marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad de sentencia, libertad condicional, inconstitucionalidad, reincidencia, menores
Materia: PENAL
Carátula: T., B. N. c/  s/ Legajo de Ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-15

Es nula la decisión que rechazó la inaplicabilidad del impedimento contenido en el segundo párrafo del art. 14 del Código Penal a un menor de edad, puesto que no resulta posible descartar la crítica de la defensa limitándose a manifestar que ella no resulta concordante con las modificaciones introducidas por las leyes 25.892 y 25.948 toda vez que es claro que aquélla no desconoce las modificaciones al régimen legal de la libertad condicional dado que precisamente, por esa razón se originó su reclamo. Asimismo, el a quo tampoco se encarga de analizar el planteo de inconstitucionalidad considerando la circunstancia de que el imputado revestía la calidad de menor de edad al momento de la comisión del hecho por el que fue condenado. Ambas circunstancias dejan en evidencia la ausencia de respuesta a los argumentos del recurrente (voto del juez Bruzzone al que adhirió la jueza Garrigós de Rébori).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, responsabilidad del Estado por actos lícitos
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ETA GENERAL MOSCONI c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE: C.S.J.   NRO. 216 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

Desde la sentencia recaída en "Los Pinos S.A. c. Municipalidad de La Capital", la Corte nacional pasó a admitir invariablemente la responsabilidad del Estado por su obrar lícito, si el mismo, no obstante, infería lesión al ejercicio del derecho de propiedad "latu sensu", amparado por el artículo 17 de la Constitución nacional, lo cual tornaba inaplicable el principio del artículo 1071 del Código Civil, por no tratarse del resarcimiento por un accionar ilegítimo.

Dijo en ese caso que la indemnización tenía por objeto tutelar la incolumidad del patrimonio lesionado al dejarse sin efecto la precedente autorización (refería a la revocación por razones de oportunidad y conveniencia de un permiso anteriormente otorgado), señalándose que el sacrificio impuesto en forma particular a la part e actora en beneficio de la comunidad, no era propio que fuese soportado únicamente por aquélla, puesto que de ese modo lo sería en desmedro del principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas, consagrado en el artículo 16 de la Constitución nacional. Esta idea fue retomada y ampliada en el caso "Manzi, Carlos A. c. Estado Nacional", afirmando la Corte que la responsabilidad del Estado por su obrar lícito, se ha admitido con el propósito de resarcir el desmedro patrimonial que experimenta el particular a razón de un acto estatal que se traduce en un beneficio para toda la comunidad.

Así, la condición implícita que torna viable esta doctrina es la materialización del bienestar general, que supone la relación armónica entre el interés individual y el bien común, de modo tal que la protección del primero no prevalezca a ultranza en detrimento de la realización del segundo.

Mediante esta concepción se procura amparar el derecho de propiedad y, a su vez, no neutralizar la actividad del Estado en la prosecución de sus fines esenciales. (De los Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Sindicatos, Poder Legislativo Nacional, policía federal, Policía Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-11

El Congreso de la Nación, representante democrático de la voluntad popular, de modo uniforme impidió, mediante reservas a los convenios internacionales y la sanción de leyes, la sindicalización de la Policía Federal, lo que muestra que siempre entendió que los Convencionales de 1957 no consagraron en modo alguno en el artículo 14 bis un derecho a la sindicalización de los miembros de la policía.
Caducidad de instancia, iura novit curia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ELLENA LUIS c/ CARLOS KOTLIC Y OTRO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A074 - 061)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-04-24

Basta para considerar suficientemente fundada la pretensión en que se sustenta la incidencia de caducidad -confrontación del plazo legal previsto- la mera afirmación de que aquél habría transcurrido, para que el Tribunal proceda a su consideración, sin encontrarse el mismo constreñido a la calificación de las actuaciones como "utiles" o no, efectuadas por ambas partes o por el a-quo, de los que el Tribunal de grado puede prescindir, pues es función del mismo efectuar tal catalogación, como así también constatar si los demás requisitos que la ley exige se han cumplimentado.-
Despido, despido sin causa, interpelación, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: R., A.B. c/ B., C. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-12-21

En el caso de la indemnización del art. 15 de la ley 24.013, la intimación carente de requisitos formales en los términos del art. 11 de la referida ley, no puede conllevar, por sí sola la improcedencia de aquella reparación.
Sobreseimiento, falta de oposición, consentimiento, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, LUISA D. s/ Cheque sin fondos, Recurso de Queja por apelación denegada Causa  29368-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-17

"Si el Tribunal de grado interrumpió su función instructoria para sustanciar con las partes accionantes y como previo, la alternativa del cierre de la investigación, la falta de oposición en tiempo oportuno a esa solución tiene por efecto impedirle el cuestionamiento cuando no mantuvo antes su derecho". (Del voto del Dr. Sustaíta).
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez Villarraza c/ Hogar para Impedidos San Camilo de Lellis s/ Cobro de pesos y entrega de certificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-21

Cuando se apela la sentencia y los honorarios en ella regulados, el recurso de apelación de honorarios debe articularse conforme el artículo 109 de la ley 7.046.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: ZAPATA CÁRDENAS, Percy Antonio s/ Amparo - Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-20

El trámite de la acción de amparo debe estar desprovista de formalidades procesales que afecten su operatividad (art. 14 in fine CCABA).
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Giubetich, Roberto Eduardo y otros s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-04-22

Si los amparistas eligieron iniciar la acción de amparo en sede penal, no aparece acertado derivar la resolución del recurso a la Excma. Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, máxime cuando existe un Tribunal de Alzada del mismo fuero que se encuentra facultado por la Ley Uno para resolver la apelación. Por ello soy de opinión que quien debe avocarse a resolver el recurso en forma preferente es la Excma.

Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial. Voto en disidencia Dr. Morón
Nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salencon, Fernando. c/ Boock de Sar. s/ Nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-04-25

Para la procedencia de la nulidad es necesario la invocación y/o acreditación de perjuicios sufridos por el acto viciado. Y en el supuesto que se acredite la imposibilidad de defenderse, de contestar la demanda, nada más hay que probar porqué no existe daño mayor que éste.
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, razonabilidad
Materia: PENAL
Carátula: O., C. H. s/ Encubrimiento (Expte. Nro. 354-01, Resolución Nro. 96, Tomo 9, Folio 463)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-14

El art. 76 bis C.P. establece en sus párrafos tercero y cuarto dos condiciones para que resulte procedente la suspensión del juicio a prueba, las que giran en dos órbitas separadas y con incumbencias específicas para ciertos protagonistas del proceso en cuanto a su intervención en cada una de ellas, ya que una alude al aspecto civil y la otra al penal.
Empleo público, sanciones disciplinarias, prescripción, interrupción de la prescripción, cómputo del plazo, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PRATI MARIA TERESA c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

La fecha que corresponde al inicio del sumario administrativo, es la que interrumpe el plazo de prescripción de la acción disciplinaria.

En el orden nacional, la jurisprudencia confirma esta postura al decir que "La acción disciplinaria no está prescripta si el inicio del sumario administrativo interrumpió el curso del plazo (art. 38, ley 22.140; art. 38, inc. 1, decreto 1797/80...)".
Seguridad de la navegación, incendio naval, Prefectura Naval, eximentes de responsabilidad, culpa de terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: BAJAMAR S.A. c/ ESTADO  NACIONAL  -  COMANDO  EN JEFE DE LA ARMADA - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-09

El experto naval, en oportunidad de sacar sus conclusiones considera errónea la decisión de rumbear hacia el puerto de Quequén en función del resultado final de la travesía, señalando además que la rada de Quequén no era el lugar más adecuado por no asegurar aguas tranquilas para la lucha contra el fuego, ni un apoyo logístico adecuado. Es ilustrativo también el informe del perito en el que se puntualiza que la distancia entre Quequén y el lugar en el que se declaró el incendio era de 345 millas náuticas, mientras que otros posibles lugares alternativos como ser Bahía Blanca y Puerto Madryn se encontraban a distancias menores (280 y 150 millas respectivamente). Asimismo que con respecto a la existencia de muelles aptos, Quequén los poseía, si bien a la fecha del intento de entrada del Islas Malvinas I, se encontraban amarrados otros buques, para los cuales la proximidad de la unidad siniestrada implicaban peligrosos, consideración esta última que da sustento a la negativa de la Prefectura para el ingreso al puerto Quequén, que contrariamente a ser un obrar negligente de la demandada, como se sostiene, buscó resguardar a los otros buques amarrados en aquellos muelles ante el peligro que significaba el foco de incendio del Islas Malvinas I.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, recurso de queja (procesal), interposición del recurso, resolución denegatoria, notificación, empleados públicos, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Díaz, Carmen y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad -DañoS y perjuicios (Expte.: C.S.J.  Nro. 758 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-12

Si la parte había demostrado de manera fehaciente la presentación en tiempo del recurso de queja a través de las fotocopias certificadas del libro de recibo de expedientes, correspondiente a la mesa de entrada única del Tribunal Colegiado (siendo -en el caso- el retiro de los autos el acto de comunicación de la denegatoria de la apelación extraordinaria y no existiendo, vale aclararlo, otro medio de notificación de esa resolución), debe declararse procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora, desde que anteponer obstáculos formales a esa realidad procesal importa sin más sobredimensionar el rito en desmedro de la verdad jurídica objetiva. Esto último es lo que ha acontecido en la presente causa habida cuenta que el A quo da prioridad a un precepto formal, esto es: la carga que impone el artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial de acompañar la notificación de la resolución denegatoria del remedio regulado por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por sobre la constancia incontrastable de que el recurso directo fue presentado en tiempo hábil.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, Estado Provincial, facultades no delegadas, poder de policía, Derecho laboral, descanso semanal, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: INC S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

La ley 13441 y la ordenanza municipal 9516/16 de adhesión a la misma exceden el ejercicio del poder de policía e incursionan en materia laboral sustancial delegada al Congreso nacional por imperio del artículo 75 inciso 12 de la Carta Magna; lo que surge evidente y manifiesto a partir de la confesada finalidad de la normativa impugnada, en cuanto persigue mejorar la calidad de vida de los trabajadores mercantiles por vía de garantizarles el descanso semanal los días domingos y feriados, aun cuando ello se hiciera bajo el pretexto del poder de policía que supuestamente compete a legisladores y concejales, mediante el subterfugio de fijar días y horas para la apertura y cierre de ciertos establecimientos comerciales. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dres. Falistocco, Gastaldi y Erbetta) - Ordenanza 9516/16 de la Municipalidad de Rosario. - Jurisprudencia concordante con Coto CICSA, AyS T 279, p 237/318.
Indemnización por despido, daño moral, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: Rada Enrique Fernando y otros c/ Banco de Río Negro S.A. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-11-16

Cierto es que, con marcadísima excepcionalidad, cierta doctrina y jurisprudencia admite la procedencia de una reparación por "daño moral", con fundamento en las disposiciones del derecho común, en aquellos casos en que el distracto va acompañado de otros "ilícitos" de naturaleza generalmente extracontractual, y no vinculada en sí al despido como tal.(Minoría del Dr. Balladini).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, sentencia, reenvío
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Leo, José c/ García, Basilio Francisco y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

Los tribunales ordinarios de apelación no constituyen una instancia de casación, por lo tanto, si revocan una decisión, no pueden "reenviar" la causa para que sea fallada nuevamente, sino que deben pronunciarse sobre todas las cuestiones de fondo que quedaron sometidas a su conocimiento.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, duda
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Gustavo Daniel s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que no se demuestra la existencia de duda que se invoca en el sentido del art.

431 del Código Procesal.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad de los padres, menor impúber
Materia: CIVIL
Carátula: PEREYRA, Manuel Evaristo y otro c/ LAHITTE, María Clara s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Cuando la víctima del accidente resulta ser un menor impúber, incapaz de hecho absoluto, sin discernimiento para los actos ilícitos (conf. arts. 54, inc. 2º, a 27 y 921 del Código Civil), careciendo, por tanto, de la noción de lo bueno y de lo malo y, consiguientemente, sin poder apreciar lo que para él podía ser o no conveniente, necesitando imperiosamente de la asistencia de cualquiera de sus progenitores para acceder a la vía pública, a fin de evitar que un hipotético descontrol lo llevara a cruzar una calle de intenso tránsito, corriendo y por un lugar no habilitado, cabe concluir que, incuestionablemente, sus padres incumplieron en forma negligente las obligaciones inherentes a la patria potestad (conf. arts. 264 y 166 del Código Civil), lo que no obsta al análisis de la responsabilidad concurrente del victimario.-
Emergencia sanitaria, coronavirus, libertad de circulación, libertad corporal, facultades del gobierno provincial, control sanitario, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lee, Carlos Roberto y otro c/ Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 Provincia de Formosa s/ amparo - amparo colectivo (expediente digital)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-19

Sin perjuicio de reconocer los propósitos de protección de la salud pública perseguidos por el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado instaurado por el Gobierno de la Provincia de Formosa, en los hechos, las restricciones establecidas por las autoridades locales no superan el test de razonabilidad que establece el art. 28 de la C.N., al suprimir libertades individuales más allá de lo tolerable. Asimismo, cabe destacar que habiendo transcurrido varios meses desde la puesta en práctica del referido programa, no se definió el tiempo de su vigencia, ni existen indicios de hasta cuándo se extenderán las restricciones al derecho a transitar libremente.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, Julio Rubén s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Si quien es llamado a indagatoria no hace uso de su derecho a callar y se manifiesta dispuesto a declarar, su obligación es producirse con verdad, a tal punto que si ello no ocurre genera un indicio grave en su contra, no solamente para dividir la confesión, sino aún para atribuir culpabilidad. En este sentido la jurisprudencia de los tribunales es constante y uniforme".-
Tipo penal, calificación legal, manifestación popular
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: S., D. y otros c/  s/ procesamiento y pp
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-11

Las calificaciones adjudicadas a las conductas reprochadas a los procesados que protagonizaron disturbios en la zona del Congreso Nacional en ocasión del tratamiento legislativo de la Ley Bases, fueron suscritas en el marco de un contexto específico de reclamo social, más allá de las razones políticas y éticas que cada espacio sustente en apoyo de su concepción de lo colectivo. Esa contextualización es imprescindible para albergar una solución jurídica respetuosa de nuestra Constitución Nacional, especialmente enfocada desde una perspectiva de derechos humanos, dado que la protesta social constituye un ejercicio de ciudadanía inscripta en la sociedad civil que aspira a ser políticamente robusta y democráticamente actuante, y como tal, atravesada por el conflicto y el desacuerdo.
Sentencia, homologación judicial, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPLEJO HABITACIONAL SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA c/ GOMEZ, Nancy R. y otros s/ HOMOLOGACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

En principio, es improcedente la pretensión de homologación de un convenio privado, sin que, además, exista un conflicto que requiera la intervención judicial. Las sentencias homologatorias están previstas por el derecho adjetivo sólo para los supuestos contemplados en los arts. 305 (desistimiento del derecho), 308 (transacción) y 309 (conciliación) del Código Procesal. De ello se sigue que, para que procedan los modos anormales de terminación del proceso, debe existir un trámite judicial previo, con un conflicto pendiente.-
Partidos políticos, intervención partidaria, hecho notorio
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Justicialista Santiago del Estero s/ incompetencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

La mera afirmación de que los motivos determinantes de la intervención de un partido de distrito son hechos "de público conocimiento en los medios políticos y en la opinión pública santiagueña" no constituye demostración alguna ni suple la prueba que de ellos debió ser aportada oportunamente, ya que no se trata de hechos públicos y notorios, menos aún en la Capital Federal.
Recusación sin causa, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARIN NELIDA CARMEN c/ I.N.D.A.R.C.O.  S.R.L. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A128 - 091)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-04-05

... el plazo para recusar sin causa a un nuevo Juez debe computarse desde la publicación de su designación en el Boletín Oficial de la Provincia.-
Daños y perjuicios, determinación de la incapacidad, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Popp, Natalia Ileana c/ Lettiere, Juan Carlos y/u otros s/ ordinario daños y perjuicios (- tpro: ordinario daños y perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-29

Calculada la indemnización por incapacidad física mediante fórmula matemática, en la que se contempló la incapacidad futura mediante la llamada "fórmula Acciarri", y frente al reproche de que los ingresos computados debieron contemplar el incremento salarial conforme al valor del índice de precio al consumidor acumulado desde la ocurrencia del siniestro hasta la fecha de la sentencia, para cuestionar tal opción el interesado debe poner en evidencia que el modo computado no fue razonable y que ciertamente las chances de progreso eran mayores, porque las probabilidades tenidas en cuenta son meramente estimativas y por ello exigen en su definición con cautela.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: HINOJOSA, Benita s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-19

Al respecto el art. 170 del CPCC establece que no puede impugnarse de nulidad un acto, si el mismo ha quedado subsanado por el consentimiento tácito del nulidicente. Se entiende que existe consentimiento tácito si el acto atacado no resulta atacado oportunamente, esto a los cinco días de su conocimiento.
Recurso de apelación (procesal), juicio de apremio, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Quilmes c/ Sociedad Anónima Expreso Sudoeste s/ Apremio Fisco de la Prov. de Buenos Aires c/ Empresa Central El Rápido Sata s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26|1994-08-11

El tratamiento de las excepciones que opusiera el demandado por parte del juez dice grado anterior, revela indudablemente la admisibilidad formal de aquellas, no obstante la improcedencia sustancial que se les atribuye en la decisión en crisis. Sin perjuicio de la defectuosa técnica legislativa en que incurre el art. 10 del decreto ley 9122/78, es de toda lógica que el recurso de apelación interpuesto por la accionada es formalmente procedente, pues si de acuerdo a lo dispuesto por el art. 8 del citado decreto ley cabe la apelación por el ejecutado respecto de la declaración previa de no admisibilidad de las excepciones, no se compadece con un criterio de razonabilidad que cuando se han opuesto excepciones y han sido abordadas por el sentenciante, se le impida al demandado apelar la sentencia de trance y remate que, previo análisis sustancial, las desestima. Lo contrario podría importar un exceso ritual manifiesto, en pugna con el ejercicio del derecho de defensa en juicio (art. 18 Const. Nac.).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Frías, Juan Carlos s/ Asociación ilícita y robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Es insuficiente la denuncia de transgresión de los arts. 18 de la Constitución de la Nación y 25 -n.a.- de su similar provincial al valorar el a quo la presunción derivada de la mendacidad en las explicaciones vertidas en sede judicial, afirmándose que los procesados tienen el derecho constitucional de no ser obligados a declarar en un sentido u otro, si el imputado tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a no declarar o, en su caso, a dar su versión sobre los hechos y el recurrente no ha evidenciado que haya sido obligado a declarar del modo alegado. (Minoría u opinión personal)