Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-14


ELMIR, José contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 214 p 152-154.

Santa Fe, 14 de junio del año 2.006.

VISTOS: Estos autos caratulados "ELMIR, José contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -Ley 10000-" (Expte. C.S.J. nro. 511, año 2005) s/ AVOCACIÓN (Art. 2, Ley 11.330), venidos para resolver lo solicitado por la demandada a fojas 6/10 vto.; y, CONSIDERANDO:

1. La Municipalidad de Rosario comparece ante esta Corte solicitando se avoque al conocimiento de los autos "Elmir, José c/ Municipalidad de Rosario s/ Ley 10000" (expte.

1227/05) radicados ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Número 13 de la ciudad de Rosario.

Relata que el actor invocando su calidad de concejal y de funcionario público interpuso recurso contencioso administrativo sumario tendiente a que se disponga la nulidad del procedimiento de licitación pública tramitado en el expediente administrativo 29865/P/2005 invocando la violación de disposiciones administrativas locales, provinciales y nacionales y la lesión de intereses difusos de los habitantes de la ciudad de Rosario como el derecho a un ambiente saludable, la salud pública y, en definitiva, el principio de legalidad.

Comenta que el Tribunal admitió el recurso, requirió informe circunstanciado y ordenó la suspensión provisoria del procedimiento licitatorio.

Puntualiza que efectuó la comunicación prevista en el artículo 8 de la ley 10.000 y rindió el informe circunstanciado requerido. Agrega que se está sustanciando un recurso directo en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial contra lo resuelto por la jueza de grado sobre el requerimiento del artículo 8 de la precitada ley.

Expresa que la postulación del actor se vincula con un llamado a licitación pública para conceder el tratamiento de materiales inertes y operación de planta, sobre el cual había presentado un proyecto de ordenanza que no fue tratado.

Alega que la cuestión litigiosa versa sobre una licitación que intenta suspenderse con la mera invocación de intereses difusos.

Aduce que, al tratarse de un conflicto originado en razón de la interpretación de los términos de una licitación y de sus efectos y del posterior contrato administrativo a suscribir con quien resulte adjudicatario, existe evidente materia contencioso administrativa.

Agrega que a pesar que el actor ejerce su pretensión a través del procedimiento normado por la ley 10.000 resulta indudable que esgrime verdaderos derechos políticos "y por qué no ... quizás hasta un derecho subjetivo de carácter administrativo, o bien un interés legítimo, por lo que siempre la materia litigiosa implicada es contencioso administrativa".

Deduce de ello que es palmaria la incompetencia de la justicia de distrito en lo civil y comercial y que no se da en el caso ninguno de los supuestos de excepción que esta Corte ha establecido en forma pretoriana o que surgen expresamente de la ley para que pueda intervenir otro Tribunal distinto de la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Entiende que no empece a lo dicho que el actor haya deducido un recurso contencioso administrativo sumario puesto que, conforme a su interpretación de la jurisprudencia de esta Corte, siendo contencioso administrativa la materia en debate su tratamiento y resolución debe encauzarse por vía de la ley 11.330 cualquiera sea el "nomen iuris" utilizado por las partes para calificar la acción intentada.

Interpreta que el actor cuenta con una vía idónea para su pretensión pudiendo inclusive acudir a la medida cautelar autónoma en el marco del artículo 14 de la ley 11.330.

Plantea que de los términos de la cautelar despachada por la jueza surge una inadmisible intromisión de un funcionario del Poder Judicial en la órbita de atribuciones exclusivas e indelegables de un funcionario del Poder Administrador. Por ello, afirma que existe un conflicto de poderes que debe ser dilucidado por esta Corte.

2. Por decreto de Presidencia del 23.11.2005 (foja 13) se solicitaron los autos de referencia del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Nro. 13 de Rosario, los que fueron recibidos en esta sede en 30.11.2005 (foja 16).

A fojas 17/18 el señor Procurador General dictaminó en sentido desfavorable a lo postulado por la demandada, en cuanto a que "el recurrente no se encuentra en una situación subjetiva de las previstas por el recurso contencioso administrativo regulada por la ley 11.330". El actor, por su parte, contesta el traslado que se le corriera solicitando se rechace "la postulación de la Municipalidad de Rosario" (fs. 22/25).

3. Mediante el recurso contencioso administrativo sumario José Edgardo Alfredo Elmir persigue la declaración de nulidad del procedimiento de licitación pública tramitado en expediente administrativo 29865P/2005 para el tratamiento de materiales inertes y operación de planta.

Ello con la invocada finalidad de evitar que, mediante lo que entiende es una clara violación de disposiciones del orden administrativo local, provincial y nacional, se lesionen los intereses difusos de los habitantes de la ciudad de Rosario consistentes en el derecho a un medio ambiente saludable, a la salud pública y, en definitiva, al cumplimiento del principio de legalidad (fs. 6/15, expte. 1227/05). Ante tal postulación, y como ya se explicó, la Municipalidad demandada comparece ante este Tribunal solicitando se avoque al conocimiento de esa causa por entender que la materia es contencioso administrativa debiendo conocer en el caso la Cámara de lo Contencioso administrativo.

Ante tales planteos no cabe sino afirmar que el pedido en análisis no puede prosperar.

En efecto, el examen de los argumentos esgrimidos por el actor no permite sostener que resulte ser titular de algunas de las situaciones jurídicas tuteladas por la ley 11330, norma ésta que exige la concurrencia de actos que se pretendan lesivos, de un modo directo y actual, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo emergente del ordenamiento jurídico administrativo (artículo 3).

Desde luego, ello no implica afirmar que el actor, en su carácter de concejal municipal, efectivamente esté en condiciones de invocar un interés difuso, ni, mucho menos, que realmente se haya configurado una afectación de intereses tales de los cuales él pueda ser titular, aspectos sobre los que -más allá de la decisiva trascendencia que puedan revestir para la solución del pleito principal- no corresponde que el Tribunal emita pronunciamiento en razón del acotado margen jurisdiccional que le otorga el artículo 2 de la ley 11330.

Por otra parte, cabe también liminarmente desestimar la supuesta concurrencia en el caso de un conflicto de poderes. Ello por cuanto tal postulación reposa sobre una crítica que efectúa la Administración demandada al temperamento adoptado por la jueza de grado sobre la medida cautelar despachada lo cual, como la misma reclamante lo reconoce, admite tratamiento y dilucidación a través de las vías impugnativas pertinentes previstas en la normativa procesal aplicable.

Corresponde, pues, rechazar el pedido de avocación, lo que, se reitera, no importa emisión de pronunciamiento alguno sobre la admisibilidad ni la procedencia del recurso contencioso administrativo sumario intentado y sin perjuicio de lo que pudiere, en su caso, decidirse en el supuesto de que algunas de las partes interpusiere recurso de inconstitucionalidad contra las decisiones que en definitiva se adopten.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar el pedido de avocación formulado, con costas.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)