marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio por jurados, juicio por jurados populares, Código Procesal Penal de Neuquén, Estado Provincial, estado federal, Constitución Nacional, autonomía provincial, jurado estancado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Canales, Mariano Eduardo y otro c/  s/ homicidio agravado - impugnación extraordinaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2019-05-02

La coexistencia del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia del Neuquén con las disposiciones legales de otras provincias argentinas que exigen mayorías distintas -o unanimidad- para convalidar los veredictos de culpabilidad por parte del jurado no vulnera el principio de igualdad ante la ley previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Viale, Américo Fermín c/ Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-02-18

La Ley Orgánica de la Justicia Provincial Nro. 37 en su artículo 32 inciso 3 prescribe como de competencia del Superior Tribunal de Justicia, las causas y recursos contencioso Administrativos originados en decisiones de los poderes públicos provinciales y sus entidades descentralizadas y autárquicas.
Acción de amparo, licencia de conducir, declaración de inconstitucionalidad, razonabilidad tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gutierrez, Delia M. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-01-22

El cotejo entre la Ordenanza Nro. 50.292 y el Decreto Nro. 704/96, con relación a los requisitos exigibles para la renovación de la licencia de conductor permite apreciar una importante diferencia.

Así, mientras la Ordenanza impone la valoración de los antecedentes por infracciones, el Decreto requiere la inexistencia de infracciones de tránsito pendientes de resolución. La distinción es relevante, toda vez que una cosa es tomar en cuenta las infracciones en las que haya incurrido el solicitante -lo que presupone que la existencia de las mismas haya sido consentida por el particular o declarada por sentencia firme- y otra muy distinta es vedar la renovación de la licencia por el mero hecho de que el interesado se encuentre imputado de la comisión de una o más infracciones, pero estando las mismas pendientes de resolución. Mientras que la primera disposición no ofrece reparos constitucionales, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la segunda que, en cambio, se presenta como una reglamentación irrazonable de los derechos de usar y disponer de la propiedad y el de transitar libremente (artículos 14 y 17 CN y 12 inc. 5 CCABA). Existe una clara desproporción entre el fin pretendido y los medios empleados para su obtención, que se revelan sumamente gravosos para ese propósito. En efecto, el mantenimiento de la seguridad vial puede verse suficientemente resguardado mediante la evaluación, antes de otorgarse la renovación de la licencia, de las infracciones que el solicitante haya efectivamente cometido, sin necesidad de requerirse, además, la inexistencia de infracciones pendientes de resolución. Esta última solución resulta irrazonable, toda vez que, en virtud del principio de inocencia que rige en materia sancionatoria (artículos 18 CN y 13 inc. 3 CCABA), el imputado goza de dicha presunción mientras el acto que le atribuye una infracción no se encuentre firme. Hasta tanto ello no se opere, no puede considerarse jurídicamente verificado un riesgo para la seguridad vial que justifique válidamente condicionar la renovación de la licencia a la inexistencia de actas de imputación.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia condenatoria, proceso penal, imputado, sentencia absolutoria, in dubio pro reo, acta policial, prueba testimonial, testigo único, arma de fuego
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO c/  s/ TENENCIA ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-09

Los reproches esbozados por el recurrente sólo evidencian su disconformidad con el decisorio de la Cámara de revocar la condena impuesta al imputado en primera instancia y dictar su absolución tras concluir que los elementos probatorios reunidos en la causa no resultaban suficientes para arribar al grado de certeza que todo pronunciamiento condenatorio exige, aplicando al caso el principio de in dubio pro reo; partiendo por analizar diversas inconsistencias en el desarrollo del procedimiento policial, señalando el error en que incurrieron los actuantes al consignar en las acta de procedimiento y de secuestro un distinto calibre del arma, la discordancia en otra acta entre el nombre y la firma del encargado de las actuaciones en la Comisaría y la circunstancia de que los denunciantes del hecho figuren como únicos testigos de la detención del imputado y del secuestro del arma; remarcando que todo ello restaba credibilidad al procedimiento, considerando asimismo trascendente que durante el debate no se hubiera podido manipular el arma secuestrada atento a su estado, siendo que el propio experto balístico refirió que al peritarla no observó ninguna anormalidad en la misma y teniendo en consideración que no transcurrió un lapso de tiempo tan extenso desde que la pericia fue llevada a cabo, advirtiendo la Alzada que sólo se contaba con las versiones contrapuestas de imputado y denunciantes para acreditar la materialidad del hecho, y concluyendo que todo ello impedía arribar al grado de certeza necesario para el dictado de una sentencia condenatoria respecto del imputado al instalar una razonable duda que correspondía ser atendida en su favor. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco).
Delitos contra la humanidad, homicidio calificado, dictadura militar, proceso penal, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: Saravia Fortunato, Soraire Andrés del Valle, Acosta, Santos Leónides, Corbalán, Miguel Ángel s/ homicidio calificado
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2012-05-22

El homicidio calificado enrostrado al imputado debe ser considerado como un delito de lesa humanidad y en consecuencia declarar su imprescriptibilidad, pues en los hechos investigados tuvo intervención la policía de la Provincia de Salta, más precisamente el grupo de la "Guardia del Monte" conformado con la finalidad de "combatir el abigeato y entender en cuestiones de límites", por fuera del control natural judicial, que ni aún las circunstancias extraordinarias de hallarse el País bajo un régimen de facto justificaban, actuando en forma clandestina y bajo el manto de impunidad que le otorgaba el respaldo de las fuerzas militares de las cuales dependían.
Sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, honorarios del perito, perito contador, derecho a la justa retribución
Materia: PROCESAL - CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: García, Carlos José y otros. c/ Obras Sanitarias de la Nación. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que redujo los honorarios regulados a la perito contadora, acordando eficacia vinculante para ella a un convenio procesal en el cual no tuvo intervención, en desmedro de la aplicación de normas expresas del derecho sustancial (arts. 851, 1195 y 1199 del Código Civil) y con menoscabo del derecho a la justa retribución consagrado en el art.

14 bis de la Carta Fundamental.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, patrocinio letrado, prescripción, cómputo del plazo, revocación del mandato
Materia: PROCESAL
Carátula: Bercovich, Raúl Augusto s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-23

Hasta la presentación de la parte con su nuevo patrocinio letrado continúa la actuación de los anteriores apoderados, corriendo el plazo de prescripción de los honorarios recién desde la revocación del poder (doct. art. 4.032 inc. 1ro. Código Civil).
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Vaninetti, Patricia Beatríz s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10

La violación de lo dispuesto en el art. 237 C.P.P. constituye un vicio no subsanable por la Cámara. (Art. 307, 2do. y 3er. párrafo).-
Excusación, jueces
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Zuccaro, Marcela Inés c/ Yañez, Miguel Angel s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-11-18

La causal invocada por la Magistrada excusada; artículo 30 y 17 inciso 9 del Código Procesal Civil; debe comprender al Juez, pero no respecto a su esposo vinculado con la actividad profesional del mismo. Tampoco explica la Sra. Juez si la relación profesional entre su esposo y el demandado, implica la existencia de sociedad o continuidad en los términos del artículo 17 inciso 2 del Código Procesal Civil, que aconseja el apartamiento de la magistrada.

Procede acoger el incidente oposición a la excusación planteada.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, indemnización, contratos onerosos, depósito, obligaciones del depositario, guarda de la cosa, obligación de restituir, conservación de la cosa, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA BUENOS AIRES CIA. ARG. DE SEGS. S.A. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. BOW CECIL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS acumulados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28

La relación contractual que unía a Bayer y Tagsa era un contrato de depósito, cuya onerosidad está fuera de discusión. Y cualesquiera fueran las normas que se aplicaran para resolver el conflicto (OO.AA.

ley 810 -el Código Aduanero entró en vigencia con posterioridad-y disposiciones de los Códigos de Comercio y Civil), el depositario, obligado a poner las mismas diligencias en la guarda de la cosa depositada que en las suyas propias (art. 2202, CC.), tiene la obligación de restituirla a su dueño "sin responder de los deterioros que hubiese sufrido sin su culpa" (art. 2210, C.C.), solución que es también la que surge del Código mercantil (arts, 247 y 574). Cabe agregar que, tratándose de un tanque "fiscal", es apropiado exigir al depositario una particular diligencia en el cuidado y conservación de las cosas, según doctrina de la Corte Suprema basada en "la fidelidad que el depósito configura; la magnitud de los valores confiados al depositario; y la trascendencia que tiene la seguridad de la mercadería que pasa por la Aduana en el comercio del país". Dada la especialización de Tagsa en el almacenaje de productos químicos que requieren un tratamiento cuidadoso y habida cuenta de que el servicio no era gratuito, la obligación del depositario debe ser juzgada con mayor severidad, debiendo responder por los daños causados, según los principios generales que rigen la responsabilidad contractual (arts.

512, 520, 579, 585, 901/906 del Código Civil).
Cuestiones de competencia, competencia criminal, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: De Oromi Escalada, María Amalia y otro s/ defraudación -causa nº102.996/98-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

Más allá de lo que las partes puedan acordar que podría, en su caso, surtir efectos en cuestiones de derecho privado, en materia penal, el principio rector emanado de la Constitución Nacional, es que la competencia es improrrogable.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: CEBALLOS, RICARDO ALBERTO - GIOIA, OBDULIO OSCAR s/ HURTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

"Para dar un hecho por probado a través de presunciones, la ley exige pluralidad de ellas ( art. 259 inc. 2° del C.P.P.), además de que exista una "manifiesta relación de causalidad entre los hechos conocidos ( en el caso del secuestro ) y los desconocidos ( en el caso el apoderamiento )", lo que "es condición ineludible de la prueba presuncional" ( SCJBA 1967-I-604 ). Ya he dicho en otras oportunidades que si bien el desapoderamiento previo ha sido condición ineludible para su secuestro posterior, el que éste se encontrara en el automóvil del indagado no es consecuencia ineludible del apoderamiento previo: puede haber llegado allí por múltiples circunstancias. Lo que hay que probar es la relación entre la tenencia de "la res furtiva" y el apoderamiento previo de la misma. En el caso no se da ese nexo causal por lo que es evidente que están faltando otros elementos probatorios ( art. 227 del C.P.P. )( Ver fallo de la SCJBA. del 17/12/85 P.034101 JUBA Sumario 06971; Cafferata Nores "La Prueba en el Proceso Penal" Pág. 207 e) La tenencia de la "res furtiva" Edit. De Palma Bs. As. 1988 )"
Sentencia, nulidad de sentencia, vista al fiscal, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: SALAZAR, Blas s/ Corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-12

Es nula la vista fiscal y sentencia de primera instancia que prescinden, frente a un hecho de corrupción, de la circunstancia agravante, sobradamente comprobada en el sumario, de que el autor actuaba como guardador de la menor víctima.-
Prueba confesional, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Godoy Marcelo Osvaldo c/ Belotti Carlos Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-11

El hecho de que el Señor Juez de Primera Instancia no haya otorgado, como pretende el apelante, preponderancia a la confesional rendida sobre las demás probanzas o que no haya citado en su sentencia la prueba confesional del actor, no empece la validez del fallo, ni resulta censurable.
Juicios contra el Estado, sentencia, ejecución de sentencia, Estado Provincial, bienes, embargo, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUILAR, MARIA JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 42 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

El principio establecido en la ley 12036 consiste en que las sentencias que condenan a pagar sumas de dinero se ejecutan con partida presupuestaria, en consecuencia y a esos fines, se establece la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público.

Para que dicha regla no se vea afectada cuando la Administración condenada debe hacer frente a los pronunciamientos judiciales, la ley en cuestión establece el procedimiento que corresponde seguir para lograr la satisfacción de ese tipo de créditos, describiendo los diferentes pasos a seguir para su inclusión dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración condenada, como así también la posibilidad que se le otorga al acreedor en el caso de incumplimiento por parte de la Administración del procedimiento establecido.

En caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacer la sentencia, el Poder Ejecutivo o titular del Ente, deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cu yo fin las Jurisdicciones y Entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, debiendo remitir a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas u órgano que corresponda al Ente territorial, con anterioridad al 31 de agosto del mismo año, el detalle de las sentencias firmes a incluir en el citado proyecto.

Acreditado el cumplimiento de esta carga los fondos son inembargables, situación que subsistirá aún cuando queden condenas firmes que no puedan abonarse como consecuencia del agotamiento de los recursos asignados en el presupuesto y, en ningún caso procederá la ejecución del crédito hasta transcurrido el período fiscal siguiente a aquél en que dicha acreencia no pudo ser cancelada por haberse agotado la partida presupuestada por el legislador.
Prueba de informes, prueba pericial
Materia: PENAL
Carátula: x c/ Defensor Oficial s/ Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-07-27

Los informes técnicos pueden ser ordenados por la policía y las pericias únicamente por el juez; la procedencia de un informe técnico o una pericia dependerá de la entidad científica de la información que se necesita obtener.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, desindexación, depreciación monetaria, remuneración
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Basile, Orlando c/ Molinos Río de La Plata S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó el pedido de aplicación de la ley 24.283 si se detuvo en meras cuestiones formales y prescindió de un examen riguroso del resultado económico del pleito a la vista de cada uno de los elementos que componían la indemnización tarifada, máxime si lo decidido significaba actualizar dos veces por un mismo período el salario diario promedio, ya que el informado por el perito ya estaba actualizado.
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez Ibáñez, Antonio Fidel s/ libertad condicional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

La sola mención de preceptos constitucionales no basta para la debida fundamentación del recurso pues, no sólo no ha demostrado la incompatibilidad del derecho nacional con aquellos, sino que tampoco lo ha hecho en relación directa con su situación. De otro modo, la jurisdicción de la Corte sería privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (Disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Daños y perjuicios, mala praxis, prueba pericial
Materia: CIVIL
Carátula: Expediente Nro. 78915 - BOSTON CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. EN J: 9579 "MALDONADO R.E. c/ PRIDE INTERNACIONAL S.R.L. s/ ACC. INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-02-07

En los juicios de mala praxis médica, el juez puede deshechar el dictamen pericial por carencia de fundamentación, por la fuerza de convicción de otras pruebas que concurran en la especie o por otras causas, pero no oponiendo consideraciones propias de la ciencia, arte o técnica del perito.
Costas, diligencias preliminares
Materia: COMERCIAL
Carátula: NAPOLI, Antonio c/ GARCIA NANI, Jorge s/ DILIGENCIAS PRELIMINARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-03

Las diligencias preliminares configuran medidas preparatorias de un proceso de conocimiento que habrá de promoverse en su consecuencia, de modo que -a su respecto- no puede determinarse la existencia de un litigante vencido que asuma los gastos ocasionados por la actividad jurisdiccional de su contrario.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Paolo de Herrera, Margarita Alicia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

Siendo que la pensión es una prestación derivada del derecho a jubilación, va de suyo que previamente debe determinarse el derecho del afiliado a gozar de la jubilación, para generar, a su vez, la prestación pensionaria para su viuda, lo que en la especie aconteció al dictarse sentencia acogiendo la petición jubilatoria.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Del  Val,  Ricardo  Jaime,  Gobernador de la Provincia de Santa Cruz. s/ AVOCACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

En el art 101. de la Constitución Nacional se establecen de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá una jurisdicción originaria exclusiva.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, violación de correspondencia, cheque, defraudación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cimbaro Canella de Maidana, Enriqueta Catalina s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Es competente la justicia federal para conocer en la violación de correspondencia a consecuencia de la cual se habría producido el presunto apoderamiento del cheque, ya que supone la comisión de uno de aquellos crímenes que "violentan o estorban la correspondencia de los correos" (art. 3, inc. 3 de la ley 48), ello sin perjuicio de la eventual obstrucción o corrupción del buen servicio de empleados nacionales y de la posibilidad de verse comprometida la responsabilidad patrimonial de la Nación.
Competencia, introducción de moneda falsa, lugar del hecho, consumación del delito
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: INC. DE DECLINATORIA DE COMPETENCIA s/ INC. DE DECLINATORIA DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-03

La introducción al país de divisas extranjeras espurias, debe considerarse encuadrada en el artículo 286 en función del artículo 282 del Código Penal. Tal especie alcanza su consumación con el sólo cruce de la frontera, hecho que en autos ocurrió en extraña jurisdicción. Por ello, debe entender el Juez del lugar donde ese hecho ocurrió.
Delitos contra la integridad sexual, corrupción de menores, abuso sexual
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "P.P S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE", Expte. Nº 2934 (P/585/08/TSJ) s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-06-01

En los Abusos Sexuales se tutela la esfera de reserva, decoro, pudor u honestidad sexual de las personas contra las acciones que puedan lesionarlo, mientras que en la Corrupción de Menores se tutela el estado de desarrollo sexual espontáneo, natural y sano de las personas menores (por eso se dispone que el hecho no es punible si la persona menor ya es corrupta).

A nivel de tipicidad, el tipo subjetivo que supone cada uno de estos delitos, también arroja criterios diferenciadores notables, pues en cada caso el autor debe tener conocimiento y voluntad de realizar los elementos subjetivos, normativos y descriptivos del tipo objetivo.

Las diferencias entre los delitos de corrupción y de abusos sexuales no se reducen a la efectiva causación de una alteración en la personalidad de la víctima en el primer delito citado, a causa del contacto sexual con el agresor, pues lo cierto es que en muchos casos puede consumarse la corrupción de la víctima sin que el corruptor le ponga un dedo encima (como por ejemplo sucede al proyectarse películas pornográficas a niños o al inducirse a dos infantes a tener relaciones sexuales entre sí).

La diferencia esencial entre ambos delitos se infiere con claridad de los elementos objetivos que integra cada tipo penal, particularmente los elementos normativos culturales de cada descripción típica, así como del dolo específico que supone cada uno de esos ilícitos; la diversa forma de afectación del bien jurídico tutelado; las características particulares de la víctima, como la edad, entendimiento, capacidad para resistir, etc.-