marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad civil, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: G., N.R. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-17

La normativa que rige la responsabilidad civil impone el deber de reparar o indemnizar a quien ha causado el daño (arts. 1067, 1068 Cód. Civ.), a quien lo ha ocasionado (art. 1109 ídem), de modo que si los perjuicios de incurrir en determinados gastos causídicos no le fueron causados ni ocasionados al actor por el demandado, sino que los provocaron sus propias peticiones excesivas, es él quien debe soportarlos en la medida de esa falta suya, de ese hecho libre del que fue autor, sin que quepa imponer por ellos responsabilidad a su adversario (arts. 903, 1111 íd.).

Cuando son pues rechazadas exigencias resarcitorias injustificadas o son reducidas drásticamente aquellas que, siendo procedentes, han sido sin embargo formuladas por un monto exagerado y no dependiente de estimación del juez, tal principio queda desplazado, tornándose de estricta aplicación el art. 71 C.P.C.C. o, llegado el caso, su igual n° 72.
Buques, Prefectura Naval, prácticos, responsabilidad del práctico, responsabilidad del capitán
Materia: NAVEGACION
Carátula: López, Obdulio Graciano c/ Prefectura Naval Arg. -Disp. DPSJ-JS1 Nº 80 A/97
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Si la decisión de fondear en lugar no autorizado hubiese sido tomada por el capitán del buque, el práctico debió haber puesto en conocimiento de la autoridad marítima la circunstancia acaecida y, en consecuencia, haber solicitado la correspondiente autorización (O.M. nº 2/82) y no tan solo limitarse a poner de resalto el riesgo que implicaba -a su criterio- fondear en la zona que la mentada autoridad le había asignado.
Propuesta de acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, régimen de mayorías, impugnación del acuerdo preventivo, homologación del acuerdo preventivo, representación legal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION MUTUAL VALLE INFERIOR s/ PROPUESTA DE PAGO Y ACEPTACIONES s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-23

Es preciso advertir, como sostienen Junyent Bas y Boretto, que: "...las mayorías deben estar acreditadas a la fecha de la homologación y no es necesario que se configuren al momento de la presentación. La doctrina ha señalado que la norma es clara en cuanto requiere la mayoría para la homologación, por lo que, aunque la petición se presente sin las conformidades que demuestran la existencia de las mayorías, debe darse trámite al proceso homologatorio, quedando el deudor obligado a acreditarlas antes del dictado de la sentencia homologatoria."
Proceso penal, prisión domiciliaria, ejecuciones especiales, interés superior del niño, emergencia sanitaria, principio de contradicción, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Guarnieri Mario Oscar Sebastián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-21

Se impone hacer lugar al recurso de la defensa, anular la resolución y, reenviar a su procedencia a fin de que, con estricto apego a los términos propuestos por el Fiscal de la instancia -medidas de control- se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a la doctrina aquí establecida. Ello así, toda vez que la favorable posición del Ministerio Público Fiscal sellaba la suerte de la pretensión defensista y limitaba la jurisdicción del a quo para adoptar una solución más gravosa, en tanto estimó cumplidos todos los requisitos legales y propició hacer lugar a la prisión domiciliaria. De tal suerte, si el dictamen alcanza a cubrir la exigencia de fundamentación -más allá de su acierto o no-, remite a la valoración de circunstancias y al favorecimiento de una solución sobre los que ha quedado privada la jurisdicción de expedirse, cuanto menos en la especie y mediando regular labor requirente. Asumir la posición contraria implicaría colisionar con los principios que rigen nuestro sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, en particular el ne procedat iudex ex oficio y la prohibición de la actuación jurisdiccional ultra petita, comprometiendo así la imparcialidad y la defensa en juicio del justiciable. Por último, dable es recordar cuanto llevo dicho en tanto que la exclusión de los padres como posibles beneficiarios del instituto en cuestión sólo puede explicarse recurriendo a prejuicios que refuerzan los estereotipos de género que asignan a las mujeres una función preponderante en la esfera doméstica. El voto concurrente señaló que la opinión favorable del representante del Fiscal define el balance de intereses en juego dentro de este caso, en la medida que no resulte contra legem o irrazonable. En este caso, los argumentos de la jueza para apartarse de la postura fiscal no consultan adecuadamente las finalidades y ratio de la ley 24.660 y de la normativa convencional. De este modo, adhiriendo la fiscalía a la morigeración reclamada por la defensa, tomando como fundamento lo dictaminado por el Asesor de Menores, resulta pertinente que el tribunal a quo, en las condiciones en las que fuera habilitada por aquél -medidas de control- analice la prisión domiciliaria de Guarnieri durante el tiempo que dure la pandemia. Dres. Slokar y Yacobucci -voto concurrente-.
Caducidad de instancia, citación en garantía, suspensión de la caducidad, trámites judiciales, emplazamiento, vencimiento del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS ARQUITECTOS AGRIMENSORES Y GEOLOGOS c/ COMENCO  S.A. s/ Ordinario (LIBRO: A132 - 181)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-09-30

Resulta evidente que a partir del vencimiento de dicho emplazamiento, el proceso experimentó un cambio, pues, si la suspensión del proceso se dispuso en areas de notificar la demanda a la citada en garantía Latindata S.A., resulta claro que al desistir COMENCO S.A. de aquella citación, se produjo "ipso iure" el levantamiento de la suspensión, pues esta ya no tenía razón de ser si la causa que le había dado origen "citación en garantía de un tercero" había quedado sin efecto.- Así las cosas, se debe señalar, que si durante la suspensión del proceso el actor estuvo relevado de la carga de impulsarlo, tal situación cesó al desaparecer la causa que le impedía activarlo (por el desistimiento de la citación), produciéndose a partir de allí la reanudación del plazo de perención.- De ese modo, le asiste razón al apelante cuando sostiene que desde la fecha en que ceso la suspensión de procedimiento,.... hasta el momento en que plantea el incidente de caducidad, el... no se ha producido ningún acto útil, transcurriendo en exceso el plazo que establece el art. 78 CPC.-
Sentencia, acuerdo y voto individual
Materia: LABORAL
Carátula: Scotti, Daniel H. y otro c/ Racing Club Asoc. Civil s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-09

La ausencia de firma de uno de los magistrados que figura en el acuerdo como integrante del tribunal y emitiendo voto constituye violación a la cláusula del art. 156 de la Constitución provincial en tanto el pronunciamiento no emana del órgano jurisdiccional estructurado por la ley (arts. 53, ley 5827; 44 inc. "e" y "f" del dec. ley 7718/71).
Procedimiento administrativo, debido proceso adjetivo, derecho a ofrecer y producir prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MEDINA, JUAN ROSA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-05

El derecho que asiste al interesado al debido proceso adjetivo incluye, tal como lo explícita el art. 1, inc. f) de la ley 19.549, no sólo el derecho a ofrecer y producir pruebas, sino también a una decisión fundada. En tal sentido sostiene Rafel Bielsa ("Necesidad de motivar los actos del poder administrador en el sistema político de la Constitución", Tomo III, pág. 551) que la garantía del debido proceso legal incluye el derecho del administrado al logro de una decisión fundada que se haga cargo de los planteos y resuelva las peticiones formuladas.
Acumulación de procesos, recurso de nulidad
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: NAYI CARLOS RAUL c/ BARBERO CARLOS EMILIO s/ JUICIO  EJECUTIVO - CHEQUE - RECURSO DE NULIDAD - ACUMULACION DE AUTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-22

La finalidad de la acumulación de autos es que se dicte una sola sentencia respecto de todos los procesos acumulados, comprensiva de todas las pretensiones ejercidas, lo que no puede ser soslayado si dicha acumulación se encuentra firme. Si este objetivo no se cumple hay una nulidad en las formas y solemnidades de la sentencia en tanto ésta no ha recaído sobre la totalidad de las cuestiones sometidas a conocimiento del juez. Si la acumulación fue ordenada según el art. 1054 inc. 3ro. C.P.C., Implica una acumulación objetiva de acciones, el caso se presenta igual que si el actor hubiera iniciado un solo juicio.
Enjuiciamiento de magistrados, sentencias contradictorias, remoción de jueces, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gutierrez, Patricia y otro s/a determinar 26/09/2017 c/ s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-26

Corresponde dejar sin efecto la sentencia si el recurrente se ha visto impedido de acceder al control jurisdiccional de la decisión que dispuso su destitución, merced a una interpretación de la vía apta de impugnación que no ha intentado ser conciliada con la seguida por el propio tribunal en sus precedentes, con el agravante de que, pese a admitirse expresamente el derecho de revisión en los términos de la doctrina sentada en el precedente "Graffigna Latino", pretendió -con autocontradicción- toda consideración sobre los agravios que el recurrente invoca como de naturaleza federal en el recurso local.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-09-04

En la práctica resulta difícil determinar el límite entre las cuestiones de hecho y de derecho, por lo que configurándose una duda razonable deberá estarse a favor de la apertura de la instancia extraordinaria.-
Muerte, gastos de sepelio
Materia: CIVIL
Carátula: Arévalo Honorio y Cresencia Mabel Esquivel c/ Plan de Defensa del Gran Resistencia dependiente de Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco y/o Gobierno de la Provincia y/o quien resulte responsable. s/ Daños y Perjuicios. Arévalo Honorio y Cresencia Mabel Esquivel c/ Plan de Defensa del Gran Resistencia dependiente de Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco y/o Gobierno de la Provincia y/o quien resulte responsable. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1991-02-14|1991-02-14

Los gastos de sepelio de la víctima se deben aunque no se hayan aportado pruebas al respecto ya que, en el caso que el evento dañoso ocasiona la muerte de una persona, ellos necesariamente deben efectuarse conforme la posición económica y social que tenía la víctima del accidente.
Constitucionalidad, pirotecnia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales y otros c/ Municipalidad de Paraná s/ acción de inconstitucionalidad (art. 51 inc. b. de la ley 8369)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-05-20

Corresponde confirmar la sentencia que rechaza el pedido de declaración de inconstitucionalidad del decreto 1469/17 de la Municipalidad de Paraná que prohíbe el uso y venta de pirotecnia sonora, toda vez que la prohibición de uso de la pirotecnia resulta razonable, pues no se trata de vender libremente un elemento inocuo que cuenta con autorización administrativa, sino de vender un elemento que afecta la salud humana en general y de ciertas personas discapacitadas en particular, así como el medio ambiente en general y la salud de los animales de compañía en especial. Máxime cuando en materia de pirotecnia sonora el decreto nacional regulatorio de la Ley de Armas delega a los municipios la reglamentación específica del tema.
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C.M.L. Sociedad Anónima c/ I.O.M.A. s/ Amparo. Cuestión de Competencia. Art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

Los conflictos que se susciten durante la ejecución de convenios celebrados entre el I.O.M.A. y entidades representativas de prestadores o con éstos individualmente, son de la competencia contencioso administrativa, atento el carácter de servicio público de las prestaciones que constituyen el objeto de los citados acuerdos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), doctrina de la arbitrariedad, monto de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Melian, Jonatan David c/  s/ homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y tener como fin facilitar, consumar otro delito y procurar la impunidad; robo-apelación de sentencia-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

Si bien la interesada dirige sus reproches al tratamiento dado por la Cámara a la sanción penal aplicada a su representado -el que esgrime, habría sido deficiente-, soslaya en su crítica relatar de modo suficiente y objetivo los fundamentos de la sentencia de condena en los que se asentara la prisión perpetua impuesta en el caso y aquéllos expuestos por la Alzada para confirmarla, sin alcanzar con sus reproches a evidenciar la aducida arbitrariedad en el razonamiento sentencial, toda vez que del fallo impugnado se desprende que el A quo -tras confirmar la responsabilidad penal del justiciable en orden al delito contenido en el artículo 80 inciso 7 del Código Penal, mas entender que le asistía razón a la defensa en cuanto a que debía revocarse la agravante de alevosía por el beneficio de la duda- abordó el planteo recursivo sobre la pena y lo desechó haciendo hincapié -centralmente- en la falta de actualidad del agravio, y frente a ello la compareciente no logra patentizar vicio alguno sobre lo decidido.- REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 80 inciso 7
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fiscalía de Estado c/ Asociación Comunidad Israelita latina de Buenos Aires s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-14

La integralidad de la indemnización por la expropiación que la torna justa como compensación por el desapoderamiento, tiene en nuestro país rango de ley suprema en los términos del artículo 31 de la Constitución Nacional, tanto por su consagración implícita en el artículo 17 de nuestra ley fundamental, como por su consagración explícita en el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre derechos humanos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Divorcio, adulterio, presunciones
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GRAY, LILIANA NORMA c/ VORANO, ALFREDO EDUARDO s/ DIVORCIO-TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-10-01

De la causal de adulterio se ha dicho que resulta generalmente imposible una prueba directa, de ahí que se admita unanimemente la posibilidad de acreditarla mediante presunciones graves, precisas y concordantes.
Querellante, querellante en otra causa, acreditación de la personería, exceso ritual manifiesto
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BYRNE, Jorge.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-22

La circunstancia de no haber dado cumplimiento en su presentación con los requisitos del art. 83, C.P.P., e inobservado las exigencias previstas en el mencionado artículo para formular la petición de ser tenido por parte querellante torna inadmisible esta solicitud.

(Disidencia del Dr. Donna)
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia, error numérico
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañia Misionera de Construcciones S.A s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-10

La cifra empleada al sentenciar resulta de constancia de la causa y de existir un error numérico puede corregirse en la etapa de ejecución de sentencia, lo que hace improcedente el recurso en esta cuestión al no tener el carácter de definitivo el fallo atacado.
Prueba, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pascual Miguel c/ Ramón Daniel Roberto y otros s/ Daños y perjuicios Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Olives Oscar alberto s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22|1995-05-09

La apertura a prueba en segunda instancia sólo puede ser invocada por quién recurrió de la sentencia de primera instancia, pues es la apelación y no el escrito de agravios lo que posibilita en la Alzada el examen de la prueba. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Benito, Abel Ignacio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

Uno de los votos concurrentes agregó que se impone la evaluación en el caso concreto de ciertas pautas que revelen la razonabilidad (o no) de los tiempos que lleva un proceso. Ello es así, en tanto el derecho a ser juzgado en un plazo razonable no puede traducirse en número específico de días, meses o años (Fallos 322:360 y 327:327), pues en esta materia no existen plazos automáticos o absolutos y la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible (Fallo 332:1512). En esa tarea, debe recordarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró una serie de parámetros a tomar en cuenta para determinar cuándo se ha cumplido el plazo razonable del proceso: "a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales" (CIDH, caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, sentencia del 29 de enero de 1997; caso Escué Zapata vs. Colombia, sentencia del 4 de octubre de 2007, caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, sentencia del 12 de agosto de 2008, caso Bayarri vs. Argentina, sentencia del 30 de octubre de 2008).

Con esas aclaraciones, se advierte, entonces, que la decisión del sentenciante sobre el asunto, a partir de la ponderación conjunta de los actos procesales llevados a cabo en la causa, normas y jurisprudencia existente acerca de la materia, exhibe una adecuada fundamentación, a lo que se agrega que la defensa no ha logrado demostrar, ni tampoco se advierte, la alegada violación a la garantía invocada. En efecto, el planteo se sustenta en afirmaciones abstractas y genéricas sin que se haya intentado la demostración de lo irrazonable de esa prolongación (Fallos: 330:4539 y sus citas), toda vez que la referencia al caso concreto que efectúa el letrado se vincula con la opinión de que resulta por demás complicado reconstruir un hecho después de siete años y que ello, a su entender, constituye un perjuicio concreto para su asistido; afirmación que no resulta suficiente para la demostración antes apuntada en tanto no representa más que una conjetura que, de verificarse, supondría, en definitiva, un escollo para la acusación y no para la parte que lo alega. Dres. Figueroa, Petrone -voto concurrente-
Constitucionalidad, ley de emergencia
Materia: CIVIL
Carátula: Rochman, Samuel y otros c/ Valsecchi, Leonardo José s/ Ejecución especial en autos Valsecchi, Leonardo José. Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

Esta Suprema Corte, siguiendo los lineamientos brindados por la Corte Nacional, se ha pronunciado sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la legislación de emergencia en reiteradas oportunidades: causas C. 94.032, "Rechou, Diego contra Czyzyk, Norma Lidia. Ejecución hipotecaria"; C. 97.043, "Zella, Raimundo Ciro contra Ter Akopian, Arturo Diego y otra. Ejecución hipotecaria"; C. 99.406, "Inalpa Industrias Alimenticias Pavón Arriba S.A. contra Litovich, Héctor Fabian y otro. Ejecución hipotecaria"; C. 89.562, "Quiroga, Julio Ismael y otro contra Arias, Mario Osvaldo y otro. Ejecución hipotecaria"; C. 93.176, "International Trade Logistic contra Tevycom Fapeco S.A. Incidente de revisión en autos: Tevycom Fapeco S.A. concurso preventivo", entre muchas otras (del voto del doctor NEGRI).
Falta de reglamentación de la ley, deberes de la administración, facultades discrecionales, administración judicial, recurso de inconstitucionalidad, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tabacco, Romina Marcela c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad si las afirmaciones del recurrente, vinculadas a la vulneración de facultades propias y exclusivas del Poder Ejecutivo, carecen de vinculación con los hechos del caso. Ello así, en tanto la ley que requiere reglamentación data del año 2010 y el GCBA no ha ni siquiera esbozado argumentos que intenten justificar que los años transcurridos configuren un plazo razonable y que, por lo tanto, la falta de reglamentación constituya un ejercicio legítimo de la discrecionalidad administrativa. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Inspección ocular, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: B.H.A.- C.D.A.- C.J.E. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-26

Salvo circunstancias de grosera diferenciación, lo que el Código de Procedimientos exige, "en lo posible", art. 275, es la observancia de sus prescripciones generales: se entiende, la exhibición de objetos o vehículos de características similares, no idénticas, y ello es lo que meridianamente se ha observado por la Instrucción, de manera que no se irroga nulidad alguna en tal sentido.
Delitos contra la propiedad, pena, graduación de la pena, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: GATICA, CARLOS s/ PENA - DELITO CONTRA LA PROPIEDAD - CONDENA CONDICIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-18

Las penas en los delitos contra la propiedad, sobre todo cuando son impuestas en suspenso, deben llevar en su quantum, suficiente poder convictivo de futura amenaza de mayor rigor en caso de recaída en el delito, como para servir a los fines específicos y generales de la prevención.
Derecho procesal, medidas cautelares, aplicación de la ley, subsidiaridad, medidas autosatisfactivas, conflicto de intereses, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Vitlaz SRL c/ Vitullo, Karina Paola s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Corresponde revocar la medida autosatisfactiva otorgada en primera instancia a pedido de la Sociedad de Responsabilidad Limitada actora, que ordenó a la co-gerente de la sociedad acatar la decisión adoptada en reunión de socios, mediante la cual se la removió del cargo de gerente titular y se designaron nuevas autoridades. Ello así, pues no aparece suficientemente acreditada la verosimilitud del derecho esgrimido como fundamento de la cautelar solicitada, en tanto la cogerente dio su propia versión de los hechos que difiere ostensiblemente de la esgrimida por su contraparte (las actas de reunión serían falsas y carecen de validez, y forman parte de una maniobra delictiva perpetrada por su socio y ex-cónyuge y su apoderado, además la IGJ declaró irregulares e ineficaces tales actos).