Amenazas, lesiones leves, violencia de género
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Correa, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Juan Mariano Cerezo en Expte. 90/12: Correa, Sergio Daniel s.a. Lesiones Leves y Amenazas en Concurso Real - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-18

El Juzgado Correccional resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado oportunamente (por el imputado por lesiones leves y amenazas en concurso real).

Contra dicha resolución, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

Centra su primer embate cuestionando la errónea aplicación del art. 76 bis del C.P. En tal sentido, considera que debió hacerse lugar a la solicitud del pedido de suspensión del juicio a prueba y que, teniendo en cuenta la legislación vigente, no existe ninguna disposición que obstaculice la procedencia de este instituto.

Habrá que analizar, entonces, si la denegación de la concesión de la suspensión del juicio a prueba solicitada por el imputado se encuentra legalmente fundada, puesto que lo que aquí se denuncia es la errónea ponderación por parte del tribunal de un instrumento internacional con jerarquía constitucional (ley 24.632 -Convención de Belem do Pará-).

Tratándose la suspensión del juicio a prueba de una solución alternativa al ejercicio de la pretensión punitiva estatal, se erige como una respuesta (no punitiva) prevista por el sistema legal, para aquellos supuestos donde resulte aconsejable -según la política criminal delineada- resignar el interés de la vindicta pública, en aras de conseguir la reinserción social del imputado sin necesidad de afectar sus derechos personales mediante la imposición de una pena.

Ello, claro está, sin desoír la necesidad de los derechos resarcitorios de la víctima.

En este contexto, tal como lo resalta el recurrente, no se debe perder de vista los principios que guían la aplicación del referido instituto: el de mínima suficiencia: entendiendo por tal "... la aceptación de un cierto nivel de conflicto sin una consecuente reacción de las instituciones de control jurídico penal, pese a no haber dudas sobre la lesividad del comportamiento... asumido a cambio de los beneficios en libertad individual obtenidos..." (Lascano Carlos, "Derecho Penal, Parte General" Advocatus, Córdoba 2002 ps. 114-115) y el de proporcionalidad mínima conforme al cual "el costo de derechos de la suspensión del conflicto debe guardar un mínimo de proporcionalidad con el grado de la lesión que haya provocado" (Zaffaroni, Eugenio, "Derecho Penal, parte General"; Edgar, Bs. As. 2000, ps. 123-124); todo como parte de una línea de pensamiento orientada hacia las exigencias de un derecho penal de mínima intervención.

Tales parámetros no se ven reflejados en este caso, en donde la supuesta agresión denunciada por la pareja del acusado constituiría un caso de violencia de género, caracterizado como aquellos en los que existe una evidente supremacía o superioridad del imputado por sobre la vulnerabilidad de la víctima, traduciéndose esto en un total desequilibrio y desigualdad entre las partes, razón por la cual requiere la efectiva intervención del Poder Judicial a fin de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y evitar, además, incurrir en responsabilidad internacional, como bien lo sostuvo el juez a quo en el auto interlocutorio cuestionado.

En efecto, y contrariamente a lo sostenido por el recurrente quien interpreta que el tribunal aplicó aisladamente la Convención de Belém do Pará, considero que el juez de mérito ha efectuado una interpretación armónica e integral de las normas que integran nuestro bloque constitucional y de las leyes específicas, a fin de resolver denegar la viabilidad del instituto de la suspensión del juicio a prueba previsto en el art. 76 bis del C.P., tras percibir que la violencia de género se encuentra latente.

Es que todo hecho de violencia dirigido contra la mujer debe ser necesariamente considerado teniendo en cuenta las obligaciones asumidas por el Estado argentino, bajo pena de hacer incurrir al mismo en responsabilidad internacional.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación deducido.