marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Audiencia de mediación, mediación penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Rodríguez, Flavio Edgardo s/infr. art(s) 149 bis, amenazas, CP Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Rodríguez, Flavio Edgardo s/infr. art(s) 149 bis, amenazas, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-23

No se ha controvertido que el Ministerio Público Fiscal se ha opuesto a la celebración de la audiencia de mediación y la defensa no está en condiciones de lograr la modificación de ese temperamento para convertirlo, por imposición de los jueces, en un supuesto de mediación obligatoria, en desmedro de la potestad que asiste al fiscal de solicitar la emisión de una sentencia definitiva que se expida en relación con la pretensión del pleito. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Queja por casación denegada, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Iglesias, Ricardo c/ Cooperativa del Personal de YPF Ltda. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-12-28

En lo que respecta al incumplimiento del requisito establecido en el inc."d" del art. 289 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, ha de señalarse que este Tribunal ha sostenido que el mismo ocasiona la inadmisibilidad del recurso.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, víctima menor de edad, responsabilidad internacional del Estado, aplicación de la ley, principio de legalidad, interés del menor
Materia: PENAL
Carátula: F., N. c/  s/ violación de menor de 12 años
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-18

Así como no cabe discutir que el delito de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal, por revestir el autor el carácter de encargado de la guarda de la víctima y por tratarse de hechos cometidos contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente (art. 119 párrafos 2 y 3 incisos b y f CP) atribuidos al imputado habrían ocurrido entre 1991 y 1992, durante un año y medio -es decir que al momento de ocurrencia de los hechos denunciados, hasta 1994, regía la vieja versión del art. 67 CP, según la cual la acción penal estaría prescripta-, tampoco cabe cuestionar que por Ley n° 23.849, del 20 de noviembre de 1990, se incorporó al ordenamiento interno la Convención sobre los Derechos del Niño -que a partir del año 1994 tuvo jerarquía constitucional-. Desde la primera fecha, el estado argentino tiene la obligación internacional de cumplir con el deber de protección de la niñez proclamada en la Convención; en el caso, las derivadas del art. 19 que -posteriormente- fueron remarcadas en la Observación General n° 13. De ese modo, si en el caso de autos, las niñas -ahora adultas- denunciantes habrían sido víctimas de violencia sexual por parte de un adulto de su confianza; denunciaron los hechos cuando fueron mayores de edad (antes habrían dado cuenta a su madre, quien no lo hizo) y el derecho de protección estatal lo tenían al momento de comisión de los hechos, no se trata solamente del deber del Estado argentino de cumplir con sus obligaciones internacionales derivadas de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados, sino de una cuestión de estricta justicia: estaba tan vigente el viejo art. 67 como el derecho de las niñas a una tutela judicial efectiva. Negarles el derecho a que se investiguen esos sucesos y, en su caso, a que sean juzgados y eventualmente sancionado su presunto autor -para salvaguardar el principio de legalidad- implica desconocer nuevamente el principio del interés superior del niño y, merced a la demora del estado en reglamentar la garantía de tutela efectiva que tenían las menores, consagrar la impunidad por el hecho, si se ha cometido (voto del juez Jantus)
Laudo arbitral, recursos, ley de emergencia económica
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOBIL ARGENTINA SA c/ GASNOR SA s/ LAUDO ARBITRAL S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-08

No puede alegarse, válidamente, que la genérica renuncia al planteo de recursos formulada en la cláusula compromisoria no aprehenda, en su seno, la renuncia al cuestionamiento judicial de un laudo (necesariamente futuro) que se basare en la aplicación de la legislación de emergencia dictada con posterioridad a la firma de dicha cláusula, vigente al tiempo de nacer el conflicto o vigente al momento de resolverlo; toda vez que, la cláusula compromisoria (pactum de compromittendo) se refiere a la obligación que tienen las partes de someter sus diferencias "futuras" al arbitraje (conf. Martínez Vázquez de castro, l., "la cláusula compromisoria en el arbitraje civil", civitas, Madrid, 1984, p. 34; Fernández de la gandara, l. y calvo caravaca, a., "derecho mercantil internacional", tecnos, Madrid, 1993, p. 284), y es obvio que esas controversias futuras habrán de ser examinadas con sujeción al derecho vigente al tiempo en que ellas se susciten o resuelvan (arg. cciv: 3); admitir otra cosa seria tanto como aceptar una escisión en el tratamiento de los casos sometidos a arbitraje, pues los habría de un tipo según el cual la renuncia a los recursos judiciales tendría plena vigencia por haber sido laudados con arreglo a la legislación vigente en el tiempo de la firma de la cláusula compromisoria; y los habría de otro tipo según el cual, por haber sido laudados con sujeción a legislación que no estaba sancionada al momento de firmarse la cláusula compromisoria, habrían de ser recurribles judicialmente a despecho de cualquier renuncia y, es evidente que una comprensión semejante resulta claramente inadmisible.
Acumulación de procesos, competencia por conexidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bonelli Irma Josefa s/ Diligencia preliminar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-28

Aún cuando el desplazamiento de competencia por conexidad con un procedimiento pendiente (art. 6 Código Procesal Civil y Comercial) sea interpretado con amplitud, incluyéndose en sus previsiones no solo las cuestiones incidentales sino también las vinculadas estrechamente al proceso que primero ha tenido existencia o que son su consecuencia, no basta al respecto que lo actuado en uno de los juicios pueda resultar elemento útil para resolver el caso en el otro. De tal modo, no reviste tal naturaleza la acción simulatoria que se anuncia se intentará y en cuyo anticipo se pide como diligencia preliminar la constatación sobre un inmueble perteneciente a la sociedad conyugal en liquidación. Es que tal acción simulatoria contará con la participación de terceros ajenos al proceso de disolución de tal sociedad y el proceso carece de los suficientes elementos comunes que hagan viable el desplazamiento de la competencia que propugna el juez interviniente. (Minoría u opinión personal)
Superior Tribunal de Justicia, ministros, agentes diplomáticos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Matienzo Agustín c/ Marin Carmen A. s/ desalojo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1865-05-12

La Suprema Corte conoce originariamente de las causas concernientes á los encargados de negocios de las naciones extranjeras (art. 1, inc. 3°, Ley Jurisd.).
Despido con causa, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez Raúl Amadeo c/ Quality Argentina SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-15

Los requisitos previstos por el art. 243 L.C.T. no constituyen un mero formalismo, sino que resulta el modo más adecuado de otorgar al trabajador la posibilidad de encarar su defensa judicial, sabiendo de antemano qué cargos concretos se le imputan. El detalle preciso de los hechos determinantes de la desvinculación encuentra sustento en el deber de buena fe con que deben conducirse las partes, tanto durante el desarrollo de la relación laboral, como al momento de su extinción y, asimismo, en la garantía constitucional de defensa en juicio.
Contrato de obra pública, daños y perjuicios, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bun, Luis Felipe c/ Municipalidad de Colonia Santa Rosa s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-04-09

Con arreglo a una razonable interpretación de los principios del ¨onus probandi¨, la incomparecencia a juicio del demandado no eximía al actor de la carga de la prueba de los hechos alegados en su demanda.

En este sentido, los mayores gastos derivados de la relocalización de la obra de las cámaras de regulación y del cambio de traza carecen de respaldo probatorio, en tanto el contratista no aportó elementos de convicción -contables, periciales, comprobantes respaldatorios-, que avalen el derecho a ser compensado en tal concepto.

El agravio referido al daño moral y material invocado por la contratista tampoco puede prosperar si se encuentra consentida la sanción rescisoria impuesta por la Administración ante incumplimientos imputados a la propia contratista, ésta no tiene derecho a exigir ninguna indemnización por la extinción del contrato.

Ello resulta como consecuencia lógica de la naturaleza accesoria de pretensión resarcitoria respecto de la acción de nulidad, en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos, por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente; y que al no mediar declaración de ilegitimidad, no puede haber resarcimiento o pago de suma de dinero alguna pues falta la causa de tales obligaciones. (Del voto en mayoría del Dr. Vittar, Dra. Bonari, Dres. Cornejo, Samsón)
Contrato de trabajo, personal de casas particulares, cuidador de enfermos
Materia: LABORAL
Carátula: SAMUDIO DE MONTIEL, MIGUELINA c/ PECASTAING, LUIS Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Corresponde aplicar las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo a la persona contratada para cuidar enfermos aunque no tenga título habilitante, ya que resulta excluida de los preceptos del decreto 326/56, toda vez que la pauta dirimente entre una empleada doméstica y quien cumple tarea de cuidado de enfermos dentro del hogar, está dada en la existencia de un rol específico que no tolera una promiscuidad de desenvolvimiento (del dictamen del Procurador General del Trabajo, al que adhiere la Sala).
Robo, fuerza física irresistible, intimidación
Materia: PENAL
Carátula: SOTELO, Hernán N. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-23

"Debe considerarse comprendida dentro del concepto de violencia física no solamente la acción que recae sobre la víctima puramente como cuerpo, con absoluta prescindencia de su voluntad, sino también aquella que quebranta o paraliza la voluntad sin motivarla" .

La intimidación sería la amenaza de violencia o mal físico inminente para la víctima, mediante intimidación cuando "se ha aparentado la existencia de un arma entre las ropas" .

Si el imputado sustrajo ilegítimamente una suma de dinero junto con un celular y amedrentó a las damnificadas simulando tener un arma entre sus ropas, señalando un bolsillo de su campera, debe homologarse el procesamiento en orden al delito de robo simple (art. 164 del C.P.).
Viajantes de comercio, aumento salarial, comisiones
Materia: LABORAL
Carátula: TRIBOLO, FRANCISCO c/ ALIMENTOS VALLE DE ORO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-09

Los decretos 439/82, 1639/82 y 731/83 concedieron un aumento porcentual sobre la remuneración nominal, no alcanzando a los trabajadores remunerados a comisión porque teniendo en cuenta que el salario es una de las variables integrativas del costo del producto, terminarían percibiendo doblemente el aumento: una liquidada directamente y otra al liquidarse su comisión sobre los productos vendidos que necesariamente incluyen en su costo el valor de los salarios.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salon, Cristian c/ Martinez Bo Rodriguez de Parte s/ Daños y perjuicios Daños y perjuicios Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

Se admite la reparación por privación de uso aún entendiendo que ella deba concederse por el tiempo prudencial que demande la venta.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), honorarios, base regulatoria, cuestión no constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Buyatti, Daniel Néstor c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-04

Si bien el impugnante cuestiona aquí la cuantía del juicio tomada en cuenta a los fines regulatorios, derivada del cálculo efectuado por la Secretaría de la Cámara para la liquidación del sellado de ley que fue confirmado por resolución que rechazó la revocatoria intentada contra dicha liquidación, no continuó con el cuestionamiento de dicha base y dejó firme esta última decisión, no ostentando carácter recursivo el pago bajo protesto de la tasa de justicia efectuado por el actor; de todas maneras, el recurrente tampoco logra con sus genéricos planteos cuestionar eficazmente la calidad de la labor jurídica llevada a cabo por la demandada ni demostrar cómo se configura la desproporción que invoca respecto de la concreta tarea desarrollada por los representantes y el patrocinante de la Provincia de Santa Fe, que discutieron por vía cautelar una cuestión impugnada de interés público, con resultados favorables, cuestiones que, por lo demás, resultan ajenas al objeto del presente recurso y debieron haber sido discutidas en la causa donde tramitó la medida cautelar autónoma presentada por el accionante. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Netri)
Quiebra, acreedor privilegiado, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: COMERCIAL
Carátula: Institutos Médicos Antártida s/ quiebras/ inc. de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F.) c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

La existencia de los privilegios queda subordinada a la previa declaración del legislador, quien cuenta con amplio margen de discrecionalidad para la distribución de los bienes o agrupación de los acreedores, sin que esté dado a los jueces realizar una interpretación amplia o extensiva de los supuestos reconocidos por la ley, para evitar que situaciones excepcionales se conviertan en regla general (Disidencia de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti). -Del precedente "Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia", Fallos: 341:1511)-.
Jueces, sentencia, plazo, pronto despacho, queja por denegación o retardo de justicia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: DALLACASA, LUIS ALBERTO S c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA  CONTRA  DECRETO  DE PRESIDENCIA QUE DESESTIMO SU PEDIDO  DE DESIGNACION DE CONJUECES (ARTICULO  110  DEL CODIGO PROCESAL CIVIL  Y COMERCIAL)      CSJ EXPTE NRO 169-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-10-19

Es presupuesto de la pérdida de la potestad para fallar, que el proceso esté en estado de resolver, y que se haya interpuesto pronto despacho a fin de instar su dictado, luego de vencido el plazo legal.
Nulidad procesal, agravio concreto, diagnóstico médico
Materia: PENAL
Carátula: Bellini, Norberto Enrique s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

Corresponde revocar la declaración de nulidad del informe médico si -pese a haberse incumplido con la exigencia prevista en el segundo párrafo del art. 258 CPPN- no se ha verificado perjuicio concreto para el imputado, pues si bien la defensa no tuvo oportunidad de designar perito de parte, el informe médico cuestionado determinó el carácter leve de las lesiones y así las calificó el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio, teniendo en cuenta que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés formal del cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia. (Dres. Cabral, Borinsky y Madueño).
Accidente de tránsito, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARDENAS IGNACIO c/ MARCHI MARIA LUISA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS B.L.S.G.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-22

La investigación sobre el nexo causal entre la conducta y sus resultados es una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del Juez, quien debe establecer a través de los medios de prueba que se aporten, si la relación de causalidad ha existido o no, rigiéndose la carga probatoria por las normas procesales básicas (art. 375 Cód.

Procesal), importando en caso contrario, es decir que no se logre -aún en los supuestos en que pueda contar con una presunción de culpabilidad a su favor-, que su reclamo indemnizatorio no podrá prosperar.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, apreciación del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Cristaldo Correa Fermín en autos: Ayala, Luis Roberto c/ Herederos y/o Sucesores de Fernando Carlos Anzola y/o Fernando Julio Anzola y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-04-30

Las lesiones contra la intangibilidad psico-física de un ser humano siempre desencadenar n un daño moral y como lo relevante en este aspecto son -concretamente- las repercusiones subjetivas de las lesiones en las afecciones de la víctima, averiguar la entidad de dicho daño supondrá una acentuada apreciación de las circunstancias del caso, a fin de establecer de qué modo y con qué intensidad el hecho ha -presumiblemente- influido en la personalidad de la víctima y su equilibrio espiritual. Ese principio de individualización del daño moral requiere que la valoración de tal rubro compute todas las circunstancias del caso de marras, esto es, las de naturaleza objetiva (índole del hecho lesivo y sus repercusiones), -sin necesidad de llegar al grado cierto de incapacidad- y las personales o subjetivas del actor recurrente. Es que todas ellas, como indicios extrínsecos, son las que permitir n inferir la existencia del perjuicio moral (lo cual no está cuestionado en el presente) y su magnitud (que es lo que debemos averiguar) bajo la óptica de la sensibilidad del hombre medio de lo cual el magistrado representa el intérprete más seguro, pero sin descuidar -por supuesto- al hombre real, ya que la apreciación de todo daño debe hacerse en concreto y no en abstracto.
Cuestiones de competencia, juez de instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: Juez de Instrucción Nº 1 y Juez Correccional y de Menores Nº 1, Primera Circunscripción Judicial. s/ Cuestión de Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-05-27

El Tribunal Penal y de Menores, debe ser considerado como dos Tribunales distintos, según actúe en uno u otro carácter:

en cuanto Tribunal de Menores, con arreglo al art. 412 del C.P.P., por interpretación a contrario sensu, intervendrá en la "investigación (esto es: instrucción) y Juzgamiento" de los hechos ilícitos que involucren a menores de 18 años, competencia que estará reservada a los jueces ordinarios, en los lugares en que no hubiere Jueces de Menores. (Dr. Márquez Palacios: En disidencia).
Medidas cautelares, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: "Bomchil   Maximo   -Inc  Med c/ PEN  Ley 25.561 Dtos 1.570/01214/02 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-11

Es improcedente una medida precautoria que coincida con el fondo del amparo pues no corresponde dictar a título precautorio decisiones cuyo objeto coincida total o parcialmente con el de la demandada (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons.

4°).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: B.C.C.L. c/ G., A.H. s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-16

El Tribunal de apelación, como juez del recurso, está facultado para examinar tanto su procedencia cuanto su admisibilidad, pues sobre dicha cuestión no se encuentra ligado ni por la conformidad de las partes, ni por la resolución del Sr. Juez de primer grado, aun cuando esté consentida.
Procedencia del recurso, nulidad de sentencia, remisión del expediente
Materia: PENAL
Carátula: CORALLO, Daniel y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-16

La disidencia parcial sostuvo que correspondía hacer lugar al recurso de casación de la defensa, anular el fallo recurrido y su antecedente necesario, y remitir estos obrados al juzgado instructor a fin de que -con la urgencia que el caso requiere-dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho con arreglo a los parámetros aquí expresados, sin costas en la instancia (art. 530 y cc. del C.P.P.N.). Dres. Riggi, Catucci y Gemignani -en disidencia parcial-
Caducidad de instancia, segunda instancia, sucesiones
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GAVIO,   Alberto  Aníbal s/ ART.  250  DEL  CÓDIGO  PROCESALINCIDENTE CIVIL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-26

Corresponde declarar perimida la segunda instancia, porque si bien es cierto que en el proceso sucesorio no se opera la caducidad de la instancia, ello ocurre con excepción de aquellas cuestiones que fueren motivo de controversia (conf. art. 313, inc. 2° del Código Procesal), de allí que se haya resuelto que están sujetos a la perención todos los incidentes contenciosos que se promovieren en las sucesiones y corresponde declarar perimida la segunda instancia cuando se ha cumplido el plazo previsto en el art. 310, inc. 2° del Código Procesal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Bomaj, Miguel Alfredo y otro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sostiene que el sentenciante transgredió los arts. 164 del Código de Procedimiento Penal y 166 inc. 2 del Código Penal en tanto descartó la pericia efectuada sobre los objetos secuestrados pero no intenta demostrar, con el debido apoyo normativo, que del éxito de su reclamo resultare la prueba de que en el hecho se hubiesen utilizado "armas" en el sentido legal.
Accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Leonardi, Beatriz c/ Farji, Rubén Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-10

No es posible que el responsable de los daños ocasionados al automotor del perjudicado tenga que abonar, por reparaciones de dicho vehículo, un importe superior al que cabe asignarle en el mercado, pues de tal manera se produciría un enriquecimiento injustificado por el beneficio económico que aquél obtendría y estaría representado por la diferencia entre el valor de la cosa y la mayor cantidad que recibiría para efectuar los arreglos.