Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-10-07


La Plata, octubre 7 de 2009.

Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes cuestiones: 1º. ¿Es fundado el recurso de nulidad? Caso negativo: 2º. ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley? 1º cuestión. El doctor Negri dijo:

I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Carlos Alberto Carzoglio contra el Banco de La Pampa en cuanto pretendía el cobro del adicional establecido por el art. 43 del convenio colectivo 18/75 por el período julio a septiembre de 1999, salarios por enfermedad, sueldo anual complementario sobre ambos ítems, las indemnizaciones por antigüedad y preaviso omitido e integración del mes del despido.

II. Contra esa forma de resolver se alza la parte demandada mediante recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley.

En sustento del primero de ellos con cita de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial denuncia la omisión de cuestiones esenciales que fueron oportunamente puestas a consideración del juzgador por el reclamante.

Identifica como tales la defensa esgrimida al responder la demanda en cuanto a que la estabilidad laboral se encontraba comprometida por graves incumplimientos funcionales generados en su desempeño como gerente en la sucursal Tres Arroyos y la inexistencia de los supuestos incumplimientos por parte de la demandada esgrimidos al disponer su auto despido, circunstancias que necesariamente debieron ser examinadas por el juzgador de grado al resolver la materia litigiosa.

III. El recurso, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, no ha de prosperar.

No se consuma en el caso la infracción al art. 168 de la Constitución provincial habida cuenta que, bajo la denuncia de preterición de una cuestión de dicha naturaleza, lo que en realidad impugna el interesado es la falta de ponderación de los argumentos fáctico jurídicos que empleara para oponerse al planteo del actor.

Cabe recordar que el deber de los tribunales de trabajo de tratar todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, no importa el de seguir a los litigantes en las argumentaciones de hecho y de derecho esgrimidas como sustento de su postura (conf. causas L. 54.087, sent. del 5-VII-1996; L. 61.622, sent. del 4-VIII-1998; L. 82.520, sent. del 7-IX-2005; L. 84.291, sent. del 8-III-2007, entre otras muchas).

IV. Por todo lo expuesto corresponde desestimar el recurso de nulidad deducido, con costas (art. 298, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Los doctores Genoud, Kogan y de Lázzari, por los mismos fundamentos del doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la negativa.

2º cuestión. El doctor Negri dijo:

I. La accionada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 44 inc. "d" ley 11.653; 17 y 18 de la Constitución nacional.

Argumenta, en apoyo de su impugnación, que ninguno de los incumplimientos imputados a su mandante fueron tales y por tanto, no pudieron ser invocados como causales del despido indirecto.

En esa línea recursiva procedió el recurrente a despejar las circunstancias injuriosas alegadas por el accionante y a exponer las razones por las cuales, a su ver, no se configuró ninguna de ellas.

Sostiene que el adicional por zona desfavorable previsto en el art. 25 del Convenio Colectivo 18/75 que se le abonó al actor mientras prestaba servicios en la sucursal Bahía Blanca, por resolución del Directorio del Banco accionado, no le correspondía cuando fue trasladado a la sucursal Tres Arroyos. Esta última localidad -aduce- no se encontraba comprendida dentro de las localidades catalogadas como zona desfavorable por el convenio.

En relación al adicional establecido por el art. 43 del citado convenio, que prevé un plus salarial a fin de asegurar que en ningún caso el sueldo del personal jerárquico podrá ser inferior al que perciba el subordinado con mayores remuneraciones, afirma que, le fue abonado al actor mientras desempeñó efectivamente la función, pero cuando él pidió se le limitaran las funciones, estas pasaron a ser desempeñadas por otro empleado acreedor a percibirlas. Por tanto no constituyó esta, en su opinión, una causal que justificara el distracto.

En orden a la omisión de efectuar los aportes jubilatorios, expone extensas consideraciones alegando en lo esencial que los mismos fueron ingresados en la caja que, conforme al estatuto de la entidad bancaria empleadora, correspondía. La pretensión del accionante de que fueran ingresados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establecido por la ley 24.241, resulta, en consecuencia, errónea.

En cuanto a los salarios por enfermedad inculpable, apunta que el actor, con su intempestivo auto-despido impidió que su mandante, que había cumplido debidamente con el pago de los salarios, pudiera ejercer la facultad de control que le confiere el art. 210 de la Ley de Contrato de Trabajo. Agrega que la norma del art. 208 de esa ley no resulta de aplicación al caso por imperio del art. 213 de la norma citada, puesto que el actor se colocó infundadamente en despido indirecto y el artículo prevé sólo el caso de cesantía directa.

Cuestiona también la decisión de origen en cuanto entendió que la certificación emanada del Instituto de Seguridad Social de La Pampa no cumplía con las exigencias del art. 80 de la ley 20.744 -t.o.-, condenando al Banco accionado a su entrega.

Finalmente se agravia por la declaración de inconstitucionalidad que de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 realizó el sentenciante de grado, a partir de la cual mandó indexar el crédito del actor.

II. El tribunal del trabajo, conforme a las circunstancias fácticas formuladas en el fallo de los hechos -fs. 852/855 vta.- dispuso el rechazo del rubro adicional por zona desfavorable contemplado por el art. 25 del Convenio Colectivo 18/75.

Concluyó en cambio, que debían se acogidos los restantes reclamos. Así consideró errónea la decisión de la patronal de no abonarle más al trabajador el adicional del art. 43, invocando al hacerlo dos fundamentos, a saber: (a) porque la propia norma prescribe que "en ningún caso, el sueldo del personal jerárquico podrá ser inferior...", expresión que entendió debía interpretarse en sentido de no admitir excepción alguna, desechando la alegación de la accionada en el sentido que su pago estaba condicionado al efectivo ejercicio de la función y (b) por considerar que la situación de autos debía ser analizada a la luz de lo normado en el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo que no admite rebaja salarial alguna durante el período en que un trabajador -como era el caso del actor- se encuentre en uso de licencia por enfermedad inculpable.

Acogió también la petición por salarios por enfermedad en los términos de los arts. 208 y 213 de la Ley de Contrato de Trabajo, y la incidencia que estos dos rubros tuvieron respecto del sueldo anual complementario (856/859).

Puesto luego a analizar las indemnizaciones derivadas del despido, entendió correspondía hacer lugar a las mismas. Ello así en la inteligencia de que acreditadas las dos causales legitimantes de tal medida -negativa del accionado a pagarle el adicional del art. 43 del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75 y la disminución de la remuneración durante la licencia paga por enfermedad-, se configuraba la violación del principio de intangibilidad del salario que establece el art. 208 de la ley 20.744 -t.o.-, conducta que consideró impedía la prosecución del vínculo laboral. Por ello, y con sustento en doctrina de este Tribunal, estimó innecesario el análisis de las restantes causales alegados por el trabajador. Asimismo juzgó justificada la situación de despido indirecto en que se colocó el trabajador Carzoglio y, consecuentemente declaró la procedencia de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Condenó también a la accionada a la entrega del certificado de prestación y de cese de servicio que prescribe el art. 80 de ese mismo plexo normativo (859/860).

Finalmente, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, modificados por art. 4 de la ley 25.561, a partir de lo cual mandó actualizar el crédito del actor desde el 1-I-2002 hasta su efectivo pago, conforme al índice de precios al consumidor publicado por el INDEC (860/861 vta.).

III. El recurso admite una procedencia parcial.

1. Reiteradamente ha dicho esta Corte que la apreciación de la existencia de la injuria, así como la valoración de las pruebas arrimadas por las partes a la causa para su demostración, constituyen materia reservada a los jueces de grado. El límite que reconoce esa facultad lo configura la eficaz alegación y demostración del absurdo en la apreciación de los hechos y las pruebas, o en la afirmación y comprobación que la evaluación de la conducta gravosa atribuida a la otra parte ha sido efectuada sin la prudencia que la ley exige a los magistrados (conf. causas L. 80.838, sent. del 6-IV-2004; L. 87.477, sent. del 30-III-2005; L. 86.145, sent. del 19-IX-2007, entre muchas otras).

Ello requiere la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. causa L. 75.525, sent. del 2-X-2002).

Analizados que fueran los términos en que quedó trabada la litis, el tribunal de grado resolvió que el actor logró acreditar la existencia de injuria suficiente justificante de la situación de despido indirecto en que se colocó el trabajador Carzoglio.

2. Los esfuerzos desplegados por el recurrente en su intento de evidenciar el error atribuido a los magistrados no alcanzan para cumplir con ese cometido. Es que en su exposición se aparta de la línea reflexiva que aquéllos concretaron en el fallo, limitándose a efectuar, sobre idéntica base fáctica que la utilizada por el sentenciante de grado para dictar su fallo, un nuevo examen de los hechos y prueba según su propio criterio valorativo (conf. causas L. 74.641, sent. del 18-XII-2002; L. 82.199, sent. de 30-III-2005, entre otras), revelando su intención de disputarle al juzgador la facultad que la ley le confiere para establecer el alcance de los escritos constitutivos de la litis y del intercambio postal como así también la de determinar el mérito de la prueba producida por las partes para demostrar sus afirmaciones.

En definitiva, con las alegaciones que formula en su réplica no demuestra el apelante que el tribunal de grado, al cumplir su función, hubiera incurrido en absurdo o transgredido la prudencia y razonabilidad requeridas por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. En tal sentido, el criterio personal del apelante en torno a la forma en que debió analizar el juzgador la injuria alegada y las pruebas aportadas a la causa para su demostración, con marcada subjetividad, no puede sustituir al que los sentenciantes ejercen en función privativa ni, por lo tanto, constituir adecuado sustento del recurso deducido.

3. Por lo demás, y en orden a la queja del recurrente sobre que el tribunal de grado no analizó las defensas articuladas en el intercambio epistolar, y reiteradas al demandar, respecto a las supuestas irregularidades detectadas en el cumplimiento del débito laboral del actor, cabe señalar que, firme que el contrato de trabajo se extinguió con la notificación del dependiente de considerarse despedido el 18-VIII-1999 no correspondía examinar la conducta posterior de las partes que ninguna gravitación pudo tener sobre la cesantía ya consumada (conf. causas L. 36.798, sent. del 18-XI-1986; L. 55.495, sent. del 12-IX-1995).

4. Tampoco resulta viable el tramo de la queja mediante el cual cuestiona la condena al pago de los haberes por enfermedad.

En tal sentido, cabe igualar los efectos, respecto del trabajador, entre el despido directo sin justa causa y el indirecto justificado por la gravedad de la injuria, pues en ambos casos la ruptura del contrato laboral obedece a una conducta injustificada del empleador, resultando en autos ajustado a derecho el monto reconocido en la instancia de grado por ese concepto.

5. Distinta suerte ha de acompañar al agravio destinado a cuestionar la condena de entrega de certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.

5.1. Resulta menester, a fin de motivar la decisión que he de proponer, realizar un previo relato de ciertas circunstancias relevantes de la causa.

En lo que aquí interesa, del intercambio telegráfico que existió entre las partes surge que el actor dirigió un primer despacho en el que cursó, entre otras, intimación por 48 horas "con fundamento en lo normado por el art. 80 1º párrafo in fine de la L.C.T." para que se le entregasen "constancias que acrediten la realización en forma oportuna y completa de los aportes previsionales que, como obligados directos y agentes de retención debieron efectuar por el suscripto ante el organismo recaudador correspondiente. Esa empleadora me practicó mensualmente descuentos para aportes jubilatorios como surge de los duplicados de recibos en mi poder", bajo apercibimiento de considerarse despedido (fs. 6).

Posteriormente, y según da cuenta el telegrama obrante a fs. 7, el actor se dio por despedido con justa causa fundada, entre otras injurias, en "D) No haber puesto a mi [su] disposición constancias que acrediten la realización oportuna y completa de aportes previsionales. E) Vtro incumplimiento a la obligación de efectuar aportes previsionales impuesta por el artículo 80 -2do párrafo- L.C.T.". Tras lo cual además de reclamar el pago de las indemnizaciones y otros créditos, intimó a la entrega de la certificación de servicios.

Luego, al demandar, incluyó entre los incumplimientos atribuidos a la entidad bancaria, la omisión en el cumplimiento de efectuar aportes jubilatorios (fs. 77 vta. y 91 vta./92), el incumplimiento de su obligación contractual de efectuar los depósitos de los aportes retenidos al actor y de las contribuciones a su cargo al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la ley 24.241 (fs. 93 y ss. ) e injuria laboral por no entregar la constancia documentada de los depósitos de aportes jubilatorios (fs. 96 vta./97).

Por otra parte, reclamó en el escrito inicial la entrega de "certificaciones de servicios y de cesación de servicios" (fs. 83).

En oportunidad de dictar el veredicto, el Tribunal concluyó que se había acreditado el depósito de los aportes previsionales retenidos al actor (rta. 13º cuestión, fs. 854) y que con las constancias de aportes que obraban en autos no quedaba "cumplimentado el certificado exigido al empleador por el art. 80 de la L.C.T." (rta. 14º cuestión, fs. 854 vta.).

Ya en sentencia, en oportunidad de definir la procedencia de las indemnizaciones derivadas del despido, hizo lugar a las mismas sobre la base de considerar que las diferencias salariales a favor del trabajador (por adicional convencional y sueldo anual complementario) configuraban violación del principio de intangibilidad remuneratoria e injuria suficiente que impedían la prosecución del vínculo, resultando innecesario el tratamiento de las restantes causales invocadas (entre otras, las vinculadas, de un modo u otro, a aspectos previsionales) (fs. 859/860).

En otro orden, condenó a la demandada a la entrega de "los certificados de prestación y cesación de servicios" previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (fs. 860).

5.2. El relato que antecede permite detectar sin dificultad el desencuentro que exhibe, en este tramo, el recurso de inaplicabilidad de ley con el fallo impugnado, producto de no escindir debidamente la pretensión indemnizatoria con fundamento, entre otros, en supuestos incumplimientos previsionales y la pretensión autónoma de cumplimiento de las obligaciones instrumentales del empleador, con fundamento en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Así, las extensas consideraciones de la recurrente referidas al régimen jubilatorio del personal del Banco de La Pampa tendientes a demostrar que la falta de ingreso de los aportes al S.I.J.P. no puede ser atendida como una causal grave que impida la prosecución del vínculo (fs. 887 vta. /890 vta.), no tienen razón de ser en función del modo como quedó definida la litis. En efecto, la demandada no puede agraviarse por ese tramo de la decisión por carecer de interés en el eventual acogimiento de su planteo toda vez que no fue ésa la injuria analizada por el tribunal de origen para hacer lugar a la demanda por indemnización por despido. En otras palabras, no traduce perjuicio para la recurrente que legitime su agravio, la decisión del a quo de no tratar -por innecesario- aquella causal.

5.3. La queja por la condena a la entrega de certificados de prestación y cesación de servicios del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo merece, en cambio, ser atendida.

Sin perjuicio de que no es cierto que el actor no hubiera reclamado tales instrumentos (basta la lectura del escrito de demanda para verificar que los certificados en cuestión fueron pretendidos desde el inicio de las actuaciones -fs. 83, segundo párrafo-), asiste razón al recurrente en cuanto a que los mismos obran en el expediente para su retiro por el actor.

Sobre el particular es dable recordar que el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo prevé dos obligaciones instrumentales, cuales son la entrega de constancia documentada del depósito de aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social y sindicato y la de certificado de trabajo con los datos que el mismo artículo señala.

Pues bien, la documental glosada a fs. 570/582 permite dar por cumplidas aquellas obligaciones. Según se observa, los servicios prestados por el actor han sido debidamente certificados, con indicación del tiempo de su prestación, naturaleza de los mismos ("categoría"), constancia de sueldos percibidos y aportes y contribuciones efectuados.

En cuanto al certificado de cesación de servicios, y aunque la obligación del empleador de extenderlo no está prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde determinar que el que obra a fs. 573 cumple con el reclamo de la actora y no ha ofrecido reparos de parte del ente previsional que lo adjuntó (fs. 582).

6. Procedente resulta también el planteo orientado a cuestionar el acogimiento de la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, que llevara al sentenciante a disponer la actualización del capital de condena.

En este orden de ideas esta Corte en precedentes similares al de autos tuvo ocasión de afirmar que "la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del art. 7º de ésta, en el que sólo cambió el término 'australes' por 'pesos', estableciendo que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada y que en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa y, además ratificó la derogación dispuesta por su artículo 10, con efecto a partir del 1º de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios".

Hubo así de señalarse que "aun cuando es de público y notorio que se ha producido una acentuada depreciación de nuestra moneda, entiende este Tribunal que el acogimiento de una pretensión indexatoria como la expuesta por el accionante, además de ser contraria a las normas referenciadas en el párrafo anterior que justamente fueron dictadas con la finalidad de evitar el envilecimiento del signo monetario no haría más que contribuir a ese proceso" (conf. causas B. 49.139 bis, "Fabiano", sent. int. del 2-X-2002, Ac. 86.304, "Alba", sent. del 27-X-2004; L. 85.591, sent. del 18-VII-2007; L. 86.189, sent. del 29-VIII-2007).

En tales condiciones, debe dejarse sin efecto el pronunciamiento de grado en cuanto dispuso la actualización del capital de condena.

IV. Por lo expuesto, con el alcance indicado en el punto III aps. 5 y 6 corresponde hacer lugar al recurso deducido. Costas de esta instancia por su orden (art. 289, C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Los doctores Genoud, Kogan y de Lázzari, por los mismos fundamentos del doctor Negri, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia:

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad (art. 298, C.P.C.C.). Respecto del de inaplicabilidad de ley también deducido, se hace lugar parcialmente al mismo, con el alcance establecido en el apartado III, puntos 5.3 y 6 del voto emitido en primer término a la segunda cuestión. Costas de esta instancia por su orden (art. 289, C.P.C.C.).

Regístrese y notifíquese. - Luís Esteban Genoud - Hilda Kogan - Hector Negri - Eduardo Nestor De Lazzari