marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barrionuevo, Alejandro Donato c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa. Fruszman, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Escuelas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11|1996-11-27

El reclamo administrativo previo debe versar sobre la misma cuestión sometida a conocimiento de la Suprema Corte, por lo que resulta formalmente inadmisible la acción contencioso administrativa si su objeto difiere notoriamente de lo planteado y debatido en sede administrativa, atento a que la competencia del Tribunal en esta materia es esencialmente revisora (arts. 149 inc.3, C.P. y 1, 28 y conc., C.P.C.A).
Calificación legal, cambio de calificación legal, homicidio culposo, lesiones culposas, infarto, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: DOICAN, L. A. s/ HOMICIDIO CULPOSO. LESIONES CULPOSAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-02

La responsabilidad penal para el autor de un homicidio de tipo culposo requiere la comprobación plena del nexo de causalidad existente entre el óbito de la víctima y la acción que fuera desplegada por el enjuiciado, resultando necesaria la comprobación fehaciente de la relación de causalidad entre los extremos culposos que la ley preceptúa y su consecuencia dañosa, aspecto que en el caso de autos no se encuentra acreditado, atento que el deceso de la víctima ocurrió con motivo del infarto que padeciera cinco días después de producido el accidente.

En razón de lo expuesto, al no haberse comprobado el nexo causal entre ambos elementos extrínsecos, corresponde el cambio de calificación de homicidio culposo por el de lesiones culposas, en orden a aquéllas que sufriera en vida la víctima.
Azúcar, poder de policía, regulación económica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ledesma  SA.  Agrícola Industrial c/ Est. Nac. (Mx. de Economía) s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

El régimen establecido por la ley 19.597, refleja la existencia de una industria fuertemente dirigida, para lo cual se han combinado técnicas reglamentarias de policía y medidas de fomento orientadas a la regulación y fiscalización provisorias de la actividad azucarera.
Delitos contra la fe pública, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, Jorge-PORRO, Rodolfo s/ inf. artículo 174, inc. 5° del Código Penal Causa nro. 27.139
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

La resultante de considerar a la fe pública como bien jurídico tutelado con vida propia lleva inexorablemente a advertir que la protección así sola, no está cabalmente determinada, más bien se presenta amparando un interés difuso o colectivo. Es por ello que resulta necesario que el bien jurídico en cuestión se encuentre siempre relacionado o en función de otros bienes jurídicos susceptibles de ser atacados como consecuencia del menoscabo a la fe pública. La fe pública sólo será lesionada en cada oportunidad en la que se haya producido un perjuicio efectivo e individualizado o se le haya amenazado, según se trate de ilícitos de daño o peligro.
Retención indebida, delito experimental, empleados de comercio, compraventa de mercaderías, recibo
Materia: PENAL
Carátula: ARMOCIDA, Guido s/ DEFRAUDACION. Apropiación indebida. DELITO EXPERIMENTAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-03

Trátase de un supuesto de delito experimental, el accionar de los procesados -empleados de una agencia - que al vender a clientes mercadería extendían recibos, constando en el original que les entregaban a aquéllos la suma total de la compraventa y en los duplicados que archivaban consignaban la cantidad con descuentos que se guardaban para sí, repartiéndoselos en partes iguales.
Competencia, competencia federal, telecomunicaciones, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: PROCESAL
Carátula: "Telinfor  S.A. c/ GCBA  -Dirección General de Rentas s/ medidacautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-13

Compete a la justicia federal conocer en la causa en la que se aduce que el tributo pretendido por una comuna desconoce las facultades de fiscalización que el art. 4° de la ley 19.798 otorga al Poder Ejecutivo Nacional, que la regulación de servicio de telecomunicaciones corresponde a la autoridad de aplicación y que las cargas tendrán incidencia sobre las tarifas, temas todos ellos, de incuestionable naturaleza federal (Fallos: 318:1792)). El conflicto de competencia versa sobre una cuestión de manifiesto contenido federal si se persigue la declaración de inconstitucionalidad de actos y normas locales por ser contrarios a la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, lo que pone en juego la tutela y el resguardo de las competencias que la Constitución confiere al Gobierno nacional (Fallos: 326:2385) (Cons. III).
Sanciones disciplinarias, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez, Pedro c/ Municipalidad de Magdalena s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

Si la supuesta conducta infractora era susceptible de dos sanciones -una correctiva y la otra expulsiva- y se la encuadró en la de mayor gravedad, el órgano decisor debió especificar cuáles fueron los motivos para atribuir a los hechos documentados en el expediente una magnitud tal como para proceder a la cesantía del agente.
Alteración de señales en la vía pública, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: I, A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 44 bis Artículo 44 bis
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-16

Entendió el Sr. Juez de primera instancia que la conducta desplegada por el imputado, pintar de amarillo el cordón de la vereda para indicar la entrada de su garage, encuadraba en el tipo previsto por el artículo 44 bis, habida cuenta de que el encartado habia simulado una señales colocadas por la autoridad pública, lesionando con su accionar el bien jurídico protegido por la norma que entiende es el normal funcionamiento de la administración pública.

La prohibición de estacionar frente a garages es absoluta, no solo por lo que dispone la Ley Nº 24.449 y el Decreto Ordenanza Nº 12.116/487, sino por lo establecido en el artículo 42 del Código Contravencional.

El bien jurídico tutelado por la norma no es el normal funcionamiento de la administración como manifiesta el a quo, sino como bien señala el artículo 44 bis del Código Contravencional, lo que se protege es la orientación pública de lugares, actividades o de seguridad.

Siendo la prohibición de estacionar frente a un garage de carácter absoluto, el imputado bajo ningún punto de vista pudo haber simulado una situación que ya estaba prohibida, por lo que la conducta por él desplegada no encuentra adecuación típica en la norma contenida en el artículo 44 bis del Código Contravencional, por lo que corresponde absolver al encartado.
Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, cambio de calificación legal, modificación de la ley, robo de automotor, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: VARELA, LUIS s/ ROBO AUTOMOTOR - RECURSO REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-09

Corresponde hacer lugar al recurso de revisión interpuesto, por cuanto el encausado fue condenado en 1975 a la pena de 9 años de prisión por el delito de robo de automotor, con armas, y la ley 21 338 a través de su art. 5 inc. "g" derogó los artículos 33 a 40 del precitado decreto-ley, quedando ahora atrapada la conducta atribuida al recurrente en el tipo del art. 166 inc. 2 C.P. ley 21.338, que contiene una escala más benigna (5 a 15 años de prisión).
Recurso de casación, rectificación del error, error de derecho, tipo penal, inhabilitación especial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VILLAFAÑE DE BRITO, TERESA ANGELA s/ EXTORSION EN GRADO DE TENTATIVA EN CONCURSO REAL CON EL DELITO DE VIOL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-31

En el caso, el Tribunal a quo ha aplicado erróneamente el art. 151 del CP, por cuanto la acusada no actuó como funcionaria pública o autoridad pública.

No consta en autos que le hubieran sido asignadas funciones de oficial de justicia, con facultades para proceder al secuestro de bienes. Resulta claro que la designación de la acusada tuvo lugar a propuesta de la acreedora, y sus funciones estaban limitadas a las que el mismo mandamiento señala; y de ello se desprende únicamente la facultad para intervenir como auxiliar de comercio, en virtud de la relación particular que la vinculaba con el acreedor peticionante.

Por ende, no actuó ni pudo actuar como auxiliar de la justicia; lo que en cambio sucede cuando el martillero es designado para intervenir en una subasta pública. En tal supuesto, no actúa como mandatario o comisionista de los sujetos del proceso, sino como auxiliar interno del órgano jurisdiccional.

En suma, el tipo penal requiere que el agente actúe en ejercicio de la función que desempeña, pues si obra como simple particular, tal actuación queda comprendida en el art. 150 del CP.

Tal lo acontecido en el sublite; toda vez que las constancias de autos muestran que la imputada no obró como auxiliar de la justicia; y tampoco pudo hacerlo porque a todo evento, es el Oficial de Justicia el funcionario a cargo de llevar a cabo medidas como la que intentara consumar la acusada. Cabe señalar que esta conclusión no se ve modificada por un posible engaño acerca de las reales facultades con las que contaba la imputada; lo cual sólo constituye una de modalidades de comisión que puede presentar la figura descripta en el citado art. 150.

Lo expuesto conduce a rectificar el error de derecho denunciado por el impugnante (art. 481, CPP); encuadrando en caso en el delito de violación de domicilio previsto por el art. 150, CP.

Cabe advertir que la calificación legal aplicada, no contempla la pena de inhabilitación especial prevista en el citado art. 151; que supone la necesaria condición de funcionario o autoridad pública en el sujeto activo.

Mas las particulares circunstancias del caso conducen a mantener la inhabilitación especial para ejercer la función de martillero, por aplicación de lo dispuesto en el art. 20 bis, ap. 3 del Cód. Penal.

No puede soslayarse que la conducta atribuida a la imputada por el Tribunal de juicio, importó irregular ostentación de su condición de martillera pública; y que en claro exceso de las facultades que ese título le confería para el caso particular, intentó prevalerse de su profesión para consumar el hecho.
Prescripción, prescripción adquisitiva, impuestos, tasas, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHACABUCO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ CARDOSO BORGES, JOSE s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-01

No opera la prescripción adquisitiva de un inmueble por el hecho de pagar a último momento el impuesto inmobiliario y las tasas municipales, ya que ello no importa cumplir con el requisito legal aún cuando dicho pago comprenda los cánones vencidos y no prescriptos-, pues lo que la ley toma en cuenta cuando otorga especial relevancia al pago de tributos por parte del poseedor, es el "animus domini" que ellos denotan, el tiempo de la detentación material con el mismo y su permanencia en ella que la fecha de los primeros pagos hacen presumir.
Revocación de sentencia, declaración testimonial, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Silva Rodríguez, H. Y. c/  s/ nulidad (Causa Nº 46.813/2021)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-27

Nulidad rechazada.

De las declaraciones testimoniales en donde se les refirió que "de entender que con algunas de las preguntas que se le efectúan, puede verse auto incriminado podrá ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional".

Aclaración realizada que autoriza a inferir que existían sospechas de que los deponentes podían revestir la calidad de imputados en los términos del artículo 72 del Código Procesal Penal de la Nación. Versión brindada de los eventos bajo juramento de decir verdad y sin asistencia letrada que afectó la garantía que proscribe la autoincriminación forzada (artículos 18 de la Constitución Nacional y 168 y 172 del citado ordenamiento procesal) y la defensa en juicio.

Revocación. Nulidad de las declaraciones testimoniales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, defensa en juicio, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., J. O. c/  s/ RETENCION Y OCULTAMIENTO DE PERSONA CON EL FIN DE OBLIGAR A LA VICTIMA A HACER ALGO EN CONTRA DE SU VOLUNTAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-04

La impugnante critica que se tuviera por acreditado el delito de homicidio agravado con base en sostener que se aplicó la duda en su perjuicio, pese a no existir elementos que así lo avalen y que se afectó el principio de congruencia y el derecho de defensa frente a la presencia de prueba ilícita, mas con ello no realiza una mención hilada e integral de lo ocurrido en la causa y de la totalidad del material probatorio que se tuviera en cuenta para arribar al fallo condenatorio y sobre el cual discrepa, circunscribiendo sus reproches a tildar de arbitrario el fallo sin demostrar -por las deficiencias apuntadas- cómo los mismos tendrían entidad para modificar la resolución a la que arribaron los Sentenciantes.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R.de U.T. c/ U.M.J. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-20

El art.21 de la ley 18.596 modificado por la ley 20.490 al liberar de la inembargabilidad que cabe a las remuneraciones a los créditos originados en las cuotas alimentarias y litisexpensas, establece que las mismas "deben ser fijadas dentro de un mínimo que permita la subsistencia del alimentante". De ello se deriva que al establecer un embargo por cuotas alimentarias quepa, en principio, reservar una parte de la remuneración que alcance para la subsistencia del propio alimentante, suma que no debería ser en ningún caso inferior a un salario mínimo. Ahora siempre que sea la única remuneración que perciba el alimentante o que éste no cuente con otra fuente de ingresos. Vale decir que si el mismo no tiene como único medio de subsistencia el salario o remuneración sujeta a embargo, éste puede ser dispuesto sin límite alguno. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, prueba inexistente
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Giuri, Horacio Alberto c/ Centeno de Pérez, Nieves Gladys s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-10-29

Es arbitraria la sentencia que se basa en prueba inexistente.
Leyes, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Wave Agencia Marítima S.A. (T.F. 13.403-A) c/ D.G.A.". s/ aduana
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

Si las leyes pudieran ser modificadas por los decretos, éstos por las órdenes ministeriales y si los ciudadanos pudieran actuar sin tomar en consideración lo que disponen todas ellas, tendríamos lo que técnicamente se calificaría de anarquía, que despierta una atracción muy fuerte en todo ser humano pero que está en las antípodas del ordenamiento jurídico del Estado Constitucional (esta Sala, 30/8/02 "García Basalo Carlos Alejo c/E.N. -M° Justicia- Dto. 894/01").
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres, mandato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Garritano, Julio c/ Pacha, Néstor Raúl y otros s/ Cobro ejecutivo de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Si el contrato de locación se concertó entre el actor en representación de otra persona, en adelante llamado el locador y el demandado, en adelante llamado el locatario, ello significa que, en rigor, el inquilino admitió en ese acto el mandato invocado por quien celebró el convenio con él (doctr. arts. 1510, 1511, 1869, 1873, 1875 y 1876 Código Civil), de suerte que no cuadra desconocerlo en ocasión de promoverse el cobro de alquileres, pues la deducción del juicio por tal causa es un mero acto de administración normal, inherente a la esencia del mandato aludido. El actor ha obrado legítimamente al requerir el pago de lo adeudado, y quien contrató con él, reconociéndole oportunamente personalidad para ello, no puede aducir luego una supuesta falta de representación, so capa de que el título es inhábil, pues justamente del contrato se desprende su condición de locador. No solo se oponen las reglas de la buena fe (art. 1198 Código Civil) y la doctrina de los propios actos, sino que el inquilino carece de interés para oponerse al pago íntegro, ya que de cualquier modo se libera abonando al ejecutante (art. 731 inc. 1 Código Civil).
Ejecución fiscal, excepciones procesales, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: R.Q. en autos " F.N.  (D.G.I.) c/ Scanner International S.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-14

Con anterioridad a la reforma las ejecuciones fiscales en que no se habían opuesto excepciones eran inapelables, por lo cual la modificación dispuesta por el art. 34 de la ley 23.658 sólo es de aplicación a supuestos en que se rechazan excepciones.
Revocación de sentencia, apreciación de la prueba, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, coherederos, acervo sucesorio, uso exclusivo de la cosa común, compensación judicial
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Pérez, Francisco s/ sucesión s/ incidente s/ fijación de valor locativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que elevó el monto de la compensación que le correspondía abonar a uno de los coherederos por el uso exclusivo de dos inmuebles, si utilizó argumentos que sólo en apariencia sustentan lo resuelto, ya que mediante afirmaciones dogmáticas se ha privado de eficacia a un medio de prueba especialmente idóneo para formar la convicción del juzgador, sin que existan otros elementos de juicio que permitan apartarse válidamente de sus conclusiones
Violencia de género, aplicación errónea de la ley, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Mossutto, Ariel Ricardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-07

Para que se configure un caso de violencia de género puede bastar un episodio aislado ya que, así como no todo acto contra una mujer será violencia de género, tampoco resulta necesaria su reiteración para que se configure. El punto central es que la manera en que las víctimas pueden evitar la agresión del autor es sometiéndose a su voluntad. La contracara es que son muertas por no haberse sometido. En este sometimiento y cosificación de la víctima reside una de las claves para interpretar la violencia de género y el femicidio. A partir de ello, se verificó en una errónea interpretación del art. 80 inc. 11, del Código Penal si de la lectura de la sentencia de la instancia anterior se desprende que el único argumento que el tribunal a quo empleó para descartar una situación de violencia de género -y por ende, la aplicación de la agravante- fue que se trató de un hecho aislado -por grave que fuera- (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Días).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, restitución de bienes
Materia: PENAL
Carátula: SORIA, Emiliano Carlos s/ HURTO EN GRADO DE TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

No debe considerarse como atenuante en la tentativa "la recuperación inmediata del bien sustraído", ya que la escala del artículo 44 del Código Penal, presupone la falta de consumación, y por ende, la ausencia de daño material no puede computarse como tal.
Policía, pase a disponibilidad, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pippo, Esteban Ramón c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

El art. 87 del dec. ley 9550/80 carece de relación si -como en el caso- la disponibilidad preventiva se originó en un hecho y la sanción de suspensión aplicada obedeció a otro totalmente distinto. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad, ley provincial, decretos provinciales, traslado, falta de traslado, Estado Provincial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barreto, José y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, en una acción de amparo, declaró la inconstitucionalidad del decreto 2844/95 y de la ley 8918 de Entre Ríos, sin haber dado traslado al Estado provincial a fin de que evacuara el informe del art. 8. de la ley 8369 de la provincia.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transener S.A. c/ Resolución ENRE 70/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-17

La motivación de un acto administrativo trasunta la exteriorización de la causa jurídica, acredita que en el caso concurren las circunstancias de hecho o de derecho que justifican su emisión, alejando así todo atisbo de arbitrariedad. No es necesaria una relación analítica o circunstanciada de los antecedentes jurídicos y fácticos que preceden y justifican su dictado, basta una relación sucinta siempre que sea ilustrativa. (Del voto de la Dra. Garzón de Conte Grand, consid. XI).
Importación temporaria, derecho adicional de importación, interpretación de la ley
Materia: ADUANERO
Carátula: Frischer SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-14

Cabe revocar la sentencia mediante la cual se exigió el pago del derecho adicional del 30%, previsto en el art. 15 de la Resolución 72/92 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, respecto de bienes ingresados en el pais al amparo del régimen especial de importación temporaria de mercaderías, pues asiste razón a la apelante dado que el citado ar. 15 condiciona expresamente el adicional del 30% allí previsto al registro de una solicitud de destinación para consumo y a su autorización por el servicio aduanero, y ante los claros términos de esa norma, afirmar que el recargo establecido por ella resulta aplicable cuando la importación para consumo se produce sin que medie un pedido del interesado, y por el solo transcurso del plazo de la importación temporaria sin que se hubiese cumplido la obligación de reexportar la mercadería -arts. 274, 638 y cctes. del Código Aduanero-, implica extender los alcances de una norma tributaria a supuestos no previstos en ella, acudiendo al método de la analogía, lo cual es inaceptable según reiterada y pacifica jurisprudencia que tiene como fundamento la naturaleza de las obligaciones fiscales y el principio de reserva o legalidad que las rige. -En igual sentido, la Corte se expidió en la causa I 49 XLII, IEF Latinoamericana S.A, sentencia de la fecha, en el cual al interpretar el art. 23 del Decreto 1439/96- similar al art. 15 de la Resolución 72/92-, aplicó idéntico criterio que en la presente.