Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-17


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los días del mes de diciembre del año dos mil nueve, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de la Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de la Sra. Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "P., K. A. c/ R., M. D. y P. de R., I. M. s/ ALIMENTOS", expte. nro. 105/08, venidos del Juzgado Letrado de Familia nro. 2 (expte. nro. 38/07), y atento el resul-tado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 353), corres-pondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dr. Julio Antonio Alexandre y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 293/299? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Llegan los presentes autos a la alzada por haber sido apelada a fs. 302 y 303 la sentencia de fs. 292/299 del Juzgado de Familia nro. 2 que, en lo principal, resuelve, en lo sustancial, hacer lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por la abuela paterna y condenar únicamente al padre, fijar la cuota alimentaria en un 30% de las sumas que el padre perciba con más las asignaciones familiares, agregando que en ningún supuesto podría ser inferior a la suma de pesos setecientos, e imponer las costas por su orden.

I.A.) A fs. 321/324 obran glosados los agravios planteados por la apelante actora, los que fueran contestados por la codemandada Sra. I. M. P. de R. a fs. 321/324.

A fs. 344 se realiza la audiencia fijada por este Tribunal a fs. 340, atento a las disposiciones del art. 130 de la Ley nro. 4347 donde se señaló audiencia a los fines de la comparecencia personal del grupo familiar conviviente y de la codemandada abuela, habiendo tomado contacto personal y directo a fs. 344 y siendo oídos el padre demandado, la abuela demandada, la actora demandante y las hijas menores.

A fs. 346/347, la Asesora de Familia e Incapaces contesta la vista conferida por providencia obrante a fs. 345 de conformidad a lo prescripto en el art. 131 de la Ley Pcial. nro. 4347 solicitando la confirmación de la sentencia.

A fs. 351 se llama a autos para senten-cia.

I.B) Entendiendo que en la estructura de la sentencia los resultandos (aplicable aquí a los agravios) tienen por finalidad la individualización de los sujetos de la pretensión y la relimitación del ámbito objetivo del litigio sobre el que recae el pronunciamiento, incluyéndose así entre los elementos que la sentencia deberá contener "la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (o de los agravios), siendo el estilo judicial agregar una breve relación de las vicisitudes del proceso, a cuyo efecto basta una mera remisión (cf. crit. Morello- Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.II-C, pág. 64; Cám.Nac.Com., Sala C, 03/11/80, entre otros) y teniendo presente el principio procesal de concentración, he de realizar la transcripción de los mismos sin perjuicio de tener en cuenta cada línea de pensamiento expuesto en el desarrollo que en sus agravios ha realizado el apelante.

Concretamente los agravios consisten:

1) Los del apelante demandado (fs. 313//315) en: a) fecha a partir de la cual corresponde el cómputo de la cuotas por alimentos atrasados; b) el porcentaje sobre el cual se establecen las cuotas suplementarias con las cuales se atenderán los alimen-tos atrasados y c) los intereses que deberán liquidar-se.

2) Los de la parte apelante actora (fs. 321/324) en: a) la a-quo incurrió en una errónea apreciación de la prueba y b) existió una inequidad por interpretación sistemática en contraposición a la interpretación integral al hacer lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta contra la abuela paterna de las menores.

I.C) He de principiar mi voto expresando que es criterio de la suscripta que la fijación de los alimentos no constituye un mero corolario de hecho de la interposición de la demanda, sino que constituye la culminación de un proceso de valoración de las circuns-tancias determinantes de la cuota, ponderación a la que no es ajena la prudencia y la objetividad, máxime cuando la primera descansa preponderantemente en la segunda (cf. crit. "D'A., S.C. c/D., O.A. s/ Alimentos y Tenencia"; Sentencia Interlocutoria - CNCIV - Sala E - Nro. de Recurso: E169826 - Fecha: 23-6-1995; elDial - AE9FF).

Si bien tengo presente que al momento de fijar la cuota alimentaria a favor de las menores han de tenerse en cuenta las posibilidades del alimentante (art. 265 del Código Civil), no menos cierto es que si alguno de los padres no efectuaba tareas remuneradas por estar abocado a la atención del hogar y del hijo, configurándose de ese modo una distribución en los roles familiares que es dable presumir que fue consen-suada entre los progenitores, no es posible pretender que tras la culminación de convivencia de los mismos el progenitor que se encontraba en tal situación se inserte inmediatamente en una actividad rentada, pues es sabido que ello le puede resultar más o menos dificultoso en atención al momento en que atraviese el mercado laboral en general y a sus propias aptitudes y condiciones personales, a lo que cabe sumar que si existen un hijas menores de once (11) y siete (07) años actualmente, es frecuente que el progenitor que los atendió en mayor medida hasta ese entonces -en general la mujer- (lo que se ha dado en autos conforme Actas nro. 8889 del 09/04/09 (fs. 6/vta.); nro. 3674 del 18/10/05 (fs. 7/vta.) y no negado expresamente por el demandado en su contestación -fs. 65/67)- deba seguir cuidándolo, mermando de esa forma su disponibilidad horaria para afrontar tareas lucrativas.

Con todo, cabe precisar que tal princi-pio no puede conducir a que el progenitor que no realizaba tareas remuneradas durante la convivencia sentimental pretenda continuar en esa situación sine die, por lo que al momento de establecer la cuota también he de ponderar la posibilidad de cada cónyuge de desarrollar tareas remuneradas conforme a sus aptitudes y demás condiciones personales, teniendo en claro que en ningún modo ha de fomentarse el desinterés en procurarse un ingreso por parte de la actora.

Reitero que la crianza de menores de edad demanda gastos en alimentación, vestimenta, educación y esparcimiento que apenas pueden solventarse con la suma establecida y que la quo ha determinado valorando razonablemente la condición económica de las partes. Cabe tener en cuenta que la cuota estipulada es la única prestación a cargo del alimentante, ya que éste ni siquiera provee de vivienda al menor (en igual sentido, expediente Nro. 129.781 - "A., M. F. c/ L. S. D. s/ alimentos" - Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca (Buenos Aires) - Sala II - 19/07/2007; elDial - AA3F11).

Amerito, asimismo, que si bien el alimentante posiblemente atraviesa una situación difícil, no debe perderse de vista que a él corresponde arbitrar los medios para la satisfacción de los deberes que provienen del nacimiento de los hijos, ya que el padre se encuentra constreñido a trabajar de modo de procurarse los recursos necesarios a tal fin. Sobre dicha base, se debe merituar la cuota a fijar (arts. 265, 267 y ccdts., C. Civil y 641, C.P.C.).

En este sentido se ha expedido la jurisprudencia cuanto determina que: "Los deberes de manutención derivados de su condición de padre de familia no reconoce atenuantes, desde que se enmarca entre los cargos intransferibles surgentes de la coparticipada patria potestad (arts. 264, 265, 271, y cdtes. Código Civil), resultando insoslayable la obligación de continuar abasteciendo de un modo razona-ble, un estándar de hábitat y sustento de necesidades mínimas (Pcia. de Buenos Aires, "F., M. s/ Incidente aumento de cuota alimentaria" - CC0201 - LP - A 43303 RSD-35-98 S - 5-3-1998: elDial - W109A8).

I.D) Entrando en el análisis de los agravios del demandado apelante:

a) en cuanto a la fecha a partir de la cual corresponde el cómputo de las cuotas por alimentos atrasados, teniendo en cuenta lo prescripto por la Ley Pcial. nro. 4347 (actual Ley III-21-DJ) -Protección integral de la Niñez, la Adolescencia y La familia (B.O. 05/01/98) - Título II - Capítulo II - De la etapa Prejudicial de Avenimiento - art. 88 y ccts.); que conforme emerge de lo peticionado por la actora en su escrito de demanda (pto. VIII - fs. 38vta.), ésta expresamente solicitó que la cuota alimentaria suple-mentaria en base a dicha normativa legal fuera fija desde la etapa de avenimiento, petición ella que no fuera expresamente negada por el demandado apelante en su contestación de demanda conforme emerge de los términos expuestos en el pto. II (fs. 65/67: que del análisis de las actas obrantes a fs. 10 se advierte una que en las distintas audiencias fijadas a los efectos de avenimiento son demostrativas de una actitud remisa del demandado, son todas razones por las cuales arribo a la convicción que los mismos tal cual dispone la jueza en el pto. IV (fs. 298) de su sentencia son debidos desde la fecha de avenimiento que emerge del acta nro. 3674 del 18/10/05 siendo razonable y ajustado a derecho los fundamentos explicitados por la senten-ciante.

En cuanto a los descuentos solicitados por el recurrente demandado, advierto que obran glosa-das a fs. 61/62 fotocopias certificadas por actuaría de recibos de pago agregadas por el demandado correspon-dientes a pagos efectuados a la actora, los cuales son expresamente reconocidos por la actora a fs. 106 como imputable a cuota alimentaria de los días 22/06, 24/07, 15/08, 18/09, 12/10 y 18/11 todos del año 2006 por un importe de trescientos pesos ($300). Asimismo, emerge de fs. 125 que la actora ha percibido por dicho concep-to: a) la suma de pesos mil doscientos ($1.200) confor-me confección de orden de pago nro. 242606 el día 15/02/08; b) la suma de pesos cuatrocientos ($400) (fs. 133), conforme orden de pago nro. 242511 del día 06/03/08.

Observo también que conforme emerge de la fotocopia de depósitos judiciales obrante a fs. 138/140, el demandado ha acompañado los mismos el día 27/03/08 imputándolo al mes de febrero del 2008 ascen-diendo a la suma de pesos ochocientos ($800), limitán-dose el juzgado, a fs. 141, a ordenar agregar el escrito y tenerlo presente sin hacerle saber dicha circunstancia a la parte actora. Igual situación -aunque con la diferencia que esta vez sí lo hizo saber el juzgado conforme decreto de fs. 265-, sucede con las copias de depósitos judiciales agregadas por el deman-dado a fs. 260/ 264 en escrito presentado el día 22/08/08 y pertenecientes a las cuotas de los meses de abril, mayo y junio por la suma de pesos ochocientos ($800) y a julio, agosto y septiembre por la suma de pesos cuatrocientos ($400).

Tales observaciones hacen que arribe a la conclusión que a lo decidido por la a-quo en el párrafo 2do. del pto.IV (fs. 298) deberá adicionarse que en la etapa de ejecución de sentencia dichos pagos han de ser deducidos teniendo en cuenta la fecha en que fueran cobrados o bien la que figura en el cargo puesto en el escrito en donde fueran imputados al cobro conforme la disquisición efectuada por la suscripta en el párrafo anterior.

b) Sobre el porcentaje sobre el cual se establecen las cuotas suplementarias con las cuales se atenderán los alimentos atrasados, considero que el agraviado no ha fundamentado ni mínimamente su disenso con lo decidido por la a-quo razón por la cual no he de expedirme sobre el mismo atento ser de aplicación lo prescripto por el art. 269 del CPCCCh.

c) En lo atinente a los intereses que deberán liquidarse, es entendimiento de la suscripta que la mora se produce por el solo vencimiento de los términos (art. 509 del Código Civil) y, en consecuencia, vencidos estos plazos en forma automática el deudor debe los intereses por aplicación de lo dispuesto en los arts. 508 y 622 del Código Civil, razón por la cual y con la salvedad a tener en cuenta de lo observado en el punto anterior los intereses determinados por la a-quo han de ser confirmados.

Por las consideraciones expuestas arribo a la convicción que deben rechazarse parcialmente los agravios expuestos por el apelante demandado fs. 313/315 y revocar parcialmente la sentencia de fs. 293/299 sólo en cuanto a los descuentos que deben hacerse en la etapa de ejecución conforme lo expuesto en el pto. I.D-a) párr. pertinente y I.D-e) párr. pertinente.

I.E) Ameritando los agravios de la parte apelante actora (fs. 321/324) que se basan en agraviar-se por lo decidido por la a-quo en cuanto hacer lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por la abuela de las menores:

a) la a-quo incurrió en una errónea apreciación de la prueba y b) existió una inequidad por interpreta-ción sistemática en contraposición a la interpretación integral al hacer lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta contra la abuela paterna de las menores.

Advirtiendo que la línea argumental expuesta por la apelante actora en ambos agravios tiene vinculación entre los mismos, he de tratar a éstos en forma conjunta.

Dentro del marco de análisis de la temática planteada por la apelante actora amerito que nuestro Código Civil trata la obligación alimentaria de los parientes en los arts. 367 y ss. El fundamento de dicha obligación está dado por el principio de solida-ridad familiar, a raíz del cual surge la necesidad de que aquellos individuos que están ligados por lazos de parentesco, de acuerdo con el orden de prelación impuesto por la misma norma, concurran a hacer posible el bien personal de los integrantes de la comunidad a la que pertenecen. El amparo de tal necesidad elemen-tal, que hace a la dignidad humana, da lugar a un personalísimo derecho a reclamar y un deber que cum-plir, que la ley ha contemplado expresamente.

Si bien es atendible que el art. 370 establece la obligatoriedad probatoria para el solici-tante de los alimentos, de que le faltan los medios para alimentarse y que no le es posible adquirirlos con su trabajo así como que el principio de subsidiariedad que emana del art. 367, la fijación de una cuota alimentaria inferior en su monto a la que se fijaría en cabeza de los progenitores como consecuencia de dicha subsidiariedad (art. 372 CC) y la exigencia del cumpli-miento previo de los requisitos establecidos en el art. 370 citado en el párrafo precedente, han sido recepta-dos invariablemente en forma estricta tanto por la doctrina como la jurisprudencia, con contadas excepcio-nes.

No menos cierto -y tal como se ha ex-puesto en Sent. Int. nro. 98 del 26/06/08 en el legajo de copias art. 250 C.Pr., expte. Nro. 16.843/008-, es que la tendencia actual interpretativa de dichas normativas legales es que la incorporación con raigam-bre constitucional de la Convención de los Derechos del Niño -art. 75, inc. 22, CN- y las previsiones en ella contenidas en sus arts. 3, inc. 1 y 27, desplazan automáticamente la operatividad del art. 367 del CC, el cual no es oponible al niño titular del derecho funda-mental y personalísimo que lo legitima a proponer directamente -no de modo sucesivo o subsidiario- la acción de alimentos contra sus abuelos, obligados sin más a su cumplimiento, una vez acreditados los requisi-tos de procedencia, ya que el rol de los abuelos se ha incrementado en los tiempos actuales hasta tal punto que en los hechos han reasumido funciones paternales y una presencia y relación con los nietos más intensa y continua que denotan razones sociológicas que sumadas a las propiamente jurídicas derivadas de los tratados internacionales con raigambre constitucional obligan a la revisión de los conceptos doctrinarios y jurispru-denciales antaño dominantes sobre la materia, ya que el art. 367 del C. Civil, no se halla en sintonía funcio-nal con los fines que, de manera imperativa y preferen-te, propicia la CDN, subrayando -entre otros fundamen-tos- la prelación de la CDN por sobre los preceptos del Código Civil, los derechos del niño y las garantías jurisdiccionales que los tutelan, el plexo normativo y el orden de los valores a tutelar y el interés superior del menor defendible sin quebrar la regla de la razona-bilidad mediante la evolución normativa debida a los tratados y la Constitución, compartiendo dichos funda-mentos entre otros María Josefa Méndez Costa en "Visión jurisprudencial de los alimentos", ed. Rubinzal-Culzoni pág. 277, afirmando Toribio Sosa en D.J. 2004-1-690 que podía sostenerse que "la de los abuelos y la de los padres eran obligaciones concurrentes en favor del niño".

Es por eso que frente a lo terminante del texto legal, de donde la aplicación del adagio "dura lex sed lex" podría llevarnos a la configuración de algo que "prima facie" se nos presenta como una solución injusta que no contempla el interés superior de las menores de la causa, en la satisfacción de sus derechos básicos asistenciales con la debida premura, obligándolas a un largo itinerario procesal que en definitiva termina postergando la satisfacción de tales derechos, cabe considerar la posibilidad de una excep-ción en la aplicación de la norma referida al caso particular basada en consideraciones de justicia, en el principio constitucional de supremacía (art. 31 CN) y en valoraciones jurídicas de fondo que permiten una interpretación favorable a la procedencia de la mencio-nada excepción. Entiendo que en el caso, el interés abstracto del Legislador debe ceder -como excepción- ante el interés concreto que se presenta ante los ojos del Juzgador. El Juez no puede cerrar los ojos ante esa realidad cuando la Convención Internacional de los Derechos del Niño le manda lo contrario, esto es por sobre el interés de los adultos priorizar el superior del niño (art. 3, inc. 1, CDN). Conforme lo indica la máxima "bene judicat quid bene distinguit", el Juez debe distinguir y considerar que si el fin tenido en miras por el legislador no se da en el supuesto bajo juzgamiento, la prohibición no rige para el caso, si viola un valor implícito en el ordenamiento superior del Estado, ya que como afirma BIDART CAMPOS "...el interés superior del niño es el techo que guía a toda la normativa de la Convención" ("Tratado Elemen-tal..EDIAR. Bs. As.)"; ídem. artículo titulado "¿Es subsidiaria la obligación alimentaria de los abuelos a favor de los nietos menores de edad?", publicado en Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurispruden-cia, libro nro. 38 "Derecho de Familia", subtítulo "Alimentos", edit. Lexis Nexis - Abeledo-Perrot, noviembre y diciembre del 2006, pág. 239, con cita nro. 25 del Dr. Gil Domínguez, Andrés - Famá, María V. S. - Herrera Marisa en "Derecho Constitucional de Familia", cit. T.II, p.976.

De las constancias de autos a saber: (fs. 156 y 204), informativa prestada por la Municipa-lidad de Comodoro Rivadavia - Dirección General de Ingresos Brutos (fs. 197/198), por la AFIP (fs. 206/212 - situación de la abuela) y AFIP (fs. 235/252 -perteneciente ante dicho organismo al padre-), los informes efectuados por el ETI en cuanto al padre (fs. 254/255vta.) y respecto de la madre (fs. 256/257vta.), emerge claramente que si bien la abuela paterna no se halla en perfecto estado de salud, goza de una muy buena posición económica, viviendo el padre de las menores en una casa cedida y actualmente en matrimonio con otra persona con la cual tiene una hija de cuatro (04) años y convive con otra menor que es hija extrama-trimonial de once (11) años, no siendo suficiente garantía para las menores sujetos de autos las inten-ciones de progreso que manifiesta su progenitor a fs. 255 que se limitan a una esperanza del mismo sin un asidero real, más aún teniendo en cuenta que conforme emerge de los organismos estatales precedentemente citados ha quedado acreditado su falta de estabilidad en los sucesivos empleos y en cuanto a la madre ha quedado acreditado que vive con sus padres y sus emolumentos no alcanzan para cubrir los gastos que las menores demandan.

Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, arribo a la convicción de que deben acogerse los agravios expuestos por la apelante actora a fs. 321/324, revocarse la sentencia de fs. 293/299 y, en consecuencia, no hacerse lugar a la excepción de falta de legitimación opuesta por la abuela de las menores. Ahora bien, la obligación de la abuela paterna nacerá en el supuesto de que el padre no cumpla con su obligación. Se mantendrá la prestación directa -que se cumple regularmente- de provisión de vestimenta (inf. social de fs. 258). Respecto a la condena por alimentos atrasados, estos deberán hacerse efectivos a partir de la primera intervención en autos de la Sra. P., es decir, desde el 10 de mayo de 2006 (fs. 25).

I.F) Siendo de aplicación el art. 282 del CPCCCh, se deben revocar las costas de primera instancia que serán impuestas, al igual que en esta instancia, al recurrente demandado vencido como a la excepcionante codemandada vencida (art. 69 CPCCCh). Ello es así, ya que además de tener presente que es de aplicación lo prescripto por el principio procesal objetivo de la derrota, considero que en casos como el de la naturaleza que se trata el presente, es entendi-miento jurisprudencial que comparto que: "Corresponde imponer las costas al alimentante, pues de lo contrario se desvirtuaría la naturaleza y alcance de la presta-ción, gravando cuotas cuya percepción íntegra se presume como una necesidad de subsistencia. La índole asistencial de la deuda acordada por los litigantes, inhibe de ser afectada por gastos originados ante la necesidad de compeler al progenitor a sufragar cargas básicas surgentes de la patria potestad, habida cuenta que debe permanecer incólume al prístino derecho alimentario en favor del hijo, permaneciendo ajeno a distraimientos por erogaciones que reconocen un obvio piso de marcha en el renuente comportamiento del padre. Ante la necesidad de prohijar la plenitud de alimentos para el menor, queda desplazada la operatividad de lo normado por el art. 73 del Cód. Proc. y es menester privilegiar la especificidad del tema asistencial que involucra al presente (arts. 31 Const. Nac., 265 y 267 Cód. Civil) (Pcia. De Buenos Aires, "A., R. c/ P., J. C. s/ Divorcio vincular" - CC0201 - LP - A 43034 RSI-7-94 I - 10-2-1994, mag. votantes: Sosa-Crespi: elDial - WB70C).

La regulación de los honorarios profe-sionales de la primera instancia se confirma, la de ésta será diferida para el momento del acuerdo, debien-do tenerse presente el trabajo desarrollado y el éxito obtenido, todo de acuerdo a las pautas establecidas en lay XIII-4-DJ (arts. 5, 6, 8, 13 y ccdtes.).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo, para el caso de coincidir la distinguida colega, la siguiente fórmula:

1)Rechazar parcialmente los agravios expuestos por el apelante demandado a fs. 313/315 y revocar parcialmente la sentencia de fs. 293/299 sólo en cuanto a los descuentos que deben hacerse en la etapa de ejecución conforme lo expuesto en el pto. I.D-a) párr. pertinente y I.D-e) párr. atinente.

2) Acoger los agravios expuestos por la apelante actora fs. 321/324.

3) Revocar el punto 1 de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 293/299 y, en conse-cuencia, no hacer lugar a la excepción de falta de legitimación opuesta por la abuela de las menores.

4) Ordenar que de no cumplir el progeni-tor, Sr. M. D. R., con la condena, ya sea total o parcialmente y acreditado en forma fehaciente el supuesto, la obligación pesará sobre la abuela paterna, Sra. I. M. P. de R., sin necesidad de recurrir a otro trámite y en este mismo expediente en la etapa de ejecución, conforme lo señalado en los considerandos respectivos.

5) Revocar las costas de primera instan-cia, que serán impuestas, al igual que en esta instan-cia, a los demandados vencidos (arts. 69 y 282 del actual Digesto).

6) Regular los honorarios en la forma propuesta.

7) Tener presente la reserva del caso federal interpuesta por el codemandado M. D. R. a fs. 315.

A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El contenido de la sentencia de primera instancia, los datos de interposición y conce-sión de los recursos interpuestos y el contenido de los agravios han sido reseñados en el voto que antecede, de modo que a tales constancias me remito a fin de evitar repeticiones estériles.

Previo a toda consideración he de realizar una breve reseña de la plataforma fáctica de este proceso:

a) El reclamo: La aquí actora y el demandado son padres de dos niñas S.B.R., nacida el 25 de octubre de 1997 e I.V.R., nacida el 9 de abril de 2002; ambos progenitores contrajeron matrimonio el 25 de marzo de 2002 y se encuentran separados de hecho desde el mes de febrero de 2003 (aproximadamente).

La madre de la niñas en representación de éstas promovió demanda de alimentos contra el padre, "en su carácter de obligado principal" y contra la abuela paterna, "en su carácter de obligada subsidia-ria" solicitando se fijen alimentos en un porcentaje equivalente al 30% de los haberes que por todo concepto perciben los demandados con más las asignaciones familiares que en ningún caso puede ser inferior a la suma de pesos un mil.

El padre, al contestar la demanda, sostuvo que desde el nacimiento de sus hijas ha cumpli-do con los deberes inherentes a la patria potestad y ha velado por su desarrollo. Considera que ello surge de la documental que se adjunta, "principalmente" de los recibos firmados por la propia reclamante. Es decir de los nueve recibos por la suma de pesos 300 cada uno anejados a la contestación de la demandada correspon-dientes a los meses de junio a noviembre inclusive del año 2006. Agrega, además, que a la fecha se encuentra desocupado.

La abuela paterna sostiene que la acción simultánea entablada es francamente improcedente por carecer de legitimación la actora y por no estar debidamente acreditados los incumplimientos del padre de las niñas. b) La sentencia de primera instancia hizo lugar a la defensa interpuesta por la abuela paterna y condenó exclusivamente al padre. Fijó la cuota en un 30% de las sumas que éste perciba con más las asignaciones familiares, agregando que en ningún supuesto podría ser inferior a la suma de pesos sete-cientos.

3. En este contexto fáctico procesal he de analizar en primer lugar la queja del demandado que versa sobre los alimentos atrasados (fecha de inicio del cómputo y porcentajes) e intereses.

La fecha establecida por la jueza de grado para el cálculo de los alimentos atrasados es ajustada a derecho. Es que la instancia de avenimiento es obligatoria y por lo tanto marca el comienzo del reclamo alimentario. Por lo demás frente a la celebra-ción de tres audiencias de avenimiento la opción ejercida por la jueza encuadra dentro de los márgenes de razonabilidad y prudencia, sin aniquilar el interés superior de las niñas involucrado en el presente proceso. Ergo las quejas expresadas no pueden prospe-rar.

Por supuesto, los pagos comprobados a los que más adelante me referiré y que fueran puntual-mente detallados por la primera votante deben ser descontados en la etapa procesal oportuna.

El segundo fundamento referido a los porcentajes de cálculo no alcanza a constituir una crítica concreta y razonada de lo resuelto. Se ha limitado el recurrente a expresar consideraciones genéricas que impiden tener por cumplida la carga procesal impuesta por la ley de rito.

En cuanto a los intereses, la observa-ción es idéntica a la anterior. A todo evento se señala que los intereses devengados reconocen como fuente la mora y no se relacionan con el quantum de la cuota.

Por los motivos expresados adhiero al rechazo del recurso del demandado que ha sido propuesto por quien me precede en la votación.

4. El recurso de la actora se refiere exclusivamente al acogimiento de la excepción de falta de legitimación de la abuela paterna y tiene sustento en dos extremos: la errónea apreciación de la prueba y la falta de una interpretación integral de la cuestión alimentaria.

Los ejes de la apelación nos obligan a un análisis puntual de los hechos probados de la causa relevantes en orden a la delicada cuestión que nos ocupa: el conflicto entre los intereses de la abuela paterna y los derechos de las niñas reclamantes.

- Las necesidades de las niñas.

Las niñas que reclaman alimentos tienen a la fecha de este fallo 12 y 9 años; por supuesto no deben acreditar sus necesidades porque éstas se presu-men.

El informe social de fs. 256/257 -del 15 de agosto de 2008-, describe cómo algunas de estas necesidades son cubiertas y también señala que otras no se cubren.

Respecto del elemental rubro habitación, se informa que desde la separación de sus padres, las niñas viven con madre en la casa de los abuelos mater-nos. El grupo familiar conviviente se integra no sólo con la pareja de abuelos de 64 y 65 años sino también con un tío materno de 26 años -empleado-. La vivienda es un departamento situado en un "Monoblock" y tiene "comodidades limitadas para albergar los componentes de la familia" -informe socio ambiental de fs. 256/257-.

No hay informe respecto al tipo de educación obligatoria que reciben las niñas, pero se informan gastos relacionados con ésta. Así se dice que los gastos de transporte escolar ascienden a $220, que ocasionalmente se toman clases de apoyo con un monto de $20 la hora.

Se deja constancia que se registran limitaciones para afrontar los gastos de manutención y también para favorecer a las niñas en el aprendizaje de otras habilidades como danzas, computación o idioma inglés que tienen un costo de aproximadamente $80 por mes cada una.

En cuanto al cuidado de las niñas, se deja constancia que la abuela materna, debido al extenso horario de trabajo de la madre de las niñas, se hace cargo del cuidado de éstas -informe citado-.

- Los ingresos de los progenitores. La madre se desempeña desde el mes de noviembre de 2005 como moza en una confitería local, y percibe un salario neto de $1823,34 -mes de julio de 2008 conforme informe de fs. 266-, más salario familiar por hijas que percibe por asignación directa en la Delegación local de ANSES ($150 por cada niña).

Por su parte, la historia laboral del padre acreditada ante el organismo fiscal, demuestra no sólo que ha realizado una variada actividad laboral, como sostiene la jueza, sino fundamentalmente que en la mayoría de las empresas para las cuales ha laborado no ha mantenido el empleo por más de cuatro meses. Se han registrado solo dos relaciones laborales que superan esta pauta temporal: con J. A. M., 21 meses -243/245- y D. F. S. SRL, 6 meses, las que se corresponden a los períodos 7/2001 a 3/2003 y 5/2004 a 10/2004 respectiva-mente; los restantes registros encuadran en la pauta señalada. Así, en J. I. S.R.L., y en A. A. S.A. la relación registrada duró dos meses -fs. 235 y 237, en M. S., cuatro meses -fs. 238-, en T. S.A., tres meses fs. 239; con M: D. F., dos meses -fs. 240-; en El J., un mes -fs. 242-; en P. I., tres meses, con un reingre-so que duró un mes -fs 247 y 250- en M. S.A., cuatro meses -fs. 249-, con J. C., tres meses -fs. 251-. La última relación registrada demuestra, además, que la afirmación de la jueza respecto al desempeño laboral desde el mes de enero a la fecha de la sentencia contradice las constancias de autos. En efecto, el organismo fiscal informa como último regis-tro el correspondiente a los períodos 1, 2 y 3 del 2008; por lo demás existe prueba que confirma dicho extremo. Concretamente, el informe del Equipo Técnico que data del mes de agosto de 2008, da cuenta de que el Sr. R. realiza tareas como chofer en una empresa de R. percibiendo un salario diario de pesos cuarenta. Agrego que el empleador J. C., titular del la clave única de identificación tributaria 20-1712996-1, conforme información pública que obra en la página digital del organismo fiscal realiza como actividad económica principal la identificada como 523510 y como secundaria la correspondiente al 741402. La primera, conforme el Nomenclador de Actividades de la AFIP (Formulario 150) se corresponde con la venta al por menor de muebles excepto de oficina, la industria, el comercio y los servicios, artículos de mimbre y corcho; la segunda a los servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizado por integrantes de cuerpos de dirección y gestión empresarial en sociedades, excepto las anónimas. Es decir, ninguna de las actividades económicas registradas de este empleador se correspon-den con el servicio de chofer de remises que declara el demandado realizar en el mes de agosto de 2008.

Agrego además que se ha acreditado que el Sr. R. no posee bienes muebles o inmuebles registra-bles.

- Los recursos de la abuela paterna.

De la situación económica de la abuela paterna se ha acreditado que es jubilada y que además realiza actividad comercial; concretamente "venta al por menor de indumentaria para bebes y niños" -informe de la AFIP de fs. 206-; que posee bienes registrales dos inmuebles y un automotor.

La abuela paterna, en ningún momento sostuvo que no se encontraba en condiciones económicas de afrontar la obligación alimentaria; sólo alegó que no estaba acreditado el incumplimiento del padre y que ella no era la persona obligada a prestar alimentos y que además estaba enferma de cáncer, extremo este último probado -ver entre otras informe de la obra social Osde-Binario de fs. 204-.

La entrevista social con la abuela paterna permite corroborar su estado de salud y además que en el último tiempo ha logrado mejorar la comunica-ción con las niñas y que con "el contacto actual. tiene conocimiento de las necesidades de sus nietas y les provee indumentaria para las temporadas de invierno y de verano sin restricciones. que es lo que puede cumplir, aclarando que es la figura paterna quien tiene más responsabilidad en el deber alimentario" -fs. 258-.- El cumplimiento de la obligación alimentaria por parte del padre.

El padre de las niñas no acreditó haber cumplido con el deber alimentario a su cargo en forma regular como adujo al contestar la demanda.

El primer reclamo por alimentos data del mes de abril de 2003 -fs. 6- y no se llegó a un acuerdo respecto al régimen de asistencia alimentaria de las niñas. El padre adujo que se encontraba sin trabajo y se limitó a entregar la suma de pesos ciento cincuenta en ese acto.

El siguiente reclamo data del mes de octubre de 2005 y no se llegó a un acuerdo por incompa-recencia del padre de las niñas.

La tercera audiencia de avenimiento se celebró en el mes de mayo del año 2006, en ese reclamo se incorporó a la abuela paterna, la madre solicitó una cuota de cuatrocientos pesos, en efectivo, y no hubo acuerdo. Sí se acordó que la abuela paterna cubriría en forma directa la vestimenta de las niñas.

Desde el mes siguiente al de esta audien-cia -junio de 2006- y hasta el mes de noviembre de 2006 el demandado acreditó haber pagado la suma de pesos trescientos, en forma mensual en concepto de alimentos a la madre de las niñas.

En el mes de octubre de 2007, se inicia esta demanda por alimentos y se fijan alimentos provi-sorios. El primer depósito por este concepto fue efectuado el día 16 de noviembre de 2007 aunque el comprobante fue acompañado al expediente recién el 4 de diciembre de ese año mediante un escrito que no fue proveído por carecer de la firma del presentante. En definitiva, la actora retiró la suma depositada en el mes de febrero de 2008 -fs. 114/116 y 124/125-. A partir de esa fecha el pago de la suma fijada en concepto de alimentos provisorios ha sido regular.

Incluso, en la entrevista con el equipo técnico ha reconocido que la suma es insuficiente, no obstante ello agregó que "a la fecha por el tipo de trabajo que realiza, no se encuentra en condiciones de comprometerse a aportar una suma superior" -fs. 255-.

Los hechos descriptos y probados de la causa demuestran que asiste razón a la recurrente cuando sostiene que ha existido una errónea apreciación de la prueba y una ausencia de interpretación integral del deber alimentario de los abuelos y los derechos de las niñas que han reclamado alimentos.

4. La situación fáctica precedentemente descripta nos permite arribar a una serie de conclusio-nes:

- La madre de las niñas se ha hecho cargo exclusivamente de sus hijas desde la ruptura de la relación -mes de febrero de 2003 hasta el mes de junio de 2006 que el padre de las niñas ha comenzado a aportar trescientos pesos primero y luego cuatrocientos pesos mensuales.

Ha acreditado una relación laboral estable y registrada desde el año 2005. - Los abuelos maternos de las niñas han cumplido un rol fundamental en cuanto a la contención de sus nietas; ello desde que se ha probado que a partir de la ruptura conyugal, las niñas y la madre se fueron a vivir con ellos. Es decir han proporcionado y proporcionan vivienda y también se han hecho y se hacen cargo del cuidado cotidiano de las niñas durante la jornada laboral de la madre. Huelga recordar que dichas prestaciones integran el contenido de la obligación alimentaria.

- La historia laboral del padre demues-tra que ha trabajado esporádicamente como resulta del puntual detalle ya efectuado. Incluso del informe de organismo fiscal surge que en el lapso comprendido desde la última audiencia de avenimiento -mayo de 2007- y hasta el mes de mayo de 2008, únicamente en 5 perío-dos mensuales tuvo una relación laboral registrada y con dos empleadores. Estos extremos -cambios constantes de trabajo y corta duración de la relación laboral- y la carencia de bienes registrables demuestran la existen-cia de serios impedimentos en orden a la posibilidad concreta de cobrar los alimentos fijados al padre.

El obligado al pago afirma que no puede aportar más; de modo que ante la inexistencia de una relación laboral registrada que impide hacer efectiva la orden de retener el 30% de los haberes y de bienes a ejecutar; no se advierte cómo las niñas harán efectivo su derecho a percibir la diferencia entre los pesos cuatrocientos que hoy se paga el padre y los setecien-tos fijados como mínimo legal. Por ello la solución consagrada no es oportuna y comprometida con el resul-tado.

Se avizora, en este contexto que el padre demandado continuará cumpliendo parcialmente, ya que por los motivos explicitados no se encuentra en una posición económica que le permita hacer frente de manera integral a las necesidades de sus hijas.

Es razonable, entonces, presumir que las necesidades de las niñas continuarán pesando exclusiva-mente sobre la madre y los abuelos maternos y no serán satisfechas integralmente.

En consecuencia, y dado que se debe procurar y garantizar, dentro de lo posible, el derecho de las niñas a gozar de un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual y moral, corresponde revocar la sentencia en cuanto ha sido materia de apelación. El interés superior de las niñas, principio supranacional, así lo impone.

No es dable dejar insatisfechas las necesidades elementales de las niñas si la situación económica de la abuela paterna permite su íntegra satisfacción. Y ello aun cuando la madre de las niñas y los abuelos maternos aporten lo que corresponde para su manutención dado que no es suficiente para darle a las niñas un adecuado nivel de vida (cf. María Victoria Famá y Marisa Herrera, "La obligación alimentaria de los abuelos de hoy", elDial DCF9D).

Huelga recordar que el fundamento de la prestación alimentaria, en el marco de las relaciones de familia, debe buscarse en términos de solidaridad humana y, más precisamente, en la necesidad de que todos quienes están ligados por lazos de sangre concu-rran a hacer posible el bien personal de los integran-tes de la comunidad familiar. El amparo de tal necesi-dad elemental, que hace a la dignidad humana, da lugar a un personalísimo derecho a reclamar y un deber que cumplir que tiene sustento en previsiones contenidas en normas preeminentes de nuestro ordenamiento ya citadas en el voto precedente.

Por las razones expuestas adhiero a la solución propuesta por la colega preopinante respecto a la inclusión de la abuela paterna como obligada a pasar alimentos con los alcances que se han reseñado en su voto. Es decir, de no cumplir el padre de las niñas con la condena, ya sea en forma total o parcial y acredita-do fehacientemente el supuesto, sin que sea preciso recurrir a otro de trámite y directamente en estas actuaciones en etapa de ejecución, la obligación pesará sobre la abuela paterna. Si su hijo abona la pensión a favor de las niñas, permanecerá ajena a los alcances de este pronunciamiento.

Todo ello con la salvedad que no deberá la abuela hacerse cargo de los alimentos atrasados desde la fecha del avenimiento puesto que no ha parti-cipado en la audiencia del 18 de octubre de 2005, sino recién en la tercera audiencia del diez de mayo de 2006.

Aclaro, por último, que la mención de la parte actora expresada en el capítulo IV respecto al monto de la cuota -no inferior a un mil pesos- no tiene entidad de agravio puesto que es una expresión aislada y no una crítica concreta y razonada al monto de pesos setecientos fijados por la jueza de grado.

5. La decisión que proponemos tiene incidencia directa, como ha señalado la colega preopi-nante en las costas impuestas en la instancia de grado, las que se revocan. Se mantienen los honorarios regula-dos en la instancia de grado.

Las costas de ambas instancias se imponen a los demandados vencidos por aplicación del principio específico que rige en los procesos de alimentos e incluso por el resultado obtenido.

6. Los honorarios de esta instancia se fijan de conformidad con las pautas generales conteni-das en el artículo 5 de la ley arancelaria vigente y por aplicación de la escala específica contenida en el artículo 13 de este ordenamiento.

Con base en tales premisas legales propongo se cuantifiquen los horarios de la Dra. A. S. P. en la suma de pesos trescientos noventa; de las Dras. L. J. de M. y A. C. R., en forma conjunta, en la suma de pesos trescientos cuarenta y de las Dras. X. P., I. B. P. y M. E., en forma conjunta, en la suma de pesos doscientos cincuenta. En todos los supuestos con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Por los fundamentos expresados, adhiero la decisión que propone la colega preopinante.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar parcialmente los agravios expuestos por el apelante demandado a fs. 313/315 y revocar parcialmente la sentencia de fs. 293/299 sólo en cuanto a los descuentos que deben hacerse en la etapa de ejecución conforme lo expuesto en el pto. I.D-a) párr. pertinente y I.D-e) párr. atinente, del voto de la Dra. Nélida Susana Melero.

2) Acoger los agravios expuestos por la apelante actora fs. 321/324.

3) Revocar el punto 1 de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 293/299 y, en conse-cuencia, no hacer lugar a la excepción de falta de legitimación opuesta por la abuela de las menores.

4) Ordenar que de no cumplir el progeni-tor, Sr. M. D. R., con la condena, ya sea total o parcialmente y acreditado en forma fehaciente el supuesto, la obligación pesará sobre la abuela paterna, Sra. I. M. P. de R., sin necesidad de recurrir a otro trámite y en este mismo expediente en la etapa de ejecución, conforme lo señalado en los considerandos respectivos.

5) Revocar las costas de primera instan-cia, que serán impuestas, al igual que en esta instan-cia, a los demandados vencidos.

6) Regular los honorarios de la alzada de la Dra. A. S. P. en la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA ($390), de las Dras. L. J. de M. y A. C. R., en forma conjunta, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA ($340) y de las Dras. X. P., I. B. P. y M. E., en forma conjunta, en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250); en todos los supuestos con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

7) Tener presente la reserva del caso federal interpuesta por el codemandado M. D. R. a fs. 315.

8) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y concordar en la solución del caso (Ley V-17 DJ y art. 274 CPCCCh).

REGISTRADA BAJO EL nro. 10 DEL AÑO 2009 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "F