Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-29


SALA PRIMERA Expte. Nº 5971 caratulado "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Fernández Alfredo Mariano y otras - ejecutivo S/ Inconstitucionalidad Y Casación" En la Ciudad de San Juan, a VEINTINUEVE días del mes de MAYO del año dos mil catorce, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá y José Abel Soria Vega, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Minería, en fecha diecinueve de octubre de dos mil doce, en autos Nº 21466 (89035) caratulados: "Provincia de San Juan c/ Fernández Alfredo Mariano y otras - Ejecutivo"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?--------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:- --- En la sentencia impugnada, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería admite parcialmente el recurso de apelación deducido por la actora, estableciendo que la base regulatoria para el incidente de perención de instancia se rige por el artículo 191 inciso "b" de la ley 2150. En lo demás, confirma la sentencia de primera instancia que rechazó la impugnación de liquidación formulada por la misma parte, en cuanto pretendía que no se aplicaran intereses.---------------------------------------------- --- Al fundar su decisión, el a quo concluye que la juez de primera instancia diferenció con claridad la base regulatoria y el procedimiento para regular honorarios, en el proceso principal y en el incidente de caducidad de instancia: para el primero determinó la aplicación del artículo 191 inciso "b" de la ley 2150 y para el segundo, el artículo 197 ibídem. Merita que la accionante, para cuestionar tales conclusiones, invoca un fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -"Banco de San Juan c/ Sucesión de Marcos Soto"-, que no tiene efecto vinculante en el caso en análisis porque la Corte Federal, en tal oportunidad, no se pronunció sobre el fondo de la cuestión planteada. Considera que al tratarse de un juicio concluido por caducidad de instancia, la regulación de los honorarios profesionales debe regirse por el artículo 191 inciso "b" de la ley 2150, tomando como monto del juicio la mitad de la suma reclamada en la demanda y teniendo en cuenta, para graduar el honorario, la etapa del juicio en que la perención se produjo; que cuando el proceso principal tiene contenido económico, el incidente de caducidad de instancia también lo tiene y la base económica es una sola e idéntica para ambos. Establece, por último, que el artículo 191 inciso "b" de la ley 2150 fija como base la mitad de la suma reclamada; que como en el presente caso se peticionaron intereses, los mismos deben estar incluidos en la planilla de regulación, debiendo tomarse la mitad de su total.------ --- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. La recurrente expresa que el fallo impugnado resulta arbitrario por cuanto pretende dejar de lado el criterio sentado por nuestro Máximo Tribunal en varios fallos, y en especial, el de un caso que tiene identidad de objeto con el de autos; que, además, no trata una serie de argumentos planteados por su parte, afectando sus derechos de defensa, propiedad, igualdad y debido proceso.------------------------------------------------ --- En primer término afirma que la alzada yerra en la interpretación que efectúa de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Banco de San Juan c/ Sucesión de Marcos Soto"; que el Máximo Tribunal adhiere en dicho fallo a las conclusiones del dictamen de la Procuradora Fiscal, quien considera que "la Provincia de San Juan planteó, en oportunidad de apelar la sentencia de primera instancia que no correspondía incluir intereses en el cálculo de la base regulatoria, atendiendo a las circunstancias procesales de la causa (que concluyó de un modo anormal por perención de instancia) y a lo dispuesto expresamente por el artículo 191 inciso b) de la Ley Nº 2150 que no menciona los accesorios". Que "contrariamente a lo manifestado por el superior tribunal provincial, mantuvo dicha argumentación en las presentaciones posteriores y no obtuvo una respuesta adecuada y suficiente en el pronunciamiento de la Cámara" y que "tal crítica merecía un tratamiento pormenorizado (.) en orden a establecer si correspondía incluir intereses en la base regulatoria, en el marco de este proceso. Al respecto, vale recordar que VE ha establecido que la naturaleza accesoria de los intereses respecto del capital, así como su carácter esencialmente indemnizatorio de la privación temporaria de aquél, impide considerarlos integrativos del valor de la demanda en los supuestos de rechazo de aquella a los efectos de regular los honorarios". La impugnante sostiene que, de conformidad a los considerandos precedentes, la Corte Nacional se expidió sobre el tema relativo a los intereses y que tal criterio es aplicable al caso; que la expresión de la Procuradora Fiscal por la que establece que "lo dicho no implica anticipar juicio sobre la solución que, en definitiva, proceda adoptar sobre el fondo del planteo" se explica porque tratándose de un dictamen, no obliga a la Corte, que puede apartarse de sus conclusiones.-------------------- --- En segundo lugar, expresa que el fallo recurrido incurre en una grave contradicción cuando sostiene que la juez de primera instancia aplicó el artículo 191 inciso "b" de la ley 2150 para el proceso principal, mientras que para el incidente de caducidad juzgó que "en función del art. 197 de la ley 2150, correspondía que se tome en cuenta el 50% de la base regulatoria y no se incluyan los intereses"; que si ese hubiera sido el fallo de primera instancia, su parte no lo habría apelado. Manifiesta que la juez de primer grado hizo lugar a que se utilizara el 50% de la base regulatoria pero también aprobó la liquidación practicada por la demandada que incluía intereses. Refiere además que los intereses aplicados son ilegales pues las leyes 7673 y 6434 prevén que para las liquidaciones correspondientes al residual del Banco de San Juan se debe aplicar tasa pasiva y no activa (artículo 1 de la ley 7673). Continúa diciendo que es absolutamente contradictorio que el a quo afirme que la base para el proceso principal debe ser el monto de la demanda, de acuerdo al artículo 191 inciso "b" de la ley 2150, lo que implica que la liquidación no incluye intereses y que luego afirme que tanto para la demanda principal como para el incidente de caducidad de instancia debe tomarse la misma base regulatoria, no obstante lo cual fija la del incidente en el 50% del monto de la demanda con más los intereses, por haber sido reclamados.------------------------------ --- En tercer lugar, refiere que el precedente citado en la sentencia recurrida -Autos Nº 21.389 "Fornasari, Ángel Eduardo s/ Beneficio de Litigar sin Gastos-"- no hace más que darle razón al planteo formulado por su parte: allí se determina que cuando el juicio concluye por declaración de perención de instancia debe aplicarse, a los fines de la regulación de los honorarios profesionales, el artículo 191 inciso "b" de la ley 2150, tomando como monto del juicio la mitad de la suma reclamada en la demanda. Expresa que pese a que la norma aludida solo habla de monto reclamado en la demanda, sin decir nada de los intereses, el tribunal de mérito los aplica por haber sido peticionados.---------- --- Por último, alega la existencia de una contradicción en la parte resolutiva de la sentencia impugnada cuando dispone "hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 119 contra la sentencia de fecha 28 de junio de 2012 de acuerdo al considerando respectivo". Indica que el objeto de su recurso de apelación no fue otro que pedir que la base regulatoria para el incidente de caducidad de instancia fuera el 50% del monto reclamado en la demanda sin intereses; que de los considerandos de la sentencia impugnada surge que la alzada no hace lugar a los agravios planteados por su parte, no obstante lo dispuesto en su parte resolutiva.- --- El recurso de casación es subsumido en el inciso 2º del artículo 15 de la ley 2275. La quejosa argumenta que el tribunal de mérito interpreta erróneamente el artículo 191 inciso "b" de la ley 2150; que dicha norma no incluye intereses ni desvalorización monetaria, a diferencia del artículo 197 ibídem que sí lo hace. Insiste en lo que denomina "contradicciones" y "errores" del fallo impugnado, como también en su ilegalidad por la inaplicación de las leyes 7673 y 6434.--------------- --- Expuestos los antecedentes del planteo, paso a examinar su procedencia sustancial. Aclaro que, por una cuestión lógica y más allá del orden propuesto por la quejosa, corresponde abordar en primer término si el razonamiento elaborado por el a quo, vinculado a la aplicación del artículo 191 inciso "b" de la ley 2150 con intereses -para el juicio principal y el incidente-, es o no arbitrario. De resultar negativa la respuesta, analizaré la cuestión interpretativa propuesta en torno a la norma (recurso de casación) para, sobre su base, establecer si corresponde aplicar al caso la ley 7673 (que fija tasa de interés pasiva para las relaciones sustantivas comprendidas en la ley 6753). En efecto, devendría abstracto este último análisis de concluirse que el artículo materia de casación no contempla la aplicación de intereses.-------------------------------- --- Formulada esta aclaración, diré que, como principio, este Tribunal tiene dicho en reiterados pronunciamientos que el recurso previsto en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275 no ha sido establecido para examinar el mérito de la decisión. Que mediante él se controla la legalidad del fallo, es decir, su validez como acto jurisdiccional. Que un fallo es inválido en términos de esta causal en casos extremos de arbitrariedad. Y que, en fin, la arbitrariedad se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable. (PRE S.2º, 1990-I-97; S.1º, 1990-II-1).--------------------------------------------- --- No juzgo que en el caso se configure un supuesto de arbitrariedad, como afirma la recurrente. No resulta irrazonable, en mi opinión, concluir como lo hizo el a quo en el sentido que al tratarse de un juicio concluido por caducidad de instancia, la regulación de los honorarios profesionales debe regirse -para el incidente y el juicio principal- por el artículo 191 inciso "b" de la ley 2150, debiendo tomarse como base la mitad de la suma reclamada en la demanda; que, como en el presente caso se peticionaron intereses, los mismos deben estar incluidos en la planilla de regulación, sin que tenga efecto vinculante lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Banco de San Juan c/ Sucesión de Marcos Soto" porque en tal oportunidad la Corte Federal no se pronunció sobre el fondo de la cuestión planteada.------------------------------------- --- Si bien le asiste razón a la quejosa en cuanto el tribunal a quo incurre en una contradicción cuando alude a lo resuelto por la juez de primer grado, lo cierto es que tal equívoco resulta ineficaz en los términos previstos por el artículo 13 inciso 4º de la ley 2275: la alzada sienta en definitiva su criterio, determinando que la base regulatoria para el principal y el incidente de perención es una sola (la establecida por el art. 191 inc. "b" de la ley 2150) y que comprende intereses por haber sido reclamados en la demanda.-------------------- --- Yerra en mi opinión la recurrente cuando afirma que el precedente citado por el a quo se contradice con la solución propuesta en la sentencia impugnada. En efecto, en el razonamiento interpretativo de la alzada, el artículo 191 inciso "b" de la ley 2150 conlleva la aplicación de intereses, en la medida que hayan sido reclamados al demandar, mientras que la recurrente parte de una interpretación distinta. Como es sabido, la simple discrepancia en la interpretación del derecho aplicado para la definición de la relación sustantiva, no implica ni puede significar un agravio al derecho de defensa sino, en todo caso, un motivo para la queja casatoria (PRE 1992, S.1º I-120).----------------------- --- Tampoco existe a mi juicio contradicción en la parte resolutiva de la sentencia: la misma recurrente afirma que el objeto de su recurso de apelación no fue otro que pedir que la base regulatoria para el incidente de caducidad de instancia fuera el 50% del monto reclamado en la demanda sin intereses. Pues bien, el a quo hizo lugar a lo primero y denegó lo segundo, de allí la admisión parcial del recurso. Tal solución importa innovar respecto a lo decidido por la juez de primera instancia, quien consideró que "el total del monto reclamado más sus intereses constituye la base regulatoria del incidente de caducidad de instancia".--- --- Por último, no se configura, en mi opinión, el supuesto de arbitrariedad por inobservancia del criterio interpretativo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Banco de San Juan c/ Sucesión de Marcos Soto"; ello por tres razones: en primer lugar porque, como bien concluye la cámara de apelaciones, la Corte Suprema no se pronunció sobre el fondo del asunto. De los párrafos transcriptos por la propia recurrente, correspondientes al dictamen de la Procuradora Fiscal -al que remite el fallo-, surge que propone la anulación de la sentencia por no dar una respuesta adecuada y suficiente a planteos efectuados por la Provincia de San Juan, entre ellos, que no correspondía incluir los intereses en la base regulatoria. En segundo lugar, porque aun cuando el dictamen de la Procuradora Fiscal deja trasuntar el criterio adoptado por la Corte Suprema para un tema análogo (inaplicación de intereses cuando la demanda es rechazada), no resulta vinculante para esta Corte local por tratarse de una decisión adoptada en ejercicio de su competencia originaria (Fallos, 308:2257, "Acebo S.A.C.I.I.F. c/ Provincia del Neuquén"). Al respecto ha dicho este Tribunal que "cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación actúa en ejercicio de su competencia originaria (.) lo hace como un tribunal de grado, por lo que no existen razones jurídicas para que tales pronunciamientos sean seguidos por el resto de los tribunales del país, como no sea la presunción de verdad y justicia que emana de la calidad intelectual de sus miembros. Un criterio contrario conspiraría contra la esencia misma del sistema federal de gobierno (artículo 1º de la CN), desde que los tribunales locales tendrían que sujetarse a los dictados de la Corte Nacional aún cuando la cuestión versara sobre leyes provinciales o de derecho común (artículo 67, inc. 11, hoy 75 inc. 12 de la CN), con lo que desaparecería la independencia de los poderes judiciales provinciales" (PRE S.1º, 2012-IV-716). Por último, y en tercer lugar, la propia impugnante reconoce la aplicación al caso de una norma positiva provincial (art. 191 inc. "b" de la ley 2150), que rige -por ende- las relaciones de las partes mientras no sea impugnada con base constitucional. La eventual discrepancia interpretativa en torno a la misma (si contempla o no intereses) excluye la arbitrariedad del fallo, habilitando, en su caso, el remedio casatorio.---------- --- De conformidad al desarrollo antecedente, juzgo que lo decidido por el tribunal a quo, en torno a la norma aplicable al caso y su interpretación (art. 191 inciso "b" de la ley 2150) no resulta arbitrario, correspondiendo -en este aspecto- el rechazo del recurso de inconstitucionalidad. Lo que abre el análisis del remedio casatorio propuesto por la recurrente.---------- --- Plantea la quejosa una errónea interpretación del artículo 191 inciso "b" de la ley 2150 por la alzada. Afirma que dicha norma no incluye intereses ni desvalorización monetaria, a diferencia del artículo 197 ibídem que sí lo hace. Por el contrario, la sentencia impugnada considera que el artículo 191 inciso "b" fija como base la mitad de la suma reclamada; que como en el presente caso se peticionaron intereses, los mismos deben estar incluidos en la planilla de regulación, debiendo tomarse la mitad de su total.------------------ --- Entiendo que el criterio interpretativo adoptado por el a quo es correcto: la base regulatoria establecida por el artículo 191 inciso "b" de la ley 2150 se integrará con intereses en la medida que éstos hayan sido reclamados en la demanda. La expresión "mitad de la suma reclamada en la demanda" debe entenderse en su sentido literal, como lo que constituye el objeto de la pretensión dineraria.----------------------------------- --- En estos autos se demandó "por el cobro de la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 13/100 ($37.260,13), valor nominal determinado a la fecha consignada en el certificado con más sus intereses pactados según contrato original celebrado con el Banco San Juan S.A., moratorios, punitorios y legales, costas y multas que resulta adeudar." (fs. 39 de los autos principales reconstruidos) -el subrayado me pertenece-. Al integrar los intereses el monto o suma reclamada en la demanda, la base regulatoria de estos autos se compone indefectiblemente por el 50% del capital y los accesorios.--------------------------------------------- --- En el entendimiento que la resolución adoptada por la Cámara de Apelaciones se funda en una correcta aplicación e interpretación de las disposiciones sustantivas que rigen el caso, he de propiciar con mi voto el rechazo del recurso de casación. Lo que habilita el análisis del último tema propuesto ab initio: esto es, si los tribunales de mérito soslayaron aplicar arbitrariamente la ley 7673, la que -a la sazón- es de orden público (art. 3 de la ley 7673).------------------ --- Es dable destacar que si bien el agravio no fue propuesto a las instancias de mérito, el aforismo iura novit curia impone al juzgador, aun en esta instancia extraordinaria, resolver el caso aplicando las disposiciones legales que correspondan, en los límites -claro está- de lo que constituye objeto del recurso. Ha dicho esta Corte que "las leyes donde está interesado el orden público deben ser aplicadas por los jueces de oficio, con prescindencia de la opinión de las partes" (PRE 1983-I-43).---------------------------------------- --- En la presente causa la Provincia de San Juan inició demanda ejecutiva en virtud de dos certificados de deuda, cuya causa enanca en la cesión de deuda que le efectuara el Banco San Juan SA, según ley 6753 (BO 07/11/96). Para éste supuesto en particular la Ley 7673 (BO 12/01/06) determina en su artículo primero que: "En todos los procesos judiciales donde la relación jurídica sustantiva tenga por origen o causa obligaciones comprendidas por la Ley N° 6753, las liquidaciones judiciales o extrajudiciales destinadas a determinar los montos de condena, deberán efectuarse aplicando la tasa de interés establecida por la Ley N° 6434". Esta última ley establece, a su turno, que la tasa de interés aplicable es la pasiva (art. 1º). De donde, y habida cuenta que en la presente causa la suma reclamada en la demanda (art. 191 inc. "b" de la ley 2150) se integró por capital e intereses -sin aludir a la tasa aplicable, la que tampoco se especifica en los títulos ejecutados-, el interés reclamado no puede ser otro que el legal fijado imperativamente en la Ley 7673, esto es tasa pasiva.------------------------------------------------- --- Por las razones expuestas, entiendo correspondería hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y anular el fallo impugnado en este aspecto puntual. En consecuencia, debería el Tribunal avocarse al fondo de la cuestión propuesta, declarando aplicable al caso la ley 7673, estableciendo que la base regulatoria del juicio principal y del incidente de caducidad de instancia se integra con intereses calculados a la tasa pasiva (art. 1º de la ley 7673).------------------------ ---- En cuanto a las costas propongo se impongan en el orden causado por existir vencimiento parcial (art. 70 del CPC).----------------------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ANGEL HUMBERTO MEDINA PALA Y JOSE ABEL SORIA VEGA, DIJERON:------------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad, en lo vinculado a la interpretación del artículo 191 inciso "b" de la ley 2150. II) Rechazar el recurso de casación. III) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, en los términos de las consideraciones precedentes, anular la sentencia recurrida y avocándose el Tribunal al fondo de la cuestión traída, declarar aplicable al caso la ley 7673, estableciendo que la base regulatoria del juicio principal y del incidente de caducidad de instancia se integra con intereses calculados a la tasa pasiva. IV) Imponer las costas en el orden causado. V) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los autos principales que deberán bajar al Tribunal de origen. Notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá y José Abel Soria Vega. Ante Mí: Jorge Daniel de Oro. Secretario Letrado.

Ef-5971 CS PRE S.1º 2014-I-122