marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Platense S.A. c/ Alimonti, Roberto y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Es dable puntualizar que el objetado título de autos no cumple por si sólo las aludidas exigencias de autosuficiencia y certeza para que el procedimiento de ejecución resulte viable, desde que no contiene en sí mismo los requisitos genéricos y específicos que hace a la abstracción y autonomía del documento ejecutivo, habida cuenta que se patentiza la falta de exigibilidad del monto previsto en el citado instrumento de garantía, pues es indispensable acudir a otras constancias para intentar justificar la referida exigibilidad de la obligación (arts. 518 y 521 Cód. Proc.). La existencia de la exigibilidad del crédito que el documento constata debe surgir, en principio, de su propio texto.
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto del juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Central de la Rep. Arg. s/ Inc. de revisión en Bco. Coopesur Coop. Ltdo. Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

El valor económico del presente litigio es de monto determinado y está representado por el importe del crédito verificado sobre el que se pretende la aplicación del privilegio del art. 53 de la L.E.F.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción penal, prescripción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R, J. A. s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia   Nacional. Enriquecimiento ilícito de funcionario e incumplimiento de  los deberes de funcionario público en concurso real. (Expte. CSJ Nº 494-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-13

La razón y esencia de la prescripción en materia penal se da en el hecho de que, quién es juzgado por un acto distante y olvidado, no sentirá la aplicación del nudum jus como intimidación, sino como exasperación. De ahí que la intimación temporal de la perseguibilidad estatal esté en fundamental armonía con la convicción jurídica popular. También, desde el punto de vista procesal, está justificad la prescripción: con el transcurso del tiempo se dificulta la averiguación del hecho y de la culpabilidad del agente, y aumenta el riesgo de error en las sentencias; el castigo del delito cuando después de su comisión ha transcurrido un prolongado lapso de tiempo, es inútil, pues el recuerdo del hecho se ha borrado y la necesidad del ejemplo ha desaparecido; los efectos psíquicos del delito, la intranquilidad y la alarma, el temor, el odio, la necesidad de dar satisfacción al defendido, el ansia de retribución y de pago se han extinguido y no pueden ser alcanzados con la pena.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia federal, CASFPI
Materia: PENAL
Carátula: ARCE, A. Y OTROS s/ COMPETENCIA - CAJA SUBSIDIOS FAMILIARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-06-23

Corresponde a la Justicia Federal entender en el proceso penal en el que se investigan maniobras fraudulentas cometidas en perjuicio de la Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria.
Procedimiento laboral, litisconsorcio, costas, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Rodriguez,  Carlos Marcelo y otros c/ Martinez, Genaro s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

El art. 75 del C.P.C.C.N. dispone que en los casos de litisconsorcio, las costas deben distribuirse entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria y añade que, cuando el interés que cada uno de ellos representase en el juicio ofreciere considerables diferencias, podrá el Juez distribuir las costas en proporción a ese interés. De lo expuesto se advierte con claridad que la existencia de un litisconsorcio, sea pasivo o activo, no permite inferir "per se" una obligación solidaria respecto de las costas causídicas. (En el caso, se declaró la inexistencia de un obrar jurídicamante reprochable respecto del demandado, y los accionantes se alzaron en queja en torno a la imposición solidaria de las costas, solicitando se discriminaran en forma proporcional a los reclamos incoados al inicio. por lo que de acuerdo a los términos en que fue planteada la accción y la distribución de las pretensiones, se modificó ese segmento del fallo recurrido).
Recurso de inconstitucionalidad, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA DE CARNICEROS ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- CONCURSO PREVENTIVO- RECURSO DE    REVISION (EXPTE .: C.S.J. NRO. 42 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-18

Sabido es que lo relativo a la selección y valoración de la prueba queda normalmente detraído del ámbito del recurso de inconstitucionalidad, dado que es una tarea que se reserva a los Magistrados ordinarios, toda vez que ellos son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en el análisis de los medios de confirmación.

Pero dicha regla admite excepción cuando se demuestra que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la ponderación de las probanzas.

La labor cumplida por los Sentenciantes al meritar la prueba rendida, entra dentro de la órbita de la función revisora que le cabe al remedio de excepción intentado, cual es: evitar que los jueces de grado al llevar a cabo la valoración probatoria incurran en anomalías por desvirtuar los principios que deben gobernar el recto desarrollo del pensamiento, reglas insoslayables por constituir el presupuesto de cualquier libertad de convicción que no sea arbitraria o signifique un abuso del poder jurisdiccional.
Nulidad procesal, prueba pericial, cheque sin fondos
Materia: PENAL
Carátula: CORONADO, ESTEBAN s/ Cheque sin fondos Causa 28547-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-09

1- No procede la nulidad de lo actuado en virtud de supuestos vicios en la citación de un perito, si no media el respectivo recurso ni fue reclamada la reparación en primera instancia, de modo que por imperio del art. 513 C.P.M.P. (ley 2372) y lógica economía procesal no corresponde retrotraer el juicio a etapas cumplidas (Del voto del Dr. Hendler, al que adhirieron los Dres. Sustaita y Riggi).- 2- Deben desestimarse los reparos formuladas contra el mérito adjudicado a una pericia caligráfica en la sentencia (que adjudica ciertos rasgos escriturales al procesado), si el impugnante (que enuncia diversos criterios para desvirtuar el dictamen) no se hace cargo de los fundamentos vertidos por los expertos, ni de la competencia indiscutida de los mismos, su coincidencia de opiniones y la concordancia con otras pruebas, omitiendo -además- hacer alguna salvedad al respecto en oportunidad de celebrarse la audiencia del art. 490 C.P.M.P. (Del voto del Dr. Hendler, al que adhirieron los Dres. Sustaita y Riggi).- 3- Es irrelevante para la aplicación del art. 302 del Código Penal que la entrega del cheque se haya debido eventualmente a garantía de un préstamo usurario, porque la disposición es clara al señalar que se incurre en delito cualquiera sea el concepto por el que se dan los cheques (Del voto del Dr. Hendler, al que adhirieron los Dres.

Sustaita y Riggi).- 4- Si ambas pericias caligráficas resultan contradictorias en cuanto a la autenticidad de la firma que suscribe el cheque incriminado se produce una situación de duda que corresponde resolver por aplicación del art. 13 C.P.M.P. y, por ende, absolviendo al acusado (Del voto del Dr. Sustaita, al que adhirió el Dr. Riggi).
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, violación del reglamento de copropiedad
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO PROPIEDAD ARENALES 1457/61 c/ ESTEVEZ JOSE s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

La circunstancia de que un copropietario anterior haya realizado un uso del inmueble no permitido por el Reglamento de Copropiedad, no autoriza a los posteriores propietarios a no cumplir con las normas que deben regular la vida comunitaria, ni impide al consorcio a exigir su respeto siempre que ello no se constituya en una arbitraria persecución a alguno de los copropietarios exigiéndoles cumplir con los que a otros se les permite impúnemente; por otra parte aún en este supuesto este propietario dispondrá de los medios legales para hacer cesar esa conducta ilícita.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, daños y perjuicios, culpa civil, abuso del derecho, medidas cautelares, embargo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: HELPORT S.A. c/ COLOMBO Y MAGLIANO S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- JUICIO ORDINARIO POR INDEMNIZACION  DE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 341 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09

La tesis subjetiva que demanda la concurrencia de dolo o culpa para incurrir en responsabilidad por la traba de medidas cautelares ha merecido el explícito aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Giménez, Delfor" -Fallos, 308:1061,, cuando expresara que "ninguna disposición legal -ya sea sustancial o procesal- establece en este ámbito una responsabilidad sin culpa" y destacara -con relación al abuso del derecho- la necesidad de que medie un exceso de "los límites de la buena fe" .

En el caso, establecida -sin objeción desde el plano constitucional- la imposibilidad de formular un juicio de reproche por no concurrir un obrar culposo ni doloso (esto es, de mala fe) -tal como se postulaba en la demanda-, pierde decisividad y se torna forzosamente irrelevante el punto vinculado con la eventual desproporcionalidad que mediaría entre el crédito de los demandados y el valor de los bienes cautelados, pues su obligación de resarcir sólo podría fundarse, en tales condiciones, sobre una tesis objetivista (como la del riesgo creado), expresamente rechazada por el Inferior con un criterio cuya revisión escapa a la competencia de esta Corte, por remitir al examen de cuestiones de interpretación del derecho común, resueltas con fundamentos no caprichosos ni irracionales.
Medidas cautelares, caducidad de medidas cautelares, cómputo del plazo, interposición de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Mercedes Gomez; Víctor Areco y otro c/ Empresa Virgen del Valle; Agencia de Investigaciones Cándido Arjona y Fortunato Aguaysol s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nro. B-102.783/03 Embargo Preventivo. L.A. N 47 F 1600/1604 N 693 del Valle; Agencia de Investigaciones Cándido Arjona y Fortunato Aguaysol s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nro. B-102.783/03 Embargo Preventivo. L.A. N 47 F 1600/1604 N 693
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-10-06

A fin de efectuar el cómputo del plazo que prevé el artículo 270 del Código Procesal Civil, esto es los quince días desde que la medida se hizo efectiva, debe tomarse en cuenta indefectiblemente la fecha de notificación, o lo que es lo mismo, el momento a partir del cual la parte actora toma conocimiento de que la cautela "quedó cumplida".Sólo cuando el cautelante ha tomado debida noticia de que la medida solicitada se ha hecho efectiva, comienza a correr el plazo para interponer la demanda principal. Ese conocimiento puede llevarse a cabo, primero y principalmente a partir del día siguiente de la notificación por cédula a la que están obligados los jueces. Otro modo de llegar a conocer de la efectivización de la medida cautelar podrá darse por ser la actora quien diligenció el oficio y solicitó su agregación a la causa; o haber retirado el expediente con la diligencia cumplida, etcétera. En suma, cualquier acto procesal que haya permitido a la actora conocer que la cautelar peticionada quedó trabada y entonces sí, sin duda alguna acerca de ello, poder efectuar el cómputo de los plazos a los fines de la interposición de la demanda principal.
Recurso contencioso administrativo, actuaciones administrativas, apercibimiento, juicio, partes, lealtad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Bilbao Benitez, Aldo Martín c/ Municipalidad de Granadero Baigorria s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 923-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-23

Si la Municipalidad demandada no cumplió con el pedido de remisión de las actuaciones administrativas solicitadas por la Presidencia de la Corte -bajo los apercibimientos del artículo 13 de la ley 11330-, ni contestó la vista corrida en el incidente cautelar -por lo que se le dio por decaído el derecho para hacerlo-, ha manifestado un grado de reticencia que no condice con su deber de lealtad y colaboración procesal, correspondiendo, por lo tanto, que el Tribunal proceda a entender en la demanda incidental tomando como base la exposición del actor, conforme los principios establecidos en los artículos 13 y 143 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicables según el artículo 1, in fine de la ley 11330.
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Maglioni, Oscar c/ Rivero, Fernando Andrés Alejandro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-07-04

La mayor flexibilidad en la consideración de la procedencia de la perdida de chance -comparativamente evaluado con el lucro cesante-, conlleva como contrapartida que lo resarcible es la chance misma y no el total de la ganancia u oportunidad perdida; ergo, su cuantificación, tarea que queda asignada al juez, oportunidad en que debe tenerse en cuenta que lo indemnizable es la "chance" que por ende, no puede identificarse con el eventual beneficio, ganancia u oportunidad pérdida.
Admisibilidad del recurso, resoluciones apelables, remisión del expediente, unidad administrativa de control de faltas, fallos del Superior Tribunal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: FILIPO, Franco s/ s/inf. art. 83 CC - Apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-14

El Máximo Tribunal Citadino ha dicho que la decisión que ordena la remisión de las actuaciones a la Unidad Administrativa de Faltas no genera para la defensa un perjuicio de imposible reparación ulterior (Expte. Nro. 2571-Ministerio Publico Defensor oficial en lo Contravencional Nro. 7 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegadoen: Cruz Martinez, Maria Eugenia s/art. 41 CC).

En resumidas cuentas, a mas de no hallarse previstas estas cuestiones como expresamente apelables, tampoco se advierte que sean
Indemnización, agentes de la administración pública
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Falbo, Susana Noemí c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-11

Este Tribunal ha conferido alcance indemnizatorio a reclamos de remuneraciones dejadas de percibir como consecuencia del cese ilegítimo de agentes públicos integrantes de la planta permanente de personal. Por consecuencia de ello, ha consagrado el principio que el daño se presume por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad con la consiguiente inversión de la carga probatoria.(del voto del doctor Pettigiani)
Competencia, detenido
Materia: PENAL
Carátula: Panelo, Luciano A. s/ Hurto - Competencia (Libro: A021A-289) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1953-08-20

No corresponde que entienda la Cámara del Crimen en causas de competencia correccional, por el hecho de existir detenido, pues previamente debe decidirse si es o no procedente su libertad provisional o excarcelación.
Terminación del proceso, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: CROSATTO, A. y otros s/ inf. dec. ley 6582 y estafa Causa nro. 10.882
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-14

La decisión adecuada en los casos en que se encaminara el proceso en contra de una persona determinada; es el sobreseimiento, para cuya procedencia no es menester que el imputado haya prestado declaración indagatoria. Tal temperamento se funda en la consideración de que incoado el procedimiento penal en relación a una persona, no puede ponerse término al mismo sino por sobreseimiento o por sentencia definitiva.
Responsabilidad del abogado, relación con el cliente
Materia: CIVIL
Carátula: RISSOLA, Héctor Daniel c/ CORDIVIOLA, Dante Alberto s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

Si el letrado no puede cumplir fielmente su deber profesional en razón de la supuesta falta de colaboración de su cliente, un actuar diligente impone tratar de resguardar su propia responsabilidad, renunciando por escrito en el expediente o por comunicación fehaciente al actor, para que éste asuma su defensa por medio de otro profesional en tiempo oportuno.-
Proceso penal, recurso de casación, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Reynoso, Luis Alfredo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Roberto Díaz en contra de Sentencia Nº 33 recaída en causa Nº 90/07 "Reynoso, Luis Alfredo p.s.a. Abuso Sexual Gravemente Ultrajante, etc."
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-31

La defensa técnica interpuso recurso de casación contra la sentencia que declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de Abuso sexual con acceso carnal agravado -segundo hecho- (Arts. 119 -3er párrafo en función del primer párrafo incs. b y f del C. Penal y abuso sexual con acceso carnal agravado en grado de tentativa -tercer hecho- (Arts. 119 inc. b y f del Código Penal) todo ello en concurso real, (arts. 55 y 42 del C. Penal) condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de catorce años de prisión, con más accesorias de ley (arts. 40, 41, 12 y concordantes del C. Penal).

El casacionista ni siquiera mínimamente ha expresado cuál es puntualmente el agravio por él impetrado, evidenciándose así que el medio impugnaticio intentado por la defensa del imputado no satisface en lo más mínimo la fundamentación técnica exigida por la ley de forma (arts. 460, sgtes. y ccdtes. del C.P.P).

Tal proceder, en tanto se restringe a rotular agravios de los cuales no efectúa desarrollo alguno, impide a esta Corte la comprensión misma de la pretensión, poniendo en jaque la admisibilidad de esta vía impugnativa.

Como se advierte, la fundamentación debe ser inteligible, autónoma y por tanto, bastarse a sí misma. Es por ello, que no es fundado el recurso de casación que en brevísimo escrito no cumple con la carga que pesa sobre el recurrente de expresar clara, concreta y separadamente en qué consisten las violaciones que denuncia, demostrar el vicio o error, el modo que influyó en el dispositivo y cómo y por qué debe variar.

De tal modo, en el mismo escrito deben constar, debidamente expuestos, los motivos que configuran los agravios, de modo tal que por su sola lectura sean aprehensibles sin necesidad de acudir a otros documentos para integrarlos.

En el presente, reitérase, el impugnante ha omitido aludir al hecho por el cual fue condenado su asistido y a la sanción que le fuera impuesta, como así, especificar los puntos de la decisión que provocan agravio, describir en forma clara en qué consisten los defectos del pronunciamiento y las disposiciones que considera inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que deberían aplicarse y la solución pretendida, con un desarrollo suficiente de los fundamentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales que la sustentan, puesto que el recurso debe bastarse a sí mismo desde el momento de su interposición y las omisiones no habrán de ser suplidas por el tribunal.

Por lo expuesto, corresponde declarar formalmente inadmisible el Recurso de Casación interpuesto por el asistente técnico del condenado.
Prescripción tributaria, derechos y garantías constitucionales, fallos de la Corte Suprema
Materia: TRIBUTARIO-ADUANERO-CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Toyota S.A. c/ Administración Tributaria Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-02

En la prescripción de tributos locales de períodos fiscales anteriores a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde aplicar la doctrina sentada por el Tribunal en el plenario Petrolera Alvear y determinar si existen derechos amparados por garantías constitucionales por aplicación de la jurisprudencia forjada por la CSJN en vigencia del Código Civil de Vélez a partir del precedente Filcrosa..., aun cuando el plazo de prescripción no se encontrara agotado al comenzar a regir el Código Civil y Comercial de la Nación.
Compraventa, obligación de escriturar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alonso de Alvarez, Delia c/ HUMAZO S.A. s/ Resolución de contrato y Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

En lo que respecta a la obligación de escriturar, la intervención notarial altera el régimen de la mora, toda vez que el sólo vencimiento del plazo no la produce, sino que incumbe a las partes urgir la citación y finalmente sólo puede configurarse el incumplimiento por la incomparecencia el día y la hora fijados para el acto. En otras palabras, la obligación de escriturar escapa a la esfera del art. 509, párr. 1º del C. Civil.
Ejercicio de la acción pública, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Patricio Gustavo. c/  s/ Art. 189 bis, 2 párr. 1, tenencia de arma de fuego de uso civil, CP (p/L 2303) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-16

La eventualidad de que el fiscal promueva la realización de un juicio cuando lo crea ventajoso para los intereses generales que encarna, o su suspensión a prueba, no implica reconocerle facultades discrecionales que de cualquier manera excedan a las que ya tiene otorgadas de acuerdo con los principios constitucionales que rigen en esta Ciudad (en particular, arts. 13.3, 124 y 125, CCABA) y a las normas infraconstitucionales que gobiernan su actuación, dentro de los procesos de naturaleza penal que tramitan en la jurisdicción local (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).