Confirmación de sentencia, procesos de conocimiento, acción declarativa de inconstitucionalidad, costas en el orden causado, venta de tabaco, prueba, impuestos
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Tabacalera Sarandí SA  c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-31

La actora inició una acción declarativa fundada en la inconstitucionalidad del denominado "impuesto mínimo" incorporado por la ley 27.430. El a quo hizo lugar a la acción y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la ley 27.430. La sala confirmó lo resuelto por el juez de primera instancia y modificó las costas, distribuyéndolas en ambas instancias en el orden causado. Para así decidir el tribunal de alzada consideró que: i) Las pruebas arrimadas no confirmaban de manera completa y concluyente la inviabilidad de la industria o actividad comercial de la actora; umbral necesario para considerar que la gabela cuestionada pudiera ser tildada de confiscatoria, por la imposibilidad de vender sus productos con los precios incrementados; ii) Correspondía admitir la existencia de un perjuicio concreto a la comercialización de los productos de la actora; iii) El "impuesto mínimo" importó el establecimiento de una carga tributaria que, en el plano nominal, aplicaba a la totalidad de los cigarrillos del mercado (premium, baratos y ultrabaratos) pero, en los hechos, solamente incidía en aquéllos que tenían precios de venta inferiores al denominado Precio de Equiparación o Igualación; iv) Las modificaciones incorporadas en el art. 15 de la ley de impuestos internos importaron un trato desigual y más gravoso para los productos baratos y ultra baratos que tenían menor incidencia en términos de unidades vendidas; v) Las disposiciones de la ley 27.430 no estaban orientadas a lograr un aumento homogéneo de los precios sino a homogeneizarlos en función a los registrados por las marquillas comercializadas por las grandes tabacaleras. La herramienta utilizada por el legislador, destinada a "nivelar las condiciones de competencia de la industria", tendió a disminuir la posibilidad de que los productos de las grandes empresas (y los más vendidos) sean sustituidos por otros de menor valor, garantizando de este modo el mantenimiento (y/o la consolidación) de su posición prevalente en el mercado tabacalero, con el consecuente impacto en el nivel de competitividad de los productos comercializados por el segmento Pyme; vi) Las modificaciones incorporadas en el art. 15 de la ley de impuestos internos importaron un trato desigual y más gravoso para los productos baratos y ultra baratos que tenían menor incidencia en términos de unidades vendidas; vii) La normativa impugnada por la actora afectó su sustentabilidad económica e interfirió, en forma esencial, en la venta de la mayoría de sus marquillas de cigarrillos, menoscabando su derecho a ejercer industria lícita; y viii) La incorporación de un impuesto mínimo a los cigarrillos en el quantum fijado en el art. 15 de la ley de impuestos internos: (i) en términos efectivos, impactó sólo sobre una parte de los objetos incididos que registraban menores unidades vendidas; circunstancia que comportaba una afrenta a la exigencia constitucional de igualdad, equidad y proporcionalidad; (ii) resultó violatorio a los principios de igualdad y razonabilidad y el derecho a ejercer una industria lícita; y (iii) representó una discriminación arbitraria y por ende inconstitucional para con la empresa actora.