Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-05


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 5 de 2007.

La doctora Mattera dijo:

I. Contra lo decidido por la Sala "B" a fs. 346/351 la representación de la citada en garantía interpuso recurso de inaplicabilidad de ley a fs. 355/357 y recurso extraordinario a fs. 359/369, los que fueron desestimados respectivamente a fs. 384/vta y fs. 391/vta. Con posterioridad la parte mencionada dedujo recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver fs. 438/448) y tramitado aquél a fs. 452 se lo declaró admisible, se dejó sin efecto la decisión oportunamente apelada y se ordenó dictar por ante quien corresponda un nuevo fallo con arreglo a lo allí expresado, siendo sorteado a tal fin este Tribunal.

II. Liminarmente, es dable destacar que la decisión de nuestro Tribunal Superior se torna obligatoria para este Tribunal incluso cuando de la lectura de las actuaciones se advierte que la decisión arribada por la Sala que intervino con anterioridad no difiere con lo resuelto por la Cámara del fuero en pleno "in re" "Obarrio, María c. Microómnibus Norte S.A. y otro", de fecha 13 de diciembre de 2.006.

Ello así, porque se trata de un principio elemental: las resoluciones que dicta la Corte Suprema en el curso de una causa deben ser obedecidas tanto por las partes como por los órganos jurisdiccionales intervinientes en esa causa. Juegan aquí la preclusión de los actos procesales, la firmeza de las decisiones que impone la cosa juzgada y la autoridad de la Corte como órgano judicial superior de todos lo que pudieran haber tenido intervención anterior o posterior a la de ella en el proceso.

Son muchos los casos en que la Corte ha sentado este principio, pero está claramente enunciado, por ejemplo, en el Fallo "Banco Popular de La Plata" (264:443), donde se dijo -reiterando pronunciamientos anteriores- que "...las sentencias de esta Corte deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas" (Fallo 264:444: íd. "Velázquez c. Vallejo", Fallo 255:119; íd. "Carlos Guardia", Fallo 307:1779, 1782; entre muchos otros).

El supuesto de aplicación de este criterio se configura cuando, dictada por la Corte una resolución (definitiva o interlocutoria), los jueces inferiores no la acatan debidamente. Así, se ha dicho en otros casos que "el desconocimiento de aquéllas (sentencias de la Corte) como quiera que tenga lugar, importa un agravio al orden constitucional y cuando aquél se produce por medio de la sentencia del tribunal superior a que se refiere el art. 14 de la ley 48, el recurso extraordinario es la vía indicada para restablecer el imperio de la decisión desconocida" ("Banco Hipotecario Nacional c. Quiroga", Fallo 189:292). Concordantemente, se ha establecido que "ningún tribunal nacional o provincial puede olvidar o desconocer la necesidad institucional de respeto y acatamiento a las decisiones de la Corte Suprema" ("David Klappenbach", Fallo 245:429, 431), o que "la supremacía de la Corte cuando impone a todos lo tribunales, nacionales o provinciales, la obligación de respetar y acatar sus decisiones" ("Parpi y Cía. S.R.L.", Fallo 252:186, 189. Con igual fórmula: "Alba c. Chevy", Fallo 295:597, 600; "Emilio A. Abdala", Fallo 306:1537, 1539), lo que conlleva la autoridad suficiente de la Corte para hacerlas cumplir ("Benasayag c. Carrizo", Fallo 307:1948). Por ello, cuando en instancia ordinaria no se ha dado cumplimiento a una decisión de la Corte, cuyo carácter es obligatorio resulta indiscutible, las actuaciones deben ser devueltas a fin que la omisión sea subsanada ("Alba c. Balapala Construcciones Ferroviarias S.A.", Fallo 310:746, 748), ya que nada autoriza a desobedecer los pronunciamientos firmes de la Corte y mucho menos a interpretarlos antojadizamente ("Videla Cuello c. La Rioja", Fallo 318:1808, 1809).

Ciertamente, un caso más típico dentro de esta serie jurisprudencial se da cuando, con motivo de admitir la procedencia de un recurso extraordinario por arbitrariedad, la Corte ordena al tribunal superior de la causa el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo a las pautas que ella misma fija (en función de las atribuciones que le confiere el art. 16, primera parte, de la ley 48), y reenvía la causa (conf. Alberto B. Bianchi, "De la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema (una reflexión sobre la aplicación del stare decisis, Publicación "El Derecho", 26/7/00, pág. 1).

III. En cuanto concierne, entonces, a la cuestión venida a conocimiento de ésta Sala por disposición del Supremo Tribunal es menester señalar que en el Fallo "Villarreal, Daniel Alberto c. Fernández y otros" (V.482.XL.), citado por la Sra. Procuradora Fiscal Subrogante en su dictamen, se hace expresa mención de que el tribunal que resolvió con anterioridad en aquella ocasión, como también ocurre en esta causa, prescindió de lo dispuesto en la ley 17.418, que específicamente establece que la sentencia contra el responsable civil será ejercida contra el asegurador "en la medida del seguro" (art. 118, tercera parte), y de la normativa dictada por la Superintendencia de Seguro de la Nación que prevé como cobertura básica del seguro de responsabilidad civil de vehículos destinados al transporte público de pasajeros una franquicia de cuarenta mil pesos.

De esta manera, de todo lo que vengo señalando, valorándolo con lo decidido por nuestro más Alto Tribunal "in re" "Compañía Argentina de Seguros Visión S.A. c. Comac S.A." (C.183.XXIII), respecto a que en el seguro de responsabilidad civil la franquicia pactada en la póliza es oponible al tercero damnificado, me conduce a proponer a mis colegas, en cuanto hace al tema traído a juzgamiento, la confirmación de la sentencia de primera instancia; ello así, sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión coincidente con los argumentos que en forma impersonal ha expuesto la mayoría en el Fallo plenario dictado por la Cámara del fuero "in re" "Obarrio, María c. Microómnibus Norte S.A. y otro", de fecha 13 de diciembre de 2.006, antes mencionado.

Tocante al tema de la imposición de las costas de alzada con relación al tema tratado propongo se impongan por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión planteada y la forma en que se resuelve (arts. 68 CPCC).

IV. Tal es mi voto.

Las doctoras Wilde y Verón adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.

Visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

I. Confirmar la sentencia de primera instancia.

II. Imponer las costas de alzada con relación al tema tratado por su orden.

III Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. -Marta del Rosario Mattera. -Zulema Wilde. -Beatriz A. Verón.