marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCÍA, OSCAR ALFREDO; BANEGA,  MARIO CÉSAR; TORRES, DIEGO Y OTROS s/ recurso de casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-05-26

El tribunal de juicio tiene entre sus atribuciones discrecionales atribuir veracidad a una u otra declaración, pero en modo alguno está eximido de razonar conglobando todos y cada uno de los elementos que integran el plexo probatorio, pues si esto último ocurre se configura un vicio sustancial de la sentencia que acarrea su nulidad.

En otras palabras, no basta con elegir una de las versiones que emergen de la evidencia colectada, sino que debe exponerse concretamente el motivo por el que es esa versión y no otra la que se compadece con la verdad de lo acontecido.

El mencionado vicio de motivación también se verifica si, pese a las notables referencias que la causa tiene acerca de la alteración sufrida en la escena del crimen antes de que se efectuaran las determinaciones criminalísticas de rigor, se insiste en establecer con certeza, a partir de ese relevamiento policial, el modo exacto en que ocurrió el hecho.

Tomando como base la endeble prueba de las verificaciones policiales totalmente dubitables, en razón de la distorsión de las huellas del hecho que se acepta en el voto de mayoría, no puede de un modo razonable aspirarse a fundar una categórica afirmación acerca de una circunstancia idónea para desincriminar al acusado, cual es que la lesión letal tuvo lugar fuera de la vivienda.

No es una vía argumental aceptable para afirmar que uno de los imputados no fue causante de la muerte, la que se emplea partiendo de la consideración de su conducta posterior, cuando se destaca que en todo momento se mostró preocupado y requirió el auxilio necesario, pues éstas también son actitudes lógicas en quien inmediatamente después de un hecho de sangre reflexiona respecto de las consecuencias que puede traerle, máxime si se desempeña como integrante de las fuerzas de seguridad.
Excepciones procesales, defecto legal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: GODOY, JUSTA CATALINA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

La excepción de defecto legal establecida en el art.

347, inc. 5, del C.P.C.C. guarda estrecha relación con el art. 330 del aludido cuerpo normativo. Se vincula con el art. 18 de la Constitución Nacional, ya que es necesario que el demandado sepa por que se lo demanda y que ese lo que se demanda. Al respecto, ha dicho la doctrina que "la excepción de defecto legal desempeña la doble función de oponerse al oscuro libelo y de impedir el progreso de una acción que no está fácticamente configurada como corresponde" (cfr. Alvarez Juliá, Neuss, Germán y Wagner, Horacio en "Elementos de derecho procesal", págs.

158/159). (Del voto del Dr. Wassner).
Usos y costumbres, contratos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galeppi, Miguel Angel c/ Fernández, Longo y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Con relación a los usos y costumbres, su valor se encuentra determinado por el Cap. V del Título Preliminar del Código de Comercio, resultando inaplicables en el supuesto en que no se ha probado el contrato alegado.
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: A., N. B. c/ A. S.A. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-24

La calidad de vencedor y vencido que las partes presentan mutuamente, y la diferencia existente entre el progreso y el rechazo de la demanda, determina en materia de regulación de honorarios la aplicación de la doctrina sentada por el S.T.J. en la causa "C., R. J. c/ O., C. A. s/laboral", lo que conlleva a una doble regulación.
Proceso penal, legitimación activa, archivo del expediente
Materia: PENAL
Carátula: F.J.- J. de F.A. s/ SUS MUERTES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-04

Surge con meridiana claridad de las constancias de la causa la falta de derecho del apelante para actuar como tal, toda vez que si bien la Ley Procesal otorga la posibilidad de cuestionar autos como el de archivo a quienes aparezcan como damnificados o víctimas, lo es a través de su legitimación. -art. 115 bis, inciso 6º, Ley 8958/95-. Circunstancia que en el caso no ocurrió con la relación de hijo de las víctimas aducida por el apelante, para, si acaso, poder considererárselo damnificado. Hecho que por otra parte sólo puede ser viable bajo el prisma de la normativa del art. 213 del C.P.P.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ojeda, Carlos Daniel s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación de los arts. 80 inc. 2º, 79 del Código Penal y 286 del Código de Procedimiento Penal al encuadrarse el hecho como homicidio agravado por alevosía por no haberse acreditado el elemento subjetivo requerido, si el recurrente no evidencia vicio lógico alguno en el razonamiento del tribunal que implique la transgresión del art. 286 del Código de Procedimiento Penal que alega, ni que tal elemento subjetivo -contrariamente a lo resuelto por la Cámara- exija "premeditación".
Bienes inmuebles, limitación a la libre disponibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Guardia, David Humberto R. c/ Montaña, Alejandro Washington. s/ Interdicto de recobrar.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-28

A partir de la interpretación de los efectos que tiene la ley Nº 5287 sobre los inmuebles sometidos al régimen del Lote Hogar, se debe tener en cuenta que no existe la posibilidad de transferencia de la titularidad sin la intervención del órgano estatal, además "queda prohibida la radicación temporaria o definitiva de familias o personas ajenas al grupo familiar" como lo estatuye el art. 11 de la ley 5287.
Empleados públicos, sumario administrativo, falta de prestación de servicios, salarios caídos, pago de la remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Baya Simpson, Enrique s/ haberes legítimo abono.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Procede el pago de los salarios dejados de percibir durante la tramitación de un sumario administrativo si de éste surge la aplicación de una medida no expulsiva, con fundamento en el hecho de que la falta de prestación de servicios no resultó imputable al agente.
Acción de amparo, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Ambrosetti, Alicia María. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-19

La concesión de la suspensión de la ejecución de un acto administrativo se encuentra condicionada a la inexistencia de grave perjuicio para el interés público. (Del voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín).
Pena, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: I., Antonio Isidoro s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-30

Corresponde anular la unificación de la pena fijada en la presente causa con la anteriormente dictada por la justicia provincial (del voto de la Dra. Ledesma)
Poder de policía, medicamentos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Labinca S.A. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 11.405
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

La Legislatura provincial, al dictar la ley 11.405, ha regulado sobre una materia -policía de salubridad- que corresponde a su competencia constitucional, sin invadir la del Congreso nacional (arts. 75 -esp. inc. 18 y 32-, 5, 31, 121, 125 y 126, Const.

nacional), por lo que no se configura infracción al art. 1º de la Constitución local.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: INDA Bernardo s/ ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

El principio de categoría constitucional de que debe existir correlación entre la acusación y la sentencia, fija el alcance del fallo penal, que debe corresponderse con todas las circunstancias y elementos del hecho descripto en la acusación.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: VAZQUEZ, LUIS ELVIO c/ RETA DE URQUIZA, JORGE PASCUAL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-05-23

Sin perjuicio de la validez probatoria que como instrumento público goza el acta de la Dirección Provincial del Trabajo, su eficacia para demostrar plenamente la relación laboral cuestionada queda reducida a un mero indicio, habida cuenta de la vaguedad descriptiva de la actividad laboral atribuida al actor en la misma: la relación de parentesco entre el trabajador constatado y el capataz del establecimiento, firmante también del acta -hermanos- y además una declaración testimonial que arroja serias dudas sobre la acción que estaba desarrollando.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, indicación de la causa, jugador de fútbol, pase a préstamo, reconocimiento de las obligaciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: CLUB  ATLETICO  ALL BOYS s/ CONCURSO  PREV. S/ INC. DE REV. PORCARLES, HUMBERTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-07

Resulta improcedente que el revisante se oponga a que ciertos convenios anejados sean calificados como de cesion de derechos federativos y no, de reconocimiento de deuda cuando, -como en el caso-, se verifica que de aquellos surge: a) que el pretensor cede en forma definitiva el pase de determinado jugador a favor de un club de futbol, toda vez que aquello que el accionante se obligó a transferir fue el "pase" de los jugadores individualizados en cada convenio, concepto enraizado en el ámbito deportivo, que sintetiza la federación o registro del deportista -en la especie- en la AFA, a favor de uno de los clubes que la integran: y b) un "reconocimiento" al reclamante del 70% de la transferencia de los derechos federativos, en caso de transferencia definitiva o préstamo de los jugadores involucrados a un club afiliado a la FIFA, puesto que el mentado reconocimiento constituye la retribución o contraprestación que el club concursado se obligó a entregar al pretensor por lo recibido: el pase. De modo, que no existe ni siquiera indicio que permita considerar que los documentos son reconocimientos de deuda y no cesión de los derechos que emanan del registro de los jugadores en la AFA. A mas cabe precisar, que el art. 89-a) del estatuto de la asociación del futbol argentino, de acuerdo con lo prescripto por el art. 17 del reglamento de la FIFA "prohíbe" expresamente la intervención de agentes o intermediarios en la transferencia de jugadores, sancionando con nulidad toda situación contractual que este en contra de su preceptiva. De tal manera, el incumplimiento que de ambas disposiciones se ha materializado en los convenios acompañados determinan su nulidad, en orden a lo dispuesto por el Cod. Civil art. 18, 1044 y concs.
Responsabilidad del Estado, recurso de apelación (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: D.S.P., I. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-12-14

No adscribo a las tesis que conducen a sostener un "gobierno de los jueces", de ningún modo.- Sólo expongo en el actual desarrollo del Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Administrativo y Procesal Administrativo, es impensable admitir que las condenas judiciales firmes a los Estados sean soslayadas.- El Estado debe actuar dentro del orden jurídico para satisfacer el interés público, y el acatamiento de las mandas judiciales no importa sino la sujeción a ese orden.
Contratos, resoluciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COOL RAFAEL D.R. c/ ERNESTO ESCOLASTICO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-08

La resolución del contrato por incumplimiento sólo puede dar origen a la restitución de lo percibido mutuamente con más indemnización de daños, pero no en principio la duplicación de la seña que es hipótesis de arrepentimiento. De allí que al no haberse establecido, entre las partes el derecho de arrepentimiento que confiere el art. 1202 del C.Civil, no es procedente la pretensión restitutoria con otro tanto del valor entregado.
Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia, recurso de revisión (procesal), cosa juzgada, medida de no innovar, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: SARNO, Asunción c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

La C.N.A.S.S. es incompetente para entender en la acción de revisión de cosa juzgada (en el caso sentencia de la C.N.A.T.) y medidas de no innovar, toda vez que de lo contrario, supondría juzgar acerca del contenido y alcance de una decisión de un órgano judicial de idéntica jerarquía.
Carga de la prueba, hecho negativo
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ, PEDRO c/ GOMEZ, LUISA s/ NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-01

La existencia de títulos de estado contradictorios afecta las reglas clásicas del onus probandi, por cuanto se intenta demostrar la "no maternidad" de cualquiera de las madres indicadas en dichos instrumentos. Es así que, la presencia de intereses superiores en la acción de desplazamiento filiatorio y la prueba de un hecho negativo refuerza el deber de colaboración de los interesados en el proceso, imponiéndose la carga dinámica de la prueba.
Prisión preventiva, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: S., J.C. s/ Incidente de Ejecución de Pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-25

Es la situación de encarcelamiento preventivo sin sentencia firme por un lapso prolongado, más de dos años, según la ley, a la que deben aplicársele los efectos de la Ley 24.390 y la modificación del art.

24 del C. Penal, independientemente de que la situación procesal actual sea la del condenado con sentencia firme o la del condenado por sentencia definitiva no firme, o la del procesado sin condena.
Medidas cautelares, presupuesto nacional, Universidad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: U.B.A. c/ Poder Ejecutivo Nacional -Dto. 290/95 s/ proceso de conocimiento -Incidente MEP.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

Debe confirmarse la medida cautelar peticionada por la Universidad de Buenos Aires, haciendo saber al Poder Ejecutivo Nacional (Min. de Cultura y Educación) que debía abstenerse de aplicar o de impulsar la ejecución del decreto 290/95 y de la resolución (M.C. y E.) nº 1558/95, no pudiendo reducir las partidas presupuestarias asignadas por la ley a la Universidad de Bs.As. hasta que se dictara sentencia en la causa. (El Presidente de la Nación, por el decreto 290/95, dictado en Acuerdo General de Ministros y con invocación de lo establecido en el inc. 3º del art. 99 de la C.N., a la par de disminuir -en los porcentajes indicados - las retribuciones del personal del sector público nacional a partir de la liquidación del mes de marzo de 1995 -estableciendo que los ahorros generados por la medida debían ser transferidos al Tesoro Nacional -, dispuso reducir en un dos por ciento (2%) el importe del crédito vigente de la partida principal -Transferencias a universidades nacionales, del Ministerio de Cultura y Educación-, facultando a éste a modificar los montos de la planilla de distribución aprobada por el art. 18 de la ley 24.447 (de presupuesto general para el ejercicio 1995)- facultad que el Ministro ejerció por la cuestionada resolución 1558/95-, estableciendo que las universidades nacionales, hasta alcanzar el importe resultante de la reducción dispuesta, debían disminuir las retribuciones del personal de ellas dependientes a partir de la liquidación de haberes del mes de marzo de 1995.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Magniello, Luis Angel c/ Crespo, Ilda s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-10

La excepción de inhabilidad de título debe ser desestimada cuando no se ha negado expresamente la duda; en consecuencia, con mayor razón cuando se la ha admitido y se alega su pago.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, segunda instancia, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Giampaolo, Pablo Martín c/ Edificio El Águila  Consorcio de Propiedad Horizontal Sistemas Rubio SCA s/ usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-04-05

A diferencia de la interrupción, la suspensión del plazo de la caducidad invalida solamente en la computación el tiempo que dura la causa suspensiva, por ende, cesada ésta, la caducidad continúa y el tiempo anterior transcurrido se agrega al posterior a la cesación.
Beneficio de litigar sin gastos, costas al vencido, derecho fijo, gratuidad del procedimiento
Materia: LABORAL
Carátula: CHAVEZ, JULIO c/ SARMIENTO 1499 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-15

El derecho fijo previsto por el art. 51 inc. d) de la ley 23187 integra el concepto de costas judiciales y el trabajador sólo se exime de su pago -cuando es condenado en los términos del art. 68 CPCCN- si obtiene la posibilidad de litigar gastos. Ello demuestra que la excepción se ciñe al instituto legislado en el Código Procesal.
Aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Paolo, Ubaldo Domingo Agustín c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18

En caso de duda debe preferirse la interpretación más favorable al trabajador, conforme el principio hermenéutico de jerarquía constitucional incorporado en el artículo 39 inc. 3 de la Carta Magna Provincial. (Minoría u opinión personal)
Regímenes jubilatorios especiales, abogados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Prando de Quitegui, Susana M. y otros c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

La ausencia de aportes no puede invalidar el desempeño de la actividad, ni la mora en el pago tiene por consecuencia privar al afiliado renuente de sus derechos de forma tal que, probado el ejercicio profesional por otros medios, nada obsta a que el pago de los aportes correspondientes se efectúe con posterioridad.
Estupefacientes, medidas de seguridad educativas, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TORANZA, Luis A. s/ infr. ley 23737 Causa nro. 25.669
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-24

El artículo 21 de la ley 23737 ofrece la posibilidad de realización de un tratamiento orientador a todos aquellos -ora recién iniciados, ora usuarios experimentados- que no necesitan ser curados sino educados al respecto. De no interpretarse de tal modo, es decir entendiendo que el artículo 21 sólo apunta a los principiantes, quedaría una franja intermedia entre éstos y los dependientes sin posibilidad de tratamiento. No proporcionar medida educativa a quien usa, pero aún no depende, implica la posibilidad cierta de que en el futuro sea un adicto. Justamente ello es lo que el legislador no quiso.
Querella, funcionarios públicos, interés concreto, exención de tasa de justicia, gastos del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruggero Alejandro c/ Néstor  Peñar s/ Promueve Querella por Injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-03-24

El beneficio de gratuidad procesal consagrado constitucionalmente a "...Todo funcionario público o empleado de la administración a quien se le imputen delitos cometidos en el desempeño de sus funciones ..." (Art. 35 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz), se limita en sus alcances a los gastos procesales para litigar, como sellados de actuación, impuestos judiciales; es decir, los gastos procesales derivados del inicio y tramitación del respectivo proceso hasta el dictado de la respectivas sentencia. No incluye a las "costas judiciales" de naturaleza exclusivamente procesal y el depósito judicial de casación.
Contrato de obra pública, contratista, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONFANTI DI BIASIO SC -ENRIETO EC- c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 247-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-10

En el contrato de obra pública, para lograr la revisión de lo pactado en lo referente a los gastos financieros, no basta la mera irrepresentatividad de las fórmulas pactadas sino que resulta imprescindible que tal efecto sobre la economía general del contrato sea consecuencia de hechos imprevisibles al tiempo de la conclusión del acuerdo.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, caducidad de instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Pedro Anselmo c/ Casero, Daniel s/ Accidente ley 9688. Recurso de queja González, Germán c/ Lo Giudice, Juan J. s/ Despido y cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10|2000-12-27

La decisión que no hace lugar al pedido de caducidad de instancia no reviste carácter definitivo a los efectos previstos en los artículos 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial desde que no pone fin al juicio ni impide su continuación (conf. arts. 55 y 65, ley 7718/71) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Asociaciones civiles, representación de la sociedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sociedad de Fomento Piedritas c/ Vanney, Alfredo Osvaldo y otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

La capacidad procesal supone la aptitud legal de ejercer los derechos y de cumplir los deberes inherentes a la calidad de parte, y constituye la reedición, en el ámbito del proceso, de los principios que el derecho probado contiene en materia de capacidad de obrar o de hecho.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, reordenamiento del sistema financiero, obligaciones en moneda extranjera, mora del deudor, pesificación, aplicación de la ley, esfuerzo compartido, coeficiente de estabilización de referencia
Materia: PROCESAL
Carátula: S., K. M. c/ PIRRI SIRACUSA, TORMENA Y CIA. SACIA s/ EJECUTIVO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-11-10

Tratándose - como en el presente caso - de una obligación de dar sumas de dinero expresadas al amparo de la Ley de Convertibilidad en "Dólares Estadounidenses" no vinculadas con el sistema financiero, tanto la posición que propone la aplicación del principio general de pesificación, esto es uno a uno mas CER (Coeficiente de estabilización de referencia), como la que propone "el esfuerzo compartido" consideran que las mencionadas leyes de emergencias dictadas (decretos 214/02, 320/02 y ley 25561), alcanzan a las deudas en mora. A lo expuesto, si todavía quedaba alguna duda respecto a la aplicación de las normas de emergencia al deudor moroso, la misma ha quedado definitivamente zanjada a través de la modificación introducida por la Ley 25820 (promulgada por el Decreto 1171/03 del 02-12-03), al aludido art. 11 de la Ley 25561, que establece respetar la conversión a pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 06-01-02, expresada en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor.