Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-10


Causa 7128/13/1/CA1 -I-	"R. P. A. c/ OSDE Y OTRO s/ AMPARO DE SALUD s/ INCIDENTE DE APELACIÓN" Juzgado n° 7 Secretaría n° 13 Buenos Aires, 10 de junio de 2014.

AUTOS Y VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la demandada OSDE a fs. 79/80 y 88/93 --que fueron fundados en esas mismas ocasiones y las contestaciones de traslado de fs. 112/115 y 122--, contra la resolución de fs. 76/77 y 81; y CONSIDERANDO:

1.- La resolución apelada decretó la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó a la demandada OSDE que brinde cobertura del tratamiento terapéutico prescripto al actor, compuesto por el suministro ininterrumpido de terapia ocupacional, actividades de recreación en el Centro de Actividades Educativas Caminos, acompañamiento terapéutico y actividades de rehabilitación y recreación en Córdoba, de acuerdo a lo prescripto por su profesional tratante a fs. 6/7, de conformidad con los valores de la resolución 1659/13 del Ministerio de Salud.

2.- La parte actora se agravió porque, sostiene, cualquier variación en el valor de las prestaciones excedería el monto fijado en la última resolución ministerial, quedando incumplidas las prestaciones médicas. Afirmó también que la ley 24.901 prevé que la cobertura debe ser integral.

3.- Por su parte, la demandada OSDE criticó la resolución porque, sostiene, el paciente puede obtener la prestación de terapia ocupacional con aquéllos incluidos en la cartilla, informando a tales efectos algunos disponibles a favor del paciente. Destacó que, eventualmente, podría atenderse con prestadores no incluidos en la cartilla, bajo la modalidad de reintegro de los valores establecidos en su plan de cobertura. También criticó que la parte actora pretenda la cobertura de 18 sesiones semanales, excediendo las seis sesiones semanales que prevé la Resolución 428/99 del Ministerio de Salud.

Respecto de las actividades de recreación en CAEC Centro de Día, la apelante señaló que no persiguen un fin terapéutico, sino que tienen una finalidad recreativa, destacando que éstas últimas no están cubiertas por la ley 24.901. Afirmó también que dicho centro no está inscripta en el registro de prestadores respectivo.

En lo concerniente al acompañante terapéutico, la recurrente destacó que, por el estado del paciente, ya no correspondía que continúe brindando la cobertura de acompañante terapéutico, sino la asistencia un Centro de Día, poniendo a disposición del paciente los prestadores respectivos de la cartilla.

Criticó asimismo las actividades de recreación y viaje a la provincia de Córdoba, sustentando sus agravios en las dificultades y costos que acarrea el viaje y la falta de personal capacitado a cargo de las actividades de ese viaje de recreación.

4.- En primer lugar, cabe destacar que no está discutida en el "sub lite" la condición de discapacitado del actor -cfr. certificado de discapacidad de fs. 5-, la enfermedad que padece -trastorno autista, cfr. fs. 6/7- ni su carácter de afiliado a OSDE (cfr. fs. 4).

Está en debate, en cambio, si la obra social demandada se encuentra obligada a otorgar cautelarmente la cobertura integral 100% del costo de las prestaciones indicadas por el médico tratante a fs. 6/7 o si, por el contrario, la cobertura debe extenderse hasta el límite de los valores contenidos en la resolución 1659/13 del Ministerio de Salud.

Asimismo, se encuentra debatido si la demandada debe otorgar la cobertura de las prestaciones indicadas a fs. 6/7, cuando los profesionales y las instituciones allí prescriptas no integran la cartilla de la demandada.

5.- Ello sentado, es importante puntualizar que la ley 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1).

En lo concerniente a las obras sociales, dispone que éstas tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2).

Entre estas prestaciones se encuentran las de: transporte especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación (art. 13); rehabilitación (art. 15); terapéuticas educativas (arts. 16 y 17); y asistenciales, que tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (art. 18).

Además, la ley 24.901 contempla la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19).

También establece prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts. 33 y 34); apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 35); atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art. 37); cobertura total por los medicamentos indicados en el art. 38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b).

La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33).

Por lo demás, la ley 23.661 dispone que los agentes del seguro de salud deberán incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas, debiendo asegurar la cobertura de medicamentos que estas prestaciones exijan (art. 28; cfr. esta Sala, causa 7841 del 7/2/01).

6.- En tales condiciones, debe tenerse en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia. En ese contexto, cabe concluir que, como principio, la concesión de la medida precautoria solicitada no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida del paciente discapacitado, que padece una grave enfermedad.

En ese mismo sentido, en el estado preliminar en el cual se encuentran las actuaciones, en el cual todavía no se produjeron la totalidad de las pruebas, debe confirmarse la resolución que ordenó a la demandada que otorgue la cobertura de las prestaciones indicadas a fs. 6/7, con el número de sesiones y prestadores allí indicados, pero ampliando la cobertura de manera tal que el paciente discapacitado reciba la cobertura integral del 100% del costo de la internación, que es preliminarmente lo dispuesto por la ley 24.901. Ello así, por cuanto una cobertura parcial de las prestaciones podría traer aparejado la interrupción de los tratamientos indicados a favor de un paciente discapacitado, que recibe la amplia protección de la ley 24.901.

Por lo menos, hasta tanto se produzcan las pruebas y existan nuevos elementos para mejor decidir, dado que se trata de prestadores e instituciones que no integran la cartilla de prestadores de la obra social demandada.

En efecto, luego de producidas las pruebas se podrá mejor decidir sobre el tipo y lugar de rehabilitación de la paciente, con la debida supervisión del médico tratante y la parte demandada.

Todo ello, sin perjuicio de los prestadores e instituciones propias ofrecidas por la demandada a fs. 42/43, puesto que debe estarse a los resultados de las indicaciones del médico tratante (cfr. fs. 6/7) que es, en definitiva, el profesional a cargo del paciente discapacitado y de dirigir su tratamiento.

7.- En ese sentido, la concesión de la medida cautelar, con la amplitud solicitada en los agravios, es la solución que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 del 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras; en igual sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1/3/93 y C. Fed. La Plata, Sala 3, del 8/5/200, ED del 5/9/2000).

8.- Por lo demás, no es ocioso recordar que el Alto Tribunal ha sostenido que "...los discapacitados, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos" (cfr. Corte Suprema, in re "Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional", del 15-6-04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122).

9.- Sin perjuicio de todo lo hasta expuesto, debe revocarse la resolución apelada en cuanto ordenó otorgar la cobertura del viaje, rehabilitación y recreación en la provincia de Córdoba -de manera trimestral-, dado que dichos tratamientos en otra provincia se superponen, inicialmente, con la rehabilitación que ya recibe el paciente en el ámbito de esta ciudad. Por lo demás, deberá justificarse adecuadamente la necesidad de trasladar al paciente discapacitado a otra provincia para recibir rehabilitación y recreación.

De esta manera, la determinación de la obligación de la demandada de otorgar la cobertura de dichas prestaciones y viaje a otra provincia será objeto de específica prueba, sustanciación y decisión al momento del dictado de la definitiva.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución de fs. 76/77 en lo principal que decide, reconociendo a favor del paciente discapacitado la cobertura integral 100% del costo de las prestaciones indicadas a fs. 6/7, con excepción de la prestación "viaje, recreación y rehabilitación en la provincia de Córdoba", cuya pertinencia será objeto de decisión al momento de dictarse la definitiva.

Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado atendiendo a las particularidades que presentó la cuestión debatida y a que el estado preliminar de las actuaciones no permite distinguir de una manera definitiva y concluyente una parte vencedora de la otra parte vencida (cfr. arts. 68 y 69 del Código Procesal).

Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18.11.13 deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de ley las sucesivas resoluciones y providencias del Tribunal (cfr. Acordadas CSJN n° 31/13 y 38/13 -B.O. del 17.10.13-).

El Dr. Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese --a la Sra. Defensora Oficial en su público despacho-- y posteriormente devuélvase.

María Susana Najurieta-Francisco de las Carreras