marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento administrativo, rechazo de la demanda, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Rodriguez Marrero, Francisco Javier -por Aguas del Valle S.A.- c/ Estado Provincial y Ente Regulador de Servicios Públicos (E.N.Re.) - Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación s/ Regulación de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-05-26

En el sub lite esta Corte de Justicia ha dictado sentencia definitiva, mediante la cual se resolvió rechazar la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción e ilegitimidad o anulación intentada, con costas a cargo de la actora. Solicitada regulación de honorarios por parte de los apoderados de las partes codemandadas-E.N.R.E. y Estado Provincial- y presentada como base el monto de la multa aplicada a la actora-empresa concesionaria del servicio de agua potable- por la suma de Pesos Ciento Veintiséis Mil Novecientos ($ 126.900), ante su falta de impugnación, habiéndose ejercido el control por Secretaría, corresponde aprobar la misma, en cuanto por derecho corresponda.

En consecuencia, y conforme lo dispuesto por los Arts. 6, 7, 9 y 39 de la Ley 3956 y Art. 65, del CCA, corresponde: A) regular los honorarios profesionales del apoderado del ENRE, por las tres etapas cumplidas, en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($24.872,40); B) regular los honorarios profesionales de los apoderados del Estado Provincial por los trabajos realizados en la causa, en forma conjunta y proporción de ley en la suma de PESOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($ 21.319,20)C) regular los honorarios profesionales del apoderado de la actora vencida por los trabajos realizados y por las tres etapas cumplidas, en la suma de PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($17.766);D)regular los honorarios profesionales del Perito Ingeniero designado en la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($4.245,00). Notifíquese a la Caja Forense y a la Administración General de Rentas.
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, extradición, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: López Londoño, Henry de Jesús c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-22

Es inadmisible el RE interpuesto contra la resolución que confirmó el rechazo de la solicitud de excarcelación interpuesta por la defensa en el juicio de extradición, pues la sustancia del planteo en que se funda no implica el debate de una cuestión federal, y no cabe hacer excepción a este principio invocando la doctrina de la arbitrariedad pues la sentencia recurrida constituye una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. (Dres. Figueroa, Borinsky y Hornos).
Medidas cautelares, medidas cautelares contra el Estado
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires c/ EN - Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-25

El informe previo requerido en las medidas cautelares cuando se trata de causas donde es parte o interviene el Estado Nacional resulta constitucional pues se trata de dar la oportunidad al Estado de producir dicho informe, entendiendo que se trata de casos diferentes a las medidas precautorias en el ámbito de las relaciones entre particulares, donde las mismas son dictadas sin participación del sujeto pasivo con el objeto de evitar que éste pueda frustrarlas al conocerlas de antemano.
Fraude a la propiedad intelectual, corte de películas
Materia: PENAL
Carátula: JUSID, JUAN s/ PROPIEDAD INTELECTUAL. CORTES EN PELICULA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

La realización de "cortes" en una película exhibida por televisión encuadra, en principio, en la norma del art. 72 inc. c) ley 11.723, porque ni las disposiciones de la ley 22.285 ni las de su Decreto Reglamentario autorizan a efectuar cortes en las películas que puedan exhibirse por ese medio, encontrándose resumidos respecto del imputado los extremos del art. 236, 1era. parte C.P.C., al tener conocimiento de lo dispuesto en el art. 17 de la ley de radiodifusión, que faculta a los responsables de los canales de televisión a no exhibir determinadas películas, pero nunca a hacerlo infringiendo otras leyes específicas, como la de cinematografía, donde se prohibe expresamente la censura.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, alquileres, depreciación monetaria, índices de actualización, intereses
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: CANCURA S.A. c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES. s/ RESPONSABILIDAD  DEL ESTADO- DAÑOS Y PERJUICIOS- ALQUILERES ADEUDADOS   DEPRECIACION MONETARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-15

Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar a la Provincia de Buenos Aires a pagar los alquileres adeudados, los que deberán reajustarse por depreciación desde la fecha en que se devengaron hasta la de su efectivo pago de acuerdo al índice de precios al consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sobre los resultados parciales se computarán, asimismo, intereses compensatorios al 6% anual durante idéntico período que el de la actualización.
Martillero, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bumont S.A. s/ Inc. de realización de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-18

El art. 72 de la ley provincial 10.973, determina una regulación para el supuesto de remate fracasado. No es aplicable tal norma, si luego la subasta se realiza, y el martillero cobra normalmente. De otro modo hay una doble retribución al profesional, siempre sobre la base del mismo inmueble.

Para descartar tal posibilidad, basta con pensar que si el remate fracasa tres veces, y luego tiene éxito, el martillero tendría tres regulaciones, más la comisión. No es ese el sentido de la norma citada, que simplemente establece una retribución alternativa a la comisión (ante el fracaso que dejaría sin ella al martillero), pero no acumulativa.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: GUILLERMO OMAR PALLARES c/ ARAUJO, RAMON ALBERTO; BUENA, BERNABE OMAR s/ LESIONES CULPOSAS BUENA, BERNABE OMAR s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-28

El principio constitucional de la defensa en juicio (art. 18 C.N.), es aplicable en cualquier clase de juicios, adquiriendo mayor preponderancia y de especiales características en el proceso penal, donde su aplicación se torna mas notoria, pues la defensa en juicio debe ser efectivizada aun en contra de la voluntad del propio imputado del delito. De ello se colige que debe ser imprescindible hacer valer la garantía constitucional de defensa en toda su extensión. El proceso penal posee particularidades tÚcnicas que requieren en los actos procesales la presencia, el asesoramiento y la intervención de un letrado idóneo, por ello resulta necesario que el imputado cuente con la efectiva intervención de un abogado durante todo el transcurso del procedimiento, pues es quien lo va asesorar, representar, asistir, controlar la legalidad y regularidad del procedimiento, instar la libertad, ofrecer pruebas, etc.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MAGDALENA MARIA ROSA WILDE DE PARRAVICINI c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO" s/ JUICIO ORDINARIO.    UNIVERSIDAD.    ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PUBLICO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

La estabilidad otorgada a los que ocupan empleos públicos según lo dispuso el artículo nuevo, incorporado en 1957 al código político de la Nación, por el cual se reconoce un derecho cuya imperatividad no es soslayable mediante el aserto de no ser un derecho absoluto, pero también debe tenerse presente que sin reglamentación por ley encuentra un límite infranqueable en el art. 28, que preserva su aniquilamiento.
Competencia, junta electoral
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: Unión Cívica Radical s/ Pedido otra nulidad del comicio -H. Junta Electoral Nacional-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-21

Todo cuestionamiento acerca de la validez de votos, de mesas o de la elección en sí misma, por las razones que fueren, se encuentra incluido en el ámbito de competencia de las Juntas Nacionales Electorales.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LLANOS DE URQUIZA, HORTENCIA c/ EMPRESA DE TRANSPORTE GENERAL SAN MARTIN s/ COBRO DE AUSTRALES POR DAÑOS Y PERJUICIOS. RECURSO DE CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-07-16

El recurso de casación tiene por finalidad, la revisión por parte del Superior Tribunal de la interpretación que de la ley sustantiva hagan las Cámaras, valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica, por lo que de no darse tal presupuesto corresponde el rechazo del recurso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Muñoz, Roberto Oscar c/ Corporación Médica General San Martin S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-26

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite la impugnación de un fundamento que si bien fue expuesto en el fallo a mayor abundamiento tiene no obstante virtualidad decisoria para el rechazo de la pretensión.
Daños y perjuicios, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mussano Eduardo Alberto c/ SOMISA y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

Si bien tanto el tercero como el subcontratista y el principal pueden ser demandados por la responsabilidad que emana de las normas de derecho común, existe una sustancial diferencia: mientras que el primero sólo puede ser demandado por esas normas, los segundos, involucrados en el art. 6 de la Ley 9688, podían ser demandados por ella en tanto el actor no hubiera optado ya por la acción de indemnización especial que le confería la citada ley pues "ambas son excluyentes y la iniciación de una de ellas o la percepción de cualquier valor por su concepto importa la renuncia "ipso facto" de los derechos que en el ejercicio de la otra pudieren corresponderle " (art. 17).
Responsabilidad del Estado, responsabilidad por omisión, relación de causalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Graiver María Sol c/ E.N. s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-09

Cuando la restitución se ha vuelto imposible por causa del propio titular del inmueble o por hecho de un tercero, a los que el Estado es ajeno ello impide imputarle el daño que se reclama, pues la conducta omisiva de las actoras es la que ocasionó el perjuicio -imposibilidad de restitución del inmueble-, no configurándose respecto al Estado, el necesario nexo de causalidad con ese hecho que es el generador del daño reclamado.

(Del voto del Dr. Mordeglia, consid. 5) d).
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, actos u omisiones de autoridades públicas, gravamen irreparable, peligro en la demora, agotamiento de la vía judicial, derecho a la integridad física, derecho a la salud, intervención quirúrgica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SASSARINI, María Lidia c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA s/ Recurso Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-14

La exclusión del amparo por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: E.M.E.B.E S.A. c/ Estado Provincial s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-17

La facultad otorgada por el art. 507 del Código Procesal Civil y Comercial, referida específicamente a los efectos del recurso de apelación allí previsto, no corresponde sea aplicada analógicamente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido.
Enfermedad profesional, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: RUGGERI, ERNESTO c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-21

Corresponde desestimar el recurso de queja interpuesto, por cuanto los agravios que produce a la recurrente el rechazo de su defensa de prescripción, no traducen sino su fuerte disenso con el punto de arranque del cómputo del plazo respectivo, sin lograr desmerecer el razonamiento de la Alzada, en el sentido de que el inicio del cómputo ocurre cuando el trabajador adquiere un cabal conocimiento del grado de incapacidad resultante de su enfermedad o accidente, por lo que tratándose de acciones provenientes de la responsabilidad por enfermedades profesionales, las mismas han de prescribir a los dos años a contar desde la determinación de la incapacidad (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Contrato de trabajo, relación de dependencia, contrato de aprendizaje
Materia: LABORAL
Carátula: Ratyto  Francisco  Javier c/ Les  Producciones  SRL  y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-27

No pueden ser contratados como aprendices quienes hayan tenido previamente una relación laboral con la empresa (art. 4 ley 24.465, art. 8 decreto 738/95).
Competencia, ejecución de sentencia penal, juez de ejecución
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Paez, Hugo E. s/ Competencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-25

La competencia del Juez de ejecución penal, comprende la puesta en práctica de la sentencia dictada, por cuanto el art. 493 del C.P P. se refiere a las "sentencias de condena" y no a las penas, siendo la excepción contenida en el art. 492, la que confirma la regla que cualquiera sea la modalidad de ejecución de las condenas, deben ser competentes los juzgados especializados.
Establecimientos penitenciarios, correspondencia, violación de correspondencia, interceptación de correspondencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Dessy, Gustavo Gastón s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

La Corte Suprema no desconoce el fuerte impacto que la lectura de la correspondencia provoca en el derecho a la intimidad del interno condenado pero considera aplicable la doctrina de la legitimidad de las medidas fuertemente limitativas de la libertad individual cuando ellas tienden a preservar un interés estatal superior como es el relacionado con la seguridad interna del establecimiento penitenciario (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Augusto César Belluscio y Ricardo Levene [h.]).
Conciliación obligatoria, obligaciones del empleador, buena fe, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ESPASANDIN, SILVIA c/ SAN SEBASTIAN S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-22

El principio de buena fe, que debe ser respetado por las partes del contrato de trabajo incluso al momento de su extinción (art. 63 LCT), impone al trabajador el deber de requerir a su empleador - antes de iniciar una acción judicial- el cumplimiento de las obligaciones que estén a su cargo (la entrega de los certificados del art. 80 LCT, entre ellas), de modo de facilitar a éste la satisfacción de aquellas pretensiones fuera del ámbito de un proceso judicial ya iniciado con el mismo objeto. En este contexto ha de entenderse que la demanda judicial (como su antecedente procesal, el trámite de mediación obligatoria) contiene el planteo de un estado de cosas pretérito y no constituye en sí misma una instancia más de las relaciones bilaterales contenidas en el contrato de trabajo o derivadas de él.
Concesión parcial del recurso, indemnización por accidente de tránsito, citación en garantía, daño emergente, gastos médicos, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Zarate, José María c/ Sindicato del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados de la Ciudad de Rio Cuarto s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-02-17

Cabe hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la citada en garantía, y en consecuencia, rechazar el rubro daño emergente y fijar el rubro gastos terapéuticos -en ocasión del accidente de tránsito producido-. Con respecto a los daños en la bicicleta del actor -reconocidos en el rubro daño emergente-, vale decir que como acertadamente señalan los recurrentes no existe prueba que permita admitir dicho rubro. Si bien el hecho del accidente fue reconocido por las partes y se considera idóneo admitir el reconocimiento de presupuestos, facturas, tickets y certificados médicos, lo cierto es que las afirmaciones del presupuesto obrante en la causa para reparar la bicicleta no aparecen respaldadas en prueba objetiva alguna, y así no pueden admitirse como válidas sin otro indicio que permita conocer el estado del rodado del actor. Ello así, ante el cuadro de orfandad probatoria, el agravio debe admitirse y rechazar el rubro daño emergente. Finalmente, en relación a los gastos terapéuticos, se destaca que -a diferencia de lo pretendido por los apelantes- no exigen necesariamente la prueba acabada de su existencia, pudiendo resultar su evidencia de la naturaleza de las lesiones o de los informes de las historias clínicas originadas en los establecimientos hospitalarios intervinientes, debiendo en consecuencia, ser reparados aunque no se haya demostrado documentalmente lo que encuentra fundamento en la naturaleza del perjuicio y la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas. Es por eso, que teniendo en cuenta la magnitud de las lesiones sufridas, los gastos reclamados no pueden dejar de ser reconocidos, en tanto que la necesidad de efectuar tales erogaciones constituye un hecho público y notorio, de modo que al respecto se admite la pretensión incluso en defecto de prueba directa de los desembolsos, debiendo su monto ser fijado prudencialmente en función de la magnitud de las lesiones o el tratamiento requerido.
Homicidio culposo, personal policial, disparo de arma, participación criminal, autoría mediata, violación al deber de cuidado, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: ROSAS, Luis M. s/ Causa 44.127
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-30

Debe absolverse del delito de homicidio culposo al policía que, por un acto negligente, entrega su arma a un tercero quien, ignorante por completo en cuanto al uso de esos implementos, la manejó de tal manera que imprudentemente dio lugar a la producción del disparo que dio muerte a otro sujeto. Ello es así toda vez que de acuerdo a la estructura del tipo culposo, sólo debe ser responsabilizado de la muerte, aquella persona que ha violado el deber de cuidado, que directamente afecte al bien jurídico; ya que no es posible la participación en ninguna de sus formas, quedando de tal modo, sólo la responsabilidad a título de "autor", siendo éste en el tipo culposo, sólo aquella persona que tiene el dominio del hecho y que no ha dominado el peligro pudiendo hacerlo, por no haber realizado la conducta debida.
Silencio de la administración, recursos administrativos, denegatoria tácita del recurso, agotamiento de la instancia administrativa, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Robledo, Juan Carlos c/ Dirección Provincial de Vialidad s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-02-03

Configurado el acto de ficción de denegatoria tácita respecto de él correspondía articular los recursos previstos en la ley administrativa hasta lograr una decisión definitiva de la autoridad administrativa de última instancia del área pertinente que impida la continuidad del reclamo interpuesto al resolver sobre el fondo de la petición deducida, confiriendo definitividad procesal en amparo de la instancia judicial a que tiene derecho el administrado, resultando así el acto que cause estado por haber sido dictado por la autoridad competente, una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento administrativo.

Por ello no corresponde a este Tribunal ejercer su jurisdicción y competencia estrictamente revisora, por falta de agotamiento de la vía administrativa previa.
Despido por imputación de delito, apoderamiento, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: LACQUANITI, DOMINGO c/ SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-31

El solo hecho de encontrar guardados en el armario o cofre del trabajador elementos de propiedad de la empleadora, no implica por sí solo apoderamiento. En todo caso, configura una actitud sospechable de posterior intención de substraer efectivamente.
Proceso contravencional, excepciones procesales, oportunidad procesal, facultades del juez
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B, F. O. s/ Ley N° 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-16

Es el Sr. Juez a quo quien debe resolver las cuestiones de previo y especial pronunciamiento, como son las relativas a la incompetencia y a la prescripción, pudiendo hacerlo -si así lo considera- con anterioridad al debate. Ello, a fin de evitar un dispendio innecesario de actividad jurisdiccional, y siempre que razones que resulten evidentes al Juzgador así lo aconsejaran, esto es, si existiera certeza en cuanto a que corresponde hacer lugar a las mismas. No obstante, tal decisión queda al arbitrio del Juzgador, quien decidir la cuestión de conformidad con los principios que informan la sana crítica razonada. (Del voto de la Dra. Robledo).