marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Quiebra, honorarios, avenimiento, base, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: AMUCHASTEGUI, AMILCAR DERMIDIO s/ CONCURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-30

El monto que debe resultar para tener base económica al momento de la regulación de los honorarios de los funcionarios del concurso, existen distintos criterios doctrinarios y jurisprudenciales que establecen las pautas a esos fines. Así es, doctrina mayoritaria que no estando previsto en la Ley Concursal procedimiento alguno para establecer el monto del activo, cuando se trata de la circunstancia que dentro del trámite concursal no se ha provocado venta de los bienes del fallido por conclusión de la misma, sea por avenimiento, por pago total sin liquidación, o por presentación de cartas de pago, antes de la venta en subasta pública, debe utilizarse la formula de la ley para casos similares (en caso de acuerdo preventivo o resolutorio, etc.); se ha dejado librado a la prudente estimación del juez la determinación del activo (art. 289) a efectos de regular los honorarios de los funcionarios, cuando es dificultoso contar con un monto real y actual (C.Nac.Com. "E" del 28/4/82), o como sostiene la Corte Suprema en "Cantera San Lino" ED. 57-394, "que el art. 289 L.C. da como base el monto del activo prudencialmente estimado por el Juez".

Concluye la jurisprudencia diciendo que debe interpretarse que cuando la ley 19.551 ha dejado librado a la prudente estimación del juez la determinación del monto del activo, lo ha hecho en la inteligencia que sería dificultoso contar con un monto real y actual (C. Nac.Com. "E" del 14/6/82) ED: 114-292. Pero es constante la jurisprudencia en partir "como elementos básicos de valoración de los bienes de las pautas dadas en el informe general de la sindicatura, si bien no es el único indicio a tener en cuenta" (C Nac.Com. "A" 22/6/82). Concluyendo, la posición mas ecléctica es que la estimación del activo debe realizarse sobre la base del probable valor de realización de los bienes que integran el patrimonio de la concursada constituyendo para ello una de las principales pautas el informe del síndico (art. 40), aunque no debe ser el único indicio a tomar en cuenta (art.288 inc. 1 y 289)C. Nac. Com. "A" del 22/6/82 en "El Yatel S.A. ". Y se concluye que tal base económica, debe ser actualizada a la fecha de la regulación de los honorarios, teniendo en cuenta la depreciación monetaria.-
Prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Casanova, Miguel R. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

El plazo de la prescripción liberatoria comienza a computarse a partir del momento en que puede ser ejercida la protección jurídicamente demandable.
Interpretación amplia, aplicación de la ley laboral, reformatio in pejus
Materia: LABORAL
Carátula: Utrera Paula Elizabeth c/ Romero Mónica María Teresa s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-03

Otorgar el beneficio de gratuidad a quien dijo ser trabajador y no lo demostró, implicaría un exceso interpretativo porque, más allá de las legítimas y altruistas intenciones del exégeta, se desoye la primera de las directrices hermenéuticas que indica que si la ley es clara debe estarse a sus justos términos ("in claris non fit interpretatio"). Lo contrario zaheriría la republicana división de poderes. Y creo se compartirá que las normas sub examine son claras: ambas (art. 17 del CPL y art. 20 de la LCT) confieren el beneficio de gratuidad al trabajador o sus derechohabientes (Voto Ronconi, en disidencia)
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: G., N. O. c/ U., M. C. y otro s/ Prepara Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-22

La limitación de la cláusula penal excesiva no exige ineludiblemente la configuración de lesión subjetiva, pues no debe perderse de vista que la prestación objeto de aquella debe poder ser objeto de las obligaciones (art.653 del CC), y la cláusula desproporcionada ofenda la moral y las buenas costumbres en los términos del art.953 del CC.
Ley procesal penal, recursos, delitos contra la integridad sexual, derechos de la víctima, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad formal, falta de fundamentación, fundamentación del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: I. V. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2020-11-03

1.- Corresponde declarar desde un estricto punto de vista formal la inadmisibilidad de la Impugnación Extraordinaria presentada por el Defensor Público en favor del imputado, toda vez que no se verifican las condiciones sobre las cuales pudiera intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del Recurso Extraordinario Federal, restando así un requisito esencial para el acudimiento a esta instancia (art. 248, inc. 2°, a contrario sensu, del C.P.P.N.). Ello así, en tanto los agravios planteados no refutan los motivos esgrimidos por el Tribunal de Impugnación en su sentencia, a la vez que remite al análisis de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenos al control extraordinario articulado. De acuerdo a los múltiples argumentos del tribunal sentenciador y de la prueba que él mismo enumera, se observa que la implicación del encartado se sostuvo en pruebas adicionales de suficiente valor suasorio para destruir la presunción de inocencia.
Poder Judicial, leyes, control de razonabilidad, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Jorge Andrés NEVILLE c/ BANCO POPULAR ARGENTINO  S.A. s/ DERECHOS  ADQUIRIDOS  -  IGUALDAD  -  LEY - RAZONABILIDAD DE LA LEY -  EMPLEADOS  BANCARIOS - ESTABILIDAD - PODER  JUDICIAL  -  CONTRATO  DE  TRABAJO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse. Sólo casos que trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario habilitan la intervención de los jueces.
Instrucción sumaria, interpretación restrictiva, embargo, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NAVAS, Darío A. s/ INSTRUCCION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-17

El art. 2° del C.P.P. expresa que toda disposición legal que establezca sanciones procesales, debe ser interpretada restrictivamente. El nuevo procedimiento de instrucción sumaria, que introdujo al ordenamiento adjetivo los arts. 353 bis y ter, no prevé expresamente la imposición del embargo para aquellos que no opten por ser oídos en declaración indagatoria y, por lo tanto, debe regir el proceso por las normas comunes. En una aplicación extensiva de la imposición de una medida de carácter gravoso respecto del enjuiciado, significaría extralimitar las facultades jurisdiccionales, en violación a lo dispuesto por aquella disposición procesal.

En las causas que se rijan por los mencionados artículos, es posible ordenar el embargo de bienes del imputado aplicando la regla general contenida en la última parte del art. 518, C.P.P. Ello será sólo en casos en los que existan serios motivos que justifiquen la adopción de la medida cautelar.
Farmacéuticos, socio comanditario, deuda previsional, remuneración, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: NUEVA FARMACIA ITALIANA S.C.S. c/ D.N.R.P. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

El sueldo que de conformidad a la L.C.T., percibe el socio comanditario director técnico de una farmacia, con independencia de las utilidades que le pudieran corresponder, se halla incluido en el régimen previsional instituido por la ley 18.037. Por ello, corresponde confirmar la resolución que desestimó la impugnación de deuda sobre los cargos por aportes de dicha remuneración.
Cuestiones de competencia, encubrimiento de contrabando, falsificación de marca o designación, competencia de instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: L.F.C. REPRESENTACIONES S.R.L. s/ Contrabando y Régimen Penal Tributario, incidente de traba de competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-05

En la cuestión de competencia planteada entre el Juez en lo Penal Económico y el Juez en lo Criminal y Correccional Federal debe seguir entendiendo éste último, por tratarse de una causa formada con motivo de una providencia del Juez en lo Penal Económico que entiende en otra causa instruida en averiguación de hechos de encubrimiento de contrabando y dicha providencia constituye una denuncia de delitos de la Ley 22362 de marcas, no habiendo ninguna declinación de competencia que incumbe al Juez en lo Penal Económico; para conocer de la denuncia en cuestión es competente el Juez en lo Criminal y Correccional Federal, sin perjuicio de la apelación que pueda caber, en su oportunidad, de las reglas de conexidad de los Art. 41 a 43 del CPP.
Recurso de apelación (procesal), apertura a prueba, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rinaldis, Carlos Daniel c/ Rosafor y/o Subinquilinos y/u ocupantes s/ Desalojo y/u ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-24

En forma similar a lo que ocurre tratándose de un memorial o expresión de agravios, el escrito en que se formula el replanteo de pruebas deberá contener una crítica concreta y razonada de la resolución recaída, señalando los errores de la providencia que denegó la prueba ofrecida en primera instancia.
Prescripción, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: WIESNER DE CALDERON MARIA ESTER c/ POPELKA LADISLAO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-20

Referente a lo resuelto sobre el rechazo de la prescripción opuesta, si bien el inicio y cómputo de la prescripción es una cuestión de hecho, en el subexamen la Cámara aplicó correctamente el Artículo 3956 del Código Civil, que establece que la prescripción de las obligaciones personales comienza desde la fecha del título de la obligación, que en este caso, no es otro que no sea la sentencia declarativa de la filiación, cuyo ejercicio es imprescriptible, la que además del de declarativo, tiene el carácter de constitutivo.
Sanciones disciplinarias, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Heit, Zulma B. c/ Microomnibus Quilmes S.A. s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

Las correcciones disciplinarias aplicadas a los profesionales por las Cámaras de Apelación, no son susceptibles de recursos extraordinarios en virtud de lo dispuesto por el art. 75 de la ley 5827. (Minoría u opinión personal)
Subasta de inmuebles, base, acreedor hipotecario
Materia: COMERCIAL
Carátula: DANIEL NAFTULEWICZ c/ NESTOR LOBO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

Basta acreditar ser acreedor hipotecario para sustentar el pedido de aumento de la base de la subasta, sin ser menester que deba liquidar judicialmente el crédito, ni incoar su ejecución.
Terminación del proceso, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: G., H.O. c/ P., J.W. s/ Interdicto de Recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-18

"El momento a partir del cual comienza a correr el plazo de caducidad si se toma literalmente la disposición del art. 615 del C.P.C.C., tiene su origen en el acto de la desposesión.

Pero, como la posesión se puede perder aún antes de que el poseedor tenga noticias del hecho, como "cuando estando ausentes se impide por la fuerza entrar en ella" (nota del art. 2455 del C. Civil) no resulta del todo feliz la expresión del Ritual.

En algunos casos, con causa justificada, puede admitirse diferir el comienzo del cómputo hasta el momento en que se haya tenido conocimiento de la desposesión".
INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, prestación de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lissandrello, Emilio Roberto c/ Provincia de Buenos Aires (I.O.M.A.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

Si de los fundamentos del acto impugnado por el accionante surge que la prescindencia como prestador de I.O.M.A. se dispuso por aplicación del art. 39 del dec. 7881, no puede inferirse sin más que se tratara de sancionar al afectado en forma solapada ni que se haya configurado el vicio de desviación de poder, el que, por otra parte debe ser demostrado por quien acciona atento la presunción de legitimidad de la que goza el acto administrativo.
Honorarios del abogado, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección de Personas Jurídicas CALP c/ Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda. s/ Intervención Mora, Alberto Rodolfo s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07|1994-04-05

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 57 del dec-ley 8904/77, el letrado podrá únicamente fundar su apelación en el mismo acto de interponer el recurso, sin que puede admitirse que lo haga luego por pieza separada, razón por la cual, resulta extemporánea la fundamentación presentada en memorial por separado, puesto que de permitírsela, se violaría la mentada disposición legal, con grave quebrantamiento de las formas, disposición de insoslayable importancia por integrar preceptos legales de orden público y que veda que los agravios sean concretados con posterioridad al escrito de interposición.
Incidente de caducidad, terminación del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: ARMADA DE ROMANO, Margarita; ARMADA, Roque c/ CARRIZO, Hugo Daniel; CARRIZO, Adela del Valle; CARRIZO, Cesar Eduardo; CARRIZO, Adriana Inés
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-16

La jurisprudencia es conteste en que al fundamento de orden público de que la perención tiene por fin liberar a los órganos jurisdiccionales de las cargas que implican mantener los procesos inertes, se agrega el principio dispositivo del proceso, según el cual corresponde a las partes iniciar, estimular, activar, urgir, en una palabra "instar" y mantener con vida el proceso, o sea la instancia, para que la misma no se extinga por inactividad de las partes.
Comisiones médicas, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mercado, Héctor Gabriel c/ Galeno A.R.T. S.A. s/ Accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-02

La revisión judicial prevista en el art. 2 de la Ley 27.348 no satisface la garantía mínima del debido proceso, tendiente a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de una contienda judicial, que le permita tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al Juez (art. 18 citado), ya que el recurso que estatuye como mera revisión judicial de lo actuado en sede administrativa por los profesionales de la medicina, a quienes se les otorga facultades jurisdiccionales para desestimar las pruebas improcedentes, superfluas o dilatorias, amén de establecer los distintos aspectos que rodean la viabilidad de un reclamo indemnizatorio dentro de las previsiones y con los alcances previstos por la ley 24.557
Interés superior del niño, Convención sobre los derechos del niño, deber de obrar con prudencia, cuidado de niños, CHILE, discriminación, orientación sexual, madre del menor, derecho a la protección integral de la familia, principios del derecho internacional de los derechos humanos, conviviente del mismo sexo
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Atala Riffo y Niñas c/ Chile s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-02-24

No basta con la mera referencia al interés superior del niño, para sostener la existencia de riesgos o daños que pudieran acarrear la orientación sexual de una madre respecto de sus hijos o hijas -en el caso, fue demandado el Estado Chileno por trato discriminatorio e interferencia arbitraria en la vida privada, laboral y familiar de la madre de tres niñas, a quien se le quitó la custodia debido a su convivencia con otra mujer-, pues no puede ser empleado para amparar la discriminación ni en contra de la madre o del padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos, y el sistema internacional de derechos humanos prohíbe al juzgador tomar en consideración tal condición social como elemento para definir una tuición o custodia.
Dirigente gremial, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación del Personal de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Práctica desleal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-21

Corresponden a la competencia originaria de la Suprema Corte como tribunal de lo contencioso administrativo, las demandas que, procurando su reincorporación al cargo o tan sólo indemnizaciones por estabilidad gremial, son promovidas por agentes estatales que invocan el amparo de dicha garantía, quedando comprendida en tal competencia -delimitada por los arts. 149 inc. 3 de la Constitución provincial y 1 y 28 del C.C.A.- la consideración de las cuestiones federales planteadas como fundamento de sus pretensiones.
Verificación tardía, prueba, legitimación procesal, síndico del concurso
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: MARTIN  Y  BOURDICHON  S.R.L.  EN AUTOS CANTERAS DEL LITORAL S.R.L. - QUIEBRA PROPIA - s/ INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-10-01

La fallida carece de personería suficiente para confesar en juicio (negar o afirmar) en virtud del desapoderamiento que sufre y por su incapacidad relativa, siendo representada por el síndico; por ello no puede aducirse negligencia de dicha parte en producir la prueba, pues la carga de la misma recae sobre la actora y la circunstancia de desconocer la deuda no es motivo para presuponer que el fallido haya reconocido implícitamente la documental acompañada. Además es la actora quien debió ofrecer prueba en tiempo y forma, lo cual omite, pretendiendo incorporarla tardíamente. El silencio del síndico sería como una presunción juris tantum, que solo puede tener relevancia como prueba fehaciente sobre el tema, agregando elementos de convicción que acrediten el hecho.
Hábeas data, funcionarios públicos, declaración jurada patrimonial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Martella María Silvia y Otro c/ E.N. (Mº de Justicia) y DDHH. s/ Hábeas Data".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-06

En el régimen de la ley 25.188 impugnado no se instaura una publicidad sin condicionamiento de las declaraciones juradas de los accionantes, atento los requisitos que se debe cumplimentar (art. 10 ley 25.188; arts. 15 -hoy derogado-, 17, 18 y 19 decreto 164/99), y las restricciones a la información patrimonial sensible y personal (art. 6 inc. e) última parte de la ley 25.188; art. 18 decreto 164/99) que evitan la conculcación de garantías constitucionales. (Consid. V).
Condominio, club de campo
Materia: CIVIL
Carátula: Mapuche Country Club c/ López de Marsetti, Hebe Edith y otros s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-02

Aunque en el título de propiedad ninguna referencia se haga al club de campo, constando la simple adquisición de los lotes en un loteo convencional, con calles cedidas al Estado y la correspondiente división y nomenclatura catastral, si los propietarios reiteraron en diferentes circunstancias que su antecesor fue socio fundador del country club, cabe concluir que "ab initio" los lotes se adquirieron como formando parte de un club de campo en el que los titulares de los lotes de vivienda adquirieron el condominio sobre los restantes bienes que formaban el country.
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, contrato de obra pública, contratista, plazo, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonfanti Di Biasio S.C. - Enrietto E.C. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 135-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

Tanto los pronunciamientos de la Corte local (basados en la legislación sobre la materia -ley 5188 y su reglamentación-), como toda la normativa específica contenida en los distintos Pliegos de Condiciones de uso corriente, exigen siempre que los pedidos de reconocimiento de sumas no pagadas se sujeten a limitaciones temporales. Y no ha de verse en el sometimiento de las empresas constructoras a determinados plazos de reclamación, un mero formulismo sin sentido. El reclamo en tiempo oportuno es la concreción del deber de las partes de evidenciar una conducta contractual previsible, honesta, clara y de buena fe, que le permite a la Administración solucionar las contingencias que se producen en curso de la obra dándoles respuesta en forma condignamente oportuna. Tales requerimientos llevan a que se deba descartar de plano en el contrato de obra pública la posibilidad de admitir reclamos genéricos efectuados en la finalización de la obra sobre discrepancias en la forma de certificación cuando es de toda lógica suponer que se contó con la efectiva posibilidad de advertir a la comitente de tales diferencias durante la ejecución de los trabajos.

Un temperamento distinto llevaría a que las partes no conozcan a ciencia cierta si la ejecución contractual se está desenvolviendo conforme a lo convenido, incertidumbre que podría mantenerse por años en obras de las características como la que aquí se analiza.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, honorarios, base regulatoria, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE c/ CAMINITO, CARLOS Y OTRA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA EJECUTIVA (EXPTE.: C.S.J.   NRO. 370 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-04

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto puesto que - más allá de su carácter fáctico y procesal-, no se desprende de autos un notorio apartamiento de los extremos de la litis desde la perspectiva que imponen los artículos 8 y 4 de la ley 6767 para supuestos de rechazo total de la demanda.

Es que el recurrente no logra convencer que el Tribunal se hubiera apartado de la cantidad reclamada que surgiría del escrito de demanda para tomar la base a los fines de la regulación de honorarios y, más allá del grado de acierto en las reflexiones sustentadas por los sentenciantes al descartar la valuación del Banco actor debido a su exorbitancia e incompatibilidad con las constancias de la causa; ello no releva al impugnante de demostrar la incorrección de dichas sumas en el caso concreto y en particular -y en todo caso que, ateniéndose a las pautas extraídas de la demanda- una diversa conclusión se hubiera impuesto, toda vez que las regulaciones deben ajustarse asimismo al mérito, naturaleza o importancia de esa labor y los jueces disponen de un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de dichos factores (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Zubeldía, Luis y otros c/ Municipalidad de La Plata y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

La determinación de las peticiones de los litigantes es ajena a la instancia extraordinaria, salvo el caso de arbitrariedad, lo que acontece cuando el objeto de la condena no resulta congruente con la demanda y la decisión no significó suplir una omisión del litigante sino variar la acción que se dedujo. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.