Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-10-04


SENT Nº 791 C A S A C I Ó N San Miguel de Tucumán, 04 de Octubre de 2004.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Correccional del CJC del 26/4/2004 (fs. 517/vta.), el que es concedido por el mismo magistrado mediante auto de fecha 10/5/2004 cfr. fs. 522. En esta sede, no se presentó memoria sobre el recurso casatorio, mientras que el mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por rechazo del recurso intentado (cfr. fs. 533/535). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado, contra la sentencia del Juzgado Penal en lo Correccional del CJC, de fecha 26/4/2004, que no hace lugar al planteo de prescripción de la acción penal interpuesta por aquél, disponiendo la prosecución de la causa según su estado.

II.- Ataca el recurrente la sentencia expresando que adolece de gravedad institucional al trascender el interés personal de las partes y comprometer en forma directa y decisiva principios constitucionales ("non bis in idem" igualdad ante la ley, libre defensa en juicio).

Relata que a fs. 332 y vta. y ss. se encuentran actas del debate que dan cuenta de la realización del debate oral y público y que a fs. 345 se encuentra la resolutiva del fallo que absuelve de culpa y cargo al imputado y no hace lugar a la demanda civil; que con fecha 02/10/2003 el Juez Correccional subrogante resolvió declarar nulas todas las actuaciones del presente juicio desde fs. 269 y retrotraer el presente juicio al decreto de fecha 21/5/2002 de fs. 268 vta.

Sostiene que en la causa ha operado la prescripción de la acción penal toda vez que conforme a la resolución de fs. 506 (declarativa de nulidad) la causa ha quedado procesalmente en el estadio del art. 361: citación a juicio no existiendo ningún otro acto posterior con entidad suficiente que dé real dinámica o inequívoco impulso persecutorio al proceso (secuela de juicio).

Expresa que la resolución en crisis ha afectado el adecuado servicio de justicia y las garantías constitucionales antes citadas, así como el instituto de la prescripción, lo que configura -reitera- un supuesto de gravedad institucional que excede el interés particular de las partes al encontrarse cuestionada la estructura esencial del proceso.

Solicita se haga lugar al recurso tentado.

III.- El recurso ha sido concedido mediante auto del 10/5/2004. El Ministerio Fiscal se pronuncia por el rechazo del recurso, conforme los términos vertidos en su dictamen de fs.533/535, correspondiendo, en esta oportunidad, el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia en recurso destaca que el art. 190 procesal establece que la nulidad de un acto, cuando fuere declarada, hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan; que al declararla el tribunal interviniente establecerá además a qué actos anteriores o contemporáneos alcanza la nulidad, por conexión con el acto anulado y que cuando fuere necesario y posible se ordenará la renovación o rectificación de los autos anulados. Que de ello se infiere que el acto nulo por la exigencia regular de la marcha del proceso, no puede quedar omitido porque produce perjuicios y afectan al debido proceso (art. 18 CN), por ser parte de la estructura del mismo razón por la cual deberá ser renovado o rectificado; que siendo así el acto nulo tiene una suerte de validez residual como secuela interruptiva de prescripción porque no se puede dudar del impulso procesal que ello significa tornándose necesario la renovación o rectificación.

Señala que en este sentido, en el sub examen conservan su impulso procesal las piezas procesales de citación a juicio (fs. 274, 276, 290, 295 y 318) y consecuente apertura a pruebas, constituyendo secuela interruptiva de juicio, con entidad suficiente para dar dinámica al proceso y manteniendo en movimiento la acción penal.

Por ello, concluye no haciendo lugar al planteo de prescripción de la acción penal interpuesta y disponiendo que la causa prosiga según su estado.

V.- La confrontación de los términos del memorial introductorio del recurso de casación con los fundamentos del fallo en crisis permite advertir que cabe desestimar el recurso.

En primer lugar, se advierte que la sentencia que rechaza la prescripción de la acción penal opuesta por la defensa del imputado, no reviste la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en los arts. 469 y 472 CPPT.(cfr. CSJTuc., in re "Santucho, Mario Saúl s/Estafa", sentencia del 05/8/99; "Avellaneda, Oscar G. s/Lesiones por culpa o imprudencia", del 16/3/98, entre otras). Tampoco concurre en el caso el excepcional supuesto de gravedad institucional que autorice la apertura de la vía recursiva intentada. Esta Corte ha delineado la gravedad institucional como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o puedan resultar frustratorios de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de servicios públicos (CSJTuc. "Juárez, O.M. s/lesiones gravísimas", 21/12/94). La cuestión que se pretende ingresar no presenta tales caracteres, siendo insuficiente la mera invocación de lesión a garantías constitucionales para que se admita la configuración de la gravedad institucional (conf. CSJT, sents. n° 141 del 18/3/2002; 555 del 05/8/99).

En efecto, el recurrente no ha acreditado la gravedad institucional que alega limitándose, en el punto, a invocar la supuesta violación de garantías constitucionales. Asimismo, es claramente insuficiente el libelo casatorio toda vez dista mucho de ofrecer una crítica concreta, cierta y puntual al argumento sentencial según el cual los actos procesales que detalladamente señala han constituido secuela interruptiva del juicio por las razones que expone. El impugnante sólo manifiesta que al retrotraerse la causa al momento de la citación a juicio de fs. 199, la misma estaría prescripta; no agregando nada más.

A su vez, no se observa, en el caso, la gravedad institucional alegada. Es que la cuestión que se plantea en el sub lite es si la nulidad de los actos desde fs. 269 y sus posteriores -según resolutiva de fecha 02/10/2003- borra los efectos interruptivos de la prescripción de los actos procesales cumplidos, o si, por el contrario ellos constituyen secuela de juicio, o si, en su caso, existen otros actos procesales que revistan tal carácter, y posean, en consecuencia, virtualidad para interrumpir el curso de la prescripción.

Al respecto, tiene dicho este Tribunal -en precedentes aplicados por el pronunciamiento atacado- que del art. 190 procesal se puede inferir que el acto nulo por la exigencia regular de la marcha del proceso no puede quedar omitido porque produce perjuicios y afecta al debido proceso, ello en relación a la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio, por ser parte de la estructura del mismo, razón por la cual deberá ser renovado o rectificado. Siendo así en la especie el acto nulo tiene una suerte de validez residual como secuela interruptiva de la prescripción, porque no se puede dudar del impulso procesal que ello significa, al no poderse prescindir del mismo por afectar la estructura procesal y al debido proceso como se dijo, tornándose necesario en su caso la renovación o rectificación. Que debe tenerse presente que en nuestro ordenamiento de forma, en el precitado art. 190, cuando habla de los efectos de la nulidad, expresamente determina cuando fuera necesario y posible, la renovación o rectificación de los actos anulados. En tal sentido se ha dicho, que es secuela de juicio, interruptiva de la prescripción de la acción penal, la realización de cualquier acto procesal que ponga de manifiesto la voluntad de los órganos del Estado para llevar adelante la persecución penal, y que poseen tal naturaleza no sólo los que aparecen directamente enderezados a lograr la sentencia de condena, sino también los destinados a remover los obstáculos procesales, que se oponen al avance del proceso. En el sub examen y a la luz de los antecedentes previamente analizados, se concluye que los actos mentados en la sentencia en embate, por el impulso procesal que producen en el proceso, constituyen secuelas interruptivas de la prescripción; de no ser así, el proceso caería en una laguna que tornaría imposible su continuación, con afectación directa a los principios de defensa y del debido proceso de raigambre constitucional (art. 18 CN), cláusula de reserva.

Evidentemente en estos actuados los supuestos mentados por el Juez Correccional: citación a juicio, apertura a prueba, ofrecimiento de prueba, acta de debate, etc., tienen entidad suficiente, para dar real dinámica e inequívoco impulso persecutorio al proceso, manteniendo en efectivo movimiento la acción penal (conf. CSJTuc. "López, Enrique René s/Lesiones culposas", sentencia del 21/8/98; 754 del 14/9/2000; "Córdoba, J.C. y otro s/Robo", sentencia del 28/8/96; "Casanova, Evaristo s/Lesiones culposas", sentencia del 06/10/97; sentencia n° 843 del 19/11/98; sentencia n° 621 del 21/8/98; y "Gómez, René Rubén s/Lesiones culposas", sentencia n° 763 del 13/10/98).

Conforme a ello, la acción penal no ha prescripto en la presente causa (arg. arts. 62, 63, 181 CP) por lo que no se advierte la gravedad institucional alegada.

Por lo expuesto, corresponde declarar inadmisible (arg. art. 469 CPPT) el recurso de casación impetrado por la defensa técnica de José Luis Nieva.

VI.- Las costas del recurso, atento al resultado arribado, se imponen al recurrente vencido (art. 551 CPPT).

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la defensa de José Luis Nieva, contra la sentencia del Juzgado Penal en lo Correccional del CJC, de fecha 26/4/2004, según lo considerado.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA