Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-20


Reg.: A y S t 280 p 494/498. Santa Fe, 20 de febrero del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia de fecha 06 de octubre de 2016, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "BOSCHETTO, JORGE FAUSTINO contra GALENO ART -SENT. ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD TRABAJO- (EXPTE. CUIJ N° 21-03663771-1)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511288-2); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante sentencia del 06 de octubre de 2016, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, declaró desierto el recurso de nulidad e hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocando íntegramente la sentencia anterior, con costas a la vencida (fs. 2/6). Contra ese pronunciamiento deduce el actor recurso de inconstitucionalidad en los términos del artículo 1 inciso 3 de la ley 7055, imputando arbitrariedad a la decisión de la Sala (fs. 7/25v.). En su pieza recursiva (fs. 7/25v.) relata que accionó contra su empleadora -y luego desistió- y contra MAPFRE ART S.A. -hoy GALENO ART S.A.- persiguiendo el cobro de indemnización integral por su incapacidad parcial permanente producto del accidente de trabajo sufrido en el establecimiento de su empleadora, mientras desarrollaba tareas de despostación de vacuno, subido a un banco de madera, sobre superficie de apoyo constantemente húmeda, trabajando a velocidad, con cuchillo en mano y escasa separación entre un trabajador y otro, cuando se encontraba cortando las reses que circulaban a velocidad por la noria, se cayó y fracturó la muñeca izquierda. Refiere que se le fijó una incapacidad parcial y permanente del 10% respectó de la cual MAPFRE ART S.A. abonó la indemnización. Sin embargo, considerando insuficiente la reparación, accionó judicialmente a fin de obtener una reparación adecuada del daño sufrido. Relata que en su demanda achacó a MAPFRE ART S.A. ser responsable del evento dañoso por tener a su cargo la obligación de mejorar las medidas de seguridad tendientes a disminuir los riesgos de accidentes, la confección de planes para tales fines y el control de ejecución de medidas paliativas, pudiendo la Aseguradora denunciar los incumplimientos de su empleadora ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Continúa narrando que, notificada que fuera, la ART accionada no contestó la demanda, por lo que su parte solicitó la aplicación de los apercibimientos de ley. Celebrada la audiencia de trámite, tampoco ofreció prueba, quedando confesa. Señala que tampoco presentó la documental intimativa, por lo cual se aplicaron nuevamente los apercibimientos de ley. Afirma que con la pericial médica producida en autos, se le fijó una incapacidad del 51,1% de la total obrera, al haber quedado con su mano izquierda totalmente disfuncional, dictamen que tampoco fuera cuestionado por la contraria; prueba que -refiere- su parte produjo de todas formas, sin perjuicio de quedar sin controvertir los hechos invocados. Asimismo, también produjo las pruebas testimonial e informativa, a partir de todo lo cual -concluye- se corroboraron las condiciones desfavorables y habituales en las cuales se desarrollaban las tareas, su peligrosidad, la falta de elementos de seguridad con los que trabajaba el actor y el inexistente control de la ART. Que conforme a ello, el juez de baja instancia hizo lugar a la demanda y declaró responsable a la ART en los términos del ordenamiento civil (art. 1074, C.C.) por incumplimiento de los deberes a su cargo. Sin embargo -continúa refiriendo-, la Sala hizo lugar al recurso de apelación de la contraria y receptó su argumento de que en autos no se hubo probado la relación de causalidad entre los incumplimientos de la ART y el "supuesto" daño sufrido por el actor. Achaca al A quo arbitrariedad por prescindir de pruebas decisivas, contradecir las constancias de la causa, incurrir en exceso de rigor formal, autocontradicción, contrariar el principio de congruencia y sustentarse en afirmaciones dogmáticas, imponiéndole a su parte una carga procesal abusiva, no contenida en la normativa de forma. Entiende que -por el contrario- el A quo debió aplicar a la demandada los apercibimientos de falta de contestación de demanda y no presentación de documental intimativa. Insiste en que, probadas fehacientemente por su parte las condiciones peligrosas en las cuales el trabajador desarrolló sus tareas y en las cuales ocurrió el daño y ante la aplicación en baja instancia de los apercibimientos legales por falta de contestación y prueba por la contraria, lo sostenido por la Cámara en cuanto a que su parte debió especificar y probar las omisiones de la ART demandada, constituye una exigencia abusiva y arbitraria, no fundada en la normativa legal. Afirma que, conforme sostuvo el juez de baja instancia con fundamento en el artículo 4 de la ley 24557, las ART deben asumir compromisos concretos de cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, por lo que -señala- la ley las coloca en calidad de sujetos pasivos de la carga de prevención y seguridad, con obligación de vigilar el cumplimiento del plan de mejoramiento y que, en ese sentido, el hecho dañoso derivó del incumplimiento por la ART de su obligación "in vigilando", pues debió controlar el ámbito donde el actor cumplía sus tareas y corroborar que se cumplieran las normas de seguridad y cursos de capacitación al personal. Sin embargo, señala, la aseguradora no acreditó haber efectuado control alguno en el lugar donde ocurrieron los hechos. Achaca, asimismo, ausencia de razonabilidad y violación al principio de congruencia en el razonamiento del A quo, en cuanto afirmara que "...observando el curso normal y ordinario de las cosas, podría ser que durante un período la empleadora tuviera pisos en condiciones y que en otro desobedeciera los principios de seguridad e higiene...", siendo que su parte -insiste- acreditó cual era el estado de los pisos al momento del accidente y que los mismos fueron la causa hábil del mismo, debiendo aplicarse la responsabilidad que, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones que prevé la ley de higiene y seguridad en el trabajo, debe recaer sobre las ART, pues el Estado ha delegado en ellas todo lo relativo al control y sujeción de los empleadores a las normas de higiene y seguridad, imponiéndoles a estos gestores privados del sistema diversas obligaciones de control y supervisión (art. 18, decreto 170/96), y frente a ello -concluye- su omisión genera responsabilidad. En apoyo de su argumentación, cita los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Galván c. Electroquímica argentina S.A." y "Torrillo c. Gulf Oil Argentina S.A." 2. Por auto 91 de fecha 28.04.2017, la Sala declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad planteado por la actora, con costas (fs. 30/33v.). 3. La postulación del recurrente, cuenta -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que revisten entidad constitucional idónea para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria -propia de este estadio- y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe RESUELVE: Admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Disponer que por Presidencia se requieran los autos principales y se imprima a los mismos el trámite que corresponda. Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI(EN DISIDENCIA)-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI: Contra el pronunciamiento del 6 de octubre de 2016, dictado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario -que declaró la deserción del recurso de nulidad e hizo lugar al recurso de apelación de la demandada, revocando íntegramente la sentencia recurrida- la actora interpuso recurso de inconstitucionalidad en los términos del artículo 1 inciso 3 de la ley 7055. El Tribunal a quo declaró inadmisible el remedio extraordinario por no evidenciar el planteo vinculación alguna con al arbitrariedad que se anuncia ni advertir violación de derechos y garantías constitucionales en el acuerdo atacado, lo que motivó la presentación directa del quejoso por ante esta Sede. En su queja el recurrente no logra rebatir los fundamentos de la denegatoria. Es así por cuanto la quejosa pretende endilgar el vicio de arbitrariedad más no alcanza a esbozar ninguna causal que en abstracto pudiera encontrar contacto con lo resuelto y sin lograr poner en crisis el pensamiento sentencial ni evidenciar que adolezca de falla alguna en el razonamiento con el que se sostiene la decisión, de modo de que sea menester habilitar la instancia de revisión constitucional. En efecto, no se trata aquí, como pretende la actora, de una cuestión de carga de la prueba u omisión de valoración de los medios de confirmación presentados en la causa, sino que los Sentenciantes sostienen que la recurrente no identificó concretamente qué conducta había omitido la demandada que fuera determinante para el acaecimiento del siniestro, considerando insuficientemente -a los fines de responsabilizar a la ART- la alegación de que ésta no había cumplido ninguno de los deberes establecidos en la Ley de Riesgos de Trabajo. La Cámara concluyó que, más allá de la prueba testimonial que corroboraba el orden fáctico enunciado por el accionante y de la aplicación del apercibimiento ritual por falta de contestación de la demanda, ello no obstaba para acreditar la responsabilidad civil de la aseguradora demandada conforme el artículo 1074 del Código Civil. Para así decidirlo, el Tribunal consideró que un cotejo simple del escrito inicial del proceso revelaba que no se había individualizado un incumplimiento concreto de un deber legal por parte de la ART (v.f. 4). En el remedio intentado, la recurrente no se hace cargo de controvertir eficazmente este núcleo central de lo resuelto por la Sala que, aún admitiendo que resultaban aplicables los apercibimientos por falta de contestación de la demanda, no surgía del escrito inicial un concreto incumplimiento que se relacionara directamente con el accidente acaecido; por ende, no había demostrado un nexo adecuado de causalidad entre uma omisión específica y el daño. Esta solución de la Cámara -respecto de que la imputación genérica de omisión del deber legal de la Aseguradora no alcanza para responsabilizarla en el marco de una reparación civil- ha quedado sin refutación, y no se advierte irrazonabilidad en la alusión a dicho criterio normativo. Así entonces, el cuestionamiento del recurrente queda reducido a una mera disconformidad con las reglas de la carga de la prueba y la valoración de los medios probatorios que efectuaran los jueces en materia que le es propia, sin que logre acreditar en concreto un supuesto de arbitrariedad. En razón de ello, cabe concluir que la interpretación formulada por el A quo se encuentra dentro del margen de discrecionalidad en la interpretación de las normas y la valoración de la prueba y no aparece como irracional o arbitraria. Por las razones expuestas, he de propiciar el rechazo de la queja interpuesta por la parte actora. FDO.: GASTALDI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen de la causa: Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala Tercera, de la ciudad de Rosario. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 7 de Rosario.