marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intereses, tasas de interés, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Heiderscheid, Ignacio J. G. c/ Cavana y Cía. S.C.A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

En virtud de la clara disposición del art. 54 inc. b del decreto ley 8904/77, corresponde establecer la tasa de interés que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de descuento, habida cuenta que al estar fijada dicha tasa por una norma legal expresa, es insorteable la obligación de aplicarla, pues de conformidad a lo reglado en el art. 622 del Cód. Civil, en defecto de convención, el deudor moroso debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado, motivo por el cual corresponde ratificar la tasa establecida por el juzgante anterior.
Regímenes jubilatorios especiales, empleados de banco, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Baldomar, Ernesto c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

La ley 11.322 estableció el derecho a pensión en favor del viudo, aún en el supuesto de fallecimiento del causante en vigencia de la ley anterior a su dictado que no contemplaba tal beneficio, siempre y cuando no se afecten derechos adquiridos, salvo el supuesto de nulidad de estos últimos o de extinción de tales derechos; supuesto que no se presenta en el caso no obstante la caducidad del beneficio del hijo de la causante, en tanto existe una hija beneficiaria, coparticipante de aquel beneficio, con derecho a acrecer (art. 38, 4º y 5º párrafos de la ley 11.322).
Remuneración, pago de la remuneración, pago en negro, obligaciones del empleador, regularización del trabajador, simulación ilícita
Materia: LABORAL
Carátula: LOBERTINI, ANGEL c/ DREAN  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

El pago de salarios clandestinos, no resulta de una especie de confabulación entre el empleador y el trabajador o de un acuerdo para perpretar una simulación ilícita. Al contrario, es causado por la decisión del empleador quien, por razones personales o económicas, genera todas las consecuencias nefastas relacionadas con los aportes y contribuciones. Esta realidad del mundo del trabajo ha sido expresada en la ley nacional de empleo, ley 24013, en la parte pertinente a la clandestinidad. Cabe advertir que la mencionada ley no castiga al trabajador como si fuese cómplice, sino al empleador incumpliente como único responsable.
Delitos, desobediencia, daño calificado, competencia criminal y correccional, etapas del proceso
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS HAUAD, GERMAN DARÍO c/  s/ 239 - RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-01

Corresponde declarar la competencia de la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas local ya que los presuntos delitos investigados en la presente causa - desobediencia a la autoridad y daño simple y agravado- han sido transferidos a la justicia de la Ciudad. Ello así, aún si la imputación virase hacia figuras pendientes de transferencia (de conformidad con mi voto en "Incidente de competencia en autos Giordano, Hugo Orlando y otros s/ infr. art. 89, CP, lesiones leves s/ conflicto de competencia I", expte. n° 16368/19, resolución del 25/10/2019). (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, regularización impositiva
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Omega Cooperativa de Seguros Limitada (TF 14.771 - I) c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Si el legislador tuvo ante él varias situaciones posibles (fundamentalmente la de un gravamen debatido en sede administrativa y judicial y la de un gravamen no debatido, art. 8? de la ley 23.029) y, en tales circunstancias, sólo legisló sobre una de ellas, es lógico entender que se quiso excluir a todas las demás (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VOLTATTORNI BRUNO B. c/ PACIENZA ANDRES Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

La ley adjetiva prevé que la sentencia debe atenerse a las pretensiones articuladas por las partes, tornándose en incongruente aquel pronunciamiento salido de cauce respecto de las deducidas (arts. 34, ap. 4ro. y 163, ap. 6to. Cód. Proc.). De tal modo y dada una cuestión relativa a la reparación patrimonial, plenamente disponible por los interesados -y vedada toda intervención oficiosa de la jurisdicción- mal puede fijarse como límite máximo al resarcimiento pedido por la reparación de un vehículo, el valor en plaza de otro semejante, cuando los demandados sólo se han limitado a negar el monto total reclamado por tal rubro, sin introducir concretamente el tema abordado indebidamente por fallo apelado.
Responsabilidad del Estado, error registral, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Durán, Jorge c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-23

El error del Registro Inmobiliario -sea que se configure como acción u omisión,- constituye un ilícito civil sin particularidades que excluyan la indemnización del daño moral en su ámbito desde que no es difícil presumir los elementos típicos del daño moral concurriendo en supuestos de omisiones del Registro que han derivado en indebido desapropio de bienes u otro tipo de pérdidas.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, publicación periodística, libertad de prensa, daños y perjuicios, director editorial, responsabilidad del editor, sentencia condenatoria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Rudaz Bissón, Juan Carlos c/ Editorial Chaco S.A. s/ indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

La mera inserción en un diario o periódico de una carta abierta firmada por su autor, o una solicitada firmada, sin tomar partido y sin agregarle fuerza de convicción que pudiera emanar de la propia opinión del editor, no basta por sí sola para someter a éste al riesgo de una condena penal o civil puesto que no se halla en juego el carácter ofensivo de la publicación, sino un exceso en los límites máximos que se pueden imponer al editor respecto de las cartas o solicitadas cuya publicación le requiere su autor (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio).
Subasta judicial, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hernández, Manuel A. c/ FINAHERB SRL s/ Cobro Ejec.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

El fundamento de la citación prevista en el art. 569 del ritual es que el acreedor privilegiado comparezca a la ejecución, sin desplazar al ejecutante, limitándose a ejercer su derecho a ser pagado con preferencia con el producido del remate; es decir, su derecho se transfiere del inmueble al precio. En virtud de lo expuesto, la compensación no procede en estos casos pues ello importaría el reconocimiento de un privilegio de rango superior al hipotecario, no autorizado por la ley. Esa figura extintiva de las obligaciones es una forma de pago que no es procedente cuando existen terceros que pueden oponerse legítimamente a ella (arts.724, 736, 822, 3196, 3875, 3876, 3881, 3938 del Cód. Civil).
Jornada de trabajo, sereno, servicios de vigilancia
Materia: LABORAL
Carátula: G. , H. F. c/ TRANS. C. S.A. y otro s/ Demanda Laboral (Indemnización por Despido) M., T. G. c/ F., A. O. y/o F., A. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-28|2006-02-02

Teniendo en cuenta que las tareas de sereno-vigilante se encuentran dentro de la excepción a la jornada establecida en el art. 1 de la ley 11.544, y sea por lo dispuesto en el tercer párrafo o por lo previsto en el inc. a) del art. 3 de ese cuerpo legal, lo cierto es que la cantidad de horas diariamente trabajadas no le genera derecho alguno al cobro de horas suplementarias. Así se ha entendido que " los serenos cumplen tareas de vigilancia y se encuentran exceptuados de la jornada legal por este motivo (art. 3 inc. c) ley 11.544) y por cumplir una tarea intermitente" . En el mismo sentido se afirmó que los trabajadores que cumplen servicios de custodia o vigilancia, en virtud de la naturaleza de dichos servicios, no estuvieron ni están sujetos a los horarios de los trabajadores comunes, comprendiéndoles las excepciones previstas por las leyes 11.544.
Incidente de impugnación, honorarios del perito, exhortos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Teknoffod S.A. c/ Provincia de Córdoba. Oficio s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-12-30

Debe ser rechazado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la perito contadora que cuestiona la regulación de sus honorarios, cuando el fallo en crisis no ha omitido el tratamiento de cuestión esencial alguna, sino que decidió derivar la cuestión al juez exhortante para que determine la base regulatoria y el monto de los honorarios, ni omitió la fundamentación legal, puesto que su decisión transcribe el artículo 4 de la ley 22.172 y cita los artículos 18 y 28 de la Constitución Nacional (arts. 168 y 171, Const. provincial).(doctora Kogan, sin disidencia)
Poder Legislativo Nacional, facultades del Poder Legislativo, soberanía, derechos y garantías constitucionales, estado de emergencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lavandera de Rizzi, Silvia c/ Instituto Provincial de la Vivienda.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Es el Congreso como depositario de la soberanía popular y único órgano del gobierno habilitado para reglamentar en primer grado los derechos constitucionales, el que debe declarar el estado de emergencia, y cuyo juicio cabe en principio aceptar, salvo supuestos de un claro desconocimiento de circunstancias públicas y notorias, en grado tal que dispense en su análisis de mayores consideraciones según la común valoración de la sociedad (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F.

López).
Empleados públicos, estabilidad propia, cesantía, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: BARTOLOTTA, JOSE ANTONIO c/ SADAIC -ROSARIO- s/ NULIDAD DE DESPIDO -   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  402-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-11

El nuevo artículo 14 de la Constitución Nacional que consagra la estabilidad de los empleados públicos, se limita a garantizar a los trabajadores en general la protección contra el despido arbitrario.

El eventual derecho que asiste al demandado, no es sino el de reclamar la indemnización prevista en la Ley de Contrato de Trabajo.
Caducidad de instancia, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucchetta, Oscar y otra c/ Giuliani  y  Asociados  Financiera  de  Viviendas   S.A.  de Ahorro y Préstamo s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

La aplicación de las disposiciones que rigen la caducidad de la instancia, atento al objetivo que persiguen y a las consecuencias que producen, no pueden ser interpretadas sino con criterio restrictivo.
Defectos en la fundamentación normativa, ejecución fiscal, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional - Dirección General Impositiva - c/ Conarco Alambres y Soldaduras  S.A. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-24

No constituye derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias concretas de la causa el pronunciamiento que, en detrimento del principio de inapelabilidad establecido en la reforma introducida por la ley 23.658 al art. 92, inc. d) de la ley 11.683, decidió entender en el recurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia por la que se había ordenado seguir adelante con la ejecución fiscal.
Plazos procesales, cómputo del plazo, duración de la instrucción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Delgado, Gabriel Rodolfo César y otros s/infr. art. 183 CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-04

Establecer la inteligencia que le cabe a las normas procesales que juegan en la especie -art. 104 CPP- para definir desde qué momento puntual debe iniciarse el cómputo del plazo legalmente previsto para que el Ministerio Público Fiscal concluya la investigación penal preparatoria, claramente, no suscita una controversia de orden constitucional ni una que se involucre de forma directa con el alcance que quepa reconocer respecto de alguna garantía de aquella naturaleza, sino que se trata de una muy interesante discusión que discurre por un terreno de interpretación infraconstitucional que, por regla, no excede el ámbito privativo de los jueces de la causa. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Denuncia del accidente de trabajo, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: Mansilla Oscar Armando c/ Molina Victorio Alberto y otro s/ cobro de pesos (Accidente de trabajo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-12

Corresponde condenar a la Aseguradora accionada a cubrir el daño sufrido por el actor, pero en los términos y con el alcance de la póliza de seguro de accidentes personales que contratare con el empleador de éste. Y el empleador responderá por el total del crédito conforme el art. 28 de la LRT e incluso podría el actor -llegado el caso- acudir a los mecanismos protectorios de resguardo que prevé el sistema (Fondo de garantía del art. 29 LRT, por ejemplo) (Voto Romero. Adhesión Welp)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), resoluciones recurribles, tribunal electoral, medidas cautelares, presupuesto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: IJIA, LUCIANO EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN QUEJA- IMPUGNACION LISTA  PROVISIONAL DE ELECTORES QUE NO RESIDEN EFECTIVAMENTE EN LA  LOCALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 287 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03

Corresponde desestimar por manifiestamente improponible la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad intentada, y la "cautelar subsidiaria" solicitada, toda vez según lo preceptuado por la normativa vigente -artículo 8 Ley 7055-",- dicha articulación exhibe como presupuesto necesario la denegación de la concesión del remedio extraordinario local por el tribunal que haya dictado la resolución impugnada (y ante el cual debe presentarse dicho recurso, de acuerdo al artículo 2 de la ley 7.055 -) presupuesto que no se verifica en autos, desde que el decisorio del Tribunal Electoral nunca fue recurrido por dicha vía. Dicho obstáculo infranqueable determina sin más que esta Corte deba proceder a la desestimación de plano del recurso planteado, sin ingresar (por carecer, además, de competencia para ello) al tratamiento de los planteos sustanciales que se pretenden traer a su consideración.

Esta conclusión conduce a su vez a desestimar la medida cautelar genéricamente peticionada por elemental ausencia de los presupuestos para su despacho (en particular, fumus bonis iuris o verosimilitud en el derecho), pues l a improponibilidad del remedio intentado demuestra por sí sola que no resulta necesaria ninguna medida para preservar el ejercicio eficaz de la jurisdicción de esta Corte.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, seguro de daños patrimoniales, seguro de automotores
Materia: CIVIL
Carátula: R., F.C. c/ D.L., G. y/u Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-16

La carencia del seguro obligatorio que contempla la Ley 24.449, por sí misma, sin otro elemento, no puede ser interpretada como factor causal eficiente que imponga inexorablemente su condena o absolución.Hay una razón de lógica rigurosa que lo impide: la causa material de un hecho no puede ser deducida de la existencia o inexistencia de una formalidad jurídica.
Quebrantamiento de clausura, error de prohibición, antijuridicidad, clausura administrativa, Código de edificación
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, R. s/ Artículo 47
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-06

Considerar que la mera presentación de los planos de obra con fecha anterior a la clausura dispuesta por la Dirección General de la Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, opera como levantamiento automático de dicha clausura que goza de presunción de legitimidad, sería promover un antecedente impropio en materia de policía edilicia que no solo es una prerrogativa sino un deber de la administración.

El Código de Edificación establece que la paralización o clausura de la obra ser levantada, una vez desaparecida la causa que la motivó. Es evidente que dicha norma al afirmar que "ser levantada" est imponiendo un deber en cabeza del funcionario competente cual es la de proceder al levantamiento de la clausura. Sostener lo contrario implicaría afirmar que allí donde se dispone que corresponde la paralización o clausura de la obra cuando el propietario ejecute trabajos que requieren permisos (artículo 2.4.5. del Código de Edificación) dicha paralización o clausura también sería automática (es decir sin intimación previa y sin el acto que la dispone), la hipótesis no resiste el análisis. (Del voto del Dr. Ventureira con adhesión de la Dra. Robledo)
Resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto, actualización monetaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PEREZ, Aldo Nicolás c/ CISNEROS, Miguel Angel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-03

No corresponde con posterioridad al 31 de marzo de 1991 actualizar el monto de apelación previsto en el art. 242 del Código Procesal.-Establecer el monto mínimo de apelación previsto en el art. 242 del Código Procesal en la suma de $ 4.369,67".-
Cosa juzgada, dolo, estafa procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Luis Raúl Acosta y otros c/ Organización de Protección Industrial  S.A.   ORPI s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-06-06

La institución de la cosa juzgada, reconocida genéricamente en el ordenamiento jurídico argentino, sólo se encuentra condicionada ante la existencia de dolo en la causa en que se ha expedido la sentencia o estafa procesal.
Acción de amparo, rechazo in límine, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ACEDO, Gustavo Homero c/ ORGANIZACION VERAZ S.A. s/ HABEAS DATA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-29

En la acción de amparo, la facultad de rechazar °in limine la demanda ha sido sensiblemente modificada por la reforma constitucional, tanto en función de lo dispuesto por el art. 43, cuanto por las respectivas cláusulas insertas en los tratados internacionales que, en razón del principio consagrado por el art. 75 inc. 2 de la Carta Magna, revisten jerarquía constitucional, debiendo entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos; así se requiere un criterio estricto de apreciación en tanto varios de aquellos tratados garantizan a toda persona el derecho a un recurso ante los jueces, rápido y eficaz, que la ampare contra actos violatorios de sus derechos fundamentales.
Locación de cosas, obligaciones en moneda extranjera, nulidad absoluta, declaración de oficio, mora, locatario, juicio de desalojo, causales de desalojo, falta de pago
Materia: CIVIL
Carátula: Negro, Mónica Silvia c/ Maqui, Eduardo Miguel s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-15

La sanción de nulidad impuesta por el art. 1, párrafo segundo de la Ley 23.091, con respecto a la cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no tenga curso legal o equivalente, reviste carácter de absoluta y manifiesta. Al respecto, el art. 1047 del Código Civil establece que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez sin petición de parte cuando aparece manifiesta en el acto. La declaración de invalidez deviene en tal caso un imperativo para el juzgador.

Las disposiciones de la Ley 23.091 están destinadas a aportar soluciones especiales tendiendo a lograr una mayor oferta en el mercado locativo, paliando las dificultades existentes ante el déficit habitacional crónico, otorgando una mayor protección a los locatarios que constituyen en consecuencia la parte económicamente más débil del contrato, eliminando requisitos y modalidades abusivas originadas en la escasez de ofertas.

La nulidad de la cláusula que estipula el precio en moneda extranjera, conlleva la existencia de un contrato de locación válido pero sin precio determinado en moneda de curso legal, ni por las partes ni por determinación judicial, circunstancia que obsta a la constitución en mora del locatario y consecuentemente priva de virtualidad a la intimación de pago por el locador a los fines de dar cumplimiento al art. 5 de la Ley 23.091 como recaudo previo a la promoción de demanda de desalojo por falta de pago de los arriendos, no encontrándose en consecuencia reunidos los presupuestos necesarios para la procedencia del desalojo por falta de pago.
Prisión preventiva, revocación de la prisión preventiva
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, NICOLAS s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1973-10-31

Si el tribunal presume que, en caso de condena la pena a aplicarse al imputado no superaría los tres años de prisión,y si es posible, además,que se le acuerde su libertad condicional en los términos del art. 13 del C.P., debe ordenarse la cesación del encarcelamiento si se ha cumplido el plazo establecido en la norma legal citada.-
Prisión domiciliaria, condiciones de detención, salud del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Inv. De Delitos De Lesa Humanidad. (C. N° 04/07 Jf 1) Incidente De Detención Domiciliaria De De León, Enrique S/ Fiscal Fed. Apela Autorización De Caminatas Diarias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-02-28

La detención domiciliaria es un instituto de excepción, por lo que es menester una causal excepcional para autorizar la caminata diaria de un detenido por los espacios públicos de una ciudad.
Empleados públicos, Municipalidad, personal municipal, escalafón, jubilaciones, actualización monetaria, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ferrero, Dorila Antonia Fernández de c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción   (Expte. CSJ Nro. 705-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12

Al calcular el haber sobre la categoría mayor cuando ésta fue la 24, se debió aplicar un coeficiente de 1,3459, con el cual se hubiera alcanzado igual resultado que aplicar 1,4106 sobre la categoría de equiparación, y una vez establecida determina la evolución del haber. Ahora bien, si una vez calculado el haber a partir del 1,3459 sobre la categoría 24, subsiste una diferencia superior al 20% entre lo que habría percibido el causante como haber jubilatorio y lo que hubiera debido percibir en base al 1,3459 de la categoría 24 (de cuyo monto tiene la actora derecho a cobrar el 75% como pensionaria), se debe considerar que el régimen de movilidad lesiona derechos constitucionales de la recurrente, declarando su relación al caso aquí juzgado (en el que la actora concreta su reclamo al demandar "adecuada proporción con la remuneración tenida en cuenta como base para la determinación del haber inicial"); y el reconocimiento del derecho a que se le liquiden las diferencias de haberes que resulten teniendo en cuenta el indicado porcentaje.