Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-24


SENT.DEF.Nº:19473	EXPTE. Nº: 1.846/2010 (28.391) JUZGADO Nº: 6	SALA X AUTOS: "FREYTES JUAN ALBERTO Y OTROS C/ UNION DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES U.T.E.D.Y.C. S/ ACCION DECLARATIVA" Buenos Aires, 24/02/2012 El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

La sentenciante "a quo" luego de analizar las posturas asumidas por las partes en los escritos constitutivos del proceso y efectuar consideraciones relativas a lo expuesto por la doctrina y jurisprudencia en torno a las llamadas "contribuciones solidarias" expresamente previstas en el art. 37 de la ley 23.551 y art. 9º de la ley 14.250, consideró inaplicables a los coaccionantes (con excepción del coactor Larramendi dada su condición de afiliado) la disposición contenida en el art. 41.2 del C.C.T. 462/06 desde el mes de julio de 2006 y ordenó, además, la devolución de los aportes retenidos en base a dicha normativa desde la fecha antes indicada, cuya cuantía habrá de resultar, según expresó, de la liquidación que deberá practicar el perito contador previa acreditación, mediante recibos de haberes, de la retención de las contribuciones aludidas.

Tal decisión, motivo los agravios de la demandada a tenor del memorial recurso obrante a fs. 458/64vta, debidamente replicado por su contraparte a fs. 467/74.

Se queja la accionada por cuanto la magistrada de grado resolvió declarar inaplicable a los coactores el art. 41.2 del C.C.T. 462/06, cuando no se aportó elemento alguno que determinara la nulidad de la cláusula convencional referida y tampoco se declaró la inconstitucionalidad de aquella. Sostiene que la "a quo" resuelve la inaplicabilidad de un acto jurídico homologado por la Autoridad del Trabajo mediante Resolución ST 627, utilizando argumentos ajenos al caso puntual. Relata que la contribución solidaria tal como lo autoriza el art. 9 de la ley 14.250 tiene un destino específico expresado en el mismo convenio y destinado a fines culturales, gremiales, sociales y de capacitación, de modo que los fondos recaudados vuelven en servicios a los mismos trabajadores. Agrega que la sentencia de grado introduce nuevos requisitos que deben contener las cuotas de contribución solidaria no previstos en la normativa de la ley 23.551 y 14.250. Crítica que se hubiera considerado que el porcentaje de contribución fijado en el período comprendido entre julio de 2006 a julio de 2007 conculcara el derecho de libertad sindical de los actores de asociarse a otra entidad gremial y habilitara la declaración de invalidez de la cláusula en cuestión porque, según aduce, ello resulta una manifestación dogmática y carente de fundamentación. Aduce que en rigor la contribución aludida no compele a la afiliación sindical, sino que resultan obligaciones de pago o tributos a cargo de todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo, tienen su causa en la negociación y, además, su fuente legal, resultando los fondos recaudados administrados por la asociación sindical con el objetivo de brindar beneficios laborales y sociales a los trabajadores. Se queja también por la interpretación brindada en grado respecto de la Res. 12/07 de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales que aprobó los nuevos porcentajes de cuota sindical y contribución solidaria y porque introduce un nuevo criterio para juzgar la razonabilidad de la contribución solidaria, esto es, su limitación y extensión en el tiempo, el cual no deriva, según expresa, de normativa alguna. Crítica que se estimara que resulta improcedente la ultractividad de la cláusula que impone la mentada contribución. Agrega que la magistrada incurre en contradicción al hacer lugar, en la parte dispositiva del fallo, a la acción respecto del coactor Larramendi, cuando según señaló en los considerandos, dicho coaccionantes es afiliado de la institución. Vierte consideraciones en torno a la jurisprudencia de la C.S.J.N. y opiniones doctrinarias y expone que ello no ha sido considerado por la "a quo". Por ultimo cuestiona que en la parte resolutiva del fallo de grado no se han determinados fechas ni períodos en relación a la inaplicabilidad de la normativa atacada y se alza por la imposición de costas.

Ciertamente, creo necesario comenzar el análisis de la cuestión dejando en claro, más allá de cualquier debate teórico sobre el punto, que no ha sido puesto en tela de juicio la viabilidad y constitucionalidad de las denominadas cláusulas "de solidaridad" reconocida legalmente en los arts. 37 de la ley 23.551 y 9º de la ley 14.250, circunstancia que, según entiendo, ha quedado clara en la sentencia de grado y, por otro lado, luce admitido también en el inicio (ver punto 3.3 de fs. 23/vta) y se admite en el recurso -ver punto 1.1 primer párrafo-.

Lo expuesto, como se mencionó, surge palmario del fallo apelado porque se principia su análisis, precisamente, desde la legitimidad de las contribuciones "solidarias" con remisión a la doctrina de la C.S.J.N. en la causa "Potenze Pablo c/ Federación de Empleados de Comercio s/ cobro de aportes", para continuar con la autorizada opinión del Dr. Justo López que sobre el instituto en cuestión señaló que "en nuestra ley no se trata de contribuciones que precisamente deben pagar los afiliados aparte de su cuota sindical; o sea que, los afiliados tienen que pagar su cuota como afiliados y además la contribución que impone el convenio a todos los trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación" (conf. "Libertad Sindical", en Derecho Colectivo del Trabajo; La Ley, Bs. As. 1998; pág. 127).

Asimismo, la magistrada de grado hizo alusión a la opinión de la Organización Internacional del Trabajo con remisión al criterio del Comité de Libertad Sindical que avaló ese tipo de contribuciones en el entendimiento que el pago obligatorio al agente negociador de una suma fija de dinero por parte de los no socios no parece incompatible con lo dispuesto por el Convenio 87 y los principios de libertad sindical (conf. "Libertad Sindical y Negociación Colectiva", Conferencia Internacional del Trabajo, Octava Reunión, 1994, pág. 49 y sgtes.).

Sin embargo y abocada ya al análisis sustancial del caso matizó, con cita de Justo López y la opinión del Dr. Alvarez en el fallo plenario de esta Cámara Nro. 305, los principios reseñados con aspectos relativos a la libertad de asociación en su faceta negativa en tanto tal contribución no respete un limite temporal y su monto no fuere desproporcionado o alcance la suma que pagan los afiliados por pertenecer a la Asociación Profesional.

De conformidad con ello, en base a la comparación entre la cuantía de la cuota sindical y la contribución solidaria (ambas del 2% desde julio de 2006 a julio de 2007 y posteriormente del 2,5% y 2% respectivamente, a partir de la modificación aprobada por la Res. 12/07 de la Dirección Nac. De Asoc. Sindicales); la eximición de su pago a los trabajadores afiliados y la falta de un limite temporal necesario en este tipo de contribuciones; y demás motivos expuestos, declaró la invalidez de la cláusula convencional cuestionada -art. 41.2- por afectarse los derechos previstos en el art. 4º de la ley 23551 y arts. 14bis y 19 de la C.N.

En líneas generales comparto los fundamentos del fallo de grado y entiendo, por los motivos que expondré a continuación que los agravios deslizados por la recurrentes, en lo que respecta al fondo de la cuestión, no resultan suficientes para revertir el temperamento adoptado.

Me explico. Desde que no esta en tela de juicio la posibilidad de imponer una contribución solidaria a los trabajadores no afiliados a la Asociación Profesional, no encuentro motivo suficiente por el cual deba declararse la nulidad de la cláusula convencional, porque como ya se mencionó aquella encuentra sustento normativo en las disposiciones de la Ley 23.551 y 14.250. Por el contrario, el debate se ciñe a dilucidar tal como esta planteado en el inicio, si media razonabilidad en la mentada contribución en tanto no impongan obligaciones similares a los afiliados al sindicato.

Entiendo, que cualquier tipo de resolución sobre el punto, debe partir de considerar la causa fuente de dicha obligación y la naturaleza jurídica de aquella. Así, desde hace años, la doctrina ha señalado que la primera resulta de la concertación del convenio colectivo, mientras que la segunda radica en la retribución de un servicio, como consecuencia de la gestión de negocios llevada a cabo por el sindicado (conf. Vázquez Vialard Antonio, "Ingresos Sindicales" L.T., Tº XVI, pág. 307 y sgts).

En ese marco, recuerdo que ya al amparo de la Ley 20.615, se ha admitido en líneas generales la legitimidad de aquellas en la medida que cumplan dos condiciones; por un lado que no tuviesen el carácter de permanentes y por el otro que no fuesen iguales, en cuanto a su monto, a los aportes de los trabajadores afiliados, pues de lo contrario, se vería afectado virtualmente el derecho a afiliarse y no afiliarse, en la medida que impusieran obligaciones similares a las correspondientes a los afiliados al sindicato (conf. Krotoschin, E., "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", 2ª ed., Bs. As., 1965, pág. 661 y 753).

La misma tesitura, ha sido expuesta por el Dr. Alvarez en el Plenario de esta Cámara Nro.305 (Federación Obrera Ceramista de la República Argentina c/ Cerámica San Lorenzo ICSA") en cuanto remarcó que este tipo de cláusulas deben ser muy claras en su configuración y cabe interpretarlas con carácter restrictivo porque, si bien son tolerables, podrían constituir, como se mencionó, un gravamen hipotéticamente lesivo de la libertad sindical en su faceta negativa.

En la misma línea se inscribió el Dr. Morando (aunque por otros fundamentos decidió su voto en forma afirmativa a la propuesta del plenario) al señalar que "no sería admisible, sin lesión de la garantía de libertad sindical, que, con ley que la reconozca o sin ella, incluye necesariamente el derecho de cada trabajador a no afiliarse, y de su derecho de propiedad, en cuanto su patrimonio se vería afectado por un acto emanado de terceros que no lo representan, imponer, bajo la apariencia de un aporte de solidaridad, una contribución periódica permanente, que la ley sólo admite respecto de los afiliados, a título de cuota sindical, cuyo presupuesto de legitimidad es la voluntaria pertenencia a una asociación de esa naturaleza (artículo 23, 3, d, de la Ley 23.551 )".

Una síntesis sobre las condiciones de validez de las cláusulas de solidaridad, de conformidad con lo expuesto por la doctrina y jurisprudencia, puede verse en el trabajo realizado por Ramírez Bosco ("De nuevo sobre la Cuota de Solidaridad", TySS 2003-1015) entre los cuales cabe mencionar: 1) que el aporte tenga un objeto determinado -no vaya a recursos de manera indefinida-; 2) que tenga un monto razonable; 3) que no iguale al importe de la cuota de afiliación; 4) que tenga una limitación en el tiempo; 5) que no sea de carácter permanente o de tracto sucesivo o continuado.

Tal es así, que en cierta medida se han repetido, en los últimos tiempos, cuestionamientos en sede judicial contra las cláusula de solidaridad, con sustento en la ausencia de esas dos condiciones (ver en este sentido: Sala V, S.D. 68.765 del 22/8/2006 en autos "Alvarez, Ricardo Oscar y Otros c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y otro"; Sala VIII del 13/3/2009 en autos "Comisión Gremial Interna del Banco Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional y otros", D.T. 2009 -mayo- pág. 555; Sala VII del 30/9/2010 en autos: "Superville, Eleonora Cecilia y otros c/ Sindicato Argentino de Televisión).

Ahora, bien a tenor de estos postulados, corresponde analizar el contenido de las cláusulas cuestionadas por su falta de razonabilidad.

Así, en el Titulo XIX del convenio 462/06, se fija en su art. 41.1. la cuota sindical: "Las instituciones empleadoras procederán a descontar mensualmente a los trabajadores afiliados a UTEDYC la cuota sindical fijada por ésta, actualmente equivalente al 2% (dos porciento), o la que se fije en el futuro, la cual se calculará sobre todos los conceptos remunerativos mensuales que perciba el trabajador". A su vez, el art. 41.2 que fija el pago de la contribución que deben afrontar los trabajadores no afiliados para el cumplimiento y desarrollo de los fines culturales, gremiales, sociales y de capacitación de UTEDYC, perpetuando que: "Las instituciones retendrán mensualmente a todos los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente convenio, el 2% (dos porciento) de la remuneración bruta total percibida por cada período, en concepto de retribución solidaria con destino a UTEDYC. Los fondos en cuestión serán afectados al cumplimiento de los fines culturales, gremiales, sociales y de capacitación establecidos en los estatutos sociales de la entidad firmante, conforme lo habilita el art. 9º de la ley 14.250 (t.o.) y su modificatorias". A su turno, el art. 41.3 exime del pago de la contribución solidaria a quienes se encuentren afiliados al sindicato o se afilien en el futuro, cláusula que se advierte dirigida a promover la afiliación de los trabajadores a la organización sindical.

En dicho convenio, homologado por Resolución de la Secretaría de Trabajo 627 del 16 de septiembre de 2006 (ver fs. 238/268) se pactó una vigencia temporal que se extendía desde el 1/7/2006 hasta el 30/6/2008, además de la ultractividad establecida de conformidad con las disposiciones del art. 6 de la ley 14.250 (ver arts. 1 y 49 del CCT 462/06).

Sin perjuicio de ello y, sin necesidad de discutir la naturaleza de la cláusula en cuestión (normativa u obligacional) y la posibilidad de que se encuentre alcanzada por los efectos de la ultractividad, lo concreto del caso es que del informe pericial contable rendido en la causa se desprende que a los coactores les fueron retenidos en concepto de contribución solidaria y por los porcentajes antes mencionados, las sumas de indicadas en el anexo de fs. 221, durante el período Julio de 2006 hasta el octubre de 2010.

Así, y aún soslayando que los porcentuales de dicha contribución resultaron iguales a aquellos que aportaban los trabajadores afiliados, al menos hasta la modificación aprobada por Res. 12/07 de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (elevó la "cuota sindical" al 2,50% y mantuvo inalterable la "cuota de solidaridad" en el 2%), se verifica que respecto se impuso de manera permanente, sin límite temporal incumpliendo una de las condiciones que diría hasta pacíficamente ha sido aceptada por la doctrina y jurisprudencia antes citada.

Entonces, si los coaccionantes en su carácter de trabajadores no afiliados al sindicato, se encuentran obligados a contribuir con una suma de dinero inicialmente igual a la suma que en concepto de "cuota sindical" deben aportar los trabajadores afiliados y posteriormente algo sensiblemente menor (0,5%), de forma permanente y que, además los trabajadores afiliados se encuentran eximidos de aquella contribución (de supuestos fines culturales, gremiales, sociales y de capacitación), se advierte la existencia bajo el ropaje de otro nomen iuris, de una afiliación forzada o compulsiva, en franca violación con las disposiciones del art. 4 inc. b) de la ley 23.551 en cuanto determina el derecho de todo trabajador a afiliarse o no a determinada asociación sindical, puesto que con dicho aporte no solo retribuye la gestión llevada a cabo por el sindicato, sino que también contribuye, en igual medida que el afiliado, al sostén económico de una representación colectiva, que en el caso, no resulta de su agrado.

No soslayo de considerar lo expuesto por la recurrente en torno a que la contribución solidaria tiene un fin específico regulado en el C.C.T. 462/06 en beneficio del titular del derecho (en el caso todos los trabajadores), en tanto dichos fondos han de ser afectados al cumplimientos de fines culturales, gremiales, sociales y de capacitación, pero lo ilógico del sistema -que en principio debería ser del todo abarcativo- es que excluye a los trabajadores afiliados (mayormente beneficiados con el destino de aquella contribución) y se obliga a su pago a los trabajadores no afiliados que, en definitiva, no cuentan con iguales beneficios (basta para ello con cotejar los beneficios que surgen del Reglamento de Beneficios Sociales para afiliados y no afiliados obrante a fs. 96) y tal vez no deseen utilizar y/o contratar.

En base a las consideraciones expuestas y demás fundamentos del fallo de grado, habré de confirmar lo decidido en la sede de origen, en cuanto declara la inaplicabilidad a los aquí reclamantes del art. 42.2. del CCT 462/2006.

La exclusión de condena respecto del coactor Larramendi, es una cuestión que arriba firme a esta alzada, más allá del error incurrido en la parte resolutiva del fallo de grado, que debió merecer, en su caso, un recurso de aclaratoria. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que la decisión de la sentenciante "a quo" expresamente se sustentó en la condición de afiliado a la entidad sindical, conforme fuera informado por el experto contable (ver fs.233vta y 367), sin ser objeto de observación alguna.

Consecuentemente, le asiste razón al recurrente en cuanto corresponde excluir a dicho coactor de la condena dispuesta en origen, lo que así se decide.

En lo relativo a la fecha desde la cual corresponde el reintegro de las sumas retenidas, estimo que también le asiste razón a la demandada.

Sobre el tópico, más allá de dejar a salvo mi opinión en el sentido que la condena debería limitarse a las sumas correspondientes desde la interposición de la demanda porque que con anterioridad no hubo cuestionamiento alguno al respecto, limitada la revisión en esta alzada a los puntos introducidos en el respectivo memorial recursivo, se advierte que la crítica es correcta y hasta diría adecuada al temperamento adoptado porque, como se expuso en el presente, el cuestionamiento se dirige en cierta o mayor medida a la falta de limitación temporal de la aludida contribución y la vigencia del convenio 462/06 no ha sido discutida, por lo que, a mi juicio, corresponde que el reintegro de las sumas retenidas principie desde el vencimiento del C.C.T., es decir, desde el 30 de junio de 2008 y en lo sucesivo a condición de que se mantenga idéntica situación jurídica a la que fuera analizada en autos.

Sin perjuicio de lo decido en torno al coactor Larramendi, consideró que la imposición de costas deben imponerse en el orden causado (art. 68, 2do. párrafo del CPCCN), dado que en el responde no se opuso defensa alguna a su respecto (oponiéndose al progreso de su pretensión en base a su calidad de afiliado) y, además del informe contable surge que en el período 2008/2010 se le retuvo de su remuneración y con destino al sindicato un porcentaje del 2%, cuando a dicha fecha y dada la condición antes mencionada, se le debió haber retenido un porcentaje del 2,5% conforme Res. 12/07 mencionada en los considerandos anteriores.

En virtud de lo expuesto, de prosperar mi voto, correspondería: 1) Modificar parcialmente el fallo de grado excluyendo de la condena al coactor Claudio José Larramendi y disponiendo que el reintegro a los coactores de las sumas retenidas se compute desde el 30 de junio del 2008 y en lo sucesivo a condición de que se mantenga idéntica situación jurídica a la que fuera analizada en el presente; 2) Mantener la imposición de costas decidida a excepción de las correspondientes al coaccionante Larramendi Claudio José que se imponen en el orden causado (art. 68, 2do. párrafo del CPCCN); 3) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en el 25%, respectivamente para cada uno de ellos, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 14 de la ley arancelaria).

El Dr. DANIEL E. STORTINI, dijo:

En un caso de aristas similares (no iguales) al presente esta Sala tuvo oportunidad de decidir con el primer voto del doctor Corach y la adhesión del suscripto que la contribución solidaria impuesta por el art. 41.2 del C.C.T. 462/06 no resultó inaplicable a los allí actores por cuanto, en ese caso concreto, ".no sólo no indicaron aunque más no sea someramente cuáles son los fundamentos de su petición." sino que además no se probó en esas actuaciones ".un notorio e inequívoco acto lesivo a garantías constitucionales." (ver considerandos de la sentencia definitiva Nº 16.763, de fecha 30 de junio de 2009, dictada en autos "Melo, Oscar Norberto y otros c/ Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles s/ Nulidad de acto jurídico").

Sin embargo, en el caso que aquí se analiza -como bien puntualiza en su primer voto del doctor Brandolino- no está en tela de juicio la posibilidad de imponer una contribución solidaria a los trabajadores no afiliados a la asociación sindical, aunque se ha probado que no obstante que la vigencia del mentado C.C.T. 462/06 perduró hasta el 30 de junio de 2008, a los aquí actores -excluido el coactor Larramendi- la peritación contable evidenció que les fue retenido en concepto de contribución solidaria durante un lapso posterior a esa fecha ya que esa retención operó hasta octubre de 2010, según surge del anexo pericial de fs. 221.

Por tanto, la situación probatoria es diferente a la acontecida en el precedente indicado en tanto aquí se demostró, tal como explicita el colega preopinante, una imposición de retención en exceso de la limitación temporal fijada al convenio colectivo que interesa.

Voto entonces, en este específico y particular caso, en el mismo sentido que lo hace el doctor Brandolino.

El Dr. GREGORIO CORACH, no vota (art. 125 de la L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo de grado excluyendo de la condena al coactor Claudio José Larramendi y disponiendo que el reintegro a los coactores de las sumas retenidas se compute desde el 30 de junio del 2008 y en lo sucesivo a condición de que se mantenga idéntica situación jurídica a la que fuera analizada en el presente; 2) Mantener la imposición de costas decidida a excepción de las correspondientes al coaccionante Larramendi Claudio José que se imponen en el orden causado (art. 68, 2do. párrafo, CPCCN); 3) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en el 25%, respectivamente para cada uno de ellos, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 14 de la ley arancelaria); 4) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.