marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia por conexidad, acumulación de procesos
Materia: CIVIL
Carátula: V.D.L. c/ B.V.R. s/ DENUNCIA  POR  VIOLENCIA  FAMILIAR  s/COMPETENCIA,
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-04

Cuando existe mediación en trámite y se deduce una nueva pretensión entre las mismas partes, corresponde su asignación por conexidad al juzgado ya adjudicado, por cuanto ha sido el primer órgano jurisdiccional que fue sorteado para intervenir en las pretensiones que ocupan a las mismas partes (art. 42, 2° párrafo, inc. c)del Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil). (Sumario N°17898 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Compraventa inmobiliaria, escrituración, tareas de urbanización
Materia: CIVIL
Carátula: BUSTOS ALICIA OFELIA c/ PLAYAS Y BALNEARIOS S. R. L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-26

Si la cosa prometida en venta es una fracción de tierra donde la vendedora se obliga a realizar las tareas de urbanización, no corresponde la entrega de un inmueble que no reúne tales características, por no concretarse las obras debidas, las cuales resultan indispensables para el uso del bien. Dichas obras se tornan indispensables para la correcta individualización física del lote vendido. Tratándose de la venta de un inmueble con la indicación del área por un precio único (art. 1344 inciso 5, Código Civil), incumbe al vendedor entregar el inmueble medido y amojonado (conforme Llambías-A. Alterini, Código Civil Comentado T.III-A, página 400), y no habiendo cumplido el vendedor deberán hacer por su cuenta las obras de afirmación de médanos forestación del lote y las de urbanización así como la mensura y amojonamiento del lote.-
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, inundación, Municipalidad, responsabilidad civil, sentencia
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Juan Ramón Alberto y otros c/ Provincia de Santa Fe y otros s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

La recurrente insiste en esta instancia con su propia apreciación de las probanzas producidas, argumentando que las mismas darían cuenta de un adecuado cumplimiento de sus obligaciones, acorde a sus posibilidades, así como su eventual irrelevancia en el resultado dañoso, frente a la postulada insuperabilidad del evento hídrico, mas tales proposiciones lucen insuficientes para persuadir de que el pronunciamiento atacado adolezca de defectos de fundamentación que lo tornen descalificable como acto jurisdiccional, toda vez que de ningún modo alcanzan a poner en crisis la razonabilidad de las consideraciones expuestas por el A quo, en cuanto señaló que si bien los hechos probados en autos podían ser susceptibles de distintas interpretaciones, lo cierto era que el criterio expresado por los sentenciantes de baja instancia -en el sentido de que en el caso devenía decisiva la conducta del máximo funcionario municipal, en cuanto había asegurado a través de los medios masivos de comunicación que la zona sur de la ciudad no se inundaría, pese a que tenía pleno conocimiento del estado de la situación así como sobre la gravedad de la misma a partir del contacto mantenido con funcionarios provinciales, sembrando de ese modo una errónea confianza con aptitud para incidir efectivamente en la imposibilidad vivenciada por los actores de poner oportunamente a resguardo los bienes de su hogar- se ubicaba dentro de tales posibilidades y no suponía un apartamiento de las reglas de la sana crítica ni violación de las formas sustanciales de la decisión. (Del voto del Dr. Netri, al que adhiere el Dr. Gutiérrez)
Ejecución prendaria, prueba del pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VICAM S.A. c/ PEGORARO S.A. s/ Ejecución Prendaria (LIBRO: S131 - 108)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-08-26

Así entonces que la nulidad pretendida por la nulidad pretendida por la demandada a tenor de lo dispuesto por el art. 30 inc.

6 de la ley 12.962, en la especie debe ser rechazada, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1059, 1061, 1064 y cc. del C.C.. En efecto, entiendo que la pretendida nulidad impetrada,...por cualquier otro vicio, ha desaparecido por la confirmación tácita efectuada por ella al ejecutar voluntariamente la obligación a su cargo. En consecuencia si el titular del derecho a impugnar el acto lo ejecuta voluntariamente, esto es cumple la obligación que aquel acto le imponía -pago del precio- el mismo autor hizo desaparecer los vicios o defectos del negocio.
Recurso de inconstitucionalidad provincial, inadmisibilidad del recurso, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: S., M. G. s/ Muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-03-07

Cabe acotar todavía en punto a la tempestividad del planteo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en similar entendimiento tiene dicho: "La cuestión federal, base del recurso extraordinario debe introducirse en la primera ocasión posible que brinde el procedimiento, a fin de que los jueces de la causa puedan tratarla y resolverla, pues tanto la admisión como el rechazo de las pretensiones de las partes son eventos previsibles que obligan a plantear en su momento las defensas que hubiera lugar. En ese sentido, se ha expresado que la invocación de que se halla involucrada en el pleito una cuestión constitucional, no puede ser el resultado de una reflexión tardía o una mera ocurrencia".
Contrato de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: AYUNTA JULIO OSCAR c/ LIBERTAD S.A. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC. -CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-04-03

La declaración judicial de inexistencia de la justa causa, cualquiera fuere el hecho que la origina, no implica la nulidad de la extinción del contrato de trabajo; la misma sigue teniendo validez, pero sí significa que el despido se ha convertido en ilegal con las consecuencias jurídicas que correspondan.-
Contratos administrativos, enriquecimiento sin causa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CASTILLO HECTOR ARMANDO c/ PROVINCIA DE NEUQUEN s/ PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-02

Corresponde hacer lugar al reclamo de la actora dirigida a la Provincia por el el pago en concepto de una factura que quedó impaga, por servicios prestados de alquiler de una camioneta al Ministerio de Gobierno, Educación y Cultura, pues el servicio se habría contratado a través de la modalidad contratación directa, prevista en el artículo 64 inc. 2) de la Ley 2141 de Administración Financiera y reglamentada en los artículos 75, 76 y 77 del Reglamento de Contrataciones del Estado (Decreto 2785/95); empero ante las irregularidades que surgen en el caso -inexistencia de acto que justifique el procedimiento de contratación directa- se proyecta sobre los supuestos contratos, privándolos de toda validez. Luego, establecida la falta de cumplimiento de las obligaciones previstas en el régimen de contrataciones del Estado, aspecto que impide hacer lugar a la pretensión desde la órbita contractual, se abre la posibilidad de una indemnización por el carril del enriquecimiento sin causa, desde que, tal prestación, generó un beneficio patrimonial para la demandada, al tiempo que un empobrecimiento para quien proveyó el vehículo objeto de la prestación.

Fuente del sumario: OFICIAL
Juegos de azar prohibidos, delito continuo
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensor Oficial en lo Contravencional nro. 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Oniszczuk, Carlos Alberto s/ ley 255 - apelación Contravencional nro. 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Oniszczuk, Carlos Alberto s/ ley 255 - apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-13

Respecto del carácter continuado de la contravención, la crítica no supera el límite de la mera discrepancia con lo decidido por la Cámara. Ha quedado acreditado en autos que el imputado utilizó la estructura de su agencia, habilitada para la venta de juegos organizados por las provincias, para la venta ilícita de quiniela, que ello se verificó al menos en dos oportunidades -las fechas indicadas en el párrafo precedente- y que al tiempo de realizarse los allanamientos existían en el local elementos que daban cuenta del soporte logístico de esa actividad. En tales circunstancias, puede tenerse por acreditada la conducta que la Fiscal imputara al contraventor y que ella se prolongó en el tiempo.
Competencia federal, Derecho ambiental, contaminación ambiental, desechos peligrosos, residuos industriales, contaminación de aguas, vertimiento de desechos
Materia: PROCESAL
Carátula: Zamora, Federico s/ denuncia infr. a la ley 24.051.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-18

Es competente la justicia federal para investigar la presunta comisión de delitos de contaminación del medio ambiente provocados por fábricas ubicadas en el Partido de Avellaneda que arrojan sus desechos industriales en las aguas del Riachuelo, pues el curso de las mismas, al arrastrar los residuos, afecta distintas jurisdicciones - Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y República Oriental del Uruguay - lo que determina la aplicación de la ley 24.051 que surte, en virtud de su art. 58, la competencia federal.
Aplicación de la ley, honorarios del abogado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Unilever de Argentina S.A. c/ Municipalidad de La Carlota s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-06-26

A los fines de regular los honorarios profesionales del letrado, habiéndose tramitado el proceso encontrándose en vigor el anterior código arancelario de la Provincia de Córdoba, ley 8226, aún para el recurso de apelación sustanciado con la actual, ésta debe ser la ley aplicable no obstante que en el interín haya sido sancionada la nueva ley 9459. Es que no resulta posible desdoblar o parcializar el trámite de un juicio llevado a cabo por un mismo profesional en toda su extensión, que comenzó y se desarrolló prácticamente en su totalidad bajo la vigencia de una ley al amparo de una relación jurídica única y anterior, que sea factible interpretar literalmente al referido art. 125 de la ley 9459 como queriendo e imponiendo hacer esa distinción, cual si las etapas de un proceso fueran compartimentos estancos y no como un todo, es decir como una unidad. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Taddei)
Cuestiones de competencia, organización de la justicia, competencia por la materia, beneficios previsionales, competencia previsional, competencia laboral, acordadas
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: Palacios, Modesto Emilio y otros c/ Banco Hipotecario Nacional s/ rest. de aportes, fondo compensador.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

La demanda contra el Banco Hipotecario Nacional para dar cumplimiento al contrato por "complemento móvil jubilatorio" debe continuar su trámite ante la Justicia Nacional del Trabajo ya que, si bien la ley 24.655 creó la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social con competencia para resolver tales cuestiones, la reglamentación efectuada por la Acordada N 75/96 de la Corte Suprema estableció que las causas radicadas en el fuero del trabajo debían continuar tramitando ante éste, hasta su completa tramitación para no saturar la capacidad operativa de los nuevos juzgados.
Concursos, efectos de la apertura, actos prohibidos, pronto pago, ejecución de créditos laborales
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Calibron SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-20

Dada la naturaleza de orden púbico de las normas que rigen la material concursal, no existe posibilidad de apartarse de lo establecido por la LCQ 16 y sus reformas, en cuanto a que los créditos de naturaleza laboral deben ser cancelados en su totalidad si existieran fondos líquidos disponibles, pero de no ser así, y hasta que se detecte la existencia de ellos por el síndico, se deberá afectar el 3% del ingreso bruto de la concursada. Es que el legislador no fijó una pauta discrecional para los magistrados para hacer frente a los prontos pagos, sino que impuso un porcentaje a retener sobre los ingresos brutos. Véase que no empleó las palabras "como mínimo" o no "menos de" o alguna otra que permitiera al juzgador apartarse de la norma. Justamente la inmediata cancelación de los pasivos laborales con la afectación imperativa de fondos líquidos disponibles fueron reforzados con las incorporaciones que al sistema introdujeron las leyes 26086 y 26684; encaminándose a convertir al pronto pago laboral en un derecho consistente y de efectivización concreta. La redacción de la norma es clara respecto de la forma de cumplimiento con el pronto pago. Así los créditos laborales reconocidos para el pronto pago automático, o luego de finalizado el respectivo trámite, en su caso, deben pagarse en su totalidad con los fondos líquidos existentes. Sin embargo, el pago inmediato, está sujeto a una doble condición: la existencia de fondos líquidos y la suficiencia de ellos para afrontar el pago total de los créditos laborales pendientes de pronto cobro (cfr. Adolfo A.N. Rouillon, "Régimen de Concursos y Quiebras" ley 24522, pág. 82, edit. Astrea 16° edición; esta Sala F, 22/11/12 "Cabelma SA s/ conc. prev. s/ inc. de inconstitucionalidad art. 16 LCQ").
Proceso penal, injurias, defensa en juicio, ofensas vertidas en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Schoklender, Sergio Mauricio s/ causa Nx 19.889.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-11

Aunque el móvil del relato impugnado fuese el de procurar a su autor una coartada que mejorara su posición relativa en el enjuiciamiento penal de que era objeto, esa sola circunstancia no basta para justificar la injuria pública a un tercero ajeno al juicio, pues en tal caso el ejercicio del derecho de defensa no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas (arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional).
Jueces, deberes y facultades del juez, exhortos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Borrelli, Carmen y otra c/ Stellatelli, Antonio s/ Ordinario Exhorto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

El juez exhortado tiene facultades suficientes como para ordenar que se realice un nuevo remate en los términos del art. 577 del CPC cuando la orden de subasta primigenia no ha tenido un resultado positivo, puesto que ello no excede el marco de atribuciones otorgadas al juez subrogante, ni modifica el objeto de la rogatoria.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PARADELO, CARLOS ALBERTO c/ ALDERETE CRISTIAN LAUREANO Y OTRA s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-18

Frente a la prueba del daño y los requisitos condicionantes de la responsabilidad, cabe la fijación de los importes de los perjuicios conforme a la facultad conferida por el art. 165 del C.P.C.y C. de la Nación, si los elementos aportados no permiten determinarlos fehacientemente.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, expropiación, bienes inmuebles, despojo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: HIPERMERCADO TIGRE S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-11-20

El recurso de inconstitucionalidad deducido no puede reputarse admisible, toda vez que pese a que la recurrente atribuye a la Sala haber omitido dar respuesta al relevante tema de la "desposesión" y haberse apartado en el punto de jurisprudencia de esta Corte provincial, no logra demostrar la arbitrariedad de lo decidido.

En efecto, los Sentenciantes entendieron que -habiéndose propiciado la expropiación como necesaria para el uso de los integrantes de la Cooperativa "Trabajadores Solidarios en Lucha" (conformada por los ex empleados de un hipermercado), quienes se encontraban ocupando el inmueble- sólo desde una postura elusiva y ritualista podía sustentarse que en el caso la Provincia ocupare materialmente y por sí el inmueble, cuya ocupación por los trabajadores venía a respaldar el proyecto expropiatorio (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Improcedencia del recurso, recurso de queja (procesal), resoluciones recurribles
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VISAGE MODELS S.A c/ AFIP-DGI s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-22

El recurso extraordinario sólo procede contra las sentencias definitivas. La circuns-tancia de que lo resuelto por el Tribunal revista la calidad interlocutoria con fuerza de definitiva, no le otorga a dicha decisión el carácter de sentencia definitiva, pues no supone cosa juzgada sustancial sobre la litis. (Cfr. CN Especial Civ. y Com., Sala I, de fecha 19.04.83 en autos "Giménez Zapiola Viviendas c/ Vaca, Antonio").
Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE BAHIA BLANCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-02-17


Bahía Blanca, 17 de febrero de 2012.	VISTO: Este expediente nro. 66.489, caratulado: "EST. NAC.

- SENASA c/PUERARI, Elena y Celia s/Ejecución Fiscal" (nro. de origen 56.884), vuelto al Acuerdo en virtud del recurso extraordinario interpuesto a fs. 102/111 contra la resolución de f. 96 y vta.; y CONSIDERANDO:

1ro.) Que a f. 96 y vta. esta Cámara rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el auto de Primera Instancia que rechazó las excepciones de prescripción e inhabilidad de título; sentenció la causa de remate y ordenó llevar adelante la ejecución por la suma de $ 250.000; por considerar que el certificado de deuda de f. 3 reunía los requisitos que establecen los arts. 520 y 523, inc. 7 del CPCCN y que no había transcurrido el plazo fijado por el decreto 643/96, reglamentario de la ley 24.305 para que opere la excepción de prescripción.

2do.) Que contra dicha resolución la parte ejecutada interpuso recurso extraordinario federal (fs. 102/111); señaló en primer término la concurrencia de los requisitos de admisibilidad comunes y propios del presente remedio y fundó la procedencia del recurso en la manifiesta arbitrariedad en la que - según aduce - habría incurrido este Tribunal al no haber realizado una debida e íntegra apreciación de la totalidad de las circunstancias del caso.

3ro.) Que es doctrina de la CSJN la improcedencia de la vía extraordinaria contra sentencias recaídas en los juicios ejecutivos dado que, si bien ponen fin al litigio, no impiden su ulterior revisión mediante un juicio posterior, principio que reconoce excepción cuando la cuestión debatida excede el interés individual de las partes, lo que no es el supuesto de autos (Fallos: 321:1472; 323:2161).

Y cabe agregar respecto a la arbitrariedad, que la doctrina que la sustenta atiende solo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifique un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos 302:1564), supuestos que no se dan en la resolución apelada.

Por ello, SE RESUELVE: Denegar el recurso extraordinario interpuesto, sin costas (art. 68 CPCCN).

Regístrese, notifíquese y archívese. Firman únicamente los suscriptos por haberse integrado con ellos el tribunal (art. 22 Ac. 60/90 CFABB).
Abuso sexual calificado por acceso carnal, participación necesaria, delito de omisión, víctima menor de edad, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: C. C., O. D. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-08-23

Es decir, que la participación necesaria de la imputada consistió en omitir intencionalmente (pudiendo hacerlo) tomar los medios necesarios para interrumpir el accionar delictivo de su pareja, de los que tenía efectivo conocimiento, y de esta manera le facilitó la comisión de los abusos sexuales de su hija. La colaboración necesaria para que los mismos pudieran perpetrarse se materializó a través de los incumplimientos reiterados a su deber de protección respecto de su hija, que tuvieron como consecuencia que se mantenga la situación de vulnerabilidad de la niña, y que se pudieran reiterar los hechos de abuso sexual durante el período de pandemia.
Declaración indagatoria, prueba confesional, confesión calificada
Materia: PENAL
Carátula: Modaffari, Antonio. s/ Confesión calificada Budzovsky, José Eduardo s/ Robo calificado Castillo, Oscar Alberto s/ Robos reiterados calificados Rodríguez, Miguel Angel s/ Homicidio calificado Thanos, Manuel s/ Homicidio culposo Gutiérrez, José Luis s/ Robo Denett, Julio César s/ Tentativa de robo Alí, Alberto Angel s/ Estafas reiteradas Hinojosa Palomino, Augusto. Cipriani, Luis Miguel s/ Hurto simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-06|1995-10-24|1996-03-04|1991-03-19|1991-10-22|1996-03-05|1994-03-15|2002-03-15|2001-11-07

Las declaraciones indagatorias pueden, como todo sistema de símbolos, contener conceptos implícitos que, como tales, entonces también son aptos para integrar una confesión. Pero cosa distinta -e ilegítima- es incorporar a la narración del indagado conceptos ajenos a ella (a la manera de la inferencia presuncional, en que de un hecho se extrae otro diferente). Cuando de los hechos relatados en la indagatoria se infieren otros distintos, éstos podrán llegar a acreditarse de otra manera, pero no mediante confesión.
Caducidad, procedimiento administrativo, interés público, acto administrativo, estabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARROYO, DANIEL OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y-O BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 36-82 MARQUEZ, LUIS ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 49-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-04-10|1995-08-29

En el trámite administrativo, la caducidad opera de pleno derecho por el mero transcurso del tiempo, sin necesidad de declaración formal, siendo sus requisitos la paralización del trámite por un lapso de un año y la inactividad de los interesados, o sea que durante el mismo no realicen actos tendientes al diligenciamiento o resolución de la gestión promovida. Criterio rígido que no admite otra concesión al saneamiento de la caducidad que el daño a la administración, o que el asunto afecte al interés público, encontrando fundamento "en el propósito de dar estabilidad al acto administrativo a fin de que no quede sujeto a la eventualidad de su impugnación por tiempo indefinido".