marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa en juicio, libertad de circulación, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Calderón, Lucía Myriam y otros c/  s/ recurso de casación Reg. N° 561/17,4
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-26

Corresponde rechazar el agravio relacionado con la violación a la garantía de defensa en juicio, ya que más allá de las estrategias de defensa optadas por los letrados en los momento señalados -que pueden ser compartidas o no por quien asumió la labor con posterioridad al dictado de la condena- lo cierto es que la encausada no se ha visto privada de la asistencia de sus abogados, quienes presentaron pruebas en los términos del art. 354 del ordenamiento adjetivo, brindaron sendos argumentos a favor de que se mantuviera el estado de libertad ambulatoria de sus asistida durante el debate, y formularon un extenso alegato al final del debate.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, concurso de delitos, rebelión, delitos militares, Código de Justicia Militar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recondo, Ricardo Gustavo s/ denuncia infr. art. 226 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

Considerando los inconvenientes de carácter práctico que podrían generarse como consecuencia del juzgamiento simultáneo de los delitos de motín y rebelión, corresponde apartarse del art. 42 del Código de Procedimientos en Materia Penal y por aplicación del art.

113 del Código de Justicia Militar disponer que intervenga en primer lugar el tribunal al cual le competa entender respecto del delito de pena mayor, el que deberá remitir posteriormente al acusado a la otra jurisdicción, para el juzgamiento del hecho que le corresponda.
Indemnización por despido, tope indemnizatorio, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: GRIEGO, CARLOS ALBERTO DE JESUS c/ XEROX ARGENTINA ICSA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

Es improcedente la impugnación del artículo 245 de la LCT. (to.) con fundamento en la inconstitucionalidad del decreto que fija el salario mínimo vital (en el caso: 1670/81). El derecho a la protección contra el despido arbitrario (artículo 14 bis, CN.) se halla sujeto a variaciones no pueden ser objeto de agravio constitucional, salvo que incrementen la protección hasta la exorbitancia o la reduzcan hasta tornarla irrisoria. (Voto del Doctor Guibourg al que adhiere el Doctor Santa María; el Doctor Vázquez Vialard votó en disidencia).
Servicios simultáneos, acumulación de beneficios, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HERRERA, MARCIANO c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-30

El art. 17 de la ley 18.037 no es violatorio de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la C.N., puesto que sólo prescribe una limitación de los servicios civiles simultáneos a los tenidos en cuenta para el retiro militar, lo cual no resulta irrazonable si se atiende al principio general de la no acumulación de los beneficios previsionales, sobre todo cuando dicha acumulación no queda descartada por la referida norma (cfr. C.S.J.N., sent. del 05.06.84 "Schweizer, Héctor).

(Disidencia del Dr. Laclau).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Bs. As. S.A. c/ Marrano, Ricardo A. y ot. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

Corresponde anular el fallo de alzada que al revocar la sentencia del a quo omitió considerar una cuestión esencial no tratada por la sentencia de primera instancia en atención al sentido dado al fallo luego revocado.
Competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Arellano Juan Carlos y otro c/ ONABE s/ interdicto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-06

El ONABE es un órgano desconcentrado, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Vivienda (cfr. Decreto 443/2000, art. 2°), creado a los fines de "lograr una mayor coordinación, economicidad y eficiencia en materia de administración de bienes del Estado Nacional". Habida cuenta del carácter de órgano desconcentrado del Estado Nacional que ostenta el ONABE, corresponde conocer en el sub lite a la Justicia Federal según lo establecido por los artículos 116 de la Constitución Nacional y 2, inciso 6°, de la ley 48 (cfr. esta Sala, doctrina causas 17.500/03 del 22-04-04 y 11.312/05 del20-4-06; Sala II, doctr. causa 6601/04 del 24-6-03; Sala III, doctr. causa 8022/06 del 16-11-06).
Daños y perjuicios, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Abrego Nieves Beltran y otra c/ González Germán Eduardo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

La muerte del beneficiario y afectado por el ilícito -padre del menor víctima- no puede extinguir la acción intentada en vida por el mismo, transmisiblea sus herederos forzosos (art. 3410 C.Civil) pero no se siguen de ello que tal deceso sea indiferente en cuanto a la determinación de la indemnización.
Recurso de inconstitucionalidad, competencia de la Corte Suprema, competencia contencioso administrativa, Administración Pública, derechos subjetivos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diéz SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, y dejar sin efecto la sentencia impugnada -por consagrar la misma una inadmisible pretensión de desnaturalizar la competencia de orden público atribuida "ratione materiae" por la Constitución a la Corte Provincial-, cuando no se encuentra comprometida la potestad conferida a ésta para conocer y juzgar en las causas de materia contencioso administrativa, potestad que encuentra su justificación en razones políticas y técnicas e implica siempre un litigio entre la Administración Pública -actuando en su carácter de tal- y un particular que, a propósito de un acto de aquella, estima a este último como lesivo de un derecho subjetivo o interés legítimo de carácter administrativo. (Del Voto en Minoría del Dr. Ulla).
Entidades financieras, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Castro,  María  Clementina y otros c/ BCRA -resol. 153/04 (Expte.100129/01 sum fin 852)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-07

La interpretación literal del art. 42 de la ley 21.526 determina que la prescripción de la acción que nace de las infracciones que señala se operará a los seis años de la comisión del hecho que las configure, pero el plazo se interrumpe por la comisión de otra infracción (Con. VII.b).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia penal, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal y querellante c/ Ghilhou, Agustin s/ Homicidio - Inconstitucionalidad (Libro: S055-070) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1953-12-22

Si a juicio del juzgador, a pesar de afirmar que el procesado no es ajeno al hecho, admite no resultar sin embargo elementos de juicio para condenarle, por ello no existe contradicción entre el respectivo considerando y el dispositivo absolutorio de la sentencia, sino un caso evidente de la situación concretada en el aforismo in dubio pro reo.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Banco Integrado Departamental -quiebra- s/ queja por denegación del recurso de  inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

Si el defecto de procedimiento que motivó el planteo de nulidad quedó debidamente subsanado en las actuaciones que ponen en evidencia que la parte tuvo suficiente oportunidad de ser oída y de ejercitar las defensas que hacían a su derecho, no procede invalidar lo actuado ya que tal criterio iría en contra del principio de trascendencia e importaría consagrar la nulidad por la nulidad misma (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Concursos, privilegios (comercial), reserva de gastos, gastos de conservación, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: LACOA,  EMILIA s/ QUIEBRA S/ CONCURSO ESPECIAL ART. 209 POR MURADARAZI, ELIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-25

Si los fondos depositados están destinados a satisfacer los créditos por tasas y/o contribuciones que pesan sobre un inmueble, tales gastos pueden incluirse dentro de los llamados gastos de conservación y/o administración del bien. Por tanto, los mismos se encuentran en la categoría prevista por la LC art. 244, y consecuentemente, tienen preferencia por sobre el crédito que, por honorarios, se pretende que quede impuesto a los acreedores hipotecarios.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Alegre, Ramón Damián c/ Servi Chaco S.A. y/o responsable s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-06-02

De conformidad al art. 11 de la ley de aranceles (2011), los honorarios de alzada deben determinarse entre el 25% y un 50% de lo que hubiere correspondido en 1ra. Instancia. Por lo que atendiendo a la calidad, eficacia y extensión de la labor desarrollada, estimamos que los honorarios diferidos deben establecerse aplicándose indicativamente Ley Provincial 3965 sobre el 50% del monto aprobado art. 8, 3er. párraf. ley 2011, el 20% del art.5; el 40% del art.6 y el 40% del art. 11 de la citada ley.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, proceso penal, imputado, culpabilidad, víctima menor de edad, cámara Gesell
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: G., J. C. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-07

En relación a los cuestionamientos en torno a la valoración probatoria efectuada por los Jueces de la causa, más allá de que la recurrente alude a la existencia de arbitrariedad en la decisión impugnada en el entendimiento de que la Cámara había omitido el tratamiento de sus planteos y confirmado la condena pese a la ausencia de certeza, de la lectura del resolutorio recurrido se desprende que los Sentenciantes analizaron pormenorizadamente los agravios de la defensa y brindaron las razones que les permitían confirmar la responsabilidad penal del imputado en el caso, ya que el A quo, luego de desestimar el pedido de exclusión probatoria de la declaración en Cámara Gesell de la niña, analizó su contenido y lo confrontó con el resto de las pruebas producidas en el debate, a los fines de concluir que la víctima había efectuado una sindicación contundente y circunstanciada contra la pareja de su madre.
Trabajadores portuarios, jornada de trabajo, adicionales de remuneración, irretroactividad de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Vázquez, Daniel H. c/ E.N.  (Ministerio de Obras y Servicios Públicos) s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

El Decreto 342/87 P.E.N. reguló un régimen distinto e innovador tanto al modificar los adicionales como al establecer el pago de horas extraordinarias para el personal de las categorías 1 a 6, pero no lo hizo con carácter retroactivo, ni pretendió aclarar o interpretar una normativa anterior. Tal decreto rige las relaciones para el futuro (artículo 3 C.C. ).
Jueces, Derecho contravencional y de faltas, cosa juzgada
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público - Defensaoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-11

El juez contravencional que resuelve acerca de la existencia de una falta en ocasión de estar convocado a hacerlo respecto de una contravención, no puede evitar sentar conclusión en calidad de cosa juzgada acerca de la falta, y esa decisión no podría ser revisada por el controlador ni, una vez firme, por otro juez. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Procesamiento, tenencia de armas de guerra, municiones, falsificación o adulteración de la identificación de armas
Materia: PENAL
Carátula: D'ALESSANDRO, Alejandro M. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-17

Es suficiente la comprobación de que el arma resultó apta para sus fines específicos para la configuración del art. 189 bis, 4° párrafo, C.P., al tratarse la hipótesis delictiva de un delito de peligro abstracto, sin que el hecho de que estuviera descargada permita descartar dicha tipificación, toda vez que la ley no distingue ni exige tal circunstancia. Ello, sumado a que también se encuentra penada la mera tenencia de munición, ilógico resultaría exigir en tal caso que el material se encuentre en el almacén de un arma o próximo a ésta. En relación al delito de supresión de la numeración de un objeto registrado de acuerdo a la ley, considera el tribunal que habrá de confirmarse el procesamiento dispuesto en autos, por cuanto el secuestro del arma dentro del automóvil en el que se desplazaban los incusos, efectuado por la División Laboratorio Químico de la Superintendencia de Policía Científica, Policía Federal Argentina, que da cuenta de la erradicación de la numeración identificatoria del arma en cuestión, mediante la realización de una serie de "concavidades con mecha", son elementos probatorios que, "prima facie", permiten responsabilizar a los imputados en los términos del art. 306, C.P.P.N.

Disidencia parcial del Dr. Donna: El arma encontrada sin municiones en su recámara como en su cargador, no reúne los elementos del tipo penal previsto en el art. 189 bis, 4to. párrafo, C.P. No se advierte cuál es el peligro al que presumiblemente expusieron a la seguridad pública. Para que exista el delito de peligro abstracto, o conducta peligrosa, es necesario que se den los elementos del tipo penal y, además que la conducta sea antijurídica materialmente. Si no hay antijuricidad material, mal puede hablarse de injusto. El dolo del autor debe existir, de manera que debe querer y conocer que porta un "arma". Y arma propia, es algo que funciona, esto es dispara balas. Si no es así, será de otra cosa, pero no un arma, aún para los delitos de peligro abstracto. Si el autor ha tomado las previsiones del caso, a los efectos de estar a la peligrosidad del objeto, como bien afirma Roxin (*), no hay tipicidad objetiva, ni subjetiva.
Accidentes de trabajo, dictamen pericial
Materia: LABORAL
Carátula: Cifuentes Escobar, José Ismael c/ Prevención ART S.A. s/ Accidente de trabajo con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-22

Es cierto que el informe pericial -psicológico- no es lo suficientemente claro y fundado, por lo que podría otorgarse también al actor un 0% de incapacidad, encuadrando su situación en el Grado I de RVAN, pero entiendo que existiendo síntomas de depresión, y por aplicación del art. 9 de la LCT, corresponde estar al 10% de incapacidad psicológica determinado en la sentencia de grado -Grado II de RVAN-, y computado respecto del actor de acuerdo con el método de la capacidad restante.
Medidas cautelares, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Medina María Haydeé c/ Rodríguez Marcelino Roberto s/ Daños y perjuicios-beneficio Avellaneda Néstor c/ Rolón Carmen s/ Daños y perjuicios Rozental, Wilson c/ Perin, Antonio s/ Daños y perjuicios Rozental, Wilson c/ Perin, Antonio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13|1997-03-27|2001-07-12

En los procesos por daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito es factible solicitar una medida cautelar cuando medien o se encuentren acreditados los presupuestos de procedencia en forma clara, sea a través de la existencia de documentación que lo permita (art. 209 inc. 2º del CPCB), rebeldía (art. 63 cód. cit.), condena criminal o confesión del accionado, sentencia en su contra aunque se encuentre recurrida (art. 212 incs. 2º y 3º del ritual) u otra circunstancia prevista por el ordenamiento legal y al "a-quo" le corresponde decidir la procedencia de la medida en sí misma, sin emitir opinión sobre el fondo de la cuestión, porque el juicio de verosimilitud debe carecer de repercusión en lo que hace a la sentencia final, la que se dictará una vez investigado a fondo y previo ejercicio del debido derecho de defensa en juicio (Arts.16, 18 y ccts. de la Constitución Nacional). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Obregón, Celestino Rodrigo c/ Cevig S.A. s/ Indemnización por muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

No conculca las normas civiles que hacen a la prejudicialidad (arts.

1101, 1102 y 1103 del Código Civil) el fallo del tribunal del trabajo que efectúa una determinación de la culpa en términos laborales pero no se aparta de la determinación que de su existencia se realizó en la causa penal.
Contestación de la demanda, notificación, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S.G. SA c/ Provincia del Chubut s/ Sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-06

Cuando en la contestación de la demanda se incluyen hechos no invocados por el actor, se produce un apartamiento del cauce de pura contradicción centrada en lo propuesto por el demandante, para incorporar otros elementos diferentes y con la sola afirmación del demandado. En orden a esta razón, alguna jurisprudencia señaló que en tales casos se impone un traslado al actor (art. 334 in fine CPCC) que entronca con el deber del juez de mantener la igualdad de las partes en el proceso (art. 34 inc. 5), a fin de que la contraria cumpla con la carga del art. 356, pues si la accionada alega otros hechos que hacen a su defensa, la actora debe tener la posibilidad de agregar la prueba que los desvirtúe a fin de respetar los principios de igualdad e inviolabilidad de la defensa en juicio ... y en este caso es irrelevante que se trate de instrumentos de fecha anterior.
Contrato de trabajo, responsabilidad de los directores, fraude laboral, responsabilidad solidaria, culpa grave
Materia: LABORAL
Carátula: Pinolli Lucía Inés c/ EMELEC S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-31

Si bien no resulta factible extender la responsabilidad de una persona jurídica a sus integrantes aplicando la "teoría de la penetración en la personalidad jurídica", cuando no se acredita que haya mediado un uso abusivo de la figura societaria, no puede soslayarse que, con prescindencia de esa teoría, la extensión de responsabilidad a los directores o administradores de una entidad puede resultar viable cuando éstos hayan incurrido en maniobras ilícitas tendientes a defraudar al trabajador o a terceros. Por tal razón, cuando una sociedad anónima realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo o articula maniobras para desconocer una parte de la antigüedad o para ocultar una parte del salario, resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad al presidente de su directorio por vía de los dispuesto en el art. 274 de la LS (arg. arts. 1.072, 1.073 y 1.074 Código Civil). En estos casos no se verifican los presupuestos que consideró la CSJN al pronunciarse en cuestiones que, si bien tienen puntos de contacto con la presente, no son iguales (CSJN, 31-10-02, "Carballo, Atiliano c/Kanmar SA (en liquidación) y otros"; y CSJN, 3-4-03, P 1013 XXXVI, "Palomeque, Aldo c/Benemeth S.A. y otro"); sino que, a diferencia de los considerados por la Corte, no se propicia hacer extensiva la responsabilidad a los directores por aplicación de la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica ni de los arts. 54 o 59 de la ley 19.550, sino por aplicación de una norma específicamente destinada a regular la responsabilidad de los directores como lo es el art. 274 de la mencionada ley.
Medidas cautelares, empleados públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: BERNASCONI MARGARITA GUILLERMINA s/ SUSPENSION DE LA EJECUCION DE DECISION ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1989-12-13

Estan excluidas de la medida interesada las causas concernientes a "bajas de los agentes" artículo 23 inciso b) Código Procesal Administrativo. La baja entendida en lenguaje de relación administrativa,supone pasar del servicio activo a una vinculación pasiva con el Estado,sea por invalidez, edad, voluntariamente o de oficio.
Trabajadores de la construcción, pintores
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ ARNALDO Y OTROS c/ POLI Y LEDESMA SRL. s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-07

Los trabajadores que se desempeñen en una empresa de pintura de construcciones nuevas o viejas quedan comprendidos en el regimen de la ley 22250, que derogó la doctrina del plenario numero 213.
Compraventa mercantil, nota de débito, pago, mora, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS ROTOR PUMP  S.A.I.C.I.F. Y A. c/ SADE  S.A.C.C.I.F.I.F.M s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-07

La aplicación analógica del CCOM: 474 a las notas de débito vinculadas a una compraventa resulta autorizadas por la previsión del CCIV: 16.

Si la nota de débito se refiere al efecto de la mora en el pago del precio consignado en la factura de venta, la vinculación conceptual entre factura y nota de débito es evidente y justifica la referida aplicación analógica. Por lo tanto, la falta de observaciones a la nota de débito en el plazo legal, y la circunstancia de no aparecer las tasas liquidadas en aquella arbitrarias y atentatorias de las buenas costumbres, determinan la legitimidad de los intereses reclamados.
Sentencia, principio de congruencia, thema decidendum, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: F., B. L. Y M., R.H. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO CULPOSO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 165 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-08

La sentencia debe dar respuesta a las cuestiones propuestas por las partes que tengan carácter trascendente y sean conducentes para la justa composición del objeto litigioso. No les está permitido a los jueces alterar los términos esenciales en que el debate quedó planteado. Desde tal horizonte el tema asciende por sus implicancias al derecho constitucional procesal y afianza la concreta operatividad de las garantías del debido proceso.
Juicio de desalojo, recurso de apelación (procesal), posesión, locatario
Materia: PROCESAL
Carátula: RECURSO  DIRECTO  INTERPUESTO  POR  EL  DR.  SEGUNDO MORALES EN AUTOS MANCINI JOSE C/ CARLOS H. BECERRA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-11-21

El art. 769 del C. de P.C. impone un requisito muy estricto, lo que surge de la grave sanción que trae el art. 770.

Corresponde la apelación que contempla la situación de excepción cuando lo que se discute es el vínculo locativo, y el demandado aduce la posesión. Pero, no es suficiente una mera negativa de ser inquilino, por parte del accionado que no aduce al contestar la demanda (traba de la litis) causa alguna para la ocupación del inmueble. El fin que persigue la norma es impedir que el juicio de desalojo sirva de amparo a quien ocupa el inmueble sin abonar arriendos por ello, en desmedro del derecho de propiedad (entendido en sentido lato), esto es comprendiendo el de quien originariamente tiene el derecho del uso de la cosa, como el locador.