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Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, matrícula profesional, inscripción en la matrícula, cuerpo de abogados del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ EN - PEN - ley 25.414 - dto. 1204/01 s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-04

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal acciona en defensa de un derecho propio y cuenta con legitimación suficiente para actuar en el juicio en el cual se impugna el decreto 1204/01- que pretende relevar a los abogados del Estado de la obligación de inscribirse en la matrícula que la ley 23.187 pone a cargo del Colegio y de pagar el derecho fijo establecido en su artículo 51-, pues a su entender-en contra de lo que dispone le ley 23.187-, excluye de su control a una categoría de abogados que integran su matrícula ( los que ejercen labores en el Estado) al tiempo que lo priva de los fondos que éstos deben abonar por su actuación en todo proceso judicial y que contribuyen a formar el patrimonio de la entidad. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Estado Provincial, gobierno nacional, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de usos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

Las provincias no tienen personería para discutir sus diferencias políticas por su propia autoridad, en consecuencia sus cuestiones deben ser sometidas al Gobierno Federal, deben ser sometidas a alguna autoridad superior que prevenga las conflagraciones armadas y esa autoridad no puede ser otra que la Corte Suprema.
Derechos del niño, derecho a la identidad, suposición del estado civil, prueba hematológica, prueba de histocompatibilidad, oposición a la prueba, Convención de los derechos del niño
Materia: - PROCESAL - PENAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: H, G. y S. y otro s/ apelación de medidas probatorias - causa n° 197/90-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-04

Estando en juego el derecho a la identidad de un menor, admitir la negativa del imputado del delito de suposición de estado civil, a que se le extraiga sangre para realizar un estudio médico inmunogenético de histocompatibilidad, importaría desconocer lo estipulado en la Convención Sobre los Derechos del Niño (ley 23.849).
Empleo público, diferencias salariales, asignación remunerativa, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Vigo, Silvia Mónica c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

En el caso, recién con la condena de primera instancia a abonar las diferencias salariales -fundada en el carácter remunerativo de los suplementos- más los intereses computados conforme el criterio fijado en el plenario de la Cámara en la causa "Eiben" es que puede entenderse que el GCBA estaba obligado a pagar; y no desde la notificación de la demanda, como presupone el inc. b) del art. 770 para legitimar la acumulación de intereses al capital y su nuevo curso. Por ello, no ha quedado acreditado que el GCBA deudor haya incurrido en mora para el pago de intereses que se encuentren vencidos en el marco de la presente demanda judicial (incumplimiento), precisamente porque la condena a abonar las diferencias salariales más los intereses en el modo que indicó el juez de primera instancia, recién fue reconocida en la sentencia definitiva. En estas circunstancias, no se encuentran acreditados los requisitos para que se configure el supuesto de excepción del inc. b) del art. 770 del CCyCN. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Diligencias preliminares, prueba anticipada
Materia: CIVIL
Carátula: NAVARRO EPIFANIO SEGUNDO s/ PRUEBA ANTICIPADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-10-13

El recaudo formal previsto por la normativa del art. 305 del C.P C.C., aplicado por el Sr. Juez de la anterior instancia resguarda la bilateralidad, igualdad y derecho de defensa de las partes en el progreso. Con lo cual teniendo en cuenta las particularidades del presente, la prueba anticipada peticionada debió practicarse con el contralor de la parte contraria, o en su caso con la intervención del Defensor Oficial, de haberse invocado las razones de urgencia.
Sentencia penal, voto de adhesión
Materia: PENAL
Carátula: Dr. Sánchez, José A. (Representación Banco Provincia de Río Negro) s/ Denuncia fraude contra la administración Provincia (Imp. Ricardo A.  Arónica; Rubén D.  Mirando) s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-03-16

Resulta válida la sentencia cuando un integrante del Tribunal sólo manifiesta "adhesión" a los fundamentos expuestos por el vocal que hubiere preopinado, por cuanto no cabe duda de que, habiéndose efectuado la deliberación que ordena el art. 367 del CPP, bajo pena de nulidad, es innecesario obligar a todos los integrantes del Tribunal a expedirse fundadamente cuando existen coincidencias argumentales.

(Opinión personal: Dr. Balladini).
Embargo, tercero adquirente de buena fe, inscripción registral
Materia: CIVIL
Carátula: Asociación Española de Socorros Mutuos de Córdoba c/ Alvarellos, Marcelo Gabriel y otra s/ Embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-02-06

El embargo y su monto, conforme la inscripción registral, son los que tienen efecto frente al tercero adquirente de buena fe, y cuando éste se sujeta estrictamente a la ley registral, carece de todo sustento jurídico pretender que responda más allá de ese importe.

El art. 2 de la Ley 17801 tiene dispuesto que para su oponibilidad a terceros se inscribirán en el Registro de la Propiedad Inmueble los documentos que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares, y la plenitud, limitación o restricción de los inscriptos o anotados y la libertad de disposición sólo pueden acreditarse con relación a terceros por los informes expedidos por el Registro General (conf. arts. 21 y 22 Ley 17801 y art. 57 de la Ley Provincial 5771).

Resulta suficiente el depósito de la cantidad por la que el embargo fue solicitado para lograr su levantamiento, sin que quepa exigir otra obligación al tercero de buena fe que toma a su cargo el gravamen que consta en el Registro Público, porque sólo debe responder hasta su valor nominal y no está obligado, por lo tanto, a cubrir los intereses y demás accesorios, en la medida que del mandamiento de embargo no surja ningún indice de reajuste, período de actualización o mención alguna sobre el cómputo de éstos o de los intereses pertinentes.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Estado, sistema republicano, división de poderes, distribución de competencias, Poder Judicial, revisión judicial, Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

En la división de poderes impuesta por el sistema republicano, declarado en el artículo 1 de la Carta Magna como base de la organización institucional argentina, la limitación del Poder Judicial prevista en el artículo 100 se inscribe en la particular dinámica conque el constituyente encaró el ejercicio de dicha función del Estado, prescribiendo un contenido que ha de estimarse esencial en la configuración de nuestro régimen republicano, y que las provincias deben asegurar por imperio del artículo 5 de la Constitución Nacional, imponiendo por su parte la norma de supremacía constitucional que las autoridades de provincia estén obligadas a conformarse a la Constitución, leyes nacionales y tratados con naciones extranjeras, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales (artículo 31). (Del Voto del Dr. Giménez). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, riesgos del trabajo, indemnización por accidente de trabajo, pago único, renta periódica
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Aquino, Adela Ramona p/sí y en representación de sus hijos menores Nicolás Alberto y matías Omar Maciel Aquino c/ Siembra A.F.J.P. y otro s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-24

Corresponde declarar inconstitucional el sistema de pago mensual contemplado en el art. 15.2,segundo p rrafo- en su redacción originaria- al que remite el art. 18.1 in fin de la ley 24.557, pues no obstante percibirse la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el art. 11, apartado 4 de la ley 24.557 para el supuesto de incapacidad permanente y total, el régimen indemnizatorio de renta periódica contemplado en él puede conducir a resultados opuestos a los "objetivos" legales a los que debe servir, y a un apartamiento de la tendencia a aproximarse a las efectivas necesidades que experimentan los damnificados.
Estado de sitio, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HORACIO DANIEL RODRIGUEZ s/ ESTADO    DE  SIRIO-  FACULTADES  DEL  PODER  EJECUTIVO-  CONTROL  DE  RAZONABILIDAD-  CONSTITUCION  NACIONAL- DETENCION DE PERSONAS- HABEAS  CORPUS JORGE HORACIO GRANADA s/ ESTADO    DE  SITIO-  FACULTADES  DEL  PODER  EJECUTIVO-  CONTROL  DE  RAZONABILIDAD-  CONSTITUCION  NACIONAL- DETENCION DE PERSONAS- HABEAS  CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-04|1985-12-03

El estado de sitio es un arma de defensa extraordinaria que la Constitución ha puesto en manos de los poderes políticos de la Nación para que en épocas también extraordinarias puedan defenderse de los peligros que la amenazan tanto a ella como a los poderes que crea. Consiste en una legislación especial establecida en tiempos de paz para ser aplicada en los momentos de conmociones políticas y sociales o de ataque exterior como medio de asegurar el órden y la disciplina colectiva en resguardo del imperio de la Constitución y con ella el de la libertad y de las garantías individuales. Ello determina la necesidad de dar carácter excluyente al juicio del poder legislativo, o del ejecutivo en su caso, respecto del grado real de riesgo que importen las situaciones de emergencia que determinen tal declaración.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cortegoso, Patricia c/ Clínica Mitre s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-16

La praxis judicial exige un esfuerzo probatorio de la víctima, a fin de demostrar la responsabilidad médica. Dada la dificultad de ésta para acceder a las pruebas y configurar de manera exhaustiva el plexo probatorio que acredite la culpa médica, relativiza la exigencia legal y, al amparo de la presunción de haber existido culpa por omisión del facultativo, pone en cabeza de éste la carga de demostrar que actuó con arreglo a su obligación profesional.
Tutela sindical, licencia gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: MUSSUTO, Eduardo c/ CRISTALES PETRACCA S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-03

No corresponde efectuar una interpretación literal del art 48 de la ley 23551 la que conduce a considerar que dejar de prestar servicios constituye un presupuesto esencial para que el dirigente sindical goce de estabilidad. La expresión legal "dejaran de prestar servicios" se refiere al derecho de gozar de la licencia gremial y a la reserva del puesto que tienen los representantes sindicales que dejan de trabajar en la empresa para pasar a desempeñarse en los organismos gremiales. Lo contrario, implicaría violar el claro espíritu de la ley pues con mayor razón se debe proteger la estabilidad del trabajador que continúa prestando tareas y que se encuentra más expuesto a la represalia patronal.
Fondo de desempleo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Herrera, José Daniel c/ Ecos SRL s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-06-16

El fondo de desempleo constituye un patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador (art. 15, ley 22250), del que recién puede disponer al cesar la relación laboral (art. 17), y ello es así cualquiera que fuese la causa de la extinción del vínculo (art. 7 del decreto reglamentario 1342/81). (Del voto del Dr. Balladini).
Robo, participación necesaria
Materia: PENAL
Carátula: MOLTONI, A. s/ PARTICIPE. ROBO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-26

Lo que convierte al imputado en partícipe primario es el aporte de datos necesarios para la perpetración del atraco, siendo irrelevante que haya permanecido o no a regular distancia del lugar del hecho para repartirse el botín.
Ejecución fiscal, Constitución Nacional, prescripción
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA c/ Pupi Luis María s/ ejecución fiscal - radicación de vehículos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

La cuestión que se pretende traer a consideración del Tribunal es constitucional pues la decisión recurrida estaría en oposición al art. 75, inc. 12 de la CN. Ello debido a que estableció que la fijación de los plazos de prescripción de acciones como la ejercida en este pleito, así como de las causales de su suspensión y el modo de computarlo, constituyen una competencia del Congreso. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Tartagal c/ Misión Indigena Asamblea de Dios y/o Misión Johnson s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-07-04

Corresponde hacer lugar a la queja cuando en el recurso de inconstitucionalidad denegado se exponen agravios suficientes para la apertura del remedio extraordinario, como son los relacionados con la omisión en que habría incurrido el a-quo al pronunciarse sobre la caducidad de la instancia, de aplicar la ley 6851, que dispone la suspensión por sesenta días hábiles del trámite de todos los juicios en los que la Administración Publica y demás entes que menciona sean parte.
Excepciones procesales, notificación por nota
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: O.S.E.C.A.C. c/ Apogeo S.R.L. y/o quien resulte responsable s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-04-17

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución del a-quo que ordena que la excepción de pago sea notificado personalmente o por cédula. Ello así, ya que en nuestro sistema procesal, el principio general es el de la notificación Ministerio Legis, y la personal o por cédula constituye uno de los supuestos de excepción, habida cuenta que solo procede en los casos enumerados en el art. 135 del Código Procesal Civil y Comercial las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la Ley, o cuando excepcionalmente el Juez lo disponga por resolución fundada. Si bien es cierto que el traslado de la excepción se notifica por nota, en el caso, debido a la trascendencia de la cuestión y en atención a que se acompañaban pruebas documentales al interponerla, resultaba procedente la notificación personal o por cédula.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Ugarte, Jorge Manuel c/ Chioraia, Armando José s/ Ind. despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-17

Resulta infundado el recurso extraordinario de nulidad cuando el pronunciamiento impugnado se encuentra fundado en expresas disposiciones legales y la cuestión que se dice omitida fue expresamente tratada por el Tribunal que concluyó que en autos no se acreditó la existencia de una relación laboral, decisión cuyo acierto sólo puede cuestionarse dentro del ámbito del recurso de inaplicabilidad de ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trámites judiciales, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO PREVISION SOCIAL c/ JULIO MUÑOZ s/ Ejecución Acelerada (LIBRO: S070 - 113)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-03

Si el cuestionamiento de los rubros integrantes del saldo ejecutado es de tipo más genérico que la sola diferencia vinculada a los intereses (por ej. comisiones, débitos varios); y si no resulta claramente el saldo que por capital resultaría de la sustracción calculados indebidamente por el banco; no puede acogerse la defensa parcialmente limitándola a la suma afectada por la defensa causal, sino que debe rechazarse la demanda en su totalidad.

(del voto del Dr. Garrigos).
Pena, graduación de la pena, pena privativa de la libertad, homicidio con ensañamiento
Materia: PENAL
Carátula: ASSAD, J.A. s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION    SECUELA DE JUICIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-09

XII. Aún sin ser partidario de la pena de muerte este es uno de los casos que llevan al cuestionamiento de las razones invocadas en rechazo de esa pena capital. Cuando deben juzgarse seres humanos que en su conducta delictiva se conducen con la tremenda ferocidad demostrada por los tres encausados, no puede pensarse seriamente en que sólo con la disciplina y el trabajo intramuros se obtendrá su resocialización; esa gangrena no se cura con paños tibios.

"Acompaño entonces el voto del Dr. Tozzini en la esperanza de que estos individuos, juzgados por hechos aberrantes, no serán beneficiados en el futuro con amnistías, indultos, conmutaciones o cualquiera de los actos similares que con frecuencia se emplean en el país sin advertir el daño que con ello se provoca premiando a la delincuencia y desamparando a la sociedad".
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Solís, Ignacio y otra c/ Rameri, Néstor Antonio y otro s/ Sumario-Inc. de Embargo Preventivo e Inhabilitación Gral. de Bienes  prom. por Solís
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-04-14

En cuanto al recaudo de la contracautela previsto en el artículo 196 aunque la exención normada en el artículo 197 inciso 2 está referida para quienes actúen con beneficio de ligigar sin gastos efectivamente acordado -artículo 78 del Cód. Procesal Civil y Comercial- y, tal como resolviera el Tribunal en casos análogos, lo cierto del caso es que sus características singulares ubica la solución de este presupuesto dentro de la excepcional dispensa estructurada por el artículo 80 y hasta tanto sobrevenga el correspondiente pronunciamiento que acuerde -total o parcilamente- o deniegue la petición ya formalizada en función de las previsiones adjetivas del artículo 75 y siguientes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Insuficiencia del agravio, lavado de activos, sistema acusatorio, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Villalba Miguel Ángel y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-10

La defensa no logra demostrar la existencia de óbice alguno en valorar la circunstancia relativa a la gravedad de1 hecho precedente al lavado de activos bajo juzgamiento como pauta de mensuración de la pena en 1os términos de Ios arts. 40 y 41 del C. P., máxime considerando que dicha normativa establece que a efectos de graduar la sanción a aplicar se debe tener en consideración la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y de1 peligro causados.Debe rechazarse el agravio de violación al principio acusatorio en razón de haberse impuesto una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal toda vez que la sanción penal impuesta a uno de los imputados no supera e1 límite punitivo establecido por la parte querellante durante el juicio,Corresponde anular la absolución de uno de los encartados toda vez que se sustenta en una argumentación aparente que no encuentra apoyatura en el examen integral de los elementos de prueba reunidos a lo largo del debate.
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL, lesiones leves, amenazas
Materia: PENAL
Carátula: Mauro Javier Figueredo c/  s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-10

Tratándose de los delitos de amenazas y lesiones leves (arts. 149 bis, primer párrafo, primer apartado y 89 respectivamente del C.P. y encontrándose hoy cumplido el plazo al que la ley penal supedita la prescripción de la acción (v. fs. 78/80 y vta.), resta constatar si, en el transcurso del proceso, se dictó contra el imputado, una sentencia condenatoria por otro delito que haya interrumpido el término mencionado (art. 67 inc. "a" del C.P.).	Se hace necesario, entonces, que ese trámite, al que cabe asignar un tratamiento previo pues de prosperar tornaría abstracta la materia del recurso (CSJN, Fallos 310:2246; 311:80 y 1029; 313:1224; 322:300 y 717, entre otros), sea objeto de consideración por parte del juzgado de origen, al que corresponde devolver las actuaciones en el estado en que se encuentran (Cfr. CJS, Tomo 125:9, entre otros).
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Heiderscheid, Ignacio J. G. c/ Cavana y Cía. S.C.A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

Como el art. 58 del dec. ley 8904/77 dispone que la regulación judicial firme constituye título ejecutivo contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario del trabajo profesional, y en la especie ha quedado demostrado que la ejecutada es beneficiaria del trabajo que originó los honorarios que se reclaman, forzoso es concluir en la procedencia de la ejecución promovida (arts. 518, 521 inc. 7 y 542 inc. 4 Cód. Proc.).
Divorcio contradictorio, prueba testimonial, apreciación de la prueba, injurias graves, malos tratos
Materia: CIVIL
Carátula: S. de M.C.L. c/ M.G.A. s/ DIVORCIO Y TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-25

En los juicios de divorcio no es necesario el análisis y desmenuzamiento de cada testimonio, sino que corresponde extraer conclusiones que en conjunto autorizan las reglas de la sana crítica y que son reveladoras del clima en que se desarrollan las relaciones entre los esposos.

La circunstancia de que varios testigos consideren al cónyuge como una persona de conducta intachable, no resulta suficiente para desvirtuar hechos positivos y concretos presenciados por otros testigos; es decir que lo expuesto por aquellos testigos no resulta incompatible con que otros deponentes hayan presenciado escenas que demuestran actitudes injuriantes o malos tratamientos.-