marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Elecciones gremiales, delegado gremial, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: CAPITANI, EUGENIO c/ ALEMANN  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-31

La expresión 'prácticas sindicales usuales' a que alude el artículo 27 de la ley 23071 debe entenderse como referida a los estatutos asociacionales, pues no existe otra práctica usual aplicable a las elecciones de delegado, comisiones internas y cuerpos similares que no sea el fijado en el respectivo estatuto de la Asociación Sindical de que se trata.
Lucro cesante, daño cierto, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL
Carátula: ALLUB ROSENDO RICARDO c/ COLEGIO DE MEDICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-12

El lucro cesante no es un daño presunto, es decir hipotético o conjetural. El medio probatorio puede ser presuncional, no el daño mismo el que debe ser efectivamente aprehendido por el magistrado actuante para una razonable efectivización. De allí que en su sentencia se deba desarrollar el razonamiento concreto que lo autorice a inferir el lucro cesante; de lo contrario carecería de motivación pudiendo darse el efecto que provoque su invalidación.
Honorarios del perito, juicios contra el Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, rechazo de la demanda, crédito por honorarios, origen temporal del crédito
Materia: PROCESAL
Carátula: PANLI AVIACION SA c/ YPF s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

No existiendo condena dineraria dictada contra el Estado, a la cual quepa referir los honorarios reclamados (en el caso se trata de una demanda dirigida contra YPF, rechazada por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada), corresponde estar a la fecha de los trabajos realizados por el perito que son la causa de la obligación de pagarlos por parte de YPF, independientemente de la fecha de su regulación (cfr. CSJN, Causas "Bonano, J. C. c/Prov. de Buenos Aires", del 30.3.93; "Moschini, J. M. c/Fisco Nacional" del 28.7.94;

"Lorenzo Barca, E. c/Comisión Municipal de la Vivienda", del 4.10.94; "Neuquén, Provincia del c/Estado Nacional", del 27.10.94;

"Figueroa, J. E. c/Prov. de Buenos Aires", del 20.12.94).
Procedimiento tributario, interpretación de la ley, voluntad del legislador, delitos tributarios, falta de facturación, clausura del establecimiento
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Relojerías Fernández S.C.A. s/ apelación clausura.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

La indagación de la voluntad del legislador respecto del alcance del art. 44, inc. 1° de la ley 11.683, permite inferir que la norma no sólo sanciona a los que entreguen facturas o documentos equivalentes sin ajustarse a las disposiciones de la Dirección General Impositiva, sino que asimismo incluye a quienes no emitan documento alguno, pues lo contrario supondría que el legislador no ha previsto aplicar la pena de clausura respecto de las conductas que de modo más evidente afectan el bien jurídico que ha procurado tutelar.
Procedimiento administrativo, recursos, acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Badano, Graciela A. y otra c/ Municip. de Pilar s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

En materia de procedimiento administrativo municipal, la decisión del Intendente que deniega el recurso de reconsideración contra un acto proveniente del mismo funcionario constituye el acto definitivo que habilita la instancia contencioso administrativa, porque contra tal decisión no existe otro grado superior de revisión jerárquica en dicho ámbito. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Multa, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: UNION S.A.C.I.F. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVA - COMPETENCIA - CONSTITUCIONALIDAD - MULT
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-05

No ha invocado el recurrente (ni en sede administrativa ni judicial),que el monto de las sanciones aplicadas constituyan un obstáculo insalvable para la revisión de las mismas, o la carencia inculpable de medios para hacer frente a su pago. En tal supuesto no puede tacharse de inconstitucional la norma que impone como requisito de admisibilidad de los recursos planteados contra resoluciones que impongan multas, el pago previo de las mismas.
Cobro de sumas de dinero, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rodiffer Adrián Raúl c/ Mostto Eduardo y otros S.H. y/u otros y/o quien resulte responsable s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-04-09

La naturaleza de la relación se configurará mediante el examen de las características de la misma y por los hechos, no por los componentes formales derivados de libros y documentación, o cumplimiento de "obligaciones" previsionales o impositivas. Campea la casuística para resolver la verdadera entidad de estas vinculaciones. La sumisión del fletero a una serie de directivas de una empresa no resulta por si sólo concluyente para acreditar un vínculo de subordinación toda vez que la existencia de hojas de ruta y/o coordinación de horarios constituyen notas comunes que pueden encontrarse presentes tanto en una relación comercial como en un contrato de trabajo, pues responden al orden propio de toda organización empresarial. El tema siempre es casuístico -Voto del Dr. Welp (minoría) (mayoría: Dr. Romero, con adhesión del Dr. Britos)
Contrato de obra pública, contratista, obligaciones, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GLIKSTEIN Y CIA. S.A.C.I.A.M. -DANTE ENRIETTO- U.T.E. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 442 AÑO 1995) INGENIERO OSCAR A. DIEZ  S.A.I.C. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO  DE PLENA JURISDICCION Y SUS ACUMULADOS -CON LOS  ALCANCES DEL ARTICULO 342 DEL C.P.C. Y C. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 291  AÑO 1995 Y SU ACUMULADO 856/96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-17|2007-08-15

El principio de buena fe contractual impone al contratista un comportamiento oportuno, diligente y activo, antes que displicente lo que le obliga a poner de manifiesto ante la Administración del modo más inmediato posible la aparición de circunstancias que a su juicio imponían la modificación de la cláusula contractual, a fin de que ésta pudiese a su vez decidir si, ante la nueva situación, convenía al interés público el mantenimiento del contrato o su limitación.
Revocación de sentencia, interdicto de recobrar, caducidad, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Khairallah de Utrera, Lida Luz  c/ Barrera, Adriana  s/ interdicto de recobrar la posesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2023-05-24

Corresponde revocar la sentencia, declarándose operada la caducidad del interdicto de recobrar la posesión interpuesto por la actora -dejándose a salvo el ejercicio de las acciones posesorias o petitorias que la accionante se considere con derecho a ejercitar-, dado que si el accionante alega la calidad de poseedor y dicha circunstancia es controvertida, debe demostrar que la cosa ha estado en poder suyo antes de la desposesión. Al respecto, el art. 627 del Digesto Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santiago del Estero prescribe que: "Los interdictos de retener, de recobrar y de obra nueva no podrán promoverse después de transcurrido un año de producidos los hechos en que se fundaren", por lo que establece un plazo anual de caducidad que opera automáticamente por imperativo legal y así produce la pérdida de la acción no ejercida en el tiempo referido, con o sin necesidad de rogatoria de la parte interesada; lo cual puede y debe ser declarado de oficio por el juez. En el caso, la presunta turbación y/o desposesión del fundo atribuida a la demandada habría acontecido cuatro años atrás, ergo, teniendo en cuenta la fecha en que la accionante interpuso la demanda, surge incontrastable que a esa fecha ya se había operado la caducidad de la acción interdictal por haber transcurrido más de un año de producidos los hechos en que se funda la demanda.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, trámites judiciales, resolución denegatoria, costas, honorarios, regulación de honorarios, recurso de reposición (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: NOVELLI, OMAR J P s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  Nº 92-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-18

Las resoluciones por las cuales se imponen las costas por la denegación del recurso de inconstitucionalidad y se regulan honorarios a los profesionales intervinientes en dicho recurso -los que son regulados en el 25% de los honorarios correspondientes a primera instancia-, impugnadas por el recurrente en su presentación directa, por considerar que lo decidido resulta violatorio del artículo 28 inciso c) de la ley 6767, carecen de la definitividad exigida por el artículo 1º de la ley 7055, si, contra dichos decisorios, el compareciente manifiesta haber deducido recurso de revocatoria.
Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CUADRA, Ramón César s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29

Es procedente el recurso de revisión interpuesto contra una sentencia definitiva cuando la misma se fundaba en el art. 278 ter del Código Penal, en atención a que la ley 23.070 lo derogó, encontrándose, actualmente, prevista la misma conducta en el artículo 277 del código de fondo, con una escala penal menor que la norma anterior, en consecuencia se configura el supuesto contemplado en el art. 551 inc. 4to in fine del código ritual.
Queja por casación denegada, recurso de casación laboral, admisibilidad del recurso, cauciones, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: TOLEDO PEDRO PABLO Y OTRO c/ PEREZ CARLOS s/ INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-11

El tercer párrafo del artículo 133 del CPT dispone que el depósito, embargo o garantía debe ser ofrecido en el escrito de interposición del recurso y concretarse dentro de los 15 días siguientes. A su turno, en el primer parágrafo del artículo 136 del mismo digesto de rito, se prevé que la Cámara debe resolver, mediante acto fundado, si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos anteriores, dentro de los diez días posteriores al cumplimiento del afianzamiento o del vencimiento del término para hacerlo.

Es por ello que, al haber transcurrido los 15 días previstos en el tercer párrafo del artículo 133 del CPT sin tener noticias el tribunal acerca de la "concreción" del embargo, y ajustándose a la directiva consagrada en la primera parte del artículo 136 del mismo ordenamiento referida ut supra, la Sala a quo procedió a dictar sentencia el 28 de julio de 2003, declarando inadmisible el recurso de casación intentado siendo éste el pronunciamiento que se impugna mediante el recurso de queja en examen.

Examinando las constancias de autos surge que la registración ha sido efectuada en forma condicionada en razón de la existencia de un certificado de ley ingresado con anterioridad a la orden judicial de anotación del embargo, sin que conste en estas actuaciones que se haya operado la inscripción definitiva. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de queja por casación denegada deducido por la parte demandada.
Superior Tribunal de Justicia, deber de juzgar, Poder Ejecutivo Provincial, servicio penitenciario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Habeas Corpus Colectivo y Correctivo -Recurso de Inconstitucionalidad en carpeta judicial c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

No escapa a la prudencia de esta Corte y de su alta responsabilidad institucional que, en ejercicio de sus poderes implícitos, como cabeza del Poder Judicial y guardiana del orden constitucional, debe requerirse al Poder Ejecutivo provincial la elaboración, en paralelo, de una propuesta programada que permita en su caso limitar la población carcelaria a la establecida por resolución judicial y, a su vez, recomendar a las autoridades penitenciarias el estricto cumplimiento de los protocolos y normas vigentes en materia sanitaria ante la detección de síntomas compatibles con COVID-19, debiendo procurarse de manera inmediata la atención correspondiente y, en su caso, un aislamiento provisorio dentro del penal u otro establecimiento destinado al efecto. (Del voto del Dr. Falistocco. En disidencia: Dra. Gastaldi)
Accidentes de trabajo, comisiones médicas, instancia administrativa previa, facultades jurisdiccionales
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pabon Rafael Lucas  c/ Prevención ART S.A.  s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción:  — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-03-13

En relación a lo procedimental, advierto que con la adhesión materializada a través de la ley provincial n° 10.532, no se ha trasladado a la Nación la potestad de los jueces provinciales de conocer y decidir en relación a situaciones cuya competencia les corresponde conforme a la constitución provincial, pues no se delegaron facultades jurisdiccionales propias en violación a la Constitución Nacional como se argumenta, sino que por el contrario, no solo que no existió delegación alguna en tal sentido -de hecho los jueces laborales estamos llamados a conocer al respecto-, sino que además a través de la ley de adhesión, el estado provincial pasó a tener cierta injerencia que no poseía en el andamiaje administrativo de las propias Comisiones Médicas (Voto Romero, en disidencia. Minoría)
Honorarios, regulación de honorarios, moneda extranjera, cancelación de deudas, moneda de curso legal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Viskoteepak Nv  c/ Frigorífico Rydhands SA  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-26

Procede confirmar la resolución que reguló los honorarios a favor del letrado de la parte actora, en una acción de cobro de facturas impagas por los servicios profesionales brindados en el marco de una compraventa internacional de mercadería, tomando como referencia, para establecer la base regulatoria, la cotización del dólar MEP, a la fecha de la regulación de primera instancia. Esto por cuanto no se advierten razones que justifiquen tomar una operación financiera, como es la del dólar contado con liquidación (CCL), que involucra la compra de títulos o acciones de deuda en el mercado local para transferirlos al exterior y luego, recién, venderlos en dólares en otra plaza, pues, esa operatoria, por su índole, es ajena al negocio que constituyó la base regulatoria.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, errónea apreciación de la prueba, Municipalidad, valuación fiscal, prueba de informes, IVA
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Sanatorio Otamendi y Miroli  S.A. c/ Fourquet  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-25

Al desconocer idoneidad probatoria al informe de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de determinar el impuesto al valor agregado, por considerar que el avalúo fiscal había sido realizado con posterioridad a la fecha de entrega de la posesión del inmueble, la Cámara sólo ha expresado una mera afirmación dogmática que no encuentra sustento adecuado en las constancias del juicio ya que nada lleva a pensar que un posible cambio de la valuación tenga también incidencia en la relación porcentual entre el valor del terreno y el de lo edificado.
Subasta judicial, publicación de edictos, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Francés del Río de la Plata S.A. c/ Chanquía, Luis s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

El planteo por la falta de publicidad en una subasta debe efectuarse dentro del quinto día computado desde el primer día en que se publicaron los avisos en los respectivos edictos. Nunca puede resultar atendible una vez llevada a cabo la subasta.
Juicio correccional, audiencia, firma del fiscal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: SOTO, CARLOS s/ JUICIO CORRECCIONAL- NULIDAD AUDIENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-02-08

Es NULA la AUDIENCIA DEL ART. 570 C.P.C. en la que se omitió la FIRMA DEL SR. FISCAL, por importar una omisión de forma esencial de procedimiento que provoca no sólo la nulidad de la audiencia, sino de todo lo actuado en consecuencia.
Caducidad de instancia, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: BARAVALLE JUAN CARLOS c/ MARIO MAQUEIRA s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-27

En el juicio la excepción no es un "incidente" en sentido estricto, sino una forma especial de la defensa del accionado, esto es, integra una etapa del proceso. El hecho de que las excepciones están sujetas a un trámite propio (modo de regulación) no convierte las excepciones en incidencias del proceso. El art. 989 del C. de P. C. da el concepto de incidente, y lo que caracteriza el mismo es su contenido. El incidente es la cuestión que surge en el pleito, ajena al proceso mismo. "...y que tienen alguna conexión con él". Las defensas opuestas por el demandado, y dentro de ellas, la excepciones que oponga de cualquier forma (como art. previo, o no) integran la relación procesal; jamás pueden considerarse cuestiones vinculadas por conexidad al proceso, sino parte del proceso mismo. El hecho de que tengan algunas excepciones un trámite similar al incidente no debe llevar a la confusión. La misma ley distingue claramente uno y otro caso al disponer en el art. 1027 del C.Civil "la excepciones dilatorias serán sustanciadas como incidentes". Esto es suficiente para precisar que remite a un trámite similar, pero no las ubica dentro de los incidentes a las excepciones. Es claro, si el demandado opone una excepción no se invierte - como en los incidentes - el interés en el impulso procesal que se mantiene en el actor - sin perjuicio que "pueda" también instar la causa el demandado -. En nuestro sistema el impulso procesal corresponde primordialmente a las partes: el actor abre el proceso con la presentación de la demanda y es de su interés que la causa avance hasta llegar a su resolución definitiva. La prescripción se funda en una presunción de abandono de la instancia. En primera instancia corresponde al accionante activar el curso del procedimiento para evitar los efectos de la caducidad de la instancia (salvo, obviamente que se trate de un incidente, vgr. de nulidad del procedimiento). En el fondo lo que resuelve es la caducidad del proceso con lo que el vencido es el actor y a él deben imponérsele las costas (art. 357 C.P.C.
Costas, exención de costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Digal S.A. c/ Dos Reis Daniel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Ha fallado la Suprema Corte que cuando una parte pudo creerse con derecho, dadas especiales circunstancias, a sostener una determinada pretensión, corresponde distribuir las costas por su orden.

Siguiendo tal tesitura este Tribunal ha propiciado la imposición de costas por su orden cuando media un cambio legislativo que genera dificultades de interpretación y aplicación. Tal el caso de la aplicación de la ley 23928 que veda la actualización dispuesta por un fallo firme. Agrégase a ello que la distribución de costas no depende de exactitudes matemáticas, bastando una evaluación ponderada de la importancia de lo que se acoge y se rechaza.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Miranda, Claudia Graciela c/ Empresa Ferrocarriles Metropolitanos S.A. (FEMESA) s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-18

La responsabilidad contractual por aplicación del art. 184 del Cód. de Comercio tiene su fundamento en el factor riesgo y pone a cargo del que desarrolla la actividad riesgosa la obligación de reparar los daños que deriven de la misma.

El factor que subyace en la atribución de responsabilidad en el transporte ferroviario es objetivo (arts. 184 citado y 65 de la ley 2873). Ergo, nos hallamos ante una situación en que el derecho prescinde de juzgar la conducta del agente y simplemente lo indica como responsable al ser el creador de riesgos.
Pesca, medidas cautelares, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Iannone,  Eduardo H. y otros c/ Merlan Atlántico Sur S.A. s/ inc.de nulidad por simulación y/o fraude.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-12

Corresponde revocar la resolución que, a fin de que el actor haga efectivo el posible derecho que se le reconozca en el juicio, también beneficia al demandado poseedor del permiso de pesca, ya que lo coloca en una posición privilegiada al permitirle seguir operando el buque bajo la protección de una medida cautelar, sin estar sujeto al poder de policía de la autoridad de aplicación en la materia y, todo ello, en perjuicio del interés general y en desmedro de las facultades legales del recurrente. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Despido, indemnización
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Iglesia, Carlos Alberto c/ Omni Salud S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-31

En casos como el presente, debe prosperar el incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25323 en la medida en que la intimación legal allí prevista debe efectuarse junto con la comunicación del despido, y cuando menos, luego de producido el distracto. Y si éste -tal como el caso en tratamiento- se produjo por despido "indirecto", el dependiente debe cursarla una vez disuelta la relación. (Del voto del Dr. Corach en mayoría).
Responsabilidad civil, accidente de tránsito
Materia: PENAL
Carátula: Atamañuk, Oscar Eduardo s/ homicidio culposo, lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-04

El chofer del colectivo que trasladaba a alumnos de un colegio debe responder de forma concurrente -30%- por los daños y perjuicios derivados del accidente que protagonizó en una ruta al colisionar con un camión, en tanto si bien conducía a una velocidad reglamentaria, le correspondía el deber de cuidado como conductor profesional, porque frente a circunstancias objetivas que debían alertarlo, como lo fue la aproximación en sentido contrario del camión zigzagueante, con luces altas inmutables, que encandilaban, y con una caravana de vehículos por detrás, que no podía adelantarlo, no disminuyó la velocidad, ni adoptó comportamientos de cuidado que las distancias mediantes aún le permitían, como bajar a la banquina a escasa velocidad, o hacer el intento detener el colectivo.
Accidente de tránsito, culpa de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: LOPARDO, FRANCISCO c/ HERNANDEZ, MANUEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-10

El hecho de que en una colisión múltiple de automotores funcionen las presunciones concurrentes que establece el art. 1113, 2 parte del Código Civil, ello no excluye que se considere la existencia de circunstancias eximentes que liberan de responsabilidad al conductor, acreditando, por ejemplo, la culpa de un tercero por quién aquél no debe responder.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barbero, Rodolfo Marcos y otro s/ Incidente de cumplimiento de sentencia en autos 'Lozano c. Autoplat  S.A.I.C. Ordinario' y su acumulada 'Lozano, Raúl y otro c. Autoplat  S.A.C.I. Incidente de ejecución de sentencia'
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-26

Debe abrirse la instancia extraordinaria cuando en el proceso de ejecución de sentencia se controvierte la eficacia de la cosa juzgada.