Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1964-07-20


Buenos Aires, julio 20 de 1964.

Vistos los autos: "Obras Sanitarias de la Nación, Adm. Gral. de c/ Tucumán la Provincia de s/ cobro de pesos (m$n 142.650.-) (apremio)".

Y considerando:

1º) Que, al tenor del escrito del fs. 46, la Provincia demandada opone las excepciones de incompetencia de jurisdicción, falta de personería, falsedad extrínseca de los certificados, falta de acción y prescripción.

2º) Que, con excepción de la última, todas ellas se fundan en la circunstancia de que las fincas a que se prestaron los servicios cuyo cobro motiva la causa no son de propiedad de la Provincia de Tucumán, sino de la Municipalidad de Concepción.

3º) Que, tratándose de una demanda promovida por una repartición autárquica contra una Provincia, procede la jurisdicción originaria del Tribunal, en los términos de los arts. 101 de la Constitución Nacional 24, inc. 1º, del decreto-ley orgánico 1285/58.

4º) Que, consecuentemente, no cuestionada por la Provincia la competencia originaria de esta Corte, la intervención del Tribunal en los autos es procedente -confr. causa: "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/ Córdoba la Provincia de s/ cobro de pesos", fallada el 12 de junio de 1964-.

5º) Que ello es así porque el régimen legal de los municipios provinciales no es cuestión regida por la Constitución y las leyes de la Nación, sino propia del ordenamiento jurídico provincial, en los términos de los arts. 104 y sigtes. de la Constitución, con la sola reserva del art. 5 -doctrina de Fallos: 199:423- referente expresamente a su régimen económico-financiero.

6º) Que se sigue igualmente de lo dicho que tanto el planteamiento del punto como la demostración de los hechos del caso y la invocación de las normas locales que lo rigen, incumbe a la Provincia demandada. Y corresponde agregar, para el caso, que ni una ni otra circunstancia ocurre en los autos.

7º) Que de lo expresado en los precedentes considerandos resulta no sólo la pertinencia del rechazo de la excepción de incompetencia de jurisdicción, sino de todas las demás fundadas en la misma base jurídica y a que precedentemente se ha hecho referencia.

8º) Que, en cuanto a la excepción de prescripción, corresponde señalar que, con arreglo a la doctrina de Fallos: 42:266; 171:390 y 212:394 y con fundamento, además, en el art. 1º de la ley 11.585, es de 10 años el plazo para la prescripción de las contribuciones nacionales, sin que corresponda distinguir con base en la naturaleza de la que se trata.

9º) Que con arreglo a ello y atento, además, al allanamiento expresado a fs. 55 respecto de los servicios con una antigüedad mayor de 10 años, corresponde excluir de la condena la suma de m$n. 3.012,80 de las boletas de fs. 4, 5, 6, 16, 17, 18 y 19.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Señor Procurador General, se resuelve declarar improcedentes las excepciones opuestas de incompetencia de jurisdicción, falta de personería; falsedad extrínseca y falta de acción. Rechazar igualmente la excepción de prescripción, con excepción de la correspondiente a la mencionada en el considerando último, que se admite. Y, en consecuencia, mandar llevar adelante el apremio por la suma de ciento treinta y nueve mil treinta y siete pesos con veinte centavos moneda nacional (m$n. 139.037,20), con intereses desde la fecha de la intimación judicial del pago y con costas. -Aristóbulo D. Aráoz De Lamadrid. -Ricardo Colombres. -Esteban Imaz. -José F. Bidau.