Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-01-07


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los siete días del mes de enero del año dos mil diez, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros, Alejandro Javier Panizzi, Jorge Pfleger y D. Alejandro Rebagliati Russell, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "P., A. y otros s/ robo s/ impugnación" (Expediente N° 21.505 - Letra "P" -Año 2008).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo practicado de fs. 129: Rebagliati Russell, Pfleger y Panizzi.

El Juez D. A. Rebagliati Russell dijo:

Contra la sentencia definitiva que condena a A. O. P. y declara la responsabilidad de S. D. M. la defensa interpuso impugnación ordinaria.

El Tribunal Unipersonal integrado por el doctor Gustavo M.A. Antoún de la ciudad de Sarmiento, mediante sentencia dictada el día ocho de septiembre del año dos mil ocho, condenó a A. O. P. como autor material y penalmente responsable del delito de robo, a la pena de trece meses de prisión de cumplimiento efectivo, con aplicación del artículo 41 quater del C.P., con más accesorias legales y costas; y declaró la responsabilidad de S. D. M. en los términos del Régimen Penal de la Minoridad, y el artículo 409 inc. 3° del C.P.P., ordenando su internación en el Centro de Orientación Socioeducativa de la ciudad de Trelew por el término de un año.

El hecho objeto de acusación ha sido el siguiente: "... el día 09 de octubre de 2007, alrededor de las 13.00 hs. los imputados se acercaron al automotor marca Ford Ranger dominio XXX *** propiedad del Sr. M. R. que se encontraba estacionada en calle I. C. entre calles R. y S. de esta ciudad, y luego de cortar cables y romper un adaptador se apoderaron de un estereo marca Pionner color gris que se encontraba instalado en dicha camioneta, sustrayendo además un estuche de color azul y negro con CDs, y un cuchillo Tramontina cabo color rojo de 15 cms. de hoja. Que estas personas se dieron a la fuga por calle S.. ..." (v. fs. 72 y vta. del acta de audiencia).

Que a fs. 110/7 vta. se encuentra agregada la impugnación ordinaria interpuesta por el Defensor Público Subrogante, doctor Tomás E. M..

Desarrolló en forma independiente los agravios respecto de cada uno de sus asistidos.

En primer término menciona la situación de A. O. P., criticando la aplicación de la agravante del artículo 41 quater.

Sostiene en este sentido que no se da en el caso las circunstancias que requiere la norma toda vez P. no utilizó al menor como instrumento para evitar su punibilidad.

Esta interpretación ha sido acompañada de doctrina y jurisprudencia nacional que apoya esta postura.

Asimismo cuestiona que el juez al aplicar la agravante no dio fundamento alguno, y se limitó a sostener que solo se requiere que se verifique la intervención de un menor, adhiriéndose al planteo de la Fiscalía.

Otros de los agravios va dirigido a la pena aplicada, ya que no entiende el razonamiento del sentenciante al decidir el monto de trece meses de prisión, aún cuando éste sea menor al requerido por el Ministerio Público Fiscal. No explica en ningún momento el modo en el que hizo esa graduación.

De esta manera afirma que en la selección del monto existió un desarrollo insuficiente de la decisión, careciendo este punto de un fundamento real.

Luego analiza la situación de S. D. M., y sostiene que la sentencia respecto de él resulta arbitraria, en una doble vía de análisis. Respecto de la participación adjudicada, dice que la única testigo presencial, V. S. M., declaró en la audiencia que únicamente sintió un ruido, un golpe, pero no vio a nadie adentro del automóvil.

En cambio, continúa diciendo, el juez hace una transcripción en forma fragmentada de este testimonio, utilizando los pasajes convenientes para fundar su opinión, y de esta manera logra tener a ambos sujetos como autores del delito.

Por otro lado sostiene que no queda claro en la sentencia el grado de participación adjudicada a M., ya que la acusación fiscal afirma que mientras P. estaba adentro de la camioneta, M. permanece al lado de la puerta, y así participa y colabora para que su consorte pueda ejecutar el hecho. Y la circunstancia apuntada surgiría de las declaraciones prestadas por E. A. D. y M. O. R., quienes no presenciaron el hecho pero concurrieron al lugar instantes después, tomando conocimiento de lo sucedido a través de S. M..

Según la defensa no quedó en claro en el fallo la acción reprochada a M., en qué consistió su participación, si ingresó al vehículo, si quedo fuera de él, y si lo hizo, en qué contribuyó a la comisión del injusto.

De esta manera sostiene que debió aplicarse el principio de inocencia a favor del menor, toda vez que con la prueba arrimada al debate no se pudo establecer con certeza qué función cumplió.

Por último cuestiona la imposición de la medida socioeducativa impuesta, consistente en el alojamiento en el C.O.S.E. de la ciudad de Trelew por el término de un año. Califica a esta medida como excesiva, y denuncia que carece de un fundamento real, lo cual afecta la garantía del debido proceso.

Planteados los motivos de la impugnación, analizaré, en primer lugar, los datos que surgen de la sentencia y, luego de ello, ingresaré directamente al tratamiento del recurso.

De esta manera, puedo confirmar que los fundamentos dados en el fallo, basados en los elementos probatorios ventilados en el debate, han sido contundentes para lograr la certeza que se exige en esta etapa del proceso.

La condena se basó no sólo en la declaración de la testigo presencial, V. A. S. M., sino que también se utilizaron los testimonios de M. R. -damnificado- y de E. A. D. -funcionario policial-, quienes arribaron al lugar instantes después de ocurrido el hecho, y fueron anoticiados de lo sucedido por S. M., tal como surge de su propio testimonio.

Por otro lado la declaración de S. M., que sin duda alguna fue fundamental para el resultado de la sentencia, ha sido debidamente valorada por el juez.

Así evaluó la personalidad de la testigo, el temor observado en la audiencia por la presencia de los imputados en la sala, su analfabetismo, y la firmeza mantenida a lo largo de su declaración, la cual juzgó de coherente, a pesar de algunas contradicciones en las que incurrió.

Esta impresión que causó al tribunal, la cual ha sido debidamente circunstanciada en la sentencia, no puede ser controlada en esta instancia.

Sin embargo, y de acuerdo a lo planteado por la defensa en el recurso, procedí a escuchar el audio correspondiente a la declaración de S. M., y así puedo confirmar que la apreciación hecha por el a-quo es correcta, y que efectivamente la mujer manifestó haber visto a los imputados cometiendo el hecho.

Luego de esta síntesis, advierto que la labor intelectual del a-quo ha sido desarrollada con criterio, y que dio los motivos para decidir como lo hizo, utilizando los elementos probatorios acorde las reglas de la sana crítica. Sentado ello, ingresaré, ahora sí, al tratamiento de las cuestiones planteadas por la defensa.

Para una mejor comprensión, respetaré el orden fijado en el recurso, comenzando con A. O. P..

En cuanto a la aplicación del artículo 41 quater, entiendo que ha sido correcta la interpretación efectuada por el juez.

En efecto, la norma establece claramente que corresponde la aplicación de la agravante cuando en el delito interviniere un menor de dieciocho años de edad. De su lectura no se desprende que es condición para su adjudicación que el menor sea utilizado como instrumento o medie algún tipo de inducción por parte de un tercero.

De esta manera debemos atenernos a lo que la letra de la ley dice, ya que es ésta la intención del legislador y los jueces no pueden apartarse, más allá de las observaciones y objeciones efectuadas por la doctrina. Así, y acreditándose la intervención de un menor en el delito investigado, en carácter de coautor, corresponde la aplicación de la agravante para su consorte de causa.

No obstante, entiendo que la pena aplicada es un tanto excesiva y el juez no ha dado los fundamentos adecuados para imponerla.

Es por ello que sabiendo la naturaleza de la acción, modo de comisión, el perjuicio causado y los antecedentes que reviste el imputado, entiendo justo y razonable imponer la pena de seis meses de prisión, cuyo cumplimiento habrá de ser efectivo, atento al antecedente condenatorio que registra y se menciona en la sentencia.

En cuanto a la situación planteada de S. D. M., la valoración efectuada por el juez tampoco merece objeción alguna.

Acreditado el hecho objeto de juicio, la presencia de los dos sujetos en el lugar, y la incriminación directa efectuada por la testigo de marras, al juez no le quedó más que decidir el grado de participación que le correspondía a cada uno. Así entendió que ambos sujetos habían participado en los términos del artículo 45 del Código Penal, por más que M. hubiera permanecido parado fuera del automóvil.

Justamente esta circunstancia le permitió sostener al juez la actuación conjunta, toda vez que mientras uno se hacía del stereo, el otro fungía como ´campana´, con el fin de advertir todo tipo de situación que pudiera poner en peligro el éxito de la sustracción.

Por lo expuesto, entiendo que ambos sujetos cometieron el hecho, uno en calidad de autor, el otro como partícipe necesario, y esta concurrencia en la comisión del ilícito quedó también registrada cuando, una vez cumplida la misión, los dos salieron corriendo, previo a amenazar a S. M. por haber presenciado lo acontecido.

Respecto de la internación dispuesta por el término de un año, habré de coincidir con la defensa en este punto, ya que no encontré en la sentencia ningún fundamento que autorice la aplicación de una medida tan severa.

De la lectura del fallo se desprende que el juez tuvo en cuenta lo que las partes han debatido en el juicio respecto de la situación personal del menor, como sus problemas de conducta y la falta de contención efectiva desde el ámbito familiar.

Sin embargo no surge la existencia de un expediente tutelar en donde se haya evaluado la situación del niño, el resultado de anteriores internaciones, informe socio ambiental, o demás circunstancias de interés para disponer esta medida.

La ley número 4347, sobre "Protección integral de la niñez, la adolescencia y la familia" establece en su artículo 17 que ´. La privación de libertad de un niño o un adolescente en un establecimiento debe ser siempre una medida de último recurso por el mínimo período necesario y a efectos de brindar al mismo un tratamiento acorde con su problemática...´.

Pues bien, en la sentencia no se menciona el motivo por el cuál se decidió por la medida más severa, cuando en realidad existen otras alternativas que resultan ser menos nocivas.

Por otro lado, como bien lo dispone el artículo 190 -última parte- de la ley en cuestión, las medidas a aplicar deberán ser proporcionales a la gravedad del hecho cometido.

Así, de acuerdo a las constancias de la causa se observa que M. con su accionar, el cual ha sido debidamente acreditado, no constituyó una grave amenaza a la integridad física o violencia en las personas, por lo que resulta exagerada la medida en relación al hecho cometido.

Por otro lado tampoco se verificó, al menos no consta en la sentencia, el incumplimiento reiterado por parte de M. de medidas dispuestas anteriormente en su contra.

Lo apuntado precedentemente es para refutar la posición del juez que entiende que la internación es la ´. única manera de lograr algo básico en la vida de cualquier joven: la escolarización...´, y que no le quedaba otra alternativa ya que ninguna propuesta ha surgido del juicio. Siendo ello así, entiendo que la medida que dispone la internación de M. por el término de un año carece de un fundamento legal y por ende deviene arbitraria.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I.Los antecedentes del caso a. La Sala ha de entender en este asunto que concierne a la sentencia emitida por el Tribunal Unipersonal de la ciudad de Sarmiento que, el ocho de septiembre del año de dos mil ocho, condenó a A. O. P. y declaró la responsabilidad de S. M. en los términos del Régimen Penal de la Minoridad.

Al primero, el mayor, el Juez lo halló autor penalmente responsable del delito de Robo (arts. 164 y 45 del Código Penal) y le aplicó la pena de trece meses de prisión, tomando en consideración la escala de la figura y aquella del art. 41 quater del Código Penal; también lo declaró reincidente y mandó a que se le aplicaran las accesorias legales y las costas (art. 29 inc. 3° del Código Penal y 239 siguientes y concordantes del C.P.P.).

Al otro, el judicante le impuso el alojamiento en el Centro de Orientación Socioeducativa de la Ciudad de Trelew por el término de un (1) año. (Régimen Penal de la Minoridad y artículo 409 inc. 3° del C.P.P.) Esta decisión se vinculó con el hecho ocurrido el día 09 de octubre de 2007, en perjuicio de M. R..

b. El recurso, breves referencias.

Trajo el asunto la impugnación ordinaria deducida por el doctor Tomás E. M., Defensor Público Subrogante.

El abogado oficial vertió argumentos en el escrito que se halla adosado a las hojas 110 a 117 del legajo, cuya paráfrasis realizó, con encomiable prolijidad, el señor Ministro que me ha precedido en el orden de voto. El doctor Rebagliati Russell, que de él se trata, dio -como dije- un acabado relato en torno a los contenidos de la sentencia y de los fundamentos de la impugnación ordinaria. A su inobjetable trabajo me remito y, por consecuencia, pasaré emitir mi voto.

III. El tratamiento de los agravios a.El cuestionamiento de la defensa.

El letrado oficial ha puesto sobre el tapete, en su extenso escrito, los siguientes temas:

1) la ponderación de la prueba que sirvió de fundamento a la sentencia en lo que atañe a D. M., que consideró incorrectamente analizada. 2) la equivocada aplicación de la agravante del art. 41 quater del Código Penal, lo que -a su juicio- repicó en la pena impuesta a su asistido, y la critica a la ausencia de fundamentos que justificara tal encuadramiento legal.

3) la arbitraria determinación de la pena impuesta a A. P., y 4) la imposición de la medida socioeducativa impuesta al menor S. D. M. pues, a su parecer, la decisión fue excesiva y careció de un fundamento real, concreto, afectándose de esa manera la garantía del debido proceso.

b. Análisis de la prueba relacionada con D. M.

Coincido con el doctor Rebagliati Russell en lo que atañe a la forma en que hay que despachar esta pretendida censura.

Así lo expreso pues, de modo opuesto a la formulación del Defensor de Oficio, me inclino por pensar que el Tribunal de Juicio ha realizado una evaluación acertada de la evidencia y ha utilizado las reglas de la sana crítica para zanjar el problema que aquí se discute.

El Juez Subrogante partió de la versión otorgada por los imputados y examinó la prueba de cargo correctamente.

En ese camino dedicó una especial y puntillosa consideración a los dichos de la testigo presencial V. S. M., explayándose en sus características personales, sobre todo en las dificultades que presentó para expresarse en un lenguaje llano debido a su escasa instrucción y al miedo que sentía por verse involucrada como órgano de cargo en un hecho de las características del debatido.

Resultó claro en la caracterización de la testigo de marras y en el valor que le adjudicó a su versión que reputó sincera. Resaltó la preocupación que ella puso en evidencia frente a las amenazas que le habían efectuado los incusos en el momento inmediato posterior al suceso, y la consideró fiable.

Tal tema exige algunas palabras especiales. A ellas me dedicaré de continuo.

La valoración sucedida ingresa en la zona en que la máxima revisión se torna escabrosa pues, más allá de los registros de audio, resulta difícil analizar en lo mediato las percepciones directas del Juez en el debate.

Alguna vez he sostenido que la confiabilidad o credibilidad de un testigo no es una cuestión de fe, sino el resultado de un proceso intelectual que debe ser debidamente explicado.

Si el Juez expone acerca de su confianza en un testigo, la afirmación es válida en la medida en que de razones plausibles y que éstas involucren el análisis extrínseco e intrínseco del relato y su vinculación con las evidencias objetivas.

Dicho esto, vuelvo al caso.

Como bien señaló mi distinguido par de Sala, la escucha de los registros que han documentado la deposición verbal de la mujer, validan la opinión acabadamente.

En efecto, durante el debate oral la testigo se extendió acerca de los detalles que percibió con sus sentidos, por cuanto dijo lo que vio y oyó desde una corta distancia.

Así, se yergue como vehículo inconcuso de certeza acerca de la identidad de los autores del evento cuya materialidad no se discute, tanto y más cuando -como es posible recrear- la señora conocía a los imputados de antemano que, para mayores, pasaron luego por su casa con la intención de amedrentarla e impedir que vertiera su testimonio.

Estos datos, por otra parte, fueron transmitidos a la policía y permitieron el rápido esclarecimiento del robo. Un breve test de fiabilidad que, con las fronteras vistas, es factible de realizar en esta instancia implica relacionar estas manifestaciones con otras, para determinar su concordancia, o lo opuesto.

Veamos.

M. O. R., el damnificado, explicó que, al salir de su trabajo aproximadamente a las 14,00 horas, se dirigió a su vehículo y se encontró con que le habían robado el estéreo, un cuchillo y un estuche con CD; que se volvió a buscar a otra persona -D.- y fue entonces que percibió a la señora S. M. parada en una esquina, en su casa; que cuando le preguntó si había visto algo, ella le respondió: ". a A. P. y a uno de los M..", aclarando que: ". había sido recién.".

En el mismo sentido se expidió E. A. D., el policía a quien R. acudió cuando se dio cuenta de que lo habían expoliado.

Estos elementos, que sitúan a la mujer en un tiempo y espacio contextual al episodio y que, además, transfieren indirectamente sus palabras, otorgan a la versión de ella un rango superlativo - insisto- en lo que fidelidad atañe, y queda abonado con suficiencia el predicado de certeza que, al respecto, el "a-quo" estampó en la sentencia.

No ha de olvidarse que el Magistrado parafraseó puntillosamente el testimonio de la mujer y de E. A. D., los que, más adelante, analizó con tino.

Es más, fue metódico en el estudio de la S. M. ". árida tarea." según su propia definición.

De manera entonces que, concluyo, la sentencia no posee vicio alguno en este sentido y merece homologación.

b La aplicación de la agravante del artículo 41 quater del C.P.

En este punto coincidiré con el Juez Rebagliati Russell. Entiendo como él que la ley es clara sobre el particular. Basta que un menor de la franja etaria consignada en la norma intervenga en la comisión del delito, para que corresponda la aplicación de la agravante referida.

En el curso del juicio, comprobado el hecho materia de la acusación con todas sus misceláneas, se ha acreditado que, al tiempo, S. D. M., tenía 16 años de edad y esta circunstancia habilita sin más la aplicación del artículo mentado en el bajo examen.

No otra solución posible.

c El monto de la pena impuesta a P.

Encuentro razón en los argumentos de la Defensa Técnica cuando sostuvo, en su presentación, que el Juez de Mérito no fundó suficientemente los motivos tenidos en cuenta para la selección del monto de pena de prisión impuesta al condenado.

Si se tiene presente que el delito endilgado (Robo Simple, art. 164 del C.P.) posee una escala que discurre desde un mínimo de un mes de prisión hasta un máximo de seis años y que, por aplicación del agravante del artículo 41 quater C.P., ese monto se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo, la sanción de 13 meses de prisión aplicada aparece, a la luz del sentido común y de las reglas de mensura del Código de Fondo, desajustada por excesiva.

Es que el Juez ha basado su cálculo en el aumento de pena efectuado por el Fiscal, al que encontró excesivo, reduciéndolo. Pero cuando realizó el recuento de las características tenidas en consideración para la determinación de la pena, no explicó suficientemente los motivos que lo llevaron en el caso -que ocasionó un perjuicio de menor cuantía- a elevar la sanción de 40 días del mínimo a los 13 meses que le impuso.

En esa inteligencia, entiendo que hay que evaluar, como agravante, la actitud posterior al hecho, cuando los empapelados intentaron meter miedo a la testigo con el fin de neutralizar los cargos, pero esa situación no alcanza para justificar el monto escogido.

Por ello, en concordancia con el Juez preopinante, encuentro atinado la imposición de seis meses de prisión, con más las costas del proceso y la declaración de reincidencia no cuestionada por el impugnante.

d. La medida socioeducativa impuesta a S. D. M..

En este tema estimo que, también, asiste razón a la impugnante.

Si bien la normativa de Fondo sobre menores de edad establece la posibilidad de disponer la internación del menor, va de suyo que las restricciones a la libertad que representan deben ser consideradas como alternativa de última ratio.

Esta, la norma, impone al Magistrado una tarea de protección de derechos que se traduce en atribuciones y límites.

En ese marco, la disposición privativa de libertad es adecuada cuando se encuentra precedida de un estudio del hecho, de la personalidad del menor, de su medio ambiente sociocultural y demás datos eficientes.

Entre ellos el especialmente relevante la respuesta que el protegido haya dado en relación con las medidas de tuición aplicadas y otras que el Juzgador haya dispuesto.

Bajo esta perspectiva, no se advierte que la decisión de internar a M. se encuentre antecedida y cimentada en un estudio de situación que muestre la conveniencia de ese extremo recurso.

El menor es reiterante, eso es cierto. Pero es verdad también que pese a la determinación jurídica, el hecho endilgado no ha puesto en peligro la integridad de las personas y, dentro de la categoría de los episodios de robo, el juzgado se puede etiquetar como menor y común.

Pero más grave aún, y esto es importante destacar, que la internación en el instituto minoril representa en los hechos la relegación a un ámbito espacial distinto del original, sin haberse evaluado convenientemente sus consecuencias.

IV. En resumen. En línea con la opinión del Juez Rebagliati Russell, propongo se haga lugar parcialmente a la impugnación presentada, y se revoque -en su parte- la sentencia conforme los considerandos precedentes, fijándose la pena acordada, confirmándola en lo demás.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Con respecto a los antecedentes del caso, los agravios esgrimidos por el doctor Tomás E. M. y el relato del hecho juzgado, con el propósito de no cometer repeticiones ociosas, me remito a lo que anotó en el primer voto, el doctor Rebagliati Russell.

II. Habré de analizar los ataques concernientes a cada acusado en forma separada, de acuerdo al modo de desarrollo planteado por el Defensor Público Subrogante, en su impugnación ordinaria.

III. En primer término, no ha sido controvertida en autos la materialidad ni la autoría del hecho en manos de A. O. P.. La defensa ha discutido, a su respecto, la aplicación de la agravante prevista en el art. 41 quáter del Código Penal y el monto de la pena.

IV. Estimo adecuada la interpretación efectuada por el "a-quo" en lo referente a la aplicación del artículo 41 quáter del código citado.

Es que, lo único que requiere la norma es la intervención de un menor en la comisión de un delito -circunstancia que se da en el presente-, sin interesar si el mayor tuvo o no en miras su utilización para cometer el hecho delictivo.

V. No comparto, sin embargo, el monto de pena impuesto por el señor Juez de Mérito.

Es que aunque el magistrado sentenciador redujo la pretensión fiscal, al hacer el cálculo, no dio razones suficientes para explicar por qué se apartaba del mínimo de 40 días, que surge de armonizar los artículos 164 y 41 quáter del código material. Lo explicaron muy bien mis colegas que votaron antes.

La falta de debida motivación convierte a la pena impuesta en arbitraria, por lo que debe -a favor del imputado- fijarse una menor.

Por ello, en concordancia con los Ministros preopinantes, encuentro acertado la imposición de seis (6) meses de prisión, de cumplimiento efectivo, con aprobación de la declaración de reincidencia.

VI. En punto al primer ataque blandido por la Defensa, con respecto a S. D. M., habré de señalar que el resultado de la revisión en torno a la valoración de la prueba que determinó la participación del joven, vuelve a favorecer a la sentencia.

El fallo se presenta al examen como un pronunciamiento razonado, en el que el juez analizó todos los elementos de prueba colectados en la causa, para establecer con acierto la participación necesaria del acusado en el mismo, en los términos del art. 45 del Código Penal.

Así, tal como quedó el hecho establecido en el fallo, es claro que A. O. P., ejerciendo fuerza sobre un artefacto estereofónico marca Pioneer, se apoderó de él, mientras S. R. M., actuaba de "campana" (permaneció fuera del automotor del robo para alertar a su cómplice), lo cual constituyó una ayuda esencial.

De esta manera, puedo colegir que ambos concurrieron a la comisión del hecho delictivo.

VII. Sin embargo, los conceptos del doctor M., encaminados a persuadir a este Tribunal, por sus sólidos fundamentos, cumplen con su cometido. Es que la medida que dispone el tratamiento tutelar de M. en el Centro de Orientación Socioeducativo de la ciudad de Trelew, por el término de un año, carece de sostén. No se han brindado razones convincentes que autoricen la aplicación de una medida tan drástica.

VIII. Por lo expuesto, adhiero a la solución expuesta por los Jueces que me precedieron, y propongo se haga lugar parcialmente a la impugnación presentada, revocándose en lo pertinente la sentencia de acuerdo a los considerandos precedentes, fijándose la pena acordada, confirmándola en lo demás.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--S E N T E N C I A - 1º) Declarar parcialmente procedente la impugnación interpuesta a fs.110/7 vta.

2º) Confirmar parcialmente la sentencia de fs. 97/109 y vta.

3°) Disminuir el monto de la pena aplicada a A. O. P. a la de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por el hecho que fuera condenado en la sentencia de fs. 97/109 vta.

4°) Revocar la orden de internación respecto de S. D. M., y que fuera dispuesta en el punto 3) de la sentencia de fs. 97/109 vta.

5°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Panizzi, Pfleger, R. Russell.