Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10


Buenos Aires, 10 de junio de 2008	Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Metrovías S.A. (en adelante, "Metrovías") interpuso recurso directo de apelación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad (fs. 459/475) contra la resolución nº 21/EURSPCABA/2007 emitida por el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le impuso una multa de $226.100 conforme a los artículos 2,3,20 y 22 de la ley nº 210; artículos 15 y 16 de la ley nº 757 y artículo 47 de la ley nº 24.240 y le ordenó la publicación de la sanción a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad.

La actora sostuvo que el acto administrativo impugnado era nulo de nulidad absoluta y manifiesta dado que adolecía de vicios esenciales en su competencia, causa y procedimiento al tiempo que violaba el principio del "respeto de los propios actos" (fs.459) y los principios correspondientes al derecho administrativo sancionador.	Si bien la accionante se presentó en los términos del artículo 21 de la ley nº 210 -reguladora del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, planteó como cuestión de previo y especial pronunciamiento que se declarase la incompetencia del fuero contencioso administrativo de la Ciudad y se remitieran las actuaciones a la justicia federal en lo contencioso administrativo. Manifestó que el artículo 23 del contrato de concesión y el artículo 19 de su addenda prevén que aquél se encuentra sometido a la jurisdicción nacional y sujeto a la competencia de los tribunales del fuero nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, con exclusión de otro fuero o jurisdicción.

Asimismo, Metrovías requirió la citación del Estado Nacional ya que, sostuvo, que es titular de una concesión nacional de carácter federal. También pidió que se suspendieran los efectos de la resolución nº 21/EURSPCABA/2007 (conf. artículos 189 y siguientes del CCAT) y que se intimara al Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad para que remitiera el expediente nº 397/EURSPCABA/2005 (acumulado al 120/EURSPCABA/2001) en el que se dictara la resolución en crisis.

2. La Sala II rechazó el planteo de incompetencia, concedió la medida cautelar solicitada y tuvo por habilitada la instancia judicial (fs. 477/479).

3. Contra la decisión de la Cámara, la impugnante interpuso recurso de reposición (fs. 480/486). Reiteró sus argumentos en relación con la competencia del fuero federal. Destacó que la sentencia no se había expedido respecto del pedido de citación del Estado Nacional ni había ordenado la elevación de las actuaciones administrativas en el marco de las cuales se había dispuesto la sanción atacada.

4. El a quo (fs. 488 y vuelta) resolvió (i) no hacer lugar al recurso de reposición de la actora, (ii) requerir al Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad la remisión de las actuaciones administrativas en las que se dictó la resolución nº 21/EURSPCABA/2007 en los términos del artículo 272 del CCAT, y (iii) correr traslado del recurso directo junto con la solicitud de citación a terceros por el término de diez días. Los magistrados destacaron que la recurrente no había refutado los argumentos expuestos en la sentencia de fs. 477/479 y que no correspondía aún dar tratamiento al pedido de citación de terceros, el que se resolvería en el momento procesal oportuno.

5. Contra el pronunciamiento de fs. 488 y vuelta, la accionante dedujo recurso de inconstitucionalidad (fs. 489/496) que, declarado inadmisible (fs. 498/499 vuelta), dio lugar a la queja que tramita en autos (fs.509/519).

6. Requerido su dictamen, el Fiscal General propuso el rechazo del recurso directo (fs. 528/535).

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja presentada por Metrovías cumple con sus correspondientes requisitos de tiempo y forma. Sin embargo, no puede prosperar dado que el recurso de inconstitucionalidad no se dirige contra una sentencia equiparable a definitiva.

2. La Sala II declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la decisión que no hizo lugar al recurso de reposición articulado por la actora.

Por un lado, los jueces entendieron que la resolución impugnada no era una sentencia definitiva ni podía ser equiparada a tal. A fs. 498 vuelta señalaron que "(...) un pronunciamiento que, como en el caso decide un recurso de reposición no puede revestir dicho carácter". Y seguidamente indicaron que "[n]o modifica lo expuesto ninguno de los esforzados argumentos que plantea la recurrente, ni la jurisprudencia citada al efecto. La invocada supuesta competencia federal tampoco autoriza la equiparación pretendida, en tanto que un pronunciamiento sobre tal materia no puede, en principio, ser considerado definitivo." Por otra parte, los magistrados expresaron que no se había logrado demostrar y conformar, en forma precisa y detallada, un efectivo caso constitucional.

3. Consideraré inicialmente la crítica que formula la quejosa al primero de los fundamentos del auto denegatorio referidos más arriba, a saber, la falta de sentencia definitiva o equiparable. Ello, por cuanto la ausencia de tal recaudo define el rechazo por el Tribunal del recurso articulado por la accionante.

Metrovías sostiene que la resolución obrante a fs. 498/499 vuelta se basa en afirmaciones dogmáticas. Denuncia que la Cámara denegó su recurso por la sola razón de entender que un pronunciamiento que decide un recurso de reposición no puede ser sentencia definitiva o asimilable. Destaca que los jueces no se expidieron realmente sobre los argumentos planteados y las citas efectuadas en el recurso de inconstitucionalidad para fundar el carácter de sentencia equiparable a definitiva que su parte atribuye a la decisión recurrida.

4. En primer lugar, conviene indicar que el hecho de que la resolución atacada rechace un recurso de reposición no impide que aquélla pueda ser asimilada a una sentencia definitiva. Sin embargo, la actora no demuestra que la decisión de la Sala II le cause un gravamen de difícil, tardía o insuficiente reparación ulterior que justifique la equiparación que invoca.

5. Metrovías manifiesta que el pronunciamiento de la Cámara debe equipararse a una sentencia definitiva dado que veda la jurisdicción federal. Dicho argumento no es viable en el marco del recurso regulado en los artículos 27 a 32 de la ley nº 402. Conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 311:1232; 316:3093; 311:605; 307:1831, entre muchos otros), una decisión que deniega el fuero federal es asimilable a sentencia definitiva a los efectos de la admisibilidad del recurso extraordinario federal. Sin embargo, dicha excepción no es aplicable al juicio de admisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad local.

De esta manera, corresponde utilizar aquí el mismo criterio que empleara al votar en las causas "GCBA c/Ledesma Miguel Ángel s/ medida cautelar s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 2314/03, resolución del 05/11/2003, y "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Laguna, Guillermo Mario c/ GCBA y otro s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)`", expte. nº 2330/03, resolución del 11/12/2003, criterio que fuera establecido en autos `Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo`, expte. nº 726/00, resolución del 21/03/0001, en el voto que emitiera conjuntamente con mis colegas la jueza Ana M. Conde, y los jueces Guillermo A. Muñoz y José O. Casás. En todos los precedentes mencionados sostuve que la equiparación a sentencia recurrida sólo era justificada cuando la decisión recurrida sustraía definitivamente la causa de la jurisdicción local. Este supuesto no se cumple en el caso de autos. En efecto, la sentencia cuestionada por Metrovías no sustrae definitivamente la causa de la jurisdicción local sino que, por el contrario, declara que la justicia del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad es competente para entender en los presentes actuados.

Por lo tanto, la decisión impugnada por la actora no puede equipararse a una sentencia definitiva a los efectos del recurso de inconstitucionalidad.

6. Por lo expuesto, voto por rechazar la queja intentada.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. La denegatoria del fuero federal, en la que Metrovías pretende fundar la equiparación a sentencia definitiva de la sentencia recurrida, no es un argumento plausible para la admisión del recurso de inconstitucionalidad local.

Aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que la sentencia que deniega el fuero federal o nacional es equiparable a sentencia definitiva para la procedencia del recurso extraordinario federal, las decisiones de la CSJN que amplían el significado de sentencia definitiva a decisiones interlocutorias iniciales de un procedimiento judicial, no son, a mi juicio, correlato de una interpretación correcta tanto del art. 14 de la ley n° 48, como del art. 27 de la ley local n° 402, que regula el recurso de inconstitucionalidad, que sólo permite dirigir este último recurso contra las sentencias definitivas. En ese sentido, ya he expuesto múltiplemente que la sentencia que resuelve un problema de competencia, ya por incidente, ya de oficio, cuando quien lo decide tiene facultad para ello, no es, en caso alguno o, cuando menos, por regla, una sentencia definitiva. Y no lo es tampoco, cuando el problema de competencia consiste en el entrecruzamiento de dos jurisdicciones distintas, por ejemplo, la de los tribunales de la CABA frente a los tribunales nacionales, de una provincia frente a los de otra o de una provincia frente a tribunales nacionales o federales (ver mis votos en las causas "GCBA c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. nº 726/00, resolución del 21/03/01; "GCBA s/ queja por recurso de apelación denegado en 'GCBA c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos [ENCOTESA] s/ ejecución fiscal", expte. n° 1892, sentencia del 12/02/03; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Osvaldo Buzzetti SA s/ otras causas donde la autoridad administrativa es actora'", expte. nº 2270, resolución del 11/06/03; "GCBA c/ Ledesma Miguel Ángel s/ medida cautelar s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 2314, sentencia del 5/11/03; "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Laguna, Guillermo Mario c/ GCBA y otro s/ daños y perjuicios [excepto resp. médica]'", expte. n° 2330, 11/12/03; "OSCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Herrero, José Javier c/ GCBA s/ cobro de pesos'", expte. n° 3195, resolución del 30/03/05; expte. nº 4591/06 "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Rodas, María Antonia c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Médica)'", a los que remito por razón de brevedad). La única posibilidad de decidir por anticipado sobre el particular esta constituida por el conflicto de competencia, a decidir por el superior común -la CSJN cuando se trata de un conflicto interjurisdiccional-, una vez que, como resultado de un incidente o de oficio, él sea planteado correctamente.

2. Tampoco se ha argumentado y, por ende, menos intentado probar, que la resolución impugnada le cause a la recurrente un perjuicio irreparable, esto es, imposible o insusceptible de ser subsanado ulteriormente. En particular, no se alcanza a comprender cuál fue la razón para que el actor demandara ante la jurisdicción local -en su caso, ¿prorroga de competencia?-, si desde el comienzo sostenía en su demanda la competencia de los tribunales federales (¡una excepción a su propia acción!) con sede en el mismo territorio (unas cuadras más allá). Le bastaría haber demandado ante el juez que la misma demanda considera competente o, cuando cae en cuenta de su error, desistir de la demanda actual y volver a demandar ante ese tribunal.

3. Si no se trata de una sentencia definitiva (sentencia que resuelve el conflicto planteado por la acción intentada), el recurso de inconstitucionalidad previsto por el art. 113, inc. 3º, CCBA y por el art. 27, LPTSJ (ley nº 402 Ciudad de Buenos Aires) resulta improcedente. Como consecuencia de lo expuesto, corresponde no hacer lugar a la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad, de conformidad con el dictamen fiscal.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Las resoluciones que deciden cuestiones de competencia, por regla, no constituyen sentencia definitiva a los efectos del recurso de inconstitucionalidad. En cambio, es equiparable a tal, la resolución que suponga sustraer una causa de la jurisdicción local (cf. TSJ in re "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. n° 726/00, resolución del 21/3/2001). También lo sería aquella que importe la denegatoria del fuero federal, porque su eventual revisión por la CSJN en la vía extraordinaria, exige que el debate sobre el punto fenezca ante el Superior Tribunal de la jurisdicción local (Fallos 306:480 y 311:2478).

Desde su primer presentación, Metrovías S.A, postuló la competencia del fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal para intervenir en autos, planteo que fue rechazado por la resolución de fs. 477/479 y que, ante la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad articulado en su contra, originó esta queja. Así entonces, por estar controvertido un pronunciamiento que denegó el fuero federal invocado por la actora, corresponde equiparar esa sentencia a una definitiva, admitir la queja y resolver el recurso de inconstitucionalidad de fs. 489/496.

2. Ante todo, cabe recordar que, a los efectos de dilucidar cuestiones de competencia, debe atenderse a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda, y después, sólo en la medida que se adecue a ellos, el derecho que se invoca como aplicable al caso (cf. mi voto in re "Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) s/ acción meramente declarativa", expte. n° 3944/05, resolución del 30/11/2005 y Fallos 324:2031 entre muchos otros).

En el sub lite la recurrente articuló el recurso directo previsto por el art. 23 de la ley 210, a fin de impugnar la resolución 21/EURSPCABA/2007, por medio de la que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la CABA había sancionado a Metrovías S.A con una multa de $226.100 imputándole "(...) infracciones a sus obligaciones como concesionaria del servicio de subterráneos referidas a los niveles de iluminación brindados a los usuarios en los sectores de andenes, molinetes y boleterías de las 5 líneas del subte", bajo la invocación de los arts. 2, 3, 20 y 22 de la ley 210, arts. 15 y 16 de la ley 757 y art. 47 de la ley 24.240. Para lo que ahora importa, solicitó como cuestión de previo y especial pronunciamiento la declaración de competencia de los "Tribunales Federales en tanto (...) son ellos quienes deben analizar el cumplimiento o incumplimiento del Contrato de Concesión" (fs. 491). También requirió la citación del Estado Nacional y objetó la validez de la resolución 21/2007, entre otros motivos, por ausencia de competencia del órgano emisor para imponer la sanción allí dispuesta. Finalmente pidió el dictado de una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución impugnada (fs. 459/475).

3. Por su parte, también corresponde señalar que a fin de decidir la radicación de las causas en las que estuviera de algún modo involucrado el servicio de subterráneos que opera en esta ciudad, cuando la competencia quedara disputada entre la justicia de la CABA y la federal, la CSJN tiene dicho que corresponde intervenir a esta última si "(...) a los efectos de resolver la pretensión de la actora, será necesario examinar las disposiciones que rigen la concesión del servicio y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada" [en el caso, la concesionaria] (Fallos 328:2716). Bajo las pautas enunciadas, que por lo demás coinciden con las que había establecido este Tribunal -aunque luego el precedente fuera revocado al diferir la CSJN en cuanto a su aplicación a los hechos de la controversia, por los alcances que ese estrado atribuyó a la pretensión en juego-, corresponde resolver los planteos formulados (cf. TSJ in re "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Asociación Vecinal Belgrano 'C' Manuel Belgrano y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ amparo", expte. nº 1201/01, resolución del 10/9/2003).

4. En autos se controvierte, según la exposición de los hechos formulada por Metrovías S.A, la validez de un acto administrativo emanado del EURSP de la CABA que buscó apoyo en normas de carácter local y en el régimen que la ley 24.240 regula para ser aplicado por las provincias y la CABA.

En efecto, para lo que ahora importa, la resolución impugnada para arribar a la sanción en cuestión, analizó "los alcances del poder de policía local sobre los servicios públicos" que según explicó, en la visión tradicional, se proyectan "en materia de moralidad, de salubridad y de seguridad". A su vez, señaló que en relación con "la defensa y protección de los derechos de (...) usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente" el Ente podría actuar "en forma concurrente con otras jurisdicciones". También pasó revista de la normativa local que enmarca las funciones de policía de la CABA y las del órgano regulador (vgr. arts. 80, 46, 104 y 138 de la CCBA y leyes 210, 757 y 899), en especial recordó que la Ley de Defensa del Consumidor establece en su art. 41 que "las provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción". Así, la resolución 21/2007 concluyó que "de la interpretación armónica de la normativa citada surge que al Ente Único Regulador de los Servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...) le corresponde ejercer ese poder de policía en lo que hace al control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos" bajo su control porque, además, es autoridad de aplicación de la ley nacional 24.240. También formuló referencias al contrato de concesión así como a las potestades de control que la CABA tendría a su cargo (fs. 5/15).

Sin embargo, a criterio de la recurrente, el pleito, en razón de la materia y lo dispuesto por el contrato de concesión del servicio, corresponde a la jurisdicción federal. En tal sentido Metrovías S.A, argumentó que "la concesión de la que es titular (...) es una Concesión Nacional, en la que el Estado Nacional reviste la condición de Concedente y todo el marco normativo que regula la misma se mantuvo en ese ámbito" así como que "el Estado Nacional conserva el control de la Concesión hasta tanto se cumplan los actos de transferencia a la Ciudad, lo cual al presente aún no ha sucedido" (fs. 492). Finalmente, dijo que para analizar la cuestión de fondo sería necesario examinar las disposiciones que rigen la concesión del servicio y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada, circunstancia que conforme al precedente de la CSJN que cita en su apoyo, correspondería declinar la competencia a favor del fuero federal (fs. 492 vuelta).

5. A esta altura del proceso, y a los efectos de resolver el planteo de incompetencia, adelanto que los argumentos de la recurrente no logran demostrar que la decisión de autos, vinculada con la validez o invalidez de un acto administrativo de carácter local, verse sobre materia federal, remita a la aplicación de normas federales, o requiera, de modo principal, analizar el contrato de concesión y su cumplimiento. Tampoco que controlar el alcance atribuido al poder de policía ejercido mediante la resolución atacada, exceda el ámbito normativo local que el Poder Judicial de la CABA debe aplicar para resolver las controversias sometidas ante sus tribunales (arts. 129 CN y art. 106 de la CCBA). Aunque Metrovías S.A postula que todo ejercicio de control sobre el servicio que presta comprometería la interpretación del contrato, sin advertir la diferencia que existe entre interpretar un contrato y ejercer potestades sancionatorias -originadas en el poder de policía o en el régimen de consumidores y usuarios- que toman al contrato como antecedente, no indica de qué modo la resolución del EURSPCABA avanzó sobre la interpretación del contrato de concesión ni por qué idéntica necesidad pesará sobre los jueces que revisen la multa cuestionada.

Por lo demás, la recurrente omite acreditar cómo la sanción impuesta afectaría la normal prestación del servicio. Ello así su planteo, analizado bajo las reglas aplicables a los establecimientos de utilidad nacional, para progresar debería demostrar, por un lado, que las potestades concurrentes que invoca la autoridad local, no existen, o que su ejercicio interfiere de manera concreta con la normal prestación del servicio de que se trata. Por otro lado, de todos modos, habría que distinguir entre lo que se refiere a la legitimidad de la sanción y lo que atañe a la competencia del estado cuyos jueces deben controlar el acto impugnado.

En línea con lo dicho, en ocasión de expedirme sobre la existencia de centros inmunes al poder de policía local sostuve que "los poderes de la Nación y los de las entidades políticas locales con facultades propias de legislación y jurisdiccionales conviven sobre el mismo territorio , aun el de la Capital Federal cuya legislatura es la de la Ciudad y no el Congreso (cláusula transitoria séptima de la CN), con excepción de aquellas ocasiones en que un poder está previsto como privativo (imposición aduanera, para la Nación, u organización judicial local, para los gobiernos locales, por ej.) o cuando, por razones de hecho, el ejercicio superpuesto es imposible, en cuyo caso prevalece el de la Nación (doctrina sentada in re Mc Culloch v. Maryland [17 U.S. 316, 1819], y recogida por la CSJN en Fallos 240:311; 305:1381; 306:1883; 308:403 y 647; 314:1425; 315:751, entre otros)" (v. mi voto in re ""Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ inf. falta de habilitación y otros'", expte. n° 4808/06, resolución del 20/12/2006).

6. La recurrente no acredita por qué correspondería a la justicia federal decidir si la sanción cuestionada excede las atribuciones derivadas del poder de policía propio de la CABA, o establecer si la potestad ejercida en el marco de la ley 24.240 quedaría ilegítimamente superpuesta con idéntico control proveniente de la órbita federal (v. art. 41 de la norma mencionada).

Cabe señalar que, entre una multa retributiva, impuesta en sede local, y las sanciones disponibles para la autoridad nacional, destinadas a asegurar el funcionamiento del servicio público conforme a las condiciones que habilitan su prestación, no se verifica la identidad exigida para tener por configurado un supuesto de doble sanción ilegítima como pretende la recurrente para fundar la competencia federal que reclama (fs. 483 vuelta).

En este punto, nuevamente, los argumentos que invoca Metrovías S.A no son conducentes para dirimir la competencia discutida sino, en todo caso, para resolver la pretensión de fondo.	7. El ejercicio de la competencia jurisdiccional aludida, ciertamente no impedirá la revisión de las cuestiones federales que Metrovías S.A estimara configuradas, mediante el recurso previsto en el art. 14 de la ley 48 que, cumplidos los recaudos pertinentes, permitiría a la CSJN neutralizar desbordes de los poderes locales en desmedro de potestades conferidas al gobierno nacional.

8. En las condiciones indicadas, habiendo puesto la recurrente en tela de juicio un acto administrativo local dispuesto, según el EUSPCABA, en uso del poder de policía conferido por la CCBA, sus leyes reglamentarias, y las normas que regulan los derechos de usuarios y consumidores, no surge de la pretensión esgrimida cuál sería la relación jurídica que involucra al Estado Nacional que justifique citarlo al juicio. Por el momento, los argumentos de Metrovías S.A no muestran que la sanción resistida colida con poderes ejercidos por autoridades nacionales, o que ella pudiera tener impacto sobre eventuales compensaciones a cargo del Estado Nacional, como esa parte pretende en su recurso. A este respecto, las críticas de la recurrente, en todo caso, conjeturan perjuicios económicos que no provendrían del ejercicio del poder de policía resistido, sino de uno posterior como lo sería la potestad de ejecutar la multa. En esa oportunidad, corresponderá, si fuera el caso, analizar la existencia de un gravamen concreto que pudiera impactar sobre la competencia de la justicia local para intervenir en el asunto suscitado por la mentada ejecución.

De todos modos, cabe recordar que la jurisdicción local otorgó una medida cautelar que suspende la ejecutoriedad de la sanción y el consiguiente deber de depositar el importe aludido (fs. 477/479).

En consecuencia, y sin que los fundamentos expuestos impliquen expedirse con un alcance mayor que el requerido para resolver las cuestiones de previo y especial pronunciamiento planteadas por Metrovías S.A. corresponde admitir la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad. La jueza Ana María Conde dijo:

La presente causa es sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal en el expediente n° 5428/07 ""Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Metrovías S.A. c/ GCBA y otros s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.´", sentencia del 9 de abril de 2008, en el que intervine como jueza preopinante.

Sobre la base de lo expresado en aquel pronunciamiento y de acuerdo con la doctrina expuesta en sus fundamentos -que son de conocimiento de la recurrente por haber intervenido como parte en aquel juicio- a los que me remito por razones de brevedad y son incorporados mediante el agregado de copia de esa decisión a este expediente, voto por admitir la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

La cuestión planteada en autos resulta sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal el día 9 de abril del corriente año in re: "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Metrovías S.A. c/ GCBA y otros s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.´", expediente n° 5428/07.

En consecuencia, por remisión a lo expresado en aquella oportunidad en los puntos 1 a 3 del voto de la señora jueza Ana María Conde, a los que adherí en forma expresa, voto por admitir la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Metrovías S.A. Por Secretaría deberá agregarse a este expediente copia del precedente citado en el párrafo anterior.

Así lo voto.

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir el recurso de queja interpuesto por Metrovías S.A. y devolver el depósito de fs. 508.

2. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Metrovías S.A.

3. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal de fecha 9 de abril de 2008, en los autos "Metrovías SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ "Metrovías SA c/ GCBA y otros s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est."" (expte. nº 5428/07).

4. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior y, oportunamente, se remita a la Sala interviniente para que sea agregada a los autos principales.