Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-08-04


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Veintidós.- En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los 04 días del mes de Agosto del año dos mil nueve se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. LUÍS RAÚL CIPPITELLI, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y JOSÉ RICARDO CÁCERES bajo la Presidencia del Dr. Cippitelli, Secretaria Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTÍNEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 46/08 - CANO, José Guillermo c/IATE S.A., EDECAT S.A. y POLISERVICIOS S.A. -s/ Beneficios Laborales -s/RECURSO DE CASACION", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde? 2º) Costas. Practicado el sorteo, conforme el acta obrante a fs. 36, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. LUÍS RAÚL CIPPITELLI; JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

La demandada EDECAT interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria Nº 230/07 pronunciada por la Cámara de Apelación de 2da. Nominación que desestima el recurso por ella deducido.- A modo de ilustración, en lo que aquí atañe se extrae que, en la presente causa que finaliza con un acuerdo transaccional, el Dr. Mario Nieva solicita regulación de honorarios, por su participación como patrocinante de las tres demandadas, -EDECAT S.A., IATE S.A. y POLISERVICIOS S.A. - El a quo le regula los honorarios teniendo como base el monto de la demanda, al no haber el letrado participado del acuerdo transaccional arribado. Ambos apelan. El titular de la regulación reprocha los honorarios fijados por considerarlos bajos y desproporcionados en relación a la labor desempeñada. EDECAT cuestiona en primer término, la inaplicabilidad de la ley de Aranceles al tener el profesional una relación de dependencia con la misma; y en segundo término, la base tenida en cuenta para la regulación sosteniendo que debe ser el monto de la transacción que es lo que pone fin al pleito y constituye el monto del proceso y la omisión de expresar los porcentajes aplicados. La Cámara hace lugar al recurso del Dr. Nieva y eleva los montos de los aranceles y, rechaza el planteo articulado por EDECAT. Ello suscita el recurso de la perdidosa con fundamento en las causales del inc. a y c del art. 298 del CPC. En primer lugar basado en la arbitrariedad, por omitir considerar la prueba agregada por su parte tendiente a acreditar respecto del Dr. Nieva, su relación de dependencia y exclusión de la ley de aranceles, -recibos de sueldos y el propio reconocimiento del letrado de haber trabajado como asalariado para EDECAT. Igualmente por que nada dice en relación al monto tomado como base para la regulación ya que no es el original de la demanda sino uno actualizado sin especificar como se obtuvo esta cifra y la omisión de consignar los porcentajes aplicados, lo cual atenta contra su derecho de defensa al no permitir su control. Y en segundo término funda su impugnación en la errónea interpretación y aplicación de la ley por omitir aplicar el art. 19 de la L.A. en relación al monto del proceso que concluyó por acuerdo y el art. 505 del C.Civil. en tanto lo regulado supera el 25% establecido como límite. Critica el argumento de la Alzada que sostiene que los acuerdos transaccionales son inoponibles para el que no firmó el acuerdo, -art. 1195 y 1199- expresa al respecto que, ello además de ser errado contraría lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A fs. 14/21 responde traslado la contraria solicitando el rechazo del recurso. A fs. 30 se declara la admisibilidad del recurso. A fs. 31/34 obra dictamen de la Sra. Procuradora General Subrogante. Firme el proveído de autos para sentencia, se procede al sorteo, art. 295 del C.P.C. y conforme a su resultado inicio el estudio de la causa. A fin de emprender el tratamiento de lo sometido a decisión es dable referir que, para que el recurso sea viable, resulta ineludible que la sentencia cuya descalificación se pretende, revista carácter definitivo.

Frente a ello, tratándose el pronunciamiento en crisis de un auto interlocutorio que por regla no reviste tal carácter, estimo que corresponde, equiparar parcialmente a la presente a ese rango -definitividad del fallo- en lo pertinente a la determinación del monto de la regulación. Sostengo ello dado que lo aquí controvertido no podrá luego ser debatido en otra etapa de este proceso, ni en otro proceso, sin que se afecte la cosa juzgada, produciendo los gravámenes que la recurrente intenta reparar. Vale recordar que la autoridad de la cosa juzgada proveniente de un pronunciamiento judicial, constituye el equivalente a una norma jurídica individual, que dirime la cuestión debatida y define la situación de las partes respecto del objeto litigioso, en virtud del cual el justiciable cuya pretensión fue rechazada no puede en una nueva instancia discutir la cuestión ya decidida; y quien obtuvo el reconocimiento del derecho invocado puede reclamar el reconocimiento de aquella decisión sin que a ningún juez le sea permitido rehusarse a tenerla en cuenta. En esa línea de razonamiento se impone aclarar el por qué sostengo que la sentencia es parcialmente definitiva. Ello habida cuenta de que, tratándose de una regulación de honorarios la misma solo tiene por objeto determinar el monto que corresponde por la labor realizada, pero nada concluyente en lo atinente al derecho y demás consideraciones relacionadas a su cobro, dado que esas circunstancias son propias de la ejecución de dichos emolumentos -conf. art. 506 C.P.C.- y es en ese marco, donde deben ser definidas. En este contexto el planteo de la relación de dependencia efectuado por EDECAT tiene la oportunidad de ser debatido nuevamente, en el proceso de ejecución de honorarios, es decir le queda a la recurrente otra posibilidad para reparar su agravio en consecuencia lo pronunciado al respecto no constituye sentencia definitiva y en razón de ello no corresponde su tratamiento en esta instancia. Formuladas estas consideraciones, a fin de abordar la cuestión de fondo, me parece apropiado recapitular que, el actor inició demanda por cobros de beneficios laborales por la suma de $116.531,24 con fecha 06 de abril del 2.001 contra IATE S.A., EDECAT S.A. y POLI SERVICIOS S.A. Posteriormente se arriba a un acuerdo con el actor el que es homologado, con fecha 19 de mayo del 2003, donde se acuerda entregar al actor la suma de $28.000 en concepto de pago total y cancelatorio y definitivo de todas sus pretensiones contenidas en la demanda. En virtud de esta transacción que concluyó el proceso, el abogado que representó a las tres demandadas, pero que no intervino en la transacción solicita regulación de honorarios. El juez le regula en junio del 2.005, con fundamentos en los arts. 1, 3, 6, 7, 9, 19, 33 y 40 de la ley de aranceles, sobre la base de $244.505,61 y expresa que es el monto de la demanda actualizada al 31 de enero del 2.005. Apelada por ambas la sentencia, la Alzada modifica mejorando los honorarios regulados, y rechaza el recurso deducido por EDECAT. La recurrente se agravia por que no se ha considerado el monto de la transacción a los fines regulatorios y la omisión de indicar, el modo de actualizar la base del monto y los porcentajes aplicados. Es así que, el asunto a resolver consiste en dilucidar si la base que se debe tomar en cuenta para efectuar la regulación de honorarios del letrado que intervino en el juicio, pero no en la transacción es el que resulta del monto reclamado en la demanda, o si, por el contrario, debe prevalecer la suma consignada en la transacción celebrada entre el actor del juicio y una de las tres demandadas. Precisado así el núcleo del conflicto, obliga puntualizar previamente que si bien, ".La regulación de honorarios -en lo que respecta a su monto- está exenta de revisión por la Corte" (SCBs. As. 19/9/78, Rep., t. 19, p 1072), dado que, "Es una cuestión de hecho, no susceptible de revisión por la Corte, lo relativo a los mismos y pautas que deben servir de base a la regulación de honorarios de letrados y peritos (SCBs.As., 13/11/79, ED t. 89), vale dejar en claro que, la excepción a este principio existe y entiendo que la situación se configura en la especie toda vez que ".corresponde admitir recursos extraordinarios contra regulaciones de honorarios cuando no se trata de apreciar pautas de hecho sino el sentido jurídico de la norma que rige la regulación" (CBs.As.., 7/8/84, Rep.ED, t. 19, p. 1072) -en el caso, se regularon tomando el monto de la demanda y no el de la transacción-, en este supuesto el pronunciamiento en crisis, se aparta abiertamente y sin fundamento alguno de la solución normativa que rige el caso lo cual lo descalifica como acto jurisdiccional válido. Salvado este escollo, dejo a la luz perfilada mi opinión en dirección favorable a la cuestión planteada, por lo que paso a formular los fundamentos de la decisión. Mi razonamiento parte de uno de los dispositivos legales en que fundamenta el a quo la regulación, que la cámara en este aspecto confirma y motiva el recurso. Es el art. 19 de la L.A.; el mismo establece textualmente que ".se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción.", en consecuencia, tomar como base el monto de la demanda importa un claro e inequívoco apartamiento de la norma legal que se dice aplicar. A su vez dicha norma marca así, su estrecha vinculación con el modo de terminar el proceso. De ello infiero que al concluir la transacción con el conflicto jurídico, los efectos procesales de la extinción del proceso alcanzan a todas las partes, de hecho, no pueden aquellos que no intervinieron, continuar con el juicio, pues, tiene el alcance de cosa juzgada conforme a la normativa de fondo (art. 850 del Código Civil) y por lo tanto sus efectos procesales alcanzan a todos los intervinientes en el mismo.

Entonces, al establecer el acuerdo el monto final del juicio, fija a su vez la base a considerar para practicar la regulación a todos los profesionales actuantes. Aparece conveniente señalar que, cuando hay un convenio de partes, sus efectos sobre los honorarios no se rigen por la legislación civil en materia de contratos, sino que deben acatarse las leyes específicas que regulan la materia y que se refieren a ellos. En esa inteligencia, el texto de la ley que regula la materia es claro y no hace diferencias entre los profesionales que intervinieron o no en el acuerdo y, cuando la letra de la ley es clara debemos aplicar su texto genuino y no permitirnos distinguir donde la ley no distingue y crear una nueva categoría de profesionales, y diferenciar los que participaron y los que no participaron. Igualmente cabe reparar que a los fines de la regulación, un juicio es una unidad jurídica y procesal lo que implica que tiene un solo monto, que en este caso es el de la transacción y por ende no puede haber dos bases diferentes según el letrado haya o no intervenido en la transacción. La posibilidad de fijar distintas bases regulatorias según haya o no participado afecta irremediablemente esta unidad jurídica y procesal que constituye el juicio a los efectos regulatorios. Por su parte la transacción de derechos litigiosos homologada judicialmente, como en el caso de autos, es un acto procesal con una ejecutoriedad propia equiparable a la que corresponde a una sentencia -arg. art. 850, Cód. Civil-, de ahí que, como título ejecutorio con eficacia idéntica a la de una sentencia, ofrece la suficiente seguridad como para determinar el monto de la regulación de honorarios por actuación judicial, como lo hace igualmente con una sentencia de condena (art. 19, ley 21.839 -Adla, XL-C, 3601-). En esa inteligencia si se equipara la transacción con los contratos, desconociendo y omitiendo toda referencia a sus efectos y naturaleza procesal, con alcance de cosa juzgada para todos los intervinientes en el pleito, sean firmantes o no de la misma, desconoce el derecho vigente, pues el artículo 19 de la ley arancelaria, toma como base regulatoria "...el monto de la sentencia o transacción...", sin hacer arbitrarias distinciones. Si bien la transacción como contrato, no puede perjudicar a terceros por aplicación del efecto relativo, desde el punto de vista procesal extingue el proceso, de modo que puede y cabe distinguir, los efectos sustantivos inoponibles, de los procesales oponibles, ya que es un contrato con repercusiones procesales. Corresponde tener presente que entre los profesionales intervinientes en el pleito y las partes existe una relación jurídica -sustancial y procesal-, que es la que hace, que lo dispuesto por ellas en el acuerdo dispositivo transaccional respecto del derecho sustancial controvertido, pueda reflejarse en el interés de aquellos, inclusive afectándolo. Como regla, carece de sentido señalar que los profesionales sean terceros a los que el acuerdo no es oponible, pues de admitirse ello, conduciría a un resultado absurdo dado que tampoco podrían estos, invocarla como culminación del proceso. Ahora bien, cabe dejar sentado que tal conclusión no obsta a que, por otro lado, se aduzca y pruebe, en algún caso, el carácter fraudulento y doloso de un acuerdo, destinado no a reglar los intereses de las partes sino a burlar la justa retribución de los profesionales, situaciones que por su carácter requieren de la adecuada prueba. En el caso bajo examen en la contestación de agravios se intenta introducir una sospecha de una posible situación semejante a la antes descripta, pero esta circunstancia no ha sido planteada en la Alzada y en consecuencia no ha sido tratada. Al pretender ingresarla en esta oportunidad, estimo que la misma no es de recibo dado que, no está permitido el tratamiento de cuestiones no planteadas oportunamente y mas aun de un tema, que es a su vez de interpretación estricta. A modo de reflexión final, se justifica destacar que la razón del legislador en la redacción de los textos que rigen la materia, es clara si se atiende a que, de lo contrario, se desalentaría a las partes que deseen arribar a un acuerdo, encareciendo y prolongando los juicios innecesariamente, con el consiguiente costo social. Por último, cabe expresar que sobre el monto base de la regulación en los casos de transacción para los abogados que no intervinieron en el acuerdo, la SCJN mantiene la jurisprudencia fijada en el caso Murguía, Elena J.c. Green, Ernesto B.- 2006, y otros como lo amplía el dictamen de la Sra. Procuradora General Subrogante, en sus citas jurisprudenciales de dicha corte federal, a las que me remito y doy por reproducidas, y en las que se establece que el monto base, es el de la transacción, salvo denuncia de fraude.- En este caso se plantean cuestiones similares a las resueltas en la misma. Y si bien es cierto que, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no son jurídicamente obligatorias para los tribunales inferiores, bien que poseen suma autoridad institucional, y los pronunciamientos que se apartan de ellas adolecen de vicios que el Alto Tribunal definió en fallos: 307-1094, con citas de 250-653, 256- 414 y 292.

Y, también es cierto que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por principio, sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no es obligatorio para casos análogos. No obstante ello, los tribunales inferiores tiene el deber de conformar sus decisiones a aquellas a fin de honrar los principios de economía y celeridad procesal que resultan un resguardo para los justiciables. Por eso, el distanciamiento de sus pronunciamientos, en una causa sometida a la decisión de esta Corte, sólo cabe cuando se exponen fundamentos que no fueron considerados, que justifiquen su apartamiento. Por último, también considero que le asiste razón a la quejosa en cuanto reprocha la omisión de registrar el modo de actualizar el monto base de la regulación y porcentajes aplicados. Ello en tanto si bien este tipo de pronunciamiento se caracteriza por su parquedad, ella debe ser diáfana, nítida y no obscura, y al expresar solamente los resultados, priva a los interesados de poder verificar la exactitud de las cifras estipuladas, lo que no deja de atentar contra su derecho de defensa. En conclusión y por todo lo expuesto, propicio hacer lugar parcialmente al recurso, revocar el fallo conforme a lo expresado y en consecuencia disponer que en el juzgado de origen se proceda a regular los honorarios del patrocinante de EDECAT S.A. tomando como base el monto de la transacción debiendo además consignarse modo de actualización y porcentajes aplicados. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Cáceres dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por el Sr. Ministro que inaugura el Acuerdo, Dr. Cippitelli, para la solución de la causa, votando en igual sentido. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizado el voto precedente, la sentencia recurrida y las pretensiones de parte, adhiero a la solución propiciada por los Señores Ministros preopinantes. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que: "Como regla, carece de sentido señalar que los profesionales sean terceros a los que la transacción celebrada por las partes no les es oponible, sin perjuicio de que se aduzca y se pruebe, en algún caso, el carácter fraudulento y doloso del acuerdo, destinado a no reglar los intereses de parte sino a burlar la justa retribución de los profesionales, situaciones que por su carácter requieren de la adecuada prueba" (Murguía, Elena J. c/ Green, Ernesto B.-DJ,2001-3,520-La Ley, 2001-F,592-ED 194. Voto de los Dres. Argibay y Petracchi), en autos no se alega dolo alguno, por ende mucho menos se prueba tal circunstancia. La falta de dolo queda además confirmada por la homologación judicial del Acuerdo Conciliatorio realizada entre partes por el Juez de primera instancia a fs. 744, 745. Por todo lo expuesto, adhiriendo a la solución propiciada por los Ministros preopinantes, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso intentado, revocar el fallo y disponer que se regulen los honorarios del patrocinante de EDECAT en el Juzgado de origen, tomando como base el monto del acuerdo conciliatorio o transacción conforme lo establece el Art. 19 de la Ley Provincial Nº 3956. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Conforme al resultado que propicio estimo que las costas deben aplicarse por el orden causado. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que una vez mas adhiero al voto del Sr. Ministro preopinante, votando en el mismo sentido. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que atento se resuelve la primera de las cuestiones planteadas las costas deben ser aplicadas por su orden. Es mi voto. En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, oída la Sra. Procurador General Subrogante en su Dictamen Nº 09/09 y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación, revocar el fallo de Cámara conforme a lo expresado y en consecuencia disponer que en el juzgado de origen se proceda a regular los honorarios del patrocinante de EDECAT S.A. tomando como base el monto de la transacción debiendo además consignarse modo de actualización y porcentajes aplicados.- 2) Costas en el orden causado en esta instancia. 3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de Segunda Nominación, que deberá proceder a devolver al recurrente los Depósitos Judiciales obrantes a fs. 2 y 28 de autos. 4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes. 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen. Presidente: Dr. Luís Raúl CIPPITELLI.- Decano: Dra. Amelia del Valle SESTO DE LEIVA.- Vice Decano: Dr. José Ricardo CACERES.- Secretaria: Dra. Cristina del Valle SALAS MARTINEZ.-