Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-17


En la ciudad de Trelew, a los 17 días de mayo del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Juan Humberto Manino y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dre. Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados:

"C, M N y otro c/ F, A R y A S.A. s/ cobro de pesos Laboral" (Expte. N° 22.110 - año: 2006) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:

I- La sentencia de Primera Instancia condeno al ex-empleador A R F a pagar a los actores los salarios correspondientes al último mes que laboraran para él, así como las indemnizaciones derivadas de sus despidos injustificados.

El fallo rechazó en cambio las pretensiones de extender solidariamente esa condena a A S.A., por considerar que, si bien contratante del empleador antes nombrado, a ella no le era aplicable la norma del art. 30 L.C.T., por cuanto los servicios de pintura y mantenimiento de los cascos de los buques pesqueros contratados con él no complementaban la actividad normal de la comitente.

Contra tal pronunciamiento se alzaron los actores, agraviándose de que A S.A. fuera excluida de la condenada, por entender, en síntesis, que el servicio de mantenimiento y pintura de los cascos de los pesqueros prestado por el litisconsorte pasivo formaba parte de la actividad específica de dicha empresa, dedicada a la captura de peces que luego procesaba y elaboraba, o, al menos, era complementaria de ella.

II.- En la especie las partes han estado contestes en que la empresa A S.A. está dedi-cada a la captura de peces, materia prima que luego procesa, contando para ello a la época de los hechos con siete naves pesqueras, y en que el empleador de los demandantes A R. F era contratista de aquélla, a quien prestaba los servicios de limpieza y pintura de los cascos de dichas naves.

Por otro lado, esas circunstancias fueron acreditadas por la prueba testifical rendida, de la que también surge que tales tareas eran cumplidas por el codemandado bajo el contralor de su litisconsorte cada vez que las embarcaciones entraban al puerto y que cuando cesó la vinculación entre ambas empresas A S.A. continuó desarrollándolas con personal propio (fs. 173/vta., resps. a las pregs. 1era. y 3era. y a la repreg. 2da.; fs. 175/vta., resps. a las pregs. 1era. y 3era.; fs. 176/vta., resps. a las preg.1era. y 3era. y repregs. 2da. y 3era.).

No veo en absoluto dudosa la aplicabilidad al caso del art. 30 L.C.T. Entiendo que la solidari-dad estatuida en esa norma existe no únicamente en los casos en que el servicio comitido al contratista se relaciona directamente con el objeto productivo de la comitente, sino igualmente cuando tal servicio, aun sin integrar la cadena de producción propiamente dicha, asegura "la actividad normal y específica propia del establecimiento".

Esta pauta legal pone el acento no sólo en lo específico de la actividad; también remarca lo normal de ella. De allí que nuestra Corte Suprema Nacional haya enfatizado en el precedente que tanto la juzgadora de la previa instancia como los recurrentes citan, que la solidaridad aludida nace cuando los servicios contratados "complementan o completan la actividad normal" (D.T. 1993-754), es decir se añaden a ella para hacerla íntegra o perfecta, para integrarla o hacerla cabal, primigenias acepciones que en nuestra lengua tienen los términos complementar y completar (mis votos en c. 12.412 S.D.L. 96/97, c. 17.734 S.D.L. 16/02, c. 18.840 S.D.L. 34/03, c. 18.895 S.D.L. 53/03 de esta cámara).

Aquí la limpieza de cascos -esencial para la correcta navegación del buque- y la pintura de ellos -imprescindible para su conservación- aparecen ligados inescindiblemente al proceso principal de producción, pues, además de realizárselos en forma permanente (cada vez que una nave entraba a puerto), de su cumplimiento dependía la no interrupción o disminución de la captura de peces, materia prima sin la cual la empresa no podría desenvolverse.

Es sabido que en los establecimientos -y un buque lo es en los términos del art. 6 L.C.T., por tratarse de una unidad técnica y de ejecución- existen varias tareas, esenciales unas y conducentes otras. Mientras las primeras definen la empresa, las segundas la condicionan, pues si no fueran realizadas resultaría imposible concretar aquéllas.

Ambas son importantes, deben ser atendidas por igual y responsabilizan de idéntico modo a la empresa (confr.: C.N. Trab., sala VI, D.T. 1997-A-956, voto del Dr. Capón Filas). La limpieza de fondos y adecuada pintura de los cascos navales debe ser calificada como integrante de la actividad normal de esos establecimientos, ya que no es concebible su correcto funcionamiento sin esas tareas conducentes y complementarias. III.- Por haber concluido la inaplicabilidad del art. 30 L.C.T., la Señora Jueza del anterior grado no llegó a resolver la defensa que la codemandada A S.A. opusiera fundada en la extensión temporal de la solidaridad (fs. 62 vta., párr. 5° y 6°), vuelta abstracta a la luz de aquella primera decisión. Mas ella se actualiza hoy, al concluirse la aplicabilidad de la norma antedicha, y debe pues ser fallada por la alzada.

Ello así porque a consecuencia de la apelación de los vencidos y por virtud de la plena asunción de la competencia dentro de la cuestión objeto del recurso, incumbe al tribunal "ad quem" conocer de las defensas oportunamente planteadas por el vencedor, que se vio impedido de recurrir el fallo por serle favorable, y que resultaren no consideradas o desestimadas en la sentencia de primera instancia (doc. del art. 277 C.P.C.C.).

Si bien ha de ceñirse al punto objetado, al abordarlo tiene la cámara de apelaciones amplias facultades, iguales a las que sobre la materia asistían al "a quo", correspondiendo ocuparse de las argumentaciones defensivas del demandado, sometidas a esta instancia a tenor del conocido principio de la apelación implícita, mecanismo equilibrador de la igualdad de las partes y protector de la defensa en juicio (esta sala, c. 19.120 S.D.C. 12/04, c. 19.507 S.D.L. 27/04, c. 19.953 S.D.L. 60/04, las más recientes entre muchas an-teriores). La solidaridad reglada en el art. 30 L.C.T. tiene como límite temporal respecto de las obligaciones que abarca el plazo de duración del contrato que vincula a la empresa principal con la contratista empleadora del trabajador, de modo que aquélla cesa ante la extinción de este nexo (confr.: López - Centeno - Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo comentada", Ed. Conta-bilidad Moderna 1977, pág.259, n° 3.21).

En la especie la locación de servicios que uniera a A S.A. y A. R. F se extinguió el día 31/12/04, cual resulta de la comunicación que la primera enviara al segundo el día 3/12/04 avisándole la ruptura, misiva cuya copia anejaron los propios actores a fs. 11, sin que fuera desconocida por los codemandados, habiendo además A S.A. agregado una nueva copia a fs. 134.

Puesto que nuestra Ley Civil no trae norma alguna relativa a las causales de extinción de la locación de servicios, corresponde remitirse para ello a los principios generales, de acuerdo a los cuales cuando no existe plazo fijado para tal vínculo él se extingue por renuncia de una de las partes, que no debe ser intempestiva (confr.: Dupuis, en Bueres - Highton y otros, "Código Civil...", Hammurabi 2002, IV-A-569/570, n° 5). Precisamente, para que tal renuncia no resulte intempestiva el renunciante suele acudir al aviso anticipado, institución propia de todos los contratos de ejecución continuada y que es derivación directa del deber de obrar con buena fe, presente en todos los pactos (art. 1198 cód. cit.; confr.: Deveali, "Lineamientos de Derecho del Trabajo", 5ta. ed., págs. 336 y sgts.; Maza, "El preaviso en el contrato de trabajo", Rev. de Derecho Laboral, Rubinzal -Culzoni, To. 2000-1, pág. 118).

Por su lado, los contratos de trabajo de los actores quedaron extinguidos el día 8/1/05 al agotarse el plazo de los preavisos otorgados (fs. 4 y 5).

En efecto, como el preaviso reglado en el art. 231 L.C.T. constituye el anuncio previo, anticipado, con antelación a una fecha cierta, por el cual uno de los sujetos del contrato laboral hace saber al otro su decisión de romper el vínculo (Maza, opus cit., pág. 119, n° II), la extinción no tiene lugar en la data de la comunicación, sino al llegar la fecha de terminación de la relación laboral indicada en aquél.

Tenemos así que la codemandada A S.A. no ha de responder solidariamente ante los actores por las indemnizaciones derivadas de sus despidos, obligaciones estas últimas nacidas el 8/1/05 y de plazo vencido el 13/1/05 (arg. art. 128 L.C.T.), cuando ya había finiquitado la locación de servicios que vinculara a los codemandados el día 31/12/04.

Lo propio acontece respecto de los salarios del mes de diciembre de 2004. Si bien tales remuneraciones fueron devengándose día a día, ellas fueron exigibles recién al vencimiento del período correspondiente, es decir al término del mes calendario, por tratarse de personal mensualizado cual lo demuestran los no desconocidos recibos de fs. 14/43 (art. 126 inc. "a" L.C.T.), habiéndose debido efectuar los pagos dentro de los cuatro días hábiles inmediatos (art. 128 ley cit.).

Desvinculadas las empresas principal y contratista el viernes 31/12/04, para el día jueves 6/1/05 en que quedó agotado dicho plazo a la codemandada A S.A. ya no le era dado ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones de A R. F respecto de los trabajadores, ni exigirle las constancias de pagos de las remuneraciones, cual prevé el art. 30, párrs. 2° y 3°, L.C.T. (textos incorporados por la ley 25.013); no hubo pues incumplimiento de dicha empresa contratante que la haga solidariamente responsable de tales obligaciones del contratista (art. 30, párr. 4°, ídem). Es que hasta "resulta sobreabundante decir que la solidaridad abarca sólo las obligaciones contraídas por el contratista durante el lapso de extensión de la obra y como consecuencia de su realización, y, por lo tanto, no se le podrían exigir al empresario principal obligaciones que comprendieran períodos ajenos a la contratación respectiva, sean estos anteriores al inicio de la obra, o posteriores a su finalización" (Ackerman -Tosca y otros, "Tratado de derecho del trabajo", Rubinzal - Culzoni 2005, II-214, n° III, el resaltado me pertenece).

IV.- Concluyo así que la sentencia atacada debe ser confirmada, aunque por fundamentos distintos a los expuestos por la juzgadora de origen, cual es facultad de la alzada hacer, pues que el tribunal de apelación resuelva un punto en sentido idéntico pero con fundamentos diferentes a los del fallo del anterior grado, sólo supone el ejercicio por los jueces de la causa de la facultad que les incumbe de determinar y aplicar el derecho que la rige, en tanto no se alteren los presupuestos fácticos (art. 271 últ. párr. C.P.C.C., su doc.; confr.: C.S.N., L.L. 149-411; esta sala, c. 15.756 S.D.C. 10/00, c. 18.622 S.D.C. 21/03, c. 20.839 S.D.C. 5/06, c. 21.548 S.D.L. 42/06 y sus citas).).

De ser compartida mi tesitura, las costas de segunda instancia habrán de imponerse a los apelantes vencidos en ella (art. 59 de la ley 69) y sin que quepa regular honorarios por las labores de alzada a su letrado apoderado, Dr. F A, vista la condena en costas a sus clientes y la vinculación de ellos por los pactos de cuota litis de fs. 2 y 3, cuya validez jurídica fuera reconocida en autos mediante las resoluciones judiciales homologatorias de fs. 142 y 143, pasadas a esta altura en autoridad de cosa juzgada e irrevisables en consecuencia por la alzada.

Finalizo el tratamiento de esta cuestión expidiéndome en ella por la AFIRMATIVA.

A la PRIMERA CUESTION manifestó el Dr. Manino:

En atención a que comparto y coincido en un todo con la solución que para el caso propone el Sr. Magistrado preopinante, hago mía la reseña de la sentencia de origen así como de los agra-vios de los actores, respecto a no haber aplicado las reglas de solidaridad con referencia a la empresa A S.A., contratante de los servicios del primer demandado.

1º) .- Dado que las partes estuvieron contestes y además surge de las probanzas del sub-examen, que la codemandada A S.A. es una empresa dedicada a la captura y procesamiento de productos del mar, contando con los buques que se ocupan de tal menester, así como que el demandado principal se ocupaba de la limpieza y pintura de los cascos de los navíos; de lado y para tratar más adelante como funcionó el nexo entre empresa principal y su contratista; resulta por demás evidente que estamos en presencia de un caso de aplicación -en principio- de las reglas de la solidaridad establecidas en el Art. 30 de la LCT.

Además de considerar el concepto sabido que el "buque" se equipara a un "establecimiento" de la empresa que fuere, en los términos del Art. 6 de la LCT..- En consecuencia si el contratista llevaba a cabo tareas de limpieza y pintura de los cascos de los buques, estamos en presencia de aquellas situaciones que ya la Corte Nacional tuviera ocasión de establecer en el conocido y tan comentado caso "Rodríguez" (D.T. 1993-A-754).

En el caso "Rodríguez", la Corte desestimó la solidaridad de P C A SACI. con la empleadora directa Cía. E A S.A. en razón de que la primera de las nombradas solamente vendía a la empleadora directa el extracto para la fabricación de las bebidas que producía la segunda, sin ninguna otra intervención, situación que dista bastante de la aquí discutida.

Pero lo importante y relevante para el sub-examen, es que en dicho pronunciamiento la Corte aprovechó la circunstancia para precisar el campo de aplicación del Art. 30 de la LCT., cuando estableció que la solidaridad nacía también, cuando se contrataba o subcontrataba servicios que complementaran o completaran la actividad normal del establecimiento.

Esto es que no solamente rige la solidaridad cuando se llevan a cabo tareas que hagan a la actividad normal y específica del principal, sino también en aquellas que complementen o completen dichas actividades.

Lo que llevaba a cabo el contratista F se añadía a las tareas de explotación de A S.A. para lograr su integración, efectivizarla desde su iniciación en forma plena y que indefectiblemente debía llevar a cabo para poder realizar su explotación, como una unidad técnica de ejecución integrada por la empresa principal y por su contratista.

Toda vez que como bien lo relata el Dr. Velázquez la pintura y limpieza de los cascos de los buques de la codemandada son tareas necesarias y hasta imprescindibles que completan la actividad a la cual los buques -y A S.A.- se dedica.

Este enfoque ya lo hemos tenido en cuenta en otros pronunciamientos sobre tareas específicas del principal o tareas que completan y complementan aquélla (confr., entre otros, esta Sala "A", S.D.L. 29/01, exp. 17253; 16/02, exp. 17734; 46/04, exp. 19736; 52/04, exp. 19771).

Donde también se hablara -en algunos- de la interpretación extensiva del Art. 30, tal como lo expusiera en el antiguo antecedente que cita la actora (confr., esta Alzada, Sala única, S.D.L. 97/96, exp. 12052).

Carácter extensivo de la solidaridad que debe interpretarse, por cierto, a la luz del enfoque y doctrina que fijara la Corte Nacional en el caso "Rodríguez".

2º) .- Pero la codemandada A S.A. planteó (fs. 62 vta. de su responde), la falta de solidaridad basada en la temporalidad de la relación que la uniera con F, que había cesado antes de constituirse los eventuales créditos de los actores.

Dado que la Sra. Jueza a-quo no trató tal defensa al concluir en que el Art. 30 de la LCT no era aplicable al caso, llegamos a la necesidad de analizarla ahora por la circunstancia de no haber podido apelar el fallo la codemandada en virtud del resultado favorable. Aplicación de lo que se denomina apelación implícita.

Que es, cual lo explica el colega de cuerpo, la facultad y necesidad de entender el tribunal de Alzada las defensas opuestas por la contraparte que se ve impedida de apelar el fallo por serle favorable, aunque por otros fundamentos.

Instituto pacíficamente aceptado por la jurisprudencia y por esta Cámara (confr. S.D.L. 21 /93, 88 /95, 16 /96, 52 /96; esta Sala "A", S.D.L. 142/98, exp. 13833; S.D.L. 62 /00, exp. 16462).

En estos pronunciamientos hemos decidido la procedencia de la apelación implícita por cuanto tradicionalmente se ha resuelto que quedan sometidas a la Alza-da las cuestiones esenciales objeto de la litis, planteadas oportunamente por la parte que no apela el fallo de primera instancia en razón de serle favorable, (ver Morello y otros, "Códigos.... Comentados" , Lib. Ed. Platense, 1988, Tomo IIIº, pág.406 y ss. y jurisprudencia allí mencionada).- 3º) .- Defensa de no existir entre contratista y empresa principal, relación o vínculo alguno, que se comprobara con el despacho de fs. 11 glosado por los actores, donde A S.A. ponía fin a la contratación del demandado F con data del 31/12/2004, que también glosara aquélla a fs. 134. Cese que podía llevar a cabo ante la inexistencia de regulación de la extinción de la locación de servicios, que viabiliza que lo sea -la extinción- por voluntad de una de las partes, siempre que no ocasione perjuicio que en la especie no figura ni manifestado ni planteado, para tener que ingresar en la buena fe contractual.

Y obvio es que la relación entre empresa principal y contratista que involucra la aplicabilidad en su caso de la solidaridad del Art. 30 de la LCT es, precisamente, la temporalidad mientras exista el vínculo o relación que las une.

Si tal contratación o nexo finaliza, evidentemente no puede ingresarse en el tema de la solidaridad del art. cit. que se aplica y rige a situaciones que se presenten durante la relación convenida, pero no a aquellas circunstancias que se configuren luego del cese de dicha relación, ya que desaparece la situación previa que hace ingresar en el instituto. Deben pues ser créditos existentes y exigibles durante la relación entre la empresa principal y la empresa contratista.

En el sub-examen y como lo comenta y detalla el Dr. Velázquez, los contratos de los actores quedaron extinguidos el 8/1/2005 al finalizar el plazo de los preavisos otorgados (ver fs. 4 y 5).

El contrato laboral por tanto no se extingue en la comunicación del preaviso como anuncio precursor y anticipado, sino cuando llega la fecha de finalización del contrato laboral.

A S.A. por ende, no responde por solidaridad por las indemnizaciones por el despido de los actores que nacieron como obligación el 8/1/05 y con el plazo vencido (arg. Art. 128 LCT) el 13/1/05, al haber finalizado la relación entre contratista y empresa principal el 31/12/04.

Similar situación es aplicable a los haberes de Diciembre/04. Las mismas recién fueron exigibles al vencimiento del período de ese mes, al tratarse de dependientes mensualizados como lo acreditan los recibos glosados por ellos; con pago a realizar conforme Art. 128 dentro de los cuatro días hábiles inmediatos, esto es el 6/1/2005.

Producida la desvinculación entre las empresas el 31/12/04 no correspondía a A S.A. el control del cumplimiento de las obligaciones del contratista por este rubro, por idénticas razones que las ya expuestas.

4º) .- Opino y coincido con el colega de cuerpo en que el fallo atacado debe ser confirmado en este aspecto, aunque por fundamentos diferentes de los que expusiera y concluyera la Sra. Jueza a-quo. Facultad de sentenciar por otros fundamentos que integra los poderes que le asisten al Tribunal de Alzada que, ciñéndose a los puntos objetados en los recursos, tiene empero facultades tan amplias como las que en su momento poseyó sobre la materia el anterior juzgador.

Puede entonces confirmarse o revocarse un fallo recurrido por argumentos distintos de los considerados por el a quo. La Alzada no está limitada en su razonamiento por la argumentación del recurrente o a la que haya considerado el juez de grado; debe ceñirse por cierto cual lo dijera, a los puntos objetados y no puede variar las circunstancias fácticas de la causa.

Pero dentro de esta configuración tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el a quo, por lo que e incluso, puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y por el juez de primera instancia.

Así, por otra parte, lo hemos decidido reiteradamente en pronunciamientos de esta Alzada y hoy Sala "A" (confr., S.D.L. 56/96; 102/96; 106/96; 119/96, 15/97; esta Sala "A", S.D.C. 44/99, exp. 14812; S.D.L. 63/00, exp. 16486; S.D.C. 35/01, exp. 17335; S.D.C. 15/04, exp. 19158).

Conclusiones.

Como dije, debe confirmarse la sentencia apelada, lo que implica imponer las costas de Alzada a la actora recurrente (Art. 59, Ley 69). No corresponde regular honorarios a su letrado apoderado, Dr. F. A. por lo antedicho y en }virtud de los pactos de cuota litis de fs. 2 y 3, homologados en autos a fs. 142 y 143 con autoridad de cosa juzgada que torna inviable su revisación en esta sede.- Voto la cuestión por la AFIRMATIVA. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a los recurrentes y sin que corresponda fijar estipendios en beneficio de su letrado apoderado Dr. F A.

ASI LO VOTO.

A la SEGUNDA CUESTION dijo el Dr. Manino:

Adhiero al proyecto de resolutorio del Dr. Velázquez.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos Dante Ferrari (art. 8 de la ley 1130 - Textos ley 4550).- Trelew, 17 de mayo de 2.007. En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A:

CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, - IMPONER las costas de segunda instancia a los recurrentes y sin que corresponda fijar estipendios en beneficio de su letrado apoderado Dr. F A.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: JUAN HUMBERTO MANINO - CARLOS A. VELÁZQUEZ REGISTRADA BAJO EL Nº 32 DE 2.007 - SDL.- Conste.- c. Rawson, dede 2007.- NOTA n°/07 S.I.J.