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Derecho contravencional, suspensión del juicio a prueba, interpretación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: ROJAS, Escolástico s/ infr. art. 83 ley 1472-apelación .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-27

La suspensión del juicio a prueba encuentra como límite para su aplicación y, a su vez, como requisito para la procedencia del acuerdo, que el imputado por una contravención no registre antecedentes condenatorios contravencionales dentro del tiempo estipulado en dos años anteriores al hecho.

En el caso, el imputado registraba una sentencia firme de condena contravencional con fecha posterior a la comisión del hecho endilgado en esta causa. Por tal motivo el Fiscal de primera instancia dejó constancia que tal circunstancia no había sido óbice para llegar al acuerdo de suspensión del juicio a prueba.

Contrariamente, entendió el Magistrado que tomando como parámetro el momento de acordar la suspensión del proceso, -casi un año después de la comisión del hecho-, no se hallaba cumplido uno de los requisitos para su procedencia porque a esa fecha ya registraba el imputado una sentencia firme de condena.

Sin embargo, de seguirse esta línea se provocaría una exégesis extensiva de la letra del artículo 45 del Código Contravencional por cuanto el lapso transcurrido entre el hecho y el momento en que se pacta el acuerdo se estaría considerando también como computable para tener en cuenta si el incuso tiene o no antecedentes, apartándose de ese modo de la clara indicación del artículo en cuestión que indica que en los dos años anteriores al hecho no deben registrarse antecedentes.
Sociedad conyugal, bienes gananciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lipshitz, Raúl c/ Campili, Mónica s/ Disolución de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-04-05

El art. 1271 del Código Civil consagra una presunción iuris tantum sobre el carácter ganancial de los bienes existentes al tiempo de la disolución de la sociedad conyugal.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: Kindruk, Teodoro c/ Biliba, Pablo-Los de Biliba,Irma-Morales,Ester s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-06-30

"A pesar del error en que incurra el recurrente en la calificación del agravio, corresponde la consideración de éste si se encuentra sustancialmente expuesto". (En el caso el recurso fue planteado por falta de motivación mientras que la real significación de la razón invocada era la errónea aplicación de la ley sustantiva).
Recurso contencioso administrativo, cuestión no decisiva, personal municipal, régimen jubilatorio, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE GALVEZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-30

Carece de decisividad el perjuicio patrimonial que asegura sufrir la Municipalidad actora como consecuencia del pago de contribuciones que califica como ilegítimo, no sólo porque tiene el deber jurídico de contribuir y de asegurar la realización de aportes de sus agentes al régimen de la Caja municipal, sino también en razón de que, si se aceptara su errónea posición acerca de que hay ciertos funcionarios que podrían estar excluidos, dichos agentes de igual manera se hallarían alcanzados por el sistema provincial de jubilaciones y pensiones.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, contrato de comisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sierpe de Aguirres, Julieta V. c/ González, Gabriel s/ Consignación alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

El monto del juicio en la consignación está dado, en el caso, por la suma de la consignación declarada válida y con fuerza de pago por la sentencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, remuneración, acción de amparo, competencia laboral
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: CARDOZO, Néstor Y otros c/ ESTADO NACIONAL s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-26

Cuando la naturaleza de la contienda se proyecta sobre el contrato de trabajo y la calificación remuneratoria de un rubro genera una duda razonable,se impone al juez requerido asumir el conocimiento de la controversia a la luz de lo previsto en el art 4 de la ley 16.986.(Del dictamen del PGT 20781 del 23/9/96)
Jubilaciones, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dimitroff, Boris Eduardo c/ Caja de Previsión y/o Gobierno de la Provincia de Formosa s/ Acción contencioso administrativa Gobierno de la Provincia de Formosa s/ Acción contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-04-27

La jubilación no es un favor, es el pago de una deuda, aunque la calidad votada sea superior a la capitalización de los portes o retenciones. En la medida que la pensión impone un sacrificio al Tesoro, ella es la remuneración de servicios pasados. (Fundamento del Dr. Carlos González)
Acción de amparo, partidos políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Lista Luche y Vuelve - internas Partido Justicialista s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-01-08

Resulta improcedente, en el marco del art. 57 de la ley 23.298, que un afiliado accione ante la justicia sin antes haber ocurrido ante los órganos partidarios competentes a los fines de agotar la vía partidaria.
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba, relación de dependencia, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: L., N. J. c/ RADIO LUJAN s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-13

La determinación de la existencia o inexistencia de relación laboral constituye una clara cuestión de hecho y prueba, reservada en principio a los Jueces de grado, en tanto no se invoque y demuestre el excepcional supuesto de absurdidad o arbitrariedad en la valoración de los componentes - de aquélla naturaleza - en juego en cada caso.
Reticencia, dolo
Materia: CIVIL
Carátula: Ovejero, Rodolfo Aníbal c/ Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros S.A. s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios Seguros S.A. s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-02-24

En cuanto al "informe de inspección técnica", en el que se hace referencia a que la unidad estaba destinada "a uso de transporte de pasajeros, según lo conversado con el propietario", es evidente que el referido informe al estar suscripto únicamente por quien se dice inspector de la empresa aseguradora, y no por la persona a la que se atribuye las afirmaciones transcriptas, carece de todo valor probatorio en el sentido indicado, esto es, para acreditar la afectación de la unidad al transporte de pasajeros. No obstante lo expresado, es evidente que la actividad a que estaba afectado el rodado asegurado, tampoco se adecuaría al concepto de "uso particular", declarado por el accionante al momento de la contratación del seguro, habida cuenta que la afectación de la unidad a un servicio de transporte, con inscripción en los registros respectivos (como en el caso) con carácter comercial, implica una mayor movilidad del vehículo en cuestión, lo que conlleva un mayor riesgo para el mismo; empero no se advierte, en el presente caso, la existencia de la relación de causalidad, entre la actividad a que habría sido destinado el vehículo en cuestión y el acaecimiento del siniestro y sus características (incendio del vehículo en el lugar de guarda del mismo, que produjera la destrucción total del rodado).

Por ello, es evidente que, en el caso, no cabe la alegación de "reticencia" para que el asegurador pudiera eximirse de responsabilidad frente al asegurado habiéndose decidido al respecto, en efecto, que "el asegurador no puede invocar la reticencia, salvo dolo, si ella no influyó en el siniestro ni en la medida de la prestación, pero este criterio debe ser aplicado con prudencia, especialmente en el supuesto de que aquél impugne el contrato con posterioridad al siniestro. Fundamento del Dr. Emilio Lotto.
Sucesión testamentaria, testador, capacidad para testar, vicios de la voluntad, padecimientos mentales
Materia: CIVIL
Carátula: MELLUSO, Vicente c/ RUSSO, María Elena s/ NULIDAD DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-20

Del voto de la mayoría (Dres. Conde y Posse Saguier):

1- Para realizar un acto de última voluntad, no se requiere mayor discernimiento que el necesario para realizar actos entre vivos. Por ende, no toda anormalidad o alteración de las facultades mentales es suficiente para viciar el entendimiento de la persona con relación a los actos testamentarios, sino que es indispensable que anule o comprometa gravemente el uso de la razón. La perfecta o completa razón exigida por los arts. 3615 y 3616 del Código Civil, no debe considerarse en abstracto, tomando como comparación un ente ideal, sino en concreto, esto es, referida al propio sujeto disponente.- 2- Respecto del concepto de perfecta razón, cabe precisar que el legislador no ha exigido un discernimiento diferente o más calificado que para cualquier otro acto jurídico, esto es, para analizar la capacidad del testador basta considerar los principios generales sobre la capacidad de obrar, aplicables a todos los actos jurídicos.-
Accidente de tránsito, responsabilidad del peatón, cruce de ruta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cornejo Carlos y Ot. c/ Juan C. Campagna s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S137 - 210)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-04-30

Y la culpa de la víctima en la emergencia, si bien no exclusiva, entiendo surge -como bien lo exige el actor- certera y claramente acreditada -como debe serlo al tratarse de un hecho impeditivo de atribución de responsabilidad, toda vez que intenta el cruce de la ruta N° 50 de Maipú de doble mano de circulación, luego de descender del micro y por detrás del mismo; es decir y como lógica consecuencia, sin poder tener plena, absoluta y clara visibilidad respecto de los vehículos que podían circular en sentido contrario y por la misma ruta.
Multa penal, ley penal más benigna, actualización monetaria, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: CHERNICOFF, ISAAC s/ MULTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Para la fijación del monto de la pena de multa es improcedente la aplicación del art. 2 del CP, porque de hacerlo se arribaría a una suma irrisoria, de imposible cumplimiento, tornándose inoperante los fines represivos y disuasivos de la condena penal y, fundamentalmente, porque las modificaciones sufridas pro los guarismos de las multas previstas en las normas no han constituido, en puridad, un aumento de la sanción sino la actualización de valores afectados por la inflación y el cambio de los signos monetarios depreciados por ese fenómeno económico.
Honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección de Personas Jurídicas CALP c/ Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda. s/ Intervención
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Si se rechazó en sede judicial el pedido de regulación de honorarios formulado por el interventor de la sociedad cooperativa, por natural consecuencia, no se puede estimar económicamente tal pedido, puesto que ello importaría violar lo decidido judicialmente. De tal modo, al no tratarse de una pretensión que pueda determinarse económicamente, no corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 23 del dec-ley 8904/77 (SCBA, en DJBA, t. 128, p. 322).
Competencia por el territorio, opción de competencia, domicilio conyugal, domicilio del demandado
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Bilotta, Silvia Ana s/ inhibitoria -expte. Nx82388/90.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-04

La modificación introducida por el art. 227 del Código Civil (t o. ley 23.515) deja sentada la validez de la facultad del actor de elegir el tribunal del domicilio del demandado, quien no puede ampararse en la competencia del tribunal del último domicilio común cuando se facilita el ejercicio de su derecho de defensa llevándoselo ante el de su propio domicilio situado en otra provincia.
Convenios colectivos de trabajo, contratos civiles
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ DE GEREZ, ELBA YOLANDA c/ CIA. ARGENTINA DE TELEFONOS s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-25

El convenio colectivo se asemeja a un contrato en el alcance general -erga omnes- de lo acordado, pero ello no obliga a reconocerle un carácter público ni a visualizarlo como una ley estatal.-
Honorarios, regulación de honorarios, prescripción, oportunidad procesal, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carlos Bertorello s/ Reconstrucción de Expte. Nro. 195/82 "Coronel, Guido Raul c/ Valdez,  Angel Napoleón- s/ Daños y perjuicios"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-31

Es de recibo el agravio del apelante en contra del proveído del Inferior que rechazó la prescripción por él interpuesta respecto del pedido de regulación de honorarios profesionales formulado por la contraparte, por cuanto afirma que la petición fue opuesta en tiempo oportuno.

En efecto, con relación a la oportunidad para oponer la prescripción la jurisprudencia está dividida.Para una corriente la prescripción debe oponerse cuando el profesional solicita la regulación de honorarios, toda vez que por razones de economía procesal, de diferirse la discusión para el momento de pretender su cobro, su determinación sería inoficiosa.Otros Tribunales, en cambio, entienden que ese no es el momento oportuno sino cuando se pretenda hacer efectivo su cobro, aduciendo que el auto regulatorio sólo fija el honorario pero no quién es el obligado al pago.

De las corrientes jurisprudenciales expuestas, este Tribunal considera que no corresponde rechazar in límine el planteo sino que debe dársele trámite y oportunamente resolver la prescripción interpuesta.

Por ello, corresponde hacer lugar a la apelación deducida, revocar el proveído del Inferior y ordenarle que corra traslado de la prescripción interpuesta por el recurrente y, como lógica consecuencia, declarar la nulidad del Auto Interlocutorio que reguló honorarios sin encontrarse firme el decreto que mediante esta apelación se impugna y es dejado sin efecto por la presente.
Hurto, animus jocandi, error de prohibición, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: A.J.A.-Z.J.C. s/ HURTO EN FLAGRANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-02-25

Afirmado el tipo doloso, la creencia errónea de los coautores de que no les estaba prohibido dicho apoderamiento si su finalidad ulterior era una broma, constituye al igual que el antiguamente denominado "hurto de uso", un error sobre la prohibición o Desaprobación Penal, que deja intacto el dolo y afecta a la reprochabilidad de la conducta y que siendo vencible solo puede atenuarla en su graduabilidad hasta el mínimo de la penalidad prevista en el tipo legal.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, responsabilidad objetiva, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cachau, Oscar José c/ Bs. As. Pcia. de s/ daños y perjuicios. Estancias Marré  SAIAF. e I. c/ Provincias de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires s/ daños y perjuicios. Prada, Iván Roberto c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. Discam  S.A. c/ Bs. As. Pcia. de s/ daños y perjuicios. Don Santiago  S.C.A. c/ Bs. As. Pcia. de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16|1993-06-16|1993-06-16|1993-06-16|1993-06-16

En el marco de la responsabilidad objetiva por el obrar lícito (conforme y exigido por el bien común) del Estado, la conexión causal jurídicamente relevante entre el accionar del Estado y el perjuicio cuya reparación se solicita, debe valorarse con un criterio estricto, más severo que en el supuesto de responsabilidad subjetiva, donde la conducta reprochable del agente amplía el alcance de la causalidad eficiente, hasta el grado máximo cuando concurre el dolo.
Legitimación procesal, derechos de incidencia colectiva, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.783 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-24

La regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular. Ello no cambia por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas, toda vez que se trata de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos, o supuestos en los que aparece un litisconsorcio activo o pasivo derivado de la pluralidad de sujetos acreedores o deudores, o bien una representación plural. En estos casos, no hay variación en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su titular, quien debe, indispensablemente, probar una lesión a ese derecho para que se configure una cuestión justiciable.

A esta categoría de derechos se refiere el primer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional en que encuentra cabida la tradicional acción de amparo. Esta acción está destinada a obtener la protección de derechos divisibles, no homogéneos y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Admisibilidad formal, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Doroñuc, Clara Graciela y Brignole, Mario c/  s/ Querella Criminal por Delitos de Acción Privada
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-10-26

Resultan formalmente admisibles los recursos de casación incoados por la parte querellante y actores civiles, y por los defensores particulares del imputado, dado que ambos recursos fueron presentados en tiempo y con las formalidades de ley, surgiendo de la lectura de las dos piezas procesales una exposición clara de lo que entienden como agravios serios y suficientes para la apertura de la instancia casatoria.
Seguros, seguro de responsabilidad civil, obligaciones del asegurado, siniestro, denuncia del siniestro, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SEGUROS GENERALES S.A AZZICURAZIONI GENERALI c/ TORTONE S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-06

En materia de seguro de responsabilidad civil, el asegurado no está obligado a hacer la denuncia del siniestro hasta tanto el tercero no formalice la pertinente demanda indemnizatoria, puesto que el hecho dañoso no es el siniestro sino el reclamo que causa el perjuicio al patrimonio del asegurado. Desde tal evento deberá computarse el plazo de la ley de seguros.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, remisión del expediente, demora en la remisión del expediente, ofrecimiento de la prueba, diligenciamiento de oficios
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramírez, Miguel Angel c/ Torres, Juan Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-28

La caducidad de la instancia supone el abandono voluntario del proceso por los litigantes, por lo que el plazo legal se suspende cuando por razones independientes de las partes, éstas se encuentran en la imposibilidad jurídica de formular peticiones tendientes a activar la marcha de la causa.

Si la única probanza que faltaba incorporar a la causa era un expediente criminal en trámite ante otra circunscripción territorial, que fuera ofrecido como prueba por el actor, y cuya remisión no tuvo lugar, no obstante el diligenciamiento del oficio librado a tal fin, en virtud de que el estado en que se encontraba el juicio penal, con sentencia de primera instancia contra la cual se interpuso recurso de apelación, tornaba imposible su envío inmediato hasta tanto no mediara pronunciamiento definitivo en aquellas actuaciones, debe rechazarse el pedido de caducidad aunque haya transcurrido el plazo legal.
Eximentes de responsabilidad, culpa de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: Villagra, Carlotta c/ Izquierdo, Mariano y Otro y-o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-25

Participo del criterio que "la culpa de un tercero por quien no debe responder" puede hacerse efectiva aunque no haya participado en la litis como demandado o su citación no haya sido solicitada y, por ende, cabe excluir la parte del daño que es atribuible a la culpa de dicho tercero sin perjuicio de las posibles acciones futuras contra el tercero que no participó en el juicio.
Prestación de servicios, alícuota, contribuciones patronales, energía eléctrica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Endesa Costanera SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-11

El decreto 814/01 estableció una alícuota general del 21% para todos los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467 y, a su vez, una alícuota más baja (17%) para los restantes empleadores no incluidos en el inciso anterior. Dicha directiva, no menciona a las empresas industriales que, en principio, deberían tributar la alícuota inferior y, lo cierto es que el artículo 4° de la ley 24.065 clasifica a los actores del mercado eléctrico mayorista en: a) generadores o productores, b) transportistas, c) distribuidores, d) grandes usuarios y e) comercializadores.
Confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, fallos de la Corte Suprema, escala penal, tipo penal, antecedentes penales
Materia: PROCESAL-CIVIL-PENAL
Carátula: López Carrera, Richard Arturo de Jesús  c/ DNM  s/ recurso directo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-23

Se confirma la sentencia de grado en función de que, en atención a los lineamientos doctrinarios establecidos por la CSJN en el precedente "Apaza León", el caso sub examine no se subsume dentro de las causales impedientes regladas en el art. 29, inciso "c", de la LNM, ya que el mínimo de las escalas penales correspondientes a los delitos por los que registra antecedentes penales el actor y que se encuentran expresa y específicamente previstos en el Código Penal Argentino no alcanzan el mínimo de tres años previsto en el art. 29 inc. "c" de la LNM. Para más, en cuanto a lo alegado por la DNM en relación a que la motivación del acto impugnado se refería a la "reiterancia en la comisión de delitos" cabe ante todo destacar que, el artículo 29, inciso "c", de la LNM -en cuyo fundamento se dictó la expulsión de la aquí actora- en momento alguno alude a tal circunstancia como presupuesto habilitante para encuadrar tal extremo en la causal impediente allí prevista.

A mayor abundamiento, tampoco surge de las disposiciones impugnadas referencia expresa alguna a dicho carácter, limitándose a enumerar las condenas penales impuestas al extranjero; por lo que no cabe ahora juzgar su situación migratoria a la luz de un extremo fáctico que no fue considerado por la propia autoridad de aplicación en ejercicio de sus facultades primarias. A su vez, y aun si por vía de hipótesis se pudiera considerar otro precepto normativo que mejor se ajuste a tal circunstancia (reincidencia), éste sería el art. 62 de la LNM que hace expresa alusión a la conducta reiterante en la comisión de delitos; mas, aparte que ello se encuentra vedado en función de la doctrina del Máximo Tribunal sentada in re "Roa Restrepo", el accionante no reviste la condición de residente permanente. En tales condiciones, dado que por los mínimos legales de los tipos penales por los que fue condenado el migrante, no puede tenerse por inmiscuida su situación migratoria en el impedimento previsto en el artículo 29, inciso "c" de la LNM en su redacción aplicable al caso, corresponde desestimar los agravios de la DNM sobre el punto.