marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aportes y contribuciones previsionales, contribución única de la seguridad social, aportes a obras sociales, facultades tributarias, verificación de impuestos, AFIP DGI, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: CITICORP BANCO DE INVERSION S.A. c/ Obra Social Bancaria Argentina Bancaria Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

A partir de la creación de la C.U.S.S. (Dec. 2284/91) se ha centralizado la recaudación de todos los recursos. Actualmente esa responsabilidad la tiene la D.G.I., quien comparte con las Obras Sociales -por razones que no aparecen claramente explicitadas- tareas de fiscalización y ejecución de los aportes y contribuciones que tienen a estas como sus destinatarias finales, sin perjuicio de estar sometidas en su accionar a la supervisión de aquélla. En el marco de esa singular delegación (dispuesta al margen de las previsiones del Dec. 507/93 -ratificado por ley 24.447-) es ante el supervisor que debe plantearse cualquier cuestionamiento en el accionar de la Obra Social. Ello así, habida cuenta que es sobre el mismo universo de obligados y dependientes y sobre idénticas nóminas salariales, sobre las que deben efectuarse los procesos de fiscalización que pueden culminar en determinaciones de deudas.

Más recientemente, el Dec. 863/98 ratificó la intención normativa de centralizar en la A.F.I.P. todo el sistema. En ese orden de ideas, debe concluirse que como etapa previa a una posible intervención judicial revisora, el ente recaudador delegante y supervisor A.F.I.P. - D.G.I. debe resolver los casos de controversia en materia de obras sociales. En razón de lo expuesto, debe concluirse que no procede la acción de amparo tendiente a lograr que la obra social demandada se abstenga de formular las intimaciones y determinaciones de deuda respecto de la contribución establecida por el art. 17, inc. f) de la ley 19.322. (Disidencia del Dr. Fernández)
Ejecución de sentencia, excepción de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: HERNANDEZ Oscar Miguel s/ Sucesorio - Inc. de Redición de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-06-09

La excepción de nulidad es inadmisible en la ejecución de sentencia. solo se ha llegado a admitir si se ha vulnerado la garantía de defensa en juicio de los derechos, al existir violación de los trámites que la ley prescribe.-
Rebelión, elemento objetivo
Materia: PENAL
Carátula: CALZADA, OSCAR HUGO s/ DELITO  CONTRA  LA  LIBERTAD  -  DELITO  CONTRA  LA SEGURIDAD COMUN -  DELITOS  CONTRA  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  MEDIOS  DE TRANSPORTE  Y  DE  COMUNICACION - REBELION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-08

El elemento objetivo del delito de rebelión está constituido por el alzamiento en armas, ésto es, un levantamiento grupal, más o menos tumultuoso y relativamente organizado, en el que sus miembros disponen de armamento, aunque no llegue a ser utilizado.
Patria potestad, ejercicio de la patria potestad, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: G., M.A. c/ A., M.C. s/ CAMBIO DE COLEGIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30

Ser titular de la patria potestad no autoriza al padre sin más a imponer sus criterios en lo que hace a la educación de los hijos.

Dicha titularidad compete en forma conjunta a ambos progenitores, pues la misma les impone deberes concurrentes y prerrogativas similares (arts. 265 y 266 del Código Civil), no obstante que, a los efectos prácticos de su ejercicio, el codificador considerara que debe ser reconocido a uno sólo de ellos, eligiendo al padre cuando se trata de hijos legítimos.

Mediando divorcio de los progenitores dicho sistema sólo se mantiene en el supuesto de que la tenencia de los hijos se otorgue al padre, pues si ella se concede a la madre aun cuando el ejercicio de la patria potestad pertenece igualmente a aquél, ésta asume algunos de los derechos emergentes de la patria potestad pertenece igualmente a aquél, ésta asume algunos de los derechos emergentes de la patria potestad, fundamentalmente el de la guarda, que implica tomar a su cargo el aspecto primordial de la educación del menor (conf.

Belluscio, "Código Civil comentado, anotado y concordado", t.II, p.

84).
Principio de legalidad, principio de proporcionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la C.A.B.A. c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Cabrera Aramayo, Hilda y otros s/ art. (s) 1472:73 violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Corresponde rechazar la queja si la impugnante no consigue presentar un caso a la luz del art. 26, ley n° 402, al invocar la afectación del principio de legalidad y su derivado, la ley más benigna, la defensa en juicio y el principio de proporcionalidad. Ello así, en tanto la pretensión directa no establece una relación entre tales postulados y lo decidido en el caso, en el que no se ha desconocido la vigencia en el ámbito contravencional del principio de aplicación retroactiva de la ley más benigna. Por el contrario, sólo revela su discrepancia con la solución aplicada, con argumentos que ya habían sido tratados y descartados por las instancias anteriores. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Subasta, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: E.A.  CALCAGNO  Y    C.I.A.      S.C.A.  - ESTABLECIMIENTO DON GERMAN c/ COVIELLA MURIAS CARLOS s/ EJECUCION HIPOTECARIA - SOBRESEIMIENTO - PROCEDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-12-26

Basta el pago del saldo de precio -sin necesidad de aprobación del remate- para que se torne improcedente el sobreseimiento de la ejecución.
Sanciones conminatorias, astreintes, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Flores  Rebeca c/ Instituto  de Servicios Sociales Bancarios s/ responsabilidad médica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

Al hacerse efectivo el apercibimiento el magistrado determinó que las astreintes correrían hasta el pago, estímase que éste debe ser entendido como el cumplimiento de la obligación de hacer a cargo del organismo demandado: la elevación de los requerimientos de pago al órgano con competencia para disponer la emisión de los bonos de consolidación a favor de los acreedores.
Excepciones procesales, competencia, constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Cantero Jorge Esteban c/ Provincia ART SA s/ accidente ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-26

El tema en debate trasluce una vieja controversia doctrinaria entre quienes niegan que el Poder Ejecutivo pueda cumplir una función jurisdiccional y quienes, por el contrario, admiten que dentro de su ámbito puedan existir organismos especializados que ejerzan funciones jurisdiccionales a condición que sean revisadas por el Poder Judicial a través de remedios procesales idóneos ejercitando un control pleno. Ello, a condición de que los referidos organismos hayan sido creados por ley, su independencia e imparcialidad estén aseguradas, el objetivo económico y político tenido en cuenta por el legislador para crearlos haya sido razonable y que sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente, extremos que, prima facie, reúne la legislación cuestionada.(Del voto del Dr. Pose)
Prueba confesional, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coordinación Ecológica c/ Chaparro, Primitivo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

Para que caiga la credibilidad que produce la confesión o reconocimiento ante un funcionario judicial, sería menester una querella de falsedad que tienda a negar la verbalización de aquella declaración que recogió el funcionario público o, caso contrario, a demostrar que la misma se produjo bajo el influjo del error, del dolo, la violencia o la intimidación nada de lo cual se alegó o probó en autos (arts. 979 incs. 2º y 4º, 992 y su nota, 993, 994 y concs. C. Civil).
Juicio, partes, lealtad procesal, relaciones de familia, filiación, demandado, prueba, jueces, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: A., M. c/ L., C. L. s/ FILIACION - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJAS ADMITIDAS) (CSJ  EXPTE N. 703-90) T., S. L. c/ R., F. C. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Reclamación  de filiación. Observaciones: se ataca la Constitucionalidad del   fallo pleno de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario,   registrado como acuerdo Nº 132 del 03-06- 1997 (Expte. CSJ Nº 205-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19|2000-09-06

Si la ley manda determinada actitud de colaboración y buena fe, parece razonable que ante el incumplimiento, ante la renuencia en colaborar mediante el sometimiento a los estudios genéticos (para la determinación de la paternidad en un juicio de filiación), se puedan extraer consecuencias jurídicas disvaliosas de la negativa.
Amparo por mora, procedimiento administrativo, universidades, entrega de diplomas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OJEA QUINTANA, Tomás María c/ U.B.A. s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-02

Debe hacerse lugar al amparo por mora articulado a fin que se expida un título universitario solicitado por la actora cuando han transcurrido más de ocho meses sin que la Administración se haya pronunciado respecto de la pretensión sustentada por la actora, tiempo suficiente para tener por configurada la mora de la Administración, habida cuenta que, ante la ausencia de plazo reglamentario alguno dentro del cual deba cumplirse el procedimiento, se ha excedido toda pauta temporal razonable ene los términos del art. 28 de la ley 19.549 no resultando idóneo el argumento esgrimido por la demandada en cuanto la complejidad del trámite, el cúmulo de tareas y la carencia de personal suficiente, puesto que se refiere a cuestiones de organización -o desorganización- interna que a ella atañe solucionar.
LEY DE CONCURSOS, interpretación de la ley, categorización de acreedores
Materia: CIVIL
Carátula: MAUD, ELIAS s/ CONCURSO PREVENTIVO-INCIDENTE DE REVISION DEL BANCO HIPOTECARIO S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-08-20

La ley 25.589 no ha modificado el art.43 de la L.C. y Q. que postula la clasificación y agrupamiento de acreedores en categorías de: Quirografarios, quirografarios laborales y privilegiados. La citada categorización de acreedores responde a una realidad fáctica, avalada por el propio sentido común. En ese sentido no es lo mismo un acreedor quirografario que uno privilegiado. También ocurre lo mismo dentro de los acreedores quirografarios, pues entre ellos puede haber grandes diferencias, no solo en cuanto a la naturaleza del crédito o a la diferente personalidad del acreedor, sino que, principalmente, desde el punto de vista económico -financiero en lo referente a la capacidad patrimonial de sacrificio en orden a acompañar al deudor en su intento de salir del estado de crisis. La finalidad de esta categorización de acreedores, introducida por la ley 24.522, tiende no solo a sincerar el acuerdo del concursado para con aquellos, sino también fundamentalmente, como una concreta manera de posibilitarlo. Es el deudor, quien evalúa la conveniencia de la forma de categorizar y los criterios utilizados para ello, todo lo cual se relaciona con la mejor chance de obtener la aprobación concordataria y con la mayor posibilidad de cumplimiento de lo acordado en términos diferentes con las distintas clases.

Tanto los acreedores quirografarios como los privilegiados pueden ser agrupados conforme criterios homogéneos en diferentes clases, pero no pueden mezclarse dentro de la misma clase -algunos quirografarios con algunos privilegiados en una clase y otros quirografarios con diferentes privilegiados en otra. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inhabilidad de título, pago parcial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Bs. As. c/ Tarantini,  Ulises  Sanntiago  y/o  Salazar,  Miriam  de los Angeles s/ Ejecutivo Sanntiago  y/o  Salazar,  Miriam  de los Angeles s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-25

Interponer la excepción de inhabilidad de título conjuntamente con la de pago parcial, implica la admisión de la obligación, reconocimiento que causa la improcedencia de la inhabilidad alegada.
Juicio ejecutivo, excepción de quita
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vicente, Néstor c/ Don Angel S.R.L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

La quita es la remisión o la liberación que ha hecho el acreedor de parte de la deuda.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, embargo preventivo, peligro en la demora
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANIGOT, MARCELO AGUSTIN c/ CIA. DE TRANSPORTES PLATAMAR VALLE S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-23

Si bien toda medida cautelar se halla condicionada a que, como principio, exista cierto peligro en la demora, es decir la posibilidad de que en caso de que no fuera decretada sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transforme en tardío el reconocimiento del derecho, no siempre es necesario que el peticionario acredite preliminarmente la existencia de aquél.

Con relación al embargo preventivo, su procedencia viene impuesta por la concurrencia de determinadas circunstancias objetivas tenidas en cuenta por la ley a tales efectos, como sucede en las hipótesis contempladas en el art. 209 del Código Procesal.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia, detención
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MELO, Jorge Alberto. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

Antes de procederse a la soltura de una persona detenida desde dependencias policiales y sin perjuicio de la precariedad procesal existente, deben contarse con la mayor cantidad de información a fin de evaluar si coexisten algunos de los peligros procesales cuya neutralización impone el art. 280 del C.P.P.N. (*).

Si surge del informe emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal que el incuso registra una condena anterior en la que se le concedió la libertad condicional y carece de domicilio, ello hace presumir la existencia del peligro de fuga al que alude el art. 280 del C.P.P.N. El juez de grado debió haber ordenado el traslado del imputado a la sede del Tribunal y resolver su situación de acuerdo a las previsiones de los arts. 317 y sgtes. del C.P.P.N. o, de considerar procedente su libertad, fijar una caución de tipo real a fin de garantizar su sujeción a los llamados de la justicia.

Por ello, corresponde revocar la decisión impugnada y ordenar la inmediata detención del incuso.
Tenencia de estupefacientes, principio de insignificancia
Materia: PENAL
Carátula: Caporale, Susana y otros s/ infracción ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

La teoría de la "insignificancia" atenta contra el verdadero fin querido por el legislador: proteger a la comunidad del flagelo de la droga y terminar con el traficante.
Despido, gravedad de la falta, pérdida de confianza, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: "Monsalve,   Juan   alberto c/ BANCO  DE  LA  NACION  ARGENTINA s/ despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-21

Cuando mayor es la confianza depositada en un empleado, mayor la gravedad de los actos que la menoscaban. Así, la nota de alta confianza, propia de la actividad bancaria, modaliza la prestación laboral del empleado bancario no sólo por la naturaleza y carácter de las funciones desempeñadas, sino por la confianza que los bancos deben despertar en el público en general. Como intermediarios del crédito de la comunidad y prestadores de múltiples servicios, necesitan que el público deposite en ellos su plena confianza, y cualquier irregularidad acaecida en su ámbito repercute negativamente, en mayor proporción que en otros sectores. La configuración de la buena fe contractual ocupa un lugar significativo en su deber de fidelidad con la empresa. Conforme al derecho común, las obligaciones del trabajador deber ser examinadas por las circunstancias de persona, tiempo y lugar (art. 512 CC), y cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos. (art. 902 CC). TOQ 1183
Interés superior del niño, plan de parentalidad, abuelos
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: S.M.B. c/ A.C.  s/ régimen de comunicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2024-02-14

El interés superior de la niña es el que orienta y define la decisión a adoptar, y en tal sentido la Convención de los Derechos del Niño reconoce la condición del niño como sujeto de derechos humanos, condición que remarca la Opinión Consultiva Nro. 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2002: "El niño tiene derechos no solamente en tanto que futuro adulto, sino en tanto niño", es decir, no meramente en función del adulto que algún día podrá llegar a ser.
Juicio ejecutivo, intimación de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Favacard S.A. c/ Gugliotta Juan y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-15

En los supuestos en que en el cuerpo del pagaré, al pié de su firma, el librador ha indicado un domicilio; puede allí diligenciarse la intimación de pago, tanto "bajo responsabilidad", como "en el domicilio constituido", sin necesidad de realizar trámites previos de averiguación del domicilio "real" del accionado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, caducidad de instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zanon Lauretta c/ Bruno Zanón e Hijos S.A. s/ Acción de impugnación de asamblea ordinaria. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

En el caso la decisión de la Cámara que declara la caducidad de instancia reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que en virtud de lo dispuesto en el art. 251 de la ley 19.550, la cuestión principal debatida en la presente causa no podrá replantearse en otra oportunidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Preparación de la vía ejecutiva, títulos de crédito, cupón de tarjeta de crédito
Materia: PROCESAL
Carátula: Diner's Club Argentina c/ Cenci, Miguel Angel s/ Prepara vía ejecutiva s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-02-13

En el caso de las tarjetas de crédito, no debe entenderse por título un instrumento único sino un conjunto de elementos aportados que permiten probar el crédito, su exigibilidad y su liquidez, en el caso el contrato de adhesión, los cupones y el resumen de cuenta o liquidación. A través del procedimiento previsto en el rito (arts. 525 y 526) podrá entonces fácilmente conformarse el título que apareje ejecución. Esto es así porque tales instrumentos, que se autocomplementan, responden a las exigencias rituales impuestas para ese supuesto por aplicación armónica de los arts. 520 y 523, inc. 4 del Cód. Procesal, ya que son papeles continentes de obligaciones fácilmente liquidables, dependientes del reconocimiento a que se refiere el art. 525, inc. 1.
Jubilaciones, acción contencioso administrativa, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROLDAN DE FACHINETTI DORA c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-03-31

El derecho a la jubilación es un derecho subjetivo, cuyo desconocimiento por el poder administrador, da origen a un recurso contencioso-administrativo, en razón de que el derecho y el acto que lo lesiona son administrativo. El tribunal competente será entonces el contencioso administrativo. Concedida la jubilación el derecho patrimonial se convierte en un simple crédito del jubilado, siendo, en consecuencia, una cuestión netamente civil.
Tribunal colegiado, voto mayoritario, nulidad de sentencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Dirección de Rentas de La Provincia de Córdoba c/ Mehel de Epstein H. E. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-06-07

La decisión en crisis fue adoptada y refrendada por dos miembros -naturales- del órgano colegiado y, por ende, la "Mayoría" a la que el ordenamiento legal vigente supedita el dictado de una resolución judicial válida ha quedado debidamente conformada, razón por la cual, el vicio formal denunciado, de existir, carecería de toda relevancia práctica que legitime la anulación del fallo emitido en tales condiciones. La Cámara interviniente ha vertido las razones suficientes que justifican su imperium, y las dos voluntades exigibles procesalmente han confluido en la formación de una decisión común, habiéndose arribado a una "mayoría concordante" entre los magistrados que integran el órgano jurisdiccional de Alzada; mayoría la cual se colige de la redacción impersonal del interlocutorio y la suscripción conjunta del acto decisorio. A partir de la firma del resolutorio en esas condiciones, el derecho de defensa no sufre restricción por la no intervención del tercer vocal ya que su eventual disidencia no hubiera modificado el resultado final de la decisión.
Contratos de adhesión, cláusulas predispuestas, plan de ahorro previo, obligaciones del predisponente, juicio ejecutivo, acuerdo de partes, pago, facilidades de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: LONGO, VICENTE c/ PLAN OVALO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-19

Si bien es admisible la revisión de los contratos con cláusulas predispuestas en la medida que pudieran implicar un abuso respecto de la parte no predisponente, cuando las cuotas fueron fijadas en un convenio celebrado entre las partes en el ámbito de un juicio ejecutivo, en una suerte de refinanciación de deuda, tendiente -al parecer- a evitar la prosecución de dicho juicio, sin ningún tipo de reserva, debe considerarse el carácter definitivo de la suma entonces establecida y el alcance cancelatorio de las obligaciones mutuas que es menester atribuir a su pago.
Despido verbal, prueba del despido, despido indirecto, silencio, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Bobadilla, Miguel c/ Swinston, Adán y/o Quien resulte responsable s/ Demanda laboral responsable s/ Demanda laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-03

El sistema legal vigente tiende a privilegiar la subsistencia de las relaciones laborales y la parte que asume la iniciativa de ponerle fin, carga con la demostración de una conducta inexcusablemente incompatible con la prosecución del vínculo, demostración que no debe dejar margen de dudas. Y, es del caso que el actor interpelo al empleador por una cuestión relativa a la extinción del contrato, dando un plazo menor al legal, y antes de su agotamiento reclama por despido. Previendo la ley que el silencio de la contraria, debe subsistir por un plazo razonable, pero nunca inferior a dos días, a los efectos de la prueba del despido verbal, no opera en el caso la presunción en contra del empleador, derivada del silencio (art. 57 L.C.T.).