Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-30


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 30 de 2009 El doctor Gregorio Corach dijo:

Llegan los autos a conocimiento de esta alzada con motivo del recurso deducido por codemandada Haydee Susana Arboleya a fs. 900/905 vta.. Por su parte, el codemandado Fernando Ariel Brea discute la condena en forma solidaria dispuesta en la sede de origen y, subsidiariamente adhiere al memorial presentado por la codemandada a tenor de los agravios esbozados a fs. 907/908 vta.. La actora responde agravios a fs. 910/913.

La quejosa cuestiona que la Sra. Juez "a quo" admitió el reclamo de diferencias salariales por días descontados, así como por horas extras pretendidas. Asimismo, discrepa con la base salarial tomada en cuenta a fin de practicar el cálculo previsto en el art. 245 de la LCT. Finalmente, discute el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 25.561 solicitado, la forma en que fueron impuestas las costas y el monto de los honorarios regulados a los profesionales intervinientes y perito contador designado en la causa.

En cuanto a los agravios referidos a las diferencias salariales por días descontados coincido con la Dra. Barrionuevo en que era la demandada quien debía probar que la actora había incurrido en inasistencias injustificadas que motivaron los descuentos practicados.

En efecto, juzgo que resulta por lo menos llamativa la circunstancia de que la demandada haya tolerado desde el comienzo de la relación laboral y durante los dos años en que ésta perduró las continuas ausencias en las que supuestamente incurría la actora. Obsérvese que en enero 2004 figuran descontados bajo el acápite Hora- días 6,50, $141,44; en febrero 2004, 9 días y $206,59; en marzo 2004, 10 días y 241,49; en abril 2004, 10 días y $ 241,49, en mayo 2004, 11 días y $ 265 sin que parezca verosímil que no se apercibiera a la actora por sus reiteradas e injustificadas inasistencias.

La razón de mi voto se vincula con la denominada teoría de las cargas probatorias dinámicas, propia de las nuevas y menos rígidas visiones del proceso judicial, y a tenor de la cual es dable exigir que pruebe no solo quien tenga la carga formal (por ejemplo, de acuerdo a la regla del art. 377 CPCCN) sino sobre todo la parte para la que la comprobación resulta más sencilla, fácil o accesible.

Desde este punto de vista, y en este tipo de hecho, resulta sencillo y fácil de demostrar para el empleador diligente las ausencias en las que hipotéticamente incurriera su dependiente - conforme la documentación y los hechos relatados al contestar demanda - con base a sus registros, planillas de horario en las que habrá efectuado el asiento pertinente a las ausencias y aún mediante la prueba testimonial. Por otra parte, reconocida la relación laboral entre las partes, debe presumirse que el débito laboral se cumplió regularmente, debiendo demostrar la empleadora que ello no fue así.

Por estas razones, considero que la demandada debió justificar el descuento de las sumas que mes a mes le efectuó a la señora Niglia, extremo que no se ha logrado (art. 386 CPCCN).

Con relación a las horas extras, considero determinante la declaración rendida por B. (fs. 514/515) quien se desempeñó como contador de la codemandada en autos y admitió que "había planilla de horarios" por lo que el reconocimiento efectuado respecto de la distribución y organización de horarios, sumado a la renuencia de la accionada a acompañar los elementos necesarios para poder determinar la jornada y horarios cumplidos por la actora durante la relación laboral sumado a la prueba testimonial producida por la actora (Edison Filho, fs. 520/522), no hacen más que reforzar la postura de la demandante en el sentido del cumplimiento de horas extras con habitualidad y en la medida denunciada, ya que para la codemandada resultaría por demás factible rebatir dicho extremo acompañando las constancias pertinentes, cosa que no ha hecho (en igual sentido esta Sala, SD 16.245 "Coronel Mariela c. La Ley Sociedad Anónima Editora e Impresora s/despido"). Conclusión que se encuentra avalada por la testimonial rendida.

Por otra parte, la codemandada cuestiona la procedencia de las indemnizaciones derivadas del despido con base a las diferencias salariales por descuentos efectuados en forma indebida y horas extras no abonadas haciendo hincapié en que la actora jamás había reclamado tales diferencias durante el transcurso de la relación laboral así como que los restantes rubros peticionados al demandar fueron desestimados por la sentenciante de grado.

Resulta trascendente destacar que si bien la actora no logró demostrar todas y cada una de las injurias invocadas por ella para decidir el auto- despido, es sabido que para legitimar el mismo, aunque se hayan invocado varias, basta con la acreditación de una causal que, por su gravedad no consienta la prosecución del vínculo (conf. SD Nº 3236 del registro de esta Sala en autos: " Caballero Héctor Ruben y otro c/Lucchini, Hugo Alberto y otros s/despido"). Tal como lo propusiera precedentemente, toda vez que la falta de pago de las sumas salariales que fueron descontadas en forma indebida a la trabajadora y la falta de pago de las horas trabajadas en exceso, revisten carácter de crédito alimentario, tal actitud constituyó injuria de entidad suficiente para autorizar el distracto dispuesto por la trabajadora (art. 242 LCT).

Respecto de la actitud de la accionante de tolerar sin reclamos las modalidades de la relación y las prácticas llevadas a cabo por sus empleadores, señalo que la circunstancia que la actora no haya realizado reclamos fehacientes a este respecto con anterioridad a la ruptura del vínculo no reviste -a mi entender- trascendencia alguna, pues su silencio no puede constituir presunción en su contra (art. 58 LCT y en igual sentido, C.N.A.T., Sala X, sent. Def 7.182 del 25/10/99 en autos "Casella Zulema Esther María c/ Sherwin Williams Argentina Industrial y Comercial S.A. s/ despido", entre otros).

En cuanto al monto de la remuneración tenida en cuenta en origen, descalificados los registros de la accionada ante lo expresado por reflejar sólo parcialmente la realidad, rige la presunción del art. 55 LCT, por lo que cabe tener por cierto el importe salarial denunciado al inicio. Sin perjuicio de ello y en virtud de lo dispuesto por el art. 56 de la LCT y su similar de la LO, cabe agregar que, teniendo en cuenta el tiempo de prestación de los servicios y el tenor de las tareas desempeñadas por Niglia, permiten concluir que el salario alegado ($ 1.324) no resulta excesivo, sino que, por el contrario, se ajusta a derecho de acuerdo con el importe del salario mínimo vital y móvil y las retribuciones habituales de la actividad a la fecha del distracto (conf. esta Sala X in re: "Spano Alejandro y otro c/ T.V. Cable Total s/ despido" del 31-8-98 SD Nº 4659; id. SD 8446 del 8-8-00 in re: "Reyes Horacio F. c/ Finitaria S.A. s/ despido", entre otros), por lo que corresponde también en este aspecto confirmar la sentencia apelada.

El planteo de inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 25.561 y sus decretos de prórroga, habré de desestimarlo.

Ello así, toda vez que la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria ha sido declarada por el Poder Legislativo (conf. art. 1º ley 25.561) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido la validez de la afectación de derechos de aquella situación extrema, en tanto no se vulneren garantías esenciales y ha afirmado que las situaciones de gravedad obligan a intervenir en el orden patrimonial limitando los derechos en el tiempo para asegurar la autodefensa de la comunidad y el restablecimiento de la normalidad social que el sistema político requiere (Fallos 136:161; 172:21; entre otros).

Es que pocas situaciones de emergencia tan claras ha habido como la que diera origen a la ley 25.561 y, lo cierto, en lo que respecta a lo dispuesto en su art. 16 no se advierte una irrazonabilidad ostensible, en particular, si se repara en los elevados índices de desocupación y en que la norma sólo limita la facultad rescisoria del empleador por aumento de la tarifa y no impide, lisa y llanamente, la posibilidad de despedir.

En dicha oportunidad se sostuvo que resulta admisible que el legislador, en el ámbito de su zona de reserva y, en la conciencia de una profunda crisis que tiene efectos nocivos en el empleo, procure, con carácter excepcional, disuadir los despidos sin causa tornándolos más onerosos durante el lapso de la emergencia y no debemos olvidar que el art. 14 bis de la Constitución Nacional impone la tutela contra el despido arbitrario, que lleva implícita la posibilidad de graduar la intensidad de la protección en función de la coyuntura para lograr la finalidad descripta.

El trabajador despedido en las épocas de crisis, en líneas generales, padece la dificultad de su reinserción en el mercado laboral y, por lo tanto, no es irrazonable un incremento de una indemnización que ha de estar destinado, en lo esencial, a financiar en plenitud las consecuencias de su desocupación.

Con relación a la prórroga del plazo de vigencia del art. 16 de la ley 25.561 a través de sucesivos decretos, cabe señalar que mediante ellos el Poder Ejecutivo haciendo uso de las facultades que se le delegaban por ley extendió el plazo de vigencia de la referida suspensión, con el objeto de proteger al trabajador contra el despido arbitrario con la intensidad que exigían las circunstancias de creciente desempleo y crisis socioeconómica y es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que esta Sala comparte que "....las circunstancias que caracterizan la emergencia dificultan establecer de antemano el tiempo preciso de su duración, por lo que corresponde afirmar que la emergencia dura todo lo que subsistan las causas que la han originado" (Fallos 243:449).

En esta inteligencia y, toda vez que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional, que solo debe ser llevado a cabo con extrema prudencia y cuando la afectación de las garantías surja de manera clara e irreconciliable, situación que no se asemeja a la de las presentes actuaciones, propondré confirmar lo decidido sobre el punto.

Finalmente, corresponde tratar el recurso esbozado por el codemandado Brea quien insiste en la postura asumida en su contestación de demanda al afirmar que era ajeno a la relación laboral mantenida entre la actora y la Sra. Arboleya.

De una nueva lectura de las declaraciones rendidas en la causa por los testigos propuestos por la accionante y, al contrario de las manifestaciones vertidas en el recurso, reviste vital importancia la testimonial de Edison Filho, fs. 520/522, quien explica que el bar era de Nito Brea, aclarando que hablaba mucho con él porque Brea entrenaba a la gente del paddle y el testigo a la del fútbol.

El referido testimonio revisten -a mi ver- plena fuerza probatoria y valor convictivo, al ser concordantes con los hechos relatados en el inicio, dar debida razón de sus dichos y reflejar sucesos de los que tuvieron conocimiento directo, sin haber merecido impugnación en la etapa procesal oportuna por las ahora recurrentes, sin que tampoco en esta etapa procesal se aduzcan concretamente la falsedad o inexactitud de los hechos referidos, resultando la tacha del testigo un mero cuestionamiento abstracto (arts. 90 LO y 386 CPCCN).

Por otra parte, cabe resaltar que el codemandado Brea era conocido como dueño del local comercial aunque figurara su madre como titular de la explotación. En este orden de ideas concluyo que Brea ejerció los poderes inherentes a un empleador (art. 26 LCT), organizando funcionalmente las tareas y coordinando los servicios solicitados.

Finalmente, respecto del argumento intentado en torno a la falta de titularidad y habilitación del local comercial a su nombre, cabe señalar que ello no resulta óbice para descartarlo como titular de la relación laboral habida toda vez que, lo que interesa, es determinar si la señora Niglia, cualquiera sea el área en la que se desempeñara, realizaba funciones y tareas tendientes al logro de los fines comerciales perseguidos por el demandado (en igual sentido ver SD 1.234 del 31-3-97 del registro de esta misma Sala X, en su anterior integración, en autos: "Pereira Carlos F. c/ Sempre S.A. y otro s/ despido"), extremo que en el caso quedó debidamente acreditado.

De acuerdo a lo expuesto, entiendo que debe confirmarse el decisorio recurrido y, en consecuencia, desestimar el recurso intentado, confirmando el fallo en crisis en este aspecto.

En lo atinente a la imposición de costas, no observo elemento válido alguno que permita apartarse del principio general consagrado por el art. 68 del C.P.C.C.N. el que establece que deben ser soportadas por la vencida, por lo que cabe confirmar el punto.

En relación a los recursos de apelación interpuestos por la codemandada, debo señalar que en atención al mérito e importancia de la labor desarrollada por los profesionales intervinientes así como perito contador, facultades del art. 38 LO, y normativa arancelaria vigente, estimo que las sumas que les fueron fijadas en grado en concepto de honorarios lucen equitativas, por lo que sugeriré sean mantenidas.

Por último, propongo imponer las costas de alzada a los codemandados vencidos (art. 68 CPCCN) y regular los honorarios de la representación letrada de la codemandada, codemandado y de la actora, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior (art. 38 L.O.).

Por ello, de prosperar mi voto, correspondería: 1) Confirmar el fallo apelado en todo lo que fue materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a las codemandadas vencidas; 3) Regular los honorarios de alzada para la representación letrada de la actora, de la codemandada y del codemandado en el 25% para cada una de ellas respectivamente que se calcularán sobre lo que les corresponda por origen.

El doctor Daniel E. Stortini dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo apelado en todo lo que fue materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a las codemandadas vencidas; 3) Regular los honorarios de alzada para la representación letrada de la actora, de la codemandada y del codemandado en el 25% para cada una de ellas respectivamente que se calcularán sobre lo que les corresponda por origen.

Se deja constancia que se encuentra vacante la tercera vocalía (art. 109 R.J.N.).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. - Gregorio Corach. - Daniel E. Stortini