Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-10


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Agosto de 2006, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver en autos.

Y VISTOS:

Vuelven a esta Sala las actuaciones del epígrafe en virtud de la impugnación deducida por la defensa técnica del encausado, Gustavo Eduardo Aboso (fs. 352/63) contra el pronunciamiento de esta Sala que dispusiera revocar el sobreseimiento recaído en orden al delito previsto por el art. 189 bis tercer párrafo del C.P. (fs. 328/31 y 120/22, respectivamente).

El planteamiento se articula por vía de recurso de inconstitucionalidad y de casación constitucional, conforme lo previsto en los artículos 113 inc. 3º, CCABA; 27 y 28 de la Ley 402 y 26, inc. 4 de la Ley 7) con el argumento de haberse efectuado una interpretación analógica in malam partem afectando por ende el principio de legalidad receptado en los artículos 10 y 13.3 C.C.A.B.A y 18, 19 y 75, inc. 22 C.N. El temperamento adoptado -en el entendimiento de que la conducta atribuida al encausado configura el delito de portación de arma de fuego de uso civil y no tenencia- torna desfavorable la situación de su asistido como consecuencia de que a la fecha del suceso la figura se encontraba impune. De este modo esgrime que el gravamen afecta también el principio de doble conforme y el de defensa en juicio. Tal el sustrato central de la defensa.

Por su parte la Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, se expidió (fs. 370) contra la admisibilidad del recurso intentado, sosteniendo que la resolución atacada no constituye sentencia definitiva como tampoco la configuración de un agravio de insuficiente o imposible reparación ulterior que amerite su equiparación, tal como lo preceptúa el art. 27 de la ley 402. Los argumentos del dictamen, además del señalado, giran en torno a:

la presentación no alcanza a superar el test de impugnabilidad objetiva;

no se encuentra comprometido el derecho a la doble instancia y a la defensa en juicio, en tanto dicha garantía actúa tras una sentencia de condena;

la cuestión introducida (tipicidad) puede discutirse en la instancia de debate e incluso variar, como consecuencia de lo que allí resulte en la etapa de prueba.

CONSIDERANDO:

I. El recurso de inconstitucionalidad .

En torno al examen de admisibilidad de este remedio corresponde señalar que se encuentran cumplidas las exigencias formales de procedencia -art. 28 de la Ley 402-, en razón de haber sido interpuesto por escrito fundamentado y dentro del plazo de diez días contados a partir de la notificación del decisorio.

En orden a los requisitos de impugnabilidad objetiva y tal como lo ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, se impone constatar no sólo el cumplimiento de aquellos recaudos de forma que habilitan la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, sino también la existencia de motivación en agravios reales y no aparentes, a fin de establecer en el caso concreto si se está en presencia de una verdadera impugnación constitucional del fallo que habilite la tercera instancia extraordinaria o, por el contrario, sólo ante una insuficiente invocación genérica de preceptos o reiteración de argumentos previamente tratados (conf. Expte. Nº 2212, 11/06/03, "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional Nº 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en causa Feng Chen Chi s/ art. 40 CC - Apelación").

En este marco, se advierte que el remedio intentado no se dirige contra una sentencia definitiva, en los términos del art. 27 de la ley 402 ni tampoco equiparable a ella, en tanto la resolución recurrida no ocasiona al presentante gravamen de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior, que permita habilitar la vía extraordinaria.

En efecto la etapa procesal por la que transita el expediente permite inferir tal circunstancia, en tanto se encuentra pronto a pasar a debate, ocasión para la plena discusión y valoración sobre la prueba, y justamente para sustentar el planteo aquí deducido.

Al respecto se ha dicho que: "Las resoluciones cuya consecuencia es que el imputado continúe sometido a proceso no revisten el carácter de sentencia definitiva o auto equiparable a que alude el art. 457 del Cód. Procesal Penal de la Causa Nº 318-00-CC/2005. Sala II Nación" (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, del 19-12-1997, causa carat. "Caneto, José M. y otros", pub. en L.L. 1998-C, 439).

Como se observa el nudo de la pretensión defensista se asienta en la oposición al encuadre legal efectuado en torno a la figura del art. 189 bis, ter del C.P. (Ley 25.086). Dicha discrepancia sustentada sobre una aparente lesión constitucional, no resulta -en lo que a esta etapa del proceso se refiere- suficiente para abrir la vía extraordinaria. En este sentido el Tribunal Superior de la ciudad ha sostenido "No asiste razón a la recurrente cuando asegura que la Cámara excedió los límites de su competencia al declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por considerar que la impugnación allí formulada no tiene vinculación directa con las reglas o principios constitucionales invocados. ... por tratarse el recurso cuya admisibilidad analizó la Cámara, de una apelación de carácter extraordinario, el tribunal a quo debe expresar, si la impugnación versa sobre uno de los casos extraordinarios que permiten abrir la instancia. A su vez, la queja constituye precisamente el correctivo del error y eventualmente del exceso, si lo hubiere" (Del voto del Luis F. Lozano en Expte. nº 3562/04 "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 8 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Prescava, David Daniel s/art. 189 bis CP'" rta. 25-2-05).

Vinculado a las decisiones pasibles de la vía recursiva constitucional el Máximo Tribunal de la ciudad también se ha pronunciado, en voto del Julio B. J. Maier, señalando que: "...resulta admisible que la decisión del juez actuante, ... sea revisada por otro tribunal de mérito, de mayor integración, a saber, la Cámara de Apelaciones respectiva; pero esa decisión no admite, por tratarse de una resolución interna del procedimiento -y no tratarse de la última decisión de mérito- la impugnación mediante el recurso de inconstitucionalidad." Para finalmente concluir "... a pesar de que el gravamen pueda ser irreparable en términos de devolución temporal ... la decisión agota la posibilidad de ser recurrida en la resolución de mérito de la Cámara sobre la excepción y el recurrente conserva el derecho de hacer valer su criterio en contra de una eventual sentencia condenatoria." (Expte. nº 4170 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 4 s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ponzoni, Manuel Eduardo s/inf. Art. 189 bis tercer párrafo del CP´" Rta. 10-02-06.) No puede obviarse que el Sr. Defensor desdobla el efecto del agravio a la luz de una misma argumentación; vale decir, la afectación irreparable que se invoca para la apertura de esta vía -y subsidiariamente la revocación del pronunciamiento que dejara sin efecto el sobreseimiento recaído- es a la vez el fundamento que esgrime en sustento de la existencia de un caso constitucional -no interpretar como lo propone la calificación de la conducta endilgada para descartar su encuadre en la figura de portación de arma de fuego de uso civil por la de tenencia- y por ende, mantener firme el auto primigenio en base a una postura de despenalización temporal de la figura, atento la fecha de ocurrencia del suceso -3/7/03-.

En ese contexto, el agravio deviene insuficiente en ambos aspectos puesto que, en verdad, sólo subyace el desacuerdo del quejoso con el criterio interpretativo de la norma al momento de resolver el fallo cuestionado por vía de la impugnación en trato.

Al respecto, en anteriores oportunidades hemos sostenido que la demostración más fidedigna de la ausencia de tal perjuicio "...está representada justamente por la circunstancia de que el sustrato de la pretensión articulada encuentra su núcleo en una discrepancia -como se señaló- acerca de la interpretación de aquella norma; circunstancia ésta que no se vislumbra conlleve violación de principio constitucional alguno que amerite en este estadio la apertura de la vía extraordinaria..." (Sala II, c/nº 207-00-CC/2004, "Guerra, José s/ infracción art. 68 CC - Nulidad - Apelación, recurso de inconstitucionalidad", rta. 26/11/04).

El Tribunal Superior de Justicia también ha destacado, en ocasión de pronunciarse en casos similares, que la aplicación e interpretación de reglas infraconstitucionales no es materia comprendida por el recurso de inconstitucionalidad ni constitutiva de la competencia de ese Tribunal, y que: "...la eventual discrepancia de criterio no constituye el objeto del recurso de inconstitucionalidad..." (TSJ, "Ministerio Público - Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 2 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en en Sama, Javier Fernando s/ inf. art. 56 CC-Apelación", voto de la Conde, rta. 5-8-05).

En atención a las razones expuestas precedentemente y lo dispuesto por el art. 27 de la Ley 402, en tanto la defensa no ha logrado vencer las demandas que Causa Nº 318-00-CC/2005. Sala II el remedio de excepción exige para su viabilidad, se impone el rechazo de la pretensión.

II. El recurso de casación constitucional.

En relación al restante remedio intentado, no ha de prosperar, atento los motivos indicados al pronunciarnos en oportunidad de resolver el recurso de queja fiscal, contra el auto que denegara la apelación deducida al disponerse la desvinculación del proceso del encausado (fs. 328/31) criterio asimismo sentado en anteriores fallos: "...el régimen local en materia recursiva no admite la aplicación supletoria del art. 474 del CPPN en base a dos conclusiones: 1) la ley de procedimiento especial para el conocimiento jurisdiccional -local- en materia penal regula un recurso de apelación cuyos alcances incluyen cuestiones de constitucionalidad o de validez -directa o indirecta-, de lo cual se deriva que el silencio legislativo en torno a un recurso de objeto mas específico o restringido, que verse sobre esa misma materia y ante el mismo Tribunal de alzada, no implica laguna sino voluntad del órgano competente en ese sentido; 2) la ley de procedimiento contravencional (art. 53) regula el recurso de inconstituciona lidad ante el TSJ -además de la ley 7 (orgánica del Poder Judicial) y la 402 (de procedimiento ante el TSJ) - no admitiendo el recurso acusatorio, y en el mismo sentido el máximo Tribunal se ha expedido en numerosas ocasiones interpretando y brindando alcances con ello, al principio acusatorio expresamente previsto por la Constitución de la CABA como garantía del imputado y no como prerrogativa del órgano acusador, constituyendo éste un segundo y mayor óbice -por ser de rango supremo- para la aplicación supletoria del art. 474 del CPPN (art. 55 LPC parte especial)" -causa 32-03/CC/2005, Sala II, "Recurso de queja en autos ´Juarez, Diego Martín o Suarez, Lucas Diego Martín s/ infr. art. 189 bis CP´"-.

Por ello, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- DECLARAR INADMISIBLES los recursos de inconstitucionalidad y casación constitucional interpuestos a fs. 352/63.

II.- TENER PRESENTE la reserva formulada en el punto VI de la presentación antedicha.

Tómese razón, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara mediante nota y devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá cumplir con las notificaciones restantes.

Sirva lo proveído de atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.