Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-10-11


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 18 En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los 11 días del mes de octubre del año dos mil cinco, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA; bajo la presidencia del Dr. Oviedo, Secretaría Dra. Cristina del Valle Salas Martínez, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nro. 170/04 "LAZARTE, Ramón A. c/ CORREO ARGENTINO S.A. s/ Accidente de Trabajo o Enfermedad Profes. - CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

2) Costas. - Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 52, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

El actor interpone Recurso de Casación en contra de la Sentencia Definitiva pronunciada por la Cámara de Apelaciones de Primera Nominación, que por unanimidad confirma el decisorio de Primera Instancia que desestima la demanda. Funda el recurso en la causal de arbitrariedad y solicita la nulidad del fallo por no reunir las condiciones mínimas para su jurisdicción. A título de información deviene de autos que Ramón Lazarte reclama indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional a Encotesa S.A. y/o Correo Argentino S.A. o Q.R.R.; manifiesta que habiendo ingresado a trabajar previo examen médico preocupacional en perfecto estado sicofísico, comenzó con dolencias en oído derecho culminando con hipocausia severa bilateral e incapacidad psíquica generando su jubilación por invalidez.

En razón de ello demanda en virtud del Art. 1113 del C.C. el pago de $ 120.000 por accidente de trabajo, planteando declaración de inconstitucionalidad de los Arts. 6, 39 y 44 de la LRT, mas indemnización por el Art. 212 de la LCT.

En Primera Instancia se desestima la acción en todas sus partes con fundamento en la falta pruebas auténticas de la fecha de consolidación del daño a fin de poder establecer la ley aplicable al caso, y de la relación entre las tareas cumplidas con la enfermedad contraída, declarando sin materia la inconstitucionalidad de la LRT Nro. 24.557 y el planteamiento de la excepción de las demandadas de falta de legitimación pasiva y no seguro. - Apelado el decisorio por el actor, la Alzada resuelve rechazar el recurso declarando improponible la demanda, en mérito de compartir y dar por reproducido el dictamen del Ministerio Fiscal y, sosteniendo, además, que mas allá que la acción tenga sustento civil resulta aplicable al caso la LRT Nro. 24.557 en virtud del Art. 49; que no es inconstitucional el Art. 39 de dicha ley que veda el reclamo de infortunios laborales por la vía civil, salvo dolo del empleador y que no es procedente el reclamo del Art. 212 de la LCT por no alcanzar el actor el grado de incapacidad exigido -mas del 66% del VTO-. - Que de lo así resuelto el recurrente se queja calificando al fallo de arbitrario por incongruente por que para poder desestimar el reclamo resarcitorio en base al derecho civil evitó el tratamiento específico de los puntos de agravio y resolvió la aplicación al caso de la LRT y la constitucionalidad del Art. 39 con fundamento en un fallo de la SCN.- Sostiene que, en este orden, la Alzada excedió sus facultades y límites establecidos por el recurso, resolviendo cuestiones que habían sido declarada sin materia por el A quo y no fueron motivo de agravios. - Luego expresa, que el fallo es arbitrario por violación del Art. 278 del CPC, al entender que debió pronunciarse sobre la procedencia del Art. 212 del LCT y concluir que la incapacidad demostrada por el actor no alcanza a lo exigido por esta norma.

Que a su vez resulta contradictorio por afirmar que no podía prosperar el pedido de nulidad por no haber tratado, el fallo apelado, la cuestión y luego resuelve sobre el fondo vulnerando de este modo el derecho de la doble instancia y de defensa en juicio.- Al respecto también se queja sobre el valor probatorio asignado a la pericia médica.

Por último aduce que el fallo incurre en la causal de errónea interpretación y aplicación de la doctrina legal, puesto que para determinar que resulta aplicable al caso la LRT se apoya en precedentes jurisprudenciales de la SCN, lesionando de este modo al Tribunal de Casación Provincial y los Art. 67 incs. 11, 100, 104 y 105 de la CN.

Que corrido traslado a la demandada y codemandada ambas responden solicitando el rechazo del recurso y confirmación del fallo en todas sus partes, con costas.

A fs. 44 se declara formalmente admisible el recurso.- A fs. 46/50 obra dictamen de la Procurador General subrogante estimando que por diversos motivos, que minuciosamente expone, el recurso debe ser declarado inadmisible.

Que, en estas condiciones, llega la causa sometida a decisión al momento en que, con mayor detenimiento, se procede a su estudio y votación que conformarán el pronunciamiento de este Tribunal.

Disponiendo el acto de sorteo que debo dar inicio a esta labor, emprendo la lectura del memorial y, a su término, mi parecer condice con las apreciaciones y solución plasmadas por la Sra. Procuradora General subrogante en su dictamen, por lo que anticipo mi opinión en igual dirección. - En efecto, las deficiencias técnicas del escrito recursivo impiden que la impugnación intentada logre su objetivo, al traslucir su contenido meras discrepancias con lo que hizo la Alzada y carecer de toda crítica directa, concreta y razonada de lo que dijo, quedando de este modo intactos los reales fundamentos que dan sustento al fallo, omitiendo además expresar cómo variaría el resultado del litigio de haber resuelto la Cámara de otro modo y cuál es el perjuicio que ello le causa.

Tal parecer lo advierto pues, como primer agravio se enrostra al fallo arbitrariedad por incongruencia en alusión a que se desvía del tratamiento de los agravios planteados en los puntos 1, 2 y 3 del memorial -relativos al mérito asignado al dictamen pericial-, resuelve cuestiones que el A quo dejó sin materia -inconstitucionalidad de la LRT- y que no fue motivo de recurso, modificando la decisión en su perjuicio, excediendo los límites de su competencia.

Ahora bien, frente a ello cabe preguntarse ¿encuadra esta situación en el vicio atribuido? Estimo que nó y ello así lo sostengo en base a que son innumerable las veces en que se ha precisado lo que esta causal implica, definiéndola como de gravedad extrema y que dentro de este recurso extraordinario es a su vez de carácter excepcional y rigurosa su procedencia y es así que su invocación -arbitrariedad-, particularmente me traslada inmediatamente al campo de lo intolerable, es decir, el error de tal magnitud y evidencia instalado en el razonamiento que ante su denuncia y demostración no se puede dejar pasar. - Luego vale tener presente que "la metodología consistente en remitirse al dictamen fundado del Fiscal de Cámara que atendió a cada uno de los agravios vertidos en el memorial que sustentara la apelación, produce el efecto de tener por reproducidas y por propias las argumentaciones expuestas por el representante del Ministerio Público. Este proceder no priva de la debida fundamentación a su decisión ni vulnera el derecho de las partes al debido proceso y defensa en juicio, dado que, por el carácter público que poseen estos actos procesales, nada impide a los interesados el tomar conocimiento de los mismos" (CS, 23/7/85, Rep. ED, t. 20 B, p. 1248, Nro. 580).

Que frente a ello no es viable denunciar la omisión de tratar los agravios expuestos, toda vez que el pronunciamiento atacado contiene una expresa remisión, ponderación y reproducción del dictamen de la Fiscal de Cámara, donde fueron tratado uno a uno los reproches contenidos en el memorial recursivo.

Que establecido lo que antecede, además, si bien es cierto la sentencia incongruente es arbitraria por que en el fondo destruye el encuadre funcional del juez, por exceso u omisión, lesionando las reglas del debido proceso y, obviamente, no configura un pronunciamiento que deriva razonable del derecho en vigor, es menester tener en cuenta que, no toda omisión habilita su impugnación mediante esta doctrina y que ello, a su vez, debe causar un perjuicio al recurrente.- - En tal sentido, el déficit de la decisión judicial, ha aclarado la CSJN, debe referirse a "cuestiones sustanciales para la adecuada solución del litigio" (Fallo, t. 300., p. 1114), o que "puedan gravitar en el resultado del pleito" (Fallo, t. 292, p. 32), o tratarse de "omisiones decisivas" (Fallo, t. 302, p. 468 ), o de "cuestiones que puedan influir sobre la integral decisión del estado del litigioso" (Fallo t. 261, p. 173).- Todo ello en virtud de que "los jueces no están obligados a expedirse una por una y en su totalidad acerca de las cuestiones propuestas a su decisión por los litigantes, ni a considerar los argumentos de éstos que no sean decisivos, no es causal de arbitrariedad atendible la falta de tratamiento de ciertos agravios" (Fallos, t. 295, p. 970; t. 301 p. 970).

Finalmente, en este tema estimo que los agravios relativos a la ponderación de la pericial médica no han sido obviados al haberse la Alzada remitido al dictamen de la Fiscal de Cámara e igualmente tampoco revestían el carácter de decisivos al determinarse la aplicación de la LRT.

Luego sigue preguntarse ¿pudo el Tribunal de Alzada declarar esta ley aplicable a la pretensión?- Estimo que sí y ello puesto que "Si bien el tribunal ad- quem tiene limitadas sus facultades por los términos en que quedó trabada la relación procesal, como por los del recurso y expresión de agravios, no lo es menos que está facultado para pronunciarse iura novit curia frente a un recurso suficientemente idóneo puesto que es el sentenciante quien debe calificar la acción debatida en el expediente, o sea, que a él compete encuadrar en derecho los hechos que le fueran expuestos por los litigantes" (CNCiv., Sala A, 7/7/83, LL, t. 1985-D, p. 98).

En este orden, es sabido que, cuando el fallo decide sobre puntos no propuestos por las partes o se pronuncia sobre cuestiones no debatidas, también es descalificable por arbitrariedad, pero también es sabido que como no cualquier omisión implica una incongruencia, tampoco todo exceso descalifica un fallo. - En tal sentido el Tribunal Ad-quem no puede actuar a su entera libertad y juzgar sobre lo que le plazca, sino que está sometido a diversas restricciones que limitan su ámbito.- Al respecto la jurisdicción del Tribunal Ad-quem está circunscripta al alcance del recurso concedido y a la fundamentación del recurrente que precisan el ámbito de su competencia decisoria (tantum devolutum quantum appelllatum). - Pero, no obstante las mencionadas restricciones, no puede desconocerse que sus poderes y deberes son, de todos modos, amplios y dentro de éstos está el manejar a su criterio el principio iura novit curia.

Se precisó en este sentido, que el Tribunal de Alzada no está limitado en su razonamiento por los argumentos tanto de la recurrente como de la contestataria de aquéllos, agregándose que si bien el Tribunal Ad quem está limitado a los puntos objetados, a los fines de la solución de los mismos tiene la más alta facultad en la misma extensión que le cabría al A quo y, por ello, puede sin afectar el derecho de las partes, utilizar distintos fundamentos que los invocados por las partes y por el Juez de primera instancia, y que lo expuesto deriva del principio iura novit curia, que lo faculta a ubicar y calificar la acción dentro del ámbito jurídico que corresponda, siempre que con ello no se transforme una acción en otra distinta a la planteada oportunamente en los autos y conformante de la litis, ésto en resguardo del principio de defensa (CNTrab., Sala VII, 2/7/81, ED, t. 94, p. 766).

En resumen, como lo apunta Hitter con cita de Morello, "no resultaría ocioso repetir que el órgano de apelación pese a las cortapisas ya enunciadas, goza de amplias libertades respecto del objeto litigioso sometido a su consideración, pues falla sobre los hecho y el derecho con las misma posibilidades que el ad quo; teniendo la actitud de reformar revocar o modificar en todo o en parte, la providencia atacada".

Que en función de ello, el fallo en mi apreciación, lejos de resultar incongruente, encuadra jurídicamente la situación y determina el derecho aplicable a la controversia de las partes, al advertir la existencia de elementos para su determinación actuando la Cámara dentro de sus facultades y deberes. - Que también el recurrente aduce que al decidirse la aplicación de dicha ley la Cámara lo hace con fundamentos en precedentes jurisprudenciales de la SCN, por lo que también se estaría violando la doctrina legal.

Ante ello se impone aclarar al respecto que por doctrina legal, como causal de este recurso, se entiende a los precedentes numerosos y uniformes de este Tribunal sobre un tema en casos análogos.

En tal sentido estimo que en este marco aun no existe doctrina legal de esta Corte por no haberse producido situaciones de emitir pronunciamiento al respecto, de hecho no se menciona ningún fallo donde se encuentra cimentada la doctrina legal que se alude, de este modo nunca se podría configurar esta causal, por el hecho que al fallar la Cámara lo haya efectuado con fundamentos en fallos de la SCN o de jurisprudencia de otros tribunales.

Finalmente acusa al pronunciamiento de contradictorio por que se señala que el no tratamiento de la indemnización del Art. 212 de LCT, no puede tener acogida en el recurso de nulidad como fuera planteado, pero sí mediante el recurso de apelación y en virtud de éste concluye la Alzada que no corresponde por no alcanzar el actor el grado de incapacidad requerido, conforme doctrina y jurisprudencia uniforme y predominante en el tema.

Al respecto cabe considerar que la Alzada partiendo del pronunciamiento del inferior debe llevar a cabo una función revisora, pero este postulado cede en algunas circunstancias, como por ejemplo, en el supuesto de que el A quo hubiere omitido decidir alguna cuestión en cuyo caso el tribunal de apelación, en lugar de controlar lo resuelto, debe abordar los aspectos no considerados en la sentencia impugnada, ello en tanto "los Tribunales de apelación están habilitados para pronunciarse sobre cuestiones materia de la litis, aunque por omisión o por haber hecho lugar a un argumento o defensa excluyente el juez ordinario no la hubiese examinado" (SCBs As. , 9/11/82, DJBA, t. 124, 290; Rep. LL, t. 1983, p. 1867).- La Alzada, entonces, puede abrir sus compuertas cognoscitivas en la medida del agravio traído por el quejoso que, de ese modo, le fija claramente las fronteras dentro de las cuales puede maniobrar.

Por su parte no es procedente el recurso de nulidad cuando los agravios son susceptibles de reparación por conductos de la apelación. Y, si la pretensa nulidad se sustenta en la omisión de tratamiento de aspectos justiciables propuestos en la ocasión pertinente, la solución viene dada por el Art. 278 del C.P.C. que incluye el juzgamiento, de mediar agravios al respecto, como integrante de la jurisdicción devuelta a la alzada (CN Civ., Sala D 26/3/85, LL, t. 1985-D, p. 250).

En esa inteligencia no encuentro, conforme a lo expresado, que la sentencia esté viciada de contradicción, ya que solo se observa que se encarriló el agravio por el remedio procesal pertinente y luego resolvió la cuestión oportunamente introducida en la litis que el Juez de primera instancia omitió considerar sin que ello implique un contrasentido.

Para finalizar reflexiono sobre este discurso recursivo en el cual se advierte un constante desentendimiento de las manifestaciones de los sentenciantes, dejando sin réplica las motivaciones esenciales del fallo, limitándose a exhibir la opinión discrepante del recurrente con la conclusión del juzgador el que, a su vez, ha dado razones suficientes sobre la cuestión materia de litigio la que, vale insistir, pasa al superior en la misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida al inferior.

Que por ello a mérito de lo precedentemente expuesto voto por que se desestimen los agravios del actor y, en consecuencia, se confirme la Sentencia en cuanto fue materia de ellos. Es mi voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por el Sr. Ministro que me precede en el Acuerdo, Dr. Oviedo, para la solución de la causa, votando en igual sentido. Así Voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto dijo:

Que adhiriendo en principio a los fundamentos vertidos por los Sres. Ministros preopinantes, en cuanto el Tribunal de Grado no exhorbitó sus facultades de jurisdictio, cabe poner de manifiesto que uno de los fundamentos evaluados por la Cámara para confirmar la Sentencia de Primera Instancia fue no haber sido probado por la parte que lo alega el nexo de causalidad entre el perjuicio que padece y la función ejercida, relación lógica y fáctica que juega como presupuesto sustancial en materia de daño resarcible y que justificó, a su turno, que el Juez de 1º Instancia declarara sin materia otros agravios que la Cámara asumió por sí en virtud del amplio margen valorativo otorgado a su competencia en el ámbito intelectual y procesal del recurso de apelación. Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que conforme al criterio objetivo de la derrota, las costas deben ser soportadas por la parte actora recurrente que resulta vencida (Art. 68 del C.P.C.). Así Voto. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que consecuente con lo expresado en la primera de las cuestiones, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte actora que resulta vencida. Así Voto. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que una vez mas adhiero a los votos de los Sres. Ministros preopinantes, votando en consecuencia en el mismo sentido. Es mi voto.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, por unanimidad de votos, y oída la Sr. Procurador General Subrogante en su Dictamen Nro. 20/05, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de Casación interpuesto por la parte actora a fs. 1/27 de autos, por improcedente.- 2) Con costas a la parte actora recurrente.

3) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes. - 4) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen. -