Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-05


Salta, 5 de Abril de 2011.- AUTOS Y VISTA: Esta causa N° 25.218/08 de la Cámara de Acusación, Sala I, originaria del Juzgado de Instrucción Formal de 2ª Nominación s.c. "N.N. (PERSONAL POLICIAL DE LA Cría.2ª por Severidades", Expediente N° 65.726/05, y CONSIDERANDO El Dr.JULIO V. PANCIO, dijo:

I) Que corresponde a este Tribunal resolver sobre el recurso de apelación deducido a fs.17 por la Sra.Agente Fiscal Nº 2, en razón de resultar formalmente admisible conforme lo dispuesto por los arts.460, 461 y cc del C.P.P..- II) Mediante resolución agregada a fs.15/6, el Sr.Juez de Instrucción decide el Archivo de estas actuaciones por considerar que el hecho denunciado no se cometió.- Refiere el Juez A quo que la denuncia efectuada por las señoras Gloria Mabel Sánchez y Alicia Aurelia Pereyra acerca de los castigos físicos a que habrían sido sometidos sus hijos René Illescas y Víctor Moisés González por cuadros de la Policía de la Provincia destacados en la Comisaría 2ª de esta ciudad, se contrapone con sendos informes del Jefe del Servicio Médico del Ministerio Público (fs.2 y 4)..

Frente a ese panorama entiende el Resolvente que no resulta útil y pertinente producir otra medida, considerando el Archivo de los autos "como único medio para poner fin al proceso, siendo oportuno señalar que la indagatoria exige para su procedencia como requisito ineludible la suposición de la consumación de un hecho delictuoso extremo que, como queda dicho, no ocurre en el caso de autos".- El pronunciamiento es impugnado por la representante legal del Ministerio Público, Dra.María I. Loyola, para quien "tal análisis debió haber sido efectuado al momento de recepcionar las actuaciones" cuando, contrariamente, decidió avocarse y disponer medidas de Instrucción (fs.5 vta.).- Considera además la apelante que "no se han agotado aún todas las diligencias posibles y necesarias para el esclarecimiento del hecho denunciado...situación que impide formalmente dictar el auto de archivo impugnado", razones por las cuales pide la revocación del auto despachado.- III) Aunque comparto enteramente las reflexiones del Sr.Juez de Instrucción, no coincido en la solución y Archivo de las actuaciones en tanto y en cuanto las razones invocadas no se adecuan a la letra y espíritu del art.191 del C.P.P. conforme lo tiene decidido repetida y mayoritariamente este Tribunal en precedentes similares.- En el caso, el Juez se enfrenta a un posible hecho de vejaciones ocurrido entre el lunes dieciséis y miércoles dieciocho de Mayo de 2005 en perjuicio de los menores René Illescas y Víctor Moisés González. Según sus madres y denunciantes, los jóvenes fueron golpeados exhibiendo uno "la pierna izquierda morada y la cara toda hinchada y morada" y el otro "el ojo con sangre y aduce que no escucha bien porque lo golpearon con patadas" (18 de Mayo de 2005, fs.1).- Dos días después, la Sra.Sánchez insiste en que el día anterior (19 de Mayo) "vio a su hijo que tenía los dos pómulos morados, y la pierna izquierda inmóvil, ya que no la puede encoger y cuando camina renguea mucho" (fs.3).- Ahora bien, las presuntas víctimas de esos abusos fueron revisados en dos oportunidades por el Dr.Cristóbal Heredia, Jefe del Servicio Médico del Ministerio Público, y en ninguna de esas visitas se vio a los muchachos con los hematomas o lesiones que denunciaron sus madres (fs.2 y 4). Téngase en cuenta que la segunda revisión fue efectuada sólo una hora después que la Sra.Sánchez ampliara su denuncia (fs.3 y 4).- De resumidas cuentas, el primer dictamen requiriendo instrucción por posibles Severidades (fs.5) y el segundo modificando la figura por Apremios Ilegales Agravados (fs.12), eran alimentados por sendos testimonios (fs.1, 3 y 6) aunque de algún modo desvirtuados por los informes del forense (fs.2 y 4). Como fuere, la Instrucción ya había sido abierta con el decreto de avocamiento de fs.5 vta. y se imponía entonces profundizar la investigación llamando, al menos, a testimoniar a los menores supuestas víctimas del accionar policial e identificar a los presuntos responsables para, eventualmente, despachar sus sobreseimientos por la causal invocada, esto es, por inexistencia de prueba en la materialidad del hecho denunciado (art.326 inc.2º, primer supuesto, C.P.P).- En todo caso debió el Juez A quo rechazar ab initio el dictamen requirente porque el Ministerio Fiscal ya contaba con aquellos informes del forense que, como dice el Juez, contrastaban abiertamente con lo denunciado. Sin temor a equivocarnos podríamos decir que las representantes del Ministerio Público Fiscal daban crédito a las denunciantes a la vez que descreían de la observación directa y científica del médico informante. A fs.12 se dice sin eufemismos que "se concluye que los causantes en un acto de servicio...ejercieron actos de violencia..., por lo tanto atentaron contra el bien jurídico protegido por la ley penal de fondo que es la integridad física".- En ese primer momento el dictamen fiscal chocaba con la evidencia física recogida (fs.2 y 4) y por lo mismo no contenía una motivación sólida fundada en las constancias de la causa. Desechar sin fundamento o razón alguna la opinión del facultativo del mismo Ministerio y pedir la apertura de una causa criminal sin siquiera oír en forma directa a la misma víctima presunta, convertía el acto requirente en arbitrario y contrario al deber de motivación que exigen los arts.68 del C.P.P. y 27 de la Ley 7.328. Nótese que en el supuesto que nos ocupa la denuncia específicamente refiere en ambos casos a lesiones infligidas, y no a tratos más rigurosos que los tolerados por la ley o los reglamentos, humillaciones o agravios.- En repetidos pronunciamientos referidos a la limitación del Juez frente al impulso de la acción penal en cuanto al modo de preparar la acusación, la Corte de Justicia local ha señalado que sólo es posible confrontar ese dictamen con una declaración de inadmisibilidad por "presentar una falla o un error en el deber de motivación que prescribe el art.68 del C.P.P.". Ese criterio, entiendo yo, podía aplicarse válidamente en nuestro caso mutatis mutandi desde que el Juez advertía que el dictamen fiscal partía de un análisis errado de la prueba del hecho denunciado.- Conforme ha sido reseñado supra, El Dr.Cristóbal Heredia revisó por dos veces a René Illescas y Víctor M.González; la segunda vez, poco más de una hora después que la señora Sánchez ampliara ante la Fiscalía su denuncia (fs.3 y 4). Y en ninguno de esos exámenes se pudieron comprobar las huellas del maltrato físico declarado por la denunciante. Huelga decir que una opinión objetiva, ilustrada e imparcial ha de preferirse a aquella otra que no lo es.

IV) Y el Dr.RAÚL ROMÁN, dijo:

Que se adhiere al voto que antecede por sus fundamentos y conclusiones.- En razón del acuerdo que antecede, la SALA I DE LA CÁMARA DE ACUSACIÓN, ___________________R E S U E L V E________________ I) HACER LUGAR al recurso de apelación deducido a fs.17 por la Sra.Agente Fiscal Nº 2 y, en su mérito, REVOCAR el auto de Archivo despachado a fs.15/6.- II) PROTOCOLÍCESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN los autos al Juzgado de origen.-