Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-15


Salta, 15 de junio de 2011.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "MANTOVANI, Gustavo Juan Ángel por Estorbo de Acto Funcional en Perjuicio de la Administración Pública", Expte. Nº 18087/09 del Juzgado Correccional y de Garantías y de Menores 2º Nominación, del Distrito Judicial del Norte- Orán, causa Nº CAM 27969/10 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. Edgardo F. Albarracín dijo:

Que vienen estos autos al Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 49 y vta. por la Sra. Fiscal Correccional Nº 1, del Distrito Judicial del Norte, Orán, contra el auto de sobreseimiento dictado a fs. 47/48 vta., a favor de Gustavo Juan Ángel MANTOVANI, de conformidad a lo previsto por los arts. 324, 326 inc. 3º y 327 del C.P.P.

Para arribar a la decisión en cuestión el Sr. Juez consideró que el hecho que se le incrimina al imputado no constituye delito por entender que no se advierte dolo en el accionar del acusado, ya que no resulta caprichoso, fuera de lugar o excesivo, que el profesional médico requiera orden escrita de autoridad competente para evacuar un informe, en principio de carácter confidencial y reservado. Destaca que la preventora policial sólo actúa como auxiliar del director del procedimiento sumario, de modo que no es la autoridad competente para requerir una medida del tipo de la que se trata y menos en forma verbal, por lo que si por la urgencia la Sra. Fiscal no podía firmar la orden, al menos la preventora debió confeccionar el instrumento indicando claramente quién es el magistrado que dispuso la medida.

Expresa que el art. 211 del C.P.P. prevé el libramiento de oficio para pedir informes, lo que implica el cumplimiento de una serie de requisitos, más la posibilidad de fijar plazo y hacer conocer los apercibimientos, y que en el caso, presentada la orden escrita, el acusado expidió el informe requerido.

La apelante disiente con lo resuelto por cuanto sostiene que la conducta del médico acusado con la negativa de proporcionar el informe requerido por el personal policial sobre la gravedad de las lesiones de Juan Valdiviezo, aduciendo que la policía tiene médico legal por lo que deben ser ellos quienes evalúen al paciente, y exigiendo el pedido del diagnóstico por escrito, evidencia un actuar doloso, ya que tenía conocimiento que el personal que lo entrevistaba eran funcionarios públicos en cumplimiento de sus funciones, tratando así de dilatar el accionar de los mismos y estorbando las tareas habituales que por sus funciones debían realizar.

El recurso fue producido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Antes de entrar al fondo de la cuestión considero importante destacar algunos aspectos que en el futuro deberán ser tenidos en cuenta.

En primer lugar hay error en el procedimiento por parte del A-quo al haber dictado auto de sobreseimiento por, según su fundamentos, atipicidad del hecho denunciado y que motivara el requerimiento de juicio por parte de la Sra. Agente Fiscal interviniente; pues si así consideró entonces mal pudo haberse avocado al conocimiento de la causa, tal como consta 26.

En segundo lugar el dictado del auto hoy atacado por el recurso de apelación no se encuentra comprendido en las únicas causales previstas por el art. 359 última parte del C.P.P. en el estado en que se encontraban estos obrado al momento del pedido formulado a fs. 36/38.

En tercer lugar no puede obviarse el recordar que el Dr. Gustavo Juan Ángel MANTOVANI es funcionario público (al momento de los hechos) conforme lo dispuesto por el art. 77 del C.P. y por ende su deber de colaborar con la justicia o sus auxiliares, como lo es la Policía de Salta.

La facultad de este Tribunal de Alzada se encuentra limitada por los puntos a los que se refieren los agravios (primer párrafo del art. 455 C.P.P.).

Analizado el planteo formulado y las constancias de autos, cabe adelantar criterio en el sentido de confirmar el auto apelado por los motivos que se exponen a continuación.

Se puede considerar que la conducta del imputado, al negarse proporcionar informe requerido en forma verbal por el personal policial sobre la gravedad de las lesiones de un paciente que habría sido víctima de un delito, no tuvo la intención de impedir u ocultar en forma dolosa tal información, sino que exigió el pedido por escrito y por autoridad competente, lo cual no resulta antojadizo ni irrazonable si tenemos en cuenta el secreto profesional, que en principio que deben respetar los médicos sobre el conocimiento del estado de salud de sus pacientes y que aún en el supuesto que la negativa no haya estado amparada en tal circunstancia, todo derecho debe ser ejercido en la forma en que las leyes reglamentan su ejercicio.

La circunstancia mencionada en el párrafo que antecede, tanto a la negativa como a la obligación de proporcionar lo solicitado por autoridad policial, que en el caso de autos actuaba bajo la dirección de la Sra. Fiscal y las previsiones procesales contempladas en los arts. 179, 180 y 182 del C.P.P..

Cabe destacar que la conducta seguida por el acusado, en el entendimiento que debía exigir orden escrita de autoridad competente para proporcionar el informe requerido en forma verbal por el personal policial, podría encontrar sustento por la misma ley procesal al exigir en el art. 211 del C.P.P. el pedido de informes por oficio, lo cual llevó a la Autoridad Policial que intervino en el evento, confeccionar con posterioridad pautas de trabajo entre el Hospital San Vicente de Paul y el personal policial de la Comisaría Nº 20, UR-2 (que obra en la carpeta de prueba que se tiene a la vista), donde se establece en el punto VIII), apartado g) que: " ...toda solicitud de información respecto al estado de salud de víctimas o pacientes , será por escrito y por duplicado.".

Antes de concluir parece necesario hacer una brevísima referencia a las normas legales citadas por el peticionante del sobreseimiento y en las cuales pretende justificar la conducta de su defendido.

Tan categórica afirmación encuentra sustento suficiente si se tiene en cuenta que, para el caso del art. 156 del C.P., para su tipicidad exige como requisito que la revelación o divulgación del secreto sea "...sin justa causa".

En relación al art. 11 de la Ley 17.1342, también invocada por la defensa técnica del imputado MANTOVANI; en el mismo texto del citado artículo se consigna: "...salvo los casos que otras leyes así lo determinen...".

Lo cierto es que surge, a prima facie, en la conducta del imputado la ausencia de dolo directo y especifico que exige la figura penal prevista en el art. 241 inc. 2º del C.P. y que ante una situación de duda sobre cuál de las normas corresponde aplicar, debe estarse a lo más favorable al imputado, por expresa indicación del art. 3º del C.P.P., por lo que corresponde confirmar el auto apelado de fs. 97/98 vta.. Así voto.

El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _________LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 49 y vta. y, en su mérito, confirmar el Auto de Sobreseimiento dictado a fs. 47/48 vta. a favor de Gustavo Juan Ángel MANTOVANI, de más condiciones personales obrantes en autos, de conformidad a lo previsto por los arts. 324, 326 inc. 3º y 327 del C.P.P..

II) RECOMENDAR el estricto cumplimiento de los arts. 5, 6 y concordantes de la Ley 22117, a cuyo fin se deberán requerir las respectivas fichas dactilares del sobreseído MANTOVANI, antes de efectivizar el archivo que por la presente se dispone finalmente.

III) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.

Ante mí: