Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16


PROVINCIA DE SANTA FE contra PEREZ, Rosa Magdalena María SECCO de y PEREZ, Helio Edgardo Andrés Santos Reg.: A y S t 205 p 341-345. En la ciudad de Santa Fe, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PROVINCIA DE SANTA FE contra PEREZ, Rosa Magdalena María SECCO de y PEREZ, Helio Edgardo Andrés Santos y/o quien resulte propietario sobre EXPROPIACIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 1955, año 1996). Se determinó el orden de votación conforme al estudio de los autos: señor Ministro doctor Spuler y en orden sucesivo al señor Presidente doctor Gutiérrez, y los señores Ministros doctores Falistocco Gastaldi, Netri y Vigo; y que las cuestiones a resolver son: PRIMERA: ¿qué indemnización corresponde fijar por el inmueble expropiado?. SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde?. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. La Provincia de Santa Fe promueve demanda expropiatoria contra Rosa Magdalena María Secco de Pérez y Helio Edgardo Andrés Santos Pérez y/o quien resulte propietario de la fracción de terreno que a continuación describe: "Una fracción de terreno ubicada en esta ciudad de Rosario, departamento del mismo nombre y que de acuerdo al plano número 77.290 del año 1952, es el designado como el lote "A" y se encuentra ubicado en la calle Casilda entre las de Teniente Agneta y Liniers, a los 77,805 metros de la calle Larrea hacia el Oeste, y mide: 182, 85 metros en su frente al Norte, sobre la calle Casilda; 137,80 metros en su lado Este, lindando con Francisca Piombo de Giostra; 186,05 metros en su contrafrente al Sud, lindando con fracción "B" vendida al F.C.C.A. ante A. Covernton; 104,77 metros en su lado Oeste, lindando con Atilia L. de Alonso. Tiene una superficie total de 22.133,80 metros cuadrados". Indica que el dominio se encuentra inscripto en el Registro General de la Propiedad de la ciudad de Rosario bajo el número 163.179 - Folio 127 - Tomo 436 A, de fecha 1 de abril de 1982; y al número 202.773 - Folio 44 - Tomo 444 A, de fecha 13 de diciembre de 1982 - Departamento Rosario, partida del impuesto inmobiliario nro. 322.742/0003. Expone que conforme a las disposiciones legales vigentes, la Junta Central de Valuación procedió a determinar el valor real y actual del bien, ofreciéndoselo a los propietarios a los efectos de cumplimentar el trámite del avenimiento expropiatorio, el que -dice- no prosperó.

Narra que por decreto nro. 2613/94, el Poder Ejecutivo provincial dispuso promover esta acción expropiatoria, depositando la cantidad de pesos doscientos setenta y cuatro mil novecientos uno con ochenta centavos ($ 274.901,80) en la cuenta judicial nro. 281.733/04 de la Agencia Tribunales del Banco de Santa Fe S.A. a la orden de esta Corte y para estos autos. Solicita, en suma, se haga lugar a la demanda y, en consecuencia, se declare transferido a su favor el inmueble afectado, imponiéndose las costas conforme lo determina el artículo 49 y concordantes de la ley 7534. A foja 17 comparece el representante legal de los expropiados manifestando que es su intención retirar los fondos consignados judicialmente, no implicando dicho retiro conformidad alguna con la indemnización expropiatoria ofrecida por la Provincia. En fecha 19.2.1997 la Provincia tomó posesión del inmueble (f. 25). A foja 30 vuelto obra la inscripción del bien como litigioso. En fecha 5.3.1997 la parte expropiada solicita que "se libre orden de pago ... sobre los fondos consignados judicialmente por la expropiante, para estos autos" (f. 38). El 7.3.1997 se libra orden de pago "por la suma de $ 274.901,80 que corresponden a la Sra. Rosa Secco de Pérez y al Sr. Helio Pérez en concepto de indemnización por expropiación", suma que es percibida ese mismo día (f. 46). A foja 49 se corre traslado de la demanda, la que es contestada a fojas 55/56 vto. En su escrito manifiesta que se allana a la demanda expropiatoria. Señala que la descripción que efectúa la actora de los inmuebles de su propiedad no se ajusta a la realidad catastral de los mismos; la Provincia se limita a su descripción como si fuera una mayor área, desconociendo la existencia de dos planos de urbanización aprobados -los números 138586/96 y 138587/96- por el Departamento Topográfico del S.C.I.T. Refiere que el 20.7.1982 la Municipalidad de Rosario promulgó la ordenanza 3155 que dispuso aprobar el trazado vial de las calles linderas a las fracciones de su propiedad. Esa ordenanza en sus "considerandos" fue dictada a instancia de su parte, a los fines de proceder a la urbanización del predio. Agrega que en su momento la Municipalidad procedió a efectuar la aprobación provisoria de la urbanización y que se plasmara luego en los planos referidos. Dice que ante el ofrecimiento efectuado por la expropiante en el marco del avenimiento regulado por la ley 7534, rechazó la propuesta por insuficiente, reclamando una indemnización de $ 620.000 en concepto de valor objetivo de los lotes. Expresa que en esa oportunidad se hizo saber a la provincia que habían suscripto un convenio de comercialización del loteo con una empresa inmobiliaria, razón por la cual, en caso de no obtenerse respuesta en los quince días siguientes, se entendería que se había desistido del trámite expropiatorio. Aduce que como no se tuvo respuesta se procedió a vender algunos lotes, operación que luego se rescindiera en razón de la expropiación. Apunta que en el año 1982 promovió el trámite municipal de urbanización, cumplimentando todos los pasos a ese efecto, en virtud de lo cual reclama el pago de la indemnización correspondiente en función del loteo aprobado. En orden a la determinación de los rubros y montos reclamados expone que la zona donde se encuentran los lotes cuenta con todos los servicios, agua corriente, luz eléctrica, gas, transporte urbano de pasajeros, calles pavimentadas. Se encuentra en un barrio semicéntrico. Estima el valor objetivo de las fracciones individualizadas mediante planos inscriptos con los números 138586/7 a la fecha de la desposesión (febrero de 1997) en las sumas que indica, cuya suma arroja un total de $ 625.250. Por lo tanto -dice-, el reclamo asciende a la diferencia entre el valor de los inmuebles y el monto consignado, lo que arroja la cifra de $ 350.348,20. Por último, señala que también se le deben los intereses sobre el monto reclamado desde la desposesión hasta el efectivo pago y el pago de las costas. En este último rubro, atento no haber finalizado la Provincia con el trámite de avenimiento expropiatorio, y promovido directamente el juicio, corresponde se haga cargo de las mismas. A foja 57 se abre la causa a prueba. A foja 138 se clausura el período probatorio y se dispone el pase de los autos a la Comisión de Tasaciones, la que presenta su dictamen a fojas 212/213. Dispuesto el pase de los autos para alegar (fs. 218 y 221) se agregan los alegatos de la parte actora y de la expropiada (fs. 223/226 y 227/229, respectivamente). Llamados autos para sentencia (f. 230) y consentida dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta. 2. Tal como surge del relato precedente, la Provincia de Santa Fe promueve demanda de expropiación contra Rosa Magdalena María Secco de Pérez y Helio Edgardo Andrés Santos Pérez y/o quien resulte propietario de una fracción de terreno, que fuera declarado de interés general por ley 10.076 del 24.9.1987, para la transferencia por parte del Poder Ejecutivo del dominio del inmueble a los ocupantes de las "Villas de Emergencia", de conformidad con la documentación agrimensural, aeorofotográfica y censal obrante en los archivos del Plan "Logro de un Ordenamiento Territorial Estable" (L.O.T.E.). Por su lado, la accionada expresamente señala que no se opone a la presente acción (v. f. 55), la que se sustenta en normas constitucionales y legales, por lo que corresponde acogerla respecto del inmueble antes descripto. 3. Procedente la expropiación, cabe a continuación determinar el justiprecio que tiene derecho a percibir la parte expropiada, debiendo resolverse, además, acerca de los intereses y las costas generadas en el presente. 3.1. En cuanto al primer tópico, corresponde señalar que la Provincia, al demandar, ofreció y dio en pago la suma de $ 274.901,80 (v. f. 2); por su parte, al contestar la demanda los expropiados estimaron el justiprecio en $ 625.250, reclamando, por ende, la diferencia entre dicho monto y lo consignado judicialmente (v. f. 55). Mas, luego de ofrecida y producida la prueba que obra en autos, ambas partes -al alegar, v. fojas 223 y 227- aceptaron la valuación practicada por la Comisión de Tasaciones en su reunión de fecha 19.11.1999, instrumentada en Acta nro. 317 (v. fs. 212/213); dicho colegio -integrado, entre otros miembros, por un representante de los expropiados- adoptó por unanimidad un valor total de $ 516.399,32 (quinientos dieciseis mil trescientos noventa y nueve pesos con treinta y dos centavos), tanto para la fecha de toma de posesión (19.2.1997), como para la época de reunión de la Comisión. Cierto es que esta Corte tiene dicho que el dictamen de la Comisión de Tasaciones ostenta un relativo valor probatorio, ya que, si bien es de producción necesaria, carece de efecto vinculante (v. A. y S. T. 51, pág. 325; T. 56, pág. 49; T. 92, pág. 452; T. 97, pág. 364; T. 107, pág. 384); mas también lo es que el Alto Tribunal nacional ha decidido -aunque en aplicación de un régimen legal distinto- que la atribución de los magistrados de apartarse de la apreciación del Tribunal de Tasaciones se encuentra condicionada por el grado de uniformidad con que se expidan sus integrantes y por la concurrencia de circunstancias demostrativas de error u omisión (v. Fallos 310:2926 y 313:1446).

Pues bien: siendo que en el presente caso la Comisión de Tasaciones, con representación de los expropiados -como se dijo- se pronunció por unanimidad, y que no se han alegado ni se advierten errores u omisiones en la respectiva valuación, corresponde en el presente fijar como justiprecio el ya mencionado de $ 516.399,32. 3.2. A los efectos de establecer el importe que aún resta abonar en autos, corresponderá deducir, de dicha suma, el monto oportunamente retirado por los demandados. En ese orden, si al importe de $ 516.399,32 fijado por el Tribunal, se le descuenta la suma de $ 274.901,80 retirada por aquellos (f. 46), se obtiene un monto de $ 241.497,52 (doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y siete pesos con cincuenta y dos centavos), que es lo que adeuda la Provincia a los accionados. 3.3. En cuanto a los intereses, corresponde desestimar la postulación de los expropiados, que pretenden su cálculo a la tasa activa invocando a esos fines el artículo 31 de la ley 7534, norma claramente inaplicable en la especie, en que -obvio es destacarlo- el avenimiento no se concretó. En consecuencia, y de conformidad con uniformes precedentes de este Tribunal (cf., entre otros, A. y S. T. 185, págs. 120, 125, 138, 143, 157, 162), deberá aplicarse sobre el saldo determinado en el numeral anterior la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -febrero de 1997- hasta la fecha del efectivo pago, si éste se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados. 3.4. En cuanto a las costas, atento la proporción existente entre las sumas reclamada, ofrecida y fijada, se impondrán a la expropiante (art. 49, apartado 1, inc. a, ley 7.534).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco, Gastaldi, Netri y Vigo expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler, y así votaron.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar a la acción expropiatoria y, en consecuencia, declarar transferido a favor de la Provincia de Santa Fe, previo pago del saldo indemnizatorio, el inmueble descripto en esta sentencia. Fijar la indemnización total al mes de febrero de 1997 en $516.399,32 y condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a los expropiados el saldo adeudado de $241.497,52, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -febrero de 1997- hasta la fecha del efectivo pago, si este se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados. Costas a la expropiante (art. 49, apartado 1, inc. a, ley 7.534).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco, Gastaldi, Netri y Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)