Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-12-28


AUTOS Nº 21.508 (71674/3 - 8° CIVIL) "GÓMEZ Roque José C/ Manilov Manuel Osvaldo - Daños y Perjuicios - Actuaciones para Elevar a Cámara de Apelaciones (Honorarios Provisorios Dr. Ontiveros" L. DE A. T° 185, F° 185/188 SAN JUAN, 28 de diciembre del año dos mil doce.

VISTO:

Para resolver en estos Autos Nº 21.508 (71674/3 - 8° CIVIL) caratulados "GÓMEZ ROQUE JOSE C/ MANILOV MANUEL OSVALDO - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACTUACIONES PARA ELEVAR A CAMARA DE APELACIONES (HONORARIOS PROVISORIOS DR. ONTIVEROS)", originarios del Octavo Juzgado Civil, los recursos de apelación (art. 228 de la Ley Nº 2150) interpuestos contra los autos regulatorios obrantes a fs. sub 45 y sub 47, a fs. sub 49/51 y sub 52/53respectivamente.

El Señor Juez a quo, en el resolutorio de fs. sub 45 de fecha 14 de febrero de 2.012, resolvió regular los honorarios profesionales del Dr. Ricardo A. Orellano, como apoderado de la codemandada Sanatorio Mayo, por una etapa y media (contestación de demanda y ofrecimiento de prueba), en la suma de $60.550, calculados a la fecha de producción del evento dañoso. Igualmente fija los honorarios por el incidente de nulidad de notificación en la suma de $230; por la defensa de falta de legitimación, deducida a fs. 166/167, la cantidad de $300 y por la contestación del traslado de fs. 248/249, la suma de $230, regulaciones que se fijan a la fecha del auto regulatorio.

Contra esta resolución se alza el Dr. Orellano quien en su expresión de agravios obrante a fs. sub 49/51, expone que el sentenciante consideró que se había trabajado por una etapa y media y el monto fijado no representa el porcentaje mínimo correspondiente a dividir en tres el mínimo establecido por el art. 189 de la ley 2150, por lo que solicita se eleve el monto de los honorarios.

En relación a los incidentes regulados no se ha aplicado el porcentaje establecido en los arts. 215 y 216 de la 2150 ni tampoco se ha considerado que los incidentes fueron sustanciados y resueltos favorablemente.

Deja hechas las reservas de plantear los recursos pertinentes.

Por otra parte, en el resolutorio de fs. sub 47 de fecha 14 de febrero de 2.012, reguló los honorarios profesionales del Dr. Osvaldo W. Ontiveros, en forma provisoria, por la labor desarrollada en autos, en doble carácter y por una etapa y media, en la suma de $3.000, a la fecha de la regulación.

Contra este resolutorio se alza el Dr. Ontiveros quien en su expresión de agravios obrante a fs. sub 52/53, estima que el Sr. Juez ha regulado el monto irrisorio, ofensivo de la dignidad profesional.

El profesional ha desarrollado sus actividades por una y media etapa como lo expone el a quo y no se considera la base de $1.420.000 que fue el monto demandado, sus honorarios deben regularse de conformidad con lo dispuesto por los arts. 191, 224 de la ley 2150 y el monto fijado no responde a tales normativas.

Deja hechas las reservas de plantear los recursos extraordinarios pertinente.

Y CONSIDERANDO:

Existiendo, dos regulaciones de honorarios independientes con sus respectivos recursos, procederemos al estudio en primer lugar de la regulación fijada a favor del Dr. Orellano.

Del análisis de las actuaciones acompañadas se advierte que el Dr. Orellano actuó como apoderado del codemandado, Sanatorio Mayo, planteando nulidad de notificación de la demanda, excepción de falta de legitimación contestación de demanda en forma subsidiaria, y en el traslado del desistimiento efectuado por la actora, de continuar la acción contra el codemandado Sanatorio Mayo, a fs. 248/249.

Dos son los puntos que resultan procedentes analizar en primer orden de las constancias de los autos principales (acompañados como prueba) se observa que el profesional ha cumplido una etapa del proceso respecto de su cliente, conforme lo prevé el art 194 inc. a, ya que acto seguido a la contestación de demanda, se produjo el desistimiento del proceso, por lo que deberá considerarse solamente una etapa toda vez que las actuaciones sobre la prueba no han tenido lugar.

Por imperio procesal, la prueba en algunos procesos debe ofrecerse y/o producirse con la demanda, reconvención y contestación, por lo que tal actividad, se encuentra comprendida en la primera etapa descripta por el artículo citado; las normas arancelarias deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general, de una manera sistemática, razonable y armónica de todos sus preceptos, en relación con los fines que la informan y conforme las circunstancias particulares de la causa, considerando que asientan en su conjunto, en el principio de retribución por la actividad profesional desarrollada, de lo que sigue, que si no hay labor del abogado no puede existir honorario.

El cumplimiento de la estimada como segunda etapa del proceso, en el presente, no aparece fundada de modo suficiente con base en trabajos profesionales efectuados por el abogado por lo que no puede fijarse retribución alguna; en otras palabras, no puede valorarse y fijar honorarios por la etapa de prueba cuando no hubo ni apertura ni desarrollo de esta.

En segundo lugar, debe resaltarse en orden al análisis cuantitativo de los honorarios, que sólo existen dos partes: actor y demandado, cualquiera sea el número de sujetos que integran cada una de esas posiciones. Cuando hay varios litigantes en una misma posición procesal, hay concurrencia de patrocinio o representación. En el caso de litis consorcio, si cada litisconsorte ha sido asistido en juicio por distintos profesionales, por lo que la regulación de honorarios debe efectuarse a éstos separadamente y sobre el total que corresponda de acuerdo al resultado del pleito y labor cumplida por cada uno.

Lo apuntado no constituye un criterio absoluto que pueda aplicarse mecánicamente, sin consideración al resultado final que acarrea en el caso concreto. Y otro tanto acontece con las escalas contenidas en la ley arancelaria. Así, en las situaciones en que el efecto de la aplicación indiscriminada del precepto legal conduzca a un resultado manifiestamente desproporcionado, la decisión jurisdiccional adoptada sin contemplar tal circunstancia sería irrazonable, hasta el punto de descalificarse a sí misma. En tal supuesto, si el resultado ostensiblemente irrazonable -y por ello arbitrario- fuere consecuencia de la edición de regulaciones causadas por la existencia de litis consortes dotados de diversa representación o patrocinio letrado, haríase plenamente válida la opinión de Mario Martínez Crespo (Leyes de Aranceles para Abogados y Procuradores", p. 34), "Si durante el proceso se ha formalizado un litis consorcio pasivo, aunque los codemandados actuaron bajo distintos patrocinios letrados corresponde considerar que hubo un solo patrocinio y representación de la demandada y fijar los honorarios de los profesionales intervinientes en proporción a la labor desarrollada por cada uno".

Lo que no significa, que efectuar la regulación fraccionada, implique regular a los abogados de cada litigante como si fuera un total para cada uno, puesto que la suma de todos los honorarios regulados a los profesionales de los demandados, no excedan los montos que surgen de aplicar el art. 189 de la norma arancelaria.

En conclusión, corresponde fijar los honorarios del Dr. Orellano por una etapa del proceso principal como ganancioso, en atención que la actora desiste del proceso contra su cliente y prorrateado entre los abogados actuantes por la parte demandada; conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta la base regulatoria que en los presentes actuados asciende a la suma de $1.420.000, el carácter en el que intervino el profesional, el valor de su actuación y el contenido normativo de los arts. 189, 194 c.c. y s.s. de la Ley 2150, los fijados por la actuación en el proceso principal se muestran ajustados a derecho por lo que deben ser confirmados.

Una consideración especial debe realizarse con respecto a los incidentes regulados, todos resultan ser de neto corte procesal pues fueron cuestiones de forma los temas resueltos en ellos, esto permite afirmar que son carentes de contenido económico y no debe aplicarse la normativa de los art. 215 y 216 de la ley arancelaria, sino las pautas dadas por el art 188. de la citada ley.

En este orden de ideas los emolumentos por los incidentes resultan igualmente justos por lo que también se confirman.

Corresponde ahora realizar el estudio de la regulación de honorarios efectuada a favor del Dr. Ontiveros, quien -como apoderado de la actora- interpuso la demanda, revocándose posteriormente el poder otorgado, ver fs. 19 de los autos principales.

En los casos como en autos, que como consecuencia del apartamiento del pleito de alguno de los profesionales antes de que de dicte sentencia o sobrevenga transacción, el abogado, tiene conforme lo prevé el art. 224 de la Ley 2150, derecho a solicitar se practique una regulación provisoria a su favor.

Tal regulación provisoria, debe tener una base real, sin embargo también, por el hecho de ser provisoria debe ser mínima con el fin de que a la postre no sea superior a una definitiva, dejándose a salvo el derecho a solicitar, posteriormente, una regulación adicional.

Teniendo en consideración, el monto de la demanda, que conforme al art. 191 inc. b queda reducida al 50%, el mismo resulta ser la cantidad de $710.000, la naturaleza del proceso, el carácter de la actuación profesional, la etapa cumplida conforme a lo expuesto precedentemente para la actuación del Dr. Orellano, y la normativa arancelaria pertinente arts. 224 c.c. y s.s., la regulación practicada se juzga reducida, debiendo ser llevada a su justa dimensión legal a la cantidad de $28.000.

Por ello, SE RESUELVE:

I) Rechazar el recurso interpuesto a fs. 49 contra la sentencia regulatoria de fs. sub 45/46, la que confirma en todas sus partes.

II) Admitir el recurso impetrado a fs. sub 52/53, contra el auto regulatorio de fs. sub 47, en consecuencia fijar los honorarios del Dr. Osvaldo Ontiveros, por su actuación en la primer etapa del proceso y en forma provisoria, en la suma de pesos veintiocho mil ($28.000).

Protocolícese, notifíquese en debida forma y previa reposición de sellado de ley, si así correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.