Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-19


Comodoro Rivadavia, diecinueve de diciembre de 2005.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: " C. S.R.L. c/ P., A. s/ ORDINARIO" Expte. N° 14.277/04, venidos del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1, (Expte. N° 2190/2000), por haber interpuesto la actora a fs. 240, recurso de apelación contra la resolución de fecha 15 de septiembre de 2005, de fs. 239 que dispone por aplicación del art. 16 de la ley 1806, no proveer los escritos de la parte hasta tanto se abone la tasa de justicia adeudada.

Se agravia el recurrente a fs. 242/247, por considerar que lo dispuesto por la resolución de fs. 239, viola la garantía de defensa en juicio y debido proceso. Sostiene que el acceso al servicio de justicia no debe estar condicionado al cumplimiento de requisito previo. Manifiesta que en otros procesos que enumera y que tramitan ante el tribunal actuante se ha comprobado la imposibilidad de C SRL para asumir el pago anticipado de la tasa de justicia. Agrega que en el presente corresponde aplicar la solución prevista en el último párrafo del artículo 13 de la ley 1806. Continúa diciendo que lo resuelto conlleva la suspensión del proceso. Solicita se revoque la resolución impugnada y se forme incidente para determinar la forma de pago de la tasa de justicia y se continúe con el proceso.

De las constancias del presente surge que a fs. 237, se dictó la resolución de fecha 22 de abril de 2005 en la que se otorga el beneficio de pago de la tasa de justicia en un máximo de 36 cuotas mensuales y consecutivas de $ 139,69. Se notifica personalmente de dicha resolución el día 16 de mayo de 2005. A fs. 238, la parte solicita la continuidad del trámite del proceso sin perjuicio de la notificación que se realice a la Dirección de Administración Fondos Recursos Propios del Poder Judicial. A fs. 239, el tribunal intima al actor el pago de las cuotas vencidas mediante la resolución en crisis. A fs. 240, el actor interpone recurso de apelación contra la intimación realizada por el tribunal.

Es sabido que la tasa es una especie de tributo que surge cuando el estado ha prestado un servicio administrativo determinado que afecta de modo especial al obligado al pago. El hecho imponible que origina la obligación de pagarla es la prestación de un servicio del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión deducida y pesa sobre quien inicia las actuaciones la carga de afrontarla más allá de la posterior posibilidad de repetir lo abonado contra la parte que resulte condenada.

Ahora bien, la tasa de justicia es un requisito exigido por una ley que forma parte de la reglamentación del derecho de peticionar a las autoridades y el ejercicio de defensa en juicio y como ha dicho reiteradamente la Corte Suprema, los derechos constitucionales no son absolutos sino que encuentran sus límites en las leyes que reglamentan su ejercicio.

Por ello, no hay colisión entre norma constitucional alguna y la exigencia de su pago. Esto es así, pues el acceso a la justicia se encuentra garantizado con el beneficio de litigar sin gastos y por las exenciones previstas en la ley específica. Como surge de los expedientes acordelados al presente- (Exptes. N° 731/2001 y 1061/2002-, la pretensión de la actora de obtener el beneficio de litigar sin gastos ha fracasado en dos oportunidades, con la consiguiente consecuencia jurídica que ello conlleva y no se evidencia en el caso de autos la existencia de un supuesto de excepción subjetiva a la normativa especial en la materia.	Se ha dicho que en el ámbito provincial el pago de la tasa de justicia es una cuestión procesal y constituye un requisito de la demanda, salvo la obtención del beneficio de litigar sin gastos. ( EUREKA Sumario 07283 MFN 004046) Por ello, el incumplimiento de pago de la misma provoca la suspensión de los actos procesales, desde que las actuaciones judiciales están sujetas a las tasas que establece la ley 1806 y si no hay exenciones subjetivas, dicha sujeción provoca que ninguna oficina pública o juez realizará tramitación alguna..., ni tampoco se tramitará expediente alguno. ( Eureka. Sumarios 07981 MFN 004508, 07287 MFN 004051).

Por lo expuesto se concluye que los agravios del recurrente no pueden prosperar.

Con relación al argumento que no es de aplicación el artículo 16 de la ley 1806, sino que corresponde aplicarse las disposiciones del artículo 13 último párrafo de la ley citada, se adelanta que no le asiste razón al apelante. Esto es así, pues la ley citada en su artículo 13 se refiere al modo de intimación, recaudación de la tasa y el procedimiento a seguir en dicho caso, integrado con el actual sistema de la ley 4315, debiendo diferenciarse la recaudación de la tasa de justicia con la sanción prevista por ley ante su incumplimiento.

El actor ha reconocido su obligación al pago de la tasa de justicia no ha impugnado ni su determinación y ni el plan de pago dispuesto por el tribunal de fs. 237/239. Así, su conducta actual deviene contradictoria debiendo aplicarse a la misma la teoría de los actos propios. Si la parte se ajustó a la aplicación de un determinado régimen jurídico, como en el caso de autos, no resulta procedente su pretensión posterior de ser eximido del mismo.

Por todo lo expuesto, se concluye en confirmar la resolución en crisis de fs. 239 y rechazar el recurso de apelación de la actora en todas sus partes.

Costas de la Alzada se imponen al apelante vencido. Se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes, teniendo en cuenta la labor desarrollada y éxito obtenido y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles profesionales para abogados. ( arts. 6,7,8, 33 y 14 ley 4335 t.o) Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1°).- Rechazar el recurso de apelación de la actora interpuesto a fs. 240 y confirmar la resolución de fs. 239.

2°).- Costas de la Alzada a la apelante vencida. Regular los honorarios profesionales del Dr. M A O, en la suma de pesos cincuenta ( $ 50,00).

3°).- Regístrese, notifíquese y devuél-vase.

Fdo: Silvia N. Alonso de Ariet -Presidente-; Julio Antonio Alexandre -Juez de Cámara-; Nélida Susana Melero -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 220 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS