marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Facultades del Poder Ejecutivo, decreto de necesidad y urgencia, facultades tributarias, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: CONTINENTAL BANK NATIONAL ASSOCIATION c/ E.N. (D.G.I.) s/ Repetición -D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

Respecto a la invalidez de los decretos en materia tributaria, ya se ha pronunciado por mayoría esta Sala al resolver la causa "Video Club Dreams" 9/3/93 (D. Tributario T. 6 p. 635). Esa sentencia fue confirmada por la C.S.J.N. en fecha reciente (6/6/95;

D. Tributario T. 10 p. 421) en la que el Alto Tribunal tras señalar que no es compatible con la Constitución Nacional que el Poder Ejecutivo extienda el tributo a un supuesto distinto al contemplado, por el legislador, destaco además que no obsta a esa conclusión que se trate de uno de los llamados decretos de necesidad y urgencia, pues aún cuando en la causa "Peralta" (Fallos: 313:1513, invocado por la demandada) hubiese admitido la validez de una norma de ese tipo, se adelantó que ello no correspondía si se trata del establecimiento de impuestos, para lo que existe una limitación constitucional infranqueable. Agregó la C.S.J.N. que esa conclusión resulta ahora corroborada por la C.N., toda vez que si bien su art.

99 expresamente contempla entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, la de dictar decretos de necesidad y urgencia, prohíbe el ejercicio de tal facultad apoderatoria -entre otras- en materia tributaria.
Sociedades comerciales, medidas cautelares, intervención judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: BLAJEAN BENT, ENRIQUE c/ YE OLDE SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-08

Si bien la sola existencia de un pedido de exhibición de libros no supone irregularidad suficiente que conduzca a la intervención del ente societario, sin embargo, resulta procedente dicha medida, cuando -como en el caso- surge que: a) no fue contestado el requerimiento tendiente a que se exhibieran los libros o cualquier otro papel o documentación respaldatoria de los asientos contables del ente y b) los antecedentes contables no son actuales. Ello así, pues tales circunstancias aparecen suficientes para acreditar el peligro en la demora y la necesidad de que, cuanto menos, sea dispuesta la actuación de un veedor.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marzoli, Norma Ester c/ Grimberg Pack, Laura s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

Si el juzgante de la instancia anterior rechazó la defensa abordando los dos aspectos en que la cimentaba la legitimada pasiva, no puede cuestionar las costas que se le impusieron si consintió el fundamento dado por el sentenciante para desestimar la procedencia de la supuesta falta de legitimación activa articulada por la inquilina.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Ruiz de Aguilera, Lidia s/ denuncia hurto línea telefónica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

La Corte se encuentra impedida de ejercer las facultades que le confiere el art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58, si la declaración de incompetencia carece del encuadramiento del caso, prima facie, en alguna figura determinada, elemento indispensable para el correcto planteamiento de una contienda de competencia.
Seguro de vida obligatorio, beneficiario del seguro, cesión de derechos hereditarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: López Oscar Enrique VS/ Caja Popular de Ahorro de la Provincia S/ cobros (ordinario) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2020-06-25

La póliza o premio derivado del seguro de vida obligatorio, tenga o no beneficiario instituido, no forma parte del acervo hereditario del proceso sucesorio del asegurado, ya que siendo un derecho propio del beneficiario, nunca pudo formar parte del patrimonio del causante ni es un bien que el mismo transmita, ya que nunca le perteneció. Por lo tanto, si dicho crédito nunca integró el acervo hereditario de la asegurada, y tratándose de un derecho propio que no transfirió la beneficiaria al actor mediante la denunciada escritura de cesión de derechos hereditarios de la asegurada, la cesión invocada por este no resulta idónea para posicionarlo como acreedor del crédito que aquí reclama. Para poder reclamar el seguro que en vida le correspondía a la beneficiaria, el actor debió acreditar que ostenta el carácter de heredero de la ésta, lo que no se encuentra acreditado en autos.
Autonomía provincial, Poder Judicial Provincial, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Morales, María Beatriz c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

El respeto de las autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que en lo sustancial versen sobre aspectos propios del derecho provincial o nacen de relaciones jurídicas que en esencia se encuentran regidas por tal derecho.
Títulos de crédito, cheque, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CRUZ EMILIO c/ OSCAR PERALTA s/ Ejecutivo (LIBRO: S067 - 435)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-03-11

Para que sea procedente la presunta "inhabilidad de título" por denuncia de robo de la chequera, resulta necesario no solo la comunicación al Banco girado, sino la aplicación también del decreto 5965/63, cap. XI, sobre cancelación en caso de pérdida, sustracción o destrucción de un título.
Alimentos, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: G. de B.E. c/ B.J.A. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-29

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 645, segundo párrafo del Código Procesal, la inactividad procesal del alimentado crea la presunción -sujeta a prueba en contrario- de su falta de necesidad consiguientemente. Dicha presunción debe descartarse, si se encuentra demostrada la preocupación del beneficiario por concretar el cobro de las sumas adeudadas mediante embargos o practicando liquidaciones (conf. C.N.Civ. Sala B, L.L. 128-992, 16.165-S; Sala E, L.L. 131-1089, 17.616-S; íd. Sala C, R. 276.165 y R. 9300 del 17/2/84 y 13/9/84 respectivamente). Dicha inactividad debe prolongarse por un lapso superior a los dos años para que pueda producirse la caducidad (conf. C.N.Civ. Sala C, F, de N. c/ N. J.

s/alimentos", del 26/2/85).-
Trabajadores de Luz y Fuerza, personal jerárquico, fondo compensador, unificación de fondos
Materia: LABORAL
Carátula: PERLO, ALFREDO c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

Si en uso de su facultad administradora la empresa unificó fondos que debieron gestionarse separadamente, ello no generó un derecho a favor de los que pudieron beneficiarse por esa circunstancia. Por ello, cuando el personal superior, que tiene una representación gremial diferente a la del resto de la empresa, pide la separación de los fondos y la empresa acepta, se genera una situación nueva que no se opone a ninguna norma expresa. Por el contrario esta situación resulta efectivamente convalidada por la res. 23/86 de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo que homologó los cambios introducidos a la CCT 78/75 en el marco del art. 2 de la ley 23126.
Contrato de trabajo, elementos del contrato, presunción juris tantum, relación de dependencia, anuncio publicitario, contrato de publicidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PARFLIK S.A.C.I.F.I.A. c/ D.N.R.P. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

La presunción contemplada en el art. 23 del L.C.T. entra a jugar cuando en la relación entre el dador de trabajo y el prestador del mismo se tipifican los elementos esenciales del contrato de trabajo.

De lo contrario, toda transacción contractual en virtud de la cual una persona obtiene una ganancia por el trabajo de otra o encomienda la realización de un acto o la ejecución de una obra, o la prestación de un servicio, debería encuadrarse en los límites del Derecho del Trabajo, con lo que se produciría una invasión de esta rama del derecho en otra, con la consiguiente problemática económica y social.

Por ello, las comisiones percibidas por los productores de avisos publicitarios o propaganda no constituyen una contraprestación en los términos del art. 103 y concordantes del L.C.T., por no tener como causa-fuente la existencia de un contrato de trabajo sino una forma de pagar servicios autónomos tal como lo prevé el Código de Comercio en diversas normas para la realización ciertos actos (arts. 111, 274, 572, 129, etc. de dicho ordenamiento) y, en consecuencia, la empresa no se encuentra obligada en los términos del art. 9 de la ley 18.037.
Responsabilidad del transportador, prescripción, interrupción de la prescripción, interpelación, telegrama, agente marítimo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO c/ CAPITAN y/o PROPIETARIO y/o ARMADOR BUQUE "EOLIA" s/ TRANSPORTE  POR  AGUA - AGENTE MARITIMO - RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y  PERJUICIOS  -  PRESCRIPCION   DE  LA  ACCION  -  RESPONSABILIDAD  DEL TRANSPORTADOR - COSTAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

Si bien es cierto que, en principio, cuando la demanda "lato sensu" se dirige contra un tercero, carece de eficacia para alterar el curso de la prescripción, como el presupuesto de hecho de esta institución es la inacción del acreedor, cualquier comportamiento que revela indudablemente la intención de mantener vivo un derecho contra el verdadero deudor debe ponderarse como eficaz a los fines de interrumpir su curso. Además, en el caso, si bien la comunicación telegráfica no fue dirigida al deudor lo fue, en cambio a FLETAMAR S. en C., su agente marítimo aduanero, razón por la cual, y sin perjuicio de lo establecido en el art. 193 "in fine" de la ley 20094, no pudo ignorar el motivo por el que fue elegida como destinataria de dicha comunicación. Es evidente, además, que la redacción del mencionado colacionado fue lo suficientemente explícita como para imponer al responsable del buque de los detalles necesarios para individualizar el hecho en virtud del cual se generaba la obligación y la calidad en la que se formulaba el reclamo. La referencia del buque en el que se transportó la mercadería y del conocimiento que la amparaba, interpretada de buena fe, se pudo dar margen para dudar que se trataba de hacer efectiva la responsabilidad del transportista.
Sobreseimiento, apreciación de la prueba, violación al deber de cuidado
Materia: PENAL
Carátula: Morel, Pedro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-26

En tanto el sobreseimiento resulta incompatible con el estado de duda, corresponde anular la resolución que consideró que no se había probado la acción descuidada del imputado. Si bien las dos declaraciones ofrecidas por el único testigo han sido contrapuestas en algunos aspectos, deben valorarse los dichos ofrecidos en sede judicial que resultan compatibles con la pericia y con las ubicaciones de los protagonistas del luctuoso suceso. A fin de dilucidar si el imputado creó un riesgo no permitido, no basta afirmar que no infringió el deber de cuidado al no tener el debido control del vehículo, sino que se impone corroborar la conculcación de alguna de las normas que regulan el tráfico automotor y la producción de la muerte como consecuencia de dicho accionar. (Dres. Hornos, González Palazzo, Diez Ojeda).
Protección del medio ambiente, reservas naturales, pesca artesanal, pesca deportiva, recurso extraordinario, concesión errónea del recurso, jerarquía de las leyes, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL-RECURSOS NATURALES
Carátula: Werneke, Adolfo Guillermo y otros c/ Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia de Buenos Aires s/ amparo - med. cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-14

Si la razón decisiva que esgrimió la cámara para fundar su decisión fue que la ley 13.366 de la provincia de Buenos Aires -que exceptuó de la prohibición general de pesca en el ámbito de las reservas naturales, a la captura de tipo artesanal y deportiva- era violatoria del art. 41 de la Constitución Nacional y de la ley federal reglamentaria que fija la política nacional en materia ambiental -ley 25.675-, los recursos extraordinarios fueron mal concedidos ya que dichas normas mantienen prelación jerárquica con respecto al ordenamiento provincial puesto en tela de juicio, sin que se advierta la existencia de una situación de gravedad institucional que permita superar el recaudo legal insatisfecho.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes, legitimación pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: CONS.PROP.CORDOBA 448/56. SAN MARTIN 793/95 c/ ASTILLEROS TIGNUM s/ EJEC.DE EXPENSAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-31

El Consorcio puede cobrar la deuda por expensas tanto al ex titular de la unidad como al nuevo adquirente, por lo tanto la oposición a la escrituración de la unidad hasta tanto sean abonadas las expensas pendientes carece de fundamento, toda vez que tiene a su alcance los medios legales para obtener el cobro de su crédito.
Procesos de conocimiento, expresión de agravios, notificación automática, defensa en juicio, nulidad de la notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FIRST RATE SA c/ EN- M PRODUCCIÓN s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-02

Remitidos los autos a la Alzada, se ordenó por Secretaría el traslado de la expresión de agravios en los términos del art. 265 CPCCN, providencia que debía notificarse ministerio legis (conf. art. 133 del CPCCN). Antes de que eso suceda, la actora envió una cédula electrónica notificándole a su contraria el proveído en cuestión. En vista al resguardo del derecho de defensa, la Sala se apartó del "principio de la finalidad" rector en la materia -aplicado en diversas ocasiones- y dejó sin efecto la notificación de parte, en tanto la comunicación no sólo había sido efectuada en contraposición a lo ordenado por el Tribunal sino que además le faltaban de copias y la debida indicación del número del expediente. En consecuencia, se hizo lugar al planteo de nulidad de la notificación formulado por la demandada y se tuvo por contestada en tiempo y forma la expresión de agravios. Causa 49.947/2017:
Firma en blanco, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARLOS ECKHARDT S.R.L. c/ HANNE, Víctor s/ ORDINARIO: Rendición de cuentas y liquidación de sociedad irregular.  Embargo Preventivo sin monto.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-02-08

Quien aduce abuso de firma en blanco es quien debe probar tal circunstancia de acuerdo a los principios generales sobre la carga de la prueba, que las partes deben probar los hechos y circunstancias afirmados en sus alegaciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido, despido con causa, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Vázquez, Víctor Hugo c/ Vidoret, Susana Victoria y/u otros s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-11-21

Si, en el caso, el trabajador envió a la principal despachos postales para que se lo reintegrara y aclarara la situación laboral en dos oportunidades, no ha quedado probado el abandono por parte del actor, pues en conducta contraria a aquél, el accionante emplazó para que se lo reintegrara.
Poder Judicial, división de poderes, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

La misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance de este poder en desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público.
Fiscal de Estado, partes del proceso, representación del Estado en juicio, representación procesal, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: DELEGACION TRABAJO DE BARILOCHE s/ COBRO INDEBIDO DE CHEQUE (EXP. 40411-00) EXPTE. Nro. 1036/00 - FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS s/ APELACION" (Expte. Nro. 20024/05 - STJ -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-09-21

La FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS no cuenta con ninguna norma expresa ni en la C.P., ni en las Leyes Nro. 2394 y Nro. 2747 o sus modificatorias, que le faculten a actuar en el ámbito jurisdiccional en representación de la Provincia, ya que las que posee ante el Poder Judicial se limitan según el art. 7 de la última de esas leyes a: "d) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados como presuntos delitos, notificándolos a la Fiscalía de Estado.

En tales casos, la actuación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas tendrá valor de prevención sumaria y el ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los Fiscales de Primera Instancia de Turno, ante el Tribunal donde quedará radicada la denuncia...". Tampoco obra en autos ningún mandato ni otra forma de delegación suficiente a su favor de parte de la FISCALIA DE ESTADO.
Recurso extraordinario, recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Compañía   Financiera  Saladillo  Sociedad Anónima s/ quiebra s/incidente de verificación por Baiele Ricardo Juan y  otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

Es inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) contra la decisión de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que declaró mal concedido un recurso de inaplicabilidad de ley.
Defensa del consumidor, cláusulas leoninas, tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Banco Macro Bansud SA c/ GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Banco Macro Bansud SA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-26

No se observa cuál sería la conexión que habría entre el art. 23 de la ley 25.065, que cita la parte actora, y lo resuelto por la DGDyPC, que entendió que controvierten lo previsto en los arts. 37, inc. b, de la ley 24.240 y 14, inc. b, de la ley 25.065 las cláusulas que acuerdan al banco emisor de la tarjeta de crédito la facultad de modificar, en cualquier momento las condiciones de contratación, pues la actora no sólo no se ha hecho cargo de esos argumentos, sino que el artículo 23 que cita se refiere al contenido que debe tener el "resumen". (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Contrato de trabajo, declaración de inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Saeco  Argentina  SA c/ Koprivc  María  del Carmen s/ consignación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-25

No resulta necesario que medie un pedido expreso de parte interesada acerca de la declaración de inconstitucionalidad. Ello así, toda vez que el control de constitucionalidad no es una cuestión de hecho en la que el juez se halla limitado a los presupuestos fácticos denunciados y probados por las partes por vía del principio procesal de congruencia (art. 34 inc. 4° Cód. Procesal) y en definitiva debe velar por el derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional (art. 18 CN). El control de constitucionalidad, en cambio, constituye una cuestión de derecho y en ellas el juez actúa independientemente del derecho no invocado o invocado erróneamente por las partes, en tanto que rige el antiguo adagio romano "iura novit curia" según el cual le incumbe al juez la aplicación del derecho, que incluye obviamente al derecho constitucional y por ende al deber de mantener la supremacía de la Constitución en su aplicación al específico pleito que se trate. La CSJN admitió el control de constitucionalidad de oficio en el caso "Mill de Pereyra" (del año 2001) y ratificó el criterio en los autos "Banco Comercial de Finanzas SA" (del año 2003). (Del voto del Dr. Stortini, en minoría).
Deserción del recurso, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Benvenuto, Alicia Ester y Otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y S.P.F. s/ Ordinario s/ Incidente de Apelación de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-24

El recurso de apelación concedido en relación y con efecto devolutivo deviene desierto atento el letrado presentó las copias fuera del término, más allá de la notificación -vía cédula- al apelante de que en el término de cinco días acompañe las copias para la formación del incidente, pues esta providencia es de las que se notifican por ministerio de la ley -art. 133 y 135 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-y esta presentación de copias tiene un plazo establecido en la norma procesal -art.250 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-, entendiendo que el desborde judicial no crea derecho ni puede reformar el texto expreso de la ley -art. 116 y 31 Constitución Nacional-. (del voto en disidencia del Dr. Luis Montezanti)
Contratos, prueba, factura, prestación de servicios, impugnaciones reiteradas, falta de prueba, efectos entre partes
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Valle de Las Leñas SA c/ Esete SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-30

Procede modificar la resolución que admitió parcialmente la demanda por el cobro de determinadas facturas que habían sido impugnadas por la accionada. Ello por cuanto, en el caso, si bien el actor reclamó esas facturas que individualizó, manifestó que las mismas estaban conformadas por los consumos realizados y por distintas inversiones como ser red de media y baja tensión, generadores eléctricos, central telefónica y red de gas, etc. Sin embargo, no ha sido traído a esta causa ni un solo elemento que permita establecer concretamente cuál es el monto que ella pretende sea abonado por la accionada por esas inversiones. Nótese que en dichos instrumentos no se encuentra discriminado qué monto pertenece a los consumos realizados, y qué monto se corresponde con aquellas erogaciones efectuadas por el accionante que aquí pretende cobrar bajo el concepto de "amortización de inversiones", sino que todo ha sido facturado como montos genéricos sin ningún tipo de detalle. Ello tampoco fue probado a través del peritaje contable producido en la causa, en el que, más allá de la carencia de valor probatorio, la demandante simplemente se limitó a solicitar que el experto corrobore si esas facturas estaban asentadas en sus libros contables y si las mismas habían sido abonadas, más no solicitó que el mismo se expidiera en relación a lo efectivamente invertido, mucho menos al porcentaje en el cual el accionado debía afrontar esas inversiones. Es que la factura en sí no tiene carácter constitutivo de derechos, sino que implica una mera liquidación de las cuentas que corresponden a un negocio previo (esta Sala, "SMW SRL c/ Cir Med SA", del 25/08/16; "Pelco SA c/ Serbeco SA", del 04/09/14, entre otros). Es decir: las facturas no son instrumentos autónomos, ni son las que dan génesis al "contrato" en cuya ejecución se procede, sino simple prueba de ese contrato -de existencia precedente- y de su cumplimiento en los términos que surjan de tales instrumentos (esta Sala "Mansilla Derqui SA c/ Blanco Encalada 1451 s/ ordinario" del 20/09/17). Y es que, una vez impugnadas las facturas por parte de la accionada, el actor debió haber acreditado la causa que les había dado origen, lo que no hizo.