Defensa en juicio, derecho a la presencia del defensor, debido proceso, nulidad procesal, voto en disidencia
Materia: PENAL
Carátula: " Salvia, Ernesto Eduardo s/ nulidad ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-23

"Teniendo en cuenta que el Juez fundamentó su decisión de denegar la solicitud de la defensa en las prescripciones de los artículos 200 y 202 del Código Procesal Penal de la Nación, en función de los cuales el instructor debe priorizar la celeridad y regularidad de la investigación cuando se trate de actos reproducibles y no definitivos, considero que la respuesta a la petición de la parte se encuentra suficientemente motivada, no advirtiéndose menoscabo a derecho constitucional alguno" (Del voto del Dr. Freiler)."Cabe recordar que, como ya lo he sostenido anteriormente, "la etapa del proceso que aún se transita se caracteriza por un contradictorio limitado con sesgo inquisitivo -sistema mixto- La discrecionalidad con la que en la etapa preliminar, puede el instructor conceder o no la oportunidad a la defensa de asistir a los actos de la instrucción, encuentra justificación en que 'los elementos que allí se reúnan no sirven para fundar una condena, que sólo puede ser fundada en los actos del debate posterior' (Maier, Julio E., "Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos, Editores del Puerto SRL, Buenos Aires, 2002, pág. 452)" (de mi voto en la causa n° 42.441, "Menéndez, Marcos Antonio s/ rechazo de nulidad", reg.

n° 493, rta. 26/5/09)"."Tal circunstancia se tuvo en cuenta cuando en oportunidad de resolver un planteo de similares características en la causa n° 40.776, caratulada "Fulvio Madaro s/ queja por apelación denegada", esta Sala dijo que "La tesis contraria yerra al convertir el estadio instructorio en el verdadero juicio desnaturalizando el proceso y alejándolo, paradójicamente, del paradigma constitucional del debido proceso. Obviamente, esto último no es cuanto aspira el Máximo Tribunal al dictar el fallo 'Benítez', donde insiste en el carácter insustituible de la prueba del debate para fundar la condena. Sostener, inversamente, que lo que está diciendo la Corte es que, ante el riesgo de que la prueba de instrucción se torne irreproducible, el debate deba adelantarse a dicha etapa no sólo es un razonamiento falaz sino que, además, exhibe la inconsistencia de pretender asegurar el derecho de interrogar a los testigos a costa de sacrificar el procedimiento principal donde 'el acusador y el acusado se enfrentan, a la manera del proceso de partes, en presencia de un equilibrio procesal manifiesto' y donde precisamente el debate oral y público encuentra su razón principal en el control de la prueba (Maier, op. cit., págs.

579, 585 y sstes)" (rta. 17/6/07, reg. n° 773)" (Del voto del Dr. Freiler)."Que la cuestión aquí debatida fue materia de análisis en diversas oportunidades, resultando adecuado traer a colación cuanto expresara en los autos n° 44.381, "Recurso de queja por apelación denegada en autos Larosa, Roberto s/hurto agravado", rta. el 10/08/2010, y en n° 40.344, "De la Rua, Fernando", rta. el 16/05/2007, en relación a que los alcances de la norma contenida en el artículo 200 del CPPN no pueden establecerse en base a su sola literalidad, sino atendiendo a una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico que excluya la posibilidad de limitar el control de la prueba por parte de la defensa en el sumario solo a las medidas o diligencias definitivas e irreproducibles. Proceder del modo contrario importa, conforme lo manifesté en el precedente citado, cercenar el derecho de control de la prueba de cargo o de descargo que puede servir de fundamento para la adopción de decisiones que, como el procesamiento, la prisión preventiva o el sobreseimiento, entre otras, no por ser materializadas durante la instrucción dejan de producir consecuencias respecto del imputado, algunas de ellas de tardía reparación en el proceso" (Del voto del Dr. Farah). "Frente al panorama narrado por el recurrente, y ante el escenario jurídico sobre el que reposa su planteo (fs. 674 y 689vta./90 de los autos principales), advierto que la cuestión sometida a decisión de este Tribunal guarda estrecha vinculación con la postura que oportunamente sentara al emitir mi opinión en las causas N° 42.441 y 43.267 (reg. N° 493, rta. el 26/5/09 y reg. Nro. 842, rta. 20/8/09, respectivamente. En igual sentido, ver causa N° 44.381, Reg. Nro. 751, rta. 10/8/10)"."Es por ello que, en razón de las consideraciones brindadas al expedirme en las evocadas actuaciones, entiendo que en el caso se ha registrado un injustificado alejamiento de las disposiciones legales pertinentes que, al importar una verdadera afrenta al derecho de defensa en juicio y, con ello, a la existencia del debido proceso, exige privar de validez lo así actuado". "La sanción de nulidad, corolario de un proceder que omitió verse ahincado en la observancia de la ley y en el respeto de principios elementales para la vida institucional de un Estado de derecho, se advierte como la única senda capaz de ser transitada pues, en su recorrido, habrán de renovarse las instancias superadas permitiendo que esta vez aquéllas se desarrollen en consonancia con los estándares enunciados" (Del voto en disidencia del Dr. Ballestero).