Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-17


SENT Nro. 791 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 17 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Ragone, Miguel y otros vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Expropiación inversa o irregular".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 11/4/2003, por la cual se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, se revoca la sentencia de fecha 15/11/2001 haciéndose lugar a la demanda.

II.- El recurrente entiende que el decisorio en crisis es arbitrario por apartarse de las normas de fondo aplicables y contraria a la jurisprudencia de esta Corte Suprema de justicia.

Le causa agravio que la sentencia considere que la no aprobación del anteproyecto presentado a la demandada signifique que haya existido una efectiva restricción al derecho de propiedad. Que ello no es así, como surge de las constancias de autos: demanda, ampliación de la misma, inspección ocular de donde surge que no existe corrimiento de la línea de edificación y, por ende, no existe desposesión material de la porción del inmueble sujeto a retranqueo.

Menciona que tampoco existe desposesión jurídica por cuanto no existió aprobación de anteproyecto de obra nueva. Que la jurisprudencia tiene establecido que la desposesión se tiene por operada con la aprobación del plano respectivo y que el inmueble tiene las mismas medidas sin que se haya privado al propietario del uso y goce de la propiedad. Agrega que la Municipalidad no tiene el libre uso y goce ni el derecho a exigir el corrimiento efectivo de la línea de edificación porque no está delimitado por el correspondiente plano.

Sostiene que no se puede pretender equiparar el acto administrativo de aprobación de un plano, con el acto administrativo por el cual se deniega la aprobación de los planos de Anteproyecto del inmueble de propiedad de la sucesión de Ragone, con lo cual permanece el inmueble fáctica y jurídicamente en las mismas condiciones. Que no se puede dar igual consecuencia jurídica a uno como otro caso y que el tribunal a quo al resolver como lo hizo está subsanando la negligencia de la parte actora quien no atacó oportunamente en sede administrativa la resolución que denegaba la aprobación de planos, dejándola firme y por eso aceptándola. Menciona que falta demostrar el perjuicio causado así como encuadrar la acción a la pretensión del actor. Que al dejar consentido el acto correspondía al actor bien la impugnación indicando el agravio de su derecho o intentar la acción del art. 13 inc. b) del CPA.

Expresa que el tribunal se basa en una prueba inidónea e impertinente toda vez que el dictamen de la Comisión de Tasaciones no acredita perjuicio alguno puesto que refiere a la desposesión y privación del derecho de dominio que no ha operado en el presente caso. Agrega que los cálculos son arbitrarios pues no surgen de plano alguno. Que no se encuentra delimitada de manera cierta e inequívoca cuál sea la superficie que se vería afectada por el corrimiento de la línea municipal, que la actora posee la disponibilidad jurídica y material de igual manera a como la tenía antes de la promulgación de las ordenanzas que imponen una nueva línea de edificación.

Considera violadas las normas de los arts. 17 y 18 CN 28 CP y ley expropiatoria nro. 5006, así como normas procesales.

Propone doctrina legal, hace reserva del caso federal y solicita se conceda el recurso rechazándose la demanda.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 25/6/2003 se declara admisible el recurso tentado, correspondiente en esta instancia, el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- El Tribunal sostiene que en el caso es de aplicación lo dicho por la doctrina -que cita- respecto a que en el caso de la línea municipal no es indispensable que el propietario produzca hechos que demuestren el propósito de ejercitar sus derechos de dueños sobre la extensión afectada; basta que la autoridad pública exprese su voluntad de restringir el ejercicio para que pueda demandarse la expropiación; que la Corte asentó que mediando respuesta negativa de la autoridad municipal a la consulta sobre la posibilidad de edificar, es lo mismo, en orden a la procedencia de la expropiación inversa, que una denegatoria a un proyecto formal de edificación; que no es la existencia de un propósito cierto y efectivo por parte del dueño lo que da fundamento a una demanda como la de este juicio, sino la comprobación de que el régimen municipal ha puesto el inmueble en situación de indisponibilidad respecto a uno de los usos legítimos de él (CSJN, 226:606).

Considera que en la especie, la resolución de la Dirección de Catastro y Edificación nº 009, de fecha 13 de enero de 1998, obrante a fs. 98/99 de autos, dispone expresamente: "Denegar al Ing. Gerardo Manuel Olivieri la aprobación de los planos de Anteproyecto del inmueble de propiedad de la Suc. Ragone Elisa Fortini de, del inmueble ubicado en Av. Roca y Jujuy nº 902..." y se funda en que dicha zona estaba sujeta a retranqueo y a que el accionante no respetó en dicho plano el retiro de la línea de edificación.

Entiende que dicha resolución se encuentra firme, desde que el accionante no articuló recurso alguno. Que esta circunstancia dio lugar al archivo del correspondiente expte. administrativo y su agregado. De allí, entiende que no haya razón por la cual el inferior en grado afirmó que debía agotarse la vía administrativa cuando la misma, ante la conformidad del accionante con la decisión de fecha 13/01/98 se encuentra firme, y por ende, totalmente concluida.

Estima cercenadas las facultades inherente al derecho de propiedad en forma que importan una restricción al mencionado derecho, dándose todos los caracteres de procedencia de la acción fundada en la ley de expropiación. Que se encuentra probado en autos la restricción al derecho de propiedad aunque el inmueble no haya sido incorporado al dominio público.

Concluye, por ende, haciendo lugar al recurso de apelación, rechazando la defensa de falta de acción y declarando la procedencia de la acción presente. En cuanto a los montos indemnizatorios son fijados conforme el consejo de la honorable Comisión de Tasaciones obrante a fs. 256/261. En cuanto a los intereses, en tanto no existe en autos desapoderamiento efectivo ni en consecuencia retardo en el pago de indemnización previa a aquél no corresponde el reconocimiento de los mismos puesto que la indisponibilidad del bien, si bien habilita la acción por expropiación inversa no alcanza a configurar la desposesión del inmueble que exige el artículo 20 de la norma para computar los accesorios. Cita jurisprudencia.

Por último, en cuanto a las costas, las impone a la demandada vencida (arts. 106 y 108 procesal).

V.- De una confrontación de los términos del memorial casatorio puestos en relación los motivos sentenciales, se advierte que el recurso no puede prosperar.

En efecto, en principio, se requieren tres elementos para que la expropiación inversa sea viable: a) que exista ley afectando el bien; b) que el sujeto expropiante haya producido un acto o hecho que restrinja el derecho de propiedad; c) que a pesar de esa exteriorización, no haya promovido el juicio. En este sentido asentó la CSJN que corresponde la expropiación cuando existe ley que la autorice y haya mediado un acto de autoridad administrativa suficiente que importe restricción del dominio sobre el bien afectado (Fallos 263:502).

Ahora bien, la recurrente cuestiona, en la especie, la existencia de ese acto que importa restricción al dominio. Niega que la no aprobación del anteproyecto presentado por la actora a la demandada signifique que haya existido una efectiva restricción al derecho de propiedad y sostiene que no existe corrimiento de la línea de edificación y, por ende, no existe desposesión material de la porción del inmueble sujeto a retranqueo. Agrega que tampoco existe desposesión jurídica por cuanto no existió aprobación de anteproyecto de obra nueva (conforme a jurisprudencia que ha establecido que la desposesión se tiene por operada con la aprobación del plano respectivo) y que el inmueble tiene las mismas medidas sin que se haya privado al propietario del uso y goce de la propiedad.

Frente a tales argumentos, la doctrina sentada por la Cámara se presenta como correcta, toda vez que no se advierte diferencia esencial entre la no aprobación de los planos del anteproyecto de obra por no haber respetado el propietario del inmueble el retranqueo al que éste estaba sujeto, con la aprobación de los planos del proyecto de obra que sí los respeta. Es que uno se presenta como contracara del otro y ambos se sostienen en idéntico fundamento; esto es: operan la indisponibilidad jurídica para quien hasta entonces era propietario de esa fracción, ya que ello implica un claro desconocimiento de las facultades del propietario (arts. 2513 y 2516 del Código Civil).

En efecto, el propietario no puede ya usar ni disponer libremente de su propiedad, y esto, más allá de que las "medidas" de la superficie inmobiliaria sigan siendo las mismas, como señala la recurrente. En ambos casos, el propietario -si quiere construir- se ve obligado a hacerlo sobre la nueva línea de edificación dejando libre una fracción de terreno que de hecho pasa al dominio público comunal, lo cual equivale a una verdadera desposesión. Es que en definitiva, el retiro obligatorio del frente y la prohibición de construir contenida en las ordenanzas del caso, implica por vía de restricción administrativa la pérdida del dominio sobre una parte de la propiedad privada y tal acto -aunque se lo llame de otra manera- es de expropiación y en éste caso el Estado debe satisfacer las indemnizaciones correspondientes por la transferencia de parte del patrimonio privado al dominio público, quedando la franja de terreno, prevista en la ordenanza, indisponible para su propietario, todo lo cual lesiona el derecho de propiedad consagrado en la Constitución Nacional.

Está conforme la jurisprudencia y doctrina en establecer que la denegatoria municipal al permiso solicitado por los propietarios para llevar a acabo en el inmueble que les pertenece obras constructivas sobre la antigua línea, importa una restricción ilegal del dominio al impedir el libre uso y goce de la cosa, lo que impone la obligación de efectuar la expropiación, pues el ejercicio de este derecho no puede quedar subordinado al beneplácito de la autoridad pública (LL, 115-171; 115- 472; LL, 117-761) De allí que la desposesión que da lugar a la expropiación irregular se puede generar no sólo en los casos de ocupación material de la cosa, sino también cuando el derecho de uso y goce del propietario se encuentra menoscabado o cercenado sustancialmente por algún acto del Estado, como ocurre en casos como el presente -muy frecuentes- en que se modifica la línea de edificación, con la consiguiente disminución de la superficie edificable de terreno por la posibilidad de un ulterior ensanche de la vía pública, o se niega permiso para construir en la línea anterior, sea la denegación expresa o tácita, o se trate de una consulta sobre la posibilidad de edificar, todo lo cual determina el derecho a una indemnización expropiatoria.

Entonces, tanto en caso de aprobación de un proyecto de obra nueva que respeta la línea de edificación, como de denegación del permiso para edificar sobre la porción de terreno afectada al ensanchamiento de calles -en el caso, denegación del anteproyecto de obra que no tiene en cuenta el retranqueo- se está ante "la comprobación de que el régimen municipal ha puesto el inmueble en situación de indisponibilidad respecto a uno de los usos legítimos de él" tal como lo sostiene la CSJN en el caso citado por el fallo en crisis.

A partir de la firmeza del acto administrativo que deniega la aprobación de los planos que no respetan el retranqueo nace la indisponibilidad jurídica de la fracción motivo de esta acción, puesto que resulta evidente que, su propietario no podrá realizar actos de disposición sobre ella, lo que configura la restricción a su derecho de propiedad que merece ser indemnizada, independientemente que aún no se haya configurado la desposesión material.

En definitiva, el instituto de la expropiación inversa está receptado en el derecho positivo local (art. 63 inc. 3° ley 5006 reformada), según el cual procede la expropiación irregular "...cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación que importen una lesión o un derecho de propiedad...". Tal lo que acontece en la especie en que las Ordenanzas citadas por la actora han dado fundamento a la denegación de la autorización del anteproyecto de obra en tanto, los planos no contemplan el retiro obligatorio del frentista, de donde mal puede la accionada alegar inexistencia de hecho o acto de la Administración que importe la desposesión, conforme a lo considerado.

En cuanto a la necesidad de agotar los recursos disponibles, cabe expresar que no puede admitirse pues no basta la mera aserción de la posibilidad de una decisión contraria en instancias superiores (implícita en esta defensa), toda vez que no se cuestiona el acierto de la resolución administrativa motivo del juicio (arg. doctrina CSJN, Fallos 253:340) y en tanto ésta ha sido adoptada conforme las normas municipales vigentes. La parte actora ha dejado firme la resolución administrativa y esta decisión no ha sido cuestionada por las partes en el presente litigio toda vez que lo que aquí se persigue es, justamente, la consecuencia jurídica de aquella decisión. De allí que no se advierte la necesidad del agotamiento de la vía administrativa pues no están dados sus supuestos.

Sentado la presencia de afectación al derecho de propiedad, cabe también desestimar el agravio de la impugnante que expresa que el tribunal se basa en una prueba inidónea e impertinente como lo es el dictamen de la Comisión de Tasaciones en tanto entiende que éste no acredita perjuicio alguno puesto que refiere a la desposesión y privación del derecho de dominio que no ha operado en el presente caso.

En cuanto a que los cálculos son arbitrarios pues no surgen de plano alguno y a que no se encuentra delimitada de manera cierta e inequívoca cuál sea la superficie que se vería afectada por el corrimiento de la línea municipal -y más allá de la evidente insuficiencia del mismo para dar embate a los claros motivos sentenciales en este punto que se apoyan en el trabajo, dictámenes y planos que tuvo en cuenta la Comisión de Tasaciones- cabe expresar que es evidente que este agravio en tanto referido a la interpretación de la prueba presentada así como a la determinación del monto de lo expropiado adquieren un eminente carácter fáctico y, como tal, con tratamiento reservado a los tribunales de mérito. Las centrales cuestiones a dilucidar en la causa referentes a la fundabilidad y razonabilidad de los dictámenes de la Comisión de Tasación, a su debido o indebido apartamiento o seguimiento por parte de la Cámara, a la fijación del quantum indemnizatorio y las pautas para ello, son todas cuestiones fácticas que se resuelven en base a una apreciación y valoración de las probanzas vertidas en marras y, por consiguiente, son extrañas a la vía extraordinaria de la casación.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación tentado.

VI.- Las costas del recurso de imponen al recurrente vencido (art. 106 procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 11/4/2003, conforme a lo considerado, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA