marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AGROINDUSTRIA INDAR  S.R.L. c/ ERNESTO J. ROCHIETTI  S.A. s/ ORDINARIO - LOCACION DE SERVICIOS - PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-14

Tiene resuelto la jurisprudencia en conformidad al art. 1627 del C.C., que cuando los servicios o trabajos son propios de la profesión o modo de vivir de quien los prestó, corresponde la aplicación de la mencionada norma, sin que deba hacerse distinción entre locación de servicios o de obra; para que los servicios prestados en las condiciones previstas por este artículo tengan la calidad de gratuitos, la prueba de ello, debe ser concluyente; el principio de onerosidad sentado por los arts. 1627 y 1628 es de carácter general. Es decir se presume la onerosidad de los trabajos realizados y no la gratuidad. Esta debe ser fehacientemente probada.

Aunque el demandante no halla probado el quantum del precio, ello no puede llevar a la desestimación de la demanda.

Es cierto que el "precio" es un elemento esencial del contrato, pero, también lo es que, conforme al art. 1627 del C.C., su determinación o cuantificación no lo es, pues en caso de que "ningún precio se hubiere ajustado" se entiende que "ajustaron el precio de costumbre para ser determinado por árbitros.

Teniendo por cierta la onerosidad del trabajo, para la cuantificación del precio debe recurrirse a la mentada norma y diferirse ello para una etapa posterior. De no ser así se convalidaría un enriquecimiento sin causa y un abuso del derecho en la demandada.

Es ya pacífica la jurisprudencia que en casos de falta de ajuste el precio debe ser fijado por el Juez conforme a la prueba rendida, en especial prueba pericial. (Voto en disidencia del Dr. Napolitano)
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, medidas cautelares, embargo ejecutivo, sociedades comerciales, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Lehmann, Luis M. c/ Eiriz, Zuil y Cía. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo   (Expte. CSJ Nro. 147-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-27

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad intentado por falta de oportuna introducción de la cuestión federal. En efecto:

dispuesto el levantamiento del embargo -de oficio- por el Magistrado en primer grado de conocimiento, la ejecutante dedujo recurso de apelación pretendiendo, esencialmente, la aplicación de los artículos 56 y 123 de la Ley de Sociedades, por lo que resultaba previsible que el A quo subsumiera el "sub judice" en dicha normativa -tal como, en definitiva, lo hizo-, de modo que la ahora recurrente debió proponer la inconstitucionalidad del referido artículo 56 ante la Alzada en la oportunidad prevista por el artículo 366 del Código Procesal Civil y Comercial.
Divorcio contradictorio, prueba, absolución de posiciones, reconocimiento de los hechos
Materia: CIVIL
Carátula: F. DE B.M. c/ B.M.J. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-22

La prohibición del art. 70 de la ley 2393, que no fue derogado por la ley 17.711, vigente en el régimen del divorcio contencioso, no debe interpretarse en forma absoluta, es decir, comprendiendo tanto la confesión judicial, sea espontánea o provocada, como la extrajudicial, sino limitada y atendiendo a su fundamento, que es el de evitar la colusión entre los cónyuges. De allí que, aunque no quepa admitir la prueba de posiciones, el reconocimiento espontáneo de los hechos que pudiera hacer uno de los cónyuges en el curso del proceso o fuera de él, siempre que se encuentre corroborado por otros medios, incluso las presunciones, es hábil como prueba, cuando evidencia la falta de conveniencia (conf. CNCiv. Sala E, c. "F.J. G.

c/M. de F., R. s/divorcio", c. 11.781 del 5/6/85 y sus citas).
Abogados, honorarios, prescripción, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Julio Noya y Otros c/ Nicolás Ajis Fernández y Otros s/ Juicio  Ordinario  s/Incumplimiento  de  Contrato  de Reconstrucción.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-10-26

Que en la expresión de agravios de la parte se cuestiona la regulación de honorarios practicada al letrado. Por entender que respecto a este último ha operado la prescripción en los términos del art. 4.032 inc. a) del Código Civil. Tal planteo deviene improcedente ante el diferimiento de la regulación de los honorarios dispuesto en un pronunciamiento. Máxime cuando la base cierta del monto del juicio estuvo determinada en la homologación de la transacción operada entre las partes. Por lo que el plazo bienal comenzaría a computarse a partir de la existencia de tal base cierta. Ello concordante con lo establecido en los arts. 47 y 48 de la Ley 1.519, teniendo en cuenta el ejercicio facultativo de proceder al requerimiento de la regulación anticipada y cobro a su cliente con lo estipulado frente a la obligación de proceder a la regulación en oportunidad del dictado de la sentencia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, legitimación del asegurador, seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo, Florentín c/ Spell S.A. y otros s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Si los planteos traídos en el recurso de la compañía aseguradora citada en garantía no fueron motivo de agravio para el asegurado quien consintió el fallo, resulta abstracto el tratamiento del recurso interpuesto por el asegurador.
Recibo, recibo incompleto, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: CATALDO, HIPOLITO c/ PONTORIERO, ADOLFO Y PONTORIERO DE OLMOS, LUCIA s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-13

En derecho laboral no rige la autonomía de la voluntad de las partes lo mismo que en el derecho civil para aplicar las consecuencias sobre instrumentos privados, no reconocidos en recibos impugnados, de donde se sigue que, el desconocimiento de la firma y contenido del recibo de sueldo pone a cargo de la demandada el tener que acreditar lo que fue desconocido. En la misma derecera, la doctrina he sentado un principio similar al comentado cuando afirma que, los recibos que no guardan los requisitos aludidos y; en principio no carecen de validez pero están sujetos a la apreciación judicial, que analizara su contenido en relación a los otros elementos de prueba con que pudiere contar o lo someterá a la sana critica.
Caución real, sentencia arbitraria, excarcelación, presunción de inocencia, Ministerio Público Fiscal, sistema acusatorio, dictamen fiscal
Materia: PENAL
Carátula: BAEZ, Martín Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Uno de los votos concurrentes agregó que el tribunal no explicó los motivos que lo llevaron a fijar el monto de la caución real impuesta al encausado, sino que se basó en lo determinado en una causa conexa a la presente, respecto de otro imputado al que se le había concedido la excarcelación -con la anuencia de los representantes del Ministerio Público Fiscal- y cuyo monto fue reducido por este Tribunal a una suma sensiblemente menor (cfr. CFCP, Sala IV, causa CFP 9630/2016/T02/20/CFC7, Reg. 1423/20, rta. el 18/08/2020). El otro voto concurrente señaló que el tribunal omitió analizar las condiciones personales del imputado, especialmente su situación económica, para determinar el monto de dinero exigido en concepto de caución real y las posibilidades ciertas de cumplimiento en el caso concreto, extremos que resultan imprescindibles de conformidad con cuanto sostuve mutatis mutandi en la causa nro. FR03546/2013/2/1/CC1, "Silva, Guillermo Walter s/ recurso de casación", rta 17/3/2014, reg. nro. 354/14, de la Sala II, entre muchas otras; y que la presente cuestión se circunscribe al tratamiento de las medidas alternativas previstas en el art. 210 del C.P.P.F. atento al estado de inocencia que aún reviste el imputado en las presentes actuaciones (art. 18 y 75 inc. 22 CN, art. 8 inc. 2 CADH y art. 14 inc. 2 PIDCyP, y art. 375 del C.P.P.F.).Agregó que no debe pasar inadvertido que según las previsiones del art. 210 C.P.P.F. es el representante del Ministerio Público Fiscal -o querella- quien, a fin de garantizar los fines del proceso, podrá solicitar la imposición, individual o combinada de las medidas allí expuestas. Dicha norma se corresponde con los postulados de un sistema acusatorio según el cual la opinión del fiscal no puede ser suplida ni omitida a fin de evaluar la procedencia de medidas alterativas a la prisión preventiva, y menos aún ser discrecionalmente escogida por los jueces de otros incidentes. Dres. Carbajo, Borinsky y Ledesma -votos concurrentes-.
Contratos, adjudicación de viviendas, resoluciones
Materia: CIVIL
Carátula: Rosa Uliana Olivio Alejandro c/ Cooperativa de Viviendas 2 de Febrero limitada s/ Juicio Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-08-29

Resulta correcto lo sostenido por el sentenciante quien precisó que por regla general el incumplimiento se presume culpable, por lo cual el acreedor debe probar solamente tal incumplimiento y no la culpa del incumplidor, estando a cargo de este último demostrar que el incumplimiento que se le atribuye -eliminación de la lista de postulantes titulares- se debió a circunstancias no imputables a su parte. Así, se afirma que la carga de la prueba de esa culpa, como acontece con la pretensión resarcitoria, no pesa sobre la parte que la ejercita. Ello es así en virtud de tratarse, la mayoría de las veces, de obligaciones de resultado (la inclusión del actor en la lista de postulantes titulares), por lo que para la procedencia de la acción, en principio, basta con probar el hecho objetivo del incumplimiento, por ello no quiere significar que el deudor no pueda, por lo común obstar el ejercicio de esa facultad, probando su falta de culpa.
Automotores, daños y perjuicios, compensación económica, intereses legales
Materia: CIVIL
Carátula: Begueri, Carlos Alberto c/ Hernández, Nicasio Pedro s/ Daños y Perjuicios-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-05-04

Los intereses legales correspondientes al resarcimiento por los gastos de arreglo del vehículo deben ser liquidados desde la fecha en que tales gastos fueron pagados.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, prueba documental, pago
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OBRA SOCIAL Y SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS c/ PICCOLI, JUAN Y OTRO s/ LABORAL-APORTES. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 381-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-10

Está a cargo de la recurrente demostrar que la sentencia merece descalificación constitucional por exhibir un ritualismo exagerado incompatible con el adecuado servicio de justicia. Y -en el caso- ello no se logra si sólo se menciona que la documental en poder de la demandada acreditaría que la deuda reclamada se encontraba satisfecha, pero no persuade que esos elementos de prueba constaran en autos y tuvieran la fehaciencia necesaria como para que la Sala arribara indefectiblemente a una decisión distinta sin alterar paralelamente el derecho de defensa de la contraria.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, honorarios, regulación de honorarios, sentencia extranjera, reconocimiento de sentencia extranjera
Materia: PROCESAL
Carátula: Reef Exploration Inc. c/ Cía. Gral. de Combustibles S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

Corresponde rechazar la impugnación de la regulación -con sustento en la prescindencia del texto legal aplicable porque el a quo entendió que el litigio resultaba de monto indeterminado si no critica puntualmente las razones del fallo, pues los quejosos entendieron que había un monto en juego como en los casos en que se prepara la vía ejecutiva, sin advertir que no se trataba de un juicio de ejecución sino del reconocimiento de una sentencia arbitral extranjera para, a partir de su validez, invocarla en otro trámite. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Impuesto a las ganancias, Poder Judicial de la Nación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Consejo de la Magistratura, acción meramente declarativa, amparo colectivo, igualdad ante la ley, discriminación
Materia: PROCESAL
Carátula: Unión de Empleados de la Justicia de la Nación  c/ EN-PJN-Consejo de la Magistratura de la Nación y otros  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-26

Se confirma la sentencia de primera instancia que admitió la acción declarativa, de carácter colectivo, que había iniciado la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación para hacer cesar el trato discriminatorio existente con relación a los empleados y funcionarios bajo la órbita del Consejo de la Magistratura de la Nación, y los empleados y funcionarios bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se determina la aplicación uniforme de lo dispuesto en la resolución 8/2019 del Consejo de la Magistratura. Se indica que en el caso se verifica en la aplicación de las normas en juego un trato irrazonablemente distinto entre agentes del Poder Judicial de la Nación.
Trabajadores de la construcción, instalación de línea telefónica
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, ROBERTO LUIS Y OTRO c/ MASSALEN PARTICULARES SA. Y OTRO s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-29

La instalación y tendido de líneas telefónicas debe ser considerado una actividad complementaria o coadyuvante de la industria de la construcción (conforme artículo 1 inciso b) de la ley 22250), cuando el personal es contratado exclusivamente para ejecutar su trabajo en las obras o lugares a que se refiere el artículo 1 inciso a) de la ley citada.
Concesión comercial, elementos del contrato, concesión para la venta de automotores, concesionario (comercial), concedente
Materia: COMERCIAL
Carátula: AUTOMOVILES SAAVEDRA. SOCIEDAD ANONIMA c/ FIAT ARGENTINA - SOCIEDAD ANONIMA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

1. El concesionario es un empresario autónomo sólo en apariencia, ya que en realidad es un auxiliar del concedente, un miembro indirecto del mismo: de él recibe directivas sobre cupos de venta, instrucciones, reglamentaciones, inspecciones. Si bien tal subordinación no tiene el carácter que domina en la relación laboral es indudable el predominio que tiene la voluntad del concedente.

2. Entre concedente y concesionario se crea un vínculo de colaboración que no solo se expresa a través de las obligaciones y atribuciones expuestas, sino a través de la exclusividad respecto de la actividad comercial del concedente y la existencia de estabilidad del vínculo contractual.

3. Así, el contrato de concesión se caracteriza por el desenvolvimiento de una actividad vinculada al concedente a través de una estable relación de colaboración profesional jurídicamente autónoma, identificando el concesionario su propio interés con el del concedente.
Recusación, Superior Tribunal de Justicia, Municipalidad, personas jurídicas
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: SALVIA, FRANCISCO VICTOR Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA     RECUSACION CON CAUSA DEL DR J ITURRASPE CSJ EXPTE NRO 208-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-10-26

No aparecen satisfechos los requisitos más elementales que perfilen la configuración de la causal "enemistad-odio- resentimiento", del Magistrado hacia la Municipalidad demandada, en que se funda la recusación, ya que cuesta reconocer animosidades hacia personas de existencia ideal, como imaginarse actos directos y externos que exterioricen aquel odio.
Sociedades comerciales, administración de la sociedad, administrador de la sociedad, inscripción declarativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Holde S.A. c/ Logro S.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-04-07

"La inscripción requerida por el art. 60 de la Ley de Sociedades es meramente declarativa, ya que la designación o cesación de los administradores tiene efectos como tal desde la decisión asamblearia y no desde el acto de la inscripción, cumpliendo por ello sólo una función de publicidad..." por lo que "El apoderamiento de los directores designados por asamblea es válido aún cuando todavía no haya sido inscripto y publicado, y oponible a aquellos que no revisten el carácter de "tercero registral".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, proceso penal, encuadre legal, tipo penal, calificación legal, abuso sexual, agravantes de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: B., A. E. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal agravado por tratarse el autor de encargado de la guarda-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-21

No pueden prosperar las postulaciones recursivas vinculadas con la calificación legal seleccionada para condenar al justiciable, en tanto -según la quejosa- no se habría acreditado la calidad de guardador del imputado y en consecuencia, no procedería la agravante contemplada en el artículo 119 párrafo cuarto inciso b) del Código Penal, por cuanto del escrito introductor de la vía se evidencia que la impugnante se limita a insistir con su propia postura, mas no logra con ello delinear un supuesto de arbitrariedad que imponga la apertura de esta instancia extraordinaria, al advertirse de la resolución recurrida que los Judicantes efectuaron un análisis de los elementos probatorios existentes en el caso -entre ellos, conversaciones de WhatsApp y testimonios de compañeros del encartado- a los fines de concluir que el justiciable tenía por momentos prolongados la guarda no sólo de la niña víctima, sino de varios menores de edad y que -a diferencia de lo alegado por la defensa- no sólo se desempeñaba en la cocina del lugar; y al respecto, sabido es que tanto las cuestiones vinculadas a la calificación legal de los sucesos materia del proceso, como al grado de convencimiento que cada uno de los medios de confirmación producidos puede acarrear, no constituyen cuestión constitucional alguna, salvo supuestos de arbitrariedad que -como se dijo- no se demuestran en la especie. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 119, párrafo cuarto, inciso b)
Contrato de trabajo, jornada de trabajo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Báez,   Pedro   Alberto c/ Transportes  Servemar  SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-19

Si se prestan servicios en horas suplementarias, teniendo en cuenta lo establecido por el art. 8 del Convenio Nº 1 OIT, y por el art. 11 pto. 2 del Convenio Nº 30 OIT, ambos ratificados y de jerarquía supralegal conforme art. 75 inc. 22) CN; advirtiendo que esas normas internacionales se encuentran receptadas en el art. 6º ley 11544 y art. 21 del dec. 16115/33 corresponde concluir que la demandada está obligada a llevar un registro especial en el que conste el trabajo prestado en horas extraordinarias. Y ante la ausencia de exhibición, y lo dispuesto por el art. 52 incs. g) y h) y por art. 55 L.C.T., debe presumirse que son ciertas las horas extras que se denuncien en la demandada, siendo la empleadora quien debe producir prueba en contrario.
Acción, derecho subjetivo vulnerado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gorostegui, José Luis c/ Comisión de Educación Física Distrito Gral.Pueyrredón s/ Indemnización  - Cuestión de Competencia art. 6 CCA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-05

No es de la competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte el conocimiento de la causa en virtud de la cual se reclama la indemnización vinculada a la relación que los actores mantuvieron con la Comisión de Educación Física del Distrito de General Pueyrredón, formalizada al margen de las normas estatutarias vigentes para agentes provinciales, en razón de carecer los accionantes de un derecho subjetivo administrativo vulnerado. No obsta a tal conclusión el carácter público o privado de la mentada Comisión, pues no es la naturaleza del órgano actuante lo que determina la competencia de este Tribunal, sino la índole del derecho que se denuncia vulnerado cuya tutela los accionantes reclaman. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Bono federal, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Paupie, Patricia Liliana y otros c/ Estado Provincial s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-19

Los amparistas, agentes de la provincia, accionan contra el Estado en la persona del gobernador en su condición de Jefe de la Administración, con motivo de la sanción de la Ley Nro. 9359 que autoriza al Poder Ejecutivo a crear un instrumento de pago para la cancelación de las obligaciones, asignándole a dichos instrumentos carácter cancelatorio de obligaciones a cargo del Estado y disponiendo el pago de los haberes del sector público con los mismos, denominándolos "Federales", todo ello en abierta y manifiesta violación de los arts. 81 inciso 26 de la Constitución Provincial y 16, 17, 75 incisos 6, 11 y 12 y 126 de la Carta Magna Nacional. Estamos enmarcados en un sistema constitucional rígido. Nuestra Constitución exige para ser modificada o alterada un procedimiento especial: la declaración de la necesidad de la reforma por el Congreso por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, la elección popular de una Convención Constituyente para que efectúe tales modificaciones, sistemática que también ha establecido nuestra Constitución local. Esto nos diferencia de aquellos países que han adoptado el constitucionalismo "flexible" que permite mutar el texto a través de una mera decisión parlamentaria, aún cuando se la revista de algunas exigencias especiales (vgr. mayorías calificadas, reiteración del debate legislativo y nueva votación, etc.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, acción declarativa de inconstitucionalidad, jueces, competencia, competencia previsional, leyes, interpretación de la ley, recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional, sentencia, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Seghizzi, Hugo Benito y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Acción declarativa de Inconstitucionalidad. Avocación (Artículo 2,   Ley 11330) (Expte. CSJ Nº 247-2000) Andreoli, José María y otros c/ Provincia de Santa Fe y Caja de Jubilaciones y Pensiones s/ Avocación (Artículo 2, Ley 11330). Acción mere declarativa de   Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 640-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-07-05|2000-05-23

Cabe plantearse dudas acerca de si la pretensión cautelar ejercida en el caso -acción declarativa de certeza postulando la inconstitucionalidad de la ley 11696- tiene, en verdad, el alcance concebido por el legislador en el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Así, no puede soslayarse que dicha pretensión ejercida ante el juez ordinario, y el despacho respectivo, parecen más bien dirigidos a asegurar la ejecución de una sentencia de condena, siendo que ese tipo de acciones (meramente declarativas) tiende a agotarse en la declaración del derecho. Mas, sin perjuicio de ello, -esto es, aun considerando que la pretensión es propiamente declarativa de certeza-, que la Corte no sea competente para entender originariamente de acciones, no sería óbice para concluir en que el caso igualmente puede ser subsumido en la ley 11330, porque la aceptación del pedido de avocación de la Provincia no implicaría que el Tribunal se declarase competente para entender genéricamente de "acciones meramente declarativas", sino, como se dijo, justificar la eximición -en circunstancias como las del caso- del tránsito por la vía administrativa previa para la interposición del recurso allí regulado.