marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, obligación alimentaria, obligación alimentaria entre parientes, título profesional
Materia: CIVIL
Carátula: R., G.  M. c/ M., C. H. s/ Incidente de Cuota Alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-12-12

Cuando se trata de alimentos a favor de los hijos menores, el padre que cuenta con título profesional no puede ampararse en la insuficiencia de sus ingresos para atender las necesidades de aquéllos, pues las responsabilidades asumidas por la patria potestad lo constriñen a realizar los esfuerzos necesarios para atender esas prestaciones, exigiéndole hacer uso de su título profesional o, en su defecto, redoblar los esfuerzos en procura de otros medios que lo coloquen en situación de contribuir a la manutención de los hijos, uno de los principales deberes que, juntamente con el de la madre, componen un ingrediente más dentro del recto ejercicio de la patria potestad, que ni siquiera puede eludirse en caso de ser probado el desmejoramiento económico.
Trabajador, trabajadores rurales
Materia: LABORAL
Carátula: Leiva, Antonio Daniel c/ Chediex Ana Clara y/o granjas y criadores Línea Avícola S.A. y/o quien resulte responsable. s/ Diferencias salariales. Despido. Certificaciones.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-11-30

El hecho de que el trabajador rural haya desarrollado tareas simples y diversas no implica, sin más, que debe descalificarse su pretensión, cuando existe reconocimiento "ficto" de la condición de "encargado" y de las diferencias salariales por jerarquía funcional.

No existe contradicción o incongruencia del actor por haber admitido que desempeñaba tareas amplias y diversas, ya que lo que tipifica la función es la facultad de representación, de decisión y de iniciativa, y no la amplitud y generalidad de trabajos.
Personal de casas particulares, ley de contrato de trabajo, ley vigente
Materia: LABORAL
Carátula: CASTRO, Juana c/ VIDELA, Octavio Roberto y otros s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-11-03

Ello es así, dado que si bien los trabajadores del servicio doméstico están excluidos de la LCT (art. 2), debe el juez recurrir a los principios de las leyes análogas, tal como manda el art. 16 del Cód. Civil, y tratándose de un contrato no marginado del derecho del trabajo (art. 1 Dcto. Ley 326), la ley apropiada para su aplicación analógica es, precisamente, la ley de contrato de trabajo, que si bien ha excluido su expresa aplicación al caso, no ha vedado que se recurra por analogía a ella en esta materia.
Pensión por invalidez, personas con discapacidad, situación de vulnerabilidad, principio de progresividad, Derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Silva Leal, Alicia c/ Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

La preferente tutela de la que gozan las personas en situación de vulnerabilidad, en particular las personas discapacitadas, y el principio de progresividad en la satisfacción plena de sus derechos fundamentales, según se encuentra prescripto en el art. 75, inc. 23, de la Constitución Nacional, ha desterrado definitivamente interpretaciones que conduzcan a resultados regresivos (Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti).
Compraventa, daño por vicio o riesgo de la cosa, vicios redhibitorios, prueba, carga de la prueba, peritos
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Fideicomiso Tucumán 3626 c/ Percomin ICSA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

El comprador está obligado a reclamar en el término del CCOM 472 cuando pretendiese que las mercaderías no corresponden a lo pactado. Debe inmediatamente tomar las providencias conducentes a la realización de la pericia prescripta por el art. 476, o sea, haciéndole notificar al vendedor para permitirle participar en ella y realizar las convenientes comprobaciones. Haciéndolo estará en condiciones de demostrar su aserto y quedará habilitado para demandar el cumplimiento o la rescisión -con el resarcimiento de daños y perjuicios o sin él-, en tanto el vendedor no se avenga a satisfacer sus justas exigencias. El legislador, al disponer que el comprador debe reclamar y justificar su reclamación dentro del término de tres días, ha querido imponer la necesidad de que los alegados deterioros o defectos sean inmediatamente verificados en el lugar de su recibo, para evitar que puedan atribuirse a las circunstancias ulteriores. El CCOM 456, 472, 473 y 476, pues, imponen la obligación de hacer verificar el estado de las mercaderías recibidas. Los arts. 456 y 476 disponen que dicha prueba se hará por peritos. El comprador debe expresar claramente cuáles son los defectos que atribuye a la mercadería, sin necesidad de precisar, especificar o invocar los derechos a las diversas acciones que la ley, en este caso, le confiere. La notificación puede hacerse por todos los medios posibles: por escrito o verbalmente, por telegrama o por carta, etc.; pero al denunciante le convendrá utilizar un medio adecuado como para que quede constancia firme e incontestable. De no mediar entonces una confesión del vendedor en el sentido de reconocer los defectos o vicios de las cosas vendidas, el comprador debe gestionar la realización de la pericia, ya sea por vías extrajudiciales -si el vendedor se aviene a ello- o por vía judicial en caso contrario. Esta prueba es por lo general insustituible; porque hay casos excepcionales en que se hace preciso admitir otras. De suerte que si aquélla no se realiza, el comprador perderá por preclusión, su derecho a toda reclamación y con mayor razón si no fuere objetada (F.J. Garo, Derecho Comercial - Compraventas, T. 1; pág. 242 y ss., Roque Depalma Editor, Buenos Aires, 1956).
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho del menor a ser oído, carácter no vinculante
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: B., C.A. y R., L.M. c/ E., M.H. s/ Incidente de Cesación de Régimen de Visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-22

Se observa una marcada tendencia en el Derecho occidental a oír a los menores en todos los asuntos que les conciernan, si bien sus opiniones no resultan vinculantes para el juzgador. Es que el menor no sólo carece, la más de las veces, de la objetividad y madurez de juicio para poder evaluar lo que lo beneficia, sino que puede resultar presa fácil de las ya mentadas posibles presiones de su entorno.
Seguros, sociedades mutuales, seguro de desempleo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  DE  SEGUROS  DE  LA NACION c/ ASOCIACION MUTUALPARA CONDUCTORES ASISTENCIA TOTAL. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-10

Cabe calificar como contrato de seguro al "subsidio de reposición de fuente de trabajo" otorgado por una asociación mutual; toda vez que, tal subsidio establecía que cuando el motovehículo fuese robado o se produjera su destrucción total por un accidente no intencional, la mutual dará curso al subsidio o reposición; mediante cláusulas posteriores se establecía el modo y las condiciones en que aquel se otorgaría, de manera similar a las estipuladas generalmente en las pólizas de seguros; los asociados debían efectuar la denuncia del siniestro, con lo cual se demuestra que el llamado subsidio contenía todos los elementos que configuran un contrato de seguro -interés asegurable, prima y riesgo-, de acuerdo a lo prescripto por la ley 17418 art. 1
Acción de amparo, derecho a la salud, personas con discapacidad, derechos de incidencia colectiva, asociaciones civiles
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-10

Cabe dejar sin efecto la sentencia que rechazó in limine la acción de amparo interpuesta por una asociación civil contra el INSSJP con el objeto de que se reconociera el derecho a la cobertura integral de prestaciones en favor de las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas de acuerdo a lo establecido en las leyes 22.431 y 24.091, pues aun cuando pudiera sostenerse que, en el caso, el interés individual considerado aisladamente, justifica la promoción de demandas individuales, no es posible soslayar el incuestionable contenido social del derecho involucrado que atañe a grupos que por mandato constitucional deben ser objeto de preferente tutela por su condición de vulnerabilidad: los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moreno, María Gregoria c/ Moreno, Juan s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

La denuncia de infracción a la doctrina de esta Corte es insuficiente para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley, si no se la acompaña con la pertinente indicación de las normas legales que se habrían violado.
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, derecho de propiedad, inconstitucionalidad, intereses compensatorios, enriquecimiento sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: Robles Pedro Daniel c/ Instituto Autarquico del Seguro de Entre Rios s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-04

La Resolución 1039/2019, afecta el principio de progresividad y produce un efecto pernicioso sobre el accidentado, al afectar el derecho de propiedad, que impone su inconstitucionalidad. Y relativo a la aplicación de intereses compensatorios (12% anual), por el tiempo transcurrido desde el evento dañoso hasta la finalización del proceso, indicó nuestro máximo Tribunal que correspondía porque el actor se vio privado de su crédito, pues lo contrario permitiría un enriquecimiento sin causa de la aseguradora. Agregó que, sigue vigente la regla del art. 2 de la Ley 26773, en cuanto dispone que la reparación se computa desde que acaeció el evento dañosos o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional, y que resulta aplicable el criterio respecto del cómputo de intereses, sentado en los autos "Ballay c/ IAPSER" (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Sucesión testamentaria, capacidad para testar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cuneo de Ginocchio, Paula c/ Díaz de Barragan, Ofelia y otros s/ Nulidad de testamento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-09

Para poder testar válidamente es preciso que la persona esté en su perfecta razón, siendo que por otro lado los dementes sólo podrán hacerlo en los intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos y prolongados para asegurarse que la enfermedad ha cesado por entonces (art. 3615 del Código Civil).
Principio de congruencia, accidentes de trabajo, culpa de la víctima
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Lantin, Ramón Delmiro c/ Peldaño  S.R.L.  y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04

Si la base de la defensa de la demandada radicó en que el accidente no había ocurrido de la manera relatada por el trabajador, y que, para el caso de que ella fuera probada, igualmente él era responsable porque caminaba distraído, el tribunal no respetó el principio de congruencia al determinar como factor eximente de responsabilidad el defectuoso estado de las zapatillas del trabajador.
Ordenanzas municipales, facultades de la Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COTRAVI LTDA. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-27

Las ordenanzas municipales son ley en sentido material y sustancial, como actos normativos de sustancia legislativa, expresión por tanto de la facultad de legislar en la órbita de las corporaciones municipales.
Empleo público, sanciones disciplinarias administrativas, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-17

La facultad que tiene la organización estatal para disciplinar a los agentes que la integran -ello, a fin de garantizar su orden y eficiencia frente a conductas que comprometen dicha unidad de acción- debe necesariamente adecuarse a los principios constitucionales que, en el marco de un Estado de Derecho, condicionan y rigen todo el obrar estatal, máxime si se trata del ejercicio de potestades que suponen la restricción o incluso la extinción de derechos consagrados constitucionalmente -por caso, el derecho a la estabilidad del empleado público reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires-.
Marcas, oposición al registro de marca, marcas confundibles, marcas de servicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOREA, ENRIQUE Y OTROS c/ HOLANDE SA s/ CESE DE OPOSICION REG. MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28

La oposición deducida por la demandada al registro de la marca Greenkiwi en la clase 35 es improcedente. Basta con señalar que el título de la demandada esta conferido para productos de las clases 29 y 30, en tanto que la solicitud de los actores persigue identificar un servicio que no es confundible con aquellos. Se trata, pues, de aplicar el principio de la especialidad (art. 3, incs. a y b de la ley 22.362). Por otra parte, Greenkiwi "no es la designación necesaria o habitual de ninguno de los servicios incluidos en la citada clase, ni es descriptivo de su naturaleza, cualidades u otras características, de modo que no encuadra en las prohibiciones del art. 2 de la ley 22.362", sin que obste a esta conclusión la circunstancia de que el servicio que tienen previsto prestar los actores se relacione con la comercialización de frutas, pues con la marca propuesta solo podrán distinguir ese servicio o actividad, pero no a los productos.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, providencia simple, firma del secretario
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRCULO DE INVERSORES SA c/ HAENE, ALEJANDRO s/ EJEC. PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-03

Si bien las providencias suscriptas por los secretarios son solo recurribles ante el magistrado de la causa cuya decisión es inapelable (cpr 38 in fine), cuando la providencia ha sido firmada por el funcionario en exceso de sus facultades, tal previsión no es aplicable, siendo apelable la decisión del magistrado que convalida lo decidido por el actuario (en el caso, se denegó un pedido de sentencia y se mandó realizar la intimación de pago en cierto domicilio, decisión que excede el mero trámite).
Municipalidad, facultades de la Municipalidad, multa
Materia: LABORAL
Carátula: BERTHET, Gabriel Alejandro c/ MUNICIPALIDAD DE UBAJAY Pcia. de Entre Ríos s/ Acción de Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-02-19

Los Municipios son incompetentes para ejercer la comprobación y aplicación de las disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449/94 y sus decretos reglamentarios 179/95 y 779/95 a que adhirió la Pcia. de Entre Ríos por Ley Pcial. 8963/95 en la Ruta Nacional 14, donde se habría cometido la supuesta infracción.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, escribanos públicos, funcionarios judiciales, proceso penal, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: AYALA PAPICH, JUAN ISMAEL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- ACTUACIONES ORDENADAS POR ACTA ACUERDO NRO. 19 PUNTO 11) DE FECHA 24.5.95 QUE DISPONE LA INSTRUCCION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO AL AGENTE DE LOS TRIBUNALES DE ROSARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 199 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-17

Si bien pensando en los escribanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado que "no resulta irrazonable" la facultad otorgada por el Congreso al organismo de control de la actividad de los escribanos para suspender preventivamente a aquéllos en tanto se sustancie el proceso penal", lo que resulta enteramente aplicable respecto de la potestad de suspender preventivamente a los funcionarios y empleados contra los que se sigue un proceso penal. El hecho de que el R.J.N. exija que funcionarios y empleados reúnan determinadas condiciones éticas configuradas en una conducta irreprochable es un arbitrio adecuado al buen funcionamiento de la justicia.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, impuestos internos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Massalín Particulares  S.A. c/ Resolución  nx37/90    de la Subsecretaría de Finanzas Públicas de la Nación. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

La resolución 37/90 de la Subsecretaría de Finanzas Públicas, que estableció una ampliación de diez días para el ingreso del tributo, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 32 de la Ley de Impuestos Internos (t.o. 1979 y sus modificaciones) por el art. 79 de la ley 23.760 y por el art. 2 (Anexo IV) del decreto 479/90 no adolece de ilegalidad manifiesta, en orden al presupuesto de admisibilidad del amparo previsto por el art. 1 de la ley 16.986.
Contrato de trabajo, pasantías, fraude laboral, primacía de la realidad
Materia: LABORAL
Carátula: Mansilla, Iris Lorena c/ Telefonica de Argentina S.A. y Otros s/ Cobro de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-27

Por aplicación del principio de " primacía de la realidad", resulta a todas luces evidente que el vínculo que unió a las partes fue un contrato de trabajo por tiempo indeterminado regido por la L.C.T. y no una relacion contracual regulada por el decreto 340/1992, por lo que propiciaré condenar a las codemandadas Telefónica de Argentina S.A. y Fundación Educación y Trabajo.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, Municipalidad, concejo deliberante, nombramiento, intendente, representación legal, acción de amparo, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TACCARI, VICTOR JOSE c/ MUNICIPALIDAD  DE  LAS  ROSAS  Y-O  CONSEJO  MUNICIPAL  DE  LAS ROSAS s/ QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 288-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-03

Resulta inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo Municipal contra la sentencia que hizo lugar a un recurso de amparo, dejando sin efecto la decisión adoptada por aquél, por la cual se había incorporado a un concejal en sustitución de otro renunciante, y mandó designar en su lugar al actor, para ocupar la banca; puesto que se halla ausente un recaudo procesal insoslayable, cual es la deducción del recurso por la persona jurídica (Municipalidad) en la que se integra la "autoridad pública afectada", mediante la actividad del órgano que conforme al ordenamiento jurídico la representa (Intendente).
Juicio ejecutivo, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diconno, Susana c/ Elosegui, Liliana y otros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05

La sentencia de remate no es definitiva ni hace cosa juzgada, prevaleciendo la recaída en el proceso de conocimiento pleno. Y precisamente, ese juicio de conocimiento pleno es el de rescisión contractual, en el que se ha debatido con toda amplitud la legitimidad del título invocado por la locadora para promover el juicio ejecutivo por cobro de alquileres.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Quilmes S.A. c/ Lezcano, Ernesto Ismael s/ Ejecución Aciso Banco Cooperativo Limitado c/ Pérsico, Eduardo Ñuis y Floria, Néstor Mario s/ Ejecución y embargo preventivo Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Marzoni, J. s/ Preparación vía ejecutiva Lloyds, Bank (B.L.S.A.) Ltda. c/ Férnandez, Lombardía, Gustavo A. y otra s/ Ejecución Banco Marplatense Ltdo. c/ Giorgiovich, Julio s/ Ejecución y embargo preventivo Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. c/ Szulgan, Aleksander y otra s/ Ejecución Banco Mercantil Argentino S.A. c/ Colombo Rolando E. y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04|1993-10-19|1994-02-15|1995-10-18|1991-06-27|1996-02-13|1997-04-22

La habilidad del certificado de saldos de una cuenta corriente bancaria exige que el saldo se determine en ocasión de la clausura de la cuenta, sin que sea menester demostrar que ha sido comunicado al cliente o conformado expresa o tácitamente por éste, dado que ello implicaría desnaturalizar el carácter de documento y privarlo prácticamente de eficacia frente a deudores desaprensivos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intereses, tasas de interés, obligaciones del asegurador, mora del asegurador, títulos públicos en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: DA PORTA, JOSE Y OTRO c/ EL CABILDO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-20

La tasa de interés aplicable, será del 6% anual desde la mora, que se operó luego de transcurridos los plazos de los artículos 49 y 56 de la ley 17418, hasta el efectivo pago. Ello es así, porque los títulos de que se trata están emitidos en moneda extranjera.
Confirmación de sentencia, medidas cautelares, obras sociales, cobertura médica, acompañamiento terapéutico
Materia: CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Odone, Romina Andrea c/ I.S.S.N. s/ Incidente de elevación (Exp. 70865/2015)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-10-22

Corresponde confirmar la resolución que hace lugar a la medida cautelar peticionada por la actora, y le ordena a la obra social accionada a sumir el 100% del costo real de un acompañante terapéutico para la niña F. M. por ocho horas diarias, asistente domiciliario de doce horas diarias de lunes a sábados y el transporte desde el domicilio hasta la Escuela sita en la ciudad de Cipolletti, y a la cobertura del 100% del costo real de un asistente domiciliario de doce horas diarias de lunes a sábados para la niña R. M., pues, en el presente caso no se encuentra discutida la importante discapacidad que presentan las hijas de la actora, acreditada, además, con los informes médicos aportados a la causa, los que también dan cuenta que los médicos tratantes han requerido las prestaciones que se han otorgado cautelarmente. Este extremo resulta suficiente para tener por configurado los recaudos de procedencia de toda medida cautelar: verosimilitud del derecho invocado y peligro en la demora.
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo, error esencial (civil)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hanke de Fernandez Gladys Leonor c/ Ministerio del Interior -art.3º Ley 24.043-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-16

El art. 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos reputa como nulo, de nulidad absoluta e insanable, el acto administrativo que se dictare cuando la voluntad de la administración resultare excluida por error esencial y en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos. (cons. IV).