Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15


En la ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los quince días del mes de Agosto del año dos mil once, se reúnen Ss. Ss. los Señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Cristina Irene Leiva, Manuel Augusto Márquez Palacios, María Laura Niveyro, Jorge Antonio Rojas, Sergio César Santiago, Humberto Augusto Schiavoni, Ramona Beatriz Velázquez y Froilán Zarza, bajo la Presi-dencia del Dr. Roberto Rubén Uset, a fin de considerar los autos cara-tulados: "EXPTE. Nº 370-STJ-2.008 - DR. ORLANDO LUIS FLOSI S/ RECURSO DE CASACIÓN EN AUTOS: "EXPTE. Nº 180/06 - DELGA-DO, JULIO OSCAR S/ HOMICIDIO CULPOSO".- De acuerdo con el sorteo realizado correspon-de votar a los Señores Ministros en el siguiente orden: 1) Dra. María Lau-ra Niveyro, 2) Dra. Cristina Irene Leiva, 3) Dra. Ramona Beatriz Veláz-quez, 4) Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, 5) Dr. Roberto Rubén Uset, 6) Dr. Humberto Augusto Schiavoni, 7) Dr. Jorge Antonio Rojas, 8) Dr. Froilán Zarza y 9) Dr. Sergio César Santiago.- Concedida la palabra a la Dra. María Laura Niveyro, dijo:

1º) Pasan las actuaciones a fin de que este Al-to Cuerpo, proceda al análisis del Recurso de Casación incoado por el defensor particular Dr. Luis Orlando Flosi en representación de su defen-dido, Sr. Julio César Delgado, quien fuera condenado por Fallo Nº 15 del 21/08/2007 del Juez Correccional Nº 2, a la pena de dos (2) años de pri-sión en suspenso e inhabilitación especial para conducir vehículos auto-motores por el término de cinco (5) años, sin costas y la aplicación del art. 27 bis del Código Penal -realizar trabajos comunitarios a favor del Esta-do-, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo (art. 84 del C.P.).- El recurso se fundamenta en las previsiones del inc. 2º del art. 461 del C.P.P., afirmando concretamente que la sen-tencia que se ataca es nula por negligencia de la defensa técnica.- Relata el letrado que a raíz de un accidente de tránsito ocurrido el 25/08/2003, el imputado del delito de homicidio culpo-so, designó -estando detenido, previo a declarar y a la concesión de be-neficio de excarcelación- a la Defensora Oficial Dra. Nélida Ana Amiel. Que la defensora le aconsejó que se abstenga de declarar ya que era una audiencia a los fines de la excarcelación, posteriormente, le indicó a la defensora unos testigos que nunca fueron llamados a declarar e, incluso nunca se le informó la posibilidad que tenía de prestar declaración indaga-toria a posteriori.

Agrega que dos (2) días antes de suscribir el acta de juicio abreviado fue citado por la Defensora quien le manifestó sobre la conveniencia de suscribir el mismo, y, al preguntarle de qué se trataba, ella le contesta: "ES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL ACCIDENTE, TENDRÁS TRES AÑOS DE CONDENA EN SUSPENSO" (sic), y no esgrimió otro comentario al respecto. Dice que el 20/09/2007, es citado al Juzgado donde se le notifica de la sentencia, sin encontrar explicación a lo notificado, porque no concordaba con lo pactado con la defensora oficial, ya que la pena de prisión en suspenso le fue comenta-da, pero no encontraba explicación a la privación de conducción de vehículos por el término de 5 años.

Indica que dicha inhabilitación era equiparable a una prisión con cumplimiento efectivo, dado que al ser conductor profe-sional es el único medio de subsistencia para él y su familia, y en atención a su edad y no contar con otro trabajo e instrucción, dicha circunstancia lo deja fuera del mercado laboral, con perjuicio irreparable a su familia.

Aduce que la designación de la Dra. Amiel fue mera formalidad, porque lejos de ser una defensa eficaz y diligente fue falente y negligente, porque nunca tuvo noticia de los actos defensivos, que de alguna forma fue manipulado, y que lo pactado con la letrada no fue tal, porque de haber sabido la inhabilitación no lo hubiera firmado nunca.

Afirma que la existencia del defensor suele ser insuficiente para asegurar la "paridad de armas", porque proporciona una posibilidad de igualdad formal, no real. Que, la defensa técnica eficaz en-cuentra raigambre en el art. 18 de la Constitución Nacional, como conse-cuencia necesaria de la defensa en juicio.

Cita jurisprudencia, y dice que corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la notificación de la sentencia condenatoria de segunda instancia, si las deficiencias en la defensa fueron consecuencia directa e inmediata de una evidente au-sencia de la asistencia profesional mínima.- 2º) Que, del análisis de las actuaciones obser-vo, que la queja que formula el recurrente, adolece de fundamentación suficiente para prosperar.

En efecto, bajo alusión de afectación de la ga-rantía constitucional del derecho de defensa por negligencia de la defen-sora oficial, el letrado sólo expone disconformidad de la parte, respecto a la condena de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de cinco (5) años.

De las actuaciones en estudio no se avizora ineficacia alguna respecto de la actuación de la funcionaria, ya que el quejoso no demostró que el procedimiento optado, haya sido efectivizado fuera de la previsión normativa. Tampoco el encartado acredita la falta de información que asevera, por el contrario, ha suscripto la presentación del juicio abreviado y nada dice en la oportunidad prevista en el art. 437 ter del C.P.P., donde el juez correccional toma conocimiento in visu al impu-tado (fs. 199/202 y 207).

"La voluntad del encausado es jurídicamente relevante para decidir su acogimiento al régimen de juicio abreviado -que requiere "la conformidad del imputado"- cuando ella se ha prestado en forma reiterada, según los recaudos que establece el art. 431 bis del Có-digo Procesal Penal, y no se ha acreditado ni invocado la existencia de elementos que permitan suponer que ha mediado algún vicio de la volun-tad" (Voto del Dr. Augusto César Belluscio). -Del dictamen de la Procura-ción General, al que remitió el voto-. CSJN, in re Arduino, Diego José y otro s/ p.ss.aa. infr. Ley 23.737 -causa Nº 64/00-; sent.22/03/2005.- Por lo demás, resulta notable, que no desvirtúa los argumentos de la sentencia que comprueban la figura antijurídica, y que conlleva a la condena establecida, tan solo menciona circunstancias eventuales -vgr. lo que podría haber probado (fs. 3 vta.in fine)-.- Colijo en conclusión, que no demuestra la desi-gualdad de armas que aduce, ni que se le haya vedado posibilidad de defensa efectiva, y por lo tanto, nulidad alguna que haya configurado afectación de la garantía de defensa en juicio.

"El sometimiento voluntario y sin reservas ex-presas a un régimen jurídico, obsta a su ulterior impugnación con base constitucional, pues nadie puede ponerse en contradicción con sus pro-pios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, delibe-rada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (Voto del Dr. Augusto César Belluscio). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió el voto-. CSJN, in re Arduino, Diego José y otro s/ p.ss.aa. infr. Ley 23.737 -causa Nº 64./00-; sent.22/03/2005.- Estimo en consecuencia, que impide la proce-dencia del recurso de casación ante la falta de fundabilidad del mismo, ya que no se observa que el imputado haya sufrido un perjuicio o gravamen con motivo de la resolución que impugna - más aún por la forma plantea-da.

Tal es la apreciación, por cuanto al llevarse a cabo el acuerdo previsto por el art. 437 bis del C.P.P.P.M, el nombrado, con la asistencia de un abogado defensor prestó conformidad con la cali-ficación legal allí propuesta y con la aplicación de una pena que el Magis-trado condenó conforme a lo convenido.

Por último, cabe advertir que conforme al cóm-puto de la pena realizada a fs. 215 1º ap.in fine, el Sr. Julio Oscar Delga-do, se encuentra en condiciones de solicitar su rehabilitación, -circuns-tancia de pleno derecho, si los supuestos legales concurren-, situación que, a la fecha, releva de mayores consideraciones por carecer de agra-vio actual.- En conclusión, voto por el rechazo del recurso de casación incoado.- Concedida la palabra a la Dra. Cristina Irene Leiva, dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Niveyro, excepto lo expresado en el anteúltimo párrafo, toda vez que, si bien el Sr. Delgado se encuentra en condiciones de solicitar la rehabilitación desde el 21/02/2010 (ver fs. 215), la misma no se obtiene por el simple transcurso de dicho plazo, sino a solicitud del condenado y previa prueba del cum-plimiento de las condiciones impuestas por el art. 20 ter del Código Penal (Confr. Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado. D'Alessio, An-drés José. Tomo I.Pág. 194 y ss. La Ley. 2009). Así Voto.- Concedida la palabra a los Dres. Ramona Beatriz Velázquez, Roberto Rubén Uset, Manuel Augusto Márquez Palacios, Humberto Augusto Schiavoni y Jorge Antonio Rojas, dije-ron:

Que adhieren al voto de la Dra. María Laura Niveyro.- Concedida la palabra al Dr. Froilán Zarza, dijo:

Que procedo a emitir opinión en el expediente en estudio, adhiriéndome a los fundamentos del voto de la Ministro preopinante Dra. Cristina Irene Leiva, destacando que el quejoso mani-fiesta puntualmente su disconformidad referente a la imposición de la pe-na de inhabilitación para conducir automotores por el término de 5 años y el sometimiento a la aplicación del artículo 27 bis del CPA, en virtud de que no concuerda dicha sentencia con lo pactado con su defensora ofi-cial, con la cual solo convino la de prisión en suspenso, a fin de llevar adelante el juicio abreviado conforme surge de lo manifestado a fs. 1 vta. última parte.- Que a fin de resolver el presente agravio, es dable destacar que el homicidio culposo previsto por el artículo 84 del CPA establece la pena de prisión en forma conjunta con el de inhabilita-ción especial, la cual jamás pudo haber sido desconocida por el encarta-do.- Entiende Creus que la inhabilitación sólo es aplicable respecto de las actividades legal o reglamentariamente regula-das, ya sea para su habilitación (p. ej. profesiones) o porque el Estado debe otorgar licencia para su realización (p. ej. Conducción de automoto-res).- Pág. 58 CPA Comentado y Anotado.- Andrés José D'Alessio- 2ª ed. La Ley.- Que a tenor de lo expresado entiendo que se debe rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia atacada.- ASÍ VOTO.- Concedida la palabra al Dr. Sergio César Santiago, dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Cristina Irene Leiva.- Por ello, y siendo concordante la opinión de la mayoría (Art. 41 Ley IV - Nº 15 - antes Decreto Ley Nº 1550/82);

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA R E S U E L V E:

I) RECHAZAR EL RECURSO DE CASACIÓN planteado en autos, por los fundamentos expuestos en los consideran-dos.- II) REGÍSTRESE, cópiese, notifíquese y opor-tunamente vuelvan los autos a origen, oficiándose a tales efectos.- d.s.