marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, errónea apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Romero, Vicente Misael s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-20

El único error en el análisis de la prueba, que la casación somete a revisión es el que surge de instrumentos públicos o privados debidamente reconocidos en juicio que exterioricen en forma evidente y sin necesidad de mayores indagaciones el error del tribunal.

Consecuencia casi natural y lógica de que el recurso de casación es una vía excepcional de impugnaciones, que no debe confundirse con una segunda instancia de trámite necesaria para que se agote el proceso legal.

Ello significa que la ley no ha autorizado la denuncia de todos los errores sino sólo de los que pueden ser comprobados en forma evidente mediante el mero cotejo del documento dotado de autenticidad jurídico procesal, derivado del carácter de instrumento público o privado debidamente reconocido.

Analizada la censura en el territorio de los principios expuestos, el combate contra el fallo no fue propuesto correctamente, pues no logra demostrar el desacierto que le atribuye a los sentenciantes en la apreciación de las probanzas que detalla. Las apreciaciones vertidas por el censurante se concretan en meras opiniones subjetivas y antojadizas que no logran demostrar el desacierto que se denuncia.
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Demaría, Jorge Luis y otros s/ causa n° 14.358
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-08

A fin de interpretar el concepto de "secuela de juicio", cabe sumar los términos de la ley 25.990, modificatoria del artículo 67 del Código Penal, párrafos 4 y 5, a la que la Corte consideró de manera explícita como más benigna (Fallos:328:4274), pues sin eliminar la idea de la existencia de actos interruptores de la acción penal, consagra una enumeración taxativa de cuáles son los que asumen tal naturaleza, superándose así la imprecisión que la anterior ley podría presentar, y asimismo no abandona el esfuerzo en mantener el equilibrio entre Nación y provincias, toda vez que además de realizar una enumeración de los actos con naturaleza interruptora de la prescripción, permite su asimilación a los institutos similares previstos en las normas locales.
Ejecución de honorarios, deudor solidario
Materia: PROCESAL
Carátula: C., A. M. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-09-04

El artículo 34 de la Ley XIII N° 18 establece el plazo de diez días de quedar firme el auto regulatorio para el abono de los honorarios regulados judicialmente. Dispone, además, que vencido este plazo, la mora operará automáticamente contra todas las partes litigantes o terceros citados en garantía, atento su carácter de deudores solidarios con la condenada en costas respecto del pago de los honorarios de los Profesionales en Ciencias Económicas en su carácter de auxiliares de la justicia. Es por ello que cuando la normativa señala el carácter solidario de todas las partes litigantes hace referencia, necesariamente, a aquellas reconocidas en las respectivas calidades dentro del proceso: actora, demandada y terceros citados en garantía, si los hubiere. Entonces, no cabe más que concluir que la normativa arancelaria local ha extendido la obligación del pago de los emolumentos a todos aquellos que han formado parte del proceso.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa, automotores, responsabilidad del fabricante, incumplimiento del contrato, responsabilidad del asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bunader, Claudia c/ Sva SACIFI y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-04

1. Corresponde admitir la demanda de daños y perjuicios incoada por un consumidor contra una concesionaria automotriz, un fabricante de automotores y una compañía de seguros, con motivo del incumplimiento en el servicio técnico oficial, ya que el taller designado se retrasó en la entrega del vehículo con una demora de 5 meses desde la fecha prevista. 2. En ese marco, la compañía de seguros debe responder por la elección del servicio técnico, toda vez que fue quien informó cuáles eran los talleres por ella homologados y a los que debían dirigirse sus asegurados para la reparación de los daños sufridos como consecuencia de siniestros amparados por los contratos de seguro.
Recurso extraordinario, decreto de necesidad y urgencia, buques, artefactos navales, Marina Mercante Nacional, buque de bandera nacional, Registro Nacional de Buques, control de constitucionalidad, jurisprudencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - NAVEGACION
Carátula: Sallago, Alberto Asdrúbal c/ Astra CAPSA. s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Es insustancial la cuestión atinente a la inconstitucionalidad del decreto 1772/91, si el apelante no aporta argumentos que puedan inducir a modificar el criterio adoptado anteriormente por la Corte, ni demuestra que dicha doctrina resulte inaplicable en la especie (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Gómez, Javier Horacio c/ Quiróz, Alfredo y Estado Nacional (Policía Federal) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

El daño que reconoce como única causa la culpa de la propia víctima no determina responsabilidad a cargo de ninguna otra persona (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de casación, oportunidad procesal, planteo en segunda instancia, recurso de apelación (procesal), responsabilidad extracontractual del Estado, responsabilidad del Estado, responsabilidad directa, responsabilidad objetiva, culpa civil, dolo
Materia: PROCESAL
Carátula: C., N. G. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-16

Más allá de la dialéctica que la recurrente - actora - plantea en cuanto a si la responsabilidad estatal requiere o no la existencia de culpa o dolo imputable al Estado; lo cierto es que tal controversia no tiene sentido que sea planteada, cuando la Cámara en su sentencia, en ningún momento deja de encuadrar el caso en examen dentro del análisis de la responsabilidad directa y objetiva del Estado; sino que además el fallo en cuestión principia por otorgar al recurrente la razón en este punto, el cual fue idénticamente planteado en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. En definitiva, pareciera que la actora pretende recurrir un punto de la sentencia de Cámara en que la misma le da razón a su parte sobre el régimen legal aplicable a la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos en el caso en examen - incendio, robo, saqueo de su vivienda en el marco de movilizaciones y jornadas de protesta que se venían desarrollando en el lugar de los hechos -.
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Columbia Electrotécnica S.C. c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-13

El actor debe probar en el proceso los hechos que justifiquen el derecho por él invocado y acreditar, en consecuencia, que la interpretación efectuada por la autoridad municipal (respecto de la cuestión litigiosa) se halla afectada de clara irrazonabilidad, grave error, falta de fundamentos o arbitrariedad.
Mandato, mandato irrevocable, revocación del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: SIRI DE NOCETI ANA Y OTROS c/ DADARIO MARIO SAUL Y/O CORNEJO SUSANA s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-28

El principio dominante en materia de mandato es su revocabilidad (art. 1970 del Código Civil) por la sola voluntad del mandante y a su solo arbitrio. Pero ese principio no es absoluto, puesto que cede cuando se pacta como irrevocable y se dan los requisitos del artículo 1977 del Código Civil. Y es en principio, pues aún en esta hipótesis la ley admite que pueda revocarse siempre que exista justa causa (art. 1977 del Código citado).

El mandante no puede usar de su derecho de revocación arbitrariamente, de allí que para que surta efectos tal revocación, se torna necesario que el mandante exprese cuales son las justas causas que invoca y, en la hipótesis de ser cuestionadas, deberá acreditarlo.

No obstante ser irrevocable el mandato, cuando el mandante haga una declaración de revocación esta declaración no impide que el mandatario cumpla válidamente su gestión.
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JUAN CARLOS FIGUEROA c/ GOBIERNO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- PROCEDENCIA-    ILEGITIMIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.    PERSONAL    DEL   INSTITUTO  DE  SERVICIOS  SOCIALES  BANCARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

Es improcedente el recurso extraordinario cuyo escrito no satisface el requisito de fundamentación autónoma a que se refiere el art. 15 de la ley 48 al no contener una crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basa la sentencia recurrida
Juicio de apremio, litispendencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco Pcia.Bs.As. c/ Empresa La Gioconda s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07

La excepción de litispendencia fundada en un juicio ordinario promovido por el propio ejecutado, es insusceptible de enervar el juicio de apremio, máxime que no puede darse el peligro de sentencias contradictorias desde que la sentencia dictada en el apremio no causa instancia y, que es la esencia que ésta excepción procura prevenir (art. 6 inc. g. dec. ley 9122/78).
Retiro voluntario, errores en la liquidación, revisión judicial de actos administrativos, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carcagno Silvia C. y Otros c/ Obra Social para la Activ. Docente s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-10

Cuando lo que se reclama, son diferencias salariales que emanarían de una correcta aplicación de las normas emitidas por la propia demandada, por ello lo que aquí en verdad primordialmente se cuestiona es la falta o incorrecta aplicación que se ha hecho de esas normas en la liquidación de los haberes y compensaciones por retiro voluntario de determinado personal de la demandada y no especialmente el proceder de la Gerencia de Administración y Finanzas de OSPLAD -como lo pretende erróneamente la accionada-, no constituyendo además tal acción de ejecución, un supuesto que torne aplicable el inciso d) del art. 25 de la ley 19.549; siendo por lo demás concluyente que el objeto de la demanda está constituido por el cobro de diferencias salariales en razón de un supuesto incumplimiento de normas válidas rigiendo para el caso la vía instituida por los arts. 30 a 32 de la ley 19.549.
Accidente de tránsito, daño moral, indemnización por muerte, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: GIANELLO OSCAR c/ BUSCH ROBERTO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-15

El agravio moral por la muerte de la víctima de un accidente de tránsito, si bien los herederos forzosos pueden reclamar por esta indemnización, debe peticionarse en forma concreta en la oportunidad de ejercer la petición.
Sociedad accidental o en participación, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARRIZO HUMBERTO c/ HUGO E. ACTIS s/ ORDINARIO  -  SOCIEDAD  ACCIDENTAL  Y  EN PARTICIPACION: DISOLUCION -  PERSONERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-20

La sociedad en participación está exenta de formalidades como la publicación e inscripción para su constitución, desde que no interesa a los terceros.

Por lo tanto, la prescripción trienal rige para el caso. El meollo del asunto es , pues, en determinar desde cuando la misma comienza a correr.

En este caso, fue convenido, que el socio gestor liquidaría en cuanto cobrará los saldos pendientes. Trátase entonces, de una obligación sometida a un plazo incierto e indeterminado, dependiente de un hecho futuro necesario, cuando se diera una circunstancia variable, tal es que pagaría a su socio el gestor cuando a su vez cobrará de los terceros (arts. 567 y 569 C. Civil).

Entonces, hay que entender necesaria y razonablemente que el plazo de prescripción de la acción de reclamo por parte del socio no gestor, para obtener la rendición de cuentas que le reconoce la ley, arranca desde cuando el gestor comunicara a aquél que había hecho efectivo los importes pendientes ya referidos y que procedería a su liquidación.

Tal es la hermenéutica apropiada del segundo y tercer apartado del inc. 1, art. 848 del C. de Comercio, puesto que el socio gestor no llevó a cabo la liquidación como era su obligación, la que a su vez estaba sujeta al plazo incierto e indeterminado, por el hecho del cobro que sólo el conocía, y no así el otro socio si no era informado de ello.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso contencioso administrativo, sentencia, recursos, recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TRANSPORTE MAXI S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 49-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-02-09

La Constitución de la Provincia prevé la deducción del recurso de inconstitucionalidad local contra las "decisiones definitivas de los tribunales inferiores" y no contra las sentencias de esta Corte, tal como surge del artículo 93 en cuanto establece que "Compete a la Corte Suprema de Justicia, exclusivamente, el conocimiento y resolución de ... inciso 1. Los recursos de inconstitucionalidad que se deduzcan contra las decisiones definitivas de los tribunales inferiores, sobre materias regidas por esta Constitución". De tal modo, el pronunciamiento recaído en un juicio contencioso administrativo, sólo es recurrible, ante este Tribunal, por los medios de impugnación previstos en el Código Contencioso Administrativo (ley 4106, artículos 75, 76 y 80) y, para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el remedio extraordinario de la ley nacional 48.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, representación procesal, AFIP DGI, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: El Tambolar c/ Estado Nacional y  DGI s/ acción declarativa - medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Es improcedente el recurso extraordinario contra la decisión que dispuso tener por inexistente la representación de la Dirección General Impositiva que se había invocado y ordenó la devolución de los escritos presentados pues no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48).
Lesión subjetiva, estado de necesidad, ligereza
Materia: CIVIL
Carátula: PELOSO DELIA c/ LUNA NATALINA LORENA s/ NULIDAD DE BOLETO DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-03

Si bien la desproporción evidente entre las prestaciones permite presumir el vicio de lesión subjetiva, no es menos cierto que es imprescindible también la concurrencia del elemento subjetivo, dado por una situación de inferioridad, determinada por la necesidad o por la inexperiencia (falta de conocimiento de la realidad), o por la ligereza (estado patológico no imputable al agente, y que conduce al obrar irreflexivo, como el que caracteriza las figuras del art. 152 bis del C.C.).
Escribanos públicos, responsabilidad disciplinaria
Materia: CIVIL
Carátula: Osuna Fermín s/ Inspección correspondiente al segundo semestre año 1991 y sus  acumulados: Exptes. Nro.36/90, 74/90 y 45/91 Osuna Fermín s/ Inspección correspondiente al segundo semestre año 1991 y sus  acumulados: Exptes. Nro.36/90, 74/90 y 45/91
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-05-27|1993-05-27

La responsabilidad disciplinaria o profesional de que es pasible el escribano, se origina en la violación de aquellos deberes que tienen por objeto guardar el orden interno del servicio, inherente a la propia organización profesional. Carece de toda relevancia el daño, el cual, si aparece, da lugar a otro tipo de responsabilidad en el cual sí está interesado el tercero denunciante o afectado. En las obligaciones llamadas -deberes formales- el daño resulta ínsito tan solo del incumplimiento de los mismos. Tampoco la culpa o dolo, en la mayoría de los supuestos de indisciplina, forman parte de los requisitos de incriminación, siendo solamente, según el caso, elementos atenuantes o agravantes de la sanción. La función del notario, trascendente para la estabilidad de los actos jurídicos, no puede resultar oscurecida por falta o transgresiones legales sin la condigna sanción, cuya razonabilidad deriva de su apreciación conjunta.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torres, José R. y otros c/ Contreras, José R. y otros s/ Indemnización por daños y perjuicios Zelaya, Blanca L. c/ Cosentino, Francisco s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-17|1991-02-21

El accionar de un conductor es aún más reprochable si se repara en que conducía un vehículo de transporte público de pasajeros, hecho que por sí imponíale cuidado extremo en la seguridad de quienes transportaba y su conducta debe ser más rigurosamente apreciada que en el caso de un conductor de automóvil particular.-
Prueba pericial, valor probatorio, peritos
Materia: COMERCIAL
Carátula: COAFI SA c/ TEXTIL IBERA SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

La prueba por excelencia, en conflictos de complejidad técnica, es la pericial, que emana de un tercero, a quien se reconocen conocimientos técnicos en la materia sujeta a su dictamen.
Actos y diligencias procesales, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE PREVISION SOCIAL c/ TARDITI s/ Cambiaria (LIBRO: A066 - 315)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-02-14

El domicilio real debe indicarse con el nombre de la calle y número. La sola indicación del departamento no es cumplir con el requisito legal. En este caso, se lo notifica en los estrados del juzgado.
Recurso de inconstitucionalidad, declaración autoincriminante
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: DE LA TORRE, ROBERTO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-05-06

Resultan vagas e infundadas las afirmaciones vinculadas al alcance de la garantía de prohibición de autoincriminación, desde que no se explicitó en el fallo a qué imputados alcanzaba dicha garantía ni respecto a cuál o cuáles de los delitos por los que se los condenara -encubrimiento o falsificación ideológica de instrumento público- se referiría, ni tampoco se expusieron los fundamentos por los que ésta sería aplicable; lo que resultaba imprescindible para motivar la anulación de la condena por la supuesta violación a la aludida garantía constitucional (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhirió el Dr. Gutiérrez).
Hábeas corpus, Poder Legislativo Nacional, privilegios parlamentarios, delitos cometidos por medio de la prensa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SOAJE PINTOS, JOSE MARIA s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-22

Tratándose de lo que la doctrina denomina "facultades privativas de los poderes del Estado" ellas no están exentas del contralor correspondiente, identificado en el caso por la acción de habeas corpus.

Entendidos los privilegios parlamentarios como los derechos e inmunidades que el estatuto del país otorga a las asambleas legislativas, su violación se designa con el nombre de desacato, generándose la necesidad de reprimenda para preservar la dignidad ofendida y desalentar su repetición. Así las cosas, cuando el desacato está previsto por ley, la aplicación de la sanción incumbirá a los tribunales de justicia exclusivamente, sin margen alguno para el Parlamento de ejercer por igual potestad, bajo título correctivo alguno.

La teoría de los privilegios parlamentarios que cobró cuerpo en Inglaterra y que con características propias se hizo patente en la doctrina judicial de Estados Unidos donde se reivindicaron las facultades de arresto por desacato de los congresales, siempre tuvo un claro límite en la falta de obstrucción de los procedimientos legislativos, de suerte tal que si el presunto ataque difamatorio no tenía como consecuencia palpable ese directo efecto, no quedaba habilitada la vía correctiva de alusión. Por lo tanto, el Congreso de la Nación, no puede emitir orden de arresto contra un periodista por una publicación considerada difamatoria respecto de la persona de un senador, pues tal conducta no obstruyó directamente el funcionamiento legislativo.
Automotores, denuncia de venta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO c/ JUNCAL AUTOMOTORES s/ EJECUCION FISCAL AUTOMOTORES s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-04-25

El titular registral que denunció la venta del automotor queda exento de responsabilidad por la infracción de tránsito cometida por el adquirente del vehículo, ya que la conducta de este último es la que mereció la sanción administrativa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho administrativo, empleo público, remuneración, adicionales de remuneración, docentes, igualdad ante la ley, igual remuneración por igual tarea
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Banchero, Gerardo Luis y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los decretos n° 1442/98, 260/03, 310/04, 483/05, 682/06, 618/07 y 243/08 en cuanto al límite impuesto para el otorgamiento del suplemento salarial implementado y rechazar la demanda. Ello así, toda vez que de las normas cuestionadas por los actores no surgen indicios de atributos o motivos prohibidos de discriminación o una desprotección legal con efecto negativo en las condiciones de trato en el empleo u ocupación. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Deuda pública, honorarios, crédito por honorarios, origen temporal del crédito, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, fallos de la Corte Suprema
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGUIRRE DE MOLINA IZIAR c/ ESTADO NACIONAL EJERCITO ARGENTINO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-06

Si bien este Tribunal, en ocasiones anteriores, sostuvo que los honorarios devengados en juicio por causa o título anterior a la "fecha de corte" caían dentro de la Ley de Consolidación 23.982 -por su carácter accesorio-, en la causa 28.970/95 "Barbera Cervera S.A.

c/Bergonzi y Asociados S.R.L. y otros s/cobro de pesos", del 28.5.96, varió dicha doctrina a fin de adecuar la solución -por evidentes razones de economía procesal y habida cuenta del carácter federal de la ley citada- a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Flax, M. y otros c/Pcia de Bs. As." del 5.10.95 y "Santa Cruz Pcia de c/Y.P.F. Soc. del Estado" del 26.12.95, en las que se distinguió entre los trabajos anteriores al 1.4.91 -incluidos en la Ley 23.982- y los posteriores -ajenos a la Ley de Consolidación.