Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-06


2º Instancia. - Rafaela, agosto 6 de 2004.

1º ¿Es nula la sentencia apelada? 2º En caso contrario ¿es ella justa? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? 1º cuestión. - El doctor Berger dijo:

No habiéndose sostenido el recurso de nulidad interpuesto a fs. 375 y no advirtiendo vicios que hagan procedente una declaración nulificatoria de oficio, a esta cuestión voto por la negativa.

Los doctores Macagno y Roulet, dijeron que por idénticos fundamentos votaban asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

2º cuestión. - El doctor Berger dijo:

I) La sentencia de primera instancia hace lugar a la demanda que entablaron Juan Ramón Ortega y Cecilia Adriana Barge de Ortega contra Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, en la cual los actores reclaman la indemnización de la pérdida de chance de recibir ayuda y sostén económico y el daño moral por la muerte de su hijo menor de edad F. E. O.; habiendo argumentado los demandantes que el niño recibió una descarga eléctrica al tocar la caja del medidor de la energía, situada en el pilar que está en el patio del frente de la propiedad de los accionantes, sobre la línea de edificación, que María del Carmen Ortega trató de socorrer a la víctima bajando la palanca del interruptor de la llave que se encuentra dentro de la caja mencionada, y que la corriente no se cortó debido a que días antes la demandada había desconectado la llave y realizado una conexión directa, empalmando directamente el conductor de tensión (positivo) al fusible y el conductor neutro al neutro de la instalación del inmueble. Para resolver así, la a quo, luego de evaluar las pruebas producidas, llegó a la conclusión de que los empleados de la accionada fueron los que realizaron la conexión directa para posibilitar el paso de la energía eléctrica y que habiendo los mismos comprobado que en el fusible no había tensión o corriente porque la llave general estaba quemada, no tomaron la medida del caso, que concretamente era no habilitar el suministro de energía eléctrica hasta que la caja se pusiera en condiciones. El decisorio condena a la demandada a pagar $26.880 por la pérdida de chance y $40.000 para cada uno de los actores en concepto de daño moral, más intereses. Las costas se impusieron a la demandada (fs. 365/373 vto.).

II) Al sostener el recurso de apelación interpuesto a fs. 375, la parte demandada argumentó, en síntesis, que la sentencia no es producto de una justa y razonada apreciación de los extremos probados; que el decisorio no delinea ni define las diferencias existentes entre la responsabilidad objetiva y subjetiva, llegando a una resolución condenatoria sin una base de imputación clara; que está acreditado que el fusible con el cual el menor entró en contacto pertenece a las instalaciones internas del domicilio de la familia Ortega, sobre las cuales la EPE no tiene obligación de ejercer control alguno; que pretender responsabilizar a la demandada en el carácter de dueña y guardiana de la cosa es un absurdo; que la EPE es responsable de sus líneas hasta el punto de conexión a la red de distribución; que corre por cuenta y cargo del cliente el mantenimiento y reposición de los elementos y accesorios que conformen la instalación eléctrica desde el punto de conexión a la red de distribución; que la accionada no es propietaria de la instalación que provocó el daño y de la energía una vez que pasa y es registrada por el medidor; que la juzgadora solamente evaluó el relato que hizo María del Carmen Ortega a fs. 45/46 del sumario penal, prescindiendo por completo de la versión de la misma testigo a fs. 20 de esas actuaciones; que la a quo arriba a la conclusión de que si no se hubiese efectuado la conexión directa, la señora María del Carmen Ortega podría haber interrumpido, desde la llave de corte, el paso de la corriente eléctrica, evitando que ocurriera el accidente, soslayándose que éste ya se había producido, cabiendo acotar que el hecho de que la llave bipolar estuviera o no "puenteada" o anulada resulta inocuo; que no se ha probado que la maniobra intentada por la tía del menor fue realizada en tiempo apto para evitar la fatal consecuencia; que la inferior no entró a analizar que la verdadera causa del accidente fue la ausencia de la tapa en la caja, que permitió que el niño entrara en contacto con el fusible; que la falta de la tapa en la caja no es reprochable a la EPE, quien no tiene poder de policía sobre dicha instalación; que en el caso es de aplicación el art. 1111, Cód. Civil pues el daño es atribuible única y exclusivamente a la negligencia de los actores; que la sentencia otorga al inc. j) del art. 5º de la ley 10.014 un alcance que no tiene, desnaturalizándolo e interpretándolo erróneamente; que el fallo hace una interpretación equivocada del Reglamento de Suministro en cuanto dispone que, previo a la conexión del servicio, la EPE practicará inspección; que el decisorio se refiere a que el inc. d) del art. 10 de la "preceptiva de referencia" habilita a la demandada a suspender el suministro una vez intimado el mismo, ignorándose a qué "preceptiva" alude la inferior; que la juzgadora da por acreditado que la anulación de la llave de paso existente en el tablero principal de la vivienda fue efectuada por los empleados de la demandada Sres. Galiani y Salort, en base al solo testimonio de la madre y suegra de los actores y abuela del menor fallecido: Lidia Verónica Villada, no obstante que sus respuestas no brindan elemento alguno que habilite a tener por acreditado que la anulación de la llave en cuestión fue realizada por los nombrados; que el testimonio de Miguel Angel Acosta nada aporta como para afirmar, como lo hace la magistrada de anterior instancia, que los operarios de la EPE efectuaron la conexión directa; que en el hipotético caso que se tuviera por probado que la conexión directa fue realizada por el personal de la EPE, se debe tener en cuenta que igualmente se habría producido el accidente si la llave hubiera estado en perfectas condiciones, pues la causa del hecho dañoso no fue la anulación de tal llave sino la falta de tapa en la caja; que si hubiera sido real el intento de cortar la corriente accionando la llave de paso, que dijo haber llevado a cabo la tía del menor, se debe tener en cuenta que no se probó que ello contara con entidad para evitar las consecuencias de una electrocución que ya se había producido; que no es aplicable la normativa del segundo párrafo del art. 1113, Cód. Civil porque la EPE no es propietaria, ni sobre ella recae la guarda de las instalaciones que produjeron el daño; que la sentencia es arbitraria; y que la causa del accidente es sólo imputable a los propios actores (fs. 388/397 vto.).

Los agravios fueron contestados a fs. 400/403 vto.

III) Paso a tratar el recurso:

1. Del análisis de estos obrados y de la causa penal se obtiene lo siguiente:

a) La muerte del hijo de los actores: F. E. O. fue causada por una descarga eléctrica, de acuerdo con el informe médico legal y el examen del cadáver practicado por la autoridad policial (fs. 4 y 27, expte. penal).

b) El niño recibió la descarga eléctrica al introducir una mano en la caja del tablero principal de circuitos que estaba ubicado a una altura aproximada de 50 centímetros sobre la parte interior de la vivienda donde vivía el menor y su familia, del lado del patio, la cual se encontraba sin tapa, de acuerdo con el acta de inspección ocular confeccionada por la autoridad policial y lo declarado en sede policial por María del Carmen Ortega (fs. 6 y 20, expte. penal). A la falta de la tapa aludieron también Lidia Gerónima Villada y Cecilia Adriana Barge, madre del menor (fs. 21/22 vto., expte. penal). Ya en sede judicial, la primera de las nombradas expresó que el niño con la mano izquierda tenía tomado "el tapón del fusible" y con la mano derecha "se apoyaba contra el pilar" (fs. 45 vto., expte. penal).

c) En sede judicial, María del Carmen Ortega expresó que al ver al niño en esa situación, ella "baja la palanca de la llave que se encuentra en el interior de la caja", a la par del fusible, y como el menor seguía "prendido al pilar", le pegó en sus brazos, los cuales se encontraban encogidos, haciendo que su cuerpo cayera sobre los brazos de la nombrada (fs. 45/vto., expte. penal).

d) Marcelo Luis Salort manifestó que se solicitó "la presencia del personal de guardia, por parte de los Ortega, por haber algún inconveniente en la instalación eléctrica de su domicilio"; que en un vehículo de la EPE conducido por el deponente, quien iba acompañado por el guarda Miguel Galiani, ambos se constituyeron en el domicilio de la familia Ortega sito en calle ... de esta ciudad; que en ese lugar, una persona que no recuerda quién era, los impuso "de que la vivienda carecía de luz eléctrica"; que el declarante bajó la escalera del móvil y su compañero Galiani constató "si en la línea había algún desperfecto"; que Galiani "constató en la línea, más precisamente en los cables que bajan de la línea al medidor de la vivienda, si había algún problema, y también el estado en que se encontraban los cables de bajada, no recordando qué problema había..."; que cuando Galiani bajó de la escalera, el testigo la ubicó sobre el móvil y permaneció en el interior del mismo hasta que aquél terminó de hablar con la persona que lo atendió. Salort dijo que no recuerda cuál fue el desperfecto o anomalía por el cual la vivienda habitada por la familia Ortega carecía de luz cuando se efectuó el reclamo; que "no ingresaron al patio de ninguna vivienda lindante, como así tampoco al patio de la finca de los Ortega"; que tanto él como Galiani no tocaron el tablero general; que si está quemada la llave general del tablero, la corriente llega hasta el medidor, pero no continúa su paso hacia el interior de la vivienda; y que él y Galiani no anularon la llave general (fs. 281/282 vto., expte. penal).

e) Miguel Alberto Galiani expresó que en diciembre de 1998, estando a cargo de la guardia, fue requerida la presencia de ésta por un usuario de la vivienda sita en calle ... de esta ciudad, habitada por la familia Ortega; que junto con Salort se hicieron presentes en el citado domicilio; que el declarante se entrevistó "con una persona de la casa, no recordando de quién se trataba", que el dicente constató que "no había ningún desperfecto en la línea de bajada y que la corriente llegaba en forma normal al medidor"; que el declarante, con un detector de tensión, "mide el tablero general interno, ubicado en la parte posterior del pilar, es decir dentro de la línea de edificación, comprobando que en el fusible no había tensión o corriente"; que se dio cuenta de que "la llave general del referido tablero se encontraba quemada, lo que no permitía el paso de la tensión o corriente"; que el deponente "le manifestó al usuario que buscara un electricista o persona idónea, con conocimientos que le reparara o cambiara la llave de paso general"; que luego de ello se retiró del lugar; que después de constatar la anomalía, "la casa quedó sin luz"; que el declarante "no realizó ningún trabajo en el tablero general interno de la vivienda" y "menos aún anuló la llave de paso general, conforme se le pregunta", habiéndose limitado a "medir el tablero, con el detector de tensión" (fs. 283 vto./285, expte. penal).

f) Lidia Verónica Villada, al preguntársele si días antes del accidente, personal de la EPE estuvo trabajando en la vivienda, indicando los motivos y las tareas que realizó, manifestó que ella no vio nada, que lo que sabe es que "la luz estaba cortada, que no había luz y después cuando salgo de afuera hacia adentro, ya tenía luz", y que no conoce "si estaban arreglando" porque la testigo "salía muy poco afuera de la casa" (4a. preg., fs. 78).

g) Miguel Angel Acosta, que dijo vivir "pegado" a la casa donde habitaba el menor fallecido y su familia, expresó que en esa finca se había cortado la luz, que días antes del accidente empleados de la EPE llegaron al lugar en una camioneta, bajaron una escalera y empezaron a trabajar, que uno de ellos puso la escalera y el otro entró por la casa de al lado de Ortega, justo en el pilarcito "que está adentro de Ortega", que después no vio nada más, indicando "me metí adentro porque estaban trabajando". Más adelante, Acosta manifestó que en la casa donde vivía la familia Ortega "Luz había hasta que se cortó, por eso llamaron a la EPE". Al preguntársele si luego de que el personal de la demandada estuvo en la vivienda mencionada, la misma tuvo luz o no, el testigo contestó: "Sí, por lo menos". Al ser interrogado sobre si alguno de los empleados de la EPE estuvo realizando alguna tarea en el pilar ubicado "del lado de adentro" de la propiedad de la familia Ortega, este testigo expresó: "Por lo menos, el muchacho se puso a trabajar del lado de adentro, tenía pinza, no vi si puso si sacó algo o puso algo, porque tenía yo que estar de frente a ellos, para ver si pusieron o sacaron algo para ver lo que para estaban haciendo, pero trabajando estaban trabajando" (fs. 84/vto.).

h) César Diego Ghione, que dijo ser electricista, declaró que para anular una llave de corte bipolar situada en la caja del pilar de luz de una vivienda, hay dos formas de hacerlo que son "anulando el fusible aéreo" o bien "sin cortar el fusible aéreo, lo cual debe ser realizado por un entendido", no pudiendo efectuarlo cualquiera; que para realizar la tarea mencionada "mínimamente hay que tener conocimientos de electricidad"; que se procede a anular la llave de corte bipolar "generalmente, un fin de semana, que no se puede conseguir esa llave para no dejar sin luz al propietario", pudiendo ser "el motivo", "por comodidad" o bien "por favores"; que una vez que se anuló la llave de corte bipolar no puede más interrumpirse el paso de energía eléctrica desde la misma; que una vez que está quemada la llave de corte bipolar, se puede restituir la energía eléctrica a la vivienda, "conectando los cables directos positivo con positivo y negativo con negativo", lo que da "un pasaje directo de corriente"; y que cuando hay que anular la llave se procede así, de modo provisorio "por el peligro que demanda dicha conexión" (fs. 84 vto./85).

i) La demandante informó que habiendo consultado sus registros de los servicios de "guardia reclamo", surge que el 6 de diciembre de 1998 se atendió un reclamo "a nombre de Ortega, en calle ... de la ciudad de Rafaela, constatando que se encontraba la llave general quemada" (fs. 165, 166 y 343).

j) El perito ingeniero Sergio Evelio Sara dictaminó el 20 de marzo de 2000, previo a haberse constituido en el domicilio de la víctima el día 6 de ese mes, que la llave de corte bipolar se encontraba anulada, con todos los cables de la misma cortados; que el conductor de tensión (vivo) se encuentra empalmado a un cable que alimenta directamente al fusible y el conductor neutro se encuentra empalmado directamente al conductor neutro de la instalación; que la anulación de la llave requiere "conocimientos sobre instalaciones eléctricas o sea personal idóneo en el tema"; que el procedimiento normal para anular la llave de corte es que "se corte el suministro de energía eléctrica por parte de la E.P.E., pero es de destacar que personal con conocimiento, puede realizar el mismo con tensión utilizando herramientas aisladas, implicando esto un alto riesgo" (fs. 291/292, expte. penal). Al prestar declaración testimonial en sede civil, el ingeniero Sara expresó que cuando él fue a verificar en la vivienda de calle Santiago Rodríguez Nº 240 de esta ciudad, la llave de corte bipolar estaba anulada, aclarando que "no tenía funcionamiento, o sea capacidad de corte" y que la función de la llave de corte es interrumpir el paso de la energía eléctrica (fs. 77).

2. De acuerdo con lo expresado, en sana crítica, concluyo que quedaron acreditados los hechos que se invocaron en la demanda, consistentes en que ante el reclamo formulado a la EPE, personal de ésta constató que estaba quemada la llave de corte bipolar, ubicada en el pilar del frente de la vivienda donde habitaba el menor fallecido, en la parte que da al patio de la finca; que uno de los empleados de la accionada anuló esa llave y empalmó el conductor de tensión (vivo) a un cable que alimenta directamente al fusible, empalmando el conductor neutro directamente al conductor neutro de la instalación; y que el menor, colocando una de sus manos dentro de la caja que contiene la llave de corte bipolar, entró en contacto con el fusible, sufriendo electrocución que le causó la muerte.

Tales conclusiones se fundan en lo siguiente:

a) La llave mencionada estaba quemada, a tenor de lo que constató el personal de la EPE.

b) Al estar quemada la llave de corte bipolar, la vivienda careció de energía eléctrica, siendo por ello que se formuló el reclamo a la EPE.

c) Después de que Galiani estuvo en la vivienda, ésta contó con luz eléctrica de acuerdo con lo declarado por Lidia Verónica Villada y Miguel Angel Acosta.

d) La única forma en que pudo haber contado nuevamente con energía eléctrica la finca donde habitaba la víctima, inmediatamente después de que concurrieron al lugar los dependientes de la demandada, fue que uno de ellos anulara la llave de corte bipolar y realizara la conexión de los cables directos positivo con positivo y negativo con negativo, como lo indicó el testigo Ghione y lo verificó el perito, dado que no se probó que alguna otra persona con conocimientos sobre electricidad, ajena a los empleados de la accionada, hubiera estado trabajando en la caja cuando éstos concurrieron a la casa de calle ...de esta ciudad; -debiéndose destacar que tanto el perito como Ghione fueron claros al decir que tal conexión y la anulación de la llave de corte deben ser ejecutados por quienes tienen conocimientos de electricidad.

e) La anulación de la llave aludida trajo como consecuencia que no se pudiera más interrumpir el paso de energía eléctrica desde ella y la conexión realizada implicó un peligro, como lo señaló el testigo Ghione.

f) El peligro de electrocución quedó evidenciado por el hecho de que el hijo de los actores ingresó su mano en la caja, entró en contacto con el fusible y encontró la muerte.

g) A mi juicio, las declaraciones de Galiani y Salort carecen de valor probatorio para acreditar que el primero no haya anulado la llave de corte bipolar y realizado la conexión mencionada, pues es evidente que sus expresiones al respecto no son sinceras. En efecto, habiendo concurrido juntos a la vivienda de la calle ... de esta ciudad, resulta inexplicable que Galiani haya admitido que ingresó a la finca, donde comprobó que en el fusible no había tensión, en tanto que Salort argumentó que ambos no ingresaron al patio de la casa de los Ortega y no tocaron el tablero general.

h) En las declaraciones de Lidia Verónica Villada y Miguel Angel Acosta no se advierten contradicciones que lleven a dudar de la veracidad de sus dichos, habiendo sido claros ambos al señalar que después de estar los operarios de la EPE, la finca contó con energía eléctrica. No me quedan dudas respecto de estos testimonios, pues se trata de declaraciones de personas simples, con algunas dificultades para expresarse, pero que en definitiva aparecen sinceras.

3. Establecido lo precedente, cabe decir que lo actuado por el dependiente de la demandada, al anular la llave de corte bipolar y realizar la conexión señalada, fue claramente antijurídico pues se violaron normas legales que establecen que la E.P.E. puede negar, interrumpir o privar del suministro de energía a los usuarios, cuyas instalaciones no se hallaren en condiciones técnicas y en "perfecto estado de conservación" (art. 25, ley provincial Nº 10.014; arts. 28 y 50, Reglamento General para el Suministro y Comercialización del Servicio Eléctrico, fs. 140/147), denotando ello una imprudencia del subordinado de la accionada, pues debió abstenerse de realizar tal actividad por el peligro que significaban la anulación y la conexión referidas, según se ha señalado, sobre todo teniendo en cuenta que el tablero principal no tenía su correspondiente tapa, lo cual se encuentra sobradamente acreditado.

Ello así, la demandada debe responder por los daños que reconocen como causa la conducta de un trabajador suyo, de acuerdo con lo que disponen los arts. 43 y 1113 del Código Civil, por ser la E.P.E. una persona jurídica (art. 2, ley provincial Nº 10.014).

Interpreto que la accionada no logra eximirse de responsabilidad con fundamento en que lo que contribuyó a causar el accidente fue la falta de protección del tablero, que permitió que el niño entrara en contacto con el fusible, y que los actores incurrieron en falta a los deberes de vigilancia con respecto al menor fallecido; dado que tales hechos no fueron invocados en la contestación de la demanda como causa del siniestro (fs. 21/23). Sobre el particular, es oportuno recordar que "En lo que respecta...a la causa, el fallo debe adecuarse, para no incurrir en incongruencia, a la concreta situación de hecho invocada por ambas partes a fin de delimitar los términos de su pretensión u oposición" y que "adolecería de aquel vicio, por ejemplo, la sentencia... que acogiera una oposición haciendo mérito de circunstancias de hecho extrañas a las invocada por quien la interpuso" (Palacio, L.E., "Derecho Procesal Civil", t. V, p. 435). Con total claridad se ha señalado que el principio de congruencia tiene extraordinaria importancia "pues se liga íntimamente con el derecho constitucional de defensa, ya que éste exige que el ajusticiado en cualquier clase de proceso conozca las pretensiones o las imputaciones que contra él o frente a él se han formulado, por lo que la violación de la congruencia implica la de aquel derecho; la actividad probatoria, las excepciones o simples defensas y las alegaciones se orientan lógicamente por las pretensiones, imputaciones, excepciones y defensas formuladas en el proceso" (Devis Echandía, H., "Teoría general del proceso", 2a. ed., p. 76).

De acuerdo con lo expresado, la sentencia debe confirmarse.

Propongo que se resuelva: a) Rechazar los recursos de nulidad y de apelación. b) Confirmar la sentencia. c) Las costas de la Alzada serán soportadas por la demandada (art. 251, C.P.C.C.). d) Los honorarios de la Alzada serán el 50% de los que se regulen en primera instancia.

Voto por la afirmativa.

El doctor Macagno dijo:

Los actores pretenden el resarcimiento de los daños y perjuicios ($150.000, fs. 8) originados en la muerte de su hijo F. E. O., nacido el 27/12/97 (fs. 28) y fallecido el 27/01/99 (fs. 32), por la descarga eléctrica que recibió al tocar con su mano el tablero principal del circuito, empotrado en el pilar que se ubica detrás de la línea de edificación municipal, en la parte interna del inmueble de la calle ... de esta ciudad de Rafaela, donde el menor vivía con sus padres -demandantes en este juicio- y sus abuelos, Juan Restituto Ortega, propietario del inmueble según lo declara, y Lidia Gerónima Villada de Ortega (fs. 46, 47, 48, 56 y 61, causa penal Expte. 347/99 agregado por cuerda; fs. 94 de estos autos).

Atribuyen al demandado la responsabilidad objetiva emergente del art. 1113 del C.Civil por ser el dueño o guardián de la cosa riesgosa que produjo el daño, como igualmente del fluido eléctrico que transporta; y también responsabilidad subjetiva por cuanto personal de la E.P.E. realizó una conexión directa, al estar quemada la llave de corte bipolar -lo que imposibilitó el corte de la energía que hubiera salvado la vida del menor- y al permitir, negligentemente, que continuara el suministro de energía no obstante constatar la ausencia de tapa en el tablero principal (demanda, fs. 8 vta., V, Atribución de responsabilidad). Cabe entender que los demandantes aluden a la responsabilidad indirecta que tiene el principal por los daños que causaren los que están bajo su dependencia (art. 1113, primer párrafo, C.Civil), así lo interpreta la sentencia (fs. 371 vta.), además de la responsabilidad por no ejercer las acciones de policía de seguridad técnica que le confiere el art. 5º. inc. j, de la ley 10.014 que menciona la sentencia como fundamento de la condena (fs. 371).

Desde que la E.P.E. no es dueña ni guardiana del fluido eléctrico una vez que éste ingresa al tablero principal del usuario, como tampoco lo es de éste -y así lo reconoce la sentencia a fs. 371, con apoyo en la ley 10.014- parece clara la improcedencia de la atribución de responsabilidad pretendida por los actores fundada en el art. 1113, segundo párrafo, segunda parte. Antes bien, por el contrario, en esta litis no está controvertido que la calidad de dueño o guardián del inmueble recae sobre quienes lo habitaban al tiempo del penoso accidente.

En la inspección ocular ordenada por el Juzgado Correccional y las fotografías tomadas en ella, se verifica elocuentemente el estado del tablero principal donde se ubica la llave de corte, y la carencia de tapa protectora (fs. 61/66, Expte. 347/99). Esa inspección se llevó a cabo el 26/06/99, y la ausencia de tapa protectora se remontaba a varios meses antes de que ocurriera el accidente ("hacía bastante tiempo", María del Carmen Ortega, tía de la víctima, fs. 45; "tres o cuatro meses antes", Lidia G. Villada de Ortega, abuela de la víctima, fs. 46 vta.; "hacía unos meses que había volado", Cecilia A. Barge de Ortega, madre de la víctima, fs. 47 vta.; "unos cuantos meses antes de que se produjera este hecho", Juan Ramón Ortega, padre de la víctima, fs. 49; "hacía mucho tiempo", Juan Restituto Ortega, abuelo de la víctima, fs. 56 vta., causa penal cit.).

No se requiere la especialización de un perito (ver fs. 292, in fine, causa penal), ni la opinión de un operario electricista (fs. 341, causa penal), para arribar a la conclusión de que la causa adecuada del accidente fue la carencia de tapa protectora del tablero principal, ya que esa tapa hubiera sido el suficiente y elemental obstáculo para impedir que la mano de una criatura de 18 meses pudiera tocar el fusible que transmitió la descarga eléctrica. Aun con la llave de corte en correcto funcionamiento, la corriente de igual modo hubiera estado circulando por dicho fusible y con ello la factibilidad del luctuoso resultado.

Va de suyo que la responsabilidad de tener en condiciones adecuadas el tablero principal recaía en los usuarios, es decir, los propios familiares de la víctima incluyendo a los actores (art. 512, C.Civil; arts. 14 y 28, Reglamento General para el Suministro de Servicio Eléctrico, fs. 143). Contrariamente a lo que expresa la sentencia, esta responsabilidad quedó claramente planteada por el demandado cuando en la contestación de la demanda negó que "el mantenimiento y conservación de tal instalación interna sea responsabilidad de la E.P.E", y afirmó: "por el contrario, ello es responsabilidad exclusiva del titular y/u ocupante del inmueble de que se trate" (fs. 22, renglones 8/10). A partir de tan clara posición, no puede sostenerse, razonablemente, que la responsabilidad de los demandantes, en su calidad de usuarios del servicio eléctrico, no fue una cuestión debidamente introducida en la litis.

Por lo demás, la responsabilidad por culpa es una atributo jurídico que, como tal, se enmarca en el "iura novit curia" en tanto resulte de los hechos introducidos y probados en el proceso. Si de estos últimos se ponen de manifiesto omisiones de las diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar (art. 512, C.Civil), el juez no puede dejar de aplicar las consecuencias que la propia ley establece para tales falencias. De allí que si se prueba que el daño que una persona ha sufrido, ha sido causado por una falta imputable a ella -como ha quedado acreditado en estos autos-, la aplicación del art. 1111 del C.Civil resulta ineludible, y con ello la suerte de la demanda.

Para valorar el grado de negligencia imputable a los usuarios del servicio, basta tener en cuenta que un "trozo de chapadur (cartón prensado)", como se colocó posteriormente, aun cuando no era reglamentario (informe del perito Ing. electromécanico Sara, 20/03/2000, fs. 291, causa penal), hubiera sido suficiente para evitar el accidente.

De allí que las disquisiciones formuladas a lo largo de esta litis acerca de la "conexión directa" resultan irrelevantes, ya que ésta no influyó causalmente para la producción del daño. No pasa de una conjetura la afirmación de que la llave de corte hubiera salvado la vida del niño, ya que del propio relato de María del Carmen Ortega, cuando advirtió que el menor no se desprendió al bajar la palanca de la llave de corte, lo separó de inmediato mediante un golpe en los brazos del niño, que cayó en los brazos de la testigo (fs. 45 vta., causa penal, ratificada a fs. 77 de estos autos).

De cualquier modo, y aunque por lo ya dicho la cuestión no es relevante, considero que en autos no ha sido probado que los operarios de la E.P.E. hayan hecho la mentada "conexión directa". Lo único probado fehacientemente es que el 06/12/98, en el turno de 18 a 24 hs. se registró un reclamo del domicilio de los actores, hora 19,25, y se constató la "llave general quemada" (fs. 260, causa penal, fs. 163 de estos autos). En esa oportunidad concurrieron los operarios Marcelo Luis Salort y Miguel Alberto Galiani, y según los dichos de éste, al constatar que la llave general del tablero interno estaba quemada, informó al "usuario que buscara un electricista o persona idónea con conocimiento que le reparara o cambiara la llave de paso general" y se retiraron del lugar (causa penal, fs. 281 y 284).

En el reclamo administrativo, los demandantes expresaron que "en dos ocasiones nos presentamos en dependencia de la misma (E.P.E.) a solicitar reparen la bajada de luz que no se encontraba en condiciones (la llave no funcionaba y el medidor funcionaba mal, lo que motivaba facturas de gran monto desproporcionadas al consumo), en tales oportunidades nos manifestaban que se solucionaría a la brevedad, lo que nunca ocurrió" (fs. 94, escrito presentado con fecha 25/02/99). Si esto fue así, es decir, que la llave de corte no funcionaba y de igual modo tenían corriente eléctrica -el reclamo alude a desproporción en las facturas- se abre un amplio margen de dudas acerca del momento en que se hizo la conexión directa, única forma de que el fluido eléctrico circulara no estando en funcionamiento la llave.

En la misma nota refieren los demandantes que "días antes de que se produjera la descarga eléctrica que provocó el fallecimiento de nuestro hijo, personal de la E.P.E. (dos empleados con una camioneta) se constituyó en nuestro domicilio pero no solucionaron los desperfectos e irregularidades de la bajada-caja; contrariamente, en la caja de luz había una llave térmica (sic) que no funcionaba y en lugar de cambiarla la anularon directamente; de tal manera para cortar la luz de la vivienda había que sacar el fusible del pilar" (fs. 94).

Esta última versión -la concurrencia de dos operarios "días antes de que se produjera la descarga eléctrica"- no tiene apoyo probatorio. El detallado relato que brinda Miguel Angel Acosta en su testimonio rendido el 25/02/02 en estos autos (fs. 84, tercera, cuarta y quinta) -recuerda el color de la camioneta, la escalera, los movimientos de los operarios, etc. carece de todo valor probatorio no bien se lo confronte con su declaración producida casi dos años antes, el 12/04/00 en la causa penal, cuando al ser preguntado sobre si "tiempo antes" del accidente había visto a personal de la E.P.E., en horas de la tarde, en la vivienda de la familia Ortega, respondió "que no recuerda dado el tiempo transcurrido" (causa penal, fs. 349 vta., in fine).

Cuando se le pregunta a Lidia Verónica Villada si "días antes" del accidente personal de la E.P.E. estuvo trabajando en la vivienda de los actores, responde: "Yo no vi nada y lo que sé es que la luz estaba cortada, que no había luz, y después cuando salgo de afuera hacia adentro (sic), ya tenía luz, y yo no sé si estaban arreglando, porque yo salía muy poco afuera de la casa" (fs. 78, cuarta). No parece que este único testimonio posea el valor probatorio suficiente para tener por acreditado que "días antes" del accidente personal de la E.P.E. estuvo trabajando en la referida vivienda, y que éstos hubieran efectuado la conexión directa.

Por último, cuando la ley 10.014 pone a cargo de la E.P.E. "ejercer las funciones de policía de seguridad técnica", limita el ámbito de ellas a las "instalaciones de generación, transporte, transformación y distribución de energía afectada al servicio público" (art. 5º, inc. j), pero de ningún modo extiende dichas funciones a las instalaciones internas domiciliarias.

Cuando el art. 25 de la ley faculta a la Empresa para negar, interrumpir o privar del suministro de energía a los usuarios cuyas instalaciones no se hallaren en condiciones técnicas, no establece un deber sino que confiere una facultad que, por ser tal, no puede constituir en antijurídico su no ejercicio. Admitir lo contrario implicaría responsabilizar a la E.P.E. por cualquier daño que originen las instalaciones internas domiciliarias, lo que no se compadece con la normativa legal y reglamentaria. La E.P.E. no tiene responsabilidad por las instalaciones internas de la casa ni obligación jurídica de suspender el servicio. Es facultativo, luego no cabe atribuirle antijuridicidad al hecho de no haber suspendido el servicio aún en la hipótesis en que se sitúa la sentencia.

El Reglamento General para el Suministro y Comercialización del Servicio Eléctrico aprobado por Resolución de la E.P.E. Nº 371 (30/12/93, B.O., 24/01/94, y sus modificaciones, Res. Nº 1223 (16/11/94), Nº 046 (07/02/95) y Nº 1123 (14/07/94) establece que "correrá por cuenta y cargo exclusivo del cliente el mantenimiento y reposición de todos los elementos y accesorios que, desde el punto de conexión a la red de distribución, conformen la instalación eléctrica del mismo"; y "a partir del punto de conexión con las redes de distribución, el titular del suministro en su carácter de propietario exclusivo de las instalaciones, es único y total responsable de los daños y perjuicios que pueda causarse a personas o cosas por cualquier tipo de deterioro, falla o accidente en esas instalaciones, con exclusión absoluta de responsabilidad para la E.P.E." (art. 14, fs. 140/147).

Por las razones expuestas propugno acoger el recurso de apelación, revocar la sentencia y rechazar la demanda, con costas a los actores.

Voto por la negativa.

El doctor Roulet dijo:

Que, haciendo suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el doctor Berger, votó en el mismo sentido.

3º cuestión. - El doctor Berger dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde: a) Rechazar los recursos de nulidad y de apelación interpuestos. b) Confirmar la sentencia. c) Las costas de la Alzada serán soportadas por la demandada (art. 251, C.P.C.C.). d) Los honorarios de la Alzada serán el 50% de los que se regulen en primera instancia.

Los doctores Macagno y Roulet dijeron:

Que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el doctor Berger, y en ese sentido emitieron sus votos.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la Camara de Apelacion Civil, Comercial y Laboral, resuelve: a) Rechazar los recursos de nulidad y de apelación interpuestos. b) Confirmar la sentencia. c) Las costas de la Alzada serán soportadas por la demandada (art. 251, C.P.C.C.). d) Los honorarios de la Alzada serán el 50% de los que se regulen en primera instancia. - Camilo S. Berger. - Lorenzo J. M. Macagno. - Rodolfo Luis Roulet.