Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-11-30


DOMINGUEZ, Carlos A. contra CRIPPA, Raquel y/u otros Reg.: A y S t 211 p 29-30.

Santa Fe, 30 de noviembre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada Raquel Crippa contra la sentencia 102 del 10 de marzo de 2005 dictada por la Cámara de Apelación de Circuito de la ciudad de Rosario en autos "DOMÍNGUEZ, Carlos A. contra CRIPPA, Raquel y/u otros -Juicio Ejecutivo-Alquileres (Expte. 235/97)" (Expte. C.S.J. nro. 241, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que el Juez de primera instancia rechazó el incidente de nulidad deducido por la demandada contra la cédula librada el 5 de agosto de 2003 y sus actos consecuenciales.

Apelado que fuera dicho fallo, la Alzada lo confirmó y es esta última resolución la que resulta impugnada a través del recurso de inconstitucionalidad. La accionada le imputa arbitrariedad por considerar que con lo decidido se vulneran derechos y garantías de rango constitucional.

Asevera que el decisorio viola el debido proceso al convalidar las gravísimas irregularidades cometidas por el oficial notificador al diligenciar la cédula librada el 5 de agosto de 2003 que justifican que el instrumento deba ser invalidado.

Alega que -pese a lo expuesto por los Juzgadores- en modo alguno se ha cumplido con lo prescripto por el artículo 63 del Código Procesal Civil y Comercial ya que del propio informe del notificador que consta en el reverso de la cédula surge claramente la contradicción que determina la anulación del acto de conexión procesal. Sostiene que lo resuelto vulnera -además- el derecho a la jurisdicción desde que la Cámara no evalúa exhaustivamente el contenido de los agravios expuestos en la expresión de agravios.

Aduce que los Sentenciantes incurren en exceso ritual manifiesto porque el decisorio está ligeramente fundamentado, teñido de subjetividad y sin sustento en derecho positivo, jurisprudencial o doctrinario que redunda en perjuicio innegable a su parte.

Afirma que también se ha lesionado su derecho de defensa y que no se consideraron extremos conducentes para la resolución del pleito.

El Tribunal a quo denegó la concesión del remedio extraordinario intentado por lo cual la impugnante ocurrió directamente ante esta sede.

2. Para franquear la instancia de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad no es suficiente enunciar posibles cuestiones constitucionales en abstracto, sino que es imprescindible argumentar, con claridad y precisión, en demostración de los fundamentos de fondo y en escrito que se baste a sí mismo, pues debe quedar "prima facie" acreditado que el supuesto teórico se concreta, se efectiviza en la realidad del caso que se trae a juzgamiento, y con una incidencia tal que el acogimiento del recurso pueda deparar una solución diversa de la causa.

En el "sub examine", tal cometido no fue idóneamente asumido por la quejosa ya que las alegaciones contenidas en el escrito recursivo consisten en críticas genéricas en relación a lo resuelto por la Cámara al rechazar el recurso de apelación interpuesto, insuficientes a efectos de demostrar la conexión inexorable que debe existir entre los hechos relevantes de la causa y la cuestión constitucional que se quiere someter a consideración de esta Corte, razón por la cual el recurso intentado resulta inadmisible.

En efecto, el planteo que sustenta el recurso de inconstitucionalidad circunscripto a que el proceder observado por el oficial notificador no resulta ajustado a lo previsto en el artículo 63 del Código Procesal Civil y Comercial sólo refleja la discrepancia de la quejosa con lo afirmado por el A quo -luego de descartar se le hubiese achacado falsedad ideológica al instrumento- en cuanto a que "...la irregularidad del procedimiento notificatorio...no es tal, puesto que el Oficial Notificador luego de comprobar que ni la destinataria, ni sus vecinos ('otros departamentos') atendían sus llamados (obviamente efectuados a través del portero eléctrico) aprovechó que una 'persona' que abrió la puerta del edificio le permitió el paso para fijar la cédula en el palier, lo cual satisface los recaudos exigidos por el art. 63 C.P.C.C." (f. 1).

Y es que, frente a esta respuesta del Tribunal sobre un tema de naturaleza procesal -ajeno por regla a la revisión a través del recurso de inconstitucionalidad- la quejosa se limita a insistir en que el procedimiento habría estado viciado, pero sin aportar argumentos o elementos probatorios útiles que demuestren que, efectivamente, nos encontramos ante un supuesto que amerite excepcionar la regla señalada.

Una atenta lectura del escrito recursivo revela que la accionada se limita a narrar su versión de los hechos y a reiterar los interrogantes con los cuales pretendió (y pretende) demostrar que el vicio surgiría palmario del propio informe que realiza el ujier en el reverso de la cédula que lo eximían -a su juicio- de aportar prueba adicional al efecto. Además, afirma que existieron irregularidades -sin puntualizar cuáles- y se explaya en citas doctrinarias y jurisprudenciales mas sin demostrar la conexión concreta que guardan con el caso en estudio.

La endeblez de sus argumentos no puede considerarse suplida con la invocación del gravamen irreparable que lo decidido irroga a su parte puesto que el solo hecho de estar en juego la notificación de la resolución que declara la caducidad de la instancia recursiva no releva a quien lo invoca de realizar los esfuerzos mínimos necesarios para acreditar su postura y el matiz constitucional que habilite a este Cuerpo tratar el recurso extraordinario.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)