Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-02


Nro. de Sentencia: 014 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 2 días del mes de marzo del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. G. Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratula:

"A., G. M. c/ A. DE O. S. DE COMODORO RIVADAVIA (XXXX) s/ DEMANDA LABORAL", Expte. nro. 15.407/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. nro. 034/00), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 2356), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. G. Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 2237/2258 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación de la sentencia de fs 2237/2258 que admite la demanda interpuesta por la Sra. G. M. A. y condena a la A. DE O.S. de Comodoro Rivadavia a abonar en el término de diez días la suma de $130.498,81 (ciento treinta mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con ochenta y un ctvos), suma que manda a incrementar de acuerdo al considerando respectivo, condena a la entrega del certificado de trabajo, impone las costas al vencido y regula los honorarios.

A fs 2287/2288 vta el actor plantea aclaratoria, la que es desechada a fs 2291/2293, interponiendo recurso de apelación en forma subsidiaria lo que reitera a fs 2300/2306.

En dicho escrito presenta el informe del artículo 62 de la ley 69, y solicita se confirme la sentencia en todo lo que no fue motivo de agravio.

El primero de ellos se refiere al hecho de no haber incluido la sentenciante la indemnización del Art. 52 de la ley 23551, a los períodos inmediatamente posteriores a la extinción de la relación laboral acaecida efectivamente el 29 de julio de 1999, esto es los meses de agosto, septiembre y octubre del año 1999.

Señala que solicitó los salarios caídos de los meses de agosto a octubre de 1999, por entender que la extinción de la relación laboral había acaecido el día 20-10-99, pero habiendo determinado la sentencia definitiva como fecha de despido el 29/07/99 y liquidado en la demanda la indemnización del Art. 52 de la ley 23551 a partir del 1-11-99, considera que han quedado sin computar los meses que señala.

El segundo agravio se relaciona con la tasa de interés que dispusiera la sentencia, pues no es acorde con la jurisprudencia del STJ, que menciona, considerando que debe aplicarse la tasa activa del B. C., a fin de no transgredir la doctrina legal que emana de autos "A., D. M. c/B. S.A. s/ demanda laboral".

Hace reserva del caso federal.

A fs 2307/2346 se agrega la expresión de agravios del demandado, quien transcribe la parte del fallo donde se admite la demanda y antes de ingresar al tratamiento específico de los agravios, efectúa aclaraciones previas.

Se queja en primer término de la errónea valoración jurídica y fáctica del procedimiento de crisis promovido por XXXX, al considerar que incumplió con el procedimiento de crisis previsto por la ley 24013, despidiendo a la actora antes de su conclusión, lo que violenta expresamente la prueba instrumental agregada a fs 1094.

Señala que XXXX, promovió el 12 de mayo de 1999 un procedimiento de crisis proponiendo dos tipos de medidas diferentes para sus dos establecimien-tos: a)cierre del sector Farmacia y b) reducción salarial del resto del personal administrativo, ya que ambos trabajadores se rigen por estatutos diferentes y los trabajadores administrativos están representadas por UTEDYC y los de farmacia por la Fed. A. de T. de F..

Marca que la subsecretaría de relaciones laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación cita a las entidades gremiales mencionadas, no citando a la asociación donde pertenece la actora, a sabiendas que no posee personería jurídica.

Detalla todo lo que surge del expediente administrativo agregado, para concluir que el dictamen jurídico del Ministerio fue adoptado como acto administrativo por la Dirección Nacional de Negociación Colectiva, que fue notificado y no recurrido y que del mismo surge que no existió violación al procedimiento promovido por XXXX el 28 de julio de 1999. Preguntándo-se si se puede violar la cosa juzgada administrativa.

El segundo agravio se refiere a la errónea valoración de las razones económicas invocadas por XXXX Comodoro Rivadavia.

Sintetiza los argumentos de la sentenciante y afirma que XXXX no invocó una situación económica de crisis, sino que acreditó dicha situación, lo que consta en el Expte 63363/99.

Afirma que para analizar las causales del Art. 247 LCT, se debe examinar la situación de la Obra Social como Agente de Seguro Nacional de Salud y su carácter de Persona Jurídica cuasi pública, resaltando la normativa jurídica involucrada, definiendo el concepto de salud, relacionándolo con el Art. 14 de la CN y con lo que llama instrumentos internacionales, así como al financiamiento de la misma desde la macroeconomía, acompañada de estadísticas e historiando la aparición y evolución del sistema de salud en nuestro país. Explicación normativo, económico y funcional que dan los motivos por los que resulta absurdo que XXXX pueda ser valorada a los fines del Art. 247 LCT.

Explica qué es XXXX y que una de las características es que nunca tuvo efectores propios, salvo la farmacia donde además de farmacias contrata-das, siempre tuvo una como establecimiento independiente del resto de la administración de la Obra Social.

Refiere que la primera crisis data del año 1995, relatando las medidas adoptadas. La nueva crisis se produce en 1999, y en 1998 en cuanto a la farmacia, comenzó a notarse un incremento en el gasto farmacéutico en pacientes ambulatorios, originado en la prescripción médica, sucediendo lo mismo en tratamientos oncológicos, diabéticos y programas maternos infantiles, resumiendo la crisis que a partir de julio de 1998 se produce como consecuencia de la caída en los precios del barril de petróleo a nivel internacional y que influyera en la pérdida de rentabilidad en la zona y en todos los sectores económicos de la ciudad.

Ante ello, dice, se encararon acciones por las autoridades de XXXX durante 1999, las que enumera, y entre ellas se refiere a la promoción del procedimiento preventivo de crisis y respecto de la farmacia, cerrada como establecimiento, se le agregó una modificación en el sistema de contratación avanzándose a la capacitación de las prestaciones de farmacia en pacientes ambulatorios, junto vademecum unificado, contratación bajo una modalidad de cartera fija, reducción del costo directo de personal, mediante el cierre de la farmacia Social, mejorar la calidad de la cobertura, con la apertura de más farmacias, etc.

Sostiene que las pruebas arrimadas al expediente, declaraciones testimoniales, balances, información contable, resoluciones dictadas, pericia contable, los acuerdos individuales, acreditan la verosimilitud de los desequilibrios económicos-financieros, de su ajenidad y de la obligación legal de reducción de su déficit operativo.

El tercer agravio se funda en la arbitraria valoración de la estabilidad gremial de la actora no reconocida por la ley.

Señala que dos son los argumentos centrales de la sentencia, para acceder a la estabilidad gremial reclamada por la actora, tener por acreditado que la asociación sindical a la que pertenecía la actora, es un Sindicato con Personería Gremial y aplicar la teoría de los actos propios en relación al reconocimiento de la tutela por parte de XXXX en casos anteriores.

Indica que la personería gremial no es lo mismo que la simple inscripción y valorando el informe del Ministerio de Trabajo de la Nación quien afirma que "la A. de T, de F. Zona S. de C.", no posee Personería Gremial ni tampoco simple inscripción gremial y lo que consta a fs 1904,1907 y 1904, concluye que la actora fue candidata como autoridad de la A. de T. de F. Zona S. del C. (Persona absolutamente diferente de la A. de T. de F. del C.), sindicato que no cuenta con personería gremial ni tampoco con simple inscripción a la fecha del despido de la actora, de allí que no puede acceder a la estabilidad prevista en la ley 23551. Agrega que tampoco la A. de T. de F. del C. posee Personería Gremial, sino simplemente inscripción, hipótesis que tampoco la hace acreedora de la estabilidad prevista por la ley 23551.

Analiza las disposiciones de dicha ley y efectúa reflexiones acerca de los planteos doctrinarios sobre la estabilidad sindical en la legislación comparada, normas internacionales y nacionales.

Sostiene que el modelo sindical argentino, distingue entre asociaciones sindicales simplemente inscriptas y asociaciones con personería gremial, con relación a esto último, menciona los artículos 31, 21, 25, 26 y 27 de la ley 23551. Menciona y cita la posición de nuestra jurisprudencia.

Alude a la doctrina de los actos propios mencionados la sentencia, y ante el interrogatorio que se efectúa, la respuesta se encuentra, dice, en la misma causa A., resuelto por la Cámara.

Cuarto agravio, se refiere a la arbitraria valoración del cese de la tutela gremial por cierre del establecimiento, lo que realiza en forma subsidiaria.

Luego de transcribir el fallo en la parte pertinente a esta queja, pretende refutar los argumentos esgrimidos con cita de jurisprudencia.

Destaca que la sentencia confunde actividad y establecimiento, destacando que XXXX, tuvo siempre la obligación de brindar a su población beneficiaria la provisión de medicamentos tanto en pacientes ambulatorios como en internación, y desde el inicio de XXXX, se combinó una farmacia propia y varias farmacias contratadas, modificando el hecho de seguir brindando medicamentos a su población solo a través de farmacias contratadas.

Ante ello despidió a la totalidad del personal de farmacia y con ello a todos los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo de farmacia y dentro del ámbito personal de representación de la asociación gremial a la que pertenecía la actora.

Se refiere a la información dada por AFIP, y dice que es inocua, pues XXXX es una obra social y como tal -persona jurídica-, requiere una sola inscripción y habilitación fiscal.

Indica que la garantía de estabilidad del representante gremial sólo cede ante el cierre definitivo o suspensión de actividad del establecimiento, conforme el Art.51 de la ley 23551.

El quinto agravio es con relación a la valoración de la prueba, considerando, luego de hacer mención nuevamente a las agregadas, que la sentenciante alteró y violó normas del procedimiento, el principio de congruencia.

Por último se agravia por la imposición de las costas y sobre la regulación de los honorarios.

Ante el alcance de las quejas del demandado, he de dar respuesta en principio a dichos planteos, pues de prosperar éstos, los agravios del actor se tornarían estériles.

Y acierta el quejoso en punto a los argumentos de la Cámara sobre la valoración de la prueba "La apreciación de la prueba en los juicios de trabajo queda librada a criterio del soberano juzgador, salvo el caso de ser manifiestamente absurda, entendiéndose por tal la que escapa a las leyes lógicas formales, transgrediéndolas, o lo que es impensable o inconcebible y no puede ser de ninguna manera por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio", "Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas", Sardegna, pág. 222.

Es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que los jueces no están obligados a tratar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar las decisiones (CSJN, Fallos 274:113, 280:320 entre muchas), ni tratar tampoco imperativamente, todas las argumentaciones propuestas por las partes, sino sólo aquellas que estimen decisivas (Fallos 258:304; 310:267).

"Considero útil señalar que, en sentido procesal, la prueba es "un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio" (Couture, Eduardo, "Fundamentos de Derecho Procesal Civil", Depalma, 1958, pág. 217, N° 136) y el propio ordenamiento adjetivo insta a las partes a agotar los recursos dados por la ley para formar en el espíritu del juez un estado de convencimiento acerca de la existencia o inexistencia de las circunstancias relevantes del juicio (Art. 377, Cód. Procesal).

Así la obligación de afirmar y probar, se distribuye entre las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de cada una de ellas, hacer valer los hechos que quiere que sean considerados por el Juez y que tiene interés que sean tenidos en cuenta por él como verdaderos, (Chiovenda, "Principios de Derecho procesal Civil", t. II, pág. 253).

Es un imperativo del propio interés de cada parte, una circunstancia de riesgo que consiste en que quién no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito ya que la ley coloca al litigante en la situación embarazosa de no creer sus afirmaciones, en caso de no ser probadas (Couture, ob. cit., pág. 242; en igual sentido en autos "G., C. c/ A. C. SA", del 25/4/1995).

De lo hasta aquí expuesto se desprende que el ordenamiento del rito impone a los litigantes el deber de probar los presupuestos fácticos que invoca como fundamento de su pretensión, defensa o excepción y tal imposición no depende de la calidad de actor o demandado sino de la situación que se coloquen dentro del proceso, por lo tanto al actor le corresponderá acreditar los hechos constitutivos de su pretensión en tanto que, al contrario, los extintivos, impeditivos o modificatorio que oponga a ellos la demandada a ésta (in re, "A. B. B. y Cía. SCA c/ T., R.", pronunciamiento del 5/3/1979, ED, 87-703), ya que las simples alegaciones procesales no bastan, para proporcionarle al órgano jurisdiccional la suficiente convicción para emitir un pronunciamiento favorable.

Asimismo noto que la expresión de agravios reitera muchos o todos los argumentos esbozados en la contestación de demanda, sin hacerse cargo de los fundamentos de la Sra. Juez, sin perjuicio de ello, la queja cumple, aunque mínimamente los requerimientos del ordenamiento procesal.

Sentado ello, analizaré el primer agravio y es preciso, remontarse a las mismas pruebas que analizara la a-quo, y que volveré sobre su consideración, ya que difiere el apelante sobre el alcance de lo que surge del expediente de la Subsecretaría de Trabajo.

Trataré de establecer mediante el análisis circunstanciado de la causa si tiene asidero la impugnación del recurrente, si efectivamente hubo errónea valoración jurídica, fáctica del procedimiento en crisis, de las razones económicas invocadas por XXXX, arbitraria valoración de la estabilidad gremial de la actora, de tutela gremial, y de las pruebas, y que si así fuese otra hubiese sido la resolución.

Conocido es que el capítulo 6 del Títu-lo III de la Ley de Empleo, en sus arts. 98 a 105, regula el procedimiento preventivo de crisis de empresa que debe sustanciarse ante el Ministerio de Trabajo, con carácter previo a la comunicación de despidos por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, disponiendo las condiciones.

La ley 24013, establece que dentro de las 48 hs desde la presentación, la autoridad administrativa debe dar traslado y citar a audiencia la que se fijará en el plazo de cinco días, y ante la falta de acuerdo debe abrirse un período de diez días para las negociaciones sin acuerdo de partes, estableciéndose que se trata de días hábiles (Res. MTSS 218/92) y que transcurrido los mismos se da por concluido el procedimiento en crisis, y que previo a ello los arts 104 y 105 impiden, reitero, efectivizar suspensiones o despidos por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas.

Ante ello asiste razón a la sentenciante en cuanto concluye que los plazos para la negociación no habían concluido ya que los mismos surgen del Expte 63363/99, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que merituara la a-quo y del que también se vale el quejoso para alegar lo contrario.

A fs 609, con fecha 12 de mayo de 1999, se presenta XXXX, mediante representación, promoviendo el procedimiento preventivo de crisis de la empresa, por las razones que alega, proponiendo el cierre definitivo de la farmacia y respecto del establecimiento y explotación un nuevo sistema de relaciones labora-les cuya finalidad detalla.

El 2 de junio, se ordena acreditar personería, acompañar documentación certificada y se le hace saber que deberá observar la prevención prescripta por el Art. 104 de la ley 24013, transcribiéndose la parte pertinente. Cumplimentado lo requerido (fs 914) la Subsecretaría de Relaciones Laborales, resuelve; encuadrar en el marco de lo dispuesto por la ley 24013, título III, capítulo 6º las actuaciones, procedimientos y negociaciones que deban sustanciarse entre XXXX Comodoro Rivadavia, la F. A. de T. de F. y la U. T. de ent. D. y C., dar traslado y citar a una audiencia en los plazos y condiciones del Art.100, haciendo saber que el dictado de la presente resolución no implica la realización normal y habitual de las actividades, notificándole la parte pertinente del Art.104.Se notifica de la audiencia a celebrarse el día 7 de julio de 1999 a XXXX, a la F. de T. de F., a O. C. en S. M. ..., y a la UTEDYC.

El día 7 de julio se realiza la audiencia con la presencia de las partes citadas, pasando a un cuarto intermedio para el día 16 de julio a las 10 para negociar la propuesta de XXXX. En dicha fecha las partes, solicitan un cuarto intermedio hasta el día 26 de julio.

Realizada la audiencia no concurre el representante de la A. de F., ratifica XXXX su presentación, no prestando acuerdo el representante de UTEDYC a la convalidación del procedimiento en crisis.

Y sin perjuicio de notificarse a las partes que las actuaciones serían elevadas a la Dirección Nacional de Negociaciones Colectiva, para el dictado de la resolución pertinente habiéndose concluido los plazos del procedimiento en crisis, a fs 932, la A. T. de F. del C., con la firma del Secretario general y el Secretario adjunto, el mismo día de la audiencia, alegando razones de fuerza mayor presentan documentación a fin de ser agregada al expediente, y solicitan diligencias con fundamento en los arts 102,104 y cctes de la ley 24013 a los efectos de dotar a esos actuados de elementos imprescindibles para acreditar la improcedencia del procedimiento de crisis argüido por XXXX, lo que fue contestado por XXXX, junto con los acuerdos individuales con fecha 27 de julio de 1999, solicitando asimismo que ponga fin al procedimiento de crisis de empresa y agotamiento del plazo.

Con tales presentaciones se eleva el Expte al Sr. Director Nacional de la Dirección Nacional Negociación colectiva, el que es recibido con fecha 4 de agosto de 1999.

El 4 de agosto los representantes de la A. de T. del C., ponen en conocimiento del Ministerio de Trabajo, las medidas tomadas por XXXX, señalando que el día 29 de julio remitió carta documento a todo el personal de la Farmacia, comunicando el despido.

Efectuadas las remisiones a la autoridad competente, a fs 1082, consta el dictamen de la Asesora Técnica Legal, quien sostiene que "es dable remarcar que si los despidos fueron efectuados el 28 de julio de 1999 y el encuadramiento fue el 28 de junio del mismo año, el plazo de diez días de duración que establece la norma se encuentra vencido", por lo que entiende que el procedimiento se da por agotado y concluido.

Lo señalado indica que la última audiencia fue el 26 de junio de 1999, y es desde esa fecha donde hubiese debido contarse el plazo de diez días, si no hubiese existido la presentación de la A. de T. de F. que dio continuidad al procedimiento y que fue consentido por XXXX, al contestar la misma y como lo señalara precedentemente, solicitó "ponga fin al procedimiento en crisis de la empresa", contestación que, reitero, lleva fecha 27 de julio, lo que demuestra que la propia demandada entendió que el procedimiento en crisis no había terminado.

De allí entonces, las partes tácitamente prorrogaron el período de diez días que establece la ley de empleo, ya que si bien la ley guarda silencio respecto de la eventual prórroga de ese lapso, ya sea de oficio o a pedido de parte, nada obstaría a tal temperamento (Martínez Vivot, "Las suspensiones y despidos colectivos por causas económicas o tecnológicas en la ley de empleo. El procedimiento preventivo en crisis y la reestructuración productiva", DT"1992-B, pág. 2215 y sgtes.

Cabe concluir, entonces, que si los despidos se anoticiaron el 30 de julio de 1999, tal como da cuenta las cartas documentos, agregadas, éstos fueron extemporáneos, toda vez que la autoridad administrativa aún no se había expedido, careciendo de la relevancia que pretende otorgarle el demandado a la opinión vertida a fs 1082 (a fs 1081 se remiten las actuaciones a los fines que se sirva emitir opinión al respecto) pues no sólo hace alusión a una audiencia el día 27 de julio, que no se produjo, sino que alega el 25 de agosto que el procedimiento se encuentra vencido, sin establecer fecha del mismo. A lo que agrego, como bien lo señala la Sra Juez, se trata sólo de un dictamen de la Asesora Técnica que no fue convalidado ni desechado por resolución alguna.

Tomada tal decisión he de resaltar que aún cuando hubiese prosperado el argumento del recurrente sobre la conclusión del procedimiento de crisis, los trabajadores estaban habilitados para ejercer sus derechos, y reclamar sus salarios caídos u otras indemnizaciones que se considerasen con derecho, al entender que no se acreditaron las circunstancias previstas en el Art. 247 LCT, pues de no haber acuerdo, vencidos los plazos, se da por concluido el procedimiento de crisis quedando las partes en libertad de acción, Martínez, Procedimiento en crisis, DT 1996-A-pág. 233; en igual sentido Martínez Vivot en DT, 1992-B-pág. 2214. Y es ante ello que me introduciré en el agravio, relacionado con el Art.247 de L.C.T.

La jurisprudencia requiere que el empleador pruebe fehacientemente que el estado crítico de la empresa no se debe a conducción negligente y para ello debe demostrar que ha tomado medidas destinadas a paliarlo, al margen del despido de los trabajadores. No se puede ignorar que la figura que se pretende aplicar es una figura de excepción, que en busca de proteger a la empresa hace a los trabajadores un poco partícipes de sus riesgos económicos (Altamira Gigena, "Ley de contrato de trabajo", T. 2, par. 9, Págs. 477/478, Astrea, 1981).

Por eso el despido por falta o disminución de trabajo (Art. 247 L.C.T.) exige, entre otros recaudos, que la situación no sea imputable al empleador, que haya observado una conducta diligente y que no obedezca a riesgo propio de la empresa (conf. Etala, "Contrato de trabajo", par. 3, pág. 554, Astrea, 1998).

No se observa en autos, que se hayan cumplido los recaudos antes mencionados, más admitiendo una rescisión en los ingresos, como lo señala el perito, lo cierto es que no se advierte que medidas adoptó en el marco de una conducta diligente como para superar las dificultades de la asociación, optando entiendo por una manera rápida y saneadora como es la de contratar para que continúe con las prestaciones de la farmacia.

La fuerza mayor como causal que funda-menta la falta de trabajo no comprende -entre otras- las dificultades económicas de la empleadora o la disminución de trabajo en general o la recesión del mercado, ya que esas circunstancias hacen al riesgo propio de la actividad empresaria (CNTrab., Sala I, setiembre 28-984, "C., A. D. c/K. A. S.A.", D.T. 1985-A, 348).

Las dificultades económicas-financieras que puedan afectar al empresario ante determinadas coyunturas del mercado deben resultar rigurosamente comprobadas (CNTrab., Sala I, octubre 31-992, "G., S. M. c/ Coop. C.A.D.F.A. Ltda.", D.T. 1992-A, 1037).

Máxime, si se considera que la falta o disminución de trabajo constituye una excepción a la obligación de brindar tarea, por lo que su interpretación es de carácter restrictivo.

Por eso, el empleador debe acreditar en forma precisa, categórica y concluyente que tomó las medidas aconsejadas con buen criterio empresario para superar las dificultades de la empresa (CNTrab., Sala I, octubre 31-992, mencionado por Etala, ob. cit., punto 3, a), págs. 556/557).- Así, para descartar la negligencia del empleador debe exigirse la acreditación de haberse adoptado las medidas concretas razonables tendientes a solucionar esa situación (CNTrab., Sala III, setiembre 14-995, "M., R. c/ Inst. R. S.A.", D.T. 1996-A-437. Cámara, Sala "B", c. 13.590, de Trelew S.D.L.Nº 117/98, y 71/2000.

Y siguiendo tales pautas entiendo que el empleador no demostró las razones alegadas para el despido, existencia de razones económicas de fuerza mayor y disminución de trabajo no imputables al empleador.

Señaló la Sra. juez, que es necesario la concurrencia de involuntariedad o inimputabilidad; que la prueba debe ser fehaciente y demostrativa que el empleador adoptó todas las medidas que la ciencia económica y práctica aconsejan; apreciándose si la causa fue originada por el mercado, la actividad, el riesgo propio del empresario o en la falta de diligencia.

Surge del reconocimiento de la demandada que los problemas empresariales datan del año 1995 y no observo que haya tomado medida alguna para paliar la situación que no consistiera en despedir personal, no constituyendo ésta, la diligencia, exigible a un buen hombre de negocio. Y ante la crisis que alega en el año 1999, implementó un sistema dice, de actualización "automática de patrón" y promovió el procedimiento preventivo en crisis.

Y sabido es que el inicio de éste último, no significa que las causas alegadas existieran. El testimonio de M. confirma que la reingeniería administrativa se realizó a través de dos acciones fundamentales que fueron rebajas en las remuneraciones y despidos de personal.

Asimismo de las testimoniales surge que la empresa no estaba en crisis, que tenía problemas económicos pero que podían subsanarse, con tal finalidad elaboraron un plan y que si bien se cierra la farmacia la misma siguió ejerciendo por fuera, mediante contrato.

De la pericial agregada y de lo informado por el Ministerio de Salud y Acción Social, como bien lo señala la sentencia, no se desprende el déficit en que se apoya el demandado para justificar la decisión.

Si bien la pericial agregada constata que existieron problemas económicos, reitero, señala lo sucedido en los años 1996, 97, 98 y 99, indicando déficit en el año 1998, y que a fin de mejorar la situación deficitaria se implementan algunas medidas de saneamiento, entre ellas "El cierre de la farmacia". Agregando que con el apoyo financiero de la Superintendencia de Servicios de Salud, el ejercicio arroja ganancia.

Siendo relevante señalar que el perito observa pérdidas en el ejercicio 1999/2000, como consecuencia de las indemnizaciones del personal despedido.

No menos relevante resulta lo informado por el profesional, que "a pesar de haber implementado un programa de saneamiento a lo largo de todo su ejercicio no logra el equilibrio presupuestario", digo que resulta relevante toda vez que no indica cuál fue el programa de saneamiento, más allá de los despidos y cierre de la farmacia, que tampoco de acuerdo al informe dio resultado satisfactorio.

Advierto que efectúa, el apelante, consideraciones sobre XXXX, en el segundo agravio, pero no refuta las esgrimidas en la sentencia, y a fs 2319, sostiene que resulta absurdo que la ADPS pueda ser valorada a los fines del Art. 247 LCT, como una empresa de mercado, resultando improcedente la clásica jurisprudencia citada, no obstante, fundó en el artículo 247 el despido de la actora.

Se refiere el quejoso a las pruebas aportadas, y así sostiene que de los acuerdos de fs 2146/59 surge el reconocimiento de la causa económica no imputable al empleador, el reconocimiento del cierre de la farmacia por razones económicas no imputables a XXXX, pero de la lectura, se desprende que los firmantes reconocen la crisis económica, pero no que ella alcance para justificar los despidos, máxime cuando de la cláusula 8) "La XXXX" desiste de despedir al trabajador con invocación de razones económicas.

En punto a las declaraciones de los testigos, S. y S., no resultan decisivos, atento la función que cumplen y la relación de dependencia que ostentaba S. y que continúa contratado por locación de servicios; S. trabaja en XXXX y dio su opinión favorable para el cierre de la farmacia de XXXX, tomando decisiones, declaración de julio de 2003 fs 2112 y el testigo M. se desempeñaba como Jefe de Departamento Judicial, posteriormente como Gerente de Asuntos legales y actualmente como Síndico, lo que noimplica que las mismas no hayan sido consideradas, pero con los reparos propios por las razones invocadas.

En base a la prueba hasta aquí analizada y valorada, se desprende, como lo decidiera la Sra. Juez luego del mérito de ellas, y no apresuradamente como lo sostiene el apelante, que las supuestas dificultades económicas como las aludidas a fs 2322, a partir de 1998, se presentan como riesgos propios de la empresa y que ninguna actitud se tomó para evitarla, más allá de las que describiera anteriormente, las que no justifican de ningún modo, el despido.

Respecto del tercer agravio relacionado con la personería gremial del S. de T. de F. del C., que los quejosos insisten en que carecía, observo que son otras las pruebas en que el fallo y el apelante basan su postura.

Se agregó la contestación del Ministerio de Trabajo y Empleo, Formación de Recursos Humanos, donde se observa a fs 1916,en documentación de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que por Resolución 775/94, tema Inscripción Gremial, la misma fue otorgada definitivamente con fecha 10-6-94, complementándose con la de fs 1918 y reiterado a fs 1925. Todo ello lleva fecha junio de 2002. Asimismo a fs 1913, 30 de abril de 2002, informa que la fotocopia de fs 2 (fs 1907 de autos) es auténtica.

El informe a que hace mención el apelante (fs 1863) lleva es de noviembre de 2001, y fue firmado por la Sra Jefa Administrativa del Departamento Estructura Sindical, lo que se reitera a fs 1904 con fecha mayo 2002.

A fs 1914, dice el quejoso que obra módulo de consulta, lo que es acertado, pero tal módulo se complementa con la información de fs 1925.

Tales pruebas son elementos probatorios suficientes para confirmar lo que dispusiera a la Sra Juez.

A mayor abundamiento he de agregar que a fs 1883 con fecha 12 de octubre de 2001, se deja constancia que la F. de T. de F., obtuvo personería jurídica el 22 de noviembre de 1951 y personería gremial registrada baja el Nº 181 (fs 1904).

Asimismo, se notificó del procedimiento en crisis al Sr O. G., que pertenecía al sindicato que hoy se cuestiona, tal como surge de la documentación agregada a fs 1126.

En dicha documental la actora, figura como revisora de cuentas. Acta que fue acompañada por la Asoc. De T. de F. del C. y se adjunta copia de la certificación de autoridades extendida por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

La oposición en forma subsidiaria por parte del apelante de la indemnización que otorgara la Sra Juez, como consecuencia del despido y con fundamento en el Art.51 de la ley 23551, considero, que deviene inconducente el tratamiento, atento lo que decidiera respecto del rechazo de las causas invocadas para el cierre de la farmacia y ante la existencia de personería gremial por parte de la Asociación de la que formaba parte la actora. Corresponden, en consecuencia, todas las indemnizaciones que le otorga el ordenamiento legal, en los casos de despidos por causales alegadas y no probadas.

La Ley de Asociaciones Sindicales en el aspecto traído a resolución tiene la finalidad de tutelar la libertad sindical e impedir prácticas tendientes a cercenar la actividad gremial. Por ello, los trabajadores que revisten las condiciones que la ley regula se encuentran amparados por una serie de garantías especiales para cumplir con el objetivo dado, por ejemplo la estabilidad en el empleo.

Ahora bien, dicho Cuerpo legal en su Art. 51 expresa en la primera parte que la mencionada estabilidad no podrá ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o de suspensión general de tareas. Esto es, que el cierre hace caer la garantía del representante gremial toda vez que la rescisión no encuentra vinculación con el bien jurídicamente protegido: libertad para desarrollar la actividad gremial.

No parece razonable admitir que un negocio que cierra definitivamente lo haga para impedir la labor sindical en el establecimiento. Por ello esta norma regula una situación de excepción que hace desaparecer el fundamento de la estabilidad que la ley garantiza, habida cuenta que la protección se justifica, se insiste, con el propósito de impedir medidas del principal que obstaculicen el libre ejercicio de la acción sindical, pero entiendo que tal jurisprudencia se torna aplicable en casos en que las razones dadas, para el cierre del establecimiento, se prueben, lo que no ha acontecido en autos.

En consecuencia, la discusión sobre la estabilidad sindical se torna estéril.

Respecto del agravio sobre la valoración de la prueba, dije al comienzo de los considerandos que trataría de establecer mediante el análisis circunstan-ciado de la causa si tiene asidero la impugnación del recurrente con fundamento en las pruebas, y considero, luego de haber cumplido con ello, que la estimación por parte del juzgador no resulta absurda, ni escapa a las leyes lógicas formales, transgrediéndolas, o como dice Sardegna en obra citada haya quedado "al margen de las reglas del raciocinio".

Y he de dar respuesta previo a introducirme en el sexto agravio del demandado, al planteado por la actora en punto a la indemnización, al variar la fecha de despido solicitada con la que fijara la Sra. Juez.

La actora, en la demanda solicita la indemnización devengada en virtud del despido incausado generado por la demandada con fecha 29 de julio de 1999, el cual produjo sus efectos a partir del día 29 de noviembre de 1999 y la indemnización del Art.52 de la ley de Asociaciones Profesionales. Y al presentar la liquidación, calculó el rubro por este último desde el 1 de noviembre de 1999.

La sentencia dispone que la relación culminó el 29 de julio de 1999, motivo por el que entiende que "no corresponde viabilizar la procedencia del pago de los salarios correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 1999 ni la integración del mes de despido, admitiendo los otros rubros y ante la falta de impugnación de la liquidación que presentara la actora y no demostrado que careciera de errores, admite la misma.

Ante ello la actora se agravia y entiendo le asiste razón. Y admitiré la modificación de la fecha de la finalización de la relación laboral y por ende del monto indemnizatorio por la facultad que acuerda la ley 69.

He de señalar (conf. Morello, Sosa y Be-rizonce, "Códigos Procesales.", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1986, T. II-C, págs. 81 y 82, y cita de fallos) que dictar sentencia "extra petita" comporta decidir sobre lo que no está en el juicio -materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición. Importa pronunciarse sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación, o resolver sobre capítulos o reclamos no propuestos que en manera alguna integraron la litis.

Y el reclamo por incumplimiento de lo que surge del Art.52 de la ley 23551 fue realizado en el escrito de inicio, por lo que no se trata de un supuesto de sentencia extra petita.

Por el contrario, al variar la fecha de finalización de la relación laboral, la que ha arribado firme a la Alzada, corresponde modificar la suma indemnizatoria.

La sentencia condenó "ultra petita" ya que el fallo sobrepasó las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, concediendo más de lo peticionado (conf. Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 79/81, y cita de fallos).

Y esa es la situación de autos (sentencia ultra petita) ya que el propio apelante señala que se modificó la fecha por el pretendida, pero como ya dijera el art. 71 de la ley 69 expresamente faculta al juzgador para sentenciar "ultra petito". Ante ello, admitiré el agravio. Corresponde, por la secre-taría del Juzgado, efectuar la liquidación correspondiente.

Se agravia la actora con relación a la tasa de interés impuesta en la sentencia, opino que el planteo deberá ser desestimado desde que lo decidido en origen se conforma al criterio actualmente sostenido por esta Alzada.

Y sin perjuicio de haber sostenido en otras oportunidades que el silencio de la demandada respecto a la tasa de interés solicitada, era suficiente para admitirla, un estudio más sereno del tema, me ha convencido, que nada impide aplicar aquella que sea más conveniente a los intereses de las partes, a fin que no se transforme en un enriquecimiento sin causa, ni una medida expoliatoria y dentro del marco de discrecionalidad que gozan los jueces de acuerdo a la doctrina que emana del Superior Tribunal de Justicia.

Los agravios los funda en sentencia del STJ, en autos A., pero de la lectura del mismo se observa que el Dr Royer, a quien acompaña el Dr Pasutti, se refieren a la tasa activa o pasiva a aplicar, y no a la entidad bancaria Banco, que ya había sido determinada en el voto en disidencia, aclarando que "Además, de la lectura de los fallos de las salas "A" y "B" de las Cámaras de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y Trelew, publicadas en el Sistema de Búsqueda Documental "Eureka", surge que las mismas aplican la Tasa Activa para descuento de documentos del Banco de la N. A. y Banco del C. SA respectivamente.

Y como lo sostuviera la sentenciante es la tasa activa del Banco de la Nación Argentina la que ha adoptado esta Cámara por los argumentos dados en las sentencias que invocara la a-quo.

A lo que agrego lo dicho por el Dr Nahuelanca "Con todo y en razón que esta Cámara ha modificado parcialmente el criterio del Banco referente de la tasa bancaria, corresponde en principio reiterar que la inicial elección de la tasa activa responde a la interpretación más favorable a los derechos del trabajador (art.9 LCT).

Que ha sido criterio inveterado en distintos pronunciamiento, v.gr. "S., V. P. c/ S. S.A.", Expte. Nº 6929/92; "M., J. c/ G.A. S.A.I.C. y F.", Expte. Nº 6951/92, solo excepcionada precisamente en el interregno producido por la CSJN en los autos caratulados "Y. P. F. c/ C., Prov. de y Banco C. s/ cobro de australes", que se impusiera por vía del Excmo. S.T.J. del Chubut. Pero a posteriori, con el caso "B. S. c/ B. S.A..." (DT.1994-B-1973), adoptado asimismo por el Máximo Tribunal Provincial en los autos caratuladas "S., C. c/ L. P. y/u otro s/indem. por Accid. Trabajo", Expte. Nº 15.502-S-1996, cesó la imposición de la tasa pasiva, precisamente porque el STJ dejaba firme un fallo de Tribunal inferior que imponía los intereses a la tasa activa del entonces B. de la Provincia del C..

En cuanto al cambio de jurisprudencia aludido precedentemente, que conlleva al cambio de la entidad bancaria referente, se ha señalado que si en principio pudo mantenerse a la entidad sucesora del Banco de la Provincia del C., el B. del C. S.A., la cuestión no puede seguir sujeta a reglas inexorables, advertido en el transcurso del tiempo un aumento notorio de la tasa activa de este B. del C. S.A., respecto a otro órgano bancario asimismo tradicionalmente referente, el Banco de la Nación Argentina.

Con relación a la tasa de interés establecida por el A-quo, permanecerá inalterable, por las mismas razones dadas en la sentencia de esta Sala "B" que hace mención la sentenciante, criterio seguido a partir de lo resuelto por la Sala "A", en concordancia con "S. C. c/ La P. SA y/u otros s/ Indemnización por Acc. Trabajo", Expte Nº 15502-S-1996".

El fallo citado en consecuencia por el quejoso no desvirtúa los del STJ y esta Cámara.

No me expediré respecto a los agravios referidos a los honorarios, atento que al variar el monto por el que prospera la demanda, deberán adecuarse (Art.276 del CPCCCh).

En punto a las costas, no encuentro motivo para alterar las de primera instancia y las de la Alzada las impongo al demandado vencido.

A fin de regular los honorarios de los profesionales intervinientes, que difiero para el momento del acuerdo, merituaré la actuación profesional, el éxito obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperaran y demás pautas de los arts. 6, 14 y 47 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra. Jueza de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Confirmo parcialmente el fallo venido en apelación y modifico el monto de la indemnización por el rubro estabilidad gremial, el que deberá establecerse en la liquidación que se realizará por la secretaría del Juzgado laboral y de acuerdo al considerando respectivo.

2) Impongo las costas al apelante vencido.

3) Difiero la regulación de honorarios para el momento del acuerdo.

4) Tengo presente el caso federal.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien vota precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a la misma me remito.

I.A) La parte actora apelante expresa agravios a fs. 2300/2306 y la parte demandada apelante expresa agravios a fs. 2307/2346.

Es criterio de la suscripta que en la estructura de la sentencia los resultandos (aplicable aquí a los agravios) tienen por finalidad la individualización de los sujetos de la pretensión y la relimitación del ámbito objetivo del litigio sobre el que recae el pronunciamiento, incluyéndose así entre los elementos que la sentencia deberá contener "la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (o de los agravios), siendo el estilo judicial agregar una breve relación de las vicisitudes del proceso, a cuyo efecto basta una mera remisión (conf. crit. Morello- Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.II-C, pág. 64; Cám.Nac.Com., Sala C, 03/11/80, entre otros) y teniendo presente el principio procesal de concentración, he de realizar la transcripción de los mismos sin perjuicio de tener en cuenta cada línea de pensamiento expuesto en el desarrollo que en cada uno de sus agravios ha realizado el justiciable.

Concretamente, y teniendo en cuenta la vinculación que ha de tener lo que se decida sobre los agravios planteados por la parte demandada en lo expuesto por la parte actora, seguidamente se detallan invirtiendo el orden en que fueron foliados.

Las partes basan sus agravios, A-a) la agraviada demandada:

1) Hubo una errónea valoración jurídica y fáctica del procedimiento de crisis previsto por la ley 24.013, despidiendo a la actora antes de su conclusión (fs. 2309vta./2311vta.);

2) Se suscitó una errónea valoración de las razones económicas invocadas por la demandada (fs. 2312/ y de la valoración como empleadora atento la naturaleza de obra social que detenta la accionada (fs. 2312/2328), 3) Arbitraria valoración de la estabilidad gremial de la actora no reconocida por la ley e inexistencia de Sindicato con simple inscripción y sin Personería Gremial (fs. 2328/2337);

4) Arbitraria valoración del cese de la tutela gremial por cierre de establecimiento (fs. 2337/2344);

5) La valoración parcial de la prueba reunida en autos (fs. 2344/2346) y 6) La imposición de costas o la regulación de honorarios (fs. 2346).

A-b) la apelante actora:

1) en la omisión de la sentenciante de incluir en la condena pecuniaria contra la demandada bajo el rubro de indemnización prevista por el art. 52 de la Ley nro. 23.555, los haberes devengados a favor de la actora por los meses de agosto a octubre de 1999 por valor cada uno de ellos de $2.192,50 tal cual correspondía por haber situado la fecha del despido sin causa el día 29/07/99, considerando que la indemnización del art. 52 de la Ley nro. 23.551 fue liquidada en el escrito de demanda a partir del mes de noviembre de 1999 (fs. 2302/2303 vta.) y 2) la tasa de interés fijada por la a-quo es sensible-mente menor a la peticionada en la demandada (fs. 2303vta./2305vta.).

A-a-1) El primer agravio planteado por la apelante demandada se funda en que la a-quo incurrió en una errónea valoración jurídica y fáctica del procedimiento de crisis previsto por la ley 24.013 decidiendo que la actora fue despedida antes de su conclusión (fs. 2309vta./2311vta.).

En cuanto al objeto del procedimiento preventivo de crisis, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia ha determinado que el mismo se atiene a racionalizar en cuanto sea posible el proceso de desvinculaciones, hacerlo participativo, analizar si existen otras posibilidades o si la de los despidos es necesaria y, en fin, si la crisis o el desequilibrio planteados o invocados existen realmente y lo hacen con las características que se le atribuyen, aunque esto último siempre con un valor relativo, en la medida en que un juzgamiento así es competencia natural de los tribunales judiciales" (STJCH, 02-02-04, sent. int." C., J.R. c/A. S.A. s/Dif. Indemnización de Ley", Publicaciones: STJCH, SI: 17/94; 12/SRE/02 82 SRE /03 y en SD: 40/90).

Es entendimiento de la suscripta que el procedimiento preventivo de crisis no es una facultad o potestad del empleador sino una carga legal indiscutible al decir la ley que "deberá" sustanciarse el procedimiento. El mismo está legislado en los arts 98 a 105 LNE, siendo una instancia administrativa de conciliación, abierta a pedido de parte, cuya tramitación no significa preconstitución de prueba alguna en favor de la tesis empresarial, sino que se limita a la posibilidad de resolver una situación conflictiva mediante la negociación, y suspende, mientras se tramita, la posibilidad de adopción de medidas de acción directa por parte de los trabajadores y los despidos por parte de la empresa (conf. crit. CNTrab. Sala X Sent. 2148 del 28/08/1997 "L., R.o c/ A. A. SA S/ despido"; elDial - AL21D). En el caso, importa destacar el compor-tamiento de la demandada con respecto a los actores. Inicia el día 11/05/99, el Expte.1-205- 63.363/99 (conf. doc. res. Sría. Cámara nro. 227/05) por ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, por el que pone en movimiento el Procedimiento de crisis de empresa, a dicha petición el día 02/06/99 el Departamento de Relaciones Laborales de la Agencia Territorial de Comodoro Rivadavia, además del requerimiento de carácter formal que solicita, le hace saber las prescripciones del art. 104 de la L. 24.013 (fs. 640), habiendo adjuntado a fs. 769/771 del día 26/05/99 la lista del personal sujeto a reducción de sueldos y del personal sujeto a despido, donde figura la actora, a fs. 777 con fecha 06/06/99 la demandada expresamente toma debida nota de la prevención prescripta por el art. 104 de la L. 24.013, el día 28/06/99 (fs. 916/917 - res. SsRl 2-03) el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resuel-ve encuadrar la situación planteada por la demandada en el marco de lo dispuesto por el Título II, Capítulo 6to. de la Ley 24.013, a fs. 924 se celebra audiencias el día 07/07/99 donde se presentan tanto la demandada como los representantes F. A. de T. de F. Seccional Comodoro Rivadavia, y la U. T. de E. Dep. y C. Seccional Comodoro Rivadavia solicitan un cuarto intermedio para el día 16/07/99 la que se celebró en dicha fecha conforme emerge de fs. 925, estando presente todas las partes y acordando un cuarto intermedio para el día 26/07/99 donde se presentan la demandada y los representantes la U. T. de E. Dep. y C. Seccional Comodoro Rivadavia, notificándoles a las partes que las actua-ciones serían elevadas a la Dirección Nacional de Negociación Colectiva para el dictado de la resolución pertinente, habiéndose concluido los plazos de procedi-miento de Crisis.

A fs. 932/961 vta. obra escrito de toma de participación con fecha 26/07/99 de la A. de F. del C., a fs. 962/968 obra presentación de la demandada del día 27/07/99 donde solicita se le tenga por contestadas las vistas de las presentaciones gremiales arrimadas al procedimiento, la homologación, previa ratificación personal, de acuerdos individuales que acompaña (fs. 970/1056 con actuaciones notariales de fechas 14 y 15/07/99), y la solicitud que se ponga fin al Procedimiento de Crisis de Empresa frente al rechazo gremial y agotamiento del plazo del mismo, a fs. 1067 obra carta documento de fecha 29/07/99 donde se les notificaba el despido a la actora.

A fs. 1057 obra nota de elevación del expediente los día 30/07/99 del Jefe de la Agencia Territorial Comodoro Rivadavia al director Nacional de la Dirección Nacional de Negociación Colectiva. A fs. 1082/1083 obra dictamen de la Asesoría Técnico Legal del día 25/08/99 donde se determinó que si los despidos fueron realizados el 28/07/99 y el encuadramiento el 28/06/99 el plazo de diez días de duración que establece la norma vigente se encuentra vencido, entendiendo que el procedimiento estaba agotado y concluido por haber vencido el plazo fijado en el art. 101 de la Ley 24.013, de dicho dictamen fueron notificadas todas las partes (fs. 1084/1889) con fechas 18 y 20/10/99, sin que obre en dichas actuaciones resolución final ministerial.

Del detalle de fechas y actuaciones precedentemente expuesta se evidencia que la conducta desarrollada por la demandada cuando decidió extinguir el vínculo con la actora el día 29/07/99 fue apresurada ya que debió esperar la resolución definitiva del Ministerio de Trabajo, situación ésta que además de atentar contra el principio de buena fe del art. 63 de la LCT; contradice lo dispuesto por el art. 104 de la Ley 24.013. Capítulo 6 - que ella misma expresó conocer (fs. 777).

A dicho aserto se suma que, (a contrario de lo dictaminado por la Asesoría Técnica Legal del Ministerio de Trabajo, el cual no tiene los efectos jurídicos que la apelante pretende que el mismo conlleve ya que carece de entidad suficiente al no haberse dictado la resolución ministerial respectiva-), si bien el Art. 101 de la ley 24.013 fija un plazo de diez días para la tramitación del procedimiento, ello no implica que tal lapso no pueda ser ampliado, sea por medidas que pueda disponer la autoridad administrativa o bien por convención de las propias parte.

En este sentido se ha expedido la jurisprudencia de la Provincia cuando expresa: "Que el cuarto intermedio acordado por las partes se extendiera del plazo del art. 101 de la ley 24.013, no significa que esa instancia administrativa haya caducado de pleno derecho, pues ni lo determina la norma de ese modo, ni es inconcebible la ampliación del lapso por acuerdo de las partes (conf. crit., 22-03-1995; Sentencia Definitiva; Cámara de Apelaciones - Sala A - Trelew, "L., E. y Otros c/ Emp. xxx S.A. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley"; 11-08-1995, "M., H. M. y otros c/ Empresa xxx S.A. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley; 26-09-1995, "A. C., Y. del C. y otros c/ xxx S.A. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley", entre otros).

Es decir que el plazo en el caso, atento las fechas de las audiencias individualizadas, no estaba concluido a la fecha del despido siendo acertado el entendimiento de la a-quo en cuanto a que dicho procedimiento concluyó el 30/07/99 (conf. considerando Iero párr. 25to. y 26to. - fs. 2245vta.).

Atento el análisis de hecho y derecho precedentemente expuesto arribo a la conclusión que deben rechazarse los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. 2309 vta./2311 vta. y confirmar la sentencia en este sentido.

A.a-2) Arguye la apelante demandada que la sentenciante efectuó una errónea valoración tanto de las razones económicas invocadas para despedir a la actora como el carácter de empleadora que se le atribuye en virtud de ser distinta la naturaleza jurídica de obra social que detenta la accionada (fs. 2312/2328).

Para que se configure la situación prevista en el art. 247 LCT resulta menester acreditar, no solamente el aspecto objetivo del mismo sino, además, su inimputabilidad, esto es la ajenidad de las circunstancias que han determinado esa situación económica (conf. C.N.Trab. sala I en D.T. 1992-A-p.1037; íd. sala IV SD 70.030 del 28-2-94; íd. sala VII en D.T. 1992-A-p.910, entre muchos otros), habiéndose decidido también que, además, el empleador que invoca tal circunstancia debe alegar y probar la adopción de medidas concretas tendientes a paliar la crisis que la aflige (conf. C.N.Trab. sala III en D.T. 1988-A-p.77; Sup.Corte Bs.As. en D.T. 1986-A-p.839).

Admito que por la especial naturaleza de la empleadora -una obra social destinada a la prestación médica y social de los trabajadores- no posee clientela, ni puede tentar otros mercados ni diversificar su producción pero de todos modos, nada le habría impedido intentar mejorar el sistema de cobro de aportes y contribuciones, racionalizar gastos, coordinar y unificar el otorgamiento de las prestaciones con otras obras sociales a fin de reducir los costos, etc. Sin embargo, nada de ello se hizo, por lo menos no se lo probó, lo cual debe llevar, sin más, a desechar los agravios vertidos con relación a este punto.

En este sentido se ha expedido la jurisprudencia cuando determina que: "	Sin perjuicio de que la naturaleza y conformación de los ingresos de una obra social haga que no tenga una clientela propia en el mismo sentido que un comerciante y que no pueda diversificar su producción, el sólo hecho de la dismi-nución de sus ingresos no justifica la disolución de los contratos con invocación del art. 247 LCT.

Esto es así porque la norma citada contiene requisitos sumamen-te exigentes para relevar al empleador de una parte del pago indemnizatorio y porque no debe situarse en una posición más desventajosa a quienes trabajan para una entidad del tipo de a demandada que a quienes lo hacen para un industrial o comerciante" (conf. crit. CNTrab. Sala V, expdte nro. 1105/02 Sent nro. 66529 25/6/03 "F. De N., C. c/ OSUOMRA O.S. de la U. O. M. de la R.A. s/ Despido"; elDial - AL8BD).

Cuando se alegan causales de fuerza mayor tanto para disponer suspensiones cuanto para resolver despidos es menester acreditar no sólo la existencia de la crisis sino que ésta ha sido imprevisible o que, aún prevista, no pudo ser evitada para lo cual el empleador debe probar que arbitró todos los medios obrando como buen empleador a fin de evitar que los efectos recayeran sobre sus dependientes.

Tal carga de la prueba en cabeza del principal no puede soslayarse aún cuando se haya iniciado el Procedimiento Preventivo de Crisis ante la autoridad administrativa (CNTrab. Sala IV Sent. 84101 del 27/8/99 "M., A. c/ C. C. s/ despido"; elDial - AL40E; ídem. CNTrab.Sala IV Sent. 86453 16/3/01 "A. R., O. c/ A. A. S.A. S/ Despi-dos"; elDial - AL5A5).

En el caso no están probados los extremos para justificar el pedido fundado en fuerza mayor derivada de la falta de trabajo (art. 247 L.C.T.). En efecto, en la causa no se ha demostrado en forma indubitable, la situación de emergencia económica que atravesó la demandada entre 1.995 y 1.998 fundada en circunstancias objetivas ajenas a su voluntad.

Pero aún cuando se admitiera que se encuentre acreditada la emergencia económica, ello sería insuficiente para justificar la causal invocada pues no solo no se demostró que se hubiera respetado el orden de antigüedad en los despidos fundados en el art. 247 L.C.T., sino que tampoco se probó que esa emergencia por su gravedad, impedía proseguir con el vínculo laboral, o que la accionada acudió al instituto de la suspensión temporaria antes del despido ya que éste es una medida extrema.

Tampoco probó que la aludida situación económica fuere perdurable y definitiva, o que fuera causada por un hecho imprevisible, inevitable, irreversible como exige el art. 513 del Código Civil para la fuerza mayor. La doctrina jurisprudencial tiene dicho que la dificultades económicas de la empleadora constituye un riesgo propio de la actividad y no es comprensiva y no reviste el carácter de caso fortuito (CNTr. Sala I, 28/9/84, D.T. 1.985-A-348).

Por las consideraciones precedentemente expuestas corresponde rechazar los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. 2312/2328 y confirmar en este sentido la sentencia.

A-a-3) La a-quo (2253/2254) decidió en virtud de la prueba informativa prestada por el Ministerio de Trabajo de la Nación (fs. 1918, 1922 y 1926) que la A. de T. de F. poseía personería gremial, agregando que, en virtud de la actitud tomada por la demandada - pedido de exclusión de tutela, en los casos de los Sres. M. A. O. y C. G. M., los que cumplí-an funciones en la Farmacia de la agraviada, la misma se hace pasible de la aplicación de la teoría de los actos propios.

La apelante demanda alega que la a-quo incurrió en una arbitraria valoración de la estabilidad gremial de la actora no reconocida por la ley e inexis-tencia de Sindicato con simple inscripción y sin Personería Gremial (fs. 2328/2337) y la aplicación de la teoría de los actos propios en relación al reconocimiento de la tutela por parte de la demandada en casos anteriores distintos de autos.

Observo que, conforme la contestación al oficio nro. 1825 (fs. 1909/1926) por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación -Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales-, de fecha 24/06/02 ha quedado plenamente acreditado que según Resolución MTYSS nro. 775/94 la A. de T. de F. del C. tiene personería gremial desde el 10/06/94, con zona de actuación en todo el ámbito de los Departamentos de Comodoro Rivadavia y Florentino Ameghino, Escalante, Sarmiento y Río Senguer para agrupar a todos los trabajadores jerarquizados que desempeñen sus tareas en las farmacias sean estas de carácter privado o no, mutuales, sindicales, estatales y de cooperativas. Asimismo, amerito que a fs. 609/611 en el escrito de promoción de procedimiento de crisis de empresa de la demandada ante el Gerente Regional Comodoro Rivadavia del Ministerio de Trabajo de la Nación, a fs. 610vta. bajo el acápite de medidas propuestas (pto. 7mo. A. Establecimiento de Farmacia, ap. 3 propone la aplicación del art. 51 de la ley 23.551 para aquellos trabajadores amparados por tutela sindical, en virtud de operarse la cesación de actividades del Establecimiento y la eliminación completa de tareas de los mismos, sin argüir nada sobre la personería gremial representativa, a fs. 924 se celebra audiencia el día 07/07/99 donde se presentan tanto la demandada como los representantes F. A.de T. de F. Seccional Comodoro Rivadavia - Sres. C. O. y M. V. (notificados por cédula a fs. 920) y la U. T. de E. D. y C. Seccional Comodoro Rivadavia en la cual peticionan un cuarto intermedio para el día 16/07/99; a fs. 932/961 vta. obra escrito de toma de participación con fecha 26/07/99 de la A. de F. del C. ,a fs. 962/968 obra presentación de la demandada del día 27/07/99 en el cual en el pto. 4 "Consideraciones Generales" ap. 4to alega que loa pretensión de fueros gremiales por parte de algunos trabajadores no corresponde a un Sindicato con personería Gremial y en consecuencia no poseen amparo de conformidad con lo normado en el art. 52 y ccdtes. de la Ley 23.551.

Del análisis de dichas actuaciones se evidencia que en las mismas la demanda no cuestionó la legitimidad de la presentación de la F. A. de T. de F. Seccional Comodoro Rivadavia ni en su primera presentación ni en la audiencia celebrada ante el Ministerio de Trabajo de la Nación -Delegación Regional- , introduciendo recién al momento de entender concluido el procedimiento en crisis la falta de personería del Sindicato.

A ello se suma la medida cautelar interpuesta por la demandada contra M. A.O. a (expdte. 3919/94) y el pedido de exclusión de tutela gremial interpuesta por la accionada contra M. A. O. y C. G. M. (expdte. nro. 3904/94) de cuyos escritos de presentación surge claramente el reconocimiento como entidad gremial de la A.de T. de F.C..

Tales merituaciones me llevan a la convicción que la aplicación de la teoría de los actos propios efectuada por la a-quo fue la acertada ya es entendimiento de la suscripta (conf. voto al que hace referencia la sentenciante (28/09/01, expdte. 4273/95 sent. def. nro. 61), como una derivación razonada e inmediata del principio general de buena fe resultan inadmisibles las alegaciones que importan ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.

Son todos estos elementos de convicción por los cuales corresponde rechazar los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. 2328/2337 y confirmar la sentencia en este sentido.

A-a -4) La apelante demandada aduce arbitraria valoración por parte de la a-quo del cese de la tutela gremial por cierre de establecimiento (fs. 2337/2344).

No estando cuestionada la circunstancia fáctica del cierre de la Farmacia de XXXX y el despido de todo su personal, se da en autos la aplicación del criterio establecido por el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, en cuanto a la temática planteada, que si, dichas medidas se adoptan con carácter general, es decir que abarcan a todo el personal del establecimiento, la tutela sindical no es oponible a ellas, el cierre implica la desaparición, temporaria o definitiva, de la unidad de representación que constituye la razón de ser del delegado gremial, en cuyo caso, mantener la estabilidad en el vínculo, significaría una ficción ajena al fundamento mismo de la tutela sindical, que consiste en proteger el ejercicio de la representación sindical, estos supuestos se torna materialmente imposible (07-12-1995, Sentencia Definitiva, "S. M. S., M. I. c/ F. S. s/Recurso de Casación").

Resulta ilustrativo para el caso el criterio sustentado en El M. S. A., Néstor T. Corte, Rubinzal-Culzoni Editores, segunda edición actualizada, Santa Fe, 1994, al considerar que cuando la medida se adopta con carácter general, comprendió a todo el personal del establecimiento, la tutela sindical no es oponible a ellas; el cierre implica la desaparición, en el caso, definitiva de la unidad de representación que constituyó la razón de ser del cargo de la , en cuyo caso mantener la estabilidad en el vínculo significaría una ficción ajena al fundamento mismo de la tutela sindical, que consiste en proteger el ejercicio de la función representativa sindical, que en estos supuestos se torna materialmente imposible, careciendo de sentido mantener indemne a un delegado que no podría realizar actividad gremial de ninguna especie", supuesto previsto en el art. n° 51 de la Ley n° 23.551 (conforme Derecho Colectivo del Trabajo, edit., La Ley, "La protección a la actividad gremial" de Héctor J. Scotti, pág. 374 a 387).

Razones por las cuales arribo a la conclusión que deben acogerse los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. 2337/2344 y revocar la sentencia en este sentido A-a-5) En cuanto al agravio sobre la valoración parcial de la prueba reunida en autos (fs. 2344/2346), atento que, como la misma recurrente reconoce a fs. 2345/vta., es doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia Provincial, que el juez tiene la facultad discrecional para la valoración de las pruebas arrimadas a la causa, la postulación queda reducida a la mera disconformidad de la recurrente sobre temas relativos a la valoración y alcance de los medios probatorios rendidos en la causa, más sin lograr demostrar que, en ese menester, la a-quo haya transgredido los límites de razonabilidad y logicidad tolerados(conf. Morello-Sosa-Berizonce, en "Códigos Procesales de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", T.III, pág.351; Cám.Nac.Civ. Sala A, 14-2-80, L.L. 1980, v.D., p.180; ídem. Sala B, 13-6-78, Der. v.80, p.378, entre otros), advirtiendo que los agravios expuestos por la apelante demandada se limitan a consideraciones genéricas, impugnaciones subjetivas y simples afirmaciones dogmáticas sin el necesario desarrollo argumental que demostrara lo pertinencia de lo aseverado, no ingresando a un análisis integral de los presupuestos jurídicos y de hecho, siendo insuficientes los argumentos expuestos por la agraviada en cuanto a la prueba testimonial y documental y pericial por fundarlo en referencias parciales sin la individualización concreta necesaria para enervar la decisión de la a-quo que crítica.

Por las razones expuestas, arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios expuestos por la apelante demanda y confirmar la sentencia en dicho sentido.

A-a-6) En lo atinente al agravio sobre la imposición de costas y la regulación de honorarios (fs. 2346), teniendo presente que conforme lo decidido en los párrafos anteriores corresponde la aplicación del art. 279 del CPCCh, carece de virtualidad jurídica expedirse sobre los mismos.

A-b-1) En cuanto a los agravios planteados por la apelante actora respecto de la omisión de la sentenciante de incluir en la condena pecuniaria contra la demandada bajo el rubro de indemnización prevista por el art. 52 de la Ley nro. 23.555, los haberes devengados a favor de la actora por los meses de agosto a octubre de 1999 por valor cada uno de ellos de $2.192,50 tal cual correspondía por haber situado la fecha del despido sin causa el día 29/07/99, considerando que la indemnización del art. 52 de la Ley nro. 23.551 fue liquidada en el escrito de demanda a partir del mes de noviembre de 1999 (fs. 2302/2303 vta.), corresponde el rechazo del recurso, atento lo resuelto en el pto. A-a -4) en cuanto a hacer lugar a los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. 2337/2344, revocando la sentencia en este sentido.

I.A-b-2) En lo referente al agravio de la apelante actora sobre que la tasa de interés fijada por la a-quo es sensiblemente menor a la peticionada en la demanda (fs. 2303vta./2305 vta.), observo, por un lado, que el antecedente jurisprudencial del Superior Tribunal de Justicia se refiere a una sola causa, razón por la cual no configura doctrina legal para las Cámaras de Apelaciones y, por el otro lado, la parte apelante no demostró acabadamente la injusticia o sin razón de la aplicación de criterios de esta Cámara de Apelaciones que efectuó la a-quo a fs. 2257/vta. ni que dicho entendimiento fuera perjudicial a los intereses del trabajador, razones todas ellas por las cuales corresponde rechazar los agravios expuestos por la apelante actora a fs. 2303 vta./2305 vta. y confirmar la sentencia en este sentido.

I.A- c) Atento que es entendimiento de la suscripta en cuanto a las costas en juicios laborales (sent. def. nro. 32 de esta Sala "B" del 16/05/01, entre otros) que es de aplicación el principio jurisprudencial que establece que:

"En la distribución de costas el juez debe guiarse por un criterio jurídico y no aritmético, tomando en cuenta que en materia laboral las disposiciones procesales sobre la materia deben interpretarse conforme el principio protectorio" (CNTrab, Sala III, 20/10/92, "C., A. M. c/ S. L. SRL", DT-1992-B-2295), más aún cuando el empleado necesitó accionar judicialmente para que se le reconocieran sus derechos, aunque no lo fueran en la extensión que peticionara en la demanda, arribo a la conclusión que las costas de primera y segunda instancia deben imponerse a la demanda vencida (art.68 y 279 del CPCCh).

Se difiere la regulación de honorarios para el momento del acuerdo, donde serán fijados teniendo en cuenta complejidad de la materia puesta a decisión, la labor desarrollada y el éxito obtenido, en un todo de acuerdo con lo establecido por los arts. 6 a 9, 14, 22, 47 y ccdtes. de Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo la siguiente:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios planteados por la apelante demandada a fs. 2307/2346, en cuanto al cese de la tutela gremial por cierre de establecimiento (fs. 2337/2344) y, en consecuencia, revocar parcialmente el pto. 1ero fallo de fs. 2237/ 2258vta, conforme lo expuesto en el pto.A-a).

2) Rechazar los agravios planteados por la apelante actora a fs. 2300/2306, confirmando la sentencia de fs. 2237/ 2258vta. en virtud de lo consi-derado en los ptos. I-A-b-1 y I.A-b-2).

3) Costas de primera y segunda instancia a la demandada vencida (art. 68 y 279 del CPCCh). Diferir la regulación de honorarios profesionales para el momento del acuerdo (arts. 6 a 9, 14, 22, 47 y ccdtes. de Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

4) Tener presente la reserva del caso federal planteado por la actora a fs. 2305 vta./2306 y por la demandada a fs. 2307.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la demandada y por letrados de la misma parte y la actora contra la sentencia definitiva nro. 103/2005 del Juzgado Letrado en lo laboral de la jurisdicción que hizo lugar parcialmente a la demanda y condeno a la A. DE O.S.de Comodoro Rivadavia a abonar a la actora G. M. A. la suma de $130498,81, con más intereses y costas del proceso, e impuso la obligación de entregar el certificado de servicio previsto en el Art.80de la LCT (fs. 2237//2258 vta, fs. 2289, y fs. 2294).

Resumiendo los agravios actora (fs. 2300/2306): Dice que la Aquo tomo como fecha del despido 29-7-99 injustificado siendo el primer agravio la no inclusión de los meses de agosto, septiembre y octubre de 1999 en la indemnización del Art.52 de la ley 23551. Como segundo, la tasa de interés al capital de condena.

Por su parte los agravios demandada (fs. 2307/2346):

Señala que la Aquo no admitió y rechazó las razones económicas invocadas por la XXXX para el despido en los términos del Art. 247 LCT, concedió a la actora la estabilidad gremial en los términos de la ley 23551, y no admitió el cese de dicha tutela sindical en virtud de lo normado por el Art.51 de dicha norma.

En punto a tales decisiones la entidad agraviada sostiene que hubo una errónea valoración jurídica y fáctica del procedimiento en crisis promovido por la XXXX, la Aquo consideró que la actora fue despedida antes de su conclusión obviando que el dictamen jurídico había sido adoptado como "acto administrativo" por la dirección Nacional de Negociación Colectiva y que notificado a los sindicatos no lo recurrieron administrativa o judicialmente (se refiere al dictamen jurídico de la Asesoría Legal de Ministerio).

Encuentra la apelante que se violentó la cosa juzgada administrativa. Concluye que el despido dispuesto a la actora el 28 de julio de 1999 se produjo después de agotados los plazos y el procedimiento de crisis promovido ante el Ministerio. de Trabajo sin que pueda extraerse presunción alguna en su contra.

El segundo agravio, la errónea valoración de las razones económicas invocadas por la deman-dada, detalla la naturaleza jurídica de la persona ideal, el rol que desempeña la obra social y la situación del país, donde de puede aplicársele la jurisprudencia ni doctrina del Art. 247 de la LCT como si fuera una empresa de mercado.

El tercer agravio: La extensión de la estabilidad gremial prevista por la ley 23551. El primer error fue considerar que el sindicato al que pertenecía la actora tenía personería gremial. Aplicar la teoría de los actos propios en relación al reconoci-miento de la tutela por parte de la XXXX en casos anteriores distintos del de autos.

La actora fue candidata como autoridad de la A. de Trabajadores de F. Zona Sur (Persona absolutamente diferente de la A. de T. de F. del C.) sindicato que según dos informes del Mrio. Trabajo no cuenta con personería gremial ni tampoco con simple inscripción a la fecha del despido de la actora. Que la estabilidad se concede a aquellos representantes de sindicatos que poseen personería gremial. La estabilidad de los sindicalistas alcanza a proteger a quienes pertenecen a organizaciones que gozan de personería gremial; llega a tal afirmación efectuando un análisis de la evolución normativa.

Cuarto agravio, arbitraria valoración del cese de la tutela gremial por cierre de establecimiento, sin perjuicio de la improcedencia de la tutela sindical, debe aplicarse lo prescripto en el Art.51 de la ley 23551, cerró el establecimiento y no la empresa, allí yerró la Aquo.

El quinto agravio la errónea valoración de la prueba y el sexto y último es la imposición de costas y la regulación de los honorarios.

Efectuada esta breve síntesis de los motivos por los cuales las partes colocaron en situación de crisis la sentencia, y cumplimentada que se encuentra la prescripción procesal y en virtud que la manda constitucional no está destinada a repeticiones disvaliosas habida cuenta que las magistradas prevotantes describieron los agravios motivantes.

Atento que la ley 4550 modifica el Art.271 del CPCCCh (Art.4), disponiendo que es suficiente a los efectos de adoptar decisión que el tribunal lo haga fundadamente, examinando las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubieran sido materia de agravios, y por mayoría, "bastando para conformarla los votos en sentido coincidente de quienes se expidan en primero y segundo término", dejando a salvo la facultad del tercero de emitir su opinión; que resultando quien aquí vota precisamente sorteada en tercer orden, haciendo uso de la facultad de no emitir opinión sobre aquellos temas en que existe mayoría de votos coincidentes en su resolución, se limitará el pronunciamiento a la cuestión de la indemnización prevista en el Art.51 de la ley 23551, la indemnización con relación a la finalización de la relación laboral Art. 52 del mismo cuerpo legal, en la cual hubo desacuerdo con las Sras. Juezas de Cámara que se pronunciaron previamente.

Siguiendo en este tema al doctrinario Antonio Vázquez Vialard, quien analizando las obligaciones del empleador sostiene que la naturaleza jurídica de las sumas indemnizatorias es de diverso orden, que mediante el complejo sistema indemnizatorio el legislador procura, otorgar una cierta permanencia de la relación de trabajo disuadiendo al empleador del ejercicio de las facultades de denuncia ("Tratado de Derecho del Trabajo", pág.129, t.5, Ed. Astrea-84), en lo que respecta especialmente a la indemnización agravada por tratarse de un dirigente gremial, este no puede ser despedido de su empleo sin justa causa, en los períodos comprendidos por el ejercicio de la actividad sindical, limitando la facultad resolutoria del empleador quien debe abonar por el período de protección que se acumula a las indemnizaciones por despido incausado (pág. 320 y 321 ob. citada), careciendo de sustento oponerse cuando no fue debidamente acreditada la falta de trabajo.

Ordenado lo expuesto, si la trabajadora fue despedida sin justa causa, porque su empleador no acreditó los extremos justificantes del distracto, existiendo coincidencia con las afirmaciones y decisión de la Aquo por parte de quienes me precedieron respecto de ese punto, procede la indemnización agravada, aunque a posteriori se produjera el cierre del establecimiento toda vez que no fue ese el "motivo o causa" de la ruptura de la relación laboral, siendo en consecuencia la razón por la cual culminó la relación laboral lo que priorizó para hacer viable el reclamo, por ello coincido con la Dra. Reynoso en este punto y desestimo los agravios.

El último tema sobre el cual no existe acuerdo resulta ser la queja de la actora sobre el período a liquidar y encuentro que asiste razón a la apelante en punto a que fue reclamado a fs.65 en el escrito de inicio la indemnización prevista por incumplimiento de lo dispuesto en el Art.52 de la ley 23551, y habiendo quedado consolidada por la sentencia la fecha de finalización de la relación laboral, corresponde hacer lugar al agravio, debiendo por Secretaria del Juzgado practicarse la liquidación.

Las costas de esta instancia corresponden a la demandada vencida, toda vez que prosperan los agravios de la actora, adhiriendo en este punto a lo decidido por la vocal preopinante con quien concordé y respetando el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCCh).

Coincidiendo en lo pertinente con la Dra. Reynoso hago mía la formula postulatoria en lo que fue materia de adhesión.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial de la Dra. Melero, la siguiente SENTENCIA:

1) Confirmar parcialmente el fallo venido en apelación de fs. 2237/2258 vta. y modificar el monto de la indemnización por el rubro estabilidad gremial, el que deberá establecerse en la liquidación que se realizará por la secretaría del Juzgado Laboral y de acuerdo a los considerandos respectivos.

2) Costas de ambas instancias al apelante vencido, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales por los trabajos realizados en primera instancia de los Dres. E. N. y M. M. N., conjuntamente, en el VEINTIUNO POR CIENTO (21%), del Dr. A.H. B. en el DIECISÉIS POR CIENTO (16%) y de la perita contadora M. T. N. en el CUATRO POR CIENTO (4%), porcentajes a calcular sobre el monto total de condena; por los trabajos realizados en la Alzada se regulan los honorarios profesionales de los Dres. E. N. y M. M. N., conjuntamente, en el TREINTA POR CIENTO (30%) y del Dr. A. H. B. en el TREINTA POR CIENTO (30%), porcentajes a regular sobre los montos regulados por sus respectivos trabajos en primera instancia.

3) Tener presente el caso federal.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO - Presidente G. MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL Nº 14 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS