marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hábeas corpus, estado de sitio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: HORACIO DANIEL RODRIGUEZ s/ ESTADO    DE  SIRIO-  FACULTADES  DEL  PODER  EJECUTIVO-  CONTROL  DE  RAZONABILIDAD-  CONSTITUCION  NACIONAL- DETENCION DE PERSONAS- HABEAS  CORPUS JORGE HORACIO GRANADA s/ ESTADO    DE  SITIO-  FACULTADES  DEL  PODER  EJECUTIVO-  CONTROL  DE  RAZONABILIDAD-  CONSTITUCION  NACIONAL- DETENCION DE PERSONAS- HABEAS  CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-04|1985-12-03

Dado el texto del art. 4to. de la ley 23.098, lo que interesa es la legitimidad del acto mismo de declaración del estado de sitio.

Esto es, excluido el examen de fondo -o sea el atinente a la apreciación de los hechos determinantes del acto-, resta el juicio que concierne a los requisitos de competencia y de forma en el cual queda incluido lo relativo no sólo a las modalidades extrínsecas de la ley o el decreto declarativos del estado de sitio, sino también a posibles requisitos sobre el contenido necesario del acto, como lo son el plazo expreso y la determinación del lugar.
Embargo preventivo, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Obra Social para la Actividad Docente c/ Catamarca, Provincia de s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

El embargo preventivo resulta procedente en el juicio ejecutivo.
Cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, exhortos
Materia: PROCESAL
Carátula: Argencard  SA . s/ Acción inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

La falta de cumplimiento de una rogatoria librada a un juez constituye una especie de los conflictos entre magistrados que le incumbe a la Corte solucionar de conformidad con las atribuciones acordadas por el art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, contratos bilaterales
Materia: PROCESAL
Carátula: CARGIL. S.A.C.I. c/ VALARINO, Domingo s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-30

Un contrato bilateral no puede generar un título ejecutivo ni discutirse en el marco de un proceso de ejecución a menos que en el título que se pretenda ejecutar esté expresamente reconocida por la contraparte la exigibilidad de la obligación dineraria reclamada por el ejecutante. Pero tal reconocimiento, en modo alguno puede ser suplido por una certificación contable pues ésta nos remite a la verificación de constancias que no obran en el título que se ejecuta.-
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, juicio de árbitros, honorarios del perito, perito ingeniero, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacimientos Carboníferos Fiscales s/ tribunal arbitral (y Y6XXIII)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

No procede el recurso extraordinario contra la regulación de los honorarios de un perito ingeniero y restantes letrados intervinientes en un proceso arbitral, si no se advierte un caso de arbitrariedad que justifique la intervención de la Corte en materias que son ajenas a su competencia extraordinaria (Disidencias parciales de los Dres. Julio S. Nazareno y Carlos S. Fayt y del Dr. Augusto César Belluscio).
Contrato de trabajo, depósito judicial, crédito laboral, tutela legal
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ  CHRISTIAN  ROBERTO  MARIANO c/ PATRUCCO JUAN MIGUEL YOTROS                          S/ s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-21

El art. 277 de la L.C.T. tiene como finalidad el garantizar a los trabajadores y sus derechohabientes la percepción de los créditos obtenidos judicialmente, mediante el depósito cambiario a la orden del tribunal interviniente, quien luego es el responsable de librar el correspondiente giro judicial a favor del titular del crédito: el trabajador. Por lo tanto, si bien el impulso de oficio cesa en la etapa de ejecución (Art. 46 Ley 18.345), la tutela no pierde vigencia y subsiste aún superada ésta.
Seguros, seguro marítimo, seguro de protección e indemnidad, paid to be paid, seguro de responsabilidad civil, acción directa, asegurado, asegurador, citación en garantía
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA DE SEGUROS LA FRANCO ARGENTINA SA. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. CATAMARCA II s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-01

Expresa Llambías, que las acciones directas "...vienen a significar una suerte de privilegio sobre el crédito contra el tercero.", razón por la cual la ley las instituye "muy excepcionalmente". Añade que el seguro de responsabilidad civil implica la celebración de un "convenio de asunción de deuda" entre asegurado y asegurador, y que uno de los requisitos para el ejercicio de la acción directa lo constituye la subsistencia de la deuda del tercero demandado respecto del deudor del demandante requisito que obviamente no puede darse en el seguro de P & I, en el que no ha nacido deuda alguna del asegurador para con el armador asegurado. Ante estas opiniones, la aceptación de la tesis de que en caso de insolvencia del asegurado, quien ha sufrido de éste un daño puede ejercer una acción directa contra el asegurador, no haría más que restar todo sentido a la cláusula PAY TO BE PAID, que no sólo se halla incorporada a la póliza, sino que constituye la "piedra angular" de los seguros de "Protección e Indemnidad". Siendo éstos seguros marítimos de una naturaleza especial (mutuales), no les es aplicable el art. 118, ley de Seguros, que llevaría a desvirtuarlos (doctr. art.

157, ley cit.; en posición opuesta, Diego López Saavedra opina que el tercero damnificado puede siempre pedir la citación prevista en el art. 118, aun cuando el armador no haya caído en insolvencia "Análisis de la naturaleza jurídica de los seguros de P & I bajo la ley y prácticas argentinas", revista "Ateneo del Transporte", n° 7, ps. 9 y ss.).
Procedencia del recurso, arresto domiciliario, interés del menor
Materia: PENAL
Carátula: BLANCO FLORES, Eli c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-29

La situación de la imputada encuadra específicamente en la causal prevista por el inc. f) del art. 32 ley 24.660 y corresponde hacer lugar al recurso de casación contra la denegatoria del arresto domiciliario si consta en los informes agregados que, una vez finalizada la jornada escolar, el menor debe permanecer junto a su abuela en la vía pública, donde ésta se dedica a la venta de jugo, no considerándose un lugar acorde a su edad y que la posibilidad de que la causante vuelva a convivir con su hijo sería favorable para el desarrollo integral del niño, situación que podría colaborar con las conductas regresivas y bajar la angustia del niño.
Escritura pública, vicios de la voluntad, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: LAGUNA, Mariano c/ SARAPURA, Angel R. y RUSSO DE SARAPURA, Dora Lucía s/ NULIDAD DE ESCRITURA PUBLICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-11-30

La escritura pública otorgada por el actor posteriormente declarado incapaz, no puede ser anulada por vicio de consentimiento si no se ha precisado cuándo comenzó a manifestarse la "debilidad mental" del reclamante y se concluye que ha sido contemporánea con la promoción del juicio de interdicción, lo que deja a salvo la validez de la escritura otorgada varios años antes.
Lealtad comercial, acta de inspección, prueba de descargo, notificación, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: SERVINORTE S.A. s/ Lealtad comercial Causa Nro. 36156.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-12

Si en el acta de constatación se señala que en la estación de servicio inspeccionada se hallaban productos lubricantes y aditivos listos para la venta sin las listas de precios ubicadas en las góndolas y la falta de dicha lista de precios de combustibles líquidos que debieron estar en forma visible al público y destacada desde la calzada de acceso al lugar de expendio, y no se hizo ninguna salvedad por parte de la inspeccionada al firmarla, no cabe aceptar luego que sin respaldo probatorio alguno se arguya que existía un cartel bandera con los precios provisto por la empresa petrolera (Del voto del Dr.

Pizzatelli).- 2-Si del acta se desprende que se le informó al recurrente que contaba con un plazo de diez días a efectos de presentar el descargo correspondiente, no se violó el derecho de defensa en juicio por no habérsele notificado dicho derecho en el domicilio inspeccionado. (Del voto del Dr. Pizzatelli).
Bancos, compensación bancaria, pago indebido
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROVEDA, PEDRO G. Y OTRO c/ BANCO POPULAR FINANCIERO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-20

La falta de envío por el banco girado, de un cheque en restitución a la "sesión de rechazados" en el sistema interbancario de compensación, alegando inconvenientes técnicos, puede configurar un supuesto de pago indebido, que no autoriza a dicha institución para recuperar "propria manu" el dinero. En tal caso le cabe al banco girado incoar repetición del monto acreditado en favor del "banco presentador", mediante la formulación de su pretensión en proceso de mérito.
Violencia de género, competencia, sentencia, economía procesal, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: S., L. C. c/ G., M. Y OTROS s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-18

No puede dejar de advertirse lo manifestado por el juez civil y comercial, respecto al papel de la Unidad de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes del Ministerio Público de la Acusación en la creación de conflictos de competencia como el presente, que remite sistemáticamente las actuaciones a los Tribunales Colegiados de Familia; por ello, a fin de evitar la reiteración de los mismos, que redundan en un derrotero de la víctima por distintos tribunales, con la consecuente pérdida de tiempo y recursos que ello conlleva, corresponde remitir copia de esta resolución a dicha oficina, para que en el futuro, en los casos en que no haya denuncia penal, formule la distinción correspondiente según los tipos y modalidades de violencia (arts. 5 y 6, ley 26485), a los fines de remitir los autos al Tribunal que corresponda según aquéllas (art. 22, ley 26485). - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26485, artículos 5, 6 y 22
Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-12-28


Salta, diciembre 28 de 2006.

Considerando: 1º) Que, a fs. 285/289 vta., el Dr. J.E.B., Defensor Oficial, ejerciendo la asistencia técnica de Pablo David Zerda, interpone recurso de casación contra la sentencia de la Cámara en lo Criminal Segunda, de fs. 254, cuyos fundamentos obran a fs. 257/262, que condenara al nombrado por el delito de estupro.

2º) Que a fs. 290/291 vta., el tribunal a quo ha concedido el recurso, no obstante lo cual incumbe a esta Corte en la presente instancia, conforme a lo dispuesto por el art. 474 del C.P.P., efectuar un nuevo examen acerca de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina su admisibilidad.

A este respecto se advierte, a partir de las constancias de fs. 263 y 289 vta., que el recurso se ha interpuesto en término (art. 472 del C.P.P.).Además, la resolución que se pretende revertir resulta objetivamente impugnable, dada su condición de sentencia definitiva, y el recurrente se encuentra legitimado (arts. 467 y 469 del C.P. P.).

3º) Que, el recurrente considera que no se encuentra probada la existencia del hecho, señalando que la sentencia lo da por sentado partiendo exclusivamente de los dichos de la damnificada, sin basarse en ningún medio de prueba idóneo.

Sostiene, que no se tuvieron en cuenta elementos de prueba que descartan la inexperiencia sexual de la víctima, lo que, indica, es un elemento objetivo del tipo penal que el tribunal de sentencia debe probar para poder atribuir a una persona la comisión del delito de estupro.

Por ello, afirma que la sentencia contiene un vicio lógico, ya que se razona sobre elementos de prueba de una manera subjetiva parcial, extralimitándose las reglas de la sana crítica, lo que convierte a la decisión recurrida en arbitraria.

Por último, se agravia por el monto de la condena impuesta a su defendido, entendiendo que no surge de las circunstancias que se valoran en la sentencia, de acuerdo a las pautas mensurativas de los arts. 40 y 41 del C.P., que deba aplicarse una pena superior al mínimo establecido en el art. 120 del C.P., y solicitando que de no hacerse lugar a lo primeramente solicitado, se reduzca la pena a tres años, cumpliéndose la misma en forma de ejecución condicional.

4º) Que habiéndose reunido los elementos precedentemente descriptos, corresponde concluir declarando formalmente admisible el recurso de casación deducido por la defensa de Pablo David Zerda.

Por ello la Corte de Justicia, resuelve: I. Declarar la admisibilidad formal del recurso de casación interpuesto a fs. 285/289 vta.

II. Ordenar se ponga el expediente en la oficina por el término de quince días (art. 474 del C.P.P.). - Guillermo A. Posadas. - María Cristina Garros Martínez. - Antonio Omar Silisque. - María Rosa I. Ayala.
Progresividad tributaria, principio de progresividad, vivienda
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Alba Quintana, Pablo c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

No existe un derecho subjetivo de cualquier persona para exigir en forma inmediata y directa de la Ciudad de Buenos Aires la plena satisfacción de su necesidad habitacional; sí, en cambio, para que el universo de destinatarios a quienes el GCBA debe asistir, pueda requerir la cobertura habitacional indispensable -sea a través de hogares o paradores-. (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, honorarios, jus, Superior Tribunal de Justicia, acordadas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RECHIA, FRANCISCO c/ HERRERO, JOSE DOMINGO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-07

El decisorio de la Alzada en cuanto convalidó el cálculo de los honorarios -liquidados según el valor de la unidad jus vigente conforme Acordadas de esta Corte-, no resulta descalificable desde el plano constitucional, desde que los honorarios fueron cuantificados a valores en vigor a la época en que se hallaron firmes tanto las regulaciones respectivas como el pronunciamiento que impuso la obligación de pagarlos. (Del voto del Dr. Netri) - Jurisprudencia vinculada: Cardozo, AyS T 279, p 461.
SOCIEDADES COMERCIALES, sociedad anónima, PARTICIPACION SOCIETARIA, distribución de dividendos, pago, intereses, acción de repetición, principios generales del Derecho
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Administración Nacional de la Seguridad Social c/ Grupo Clarin SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

Así, es claro que debe examinarse como principio de legitimación de la facultad de establecer las reservas facultativas si se encuentran debidamente justificadas -cuantitativa y cualitativamente- en una razón de necesidad o conveniencia para la sociedad y no en maniobras en beneficio o perjuicio de algún grupo de accionistas (ver Grispo, Jorge Daniel, "Ley General de Sociedades", T. I, pág. 608/609 y sus citas, ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2017).
Plazo, plazos procesales, suspensión del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Industrias Brio S.R.L. en J.: Resero S.A.I.A.C. c/ Industrias Brio S.R.L. s/ Ordinario Casación (LIBRO: S259 - 144)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-09-07

La correcta interpretación del art. 64 del CPC, determina que los plazos que pueden ser suspendidos convencionalmente, pueden abarcar días hábiles e inhábiles indistintamente, sin comprometer lo establecido por el art. 63 del CPC, cuya previsión está referida, sin duda, a los actos procesales que deben cumplirse en determinado lapso, donde sólo se computan los días hábiles.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, prisión preventiva, calificación legal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Panceira,  Gonzalo y otros s/ asociación ilícita s/ incidente de apelación de Alderete, Víctor Adrián.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-16

Cuando la prisión preventiva ha sido dictada sobre la base de una interpretación de normas federales que se reputa errada, y la calificación jurídica de los hechos impide la excarcelación del imputado, no existe otro modo de resguardar inmediatamente la libertad durante el proceso si no es admitiendo la procedencia formal del recurso extraordinario.
Derecho procesal, medidas cautelares, procedencia del recurso, pago en cuotas, prestaciones de la obra social
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pillado, Sabrina c/ Osde Organización de Servicios Directos Empresarios s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-12

Procede hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por la actora con relación al aumento del importe de la cuota correspondiente a su plan de salud. Ello por cuanto, es afianzado el criterio según el cual, ante un mayor peligro en la demora, cabe menguar la exigencia en el examen de los recaudos que condicionan la verosimilitud en el derecho y viceversa (v. esta Sala, 5/6/12, en "El Ahmed Omar y otro c/ Swiss Medical Group SA s/ amparo", entre otros); y en el caso, dicho peligro es evidente, como se advierte a poco que se tenga presente que el interés concierne a bienes de la vida que, como la adecuada atención de su salud, no admiten espera. Como es hecho notorio, ciertas compañías de medicina prepaga aumentan las cuotas de sus afiliados a partir de que estos alcanzan cierta edad, temperamento que adoptan bajo la presunción de que, como es natural que ocurra cuando las personas tienen mayor edad, ellos habrán de utilizar los servicios contratados con mayor asiduidad. Si bien es cierto que no hay constancias de que ello sea lo que efectivamente sucedió en el caso, tampoco es posible descartarlo, máxime si se tiene en cuenta cierta coincidencia entre la fecha del incremento y la fecha de nacimiento de la apelante; no obstante, la medida que aquí habrá de disponerse ningún efecto habrá de ocasionar sobre otros aumentos que, por diversos motivos, bien podrían haber sido dispuestos. Por último, en cuanto a la contracautela, y dada la especial importancia del interés titulado - derecho a la salud- (CN 42; art. 12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por ley 23313), se exhibe suficiente la caución juratoria ofrecida en la demanda, la que se debe tener por debidamente prestada.
Honorarios, ejecución de honorarios, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: ÁLVAREZ, Alfredo c/ ROJO, Juan José s/ SIMULACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-05

El plazo bienal de prescripción para el cobro de honorarios profesionales comienza a correr recién a partir del momento en que quedó establecido el monto del proceso por el procedimiento previsto por el art. 23 de la ley 21.839, aun cuando el profesional haya cesado con anterioridad su labor, porque en esa oportunidad faltaba un elemento necesario para fijar sus emolumentos.

(Sumario N°18998 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Preaviso, indemnización sustitutiva de preaviso, extinción por quiebra o concurso del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: MORALES, OSCAR c/ SUDAMTEX  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

Tratándose de un supuesto de quiebra de la empresa empleadora, como la extinción del vínculo laboral se produce por disposición legal y no por la voluntad de una de las partes, art. 231 LCT, resulta improcedente el pago de la indemnización sustitutiva del preaviso y sus complementos, el sueldo anual complementario y la integración del mes de despido.
Sentencia definitiva, Instituto Nacional de Obras Sociales, obras sociales, universidades nacionales, personal no docente
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Universidad   de   Buenos  Aires c/ Federación  Argentina  de Trabajadores de las Universidades Nacionales. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

Es sentencia definitiva la que suspendió precautoriamente los efectos de la resolución del Instituto Nacional de Obras Sociales mediante la cual la obra social constituída por la Federación Argentina de Trabajadores de la Universidad Nacional había sido inscripta en el Registro Nacional pues al enervar los efectos de un acto administrativo referente a la policía de las obras sociales, impide la prestación y utilización de los servicios de salud organizados por la ley 24.741 en modo no susceptible de reparación ulterior oportuna y adecuada (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Estafa procesal, prevaricato del abogado
Materia: PENAL
Carátula: Baez, Adrián Edgardo y otros c/  s/ estafa procesal y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-10-16

Corresponde condenar a los abogados imputados a dos años de prisión, un año de inhabilitación especial para ejercer la profesión y al pago de una multa, por considerarlos autores materialmente responsables de los delitos de estafa procesal y prevaricato, por iniciar demandas laborales por supuestos accidentes laborales haciendo uso de documentación falsa, la cual acompañaban como prueba, toda vez que las evidencias colectadas son de carácter objetivo y permiten tener por comprobada tanto la materialidad ilícita como la coautoría material, de manera que se acreditó con el grado de certeza exigido constitucionalmente, que los incursos cometieron los hechos investigados.
Indemnización por muerte, valor vida, beneficiarios de la indemnización civil, hijos
Materia: CIVIL
Carátula: CORZO DE CANDREVA, Elba Elvira c/ BLANCO, Rafael s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-15

El principio de igualdad ante la ley no resulta alterado cuando, al establecer la indemnización por el fallecimiento del progenitor, se otorgan indemnizaciones distintas a los hijos, en orden a sus edades. Es que la diferencia de edad entre uno y otro es suficiente como para considerar que serían distintos los tiempos hasta la mayor edad, o hasta que arribaran a la actividad productiva propia.-
Recurso de queja (procesal), juicio de apremio, deuda exigible
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Camuzzi Gas del Sur S.A. s/ Queja en: "D.G.R. c/ Camuzzi Gas del Sur S.A. s/ Apremio"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-03-10

La quejosa no ha logrado demostrar en el recurso de hecho deducido la falta de alguno de los presupuestos básicos de la acción de apremio -en la especie- la existencia de deuda exigible. Ello sólo puede tenerse por acreditado, cuando la circunstancia apuntada (inexistencia de deuda exigible) aparezca en forma palmaria y manifiesta, extremo que no se observa configurado en el caso. De ello, resulta la improcedencia del recurso de queja articulado, máxime teniendo en cuenta que la discusión atinente a la causa de la obligación, excede el marco que el procedimiento de ejecución fiscal nos habilita.