Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-20


Trelew, 20 de abril de 2.005.- Y VISTOS: los recursos de apelación interpuestos en subsidio por la demandada a fs. 91 y por la actora a fs. 99 contra la resolución de fs. 85, el recurso de apelación interpuesto en subsidio por la demandante a fs. 106 contra la resolución de fs. 103, y el recurso de apelación interpuesto por la misma parte a fs. 134 contra la resolución de fs. 112.

Los recursos de apelación interpuestos a fs. 150 contra la regulación de honorarios de fs. 147/148, el memorial de fs. 150/151 y su contestación de fs. 157/vta., el recurso de apelación interpuesto a fs. 153 por la parte actora contra la resolución de fs. 147/148, el memorial de fs. 153/155 vta. y su contestación de fs. 166/167, el memorial de fs. 159/165 vta. y su contestación y pedido de sanciones de fs. 169/172, el pedido de agregación de documentos en la Alzada de fs. 181 y 189 y las apelaciones de fs. 197, 198 y 199 contra las regulaciones de honorarios de fs. 176., y CONSIDERANDO: -- I.- Según constancias de fs. 156 segundo párrafo, el recurso en tratamiento fue concedido "en relación". Así pues, vedada en tal supuesto por el art. 275 C.P.C.C. la apertura a prueba y la alegación de hechos nuevos en la Alzada, no podrá ser tenida en cuenta para dictar resolución la sentencia de la que da cuenta el escrito de fs. 189. - Es que además de la expresa manda legal, no se dan los supuestos de excepción que habilitan a proveer de conformidad lo solicitado, máxime que una resolución en determinado sentido de un Juzgado de Primera Instancia, sin que exista vinculación por conexidad con los presentes obrados, no resulta obligatoria para este Cuerpo. - II.- Sobre la cuestión principal se quejó la actora, en lo esencial, sosteniendo a fs. 159 y sigtes. que se equivocó la Sra. Jueza a quo cuando sostuvo que la delegación para emitir certificados de deuda con carácter de título ejecutivo no pudo estar dispuesta por ordenanzas municipales. Alegó, invocando diversa doctrina, que las ordenanzas municipales son el instrumento normativo sancionado por la rama legislativa del poder municipal. Indicó que según fallos de la Corte Federal, esas ordenanzas no son reglamento sino que son ley. Recordó que desde un punto de vista material o sustancial, ley es toda regla social obligatoria, emanada de autoridad competente, por lo que -dijo- no son leyes únicamente las que emanan del Poder Legislativo, sino también la Constitución, los decretos y las ordenanzas municipales. Expuso que no es correcta la afirmación que contiene la sentencia en crisis de que la ley 24.065 "es aplicable a otras distribuidoras de energía tales como E." .

Explicó en tal sentido que se considera distribuidor a quien, dentro de su zona de concesión es responsable de abastecer a usuarios finales que no tengan la facultad de contratar su suministro en forma independiente, lo que -según dijo-, le es aplicable. Transcribió el art. 84 de la ley 24.065 e hizo referencia a la Resolución de la Secretaría de Energía 124/92 que establecen los requisitos para constituir título hábil que permita la ejecución de la deuda. Sostuvo que dichos recaudos están ampliamente cumplidos en la boleta de deuda base de la ejecución. III.- La demandada cuestionó que la Cooperativa actora pueda ser legítimamente autorizada a expedir certificados de deuda con fuerza ejecutiva con base en lo dispuesto por una ordenanza municipal.

A su vez, en el caso del art. 23 de la Ordenanza, sostuvo como defensa que no existe norma alguna que fije los requisitos extrínsecos del título. - El art. 604 C.P.C.C. establece que "Procederá la ejecución fiscal cuando se persiga el cobro de impuestos, patentes, tasas, retribuciones de servicios o mejoras, multas adeudadas a la administración pública, aportes y contribuciones al sistema provincial de previsión social y en los demás casos que las leyes establecen.

La forma del título y su fuerza ejecutiva serán las determinadas por la legislación fiscal". Sobre la primera cuestión, esto es, la posibilidad de que por medio de una ordenanza municipal se habilite a un ente no estatal a expedir certificados de deuda ejecutables mediante el procedimiento de la ejecución fiscal, cuando la norma remite a los "demás casos que las leyes establezcan", comprende el supuesto de autos.

Las ordenanzas municipales son leyes en sentido material, en razón de que según la clásica definición de Suárez, es un precepto común, justo, estable, suficientemente promulgado y si bien la norma en cuestión ha sido dictada por un gobierno de facto y debe reconocerse el vicio de origen que tiene esa legislación, lo cierto es que la continuidad jurídica del Estado requiere el reconocimiento de la legislación dictada durante esos períodos (confr.: Rivera, "Instituciones de Derecho Civil - Parte General", ed. 1998, T I, págs. 101 § 69, 103 § 75.a) y 123 § 88). No obstante lo expuesto, la aplicación de la ordenanza citada no alcanza para que la actora pueda tenerse por autorizada a la expedición del título ejecutivo, pues no se encuentra cumplido el segundo párrafo del art. 604 C.P.C.C. citado, según el cual la forma del título serán fijados por la legislación fiscal. En efecto, no se dictó la regla que estableciera esos recaudos por lo cual, al no estar completa la norma de marras con la respectiva reglamentación, ella no es aplicable. - Se enunció asimismo que la autorización de referencia estaría dada por la ley 24.065 y sus normas reglamentarias. Efectivamente, dicha normativa a la que la Provincia del Chubut adhirió mediante ley 3771, es aplicable a las deudas con la actora generadas por el consumo de energía eléctrica, en virtud de que la demandante es "Distribuidor" y por lo tanto está autorizado por el Decreto 1398/92 para confeccionar y ejecutar la constancia de deuda, a cuyo fin deberá reunir los requisitos determinados por la Secretaría de Energía Eléctrica. -- No obsta a la conclusión arribada la circunstancia de que la actora en su escrito introductorio de la demanda no haya mencionado a la ley 24.065, pues por un lado, sí hizo referencia al art. 604 C.P.C.C. que, como se vio, remite a las leyes que fijen los supuestos admitidos y por el otro el derecho siempre será dicho por el Juez por aplicación del principio "iura curia novit". Sin perjuicio de lo expuesto, en razón de que el certificado que encabeza la demanda no cumple con los requisitos que fija la Resolución de la Secretaría de Energía Nº 124/1992, se confirmará en lo principal la resolución apelada. - La antedicha resolución, además de requerir un texto específico como encabezamiento del certificado, establece que debe contener una descripción de la deuda discriminando los consumos adeudados por períodos, la tarifa respectiva según el régimen tarifario que en cada caso corresponda que se aplique, los importes correspondientes a impuestos y los fondos y/o aportes que sean a cargo del deudor (art. 1º, inc. d) de la Resolución 124/92 de la Secretaría de Energía), nada de lo cual surge del certificado base de la presente demanda (ver fs. 8). Es que el título es esencial en el juicio ejecutivo, según la regla nulla executio sine titulo . La base del procedimiento es la existencia de un título ejecutivo, el cual no sólo ha de ser suficiente, sino que debe bastarse por sí mismo, es decir, contener todos los elementos que se requieren para el ejercicio de la acción ejecutiva (confr.: Falcón, "Procesos de Ejecución", ed. 1998, T I, pág. 79 § 1.a), y en este caso no se encuentran reunidos. IV.- Atento la forma en que se resuelve el principal, las apelaciones deducidas por ambas partes contra la resolución de fs. 85 y la de fs. 106 contra el auto de fs. 103 que denegaron la producción de prueba devienen abstractas, lo que así se declarará. V.- La sanción por temeridad o malicia ha de aplicarse con suma cautela, para no afectar el derecho de defensa de las partes; de no ser así, se abriría una brecha peligrosa en la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, que debe ser cuidadosamente preservada. (conf.: CNCiv., Sala E, S.A.I.J. sumario C0010596), y en el caso, mas allá que los planteos de la actora han sido desestimados en ambas instancias, no se advierten conductas que puedan encasillarse como las requeridas para la aplicación de dichas sanciones, por lo que se rechazará esta petición.

Es que, como surge de la presente, algunas cuestiones como la referente a la legitimación genérica de la actora para reclamar determinadas acreencias por la vía ejecutiva han sido reconocidas. VI.- A fs. 175 este Cuerpo dispuso que vuelvan las presentes actuaciones al Juzgado de origen a fin de que se discriminen los honorarios regulados a los letrados de la parte demandada que habían sido fijados en la suma de $ 46.880. Esos honorarios habían sido apelados por los Dres. E. A. I. y M. E. C. a fs. 150. En la Instancia anterior se resolvió discriminar esos mismos honorarios y notificados que fueron los letrados apelantes los volvieron a apelar a fs. 197 y 198. Por lo tanto, la primera apelación de los honorarios realizada por dichos profesionales devino abstracta y sólo se tratarán las que dedujeron en segundo término. Teniendo en cuenta el resultado obtenido, importancia de los trabajos realizados, eficacia, monto del juicio, actuación que le cupo a cada uno se los apelantes, esto es que los Dres. I. y C. son patrocinantes desde la oportunidad de que se interpuso la excepción y el Dr. M. G. F. desde la presentación del escrito de fs. 91, oportunidad esta en la que a su vez el Dr. I. se presentó como apoderado, siendo reducidos los honorarios regulados en la Instancia anterior se fijarán al Dr. E. A. I. en la suma de $ 25.525, a la Dra. M. E. C. en la suma de $ 21.095 y al Dr. M. G. F., en $ 8.440, con más el I.V.A. pertinente en todos los casos (arts. 6, 7, 9, 10, 40 y concs. del dec.-ley 2.200).

VII.- En atención al resultado de esta apelación, toda vez que la actora resulta derrotada, se le impondrán las costas de esta Instancia (art. 558 C.P.C.C.). - Por los fundamentos ya expuestos, se regularan los honorarios de los Dres. M. E. C. y E. A. I. por sus actuaciones ante la Alzada en las sumas de $ 7595 y 2660, respectivamente y los de los Dres. J. F. A. y C. L. C. en la cantidad de $ 740 a cada uno, también por su actuación ante esta Instancia, con más el I.V.A. que corresponda en todos los supuestos (arts. ya citados del arancel y su igual nro. 14). Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut;

RESUELVE: - Desestimar los hechos nuevos alegados por la actora a fs. 181 y 189. Declarar abstractas las apelaciones interpuestas por la demandada a fs. 91 y por la actora a fs. 99 contra la resolución de fs. 85 y la apelación interpuesta por la actora a fs. 106 contra la resolución de fs. 103. Confirmar en lo todo lo que fue materia de apelación lo principal de la resolución de fs. 112. Declarar abstractas las apelaciones interpuestas a fs. 150 contra la regulación de honorarios de fs. 147/148. Desestimar el pedido de sanciones a la demandante deducido a fs. 169 punto 1º). Imponer las costas de Alzada a la actora. - Modificar los honorarios apelados regulados a fs. 176 y fijarlos, al Dr. E. A. I. en la suma de $ 25.525, a la Dra. M. E. C. en la suma de $ 21.095 y al Dr. M. G. F., en $ 8.440, con más el I.V.A. pertinente en todos los casos. Regular los honorarios de los Dres. M. E. C. y E. A. I. por sus actuaciones ante la Alzada en las sumas de $ 7595 y 2660, respectivamente, y los de los Dres. J. F. A. y C. L. C. en la cantidad de $ 740 a cada uno, también por su actuación ante esta Instancia, con más el I.V.A. que corresponda en todos los supuestos. La presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Dr. Carlos A. Velázquez (art. 8º, de la ley 1.130, to. ley 4.550). - Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: CARLOS DANTE FERRARI - JUAN HUMBERTO MANINO REGISTRADA BAJO EL Nº 48 DE 2005 - SIC.- CONSTE.- c.