Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-25


SENT Nro. 71 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 25 DE FEBRERO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana -por excusación del doctor Antonio Gandur-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por en autos: "Lai, Oscar Alberto vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Nulidad de decreto".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 375/378, plantea recurso de casación en contra del punto II de la parte resolutiva de la sentencia Nº 15 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 6 de febrero de 2003, obrante a fs. 366/369 vta., que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 06-5-2003 (cfr. fs. 384 y vta.), habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Sostiene el recurrente que si continúa siendo Subdirector de Espacios Verdes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, debe seguir detentando ineludiblemente la categoría 23, por cuanto es contradictorio que se lo reincorpore al mencionado cargo y al mismo tiempo se disponga la retrogradación de su categoría. Añade que si bien la carrera administrativa está referida a la clase y a la categoría y no a la función, existen funciones que son inherentes a una determinada categoría, como lo es la de Subdirector del Municipio, tal como surge del artículo 9º de la Ordenanza Nº 895/68. En su opinión, lo dispuesto en la segunda parte del punto Iº del fallo significará que deberá cumplir una función con una categoría inferior a la que le es inherente, según lo resuelto en el punto segundo de aquél.

Alega que el Decreto Nº 472/98 lo encasilla en el cargo clase 23, sin efectuar ninguna aclaración ni reserva, lo que tampoco realiza el Decreto Nº 3298/98, por el cual se lo designa Subdirector de Espacios Verdes, expresándose en el mismo también que retiene el cargo categoría 23. Por lo tanto, indica, si el Decreto de encasillamiento no dice que sea interino y el de asignación de funciones de Subdirector habla de la categoría de "su pertenencia" (refiriéndose a la 23) y tampoco nada expresa acerca del interinato, lo correcto es concluir que el encasillamiento en cuestión lo fue en titularidad.

Resalta que es lógica la alusión que hacen los artículos 1º y 3º del Decreto Nº 472/98 a la categoría 21, porque a ese momento -el del dictado el acto-, era ésa la categoría que detentaba, es decir, que el status jurídico recién varía cuando dicho dispositivo es lanzado al mundo jurídico para ser puesto en ejecución.

Puntualiza que su derecho a la carrera administrativa, reconocido por el Estatuto del Personal Municipal, es de cumplimiento obligatorio y comprende desde la categoría 1 a la 23, incluyendo las funciones de Subdirector o equivalente, tal como lo prescribe la Ordenanza Nº 1758, del 20-7-91, en cuyo marco han sido dictados los Decretos Nº 472/98 y 3298/98. A su modo de ver, la sentencia habría violentado aquellas normativas, sobre todo teniendo en cuenta la errónea fundamentación del Decreto Nº 1729/99, donde se cita a la Ordenanza Nº 1644/91, que es del mes de febrero de 1999, la que había sido ya modificada en julio del mismo año por la mencionada Ordenanza Nº 1758.

Por último, como doctrinas legales formula las siguientes: "1.- Para que el ascenso de categoría, dispuesto por un Decreto del Ejecutivo Municipal lo sea en el carácter de interino, debe así estar previsto expresamente en su texto. 2.- La función de Subdirector al estar incluida en la carrera administrativa, no son cargos políticos, de manera tal que están excluidos del carácter revocable de los nombramientos que tienen los restantes niveles ejecutivos" (cfr. fs. 378).

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 371 y del cargo actuarial inserto a fs. 378 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos de los artículos 813, inciso a) y 814 a contrario sensu; se dio cumplimiento con el depósito establecido en la ley del rito (cfr. fs. 374); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrinas legales, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por consiguiente, voto en el sentido de considerar admisible el recurso en examen.

IV.- Entrando a la consideración de los agravios interesa poner de relieve que, en mi criterio, no resulta irrazonable asignar efectos interinos a una designación, aunque no se lo haya explicitado así, expresamente, en el acto administrativo correspondiente, a partir de la lectura integral de su contenido -contenido "natural" del mismo- porque de lo contrario se correría el riesgo de viabilizar una concepción estrictamente formalista que se encontrara en pugna con la verdad objetiva. Es doctrina reiterada del Máximo Tribunal de la República que la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el adecuado servicio de justicia, y que los jueces no pueden desentenderse de la verdad jurídica objetiva (Fallos: 304:1537; L.L., 1987-A, 490; ED, 99-661; DJ, 1994 -2-1010).

En esta perspectiva, conviene tener presente que la Sala a quo se detuvo especialmente en el contenido del Decreto Nº 472/SOP/98 ya que, según la postura del actor, la adquisición en propiedad de la categoría 23 habría derivado de este acto. Así, el pronunciamiento en recurso dejó sentado que, aunque el precitado decreto hubiera empleado la expresión encasillar, la lectura integral del mismo permitía desentrañar el verdadero sentido de tal expresión literal, esto es, que la designación en el cargo categoría 23 había sido interina debido a su desempeño como Coordinador Técnico de la Secretaría de Obras Públicas.

En sustento de esta conclusión, reparó especialmente en dos circunstancias: que la motivación del Decreto Nº 472/SOP/98 dejaba debidamente esclarecido, a saber, que se disponía un ajuste remuneratorio en razón de la mayor responsabilidad que asumía el accionante en sus nuevas funciones como Coordinador Técnico y que el texto expreso de los artículos 1º y 3º del Decreto en cuestión, no obstante el encasillamiento dispuesto por su artículo 2º, aludían al cargo clase 21 (profesional) como la categoría de revista del agente Oscar Alberto Lai en planta permanente.

A la luz de las consideraciones que anteceden, y teniendo en cuenta que el impugnante nada dijo en particular acerca de la primera de las circunstancias destacadas en el párrafo anterior, no advierto que la interpretación del acto jurisdiccional en crisis sobre el punto resulte absurda o arbitraria. Atento a ello, tampoco se presenta irrazonable la conclusión a la que arriba el juzgador a partir de la referencia en los artículos 2º y 4º del Decreto Nº 472/SOP/98 a la categoría 21; mucho más aún, cuando se aprecia que el acto administrativo en los dos artículos mencionados vincula al actor a dicha categoría, sin que ello hubiera sido imprescindible o necesario.

De allí entonces que lo sostenido por el recurrente a fs. 377, punto C), de autos, no alcance a evidenciar que la interpretación a que arriba el tribunal con relación a la cuestión se aparte de las constancias de autos o que resulte ilógica, arbitraria o contraria a derecho; y que esto tampoco se logre a partir de que en el Decreto Nº 3298/SOP/98 se haga referencia, con relación al actor, a la retención del cargo clase 23, no sólo en razón que en dicho acto en ningún momento se consigna que esta categoría se detentara en propiedad, sino también porque lo determinante, en la especie, no es lo que allí se expresa o en el Decreto Nº 1722/INT/99, sino en el Decreto Nº 722/SOP/98 por ser justamente éste en el que, según el demandante, se habría operado el nombramiento en propiedad en la categoría 23. Asimismo, téngase presente en tal sentido que en el Decreto Nº 3298/SOP/98 se hace mención a una "retención" de cargo, lo que supone una adquisición anterior, y que el Decreto Nº 1722/INT/99 es solamente un acto por el que se priva de funciones y no de adquisición en propiedad de ninguna categoría.

Por tales motivos, considero que bien pudo decir el juzgador que "La sola mención contenida en el Decreto 3298 del 20/11/98 de la 'retención' del Arquitecto Lai del cargo categoría 23 y el reintegro a esa categoría dispuesto por el Decreto Nro. 1722 tras la aceptación de la renuncia aquí no comprobada, no acreditan que el actor haya sido designado en la planta permanente de la Municipalidad demandada con tal cargo, ni traducen el derecho del actor a revistar en planta permanente en tal categoría. La finalidad perseguida por el Decreto 472 fija el sentido y alcance del encasillamiento en categoría 23 del que dan cuenta los informes de la Dirección de Recursos Humanos producidos en el juicio, de los que tampoco surge el status jurídico que invoca el actor en sustento de la pretensión de nulidad sub análisis" (cfr. fs. 369).

Ahora bien; en esta instancia casatoria el recurrente se agravia del fallo recurrido aduciendo que es contradictorio que se lo reincorpore en el cargo de Subdirector y a la vez se disponga su retrogradación, y que se cumpla aquella función con una categoría inferior a la que le es inherente.

Al respecto, resulta necesario poner de resalto que si bien el tribunal concluyó en que el actor tenía en propiedad la categoría 21 y no la 23, a renglón seguido no dejó de reconocer que su derecho a percibir remuneración acorde a la categoría 23 subsistirá mientras cumpla las funciones de Subdirector de Espacios Verdes (cfr. fs. 369). A lo dicho cabe agregar que no existe ninguna norma que lo imponga y, por ende, no existe ningún impedimento, en que la función de Subdirector la desempeñe una persona que no posea en propiedad la categoría 23 -que es en definitiva lo que resolvió el fallo-, ni tampoco la asignación de aquella función supone ipso iure la adquisición en propiedad de dicha categoría.

En esta perspectiva, no debe perderse de vista que se encontraban en vigencia a la época del dictado de los actos de marras, las prescripciones de la Ordenanza Nº 1758, del 26-7-91, y de la Ordenanza 895/68 (artículo 12) que instituyen el régimen del concurso para las promociones por lo que, cualquiera haya sido la conducta de la Municipalidad al respecto, con relación a distintos cargos o funciones, no resulta arreglado a derecho receptar el planteo del recurrente en desmedro de normativas expresas que regulan el caso y disponen en sentido contrario a las pretensiones del recurrente.

Finalmente, en mérito a lo hasta aquí desarrollado, que las Ordenanzas Nº 895/68 y 1758/91 consagren su derecho a la carrera administrativa, la que se extiende hasta la categoría 23, incluyendo las funciones de Subdirector o equivalente, deviene absolutamente irrelevante para trocar el sentido de la decisión y considerar que debe reconocerse al actor el derecho a gozar en propiedad de la categoría 23, que es en definitiva su pretensión. Por los mismos motivos, tampoco lo resuelto constituye una afectación al mencionado derecho.

Por lo tanto, siendo ésta la pretensión esencial del recurrente, por las razones expuestas precedentemente, corresponde desestimar, con pérdida del depósito en la proporción de ley, el recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra del punto II de la parte resolutiva de la sentencia Nº 15 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 6 de febrero de 2003, corriente a fs. 366/369 vta.. En tal sentido mi voto.

V.- Acorde al resultado a que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia casatoria se imponen a la parte vencida, actora en autos (artículos 89 del CPA y 106, primera parte, del CPCC) Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación planteado por la parte actora en contra del punto II de la parte resolutiva de la sentencia Nº 15 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 6 de febrero de 2003, glosada a fs. 366/369 vta., conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA