Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-21


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de diciembre del año dos mil once, reunidos los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, Dres.

Liliana E. Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Alejandro Slokar, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, Dr. Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa n/ 14.386, caratulada: "Videla, Jorge Rafael s/ recurso de casación", con la intervención del representante del Ministerio Público ante esta Cámara, Dr. Ricardo Gustavo Wechsler, del Sr. defensor oficial, Dr. Carlos Celaya, por la asistencia del imputado.

Efectuado el sorteo para que los Señores Jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden siguiente: Catucci, Riggi, Slokar.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

La Señora Juez, Dra. Liliana E. Catucci, dijo:

PRIMERO:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 140/150 por la defensa oficial contra la decisión que rechazó el pedido de arresto domiciliario (fs. 116/118 vta.).

Concedido el remedio intentado por auto de fs.

151/153, las actuaciones quedaron radicadas ante esta Cámara.

Celebrada la audiencia prevista por el artículo 465 bis del Código Procesal Penal, en función del 454 y 455 ibídem (texto según ley 26.374), la defensa oficial presentó breves notas -conf. constancia actuarial de fs. 172-, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

a) Con sustento en ambos incisos del art. 456 del C.P.P.N., la defensa oficial señaló que la decisión carecía de la debida fundamentación, que la tornaba aparente y descalificable como acto jurídico y en consecuencia arbitraria (art. 123 del C.P.P.N.).

Pusieron de relieve que el estado de salud de Videla agravado por una caída que le produjo la fractura de los miembros superiores sustenta una razón humanitaria que torna viable el instituto en procura de favorecer el período postoperatorio.

Sobre un análisis de la normativa aplicable se remarcó que no puede negarse el beneficio basado en la gravedad de la pena o el impacto de los hechos, que son de interés para la prisión preventiva, pero que no atiende a la edad y al estado deficitario de salud de su asistido.

Destacó que las dolencias que lo aquejan pueden ser tratadas más adecuadamente en su domicilio particular y agregó que la necesidad de un acompañante terapéutico de Videla, no era una prerrogativa sino una necesidad que el Estado no satisfizo.

Finalmente, solicitó en subsidio mientras se recupera de sus dolencias y pueda hacer una rehabilitación ambulatoria, se le permita cumplir su prisión preventiva en el domicilio.

Por último, hizo reserva del caso federal.

TERCERO:

Al ingresar al tratamiento de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional, se observa que los planteos introducidos por la asistencia técnica estatal están enderezados a manifestar su disenso con los argumentos que sustentaron la decisión impugnada, circunstancia que, por sí sola, no acarrea vicio de arbitrariedad o lesión constitucional máxime si el fallo puesto en crisis contiene la debida fundamentación, pese a la opinión de los recurrentes.

La confrontación de los parámetros legales con la situación del enjuiciado es la que revela su desajuste a aquéllos.

En efecto aún teniendo en cuenta la amplitud de los casos comprendidos en el beneficio traídos con las reformas de la ley 26.472 (B.O. 20/1/09) la situación del justiciable no resulta abarcada por ellos.

Es de reparar que el actual artículo 32 de la Ley 24.660 prevé esa forma de encarcelamiento en los siguientes casos: a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) Al interno mayor de setenta (70) años; e) A la mujer embarazada; f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo."(el subrayado me pertenece).

Por su parte, el artículo 33 quedó redactado de la siguiente manera: "La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución o competente. En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá fundarse en informes médico, psicológico y social. El juez, cuando lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión de la medida a cargo de un patronato de liberados o de un servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad." Asimismo, el artículo 10 del Código Penal fue modificado y dice hoy: "Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria: a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) El interno díscapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) El interno mayor de setenta (70) años; e) La mujer embarazada; f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo." Cámara Federal de Casación Penal Se parte de la premisa de que el legislador al crear tal disposición otorgó facultad al juez para aplicarla, facultad que le amplía ahora con la reforma legislativa ya que sin excluir ninguno de los antiguos supuestos incorporó otros antes no contemplados. Redacción que impone evaluar en cada oportunidad la posibilidad de disponer la excepción a que se alude.

Según las constancias del legajo de salud, y lo que surge de la argumentación del pronunciamiento atacado, si bien Videla reúne el requisito etario establecido por la norma, su estado de salud no es de los previstos para hacer viable el instituto. Esto por cuanto fue operado con éxito de los miembros superiores, apreciándose mejoría (cfr. fs. 103 del incidente de salud), circunstancia que le permite realizar las actividades de la vida diaria.

Pese a sus dolencias físicas no se encuentra en situación de desamparo, ni de riesgo de vida. Esas condiciones aunadas a su evolución favorable, asistencia profesional, alta médica y tratamiento de rehabilitación que se le proporciona en la unidad de alojamiento (cfr. fs. 109 del incidente de mención) lo alejan de las posibilidades previstas para la concesión del beneficio que pretende.

Por otra parte y según surge del informe médico forense de fs. 117/118 la consolidación de la fractura requiere de la asistencia de terceros para actividades como la higiene personal, movilización, y vestirse, asistencia que se le brinda por el personal del Hospital Militar Central- Hospital Penitenciario.

Más aún ha de tenerse en cuenta que en el peritaje practicado se sugirió que "atento a que en los estudios radiológicos del húmero derecho examinados no se observaron signos ciertos de consolidación", permaneciera en el lugar donde fue operado, hasta tanto los médicos se expidieran con un tratamiento o con el alta.

Precisamente esa alta médica ya fue dispuesta por el Servicio de Traumatología del Hospital Militar Central, y a raíz de ella, Videla manifestó expresamente su voluntad de ser trasladado nuevamente a la Unidad N/ 34 del Servicio Penitenciario Federal (cfr. fs 190) con la conformidad de su defensa oficial (fs. 193/vta.).

Con fecha 19 de septiembre del corriente año se hizo efectivo ese traslado, y se solicitó que se arbitraran los medios a fin de que el interno reciba el tratamiento médico adecuado y se le garantize la asistencia personal para sus menesteres cotidianos.

Lo que se viene exponiendo desaconseja una solución favorable para el encartado.

Por lo tanto, y por cuanto la sentencia impugnada contiene los fundamentos exigidos legalmente y no se advierte arbitrariedad o afectación constitucional (cfr. causa n/ 9172 "Luján, Horacio Elizardo s/ recurso de casación" de la Sala I), concluyo en que debe rechazarse el recurso de casación deducido por la defensa oficial, con costas.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

Que no compartimos el criterio de la colega que nos precede en el orden de votación, por los argumentos que a continuación expondremos.

En primer término, debemos destacar que este Tribunal ya se ha expedido en el marco de las causas nº 9163 "Kearney, Miguel s/ recurso de casación", registro nº 770, del 17/6/08; y nº 10.219 "González Conti, Rodolfo Alejandro s/ recurso de casación", registro nº 1858, del 22/12/08 -con cita de lo resuelto en la causa nº 7450 "Trinidade, Haydeé s/ recurso de casación", registro nº 235, del 15/3/07-, oportunidades en las que -aún antes de la reforma introducida a la ley 24.660 por la ley 26.472-, sostuvimos que para que proceda la prisión domiciliaria "...es indispensable que la imputada esté comprendida en uno de los dos casos que habilitan el otorgamiento del instituto: 1) que sea mayor de setenta años o 2) que padezca una enfermedad incurable en período terminal".

En el mismo sentido se ha expedido la Sala II de este cuerpo en la causa nº 3880 "Peralta, Ricardo N. s/recurso de casación", registro nº 5120; y la Sala IV en la causa nº 9360 "Lombardo, Juan J. s/recurso de casación", registro nº 10.781.

La exégesis antes señalada ha sido confirmada por la reforma legislativa. Es que la modificación que introdujo la ley 26.472 (B.O. 20/01/2009) a los artículos 32 y 33 de la ley 24.660 y 10 del Código Penal no restringen los supuestos preexistentes de procedencia de la detención domiciliaria, sino que muy por el contrario, los mantiene, agregando nuevos supuestos en los que el beneficio es procedente (v.gr., el caso de mujeres embarazadas, o de madres con hijos menores de cinco años de edad o de un discapacitado a su cargo).

Repárese, incluso, que a partir de esta reforma en modo alguno podría sostenerse que la situación del imputado - para acceder a este modo morigerado de cumplimiento de la detención- debería encuadrar en todas las causales previstas, pues la diversidad de situaciones contempladas conducirían a que en la práctica el beneficio sea meramente enunciativo, por la imposibilidad de que concurran todos los requisitos en una misma persona. Así, según la nueva legislación y conforme a una interpretación como la que promueve el a quo, para acceder al régimen del arresto domiciliario deberíamos encontrarnos ante el caso de una mujer embarazada (artículo 32, inciso e), de la ley 24.660), que sea mayor de 70 años (inciso d), que también tenga un hijo menor de cinco años o discapacitado a su cargo (inciso f), que padezca una enfermedad incurable en período terminal (inciso b), otra que le impida recuperarse o tratarse en un establecimiento carcelario (inciso a), y que además de todo ello, sea discapacitada (inciso c). Lo absurdo de tal proposición evidencia la correcta interpretación que en los precedentes señalados se venía sosteniendo.

A su vez, el artículo 33 (según la ley 26.472) dispone que "...en los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá fundarse en informes médico, psicológico y social...", es decir, exige tales informes en relación a determinadas causales, entre las que no se encuentra la vinculada con la edad.

Sentado ello, debemos señalar que resulta evidente que la situación de Jorge Rafael Videla, se encuadra en uno de los supuestos previstos por el artículo 32 de la ley 24.660 que viabilizan la prisión domiciliaria (pues supera con holgura los 70 años de edad), lo que torna irrelevante de acuerdo a la ley a la determinación de la existencia o no de otras hipótesis que la ley prevé.

Teniendo en cuenta lo señalado, cabe destacar que lleva dicho la Sala I de esta Cámara Nacional de Casación Penal, en la causa 4001 "Olguin, Emma Luisa" (reg. 5030, del 14/5/02), que "El art. 33 de la ley 24.660 establece que el condenado mayor de setenta años... podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria ..."; que la citada ley "... crea dos nuevas hipótesis de detención domiciliaria, una de las cuales, en lo que aquí interesa, se trata de la posibilidad, sea cual fuere el tiempo total de la condena, de cumplirla bajo la forma de arresto domiciliario en el supuesto de condenados mayores de setenta años (conf. Ceruti- Rodríguez, Ejecución de la pena privativa de libertad (ley 24.660), Ediciones La Roca, Buenos Aires, 1998, pág. 99)."; que "....cabe recordar .cuanto ilustran los fundamentos del decreto 1058/97 -reglamentario de la ley 24.660- en el sentido de que en estos supuestos la permanencia de los condenados en un establecimiento carcelario podría llegar a constituir una violación de lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional; artículo XXV, in fine, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y artículo 9 de la ley 24.660". En el mismo sentido se expresó, durante los debates parlamentarios, el senador por la provincia de San Luis, señor Quinzio, al sostener que ...este proyecto reformula la prisión domiciliaria... y que el artículo en estudio ..no establece ningún monto máximo de pena para la procedencia de la prisión domiciliaria, a diferencia del art. 10 del Código Penal...."; y que "...debe concluir en que si bien el art. 33 de la ley se refiere a quien cumple condena, resulta equitativo que se aplique también a los procesados puesto que, respecto a estos últimos, rige el principio de presunción de inocencia. Tal extensión aparece reafirmada en el art. 11 de la norma citada (conf. C.N.C.C., Sala VI, causa N6.545, Lovecchio, Nicolás, rta. el 10/4/97), así como en el principio de igualdad contemplado en el art. 16 de la Constitución Nacional.".

Lo expuesto, conduce necesariamente a ponderar la situación particular del encausado a la luz de todo lo expresado anteriormente, circunstancia que nos persuade que en el sub examine corresponde la revocación de la resolución que denegó beneficio del arresto domiciliario solicitado por el incuso.

Por lo demás, no debe inducir a confusión que previamente esta Sala denegó al acusado Videla la excarcelación -conf. fs. 37/47- con sustento precisamente en que registraba una sentencias firme a la pena de reclusión perpetua, pues en esa oportunidad lo que se evaluó fue el riesgo de fuga que a la luz de tal antecedente se evidenciaba, mas sin que ello importara emitir juicio acerca de la modalidad de detención que podía finalmente adoptarse neutralizando dicho riesgo suficientemente (conf. causa nº 10.550 caratulada "Videla, Jorge Rafael s/ recurso de casación", reg. 1569, del 4/11/2009).

En definitiva, somos de la opinión que la decisión recurrida no satisface las exigencias de fundamentación impuestas por el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, y en consecuencia corresponde su anulación y reenvío para que el a quo la examine y se expida en los términos expresados ut supra.

Por todo lo dicho, concluimos que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Jorge Rafael Videla, sin costas, y en consecuencia anular la decisión recurrida, reenviando el expediente para que con arreglo a los criterios aquí fijados se dicte un nuevo pronunciamiento.

Tal es nuestro voto.

El señor Juez doctor Alejandro W. Slokar dijo:

Que adhiero al voto de la doctora Catucci y emito el mío en igual sentido.

Por ello, en mérito a la votación que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto, CON COSTAS (arts. 280, 312, 316 a 319, 456, 470 y 471 contrario sensu, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, hágase saber y devuélvanse las actuaciones sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo: Liliana Elena Catucci, Eduardo R. Riggi y Alejandro W.

Slokar. Ante mi: Walter Daniel Magnone, Prosecretario de Cámara.