Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-10


Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA N°:95592 SALA II EXPTE. Nº : 29.461/2005 (JUZGADO Nº 55) AUTOS: "MORLA MAXIMILIANO MATIAS C/ HEXACOM S.A. Y OTRO S/ DESPIDO".

VISTOS Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 10/3/2008 reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

La Dra. GRACIELA A. GONZALEZ dijo:

El pronunciamiento recaído en la instancia de grado, mediante el cual la señora juez a quo acogió parcialmente el reclamo incoado al amparo de las disposiciones emergentes del Estatuto de Trabajo para el Personal de la Industria de la Construcción y condenó a Hexacom S.A. y a Telefónica Comunicaciones Personales S.A. en forma solidaria, suscita los agravios de las codemandadas.

La accionada Telefónica Móviles Argentina S.A. se agravia porque se la condenó en forma solidaria. Afirma que no resulta materia de debate que el régimen legal aplicable resulta ser la ley 22.250 por lo que, a su entender, es de aplicación al caso lo establecido en el plenario de esta Cámara Nro. 261. Afirma que, se encuentra excluída del ámbito de aplicación de la ley 22.250 en virtud de lo dispuesto en el art. 1 de esa normativa por lo que, según sostiene, no puede ser condenada. Concluye que, no resulta de aplicación al caso lo normado en el art. 30 de la LCT y, en virtud de la doctrina plenaria mencionada, considera que no puede ser condenado en los términos del art. 32 de la ley 22.250, pues no realiza obras de construcción como actividad habitual. Sin perjuicio de ello agrega que, las actividades desarrolladas por Hexacom resultan ajenas y diferentes a las que cumple Telefónica cuya actividad es la prestación del servicio de telefonía móvil.	La codemandada Hexacom S.A., a tenor del memorial que luce anejado a fs. 308/311 vta., se queja porque la sentenciante de grado la condenó a abonar horas extras y la multa prevista en el art. 80 de la LCT. Refiere que, a su entender, efectuó una valoración errónea de la prueba testimonial rendida y que, puso a disposición del trabajador el certificado de trabajo. Afirma que el actor indicó en la demanda un monto global por horas extras sin discriminar como llegó a esa suma y que el sentenciante acogió esa pretensión, sin explicación alguna. Cuestiona, también, que se la haya condenado al pago de la sanción prevista en el art. 18 de la ley 22.250. Solicita se deje sin efecto esa multa o, en su caso, se reduzca al mínimo de la escala. Finalmente, critica la condena al pago del Sac proporcional 2.005, vacaciones proporcionales 2.005, y salario correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2.005.

Delimitados de tal suerte los cuestionamientos sometidos a consideración del Tribunal, corresponde examinar en primer término los agravios vertidos por la codemandada Hexacom.

Con respecto a las horas extras, el actor invocó en el escrito de inicio que cumplía una jornada laboral que se extendía de lunes a domingos de 8 a 20 o 21 hs. con una hora para almorzar (v. fs. 7). La codemandada Hexacom, por su parte, adujo que el actor trabajaba de lunes a viernes entre 8 y 9 horas por día, a veces 4 horas por día y que sólo en contadísimas ocasiones trabajó el sábado pero que no laboraba en día domingo (v. fs. 65). Señaló que el actor no trabajaba horas extras en forma habitual y que, si eventualmente realizó alguna le fue abonada. Liminarmente, debe memorarse que se ha sostenido reiteradamente que "las horas suplementarias, por su naturaleza excepcional, deben ser probadas por quien las invoca, de un modo eficaz y concluyente, tanto respecto de su efectiva realización como de su número" (cfr. ésta Sala in re "Navarro Vargas, C. c/ Decotécnica SA s/ despido", sentencia Nº 86.532 del 30/9/99).

No comparto la valoración que efectuó la sentenciante de grado de la prueba testimonial rendida pues, a mi criterio, el análisis en conjunto de los testimonios brindados por Guzman (fs. 181), Mansilla (fs. 184/185) y Ferreyra (fs. 192/193) no permite tener por acreditado que efectivamente el actor se desempeñó de lunes a domingos de 8 a 21 hs. y, menos aún, que hubiera cumplido horas extras que se encuentren impagas.

Así lo entiendo porque el testigo Guzman (fs. 181) dijo ser amigo del actor y, al ser preguntado sobre las generales de la ley, expresó que "tiene que hablar con el actor respecto de recibir algún beneficio económico respecto del resultado del presente juicio", lo que revela que tiene interés en el resultado del pleito y, en consecuencia, carece de valor probatorio. Sumado a ello, afirmó que trabajó con el actor muy poco, "ponele dos semanas ..que no hacia el dicente obras de altura" por lo que la mención que efectúa respecto del horario cumplido por Morla, resulta abstracta y genérica.

Por su parte, Mansilla (fs. 184/185) amén de tener juicio pendiente con la demandada, es vago y contradictorio en su declaración pues, si bien afirmó que trabajó con el actor desde abril del 2004 hasta abril del 2005, luego adujo que "tuvieron un tiempo que trabajaron juntos con el actor alrededor de 4 o 5 meses en unas obras de las provincias y los demás días restantes había días que si trabajaban con el actor y días que no, porque había días que los cambiaban de cuadrilla.que no puede recordar en el mes de mayo o junio del 2.005 cuantos días trabajó con el actor.que no puede especificar la cantidad de días que trabajó con el actor en este momento.que no recuerda el dicente en que meses exactos trabajo junto al actor.". En consecuencia, su afirmación respecto a que debían trabajar de lunes a lunes en el horario de 8 a 22 o 24 hs. es abstracta, porque no pudo dar razones suficientes acerca de cuándo trabajó con el actor y si efectivamente lo vio cumplir ese horario de labor.

Finalmente, Ferreyra (fs. 192/193) si bien declaró que trabajaban de lunes a lunes, que el horario de ingreso era a las 8 hs. y que el egreso podía ser a las 22 hs., lo cierto es que su testimonio es contradictorio con el relato del inicio, porque si bien manifestó que trabajó junto con el actor desde abril del 2004 hasta febrero del 2.006, lo cierto es que Morla fue despedido en octubre de 2.005. Además, agregó que el actor viajaba y que el testigo no lo hacía porque "no le convenía lo que le ofrecían por viajar", de lo que se infiere que no trabajaba junto con el actor habitualmente y que, en consecuencia, no tuvo un conocimiento directo a través de sus sentidos del horario efectivamente cumplido por el demandante.

Obsérvese que todos estos testimonios fueron impugnados por la demandada (ver. fs. 195, 196/197, 216/217, 199/200, 232/233).

Pero, además, el propio actor adjuntó las supuesta planillas de horario que suscribía (v fs. 133/154 vta.) y de la lectura de ellas se extrae que la mayoría de las veces cumplía un horario de 8 a 17 hs., otras de 8 a 18 hs. y, sólo en contadas ocasiones, firmó el egreso a las 20 hs.

Repárese, que del detalle de remuneraciones abonadas al actor efectuada por el perito contador se evidencia que, la accionada abonó horas extras (v. fs.259/262) por lo que no está probado que efectivamente el accionante hubiera trabajado horas suplementarias que se encuentren impagas.

En base a lo dicho, propicio se revoque la sentencia de grado en cuanto tuvo por probado que el actor trabajó horas extras que se encontrarían impagas y, en consecuencia, corresponde deducir del monto de condena la suma de $ 13.468 en concepto de horas extras y $ 1.122 por la incidencia del SAC sobre ese rubro.

En lo que respecta a la multa establecida en el art. 80 de la LCT , adelanto que no le asiste razón a la recurrente. En efecto, no se encuentra controvertido que el actor cumplió con el requisito formal impuesto en el art. 3 del decreto 146/01, en tanto la accionada ninguna observación hizo al respecto en el memorial recursivo. Así, del relato efectuado en el escrito de inicio surge que, con fecha 16/12/2005, el demandante intimó a la empleadora para que, en el plazo de 48 hs. le entregara el certificado de trabajo.

Sin embargo, la demandada guardó silencio frente a ese requerimiento expreso del trabajador por lo que no puede afirmarse válidamente que cumplió con lo normado en el art. 80 LCT último párrafo, pues no hizo entrega del certificado de trabajo dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le efectuó el trabajador.

No obsta a esta conclusión, la circunstancia de que hubiera puesto a disposición el certificado de trabajo al momento de disponer el distracto ni menos aún en la audiencia celebrada ante el SECLO porque lo cierto es que en dicha oportunidad el actor dejó expresa constancia de que no lo aceptaba porque discrepaba con su contenido y, en el decisorio de grado, se concluyó que el actor percibía parte de su remuneración fuera de registración y, en esa inteligencia, se condenó a la accionada a entregar el certificado de trabajo y las constancias de aportes previsionales con arreglo a lo resuelto en dicho pronunciamiento y, ambas conclusiones, llegan firmes a la alzada.

En consecuencia, si bien la accionada puso a disposición en la instancia administrativa la certificación de servicios que luego adjuntó a fs. 59/vta., lo cierto es que esa circunstancia no es suficiente para exonerar a la demandada del pago de la sanción impuesta en el art. 80 de la LCT porque, conforme el decisorio de grado, la información volcada en la certificación extendida al trabajador no es auténtica. La solución contraria, conllevaría a que el empleador pudiera eludir el pago de la indemnización prevista en la norma en análisis, con la sola entrega de un certificado en donde se hicieran constar circunstancias que no se condicen con la realidad, situación que no fue la buscada por el legislador.

Por ello, propongo se confirme lo decidido en origen en este aspecto.

Con referencia a la multa establecida en el art. 18 de la ley 22.250, cabe destacar que del intercambio telegráfico transcripto en el inicio surge que, el 5/11/2005 el actor intimó a la demandada para que en el plazo de 48 hs. le abonara la liquidación final, la remuneración correspondiente a la segunda quincena de octubre y el fondo de desempleo y, además, para que le entregara la libreta y procediera a registrar la relación laboral conforme el real monto del salario abonado por hora. La demandada, rechazó dicha comunicación y se remitió a lo dicho en el telegrama de despido.

Sin embargo, nada dijo respecto al reclamo formulado por el demandante para que le entregara la libreta y le abonara el fondo de desempleo, a pesar de la intimación fehaciente en ese sentido, pues se limitó a remitirse a su comunicación anterior por lo que no puede afirmarse que, efectivamente, puso a disposición del trabajador esa documentación y el Fondo de desempleo.

Si bien no soslayo que el IERIC informó a fs. 249 que con fecha 29/11/2005 la demandada depositó en ese instituto la Libreta de Aportes al Fondo de Cese Laboral del señor Morla, lo cierto es que -tal como señaló la magistrado de grado- la accionada no probó haber dado cumplimiento con lo dispuesto en el art. 20 de la ley 22.250, pues el telegrama adjuntado a fs. 58 fue desconocido por el actor a fs 155 y la accionada no produjo prueba tendiente a demostrar su autenticidad y recepción.

Ahora bien, teniendo en cuenta que dicha norma faculta al judicante a graduar prudencialmente la misma, de acuerdo con las circunstancias del caso, y dado que en definitiva la empleadora procedió -aunque en forma tardía a depositar la libreta en el IERIC-, estimo equitativo reducir la reparación en cuestión, en el equivalente a 30 dias de salario mensual del trabajador, es decir $ 700.

En orden a la condena por el salario correspondiente a la segunda quincena de octubre 2.005, Sac proporcional 2da. cuota 2.005 y vacaciones proporcionales año 2.005 destaco que la accionada no acompañó los recibos de sueldos, suscriptos por el actor y con las formalidades prescriptas en los arts. 138 y sgtes. LCT, que demuestren su pago, por lo que corresponde confirmar el decisorio de grado en este aspecto. Si bien es cierto que en la liquidación efectuada por el actor en el escrito de inicio consignó "2da. quincena abril 2.005", lo cierto es que en la misiva remitida por el trabajador el 5/11/05 expresamente reclamó el pago de la segunda quincena de octubre de 2.005 y del relato de los hechos efectuado se desprende que estaba reclamando ese salario por lo que la consignación en la liquidación de otro mes es evidente que se debió a un error excusable, pues la demandada pudo ejercer válidamente su derecho de defensa.

Por lo expuesto, propongo modificar el pronunciamiento de grado, y reducir el monto de condena a la suma total nominal de $ 5.569, la que devengará intereses en la forma indicada en el pronunciamiento de grado, extremo que arriba firme a esta alzada.

Resta por analizar el agravio vertido por la codemandada Telefónica Móviles Argentina S.A. y, en este sentido cabe señalar que, si bien no comparto en su totalidad los argumentos esgrimidos por la recurrente con respecto a la interpretación de la normativa aplicable pues, con anterioridad he sostenido que "con la modificación que al art. 30 de la LCT introdujo el art. 17 de la ley 25.013 al establecer que "Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el art. 32 de la Ley 22.250", ha perdido vigencia la doctrina plenaria sentada in re "Media Santiago c/ Nicolás y Enrique Hernán Flamingo S.A. del 27/12/88 (Plenario Nro. 265 CNAT), por lo que ya no basta con que se trate de una empresa subcontratista debidamente inscripta en el IERIC para eximirla de la responsabilidad que se le atribuye en el marco del supuesto de solidaridad previsto en el art. 32 de la ley 22.250, pues resultan aplicables las directrices del art. 30 de la LCT, (ver SD 92.998 del 29/10/04 in re: " Bravo Alarcon Pedro Juan d/ Castagna, Domingo Oscar y otro s/ ley 22.250") en el caso, cabe hacer lugar a la queja vertida y exonerarla de responsabilidad.

En efecto, si bien el art. 17 de la ley 25013 modificó el art. 30 de la L.C.T., tal directriz no resulta sin más aplicable al caso de Telefónica Móviles Argentina S.A. pues sólo corresponde su proyección si las tareas que específicamente desarrolló el actor pueden calificarse como integrantes de la actividad normal, específica y propia de la empresa telefónica.

Al respecto, es menester puntualizar que el Alto Tribunal ha sostenido con relación al presupuesto de solidaridad previsto en el art. 30 de la LCT que ".la norma comprende la hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento. Son supuestos que completan o complementan la actividad del propio establecimiento, esto es, la unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines empresarios a través de una o más explotaciones (art. 6º de la LCT)." (cfr. CSJN in re "Rodriguez Ramón c. Cía. Embotelladora Argentina SA y otro").

Desde tal directriz y de conformidad con lo que surge de las constancias de la causa, no coincido con el criterio expuesto por la sentenciante de grado pues teniendo en cuenta que la actividad de Telefónica Móviles Argentina S.A. consiste en la "prestación del servicio de telefonía móvil" (ver respuesta b), puntos de pericia solicitados por la demandada, fs. 270), no puede considerarse que la actividad desplegada por el actor que fuera descripta en el escrito de inicio (v. fs. 7) que coincide con el objeto social de Hexacom S.A. y consiste en ".realizar por cuenta propia, de tercero y/o asociada a terceros, las siguientes actividades: a) ingeniería, construcción, montaje, mantenimiento y puesta marcha de obras para comunicaciones y plantas complementarias."(ver respuesta c) del peritaje contable, fs. 272), fuera normal y específica en los términos de lo normado en el aludido art. 30 de Teléfonica Móviles Argentina S.A.

Así lo entiendo porque si bien es cierto que Telefónica necesita de la realización de obras de ingeniería para el tendido de líneas telefónicas a efectos de satisfacer sus necesidades empresariales, no lo es menos que dichas obras son claramente inherentes a la actividad de la construcción y distintas del servicio de telefonía, razón por la cual se concesionó la realización de las obras en las cuales prestó servicios el actor, a través de una empresa debidamente inscripta en el IERIC.

Por otra parte, tampoco se ha producido prueba alguna en el sub lite tendiente a acreditar la existencia de un accionar fraudulento o simulado por parte de las demandadas que pudiera conducir a enmarcar el caso dentro de las previsiones del art. 14 de la LCT, resultando a tales fines inoficioso el hecho de que personal de Telefónica Móviles Argentina SA hubiere supervisado diariamente las obras realizadas, en tanto dicha actividad bien pudo responder a un mero trabajo de contralor de la satisfacción del servicio concesionado.

Por todo lo que llevo expuesto, propongo revocar el pronunciamiento recaído en la instancia de grado en este aspecto y, exonerar de responsabilidad a la codemandada Telefónica Móviles Argentina S.A.

En atención al cambio que se propugna, cabe dejar sin efecto lo decidido en la instancia anterior en materia de costas y honorarios, respecto de la acción dirigida contra la codemandada Telefónica Móviles Argentina S.A.; debiendo procederse a su determinación en forma originaria (art. 279 LCT).

Las costas de ambas instancias respecto de la acción dirigida contra esa codemandada serán impuestas en el orden causado pues, en atención a la divergencia jurisprudencial respecto del tema en análisis, el actor pudo considerarse asistido con mejor derecho para litigar como lo hizo (cfr. art. 68, 2do. párrafo CPCCN).

Teniendo en consideración el resultado del proceso, su valor económico, el mérito y extensión de las labores desarrolladas y lo normado en el art. 38 de la LO, arts. 6 a 9, 19, 39, y concs. de la ley 21.839, se regulan los honorarios de la representación letrada de la codemandada Telefónica Móviles Argentina S.A., por su actuación en primera instancia, en el 16% a calcularse sobre el nuevo capital de condena más intereses.

En cambio, pese a la modificación propiciada respecto del monto de condena, corresponde mantener la imposición de costas de primera instancia respecto de la acción dirigida contra Hexacom S.A. a esa codemandada que, fue vencida en lo principal (cfr. art. 68 CPCCN).

La codemandada Hexacom S.A. apela los honorarios regulados a los profesionales intervinientes por considerarlos elevados y, en tal sentido señalo que, teniendo en cuenta el resultado del pleito, su valor económico, el mérito y extensión de la labor desarrollada y lo normado en el art. 38 L.O. y art. 6 a 9 y 19 de la ley 21839 y arts. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57, los honorarios fijados a la representación letrada del actor, de la codemandada Hexacom S A. y al perito contador, por la labor desarrollada en origen, se aprecian elevados por lo que, cabe reducirlos al 16%, 14% y 7%, respectivamente, a calcularse sobre el nuevo capital de condena, más intereses.

En atención al resultado del recurso deducido por la codemandada Hexacom S.A., cabe declarar las costas de alzada en el orden causado (art. 68 CPCCN).

Asimismo, se regulan los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la codemandada Telefónica Móviles Argentina S.A. y de la codemandada Hexacom S.A., por su actuación en segunda instancia, en el 25%, 30% y 30%, respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda por su labor en origen (art. 14 ley 21.839).

En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05), sin que esto implique abrir juicio acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, cabe hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Adhiero en general al voto de la Dra. Graciela A. González pero, en cuanto al agravio deducido por Telefónica de Argentina SA, coincido en la conclusión en base al siguiente fundamento.

Tal como lo sostuve al adherir al voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo en autos "Coria, Aníbal c/ Construcsur SRL y otro s/ ley 22.250" (SD Nº 95.044 del 14-6-07) y afirmé al votar en primer lugar en autos "Orellana, Hugo Orlando c/ Barter Group SA S/ LEY 22.250" (SD Nº 95583 del 29-2-08), pienso que las reglas generales del art. 30 LCT se tornan aplicables en el ámbito del Estatuto de la Industria de la Construcción sólo cuando, como primer paso, resulta operativa la solidaridad del peculiar régimen del art. 32 de la ley 22.250.

Es que, como dijera el Dr. Pirolo en la causa "Coria", "el párrafo incorporado por la ley 25.013 al art.30 de la LCT no desplaza el régimen de solidaridad previsto por el art.32 de la ley 22.250 ni opera en forma "paralela" a éste ni, por lo tanto, desplaza la operatividad de la doctrina que emerge del Ac. Pl. Nº 265. De acuerdo con esa directiva plenaria, el art.30 de la LCT no es aplicable a las relaciones regidas por la ley 22.250, ya que ésta contiene una norma que contempla específicamente la cuestión (arg .art.2 LCT). Aunque la modificación introducida por la ley 25.013 parecería contraponerse a ese criterio, si se lee detenidamente el último párrafo incorporado al art.30 LCT, podrá advertirse que no existe tal contradicción con los términos de la doctrina plenaria. En efecto, según el párrafo mencionado, las disposiciones insertas en el citado art.30 de la LCT resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el art.32 de la ley 22.250, que no es lo mismo que decir que resultan aplicables a los contratos regidos por el régimen estatutario mencionado. En otras palabras, la nueva disposición no establece que sus normas sean aplicables a las relaciones regidas por el estatuto de la construcción independientemente de lo establecido por el art.32 de la ley 22.250; sino que, por el contrario, ello sólo es posible dentro del marco de solidaridad específico previsto por el citado art.32 del estatuto. La cuestión tiene significativa importancia porque el art. 30 exige que exista coincidencia entre la actividad de la contratista y la normal y específica propia del establecimiento del contratante principal; en tanto que el art.32 de la ley 22.250 sólo prevé la posibilidad de extender solidariamente la responsabilidad contemplada en la norma a los empresarios, propietarios y profesionales cuando éstos se desempeñen "como constructores de obra. Por lo tanto, en el esquema previsto por el art.32 de la ley 22.250 -dentro de cuyo marco específico de regulación pueden considerarse aplicables las disposiciones del art.30 LCT- sólo es posible extender la responsabilidad en forma solidaria al contratante principal, en la medida que éste despliegue una actividad comprendida en el ámbito de la industria de la construcción." (la negrita está agregada por mi).

Y bien, dado que Telefónica de Argentina no realiza actividades comprendidas en el Estatuto de la Industria de la Construcción, termino coincidiendo con la propuesta de mi distinguida colega Graciela A. González en que no puede ser condenada solidariamente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345), el TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar la sentencia de primera instancia y reducir el monto diferido a condena a la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 5.569), con más los acrecidos ordenados en el pronunciamiento de grado. II) Revocar el decisorio de grado en cuanto condena en forma solidaria a la codemandada Telefónica Móviles Argentina S.A y exonerarla de responsabilidad, III) Dejar sin efecto lo decidido en la instancia anterior en materia de costas y honorarios, respecto de la acción dirigida contra la codemandada Telefónica Móviles Argentina S.A., IV) Imponer las costas de ambas instancias respecto de la acción dirigida contra Telefónica Móviles Argentina S.A en el orden causado, V) Regular a la representación letrada de la codemandada Telefónica Móviles Argentina S.A., por su actuación en primera instancia, en el 16% a calcularse sobre el nuevo capital de condena más intereses, VI) Mantener la imposición de costas de primera instancia respecto de la acción dirigida contra Hexacom S.A. a cargo de esa codemandada, VIII) Reducir los honorarios fijados a la representación letrada del actor, de la codemandada Hexacom S A. y al perito contador, por la labor desarrollada en origen, al 16%, 14% y 7%, respectivamente, a calcularse sobre el nuevo capital de condena más intereses, IX) Declarar las costas de alzada respecto del recurso deducido por Hexacom S.A. en el orden causado, X) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la codemandada Telefónica Móviles Argentina S.A. y de la codemandada Hexacom S.A., por su actuación en segunda instancia, en el 25%, 30% y 30%, respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda por su labor en origen, XI) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza	Graciela A. González	Juez de Cámara	Juez de Cámara