Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21


Poder Judicial de la Nación TS06D 63719 21-03-12 SALA VI EXPEDIENTE Nro. 31.808/2008 JUZGADO Nro. 30 AUTOS: "RODRIGUEZ DIEGO JESUS C/ CLEAN BAIRES S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL" Buenos Aires, de de 2012.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 358/368 que hizo lugar a la demanda interpuesta, vienen en apelación ambas partes.

La actora presenta su memorial recursivo a fs. 373/376, replicado por la demandada Clean Baires SA a fs. 412/414.

La codemandada Provincia ART interpone su queja a fs. 377/385 y la codemandada Clean Baires SA hace lo suyo a fs. 391/405; siendo ambos recursos contestados por la parte actora a fs. 409/411 y a fs. 415/419, respectivamente.

II) En primer lugar y previo a adentrarme en el examen de la queja vertida por la parte actora en relación con su reclamo por diferencias salariales y rubros indemnizatorios derivados del despido corresponde analizar la queja que en relación a las diferencias salariales vierte la empleadora Clean Baires SA (fs. 391/405).

La codemandada Clean Baires, se agravia por la procedencia de las diferencias salariales reclamadas por el actor (punto IX de fs. 399 vta.), basadas en el pago de su trabajo como jornada reducida cuando en realidad se trataba del cumplimento de labores en jornada completa, entre los meses de abril del año 2005 y septiembre del año 2006; y porque en relación a dichas diferencias no se trató la excepción de prescripción por ella opuesta.

En primer lugar, corresponde examinar la queja en relación con la procedencia de las mismas para luego analizar la excepción de prescripción opuesta. En este sentido, adelanto que la queja vertida por la empleadora al respecto no tendrá favorable acogida toda vez que en relación a la jornada efectivamente cumplida por el trabajador (jornada completa o jornada reducida) el empleador es quien debió probar el cumplimiento por parte del trabajador de una jornada excepcional como lo es la reducida. Ello así y en virtud a lo dispuesto por el art.52 incs. g) y h) y por el art.55 LCT, debía producir prueba en contrario, extremo que no advierto cumplido.

En relación a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, cabe destacar que a fs. 179 (punto 3) la parte actora se allanó a la prescripción opuesta respecto de los créditos reclamados entre abril de 2005 y septiembre de 2005 inclusive; y que a fs. 186 la sentenciante de grado tuvo a dicha parte por allanada en los términos expuestos. Por tanto, debe examinarse la queja limitada a las diferencias reclamadas a partir del mes de octubre de 2005.

En este sentido, esta Sala, en términos que comparto -a los que corresponde remitirse "brevitatis causae"- ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este tema, al dictar sentencia en los autos "Sallent, Adrián c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ despido", del registro de esta Sala Nº 61516 del 26/08/2009; donde se sostuvo que la presentación del reclamo ante el Servicio de Conciliación, en tanto reclamación ante la autoridad administrativa, produce la interrupción del curso de la prescripción (conf. art. 257 de la Ley de Contrato de Trabajo); y, posteriormente, en los autos "Harasymon, Mauricio Alejandro c. Inc S.A. y otro s/ accidente-ley especial", SI 32008 del 19/2/2010; se resolvió en el sentido de que a partir de los efectos interruptivos del reclamo ante el Seclo, el nuevo plazo prescriptivo a ser computado comienza a correr a partir del cumplimiento del plazo de seis meses contemplado en el Acuerdo Plenario Nº 312, en idéntico sentido a lo dispuesto por el artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo. En el caso, por aplicación de la doctrina del Acuerdo Plenario nro. 312 y del art.257, LCT; esos efectos interruptivos cesan a los seis meses de iniciado el trámite ante el SECLO, y en consecuencia, concluido dicho lapso comienza a correr el nuevo plazo de prescripción.

En consecuencia, y en atención la fecha del reclamo ante el SECLO (14/6/2007) y fecha de interposición de la demanda (28/10/2008) entiendo que el presente reclamo por diferencias salariales a partir del mes de octubre del año 2005 no se encuentra prescripto.

En consecuencia y por efecto del allanamiento señalado, corresponde detraer del monto condenado por diferencias salariales -$9.867,49- (fs. 361) la suma de $2.957,31 correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2005; lo que arroja un total por diferencias salariales de $6.910,18; más la suma condenada de $2.794,5; por los salarios correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2007, puesto que el recurrente no controvierte eficazmente los argumentos brindados por la sentenciante de grado al respecto (art. 116 LO).

Así las cosas, y confirmada que ha sido la procedencia de las diferencias salariales, cabe destacar que asiste razón a la parte actora en su queja, toda vez que su reclamo no se agotaba en las diferencias salariales reclamadas, sino que además de dicha pretensión, el actor ha invocado como causal de despido dicha situación, y este aspecto del reclamo no ha sido tratado en la sentencia de primera instancia.

En conclusión, considero que los extremos fácticos analizados constituyen causal suficientemente impeditiva de la prosecución del vínculo dependiente que uniera a las partes en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo; por lo que de prosperar mi voto corresponde hacer lugar a los distintos rubros indemnizatorios derivados del despido indirecto dispuesto por el trabajador.

Para ello tomaré en consideración la remuneración mensual tomada por la sentenciante de grado en base al informe contable de $931,5; como fecha de ingreso el 28 de marzo de 2005; y como fecha de egreso el 4 de abril de 2007 (fs. 60).

La indemnización por despido asciende a la suma de $1.863; la sustitutiva del preaviso a la de $931,5 más SAC $77,62; la integración del mes de despido y días de abril a la suma de $931,5 más SAC $77,62; las vacaciones proporcionales correspondientes al año 2006 a la suma de $521,64 más SAC $43,47; las vacaciones proporcionales correspondientes al año 2007 a la de $130,41 más SAC $10,86.

En cuanto al incremento indemnizatorio previsto por la ley 25323 en su artículo 2, corresponde establecer su procedencia puesto que habiendo sido la demandada fehacientemente intimada (fs. 60) a abonar las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 LCT; la empleadora no lo ha cumplido, obligando al trabajador a iniciar las presentes acciones legales; por lo que el monto del mencionado incremento se fija en la suma de $1.800,9.

Asimismo, y de conformidad con los presupuestos fácticos anteriormente expuestos, corresponde condenar a la empleadora a entregar al actor las certificaciones previstas por el art. 80, LCT; toda vez que las constancias aportadas a la causa no contienen las circunstancias fácticas reales del vínculo.

Asimismo, y considerando que se ha dado efectivo cumplimiento a los requisitos previstos para la intimación a hacer entrega de las correspondientes certificaciones (fs. 60 y fs. 63) corresponde establecer la multa prevista por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo en la suma de $2.794,5.

Por lo expuesto, el monto de la condena en relación con las diferencias salariales y el despido se fija en un total de $18.887,7; monto que llevará intereses de conformidad con la tasa activa promedio que utiliza el Banco de la Nación Argentina para otorgamiento de préstamos, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago.

III) Seguidamente, corresponde examinar las quejas vertidas por ambas codemandadas en relación con la procedencia del reclamo indemnizatorio basado en el accidente de autos.

En primer lugar analizaré el planteo vertido por la aseguradora de riesgos, Provincia ART, relativo a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39, apartado 1 de la ley 24.557 formulado, ya que ha sido objeto de tratamiento y decisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Aquino" (FALLOS 327:3753). En dicho pronunciamiento y en otros posteriores - casos éstos en los que fijaron sus posturas sobre el tema los jueces del máximo Tribunal que no habían intervenido en "Aquino" ("Díaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A." sentencia del 7 de marzo de 2006; "Perrota c/ Aipaa S.A." y "Avila Juchani c/ Decsa S.R.L." sentencias del 28 de marzo de 2006, Fallos 327:3753)- se descalificó, mediante votos concurrentes la disposición del art. 39, ap. 1 de la ley 24557 en cuanto veda al trabajador -o sus derechohabientes- la posibilidad de reclamar con fundamento en el derecho civil, entendido este último como expresión del principio general de responsabilidad que emana fundamentalmente del art. 19 de la Constitución Nacional. En consecuencia, y por aplicación de la mencionada doctrina del Alto Tribunal, debe partirse de la base de la posibilidad de reclamar como lo hicieron los reclamantes en el presente caso.

Por lo demás, en el memorial de agravios no se postulan argumentos nuevos que autoricen un razonamiento disímil.

Sentado lo expuesto analizaré seguidamente los argumentos brindados en su queja por la empleadora, Clean Baires SA, la cual básicamente se agravia de lo decidido en relación con el acaecimiento del accidente de autos.

El actor invoca haber sufrido un accidente en su lugar de trabajo -escuela donde la codemandada Clean Baires SA efectuaba las tareas de limpieza- el día 19 de agosto de 2006, aproximadamente a las 18 horas cuando al bajar una escalera, pisa mal y se tuerce el tobillo izquierdo.

De los propios términos del escrito de contestación de demanda (fs. 125) surge que si bien la demandada niega la existencia del accidente, aclara que "al menos con las características que se le pretende dar", porque sostiene que el mismo jamás pudo ser constatado.

Por su parte, la aseguradora a fs. 48vta. reconoce que el día 19 de agosto de 2006 fue anoticiada por la empleadora del actor, que el mismo mientras cumplía sus tareas habituales, había pisado mal sufriendo una torcedura en su tobillo izquierdo. Como consecuencia de ello, sostiene haberse hecho cargo de la atención médica del actor brindándole las prestaciones correspondientes, siendo atendidos por su cuenta y cargo en el Sanatorio Alberdi SA, extremos coincidentes con los expuestos en el escrito de inicio.

Así las cosas, cabe poner de resalto algunas consideraciones. La quejosa sostiene que no puede comprenderse cómo nadie pudo haber visto el accidente puesto que se trata de una escuela, en la cual pudo haber maestros, profesores o alumnos que presenciaran el hecho; sin embargo, soslaya el recurrente un hecho fundamental que es que el accidente denunciado ocurrió un día sábado, en el que el alumnado o el personal docente no concurren; este extremo se condice con la jornada de trabajo reconocida.

Por otra parte, el recurrente también destaca en su queja (fs. 394) que ".la comunicación del supuesto accidente fue meramente verbal y por vía telefónica varios días después -se negó que lo hubiera hecho ese día-." circunstancia que se contrapone con lo expuesto por la propia aseguradora que sostiene haber sido comunicada del accidente de trabajo el mismo día 19 de agosto de 2006.

Estos hechos me persuaden de la existencia del accidente en las circunstancias expuestas por el actor, máxime en consideración a la denuncia del mismo por parte de la empleadora a su aseguradora de riesgos como un accidente en el cumplimiento de tareas habituales.

Por lo expuesto, y encontrándose acreditado que el trabajador tuvo un accidente en ocasión de su trabajo, y partiendo de la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley 24.557, corresponde adentrarse en los argumentos vertidos por la demandada relativos a la culpa del trabajador en el infortunio y a la inexistencia de cosa riesgosa.

La peligrosidad de la escalera utilizada resulta evidente puesto que a pesar de tratarse de una cosa inerte, el riesgo de la misma se concreta con su uso y, al respecto, los testigos (fs. 327, fs. 330 y fs. 332) son contestes en que la misma era muy empinada y que no poseía antideslizantes. Concretamente, la testigo Costa -que trabaja en la escuela- a fs. 332, declara con claridad y precisión que ".cuando el actor estaba trabajando en el lugar, en la escalera no existían pasamanos. Que hace aproximadamente dos o tres años pusieron uno." (obsérvese que la declaración data 16 de marzo de 2011).

En tal sentido, memoro que no hay cosa peligrosa en función de su naturaleza sino de las circunstancias y que el damnificado no está precisado a comprobar el carácter peligroso de la cosa que lo ha dañado. Le basta establecer la relación de causalidad entre la cosa y el daño pues ella demuestra también el riesgo de la cosa... el riesgo de la cosa se establece por el daño ocurrido por la sola intervención causal de una cosa sin que medie autoría humana..." (cfr. Tratado de Derecho Civil -Obligaciones- J. Llambías, To. IV A págs. 627 y sgtes). Asimismo, entiendo que es evidente que quien trabaja utilizando una escalera se encuentra en constante peligro de caída ante un mínimo descuido, error o movimiento involuntario o desincronizado, de ahí que se deben tomar medidas de prevención para que ello no ocurra.

En consecuencia, es evidente que el accidente guarda relación causal adecuada con el riesgo de las cosas que la empleadora tenía bajo su guarda (escalera) y que, por lo tanto, la situación resulta encuadrable en el esquema de responsabilidad previsto en el art. 1113 del Código Civil.

Por otra parte, tampoco se ha probado que el actor haya incurrido en alguna negligencia o imprudencia determinante en el acaecimiento del infortunio; que, en cambio, aparece directa y causalmente vinculado al riesgo que genera la utilización de una escalera en las condiciones descriptas. Dicho de otro modo, no se ha demostrado que el proceso de causación del accidente haya sido interrumpido por un obrar imputable a la víctima; ni está probado que ésta haya incurrido en una negligencia que desplace el evidente nexo de causalidad adecuada que existe entre el riesgo generado por las cosas que la empleadora tenía bajo su guarda y el suceso analizado. En definitiva, no está probado en modo alguno que el actor haya actuado contrariando una orden de su empleadora, ni que haya obrado contra el sentido común o, de algún modo, en forma negligente o imprudente; por lo que no hay evidencia de que haya incurrido en obrar culpable de ninguna naturaleza al momento de ocurrir el accidente. De acuerdo con las circunstancias precedentemente analizadas y tal como lo he adelantado, entiendo que el accidente guarda relación de causalidad adecuada con un factor objetivo de imputabilidad atribuible a la demandada Clean Baires SA, el riesgo generado por las cosas bajo su guarda. Por lo tanto, a la luz de lo establecido en el art. 1113 del Código Civil, no cabe duda que la demandada resulta responsable por la reparación de las consecuencias dañosas derivadas del infortunio.

Por lo expuesto, de prosperar mi voto propongo confirmar lo decidido en primera instancia en este aspecto, inclusive en cuanto a lo resuelto en materia de cómputo de intereses (aspecto cuestionado por la aseguradora de riesgos) toda vez que no se advierten en la queja elementos objetivos que justifiquen un apartamiento de lo decidido al respecto, en consideración a la fecha del infortunio sufrido por el trabajador.

La imposición de costas discernida en primera instancia, tanto en relación a la acción por diferencias e indemnizaciones derivadas del despido; como en relación a la acción por accidente; resulta adecuada al principio general de la derrota (art. 68 CPCCN) en ambos supuestos.

En virtud de lo dispuesto por el art. 279 CPCCN, los honorarios regulados en relación con la acción por diferencias salariales e indemnizaciones derivadas del despido, deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena con intereses.

Los honorarios regulados en relación con la acción por accidente se confirman, por resultar adecuados al mérito y extensión de los trabajos profesionales cumplidos, al resultado final del pleito y a las pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO, dto. 16638/57)	Las costas de esta instancia en cuanto a la acción por diferencias salariales e indemnizaciones derivadas del despido serán soportadas por la demandada vencida, Clean Baires SA (art. 68 CPCCN) a cuyos efectos estimo los honorarios de los presentantes de fs. 373 y de fs. 412 en el 25% de lo regulado por esta acción en la etapa anterior.

Las costas de esta instancia en cuanto a la acción por accidente serán soportadas por las demandadas vencidas, Clean Baires SA y Provincia ART (art. 68 CPCCN) a cuyos efectos estimo los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la codemandada Clean Baires SA, codemandada Provincia ART y actora; en el 25% para cada una de ellas de lo regulado por esta acción en la etapa anterior.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar el fallo apelado. II) Establecer el monto de condena en relación a la demanda por despido y diferencias salariales en la suma de $18.887,7.- III) Confirmar lo decidido en primera instancia en relación a la demanda por accidente. IV) Confirmar la imposición de costas de primera instancia y la regulación de honorarios, con la aclaración que los regulados en relación con la acción por diferencias salariales e indemnizaciones derivadas del despido, deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena con intereses. V) Confirmar los honorarios regulados en relación con la acción por accidente. VI) Imponer las costas de esta instancia en cuanto a la acción por diferencias salariales e indemnizaciones derivadas del despido a la demandada vencida Clean Baires SA. Regular los honorarios correspondientes por esta acción para los presentantes de fs. 373 y de fs. 412 en el 25% de lo regulado por esta acción en la etapa anterior. VII) Imponer las costas de esta instancia en cuanto a al acción por accidente a las demandadas vencidas, Clean Baires SA y Provincia ART. Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las codemandadas Clean Baires SA, codemandada Provincia ART y actora, en el 25% para cada una de ellas de lo regulado por esta acción en la etapa anterior.	Regístrese, notifíquese y vuelvan.

alf.

GRACIELA L. CRAIG	JUEZ DE CAMARA	JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID	JUEZ DE CAMARA