marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración de incompetencia, dictamen fiscal, impugnación del acto administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Manevy, Diego Daniel  c/ E.N. - M. Interior - DNM - EX. 234733/89  s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-26

En un pleito iniciado con antelación a la entrada en vigor del decreto 366/25, el tribunal de grado se declaró incompetente para intervenir en él. En este sentido, puso de relieve -por remisión a las conclusiones vertidas en el dictamen fiscal- que el decreto en cuestión había introducido una serie de modificaciones en el procedimiento administrativo migratorio y en la posterior instancia de revisión judicial de los actos administrativos que allí se dictasen. Sobre tales bases, dispuso su desplazamiento en favor de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Apelada tal decisión por el actor, la sala revocó el pronunciamiento. Para así resolver -con apoyo en lo dictaminado por el fiscal general-, puntualizó que el a quo había omitido ponderar el art. 98 de la ley 25.871, que -según su redacción actual- asignaba competencia a los juzgados del Fuero "para entender en lo dispuesto por el Título V de la presente ley (texto según DNU n° 366/2025)". En este sentido, afirmó que el contenido de esta norma, de la que no cabía prescindir según doctrina consolidada de la Corte federal, "obstaba a que el Juez de grado declarase su incompetencia", por lo que correspondía disponer que el tribunal de grado reasumiera el conocimiento del asunto.
Alimentos, responsabilidad parental, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: R. V.  c/ Z. M. I.  s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2025-09-15

Las necesidades de un menor que deben satisfacerse se vinculan a la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, conforme las circunstancias de hecho de conformidad con la amplitud del contenido de la obligación alimentaria -arts. 27 inc. 1, 31 de la C.I.D.N. y 659 del CCyCN-. Para ello, deben analizarse los ingresos que tienen o pueden tener los padres, teniendo en cuenta el trabajo que desarrolla o puede desarrollar cada uno, la capacitación con la que cuentan, oficios, nivel de educación, los bienes fructíferos que poseen o los bienes de capital improductivo que pueden convertirse en fructíferos, la vivienda que poseen, su estado de salud que influye en la posibilidad de obtener ingresos, etc.
Accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: Delia, Gonzalo Iván c/ Sánchez, Carlos Alberto y otro s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-12-18

La indemnización por incapacidad sobreviniente debe fijarse atendiendo a las circunstancias personales del damnificado y a la totalidad de las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales del daño, conforme el principio de reparación plena.
Caducidad de instancia, intervención de terceros, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Taboada, Cristian Diego  c/ Club Atlético San Lorenzo de Almagro y otro s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-12-23

Corresponde revocar la declaración de caducidad de la instancia cuando, habiéndose admitido la citación de terceros, el procedimiento debía considerarse suspendido y, en consecuencia, no podía computarse el plazo legal de inactividad procesal.
Temeridad o malicia, sanciones procesales, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Garibaldi, Bruna Catalina c/  s/ sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-12-15

La aplicación de sanciones por temeridad y malicia exige la verificación de elementos objetivos que evidencien un abuso manifiesto del derecho de defensa, debiendo interpretarse de manera restrictiva para no afectar garantías constitucionales.
Inconstitucionalidad, regulación de honorarios, aplicación de la ley, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Bujan, Joaquín Pablo c/ Consorcio de Propietarios Colpayo 55/59 s/ nulidad de asamblea
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-12-17

Corresponde revocar la declaración de inconstitucionalidad dictada de oficio de la ley 27.423 cuando no se acredita una incompatibilidad manifiesta con la Constitución Nacional, toda vez que el control de constitucionalidad constituye un remedio de carácter excepcional.
Honorarios, medidas cautelares, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. c/ LEVAL S.A. y otros s/ art. 250 C.P.C. - incidente civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-12-11

En las medidas cautelares, los honorarios profesionales deben regularse sobre el monto que se pretende asegurar, sin que la posterior reducción subjetiva del alcance del embargo modifique la base regulatoria originaria.
Cese de la responsabilidad parental, familia de origen, interés superior del niño
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Z, M R y otro c/  s/ guarda
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-15

En el marco de la creación de vínculos de un adoptado con la familia ampliada del adoptante en función del superior interés del niño, conforme lo prescripto por el art. 699, inc. e) del CCyCN, se extingue la responsabilidad parental de la progenitora respecto de su hijo.
Medida de no innovar, medidas cautelares, acciones societarias
Materia: PROCESAL
Carátula: Stunz, Isabel c/ Fascetto, Martín Alejandro s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-12-29

La prohibición de innovar dispuesta respecto de acciones societarias debe extenderse al ejercicio de los derechos económicos y políticos inherentes a ellas cuando su restricción parcial compromete la eficacia de la tutela cautelar.
Honorarios, recurso de reposición (procesal), error de hecho (civil)
Materia: PROCESAL
Carátula: A., G. A. y otro c/ D. R., L. A. s/ liquidación de régimen de comunidad de bienes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-12-09

Corresponde admitir de manera excepcional el recurso de reposición y rectificar la regulación de honorarios dispuesta por la Cámara cuando se verifica un error de hecho en la apreciación de los recursos interpuestos, consistente en haber elevado los estipendios de un profesional que no los había apelado por bajos.
Reducción de alimentos provisionales, medidas cautelares, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: O., G. A. c/ O., F. E. s/ alimentos: cese
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-12-30

La disminución provisoria de la cuota alimentaria no resulta procedente cuando, en el marco cautelar, no se acreditan de manera suficiente los presupuestos fácticos que justifiquen la alteración del aporte fijado hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Notificación bajo responsabilidad, domicilio real, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: F. G.  c/ P. C. SRL (rebelde) y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-12-03

La validez de la notificación del traslado de la demanda practicada bajo responsabilidad de la parte actora se encuentra condicionada a la exactitud de la afirmación de que el domicilio denunciado corresponde efectivamente al domicilio real del demandado.
Cuota alimentaria, alimentos extraordinarios, afiliación a obras sociales, parentalidad compartida
Materia: CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: R. V.  c/ Z. M. I.  s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2025-09-15

Cabe fijar una cuota alimentaria en el 27 % del haber mensual que perciba un alimentante -para cubrir el 70 % de la Canasta de Crianza, cuando la franja de edad del niño se encuentra entre los 6 y 12 años-, establecer que los alimentos extraordinarios son a cargo de los progenitores en igual proporción -conf. el art. 666 del CCyCN, por la remisión que realiza al art. 658 del mismo cuerpo legal- y la afiliación del menor en la obra social del progenitor. Ello así, pues en función de los derechos del niño a un pleno y armónico desarrollo, le es impuesto a ambos padres, deberes comunes en el ejercicio de la responsabilidad parental. Esa corresponsabilidad abarca tanto el aspecto alimentario como lo vinculado al cuidado personal -arts. 3, 6, 18 y 27 de la C.D.N., arts. 638, 639 inc a), 640 inc. b, 646 inc a), 648, 650, 658, 659 y cc del CCyCN y art. 7 de la Ley 26061 CIDH Opinión Consultiva nro. 31/25-.
Fundamentación de sentencias, responsabilidad del Estado
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Gastón Hernán  c/ EN s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-14

La jueza Clara María do Pico, en disidencia, sostiene que la sentencia de primera instancia es un pronunciamiento judicial válido pues en ella se ha ponderado los requisitos que la ley y la jurisprudencia han considerado determinantes en la configuración de la responsabilidad del estado. Indica que no se menoscabó el derecho de defensa de la parte demandada ya que pudo conocer cuál fue su conducta que, caracterizada como antijurídica, generó los daños que ordenó resarcir.
Impugnación del acto administrativo, expulsión de extranjeros
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Rivera García, Carlos Alberto  c/ EN- M° Interior OP y V- DNM  s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-07

En primera instancia, la magistrada de grado rechazó el recurso de la parte actora y confirmó las disposiciones SDX n° 87306 y 100521 del registro de la Dirección Nacional de Migraciones, en cuanto cancelaron la residencia permanente del señor Carlos Alberto Rivera García, declararon irregular su permanencia en el país, ordenaron su expulsión del territorio nacional, y prohibieron su reingreso con carácter permanente. El tribunal de alzada hizo lugar al recurso de apelación interpuesto, revocó la sentencia apelada, y declaró la nulidad de las disposiciones SDX n° 87306 y 100521, en tanto que los actos impugnados aplicaron de manera errónea el derecho que rige el caso y, consecuentemente, no se expidieron de manera adecuada acerca del pedido de dispensa formulado por el actor, analizando la situación a la luz de los estándares jurídicos internacionales e internos aplicables.
Declaración de inconstitucionalidad, acción de amparo, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Castrillon, Emilio Aroldo Eduardo c/ Colegio de la Abogacía de Entre Ríos s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-01-07

Si a la falta de urgencia, le sumamos la necesidad de perforar el sistema jurídico a través de una declaración de inconstitucionalidad (requisito indispensable para hacer lugar a lo pretendido), es evidente que el amparo no es la vía procesal adecuada. Aun cuando hipotéticamente resulta abordable judicialmente el planteo del amparista, al no haber una situación apremiante, éste debe canalizarse a través de las vías judiciales normales y habituales con la que se somete a control judicial la actividad administrativa o se somete a control constitucional un norma legal; es decir, por la vía contencioso administrativa o la vía constitucional; contando incluso -en ambos casos- con la posibilidad de solicitar medidas cautelares. (Del Voto del Dr. Giorgio, en minoría)
Multa administrativa, financiación del terrorismo, lavado de activos
Materia: PENAL
Carátula: Calabria, Adrián Enrique y otro  c/ UIF  s/ Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 - Art. 25
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-29

La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó a la Asociación Mutual Da Vinci y a sus directores con multas, al considerarlos responsables de múltiples incumplimientos a la resolución UIF n° 11/2012 en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entre las faltas detectadas se mencionaron: ausencia de auditorías periódicas, falta de verificación en listas de terroristas, deficiencias en el perfil del cliente, carencia de herramientas tecnológicas de monitoreo, ausencia de registros adecuados de operaciones inusuales, manual de procedimientos incompleto y legajos de clientes con información insuficiente. La sala confirmó la resolución de la UIF y desestimó los agravios de los recurrentes. Señaló que la competencia de la cámara para conocer en recurso directo se encuentra expresamente prevista en la ley 25.246 y en su decreto reglamentario, sin que ello implique un exceso en la potestad reglamentaria ni afecte la garantía del juez natural. En el mismo sentido, recordó que la doble instancia no reviste jerarquía constitucional, salvo en los supuestos expresamente establecidos por la ley. En relación con la prescripción, la sala entendió que no se hallaba configurada, puesto que la notificación del acto que dispuso la apertura del sumario, producida en 2019, interrumpió el plazo quinquenal contemplado en la normativa vigente. Asimismo, enfatizó que la responsabilidad de los directores deriva del deber de diligencia propio de sus cargos, de modo que no resulta admisible que intenten exonerarse alegando desconocimiento de las omisiones reprochadas. La atribución de responsabilidad no se funda en una lógica de "responsabilidad objetiva", sino en el incumplimiento de los deberes normativos que les eran exigibles. El tribunal también remarcó que, en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no resulta necesario acreditar un daño concreto al bien jurídico protegido para que la infracción quede configurada; basta con la comprobación del incumplimiento normativo. Agregó que, si bien los principios del derecho penal resultan aplicables de manera supletoria cuando son compatibles, las sanciones dispuestas tienen naturaleza eminentemente administrativa. Finalmente, concluyó que la fijación de las multas fue razonable y proporcional, en tanto se mantuvo dentro de los márgenes legales y respondió a la gravedad de los incumplimientos verificados, a la operatoria en efectivo de la mutual y a los riesgos que tales falencias implicaban para la eficacia del sistema preventivo.
Revocación de sentencia, impugnación del acto administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Morixe Hermanos S.A.  c/ E.N. - M§ Economía - Mercado Interno - noviembre 2010 enero 2011 y otro  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-19

Apelado el pronunciamiento, la sala revocó la decisión de grado, con sustento en los siguientes asertos: (i) el a quo no pudo considerar precluida la posibilidad de que la actora impugnase la disposición en crisis, pues ello implicó desatender los parámetros que se habían prefijado en el pleito para el dictado del nuevo acto, sin siquiera cotejar si este último resultó ajustado al pronunciamiento definitivo de autos; (ii) el nuevo acto administrativo no satisfizo las directrices impartidas por el tribunal; (iii) la disposición 177/25 no sólo había omitido referirse a los requisitos formales correspondientes al régimen de compensaciones en juego, sino que endilgó inobservancias a Morixe Hermanos S.A. que no se condecían con los elementos probatorios incorporados en sede judicial -vgr., informe pericial contable-; (iv) un "análisis pormenorizado de los presupuestos fácticos" no podía prescindir de las piezas anexadas en sede judicial, atento el prolongado lapso -más de doce años- transcurrido desde la promoción de la demanda hasta el dictado de la disposición 177/25, so pena de incurrir en un inadmisible desconocimiento de las garantías más elementales que el ordenamiento normativo nacional ha conferido al administrado -vgr., su derecho al debido proceso adjetivo-; (v) la determinación de la procedencia del reclamo actoral no podía ser decidida judicialmente, no sólo porque la actividad de evaluación en la concesión de subsidios constituía una función primaria de la administración, sino también porque así había quedado firme y consentido en el fallo definitivo de autos; y (vi) el desapego demostrado por el Estado Nacional en cumplir con la manda impartida obligaba a instarlo a que, frente al próximo acto administrativo que debía dictar en el plazo perentorio de 30 días -bajo apercibimiento de dar intervención a la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal a fin de que investigase la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del responsable de su dictado y suscripción-, contemplase toda la documentación incorporada, omitiese la reedición de requisitos de admisibilidad formal ya revocados en el sub lite, y ciñese su accionar a la ponderación de la concesión o denegación de la compensación reclamada según el cumplimiento -o no- de los extremos sustantivos previstos en la normativa aplicable.
Compatibilidad previsional, abogados, ejercicio profesional
Materia: CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Castrillon, Emilio Aroldo Eduardo c/ Colegio de la Abogacía de Entre Ríos s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-01-07

El argumento expuesto por el CAER en defensa de la incompatibilidad prevista por la norma, esgrimiendo que la mayoría de los regímenes laborales especiales o estatutarios así lo prevén, resulta manifiestamente inatendible, toda vez que la ley provincial 7413 y el decreto nacional 894/2001 invocados refieren a la incompatibilidad de percibir haberes previsionales y estar en la actividad dentro de la Administración Pública, circunstancia absolutamente disímil a la del actor que pretende la rehabilitación de su matrícula del colegio profesional que tiene su propia entidad de previsión y seguridad social ajena al régimen de jubilaciones y pensiones para el personal provincial y municipal de Entre Ríos. Además, el citado art. 73 de la ley 8732 refiere a la actividad en relación de dependencia, cuando la abogacía constituye una profesión de las llamadas liberales, por lo cual la pretendida razonabilidad de la restricción invocada por el CAER por existir en otros regímenes mal puede trasladarse de manera automática al supuesto de actor, cuando el art. 77 de la Constitución Provincial, ha reconocido y garantizado la plena vigencia de los Colegios y Consejos Profesionales, confiriéndoles el gobierno de la matrícula, la defensa y promoción de sus intereses específicos. (Del Voto del Dr. Carlomagno, conformando la mayoría)
Registro de la propiedad inmueble, inscripción catastral, publicidad registral, carga de la prueba, expropiación, interés público, dominio público, asiento registral
Materia: PROCESAL
Carátula: March, Armando Vicente y otro  c/ Superior Gobierno de la Pcia. de Córdoba - Expropiación s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-05-16

Si bien es cierto que los asientos registrales deben compadecerse con la realidad fáctica que exponen, no siempre ello ocurre de tal modo, porque existen supuestos de expropiaciones por causa de utilidad pública inscriptas, pero que no se han concretado en la realidad, así como ausencia de constancias relativas a expropiaciones dispuestas, consolidadas, mas no anotadas en ningún registro (del voto en mayoría de los jueces Héctor Hugo Liendo y María Rosa Molina de Caminal).
Actos impugnables, aplicación de la ley, contestación de la demanda, excepciones procesales, recursos, contratos, seguros, automotores, robo, pago, bien asegurado, plazo, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Ortiz, Sergio Gabriel  c/ Libra Compañía Argentina de Seguros SA - Abreviado - Cumplimiento/Resolución de Contrato - Tramite oral s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-10

En un juicio iniciado con motivo de la falta de cumplimiento en término de la aseguradora del contrato contra robo de un automotor, frente a un fuerte e importante desfasaje del contravalor o valor de referencia, lesivo de derechos de raigambre constitucional (el de propiedad, el de reparación plena u otros), es posible efectuar ciertos ajustes en la cuenta capital, siempre a pedido de parte y de manera fundada. Es decir, mandar a pagar el valor que más se acerque al actual de mercado del rodado asegurado, lo que conlleva en el caso a la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar (art. 7 de la Ley n.° 23928, Ley n.° 25561 y arts. 765 y 766 del CCC). Al fin y al cabo, la suma de dinero pactada como límite de cobertura debe permitir adquirir uno igual al asegurado y esa es, claramente, la causa final del contrato, pagar un valor equivalente que, en definitiva, permita reemplazar el bien robado. Este valor parece ser el adecuado a pagarse, en principio, incluso si ha existido un aumento considerable, no sólo nominal, sino real, tanto por el factor inflacionario como por factores propios del mercado del bien.
Control de constitucionalidad, voluntad del legislador, pena, determinación de oficio, retributivismo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., N. G. p. s. a. defraudación con el pretexto de remuneraciones ilegales en grado de tentativa c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-11

Al individualizar la pena, el juez debe ponderar, dentro de su fin y justificación, el principio retributivo -que atiende a la medida de la culpabilidad y a la proporción del injusto- y también conceptos como los de prevención especial y general, en tanto se busca que el condenado, tras recibir una sanción justa, pueda reinsertarse en la sociedad y que el cumplimiento de la pena reafirme el imperio del derecho. La pena constituye así la conjunción de los fines preventivos y retributivos del derecho penal en forma amalgamada y con justicia. Su cumplimiento implica la aplicación del derecho conforme a la ley como consecuencia necesaria de la acreditación de la violación de la norma penal. De ello derivan dos consecuencias inmediatas orientadas a la comunidad: a) reafirma que el que delinque recibe la sanción prevista, salvo excepciones contempladas por el ordenamiento jurídico, y b) fortalece la constante vigencia de la norma penal como pauta útil de comportamiento social.
Control de constitucionalidad, voluntad del legislador, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., N. G. p. s. a. defraudación con el pretexto de remuneraciones ilegales en grado de tentativa c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-11

La declaración de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma constituye una tarea delicada y crucial ya que implica determinar si una ley, disposición o procedimiento probatorio se ajusta a los principios y garantías establecidos en la Constitución nacional. Tal es la importancia de este examen que, cuando se declara la invalidez constitucional de una norma, dicha declaración debe erigirse como el remedio inevitable y resultar útil para resolver no sólo el caso concreto, sino también situaciones análogas; evitando, asimismo, convertirse en una disposición general o erga omnes que sustituya a la ley.