Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-09-15


AUTOS Nº 8031: "CASTRO, Ricardo Daniel C/ Estación del Sol S.R.L. S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los quince días del mes de setiembre del año dos mil nueve, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. José Dionisio Castro, Miguel Ernesto Novoa y Hermes Francisco Carrera, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 8031, caratulados: "CASTRO, RICARDO DANIEL C/ ESTACIÓN DEL SOL S.R.L. S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia de fs. 69/81, la Sra. Juez del Tercer Juzgado del Trabajo, resolvió hacer parcialmente lugar a la demanda, con costas en el 50% a la demandada y en el 50% a la actora.

Que contra dicho fallo se alza la actora mediante el recurso de apelación de fs. 83, desistiéndolo a fs. 86; y la demandada a fs. 90/97, contestado a fs. 99/107.

Que a fs. 121/122 de autos consta la intervención del Ministerio Fiscal; a fs. 123 el llamamiento de autos para resolver; y a fs. 124 el resultado del sorteo practicado para la emisión de los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Novoa; 2) Dr. Carrera y 3) Dr. Castro.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la demandada?	Segunda cuestión: Costas?	SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

I.-Que en la sentencia aludida, la A-quo hace lugar al agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 y art. 4 de la ley 25.972, con fundamento en que: 1) La demandada entiende que es improcedente el mencionado agravamiento, en razón de haberse cumplido la condición establecida en la ley referida en último lugar, pues a la fecha del despido (14/4/07), la tasa de desocupación elaborada por el INDEC para el período comprendido en el segundo trimestre de 2007, se encontraba por debajo del 10% y en la Provincia en el 7,1% y 8,4%. También, en tanto entiende que es inconstitucional el art. 16 de la ley 25.561, la ley 25.972 y Dto. 1227/04, por los fundamentos expuestos a los que remito por razones de brevedad. 2) El art. 4 de ésta última ley, dispone que se prorroga la suspensión de los despidos sin causa justificada, dispuesta por el artículo 16 de la ley citada en primer lugar, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) resulte inferior al diez por ciento. 3) Distintas han sido las opiniones jurisprudenciales en torno a la fecha en que quedó sin efecto el agravamiento indemnizatorio por despido injustificado dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561, es decir, cuándo debe considerarse que la tasa de desocupación resultó inferior al 10%, lo que se complica con el dictado del Dto. 1224/2007, que declaró cumplida la condición prevista por el primer párrafo del art. 4 de la ley 25.572, dando lugar a distintas posturas. 4) Estos dispares criterios ponen de manifiesto el problema suscitado por la ley 25.972, que omitió señalar cuáles de los índices emitidos por el INDEC debía considerarse para tener por cumplida esa suerte de condición resolutoria a la que supeditó la vigencia del agravamiento indemnizatorio contemplado en la norma; ya que el mencionado Instituto emite o elabora distintos índices sobre un mismo tema y período, y en tanto el índice fue elaborado para el primer trimestre de 2007 y también de desocupación por regiones. 5) El INDEC no publica sus informes en el Boletín Oficial, lo que pone de manifiesto la falta de suficiencia del art. 4 de la ley 25.972, que requiere el dictado de una reglamentación expresa que así la dispusiera, pues la certeza resulta luego de un escrutinio técnico por el INDEC, que requiere controles y aprobación oficial. 6) La conclusión se ve avalada por el art. 2 de la ley 25.972, que faculta en forma expresa al PEN para dar por concluida la emergencia dispuesta por la ley 25.561. 7) Por ello, la condición debe tenerse por cumplida con el dictado del Dto. 1224/07, a partir del 20 de setiembre de 2007; resultando por ello procedente el agravamiento aludido. 8) Resultan constitucionales las leyes 25.561 y 25.972, como el Dto. aludido. 9) Corresponde imponer las costas en el 50% a cada parte.

II.-Que contra esta parte de la decisión se alza la demandada a fs.90/97, en el recurso aludido, disintiendo con la misma, en tanto entiende que: 1) La ley 25.972, dispuso que la prorroga de la indemnización agravada iba a surtir efectos hasta tanto el INDEC elabora una tasa de desocupación inferior al 10%, por lo que habiéndolo hecho, tanto a nivel nacional como regional, no cabe hacer lugar a la pretensión de la actora. 2) El Dto. 1224/07, tiene solo carácter declarativo y apunta a disipar eventuales dudas que el caso pudo haber generado. 3) El propio fallo cita precedentes de las Cámaras Nacionales de Apelaciones de Trabajo que respalden los argumentos postulados por la accionada. 4) De las constancias de fs. 25/27, surge que al momento del despido, todas las tasas arrojan resultados inferiores al 10%. 5) Las leyes y Dto. son inconstitucionales. 6) Aún en el supuesto de admitirse la pretensión de la contraria, por aplicación del art. 125, tercer párrafo, corresponde se disminuya la imposición de costas a la demandada.

III.-Que a fs. 99/107 obra la contestación de la actora, en la que resiste la pretensión de la contraria, con fundamentos similares a los de la decisión de primera instancia, que cabe dar por reproducidos por razones de economía procesal.

IV.-Que resumidos sintéticamente los antecedentes de la decisión, de los agravios y de la contestación de éstos, corresponde avocarse al examen y resolución del recurso de apelación interpuesto.

1) Que el art. 4 de la ley 25.972, que constituye el centro o núcleo de discrepancia entre las partes, dispone: "Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 16 de la ley N° 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), resulte inferior al diez por ciento".

Que del texto expreso de la norma, resulta a mi entender y sin lugar a dudas, que se trata de una ley operativa que no necesita reglamentación y que la prórroga dura hasta que el INDEC elabora la tasa de desocupación, independientemente de otras circunstancias o elucubraciones interpretativas. De tal forma, no hay ni puede haber duda, que si el mencionado organismo cumplió con su función y la tasa es inferior al 10%, es a partir de ese momento cuando se cumple con la condición resolutoria a la que está sujeto el agravamiento.

Que por supuesto, quien invoque el hecho de la elaboración de la estadística mencionada, debe probarlo; lo que en el supuesto en examen no es necesario ni empece la interpretación precedente, pues no está en discusión que ya se había confeccionado aquélla con anterioridad a la fecha del despido y que la desocupación era inferior al porcentaje aludido.

2) La norma transcripta del art. 4 de la ley 25.972, es clara, en el sentido que la prórroga de la suspensión de los despidos dura hasta que la tasa de desocupación sea inferior al 10%. Es decir, que la ley hace referencia a una tasa determinada y no otros índices que pueda elaborar el INDEC.

Que por ello, aparece como sin sustento el fundamento de la sentencia, que entiende que no se sabe cuáles de los índices emitidos por el INDEC debía considerarse para tener por cumplida esa suerte de condición resolutoria a la que supeditó la vigencia del agravamiento indemnizatorio; pues ninguna duda cabe que es el de la tasa de desocupación y no otro.

Que también aparece sin apoyo objetivo el fundamento de la decisión, en tanto admite duda sobre el cumplimiento de la condición, porque el Instituto emite o elabora distintos índices sobre un mismo tema y período, ya que el índice fue elaborado para el primer trimestre de 2007 y también de desocupación por regiones. Ello, en tanto no se expresa que otro índice distinto de desocupación superior al 10% elaboró el INDEC, para el período en que se produjo el despido, que suscite dudas; o cuál índice de la región comprensiva del lugar de trabajo y de la disolución contractual, arroja un porcentaje distinto al general y superior al porcentaje indicado.

Que no debe perderse de vista que no se discute que a la fecha de la disolución, la tasa de desocupación ya era inferior a lo previsto por la ley; discrepándose solamente sobre la certeza de la información, que como se advierte no ofrecía dudas.

3) Que ya ha quedado demostrado que la ley condiciona la prórroga de la suspensión de los despidos hasta que el INDEC elabora la tasa de desocupación, sin condicionar ello a la publicación, ni valoración de otro organismo o Poder del Estado. De tal forma, que elaborada la misma, no es necesaria la publicación de dicha información, porque la ley no lo exige y porque se trata de un simple hecho en el que constan resultados de operaciones técnicas, que adquieren fuerza legal cuando se acreditan y con la publicación de la ley, que constituye su sustento jurídico.

Que por otra parte, sostener que la información suministrada por el INDEC necesita del control oficial, constituye una exigencia que no sólo no surge de la norma legal, sino que aparece como una contradicción, pues justamente el control oficial de las estadísticas se ha encomendado por el Poder Legislativo al organismo aludido y no al Poder Ejecutivo.

4) Que en nada empece las conclusiones a las que vengo arribando, el que el art. 2 de la ley 25.972, faculte en forma expresa al PEN para dar por concluida la emergencia dispuesta por la ley 25.561, en tanto tal facultad no puede ser entendida como atributiva de la posibilidad de prorrogar la emergencia, sino sólo concluirla, como expresamente lo dispone la norma. Es más, el Dto. 1224/07, expresa: "Declárase cumplida la condición..."; esto es, que el PEN, emite una norma no constitutiva de derechos, sino meramente declarativa de lo ya sucedido.

Que si alguna duda quedara, en cuanto al cumplimiento de la condición (elaboración de la tasa de desocupación por el INDEC, inferior al 10%), antes de producido el despido por la demandada, basta remitirse a la propia jurisprudencia de las Salas III y IV de la CNAT, citada a fs. 77 vta. de la sentencia, que la admiten a partir del 14 de marzo de 2007, una y 31 de marzo de 2007, otra.

V.-Que por todo lo expuesto, voto porque se haga lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocando la sentencia y desestimando el agravamiento indemnizatorio del art. 16 de la ley 25.61, 25.972 y Dto. 1442/07; dejando constancia que omito pronunciarme sobre la inconstitucionalidad de dichas normas, por haberse constituido en una cuestión abstracta.

En cuanto a las costas de primera instancia, propicio se impongan al actor vencido. Art. 125 CPL y 279 del CPC. de aplicación.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

Que en cuanto a las costas de esta instancia, voto porque se impongan en la misma forma que las de primera. Art. 125 CPL.

EL DR. HERMES F. CARRERA, DIJO:

Discrepo por sus fundamentos a las conclusiones que arriba el Dr. Novoa en su voto, en lo relativo a la queja vinculada con el agravamiento indemnizatorio previsto por las leyes 25.561 y 25.972 y costas impuestas en ambas instancias.

I) Que en la sentencia se desestima la declaración de inconstitucionalidad del art. 16 de la ley primeramente citada y de la segunda, y como consecuencia de ello, se hace lugar a la pretensión actora, de que se agraven las indemnizaciones mencionadas.

II) Que contra esta parte de la decisión se alza la demandada a fs. 90/97, en la forma y modo que impecablemente transcribe el vocal preopinante en su voto, a los que me remito por razones de brevedad.

Que entrando al agravio propiamente dicho, cabe apuntar que el Congreso mediante la Ley 25.972, ha establecido una suerte de "condición resolutoria" de la prórroga, consolidada en un porcentaje de desocupación cuyo dato sería emitido por el INDEC, omitió describir cuál de todos los índices emitidos por este órgano debían considerarse.

Aquí la palabra "omisión", debe entenderse bajo la idea de que es la propia Constitución la que establece la coexistencia de un órgano habilitado para reglamentar las disposiciones del Congreso Nacional (el PEN), cuando en orden a su ejecución se encuentran también, en sentido lato, incompletas.

Era necesario entonces aclarar, por ejemplo, que el índice a tener en cuenta era el "general", o el que le correspondiera a cada trabajador según la región, etc., y al no cumplirse ese requisito, se imponía el dictado de una norma reglamentaria como la dictada. (Decreto 1224/2007).

En síntesis, del análisis técnico y jurídico nos sitúa permanentemente en una posición que demuestra la falta de autosuficiencia del art. 4 de la Ley 25.972, y la necesidad subyacente del dictado de un reglamento del PEN, que otorgara certeza a un hecho tan relevante como la finalización de la vigencia de la suspensión de los despidos dispuesta por el art. 16 Ley 25561.	No puede soslayarse que la sujeción de la finalización del período de aplicación (art. 16 Ley 25.561) a un índice, es un elemento de gran variabilidad; el factor de incertidumbre que se advierte en el texto del art. 4 de la Ley 25972, da cuenta de la necesidad de una norma reglamentaria.

Que no está demás sostener como lo explica Bidard Campos que, tal como surge de la jurisprudencia de la Corte, las normas reglamentarias (art. 99 inc. 2° Constitución Nacional), si bien se encuentran subordinadas a la ley, la completan, regulando los detalles indispensables para asegurar su cumplimiento y los fines que se propuso el legislador.

Por este motivo, y en aplicación a lo dicho, es que concluyo que la vigencia prevista en la normativa citada, ha finalizado recién con el dictado del decreto 1224/07, es decir, el 20 de septiembre de 2007.

Que sin perjuicio de lo expresado, soy conciente, de que existen sobre el tema traído en el agravio del apelante, distintas posiciones asumidas en los litigios, concernientes al cese del incremento de la indemnización y a los alcances del decreto 1224/2007; y la lectura de todo lo que se ha escrito al respecto dejan -a quien debe resolver- una innegable sensación de duda que debe ser disipada, ante lo previsto por el art. 9 LCT, a favor del trabajador.

Que en cuanto a la constitucionalidad del art. 16 Ley 25561, Ley 25972 e inconstitucionalidad de los Decretos de necesidad y urgencia que prorrogan la emergencia, este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en autos N° 7216: "Luna c/ Madcur" y "Aparicio c/ Empresa 20 de Junio", que por razones de economía procesal, doy por reproducidos.

Por lo que al producirse el despido el día 14/6/2007 y al estar vigente la Ley 25972 y Dto. l433/05, el incremento a abonar se disminuye a un 50%, conforme lo ordenado por la Juez en su fallo.

Asimismo, voto porque las costas de primera instancia se mantengan, y las de segunda se impongan en la misma proporción que las de primera.

Que por todo lo dicho, voto por el rechazo del recurso de apelación deducido por la parte demandada. Así lo voto.-	EL DR. JOSÉ D. CASTRO, DIJO:

Adhiero a la solución propiciada por el Dr. Carrera para dirimir el recurso de apelación planteado por la demandada, permitiéndome agregar lo siguiente: Básicamente la discusión queda centrada en la disposición contenida por el art. 4° de la ley 25972 que prorroga la vigencia del original art. 16 de la ley 25561. En el citado art. 4° se ha fijado como condición que pone término a la prohibición de producir despidos sin causa justificada, la tasa de desocupación cuando la misma resulte inferior al 10% según informe que debe producir el INDEC. Ahora bien, por tratarse de la finalización de una ley, actividad propia del Poder Legislativo, resulta necesario imprescindible que sea dicho poder o bien el Ejecutivo (art. 99 Const. Nacional) quienes se pronuncien expresamente sobre tal materia. Tal afirmación lo hacemos en órden a la norma contenida en el art. 82 de nuestra ley fundamental que prohibe la sanción tácita o ficta de manera que, el hecho al cual pueda subordinarse el comienzo a la finalización de una ley requiere de la manifestación concreta y expresa del órgano que tiene asignada tal función. Ello no puede ser de otra manera habida cuenta que el sistema así instaurado asegura el órden jurídico-institucional que garantiza a cada poder del Estado y a los ciudadanos el respeto y funcionamiento de aquel. Siendo ello así, entiendo que recién cuando dicta el Decreto 1224/07 adquiere operatividad el fin perseguido por dicha norma.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I) Rechazar recurso de apelación deducido por la demandada, con costas de conformidad con los considerandos precedentes.

II) Tener presente las reservas efectuadas.

III) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.-