Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-07


Salta, 07 de marzo de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "PÉREZ DE LLAYA, ELENA RAQUEL vs. ORMACHEA, JOSÉ ALBERTO POR DIVISIÓN DE CONDOMINIO" - Expediente Nº 555091/16 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 7º Nominación (EXP - 555091/16 de Sala II) y, C O N S I D E R A N D O:

1°) Vienen los presentes autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 67 por la actora, contra el punto II de la resolución de fojas 62/65, que hizo lugar al recurso de revocatoria planteado por el demandado y revocó el punto II del decreto de fojas 43 que disponía tener por no presentados los escritos de fojas 17/19, 20/21 y 27.

Para así decidir, la señora Jueza concluyó que la parte demandada se presentó en el plazo otorgado en el punto III de la resolución de fojas 31/32, computado a partir de la notificación en el domicilio procesal, conforme surge de fojas 38 y 42, por lo que consideró que el punto II de la providencia de fojas 43 resulta equivocado.

Al presentar su memorial de agravios a fojas 69/70, la recurrente destaca que el punto III de la resolución dictada a fojas 31/32 ordenó notificar al demandado en su domicilio real para que en el plazo de 1 día se presente con nuevo letrado o apoderado, lo que se efectivizó el día 24 de noviembre de 2016, conforme surge de la cédula de notificación agregada a fojas 35, sin embargo -dice- el accionado se presentó recién el día 3 de febrero de 2017, esto es, cuando el plazo se encontraba vencido, por lo que considera que se debe tener por no contestada la demanda. Refiere que le causa agravio que el "a quo" haya tenido por válida la notificación cursada en el domicilio procesal, ordenada en el proveído de fojas 37, el que considera contradictorio a los demás proveídos, afirmando que la notificación válida es la practicada en el domicilio real. Por último, se agravia por la incorporación a fojas 39 del escrito donde la demandada se presenta con nuevo patrocinio y ratifica la contestación de demanda, ya que alega que dicha presentación fue dirigida a otro expediente, por lo que, si bien acepta la incorporación a estos autos, sostiene que no puede ser considerada válida la fecha de presentación inserta en el cargo de dicho escrito.

A fojas 74/77 contesta el traslado del memorial la parte demandada, solicitando que se declare desierto el recurso impetrado y, subsidiariamente, solicita que se lo rechace por los argumentos que allí expone.

A fojas 85 se llama autos para resolver, providencia que se encuentra firme y consentida.

2º) Que atento el planteo del apelado y las atribuciones de la Alzada en el examen de la admisibilidad del recurso, es necesario tener presente que en orden a establecer si el memorial contiene una critica concreta y fundada de la resolución en los términos del artículo 255 del Código ritual debe seguirse un criterio de interpretación amplio, por ser el que mejor preserva la garantía constitucional de defensa en juicio y el principio de doble instancia que adopta nuestra ley positiva. Esta doctrina ha sido recogida en reiterados precedentes de esta Cámara y de la Corte de Justicia de Salta (CJS, "Rondoni vs. Ekhardt", Tomo 44:1109/1113; esta Sala, Libro Interloc., 3º Parte, Año 2017, fs. 703/704; Sala III, t. 2002, fs. 267/70; id. id., t. 2003, fs. 232/234; id., Sala IV, t. XXI, año 1999, fs. 576 entre muchos otros). Es decir que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad.

Con esta pauta, de la lectura del escrito de memorial de agravios presentado por la actora surge que contiene elementos críticos concretos y argumentaciones tendientes rebatir los fundamentos del decisorio por lo que alcanza a cumplir mínimamente las exigencias prescriptas por el citado artículo 255, y corresponde ingresar al tratamiento del recurso.

3º) La recurrente pretende que se revoque el punto II de la resolución apelada y se mantenga el proveído dictado a fojas 43, en cuanto tuvo por no presentados los escritos de fojas 17/19, 20/21 y 27, haciéndose de esta manera efectivo el apercibimiento dispuesto en la resolución de fojas 31/32. Esta resolución, en el punto III de la parte resolutiva, ordenó notificar al demandado en su domicilio real para que en el término perentorio de un día se presente con nuevo letrado o apoderado, bajo el apercibimiento antes mencionado. Tal resolución fue notificada tanto en el domicilio real (v. fs. 35) como en el procesal (v. 38), sin embargo la apelante sostiene que aquel plazo sólo debe computarse desde la notificación cursada en el domicilio real y no desde la notificación en el domicilio procesal, como lo hizo el "a quo", por lo que concluye que la presentación del demandado a fojas 42 resulta extemporánea.

Resulta relevante destacar en relación con los escritos cuestionados por la actora, que el escrito de fojas 17/19 constituye la contestación de la demanda, que el de fojas 20/21 es la interposición del recurso de revocatoria contra el proveído de fojas 16 que declaró la rebeldía del demandado -al que se hizo lugar mediante resolución de fojas 31/32- y, por último, que el de fojas 27 contiene la ratificación por el accionado de la personería de urgencia invocada en aquellos escritos.

De lo expuesto se infiere que la cuestión traída a revisión involucra la validez de la contestación de la demanda y, con ello, la posibilidad del accionado de ser oído y ejercer su derecho de defensa, por lo que la valoración de las actuaciones procesales debe efectuarse con un criterio amplio y flexible. Enseña Couture que la tutela constitucional del proceso requiere una correcta citación o emplazamiento, como aplicación elemental del precepto audiatur altera pars: una razonable oportunidad de ser escuchado (v. "Fundamentos del derecho procesal civil", pág. 154 y ss., 3ª ed. Depalma, Bs. As., 1978).

El más alto Tribunal Federal tiene dicho que las normas de procedimiento y sus reglamentarias no se limitan a una mera técnica de organización de procesos, sino que tienen por finalidad y objetivo, regular el ejercicio de derechos y lograr la concreción del valor justicia, en cada caso, en salvaguarda del derecho de defensa en juicio (CSJN, Fallos: 310:870; 319:1263), el cual supone -en substancia- que las decisiones judiciales deban ser adoptadas previo traslado a la parte contra la cual se pide (CSJN, Fallos: 317:1500), es decir dándole oportunidad de ser oída y ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes (CSJN, Fallos: 319:1600).

También se ha insistido en que el resguardo de la defensa en juicio requiere que a toda persona se le de oportunidad para ser oída y de producir la prueba en que funda sus derechos (CSJN, Fallos: 286:257; 290:293; 296:106, entre otros), lo cual resulta especialmente necesario cuando se trata de la citación del demandado, "acto de trascendental importancia en el proceso" (Fallos, 316:247), "en tanto de su regularidad depende la válida constitución de la relación procesal y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad" (Fallos, 319:673; 319:1600; 323:2653, etc.).

En el presente caso se advierte que si bien en el punto II de la resolución dictada a fojas 31/32 se ordenó notificar al demandado en su domicilio real, en el punto III también se ordenó notificar dicha resolución a las partes, lo que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 40 del Código Procesal Civil y Comercial de Salta, debe entenderse como la orden de notificar en el domicilio procesal.

En efecto, la citada norma prescribe que "se practicará en el domicilio procesal todas las notificaciones por cédula que la ley no disponga que deban serlo en el real" y el artículo 135 del código de rito, entre los supuestos que deben notificarse personalmente o por cédula, contempla en el inciso 12: "las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales", por lo que no caben dudas que la resolución de fojas 31/32 debía ser notificada también en el domicilio procesal, lo que así efectivizó la propia apelante según diligencia de fojas 38. Es decir que la orden de notificación al demandado en su domicilio real, no excluye la necesidad de notificar también en el domicilio constituido.

Por ende, en resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio y el debido proceso y del principio de bilateralidad, el plazo otorgado al demandado para que se presente con nuevo letrado o apoderado, bajo el grave apercibimiento de tener por no presentada la contestación de la demanda, debe computarse en autos desde la notificación practicada en el domicilio procesal, por lo que la presentación de fojas 42 resulta en término; debiendo aclararse, ante el planteo formulado por la apelante, que se arriba a la misma solución sea que se considere la fecha del cargo inserto en el escrito de fojas 42 o el que corresponde al de fojas 40, donde se solicita que se agregue a estos autos aquel escrito. Por último, es dable destacar que en caso de duda sobre cuestiones que comprometen el ejercicio del derecho de defensa en juicio, debe estarse a favor de aquella solución que evite la conculcación de garantías de neta raíz constitucional (CJS Tomo 87: 769/780).

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el punto II de la resolución en crisis. 3º) Las costas de la segunda instancia, por aplicación del principio objetivo de la derrota consagrado en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Comercial, deben correr a cargo de la parte vencida.

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I.- RECHAZA al recurso de apelación interpuesto por la actora a fojas 67 y, en su mérito, CONFIRMA el punto II de la resolución de fojas 62/65 en lo que fue materia de agravios.

II.- IMPONE las costas de esta instancia a la actora vencida.

III.- ORDENA que se registre, notifique y baje.- SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA - VOCALES: HEBE ALICIA SAMSÓN VERÓNICA GÓMEZ NAAR - SECRETARIA: DRA. MARÍA LUJÁN GENOVESE. SALA II, T.1ª PARTE INTERLOCUTORIOS, 2018, Fº 82/84, 07/03/2018. EXPTE. N° 555091/16