marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hurto simple, defraudación, empleados de banco, boleta de depósito, boleta de extracción de fondos
Materia: PENAL
Carátula: Gallego, Omar A. s/ Hurto - Falsificación de documentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-30

Sustrae en los términos del artículo 162 del C.P. , el empleado de banco que mediante la falsificación de los duplicados de boletas de depósito a plazo fijo y de boletas de extracción, retiró en diversas ocasiones sumas de dinero de las cuentas de clientes de la institución, descartándose la defraudación pues su relación con el dinero no implicaba una tenencia propia e independiente, sino que era un mero servidor de la tenencia ajena.
Medidas cautelares, irretroactividad de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Cruz c/ Administración Federal de Ingresos Públicos Dirección General Impositiva s/ medida cautelar autónoma
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2021-01-20

La obligación que la norma impone de informar todas aquellas planificaciones fiscales que se hubieren implementado desde el 01/01/2019, efectivamente acuerda a la norma carácter retroactivo, y ello importa una violación al principio general que sienta el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual restringe la apuntada retroactividad para toda norma, lo que justifica la premura y el peligro en la demora como recaudos de procedencia de toda medida cautelar.
Declaración de insania, elevación en consulta, irretroactividad de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: S. de R. E. s/ Insania
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

Si una sentencia decretando la insania fue dictada antes del año 1981, cuando el régimen del artículo 633, in fine, del Código Procesal, no estaba aún instituido legalmente, dado que recién entró en vigencia con la ley de reformas, 22.434, resulta evidente que la admisión de la consulta importaría violentar el principio de irretroactividad de las leyes que impone con carácter general el artículo 3 del Código Civil, máxime cuando la citada ley 22.434 exceptuó expresamente de su aplicación a aquellos trámites que hubiesen tenido principio de ejecución o comenzado su curso antes de su entrada en vigencia, disponiendo que éstos se regirían por las normas anteriores que no la preveían (conforme artículo 2, ap. 1 de dicho cuerpo legal).-
Acción de amparo, derecho de peticionar, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PERALTA DE INFANTE, RITA c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO POR MORA ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-20

El derecho de petición no se agota en el hecho de que el ciudadano pueda pedir, sino que exige una respuesta. Es decir que, frente al derecho de petición, se encuentra obligado a responder. Sin embargo, ello no significa que la Administración deba pronunciarse en un sentido o en otro, sino tan sólo que debe expedirse. Dicha situación conduce a la procedencia del recurso deducido con tal objeto.-
Leyes, retroactividad de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CEBALLOS HILARIO ANGEL c/ IDEAL  S.A. s/ LEY - MODIFICACION - SUSTITUCION - RETROACTIVIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-28

La ley 23643 no contiene una norma que disponga expresamente su aplicación retroactiva, tampoco ha previsto disposiciones transitorias para resolver el problema de los efectos como consecuencias de las situaciones jurídicas nacidas o constituidas bajo el imperio de la ley 9688. Por tanto estos problemas de derecho transitorio quedan en manos de la doctrina y jurisprudencia -
Medidas cautelares, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: B., R. F. y otros c/  s/ medidas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-01

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "B., R. F. y otros s/medidas" (causa Nº 52.371/19) resuelta el 1/10/2019, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra el auto por el cual el magistrado de la instancia de origen que no hizo lugar a las medidas solicitadas en los términos del art. 347, inc. 1º del CPPN. Los vocales Ricardo Matías Pinto e Ignacio Rodríguez Varela, en mayoría, revocaron la resolución.
Constitución Nacional, morosidad del proceso, derecho a la sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kipperband,  Benjamín s/ estafas reiteradas por falsificación dedocumentos  -  incidente de  excepción previa de prescripción de laacción penal -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Un proceso de duración irrazonable, no sólo perjudica al imputado, sino también al Estado por el dispendio jurisdiccional que ello significa y porque se distorsionan todos los fines de la pena, que para su eficacia requiere la menor distancia temporal entre el hecho y la condena (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Gustavo A. Bossert).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, juicio, partes, principio de contradicción, Ministerio Público, acusación fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

Carnelutti, entiende el proceso -y la sentencia final- como producto de la actividad común de las partes y el juez. Así, expone, que no puede jurídicamente concebirse el proceso sino como resultante "del concurso de las partes y el juez", y nuestro ordenamiento adjetivo no es ajeno a esas ideas. El Ministerio Fiscal es quien habilita el juicio; el contradictorio debe estar presente en la instancia recursiva y la coincidencia defensa-fiscal juega como un modo de desaparición del juicio en el contexto del debido proceso, imposibilitando el principio de congruencia procesal. (De la Disidencia del Dr. Pangia)
Despido, comunicación del despido, despido verbal, escritura pública
Materia: LABORAL
Carátula: PAFUNDO, HAYDEE c/ GADI, ALBERTO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-27

Comunicar el despido verbalmente y registrar dicha comunicación en escritura pública, si bien no es usual, cumple con la finalidad del art. 243 LCT, siempre que se notifique en forma expresa la voluntad de rescindir el contrato y las causales en que tal decisión se funda.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, mora, intereses, liquidación, tasas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ ¿Qué tasa de interés corresponde aplicar al capital condenado a  pagar a partir de la vigencia de la "Ley de Convertibilidad" nro.  23928? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-23

No es justo considerar al acreedor de una suma de dinero como un ahorrista a los fines de liquidar los intereses por el capital debido, toda vez que el uso del capital por parte del deudor nace de un acto volitivo por parte del primero. (Del Voto del Dr. Villar -En Minoría-). La cuestión a resolver es: ¿Qué tasa de interés corresponde aplicar al capital condenado a pagar a partir de la vigencia de la "ley de convertibilidad" Nro. 23928?
Excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: LAURIA, JUAN CARLOS. s/ EXCARCELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-21

1) No procede la excarcelación cuando la suma de la pena máxima prevista para el delito enrostrado con la del proceso paralelo, supera según la regla de los arts. 55 y 58 C.P. los ocho años y la eventual condena a recaer no sería de ejecución condicional.

2) El haber violado el art. 13 inc. 4to. C.P. es pauta objetiva del art. 380 C.P.C. para presumir que el encartado puede burlar la acción de la Justicia.
Costas, jueces, facultades del juez, costas al vencido, exención de costas, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Aliani Mario Francisco y otros c/ Banco Pcia. de Río Negro y Banco Río Negro S.A. s/ Ordinario s/ Inaplic. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-11-28

Se debe reconocer que el juez posee facultades legales para eximir de costas al vencido; usualmente el ejercicio de tal prerrogativa responde a una valoración prudencial y discrecional del sentenciante. Pero se trata, indudablemente, de una facultad que debe ser utilizada con criterio restrictivo y excepcional, pues la regla es que el dato objetivo del "vencimiento" constituye la pauta general. Y ese "vencimiento" entraña como consecuencia normal la obligación específicamente procesal del reembolso de las costas, costos y gastos causídicos.(Del voto de los Dres. Lutz y Balladini sin disidencia)
Insuficiencia del agravio, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sarlenga, Luis E. y Otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-21

Debe rechazarse el agravio fundado en el art. 77 CPPN si se ha reeditado el planteo de afectación al derecho de defensa en todos sus términos, sin presentar un hecho nuevo o una modificación de las circunstancias que se invocan, más allá del mero transcurso del tiempo.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: IBAÑEZ, CARLOS ANTONIO c/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-EXPDTE Nº 143- AÑO 1990 (ACUMULADOS:"SOSA,  EUSEBIO M. C/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Y  "PEREZ, RAMON ELISEO Y OTRO C/MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y OTRO S/  DAÑOS Y PERJUICIOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-12

Si debe aplicarse la norma del art. 1113 del Código Civil (párrafo segundo, parte segunda, in fine), referida a la responsabilidad objetiva, deben considerarse además exhaustivamente las conductas de los protagonistas del hecho dañoso a fin de elucidar adecuadamente la cuota de culpabilidad de cada interviniente en el evento, desde que no es suficiente la mera prueba de la culpa de la víctima, sino que ésta debe ser, además imprevisible e irresistible para el demandado.
Aplicación de la ley, extinción del contrato, responsabilidad solidaria, costas, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Osorio Pincheira, Vicente Ernesto c/ Construyendo S.R.L. y otro s/ cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-20

El reclamo de horas extras no resulta procedente si el actor alegó que trabajaba más de diez horas por día pero de las declaraciones testimoniales que excediera de cuarenta y ocho horas semanales, de tal forma que no se probó la realización de trabajo en exceso de la jornada legal o convencional.
Jubilaciones, haber jubilatorio, derechos adquiridos, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SBODIO, NORMA TERESA MORRA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 327-84 WEDEKIND, MARIA ANGELICA VISENTIN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 229-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-07|1990-04-26

La Constitución resguarda el monto de la prestación jubilatoria en cuanto no podría ser suprimido, aniquilado o rebajado en proporción confiscatoria, pero no asegura una inalterabilidad de la cifra ni un derecho adquirido a tal o cual porcentaje o a tal o cual régimen permanente de reajuste.

En el caso, 82% móvil.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentos insuficientes, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MASSARO, SANTIAGO TELMO c/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

Los argumentos de la Alzada para confirmar la inconstitucionalidad de la norma referida no pueden tenerse por válidos, toda vez que se sustentó en antecedentes a los cuales se remite sin trazar la analogía requerida para el caso concreto, y ello per se le resta validez constitucional a la argumentación per relationem propuesta por la Sala pues, aun cuando la materia de remisión sea igual (tope indemnizatorio) a lo resuelto por los Más Altos Tribunales provinciales y de la Nación, la orfandad de todo análisis sobre el contenido sustancial de las pretensiones y defensas, de los antecedentes de la causa, de las circunstancias personales y económicas de las partes, entre otros aspectos de la relación jurídica, a los fines de verificar el evidente perjuicio constitucional que la norma en cuestión le ocasionaría específicamente al beneficiario, aparece como la utilización dogmática e irrazonable de una doctrina judicial que -de aceptarse- serviría de módulo intercambiable para cualquier proceso, en violación a las exigencias previstas por la Constitución provincial. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Provincial, artículo 95
Legítima defensa, exceso en la legítima defensa, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Salina Rosa, Alfredo E. y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-30

No se debe hacer jugar en contra de los acusados que los cargadores lucieran faltante de proyectiles si, en virtud el incorrecto proceder de los integrantes de la Prefectura Naval Argentina, no pudo acreditarse que fueran los efectivamente utilizados por los acusados. Si no se estuvo ante un comportamiento defensivo legítimo, mal puede pretenderse que se configure un exceso de él. Otorgar preponderancia a la prueba testimonial por sobre la pericial, no puede ser tildado de descabellado, ya que cualquiera de ellas puede transmitir al magistrado la realidad de lo sucedido. Si se han probado los delitos de homicidio y tentativa de homicidio de mano de los imputados, en tanto éstos órganos de la Prefectura Naval Arg., los susodichos, junto al Estado Nacional y solidariamente -art. 1112 C.C.- deberán resarcir el menoscabo en el patrimonio y la lesión a los sentimientos y afecciones legítimas derivados del hecho dañoso. Si la víctima trabajaba como guía de pesca, el hecho de que no se hallara inscripto como tal en el registro que lleva la Provincia, no puede impedir que ello sea contabilizado para estimar el lucro cesante. (Dres. González Palazzo, Diez Ojeda y Hornos).
Ley procesal, aplicación temporal de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Murguía,   Elena   Josefina c/ Green,   Ernesto  Bernardo s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

Las leyes que organizan los procedimientos son de inmediato aplicables a los juicios en trámite, en tanto no se invaliden actuaciones cumplidas con arreglo a las leyes anteriores, lo que no ocurre con las normas atinentes a las costas devengadas en el juicio y aún no definitivamente fijadas (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Fraude laboral, responsabilidad del empleador, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Leal, Silvia Beatriz. c/ Rosso, Catalina Barbarita. - Delizia, Lidia Virginia y/o quien resulte responsable del bar confitería del Hiper Libertad. s/ Contrato de trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-02-23

En materia laboral, frente al fraude y la simulación ilícita, el verdadero empleador es directamente responsable, conforme al principio de primacía de la realidad y la ley sanciona al empleador "aparente" que se presta al fraude y la simulación, con la solidaridad legal de los arts. 14, 29 y 30 de la ley de contrato de trabajo, pero esta situación debe haber sido acreditado fehacientemente por el trabajador. Esto equivale a establecer que se encuentra a su cargo demostrar la simulación u ocultación del verdadero principal.
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, empleados públicos, remuneración, reducción salarial, intangibilidad de la remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-02

El decreto 290/95 no es lesivo de la garantía de la igualdad, en tanto se aplica al personal del sector público nacional comprendido en los alcances del art. 8° de la ley 24.156, y sólo se excluyeron los jueces y miembros del Ministerio Público, que tienen garantizada la intangibilidad de sus remuneraciones por expresa disposición constitucional (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
Procedencia del recurso, Ministerio Público Fiscal, revocación de sentencia, prescripción de la acción penal, sobreseimiento, declaración indagatoria, requerimiento de elevación a juicio, trata de personas, explotación sexual, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: DELL ORTTO, Carmen Alicia c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal, casar y revocar la decisión recurrida que declaró la prescripción de la acción penal y en consecuencia sobreseyó a las imputadas toda vez que en el caso, se constata que la acción penal seguida en estas actuaciones respecto de las imputadas no se encontraría prescripta por el plazo transcurrido entre las declaraciones indagatorias y el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal-, al no haber transcurrido más de diez años entre ambos, y conforme el máximo de pena previsto para el delito que se atribuye. Debe recordarse la jurisprudencia consolidada de esta Cámara respecto a que, para establecer el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al inculpado y a la posible calificación más gravosa que razonablemente pueda corresponderle. Además se ha sostenido que la aplicación de dicha regla no es absoluta, ya que la calificación más gravosa no podrá ser tenida en cuenta a los fines de la prescripción de la acción penal en los siguientes casos: a) cuando recién fuese esgrimida en el incidente de prescripción al sólo fin de evitarla y b) cuando la pretendida calificación carecería en absoluto de base fáctica que la sustente. Tal extremo no se verifica en el presente caso, ya que la calificación que invoca el Fiscal General fue esgrimida en el requerimiento de elevación a juicio -y no, en un incidente de prescripción al sólo fin de evitarla- y la misma no carece de base fáctica en que sustentarla. Por el contrario, el planteo de calificación más gravosa efectuado por el Fiscal General en el requerimiento de elevación de juicio encuentra correlato en la investigación desarrollada respecto de las encartadas. Consecuentemente, el plazo para contabilizar la prescripción de la acción es el máximo de la pena previsto para el delito que se atribuye conforme la calificación más gravosa imputada. En este caso, la prevista para el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haberse cometido por tres o más personas en forma organizada y, para una de las imputadas, doblemente agravada además por el vínculo (ascendiente de la víctima) (art. 145 bis del CP, cfr. Ley 26.364), cuya pena máxima es de 10 años de prisión.
Cheque, hurto simple, libramiento de cheque en formulario ajeno, firma no imitativa, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: CESAREK, César. s/ HURTO. ESTAFA. FALSIFICACION. CHEQUE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-07

El accionar del procesado que se apoderó de un cheque, suscribió el mismo con signo no imitativo del titular de la correspondiente cuenta corriente, e intentó cobrarlo, configura los delitos de hurto simple en concurso real con libramiento de cheque en formulario ajeno sin autorización (art. 302 inc. 4 CP).
Intervención judicial, consorcio de propietarios, remoción del administrador del consorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: Alarcón, Verónica G. c/ Almagro Construcciones s/ Convocatoria asamblea artículo 10, Ley 13.512
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-02

Ante graves circunstancias que ponen en peligro la convivencia de un consorcio de propietarios se justifica la medida cautelar tendiente a la designación de un interventor, procediendo el desplazamiento del administrador.
Servicio penitenciario, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Arashiro,  Viviana  Noemí c/ EN -Mº de Justicia -SPF s/ personal militar y civil de las FFAA y de SEG".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

Como el art. 95 de la ley 20.416 al determinar los rubros que integran la "retribución" de los agentes del servicio penitenciario no distingue entre los que se encuentran o no sujetos a aportes, debe considerarse que comprende a ambos, por lo que la "retribución" del personal en actividad del servicio penitenciario tampoco es equiparable a concepto "sueldo" que establece el art. 9 de la ley 13.018 -el que sólo comprende los rubros sujetos a aportes- a los efectos del cálculo del "haber de retiro" del personal en pasividad.

(Del voto del juez Buján, cons. VI. 3).
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Lucero, Armando c/ Instituto Modelo s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

No se consuma infracción al art. 159 de la Constitución de la Provincia si el fallo se encuentra fundado en expresas disposiciones legales, con independencia del acierto jurídico de la decisión.
Evasión agravada, eximición de prisión, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia, caución real
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MIYAZONO, RICARDO s/ Régimen Penal Tributario, incidente  de exención de prisión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-22

Las restricciones al derecho a permanecer en libertad mientras no haya una sentencia condenatoria se encuentran regidas, fundamentalmente, por el criterio de necesidad cautelar que emerge del art. 319 del CPP y de la causa no surge que existan razones que lleven a presumir la intención de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación, siendo por otra parte que la ley contempla además de la caución otros medios que permiten asegurar el acatamiento a las decisiones de la justicia sin necesidad del encarcelamiento anticipado cuando todavía no hay sentencia, por lo que corresponde revocar la resolución apelada, haciéndose lugar a la exención de prisión del imputado bajo caución real cuyo monto deberá ser determinado por el Juez "a quo". (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).