marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, instrucción, plazo, jueces
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., M. s/ Robo en grado de tentativa - Tres hechos (Expte. Nro. 327-00, Resolución  Nro.  138, Tomo 56, Folio 307/308)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-06-26

El plazo dispuesto por el art. 208 es ordenatorio, y el agotamiento del mismo veda al Magistrado continuar efectuando diligencias de investigación, pero en modo alguno impide dictar la resolución de mérito que corresponda -en el caso el procesamiento- para continuar con las etapas sucesivas. Por ello, habiendo transcurrido más de dos años de la fecha en que el sindicado fuera indagado, el a-quo se encuentra vedado de practicar nuevas medidas de investigación, vencido que fuera el plazo del art 208 C.P.P..
Revocación de sentencia, caducidad de instancia, producción de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cámara, Carlos Crisanto; Cámara, Martín Carlos y Cámara, Adriana Sandra c/ Clínica Grupo Suizo de Salud Mental, Menéndez Victoria e Instituto Geriátrico Suizo Argentino s/ Daños y Perjuicios con Resp. Contractual del Estado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-21

Procede revocar la sentencia que decretó la caducidad de instancia, pues hallándose pendiente de producción la prueba informativa, corresponde al magistrado abocarse directamente al dictado de la sentencia definitiva sin que la falta de acuse de negligencia constituyera un óbice a ese fin -art. 493 del C.P.C.C.- ya que dicha prueba no resulta esencial para decidir sobre el fondo de la cuestión, máxime cuando el pleito se encuentra avanzado en su desarrollo y no existen impedimentos para que, examinando las cuestiones pendientes, sea factible arribar al modo normal de culminación del proceso mediante el dictado de sentencia definitiva, sin vulnerar los derechos fundamentales de los litigantes.
Prescripción adquisitiva, declaración testimonial, prueba insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Audisio , María Rosa c/ Fontana de Todoni , María Magdalena s/ usucapion , Expte N° 8266
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-27

No resulta posible tener por cumplidos los recaudos para usucapir con las solas declaraciones testimoniales cuando no se integran con otra prueba y no evidencian con toda precisión la realización de actos posesorios que trasunten un comportamiento "activo" del usucapiente y con bastante anterioridad a la fecha de promoción de la demanda.
Medidas de seguridad y protección, COLOMBIA, responsabilidad internacional del Estado, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, amenaza de sufrir un mal grave e inminente, sentencia de la Corte Interamericana
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia S/ Solicitud de medidas provisionales c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-04-28

Debe el Estado Colombiano adoptar y mantener, sin más dilaciones, todas las medidas que sean necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de quienes rindieron declaración ante la Corte Interamericana y sus familias, en el caso en que se declaró la responsabilidad internacional de dicho Estado por violación a la Convención Americana en perjuicio de los 19 comerciantes que fueron detenidos arbitrariamente, y luego desaparecidos, por un grupo de paramilitares que controlaba la zona con apoyo de agentes estatales -Sentencia del 5 de julio de 2004, Serie C No. 109-, pues dichos núcleos familiares se vieron obligados a abandonar su habitual sitio de residencia por las amenazas y hostigamientos recibidos, al parecer, de grupos paramilitares y guerrilleros, lo que en modo alguno exime al Estado de su obligación exclusiva y excluyente de evitar daños irremediables para sus vidas e integridad personales.
Empleados públicos, suspensión del agente, sanciones disciplinarias, sumario administrativo, recursos administrativos, recurso de reposición (procesal), acto administrativo, nulidad del acto jurídico, careo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARERA, ROBERTO JORGE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

Debe ser anulada la resolución dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal por la cual, si bien se acepta el recurso de reconsideración deducido contra el acto administrativo que había dispuesto aplicarle al actor una sanción de 29 días de suspensión dentro de un procedimiento instruido a otras personas, al que se lo cita por una diligencia de careo, se resuelve dejar "en suspenso" hasta las resultancias del sumario administrativo que ordena instruir, esa penalidad impuesta con ilegitimidad reconocida, no revocando ni anulando, sino optando por un híbrido tercer genus, lo que revela un ánimo irrazonable por no decir caprichoso.
Prisión domiciliaria, salidas transitorias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M., L. G. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-16

Corresponde descalificar la revocación de la prisión domiciliaria e incorporar a la encartada al régimen de salidas transitorias, si lo resuelto, amén del delito que cometió al momento de violar su prisión domiciliaria -de tenencia simple de estupefacientes- no contempló debidamente las opiniones de la Asesora de Menores y de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia provincial, concordantes en que el regreso de la madre al hogar mejoraría la situación del grupo familiar, particularmente de los menores -niños de uno y dos años de edad-, en cuanto a sus perspectivas de desarrollo y cuidado; máxime teniendo en cuenta las específicas características de la vida intramuros que deben llevar los menores -estados de confusión y angustia exhibidos por el hijo de dos años-, la vivienda con la que cuenta la abuela y el posible apoyo de la familia ampliada para el acompañamiento de la prisión domiciliaria, a lo que cabe agregar que el informe social consigna que la encartada participa animadamente de las actividades escolares de sus hijos y, pese a las limitaciones que impone el régimen carcelario, intenta paliar las mismas.
Servicio público, actividad comercial, recurso de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vergara, Fernando Daniel c/ Telecom Argentina S.A. s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-26

Es reprobable que la empresa de telefonía no pruebe las razones que imposibilitaron el servicio oportuno (en el caso se dijo era relativo a la existencia de cupos y plantel disponible en la zona), y que se limite a negar que pese sobre ella una obligación temporal de llevar a cabo un servicio de este tipo pedido por un cliente suyo, pasando por alto la normativa sobre las condiciones en la que debe prestar el servicio, entre otras el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, o el sistema de medición de calidad documentado, de donde surge que el cumplimiento tempestivo de sus obligaciones, no es una potestad discrecional de las prestatarias.
Cuestiones procesales, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MALDONADO, MATIAS DAMIAN c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-04-06

Debe declararse inadmisible el recurso interpuesto toda vez que las cuestiones de competencia, por referir a materia procesal, resultan propias de los jueces ordinarios de la causa y, en consecuencia, ajenas a la órbita del remedio extraordinario, y si bien es cierto que ello encuentra excepción cuando se acredita un supuesto de arbitrariedad, dicha circunstancia no ha sido demostrada.
Reclamo administrativo previo, silencio de la administración, plazos procesales, caducidad de la acción contencioso administrativa, cómputo del plazo, feria judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fhase S.R.L y Otra c/ I.P.V. Plena Jurisdicción. s/ Recurso Directo (Hoy Casación).
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-04-05

Todas las acciones humanas están encuadradas en el tiempo. De allí la necesidad de que el ordenamiento (en el caso, el Código Civil) fije ciertas normas atinentes al transcurso y cómputo de plazos.

Los plazos en el ámbito del Código Civil se computan por días, meses y años.

En principio los feriados integran los días del plazo que se computan en forma corrida, salvo que se exprese a través de la norma pertinente lo contrario (art. 28 CC); resultando necesario por razones de seguridad y certeza determinar los lapsos específicos dentro de los cuales los actos procesales deben ejecutarse.

La Carta Magna Provincial y la Ley 7182 exigen la necesidad de "reclamación previa" al conocimiento y decisión de los procesos contenciosos-administrativos. Ese requisito es el instrumento para alcanzar la "voluntad final" de la administración, voluntad que, debe ser la de la autoridad superior del sistema, mediante el cual se posibilita el control jerárquico y se impide que la Administración sea llevada a juicio por decisiones de sus órganos inferiores. Se trata por ese medio de posibilitar a la Administración revisar el caso y, si correspondiere, enmendar el error incurrido.

El silencio de la administración debe ser conceptuado como un verdadero "hecho" al cual la ley le otorga efectos jurídicos para posibilitar el acceso a la jurisdicción y no como un acto administrativo denegatorio expreso, puesto que ello conduce a desnaturalizar el presupuesto del agotamiento de la vía administrativa.

Cuando no se produce la resolución decisoria del reclamo previo, dentro del plazo señalado en el art. 7 de la Ley 7182, se configura la "retardación" llamada también denegatoria tácita por silencio administrativo quedando el administrado habilitado para accionar, en el plazo de seis meses.

Dicho plazo procesal es fatal y ha sido instaurado para otorgar certeza a las situaciones individuales, y contribuye al resguardo del bien "seguridad jurídica" como valor de contenido social.

Al tratarse simple y llanamente de un plazo de mes o meses, se computa el mismo por períodos enteros a diferencia del cómputo de un plazo de días u horas, en los que sí habría sido acertado el cómputo o no de días u horas hábiles.
Caducidad, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Banco Municipal de Paraná (S.E.M.) E.L. c/ INELEC Paraná S.R.L. y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-11-15

No se ha producido ningún acto que impulse el procedimiento de la instancia abierta con la concesión del recurso, no obstante transcurrir con exceso el plazo previsto en el artículo 298 inciso 2 del Cód. Procesal Civil y Comercial, correspondiendo, en consecuencia, hacer lugar al pedido de caducidad interpuesto en estas actuaciones con costas.
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, errónea apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, jubilaciones, denegatoria del beneficio
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bustamante, Martín Mauricio c/ Caja  Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

Es arbitraria la sentencia que denegó el pedido de jubilación ordinaria en razón de considerar que no se encontraba probada la prestación de servicios, si la cámara descalificó la prueba producida para acreditarlos, con fundamento en las hipotéticas contradicciones en que habrían incurrido los testigos, sin efectuar un análisis de tales declaraciones ni especificar las divergencias observadas, proceder que no se aviene con las reglas de la sana crítica.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Roberto Carlos s/ Homicidio calificado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-27

Es insuficiente la denuncia de contradicciones que resultarían del testimonio del hijo de la víctima con lo declarado por otro de los testigos si no evidencia ni cita el impugnante la violación de norma legal alguna; ni precisa de qué modo se habría concretado tal situación esencial en las respectivas declaraciones.
Ley de empleo, CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, interpretación sistemática, ley nacional, ley provincial, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: FERRANDO, GUILLERMO DANIEL y FORCHETTI, ALICIA GLADYS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-23

Una de las funciones dadas al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil reglamentado en el Título VI de la Ley Nacional de Empleo 24013, es la de "determinar periódicamente el salario mínimo, vital y móvil" (art. 135, inc. a, ley 24.013), lo que encuentra regulación expresa en el Título VII "El Salario Mínimo, Vital y Móvil".

Allí, se fijan los alcances de dicho instituto garantizando a todos los trabajadores... el derecho a percibir una remuneración no inferior a dicha suma, a la vez que se prohíbe su utilización como "índice o base para la determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional" (art. 141).

Interpretar, como intenta la parte actora, que la adhesión de la Provincia mediante ley 10.857 refiere sólo al Título VI y no al VII de la ley 24.013 no es más que un desentendimiento de la lógica normativa producto de una visión desmembrada de la preceptiva en cuestión. Ello así, por cuanto, de una lectura integral de la ley nacional y la provincial, surge evidente que la interpretación más razonable es la que considera que, a través de la ley 10.857 la Provincia manifestó su voluntad de participar, por medio de sus representantes, en el Consejo creado por la ley 24.013, lo que importa naturalmente, que en su funcionamiento y en el ejercicio de sus facultades, se regiría por el régimen que al efecto establece la misma norma, el cual encuentra regulación a lo largo del texto en general, excediendo lógicamente el citado Título VI, que sólo se dirige a crear el órgano y fijar sus funciones.

Por tanto, no corresponde sino concluir en la vigencia en el ámbito de la Provincia de la prohibición del artículo 141 mencionado, la que en el caso opera como obstáculo para otorgar razón a la parte actora en cuanto pretende que se considere al salario mínimo, vital y móvil como límite mínimo para la fijación del básico de convenio, o salario Clase I.
Responsabilidad parental, autorización para viajar, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: I., M. L. y otros c/ M., C. D. s/ cuidado personal y régimen de comunicación de los hijos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-01-27

Corresponde autorizar al progenitor a viajar al exterior con sus hijos menores, pese a la oposición de la madre, quien había autorizado en un principio, pero luego se arrepintió aludiendo que el demandado tendría la supuesta intención de separarla de sus hijos y radicarse con los niños en el extranjero, dado que la progenitora no invoca ni acredita una situación concreta alguna que avale sus afirmaciones, máxime cuando tal oposición resulta contradictoria con la postura que asumió anteriormente, incurrido en violación a la doctrina de los actos propios
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, cláusulas equívocas
Materia: COMERCIAL
Carátula: INVERSIONES UNIDAS SOCIEDAD ANONIMA. s/ CONCURSO    PREVENTIVO    -  INCIDENTE  DE  APELACION  ARTICULO  250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

Es regla conocida de interpretación de los contratos -aplicable sin reparos a un acuerdo preventivo- que frente a cláusulas oscuras cabe interpretarlas en contra de su autor. Es evidente que quien provocó el conflicto redactando una disposición equívoca que luego sometería a la mera adhesión o rechazo de su acreedor, debió extremar los recaudos para ser claro. Si no lo fue, ello se debió a su propia torpeza y como tal no puede beneficiarle.
Instrumentos públicos, legalización, actuaciones notariales
Materia: CIVIL
Carátula: APODERADO DEL FREJUPO-SUB LEMA ARRIBA MI GENTE s/ INCIDENTE DE REC. DEDUC. POR EL APODERADO DEL LEMA FREJUPO-HOY INC.  DE SANEAMIENTO INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-04-26

Los actos emanados de autoridades nacionales no judiciales, carecen de presunción de autenticidad, salvo que venga con la firma del funcionario nacional debidamente certificada por la escribanía general del gobierno de la nación, dado que tales actuaciones notariales sí se presumen auténticas en todo el ámbito de la nación (ley 21890).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, objeto del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Cabrera, Luis Alberto c/ Yucuco S.A. s/ Indemnización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-05-14

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto, toda vez que el sustracto de la vía utilizada -al cuestionar la modalidad contractual que se estableció- excede los límites en que se trabó la litis, mediando en la demanda una suerte de reconocimiento al contrato de plazo fijo, a punto tal que se realizan reclamaciones basadas en el mismo, por ejemplo el preaviso, extremo éste que desestimado no es replanteado en esta instancia. En consecuencia, si en la demanda del ahora recurrente se parte reconociendo la existencia del contrato a plazo fijo, mal puede pretenderse de la contraria la prueba de la existencia de éste.
Honorarios, alimentos, cuota alimentaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bangher, Leticia Beatriz c/ Carlos Alberto Vesconi s/ Alimentos. Bangher, Leticia Beatriz c/ Carlos Alberto Vesconi s/ Alimentos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-29|1996-02-29

Corresponde se regulen los honorarios de primera instancia, tomando como base los montos que surgen de la aplicación del art.18 de la Ley 2011 y 2385 (modificatoria), de facto, y según el importe de la cuota de alimentos condenada, teniendo en cuenta además, las pautas de los arts. 3,5,6 y 7 de las mencionadas leyes.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Churrupit, Omar Enrique s/ Incidente de reintegro de fondos en autos:Banco Coopesur Coop.Ltda.  c/Granosur S.C. s/secuestro F-300 Churrupit, Omar Enrique s/ Incidente de reintegro de fondos en autos:Banco Coopesur Coop. Ltda.  c/Granosur S.C. s/secuestro B-1012 Churrupit, Omar Enrique s/ Incidente de reintegro de fondos en autos:Banco Coopesur Coop. Ltda.  c/Granosur S.C. s/secuestro B-1011
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05|1987-03-05|1987-03-05

La impugnación del fallo reproduciendo los argumentos del alegato o de actuaciones anteriores, no constituye expresión de agravios. Las simples manifestaciones en que se repita lo expuesto en la contestación de la demanda, tampoco constituyen expresión de agravios.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: CIVIL
Carátula: MESSAD JESUS MARIA D. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-06-08

Corresponde declarar nulo el decreto que dispone la cesantía del recurrente, debiendo reponerlo al cargo salvo opción por la indemnización prevista en el estatuto del empleado público, puesto que las normas que declaran en comisión al personal administrativo, encuentran obstáculo en la ley fundamental misma, pues la estabilidad consagrada en su texto desjerarquiza toda argumentación tendiente a legitimarla.
Remuneración, pago
Materia: LABORAL
Carátula: FLORES, Eva Lastenia c/ OBEID, Hugo Eduardo (Propietario de Restaurant Teby) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-11-15

Integran la jornada de trabajo los períodos de inactividad a que obligue la prestación contratada, con exclusión de los que se produzcan por decisión unilateral del trabajador. El cierre del negocio constituye un impedimento real, un obstáculo insalvable para la prestación de servicios del trabajador, que al emanar del empleador no puede significar la pérdida de los salarios. El deber de iniciativa de reclamar la prestación de servicios no obstante el cierre del negocio, le incumbía al empleador si pretendía la concurrencia del trabajador.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, facultades disciplinarias, control de razonabilidad, interés público, empleados públicos, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPOSITO, HECTOR RUBEN c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 21-82 GRAVINA, OSCAR FELIPE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 234-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-06-26|1986-10-29

El órgano administrativo no puede válidamente ejercer sus potestades para satisfacer cualquier interés público, sino que está ligado a la satisfacción del interés concreto que justificó el otorgamiento de la facultad y en la medida necesaria para la satisfacción de ese interés. Desde luego, lo dicho, no significa en modo alguno que esta Corte pueda sustituir a los órganos administrativos en la valoración de la conducta de los agentes a los fines del ejercicio de la potestad disciplinaria, que es propia de éstos. Debe por el contrario, partir del encuadramiento y valoración de la conducta efectuada administrativamente; para luego dilucidar la legitimidad por su falta de correspondencia entre ellos y la norma atributiva de poder para dejar cesante al empleado.
Concursos, tasa de justicia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cecotti, María P. de Cassano s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

Se deben tomar en cuenta en los concursos preventivos a los fines del pago de la tasa de justicia, el importe de todos aquellos créditos que de una u otra manera van a ser partícipes de la propuesta elaborada por el deudor o serán partícipes de sus efectos, a la fecha en que deba liquidarse la tasa y sin perjuicio de su integración cuando se resuelvan incidentes posteriores, sean de revisión o verificación tardía, ya que lo que ha perseguido el deudor es un acuerdo con esos acreedores a fin de sanear su estado financiero (art. 277 Cód. Fiscal; 36,37, 43, 45 ley concursal). Un criterio distinto, llevaría por una cuestión técnica procesal, a que el importe de la tasa no refleje el servicio prestado por el Poder Judicial en el específico proceso concursal en desmedro del fisco o del patrimonio del deudor. (Minoría u opinión personal)
Cuestiones de competencia, competencia penal, intimidación pública
Materia: PROCESAL
Carátula: CHIAPPARELLI, MAURICIO. s/ INTIMIDACION PUBLICA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-08

Si de lo actuado se infiere que el artefacto hallado en un automóvil es un arma de uso civil, comprendido en los términos del art. 5 apartado 3 del decreto nro. 395/75 reglamentario de la ley 20 429, el delito investigado encuadra prima facie en el art. 211 del Código Penal, y corresponde su juzgamiento por los tribunales locales, toda vez que la cuestión excede el marco de competencia señalado mediante los arts. 3 de la ley 48, y 23 del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Resoluciones irrecurribles, excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B., R. c/ Municipalidad de Río Mayo s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-07

"La resolución que resuelve diferir el tratamiento de la excepción de falta de legitimación por no ser manifiesta es irrecurrible".