Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-02-10


Libro de acuerdos Nº 47 Fº 23/25 Nº 14. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los diez días del mes de febrero del año dos mil cuatro, reunidos los Señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, doctores Raúl Octavio Noceti, José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo y Enrique Rogelio Mateo -por habilitación- bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el expediente Nº 1938/2003, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. Nº B-98.046/73 (Tribunal Contencioso Administrativo) "Amparo: Rivero de Arroyo, Paulina c/ Estado Provincial", El Dr. Noceti, dijo:

Remitido este expediente al Señor Fiscal General para que, conforme lo dispuesto en los artículos 91, inciso 8 de la ley 4055 y 9 de la ley 4346, emita su dictamen, lo devuelve sin cumplir su cometido y "a sus efectos" haciendo notar que "no se ha dado cumplimiento al orden de suplencias previstos (sic) en el artículo 44 de la L.O.P.J. Nº 4055 modificada por la ley Nº 4970". Ello así porque, debido a la excusación del Dr. Héctor Eduardo Tizón, dispuse, como Presidente de este trámite, la habilitación del Señor Vocal de la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial, Dr. Enrique Rogelio Mateo.

La norma invocada en tal observación, establece que "en caso de ausencia o impedimento de miembros del Superior Tribunal de Justicia, serán sucesivamente suplidos por el Fiscal General, el Fiscal General Adjunto, los Jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial y de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, los demás Magistrados y Funcionarios judiciales conforme lo reglamente con carácter general el Superior Tribunal de Justicia, finalmente, los abogados de la lista".

El análisis del planteo formulado en esos términos, me mueve a reflexionar y repensar ahora que, tras algunos años de vacancia fueron por fin cubiertos los cargos de Fiscal General y Fiscal General Adjunto de este Poder Judicial, la desarmónica coexistencia de ese artículo 44 de la ley 4055 con la del artículo 91 inciso 8 y 6 de la ley 4346 y el modo en que deben interpretarse para que la finalidad de una no neutralice y haga irrealizable la que inspira la otra, a cuyo fin, y como tantas veces lo hemos dicho frente a situaciones como ésta, es deber de todo intérprete procurar que su aplicación se corresponda con el conjunto normativo, se ajuste a los principios generales del derecho y esté dotada de la razonabilidad que debe impregnar toda hermenéutica.

Es que a poco que se cotejen esas normas, resulta que de aplicarse la primera parte del artículo 44 de la ley 4055 que incluye al Fiscal General en primer término en la sucesión de subrogancias de los miembros de este Cuerpo, resultará imposible de su parte cumplir con la obligación que el artículo 91 de la misma ley le impone para que dictamine "en las cuestiones de competencia y conflicto de poderes" (inciso 7), "en los recursos de inconstitucionalidad y casación, en las causas de responsabilidad civil de los Magistrados y en el diligenciamiento de los exhortos que sean de competencia del Superior Tribunal de Justicia" (inciso 9) y -lo que aparece aún más elocuente- "en todas las causas (el subrayado me pertenece) que tramiten en el Superior Tribunal y que interesen al bien común y al orden público"(inciso 8), disposición legislativa corroborada luego con la sanción de la ley 4346 cuyos artículos 6º y 9º ordenan se corra traslado al mencionado funcionario previo a resolver las acciones y recursos de inconstitucionalidad que son de nuestra competencia.

Aparece entonces como un indiscutible déficit de la ley -si no una contradicción de su articulado- la superposición de la obligación del Fiscal General para que intervenga "en todas" las causas que tramitan por ante este Superior Tribunal de Justicia, y el impedimento que -repito- habría ello de importar en aquellas en las que se lo habilite como Juez de este Cuerpo, para cumplir su específica misión como principal representante del Ministerio Fiscal y Público.

Podrá decirse -y es cierto- que, para tales supuestos, el Fiscal General habría de ser subrogado por el Fiscal General Adjunto, y, sucesivamente, por los Fiscales de Cámara, Agentes Fiscales, Defensores, etcétera, por aplicación del artículo 92 de la misma ley 4055, pero tal argumento no hace más que confirmar el despropósito que señalo, ya que a una habilitación (la del Vocal del Superior Tribunal) se le sumaría otra (la del Fiscal General) en una cadena de varios eslabones que puede y debe -según estimo- ser reducida a partir de una sana hermenéutica de las señaladas normas.

Ello se impone, según lo estimo, no solo en aras de una mayor agilidad en el trámite de las causas, sino para impedir que éstas se sustraigan, más allá de lo inevitable, de la intervención de los jueces y funcionarios naturales, respondiendo así, en mejor medida, a la garantía consagrada en los artículos 18 y 29 inciso 2º de las Constituciones de la Nación y de la Provincia, respectivamente.

A lo dicho -que de por sí es suficiente para justificar lo que más adelante he de proponer- se suma otro fundamento, cual es la incuestionable conveniencia de mantener a Magistrados y Fiscales, en cuanto sea posible, en sus respectivos y -destaco- muy distintos roles. No por evidente resulta inútil destacar que en ejercicio de nuestro Ministerio los jueces estamos dotados de "imperium" para resolver las causas judiciales y ejecutar nuestras decisiones, en tanto a los representantes del ministerio público les corresponde emitir opinión a través de un dictamen cuyas conclusiones no son vinculantes. Ello sin perjuicio -destaco- de las demás funciones relacionadas a los aspectos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial, y que se enuncian, en lo fundamental, en el artículo 91 de la ley 4055.

De tal modo, en mi opinión, los jueces deben ser subrogados por jueces, y los integrantes del ministerio público reemplazarse entre sí conforme la jerarquía que los organiza, porque ello no sólo evita, como dije, una multiplicación injustificada de suplencias, sino que es lo que mejor se corresponde con el derecho de todo justiciable al juez natural a la vez que asegura una mejor administración de justicia.

Esto que propongo contribuirá, además, a preservar la participación asignada al Fiscal General, en todos los asuntos de competencia de este Superior Tribunal conforme lo manda la ley, garantizando el pleno ejercicio de su función.

No desconozco que antes de ahora -e incluso recientemente- el Fiscal General en algunas causas y la Fiscal General Adjunta en otras, fueron convocados a integrar, por habilitación, este Cuerpo, pero también es bien sabido que en el ejercicio de la Magistratura nada impide revertir criterios si se advierte que el nuevo habrá de guardar mayor ajuste a principios superiores. A nadie escapa que la evolución del derecho fue y es, en gran medida, producto de los virajes registrados en la jurisprudencia, muchos de los cuales sirvieron de antecedente -incluso- para la modificación de las leyes. En palabras de Morello: "El déficit de los institutos institucionalizados positivamente se ha visto inteligentemente compensado y no pocas veces reemplazado por la labor creadora de la jurisprudencia" (Morello, Augusto, "El proceso justo", ed. Librería Editorial Plantense, Bs.As. 1994, pag. 80).

Por los fundamentos expuestos, propicio se desestime la observación formulada por el Fiscal General, para mantener la integración ordenada en estos autos y se le devuelva el expediente para que dictamine en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º de la ley 4346 y 91, incisos 8 y 9 de la ley 4055.

De compartirse mi criterio, propongo se decida, con carácter de doctrina legal y para el futuro, que en los casos de ausencia o impedimento de los vocales de este Superior Tribunal de Justicia, se prescinda de habilitar al Fiscal General y su adjunto así como a los restantes miembros del Ministerio Público y se convoque a integrarlo con los Señores Jueces y, en su caso, abogados de la lista, enunciados en el artículo 44 de la ley 4055, para hacer así posible la plena aplicación de la norma de los artículos 91 de la misma ley, 6 y 9 de la ley 4346 y demás disposiciones concordantes, permitiendo así al Señor Fiscal General y demás miembros del Ministerio Público de este Poder Judicial, cumplir sin excepciones, sus específicas funciones.

Tal mi voto.

Los doctores del Campo, Valdecantos, Arnedo y Mateo adhieren al voto que antecede.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, Resuelve:

1. Desestimar la observación formulada por el Señor Fiscal General a quien deberán volver los autos para que emita su dictamen de inmediato.

2. Dejar establecido, con carácter de doctrina legal, que en los casos de ausencia o impedimento de los vocales de este Superior Tribunal de Justicia, el mismo deberá ser integrado sucesivamente con los señores jueces y, en su caso, abogados de la lista, enunciados en el artículo 44 de la ley 4055.

3. Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula, incluso al Fiscal General pero en su despacho y por nota.