Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17.612 EXPTE. N° 11.054/2009. SALA IX. JUZGADO N° 8.

En la ciudad de Buenos Aires, el 23 de febrero de 2012, para dictar sentencia en los autos: "MENGARELLIN ABEL ENRIQUE Y OTROS C/OSPLAD OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE Y OTROS S/DIFERENCIAS DE SALARIOS", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I. La sentencia de primera instancia de fs. 135/6 que rechazó la demanda en su totalidad, ha sido apelada por la parte actora, a mérito del recurso que luce agregado a fs. 140/50. Hay réplica de la parte demandada, a fs. 154/64.

II. El recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de prosperar mi voto, no ha de obtener favorable recepción.

Ello es así pues la presente causa resulta sustancialmente análoga a lo resuelto por esta Sala, in re: "Mesa, Carlos Enrique y otros c/Obra Social para la Actividad Docente O.S.P.L.A.D s/Diferencias de salarios", Sentencia Definitiva N° 16.938 del 19 de abril de 2011, cuya sentencia de primera instancia, que fuera confirmada por esta Sala, constituye uno de los fundamentos dados en el decisorio recurrido conforme surge de fs.135/vta.

En efecto y conforme se estableció en el precedente de esta Sala mencionado recientemente carece de eficacia recursiva la interpretación que realiza la recurrente del art. 20 de la ley 24.522. Ello es así por cuanto comparto las consideraciones expuestas por la Sala II de esta Cámara N° 98.411 del 31/8/11 en los autos: "Damiani, Juan Gabriel y otros c/ O.S.P.L.A.D. Obra Social para la Actividad Docente s/ Diferencias de salarios" en el sentido de que no deben confundirse las previsiones que allí se realizan con respecto al plazo por el que se dejan sin efecto las convenciones colectivas vigentes a la época de apertura del concurso, en el primer párrafo del acápite titulado "Contratos de trabajo" -que efectivamente resulta el de tres años contados a partir de tal acto procesal- con el que corresponde al término de duración del convenio colectivo de crisis previsto en el párrafo tercero de dicho acápite, el cual también tiene un máximo de duración de tres años. Es evidente que dicho plazo no coincide temporalmente con el que establece el primer párrafo y que sólo puede comenzar a contarse desde que entra en vigencia el mencionado convenio. Obsérvese que, en el párrafo tercero no se aclara que el cómputo de ese plazo deba aplicarse retroactivamente a la fecha de apertura del concurso, ni que esta última resulte el punto de partida del máximo allí fijado, por lo que resulta aplicable el viejo aforismo romano ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. Nótese además que la interpretación que hace la recurrente podría llevar al absurdo de que en un concurso que lleva más de tres años desde su apertura, las partes colectivas se encontraran impedidas de llegar a ningún tipo de acuerdo en el marco de la crisis, por encontrarse "vencido" el plazo por el que podrían pactar un convenio.

No se me escapa que en ciertos casos, podría generarse un conflicto derivado de la sucesión de normas convencionales a la luz de lo dispuesto por el art. 19 inc. b) de la ley 14.250. Sin embargo, tal hipótesis únicamente podría suscitarse en los casos en los cuales los convenios divergentes posean diferente ámbito de aplicación, situación que no se presenta en el caso sub examine, por lo que esa cuestión, en la presente causa, reviste carácter abstracto.

Por otra parte, creo conveniente señalar que la facultad judicial de interpretar el alcance de una determinada norma convencional no incluye la de atribuirle un alcance distinto y opuesto al que las propias partes de la negociación, en ejercicio del poder jurígeno que emana de la autonomía privada colectiva, en forma clara y explícita, han decidido otorgarle. Desde esta perspectiva, a mi entender, la modificación en la modalidad de liquidación de los adicionales salariales que las propias partes signatarias del convenio decidieron implementar a partir del Convenio Colectivo que comenzó a regir en el mes de abril de 2005 no puede ser considerada como una rebaja remuneratoria que justifique un reclamo por diferencias salariales como el que se deduce en esta causa.

Coincido asimismo con la doctrina que priva de andamiaje reclamos como el presente, en los que las diferencias solicitadas no se originan en modificaciones emanadas de la voluntad individual de las partes ni en ningún acto emanado de la autonomía individual; sino que, por el contrario, tienen origen en la aplicación de nuevas disposiciones de fuente convencional emanadas de la autonomía privada colectiva. En esa inteligencia, cabe destacar que de conformidad con la normativa vigente, un convenio colectivo carece de toda operatividad al entrar en vigencia una nueva convención -dentro del mismo ámbito de aplicación personal y territorial (conf. art. 6 y 19 inc. "a" de la ley 14.250, T.O. Dec.1.135/04)-; y, consecuentemente, no cabe duda que los sujetos que, en ejercicio de la mencionada autonomía privada colectiva, tienen aptitud para acordar disposiciones de carácter normativo, también cuentan con la facultad de modificarlas, derogarlas o de establecer otras en su reemplazo. Habida cuenta del carácter cambiante de la realidad socio-económica que subyace en la celebración de todo convenio colectivo y de la consiguiente necesidad de que éste se adecue a las circunstancias que intenta normativizar, creo evidente que las condiciones emergentes de una determinada convención no se incorporan definitivamente al contrato individual y no son exigibles más allá de la vigencia de aquélla (o de su posible ultraactividad).

Con apoyo en todo lo expuesto, y habida cuenta que la parte actora expresamente consiente el juzgamiento adoptado en la sentencia recurrida en cuanto a que no se produjo la conclusión del concurso, al menos durante el período de los tres años posteriores al 1º de abril de 2005 en que comenzó a regir e implementarse el convenio colectivo de crisis, cabe concluir que este último convenio se mantuvo en vigor hasta el 1º de abril de 2008; y que a partir de entonces resultan aplicables los CCT 972/08 "E" y CCT 967/08 "E".

La parte actora se agravia en orden al mismo punto, al argumentar que el Juez "a quo" omitió dar tratamiento a los cuestionamientos dirigidos contra la validez de las cláusulas contenidas en el convenio de crisis, posteriormente homologado ante el Ministerio de Trabajo, con fecha 1/4/08, que cercenarían derechos adquiridos en la anterior normativa laboral. Adelanto que este aspecto del recurso tampoco ha de prosperar.

Llego a dicha conclusión al valorar que las pretensiones de los actores no se basan en derechos o condiciones que tienen como fuente el contrato individual del trabajo, sino en el "Estatuto Escalafón para el Personal de Osplad", razón por la cual no resulta aplicable lo dispuesto por el art. 7 de la LCT, pues la prohibición allí dispuesta de pactar peyorativamente está dirigida a las partes del contrato individual, pero no a las colectivas. Coincido con la jurisprudencia que cita la parte actora en el escrito inicial en cuanto a que "un convenio colectivo no puede afectar las condiciones de trabajo más favorables de los trabajadores pactadas en sus contratos individuales de trabajo" (ver fs. 10), pero cabe reiterar que las pretensiones de los actores no se fundan en sus contratos individuales, por lo que carece de aplicación dicha interpretación, todo ello de conformidad con lo establecido en el precedente "Mesa" citado anteriormente.

En consecuencia, sugiero confirmar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de apelación en cuanto al fondo del asunto.

Finalmente, la apelación de la imposición de las costas a cargo de los actores no tampoco ha de prosperar ya que no existe mérito alguno para apartarse del principio objetivo de la derrota establecido en el artículo 68 del CPCCN, de modo que se ha de confirmar el decisorio de origen en el segmento objeto de apelación. Es dable señalar que de la lectura del agravio el agravio sobre la cuestión mencionada (v. fs. 149/vta. séptimo agravio).

VI. En consecuencia, sugiero imponer las costas de alzada a la parte actora vencida (conf. art. 68 CPCCN) y, a tal fin, regular por los trabajos profesionales efectuados en esta alzada, a la representación letrada de las partes actora y demandada, las sumas de $ 7.500 (Pesos siete mil quinientos) y $ 10.800 (Pesos diez mil ochocientos), montos fijados a valores del presente pronunciamiento (conf. art, 14, ley 21.829).

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto precedente.

El Dr. Gregorio Corach no vota (art. 125 de la L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de apelación; 2) Imponer las costas de alzada a la parte actora vencida; 3) Regular por los trabajos efectuados en esta alzada, a la representación letrada de las partes actora y demandada, las sumas de $ 7.500 (Pesos siete mil quinientos) y $ 10.800 (Pesos diez mil ochocientos), montos fijados a valores del presente pronunciamiento.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Ante mí: