Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-15


Salta, 15 de febrero de 2005.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "ESTRELLA, ADRIAN JAVIER VS. CO-DEH S.A.; GECESSA Y GESSAL SAUTE Y OTROS - QUEJA POR REC. DE IN-CONST. DENEGADO" (Expte. Nº CJS 26.732/04), y CONSIDERANDO:

1º) Que contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, cuya copia se agrega a fs. 61/62, que denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor, éste dedujo queja a fs. 64/66 vta._ Luego de efectuar una síntesis de la causa, el impugnante expresa que aún tratán-dose de cuestiones procesales, la vía extraordinaria se habilita frente a una clara arbitrarie-dad como la producida en autos. Afirma que su parte demostró que la Cámara se apartó de la solución normativa vigente -porque no resolvió de acuerdo a lo previsto por el art. 48 del C.P.C. y C.-, y de la unánime jurisprudencia existente, y omitió considerar constancias de la causa, todo lo cual vulnera el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.

Destaca también que la alzada rechazó el recurso de aclaratoria planteado por su parte, -a su decir- sin fundamento alguno.

2º) Que, como lo ha señalado reiteradamente esta Corte, el recurso de inconstitu-cionalidad solamente procede respecto de pronunciamientos definitivos, siéndoles asimila-bles los que imposibiliten la continuación del proceso, provoquen agravios de imposible o insuficiente reparación ulterior, o cuando lo decidido en ellos revista gravedad institucional. La ausencia de ese carácter definitivo no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ni por la pretendida arbitrariedad de la decisión (Tomo 60:725; 65:1047; 72:377; 73:525; 78:809; 82:523, 87: 1045, entre muchos otros).

En el caso, no reviste carácter de sentencia definitiva la resolución de primera ins-tancia -luego confirmada en la alzada- que, al hacer lugar al recurso de revocatoria plan-teado por el actor, tiene por acreditado en tiempo oportuno la personería de urgencia del gestor que compareció en su representación, y ordenó seguir el trámite del juicio según su estado. Además, el recurrente no ha demostrado la configuración de los requisitos extraor-dinarios que permitan equiparar a definitivo ese pronunciamiento.

3º) Que, cabe subrayar a su vez, la excepcionalidad de la vía extraordinaria elegi-da, lo que determina su inviabilidad cuando se la dirige contra sentencias que han sido con-trarias a las aspiraciones del recurrente y en las cuales se resuelven cuestiones de hecho, prueba o derecho común; como tampoco resulta procedente en los supuestos de discrepan-cia con la valoración, interpretación y conclusiones efectuadas en la sentencia por los jue-ces, ya que el recurso de inconstitucionalidad local sólo opera en casos de sentencias arbi-trarias en el sentido interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de corregir desaciertos de gravedad extrema que las descalifiquen como pronunciamientos judiciales (esta Corte, Tomo 45:405; 55:583; 59:519; 64:821; 68:657; 73:639, 865, entre muchos otros).

4º) Que, en el caso, y tal como lo sostiene la resolución denegatoria, los argumen-tos del recurrente sólo revelan una discrepancia con cuestiones de hecho y de derecho pro-cesal, propias de los jueces de la causa y ajenas al remedio extraordinario, en razón de que el pronunciamiento atacado cuenta con fundamentos suficientes -que el impugnante no logra controvertir-, y no se halla reñido con los principios de juridicidad y logicidad nor-malmente esperables; ello impide su descalificación como acto jurisdiccional válido y torna inviable el recurso de inconstitucionalidad (cfr. esta Corte, Tomo 57:911; 58:15; 62:993, 77:481, entre otros).

En efecto, contrariamente a lo afirmado por el quejoso al deducir el recurso de inconstitucionalidad, no se advierte que el tribunal "a-quo", haya incurrido en arbitrariedad por considerar que la suspensión de los términos que estaban corriendo para el demandado, dispuesta por proveído de fs. 114 (v. copia de fs. 13 de autos), alcanza el proceso en gene-ral, y por lo tanto el plazo con que contaba el gestor para cumplir con lo dispuesto por el art. 48 del C.P.C. y C., so riesgo de poner en peligro el ejercicio del derecho de defensa en juicio y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad.

De ese modo, el pronunciamiento decide una cuestión relacionada con la interpre-tación de una norma procesal con fundamentos de igual tenor y que, más allá de su acierto o error, resultan suficientes para dotar al fallo de validez como acto jurisdiccional. Máxime que de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos, luego de que el gestor invocara la per-sonería de urgencia se suspendieron, frente a un pedido formulado por él, los términos que estaban corriendo para la parte demandada, sin efectuar distinción alguna respecto a cuáles de ellos alcanzaba, y surge que la demandada había otorgado poder, a quien compareciera como gestor, con anterioridad al vencimiento del término establecido por el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial.

De esa manera, la crítica al fallo realizada por el apelante no expresa sino su di-vergencia con la interpretación efectuada por el juez "a-quo" de un precepto de derecho adjetivo, lo cual no sustenta la tacha de arbitrariedad que se formula.

Cabe señalar que la causal de nulidad del fallo por prescindencia de texto legal, requiere la demostración de un apartamiento palmario de la solución legal aplicable al caso o una decisiva carencia de fundamentación en el pronunciamiento impugnado (esta Corte, Tomo 64:811; 71:547; 73:131, 86:913, entre muchos otros), circunstancias que en el "sub-judice" no han sido demostradas.

5º) Que, por último, es de destacar que resulta esencial en materia de arbitrariedad, que la vía intentada no constituya la apertura de una tercera instancia, en la que se trate de reproducir el debate ordinario acerca de los hechos considerados anteriormente, como su-cede en el "sub lite". Por ello, y para que los agravios referidos a cuestiones fácticas hagan procedente la vía extraordinaria, la decisión que se recurre debe presentar serios y graves defectos de fundamentación que se traduzcan, a su vez, en evidente menoscabo de derechos constitucionales (cf. esta Corte, Tomo 55:59; 57:543, 86:913, entre otros), extremos que no se presentan en estos autos.

6º) Que, por otra parte, a contrario de lo sostenido por el recurrente, se observa que no carece de fundamentación la resolución de la Cámara que rechaza el recurso de aclarato-ria interpuesto por la demandada contra la resolución que en copia se agrega a fs. 202/204 vta. -que confirmó el auto interlocutorio que hizo lugar a la revocatoria articulada por la demandada y tuvo por acreditada en tiempo oportuno la personería de urgencia invocada-, toda vez que no se advierte la falta de claridad que imputa al pronunciamiento, y se eviden-cia, en cambio, como lo señala el tribunal "a-quo" en su decisorio (v. copia de fs. 52 y vta.) la formulación, por su parte, de un verdadero agravio contra la resolución que le resultara adversa.

Todo pedido de aclaratoria conlleva como finalidad, a tenor de lo dispuesto por el art. 166 del Código Procesal Civil y Comercial, corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión, o subsanar alguna omisión de la sentencia, pues la misión del tribunal consiste, en este sentido, en enmendar, aclarar y completar la sentencia mediante un trámite breve y simple (cfr. esta Corte, Tomo 72:813; 75:363, 375, entre muchos otros) y en el presente caso, la resolución de la Cámara que mo-tivara el pedido de aclaratoria no presenta ninguno de los defectos antes señalados.

Ello es así porque lo decidido por el tribunal "a-quo" responde a los planteos de las partes, habiéndose fundado las razones por las que se consideraba improcedente el re-curso de apelación.

En tales condiciones, el fallo resulta suficientemente claro, excediendo cualquier otra manifestación al respecto los taxativos motivos previstos por el art. 166 del Cód. Proc. Civ. y Com., por lo que no existe al respecto la arbitrariedad alegada por el recurrente.

7º) Que, en razón de lo expuesto, corresponde desestimar la queja.

Por ello;

_LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 64/66 vta. de autos.

II. MANDAR se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas, Edgardo Vicente, María Cristina Garros Martínez, An-tonio Omar Silisque -Jueces de Corte-