Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22


2º Instancia.- La Plata, marzo 22 de 2005.

1º ¿Es justa la sentencia de fs. 130/131? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- La doctora Ferrer dijo:

I. La resolución de fs. 130/131 que ordena a Blanquiceleste S.A., el pago íntegro, en el plazo de diez días, del crédito reconocido en autos al peticionante Eugenio Losada, viene apelada a fs. 140 por el interventor normalizador de la fallida Racing Club y a fs. 141 por la Gerenciadora, obrando los respectivos memoriales a fs. 144 y vta. y 142/143 y su réplica a fs. 146/147.

II. Establece el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, que el escrito de expresión de agravios debe contener "...una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas..." no bastando remitirse a presentaciones anteriores.

Teniendo en cuenta la gravedad de la sanción que es consecuencia de la insuficiencia de la fundamentación del recurso, es que se ha interpretado la norma con criterio restrictivo, favorable al recurrente, en resguardo de su derecho de defensa (art. 260 del CPCC; Morello y otros "Códigos..." T. III, p. 445 y sigtes.) (esta sala, RSD-145/98; causa 94.813-7-2-2002, RSD-5/2002).

Sobre la base de lo precedentemente establecido y analizando el contenido de los escritos de fundamentación del recurso, entiendo que corresponde desestimar el pedido formulado por el incidentista en tanto cuestiona la suficiencia de los agravios expuestos por la contraria (art. 260 del CPCC.; esta sala causa 99.843 del 1º/4/2003, RSD-64/2003; Causa 97.909 del 8/4/2003, RSD-69/2003).

III. Se trata en la hipótesis de un crédito laboral cuyo pronto pago fue admitido en el pronunciamiento firme de fs. 35/35vta (v. sentencia confirmatoria de esta Tribunal de fs. 68 y vta.).

Más allá de los fundamentos en que se sustenta el fallo impugnado, cabe recordar que la actual ley 24.522 ha incorporado a la materia concursal el régimen de pronto pago de los créditos de origen laboral, adecuándose a la normativa de la ley de Contrato de Trabajo (art. 16), consagrando un régimen de preferencia no solo en la concurrencia con otros acreedores, sino también confiriendo los medios que permiten hacer efectiva tal preferencia. Esa tutela especial de que gozan los créditos laborales tiene su razón de ser en el car cter eminentemente asistencial de las prestaciones adeudadas (arts. 261, 263, 268, 270, 273, ley 20.744).

IV. Asimismo corresponde tener presente la irrenunciabilidad de los derechos previstos en la Ley de Contrato de trabajo, que consagra el art. 12 de dicho ordenamiento legal. Ello impone a los jueces en su calidad de custodios del orden público laboral, el control riguroso de su fiel cumplimiento (conf. SCBA, causa L 70.295 del 12/3/2003; e/o). Es que el orden público laboral impide se aproveche de la desigualdad económica y cultural del trabajador, restringiendo notablemente la autonomía de la voluntad, disponiendo la nulidad de toda convención de partes que suprima o modifique en perjuicio de aquél los derechos reconocidos por la ley (SCBA causa 73.385 del 24/9/2003).

De modo que si al amparo de una figura que aparenta legalidad se obtiene un resultado dañoso para el trabajador, se impone al órgano jurisdiccional el deber de remover esos mecanismos en cuanto transgreda el orden público laboral.

V. En esa inteligencia, el hecho de que, en la hipótesis, el incidentista haya accedido, hasta el presente al cobro en cuotas, conforme a las previsiones del contrato de gerenciamiento, no puede interpretarse como un renunciamiento a su derecho a la percepción íntegra de su acreencia (art.16, ley 24.522) pues tal beneficio esta contemplado asimismo en el art. 17 de la ley de fideicomiso (ley 25.284). Consecuentemente su pretensión actual de cobro total tampoco debe entenderse como una excepción a aquel régimen, por que constituye lisa y llanamente el ejercicio de un legítimo derecho, sin que para ello sea menester siquiera ponderar las circunstancias fácticas alegadas por el peticionario en relación a la edad y dem s cuestiones particulares invocadas.

Voto por la afirmativa.

La doctora Suárez, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

2º cuestión.- La doctora Ferrer dijo:

Alcanzado el necesario acuerdo de opiniones al tratar la cuestión anterior, corresponde confirmar el decisorio apelado de fs. 130/131; con costas (art. 69, CPCC).

Así lo voto.

La doctora Suárez, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente sentencia:

Por ello, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma el decisorio apelado de fs. 130/131; con costas (art. 69, CPCC).- Patricia Ferrer.- Nelly N. Suárez.