Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 2da NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2015-05-07


Expte. Nº 31 - Año: 2014 - Autos: "ALLUZ, RENE GUILLERMO Y OTRO CONTRA ORIENTE S.R.L. SOBRE QUIEBRA".

Santiago del Estero, siete de Mayo de dos mil quince.

Y VISTOS: Para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 210 en contra de la sentencia de fecha 27/11/13 obrante a fs. 208/209 de autos; Y CONSIDERANDO: I) Que en el decisorio impugnado, el juez de grado resuelve: "Hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título interpuesta y rechazar la presente ejecución promovida por Alluz René Guillermo en contra de Edmundo Alluz. Con costas" (sic). Contra dicho fallo, se alza en apelación el ejecutante Dr. René Alluz que expone sus agravios en el Memorial de fs. 212/214 no siendo replicado por la contraria.- II) Que el recurrente centra sus críticas a la resolución apelada en los siguientes puntos: alega violación de la ley porque la concesión del beneficio de litigar sin gastos no hace a la habilidad del título ni lo inhabilita, toda vez que el mismo puede ser ejecutado, citando el art.87 del CPCC. Por otra parte, arguye que han variado las circunstancias que hicieron viable el otorgamiento de aquella franquicia en su oportunidad, ya que el crédito ejecutado -el cheque base de la demanda con más sus intereses- ha sido íntegramente percibido por el actor en autos "Alluz, Edmundo c/Oriente S.R.L. y Otro s/Cobro de Dólares Estadounidenses-Expte. Nº302.033" tramitado por ante el Juzgado Civil y Comercial de 6ª nominación. O sea que Edmundo Alluz cobró el cien por ciento de su crédito por lo que no existe razón legal alguna que lo exima de pagar sus honorarios. Manifiesta que debe tenerse también en cuenta el carácter alimentario de los honorarios, como el medio de sustento de los profesionales del derecho y su familia, circunstancia que merece especial consideración. Cuestiona que el Inferior lo condene en costas cuando su reclamo es justo y corresponde por derecho, siendo ello puro voluntarismo u ocurrencia del A-quo que se lo condene en costas por intentar cobrar sus honorarios, cuando se debió rechazar la excepción por manifiestamente improcedente. Finalmente, considera que el fallo es arbitrario ya que no se condice con las constancias de autos y es producto de la sola voluntad del juez Inferior.- III) Surge de las constancias de autos que el Dr. René Guillermo Alluz a fs.17/18 inicia trámites de ejecución de sentencia por cobro de sus honorarios regulados en las resoluciones de fecha 05/04/06 y 06/07/06 (fs. 1 y 2), en contra de Edmundo Alluz y Gabriela Mercedes Alluz, siendo ello proveído a fs. 21. Trabado embargo ejecutorio sobre un bien de Gabriela Mercedes Alluz (fs. 34) a fs. 36 el Inferior dispone su citación de venta. A fs. 39 comparece el ejecutado Edmundo Alluz por derecho propio con patrocinio letrado y plantea excepción de inhabilidad de título por contar con beneficio de litigar sin gastos otorgado en forma definitiva en el expediente principal y que se mantiene vigente, impetrando asimismo, como medida cautelar de no innovar, se ordene la suspensión total de la ejecución hasta tanto se resuelva la excepción deducida.- A fs. 40 el Inferior hace notar al ocurrente que no ha sido citado de venta. A fs. 165 el Dr. René Guillermo Alluz practica planilla de liquidación. A fs. 172 se ordena correr traslado de la planilla de liquidación, se proceda a trabar embargo sobre bienes del demandado y se suspenda el trámite respecto del Sr. Edmundo Alluz. A petición del ejecutante, a fs. 184 se tiene por iniciado trámite de ejecución de honorarios en contra del Edmundo Alluz y se ordena librar mandamiento de embargo sobre bienes del accionado y efectivizado el mismo se lo cite de venta. A fs.189 el ejecutado Edmundo Alluz se opone a la ejecución de sentencia, advirtiendo que ha planteado excep-ción de inhabilidad de título que no ha sido sustanciada (fs. 39). Proveída la excepción articulada a fs. 39 y corrido traslado, el ejecutante Dr. René Guillermo Alluz lo evacua a fs. 196/197, dictándose a fs.208/209 la resolución venida en recurso.- IV) In-gresando al análisis de los agravios del letrado ejecutante, cuadra puntualizar de modo liminar que, si bien en el marco del proceso de ejecución de sentencia el digesto procesal no ha incluido expresamente la inhabilidad de título entre las excepciones oponibles por el ejecutado (art. 512 CPCC), con un criterio amplio, tanto la doctrina como la jurisprudencia se han inclinado generalmente a favor de su admisión, considerándola implícita dentro de la excepción de falsedad frente a aquellos casos en que falte alguno de los requisitos que, objetiva o subjetivamente, condicionan la fuerza ejecutiva de la sentencia o laudo (PALACIO-ALVARADO VELLOSO, "Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación - Anotado y concordado", T. IX, pág. 116 y ss.). Desde tal perspectiva, la ejecutabilidad de una sentencia regulatoria de honorarios profesionales requiere, además de sus requisitos formales propios (auto firme e incumplido por el obligado al pago dentro del plazo legal respectivo), que el derecho creditorio del profesional no tenga ningún obstáculo legal para su materialización compulsiva respecto del sujeto que se pretende ejecutar, sea en el plano objetivo o subjetivo (legitimación, exigibilidad de la obligación, etc.). Sentada entonces la admisibilidad de la defensa deducida por el ejecutado, cabe ahora escudriñar su fundabilidad en el caso traído a estudio, atento la situación que invoca el ejecutado de haber obtenido en su favor el beneficio de litigar sin gastos y su consecuente exención total de pagar costas. Tal cuestión debe dilucidarse a través de la exégesis del régimen que regula los efectos y alcances del Beneficio de pobreza en nuestro digesto procesal civil, en particular del art. 87 que reza: "El que obtuviere el beneficio estará exento, total o parcialmente, del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna o se demuestre que variaron las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. Los profesionales podrán exigir el pago de sus honorarios a la parte condenada en costas, y a su cliente, en el caso y con la limitación señalada en éste artículo.." (sic). Este precepto establece una primera regla general inherente a los alcances y efectos del Beneficio de pobreza concedido en forma definitiva, determinando -según la extensión de la franquicia obtenida en cada caso- la exención total o parcial del pago de costas y gastos del proceso por el beneficiario, que subsiste hasta tanto se demuestre su mejora de fortuna o la mutación de las circunstancias que motivaron su otorgamiento, hipótesis que funcionan como una condición resolutoria de la resolución que concede el Beneficio, pues, de cumplirse aquella, renace la responsabilidad del beneficiario por el pago de las costas del proceso (cfr. CNCiv. Sala G, 02-05-83, LL, 1983-C-280). Ahora bien, a partir de dicho efecto genérico, la norma trata en forma especifica la situación de los honorarios profesionales fijados al letrado que asistió o defendió al beneficiario cuando éste resulta vencedor en el pleito. Y en este punto la solución legal es clara e importa una excepción a los efectos que emergen de la regla general consagrada en el primer párrafo del precepto: dada la sola condición objetiva de que el beneficiario haya resultado triunfante en el proceso y que con ello obtuvo un beneficio económico, debe responder por las costas que hubiese generado su propia defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que perciba, aun cuando ello no implique una mejora de fortuna (RODRÍGUEZ SAIACH, "El Be-neficio de Litigar sin Gastos", pág. 207/208; CNCiv,sala E, 26/02/96 "Villordo, Osvaldo c/Samaniego, Jorge", LL, 1996-C-373). Señalan contestes la doctrina y jurisprudencia que, en la hipótesis de que el beneficiario vencedor se hubiera hecho patrocinar o representar por un abogado o procurador de la matrícula y no hubiese recaído condenación en costas por mediar alguna de las excepciones previstas en la ley, dichos profesionales están facultados para exigir a su cliente, en la proporción indicada en el CPCN art. 84 (idem art. 87 del digesto local) y preceptos análogos, el pago de los honorarios que se les haya regulado. En el caso de que la parte contraria hubiese sido condenada al pago de las costas, los profesionales que patrocinaron o representaron al beneficiario pueden: 1) exigir a dicha parte el pago total de sus honorarios; 2) exigir el pago, proporcionalmente, al beneficiario, sin perjuicio del derecho de repetición que incumbe a este último contra la parte condenada en costas (PALACIO-ALVARADO VELLOSO, Ibidem, T. III, pág. 240 y ss.). O sea que, en el supuesto particular que se regula en el segundo y tercer párrafo de la norma examinada, solo basta acreditar que el beneficiario resultó vencedor en el litigio y que por ello percibió un valor dinerario o susceptible de apreciación pecuniaria, no resultando exigible que el letrado interesado promueva el carril incidental señalado por el art. 85 tercer párrafo del CPCC con el objeto de demostrar la mejora de fortuna del beneficiario o la variación de las circunstancias que determinaron la concesión del beneficio para obtener una resolución que deje sin efecto -total o parcialmente- la franquicia. Dicha hermenéutica se compadece con la injusticia e inequidad de someter a la exención general prevista por el art.87 primer párrafo, al letrado particular que defendió a quien obtuvo el Beneficio de Pobreza y le permitió alcanzar un resultado favorable en el pleito beneficiándolo económicamente, so pena de propiciarse en los justiciables conductas contrarias a la buena fe y lealtad que deben imperar en el proceso bajo el principio esencial de moralidad.- V) En la especie, las constancias de autos revelan que el apelante actuó como abogado apoderado del ejecutado, revistiendo éste la calidad de actor en el juicio caratulado "Alluz, Edmundo c/Oriente S.R.L. y Otro s/Cobro de Dólares Estadounidenses-Expte. Nº302.033" tramitado por ante el Juzgado Civil y Comercial de 6ª nominación, donde el mismo habría percibido la totalidad de su crédito más los accesorios demandados, imponiéndose las costas en el orden causado (fs. 55/61, 63). Ergo, resulta específicamente aplicable al caso sub-examen lo normado art. 87 del CPCC (segundo y tercer párrafo), no siendo oponible al apelante la exención de costas del ejecutado derivada del Beneficio de pobreza obtenido, debiendo por ende, acogerse parcialmente el recurso y rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado Edmundo Alluz. Al propio tiempo, corresponde mandar llevar adelante la ejecución de honorarios seguida por el Dr. René Alluz hasta un valor equivalente a la tercera parte de la suma efectivamente percibida por el ejecutado como actor en el pleito ut supra mencionado. A efectos de la cuantificación de la ejecución y su límite proporcional, deberá practicarse la pertinente planilla para determinar el tercio del monto total percibido por el ejecutado en el litigio donde fuera representado por el letrado ejecutante. Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación incoado en contra de la sentencia de fecha 27 de Noviembre de 2013, la que se revoca, recha-zando la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado Edmundo Alluz y, mandando llevar adelante la ejecución de honorarios profesionales promovida por el letrado René Guillermo Alluz en contra de aquél, hasta el límite proporcional señalado en el Considerando.- 2) CON COSTAS en primera instancia al ejecutado. En esta instancia, se IMPONE LAS COSTAS por su orden al no haber mediado oposición del apelado.- Agréguese copia, notifíquese y resérvese el original por Secretaría.- Fdo.: Dr. Víctor Manuel Rotondo (h), Dra. María Pía de la Rúa y Dra. Azucena Brunello de Zurita. Ante mí Dra. María de los Angeles Arnedo de Miranda.- Es copia fiel de su original. Doy fe.-