marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa del consumidor, competencia, interpretación de la ley, ley procesal, tasa pasiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: Padec Prevención Asesoramiento y Defensa del Consumidor c/ BNP-Paribas s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-12

La aprobación por parte del Banco Central del cobro de la comisión cuestionada (Comunicaciones A3042 y A3336) y la eventual falta oportuna de impugnación de tal normativa, no obsta a su control judicial, pues ello no permite por sí descartar la abusividad alegada (CCCN 1122). Además, la comisión aprobada por dicha autoridad estatal puede ser implementada en su origen de modo lícito y luego, en un momento determinado del curso del iter contractual, devenir en abusiva a raíz de una modificación económica del cargo que produce la desnaturalización de las obligaciones recíprocas previstas en el tipo contractual. En efecto, el hecho de que el Banco Central, como entidad de contralor, admita la comisión cuestionada sin establecer pautas concretas ni fijar tope alguno, no faculta a la entidad bancaria a determinarla sin justo motivo o de forma tal que desnaturalice la economía del contrato de que se trate". La conformidad administrativa no es óbice para que el Magistrado declare la nulidad de alguna cláusula aprobada (CNCom, Sala B, "Brandan, Luis B. c/ Plan Ovalo SA" del 24-3-88). En consecuencia, no puede el banco valerse de la autorización del BCRA para eludir la responsabilidad que se le imputa (CSJN, "PADEC c/ BankBoston NA s/ ordinario" del 14-3-17).
Recurso extraordinario, honorarios del perito
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Totah de Labaton, Adela c/ Katye  SA  y otros s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Es inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial) interpuesto contra la sentencia que redujo los honorarios de un perito.
Juicio de alimentos, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: SEGURA JOSEFA AURORA c/ NUÑEZ EDUARDO ARMANDO s/ SUMARIO-ALIMENTOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-05-20

El art. 228 del C. Civ. determina la competencia del juez para entender en el juicio de alimentos, según que la pretensión se deduzca como conexa a la acción de separación personal, divorcio o nulidad del matrimonio o de modo autónomo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), querellante, ley procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: CAPRILE, MARIA BELEN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-27

Debe desestimarse la queja desde que el recurrente no rebate los fundamentos del auto denegatorio (art. 8, ley 7055) ni acredita que exista cuestión constitucional por apartamiento de las disposiciones legales aplicables ni que la situación pueda asimilarse a la prevista en el artículo 3 del Código Penal.

En el caso, la Sala explicó que la resolución por la que se había confirmado el carácter de querellante no resultaba definitiva y que lo decidido no era irrazonable o arbitrario, habiéndose tomado conocimiento de las presuntas conductas objeto del procedimiento penal en enero de 2011 "donde la figura del querellante es realidad legal" agregando que "se aplica en este momento de la transición (...) la ley 12912 que incluye temáticas nuevas entre ellas el querellante con el objeto de tutelar derechos de las víctimas, y además resguardar todo el catálogo de circunstancias más favorables al imputado con pretensión de un equilibro entre los intereses en juego que no escapa las facultades del legislador".

Tal respuesta jurisdiccional no es rebatida en el escrito de queja, insistiendo con la invocación de principios constitucionales como el principio de legalidad y de retroactividad de la ley penal más benigna.
Trámites judiciales, liquidación, subasta, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASTRONOVO EN J.: GONZALEZ c/ PINEA s/ (LIBRO: S065 - 144)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-07-24

El comprador, desde el momento de la subasta, adquiere derechos y obligaciones en relación al bien que adquiere. Es parte en el juicio, ya que tiene un derecho adquirido sobre el bien que se subastó.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ACTIS DE SALAMANCA ELIVE V.Y OTRAS c/ FOOS ENRIQUE Y OTROS s/ SUMARIO DAÑOS Y PERJUICIOS DELLA GIUSTINA EDGARDO c/ SALVADOR R.CARBONI S.A.Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-13|1995-02-28

Incurre en incongruencia el tribunal de mérito cuando analiza la mecánica del accidente,atribuyendo responsabilidad a la empresa empleadora del conductor del tractor,estableciendo una conexión adecuada entre el hecho ilícito y la función del empleado,y entre ésta y el abuso que perpetuó el empleado cuando utilizó el tractor contrariando las ordenes del principal.La incongruencia detectada radica en la atribución de responsabilidad a la empresa lo es exclusivamente porque el autor era dependiente,sin haber discriminado si actuócomo dependiente generador de responsabilidad o por motivos propios y sin cumplir funciones atinentes a su trabajo.
Cauciones, facultades discrecionales del juez
Materia: PENAL
Carátula: SCHUSTERMAN, ELIAS s/ Cheque sin fondosIncidenteEximición de prisión Causa 29241 Causa N°  9063, "Ledesma" del 8/11/68).(Cita de Seyahian-Daray-Rodriguez, op.  cit.).(Del voto del Dr. Oyuela).-  4- Los funcionarios policiales que han intervenido en las  diligencias de prevención pueden ser citados como testigos. (CCC  "Lupinacci" May.6.47, en JA-1947-II, p.107). (Del voto del Dr.  Oyuela).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

La fijación del tipo y monto de la caución es cuestión en que los jueces tienen amplia libertad en el marco de los fines previsto por los arts. 382 y 383 del Código de Procedimientos en MateriA Penal.
Recurso extraordinario, recurso de revisión penal, admisibilidad del recurso, sentencia, cosa juzgada, hechos nuevos, prueba testimonial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., S. s/ REVISION PENAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 213 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-22

El juicio de admisibilidad del recurso de revisión penal, adquiere una significación especial dado que, además de tratarse de un recurso extraordinario -lo que ya magnifica las condiciones de admisibilidad-, reconoce como objeto impugnable a la sentencia condenatoria que asume jerarquía de cosa juzgada. Con esa inteligencia, habiéndose invocado, en el caso en estudio, el inciso 4 del artículo 489 de la ley de rito penal, que contempla la alegada circunstancia de que "... después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que, sólo o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho delictuoso no existió,que el condenado no lo cometió, o no se dieron las circunstancias agravantes típicas que el Juez o Tribunal tuvo en cuenta al pronunciar aquélla", no cabe hacer lugar al recurso de revisión interpuesto desde que el intento probatorio ahora esgrimido, no encuadra en la mencionada causal. Así, no se alcanza a vislumbrar que las declaraciones testimoniales reputadas como "nuevos elementos de prueba" tengan virtualidad para conmover la ya acreditada existencia del hecho calificado como delito, así como las circunstancias en que aquél se desarrolló, para destruir la conclusión a que arribaran tanto el sentenciante de baja instancia como la Alzada en orden a tener al imputado por autor penalmente responsable del hecho endilgado, tanto como para desmerecer por sí sola el cúmulo de pruebas tenido en cuenta por aquéllos para adoptar tal temperamento, careciendo, por ende, prima facie de aptitud e idoneidad para provocar en el juzgador la "seria duda" acerca de la justicia del fallo atacado.
GUATEMALA, convocatoria a audiencia pública, presunta víctima, desaparecidos, dirigente gremial
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Gómez Virula y otros Vs. Guatemala S/ Convocatoria a audiencia pública c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-08-07

En el marco de lo dispuesto por el Estatuto y el Reglamento de la Corte Interamericana, corresponde que su Presidente convoque al Estado Guatemalteco, a la Comisión Interamericana y a los representantes de la presunta víctima -el padre del dirigente sindical desaparecido y posteriormente asesinado hacia marzo de 1995-, a la audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, a realizarse el 27 de agosto de 2018 en la República de El salvador.
Relación de causalidad, cuestiones procesales, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Robaglio, Luis Alejandro c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-11

Es tarea judicial, evaluando las circunstancias de cada caso concreto, la determinación o la existencia o alcance del nexo de causalidad. La causalidad y concausalidad que interesan a las leyes de accidentes de trabajo son conceptos pertenecientes a la órbita de la ciencia jurídica y no de la médica y aun cuando se requiera el conocimiento científico de la medicina por la cual se convoca a los galenos como auxiliares de la justicia, es atribución exclusiva de los jueces, evaluar las circunstancias de cada caso concreto, la determinación de la existencia y alcance de dicho nexo (Voto Welp. Adhesión Romero)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Derecho laboral, trabajador, remuneración, despido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RZEMYK, MARIELA c/ FUNDACION IBEROAMERICANA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-04

En relación a la intimación al pago de adicionales y a la supresión de los tickets canasta, no asiste razón a la recurrente al endilgarle al Tribunal violación al principio de la intangibilidad salarial, pues -tal como consideró el Sentenciante- no puede desatenderse que frente a la pauta de proporcionalidad exigida por la ley para la configuración de un despido justificado y el principio de conservación del contrato, la actora tenía la posibilidad de insistir con su reclamo salarial ante cualquiera de las autoridades competentes (administrativa o judicial) sin necesidad de dar por extinguida la relación laboral. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículos 10, 242
Negociación colectiva, empleo público, asociaciones sindicales, interés público
Materia: LABORAL
Carátula: Griffiths, Aldo Emilio c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Acción de Amparo Sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-04

En materia de negociación colectiva y trabajadores estatales, dentro de ese contexto, la actividad de las asociaciones sindicales de estos trabajadores es más difícil, ya que se debe negociar dentro de la administración y con la barrera del interés público.
Leyes, interpretación de la ley, obras sociales, INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, prestadores médicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y otros Establecimientos Privados (FECLIBA) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-26

El argumento apagógico o de reducción al absurdo permite interpretar el texto normativo en función de la intención atribuida al legislador, que supone que éste es razonable y que no hubiera podido admitir una interpretación de la ley que conduzca a consecuencias ilógicas e inicuas, ésto es, como se pretendía en la especie, la imposibilidad del órgano público de control de ajustar los pagos de facturas no obstante su observación de las prestaciones correspondientes.
AFIP DGA, facultades de la DGA
Materia: ADUANERO
Carátula: Bunge y Born Comercial S.A. (T.F. 7584 - A) c/ Administración Nacional de Aduanas. s/ INFRACCIONES ADUANERAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

La función primordial del organismo aduanero consiste en ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías (art. 23, inc. a), del Código Aduanero), cometido para el cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas.
Pesificación, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, reordenamiento del sistema financiero, obligaciones en moneda extranjera, obligaciones de dar sumas de dinero, domicilio en el extranjero, presupuesto nacional
Materia: ECONOMIA
Carátula: S., H. O. c/ BOCCHI HOLDING B.V. y Otro s/ ORDINARIO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-31

El artículo 1 del Decreto Nro. 410/02 fue modificado, entre otros, por el Decreto Nro. 704/02 (B.O. 02-05-02) mediante el cual se incorporó en aquella norma el Inciso g) en los siguientes términos: "...las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera, contraídas por personas físicas o jurídicas residentes o radicadas en el extranjero, pagaderas con fondos del exterior, a favor de personas físicas o jurídicas residentes o radicadas en el país aún cuando fuere aplicable la ley argentina".

Esta redacción no resultó alterada por las posteriores modificaciones efectuadas al artículo 1 del Decreto 410/02 por los Decretos Nros. 992/02, 53/03 y 70/03 - ratificado por el artículo 64 de la Ley Nro. 25967 -, el cual, vale decir, sólo derogó los incisos h) e i) de aquel artículo.

Que tal excepción al régimen de pesificación se introdujo en el entendimiento de que las personas residentes o radicadas en el exterior y los fondos provenientes del extranjero no fueron afectados por la devaluación de nuestra moneda (considerando cuarto del Decreto Nro. 704/02).
Cheque sin fondos, monto del cheque
Materia: PENAL
Carátula: Fernández Vidal, Marcelo Ricardo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-29

En los términos del artículo 302 del Código Penal y en la regulación comercial contenida en las leyes 24.452 y 24.769, se reputa como válido el cheque que carece de fecha al momento de su emisión, siendo imprescindible para que sea considerado tal, que la misma se encuentre inserta al ser presentado al cobro; a idéntica conclusión he de arribar con respecto a la falta de indicación del monto a pagar al momento de ser entregado, siempre y cuando esté presente al tiempo de su presentación al cobro. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres.

Riggi y Ledesma).
Aplicación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZAVALIA, PATRICIA EUGENIA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-05-27

En la tarea interpretativa del Tribunal en supuestos no previstos, debe recurrirse en primer lugar a las normas análogas de derecho público, si ello no fuera posible, a las normas análogas de derecho privado y por último a los principios generales del derecho.Luego de invocar la inexistencia de ley análoga en el ámbito del derecho público, se debe recurrir sin más a la aplicación del derecho privado y sólo entonces, si no encontramos ley dentro de ese ámbito, debe indagarse entre los principios generales del derecho. De modo que si el sistema normativo de derecho público específico no nos dice cómo resolver un caso, entonces es posible aplicar otras normas de derecho público que resuelven un caso semejante o análogo. Ante la previsión especial de regímenes de derecho público respecto a la prescripción de las obligaciones, debe aplicarse éste, desplazando en el orden de prelación normativa a las disposiciones generales del Código Civil.
Contratos administrativos, licitación pública, oferta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dulcamara  SA . c/ ENTel s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-29

La intangibilidad del acuerdo, sobre la base de la propuesta seleccionada, es la garantía insoslayable para que los oferentes no vean frustrado su derecho de participar en la licitación en igualdad de condición.
Defensa del consumidor, procesos especiales, aplicación de la ley, falta de legitimación para obrar
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Consumidores Financieros Asociacion Civil para su Defensa c/ Suelos Argentinos SA s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-06

1. Corresponde hacer lugar a la defensa de falta de legitimación activa toda vez que la asociación de consumidores demandante no probó suficientemente los presupuestos requeridos para que proceda la acción de clase. Ello, ya que debía probar en beneficio de quién actuaba, esto es, acreditar que, por lo menos, había algunos sujetos que se encontrarían en la situación de desamparo y que justificaban su pretensión de tutelarlos mediante esta acción. De la prueba producida en autos no surge que la demandada haya cobrado recargo alguno, todo lo cual conduce a una conclusión inequívoca: los datos traídos por la actora son insuficientes para predicar la presencia de un grupo dotado de una homogeneidad tal que autorice a afirmar que exista entre sus integrantes una "clase" susceptible de ser defendida por esta vía. 2. La Corte atribuye al instituto de acción de clase las mismas características que él tiene en el ordenamiento de los Estados Unidos. Para tal ordenamiento, la necesidad de determinar la existencia de esa clase es tal, que la Regla 23 del Procedimiento Judicial Federal de los Estados Unidos de Norteamérica manda al juez determinar tan pronto como sea posible, apenas se inicia el proceso, si es posible viabilizar el caso como acción de clase y, si esto es así, la clase debe tenerse por certificada aunque tal decisión no haga cosa juzgada (v. Janet Cooper Alexander, An introduction to class action procedure in the United States, conferencia titulada "Debate sobre las acciones grupales en la perspectiva comparada", Suiza, 21 y 22 de junio de 2000, www.law.stanford.edu/publications). Está claro allí que, por medio de alguna suerte de prueba anticipada, el demandante debe acreditar la existencia de la clase como condición de la demanda, carga que pesa sobre él en términos tales que la misma Regla 23 otorga al juez ciertas facultades que le permiten, entre otras cosas, exigir al "representante de la clase" ciertas condiciones, como, por ejemplo, que delimite del mejor modo posible los perfiles del colectivo (Bianchi, Alberto B., Las acciones de clase, Abaco, págs. 90/91). Si bien entre nosotros no hay ninguna norma que establezca un procedimiento previo al juicio destinado a permitir la determinación de la clase como condición de admisibilidad de la acción, la misma Corte -como surge del precedente "Halabi"- ha considerado vigente aquí las reglas que inspiran aquel sistema.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, corrupción de menores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., L. I. c/  s/ ABUSO SEXUAL, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-02

Asiste razón a la defensa al decir que el fallo de la Cámara carece de una fundamentación razonada con sustento en la legislación vigente y acorde a la normativa constitucional, advirtiendose un déficit de fundamentación en orden a cuáles serían los actos con entidad corruptora que habría desplegado el imputado que habilitarían su condena por el delito previsto en el artículo 125 del Código Penal, por cuanto, como lo señala el señor Presidente doctor Falistocco en su voto, las conclusiones del A quo brindadas en respaldo de su decisión de confirmar la condena por promoción de la corrupción de menores de dieciocho años de edad constituyen afirmaciones dogmáticas que sólo satisfacen en apariencia la exigencia constitucional de debida motivación. (Del voto del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 125.
Apreciación de la prueba, derechos de la mujer, derechos de la víctima, Derechos humanos, sana crítica racional, violencia de género
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C/ M.C.A. c/  s/ C/ M.C.A. - por el delito homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de A.T. sobre Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2019-08-06

La Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (N° 26.485 y especialmente sus artículos 4°, 16° inciso "i", y 31°) y la Convención de Belém do Pará, aprobada por Ley N° 24.632 (principalmente en su prólogo y artículos 2° inciso "c", 6° y 7°), han reconocido, como garantía de las víctimas por sobre todo, la amplitud probatoria en los procedimientos; correspondiendo para ello evaluar las pruebas de acuerdo al principio de la sana crítica y considerar las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, por lo que resulta importante no perder de vista que en el caso la mujer resulta ser la imputada de un delito contra su cónyuge, es decir, que no es la víctima merecedora de un amparo especial por su condición de una relación asimétrica de poder y una desigualdad estructural. Por ello, resulta improcedente, por su inconsistencia jurídica y probatoria, el argumento de la defensa por el que sostiene que por la sola circunstancia de estar involucrada en el hecho una mujer debería existir una suerte de trato preferencial del derecho punitorio, rayano con la impunidad absoluta; ya que hacer, formular o propender diferenciaciones en distintos órdenes a razón de la sola intervención de una mujer, pero sin tener presente el verdadero espíritu que emana de la normativa pertinente, más que enaltecerla y situarla en un plano diferenciado implica consagrar una subestimación claramente reprochable.
Recurso de inconstitucionalidad, costas en el orden causado, demanda, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Zalazar, Juan Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-27

La parte actora, pese a haber resultado totalmente vencida -aunque no haya existido pronunciamiento sobre la procedencia sustancial del recurso- no fue condenada en costas, las cuales se impusieron en el orden en que fueron causadas; y para así decidir, el Tribunal interviniente no invocó ninguno de los supuestos legales que permitirían apartarse del principio general ni tampoco brindó argumentos suficientes como para justificar una eventual excepción jurisprudencial, sino que se limitó a señalar que la distribución de los gastos causídicos se hacía conforme criterio de esa Cámara, mas en el supuesto de autos, ello constituye un fundamento sólo aparente, desde que en el pronunciamiento al que hace referencia, no existe un desarrollo argumental siquiera mínimo para justificar la afirmación de que no corresponde imponer las costas a la parte vencida cuando la demanda se rechaza por prescripción. (Del voto del Dr. Spuler, que hace mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco) - CITAS: CCA N°2, AyS T 45, p 448; T 48, p 12. - Jurisprudencia vinculada: Piazza, T 2024, Sentencia N° 47, sumario J0052386.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Blanco Encalada S.C.S. c/ IMOS s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

Los Tribunales Nacionales deben ajustarse a las oportunidades procesales previstas en los arts. 4, 10, y 352 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para declarar su incompetencia.