marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Código penal, régimen penal cambiario, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Romfioc SRL c/  s/ preso inf. ley. 19.359
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-28

No corresponde aplicar las normas generales del Código Penal respecto de infracciones sancionadas por leyes especiales, según un ordenamiento jurídico que le es propio, en tanto el criterio que se debe observar resulte del sistema particular en tales leyes, de su letra y de su espíritu sin necesidad de acudir a la remisión prevista (art. 4° del Código Penal). (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Responsabilidad extracontractual del Estado, daños y perjuicios, prescripción bienal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SINDICATO DE PRENSA c/ ESTADO    NACIONAL    (MINISTERIO  DE  TRABAJO  Y  SEGURIDAD  SOCIAL) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

Tratándose de la responsabilidad extracontractual del Estado, el término de prescripción de la acción por daños y perjuicios es el dos años que establece el art. 4037 del Código Civil. Dicho término debe computarse a partir del momento en que los damnificados tuvieron una razonable posibilidad de conocer los hechos dañosos, lo que acaeció tan solo al asumir sus funciones la Comisión Transitoria y Normalizadora del Sindicato de Prensa y disponer la realización de una auditoría contable a fin de cerciorarse acerca de los presuntos ilícitos que habrían cometido los interventores militares en el gremio.
Contrato de suministros, rescisión del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARRIOT ARG.  CISA c/ CICCONE HNOS. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-30

El contrato de suministro es aquel por el cual una de las partes se obliga frente a la otra al cumplimiento de prestaciones durante un término (determinado o indeterminado), por un precio fijado o a fijarse, esta figura se aleja de la compraventa y guarda mayor proximidad con la locación de obra o la locación de servicios, según las modalidades pactadas. Si el contrato fuere celebrado por tiempo indeterminado, cada parte podrá rescindirlo unilateralmente, pero con la obligación de indemnizar a la otra si la rescisión fuere intempestiva o de mala fe. A esta conclusión se llega por aplicación análoga de la solución adoptada en el caso de una locación de servicios sin término fijo, según la cual el locatario puede rescindir unilateralmente el contrato pero responde por los daños causados si actuare intempestivamente. Dicha conclusión también se alcanza mediante la extensión de la previsión del CCIV 1638, la cual establece la obligación del locatario que desiste de la obra de indemnizar al empresario el daño emergente y el lucro cesante.
Asociaciones sindicales, aportes sindicales, contribución solidaria, constitucionalidad, libertad sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez Buisan, Christian Roberto c/ Sindicato Argentino de Televisión s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-28

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Potenze, Pablo L. c/Federación de Empleados de Comercio" del 12 de abril de 1972 (DT, 1972-579 y sgtes.) refiriéndose a la constitucionalidad de la negociación colectiva y a las cuotas de solidaridad resolvió que éstas, en principio no causan agravio constitucional. El voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico, con participación en sus beneficios sin reserva alguna, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional. La libertad sindical no aparece amenazada puesto que los afiliados deben abonar además de la cuota solidaria la cuota sindical. (Del voto del Dr. Simón, en mayoría).
Responsabilidad por publicaciones en Internet, buscadores de Internet, libertad de expresión
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bechara, Ailén c/ Google INC y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-30

Resulta inadmisible imponer al buscador la obligación general de vigilar la licitud, verdad o moralidad de todos los contenidos de terceros que transmite o almacena, así como la de realizar investigaciones activas orientadas a descubrir en la red contenidos que revelen actividades ilícitas. Y adoptar un temperamento contrario implicaría un claro atentado a la libertad de expresión, apto para consagrar una censura previa por vía indirecta, lo cual no puede ser admitido por contradecir expresos preceptos constitucionales.
Recurso extraordinario, accidente ferroviario, Ferrocarriles Argentinos, fuerza mayor, caso fortuito, indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Guerrero, Juan Andrés y otra c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

El recurso extraordinario contra la sentencia que atribuyó el 50% de la responsabilidad del hecho a Ferrocarriles Argentinos al considerar como fuerza mayor o caso fortuito el hecho de que la víctima haya resbalado cuando intentó ascender al vagón es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Remuneración, inembargabilidad del salario
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Guajardo, Carlos Alberto c/ Impresora Chubutense S.R.L. s/ Cobro de Haberes Melano, Carlos Alberto c/ Impresora Chubutense S.R.L. s/ Cobro de Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-28|1993-04-30

Teniendo en cuenta que las indemnizaciones debidas al trabajador con motivo del contrato de trabajo o su extinción y que superan el doble del salario mínimo vital mensual, serán embargables hasta el veinte por ciento -20 por ciento- del importe de aquéllos y en los presentes autos se decretó embargo preventivo, a petición del abogado de la accionante, hasta ese límite sobre las sumas que tuviera éste a percibir en la presente causa, mal puede el "a quo" ordenar una nueva cautelar a favor de la letrada de la accionada como se pretendiera pues se superaría el tope legal mencionado.
Honorarios, regulación de honorarios, protección del honorario, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

El beneficiario de una regulación de honorarios debe sujetarse al procedimiento establecido en la ley 25344 para proceder a su cobro, toda vez que se dispone en su art. 13 la consolidación en el Estado Nacional, con los alcances y en la forma dispuesta por la ley 23982, de las obligaciones vencidas o de causa o titulo posterior al 31.3.91 y anterior al 1.1.00. a mas, remite a las disposiciones de la ley 23982 art. 2 en cuanto incluye a la caja nacional de ahorro y seguro entre aquellos entes del Estado Nacional, cuyas obligaciones también resultan consolidadas; razón por la que la acreencia no se encuentra comprendida dentro de las excepciones al régimen de consolidación, de acuerdo a lo previsto por la ley 25565 art. 61 (seguro de vida por fallecimiento o por incapacidad total y absoluta).
Administración Pública, multa, defensa en juicio, poder de policía, transporte de carga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº  55-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-28

Los procedimientos llevados a cabo por empleados administrativos de la Dirección Provincial de Vialidad para control de cargas máximas -de los que pueden derivar la aplicación de sanciones de multa- no transgreden la adecuada posibilidad de defensa que la Constitución Provincial exige para que se resguarde la garantía del debido proceso, puesto que del análisis conjunto de las normas aplicables se deduce que la empresa sancionada no careció de la oportunidad de ser escuchada y de ofrecer prueba.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Monteserin, Marcelino c/ Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social - Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas - Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-16

Si -durante el trámite de la queja- el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de las Personas con Discapacidad expidió el certificado requerido por las leyes 22.431 y 24.901, es improcedente el agravio de arbitrariedad fundado en la ausencia de pruebas válidas respecto de la minusvalía alegada y de legitimación para solicitar el amparo.
Tercería de dominio, domicilio real, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SALVATIERRA ANGELA DEL VALLE S.TERCERIA DE DOMINIO EN:CHAPARRO DE RISSO PATRON BEATRIZ Y OTRA C.CHAPARRODE SALVATIERRA ELVIRA M. s/ DIFERENCIA DE SUELDOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-05-15

Cuando tanto el tercerista como el ejecutado tienen el mismo domicilio real, este domicilio común no respalda, a falta de otra prueba, el dominio de los bienes, ya que se presupone un uso compartido, y la presunción contenida en el art. 2412 del Código Civil puede también ser invocada por el embargante en su beneficio.

El hecho de que el tercerista se domicilie en el mismo lugar que el ejecutado, de quien es hijo, no autoriza a suponerlo poseedor de los bienes embargados si no acredita su propiedad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: EXHORTO  JUEZ  PASO  DE  LOS  LIBRES  EN  RODEYRO  TEJERINA  DE B. M. c/ ROUX Y SAN CRISTOBAL S.M.S.G. s/ ORDINARIO    -    EXHORTO  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-11

La competencia de nuestro tribunal superior también reconoce ra ices fundacionales de naturaleza constitucional y de allí que las leyes que reglamentan los modos o maneras de accederla no puedan rebasar sus directivas institucionales sin riesgo de desnaturalizarla, si se lleva a su conocimiento materia no vinculada con la constitución de la provincia, o sea cuando está en discusión un caso federal. Ambos sistemas (el federal y el local) son paralelos y están organizados en función de una necesaria preeminencia constitucional, a cuyo fin, cada uno en la esfera de su propia competencia, con recíproco respeto de la ajena, debe actuar el principio de examen jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes.
Contrato de trabajo, grupo económico
Materia: LABORAL
Carátula: BRESSAN, Bruno c/ EMC COMPUTER SYSTEMS ARGENTINA S.A. y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22

El conjunto económico internacional puede definirse como el conjunto de empresas, formal y aparentemente independientes, que están, sin embargo recíprocamente entrelazadas, al punto de formar un todo complejo pero compacto, en cuanto responde a un mismo interés. El poder económico se sitúa a nivel del grupo y no de cada empresa componente, aun cuando los derechos y obligaciones respecto de los terceros nazcan a nivel de cada una de ellas. Existe una unidad profunda bajo la pluralidad de personas aparentemente distintas. Por ello, el grupo se convierte, en definitiva en la única y verdadera empresa subyacente.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad formal, incompetencia, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Pelach, Javier Ignacio c/ West Group Service SA y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-27

En ese marco, la circunstancia de que el ejecutante tramite otra decena de juicios ejecutivos en el fuero no resulta determinante a los efectos que aquí se pretenden, porque aun cuando pudiera considerarse que realiza alguna actividad mutuante, de ello no deriva per se que el préstamo de autos tenga destino de consumo en los términos de la LDC (cfr. LDC 1 y CCCN 1092).
Confirmación de sentencia, fallido, bienes gananciales, disolución de la sociedad conyugal, subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: PELLON MAISON, ALBERTO MARTIN S/ QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-02

Procede confirmar la resolución que desestimó el pedido del fallido de que se excluyera de la subasta dispuesta, el 50% de los lotes con base en que le correspondían a su ex mujer, fundando su pretensión en que dichos inmuebles eran bienes gananciales. Ello así, en el caso, no aparece publicitada en el registro inmobiliario sentencia alguna que haya dispuesto la disolución de la sociedad conyugal. Los efectos de la publicidad registral previstos hoy en el CCCN 1893 determinan claramente que todos los actos comprendidos en la categoría de los derechos reales deben ser inscriptos si se pretende su oponibilidad a terceros interesados y de buena fe. Ergo, no habiéndose ingresado en el Registro de Propiedad Inmueble la sentencia de divorcio, ni partición de bienes, se reitera, el mismo no es oponible a la quiebra en tanto no fue inscripto registralmente (cfr. arg. esta CNCom, esta Sala A, in re: "Álvarez Mozer Juan Jorge c/ Arista Néstor Rubén s/ ejecutivo" del 26/5/15; id. 21/6/17, "Banco Macro SA c/ Caracci Ariel s/ ejecutivo"). En ese sentido se ha expedido invariablemente la jurisprudencia en relación a casos que contemplaban la omisión de registrar actos que constituían derechos reales o que afectan tales derechos, tanto en supuestos de transmisión dominial por actos "entre vivos" (esta CNCom, Sala C, 24/11/89, "Ponzio c/ Cisterna s/ejecutivo"; id, 05/05/98, "Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Cachafeiro Oscar Mario"; esta Sala A, 22/04/08, "Banco Itau Buen Ayre SA c/ Claverie Silvia Elena s/ ejecutivo"; id, 15/05/08, "Marzorati Reynaldo c/ Lucas de Lujan Susana s/ ejecutivo"); como "mortis causa" (estaCNCom, Sala C, 23/03/90, "Roth c/ Gomez s/ ejecutivo"; id, 23/03/99, "Mayen SRL c/ Sirota Manuel s/ ejecutivo"); de constitución de bien de familia (esta CNCom, Sala C, 31/12/96, "Tutelar Cía. Financ c/ Duran Jorge A") y también de disolución de la sociedad conyugal (esta CNCom, Sala C, 03/12/97, "Luna del Carmen c/ Vaccare Guillermo Luis s/ ejecutivo", esta Sala A, 27/06/08, "Arietti Carlos Ramón s/ quiebra s/ inc. de subasta (de bien inmueble de Escobar)"). En síntesis, dado que el eje en torno del cual gira todo el sistema de registros inmobiliarios está en la cognoscibilidad potencial "erga omnes" que tiene el asiento registral, resulta evidente que la falta de registración de la adquisición del inmueble a través de una sentencia judicial, importa la ausencia de perfeccionamiento de la transmisión frente a terceros, verdaderos destinatarios de la información registral, con la consiguiente inoponibilidad de aquélla a estos últimos.
Concursos, apertura del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Puri Sociedad Anónima s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-02

La presentación de los balances es un requisito para la apertura del concurso preventivo, tratándose de una sociedad anónima regularmente constituida cuya obligación legal es llevar libros, balances y estados contables (art. 11 inc. 4 ley 24522; 61, 62, 63, 65, 66 ley 19550 mod. por ley 22903).
Recurso de apelación (procesal), concesión errónea del recurso, legitimación procesal, auto de eximición de prisión
Materia: PROCESAL
Carátula: S., F. c/  s/ Prisión domiciliaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-16

Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación articulado por carecer la parte querellante de legitimidad subjetiva para hacerlo. Conforme lo establece el artículo 332 del Código Procesal Penal de la Nación, el auto que deniega, o concede, la exención de prisión, o la excarcelación, únicamente, puede ser recurrido por el Ministerio Público Fiscal -que no recurrió-, la defensa o el imputado, de modo tal que se, excluye expresamente a la querella.
Robo de automotor, robo en poblado y en banda, jurisprudencia, sentencia, fallos de la Corte Suprema, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PENAL
Carátula: ROCA, CARLOS ALBERTO s/ INCONSTITUCIONALIDAD - AUTOMOTOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

El delito de robo de automotor con violencia física en las personas, agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, no se ve alcanzado por los fundamentos dados por la mayoría de la Corte Suprema en el precedente "Martínez"", dado que este se refiere exclusivamente al robo de automotor, calificado por el uso de armas.
Recurso de revisión (procesal), competencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VILLAMAYOR, RODOLFO ANIBAL s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-07

Si bien como regla la revisión debe resolverse por el Tribunal que pronunció la condena, ello no es impuesto por la ley sino que deriva de una situación natural, como es la permanencia del orden de competencias; pero dicho principio cede cuando se ha producido una modificación legislativa, que establece un nuevo órgano permanente para administrar justicia, con carácter general.
Evasión previsional, responsabilidad solidaria, responsabilidad del socio, responsabilidad del administrador de la sociedad, pago en negro
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba, Evelina c/ Akhesa S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-08

La actora debió acreditar la concurrencia de los presupuestos de responsabilidad que habiliten la reparción del daño sufrido y, en tal contexto, hacer efectiva la misma con relación a la responsabilidad concreta que le cupo al codemandado en su calidad de administrador de la sociedad. No debe soslayarse que la sola circunstancia de que se hubieren demostrado ciertas irregularidades, no constituye un elemento idóneo que habilite a confundir, en el plano estrictamente jurídico, la persona de los socios con la de existencia ideal, en tanto que para ello resulte posible, debe invocarse y acreditarse eficazmente que ha existido una utilización fraudulenta de la personalidad societaria, situación que consiste en la reducción de la persona colectiva en una mera figura estructural como para lograr objetivos puramente individuales, muy distintos a los que son propios de la realidad social que justificaría aquella personalidad, siendo la figura sólo utilizada para conveniencias individuales o que se ha desviado de su objeto con el propósito de encubrir la realización de fines extrasocietarios, constituir un mero instrumento para violar la ley, el orden público o la buena fe o par frustrar derechos de terceros (Conf. art. 54 de la ley 19.550 t.o. ley 22.930). Tales extremos no se han configurado en el caso, por lo que la responsabildad por la actuación marginal de la sociedad comercial debe ser imputada exclusivamente a dicha entidad, como persona jurídica distinta de los socios. (Del voto de la Dra. González, en minoría).
Municipalidad, conflicto de poderes, excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, legitimación activa
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: STRISICH, Ricardo - INTENDENTE MUNICIPAL DE CAFAYATE c/ CONCEJO DELIBERANTE DE CAFAYATE s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-08-07

Es improcedente la excepción de falta de legitimación para obrar cuando es el Intendente quien, invocando la existencia de un conflicto de poderes, acciona impugnando la resolución del Concejo Deliberante que decide suspenderlo en sus funciones, pues el titular del Ejecutivo Municipal goza de la "legitimatio ad causam", es decir, de la cualidad para reclamar por la pretensión en el proceso.

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Unificación de penas, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: García, José s/ Inf. art. 292 segundo párrafo. Causa 9778
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-19

El art. 58 del C.P. impone tomar en consideración la totalidad de la pena anterior con la impuesta en la sentencia unificadora, ya que, tratándose de unificación de penas, la condena precedente no pierde su individualidad. Por lo que no cabe descomponer entre la parte de la pena cumplida y la que le falta cumplir. Este último aspecto debe reservarse para el ulterior cómputo de pena en la etapa de la ejecución de la sentencia.
Vacaciones, omisión de otorgar vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Leiva, Jorge Darío y otros c/ Queiroz S.A.C.A.I s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-19

Con relación a las vacaciones cuya indemnización se demanda, respecto de las del año 1.989 cuyo derecho a goce no se halla discutido, la Ley señala la época de otorgamiento así como la posibilidad del trabajador de usarlas cuando el empleador omita otorgarlas dentro del plazo que también ella señala (art. 154 y 157).

Vale decir que el legislador ha provisto a las partes de los medios para que las licencias ordinarias sean gozadas. Es más; prohíbe expresamente su compensación en dinero, excepción hecha de las que correspondan al período de descanso proporcional a la fracción del año trabajado y en caso de producirse la ruptura del contrato. En el de autos, naturalmente que no haber usado las correspondiente al año 1.989 al 31 de mayo de 1.990 importan la pérdida del derecho a las mismas en el goce y su compensación dineraria.
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, banco central, declaración jurada, falsedad ideológica
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL-PENAL
Carátula: Riccillo, Julio César c/ BCRA. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-02

El único requisito exigible por el Banco Central, a los efectos de la garantía de los depósitos establecida por el art. 56 de la ley 21.526, además de la acreditación de las respectivas imposiciones, es la declaración jurada que la ley establece, cuya inexactitud o falseamiento hace incurrir a los depositantes en las sanciones previstas en el art. 293 del Código Penal y por consiguiente no corresponde admitir la exigencia de la acreditación del origen de los fondos.
Acto administrativo, suspensión de la ejecución
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Muller Ema Margarita c/ Estado Provincial y Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Rós s/ Incidente de Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-11-05

Como lo han sostenido prestigiosos doctrinarios en la materia, se podría aplicar el criterio según el cual procede la suspensión cuando los daños que provoca la ejecución de los actos administrativos sean manifiestamente mayores y más graves que los que derivarían de su suspensión mientras tramita el proceso, extremos todos ellos que en el sub judice no se acreditan suficientemente, así como tampoco la eventual irreparabilidad de los daños, sobre todo ante la presumible solvencia material del Estado "Fisco semper solvens"-.-
Divorcio, injurias, animus injuriandi
Materia: CIVIL
Carátula: JAS, ROBERTO MIGUEL Y ALVAREZ ROSANA BEATRIZ s/ SEPARACION PERSONAL - ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-09-12

En los juicios de divorcio solo configuran injurias las imputaciones al otro cónyuge absolutamente infundadas, hechas con el solo ánimo de ofender, respecto de las cuales no se ha intentado producir prueba.

Al repecto se ha dicho que, para que las acusaciones formuladas entre los esposos en el proceso de divorcio configuren la causal de injurias vertidas en juicio, se requiere que exista "animus injuriandi", el cual resulta de invocar hechos absolutamente falsos con el solo propósito de difamar, excediendo los límites del derecho de defensa y afectando innecesariamente la dignidad del otro cónyuge.-