Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-12-18


Córdoba, diciembre 18 de 2007.

1º ¿Es procedente el recurso de casación? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde? 1º cuestión. - El doctor Domingo Juan Sesín dijo:

1. A fs. 174/178vta. la demandada interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Número Ciento catorce, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba el veintiséis de junio de dos mil seis (fs. 150/171), que en su punto segundo de la parte resolutiva dispone: "... Condenar a la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, a restituir a firma MAJUL FLORES S.R.L., el depósito de Garantía de Oferta de Pesos SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 6.200), oportunamente constituido, con más los intereses correspondientes, desde el 04/07/01 hasta la fecha del efectivo pago, calculados conforme a la tasa establecida en el Punto 13 de la primera cuestión. Dicha suma deberá ser abonada dentro del término de cuatro (4) meses, computado desde que el presente pronunciamiento quede firme, debiendo la demandada, dentro de los primeros sesenta (60) días presentar en autos la liquidación pertinente para su contralor por la parte actora. Todo bajo apercibimiento de ley...".

2. En aquella Sede se corrió traslado del recurso de casación a la parte actora (fs. 179) quien lo evacuó a fs. 182/183vta., solicitando que se rechace el recurso interpuesto por la demandada.

3. Concedido por Auto Número Cuatrocientos ocho de fecha veintisiete de septiembre de dos mil seis (fs. 185/186vta.), fueron elevados los autos a este Tribunal el veinticinco de octubre de dos mil seis (fs. 189).

4. A fs. 191 se dio intervención al Señor Fiscal General de la Provincia, expidiéndose el Señor Fiscal Adjunto en sentido favorable a la procedencia del recurso de casación interpuesto (Dictamen Nº CA-807 del veintitrés de noviembre de dos mil seis, fs. 192/193vta.).

5. A fs. 194 se dictó el decreto de autos, el que firme (fs. 195) deja la causa en estado de ser resuelta.

6. Con sustento en el motivo formal de casación (art. 45 inc. "b", Ley 7182) la recurrente denuncia que la sentencia en crisis viola el principio de congruencia al condenarla a restituir una suma de dinero, con más sus intereses y fijarle un plazo para su cumplimiento como si se tratara de una suma líquida, cuando ello no ha sido demandado por la parte actora.

Señala que en la demanda se consigna el objeto de procurar lograr la devolución de la garantía, con seguro de caución correspondiente.

Añade que en parte alguna se reclama una pretensión de contenido patrimonial, no pudiendo ser de otra manera, al no haber percibido suma de dinero, por haberse materializado la garantía de mantenimiento de la oferta mediante la constitución de un seguro de caución.

Indica que por Decreto Número 58/04 se autorizó a la Asesoría Letrada municipal, a realizar las acciones de cobro de la garantía de la oferta, no constando que las mismas hubiesen prosperado.

Aduce que lo expuesto evidencia el vicio denunciado al no arreglarse la sentencia a la acción deducida, lo que tradicionalmente se conoce como congruencia de la resolución (art. 328 del C.P.C. y C., de aplicación a la presente causa en virtud de lo dispuesto por el art. 13 de la Ley 7182) lo que vicia la sentencia por no haberse respetado las formas sustanciales establecidas en el citado artículo 328 para su dictado.

Expone que en los Considerandos del fallo se alude erróneamente al derecho de la actora a que le sea íntegramente restituida la garantía de oferta oportunamente constituida, con intereses desde la fecha de presentación de la nota de desistimiento y luego se establece la tasa de interés que corresponde aplicar y el plazo de cumplimiento para el supuesto "reintegro" de la suma que se consideró líquida.

Advierte que tratándose de una garantía constituida mediante un seguro de caución la sentencia debió resolver su restitución y tal era la pretensión de la actora.

Sostiene que de mantenerse el fallo recurrido se ocasionaría un enriquecimiento sin causa a favor de la accionante y un perjuicio patrimonial injustificado para su parte, al verse obligada a pagar una suma que no percibió y sin contraprestación alguna, concretándose de ese modo el agravio que se pretende evitar.

Solicita que se anule el artículo segundo de la parte dispositiva de la sentencia y en su reemplazo se ordene la restitución de la póliza de seguro de caución, con costas.

Efectúa reserva del caso federal (art. 14 de la Ley 48).

7. La instancia extraordinaria local ha sido interpuesta en tiempo propio, en contra de una sentencia definitiva y por quien se encuentra procesalmente legitimado a tal efecto (arts. 385 del C.P.C. y C. y 13, 45 y cc. de la Ley 7182).

Por ello, corresponde analizar si la vía impugnativa intentada satisface las demás exigencias legales atinentes a su procedencia formal y sustancial.

8. Mediante el pronunciamiento recaído en autos el Tribunal de Mérito hizo lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción e invalidó parcialmente el Decreto Número 1197/03, en lo que a la actora respecta, y el Decreto Número 2772/03, ambos dictados por el Poder Ejecutivo Municipal de la ciudad de Córdoba. Asimismo condenó a la Municipalidad demandada a restituir a la firma demandante MAJUL FLORES Sociedad de Responsabilidad Limitada el depósito de garantía de oferta de Pesos Seis mil doscientos ($ 6.200) oportunamente constituido, con más los intereses correspondientes, desde el cuatro de julio de dos mil uno hasta la fecha del efectivo pago, calculados conforme a la tasa establecida en el Punto 13 del decisorio en cuestión.

Por lo demás ordenó que dicha suma fuera abonada dentro del término de cuatro (4) meses, computado desde que el pronunciamiento quede firme, debiendo la demandada, dentro de los primeros sesenta (60) días presentar en autos la liquidación pertinente para su contralor por la parte actora. Finalmente impuso las costas a la Municipalidad de Córdoba.

9. Contra dicho pronunciamiento, alza su embate recursivo la demandada denunciando un vicio in procedendo (art. 45 inc. "b", Ley 7182), sobre la base de afirmar que la Cámara a-quo incurrió en un quebrantamiento del principio de congruencia por apartamiento de los términos de la litis, de la acción deducida en juicio y de las constancias de la causa.

10. El Tribunal a-quo juzgó que la decisión de la Administración de rescindir el contrato de adquisición con la firma Majul Flores Sociedad de Responsabilidad Limitada, por no constituir garantía de adjudicación y no cumplir con el suministro y en consecuencia, incautar la garantía de oferta y dar participación al Registro Municipal de Proveedores y Contratistas, a los efectos de la aplicación de sanciones "... evidencia un grave error e incluso negligencia en el procedimiento licitatorio, sólo a ella imputable, afectando la garantía de legalidad y transparencia, resultando inhabilitada para pretender exculparse transfiriendo tal responsabilidad a la actora, e incluso sancionarla gravemente a la ex-oferente disponiendo la rescisión del contrato por culpa de aquella..." (cfr. fs. 164vta./165).

Según sostuvo, las sanciones dispuestas por el Decreto Número 1197/03 y su confirmatorio, eran arbitrarias e ilegítimas porque no resultaban aplicables al proponente que se había desvinculado de la licitación por haber optado por desistir de su oferta, haciendo uso de los derechos conferidos por el Pliego (Punto 5.1), motivo por el cual, no se hallaba sometido a las potestades de la comitente. En consecuencia, la incautación de la garantía de mantenimiento de la oferta importaría enriquecimiento ilícito de la Comuna.

Para así decidir el Tribunal de Juicio valoró que, en el caso de autos, se acreditó que la firma actora presentó su oferta en el acto de Apertura de Propuestas el día diecisiete de mayo de dos mil uno, posteriormente con fecha trece de junio del dos mil uno, a solicitud de la licitante, presentó nueva oferta por empate de precios en un renglón y, sin estar legalmente obligada a expresar los motivos por los cuales tomó tal determinación, en el marco y dentro de los plazos establecidos en el Pliego -Punto 5.1 con una anticipación de diez (10) días antes del vencimiento del término de sesenta (60) días de mantenimiento original-, es decir en tiempo y forma, abandonó la Licitación y retiró su oferta manifestando su voluntad de manera expresa e inequívoca el cuatro de julio de dos mil uno.

Efectuada la irregular adjudicación "fuera" del plazo de mantenimiento de la oferta (al no haber sido prorrogada), el consentimiento no fue perfeccionado y el ex-oferente ya ha quedado desobligado (cfr. fs. 164).

Por consiguiente, en la presente causa, los actos administrativos atacados -Decretos Nros. 1197/03 y 2772/03- habían ignorado el desistimiento del mantenimiento de la oferta y la consecuente automática desvinculación de la firma actora de la Licitación en curso, por ende, el presupuesto para la aplicación de la sanción -"no constituir garantía de adjudicación y no cumplir con el suministro"- fue decidido por la Municipalidad sin causa y sin fundamentación sustentable (cfr. fs. 167vta.).

En consideración con lo expuesto, el Tribunal de Mérito tras admitir que le asistía razón a la accionante por ajustarse a derecho su pretensión de condena a la Municipalidad de Córdoba, a restituirle el depósito de Garantía de Oferta efectuado oportunamente para participar en la Licitación Pública Número 07/01, declaró la nulidad del Decreto Municipal Número 1197/03, sólo en la parte pertinente de los artículos 1º y 2º en cuanto rescindió el vínculo contractual y aplicó las sanciones de incautación de la garantía de oferta y las del Punto 1.3.11 y subsiguientes del Decreto Número 3767-C/73 -dando participación al Registro Municipal de Proveedores y Contratistas- (cfr. fs. 168vta./169).

Asimismo estableció las pautas de la tasa de interés que corresponde aplicar para el reintegro de la suma de que se trata, estimando prudencialmente que debía ser cumplida la obligación dentro del plazo de cuatro meses -art. 38 del CPCA- (cfr. fs. 169/169vta.).

11. A los fines de analizar el sustento real del vicio que se denuncia como base de la impugnación, es dable precisar que tal como surge del escrito introductivo de la acción "... la presente demanda intenta: a) revocar el decreto nº 1197/03 que surge del expediente nº 849.459/01 y su agregado nº 871.383/02, donde se adjudicó la licitación pública nº 07/01 -adquisición de INSUMOS DE LIBRERIA, PAPELERIA E INFORMATICA para dependencias Municipales-, específicamente en la parte que resuelve: "... RESCINDASE el contrato de adquisición, adjudicado a la firma 'MAJUL FLORES SRL', CUIT Nº 30-...-5, por no constituir garantía de adjudicación y no cumplir con el suministro, según las previsiones del punto 2.6.4 del Decreto 3767/C/73; y en consecuencia, INCAUTAR la garantía de oferta, constituida con Póliza de Seguro de Caución nº 505717, emitida por Aseguradora de Caución S.S. Compañía de Seguros, por un importe de $ 6.200,00 (PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS), en los términos del punto 2.6.3 del citado Decreto..."; b) En consecuencia, lograr la devolución de la Garantía, con seguro de Caución, correspondiente. Que todo ello, se persigue a través del presente proceso de plena jurisdicción. ..." (cfr. fs. 4vta.).

Asimismo, cuando la actora alegó sobre el mérito de la prueba rendida en autos reiteró que lo solicitado es que se revoquen parcialmente los Decretos Números 1197/03 y 2772/03, "... como consecuencia de lo anterior, que se ordene la DEVOLUCION de la Garantía, con seguro de caución, correspondiente..." (cfr. fs. 134vta.).

Tal actuación de la accionante, es por lo demás coincidente con lo manifestado en Sede Administrativa cuando al interponer el recurso de revisión solicitó la revocación parcial del Decreto Número 1198/03, específicamente en donde se la sanciona con la incautación de la garantía de oferta, constituida con póliza de seguro de caución y expresó que la tardía notificación del decisorio junto a la intimación a depositar la suma de Pesos Seis mil doscientos ($ 6.200) -a la que asciende dicha póliza- es "... intempestivo, abusivo, excedente de las pautas legales y rayano en lo ilegítimo, en virtud de entender que dicho pago provocaría un enriquecimiento ilícito a la Municipalidad y un empobrecimiento ilegítimo a nuestra firma..." (cfr. fs. 50 y 52).

Por su parte, la demandada defendió la legitimidad de los actos administrativos impugnados, aduciendo que son perfectos, dictados por autoridad competente, adecuados a su causa y fin, debidamente motivados, se ha respetado la forma y procedimiento de la voluntad administrativa, su contenido u objeto, cumplimentan las exigencias procedimentales y su finalidad se adecua al fin querido por la ley (cfr. fs. 90/95vta. y 139/142).

Siendo estos los planteos esgrimidos y examinados a la luz de los argumentos vertidos en el fallo, corresponde verificar si la Juzgadora ha incurrido en el vicio in procedendo que denuncia la recurrente.

12. Como ha señalado en diversas oportunidades este Tribunal Superior (cfr. doct. Sentencias Nro. 220/1999 "Banco de Crédito Argentino..."; Nro. 69/2000 "Yanicelli, Carlos..."; Nro. 108/2000 "Vigilanti, Adolfo Adelqui..."; Nro. 222/2000 "Foglizzo, Alberto..."; Nro. 223/2000 "Tafani, Lidia..."; Nro. 137/2001 "Castillo, Miguel..."; Nro. 2/2003 "Gorriti, Esteban...", entre otras), la acción procesal es el instrumento a través del cual se introduce la pretensión en el proceso y constituye una petición con relevancia jurídica en la que, a través de la demanda, debe expresarse el petitum y la causa petendi que son los extremos que perfilan el contenido de la pretensión y su oposición. De allí que la sentencia debe ser congruente con la demanda y su contestación, cuyas pretensiones respectivas, oportunamente deducidas en el proceso, delimitan el objeto del litigio.

La congruencia de la sentencia, desde un punto de vista procesal, trasunta una inescindible relación entre todas las pretensiones deducidas y la parte resolutiva de la sentencia (cfr. arts. 328 y 330 del C.P.C. y C., aplicables por remisión del art. 13 de la Ley 7182).

Ella se erige en un límite para el Juez que no puede fundar su decisorio en hechos que no han sido objeto de alegación ni prueba y, que por esa razón, no han sido motivo de discusión entre las partes.

Como lo ha puntualizado el Tribunal Supremo Español con singular referencia al proceso contencioso-administrativo, el debido respeto al principio de congruencia, obliga al Juez "... a no traspasar el marco definido por los motivos -alegaciones en la Ley- a la hora de fundamentar su decisión, lo que no significa que pueda acudir a argumentaciones propias o preceptos jurídicos distintos de los invocados por las partes (iura novit curia) siempre que conduzcan a aceptar o rechazar alegaciones ya deducidas por éstas, y por tanto debatidas, para fundamentar sus respectivos pedimentos..." (Sentencia Sala Tercera del 14 de julio de 1988, citada por Eladio Escusol Barra, "La incongruencia de la sentencia. Su análisis como motivo de casación en la jurisdicción civil y en la contencioso-administrativa", Edit. Colex, Madrid 1998, pág. 46).

13. Con esa proyección, el agravio según el cual la Cámara actuante se apartó de los concretos términos de la litis como de las expresas constancias de la causa -de las que surge que no ha existido la efectivización de un "depósito de garantía" en pesos-, al condenar a la Municipalidad de Córdoba a restituir dicha garantía como si se tratara de una suma de dinero, con más los intereses correspondientes, cuando ello no ha sido reclamado por la parte actora, viola el principio de congruencia (cfr. arts. 328 y 330 del C.P.C. y C., aplicables por remisión del art. 13 de la Ley 7182) y merece ser estimado favorablemente.

La Judex a-quo expresó que "Considero en definitiva, sin que sea necesario entrar en otras consideraciones, que asiste razón a la accionante, ajustándose a derecho su pretensión de condena a la Municipalidad de Córdoba, 'a restituirle el depósito de Garantía de Oferta efectuado oportunamente' para participar en la Licitación Pública Nº 07/01, por lo que corresponde declarar la nulidad del Decreto Municipal Nº 1197, sólo en la parte pertinente..." (fs. 168vta./169).

Del párrafo transcripto se infiere que la Juzgadora al referirse a la Garantía de Oferta -previamente incautada por Decreto Nº 1197/03- confundió la forma en que la misma había sido constituida, dándole en consecuencia a la condena un alcance distinto al pretendido.

En efecto, la Sentenciante tuvo a la vista las actuaciones administrativas labradas en el Expediente Administrativo Número 849.459/2001, en las que obra el Decreto Número 437/01 que aprueba los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas y llama a Licitación Pública Número 07/01 (cfr. fols. 85/87 y 2/48), la oferta de la firma Majul Flores Sociedad de Responsabilidad Limitada en donde consta la Garantía de Mantenimiento de Oferta mediante Póliza de Seguro de Caución Número 505.717 de Aseguradores de Cauciones Sociedad Anónima Compañía de Seguros por la suma de Pesos Seis mil doscientos -$ 6.200- (cfr. fols. 743/744), el Decreto Número 1197/03 objeto de impugnación en autos (fols. 1329/1332), Nota del seis de agosto de dos mil tres remitida por la Dirección de Compras y Suministros intimándola a la firma "... a depositar en la Municipalidad de Córdoba cta. Ejecución Presupuestaria - Derechos Varios - ítem 1010701, la suma de $ 6.200,00 en concepto de incautación de Garantía de Oferta en un término de 48 hs. de recibida la presente. Se acompaña copia del instrumento legal precitado..." (fol. 1347), Nota del once de agosto de dos mil tres de la propia actora solicitando la anulación definitiva de "... abonar la suma de $ 6.200,00 (seis mil doscientos) (ejecución prendaria), conforme seguro de caución de igual importe..." por haber desistido de la oferta en tiempo y forma (fol. 1348), Nota del mencionado ente municipal ratificando el caso planteado por lo que se mantiene la rescisión y su consecuente intimación (fol. 1350), el Recurso de Revisión (fols. 1351/1355) y su rechazo por improcedente -Decreto Nº 2772/03- (fols. 1381/1382 y 1385 y vta.), Informe de la Dirección de compras y suministros "... a los fines de dictar el instrumento legal que disponga autorizar a Asesoría Letrada a iniciar las acciones legales correspondientes, relacionado con la rescisión de contrato dispuesta por Dto. Nº 1197/03, a las firmas que no se allanaron al pago dispuesto en dicho instrumento legal... -MAJUL FLORES S.R.L. por un monto de $ 6.200,00 (Garantía de Oferta)..." (fol. 1390) y, finalmente, el Decreto Número 58/04 que dispone dicha autorización (fols. 1394/1395).

14. Como es sabido los sujetos particulares participantes de una licitación pública deben afianzar sus obligaciones en su calidad de "proponentes", para lo cual otorgan la llamada "garantía de la oferta", cuya forma de hacerla efectiva, el monto de la misma y el momento de efectuarla están reguladas por las normas aplicables a la respectiva contratación.

En el supuesto de autos, el Pliego de Condiciones Generales -aprobado por Decreto Nº 437/01- en su artículo 23 dispone:

23.1. Garantía de Oferta: Los oferentes deberán acompañar en el Sobre PRESENTACION una Garantía de Oferta, según lo establecido en el Punto 21.1.11, la que deberá ser a favor de la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA... .

23.3. Las garantías deberán constituirse en moneda argentina, en algunas de las siguientes formas a opción del oferente:

23.3.1. Fianza Bancaria o Seguro de Caución, debiendo cumplimentar las siguientes exigencias para su aceptación:

- Deberán ser emitidas a favor de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA, identificando el objeto de esta licitación.

- Las instituciones bancarias o compañías aseguradoras deberán encontrarse autorizadas para operar en la República Argentina, por el Banco Central de la República Argentina o por la Superintendencia de Seguros de la Nación según corresponda debiendo contar con sede, sucursal o agencia en la Ciudad de Córdoba, y constituirse en fiador liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del Artículo 2013 del Código Civil.

- Deberán acreditar las facultades y firmas de los funcionarios actuantes obligando al banco o compañía aseguradora según se trate.

23.3.2. Depósitos de títulos Públicos Nacionales/Provinciales y/o Municipales... .

23.3.3. En dinero en efectivo: Se depositará en la Cuenta del Banco de la Provincia de Córdoba, Casa Central, Número 172-0 Depósito en PESOS-SECTOR PRIVADO-NO FINANCIERO-DEPOSITO EN GARANTIA- FOLIO 65/25- MUNICIPALIDAD DE CORDOBA-BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA CASA CENTRAL, identificándose la licitación de que se trata.

Es así como el régimen normativo de las garantías comprende desde el depósito en efectivo o en títulos públicos hasta el afianzamiento bancario y también mediante el seguro de caución -seguro de responsabilidad con cláusulas impuestas por el Estado que produce el artilugio de convertir al ente damnificado en "asegurado" con derecho de accionar directamente contra la compañía emisora de la póliza, previa una doble intimación-.

15. En consonancia con lo expuesto, la firma accionante garantizó su oferta mediante póliza de seguro de caución (ver fols. 743/744 del Expediente Administrativo). El afianzamiento de la propuesta para la contratación mediante seguro de caución, en definitiva, se asienta en que el asegurado es el ente estatal comitente, que la cobertura alcanza al importe total de la garantía exigida, manteniendo su vigencia hasta la extinción de las obligaciones; los actos del oferente tomador de la póliza no afectan los derechos del "asegurado" frente al asegurador y éste responde por la garantía referida. Los requisitos para que el ente asegurado ejerza el derecho de exigir al asegurador el pago son tres: 1) Dictar resolución interna que establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por incumplimiento, 2) Que la misma quede firme y 3) Que haya resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago efectuada al oferente o adjudicatario.

Además, la póliza establece que el siniestro queda configurado al cumplirse el plazo que el asegurado instituya en la intimación de pago hecha al oferente o adjudicatario sin satisfacer el requerimiento y que el asegurador debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días de serle exigido.

Así, entonces, para que surja la obligación de la aseguradora de pagar el importe total de la garantía no basta el mero incumplimiento del tomador, debiendo mediar la real y efectiva configuración del siniestro y, asimismo, en que de conformidad con lo establecido en los artículos 6º y 7º de las condiciones generales de la póliza, el siniestro sólo queda configurado cuando, encontrándose firme la resolución que establezca la responsabilidad del oferente, el deudor (tomador del seguro) no los pagase en el plazo legalmente establecido al efecto.

16. La Cámara a-quo destacó que "... al no estar ya vigente la oferta, no existía tampoco oferente, y menos aún adjudicatario. ... al no mantener su oferta, en virtud de la disposición legal que le permitió hacerlo, la firma MAJUL FLORES S.R.L. se autoexcluyó del Concurso, lo que importa haber abandonado la instancia licitatoria al carecer de interés en continuar participando de ella..." (cfr. fs. 164vta.) ésta ha cumplido con su obligación de "mantener" su oferta hasta un momento preciso, correspondiendo entonces la devolución de la garantía constituida en la especie -Póliza de Seguro de Caución Nº 505.717 de Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros (obrante en fols. 743/744)- que ya no tiene razón de ser y cuyo mantenimiento en tal supuesto carecería de "causa jurídica", por cuanto la obligación a que respondía está extinguida.

Por ende, le asiste razón a la parte demandada en cuanto afirma, que de mantenerse el fallo recurrido, se ocasionaría un enriquecimiento sin causa a favor de la actora con el consiguiente perjuicio patrimonial injustificado a la Administración Municipal que se vería obligada a pagar un dinero y sus intereses que no percibió -según se señala en el acápite anterior- y que tampoco se demandó.

17. En mérito a las razones expuestas y a las premisas sentadas a través de su desarrollo, asiste razón a la demandada cuando denuncia que la Sentenciante incurrió en un vicio in procedendo que torna descalificable el fallo dictado en lo que ha sido motivo de agravio, ya que la falta de observancia del "principio de congruencia" -por la carencia de razonable correlación entre las pretensiones debatidas y lo decidido en la sentencia- es susceptible de violentar el derecho de defensa y de propiedad de la demandada.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de casación, anular el punto segundo de la parte dispositiva de la sentencia y en su lugar condenar a la Administración demandada a restituir a la firma MAJUL FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA la Póliza de Seguro de Caución Número 505.717 de Aseguradores de Cauciones Sociedad Anónima Compañía de Seguros, estimándose razonable el plazo de diez (10) días para el cumplimiento espontáneo de dicha obligación (art. 38 del C.P.C.A.).

18. Con relación a las costas de esta instancia, atento lo novedoso de la cuestión planteada, estimo justo y equitativo imponerlas por el orden causado (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 del C.P.C.A.).

Así voto.

La doctora Aída Lucía Teresa Tarditti dijo:

Considero que las razones dadas por el Señor Vocal preopinante deciden acertadamente la presente cuestión y, para evitar inútiles repeticiones, voto en igual forma.

La doctora María Esther Cafure de Battistelli dijo:

Comparto los fundamentos y conclusiones vertidos por el Señor Vocal de primer voto, por lo que haciéndolos míos, me expido en idéntico sentido.

2º cuestión. - El doctor Domingo Juan Sesín dijo:

Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada (fs. 174/178vta.) y, en consecuencia, anular parcialmente la Sentencia Número Ciento catorce de fecha veintiséis de junio de dos mil seis, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba (fs. 150/171), sólo en cuanto condenó a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba a restituir a la firma MAJUL FLORES Sociedad de Responsabilidad Limitada, el depósito de Garantía de Oferta de Pesos SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 6.200), con más los intereses desde el cuatro de julio de dos mil uno hasta la fecha del efectivo pago.

II) Condenar a la demandada para que en el término de diez (10) días restituya a la parte actora la Póliza de Seguro de Caución Número 505.717 de Aseguradores de Cauciones Sociedad Anónima Compañía de Seguros.

III) Imponer las costas de la presente instancia por su orden (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 de la Ley 7182).

IV) Disponer que los honorarios profesionales del Doctor M. L. L.-parte actora- por la labor desarrollada en la presente instancia, sean regulados por la Cámara a-quo, si correspondiera (arts. 1º y 25 de la Ley 8226), previo emplazamiento (art. 25 bis ib.), en el treinta por ciento (30%) del mínimo de la escala del artículo 34 de la Ley Arancelaria (arts. 37 y 38 ib.), teniendo en cuenta las reglas establecidas en el artículo 29 ib.

Así voto.

La doctora Aída Lucía Teresa Tarditti dijo:

Estimo correcta la solución que da el Señor Vocal preopinante, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

La doctora María Esther Cafure de Battistelli dijo:

Voto en igual sentido que el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesín, por haber expresado la conclusión que se desprende lógicamente de los fundamentos vertidos en la respuesta a la primera cuestión planteada, compartiéndola plenamente.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia por intermedio de la Sala Contencioso Administrativa RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada (fs. 174/178vta.) y, en consecuencia, anular parcialmente la Sentencia Número Ciento catorce de fecha veintiséis de junio de dos mil seis, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba (fs. 150/171), sólo en cuanto condenó a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba a restituir a la firma MAJUL FLORES Sociedad de Responsabilidad Limitada, el depósito de Garantía de Oferta de Pesos SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 6.200), con más los intereses desde el cuatro de julio de dos mil uno hasta la fecha del efectivo pago. II) Condenar a la demandada para que en el término de diez (10) días restituya a la parte actora la Póliza de Seguro de Caución Número 505.717 de Aseguradores de Cauciones Sociedad Anónima Compañía de Seguros. III) Imponer las costas de la presente instancia por su orden (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 de la Ley 7182). IV) Disponer que los honorarios profesionales del Doctor M. L. L. -parte actora- por la labor desarrollada en la presente instancia, sean regulados por la Cámara a-quo, si correspondiera (arts. 1º y 25 de la Ley 8226), previo emplazamiento (art. 25 bis ib.), en el treinta por ciento (30%) del mínimo de la escala del artículo 34 de la Ley Arancelaria (arts. 37 y 38 ib.), teniendo en cuenta las reglas establecidas en el artículo 29 ib. -Domingo Juan Sesín. - Aída Lucía Teresa Tarditti. - María Esther Cafure de Battistelli.