marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intereses, tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: MURGUIONDO,  Sebastián c/ TRANSPORTE  9 DE JULIO SAC s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-22

Del voto de la mayoría (Dres. Liberman y Galmarini):

En el plenario "Samudio" se dispuso que los intereses deben calcularse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina y que deben computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo el supuesto en que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.

Conforme a ello, entonces, los intereses deben calcularse a la tasa del ocho por ciento anual desde la producción de cada perjuicio hasta la fecha de la sentencia de primera instancia y de ahí en adelante a la tasa establecida en el plenario.

(Sumario N°18755 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Accidentes de trabajo, depósito en sede administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: VILLALBA SEGUNDO E. c/ COOPERATIVA DE SEGUROS FEDERACION PATRONAL LIMITADA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-22

Si bien el procedimiento administrativo que estableció la reglamentación de la ley 9688 es de carácter voluntario (excluida la obligatoriedad de la denuncia) y la liquidación meramente indicativa, lo cierto es que el empleador que pretende desobligarse no tiene otro medio de hacerlo que acudir a dicha instancia en tanto que la ley le inhibe otra forma de pago.
Adopción, menores, bien jurídico protegido, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: SUBNAF s/ MEDIDA EXCEPCIONAL DE LOS MENORES T. C. A. Y OTRA -CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-30

Ante la existencia de derechos en pugna de adultos que se hallan ligados con la persona del niño, la obligación del Tribunal es dar una solución que permita satisfacer las necesidades de este último del mejor modo posible para la formación de su personalidad. Esta decisión corresponde hacerla en función de las particulares circunstancias en que transcurre la vida del niño y no por remisión dogmática a fórmulas preestablecidas, generalmente asociadas a concepciones sustantivas de la vida. Esto último, por más que parezca de acuerdo a derecho, no lo será.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, telegrama
Materia: LABORAL
Carátula: Falomo Silemo, Luis Angel c/ Sanatorio Modelo Quilmes s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

La interpretación de las piezas telegráficas agregadas a la causa, constituyen una facultad privativa del tribunal del trabajo, insusceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo.
Sobreseimiento, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Centeno, Martha Isabel c/ Aguilera, Oscar Jorge y/u otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-12-20

Aunque el sobreseimiento definitivo está involucrado en la absolución del acusado, mentada en el art. 1103 del Código Civil, su eficacia de cosa juzgada es muy limitada, como también lo es la de la sentencia absolutoria dictada en juicio plenario, pues se reduce al supuesto en que se lo ha dictado por no haber existido el hecho denunciado, o por no ser el procesado su autor. En consecuencia, cuando el juez funda el sobreseimiento definitivo exactamente en tales motivos, parece inconcebible que no se le dé el valor de una absolución del acusado en juicio plenario. Pero si el sobreseimiento se funda en cualquier otro motivo -prescripción de la acción penal, oblación del máximo de la multa, amnistía, muerte del imputado o convicción sobre su inocencia, no ejerce influencia alguna sobre la jurisdicción civil, que está en libertad de expedirse sin reato sobre la responsabilidad civil del demandado.
Aclaratoria (procesal), inadmisibilidad del recurso, imputado
Materia: PENAL
Carátula: HERRERA, E. S. s/ RECURSO ACLARATORIA - IMPUTADO DENOMINADO REO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-12-06

Si en la sentencia, con expresión que no puede calificarse propiamente de feliz, se utiliza la denominación de "reo" para designar a lo que la moderna legislación procesal ha caracterizado como imputado, no es la aclaratoria intentada la vía admisible para pretender la modificación de la sentencia a ese respecto. Por añadidura, el punto de que se trata es, -en el sentido técnico jurídico-, insusceptible de generar agravio.
Daños y perjuicios, relación de causalidad, homicidio culposo, concausa, competencia penal
Materia: CIVIL - PENAL
Carátula: B, J G s/ LESIONES CULPOSAS Y HOMICIDIO CULPOSO EN CONCURSO IDEAL -  QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  Nº 149-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-21

La relación de causalidad puede verse afectada por la inferencia de otro curso causal independiente, que se, conoce en doctrina como "concausa", es decir como el fenómeno que, al actuar conjuntamente con la acción del sujeto, lleva a consecuencias que no corresponden al curso normal y ordinario del proceso puesto en marcha por el agente. Y existe tal inferencia si el resultado proviene de un curso causal cuya génesis es independiente de la condición puesta por el agente, como sucede con las condiciones preexistentes, concomitantes o supervinientes, independientes de la acción del auto. Y se excluye del concepto de concausa la incitada por el propio autor, o la que carece de independencia, por tratarse de una modalidad o complicación del curso causal desenvuelto por la conducta del agente, o por circunstancias de lugar, tiempo u ocasión.
Contrato de trabajo, despido con causa, comunicación del despido, exceso ritual manifiesto
Materia: LABORAL
Carátula: Brites Juana c/ Santa María Claudio Jorge s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-18

La necesidad de precisión y claridad en la comunicación de las causas de despido no constituye un requisito ad solemnitaten sino que es meramente instrumental para obtener el objetivo buscado por la ley: garantizar que el demandante pueda presentar su demanda para discutir las imputaciones con pleno conocimiento de lo que se le ha achacado para el distracto. Así, en el caso, la propia actora en sede penal reconoció que se le impidió el ingreso a su lugar de trabajo, imputándosele la extracción de dinero del interior de una cartera, por lo que cabe concluir que cuando la actora recibió la misiva, por medio de la cual el empleador instrumentó la extinción del vínculo laboral, conocía a ciencia cierta la causa del despido. En este sentido la S.C.B.A. ha dicho que la rigidez formal del art. 243 L.C.T. debe ceder cuando el trabajador tiene conocimiento de la verdadera causal imputada (S.C.B.A., "Matamala, Juan a. y otro c/Cooperativa Eléctrica de Pehuajó", del 14-11-89) y la Corte Federal ha sostenido que la exigencia en torno a la información sobre las causas del despido no puede convertirse en un formulismo taxativo ya que, de interpretarse de tal modo el art. referido se arribaría al extremo no deseado de cercenar el debate judicial, con la consiguiente lesión de preceptos constitucionales (ver el dictamen del Procurador General de la Nación, al que adhirió la corte, en la causa "Riobo, alberto c/La Prensa", del 16/2/93).
Recurso de casación, apreciación de la prueba, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: GALVAN DE ALVAREZ NORMA LELIA c/ AGRUPACION SANTIAGUENA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA NACION Y/O RESPONSABLES s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. ALVAREZ NESTOR HUGO s/ S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CHAVEZ JORGE DANIEL-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-07|1999-08-06

La casación por absurdo es de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, configurándose solo cuando existe en el fallo impugnado un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o una desinterpretación de alguna prueba, desde que el tribunal no constituye una tercera instancia que posibilite un nuevo tratamiento de los hechos.
Recurso de queja (procesal), prófugo
Materia: PROCESAL
Carátula: Falcon Olivera, Mario Aníbal s/ infracción art. 286 del Código Penal -causa nx 14.221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

Si mientras estaba en trámite la presentación directa, el procesadodej]o de encontrarse a derecho en la causa, corresponde paralizar las actuaciones hasta tanto se presente o sea habido.
Daño calificado, suspensión del juicio a prueba, fallo plenario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aguirre, Julio Hernán y otros s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-31

Si bien la omisión de la audiencia que prevé el artículo 293 del C.P.P.N. causaría la nulidad de lo resuelto en la materia de que se trata -daño calificado-, tal declaración es inoficiosa atendiendo a los términos en que está concebida la doctrina sentada en el Plenario Kosuta
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho contravencional y de faltas, acción contravencional, prescripción, Superior Tribunal de Justicia, incompetencia, expediente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GIMENEZ VERA, FABRICIO ARIEL c/  s/ INFRACCION ARTICULOS 110 -PORTACION DE ARMA BLANCA O CONTUNDENTE- Y 64 -ACTOS TURBATORIOS O MOLESTIAS VICTIMA: LA SOCIEDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

En razón de que es deber de este Tribunal considerar las circunstancias existentes al momento de fallar, aunque las mismas sean sobrevinientes a la interposición del recurso examinado; que -según resulta del análisis de autos- desde la fecha de la última falta imputada la acción contravencional podría encontrarse prescripta; y que, atendiendo a que la prescripción de la acción contravencional se produce por el solo transcurso del tiempo, es de orden público y debe declararse de oficio en cualquier instancia, corresponde verificar si se dan los extremos para que se tenga por efectivamente operada, excediendo tales aspectos la competencia de esta Corte -abierta al solo efecto de juzgar acerca de la constitucionalidad del fallo en recurso-, corresponde remitir la causa al Juzgado de origen, a fin de que, previo traslado a las partes, se pronuncie al respecto según lo que legalmente corresponda y, en caso de que considere no prescripta la acción, eleve los autos nuevamente a fin de que este Cuerpo resuelva el recurso de inconstitucionalidad deducido. (Del voto de la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Fallos 304:984; 308:1489; 313:584; 314:1834 y 316:3130; CSJStaFe: AyS T 75, p 153; T 113, p 260; T 134, p 308; T 113, p 260; T 146, p 32; T 150, p 377. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código de Faltas, artículo 32
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Valdez, María del Carmen y otros c/ Felicetti, Carlos Alberto y otro s/ Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

El discrepante criterio personal que pueda exhibirse en orden a los medios probatorios considerados y conclusiones arribadas no puede sustituir al de los sentenciantes ni basta para acreditar el error grave, palmario y fundamental configurativo de absurdo.
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS DE SANTA FE, transferencia del personal, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASALI, MARIO HORACIO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 502 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Con la creación de la A.P.I. se estableció un régimen laboral imperativo que reemplazó de pleno derecho cualquier otro régimen laboral anterior (art. 1, ley 10.813). Ello acota la aplicación de las actas 610 y 612, a la vigencia del EN.FI.RE. S.A.P.E.M..Es decir, corresponde a los actores (empleados del antigua Banco Provincial de Santa Fe) el adicional pretendido (adicional por trabajar en Buenos Aires) hasta la puesta en vigencia y funcionamiento de la A.P.I. debiendo rechazarse la pretensión de liquidación mensual del adicional.
Menores, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: FIGUEROA, GUSTAVO ANTONIO c/ FLINT, LEONARDO AMILCAR Y RIVAS MAURO RAMIRO s/ ROBO CALIFICADO RIVAS MAURO RAMIRO s/ ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-11-20

El principio general de la ley 22.278 -RÚgimen penal de la Minoridad - es la no punición de quienes delinquen antes de los 18 años, puesto que sólo se podrá imponer pena cuando ello resulte fundadamente necesario. La aplicación de sanción está subordinada a los requisitos que la normativa establece: modalidades del hecho, antecedentes del menor, resultado del tratamiento tutelar e impresión directa recogida por el juez y si bien es cierto que la gravedad del delito de que se trata no obsta, en principio, a la obtención del beneficio de la exención de pena, ninguna de las pautas que menciona el art. 4 puede ser considerada de modo aislado, en detrimento o con exclusión de las demás, sino que será la valoración conjunta de todas ellas la que determinará la necesidad de imponer o no sanción; dicha necesidad resultará de la peligrosidad delictiva del menor, evidenciada por su falta de recuperación y adaptación social, con fuertes indicios de proclividad a la reincidencia, constatadas luego de finalizada la observación tutelar
Cédula de notificación, copias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ CARLOS EDUARDO c/ I.P.V.U. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-21

La omisión de la entrega de las copias junto con la cédula no justifica la nulidad de la diligencia cumplida, sino que sólo autoriza la suspensión del plazo correspondiente.-
Acción de amparo, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Asesor Civil de Familia c/ Estado Provincial -Secretaría de Salud de la Pcia. del Chubut- s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-08

Como regla general, la Corte en materia de amparo ha establecido que no es definitiva la sentencia que rechaza la acción si no se demuestra la imposibilidad de lograr la tutela efectiva del derecho por medio de la vía indicada por el Tribunal a quo como idóneo a ese efecto, pues el rechazo de la acción de amparo deja subsistente el acceso a la revisión judicial a través de la instancia ordinaria.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Brandauer y Cia S.A. c/ Laguzzi, Aníbal Juan y otro. s/ Cobro de pesos Zárate, Emilio Fernando c/ De Mier, Daniel A. y otro s/ Indemnización por daños y perjuicios y beneficio de litigar sin  gastos Orsi, Guillermo José c/ Distribuidora de diarios, revistas y afines de V. López s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-30|1984-09-21|1993-08-03

La facultad revisora de la Suprema Corte debe circunscribirse en principio al contenido del fallo y a la concreta impugnación del recurso.
Despido indirecto, actuaciones administrativas, audiencia
Materia: LABORAL
Carátula: Puchetta, Jovina c/ Club de Caza y Pesca de Gral. San Martin s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-06-11

Debe considerarse perfeccionado el despido indirecto del dependiente en el mismo acto de la audiencia celebrada ante la autoridad administrativa del trabajo, si la voluntad extintiva de aquél fue formulada en esa oportunidad en presencia del representante legal del empleador (arts. 243 L.C.T. y 1946 Cód. Civil).
Ley de Concursos, competencia, ley de orden público, inhibitoria
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: SAI. Welbers Ltda. s/ pedido de quiebra por ITATE.  SA .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Las normas de competencia en la Ley de Concursos son de orden público y obligan a los magistrados, cuando la causa no les competa, a inhibirse de seguir entendiendo en la misma (art. 13 de la ley 19.551).
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, indemnización por muerte, culpa de la víctima, ebriedad, responsabilidad del peatón, semáforo
Materia: CIVIL
Carátula: LAGRAÑA RAFAELA c/ ALVES EDUARDO s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-04

Corresponde rechazar la demanda sobre daños y perjuicios que iniciara la esposa de la víctima quien perdiera la vida en un accidente de tránsito, si ésta se lanzó a atravesar una vía de tránsito como lo es una avenida, con seis carriles de circulación, de noche, cuando el semáforo le negaba el paso al peatón y se lo concedía a los automotores con alta concentración alcohólica que padecía en el momento del hecho. La conducta de la víctima, de desatender las indicaciones del mecanismo que regulaba el paso en la intersección, constituye una violación a lo señalado por el art. 49 de la ley 13.893 de acatar las directivas del aparato de luces, deber este que la norma impone tanto a peatones como a conductores, cuyo incumplimiento crea para el autor de esa contravención, una presunción de responsabilidad en el caso de accidente. Esta desobediencia a las señales luminosas que ordenan el tránsito, constituye una muestra de indiferencia hacia una de las normas fundamentales para permitir que el tránsito de una gran ciudad se desenvuelva en forma más o menos civilizada, pero además la beodez de la víctima, con la lógica disminución de sus reacciones y de sus posibilidades de traslación, configura una negligencia tan enorme que no cabe sino adjudicarle la totalidad de la culpa en la producción del hecho.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación procesal, competencia provincial, competencia federal, programa nacional de salud sexual y procreación responsable, distribución de medicamentos, Programa Médico Obligatorio, métodos anticonceptivos, anticoncepción hormonal de emergencia, establecimientos asistenciales, hospitales públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., D. J. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY 3999/05)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-01-28

Como puede advertirse, semejantes acusaciones que son el sustento de su planteo - en especial el "efecto abortivo" que le atribuye al medicamento - debieron ser debatidos frente a la autoridad cuestionada - Ministerio de Salud de Nación y la ANMAT -, y en el ámbito previsto para las demandas contra la Nación - fuero federal -.

Lejos de ello, se planteó la inconstitucionalidad de una ley provincial que instrumenta el Programa Provincial de Salud Reproductiva y Sexualidad Humana y ordena el suministro gratuito de una medicación - aprobada por el organismo nacional de aplicación - a la franja de pacientes que no tienen cobertura de salud o recursos económicos.

No sólo ha sido aprobado por la autoridad nacional el medicamento cuestionado - o la sustancia que contiene este tipo de anticonceptivos - sino que, tal como señala el Dr. Barotto en su pronunciamiento, la Resolución Nº 237/07 del Ministerio de Salud de la Nación ha incorporado la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO).
Empleados públicos, fuerzas de seguridad, policía, remuneración, adicional por subrogancia, procedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JURI RUBIO, SIRIO HORACIO (EXPTE. N°  86.845) c/ GOBIERNO DE LA PROV. DE MENDOZA s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-09-04

Frente al deber institucional de esta Corte de que sus decisiones sean efectivas, dado el imperium esencial de sus decisiones, desde que su jurisdicción no ha sido abierta para convertir la sentencia en otro papel incumplido, corresponde hacer lugar a la acción intentada y ordenar que se liquide y abone al actor el Suplemento por Subrogancia ya reconocido en sede administrativa por Resolución Nro. 2731/04, y sin que exista controversia respecto a la procedencia del reclamo, contándose con una disposición administrativa expresa.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Francisco y otra c/ Clinica Sutiaga y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-14

El hecho de tratarse de una obligación de medios, no desplaza la necesaria relación de causalidad que debe existir entre la negligencia imputada y el resultado dañoso cuya reparación se reclama, siendo en todos los casos a cargo del pretensor la prueba de ese nexo causal. La apuntada negligencia, tratándose de una relación contractual, podrá dar derecho a la contraparte para ejercer la acción resolutoria o para oponer la "exceptio non adimpleti contractus" frente a un reclamo de pago por parte del prestador, pero para generar la obligación de reparar un daño deberá, en todos los casos, acreditarse que él es consecuencia inmediata de esa omisión. (Cód. Civ. arts. 901, 903 y 904, 1203, 1204, 1201 y ccts.; Cód. Proc. art. 375)
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recursos administrativos, recurso de reposición (procesal), empleados públicos, escalafón
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VERDONDONI, VICTOR HUGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 56-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-25

Agota la instancia administrativa, a fin de admitir un recurso contencioso administrativo, la decisión de la revocatoria deducida contra la actividad administrativa en virtud de la cual resultó el actor encasillado en una categoría determinada, pues mediante esa impugnación se habría objetado a un acto dictado de oficio.
Litisexpensas, alimentos, cuota alimentaria, alimentado con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: R. DE S.E. c/ S.R. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-16

El art. 51 de la ley 2393 autoriza a los cónyuges a exigir las litis expensas que le fueran indispensables para defenderse en juicios en que se debaten cuestiones extrapatrimoniales, y dentro del concepto quedan comprendidos todos los gastos necesarios para la tramitación del proceso para el cual se solicita, con exclusión de los honorarios profesionales (conf. Belluscio, "Derecho de Familia", T.III p.396; C.N.Civ. Sala A, E.D.45-638; Sala B, R.E.D.14-553, Nro 2; Sala C, E.D.44-348; Sala D, R.212.453 del 24-2-77). No obstante, su procedencia depende de la real necesidad que la parte demuestra y, si bien en otra época resultaba casi ineludible en virtud de las limitaciones de la mujer para procurarse recursos en la actualidad, ha perdido apreciablemente su razón de ser, por lo que tendría que fijárselos en casos de carecer de ellos (conf. Belluscio, op. y loc.

cit.; C.N.Civ. Sala D, E. D.91-735). Si no solamente se ha acreditado que la cónyuge tiene ingresos propios, sino que además cuenta con una cuota alimentaria suficiente corresponde descartar la existencia de la necesidad que constituye el presupuesto de procedencia enunciado.-