Derecho procesal, recursos, recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso, resoluciones inapelables, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: González, Angel Mariano c/ Ritinmsa S.A. s/ diligencia preliminar Caimi, Gabriela Beatriz c/ Telecom Personal SA s/ sumarisimo s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-22|2019-08-13

Procede rechazar la queja, en tanto el recurso fue bien denegado en razón del monto. Es que existe pacífica interpretación jurisprudencial liderada por la propia Corte en cuanto a que las nuevas leyes de naturaleza procesal, y, en particular, las relativas a cuestiones de competencia, que deben ser aplicadas en forma inmediata a los procesos en trámite (CSJN, 3/12/96, "Guillen A c/ Estrella de Mar y otros", LL 1998-E- 770; LL 1997-C-983), criterio que en materia de inapelabilidad por el monto implica que ésta última deba ser juzgada de acuerdo a la ley vigente al momento de la concesión del recurso. Y, en la especie, si bien la acción fue iniciada el 17.02.1995, el recurso en cuestión fue denegado una vez entrada en vigencia la ley 26536, lo que torna aplicable el régimen establecido por esta última normativa (arg. CCIV 1 y 2), sin las actualizaciones establecidas por las Acordadas CSJN 16/14 -$50.000- y 45/16 -$ 90.000-.

Voto del Dr. Vassallo:.

En el entendimiento de que las leyes procesales son, como regla, de aplicación inmediata a las causas pendientes, aun cuando no lo dispongan expresamente, siempre que no priven de validez a los actos procesales cumplidos con arreglo a la legislación anterior, cuyo respeto se vincula con las garantías de la CN 17 y 18 (Fallos 246:162; 246:183; 249:256: 302:263), y a falta justamente de una aclaración en sentido contrario, se ha juzgado en numerosas ocasiones que, con independencia de la fecha de promoción de la demanda, esta modificación resultaba de inmediata operatividad, con excepción de aquellas causas en donde el recurso hubiere sido concedido con anterioridad a su entrada en vigencia (CNCom, Sala D, 26.2.10, "Banco Supervielle SA c/ Castro Matías s/ ejecutivo"). Y en tal la lectura armónica y no aislada de la norma cuando dispone que "a los efectos de determinar la inapelabilidad de una sentencia o resolución, se estará al monto que rija en la fecha de presentación de la demanda o de la reconvención" conduce a interpretar que tal previsión refiere indudablemente al párrafo precedente, que prevé la adecuación anual que eventualmente efectuará el máximo Tribunal respecto del monto establecido como límite de apelabilidad en el sexto párrafo. Es que, de otro modo, privar de inmediata operatividad a la ley 26536 o restringir su campo de aplicación respecto de la totalidad de las causas iniciadas con anterioridad a su entrada en vigencia, no haría sino contrariar los antecedentes jurisprudenciales citados y fundamentalmente desvirtuar el espíritu final de la modificación legislativa cuyo objetivo no era otro que actualizar (dieciséis años después) el monto de apelabilidad para agilizar el trámite de los procesos de menor cuantía y limitar la cantidad de expedientes en grado de apelación.

Disidencia de la Dra. Tevez:.

Procede admitir la queja articulada y, por ende, conceder en relación el recurso de apelación interpuesto. Ello por cuanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de los autos "Recurso de hecho deducido por Sergio Gustavo Pantano en la causa Banco del Buen Ayre SA c/ Pantano Sergio Gustavo y otro s/ ejecutivo", admitió la queja deducida por el demandado cuyo recurso de apelación contra la decisión que aprobó la liquidación de condena había sido declarado mal concedido conforme lo establecido por el art. 242, según ley 26536. Sostuvo el Alto Tribunal, en lo que aquí nos interesa, que "la demanda fue planteada el 20 de octubre de 1994, tiempo en que regía el monto mínimo establecido por la ley 23.850, cuyo importe en pesos fue actualizado por esta Corte en $ 4.369,67. Yendo al caso concreto, la demanda fue iniciada en el año 1995, reclamándose la suma de $ 13.000 lo que conlleva, tras la orientación jurisprudencial señalada por el Máximo Tribunal, a receptar el recurso de queja interpuesto.