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Recurso de reposición (procesal), recurso de casación penal, reserva del recurso de casación, audiencia de debate, exhorto diplomático, exhorto a tribunal extranjero, declaración de la víctima
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mendez Barrientos, Juan Carlos s/ Abuso sexual s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-02-18

Es formalmente inadmisible, en esta instancia del proceso, el recurso de casación intentado contra la resolución del a quo que dispuso librar exhorto diplomático a un juez de otro país con competencia en el domicilio de la denúnciate. con el objeto que la interrogue, a tenor de los cuestionarios que la partes adjuntarían, atento la negativa de la misma de viajar a esta ciudad a fin de declarar en la audiencia de debate. Conforme lo prescripto por el art. 410 del CPP la resolución sólo es pasible del recurso de reposición y la reserva de recurrir en casación ante el rechazo del planteo, volviéndose la protesta recién operativa con el dictado de la sentencia difinitiva.
Juicio de desalojo, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ RUBEN OSCAR c/ MORINIGO RAMON s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-05-19

No puede bastar la simple afirmación sin sustento probatorio alguno de que el actor nunca tuvo la posesión del inmueble para restarle legitimación en un desalojo, a quien resulta ser propietario del inmueble de acuerdo a las constancias de una escritura pública y del Registro de la Propiedad.
Admisibilidad de la prueba, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Jefatura de Policía s/Fraude a la Administración Pública s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-06

La Corte Suprema de la Nación ha dicho: "(...) no es posible aprovechar las pruebas obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales, aun cuando presten utilidad para la investigación, pues ello compromete la administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito".
Homologación del acuerdo, cosa juzgada
Materia: COMERCIAL
Carátula: Degac SA c/Aga Group SRL s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-27

Corresponde denegar la pretensión de modificar ciertas pautas del acuerdo transaccional homologado y firme, pues resulta inmodificable por aplicación del principio de la cosa juzgada. Y el examen pretendido importaría una indebida indagación de las pautas que tuvieron en miras las partes al acordar, e incluso una reinterpretación de las negociaciones previas, que no resulta posible en esta instancia procesal. El aludido acuerdo ahora cuestionado es ley del caso para las partes, y como tal no puede ser modificado.
Adopción, interés superior del niño, apreciación del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Villordo, Miguel Angel y Bravo Patricia Isabel s/ Adopción Plena del menor David Emanuel Villordo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-10-30

Este principio rector, "interés superior del niño" es de contenido indeterminado y sujeto a la comprensión y extensión propios de cada sociedad y momento histórico, de manera tal que lo que hoy se estima beneficia al menor, mañana puede considerarse que lo perjudica.

Constituye un instrumento técnico que otorga suficiente poder a los jueces, quienes deberán apreciar tal interés, de acuerdo a las circunstancias propias y singulares de cada caso. Ni más ni menos que la tarea que se ha llevado a cabo en el pronunciamiento impugnado.
Demanda, rectificación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sulle Miguel Angel y otra c/ Sciafa de David Cristina Lucía y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

El instituto introducido en el Código Procesal a través del art.331 con la denominación de "Transformación y ampliación de la demanda" configura una alteración del objeto mediato de la pretensión y por lo tanto, una verdadera transformación cuyo límite temporal está dado por la notificación de la misma, acto que no requiere necesariamente haber sido acometido por la actora. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Enfermos mentales, interpretación de tratados internacionales, derechos de los enfermos mentales
Materia: PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: R., M.J. s/ INSANIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 46/119, del 17 de noviembre de 1991 (Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 49, p. 189, ONU Doc. A/46/49 1991) ha adoptado los "Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental", aplicables también a las personas que cumplen penas de prisión por delitos penales o que han sido detenidas en el transcurso de procedimientos o investigaciones penales efectuados en su contra y que, según se ha determinado o se sospecha, padecen una enfermedad mental (Principio 20.1).

Dicho marco normativo tanto nacional como supranacional, permite fijar un catálogo de derechos mínimos específicos para quienes padezcan trastornos psíquicos que deben ser respetados rigurosamente. Entre ellos cabe mencionar a los siguientes: a) derecho a ser informado sobre su diagnóstico y sobre el tratamiento más adecuado y menos riesgoso, b) derecho a un examen médico practicado con arreglo a un procedimiento autorizado por el derecho nacional, c) derecho a negarse a recibir un determinado tratamiento o formatos terapéuticos, d) derecho a recibir los medios adecuados tendientes a la cura o mejoría donde las negligencias o retardos en la prestación de un tratamiento pueden restar justificación a la internación, y volverla ilegítima, e) derecho a la continuidad del tratamiento, f) derecho a la terapia farmacológica adecuada, del que se deriva que la medicación no debe ser suministrada al paciente como castigo o para conveniencia de terceros, sino para atender las necesidades de aquél y con estrictos fines terapéuticos, g) derecho a un registro preciso del proceso terapéutico y acceso a éste, h) derecho a la confidencialidad del tratamiento, incluso después del alta o la externación, i) derecho a la reinserción comunitaria como un eje de la instancia terapéutica, j) derecho al tratamiento menos represivo y limitativo posible, k) derecho a no ser discriminado por su condición. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Abogados, sanciones disciplinarias, expresiones incorrectas, jueces, potestad disciplinaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Veneziano, Roxana y otros c/ Gobierno de la provincia de Santa Fe s/ Medida cautelar innovativa. Avocación (Expte CSJ Nº 502-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-10

Si se tolerara que los profesionales del Derecho, que conocen tanto su función (pues han sido habilitados para ejercerlas) como las variadas reglas que la regulan, incurran en excesos verbales que tornen al foro en un ambiente poco acorde con la dignidad de la abogacía, menos podría pretenderse respecto de aquellos absolutamente desligados del conocimiento específico, los que, sin embargo están también sometidos a la potestad disciplinaria de los jueces.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, LEY DE CONCURSOS, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ ¿Corresponde aplicar los porcentajes del artículo 267, ley 24522, a   las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia   conforme al régimen del artículo 290, ley 19551, elevadas a la   Cámara en función del artículo 295, ley 19551, o del artículo 272,   ley 24522? (Tribunal pleno). Observaciones: dejado sin efecto por   acuerdo Nro. 12 de fecha 03-12-1997
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-04

A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (artículo 3, Código Civil). La relación jurídica es peculiar, particular y relativamente efímera, desapareciendo con el ejercicio del derecho; en tanto, la situación jurídica es permanente, siendo los poderes que de ella derivan susceptibles de ejercerse indefinidamente sin que desaparezca la situación o poder. Si bien el distingo no muestra mayor importancia práctica, pues tanto las relaciones como las situaciones jurídicas existentes aparecen sometidas -en el artículo 3, citado- al mismo régimen legal, los honorarios que corresponda regular a los funcionarios y profesionales concursales reconocen su origen en la existencia de una verdadera relación jurídica. Y en el lenguaje del artículo 3, Código Civil, la determinación de los honorarios correspondientes deviene esperada consecuencia de esa relación jurídica existente. (Del Voto del Dr.

Elena).
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, responsabilidad internacional del Estado, estado parte, obligaciones del Estado miembro, daño resarcible, violación de derechos humanos
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de Tribunal Constitucional c/ Perú s/ Fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-01-31

La protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal, pues en los casos en que los Estados Parte comparecen ante la Corte Interamericana no lo hacen como sujetos en un proceso penal en tanto el Tribunal no impone penas a las personas culpables de violar los derechos humanos, sino que responde a su función de proteger a las víctimas y determinar la reparación de los daños ocasionados por los Estados responsables de tales acciones, bastando tan sólo para ello, con la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención Americana.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, derechos y garantías constitucionales, derecho a la libertad, proceso penal, imputado, presunción de inocencia, personas privadas de la libertad, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: G, M L  y  E, A M V de s/ La cuestión a resolver: ¿El cómputo que establece el artículo 7 de  la ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al  tiempo de la vigencia de la ley, que continuan privados de su libertad? (Expte. Nro. 29-95; Expte. Nro. 28-95) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-11

Es con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se formalizó la presunción de inocencia de todo hombre hasta tanto no fuera declarada su culpabilidad, principio que se encuentra implícitamente contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en cuanto se garantiza allí que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, derivándose de ello, entonces, que en la medida en que un individuo no sea "penado", es decir, condenado por sentencia firme, debe serle reconocida su calidad de inocente, y como regla general, corresponde igualmente aceptar que tiene el derecho a gozar de su libertad personal durante la sustanciación del proceso penal, si bien en algunos casos y a fin de evitar que se obstaculice la investigación o se eluda el eventual cumplimiento de la pena, se autoriza el arresto preventivo de la persona imputada por ese delito. (Voto del Dr. Crippa García -En disidencia-). En el caso la cuestión a resolver es ¿El cómputo que establece el artículo 7 de la Ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al tiempo de la vigencia de la ley, que continúan privados de su libertad?
Impuestos, facultades tributarias, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marina, Jorge Luis s/ Inconstitucionalidad art. 119, Código Fiscal, ley 10.397
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-09

No existiendo dudas acerca de las facultades de la autoridad legislativa local para crear obligaciones tributarias, tampoco lo debe haber respecto de las potestades para determinar su extinción.
Concursos, desapoderamiento, usufructo, bienes, menores
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Soleiman, Enrique c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-13

1. Corresponde confirmar la resolución que decretó la subasta del derecho de usufructo que tiene el fallido respecto de cierto inmueble. En ese marco, corresponde desestimar el recurso del fallido, en cuanto plantea que se trata de un caso asimilable a la situación del art. 108, inciso 3 LCQ, por ser un bien de titularidad de su hijo, agregando que el usufructo es gratuito. Sin embargo, las previsiones del art. 108 inc. 3° LCQ no resultan aplicables en la especie desde que el hijo del fallido (nudo propietario) es en la actualidad mayor de edad y dicha norma se encuentra específicamente prevista para "hijos menores del fallido". 2. Tampoco obsta a esta decisión la gratuidad establecida entre el fallido y su hijo, ni que el usufructo no esté siendo ejercitado en este momento porque aún en esos términos se trata de un bien (rectius: derecho real) en los términos del CCCN 2129 (T.O ley 26994); y como tal transmisible. 3. En ese contexto, debiendo atenderse a los límites que fija el CCCN 2142 respecto de su vigencia, y estableciendo las garantías del art. 2144 del mismo cuerpo legal, corresponde mantener la subasta decretada por el Juez de primera instancia.
Asegurador por riesgos del trabajo, capacitación del personal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Superintendencia De Riesgos Del Trabajo Prevencion Art Sa s/ Organismos Externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-21

En orden a la determinación del quantum de la multa que corresponde imponer a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo por incumplimiento de las normas de capacitación, corresponde tener en cuenta que se trata de omisiones que ponen en riesgo, directamente, nada menos que la seguridad de los trabajadores, cuya tutela resulta ser precisamente el objetivo principal de la ley de riesgos del trabajo y del sistema instaurado en función de dicha norma.
Aduanas, derechos de importación, Tierra del Fuego
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "TEXTIL   RIO   GRANDE  SA c/ EN  DTO.  710/07 s/ PROCESO  DECONOCIMlENTO".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-04

Este Tribunal ha sostenido que "si bien el artículo constitucional invocado por el Poder Ejecutivo al emitir un decreto constituye un elemento de ineludible ponderación para analizar su naturaleza, no es la única pauta que le permite encuadrarlo en la tipología constitucional correspondiente (v.gr.: decretos autónomos, ejecutivos, delegados o de necesidad y urgencia). Sostener lo contrario, implicaría por un lado, postular que el Poder Ejecutivo condiciona al Poder Judicial en el ejercicio del control de constitucionalidad de éste tipo de normas, y por el otro, concederle la posibilidad de burlar los regímenes propios de cada tipo de reglamentos con la sola invocación de una norma constitucional más favorable. Sólo bajo esa óptica puede entenderse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya analizado la validez de un reglamento calificándolo primero como ejecutivo y luego como decreto delegado, para concluir en su inconstitucionalidad por incumplimiento de ambos regímenes (Fallos 331: 18l5, considerandos 18 a 22)" (ésta Sala, in re "Agroservicios Pampeanos SA (TF 25.640-A) c/ DGA", causa N° 17.189/1 O, del 9-12-10). De manera que, aún considerando al Decreto N° 710/07 como un reglamento delegado, no puede reputarse inconstitucional, como pretende la accionante, ya que cuenta con base legislativa expresa (art. 32 de la Ley 19.640) y no modifica los aspectos sustanciales de las exenciones tributarias creadas por la Ley N° 19.640 para el IVA y el Impuesto a las Ganancias.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, fundamentación suficiente, suficiencia
Materia: CIVIL
Carátula: MANSILLA OVIDIO WALTER c/ MANSILLA RENE Y/U OTRO s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-08-25

Los agravios que constituyen meras discrepancias con el criterio del sentenciante, pero distan de contener una crítica concreta y razonada de los fundamentos que informan la sentencia, resultan ineficaces.-
Actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, notificación por cédula, domicilio constituido
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez, Odilio D. c/ Zalbidea, Jorge y otro s/ Queja por retardada Justicia- Daños y perjuicios (Expte.: C.S.J.   Nro. 45 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-17

Por simple aplicación del denominado "principio de protección", que se impone como recaudo negativo de la declaración de nulidad y se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento en el artículo 127 del Código Procesal Civil y Comercial, corresponda valorar que no se encuentra legitimado para alegar la nulidad aquél que la produjo o contribuyó a producirla. En el caso, el impugnante solicita la nulidad de la cédula por la que -a su entender- se le había notificado en un domicilio distinto al constituido, pero ocultando que en su primera presentación había denunciado dos domicilios legales, uno que había constituido en la ciudad de Rosario (donde se produjo la notificación que ahora impugna) y otro en la ciudad de Santa Fe (donde dice que no fue notificado).
Ministerio Público Fiscal, deberes y facultades del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., J.A. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-23

El Ministerio Público Fiscal representa los intereses de las personas afectadas por el delito, y por ende su labor no culmina con la promoción de la acción -C.P.P., art. 12-, sino que tiene el deber constitucional -C.N. art. 120- de maximizar todos sus esfuerzos para comprobar la existencia del delito y lograr la condena de los culpables. (mayoría)
Ley de emergencia, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rickert, Hugo Néstor y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Las convenciones colectivas de trabajo -fuente material de derecho de origen paraestatal- también se encuentran alcanzadas, en su contenido y efectos, por las situaciones de emergencia económica que pudieran acontecer durante su vigencia
Asegurador por riesgos del trabajo, deber de información, multa
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  DE  RIESGOS  DEL  TRABAJO c/ LA CAJA ART SA s/ APELACION DIRECTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

Cabe imponer una sanción de multa de 100 mopres a una aseguradora de riesgos del trabajo (art) por incumplimiento de lo dispuesto en la ley 24557: 31-ap. 1-a y en la resolución srt 552/01: 6-f. la sanción se le aplicó toda vez que la aseguradora no informó -vía sistema- a la superintendencia de riesgos del trabajo (srt), los incumplimientos en materia de higiene y seguridad en el trabajo, detectados en la visita realizada al establecimiento del empleador, consistentes en la falta de protección en agujereadoras de banco, falta de registro de prueba hidráulica del compresor y falta de protector visual cuando se efectuaban trabajos con aire comprimido.
Daño ambiental, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Almada, Hugo Néstor c/ COPETRO S.A. y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios Irazu, Margarita c/ COPETRO S.A. y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios Klaus, Juan Joaquín c/ COPETRO S.A. y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios Klaus, Juan Joaquín c/ COPETRO S.A. y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09|1995-02-09|1995-02-09|1995-02-09

Si la obligación de los particulares y del Estado (nacional y provincial) de abstenerse de contaminar el medio ambiente es imperecedera y constante, el correspectivo derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano y al respeto a su vida y su salud, es esencialmente inextinguible. De modo tal que poco y nada importa que sus titulares se hayan sumido durante algún tiempo en la inacción o, incluso, consentido y aceptado los actos lesivos de tales derechos, pues siempre y en todo momento tienen la facultad de accionar en su defensa. En cambio, las acciones resarcitorias de los perjuicios provocados por la denunciada polución y que, se acumularon a la pretensión de cese de la contaminación, son prescriptibles.
Acción de amparo, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Karakachoff, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires -Poder Ejecutivo- s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 6, C.P.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Como los textos constitucionales (art. 20) y legales (art. 4, ley 7166) consagran, para entender en la acción de amparo, la competencia del juez o tribunal que por razón de la materia pueda conocer y como el conocimiento de lo contencioso administrativo le cabe de momento a la Suprema Corte (art. 215, Const. prov.), es lícito interpretar que este Tribunal posee competencia originaria para intervenir en los procesos de amparo vinculados a dicha materia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ E.N. -P.E.N.- Mº de Economía y Serv. Públicos- y Otros s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

Cuando en la sentencia se puede determinar si las normas impugnadas resultan o no manifiestamente ilegales, el amparo es el marco adecuado para instrumentar el debate sobre su inconstitucionalidad (C.S.J.N.: 513:1513 in re "Peralta", del 27/12/90). Dilatar la decisión sobre temas sustanciales invocando inexistentes restricciones procesales, significa contrariar las disposiciones legales y constitucionales que lo reglamentan.
Beneficios sociales, carácter no remunerativo
Materia: LABORAL
Carátula: Baratti, Angel L. c/ Siderar S.A.I.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-31

El art. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (incorporado por ley 24.700, B.O. 14-X-1996) al delimitar conceptualmente al instituto de los "beneficios sociales" como aquellas "...prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas...", encuadra dentro de este gravitante concepto a los "vales alimentarios y las canastas de alimentos" otorgados en las condiciones allí indicadas (inc. "c" art. cit), excluyendo -y su finalidad es manifiesta- todo atributo o carácter salarial que se le pretenda atribuir a la prestación.
Concursos, homologación del acuerdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Angel Horacio s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-26

El art. 44 de la ley 19.551 sólo exige que si la propuesta contiene una quita, el deudor ofrezca el pago de por lo menos el 40 por ciento de los créditos, es decir, la quita no puede superar el 60 por ciento de tales créditos.
Honorarios, recurso de apelación (procesal), costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Testa, Daniel Antonio c/ Ballina, Alfredo y/o quien resulte responsable s/ Indemnización Daños y Perjuicios. Testa, Daniel Antonio c/ Ballina, Alfredo y/o quien resulte responsable s/ Indemnización Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-08-15|1988-08-15

Tratándose de una apelación de honorarios, las costas en la Alzada deben imponerse a los apelados vencidos en la medida del interés de cada uno de ellos, art.68 y 69 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC). El Superior Tribunal de Justicia expresó que si bien las circunstancias particulares del caso, pueden dar lugar razonablemente a una eximición de costas, en modo alguno pueden sustentar la negativa a regular honorarios, máxime si los agravios fueron analizados y acogidos por el Tribunal.