Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-11-12


AUTOS Nº 52.931 (1º Juzgado Civil) (Nº 9270 SALA III) "MENDOWORK S.A. C/ NEXXUS S.A. Ejecutivo II Cpo".

///Juan, a 12 días del mes de Noviembre de dos mil ocho.

VISTO: Para resolver sobre el recurso de apelación concedido a los nulidiscentes señores Fernando Javier López y Facundo Gabriel López González, a fs. 270, contra la resolución de fecha 01 de junio de 2007 obrante a fs. 261/263 vta.

CONSIDERANDO: El Sr. Juez subrogante resolvió: "Desestimar el incidente de nulidad articulado por los señores Fernando Javier López y Facundo Gabriel López González, por los fundamentos dados en la presente resolución. II) Imponer las costas a los incidentistas vencidos, regulando los honorarios por este incidente al Dr. Francisco Moya, apoderado de la actora y como ganancioso en la suma de $350, y al Dr. Rodolfo López Aragón, como patrocinante de los incidentistas y perdidoso en la suma de $150. Aclarándose que dicha regulación se efectúa de conformidad a las pautas dadas por el art. 188 de la ley 2150, dado el carácter netamente procedimental del mismo". Contra dicho pronunciamiento se alza el incidentista Fernando López a fs. 268, el recurso se le concede a fs. 270. Expresan agravios a fs. 271/277 vta. , los que fueron contestados por la contraria a fs. 281/283. Ambas partes hacen expresa reserva de los Recursos Extraordinarios de la ley 2275 y del Caso Federal del art. 14 de la ley 48.

En la presente causa la parte actora a fs. 28/29 prepara vía ejecutiva contra NEXXUS S.A. reclamando la suma de pesos: Treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho ( $ 37.488), con más los intereses correspondientes en base a la documentación que adjunta. A fs. 43 se tiene por reconocida la firma y se libra mandamiento de ejecución y embargo. A fs. 50 se pide embargo sobre las acciones de la demandada cuyos titulares son los socios Carlos Omar Suárez y José Armando Paz. Por decreto de fs. 50 vta. se ordena: " Trábese embargo ejecutivo contra el obligado al pago NEXXUS S.A., hasta cubrir la suma reclamada sobre las acciones que la integran. A tal fin se oficia al Registro Público de Comercio a fs. 60, quien toma nota del embargo sobre las acciones de dicha sociedad a fs. 63. A fs. 70 se pide la traba del embargo sobre un bien inmueble de propiedad de la demandada. Sin que haya comparecido al juicio la misma. A fs. 74 se dicta sentencia de remate. El inmueble embargado fue rematado a fs. 146.

A fs. 152 la parte actora pide se le adjudiquen las acciones de la sociedad, ya embargadas. A fs. 163 se ordena la subasta de las mismas, haciendo constar que la sociedad es beneficiaria del Régimen de Promoción Económica Nº 22.973. El remate se lleva a cabo según constancias de fs. 179, adjudicándose las acciones a la parte actora, quien denuncia su venta privada. Lo que se notifica al Registro Público de Comercio y a la Dirección de Programación Económica a fs. 192 y fs. 193. A fs. 194 se hacen partes los adquirentes de las acciones por venta privada efectuada por la actora.

Según constancias de autos a fs. 211, el 24/08/04 comparece al proceso el Sr. Fernando López, acompaña copia del acta del remate llevado a cabo en el presente juicio (fs. 212) y de los contratos de compraventa de las acciones en cuestión (fs. 213/216). Expresa que del acta de remate surge que las acciones subastadas eran de la accionada "Nexxus S.A." las que fueron adquiridas por la actora "Mendowork S.A." y posteriormente cedidas al Sr. Arnaldo V. Paoletti. Luego, se suscribió un contrato de compraventa de las acciones, entre éste último y los Sres. Sergio Pérez y Alejandro Pérez; posteriormente cedidas por los Sres. Marcelo A. Paoletti y Arnaldo V. Paoletti a Fernando J. López y Facundo G. López. Solicita el préstamo de los autos y posteriormente el secuestro de los mismos (el 16/09/04 a fs. 218, 19/11/04 fs. 221, 30/11/04 fs. 222 y el 16/02/05 a fs. 224).

Por decreto de fecha 25 de abril de 2005 (fs. 228) se lo tiene por presentado al Sr. Fernando J. López, por parte y domiciliado en el carácter invocado, ordenándose que se le de la participación correspondiente.

A fs. 229/232 vta. el 03/08/05, el Sr. Fernando J. López y Facundo G. López González, plantean la nulidad -por ser un acto inexistente de la subasta llevada a cabo en el presente proceso y cuya acta labrada corre agregada a fs. 179. Expresan que de los mismos términos de la demanda se desprende que la firma demandada es "Nexxus S.A.".

El apoderado de la actora a fs. 50 hace referencia a que la integración de acciones de la sociedad demandada son de $12.000 y que, la distribución de las mismas, son de 10.000 acciones a favor del socio Carlos O. Suárez y 2.000 acciones pertenecientes al socio José A. Paz. Pide en dicha presentación (fs. 50), que se trabe embargo sobre las acciones descriptas en favor de la sociedad demandante Mendowork S.A.

Expresan los incidentistas que, las acciones de una sociedad anónima son de propiedad de los accionistas (art. 163 Ley 19.550): Sres. Carlos Suárez y José A. Paz; por lo que la providencia de fs. 50 vta., por la que se decreta el embargo de las acciones contra el obligado al pago "Nexxus S.A.", no debió hacerse efectivo atento a que la firma demandada no tiene acciones en sí misma, sino que son las de los socios determinados, según el registro de accionistas (art. 213 LSC y ley 24.587).

Continúan el relato diciendo que, la actora posteriormente solicita se fije fecha de subasta (fs. 162) la que se ordena para el día 30/07/03 (fs. 163) y se lleva a cabo conforme surge a fs. 179. Las acciones fueron adjudicadas al Dr. Moya -en representación de Mendowork S.A., quien las vendió a los Sres. Sergio Pérez y Alejandro Pérez, operación que fue dejada sin efecto, siendo transferidas finalmente por los Sres. Arnaldo Paoletti y Marcelo Paoletti a Facundo López González y Fernando López González.

El interés de su parte en la declaración de nulidad, según manifiestan, está dado porque los titulares de las acciones referidas podrían demandar y obtener la declaración de nulidad de la venta, quedando los aportes o inversiones efectuadas en la sociedad sin efecto; con los consecuentes perjuicios ya causados y los que en el futuro podrían originarse.

Sostienen que se trata de un acto inexistente, donde los titulares de las acciones subastadas no fueron demandados, ni citados como terceros; los bienes subastados no son de propiedad de la demandada. Agregan que el planteo que formulan, puede realizarse en cualquier instancia y oportunidad porque el acto procesal no existe. Más aún, carece de relevancia que su parte lo haya planteado porque es obligación del juez declarar la nulidad. Solicitan se declare la nulidad de la totalidad de las actuaciones mencionadas y aquellas que guarden relación con la venta de las acciones en pública subasta de los Sres. Carlos O. Suárez y José A. Paz ya que, no pudo válidamente subastarse bienes de terceros. Asimismo se impongan las costas a la parte actora además de las previstas en la ley del rito para el litigante malicioso y temerario.

Se ordena correr traslado del planteo de nulidad a la contraria (fs. 233), quien lo responde a fs. 245/247 y acompaña prueba documental (fs. 234/244). Solicita se confirme el acto por ser inadmisible la pretensión de los incidentistas y por haber subsanado y consentido los actos (art. 176 del C.P.C.).

La resolución apelada, causa agravios a los nulisdiscentes, los que subsumiremos del siguiente modo: Primero: Atacan el fallo en cuanto rechaza su pretensión de que se declare la nulidad de la subasta, dando como fundamento la interpretación restrictiva que debe imperar en materia de nulidades y el hecho que constituyen un remedio excepcional. No consideró que si bien como principio general las nulidades son de interpretación restrictiva, hay diferentes grados de nulidades (actos nulos, anulables e inexistentes). No pueden convalidarse bajo la apariencia jurídica, actos ilícitos que sean contrarios a la esencia del derecho.

No tuvo en cuenta el Inferior que la condición de tercero adquirente de buena fe a título oneroso es insustancial, careciendo de amparo jurídico para repeler la acción reipersecutoria del propietario -en el presente caso de las acciones despojado mediante una falsificación en la que no intervino.

La nulidad planteada por su parte, se basa en la inexistencia del acto jurídico procesal o de la serie de actos dictados, sin la participación de las personas afectadas, a quienes se las privó de su propiedad. Ello por cuanto los titulares de las acciones subastadas no han sido parte , no se los demandó, no se los notificó para que hagan valer sus derechos, no se los citó como terceros. El sentenciante debió declarar la nulidad de oficio.

Segundo: No se ha considerado que el interés que tiene su parte en la declaración de la nulidad, se encuentra fundada en el hecho que puede ser demandada por los titulares accionarios, quienes pueden solicitar la revocatoria de los actos. Omitió tener en cuenta el aquo, que las acciones de los socios de las sociedades anónimas son nominativas, por expresa disposición legal. Los arts. 2º y 3º de la ley 24.587, al hacer referencia al "registro" no se trata del Registro Público de Comercio, sino del libro de Registro de Accionistas que toda Sociedad Anónima debe llevar. Ello, a fin de que tanto la sociedad como sus órganos sociales, tomen conocimiento de todas las circunstancias que puedan modificar la vida social. La falta de cumplimiento de estos actos legales, establecidos en forma imperativa, hacen que los mismos difieran sustancialmente de la situación prevista por el Código Civil en su art. 1051.

Tercero: El Juez a-quo al decir que coincide con las conclusiones a la que arriba Lloveras de Resk en la obra Bueres-Highton ,en relación a la interpretación de la segunda parte del art. 1051 del C.C., omitió considerar aspectos esenciales y determinantes de la nulidad impetrada por esta parte. La norma del art. 1051 del C.C. es inaplicable al presente caso, ya que se refiere a los terceros de buena fe adquirentes de inmuebles o de derechos sobre éstos; cuando en el caso de autos, se han rematado títulos o acciones que acreditan la participación de una persona en una sociedad anónima.

En este caso correspondía aplicar las normas previstas por las leyes 19.550 y 24.587, que regulan todo lo relativo a transferencia, embargo y prenda de acciones. El apartamiento de estas disposiciones en el acto de embargo y remate de acciones, nulidifica no sólo el embargo sino la posterior subasta. En el presente proceso corresponde aplicar el art. 3270 C.C. en el sentido que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que posee, siendo todos los actos que se realicen en violación a dicha norma, nulos.

El sentenciante omitió considerar de la cita efectuada a Bueres Highton, el requisito enunciado en el punto f): "El tercero que adquiere por un título, que tiene antecedente en un acto materialmente falsificado, no está amparado por la reforma introducida al art. 1051 C.C." (Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial Tº 2 pág. 422/423).

Cuarto: Referido a la imposición de costas a su cargo. Si bien corresponde aplicar el principio objetivo de la derrota, también en la ley existe la posibilidad de eximir a la parte que al litigar, lo hace frente a situaciones novedosas y de compleja resolución.

Solicita se admita el recurso y se apliquen las sanciones que la ley prevé para el litigante malicioso y temerario.

Al responder la parte actora los agravios expresados por los incidentistas, solicita se declare desierto el recurso atento lo preceptuado por la ley del rito en sus arts. 265 y 266.

La expresión de agravios de los apelantes contiene una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que consideran equivocadas (art. 265 del C.P.C.), por lo que debe tratarse la apelación.

En el tratamiento de los agravios, es preciso destacar es relación al objeto de esta apelación, tal como lo expone Morello y otros (Cód. Proc. Civ. y Com. de la Prov. Bs. As y la Nación-Com y anotados Tº VI-C-pág. 213 y sig.): "Que a través del incidente de nulidad a tenor de la amplitud reconocida por la jurisprudencia puede perseguirse y obtenerse no solo la invalidación por violación de los recaudos formales (vicios extrínsecos de los actos procesales) sino también inclusive, a diferencia de lo que de común constituye por definición su fundamento, por inobservancia de los presupuestos de fondo ( vicios intrínsecos de los actos procesales), o si se subastan cosas ajenas, o cuando se ha utilizado el acto con propósitos de fraude o simulación en perjuicio de terceros (v. II C -Sum. 352 pág. 312 y sig.). Respecto a la trascendencia de la nulidad, Morello (obra citada Tº II-C-pág. 337) en la jurisprudencia que cita subsumiendo se expresa: "Los actos procesales se hallan afectados de nulidad si vulneran gravemente la sustanciación regular del procedimiento o cuando carecen de algún requisitos que les impida lograr la finalidad a la cual están destinados, sea en el aspecto formal , sea en cuanto a los sujetos oal objeto del acto, o por la existencia de un vicio que afecta a dichos requisitos... Se trata de la existencia de una irregularidad grave y trascendente, por violación de las formas esenciales y solemnidades prescriptas por la ley en reaguardo del derecho constitucionalmente reconocido de defensa en juicio.".

"Son así nulos, de nulidad absoluta los actos procesales cuyo contenido viola una garantía constitucional o una disposición de las leyes de fondo relacionadas con la defensa en juicio de los derechos y los establecidos expresamente por la ley como ineludible condición de validez, como ocurre cuando se vulnera el art.18 de la Constitución Nacional- defensa en juicio y las disposiciones de orden público de una ley de fondo (la Ley v.156 pág.534).

La ley ritual establece formas a las que deben sujetarse estrictamente tanto las partes como el órgano jurisdiccional. Cuando el acto procesal contiene un vicio estructural esencial el mismo es nulo. En igual sentido lo és cuando se han violado las normas del debido proceso o -como ya lo indicáramos disposiciones de las leyes de fondo.

En este caso puntual se embargaron acciones de los socios que jamás estuvieron demandados en esta causa y se remataron, como propias de la sociedad, lo que contradice normas expresas del Código Procesal , de la Ley 19.550, Ley 24.587 y disposiciones concordantes del Código Civil referidas a la venta de cosa ajena (art. 1329 y sig.).

La Ley 19.550, reconoce expresamente la diversa personalidad jurídica de la sociedad anónima respecto de sus socios. El patrimonio de la sociedad es independiente del patrimonio individual de los socios. La titularidad de las acciones en la sociedades anónimas no constituye un derecho actual de los accionistas sobre los bienes de la sociedad. Pero las acciones de la sociedad, nominativas y no endosables, son de propiedad exclusiva de los socios.

Tiene dicho la jurisprudencia: "La titularidad de la acción y la condición de socio derivan de la naturaleza de la sociedad anónima, típica sociedad de capital; la acción se constituye así en el título que representa la posición jurídicocorporativa, precisamente, del accionista. En otras palabras, las acciones de sociedades anónimas confieren el carácter de socio y el derecho a la fracción patrimonial que el título representa, o sea que el "status" de socio es el presupuesto de una serie de relaciones -derechos y obligaciones que derivan de dicha situación jurídica y, en definitiva, "la acción" se constituye así en un conjunto de derechos y deberes que se integran en la situación de socio.(Cc0203 Lp 95233 Rsd-61-1 SFecha: 15/05/2001Juez: Fiori (sd)Caratula: Castelo, Eva C/ Molachino, Luis Y Otros S/ Daños Y PerjuiciosMag. Votantes: Fiori-billordoJurisprudencia Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires).

Es decir que a partir del embargo decretado a fs. 50 vta.;se producen una serie de graves errores en el procedimiento que concluyen con el remate de las acciones, que se dicen de la sociedad demandada y pertenecen a los socios, no demandados.

Morello (obra citada Tº VI-C-pág 221) cita la jurisprudencia que expresa: "...no siendo factible la venta de cosas ajenas (art. 1319, cod, civ.) tiene aplicación igualmente tratándose de una venta forzada ( art.1324 inc.4º del mismo), y aún cuando la nulidad de dicha venta pudiera quedar cubierta por ratificación que de ella hiciera el propietario (art. 1330, cod. cit.), en el caso de venta judicial el obstáculo se torna insalvable, pues la subasta resulta inoponible respecto de quine no fue demandado. (Cam.2ª-sala I, La Plata causa B-68.208, reg. sent. 278/89).

Fenocchietto Arazi (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Tro. 3, pág.87 y sig.) expresan que la nulidad de la subasta no sólo pueden provenir de vicios del acto procesal, sino también de irregularidades extrínsecas nacidas de la propia cosa subastada ; por ejemplo la ejecución de cosas ajenas al patrimonio del ejecutado.

Citan dichos autores, la jurisprudencia que expresa: "Si se han subastado lotes ajenos, por tratarse de una nulidad de fondo que afecta el derecho de defensa de terceros, debe decretarse la nulidad del remate." ( conf. CNCIV. Sala E, 25/7/67, LL, 128-996.).

Tiene dicho este Tribunal: "Conforme lo normado en el art. 172 de C.P.C. los jueces podrán declararla de oficio siempre que el vicio no se hallare consentido; lo harán sin sustanciación cuando aquél fuere manifiesto, razón por la cuál y asistiendo razón al recurrente en su planteo, corresponde la anulación del mismo.

Ello por cuanto las nulidades procesales han sido establecidas a fin de evitar que el incumplimiento de las formas se traduzca en perjuicio para alguna de las partes o las coloque en estado de indefensión.

Referencia Normativa: Cpcb Art. 172-Cc0101 Mp 129572 Rsd-501-6 S-Fecha: 05/10/2006 Lex Doctor). (PROT. DE AUTOS Tro. I Fro. 20/21 AÑO 2008 )." -"El Tribunal de oficio puede decretar la nulidad de las actuaciones, en razón de los principios constitucionales vulnerados.

Al respecto se ha dicho que, el carácter relativo y convalidante que en general poseen las nulidades procesales, no rige cuando los actos son irregulares por inobservancia de preceptos de carácter imperativo cuya violación autoriza la actuación de oficio del órgano jurisdiccional, art. 18 C.N.(CC0203 LP, B 73859 RSD-181-92 S 11-8-92).

(AUTOS Nro. 51603 DEL 5ro. JUZ. CIVIL (SALA III 6337) "SINDICATURA BANCO FEIGIN S.A. C/BANCO DE SAN JUAN S.A. -COBRO DE PESOS ORDINARIO".PROT. DE AUTOS Tro. III Fro. 598/600 AÑO 2002).

En el caso en tratamiento el tema trasciende el ámbito de la nulidad procesal -susceptible de convalidación (arts. 175, 176 y sgtes. del C.P.C.), frente a irregularidades que comprometan la actividad jurisdiccional.

En el C.P.C.N, por ley de reformas Nro. 22.434, introduce en el art. 593, la nulidad de oficio de la subasta, cuando mediaren irregularidades que menoscaben gravemente el acto de ejecución forzada, siempre que no se hubieren dictado resoluciones judiciales que convaliden las actuaciones cumplidas.

Si bien dicha norma no consta en nuestra ley ritual, ya la jurisprudencia antes de su dictado había declarado que, cuando se configura un vicio sustancial del procedimiento que trae aparejada la nulidad de la subasta, incumbe al tribunal declararla de oficio, por la invalidez del acto y lo dispuesto por el art.1047 del Código Civil ( La Ley 1975-v.D pág.417-32.945-S; La Ley 150-522).

Todo en virtud de las potestades del órgano jurisdiccional conferidas por el art. 33 inc. 5ro. del C.P.C., referidos a la dirección del proceso y en especial en torno a la vigencia de los deberes de lealtad, probidad y buena fé, dentro de las pautas de razonabilidad. (ver Morello -obra citada pág. 249.).

Aquí no se puede argumentar la convalidación del acto, ya que -insistimos -los titulares de las acciones rematadas, jamás fueron demandados, no comparecieron al juicio, ni aparecen como deudores.

Además la jurisprudencia niega que: "la protección legal que el art. 1051 acuerda a los terceros adquirentes tenga la virtualidad de subsanar o borrar el grave vicio de que adolece el proceso. Colocándose por hipótesis en el supuesto de que el inmueble se hubiera transmitido a un tercero subadquirente amparado por la normativa de fondo...., el acto procesal de la subasta, con el que culmina un proceso vicioso, sería igualmente nulo.

Y ello sin perjuicio de que los subadquirentes de buena fe y a título oneroso ..aludidos por vía de ejemplo, queden al margen de los efectos aniquilatorios de la nulidad, esto es, puedan substraerse a los efectos de dicha invalidez, mediante la invocación de la defensa de apariencia jurídica, a fin de enervar los efectos invalida torios de la nulidad a su respecto(DRES.: PONSATI BRITO AREA MAIDANA.

GUY DENY C/LUCIEN GEORGE LAURENT s/COBRO EJECUTIVO DE AUSTRALES (CASACION), Fecha: 05/07/1996, Sentencia Nro.: 455, Corte Suprema de Justicia de Tucumán.).

Concluímos, en consecuencia, en que le asiste razón a los apelantes en cuanto a que la nulidad de la subasta de acciones, realizada en autos, es nula; por ser nulos los actos previos a su realización; desde el embargo de las acciones decretado a fs. 50 vta. , por ser ajenos al deudor y de propiedad de terceros no demandados en la causa.

Dicha nulidad por los fundamentos expuestos, va más allá de la mera nulidad procesal que contempla el art. 572 del C.P.C. y debió ser declarada de oficio, por las irregularidades que precedieron dicho acto.

Las costas en ambas instancias se imponen a la actora vencida (arts. 74, 75 y conc. del C.P.C.).

POR TODO ELLO, normas legales y jurisprudencia citada SE RESUELVE: Admitir el recurso de apelación concedido a los nulisdiscentes señores Fernando Javier López y Facundo Gabriel López González, a fs. 270, contra la resolución de fecha 01 de junio de 2007 obrante a fs. 261/263 vta., la que se revoca.

En su lugar se declara la nulidad del embargo de acciones decretado a fs. 50 vta., la subasta de las mismas llevada a cabo a fs. 179 y todos los actos dictados en su consecuencia . Costas en ambas instancias a la actora vencida, (arts. 74, 75 y conc. del C.P.C.). Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

FDO: DR. HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. MOISES MOYA. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI SECRETARIA- Prot. De Autos Tro. IV-Fro. 671/677 2008-