marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mayer, Bruno Alberto c/ García, Oscar Perfecto y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-08

Resulta una incoherencia oponer la excepción de inhabilidad de título y la de compensación, pues además de resultar incompatibles entre sí, ello importa, en definitiva, reconocer la existencia de la deuda reclamada.
Proceso penal, imputado, declaración informativa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., C. A. s/ Robo calificado - Competencia (Expte. Nro. 1749-00, Resolución Nro. 3,  Tomo 9, Folio 284)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-13

Definido el concepto de imputado en nuestro ordenamiento procesal por el art. 68 C.P.P. cuando atribuye tal calidad a "la persona que fuere detenida o indicada como autor o partícipe de un hecho delictuoso, en cualquier acto inicial del procedimiento dirigido en su contra"; carece de trascendencia a los fines de establecer la presencia de conexidad el hecho de que el juez lo haya convocado o no a declaración indagatoria, puesto que... "Al prever el art. 35 inc. 1 del Cód. Proc. Penal el nacimiento de la conexidad subjetiva "cuando a una persona se le imputare más de un delito", se desentiende de la diversificación fundada en el hecho de que al imputado se le haya o no recibido declaración indagatoria, y nos remite exclusivamente a la calidad de tal que se define en el art. 68 del mismo código". De tal manera, la declaración "informativa" que el juez que resiste el envío le recibiera en su causa al "imputado", sin que medie pronunciamiento de mérito -cualquiera fuere su especie- que cancele la imputación quitándole a la persona "imputada" tal calidad, no resulta obstáculo para la procedencia de la acumulación que se despachara".
Emergencia económica, realismo económico, interés público, Poder Judicial, Poder Legislativo, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CENA, JUAN MANUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - INCIDENTE  DE APREMIO (CSJ EXPTE Nº 506-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-02

La realidad económica ha obligado a la Corte Suprema de Justicia Nacional a reconocer que la gravedad y extensión de la crisis económica justifican ampliamente las leyes de emergencia que con sus disposiciones se proponen salvaguardar en lo posible un fin legítimo, como lo es el interés público comprometido en la emergencia. Asimismo, en momentos de perturbación social y económica, y en otras situaciones semejantes de emergencia -y ante la urgencia de atender a la solución de los problemas que crean- es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad. La valoración judicial de los medios empleados por el legislador no es otra cosa que contrastar la validez del instrumento jurídico empleado para la consecución de lo que se considera un bien social en un momento dado. Ese medio será admisible si no suprime ni hiere sustancialmente otros bienes amparados por la misma estructura constitucional. Así, no se viola el artículo 17 de la Constitución Nacional cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad. Antes bien, hay una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis que, paradojalmente, también está destinada a proteger los derechos presuntamente afectados que corrían el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación del sistema económico y financiero. DEL VOTO DE LA MAYORIA. EN MINORIA EL DR BARRAGUIRRE.
IVA, determinación de impuestos, contrato de suministros, prestación de servicios
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Prodecom S.A. (TF 20.862-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

Cabe confirmar la sentencia que dejó sin efecto la resolución por la cual la A.F.I.P determinó la obligación de la actora en el impuesto al valor agregado- con relación al contrato celebrado con la Municipalidad, consistente en la provisión de alimentos a una serie de centros comunitarios-, dado que el explícito reconocimiento efectuado en el memorial de agravios, referente a que la actividad de aquélla tenía cabida en el art. 3º inc. e, ap.1, primer párrafo de la Ley del IVA, importó la admisión por parte del ente recaudador de que la actividad desarrollada consistía en la prestación de "servicios de refrigerios o comidas", servicios a los cuales se refiere dicha norma.
Juicio ejecutivo, recurso de apelación (procesal), efecto suspensivo, efecto devolutivo, caución real, oportunidad procesal, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: BOW MAR SA DE NAVEGACION c/ NOREN PLAST SACIF Y OTROS s/ INCIDENTE DE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-26

La fianza del art. 556, C. Proc., responde a la siguiente situación: frente a la iniciativa del acreedor que, conforme el art. 555, ofrece fianza para que la apelación del ejecutado se conceda con efecto devolutivo, este último solicita -anticipando su propósito de promover la acción prevista en el art. 553-que dicha fianza se haga extensiva al resultado del juicio ordinario posterior; es decir, la ahora considerada es una fianza que el ejecutado no puede requerir, si el ejecutante no ha ofrecido la del art. 555. Así pues, la fianza del art. 556 constituye un aseguramiento conferido por la ley al ejecutado, para el supuesto de que la sentencia que recayere en el juicio ordinario posterior fuere de contenido adverso al ejecutante.

Se advierte, que tanto la fianza del art. 555 como la del art. 556, tienen su ámbito de aplicación en la etapa contenciosa del juicio ejecutivo, es decir, antes de que la sentencia de trance y remate quede firme.
Reordenamiento del sistema financiero, medidas cautelares, ley antigoteo, poderes del Estado, conflicto de poderes, independencia del Poder Judicial
Materia: PROCESAL-ECONOMIA-CONSTITUCIONAL
Carátula: Grimberg Marcelo Pablo c/ PEN Dto. 1570101 s/ amparo  ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-25

La ley 25587 conocida como "ley tapón" o "ley antigoteo" establece una clara injerencia del Poder Legislativo en el ámbito decisorio propio del Poder Judicial pues resulta competencia exclusiva de los jueces apreciar en cada caso concreto qué medida de las articuladas por el código de rito, resulta ser la más adecuada en su aplicación a la controversia específica a fin de asegurar la eventual ejecución de la sentencia. Más aún, a fin de evitar perjuicios o gravámenes el Juez puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada o limitarla teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger (confr. art. 204 del C. P. C. C. N.).
Procedencia del recurso, sentencia absolutoria, encubrimiento, prueba insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Britos, Matías s/ robo agravado c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

Corresponde casar la sentencia en cuanto condenó al imputado en orden al delito de encubrimiento, pues los elementos de prueba producidos durante el juicio resultan insuficientes para acreditar ese suceso con el grado de certeza normativa exigible en una sentencia condenatoria. La decisión de casar lo resuelto, de conformidad con lo establecido en el art. 470 CPPN, impone el dictado de la absolución del acusado. Para así proceder, no constituye obstáculo la circunstancia de que en el caso se trate de la interpretación y aplicación de reglas contenidas en el ordenamiento procesal (arts. 3 y 398, segundo párrafo, CPPN), pues el carácter sustancial de tales preceptos, desde la perspectiva del recurso de casación, deriva de su directa operatividad sobre el principio fundamental de inocencia (art. 18 CN) (voto del juez Magariños) Cita de "Silvero Verón", Reg. 108/2015 (voto del juez Magariños)
Ejercicio profesional, precio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRAVO HECTOR HUGO c/ HUGO H. SAAD s/ COBRO DE HONORARIOS Bravo, Hector Hugo c/ Hugo H. Saad s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-10-28|1994-10-28

Cuando los servicios o trabajos propios de una profesión o modo de vivir de quien los presta son realizados sin requerimiento, y la otra parte los admite resultándole beneficiosos, corresponde, conforme a lo dispuesto por el Código Civil, y respetando el principio de onerosidad, demandar su precio, aunque no se hubiese ajustado.-
Banco central, locación de servicios, liquidación de entidades financieras, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: DE ANTONI, Ernesto c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-18

La ley 21.526 de entidades financieras, prevé la posibilidad de que el Banco Central pueda realizar las funciones de liquidador con personal de su plantilla o a través de contrataciones con terceros, sean personas físicas o jurídicas.

Dentro de ese marco legal, no corresponde formular objeciones en torno a la calidad de sujeto de una relación de trabajo, toda vez que la contratación en sí misma, tiene por objeto la obtención de prestaciones que podrían virtualmente cumplirse a través de personas jurídicas, entes susceptibles de ser sujetos de una relación de aquella naturaleza (conf. sent. 78057 del 27/2/96 in re "Vecino, Graciela C/ Banco Central"). De allí que en modo alguno puede sostenerse que a raíz de la suscripción de contratos de locación de servicios para el cumplimiento de una tarea específica, el actor logre asimilarse a un agente permanente el Banco Central por entenderse que dicha contratación encubriera la configuración de un vínculo de naturaleza laboral.
Juicio ejecutivo, falta de personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez, Leocadio c/ Pezzati, Armando s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

Mediante la excepción de falta de personería unicamente se puede cuestionar la capacidad de alguna de las partes en juicio o los defectos de representación con quien comparece en autos por un derecho que no es propio. Es decir, que por medio de tal remedio simplemente se puede discutir la capacidad para estar en juicio o la falta de mandato, pero no la falta de relación o vinculación jurídica con el actor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreno, Raul Alfredo y otros c/ Estado Provincial s/ Acción Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad s/ Recurso de Reposición
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-04-23

La parte actora deduce recurso de reposición en contra de la Sentencia Interlocutoria Nro. 144/07, que resuelve declarar la inadmisibilidad formal de las acciones de inconstitucionalidad, declaración de certeza y anulación de actos administrativos particulares por ella interpuestas.

En principio, corresponde aclarar que las resoluciones dictadas por este Tribunal no son susceptibles de recurso de reposición, excepto que se hubiere incurrido en un error de hecho evidente, a fin de preservar las garantías del debido proceso y de defensa en juicio.

Entonces, la petición del recurrente resulta improcedente, ya que las sentencias definitivas e interlocutorias no son susceptibles de ser modificadas por la vía intentada, sin que se den en el caso circunstancias excepcionales que autoricen a apartarse de tal principio.

En conclusión, los argumentos expuestos en la sentencia interlocutoria que se impugna no han sido desvirtuados en modo alguno por las alegaciones del recurrente, no configurándose ningún error de hecho evidente que afecte directamente las garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso.
Acto administrativo, nombramiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Beveraggi María Bibiana c/ U.A.D.E.R. s/ Acción de Amparo y Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-07-22

No se acreditó que la amparista haya sido designada por un acto administrativo específico y en regla. El formulario usado carece de toda entidad para ser reputado como acto de nombramiento, el que debe revestir las formalidades correspondientes como toda resolución, disposición o decisión de gobierno, tanto más si implica la designación en un cargo jerárquico como el de "coordinador académico" de una facultad u otro establecimiento donde se imparta enseñanza, que implica ejercicio de poder decisorio en el ámbito académico y administrativo. Tal postulación no puede emanar sino de aquella autoridad que tiene conferida por la Constitución o por la ley la potestad respectiva para hacerlo.
Competencia, inhibitoria, juicio de árbitros, tribunales arbitrales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Ingeniería Ronza SA c/ General Electric International INC. Sucursal Argentina s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-07

Procede confirmar la resolución por medio de la cual el juez de grado rechazó la inhibitoria solicitada, tendiente a que se declare competente para entender en cierta demanda arbitral por incumplimiento contractual. Ello así, lo dispuesto por el CCCN 1654 sirve de sustento para dar solución a la cuestión planteada. Entonces, por aplicación del principio contenido en dicha norma, llamado en doctrina "competencia de la competencia" es el tribunal arbitral quien tiene prioridad temporal para resolver su propia competencia (Caputo Leandro; "Algunas características de la cláusula arbitral frente a una excepción de incompetencia", publicado en La Ley 12/10/16). Máxime teniendo en cuenta que, en este caso en particular, los actores cuestionaron la jurisdicción arbitral ante el árbitro designado, con anterioridad al planteo de inhibitoria, y se desconoce su resultado. Por lo tanto, por aplicación del citado principio es el tribunal arbitral quien en el caso debe analizar la cuestión planteada por los actores.
Intereses, depreciación monetaria, intereses moratorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO PREVISION SOCIAL c/ CARLOS RODRIGUEZ s/ Sumario (LIBRO: S076 - 203)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-09-15

"...no constituyendo los intereses moratorios sino el resarcimiento del perjuicio originado por la mora incurrida por el deudor, desde luego, no existe incompatibilidad entre la actualizacion de la deuda y el cobro de los intereses, ya que con aquella,... solo se trata de restaurar al patrimonio del acreedor una suma de diversa significacion nominal, que rescatando el valor perdido del capital mismo, tiende solo a mantener la equivalencia con el valor real de la obligacion al tiempo de su exigibilidad.

(confirmado por CNCCOM FEDERAL - Sala 3 13/3/86 E.L.M.A. S.A. C/ ROFREDO S.A.; idem, Sala 1 10/6/82 Burzani S.A. c/Yacimientos Petroliferos Fiscales)...".- "...si bien en pleno proceso inflacionario, las tasas bancarias incluyen un porcentaje destinado a recomponer el capital del envilecimiento que sufre la moneda, resultando evidente la insuficiencia del sistema de reajuste por tasas bancarias, corresponde proceder a la correccion del desequilibrio causado por la desvalorizacion monetaria, con mas un interes compensatorio que guarde relacion con la moneda constante, que en nuestro caso no podria ser otro que el establecido por ley 4087. (C.N.COM. SALA E 28/8/85 Cammarata c/ La Defensa
Acción de amparo, interpretación restrictiva, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. c/ SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-31

La interpretación del art. 3 de la ley 16.986 se debe formular restrictivamente y sin afectar, por ende, el derecho a la jurisdicción; facultad jurídica de raigambre constitucional, el cual supone la prerrogativa de ocurrir a los Tribunales y el de poder utilizar un proceso eficaz y exigir un pronunciamiento judicial en tiempo oportuno.
Dominio público, Municipalidad, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Paredes, Julia c/ Municipalidad de San Isidro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-07-08

Conforme al art. 2340 inc. 7 del C. Civil, las calles, plazas, caminos canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común, son bienes públicos del Estado. Y el uso y goce de ellos por parte de los particulares, importa para el Estado -considerado lato sensu- la obligación de colocar tales bienes en condición de ser utilizados sin riesgos. Por ende, es atribución inherente al régimen municipal tener a su cargo la vialidad pública en términos de bienestar general (art. 192 inc. 4 de Constitución).

La municipalidad por su calidad de propietaria de las calles destinadas al uso del dominio público, tiene la obligación de asegurar que tengan un mínimo y razonable estado de conservación. Ello así, una acera de uso público puede tornarse en una cosa riesgosa, sea por vicio propio, sea por el mal estado de conservación. El daño que padece un peatón y que reconoce causa adecuada en el riesgo de esa cosa, pero no en un caso fortuito ni en culpa de la víctima ni en el hecho de un tercero que el municipio no pudiera prever, hace responsable al guardián jurídico de (art. 1113 del C. Civil), lo que no excluye a los bienes del dominio público, como es el lugar del hecho (art. 2340 inc. 7 del C. Civil).
Extinción del contrato de trabajo, despido, tutela sindical, delegado gremial, reincorporación
Materia: LABORAL
Carátula: REYNAL, CARLOS c/ EXPRESO SAN ISIDRO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-21

El despido directo tiene efecto si el gremialista amparado no demanda su restitución en el puesto de trabajo, tal como surge del art. 52 de la ley 23551, y se limita a pedir el pago de las indemnizaciones previstas por el cuarto párrafo del mismo. Pretender que deba cumplir con la formalidad de agregar al distracto dispuesto por el empleador otro por propia iniciativa constituye, en el mejor de los casos, un exceso de ritualismo opuesto no sólo a principios básicos del derecho laboral sino a todo el derecho moderno.
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, falta de pago, intimación previa
Materia: CIVIL
Carátula: BARRIENTOS, Edgardo c/ CALVO, Carlos s/ LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28

La intimación de pago previa a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres contenida en el art. 5 de la ley 23091, ha sido instituida por el legislador como una garantía más de los derechos del inquilino; el juez debe comprobar aún de "oficio", su cumplimiento, antes de abocarse al análisis de las condiciones de fondo de la acción de desalojo por falta de pago.
Empresas del Estado, BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANÓNIMA, derecho público, privatizaciones, sociedad controlante, sociedad controlada
Materia: COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ORGANIZACION METALURGICA ARGENTINA SRL c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

Si la sociedad madre -en el caso, SEFYR (Servicios Económicos Financieros y Recaudatorios)-, tenedora de las participaciones societarias en el Banco de Santa Fe S.A., no se encuentra sometida al procedimiento administrativo, tampoco habrá de estarlo su sociedad controlada, el Banco de Santa Fe S.A.; y ello porque así lo disponen las leyes a las que el legislador provincial, subordinó la creación o transformación de ambos entes.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CITIBANK N.A. c/ NORMA ALICIA TIBERI s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S131 - 434)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-27

"... en conclusión considero que la discusión de la causa de la obligación a través de la excepción de inhabilidad de título o de las de falsa o falta de causa, es por principio inviable en el juicio ejecutivo e incluso en la ejecución cambiaria".

"En el caso de marras entonces voto porque se confirme la sentencia dictada por el Pretorio de grado, habida cuenta que las alegaciones de la demandada referidas a la causa de la obligación..."
Cosa juzgada írrita, trámites judiciales
Materia: LABORAL
Carátula: Gleria, Ramón Agustín c/ YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA y otro s/ Part. Accionariado Obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

La acción de nulidad destinada a conmover la cosa juzgada írrita debe tramitar en un proceso pleno y autónomo, y no puede ser esbozada en un marco incidental, cuando no se está frente a un supuesto de vicios procesales acaecidos durante el trámite del expediente, sino que el planteo resulta ser ajeno a facetas de índole adjetivo y se refiere a aspectos sustanciales de la controversia que han pasado en autoridad de cosa juzgada.
Empleo público, derechos de los agentes de la administración pública, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicente, Roberto Ezequiel  c/ Provincia de Córdoba y otro - Ilegitimidad - Recurso de apelación s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-08-03

Los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, igualdad, imparcialidad y transparencia (art. 174, Constitución provincial), deben guiar el accionar de la Administración Pública y se proyectan en la relación que ésta mantiene con sus empleados y funcionarios, en la cual el derecho a la carrera asume fundamental importancia tanto para estos últimos -quienes aspiran a avanzar y alcanzar mejores niveles retributivos y profesionales fruto de su esfuerzo- como para la sociedad a quien le interesa la calidad de sus servidores porque ello repercute en el buen funcionamiento del Estado. Tales principios, se ven afectados cuando se acude a sistemas de promoción de agentes de Salas de Entretenimiento de la Provincia, sin llevar a cabo la calificación anual de su personal ni elaborar el orden de mérito correspondiente a cada nivel, exigencias estas establecidas por la Ley 5944 y su reglamentación. Dicho accionar, impide el control y la participación de los agentes involucrados, que se ven imposibilitados de conocer los resultados de su desempeño profesional, sus fortalezas y los aspectos a mejorar y, consecuentemente, contrastar su evaluación con la realizada al resto del personal a fin de fiscalizar las decisiones que la Administración adopte en ese sentido.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones irrecurribles, separación de procesos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: TUCUNA, C. s/ separación de causas Causa 30.415
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-10

Merced al principio de taxatividad en materia recursiva (art. 432 y 449 del C.P.P.N.) el auto que ordena la separación de causas es irrecurrible.
Acción reivindicatoria, condominio, parte indivisa
Materia: CIVIL
Carátula: Mileo, Olga Juana y otros c/ María De Los Ángeles Faue y otro s/ ordinario acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-12

Conforme el art. 2251 CCC, a los cotitulares les competen acciones reales contra los restantes cotitulares por la parte indivisa, donde según el art. 2247, son medios para defender en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio.