Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-06-15


2º Instancia.- San Justo, junio 15 de 2004.

¿Es arreglada a derecho la resolución apelada? 1º cuestión.- El doctor Alonso dijo:

I. La juez de primera instancia, a través de la resolución de fs. 128/130, rechazó el pedido de quiebra deducido a fs. 7/9, por Antonio Gabriel Di Cicca, contra Nilda Isabel Amarilla.

Frente a tal pronunciamiento se alza el recurrente a fs. 135 interponiendo recurso de apelación, siendo éste concedido a fs. 136 y fundamentado a través del memorial que obra glosado a fs. 145/151.

II. Agravia al recurrente el rechazo de la pretensión, manifestando que la sentencia se ha sustentado en documentación aportada fuera del término establecido por el art. 84 de la ley concursal; que la Juez de Grado ha omitido valorar las contradicciones incurridas por la presunta fallida al sostener la inexistencia de la deuda y luego afirmar su cancelación; que ha otorgado validez a un recibo que no cumple con los requisitos exigidos por la ley 25.345; que ha desechado la prueba pericial caligráfica y escopométrica propuesta en forma subsidiaria y que ha impuesto las costas del proceso a su representado en mérito a un recibo cuestionado, sin otorgarle ningún derecho de defensa más que el traslado conferido, contestado y absolutamente desoído.

Corrido que fuera el traslado de la expresión de agravios a Amarilla, ésta a fs. 153/159 lo contesta, pretendiendo rebatir los dichos del apelante.

III. A efectos de un mejor tratamiento de los agravios vertidos en autos, comenzaré expidiéndome respecto al primer agravio en cuanto a la documentación aportada fuera de término.

Si bien es cierto que la copia simple del recibo de pago adjuntado a fs. 83, juntamente con el escrito de fs. 84/85, a través del cual el accionado efectúa ciertas manifestaciones respecto a la situación de su crédito, motivo de autos, es extemporáneo, respecto al traslado ordenado a fs. 35, notificado a fs. 62/63, no es menos cierto, que el juez de la quiebra posee las facultades que norma el párrafo segundo del art. 274 de la ley concursal, en cuanto a poder disponer y contar con los documentos que le sean de su interés, en cualquier momento del proceso, a los efectos de la investigación que resulte necesaria.

Por ello, habiendo la juez de grado considerado el escrito de fs. 84/85, como una manifestación espontánea del deudor respecto a la situación del crédito denunciado en autos, con la correspondiente adjunción de documental, y no como una contestación al traslado conferido a fs. 35, no corresponde hacer lugar al presente agravio.

IV. Habiendo tratado el agravio precedente se impone continuar con el tratamiento del agravio vertido en autos respecto al rechazo de la prueba pericial caligráfica y escopométrica propuestas.

Al respecto, cabe manifestar que el deudor posee un derecho subjetivo de oposición a la declaración de su quiebra. Pero esto no importa que sus defensas que oponga deban ser sustanciadas, sin perjuicio de las facultades del tribunal de tenerlas en cuenta, para decidir la aceptación o su rechazo todo en función de las facultades y poderes inquisitorios propios al proceso publicístico en que viene encasillado el trámite del concurso.

El nuevo legislador ha entendido que la ley derogada, por su imprecisión, requería ajustar la noción y establecer con certeza el límite dentro del cual el deudor puede ejercitar su derecho, sin desnaturalizar el objetivo legal transformando el procedimiento en juicio de antequiebra.

Para ello establece: 1º) que el deudor, dentro del quinto día de notificado, invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su derecho, lo cual comprende documentación, testimonios de personas que puedan aclarar situaciones y toda otra prueba que sirva de medio instructivo para una más fundada decisión jurisdiccional; y 2º) que ese procedimiento no importa más que uno de los medios de investigación creados por el legislador para indagar la procedencia de la apertura del proceso y cuya carga imputa al deudor por su interés en negarla. Ese procedimiento ni implica sustanciación de cuestiones ni contradicción procesal. Su función relevante es la de servir de elemento de instrucción, de control preventivo, para que el juez decida o no la apertura del proceso concursal, en lo que se halla interesado el ordenamiento público y en su caso la consecuente modificación del status personae del fallido y las restricciones a la disponibilidad de su patrimonio. (Argeri, Saúl, "La quiebra y demás procesos concursales", t. 2, Ed. Platense, ps. 65/66).

El tema y los elementos probatorios de las defensas que pueda articular el deudor, tiene directa vinculación con la frase final que rechaza la posibilidad de tramitar un juicio de antequiebra, definido como "aquel procedimiento contencioso, introductorio de un período probatorio en la sustanciación de la solicitud de quiebra formulada a instancia de acreedor, lo cual supone un planteamiento formal, demanda, su contestación, y producción de pruebas controlada por las partes".

La prohibición impuesta constituye la tónica a la que deben ajustarse los trámites que regula el art. 84.

La circunstancia definitoria de la solución legal está dada por el carácter sumario que se asigna a la prueba y a la limitación de las defensas oponibles por el deudor. No existe un período para que acreedor y deudor simultáneamente presenten y diligencien sus pruebas; aquél debe ofrecer la suya en el escrito inicial y rendirla en forma breve, sin intervención ni control por parte del deudor; reiteramos que esa prueba se circunscribe a justificar la calidad de acreedor, la existencia de la cesación de pagos y si el deudor es un sujeto susceptible de ser declarado en quiebra. A su vez este último, dentro del término de cinco días debe contestar a las pretensiones del acreedor, alegar sobre la prueba producida sin su intervención, y justificar cuanto estime conveniente a su derecho.

No existe durante el período anterior a la declaración de la quiebra ninguna sustanciación sobre las cuestiones planteadas, y menos aún contradicción procesal; la adopción de un procedimiento previo ha sido calificado con acierto de peligroso si se atiende al carácter, naturaleza y finalidad del juicio de quiebra. (Quintana Ferreyra, "Concursos", t. 2, Ed. Astrea, ps. 98/100).

Según valoración generalizada, resulta chocante que un acreedor tuviese dos vías a su disposición para hacer valer un mismo derecho, ya que nadie se engaña en orden a motivaciones del pedido de quiebra por acreedor. Cámara (t. III, p. 1527), Roullion ("Procedimientos...", p. 17), Heredia (t. III, p. 223), Lorente ("Derecho y Empresa", 1995, Nº 4).

El "divortium aquarum" entre ejecución y pedido de quiebra finca, en la diferencia del presupuesto material, a saber, el incumplimiento en el primero, y el estado de insolvencia en el último. No es lo mismo, entonces, el factor que posibilita uno u otro juicio.

Hay una asimilación, que no llega a ser identidad, entre el actor en un ejecutivo y el peticionario de la quiebra. Por lo que vimos, el primero pide al juez que condene al ejecutado a abonarle lo debido; el segundo, que se declare su falencia, lo cual no incluirá el reconocimiento del crédito del instante y, menos aún, la orden de pago contra el fallido. Ello apareja una caracterización procesal que distingue al ejecutante y al peticionario de la quiebra en medida tal, que basta para desechar el evento de su identificación. ("El juez del Concurso", ED, 204-1397).

Recordemos que Satta, "Instituciones de la quiebra", p. 71, al exponer y comentar el decreto italiano de 1942, afirma que el poder del Tribunal no está vinculado por la carga de la prueba, sino que asume un carácter inquisitorio.

Resulta oportuno manifestar que el peticionante de la quiebra tiene a su cargo acreditar sumariamente -inaudita parte- la existencia de su crédito y los hechos reveladores de la cesación de pagos, antes (art. 90, ley 19.551; art. 83, ley 24.522) de la citación al deudor (art. 91, ley 19.551, art. 84, ley 24.522), que cierra la etapa instructoria. Luego sólo se admiten explicaciones del presunto insolvente y la posibilidad del acreedor de ser oído sobre ellas, sin controversia, dado que el juez debe resolver sin más trámite admitiendo o rechazando el pedido (arts. 91 u 84 ya cits.) excluyéndose cualquier incidencia (CApel. C.C. San Martín, sala II, noviembre 17-1988, ED, 134-338).

He de agregar a ello, con referencia a la citación del deudor, en concordancia con lo dicho antes que "...Con la advertencia del párrafo final "no existe juicio de antequiebra", al cual nos referimos más adelante, el art. 91 (84 actual) regula el trámite que se debe imprimir una vez que el tribunal haya comprobado la acreditación de los extremos ineludibles para considerar la viabilidad del pedido de quiebra: legitimación del peticionante, existencia de hechos que permitan presumir la cesación de pagos y calidad del sujeto pasivo de la quiebra que debe revestir el deudor. "Acreditados dichos extremos", dice el texto, lo cual supone -repetimos- que el juez ha formulado un mero juicio de verosimilitud, resultante de la prueba aportada. Esta valoración tiene un limitado alcance, circunscripto a los trámites previos de la sentencia de quiebra. Tanto es así, que no obstante la trascendencia que tiene esa apreciación, al punto que permite la declaración de la quiebra; el peticionante tiene la obligación de solicitar la verificación de su crédito, sometiéndose al debido control del síndico y a las impugnaciones que se formulan (arts. 33 y siguientes). En esta etapa procesal, para la apertura del juicio de quiebra la ley sólo exige que se acredite sumariamente el crédito. En consecuencia, tanto la citación al deudor como la sentencia de quiebra que en su caso se pronunciará, se concretan -en lo que atañe a lo invocado por el peticionante- a "admitir el pedido", al punto que la ley no impone ninguna decisión sobre el particular (arts. 95 y 96) "Francisco Quintana Ferreyra, "Concursos", t. 2 p. 93, Ed. Astrea, 1986.

En síntesis, cumpliéndose el recaudo de la notificación al deudor, que importa el ejercicio del derecho de defensa en juicio, sólo deberá oírse al deudor, sin que este pueda pretender la sustanciación de un juicio de antequiebra, resolviendo luego el juez, sin más trámite, admitiendo o rechazando el pedido de quiebra. (CNCom., sala C, agosto 11/972, Weschler, Lázaro, LA LEY, 148-222).

Por todos las consideraciones analizadas precedentemente, considero que la resolución obrante a fs. 128/130, es justa, ello así, toda vez que sin perjuicio de no haberse producido en autos la prueba caligráfica y escopométrica ofrecida por las partes, -prueba esta que significaría un juicio de antequiebra- a fs. 86 la juez de grado ha sustanciado las defensas articuladas por el deudor, pudiéndose haber dispensado de ello, como así también diligenció el oficio ordenado a fs. 124.

Asimismo, es de destacar que no se ha hecho otra cosa que la manifestada por el recurrente a fs. 17 vta. en cuanto a que "disponer la apertura a prueba de las presentes actuaciones sólo conduciría a su desnaturalización...".

Por todo ello, el presente agravio debe ser rechazado.

V. En cuanto al siguiente agravio a tratar respecto al hecho de haber otorgado validez formal a un recibo que no cumple con los requisitos exigidos por la ley 25.345, cabe aclarar que a lo que el art. 1º de la referenciada ley se está refiriendo es a la forma de pago y no al recibo extendido por éste. Por ello, el presente agravio tampoco puede prosperar.

VI. Se impone a continuación tratar el agravio con respecto a la presunta omisión por parte del sentenciante de toda valoración de las contradicciones incurridas por la presunta fallida al sostener la inexistencia de la deuda y luego afirmar su cancelación.

Al respecto, de las presentaciones de autos por parte de la presunta fallida, en ningún momento surge que la misma haya negado la deuda denunciada en autos, muy por el contrario a través del escrito de fs. 84/85, la misma no sólo no niega la deuda sino que adjunta el recibo que dice acreditar su cancelación.

Por ello, el presente agravio no puede prosperar.

VII. Por último, corresponde me expida con relación a la imposición de costas decretada en autos a los peticionarios de la quiebra.

Previo a ello, corresponde efectúe un breve comentario respecto a lo manifestado por el apelante en cuanto a que no se le ha otorgado el derecho de defensa más que el traslado conferido, contestado y desoído. Al respecto, parece ser que el apelante efectúa un encuadre totalmente erróneo del derecho de defensa en juicio toda vez que dicha defensa se encuentra garantizada en autos, precisamente, con el traslado conferido a fs. 86, sustanciación esta que como he dicho precedentemente pudo haber sido omitida por la sentenciante, y no por el resultado obtenido de dicha contienda.

Con relación a la imposición de costas considero que le asiste razón al recurrente, ya que si bien el peticionante de la quiebra resultó vencido por ser rechazado su reclamo, no puede soslayarse que pudo creerse con derecho a solicitar la falencia en función de la causa que dio origen a su reclamo, resultando por ende, equitativo que se impongan las costas en el orden causado.

Por todos fundamentos expuestos corresponde confirmar parcialmente la sentencia apelada, revocándose la imposición de costas de primera instancia, las que se imponen por su orden (art. 71 del CPCC). Imponiéndose las costas de alzada, al apelante de acuerdo al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).

En consecuencia, la argumentación expuesta resulta suficiente, a mi entender, para postular que se confirme parcialmente el decisorio apelado, por lo que voto parcialmente por la afirmativa.

Los doctores Posca y Taraborrelli por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhieren votando también parcialmente por la afirmativa.

Conforme al resultado obtenido en la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma parcialmente el decisorio apelado, revocándose la imposición de costas de Primera Instancia, las que se fijan en el orden causado. Costas de alzada a la apelante.- Eduardo A. R. Alonso.- Ramón D. Posca.- José N. Taraborrelli.