Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-28


Autos Nº 5.054 (6º J.P.L.G.S.J., Capital, Nº 13.305/15), caratulados: "CRÉDITO MÁGICO S.R.L. c/ Carrizo Araya, Raúl Daniel - Ejecutivo".

--------- San Juan, 28 de febrero de dos mil dieciocho.

--------- Y Vistos: ------------------ --------- Para resolver en estas actuaciones el recurso de apelación deducido subsidiariamente al de reposición a fs. 23/24 por la actora, quien actúa mediante su letrado apoderado, contra la providencia de fs. 22. ------------------ --------- Tal recurso fue concedido sin efecto suspensivo por decreto de fs. 25 y vta. ---------------------------------------- --------- Y Considerando: ------------------------------------ --------- I. Que en el decreto impugnado el a quo ordenó reformular la planilla practicada debiéndose aplicar la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuentos comerciales; todo ello, conforme lo establece la sentencia monitoria recaída en autos y obrante a fs. 7 y vta. ------------------------------------------ --------- II.1. Contra dicha resolución se alzó la accionante con la presentación obrante a fs. 23/24, donde fundamentó la reposición, la que debe tomarse como sustento del recurso de apelación, pues dicho escrito funciona como memorial para el supuesto de que aquel remedio procesal no prospere, tal como sucedió en autos a fs. 25 y vta. En tal pieza la recurrente, en síntesis, sostuvo: ----------------- Que le agravia la decisión del Inferior atento a que de las constancias de autos surge inequívocamente que no se encuentran establecidos los intereses a aplicar ya que textualmente se expresa 'más los intereses legales', por lo que mal puede disponer que los mismos se calculen según la tasa activa del Banco Nación. -------------------- Que el sentenciante en forma unilateral y sin fundamentación ni justificación algunas disminuye los intereses que fueron pactados voluntariamente con el demandado, ya que el documento ejecutado establece un interés del seis por ciento (6%) mensual, pero su parte aplica sólo un tres por ciento (3%) mensual, en concordancia -según sostiene- con un fallo de esta Cámara que estableció dicho límite, sentencia que no identifica. ---------------------------------------------------- Que si se toma en consideración el momento económico crítico que atravesaba el país en el mes de abril de 2016, no puede interpretarse que la aplicación del referido tres por ciento (3%) mensual sea un interés usurario. -------- --------- 2. Mediante la providencia de fs. 36 se dispuso la elevación del expediente a la Alzada, lo que se materializó a fs. 37 y vta. ----------------------------------------------------- --------- Por Presidencia se decidió remitirlo al Juzgado de origen a los fines de que se provea el recurso de apelación en subsidio interpuesto a fs. 23/24 conforme lo prevé el art. 246 del C.P.C., teniéndoselo por fundado y que se dispusiera correr traslado al demandado por el término de ley, conforme lo previsto por el art. 254 del cuerpo legal citado (fs. 38). ------------------------------------------------- --------- Ya en la sede Inferior, a fs. 40 se ordenó correr el pertinente traslado al ejecutado, el que no fue contestado, pese a estar debidamente notificado conforme constancias de la cédula obrante a fs. 41 y vta. Cumplido lo cual se reenviaron los actuados a la Cámara (ver proveído y certificado de fs. 43). ------------------------------------------ --------- Nuevamente en este ámbito apelatorio, a fs. 44 se determinaron los magistrados que intervendrían en el estudio del presente recurso, decreto que fue puesto en conocimiento de las partes conforme surge de las cédulas obrantes a fs. 45 y vta. y 47 y vta. A fs. 49 se dictó el llamamiento de autos para resolver, el que se encuentra firme y consentido tal como surge de las constancias de las cédulas agregadas a fs. 50 y vta. y 52 y vta. ---------------- --------- Posteriormente, se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio de la causa en el orden dispuesto a fs. 55. ----------------------------------------------------------- --------- III. Comenzando con el análisis de la cuestión sobre la que corresponde expedirse y ciñéndonos al contenido del pronunciamiento impugnado, adelantamos nuestro criterio contrario al progreso del recurso planteado. Ello, de conformidad con los argumentos que a continuación expondremos: -------------------------------------------------- --------- 1. Advertimos liminarmente que el análisis debe centrarse concretamente en determinar si la tasa de interés aplicable al pagaré ejecutado es la fijada en la sentencia monitoria de fs. 7 y vta., conforme lo manifiesta el a quo en la resolución impugnada. -------------------------------------- --------- En primer lugar, resulta oportuno recordar que los magistrados tienen poderes-deberes suficientes para fijar las pautas sobre las que deben practicarse las liquidaciones o modificarlas de oficio, con prescindencia de la actitud de la parte obligada, según lo ha admitido reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia. Así, tenemos que frente a planillas que presentan fallas o resulten contrarias a derecho, el magistrado puede remediarlas, de modo tal que las liquidaciones se ajusten a las pautas legales correspondientes. ---------------------------------------------- --------- En efecto, se ha resuelto que el juez puede y debe intervenir de oficio cuando en la liquidación se haya deslizado un error numérico o se lleguen a desconocer principios rectores del ordenamiento jurídico ínsitos en el proceso civil, que consagra la supremacía del orden jurídico y moral sobre los fueros de la autonomía de la voluntad particular, ya que no puede pretenderse que la justicia ignore, con su silencio, una violación manifiesta de aquellos valores cuya defensa le ha confiado la sociedad. Cabe ordenar de oficio el reajuste del rubro intereses de la liquidación, cuando el cálculo efectuado excede las reglas comunes de la moral y las buenas costumbres o los límites de la sentencia firme (Cám. 2ª, Sala I, La Plata, causa B-32.766, reg. int. 285/71; citado por Morello, Augusto M., Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto O., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1998, 2ª edición reelaborada y ampliada, Tº VI-C, pág. 295). -------------------- --------- 2. En tanto útil para la resolución de la cuestión traída a estudio, efectuaremos una síntesis de la parte pertinente de las actuaciones obrantes en el expediente. --- a) En el caso examinado se ejecuta un pagaré (fs. 4) con fecha de vencimiento cierta y con cláusula "sin protesto" por la suma de tres mil cuatrocientos treinta y siete pesos con cincuenta centavos ($ 3.437,50), y se reclaman en la demanda los intereses de ley y punitorios pactados en el título emitido el 5 de marzo de 2014 (fs. 5 y vta.); ---------- b) a fs. 7 y vta. el a quo dicta la sentencia monitoria y manda llevar adelante la ejecución contra el demandado por el capital reclamado más el treinta por ciento (30%) estimado provisoriamente para responder a intereses legales y costas, computados desde el vencimiento del pagaré y hasta su efectivo pago. Asimismo, ordena librar el respectivo mandamiento de intimación de pago y citación para oponer excepciones en el plazo legal; ------------------- c) a fs. 8/9 corre agregado el mandamiento diligenciado; -- d) a fs. 21 la ejecutante practica planilla de liquidación del capital con más intereses del tres por ciento (3%) mensual, sin aclarar por qué utiliza ese porcentual; -------------------- e) a fs. 22 obra una certificación de la actuaria quien informa que la planilla practicada no se ajusta a las pautas establecidas en la sentencia recaída en autos; y ------------- f) en la misma foja el a quo ordena que la actora reformule la planilla liquidatoria debiendo aplicar la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuentos comerciales, conforme la sentencia monitoria obrante a fs. 7 y vta., resolución recurrida por la ahora apelante y que motiva la intervención de este Tribunal. ----------------------------------------------- --------- 3. Este examen de la forma en que se desarrolló la causa permite afirmar que no resulta aceptable la pretensión de la apelante de practicar una nueva planilla sobre la base de los montos que propone, contrariando lo dispuesto en la sentencia monitoria. Tal pretensión revisora de la recurrente es inatendible y no puede ser avalada por la Alzada, por cuanto viola la preclusión ya operada sobre el monto por el que prospera la ejecución y sus intereses. ---- --------- Sabido es que si respecto a una determinada cuestión se ha cerrado la sustanciación, en virtud del ejercicio o pérdida de la correspondiente facultad procesal que tenían las partes para sustentar sus pretensiones, esa cuestión queda precluida, con lo cual no puede ser objeto de discusión. De esta manera se garantizan derechos definitivamente adquiridos, y en virtud de ello, los actos consentidos y firmes quedan irrevocablemente incorporados al proceso, sin que las cuestiones preclusas puedan renovarse en el mismo como tema litigioso, porque la preclusión opera como un impedimento o una imposibilidad. Es decir, ya no puede ser discutida por haberse consumado dicha facultad procesal (ver, mutatis mutandis, Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", 2ª edición, 4ª reimpresión, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, Tº I, págs. 279 y ssgts.). -------------------------------- --------- En la especie, una vez firme la sentencia monitoria que fijó las pautas de la condena, los reparos formulados por la recurrente en el escrito de fs. 23/24 no resisten el menor análisis. ------------------------------------------------- --------- La liquidación a practicar en toda ejecución debe responder estrictamente a la condena impuesta en la sentencia donde no sólo se fija el capital por el que prospera la demanda, sino también los intereses o su forma de liquidarlos y las costas. ------------------------- --------- El art. 463 del Código Procesal hace referencia -entre otros temas- a la liquidación cuando hay condena al pago de cantidad líquida, en cuyo caso puede procederse directamente a la ejecución. Sin embargo, las sentencias no contienen sólo una cantidad líquida, pues a ella deberán agregarse los intereses y las costas. -------------------------- --------- Frente a esa situación el art. 464 del C.P.C. dispone que: "Cuando la sentencia condenare al pago de cantidad ilíquida y el vencedor no hubiese presentado la liquidación dentro de diez días contados desde que aquélla fuere ejecutable, podrá hacerlo el vencido. En ambos casos se procederá de conformidad con las bases que en la sentencia se hubiesen fijado. Presentada la liquidación se dará vista a la otra parte por cinco días" (subrayado agregado).- --------- Si bien la norma es clara en el sentido de que la liquidación tiene que ajustarse a las bases que la sentencia hubiese fijado, lo cual implica que no pueden por dicha vía agregarse rubros o ítems que no fueron objeto de condena. Debe quedar en claro que la liquidación tiene un límite infranqueable, cual es la decisión recaída en el proceso y que pasó en autoridad de cosa juzgada. Tal barrera es insalvable, no pudiendo ser modificada de manera alguna, como podría ser el agregado de un ítem pretendido pero no condenado, por ejemplo, los intereses, que aun cuando fueron solicitados, si no fueron objeto de condena no pueden agregarse (Velert F., Jaime A. y otros, "Código Procesal Civil, Comercial y Minería San Juan. Comentado y Concordado", Ed. Nuevo Enfoque Jurídico, T° 3, Córdoba, 2011, págs. 109/110). ----------------- --------- La liquidación debe ser un cálculo tendiente a concretar a la fecha de su práctica los valores que surgen de la sentencia. Si la sentencia pudo haber sido cuestionada oportunamente y no se hizo, ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que cesa la posibilidad de revisar lo resuelto en la etapa de ejecución de sentencia. La firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica que justifica su validez, no obstante los vicios que pudiere presentar. La preclusión procesal es un instituto que garantiza uno de los principios que debe primar en toda causa judicial, esto es la seguridad, y consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio. El debido proceso constitucional impide al juez pronunciarse sobre cuestiones decididas y que por la actividad de las partes, o su inactividad, hayan pasado en autoridad de cosa juzgada (S.C.B.A., 29-10-2003, "Padovani de Marchán, Graciela", en Jurisprudencia Argentina, Boletín del 18-02-2004). -------------------- --------- Una sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada al precluir el derecho de impugnación sobre ella, es decir, una sentencia definitiva pasa a ser firme cuando ha quedado consentida, ya sea expresa o tácitamente, al no interponer recurso alguno, o ejecutoriada. De allí que no puedan incluirse otros ítems, ni hacer variar el curso de los intereses del plazo establecido en la sentencia (cfr. Velert F., Jaime A. y otros, obra y tomo citados, pág. 111). ---------------------- --------- En definitiva, en las liquidaciones a los fines de la ejecución de la sentencia se requiere una estricta correspondencia entre dicho acto procesal y el contenido de la resolución, pues el proceso liquidatorio no constituye vía apta para suplir las omisiones en que aquél hubiese incurrido, siendo nula la ejecución que no guarde tal correspondencia. ----------------------------------------------- --------- La Ley Prov. Nº 9-O, en su art. 1, especifica que los intereses que se devenguen en juicios tramitados ante los tribunales ordinarios de la Provincia, serán determinados de acuerdo con el tipo de interés vigente para las operaciones comunes de descuento que establezca el Banco de la Nación Argentina en su sucursal San Juan. La claridad de la norma nos exime de mayores comentarios. ------------ --------- 4. Además, y si eventualmente se pretendiera analizar la cláusula de intereses punitorios inserta en el título obrante en copia a fs. 4, el resultado final sería el mismo. ---------------------------------------------------------- --------- En efecto, el pagaré ejecutado es un título librado a fecha cierta y el Decreto-Ley N° 5.965/63 (que en lo sucesivo designaremos como Ley Cambiaria Argentina -L.C.A.-). En su art. 5 prevé la determinación de intereses, pero esa cláusula encuadra en la clase de "prevista y permitida" en los pagarés de vencimiento relativo, es decir, en los que tengan vencimiento 'a la vista' o 'a cierto tiempo vista' (art. 35, aps. 1º y 2º, L.C.A.). Para que tenga efectividad la cláusula debe estar expresada en el mismo título, con indicación de la tasa o porcentual correspondiente. --------- --------- Conviene tener presente que si la cláusula de intereses compensatorios se incluyera en pagarés de vencimientos absolutos, esto es, 'a día fijo' o 'a determinado tiempo de la fecha' (art. 35, párrs. 3º y 4º, L.C.A.), no produciría efectos cambiarios, pues tratándose de una cláusula prevista y no permitida, se tendría por no escrita (Gómez Leo, Osvaldo R., "El pagaré. Estudio integral, doctrina y jurisprudencia", Depalma, Buenos Aires, 1988, págs. 104/105). ---------- --------- El fundamento de la regla legal (devengamiento de intereses compensatorios en los pagarés de vencimientos relativos y prohibición de devengamiento de tales intereses en los pagarés de vencimientos absolutos) radica en que el vencimiento, en los pagarés 'a la vista' y 'a cierto tiempo vista', no queda determinado de entrada por voluntad del suscriptor, sino que depende de la época en que el portador resuelva presentarlo. En el primer caso, al pago [pagaré 'a la vista']; en el segundo caso, para que el suscriptor extienda la 'vista'; por tanto, en tales oportunidades el portador fácilmente hará la operación del quantum de los intereses compensatorios devengados, teniendo en cuenta el porciento fijado en el título y el tiempo transcurrido desde la fecha del libramiento (Gómez Leo, Osvaldo R., obra citada, págs. 121/122). --------------------------------------------------- --------- IV. En conclusión, la pretensión de la apelante de modificar la decisión del Inferior, debe ser rechazada e imponerse las costas de la segunda instancia a su cargo (arts. 66 y ccds. del C.P.C.); dejándose debida constancia de que no existe actividad computable a los efectos regulatorios de honorarios por parte de letrado alguno del demandado. ---------------------------------------------------- --------- Por lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada Resuelve: --------------------------------------- --------- 1) Rechazar el recurso de apelación deducido en subsidio al de reposición por la actora a fs. 23/24 contra el decreto obrante a fs. 22. ------------------------ --------- 2) Imponer las costas de esta instancia a cargo de la apelante vencida, dejándose debida constancia de que no existe actividad computable a los efectos regulatorios de honorarios por parte de letrado alguno de la demandada.----------------- --------- 3) Protocolícese, notifíquese, agréguese copia autorizada a los autos y bajen, previa reposición de sellado si correspondiere. - Fdo: MARÍA ESTHELA TONELLI-PRESIDENTA; VÍCTOR BAZÁN-VOCAL.

P. de A. N° 97, fs. 199/204