marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución de sentencia, intereses, oportunidad procesal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Casoy Mónica Beatriz c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-06

Si la sentencia en ejecución no ha condenado a la demandada al pago de intereses y la parte actora no presentó en el momento procesal oportuno ningún recurso a ese respecto, es evidente que, en la etapa de ejecución, resulta improcedente introducir variantes en la sentencia que se ejecuta. (Disidencia del Dr. Laclau).
Cuidado personal compartido, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: V.E., I. s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-27

La atribución de la tenencia o guarda de los hijos a uno de los progenitores no implica descalificar la tarea que desarrolló o que pudiera desarrollar el otro padre y la elección del progenitor a quien resulta conveniente otorgar la guarda de los menores no supone un juicio de valor sobre el otro, así la legislación vigente -de rango constitucional- ha dado prioridad fundamental al interés de los menores y confiere, en diferentes normas, especial relevancia a lo que se ha denominado como "interés del hijo".
Acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cremona, Ana Margarita c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Resulta innecesario el replanteo de la cuestión a través de un recurso de revocatoria, a los efectos de habilitar la instancia judicial, en tanto -al momento de dictar la denegatoria del ajuste- la Administración había sido puesta en conocimiento de las pretensiones del actor y los antecedentes de hecho y de derecho en que las mismas se fundaban. (Minoría u opinión personal)
Cesantía, sumario administrativo, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bailheres, Irma Juana c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-02-18

Esta Corte ha sostenido una doctrina invariable en cuanto a que los agentes municipales se hallan amparados estatutariamente por normas que garantizan su estabilidad, razón por la cual si la cesantía se produce sin cumplirse la etapa obligatoria del previo sumario, sin fundamentación legal que lo justifique, la decisión debe ser revocada.
Estado Provincial, juicios contra el Estado, sentencia condenatoria, facultades del juez, facultades conminatorias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Caja Complementaria de  Previsión para la Actividad Docente c/ SanLuis, Provincia de (Poder Ejecutivo) s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Al no existir un precepto legal que distinga las rentas o recursos necesarios de los que no lo son a tal fin, corresponde a los jueces hacer esa distinción en cada caso que se presente, a los efectos de que las condenaciones de la justicia en que hubieran caído las entidades provinciales, tengan el efecto compulsivo que nuestra legislación positiva les da.
Suspensión del juicio a prueba, portación de armas
Materia: PENAL
Carátula: Visciglia Sergio Daniel s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-02

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto contra la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba -en una causa seguida por el delito de portación de arma de fuego de uso condicional atenuada, en concurso real con amenazas- por existir pena de inhabilitación, pues si bien el fiscal estuvo de acuerdo con la procedencia del instituto, en virtud de la posición adoptada por los recientes pronunciamientos de la CS, cobra plena vocación aplicativa el plenario "Kosuta" que impide la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación, como principal, conjunta o alternativa. La disidencia postuló anular lo resuelto, por no haber considerado que la postura del fiscal -titular de la vindicta pública- resulta atinada, en tanto -ante la falta de antecedentes- resultará posible dejar en suspenso el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria, máxime teniendo en cuenta que el imputado ofreció auto-inhabilitarse para portar armas y asumió el compromiso de darle de baja a su licencia de legítimo usuario.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, verificación de créditos, incidente de revisión, trámites judiciales, resoluciones, recurso de apelación (procesal), junta de acreedores
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Acopiadores de Cereales Argentinos SA s/ 1) Apelabilidad de la resolución de la impugnación al informe   individual del síndico. 2) Apelabilidad de las costas en auto   inapelable. 3) Devenga o no imposición de costas al perdidoso el   trámite de impugnación al informe individual del síndico al que se   refiere el artículo 36 de la ley 19551?. Quiebra. Impugnación   promovida por el Banco Provincial de Santa Fe al informe individual   del síndico (Expte. Nro. 161-87 -Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-17

Conforme lo dispone el artículo 37 de la Ley de Concursos, antes de reunirse la Junta de acreedores, el juez decidirá sobre las impugnaciones declarando admisible o inadmisible el crédito o el privilegio, siendo estas resoluciones definitivas a los fines de la Junta sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, normativa que introduce un recurso de revisión según algunos autores, o incidentes de revisión según otros. Esto se relaciona con la irrecurribilidad de la resolución que declara admisible o inadmisible el crédito o privilegio, atento que esta decisión es considerada por la ley como definitiva a los fines de la junta, cualquiera sea la determinación del magistrado y sin perjuicio de asignar otros efectos según los supuestos que establece. (De los Fundamentos de la Dra. Pereira -En Mayoría-).
Recurso contencioso administrativo, caducidad, plazo, impulso procesal, Superior Tribunal de Justicia, intervalos del derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: RENOVA S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-21

El artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable al recurso contencioso administrativo, conforme artículo 1, ley 11330) dispone, en lo que es de interés, que el plazo de caducidad empieza a contarse desde la última actuación o diligencia judicial destinada a impulsar el procedimiento, de modo que el último acto procesal de impulso constituye, en razón de la expresa regulación legal, un hito inexorable para el inicio del cómputo del plazo de la perención, mas la aparente claridad del parámetro para iniciar el cómputo del plazo de perención se diluye en el interrogante acerca de si corresponde o no incluir en ese lapso el día en el cual se realizó la última actuación o diligencia judicial a que refiere el Código de rito; y del detenido análisis de la cuestión, cabe concluir que debe excluirse al día en que se realizó el último acto del impulso procesal del cómputo del plazo de caducidad de instancia, a diferencia de lo concluido en los autos "Bertona" y "Lobos" (en este último supuesto con menor precisión), y en consonancia con lo posteriormente señalado en la causa "Modotti", puesto que si se tiene en consideración que en los distintos regímenes normativos el presupuesto de la perención de la instancia es la inactividad procesal, resulta una consecuencia lógica inferir que el día de realización del último acto impulsorio, al existir justamente una actividad de parte o del tribunal, no podría contarse dentro del plazo de paralización; además de estar este fundamento relacionado estrechamente con el modo de contar los intervalos del derecho previsto en el artículo 6 del Código Civil y Comercial (que coincide en lo sustancial con lo dispuesto anteriormente en los artículos 24 y siguientes del Código Civil), de la que se deduce, en definitiva, que si en un día hubo actividad procesal, debe entenderse que en ese día completo no existió paralización. - CITAS: CSJStaFe: Lobos, AyS T 139, p 396; Bertona, T 166, p 270; Fiat Diesel SA, T 173, p 228; Senn, T 289, p 407; Citibank NA, T 295, p 319; Modotti, T 250, p 143; Consejo de Ingenieros, T 97, p 17, - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 24; Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 6; Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 232; Ley 11330, artículo 1.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alejandro Carlos CAPALBO c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES Gustavo Mario BAZTERRICA c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29|1986-08-29

El art. 19 de la Constitución Nacional en relación directa con la libertad individual, protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones hechos o datos que, teniendo en cuenta la forma de vida aceptadas por la comunidad, están reservadas al propio individuo.
Prueba testimonial, declaración de la víctima, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Bufanio, Ignacio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-27

No es arbitraria la consideración del testimonio de la víctima como fundamento de la incriminación si las pruebas son múltiples en su naturaleza: declaración testimonial, reconocimiento por fotos y en rueda de personas y cantidad de objetos sustraídos, aunque tengan su fuente de producción en el mismo sujeto. La falta de secuestro del arma y la circunstancia de que la víctima no haya podido determinar mínimamente su morfología, dejan un margen suficiente de duda que debe resolverse a favor del acusado, pues la sola representación de que se tratara de un arma de fuego, el miedo o la imaginación de peligro no abastece por sí sola el contenido de la agravante. La desnudez parcial de la mujer, la limitación de su libertad, los tocamientos de naturaleza sexual y las consecuencias que implicaron para la vida de la víctima, no permiten por sí solos avanzar hacia la fórmula de "gravemente ultrajante". La disidencia consideró que es nula la sentencia que se limitó a exponer el material probatorio y las valoraciones sobre éste, sin describir el hecho que se tuvo por acreditado. (Dres. Mitchell, García -en disidencia- y Yacobucci).
Cheque, endoso
Materia: PENAL
Carátula: BERTONE DANIEL HORACIO s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-29

La posibilidad de perjuicio es un requisito com un a todas las formas de falsedad. Tal exigencia queda excluida cuando la falsificación o adulteración recae sobre un documento nulo.

Si el obrar del autor no consistió en adulterar el cheque -el que no puede reputarse nulo porque reúne todos los elementos esenciales- sino los endosos, estos se suman al cheque, entrando a formar parte de un todo para cumplir una función económica, que se ve alterada con menoscabo de la fe publica. Es por ello que la protección de la ley no debe reservarse para que el cheque en sus elementos originales sino extenderse a todos sus endosos.

Vale decir, entonces, que no es indefectible que la falsedad se produzca en el texto o la firma, ya que también puede serlo en el endoso, porque la equiparación no es respecto de un cheque en sus elementos, esenciales, sino el cheque, la que se produce siempre que este se haya adulterado en una de las partes esenciales para que exista como tal o que, como el endoso, las complemente en forma necesaria.-
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, acción de repetición, accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, accidente in itinere, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: Provincia  Aseguradora  de  Riesgos  de  Trabajo S.A. c/ Duarte, Walter Manuel y otro s/ accidente - acción civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

El art. 39, inc.5 de la ley 24.557, de origen laboral, posibilita a la aseguradora repetir del causante del daño, la totalidad de las prestaciones prescriptas en dicho texto legal, por el valor de las que hubiere abonado, otorgado o contratado. En materia de competencia, resulta de clara naturaleza civil la controversia sobre la responsabilidad extracontractual derivada de un accidente de tránsito, cuyo conocimiento corresponde, según lo ha establecido reiteradamente V.E. a la Justicia Nacional en lo Civil.
Competencia civil, daños y perjuicios, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: ORTEGA,  Lorena  Rebeca c/ CARTA  SUR  CARDS  S.A. s/ DAÑOS YPERJUICIOS s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-24

Cuando se trata una causa en la que la actora persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios como consecuencia del obrar ilícito de la demandada; no obstante que en sede comercial tramitara un proceso ejecutivo en el que asumieron la calidad de parte y contraparte, juicio en el que se desistió la acción y del derecho, no se justifica el desplazamiento de la competencia hacia el Fuero Comercial en tanto no se trata de uno de los supuestos previstos en los art. 6 inc. 6  y 553 del Código Procesal.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1993-02-25

El art. 507 del C.P.P. atribuye al Tribunal de Casación la facultad de ordenar directamente la libertad del imputado, cuando por efecto de la sentencia debe cesar su detención, y aunque no se trate precisamente de una sentencia casatoria, el pronunciamiento sobre la libertad impetrada tiene el mismo efecto y no se trata de una casación por cumplimiento de la pena o de una medida de seguridad;

supuestos estos últimos en que sí corresponde que la libertad sea ordenada por el Tribunal de ejecución de aquella.-
Beneficio de litigar sin gastos, jueces, abuso del derecho, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Coop. de Periodistas Independientes Ltda. s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-09

El sustento vital de un magistrado judicial no se ve en peligro por las circunstancias de tener que afrontar los gastos causídicos, no sólo por la jerarquía y su compatible conjunto de entradas, muy superiores lógicamente a las de otras personas asalariadas, sino también porque además de cobrar el llamado sueldo "básico" correspondiente, percibe otros renglones o items lo que descarta que en el caso pueda verse afectada la defensa en juicio. Las comparaciones entre el haber o estado patrimonial suyo y las pretensiones, no resultan compatibles ni son por ello elementos relevantes al efecto, debiendo evitarse, en tal orden, lo que ha sido llamado el "abuso de litigar sin gastos". Con mayor razón ante un aspecto de especial estimación, como es el de tratarse el peticionario de un magistrado de la Nación, que obliga a ponderar con mucho cuidado el beneficio para salvar de toda suspicacia la actuación de los juzgadores.

Por ello, y estando acreditado que sus ingresos sobrepasan lo necesario para su subsistencia, corresponde rechazar el pedido, pero si por decisión mayoritaria, aunque dividida en cuanto a su alcance, se otorgó, debe limitarse al cincuenta por ciento por ser la solución que más se compadece con el criterio expuesto.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferrari, Osvaldo c/ Expreso Paraná S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

En los casos en que un chofer de un micro y el inspector lesionan a un pasajero cuando éste ya había descendido del colectivo, cabe aplicar lo normado por el art. 1113, primera parte del Código Civil, que establece que "la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado". . La dependencia que trae aparejada la responsabilidad del "principal" se configura a través de dos elementos constitutivos: 1) una función practicada por alguien (dependiente) en interés, servicio o utilidad de otra persona (principal); 2) la subordinación del sujeto agente a la persona (principal); 2) la subordinación del sujeto agente a la persona por cuya cuenta obra, o sea, una incumbencia subordinada. El poder de dar órdenes a quien se confían determinadas funciones es la nota definitoria de la dependencia, siendo indiferente que los servicios sean gratuitos o el cumplimiento temporario u ocasional.

El presente caso se enrola dentro de la responsabilidad del comitente por el hecho ilícito de su subordinado realizado en ocasión del servicio, es decir, de las tareas que le han sido encomendadas puesto que el hecho se originó a raíz de un altercado por una operación típica del contrato de transporte, cómo es la de abonar el pasaje correspondiente y recibir el boleto y el vuelto del dinero entregado; esto último fue lo que motivó el problema. Y si bien la discusión se orginó en el colectivo por dicha causa, tuvo su desenlace inmediato en la calle, agrediendo y lesionando el chofer al actor. Entonces, no se trató de un hecho aislado, ajeno a la empresa del transportista. La accionante fue dañada por una circunstancia que se suscitó como consecuencia del incumplimiento de las funciones del colectivero, mediando un vínculo de causalidad adecuado entre el hecho dañoso del chofer y el perjuicio ocasionado, no extraño a la relación de dependencia y la culpa in eligiendo y vigilando que sustenta esta responsabilidad refleja. Es claro que el principal debe responder por aquéllos daños que fueron ocasionados por su dependiente mediante actos, hechos ajenos o extraños a la naturaleza de la función encomendada que, de no mediar la relación de dependencia, no hubieran podido realizarse. Por lo tanto, es responsable del daño sufrido por la actora en forma solidaria con el autor directo del hecho.
Subasta judicial, adquirente en subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Goicochea, Héctor domingo c/ Goicochea, Hilda Alicia s/ División de condominio (reconstrucción)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

Corresponde rechazar el pedido de declaración de prescripción de la compradora en subasta que no señaló razones valederas que justifiquen la legitimación que alega para requerirla. La prescripción alegada por el tercero se refería a los honorarios de los letrados de las partes principales del juicio. No puede sostenerse que la compradora en subasta sea deudora de todas las obligaciones asumidas por quien fue su antecesor en el dominio, sino sólo de las indicadas en el art. 3266 del CC.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria, cambio jurisprudencial, economía procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: AMARO ROMERO, Tomás s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-27

Dado que la totalidad de las salas de la Cámara Nacional de Casación Penal, han considerado que el auto que dispone el llamado a prestar declaración indagatoria, configura un acto con virtualidad de secuela de juicio, interruptivo del curso de la prescripción de la acción penal, la C.N.Crim. y Correc., Sala I, por mayoría y por razones de economía procesal, modificó su criterio al respecto.
Irretroactividad de la ley, indemnización agravada, recurso de casación
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Nº 117/08 Vergara, René A. c/ Círculo Médico de Catamarca y Otros s/ Beneficios Laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-06-29

Respecto del reclamo por la indemnización del Art. 15 de la Ley 24.013, la Alzada confirma también el fallo de Primera Instancia que desestima dicha indemnización, con idéntico fundamento que en la anterior petición, es decir que el actor no procedió a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia de la intimación realizada al empleador, conforme lo estable Art.47 de la Ley 25.345.

Este argumento resulta refutado por las siguientes razones: a) por no estar vigente dicha norma al momento de iniciar el reclamo b) porque la remisión de copia que exige el Art. 11 de la Ley Nacional de Empleo, 25.345, no se aplica a la indemnización del Art. 15, sino que sólo es exigible para las multas previstas en los Arts. 8, 9 y 10. Sin embargo, si analizamos detalladamente el Art.15 que dice: "Si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los dos (2) años desde que se le hubiere cursado de modo justificado la intimación prevista en el Art.11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido...", se desprende que al tomar en cuenta la fecha de intimación, la cual fue el 28 de julio de 2000 -conforme consta en el sello de la Carta Documento - y la fecha de despido, conforme las pruebas presentadas en autos, la cual coincide con la presentación en procedimiento preventivo de crisis de la codemandada en octubre del 2002, vemos que se excede en tres meses el período de dos años establecido por el Art.15, por lo que resulta inaplicable la indemnización prevista en dicho artículo. Por lo expuesto, corresponde rechazar el segundo planteo.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARLOA REGALADO Y OT. c/ ARNALDO LUJAN s/ Daños Perjuicios (LIBRO: S069 - 110)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-12-28

El rubro indemnizatorio puede depender en definitiva del arbitrio judicial, pero ese "arbitrio" debe ser explicitado claramente, para que el Tribunal "ad-quem" pueda verificar el acierto o no de tal decisión.
Régimen penal tributario, competencia, competencia por el territorio, lugar del hecho
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CORBAMIL S.A. s/ Régimen Penal Tributario, incidente de incompetencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-05

Para la determinación de la competencia es necesario establecer donde se realizó la maniobra que se supone violatoria de la Ley Penal Tributaria. Esto fija la competencia más allá de cual sea el domicilio de los negocios de la empresa en cuestión y, en tanto el contribuyente a que se refiere la investigación debe cumplir obligaciones fiscales ante la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales que tiene sede en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde que siga entendiendo en la causa el Juez en lo Penal Tributario.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Revoltel, Heraldo Damián s/ Homicidio y lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-23

El recurso extraordinario deducido no reúne los requisitos previstos en el art. 349 inc. 1 del Código de Procedimiento Penal (conf. ley 3589 y sus modif.), ya que si bien denuncia violación de los arts.

168 y 171 de la Constitución provincial, no se funda en el contenido normativo de dichos preceptos, sino que se intenta traer a examen de este Tribunal supuestos errores de juzgamiento como arbitrariedad en la apreciación de la prueba, infracción en expresas normas procesales así como la forma en que la cuestión ha sido resuelta, temas éstos ajenos al mismo y sí propios del de inaplicabilidad de ley, cuya deducción no está habilitada en autos en virtud de la limitación legal (art. 350 del Código citado). (MINORIA U OPINION PERSONAL)