Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-03-31


.MDEL.1455871.

EXP 32025 / 13 Salta, 31 de marzo de 2017.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ORTIZ, LIDUVINA DEL VALLE; BARRIOS, FERNANDA CECILIA Y OTROS C/ DIESEL ALEJANDRO 1º S.A. S/ ORDINARIO", EXP - 32025 / 13; originario del Juzgado de primera instancia del Trabajo nº 1, para resolver las apelaciones interpuestas a fs. 134/136 y 145/146 y vta., y C O N S I D E R A N D O La Dra. Mirta Inés Regina, dijo: I. Suben estos autos a la alzada, para resolver las apelaciones de la parte demandada a fs. 134/136 y vta. y de la parte actora a fs. 145/146, en contra de la sentencia de primera instancia de fs. 126/133 y vta.

APELACION PARTE DEMANDADA:

Dice el demandado que la resolución atacada agravió a su parte en dos aspectos:

1º) En tanto y en cuanto hizo lugar a la demandada promovida, considerando a tales fines que la ruptura del vínculo laboral concretada por los actores fue legítima, y 2º) En cuanto declara procedente la indemnización prevista por el art. 2 de la ley 25.323.Con respecto al primer agravio expresa que el Sentenciante hace lugar a la demanda, considerando que su mandante habría incumplido con una prestación básica y esencial a su cargo, habiendo pasado por alto considerar los deberes, también básicos y esenciales, que los trabajadores omitieron cumplir. Alega que la mayoría de los trabajadores que tenían una gran antigüedad como empleados de la Empresa, se encontraban todos debidamente registrados en todos los aspectos (antigüedad, jornada, categoría laboral, etc,) y que jamás se había incurrido en incumplimiento anterior.

Que frente a la primera dificultad de la empleadora en cumplir con las obligaciones a su cargo, la totalidad de los trabajadores optaron por darse por despedidos al mismo tiempo, sabiendo que con ello sentenciaban el futuro de la Empresa, impidiéndole generar los ingresos para hacer frente al pago de los rubros por ellos reclamados.

Que ante lo expresado precedentemente, el Juez de Grado omitió considerar la grave vulneración a los principios de buena fe, colaboración, solidaridad y conservación del vínculo laboral en la que incurrieron los accionantes, violando así las previsiones de los arts. 10, 62, y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que demuestró la ilegitimidad del despido concretado.

Cita jurisprudencia. Manifiesta el apelante que en segundo lugar agravió a su parte, que el juez de grado decidió hacer lugar íntegramente a la indemnización prevista por el art. 2 de la Ley 25.323.

Dice que cabe recordar que dicha norma faculta expresamente al Juez de grado a eximir su pago, cuando las constancias del proceso demuestren que han existido causas que justifiquen la conducta del empleador.

Asevera que quedó demostrado en el expediente de manera clara que su mandante se comportó siempre como un excelente empleador, no existiendo incumplimiento alguno de su parte durante los prolongadísimos plazos por los cuales se extendieron las relaciones con sus empleados.

Que en el caso de la demora en el pago de los salarios, la misma encuentra su fundamento en la difícil situación comercial que atravesaba, la que fue expresamente reconocida por el Juzgador, a lo que cabe agregarle la decisión de la totalidad de los empleados de darse por despedidos al mismo tiempo, colocando a la Empresa en la imposibilidad de generar recursos con los cuales atender los reclamos.

Por lo expuesto considera que no caben dudas que en el supuesto particular de autos, existieron motivos más que justificados para eximir íntegramente a su representada de la indemnización del art. 2 de la Ley 25.323.

Finalmente concluye solicitando que se revoque la sentencia atacada en todo lo que es materia de agravios, con costas y haciendo reserva de caso federal.

A fs. 141 se corre traslado a la contraria el que es contestado a fs. 143/144 vta., pidiendo que se rechace el recurso incoado y se confirme la sentencia de primera instancia, salvo lo que es materia de apelación por su parte, con costas y reserva de caso federal.

APELACION PARTE ACTORA:

Expresa el apelante que deduce recurso de apelación en contra de la sentencia de grado, a fin de que se deje sin efecto el punto II- de su parte resolutiva- disponiéndose en su mérito hacer lugar al reclamo del rubro indemnizatorio del art. 80 o eventualmente se revoque la imposición de costas a los actores , con costas.

Con respecto al rechazo de las indemnizaciones del art. precedentemente mencionado, manifiesta que la sentencia expuso los siguientes argumentos que agraviaron a su parte:

1º) ".El objetivo de la norma prevista en el art. 80 de la LCT, no es que el trabajador obtenga un resarcimiento indebido." Asevera que sus conferentes no perseguían sino sólo la recta aplicación del derecho vigente que imponía que la documentación laboral les debía ser integralmente entregada en el plazo de dos días desde su intimación , operándose una multa en caso de incumplimiento; lo cual de ninguna manera la aplicaciones del derecho pudo reputarse como "resarcimiento indebido".

2º) ".. sino castigar al empleador que no dio cumplimiento con las obligaciones establecidas en la misma, y por lo tanto, lo que se persigue punir es la falta de entrega y no la entrega insuficiente o defectuosa de dichas constancias."Dice que lo cierto es que "cumplimiento" de una obligación importa hacerla efectiva en tiempo y forma, por cuanto no hay cumplimientos a medias o semi cumplimientos; que ello no tiene previsión normativa como causa eximitoria de las indemnizaciones establecidas legalmente.

3º)." Conforme surge del expte. Adm. Nº 64-214674/2013 (reservado en Secretaría a fs. 62) la demandada consigna en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social las Certificaciones de Servicios y Certificados de Trabajo de todos los actores, en fecha 04/10/13.. ", lo cual expresa no es ni más ni menos que la configuración del alegado incumplimiento que demanda su parte y que el fallo omitió fragantemente. Afirma que efectivamente, sus conferentes intimaron a la demandada por telegramas de fechas 20,23 y 25 de septiembre de 2013 a la entrega en plazo de dos días, tal como disponen los arts. 80 de la LCT y decreto 146/01. Yque la propia sentencia "reconoce" que la pratonal recién presentó la documentación el día 04/10/13 en Secretaría de Trabajo, lo cual demuestró que recién pretendió entregarlas habiendo transcurrido siete días desde la última interpelación , siendo esto mucho más de los dos días de plazo legal .

4º) "Se observa que los formularios de la ANSES PS2 contiene todos los datos reclamados en la normativa, siendo rechazados por los actores por extemporáneos y por no consignar correctamente la fecha de extinción de la relación laboral (se consigan a julio /13 cuando corresponde a agosto/13) ".

Opina que esta afirmación conforma un contrasentido de la sentencia. Si la documentación consigó una falsa fecha de extinción de las relaciones no es cierto que contenía los datos de la normativa, pues claramente esto es falso y justificó el rechazo de los instrumentos y la imposición de que deban ser nuevamente entregados.

5º) "Atento a ello, corresponde el rechazo del rubro en análisis. Sin perjuicio de ello, corresponde intimar a la demanda a que en el término de 20 (veinte) días, proceda a hacer entrega de la Certificación de Servicios y Remuneraciones conforme los datos emanados de ésta Sentencia...". Dice que claramente la sentencia tuvo por configurado el incumplimiento a la entrega de la documentación a tenor del art. 80 de la LCT, tanto en cuanto al tiempo para hacerlo (fuera del plazo legal) como a la forma en que se hizo, pero sin sustento en el derecho, entendió que dicha entrega extemporánea y deficiente funcionó como causa eximitoria de la obligación indemnizatoria, todo lo cual considera que es ilegal porque no tuvo basamento jurídico.

Alega que no se puede convalidar de ninguna manera la sentencia que propugnó que se violó el derecho justificándose el incumplimiento, menos cuando el mismo es atribuible únicamente a la propia parte demandada, quien no pudo haber cumplido en el plazo legal de dos días y extender las certificaciones hasta agostos/13.Cita jurisprudencia.

Asevera que, bajo ningún aspecto sus conferentes buscaron obtener un "resarcimiento indebido", pues el derecho a una indemnización legal, derivado del incumplimiento patronal a una imposición, no puede ser catalogado de tal manera.

Finalmente sobre la imposición de costas, que también agravia a su parte, manifiesta que eventualmente y para la improbable eventualidad en que no se acogiera el agravio anterior, solicita la revocación de imposición de costas a los actores por el rechazo del rubro art. 80. Atento a que efectivamente la demandada debe extender nuevamente la documentación y que el fallo ha considerado (sin basamento en el derecho) que la eximió del pago indemnizatorio, ello de ninguna manera puede imputar atribuir el carácter de vencidos a los actores, correspondiendo en consecuencia la revocación de la imposición de costas a su cargo.

Por todo lo expuesto solicita que se revoque el punto II) de la sentencia de primera instancia y que disponga hacer lugar a la indemnización del art. 80 y que eventualmente se revoque la imposición de costas a los actores. Hace reserva de caso federal.

A fs. 157, se corre traslado a la contraria, el que es contestado a fs. 161/162 y vta. solicitando que se rechace íntegramente el recurso incoado por al parte actora, con costas, haciendo reserva de caso federal.

APELACION DE LA DEMANDADA:

El primer agravio de la accionada se relaciona con la causal invocada por los actores para considerase injuriados y darse por despedidos, considerando que los mismos han incurrido en vulneración a los principios de buena fe, colaboración, solidaridad y conservación del vínculo laboral al optar por darse por despedidos al mismo tiempo, sabiendo que con ello sentenciaban el futuro de la empresa, impidiéndole generar los ingresos para hacer frente al pago de los rubros reclamados.

Lo cierto es que, previa intimación a la patronal para que en el término de dos día abone los salario impagos de junio y julio de 2013 y diferencia de SAC 1º cutoa2013, consumaron el distracto en virtud del incumplimiento incurrido por la empresa.

Por su parte, la demandada alega estar atravesando por una crítica situación económica y que por lo tanto la falta de pago de las remuneraciones no puede ser interpretada de manera aislada, sino en el contexto y considerando demás la actitud de los actores, la que considera ilegitima al violentar elementales principios y deberes consagrados por el ordenamiento laboral.

Comparto el criterio del A quo en cuanto a que la situación suscitada entre los actores y la accioanda configura injuria suficiente para denunciar el incumplimiento del empleador y rescindir el contrato, ello así en virtud del art. 74 LCT, pues la falta de pago de la remuneración convenida en plazo oportuno, configura un grave incumplimiento contractual, ya que la retribución es una de las principales obligaciones del empleador en atención a la naturaleza alimentaria del salario, por lo tanto tal deber deviene inexcusable. Es decir, el despido decidido por los trabajadores resulta legítimo, en tanto la injuria ocasionada por la falta de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la empleadora, debidamente intimadas, sin efectivizar el pago de las remuneraciones debidas de dos eses (junio y julio de 2013), diferencia 1º SAC/13 y vacaciones, se traducen en injurias de tal magnitud que imposibilitaron la prosecución del vínculo de conformidad al art. 242 LCT.

Considero que la postura adoptada por la demandada se halla alejada de los principios del derecho del trabajo y que la falta de pago del salario completo resulta suficiente injuria que justifica la disolución del vínculo. Ello por cuanto el núcleo del contrato está formado por el trabajo prometido y por el salario correspondiente.

En este aspecto, cabe recordar que la valoración de la injuria corresponde al Juez de la causa, quien -en este caso- ha considerado ajustado a derecho el autodespido, toda vez que se ha tenido por acreditado el incumplimiento en el pago de las remuneraciones, criterio que comparto toda vez que el pago de los salarios correspondientes al trabajador, junto a dar ocupación son las obligaciones más importantes que pesan en cabeza del empleador, según lo prevé el art. 74 de la L.C.T.

De allí que el argumento del apelante acerca de que los trabajadores obraron injustificadamente al no mantener la fuente de trabajo, aparece como una mera apreciación subjetiva y personal sin fundamento jurídico frente al hecho acreditado de que no se abonaron las remuneraciones de dos meses de los actores o que, en la situación de crisis que invoca, no se recurrió a los mecanismo previsto en la ley para justificar el no pago de remuneraciones de dos meses.

La situación grave económica alegada por la accionada no debe perjudicar a los trabajadores en tanto los mismos tienen asegurado, por el orden público laboral, su ingreso y su trabajo. Conclusión que se confirma si tenemos en cuenta que, siendo de por sí la actividad del empresario una fuente de riesgos, sólo a él le corresponde soportar sus consecuencias, debiendo correr ello exclusivamente por su cuenta, como contrapartida de que sólo a él le corresponden los frutos.

La alternativa que tenía el empleador para mantener la fuente de trabajo y justificar la suspensión de los efectos del contrato era aplicar el procedimiento de crisis establecido en los arts. 218 y 219 de la L.C.T., y en su caso, cuando la causal alegada se prolongue mas allá del plazo legal de suspensión recurrir a las previsiones del art. 223 bis, todo lo cual no aconteció en autos, resultando insuficiente -reitero- la afirmación de la voluntad del apelante de mantener subsistente el vínculo, pues para ello debió cumplir con la normativa prevista para el supuesto invocado por el apelante.

Por ello el agravio relativo a la inexistencia de la injuria debe ser rechazado, debiendo mantenerse el pago de las indemnizaciones correspondientes, con costas al demandado.

Como segundo agravio se queja el apelante de la procedencia de la multa del art. 2 de la ley 25323, entendiendo que la conducta desplegada por su parte deviene justificada por lo que -considera- el juez debió eximirlo de abonar dicha multa, al estar facultado para ello por la misma normativa aplicada.

Este agravio, en mi opinión, tampoco puede prosperar. Debe tenerse en cuenta que dicha norma enuncia que las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la ley contrato de trabajo, 6 y 7 de la ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas en un 50%, cuando el trabajador, previa intimación fehaciente al empleador, se vea obligado a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas.

Sin embargo, el segundo párrafo de la norma faculta a los jueces para que, por resolución fundada, reduzcan el incremento hasta la eximición, " Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador ."y estas pueden ser de dos órdenes: 1) la imposibilidad material o jurídica de satisfacer los créditos; 2) la pertinencia de la justa causa de despido invocada.

La imposibilidad material o jurídica de satisfacer los créditos implica que el empleador reconoce el derecho del trabajador a percibir las indemnizaciones derivadas del distracto, y entiendo que requerirá, además, que sea invocada oportunamente, es decir al ser interpelado para el pago de las mismas. Ello, como consecuencias lógica del principio de buena fe al que las partes del contrato de trabajo están obligadas a ajustar su conducta, también al extinguir el vínculo (art. 63 LCT) Cuando el despido sea dispuesto por el empleador sin invocar causa, no habrá posibilidad alguna de justificar la falta de pago oportuno de las indemnizaciones ya que regirá al respecto lo dispuesto por el art. 243 LCT, que impide modificar en sede judicial la causal de despido consignada en la comunicación del mismo.

En los casos de despido indirecto -como el de autos- que se juzguen justificados, existirá la posibilidad de que la conducta del empleador pueda autorizar la reducción o eximición del incremento indemnizatorio.

La intención del legislador al sancionar el art. 2 de la Ley 25323 fue multar a aquellos empleadores que, sin motivo o causa válida, omitieran dar cumplimiento con la obligación de pago de las indemnizaciones debidas al trabajador, induciendo a éste a recurrir a la justicia a fin de percibir aquel pago. En el caso bajo análisis el demandado incumplió con una de las obligaciones mas importantes del contrato de trabajo, la falta de pago de los salarios sin justificar o demostrar causa jurídica válida para tal conducta, por lo que no le asiste razón alguna que deba evaluarse y que permita disminuir o reducir el monto de la indemnización cuestionada. Por lo tanto, debe confirmarse la multa dispuesta en el art. 2 de la Ley 25323, rechazándose también este agravio, con costas, teniendo presente la reserva efectuada.

APELACIÓN DE LOS ACTORES:

Se agravian los actores por el rechazo decidido en primera instancia de la multa que surge del art. 80 de la L.C.T., solicitando se revoque el mismo, o en su caso, se modifique la imposición de las costas, las que han sido impuestas a los accionantes.

El A quo, para resolver como lo hizo, tuvo en cuenta que, conforme surge del Expediente administrativo Nº 64-214674/2013, la demandada consignó en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social las certificaciones de servicios y certificados de trabajo de todos los actores en fecha 04/10/13 y observó que los formularios de ANSeS PS 6.2 contienen todos los datos requeridos en la normativa, siendo rechazados por los actores, por extemporáneos y por no consignar correctamente la fecha de extinción de la relación laboral. Atento a ello, el sentenciante intimó a la demandada a que en el plazo de 20 (veinte) días proceda a hacer entrega de la certificación de servicios y remuneraciones conforme los datos emanados de la sentencia.

En este tópico se ha considerado en anteriores decisorios de esta Sala que "corresponde rechazar la indemnización pedida en los términos del art. 80 de la LCT si no se advierte una conducta del empleador que evidencie su intención de vulnerar el bien jurídico protegido por la ley 25345 -cuya finalidad radica en combatir la evasión fiscal- ya que se estaría consagrando un ejercicio abusivo del derecho, máxime si, frente a la intimación del dependiente con relación al certificado de trabajo, el principal lo puso a su disposición en el lugar de trabajo, sin que aquél haya manifestado en momento alguno que se le haya negado su entrega (doctrina de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en , 29/2/12, "Coronel c/ Petro Norte GNC S.R.L.", del 29 de febrero de 2.012, publicada en DT 2012-7-1771; de la Sala VIII, en "Galeano c. Ave Caesar S.R.L.", DT 2010-3-500, del 4 de agosto de 2.009; Sala IX, en 29/12/09, "Suárez c. Fundación IAG", del 29 de diciembre de 2.006, entre otros).

Ello por cuanto la obligación de entrega que impone el art. 80 de la ley de contrato de trabajo debe ser ponderada desde los principios de colaboración, solidaridad y buena fe (arts. 62 y 63 de la ley de contrato de trabajo), teniendo en cuenta el fin institucional de la norma, es decir, que no exista evasión provisional, y que no cabe admitir una utilización abusiva que sea contraria a los fines que motivaron su sanción y a los principios de la moral y las buenas costumbres (arts. 9 y 10 del C.C.C.), lo que sucede cuando el único objetivo del trabajador al formular el reclamo no es otro que lograr un incremento de las indemnizaciones por despido... y el empleador, tras el distracto, pone a disposición del interesado las certificaciones referidas y las acompaña al contestar demanda" (Carlos Pose, Ley 20744 anotada, comentada y concordada con leyes laborales y directivas civiles de aplicación en el fuero laboral, tercera edición, año 2.014, págs. 263 y 264).

En este entendimiento, la causa del rechazo de la multa prevista en la norma en cuestión es que la certificación de servicios y remuneraciones y el certificado de trabajo fueron puestos a disposición del trabajador y depositados en sede administrativa, razón por la cual el cumplimiento de la obligación de hacer prevista en esa norma resulta indiscutible, y el pedido de aplicación de la multa carece de su antecedente lógico y fáctico, por lo que el agravio no puede prosperar.

En relación a la cuestión apelada relativa a la forma de distribución de las costas por el rechazo del rubro precedentemente analizado, esta Sala ya se ha expedido al respecto en autos "AQUINO CAVALLI, RAUL EDUARDO c. AGENOR S.A. - ORDINARIO", EXP. nº 31.199/13, y tal tesitura también ha sido objeto de análisis por la Corte de Justicia Local en autos "OLIVO, MARCELO RAMÓN VS. ALLIANCE ONE TOBACCO ARGENTINA SA - QUEJA POR RECURSO DE INCONST. DENEGADO" (Expte. Nº CJS 38.195/16; Tomo 205:1063/1072), resultando ambos precedentes favorables para acoger este agravios de la pare actora.

En efecto, sabido es que el principio general en la materia es de que la parte vencida en el juicio debe pagar todos lo gastos de la contraria (arts. 67 y 68 del CPCC).

Es decir, el C.P.C.C. consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota. No obstante, el sentenciante puede apartarse de esa regla dando los fundamentos que lo justifiquen.

Considero que este agravio debe ser acogido y que las costas por el rechazo de la multa del art. 80 de la LCT deben imponerse por el orden causado, toda vez que el debate sobre si resulta o no procedente el reclamo la mentada sanción, en casos en que el empleador judicial o extrajudicialmente cumplió con la obligación prevista en su segundo párrafo, lleva a posiciones disidentes en la jurisprudencia, circunstancia esta que hace prudente el criterio de imposición de costas por su orden.

En fin, de prosperar mi voto, se hará lugar parcialmente al recurso de apelación de los actores y se modificará el punto II de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia imponiéndose las costas -por el rechazo allí resuelto- por el orden causado. Con costas por su orden, también en esta instancia y en lo relativo a este agravio, por los fundamentos ya expuestos.

En atención a lo dispuesto en la Acordada de la Corte de Justicia de Salta Nº 12.062/16 debo expedirme sobre el porcentaje de lo que considero le corresponde por honorarios a los abogados intervinientes en esta instancia, el que en esta oportunidad y atento el resultado del recurso y en aplicación de los arts. 4 y13 del Decreto Ley 324/63 estimo en un 45 % de lo que corresponda por honorarios en primera instancia.

La Dra. Analía Villa de Moisés, dijo:

Que coincido con la conclusión a la que arriba el voto que antecede; sin embargo, en relación al rechazo del agravio con fundamento en el art. 80 LCT, aunque por razones distintas a las brindadas en aquel.- En efecto, en las relaciones laborales las comunicaciones cursadas se perfeccionan cuando la expresión de voluntad llega al ámbito de conocimiento del destinatario -carácter recepticio-; es a partir de allí que deben computarse los plazos otorgados. A ello debo agregar que los presupuestos de procedencia de cualquier acción deben ser brindados y probados por quien lo pretende; en el caso, los actores (art. 377 CPCyC). Teniendo en cuenta que el art. 80 de la ley 20744 determina que el empleador debe entregar la documentación prevista en los apartados segundo y tercero de ese artículo "dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente", debían los actores, como punto de partida, afirmar la fecha de conocimiento por parte de la demandada de dicha intimación. Sólo de esa forma puede argumentarse extemporaneidad en el cumplimiento de la obligación intimada; lo comprimido de los términos en que se cumplieron todas las actuaciones en el presente (despidos entre el 16 y 17 de agosto de 2013, demanda el 30 del mismo mes, intimaciones practicadas entre los días 20 y 25 del mes siguiente; cumplimiento de la intimación a entregar la documentación laboral el 4de octubre de 2013, encontrándose emitida la documentación el día 3 de octubre de 2013; ampliación de demanda persiguiendo la sanción por incumplimiento presentada el 7 de octubre de 2013, cuando ya se encontraba cumplida la obligación) imponían una adecuada afirmación a fin de valorar correctamente la conducta de la demandada. Por ello, no surgiendo de autos, a mi criterio, la extemporaneidad en el cumplimiento de la obligación patronal, adhiero a la solución que arriba el voto que antecede.- Por ello, LA SALA II DE LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

F A L L A I. RECHAZANDO en su integridad la apelación interpuesta por la parte demandada, y en su mérito confirmando la sentencia de primera instancia en lo que fue materia de agravios, con costas al apelante. Teniendo presente la reserva efectuada.

II. HACIENDO LUGAR PARCIALEMNTE a la apelación de los actores, y en su mérito, modificando la imposición de las costas del punto II de la sentencia de fs. 126/133 y vta., imponiendo las mismas por su orden en ambas instancias; y RECHAZANDO los restantes agravios, confirmando la sentencia de primera instancia en lo que fue materia de agravios, con costas al recurrente. Teniendo presente la reserva efectuada.

III. DETERMINANDO los honorarios por la labor profesional desarrollada en esta instancia en un 45% de lo que se regule en primera en relación a lo que ha sido materia de agravio.

IV. ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.- SALA II DE LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA.