Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-09-10


AUTOS 126979.1 (C.C.Nº21767) DEL Noveno Juzgado Civil, CARATULADOS: "CAJA PREV. P/PROF. EN CIENCIA ECONOMICAS DE LA PROV. DE SAN JUAN C/ Esposito Rizo Flavia Sofía - Ejecutivo - Actuaciones para Elevar a Cámara".- PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2013- del Tº II -Fº96/99.- En la Ciudad de San Juan a 10 días del mes de septiembre de 2013, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Octavio Augusto Sánchez y el Sr. Vocal Dr. Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. sub 20, contra la sentencia de fecha 26 de julio del año dos mil doce, recaída en los presentes autos Nº126979.1 (C.C. Nº21767) caratulados:"CAJA PREV. P/PROF. EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROV. DE SAN JUAN C/ ESPOSITO RIZO FLAVIA SOFIA - EJECUTIVO - ACTUACIONES PARA ELEVAR A CAMARA", dictada por la Sra. Juez titular del Noveno Juzgado Civil, obrante a fs. sub 10/16 vta.- 1° CUESTIÓN:¿Resulta procedente el recurso de apelación interpuesto a fs. sub 18?;

2° CUESTIÓN:En su caso, ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? EL DR.ROBERTO M.PAGÉS LLOVERAS DIJO:

A la 1ra. de las cuestiones:

Antecedentes I. A fs. sub 10/16 vta. obra adjunta la resolución en la que se rechazan las excepciones de inhabilidad de título, falta de legitimación pasiva y de acción opuestas por la parte demandada; rechaza, también, la excepción de prescripción parcial, declara abstracto el planteo de inconstitucionalidad y mantiene la sentencia monitoria, y regula los honorarios de los profesionales actuantes.

Para así resolver, se consideró -en resumen- que el certificado de deuda en que se funda la ejecución cumple con los requisitos exigidos por la ley y su reglamentación, que no puede analizarse los rubros que integran el título, que la demandada no niega estar matriculada en el Consejo Profesional accionante, y que el plazo de prescripción aplicable es el de diez (10) años.

II. A fs. sub 19 obra el escrito en el que el apoderado de la parte demandada plantea el recurso de apelación.

La parte recurrente en el escrito agregado a fs. sub 21/24 vta. alega -en síntesis- que la sentencia impugnada es arbitraria.

Sostiene que el título base de la ejecución carece de los requisitos indispensables para que la ejecutada pueda ejercer su derecho de defensa.

También se agravia indicando que la sentencia impugnada avala y convalida el anatocismo en que incurre la parte actora.

Por último, manifiesta que se omite aplicar correctamente la previsión del artículo 3 de la Ley 6333 dado que -según expresa- ha probado que la actora no trabaja como profesional en la actividad de Contadora Pública Nacional desde el mes de Julio del año 2002.

Hace reserva y pide que se revoque la sentencia, con costas.

III. A fs. sub 28/30 obra adjunto el escrito presentado por la parte recurrida, en el cual contesta el traslado de la expresión de agravios.

Indica -en resumen- que el certificado de deuda cumple con todos los requisitos que exige la ley y su reglamentación. Continúa diciendo que la tasa de interés aplicada surge de lo prescripto en el art. 13 de la ley 6333, y arts. 19, inc. k, y 21 del reglamento vigente modificado por ley 7208, como que no existe anatocismo al haberse aplicado solamente los moratorios hasta la fecha en que se expidió el certificado de ejecución.

Señala que el procedimiento establecido por la ley para los casos en que no se ejerza la profesión, no han sido cumplidos por la ejecutada, ni solicitó su baja como matriculada.

Pide que se confirme la sentencia, hace reserva y solicita la imposición de costas a la recurrente.

IV. A fs. sub 47 se certifica el pase de los autos a estudio. Tratamiento del Recurso 1. La expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada, a fin de demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho (Cfr. art. 253, segundo párrafo, CPCM). Deben precisarse así, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo.

2. En el caso en análisis los afiliados de la Caja de Previsión para Profesionales en Ciencia Económicas de San Juan, se encuentran obligados, según lo dispuesto en el art. 5° de la ley 6333, a efectuar el aporte previsto en el art. 4°, inc. a), de dicha norma.

Esta ley prevé expresamente que los profesionales presentarán a la Caja Profesional, hasta el último día hábil del mes siguiente, con carácter de Declaración Jurada, un detalle de los trabajos realizados en el mes anterior con individualización de su naturaleza y aportes previstos en esta Ley y su reglamentación, como también informarán si no realizaron trabajo alguno (art. 6°).

Y el certificado del Órgano Administrativo de la Caja de Previsión para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de San Juan, constituye título ejecutivo para el cobro de los rubros adeudados, contenidos en el mismo (art. 13°), tal como lo sostuvo la Sra. Juez a quo.

3. Ahora bien, la primera queja de la parte recurrente referida a la alegada inhabilidad del certificado debe ser rechazada, pues en la resolución que no hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y confirma la sentencia monitoria que ordenó llevar adelante la ejecución en base al certificado de deuda emitido por la Caja de Previsión para Profesionales en Ciencia Económicas de San Juan, se indicó que en el certificado del Órgano Administrativo de dicha Caja, consta el número de matrícula de la ejecutada y su nombre, la naturaleza del crédito expresada en forma clara y precisa, el importe de la deuda discriminado por concepto, lugar, fecha y domicilio del deudor, como que se encuentra suscripto por el Presidente y el Tesorero de la accionante; es decir, cumpliendo con los recaudos previstos en la ley N* 6.333, y la parte recurrente no demostró por qué se vió impedida de ejercer su derecho de defensa, ni de la posibilidad de promover un juicio ordinario posterior en cuyo marco le estaría permitido ventilar la procedencia y monto de la deuda, toda vez que en la primera instancia se rechazó la referida excepción opuesta sin expedirse respecto de la procedencia sustancial de la deuda reclamada.

3.1. Asimismo, las impugnaciones referidas al quántum de la deuda o a los intereses fijados en el título no son idóneas para sustentar la excepción de inhabilidad de título alegando que se avala y/o convalida el anatocismo, ya que ello debe ser discutido en la oportunidad de practicar la liquidación definitiva.

3.2. También opino que resulta improcedente la queja relativa al rechazo al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva y falta de acción, en razón a que la ejecutada cuestiona su calidad de deudora sobre la base de circunstancias que remiten necesariamente al estudio de la causa de la obligación, como que no acredita haber solicitado la baja de su matriculación ni haber informado a la accionante que no realizó trabajo alguno durante el período reclamado (art. 6°, ley 6333), y ha consentido el pase de esta causa a resolver el recurso de apelación sin solicitar que previamente se resuelva sobre las alegadas medidas probatorias denegadas.

Así voto.

A la segunda cuestión:	En razón de lo acordado al tratar la primera cuestión corresponde el rechazo del recurso, con costas de Alzada a la recurrente vencida.

EL DR.OCTAVIO AUGUSTO SÁNCHEZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de apelación planteado a fs. sub 18;

II- Imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

PROSECRETARIO AUXILIAR: DR. AGUSTIN RUGNA.