Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-13


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 13 de 2007.

El doctor Kiper dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia (fs. 298/301), que hizo lugar a la demanda que perseguía la indemnización de los daños y perjuicios sufridos al ser atacado el actor por otras personas en la estación de tren, expresa agravios la demandada a fs. 322/6, cuyo traslado es contestado a fs. 328/30. Si bien el actor también interpuso el recurso de apelación, luego desistió (fs. 319), por lo que corresponde tenerlo por desistido (ver fs. 320).

Se agravia el apelante, en primer lugar, de que se haya tenido por acreditado el hecho que motiva esta litis. Señala que el fallo se apoya en la declaración de dos testigos, que no fueron informados en la causa penal, y que uno de ellos es vecino de la víctima. Agrega que no se acreditó la intervención del hospital el día del supuesto hecho. En subsidio, sostiene que no puede extenderse el deber de seguridad a esta clase de hechos, lo que está a cargo de las fuerzas policiales. Invoca también la existencia de un caso fortuito. Finalmente, cuestiona que se le hayan impuesto las costas, teniendo en cuenta que la demanda prosperó por un monto sensiblemente inferior al reclamado.

Como corresponde, comenzaré por examinar los agravios vertidos en torno a la inexistencia del hecho. A la víctima le incumbe la carga de la prueba del hecho y que éste ocurrió como lo invoca, pues el daño tiene que ser consecuencia real y efectiva del hecho y no solamente posible. Este es el requisito de la efectividad del nexo causal, el que debe ser probado por el acreedor. (art. 377 del C.Pr.).

Debo advertir que algunas circunstancias y conclusiones expuestas en el fallo, por falta de agravios al respecto, se encuentran firmes. Así, por ejemplo, el juez no tuvo por acreditada la existencia del contrato de transporte, pues consideró insuficiente el boleto acompañado, aunque consideró que la empresa es responsable de la seguridad de las personas que se encuentran en las instalaciones. También aseveró que los testigos no fueron ofrecidos en sede penal. Tampoco tuvo por probado que el actor hubiese sido atendido el día del supuesto hecho en el Hospital de González Catán, sino que fue atendido en la guardia aproximadamente 20 días después.

Pues bien, como dije, la única prueba relevante lo constituye la declaración de 2 testigos, los que no fueron mencionados en la denuncia penal.

En su escrito de demanda manifestó el actor que en la Estación de González Catán, el 13 de marzo de 2005 a la noche, mientras caminaba por el andén, "fui abordado por dos malhechores que, con fines de robo, comenzaron a golpearme ferozmente con sus puños y sus pies, para luego desapoderarme de la billetera y echarse a la fuga. A resultas de la despiadada golpiza recibida, el suscripto sufrió importantes lesiones y quedó tendido sobre el andén. Cabe destacar que fui auxiliado por otras personas que ocasionalmente se encontraban en el lugar, puesto que en la estación no había ningún vigilador privado, ni personal de la empresa demandada, ni servicios de emergencia de ninguna naturaleza. Fue así que, por mis propios medios, me retiré a mi domicilio" (fs. 6 vta).

A fs. 112 puede verse la declaración del testigo Ferreyra, quien vive a media cuadra del actor, y que manifestó que viajó en el tren y que al descender presenció como "lo tenían dándole puntapiés por todos lados, y yo agarré y le pegué un grito, para ver que pasaba ahí, y justo viene un muchacho, que está de testigo, y cuando le pegué un grito a los otros salieron corriendo hacia la ruta 21, y ahí lo alzamos y lo trajimos hasta un banco y lo sentamos, le limpiamos la cara y todo, después lo llevé hasta la casa de él, después de la paliza que le habían dado al pobre, no podía caminar. Le habían partido las costillas del lado izquierdo". Agregó que el lugar era muy oscuro y que no había personal de vigilancia. También hizo un croquis del lugar (fs. 110/2).

Luego declaró el testigo Díaz, quien relató que viaja siempre en el tren, que había poca gente y que estaba oscuro, "y yo bajé y vi que había un tumulto de gente y bajo y escucho un grito y veo que unos muchachos estaban golpeando a un hombre, y un hombre gritó, se escuchó el grito y terminó el tren y estaba el muchacho tirado y estaba un hombre gordo con el señor que habían golpeado y yo me acerqué y me dijo que lo habían golpeado y que le habían robado la billetera". Agregó que luego de los gritos los delincuentes huyeron hacia la ruta 21, y que no había personal de vigilancia en el lugar. También realizó un croquis (fs. 111 y 113).

El actor formuló la denuncia penal un día después, el 14 de marzo de 2005. El relato, si bien similar, es escueto y no menciona a los testigos (fs. 158, 262 y 268).

El perito médico, si bien manifestó que el actor no presenta ningún deterioro anátomo funcional objetivo y evidente al momento del examen, y que puede superar con éxito cualquier examen preocupacional, constató la existencia de una secuela de fractura lateral de décimo arco costal, consolidada en eje (fs. 204).

Con los elementos reseñados, que son los únicos disponibles, considero que corresponde confirmar lo resuelto por el a quo, en tanto tuvo por cierto el hecho manifestado por el actor en su demanda.

La circunstancia de que los testigos no figuren en la actuación policial ni en la prevención penal, no es razón suficiente para desestimarlos en el juicio civil cuando su valoración lleva a la conclusión de que han presenciado los hechos sobre los cuales deponen y no concurre motivo alguno para dudar de su veracidad (CNCiv, Sala E, LA LEY, 106-193; 99-493). Esa solución no excluye que los testimonios de las personas que no declararon en el proceso penal deben apreciarse severamente y bajo reserva (Colombo, Carlos -Kiper, Claudio, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado, T IV, pág. 382).

El hecho de que el testigo Ferreyra viva cerca del domicilio del actor no significa que sea su amigo, cuestión que no admitió en su declaración. Tampoco puedo ignorar que si se trataba de personas que concurrían en una misma estación de tren, es factible que se trate entonces de vecinos. Asimismo, la versión de ambos testigos es bastante parecida, y coincidente con la ofrecida por el actor. Por otro lado, se ha demostrado que el actor sufrió una fractura en la zona del tórax.

Si bien no surge de la denuncia penal que se los haya mencionado, también es cierto que la declaración es muy escueta, y tampoco surge que el denunciante hubiese sido interrogado sobre la presencia de testigos, ni sobre circunstancia alguna. Parece tratarse de esas denuncias mecánicas que las personas realizan cuando se les roba el documento, a lo que refirió el actor en sede policial. Tampoco se avanzó en la investigación, la causa fue cerrada.

A mayor abundamiento, quiero señalar que por el art. 456 del Código Procesal, el juez tiene toda la amplitud de apreciación que le corresponde según el sistema de la sana crítica.

Las partes podrán alegar y probar circunstancias que hacen a la idoneidad del testigo, pero dentro del plazo otorgado para producir la prueba. No se concede otro plazo especial a esos fines. Como se ha señalado, la facultad concedida no es, lamentablemente, muy usada. A menudo los abogados descalifican, o bien al testigo o bien a sus dichos, en la etapa de alegatos, cuando en esta instancia la única manera para hacer valer su postura es encontrar la contradicción entre los dichos del testigo y otras constancias del mismo expediente (Colombo - Kiper, ob. cit., pág. 377).

Las observaciones vinculadas con la supuesta falta de idoneidad de algunos de los testigos es inoportuna si recién es introducida en la expresión de agravios, máxime si se omitió ejercer el debido control en el estadio procesal correspondiente, y no se produjo prueba alguna de descargo (CNCiv, Sala F, LA LEY, 128-265; íd, 5/8/71, ED, 39-298).

Admitido lo anterior, corresponde que me expida sobre los agravios vinculados a la responsabilidad atribuida a la empresa demandada.

A mi juicio, la responsabilidad corresponde a la empresa ferroviaria, pues el accionar de los individuos fue posibilitado por el incumplimiento de la empresa de su obligación de mantener la seguridad de todas sus instalaciones. Esto surge del hecho de que el lugar careciera de la iluminación suficiente, aparentemente no contara con guarda o vigilancia en el lugar.

En el ámbito de una estación de tren, a la noche y ante la frecuencia y gravedad de hechos vandálicos que sufren los pasajeros, situación que es pública y notoria y de la que dan cuenta permanentemente los medios de comunicación masivo, el transportista debe extremar las medidas de seguridad y de prevención de siniestros. No resulta seria la pretensión de la empresa de ferrocarriles de delegar en forma absoluta su responsabilidad con relación al deber de seguridad a la Policía. Si ello ocurriera, el servicio de transporte soslayaría un deber que le es innato, es decir, el lograr que el pasajero llegue sano y salvo a su destino. Se desnaturalizaría el contrato en sí, ya que incumpliría la prestación que el sistema normativo pone a su cargo (CNCiv, sala M, 2/10/1992, Armoa, Miguel Angel v. Estado Nacional, voto de la Dra. Alvarez).

Esto descarta también la invocación de un caso fortuito o fuerza mayor, ya que como es sabido, para tener por configurada esta situación debe tratarse de un hecho imprevisible, condición que no reviste lo sucedido, ya que la propia demandada reconoce que contrata personal policial para vigilar lo que sucede en las estaciones.

El art. 11 de la ley 2873 dice que "Toda empresa deberá tener en las estaciones, en los trenes y en todo el trayecto del camino, de día y de noche, desde que empiece hasta que termine el movimiento diario, el número de empleados que fuese necesarios para que el servicio se haga con regularidad y sin tropiezos ni peligro de accidentes. Estos empleados estarán provistos de las instrucciones y medios requeridos para el buen cumplimiento de sus obligaciones".

El incumplimiento de adecuadas medidas de seguridad por parte de la empresa de ferrocarriles, ya sea por omisión de sus dependientes (arts. 1109 y 1113, primer párrafo, Cód. Civil), o porque no se tomó la determinación de emplear los medios necesarios para evitar el riesgo potencial de la actividad para quienes deben trasponer el ámbito de su circulación (art. 1113, segundo párrafo, parte final del código citado), autorizan a hacer recaer sobre ella el deber de resarcir los daños que se deriven. No se puede ignorar que el andén de la estación está bajo la custodia de aquella (CNCiv, sala J, 29/12/2004, Colombres, Roberto c. Trenes de Buenos Aires S.A., LA LEY 3/5/2005, 7; sala L, 27/8/2003, DJ, 2004-1-723, LA LEY, 2004-B, 1024).

Como dije anteriormente, el juez de primera instancia descartó la condición de pasajero del actor y la aplicación del art. 184 del Código de Comercio. Si quien demanda por daños y perjuicios es entonces un posible pasajero o transeúnte que se encontraba en el andén, con quien la empresa no tiene ningún vínculo contractual, no resulta de aplicación al caso el art. 184 del Cód. de Comercio sino que corresponde encuadrarlo en el art. 1113, segundo párrafo, segundo supuesto del Cód. Civil, que contempla también un supuesto de responsabilidad objetiva que obliga a la demandada a probar la causa ajena a los efectos de exonerarse de su deber de reparar el daño (CNCiv, sala D, 28/9/2000, LA LEY, 2001-D, 214).

Esta Sala ya resolvió que aun cuando el accidente sufrido por un pasajero al ser golpeado, haya ocurrido por el accionar de otros sujetos, ello no exime de responsabilidad a la empresa concesionaria por la falta de personal de control que impida el ingreso ilegítimo de personas (29/7/2005, C. C., J. E. c. Trenes de Buenos Aires, La Ley Online).

En lo que respecta al control de los movimientos de quienes transitan en el andén, no puede admitirse que los pasajeros estén expuestos a ser embestidos por quienes, con motivos ilícitos, se conduzcan de manera inapropiada dentro del sector mismo en que debe ejercer la guarda la empresa concesionaria ferroviaria. Esta debe adoptar las medidas de seguridad adecuadas.

El hecho del tercero, para liberar al presunto responsable, debe reunir los caracteres de inevitable, irresistible, y de exclusivo (ver F. Trigo Represas y R. Compagnucci de Caso, Responsabilidad civil por accidentes de automotores, I, p. 94). La aparición súbita de forajidos, no es un hecho imprevisible para el empresario transportista, sino un indicativo de la habitual ausencia de medidas de prevención para resguardar los bienes y la seguridad de los pasajeros. No puede reputarse caso fortuito a lo que está dentro del riesgo propio o específico de la actividad.

En suma, he citado distintos criterios jurisprudenciales, tratando de adaptarme a lo ya resuelto por el juez de primera instancia. Lo cierto es que se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva, y que la demandada no ha probado una causa eximente. No obstante, aunque se aplicase el régimen de responsabilidad por culpa, se puede apreciar que se arriba a la misma solución.

Propongo entonces que se confirme lo resuelto en el fallo apelado.

Finalmente, se agravia la demandada de que se le haya impuesto las costas a pesar de que la demanda prosperó en una suma inferior a la pretendida.

Ya he señalado en otras oportunidades que este argumento es inaceptable por diversos motivos: a) el actor se vio forzado a demandar para obtener el reconocimiento de sus derechos; b) la condición de vencido debe ser apreciada en forma global, máxime cuando se trata de demandas de daños y perjuicios, donde la indemnización debe ser plena e integral; c) si la demanda progresa por una suma menor a la reclamada, ello beneficia a la vencida, ya que los honorarios que tendrá que afrontar serán menores, dado que se regularán en función del monto del litigio fijado por la sentencia.

Por todo lo expuesto, propongo que se confirme la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios, con costas de esta instancia a la apelante vencida.

El doctor Mayo y el doctor Giardulli por las consideraciones expuestas por el doctor Kiper, adhieren al voto que antecede.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: Confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios, con costas de esta instancia a la apelante vencida (art. 68 del Código Procesal). - Jorge Alberto Mayo. - Jorge A. Giardulli. - Claudio M. Kiper.