marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, inexistencia de otras vías
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: FRANCISCO EDUARDO CERRO. c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO. s/ ACCION DE AMPARO- PROFESOR UNVIERSITARIO- PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO PREVIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-19

La lentitud que eventualmente pueda aquejar al trámite ordinario abierto por el afectado no constituye, sin más, un obstáculo que justifique apelar a la vía sumarísima del amparo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contratos civiles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F.A.P.A. S.A.I.C.F.I. c/ J.B. Martítima S.A. s/ Declaración judicial de resolución contractual, restitución de cosa.  Consignación y restitución de título y contrato prendario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-06

Son cuestiones de hecho y prueba privativas de las instancias ordinarias y exentas de censura en casación, las que se refieren a la determinación de la "causa petendi" a través de la interpretación de los escritos constitutivos del proceso; el análisis de la conducta postcontractual de las partes para determinar si existió una actitud antifuncional de una de ellas en detrimento de la otra;

resolver si ha mediado en la especie imprevisión o abuso del derecho; y establecer la tempestividad de la resolución del vínculo.
Calumnias, falsa denuncia, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Gutterman, Jaime s/ Calumnias - Acción Civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-26

Habiéndose demostrado la inexistencia del hecho delictual atribuido por el imputado al querellante en el expediente judicial que promoviera, en el que se constituyó como legitimado activamente con el propósito deliberado de atribuir falsamente delito determinado, preparando la pesquisa y simulado prueba, la causa en cuestión como documento público, se constituye en plena prueba del delito de calumnias (art. 109 del C.P.).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, sanciones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SANTIAGO ROJAS TOBIAS c/ MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE JUJUY s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-18

Si bien la aplicación de sanciones disciplinarias constituye, en principio, -una facultad privativa de los magistrados que intervienen en el pleito, que se sustenta en las comprobaciones efectuadas sobre la conducta del sancionado, lo que excluye generalmente su revisión mediante el recurso federal, tal criterio no resulta aplicable cuando hubiese habido exceso en la interpretación de la ley o cuando la sanción importarse una evidente demasía en el ejercicio de aquella facultad.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, impuesto a las ganancias
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Jockey Club de Rosario c/ DGI. s/ impugnación judicial de acto administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Es admisible el recurso extraordinario, si se cuestiona la decisión definitiva del superior tribunal de la causa, contraria al derecho invocado por la apelante con fundamento en el art. 20, inc.

m), de la ley 20.628.
Costas, prueba anticipada, patrocinio letrado
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAVAN, Domingo c/ FIAT CONCORD ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA s/ MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-28

Característica propia de la producción de prueba anticipada es que la citación de la futura parte contraria (Código Procesal 327) es al sólo efecto del control de la prueba sin asumir calidad de parte y sólo como consecuencia de la admisión de la medida propuesta. Por lo tanto, no existiendo etapa contenciosa propiamente dicha ni siendo exigible asesoramiento letrado ni -en particular- habiendo en rigor "parte vencida", no existe fundamento jurídico para imponer costas.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor, prueba, compraventa de automotores, falta de reparación del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: BARRA RODOLFO c/ T.A.T.A. S.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-02

A efectos de determinar la desvalorización sufrida por un rodado a raíz de un hecho ilícito, cuando el actor afirma haber vendido el automóvil sin reparar, en el estado en que se encontraba, debe acreditar el precio de venta; a éste corresponde agregarle el monto otorgado en concepto de reparaciones y la suma así obtenida debe compararse con el precio normal de plaza de un vehículo con similares características, en cuento a modelo y antigüedad, si de la comparación entre ambas sumas resultara que el precio obtenido más el costo de los arreglos fuera inferior al precio normal de plaza, éste sería el perjuicio sufrido por el reclamante.
Pena, individualización de la pena, fundamentación de sentencias, non bis in ídem, disparo de arma, fuerzas de seguridad, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: López, Juan Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

El único control que sobre el monto de la pena impuesta en la sentencia está habilitada a efectuar esta Cámara se limita, al de logicidad del fundamento que precede a la individualización de la pena impuesta por el Tribunal Oral. De la sentencia impugnada surge que alguna de las circunstancias ponderadas como agravantes por el sentenciante no es tal. En efecto, al haber tenido en cuenta que "el acusado utilizara de la manera comprobada el arma que portaba en la ocasión, disparando desde muy cerca contra el funcionario policial", no puede ser valorada como circunstancia agravante de la pena. Ello así, pues el disparo del arma de fuego es integrativa del tipo penal por el que se lo juzgó y condenó y no debió ser valorada como mayoritante de la pena por tratarse de circunstancias propias del injusto. Nótese, que convalidar esta circunstancia implica caer en una doble valoración que no se compadece con el principio del ne bis in idem. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant según su voto, Dra. Ledesma en disidencia).
Trámites judiciales, Superior Tribunal de Justicia, recurso de inconstitucionalidad, competencia, incidente de impugnación, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Tabacco, Romina Marcela c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Si la impugnación constitucional ha sido concedida parcialmente, circunscribiendo la cuestión constitucional al agravio vinculado con la alegada lesión del principio de división de poderes, dicha circunstancia delimita el alcance del estudio del recurso en esta instancia. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, cuenta corriente bancaria, juicio ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO SANTANDER RIO S.A. c/ GONZALEZ VALENTINI, SEBASTIAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-04-10

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que la decisión del A quo de revocar la sentencia de primera instancia ordenando llevar adelante la ejecución contra el demandado no aparece prima facie disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida, toda vez que resultaba decisivo en el caso que se hallaba suficientemente demostrado que el saldo deudor estaba integrado no sólo por deudas originadas en el uso de tarjetas de crédito sino también por otras obligaciones a cargo del titular de la cuenta corriente, de manera que no resultaban aplicables los artículos de la ley 25065 que prohíbe que en el contrato de tarjeta de crédito se asigne fuerza ejecutiva al resumen de cuenta y veda el cobro ejecutivo directo de los saldos existentes en cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo.
Contratos, cesión de créditos, crédito futuro, permuta, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: AUTOMOVILES SAN JORGE SA c/ GCBA s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-07

La diferencia entre la permuta y la cesión se da por el objeto; en la permuta, al igual que en la compra y venta son las cosas, a tenor de lo normado por los artículos 1327 y 1491 del Código Civil, mientras que la cesión recae sobre derechos de conformidad por el artículo 1444 de la misma legislación.

No obstante, surge una duda interpretativa con relación a lo normado por el artículo 1447 del Código Civil que permite ceder los derechos sobre cosas futuras, como los frutos naturales, con la posibilidad de permutar las cosas futuras previstas por el ya mencionado artículo 1327 de la misma legislación, previsto para la venta pero aplicable al cambio por el citado 1491 de aquélla. Obviamente habrá que determinar en qué casos se puede permutar la cosa futura por otro objeto material y cuándo ceder la misma. En efecto, si se es poseedor de la cosa productora de frutos, estamos dentro del dominio de la permuta, mas si sólo se tiene un derecho a la mencionada cosa o a sus frutos, estamos dentro de la órbita de la cesión.
Jubilación anticipada, medidas cautelares
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GUTIÉRREZ,  LEONTINA  MARTA c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Incidente".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-14

Si el organismo se excedió o no en sus facultades reglamentarias al dictar la Res. A.N.Se.S. 884/06, debe ser analizado con extremo cuidado y siempre teniendo presente lo prescrito por el art. 6, párrafos 2do. y 3ero. de la ley 25.994, y lo establecido por la C.S.J.N. en cuanto a que los jueces deben proceder con extrema cautela para llegar al desconocimiento de los beneficios de la Seguridad Social por tratarse de prestaciones de carácter alimentario (cfr. "Álvarez, Roberto Germán", sent. del 27.10.87; "Cañete, Angélica", sent. del 13.10.90; Vergara, Berta Candelaria, sent. del 04.09.90). También el Cimero Tribunal ha expresado que, en la inteligencia que cabe asignar a las normas de la seguridad social, el puro rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen judicialmente los fines que la inspiran, razón por la cual el resultado al que llega la interpretación que se proponga debe merecer una cuidadosa consideración (Fallos 316:2404; 323:2082, entre otros). Por ello, y sin perjuicio que en alguna oportunidad la mayoría del Tribunal haya sostenido una diferente opinión en causas análogas, corresponde confirmar la resolución del "a quo" que tuvo por acreditados los requisitos del art. 230 del C.P.C.C. e hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora -en el caso, beneficiaria de una pensión mínima tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 2, 3 y conc. del Dec. 1451/06, 4, 5 y conc. de la Res. A.N.Se.S. 884/06 y de cualquier otra norma que le impida obtener su jubilación en virtud de la ley 25.994, tal como lo hubiera podido hacer antes del 23.10.06. (Del voto de la Dra. Dorado y del Dr. Herrero. El Dr. Fernández se remite a los argumentos de su voto en la causa "Olivieri, Carmen Esther", sent. del 12.04.07).
Poder Judicial, jueces, responsabilidad civil, juicio, partes, demandado, legitimación pasiva
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: GONZALEZ ECHENIQUE, J A M c/ CORTI, BEATRIZ GLADYS s/ RESPONSABILIDAD CIVIL c MAGISTRADOS JUDICIALES      EXPTE NRO 196-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-07-04

En lo que a legitimación pasiva respecta, en la jurisprudencia norteamericana e inglesa ha prevalecido la tesis de la irresponsabilidad de los magistrados. Esta solución se califica de inconveniente desde el punto de vista ético-político pudiéndose afirmar que resulta insostenible en el derecho argentino, a la luz del artículo 1112 del Código Civil.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: Rivero, Alejandro C. c/ Isidro O. y otros. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-01

El monto que pueda acordarse por incapacidad sobreviniente derivada de un accidente de tránsito de ninguna manera puede surgir como una resultante de un cálculo estricto efectuado en base a la expectativa de vida que pudiera tener la víctima, o a los porcentuales rígidos de incapacidad que surgen de los dictámenes periciales pertinentes.

Es que las indemnizaciones tabuladas, atendiendo estrictamente los porcentajes de incapacidad, tiene su ámbito de aplicación exclusivamente en los juicios laborales por accidente de trabajo Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio.
Confirmación de sentencia, medida cautelar autónoma
Materia: PROCESAL
Carátula: Berterame, Cayetano Raúl y otro c/ Municipalidad de San Nicolás y otra s/ Medida cautelar autónoma o anticipada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-26

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás resolvió confirmar la sentencia interlocutoria de anterior instancia, en tanto dispone precautelar el derecho de los accionantes, hasta tanto el Municipio resuelva el recurso pendiente, lo que deberá hacer en el plazo de ley a partir de su notificación, y la señora jueza pueda expedirse en definitiva por la medida cautelar.
Cámara Federal de la Seguridad Social, competencia, acción de amparo, inconstitucionalidad, conversión del proceso previsional
Materia: CIVIL
Carátula: ASENCIO, OBDULIO ROMAN c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-05

La C.F.S.S. resulta incompetente para conocer en instancia judicial ordinaria de la acción de amparo interpuesta en los términos del art. 43 de la C.N., planteando la inconstitucionalidad del art. 24 de la ley 24.463 en cuanto impone la inmediata conversión del procedimiento judicial. En efecto, habida cuenta de lo dispuesto por los arts. 15 y 26 de la ley 24.463; 1, 3 y 7 de la ley 24.655; 4 de la ley 16.986; 3 de la Acordada 45/96 de la C.S.J.N.; 2 de la Resolución 17/96 y 1 y 2 de la Resolución 18/96, ambas de la C.F.S.S., atento razones de celeridad y economía procesal, y sin desconocer las dificultades existentes para alcanzar la normal instalación que permita su pleno funcionamiento, corresponde remitir las actuaciones a la Secretaría General de la Cámara para su sorteo entre los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, cuya intervención originaria compete.
Accidente de tránsito, automotores, violación al deber de cuidado
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: G., B. s/ Lesiones culposas (Expte Nº145-98, Resolución Nº58, Tomo 5, Folio  281)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-05

Es deber propio de toda persona que conduce un vehículo por la vía pública, estar atento a las circunstancias del tránsito e, incluso, agudizar esa atención cuando se llega a todas las proximidades de una bocacalle, manteniendo con respecto a los vehículos que se hallen delante de él una distancia que conforme a la velocidad que despliegue le permita controlar su conducido en forma oportuna para evitar colisiones. El eventual incumplimiento del deber de anunciar debidamente la maniobra o intención de detenerse por parte de la víctima, no exime en modo alguno la atribución de la causa del accidente al embestidor, dado que siempre subsiste a su cargo el deber de permanecer atento a esa posibilidad claramente previsible ante una bocacalle.
Despido indirecto, deber de ocupación, negación de tareas
Materia: LABORAL
Carátula: GALLO, MIGUEL ARCANGEL c/ S.A.  LA RAZON EDITORIAL  E.F.I.C. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-21

La falta de cumplimiento por parte del empleador de la obligación de dar ocupación efectiva al trabajador, aún cuando haya abonado la remuneración correspondiente, faculta a éste último a denunciar el contrato de trabajo.
Entidades financieras, banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO VICENTE LOPEZ COOP. LTDO. s/ CONSTITUCIONALIDAD   DE   LAS  LEYES  -  RAZONABILIDAD  -  ENTIDADES  FINANCIERAS - FACULTADES DEL BANCO CENTRAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-01

La ley 21.526 no constituye sino la continuación de una larga tradición en la materia, en cuanto coloca al Banco Central como eje del sistema financiero y establece sus facultades en materia de política monetaria y crediticia, así como que esas facultades se hallan dirigidas a cierta clase de personas jurídicas, que desarrollan una actividad específica de importancia esencial para la vida económica del país.
Denegatoria del recurso, sentencia condenatoria, homicidio calificado, arma de fuego, tentativa, concurso real, prueba testimonial, presunción de inocencia
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Norberto Raúl y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

Corresponde rechazar el recurso de casación articulado contra la sentencia que condenó al imputado en orden al delito de homicidio agravado por su comisión con arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con portación de arma de uso civil sin autorización legal y con amenazas coactivas agravadas por el uso de armas en concurso real con lesiones graves, pues no se observa una inadecuada motivación del fallo recurrido en tanto las conclusiones a las que arribó el tribunal son contestes y se corresponden con la declaración brindada por el testigo durante la audiencia de debate, en cuanto subrayó que el acusado le había dicho antes que le iba a disparar en la cabeza. En ese marco, los testimonios brindados constituyen un cuadro probatorio cargoso suficiente como para superar la valla que a este respecto impone el principio constitucional de la inocencia en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional). Entonces se torna absolutamente infundado todo planteo direccionado a cuestionar la acreditación de los hechos efectuada en la resolución recurrida, sobre la base de la hipotética y eventual concurrencia de otros testigos, cuyas declaraciones -en lo que hace a su contenido- tampoco han sido precisadas por el recurrente, manteniéndose siempre dentro de un plano conjetural (voto del juez Días al que adhirió el juez Bruzzone).
Subcontratación laboral, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: M., C. F. c/ P. H. S.A. y Otro s/ Cobro de Pesos Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-31

La noción de solidaridad es portadora de un valor societal a favor del operario -no de los conjuntos económicos- y aparece así estrechamente vinculada con el principio protectorio de jerarquía constitucional.
Acción meramente declarativa, pago de tributos, exenciones impositivas, Constitución Nacional, interpretación de la ley, impuestos provinciales, facultades no delegadas, fallos de la Corte Suprema, tasas retributivas de servicios, contribución de mejoras
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: NSS S.A. c/ G.C.B.A. s/ Acción meramente declarativa declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-15

La Corte Suprema de Justicia ha interpretado con amplitud la tradicional cláusula del progreso, utilizándola para la validez de las normas nacionales que eximían de la obligación de pagar impuestos provinciales, entendiendo que de no ser así, las provincias podrían obstruir los efectos de la legislación nacional dirigida a los objetivos superiores que se consignan en la norma. La jurisprudencia puso énfasis en aclarar que las dispensas otorgadas por leyes nacionales respecto de las obligaciones tributarias provinciales no debían entenderse como discriminatorias o absolutas, sino que por su carácter excepcional era menester que se las juzgara atendiendo a la naturaleza de la actividad desarrollada por quien las invoca y la índole del tributo, pues de otro modo se cercenarían las facultades impositivas de las provincias, que éstas deben ejercer plenamente dentro de su ámbito, en tanto no hayan sido delegadas por la Constitución al Gobierno Federal (Fallos: 68:227).	En reiteradas ocasiones la Corte ha excluido de las exenciones otorgadas por leyes nacionales a las tasas retributivas de servicios públicos y a las contribuciones de mejoras, en tanto ellas se correspondían con servicios efectivamente prestados o con obras efectivamente realizadas, guardaran razonable proporción con el costo de los servicios o las obras, y no resultaran extorsivas o absorbentes.

La invalidez de las disposiciones provinciales no puede depender de meras consideraciones teóricas, sino que debe ser acogida favorablemente sólo en el supuesto de que las circunstancias de hecho demuestren que el gravamen de la ley local vulnera, de manera efectiva, el régimen establecido por la ley nacional.

De conformidad a la doctrina de la Corte, cuando no existe una vulneración claramente perceptible y demostrada, debido a que no está probado que las normas provinciales entorpezcan, frustren o impidan la política nacional con la que parecen no coincidir, ninguna razón obliga a invalidarlas.
Acción de amparo, importación de automotores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNGUIA, Miguel A. c/ E.N. -Secretaría de Industria- s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-21

Debe confirmarse la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por el actor, declarando la nulidad del art. 2 de la resolución (S.I.) n° 300/94 -en cuanto, respecto de los vehículos no producidos localmente que se hallaban en condiciones de ser importados conforme a lo dispuesto en el último párrafo del art. 9 del decreto 683/94, requirió que al 31 de diciembre de 1994 se hallaren en zona primaria aduanera con el respectivo pedido de despacho de importación para consumo- y, en su consecuencia, le ordenó a la Administración Nacional de Aduanas la libre importación del vehículo en el plazo de dos días de quedar firme o consentido su pronunciamiento.