tratar la admisibilidad -in re "Terrazas Gutiérrez, Sonia s/ art. 41 CC", causa nº 043-00-CC/04, rta. el 23/04/04, entre otras-, se concluye, en nuestra opinión, que en el fallo no se ha efectuado una valoración fragmentaria y/o aislada de los elementos de juicio -indicios y presunciones-, así como tampoco se ha incurrido en omisiones y falencias respecto de la verificación del hecho conducente para la decisión del litigio, habiéndose desarrollado sus fundamentos conforme a los principios de la lógica y la experiencia, por lo que consideramos que el mismo debe ser confirmado como acto jurisdiccional válido.

Es que a la luz de las pautas aludidas, en nuestro parecer, el verdicto aquí impugnado ostenta debida motivación, encontrándose ajustado a las prescripciones contenidas en los artículos 123 y 404 inc. 2º del CPPN -de aplicación supletoria conf. art. 6 de la Ley 12-. Al respecto, cabe memorar que "...Motivar las sentencias posibilita y asegura el control republicano sobre la conducta de los jueces, pues tal exigencia permite exhibir cómo ha sido estudiada la causa, si se han respetado los límites de la acusación, si se valoran las pruebas sin descuidar elementos decisivos fundamentales, si se ha razonado con logicidad y teniendo en cuenta los principios de la experiencia, y también si se han aplicado las normas legales según un justo criterio de adecuación. La fundamentación permite que los interesados puedan conocer las razones que sostienen el decisorio y las premisas que otorgan sustento al pronunciamiento, ya sea con el fin de resolver su acatamiento o para fundar la respectiva impugnación que el ordenamiento concede. Asimismo, ello brindará al tribunal "a quem" la disposición de los elementos necesarios para efectuar su control..." (CNCP, Sala III, causa 80, "Paulillo, Carlos, rta. 12/4/94, citado por Cafferata Nores en "La prueba en el proceso penal", Ed. Depalma, 3º edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 1998, ps. 48/49).

Debemos señalar que, en su materialidad, el suceso reprochado al encausado está total y debidamente acreditado y así se lo ha destacado en los considerandos del fallo apelado, con correcta cita de constancias causídicas y de normas rituarias que avalan dicha comprobación. Veamos que en él se pueden encontrar un conjunto de razonamientos integrados por deducciones e inducciones y, que como juicio, refleja el trabajo intelectual del juez, quien efectuó en el acto un estudio crítico de las cuestiones planteadas por las partes, sus pruebas y alegatos. Ello da cuenta de la labor llevada a cabo por el Magistrado, a fin de demostrar a través de su fundamentación, que ha llegado a la convicción de condenar.

Veámos... Sintetizándolo en lo posible, puede decirse que el hecho motivante tuvo lugar la tarde del 26 de marzo de 2006, en el estadio del Club Boca Juniors, en el partido disputado entre los locales y su par de River Plate. En la ocasión el aquí imputado exhibió desde la popular sur alta en la que se encontraba ubicado, una bandera con la leyenda "Boca Jugador Nº 6", provocando con ello a la parcialidad contraria.

Ahora bien, la contravención prevista y reprimida en el art. 98 del CC -según Ley 1472- es de aquellas denominadas de mera o pura actividad, esto es, que la consumación típica se produce con la ejecución de la acción desarrollada por el autor en ese mismo acto, sin requerir ninguna otra exigencia.

Sobre el particular, es oportuno citar a Sergio A. Militello, quien sostiene que "Son actos típicos los de 'llevar' y el de 'exhibir'. Por lo tanto está penada la conducta de quien cargue los objetos de la contravención aunque no llegue a exhibirlos, y también la de quien exhibe los objetos que otro llevó al lugar. Ambas conductas son de pura actividad. Tanto las acciones de 'llevar' como la de exhibir describen conductas permanentes, que comienzan con la portación u ostentación, y continúan mientras dichas acciones se mantienen..." (Militello, A. Sergio, "Código Contravencional - Ciudad Autónoma de Buenos Aires", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires - 1999, Págs. 129/130).

Pasamos ahora a conceptualizar el verbo "provocar", al que también hace mención la norma en análisis, recurriendo para ello al Diccionario de la Real Academia Española , en el que encontramos que el mismo queda configurado con la acción de incitar, excitar, inducir, irritar, etc., de lo que se deduce si más que la conducta que reprime la contravención estudiada deviene de la propia actividad del sujeto activo, sin ningún otro agregado.

En el caso que nos convoca, la exhibición de los elementos que la norma describe o su simple portación o tenencia, en un espéctaculo deportivo, con el propósito de provocar a los simpatizantes contrarios y, además, que los Causa Nº 11398-00-CC/2006. SALA II mencionados objetos correspondan a una divisa que no sea la propia, configuran la tipicidad requerida por la norma en cuestión.

Que en esa inteligencia el propósito de provocación debe surgir de las circunstancias fácticas del hecho concreto, quedando fuera del tipo contravencional la portación o exhibición de los objetos que la norma describe, que sin duda alguna no tienen aquella finalidad.

Definido el tipo contravencional en el sentido que le asignáramos en los párrafos precedentes, es decir, en el carácter de mera actividad, no habrá de compartirse el criterio expuesto por la defensa, habida cuenta que no es necesario para su configuración la agregación de más actos, acciones o medios que los descriptos por la norma en cuestión, ni mucho menos la causación de un resultado, siendo que tal elemento -el resultado de la provocación-, no es ni puede ser exigido para caracterizar la infracción en cuestión, la que requiere como elementos objetivos los que describe la norma, y como subjetivo distinto del dolo el carácter volitivo de la conducta que gobierna la cuestión, cual es el "provocar a la hinchada contraria", ocasionando de tal manera un peligro de ulteriores enfrentamientos con la misma.

Deteniéndonos ahora en la estrategia defensista vemos que la misma está direccionada a desacreditar la interpretación que el "a quo" ha dado a los verbos contenidos en la norma. Nótese que además de destacar que la bandera respeta los colores de la escuadra de la que su asistido es hincha, se esfuerza por descalificar todos aquellos elementos de prueba que señalan a éste como el autor de la contravención, insistiendo, básicamente, con definiciones de los vocablos típicos direccionadas, claro está, a hacer caer fuera de esas particulares concepciones la conducta aquí investigada.

Pero lo cierto es que ese episodio surge suficientemente acreditado a través de los aportes legajales que el juzgador señala en el veredicto, a los que también deben sumarse, claro que con los recaudos que ello implica, las propias manifestaciones del inculpado, en cuanto a su asistencia al encuentro de fútbol en cuestión y su ubicación dentro del estadio.

Desde este perfil, la prueba remanente meritada por el juez de grado permite reconstruir con plena certeza la conducta desplegada por el enjuiciado, sin que las críticas ensayadas por la defensa sean válidas para despreciar los dichos concordantes y verosímiles de los policías actuantes.

Asimismo, desde otro ángulo, tampoco hallamos consistencia en la alegación orientada a descalificar el reconocimiento que los testigos han efectuado del acusado, reinterpretando, de alguna manera, sus declaraciones a fin de poner en duda que la individualización lograda adquiriese tal virtualidad. Y ello es así desde que del propio plexo probatorio, surge con meridiana claridad que el día de los hechos discutidos en autos, el imputado -reconocido socio e hincha de River Plate- se encontraba presente en el estadio, concretamente sobre uno de los paravalanchas dispuestos en la tribuna asignada a la parcialidad visitante, exhibiendo una bandera que, si bien lucía los colores de la propia escuadra, incluía la leyenda "Boca Jugador Nº 6", todo lo cual, teniendo como basamento el encuadramiento del tipo contravencional analizado, causó la provocación en los términos mencionados en párrafos anteriores, produciéndose como consecuencia del accionar de aquél el ataque al bien jurídico protegido, que en este caso no es otro que la seguridad para el desarrollo del espectáculo deportivo.

Por lo demás, también asiste razón al sentenciante al analizar el grado de participación que le cupo al encartado en el hecho que venimos examinando. Y es que, basta con recurrir a las constancias de la causa -video filmación, vistas fotográficas, informes periodísticos y declaraciones testimoniales- para concluir, que Alan Schlenker, como máximo referente de la hinchada del club sindicado, tuvo el dominio funcional del hecho.

Es en base a todo lo que venimos diciendo que entendemos que el juez de la anterior instancia ha hecho debida aplicación de las normas legales en juego, como así también ha valorado con exactitud el cúmulo probotario obtenido a lo largo del proceso, aplicando el criterio de la "sana crítica racional", método por el cual, entre otras cosas, se le permite valorar aquellos elementos de cargo que sean conducentes a la dilucidación del caso, desechando los que no reúnen ese carácter.

Por todo ello, habremos de confirmar la sentencia impugnada, rechazando los agravios del apelante referidos, entre otras cosas, a la supuesta valoración arbitraria de las pruebas testimoniales reunidas en estos actuados, Causa Nº 11398-00-CC/2006. SALA II como así también los que atacan a aquélla por ausencia e insuficiencia de fundamentación y que, a juicio de la defensa, produciría un claro ejemplo de arbitrariedad en la interpretación de los hechos y el derecho, esto es, en el sustracto del decisorio en crisis, siendo que tales supuestos agravios solamente evidencian una discordancia de criterio con la solución que diera el juez al caso, y por otra parte no advierten los suscriptos la falta de motivación alegada, o la presunta fundamentación aparente; por el contrario, el sentenciante ha evaluado correctamente la prueba, ha descripto acabadamente el hecho atribuído y, encontrando que tal conducta se adecua al tipo legal correspondiente, ha condenado; por lo que no pueden existir reproches al respecto.

Por el mérito que ofrece el Acuerdo que antecede el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la sentencia apelada que condena a ALAN SCHLENKER a la pena de cuatro (4) días de arresto en suspenso, accesorias de prohibición de concurrencia e instrucciones especiales, más el pago de las costas procesales, por considerarlo coautor contravencionalmente responsable de la figura prevista en el art. 98 del CC -Ley 1472-, consistente en provocar a la parcialidad contraria.

II.- TENER PRESENTE la reserva formulada (fs. 261/264, punto IV).

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá cumplir con las notificaciones restantes. Sirva lo proveído de atenta nota de remisión.

Fdo: Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

En TA: Para dejar constancia que el Fernando Bosch no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.-----------------------------------------------------------