marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personal policial, nulidad del acto administrativo, reincorporación, prescindibilidad, juntas de calificación, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodriguez, Nelson Gustavo c/ EN M° Interior PFA Dto 2744/93 s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda, declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas y de los actos dictados en consecuencia, y ordenó la reincorporación del actor a la Policía Federal Argentina en el mismo grado y escalafón jerárquico en el que revistaba antes de su pase a disponibilidad, pues no existió una verdadera valoración, por parte de los órganos legalmente habilitados para hacerla, de las aptitudes morales, profesionales, físicas e intelectuales, conducta, concepto y todo otro antecedente del actor que sirviera para evaluar sus condiciones generales para permanecer o no en la fuerza policial, sino que simplemente el jefe de la Policía Federal acusó recibo de la voluntad presidencial (no expresada por escrito) de desvincularlo -junto con otros funcionarios- del servicio efectivo y puso en marcha el mecanismo formal de someterlo a la Junta de Calificaciones, sin que la sustancia del procedimiento haya brindado elemento alguno que justificara la decisión de excluirlo. -Del dictamen de la Procuradora Fiscal al que la Corte remite-.
Sentencia arbitraria, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, amenazas, sobreseimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Especializada en lo Penal, Contravencional y de Faltas  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en palavecino, matias leonel sobre 149 bis - amenazas y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

Resulta arbitraria la resolución atacada si carece de una explicación fundada en las constancias de la causa que dé cuenta de los elementos concretos de los que se valieron los camaristas para llegar a la conclusión sobre la que se apoya la decisión de sobreseimiento. En concreto, la Cámara sostuvo dogmáticamente que el hecho era atípico, sin dar cuenta de los elementos concretos en los que basó tal afirmación y sin que sea posible extraer tal conclusión de la descripción contenida en el requerimiento de juicio. En consecuencia, el pronunciamiento carece de la fundamentación necesaria para sostenerse como acto jurisdiccional válido y debe, por tanto, ser descalificado de acuerdo con la doctrina de arbitrariedad de sentencias. (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, resoluciones aduaneras, derechos de exportación, intereses, Dirección Nacional de Vialidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: F.R.I.A. S.A.I.C. s/ RECURSO DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-03

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que confirmó la disposición aduanera mediante la cual se formuló cargo a una firma en concepto de gravamen con destino a la Dirección Nacional de Vialidad e intereses, a raíz de la exportación de carne vacuna congelada. Ello así, pues el a quo calificó de errónea la apreciación de la actora acerca de los fundamentos del fallo recurrido ante sus estrados, estimando que la exigencia tributaria se admitió con sustento en las leyes 17.198 y 17.255 y en el decreto 3696/60, vigentes al momento del despacho y al respecto la mera discrepancia que la recurrente expresa en lo que a dicho aspecto se refiere, no constituye un agravio concreto que guarde directa vinculación con lo resuelto y autorice su conocimiento por la vía del remedio federal.
Quiebra, desapoderamiento, legitimación procesal del fallido, notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: BLANCO, BERNARDO Y BLANCO, MARCELO SOC. DE HECHO s/ QUIEBRA S/ INC. DE REVISION POR YOLDI, ENRIQUE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-30

Si bien cabe reconocer la idoneidad que tienen los fallidos para presentarse en el proceso falencial en defensa de sus intereses máxime cuando se trata de evitar la entrada al pasivo concursal de acreedores que no serían tales-, esta facultad no puede ser ejercida sin limites temporales. Dado que no revisten el carácter de parte y por tanto no se les notifican por cédula las diligencias que, para quien si tiene tal rol, se les deben anoticiar de dicha forma, deben atenerse a la notificación por ministerio de la ley si en alguna instancia procesal deciden peticionar su inclusión en el proceso.
Alimentos, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L.S. c/ S.W. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

La posición negativa en que se coloca el demandado al no indicar expresamente a cuánto ascienden sus ingresos, es rehusar al órgano jurisdiccional la colaboración debida para el logro de la solución que mejor armonice los diversos intereses involucrados, siendo razonable que este ocultamiento no dedunde en beneficio de quien lo practica. La conducta procesal es un elemento de convicción judicial, lo que halla su fundamento en la colaboración que los justiciables deben prestar para el dictado de una sentencia justa (arts.163, 375 y 384 del CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuerpo del delito, medios de prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: oledo Jáuregui, Marcelo Oscar s/ Violación calificada y abuso deshonesto en concurso real y corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-04-17

Clemente A. Díaz señala que el cuerpo del delito puede ser probado por cualquier medio de prueba, porque en el proceso, en general, y en el proceso penal particularmente, nunca se concreta un sólo y único medio probatorio; y paradojalmente -enseña-, la existencia de la prueba única, aunque ella reuniera los requisitos establecidos por el legislador como prueba clásica, podría ser la más dudosa o la que en todo caso no aportara al entendimiento del juez la segura convicción que necesita para juzgar. (del voto del Dr.González Godoy).
Recurso contencioso administrativo, cuestión no decisiva, fiscales, procedimiento administrativo, tribunal de disciplina, excusación, deber de imparcialidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Castellano, Martin c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-07

En lo atinente a la violación al principio de imparcialidad a la que alude el accionante, basta para rechazar ese agravio con señalar que el Senador miembro del Tribunal de Disciplina, quien no fue recusado en las actuaciones, se excusó de intervenir por los motivos que detalladamente explicó, en razón de lo cual no concurrió a conformar la voluntad del órgano sancionador -ni siquiera participó de la audiencia de juicio-, justamente para preservar la imparcialidad de la decisión; y sin perjuicio de ello, puede añadirse que la intervención previa del Senador en las vicisitudes procedimentales que indica el actor es insuficiente para justificar la declaración de nulidad de lo actuado, no sólo en virtud de que no se ha invocado una norma aplicable al caso que disponga esa solución, sino también porque el recurrente -quien, se insiste, omitió formular una recusación- no logra persuadir acerca del carácter transcendental que le asigna a los actos en los que participó el Legislador, ni sobre la decisividad de tal participación, como para invalidar nada menos que el ejercicio de potestad disciplinaria sobre un Fiscal. - CSJStaFe: Castelli, AyS T 193, p 397.
Empleados públicos, nombramiento, retrogradación, ley derogada, acto administrativo, principio de legalidad, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA SARSOTTI, LUIS ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 690-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-01

El principio de legalidad no solamente supone la sumisión de la actuación administrativa a las prescripciones del Poder Legislativo, sino, además, el respeto en la producción de las normas administrativas al orden escalonado exigido por la jerarquía de las fuentes y, finalmente, la sumisión de los actos concretos de una autoridad administrativa a las disposiciones de carácter general previamente dictadas por esa misma autoridad, o incluso, por autoridad de grado inferior, siempre que actúe en el ámbito de su competencia.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ VIUDA DE LOPEZ, LUCIA ELSA c/ I.P.S.A.S. s/ COBRO DE PESOS-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-30

No debe confundirse la legitimación para obrar con la falta de personería referida a esta ultima, o la capacidad de los litigantes para estar en juicio. La legitimación para obrar significa que la pretensión debe ser deducida (por y frente a una persona legitimada); lo cual no significa que si se demanda a quien no esta legitimado este no asume el carácter de demandado, lo es, sin perjuicio de hacer valer su falta de legitimación y, por tanto, la inadmisibilidad de la pretensión deducida contra el.
Intereses, intereses convencionales, capitalización de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carta Austral S.A. c/ Aubert, Inés A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

Toda vez que con relación al cómputo de intereses exista convenio de partes, cabe aplicar éste (arts. 622 y 1197 del Cód. Civil; art. 556 del C. de Comercio; art. 5 del dec. ley 5965/63). Así entonces, ejecutándose un pagaré "sin protesto" en el cual se establecieron intereses compensatorios y punitorios capitalizables mensualmente (arts. 5 y 103 del decreto ley 5965/63), corresponde admitir la capitalización pedida (arts. 163, 260 y 330 Cód. Procesal Civil).
Falsificación de instrumento público, sentencia absolutoria, certificado de estudios
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: STOJADINOVIC, Viviana y otro s/ inf. artículo 292 del Código Penal Causa nro. 27.686
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-21

La imposibilidad de tener a la vista los cartulares falsificados trae como consecuencia un pronunciamiento absolutorio. Contar con los certificados de estudio falsos hace a la necesidad de evaluar su idoneidad como tal, máxime si se tiene en cuenta que, justamente, motivó el inicio de la causa la inmediata advertencia por parte del personal de la Oficina de Legalizaciones del Ministerio de Educación de que el instrumento allí presentado poseía visibles anomalías.
Recurso de casación penal, prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LEYRIA JUAN RAMON A Y OTRO s/ CASACION  PENAL  -  FUNDAMENTACION  -  PRUEBA  - ILEGALMENTE VALORADA LANTIERI JUAN CARLOS s/ RECURSO DE QUEJA - CASACION PENAL - FUNDAMENTACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-11-04|1985-12-20

Es inadmisible el recurso de casación intentado por el motivo formal,si el recurrente no ha procurado demostrar el valor decisivo de la prueba de cuya contradictoria valoración se agravia, para lo cual debió contrastarla con el resto del material probatorio utilizado por la cámara para declarar la autoría de los imputados.
Régimen de garantía de los depósitos, banco central, responsabilidad del banco, mora automática
Materia: COMERCIAL
Carátula: Soldano Deheza, Juan Carlos c/ B.C.R.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-19

A los efectos de responsabilizar al Banco Central por los intereses posteriores al vencimiento de los certificados de depósito - sin necesidad de interpelación ni de pedido de fijación de plazo - el legislador previó - en el art. 56 reformado - el tiempo que sería menester para que el organismo efectuase el contralor y la verificación del depósito y procurase la organización administrativa y contable consecuente para efectivizar el pago de los fondos a los depositantes; a partir de entonces, quedaría constituido en mora automáticamente.
Honorarios, abogados, prescripción bienal
Materia: PROCESAL
Carátula: COLEGIO DE BIOQUIMICOS. c/ INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN. s/ COBRO (ORDINARIO).
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-01

El plazo de dos años - plazo de prescripción bienal previsto por el art. 4032 inc. 1°, primera parte del C.C. - invocado por la demandada presupone que se trata de trabajos judiciales aún no determinados. La doctrina coincide en que su cómputo se inicia desde la terminación del juicio por sentencia, transacción o cualquier otro modo de culminación del proceso -desistimiento, allanamiento, conciliación, caducidad de instancia entre otros- ; o desde que culminó la actuación del profesional, aunque el proceso continúe, sea por renuncia del patrocinio, revocación del mandato, muerte etc.

La mayor diligencia reclamada al profesional en el caso de la prescripción bienal se explica por la distinta situación fáctica que la misma norma contempla, de manera que resulta esencial diferenciarla de su segunda hipótesis donde el plazo se eleva a cinco años.

A tal efecto será menester la fehaciente comprobación del extremo legal determinante para aplicar uno u otro supuesto; esto es, que ha cesado el pleito o la intervención del abogado o procurador. En este orden de ideas, se ha dicho que el término habrá de computarse "desde que se le notifica la revocación del poder o desde que el abogado renuncia o deja de actuar en el juicio hasta tanto su cliente no se presente en el expediente con nuevo letrado, porque se considera que hasta ese momento el profesional continúa en sus funciones".

Se trata entonces de verificar que efectivamente el pleito ha terminado o que el profesional cesó su intervención, pues a partir de allí empieza a correr el término.

Por ello, algunos tribunales han precisado el dies a quo para el cómputo del plazo, en el momento en que el profesional "toma noticia de ello, o desde que fue sustituido por otro, o bien desde que supo o pudo tener conocimiento de la revocación de su poder o de que había sido reemplazado por otro letrado, por lo que resulta imprescindible notificarle la cesación de su intervención en la litis. O bien si el juicio concluye por desistimiento o transacción, desde que éstos se producen o desde que se notifica la sentencia o transacción a los profesionales, o el desistimiento, debiendo tenerse en cuenta lo primero que acontezca".

También se ha dicho que la prescripción bienal "rige para aquellos supuestos en que el mandatario o patrocinante ha cesado en su ministerio, ya sea por terminación del pleito o conclusión de su vínculo, y en este último caso, el plazo de prescripción se cuenta desde la fecha en que el letrado renuncia al mandato o al patrocinio ejercido, o desde que le es notificada la revocación del poder, o del patrocinio.

Ello, pues sólo a partir de entonces quedará expedita la vía para ejercer las acciones cuya prescripción se pretende.

(ESTOFAN - GANDUR - POSSE).
Poder Judicial, sentencia firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LAS CARCELES DE LA CIRCUNSCRIPCION NRO 2 (UNIDADES PENITENCIARIAS III, V, VI Y XI) c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-29

Sin perjuicio de lo acreditado por las autoridades pertinentes en relación a la gestión en materia penitenciaria llevada adelante en toda la Provincia a fin de hacer frente al crecimiento poblacional carcelario, a través del diseño de un programa de construcciones carcelarias y mejoramiento de infraestructuras, surge evidente que la problemática en torno a la sobrepoblación carcelaria en la Unidad Penitenciaria en cuestión persiste en la actualidad y se ha agravado, desde que se comprueba a partir de los elementos aportados que constan en autos y lo manifestado en audiencia, que el número de personas privadas de la libertad supera el cupo máximo de alojamiento establecido judicialmente, resultando de ello el incumplimiento por el Poder Ejecutivo del mandato dirigido en el año 2017, al no haber limitado la población carcelaria al número de internos que por sentencia judicial se fijó; y si bien al Poder Judicial no le compete evaluar la oportunidad, el mérito o la conveniencia de las medidas políticas adoptadas por la administración provincial, ni poner en discusión su política penitenciaria, como así tampoco valorar las medidas que el Estado provincial informa haber adoptado, corresponde a este Tribunal garantizar la eficacia de los derechos constitucionales y evitar que éstos sean vulnerados, evitando una injerencia indebida en ámbitos reservados a los otros poderes del Estado. (Del voto del Dr. Netri) - CITAS: CSJN: Fallos 328:1146; CSJStaFe: AyS T 266, 379.
Alimentos, obligación alimentaria entre parientes, abuelos
Materia: CIVIL
Carátula: D. de P., G.M. c/ P., M.N. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-07

En derecho alimentario no obstante que, frente a los abuelos, el padre reviste la condición de obligado principal, es a todas luces inconveniente a los alimentados la promoción de un nuevo proceso para lograr la satisfacción de la impostergable necesidad que da fundamento a esta pretensión. Ello, por cuanto ante las diversas interpretaciones posibles del texto legal -en el caso, el art. 367 del Código Civil-, ha de escogerse aquella que se estime más razonable en función de los intereses afectados, por lo que la decisión pertinente no puede adoptarse con indiferencia respecto a los resultados, teniendo presentes los fines perseguidos por el legislador, así como la naturaleza del derecho y de la obligación alimentaria.
Recurso de apelación (procesal), contratos, acción reivindicatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Micoli, Carlos A. c/ Provincia de Salta y Establecimientos Agropecuarios El Alba SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-26

En la divergencia entre lo expresado en el contrato de compraventa y lo registrado en la cédula parcelaria en cuanto a la extensión del terreno adquirido, debe prevalecer lo escrito en la cláusula contractual, si su claridad excluye toda ambigüedad, hallándose presidida esta materia por el principio de buena fe.

El reivindicante puede valerse de los títulos de sus antecesores mediatos, de acuerdo al plural usado en los artículos 2.790 y 2.791 del código civil, pero para aclarar, corroborar y fortalecer el propio título y no para crear otro título, o ampliarlo sobre bienes no incluidos en el del reivindicante.
Estafa, daño, concurso real, automotor en playa de estacionamiento
Materia: PENAL
Carátula: PALAMARA, Félix J. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-06

Constituye el delito de estafa en concurso real con daño (arts. 55, 172 y 183 C.P.) la conducta del sujeto que se retira de una playa de estacionamiento sin abonar la correspondiente estadía, previo romper con el auto la barrera colocada a la salida.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, costas, juicio, trámites judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MERCHAN, F M Y OTRA c/ GIMENEZ, B Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 370-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-26

Es criterio jurisprudencial consolidado que las providencias judiciales concernientes a asuntos de procedimientos en las etapas del proceso, o a cuestiones de índole procesal previas al fallo definitivo, no son impugnables por la vía del recurso extraordinario.
Cambio de calificación legal, acusación alternativa, facultades del fiscal, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PROVINCIA del  CHUBUT c/ P., M.E. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2019-02-01

Ante la posibilidad de que en el juicio no se pudieran demostrar los hechos de la calificación inicial, la acusación debía contener un relato alternativo que describiera en detalle la infracción al deber de cuidado prevista en el artículo 84 del Código Penal. En todo momento está en juego el derecho de la persona sometida a proceso de conocer los detalles de la imputación que pesa en su contra, para ejercer su defensa de modo amplio, oportuno y efectivo. Por este motivo, el procedimiento autoriza a la parte acusadora a «indicar alternativamente aquellas circunstancias del hecho que permiten encuadrar el comportamiento del acusado en una figura distinta de la ley penal, para el caso de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal»
Homicidio calificado, declaración testimonial, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: R.,E.A. s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-06

Está debidamente fundada la condena por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa si los magistrados ponderaron un amplio marco de pruebas constituido, entre otras cosas, por numerosas declaraciones testimoniales, no sólo de la damnificada y la testigo presencial del hecho, sino además de los médicos que asistieron a la víctima, del funcionario policial que concurrió al lugar del hecho, del médico forense que confeccionó el informe, como así también la historia clínica del nosocomio donde fue atendida la víctima, actuaciones de la Oficina de Violencia Doméstica, copia certificada de la partida de matrimonio, informe del Cuerpo Médico Forense, elementos que fueron adecuadamente confrontados y cotejados en la resolución examinada, surgiendo de tal labor en forma indubitable, la ocurrencia del hecho y el grado de responsabilidad que le cupo al enjuiciado.
Prescripción, obligaciones naturales
Materia: PROCESAL
Carátula: ARGENTO, FRANCISCO Y OTROS c/ SERVICIOS  ELECTRICOS  DEL  GRAN  BUENOS  AIRES  S.A.  (SEGBA  S.A. ) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-30

Frente a una obligación natural (tal es la obligación extinguida por la prescripción, inciso segundo del artículo 515 Código Civil), el deudor que admite su existencia, no puede quedar obligado más allá de lo que explicita en su reconocimiento.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, costas, interés concreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O., I. R. c/  s/ APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

Corresponde anular la imposición de costas al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal decidida en el auto denegatorio, por cuanto teniendo en cuenta las particulares circunstancias de la causa, se configuraba en el caso la excepción prevista en el inciso 2 del artículo 448 del Código Procesal Penal -esto es, razón plausible para actuar en el procedimiento-. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 295, p 112 y 118; T 296, p 60 y 97; T 297, p 224; T 298, p 36 y 108; T 299, p 330; T 300, p 52, 308 y 461 - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 448, inciso 2. - Jurisprudencia vinculada: Acuña, AyS T 307, p 12/18, sumario J0048179; Broggi, T 311, p 469/481. sumario J0048802; Teves, AyS, T 315, p 432/440, sumario J0049428.
Enjuiciamiento de magistrados, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Juárez, Pedro Alejandro c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-12

No cualquier intervención anterior del juzgador en los procesos de enjuiciamiento de magistrados genera, automáticamente, una afectación a la garantía de imparcialidad; ni siquiera en las causas penales, pues es relevante examinar en cada caso la calidad de la resolución o interlocutorio que dio lugar a la intervención anterior que se invoca como determinante del apartamiento pretendido.