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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, concurso preventivo, verificación de créditos, verificación tardía, prueba, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: PALAZZESI, DANIEL D. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - CONCURSO PREVENTIVO- INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITOS DE AFIP (EXPTE.: C.S.J. NRO. 246 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-06-10

Corresponde rechazar la queja interpuesta toda vez que las causales de arbitrariedad invocadas sólo trasuntan el cuestionamiento de la impugnante a la labor jurisdiccional cumplida por el Tribunal en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias, pero sin llegar a persuadir de que en esa tarea éste hubiera desbordado el ámbito inherente a sus atribuciones.

Es que, para desestimar el recurso de apelación deducido, la Sala sostuvo -con cita de jurisprudencia- que en la solicitud de verificación, fuera ésta temporánea o tardía, debía demostrarse la causa del crédito insinuado y que tal carga pesaba sobre la verificante, lo que tornaba insuficiente la sola presentación de determinaciones de oficio que no estuvieran acompañadas de una adecuada explicación -fundada y racional- de las pautas utilizadas para la determinación de los hechos imponibles a que referían.

Sostuvo además el Tribunal que este criterio resultaba plenamente aplicable dentro del especial marco contemplado por el artículo 202 de la ley 24522 para los acreedores posteriores al concurso preventivo y anteriores a la quiebra, pues la vía incidenta l que prescribe tal norma obliga a reclamar la verificación directamente ante el Juez y no ante el Síndico, quien vería modificado su rol en cuanto a la tarea investigativa a realizar por contar solamente con los elementos que fueron allegados al proceso incidental por el acreedor.
Sentencia, segunda instancia, recurso de nulidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VILLAREJO, MARIA DEL PILAR c/ I.N.P.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-06

No procede el recurso de nulidad como medio de impugnación ordinaria contra las resoluciones de tribunales de segunda instancia, siendo viables otros medios correctivos de carácter extraordinario (cfr. Mauriño, "Nulidades Procesales", pág. 181; Parry, Adolfo, "Improcedencia del recurso de nulidad contra sentencias de última instancia", La Ley 23-539; Alvarado Velloso, "Código procesal civil y comercial de la Prov. de Santa Fe", T. II, pág. 895).
Régimen penal tributario, AFIP DGI, recurso de queja (procesal), allanamiento domiciliario, gravamen irreparable
Materia: PENAL
Carátula: ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES OBA-OBA s/ Régimen penal tributario, Recurso de Queja por apelación   denegada Causa 31327 -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-06

1-Si bien es apropiado que el Juez de primera instancia haga mérito de la existencia de gravamen para otorgar o no el recurso de apelación es igualmente atribución de la alzada revisar el criterio con que se haya hecho esa ponderación.- 2- Aún cuando la Dirección General Impositiva (D.G.I.) no ejerza el derecho de actuar como querellante que le confiere expresamente la ley 23771, tiene intervención obligada en esta clase de procesos y su rol, en consecuencia, no es equiparable al de mero denunciante.- 3- Debe hacerse lugar al recurso de queja deducido por la D.G.I. por no habérsele concedido la apelación que interpusiera contra la providencia que no hizo lugar a su solicitud de expedición de ordenes de allanamiento de diversos domicilios efectuada con una denuncia de presuntos delitos tipificados por la ley 23771, pues la índole de la providencia recurrida, en tanto supone adoptar o no medidas que afecten la privacidad de un domicilio, la hace susceptible de causar agravio sin posibilidad de ulterior reparación.
Contratos, desagio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.E.G. TELEFUNKEN ARRG. S.A.C.I. c/ EMSE s/ Ordinario (LIBRO: S067 - 418)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-02-25

Es correcta la afirmación que estimó que existía un sistema de reajuste sobre bases "reales" y no expectativas inflacionarias que justificaran el desagio, en base a las diferencias que existen entre el ajuste de precio realizado en función de índices de "mes anterior de la oferta" y "mes anterior de la entrega" con los que corresponden al ajuste según el "mes de oferta" y "mes de entrega". Ello así, ya que tratándose de períodos "vencidos" se abona lo que realmente se debe sin expectativa inflacionaria alguna; no así en el segundo supuesto donde ella aparece contemplada con meridiana claridad.
Fuerza mayor, teoría de la imprevisión, contratos administrativos, rescisión del contrato administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MONTEVERDE, JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 146-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-05

En derecho administrativo no es menester que el evento alegado como fuerza mayor sea insuperable, irresistible, para justificar el incumplimiento de lo pactado, basta con que impida de manera definitiva o permanente la ejecución normal del contrato, no siendo necesario que esa imposibilidad sea absoluta. Las dificultades financieras que lo hacen más oneroso, no son equiparables a fuerza mayor, salvo cuando el desequilibrio del contrato adquiere carácter irreversible.
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, pena, detención
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: F, V. s/ Infracción Ley Nro. 55
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-27

La pena de arresto se presenta sin duda como la sanción jurídica más grave en materia contravencional ya que ella supone la privación legítima de la libertad por un plazo cuyo máximo es de treinta días (art. 23 del Cod. Contr.), pudiendo el Juez disponer la modalidad de arresto domiciliario (art. 22 del Cod. Contr.). Por domicilio se entiende el lugar donde el imputado tiene su núcleo familiar en el que debe permanecer durante los períodos de tiempo establecidos en la sentencia.

Si bien la pena de arresto debe ser aplicada en forma directa en los supuestos que se enumeran taxativamente en el artículo 22 del Código Contravencional y en el artículo 2 de la Ley Nro. 255, sin perjuicio de su imposición ante el incumplimiento por parte del condenado de cualquiera de las demás penas enumeradas en el artículo 11 del Código Contravencional, nada obsta a que el juzgador la aplique, de considerarlo conveniente, aún en el caso de que su imposición no esté prevista como de aplicación directa, conforme las normas antes enunciadas. (Del voto de los Dres. Dessanti Y Lucangioli).
Contrato de distribución, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cardiello, Juan Carlos c/ Refrescos del Oeste S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-26

Mediando en el contrato de distribución prestaciones recíprocas no puede establecerse cual es la más característica de manera tal que diera lugar a estimar si existía un lugar implícito de cumplimiento de las obligaciones por lo tanto debe recurrirse al lugar de celebración a los efectos de determinar la competencia. Si tampoco éste ha sido establecido, debe estarse al principio general del domicilio del demandado.
Prisión preventiva, homicidio calificado por el vínculo, imputado, presunciones
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NAVARRO JORGE ANTONIO s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-09

En el caso, la negativa del cese de la prisión preventiva, se encuentra correctamente fundada por la imputación de uxoricidio en los términos del art. 80 inciso 1 del CP, ante la probabilidad cierta que el imputado influido por la grave amenaza de una eventual condena a reclusión o prisión perpetua obstaculice el hallazgo de la verdad, o no se someta al cumplimiento de la pena, teniendo en cuenta que la causa transita en los actos preliminares y restan el debate, la sentencia y la etapa recursiva, destacando también el a quo que al haberse dispuesto la cautelar con fundamentos en las razones antes dicha, sólo puede ser revocada en la sentencia definitiva en los supuestos contemplados por el art. 283 procesal.

Merece especial consideración la conceptualización del art. 281, que determina la prisión preventiva cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado, en donde esta medida se dictó a requerimiento del Ministerio Fiscal, y que el hecho imputado de homicidio agravado, impide la condena de ejecución condicional.

Por otra parte es cierto que corresponde al Estado demostrar la existencia de peligros que justifiquen la limitación o restricción a la libertad del imputado, pero ello se consagra con la presunción de que tales peligros existen toda vez que la amenaza penal exceda cierto límite.	Este peligro es objetivamente presumido, cuando se estime prima facie que en caso de condena ésta será de cumplimiento efectivo como es el caso en subexamen, que cae bajo las disposiciones del art. 281, inc. 1 del Código Procesal.
Empleados públicos, indemnización, liquidación, impugnación de la liquidación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ayala, Enrique Amadeo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 688-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-20

El texto de la ley 8525 (artículos 33 y 26), a los fines del cómputo del monto indemnizatorio, ordena tomar la mejor remuneración mensual y habitual percibida por el agente, sin distinción de rubros y sin exclusión o inclusión de ninguna clase que altere dicha "mejor remuneración";a excepción de la fijación de los topes indemnizatorios a que refiere el segundo párrafo del artículo 33 citado. El rubro "función jerárquica" -entre otros- debe incluirse en el cálculo de obtención de los topes indemnizatorios (mínimo y máximo), pero no corresponde acceder al pedido del actor de que se calcule "un proporcional" de dicho rubro como "incluido" en su salario mensual si en su categoría no corresponda el pago de dicho emolumento.
Sentencia, prueba, contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, indemnización
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: LOPEZ DANIEL c/ GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. s/ DEMANDA  - RECURSO DIRECTO - CASACION LABORAL - PRINCIPIOS LOGICOS DE  RAZON SUFICIENTE  Y  DE  NO CONTRADICCION - EXTINCION DEL CONTRATO DE  TRABAJO: ACREDITACION - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-23

No se configura la violación de los principio lógicos de razón suficiente y no contradicción, ni la falta de análisis de los términos de las comunicaciones cursadas entre los contendientes (art. 94 LPT) invocadas por las actora en virtud de considerar que la cámara a quo resolvió un despido indirecto pese ha haberse alegado despido directo. De las referidas comunicaciones se desprende que no medio despido directo alguno por parte de la accionada, sino solo la negativa de existencia de una relación permanente y que el actor había comenzado requiriendo aclaración de su situación laboral,bajo apercibimiento de colocarse en situación de despido indirecto, lo que no concreto frente a la mencionada respuesta de la empleadora. La sola circunstancia de que la cámara a quo haya dado razón al accionante, acerca de la existencia del vínculo laboral por tiempo indeterminado, no le exime de acreditar, a los fines indemnizatorios,la forma en que puso fin a esa relación.
Deberes de los cónyuges, alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: D.N.S.M. c/ C.F.M. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-15

La derogada ley 2.393 establecía en su art. 51 que el marido está obligado con su mujer a prestarle todos los recursos que sea necesario, durante la convivencia del matrimonio. Y pendiente el juicio de divorcio los alimentos provisorios previstos por el art.

68 de la citada ley. En base a dicha normativa, la interpretación corriente entendía que la esposa que reclama alimentos antes o durante el juicio de divorcio no se halla obligada a probar ni la urgencia, ni su falta de medios para alimentarse como tampoco la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo. Sólo debe probar el vínculo, y el caudal del alimentante y el incumplimiento de éste.

Pues las necesidades a que se refiere el art. 51 de la mencionada ley, con respecto a la mujer se presume y por ello no necesitan ser probadas.

La ley 23.515 establece el nuevo régimen vigente en materia de matrimonio y sus efectos, partiendo del principio sentado en el nuevo art. 198 del Código Civil: "Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos". Ello significa establecer como punto de partida el principio de igualdad entre los cónyuges, modificándose sustancialmente el criterio que derivaba del art. 51 de la ley 2.393, sin perjuicio de analizar, en cada caso concreto, con el objeto de determinar la obligación que sobre cada uno de los esposos, en función de las posibilidades de cada uno de ellos, el medio social, las costumbres y todas las demás circunstancias propias que vive el matrimonio.

La presunción que emanaba a favor de la mujer, según el sistema de la ley 2.393, ya no aparece con la vigente normativa, en especial teniendo en cuenta lo dispuesto por el ya citado art. 198. Partiendo de la obligación alimentaria recíproca ya no se presume la necesidad de la mujer, quien deberá probar su necesidad, para lo cual son pautas indicativas serias las que resultan del art. 207 del Código Civil.
Procedimiento laboral, caducidad de instancia
Materia: LABORAL
Carátula: GIMENEZ MARTA BEATRIZ Y OTRAS c/ TRANSP GRALES RODIO S.R.L. Y/O SUCESORES DE MIGUELANGEL RODIO Y/O JUANA EMILIA BROWN Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-03-06

Conforme la doctrina de la Excma. Sala del Trabajo del Superior Tribunal de Justicia en autos "Bergara / Industria Maderera Campagnac", en el ámbito del proceso laboral cabe aplicar un criterio restringido respecto del planteo de caducidad de instancia, limitando su admisibilidad a supuestos muy excepcionales, sin que el impulso oficioso impuesto por el art. 7 inc. a) del C.P.L. suponga liberar a las partes de la carga de cumplimentar los trámites necesarios para el avance del proceso.
Ejecución cambiaria, excepción de pago, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SCAFI ANTONIO CLEMENTE c/ JORGE H. GARCIA s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S075 - 006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-05-28

"...el recibo "medio típico y específico de prueba de cumplimiento viene a ser una especie " de confesión extrajudicial" hecha por el acreedor en el sentido de que declara haber recibido la prestación que debía"...". "cuando el deudor alega haber pagado la obligación que el acreedor le reclama y éste aduce que el pago en cuestión se refiere a otra deuda es el actor a quien corresponde acreditar la exitencia de la otra obligación que según el se pago, para probar de esta manera la subsistencia de aquella cuyo cumplimiento exige. De lo contrario se permitiria al acreedor, cuando el pago no se hubiere imputado, realizar imputaciones sobre las deudas imaginarias que dejarían al obligado a su merced, por vía de adjudicar todos los pagos a la satisfacción de créditos inexistentes".-
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Rizzo Jorge Gabriel c/ En - Pen - Ley 26855 s/ Amparo Ley 16986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-25

Cabe suspender los efectos de los arts. 2, 4, 6, 18 y 30 de la ley 26.855, pues se advierte, prima facie, que resultan violatorios de la manda contenida en el artículo 114 de la Constitución Nacional, en función de la posible vulneración de las nociones de "equilibrio" y "representación" consagradas en la Ley Fundamental, en lo referido a la integración del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, ello así por cuanto la elección "por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal" de los representantes de determinados estamentos - jueces del Poder Judicial de la Nación y abogados de la Matrícula Federal- parece excluir la representación en sí misma y, por ende, el equilibrio entre sus componentes.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Velázquez, María Cristina c/ Errico, Viviana Noemí y otras s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

Dentro de la teoría del riesgo creado, no interesa si hubo culpa o negligencia o falta de previsión del ofensor: el dueño o guardián debe probar para su liberación, que la conducta de la víctima ha excluido total o parcialmente su responsabilidad (art. 1113 C.C.) (SCBA Ac. 37769).
Caducidad de instancia, elevación en apelación, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRIZO DE GOMEZ, ISABEL c/ CLUB BANCO HISPANO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-06

Interpuesto recurso de apelación y una vez abierta la instancia para su consideración, pesa sobre la apelante la obligación o carga de impulsar el procedimiento en fin de que el oficial del juzgado, o su secretaría lo eleven oportunamente a la cámara sin que la obligación de dicho funcionario libere de la misma al recurrente, que por ser la parte interesada debía urgir la marcha del proceso formulando las peticiones tendientes a obtener el cumplimiento de los trámites omitidos, so pena de caer en la perención.
Resoluciones inapelables, cuestiones prejudiciales, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: ALESSANDRO, Fernando Gabriel y otros c/ LANDAJO, Luis Ignacio y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-14

El principio de irrecurribilidad en los supuestos no mencionados en el art. 496 del Código Procesal, debe ceder en los casos excepcionales en que se resuelven cuestiones ajenas al estricto trámite del proceso sumario y que producen un agravio insusceptible de ser reparado. En tales términos, el decisorio por el cual el juez rechaza la oposición a la aplicación de la prejudicialidad prevista por el art. 1101 del Código Civil es apelable, aún cuando se trate de un juicio sumario.
Acto administrativo, policía, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA, FERNANDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 466-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

Los actos de valoración, requieren asimismo de un "juicio sintético" (motivación), según el inciso c) del artículo 40, del Reglamento del Régimen de Calificaciones Policiales (decreto 3655/84), no tanto por el carácter discrecional de tal juicio, sino sobre todo, por el hecho que, a través de la motivación, se podrá dar cuenta de modo más concreto de cuanto lo admite la expresión de los coeficientes numéricos y de la adjetivación, del juicio expresado, sobre las cualidades personales y sobre el servicio prestado por el empleado, permitiéndole a éste una tutela más adecuada a sus propios intereses, en su caso. También deben indicarse los actos de mérito, asumiendo a éste respecto importancia relevante, las sanciones impuestas al interesado (artículo 39 del citado decreto).
Instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Macchi Carlos c/ Rosado José s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

Las boletas extendidas por reparticiones oficiales acreditando el pago de impuestos y servicios públicos, hacen prueba sin necesidad de ser autenticadas, porque están comprendidas en el inc.2º del art.979 del Cód.Civil.
Sentencia, nulidad de sentencia, pericia médica, reenvío
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ALONSO ABEL ANTONIO c/ COMPAÑIA MINERAL CONTINENTAL S.A.I.C. Y OTRO s/ INDEMNIZACION - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-04-20

Si, en el caso, el peritaje médico fijó al actor una incapacidad total, absoluta y permanente, pero no discriminó cuánto correspondía por cada una de las patologías constatadas (de columna, hipoacusia, y várices) además de las referidas pulmonares -que son las que versa el recurso-en tales condiciones, sólo cabe reenviar la causa a otra Sala del Trabajo, a fin de que con la intervención de las partes y por la vía que considere pertinente determine el grado de incapacidad que presenta el actor por sus afecciones pulmonares. La indemnización por la incapacidad que se fije deberá soportarse por la empleadora y aseguradora.
Recurso extraordinario de nulidad, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pedroni, Ruben Juan c/ Loto de Gaspar, Nélida B. s/ Consignación de alquileres Robustelli, Francisco s/ Incidente de regulación de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23|2002-12-23

Las alegaciones vinculadas con la violación al principio de congruencia no constituyen cuestiones esenciales en los términos del art.156 de la Constitución de la Provincia, por lo que no se infringe dicha norma al no tratar el agravio del recurrente al respecto, tanto más cuando el sentenciante ha dado suficiente respuesta a las cuestiones planteadas en la litis.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, honorarios, regulación de honorarios, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTIN, JULIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 300 AÑO 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22

El Máximo Tribunal nacional, en la causa "Ford Motor Argentina", fallada el 19 de noviembre de 1.991, dejó sentado que, en materia de prescripción de honorarios cabía distinguir "... entre el derecho a cobrarlos, cuando ya han sido regulados, y el derecho a que se regulen -haya o no condenación en costas-" aclarando que en el primer caso rige la prescripción decenal y en el segundo la bienal, criterio que se ha mantenido en la causa "Clorinda Escotorín de Bosetto" del 2 de diciembre de 1999 .De tal forma, el Máximo Tribunal nacional en ningún momento se apartó del criterio bienal de la prescripción de la acción para requerir la regulación de los honorarios. (Del Voto de la Mayoría)
Thema decidendum, sentencia ultra petita
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: C., H.K. c/ D., H.F. s/ Cobro de Pesos Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-17

Si bien sentencia ultra petita consiste en sobrepasar las pretensiones oportunamente planteadas, conceder más de lo peticionado. Y ello suele ocurrir cuando la sentencia excede desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo el objeto de la pretensión. Se suele configurar cuando, con exceso de los extremos de la litis, se concede más de lo pedido, en el proceso laboral el juez, supliendo la omisión o error del demandante, está facultado para sentenciar "ultra petita" (art. 71 de la ley 69).