marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Enfermedades inculpables, licencia por enfermedad, prórroga del plazo, trabajador con cargas de familia
Materia: LABORAL
Carátula: TULLIAN, AMELIA c/ COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS SA. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-29

Teniendo en cuenta la obligación alimentaria establecida en los artículos 265, 367 y concordantes y 1275 del código civil y que el artículo 208 de la LCT. (To.) Tiende a privilegiar al dependiente cuyo ingreso esta destinado a la previsión y sostén del grupo familiar, la trabajadora casada con hijos tiene derecho a la duplicación del plazo de licencia paga por enfermedad prevista para el empleado con cargas de familia, aunque no perciba asignaciones familiares.
Juicio ejecutivo, falta de personería, calificación jurídica, inhabilidad de título, iura novit curia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Refrigeración Gallo S.R.L. c/ Saris, Francisco Javier s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-07-02

El art. 544 inc. 2 C.P.C. admite como excepción oponible en el juicio ejecutivo la falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes por carecer de capacidad civil para estar en juicio. Según los términos de esta norma no es la falta de personería la excepción idónea para cuestionar la legitimidad del ejecutante o ejecutado, pues en tal hipótesis corresponde oponer la excepción de inhabilidad de título, que constituye el equivalente procesal de la denominada "falta de acción". Sin embargo, pueden los jueces en estos casos, en virtud del principio iura novit curia, calificar automáticamente a la excepción teniendo en cuenta los hechos en que se funda. En el caso, a pesar de que la ejecutada calificó como de "falta de personería" a la excepción opuesta, el A-quo debió juzgarla como lo que realmente era (iura novit curia), o sea como una inhabilidad de título, toda vez que se cuestionaba uno de los presupuestos de este último: la legitimación sustancial.
Destrucción, pérdida, avería y retraso de la carga, transporte marítimo, responsabilidad del transportador
Materia: CIVIL
Carátula: Cargo S.A. c/ CAP y/o ARM y/o PROP BQ STADT BREMEN s/ Faltante y/o avería de carga transporte marít.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-06

El Convenio de Bruselas concede a las partes la facultad de extender su aplicación a períodos "anteriores al cargamento y posteriores a la descarga del buque en el cual las mercaderías sean trasportadas". En la práctica, no es raro que un conocimiento de embarque haga uso de esa facultad, disponiendo, por ejemplo, la aplicación del Convenio de Bruselas desde el recibo hasta la entrega final de las mercancías (tal como sucede con los conocimientos de embarque "de almacén a almacén") o durante el período de la custodia real del porteador. Tales cláusulas extienden el alcance de las defensas y exoneraciones del Convenio de Bruselas y la limitación de la responsabilidad del porteador durante todo el período durante el cual el porteador sea responsable de las mercancías en virtud de la ley o del contrato.
Exacciones ilegales calificadas, intimidación
Materia: PENAL
Carátula: MACRI, EDUARDO ANTONIO s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 1242
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-13

Se incursiona en el ámbito de la agravante del art. 267 C.P.

Cuando el funcionario público, abusando de su cargo, exige una dádiva pero a la vez concreta una intimidación configurada por una amenaza particularizada referente a represiones de índole administrativas.

Al respecto, no basta que el sujeto pasivo, ante la exigencia del agente, barrunte una acción futura de la autoridad capaz de perjudicar sus intereses, pues esto no pasa de la exacción simple.

Pero sí es suficiente para que se configure la agravante "que el autor le presente (a la víctima) concretamente la posibilidad del mal futuro".
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Danzas Argentinas S.A. c/ Metalúrgica Dakot S.A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

No constituye sentencia definitiva el pronunciamiento que desestimó el pedido de nulidad de las actuaciones.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, defensa en juicio, derecho de propiedad, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sevel   Argentina   S.A.  (TF  12.399-I) c/ Dirección  General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

Si bien los agravios remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común ajenos -como regla y por su naturaleza- a la instancia extraordinaria, ello no constituye óbice para la descalificación del fallo cuando en él se omite el tratamiento de cuestiones oportunamente planteadas por las partes y conducentes para la correcta decisión de la causa, con grave menoscabo de los derechos de defensa en juicio y de propiedad (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O' Connor y Guillermo A. F. López).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, prueba, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: BERRA, JORGE RUBEN c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA (EPE) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-07-30

El remedio de naturaleza extraordinario no ha de tener favorable acogida pues al confrontar los reproches de la parte recurrente con lo decidido sólo surge su disenso para con la ponderación de hechos y pruebas realizada por la Cámara, que le permitió confirmar la decisión inferior que desestimó la demanda promovida por la parte actora por considerar que el procedimiento seguido por la empresa en pos de determinar la energía consumida y no registrada por la reclamante se ajusta al reglamento. Para así decidir la Sala juzgó aplicable la teoría de los actos propios por entender que la parte recurrente no puede negar una deuda que comenzó a pagar y reconoció como propia; y analizando las probanzas arrimadas concluyó que el procedimiento seguido por la Empresa Provincial de la Energía se ajustó a la reglamentación vigente, sin advertirse irregularidad o incumplimiento de su parte (De la disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, Aeroparque Jorge Newbery
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy Myrian c/ Aeropuertos Argentina 2000 SA y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-30

La sola circunstancia de que la explotación comercial de la empleadora de la demandante se haya desarrollado dentro de un espacio cedido por Aeropuertos Argentina 2000 SA activa la responsabilidad solidaria del art. 30 LCT. Ello así por cuanto ésta suscribió oportunamente con el Estado Nacional un contrato, en los términos y con los alcances del decreto 375/97 , en virtud del cual se le concedió la explotación de varios aeropuertos de la República Argentina, y en el marco de tales potestades suscribió con la empleadora de la accionante un permiso de explotación de kiosco (venta de cigarrillos, golosinas, etc.) en el predio del Aeropuerto Jorge Newbery, donde prestaba tareas la trabajadora. No puede hacerse extensiva, en cambio, la responsabilidad a la continuadora en la explotación del rubro, toda vez que no se acreditó la existencia de una transferencia del fondo de comercio entre ambas explotadoras del kiosco en cuestión y, para más, según surge de la pericia contable, los espacios otorgados por AA2000 SA a la nueva concesionaria no resultan ser los mismos que los que la actora indicó en su demanda como su lugar de trabajo.
Servicio público, aumento de tarifas, división de poderes, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Usuarios y Consumidores Unidos c/ Secretaría de Energía de la Nación y otros s/ ley de Defensa del Consumidor c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-23

Corresponde distinguir entre el ejercicio del control jurisdiccional de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas, y el ejercicio mismo de la potestad tarifaria, que no compete a los jueces, sino al poder administrador, al que no cabe sustituir en la determinación de políticas o criterios de oportunidad o, menos aún, en la fijación o aprobación de tarifas por la prestación del servicio. -Del precedente "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad" (Fallos: 339:1077) al que la Corte remite-
Ejecución de la pena, libertad asistida, sistema acusatorio, vista al fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Mendoza Castro, Horacio s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-23

El nulo el fallo que incumplió con el trámite previsto en el art. 491 CPPN, pues resolvió el planteo pese a que el Ministerio Público Fiscal solicitó elementos nuevos y cuestionó el informe del Consejo Correccional, y frente a ello tampoco se dio intervención a la defensa antes de decidir el asunto. (Dres. Slokar, Figueroa y Ledesma).
Prueba pericial, notificación
Materia: PENAL
Carátula: GARAY, Ramón s/ Robo calificado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-28

El derecho que le confiere al imputado el art. 167 del C.P.P. no reviste el carácter de irrenunciable. El ritual no requiere formalidades de carácter tal que aparezcan como sacramentales (167, 2a. parte del C.P.P.), de tal modo no fulmina de nulidad, ni es imprescindible que conste la voluntad del procesado, resulta suficiente con que en la notificación se le hagan conocer los derechos que le confiere la norma del art. 167.-
Fianza, fiador, principal pagador liso y llano
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Roget, Carlos Alberto c/ Buchianeri, Silvina Andrea s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

Cuando el fiador se obligó como "principal pagador", queda equiparado al codeudor solidario y no le son aplicables las reglas del contrato de fianza. Es decir, que si bien la solidaridad a que se sometió el fiador no le quita a la fianza el carácter de accesorio que la tipifica (art. 2004 Código Civil), no ocurre lo mismo con la asumida calidad de principales pagadores, puesto que en este caso es codeudor solidario, aún cuando se lo califique de fiador (art. 2005 Cód. Civil).
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Coronel, Edgar David c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Cuando el empleador decide liberar de prestar servicios a los trabajadores que gozan de tutela sindical en ejercicio de la atribución que se le confiere por el art. 30 del decreto 467/88, deberá inexorablemente cumplirse con las exigencias y plazos allí regulados.
Jubilaciones, pensiones, afiliados previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Scipioni, Augusto c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

Tratándose de un régimen de afiliación obligatoria -como el organizado por el decreto ley 9650/80 (art. 2)- donde, además, no está permitido retirar los fondos aportados, la afiliación subsiste mientras el afiliado mantenga sus contribuciones depositadas en el sistema previsional.
Seguros, seguro colectivo, asegurador, beneficiario del seguro, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA, FRANCISCO c/ PROVINCIA SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-11

En una acción en la que los beneficiarios de un seguro de vida colectivo contratado por el occiso, reclaman de la compañía de seguros defendida cierta suma dineraria en concepto de doble indemnización con base en que el deceso fue causado por un accidente -conforme lo normado en las condiciones generales y particulares del contrato de seguro de vida-; si la defendida requirió al colegio medico del lugar donde acaeció el siniestro el certificado de defunción y que informe si se trata de una muerte traumática y, con posterioridad, remitió a los pretensores una carta documento solicitándoles el certificado de defunción del fallecido y su historia clínica (a fin de determinar la procedencia de la doble indemnización), resulta improcedente -como en el caso- que postule que el segundo requerimiento haya sido valido. ello pues, en principio no es valido el requerimiento de nueva información complementaria -aunque sea pertinente- luego de haberse efectuado un pedido en tal sentido, cuando la aseguradora omitió innecesariamente, el pedido de esta información al recabar la primera. Máxime, que en la especie no se revelo necesario contar con información complementaria luego de transcurridos los treinta días de la denuncia del siniestro, razón por la que la actitud de la defendida fue dilatoria, además de contraria a la buena fe contractual. es decir, que el requerimiento de información complementaria efectuado inoportunamente, carece de validez y por lo tanto no produce los efectos que la ley atribuye a esta solicitud. Por tanto la solicitud efectuada a los beneficiarios cae en esta hipótesis, puesto que el agotamiento de los plazos del art 56, implicó admitir tácitamente el requerimiento de la doble indemnización.
Defensa del consumidor, fecha de vencimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: Carrefour la rural- inc s/ APELACION (LEY PCIAL Nº 1480)", Expte. Nº 25 - Fº Nº 162 - Año 2012 1480)", Expte. Nº 25 - Fº Nº 162 - Año 2012
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-07-06

Para la graduación de la multa por infracción al art. 5 de la ley 24240, corresponde tener en cuenta la naturaleza y cantidad de los productos vencidos al momento de la constatación, la intencionalidad del apelante dada su posición en el mercado y la infracción cometida, el riesgo potencial que significan a la salud del consumidor y a la sociedad, todo en el marco de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Nº 24240.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dolce, Asencio José y otros s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

Quien solicita para si el otorgamiento del beneficio, tiene la obligación -carga específica- de probar la alegada insuficiencia de recursos para afrontar los gastos que demanda la tramitación de un proceso, la cual puede tenerse por cumplida aún a través de la sola prueba tasada prevista en el art. 79 inc. 2do. del Código Procesal tres testigos-. No se trata entonces de la prueba de un hecho negativo -como refiere el apelante- sino de la demostración de una situación de hecho, reveladora de impotencia o insuficiencia económica para hacer frente a determinados gastos (arts. 78, 79, 80 Código Procesal).
Expropiación, indemnización expropiatoria, mejoras
Materia: CIVIL
Carátula: Estado Provincial c/ Bustamante, María Elsa s/ Recurso de Casación e Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 35, Fº 878/882, Nº 391) de Casación e Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 35, Fº 878/882, Nº 391)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1992-12-04

Debe ponderarse el valor del lote al tiempo de la desposesión, con las mejoras y los servicios existentes a esa época, extremos estos que permiten asignarle una calificación y un valor concretos a la fecha señalada. Por más condición rural del predio, no puede desconocerse que el expropiado -en caso de disponer libremente del bien- bien pudo obtener un precio mayor a la luz de la ponderación de tales mejoras y servicios, ya que son extremos que siempre integran el precio como elementos que innegablemente lo valorizan.

Esto necesariamente debe indemnizarse, ya que es parte del valor objetivo de la cosa al tiempo de la desposesión.-
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-19


Salta, 19 de febrero de 2014.- AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados "DIAZ, MARIA MAGDALENA c. SECRETARÍA de TRABAJO y PREVISIÓN SOCIAL - APELACIONES CONTRA LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA", expte. de Sala nº CAM 32566/13/13, (expte. administrativo nº 60.480/12) y C O N S I D E R A N D O Que en la presente causa, se dispuso a fs. 102 la notificación a la recurrente para que en el plazo de 6(seis) días presente escrito, alegando sobre el mérito de la sanción recurrida, bajo apercibimiento de tenerla por desistida del recurso (art. 71 CPL). La diligencia de notificación, fue practicada el día 04/12/2013 conforme surge de las constancias de fs. 108/109.

Encontrándose vencido el plazo concedido, sin que la parte haya formulado alegato, procede hacer efectivo el apercibimiento con que fuera notificada y en su mérito, tener a la apelante por desistida del recurso conforme lo prevé la normativa procesal laboral (art. 71 CPL)._ Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, F A L L A I) Teniendo por desistido el recurso de apelación contra la resolución de la autoridad administrativa.

II) Mandando registrar, notificar y remitir los autos al organismo de origen.
Violencia de género, protección de la mujer, interpretación de la constitución, acceso a la justicia, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Cardozo, Israel David c/ Romano, Luisina s/ art. 250 C.P.C. - incidente familia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

La condición de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia de género se encuentra expresamente reconocida por nuestra Constitución Nacional (art. 75, inc. 23), razón por la cual su consideración resulta insoslayable a la hora de establecer pautas de mayor o menor rigurosidad referidas a las formalidades exigibles en los procesos específicamente promovidos para la tutela de sus derechos. A su vez, el artículo 26 de la ley 26.485, tiene entre sus objetivos primordiales el de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia, y dicha norma interna es coherente con los deberes previamente asumidos por el Estado Nacional a nivel convencional para establecer procedimientos judiciales que resguarden a las mujeres de cualquier tipo de agresión (arts. 4.g, 7.b, 7.f y 7.f de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por ley 24.632).
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, contrato de garaje
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pisacco, Edgar José c/ Di Paolo, Ester Teresa s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-07

La recurrente pretende endilgar el vicio de arbitrariedad a la resolución de la Sala, mas no logra poner en crisis el pensamiento sentencial, ni evidenciar que adolezca de falla alguna en el razonamiento que descalifique la decisión cuestionada como acto jurisdiccional válido, desde que no alcanza a rebatir lo expresado por la Alzada con referencia a la actividad comercial desarrollada por la accionada, la cual inicialmente contó con la habilitación respectiva y tributación correspondiente, relacionado todo ello con la explotación de un inmueble acondicionado para ofrecer espacios para estacionar en forma onerosa y generalizada, conclusión que encuentra respaldo suficiente en las pruebas rendidas; no logrando desvirtuar tampoco lo aseverado por los Judicantes en orden a que este punto de partida de la relación entre las partes -que describe la naturaleza del vínculo que las unía- se mantuvo inalterable en el transcurso del tiempo -al no haber sostenido la accionada en el responde un cambio en los términos pactados-, pues no podría haberse modificado unilateralmente y menos en base a incumplimientos de la demandada (Del voto de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dres. Netri, Gutiérrez y Spuler)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Gimenez, Amadeo c/ Casa Trerotola S.R.L. s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

El proveído -que deniega por extemporáneo un pedido de libramiento de oficio- dictado en la etapa de ejecución de la sentencia que puso fin al pleito, no tiene carácter de definitivo a los fines de la admisibilidad de los recursos extraordinarios (arts. 54 y 55 del decreto-ley 7718/71 y art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, discernimiento, falta de discernimiento
Materia: CIVIL
Carátula: SEGURA GODOY, Sergio Adrián c/ HAGELIN, Axel Iván y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

El daño moral no reside sólo en lo que el sujeto realmente siente la misma pérdida de la capacidad de sentir (parálisis) o de conocer (enfermedad mental) significa la privación de un estado anímico valioso y deseable, y, por ello, configura un daño moral.

Luego, la carencia de discernimiento ocasionada por el hecho, engendra un daño moral, aunque la víctima no sepa lo que le pasa, o, más propiamente, porque no lo sabe.-
Concursos, recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZAPATA, FERNANDO s/ CONCURSO PREVENTIVO -HOY QUIEBRA- INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA-  RECURSO DE QUEJA.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-12

Negada que fuera la apelación por vía de lo dispuesto por el artículo 296 inciso 3 de la Ley concursal, llegan los autos a la alzada en queja.- La norma mencionada establece, entre los principios comunes, la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en el marco del procedimiento concursal, salvo disposición expresa en contrario que no se da en la especie, por lo que cabe declarar bien denegado el interpuesto recurso de apelación.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ALEGRE, JOSE HUMBERTO s/ SUCESION. CASACION.- KRACKE DE BARRIONUEVO, ESTHER ELISA c/ MORE, PASTOR s/ INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-30|2002-07-01

Procede, con carácter de excepción, a penetrar en el ámbito de cuestiones de hecho, en aquellos supuestos en que el control se torna imperativo para garantizar una correcta motivación de las sentencias.-
Pena privativa de la libertad, reclusión, ejecución de la pena, prisión preventiva, ley derogada
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Méndez, Nancy Noemí s/ homicidio atenuado -causa nº 862-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-22

La pena de reclusión debe considerarse virtualmente derogada por la ley 24.660 de ejecución penal puesto que no existen diferencias en su ejecución con la de prisión, de modo tal que cada día de prisión preventiva debe computarse como un día de prisión, aunque ésta sea impuesta con el nombre de reclusión (Voto de la mayoría, al que no adhirieron los Dres. Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano y Elena I. Highton de Nolasco).
Jueces, deberes del juez, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Paloschi de Baltar, Myriam Mabel c/ Baltar, Roberto Axel. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Los jueces no pueden prescindir del uso de los medios a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos.