marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Requisa personal, estado de sospecha, facultades de la autoridad de prevención, medidas urgentes, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: HERSCOVICH, MARIO A. s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 487
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

Se ha dicho "que los motivos suficientes mencionados en el artículo 230 de la ley de rito sustentan la urgencia, pues si los funcionarios no tuvieran motivos suficientes para sospechar de la existencia de objetos criminosos y motivos suficientes para temer por su desaparición, no podrían justificar la urgencia de la requisa". Motivos suficientes de sospecha y urgencia son, pues, los requisitos ineludibles que autorizan a prescindir de la necesaria orden judicial, siendo facultad de los jueces su ulterior valoración, ateniéndose para ello a la historicidad de los sucesos que le vienen relatados. Y si sospechar es imaginar una cosa fundada en apariencia, habrá el magistrado de prestar especial atención a índices tales como el aspecto de cosas y personas, las actitudes del sujeto, los acontecimientos y su lugar y modo de producción; en suma, a esos "testimonios del género humano ofrecidos por el sentido común" al que se asimilan las presunciones. Pero si esas presunciones no autorizan a recelar "ab initio" de una conducta ilícita, la urgencia permisiva del obrar policial de excepción, se ve vacía de sustento. (Voto de la dra. Berraz de Vidal en mayoría).
Delitos contra la humanidad, competencia federal, prescripción de la acción penal, imprescriptibilidad de la acción penal, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL
Carátula: MENENDEZ LUCIANO BENJAMIN Y OTROS s/ DENUNCIA LAS PALOMITAS CABEZA DE BUEY S/ HOM. PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD Y OTROS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-26

Corresponde revocar la sentencia que al circunscribirse a la omisión de investigar del imputado como juez federal respecto del homicidio de un grupo de personas en el año 1976 consideró que dicho ilícito no constituía un delito de lesa humanidad y que la acción penal a su respecto se encontraba prescripta ya que a partir del sobreseimiento por prescripción de un hecho puntual canceló indebidamente la investigación de otros comportamientos que podrían constituir delitos de lesa humanidad, es decir crímenes imprescriptibles, máxime teniendo en cuenta que la querella había planteado la necesidad de merituar si no cabía endilgarle al imputado una responsabilidad mayor y que los mandatos procesales no surgen sólo de las normas de ese tipo vigentes sino además, y de modo preponderante, del deber que tiene el Estado Argentino de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Brinker, Jose Samuel c/ Butin, Marcelo Adrian s/ Simulación Mariscal de Peralta, Susana A. c/ Peralta, Luis Arcenio s/ Divorcio, incidente de separación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01|1985-04-09

La apreciación de los elementos probatorios constituye una típica cuestión de hecho, ajena -como tal- a la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo.
Faltas, proceso de faltas, recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, remisión del expediente
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Recurso de Queja en autos: Consorcio de Propietarios Av. de Mayo 1302; Santiago del Estero 71 s/ Falta de habilitación como Galería Comercial y otras
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-16

La ley Nro. 1217 prevé en el artículo 58 que, en caso de tener acogida favorable el recurso de queja por ante el superior, éste emplazará al inferior para que conceda el recurso de apelación denegado.

De modo que si se declarara admisible la queja, corresponde devolver las actuaciones a la instancia inferior para que conceda el recurso que oportunamente fuera denegado.
Recurso extraordinario de nulidad, doctrina legal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Katz Jora, Victor Daniel c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/ Recurso directo Tribunal de Cuentas. Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-09-13

Es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Reglamentación de la ley, derecho de trabajar, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Usabel, Héctor y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-22

En el ámbito de la Ciudad y hasta la sanción de la Ley nro. 1445, no hubo una Carrera de Optometría sino, simplemente, un Curso de Especialización autorizado con carácter experimental. La delimitación de las atribuciones que corresponden a los optómetras estuvo y está prevista en la ley nro. 17.132, cuya vigencia y validez no fue puesta en cuestión por los accionantes.

Por lo tanto, existe regulación en el ámbito de la Ciudad, sólo que esa regulación no satisface las expectativas de los actores y la distancia entre lo permitido por la ley y las aspiraciones de los ópticos que asistieron y aprobaron el Curso de Especialización en Optometría, no supone omisión estatal. Y menos aún, una omisión que "en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte" (art. 14, CCABA).
Cuestiones de competencia, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MIKHNO, Oleg s/ dcia. - competencia, Causa nro. 29.163
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señala que "Para resolver una cuestión de competencia, ésta debe hallarse precedida de una adecuada investigación que permita individualizar los hechos sobre los cuales versa, las circunstancias de modo y lugar en que habrían ocurrido, y las calificaciones que les pueden ser atribuidas". Este Tribunal ha resuelto en forma concordante con lo señalado por el Alto Tribunal en numerosos precedentes.
Pago, obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, moneda, desagio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: FISCO NACIONAL  D.G.I. c/ BODEGAS Y VIÑEDOS GARGANTINI  S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-23

La alusión al "pago" del primer párrafo, IN FINE, del art. 4 del decreto 1096/85, tiene el estricto significado técnico jurídico que se desprende, entre otros, de los arts. 725, 740, 750 y concs. del Código Civil, como cumplimiento específico, integral y oportuno de la obligación.
Honorarios, regulación de honorarios, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: SAVYC SOCIEDAD ANONIMA VIAL Y CONSTRUCTORA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   PRESCRIPCION DE HONORARIOS.     CSJ EXPTE NRO 2-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-02-25

En la ley arancelaria santafesina (ley 6767), la pauta básica a los fines de la regulación de los honorarios profesionales, está dada por lo reclamado en la demanda, y el resultado final del pleito sólo cobra trascendencia si la cantidad que resultara de la sentencia "fuere mayor".
EL SALVADOR, deber de información, medidas de seguridad y protección, periodistas, investigación del hecho
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 43/2017 - Medida cautelar No. 678-17 - Periodistas de la "Revista Factum" respecto de El Salvador c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-10-27

Debe El Salvador adoptar todas las medidas que fueren necesarias para preservar la vida e integridad personal de los trabajadores del periodismo que publicaron sobre ejecuciones extrajudiciales y agresiones sexuales de menores, presuntamente cometidas por efectivos policiales, informar a la Comisión Interamericana acerca de las acciones adoptadas a tal fin e investigar los hechos que motivan las medidas de protección ordenadas.
Concurso preventivo, apertura del concurso
Materia: PROCESAL
Carátula: CICERO, ALBERTO s/ CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

Quién solicita la formación de su concurso preventivo debe dar cumplimiento a los recaudos exigidos por la LC:11 aún ante el tribunal de segunda instancia sin que ello obste a la apertura del proceso universal. En el caso en examen tal circunstancia no se configura dado que el a quo rechazó la apertura solicitada en razón del plazo transcurrido desde la presentación y su pronunciamiento sin que el interesado satisfaciera el recaudo exigido por el inc.5 de citado artículo.
Personal municipal, emergencia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Balboa, Héctor D. y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-07

El art. 7 de la ley 11.685 estableció que el personal dado de baja tendrá derecho al cobro de una indemnización equivalente al cien por ciento de la última remuneración mensual, regular y permanente por cada año de antigüedad o fracción superior a seis meses y previó distintos supuestos en los cuales ésta no procede, como el caso de los agentes que "se encuentren en condiciones de acceder a un beneficio jubilatorio". Esta previsión legal importa sustituir el derecho a la estabilidad del agente público cuando se produce la extinción de la relación de empleo.
Homicidio en ocasión de robo, homicidio calificado, homicidio criminis causa
Materia: PENAL
Carátula: Encina, Cristian Claudio s/ Robo calificado por el empleo de armas en grado de tentativa en  concurso real con abuso deshonesto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-06-08

En el art. 165 del C.P. el término homicidio debe ser entendido como elemento normativo del tipo previsto en esa norma y ello lleva a considerar a la figura como un delito complejo, es decir un robo calificado por homicidio. La acción típica enunciada en el citado artículo denota una conexión ocasional entre el ataque a la propiedad ajena y a la vida, siendo la conexión subjetiva final o impulsiva propia de la figura consagrada en el art. 80 inc. 7. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Corte Interamericana de Derechos Humanos, principios del derecho internacional público, excepciones procesales
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c/ Nicaragua s/ Agotamiento de Recursos Internos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2000-02-01

La Corte Interamericana estima necesario destacar los criterios que deben considerarse a la luz de los principios de derecho internacional aplicables al requisito del agotamiento de los recursos internos los que, en primer término, establecen que puede el estado demandado renunciar tácita o expresamente a la invocación de aquélla regla, en segundo lugar, la excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe ser planteada en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual se presume la renuncia tácita de parte del país interesado y, finalmente, el Estado que alega el no agotamiento de la jurisdicción local debe indicar cuáles recursos internos deben agotarse y proporcionar la prueba de su efectividad.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: CECCO, HECTOR OSCAR c/ MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-24

Los artículos 124 y 125 inciso c) y d) del Código Procesal Laboral exigen la fundamentación de los recursos que se hubiesen concedido con efecto diferido, con el mismo rigor crítico y en la misma oportunidad señalada para expresar agravios contra la sentencia definitiva.
Decreto de necesidad y urgencia, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, Poder Ejecutivo, facultades del Poder Ejecutivo, facultades legislativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zofracor S.A. c/ Estado Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-20

El texto del art. 99, inc. 3°, segundo párrafo, de la Constitución Nacional es elocuente y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias materiales y formales.
Contratos administrativos, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: D'Anbar S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-23

Las normas del pliego de bases y condiciones son la ley del contrato, de sujeción obligatoria para ambas partes, de las cuales los contrayentes no pueden apartarse, las cuestiones conflictivas suscitadas en su seno deben resolverse con estricto apego a tal entramado normativo y negocial.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Robo, homicidio en ocasión de robo
Materia: PENAL
Carátula: BUSTOS, RAMON s/ HOMICIDIO EN OCASION DE ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-06-25

La interpretación del art. 165 C. Penal no puede agotarse en el análisis gramatical y conceptual de las expresiones empleadas en la norma ni tampoco en dilucidar acerca de la figura delictiva compleja allí contenida, sino que debe ahondar en una interpretación sistemática de la Parte Especial del C. Penal a la luz de los dos principios básicamente delimitadores de la imputación penal: el de causalidad y el de culpabilidad. (Del voto de la mayoría Dra. Kaller de Orchansky).
Plazos procesales, plazo de gracia
Materia: CIVIL
Carátula: G.D.M.S.S. c/ M.J.C. s/ REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-25

El plazo de gracia establecida por el art. 124 del Cód. Procesal no significa una modificación de la ley de fondo sino que en virtud del funcionamiento de la oficina judicial extiende hasta las dos primeras horas del despacho del primer día hábil posterior al vencimiento del plazo, la facultad procesal de presentar escritos referentes al plazo vencido (of. S.C.Bs. As. L.L. 148-141).
Despido, despido por falta o disminución de trabajo, riesgo empresarial
Materia: LABORAL
Carátula: Chávez de Pilahg, Nilda Corina y otro c/ Gane, Francisco y otros s/ Laboral Francisco y otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-02-19

A los fines de evaluar la conducta empresaria referida al despido por disminución o falta de trabajo, el análisis debe sentarse en el marco de la realidad socioeconómica en la que todos estamos inmersos y, en esa inteligencia, no cabe concluir que deba ser el trabajador quien comparta con el empleador el riesgo empresario porque -ni ahora ni antes- aquellos han sido partícipes de las épocas de bonanza y trasladar a los trabajadores los efectos nocivos de la economía general que, valga la redundancia, afecta a la empresa, implica colocarlos en situación de afrontar doblemente la crisis. Fundamento de la Dra. Niveyro.
Honorarios del abogado, beneficios previsionales
Materia: PROCESAL
Carátula: MAZAEDA ROBERTO DANIEL c/ SANCHEZ ALBERTO RAUL s/ COBRO DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-14

Demandado cobro de honorarios por haber tramitado el accionante una jubilación por invalidez, no obstante sostener éste que había celebrado con su representante un convenio verbal cuya remuneración consistiría en el equivalente a dos meses de la prestación, aunque se tuviera por probado dicho convenio corresponde remitirse al tope máximo legal-ley 17.040-, siempre que las actuaciones realizadas lo justifiquen. Si el profesional intervino en la fase final del trámite, la regulación deber efectuarse en proporción a las tareas realizadas y es improcedente el reajuste porque tratándose de sumas de dinero debió constituirse en mora al obligado y la notificación de la demanda no produjo ese efecto, porque se reclamó una suma mayor de la regulada, e incluso con revalorización.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Torres, Hugo Walter s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-11

Ambas armas -la propia y la impropia- resultan incluidas en la definición de "arma" que esta Corte viene formulando permanentemente. Y ello es lógico: tan es objetivamente "arma" la pistola calibre 22 con la que va a herirse a una persona como un adoquín con el que va a golpearse su cabeza.
Cuestiones prejudiciales, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAUL GONZALEZ c/ ROBERTO FERNANDEZ BURGOCO s/ EJECUTIVO COBRO DE DOLARES ESTADOUNIDENSES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-29

La prejudicialidad consagrada por el artículo 1101 del Código Civil no resulta de aplicación al caso del juicio ejecutivo al carecer la sentencia de este de carácter definitivo, en tanto queda abierta la posibilidad de repetición de juicio posterior.
Acción de amparo, cuidado personal compartido, pérdida de la tenencia, existencia de otras vías, resoluciones judiciales, falta de sustanciación
Materia: PROCESAL- CONSTITUCIONAL
Carátula: Osorio, José Lucio s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-04-18

La procedencia formal del amparo se encuentra condicionada a su temporaneidad y satisfacción de los requisitos contenidos por los cuatro incisos del artículo 382 del Código Procesal Civil.

Se rechaza una acción de amparo presentada por el padre; promovida contra la resolución dictada por la Cámara Civil, por la cual se procedió a la restitución de menores solicitada por la madre de los mismos; cuando se dispone de vías procesales idóneas para la reparación que por vía del Amparo pretende; más aún cuando el mismo amparista califica al auto que le agravió como dictado sin sustanciación, tempestivamente pudo interponer el recurso de reposición y -desde otro plano- hasta promover acciones tendientes a dejar sin efecto, por su carácter provisorio, el acuerdo de tenencia, visita y cuota alimentaria oportunamente suscripto con su esposa en sede del Ministerio Pupilar.
Constitución Nacional, Estado Provincial, gobierno provincial, sistema representativo, sistema republicano, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández, Daniel Ramón c/ Municipalidad de la Capital y Jefe de Policía. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Si bien la Constitución Nacional garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones, el ejercicio de ellas está sujeto al sistema representativo y republicano y es la Corte Nacional la encargada de asegurarlo.
Querellante, legitimación procesal, delito de acción pública, lavado de activos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Astiasaran, Rubén Roberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-14

La invocación del bien jurídico afectado para determinar la legitimación procesal activa no resulta una pauta definitoria, puesto que no se ha de excluir la protección subsidiaria de otros bienes garantizados, siempre que derive perjuicio directo y real, y quien lo sufre se encuentre legitimado para ejercer el rol de querellante. En este entendimiento, es que debe considerarse que en los delitos de acción pública el querellante, en principio, es la persona titular de un bien jurídico afectado o puesto en peligro por el objeto del procedimiento, es decir, es el ofendido de ese presunto hecho punible. Cabe advertir que la ley 17.516 regla la facultad de ser querellante del estado nacional ya que, como persona jurídica, tiene la capacidad de estar en juicio y constituirse como tal. La capacidad para querellar fue otorgada expresamente por el decreto PEN nº 2226/08 respecto de la UIF en los procesos en que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la ley 25.246 y modificatorias. El vínculo externo entre los ilícitos en trato -lavado de dinero y enriquecimiento ilícito- permite justificar el legítimo interés de la UIF para querellar en la presente, pues el conocimiento específico de la materia y las herramientas de investigación a su alcance podrían contribuir a la obtención de la verdad real, en particular respecto de delitos que afectan el sistema financiero y económico que, como en la especie, presuntamente incluye formas comisivas que comprometen a la administración pública, donde no deben limitarse recursos que podrían mejorar y facilitar la pesquisa. El mero acceso que podría tener la UIF a la causa donde se investiga el enriquecimiento ilícito no sería suficiente, pues se le debe brindar la potestad procesal que permite instituirla como parte (art. 82 CPPN), de forma tal que pueda promover el avance de dicho proceso y así también, aunque en forma indirecta, contribuir al desarrollo de la investigación propia del delito de lavado de activos... En este contexto, el temperamento en cuanto a otorgar la capacidad para querellar a la UIF resulta coherente a la luz de la complejidad que este tipo de fenómenos observan y los consecuentes compromisos asumidos en el plano supranacional por nuestro país. (Dres. David, Slokar y Ledesma).
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, Constitución Nacional
Materia: PENAL
Carátula: Chazarreta, Gerardo J. s/ Inf. art. 96 inc. "f", dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-12

El juicio sobre la constitucionalidad de una norma se efectúa a partir de la compulsa de su compatibilidad con normas constitucionales y no de su comparación con otros regímenes derogados o no aplicables al caso.
Recurso de casación penal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "VAZQUEZ, Enrique s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-24

Fundada la procedencia de la vía casatoria en la arbitraria interpretación de la normativa procesal - arts. 2 y 439 del Código Procesal Penal de la Nación- en detrimento de normas constitucionales y tratados internacionales de jerarquía constitucional que integran las garantías del debido proceso, de defensa en juicio de la víctima y de la doble instancia judicial (arts. 18 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y art. 8, ap. 1° y 25 del la Convención Americana sobre Derechos Humanos) del modo que se reclama su admisibilidad por invocarse agravios de naturaleza federal esta vía recursiva resulta procedente.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Madalon de Zabala Lia c/ Consorcio Brigadier General Jose de San Martin s/ Sumario por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-05-20

El principio dispositivo inherente a nuestro sistema procesal hace que, iniciado el proceso, el juez se encuentre vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes. Son éstas exclusivamente quienes determinan el "thema decidendum". En ese contexto al demandado incumbe la carga de expedirse en forma explicita, clara y circunstanciada acerca de cada uno de los hechos contenidos en la demanda. En esa línea hemos agregado que la claridad y precisión son fundamentales por aplicación del principio de igualdad de las partes (artículo 31 inciso 5, apartado c)), para que el demandado pueda admitir o negar los hechos y organizar su defensa.