marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba, prisión preventiva, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos Domínguez, Fernando sobre 153 1° y 2° párr. - violación de secretos y de la privacidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

Corresponde rechazar la queja porque los planteos destinados a impugnar la decisión que dispuso la prisión preventiva del imputado implican, a su mejor luz, un análisis de elementos de hecho que, por principio, son ajenos a la vía intentada. Por su parte, la sentencia del a quo, más allá de su acierto o error, tiene sustento en las constancias de la causa, no resulta arbitraria y, con ello, precluye la posibilidad de analizar los elementos de hecho apuntados en el recurso. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Responsabilidad del Estado, responsabilidad por omisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MIGGITSCH, JUAN ALEJANDRO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-13

La responsabilidad del Estado por no haberse adoptado ciertas decisiones en ejercicio de policía administrativa de naturaleza preventiva o de fiscalización, es objetiva y su fundamento radica en el principio de igualdad, y se aplican los requisitos generales que determinan la procedencia de la responsabilidad del Estado por falta de servicio, que acoge el precepto del artículo 1.112 del Código Civil; y que consiste en la responsabilidad que emerge en cabeza del Estado en casos de defectuosa o irregular prestación de un servicio público. La clave para determinar la falta de servicio y, consecuentemente, la procedencia de la responsabilidad estatal por un acto omisivo se encuentra en la configuración o no de una omisión antijurídica. Esta última se perfila sólo cuando sea razonable esperar que el Estado actué en determinado sentido para evitar los daños en la persona o en los bienes de los particulares. De manera que la configuración de dicha omisión antijurídica requiere que el estado o sus entidades incumplan con una obligación legal expresa o implícita (art. 1074 del Código Civil), tal como las vinculadas con el ejercicio de la policía administrativa; incumplimiento que puede hallarse también impuesto por otras fuentes jurígenas, tales como la costumbre y los principios generales del derecho. Se requiere además, para que se genere el deber de responder, que se trate de una obligación (o sea de un deber concreto) y no de un deber que opere en dirección genérica y difusa.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, acción de amparo, bien jurídico protegido, derecho a la salud, obesidad, programas de salud, cobertura médica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., A. V. c/ OSVIP s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-08

No ha de prosperar la queja interpuesta desde que la recurrente que no ha demostrado que la exégesis expuesta por el Juzgador- al sentar con cita de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Cimero Tribunal de la Nación que, de acuerdo al sistema de derechos humanos, el derecho a la vida de la persona humana, que incluye el derecho a la salud, no puede ser objeto de análisis restrictivos- exceda los límites de razonabilidad y logicidad tolerados por el ordenamiento normativo vigente.

Asi, y a la luz de dicha pauta exegética, el A quo, luego de examinar las probanzas incorporadas , entendió que el caso encuadraba dentro de los requerimientos exigidos por el Anexo I de la Resolución N° 742/2009, reglamentaria del artículo 15 de la ley 24754, que incorpora al PMO las prestaciones básicas esenciales para la cobertura de la obesidad , expresando -entre otras cosas- que por las comorbidades que padece la paciente (hiperinsulinemia o diabetes, hipertensión arterial, hiperuricemia e hipotiroidismo) y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, su salud está en riesgo actual y la vida en riesgo mediato.
Recusación con causa, agente fiscal, Cámara de Apelaciones
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "DONDA, Adolfo M. s/ prórroga de la P. P. ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-08

Debe hacerse lugar a la excusación de un Juez de Cámara en la causa en que como fiscal de primera instancia requirió la instrucción de ella y solicitó la recepción de declaración indagatoria.
Recurso extraordinario, cuestión federal, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 790-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-04-19

Conforme a la doctrina sentada en el caso "Strada" por la Corte de la Nación, las provincias son libres para crear las instancias judiciales que estimen apropiadas, pero no pueden vedar a ninguna de ellas y menos a las más altas, la aplicación preferente de la Constitución Nacional. Ello, sustentado en el respeto del régimen federal de gobierno, que confiere a la zona de reserva jurisdiccional de las provincias, la plenitud que constitucionalmente le corresponde, al reconocer a los magistrados de todas las instancias el carácter de irrenunciables custodios de los derechos y garantías de la Ley Fundamental, y emplazar la intervención apelada de la Corte Nacional en el quicio que aquélla le ha señalado: ser su intérprete y salvaguardia final.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial, prestación del servicio público
Materia: PROCESAL
Carátula: Biz, Gabriel Omar c/ Benito Roggio E Hijos SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-30

Procede revocar la resolución en la que la jueza de grado hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por AySA SA, con base en el que competencia en razón de la materia cede frente a la establecida ratione personae, siendo que la coaccionada se trata de una sociedad anónima con capital estatal mayoritario. Ello por cuanto, en el caso, resulta relevante que dicha sociedad, que fue creada en la órbita de la secretaría de obras públicas del ministerio de planificación federal por disposición del decreto 304/06, fue formalmente constituida bajo la forma de sociedad anónima y, por lo tanto, está sujeta a las disposiciones de la ley 19550. Aun cuando el 90% del capital accionario pertenece al Estado Nacional, al momento de suscribirse el contrato social y durante el tiempo que se mantenga activa cumpliendo su objeto, esta sociedad anónima con participación del Estado no integra los cuadros de la Administración Pública, sin perjuicio de la vigencia del derecho administrativo en aquellas relaciones jurídicas con la administración que hacen a su control de gestión.

(En el caso, AySA contrató a la UTE demandada para la realización de una planta potabilizadora, en terrenos arrendados al actor. La acción se dirige a indemnizarlo por los daños causados ante el incumplimiento del contrato de arrendamiento).
Recurso de casación, fundamentación del recurso, cuestiones de hecho y prueba, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL
Carátula: INSTITUTO DE INFORMACIONES COMERCIALES c/ ELIAS MOUKARZEL s/ DESALOJO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-15

El libelo recursivo no cumple de ninguna manera con su función si sólo se limita a transcribir partes de la sentencia recurrida y disentir con el criterio utilizado por el juzgador pero no efectúa una crítica directa, frontal y eficaz que logre derribar o conmover los fundamentos de la resolución recurrida.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: BRITOS JUAN ANGEL Y OTRA c/ ALVAREZ JOSE R.; PEREZ CURBELO LUIS Y/O EMP. "GOMIR" Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-02-04

Nuestro Código Civil consagra nítidamente la teoría del riesgo creado, en virtud de la cual, quien es dueño o guardián de cosas riesgosas y por lo tanto, introduce en el medio social un factor generador de riesgo para terceros, debe responder objetivamente por los daños originados con total abstracción de la idea de culpabilidad. De ese modo, surge evidente la existencia de cosas riesgosas que son peligrosas por su propia naturaleza, y que generan permanentes posibilidades de daños a terceros. En tales supuestos, no basta que el dueño o guardián de la cosa demuestre que de su parte no hubo culpa para exonerarse de responsabilidad, ya que mediando vicio o riesgo de la cosa, el perjuicio dimana de la propia aptitud dañosa de la misma, sólo la acreditación de la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, puede actuar como eximente de responsabiliad.
Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: INTENDENTE MUNICIPAL DE EL ESPINILLO s/ DENUNCIA DE CONFLICTO DE AUTORIDADES MUNICIPALES CONFLICTO DE AUTORIDADES MUNICIPALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1986-10-27

La intervención del Superior Tribunal de Justicia en los conflictos municipales está sólo limitada a intervenir como juez de la constitucionalidad y legalidad de los procedimientos y decisiones en la materia que con carácter restrictivo considera de su exclusiva competencia para restablecer la vigencia de la ley.
Apropiación de cosa perdida, licencia de conducir
Materia: PENAL
Carátula: ETCHEVERRY, OSCAR s/ DEFRAUDACION. APROPIACION COSA PERDIDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

Constituye el delito de apropiación de cosa perdida, la acción del prevenido que fue aprehendido teniendo en su poder una licencia de conductor ajena, interpretándose a su favor que ella llegó a su poder por haberla perdido su dueño.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Ribera Coop. Ltdo. c/ Delaportas, Jorge s/ Cobro ejec. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Las decisiones recaídas en un juicio ejecutivo no revisten, en principio, carácter de definitivas en el concepto de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, no observándose en el caso, en que la Cámara desestima el planteo referido a la compensación por no poder investigarse en el ejecutivo la operación bancaria que unió a los litigantes, motivos que permitan apartarse de dicho criterio, desde que se ha limitado a pronunciarse sobre cuestiones que no desbordan la estructura formal del proceso. (Minoría u opinión personal)
Mediación, medidas cautelares, intervención judicial, remoción del administrador de la sociedad
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: VIOLA, OSCAR L. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-20

Si se solicitó a título cautelar, la intervención judicial de una S.R.L en los términos de la LS: 113, procede disponer que el solicitante -con carácter previo- acredite que ha requerido mediación judicial. Ello, pues si bien la Ley 24573: 2-6º, excluye el trámite de las medidas cautelares del procedimiento de mediación obligatoria "hasta que se decidan las mismas, agotándose respecto de ellas las instancias recursivas ordinarias", sin embargo, una medida como la solicitada, necesita la promoción de la acción de remoción de los administradores (LS: 114).
Preclusión, traslado, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Duarte, Julio C. c/ Medone, Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Un acto procesal no caduca por el sólo hecho de que con anterioridad al vencimiento del término la parte se presente o conteste el traslado, pues mientras no hubiere transcurrido el plazo acordado, aquélla puede hacer uso de las ampliaciones que creyere correspondan.

Es admisible la ampliación de la contestación de un traslado, efectuada dentro del término legal para evacuarlo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, rifas, responsabilidad de la Municipalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gallegos de Sandoni, Clorinda del Carmen y Otra c/ Provincia de Buenos Aires y Otros s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-03-12

El recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuesto por la Municipalidad de Chascomús contra la sentencia que la condenó solidariamente a abonar a las accionantes una indemnización pecuniaria por la frustración de la entrega de un premio rifado -por imposibilidad de escrituración-, es improcedente, pues la Cámara convalidó el compromiso de la responsabilidad del municipio atendiendo a las verificadas irregularidades del acto aprobatorio de la rifa -particularmente la falta de cumplimiento de los requisitos fijados en el art. 1 inc. 4 ap. "a" de la ordenanza municipal 2422 dictada el 5 de Julio de 1993- que guardaron relación causal con la frustración del acto escriturario de los inmuebles objeto del sorteo, importando ello la responsabilidad estadual de naturaleza extracontractual con base en el art. 1112 del Código Civil
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, fundamentos insuficientes, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, apartamiento de la doctrina de la corte, obligación tributaria, multa, concurso preventivo, incidente de verificación
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: SANABRIA, JORGE L. c/ BURROTTI, HERNAN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-PEDIDO DE QUIEBRA-HOY CONCURSO -  INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR A.F.I.P. (EXPTE.: C.S.J. NRO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-02-15

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra la desestimación por parte del Tribunal de la admisión en el pasivo concursal de la acreencia por multas desde que se fundamentó exclusivamente en la circunstancia de que las multas fueron impuestas con posterioridad a la declaración judicial de la quiebra, sosteniendo que "...aun cuando las supuestas infracciones que las determinan se hubieran podido materializar en períodos fiscales precedentes, el hecho de que la aplicación de la multa sea sobreviniente a la apertura del concurso es un óbice decisivo a su viabilidad".

Y es que esa única motivación expuesta en el fallo atacado no se corresponde con la jurisprudencia de la Corte nacional, debiéndose recordar que no obstante que ella "...sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos...", toda vez que "...por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (arts. 100, C.N. hoy 116 y 14, ley 48).

Este deber de los tribunales no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento, de suerte tal que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen la posición adoptada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..."
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, control de cambio, prescripción, banco central
Materia: PROCESAL
Carátula: ERRE-A  SA  y otros s/ infr.  ley  19.359    BCRA    c/ resolución Nx 696 -Causa Nx 28.488-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, para declarar la prescripción de la acción penal por infracción a la ley 19.359, se fundó en que la resolución del Banco Central que había ordenado instruir el sumario carecía de validez a tal efecto por haber sido dictada a ese sólo fin, siendo que el desarrollo cronológico de la causa permite descalificar por infundada tal presunción.
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLANUEVA, Germán s/ inf. ley 23.737 Causa nro. 27.295
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

Si bien la Corte Suprema sólo decide en los casos concretos que le son sometidos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las conclusiones arribadas en aquéllos, a menos que sustenten su discrepancia en razones no examinadas o resueltas por el Tribunal.
Verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COPESA s/ Incidente de verificación tardía promovido por el Sr. Osmar F.  Bertoni por el Sr. Osmar F.  Bertoni por el Sr. Osmar F.  Bertoni
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-25

Si el síndico no ha opuesto la prescripción que establece el sexto párrafo del art. 56 de la ley 24522 en el marco de la verificación tardía de un crédito, que es de dos años salvo que el mismo tuviese uno menor, el juez carece de facultades para hacerla operar de oficio (art. 3964 del Código Civil).
Nulidad procesal, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Giglio, Lidia Estela c/ Consejo General de Educación de Entre Ríos s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-07-12

Ha mediado violación al principio de congruencia que necesariamente debe respetar toda sentencia, resolviendo sobre las cuestiones tal como han sido planteadas por las partes -artículo 169 inciso 6 del Cód. Procesal Civil y Comercial, al que remite el artículo 53 del Cód. Procesal Laboral- pues, si se admitía el argumento de la excepcionante referido a que la prescripción de la acción se había operado antes de iniciado el juicio contra el Superior Gobierno de la Pcia. en razón de tomarse como fecha de inicio de dicho plazo la del accidente, ya no correspondía tratar el efecto interruptivo de esa demanda, que planteara la actora. Lo contrario, implica la indeterminación de cuál es la causa que determina el rechazo de la excepción planteada, por lo que corresponde decretar la nulidad de lo resuelto por el a quo y remitir los autos al Juzgado de origen para el dictado de nuevo pronunciamiento.
Daños y perjuicios, abogados, medidas cautelares, colación, sucesiones, mandato, abuso del derecho
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: LUISA MABEL ETCHEVERRY Y OTROS c/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

La conducta del abogado que obtuvo el levantamiento de medidas cautelares apartándose de los términos de una sentencia dictada anteriormente, encuadra en la segunda parte del art. 1071 del Código Civil y compromete su responsabilidad en la reparación del perjuicio causado a quienes se vieron impedidos de hacer valer sus derechos derivados de una sentencia dictada en un juicio de colación, e igual responsabilidad compete a su mandante: art. 1946 del Código Civil.
Actos y diligencias procesales, oficios, pago, cheque, cheque judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: CORTESFILMES S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-13

El denominado "cheque judicial" no constituye un cheque propiamente dicho.

Se trata de una orden de pago que el juez emite empleando, por razones prácticas, un formulario determinado, pero que no difiere, en esencia, de cualquier mandato judicial librado mediante oficio.
Cómputo de servicios, prueba, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ENCINAS de SOLIS, ROSA LAURA c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

La jurisprudencia requiere ser vinculada a los casos concretos en los que se dictaron los pronunciamientos judiciales pertinentes, sin prescindir de situaciones, épocas y circunstancias. De lo contrario la simple referencia sobre amplitud de criterios para evaluar servicios de antigua data serviría para la captación de beneficios indebidos con los consiguientes perjuicios económicos y éticos.
Concursos, efectos de la apertura, actos y diligencias procesales, bienes del fallido
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Roux-Ocefa SA c/  s/ quiebra s/ incidente de ineficacia del contrato de colaboración de servicios de producción celebrado con hlb pharma group sa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-17

Cabe recordar que la ley 24522 defiere al concursado la conservación de la administración de su patrimonio ya que la explotación del negocio es consustancial a que pueda proponer el acuerdo preventivo y en su oportunidad, cumplirlo (LCQ 15). Como contrapartida, se precautela tal integridad patrimonial asegurando los derechos de los acreedores, sin obstaculizar la marcha normal de los negocios ni imponer limitaciones estrictamente indispensables a esos fines (cfr. Cámara, Héctor, El Concurso preventivo y la Quiebra, ed. Depalma, Bs. As., 1978, T. I, p. 460). De allí que la LCQ 16 establezca las situaciones que quedan fuera del ámbito de sus facultades (actos prohibidos) y delinee los alcances de los que conserva (actos sujetos a autorización); estableciendo a continuación que los actos cumplidos en violación de tal disposición normativa son ineficaces de pleno derecho respecto de los acreedores (LCQ 17).
Recurso extraordinario, interposición del recurso, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Francisco SENOSIAIN c/ CITROEN ARGENTINA  S.A. s/ RECURSO    EXTRAORDINARIO   -  INTERPOSICION  -  PLAZO  -  TERMINO  -  ACLARATORIA - DEPRECIACION MONETARIA  -  COSA  JUZGADA  -  DERECHO DE  PROPIEDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

El plazo para deducir la apelación del art. 14 de la ley 48 es perentorio y no se interrumpe por la presentación de recursos declarados improcedentes por razones formales.
Juicio de desalojo, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hernández, Elba Gervasia c/ AUCOM S.A. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

La Ley 8904 en su art. 40 establece que en los procesos de desalojo se tomará como base los alquileres de dos años a los del plazo contractual legal vigente cuando fuera mayor. Tomando en cuenta tales términos y el proceso que nos ocupa la base regulatoria del mismo está dada por el lapso de duración del contrato, que no es otro que los veinticinco (25) meses que fueron estipulados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)