marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicios contra el Estado, ejecución de sentencias contra el Estado, decretos, declaración de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: VITTAR, EDUARDO CALIM c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-14

El decreto 679/88, que parece haber nacido sin contar con los antecedentes necesarios para determinar la responsabilidad comprometida -como lo demuestra el decreto 680/88- y que ya se encuentra en proceso de revisión en la Procuración del Tesoro, lesiona la garantía constitucional de la propiedad al supeditar, a plazos indefinidos, el acatamiento de una sentencia judicial firme.

Trátase de plazos que la Administración se fija así misma y que pueden entenderse por varios años, lo cual constituye un desconocimiento del derecho de propiedad, particularmente grave cuando la obligación del Estado reconoce como contraprestación la incorporación de bienes o servicios valiosos recibidos del acreedor.
Derecho procesal, habilitación de feria, apreciación de la prueba, daños y perjuicios, peligro en la demora
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOUGUES HNOS SA c/ NOUGUES, FERNANDO s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-01-06

Cabe denegar la solicitud de feria judicial, cuando -como en el caso- al momento de iniciarse la feria los autos se encontraban sometidos al conocimiento de una de las salas del tribunal, y el fundamento que esboza el recurrente, solo se reduce en forma generalizada a los daños y perjuicios que los ex directores estarían ocasionando a la sociedad actora, trayendo algunas citas jurisprudenciales aisladas, siendo por ende insuficiente para tener por configurada la situación descripta por el art. 4 del R.J.N. como presupuesto de la habilitación del feriado, emitiéndose asimismo enunciar las razones de urgencia manifiesta que impedirían que se aguarde al período ordinario de actividad para la resolución del recurso, esto es, sobre la cuestión de fondo que se encontraría relacionada manifiestamente con el objeto de la cautelar pretendida.

(En el caso, cabe destacar que habiendo sido ordenado por la sala B a requerimiento de la contraparte- la remisión de la causa de medidas cautelares, circunstancia ésta de la cual tomo conocimiento el ahora peticionante, conforme el mismo se encarga de informar, ninguna solicitud fue formulada a los fines de activar dicho envío durante un lapso considerable, lo que resulta revelador de la falta de urgencia. Por lo tanto, incumbía al peticionante aportar elemento indicativo de la inminencia del daño y la imposibilidad de aguardar el período ordinario de actividad jurisdiccional, lo que no concretó).
Sentencia condenatoria, homicidio en ocasión de robo, pericia psicológica, pericia psiquiátrica
Materia: PENAL
Carátula: Moya, Alexis Xavier c/  s/ causa con imputados
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-05-23

Corresponde declarar al acusado como autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, dado que luce probada la existencia material del hecho de que se trata y así también la intervención culpable del imputado en su comisión; ello en virtud de que la víctima fue abordada con fines de robo, ocasionándole el hecho traumático un ACV que le produjo su fallecimiento; y en cuanto a la culpabilidad, cabe afirmar que el acusado al actuar sabía lo que hacía y hacía lo que quería, revelando actitudes sólo compatibles con quien obra conscientemente, a lo que se suma la propia y completa dinámica del hecho; todo lo cual, a su vez, encuentra confirmación en los específicos estudios oportunamente realizados en su persona -Pericias Psiquiátrica y Psicológica-, concluyendo que no ofrece elementos psicopatológicos compatibles con insuficiencia ni alteración morbosa en sus facultades mentales que le impidieran comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones; y que tuvo y tiene discernimiento y capacidad para delinquir.

Fuente del sumario: SAIJ
Régimen de capitalización, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BLOOMER REEVE NANCY STELLA c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-06

Resulta improcedente el reclamo de la P.A.P. por el cómputo del período en que quien demanda estuvo afiliado al régimen de capitalización, en virtud de la opción libremente ejercida conforme el art. 30 de la ley 24.241. Ello así, por cuanto de las constancias de autos surge que con posterioridad al 07/94 (fecha de entrada en vigencia del S.I.J.P.) el titular sólo permaneció y aportó al régimen de reparto 4 años (por lo que obtuvo la P.A.P. correspondiente), de manera que por el período restante su aporte personal no ingresó al régimen solidario sino a su cuenta de capitalización individual, generando el derecho a la jubilación ordinaria, cuyo importe era -por esencia- aleatorio, dado que dependía del resultado de las inversiones. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).
Intereses, sentencia, principio de congruencia, defensa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: La Araucana Oeste S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y pejuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-02-26

Si el rubro intereses no fue objeto de petición en la demanda, no puede condenarse a la accionada a cumplir una obligación que no fue motivo del juicio; de lo contrario se afectaría al principio de congruencia, en su vinculación con el derecho de defensa en juicio.(Doctor Pettigiani, sin disidencia)
Querellante, facultades del querellante, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: Raiano, Ana María Gloria y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-09

Si bien la ley reconoce al querellante el derecho a impugnar el auto de sobreseimiento, ninguna disposición de jerarquía superior a la ley impone que el legislador deba conceder al acusador un recurso amplio contra las sentencias liberatorias contrarias a sus pretensiones persecutorias. Si el a quo ha examinado suficientemente los elementos de prueba y ha aceptado la defensa de la imputada en punto a que desconocía la existencia del reclamo judicial, porque no se había dispuesto la anotación de la litis y ha concluido que ningún otro elemento de prueba indicaba que la escribana hubiese tenido conocimiento de lo que estaba sucediendo, el eventual estado de insolvencia alegado no suple la falta de conocimiento de la existencia del proceso y de las obligaciones involucradas en él a cuya frustración se coopera. La disidencia postuló declarar la nulidad del sobreseimiento por considerar que no es posible desechar el dolo eventual que se habría configurado al actuar conociendo los efectos perjudiciales que su participación acarreaba a los acreedores. (Dres. Mitchell -en disidencia-, García y Yacobucci).
Seguros, seguro colectivo, principios generales del Derecho, beneficiario del seguro, prescripción, plazo, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Aspres, Ramón Domingo c/ Metlife Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-11

Ello así, pues si bien no resulta aplicable en la especie el plazo de prescripción trienal regulado en la LDC 50, sino el plazo anual previsto en la LS 58, sin embargo se verifica que no operó la prescripción en el caso. Es que, contrariamente a lo sostenido por la accionada, no corresponde iniciar el cómputo prescriptivo desde la fecha en que el actor cesó en sus funciones como dependiente de la empleadora; sino que por aplicación de las cláusulas previstas en la misma póliza, el plazo de la prescripción comenzará a correr cuando el asegurado conozca los alcances de la póliza y tenga conocimiento de la incapacidad que padece.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, teoría de la imprevisión
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO ARGENFE c/ ONZARI A.G s/ EJECUCION HIPOTECARIA-DEFENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

La defensa fundada en el art. 1198 del Cód. Civ. no puede ser materia del juicio ejecutivo, habida cuenta que el pedido de reajuste deba articularse por la vía y forma pertinente y de ningún modo como excepción en el proceso ejecutivo.
Prueba documental, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: OCHOA, Hugo s/ Calumnias e injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-03

Debe desecharse como prueba la copia no autorizada de una grabación que recoge las sesiones de la comisión directiva de una persona jurídica y que estaba reservada al uso de dicho órgano.-
Concursos, reglas procesales, caducidad de instancia, pedido de quiebra, legitimación procesal, síndico del concurso, liquidación de entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA  METROPOLITANA DE INMUEBLES  SA s/ PEDIDO   DE  QUIEBRA  POR  NUEVO  BANCO  SANTURCE  SA  (EN  QUIEBRA).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

Es procedente la caducidad de instancia decretada de oficio en un pedido de quiebra, por cuanto la regla contenida en el 1. párr. In fine de la lc: 300, referida a la no caducidad, esta establecida a favor del concurso donde se promueve la cuestión litigiosa, y no -en principio- en beneficio de este frente a terceros. Por ello -en el caso- dicho precepto legal es inaplicable, atento que el peticionante de la quiebra (síndico de una entidad financiera en liquidación), actúa fuera del concurso donde fue designado, revistiendo la calidad de tercero que se presenta, pidiendo la quiebra por una presunta deuda (sala C, 30.6.94, "Cía. Financiera Maxfin SA c/ Flores, Alfredo s/ ord.", y sus citas), y en vista de su calidad de funcionario del concurso actor, debió en virtud de su mayor responsabilidad, ejercer un control más estricto del pedido de falencia, en el lapso que estuvo inactivo (prácticamente un año).
Sentencia, nulidad de sentencia, juicio de desalojo, prueba de la posesión
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Corbalán, Manuela Nelly. c/ Valdez, Susana Alicia. s/ Desalojo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-07

Corresponde anular el pronunciamiento que impone a los accionados en el juicio de desalojo, la prueba de la posesión alegada, siendo suficiente verificar la verosimilitud de la defensa que hace valer el demandado para que la invocación de pretensos derechos petitorios adquiera la virtualidad de paralizar el desalojo promovido.
Autonomía municipal, poder de policía, régimen de faltas, obra en construcción, planeamiento urbano, Código de Planeamiento Urbano, Código de edificación, ley provincial, suspensión de obra pública
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: T., H. R. c/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-08-16

Queda claramente definido que el municipio tiene la potestad originaria, que nace del ejercicio del poder de policía sobre la construcción, seguridad de la misma, control y fiscalización del mantenimiento de las condiciones edilicias, todas funciones que determinan la correspondiente habilitación para el ejercicio de la actividad.

De esta potestad se desprende la correspondiente posibilidad de sancionar a quien no cumpla con la normativa en cuestión, ello sin perjuicio de cumplir con las normas provinciales que rigen sobre dicha porción de territorio - parcela 200.109 - como podría ser la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental Nro. 3266, extremo no debatido en autos.
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAMBIAGGI, DANIEL Y OTROS c/ E.N. (M° DE ECONOMIA) s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

El art. 2, inc. d) de la ley 16.986 halla su quicio constitucional en tanto se admita el debate de inconstitucionalidad en el ámbito del proceso de amparo cuando en el momento de dictar sentencia se pudiese establecer si las disposiciones impugnadas resultan o no claras, palmaria y manifiestamente violatorias de las garantías constitucionales que este remedio tiende a proteger (conf.

C.S., in re "Peralta, Luis A. y otro c/ E.N. (M° de Economía- B.C.R.A.)", LL. 1991-C-140 y sgtes.).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), jueces, deber de imparcialidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: V., V. I. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  -SUPRESION  DE DOCUMENTO PUBLICO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 182 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-15

Corresponde rechazar la queja fundada en que la intervención de la Sala al revisar la sentencia condenatoria conculca la garantía de imparcialidad por cuanto ese mismo Tribunal ya había intervenido con anterioridad al confirmar el auto de procesamiento de la imputada, desde que la recurrente recién efectúa su postulación ante esta Corte con posterioridad a la interposición del recurso directo, mientras que en las causas que invoca en apoyo de su postura, expresamente se tuvo en cuenta que el impugnante había planteado la cuestión relativa a la ausencia de imparcialidad de los juzgadores en las distintas oportunidades con las que contó durante el desarrollo del proceso. No obstante lo expuesto, es dable poner de resalto que, de los argumentos vertidos por el Máximo Tribunal de la Nación en las causas "Dieser " y "Llerena", como en las distintas decisiones emanadas de dicho Alto Cuerpo con posterioridad al dictado de la Acordada N 23 del 1.11.2005; resolución de la causa "Nicolini" del 28.03.2006-, los criterios que allí se adoptaron resultan de aplicación a las causas futuras y en trámite, no pudiendo ser revisados aquellos actos donde operó la preclusión.Más precisamente, en oportunidad de fallar la causa "Llerena", la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al definir el alcance de la garantía en cuestión, señaló que las pautas sentadas resultaban de práctica hacia adelante y no implicaban en manera alguna la revisión de actos precluidos y sentenciados, en los cuales el temor de parcialidad quedó desplazado por la actuación que tuviera en concreto el juez. Por lo tanto, precisó, si la defensa consideró que "había existido parcialidad debió oportunamente haberlo planteado con los recursos o remedios procesales con los que contaba" (cons. 29)
Leyes, jerarquía de las leyes, Estado Provincial, facultades no delegadas
Materia: LABORAL
Carátula: Tortarolo, Alfredo y otros c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

La aplicación a la Provincia de una norma del derecho común ajena a la naturaleza de las relaciones que entabla en ejercicio de funciones administrativas propias, importa una vulneración de sus facultades reservadas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Evasión previsional, apropiación indebida de recursos de la seguridad social, régimen penal tributario, retención de aportes previsionales, percepción en la fuente
Materia: PENAL
Carátula: Pilade Fava, L. M. s/ Sobreseimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

El artículo 8 de la Ley 23.771 incrimina al que no depositare o mantuviere en su poder el tributo que hubiere percibido o retenido, elementos todos que presuponen ineludiblemente la real retención de los aportes al personal por el obligado, ya que además de así establecérselo expresamente, mal podría mantenerse el poder sobre algo que no se tiene.
Nulidad del acto jurídico, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CORDOBA, JUAN GUADALUPE s/ NULIDAD - RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1960-03-28

Si la sentencia se sustenta en abundante y clara prueba no puesta en cuestión por el recurrente,éste carece de interés legítimo para reclamar la nulidad de aquélla, fundado en defectos de una prueba de cargo eventualmente mencionada por el tribunal.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, contrato de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Maidana, Antonio Luis y otros c/ Automóvil Club Argentino s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Laboral (Expte.: C.S.J. Nro. 28 año  2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-18

No puede prosperar el planteo vinculado al supuesto vicio de arbitrariedad fáctica en el análisis y ponderación de los hechos y pruebas desde que la totalidad de los agravios vertidos al respecto sólo reflejan el desacuerdo de la impugnante con la selección y valoración del plexo probatorio, así como con el análisis de las circunstancias del caso, sin lograr persuadir que se hayan analizado arbitrariamente las declaraciones testimoniales, o que no se hayan valorado elementos probatorios decisivos, como así tampoco que se haya efectuado un análisis parcial, erróneo o ilógico de los hechos y las pruebas. Así, de la argumentación desarrollada por el A quo, surge que ponderó la prueba confesional, documental -contratos sociales y de concesión-, informativa, testimoniales, y "restante material probatorio" -por lo que no cabe sostener que se haya soslayado prueba conducente-para concluir en la naturaleza laboral del vínculo que uniera a la entidad demandada con los actores, fundándose en el desempeño personal de los accionantes en la prestación de servicios en favor de la demandada, en forma continua e ininterrumpida, desde el ingreso de cada uno como dependientes de la misma, en tareas del mismo tipo, facturándose los servicios prestados según tarifas establecidas por el A.C.A., quien afrontaba directamente el pago de diversos rubros que - estando a su versión de los hechos- serían responsabilidad de la concesionaria y concluyendo que "los demandantes se encontraban involucrados, personalmente, en el propio giro empresario de la demandada, de modo tal que las tareas desempeñadas por los mismos se alineaban en contribuir al desarrollo del mismo con ajenidad en el riesgo que conllevaba, denotándose una evidente línea de continuidad negocial laboral, donde la pretendida concesión no ha logrado encontrar un sustento eficaz que justifique su necesidad y menos su existencia como contratación real en los términos que se pretenden". (De La Disidencia De La Dra. Gastaldi)
Administración Pública, debido proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Korn, Enrique Alejandro c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Nulidad de Decreto 1600-95
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-04

Es más gravosa la situación en que la Administración coloca al actor, cuando en las actuaciones que preceden a la emanación del acto, lo priva de la garantía del debido proceso legal, cuyo valor constitucional, extendido a toda situación asimilable a aquélla que originariamente puede haber dado lugar a su formulación, se constituye casi en un principio general del derecho. Esta garantía del administrado de un accionar adecuado de la administración, resulta de la regulación que se haya establecido para el procedimiento administrativo, constitutivo e impugnativo. Y al administrado corresponde exigirla, no sólo por su situación subjetiva, jurídicamente amparada, sino por que en el campo del Derecho Administrativo se suma esa consideración a la de que el particular cumple por medio de esa prerrogativa, su rol de gestor indirecto del interés público.
Acción reivindicatoria, posesión, presunción juris tantum
Materia: CIVIL
Carátula: CARLOS ALBERTO CASTIÑERAS Y OTRA c/ MICKEY S.A.C.I.F.I.A. s/ COBRO DE APORTES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-07-01

Tratándose de la acción entablada por quienes invocan y demuestran ser herederos del supuesto propietario del bien inmueble cuya reivindicación se intenta y cuyo título de propiedad es anterior al comienzo de la posesión del reivindicado, aquélla resulta procedente, en tanto juega a favor de los actores la presunción juris tantum establecida en el artículo 2790 del Código Civil.
Legitimación pasiva, demanda, demandado, individualización del demandado
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Alfaro, Walter Horacio c/ Autoservicio Ipacaray y/o Angel Roberto Palacios y/o Mirtha Griselda Jara de Palacios y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-03-26

No es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del a-quo que hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, toda vez que de las constancias de la causa surge que, habiéndose demandado en forma alternativa o conjunta, por cierto errónea, a un nombre de fantasía y a dos personas físicas, ninguna duda cabe que en definitiva es quien asume el carácter de demandado a juzgar por el tenor de la excepción opuesta lo que se corrobora con la prueba tenida en vista por el sentenciante. Es que la conjunción copulativa y/o indica que se demanda en forma conjunta a dos personas. En cambio la conjunción disyuntiva -o- determina que la demanda tiende a que sean los sujetos demandados quienes en forma alternativa individualicen al que asumir la situación de parte demandada.
Adulteración de la numeración de bienes registrables, devolución de objetos secuestrados, automotor secuestrado
Materia: PENAL
Carátula: ESCLAVO, ANIBAL. s/ AUTOMOTORES.  ADULTERACION NUMERACION REGISTRABLE. DEVOLUCION EFECTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-20

1) El solo hecho de haber sido aprehendido el procesado en posesión de un rodado con numeraciones cambiadas en chasis y motor, no basta para atribuirle el delito de adulteración de numeración registrable estampada en automotor.

2) No hallándose en discusión que los elementos -motor, placas identificatorias- son de pertenencia del procesado, corresponde entregar a la aseguradora sólo el automotor, pues esos bienes, además de ajenos, no son aquellos por los cuales se contrató la cobertura.
Superior Tribunal de Justicia, ministros del Superior Tribunal de Justicia, recusación con causa, rechazo in límine, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: FRUGONI ZABALA, EDGARDO RUBEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 281 AÑO  2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15

El Máximo Tribunal nacional invariablemente ha sostenido que resultan manifiestamente inadmisibles, debiendo ser desestimadas 'in límine', las recusaciones que se fundan en la intervención de los jueces del tribunal en un anterior pronunciamiento propio de sus funciones legales, en la medida en que las opiniones dadas como fundamentos de la atribución específica de dictar sentencia importa juzgamiento y no prejuzgamiento.
Movilidad del haber jubilatorio, aplicación temporal de la ley, cesación de servicios, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PASCUALINI de LIBERATORI, ANTONIA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-08

El art. 27 de la ley 18.037 al referirse a la aplicación de las normas que rigen a la fecha de la cesación, consagra un principio justo que va más allá de las condiciones necesarias para acceder a un beneficio, ya que el trabajador dependiente al decidir renunciar o al verse obligado a dejar sus tareas, calcula razonablemente el desenvolvimiento futuro de su vida y de sus condiciones materiales.

Quien conoce que sus haberes se ajustarán conforme las remuneraciones del personal en actividad ve restringidos derechos constitucionales si un nuevo régimen le impone modificaciones perjudiciales. Ello no sólo afecta los derechos de propiedad y de defensa (arts. 17 y 18 de la C.N.), sino que además viola el art. 14 bis de la Ley Fundamental en dos aspectos igualmente importantes: por un lado se afecta la movilidad de los haberes y por otro se desconoce que "el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes".