Constitución Nacional, ley de emergencia productiva y crediticia, constitucionalidad, suspensión de la ejecución
Materia: COMERCIAL
Carátula: SPIRAQUIS, BEATRIZ c/ MENOSSI, DANIEL HORACIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-28

Del dictamen fiscal 91832 con remisión al dictamen 91440: Cabe rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 25563 art.16, modificado por  Ley 25589 art.12, que suspende por 180 días -prorrogados en 90 días más por Ley 25640- a partir de la vigencia de la Ley 25563, a) los actos de subasta de inmuebles destinados a vivienda del deudor o sobre bienes afectados por el a la producción, comercio o prestación de servicios, decretados en juicios ejecutivos, ejecuciones de sentencias o ejecuciones extrajudiciales, con excepción de los créditos de naturaleza alimentaria, los derivados de responsabilidad penal, los laborales, los causados en responsabilidad civil y contra empresas aseguradoras que hayan asegurado esa responsabilidad, los de causa posterior a la entrada en vigencia de dicha ley y la liquidación de bienes en las quiebras; y b) la ejecución de medidas cautelares que importen el desapoderamiento de bienes afectados a la actividad de establecimientos comerciales, fabriles o afines que los necesiten para su funcionamiento; toda vez que ello se inserta dentro de un régimen de excepción destinado a dar respuesta a una situación de emergencia (Ley 25563 art. 1), y que si bien restringe el libre ejercicio de algunos derechos constitucionales -en el caso, el de acceder a la jurisdicción y el de propiedad en sentido lato, que legitima al acreedor para ejercer los derechos que emergen de su crédito-, la corte suprema, ante situaciones de crisis y a fin de afrontar daños creados por tal situación y mitigar sus efectos ha aceptado una noción amplia y plena del poder de policía, incluyendo la policía de emergencia, ampliando la potestad reglamentaria del congreso (C.N. art.14), con la consiguiente mayor injerencia del estado en el régimen de los derechos humanos (fallos 243:468; "Russo, Ángel y otra c/ Delle Donne", 15.2.59, votos de los Dres. Araoz de Lamadrid y Oyhanarte), y destacando que los derechos declarados por la C.N no son absolutos y están sujetos a normas que reglamentan su ejercicio, las que en tiempos de crisis podrán evidenciar el ejercicio del poder del estado en forma más enérgica que la admisible en periodos de sosiego y normalidad (fallos 199:466 y 483; 200:450), para lo cual se requiere el cumplimiento de cuatro requisitos: a) situación de emergencia definida por el congreso; b) persecución de un fin público que consulte los superiores y generales intereses del país; c) transitoriedad de la regulación excepcional impuesta a los derechos individuales o sociales; d) razonabilidad del medio elegido por el legislador, o sea, adecuación de ese medio al fin público perseguido y respeto del limite infranqueable trazado por la C.N. art. 28, en orden a las garantías constitucionales (fallos 243:469, voto de los Dres. Araoz de Lamadrid y Oyhanarte), y que tales requisitos, en el caso, se cumplen, atento a la súbita devaluación del peso, el transito a un mercado libre de cambios alterando desproporcionadamente la ecuación económica de las obligaciones que se habían contraído en dólares estadounidenses, la falta de crédito y de financiación derivada del default, la licuación de los salarios, la desocupación actual del veinticinco por ciento y la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, con lo cual tales normas no vulneran la constitución, y a más de ser transitorias, no crean un beneficio sectorial sino que ordenan y protegen un interés general tendiente a evitar una profundización de la crisis social que se derivaría de la ejecución inmediata de viviendas o bienes de producción del deudor, en un contexto de extrema dificultad financiera para el cumplimiento de los compromisos.