Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-24


NEUQUEN, 24 de abril de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "SOSA JORGE OSVALDO C/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA S/ EJECUCION DE ASTREINTES (E/A: 422918/10)" (INC Nº 42561/2012) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 4 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

I. A fs. 34/35 vta. el Banco de la Nación Argentina apela la resolución de fs. 28/30 por la cual se rechazaron las excepciones de incompetencia, inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva.

La recurrente señala que consiente litigar en los tribunales provinciales y se agravia por la desestimación de las excepciones de inhabilidad y falta de legitimación para ser sujeto pasivo de la aplicación de astreintes.

En primer lugar, dice que la A-quo yerra cuando sostiene que no cumplió con la contestación del oficio, que si bien respondió de manera incompleta a él, a diferencia de como lo hizo posteriormente, contestó haber cumplido con la manda.

Luego, señala que se aplicaron astreintes a un tercero ajeno al proceso con fundamento en el art. 377 del C.P.C. y C.. Sostiene que no es parte en las actuaciones principales, por lo que no es sujeto pasivo de la aplicación de astreintes. En apoyo de su postura cita los precedentes "Saturno Hogar S.A. c/ Rosales Yanet Edith s/ Cobro Ejecutivo", Exp. 41408/10, y "Valdez, Roberto c/ Rodríguez, Daniel", Exp. ECA 861/99.

En otro punto, se queja por la desproporción y falta de razonabilidad entre el objeto económico del juicio y el monto de las astreintes en ejecución, expresando que pueden morigerarse.

A fs. 37/40 contesta la contraria. Solicita el rechazo de la apelación, con costas.

II. Ingresando al análisis del memorial corresponde comenzar por la falta de legitimación pasiva.

Al respecto se han presentado posturas diversas entre las distintas Salas de esta Cámara de Apelaciones. Así, la Sala II ha sostenido que las astreintes son de aplicación sólo entre las partes litigantes en el juicio, no así respecto de terceros por no estar comprendidos en el art. 37 del C.P.C. y C. (cfr. autos: "CREDIYA SRL C/ MACIEL JOSE DOMINGO Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO", EXP Nº 259021/1; "REMY RAMIRO C/ PARRA SILVIA MARIELA S/ INC. DE APELACION", Expte. ICC Nº 61323/12; "SATURNO HOGAR S.A. C/ ROSALES YANET EDITH S/ COBRO EJECUTIVO", Expte. Nº 414108/10).

En cambio, en otros supuestos se ha considerado la posibilidad de hacerlo con fundamento en el art. 666 bis del Código Civil (autos: "COMAS MARINA C/ TORRES JUAN CARLOS S/ INC. DE EJECUCIÓN DE HONORARIOS, E/A: ICF 21168/9"; "CLINICA PASTEUR S.A. C/ OBRA SOCIAL CAMIONEROS TR. AUTOMOTOR S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS", EXP Nº 320231/5, Sala III), y considerándolo junto con el art. 399 del C.P.C. y C. (autos: "FERNANDEZ MARIA DOLORES C/ GEPRIN S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", EXP Nº 331482/5, Sala I).

Al respecto, he sostenido que: "A diferencia del CPCN, el CPC NQN, 337 no prevé que puedan aplicarse sanciones conminatorias a terceros, al no recibir la reforma de la Ln 22434. Sin embargo, jurisprudencialmente se hace por aplicación del CC, 666bis" (Alvarado Velloso - Pascuarelli - Repetto, Lecciones de Derecho Procesal, pág. 409, Fundación para el desarrollo de la Ciencia Jurídica, Edic. AVI S.R.L., Rosario 2012).

En este sentido, expresan Pizarro y Vallespinos, luego de citar los artículos 666 bis del Código Civil y 37 del C.P.C. y C.N., que: "[.] nada impide aplicar las astreintes aun cuando no haya previsión específica que así lo tipifique.

Frente a la discrepancia entre una norma del Código Civil, que sienta un criterio amplio y otra de carácter procesal, que consagra una pauta más restringida, es lógico que debe prevalecer la primera, particularmente cuando se trata de cuestiones atinentes a la legitimación [.]", (Pizarro, Ramón D., Vallespinos, Carlos G., Instituciones de derecho privado - Obligaciones, pág. 218, T. 2, Hammurabi, Buenos Aires 2006).

En punto a los restantes agravios, referidos a la desproporción entre el objeto económico del juicio y el monto de las astreintes y la actitud de la entidad, cabe considerar que la recurrente recién adquiere el carácter de parte en el incidente, con la providencia de fecha 27/06/13, no lo es en el principal, por lo que sus cuestionamientos resultan oportunos.

Luego, cabe considerar que la obligación cuyo cumplimiento se tiende a lograr, es la contestación de un oficio requiriendo informe -repárese que en el oficio de fs. 103 sólo se ordenó trabar embargo (por la suma de $ 9012,17 por capital con más de la suma de $ 5.000 por intereses y costas) y debido a la falta de claridad de la contestación de fs. 110, se libraron oficios reiteratorios requiriendo que se informara monto retenido y se transfiriera a una cuenta judicial del BPN (fs. 112, 116 y 118) donde recién se incluyo el apercibimiento de astreintes (providencia del 12/2/12, fs. 116), que se hicieron efectivas con la providencia del 24/04/12, (fs. 121). Posteriormente, al cumplirse con lo ordenado, se informó que no obstante haber tomado nota de los embargos no se practicó retención porque no existen saldos para ello, además de que hay otros embargos anteriores que aún no fueron satisfechos (fs. 155 del principal).

Entonces, ponderando las circunstancias particulares del caso, como son las referentes al carácter de tercero, en el proceso principal, del recurrente, el grado de renuencia del obligado, como la naturaleza de la obligación que se trata y la finalidad perseguida (la contestación de un informe, no la traba del embargo), así como la desproporción entre el monto y el resultado obtenido (cfr. Palacio-Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 2, pág. 264 y sig., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999), resulta apropiado reducir el monto de la liquidación por astreintes a la suma de $ 10.000.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: "[.] el Tribunal no puede pasar por alto que el monto establecido en la liquidación de fs. 800/803 con más el interés corrido desde entonces lleva a un resultado exorbitante en relación a la índole del incumplimiento de la entidad bancaria comparado con los valores en juego en el proceso. En efecto, la sanción en los términos requeridos por los adquirentes conduce a un enriquecimiento inadmisible en el patrimonio de los adquirentes que se verían favorecidos con un ingreso desproporcionado en relación al monto del inmueble ejecutado [.]".

"Por otro lado, no es posible pasar por alto el hecho [.] por lo que el Banco Central de la República Argentina ha cumplido con la obligación impuesta mediante la providencia de fs. 423 en términos tales que permiten, en este estado del proceso, la revisión del monto de las astreintes, toda vez que uno de sus caracteres esenciales consiste en su provisionalidad y la ausencia de cosa juzgada respecto de l a resolución que las impuso (conf. art. 666 bis del Código Civil; Fallos: 320:61)", (FALLOS 326: 4909).

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación y reducir el monto de las astreintes a la suma total de $10.000. Con costas de la Alzada en el orden causado, atento la forma en que se resuelve (arts. 68 y cctes. del C.P.C. y C.).

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

Entiendo que el recurso debe prosperar.

Tal como lo ha señalado la Sala II de esta Cámara: ".La posibilidad de aplicar astreintes para forzar el cumplimiento de una orden judicial, se encuentra prevista en el art. 666 bis del Código Civil, y en nuestra legislación procesal (art. 37, CPCyC).

Ahora bien: ¿quién es el sujeto pasivo de las astreintes? La codificación civil tiene un concepto amplio del sujeto pasivo: todo aquél que incumple deberes jurídicos impuestos por una resolución judicial. El código procesal local delimita el sujeto pasivo: las partes del proceso.

Félix Trigo Represas señala que el art. 666 bis del Código Civil "ofrece un amplio margen para su aplicación, ya que no se refiere a las partes del proceso y puede por lo tanto alcanzar a otras personas que deban cumplir obligaciones impuestas en un procedimiento. Por ejemplo, un tercero que, en razón de un embargo ordenado, no debe pagar directamente a su acreedor, sino consignar en el expediente" ("Código Civil Comentado", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, Obligaciones, T. II dirig. por Félix Trigo Represas y Rubén Compagnucci de Caso, pág. 54). Esta interpretación, a nivel federal, se ve corroborada por la reforma introducida por la Ley 22.434 al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la que agregó al texto del art. 37 que podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece.

Carlos Fenochietto y Roland Arazi, comentando la reforma antedicha, sostienen que el agregado al art. 37 resulta útil, ya que mediante él "se robustecen las atribuciones del juez para hacer cumplir coactivamente sus mandatos desobedecidos, los cuales no siempre encuentran como destinatarios a las partes en el proceso", aunque restringen las sanciones pecuniarias a terceros a los casos previstos en los arts. 329, 399 (con la reforma no receptada por la legislación local) y 403 del código procesal ("Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea, 1993, T. 1, pág. 173/174). Esta aplicación de las astreintes a terceros restringida a los supuestos previstos en los artículos 239, 399 y 403 de la legislación procedimental ha sido sostenida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C (autos "Cingolanetti s/ suces.", 18/7/1996, LL 1997-A, pág. 211). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D (autos "Farjat c/ Urueña", 6/7/2007, LL on line AR/JUR/9328/2007), confirmó la aplicación de astreintes respecto del empleador -tercero- que no cumplió la orden de embargo, pero no por el incumplimiento de la orden de embargo, sino por el atraso injustificado de un pedido de informes, con lo que, en definitiva, adhiere a la postura de su par civil.

Como vemos, la cuestión no es pacífica. Para adoptar un criterio sobre el tema, he de partir de dos conceptos fundamentales establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a las astreintes. El primero refiere a que "no cabe reconocer a los jueces, cuya institución y competencia depende de la ley, otras facultades sancionatorias distintas de las que aquella les atribuye respecto de las partes litigantes, sus apoderados o abogados" ("Figueroa Antequeda y otro", 27/4/1982, Fallos 304:543); y que "de acuerdo a nuestro régimen federal, las provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas. Este principio comprende la facultad y el deber de crear sus tribunales, la determinación de las reglas de su funcionamiento, y de las que deben observar los que actúen ante sus estrados." ("Cámara en lo Criminal n° 1 Presidente subrogante solicita medidas.", 27/4/1982, LL 1983-A, pág. 409).

Aplicando estos conceptos al sub lite, tenemos que mientras la legislación procesal local limita la aplicación de astreintes, dentro del proceso, a las partes, el Código Civil consagra un sujeto pasivo amplio. Si bien pareciera que de acuerdo con la jerarquía normativa impuesta por el art. 31 de la Constitución Nacional debiera primar la legislación nacional, ello no es así. Conforme lo destacado por la Corte Suprema Nacional, el dictado de normas procesales para actuar ante los órganos judiciales locales es facultad privativa de las provincias, y no resultando la normativa procedimental contraria a la nacional desde el momento que no desconoce la facultad judicial de aplicar sanciones conminatorias, sino que la reglamenta para el ámbito procesal local, en virtud de la autonomía de las provincias corresponde atenerse a la directiva del Código Procesal Civil y Comercial de Neuquén.

Adviértase que el Código Procesal Nacional tampoco adhiere llanamente a la manda de la codificación civil, sino que la limita a los supuestos establecidos en la ley.

En la misma línea de pensamiento la Sala I de esta Cámara de Apelaciones se pronunció por la improcedencia de imponer astreintes a terceros ajenos al proceso (autos "Valdez, Roberto c/ Rodríguez, Daniel", expte. ECA 861/99).." (cfr. "SATURNO HOGAR S.A. C/ ROSALES YANET EDITH S/ COBRO EJECUTIVO", (Expte. Nº 414108/10; REMY RAMIRO C/ PARRA SILVIA MARIELA S/ INC. DE APELACION", Expte. ICC Nº 61323/12).

Y esta misma línea de interpretación ha sido señalada por el TSJ al indicar: ".El pedido de fijación de astreintes será rechazado. Al respecto, el art. 37 del CPCC -aplicable supletoriamente- establece que podrán imponerse sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos. Es decir, limita la imposición de sanciones a las partes, no así a los terceros.." (cfr. RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA N° 627/13, 29 de noviembre de 2013, autos "CUEVAS MENDEZ MIGUEL C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", Expte. 3231/10, del Registro de la Secretaría de D.O.).

Finalmente, también comparto los desarrollos efectuados por el Dr.Corradini: "En el caso, entiende el suscripto que aún existiendo incumplimiento de una resolución judicial, no es aplicable la sanción dispuesta por el art. 666 bis del Código Civil por cuanto esta norma no autoriza las condenas conminatorias de carácter pecuniario a terceros ajenos al proceso.

En efecto: el art. 666 bis requiere para ello la existencia de un titular de un derecho subjetivo afectado o perjudicado por el incumplimiento del sujeto sobre el que pesa la correlativa obligación o deber jurídico impuesto en una resolución judicial. Estos autores, cuando se refieren a la naturaleza jurídica de este instituto, entienden que es un medio de compulsión del deudor, un medio legal a fin de que el deudor le procure al acreedor aquello a que está obligado, no siendo más ni menos que una vía de compulsión, un procedimiento de coerción que se ejerce sobre los bienes del condenado (cfr. Llambías, Jorge Joaquín, op. cit., pág. 100). Borda se refiere a ello en los siguientes términos: "Son simplemente una medida de coerción destinada a presionar sobre el deudor para obtener el pago de la obligación" (op. cit. pág. 53).

Al referirse a los sujetos pasivos de las sanciones conminatorias, Mosset Iturraspe menciona a las partes y los "terceros que son admitidos en el proceso como partes" ("Medios para forzar el cumplimiento", pág. 84).

En el caso en examen, no pesa sobre los terceros (que no son parte en el proceso ni terceristas interesados) un deber jurídico particular. Estos terceros no tienen un deber jurídico sino una carga pública de colaborar con la justicia conforme al principio de obediencia a las autoridades y al interés general en la composición de los conflictos privados ante la justicia ordinaria (cfr. art. 182 y su nota y 205 y su nota y cc del CPC), pero no puede entenderse que ello constituya un deber jurídico particularizado.

El sujeto que debe colaborar se identifica en cada oportunidad, pero no está predeterminado y, además, su carga está relacionada con el proceso y no con ninguna de las partes en particular. No hay sujeto beneficiario directo. No hay titular de ese derecho perjudicado por la falta de colaboración que no sea la comunidad en su conjunto. Una sanción pecuniaria a un tercero que no cumple la resolución judicial que le impone una carga de colaborar en un litigio determinado, sólo podría identificarse con una pena, pero de ninguna manera con una pena privada dirigida a enriquecer al titular de la acción que, como se ha dicho, no es titular de un derecho ni de una acción contra el tercero.

Ciertos códigos procesales, a diferencia del nuestro que omite regulación al respecto, contienen normas referidas a las astreintes para terceros.

Así, el Código Procesal de la Nación, si bien prevé la fijación de astreintes para terceros, no lo hace indiscriminadamente, sino que señala expresamente que podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros en los casos en los que la ley lo establece". La norma es inocua, pues si existe ley que la establece, la prescripción que contiene no es necesaria.

En el caso que la actora propone, no existe ninguna norma que autorice a aplicar condenaciones conminatorias a terceros, por lo que juntamente con el resto de las razones expuestas, la sanción es improcedente." (cfr. Expte. 1.005.384 "BANCO CREDICOOP LTDO. C/ LILIANA BEATRIZ ARAYA Y OTRO P/ EJECUCIÓN CAMBIARIA", Gral. San Martín, Mza., 28 de Diciembre del 2.009) 2. En orden a estas consideraciones que comparto y hago propias, entiendo que asiste razón al recurrente y, por consiguiente, la resolución debe ser revocada. En cuanto a las costas, entendiendo que existen posiciones distintas a la aquí sustentada en otras Salas de este Tribunal, estimo que deben ser impuestas en el orden causado, eximiéndose al perdidoso (art. 68, última parte del C.P.C.C.). TAL MI VOTO.

Existiendo disidencia en los votos emitidos precedentemente, se integra Sala con el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, quien manifiesta:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de la Dra. Cecilia PAMPHILE adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto, POR MAYORIA SE RESUELVE:

1. Revocar la resolución de fs. 28/30, haciendo lugar a las excepciones opuestas.

2. Imponer las costas en el orden causado, eximiéndose al perdidoso (art. 68, última parte del C.P.C.C.).

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.