Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-07


Salta, 07 de Junio de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "LIZONDO, VICTOR ANIBAL vs. ANTEZANA, ZENON - ADQUISICION DEL DOMINIO POR PRESCRIPCION" - Expte Nº C49.433/0 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 8º Nominación (Expte. N° CAM 238.131/8 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

La Dra. María Cristina Montalbetti dijo:

Que el accionante apela la sentencia dictada a fojas 81, que rechaza la demanda de usucapión interpuesta, tendiente a obtener el dominio del catastro Nº 13.618, Sección A, Manzana 33, Parcela 28 del Departamento Capital de esta Provincia.

Expresa el apelante en su memorial de fs. 155/57 que el fallo, analizando el escrito de demanda, afirma que su parte no ha distinguido cual de las dos prescripciones adquisitivas pretendía se declare, la breve o la larga, en consonancia con ello resalta que no fue objeto ni intención de traer la primera, centrando sus agravios respecto de la segunda.

En la sentencia se señala que la prueba instrumental ofrecida e incorporada no alcanza a probar la existencia del requisito del ánimo o intención de haber poseído el inmueble como dueño y se considera que no existen otros medios probatorios para acreditar los actos posesorios y al evaluar la testimonial de la Sra. Luisa Vásquez, no le otorga ningún valor probatorio, porque no relata cuales son las mejoras que pueda haber realizado y tampoco estima demostrada la existencia del corpus, no tan sólo respecto de los actos posesorios, sino también respecto del plazo, se remite al plano pero omite toda consideración sobre el elemento de admisibilidad de la demanda.

Sostiene en su escrito, por el contrario, que la prueba instrumental incorporada al expediente prueba el ánimo de dueño con que posee desde el 28 de marzo de 1950. Así, la cédula parcelaria de fs. 1 reconoce como único titular al demandado en esta litis, el certificado de libre deuda de fs. 2, expedido por la Municipalidad de la Ciudad de Salta el 21 de diciembre de 1999, no sólo constata que no existía deuda por impuesto inmobiliario, sino igualmente, con relación a la contribución de mejoras de servicio. La tasa por servicios sanitarios es una obligación fiscal que se presta contra la retribución de un servicio que da el estado en beneficio de un inmueble determinado, extremo justificado con los recibos de fs. 3, 4 y 5 este último a nombre del actor, la tasa de alumbrado y limpieza se demuestra pagada con los recibos de fs. 6, 7 y 8 y los impuestos inmobiliarios (fs. 9 y 10).

Manifiesta que existe otro elemento documental que el Sr. Juez no valoró, que es la tasación de fs. 97 practicada por exigencia de la Caja de Seguridad Social para Abogados y a ello agrega el plano que demuestra las condiciones físicas del inmueble, que tiene muros medianeros, del frente y contrafrente, también comprueba que existe una construcción dividida en dos partes separadas sobre los linderos este y oeste, que posibilitan la vivienda del actor y de su hija, como narró la testigo.

Además, que conforme el art. 2384 del C.C. efectuó actos posesorios del inmueble, entre ellos su deslinde y la ocupación del inmueble.

Reitera que la prueba documental con la testimonial y las presunciones analizadas con la regla de la sana crítica, son suficientes para demostrar su posesión que se remonta a 38 años anteriores a la declaración de la testigo, por lo que se puede dar por iniciada el día 12/02/1966 o en el peor de los casos, desde la fecha asentada en la demanda, año 1978, que puede tomarse como un lapsus calami del anterior letrado, ya que poseía desde antes de la compra efectuada por el demandado.

Para la eventualidad procesal e improbable supuesto de no compartirse el criterio, se agravia de la imposición de costas. Considera que en rigor de verdad se debieran haber cargado a los letrados de su parte, quienes actuaron en negligencia a la defensa de sus derechos, pero como no es intención sancionar a los mismos, ni alargar el trámite, solicita se aplique la excepción que faculta al tribunal a imponerlas por el orden causado en ambas etapas.

Corrido traslado y remitidas las actuaciones a la Defensora Oficial interviniente es devuelto sin respuesta, por lo que a fs. 165 se llaman los autos para sentencia, providencia firme.

2.- Al tratarse la posesión de un hecho, puede ser objeto de cualquier medio probatorio que lleve a la convicción del juez de la existencia de ella y si bien no puede basarse la decisión sólo en las testimoniales, son importantes en este tipo de procesos, luego del análisis de los legalmente previstos para su admisibilidad.

En la presente causa, pese a que se reunieron tales requisitos de admisibilidad, como el propio apelante lo reconoce a fs. 157 el escrito de demanda es escueto, la prueba es escasa y claramente insuficiente para acreditar el derecho posesorio larga data que requieren las normas legales para posibilitar la adquisición del dominio pretendida.

Si bien se hace hincapié en que no se analizó correctamente la prueba, ello no es así dado que, aún considerándola en conjunto con la tasación de fs. 97, efectuada a los fines de la determinación del aporte para abogados, igualmente no se desprender el resultado querido.

Se dice que con la declaración de la única testimonial brindada por la Sra. Luisa Vásquez (fs. 72) se acreditó que la construcciones en el inmueble posibilitan la vivienda del actor y de su hija, pero en la certificación de libre deuda arrimada, del mes de diciembre de 1999 y confeccionada a nombre del demandado, que destaca el recurrente, figura el domicilio que denuncia el accionante como propio en su demanda, Avenida Entre Ríos N° 1042 y ello también obra en el texto originario del pliego de fs. 71, que fuera corregido en la audiencia antes de la respuesta de la testigo, sin que se aclare en la causa esta divergencia. Si se alude a que uno de los hechos demostrativos de la posesión es que se ocupa el bien como vivienda y no vive en ella, ya que denuncia domicilio real en otro lado, se evidencia una incongruencia en el planteo que merecía una explicación razonable, que no se brinda.

Por otra parte en la tasación en cuestión se describe el bien como terreno, detallándose los servicios públicos con los que cuenta, por lo que nada aporta respecto del derecho del Sr. Lizondo.

Si bien las boletas de pago de los impuestos son útiles en esta clase de procesos fundamentalmente para acreditar el animus domini cuando ellas abarcan el plazo legal o al menos gran parte de él, en el caso las 2 boletas de pago del impuesto inmobiliario, 5 de alumbrado y limpieza traídas no son convincentes para acreditar la ocupación efectiva durante el tiempo requerido por la norma y tampoco la certificación mencionada que no da cuenta de pagos periódicos. Las 3 boletas de la tasa de Obras Sanitaria, son retributivas de un servicio prestado, pero ellas también escasas, no despejan las dudas sembradas con las propias expresiones del actor, máxime cuando no se trajeron otras boleta de pago de los servicios de agua, luz, gas, que permitan deducir la habitación que se alega y por el plazo de 20 años.

En cuanto al plano para prescribir N° 011318, al que alude el recurrente, aprobado en agosto de 1999, cabe hacer notar que en él se observan alguna construcciones y que se encuentra delimitado, sin embargo cuando se interroga a la testigo no se le pregunta quién las realizara, sino quien hizo mejoras en la construcción, sin detallar en que consistieron las mismas, la pregunta en si misma evidencia que aquellas ya existían y supuestamente fueron mejoradas. La respuesta es genérica en cuanto dice que le consta porque vive hace 38 años, refiriéndose la testigo a su propia permanencia en el lugar, sin mayores datos.

En tales condiciones la prueba resulta insuficiente y los agravios no logran conmover los fundamentos de la sentencia en grado para obtener su revocación.

Así se ha dicho que: "Dado que la prescripción es un hecho que alega el prescribiente para fundar su derecho a la propiedad de la cosa, incompatible con el que pretende extinguido, a él corresponde probar su existencia de modo indubitable, siguiendo la regla de que quien afirma la existencia de una relación jurídica dada debe aportar prueba acabada de los hechos que necesariamente deben concurrir para su nacimiento. El artículo 24, inciso c), de la ley 14.159, al establecer que será especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que gravan el inmueble, impide declarar operada la usucapión cuando, faltando la demostración de ese extremo, la restante prueba, que por exigencia legal debe ser compuesta, no es suficientemente asertiva para demostrar que los actos posesorios fueron realizados claramente con el ánimo de dueño y durante el término legal". Orsini, José c/ Provincia de Córdoba. 01/01/75 T. 291, p. 139. Jurisprudencia de la Nación. Corte. En Lex Doctor, voz: prescripción adquisitiva, prueba.

En cuanto a las costas, en atención a las circunstancias del caso, la ausencia del demandado y la falta de contestación a la expresión de agravios, las mismas pueden ser cargadas por el orden causado conforme lo autoriza el segundo párrafo del artículo 67 del CPCC.

Por ello, voto porque se confirme la sentencia apelada en lo que fuera materia de recurso. Con costas en ambas instancias por el orden causado.

El juez Alfredo Ricardo Amerisse dijo:

Que adhiere por sus fundamentos al primer voto.

En virtud del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo que fuera materia de recurso. Con costas en ambas instancias por el orden causado.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.