Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-23


Salta, 23 de febrero de 2016.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "FORT del PRATO, Adriana Matilde vs. ALONSO CRESPO, Daniel - PIEZAS PERTENECIENTES al Expediente Nº 459508/1" - Expte. Nº 140200/05 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de personas y Familia 4ª Nominación; Expte. Nº 459508/1 de Sala, y C O N S I D E R A N D O I. La parte demandada interpuso a fs. 69/72 recurso extraordinario de inconstitucionalidad por arbitrariedad contra la sentencia dictada por el Tribunal a fs. 57/58 y vta. Para sostener el recurso, argumenta que el fallo resulta inconstitucional y lesivo del derecho de libertad de expresión, amparado por la Constitución Nacional (art. 14) y la Constitución Provincial (art. 23).

Cita doctrina y jurisprudencia y afirma que la sentencia en crisis incurre en desacierto al interpretar la prevalencia de normas constitucionales, e implica un írrito avance sobre el derecho de toda persona a expresar sus ideas sin censura previa. Invoca tratados internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, art. 4º; la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 19; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13.1; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19.1. Efectúa consideraciones sobre el derecho a la libertad de expresión, cita doctrina y solicita se conceda el recurso.

II. El recurso de inconstitucionalidad local que autoriza el art. 297° del CPCC, participa de los caracteres esenciales y de la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de la ley nº 48, y consiste en una vía impugnativa de interpretación restrictiva, reservada para objetar sentencias definitivas que lesionen derechos constitucionales o que, por su irrazonable fundamentación, se califiquen como arbitrarias.

Debe reunir los recaudos procedimentales y de fondo para tornarse admisible y procedente, es decir, obliga a un doble juicio, no contemporáneos: el de admisibilidad formal y el de procedencia o fundabilidad (Cf. CJSalta, Tomo 20, fº 1469; Tomo 23, fº 501; Tomo 25, fº 1505; Tomo 43, 1º parte, fº 475/479; Tomo 44, fº 1219, entre otros).

Es criterio reiterado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como del Superior Tribunal Provincial, que uno de los requisitos ineludibles para la admisibilidad formal del recurso, lo constituye el temporáneo como adecuado planteo del caso constitucional (CSJN, Fallos 303:171, 659, 1135 y 2091; 304: 1478; 305:50; CJSalta, Fallos, Tomo 41-2º parte, fº 1631/1635; tomo 43, 1º parte, fº 469; Tomo 44, fº 543/550 y 1219; Tomo 50, fº 135, entre otros).

Ello implica no sólo denunciarlo en la primera oportunidad posible en el curso del procedimiento, sino, además, hacerlo adecuadamente, es decir, demostrando la existencia de la cuestión constitucional, especificando la forma en que resultarían conculcadas las garantías invocadas, y acreditando el nexo directo entre lo resuelto y la supuesta conculcación (CJSalta, Fallos Tomo 42, 2º parte, fº 1233/1235, 1631/1635; Tomo 43, 1º parte, fº 467/472; Tomo 51, fº 235/246; Tomo 52, fº 535/ 542; Id. Tomo 55, f° 267/274).

Bajo tales lineamientos, cabe señalar que el presente recurso ha sido deducido en término, vale decir, dentro del plazo de cinco días previsto por el art. 298 del CPCC (cfr. cédula de notificación de fs. 68 y vta. y cargo de presentación de fs. 72), y el caso federal ha sido introducido tempestivamente, en el memorial de agravios (apartado 4.3).

Ahora bien, no satisface la recurrente el requisito de adecuada introducción de la cuestión constitucional, más bien se limita a reeditar similares planteos a los propuestos en contra del fallo del juez en grado, sin demostrar que la sentencia carezca de fundamentos o se aparte de la normativa legal vigente, ni que contenga errores, desaciertos u omisiones de gravedad que lo descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo que torna improcedente el recurso extraordinario (CSJN, Fallos, Tomo 303, pág. 963).

En efecto, la recurrente se limita a enumerar, de manera genérica y reiterativa, normativa de raigambre constitucional en materia de derecho a la libertad de expresión, sin precisar, concretamente, la forma en que resultarían conculcados tales derechos y garantías, como consecuencia de lo resuelto en el pronunciamiento atacado.

No acredita, entonces, la relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional, extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona determinadas garantías de la Constitución, si -como en el caso- la recurrente no precisa ni demuestra en concreto cómo se ha operado efectivamente tal violación de la sentencia (CJSalta, tomo 95, fº 45/56, Id., tomo 94, fº 891/898).

Por lo demás, la reedición mediante esta vía extraordinaria, de argumentaciones postuladas en la anterior instancia, sin demostrar que la sentencia carezca de la debida fundamentación, vulnera un principio básico en la teoría de los recursos cual es que los fundamentos del juzgador deben ser rebatidos por el apelante a través de una crítica concreta y razonada, como consecuencia de lo cual no basta a ese efecto la reiteración de manifestaciones anteriores atendidas a su turno por el sentenciante (CJSalta, Año 2004, t. 95, f° 191/202).

Por otra parte, la sentencia cuya descalificación se pretende se apoya en el examen de los argumentos puestos a consideración del Tribunal, elementos probatorios aportados en punto a elucidar la realidad de la controversia, el sentido jurídico de los hechos acreditados y plexo normativo aplicable en el caso concreto. Es decir, han sido suficientemente tratadas y meritadas cada una de las cuestiones sometidas a decisión de la Alzada, con lo que no se advierte incongruencia, ni se justifica la tacha de arbitrariedad.

Contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la sentencia abunda en fundamentos suficientemente sólidos que aparecen encadenados a los hechos comprobados de la causa y a la normativa de aplicación, con apoyo jurisprudencial, que avalan la solución a la que se arribó.

III. En virtud de lo expuesto, los agravios de la impugnante resultan insuficientes para provocar la apertura de la instancia extraordinaria.

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I. NO CONCEDE el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 69/72.

II. REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.