marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, honorarios, aplicación de la ley, ley arancelaria, equidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGU, HERNAN GUSTAVO  Y OTROS c/ COLOMBERO, JOAQUIN EZEQUIEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-30

Los impugnantes intentan hacer prevalecer su particular enfoque de la cuestión, sin lograr traspasar el límite de la mera discrepancia con lo resuelto por la Cámara que, tras ponderar las constancias de la causa en relación al trabajo desplegado por los profesionales y mencionar con cita en jurisprudencia y doctrina la posibilidad que tienen los jueces de perforar los mínimos previstos por las leyes arancelarias locales (artículo 13, ley 24432) y de fijar equitativamente la retribución (artículo 1255 del Código Civil y Comercial), decidió confirmar el auto regulatorio en cuanto fijó en 0,19 jus los honorarios de los curiales en el juicio ejecutivo en el que actuaron como apoderados del actor, por entender que sin necesidad de recurrir a otras normas más que a la ley de aranceles el inferior aplicó el criterio de equidad con base -principalmente- en las reglas del artículo 4 de esa norma, esto es, la calidad y extensión de la labor profesional además de la cuantía del juicio, y así concluyeron los sentenciantes que los estipendios regulados por debajo del mínimo previsto para actuaciones aisladas resultaba equitativo y conforme a la normativa que rige el caso. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1255; Ley 24432, artículo 13; Ley 6767, modificada por la Ley 12851, artículos 7, inciso 2, apartado b, 4 y 8. - Jurisprudencia vinculada con Bolaño, AyS T 313, p 338/342, sumario J0049142.
Muerte, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez Narváez, Alfredo y Oviedo de R. Berta c/ Provincia de San Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-08-26

La Suprema Corte de La Nación expresa que no es lógicamente correcto derivar la presunción legal de daño por muerte de una persona y que la vida tenga por sí misma un valor económico.
Entidades financieras, emergencia económica, Impuesto sobre los ingresos brutos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pesificación, código tributario
Materia: ECONOMIA-TRIBUTARIO
Carátula: Bank Boston National Association c/ GCBA - AGIP DGR - resol. 3065/08 (dto. 905/02) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-12

Se participe o no del criterio que concibe como un subsidio a la medida adoptada por el decreto 905/02, lo cierto es que la recepción por parte de los bancos beneficiarios de los bonos previstos en aquella norma no constituye un ingreso bruto gravado por el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. -El juez Rosatti, en disidencia, consideró que el recurso era inadmisible (art.280 CPCCN)-
Derecho laboral, trabajo, aplicación de la ley, seguro por accidente de trabajo, inconstitucionalidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba Cristian Roberto c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-16

En el afán de eliminar la litigiosidad, el sistema extralimitó las competencias médicas, incluso a discernir "la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad" o la habilitación para "resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir ente la ART y el damnificado o sus derechohabientes", lo que implica expedirse sobre la relación de causalidad existente entre las tareas y el daño, en los desacuerdos sobre los hechos, la ocurrencia misma del accidente, o sobre la realización del tipo de tareas a las que la víctima atribuye haberle dañado, o sobre la calificación de un siniestro como ocurrido o no in itinere, o sobre la concurrencia de alguna de las eximentes que pudiera ser opuesta por el responsable. Este es el principal yerro: diferir a profesionales médicos la resolución de cuestiones estrictamente legales (Voto Welp)
Daños y perjuicios, transporte de carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Motores y Equipos Ortholan S.A. c/ Cipriani S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-21

El robo a mano armada puede ser un eximente de fuerza mayor si el mismo es inevitable teniendo en cuenta las medidas de seguridad adoptadas. Por otro lado, si aquel que hace del transporte su profesión habitual no adopta ninguna precaución para evitarlo, no puede eximir su responsabilidad; ello porque la responsabilidad del transportista debe ponderarse atendiendo a la aptitud de los elementos organizados por el empresario para el eficaz cumplimiento de la prestación para la cual ha sido contratado, y la obligación de custodia asumida que hace al cumplimiento de su actividad.
Ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, reordenamiento del sistema financiero, convertibilidad, obligaciones en moneda extranjera, pesificación
Materia: ECONOMIA
Carátula: S., H. O. c/ BOCCHI HOLDING B.V. y Otro s/ ORDINARIO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-31

Los argentinos hemos asistido a una de las crisis más profundas no sólo en lo social sino del estado de derecho, lo que trajo aparejado una más que evidente inseguridad jurídica. Durante mucho tiempo hemos estado bajo el estado de emergencia, incluso aún en los tiempos de vigencia de la ley de convertibilidad 23928.

Para solventar la crisis se dictaron numerosos dispositivos legales, que no lograron disipar la violación en forma constante de los derechos individuales lo que ha provocado que se concientice en el ciudadano común una más que razonable duda sobre la sustentabilidad de los principios básicos de la organización social, que siempre se encuentra en vías de organización, no habiéndose logrado establecer reglas básicas con cierta perdurabilidad. La crisis que se manifestó a partir del año 2001 con la salida de la convertibilidad, y que afectó a la aptitud de tener una moneda sana a fin de poder medir el valor de los bienes, provocó una desconfianza generalizada.

Lo cierto es que a partir de aquel momento se dictaron un plexo de normas, ley 25561, decretos 214, 410, 704, ley 25820 en pocos meses y en un andar por caminos sinuosos y llenos de incertidumbres, que provocaron un cambio en todo tipo de transacciones, aún en aquellas que se habían desarrollado en épocas de la convertibilidad, primando el signo monetario, dólar estadounidense, lo que provocó arreglos de toda índole, incluso pronunciamientos disímiles de los tribunales del país.

Pero lo cierto es que la desconfianza generalizada acarrea altos costos de transacción, más aún cuando el comportamiento de las partes obedece a elementos irracionales y no a lo racional. En los últimos tiempos parece ser que la racionalidad ha primado en el comportamiento y se han ido aceptando las reglas básicas que surgen del cuerpo normativo reseñado. Pero lo cierto es que la crisis afectó a la sociedad argentina y por ende a sus ciudadanos, por ello es dable interpretar que el sistema normativo tiende a lograr que se atenúen los efectos de la crisis para los que integran esta sociedad y que en lo posible, nadie saque ventajas.
Celibato sacerdotal, código civil, Derecho civil, Derecho canónico, Iglesia Católica
Materia: CIVIL
Carátula: Rybar, Antonio c/ García,  Rómulo  y/o  Obispado de Mar del Plata y/o quien corresponda s/ Juicio sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

No puede deducirse válidamente de los arts. 530 y 531 del Código Civil, que sólo se refieren a obligaciones de carácter patrimonial, que la ley civil prohíba o repudie el celibato
Conciliación laboral, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CACERES, Sergio c/ TRANSPORTES INTEGRALES GOMEZ SRL s/ Homologación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-09

Si bien el Ministerio Público del Trabajo ha sostenido reiteradamente que no corresponde admitir acciones meramente homologatorias pues implicaría asignarle a la justicia una actitud pasiva destinada a convalidar ante ellos el pago de una suma de dinero, en contraprestación a lo normado por el art 277 de la LCT, no es menos cierto que la función de los órganos judiciales es valorar frente a una contienda específica, los antecedentes del caso y establecer en el supuesto de arbitrarse una conciliación, si existe justa composición de los derechos en pugna (art.15 LCT). Por ello correspondería declarar la aptitud jurisdiccional para evaluar "prima facie" si en el caso concreto se ha arribado a una justa composición de derechos e intereses en litigio. Especialmente si se tiene en cuenta que por su edad, el actor no transitaría la vía conciliatoria establecida por la ley 24635 (art. 2 último inciso). (Del dictamen de la Fiscal Adjunta N° 27058, al que adhiere la Sala).
Hurto, apoderamiento, esfera de custodia
Materia: PENAL
Carátula: GALZUSTA, Gustavo D. s/ DEFRAUDACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-26

La figura del hurto no puede adoptarse, pues requiere que el autor se apodere de la cosa mueble invadiendo la esfera de protección del titular del bien. En el caso la entrega de los bienes fue realizada voluntariamente por la damnificada, y ello en razón del vínculo contractual que unía a las partes involucradas.
Medios de prueba, prueba de oficio
Materia: CIVIL
Carátula: SAVID GARCIA FERNANDO Y OTROS c/ EN EXPTE 12626/85 s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1993-07-05

Las medidas de prueba, dictadas de oficio por el juez son inapelables y se encuentran dentro de las facultades que este tiene, de disponer medidas que coadyuven a resolver la causa.
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, prisión preventiva, plazo, excarcelación, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Bramajo, Hernán Javier s/ incidente de excarcelación - causa n° 44.891.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

La validez del art. 1°, de la ley 24.390 se halla supeditada a la circunstancia de que los plazos fijados en dicha norma no resulten de aplicación automática por su mero transcurso, sino que han ser valorados en relación a las pautas establecidas en los arts. 380 y 319 del Código de Procedimientos en Materia Penal y Código Procesal Penal, respectivamente, a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Avila, Pedro Marcelino c/ Bazán, Héctor Ramón s/ Daños y perjuicios Pangaro, María Felisa c/ Pavone, Ricardo Walter s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13|1992-10-29

De nada vale alegar un ingreso primerizo o anticipado en la bocacalle y tampoco probarlo, si el mismo -mecánico y ópticamente perceptible- no es razonablemente suficiente en la dinámica situación en que se produce, como para permitir al conductor que gozaba de la preferencia legal y arribara al cruce con la expectativa normal de que la misma sería respetada, modificar su conducta con el mínimo de tiempo indispensable para que la colisión no se produzca.
Confirmación de sentencia, archivo del expediente, reglas de conducta, sentencia condenatoria, caducidad
Materia: PENAL
Carátula: S., F. G. c/  s/ reglas de conducta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-09

Corresponde confirmar la decisión que no hizo lugar al pedido de archivo formulado en el marco de las actuaciones en las que se impusieron reglas de conducta al imputado, si la supervisión del cumplimiento de aquéllas recién puede comenzar a ejecutarse cuando el fallo queda firme. En ese contexto debe rechazarse la interpretación propuesta por la defensa basado en que desde la sentencia condenatoria había transcurrido el plazo de supervisión dispuesto por el tribunal, puesto que el último párrafo del art. 27 del Código Penal no guarda vinculación alguna con el modo en que debe contabilizarse el plazo de supervisión de las reglas de conducta impuestas al imputado. En tal sentido, cabe advertir que las sentencias condenatorias cuyo cumplimiento haya sido dejado en suspenso, nunca podrían ser supervisadas si se presentaran recursos contra ellas, porque el plazo de caducidad comenzaría a correr a partir de la fecha de dictado de la sentencia (aunque no esté firme) y vencería antes de que las actuaciones siquiera lleguen a conocimiento del juzgado de ejecución (voto del juez Morin al que adhirieron los jueces Días y Sarrabayrouse).
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Balian Propiedades Soc. de hecho (quiebra) s/ Inc. Revisión art. 38 L.C. al crédito de Auleta Héctor Aldo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

La circunstancia de que el a-quo no se hubiera pronunciado como habría debido no resulta de suficiente fundamentación ya que no puede dejar de ponderarse que en sí la revisión que la norma establece no es por la palabra "admisible" o inadmisible" que se haya empleado, sino por lo que la misma representa en el supuesto normativo: que existió una impugnación previa (art. 37 de la ley 19551).
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silva, Néstor c/ Rocha, Hernán Waldo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

La mera disconformidad con lo decidido en el fallo apelado sin otro aditamento que, sostenido en las constancias del proceso no utilizadas o mal analizadas por el juzgador, o en la doctrina judicial o legal imperante, fuere acreditante del desarcierto del sentenciante, no constituye agravio en los términos del art. 260 del CPCC, puesto que en ese sentido exhibe sólo discrepancia, y dista mucho del ataque concreto y razonado del fallo, demostrativo de la sinrazón del decisor.
Sobreseimiento, auto de sobreseimiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DIAZ ANDERSON, SANTIAGO JUAN s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1978-04-17

Las resoluciones de la Cámara de Acusación (apelación) confirmatorias o revocatorias de los sobreseimientos dictados por los jueces encargados de la instrucción, con los que disintió el fiscal de la Cámara sólo deben cumplimentar, bajo pena de nulidad, los requisitos genéricos de firma y motivación (C.P.P., arts. 130 y 131). Si la ley hubiera establecido para esas resoluciones la exigencia que pretende el impugnante -fijación del hecho expresamente- hubiera mandado, también, que los dictámenes fiscales que presten conformidad a los sobreseimientos elevados en consulta, además de motivados y específicos (C.P.P., art. 67) satisfagan la misma exigencia, ya que producen análogas consecuencias jurídicas a las de aquellas resoluciones, al otorgar a los sobreseimientos, firmeza y ejecutoriedad.-
Recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lens Héctor Rubén c/ Messina de Pellisari Susana y Otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-16

Dado que la medida incorporada al Código de procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, como artículo 676 bis, no deja de revestir el carácter de cautelar y como tal le resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 198 "in fine" del Código citado, se debe conceder el recurso de apelación con efecto devolutivo (arts. 275/277 y ccts. del CPCB). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tercerías, tercería de mejor derecho, adquirente por boleto, acreedor embargante, orden de prelación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Aguas de Formosa S.A. c/ Arizaga, Crecencio Roque y/u otros s/ Ejecutivo otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-10-22

La tercería de mejor derecho se funda en el derecho que el tercerista tiene a ser pagado con preferencia al embargante, suponiendo que el tercero tuviere un derecho creditorio igual que el embargante. Cabe preguntarse qué sucede cuando ese tercero tiene un boleto de compraventa celebrado con el ejecutado. En situación similar, la Corte Suprema de Tucumán ha dicho que: "En el supuesto de conflicto entre un poseedor con boleto y un acreedor embargante del vendedor, será preferido el primero si la tradición es anterior al embargo por la función publicitaria de aquella y siempre que tenga buena fe, lo que se presume. Ello así pues el titular del boleto exhibe un derecho a la cosa in natura en tanto que el embargante ostenta una titularidad creditoria dineraria que no ha sido potenciada ni modificada por la anotación registral, desde que el embargo no es un derecho real, ni concede poderes sobre la cosa, sino que se limita a constituir una simple afectación al pago de un crédito en dinero, salvo que exista un titular con derecho preferente, como lo es el poseedor con boleto".
Acto administrativo, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zorzoli, María Cristina c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 194-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-05

Nuestro régimen no tiene normas expresas -como la del artículo 19 de la ley 19549- que permitan el saneamiento de un acto anulable; en el caso, de un acto donde lo que se discute no es la incompetencia raigal y absoluta del órgano emisor sino su exceso. Saneamiento que en el texto regulador nacional se llama confirmación (órgano que dictó el acto subsana el vicio que lo afectaba); pero cuyo factible dictado en nuestra jurisdicción encuentra sustento en ciertos canones jurídicos. En primer lugar porque si se reconoce a la Administración la facultad de obtener la extinción del acto y alegar su propia torpeza, debe reconocérsele la posibilidad de que pueda subsanar el vicio y en segundo término, porque los artículos 1 y 2 de la Constitución Provincial, establecen de modo genérico la subordinación de todo el Estado y sus órganos a las normas jurídicas vigentes; la subordinación al ámbito de juridicidad.
Cheque sin fondos, interpelación, cierre de cuenta corriente, participación criminal, procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FRISONE, LIDIA SUSANA s/ Cheque sin fondos, incidente de  apelación del auto de procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-28

1 - Si la imputada afirmó haber abierto la cuenta bancaria a fin de permitir su manejo por parte de su marido, así como también reconoció haber firmado y entregado el cheque para que lo usara este último, el hecho de que el cheque no fue pagado una vez conocido el rechazo mediante misiva del tenedor, es lo que la ley requiere para el castigo del delito en miras a la protección de la fé pública.- 2 - La ley penal alcanza a todos los que toman parte en el hecho cualquiera sea la cooperación que presten (Art. 45 y 46 del CP), no siendo relevantes, en consecuencia y en el estado actual de la causa (dictado del auto de procesamiento) los argumentos relativos a la ausencia de dominio del hecho por parte de la imputada.
Honorarios del abogado, mora, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: SHAW ALEJANDRO ENRIQUE s/ SUCESION TESTAMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-24

Una vez que el condenado en costas ha incurrido en mora, nace para el acreedor el derecho de percibir los honorarios regulados actualizados en función de la desvalorización de la moneda desde el momento de la regulación. El criterio interpretativo postulado no reviste desmedro patrimonial alguno para el deudor, sino que reafirma el derecho de propiedad, pues la actualización del monto nominal no hace la deuda más onerosa en su origen, sino que sólo mantiene su valor económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda.
Impuestos, régimen penal tributario, competencia, falsificación de sellos, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: FERROCARRILES ARGENTINOS s/ Su denuncia, competencia negativa Causa Nro. 32971.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

Dado que los hechos investigados, falsificaciones de sellos fiscales, caerían bajo la óptica del art. 288 del Código Penal el cual establece penas de uno a seis años de prisión, mientras que los art. 1 y 2 del régimen penal tributario establecen penas de un mes a tres años y seis meses a seis años respectivamente, resultando comparativamente las penas establecidas en el Cód. cit. más severas y atento la letra del art. 1 de la ley penal tributaria, corresponde atribuir la competencia a la Justicia en lo Criminal de Instrucción.
Nombramiento, Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, acción de amparo, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Waingarten, Sebastián c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-11

La posibilidad de que los jueces efectúen la designación de una agente del Poder Ejecutivo, o, de forma oblicua, impongan el contenido del acto administrativo que ordenan dictar, vulnera las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo en esta materia (art. 104, CCBA), cuando no se trata de una omisión material de la Administración en satisfacer una prestación legal o reglamentaria establecida que los jueces puedan ordenar cumplir en un sentido determinado, sino de un supuesto de omisión formal (no dictar el acto administrativo) en un procedimiento administrativo. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Defectos del procedimiento, carga procesal
Materia: LABORAL
Carátula: CACERES ROJAS CARLOS c/ EMPRESA LABORATORIOS ANDROMACO S.A. s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD INCULPABLE, ETC.-RECURSO EXTRAORDINARIO  INTERPUESTO POR DRA. CAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-04

Las partes que detecten alguna falencia procedimental tienen la carga de plantearla no sólo en su propio beneficio sino en aras de la correlatividad procesal.
Acción de amparo, Derecho ambiental
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

Dice CHRISTIAN ALBANESI en "ACCION DE AMPARO Y PRINCIPIO PRECAUTORIO", Suplemento de Derecho Público de ELDIAL.COM": "...Analizando la acción de amparo, vemos que para que ésta proceda será necesario que el acto o la omisión afecten en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho fundamental. Por otra parte, el "Principio Precautorio" se aplica siempre que no haya certidumbre científica (por ende no sería manifiesto), y aun antes que el daño acontezca cuando exista un riesgo derivado de tal incertidumbre, riesgo que puede ser a largo plazo (riesgo futuro, ni actual ni inminente). Teniendo en cuenta las características de ambos Institutos, cabe entonces preguntarse si la acción de amparo podrá ser la vía idónea para la invocación del "Principio Precautorio en defensa del Ambiente"