Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-06


NEUQUEN, 6 de noviembre de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "MENNA FERNANDO MIGUEL C/ ALONSO MARIELA VERONICA S/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE" (EXP Nº 353392/2007) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1.- La Sra. Jueza hace lugar a la demanda interpuesta y, en consecuencia, condena a los demandados y a la citada en garantía -en la medida del seguro- a abonar a la actora las sumas indemnizatorias que allí se establecen, con más intereses.

La decisión es apelada por la actora y la demandada.

La primera funda sus agravios a fs. 561/564.

Critica lo decidido por la magistrada en punto al alcance de la cobertura.

Señala que si bien no desconoce el pronunciamiento de la Corte en el que se funda la decisión, lo cierto es que en él no se ha contemplado la incidencia de la Ley de Defensa del Consumidor, la que entiende aplicable al caso.

Sobre esta premisa, estima que el contrato de seguro deja de ser el resultado de una operación jurídico económica y, dada la obligatoriedad del seguro, debe remarcarse su trascendencia y función social.

La demandada, por su parte, se agravia de los montos reconocidos en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral.

Con relación al primero, sostiene que no hay prueba acabada de los ingresos y que la magistrada no hace referencia al método utilizado para fijarla. Con relación al daño moral, entiende que no hay elementos que justifiquen el monto acordado dado que no tuvo que permanecer internado ni fue intervenido quirúrgicamente.

Por último se agravia porque no se le impusieron costas a la actora en el planteo suscitado en torno a la inconstitucionalidad planteada.

Los agravios de la actora son contestados a fs. 569/570, indicando la contraria que la CSJN se ha expedido sobre el punto en sentido adverso a la pretensión del recurrente. Cita antecedentes en apoyo de su posición.

A fs. 572/577 contesta la actora, quien solicita que se rechace el recurso, al que, por lo demás, considera desierto.

2. En primer lugar debo señalar que la expresión de agravios debe consistir en una fundamentación destinada a impugnar la sentencia; no es una simple fórmula carente de sentido sino que constituye una verdadera carga procesal.

Por ello, para que cumpla su finalidad, debe constituir una exposición jurídica que contenga una "crítica concreta y razonada de la partes del fallo que el apelante considere equivocadas" (Morello-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales en lo Comercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nación, Abeledo Perrot, Tomo III, pág. 351).

Supone una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencia su injusticia. Requiere así una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (Alsina, Tratado, T. IV, pág. 389).

Y si esto es así, no se sustituye con una mera discrepancia sino que debe implicar el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (Fenochietto-Arazi, Código Procesal y Comercial de la Nación, Astrea, Tomo 1, pág. 941).

Para que exista expresión de agravios no bastan manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, planteamiento de cuestiones ajenas. Se exige legalmente que se indiquen, se patenticen, analicen parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada.

En suma, la expresión de agravios no es cuestión de extensión del escrito ni de manifestaciones sonoras ni de profusión de citas, sino de efectividad en la demostración del eventual error.

Y a la luz de estos conceptos, debo adelantar que ambos recursos escasamente cumplimentan la carga establecida en el artículo 266 del C.P.C.C.

3. En efecto: el actor indica no desconocer la posición de la Corte Suprema en la materia, mas indica que hay aspectos que no fueron considerados por el máximo tribunal.

Sin embargo, y tal como lo señala la contraria, esto no es así, habiéndose expedido en sentido adverso a los argumentos introducidos.

En este sentido y tal como señala Stiglitz, al comentar el caso "Buffoni": ".El brillante pronunciamiento del máximo Tribunal dejó sin efecto la decisión referida y sentó algunos principios importantes y acertados en materia de Derecho de Seguros:

a) En primer lugar, la Corte dijo en su considerando nueve que "...sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas de accidentes de tránsito constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, y que esta Corte Suprema ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (arts. 1137 y 1197 del Código Civil) y los damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos porque no participaron de su realización, por lo que si desean invocarlo, deben circunscribirse a sus términos (arts. 1195 y 1199 del Código Civil, voto del juez Lorenzetti en la causa "Cuello" y Fallos: 330:3483)".

Ello significa que el principio de reparación integral de las víctimas, tutelado constitucionalmente, no implica que aquéllas accedan a la indemnización en todos los casos, sino que tal derecho debe ajustarse a los términos del contrato de seguro que invoca y que le es oponible en los términos que prescriben el juego armónico de los arts. 1195, 1199 del Código Civil y 118 de la Ley de Seguros.

Los dos primeros, en cuanto establecen el principio de la relatividad de los contratos, por el cual sus efectos sólo comprenden a las partes y sus sucesores y no pueden perjudicar a terceros; el último, en cuanto expresamente sienta la excepción, la oponibilidad por la aseguradora al tercero de las defensas anteriores al siniestro.b) En el considerando diez agregó que "...la función social que debe cumplir el seguro no implica, empero, que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca, máxime cuando no podía pasar inadvertido para los damnificados que estaban viajando en un lugar no habilitado para el transporte de personas y que de tal modo podían contribuir, como efectivamente ocurrió, al resultado dañoso cuya reparación reclaman".

En consecuencia, tampoco puede ampararse el apartamiento del clausulado contractual en la función social del seguro, que existe desde que a través de él se logra distribuir el daño individual entre la masa de asegurados y resguarda a la víctima de la posible insolvencia del responsable, pero no puede desconocer tampoco que tal reparación debe sujetarse a los términos del contrato de seguro que se invoca.

c) Por lo demás, la Corte ratificó en el considerando once el principio general de la oponibilidad de las cláusulas contractuales "...la oponibilidad de las cláusulas contractuales ha sido el criterio adoptado por el Tribunal en los supuestos de contratos de seguro del transporte público automotor (Fallos: 329:3054 y 3488; Página 5/6 331:379, y causas 0.166. XLIII. "Obarrio, María Pía c. Microómnibus Norte S.A. y otros" y G.327.XLIII. "Gauna, Agustín y su acumulado c. La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro", sentencias del 4 de marzo de 2008)".

La Corte ya había adoptado el principio de la oponibilidad de las cláusulas del contrato de seguro a los damnificados no sólo en los numerosos pronunciamientos que dejaron sin efecto las sentencias de la Cámara Civil capitalina en aplicación del plenario "Obarrio", sino mucho antes y ratificado poco antes del citado plenario de la Cámara Civil.".

".d) Por último, el máximo Tribunal afirmó que "...no obsta a lo dicho la modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro (M.1319.XLIV "Martínez de Costa, María Esther c. Vallejos, Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios", fallada el 9 de diciembre de 2009").

".El máximo Tribunal fijó posición no sólo en cuanto a la inaplicabilidad de la noción de bystander al damnificado por el responsable asegurado, sino también en cuanto a que la Ley de Defensa del Consumidor es ley general posterior respecto a la ley especial del contrato de seguro, por lo que no la deroga ni la modifica, tácita ni implícitamente, sino que resultará aplicable en todo aquello que ésta no prevea.

En este sentido, si bien es claro que una ley posterior puede dejar sin efecto una ley anterior, las dudas aparecen cuando no resulta nítida la intención del legislador. En esos casos, el principio aplicable razona que la ley posterior deroga a la ley anterior exigiéndose, a esos fines, la absoluta incompatibilidad entre la norma anterior y la posterior. La excepción se halla constituida en el caso que se trate de una ley general respecto a una ley especial anterior, a la que no deroga tácitamente, salvo abrogación expresa o manifiesta incompatibilidad.

En ocasiones, la cuestión radica en que la ley posterior amplía o completa una anterior, por lo que en esos casos no se verifica abrogación. Sólo cuando la nueva ley es contraria al principio que servía de base a la ley anterior, pueden considerarse derogadas todas sus disposiciones. Fuera de estas hipótesis, no pueden considerarse derogadas sino las disposiciones que resulten absolutamente incompatibles con la ley nueva.

No cabe dudar en este sentido que la ley de seguros constituye una ley especial con relación a la que regula los contratos de consumo (Ley de defensa de los Consumidores y Usuarios). Por tanto, no puede seriamente sostenerse la derogación o modificación de la primera por la segunda. Por otra parte, a pesar de que la ley que rige el contrato de consumo fue dictada con posterioridad a la Ley de Seguros, no puede de ello predicarse que haya sido intención del legislador, ni que exista incompatibilidad absoluta, que permita tener por derogadas las disposiciones de esta última. Tampoco puede sostenerse que todo contrato de seguro sea de consumo, ya que el artículo primero de la ley 24.240 ha exigido antes y reitera ahora la finalidad de consumo para ser tal." (cfr. Stiglitz, Rubén S.Compiani, María Fabiana, "Un trascendente y necesario pronunciamiento de la Corte en materia de seguros", Publicado en: LA LEY 29/04/2014, 4 LA LEY 2014-C, 38 RCyS 2014-VI, 220. En igual sentido ver: "Ley de Defensa del Consumidor vs. Ley de Seguros: el Final", Babot, Fernando, Publicado en: DJ 10/07/2014, 9 Fallo Comentado: Corte Suprema de Justicia de la Nación 2014-04-08 ~ Buffoni, Osvaldo Omar c. Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios). Como podrá advertirse, la cuestión se encuentra dirimida en contra del planteo del recurrente; posición que, además, es coincidente con lo resuelto por esta Sala, voto del Dr. Pascuarelli, al que adhiriera, en autos "PAREDES PAREDES HECTOR RAUL C/ RETAMAL PATRICIO Y OTRO S/ D. Y P. USO AUTOM. C. LESION O MUERTE" EXP. Nº 401226/09.

En mérito a ello, el agravio no podrá ser acogido.

4. En cuanto al recurso de la demandada, correrá igual suerte. Llega firme a esta instancia que el accidente de tránsito fue culpa exclusiva de la demandada y que, por lo tanto, esta última y la citada en garantía deben responder por los daños y perjuicios que tal conducta haya causado a la actora.

La cuestión a resolver se circunscribe, entonces, a la determinación del alcance de esa reparación.

Así planteada la cuestión a resolver por esta Alzada, abordaré el tratamiento de los agravios relativos a los rubros indemnizatorios, en el orden en que han sido propuestos.

4.1. Hemos dicho en anteriores oportunidades, que el daño patrimonial repercute sobre lo que el sujeto tiene (empobrecimiento o pérdida de enriquecimiento pecuniario, comprendiendo menoscabo de aptitudes útiles para la vida práctica, aún en tareas no remuneradas) y el tradicionalmente denominado como moral incide sobre lo que la persona es, como defecto existencial en comparación con el estado precedente al hecho.

Siempre que se enfoque la responsabilidad en su función de reparación y, por eso, necesariamente traducida en una obligación resarcitoria, tendremos que: la indemnización es la consecuencia jurídica -en el sentido de efecto de derecho- de una consecuencia fáctica, la cual precisamente versa sobre un daño resarcible.

Dicho daño equivale a una modificación injusta en la persona de la víctima, su patrimonio o aptitudes productivas o en situaciones valiosas con incidencia colectiva, como abanico lesivo susceptible de originar una alteración existencial o económica, particularizada o comunitaria.

Siendo ello así, si se otorga una indemnización por un daño que no sufrió, estaríamos excediendo este mandato y aquél que percibiera la indemnización estaría enriqueciéndose sin causa. Pero igualmente claro es que la indemnización a otorgar por los daños sufridos debe ser la del perjuicio realmente sufrido; no más, pero tampoco menos.

4.2. Ahora bien, en base a los parámetros a utilizar para la cuantificación, debe tenerse en cuenta que como ha señalado esta Cámara ".tanto los "baremos" como las "fórmulas matemáticas" cuantificadoras, resultan elementos valiosos mas no absolutos sino coadyuvantes de la decisión judicial. (Así, en doctrina, por ej., Pizarro, "La lesión física a la persona...", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, T. 1, p. 141: "En los sistemas forfatarios, en los que se aplica el criterio del punto o de una fórmula matemática, y ello no es un límite, el Juez debe siempre fundar la sentencia... Debe salvaguardarse siempre el 'espacio equitativo' del Juez"; y la jurisprudencia, por su lado -fallos citados en Revista de Derecho de Daños, "Cuantificación del Daño", 2001-1: CNCom Sala A, "Álvarez... c/ Transportes Automotores La Plata SA" (ps. 358/359); CNCiv Sala L, "Cosmes. c/ Okoon SRL" (ps. 358/359; C2a CCom La Plata, "Enríquez... c/ Mercado..." (p. 420); CCom San Nicolás, "Gómez... c/ López..." (ps. 420/421); CCCom San Isidro, Sala I, "S.C.A. c/ Ferrovías SA" (p. 428); CCCLMin Neuquen, Sala I, in re: "Villablanca, Miguel Ramón c/ Cadesa SA", expte. nº 730-CA-98, etc.).." (cfr. "ALBERICH MARIA ROSA Y OTROS CONTRA JARAMILLO OSCAR ALFREDO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. EXP Nº 257406/1).

Indicándose en similar sentido que "en el fuero civil no rigen las indemnizaciones tarifadas, por ello resulta improcedente el cuestionamiento de la pericia en torno a la aplicación de tal o cual baremo, máxime si se tiene en cuenta que los porcentajes estimados pericialmente no pasan de ser un dato más a considerarse".

Sobre estas bases, el agravio de la demandada pierde entidad, si se observa que en el caso se trata de una incapacidad del 20% (aspecto no cuestionado), que la víctima tenía 18 años de edad y las repercusiones que tiene la dolencia en su vida, aspecto que no se circunscribe al ámbito estrictamente laboral. Así lo hemos entendido puntualmente, al señalar: "la indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (conf. Llambías, J. J., "Tratado de Derecho Civil -Obligaciones", t. IV-A, pág. 120, n.º 2373; Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio - Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", t. 5, pág. 219, n.º 13; Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", t. III, pág. 122; Borda, G. A., "Tratado de Derecho Civil Argentino -Obligaciones", t. I, pág. 150, n.º 149; Mosset Iturraspe, J., "Responsabilidad por daños", t. II-B, pág. 191, n.º 232; Alterini-Ameal-López Cabana, "Curso de Obligaciones", t. I, pág. 292, n.º 652)".

"...Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio..." ("HIDALGO RAMIREZ HERNAN CONTRA O.P.S. S.A. Y OTRO S/ D. Y P. POR USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE" (EXP Nº 348103/7).

Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta las particularidades vitales de la víctima y la incidencia de la incapacidad sobreviniente, corresponde confirmar el pronunciamiento.

5. Con relación al daño moral, tal como se ha señalado en numerosos precedentes de todas las Salas de esta Cámara, debe descartarse la posibilidad de su tarifación, lo que significa que debe efectuarse una diferenciación según la gravedad del daño, a las particularidades de la víctima y del victimario, a la armonización de reparaciones en casos semejantes, a los placeres compensatorios y a las sumas que pueden pagarse dentro del contexto económico del país y el general "standard de vida". Entre los factores que pueden incidir en la cuantía, se admite la índole del hecho generador en función del factor de atribución (cfr., entre otros Ps: 2011-Nº238- Tº VI Fº1167/1171- Sala II, 28/10/11).

En este contexto, el análisis de este rubro nuevamente refiere a una cuestión de prueba y reglas presuncionales.

Esto es así por cuanto, cuando se dice que el daño moral no requiere de acreditación, sólo se alude a la imposibilidad de la prueba directa y, como consecuencia de ello, se dota de eficacia probatoria a las presunciones (medio de prueba indirecto) que emergen de determinadas situaciones, acordes con las reglas de la experiencia.

Pero ello no obsta a que el daño moral tenga que estar íntimamente relacionado con los daños, padecimientos o sufrimientos ocasionados, directa o indirectamente, por el hecho motivo de la causa.

Justamente, por esta razón, la índole y la entidad de la lesión y las circunstancias atinentes a la víctima, pueden servir para inducir la existencia y magnitud del daño moral y se sostiene que los indicios extrínsecos constituyen una segura senda de aproximación al dolor sufrido (cfr. Zavala de González, Matilde, Daños a la personas, Integridad Psicofísica, Hammurabi, 1990, pág. 486/487). Y si "el daño moral se determina en función de la entidad que asume la modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y por la repercusión que tal minoración determina en el modo de estar de la víctima, que resulta anímicamente perjudicial. No basta con una mera invocación genérica del daño moral, es menester que se especifique en qué consiste el mismo, cuáles son las circunstancias del caso, como incidió sobre la persona del damnificado. Estas circunstancias del caso tienen una gran significación para la determinación objetiva del daño moral experimentado por el damnificado y, al mismo tiempo, para facilitar la concreción de una solución equitativa." (cfr. Pizarro, Ramón Daniel, "Daño Moral" Ed. Hammurabi, pág. 428).

Por ello, traídas todas estas consideraciones al caso, sin perjucio de lo informado por la perito psicóloga, lo cierto es que no ha arrimado prueba testimonial que diera cuenta del estado en el que se encontró en el período inmediato anterior y posterior a que aconteciera el hecho dañoso. Teniendo en consideración todos estos elementos y además, también como parámetro, las indemnizaciones acordadas en otros casos resueltos por esta Cámara, el monto debe ser reducido a la suma de $20.000.

6. Finalmente, en cuanto a las costas generadas por el planteo de inconstitucionalidad, no estimo que lo actuado tenga una entidad autónoma, independiente de la actuación general del proceso, por lo que la actuación profesional no debe ser valorada en forma independiente. El eje se traslada así a la imposición de costas efectuada en el proceso.

Lo cierto es que, situados en este campo, no siempre es sencillo establecer quien es el vencedor y quien el vencido en un juicio: a veces, pasa por la simple verificación de que la demanda ha sido acogida; en otros, no lo es tanto; hay casos en que si bien globalmente prospera la demanda, el reclamo no es receptado en forma íntegra, ya sea porque no han sido acreditados los presupuestos para que determinados rubros se acojan o porque los que han prosperado, lo han sido en forma ínfima, presentándose como pretensiones desmesuradas.

"De lo que se trata, entonces, es de medir el éxito de la pretensión que es llevada a juicio. Sin embargo, a nuestro modo de ver, no se trata de efectuar una medición cuantitativa y aislada de cada una de las cuestiones decididas sino de valorar la trascendencia de lo admitido y lo desestimado tomado en su conjunto para, de tal modo, considerar la forma como habrán de distribuirse las costas entre los distintos protagonistas del litigio. La distribución debe hacerse en proporción al éxito obtenido en el pleito. Debe determinarse quien resultó sustancialmente vencedor o vencido, haciendo mérito en cada caso de la medida e importancia de las pretensiones que fueron favorablemente acogidas orechazadas.

De seguir estos pasos, estarán dadas las condiciones para arribar a una decisión que consagre un resultado justo y equitativo. Claro que ello dependerá de las circunstancias particulares del supuesto que se decide y, en especial, de la prudencia del juzgador en su valoración." (cfr. Pettis, Christian R. "Las costas y el vencimiento parcial y mutuo (art. 71 del Código Procesal)", publicado en: DJ 2007-III, 519 - LA LEY 28/11/2007, 8 - LA LEY 2007-F, 669).." Por ello ".entiendo que corresponde efectuar un análisis particularizado y conforme a las circunstancias del caso, con las siguientes prevenciones iniciales: a) tanto para la configuración del vencimiento recíproco, como para su evaluación cuantitativa, no corresponde computar aquellos rubros en los que la determinación de la indemnización depende del exclusivo y prudente arbitrio judicial, salvo excepcionales casos de notoria desproporción; b) la ponderación del equilibrio con que cabe aplicar las costas, en consideración a los vencimientos recíprocos, debe practicarse con criterio más jurídico que aritmético; c) en esta última línea, evaluar si el condenado a resarcir negó su responsabilidad y dio causa a la promoción de la acción y si la demasía en el reclamo pudo evitarse (aspectos éstos últimos que se encuentran relacionados con el regular ejercicio de los derechos).

En suma y como señala la ya citada Matilde Zavala de González, en cita de Estevez Brasa ".la equidad -principio sustancial que impregna todo el ordenamiento jurídico- no puede dejar de inspirar también la carga de las costas, atenuando el principio del vencimiento objetivo: la equidad debe funcionar en materia de imposición de costas como medio valedero de asegurar a los justiciables no sólo la verdad de sus pretensiones sino la comprensión de sus respectivas posturas. En definitiva: ésta es la esencia del derecho aplicado por obra del juez." (cfr. op. cit. Pág).." (cfr. esta Sala, "LUQUE JUAN CARLOS CONTRA REYES GUSTAVO RICARDO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" EXP Nº 333376/6).

Y trayendo estos conceptos al caso en estudio, estimo que el tratamiento de los honorarios e imposición de costas efectuado en la instancia de origen es correcto y debe ser confirmado.

En cuanto a las apelaciones arancelarias de los peritos mecánico y médico, basadas ambas en el porcentaje fijado a los expertos, teniendo en cuenta las pautas consideradas habitualmente por esta sala: base regulatoria a considerar, valoración del trabajo profesional realizado por los expertos y escasa incidencia del mismo en el fallo dictado, y la proporcionalidad que deben guardar sus honorarios con el del resto de los profesionales intervinientes, se advierte que el porcentaje fijado se adecua a dichas pautas, por lo que estas apelaciones deben rechazarse.

Por lo expuesto propicio al Acuerdo: 1) Desestimar el recurso de apelación deducido por la actora, con costas a su cargo; 2) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada en cuanto la cuantificación del daño moral, el que se reducirá a la suma de $20.000, confirmándose en todo lo demás que ha sido motivo de agravios, con costas en el orden causado (art. 71 del C.P.C:C.).

TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

I.- Modificar la sentencia de fs. 522/536, reduciendo el monto otorgado en concepto de daño moral a la suma de PESOS VEINTE MIL ($20000) por lo que la demanda progresa por la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($127.680), con más los intereses determinados en la instancia de grado, y confirmarla en lo demás que fue materia de recurso y agravios.

II. Imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 71 Cod.proc.), fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en el 30% de la suma que corresponda en la instancia de grado.

III. Regístrese, notifíquese electrónicamente y vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.