Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-23


En la ciudad de Trelew, a los 23 días de noviembre del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S. , N. E. c/ B. D. C. S.A. s/ cobro de haberes e indemnización de ley" (Expte. N° 22.182 año: 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Es procedente la apelación de honorarios de fs. 785/vta.? y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 820.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:

I. La sentencia de primera instancia acogió la demanda de indemnización del despido indirecto producido por la actora por concluir que el traslado de ella desde la casa central de la entidad demandada en la Ciudad de Rawson, donde por muchos años aquélla habíase desempeñado, a la Delegación de Gaiman constituyó un uso abusivo del "ius variandi", pues no mediaron razones funcionales atendibles para el cambio y éste produjo perjuicios a la trabajador Apeló esa decisión el banco demandado, exponiendo para fundar su recurso, en apretada síntesis, los siguientes agravios: 1) El art. 56 del C.C.T. 18/75 autoriza al empleador bancario a trasladar empleados, cuando las condiciones de necesidad y funcionalidad de la entidad lo requieran, con la sola exigencia de una comunicación escrita aquí cumplida. Es esa una cláusula que flexibiliza el sistema de traslados atendiendo a las particularidades de la actividad bancaria.

2) La alteración del lugar de trabajo en el caso la impuso la necesidad de desocupar, para reducir gastos en momento de aguda crisis, el inmueble alquilado donde la actora se desempeñaba, reubicando para ello al personal que allí prestaba servicios.

3) La distancia entre el punto donde antes cumplía sus tareas y el nuevo sitio de labor y, por ende, el mayor tiempo que los traslados le insumían, no pudieron afectar a la demandante, pues teniendo ella una alta categoría jerárquica esa circunstancia la comprometía a una superior disponibilidad horaria.

4) Es inexacto que a la actora no le fueran asignadas tareas en el nuevo lugar de labor; debía continuar con aquella de revisión de los manuales de gestión interna para la que había sido comisionada, añadiéndosele las dispuestas en la resolución de traslado.

5) El cambio no significó desjerarquizar a la empleada, poniéndola bajo la dependencia de un subalterno, en tanto ella no quedó integrada a la estructura de la Delegación Gaiman sino que ese lugar fue únicamente el recinto de su desempeño.

6) El espacio físico asignado en el nuevo destino no habrá sido el ideal, pero fue el único disponible y la empleadora se esforzó por tornarlo más confortable, trasladando empleados de Gaiman a la localidad de Dolavon. Por otro lado, se trató de una oficina donde se realizaba la correspondencia de la delegación y sólo en su defecto la cocina de la misma. 7) El equipamiento informático necesario para la función a desempeñar por la actora fue provisto a la brevedad.

8) La sentencia no dio tratamiento a la cuestión de la extemporaneidad del reclamo de la actora, que lo formuló ya vencido el plazo del art. 67 L.C.T., aplicable por analogía.

9) El despido indirecto fue producido cuando las hipotéticas injurias habían desaparecido, puesto que la entidad empleadora realizó acciones materiales para superar las supuestas deficiencias.

10) En subsidio de todo lo anterior, se agravió el banco demandado del erróneo cálculo de la indemnización por antigüedad, que el sentenciante fijó sobre la base de la mejor remuneración mensual de la actora sin aplicar tope ninguno, desinterpretando al declarar la inconstitucionalidad del art. 245, párrs. 2° y 3° L.C.T. la doctrina emanada del fallo de la corte Suprema Nacional en autos "V. c/ A.M.S.A.".

11) También "ad eventum" planteó el demandado la exención de la multa del art. 2 de la ley 25.323, fundándose en que el empleador pudo, dadas las circunstancias de hecho, hallarse alentado por la convicción de que sus acciones eran ajustadas a derecho.

Los reseñados agravios fueron replicados por la demandante a fs. 810/817.

Trataré las quejas vertidas en el mismo orden en que fueran expuestas.

II. La disposición del art. 56 del C.C.T. 18/75, en cuanto autoriza a los empleadores bancarios a trasladar personal de una a otra de sus casas imponiéndoles el requisito de la comunicación por escrito al empleado, no debe ser interpretado como una merma en las exigencias consagradas en el art. 66 L.C.T. para el ejercicio de "ius variandi", pues, cual bien lo señalara el juzgador de origen, las convenciones colectivas no pueden establecer para el trabajador condiciones inferiores a las que fija la ley general. Por el contrario, la razón de ser de tales convenciones es mejorar en lo que quepa tales condiciones legales (arts. 7 y 8 L.C.T.; confr.: Sardegna, "Ley de contrato de trabajo", Ed. Universidad 1982, pág. 36).

Y así lo ha hecho el art. 56 de la convención aplicable, que al establecer el requisito de la comunicación del traslado por escrito al empleado añadió para mejor resguardo de éste una exigencia que el art. 66 L.C.T. no contiene, mas sin derogar para los empleados bancarios las impuestas por esa norma en punto a la razonabilidad del cambio, la intangibilidad de las modalidades esenciales de los contratos individuales y la indemnidad de los trabajadores. En nada de ello puede ni debe haber flexibilización.

III. La circunstancia que el demandado, dentro del plan de reducción de gastos adoptado para superar una profunda crisis, dejara de locar el inmueble en el que la actora venía desempeñándose, es idónea para explicar el traslado de ésta a otro espacio de labor. Pero ello no alcanza para justificar el modo en que ejercitó su facultad de modificar las modalidades contractuales.

Con entera razón se ha declarado que la funcionalidad de la alteración dispuesta no exime de responsabilidad al empleador si ese cambio daña al trabajador, pues los extremos consagrados en el art. 66 L.C.T. para que tal responsabilidad surja no son acumulativos sino alternativos (confr.: C.N. Trab., sala VII, D.T. 1997A313). Basta con que una sola de las prohibiciones impuestas al empleador resulte quebrantada para que el ejercicio del "ius variandi" se transforme en abusivo.

IV. Si bien el tiempo de viaje desde su domicilio al lugar de trabajo no integra la jornada laboral, es insoslayable que su extensión por traslado a otro establecimiento implica una disminución del tiempo libre del trabajador, con el consiguiente perjuicio moral (confr.: C.N. Trab., sala II, D.T. 1990A392; ídem, sala I, D.T. 1988B2131). En la especie, el traslado aumentó la distancia entre la morada de la demandante sita en la localidad de Playa Unión y el lugar de trabajo de unos seis kilómetros cuando se desempeñaba en la Ciudad de Rawson a los casi cuarenta kilómetros que distan entre aquella población balnearia y la Ciudad de Gaiman. La consecuencia de ello fue la alteración del sistema de vida de la empleada, pues al margen de la incomodidad de afrontar desplazamientos de una extensión muy superior a los anteriores, el mayor lapso insumido por los viajes le restó tiempo que, a su albedrío, podía antes dedicar al descanso o al esparcimiento.

Aun cuando la actora, en su condición de empleada de muy alta jerarquía, no le resultaran aplicables las limitaciones sobre extensión de la jornada (art. 3 de la ley 11.544), esa puesta a disposición de su fuerza de trabajo en favor del empleador por mayor de tiempo lo era para la prestación efectiva de servicios y no para consumirlo en itinerarios de ida y regreso al lugar de las labores. Reitero aquí que el tiempo de viaje entre el domicilio del dependiente y el establecimiento de su desempeño no integra la jornada de trabajo, de modo que la disponibilidad de la demandante para una extensión horaria de aquélla superior a la común, en razón de su nivel jerárquico, no autorizaba a imponerle la consunción de más tiempo "in itinere".

V. Visto desde el ángulo de las jerarquías, el traslado no habrá inferido menoscabo a la demandante, en tanto ella no fue integrada a la estructura funcional de la Delegación Gaiman ni subordinada a quien estaba a cargo de dicho establecimiento, de menor categoría que aquélla. Pero lo que sí debió provocarle agravio moral es el modo en que el cambio fue dispuesto, sin asignarle virtualmente funciones. Hoy alega la entidad demandada que el traslado fue dispuesto con retención de la tarea de revisión de manuales de gestión interna que a la empleada le había sido antes encomendada y adición de las indicadas en la comunicación de traslado. No surge así de la lectura del acta de directorio n° 256/04, que no contuvo la más mínima mención de la continuidad de esa labor previamente comisionada, limitándose a hacer constar en su considerando que el objetivo del traslado era "ubicar en los puestos estratégicos a quienes reúnan las condiciones para llevar a cabo una administración adecuada a las circunstancias y que interactúe con flexibilidad con entidades intermedias, comunidad, clientes, municipios, etc. Y que además se retroalimente de las necesidades de cada región a fin de aportar al Banco proyectos, ideas, planes estratégicos que sin lugar a dudas redundará en beneficio del mismo" (fs. 51). Tal falta de alusión a los servicios que la actora hasta allí venía prestando, unida a la indicación citada, trasuntaba la idea de la cesación de aquellos servicios, máxime que desde el 24/6/02 y por resolución de presidencia n° 473/02 "toda tarea o servicios encomendados ...a partir de la fecha y mientras permanezcan las condiciones críticas económicas y financieras de esta entidad, serán provisorios y sujetos a modificación" (fs. 98).

Atinente a la novel función asignada, con acierto señaló el Señor Magistrado de la precedente instancia su falta especificidad. Lo abstracto y amplio de la indicación hacía de ella más una pauta de conducta genérica que una concreta atribución de tareas. Vaga e imprecisa la comunicación que no marcaba siquiera cómo y cuándo iniciar la interactuación flexible que retroalimentara al Banco de las necesidades de cada región, ayuna dejó sin duda a la destinataria acerca de lo que puntualmente debía hacer.

En cuanto a la continuidad de las labores anteriores, sólo fue dispuesta el 30/6/04, esto es treinta y nueve días corridos después de notificarse el traslado a la interesada (v. fs. 51 y 99). Dado es todavía destacar la ausencia de relación entre las harto genéricas instrucciones contenidas en el acta de directorio n° 256/04 y las "funciones de Coordinadora en el tema 'Manuales del Banco' " que la actora venía cumpliendo hasta su traslado. Tales defectos dejan malparada la pretensa racionalidad, por motivos funcionales, del cambio decretado.

VI. Resulta inexacto que para hacer más lugar y poder así alojar con mayor comodidad a la actora el ente demandado trasladara personal de la Delegación Gaiman a su casa de Dolavon. El testigo R. D. , encargado a la sazón de ambas delegaciones, relató que él recibió en traslado no sólo a la actora, sino un total de cuatro personas, destinadas dos a Gaiman y dos a Dolavon, pero como esta última sede carecía de espacio para albergar dos individuos más, todos los trasladados quedaron en la primera de las delegaciones indicadas (fs. 360, resp. a la preg. 8va.). Tocante a los caracteres del espacio físico asignado, pese a los esfuerzos del recurrente por demostrar lo contrario, es patente que la asignación de una oficina de correspondencia y como alternativa así sea subsidiaria de una cocina (fs. 360 vta., resp. a la preg. 15ta.) no estuvo a la altura de la jerarquía gerencial de la actora y bien pudo herir sus justas susceptibilidades.

VII. En cuanto al equipamiento informático que las funciones de la actora requería, cierto es que fue provisto, pero no lo es menos que ello aconteció bastante después de consumarse el traslado, entre junio y julio de 2004 (fs. 364, reps. a las pregs. 3era. y 5ta.), sin que se entienda el porqué el ente demandado no preparó el traslado con antelación a la concreción del mismo.

VIII. Mal pudo el juzgador del previo grado emitir pronunciamiento a propósito de la temporaneidad o extemporaneidad del reclamo de la actora ante su traslado y acerca de la desaparición de las injurias ya antes del despido indirecto, que habría carecido entonces de contemporaneidad, pues no planteadas esas defensas de fondo en la ocasión pertinente que lo era la del responde a la demanda, donde no se las incluyó (v. fs. 133/140; art. 356 regla 1era. C.P.C.C.), se lo vedaba el principio procesal de congruencia (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6° ídem).

Tampoco le es dado a este cuerpo ocuparse hoy de tales defensas, por vedárselo la expresa norma del art. 277 cód. cit.. Es que en nuestro sistema procesal, caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, la primera limitación impuesta a las potestades del tribunal de alzada viene dada por la relación procesal trabada con la demanda y su contestación. Juegan en ello liminares principios que hacen, de un lado, al derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes, evitando sorpresas causídicas y efectivizando el orden en la tramitación de los procesos; del otro, a la esencia misma del régimen de la doble instancia, porque en el sistema escriturario la apelación no configura un nuevo juicio que posibilite a las partes la incorporen de nuevas pretensiones y oposiciones. También en este grado rige el principio de congruencia, pauta general consagrada para todo el proceso, y, por lo tanto, las defensas que no han sido materia del litigio, porque al contestar la demanda no fueron opuestas, no pueden ya ser incorporadas en la alzada, ante la que resulta inadmisible la ampliación de un debate cuya continencia quedó fijada al trabarse la litis (arts. 271 últ. párr., 277 cód. cit.). En suma, la expresión de agravios no es pieza que brinde ocasión para modificar el responde a la demanda con la proposición de nuevos capítulos defensistas.

IX. Lleva razón en cambio el recurrente a propósito de lo errado del cálculo de la indemnización por antigüedad realizado por el sentenciante de origen.

Al declarar la inconstitucionalidad en su aplicación al caso de los párrs.2° y 3° del art. 245 L.C.T. con apoyo en la doctrina jurisprudencial emanada del precedente de la Corte Suprema Nacional en autos "Vizzoti vs. A.M.S.A.", el Señor Juez "a quo" desinterpretó el criterio allí sentado. Al pronunciarse el Alto Cuerpo en dicha causa expresó que "corresponderá aplicar la limitación prevista en los párrafos segundo y tercero del citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, sólo hasta el 33 % de la mejor remuneración mensual, normal y habitual computable" (D.T. 2004B1217, cons. 12), es decir que nuestro Máximo Órgano Judicial no entendió que en los supuesto de pulverización de la indemnización por antigüedad a consecuencia de la limitación de la base de cálculo establecida por esas normas no debía aplicarse tope alguno, sino que la restricción debía ceñirse hasta el 33 % de la mejor remuneración mensual, normal y habitual; en síntesis que esta última sólo era dado reducirla al 66 % de su total.

Así pues, dado que dicha mejor remuneración de la actora fueron los $ 6.122,12 correspondientes al mes de abril de 2004 (fs. 25), la base de cálculo del resarcimiento de marras será de $ 4.101,82 y, ante los veintinueve períodos anuales computables, la indemnización debe fijarse en $ 118.952,79 .

Ello influye igualmente en el incremento indemnizatorio reglado en los arts. 16 de la ley 25.561 y 1° del dec. 833/04. Frente al nuevo importe de la indemnización por antigüedad sin computar a este fin la indemnización sustitutiva del preaviso y s.a.c. sobre ella, criterio este empleado por el "a quo" que ganara firmeza ante la ausencia de recurso y consecuente agravio de la actora, el agravamiento del 80 % alcanzará a $ 95.162,23.

X. No advierto motivos para eximir al demandado del agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323 para los supuestos de falta de pago temporáneo de las indemnizaciones motivadas por el despido, pese a la intimación del trabajador (como aquí la hubo a fs. 55). El traslado de una empleada a un establecimiento situada a casi cuarenta kilómetros de su domicilio particular, sin asignarle funciones concretas a cumplir en el nuevo destino, ni adjudicarle un espacio físico adecuado para su desempeño, ni dotarla de inmediato de los equipamientos informáticos indispensables para prestar servicios, hacían tan nítido el ejercicio abusivo del "ius variandi" que la empleadora no pudo seriamente alentar firme convicción de lo correcto de su proceder y negarse en consecuencia al pago de las indemnizaciones legales.

Ahora bien, por influjo de la reducción de la indemnización por antigüedad corresponde sí reducir el importe del incremento al que me refiero. Atendiendo al monto establecido para dicho resarcimiento y al fijado en la otra instancia para el correspondiente a la omisión de preaviso, mas no al s.a.c. sobre este último criterios estos del sentenciante de origen que tampoco es posible revisar frente ba la falta de recurso de la demandante, este agravamiento cabe establecerlo en la suma de $ 65.598,51.

XI. Las razones expuestas me conducen a propiciar la parcial revocación de la sentencia en crisis, a fin de fijar el monto del capital de la condena en la suma de $ 292.978,12, confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravio.

De ser compartida esta posición, habremos de adecuar a esta nueva decisión la condena en costas pronunciada y los honorarios regulados en el anterior grado (art. 279 C.P.C.C.).

En cuanto a las primeras, visto que a la actora le es rechazado el rubro daño moral y reducido en alto grado su reclamo por indemnización del art. 245 L.C.T. que, contra lo aseverado a fs. 817 vta., incluyó un resarcimiento calculado sin tope alguno, se ha configurado en la litis un vencimiento parcial y mutuo que autoriza a la distribución de aquéllas, las que, a tenor de las fracciones de triunfo y derrota cosechadas por las partes, deberán imponerse al demandado en un 85 % y a la actora en un 15 % (art. 71 C.P.C.C.). Por lo que toca a los honorarios profesionales deben adecuarse pues esta decisión modifica en cierta medida la condición de vencedora y vencido de los litigantes y, por ende, tiene influjo en las escalas aplicables del art. 7 del dec.ley 2.200, propondré fijarlos en favor de los Dres. A. M. S. y M. A. A. , ante la extensión, calidad y resultado de sus labores, en las sumas respectivas equivalentes al 19,45 % y al 15,65 % del monto total del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 9, 19, 47 del dec. ley cit.). Al prosperar sólo uno de los agravios del recurrente, también en segunda instancia queda delineado un vencimiento parcial y mutuo que conduce a la distribución de las costas de ella, que propicio imponer al demandado apelante en un 90 % y a la actora en un 10 %.

Los honorarios por las tareas de alzada, creo justo regularlos en beneficio de los Dres. A. M. S. , J. E. P. , D. E. F. y M. A. A. en las sumas respectivas equivalentes al 5,90 %, al 1,54 %, al 1,54 % y al 1,10 % del ya aludido monto del proceso (arts. 6, 7, 9, 10, 14, 19, 47 del dec. ley 2.200). Concluyo entonces el tratamiento de esta cuestión expidiéndome en ella PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari:

I. El Dr. Velázquez ha hecho una clara síntesis de los antecedentes del caso, reseñando asimismo las críticas de la parte apelante al fallo de primera instancia, de manera que pasaré a tratar directamente los agravios vertidos. II. Las facultades patronales art. 56 C.C.T. 18/75 y art. 66 L.C.T.:

Comenzaré por señalar que la norma convencional del título se limita a establecer una formalidad en materia de traslados del personal bancario, imponiendo a este efecto la comunicación por escrito al empleado. Fuera de ello, dicha norma en nada modifica el régimen general en materia de ius variandi, por lo que el examen acerca de este aspecto ha de realizarse conforme a las normas aplicables al caso (arts. 66 y conc., L.C.T.) a fin de establecer si existió o no un abuso en el ejercicio de dicha facultad patronal. Bajo estas pautas de valoración, puedo adelantar desde ya mi plena coincidencia con el criterio adoptado por el sentenciante a quo y también con los fundamentos en apoyo de este aspecto del decisorio ya vertidos por el colega que me precedió en el voto. Nada novedoso podré agregar sobre el punto, mas en cumplimiento de la manda constitucional (art. 169, Const. Provincial), he de exponer a continuación los fundamentos de mi opinión, a riesgo de incurrir en una inevitable reiteración de conceptos. En verdad, las razones aducidas para disponer el traslado de la actora a la filial Gaiman, así como el contexto y circunstancias fácticas en que tuvo lugar esa decisión por parte de la entidad bancaria demandada, denotan un ejercicio abusivo e irrazonable de las facultades ya señaladas.

En primer lugar, fuera de la auténtica necesidad de tener que relocalizar al personal afectado a la llamada Unidad Fiduciaria, no se aprecian motivos suficientes para disponer el traslado de la agente a una localidad distante a 30 kilómetros de la sede en la que prestaba servicios hasta ese momento. Además de no haberse acreditado en la causa que ese fuera "el único lugar disponible para su ubicación", surge de manera evidente la disfuncionalidad que implicaba situarla en dicha Delegación para continuar, en definitiva, realizando las mismas tareas que venía llevando a cabo en Rawson hasta ese momento, pero alejada del ámbito físico natural del plantel involucrado en tales funciones.

Tampoco aparece razonable atender a la motivación expuesta por la demandada acerca de que ello obedecía asimismo a las tareas adicionales asignadas (conf. Acta de Directorio N° 264), pues nada indica que para el cumplimiento de esas encomiendas resultara necesario y/o apropiado contar con su presencia física y de manera estable en dicha localidad del Valle. Por el contrario, si se atiende a su jerarquía de revista y a la antigüedad y experiencia aquilatadas por la demandante, las razones aducidas, aun en su conjunto, se aprecian sin adecuada correlato lógico.

Mayor es el grado de inconsistencia que exhiben los fundamentos aducidos en la resolución del acta de Directorio N° 256/04 cuando los propósitos allí declarados, de extrema vaguedad en cuanto sus modalidades y faz de implementación operativa (ver transcripción fs. 51), no guardan congruencia ni relación visible con la alegada continuidad de las tareas que venía llevando a cabo la actora (conforme a la comunicación posterior fs. 99).

III. La repercusión personal de la medida dispuesta:

Al ponderar este aspecto, no puede soslayarse el impacto moral y espiritual que trajo aparejado el traslado en cuestión. En primer lugar, está demostrado que el ámbito físico y las magras condiciones de equipamiento que debió afrontar la aquí actora eran totalmente inapropiados, considerando su trayectoria y situación de revista en la entidad bancaria (ver declaración del testigo D. resp. a las preg. 8va. y 15ta. fs. 360/vta. id. test.Fuhr resp. a las preg. 3era. 11va. y 15ta. fs. 364).

Es innegable que la atribución de tareas en un ámbito alejado de su hogar sin razones plausibles que justificaran tal medida, produjo un impacto directo y concreto en la organización de vida de la demandante. Para comenzar, implicaba una modificación en sus horarios, pues la distancia entre el domicilio particular de la actora y su nuevo lugar de trabajo la obligaba a estar más tiempo fuera de su hogar debido al traslado diario de ida y vuelta. Pero además, resulta decisivo en la ponderación del caso comprobar que, en los hechos, ese traslado a una delegación del valle con el señalado propósito inicial de cumplir tareas y funciones, además de no ser acompañado de instrucciones precisas ("...llevar a cabo una administración adecuada de las circunstancias (sic) y que interactúe con flexibilidad con entidades intermedias, comunidad, clientes, municipios, etc."... para "aportar ideas, proyectos, planes estratégicos..." (?) Acta 256/04) no guardaba coherencia ni ligazón aparentes con las actividades usuales a su cargo, las que luego le fueron reasignadas, brindándosele tardías y muy poco satisfactorias aclaraciones tras el reclamo formulado (teleg. fs. 53 y su resp. mediante c.doc. de fs. 52 vta.), todo lo cual denota un ejercicio abusivo e inaceptable del ius variandi.

nLa pauperización de las condiciones de trabajo, tanto en la faz ambiental cuanto en las condiciones para su desarrollo, comportó sin duda un desjerarquización funcional, aun cuando se mantuviera su nivel de remuneraciones, por cuanto, en los hechos, significaba una descalificación en su carrera bancaria, y los motivos aducidos para un traslado en esas circunstancias denotan un ejercicio abusivo de las facultades de organización y dirección de la empleadora, en tanto ésta no ha demostrado en la causa la existencia de razones auténticas que justifiquen técnica ni jurídicamente el cambio dispuesto, ni que el mismo fuera imprescindible o inevitable para el desenvolvimiento de la actividad patronal (conf. art. 66, L.C.T.; su doctrina En el mismo sentido, Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Posadas, sala I o 22/06/2006 o N. , H. C. c. B. M. id. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IX o 17/10/2006 o F. , A. N. c. C. S.R.L. y otro o La Ley Online; entre otros n IV. Acerca de la extemporaneidad del reclamo:

n El agravio referido a la falta de tratamiento del planteo de extemporaneidad del reclamo por parte de la actora, quien habría consentido el traslado al no haber formulado reclamo alguno en el término fijado por el art. 67 L.C.T., resulta notoriamente improcedente en virtud de lo establecido en los arts. 271 in fine y 277, C.P.C.C. (aplicable por remisión del art. 76, Ley N° 69). Ello así, por cuanto es inexacta la afirmación de la apelante acerca de haber formulado esta articulación en su demanda, pues nada de ello surge de su texto, donde sólo hay una mención a la tácita aceptación de la actora respecto de las nuevas tareas asignadas en la Unidad Fiduciaria (ver fs. 135/vta.). Por otra parte y ya a mayor abundamiento, no puedo dejar de señalar que el 21/05/2004, al comunicársele el traslado dispuesto, la actora se notificó en disconformidad (conf. fs. 51) de modo que mal podría sostenerse que ella consintió la medida en cuestión; máxime considerando el principio de irrenunciabilidad de los derechos que campea en el derecho laboral, de interpretación restrictiva, pues como bien se ha sostenido, los derechos emanados de los arts. 66 y 68 de la L.C.T. están protegidos por el orden público laboral y son irrenunciables para el trabajador (conf. CNTrab., sala IV, 15/11/1989 C. de O. c. Emp. La R. , S.A. DT, 1990A, 397 art. 12 L.C.T.; su doctrina) .

n V. Las consideraciones precedentes corroboran que el fallo estuvo ajustado a derecho en cuanto consideró justificado el autodespido de la demandante, lo cual brinda legitimidad a su pretensión indemnizatoria (conf. arts. 242, 246 L.C.T.; su doctrina), de manera que coincidiré con el colega preopinante en su propuesta de confirmar el decisorio en ese aspecto.

n VI. El cálculo de la indemnización por antigüedad: Considero fuera de discusión la aplicabilidad de la doctrina "Vizzoti" sentada por la Corte Suprema de la Nación al caso bajo examen, por cuanto el tope indemnizatorio establecido en el art. 245 L.C.T. produce una visible pulverización del resarcimiento por despido incausado de la actora que amerita apartarse de dicha cota legal a fin de ajustar convenientemente dicho crédito con arreglo a las circunstancias particulares de la causa, a fin de aplicar la limitación a la base salarial prevista en los párrafos segundo y tercero del citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable, siguiendo al efecto la doctrina sentada en el fallo citado (C.S.J.N. Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A. 14/09/2004, TySS 2004, 766).

n En este cometido, ya el Dr. Velázquez efectuó en su voto un prolijo y pormenorizado detalle de las sumas computables al efecto, que demuestran el involuntario error de cómputo y cálculo porcentual incurridos por el sentenciante a quo al practicar este ajuste omitiendo la reducción del 33%, y no tendría caso reiterar aquí esas operaciones cuyo exactitud numérica he cotejado, por lo que acompañaré al colega en su propuesta de fijar la indemnización por antigüedad en la suma de $ 118.952,79. Por influencia de esta modificación, el incremento establecido en el art. 16 de la ley 25.561 y sus reglamentarias ascenderá entonces, dadas las circunstancias y el ámbito del recurso, a la suma de $ 95.162,23.

Convengo asimismo con el señor Vocal prevotante acerca de la procedencia de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323, en tanto no median razones atendibles para considerar su posible eximición, pues concurren en la especie los extremos previstos en dicha norma para su estricta aplicación, ante la omisión patronal de abonar las indemnizaciones por despido en tiempo oportuno. Dicha suma debe ser reducida a $ 65.598,51, lo que así también dejo votado.

VII. Conclusiones:

A mérito de las consideraciones vertidas, que se suman a los fundamentos expuestos por el colega preopinante, comparto la modificación que se propicia a fin de fijar el capital de condena, en definitiva, en la suma de $ 292.978,12, con adición de los intereses ya determinados en el fallo.

La parcial revocación conduce a aplicar el art. 279 C.P.C.C. (conf. art. 76, Ley N° 69) a fin de adecuar la decisión sobre costas y honorarios de primera instancia a este nuevo pronunciamiento. En este orden, los vencimientos parciales y mutuos aconsejan distribuir las primeras atendiendo al resultado global del pleito y a la trascendencia jurídica y económica de los respectivos triunfos y rechazos obtenidos, de manera que compartiré su imposición de las costas en un 85% a la parte demandada y en el 15% restante por cuenta de la actora (conf. art. 71, C.P.C.C.; su doctrina).

En cuanto a los honorarios profesionales, vista la extensión, eficacia y complejidad de las respectivas tareas desplegadas y los resultados obtenidos en cada caso, coincido en los porcentajes sugeridos por el Dr. Velázquez, en tanto los mismos se adecuan a dichas pautas de valoración, de conformidad con las escalas arancelarias vigentes (arts. 6, 7, 9, 19, 39, 47 y conc., Dec. Ley 2.200) dándolos aquí por reproducidos, brevitatis causae.

Me sumo también a la distribución de las costas y regulación de honorarios propuestos por las actuaciones en esta Alzada, a tenor de los criterios de ponderación ya expresados en los párrafos precedentes (conf. art. 71 C.P.C.C.; arts. 6, 14, 47 y conc., Dec. Ley 2.200).

En síntesis, voto a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez manifestó: Agravió al perito contador en autos actuante el monto de los honorarios que se le regularon, que entendió exiguos en comparación con la magnitud de sus trabajos. Considero que es justificada la queja proferida. La extensión de las labores cumplidas por el experto, su complejidad y la importancia del dictamen para la decisión del caso, tornan equitativo retribuir aquéllas con un emolumento equivalente al 3 % del monto del juicio (arts. 6 y 61 dec. ley 2.200).

Me pronuncio aquí pues por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó:

Considero que atendiendo a la utilidad del dictamen, su extensión y eficacia probatoria para la dilucidación del caso (arts. 386, 477, C.P.C.C.) la queja del perito contador apelante es atendible, debiendo elevarse sus estipendios al 3% del monto del proceso debidamente liquidado (arts. 6, 47, 61 y conc., Dec. Ley 2.200). Voto entonces a esta cuestión POR LA AFIRMATIVA.

A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió: Frente al acuerdo alcanzado al expedirnos sobre las cuestiones precedentes, corresponde:

A) Revocar parcialmente la sentencia apelada, a fin de fijar el monto del capital de la condena en la suma de doscientos noventa y dos mil novecientos setenta y ocho pesos con doce centavos ($ 292.978,12) y confirmarla en todo lo demás que fuera materia de agravio.

B) Imponer, por adecuación a la presente, las costas de primera instancia al demandado en un 85 % y a la actora en un 15 %.

C) Fijar, también por adecuación a ésta, los honorarios de los Dres. A. M. S. y M. A. A. , por sus tareas de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 19,45 % y al 15,65 % del monto total del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia.

D) Elevar los honorarios regulados al perito C.P.N. Raúl M. Cereseto a la suma equivalente al 3 % del señalado monto del juicio.

E) Imponer las costas de segunda instancia al demandado apelante en un 90 % y a la actora en un 10 %.

F) Regular los honorarios de los Dres. A. M. S. , J. E. P. , D. E. F. y M. A. A. , por sus trabajos de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 5,90 %, al 1,54 %, al 1,54 % y al 1,10 % del ya aludido monto del proceso.

ASI LO VOTO.

A ESTA ÚLTIMA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari finalizó diciendo:

Tal como ya lo he adelantado, comparto la resolución propuesta por el señor magistrado preopinante en todos sus términos, votando en sentido idéntico.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haber coincidencia de opinión y hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (art. 8 de la ley 1130, Textos ley 4550).

Trelew, 23 de noviembre de 2.007.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A:

REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada, a fin de fijar el monto del capital de la condena en la suma de doscientos noventa y dos mil novecientos setenta y ocho pesos con doce centavos ($ 292.978,12) y confirmarla en todo lo demás que fuera materia de agravio. IMPONER, por adecuación a la presente, las costas de primera instancia al demandado en un 85 % y a la actora en un 15 %. FIJAR, también por adecuación a ésta, los honorarios de los Dres. A. M. S. y M. A. A. , por sus tareas de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 19,45 % y al 15,65 % del monto total del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia.

ELEVAR los honorarios regulados al perito C.P.N. R. M. C. a la suma equivalente al 3 % del señalado monto del juicio. IMPONER las costas de segunda instancia al demandado apelante en un 90 % y a la actora en un 10 %.

REGULAR los honorarios de los Dres. A. M. S. , J. E. P. , D. E. F. y M. A. A. , por sus trabajos de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 5,90 %, al 1,54 %, al 1,54 % y al 1,10 % del ya aludido monto del proceso.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

c.

Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 75 DE 2007 SDL. CONSTE.

PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA