Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-03-09


RESOLUCION INTERLOCUTORIA N° 6719. NEUQUEN, 9 de marzo de 2009.

V I S T O:

Los autos caratulados "INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE NEUQUÉN C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", expte. nº 2192/07, en trámite ante la Secretaría de Demandas Originarias del Tribunal Superior de Justicia, venidos a conocimiento del Cuerpo para resolver, y CONSIDERANDO:

I.- A fs. 41/42 se presenta la demandada, solicitando se decrete la caducidad de la presente instancia. Manifiesta que se han cumplido los plazos establecidos por el art. 31 de la Ley 1305.

Alega que no consiente ningún acto impulsorio de la actora posterior al vencimiento de los seis meses de inactividad.

Destaca que el municipio tomó conocimiento de la presente acción en fecha 3/09/2008, cuando ingresó el Oficio N° 588/08 librado por el Tribunal con el objeto de requerir los antecedentes y expedientes administrativos.

Fundamenta el planteo en el criterio adoptado por el Tribunal en autos "Duckwen".

II.- Corrido el pertinente traslado, la parte actora lo contesta a fs. 811/819, solicitando su rechazo.

Indica que no se configuran los presupuestos para decretar la perención, tal es la existencia de instancia.

Sostiene que la admisibilidad de la acción se encontraba pendiente de resolución (conforme artículo 38° segundo párrafo Ley 1305).

Señala que la caducidad quedó purgada con el escrito presentado en fecha 27/08/2.008.

Sostiene que el acuse de caducidad fue interpuesto cuando se encontraba vencido el término de cinco días porque el plazo debió computarse desde la providencia de fecha 27/08/2.008 que ordenó la remisión de los antecedentes y expedientes administrativos.

Por último rechaza la aplicación al caso de los antecedentes "Duckwen", "Antigual" y "Palacios".

III.- A fs. 822/822 vta. se expide el Sr. Fiscal ante el Cuerpo, propiciando se decrete la perención de instancia.

IV.- Dispone el artículo 31 de la ley 1305 que: "Caducará la instancia si no se insta su curso dentro de los seis meses contados desde la última petición de las partes, o resolución o actuación del Tribunal que tenga por efecto impulsar el procedimiento".

La caducidad de instancia como modo anormal de extinción del proceso se produce, entonces, cuando la parte a quien incumbe la carga de impulsarlo, no insta su curso durante el plazo determinado por la ley, y no se configuran las excepciones previstas en el artículo 313 del C.P.C. y C. (aplicable supletoriamente en virtud del reenvío legislativo establecido en el art. 78 de la ley 1305).

V.- Ingresando al análisis de la cuestión planteada, cabe adelantar que este Tribunal, por mayoría, sigue la línea argumental plasmada por el Dr. Massei en el Acuerdo 24/2003, dictado en autos "PRICE, AYELÉN LUISA DEL CARMEN C/ ROBLES S.R.L. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (expte. N°134 año 2002), del registro de la Secretaría Civil.

En el antecedente citado se propició la denominada "purga automática" para el supuesto en que, transcurrido el plazo legalmente estatuido para disponer la caducidad de la instancia, sin mediar declaración de la misma de oficio ni tampoco acuse de la parte, el litigante que desea el progreso de las actuaciones formula una petición apta para impulsar el procedimiento.

Asimismo, en dicha oportunidad, se consideró que, en nuestro ámbito, el art. 315 (de aplicación supletoria) establece, a diferencia de su par en el orden nacional, que "la petición -de declaración de perención- deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria".

Sobre la base de este precepto se opta por la tesitura más apegada a la letra del Código y, en definitiva, más garantista de los derechos.

De la recta lectura del mismo y del art. 316 C.P.C.y C. surgen algunos corolarios: primero, obviamente, el magistrado tiene el poder de impulsar de oficio el procedimiento (art. 315 C.P.C.y C.), como también el de declarar de oficio la caducidad de instancia (art. 316 del ritual); segundo, el impulso del procedimiento posterior al cumplimiento del término de perención por cualquiera de las partes opera como valladar para la declaración oficiosa de caducidad, vedándole al juez prevalerse del derecho que le asigna el ya citado art. 316, primera parte, del Código; y tercero, si bien se lee, el art. 315 C.P.C.y C. dice textualmente "actuación del tribunal" y nada dice, en cambio, respecto del impulso del procedimiento "por la parte".

Consecuentemente, las normas citadas, conllevan, en el articulado del viejo Código Procesal -vigente todavía en Neuquén y otras provincias-, la posibilidad de extender la disposición del art. 315 C.P.C.y C. al impulso de las actuaciones por la parte, como mínimo, no estaría prevista por el ordenamiento. E igualmente claro es, que no resulta adecuado método hermenéutico en la materia, extender su aplicación por una vía de interpretación laxa, toda vez que, por remanido que sea, corresponde recordar que el instituto analizado, en orden a sus efectos extintivos, debe ser objeto de una interpretación restrictiva.	Todo lo cual impide que, a pesar del silencio legal, se efectúe una interpretación que iguale y empareje los efectos del "no consentimiento" que se exterioriza con relación a procederes de la contraparte, con el que se refiere a las providencias del órgano jurisdiccional, por contrariar abiertamente las reglas señaladas.

Es que, al examinar los arts. 315 y 316 del rito, determinantes para resolver la cuestión planteada, ha de repararse en que sólo el primero habla del "no consentimiento" del peticionario de la caducidad, estando a su vez referido, con exclusividad, a una eventual actuación del tribunal. Nada dice con relación a una similar conducta impulsoria de la parte contraria cuando, en rigor, este supuesto pudo y debió ser expresamente incluido, si tal hubiese sido la intención del legislador al respecto.

En suma, más allá de la deficiente técnica legislativa que pueda achacársele a la redacción de las normas indicadas, lo cierto es que el distinto tratamiento acordado por el legislador al supuesto de que sea el tribunal o la parte actora quien impulse el procedimiento no es casual. Son hipótesis diferentes, y justificantes de que respecto de la primera se consagre un recaudo adicional (conf. Augusto C. Belluscio, "Aciertos y errores del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, L.L: 129-1139; C.Civ. y Com. Mar del Plata en Pleno, 24/04/84).	De esta manera, se educe que aunque el escrito impulsorio haya sido presentado luego de transcurrido el plazo legal (naturalmente, antes de que la caducidad haya sido decretada), su idoneidad no puede ser enervada por otra presentación de la contraparte, pues ésta no tiene posibilidad alguna de oponerse a las consecuencias del mismo.

Como expresa Gualberto L. Sosa, en el sistema de la declaración judicial de la caducidad, no hay nada que consentir. Si, precisamente, este régimen tiene como punto de partida esencial, una resolución que reviste carácter constitutivo, antes que se dicte la misma los actos procesales realizados tienen plena eficacia y, por lo tanto, cabe descartar la necesidad del mentado consentimiento. Antes del pronunciamiento del órgano jurisdiccional no puede sostenerse que se haya cumplido la caducidad, y si ello es así, resulta absurdo hablar de consentimiento en relación a la parte, dejando a salvo el supuesto de actuación oficiosa del tribunal, que como se ha visto, es el único contemplado en la norma ("Purga de la caducidad de instancia", J.A. 1972-Doctrina-81 y ss).

Por otro lado, nuestro ordenamiento, a diferencia del texto nacional reformado por la ley 22.434, no contiene referencia alguna al consentimiento de las actuaciones llevadas a cabo por la contraparte (art. 315 del rito). En su redacción, la referencia a tolerancia o admisión de la parte está absolutamente marginada, siendo -debo insistir- una directiva clásica, que las limitaciones de derechos y las prohibiciones, no pueden ser objeto de una interpretación extensiva.

Finalmente, si realizamos una correlación entre la evolución legislativa en la materia (ver al respecto, Podetti, "Tratado de los actos procesales", núm. 96 y Gualberto Sosa, ob. cit.), que en el caso de la Provincia de Buenos Aires con la reforma de la ley 12.357, ha provocado, para algunos autores, la "muerte" o "fin" del instituto de la caducidad de instancia, al haber subordinado su procedencia al requisito de la "previa intimación a las partes" (Jorge Aldazabal, "La muerte de la caducidad de instancia", E.D. 188:1113; Daniel H. Calatrava y Fernando R. García Pulles, "Una reforma inconstitucional del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. El fin del instituto de la caducidad de instancia", E.D., 186-1299 del 27/03/00) y la solución prevaleciente en la moderna doctrina procesal, como en los proyectos de reforma recientes (ver enjundioso estudio de los Anteproyectos efectuado Enrique Falcón, "Procesos de conocimiento. Apéndice sobre caducidad de instancia y la reforma de la legislación sobre la materia en la Provincia de Buenos Aires", p.25, ap. 11; postura que, por lo demás, ha sido la adoptada por la jurisprudencia bonaerense y prestigiosa doctrina (Morello, Sosa y Berizonce, "Código Procesal...", t IV-A- 28/29 y 200; De Lázzari, Eduardo, "Cambio jurisprudencial en la provincia de Buenos Aires en materia de caducidad de instancia", J.A. 1984-IV-545; Sosa, Gualberto, ob. cit., etc. y C. Civ. y Com. Mar del Plata en Pleno, 26/04/84; SCBA AS 1985-II-498 y DJBA Tomo 130 p.1; AC 74029 S 3-10-2001, entre otros).

En definitiva, si el instituto es de interpretación restrictiva, si en la duda ha de estarse por la supervivencia de la instancia y no por su destrucción, y si la norma para nada valoriza, computa o toma en cuenta el consentimiento de la contraparte a los fines de otorgar efectos al acto impulsorio, es natural que resulte vedado a los jueces extender a esa hipótesis soluciones no consagradas expresamente para ella (conf. De Lazzari, ob. cit.).

Por estos motivos, la interpretación que se propicia es la que mejor satisface el valor justicia y que se traduce en preservar la posibilidad de que el conflicto pueda agotar todas las instancias de revisión. Por ello, al haber existido un acto impulsorio de la parte actora (escrito de fs. 35 y presentación del oficio de fecha 29/08/08), con antelación al acuse de caducidad de instancia, corresponde desestimarlo, al haberse subsanado en forma automática.

VI.- En cuanto a las costas, atento que la solución propiciada importa un giro en el criterio jurisprudencial del Tribunal, la actora debe ser eximida, en tanto pudo haberse creído con derecho para peticionar la declaración de perención de instancia (art. 68° última parte del CPCyC, de aplicación supletoria en la materia).

En orden a lo expuesto, y oído el Sr. Fiscal, SE RESUELVE:

1º) Rechazar el acuse de caducidad de instancia efectuado por la Municipalidad de Neuquén.

2º) Eximir de costas al incidentista vencido atento el cambio en el criterio jurisprudencial (art. 68 C.P.C.y C).

3º) Diferir la regulación de honorarios para el momento del dictado de la sentencia.

4º) Regístrese, notifíquese. Dr. OSCAR E. MASSEI - Presidente. Dr. ANTONIO GUILLERMO LABATE - DRA. GRACIELA M. DE CORVALAN - Dr. EDUARDO FELIPE CIA - Dr. RICARDO TOMAS KOHON Dra. CECILIA PAMPHILE - Secretaria Disidencia de los Sres. Vocales Doctores Ricardo Tomás Kohon y Eduardo Felipe Cía: Siguiendo la línea argumental sentada en la causa "Dukwen" (Acuerdo N° 66/05) hemos de disentir con la solución propiciada.

I.- La presentación de fecha 27/08/2.008 fue efectuada cuando el plazo de caducidad se encontraba cumplido. Es cierto que, al constituir actividad de la parte -como regla- no requiere ser consentida; sin embargo, al encontrarnos frente a un supuesto de "primer anoticiamiento", tal regla debe sufrir una excepción.

En efecto, como se señalara en el Acuerdo citado, existen dos posturas en la interpretación de la regla prevista en el artículo 315 del C.P.C.C.

La más tradicional sostiene que quien intenta conseguir la declaración de caducidad de la instancia, debe acusarla antes de consentir cualquier actuación -ya sea proveniente del Tribunal o de la parte- posterior al vencimiento del plazo que tenga por efecto impulsar el procedimiento, vale decir, en un término de cinco días de llegado a su conocimiento.

La otra posición, tal como se indica en el voto de la mayoría, sostiene que el impulso del procedimiento posterior al cumplimiento del término de perención por cualquiera de las partes opera como valladar para la declaración oficiosa de caducidad.

En términos generales compartimos esta última posición ya que, en el articulado del Código Procesal Civil de la Provincia, la posibilidad de extender la disposición del art. 315 C.P.C. y C. al impulso de las actuaciones por la parte, no se encuentra prevista.

Sin embargo, tal regla, a nuestro criterio, presenta una excepción.

II.- En efecto, aún cuando se considere que carece de relevancia el no consentimiento de la parte que recaba la perención -respecto de los actos de impulso practicados por el contradictor-, como se dijo, tal premisa reconoce una excepción: cuando la caducidad se acusa en la primera intervención que tiene la parte demandada como consecuencia del anoticiamiento del juicio iniciado en su contra.

La irrelevancia de la falta de consentimiento no puede ser invocada en los casos en que no se constituyó la relación procesal, por no haber sido comunicada la demanda a los accionados, y ellos, dentro de los cinco días posteriores a la notificación, se presentan y piden que se declare la perención de la instancia.

La igualdad de los litigantes encuentra su mejor garantía en el contradictorio. Éste supone el derecho a expedirse acerca de las pretensiones y/o peticiones formuladas en el proceso, de controlar todos los actos procesales cumplidos a pedido de la otra parte o de oficio.

Por ello, no puede desconocerse el derecho que le asiste a la demandada, en su primera presentación, de controlar el cumplimiento, por parte de la actora, de la carga de instar el proceso dentro de los plazos establecidos, derecho que no ha podido ejercer con anterioridad, al no encontrarse trabada la litis.

Esto no colisiona con el criterio de interpretación restrictivo que se pregona en materia de caducidad de instancia, que sólo conduce a descartar su procedencia en casos de duda.

Ello así, puesto que en los reducidos y excepcionales casos de primer anoticiamiento del litigio, en que se descarte esto último, la perención puede considerarse operada.

En este supuesto puntual, la corriente más tradicional no duda en la posibilidad de que el interesado acuse la perención, existiendo únicamente discrepancias en cuanto al plazo en que debe deducirse el pedido (sobre el tema ver: Kielmanovich, Notificación de la demanda y plazo para oponer la caducidad de instancia..., L.L. 1986-E-1054; Maurino, Plazo para oponer la caducidad de instancia cuando el acto impulsor es la notificación de la demanda... J.A. 2001-III-45, entre otros).

III.- Traídas estas consideraciones al caso, el plazo de caducidad (6 meses) había operado a la fecha de presentación del escrito (27/08/2.008). Asimismo, y como surge de las constancias de autos, se configura el supuesto de excepción: "primer anoticiamiento", el que se produce con la recepción del oficio N° 588/08.

Por consiguiente, al no consentir, dentro del quinto día, la actividad de la contraria, corresponde declarar la caducidad de instancia. ASI SE RESUELVE.

Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. EDUARDO FELIPE CIA Dra. CECILIA PAMPHILE - Secretaria.