marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, resoluciones inapelables, monto mínimo, instancia única, monto de la demanda, índices de actualización, índice de precios al consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: SERIO ROQUE ANTONIO MARIO c/ CAJA NAC. DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda condenando a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro a pagar al actor una cantidad que no alcanza el límite establecido por el art. 242 del Código Procesal (texto según ley 23.850) para la procedencia del recurso de apelación. No obsta a lo expuesto la circunstancia de que el a quo fijara el capital de condena a valores correspondientes al 1.4.91 tomando como índice de actualización el de precios al consumidor -que no es el establecido por la ley 23.850 (art. 1°)-, pues ello resulta más favorable para la recurrente.
Despido con causa, obligaciones del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: CHAILA, ABRAHAM c/ COOPERATIVA SALTEÑA DE TAMBEROS LTDA. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-03-23

La conducto atribuida y comprobada consistente en el manejo irregular e irresponsable de fondos y valores es una mención suficientemente concreta que cumple con los postulados del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. Los Conceptos de irregular e irresponsable, Buena fe, Fidelidad son de sentido unívoro y no pueden resultar de dificultosa interpretación para un dependiente calificado, a cargo de una sucursal de la empleadora.
Intimación de pago de tributos, evasión fiscal, determinación de impuestos, inconstitucionalidad, defensa en juicio, ley antievasión
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Tiendas Roxana S.A. c/ AFIP-DGI s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-05-31

El art. 2 de la ley Antievasión que impide a quién no utiliza los medios de pago establecidos en el art. 1 de dicha ley acreditar la veracidad de las operaciones, al sustraer al contribuyente de la aplicación del art. 34 de la Ley 11.683, lo ha privado de las reglas del debido proceso, del ejercicio del derecho de defensa y la protección del derecho de propiedad, configurándose así un accionar arbitrario por parte de la administración, máxime considerando que si bien la doble instancia en el proceso civil no resulta una exigencia constitucional, es necesario que el litigante tenga posibilidad de acceder a la justicia (del voto del Dr. Ferro).
Caducidad, actos y diligencias procesales, impuestos
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Carlos Dalmiro c/ Servicios Eléctricos Sanjuaninos SE SES y otra s/ Apelación Autointerlocutorio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-06-08

El escrito por el cual se consiente el juzgado, adolece de los requisitos extrínsecos que hacen admisible los actos procesales. Se debe tener en cuenta que la presentación realizada, sin cancelar el correspondiente pago de los tributos (impuesto o tasa) lo transforma en acto procesal condicionado en su existencia, por cuanto está sujeto a la satisfacción de la contribución establecida por el Código Tributario para su incorporación definitiva al proceso en trámite o para iniciar el procedimiento de una nueva litis, esto es para producir efectos jurídicos, incluidos el interruptivo de la caducidad.
Restricciones a la capacidad, informe ambiental
Materia: CIVIL
Carátula: G. E. I. c/  s/ restricciones a la capacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-03-29

En los presentes se observa que si bien se menciona en la sentencia la existencia de un informe interdisciplinario, el producido no cumple tal recaudo de interdisciplinariedad, ya que lo producen dos profesionales -médico psiquiatra y psicólogo-, que se ocupan de la salud mental. De tal modo se carece de un informe socio-ambiental, necesario al efecto, a fin de poder valorar otros aspectos actitudinales de la persona cuya restricción a la capacidad se pretende, y su relación con el entorno social y familiar, de donde habrá de designarse los apoyos o curadores. Al respecto no puede dejar de advertirse que para tal designación se requiere que el juez valore sus aptitudes morales y económicas.
Recurso de inconstitucionalidad, competencia penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Adi, Juan Yamil en j: Fiscal c/ Adi, Juan Yamil s/ Lesiones - Incumplimiento de deberes de asistencia familiar - Queja  por apelación denegada (Libro: S021A-472) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-11-12

Sólo procede el recurso de inconstitucionalidad en materia penal, si se invoca y funda en alguna de las causales previstas en el art.

517 del Código Procesal Penal.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Della Vedova, Carlos Natalio y otro c/ Kolen, Ricardo Martin s/ Rendición de cuentas Juzgado Notarial c/ Bayugar, Gustavo F. s/ Inhabilitación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26|1984-06-26

Si el caso constitucional, planteado oportunamente, no fue resuelto por el juzgador de origen ni por la Alzada, no concurren en la especie los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, por lo que corresponde declararlo mal concedido.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JUAREZ ROBERTO EDUARDO c/ PALMIERI DOMINGO ALBERTO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-20

Respecto a la falsedad de título articulada, tal excepción debe deducirse cuando se funde en la adulteración material del documento, la que puede ser absoluta cuando la firma no pertenece a la persona a quien se le atribuye, o relativa, cuando existen enmendaduras.-
Pena, escala penal, facultades del juez, imputado, condiciones personales, readaptación del condenado
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: MIARA, Samuel. y otro s/ condena Causa 29.106
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-28

El ilícito culpablemente cometido configura el criterio decisivo para la individualización de la pena, al que debe sumarse la valoración de la personalidad de autor y su peligrosidad, entendiendo por tal la posibilidad de que cometa otros delitos.

Ello deriva necesariamente del principio de la culpabilidad por el hecho que rige en materia penal por imposición constitucional (Art.

18 de la C.N.) pero también se desprende de la estructuración sistemática del ordenamiento penal argentino, organizado a partir de la existencia de marcos penales diferentes para cada delito, que señalan el valor relativo de cada norma comprometida.

Los marcos penales señalan los límites que el legislador pone al Juez en cuanto a las posibilidades de este último de valorar en la determinación de la pena la peligrosidad del autor y sus condiciones personales desde el punto de vista de la prevención especial, en tanto la resolución no podría quedar fuera de los extremos y alternativas preestablecidas. A partir de allí es posible afirmar que los efectos resocializantes, o bien, disocializantes de la pena o de su forma de ejecución sólo pueden ser considerados dentro de esos límites, que se relacionan, en lo fundamental, con la necesidad de que la pena, como máximo instrumento de censura social, continúe reflejando la gravedad del hecho concreto.(Del voto del Dr.

Vigliani).
Seguros, régimen de contralor, superintendencia, sanciones procesales, procedencia del recurso, apercibimiento
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Fuentes, Eduardo Héctor c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-19

Procede confirmar la resolución de la SSN 335/19, que le impuso a la accionada una sanción de apercibimiento en los términos de la ley 20091: 58-b por incumplimiento de las previsiones establecidas en la resol. SSN 36162/11. Ello así, cabe señalar que las acciones administrativas integran el derecho penal especial (Fallos: 156:100; 184:162; 239:449; 267:457; 287:76; 289:76; 289:336; 290:202), lo que motiva la supletoria aplicación de los principios generales y normas del derecho penal común (Fallos 184:417; 202:293; 235:501; 287:76; 289:76; 289:336; 290:202). En razón del vacío legal que existe en lo atinente a la prescripción en materia disciplinaria -carácter que ostenta la sanción aplicada por el organismo de contralor- debe ser suplido por la remisión a disposiciones análogas. De ahí que resulta aplicable al caso el plazo que establece el Código Penal 62 y el sistema de interrupción que contiene el art. 67 de dicho plexo legal (CSJN "Vázquez del Valle, Evaristo y otros", 1-1-71, Fallos 281:211). Recuérdase que la acción penal, supuesto de autos, conforme los términos y condiciones establecidas por la ley, prescribe por efecto del tiempo transcurrido a partir de la comisión del delito, y dicha prescripción se funda en la destrucción por el transcurso del tiempo de los efectos morales del delito en la sociedad, extinguiéndose la alarma social ante el delito y la correlativa exigencia de la sociedad de que se lo reprima (conf. Núñez Ricardo "Derecho Penal Argentino" T II, págs. 167 y ss. Ed. Bibliográfica Omeba).
Contratos, compraventa de automotores, círculo cerrado, derechos de las partes, obligaciones de las partes, cesión de boleto, plan de ahorro previo, concesión para la venta de automotores, imputación de pago, teoría de la frustración, responsabilidad de la concesionaria, incumplimiento del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: RECHI VERONICA EDITH Y OTRO C/NOVO AUTO SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

El incumplimiento de la conducta esperada de la concesionaria llevó a la frustración del contrato, pues la solicitud de adhesión no llegó a ser transmitida a la administradora, y no se brindó explicación de tal omisión ni en su momento, ni ahora en el expediente. Lo cierto y concreto, entonces, es que la susodicha solicitud, firmada por el supervisor de la concesionaria, hace responsable a la demandada por los daños provocados a los accionantes, en tanto cumplieron con la cesión de sus ahorros tal como les fue requerido sin haber obtenido algo a cambio.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arce Daniel O. c/ Distribuidora Fer S.R.L. s/ Rescisión Boleto Compraventa-Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

La inscripción del reglamento de copropiedad y administración suple la omisión de afectación del inmueble al régimen de prehorizontalidad, desde que, con aquella, queda cumplida la finalidad tuitiva perseguida por el art. 12 de la ley 19.724.
Recurso de casación, juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, juicio ordinario posterior, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Mebar, Martín Darío s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-05-26

En el recurso de casación traído a examen, la Cámara resuelve sobre la aptitud del título base de la ejecución para la procedencia de la acción ejecutiva, rechazando una excepción de inhabilidad de título deducida por la parte demandada; dejando en claro que lo que en el juicio se resuelve está referido exclusivamente a las formas extrinsecas del título, no teniendo por función declarar el derecho creditorio, quedando al ejecutado la posibilidad de promover el ordinario posterior.

Resuelto así el tema por la Cámara, es evidente que la sentencia no hace cosa juzgada material, porque el propio Tribunal se ha preocupado de señalar los límites de su decisión, que en nada afectan al derecho de fondo de las partes. En consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad del recurso de casación, al no revestir el carácter de sentencia definitiva que no admita otro proceso ulterior sobre la misma cuestion, exigencia de recurribilidad objetiva contenida en el art. 256 inc. 1º del C.P.C.
Derechos y garantías constitucionales, non bis in ídem, juicio a las juntas militares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael s/ Incidente de falta de jurisdicción y cosa juzgada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-21

En la formulación de los arts. 1° y 2° del decreto 158/83 no existen referencias a hechos concretos, tal como ellos deben ser expresados para constituir una imputación válida, y por lo tanto mal podrían servir de parámetros para fijar los límites de la protección frente al doble juzgamiento (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: Romero, Eugenia c/ Marchessi, Juan José y otro s/ Daños y  perjuicios  (accidente  de  tránsito con lesiones o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

La incapacidad sobreviniente y lucro cesante, son rubros autónomos, pero en casos excepcionales, pueden ser considerados conjuntamente.
Excarcelación, condena condicional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ROJAS, LUCIANO RENE s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1976-07-08

En una excarcelación anticipada se debe tener en cuenta la calificación legal de los hechos atribuidos o que aparezcan cometidos (C.P.P., art. 323).

Si al imputado se le atribuye defraudación contra la administración pública, defraudación, hurto simple reiterado (dos hechos), violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas , en concurso real (C.P., arts. 174, inc. 5to., 173, inc. 2do., 162, 248, 265 y 55), corresponde concederle el beneficio de la excarcelación bajo caución real (C.P.P., art. 315, inc. 2do., ley 5154, y 322), toda vez que dado la índole y modalidades de los hechos que se imputan y la falta de antecedentes penales es de presumir que, en caso de condena, se imponga una pena de ejecución condicional (C.P., art. 26, ley 21.338).-
Accidentes de trabajo, derecho de opción
Materia: LABORAL
Carátula: Paez, Juan José c/ Consignaciones Rurales S.A. s/ Despido, daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

La opción con que cuenta quien recibe el daño por riesgo o vicio de la cosa, si es dependiente del dueño o guardián existe aunque no estuviera vigente el art. 17 de la ley 9688. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Divorcio, petición unilateral, divorcio del 215 del Código Civil
Materia: CIVIL
Carátula: S. c/ S. s/ Divorcio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-20

El inciso 2 del art. 214 del Código Civil (Ley 23.515) remite al art. 204 del mismo cuerpo legal, que establece que "podrá decretarse la separación personal, a petición de cualquiera de los cónyuges..

". La legislación citada prevé que cualquiera de los cónyuges puede hacer la petición, no advirtiéndose impedimento procesal alguno que se oponga a que las referidas peticiones se hagan en una misma demanda, máxime cuando la expresión de los hechos expuestos en la demanda lo fue en carácter de confesión. En tanto la ley concede la posibilidad que accione uno sólo de los cónyuges, la presentación conjunta de ambos tiene como consecuencia una mayor restricción de los intereses que la declaración de divorcio vincular podría afectar. Este criterio beneficia a las partes, ya que, además de la economía procesal, se reduce el ámbito de intereses de las mismas, limitándose todo a una única presentación. No enerva la conclusión señalada lo establecido por el art. 336, último párrafo del Código Procesal -norma ritual de carácter general- ya que la ley 23.515 es una norma sustancial y específica de fecha posterior y que además prescribe una nueva estructura jurídico procesal, y en función de ello, se convierte en norma especial frente al mentado art. 336 del ordenamiento ritual.
Marcas, registro de marca, marcas confundibles, oposición al registro de marca, nombre comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: CUGLIARI, JUAN BAUTISTA c/ VICTOR COMPANY OF JAPAN  L.T.D. s/ OPOSICION INFRACCION REGISTRO MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

El hecho de que la demandada no controvirtiera el uso del nombre comercial del actor -hecho que pudo deberse a que dicho uso pasó inadvertido durante el plazo anual de prescripción-, no es razón que la prive del derecho a oponerse a que ese nombre se constituya en una marca registrada.
Recurso de casación penal, evasión agravada
Materia: PENAL
Carátula: Russo, Angel y otra s/ Rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-19

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte querellante y confirmar el sobreseimiento decretado respecto de los encartados en orden al delito de delito de evasión tributaria agravada y evasión tributaria simple dispuesto por los arts. 1 y 2 de la ley 24.769, ya que de la lectura de la causa no surge la arbitrariedad de sentencia solicitada. En este sentido, no se ha verificado la "diferencia de inventario" en el combustible comercializado que haga surgir el hecho imponible denunciado por la A.F.I.P., sino que por el contrario, las ventas de combustible de ambos imputados han encontrado una justificación debidamente respaldada por la prueba testimonial y pericial correctamente valorada y fundamentada en la sentencia recurrida.
Caducidad de instancia, pérdida del expediente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marotto, Pablo Enrique y Villamil, Nora Alejandra c/ Santoyo, Graciela y Traico, Juan s/ Tercería de dominio en autos: Santoyo c/ Traico s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-25

La circunstancia de que un expediente no se encuentre en Secretaría no constituye obstáculo insuperable para que las partes formulen peticiones tendientes a la prosecución del trámite e impidan así la caducidad de la instancia. El simple extravío del expediente no determina por sí solo la suspensión de la caducidad de la instancia, siendo menester que se hayan realizado diligencias hábiles y congruentes para su búsqueda o reconstrucción, no bastando los simples requerimientos verbales para que se tenga por suspendido el curso de la misma.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Carlos Ramón Algañaraz s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 730/733, Nº 310) Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 730/733, Nº 310)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-08-27

Nuestra legislación establece que después de la audiencia, con o sin informe, el Tribunal resolverá dentro del tercer día. Lo significativo de la ley está dado en que el Tribunal de Alzada debe resolver el recurso, hayan las partes producido o no expresión de agravios. Para que medie resolución jurisdiccional, basta pues que se haya hecho expresa manifestación de voluntad de mantener el recurso, sin que sea necesario expresar agravios.-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, caducidad de instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Martín, Anselma Irene c/ Pullman S.A. s/ Indemnización accidente de trabajo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Cuando la caducidad de la instancia proyecta sus efectos sobre la prescripción de la acción, la decisión que al respecto se dicte reviste el carácter de definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y, en consecuencia, exige el cumplimiento de la formalidad constitucional del acuerdo previo y voto individual de los jueces por lo que debe hacerse lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto contra la resolución que no cumple con las formalidades impuestas por el art. 168 de la Constitución provincial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ipucha, Luis Alberto c/ Playas del Faro S.A.I. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-11-18

La violación de la defensa en juicio y del derecho de propiedad no resulta suficiente fundamento del recurso de inaplicabilidad de ley porque no basta decir que se cercena una garantía constitucional para dar base a un reclamo atendible, sino que es preciso indicar de qué manera se produjo esa transgresión.
Recurso extraordinario, interés para recurrir
Materia: PENAL
Carátula: Fontora, Miguel y otros s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04

Carece de interés legítimo para impugnar la sentencia de Cámara confirmatoria de la de primera instancia quien ha consentido expresamente esta última ni tampoco ha sido recurrida por su defensor, descartando la oportunidad procesal para lograr su revisión.
Honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley, ley arancelaria, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Galante, Ernesto c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Regulación de honorarios (Expte. CSJ  Nº 448-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-28

Las regulaciones de honorarios deben ajustarse al fin pretendido por las respectivas leyes arancelarias que consiste en una justa retribución a los servicios prestados. En tales condiciones, si el fallo cuestionado no es el resultado de la "argumentación racional" que es dable exigir como condición de validez de las sentencias judiciales, no cabe sino concluir en que las alegaciones del impugnante superan el plano de la mera disconformidad de su parte con el criterio adoptado por los jueces de la causa para valorar y retribuir la labor profesional, y suponen la formulación de un fundado planteo constitucional que debe ser favorablemente acogido, declarando procedente el recurso extraordinario.
Proceso penal, imputado, defensa en juicio, derecho a la sentencia, prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Cardozo, Miguel Oscar. s/ Interpone recurso de hábeas corpus en su favor
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-01-09

Con fundamento en la garantía de la defensa en juicio, el imputado tiene derecho a obtener - después de un proceso tramitado en legal forma - un pronunciamiento que ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento penal. De ese derecho deriva la razonable expectativa a contar con una vía idónea que le permita impulsar el proceso al que se ve sometido, y ejercitar sus derechos en la forma y con las solemnidades establecidas por las leyes de procedimientos, de modo tal que su prisión preventiva no se convierta en una verdadera pena impuesta con anterioridad al dictado de la sentencia definitiva y conserve su fundamento de evitar que se frustre la justicia.
Revocación del sobreseimiento, incumplimiento de los deberes del funcionario público, estupefacientes, declaración autoincriminante
Materia: PENAL
Carátula: Kessler, Gabriela c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-30

Corresponde anular el sobreseimiento dictado respecto del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, quien tenía la orden directa de custodiar a la detenida que había ingerido cápsulas conteniendo estupefacientes, pues se trata de dos conductas autónomas e independientes ya que la supuesta afectación a la garantía que protege contra la autoincriminación por parte de la detenida, no alcanza al incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de la funcionaria policial, ya que se verifica la existencia de un especial deber jurídico en cabeza de la imputada, en base a su calidad funcionarial.