Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-20


P., H. D.

Reg.: A y S t 216 p 86-92.

Santa Fe, 20 de setiembre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de H. D. P. contra la sentencia de fecha 22 de junio de 2005, dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rafaela en autos "P., H. D. - Abuso Sexual con Acceso Carnal- (Expte. 271/04)" (Expte. C.S.J. Nro. 563, año 2005); y, CONSIDERANDO:

Por decisorio del 22 de junio de 2005, la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rafaela resuelve confirmar la sentencia de primera instancia que, a su turno, había condenado a H. D. P. como autor del delito de acceso carnal abusivo -Art. 119 tercer párrafo del Código Penal- a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas -Arts. 12, 29 inc. 3º y concordantes del Código Penal- (fs. 1/5).

Contra dicha resolución, la defensa técnica del condenado interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 7/11 vta.).

Manifiesta que la sentencia es arbitraria porque se sostiene en un informe médico que, en realidad, constituye prueba en favor del imputado.

Entiende que dicho examen, al informar "desfloración de antigua data", cuando la supuesta relación se habría concretado tres o cuatro días antes, resulta inconciliable con la hipótesis del abuso sexual.

Expresa que el médico tampoco advirtió ningún otro signo de violencia sobre la joven, lo que confirma la inexistencia del mentado coito pues la experiencia y el sentido común indican que en casos de abuso sexual, en los que el autor ejerce fuerza física para doblegar la resistencia de su víctima, quedan secuelas en el cuerpo de quien la sufre.

En última instancia -agrega-, la Cámara debió aplicar el precepto contemplado en el artículo 5 del Código Procesal Penal -in dubio pro reo-.

Señala que el juez de primer grado se limitó a expresar que "transcurrido unos días entre la relación y el examen se informará que dicha desfloración es de antigua data", sin establecer los días a que hace referencia.

Apunta que todas las obras de Medicina Legal consultadas establecen que el período de cicatrización es superior a cuatro días.

Y respecto del fallo de la Alzada, cuestiona que se haya indicado que "los desgarros himeneales recientes pudieron a la fecha del examen haber cicatrizado", pues ello constituye un concepto meramente subjetivo pero no científico, y porque el A quo -al argumentar de esa manera- admite abiertamente desconocer si tal extremo -la cicatrización- existió o no.

También critica que el Tribunal, además de suponer que los desgarros cicatrizaron, admita la existencia de éstos cuando el médico no lo estableció.

Señala que el segundo punto a analizar es el testimonio de J.

B., pues fue considerado como prueba fundante de la condena cuando debería haberse arribado a la conclusión contraria.

Afirma que B. es una testigo mendaz, parcial y mal intencionada, y ello no fue valorado por el tribunal al dictar su fallo.

Expone que aquélla no sólo admitió que "nunca le gustó ese tipo", refiriéndose al imputado, sino que mintió al sostener que vio a P. ese día en el camino de acceso a la escuela para, posteriormente, afirmar que estaba con su madre en San Cristóbal.

La animadversión de esta testigo para con P. es tal -continúa- que, luego del dictado del fallo de primera instancia y en la creencia de que había sido puesto en libertad, denunció falsamente ante la autoridad policial que aquél había concurrido a su domicilio y la había amenazado de muerte, circunstancia materialmente imposible por el encierro que sufría.

Plantea que el fallo también es arbitrario porque la Cámara no hizo lugar a la apertura de la causa a prueba.

Estima que el pedido resultaba procedente por cuanto la falsa denuncia de la testigo constituía un hecho nuevo, posterior a la sentencia de primera instancia, y tenía por fin la recepción de declaración testimonial a H. P. y la agregación del sumario instruido a raíz de la denuncia.

Argumenta que, igualmente, la negativa a incorporar la documental aportada por la defensa -consistente en información científica sobre medicina legal, en torno al período de cicatrización de desgarros y lesiones vaginales- colocó al imputado en una situación de indefensión.

Y se agravia de que la Cámara no hubiera aplicado lo dispuesto en el artículo 5 del C.P.P. cuando el imputado negó durante todo el proceso el mentado abuso y las declaraciones de A. y V. acreditan que se encontraba con ellos trabajando en el tambo, el día y en la franja horaria del hecho.

Entiende que el Tribunal desmereció los testimonios de A. y V. basándose en meras apreciaciones subjetivas.

2. La Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rafaela, por auto del 18 de noviembre de 2005, resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad, entendiendo que se pretende un nuevo examen sobre temas de hecho y prueba que fueron resueltos sin la arbitrariedad invocada (fs. 14/16).

Tal denegatoria motiva la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs. 25/30).

3. Los cuestionamientos del impugnante no resultan idóneos para franquear la vía excepcional intentada, pues no exceden el carácter de una mera discrepancia con la ponderación de la situación fáctica y probatoria de autos, realizada por la Alzada en ejercicio de funciones propias.

En efecto, todo el razonamiento desplegado en el escrito introductorio del recurso de inconstitucionalidad está enfocado a hacer prevalecer la propia versión defensiva sobre el hecho, pero con argumentos propios de las instancias ordinarias; intentándose suplantar el criterio de los jueces de la causa por el de esta Corte en torno de cuestiones ajenas, por regla, a la materia constitucional -a menos que se demuestre arbitrariedad, lo que no acontece en el sub júdice-.

Ello ocurre cuando se critica la valoración del examen médico realizado a la víctima.

Ciertamente, la Alzada señaló en el fallo atacado que "aunque la Defensa resiste el efecto convalidante de esta prueba, con argumentos en que el examen practicado a los cuatro días es incompatible con la afirmación de 'desfloración de antigua data', olvida que los desgarros himeneales recientes pudieron a la fecha del examen haber cicatrizado".

Pero la postulación del recurrente, que extrae del uso de la palabra "pudieron" la admisión de la falta de certeza sobre la existencia de cicatrización de los desgarros himeneales, supone una tergiversación y apartamiento de las reglas que gobiernan el correcto entendimiento del lenguaje, pues es claro que con ello la Alzada se limitó a señalar la factibilidad de que ello pudiera ocurrir en general, tras lo cual - inmediatamente después- se pronunció de manera asertiva.

Tal inteligencia se extrae del sentido general del párrafo, en el que se contesta el agravio defensivo relativo a la alegada incompatibilidad del dictamen con la posibilidad de que la desfloración se hubiera producido al momento del hecho denunciado, y de su relación con el párrafo siguiente, en el que se concluye que el hecho estaba acreditado en concreto, afirmándose que, atento el tenor del dictamen médico, "debo entender entonces que en ese período (refiriéndose al de cicatrización) que dura aproximadamente de tres a diez días ...desaparecieron los signos inflamatorios, y que los vasos sanguíneos rotos por el desgarro han curado".

Cabe también apuntar que el recurrente no indica de manera precisa el tiempo que medió entre el acceso carnal endilgado y el examen médico: en algunas oportunidades refiere a tres "o" cuatro días y en otras a cuatro días.

El dato más riguroso puede encontrarse en el relato de los agravios de la defensa, realizado en la sentencia de primera instancia, donde se señala que "el examen se realizó cuatro días y cinco horas después del supuesto hecho".

Sobre el particular, Bonnet -citado por el propio recurrente, aunque de manera parcial- señala que "el tiempo que tarda en organizarse esta cicatrización es breve, pero los autores discrepan.

En el cuadro 15, reunimos la opinión de diversos autores al respecto.

La duración mínima oscila entre dos a tres días, mientras que la máxima, es de veinte a veintiún días" (Bonnet, Emilio Federico Pablo; "Medicina Legal", 2ª. ed., Bs. As., López Libreros Editores, 1980, pág. 1045), aclarando que solamente "como término medio se pueden fijar siete u ocho días" (pág. 1046. La negrilla no corresponde al original).

Por su parte, Simonin afirma que "cuando los desgarros son recientes datan de menos de cuatro días" (Simonin, Camilo; "Medicina Legal Judicial", 2ª ed. española, Barcelona, Editorial Jims, 1966, pág. 402).

Teniendo ello en cuenta, la alegación del recurrente relativa a la imposibilidad científica de que la desfloración comprobada pudiera deberse al acceso carnal denunciado -por el tiempo transcurrido entre el examen y el hecho- no resulta suficientemente fundada.

Como insubsistentes son su insistencia en postular que la Alzada "da por acreditada la relación sexual cuando el examen médico determina precisamente lo contrario" -pues en éste se informó la existencia de desfloración y "la desfloración es el resultado del acceso carnal de la mujer virgen" (Bonnet, ob. cit., pág. 1041)-, y el argumento que gira en torno a la no comprobación de otras lesiones en la víctima -pues constituye una mera especulación defensiva, de la que no puede derivarse la arbitrariedad de la conclusión del A quo-.

En otro orden, y con relación a los cuestionamientos que recaen en la apreciación de la declaración testimonial de J. B., la lectura del fallo atacado revela que la Cámara no omitió analizar la credibilidad de la declarante como fuente -aunque, eso sí, descartando que su testimonio presupusiera "una satisfacción de venganza, ya que cuando sostuvo que 'no le gusta a P. como persona' expresa un sentimiento que no dificultó la convicción del Juez"-, tras lo cual precisó el alcance de su aporte probatorio, afirmando que "la testigo no estuvo presente en el lugar del suceso, lo que hizo fue reproducir el relato de la menor, de modo que los pormenores que se pueden extraer para darle crédito, son que R. -guardador de la menor- confirmó el anoticiamiento que aquella le hiciera, en tanto la niña aludió a lo confiado a B.".

En otros términos, la Alzada expresamente tuvo en cuenta la animadversión de la testigo para con el imputado, ponderó que ello también había sido valorado por el juez inferior y circunscribió la importancia de la declaración; todo ello con fundamentos que no pueden descalificarse por insuficientes, absurdos o irracionales.

Más allá de lo cual, cabe agregar que el planteo también resulta defectuoso en orden a perfilar una hipótesis de arbitrariedad, pues soslaya la demostración de la decisividad del testimonio objetado para revertir la conclusión condenatoria.

No basta para ello con la aseveración de que Beuvais "mintió ...cuando sostuvo que vio a P.

ese día en el camino de acceso a la escuela (fs. 42) para posteriormente a fs. 72 afirmar que estaba con su madre en San Cristóbal" (fs. 11 vta.), que sólo constituye una reiteración de planteos iniciales que recibieron oportuna respuesta en las instancias ordinarias, incluso, en la sentencia de primera instancia -donde se señaló que "la defensa trata de desmerecer los dichos de esta testigo y para ello dice que la misma a fs. 42 afirmó que vio bajar la camioneta de P. el día del hecho, pero en sede judicial (fs. 72 vto.) dice que estaba de su madre en San Cristóbal.

A ello cabe aclarar que no existe ninguna contradicción, la testigo en el primer caso, aunque la redacción sea un tanto oscura, se refirió al día 22 de mayo de 2003, y en el segundo hace alusión específicamente, al día 29 de mayo de 2003"-, temperamento luego avalado, como se vio, en la Alzada.

Tampoco es dable entrever, en la valoración del resto de los testimonios rendidos en el proceso, un apartamiento de las reglas de la sana crítica que justifique la apertura de la instancia excepcional.

En definitiva, el A quo confirmó el criterio expuesto por el juez de primera instancia, que había decidido apoyar su pronunciamiento en los dichos de determinados testigos por sobre los de otros, suministrando razones para ello y vinculándolos con elementos emergentes de otros medios probatorios.

En ese sentido, la Cámara indicó que "la fuerza probatoria del testimonio tiene por origen la presunción de que el que la presta, ha podido observar exactamente y querido declarar la verdad, con este alcance cuando el Juez se inclinó por el valor que representaban los correspondientes a M., A. y S., ha sido porque estuvo convencido de que pudieron observar lo que declaraban.

Si se tiene en cuenta que el día 29 de mayo aquellos se encontraban realizando trabajos viales en las inmediaciones del lugar indicado por la víctima, debe concluirse en que hablaron de acuerdo a sus conocimientos, porque lo hicieron en interrogatorios diferentes y son coincidentes, como por ejemplo cuando los dos primeros afirmaron haber visto esa tarde a la niña que caminaba rumbo a su casa, acotando A. que observó también una camioneta blanca circulando en esa dirección, la que se detuvo donde estaba aquella".

Posteriormente, siguió analizando el mérito otorgado por el Inferior a los aportes emergentes de las declaraciones testimoniales y, en particular, al "reconocimiento expreso de la camioneta efectuado por D. brindando referencias témporo espacial coincidentes con las de la víctima", ocupándose de desechar fundadamente las críticas de la defensa sobre tales pruebas.

Asimismo, valoró los testimonios de descargo, expresando que "no se me escapa que P. contó para su exculpación con el aval que representaban las declaraciones de A. y V., los que discurrieron oportunamente en idéntica dirección que las respuestas dadas por aquél.

Sin embargo, como adolecen de una fundamentación racional se tornan precarias por insuficientes, y sólo determinadas en la dependencia laboral y como manera de alargar una mano protectora".

Tales consideraciones revelan el análisis crítico realizado por la Alzada de la credibilidad que cabía otorgar a cada fuente, frente a lo cual, la postulación del recurrente sólo supone oponer un criterio distinto al seguido por el A quo en la valoración de la prueba testimonial que le correspondía efectuar, que no puede reputarse arbitraria.

Respecto de la reiterada invocación a la falta de aplicación del principio in dubio pro reo, debe tenerse en cuenta lo que esta Corte tiene dicho en numerosas oportunidades: que la máxima recepcionada en el artículo 5 del Código Procesal Penal, "inexorablemente ligada a la valoración de la prueba, es materia propia de los jueces de la causa" (A. y S. T. 43, pág. 73; T. 76, pág. 119; T. 84, pág. 214; T. 110, pág. 262; T. 119, pág. 329; T. 193, pág. 341; T. 208, pág.438; T. 209, pág. 285, entre otros), por lo que, también por este motivo, no cabe receptar favorablemente los planteos del recurrente.

Con relación al agravio formulado en torno al rechazo del pedido de reapertura a prueba de la causa en la segunda instancia, no se advierte que el impugnante haya rebatido, en su presentación directa ante esta Corte, los fundamentos brindados por la Cámara en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, con lo cual ha dejado incumplida la exigencia establecida en el artículo 8 de la ley 7055.

En efecto, el A quo descartó que el planteo en tal sentido supusiera la enunciación fundada de una hipótesis de arbitrariedad afirmando, con relación a la documental científica relativa al período de cicatrización que se pretendía agregar, que "referían a un tema que debe ser de conocimiento del Juez", y respecto del testimonio del padre del condenado -relativo a la supuesta falsa denuncia de B.-, que era innecesario, habiéndose previamente pronunciado sobre el limitado alcance de la declaración de ésta, al señalarse que, "acerca del testimonio brindado por B., se expuso claramente en la sentencia cuál era el valor de su aporte, desechando que la enemistad para con P. resultara un inconveniente insalvable en la convicción del magistrado.

B. solamente reprodujo el relato que le hiciera la víctima de los abusos, y ésta ratificó tal confidencia, habiendo aludido el testigo R. al anoticiamiento que también le diera sobre lo sucedido".

Tal respuesta, como se adelantó, no ha intentado ser rebatida y, además, no se advierte irrazonable pues, según surge del planteo del mismo recurrente, la prueba referida al "hecho nuevo" perseguía acreditar la enemistad y parcialidad de B. para con P., circunstancia que -como se advirtió más arriba- fue reconocida oportunamente por los jueces de la causa y motivo de una valoración crítica expresa.

Finalmente, con relación al argumento defensivo relativo a una supuesta ausencia de legitimidad del guardador de la víctima para promover el ejercicio de la acción penal, se advierte que el mismo no ha sido materia de oportuno planteo, pues recién fue introducido con el memorial del recurso de queja.

Tal circunstancia, de conformidad con reiterada jurisprudencia, torna al agravio inadmisible, por aquello de que "la queja no es el medio idóneo para formular nuevas cuestiones constitucionales" (A. y S. T. 72, pág. 10), pues lo contrario afectaría el contralor de parte y el examen de admisibilidad del A quo, previstos en la ley (cfr. A. y S. T. 64, pág. 120; T. 71, pág. 348; T. 94, pág. 22; T. 146, pág. 332) y porque "los agravios expresados en el recurso de inconstitucionalidad fijan el límite del pronunciamiento de la Corte Suprema, no pudiendo considerarse por extemporáneas las cuestiones introducidas en la queja" (A. y S. T. 146, pág. 332).

Criterio rector también seguido por el más Alto Tribunal de la Nación, que ha establecido que "son tardíos los argumentos planteados recién en ocasión de deducir la presentación directa y no en la de interponer el recurso extraordinario" (Fallos 327:1192) y que "las sentencias de la Corte deben limitarse a los agravios que se expresen en el escrito de interposición del recurso extraordinario, no pudiendo considerarse los planteos efectuados sólo en oportunidad del recurso de queja deducido por la denegatoria de aquél" (Fallos 313:407. Cfr. también Fallos 243:289; 258:80; 268:91; 269:310; 306:2166).

Y no se vislumbra que, en el caso, corresponda hacer excepción a tal principio, pues el planteo remite, en definitiva, a la interpretación y aplicación al caso de normas de derecho común -que disciplinan el ejercicio de la acción penal-, sin que se alcance a demostrar la existencia de una arbitrariedad en el tratamiento dado por la Alzada a la cuestión, la que estimó que la madre no podía "abdicar de un derecho del cual a la fecha de los hechos carecía de calidad legitimante -tal como quedara decidido a fs. 26 a 28 del incidente agregado- por haber entregado a la niña en guarda judicial".

En suma, el recurrente no suministra razones valederas tendentes a persuadir a este Cuerpo de que la Cámara, en la apreciación de los hechos y el plexo probatorio reunido en la causa, hubiera incurrido en arbitrariedad, resultando oportuno reafirmar que la misión de esta Corte es verificar la conformidad de los pronunciamientos judiciales al ordenamiento jurídico fundamental pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional (cfr. A. y S. T. 95, pág. 341; T. 100, pág. 251; T. 137, pág. 341; T. 208, pág. 438; entre otros).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)