Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-02


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de mayo de dos mil seis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "Beltramo, Néstor c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)" (Expte. Nº: EXP 4285/0), el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Nélida Mabel Daniele y Eduardo Ángel Russo. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: 1. El actor, Néstor Mario Beltramo -arquitecto-, promovió formal demanda contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de pesos ciento dieciocho mil ($ 118.000), en concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios que habría sufrido como consecuencia de haber sido suspendido, en forma ilegítima e injustificada -tal como lo había reconocido la propia administración al disponer la revocación del acto que aplicaba la sanción-, en el uso de su firma profesional por el término de un año. De conformidad con su relato, la suspensión decretada motivó la rescisión de un contrato de locación de servicios que había celebrado con la firma Fajorda S.A. así como también que la empresa Ecip S.R.L., en la que se desempeñaba como representante técnico desde el año 1993 bajo la misma figura contractual, decidiera prescindir de sus servicios. En base a ello, estimó el monto del daño que habría sufrido. Finalmente, ofreció la prueba de la que intentaría valerse y fundó su pretensión en derecho. 2. A fs. 61 -por resultar extemporánea- se tuvo por incontestada la demanda al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha decisión fue confirmada por este Tribunal a fs. 82. 3. Posteriormente, a fs. 142/4, la juez a quo dictó sentencia en la que hizo lugar a la demanda entablada, condenando al emplazado a abonar al actor la suma de pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000), con más los intereses correspondientes (calculados conforme la tasa pasiva que publica el Banco de la Ciudad de Buenos Aires) y las costas del proceso. Para así decidir, la magistrada de grado -luego de poner de resalto las consecuencias derivadas de la incontestación de la demanda- consideró probados los vínculos contractuales alegados por el actor (con Fajorda S.A. y con Ecip S.R.L.) y estimó en base a ellos la indemnización concedida. 5. El pronunciamiento reseñado fue objeto de apelación, a fs. 145, por parte de la de mandada, quien expresó agravios a fs. 157/9. Sintéticamente, su crítica se dirige a cuestionar dos aspectos de la sentencia: 1º) en cuanto considera que no existió prueba alguna que respalde la existencia del "precontrato" que habría vinculado al actor con la firma Fajorda S.A.; ello, dado que estimó insuficiente la documentación acompañada a esos fines; y 2º) el relativo a las costas del proceso, cuya imposición debería haberse graduado proporcionalmente conforme el monto indemnizatorio concedido por la a quo. 6. Por su parte, la actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia a fs. 149, expresando los agravios correspondientes a fs. 162/4. Expuso allí que, en perjuicio de la pauta de interés fijada en la sentencia de primera instancia (tasa pasiva que publica mensualmente el Banco de la Ciudad de Buenos Aires), correspondía aplicar la tasa activa. Asimismo, a fs. 150, la dirección letrada de la accionante apeló, por bajos, los honorarios regulados en la anterior instancia. 7.

A fs. 168/70 obra la contestación de agravios presentada por Beltramo. Finalmente, mediante la providencia que antecede, pasan los autos al presente acuerdo. CONSIDERANDO: 8. Ahora bien, con carácter previo a entrar en el análisis de aquello que fuera materia de recurso, cabe recordar que los Jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean "conducentes" para la correcta composición del litigio (conf. art. 310 del CCAyT y doctrina de Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros). Asimismo, debe tenerse presente que todos aquellos puntos que no han sido objeto de agravio se encuentran firmes y por lo tanto no compete a este Tribunal su revisión ni estudio. En efecto, no puede soslayarse que "... todos aquellos puntos o tópicos de la sentencia que no han sido motivo de cuestionamiento, deben considerarse consentidos y, como consecuencia del principio disposi tivo, cobra plena virtualidad el brocárdico tantum devolutum quantum appellatum (ínsito en los artículos 242 y 247 del Código Contencioso Administrativo y Tributario), que demarca los límites de actuación de la alzada sobre la base de existir un elemento condicionante: el agravio" (esta Sala in re "G.C.B.A. c/ González Aurelio s/ ejecución fiscal" - Expte. Nº: EJF 18.974, 27/3/01; "G.C.B.A. c/ Titular Plan de Facilidades Solicitud 029607 s/ ejecución fiscal" - Expte Nº EJF 99.324, 3/4/01; entre muchos otros). Por ello, toda vez que ninguna crítica se ha esbozado respecto del actuar ilegítimo de la administración en cuanto a la aplicación de la sanción al actor así como tampoco con relación a la cuantificación del daño sufrido por Beltramo con motivo de su desvinculación de la firma Ecip S.R.L., tales puntos habrán de considerarse consentidos por las partes. 9. Sentado ello, corresponde tratar el primer agravio vertido por la demandada, para luego abordar el tratamiento de la cuestión relativa a los intereses aplicables (agravio de la actora) y a la distribución de los gastos causídicos (restante cuestionamiento formulado por el Gobierno de la Ciudad). Pues bien, cabe recordar que aquél punto ha quedado circunscripto a la acreditación del vínculo contractual celebrado entre el actor y Fajorda S.A. y, como lógica consecuencia de ello, a la existencia del perjuicio que habría sufrido el primero con motivo de la rescisión acordada. En efecto, como se ha expresado en los párrafos precedentes, la crítica formulada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al respecto apunta a impugnar la suficiencia de la prueba documental obrante a fs. 33/4 para tener por comprobada la existencia del contrato que allí se instrumenta. Sin embargo, esa crítica no habrá de prosperar. Es que, una vez concedido un recurso ordinario de apelación, las potestades decisorias del órgano judicial de segunda instancia se encuentran circunscriptas al conocimiento de aquellas cuestiones que hayan sido, por una parte, oportunamente sometidas a la decisión del órgano inferior, y, por otra parte, comprendidas en los agravios expresados por el apelante. Con respecto al primero de los requisitos, el art. 247 del CCAyT (que reproduce la norma contenida en el art. 277 del Código Procesal de la Nación), consagra una regla general que es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, en tanto esta última no configura un nuevo juicio en el que, como tal, sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia precedente. Por lo tanto, el tribunal de alzada -siempre dentro de los límites del recurso interpuesto- sólo puede emitir pronunciamiento con respecto a aquellas cuestiones involucradas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado. Es decir, el ámbito de conocimiento de los tribunales de alzada se encuentra en primer lugar limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del juez de grado, y no por lo resuelto por éste en su sentencia (Palacio, Lino enri que, Derecho Procesal Civil, t. V, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1993, pp. 459/61; Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado, t. 2, Buenos Aires, Astrea, 2001, pp. 117/8, § 2; Seijas, Gabriela en Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Comentado y Anotado, Carlos F. Balbín (Director), Buenos Aires, LexisNexis, 2003, pp. 497/8; esta Sala en autos Carniglia, Luis Alberto c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ cobro de pesos (Expte. Nº: EXP 5495), 1/9/05; CNCiv, Sala E, 20/8/95, LL, 1995-D, p. 666). Siendo ello así y teniendo en consideración que, por resultar extemporánea, se dio por incontestada la demanda al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ver providencia de fs. 61, confirmada a fs. 82), no puede ella pretender introducir en esta instancia defensas que no fueron objeto de tratamiento por la magistrada de grado. Ello determina, en suma, el rechazo del agravio deducido al respecto por la demandada.

10. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, cabe realizar algunas consideraciones adicionales. Atendiendo al elemento forma se dice de los contratos que son formales y no formales; ello no implica, claro está, que pueda existir un contrato (acto jurídico bilateral patrimonial y entre vivos) sin un hecho exterior por el cual la voluntad que aquél trasunta se manifieste (desde esta óptica general, todos los contratos son "formales"; ver art. 973 del Cód. Civil), sino que, respecto de determinados contratos, la ley impone que aquella indispensable exteriorización de la voluntad sea cumplida a través de una específica modalidad: sólo desde este ángulo puede hacerse la diferenciación apuntada ut supra. A partir de esa noción forma en el sentido de formalidad (Mosset Iturraspe, Jorge, Contratos, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1998, p. 257), la regla es la de libertad; esto es, la libre elección por las partes de los modos de exteriorizar su voluntad (arts. 974 y 1182 del Cód. Civil). Ahora bien, respecto de la "locación de servicios" -denominación acordada al contrato cuya existencia discute (extemporáneamente, como se ha visto) la recurrente- el Código Civil no ha exigido una forma determinada; rige, por lo tanto, el principio general de libertad de formas (López de Zavalía, Fernando J., Teoría de los contratos, t. 4, Buenos Aires, Zavalía, 1993, § 125, VII, p. 141). 11. Esta inclusión dentro de la categoría de los contratos no formales tiene incidencia, a su vez, en lo que respecta a la prueba de la existencia del negocio, aspecto que, precisamente, es el que aquí interesa (en tanto y en cuanto la demandada impugna la entidad probatoria del instrumento privado agregado a fs. 33/4). En efecto, toda vez que, salvo expresas excepciones (contempladas en la 2ª parte del art. 1191 del Cód. Civil), sólo los contratos que tengan una forma determinada por las leyes, no se juzgarán probados, si no estuvieren en la forma prescrita (art. 1191, 1ª parte, del Cód. Civil), a contrario sensu, los que no la tuvieren, podrán se r probados por cualquiera de los medios enumerados en el art. 1190 del mismo cuerpo legal. En esa norma se encuentran mencionados, entre otros, los instrumentos privados firmados y las presunciones judiciales. A partir de ello, entonces, aún partiendo de la mejor de las situaciones para la apelante -esto es, soslayando la circunstancia apuntada en el cons. 9- no puede sino concluirse que la existencia del contrato celebrado entre Beltramo y Fajorda S.A. quedó debidamente acreditada. En primer lugar, porque la pieza glosada a fs. 33/4, en tanto documento firmado por las partes sin intervención de oficial público alguno, reviste el carácter de instrumento privado, (Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Parte General, t. II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997, 17ª ed., § 1581, p. 350) y, por ende, resulta suficiente respaldo probatorio del contrato invocado por el demandante. Y, en segundo término, como consecuencia de la propia actitud asumida en la instancia anterior por la demandada; en efecto, s i bien la falta de contestación de la demanda no es equiparable a la rebeldía, ambas guardan sustancial analogía en lo que atañe a la apreciación de los hechos, ya que tanto una como otra constituyen fundamento de una presunción simple o judicial, presunción que se traduce, en lo que respecta a la documentación acompañada por la parte actora, en reconocimiento (Palacio, Derecho Procesal Civil, t. VI, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1990, § 762, pp. 169/71). En suma, toda vez que se ha producido prueba apta para acreditar la existencia del contrato invocado por la actora, la crítica esbozada por la demandada al respecto, además de no resistir el examen formal efectuado en el cons. 9, tampoco superaría el examen de fondo. 12. Resta analizar el agravio fomulado por la demandante con relación a la tasa que debe aplicarse para calcular los intereses. Sobre el punto, cabe señalar que el tribunal se ha expedido reiteradamente respecto de la materia objeto de debate. En ese sentido, ha establecido que corresponde decre tar la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina para sus operaciones de descuento a excepción del período que va desde el 6/1/02 al 30/9/02 en que los mismos deberán calcularse en base a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina, ello de conformidad con el criterio que sustentara la Sala I del fuero in re Paletta, Aldo Daniel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ revisión de cesantías o exoneración de emp. público (Expte. Nº: RDC-99/0), 26/2/04, cuyos fundamentos fueran compartidos de manera unánime por esta Sala en autos Leff, Alicia Susana c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección General de Certificaciones - Dirección General de Administración de Recursos Humanos) s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) (Expte. Nº: 3833), 3/3/04, y reiterados en el expediente Andina de Grana, Elsa Carmen c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección General de Administración de Recurso Humanos) s/ empleo público (no cesantía n i exoneración) (Expte. Nº: 1785/0), 19/304. En consecuencia, en el punto, se revocará parcialmente la sentencia de grado, en cuanto allí se había establecido que debía aplicarse únicamente la tasa pasiva de interés y, en su lugar, se fija que desde el 6/1/02 hasta el 30/9/02 se aplicará la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, mientras que, tanto por el lapso anterior (entre el 28/12/01 -fecha de presentación de la demanda- y el 5/1/02) como desde el 1/10/02 hasta el momento del efectivo pago, se aplicará la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina. 13. Finalmente, en cuanto a los gastos causídicos generados en primera instancia, corresponde confirmar la distribución realizada por la magistrada de grado e imponerlas a la demandada vencida (art. 62 del CCAyT). Ello así, puesto que, si bien aquélla señala que las costas deben ser distribuidas en relación con los montos por los que prosperara la acción, cabe recordar que las costas deben ser soportadas por el responsabl e del daño inferido -en el caso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- con abstracción de que las reclamaciones del perjudicado no hayan progresado íntegramente con relación a la totalidad del rubro resarcitorio, habida cuenta de que la noción de vencido ha de ser fijada con visión global del juicio y no por meros análisis aritméticos de las pretensiones y sus respectivos resultados (Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado, t. 1, Buenos Aires, Astrea, 2001, § 8, pp. 297/8 y citas jurisprudenciales allí individualizadas bajo el núm. 37; mi disidencia en autos Luissan S.A. c/ G.B.C.A. (Dirección General de Espacios Verdes) s/ daños y perjuicios, EXP 3684/0, 6/5/05). A partir de ello y teniendo en cuenta el sentido del pronunciamiento de la instancia de grado -confirmado en esta instancia-, sólo cabe concluir en el categórico rechazo del agravio vertido por la demandada. En efecto, siendo que se ha admitido la exclusiva responsabilidad del Gobie rno de la Ciudad en la acción que aquí se ventila, las costas deben imponerse en su totalidad a esta última por aplicación del principio objetivo de la derrota; y ello es así, independientemente de las sumas por las que finalmente prosperaron los rubros pretendidos por el actor. A mayor abundamiento y en esa misma dirección, no puede dejar de señalarse que la demanda se promovió por la suma de pesos ciento dieciocho mil ($ 118.000) "... o lo que en más o en menos pudiere resultar de las probanzas de autos ..." (ver fs. 1); manifestación, esta última, que permite deducir que la suma indicada importó una mera estimación del monto del resarcimiento (art. 269, inc. 9º, del CCAyT) que, aún en caso de no prosperar en esos exactos términos (como efectivamente ha sucedido), no podría alterar el principio general en materia de costas. 14. Llegado a esa conclusión, corresponde tratar la apelación deducida por la dirección letrada de la actora respecto de los honorarios regulados en la instancia de grado En ese sentido, considerando el monto del proceso, su naturaleza y complejidad, el resultado obtenido, las etapas procesales cumplidas y el mérito de la labor profesional desarrollada en primera instancia -apreciada por su calidad, eficacia y extensión-, los emolumentos fijados al Dr. Gustavo Raúl Lapena, en su carácter de letrado patrocinante del actor, lucen reducidos, por lo que corresponde elevarlos a la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-). Ello, de conformidad con los arts. 1, 6, 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Por su parte, por la labor desarrollada en esta instancia, regúlanse -en los términos del art. 14 de la ley 21.839- los honorarios del profesional mencionado en la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500.-) 15. En cuanto a las costas devengadas en esta instancia, cabe imponerlas a la demandada, sustancialmente vencida (art. 62 del CCAyT). En consecuencia, por todo lo expuesto, voto por: a) rechazar el recurso deducido por la demandada; b) admitir parcialmente la a pelación interpuesta por la demandante y, en consecuencia, modificar el pronunciamiento de grado en cuanto a la tasa de interés aplicable para el período comprendido entre la fecha de interposición de la demanda y el 6/1/02, y c) costas a la demandada (art. 62 del CCAyT). La Dra. Nélida Mabel Daniele y el Dr. Eduardo Ángel Russo, en virtud de las consideraciones expuestas por el Dr. Centanaro, adhieren a su voto. De acuerdo al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I.- Rechazar el recurso deducido por la demandada. II.- Admitir parcialmente la apelación interpuesta por la demandante y, en consecuencia, modificar el pronunciamiento de grado en cuanto a la tasa de interés aplicable para el período comprendido entre la fecha de interposición de la demanda y el 6/1/02. III.- Imponer las costas generadas en esta instancia a la demandada (art. 62 del CCAyT). Regístrese, notifíquese y devuélvase.-