Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06


ARROYO, Juan Carlos contra PORCELANAS VERBANO Reg.: A y S t 206 p 68-71.

En la ciudad de Santa Fe, a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ARROYO, Juan Carlos contra PORCELANAS VERBANO -Declaración de Insolvencia- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J.

n 368, año 2004). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Netri, Vigo, Gutiérrez y Spuler.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Mediante resolución registrada en A. y S., T. 199, pág. 133 esta Corte admitió parcialmente la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la apoderada del Fondo de Garantía dependiente de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSeS- contra la resolución 60 del 3 de mayo de 2002, dictada por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, por entender que la postulación de la recurrente -relativa a los gastos causídicos impuestos a la mencionada entidad apelante- importaba "prima facie" articular con seriedad un planteo que podía configurar una hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria.

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055 he de propiciar la rectificación del criterio sustentado en oportunidad de admitir la queja al comprobar -por las razones que se expondrán "ut infra"- que no concurren en el caso motivos que habiliten a hacer excepción al criterio, reiteradamente sostenido, conforme al cual las cuestiones de costas, por su naturaleza procesal, resultan ajenas en principio al recurso de inconstitucionalidad local (R. A. y S., T. 44, pág. 349; T. 111, pág. 392; T. 143, pág. 82, entre muchos otros).

2. En el caso, conviene memorarlo, la actora solicitó la declaración de insolvencia de la demandada Porcelanas Verbano a fin de tornar operable el Fondo de Garantía de la Ley de Accidentes del Trabajo (fs. 5/6), pretensión que fue resistida por la Administración Nacional de Seguridad Social (fs. 16/18).

El Juez de baja instancia hizo lugar a la demanda declarando la insolvencia de Porcelanas Verbano con vista al acceso de la parte actora al Fondo de Garantía que establece la ley 24028 (fs. 43/46).

Apelado que fuera ese decisorio por la Administración Nacional de Seguridad Social, la Cámara lo confirmó con costas al recurrente (fs. 83/85). 3. Contra dicho pronunciamiento interpuso la autoridad que administra el Fondo de Garantía su recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055. En lo que es materia de impugnación, adujo que lo resuelto en el fallo atacado entra en contradicción con la regla de no condena en costas a los organismos de la seguridad social, lo que se sustenta en una larga tradición normativa y jurisprudencial. Destacó que el mensaje de elevación de la ley 18477, que establece la exención de costas para el Consejo Nacional de Previsión Social en los recursos que de lugar el artículo 14 de la ley 14236, pone de manifiesto el criterio doctrinario y jurisprudencial reinante, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había establecido que cuando la Administración Pública es traída ante la justicia no defiende derechos particulares sino que actúa en defensa de la legalidad de un acto de interés general, en procura de la unidad interpretativa del Derecho Previsional y de los intereses de los afiliados en su conjunto.

Añadió que el decreto 2312/86 al vetar los artículos 11 y 15 de la ley 23473 impone el respeto a la solución que dio al tema la ley 18477, eximiendo de costas a la ANSeS.

También la ley 24463 en su artículo 21 establece que las costas serán por su orden.

Por ello, solicitó se revoque la resolución impugnada por cuanto viola el debido proceso, el derecho de defensa y el de propiedad.

3. El presente caso guarda sustancial analogía con lo resuelto por esta Corte en "Albornoz" (A. y S., T. 205, pág. 331) en cuanto se juzgó decisivo para la suerte de la causa la consideración de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Rueda, Orlinda c. Administración Nac. de Seguridad Social" (abril 15, 2004, en La Ley, T. 2004-D, pág. 108).

En ese precedente el más Alto Tribunal nacional rechazó el recurso de hecho deducido por la ANSeS contra un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Seguridad Social que se había expresado en el sentido de que el artículo 21 de la ley 24463 invocado por la recurrente solo resultaba aplicable a las causas mencionadas en el artículo 14 de la citada ley.

Recordó entonces la Corte nacional que, conforme lo señalado en el precedente de Fallos:324:1139 (disidencia de los jueces Fayt, Belluscio, Petracchi y Boggiano), "la disposición invocada por la apelante... constituía una excepción al régimen general del código de rito y se encontraba inserta en el marco de reformas al procedimiento de impugnación judicial de los actos de la Administración Nacional de la Seguridad Social", añadiendo que también entonces se había ponderado "que de la ley 24463 y de sus antecedentes parlamentarios no surgía que la intención de los legisladores haya sido extender a esa clase de procesos -en el caso, ejecución de sentencias- las prescripciones de aquélla en materia de costas, a la vez que se valoró que los principios hermenéuticos conducían a la interpretación restrictiva de las normas que crean privilegios a fin de evitar que las situaciones de excepción se conviertan en regla general (Fallos:304:422; 316:176; 322:464)". A la luz de tales consideraciones no cabe sino concluir -al igual que en el caso "Albornoz", ya citado- en que, en el estadio de la jurisprudencia de la Corte, se ha abandonado la reiterada doctrina (vide Fallos:320:2783; 323:1557; en particular, "Arisa", Fallos:324:1139) según la cual el artículo 21 de la ley 24463 (que dispone que las costas serán por su orden en todos los casos) debía ser interpretado en sentido amplio, comprensivo de la diversidad de procesos y jurisdicciones en que deba actuar la Administración Nacional de la Seguridad Social (sobre los antecedentes de dicha doctrina, vide Fallos:240:297; 243:398 y 463; 288:433; 300:895).

Por ello, al no tratarse en el caso -como es elemental- de un proceso de impugnación judicial de resoluciones administrativas de la ANSeS, que es la hipótesis contemplada en el artículo 21 de la ley 24463 (vide artículo 14, ley citada) y no pudiendo extenderse la regla consagrada en dicho precepto a otros supuestos diferentes (como decían los romanos, "singularia non sunt extendenda") y atendiendo -además- a que la ley 24028 nada dice al respecto -no obstante tener un capítulo especialmente dedicado a las "costas judiciales" (art. 17)-, forzoso es concluir en que no asiste razón a la impugnante en el planteo de arbitrariedad que formula, al no aportar argumentos que justifiquen un apartamiento (que debe estar necesariamente fundado, bajo pena de nulidad, vide Fallos:323:3115) de la regla básica que consagra la responsabilidad patrimonial derivada de la sustanciación de un proceso judicial, disponiendo que la vencida debe siempre soportar los gastos realizados por la vencedora para obtener el reconocimiento de sus derechos, regla recibida en nuestro código de rito que se asienta en el derecho de propiedad.

Por las razones expuestas, voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: El examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, realizado con los principales a la vista, me conduce a ratificar la posición que sustentara al denegar el recurso directo (R. A. y S., T. 199, pág. 133), por lo que "brevitatis causae" me remito a los fundamentos que expusiera en esa oportunidad.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Vigo, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Vigo, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Vigo, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055). Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI (por sus fundamentos)-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)