marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, admisibilidad formal, cuestión federal, Constitución Nacional, ley de protección de los datos personales, derechos y garantías constitucionales, habeas data
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Di Nunzio, Daniel F.  c/ The First National Bank of Boston y otros  s/ hábeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21

Si se encuentra en discusión la inteligencia y aplicación de la ley 25.326, reglamentaria del art. 43 -párrafo tercero- de la Constitución Nacional, la escueta fundamentación del recurso no impide apreciar la sustancia de los agravios ni la índole claramente federal de la cuestión.
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: Empresa San José Sociedad Anónima c/ Santa Fe, Provincia de s/ Acción declarativa (art. 322 Cód. Procesal) s/ Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-02

El examen de la concurrencia del peligro en la demora -presupuesto necesario para acceder a una prohibición de innovar- impone una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso.
Derecho laboral, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CALDERON, MARIO A. c/ AGROGEO S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-27

El art. 6 de la ley 23643, modificatoria del art. 11 de la ley 9688 se dispone en el primer párrafo, que el salario anual se determinara teniendo en cuenta lo devengado en el año anterior al accidente o toma de conocimiento de la determinación de la incapacidad por el patrón. El último párrafo de dicho articulo, se establece que la liquidación de la indemnización debe ser calculada a la fecha de toma de conocimiento por la víctima de la incapacidad y a partir de ella los intereses legales. de la lectura de los dos párrafos, surge una aparente contradicción, que no es tal. En el primero se tiende a determinar desde cuando debe calcularse el salario anual según sea accidente (como hecho exterior y violento) o en enfermedad accidente (proceso que se consolida a traves del tiempo), disponiendo que en el accidente sea desde el acaecimiento del infortunio y en la enfermedad accidente desde la toma de conocimiento por el empleador.

En el último párrafo y como la incapacidad puede no ser instantánea en los supuestos precedentes, se manda calcular o liquidar la indemnización a la fecha de toma de conocimiento por la víctima, para lo que se debe actualizar el monto resarcitorio, tanto de los salarios del año anterior, como desde el accidente o toma de conocimiento del empleador, hasta la fecha de la liquidación y desde allí los intereses legales. En otras palabras, la ley dispone la actualización sin intereses hasta la liquidación, como un modo de corregir la variación del valor nominal de la moneda y debido al lapso que puede transcurrir entre el accidente o toma de conocimiento por el patrón y la liquidación que se practique, y manda a aplicar los intereses legales desde este último momento, por quien recién a partir de allí la obligación se considera exigible por la ley.
Recurso de casación laboral, procedencia del recurso, procedimiento laboral, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PEREYRA ANASTACIO GERMAN c/ SUCESION DE PEREA Y OTROS s/ SUELDO IMPAGOS, ETC. -CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-17

El principio fundamental que gobierna en materia probatoria impone a los jueces del trabajo, pronunciarse en su decisión en contra de la parte sobre la que recae la carga de la prueba con respecto a la afirmación de hecho no aclarada.-
Prueba compuesta, integración de la prueba, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Robos reiterados calificados.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-09

Debe distinguirse entre los conceptos de falta de denuncia anterior y de previa ignorancia del hecho por parte de los funcionarios policiales, pues aquélla no necesariamente implica a ésta.
Municipalidad, facultades de la Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bargo, Jorge Antonio y otros c/ Municiaplidad de General Pueyrredón s/ Inconstitucionalidad de la Ordenanza 7757
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-05

Si la norma de excepción (escuela pública en zona residencial) fue establecida con sujeción a condiciones y restricciones estrictas, ello señala una pauta de razonabilidad entre los intereses en juego.
Jornada de trabajo, jornada máxima, horas extra, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ferreyra Marta Susana y otros c/ Banco Río Negro S.A s/ Ordinario s/ Inaplic. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-12-29

Las horas laboradas fuera de la jornada ordinaria pactada (contractual o convencional) que no excedan el máximo legal deben ser abonadas como horas simples; esto es: sin el recargo previsto por el art. 201 de la LCT. Obviamente, las horas que excedan ese techo si se verán beneficiadas con el recargo legalmente previsto.(Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Derecho laboral, indemnización, pago
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: YABER, OMAR ALEJANDRO c/ VFM S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-18

La respuesta jurisdiccional no puede ser aceptada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso, toda vez que se advierte que al recibir el pago en el Ministerio de Trabajo el trabajador dejó expresa constancia de que lo hacía con reservas y bajo protesto, resultando esto último decisivo atento la invocación actora de que la patronal nunca probó que lo abonado hubiera saldado las acreencias habidas; y la Sala se desentendió de los extremos de la litis, apartándose de las constancias de la causa, al juzgar como pago cancelatorio lo que no había sido percibido más que como pago a cuenta, no resultando entonces suficiente desde el plano constitucional aquella motivación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NUÑEZ, OSCAR c/ MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL RINCON s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-30

La invocación de la compareciente, aludiendo al apartamiento de la ley 12036, resulta desmerecida al no contar con el sustento idóneo y suficiente a fin de refutar la argumentación de los Sentenciantes, que para autorizar la medida cautelar y desechar la invocada gravedad institucional, hicieron puntual referencia a que el criterio de la Alzada se ajustaba a lo dispuesto en la norma antes mencionada y a las pautas trazadas por la Corte provincial; y a que el Municipio había contado con al menos cinco ejercicios presupuestarios para atender el crédito reclamado, lo que evidenciaba un tiempo más que suficiente para hacer las previsiones pertinentes. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 12036
Regulación de honorarios, honorarios del ingeniero, asesoramiento profesional, base regulatoria, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Cabos, Víctor Alejandro c/ Aerolíneas Argentinas  S.E. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-15

La tarea de "asistencia" o "asesoramiento", en consecuencia, no puede ser referida "al valor del bien o de la cosa", pues esta solución está prevista en el artículo 88 del Arancel para otros supuestos. El objeto preciso de la Comisión (y del asesor de ella) fue pronunciarse sobre las diferencias existentes entre Seminara y Aerolíneas Argentinas para lo cual era necesario compulsar toda la documentación. La base regulatoria está dada por la suma que fue acordada entre Seminara y A.A. "como saldo de la liquidación final de su obra". Siendo ello así, existiendo un monto acordado por las partes - cuya precisión era la finalidad de la Comisión creada y para la cual fue convocado como asesor el demandante, cabe tomarla como base haciendo aplicación analógica de lo previsto en otros aranceles profesionales.
Procedencia parcial, vacaciones no gozadas, multa laboral, sueldo anual complementario, indemnización por despido, despido indirecto, diferencias salariales, empleo no registrado
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Tapia Nicolás Daniel c/ Varas Teresita Paula y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-02-02

Cabe hacer lugar parcialmente al recurso de apelación del actor interpuesto y, en su mérito, revocar la sentencia en el sentido de que se acoge parcialmente la demanda y se condena al demandado a pagar al actor la suma resultante y aplicar la tasa de interés activa promedio mensual que fija el Banco de la Nación Argentina, la que regirá hasta su efectivo pago, pues siendo que el actor realizaba tareas propias del giro empresario del establecimiento de propiedad del accionado, se presume que fueron prestadas en su beneficio y de manera heterónoma -art. 23 LCT-. Si bien dicha presunción podría haber sido desvirtuada, atento a que la misma admite la prueba en contrario, surge que el accionado no ha probado que las prestaciones realizadas debiesen ser enmarcadas en un contrato civil por las circunstancias, las relaciones o las causas que las motivaron. El mero alegato de que las mismas constituían una prestación civil por resultar eventuales no basta a tal fin, por cuanto el contrato de trabajo eventual es una modalidad plenamente efectiva en el ámbito laboral -art. 99 y 100 LCT-. Dicho ésto, corresponde el pago de diferencias salariales porque el actor percibió sumas inferiores a las dispuestas en la escala salarial vigente; a su vez, procede tanto el pago del SAC proporcional como el de las vacaciones proporcionales no gozadas. Respecto de los rubros indemnizatorios derivados del despido indirecto -arts. 245 y 246 LCT- y multas arts. 1 y 2 Ley 25.323, también resultan procedentes, ello así por cuanto el distracto se produjo a raíz del despido indirecto en el cual se colocó el actor por la falta de registración de la relación laboral entablada con el accionado.
Convenios colectivos de trabajo, industria metalúrgica, industria automotriz, laudo arbitral, Cámara de Apelaciones, tribunal plenario
Materia: LABORAL
Carátula: Guzmán, Juan c/ Indecar SA s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Laudo 29/75 (Expte.: C.S.J. Nro.  1761 Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-20

La aplicación del laudo 29/75 a la rama carrocera ha dado lugar a la convocatoria y posterior decisión del tribunal pleno n 189, del 27.12.1995, de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, la cual al interrogante acerca de si "son aplicables las disposiciones del laudo 29/75 a los establecimientos metalúrgicos que como actividad de la industria metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros en general", respondió por la afirmativa.
Honorarios del abogado, pago, plazo legal
Materia: PROCESAL
Carátula: BRACERAS, OSCAR MARIA c/ UDERZO, DELIA s/ DESIGNACION DE ADMINISTRADOR S/INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-19

El plazo legal previsto por el art. 49 del Arancel debe contarse por días corridos, de acuerdo con lo normado por los arts. 28 y 29 del Código Civil, ya que el cumplimiento de una obligación de esta naturaleza no es asunto concerniente al trámite procesal que debe ponderarse de acuerdo con las directivas de los arts. 155 y ccs. del Código Procesal.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, multa administrativa, tasa nacional de fiscalización del transporte
Materia: PROCESAL
Carátula: Salusso, José Emir c/ Comisión Nacional de Transporte Automotor resolución 837/95.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que liberó de toda sanción pecuniaria la infracción cometida por el actor de no acreditar el pago de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte, si para así decidir la cámara interpretó que el art.

132 del decreto 255/95 desincriminó dicha conducta y no, como surge de ella, que sólo redujo el monto de la multa (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Guillermo A. F. López).
Derecho procesal, juicio ordinario, excepciones procesales, arraigo
Materia: PROCESAL
Carátula: Posco Daewoo Corporation c/ Ambassador Fueguina SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

Toda exigencia de cautio judicatum solvi, plasmada en los códigos procesales como excepción de arraigo (CPR 348) ha perdido vigencia a tenor de lo establecido por el CCCN 2610 que establece que los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero gozan del libre acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes en la Argentina y que ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, puede ser impuesta en razón de la calidad de ciudadano o residente permanente en otro Estado. Este principio de igualdad de trato se aplica también a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de un Estado extranjero. Asimismo, la misma regla se aplica a todo pago exigible a los demandantes o las partes intervinientes para garantizar las costas judiciales. En efecto, el CCCN 2610, en el ámbito del derecho procesal internacional de fuente interna, sigue las modernas tendencias que apuntan hacia la superación de las exigencias condicionantes del acceso a justicia, para extranjeros -personas físicas o jurídicas- que no tienen domicilio en este país y ha desplazado las disposiciones en contrario contenidas en los códigos procesales de la Nación y provinciales, reconociendo la naturaleza federal de la materia y así lo ha legislado el Congreso de la Nación en el referido CCCN 2610 en ejercicio de las facultades otorgadas por el CN 75, incs. 12°, 15°, 22°, 32° y cctes. (ver. Uzal, María Elsa, "Derecho Internacional Privado", La ley, págs. 202, 268 y sgts).
Prescripción, multa
Materia: CIVIL
Carátula: Cooperativa Oficial de Mendoza c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Contencioso Administrativo - Inconstitucionalidad (Libro: S050-124)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1951-06-08

La prescripción de la multa por infracción a la ley de sellos -la cual al respecto nada establece- se rige por las disposiciones del Código Civil, de acuerdo al art. 4023 de éste (Disidencia del Dr. Pithod).
Habeas corpus, menores
Materia: PENAL
Carátula: SEQUEIRA, Eduardo Alejandro y otro. s/ Habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-23

Ante la falta de dictado del "auto de responsabilidad" por el Juzgado de Menores de origen, no procede el tratamiento por esta Alzada del recurso de habeas corpus interpuesto, ya que de hacerse lugar a lo impetrado, se privaría a los encausados de una instancia, vulnerándose con ello la disposición del artículo 18 de la Constitución Nacional, como así también el espíritu de la ley 10067, en cuanto otorga al Juzgador de origen amplias facultades para decidir los casos sometidos a su jurisdicción, sin perjuicio de eventuales revisiones por la Alzada (art. 49).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, actividades laborales, aplicación de la ley laboral, crédito laboral, principios laborales, ley de contrato de trabajo, recursos, recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, multa
Materia: LABORAL
Carátula: Aquino, Luis Angel. c/ Fernández Gómez, Daniela. s/ Recurso de apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-03-05

El decreto 146/01, al reglamentar el art. 43 de la ley 25345, establece que para que sea procedente dicha sanción conminatoria, el trabajador deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del- término de treinta días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente, ingrese los aportes adeudados, más los intereses y multas que pudieran corresponder a los respectivos organismos recaudadores, agregando en el segundo párrafo, que el trabajador tendrá derecho a percibir la sanción conminatoria mensual devengada a su favor.

De su lectura, puede verificarse que el plazo de treinta días es para que el empleador cumpla con el ingreso de lo retenido, pero no indica que recién a partir de ese momento se devengará el pago de la multa establecida como sanción conminatoria a favor del trabajador.

El que debe entenderse "al momento de producirse la extinción del contrato", como reza la ley y ello pese a la infortunada frase que contiene el Considerando del decreto en cuestión, al señalar que es conveniente determinar el plazo a partir del cual deberá hacer efectivo el pago de dicha sanción conminatoria al trabajador afectado, ya que en la parte resolutiva no lo decreta, debiendo estarse a la norma principal.
Recurso extraordinario de nulidad, impugnación errónea
Materia: LABORAL
Carátula: Cisneros, Ester Bernarda c/ Consorcio Propietarios de Avda. San Martín N° 1186 Don Bosco s/ Accidente, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-25

La consideración y ponderación de circunstancias de hecho y prueba, toda vez que su equivocado o insuficiente análisis configura eventualmente error de juzgamiento, resulta extraño al ámbito del recurso extraordinario de nulidad, como también lo es la denunciada existencia de contradicciones en el fallo.
Procedimiento contencioso administrativo, competencia federal, competencia contencioso administrativa y tributaria, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Incidente de inhibitoria - acción meramente declarativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Dado que la pretensión ejercida en la causa tiende a la determinación del alcance de ciertas disposiciones del ordenamiento constitucional e infraconstitucional local -en algunos casos, previamente interpretadas por una autoridad administrativa de ese orden-, a requerimiento de un contribuyente que invoca la aplicación a su respecto de ciertas normas de derecho federal, se satisfacen las exigencias que el CCAyT establece sobre la autoridad administrativa (art. 1°) y sobre las causas contencioso administrativas (art. 2°) para determinar la competencia de los juzgados del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Medida de no innovar, juicio de apremio, recurso de alzada, Obra Social Bancaria Argentina
Materia: PROCESAL
Carátula: DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A. c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-05

La medida cautelar dispuesta -orden al ISBB de abstenerse de impulsar el apremio hasta tanto sea resuelto el recurso de alzada- no implica, de suyo, prejuzgar sobre la cuestión de fondo (la acción de amparo ha sido desistida quedando el trámite reducido a la obtención de una "medida cautelar autónoma"). Semejante decisión aparece, pues, como una medida razonable y prudente y de vigencia temporal limitada.

Una vez que el Ministerio se pronuncie sobre el recurso, en el sentido que fuere, la cautelar quedará naturalmente desprovista de finalidad ya que o bien se dejará sin efecto el cargo por aportes adeudados o bien será legitimado administrativamente; en el primer caso será inviable el apremio y la prohibición de innovar dirigida al Instituto perderá todo sentido; en el segundo, nada obstará al proceso de ejecución fiscal, con lo que la cautelar quedará agotada por cumplimiento de su objeto.
Idoneidad del testigo, víctima del delito, declaración de la víctima, presunciones, valor probatorio, falta de prueba, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, SANTIAGO. s/ PRUEBA PRESUNCIONES E INDICIOS. PRUEBA TESTIGOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

Dado que la presunción vale como prueba en la medida en que se funde en hechos reales y probados, pero nunca en otras presunciones o indicios (art. 358 inc. 7 C.P.P.) y que sólo existe como prueba de cargo la declaración de la presunta damnificada, la cual registra la limitación establecida por el art. 276 inc 8 y 10 C.P.P., y que no hay secuestro del arma ni de los otros elementos faltantes, debe absolverse al procesado del delito que se le imputara.
Cheque, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Picchio, Mirta María c/ Banco Municipal de La Plata s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-30

Las obligaciones del banco demandado no pueden considerarse agotadas con el mero hecho de presentar el cheque al cobro, sino que -además de poner en conocimiento al cliente del rechazo y el extravío- debió realizar todas las gestiones necesarias para subsanar tal pérdida, ya que resulta decisivo que es quien estaba (y está) en mejores condiciones para lograr la recuperación de los cheques desaparecidos, dadas las condiciones operativas propias, sin que pueda esgrimir una supuesta falta de colaboración del cliente para ocultar o atenuar los efectos propios de su propia e intransferible responsabilidad (arts. 38, 39 dec. ley 4776/63 t.v.; 791, 797, Cód.

Comercio, 512, 519, 1068, 1109 Cód. Civil).
Declaración de incompetencia, honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: E.T.A. LIBERTAD S.A c/ BANCO RIO DE LA PLATA s/ ACCION DE AMPARO. APELACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-31

La declaración de incompetencia incluye además a los recurso de apelaciones interpuestos contra los autos regulatorios de honorarios dictados en las mismas causas, debido al carácter accesorio que éstos detentan.
Delitos, amenazas, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, etapas del proceso, extorsión, declaración de incompetencia
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS RAMÍREZ, MIGUEL SOBRE 168 - EXTORSIÓN c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, toda vez que, de acuerdo con el relato, no discutido, que de los hechos han realizado los jueces contendientes, el propósito de la conducta que tiene mayor concreción es obtener una entrega, lo que indica que, las cuestiones que hay que despejar, aun las que podrían surgir de una mayor investigación (que en CABA no correspondería al juez sino al fiscal) deberían ser contestadas por quien tiene competencia tanto para extorsión como para amenaza coactiva. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).