Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-04


En la ciudad de Trelew, a los 04 días de octubre del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Aldo Luis De Cunto, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "E., N. D: c/ MUNICIPALIDAD DE RAWSON s/ cobro de haberes e indemnización de ley" (Expte. N° 22.232 año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 309.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 293, que fuera concedido a fs. 294, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 280/288 y vta. que rechazó la demanda laboral instaurada por Nelda Daniela EZQUERRA contra la MUNICIPALIDAD DE RAWSON, con imposición de costas a la vencida.

El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 295/300 y vta., el traslado conferido a fs. 301 no fue evacuado por su contraria, y señala básicamente la apelante que equidad y justicia es lo que le falta al fallo del a quo. Es una barbaridad que un obrero labore 13 años para un municipio y no goce de una indemnización. El Estado en vez de velar por el cumplimiento estricto de las leyes se ha convertido en un empleador que tiene obreros "en negro" y que no abona las indemnizaciones laborales. Es cierto que el art. 2 de la L.C.T. excluye de su ámbito de aplicación a los dependientes de la administración pública, pero primero debería haber analizado cuales son los requisitos exigidos por las ordenanzas vigentes y luego verificar si dicho municipio cumplía con esos requisitos. Segundo, al comprobar que el municipio no cumplía con los requisitos legales se debe hacer extensivos los principios de la L.C.T. por aplicación del principio de justicia social que deriva del respeto a la igualdad de los hombres frente al trabajo. Cita doctrina y señala que el fallo es violatorio de las garantías constitucionales establecidas por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Al no ser empleado público se lo priva de la estabilidad laboral, y al no aplicarse la LCT también se lo priva de la indemnización por extinción del vínculo. Ergo, se produce una injusticia, una afrenta a la igualdad ante la ley. Si bien el trato legal e igualitario lo es a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, ese criterio no debe ser arbitrario. No hay razón que justifique aquella desigualdad de tratamiento entre la actora y otros empleados. Referencia pronunciamiento que reconoce una indemnización idéntica a la que un trabajador privado hubiera obtenido al extinguirse sin su culpa la relación de trabajo. Alude a la doctrina de los actos propios y considera que comete error al aplicar la misma al pobre obrero. Es una torpeza considerar que como el obrero no protestó convalidó con su conducta la transitoriedad del contrato. Escapa a la Cámara la diferente posición negociadora de uno y otro contratante. Escapa al intelecto de la Cámara lo débil que es la posición del obrero. La diferencia de poder es evidente. Yerra el a quo al considerar que el contrato que unió a las partes era de empleo público por cuanto ese contrato está limitado por normas positivas y sólo se justifica cuando se tratan de tareas o servicios que por su naturaleza y transitoriedad no pueden ser cumplidos por personal permanente. El contrato no era administrativo ya que no cumplía con los requisitos exigidos por las leyes administrativas. No existe designación por acto administrativo. Las actividades que desarrollaba la actora eran las normales y ordinarias que cumplía el municipio. No había ninguna actividad extraordinaria que justifique la figura de un empleo público. Con cita de doctrina señala que lo que importa son los casos de fraude cometido por la propia administración y sus organismos que hacen figurar como personal contratado y transitorio a agentes que cumplen funciones permanentes. Debe descartarse la idea de transitoriedad en las funciones si la actora se desempeñó en forma continuada, durante 12 años para la demandada en tareas permanentes, propias e inherentes a ésta, habiendo sido ascendida durante dicha trayectoria. En la categoría de personal contratado debe ser encuadrado aquel que es afectado exclusivamente a la realización de servicios, que por su naturaleza y transitoriedad, no pueden ser cumplidos por personal permanente. Hace referencia a fallos en los que se sostuvo que cuando la contratación es fraudulenta y desprovista de toda legitimidad tendiente exclusivamente a cercenar derechos al trabajador, en oposición a expresos dictados de la Constitución Nacional, no puede hacerse valer la voluntad expresada al celebrar tales contratos, de por si carentes de validez, debiendo aplicarse en dichos supuestos la norma de rango superior, que garantiza a todo trabajador público o privado un resarcimiento en el supuesto de despido arbitrario. El juez apoyándose en el art. 68 del C.P.C.C., primer párrafo, impuso las costas a la parte obrera. Se agravia ya que pudo eximir total o parcialmente de esta responsabilidad, y como causa genérica que autoriza apartarse de la regla general es la existencia de razón fundada. Siendo controvertida la cuestión a resolver y tratándose de asunto cuya interpretación pudo originar dudas en el correcto entendimiento de textos y circunstancias corresponde declarar las costas en el orden causado. Procede eximir de costas al actor vencido si pudo creerse razonablemente con derecho a promover la demanda, frente a las características particulares y dificultades del asunto. Solicita que las costas corran por su orden para el caso que no se haga lugar al recurso de apelación. Peticiona se revoque el fallo recurrido, haciendo lugar íntegramente a la demanda laboral, con costas.

2. No es dato controvertido que la actora prestó servicios para la demandada en calidad de contratada, encuadrándose su situación de revista dentro del personal no permanente.

Para ello es de considerar que la Ordenanza Municipal de Rawson N° 2120 (t.o. por O.M. 4838/99) comprende a todas las personas que, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios remunerados en la Municipalidad de Rawson, exceptuando entre otros casos al personal contratado por plazos inferiores a los seis meses (arts. 1 y 2, inc. c).

A su vez, dicho ordenamiento clasifica al personal en dos categorías, personal permanente y no permanente, quedando comprendido dentro de esta última categoría el personal de gabinete, contratado y transitorio (arts. 3 y 5, respectivamente), definiendo asimismo al personal contratado como aquel cuya relación laboral está regida por un contrato de plazo determinado y que presta servicios en forma personal y directa (art. 8).

Por su parte, el fallo de la anterior instancia adquirió firmeza por ausencia de agravio concreto en cuanto a que la relación de empleo llegó a su finalización sin que fuera menester alguna manifestación de voluntad de esta última (la demandada). Al respecto, cuadra señalar que el silencio de la Administración observado luego del vencimiento del último contrato, ha de entenderse como una manifestación de voluntad negativa a la solicitud de la actora en cuanto a la prórroga del mismo. Ello así, toda vez que el artículo 77 de la ley de procedimiento Administrativo 920 dispone que "el silencio se entenderá positivo, sin denuncia de mora, cuando así se establezca por disposición expresa.". . Pero el sentido afirmativo o negativo que se le atribuya al silencio de la Administración sólo puede resultar de una norma válida que así lo establezca. . En el presente caso, el silencio guardado por la demandada ante el pedido de prórroga solicitado por la actora, debe interpretarse en sentido negativo toda vez que no existe norma positiva que autorice a sostener lo contrario, por lo cual, como ya lo expresé anteriormente la relación laboral llegó a su fin el 31 de diciembre de 2003 tal como se había pactado previamente entre las partes.

En ese contexto, la apelante sostiene como primer agravio la falta de equidad y justicia del fallo por entender que es una barbaridad que un obrero labore 13 años para un municipio y no goce de una indemnización, y también que el Estado en vez de velar por el cumplimiento estricto de las leyes se ha convertido en un empleador que tiene obreros "en negro".

Tales manifestaciones no constituyen una crítica concreta y razonada del decisorio, y al incumplir la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C. no hay agravio que atender.

No constituye así una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene simples afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica de la sentencia en recurso; o las apreciaciones personales y valoraciones sociales y económicas subjetivas; o las afirmaciones enfáticas que no son más que simples generalizaciones. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse, punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen al fallo en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo el riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada. O bien, cuando se limita a calificar de injusta la sentencia recurrida (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense AbeledoPerrot, 1988, T. III, págs. 354/355 y 370, respectivamente, y cita de fallos).

Por ello, la recurrente incurrió en deserción parcial del recurso en este tramo de la queja por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69).

3. Tocante a las manifestaciones vertidas en el sentido que la actora desempeñaba tareas normales y ordinarias, tal circunstancia carece de relevancia como para modificar su situación de revista, sea como empleado de planta permanente o como empleado público con derecho a estabilidad en sentido impropio.

Al respecto, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "El eventual carácter permanente de las tareas asignadas a quien fue designado como agente transitorio no importa borrar el título que dio origen a su nombramiento, el que por estar sujeto a plazo fenece cuando aquél expira (C.S.J.N., en autos "Carlos Jorge Galiano v. Banco Nacional de Desarrollo", 2 de agosto de 1989, Fallos 312: 1371).

Tampoco presenta relevancia alguna la duración de la relación alcanzada por sucesivas contrataciones, pues "El mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicios por un plazo superior a los doce meses, no puede trastocar de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de la administración, pues de lo contrario desvirtuaría el régimen jurídico básico para la función pública" (C.S.J.N., febrero 28988, "G., C. R. c. Universidad Tecnológica Nacional", La Ley 1989C, 92; junio 30987, "Jasso, Ramón E. y otro", E.D. 125505; en igual sentido y ya citado Fallos: 312:1371; y "Fausto Rieffolo Basilotta", 5 de febrero de 1987, Fallos 310:195, del dictamen del Procurador General de la Nación).

Ese criterio fue seguido por nuestro Superior Tribunal de Justicia al señalar que el transcurso del tiempo impide modificar la naturaleza del vínculo (S.T.J., en los autos "A. A., F. F. y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda ContenciosoAdministrativa" (Expte. nro. 11.944A89), S.D. N° 39/91 del 22/10/1991; y "C., A. L. c/ Municipalidad de Esquel s/ Recurso ContenciosoAdministrativo" (Expte. n° 13.412CH1991), S.D. N° 30/92 del 09/05/1992).

Tampoco le asiste razón a la quejosa en cuanto considera que la doctrina de los actos propios no es aplicable al caso.

Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que "La aceptación de los contratos y sus pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda al actor reclamar los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que, de otro modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos" (C.S.J.N., febrero 28988, caso "Gil", La Ley 1989C, 92; y con anterioridad C.S., octubre 20987, "F. de A., A. M c. Gobierno Nacional (Ministerio de Economía Instituto de Obra Social)", haciendo suyo el dictamen del Procurador General de la Nación, La Ley 1988B, 388).

Y la doctrina de los actos propios, emanada de los términos del art. 16 del Código Civil, constituye un principio general del derecho. Es derivación directa del principio de buena fe con fundamento en los arts. 1071 y 1198 del Código Civil, y su aplicación es deber inexcusable para el órgano jurisdiccional, de acuerdo al art. 34 inciso 5 apartado d) del C.P.C.C. (López Mesa, "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia", Depalma, 1997, págs. 74/76, y cita de fallos).

Una pretensión o una defensa que se formula dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, ya que ello infringiría el principio de buena fe ante la imposibilidad de "venire contra factum", del cual es derivación necesaria e inmediata (Diez Picazo, "La doctrina de los actos propios", Bosch, Barcelona, 1963, págs. 223 y 163, respectivamente).

La esencia de la conducta contradictoria es el impedimento de hacer valer el derecho que en otro caso se podría ejercitar. Lo obstativo se apoya en la ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la que precede. La ilicitud reposa en el hecho de que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico considerado éste inescindíblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual y también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial y que conlleva como sanción, la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (MorelloStiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L. 1984A866; y Morello, "Dinámica del contrato. Enfoques", Editora Platense S.R.L., 1985, págs. 59/60).

El fundamento estará dado en razón que la conducta anterior ha generado confianza en que, quien la ha emitido, permanecerá en ella, pues de lo contrario importaría incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido pues había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección de origen (MorelloStiglitz, ob. cit., pág. 866).

De tal modo, la conducta de la actora al ingresar a la Municipalidad de Rawson en calidad de personal no permanente contratado, y de ese modo aceptar la oferta de un contrato civil de locación a plazo fijo, sea considerado de servicio o de obra, ya que tal circunstancia no modifica la situación de revista, se erigió en un acto deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, que le impide volver sobre tal conducta, por lo que su posterior invocación respecto a la realización de tareas habituales durante un lapso prolongado importó una conducta contradictoria que impide que haga valer derechos que resultan de una situación de revista diferente como pretende sostener.

Tampoco existe violación de garantías constitucionales como pretende sostener la recurrente ya que tiene dicho la Corte Nacional que "El voluntario sometimiento, sin reservas expresas, a un régimen jurídico comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior, con base constitucional" (CS, febrero 28988, "Gil, Carlos R. c. Universidad Tecnológica Nacional", La Ley 1989C, 92; y con anterioridad C.S., octubre 20987, "Filgueira de Alvarez, Ana M c. Gobierno Nacional (Ministerio de Economía Instituto de Obra Social)", haciendo suyo el dictamen del Procurador General de la Nación, en autos, La Ley 1988B, 388).

Asimismo, aun cuando reconoce la actora que los dependientes de la administración pública están excluidos del ámbito de aplicación de la L.C.T. en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la L.C.T., sostiene la quejosa que deben hacerse extensivos los principios consagrados en ese ordenamiento ya que por razones de equidad se aplica analógicamente sus disposiciones.

Tal postura importa considerar que la actora como empleada pública goza de estabilidad impropia, y desde ya que no le asiste razón pues el caso de autos no nos coloca ante una trabajadora incluida en una tercera categoría, pues la posibilidad de aplicar la ley de contrato de trabajo requiere para los dependientes de la administración pública un acto expreso que los incluya en ese régimen o en el régimen de las convenciones colectivas (art. 2, inc. a, de la L.C.T.).

En ese direccionamiento, tiene dicho la C.S.J.N. "en cuanto a la pretensión del actor que su situación se excluya del régimen de derecho público examinado para regirse por el derecho laboral, cabe señalar que frente a la existencia de un régimen jurídico específico que reglamenta los derechos de los dependientes de la demandada, sea de carácter permanente o no, y a la disposición del art. 2°, inc. a de la ley de contrato de trabajo, según la cual dicha ley no es aplicable a los dependientes de la Administración Pública, salvo que por acto expreso se los incluya en su régimen o en el de las convenciones colectivas de trabajo, sus argumentos resultan inatendibles al no existir el acto de inclusión que exige el citado art. 2° (caso "Gil" ya citado, La Ley 1989C, 92, considerando 6).

Así, siguiendo el criterio ya expuesto de la C.S.J.N. y del S.T.J., corresponde destacar que la situación de la accionante que ingresó en condición de personal de planta no permanente contratado no puede quedar comprendida en una tercera categoría, diferente de la de los dependientes públicos de planta permanente y de la de los empleados del ámbito privado regidos por la L.C.T., por no existir laguna de derecho que lleve a la aplicación de leyes análogas, en los términos previstos por el art. 16 del Código Civil.

Por ello, al haber suscripto la actora mediante un acto deliberado y plenamente eficaz sucesivos contratos de locación, la finalización del último de ellos por expiración del tiempo, impide considerar la existencia de un despido sin causa por no mediar una rescisión ilegítima del vínculo contractual aceptado como personal no permanente contratado, y por ende, con plazo determinado de prestación, por lo que no corresponde aplicar por analogía la L.C.T.

Finalmente, la decisión de la Municipalidad de Rawson en virtud de la cual no renovó el contrato que la ligaba con la actora no es materia sujeta a revisión del órgano jurisdiccional, a cuyo respecto señaló la Corte Suprema que "La mayor o menor conveniencia de recurrir a la contratación, como la de poner fin al contrato, constituye una decisión de política administrativa no revisable en sede judicial, por estar limitado el control jurisdiccional de los actos administrativos a los aspectos vinculados a su legitimidad" (C.S., caso "Gil" ya citado, La Ley 1989C, 92). En igual sentido, "La menor o mayor conveniencia de recurrir a . agentes transitorios constituye una decisión política administrativa, no revisable en sede judicial, por estar limitado el control jurisdiccional de los actos administrativos a los aspectos vinculados con su legitimidad" (CS, junio 301987, "Jasso, Ramón E. y otro", E.D. 125504).

Respecto al pedido de eximición de costas, se advierte que la quejosa se limita a efectuar citas de doctrina sin brindar un razonamiento que permita vincularlas con el tema en debate.

En tales condiciones, no hay crítica concreta que pueda atenderse.

La mera transcripción, por profusa que sea, de citas jurisprudenciales o de doctrina, sin siquiera intentar una explicación para relacionarla con lo debatido en la causa, y por ende, sin justificar la aplicabilidad de las conclusiones sentadas en aquéllas en el caso a resolver, no permite tener por fundado el recurso (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 359/360 y cita de pronunciamientos).

Y aun cuando se obviara esta contingencia procesal para ingresar al agravio, debe señalarse que la eximición de costas debe ser ponderada en cada caso particular y siempre que resulte justificada la exención (conf. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, 1998, par. 33, pág. 77).

La eximición de costas es excepcional y de carácter restrictivo, y sólo ha de disponerse cuando existen motivos fundados, en virtud del principio objetivo de la derrota. Entonces, sólo se debe eximir de costas sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas, y procede excepcionalmente ante cuestiones dudosas de derecho originadas, entre otras causas, en la existencia de divergencia jurisprudencial y cuando se trata de un tema novedoso (conf. Arazi y Rojas, "Código Procesal .", RubinzalCulzoni Editores, 2001, T. I, págs. 257/259).

En tal sentido, ningún argumento brindó la actora para considerar que existió razón fundada. Tampoco se trató de una cuestión dudosa de derecho o novedosa la planteada en autos, atendiendo a la época de los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nuestro Superior Tribunal de Justicia, máxime si también se considera que esta Cámara, por su sala "A", siguió dicha postura en c. 17.716, S.D.L. 14/2002, y c. 16.484, S.D.L. 46/2000, y posteriormente por esta sala "B" en c. 20.687, S.D.L. 63/2005, y por la sala "A" en c. 20.861, S.D.L. 62/2005.

También hay que aclarar que no es la sola creencia subjetiva del litigante sobre la razón probable para litigar lo que autoriza la eximición de costas al vencido; por el contrario, deben existir elementos objetivos en la causa que razonablemente pudieron llevar al perdidoso a considerarse con derecho a litigar (Loutayf Ranea, ob. cit., págs. 79/80), y tales elementos no se observan en el presente proceso.

Resulta así claramente que la parte actora resultó vencida, entendiéndose como litigante vencido o perdidoso aquel en contra del cual se declara el derecho o se dicta la decisión judicial (AraziRojas, ob. y vol. cit., pág. 261, con cita de Chiovenda).

Por tales razones se desestiman los agravios vertidos.

4. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, entiendo que resulta prudente regular los honorarios del Dr. D: C. V. C., letrado apoderado de la actora, en la sumas equivalente al 25% de la cantidad establecidas para los emolumentos de primera instancia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó: Votaré en sentido coincidente con la opinión del Sr. Magistrado antes sufragante, lo que autoriza a remitirme a la reseña que ha efectuado de la sentencia de origen de fs. 280/288 vta. y de los agravios que contra la misma expusiera la actora en su memorial de fs. 295/300 vta..

I. El primer agravio expuesto por la quejosa, radica en que la decisión que recurre carece de equidad y justicia, en que es una "barbaridad" que un obrero labore 13 años para un municipio y no goce de la indemnización que sí tendría en caso de trabajar para un empleador privado, con lo cual se convalida que el estado emplee trabajadores "en negro", finalizando el agravio con interrogantes acerca del tipo de relación entre las partes, si existe alguna garantía constitucional en juego y vuelve a la supuesta falta de equidad del fallo en cuestión.

El art. 265 del rito establece en su primera parte que "El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas...". En comentario a esta norma se ha entendido que el contenido u objeto de la impugnación lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho (conf. FenochiettoArazi: "Cód. Procesal Civil y Comentado", Tº 1, pág. 941). En el mismo sentido se consideró que la expresión de agravios carece de contenido si el escrito se limita a hacer afirmaciones de carácter general, sin indicar con precisión, punto por punto, los pretendidos errores u omisiones que se atribuyen al pronunciamiento (conf. CN. Civ., Sala G, 10/2/87, LL, 1987B288; CN. Fed. Civ. y Com., Sala III, 23/10/90, Rep. JA, 1991818, nº 34). A la luz de lo expuesto, la alegación genérica de falta de equidad que la recurrente endilga a la sentencia en crisis, así como la calificación de "barbaridad" con la que juzga la circunstancia de que no se reconociera indemnización a quien labora en carácter de contratado para un municipio (ver fs. 295 vta., pto. 2.2), sin explicar el error de juzgamiento o sin hacerse cargo de las razones esgrimidas por el juez de grado, impiden considerar suficiente este aspecto del memorial, por lo que habré de coincidir con el Dr. Vergara en la deserción parcial del recurso en lo que respecta a este punto de la expresión de agravios (conf. arts. 265 y 266 del rito y art. 76 de la ley 69).

II. En segundo lugar la quejosa se refiere a la normativa del art. 2 de la LCT, en cuanto a que si bien dicha norma excluye de su aplicación a los dependientes de la administración pública, como el municipio no cumplió con los requisitos exigidos por las ordenanzas respectivas debió extenderse la solución de la LCT por aplicación del principio de justicia social, y en todo caso alguna indemnización debía otorgársele por aplicación de las garantías constitucionales de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional.

Como se dijera en el voto precedente, no se encuentra controvertido que la actora laborara bajo el régimen de "contratada", teniendo los diversos contratos suscriptos diversos plazos de duración determinados (ver fs. 55/95 y escrito de demanda a fs. 109, 4to. párrafo). En cuanto a la naturaleza del vínculo del agente con la administración, es unánime la opinión de que es regida por el derecho público (conf. Gordillo: "Tratado de Derecho Administrativo", Tº 1, pág. XIII29, pto. 9). En el caso de autos, la cuestión cae bajo las previsiones de la Ordenanza Municipal de Rawson Nº 2120 (t.o. por O.M. 4838/99) (conf. arts. 1 y 2. inc. 2). Dado que la actora se unió al municipio por el régimen de contrato, debe ser considerada personal no permanente (conf. art. 5, inc. c y 8 de la citada ordenanza). Como bien destacara el vocal que me antecede en el voto, el fallo apelado adquirió firmeza en cuanto a que la relación de empleo culminó por el vencimiento del plazo determinado, sin necesidad de que el municipio empleador efectuara manifestación expresa de voluntad al respecto (ver fs. 285/vta.), siendo por lo demás, la conclusión del contrato una de las causales normales de extinción de la relación de empleo público, cuando se trata de personal bajo el régimen de contrataciones (conf. Dromi: "Derecho Administrativo", pág. 604, pto. 13).

El art. 2 de la LCT en su inc. a) determina que las disposiciones de la misma no serán aplicables "a los dependientes de la Administración pública nacional, provincial o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo". Es así que la aplicabilidad de la LCT requiere un acto expreso de la Administración que incluya a sus trabajadores en la referida ley. Concretamente en lo que se refiere a la situación del personal público contratado, se ha dicho que si la Administración ha establecido la relación en una forma que no cumple los requisitos para generar un vínculo de derecho administrativo entre el Estado y el trabajador, reiterando a lo largo del tiempo sucesivas renovaciones del contrato, el trabajador puede quedar sin empleo luego de años de duración de esa vinculación, por lo que se plantea el problema de la reparación de esa ruptura que conduce a interpretar la naturaleza del vínculo jurídico (conf. Izquierdo, Roberto en: Rodríguez ManciniBarilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, Tº I, pág. 186). Al respecto de los sucesivos fallos de la Suprema Corte de la Nación surgen diversas pautas de importancia para la identificación del régimen aplicable: 1) la necesidad de analizar el contenido de las normas que enmarcan la actuación del estado empleador (causa "Benedetti", 22/07/600, Fallos: 247:363), 2) el examen de la conducta asumida por el empleador dentro del marco normativo que lo regula (causas "C. de M.", 22/10/74, Fallos: 290:87; "Á. de F.", 15/06/76, Fallos: 295:80), 3) la admisión de la posibilidad de que pudieran aplicarse las normas de derecho laboral a pesar de no existir una manifestación expresa del empleador al contratar (causa "D. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 312:245), 4) la exclusión de los contratados del régimen del personal permanente (causa "Z., A. y otros c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro", Fallos: 310:464), 5) la posibilidad de que una relación de empleo público pueda establecerse mediante un contrato sujeto a plazo cierto y determinado (causa "Barlotti", 27/12/88, Fallos: 311:2803), y 6) la existencia de un régimen jurídico específico que reglamentara los derechos del trabajador reclamante y desplazara la aplicación de la ley laboral común (causa "Leroux de Emede", 30/04/91, Fallos: 314:376). Por su parte la doctrina ha interpretado que el acto expreso al que se refiere la norma puede ser una ley, decreto o disposición interna del organismo respectivo (ver Etala: "Contrato de Trabajo", pág. 20). De lo dicho se puede concluir que el cumplimiento de la exigencia del acto expreso de inclusión del dependiente de la Administración en las normas de la LCT ha sido interpretado con criterio amplio, pues el acto expreso puede surgir del propio contrato que constituya la relación jurídica, sin embargo tal criterio resulta desechado por la existencia de un régimen jurídico específico que regule la situación del contratado y no se acredite el acto expreso de inclusión exigido por el art. 2, inc. a) de la LCT (conf. Izquierdo, op. cit., pág. 188). Y concretamente la Corte Federal no admitió la aplicación de la LCT frente a la existencia de un régimen jurídico específico que reglamentaba los derechos de los dependientes de la demandada (causa "Gil, Carlos Rafael c/ Universidad Tecnológica Nacional", 28/02/89, Fallos: 312:245); así como claramente consideró que "frente a la existencia de un régimen específico que reglamenta la contratación de personal transitorio...forzoso resultaba verificar si la prestación de la actora encuadraba en aquel ordenamiento específico y, en caso negativo, si mediaba o no el acto de inclusión que exige el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo" (causa "B." precitada).

A ello debe sumarse la postura marcada por el Superior Tribunal de Justicia provincial en los antecedentes "C., A. L. c/ Municipalidad de Esquel", 9/5/92, expte. 13.412CH1991, SD 30/92; y STJCH en SD 39/91). En tales pronunciamientos el máximo tribunal provincial concluyó en que la naturaleza jurídica de la función o empleo público es la que provenga del ordenamiento vigente que determine los derechos y obligaciones emergentes de la relación. Y el régimen denominado "de contrato" es uno de los medios previstos en el ordenamiento jurídico para desempeñar tareas en la administración municipal, siendo su efecto fundamental el apartarse en su regulación de las normas generales que rigen el empleo público. Y al no tener la estabilidad prevista en el ordenamiento, carece de la misma en su empleo más allá de lo previsto en el propio contrato o en sus eventuales reconducciones o ampliaciones de término de la contratación como sucediera en la especie (conf CANE, Sala "A", in re: "Mera c/ Municipalidad de Trelew s/ ordinario", Expte. nº 17716/02, SDC Nº 14/02 del 30/07/02). En concreto respecto del reclamo de indemnización por aplicación analógica de la legislación laboral, esta Cámara en el antecedente indicado "ut supra", en el voto del Dr. Manino, ha entendido que toda vez que si los organismos estatales, ya sea nacionales, provinciales o municipales, cuentan con las facultades suficientes para organizar su plantel de agentes en las condiciones que les permita el régimen aprobado por la legislación, no nos encontramos frente a un caso de abuso de derecho sino en presencia de una coyuntura de "poder" administrar el régimen de sus agentes del modo y forma en que la legislación respectiva le haya conferido al órgano administrador, de allí que resulta improcedente una indemnización "estilo" LCT, dado que no existe abuso ni fraude alguno en el accionar municipal (conf. CANE, Sala "A", ya citado). Y en forma concordante el Dr. V. consideró que no se trata de un trabajador incluido en una tercera categoría distinta de la de los empleados públicos de planta permanente y de la de los empleados de empresas privadas regidos por la LCT, desprotegido del despido arbitrario, ni existe laguna normativa que deba llenarse con la aplicación de leyes análogas por conducto de los arts. 15 y 16 del C. Civil. Tanto en el antecedente que se cita como en el "sub exámine" se está frente a un locador de servicios a plazo cierto, que quedó desvinculado del municipio locatario al cumplirse el plazo de duración del contrato, por lo que no existió ruptura ilegítima del vínculo que la demandada tenga la obligación de indemnizar, no correspondiendo así elegir alguna vía analógica de resarcimiento tarifado o no (ver CANE, Sala A, ya citado). La misma línea argumental fue seguida en otros antecedentes de este Cuerpo (ver CANE, Sala "A", SDL Nº 62/05 del 07/12/05; y Sala "B", SDL Nº 63/05 del 03/11/05). En consecuencia, resultan estériles los argumentos del quejoso, no sólo en cuanto a que no se aplicó analógicamente la indemnización laboral, sino también en lo que respecta a la supuesta violación de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional con el rechazo de la demanda decidido en el fallo apelado, ya que no se da el supuesto de ruptura unilateral del vínculo por el empleador situación asimilable a la del despido directo, sino que, como se expresara, el vínculo se extinguió por vencimiento del plazo cierto determinado en el mismo, no acompañándose así el agravio analizado.

III. En lo que se refiere al agravio respecto a la aplicación del "a quo" de la doctrina de los actos propios en el sentido de que el propio actor se sometió a un régimen contractual que prevé su extinción por el mero transcurso del plazo establecido sin que resulte de ello indemnización alguna, tal como lo dijo la Sala A de este cuerpo en el antecedente referido más arriba, la aplicación de dicha doctrina a casos similares al "sub lite" fue objeto de pronunciamiento de la Corte Nacional, al establecer que la aceptación de un contrato de trabajo por un régimen permanente de inestabilidad vedaba a quien lo consentía el reclamo por la estabilidad del empleado público (conf. CSJN, 20/10/87, caso "F. de Á.", LL, 1988B388); reiterando en sentido concordante que "la aceptación de los contratos y sus pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda al actor reclamar los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que, de otro modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos" (conf. CSJN, in re: "Gil, C. R. c/ U.T.N.", en D.T. 1989B1.401, ya citado). Es así que las consideraciones en cuanto a la diferente capacidad negociadora que invoca la recurrente no alcanzan a conmover los argumentos brindados en la instancia anterior en cuanto a la aplicación de la doctrina comentada en las citas de los antecedentes de este Cuerpo que se efectúan en la sentencia impugnada (ver fs. 287 vta.), aplicación que resulta reforzada de acuerdo a los precedentes del máximo tribunal arriba apuntados. En consecuencia no se acoge tampoco este agravio.

IV. En cuanto al agravio relativo a que la Administración habría cometido fraude laboral dado que utilizó la forma de contrato para emplear personal a fin de desarrollar actividades normales y ordinarias en el municipio (ver fs. 298 vta./ 299 vta., pto. 2.5), ya he razonado en el considerando II, con fundamentos de precedentes de este Cuerpo y de los máximos tribunales provincial y federal, en que el haber recurrido a la forma de contratación para emplear personal en la administración pública, lejos de importar una conducta fraudulenta, resulta ser una facultad del estado para organizar su actividad y estructura administrativa. Sólo agregaré, nuevamente con fundamento en precedentes de la Corte Nacional, del máximo tribunal provincial y de este Cuerpo, que la asignación de labores normales y habituales, en vez de tareas excepcionales, no posee la trascendencia de modificar el "status" del empleado, transformándolo en permanente, ya que "el eventual carácter permanente de las tareas asignadas a quien fue designado como agente transitorio no importa borrar el título que dio origen a su nombramiento, el que por estar sujeto a plazo fenece cuando aquél expira" (conf. CSJN, in re: "G., C. c/ B.N.D.", 2/8/89, Fallos: 312:1371). En igual dirección consideró la Corte que "el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicios por un plazo superior a los...meses, no pueden trastocar por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio" (CSJN, in re: "Gil, C.R. c/ U.T.N.", ya citado; STJCH, SD 39/91 y 30/92; y CANE, Sala "A", SDC Nº 14/02, y Sala "B", SDL Nº 63/05). De acuerdo a lo indicado, tampoco habrá de tener recepción favorable el agravio analizado.

V. Finalmente se queja la apelante por la imposición de costas que se hiciera en la decisión recurrida, ya que por aplicación del principio objetivo de la derrota se las aplicó a su cargo. Esgrime para sostener tal queja, que aún cuando se confirme en lo sustancial el pronunciamiento de la anterior instancia, corresponde imponer las costas por su orden, ya que se trata de una cuestión dudosa y que tuvo "razón fundada" para litigar (ver fs. 299 vta./300 vta., pto. 3). Cabe expresar que, más allá del principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 59 de la ley 69, es dable atender en abstracto en el procedimiento laboral a la excepción prevista en el art. 68 "in fine" del rito, atento la remisión establecida en el art. 76 de la ley 69. Ahora bien, en cuanto a su aplicación en la especie, es de recordar que la eximición de costas al vencido es excepcional y de carácter restrictivo (conf. CN. Civ., Sala A, 29/8/88, LL, 1989A357; ídem, Sala D, 31/5/99, LL, 1989D600; ídem, Sala G, 25/3/88, LL, 1988E228; CN. Fed. ContAdm., Sala I, 17/3/87, LL, 1987E319; entre otros). Se ha dicho que la sola creencia del litigante no es de por sí suficiente para eximirlo de costas, ya que debe mediar una convicción razonable que provenga de circunstancias objetivas que demuestren la existencia de un justificativo (conf. CN. Civ., Sala A, 6/12/89, LL, 1990C391; ídem, Sala E, 17/10/86, LL, 1987B345; entre otros). Sí procede la eximición indicada ante cuestiones dudosas de derecho originadas por las siguientes causas, entre otras: a) la ambigüedad de las normas aplicables que generan discordancia interpretativa (conf. SCBA, 2/5/89, DJBA, 1363994; CN. Civ., Sala A, 5/8/88, LL, 1989B540; entre otros); o b) la existencia de divergencia jurisprudencial (conf. CN. Civ., Sala C, 2/6/88, LL, 1989D602, nº 6520; CN. Com., Sala E, 28/6/85, LL, 1985D229). En el "sub exámine" si bien existe doctrina y cierta jurisprudencia que entiende que en los casos de personal público contratado cabe una aplicación analógica de la solución indemnizatoria de la legislación laboral, de hecho el Sr. Juez "aquo" se hizo cargo de tales posturas (ver fs. 286/287), la jurisprudencia uniforme en el ámbito provincial y de la circunscripción, impiden considerar a la cuestión como novedosa o a la existencia de divergencia jurisprudencial con la entidad suficiente como para eximir de costas a la actora vencida. Es así que corresponde desestimar el último agravio examinado.

En consecuencia de todo lo anterior y coincidiendo con el colega preopinante, corresponde confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la recurrente vencida, conforme el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).

A los fines regulatorios, teniendo en cuenta la extensión, mérito, eficacia y resultado de los trabajos profesionales cumplidos en esta sede, encuentro ajustado a derecho cuantificar los honorarios del letrado apoderado de la actora, Dr. Darío Carlos Vilche Castiglione en un 25% del monto establecido en la regulación de la anterior instancia (conf. Arts. 6, 14 y 47 del arancel), con más el IVA correspondiente.

A la luz de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia a la apelante vencida; y c) regular los honorarios del Dr. D. C. V. C., por sus tareas de Alzada, en la suma equivalente al 25% de la cantidad establecida para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. correspondiente.

Así lo voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo: En atención al acuerdo arribado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, expresión fiel del acerado al que se ha arribado.

Así lo voto.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.PC.C., textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; IMPONER las costas de segunda instancia a la apelante vencida; REGULAR los honorarios del Dr. D. C. V. C., por sus tareas de Alzada, en la suma equivalente al 25% de la cantidad establecida para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. correspondiente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA ALDO LUIS DE CUNTO REGISTRADA BAJO EL Nº 57 DE 2007 SDL. CONSTE.