marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cesantía, nulidad del acto administrativo, causa del acto administrativo, falta de causa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Scarrone, Mario A. c/ E.N.  (Ministerio de Economía y  A.N.A. ) s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-10

Corresponde dejar sin efecto la resolución administrativa afectada de nulidad absoluta, cuando la causa de la cesantía es inexistente (artículos 7, inciso b) y 14, inciso b) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y 27, inciso a) y 32, inciso f) de la Ley 22.140) debiéndose pagar, en consecuencia, la indemnización que establece la Ley 21.274.
Recurso extraordinario federal, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Seminara Empresa Constructora S.A. c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche. s/ Ordinario s/Contencioso Administrativo s/Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-11-27

Lo atinente a la inclusión de los intereses en el monto básico tenido en cuenta a los efectos de la regulación de honorarios de los profesionales, resulta un tema ajeno a la competencia extraordinario autorizada por el art. 14 de la ley 48.
Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARAUJO,ROGELIO B. c/ MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Y ESTADO DE LA PCIA. DE CORRIENTES s/ RECURSO FACULTATIVO" EXPTE.N 13.164/96.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-08-20

Es de competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia (art.145 inc.2 Const.Pcial.) la materia contenciosa administrativa y define la acción la presunta lesión a un derecho subjetivo de carácter administrativo.-
Daños y perjuicios, indemnización, rubros indemnizatorios, gastos médicos, obras sociales, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Morata, Franco s/ Lesiones culposas agravadas - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-13

El damnificado tiene derecho a reclamar los gastos médicos futuros a quien se encuentre obligado al pago, aun cuando se encuentre afiliado a una obra social, pues siendo que tales erogaciones aun no han sido abonadas, el daño no fue compensado, correspondiendo en todo caso al demandado probar que esas erogaciones no se producirían porque las afrontaría la entidad de salud.
Tutela sindical, estabilidad del delegado gremial, despido del delegado gremial, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Universidad Nacional de Rosario c/ Calarota, Luis Raúl s/ exclusión de tutela sindical
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-15

El fin que persiguió el legislador al dictar los arts. 48 y 52 de la ley 23.551 no es otro que el de preservar a los representantes sindicales de cualquier acto patronal de represalia explícita o encubierta que pudiera afectar su situación de empleo exigiéndole al empleador la previa demostración en sede judicial de que media una causa justificada para la adopción de medidas que impliquen la modificación, suspensión o extinción de la relación laboral.
Diligencias preliminares, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio Propietarios Edificio Martínez de Hoz 4105 c/ Narvaez, Luis Antonio s/ Diligencia preliminar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-02

La expresa previsión en el Reglamento de Copropiedad y Administración de someter a la jurisdicción de un determinado Departamento Judicial, toda cuestión judicial o extrajudicial propia de dicho instrumento, desplaza la subsidiaria norma del artículo 5 del Código Procesal citado por el "a- quo", quien resulta así competente - en principio- para entender en estas actuaciones (arts.

101, 102, 1197, del Código Civil; 5 inc. 2 y 3 , 6 inc. 4 del Código Procesal). (Minoría u opinión personal)
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Enciso, Marciana c/ Corradini, Eugenio Francisco y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-08

Pedido por la parte el pase de los autos para sentencia y certificado por el actuario que quedaba prueba pendiente, si aquélla entiende que el período probatorio está clausurado por ser innecesaria la producción de la faltante, debe así manifestarlo antes que venza el plazo legal (art. 310 inc. 3, C.P.C.C.) y reiterar en su caso el llamamiento de autos. Es recién con dicha providencia que cesa la obligación de las partes de impulsar el procedimiento y poder ampararse en el art. 313 inc. 3 del C.P.C.C..
Prisión, sustitución de la multa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Figueroa, Maximiliano Jorge Isaac c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-27

En relación con las previsiones del artículo 21 del C.P. es conveniente recordar el mencionado artículo, que en su 3º y 4º párrafo reza "El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado. Podrá autorizarse al condenado a amortizar la pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre que se presente ocasión para ello. También se podrá autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas. El tribunal fijará el monto y la fecha de los pagos, según la condición económica del condenado".

A la luz del artículo de referencia, analizado en su conjunto, permite que se dé por satisfecha la multa ofreciendo diversas opciones, situación prevista por la norma una vez que hayan transcurrido diez días desde que la sentencia adquirió firmeza, y que cumplido ese lapso el juez de ejecución haya agotado todas las diligencias tendientes a obtener el pago de la misma, e.lo cual sólo resulta posible ante un incumplimiento por parte del obligado. Dres. Figueroa y Petrone
Queja por denegación o retardo de justicia, interposición del recurso, cámara nacional de apelaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrazana, Deolinda Sandra Elizabeth c/ PAMI y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-17

Los recursos de queja por retardo de justicia son procedentes ante la Corte solo cuando se los plantea contra las cámaras nacionales de apelaciones (art. 24, inc. 45°, del decreto-ley 1285/58), situación que no se verifica en la presentación en que la denuncia concierne a la actuación de un juzgado de primera instancia y en que debe tomar intervención el tribunal de alzada respectivo, con arreglo a lo dispuesto en el art. 17, inc. 3°, de la ley 4055, el art. 167 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el art. 118 del Reglamento para la Justicia Nacional.
Arraigo, tratados internacionales, Convención de la Haya sobre Procedimiento Civil, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: Agroiber S.L. c/ Luis, Jorge Fortunato. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

La aplicación de la Convención sobre Procedimiento Civil del 1 de marzo de 1954 adoptada en la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y aprobada por ley 23.502, que exime a la actora de la necesidad de arraigar, debió ser efectuada aun de oficio.
Movilidad del haber jubilatorio, régimen jubilatorio, investigadores científicos y técnicos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Herrera Cano, José c/ A.N.Se.S. s/ Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-23

El régimen jubilatorio de la ley 22.929 -investigadores científicos- ha quedado sustraído de las disposiciones que integran el régimen general reglamentado por las leyes 24.241 y 24.463, con el que coexiste, manteniéndose vigente con todas sus características, entre las que se encuentra su pauta de movilidad (Fallos 328:4044). (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, parentesco
Materia: PROCESAL
Carátula: PAZ, AMERICO DEL VALLE c/ SERVICIOS ALLENDE  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

Una sociedad anónima tiene una personalidad distinta de la de los miembros que la integran, y por ello, el vínculo de parentesco del testigo con algún integrante del ente societario carece de relevancia para excluir, por si solo, la eficacia probatoria de su declaración, la que deberá determinarse en base a otros parámetros.
Alimentos, mayoría de edad, pago con subrogación
Materia: CIVIL
Carátula: L. de T. c/ T. F. s/ Ejecución de alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-12

La madre de los alimentados llegados a la mayoría de edad, queda subrogada en los derechos de éstos a reclamar los alimentos prestados durante la menor edad de los beneficiarios.
Cuestiones de competencia, nulidad procesal, secuestro de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO SUQUIA S.A. c/ COOP. DE PRODUCTORES AGRARIOS DE TUCUMAN LTDA. s/ SECUESTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-25

Se advierte que en el caso, la entrega y restitución del bien a la concursada no es más que la consecuencia de la nulidad de la medida de secuestro dispuesta por el juez en lo civil y comercial. De ello se sigue que es el juez del concurso quien debe procurar el estricto cumplimiento de lo resuelto por su parte, en tanto corresponda.

Lo expresado se ajusta a las particulares circunstancias de la causa donde luego de concretado el secuestro del bien -conforme lo previsto por el art. 39 de la ley de prenda con registro- no se verificó actividad procesal alguna por las partes, que sí continuaron su actuación en el marco del concurso de la ejecutada (planteo de la incidencia para el levantamiento de la medida de secuestro y su sustanciación, verificación del crédito del banco actor, etc.).

Corresponde por tanto, declarar la competencia del señor juez civil y comercial común de la Ia. Nominación quien deberá procurar el cumplimiento de la resolución dictada por su parte.
Accidente de tránsito, seguros, cobertura, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Rojas, Walter Gastón c/ Maiztegui, Héctor Ariel y otros s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-30

A raíz de un estricto sentido de equidad, si la compañía aseguradora, en determinado período o época, consideró justo percibir un cierto monto en concepto de "prima" que, transformado a dólares -por expresarlo en una moneda estable-, tenía un valor; también parece justo que al momento de responder esa equivalencia se mantenga. Por ello, si del valor del dólar entre la fecha del accidente y la que se dicta sentencia existe una diferencia del 1400%, la cláusula contractual que limita el monto de cobertura resulta abusiva y corresponde dejarla sin efecto (arts. 7; 1094, 1095, 1118, 1119 y 1122.b) del CCC).
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: PEREYRA GABRIELA SUSANA c/ OFICINA LABORAL CASAL MANSILLA  S.R.L. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-28

La sola creencia del dirigente, de la razón probable para litigar, no es sí suficiente para eximirlo del pago de las costas del juicio al perdidoso, pues es indudable, salvo hipótesis de actitudes maliciosas, que todo aquel que somete una cuestión a los Tribunales de Justicia es porque cree tener razón de su parte, más ello no lo exime -de por sí- de los gastos del contrario, si el resultado del juicio no le es favorable.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tissembaum, Isaac c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 595-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-07

El suplemento de "asistencia directa al Ejecutivo" reconoce su origen en el decreto nro. 3022, de fecha 31.7.1991, que lo incorporó en el artículo 80 septimus del decreto nro. 2695/83 (Escalafón General del Personal Civil de la Administración Pública Provincial).

El mismo alcanza al personal que depende orgánica y funcionalmente de la Gobernación y que presta servicios en el tramo superior:

categorías 19 a 24 y se traduce en una asignación mensual equivalente al 25% del monto total de sus remuneraciones -excluido presentismo y asignaciones familiares-. Dicho porcentaje puede ser incrementado por el titular del Poder Ejecutivo al 50% para aquel personal que, por el tipo de labor, calidad de prestación y grado de responsabilidad comprometida, resulte acreedor de una ponderación superior, pudiendo llegar al 75% en el supuesto de agentes que se desempeñan en las categorías 21 a 24, lo que se deberá realizar con carácter restrictivo y debidamente fundado. Esta norma, si bien impone un recaudo, lo hace para ser beneficiario del incremento al 50%, o más: la instrumentación por el Poder Ejecutivo provincial, a propuesta de la Secretaría de Estado y Técnica de la Gobernación. De lo expuesto se colige que la asignación mensual del 25% no requiere el cumplimiento de tal condición , lo que nos lleva a la procedencia del reclamo del actor en cuanto atañe a este rubro.
Empleados públicos, honorarios del abogado, cuerpo de abogados del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Varela, Fernando J.J. y otro c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

La ley 8838 es una disposición estatutaria que comprende no sólo a los agentes dependientes de la Administración central de los Municipios sino que alcanza, por su generalidad, a los agentes dependientes de los entes descentralizados municipales (en el caso:

el Banco Municipal de La Plata).
Obligación principal, obligaciones accesorias, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Neuquén, Provincia del c/ Estado Nacional s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

El concepto de obligación accesoria y las características del nexo que la vincula a la obligación principal, son esencialmente ajenos a la relación que existe entre las diversas condenas contenidas en una sentencia, concretamente la que reconoce el crédito del actor y manda satisfacerlo y la que establece el crédito por honorarios del letrado que interviene en el proceso.
Actuaciones administrativas, prueba documental, producción de la prueba, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CABEZA RUBEN Y OT. c/ DIRECCION PROVINCIAL DEL MENOR s/ ord (LIBRO: A073 - 269)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-19

La calidad de repartición pública de la accionada, no puede cambiar la naturaleza propia de la prueba, cuya proposición, se halla sujeta a principios de moralidad exigibles por igual a todos los litigantes. Por tanto debe acompañar con la demanda o el escrito de responde, los documentos que hagan a su derecho; y no puede solicitar la incorporación de su expediente ofreciéndolo como prueba para ser requerida por oficio, alegando que por razones de "tramitación interna" la localización de expedientes debe hacerse siempre siguiendo los pasos necesarios y orden expresa del funcionario respectivo. En los hechos además, puede acompañar fotocopia autenticada de las actuaciones administrativas que, hallándose en su poder, necesita para apoyar su defensa.
Jurisprudencia, deuda previsional, trabajador autónomo, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CHAVEZ, VALENTINA c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-11

La valoración o incidencia que cabe asignar a la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el caso "Rei Rosa" se encuentra condicionada a la especificidad fáctica que constituyó el presupuesto para la aplicación del derecho. Pretender que las consecuencias de una norma individual como supone el dictado de una sentencia, extienda sus efectos de modo generalizado, sin distinguir situaciones, conllevará, sin duda, a descalificar lo decidido al advertir el desajuste entre los hechos probados y el encuadre normativo. (Del voto del Dr.

Fernández).
Querella, calumnias
Materia: PENAL
Carátula: QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS; ACCIÓN CIVIL REPARATORIA PROMOVIDA POR CAPELLINI RODOLFO LINO; ITURREZ DE CAPELLINI ADA ROSA C/ RODRÍGUEZ DELFOR DEL VALLE s/ CASACIÓN CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-12-30

El tipo subjetivo del delito de calumnias (Art. 109 del Código Penal), exige el conocimiento de la falsedad de la imputación delictiva que se afirma, o al menos la conciencia de la altamente probable mendacidad de dicha circunstancia.
Constitución Nacional, gobierno de facto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SILVERIO FLORENCIO SORIA c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ CONVENCIONES    COLECTIVAS    DEL  TRABAJO.  ADMINISTRACION  PUBLICA.  GOBIERNO DE FACTO-CONSTITUCION NACIONAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

Si la Nación está regida por la Constitución, no hay más ley que la sancionada y promulgada de acuerdo a sus disposiciones, tanto si provienen de un poder constitucional diferente, como de un poder de facto.
Tratados internacionales, violación de derechos humanos, delitos contra la humanidad, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, obligaciones internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Resultaría de un contrasentido intolerable que la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad", uno de los tratados a los que se refiere el párrafo tercero del art. 75, inc. 22, cuya jerarquía constitucional ni siquiera ha sido otorgada por el poder constituyente, sino por un poder constituido (ambas cámaras del Congreso con mayoría especial) desconociera principios infranqueables de nuestra Ley Fundamental, reformándola a extramuros de la técnica constitucional establecida en su art. 30 (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Medidas cautelares, divorcio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D., G. R. y M., L. B. s/ Divorcio Vincular por presentación conjunta S/ Incidente de  liquidación de Sociedad Conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-04-12

La fuente regulatoria de las medidas cautelares en el proceso de separación personal o divorcio que, por el artículo 1306 del Código Civil, conlleva necesariamente la de disolcuión de la sociedad conyugal, no debe buscarse en las normas adjetivas sino en el derecho de fondo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Dominio, transmisión del dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvarado, Manuel c/ Mari y Cía. y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04

Para transferir el dominio se requiere título, modo e inscripción (arts.577, 1184 inc. 1, 2505, 2601, 2602 y conc., C.Civil).
Empleados de banco, despido, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: Percoco, Juan José c/ Banco de Avellaneda s/ Salarios caídos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-26

El derecho a la percepción de los haberes de sustanciación del juicio establecido en el art. 3 ap.I de la ley 12.637 (texto según dec.ley 18.598/70) es consecuencia de la sentencia judicial que ordena la reincorporación al cargo, pronunciamiento al que no puede llegarse si no media petición expresa del interesado (art. 47 dec.ley 7718/71; art. 163 inc.6 C.P.C.C. como acontece en el sub judice, donde por el contrario existe una expresa manifestación en contrario.
Indemnización, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL
Carátula: Pino, Aladino y Otra c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-17

A los fines de establecer el resarcimiento derivado de la muerte de una menor no es dable sujetarse a criterios estrictamente matemáticos que no tengan en cuenta el cúmulo de potencialidades de todo orden inherentes a la condición humana, lo cual no implica descartar del prudente arbitrio judicial las pautas orientativas provenientes de la condición social, edad, educación, expectativa de vida, etcétera, de la víctima y de los beneficiarios, para que el correcto concepto de reparación integral no derive hacia un enriquecimiento sin causa a costa del patrimonio estatal.
Acción de amparo, existencia de otras vías, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NUÑEZ, CESAR DANIEL; ALEGRE, MAURO MAXIMILIANO; GARCIA, GERARDO Y VALENZUELA, LEONARDO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

En lo que se vincula específicamente al caso ahora bajo análisis, se advierte que los actores no han aportado argumentos suficientes para demostrar la existencia de un daño concreto y grave que sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo, es decir, no han acreditado por qué excepcional razón, en las circunstancias del caso, el tránsito por la vía administrativa previa y el posterior acceso a la jurisdicción especializada podrían acarrearles un perjuicio irreparable, máxime si se atiende al amplio espectro que en materia de tutela cautelar posibilita el artículo 14 de la ley 11330; y tal demostración era necesaria, pues lo contrario implicaría excluir apriorísticamente de la justicia contencioso administrativa el control de la actividad administrativa como la cuestionada en autos, sin norma expresa alguna que lo disponga. - CITAS: CSJN: Ballesteros, Fallos 317:1128; CSJStaFe: Ridley, AyS T 237, p 445; Strina, T 288, p 182; Alonso, T 289, p 352; Galetto, T 141, p 239; Mastrizzo, T 144, p 109; Gauchat, T 162, p 381; Manassero, T 163, p 398; Cremón, T 193, p 118; Moyano, T 196, p 417; Mercado, T 201, p 375; Quevedo, T 251, p 349; Durán, T 295, p 219.
Violación calificada, violación calificada por el concurso de personas
Materia: PENAL
Carátula: Campos, Héctor Manuel s/ Violación. Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

El fundamento de la agravante prevista en el art. 122 del Código Penal reside en el estado de indefensión de la víctima, ya que no es lo mismo repeler a un agresor, que hacerlo contra varios. Por ello es razonable que dos autores acrecienten la potencia ofensiva del acto y sería injusto que en ese caso, el hecho fuese cualificado, pues reviste idénticas características de peligrosidad que el que fuere cometido por más personas. Por otra parte, la télesis de la ley no debería ser otra ya que la opuesta se puede prestar a desfasajes, como ser que se considere agravado el delito de violación por la concurrencia con el autor de dos personas inválidas, que hubiesen ejercido un mero acto de presencia o una acción intimidatoria, y se deje de aplicar la calificante cuando el que cometiere el delito concurre con un cómplice dotado de gran contextura física. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vampa, Martha Ethel c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Obra Médico Asistencial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Tal inhabilidad reviste carácter legal desde que para gozar del adicional por bloqueo de título el agente con título profesional de nivel universitario debe encontrarse expresamente inhabilitado por la normativa pertinente para ejercer libremente su actividad profesional. Así lo establecen las normas específicas requiriendo expresamente tal inhabilidad para determinar la procedencia del otorgamiento del adicional por bloqueo total o parcial de título (art. 22, inc. d), ley 10.430, conc. dec. regl. 1791/90).