Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2003-11-17


Nro.·138··/ En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil tres, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, MARIA LUISA LUCAS y RICARDO FERNANDO FRANCO, quienes emitirán su voto en ese orden, asistidos por el Secretario Autorizante MIGUEL ANGEL LUBARY, tomaron conocimiento del expediente n° 54.263, año 2003, caratulado: "BENITEZ BERNARDINO RAMON S/ HOMICIDIO SIMPLE", con el objeto de dictar sentencia conforme los artículos 434 y 446 del Código Procesal Penal.- Seguidamente la Sala Segunda plantea las siguientes ····C U E S T I O N E S 1°) ¿Es procedente el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 225/229? 2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, MARIA LUISA LUCAS dijo:

I- La Cámara Primera en lo Criminal de esta capital, mediante sentencia Nro. 067 de fecha 27 de junio de 2003, glosada a fs.208/223 y vta., por mayoría, condenó a Bernardino Ramón Benítez como autor responsable del delito de Homicidio Simple (art. 79 del CP), a la pena de ocho (8) años de prisión, accesorias legales (art. 12 del CP) y costas.- En contra de dicha decisión se alzó la Defensa del imputado, a cargo del Dr. Carlos Ariel Ameri, interponiendo a fs. 225/229 recurso de inaplicabilidad de ley, el que fuera concedido, elevándose la causa a esta Sala, donde quedó radicada y se efectuó llamamiento de autos para sentencia, encontrándose actualmente en condiciones de dictarse pronunciamiento.- En dicha presentación el recurrente ataca el fallo porque a su juicio resulta contradictorio respecto al hecho acreditado, ya que por un lado, al tratar la primera cuestión, tuvo al occiso Mercado como coautor del ilícito cometido contra Benítez, y por otro, en la segunda, descartó toda participación del mismo en ese hecho.- Transcribe un fragmento de la sentencia y señala que el Tribunal consideró acreditado que Benítez fue víctima de un robo con armas, cometido por "tres jóvenes", incluyendo a Mercado, quienes huyeron "...uno llevando la bicicleta y los otros dos a pie", como también la existencia de "..."la agresión ilegítima" argüida por parte de los menores que se le aproximaron con el propósito de desapoderarlo de la bicicleta...", para luego, en la segunda cuestión, descartar la participación de Mercado al afirmar que "... no hay nada que sindique a Mercado como comitente de un accionar violento en potencia o en acto...obrando tanto el occiso como Moisés Fernández... como meras comparsas del evento, sin participación efectiva." Sostiene que se incurrió en contradicción sobre una cuestión esencial, ya que si el fallecido Mercado fuera considerado coautor del robo calificado a Benítez, la reacción de éste aparecería justificada ante la agresión ilegítima, injusta y no provocada llevada a cabo en su contra, la cual era actual toda vez que se encontraba en curso de ejecución, iniciada con el desapoderamiento de la bicicleta y no consumada, dado que comenzada la huida de los autores prosiguió la persecución ininterrumpida de Benítez, durante el cual se produjo el disparo mortal.- Expresa que esa secuencia fue reconocida en la sentencia, transcribiendo el párrafo respectivo, por lo cual, si los ladrones se encontraban huyendo, la agresión al bien jurídico propiedad se estaba produciendo, de forma que era actual y no se había consumado, lo que otorgaba a Benítez el legítimo derecho a defender su patrimonio.- Agrega que oportunamente planteó la justificante del art. 34 inc. 6º del CPP, no referida a la defensa de la vida o la integridad física de Benítez, sino del bien jurídico propiedad, coincidentemente con lo expresado por el Tribunal, ya que, ante el ataque a este bien jurídico, el peligro era actual y se hallaba vigente, lo que autorizaba a la defensa.- Alega que al descartar la existencia de la legítima defensa y el exceso de la misma, la mayoría del Tribunal sin embargo reconoció la posibilidad de defensa del patrimonio, incurriendo en una contradicción al admitir ello y luego afirmar que ésta "...perdió vigencia con la huida de los aludidos y esa legítima defensa ya no tuvo razón de ser", ya que justamente en "la huida" es donde se produjo el disparo, es decir, en pleno desarrollo y actualidad del robo, en curso de desapoderamiento de la bicicleta, lo que no se concretó por la persecución ininterrumpida del imputado, que a la postre y merced a la misma logró recuperarla.- Aduce que la conducta de Benítez, al disparar el arma, aparece como un acto evidentemente defensivo, necesario y racional ante la agresión actual a un bien de su propiedad, lo que fuera compartido por la Juez de Tercer Voto Dra. Vidarte, para quien existió una agresión ilegítima, no obstante descartar la existencia de la justificante por otro motivo.- También se agravia por considerar que al tratar la segunda cuestión, en el voto de la mayoría, se omitió analizar la causal de justificación alegada respecto al bien jurídico propiedad.- Manifiesta que se incurrió en una violación a las reglas de la sana crítica racional al haberse restado relevancia al hecho probado de que estaba en pleno acto de consumación un ataque a la propiedad de su defendido, cuando en un acto legítimo de defensa y con el único medio defensivo a su alcance en ese momento, pretendió evitar la consumación del robo perpetrado por tres sujetos peligrosos y armados, con lo cual se vulneró el principio de derivación o razón suficiente, lo que conlleva a la falta de fundamentación.- Por último, en razón de lo argumentado, peticiona que oportunamente se haga lugar al recurso y anule lo actuado.- II.- Habiendo examinado detenidamente la sentencia impugnada, liminarmente bajo la óptica del vicio de naturaleza procesal denunciado en primer término por el recurrente, arribo a la conclusión que éste debe ser desestimado, toda vez que no se observa en el fallo cuestionado la presencia decisiva de tal defecto.- En el pronunciamiento de mérito el a quo dejó concretamente establecido que "...BERNARDINO RAMON BENITEZ...en horas de la noche del 28 de julio del año 2002 se hallaba sentado en la bicicleta de su propiedad conversando con OSCAR FRIEDRICH en el portón de entrada al domicilio de este último, lugar en que funcionaba un Videoclub, donde el primero fue a devolver unas películas que había alquilado, cuando se aproximaron tres jóvenes, solicitando "fuego" uno de ellos, trasladándose FRIEDRICH al interior de la vivienda para satisfacer ese pedido, circunstancia que habrían aprovechado los aludidos para procurar la sustracción del rodado al inculpado, despojo en el cual uno de ellos habría utilizado un cuchillo esgrimido en forma amenazante, huyendo luego del lugar con el biciclo, que habría sido llevado por RAUL CORTEZ, y los otros a pie, extrayendo BENITEZ en la oportunidad un arma de fuego con la cual efectuó tres disparos, dos presumiblemente al aire, y un tercero que impactó en la zona craneana de ALFONSO RODOLFO MERCADO, a la sazón de dieciseis años de edad, causándole las lesiones que produjeron su muerte dos días después..." (fs. 214 y vta.).- De lo asentado, por el voto mayoritario del Tribunal, se extrae que la víctima Alfonso Rodolfo Mercado participó, en un grado que no corresponde establecer en la presente, de un hecho delictivo cometido en perjuicio del imputado. Esto no se contradice con lo posteriormente establecido, al tratar la segunda cuestión, respecto a que "...salvo su presencia en el lugar pidiendo "fuego", lo cual podría interpretarse como parte de la estrategia...no hay nada que sindique a MERCADO como comitente de un accionar violento en potencia o en acto, ya que...quien llevó a cabo la amenaza con un arma, el despojo y la huida con el biciclo fue RAUL CORTEZ, obrando tanto el occiso como OSCAR MOISES FERNANDEZ...como meras comparsas del evento, sin participación efectiva" ( fs. 215vta./216).- Enfrentadas ambas afirmaciones, resulta evidente que en ningún caso se atribuyó a Mercado una participación violenta en si misma, en el sentido físico, en ese hecho, sino más bien se le asignó a su actuación la característica de acompañante ( "...comparsa del evento...) de quien efectivamente la habría ejercido (Cortéz), lo cual obviamente no descarta, y por el contrario reafirma, la convicción de su participación en el mismo, integrando la estrategia comisiva, y sin perjuicio que también su presencia pudo servir para reforzar la voluntad de Cortéz para cometer el hecho y amedrentar al damnificado con una superioridad numérica que disminuya o elimine cualquier atisbo de resistencia. Por lo tanto, la expresión "sin participación efectiva", la cual resulta un tanto confusa y, aparentemente, condujo al equívoco al recurrente, debe ser entendida dentro de ese contexto.- Consecuentemente, no resulta válido sostener, tal el núcleo principal de agravio, que exista colisión entre lo asentado en estos distintos tramos del fallo, en tanto no se eliminan ni neutralizan recíprocamente, y efectivamente se complementan y convergen hacia la participación de Mercado en el evento que inicialmente damnificó a Benítez. De tal modo, este reproche, al hallarse fundado en consideraciones que prescinden de aspectos esenciales del fallo, que emergen de lo establecido y consignado expresamente en el mismo, carece del debido sustento y consecuentemente debe ser desestimado.- En cuanto al restante agravio, si bien fue formulado como una denuncia por el supuesto quebrantamiento de formas procesales, en rigor de verdad, el mismo, igual que las consideraciones residuales efectuadas en el primer caso, contiene un explícita censura de neto corte sustantivo.- Y sin perjuicio que la impugnación presentada en tales condiciones no se ajusta a lo que en puridad técnica resulta exigible a los recursos extraordinarios, igualmente, en razón de lo adoctrinado por la Corte Suprema en el caso "Caric..." (Fallos 325:1227), se procederá a su tratamiento desde tal perspectiva.- Según se advierte, el cuestionamiento remite a establecer si, conforme a la plataforma fáctica fijada por el tribunal cognitivo, el a quo interpretó y aplicó correctamente la normativa de los arts. 34 inc. 6º y 35 del CP. Si bien es cierto que la determinación de la concurrencia de los requisitos que configuran la legítima defensa, y su exceso, constituyen cuestiones de hecho, resulta procedente en la instancia casatoria reexaminar la calificación legal, de acuerdo a los hechos establecidos definitivamente por lo juzgadores ( Cfr. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Sala en lo Civil y Penal, in re "Juarez, Roxana del Valle S/Homicidio", sent. Nro. 759 del 14/10/03).- Al respecto, debe recordarse que la legítima defensa propia o de los derechos, como causal de justificación prevista en el art. 34 inc. 6° CP, autoriza la defensa de bienes propios atacando bienes jurídicos de quien pretende agraviar aquéllos. Se trata de una acción de autoauxilio autorizada por la ley, para resolver situaciones en la que el individuo se ve impedido de recurrir efectivamente a los órganos públicos, cuyos requisitos son: a) agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende ( Cfr. Fontán Balestra, Tratado Dcho.Penal, T.II, pg.137 y sgtes.).- En el caso sub examen, el a quo juzgó debidamente probada tanto la agresión ilegítima sufrida por el imputado, y la participación de Alfonso Rodolfo Mercado en la misma, como la inexistencia de provocación de su parte, aunque desestimó la posibilidad de aplicación del instituto de la legítima defensa por interpretar que la necesidad de la misma había perdido vigencia con la huida de los autores del hecho cometido en perjuicio de Benítez, considerando que su reacción no habría sido actual (fs. 215 vta.).- Cabe puntualizar, en primer lugar, que los términos generales "defensa propia o de los derechos", bastan para amparar la defensa de cualquier derecho que se viera atacado ( Cfr. R. Rivarola, "Exposición y Crítica del Código Penal", T 1, n° 134, pág. 145), con lo cual se reconoce no sólo la posibilidad de defender la vida y la integridad personal, sino también el honor, el pudor, el patrimonio, la libertad, etc., pudiendo, en tal caso, la víctima de la agresión ilegítima, desplegar una conducta defensiva contra el agresor, tanto para impedirla como para repelerla, siempre que no haya existido una provocación suficiente de su parte y que ella sea oportuna, es decir ejercida a tiempo, y necesaria, en cuanto a la manera de ejercitarla. ( Cfr. Jorge De la Rúa, Código Penal Argentino, Parte General, Segunda Edición, pg.581 y sgtes.).- En ese sentido, la defensa resulta oportuna cuando existe actualidad en el peligro, e inoportuna si se ejerce antes o después de la agresión, entendiéndose que el ataque subsiste, si sólo varía la forma o la manera del ataque, e igualmente en tanto el agredido intente impedir que el agresor se quede con la cosa robada (Nuñez, "Derecho Penal Argentino, T1, pág. 368, nota 287), siendo actual la agresión que aún perdura, es decir, la que ha comenzado y no ha concluido, subsistiendo mientras sea posible defender el bien agredido. "Así, en el hurto, la agresión no culmina sin más por la sola obtención de la custodia ... el disparo efectuado al ladrón que huye con la cosa, incluso la persecución hasta su propia morada, se encuentra aún dentro de los márgenes de la actualidad de la agresión" (Maurach-Zipt, "Derecho Penal", T 1, pág. 448, Traducción de la 7ª. Edición, Editor, Astrea, 1994).- Concordantemente, Zaffaroni sostiene que "Defiende legítimamente su patrimonio el propietario de un automóvil que lo recupera por la fuerza de quien se lo hurtó dos días antes si lo halla casualmente y no puede acudir a otro medio" ("Tratado de Derecho Penal, T IV, pág. 586), por lo cual la defensa puede ejercerse legítimamente hasta que cese la actividad lesiva o mientras exista la posibilidad de retrotraer o neutralizar sus efectos, lo cual, pude ocurrir, inclusive, luego de la consumación del delito.- Consecuente con tales posiciones doctrinarias y con la sostenida anteriormente por esta Sala (Cfr. in re "Lopez Honorio", sent. 5/86), de acuerdo al hecho establecido en la instancia de mérito, la acción defensiva emprendida por Benítez en este caso, fue realizada en tiempo oportuno, ya que los agresores acababan de despojarlo de su biciclo y se hallaban a pocos metros de él, lo que incuestionablemente le otorgaba la chance de recuperarla, y, además, una eventual demanda de auxilio público le hubiese significado la perdida definitiva de la misma por la fuga de los autores de la sustracción con la "res furtiva" de su propiedad, situación evidentemente injusta que, por supuesto, no estaba obligado a soportarla resignadamente.- Lo expuesto indudablemente coloca la conducta del imputado dentro de un contexto de ejercicio de una acción de tipo defensivo, lo cual necesariamente impone evaluar si el medio empleado para tal finalidad resultó racionalmente adecuado a la situación, conforme al recaudo establecido por la norma del 36 inc. 6to. del CP, para considerar su actuación al amparo de la justificante legal.- En ese sentido, no caben dudas en cuanto a que el medio utilizado por Benítez para recuperar el objeto que le estaba siendo sustraído resultó excesivo, no la defensa de su derecho, sino el medio empleado, ya que exorbitó el marco de razonabilidad, encuadrándose su accionar en el denominado exceso intensivo (Cfr. Cam.Nac.Crim. y Corr., Sala I, in re "Santos", 19/7/95, voto Juez Donna).- Si bien es cierto que el arma de fuego que portaba el imputado era el único medio que disponía en ese momento -y por ello era el adecuado- para asumir una acción defensiva ante tres sujetos que a su vez portaban un arma blanca, bien pudo insistir previamente con los disparos intimidatorios y, en todo caso, dirigirlo a una zona de menor compromiso vital para la víctima, que igualmente lo hubiese inmovilizado, y que era, en definitiva, el objetivo perseguido, y no directamente proyectarlo a una zona letal como, sabido es, por lo general, resultan las zonas altas del cuerpo.- En ese sentido, Roxin sostiene que "...si el propietario recupera la posesión de sus cosas impidiendo al ladrón que escape de un tiro a la pierna, estará amparado por la legítima defensa" (citado por Breglia Arias-Gauna, Código Penal..., T.1, 4ta. edición, pg.328, nota 256), lo que evidentemente no ocurrió en este caso.- De tal manera, se puede advertir que en el sub examen medió una notoria desproporción entre la acción defensiva emprendida por Benítez con la que bastaba para llevar adelante exitosamente la gestión, superando lo necesario para tal finalidad, habiendo escogido la manera más gravosa, cuando pudo haber optado, o al menos intentado, una de menor cuantía, con lo cual su conducta excedió el marco de la legítima defensa legal.- Tal exceso debe inscribirse dentro de las previsiones del art. 35 del CP, que precisamente tipifica la conducta de quien emplea medios que superan lo que hubiese sido necesario para cumplir con la finalidad justificante prevista, encontrándose dentro de un cuadro objetivo, de agresión ilegítima no provocada, excluyente de la ilicitud penal, tal lo que aconteciera en el sub lite de acuerdo a lo anteriormente expuesto.- En tales condiciones, el pronunciamiento censurado no puede ser convalidado en esta instancia, ya que las particularidades del caso, oportunamente destacadas por el a quo, fueron soslayadas al rechazar la aplicación de esta norma y definir el encuadre legal de la conducta del acusado, al haber interpretado erróneamente los alcances que cabe asignar a las posibilidades defensivas que emanan del art. 34 inc. 6 del mismo cuerpo legal, que funciona como requisito sine qua non para su operatividad.- Por consiguiente y como consecuencia de lo expuesto, la cuestión debatida en el sub júdice debe ser resuelta parcialmente en favor del recurrente. ES MI VOTO.- A LA PRIMERA CUESTION, RICARDO FERNANDO FRANCO dijo:

Compartiendo los fundamentos y las conclusiones formuladas en el voto precedente, adhiero específicamente al mismo y me expido en igual sentido. ES MI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION, MARIA LUISA LUCAS dijo:

Atento al resultado de la anterior cuestión, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley sustantiva contenida en la presentación defensiva de fs. 225/229, y, consecuentemente, casar la sentencia dictada a fs.208/223vta., revocando, en cuanto corresponda, el punto 1°) de su parte dispositiva, debiendo calificarse el hecho acreditado como Homicidio cometido con exceso en la legítima defensa ( arts. 79 y 35 del CP).- En virtud de ello, cabe adecuar la pena a la previsión legal del art. 35, y en razón del mismo, al art. 84, ambos del ordenamiento de fondo, y, de conformidad con las pautas de individualización tenidas en cuenta por el Tribunal de juicio (fs. 219 y vta. ), la naturaleza del hecho, el contexto en el cual mismo ocurriera, la falta de antecedentes penales del imputado, su edad y condiciones personales, resulta adecuado imponerle la pena de tres (3) años de prisión, en forma de ejecución condicional (art. 26 del CP) y diez (10) años de inhabilitación especial para tenencia, uso y portación de armas de fuego, de cualquier tipo . Sin costas (art.507 del CPP), con excepción de los honorarios de su Defensor Dr. Carlos Ariel Ameri. En cuanto a los mismos, propicio que sean regulados en la suma de pesos ochocientos ($ 800.-) de conformidad con las disposiciones arancelarias vigentes. Asimismo, se deberán remitir fotocopias certificadas de la presente al Tribunal de origen, a los fines de efectivizar la suspensión de la ejecución de la pena, previa fijación de las reglas de conducta contempladas en el art. 27 bis del CP. ASI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION, RICARDO FERNANDO FRANCO, dijo:

Dado el resultado de la cuestión anterior, comparto las conclusiones expuestas en la presente por la Sra. Ministro preopinante y adhiero íntegramente a ellas. ES MI VOTO.- Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo precedente, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretario que doy fe.- ···S E N T E N C I A Nro.·138··/······Resistencia, 17 de noviembre de 2003.- Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

I- Hacer lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley sustantiva interpuesto por la Defensa a fs. 225/229, y casar la sentencia dictada a fs.208/223vta., revocando, en cuanto corresponda, el punto 1°) de su parte dispositiva, debiendo calificarse el hecho acreditado como Homicidio cometido con exceso de la legítima defensa ( arts. 79 y 35 del CP), condenando a Bernardino Ramón Benítez a la pena de tres (3) años de prisión, en forma de ejecución condicional, y diez (10) años de inhabilitación especial para tenencia, uso y portación de armas de fuego, de cualquier tipo ( arts. 84 y 26 del CP). Sin costas (art.507 del CPP), con excepción de los honorarios profesionales de su Defensor.- II- Regular los honorarios profesionales del Dr. Carlos Ariel Ameri en la suma de pesos ochocientos ($ 800.-) de conformidad con las disposiciones arancelarias vigentes.- III- Remitir fotocopias certificadas de la presente al Tribunal de origen, a los fines de efectivizar la suspensión de la ejecución de la pena, previa fijación de las reglas de conducta contempladas en el art. 27 bis del CP.- IV- Regístrese. Notifíquese, oportunamente comuníquese a Caja Forense y devuélvanse los autos.-