Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-13


TANZI S.A. contra EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA Reg.: A y S t 215 p 456-464.

En la ciudad de Santa Fe, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "TANZI S.A. contra EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA -Cumplimiento de Contrato- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 615, año 1998).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Vigo, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 150, pág. 245, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la resolución 82, del 25 de junio de 1996, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, por entender que la postulación de la recurrente contaba -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Vigo y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Número 15 de Rosario, Tanzi S.A. promovió demanda contra la Empresa Provincial de la Energía pretendiendo: a) una obligación de no hacer -la no utilización de vías de hecho y abstención de interrumpir el servicio-; b) una obligación de hacer -posibilidad de acceso a los sumarios internos o, de lo contrario, orden judicial de instruir las actuaciones con el debido control-; y c) una obligación de dar -normal provisión de la energía conforme los términos del contrato-.

En el escrito inicial, sostuvo que entre las partes existía una relación contractual de provisión de energía eléctrica; que se llevó a cabo un procedimiento en los medidores mediante el cual se determinó una deuda por consumos no registrados; y que el pago de ésta se intimó bajo apercibimiento de la suspensión del suministro.

Señaló que la prestación de la energía no podía quedar suspendida por mera voluntad unilateral de la demandada siendo que la explotación constituía un servicio público; que había abonado los consumos realizados por lo cual se intentaba una refacturación (sic) bajo el pretexto de una errónea registración en los medidores con sustento en su adulteración; y que no se había acreditado dicha circunstancia como tampoco la participación directa o indirecta de la actora.

La Empresa Provincial de la Energía compareció al proceso y solicitó la duplicidad de los términos procesales (art. 5, ley 9040). Posteriormente, interpuso recurso de revocatoria contra el primer decreto de trámite invocando -en esencia- que la actora no había dado cumplimiento al reclamo administrativo (art. 1, ley cit.).

2. Ordenado un nuevo traslado y celebrada audiencia de vista de causa, el Magistrado de baja instancia -previo analizar la incidencia- escrutó la competencia para entender en el litigio.

Así, dijo: en la causa se estaba debatiendo una cuestión contencioso administrativa, cuyo conocimiento es atribución originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia (art. 93, inciso 2 de la Constitución provincial), en tanto la relación jurídica habida entre las partes era de derecho público; la ley 10014 establece que la Empresa Provincial de la Energía ha sido creada como una persona de derecho público (arts. 2 y 7) cuya finalidad es satisfacer "el derecho a la energía" de la comunidad (art. 5, ap. a-); de allí que la cuestión planteada quedaba aprehendida por lo dispuesto en el artículo 10, inciso b) de la ley 4106 que expresamente dispone el ejercicio del recurso de marras contra las decisiones definitivas de autoridades facultadas a decidir en última instancia que lesionen un derecho subjetivo de carácter administrativo vinculado a los servicios públicos; la norma citada asigna a la accionada potestades públicas exorbitantes del derecho privado y su aplicación se traduce en el dictado de actos administrativos (art. 21) que, como tales, gozan de presunción de legitimidad y ejecutoriedad; además, ejerce funciones de policía en lo relativo a la prestación del servicio (art. 5, inc. j-) y, en ese cometido, le asiste el derecho de autotutelar sus decisiones (interrupción o privación del suministro de energía, conforme las facultades otorgadas por el art. 25).

En base a lo expuesto, concluyó el Sentenciante en primer grado de conocimiento que, de acuerdo a la naturaleza que el legislador ha asignado al ente demandado, los conflictos que se susciten con los usuarios debían encauzarse a través del agotamiento del procedimiento administrativo impugnatorio correspondiente, cuyo tránsito resultaba indispensable para acceder al sistema de revisión judicial, esto es: el previsto por la ley 4106.

3. Apelado que fuera dicho decisorio, la Sala lo confirmó. Para arribar a dicha solución sostuvo que: a) La ley 10014 crea el estatuto orgánico de la demandada que se constituye como una persona pública estatal, cuya finalidad es de "...satisfacer el derecho a la energía de la comunidad...brindando un servicio que...garantice seguridad, calidad, continuidad y economía..." (art. 4).

Los actos que implementen las decisiones del Directorio y Presidente del organismo, "...aun cuando por su objetivo lleguen a esta regidos por el derecho privado, tienen carácter administrativo en cuanto a su competencia, voluntad y forma..." (art. 21).

b) En mérito a ese marco normativo y a los objetivos de carácter público que cumple el ente, no existían dudas que la prestación del servicio público constituía una actividad desarrollada en la esfera del derecho administrativo, máxime cuando este servicio debía reputarse como esencial para el "standard" de vida actual.

Tal conclusión encontraba aval en la naturaleza misma de las prestaciones incoadas tendentes a poner un freno a actos que constituyen manifestaciones del poder administrador, como por la propia manifestación de la apelante -en su escrito de demanda-, en el sentido que la actividad desarrollada por el organismo es considerada "servicio público de interés público". c) Las pretensiones tenían origen en una relación contractual ejecutada por autoridad administrativa, vinculada a un fin público y bajo un régimen de derecho público, dándose en autos las dos condiciones que determinaban la naturaleza administrativa de la materia: se controvertían "actos de autoridad de la administración" en la prestación de un servicio y se encontraba comprometido "el interés público de la prestación".

4. Contra ese decisorio endereza la accionante su recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario, por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia, como lesivo de derecho constitucionales. Invoca los artículos 14, 16, 17, 18, 41, 42, 43 de la Ley Fundamental de la Nación; 15, 95 de la Carta Magna local y las leyes 24240, 10000, 10014 y 7055.

Luego de un pormenorizado detalle de los antecedentes del caso, la impugnante le imputa al A quo incurrir en diversas causales descalificantes, a saber: a) Incurrir en afirmaciones dogmáticas. Sostiene que la Sala introduce cuestiones ajenas a las vertidas por el Inferior, esto es: considerar a la Empresa Provincial de la Energía como poder administrador.

En tal sentido, aduce que parte del supuesto que los actos que emanan del directorio o presidente tienen carácter administrativo, con fundamento en el artículo 21 de la ley 10014; pero -dice- tal normativa resulta inaplicable al "sub lite" habida cuenta la ausencia de dicho acto.

Arguye que no media decisión alguna que ordene "refacturar o sobrefacturar" (sic) períodos liquidados y cancelados, "...donde el usuario ha pagado el consumo real efectuado, previo agotar instancias aclaratorias de empresa a empresa, y de decidir un juez si hubo fraude o alteración en los medidores de tensión o consumo..." (f. 43).

Afirma que cae en dicho vicio al reputar que la prestación del servicio eléctrico constituye una actividad desarrollada en la esfera del derecho administrativo y al aludir a un poder administrador.

Asimismo, añade, bajo ningún concepto puede calificarse como Estado o autoridad administrativa a una empresa con fines industriales o comerciales, que actúa en forma descentralizada, que realiza actos de gestión y no de poder, sujetos a revisión administrativa y judicial, según corresponda, de acuerdo a su carácter y objeto y puede ser intervenida por el Ejecutivo. Ello por cuanto el Sentenciante efectúa tales aseveraciones soslayando lo dispuesto por la ley 10014.

b) Prescindir de la situación fáctica y de pruebas.

Alude que "la ausencia de acto administrativo se patentiza en cuanto no se advierten en la causa los pasos para su dictado". Así, afirma que el fallo omite ponderar las probanzas incorporadas al proceso y las normas que pautan los referidos recaudos.

En otro orden, puntualiza que el A quo no considera el consentimiento de la demandada a la medida cautelar de no innovar sin reclamar la jurisdicción contencioso administrativa y, por ende, consintiendo la competencia de los jueces ordinarios.

c) Decidir cuestión no planteada, esto es: la existencia de una decisión del directorio o presidente de la E.P.E. de carácter administrativo, con la consecuente vulneración del derecho de defensa en juicio; agrega que, sin investigación judicial previa, la accionada emite un certificado de deuda que ejecuta en extraña jurisdicción.

d) Apartarse del texto expreso de la ley, concretamente las 10000, 10014 y 4106.

Pone de manifiesto que los cuerpos legales citados, en diversas disposiciones, aluden al carácter de derecho privado de los actos emanados de la E.P.E., sin determinar la competencia contencioso administrativa. Ello -dice- conduce a que el Tribunal también incurra en falta de motivación al no distinguir entre actos de "derecho privado" y de "derecho público".

Concluye, sobre tal aspecto, que cuando el Estado asume la gestión de un servicio de carácter comercial o industrial se enfrenta a los usuarios en la misma situación que una empresa común.

e) Fundamentar el fallo en precedentes no aplicables al "sub lite".

Ello así, habida cuenta que ninguno de los citados refiere al ente demandado; por el contrario, las pautas sentadas en la jurisprudencia invocada en modo alguno juzgan el obrar de empresas del Estado, descentralizadas -que realizan actividad de gestión-, sino de autoridades públicas que emiten actos de gobierno.

f) No decidir una cuestión planteada, esto es: el consentimiento por parte de la demandada de los hechos y derecho invocado en los escritos fundantes del proceso, con el consiguiente menoscabo a la regla de congruencia. Por lo demás, agrega que tampoco la Sala brinda respuesta alguna a los agravios vertidos en esa instancia.

g) Violar el principio de igualdad ante la ley (art. 16, C.N.) al soslayar las pruebas que daban cuenta que la E.P.E. cuando ejercita el derecho de acción lo hace ante la justicia ordinaria. Cita, en abono de su tesis, diversos casos donde se configura dicha circunstancia.

h) Soslayar el texto expreso de la ley al no mencionar los supuestos de excepción a la competencia contencioso administrativa. Invoca, en su apoyo, jurisprudencia, doctrina y legislación.

i) Incurrir en autocontradicción al juzgar que la materia debatida es de competencia de esta Corte (art. 93, inc. 2, C.P.) y no rechazar la demanda por no haberse agotado la vía administrativa.

Por último, alega que en la especie se configura un supuesto de gravedad institucional.

5. Más allá de las calificaciones jurídicas empleadas por las partes y de sus argumentaciones tendentes a avalar cada una de las posiciones que sustentan, la presente causa habrá de resolverse en atención a la sustancia de la controversia.

En la tarea de examinar la aceptabilidad constitucional de la respuesta brindada por la Alzada en punto a la competencia para entender en el presente caso, resulta pertinente considerar -ante todo y aunque no exclusivamente- las normas que rigen la materia respectiva.

En ese orden, es sabido que la Ley Orgánica del Poder Judicial, al distribuir o asignar la competencia "ratione materiae", lo hace en función de la "materia sobre la cual versa la pretensión" -art. 1, inc. 2 -, regla coincidente en su espíritu con la contenida en el artículo 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo primer párrafo dispone que "la competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda, y no por las defensas opuestas por el demandado" (en criterio que constituye pacífica doctrina del Alto Tribunal nacional, cfr., Fallos:308:830 y 2230; 310:156 y 2340; 311:2736; 312:1219; 313:1683; "Zéneca S.A.I.C.", setiembre 25 de 1997, etc; y de esta Corte, A. y S. T. 119, p. 247; T. 159, p. 293).

Pues bien: sentado aquel criterio, corresponde evaluarlo a la luz de la concreta naturaleza de la pretensión aquí planteada, advirtiéndose que en autos la firma Tanzi S.A.

promovió contra la Empresa Provincial de la Energía una demanda relacionada con la provisión del servicio de energía eléctrica que presta la mencionada empresa.

Narra que en fecha reciente recibió una nota de débito en la que se indica que hubo una "energía consumida y no registrada", por el espacio comprendido entre julio de 1988 y diciembre de 1991, y en la que se requiere la suma de $103.352,78, importe que debía ser pagado en fecha 18.6.1993.

Relata que recurrió dicha nota de débito siendo contestada la impugnación con una nota por la que se amenaza el corte de energía y con un telegrama por el que se otorgan 72 horas para el pago, bajo apercibimiento de suprimir el servicio.

Y, con una implícita referencia al derecho de las obligaciones (en especial, art.

495 del Código Civil), demanda una "obligación de no hacer", una "obligación de dar" y una "obligación de hacer".

Explica que pretende que la Empresa no corte el suministro de energía, que le suministre dicho fluido y, para el supuesto de que exista un sumario interno, que se le dé intervención en el mismo.

Expresa que si podría resultar legítimo el corte en caso de que el usuario no pague lo consumido en determinado lapso, no ocurre lo mismo tratándose de períodos ya pagados, donde se pretende una suerte de "refacturación", so pretexto de que medió un error de registración en "menor consumo".

En argumentaciones posteriores invocó expresamente la ley 24240 de defensa del consumidor; la regulación específica de los servicios públicos domiciliarios contenida a partir del artículo 25 de esa ley, y pidió el fuero ordinario estatuido en el artículo 53 para entender en este tipo de litigios.

La exposición de los hechos que efectúa la demandante pone en primer plano aspectos relativos al uso por un particular de un servicio público "uti singuli", de utilización voluntaria o facultativa, en los que se hallan implicados preponderantemente, textos del derecho común relativos al incumplimiento de las obligaciones que han de ser dilucidados en la jurisdicción ordinaria o común, según lo explica autorizada doctrina (Altamira, "Curso de Derecho Administrativo", pág. 460, Depalma, Buenos Aires, 1971, entre muchos otros).

Debe destacarse, en tal sentido, que en la demanda ni siquiera se menciona el Reglamento General para el suministro y comercialización del Servicio Eléctrico.

No aparecen directamente cuestionados textos reglamentarios; antes bien, se ventilan desinteligencias puramente comerciales entre ambas partes del contrato de suministro de energía.

No hallándose principalmente comprometidas las cláusulas reglamentarias ni otros textos de derecho público, la presente causa ha de ser disciplinada por normas de derecho privado en mayor medida que por disposiciones de derecho público, extremo que aconseja el conocimiento de los jueces de distrito en lo civil y comercial sobre la materia.

Y es que, vale aclararlo, no siempre la existencia de un servicio público -aunque sea prestado por el Estado- determina la competencia contencioso administrativa.

Como destaca Bercaitz, hay contratos relativos a servicios públicos en que la Administración actúa en las mismas condiciones que un particular; hay otros en que el servicio funciona con sus reglas propias y su carácter administrativo. A la jurisprudencia corresponde establecer cuándo se está en presencia de uno o de otro tipo de contrato (Bercaitz, Miguel A., "Teoría General de los Contratos Administrativos", segunda edición, págs. 196 y 197, Buenos Aires, Depalma, 1980).

En esa dirección se inscribe el despacho de la Comisión 1 de las VII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, celebradas en Junín, en setiembre de 1996, en las que se concluyó, de "lege lata" que "Cuando el servicio es prestado por el Estado o entes descentralizados, la relación tiene componentes de derecho público y de derecho privado".

Justamente la existencia de componentes de ambos subsistemas del sistema jurídico, requiere del Oficio la determinación, en cada caso, de la rama especialmente implicada, a cuyo efecto ocupa un lugar de primer orden la indagación de la pretensión del actor y los elementos probatorios obrantes en autos (A. y S., T. 71, pág. 162).

Por tanto, no puede partirse apriorísticamente de que todo asunto vinculado en mayor o menor medida con un servicio público acarrea necesariamente la competencia contencioso administrativa.

Insisto: no todo contrato celebrado por la Administración para la prestación de un servicio público es contrato administrativo. Así lo decidió en Francia el Tribunal de Conflictos, ya en el año 1910, en el caso "Compagnie d´Assurance Le Soleil".

Igualmente el Consejo de Estado y el Tribunal de Conflictos han declarado en varios pronunciamientos que "cuando el Estado asume la gestión de un servicio que por su naturaleza tiene carácter de industrial o comercial, se encuentra frente a los usuarios en la misma situación que una empresa común (Bercaitz, ob. cit., pág. 203).

Entre nosotros, ha explicado Marienhoff que, como principio general, los contratos que la Administración realiza en ejercicio de su actividad comercial o industrial, son contratos de "derecho común" y no "contratos administrativos", pues la actividad comercial y la actividad industrial, si bien pueden ser cumplidas por el Estado, no constituyen funciones "estatales" strictu sensu.

Por aplicación de tal criterio, ejemplifica el citado tratadista, son contratos de "derecho común" de la Administración Pública"...d) Los contratos que celebre el Estado con los particulares respecto a prestación de servicios públicos "uti singuli", de utilización voluntaria o facultativa para el usuario (vgr., gas, electricidad, teléfono, etc.)" (Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo III-A, págs. 117, 118 y 119, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998).

Cassagne, al analizar las distintas categorías y regímenes jurídicos de los contratos de la Administración se ocupa de los contratos celebrados en realización de una actividad industrial o comercial, tal como sucede con las denominadas empresas del Estado, en cuya legislación se establece que la respectiva actividad se hallará sometida al derecho privado en todo lo que haga a sus actividades específicas (Cassagne, Juan C., "Los contratos de la Administración Pública", El Derecho, Tomo 57, pág. 793 y siguientes, especialmente, p.

803 y nota 66; ver tb. Mairal, Héctor, La Ley 1981-A, 790 y sus citas).

Al hilo de lo precedente puede afirmarse que las empresas del Estado, en cuanto -en sus relaciones con terceros- realizan actividades de tipo comercial o industrial, se rigen por un régimen jurídico privado predominantemente y ratifican una realidad socioeconómica típica de nuestro tiempo como lo es la actuación del Estado como empresario.

Con expresa referencia a la competencia de los órganos jurisdiccionales, ha sostenido Canassi que "La actividad industrial y comercial absorbe también al Estado y es ahora comerciante e industrial, sin que la actividad en ese sentido salga de la jurisdicción también privada o común, como la de cualquier persona física o jurídica que actúe en el comercio o la industria..." (Canassi, José, "Derecho Administrativo", Vol. 1, parte general, p. 117, Depalma, Buenos Aires, 1981).

Por todo ello es posible afirmar que la Sala, al ligar inescindiblemente el servicio público a la competencia contencioso administrativa sin introducir unas necesarias distinciones que se hagan cargo de la naturaleza de las actividades que pueden desplegar las empresas del Estado en orden a determinar el régimen jurídico aplicable, incurrió en afirmaciones dogmáticas, inaceptables constitucionalmente.

6. Pero ese no es el único reproche constitucional que debe soportar el fallo.

En efecto: la Sala no suministró suficiente motivación en torno al acto administrativo que consideró presente para determinar la competencia contencioso administrativa. Así, mencionó escuetamente que "los actos que implementen las decisiones del Directorio y Presidente del Organismo, aun cuando por su objeto lleguen a estar regidos por el derecho privado, tienen carácter administrativo, en cuanto a su competencia, voluntad y forma (art. 21)", para concluir, en tramos posteriores de su exposición, que en el caso se controvierten "actos de autoridad de la administración".

Vale decir que el Tribunal se limitó a transcribir el texto del artículo 21 de la ley 10014, sin individualizar el acto o los actos que concretamente tuvo en cuenta para dirimir la competencia, ni aportar explicaciones acerca de por qué razón los aspectos comprometidos atañían a la competencia, a la voluntad y a la forma y no al objeto del negocio.

En definitiva, se le reprocha a la Sala no haberse detenido en la diversidad de régimen que surge de la propia letra del artículo que transcribió de la ley 10014 y de su particular incidencia en el caso.

La doctrina especializada admite que el Estado pueda actuar valiéndose de su capacidad de derecho público, o de su capacidad de derecho privado, o, en una formulación más actual, que pueda adoptar "medios jurídicos" establecidos para el derecho privado (Alessi), "formas y técnicas" del derecho privado (García de Entrerría).

Y es obvio que, en atención a la naturaleza pública del ente, todo el proceso de formación y manifestación de la voluntad permanece sometido al derecho administrativo, aun cuando después, el medio jurídico y toda la relación surgida queden sometidas al Derecho Privado que se ocupa del bloque negocial (Marienhoff, ob. cit, Tomo III-A, p. 123).

No es otra cosa lo que establece el precipuo artículo 21 que la Sala trajo a capítulo, pero sin explicar por qué motivo los cuestionamientos a la nota de débito -si tal es el acto que consideró la Sala- se vinculaban a la voluntad y a la forma y no al objeto del negocio.

7. Parece propicio recordar, por último, que en la habilitación de la jurisdicción contencioso administrativa militan, por un lado, razones técnicas y, por otro, las vinculadas al control de otro poder del Estado (cfr., por todos, "Sosa", A. y S. T. 116, p. 268) y que los poderes del órgano jurisdiccional en esta materia son correlativos al interés público y se ejercen en razón del grado de ese interés.

Pues bien, cuando un usuario del servicio de energía eléctrica -como en el caso- pretende someter a conocimiento judicial una pretensión que reconoce origen, esencialmente, en aspectos concernientes al consumo y su facturación y aun cuando podrían involucrarse temas reglamentarios inherentes a la contratación, ninguno de los motivos antes señalados aparecen con una incidencia tal que justifique, en verdad, habilitar dicha jurisdicción.

Por los motivos expuestos, corresponde anular la resolución recurrida, en tanto aparece fundada en afirmaciones dogmáticas y no resulta ser derivación razonada del derecho vigente y, por ende, descalificable desde el plano constitucional.

Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Vigo y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Vigo y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)