Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-02-22


Expte. Nº 5096/10 "GUEVARA, Domingo de las Nieves c/ Nueva Guillén S.R.L. - Apelación de Sentencia - Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a veintidós días del mes de febrero del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Adolfo Caballero, Ángel Humberto Medina Palá y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en fecha quince de diciembre del año dos mil nueve, en autos Nº 8193 caratulados: "Guevara, Domingo de las Nieves c/ Nueva Guillén S.R.L. s/ Apelación de Sentencia"; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?------------------------------ --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:------- --- De los antecedentes del caso surge que en la sentencia de primera instancia se desestimó el reclamo del actor de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la L.C.T. por considerar que pretender un crédito equivalente a tantas remuneraciones mensuales como las devengadas desde el período cuyo ingreso fue omitido hasta que el empleador acreditare el ingreso de los fondos retenidos, implicaría un abuso del derecho, en tanto el actor tiene una herramienta para obtener el depósito de los aportes adeudados que es "la denuncia a la AFIP para que el organismo proceda a su cobro".------ --- La resolución de primera instancia fue apelada por el accionante, y al resolver sobre el recurso, el tribunal de alzada lo admitió parcialmente, declarando procedente la pretendida sanción conminatoria, aunque reduciéndola en su monto al diez por ciento de lo que pudiere corresponder desde el mes de noviembre de 2005 hasta el mes de abril de 2006 en razón de un informe emanado de la AFIP, esto último haciendo aplicación al caso del criterio sentado por el tribunal a quo en la causa "Almarcha, Marcelo Fabián c/ Autotransportes San Juan - Mar del Plata" a la que remite, donde el mismo tribunal de alzada declaró la inconstitucionalidad del art. 132 bis en función de considerar que violaba el artículo 28 de la Constitución Nacional.---------------- --- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en los incisos 1° y 3° del art. 11 de la ley 2275.--------- --- La hipótesis del inciso 1° es motivada en que el tribunal de alzada declara inconstitucional el art. 132 bis de la LCT por considerarlo irrazonable en función del art. 28 de la C.N.---------------------------------- --- El caso previsto en el inciso 3° se funda en que al resolver como lo ha hecho, declarando la inconstitucionalidad de una norma sin el "previo conocimiento" a que alude el artículo 11 de la Constitución Provincial, ha violado el derecho de defensa de la parte actora.------- --- Reseñados así los antecedentes del caso he de ingresar al examen de procedencia del recurso traído, comenzando por los agravios encuadrados en el artículo 11 inc. 3°; ello así pues de verificarse las hipótesis subsumidas en tal disposición, se estaría frente a una sentencia nula, y por tanto el Tribunal debería así declararlo y reenviar la causa para que se dicte nuevo fallo, lo cual tornaría abstractos el resto de los agravios.--- --- En relación al "previo conocimiento" al que refiere el artículo 11 de la Constitución Provincial, esta Corte se pronunció en fecha 26 de mayo de 1998 en la causa que se registra en P.R.E. S.2ª 1998-I-198, en que casualmente también fui el miembro preopinante. En aquel caso, al fundamentar mi voto, dije que la previa comunicación a las partes que establece el artículo 11 de la Constitución Provincial "tiene clara relación con el derecho de defensa por cuanto pretende que, con antelación a resolverse sobre la inconstitucionalidad de una norma, se les escuche a las partes".---------------- --- Creo conveniente señalar que a la época en que fuera dictado aquel fallo, la jurisprudencia imperante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación era contraria a la posibilidad de que los jueces controlaran por propia iniciativa la constitucionalidad de los actos legislativos, admitiendo tal posibilidad sólo en los supuestos en que los respectivos ordenamientos constitucionales provinciales previeran el supuesto de tal control oficioso (v.gr. Fallos, 311:1855).---------- --- Ahora bien, a partir del caso "Mill de Pereyra, Rita Aurora c/ Provincia de Corrientes", del 27 de septiembre de 2001, el Alto Tribunal Nacional, hizo un giro en su línea jurisprudencial respecto del control de constitucionalidad, admitiendo la posibilidad de que los jueces lo efectúen de oficio, ello en base a considerar que dicho control implica una cuestión de derecho, rigiendo el adagio iura novit curia, lo que autoriza a los jueces a suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente, con la finalidad de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 de la Carta Magna).-------- --- Esta significativa variación en el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema Nacional sobre el punto, fue receptado recientemente por esta Corte de Justicia en la causa "Provincia de San Juan c/ Zenitran S.A. Agric. y Com. - Ejecutivo - Inconstitucionalidad y casación" (P.R.E. S.1ª 2011-I-175), donde se ha hecho mérito que las directivas de la Corte Federal en el fallo "Mill de Pereyra" ". surgen de un pronunciamiento del Alto Tribunal Nacional en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional, debiendo en consecuencia esta Corte de Justicia seguir los criterios allí sentados en cuanto a la inteligencia que debe atribuirse en el caso a las cláusulas de la Carta Magna relativas al principio de supremacía de la Constitución Nacional (art. 31) y al derecho de defensa (art. 18)".-- --- Teniendo en cuenta el criterio actualmente imperante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reveo mi anterior criterio sobre este asunto y adhiero a la posición adoptada por la Sala Primera de esta Corte en el ya referido precedente que se registra en P.R.E. S.1ª 2011-I-175, a cuyos fundamentos brevitatis causae me remito. De ello concluyo en que en el caso no se verifica la hipótesis de violación al derecho de defensa que invoca la recurrente.------------------------------- --- Sentado lo anterior paso a examinar el segundo agravio traído como motivo del recurso de inconstitucionalidad.----------------------------------- --- Para declarar la inconstitucionalidad del art. 132 bis, el voto mayoritario, devenido fallo del tribunal de alzada, se apoya en considerar que la disposición no resiste el análisis de su razonabilidad en orden al art. 28 de la Constitución Nacional por las siguientes razones: 1°) Que obligar al agente de retención a pagar lo debido simultáneamente con el importe equivalente al salario mensual establecido como sanción conminatoria ."en muchos casos de empleadores que no cuentan con abundantes recursos financieros o la posibilidad de acceder a ellos, puede ser un escollo insalvable para satisfacer el fin u objeto perseguido por el legislador y convertir a la sanción en ineficaz", y que esa ultraactividad de la obligación de pagar el salario ha sido ya descalificada en un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Figueroa, Oscar F. c/ Loma Negra S.A., registrado en Fallos, 306:1208), que resulta de plena aplicación al caso. 2°) Que en función de la finalidad que persigue la norma, no se ha acudido a otro medio más idóneo o menos gravoso, como lo sería comunicar a la autoridad estatal o sindical acreedora para que inicie las acciones judiciales por cobro de los aportes. 3°) Que la sanción conminatoria constituye una pena que por su extensión temporal y monto, es superior al interés que se quiere satisfacer "sobre todo en casos como el presente", en que "no se advierte correspondencia de la sanción con el verdadero menoscabo patrimonial del actor, pues éste no es acreedor de los aportes, contribuciones, etc. y, por lo tanto, en poco o nada ha visto reducido su patrimonio".- --- En cuanto al primer fundamento, se advierten dos razones que se esgrimen en forma conjunta: la hipotética imposibilidad para cumplir en que se encontrarían "empleadores que no cuentan con abundantes recursos financieros o la posibilidad de acceder a ellos", y la doctrina del fallo de la Corte Suprema que se cita.-------- --- Respecto a la supuesta imposibilidad en que se encontrarían algunos empleadores, resulta inadmisible como fundamento de una declaración de inconstitucionalidad, pues en tal cometido los jueces deben analizar la razonabilidad de la norma en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas y no sobre la base de los resultados posibles de su aplicación (C.S.J.N., Fallos, 305:1597), siendo insuficiente la invocación de perjuicios meramente conjeturales (Fallos, 307:1656 y 316:687).----------- --- En el caso sub lite, el propio tribunal a quo deja sentado que el incumplimiento que acarreó a la empleadora la sanción conminatoria, consiste en que no había cumplido con los aportes a la Obra Social "ya que se debía el mes de noviembre de 2005". Lo exiguo de la deuda da por tierra con el argumento relativo a los empleadores "que no cuentan con abundantes recursos financieros o la posibilidad de acceder a ellos" lo que "puede ser un escollo insalvable para satisfacer el fin u objeto perseguido por el legislador y convertir a la sanción en ineficaz". Por el contrario, la escasa significación del monto adeudado en el presente caso, pone en evidencia que aquel fundamento no se vincula con el caso concreto bajo juzgamiento, circunstancia que lo descalifica. En tal sentido tiene dicho la Corte Suprema Nacional que "La ausencia de una demostración en el sentido de que en el caso concreto las normas impugnadas ocasionan el gravamen invocado, convierte en abstracto cualquier pronunciamiento acerca de su constitucionalidad" (Fallos, 325:2600).---------------- --- Por otro lado cabe señalar que el precedente de la Corte Suprema Nacional citado en el fallo del a quo no se refiere al art. 132 bis L.C.T., sino al art. 56 del convenio colectivo 40/75 de la industria del cemento, y que la diversa naturaleza de las normas implicadas tornan a dicho precedente inaplicable al presente caso. En efecto, en la causa "Figueroa c/ Loma Negra", la Corte Suprema consideró irrazonable la interpretación asignada al art. 56 del convenio colectivo 40/75 de la industria del cemento por la cual se condenaba a la demandada a reincorporar a los actores y abonarles los salarios caídos desde el despido hasta la reincorporación o su negativa y, para este último caso establecía que el pago de tales salarios lo sería mientras continuara vigente la relación laboral. Dejó allí sentado la Corte Suprema que, por un lado, es lesiva de la garantía de propiedad la obligación de pagar remuneraciones que no responden a contraprestación de trabajo alguno, ni pueden considerarse indemnizatorias de daños por falta de trabajo, pues lo común es que las personas capaces logren emplear su tiempo en otra labor retributiva; y por otro, que implicaba un menoscabo a la garantía del art. 14 de la Constitución Nacional, que consagra la libertad del comercio e industria, en cuanto por vía de la interpretación adoptada por los jueces de la causa quedaba suprimido el poder discrecional que es imprescindible reconocer a los empleadores en lo concerniente a la integración de su personal.----------- --- No cabe asignar al ya referido precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación un efecto extensivo al caso del sub lite. Así opino pues la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis no tiene relación alguna con la prestación laboral del trabajador ni constituye una remuneración. Se ha sostenido en tal sentido que "La sanción conminatoria mensual consagrada por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo tiene por objeto lograr que el empleador ingrese los fondos retenidos indebidamente a favor de los organismos de la seguridad social o sindicales respectivos. En razón de ello, su naturaleza jurídica no es remuneratoria (no obedece al trabajo realizado o prometido en virtud del contrato) ni indemnizatoria (es independiente de los daños causados al trabajador)" (SCMendoza, sala II, 27/03/2007, "Michiels, Oscar A, c/ Impel S.R.L. y otros; L.L. 2007-F-482).--------------------------------------- --- Con la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis L.C.T. el legislador persigue compeler al cumplimiento por parte de los agentes de retención, de sus obligaciones relativas a ingresar los fondos destinados a los organismos de seguridad social y sindicales, como así también lograr que quien los retuvo indebidamente, los deposite en las arcas respectivas. Así entonces aquella sanción constituye un medio coactivo previsto por el legislador tendiente a obtener que los agentes de retención cumplan en tiempo propio con sus obligaciones, disuadiéndolos de incurrir en actos ilícitos. En ello no se advierte lesión a cláusula constitucional alguna. Es que al poder político se le reconoce la facultad de adoptar las medidas que entienda conveniente menester, aunque ello implique afectar en alguna medida derechos consagrados en la Constitución Nacional, a fin de preservar otros bienes también ponderados en ella, atribución que constituye la esencia misma de las potestades propias del Poder Legislativo (C.S.J.N.; Fallos, 302:1579).

--- Siguiendo con el análisis de los fundamentos de la declaración de inconstitucionalidad, en lo que hace a que no se ha acudido a otro medio más idóneo o menos gravoso, resulta también improcedente como sustento del pronunciamiento. En este sentido -como ya se dijo- la sanción conminatoria prevista en la ley tiene por finalidad promover el cumplimiento de las obligaciones que tiene el empleador con los organismos previsionales y sindicales, siendo así tal instrumento un enfoque de política legislativa, y no corresponde a los jueces pronunciarse sobre el acierto o conveniencia del medio arbitrado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones para alcanzar el fin propuesto (Fallos: 240:223; 247:121; 250:410; 251:21; 253:352; 257:127; 308:1631; 324:3345; entre otros).----------------------- --- Por último, respecto del fundamento de la sentencia recurrida según el cual la sanción no se corresponde con el menoscabo patrimonial del actor, resulta evidentemente erróneo e inaplicable al caso, ya que -reitero una vez más- la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis no tiene naturaleza remuneratoria ni indemnizatoria, no ha sido establecida en vistas del interés particular del trabajador, sino con la clara y expresa finalidad de lograr el ingreso de los fondos correspondientes a los organismos previsionales y sindicales indebidamente retenidos por el empleador, de donde resulta por completo irrelevante -en orden a la razonabilidad de la norma- determinar si hay proporcionalidad con el menoscabo patrimonial que pudo haber sufrido el trabajador.--------- --- Finalmente, creo oportuno a esta altura recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma implica un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico, como así también que el ejercicio del control de constitucionalidad "sólo se justifica frente a la comprobación de la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía invocada por el recurrente" (Fallos, 303:397). En el caso, la demandada ni siquiera alegó violación a su derecho de propiedad, mucho menos lo acreditó, y no existiendo demostración concluyente de la forma y magnitud en que se configuraría tal eventual extremo, el fallo en que se declara la inconstitucionalidad del art. 132 bis de la L.C.T. aparece abstracto, sobre la base de gravamenes meramente conjeturales.----- --- Las consideraciones precedentes ponen de relieve que en su aplicación al presente caso el art. 132 bis de la L.C.T. no viola el art. 28 de la Constitución Nacional.- --- Por las razones expuestas opino debe hacerse lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, anulándose el pronunciamiento recurrido en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y en consecuencia remitirse la causa al tribunal de origen para que sobre la base de considerar lo dispuesto en aquella norma, determine el monto de la sanción conminatoria que se aplica a la demandada. Propongo también que las costas se impongan a la parte recurrida.----------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, anular el pronunciamiento recurrido en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y en consecuencia remitir la causa al Tribunal de origen para que sobre la base de considerar lo dispuesto en aquella norma, determine el monto de la sanción conminatoria que se aplica a la demandada. II) Imponer las costas a la parte recurrida. III) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales. Notifíquese y oportunamente archívense.- Ef-5096 E.B.T.

Si-/// ///guen las firmas: Fdo. Dres.: Adolfo Caballero, Ángel Humberto Medina Palá y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- P.R.E. S.2ª.- 2012-I-32