Acción de amparo, tarifa telefónica, aumento de tarifas, inconstitucionalidad, vicio de irrazonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ ESTADO NACIONAL-PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ AMPARO, LEY 19.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-14

Buenos Aires, 14 de febrero de 1997.

AUTOS Y VISTOS, CONSIDERANDO:

I. El Defensor del Pueblo de la Nación promueve acción de amparo contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 92/97 y de toda otra norma que disponga la modificación de la estructura tarifaria vigente al momento de entrar en vigor la norma cuestionada. Funda su pretensión en la irrazonabilidad de la modificación del sistema tarifario y la ilegitimidad de las normas que posibilitan tal proceder. Señala, además, que el decreto impugnado configura un palmario desconocimiento de lo decidido en sede judicial violando el principio de cosa juzgada y desatendiendo un mandato judicial expreso.

En esa misma oportunidad requiere el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación del decreto 92/97.

II. La Sra. Juez de primera instancia acogió favorablemente esa pretensión cautelar. A su juicio, la verosimilitud del derecho aparece configurada con sólo tener en cuenta que la aprobación de la modificación a la estructura general de tarifas del servicio básico telefónico sin la previa celebración de la audiencia prevista en el art. 3 de la Resolución 381/95 del Ministerio de Economía entraña el incumplimiento de mandatos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada.

III. Apela el Estado Nacional. En el memorial obrante a fs. 308/317 formula, en esencia, tres agravios: a) la decisión cuestionada tiene como exclusivo fundamento un error de derecho, pues se basa en el supuesto incumplimiento de una resolución derogada antes de la iniciación de la demanda. Aclara que el Estado cumplió con lo dispuesto en los fallos "Defensor del Pueblo" y "Adelco" mientras la resolución 381/95 estuvo vigente. Derogada ésta las sentencias perdieron su sustento normativo; b) la Resolución 57/96 que derogó la 381/95 no fue recurrida ni impugnada por ningún interesado. Se trataría, pues, de un acto administrativo consentido hasta por la propia amparista por lo cual resulta sorprendente que ahora aduzca el incumplimiento estatal de sentencias firmes a pesar de conocer debidamente el acto derogatorio; c) La sentencia invade la zona de reserva de la Administración inmiscuyéndose en cuestiones ajenas a la competencia de los jueces.

IV. Diversas son las razonas que justifican rechazar el recurso interpuesto.

Los fundamentos en que se basa el primer agravio condensan graves inexactitudes de hecho y denotan la insistencia en una interpretación del ordenamiento que regula el sector expresamente desechada por sentencias firmes.

A. La distorsión de las circunstancias de hecho es llamativa.

Según el apelante, no medió incumplimiento de sentencias firmes porque éstas fueron dictadas durante la vigencia de la Resolución 381/95 y quedaron sin sustento legal al ser derogadas después de dictados los fallos.

Si bien es cierto que la sentencia de la Sala V fue anterior a la derogación de la Resolución 381/95, no lo es menos que el pronunciamiento de este Tribunal en la causa "Adelco" fue posterior.

El simple cotejo de las fechas en que el acto administrativo derogatorio se dictó -23/8/96- y fue publicado en el Boletín Oficial -3/9/96-, con la del pronunciamiento judicial antes aludido - 19/9/96- demuestra la inexactitud del agravio.

B- La reiteración de líneas argumentales ya rechazadas por decisiones firmes es, también, evidente.

La pretensión deducida en la causa "Adelco" tuvo por objeto que se condenara al Estado Nacional a que diera a conocer su propuesta de reestructuración y balanceo de las tarifas telefónicas para que ésta fuera discutida en la audiencia pública prevista por la Resolución 381/95. En esa oportunidad, el Estado Nacional adujo la inexistencia de una norma de derecho objetivo en materia de telecomunicaciones que ordene la realización de ese acto procesal como requisito de cualquier modificación tarifaria.

Semejante argumento fue examinado y rechazado por el Tribunal por considerar que carecía de relieve frente a lo dispuesto por el art. 3 de la Resolución 381/95 -a esa fecha ya derogada- que contiene una verdadera autolimitación de la Administración formalizada en un acto administrativo específico y en una materia en que ella es posible. Entre otras cosas, también sostuvo que se trataba de un acto inserto en un procedimiento específico y determinado dentro del cual comporta un requisito esencial en la formación de la decisión definitiva que deberá emitir la Administración, tal como es reconocido en los considerando de la Resolución SETyC nro. 395.

Lo así resuelto no implicó, por cierto, negar la posibilidad de que el Estado regule en forma diferente los procedimiento a seguirse en situaciones futuras. Tampoco que lo haga a través de un acto de alcance general.

Simplemente significó que el procedimiento de reestructuración y rebalanceo de las tarifas en el cual y sólo para el cual se dictó la Resolución 381/95 debía regularse, hasta su conclusión, por las disposiciones en ellas contenidas. En otras palabras, que la Resolución 57/96 no podía aplicarse con efecto retroactivo.

Esta decisión fue consentida por el Estado Nacional.

Consecuentemente, resulta llamativo que el decreto 92/97 y en el memorial ahora traído a conocimiento de la Alzada se insista, en forma prácticamente literal, en argumentos ya desechados en esa decisión en autoridad de cosa juzgada.

Si el Estado Nacional no estaba de acuerdo con lo resuelto contaba con los cauces procesales aptos para cuestionarlo. Si no hizo en aquella oportunidad no puede ahora expresar su discrepancia mediante el desconocimiento liso y llano de un mandato judicial que expresamente enerva la posibilidad de aprobar la reestructuración y el rebalanceo tarifario ante de que la Secretaría de Energía y Comunicaciones presente su propuesta en una audiencia pública. La actitud asumida parece reflejar la extraña intención de dejar sin efecto una sentencia judicial firme por medio de un acto administrativo. Esta singular forma de inejecución de decisiones judiciales resulta palmaria y manifiestamente ilegítima.

V. El segundo agravio tampoco puede prosperar por las siguientes razones:

a) el ámbito de aplicación de la técnica del acto consentido se circunscribe a los actos de alcance particular, circunstancia que no se da en el presente caso (art. 23, 24 inc. a y b de la LPA).

b) lo resuelto por esta Sala en la causa "Adelco" impide que se configure consentimiento alguno.

VI. Igual suerte debe correr el tercer agravio.

Mantener la inalterabilidad de las decisiones judiciales firmes, en los términos en que lo hace la señora Juez, no implica poner en tela de juicio la competencia de la Administración para fijar tarifas, ni invade la zona de reserva de la Administración, ni supone entrometerse en cuestiones ajenas a su jurisdicción.

Esa crítica a la cual se pretende sustentar en los considerandos del decreto 92/97 es manifiestamente improcedente. Lo es porque la fuente en que se apoya traduce la inusual pero clara intención del Gobierno de excluir, por acto administrativo, la posibilidad de cualquier tipo de control judicial sobre las tarifas del servicio público teléfonico.

La fijación o aprobación de tarifas por el órgano administrativo competente, comporta un principio general que no está en entredicho. Pero de ese principio general, de indiscutida vigencia, no se puede inferir que por imbricar en el marco de competencias propias de la Administración esta circunstancia, por sí sola, configure un ámbito global de inmunidad a toda fiscalización judicial.

Esta curiosa solución conduce, además, a resultado disvaliosos.

No se discute la facultad que, en su caso, tienen las licenciatarias de actuar ante la justicia su eventual disconformidad con las tarifas fijadas. ¿Por qué la intervención judicial estaría vedada cuando quienes reclaman son los usuarios? Tampoco se puede apoyar la pretensión del Gobierno en una invocación genérica a la zona de reserva de la Administración. Ella sólo se dirige a establecer la competencia privativa de los Organos Superiores del Estado, sin que tal circunstancia traduzca la exclusión del control de los jueces.

Menos aún cuando la singular, anticipada y genérica cohibición que se predica proviene de una disposición normativa de rango inferior a la ley.

Esos graves asuntos, al menos por ahora, están regulados por la máxima expresión del ordenamiento jurídico: la Constitución Nacional.

Afirmar -como lo hace la señora Juez- que los mandatos judiciales firmes no deben ser incumplidos ni dejados sin efecto por un acto administrativo sólo implica decir que el Estado de Derecho impone la necesidad de acatar y cumplir las sentencias.

La Administración acató el mandato dispuesto por este Tribunal en la causa "Adelco", pero no lo cumplió. En lugar de hacerlo dictó actos administrativos que se alzan contra lo resuelto y procuran ocluir su ejecución.

Actitudes semejantes generan confusión. También contribuyen a que cunda en la sociedad la sensación de estar inmersa en un peligroso estado de desorden jurídico que correo las normas y principios constitucionales y afecta la seguridad jurídica.

Actitudes semejantes, parecen olvidar aquella lúcida reflexión de Recasens Siches: "Sin seguridad jurídica no hay Derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna clase".

Traspolando a esa afirmación valores hoy más el uso, también puede decirse que sin seguridad jurídica no hay economía de mercado, ni mercado, ni adecuada protección de los derechos individuales y colectivos.

VII. Las consideraciones precedentes tornan innecesario el examen de las otras cuestiones planteadas.

Por todo ello y dentro del reducido marco de cognición en el que se valoran las pretensiones cautelares, la verosimilitud del derecho debe tenerse por suficientemente acreditada.

Como ya sostuviera esta Sala en una situación análoga la configuración del perjuicio surge por la sola omisión del procesamiento establecido y por la clara intención de soslayarlo instrumentada a través de un acto administrativo. Esta circunstancia satisface suficientemente los requisitos de actualidad y certidumbre del daño (conf. esta Sala in re "Adelco" del 19/9/96; Sala V in re "Rodríguez Jesús y otro" del 19/7/96).

VIII. En mérito a los fundamento desarrollados en los considerandos precedentes SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada.

El Dr. Roberto Mario Mordeglia no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Regístrese, notifíquese con habilitación de día y horas inhábiles y devuélvanse.

Guillermo Andrés Muñóz Jorge Esteban Argento