Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-26


Reg.: A y S t 283 p 231/234.

Santa Fe, 26 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de P. J. G. contra la resolución 624 del 11 de diciembre de 2017, dictada por el Tribunal Unipersonal del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, en autos caratulados "G., P. J. - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'G., P. J. S/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR EL VINCULO' - (CUIJ N° 21-06441883-9)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511826-0); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisión del 11.12.2017, el Tribunal Unipersonal del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, integrado por la doctora Lurati, resolvió confirmar la decisión del Juez del Colegio de Jueces en lo Penal de Cañada de Gómez que, a su turno, rechazó la excepción procesal de falta de personería planteado por la defensa ante la instancia de constitución como parte querellante del menor víctima sólo con representación de la madre, atento a ser el imputado el progenitor (fs. 2/v.).

2. Contra dicha resolución, el defensor del encartado interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 3/21v.).

Luego de un breve relato de los hechos, postula que el A quo incurre en interpretación normativa arbitraria al aplicar al caso la solución contenida en el artículo 72 "in fine" del Código Penal de manera extensiva y en contra del artículo 645 del Código Civil y Comercial de la Nación, afectando al principio de legalidad.

Señala que, bajo excusas de existir intereses contrapuestos, se provoca un vacío de protección en desmedro del justiciable respecto al derecho de ser oído por ante el juez de familia competente y por la vía procesal idónea en orden a sustanciar la presencia de su hijo en un juicio, configurándose en el caso un supuesto de gravedad institucional al decidir el Tribunal de Alzada en lo Penal en materia que es competencia originaria de los jueces de familia.

Aduce que, a través de la resolución puesta en crisis, se confirma la validez de la intervención de un acusador particular sin contar con legitimación procesal adecuada, generándose un atentado a la garantía del debido proceso, al principio de igualdad y a la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio.

Agrega que la Magistrada, al momento de decidir, suplió la actividad de la parte acusadora y del pretenso querellante al exponer razones jurídicas que no surgieron de las mismas, lo que configura una arbitrariedad sorpresiva.

3. El A quo, por auto de fecha 26.02.2018 resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 18/21v.).

Tal denegación motiva la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs. 24/31).

4. La presente queja no puede prosperar, pues la decisión recurrida -por medio de la cual la Jueza de Cámara confirmó el rechazo de la excepción por falta de personería del pretenso querellante dispuesto en primera instancia-, no puede ser reputada -atento a su naturaleza- sentencia definitiva, ni auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación en los términos del artículo 1 de la ley 7055.

Y si bien el compareciente intenta persuadir a este Tribunal que debe considerarse cumplido tal recaudo en tanto el pronunciamiento causa a su parte un gravamen de imposible reparación ulterior y por configurarse un caso de gravedad institucional, lo cierto es que no logra con sus alegaciones -invocando que en función de lo decidido el imputado deberá someterse a una doble persecución en el proceso penal- acreditar la concurrencia de un supuesto que habilite a sortear la ausencia del aludido requisito.

En efecto, la fundamentación ensayada por el interesado para probar la existencia de un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior no resulta idónea para demostrar la irreparabilidad pretendida, toda vez que no se advierte qué perjuicio le podría causar la intervención del querellante en el proceso penal.

Por lo demás, si conforme el criterio de este Tribunal en A. y S. T. 279, pág. 59, la decisión de admitir la constitución de la víctima en parte querellante no resulta susceptible de ser revisada por la vía intentada, más aún debe reputarse incumplido tal recaudo en un supuesto como el presente, en el que tan sólo se confirmó el rechazo por el Juez de grado de la excepción procesal de falta de personería planteada por la defensa, no habiendo sido aún resuelta la petición de constitución en parte querellante.

Finalmente, el resultado de la presente impugnación no puede variar con base en la doctrina de la gravedad institucional, hipótesis cuya concurrencia no alcanza a acreditar el recurrente en el "sub lite" con sus consideraciones relacionadas a que la cuestión debería haber sido dirimida en el fuero de familia. Es que, las razones que se brindan no persuaden a esta Corte de que la cuestión debatida revista interés institucional que supere al de la parte, comprometiendo de manera directa a la comunidad (Fallos:257:132; 290:266; 307:770; A. y S., T. 48, pág. 293; T. 81, pág. 280; T. 166, pág. 284).

En suma, frente a la ausencia del requisito de definitividad de la decisión cuestionada que se deriva del artículo 1 de la ley 7055, y sin que el presentante hubiese acreditado la configuración de las situaciones de excepción que este Tribunal tiene admitidas, el franqueamiento del recurso de inconstitucionalidad no encuentra fundamentación suficiente, correspondiendo en consecuencia denegar el remedio deducido.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - FALISTOCCO (por su voto) - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FALISTOCCO:

La presente queja no puede prosperar, pues la decisión que se impugna -por medio de la cual la Jueza de Cámara confirmó el rechazo de la excepción por falta de personería del pretenso querellante dispuesto en primera instancia-, por su naturaleza, no puede ser reputada sentencia definitiva, ni auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación en los términos del artículo 1 de la ley 7055.

Y si bien en la pieza recursiva el compareciente intenta persuadir a este Tribunal que debe considerarse cumplido tal recaudo en tanto el pronunciamiento causa a su parte un gravamen de imposible reparación ulterior y por configurarse un caso de gravedad institucional, lo cierto es que no logra con sus alegaciones acreditar la concurrencia de un supuesto que habilite a sortear la ausencia del aludido requisito en la vía intentada.

En efecto, la fundamentación ensayada por el interesado -alegando que el imputado deberá someterse a una doble persecución en el proceso penal- no resulta suficiente para demostrar la irreparabilidad pretendida, ya que no se encuentra ante una resolución que resuelve la constitución de la parte querellante, sino que rechaza la excepción intentada por la defensa, sin perjuicio de seguir con el trámite correspondiente, en caso de que la misma quede firme.

Por lo demás, el resultado de la presente impugnación no puede variar con base en la doctrina de la gravedad institucional, hipótesis cuya concurrencia no alcanza a acreditar el recurrente en el "sub lite" con sus consideraciones relacionadas a la decisión efectuada por un juez penal en una materia -según expone el recurrente- que es competencia originaria del fuero de familia. Las razones que se brindan no persuaden a esta Corte de que la cuestión debatida revista interés institucional que supere al de la parte, comprometiendo de manera directa a la comunidad (Fallos:257:132; 290:266; 307:770; A. y S., T. 48, pág. 293; T. 81, pág. 280; T. 166, pág. 284).

En suma, frente a la ausencia del requisito de definitividad de la decisión cuestionada que se deriva del artículo 1 de la ley 7055, y sin que el presentante hubiese acreditado la configuración de las situaciones de excepción que este Tribunal tiene admitidas, el franqueamiento del recurso de inconstitucionalidad no encuentra fundamentación suficiente, correspondiendo en consecuencia denegar el remedio deducido.

Por lo expuesto, corresponde rechazar la queja interpuesta.

FDO.: FALISTOCCO - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Juez del Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal de Rosario, doctora Lurati.