Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-05-15


En la ciudad de Trelew, a los 15 días de junio del año dos mil cinco, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia a cargo del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados:

"M., D. E. c/ C. S. DE R. S.A. s/ DIF. DE HAB. E INDEM. DE LEY" (Expte. N° 20.393 año 2005) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Debe declararse desierto el recurso de nulidad interpuesto a fs. 581? ;SEGUNDA: Caso afirmativo a la anterior, ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Y expedirse en A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

Advierto que al tiempo de interponer recurso de nulidad y apelación contra la sentencia del anterior grado, en el informe respectivo omite la parte actora recurrente sostener fundadamente la dicente nulidad del fallo que ataca.

Tal situación provoca ineluctablemente a que se tenga por desierto el recurso dada su autonomía prevista por los Arts. 65 y 66 de la Ley 69.

De allí que propicio al acuerdo que sobre esta cuestión se concluya por la AFIRMATIVA. Así lo voto.

A LA MISMA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

La parte actora interpuso a fs. 581 recursos de nulidad y apelación contra la sentencia de primera instancia, que fueran concedidos a fs. 582, sin que sostuviera el primero de ellos en la pieza de agravios que luce a fs. 586/587 y vta, lo que conlleva a la deserción del mismo en atención a la autonomía que consagra la normativa prevista por los arts. 65 y 66 de la ley 69.

En tales condiciones, a esta primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación y nulidad deducidos por la parte actora (fs.581) y de apelación incoado por la parte demandada (fs. 579), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 571/576 vta.), por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda entablada por la Sra. D. E. M. en contra de "C. S. de R. S.A."; "C. A.R.T. S.A." y "C. T. B C. S.A.", condenando a estas últimas a que en el plazo que fija, abonen a la actora la suma de Pesos Diecinueve Mil Doscientos Setenta y Nueve con Seis centavos, con más los intereses indicados en el considerando respectivo.

Asimismo, sobre el punto I, se impuso las costas a las demandadas. Y sobre la parte del reclamo que fuera desestimado reguló honorarios teniendo en cuenta el monto demandado. Finalmente se desestima el reclamo formulados por las coactoras A. C. S. y N. C. C. A., contra "C. ART S.A." y "C. T. B C. S.A.", con costas atribuidas en un 55% a la primera y el 45% restante a la segunda.

Los informes del art. 62 de la Ley 69, lucen agregados a fs. 583/584 y vta., el de la parte demandada; y a fs. 586/587 y vta., el de la parte actora.

I. A) Agravios de la parte demandada:

Cuestiona en relación a las diferencias salariales que se admiten que se hubiera desestimado la situación de pluriempleo alegada y acreditada por su parte. Se queja que se desestime la relación de contrato de trabajo a tiempo parcial invocándose la primacía de la realidad y admitiéndose el trabajo de mayores horas que el que correspondía a la situación de pluriempleo denunciada sin que exista prueba que confirme tales extremos.

Manifiesta que en la sentencia se supone que las labores de la actora insumían un tiempo considerablemente mayor al fijado en los contratos de trabajo agregados a fs. 129/132, y además admite debido a que en otras causas tramitadas ante el mismo juzgado, donde participaran otros actores, se resolvió en tal sentido. Destaca que varios de los testigos han sido a su vez actores y tal circunstancia lleva a tomar el testimonio con mayor estrictez.

De igual modo, dice, las prueba colectadas en las otras causas no son aplicables totalmente en esta, ni el alcance de aquella sentencia puede trasladarse sin más a esta causa. Asevera que la actora no demostró que las tareas desarrolladas hubieran sido las que denunció en su demanda y por ende, distintas a las que figuraban en los contratos de fs. 129/132.

Cita los testimonios de S. (fs. 296), al que hace referencia el juzgador señalando que el mismo es periférico y global indicando que decir que trabajaba por la mañana y por la tarde sin indicar horas en que lo hacía nada acredita, si estaba en la esfera de su conocimiento la clase y extensión diaria y horaria de la actora, así lo habría manifestado; agrega, que al decir que trabajaba de mañana y de tarde no precisa si era una hora o menos, dos o más, a lo que añade que sabe solamente de las visitas que a él le realizaba y se descarta que las visitas fueren diarias o semanales, sino mucho más espaciadas.

Respecto al testigo V. (fs. 475) en tanto manifiesta que la actora vendía productos de la AFJP, es algo de conocimiento general y en cuanto al horario, admite que ellos le imponían el horario (generalmente después de las 15 hs.).

Indica que poco seria resulta su afirmación relativa a que la actora iba 3 o 4 veces por semana, además resulta inentendible que compareciera todos los días, pues se impone la pregunta que se efectúa ¿ a qué iba, pues si no la atendían el primer día, ni el segundo, ni el tercero, la semana próxima, insistía?, concluyendo en que no es creíble.

Del testimonio de P. (fs. 476), tampoco agrega algo, refiriendo que la circunstancia de que vendía productos de la demandada es obvia y sobre el horario en que lo visitaba era en el que él trabajaba en F.

Esta limitación temporal solo acredita que en alguna ocasión concurrió la actora a ofrecer productos bancarios. Tampoco, alega, refuerzan la postura de la actora los testimonios rendidos en esta causa por M. y G..

El primer sobre quien refiere que también trabajaba en C., categóricamente dijo no saber que horario diario aproximado alcanzaba la jornada de la actora y si no sabe esto, estima, nada puede aportar a la causa. Lo único que sabe es que los visitaba cuando ellos tenían tiempo libre, lo cual limita aún más tanto el conocimiento que pudiera tener el testigo como la labor de la actora.

Respecto al segundo (G.) aludió a que solo podía atender a la actora a las 18:00 hs. en su oficina de modo tal que muy poco sabe, excepto que se trata de una mujer muy llamativa y que la veía pasar a menudo por su comercio.

Concluye aseverando que ninguno de tales testigos acredita qué días y en qué horarios y cuántas horas por día trabajó la actora y que productos promocionó e intentó vender, especulando que si su actividad consistía en vender a terceros productos y laboró tantos días al mes y tantas horas (más de 10 por día según sostiene), es de suponer que pruebas no de debieran faltar no resultando difícil su acreditación más cuando la extensión del contrato alcanzó los 23 meses y consistía, precisamente en lograr adeptos para sus productos.

Precisa que era carga de la actora acreditar tales extremos por lo que aplicando el principio de primacía de la realidad, si no ha sido probado mal puede presumirse o suponerse. Insiste que debía la actora acreditar la extensión horaria diaria, pues conforma el reclamo.

Indica, a mayor abundamiento, que la actora laboraba en una oficina céntrica y en la vía pública o en domicilio de terceros de modo tal que no le resultaba difícil acreditar su carga horaria diaria o semanal.

Asevera que la prueba producida confirma la postura de su parte en cuanto que la actora tenía pluriempleos. De allí, concluye, que son improcedentes los reclamos de diferencias salariales admitidos en la sentencia que impugna, como así también las horas extraordinarias y demás importes admitidos.

B) Agravios de la parte actora: Cuestiona que respecto de la Sra. M., se haya admitido lo demandado respecto a todas las empresas codemandadas, por una suma inferior a lo reclamado contra cada una de ellas en forma independiente. Respecto a las coactoras, cuya demanda se ha desestimado, refiere al argumento aducido de que la prestación simultánea de servicios para las tres empresas no admite el cómputo de tres jornadas de labor independientes, llevándolo al absurdo de computar cuarenta y ocho horas.

Esta cuestión, expresa, parecía haber quedado resuelta con buen criterio estima en la sentencia de "S. c/ C. S. de R. S.A.", fijando la con línea argumental del fallo caído más tarde en "C. A." contra la misma empresa, pero sufrió un giro total llevando al juzgador a que se contradiga con sus propios argumentos anteriores y agraviando los intereses económicos de su parte.

Es que, después de reconocer el sentenciante que han quedado probadas tres relaciones laborales independientes, con jornadas de diez horas, durante las cuales el trabajador estuvo a disposición simultánea de todas las empleadoras no puede válidamente concluir en la simple sumatoria de todos los tiempos de servicios.

Ejemplifica con la situación de un dependiente de una estación de servicios a lo que remito por razones de brevedad, para señalar que resolver la viabilidad de las pretensiones contra una sola de las empresas sea nominalmente o dividiendo la suma total por tres, significa nada más y nada menos que reconocerle gratuidad al trabajo prestado para las otras dos, contrariando abiertamente la presunción de onerosidad consagrada por el art. 115 de la L.C.T..

Añade que decidirse por una de las tres demandadas es peor aún, ya que representa una opción solamente reservada a la actora y nunca al juzgador que de esta suerte viene a constituirse en parte del proceso y no árbitro de los litigantes.

Refiere que en el fallo campea la idea del conjunto económico como mecanismo de aglutinación de los intereses empresarios, recordando que esa figura jurídica ha sido creada por el derecho laboral en beneficio exclusivo del trabajador y nunca de la empresa, debiendo agregarse expresa que jamás puede ser invocada en perjuicio de los intereses del empleado, menos aún de oficio en tanto las demandadas no hicieron mención de ella en ningún momento, ni siquiera al responder a las pretensiones de las actoras. Cita un fallo de la Sala A que individualiza transcribiendo parcialmente el voto del Dr. Ferrari a lo cual igualmente remito.

II. En los limites de los agravios antes reseñados por razones de orden lógico y método, ingresaré al tratamiento en primer lugar del formulado por la parte demandada para luego hacerlo, en su caso, respecto al planteado por la parte actora.

A) Agravios de la parte demandada:

El juzgador del anterior grado consideró que de la prueba aportada en autos no se acreditó ni la existencia de un contrato de trabajo a tiempo parcial ni tampoco la alegada situación de pluriempleo que alegara la parte demandada.

Para ello hizo pié en el principio de primacía de la realidad teniendo en tal sentido por cierto que la actora Sra. M., se desempeñó simultánea y contemporáneamente para las empresas accionadas y que tales labores le insumía un tiempo considerablemente mayor que el fijado en los contratos agregados a fs. 129/132 (anexos II y III de la prueba pericial contable fs. 160/161).

En contra de tal argumento sentencial, el que es desarrollado con mas detalle en los considerando subsiguientes, en los cuales se valora la prueba testimonial rendida para tener por probada la extensión horaria de la jornada laboral cumplida por la actora, solo se esgrime lo que, a mi juicio, configura una simple discrepancia valorativa de tales testimoniales y se expresa la disconformidad de lo decidido, sin que contenga la fundamentación expuesta en sustento del recurso impetrado en puridad ninguna crítica concreta y razonada que provea puntualmente la materia sobre la cual habría de ejercer este tribunal su facultad revisora.

Es que si no se indica en qué porción del iter argumental desarrollado por el sentenciante se ha incurrido en un error en la consideración de los hechos o en la aplicación del derecho, huérfana se encuentra la Alzada para poder ingresar siquiera al conocimiento de aquello que no se ha expuesto con la suficiencia técnica exigida por el Código del rito (Art. 265 del C.P.C.C.).

Y digo así, por cuanto se endilga al Sr. Juez a quo que "supone" o "presume" que las labores de la actora insumían un tiempo considerablemente mayor al fijado en los contratos aludidos por lo decidido en otras causa en tal sentido.

Pues ello no es propiamente una crítica, para lo cual baste con advertir que la apreciación de las pruebas que se efectuara lejos se encuentra de constituir o conformar en su conclusión una suposición y menos aún una presunción.

Es más, es claramente expuesto que, en el marco determinado por la primacía de la realidad, se tiene por acreditada la extensión horaria denunciada en demanda a partir de la valoración que mereciera la prueba testimonial y que detalladamente efectuara.

Estimo que la única posible "suposición" o "presunción" que puede inferirse en el análisis efectuado por el juzgador del anterior grado puede ser ubicada en el déficit probatorio que atribuye a la vinculación entre las empresas demandadas a partir de que la actora afirmó en el libelo haber prestado tareas para tres empresas (fs. 573), considerando en el que alude a una apariencia de conjunto económico.

Empero lo relevante de tales consideraciones centra en que la vinculación existente entre la actora y las empresas accionadas, allende de la categorización que de su vinculo pudiera efectuarse, para lo cual no cabe omitir el contrato de colaboración empresaria que se adjuntara en copia con la pericia contable antes citada, se tuvo por acreditada a través de los contratos firmados con cada una de ellas y, agrego, de la admisión que se efectuara en cada uno de los escritos contestatarios con los que se trabara la litis.

Esto es, no era un hecho controvertido en autos que la actora desempeñó tareas simultáneas para todas las empresas de tal manera vinculadas entre sí (contrato de colaboración), lo cual lejos de explicar la razón de los contratos de tiempo parcial, indica apropiadamente una intentona de disfrazar la realidad de un vínculo laboral de tiempo indeterminado con extensión de jornada normal no restringida, y extendida en el cumplimiento de horarios extraordinarios en los hechos, que corresponde que sea adecuadamente así reconocido en derecho.

En cuanto a la extensión horaria difícil es que pueda pretender con éxito la impugnante, a partir de los testimonios prestados en autos, que se tenga por acreditado el cumplimiento del acotado horario que postula en su defensa el que se halla restringido a una (1) hora diaria por semana con un máximo de cuatro (4) mensuales, según se indica en los contratos referidos (fs. 129; 130 y 132).

Basta con remitirse a los dichos de los testigos por ella citados en su expresión de agravios para poder aseverar sin hesitación alguna que lejos de confirmar tal versión, se extrae de sus dichos con mayor o menor precisión lo contrario por lo que cabe tener por probado, cuanto menos, que la extensión de la jornada excedía con creces la postulada por la defensa (Arts. 386 y 456 del C.P.C.C., de aplic. por vía del art. 45 de la Ley 69).

Por lo demás, la valoración paralela que efectúa la demandada recurrente de los testigos no configura más que una acumulación de alegaciones genéricas que meramente sumadas o añadidas una a continuación de la otra, sin contener razón alguna que explicite en definitiva cuál habría sido el yerro en el que habría incurrido el juzgador del anterior grado no constituye agravio técnicamente suficiente.

Es que la carga en cuestión requiere de un razonamiento concreto, puntual, claro, razonado, que demuestre el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna. No hecho de tal manera, no alcanza a conformar más que una mera digresión, desacuerdo o disconformidad con la conclusión que, por inatacada deviene en firme por consentida.

Se ha dicho en tal sentido que tal déficit acaece si sólo se exterioriza generalizaciones subjetivas sobre la prueba, sin indicar de modo concreto dónde existe el error invocado y cuáles son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador (Conf. juris. Cit. por MorelloSosaBerizonce, "Códigos Procesales...", Ed. Platense, ed. año 1988, T. III, pág. 355 "in fine").

Por lo demás, lejos estuvo la demandada de acreditar que los contratos a tiempo parcial que invocara en su defensa se hubiera ejecutado exclusivamente a su favor por el lapso de una hora diaria semanal con un máximo de cuatro horas mensuales para lo cual basta con remitirse a las testimoniales producidas las que, sin apartamientos, refirieron haber visto a la actora durantes distintos horarios y días de la semana ofreciendo la cartera de productos tarea ésta que, globalmente considerada, comprende y realiza precisamente las finalidades expresadas en el contrato de colaboración empresaria habido entre las empresas del denominado "La Agrupación C.", en cuanto se expresa como fin "...implementar todas las medidas que conlleven al mejor aprovechamiento de los recursos con los que cuentan, en miras de optimizar los resultados de cada una de las sociedades, minimizar sus costos operacionales, compartir gastos,...", agregándose "...en base a lo expuesto precedentemente, LAS PARTES tienen el firme propósito de compartir todo tipo de servicios, recursos y actividades recíprocamente en los distintos ámbitos en que se desarrolla cada una de las empresas..."(sic)(fs. 133/155).

En tal dirección, no abrigo duda alguna que se intentó llevar a cabo con ánimo e intencionalidad que resulta indiferente para mi, a través de la firma de varios contratos a tiempo parcial que fueran individualmente suscripto con cada una de las sociedades de la agrupación con la actora, una pretendida evasión de las consecuencias jurídicas propias de una relación de jornada completa, y que ello conformó formalmente un pluriempleo, pero que en la practica importó vincular al grupo de empresas del modo en que en la realidad aconteció.

Y tal perspectiva sin dudas que se encuentra informada por el principio de primacía de la realidad que es indicadora del "contrato realidad" y que es una pauta superadora de la eventual discordancia que pueda ocurrir entre lo que sucede en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, en tanto que debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos (Conf. doct. arts. 14 y 23 de la L.C.T.).

En consecuencia, no encuentro razón alguna que permita modificar la porción del fallo bajo examen, por lo que propondré al acuerdo la desestimación del presente agravio.

B) Agravios de la parte actora: Por el recurso incoado por las litisconsortes activas Sras. S. y C. A., respecto a las cuales el veredicto rechaza su pretensión basándose en que sus reclamos ya obtuvieron reconocimiento jurisdiccional en sentencias que individualiza, se persigue obtener una condena a su favor en este pleito.

El juzgador esgrimió como fundamento dirimente para ello que las coactoras de mención desempeñaron tareas indistintamente para todas las empresas demandadas que conforman la "Agrupación C." durante la jornada de trabajo denunciada por ellas, esto es durante las 10 horas diarias. Luego, utiliza un argumento por el absurdo, cual es que si se le reconociera lo pretendido en estos actuados implicaría reconocer que por cada día de labor hubieran cumplido una jornada de 40 horas por día.

Ciertamente encuentro indisputable tal argumentación que en síntesis fuera expuesta, máxime cuando, como vengo de señalar, en la especie se tradujo en su totalidad fáctica el continente de la situación ya ventilada en antecedentes análogos de manera individual con veredicto que atendieron solo parcialmente a la realidad única que originara el conflicto de intereses a dirimir.

Me refiero a las S.D.L. Nro. 26/03 de la sala A, para el caso "S. c.C. S. de R. S.A."; y, a la S.D.L., Nro. 53/04 de la sala B, para el caso "C. A. c.C. Cia. De Seg. De R. S.A.".

Esto es, en autos se acumularon los expedientes que individualmente se abrieran para tramitar idénticas pretensiones dirigidas en contra de cada una de las sociedades que conforman la agrupación de colaboración empresaria antes aludida, de manera tal que no puede soslayarse en esta litis aquello que en los precedentes rememorados no fue materia sujeta a decisión.

Desde otra óptica, aunque en consonancia con lo que vengo de decir, no encuentro compartible la postulación impugnaticia consistente en que en el fallo atacado se hubiera alterado o variado el criterio de los referidos antecedentes análogos antes citados.

Solo que recién en estos actuados el juzgador tuvo la oportunidad de "integrar" el decisorio en una única solución jurisdiccional a una única situación fáctica.

Es que de lo contrario, comparto y reivindico como propio, se habilitaría al resultado que por el absurdo bien advirtió el juzgador del anterior grado.

Finalmente señalo, solo a mayor abundamiento, que no hay opción alguna que adopte el juzgador al desestimar las pretensiones deducidas en este pleito por las mencionadas coactoras, desde que eventualmente entre las empresas vinculadas por un contrato de colaboración empresario podrán reclamarse entre sí aquello que hubiere pagado de más una de ellas por la condena que se obtuviera únicamente a su respecto en procesos distintos a los que tramitaron en estos autos.

A todo evento, fueron las coactoras recurrente quienes decidieron seguir una estrategia procesal que lo único que propuso fue efectuar reclamos idénticos, aunque individualmente, en contra de todas y cada una de las empresas del grupo para el cual prestara servicios repitiendo, de ese modo, lo pretendido con sustento en una única e indisoluble relación jurídica y de hecho, cual es la prestación de tareas indistintas y simultáneamente durante una misma jornada de 10 horas para dicha agrupación (Conf. art. 373 Ley 19550.

Por último, tampoco acompañaré en mi voto la alusión de que el principio de la realidad solo regiría en beneficio del trabajador. Estimo que por el contrario este debe presidir sin cortapisa alguna el análisis de cada caso como un sostén de la finalidad última de la intervención estatal en la faz jurisdiccional, cual es la de propender con la mayor eficiencia posible a la justicia del caso por intermedio de proveer a la garantía genérica del Estado de hacer cumplir la norma general alterada o incumplida, emitiendo la respectiva norma individual que importa la sentencia. Y tal inteligencia trasciende, a mi ver, tal principio de primacía de la realidad al que se alude, para tomar asiento en las exigencias de la buena fe como principio rector de cualquier análisis que se efectúe cualquiera sea la naturaleza de las relaciones jurídicas de que se trate.

Y en tal sentido, afirmar invariablemente el imperio de la realidad que se emparenta mucho afirmar, el imperio de la verdad equivale a rendir tributo al principio de la buena fe, que inspira y sustenta todo el orden jurídico, como una exigencia indispensable de la propia idea de justicia (Conf. Art. 63 de la L.C.T.).

Tal tesitura sentencial en nada contradice los argumentos trascriptos de fallos de esta Cámara de Apelaciones, en tanto se vinculan a la ya indiscutible realidad de prestación de tareas indistintas y simultáneas para todas las empresas de la "Agrupación C.".

Vienen impuesto por lo que vengo de decir que propiciaré al acuerdo la desestimación del presente agravio. Así lo voto.

III. Conclusión:

Por lo expuesto propongo al acuerdo que se confirme el fallo apelado en todo lo que fue materia de agravios.

Atento que tanto los agravios formulados por la parte actora, como los que planteara la demandada, no han tenido andamiento en mi voto, se delinea en mi voto, al menos, un vencimiento parcial y mutuo que impone distribuir las costas devengadas en Segunda Instancia por el orden causado por representar ajustadamente los éxitos y derrotas habidas en ella (Arts. 71 y 279 del C.P.C.C.).

Los honorarios de los letrados intervinientes, Dr. N. O. M., letrado apoderado de la parte demandada; y Dr. G. R. C., letrado apoderado de la parte actora, por sus tareas de Alzada, atendiendo a la extensión, calidad y resultado obtenido en ella, estimo adecuado regularlos en las sumas equivalentes al 25% de la que le correspondió a cada uno de ellos por su actuación en la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6 y 14 de la Ley 2.200; Leyes 23.349 y 23.871).

Finalizo, entonces, del tratamiento de la presente cuestión, pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.

A ESTA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes a fs. 579 y 581, que fueran concedidos a fs. 580 y 582, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 571/576 que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por D. E. M. y condenó a C. S. DE R. S.A., C. ART. S.A. y C. T. B C. S.A. al pago de la suma de $19.279,06. dentro del plazo de diez días, con imposición de costas a las vencidas y a cargo de la actora por la porción del reclamo que se rechaza, y asimismo desestimó la demanda promovida por A. C. S. y N. C. C. A. contra las dos últimas codemandadas individualizadas precedentemente, con imposición de costas a cargo de las actoras vencidas.

Los informes previstos por el art. 62 de la ley 69 lucen presentados por las partes actoras y demandas a fs. 586/587 y vta. y 583/584 y vta., respectivamente, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precediera en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las precisiones que en cada caso corresponda realizar.

2. Se agravia la parte demandada en cuanto la sentencia desestima la relación de contrato de trabajo a tiempo parcial y admite el trabajo de mayores horas que el que correspondía a la situación de pluriempleo denunciada sin que existe prueba que confirme tales extremos.

Al respecto, señaló el juzgador que tras la evaluación de la prueba producida que no existe en la causa aporte probatorio por parte de la accionada de que la vinculación laboral se desarrolló conforme a esta modalidad.

Y luego de ponderar el criterio ya empleado en otras causas seguidas contra las mismas codemandadas y postura sentado por esta Cámara, por su sala "A" en S.D.L. N° 26/2003, también precisó que ha quedado debidamente demostrado que en la vinculación subyace un contrato laboral con las modalidades denunciadas en demanda en cuanto a la extensión de la jornada, y de la forma que esgrime la reclamante se desarrolló la misma, resultando aplicable el principio de primacía de la realidad conforme lo expusiera párrafos arriba.

Y luego de valorar las declaraciones testimoniales rendidas en la causa concluyó:

De la evaluación de la prueba, encuentro debidamente acreditadas las circunstancias fácticas que sirven de apoyo a las diferencias salariales pretendidas en demanda; en lo que respecta a la jornada de trabajo, probado resultó que D. E. M. cumplió jornadas laborales cuya extensión superaban con creces la invocada por la demandada, lo que conduce a la inaplicabilidad de la pretendida figura del art. 92 ter de la L.C.T. invocada en el responde.

En tales condiciones, las manifestaciones vertidas en el sentido que en la sentencia se supone o presume que las labores de la actora insumían un tiempo considerablemente mayor es una simple divergencia que no es agravio.

Es que, de ese modo el apelante elude hacerse cargo de las razones brindadas por el juzgador al ponderar la prueba testimonial y que resultaron determinantes para la dilucidación de la cuestión, por lo que en ese aspecto no hay agravio que atender.

La ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, importan consentimiento tácito y determina la inexistencia de agravio.

Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense AbeledoPerrot, 1988, T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos).

Así, si no se formulan agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ("Gobierno Nacional c/Ekmekdjian, Toros y otro", C.S. agosto29969, L.L. 137538).

Lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no precisa una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.

Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión.

Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985A, 309).

Desde otra perspectiva, no es dato controvertido que la actora cumplió tareas en forma simultanea para varias de las empresas firmantes del contrato de colaboración empresaria y su anexo que obra a fs. 133 y sig., por lo que no se advierte cual es el fundamento de los contratos de tiempo parcial que se alega.

Y en tal sentido, coincido con el vocal prevotante que ese modo de calificar la relación laboral lo que encierra es un modo sutil de apariencia para evitar considerar que en realidad se configuraba un contrato de trabajo de plazo indeterminado (art. 90 de la L.C.T.) cuya jornada de trabajo era no sólo la normal sino que se extendía a su vez ante la realización de horas suplementarias.

Por lo demás, ante el fraccionamiento que realiza el recurrente de la prueba testimonial rendida en la causa, lo cierto es que la prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 386 del C.P.C.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí.

Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que la parte que las invoca aproveche lo que le es útil y deseche lo que la perjudica (conf. FenochiettoArazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, pág. 357).

Y ese análisis fragmentario de la prueba testimonial arrimada al proceso permite señalar que no es modo idóneo de expresar agravios la ponderación fragmentada de la prueba testimonial, ya que las pruebas han de apreciarse en su conjunto, relacionándolas unas con otras como integrantes de un plexo, y no escindiéndolas en comportamientos estancos, desconectadas entre sí (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.532, S.D.L. 124/95; c. 11.831, S.D.L. 19/96).

Como también que la prueba testimonial debe valorarse en su conjunto y no atomizando las declaraciones (art. 386 del C.P.C.C.; esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.251, S.D.C. 10/95; c. 11.863, S.D.L. 61/96; c. 11.978, S.D.L. 75/96; sala "A", c. 15.546, S.D.L. 89/99; c. 15.768, S.D.L. 11/2000).

Y ya se señaló en anteriores pronunciamientos que los agravios expuestos por todo recurrente deben alcanzar un mínimo de suficiencia técnica. Tal suficiencia se relaciona a su vez con una necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores de la sentencia, no pudiendo considerarse agravios en los términos exigidos por esta norma, las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas y digresiones inconducentes o que carezcan del debido sustento jurídico.

El mismo déficit se ofrece si sólo se exteriorizan generalizaciones subjetivas sobre la prueba, sin indicar de modo concreto dónde existe el error invocado y cuales son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador.

No basta disentir con la interpretación dada por el juzgador sin fundamentar la posición ni concretar pormenorizadamente los errores u omisiones en que éste habría incurrido respecto de la valoración de los elementos traídos a juicio en función de las normas que rigen la materia, o sin dar bases jurídicas de los distintos puntos de vista.

Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen al fallo en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 354, 355, 358, y 370, respectivamente, y cita de fallos).

Por otro lado, la demandada no probó los datos fácticos que invocara como fundamento de su defensa (art. 377, segundo párrafo del C.P.C.C), pues la limitante de responsabilidad alegada en cuanto a la extensión horaria acotada (una hora semanal, y cuatro horas mensuales, contratos de fs. 129/130 y 132) no resulta de los dichos de los testigos individualizados en su informe, ya que por el contrario una ponderación en conjunto de esa prueba, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., de aplicación por remisión de los arts. 45 y 76 de la ley 69) permite concluir que la actora M. cumplía una jornada laboral que superaba con creces a la invocada por la demandada, tal como lo precisara el juzgador a fs. 573 vta., pues las declaraciones brindadas aluden expresamente a una diversidad de horarios y días de la semana durante los cuales la trabajadora ofrecía la totalidad de los productos de "LA AGRUPACION C." (cláusula primera, fs. 134).

Y desde que esa agrupación de colaboración tiene como finalidad la de compartir todo tipo de recursos (considerando C, fs. 133) se evidencia que con la firma de distintos contratos a tiempo parcial se eludió concertar un vínculo laboral de tiempo indeterminado y jornada completa ante los efectos jurídicos que ello implicaba.

Y en este aspecto, la primacía de la realidad es una regla de interpretación para el juzgador según la cual por sobre la ficción que puedan haber montado las partes se impone la realidad resultante de los hechos cumplidos durante la relación (conf. Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 2da. edición actualizada, 2000, T. I, par. 2.7.15, págs. 310/311).

De tal modo, frente a los contratos firmados por la trabajadora (fs. 129 y sig.), lo cierto es que prima así la realidad sobre la forma, lo que en el proceso se ha de traducir en el relativo valor de la prueba documental respecto de la testimonial.

La simulación implementada por las partes y el fraude por el cual el empleador utilizando un camino desviado, pero legal, busca violar la ley laboral deben encontrar en las formas procesales y en la posibilidad de apreciación del juzgador, las vallas que eviten la frustración del principio protectorio, que afirman la irrenunciabilidad de los derechos y en definitiva consoliden el orden público laboral (conf. Fernández Madrid, obra y tomo citado, pág. 311).

Con tales alcances, la primacía de la realidad sobre las formas contractuales instrumentadas (conf. art. 14 de la L.C.T.) permite desestimar los agravios de la parte demandada en este aspecto del decisorio venido en apelación.

3. Respecto de las coactoras Sras. S. y C. A. sostiene la quejosa a fs. 586/587 y vta. que si se probó tres relaciones laborales independientes con jornadas de trabajo de diez horas durante las cuales el trabajador estuvo a disposición simultánea de todas las empleadoras no puede el sentenciante validamente concluir en la simple sumatoria de todos los tiempos de servicios.

Al respecto, precisó el Sr. Juez de la anterior instancia que sus reclamos ya fueron positivamente atendidos en SL N° 53/2003 y N° 99/2004 respectivamente, siendo en las sentencias apuntadas donde luego del análisis efectuado se concluyera que las demandantes no trabajaban sólo para C. S. de R. S.A. sino que lo hacían al mismo tiempo para las restantes codemandadas en autos, completando de esa manera la jornada de trabajo denunciada en los escritos promocionales, ni más ni menos que 10 horas diarias en conjunto para el "grupo".

El tratamiento favorable de la pretensión que en estos momentos ocupa nuestra atención nos llevaría al absurdo contrario de que tanto S. como C. A. cumplieran una jornada de 40 horas por día. Lo cierto, acreditado y sentenciado es que las demandantes S. y C. A. en el caso en concreto cumplieron a favor de las codemandadas una jornada que en conjunto fue de diez horas, dentro de las cuales ofrecían los distintos productos comercializados por las mismas, esto ya fue tratado, decidido y sentenciado en los fallos referenciados párrafos arriba.

Así, frente a la cita del pronunciamiento recaído en el fallo "C. A.", lo cierto es que esta sala "B", en c. 19.780, S.D.L. 53/2004 declaró la deserción del recurso de apelación interpuesto por la demandada, por lo que al no ingresar al tratamiento de los agravios traídos por esa parte no fijó postura alguna al respecto.

Por lo demás, no se tratan de casos idénticos ya que en dicho pronunciamiento la condena recayó exclusivamente respecto de C. Cía. de S. de R. S.A., y en cambio en la presente causa, ante la acumulación dispuesta a fs. 563, por primera vez se advierte una sumatoria de datos fácticos que permite señalar que en los antecedentes citados por la apelante sólo se contempló fragmentariamente una realidad que en su conjunto se aprecia diferente ante la prestación de tareas para diversas sociedades que integran una agrupación de colaboración.

Y esta realidad no puede ser ignorada por el juez que recién ahora tuvo la oportunidad de analizar en forma conjunta la totalidad de las pretensiones deducidas por las actoras respecto de las distintas demandadas para arribar así a una decisión integral que responde a una única situación de hecho.

Volvemos así a destacar la realidad, ya que en todos los ámbitos del derecho, y no exclusivamente en el del trabajo, se ha impuesto la teoría de la primacía de la realidad, aun cuando en el derecho del trabajo se presenta con caracteres más nítidos. Es que la realidad tiene que prevalecer sobre la apariencia (conf. Martínez Vivot, "Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad social", Astrea, 1999, pág. 82).

Así, la acumulación de causas promovidas por la Sra. M. contra C. S. de R. S.A. (fs. 4/8 y vta.), C. A.R.T. S.A. (fs. 200/204), y C. C. S.A. (fs. 366/370) le permitió al juzgador dictar una sentencia única y condenar a las sociedades antes individualizadas.

Esta situación no se presentó anteriormente ya que en las anteriores causas promovidas por las Sras. C. A. y S. sólo se promovió demanda contra C. S. de R. S.A., y su condena se imponía respecto a las obligaciones asumidas por la totalidad de los miembros de la agrupación ante la solidaridad impuesta por el art. 373 de la ley 19.550, y sin perjuicio de la reclamación que posteriormente pudiera realizar esa sociedad respecto de los restantes integrantes de la agrupación por lo que hubiera pagado en exceso de su participación.

Así, la actitud procesal asumida por las mencionadas actoras al no demandar en una única causa a la totalidad de los miembros del grupo es lo que generó la presente situación, pretendiendo realizar diferentes reclamos y trayendo así a la jurisdicción planteos individuales, cuando en realidad se basaban todos ellos en una única relación jurídica, pues las tareas fueron efectivamente cumplidas en forma indistinta para las sociedades integrantes de la agrupación durante una única jornada de trabajo de 10 horas.

Por otra parte, es evidente que la apelante intenta sacar de contexto la situación que ella misma generara al desplegar como estrategia procesal la promoción de distintos procesos por cada trabajador cuando, como ya se señalara, se trató de una única situación fáctica.

De ese modo, mal puede invocarse el principio previsto por el art. 9 de la L.C.T. cuando en realidad se trata de una cuestión fáctica.

Así, la claridad del texto legal impide extender esta regla al ámbito probatorio. Por eso, no cabe participar de la posición doctrinaria que, en materia probatoria, admite el criterio de la duda en favor del trabajador (Altamira Gigena, "Ley de contrato de trabajo", Astrea, 1981, T. 1, págs. 114 a 117).

Actualmente el principio no juega respecto de la apreciación probatoria o fáctica (Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1980, T. I, par. 91, pág. 55). El art. 9 de la LCT no se aplica respecto de la apreciación de los hechos (SCBA, 27/11/84, D.T. 1985A644; id. 26/09/95, Ty SS. 1996162).

Es que, el art. 9 de la L.C.T. no se aplica a la valoración de los hechos (SCBA, set. 20994, "A., H. y otro c/ S. U. C. S.A. y otra", T. y S.S. 19941091), ni sobre cuestiones fácticas y su acreditación (esta Cámara en su composición de sala única, c. 10.128, S.D.L. N? 110/92; c. 11.891, S.D.L. 39/96; c. 12.074, S.D.L. N? 108/96, entre otras).

Asimismo, en el presente caso no cabe acudir a ese principio de la norma más favorable sino por el contrario al de buena fe que abarca a ambas partes del contrato (art. 63 de la L.C.T.).

Este principio debe ser tenido en cuenta para la aplicación de todos los derechos y obligaciones que las partes adquieren como consecuencia del contrato de trabajo. Y su contenido se condensa en diversas directivas generales, a las cuales deben adecuar su actuación el empleador y sus dependientes, entre ellas, el deber de evitar todo abuso de derecho (conf. Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 1998, pág. 151).

Y en ese contexto, el principio de la primacía de la realidad no es particular del derecho del trabajo, ya que no tiene como finalidad caracterizar una situación propia de esa relación distinta de la que se da en las otras ramas del derecho; es común que en todas éstas se destaque que no interesa tanto la denominación que las partes han asignado a lo que concertaron, cuando determinar la realidad de los hechos.

A tal efecto, según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, hay que investigar la verdad material por encima de la formal, y es tarea fundamental que compete al servicio propio de la justicia el desentrañar dicha verdad, por encima de las apariencias (conf. Vázquez Vialard, Director, "Tratado de derecho del trabajo", Astrea, 1982, T. 2, pág. 270).

En definitiva, la necesidad de investigar la verdad material sobre la formal en función a las circunstancias que presenta esta causa y el principio de buena fe permite evitar toda situación de abuso de derecho que lleve a consagrar más de una jornada de trabajo de diez horas, pues la prestación de tareas de cada trabajador durante ese lapso fue cumplida en forma indistinta a favor de la totalidad de las sociedades integrantes de la agrupación, con fundamento en una única relación jurídica, como ya se señalara en forma precedente, por lo que dicha postura en modo alguno importa contradicción con los argumentos parcialmente transcriptos del pronunciamiento dictado por la sala "A" de esta Cámara.

Tales razones llevan a desestimar los agravios vertidos por la parte actora.

5. En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios, con imposición de costas en el orden causado ante la desestimación de los agravios de ambos apelantes (art. 71 del C.P.C.C.).

Finalmente, atendiendo a la naturaleza, extensión y eficacia de las tareas cumplidas ante la Alzada, también propicio regular los emolumentos de los Dres. N. O. M. y G. R. C., en la suma equivalente al 25% de la cantidad fijada para los honorarios de primera instancia para cada uno de los citados profesionales (arts. 6, 7, 9, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.

Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad impetrado por la parte actora. 2) CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios. 3) IMPONER las costas de Segunda Instancia, por el orden causado. 4) REGULAR los honorarios de los Dres. N. O. M. y G. R. C., por sus tareas de Alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 25% de la regulación que merecieran por su actuación en la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente.

ASI LO VOTO.

A LA TERCERA Y ULTIMA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.

Así lo voto.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta dos miembros del Tribunal por encontrarse vacante una vocalía de Cámara (art. 8 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE: DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad impetrado por la parte actora;

CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios;

IMPONER las costas de Segunda Instancia, por el orden causado;

REGULAR los honorarios de los Dres. N. O. M. y G. R. C., por sus tareas de Alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 25% de la regulación que merecieran por su actuación en la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l. Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL NRO. 29 DE 2005 SDL. Conste.