Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-10


SENT Nº 232	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Abril de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte co-demandada Automóvil Club Argentino en autos: "Leiro Rodolfo A. vs. Comisión Deportiva Automovilística s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por el apoderado del co-demandado Automóvil Club Argentino (fs. 1471 a 1479) en contra de la sentencia nº 202 de fecha 14 de octubre de 2010 (fs. 1431 a 1447) y su aclaratoria nº 239 del 13 de diciembre de 2010 (fs. 1462/3) dictadas por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Concepción, en cuyo punto V se resuelve no hacer lugar a la exclusión de responsabilidad deducida por el Automóvil Club Argentino; confirmando en consecuencia a su respecto la condena dispuesta en la sentencia nº 538 del 31 de octubre de 2006 del Juzgado Civil y Comercial Común de la I Nominación del mismo centro judicial (fs. 1234 a 1243). Corrido el traslado previsto en el art. 751 último párrafo de la ley ritual civil y contestado el mismo por la apoderada del actor Rodolfo Leiro (fs. 1488 a 1492), el recurso fue declarado inadmisible por sentencia nº 45 del 22/3/2011 (fs. 1503 y vta.) del mencionado tribunal de alzada; lo que motivó el recurso de queja por casación denegada promovido por el Automóvil Club Argentino que fuera receptado positivamente por esta Corte Suprema, mediante sentencia nº 398 del 16/6/2011 (fs. 1595/6).

II. La sentencia en pugna, luego de describir los agravios en que se fundaron los distintos recursos de apelación oportunamente incoados, declara que no se encuentra cuestionado en autos que el accidente de tránsito que motiva estas actuaciones se haya producido el día 05/8/2000, en ocasión de una competencia automovilística de carácter nacional denominada "V Campeonato Argentino de Rally 2000", organizada por la Federación Tucumana de Automovilismo Deportivo, fiscalizada por el Automóvil Club Argentino y asegurada por la compañía Provincia Seguros S.A. En ese marco los actores, Sres. Leiro y Campagne, habían concurrido en calidad de espectadores al evento deportivo, cuando Alejandro Darío Cancio (conductor del coche nº 32 que competía en dicho rally) embistió a los mismos, quienes se encontraban parados al costado del camino, de espaldas al precipicio, en una curva a la altura del km. 35 de la ruta nº 307 de acceso a los Valles Calchaquíes; cayendo -los accionantes- al barranco, lo que les produjo las lesiones cuya indemnización se reclamó en autos.

Describe el pronunciamiento en conflicto que, en la causa penal caratulada "Cancio Alejandro Darío s/Lesiones culposas", se dictó el sobreseimiento del imputado por falta de responsabilidad penal del mismo. La Cámara cita precedentes de éste Máximo Tribunal en los que se ha sentado la doctrina de que la sentencia penal absolutoria (a la que se encuentra equiparada el sobreseimiento) no obsta a la consideración de la culpabilidad civil (sentencias nº 13 del 23/9/1991; ídem "Tomo de Soria, Teresa vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Daños y perjuicios" del 21/11/1976; "Frías de Hipólito Silvia vs. Gobierno de la Provincia s/Daños y Perjuicios del 04/5/1987); no obstante lo cual considera -el pronunciamiento controvertido- que no se aportó ningún elemento nuevo, en el juicio civil, que permita al sentenciante apartarse de las conclusiones a las que arribó el juez penal; por lo que resuelve que no existe responsabilidad del conductor Cancio, por encontrarse su conducta dentro de los márgenes previsibles de una carrera automovilística. Cita doctrina sobre responsabilidad en accidentes deportivos.

Respecto de la responsabilidad específica del Automóvil Club Argentino, con base en el caso "Mosca Hugo A. vs. Provincia de Buenos Aires y otros" (sentencia de la CSJN de fecha 06/3/2007), destaca el quo que todo organizador de un espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto de los asistentes, con fundamento general en el art. 1198 del Código Civil y especial en la ley 23.184. Considera que ese deber de seguridad es expresivo de la idea de que quienes asisten a un espectáculo deportivo lo hacen en la confianza de que el organizador ha dispuesto las medidas necesarias para cuidar de ellos. Luego transcribe los principales considerandos del recién referido decisorio de la Corte Federal.

Destaca la resolución controvertida que el rally automovilístico se desarrollaba en un circuito cerrado, por el que se pagaban entradas para poder asistir al mismo, y que el Automóvil Club Argentino ha reconocido ser el fiscalizador de dicho acontecimiento deportivo y respaldar el campeonato, lo que -en la convicción del sentenciante- genera una apariencia jurídica que se traduce en una confianza, para aquellos que acceden al espectáculo deportivo, de que el organizador y el fiscalizador se han ocupado razonablemente de su seguridad y cuidado. Cita jurisprudencia nacional en la que se ha destacado que "los organizadores de una reunión deportiva, en el caso competencia automovilística, debe procurar los medios y precauciones para que ésta se desarrolle sin peligro para el público concurrente, aun previendo la imprudencia o temeridad de éste, cuyo entusiasmo notorio en este tipo de espectáculo le hace incurrir -en ciertas oportunidades- en riesgos que una adecuada instalación preventiva o un mayor control en las zonas prohibidas por peligro, puede evitar o disminuir".

Sostiene la sentencia en crisis que no resultaba suficiente la presencia de un policía y un banderillero, ante la presencia de gran cantidad de espectadores, a lo que debe agregarse la ausencia de indicadores que señalaran no sólo la existencia del peligro, sino la prohibición de colocarse en el lugar escogido por los actores. Sin perjuicio de ello, el a quo considera que no puede desconocerse la imprudencia con que actuaron las víctimas, por ubicarse en un lugar peligroso. Con base en tal razonamiento la Cámara estima que le asiste razón al magistrado de primera instancia que atribuyó concurrencia de culpas a las partes; sin embargo -la Cámara- modifica los porcentajes, estimando que corresponde un 30% de dicha responsabilidad a los actores y un 70% a los demandados. Seguidamente el decisorio impugnado efectúa un nuevo examen de la cuantificación consumada en primera instancia de los distintos rubros indemnizatorios reclamados por los demandantes, modificando algunos de ellos y confirmando otros.

En lo estrictamente pertinente a los fines del tratamiento del presente recurso de casación, el Tribunal de segunda instancia, en el punto V de la parte resolutiva, hace lugar al recurso de apelación deducido por el ahora impugnante respecto de la defensa de falta de legitimación pasiva de la Comisión Deportiva del Automóvil Club Argentino; agregándose en dicho ítem que "en lo demás debe estarse a los demás puntos de esa resolutiva". Ante el requerimiento de aclaratoria formulado por el recurrente respecto de la recién transcripta frase (fs. 1454 y vta.), o sea en relación al pedido de exclusión de responsabilidad del propio Automóvil Club Argentino como ente titular de derechos, la Cámara receptó positivamente el pedido, aclarando que no se hace lugar a la exclusión de responsabilidad deducida, confirmando respecto del Automóvil Club Argentino la condena dispuesta en primera instancia (fs. 1462/3). III. Ante ello, el codemandado Automóvil Club Argentino interpuso recurso de casación. Luego de justificar los requisitos de admisibilidad de la vía impugnativa tentada, manifiesta que el fallo en crisis realiza una arbitraria, parcial e irrazonable valoración del cuadro probatorio de la causa, omitiendo pronunciarse sobre cuestiones planteadas en la contestación de la demanda e imputándole al decisorio los vicios de arbitrariedad, falta de motivación e incongruencia.

Estima el recurrente que el pronunciamiento en crisis es arbitrario por afectar sus derechos e incongruente por omitir valorar la prueba producida. Alega además gravedad institucional por supuesta violación al principio de inviolabilidad de la propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional.

Se agravia de la interpretación que la Cámara realiza del precedente de la Corte Federal "Mosca Hugo A. vs. Provincia de Buenos Aires y otros", entendiendo el recurrente que por su carácter de "fiscalizador" sin beneficio económico, su situación no resultaría asimilable a los antecedentes fácticos de dicho antecedente jurisprudencial.

A los fines de justificar la pretendida exclusión de responsabilidad, asimila su condición a la de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Critica que el a quo haya aplicado en la resolución de la cuestión civil en debate, la ley 23.184 (modificada por la ley 24.192), entendiendo -el impugnante- que la naturaleza penal de tal norma, la tornaría inapropiada para decidir la presente controversia.

Discrepa el recurrente con la hermenéutica que el decisorio efectúa respecto de los términos "por causa" o "en ocasión de", contenidos en la ley 23.184, en los que el sentenciante basa la responsabilidad atribuida al impugnante. En igual sentido disiente con la interpretación sentencial de la locución "estadio" contenida en la ley referida. Insiste el recurrente en la convicción de que la aplicación de la antes aludida normativa se encuentra subordinada a la existencia de un delito penal o de una contravención y no de un accionar lícito como acontecería en autos.

Considera el impugnante que a lo largo del proceso no se ha producido prueba alguna de la que pueda inferirse la responsabilidad solidaria del Automóvil Club Argentino.

Critica el codemandado el fundamento sentencial de que "no es suficiente la presencia de un policía y un banderillero, ante la presencia de gran cantidad de espectadores". Estima equivocado dicho razonamiento, en tanto solo los actores sufrieron daños, es decir que la gran cantidad de espectadores no soportaron perjuicio alguno, porque -según lo manifiesta el impugnante- habrían entendido las instrucciones impartidas por el policía y el banderillero. Asimismo destaca la ausencia de probanzas que demuestren que el recurrente tenía a su cargo la custodia de los actores.

Recalca el impugnante que fueron los propios actores los que, con una actitud negligente, se colocaron en lugares prohibidos; agraviándose de la ausencia de debida valoración -por parte del a quo- del punto final de la pericia que informa acerca de la peligrosidad de la curva donde los demandantes se encontraban.

Subraya que tampoco ha ponderado la Cámara la prueba de absolución de posiciones producida en autos, de donde surgiría el reconocimiento por parte de una de las víctimas del accidente (Campagne) de que no fue directamente embestido por el automóvil causante del siniestro. Reitera el impugnante que no ha quedado comprobado que el Automóvil Club Argentino haya formado parte de la organización del espectáculo, ni que haya tenido beneficio económico con el mismo o poder de decisión sobre las cuestiones relacionadas a la realización del evento. Remarca el recurrente que no es "organizador" del evento, sino tan solo "fiscalizador deportivo".

Por otro lado, razona que el deber de seguridad debe ser interpretado como una obligación de medio y no de resultado.

Por su parte, manifiesta el impugnante que desconoce si el actor Leiro abonó o no su entrada, insistiendo que el accidente se produjo como consecuencia exclusiva de la culpa de las víctimas, quienes conocían la situación de peligro que representaba caminar por el costado de la cinta asfáltica por donde competían los vehículos del rally.

Destaca, finalmente, que el conductor causante del accidente Alejandro Darío Cancio fue sobreseído por inculpabilidad, en el marco de la causa penal "Cancio Alejandro Darío s/Lesiones culposas".

IV. Descriptos los agravios en que se sustenta el presente recurso, corresponde tratar la admisibilidad de la impugnación tentada.

Esta Corte hizo lugar mediante sentencia nº 398 del 16/6/2011 (fs. 1595/1596) al recurso que queja por casación denegada interpuesto por el Automóvil Club Argentino, (en adelante A.C.A.) concediendo la vía impugnativa pretendida con el alcance previsto en el art. 755 in fine de la ley ritual; por lo que -en la presente instancia- corresponde ratificar el examen de admisibilidad vertido en aquella oportunidad, en tanto la vía casatoria ha sido interpuesta en término (cfr. cargo actuarial de fs. 1479) y se ha dado cumplimiento al depósito de ley (fs. 1470). El escrito recursivo se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio, adecuándose a las exigencias de los arts. 751 y 752 del digesto procesal civil; y la impugnación se motiva en la invocación de infracción de normas de derecho y está dirigida contra sentencia definitiva (art. 748 inc. 1). Si bien no se ha propuesto doctrina legal expresa, la misma puede inferirse de los agravios expresados por el impugnante (cfr. CSJT en sentencia nº 305 del 14/4/2009, en "A. V. S. vs. R. D. A. E. O. s/Divorcio vincular"; sentencia nº 435 del 14/12/1992, en "Díaz de Serrano Gracia vs. Serrano José s/Rendición de cuentas -Rec.Queja p/Casación denegada-"; sentencia nº 394 del 04/11/1992, en "Corbalán Francisco Mario vs. ORPI S.A. s/Indemnización por despido -Queja casación denegada-"); por lo que corresponde confirmar la admisibilidad del recurso, con el alcance prescripto en la sentencia que concedió la vía directa.

V. Corresponde, en consecuencia, examinar la procedencia de la vía impugnativa incoada, confrontándola con la sentencia en crisis y el derecho aplicable al caso, de lo que es dable anticipar la improcedencia de la misma.

1. El principal argumento del recurrente se encuentra dirigido a diferenciar la figura del "organizador" de un evento deportivo, de la del "fiscalizador"; alegando que solo el primero resulta responsable por los daños ocasionados a un espectador en un evento deportivo; razón por la cual critica la condena verificada en su contra, en tanto arguye solo haber revestido la calidad de fiscalizador del acontecimiento automovilístico donde se produjo el daño a los actores. Ahora bien, de las particulares circunstancias del caso se desprende que el Automóvil Club Argentino detentaba, junto con la Federación Tucumana de Automovilismo Deportivo, un interés común en la realización del evento, que viene dado por el fomento de la actividad automovilística, lo que es admitido por la propia codemandada en la contestación de la demanda (ver fs. 87 vta.; y el art. 3 del Estatuto del A.C.A. -fs. 642 vta.). Sin perjuicio de ello, el actual art. 51 de la ley 23.184 (con la modificación introducida por ley 24.192) establece que "las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen.". Contrariamente a lo sostenido por el recurrente, la responsabilidad señalada en el dispositivo legal transcripto no se ciñe al organizador strictu sensu, sino a toda entidad que tenga "participación" en el espectáculo deportivo; y siendo que, conforme lo reconoce el propio impugnante, tenía a su cargo la fiscalización del evento (como se encuentra acreditado a fs. 41 y surge del art. 23 del Reglamento Deportivo Automovilístico de la República Argentina del año 2000 -ver fs. 108 vta.-), ergo resulta indubitable que el A.C.A. se encuentra incluido en el supuesto de hecho contemplado en el mentado art. 51.

Ciertamente Pizarro, en comentario a la norma recién citada, explica que la noción legal de "participante" merece una interpretación amplia y comprende en su seno a una pluralidad de sujetos responsables, emplazados solidaria o concurrentemente frente al damnificado (Pizarro, Ramón Daniel, "El fallo de la Corte Suprema de Justicia y la violencia en el fútbol: una bocanada de aire fresco", en Resp. Civil y Seguros, 2007, n° 5, p. 28).

Así las cosas, y analizando un agravio idéntico al que nos ocupa en el que el recurrente pretendía que se lo exima de responsabilidad ciñendo el concepto de "organizador", la Corte Mendocina -con voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci- examinó la temática considerando que la ley hace responsable a los "participantes", lo que constituye una noción más amplia que la de organizador; y definiendo al sujeto responsable (aún desde la estricta perspectiva del "organizador") como aquel tiene o mantiene la posibilidad de control sobre el evento deportivo (SCJMendoza, Sala I, sentencia del 05/8/2009, en "Coria A. y Ots. c. Unión Vecinal Nueva California", en LLGran Cuyo 2009 -diciembre-, 1062 - RCyS 2009-XII, 200), razonamiento éste que, con claridad, resulta extensible al sub examen.

Por tanto, deviene innegable que la situación del Automóvil Club Argentino es subsumible en el supuesto del art. 51 de la ley 23.184 (con la modificación introducida por ley 24.192). Partiendo de tal afirmación, son numerosos los precedentes jurisprudenciales donde se ha resuelto de modo análogo al de la sentencia en crisis, lo que descarta la arbitrariedad que el impugnante pretende imputarle al decisorio en controversia. Así por "los daños que sufrió el actor al caer del cerro en el que se encontraba presenciando una carrera de autos" se condenó al organizador, considerándose que "el carácter de organizador o participante de las entidades que se dedican a la práctica y fomento del deporte las torna responsables, persigan o no fines de lucro, de los daños que pueden sufrir tanto los espectadores como los protagonistas del espectáculo, pues, con la organización del evento se generan riesgos, que, concretados en daños deben ser reparados, siendo ello consecuencia de la aplicación de la responsabilidad objetiva del art. 1113 del Cód. Civil" (C.Apel. Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, sentencia del 19/10/2010, "Isuani, Valeria Verónica c. Municipalidad de Tupungato y ots.", en RCyS 2011-V, 185 - LLGran Cuyo 2011 -junio- , 454).

A mayor abundamiento, la participación del A.C.A. en el evento se encuentra acreditada conforme se desprende del Programa de la 5ta. Fecha del Campeonato Argentino "Rally Nacional Tucumán 2000", donde consta la posibilidad de inscripción en el rally, en la sede de dicha institución (fs. 42).

Por tanto, la atribución de responsabilidad al A.C.A., en tanto sujeto participante del complejo de organización del evento deportivo, en los términos del art. 51 de la ley 23.184 (mod. por ley 24.192), no luce irrazonable, aún en su condición de fiscalizador.

2. Por su parte, el recurrente -con la finalidad de fundar la exclusión de su responsabilidad- argumenta la analogía de su situación, a la de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En primer lugar, la semejanza no es tal puesto que, en el caso que nos ocupa, se encuentra reconocido que el Automóvil Club Argentino tenía específicamente a su cargo la fiscalización del evento deportivo. De todos modos, es dable recordar que es ampliamente mayoritario el sector de la jurisprudencia que considera solidariamente responsable a ése tipo de asociación (con la que pretende equipararse el impugnante) por los daños acaecidos en espectáculos deportivos (vgr. TSCórdoba, Sala Penal, 30/5/2003, "Mercevich, Jorge A", en LLC 2003-1253; C.C.C. de Mercedes, Sala II, 09/02/1993, "Asprella c. Liga Mendocina de Fútbol", en ED 155-125 y JA 1944-II-640; C.Nac.Apel. Civil, sala A, sentencia del 11/12/2009, en "Barrionuevo, Leonardo A c. Club Atlético Excursionistas", en RCyS 2010-VI, 157; C.Nac.Apel. Civil, sala D, sentencia del 23/8/2007, en "Tonon, Edgardo D. c. Asociación del Fútbol Argentino y otro", en LL 2008-A, 179; entre muchos otros).

En esa misma inteligencia, el impugnante remarca la indebida aplicación a la especie -por parte de la Cámara- del precedente de la Corte Federal "Mosca" (CSJN, sentencia del 06/3/2007, "Mosca, Hugo A. c. Provincia de Buenos Aires y otros", en LL, 2007-B, 261).

Si bien la plataforma fáctica del caso recién citado difiere parcialmente del supuesto sub examen, las enseñanzas sentadas por el Máximo Tribunal Federal, a diferencia de lo argumentado por el impugnante, resultan a fortiori aplicables al caso. Es de recordar que en dicho precedente la Corte Nacional modificó la jurisprudencia que había sentado en el caso "Zacarías" (CSJN, "Zacarías Claudio c. Provincia de Córdoba y otros s/sumario", en LL 1998-C-322), incluyendo en la condena, precisamente, a la Asociación del Fútbol Argentino; llegando a admitir -el Máximo Tribunal Patrio- que "la asociación de clubes participante en un espectáculo deportivo.debe responder solidariamente.en los términos del art. 33 de la ley 23.184 -texto según art. 51, ley 24.192-, por los daños que sufrió quien, hallándose en la vía pública y en las inmediaciones del estadio, fue lesionado por objetos arrojados desde el propio club, si aquélla reviste calidad de organizadora y beneficiaria de dicho espectáculo"; siendo del caso agregar que la doctrina autoral mayoritaria ha suscripto tal amplitud de criterio (ver Alterini, Atilio A., "La responsabilidad del organizador de espectáculos deportivos. Trascendencia social positiva del fallo de la Corte Suprema en la causa Mosca", en LL 2007-B, 361; Boragina, J. C. y Meza, J., "Responsabilidad por daños en espectáculos deportivos. La doctrina de La Corte Nacional", en JA 2007-II-500; Casiello, J. J., "La Corte Suprema en el caso Mosca y las soluciones realistas en el tema de las responsabilidad por daño", en JA 2007-II-508; Garrido Cordobera, Lidia, "Mosca y la reparación de los daños con motivo de encuentros futbolísticos", en LL 2007-C, 118; Falco, Guillermo, "La relación de consumo y el contrato de espectáculo público deportivo", en LL 2007-B, 634; Hersalis M., "La responsabilidad en el deporte. El caso Mosca", en LL 2007-C, 298; entre muchos otros).

Por tanto, el razonamiento sentencial por el que se rechaza la aplicación del precedente "Zacarías" -alegado por el impugnante- en tanto entiende la Cámara que: "la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha cambiado la interpretación dada respecto del poder de vigilancia y el carácter de participante del espectáculo deportivo dada en el precedente citado ("Zacarías"), a efectos de declarar responsable a una entidad que agrupa a otras, en el caso Mosca"; no luce desacertada, más cuando el A.C.A. se presenta en el programa del Rally como la autoridad deportiva nacional (fs. 44).

3. Tampoco resulta receptable el fundamento impugnativo cimentado en la inaplicabilidad, al sub examen, de la ley 23.184 (modificada por ley 24.192), por la supuesta naturaleza penal de dicha norma.

Ciertamente, la ley citada contiene disposiciones sobre el régimen penal en espectáculos deportivos (capítulo I, arts. 1 a 13) y sobre la regulación de contravenciones (capítulo II, arts. 14 a 43), pero específicamente el capítulo VI -que se titula de la "Responsabilidad civil"- reglamenta sobre ésta materia y es, precisamente, donde se encuentra contenido el art. 51 antes referido (ex art. 38); por lo que no cabe duda alguna que la ley 23.184 (mod. por ley 24.192) resulta plenamente aplicable a los supuestos de reclamos civiles indemnizatorios por daños acontecidos en el marco de espectáculos deportivos.

En este sentido se ha dicho que "el organizador de una carrera de automotores debe a los competidores y público en general las garantías de seguridad que las circunstancias hagan exigibles, y la omisión de las diligencias tendientes a obtener tal fin lo hacen pasible de sanciones penales y civiles" (Barbieri, Pablo C., "Por la ruta correcta. Apuntes sobre la atribución de responsabilidad en los accidentes deportivos", en RCyS 2005, 388); por lo que el razonamiento impugnativo tendiente a excluir del ámbito de aplicación de la norma citada, a aquellas acciones tendientes a la obtención de resarcimiento civil de daños, no resulta aceptable.

4. La critica que concreta el impugnante respecto de la hermenéutica sentencial del término "estadio" -empleado en la norma- tampoco es atendible. Ciertamente dicha locución no puede ser objeto de una interpretación restrictiva, que se traduzca en una exclusión de la responsabilidad de las entidades "participantes" en la organización de carreras automovilísticas, por los daños ocurridos en el marco de las mismas. La jurisprudencia nacional pacíficamente ha aplicado la ley 23.184 a éstos supuestos, contrariamente a lo propiciado por el impugnante. Así, en un caso de plataforma fáctica similar al que nos ocupa, la jurisprudencia resolvió que "debe confirmarse la sentencia de grado en cuanto hizo lugar a la acción resarcitoria deducida contra una asociación deportiva por quienes resultaron atropellados en una competencia automovilística realizada en un autódromo", basándose esencialmente -dicho Tribunal- en lo dispuesto en la normativa aludida (SCJMendoza, Sala I, sentencia del 05/8/2009, en "Coria A. y Ots. c. Unión Vecinal Nueva California", en LLGran Cuyo 2009 -diciembre-, 1062 - RCyS 2009-XII, 200, ut supra citado).

Así las cosas, la lógica sentencial no resulta irrazonable, en tanto concluye que si la Corte Federal ha interpretado el término "estadio" con tal amplitud (en el caso "Mosca" antes referido) que, en el análisis de la atribución de responsabilidad, incluye los daños sufridos por quien se encuentra en las inmediaciones de éste; la plataforma fáctica del presente caso no justifican la exclusión de la responsabilidad de la entidad fiscalizadora del evento deportivo, aún cuando se trata de una carrera automovilística que no se desarrolla en un "estadio" strictu sensu.

Es más, agrega el pronunciamiento que aún cuando no se estime asimilable un "estadio" a un "circuito cerrado automovilístico", la responsabilidad del impugnante encuentra igualmente respaldo en el art. 1198 del Código Civil y en el art. 42 de la Constitución Nacional; argumentos éstos que no han logrado ser rebatidos por el recurrente. 5. El agravio basado en la convicción de que fueron los propios actores los que, con una actitud negligente, se colocaron en lugares prohibidos, deviene insustancial, ya que efectivamente la sentencia de segunda instancia le atribuyó a los actores un 30% de responsabilidad; por lo que la supuesta actitud imprudente de éstos fue debidamente merituada en el pronunciamiento en crisis. Por tanto, es infundada la afirmación del impugnante de que la conducta desplegada por las víctimas no haya sido valorada por la Cámara; más si se tiene en cuenta que "la apreciación de la culpa del damnificado debe hacerse con criterio restrictivo, teniendo siempre en cuenta la finalidad de la ley que no es otra cosa que la reparación amplia de los daños sufridos por los concurrentes a espectáculos deportivos" (Vázquez Ferreyra, Roberto A., "La violencia en espectáculos deportivos: responsabilidad civil en la ley 23.184", en LL 1985-E, 581-Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo V, 1199).

A tal reparto de responsabilidades arriba el sentenciante partiendo de la idea que "los organizadores de una reunión deportiva -en el caso, competencia automovilística- deben procurar los medios y precauciones para que ésta se desarrolle sin peligro para el público concurrente, aun previendo la imprudencia o temeridad de éste, cuyo entusiasmo notorio en éste tipo de espectáculos le hace incurrir -en ciertas oportunidades- en riesgos que una adecuada instalación preventiva o un mayor control en las zonas prohibidas por peligro, puede evitar o disminuir"; valoración ésta que no solo no resulta arbitraria sino que encuentra sustento en la jurisprudencia nacional (CNac.Apel. Civil, Sala K, 09/3/1999, "Ávila Carlos A vs. Pardo Julio, en JA 1999-IV-456), y que responde adecuadamente a la teleología que tuvo en miras la sanción de la ley 24.192; por lo que, en éste punto, el análisis de los porcentajes de atribución concurrente de responsabilidad efectuada por el inferior no luce irrazonable.

6. Por otro lado, la afirmación del recurrente que el deber de seguridad tiene que ser interpretado como una obligación de medio y no de resultado es errada.

La doctrina autoral acepta, mayoritariamente en la actualidad, que el deber de seguridad en espectáculos deportivos constituye una obligación de resultado (cfr. Trigo Represas, Félix y López Mesa, Marcelo, Tratado de la Responsabilidad Civil, t. II, 1 ed. Buenos Aires, La Ley, 2004, p. 820; Compagnucci de Caso, Rubén H.; "Responsabilidad de los organizadores de espectáculos deportivos"; en LL 1988-E, 138; Garrido Cordobera, Lidia M. R., "Mosca y la reparación de los daños con motivo de encuentros futbolísticos", en LL 2007-C, 118-Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo V, 1309). En este mismo sentido la jurisprudencia ha sostenido que "la organización de un espectáculo público o evento deportivo, lleva implícito el deber de mantener indemnes a los espectadores durante su permanencia en el lugar, lo que configura una obligación de resultado" (C.Nac.Apel. Civil, Sala A, sentencia del 03/12/1997, "Avilés, Ramón M. v. Asociación Atlética Argentinos Juniors y otro", en JA 1998-III-374 -J 982281-. También C.Nac.APel. Civil, Sala H, sentencia del 05/02/1998, "Argento, Franco v. Sociedad Rural Argentina", en JA 1998-IV-412 -J 984075-; entre otros).

En idéntico sentido al expuesto en la sentencia cuya casación se pretende, se ha dicho que "todo organizador de un espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto de los asistentes", con especial fundamento en la ley 23.184, y "ese deber de seguridad es expresivo de la idea de que quienes asisten a un espectáculo lo hacen en la confianza de que el organizador ha dispuesto las medidas necesarias para cuidar de ellos" (Alterini, Atilio Aníbal, "La responsabilidad del organizador de espectáculos deportivos. Trascendencia social positiva del fallo de la Corte Suprema en la causa Mosca", en LL 2007-B, 360-RCyS 2007, 337-Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo V, 1297). Así "las entidades organizadoras de competencias deportivas, tienen el deber de tomar las medidas necesarias para que el espectáculo se desarrolle normalmente, sin peligro para el público y los participantes. En caso contrario, incurren en responsabilidad por las consecuencias dañosas que derivan de su imprevisión" (Barbieri, Pablo C., "La obligación de seguridad en las prácticas deportivas de recreación", en DJ 28/06/2006, 626).

Finalmente cabe anotar que, aunque con otro criterio de distribución de las responsabilidades, se condenó al "ente fiscalizador" de la actividad automovilística por la obligación de seguridad a su cargo (C.Nac.Apel. Civil, Sala J, 07/7/2005, "Olasagaste, Jorge Federico c. Automóvil Club Argentino y otros", en RCyS 2005, 1290).

7. Por su parte, el pago o no de la entrada, por parte del actor Leyro, no resulta trascendente en la determinación de la responsabilidad asignada.

Jurisprudencialmente se ha declarado que el carácter de meros organizadores de las instituciones que se dedican a la práctica y fomento del deporte los torna responsable, en principio y al margen del fin de lucro o no que persigan, de los daños que pueden sufrir los espectadores, pues con la organización de la reunión deportiva se generan riesgos que, concretados en daños, deben resarcirse, sin que interese si se abono o no entrada, incluso si el evento era gratuito (SCBA, sentencia del 11/5/1993, en "Re, María I vs Jockey Club de Mar del Plata", en LL 1994-D, 11).

En éste sentido, la obligación de seguridad no queda limitada a la materia contractual, sino que se sitúa entre los principios generales que gobiernan todas las relaciones jurídicas y que obliga a un comportamiento de colaboración en la preservación de la seguridad en general, sean o no contratantes (Wayare Ernesto, "El deber de seguridad y la responsabilidad civil del empleador", en ED, 118-857; Weingarten Cecilia y Ghersi, Carlos, "La responsabilidad por la organización de espectáculos deportivos", en LL 1994-D-11; Trigo Represas, Félix y López Mesa, Marcelo, Tratado de la Responsabilidad Civil, t. II, 1 ed. Buenos Aires, La Ley, 2004, p. 819).

8. Finalmente, y a diferencia de lo argumentado por el recurrente, el sobreseimiento en sede penal del conductor del vehículo, Alejandro Darío Cancio, no deviene relevante a los fines del tratamiento del thema decidendi traído a conocimiento de esta Corte, donde lo que se discute es la responsabilidad del Automóvil Club Argentino como entidad participante y fiscalizadora del evento deportivo. De todos modos, y a mayor abundamiento, en sede penal no se ha negado la existencia del hecho o la participación de las partes involucradas (CSJTuc, sentencia nº 199 del 17/3/2009, en "Rocha Nicolás Ramón y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán y otros s/Daños y perjuicios"), por lo que las conclusiones a las que se hayan arribado en dicho fuero no obstan al estudio verificado en el decisorio recurrido.

9. Para concluir, la sentencia cuestionada aparece como una derivación razonada de la valoración en conjunto de la prueba y del derecho pertinente, cuya interpretación y aplicación al caso no ha sido rebatida por el quejoso de modo concreto y eficaz. Los motivos invocados exhiben un mero desacuerdo con las apreciaciones del tribunal de mérito, pero no resultan suficientes por si mismos para justificar la procedencia del recurso. No aparece demostrado que el fallo en crisis haya realizado una arbitraria, parcial o irrazonable valoración del cuadro probatorio de la causa, como lo postula el recurrente, ni mucho menos que haya omitido pronunciarse sobre cuestiones planteadas en la contestación de la demanda, por lo que no se advierte en el decisorio los vicios de arbitrariedad, falta de motivación e incongruencia argüidos infundadamente por el impugnante.

VI. Por tanto, y en mérito a todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.

Las costas de la presente instancia extraordinaria local se imponen al recurrente vencido, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 105, primera parte, del CPCCT).

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado del co-demandado Automóvil Club Argentino (fs. 1471 a 1479) en contra de la sentencia n° 202 de fecha 14 de octubre de 2010 (fs. 1431 a 1447) y su aclaratoria n° 239 del 13 de diciembre de 2010 (fs. 1462/1463) dictadas por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.