marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, procedencia del recurso, clasificación de delitos, estafa, ardid, auto de sobreseimiento, cheque de pago diferido
Materia: PENAL
Carátula: YAPURA RAUL ROQUE c/ RALLE GERMAN ; ECONOMOU JUAN SIMON s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-14

Para la configuración del delito de Estafa, el cheque debe importar un ardid idóneo para provocar en la víctima el error motivante de su contraprestación patrimonial. En el caso particular que presenta el cheque diferido o con fecha posdatada, se descarta en ésta hipótesis la configuración del delito de estafa, puesto que al realizarse la operación comercial entre las partes celebrantes, existe un crédito acordado por el receptor del cartular y por lo tanto no media una disposición patrimonial motivada en una voluntad viciada.

En el sub-judice, los imputados reconocen el crédito existente a favor de R. R. Y. por la venta de áridos a la Municipalidad de Campo Santos, así la circunstancia que al momento de ser presentado el cheque de pago diferido para su cobro en el Banco Macro se reportara que el mismo no podía hacerse efectivo por encontrarse sin fondos suficientes acreditados en cuenta, conforme se detalla a fs. 02, por si solo este hecho no reúne las notas de tipicidad penal.

Conforme a su naturaleza, el que acepta un cheque de pago diferido en puridad no ha recibido un pago, sino que ha concebido un crédito, equiparable a lo que resultaría un pagaré. No desconocemos que en las vicisitudes del tráfico comercial el receptor del cheque podría sufrir una afectación de su patrimonio en el supuesto que no logre cobrar en la fecha indicada el cheque, no obstante, descartamos la figura penal de la defraudación toda vez que Y. al realizar la venta de áridos con esa modalidad, solo habría obtenido una " promesa de pago", sin haber sido objeto de engaño, ardid o maquinación alguna, descartándose la existencia de un error esencial que lo decidiera al cumplimento de su parte en un trato cuyo pago se difirió en el tiempo, a su cuenta y riesgo.
Auto de sobreseimiento, situación del imputado, prescripción, cómputo del plazo, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ, WALTER CRISTIAN EMANUEL s/ Auto de sobreseimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-15

Resulta necesario señalar que la circunstancia de que el imputado tenga un proceso pendiente por un delito cometido con posterioridad al hecho ilícito respecto del cual se solicita la prescripción, no configura una causal apta para diferir el dictado de la prescripción de la acción penal pues, para que la comisión de un nuevo delito tenga entidad para interrumpir el curso de la prescripción, es necesario que se haya dictado sentencia condenatoria (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, 30/06/2005, Raso, Eugenio T. s/rec. de casación, La Ley 22/11/2005)". CARLOS FONTAN BALESTRA (Trat., 2da. ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1980, T.II, pg. 4778) analizando la exposición de motivos del proyecto de 1917 expresa que: se exige la buena conducta (la no comisión de otro delito) "porque la enmienda del delincuente es condición de la prescripción, la cual es una gracia hecha por la sociedad al culpable... la condición para que ésta se produzca es que pase el tiempo sin que el delincuente tenga nada que hacer con la justicia...cuando el tiempo pasa la sociedad olvida y el interés del castigo desaparece".

En consecuencia, el comienzo del plazo extintivo de la acción penal debe computarse desde la fecha indicada como último acto interruptivo, a partir de la cual ha transcurrido con exceso el máximo de la pena fijada para el delito.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lacay de Durruty, María D c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-03

El art. 15 de la ley 10.430 no se trata de un adicional inherente a la función o una bonificación de carácter automático que se hubiera necesariamente percibido de permanecer en actividad puesto que la ley que lo regula exige para encontrarse alcanzado por ese beneficio, además de cumplir un horario superior al de la Administración Pública, contar con la autorización expresa de la autoridad administrativa instrumentada mediante resolución fundada cfr. apartados I Y II del art. 15 del decreto 1227 y doctr. causa B.

55.682).
Superintendencia, Cámara de Apelaciones, funcionarios judiciales, nombramiento del personal judicial, ascenso laboral, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: García, Alejandro s/ avocación (promoción).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

La determinación de los requisitos de idoneidad que deben reunir los aspirantes a los efectos de su nombramiento o promoción en cada fuero, constituye materia de superintendencia directa de las cámaras, con lo que las cuestiones que se generen por aplicación de tales facultades, no pueden reverse, en principio, por avocación, salvo supuestos de manifiesta extralimitación o arbitrariedad (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Puntualidad, falta de puntualidad, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: LOBATTI, EDUARDO PEDRO c/ RENOME  S.A.I.C. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-03

No procede el despido por 'reiteradas llegadas tardes' si no se invoca en la misma comunicación una nueva llegada tarde como presupuesto fáctico de la ruptura del vínculo. (conforme Sala II, sentencia del 15 de diciembre de 1978; 'Revilacqua A. c/ Coca Cola S.A. ).
RUSIA, FINLANDIA, Comité contra la tortura, valor probatorio, inexistencia de riesgo
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité contra la tortura - Sr. A. P. Vs. Finlandia -  Derecho a pedir asilo - Evaluación del riesgo a ser torturado c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2017-05-10

Frente a un pedido a no ser deportado, el Comité se encuentra obligado a determinar la existencia de razones fundadas que lo convenzan definitivamente que el solicitante, corre un peligro personal y directo de ser torturado en el país al que sería devuelto -en el caso Rusia, donde luego de ser detenido en una comisaría sufrió tormentos-, debiendo establecer con precisión riesgo previsible y real, independientemente de la prueba de la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos, en tanto no opera per se, como razón suficiente para concluir que es el solicitante quien corre riesgo.
Despido, cesión del establecimiento, responsabilidad contractual
Materia: LABORAL
Carátula: Faggioli Jorge Luis c/ Edesur SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-04

Ha mediado en el caso transferencia del establecimiento en los términos de los arts. 225 y concs. L.C.T., pues Edesur S.A. por vía del proceso de privatización derivado de la ley 23.696 resultó adjudicataria de la concesión que explota el servicio de electricidad, y en cuyo ámbito desplegaba sus tareas el demandante. En tal ilación, corresponde señalar que en el Fallo Plenario Nº 289 C.N.A.T. "Baglieri, Osvaldo D. c/Nemec, Francisco y Cía SRL y otro", "el adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas en el art. 228 L.C.T. es responsable por las obligaciones del transmitente derivadas de relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión". Por ende, una de las obligaciones que le fue transmitida a la demandada constituye el reconocimiento del tiempo de servicio anterior en los términos del art. 18 L.C.T., a poco que se considere que dicha obligación existía en cabeza del transmitente (art. 225 L.C.T.), por lo que integraba el plexo de derechos y obligaciones cedidas o transmitidas.
Expresión de agravios, crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., M. E. c/ B., D. E. s/ DEMANDA LABORAL (Indemnización)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-18

El carácter "concreto" que debe contener la crítica ".se refiere a lo preciso, indicado, determinado -debe decirse cuál es el agravio-, lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones -debe exponerse porqué se configura el agravio-. Deben precisarse así, punto por punto los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones.

Es decir, que deben refutarse las conclusiones del A quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por la cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación".

"De allí que, si faltan estas argumentaciones, carece el Tribunal de la Alzada de la materia indispensable para confrontar los argumentos del A quo con los que de contrario, aduce la parte que se considere afectada y ello, precisamente constituye la función propia del segundo grado jurisdiccional".
Asignaciones familiares, resoluciones, multa administrativa, error de derecho
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERRE, RAUL y otros c/ C.A.S.F.E.C. s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-15

Debe confirmarse la resolución por la cual se aplicó una multa por infracción al art. 3, inc. b) de la ley 22.161, dado que la ignorancia de la ley, aludida por el recurrente, en ningún caso puede ser excusa de la responsabilidad que de ella surge -cfr. art. 923 C.C.- (en el caso, el interesado afirmó que la omisión de presentar los formularios 101 obedeció a una errónea interpretación inducida por las circunstancias, ya que las inspecciones anuales realizadas por el organismo le hicieron pensar que la remisión de las planillas anuales resultaba innecesaria).
Acción declarativa de inconstitucionalidad, fundamentación de la resolución, pretensión procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Relojes Taxímetro Sabino SRL c/ GCBA s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

El argumento de los accionantes relativo a la incompatibilidad de la ley n° 6098 con el derecho constitucional a trabajar y ejercer industria lícita no puede prosperar puesto que no se corresponde con la acción abstracta de inconstitucionalidad articulada. Ello así, toda vez que este planteo se encuentra más direccionado a probar el perjuicio concreto que el precepto legal les ocasiona que a fundamentar, en general y en abstracto, las razones que podrían aducirse para respaldar la incompatibilidad de la norma que se cuestiona con los preceptos constitucionales que consideran vulnerados. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz y Luis Francisco Lozano).
Honorarios, conciliación, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: UNION OBRERA METALURGICA c/ COR ACERO  S.A. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-30

La regulación efectuada que alcanza -como señala la a quo-a casi un veinte por ciento del monto conciliado resulta comprensiva de toda la actuación del recurrente, tanto en el incidente de nulidad que culminó con el referido acuerdo, como por su gestión en la concertación del aludido convenio. No se trata de la situación que contempla el art. 79 de la Ley 7269 entonces vigente (hoy art. 80 Ley 8226) como incidencia aislada del proceso, sino que en este caso lo que comenzó como un incidente de nulidad finalizó con un acuerdo pleno, porque así convenía a las partes concertantes. En tales condiciones correspondía una única regulación por la actuación del letrado interviniente por la demandada, tal como lo hizo el Tribunal a quo y no una regulación por separado como resolvieron los tribunales cuyos fallos se traen como contradictorios.-
Prenda, ejecución prendaria, caducidad, falta de reinscripción
Materia: PROCESAL
Carátula: VAIFRO MEO c/ METALURGICA INDUSTRIAL LAPRIDA S.A. s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

La consecuencia de la previsión legal del art. 23 de la ley 12.962 en tanto establece que al vencimiento del plazo de cinco años, sin renovación o sin solicitud judicial de reinscripción el derecho real fenece "ipso iure", es que el acreedor pierde el derecho de preferencia y de persecución, así como la acción prendaria y todos sus beneficios; pero sin embargo, la obligación principal no es afectada.-
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, recurso de queja (procesal), procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CICHELLO, Carlos s/ rec. extraordinario. Causa nro. 28.844
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Para agotar la vía de impugnación contra el auto que declara inadmisible el recurso de casación corresponde el recurso de queja contemplado por el art. 476 del C.P.P.N..
Competencia comercial, juicio de desalojo, concesión comercial, restitución del inmueble
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: CENCOSUD S.A. c/ MERCEDES CONFECCIONES S.A. y otros s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-30

Corresponde la competencia de la Justicia Comercial si el contrato que une a las partes no es una típica locación de inmueble, sino que se encuentra destinado a la concesión de una explotación comercial -el precio estipulado determinado por un valor mensual ajustable, más un valor porcentual de las ventas efectuadas y el sometimiento a un control por parte de la concedente-, naturaleza que no se desvirtúa por la circunstancia de que, una vez concluido, se reclame la restitución del local asignado.
Homicidio culposo, accidente de tránsito, inobservancia de reglamentos o deberes, sentencia condenatoria, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Barboza, Martín Leandro s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Rolando Crook en contra de la Sentencia Nº 93/2000 en Expte. Nº 58/05 "Barboza Martín Leandro s.a. Homicidio Culposo - Capayán - Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-08-23

Contra la sentencia que condenó al imputado por el delito de homicidio culposo a sufrir la pena de un año de prisión en suspenso, sus codefensores recurren en casación por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Sostienen que el juez ha realizado un análisis equivocado al tratar la culpa de la víctima, aplicando mal el derecho de fondo.

Señalan que el a quo incurre en arbitrariedad manifiesta al desconocer el caso fortuito oportunamente señalado por la defensa como eximente, apartándose así de la lógica y con ello violando el principio de la sana crítica racional en la interpretación de los hechos.

Se debe tener presente que el art. 84 del Código Penal, en su primer párrafo, alude expresamente a aquél que "por inobservancia de los reglamentos" "causare a otro la muerte".

En razón de ello, el conductor de un vehículo debe conservar en todo momento un dominio total y guiarlo con prudencia. Ha de regular su velocidad de acuerdo a las dificultades del tránsito, observando las respectivas señales y la reglamentación vigente, de manera que su vehículo no llegue a constituir, en ninguna circunstancia, causa directa o indirecta de ninguna clase de daño a las personas ni a las cosas.

Es decir que el imputado no sólo debió disminuir la velocidad para conformarse estrictamente a lo dispuesto por nuestra ley de fondo, sino que debió extremar tal precaución, ya que la inobservancia de ella constituyó una infracción grave que fue la causa determinante del fallecimiento del menor de cuatro años de edad.

Tal accionar crea para el conductor la presunción de culpabilidad en caso de accidente, puesto que el desarrollo de velocidades superiores o inferiores a las legalmente establecidas, significa que el conductor ha desarrollado una velocidad peligrosa para la seguridad de las personas, y en caso de accidentes la máxima responsabilidad recaerá sobre él, conforme lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito.

Por lo tanto, corresponde no hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recurso de reposición (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: Cannale, Salvador y otro c/ Weldin Argentina S.A. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

La revocatoria es una vía procesal improcedente para la revisión de la decisión que deniega el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Indemnización tarifada, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Marogna, Susana Elvira c/ Distrizub S.A. y quien resulte responsable s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-15

La falta de cumplimiento de la exigencia contemplada en el artículo 11 inciso b) de la ley 24013, consistente en remitir dentro de las 24 horas hábiles siguientes, a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento formulado al empleador a fin de que proceda a la inscripción, o a establecer la real fecha de ingreso, o el verdadero monto de las remuneraciones, sólo puede traer como consecuencia la pérdida del derecho a obtener la multa prevista en el artículo 9 de la normativa citada, pero en modo alguno obsta a la procedencia de la duplicación a la que alude el artículo 15 de la misma, en tanto se hubiere cursado la intimación al empleador de manera plenamente justificada.
Cosa juzgada, aclaratoria (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruffo, Roberto Osvaldo c/ Castro, Norberto Ricardo y otro s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Si bien la doctrina de la cosa juzgada, o más precisamente de la preclusión procesal, genera tal fuerza que impide volver sobre una sentencia firme, dichos principios no pueden constituirse en obstáculo definitivo, que haga prevalecer un error en el contenido de aquella. Ello, en modo alguno, importa afectar la seguridad del tráfico jurídico, ni menoscabar la fuerza de la cosa juzgada, sino ejercer la facultad que confiere el art. 166, inc. 1 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, en cuanto establece que luego de dictada la sentencia, le corresponde al juez corregir los errores numéricos... "aún durante el trámite de ejecución de sentencia".
Tribunal oral, auto de elevación a juicio, instrucción, nulidad procesal, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vivanco Mulbayer, Raquel s/ Conflicto - Causa n. :1376.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-12

Es doctrina de esta Cámara que las decisiones adoptadas por los tribunales de juicio -en función del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación y en el marco de sus facultades-, que se ciñen a la declaración de nulidades es que pueden decidirse de oficio, son de obligado acatamiento por parte de los jueces de instrucción. Ahora bien, en el caso, la nulidad del auto de elevación a juicio con el alcance referido al cumplimiento de las prescripciones que hacen a la completitividad de la instrucción sumarial declarada por el Tribunal Oral, no se enmarca en las facultades supra referidas, toda vez que no se advierte en autos que se configure la conculcasión de la garantía del debido proceso invocada por la mayoría para disponerla, no resultando de aplicación el artículo 167 del Código Procesal Penal de la Nación.
Deuda previsional, aportes previsionales, falta de pago, interpretación de la ley, principio de solidaridad, pérdida del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CORDERO, MARIA ELVA c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-02

Conforme la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el fallo "Rei Rosa, Alfredo F." del 20.2.86, lo prescrito por el art. 31 de la ley 18.038 debe ceder ante lo dispuesto por el art. 34 inc. d) de la misma ley, pues, de esa suerte, se respeta la finalidad tuitiva de las leyes de previsión social mediante las facilidades brindadas al afiliado para cumplir con la obligación -derivada del principio de solidaridad social- de ingresar los aportes adeudados y, al mismo tiempo, se respeta la orientación del sistema nacional de previsión en el que no tiene cabida la pérdida del derecho a jubilación por el solo hecho de no haberse realizado aportes. (Del voto del Dr.

Laclau)
Daños y perjuicios, daño estético, daño material, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARRANZA EMMA M. c/ GIANNICO IGNACIO G. s/ ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-02

Una lesión estética es la pérdida de posibilidades económicas sentimentales, sociales y que hacen a su felicidad personal. Este es un daño cierto, presente, real, y que da un "handicap" social a la vida. Es una desventaja notoria en la lucha por vivir.

La lesión estética está ligada, además, a que hay en la Constitución Nacional un "derecho a la felicidad" que es también un "derecho no enumerado", pero no menos vigente. Todo daño estético mutila esta oportunidad de vida.

El derecho a la plenitud estética está imbricado entre los derechos no enumerado de la Constitución Nacional, que se encuentran normados por el art. 33 de la misma Constitución Provincial está normado en el art. 19 inc. 1ero.

Es un flanco vulnerable el de una doctrina que encapsula en el lecho de Procusto del Daño, el Daño estético que es un daño autónomo,igual que los otros de su jerarquía jurídica axiológica porque se edifica sobre el respeto a la vida,que en la ideología iusnaturalista de la constitución Nacional es el valor primigenio por excelencia y primero en tabla axiológica de los valores que protege.

Proteger el patrimonio económico y no proteger la vida es un contradictio in adjectio axiológico, porque la vida y sus derivados constituyen el valor supremo por excelencia, ha quedado también subsumido dentro del amplio espectro del daño a la salud.

En suma, la lesión estética es un daño material, es un daño patrimonial. Es un daño moral en forma genérica, pero en forma específica es un daño autónomo.-
Incidente de nulidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: Pasutti Alberto Ramón c/ Justesa Imagen Arg. S.A. s/ Apelación de resolución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-10-29

Por las resoluciones vinculadas al incidente de nulidad, corresponde otorgar el recurso de apelación con efecto diferido, no suspensivo.
Regulación de honorarios, recurso de inconstitucionalidad, aprobación de la liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Ortego, Tomás Jorge c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Si bien no se conoce la base de cálculo para la regulación de honorarios solicitada, toda vez que la letrada requirió que se le regularan los honorarios conforme el honorario mínimo previsto en el art. 31 de la ley n° 5134, corresponde regular provisoriamente los honorarios por la actividad profesional desplegada en oportunidad de contestar el traslado del recurso extraordinario federal en la suma equivalente al mínimo legal previsto en el artículo 31 de la ley n° 5134 -20 UMAS- (conf. Resol. Presidencia del CMCABA 909/19). A ese importe corresponde sumarle un 50% más, cf. el art. 15 de la ley n° 5134, por haber obrado en carácter de apoderada y patrocinante. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).