marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Quiebra, acreditación del cheque
Materia: COMERCIAL
Carátula: Molinos Ross S.A. c/ Quiebra s/ incidente revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-12-11

Quien entrega un cheque no se libera sino cuando el acreedor obtiene la entrega de la suma indicada en el título. Ello porque la dación de cheques carece de eficacia extintiva de una obligación cartular hasta tanto no medie efectiva percepción de los fondos por parte del acreedor.
Sociedades comerciales, sociedad anónima de familia, objeto social, club de campo
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAZ, ROBERTO c/ SANTA LUCIA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-29

Siendo que, en el caso, la sociedad demandada se origina como un emprendimiento inmobiliario familiar, ideado para funcionar bajo el sistema de lo que hoy se conoce como country o club de campo, si bien se constituyó como sociedad anónima, previendo su objeto social la realización de diversas actividades, incluyendo mercantiles, no puede sostenerse, sin más, que en el período comprendido entre su originaria constitución -en 1952- y la adecuación de sus estatutos a las previsiones de la Ley 19550 -en 1996- haya operado efectivamente como sociedad comercial.

Por una parte, porque sólo fue justificado que circunstancialmente realizó alguna operación lucrativa: venta de lotes y cobro del saldo de precio, percepción de alquileres y dividendos sin que nada diferente puede sostenerse por el hecho de haberse efectuado una distribución de dividendos, en tanto acto absolutamente aislado. Y, por otra, porque resulta que la principal actividad de la persona jurídica ha sido la de administración del emprendimiento bajo el régimen de cobro a los socios de gastos para el mantenimiento de las instalaciones comunes -sistema asimilado al cobro de expensas- mientras que los correspondientes a cada una de las unidades los habrían atendido los accionistas que las ocupaban en razón de los derechos que le confería su participación societaria. El particular mecanismo descripto, de funcionamiento del emprendimiento inmobiliario familiar y la adopción para su administración y desarrollo de la forma de la sociedad anónima regulada por el Código de Comercio conformaba, para la época de su constitución aunque de carácter por cierto atípico, una realidad que no puede ignorarse, al punto de habérsele conferido una regulación particular al sancionarse la Ley 19550, en el año 1972 en su artículo 3. Y en ese sentido debe aludirse como precedente a los supuestos de entes asociativos sin fines de lucro ni especulativos que adoptaron la estructura societaria, entre otros motivos, para asegurar a los asociados su cuota de liquidación en el patrimonio social en caso de disolución (Zaldívar y otros "Cuadernos de Derecho Societario, ed. Buenos Aires, 1973, Vº 1, pág. 48, parág. 32.2). En suma, circunscribió aún más sus actividades a las de administración del emprendimiento inmobiliario, lo cual despeja cualquier posibilidad de que lo concretado fuera la explotación de una verdadera hacienda mercantil.
Proceso judicial, sentencia, ejecución de sentencia, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: "Mackentor S.A.C.C.I.A.I.F. c/ YPF s/ contrato de obra pública".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

En el trámite de ejecución de sentencias -en el caso, de honorarios-, la posibilidad de articular defensas para la parte embargada es la contenida en el art. 506 del C.P.C.C.N. -excepciones- pero ello recién puede acontecer con la citación de venta que es posterior a la traba del embargo (Cons. IV).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, inexistencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Hugo CHRISTOV y otros c/ MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO s/ AMPARO  -  INEXISTENCIA  DE OTRAS VIAS - ZONA INDUSTRIAL - DEFENSA EN  JUICIO - ORDENANZA MUNICIPAL  - PROVINCIAS - FACULTADES NO DELEGADAS-  EXCESO RITUAL MANIFIESTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-20

Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos administrativos y judiciales no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias.
Aclaratoria (procesal), denegatoria del recurso, nulidad de la notificación, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta, Félix Oscar y otros  c/ E N. -M° de Justicia DD.HH - Spf  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-04

La sala rechaza el recurso de aclaratoria interpuesto por la actora. Para así decir, sostiene que la providencia cuestionada es suficientemente clara y el tribunal no se encuentra obligado a otorgar fundamentos legales para sostener la validez de los actos cumplidos en las actuaciones si se repara en que éstos no han sido cuestionados por la actora a través de los remedios procesales que dispone el código, y añade que la secuela procesal, efectos de los actos cumplidos y plazos transcurridos resultan de las constancias del expediente digital y de la normativa procesal de aplicación (extremos que por cierto se presumen conocidos por las partes y sus letrados). Destaca asimismo que no es el tribunal quien debe sustentar la validez de la notificación, sino que es carga procesal de la parte dar suficiente y debido fundamento de su objeción así como demostrar el vicio o error en la diligencia cursada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Derecho laboral, despido indirecto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMERO, MARCELA c/ BESSONE, RICHARD s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-05-16

Las alegaciones de la quejosa enderezadas a demostrar la actitud abusiva del empleador, no logran desmerecer -desde la óptica constitucional- los argumentos de los juzgadores al decidir que no se había acreditado una causal suficiente que impida la continuación de la relación laboral, sino que tan sólo denotan su disenso en la ponderación de los hechos y del plexo probatorio y en la manera en que la Sala, en función de ello, interpretó y aplicó las normas del derecho laboral en juego, para concluir que no quedan en pie ninguno de los motivos expuestos al comunicar el autodespido, aún de hacerse jugar la presunción legal que podría tornarse operativa ante la omisión de presentación de alguno de los requisitos legales exigidos a la demandada.
Extinción de la relación funcional, acción de amparo, presentación extemporánea
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramírez, Mónica c/ Municipalidad de Capayán s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-03-22

La actora deduce acción de amparo en contra de la Municipalidad de Capayán, cuestionando el despido sin causa que se dispuso sin notificación ni sumario administrativo previo en el mes de julio de 2009.

Corresponde precisar, antes de entrar al tratamiento de la cuestión de fondo, si esta acción ha sido deducida en tiempo oportuno.

Dicha cuestión asume especial significación pues se sabe que una acción como la impetrada debe interponerse en un plazo breve de caducidad, por lo que, constituyendo éste un presupuesto de admisibilidad de la acción, se justifica su tratamiento prioritario.

Consecuentemente con ello, cabe apuntar que la Ley 4642, Art. 2, establece que: "La acción de amparo no será admisible cuando: e) la demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábiles de la fecha en que el acto fue ejecutado, debió producirse o el afectado tomó conocimiento del mismo".

Conforme surge de autos, la resolución que ordena la baja de la agente se emite el día 3 de julio de 2009, el día 06/07/09 la autoridad administrativa intenta notificar a la recurrente el acto lesivo, negándose ésta a firmar dicha notificación. Luego, en el mes de noviembre, se presenta ante la comisaría de la localidad de San Martín, con el objeto de exponer las anomalías que observaba y que le impedían cumplir normalmente con sus funciones.

Transcurrido todo el mes de diciembre, enero y febrero, recién el día 17 de marzo de 2010 interpone el amparo, esgrimiendo como fundamento el actuar arbitrario del Municipio que procedió a darle de baja, sin respetar ningún procedimiento que le permita ejercer el derecho de defensa y aduciendo, en cuanto a la fecha en que tomó conocimiento del acto lesivo, que con motivo de efectuar la denuncia en la Fiscalía Penal Nº7 por retención indebida de haberes que se anotició de su baja.

De los hechos descriptos surge que, si bien la recurrente no fue formalmente notificada de lo resuelto por la autoridad administrativa el día 03/07/09, las circunstancias narradas en el escrito de inicio de la acción de amparo de que con motivo de la denuncia penal efectuada en el año 2009 se anoticia de su baja, me llevan a pensar que la recurrente tuvo noticias de la resolución que generó el perjuicio en aquella época.

En razón de ello, deviene extemporánea la presentación de esta acción el día 17/03/10, cuando ya había vencido el plazo de quince días hábiles que tenía el administrado para deducir la misma, el que debe computarse- a falta de la notificación personal del acto-, desde la fecha en que la interesada tomó conocimiento del mismo.

Siendo ello así, y reconociendo la actora que es con motivo de la denuncia penal en el año 2009 que se anoticia de su baja, aún en la hipótesis que más beneficia a ésta de que ello haya sucedido a fines de 2009, no logra a mi juicio superar este obstáculo formal que debe justificar quien presenta una acción con las características del amparo.
Accidente de tránsito, prueba pericial, perito médico, dictamen pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: GOLDSCHEIDT, RICARDO A c/ SCATULARIO, RAUL E s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-09

No puede prevalecer sobre el dictamen del perito médico legista, la opinión del damnificado por un accidente de tránsito, aunque sea médico, ya que es parte interesada.
Cosa juzgada írrita, interpretación restrictiva
Materia: LABORAL
Carátula: Gleria, Ramón Agustín c/ YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA y otro s/ Part. Accionariado Obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

Si bien parte de la doctrina (así por ejemplo ver la señera obra de Juan Carlos Hitters, Revisión de la cosa juzgada, Librería Editora Platense, Bs. As., 2.001), admite en casos especiales la procedencia de la cosa juzgada írrita -vale decir, admiten el principio de la inmutabilidad relativa de la cosa juzgada en casos excepcionalísimos (op. cit. Pág. 10) -, es del caso señalar que en el presente no se invocó que se hubiera configurado fraude, dolo o vicio alguno, que pudieran justificar dicha medida excepcionalísima que, evidentemente, es de carácter restrictivo: sólo debe ser admitida cuando las circunstancias demuestra en que así lo exige un interés legítimo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Goñi, Ovidio Omar y otra c/ Bartrons, Jaime Edgardo y otra s/ Cobro hipotecario Cueto, Mario Alberto Gabriel s/ Sucesión Redruello, Rufino Nery y otro c/ Zarich Florencio René y otros s/ Daños y perjuicios Grimberg, Jorge Pablo; Gelatti, Beatriz Mabel c/ Banco Bansud S.A. s/ Incidente de revisión en autos: "Grimberg, Jorge Pablo y Gelatti,  Beatriz Mabel. Concurso preventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30|2000-05-10|2002-02-19|2003-04-23

Resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona la totalidad de las normas que dan sustento suficiente al fallo y se limita a discrepar con éste sin rebatir frontalmente sus fundamentos esenciales.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, proceso penal, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, declaración policial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., F. D. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ROBO  CALIFICADO POR USO DE ARMA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 77 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-23

Corresponde rechazar la queja desde que los cuestionamientos recursivos no alcanzan a convencer de que debía necesariamente declararse la nulidad de todo lo obrado por la policía ni de que el temperamento seguido por el A quo para resolver la cuestión -más allá de su acierto o error- pueda ser tildado en el caso de ilógico o violatorio del derecho a la jurisdicción, al señalar que "no todos los actos que ingresan en el proceso penal pueden ser conminados con la sanción de nulidad, atento a que los que realiza la autoridad policial en ejercicio de sus funciones específicas de prevención y seguridad son actos pre-procesales, distintos de los que lleva a cabo como auxiliar de la justicia, y por ello, al no ser actos judiciales procesales no pueden ser objeto de invalidación con la sanción de nulidad, sino que son objeto de valoración de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional".
Persona jurídica pública no estatal, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva. s/ Recurso Extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es una entidad de derecho público no estatal, resultando claro que el legislador separó nítidamente su personalidad jurídica de la del Estado -que no ha provisto su patrimonio- otorgándole el carácter de mero fiscalizador de los recursos que provienen del sector privado y son destinados al sector privado. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Alteración de la tranquilidad pública, explotación sexual, apreciación de la prueba, contravención de peligro
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: A.V. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-28

No resulta necesario para la configuración del tipo contravencional del artículo 71 del Código Contravencional que se pronuncien palabras con clara connotación de la oferta sexual sino que más allá del resultado configurado por la aceptación del ofrecimiento, la lesión al bien jurídico se consume solamente en la acción, constituyendo desde ese punto de vista una contravención que algunos encasillarían en aquellas de mera actividad o peligro abstracto. No es necesario para que se configure la contravención gestos ampulosos o palabras ya que hay actitudes que son más significativas en cuanto al objetivo que se persigue, situación que se hace más real y concreta si se tiene en cuenta que, en el caso, el hecho investigado se produce en una zona caracterizada como lugar habitual donde travestis y prostitutas hacen o intentan programar sus transacciones sexuales y que el periodismo y el común de la gente ha dado por llamar "zona roja". Del voto del Dr. Ventureira.
Robo con armas, recurso de inconstitucionalidad, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: C., G. P. y D., F. G. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-08-15

La Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Orán tipificó el hecho como robo calificado por el uso de arma y homicidio en grado de tentativa, en concurso real (arts. 166 inc. 2º, 1º supuesto; 79, 42, 45 y 55 del C.P.), sentencia confirmada por la Sala I del Tribunal de Impugnación.

La figura del robo calificado por el uso de arma (art. 166 inc. 2º del C.P.) procede siempre que entre los atentados contra la vida y la propiedad no exista unidad de designio o determinación; es decir, cuando el resultado muerte es accidental o eventual a la empresa delictiva ejecutada, aunque entre este y los actos del robo halle una relación de causalidad. El dolo directo de matar traslada la calificación al art. 80, inc. 7º del Código Penal.

Al respecto, enseña Ricardo C. Núñez que "en la coexistencia de las figuras de los artículos 80, inc. 7º y 165, la regla es que corresponden a la primera los casos en los cuales el ladrón ha vinculado ideológicamente el homicidio con el robo, sea como medio para cometerlo, ocultarlo, asegurar sus resultados o su impunidad, sea como manifestación de despecho. Por el contrario, el art. 165 comprende los homicidios que son un resultado accidental de las violencias ejecutadas con motivo u ocasión del robo" ("Tratado de Derecho Penal", Ed. Lerner, Bs. As. 1978, Tomo IV, págs. 229 y 230). En tanto la muerte en ocasión del robo es un resultado subjetivamente eventual y la figura no admite tentativa, pues la "ocasión" del robo no exige que éste se consume, y el fin de matar para robar -estado anímico requerido por el art. 42 del C.P.- excluye directamente el tipo (cfr. Núñez, Ricardo C., op. cit., pág. 231; Creus, Carlos, Buompadre, Jorge Eduardo, "Derecho Penal Parte Especial", Ed. Astrea, Bs. As., 2007, Tomo 1, pág. 462), doctrina ya sentada por esta Corte sobre los presupuestos del instituto en cuestión (esta Corte, Tomo 142:987; 158:169).

Por ende, con independencia al agravante genérico del art. 41 bis del Código Penal, la calificación dada al hecho en la sentencia es errónea, tanto en lo relativo a la figura como a la prohibida extensión del radio de su punibilidad, puesto que correspondía aplicar el instituto de la tentativa al art. 80, inc. 7º del Código Penal. Sin embargo, al ser más benigna para el acusado, ésta no puede modificarse (art. 529 in fine del C.P.P.), pero sí debe advertirse que la pena impuesta lo fue por un delito menos grave que el cometido.
Autoría, coautoría, pena
Materia: PENAL
Carátula: G, L L s/ HURTO  Y  ROBO  CALIFICADO  POR  COMISION  EN POBLADO Y EN BANDA     EXPTE NRO 177-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-05

El artículo 45 del Código Penal establece como coautores de un delito a todos "los que tomasen parte en la ejecución del hecho" lo que consiste en realizar una conducta requerida por el tipo delictivo pertinente. Ello no implica que el coautor deba llevar a cabo todos los actos que son requeridos para la consumación del ilícito, en cuyo caso se trataría de un autor, sino que basta la realización de alguno de ellos.

El justiciable participó activamente en los hechos que se le atribuyen realizando actos integrativos de la objetividad de éstos y subjetivamente asumió los resultados como obra propia, de allí que carezca de relevancia que otro de los intervinientes ejecutara personalmente las acciones de violencia y como coautor, se encuentra penado igualmente que el autor del delito.
Incompatibilidad de cargos, ejercicio profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Sergio Miguel y Otro c/ Llamazares, Angel Agustín s/ Demanda Laboral Tirpak, Hugo Néstor c/ Campos, Luis y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-06|1997-08-08

Si la Cámara de Apelaciones entendió que el apoderado de la actora en todo un proceso laboral en etapa de ejecución se encontraba incurso en la situación que prevé el art. 143 de la COM, debió someter la cuestión al poder municipal, quien posee la potestad de juzgar y sancionar la conducta del funcionario. Y, si estimó que esta situación afectaba el ejercicio profesional, debió informar a la autoridad que retiene exclusivamente el control de la matrícula, esto es, a este Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con la Ley 37, pues es claro que el solo estado de incompatibilidad, no determina según la ley que lo impone, un efecto de interdicción "ipso iure" en la matrícula, por cuanto el sistema que fija la incompatibilidad, no está dirigido a proteger el ejercicio profesional, sino la función pública.
Recurso extraordinario, inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: EXHORTO  JUEZ  PASO  DE  LOS  LIBRES  EN  RODEYRO  TEJERINA  DE B. M. c/ ROUX Y SAN CRISTOBAL S.M.S.G. s/ ORDINARIO    -    EXHORTO  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-11

Cuando por vía de impugnación se persigue que este tribunal controle si el a quo desconoció lo dispuesto por los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional al aplicar e interpretar, como lo hizo, determinados artículos de la ley arancelaria provincial n. 7.269, considerándolos violatorios de aquellos, implica pretender erigirlo en órgano de control constitucional federal indirecto, por la vía del recurso de revisión, objetivo a todas luces impropio, como lo tiene declarado reiteradamente este Tribunal, en sus distintas composiciones, cuando el recurso de inconstitucionalidad deducido por la vía del art. 1274 C.P.C. no trae una cuestión repugnante a la Constitución local. La originalidad del "thema decidendum" radica en que no estamos en presencia de un cercenamiento sino de una ampliación de competencia, frente a la cual si se la rechaza, se puede aparecer como atrapado por un mero escrúpulo legalista sin finalidad práctica, y hasta si se quiere, con menoscabo de la administración de justicia. Esta posición no implica renunciar a una competencia que se ofrece, sino investigar, a la luz de la dogmática constitucional, si ella es "intra" o "extra legem".
Acción autónoma de nulidad, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sehn, Alfredo Antonio c/ Sehn, Tomás s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-14

La acción autónoma de nulidad tiene por objeto obtener la declaración de nulidad de un estado jurídico existente y es de naturaleza eminentemente jus privatística, por lo que, a falta de norma expresa que consagre un término breve de caducidad para operar la pérdida del derecho, cabe interpretar que el plazo extintivo al que se halla sujeto el ejercicio de la acción es el de la prescripción.