marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Viajantes de comercio, libros de registro
Materia: LABORAL
Carátula: Abalo, Jorge S.C. c/ Ciprem S.A. s/ Despido, cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Si la demandada no lleva el libro a que se refiere la ley 14.546, son de aplicación los arts., 10 y 11 de dicho cuerpo legal produciéndose la inversión de la carga de la prueba respecto a cada una de las operaciones que taxativamente se denuncian impagas en la demanda.
Improcedencia del recurso, nulidad procesal, sobreseimiento, impulso procesal, prevención del delito
Materia: PENAL
Carátula: PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SRL Y OTRO c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

Corresponde rechazar el recurso contra la nulidad de todo lo actuado y el sobreseimiento de los imputados toda vez que, si bien la denuncia fue recibida en sede policial, no existió actividad prevencional previo al cierre del sumario. De ese modo, yerra el juez al tener por iniciada la instrucción a partir de aquella y de la consecuente notificación al Fiscal, en lugar -como correspondía- de darle intervención conforme lo previsto en el art. 180 del ordenamiento procesal para que se expida en los términos del art. 188 del C.P.P.N. La falta de impulso fiscal o de actividad prevencional para dar inicio a la instrucción no cumple, en el caso, con las exigencias del art. 195 del mismo texto legal y está en franca contradicción con el principio ne procedat iudex ex officio, lo que acarrea la nulidad del citado decreto inicial y de todo lo actuado en su consecuencia.
Personal municipal, muerte del agente, ingreso a la función pública, sucesores, parentesco, idoneidad para la función
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KEAODEELERT, PETCHSAMORN PHOMMACHAN DE c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 193 AÑO 95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

La más calificada doctrina ha sostenido enfáticamente que "la 'herencia' considerada como medio de ingreso a la función o al empleo públicos, pertenece al pasado. Hoy, considerada como medio general de ingresar al cargo público, está prácticamente abolida, al menos en los pueblos de occidente"."En la época feudal hubieron cargos públicos vinculados a determinadas familias, que los transmitían por herencia. Mas tal sistema hoy no existe"."Se ha dicho que la transmisión hereditaria de los cargos públicos está en pugna con la propia naturaleza del Estado, que es a quien le pertenecen los cargos u oficios públicos. Además, se dijo, la herencia no es título adecuado para acreditar las cualidades requeridas para el buen desempeño de los cargos (...); antes al contrario, se agrega, muchas veces la seguridad que se tiene de que se obtendrá la función o cargo conspira contra la adquisición de una preparación especial para ejercerlo"." Lo cierto es que el sistema de proveer cargos públicos por herencia hállase en pugna con las ideas dominantes en las democracias, pudiendo decirse que ha desaparecido en los Estados republicanos".
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, asamblea de consorcistas
Materia: CIVIL
Carátula: Giudice, Carlos c/ Consorcio calle Riobamba 1142/ 1152 s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-15

No puede plantear la nulidad de una Asamblea en virtud de vicios en su convocatoria, el copropietario que asistió y participó en aquélla, sin formular objeción alguna en orden a tales vicios, convalidando así tácitamente los que pudieran haberla afectado (artículo 1061, Código Civil).
Cámara de Diputados, interpretación de la constitución, ingreso a la función pública, idoneidad para la función
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara  de Diputados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

Afirmar que la evaluación de la idoneidad se encuentra excluida del juicio que está llamado a realizar el Congreso por imperio del art. 64 de la Constitución Nacional, por no encontrarse expresamente prevista esa condición en el art. 48, resulta una interpretación parcial, restrictiva y hasta abrogante de la Constitución, en tanto desconoce la existencia y vigencia de su art. 16, que recoge explícitamente esta exigencia como pauta de evaluación a los efectos de acceder a la función pública (Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y Enrique Santiago Petracchi). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, tercera instancia, competencia laboral, competencia civil, asociaciones sindicales, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL. CIVIL. LABORAL
Carátula: OBRA SOCIAL Y SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS c/ PICCOLI, JUAN Y OTRO s/ LABORAL-APORTES. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 381-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-10

La recurrente no logra perfilar con nitidez un supuesto de arbitrariedad que autorice el franqueamiento de la instancia de excepción si, frente al criterio de la Sala -que no hizo más que convalidar la sentencia que adoptó una de las posibles interpretaciones del encuadre jurídico de la situación planteada en autos- intenta imponer su propia hermenéutica en torno a la aplicabilidad de la normativa laboral por sobre la civil. El pronunciamiento atacado ratificó el criterio del Juez inferior quien entendió que el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo alude a las obligaciones que se imponen entre partes de un contrato de trabajo, es decir, trabajador y empleador, y no puede extenderse a las relaciones jurídicas que presentan a una asociación sindical como sujeto acreedor y a los trabajadores afiliados como deudores; y que el reclamo judicial de cuotas sindicales debe analizarse a partir del vacío normativo que provocó la abrogación de la ley 17709 no llenado ni por la ley 20744 ni por la 21297, concluyendo que la índole de la obligación torna aplicable el artículo 4027 del Código Civil, el que en su inciso 3) establece la prescripción quinquenal para aquellas obligaciones que deban pagarse por años o plazos periódicos.
Régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, bonos de consolidación, intereses, liquidación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arrieta, Juan Enrique c/ E.N. -Min.del Interior -Pol. Fed.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

Si el acreedor optara por el cobro en bonos, en sede administrativa los intereses deberán calcularse desde la fecha de la liquidación (conf. esta Sala, in re 5/8/93 "Hotel Crillón S.A."). Tal solución concuerda con el art. 7 del decreto 1639/93, que dispone que al estar expresada la liquidación a una fecha posterior a la de corte, los bonos devengarán intereses a partir de dicha fecha.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal, impuesto a las ganancias
Materia: PROCESAL
Carátula: Eduardo  Loussinian S.A.C.I.F.I.A. (Hoy SUDAMERICA deIntercambio S.A C.I.F.) s/ Recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-20

Procede el recurso extraordinario cuando se controvierte la inteligencia de una norma federal -art. 8, inc. b), de la ley 20.628 , y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa es contraria a la pretensión que la apelante funda en ella (art. 14, inc. 3, de la ley 48).
Pago por subrogación, acción de repetición
Materia: CIVIL
Carátula: S., L. D. y otra c/ H., N. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-28

De conformidad con lo dispuesto en el art. 727, del Código Civil, acreditado el pago por un tercero, es éste quien se encuentra legitimado para pedir al deudor el valor de lo que hubiese dado en pago, sea como gestor de negocios ajenos o subrogándose en los derechos del acreedor.

Ello así, pues el pago por él efectuado desinteresa al damnificado, pero no extingue la deuda a cargo del sindicado como autor del hecho ilícito, quien deberá solventarla a favor de dicho tercero, teniendo pleno derecho éste a pretender la recuperación de lo desembolsado.
Jurisdicción administrativa, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PROCESAL
Carátula: CERVERA, Héctor José y otro c/ A.N.A. (Resolución 1203/93)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

Conforme inveteradamente lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del pronunciamiento Fernández Arias c/ Poggio José s/sucesión", la existencia de la llamada jurisdicción administrativa" se admite siempre y cuando se otorgue una instancia judicial plena de revisión contra la decisión administrativa cuestionada.
Acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, AFIP, crédito quirografario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BONZANO, JORGE ALBERTO s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-03-26

Cabe excluir a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires del cómputo de las mayorías en el concurso preventivo, en lo relativo a la porción quirografaria de su crédito, puesto tal organismo, al igual que Administración Federal de Ingresos Públicos, es un acreedor tan diferente a los restantes que es prácticamente ajeno al acuerdo, debido a que no contribuye a formarlo.
Recurso de casación, costas, vencimiento parcial y mutuo, costas al vencido, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: F., G. y Otra c/ HEREDEROS DE D. L. y Otra s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-11-16

La idea directriz de que las costas en los juicios de daños y perjuicios debe soportarlas el accionado ha de tener atemperaciones, que se compadecen, primero, con un estricto sentido de justicia, por cuanto su mantenimiento a ultranza es susceptible de dar pie a eventuales planteos aventurados y/o desmesurados, escudados en la no condena en costas y, segundo, con la normativa procesal que deviene del precepto contenido en los art. 68 y 71 del ordenamiento procesal.

La presente postura, tiende a evitar que a partir de un pronunciamiento excepcional del Superior Tribunal de Justicia sobre una cuestión que en principio es ajena al recurso de casación, derive en reclamos aventurados o desmesurados en la materia, en la intelección de que las costas se imponen siempre a la parte demandada. En tal sentido, considero que debe atenderse al éxito parcial de los agravios a fin de no estimular la interposición apresurada de recursos - ya sea de apelación y/o de casación - de parte de la víctima, que con el criterio propiciado por el Juez del primer voto, conocería anticipadamente que cualquiera sea el resultado de su pretensión recursiva las costas siempre recaerán en la parte contraria.
Contrato de distribución, falta de preaviso, indemnización, contenido de la demanda, prueba
Materia: COMERCIAL-LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez y González SRL c/ British American Tobacco Argentina SAICYF s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-09

Tampoco corresponde otorgar una indemnización separada por lucro cesante, pues el daño fue reparado a través de la indemnización sustitutiva del preaviso. Esa reparación colocó a la recurrente en la situación que hubiera tenido si el convenio hubiera llegado a buen fin. Ello así, pues los daños indemnizables son solamente los inmediatamente derivados del carácter abrupto y sorpresivo de la rescisión, y no los provocados por la ruptura en sí misma.
Relación de dependencia, carga de la prueba, presunción legal
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Fuentes, Aldo Rodolfo c/ Corralón Buenos Aires y/o Nieva, Nery y/o Q.R.R. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-04-15

Si el demandado niega la relación de trabajo, es a cargo del accionante la carga de la prueba de la prestación de servicios en forma subordinada, en el período y en la categoría invocados, toda vez que, para poder aplicar la presunción que establece el art. 23 de la ley de fondo -y el art. 50 reitera- debe probarse, por los medios ordinarios que establece la ley de rito, el hecho que le sirve de antecedente.

Ello es así porque, procesalmente, la presunción es un mecanismo o pauta de evaluación de los medios probatorios -no es un medio de prueba- y las presunciones judiciales deben apoyarse en hechos probados y no en otras presunciones.

Al no haberse extraído de la prueba rendida la comprobación de la situación fáctica descripta en la demanda, debe rechazarse el Recurso de Apelación interpuesto contra el fallo que rechazó en todas sus partes la acción instaurada.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, principio de congruencia, incongruencia, daños y perjuicios, accidente de tránsito, apreciación de la culpa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Giménez, Pablo Martín y otros c/ Schuarts, Eduardo. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

Es contradictorio el pronunciamiento que - por un lado - consideró que el demandado no pudo prever la aparición del ciclomotor por la contramano de la calle transversal y - por el otro - calificó dogmáticamente como culpable la conducta de la víctima, sin explicar la razón por la cual a ésta no le resultaba trasladable igual grado de previsibilidad en torno a la presencia de un automotor circulando de contramano por la avenida a cuyo tránsito acaba de incorporarse.
Concursos, privilegios (comercial), crédito quirografario, pagaré, causa del título, responsabilidad del administrador de la sociedad, locación
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAHORES, CARLOS ALBERTO s/ QUIEBRA S/ INC. REV. POR LA PAMPA SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-27

Cabe verificar un crédito con carácter quirografario (LC 248), basado en la pretensión del incidentista en su condición de tomador de seis pagarés librados a titulo personal por el ahora fallido, quien -según se argumento- el librador procuro cancelar una deuda de una sociedad en formación, por la que este solía actuar, siendo responsable por las obligaciones cambiarias asumidas, toda vez que, si bien se ha señalado reiteradamente que la télesis del fallo plenario dado en autos "Translínea SA c/ Electrodinie SA", del 26.12 79 preve que el acreedor debe probar la causa de la obligación, sin embargo, no impone exigir una prueba acabada y contundente de la relación fundamental, pues ello esterilizaría prácticamente toda pretensión de verificación fundada en titulos abstractos y orientada en evitar un concilium fraudis, siendo menester una adecuada justificación del crédito. Máxime que -como en el caso- el incidentista indico las razones por las que se libraron los pagarés, que resultan serias y apoyadas en sucesos no negados como tales (gestión del negocio de una sociedad en formación), y no se opuso siquiera una sospecha de mediar pretensión de defraudar a terceros.

A mas, no es infrecuente que los administradores de la hacienda de las sociedades en formación asuman de modo explícito, a titulo personal, la responsabilidad por ciertos actos relativos al objeto social (arg. de la LS 183 y 184). (en el caso, el incidentista expreso que la sociedad en formación había alquilado un inmueble para encarar la explotación de sus negocios, y que, como no pago el precio acordado, el ahora quebrado, procedió a suscribir por si los pagarés en cuestión -6-).
Sentencia definitiva, embargo, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL
Carátula: SOTTILE, DOMINGO PEDRO s/ DETERMINACION DE DEUDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-05-19

Sentencia definitiva es sólo aquella que termina el pleito o hace imposible su continuación. De allí que no participa de tal carácter la decisión atacada, confirmatoria de la dictada en primera instancia por la cual se rechazó la pretensión del actor para que se determine judicialmente su deuda, que se limitó a señalar la improcedencia de la vía intentada sin tratar el fondo de la cuestión la decisión impugnada decide la cuestión de modo que no priva a la apelante de la posibilidad de obtener la tutela de sus derechos en otro proceso, tal como lo señaló la Alzada, especialmente en aquel que dio origen a la medida cautelar de embargo que agravia en particular a la quejosa.
Seguro de responsabilidad civil, tercero damnificado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romero, Juan c/ Rincón, Martín Julio y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04

El contrato de seguro no constituye una estipulación en favor de terceros (art.504, C.C.) porque es celebrado en interés del asegurado, quien es el único acreedor de la obligación asumida por la aseguradora. El tercero por tanto debe aceptar todos los términos del contrato, aun aquéllos que eliminen o restrinjan la garantía de indemnidad.
Procedimiento laboral, absolución de posiciones, confesión ficta, pliego de posiciones, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: NIGRO FERNANDEZ, LETICIA A. c/ MACON DE HERRERA NANCY s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-11-29

Si bien en el proceso laboral la confesión ficta recae sobre los hechos expuestos en la demanda o en el responde, según el caso, el juzgador no puede dejar de valorar el contenido del pliego de posiciones agregado al expediente por la contraparte, toda vez que cada posición importa para el ponente el reconocimiento del hecho a que se refiere.
Contratos administrativos, pliego de bases y condiciones, contrato de suministros, recepción de la mercadería
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Famein S.A. c/ Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

Las autoridades administrativas, en el marco de la ejecución de un contrato de suministro tienen facultades para rechazar el mismo, en oportunidad de su recepción, cuando la entrega no se ajusta al requerimiento del pliego de bases y condiciones, sin ninguna necesidad de someter tal resolución a la opinión de otras dependencias que no fueran las técnicas de su propio ámbito.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Rossi, Walter Waldo Genaro s/ Robo calificado por el uso de arma. Violación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-12

Es ineficaz el agravio relativo al quebrantamiento del art. 18 de la Constitución nacional basado en que se obstaculizó la defensa al haberse negado la reconstrucción de los hechos, si además de no relacionarlo con las normas procesales que regulan la producción de la prueba, el recurrente no demuestra de qué modo la denegatoria que invoca habría resultado incompatible con el texto constitucional en cuestión.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-23

Resulta procedente el recurso extraordinario si se halla en juego la interpretación y aplicación de normas federales y la decisión de la causa ha sido favorable a su validez constitucional, en detrimento de las pretensiones del apelante (art. 14, inc. 3, de la ley 48).
Notificación tácita, retiro del expediente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, Roberto c/ Klainsec, Francisco s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

El art. 134 del CPCC, prevé que el retiro del expediente de conformidad con lo establecido en el art. 127 del CPCC importará la notificación de todas las resoluciones.
Donación, revocación de la donación, injurias
Materia: CIVIL
Carátula: PINASCO, Delfo Antonio c/ ARA, María del Pilar s/ REVOCACION DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

No cualquier hecho permite revocar la donación, aunque desde el punto de vista moral configure una conducta impropia. Por ello, la ley ha querido dar firmeza a estos actos a título gratuito, restableciendo taxativamente los hechos que la configuran en derecho. La tradición histórica más antigua consideró que las causas de revocación de las donaciones son de carácter tasado y que su enumeración constituye un "números clausus", que no es posible ampliar. Lo contrario, llevaría pensar que cada vez que alguien es beneficiario de un acto a título gratuito, debe de por vida a su benefactor una obediencia que supera la libre determinación en cuanto a los derechos propios. De esta manera, resultaría muy fácil eludir futuras acciones de una persona con solo donarle algo, convirtiéndose así un instituto legal en una forma de extorsión al beneficiario de la donación.-Disidencia del Dr. Pascual
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bazán, Diego Adrián s/ recurso de casación". Causa n. : 1303.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-12

La vía del recurso de casación no puede provocar un nuevo examen crítico de los elementos que dan base a la sentencia. Queda excluido de él todo lo que se refiera a la valoración de los elementos de prueba y a la determinación de los hechos. La casación no es una segunda instancia y no está en la esfera de sus poderes revalorar la prueba ni juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal. (Voto del Dr.

Hornos -en minoría-).
Bancos, contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, falsificación de cheque, firma falsa
Materia: BANCARIO
Carátula: URDININEA  SRL c/ BANCO  SUPERVIELLE SOCIETE GENERALE Y/O BANCO SOCIETE Y OTRO S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

1 - Corresponde rechazar la acción de incumplimiento contractual incoada por el gerente de una SRL en representación de ésta, contra una entidad bancaria, toda vez que pretende la restitución de los importes debitados de la cuenta corriente que correspondan al pago de cheques con firmas adulteradas y/o pertenecientes a libretas cuyos comprobantes de retiro son apocrifos. Ello así, pues si bien no existe duda que la mayoría de las cartulares y órdenes de entrega de las chequeras contienen firmas falsas -cfr. periciales caligráficas-, sin embargo, la irregularidad de que se queja la titular de la cuenta corriente bancaria se originó en su propia conducta culposa, al no haber vigilado como correspondía al personal de su dependencia que emitió cheques falsificados, por lo que no puede argüir para cubrir su pretenso daño, en que la negligencia habría sido del banco en el control de las rúbricas que suscriben los cheques (CNCom., esta Sala, "Dommar SRL c/ Banco de Crédito Rural Argentino", 30-10-81), en tanto se tratan de cheques que corresponden al cuaderno entregado por el banco al librador, por lo que el girado únicamente responderá cuando la firma que en él obra es visiblemente falsificada. 2 - Por tanto, cuando la alteración no es manifiesta -esto es, cuando se requiera para su apreciación el auxilio técnico pericial o bien un examen detenido, cuidadoso y reiterado que excede lo que puede reputarse la prudencia normal del comercio bancario: artículos 512 y 902, Cciv-, la responsabilidad del banco demandado no estaría comprometida y sería la propia accionante quien habría de soportar los daños derivados del pago del cheque: artículo 36, inciso 1°, Ley 24452 (cfr. CNCom, Sala A, in re "Estímulo SA de Ahorro y Préstamo para Fines Determinados c/ Banco del Interior y Buenos Aires", del 06/05/83; ídem Sala C, in re "Sucari S.C.A. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires", del 08/10/85; ídem Sala D, in re "Licciardo, Carlos c/ Citibank NA s/ ordinario", del 11/03/08).