Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-09-22


Córdoba, septiembre 22 de 2009.

1º ¿Es procedente el recurso de casación? 2º ¿Qué debe decidirse respecto de la inconstitucionalidad planteada? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- La doctora Blanc de Arabel dijo:

1. La actora cuestiona el rechazo de la apelación al dictamen de la Comisión Médica que estableció el carácter inculpable de la enfermedad de columna padecida. Dice que el Tribunal soslayó su función jurisdiccional al no analizar la cuestión sometida a decisión; ello por considerar que tratándose del recurso previsto en el art. 46.1 LRT su parte debía demostrar la arbitrariedad de aquél. Sin embargo no evaluó la prueba rendida, la que hubiese permitido acreditar los extremos de la pretensión. Destaca que el informe pericial dio cuenta de una enfermedad profesional y que los testimonios -sólo transcriptos en el voto de la minoría- fueron hábiles para corroborar las labores denunciadas.

2. La Sala a quo desestimó la apelación interpuesta porque no se acreditó error o arbitrariedad en la resolución impugnada, no siendo suficiente la realización de otro informe pericial distinto, ya que es necesaria una crítica concreta y razonada de aquélla que evidencie los defectos que se le atribuyen. Señaló que el médico de control de la accionante no presentó informe por separado.

3. El pronunciamiento revela la existencia del vicio invocado. La Juzgadora declaró la improcedencia de la apelación sin sustento en las constancias de la causa. En efecto: consideró incumplida la exigencia de demostración del defecto endilgado al dictamen administrativo sin evaluar la prueba que se presentó a ese fin. En la pericia médica de fs. 57/60 consta el hallazgo de una patología indemnizable conforme la norma que sustenta el reclamo, por lo que en principio aparecía legítima la discrepancia con el resultado de la instancia ante la Comisión médica local.

Ahora bien si pudiera entenderse que el Tribunal resolvió en función de un criterio restrictivo acerca de la facultad revisora de las resoluciones administrativas también se advierte una incongruencia que invalida el pronunciamiento. Es que la garantía de la defensa en juicio de la persona y de los derechos -art. 18 CN-, potenciada por la recepción del principio de la tutela judicial efectiva a través de la ratificación estatal del Pacto de San José de Costa Rica, despeja toda vacilación en torno a la necesidad de otorgar control judicial de las decisiones de órganos administrativos. La postura es ratificada desde antaño por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 247:656, entre otros). Por ende, más allá de que la Ley de Riesgos en su art. 46 determine que el dictamen de la comisión médica es susceptible de recurso ante la sede jurisdiccional, no resulta incompatible que se cristalice en una acción de pleno contralor. Y ésta ha sido la posición adoptada en la causa donde se dio trámite de procedimiento ordinario a la "demanda-apelación" incoada por el trabajador.

Lo anterior autoriza a anular el pronunciamiento (art. 105 CPT) y entrar al fondo del asunto.

Llega firme a esta instancia el rechazo de la falta de acción opuesta por la accionada y la declaración de inconstitucionalidad del art. 46.1 LRT en cuanto instaura la competencia federal para entender en las cuestiones relativas a la reparación de accidentes y enfermedades profesionales. Por ende, la cuestión litigiosa se circunscribe al reclamo de las prestaciones de la Ley de Riesgos por una contingencia que dice es consecuencia exclusiva del trabajo y porque no obtuvo satisfacción en sede administrativa. La demandada, en lo sustancial, niega las afecciones, su vinculación con las tareas, el grado de incapacidad y la efectiva realización de aquéllas. Plantea excepción de prescripción.

Corresponde en primer lugar que me expida sobre esta defensa, la que debe ser rechazada teniendo en cuenta que se funda en que pasaron dos años desde la toma de conocimiento de la enfermedad, pero la accionada no dice cuándo ello habría ocurrido. Además esa condición no está prevista legalmente como momento de inicio del cómputo respectivo. En definitiva no transcurrió el plazo impuesto en el art. 44 LRT entre el distracto acaecido el 01-07-01 y la interposición de la demanda -12-08-02- ni se intenta evidenciar que en una fecha anterior a aquél se hubiese determinado la incapacidad generadora de la obligación cuyo incumplimiento se persigue.

En cuanto al reclamo, la pericia médica oficial de fs. 57/60 da cuenta de que la Sra. Ruiz padece de "síndrome cérvicobraquial", calificado como enfermedad profesional según LRT, con un 9% de incapacidad. Esta conclusión fue impugnada por entender que el informe no reunía los requisitos formales y sustanciales necesarios pues el profesional sólo realizó un análisis genérico de los síntomas y características de las dolencias, sin especificar el porcentaje de invalidez ni la medida en que afecta a la actora. No agregó informe por separado y en su alegato afirmó además que se trata de una enfermedad extrasistémica. Se impone descartar el reproche precedente y otorgar pleno valor convictivo a la mentada prueba. En sus diversos capítulos refiere adecuadamente la existencia del cuadro clínico "síndrome cérvicobraquial" incluido en el listado de ley como también que los gestos repetitivos y posiciones forzosas determinados como agentes de riesgos se encuentran presentes en las tareas de enfermera realizadas durante 26 años y fija un 9% TO. de incapacidad derivada de las circunstancias señaladas. Sobre el punto también se excluye el cuestionamiento efectuado por la parte actora en orden a la falta de inclusión de los factores de ponderación. Ello porque esa postulación debió ser encauzada a través del medio pertinente, esto es, pidiendo ampliación o aclaración al perito oficial o bien presentando informe de su médico controlador sobre el extremo. En orden a las labores el relato de la testimonial confirma las efectuadas tal como fueran descriptas en el escrito inicial.

Por lo expuesto corresponde admitir la demanda de indemnización por incapacidad del 9% TO. derivada de afección en la columna -art. 14 inc. a) LRT-. Declarar la inaplicabilidad al caso de la ley 9078 por tratarse de un crédito emergente de daño a la salud, situación en la que esta Sala se ha expedido en el sentido de excluirlo del alcance de la consolidación de pasivos públicos. Sobre el punto debe considerarse reproducida la doctrina en pleno in re: "Moyano..." (Sent. Nº 149/04), que fuera reiterada en numerosos pronunciamientos (Sents. Nros. 151, 152, 153/04, entre muchas), en tanto no median distintas razones para modificarla. Los valores supremos en juego, el carácter permanente de la incapacidad verificada y el tiempo transcurrido desde el reconocimiento del derecho, hacen que esta Sala quede eximida de efectuar otras consideraciones sobre el particular.

Voto por la afirmativa.

El doctor Rubio dijo:

Coincido con la opinión expuesta por la señora vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

El doctor García Allocco dijo:

A mi juicio es adecuada la respuesta que da la señora vocal doctora Blanc a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

2º cuestión.- La doctora Blanc de Arabel dijo:

La solución a que se arriba torna innecesario el tratamiento del recurso de inconstitucionalidad y justifica que no se convoque al Tribunal en pleno desde que se encuentran aseguradas dos directivas que presiden las disposiciones de este Cuerpo: la función unificadora que le corresponde en materia de interpretación de la ley y evitar un desgaste jurisdiccional inútil (en igual sentido sentencias Nros. 15/03, 11/08, A.I. Nº 1.165/07, entre otros).

El doctor Rubio dijo:

Adhiero a la consideración expresada en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.

El doctor García Allocco dijo:

Comparto la postura que propone la señora vocal doctora Blanc a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera.

3º cuestión.- La doctora Blanc de Arabel dijo:

A mérito de la votación que antecede corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora y en consecuencia rechazar la defensa de prescripción opuesta; admitir la demanda de indemnización por la incapacidad del 9% de la T.O. -art. 14 inc. a), LRT-. Con costas. La suma respectiva se calculará al tiempo del distracto y llevará un interés equivalente a la tasa pasiva promedio mensual según encuesta que realiza el BCRA con más un 0,5 % nominal mensual hasta el 07-02-02, fecha a partir de la cual, a la mencionada tasa bancaria se le agregará un 2% nominal mensual hasta el efectivo pago ("Zapata..." Sent. Nº 105/94 y "Hernández..." Sent. Nº 39/02). La condena se ejecutará en el plazo de cuatro meses computados desde que quede firme la resolución aprobatoria de los montos (art. 806 del C de PC -ley 9349-). Los honorarios del Dr. M. L. D. serán regulados por la Sala a quo en un treinta y dos por ciento de la suma que resulta de aplicar la escala mínima del art. 34, ley 8.226 sobre lo constituyó materia de discusión (arts. 37, 38 y 104 ib.; 125, ley 9459) debiendo tomarse en cuenta el art. 27 de la última ley citada.

El doctor García Allocco dijo:

Estimo adecuada la solución a la que arriba la señora vocal preopinante. Por tanto, me expido en igual sentido.

El doctor García Allocco dijo:

Concuerdo con la decisión expuesta por la Sra. Vocal Dra. Blanc. En consecuencia, me pronuncio en la misma forma.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, resuelve: I. Hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora y anular el pronunciamiento según se expresa. II. Desestimar la excepción de prescripción opuesta. III. Admitir la demanda de indemnización por incapacidad en un equivalente al nueve por ciento (9%) de la total obrera -art. 14 inc. a), LRT-. La suma respectiva, e intereses se calculará según se indica en la tercera cuestión; igual que las costas y el plazo para su ejecución. IV. Disponer que los honorarios del Dr. M. L. D. sean regulados por la Sala a quo en un treinta y dos por ciento de la suma que resulta de aplicar la escala mínima del art. 34, ley 8.226 sobre lo constituyó materia de discusión. Deberá tenerse en cuenta el art. 27 del CA. V. Protocolícese y bajen.-Luis E. Rubio.- Carlos F. García Allocco.-Mercedes Blanc de Arabel.