Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-29


000387/2009 ----En la ciudad de Trelew, a los días de diciembre del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "D. G., J. C. y otra c/ R., M. L. s/ Daños y Perjuicios (Ficha N° 9779)" (Expte. 387 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es ajustada a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 495. ------ A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto dijo: Vienen estas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la aseguradora La S. C. L. de S. G. a fs. 374, por las actoras de la causa acumulada B. y M. a fs. 389 y sus letrados, por la demandada reconviniente y su letrado a fs. 392 y por el perito psicólogo por sus honorarios a fs. 416 -ratificado a fs. 426-, recursos concedidos a fs. 375 -aclarado a fs. 376-, 393 y 428. La sentencia apelada -ver fs. 360/373 y su aclaratoria de fs. 398/399 vta.- rechazó la excepción de falta de legitimación opuesta por la aseguradora P. S. S.A., así como la demanda promovida por J. C. D. G. y M. G. P. contra M. L. R.; asimismo hizo lugar parcialmente a la reconvención deducida por M. L. R. contra M. G. P., condenando a esta última junto a la citada en garantía La S. C. L. de S. G. a abonar a aquélla la suma de $ 118.000 con más intereses en el plazo de diez días; también se hizo lugar a la demanda promovida por M. F. B. por sí y en representación de sus hijos L. E. y A. S. y por M. H. M. en representación de su hijo H. D. S., contra M. G. P., condenando a esta última junto a la citada en garantía mencionada en último término, a que abonen a las actoras la suma de $ 1.436.880,24, con más intereses en el plazo de diez días. A su vez se impusieron las costas a los Sres. D. G. y P. en un 90% y en un 10% a la Sr. R. por la acción promovida por aquéllos y la reconvención deducida por ésta; en tanto que por la demanda promovida por B. y M. las costas se imponen a la demandada P..- Las respectivas expresiones de agravios obran, a fs. 442/452 vta. la de la citada en garantía apelante, a fs. 457/460 vta. la de las coactoras B. y M., y a fs. 461/462 vta. la de la reconviniente R.. Los pertinentes traslados de las mismas se confieren a fs. 455 y 463 respectivamente, siendo contestados los mismos a fs. 466/484, 485/486, 488/490 y 491/492.- I.- Comenzaré por reseñar los agravios de las partes y las respectivas contestaciones de las mismas, haciéndolo de manera conjunta a fin de conectar las expresiones de aquéllos con estas últimas.- 1) La citada en garantía recurrente en su presentación de fs. 442/454 se agravia en una primera parte respecto a cuestiones referidas a la reconviniente R.. Así se queja de que se impusieran intereses sobre el valor del automotor siniestrado pese a que la estimación es actualizada. Señala que si se optó por determinar el valor del objeto al momento de la sentencia, la situación se asemeja al cumplimiento en natura, y entonces es lógico que no corresponda el pago de intereses. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura. En segundo y tercer lugar se ataca la imposición de costas, por cuanto se distribuyeron en un 80% a la actora y en un 20% a la demandada-reconviniente en los considerandos del decisorio, mas luego en la parte resolutiva se impusieron en un 90% y 10% respectivamente. Refiere que ambas distribuciones resultan cuestionables, ya que se han rechazado dos rubros importantes respecto a los montos requeridos por la contraria, citando jurisprudencia de la Sala "A" de este Cuerpo. Como cuarto agravio considera que el monto reconocido por daño moral resulta elevado. Cita copiosa doctrina al respecto, destacando que la circunstancia de que dicho monto quede a la discrecionalidad del juzgador no importa que la determinación sea arbitraria. Entiende que son de utilidad las reglas propuestas por Mosset Iturraspe y cita jurisprudencia de esta Sala. Como agravio común a ambas contrarias impugna los intereses computados, respecto de lo cual cita jurisprudencia, concluyendo que los mismos resultan sumamente elevados y se configuraría de esa manera un enriquecimiento sin causa de las partes opositoras.- En respuesta a estos agravios, la reconviniente R. en su escrito de fs. 485/486 señala que con relación al monto actualizado del rodado y la tasa de interés aplicada, el agravio debe desecharse en virtud del principio de la reparación integral del daño injustamente causado, el cual requiere que los intereses se devenguen desde la fecha en que el perjuicio ha sido causado, citando jurisprudencia al efecto. En cuanto a la distribución de las costas, indica que su parte apeló el decisorio, sosteniendo la procedencia de los rubros rechazados, por lo que entiende que la condena en costas debe ser a cargo total de la actora y su aseguradora. Respecto al monto admitido por daño moral, señala que ante la muerte de un hijo cualquier suma que se fije es baja, ya que el dolor de una madre ante dicha circunstancia es prácticamente imposible de reparar. Concluye que el juzgador ha establecido un monto que se ajusta a los parámetros de la doctrina y jurisprudencia en forma pacífica.- 2) La citada en garantía apelante dedica la segunda parte de su expresión de agravios de fs. 442/454 en verter sus críticas a la decisión en cuanto hace lugar a la demanda promovida por B., por sí y sus hijos, y por Morón en representación de su hijo. El primer agravio objeta que se haya tenido por acreditado sólo con tres testigos que el occiso percibiera la suma de $ 3.000 por desempeñarse por las tardes en un locutorio. Resalta que en la demanda se afirmó que cobraba aproximadamente $ 2.600 y no obstante ello vivía en una casa alquilada por $ 300. Considera absurdo suponer que quien percibe cuatro o cinco veces menos dinero en su trabajo matutino no trabaje todo el día en la actividad que mayor rédito le reporta. Todos ellos son elementos que hacen devenir, a su criterio, insuficiente la prueba testimonial mentada. Cita doctrina relativa al valor de dicha prueba. Destaca que resulta ilógico que si para acreditar la percepción de magros ingresos para obtener el beneficio de litigar sin gastos la prueba testifical resulte por sí sola insuficiente, sea suficiente para probar importantes ingresos. Agrega que la demostración de las ganancias del fallecido se asemeja a la acreditación de un lucro cesante, siendo la misma de carácter restrictivo, citando jurisprudencia al respecto. Añade que es un dislate que el juzgador haya recepcionado la suma promedio de lo informado por los testigos, amén de que los dichos de los mismos son meras suposiciones, sin perjuicio de indicar que las expresiones del declarante Chirurgi resultan sugestivas e insuficientes.- En segundo lugar, y sin perjuicio del agravio anterior que cuestiona el monto de los ingresos del occiso, se objeta la forma en que el sentenciante de grado efectuó el cálculo de la indemnización del daño patrimonial, ya que multiplicó los ingresos posibles, llevándolos a dos veces y media. Es que la base del ingreso anual de $ 36.721,37 fue utilizada para calcular la indemnización de B., cuando en realidad la misma correspondía para todos los derecho-habientes, con la distribución que se pudiera realizar. Para calcular la indemnización de los tres menores se tomó el 50% de los ingresos para cada uno de ellos, con lo cual la base anual considerada fue de $ 36.721,37, $ 18.360,68, $ 18.369,68 y $ 18.389,68, lo que importa un enriquecimiento sin causa. Reitera que el único valor a tomarse debe ser $ 36.721,37 que debe ser distribuido entre los accionantes, sugiriendo como criterio el de la distribución sucesoria, es decir 50% para B. ($ 18.360,68) y 16,66%, esto es, $ 6.120,23 para cada uno de los tres menores. Repite que todo ello lo es sin perjuicio de lo requerido en el anterior agravio. Cita jurisprudencia de esta Cámara, resumiendo su posición en el sentido que si se ganan $ 100 no se puede repartir $ 250.- En tercer término se agravia de los montos determinados por daño moral, los que se cuantificaron en $ 100.000, tanto para la cónyuge como para cada hijo. Cita jurisprudencia y doctrina. Destaca respecto del hijo mayor que no convivía con su padre y no se ha demostrado que existiera mínimamente un grado de acercamiento entre ambos. No obstante ello considera excesivo el monto indicado aun para los hijos convivientes. Cita un precedente de esta Sala en el cual se reconoció la suma de $ 50.000. Como cuarto agravio cuestiona la recepción del rubro por gastos de sepelio con fundamento en los arts. 1084 y 1085 del C. Civil. Indica que se negó su procedencia y ninguna prueba se aportó sobre su gasto, cuando es de toda evidencia que tales pagos son documentados. Finalmente cabe consignar que, por ser un agravio común, cuestiona respecto de estas contrarias, la tasa de intereses a calcular, de acuerdo a lo reseñado en el punto 1).- Las demandantes en la causa acollarada, B. y M., contestan los agravios en su presentación de fs. 466/481. En cuanto a los ingresos del occiso S., señalan que en la demanda sostuvieron que el mismo laboraba a la mañana en el estado provincial y por la tarde ocho horas, inclusive sábados y domingos, en la actividad privada. Expresan que se probó la variedad y extensión de estas actividades. Consideran que la referencia al valor de la vivienda que S. alquilaba no es una crítica a la sentencia, y en todo caso demuestra la integridad moral del mismo. Entienden inadmisible la conjetura de la contraria acerca de por qué el fallecido mantenía su trabajo de mañana. En cuanto a los testigos responden que su idoneidad se presume, los mismos declararon delante de los letrados de la aseguradora y nada se dijo en su momento sobre su idoneidad. Reafirman que los testimonios fueron precisos y coherentes.- En relación a la aplicación de la fórmula matemático-financiera, indican que es facultad del magistrado fijar el "quantum" indemnizatorio, pudiendo utilizar una fórmula o recurrir a su estimación judicial, ignorándose si el juez usó ambas modalidades o una sola de ellas. Es así que ignoran si el juzgador entendió insuficiente el resultado obtenido y estimó otros importes a los hijos del causante. Pero en el caso de aplicarse la referida fórmula, consideran que a medida que cada hijo arribe a la mayoría de edad, el importe que le correspondía debe ser incorporado al patrimonio de la cónyuge supérstite hasta el período de expectativa de vida probable del causante, por lo que ésa percibirá no se limita al 50% del total. Impugnan así el criterio sucesorio que sugiere la contraria. Reiteran que el juez cuenta con amplia libertad para fijar el "quantum" indemnizatorio y que la materia a reparar no es el valor vida ni se limita a compensar los ingresos perdidos, sino que deben considerarse todas las consecuencias dañosas para redefinir el nuevo status de la víctima.- En cuanto al daño moral se interrogan acerca de si puede existir enriquecimiento sin causa al cuantificar el daño moral, considerando que podrá haber acierto o desacierto al cuantificar este tópico, pero nunca enriquecimiento sin causa. En cuanto a los intereses adicionados señalan que la contraria se olvida que los mismos se devengaron por su exclusiva mora. Critican la comparación que efectúa entre el valor asignado y el de la modesta vivienda que habitaba S.. Respecto a la relación entre éste y su hijo mayor destacan los testigos que dan cuenta de la misma. Refieren que la expresión de agravios de la aseguradora, en varios pasajes de la misma, no cumple con los requisitos de crítica concreta y suficiente. Citan jurisprudencia de la Sala "A" de este Cuerpo, a fin de considerar apropiado el monto entre $ 100.000 y $ 200.000 por este concepto. Refieren a las declaraciones testimoniales y a la pericia psicológica a los efectos de acreditar la afección en la esfera espiritual de los deudos.- Argumentan acerca de los gastos de sepelio que, habitual y normalmente, cuando una persona fallece se realiza un funeral y por tal motivo el ordenamiento jurídico presume estos gastos, indicando como una grosería que se insinúe que el juez favorece el trabajo irregular o en negro al aceptar las ganancias a partir de las meras declaraciones testificales. En lo que se refiere al agravio común de los intereses, indican que se deben por haberse incurrido en mora y citan copiosa jurisprudencia local sobre la materia.- 3) Las coactoras B. y M. expresan agravios a fs. 457/460 vta., objetando en primer lugar el cómputo de los períodos a incluir en la fórmula matemático-financiera a fin de determinar el daño patrimonial de B.. Se agravian de la limitación temporal hasta los 62 años del occiso, entendiendo que debe computarse hasta el término de expectativa de vida o el promedio estimado de vida del causante, conforme estadísticas oficiales. Considera que la limitación impuesta afecta y disminuye el derecho patrimonial de los actores, que el principio de indemnización plena tiene jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el art. 19 de la Constitución Nacional, citando jurisprudencia de la Corte Federal. En cuanto a la indemnización de ambas coactoras aclaran que integró el reclamo indemnizatorio el costo de la contratación de personal en ambas familias a fin de colaborar en las tareas domésticas, cuidado y atención de los tres hijos menores de edad, durante el tiempo que ambas madres debían ausentarse para ir a trabajar. Dada la corta edad de los niños sostienen que resulta evidente que los mismos deben quedar al cuidado de alguien, habiéndose probado que M. trabaja y que B. debió comenzar a laborar en la administración pública. Sin desestimar este concepto, en la sentencia se omitió considerarlo. Se extienden nuevamente sobre el concepto de reparación integral y de la prueba rendida a los fines de acreditar este rubro solicitado.- La respuesta a estos agravios fue vertida por la aseguradora a fs. 491/492. En cuanto a la primera queja señala que es falso lo que percibía S. como cuentapropista y que el monto reconocido fue oportunamente objetado en su expresión de agravios. A ello añade que habiendo sido empleado público provincial, su jubilación se produciría a los 62 años y su pretendida continuación en otras tareas que no se sabe en que consistían no produciría una nueva jubilación, ya que no existe duplicidad en materia previsional. Cita jurisprudencia relativa a que el término a computar en esta materia es el de la fecha de la jubilación. Con relación a la segunda queja, sencillamente manifiesta que la Sra. Morón trabajaba al momento del fallecimiento de S. y si B. comenzó a laborar puede abonar personal doméstico, por lo que tampoco se comprende cuál es el daño producido.- 4) Por último reseñaré las quejas de la reconviniente R. expresadas a fs. 461/462 vta.. En primer lugar se agravia de que se hubiera desestimado el rubro privación de uso en atención a la destrucción total del vehículo, considerando que el juez se ubicó en una postura jurisprudencial minoritaria. Entiende que se trata de un daño que se presume, citando jurisprudencia al efecto. En segundo término se queja del rechazo del rubro pérdida de chance con fundamento en que el análisis de los ingresos y egresos de dinero que debía afrontar S. derivó en la incertidumbre de la ayuda económica futura para su parte. Señala que el sentenciante confunde el concepto de chance, ya que en el mismo la certidumbre resulta esfumada, debiéndose indemnizar la chance o expectativa en cuanto daño actual resarcible, valorándose en sí misma y no en relación al eventual beneficio o ganancia frustrada. Cita jurisprudencia y doctrina al respecto.- La citada en garantía contesta estos agravios a fs 488/490. Respecto del primero cita jurisprudencia y doctrina en apoyo al razonamiento del "a quo". Destaca que cuando la destrucción del rodado es total existe un perjuicio íntegro, un daño consumado por la destrucción irredimible de la unidad, lo cual confiere un derecho al reembolso total del perjuicio sufrido y en tal caso no cabe la compensación adicional por el lapso razonable de detención y privación correspondiente a su uso, ya que el resarcimiento integral cubre ya todo posible perjuicio.

En cuanto a la segunda queja sostiene que la muerte de un hijo sólo otorga a los padres el derecho a obtener una indemnización por la pérdida de la chance que ello importaría y que se traduciría en una falta de ayuda en la vejez. Agrega que el concepto de chance es la posibilidad o probabilidad de que, a raíz del hecho dañoso, los padres hayan perdido la oportunidad de resultar asistidos económicamente en el futuro por el hijo, se trata de resarcir la razonable aspiración, no es un daño eventual sino un perjuicio futuro cierto. En la especie, considera, que ese supuesto no existe, ya que la madre ya percibía su jubilación y su hijo tenía a su vez hijos y esposa, lo que hace pensar razonablemente que no se está frente a una probabilidad frustrada sino a una eventualidad, a una mera hipótesis.- II.- Delimitada la materia sobre la cual habrá de ejercer este Cuerpo la facultad revisora, por una cuestión metodológica me concentraré en primer lugar en los agravios recíprocos entre la citada en garantía recurrente y la reconviniente R., para luego hacer lo propio para las quejas entre aquélla y las coactoras de la causa acumulada B. y M.. Finalmente, dado que se trata de un agravio común consideraré el vertido por la aseguradora respecto de los intereses. Asimismo en el caso que corresponda, por la conexidad de las materias tratadas, efectuaré un tratamiento conjunto de los agravios que ameriten dicha modalidad.- Sin perjuicio de ello, y a los meros fines aclaratorios, ya que no fue una cuestión controvertida me referiré a la legitimación de la aseguradora para recurrir la sentencia, dado que la actora no apeló la misma. Sobre la cuestión ya he fijado posición oportunamente en los antecedentes de esta Sala "B", SIC Nº 120/07, del 08/10/07, SDC Nº 42/08 del 31/10/08, entre otros. En los mismos, sostuve que la aseguradora debe ser reputada como "parte" en sentido procesal y así como puede verse afectada por la suerte del juicio, debe contar con todos los beneficios que se acuerdan a un litigante para la preservación de su derecho de defensa (contestación de demanda, ofrecimiento y diligenciamiento de prueba, alegato, recursos, etc.). Todo ello con abstracción de la diligencia que pueda o no desplegar el asegurado demandado, o mejor dicho, a despecho de su posible inercia o negligencia en la contradicción de la pretensión del accionante (conf. Zavala de González, Matilde: "Resarcimiento de daños", Ed. Hammurabi, 1997, Tº 3, pág. 482). A ello cabe agregar que la jurisprudencia mayoritaria se ha pronunciado en el sentido de que si la litis se integra con el presunto responsable del daño y con su aseguradora, se configura un litisconsorcio pasivo, pero no necesario, ya que no es menester la citación en garantía para que la sentencia pueda pronunciarse últimamente. La principal consecuencia práctica de la adopción de esta tesis es que si el litisconsorte es considerado como facultativo, algunos sostienen que el éxito de las defensas o recursos de la aseguradora la benefician de modo exclusivo, sin propagación al asegurado omitente (conf. Zavala de González, op. cit., ídem, pág. 489 y sigs).- Es así que la aseguradora puede desplegar una actitud adhesiva o subordinada a la del asegurado, con similitud básica de posturas (inclusive, cabe que exista unidad de representación y de defensas), pero también es factible que actúe de modo totalmente independiente de lo que haga o deje de hacer el asegurado, sin accesoriedad a una previa y determinada conducta de éste. Así ocurrirá cuando, para resistir la pretensión del actor, la aseguradora articula defensas o recursos que el asegurado no dedujo. En esta segunda hipótesis y a la postre, el actuar de la aseguradora podrá perjudicar los intereses del demandado-asegurado, no en relación con el actor sino con la aseguradora misma, porque aquel proceder está orientado a que la eventual condena que se dicte no haga cosa juzgada en contra de ésta (el demandado no podrá descargar su responsabilidad hacia la víctima) (conf. Zavala de González, op. cit., ídem, pág. 492 y sigs.). En sentido concordante con lo que se viene diciendo, la Corte mendocina señaló -refiriéndose a un incidente de caducidad interpuesto por la citada en garantía- que verificándose un litisconsorcio pasivo necesario los actos vinculados a cada uno de los litisconsortes aprovechan o perjudican al resto, lo que no acontece cuando el litisconsorcio es facultativo (conf. SC Mendoza, Sala I, 22/03/07, in re: "Farías, Nicolás c/ Bueno, Rodolfo y otros", laleyonline).- Concretamente con relación a la autonomía recursiva de la citada en garantía, la tesis denegatoria se funda en que no existiría interés ni finalidad que justifique sus recursos, ya que de todos modos, la condena que se dice contra el asegurado hace cosa juzgada en contra de aquélla por vía del art. 118 de la ley 17418(conf. SCBA, 30/6/92, LL, 1992-E-38), CN. Civ., Sala D, 23/8/77, LL, 1978-C-660, 34.733-S). Mas como he señalado -siguiendo a Zavala de González-, de acuerdo a la orientación prevaleciente el asegurador citado en garantía reviste el carácter de un litisconsorte pasivo autónomo, por lo que goza de autonomía recursiva, con prescindencia de la actitud que adopte el asegurado (conf. aut. cit., op. cuit., ídem, pág. 536). Así lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que la relación constituida por el demandado y su aseguradora genera a favor de ésta una legitimación procesal que da facultad (con autonomía de la actitud seguida por aquél) para recurrir un pronunciamiento adverso, toda vez que el gravamen que, como presupuesto, requiere dicha vía de impugnación, está dado desde el punto de vista subjetivo para todos aquéllos a quienes alcanzan los efectos de la cosa juzgada en la sentencia (CSJN, 21/4/92, LL, 1992-E-34). En cuanto a los efectos del reconocimiento de esta autonomía recursiva a la aseguradora, se ha considerado que si los mismos son favorables se propagan al asegurado aunque éste no haya recurrido (conf. Rivera: "La citación en garantía en el seguro de responsabilidad civil", JA, 1988-I-846). Otra postura -que comparto- sostenida por Zavala de González entiende que, tratándose de un litisconsorcio facultativo o voluntario, los recursos de uno de los litisconsortes no favorecen a los demás, a lo que cabe añadir que la salvaguarda del derecho de defensa en juicio, que es el nudo justificativo de la solución, debe hacerse efectiva también en la Alzada. Por lo demás la cosa juzgada debe examinarse discriminadamente por cada litigante sino hay litisconsorcio necesario. Y se brinda el ejemplo según el cual la cuestión se desdoblase entre un primer juicio contra el responsable asegurado y otro de repetición contra la aseguradora, pues entonces ésta también podría cuestionar la específica vigencia de la propia responsabilidad, si el asegurado fue negligente al no interponer defensas o recursos de éxito previsible (conf. Zavala de González, op. cit. ídem, págs. 540/541).

- Por todas las razones expuestas, entiendo que la citada en garantía cuenta con autonomía recursiva, por lo que corresponderá tratar sus agravios.- 1) Dicho lo anterior, reitero a los meros fines aclaratorios, me adentraré en los agravios relativos al conflicto entre la aseguradora apelante y la reconviniente R.. El primer agravio de la citada en garantía al respecto apunta a descalificar la aplicación de intereses sobre el valor del automotor, ya que al determinarse el mismo al tiempo de la sentencia, considera que la situación se asemeja al cumplimiento "in natura" (ver fs. 442 vta. "in fine"/443). Es de hacer notar que no se cuestiona el valor asignado, sino el cómputo de intereses sobre el mismo.- El sentenciante consideró que el valor de un rodado de similares características al siniestrado, un mes antes del dictado de la sentencia era de $ 18.000, por lo que reconoció dicho monto (ver sentencia a fs. 367 vta., 1er. párrafo). Es cierto lo manifestado por la apelante en cuanto a que la concesión del valor actualizado del vehículo que sufriera destrucción total se asemeja a la reparación "in natura". De hecho según lo previsto por el art. 1094 del C. Civil, si el daño fuese por destrucción de la cosa, la indemnización consistirá en el pago de la cosa destruida, y el art. 1083 del mismo código prevé el resarcimiento en especie, siempre a opción del acreedor (conf. Zavala de González, Matilde: "Resarcimiento de daños", Ed. Hammurabi, 1996, Tº 1, págs. 20/22). Ahora bien, esta similitud no importa como lógica derivación que no se deban reconocer los intereses pedidos. Es que en la hipótesis de indemnización dineraria, se advierte con claridad que su privación temporal acarrea al damnificado una pérdida de frutos, compensable con los intereses moratorios. Pero también es así cuando la reparación se ordena en especie -hipótesis a la que asimila el valor actualizado la recurrente- (por vía del reemplazo o arreglo del bien patrimonial menoscabado), ya que la correspondiente prestación (por ejemplo, la entrega de un automotor para reponer el destruido, el arreglo asumido "per se" por el obligado) es siempre representativo de un capital pecuniario y, por ello, potencialmente productivo de frutos, cuya privación durante la mora constituye un daño resarcible (conf. Zavala de González, op. cit., idem, pág. 247).- Finalmente, tampoco encuentro que pueda tener andamiaje la petición de reducir los intereses, respecto a este rubro, a la tasa del 6% anual, ya que dicha tasa era o es de uso habitual sobre el capital actualizado de acuerdo a los índices de actualización correspondientes, caso distinto al presente, en el cual lo que se ha considerado es el valor de un bien similar en fecha cercana a la sentencia, supuesto que como sí bien dijo la recurrente, se asemeja a la reparación "in natura", lo cual -como se vio "ut supra"- no impide el cómputo de intereses por la privación de frutos durante la mora.

En todo caso se volverá sobre el tema relativo a la tasa aplicable en el agravio común de la aseguradora referido al cuestionamiento de la tasa activa.- Por las razones expuestas postulo que se desestime el agravio examinado.- 2) Trataré a continuación, debido a su conexidad con la queja precedente, el agravio de la reconviniente relativo al rechazo del ítem "privación de uso del automotor". El sentenciante "a quo", consideró, basándose en cita jurisprudencial, que "...cuando la destrucción del rodado es total, existe un peligro íntegro, un daño absolutamente consumado por la destrucción irredimible de la unidad, que confiere un derecho al reembolso también total del menoscabo patrimonial sufrido. No cabe en consecuencia la compensación adicional por el lapso razonable de detención y privación correspondiente a su uso como ordinariamente se concede, ya que el resarcimiento integral que se le concede cubre todo posible perjuicio a su dueño o guardián..." (ver sentencia a fs. 367 vta., 2do. párrafo).- Frente a dicho razonamiento del juzgador, la apelante R. funda su queja en que el mismo adhirió a una corriente jurisprudencial minoritaria, limitándose a citar la jurisprudencia que considera mayoritaria (ver fs. 461/vta., pto. II-A). Es sabido que el contenido u objeto de la expresión de agravios lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Debe ser una crítica razonada que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado" Ed. Astrea, 1993, Tº 1, pág. 941). Se debe demostrar el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (conf. CN. Civ., Sala D, 12/9/79, ED, 86-442). La recurrente se ha limitado a señalar que el juez adhirió a una corriente jurisprudencial minoritaria, citando la jurisprudencia que entiende mayoritaria en la materia. Sin embargo no explica los motivos del desacierto del razonamiento del sentenciante, más allá de indicar genéricamente que debe reconocerse el daño por la privación de uso. Es así que lo expresado no pasa de ser una mera discrepancia, careciendo de contenido la expresión de agravios que simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamento a la oposición (conf. CN. Civ., Sala A, 21/5/90, LL, 1992-A-269).- A la luz de los argumentos expuestos es que habré de proponer la deserción parcial del recurso de la reconviniente, en lo que a este agravio se refiere.- 3) Seguidamente examinaré el segundo agravio de la demandada reconviniente. El mismo se refiere a la desestimación del reclamo por pérdida de chance. Argumenta para ello que el juez confunde el concepto de "chance", citando jurisprudencia y doctrina acerca de la conceptualización de este rubro, señalando que en el caso que nos ocupa, la muerte de un hijo, la pérdida de chance es reparable en tanto importa para sus padres la frustración de una esperanza de ayuda, una chance cierta de ser apoyados en el futuro que encuentra sustento en el artículo 277 del Código Civil que impone a los hijos el deber de prestar servicios y alimentos a sus padres (ver fs. 461 vta., pto. III-B/462, en especial anteúltimo párrafo).

- El sentenciante de grado fue muy explícito al considerar que "...de ordinario los hijos devuelven los esfuerzos y cariños que los progenitores les brindan en la minoridad con una positiva ayuda y sostén a la hora de la vejez, de modo que se erigen no en eventuales sino en concretos sostenes, tanto en lo económico como personal, asistencial, de cuidados y de consejos en el futuro de los padres...En síntesis los padres tienen la expectativa de acompañamiento por los hijos no sólo afectivo, sino también en cuanto a la seguridad económica e integral..." (ver sentencia a fs. 368, primera mitad). Hasta aquí se puede apreciar que no existe diferencia de apreciación entre el juzgador de origen y la apelante, ya que ambos entienden que de manera genérica, existe la expectativa de los padres de recibir asistencia material, entre otras de diferente índole, de parte de los hijos durante la vejez. Pero la recurrente se quedó en esa consideración genérica del concepto de "chance", mientras que el sentenciante prosiguió su análisis del caso concreto, señalando que R. es una persona jubilada, y que si bien tenía una muy buena relación con su hijo, atento el salario que percibe su situación patrimonial no refleja una probabilidad seria de ayuda económica. Para ello tomó en cuenta que el fallecido no era su único hijo y que además tenía que mantener a su familia compuesta por su esposa y tres hijos todo lo cual deriva en que la ayuda económica futura reclamada resultara incierta (ver fs. 368, segunda mitad).- Es claro que la apelante no se hizo cargo de estos argumentos concretos que consideró el juez, nada dijo acerca de la percepción de un haber jubilatorio por su parte, de que cuenta con otros hijos, ni tampoco acerca de las obligaciones del fallecido respecto a su familia nuclear (cónyuge e hijos). Nuevamente aquí, como en el agravio anterior, debemos decir que la quejosa no criticó los argumentos dirimentes del sentenciante para arribar a su decisión. Se ha sostenido que carece de contenido la expresión de agravios que no ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (conf. C. 1era. Apel. San Nicolás, 29/4/71, LL, 143-100). Reitero, la apelante efectuó una consideración general del concepto de "chance", mas no se hizo cargo de los argumentos expuestos por el juez para decidir que, en este caso concreto, dicha "chance" no resultaba procedente.- Por las razones vertidas es que también propongo al acuerdo la deserción de este agravio, quedando así desierto el recurso de la reconviniente Rivas.- 4) Me adentraré ahora en la consideración del agravio de la aseguradora relativo al daño moral reconocido a la madre del fallecido S., considerando elevado el monto de $ 100.000 otorgado. He sostenido reiteradamente, como juez de primera instancia, que el daño moral ha sido reputado como la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, como ser la paz, la tranquilidad de espíritu, la integridad física, la libertad individual, el honor, los más sagrados afectos (SCBA, ED, 14-14). Se ha considerado que es incuestionable la lesión de las legítimas afecciones de los padres, y el consiguiente daño moral resarcible, que derivan de la muerte abrupta de un hijo a raíz de un suceso que obliga a otro a responder. Desde un punto de vista sustancial, resulta inimaginable procurar la explicación de un padecimiento semejante, porque no hay palabras que sugieran siquiera la medida de ese dolor.

Es que los hijos son depositarios de incontables afanes y desvelos, constituyen una proyección espiritual de los padres, el centro de los más hondos afectos y lo mejor que uno puede dejar en esta tierra. A su vez se trata de un daño moral grave no sólo por su intensidad sino también por su perdurabilidad, ya que se prolongará a través de toda la existencia del padre. La resignación sublima el dolor pero no lo borra (conf. Zavala de González, Matilde: "Resarcimiento de daños", Ed. Hammurabi, 1996, Tº 2 b, págs. 275/276).- En lo que se refiere a la cuantificación del daño moral, también me he pronunciado en numerosas oportunidades como juez de grado, en el sentido de que no tiene por qué haber vinculación porcentual con los daños materiales, y tampoco puede considerarse que sea un aspecto complementario y accesorio (conf. CN. Civ., Sala C, ED, 61-520), habiéndose señalado que no existiendo ninguna relación forzosa entre el perjuicio material y moral, la reparación de este daño debe determinarse ponderando esencialmente la índole de los sufrimientos y molestias experimentados por el damnificado y no mediante una proporción constante que vincule los daños cuya reparación se reclama, razón por la cual, en función de las particularidades del caso, dicha proporción puede variar (CN. Fed. Civ. y Com., Sala III, Rep. LL, 1983-A-I, pág. 642). Este Cuerpo en su composición de sala única también ha sostenido que no cabe someter a proporcionalidad el resarcimiento del agravio moral por ostentar un carácter autónomo (conf. CANE, SDL, 194/94 del 12/12/94). Por su parte en cuanto a la suma que se fija como resarcitoria del daño moral, queda librada a la interpretación que hace el sentenciante, a la luz de las constancias aportadas, tratando siempre de analizar en cada caso sus particularidades (conf. CN. Esp. Civ. y Com., Sala IV, RED, 13-298, s. 74), siendo constante la jurisprudencia que establece que en la materia, la fijación del monto resarcitorio se encuentra librada al prudente arbitrio de los jueces (conf. CN. Civ., Sala G, Doct. Judicial, 1986-2, p. 37, s. 125). Como pautas cuantificadoras encuentro relevantes las diez reglas enunciadas y explicadas por Mosset Iturraspe (conf. aut. cit.: "Diez reglas sobre cuantificación del daño moral", LL del 03/02/94). Destaco entre ellas la armonización con casos semejantes (nº 8). En el mismo orden de ideas se ha dicho que para cuantificar las indemnizaciones ha de tenerse en cuenta el valor relevante de los precedentes porque permiten trazar paralelos entre casos semejantes y reconocer montos resarcitorios que dejen a salvo los principios de justicia, igualdad y seguridad jurídica (conf. Highton-Gregorio-Álvarez: "Cuantificación de daños personales...", en Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 21, Rubinzal-Culzoni, 1999, págs. 127 y sigts.). En el antecedente de esta Sala que cita la apelante (ver CANE, Sala "B", SDC Nº 25/09, del 07/07/09, in re: "P., A. R. y otro c/ C. Ltda.. de P. de S. P. y V. de Puerto Madryn (S.) s/ daños y perjucios"), el suscripto tuvo en cuenta los antecedentes reseñados por el Dr. Lucero, vocal prevotante, señalando que en casos análogos la suma a repartir entre ambos progenitores oscilaban entre $ 55.000 hasta los $ 100.000. Es así que aquí nos encontramos con el sólo reclamo de la madre del occiso, por lo que resulta atendible el agravio, debiéndose reducir el monto reconocido a pesos cincuenta mil ($ 50.000).- 5) Por último, en lo que se refiere a los agravios recíprocos entre la aseguradora y la reconviniente R., trataré los que la citada en garantía tituló como segundo y tercer agravio (ver fs. 443 vta. "in fine"/vta.), en el cual se queja de la distribución de costas, tanto de lo expuesto en los considerandos en un 80% a la actora y en un 20% a la demandada-reconviniente, como en la parte resolutiva, en la cual la distribución fue de 90% y 10%. Destaca para ello que se rechazaron dos rubros importantes de 20.000 y $ 62.000. Ante todo diré que cabe atenerse a lo resuelto en la parte resolutiva , por lo que la distribución de costas a considerar es la de 90% a cargo de la actora y 10% a cargo de la reconviniente. Al respecto es de considerarse que la demanda de los actores De G. y P. fue rechazada íntegramente, aspecto que fuera consentido. Y con relación a la reconvención es del caso señalar que de cuatro rubros se desestimaron dos -privación de uso y pérdida de chance-, y por vía recursiva se redujo el monto del resarcimiento por daño moral. Ahora bien si se tomara solamente la reconvención, queda claro que la reconviniente debería cargar con más costas que las asignadas. Sin embargo es de tener en cuenta que el sentenciante no efectuó una doble imposición de costas para la demanda y reconvención por separado, sino que las distribuyó en conjunto, aspecto que no fuera recurrido. Es así que es de tener en cuenta, que para determinar la noción de vencido debe aplicarse una visión global del juicio y no reducirse a un análisis aritmético de las pretensiones y resultados (conf. CN. Com., Sala C, 13/7/90, LL, 1990-E-283).

En el mismo sentido se consideró que para la imposición de las costas lo que vale es la razón o la sin razón de las respectivas posiciones que el magistrado extrae de lo expuesto y probado en el pleito. Él está autorizado a dar al complejo de hechos relatados por los desavenidos, un encuadre jurídico distinto del que éstos perciben, en atención a la fórmula da mihi factum, dabo titi ius (conf. Sentís Melendo, Iura novit curia, en Revista derecho procesal 1947, 2da. parte, págs. 208 y sigtes.; C. 1era., Sala III, La Plata, causa 178.895, reg. sent. 186/80, entre otras). También se sostuvo que para establecer el carácter de vencido en una contienda judicial no es admisible parcelizar el litigio con relación a los distintos reclamos, sino que ha de estarse a un enfoque global del resultado de la controversia (conf. SCBA, DJBA v. 100, pág. 130; LL, 152-140. Y en similar orden de ideas, el máximo tribunal provincial, decidió que es dable discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. STJCH, in re: "C. L. c/ Pcia. del Chubut", SD 07/91 y "C. de R. c/ Chubut Construcciones y otro", SD 03/93).- En consecuencia, una consideración global de los vencimientos mutuos, me lleva a señalar que, dado que el vencimiento de la actora fue total -lo que tiene influencia para la citada en garantía que debe cubrir tales gastos-, mientras que el de la reconviniente fue parcial, asiste razón parcialmente a la apelante, resultando prudente, distribuir las costas en un 80% porcentaje hasta el cual deberá responder la aseguradora y en un 20% a la demandada-reconviniente (conf. art. 71 del rito).

Por lo demás no debe olvidarse que más allá de los rubros que le fueron desestimados a la reconviniente, en la cuestión central sobre la atribución de la responsabilidad la misma resultó vencedora.- III.- Paso ahora al tratamiento de los agravios entre la aseguradora y las actoras de la causa acollarada, B. y M..- 1) La primera queja de la citada en garantía radica en el monto considerado por el "a quo" para cuantificar los ingresos del causante en la actividad privada, los que se fijaron en $ 3.000 (ver expresión de agravios a fs. 445 vta./448). El sentenciante de grado estimó la suma referida a partir de la prueba testimonial (ver fs. 368 vta., 1er. párrafo). De la referida prueba se desprende que el testigo C. señaló que S. percibía en su trabajo vespertino entre $ 3.000 y $ 3.500 (ver fs. 245, respuesta décimo octava de la causa 269-136-2004-11074). El testigo F. señala que los ingresos de S. superaban los $ 2.600 (ver fs. 249, respuesta quinta de la causa acollarada), y C. señala la suma de $ 2.800 en el locutorio, donde también laboraba la testigo (ver fs. 257 de la causa acollarada, respuestas cuarta y décimo tercera).- En realidad el juzgador no efectuó un promedio de las sumas declaradas, ya que si se toma en cuenta lo declarado por C., de lo cual habría que calcular un promedio de $ 3.250, el promedio exacto de todo lo declarado arriba al monto de $ 2.883,33. Los argumentos desplegados por la apelante referidos a que el occiso abonaba un alquiler de $ 300 no resulta una crítica al razonamiento del juzgador, ya que se trata de una apreciación subjetiva establecer un parámetro entre los ingresos a acreditar y el costo de la vivienda. Lo mismo cabe decir en cuanto lo expuesto de que no se comprende por qué no laboraba en la tarea vespertina todo el día, ya que le representaba la mayoría de sus ingresos. Al respecto, y dado que la recurrente se mueve en un terreno conjetural al efectuar estas argumentaciones, también podría conjeturarse de manera harto razonable que se mantenía el trabajo matutino por cuanto, al ser el mismo en relación de dependencia, le irrogaba el beneficio previsional y la cobertura de obra social.

Tampoco resulta convincente lo argüido por la recurrente al establecer una rigurosa comparación entre la exigencia probatoria de los ingresos de una persona y el rubro lucro cesante. Es que en este último caso, además de acreditarse el "quantum" percibido, debe probarse la pérdida o merma de los ingresos. Tampoco resulta definitoria la cita jurisprudencial local con relación a la insuficiencia de la prueba testimonial para acreditar la escasez de recursos, mientras que sí lo pueda ser para probar la cuantía de los mismos. Es que debe tenerse en cuenta que si una persona alega que carece de bienes, lo más idóneo es que se produzca prueba informativa a fin de investigar si cuenta con bienes registrables y de qué valor. En cambio aquí se está ante la dilucidación de las sumas percibidas por el desarrollo de una actividad privada.----- Sí reconoceré parcialmente razón a la apelante en cuanto a que no se consideró la declaración del testigo S. (ver fs. 259 de la causa acollarada) quien sobre el punto en cuestión respondió que S. ganaba en el locutorio aproximadamente entre $ 2.000 y $ 2.200 (ver respuesta quinta). Es que la prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 386 del CPCC, puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí (conf. C. 2da. Civ. y Com. La Plata, Sala III 12/2/80, DJBA, 118-367; CN. Com., Sala B, 4/9/79, LL, 1980-A-94). La Corte Federal reiteradamente ha casado sentencias por omitir valuar en conjunto las pruebas, o bien al interpretarlas parcialmente o en forma aislada de los elementos aportados a la causa; es decir, sin integrarlos ni armonizarlos en su totalidad, al expresar que "la valoración de la prueba exige una apreciación global e integradora de los elementos de juicio incorporados al proceso" (conf. CSJN, 2/10/90, LL, 1991-B-280). En consecuencia, teniendo en cuenta lo manifestado por todos los testigos, incluido el mencionado S. y que las actoras estimaron el ingreso mensual de S. en la actividad privada en $ 2.600 (ver demanda a fs. 63 de la causa acollarada), encuentro más ajustado a la prueba producida, reducir a dicho monto el ingreso de su trabajo vespertino a considerar en la aplicación de la fórmula matemático-financiera.- En síntesis se hace lugar a este agravio de la aseguradora.- 2) En segundo lugar, la citada en garantía se queja de la forma en que se tomó el ingreso base al aplicarse la fórmula, ya que de la forma en que se lo hizo resulta que se consideró el ingreso del occiso dos veces y medio. La crítica es acertada, porque en la sentencia se tomó el total de los ingresos a considerar -excluido el 20% que el juez calculó para gastos personales del occiso-, al calcularse el daño patrimonial de la viuda B., esto es, $ 36.721,37 (ver fs. 370/vta.). Ahora bien al aplicar la fórmula para el cálculo del resarcimiento a favor de los hijos, se tomó en cuenta la mitad de la suma antedicha, esto es, $ 18.369,68 (ver fs. 370 vta./371 vta.). Por lo tanto la base del ingreso, el ítem "a" de la fórmula se repitió dos veces y media, cuando la misma debía ser repartida entre la esposa y los tres hijos.- Para concluir en lo acertado de la crítica de la recurrente, habré de excluir lo argumentado por la actora al contestar los agravios (ver fs. 469 vta./470) respecto a que el juzgador, al estimar el daño patrimonial, posiblemente diera prioridad y primacía al concepto de indemnización justa, el que no se limita a los ingresos (ver especialmente fs. 470, 5to. párrafo). Descarto dicha posibilidad, por cuanto expresamente el sentenciante de grado hizo alusión a los ingresos del causante a los fines de aplicar la fórmula correspondiente (ver sentencia a fs. 370, 2do. párrafo).- Dicho lo precedente, habré de considerar razonable la distribución del ingreso del occiso, de acuerdo al orden sucesorio como lo propone la recurrente. No obstante ello también le asiste razón a las actoras al indicar que, en ese caso, a medida que los hijos obtengan la mayoría de edad, corresponde adicionar a la base económica de la esposa el sobrante que van dejando los hijos. Y relacionado con la aplicación de la fórmula es del caso atender al primer agravio de las accionantes (ver fs. 457/458 vta., pto. I, a), relativo a los años a computar, dado que entienden que no debe tomarse el tope de la edad jubilatoria sino la expectativa de vida. Habré de concordar con las actoras, dado que S. laboraba en la actividad privada, por lo que se entiende que al jubilarse en el empleo público, podría dedicar más tiempo a aquella actividad y mantener el mismo nivel de ingresos, durante el lapso de expectativa de vida, el cual, de acuerdo a la fuente de la página web: http://www.estadistica.chubut.gov.ar/index2.php?option, es de 72 años.

Es así que se acogen los agravios de ambas partes parcialmente.- En consecuencia habré de reconfigurar la aplicación de la fórmula en base a lo expuesto y al ingreso de $ 2.600 en la actividad privada, de acuerdo a lo razonado en el análisis del agravio precedente. Es así que la suma base del cálculo, "a" resultará de multiplicar por trece el monto de $ 761,67 y por doce el de $ 2.600, lo que arroja el total de $ 41.101,71, el que reducido al 80%, por la exclusión del 20% por gastos del occiso, da el resultado final de $ 32.881,36. Ahora bien, para calcular la indemnización de la cónyuge B. se reducirá dicha suma a la mitad, esto es, $ 16.440,68. La cantidad total de años a tomar se extienden a 32, ya que el término ahora son los 72 años del occiso. De esos treinta y dos años deben considerarse por los primeros 14 años, durante los cuales la esposa debe compartir los ingresos con los tres hijos, por lo que sólo durante ese tiempo debe tomarse la base económica referida. Así tenemos esta fórmula:

1 1 C = $ 16.440,68 . 1 - ----------------- . -------- = $ 153.384,96 (1+0,06)14 0,06 --- Ahora bien, al alcanzar la mayoría de edad el primer hijo debe adicionarse a la base económica de la cónyuge un 16,66%, es decir que le corresponde un 66,66% de la base económica ($ 21.918,71), hasta que el segundo hijo alcance los 21 años, lo cual es un lapso de cinco años.---------------- 1 1 C = $ 21.918,71 . 1 - ---------------- . -------- = $ 91.291,42 (1+0,06)5 0,06 --- Desde que alcanza la mayoría de edad el segundo hijo hasta que la alcanza el tercer hijo, transcurren dos años, durante los cuales se adiciona a la base económica de la cónyuge otro 16,66%, lo que hace un 83,32% que arroja el valor de $ 27.396,74.---------- 1 1 C = $ 27.396,74 . 1 - --------------- . -------- = $ 50.207,26 (1+0,06)2 0,06 --- Finalmente por los últimos once años, la cónyuge aumenta su base económica al total a considerar de $ 32.881,36, ya que no debe compartirla con ninguno de los hijos.- 1 1 C = $ 32.881,36 . 1 - ---------------- . -------- = $ 262.945,65 (1+0,06)11 0,06 --- En consecuencia el total que corresponde asignar a la cónyuge M. F. B. es la suma de pesos quinientos cincuenta y siete mil ochocientos veintinueve con veintinueve centavos ($ 557.829,29).---------- Por el hijo H. D. S. se mantienen los mismos valores que en primera instancia excepción de la base económica que se reduce al 16,66% de la modificada en esta instancia de $ 32.881,36, esto es, $ 5.478,03. En consecuencia la fórmula es la siguiente:-------------------------------------- 1 1 C = $ 5.478,03 . 1 - ----------------- . -------- = $ 51.107,82 (1+0,06)14 0,06 --- Es así que para H. D. S. corresponde el monto de pesos cincuenta y un mil ciento siete con ochenta y dos centavos ($ 51.107,82).- --- Para el menor L. E. S., nuevamente se mantiene la fórmula con excepción de la base económica que será la misma que para su hermano, la de $ 5.478,03.

1 1 C = $ 5.478,03 . 1 - ----------------- . -------- = $ 62.972,21 (1+0,06)19 0,06 --- En consecuencia al hijo L. E. S. se le reconoce el monto de pesos sesenta y dos mil novecientos setenta y dos con veintiun centavos ($ 62.972,21).------------ Finalmente a la menor A. L. S., al igual que a sus hermanos, se le mantiene la fórmula con la sola modificación de la base económica a considerar de $ 5.478,03.

1 1 C = $ 5.478,03 . 1 - ------------------------ . -------- = $ 66.622,70 (1+0,06)20,9166 0,06 --- Es así que a la hija A. L. S. se la resarce por la suma de pesos sesenta y seis mil seiscientos veintidos con setenta centavos ($ 66.622,70).--------------------------------- El total de este rubro, asciende por la cónyuge y los tres hijos al monto de pesos setecientos treinta y ocho mil quinientos treinta y dos con dos centavos ($ 738.532,02).------------------------------------- 3) Atenderé ahora el segundo agravio de las actoras, en el que se cuestiona la omisión del cómputo del costo de personal doméstico para las madres de los hijos del occiso (ver fs.458 vta./460 vta.). En primer lugar cabe señalar que le asiste razón a las recurrentes en cuanto aducen que el juzgador omitió el tratamiento de este rubro, por lo que, atento lo dispuesto por el art. 278 del CPCC, corresponde que este tribunal se aboque al examen de los mismos.--------- Procede manifestar que el reconocimiento de este daño patrimonial es de práctica en el caso de la muerte del ama de casa, usualmente la mujer (conf. Zavala de González, op. cit., Tº 2 b, págs. 351 y sigs.). En ese orden de ideas se ha considerado que en relación a las tareas que cumple el ama de casa, cabe afirmar que el hecho de que nadie le pague un sueldo y de que su trabajo no se calcule por ello a fines estadísticos, como la determinación del producto nacional, no debe conducir a que se ignore que su tarea es susceptible de ponderación de valor económico, debiendo unírsele su inconmensurable significado espiritual (conf. de fallo de primera instancia confirmado por la C. Apel. Civ. y Com. Morón, Sala 1era., 23/12/82, ED, 108-389).-------------------------- Ahora bien en la especie lo que se alega es que ambas madres deben trabajar por la muerte del padre y en consecuencia, esta situación, les genera los gastos de personal doméstico para el cuidado de sus críos. Más allá de que Morón laborara antes de la muerte de S. y que B. debiera hacerlo a raíz de dicho fallecimiento, entiendo que no corresponde reconocer este ítem. Es que este gasto no está generado por la muerte del padre. El fallecimiento del mismo evidentemente les ha generado a los grupos familiares una disminución de ingresos que se compensa con el ítem que se examinara anteriormente, ahora bien al deber salir a laborar las madres, esto les aporta un ingreso que antes no tenían, en el caso de que no lo hicieran en vida del padre de sus hijos. Por lo tanto los gastos irrogados por la contratación del personal doméstico es cubierto con la generación de los propios ingresos. Reitero que el daño irrogado por la "desaparición" de los ingresos del padre se indemniza con el rubro ya analizado. Es que se entiende que el tópico ahora en examen se reconozca por la muerte del ama de casa, ya que el padre que hasta entonces no debía destinar parte de sus ingresos para solventar dicho personal, ahora, con los mismos ingresos, debe afrontar este nuevo gasto. Pero en la especie, ambas madres, en el caso de que contraten o hayan contratado este personal, afrontan un nuevo gasto pero a su vez tienen un nuevo ingreso, el generado por sus trabajos, con el cual lo pueden afrontar, por lo que no se alcanza a vislumbrar el nexo causal con la muerte del padre. En definitiva se desestima este agravio de las accionantes B. y M..---------- 4) En cuanto al tercer agravio de la aseguradora (ver fs. 449 vta./450 vta.), el mismo cuestiona el monto de $ 100.000 que se reconoció a la cónyuge y a cada uno de los tres hijos por daño moral. En homenaje a la brevedad habré de remitirme aquí a las consideraciones efectuadas al tratar el mismo agravio con relación al reconocimiento de este rubro a la reconviniente R.. Sólo agregaré que no encuentro trascendente que el hijo menor no viviera con su padre, ya que la pérdida de la figura paterna, por ser el hijo mayor, factiblemente repercutiera en mayor medida que sus hermanos, dada la tierna edad de los mismos y, en consecuencia, el escaso entendimiento de la triste circunstancia generada a raíz del siniestro. Sin perjuicio de ello, en el caso de la muerte de los padres, los padecimientos inherentes a la muerte de un ser querido no reconocen límite de edad en el sobreviviente. Es que, salvo casos particulares o excepcionales, la ligazón afectiva, normalmente entrañable, entre padres e hijos no se rompe o anula a pesar de llegar éstos a su madurez y autonomía vital (conf. Zavala de González, op. cit., Tº 2b, pág. 218).--------------------- ----------- Con todo juzgo que el daño moral para la cónyuge y los hijos, tanto por convivir con el fallecido, o por la pérdida de la referencia paterna para el hijo no conviviente, es de mayor repercusión que para la madre reconviniente. Es que tratándose de un hijo de cuarenta años, con su propia familia nuclear formada, entiendo que aquellos que recibían cotidianamente el afecto, cuidado y atención del occiso, eran su cónyuge y sus hijos. Es que, si bien, S. mantenía una muy buena relación con su madre (ver sentencia a fs. 368, segunda mitad), resulta claro que el vínculo con su cónyuge conviviente e hijos revestía una ligazón mayor generada, ya sea, por la cotidianeidad o por la condición del nexo de filiación con el hijo no conviviente.------------------------------------- Es en base a lo razonado que, atento el antecedente citado oportunamente por el cual se consideró equitativo el reconocimiento de la suma de $ 50.000 para la madre, entiendo apropiado reducir el monto por este concepto, tanto para la cónyuge como para cada uno de los tres hijos, en pesos setenta y cinco mil ($ 75.000), con lo cual la suma total asciende a pesos trescientos mil ($ 300.000).--- En consecuencia se acoge parcialmente esta queja.-------- 5) Finalmente, en cuanto a los agravios de la citada en garantía referidos a las coactoras, queda por tratar el relativo al cuestionamiento de los gastos de sepelio. El art. 1084 del C. Civil establece que "Si el delito fuere de homicidio, el delincuente tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del muerto y en su funeral...", y el art. 1085 siguiente agrega "El derecho a exigir la indemnización de la primera parte del artículo anterior, compete a cualquiera que hubiere hecho los gastos de que allí se trata...". Por lo demás, los arts. 2306 y 2307 del C. Civil reputan como gastos útiles, reclamables por el pagador "los gastos funerarios hechos con relación a la calidad de la persona y usos del lugar".-- Escuetamente el juzgador argumentó que "Por último, la Señora B. solicita una suma destinada a solventar los gastos funerarios en razón de las importantes erogaciones efectuadas por el sepelio de su esposo. De acuerdo a ello, y a lo dispuesto por los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, se hará lugar el rubro peticionado por la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($ 3.400).-Artículo 165 del C.P.C.C." (ver sentencia a fs. 371 vta., anteúltimo párrafo "in fine"). Si se tiene en cuenta que la actora reconoció que la aseguradora abonó la suma de $ 1.000 por dicho concepto (ver fs. 65 vta., pto. 12, 2do. párrafo de la causa acollarada), dicho monto aparece razonable considerando la condición socioeconómica del occiso.- ------- Es así que, por las razones expuestas, acogeré favorablemente este agravio, desestimando el rubro en cuestión.------- IV.- Resta por tratar el agravio común de la aseguradora relativo a la tasa de interés. He de señalar que este cuestionamiento a la tasa activa que percibe el B. C. S.A. en sus operaciones de descuento, ya fue objeto de pronunciamiento por el suscripto y de análisis por ambas salas de este Cuerpo, como bien lo señalan las actoras al contestar el agravio (ver fs. 476 vta./484). Es así que reiteraré los argumentos expuestos en el antecedente de esta Sala "B", SDC Nº 18/09, del 28/04/09. Allí consideré que, cabe decir en primer lugar que el Superior Tribunal de Justicia provincial en algunos pronunciamientos ha aceptado la tasa pasiva cuando el reclamante continuó percibiendo su salario y su haber jubilatorio, no necesitando recurrir a crédito alguno e imponiéndole por ello que, de pretender la tasa activa, probara haber acudido a un crédito bancario (conf. STJCH, in re: "B. c/ S.", Expte. Nº 16.563-B-1998, S. 29/SER/99). Sin embargo en otros decisorios ha reiterado que cuando se observa que el demandante no cuenta con recursos propios se infiere su necesidad de acudir a préstamos bancarios o de sus familiares por lo que la tasa activa procede en su aplicación, por lo que, en este caso, se impone a la demandada la acreditación que el reclamante se encuentre en una situación que le haga innecesario recurrir al crédito (conf. STJCH, in re: "H. c/ Prov. del Chubut", Expte. Nº 17.959-H-2000, S. 24/SRE/2001).--------------- -------------------- Esta Cámara ha sostenido la aplicación de la tasa activa, especialmente a partir de la SDL 194/94 (conf. CANE, SDL 13/96; 45/96; 50/96; 58/96; Sala "A" en SDC 03/98, SDL 31/98; entre otros). Se argumentó que la situación del acreedor judicial no es por cierto la misma que la de un inversor bancario, ya que éste deposita por su voluntad una suma de dinero en una institución bancaria, por lo que acepta privarse de su capital para recibir un beneficio que se expresa con la tasa pasiva. Pero el acreedor judicial no es libre de usar su dinero por cuanto el mismo le está siendo retenido por su deudor. Es así que aceptar que el deudor moroso pague la tasa pasiva viene a equivaler a una suerte de facultad expropiatoria sobre su acreedor, por un precio similar al que el titular del crédito hubiera obtenido si voluntariamente se hubiera privado de utilizar su dinero al depositarlo en un banco. Pero sin compensarle la evidente pérdida de su libertad de la económica por encontrarse imposibilitado durante la mora de decidir por sí mismo el destino de su dinero, debido a la retención que por ella le está efectuando el deudor de la obligación de dicho capital. Por tal razón es presumible, sin necesidad de prueba concreta de haber accedido a un crédito bancario, que a partir de la mora el acreedor debió someterse para poder utilizar el capital del que se vio privado, a las tasas del mercado, o utilizar otro capital destinado primariamente a otros fines, o acudir a fuentes de financiación no bancarias con tasas también harto presumiblemente superiores a las del mercado. Por lo tanto el modo más equitativo y racional es indemnizarle su daño por la mora con el pago por el deudor de la tasa activa sobre el capital adeudado.----------------- Amén de los argumentos que este Cuerpo sostuviera, de acuerdo a lo arriba expresado, cabe precisar que la tasa pasiva del art. 10 del decreto 941/91 se trata de una pauta de la que los jueces podrán disponer a los fines previstos por el art. 622 del C. Civil, pero de ninguna manera se trata de una tasa legal de uso obligatorio. A lo que cabe añadir que en reciente fallo plenario la Cámara Nacional en lo Civil ha decidido la aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina (conf. CN. Civ., en pleno, in re: "Samudio de Martínez, Ladislada c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios, del 20/04/09, elDial-AA518A).----------------- ---- Por lo demás, parte de la argumentación de la recurrente se funda en el error del cómputo de la base económica de los ingresos del occiso al aplicarse la fórmula para el cálculo del daño patrimonial de la cónyuge e hijos, y en lo excesivo del reconocimiento del monto de $ 3.000 por los ingresos de Soiza en la actividad privada (ver fs. 451), argumentos que ya fueron parcialmente acogidos al tratar los agravios pertinentes.---------- En síntesis, no habiéndose acreditado y ni siquiera invocado que la reconviniente o las actoras estuvieran en una situación equivalente a la cual contara con fondos propios que obviaría recurrir a préstamos o financiación alguna, para hacer frente a los daños generados por el luctuoso evento, claro está, considero que procede rechazar este agravio, confirmando la sentencia recurrida en este aspecto.- V.- Como conclusión, corresponderá propiciar al acuerdo que se declare desierto el recurso de apelación de la demandada-reconviniente M. L. R.; y se revoque parcialmente la sentencia apelada, a los fines de reducir el monto de condena que deberá abonar la aseguradora La S. C. L. de S. G. a la suma de pesos sesenta y ocho mil ( $ 68.000) a favor de la reconviniente M. L. R.; y a la de pesos un millón treinta y ocho mil quinientos treinta y dos con dos centavos ($ 1.038.532,02) a favor de las actoras M. F. B., por sí y por sus hijos L. E. y A. L. S., y M. H. M. por su hijo H. D. S.; confirmándola en todo lo demás que ha sido materia de agravios, sin perjuicio de lo que se decide a continuación.------------------------------------- Dejo aclarado que la reducción de la condena beneficia solamente a la aseguradora apelante y no a la asegurada P. y al coactor De G., de acuerdo a lo razonado al inicio del pto. II. Es que reitero que la salvaguarda del derecho de defensa en juicio, que es el nudo justificativo de la solución, debe hacerse efectiva también en la Alzada. Lo expuesto constituye simple aplicación de los principios sobre litisconsorcio voluntario, en cuya virtud los recursos de unos de los litisconsortes no favorecen a los demás (conf. Zavala de González, op. cit., Tº 3, pág. 540).--- Otro tanto cabe señalar con relación a la readecuación de las costas y honorarios en virtud de lo dispuesto por el art. 279 del ritual, ya que la sentencia de primera instancia ha quedado firme para los actores D. G. y P.. En relación a las costas, en lo que se refiere a las del pleito con la reconviniente R., ya me he expedido al tratar el agravio pertinente de la aseguradora, por lo que respecto de la misma, las costas se distribuyen en un 80% porcentual hasta el cual deberá responder la citada en garantía y en un 20% a cargo de la demandada-reconviniente (conf. art. 71 del CPCC). Por su parte, con relación a la acción promovida por las coactoras B. y M., debido a que se desestiman los rubros de gastos por personal doméstico y de sepelio, siendo los mismos los de menor entidad, una visión global de la cuestión, de acuerdo a lo arriba razonado, me conduce a limitar el porcentaje de las costas que habrá de garantizar la aseguradora en un 90%, quedando el 10% restante a cargo de las coactoras (conf. art. 71 del CPCC).------- En cuanto a los honorarios, al haber sido calculados en porcentaje, los mismos resultan adecuados, por lo que se mantendrán los regulados en primera instancia, con la aclaración que de que la aseguradora apelante sólo responderá en los límites de la readecuación de las costas efectuada en el párrafo precedente y de la incidencia de la reducción del monto de condena en su favor sobre los porcentajes establecidos por los emolumentos. En cuanto a la apelación de los mismos por los Dres. Y., M., A. y S., dado el acogimiento parcial de la reconvención y de la demanda que interpusieran por sus mandantes, el porcentaje de 16% más el 40% que se les regulara no deviene exiguo. Y respecto al recurso del perito psicólogo de Alba, entiendo que dada la incidencia de su labor en el resultado del pleito, el porcentaje fijado de 1,5% del monto de condena resulta adecuado, por lo que se rechazan ambos recursos.---------------- Dada la recepción parcial de la apelación de la citada en garantía, así como de las coactoras B. y M., y si bien se declara desierto el recurso de la demandada-reconviniente, dado que la misma también resulta parcialmente gananciosa al contestar los agravios de la aseguradora, estimo adecuado distribuirlas en el orden causado (conf. art. 71 del CPCC).--------- Propongo asimismo regular los honorarios en esta sede, atendiendo a la regulación efectuada en la primera instancia, a la extensión y eficacia de las tareas, así como al resultado obtenido, a los Dres. R. J. L. y A. F., en conjunto, en un 30%; a los Dres. N. O. M., P. O. A. y P. S., en conjunto, en un 30%; y al Dr. A. Y., en un 26%; en todos los casos sobre lo regulado a los mismos letrados en la instancia de origen, con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 6, 9, 14, 47 y concs. de la ley 2200).------------------------- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.-------------------- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:------------- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por la citada en garantía La S. C. L. de S. G. a fs. 374, por los Dres. N. O. M., P. O. A., y P. D. S., por su propio derecho y en representación de las actoras M. F. B. y M. H. M. de la causa acumulada, a fs. 389, por el Dr. A. Y., por derecho propio y en representación de la demandada reconviniente M. L. R., a fs. 392, y por el perito psicólogo R. de A. a fs. 416, ratificado a fs. 426, que fueran concedidos a fs. 375 y su aclaratoria de fs. 376, 393, y 428, respectivamente, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 360/373 y su aclaratoria de fs. 398/399 y vta. que rechazó la excepción de falta de legitimación opuesta por la aseguradora P. S. S.A. y la demanda promovida por J. C. De G. y M. G. P. contra M. L. R:, y a su vez hizo lugar parcialmente a la reconvención instaurada por esta última persona y condenó a M. G. P. y a La S. C. L. de S. G. a pagar dentro del plazo de diez días la suma de $118.000.-, con más sus intereses, y también hizo lugar a la demanda deducida por M. F. B., por si y en representación de sus hijos L. E. y A. L. S., y por M. H. M., en representación de su hijo H. D. S., y condenó a M. G. P. y a la S. C. L. de S. G. a pagar dentro de igual plazo el importe de $1.436.880,24.-, con más sus intereses, con imposición de costas a cargo de los Sres. De G. y P. en un 90% y a la Sra. R. en un 10% por la acción promovida por aquéllos y la reconvención instaurada por ésta ultima, y respecto de la demanda deducida por las Sras. B. y M. con costas a la demandada P., y asimismo con costas a cargo de P. S. S.A. por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva.-------------------- --- Las expresiones de agravios de la citada en garantía La S. C. L. de S., de las actoras B. y M., y de la demandada reconviniente R., lucen a fs. 442/452 y vta., 457/460 y vta., y 461/462 y vta., los traslados conferidos a fs. 455 y 463 fueron evacuados por sus respectivas contrarias a fs. 466/484, 485/486, 488/490, y 491/492, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precediera en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar. 2. Toda vez que la aseguradora La S. C. L. de S. G. interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva de la anterior instancia y que la misma fue consentida por la asegurada, corresponde determinar si esa citada en garantía cuenta con autonomía recursiva. A ese respecto, ya en c. 22.431, S.D.C. 15/2008 -y con la salvedad expuesta en c. 22.916, S.I.C. 120/2007 en materia de indivisibilidad de la instancia-, como también en c. 103/08, S.D.C. 18/2009, en aquellos casos en los que el asegurado consintiera la decisión de la anterior instancia y posibilidad de recurrir la aseguradora con independencia del asegurado, y en caso afirmativo, si el eventual éxito del recurso alcanza o no al asegurado, hice referencia a que sobre tal cuestión existen tres posturas, a saber: a) Tesis que niega la autonomía de la aseguradora para recurrir. b) Tesis que afirma la autonomía recursiva de la aseguradora y que propaga al asegurado el efecto favorable de los recursos de aquélla. c) Tesis que afirma la autonomía recursiva de la aseguradora, pero niega esa propagación de efectos beneficiosos (Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños", Editorial Hammurabi S.R.L., 2da. ed., 1997, T. 3, par. 70, págs. 534/535). Y en el presente caso, al igual que en las citadas causas 22.431 y 103/08, cabe otorgar a la aseguradora la calidad de litisconsorte pasivo autónomo, ya que dicha postura le permite intervenir con total independencia procesal y por esa autonomía goza también del derecho a recurrir de la sentencia aun cuando no lo hiciere el asegurado. Entiendo que esa es la solución más justa pues la inactividad procesal de la parte actora reconvenida al no interponer recurso de apelación ante la sentencia definitiva dictada no puede recaer en perjuicio de su aseguradora que fue diligente en la preservación de sus derechos al recurrir el fallo de la anterior instancia. También cabe destacar que entre ambas partes existe un litisconsorcio pasivo facultativo toda vez no es presupuesto para el dictado de sentencia la citación en garantía, pues el art. 118, segundo párrafo, de la L.S. establece la posibilidad del damnificado de emplazar al asegurador a que concurra al pleito, lo que lleva a analizar si el recurso de apelación de la aseguradora beneficia o no al asegurado que consintió la sentencia de primera instancia. Así, se sostiene que por tratarse de un litisconsorcio facultativo, si uno solo de los litisconsortes apela la sentencia, su revocación por el tribunal de alzada no beneficiará a los restantes, aun cuando las pretensiones se originen en una misma relación sustancial. Quien consintió la sentencia debe someterse a la decisión judicial aunque otro tribunal decida que aquella es injusta (Aréan, Beatriz A., "Juicio por accidentes de tránsito", Editorial Hammurabi, 2006, T. 3, págs. 1013/1014). Dejo a salvo, pues este no es el caso de autos, la interesante cuestión que se presenta en el caso de una sentencia absolutoria. Al respecto, suponiendo que la sentencia de la alzada resulte absolutoria: ¿podría el damnificado ejecutar la sentencia condenatoria de 1a. instancia contra el que consintió? ... De todos modos no pueden dejarse de advertir los problemas que plantea la cuestión, particularmente desde el punto de vista procesal habida cuenta la admisión de que las partes son autónomas procesalmente hablando, y que existe cosa juzgada respecto de una de ellas, lo que integra el derecho de propiedad de quien la obtuvo según la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional vastamente conocida (Rivera, Julio César, "La citación en garantía en el seguro de responsabilidad civil", J.A. 1988-I, 846. Sin perjuicio de lo cual, se señala que: si el asegurado consintió un sentencia desfavorable que la aseguradora recurrió con éxito, este beneficio no se propaga a aquél; es decir se afirma la exclusividad para la aseguradora del beneficio de sus recursos, de modo que la condena dictada en Primera Instancia contra el asegurado hace cosa juzgada sólo contra este mismo. Es la posición que compartimos.

Lo expuesto constituye simple aplicación de los principios sobre litisconsorcio voluntario, en cuya virtud los recursos de uno de los litisconsortes no favorecen a los demás. Cabe agregar que la salvaguarda del derecho de defensa en juicio, que es el nudo justificativo de la solución debe hacerse efectiva también en la Alzada. Por otra parte, no cabe invocar que los recursos de la aseguradora violentarían la cosa juzgada ya obtenida por la víctima con la condena que el asegurado dejó firme. En efecto, de tal modo se olvida que la cosa juzgada debe examinarse discriminadamente para cada litigante, si no hay litisconsorcio necesario. Así pues, para que haya cosa juzgada contra la aseguradora es menester que la resolución esté firme en contra de ella (Zavala de González, obra y tomo citado, par. 70, pág. 540). Con tales alcances, la aseguradora se encuentra facultada para interponer recurso de apelación contra la sentencia condenatoria aun cuando no lo hiciera la asegurada. 3. Formula queja La S. C. L. de S. G. ya que la sentencia a pesar de que la estimación del valor del automotor siniestrado es actualizada aplica intereses desde el día del hecho. El sentenciante a fs. 367 y vta. consideró que el vehículo Renualt 19 resultó prácticamente destruido a raíz del fuerte impacto con el otro rodado, por lo que hizo lugar a la reparación pretendida. En ese contexto, concluyó que el valor del vehículo a febrero del corriente año ascendía a $18.000.-, y esa fue la cifra a la que hizo lugar. Y si la reparación del vehículo se torna antieconómica, en virtud de su estado de destrucción, la indemnización debe limitarse a entregar el valor de la cosa destruida, en los términos del art. 1094 del Código Civil, de forma de reparar el genuino daño que sufre quien no puede contar con el rodado (López Mesa, Marcelo J., "Código Civil ...", Lexis Nexis Argentina, 2008, T. II, pág. 535). Si la destrucción del automotor ha sido completa, por aplicación de lo dispuesto por el art. 1094 del Cód. Civil corresponderá en concepto de indemnización el pago de la cosa destruida (Trigo Represas-Compagnucci de Caso, "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", Editorial Hammurabi, 1992, T. 2, pág. 555). De todos modos, en virtud del art. 1083 del Código Civil la opción del damnificado en favor de la indemnización dineraria no tiene más límite que su propia decisión. En otros términos, puede elegir la alternativa de la reparación pecuniaria aun de ser factible la reparación in natura (Zavala de González, ob. cit., 1996, T. 1, par. 3 b), pág. 20). Por eso, en el caso de destrucción total, el autor debe reemplazar la cosa o entregar su equivalente en dinero (Bueres-Highton, "Código Civil ...", Editorial Hammurabi, 1999, T. 3A, pág. 287). A su vez, cabe también considerar que se equipara al supuesto de destrucción total, cuando, siendo materialmente posible la reparación del automotor, resulta económicamente disvaliosa.

Hay supuestos, en efecto, que por el intenso grado de destrucción del rodado o por el escaso valor de éste, el costo que importa su reparación excede lo que importaba económicamente el vehículo antes del accidente. Al respecto, debe tenerse en cuenta que "la reposición de las cosas a su estado anterior", a que alude el art. 1083 del Cód. Civil, es un concepto o directiva jurídica, y no exclusivamente material o fáctica. Entraña, de modo prioritario, la recomposición del patrimonio, apartando el disvalor que supone el daño, lo que si bien en principio obliga a lo necesario para la refacción del bien perjudicado, no debe ser así si tal solución contraviene la buena fe y la proscripción del abuso del derecho, que son derroteros axiológicos ineludibles en nuestro sistema de derecho. Lo expuesto significa que, aun cuando el arreglo del automotor sea factible en los hechos, deviene jurídicamente inadmisible si es antieconómico o técnicamente no aconsejable, porque obliga a afrontar una erogación que aparece como injustificada a la luz de una razonabilidad mínima. En tal situación debe procurarse el restablecimiento patrimonial por otra vía menos onerosa que conduzca a igual resultado resarcitorio, a través del reemplazo del objeto dañado por otro de similares características e importancia pecuniaria, suministrando el responsable la indemnización necesaria a tal efecto cuando la víctima ha optado por la alternativa dineraria (Zavala de González, ob. cit., T. 1, par. 10, págs. 53/54; en igual sentido, "Daray, "Accidentes de tránsito", Astrea, 1994, T. 2, págs. 50, 66/67, y 68, fallos nos. 36, 153, 156, y 164). De todos modos, ya sea la reparación in natura o su equivalente en dinero, aun cuando se trate de una estimación actualizada como indica la apelante, lo cierto es que ello no impide considerar favorablemente el reclamo por los intereses peticionados. En tal sentido, corresponde distinguir la estimación y liquidación de los valores (aestimatio y taxatio) y el momento en que la víctima adquiere el derecho de ser resarcida. Y en este aspecto, cuando el juez liquida en dinero el quantum de los daños debe partir de la base, como dice Puig Brutau, que "el dinero es el sustitutivo de la prestación dirigida a proporcionar bienes con valor intrínseco". Salta a la vista, entonces, que ese quantum, la suma de dinero, es la medida del valor a reparar. Como tal medida, debe responder a una estimación de valores al momento en que se hace su liquidación.

No interesa el precio que tenía mi automóvil en el momento en que fue destruido, pues ese "precio" es un "valor histórico". Interesa -descartada obviamente la reparación en especie, in natura- cual es el precio actual, pues éste representa el valor patrimonial destruido. Parafraseando a Puig Brutau, recien citado, decimos, pues, que el precio actual es el sustitutivo del automóvil destruido (bien con valor intrínseco). Desde esta perspectiva cobra todo su sentido la afirmación reiterada en muchos fallos de que en los casos en que la determinación del monto indemnizatorio tiene lugar por vía de un pronunciamiento judicial, el daño resarcible debe ser valuado, en principio, al tiempo de la sentencia definitiva, lo cual impone efectuar los reajustes que sean del caso teniendo en cuenta incluso la depreciación monetaria operada. El momento de la sentencia liquidadora -se ha dicho- es relevante en orden a la medida del daño, en cuanto tiene en consideración el valor que en tal momento subsistiría en el patrimonio del perjudicado si el daño no se hubiese producido, por lo que se pretende crear, por mediación del resarcimiento a favor del perjudicado, una situación correspondiente a aquella que existiría de faltar el daño ocasionado. Debe distinguirse, sin embargo, entre la valoración de la medida del daño y la, propiamente, liquidación del mismo.

Lo que Ascarelli denomina, respectivamente, la aestimatio y la taxatio (Zannoni, Eduardo A., "El daño en la responsabilidad civil", Astrea, 1982, par. 63 y 64, págs. 204/205). Y una vez estimados y liquidados los daños, los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos, se liquidarán desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de la reparación. Esa solución implica aceptar que en todos los supuestos de hechos ilícitos se produce la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación. La confusión surge de que en el caso de responsabilidad por actos ilícitos, el responsable , además de los daños y perjuicios compensatorios, debe los intereses -daños y perjuicios- por el retardo en abonar la indemnización originada en el daño producido (Belluscio, Director, "Código Civil y leyes complementarias", Astrea, 1979, T. 2, par. 13, pág. 603 y citas de jurisprudencia y doctrina). La doctrina dominante entiende que en materia de responsabilidad extracontractual, la mora opera automáticamente desde el mismo momento en que se produce el daño, vale decir cuando la víctima adquiere derecho al resarcimiento (arg. art. 509 y su nota) (Pizarro, Ramón Daniel, "Daño Moral", Editorial Hammurabi, 1996, par. 68, pág. 392). O sea, en materia indemnizatoria la mora opera automáticamente por lo que los intereses deben computarse desde la fecha del acaecimiento del hecho dañoso, que es cuando la víctima adquiere derecho al resarcimiento (doct. art. 509 del Código Civil y nota del codificador; art. 1109, 1er. apartado, 2do. párrafo). Es criterio uniforme de esta Cámara, ya en su composición de Sala única, S.D.C. 69/93, 84/93, 09/94, 24/94, 40/94, entre otros pronunciamientos. Esto es, los daños estimados y liquidados permiten establecer una indemnización dineraria que como tal es un capital cuya privación temporaria genera a su vez una pérdida de frutos que resulta compensable con los intereses moratorios. Por eso, si la indemnización (capital) no resulta satisfecha al momento en que se produjo el daño, su demora acarrea una pérdida que debe ser resarcida mediante el pago de intereses (accesorios). Y como bien lo señalara el Dr. De Cunto esta solución incluso debe hacerse extensiva cuando la reparación se ordena en especie ya que la correspondiente prestación es siempre representativo de un capital pecuniario y, por ello, potencialmente productivo de frutos, cuya privación durante la mora constituye un daño resarcible (ver Zavala de González, ob. cit., T. 1, par. 76, pág. 247). Por tales razones, no le asiste razón a la recurrente al sostener que no corresponde el pago de intereses desde el día del hecho, y tampoco en cuanto considera que la aplicación de esos accesorios desde la mora configura un enriquecimiento ilícito del actor (fs. 442 vta. y 450 vta., penúltimo párrafo en ambos casos). Tocante a que a lo sumo debe considerarse una tasa anual del 6%, dicho porcentaje no corresponde ser atendido pues en todo caso el mismo se utilizó habitualmente para el cómputo de intereses en caso de ajuste de la prestación dineraria según determinados índices de actualización, y ese no es el caso de autos. Por lo demás, en uso de la facultad prevista por el art. 622 del Código Civil estimo que una tasa anual del 6% no resulta adecuada para indemnizar el daño moratorio sufrido pues el damnificado debe ser resarcido en su integridad. Lo expuesto lleva al rechazo del agravio, sin perjuicio del oportuno tratamiento de la queja en cuanto a la aplicación de la tasa activa. 4. 1. Se agravia la demandada reconviniente Rivas por el rechazo del rubro privación de uso del vehículo. En tal sentido, el juzgador a fs. 367 vta. consideró con cita de fallos que, en caso de destrucción total del rodado, se confiere un derecho al reembolso también total del menoscabo patrimonial sufrido, por lo que no cabe la compensación adicional por el lapso razonable de detención y privación correspondiente a su uso como ordinariamente se concede, ya que el resarcimiento integral que se le concede cubre todo posible perjuicio a su dueño o guardián. Siguió así el criterio por el cual la privación del uso del automotor debe ser temporaria. Si se tratara de una imposibilidad definitiva del uso del vehículo por el titular o usuario, el daño ocasionado entraría en el concepto de daño sufrido por el automotor, pues si el automotor ha dejado de servir como medio de transporte, debe considerarse como destrucción completa del mismo (Brebbia, Roberto H., "Problemática jurídica de los automotores", Astrea, 1984, T. 2, pág. 262). En estos casos no corresponde indemnización por privación del uso del automotor, que tiene en miras únicamente situaciones transitorias de indisponibilidad del vehículo, y no una definitiva como la que se deriva precisamente de la destrucción total (Trigo Represas-Compagnucci de Caso, obra y tomo citado, par. 24, pág. 556). Frente a ese razonamiento del sentenciante que resultó dirimente para dilucidar la cuestión, la apelante considera que la decisión se apoya en un sector minoritario de la jurisprudencia, y a continuación refiere otros pronunciamientos que estima mayoritarios.

Desde esta perspectiva, la sola cita de jurisprudencia sin atender concretamente a los fundamentos expuestos en el decisorio impugnado incumple la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C. La mera transcripción, por profusa que sea, de citas jurisprudenciales o de docctrina, sin siquiera intentar una explicación para relacionarla con lo debatido en la causa, y por ende, sin justificar la aplicabilidad de las conclusiones sentadas en aquéllas en el caso a resolver, no permite tener por fundado el recurso (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 359/360 y cita de fallos). Y al no hacerse cargo la recurrente del razonamiento expuesto, en definitiva no concreta cual es el error en que incurriera el decisorio, por lo que ante la falta de crítica no hay agravio que atender. La ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "Persiani e Hijos, José c. Productos Pulpa Moldeada S.A.", L.L. 1985-A, 309). Y el agravio carece de contenido, cuando como en el caso .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición o formula apreciaciones subjetivas . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal ...", Astrea, 1983, T. 1, págs. 838/839). Por tales razones, esa parte incurrió en esta porción de la queja en deserción parcial del recurso por deficiencia de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). 4.2. Asimismo, dicha apelante formula queja por el rechazo del rubro pérdida de chance. Estima que el a quo confunde el concepto y cita fallos y doctrina. En particular afirma que en el caso, muerte de un hijo, la pérdida de chance es reparable en cuanto importa para sus padres la frustración de una esperanza de ayuda, una chance cierta de ser apoyados en el futuro que encuentra sustento en el art. 277 del Código Civil. Al respecto, bien señaló el Sr. Juez de primera instancia a fs. 368 que de ordinario los hijos devuelven los esfuerzos y cariños que los progenitores les brindan en la minoridad con una positiva ayuda y sostén a la hora de la vejez, de modo que se erigen no en eventuales sino en concretos sostenes, tanto en lo económico, como personal, asistencial, de cuidados y de consejos en el futuro de los padres. En ese mismo direccionamiento también sostuvo que los padres tienen la expectativa de acompañamiento por los hijos no sólo afectivo, sino también en la seguridad económica e integral ... Como puede advertirse no hay confusión alguna del concepto de "chance". Es más, tampoco se observa un distinto modo de apreciación entre el sentenciante y la quejosa.- --- Sin embargo, la apelante detuvo su agravio en las consideraciones genéricas que efectúa a fs. 462, en tanto que el fallo de la anterior instancia a continuación sostuvo que la Señora R. es una persona jubilada tal como surge del recibo de haberes acompañado a la causa -ver documental obrante a fs. 77-, y que tenía una relación muy buena con su hijo fallecido, pero a su vez puntualmente consideró que sin perjuicio de las expectativas de la interesada en cuanto a la ayuda material que le pudo brindar su hijo fallecido, según el salario que percibe su situación patrimonial no refleja una probabilidad seria de ayuda económica, sobre todo teniendo en cuenta que el fallecido no era su único hijo y que además tenía que alimentar a su familia compuesta por su esposa y tres hijos, lo cual le permitió concluir que resulta incierta una ayuda económica futura en virtud de las razones expuestas anteriormente. Tales fundamentos referidos a los haberes jubilatorios que percibía la Sra. R., a la posibilidad de contar con el apoyo de otros hijos, y a las obligaciones que pesaban sobre el extinto en orden a la manutención de su esposa e hijos, no fueron objeto de crítica alguna por la apelante. Esto es, la quejosa evitó hacerse cargo de las razones brindadas para considerar que en el presente caso no era procedente la chance por resultar incierta. Así, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga (C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538). En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos). Y la apertura del recurso lo es en la medida del agravio y para ello el quejoso debe formular su disconformidad con la decisión de primera instancia, motivo por el cual y en virtud del principio dispositivo, cuando no hay una impugnación concreta de las motivaciones básicas de la sentencia recurrida, deviene insuficiente la expresión de agravios (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1957, v. II-39; 1963, v. I- 359), y la consecuencia más grave para el justiciable, está dada porque si la no atacada es la conclusión esencial del fallo, al resultar insuficiente el recurso, de esa manera queda firme y asegura así el sustento del decisorio (S.C.B.A., Ac. y Sent., 1974, v. II-694; esta Cámara en su composición de sala única, c. 11.268, S.D.L. N° 69/95; c. 12.201, S.D.L. N° 39/97; sala "A", c. 13.653, S.D.L. N° 51/98; c. 13.595, S.D.L. N° 95/98; sala "B", c. 15.275, S.D.L. N°149/99). Por tales razones, la demandada reconviniente apelante incurrió también en esta porción de la queja en deserción, lo que conduce a su vez a declarar desierto el recurso de apelación de esa parte por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). 5. Sostiene la aseguradora que el monto fijado por daño moral a favor de la madre del occiso es elevado. Cita pautas, destaca que los montos de condena resultan casi los mismos que en concepto de daño material, y estima que debe medirse la intensidad del daño moral por medio de los síntomas, por lo que debe efectuarse por vía de pericia psicológica, y en este caso, ello no ha sido acreditado. Al respecto, no hay razón para establecer una proporcionalidad entre el daño moral y el material. Nuestra doctrina y la jurisprudencia más reciente, se inclinan por sostener que no tiene porqué existir ninguna relación ni adecuación entre resarcimiento de uno y otro detrimento, que resultan de lesiones distintas e independientes, aunque puedan provenir ambos del mismo hecho dañoso, y cuyo remedio se ha de procurar por ende mediante diferentes regímenes jurídicos (Trigo Represas-Compagnucci de Caso, obra y tomo citado, par. 25, págs. 588/589). Y en cuanto a la necesidad de producir prueba pericial psicológica para establecer la intensidad del daño moral, considero que se trata de una opinión de doctrina que en modo alguno obliga al juez. En consecuencia, la fijación de la cuantía de la indemnización del daño moral, es asunto actualmente librado a la personal apreciación y decisión del magistrado, sin más guía que su intuición al efecto de esclarecer la equidad de la suma indemnizatoria (Zavala de González, ob. cit., 1996, T. 2a., par. 157, pág. 605). La realidad vigente en la determinación del monto por daño moral es la discrecionalidad del juzgador, porque las pautas cualitativas permiten conocer la existencia y gravedad del daño moral mismo, pero no son conducentes a fijar un monto determinado (Zavala de González, ob. cit., T. 3, par 24, págs. 207/208). Y para determinar la dimensión del daño debe considerarse el tipo de interés lesionado, las consecuencias que generó el acto ilícito, y la índole del hecho generador de la responsabilidad. Y en este último aspecto, importa tener en cuenta la clase de acción ofensiva ejecutada, ya que hiere más el ánimo del damnificado el ataque cuanto más próximo a la intencionalidad se presenta (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 10.945, S.D.C. 38/94, c. 11.578, S.D.C. 24/95, entre otras; sala "B", c. 15.431, S.D.C. 25/99). En tales condiciones, difícilmente pueda concebirse un supuesto de daño moral indirecto de mayor gravedad que la muerte de un hijo, por su intensidad y perdurabilidad. La vida de los hijos -dice Mosset Iturrraspe- representa para los padres, desde el ángulo de los sentimientos, un valor incomparable. Poco importa la edad del damnificado sea un niño de corta edad, o un adulto, el detrimento espiritual es siempre grave e igualmente relevante para el Derecho (Pizarro, ob. cit., par. 43, págs. 235/236, y cita de jurisprudencia, notas nos. 64 y 65). Todo lo cual no impide considerar que la edad puede incidir en la cuantificación del daño moral pues no es lo mismo que el hijo sea de corta edad o un adulto, ya que en este último caso debe ponderarse también si convive o no con sus progenitores, y a su vez si tiene familia (esposa e hijos). Con ese alcance, y ante la cita de un antecedente de esta sala "B", también estimo apropiado destacar las reglas para la cuantificación del daño moral, y entre ellas la nº 8 "Si a la armonización de las reparaciones en casos semejantes" (Mosset Iturrraspe, Jorge, "Diez reglas sobre cuantificación del daño moral", La Ley 1994-A, 728). Ello con la salvedad que esa armonización requiere inevitablemente considerar el deterioro del signo monetario en función a la fecha de los respectivos pronunciamientos.

--- En ese contexto, en reciente fallo de esta sala "B", c. 282, S.D.C. 25/2009, el Dr. Lucero individualizó diversos antecedentes de ambas salas en los cuales en concepto de daño moral por muerte de un hijo se establecieron importes que oscilan entre $55.000.- hasta $100.000.-. Y esta última cifra adoptó esta sala "B" en c. 20.837, S.D.C. 08/2006, para ambos padres. Sin embargo, debe agregarse otro antecedente -c. 20.690, S.D.C. 01/2006- en el que por la pérdida del hijo se fijó en favor de la madre la suma de $85.000.-, aun cuando en ese caso se consideró que el extinto era una persona joven que convivía con su madre, y ese no es el caso de autos. En síntesis, en el pronunciamiento más reciente de esta sala "B", c. 282/08, S.D.C. 25/2009, se determinó la cifra de $100.000.- a distribuir por partes iguales entre ambos progenitores. Por lo demás, el antecedente citado de la sala "A" a fs. 471 vta. (c. 28/09, S.D.C. 37/2009) se refiere al caso de un hijo menor de edad, y esa no es la situación de autos ya que S. era mayor de edad, contaba por entonces con 40 años, no convivía con su madre, y tenía su propio grupo familiar.

En tales condiciones, a partir de considerar los antecedentes existentes pero también las circunstancias del caso concreto, esto es, que la víctima no vivía con su madre y tenía una familia compuesta por su esposa y tres hijos, en uso de las facultades previstas por el art. 165 del C.P.C.C. entiendo prudente disminuir a la suma de $50.000.- en concepto de daño moral a favor de la Sra. M. L. R., lo que conduce al progreso del agravio. 6. Paso a considerar los agravios vertidos por la citada en garantía respecto de la demandada reconviniente R. en materia de costas. Señala que a pesar del rechazo de los rubros privación de uso del automotor y pérdida de chance la sentencia distribuyó las costas en un 80% a cargo de la actora y 20% a cargo de la demandada reconviniente, aun cuando en la parte resolutiva estableció un 90% y 10%, respectivamente. En tal sentido, se advierte esa disimilitud si se coteja el considerando V, fs. 372, y la parte dispositiva del fallo, p. VII, fs. 372 vta., por lo que corresponde considerar a los efectos del presente análisis esta última toda vez que lo dispositivo del fallo constituye el objeto de la decisión, lo que importa que la parte dispositiva prevalecerá sobre lo que se consigna en los considerandos, en tanto haya contradicción (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1986, T. II-C, pág. 101, y cita de fallos). Al respecto, cabe observar que el fallo en crisis no efectuó una doble imposición de costas según se trate de la demanda y de la reconvención, por lo que ese aspecto del decisorio adquirió firmeza ya que no fue objeto de apelación. Tocante al régimen de costas, no debe omitirse señalar que la jurisprudencia ha establecido como principio general que, en los procesos por indemnización de daños y perjuicios, de origen contractual o extracontractual, las costas integran el resarcimiento aunque la demanda no prospere en su totalidad (Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, 1998, pág. 402), y también que tal criterio no significa aplicar a ultranza el principio de la reparación integral, pues en cada caso deberá ponderarse el cúmulo de pretensiones que prosperan, y la actitud asumida por las partes, a fin de realizar un análisis global del pleito que permita una valoración en conjunto y no una ponderación aritmética del resultado. A su vez, reiteradamente se señaló que la noción de vencido se establece con una visión global del juicio y no por análisis aritméticos de las pretensiones y resultados (Arazi-Rojas, "Código Procesal ...", Rubinzal - Culzoni Editores, 2001, T. I, pág. 261; en igual sentido, Loutayf Ranea, ob. cit., par. 187, pág. 403, y nota nº 81). Y también que, la condición de vencida de la parte no queda desvirtuada por la circunstancia que las pretensiones prosperen por un monto inferior al reclamado, ello es así en caso de pretensiones cuya estimación deba efectuarse judicialmente (por caso, el daño moral), y en tanto no promedie el rechazo de rubros indemnizatorios (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 9.945, S.D.L. 81/92; c. 11.684, S.D.L. 119/95; sala B, c. 16.808, S.D.C. 08/2001; c. 16.926, S.D.C. 30/2001). En ese marco, toda vez que el juzgador decidió compensar las costas de la demanda y de la reconvención, se observa que la parte actora resultó vencida en forma total, en tanto que el éxito de la demandada reconviniente fue parcial al prosperar dos de sus cuatro pretensiones. Y en esta ponderación debe asimismo atenderse a que la demandada reconviniente resultó triunfante en cuanto a la atribución de responsabilidad. Con tales pautas, estimo también prudente imponer las costas de la demanda y de la reconvención deducida por la Sra. R. en un 80%, porcentaje hasta el cual deberá responder la citada en garantía, y en un 20% a cargo de la demandada reconviniente, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio antes señalado y los vencimientos recíprocos habidos en función del resultado final del proceso (art. 71 del C.P.C.C.). Tales razones llevan a al progreso parcial del agravio. 7. Corresponde ingresar a los agravios formulados por la citada en garantía y las actoras B. y M. de la causa acumulada (Expte. Nº 269, Año 2004). 7.1. En primer lugar, la aseguradora cuestiona el monto de los ingresos establecidos en $3.000.- mensuales y manifiesta que se tratan de las tareas que por la tarde desarrollaba el occiso en un locutorio con el único aporte probatorio de tres testigos. Al respecto, el juzgador a fs. 368 vta. fijó esa cifra teniendo en cuenta las declaraciones brindadas por C., F. y C.. Así, los mencionados testigos expresaron en la causa acumulada (Expte. Nº 269, Año 2004) que S. percibía, a saber: a) aproximadamente eran entre $3.000.- y $3.500.- (C., respuesta a la 18ª pregunta, fs. 245); b) superaba los $2.600 (F., respuesta a la 5ª pregunta, fs. 249); y c) tenía 2800 con el trabajo del locutorio (C., respuesta a la 4ª pregunta, fs. 257). El primero de ellos lo sabe por haberlo visto cobrar (respuesta a la 26ª pregunta, fs. 246), el segundo por cuanto lo vivió (razón de sus dichos, fs. 250), en tanto que C. por haber sido empleada en el locutorio (respuesta a la 13ª pregunta, fs. 257). En ese contexto, la manifestación vertida en cuanto a que vivía modestamente en una casa alquilada por la que abonaba una suma de $300.- es una apreciación personal de la parte pues no necesariamente corresponde efectuar un cotejo entre el alquiler que pagaba por la casa habitación y los ingresos que percibía. Tocante a que resulta absurdo que alguien perciba varias veces menos dinero por la mañana que por la tarde, tal manifestación evita ponderar que una persona puede mantener una relación laboral con menor ingreso en atención a su estabilidad y beneficios derivados de la cobertura por obra social y previsional. Además, no resulta estrictamente aplicable el razonamiento mediante el cual se pretende cotejar de un modo estricto los ingresos de un individuo con la acreditación de un lucro cesante al sostener que la demostración de las ganancias que percibía el occiso, se asemeja a la acreditación de un lucro cesante.

En efecto, este último rubro requiere al menos prueba bastante acerca de la frustración de los beneficios esperados, para lo cual debe aportarse circunstancias objetivas que permitan inferir que las ganancias se habrían previsiblemente logrado (conf. Zavala de González, ob. cit, T. 3, par. 21, págs. 175/176). En lo que hace a la cita de un fallo de esta circunscripción judicial respecto de no resultar suficiente la prueba testimonial a fin de demostrar la carencia de recursos, corresponde señalar que la misma no resulta relevante pues si alguien afirma que no tienen recursos o que los mismos resultan insuficientes, la prueba idónea es la informativa que permite determinar si esa persona posee bienes registrables y en su caso la magnitud económica de los mismos. Ello a diferencia del presente caso en el que el tema a debatir son los ingresos mensuales percibidos por la labor privada cumplida. Si en cambio corresponde ponderar que se omitieron los dichos de S. que expresó que S. ganaba aproximadamente 2.000 a 2.200 pesos (respuesta a la 5ª pregunta, fs. 250 de la causa acumulada). Y lo cierto es que la aseguradora no produjo prueba alguna que permita rebatir los testimonios brindados en la causa, pues se limitó a cuestionar tales dichos. Por ello no resulta admisible tomar como alternativa el salario mínimo vital y móvil para establecer la base de cálculo de los ingresos del occiso. En este aspecto, la prueba testimonial rendida en la causa acumulada permite tener por acreditado que S. trabajaba en la empresa de su suegra como encargado de mantenimiento de cabinas y venta de tarjetas telefónicas (C., respuesta a la 10ª pregunta, fs. 244), hacía mantenimientos de cabina todo lo que es telefonía básica (F., respuesta a la 4ª pregunta, fs. 249), estaba como encargado (C., respuesta a la 4ª pregunta, fs. 257), trabajaba en un locutorio como encargado (S., respuesta a la 4ª pregunta, fs. 259). Por ello, no puede considerarse que se trataba de una persona con escasos ingresos para así aplicarle el salario mínimo vital en ausencia de otra posibilidad. Es criterio de esta sala "B", c. 22.052, S.D.C. 04/2009, al precisarse que la pretensión de que se aplique el salario mínimo vital y móvil como base de cálculo resulta inaceptable. Es que se han acreditado suficientemente las labores del actor ... Ergo no era un desocupado o un menesteroso a quien aplicarle el salario mínimo vital a falta de otra posibilidad (del voto del Dr. López Mesa). En ese contexto, ante la prueba testimonial producida en autos, corresponde señalar tal como lo hiciera en diversas oportunidades (c. 268/09, S.D.L. 58/2009, c. 355/09, S.D.L. 74/2009, c. 285/09, S.D.L.79/2009) que la prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 386 del C.P.C.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí.

Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que la parte que las invoca aproveche lo que le es útil y deseche lo que la perjudica (Fenochietto-Arazi, ob. cit., T. 2, pág. 357). La prueba debe así ser valorada en su totalidad, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos, resultando censurable la descomposición de los elementos, disgregándolos para considerarlos aislada y separadamente (SCBA, D.J.B.A., v. 135, p. 138). Y la prueba testimonial debe valorarse en su conjunto y no atomizando las declaraciones (art. 386 del C.P.C.C.; esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.251, S.D.C. 10/95; c. 11.863, S.D.L. 61/96; c. 11.978, S.D.L. 75/96; sala "A", c. 15.546, S.D.L. 89/99; c. 15.768, S.D.L. 11/2000; sala "B", c. 21.409, S.D.L. 32/06, c. 21.842, S.D.L. 51/2006, entre otros pronunciamientos). Con dicha pauta, a partir de las declaraciones antes ponderadas conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), y en particular teniendo en cuenta la estimación que las actoras B. y M. efectuaron en su escrito de demanda (p. 9, fs. 63, primer párrafo, de la causa acumulada), estimo prudente establecer el ingreso mensual de S. por las tareas desarrolladas en el ámbito privado en la suma de $2.600.- Por tales razones, se hace lugar parcialmente al agravio de la citada en garantía. 7.2. Manifiesta la aseguradora que el cálculo de la indemnización por daño patrimonial resulta defectuoso ya que el sentenciante multiplicó los ingresos posibles del occiso llevándolos a dos veces y media. Al respecto, le asiste razón toda vez que si se deduce el 20% en concepto de gastos personales de S. el total de ingresos anuales alcanza a $36.721,37.- (valor a, fs. 370 y 370 vta.). A su vez, al efectuar los cálculos para cada uno de los hijos se adoptó el 50% de ese monto, o sea, $ 18.360,68.- para el menor H. D. S. (fs. 370 vta.), aun cuando luego se consideró para L. E. S. y A. L. S. $18.369,68.- (fs. 371 y 371 vta.). De tal modo, el valor a se consideró por su total para la Sra. B. y luego en un 50% para cada una de sus tres hijos, arribando así a un importe cuya sumatoria importa considerar dos veces y media el mismo. Descarto el argumento esgrimido por las actoras al contestar los agravios y expresar que posiblemente el magistrado dio prioridad al concepto de indemnización justa, pues es evidente que al aplicar la fórmula tomó a fs. 370 como valor a los ingresos del occiso. En consecuencia, los ingresos del extinto debe considerarse conforme al orden sucesorio indicado a fs. 448 vta./449, o sea 50% para la Sra. B., y un 16,66% para cada uno de los hijos, sin perjuicio que a medida que cada uno de los menores alcanza la mayoría de edad el importe asignado a estos debe incorporarse al patrimonio de la cónyuge supérstite tal como se puntualizara a fs. 469 y vta. También le asiste razón a las actoras cuando destacan al expresar agravios que no debe limitarse el cálculo hasta la edad jubilatoria sino que debe extenderse en función a la expectativa de vida del causante. En tal sentido, cabe reflexionar al respecto que la "utilidad" de las personas , tanto para ellas mismas como para las demás, no se extingue automáticamente al cumplir la edad exigida para obtener la jubilación (Zavala de González, ob. cit., T. 2a, par. 138, pág. 525). Y de la página web (http://www.estadistica.chubut.gov.ar/index2.php?option) el período de expectativa de vida es de 72 años. Por tales razones, se acogen parcialmente las quejas vertidas por ambas partes. Con tales pautas, debe tomarse un ingreso de $761,67.- multiplicado por 13, y una cifra de $2.600.- multiplicada por 12 (empleo público y actividad privada, respectivamente), lo que asciende a $41.101,71.-, reducida en un 20% por gastos personales, lo que arroja un total anual de $32.881,36.- por redondeo. A su vez, la cantidad de años a considerar asciende a 32 años al tomarse 72 años como expectativa de vida en lugar de 62, y de esos 32 años los primeros 14 años debe la cónyuge supérstite compartir los ingresos con sus tres hijos menores de edad. Luego, al alcanzar la mayoría de edad el primero de sus hijos, H. D. S., el 16,66% que le correspondía debe agregarse a la base de cálculo de la esposa, o sea que el valor asciende al 66,66% por un período de cinco años.

Lo mismo ocurre con el segundo de los hijos, L. E. S., tomando así otro 16,66%, o sea un 83,32% para un lapso de dos años. Finalmente, los últimos once años se toman al 100% al alcanzar el tercero, A. L. S. la mayoría de edad. Los parciales alcanzan un ingreso anual de $16.440,68.-, $21.918,71.-, $27.396,74.-, y $32.881,36.-, respectivamente. Efectuados los cálculos correspondientes los mismos arrojan las cifras ya indicadas por el Dr. De Cunto de $153.384,96.-, $91.291,42.-, $50.207,26.-, y $262.945,65.-, respectivamente, lo que arroja una cifra total de $557.829,29.- para la cónyuge Sra. B.. En el caso de H. D. S. se toma el 16,66% de los ingresos, o sea $5.478,03.- (16,66% de $32.881,36.-) por un lapso de catorce años y el monto asciende a $51.107,82.- Para el menor L. E. S. se adopta el mismo monto de ingresos por un período de 19 años, y el mismo asciende a $62.972,21.- Y en cuanto a la menor de los tres hijos, A. L. S., se considera igual monto de ingresos por 20 años y 11 meses, esto es, 20,9166, lo que da una cifra de $66.622,70.- En tales condiciones, la sumatoria de los parciales asignados a la esposa y sus tres hijos asciende a un total de $738.532,02.- por el rubro daño patrimonial. 7.3. Cuestionan las actoras que se omitió en el cómputo el costo de personal para ayuda en tareas domésticas, por lo que corresponde el tratamiento de la cuestión conforme lo previsto por el art. 278 del C.P.C.C. Sin embargo, es la muerte del ama de casa la que permite señalar que hoy en día no cabe dudar sobre el correlato resarcitorio de la desaparición de quien realizaba actividades domésticas y/o de crianza de niños en la casa (López Mesa-Trigo Represas, "Tratado de la responsabilidad civil. Cuantificación del daño", La Ley, 2006, pág. 195). Las consecuencias resarcitorias por incapacidad para realizar tareas domésticas son extensibles al caso de muerte del cónyuge o progenitor dedicado prioritaria o exclusivamente a tal ocupación (Zavala de González, ob. cit., 1996, T. 2b, par. 75, pág. 351). Esta no es la situación de autos pues ni siquiera fue alegado que el extinto cumpliera tareas en el hogar de modo prioritario (ver descripción de tareas en calidad de único sostén de familia, fs. 59 vta.). Por ello, inaudible resulta la manifestación vertida en el sentido de que ambas madres debieron trabajar, más allá de que M. ya laboraba antes del deceso de S., pues en todo caso los nuevos ingresos obtenidos le permitieron asumir el gasto por contratación de personal de servicio doméstico. Pero lo que resulta dirimente es que ese pretendido gasto no surge a consecuencia del deceso de S. por lo que ausente se encuentra el nexo causal. Por otra parte, el fallecimiento de la citada persona generó una disminución de los ingresos para los respectivos grupos familiares, y ese aspecto ya fue objeto de resarcimiento, por lo que de accederse a la pretensión se generaría sin causa un nuevo rubro indemnizatorio.

Esto es, si S. no cumplía actividades domésticas no hay causa que origine una indemnización, por lo que si B. y M. debieron afrontar el gasto de personal de servicio doméstico en todo caso el mismo se cubre con la indemnización ya concedida ante la disminución de ingresos provocada por la muerte de S.. Por tales razones, se rechaza el agravio. 7.4. Se agravia la citada en garantía por los montos por daño moral determinados a favor de la cónyuge supérstite y cada uno de los tres hijos de S. (tercer agravio, fs. 449 vta./450 y vta.). Por razones de brevedad procesal me remito a las consideraciones ya realizadas al punto 5 que antecede, por lo que reitero que resulta innegable que la determinación del quantum indemnizatorio del daño moral queda librado al juicio prudente del sentenciante, de acuerdo con la índole del hecho generador y circunstancias del caso (Trigo Represas y Compagnucci de Caso, obra y tomo citado, par. 25, pág. 589). Desde ya que la circunstancia de que un hijo menor viva o no con su padre, no impide considerar que la pérdida de un progenitor repercuta en forma más disvaliosa en los intereses espirituales de sus hijos cuando son menores, o se encuentran en la adolescencia, pues al dolor que significa la muerte de un ser tan querido, se adiciona la minoración espiritual derivada de la privación del padre o de la madre, en una etapa en la cual la figura de ambos ejerce -con distintos alcances- marcada influencia sobre el desarrollo de la personalidad (Pizarro, ob. cit., par. 42, pág. 233). A su vez, la muerte del cónyuge es igualmente apta para provocar un grave daño moral al supérstite. El perjuicio espiritual es presumido a partir de la existencia del vínculo jurídico invocado y de la acreditación de la muerte del cónyuge, y puede traducirse, entre otros aspectos: en el dolor del cónyuge supérstite, cuyo proyecto de vida aminorado por el hecho dañoso; en el quebrantamiento de su vida afectiva, que puede asumir dimensiones de mayor gravedad en la medida en que más avanzada sea la edad de los cónyuges, en la alteración disvaliosa del ritmo normal de vida del cónyuge sobreviviente y de su grupo familiar (Pizarro, ob. cit., par. 44, págs. 239/240). Con tales pautas, a partir de ponderar el monto fijado a favor de la madre Sra. Rivas, pero también considerando que repercute con mayor intensidad la muerte de S. para su cónyuge y sus hijos, en el primer caso por el quebrantamiento del lazo afectivo y alteración del ritmo normal de vida, y en el segundo por la privación de la figura del padre, sea o no conviviente, en uso de la facultad prevista por el art. 165 del C.P.C.C. entiendo prudente disminuir a la suma de $75.000.- en concepto de daño moral, para la cónyuge supérstite y para cada uno de los tres hijos, por lo que la cifra total alcanza a $300.000.- Por tales razones prospera parcialmente la queja. 7.5. Señala la aseguradora que sin aportar la más mínima prueba documental sobre las erogaciones, el juez de la causa otorgó el total de lo reclamado por el demandante en concepto de gastos de sepelio, por lo que el rubro debe ser revocado en su totalidad.

--- Para ello, debo en primer lugar señalar que las presunciones hominis generalmente operan sobre la base de elementos objetivos suministrados por el actor, que posibilitan inferir la realidad del perjuicio. En muchos de estos casos, se trata de daños "forzosos" o casi de rigor a partir de una determinada situación lesiva; o sea, son perjuicios evidentes in re ipsa (por la fuerza de los hechos mismos). Por dicho motivo, los tribunales liberan entonces al actor de probar directamente el daño, bastando la acreditación de la situación lesiva que constituye su causa (Zavala de González, ob. cit., T. 3, par. 21, págs. 165/166). Y entre esos daños cabe considerar los gastos de sepelio (arts. 1084 y 1085 del Código Civil), pese a lo cual debe el magistrado ante la absoluta falta de prueba sobre el gasto en sí, ejercer con prudencia la atribución de fijar el monto, conforme al art. 165 del C.P.C.C. (ver Zavala de González, obra y tomo citado, par. 21, pág. 166 y cita de fallo nº 4). La mayoría de la jurisprudencia se inclina a receptar la indemnización inclusive en defecto de prueba de la erogación y, con mayor razón, cuando siendo cierto que ésta ha sido efectuada, falta acreditar el monto, el que se fija entonces conforme con el prudente arbitrio judicial (Zavala de González, ob. cit., T. 2b, par. 23, pág. 138). Con tales pautas, desde que la parte actora de la causa acumulada reconoció a fs. 65 vta. que la aseguradora abonó la suma de $1.000.- por dicho concepto y que ninguna probanza arrimó a la causa respecto del monto pretendido que a su entender ascendió a $4.400.-, estimo que corresponde ejercer con prudencia la fijación del importe en concepto de gastos de sepelio, por lo que estimo apropiado establecerlo en $1.000.- (art. 165 del C.P.C.C.). Por ello, se hace lugar al agravio y se rechaza dicho rubro. 8. Finalmente, sostiene la aseguradora a fs. 442 vta. y 443 que los intereses aplicables a los montos de condena resultan extraños y erróneos, y postula a lo suma el pago de una tasa del 6% anual. A su vez, a fs. 450 vta./452 vta. alude a que la aplicación de intereses desde el día del hecho configura un enriquecimiento ilícito. Señala a su entender el alcance del plenario de la Cámara Nacional en lo Civil en la causa "Samudio" y cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Afirma que cualquiera sea el monto de condena la aplicación de la tasa activa del Banco del Chubut S.A. para sus operaciones de descuento a 30 días conlleva un burdo enriquecimiento indebido para el acreedor. Hace reserva del caso federal. Respecto a que la aplicación de intereses desde el día del hecho importa un enriquecimiento ilícito para el actor, ya se pronunció el suscripto al punto 3 que antecede en cuanto a que en materia indemnizatoria la mora opera automáticamente por lo que los intereses deben computarse desde la fecha del acaecimiento del hecho dañoso, momento cuando la víctima adquiere derecho al resarcimiento, por lo que nada corresponde señalar. Tocante a la cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reserva del caso federal, cabe poner de relieve la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia en S.D. 08-SRE/97; S.D. 11-SRE/97; y S.D. 14-SRE/97, con razonamiento similar al de la C.S.J.N. en los autos "Banco Sudameris c. Belcam S.A. y otra", mayo-17-1994 (T. y S.S. 1994-565, con interesante nota de Carcavallo "Nuevamente sobre los intereses y la desindexación"), en virtud de la cual con fundamento en el art. 622 del Código Civil se decidió que tal cuestión queda sometida al prudente criterio de los jueces ordinarios de la causa, y por tanto no revisable por la vía casatoria. A su vez, en el análisis a realizar descarto la posibilidad de aplicar la tasa de interés pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina toda vez que la misma resulta tan sólo facultativa para el juzgador (art. 10 del dec. 941/91).

Asimismo, ante la mención de la doctrina plenaria sentada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en los autos "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Trasportes Doscientos Setenta S.A. s/daños y perjuicios", del 20/04/2009, en cuanto a la aplicación de la tasa activa, cartera general (préstamos), nominal anual vencida a 30 días que utiliza el Banco de la Nación Argentina, con la salvedad expuesta en su punto 4 (elDial-AA518A), corresponde precisar que no existe obligación de aplicar criterios sentados en otras jurisdicciones. En cuanto a la posibilidad de que una suma actualizada no lleve intereses o a lo sumo un 6% anual ya se precisó al punto 3 que antecede que esa tasa no resulta adecuada para indemnizar el daño moratorio sufrido pues el damnificado debe ser resarcido en su integridad. Por lo demás, la ley 23.928 no produjo modificación alguna en materia de intereses ya la misma estableció la prohibición de indexar y consiguiente derogación de normativa que la autorizaba (arts. 7 y 10). En ese direccionamiento, ante la depreciación de la moneda se buscaron remedios tendientes a ajustar la prestación dineraria debida según determinados índices a fin de compensar el deterioro del poder adquisitivo del capital, y ello nada tiene que ver con los intereses que son los frutos civiles del capital, y ese accesorio importa el rendimiento de una obligación de capital, o como en el caso, la compensación del acreedor por la privación de su capital. Con tales alcances, tal como lo indicaran las actoras a fs. 477 vta. en su escrito de contestación de agravios, es criterio uniforme de ambas salas de esta Cámara la aplicación de la tasa de interés activa. Por ello, la queja no puede prosperar pues esta Alzada en forma invariable señaló que, en uso de la facultad prevista en el artículo 622 del Código Civil, última parte, los jueces se encuentran autorizados a determinar el interés que debe abonarse cuando las leyes especiales no lo hubieran determinado, y a partir de la c. 11.352, S.D.L. Nº 194/94, determinó la aplicación de la tasa de interés activa que percibe el B. C. S.A. para sus operaciones de descuento, por resultar la más adecuada para resarcir el daño moratorio, destacando que esa entidad bancaria es agente financiero de la Provincia y en consecuencia dicha tasa se encuentra en concordancia con el mercado local de capitales. Desde esa perspectiva, a criterio del suscripto la tasa de interés activa resulta la más adecuada para indemnizar el daño moratorio sufrido por el acreedor toda vez que los intereses impuestos tienen una función reparadora y en consecuencia el damnificado debe ser resarcido en su integridad. Dicha tasa expresa el precio que por el uso del dinero ajeno impera en el mercado crediticio y tales intereses constituyen la compensación del acreedor por la privación temporaria del capital. Se trata de la indisponibilidad del capital propio que su deudor no satisfizo temporáneamente. Dicho de otro modo, el acreedor no contaba con fondos como para colocar su capital en una inversión bancaria que le hubiera redituado intereses a tasa pasiva, sino que, por el contrario, la privación de su capital por falta de cumplimiento oportuno de su deudor es el daño emergente que debe ser resarcido. De modo tal que su situación debe resultar equivalente a la que hubiere tenido si el deudor hubiera pagado en el momento de producirse el hecho. Y en el rango de los tipos de interés influyen diversos factores, tales como la situación de la plaza crediticia, liquidez del mercado dinerario y ritmo de la actividad económica requirente del flujo del crédito. Y el acreedor judicial no es un simple inversor, su dinero le fue retenido por el deudor, y ello lo coloca en la necesidad de acudir al crédito de terceros para suplantarlo, sometiéndose al tipo de interés activo.

Esta circunstancia es presumible y no requiere invocación ni prueba en concreto, por estar implícita en la situación de mora y ser su consecuencia. Dicha postura así resulta del juego armónico de los arts. 505, 508, 509, 519, 622, 1068, y 1069 del Código Civil. Debe entonces el deudor moroso compensar el costo de dicho crédito. Por otra parte, si se admitiera la postura de la apelante y no se aplicara la tasa activa de interés ello importaría un supuesto de enriquecimiento sin causa del deudor en lugar del acreedor como propone. En efecto, ello se configuraría si al deudor se le liquidasen los intereses a una tasa menor, pues se le disminuiría su pasivo patrimonial sin fundamento jurídico, permitiéndole cancelar la deuda con el pago de un monto inferior al adeudado, a expensas del correlativo empobrecimiento del acreedor. No vería entonces indemnizado íntegramente el daño moratorio sufrido, dando lugar a una forma de enriquecimiento injustificado para el acreedor, que el derecho no autoriza (Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", Librería Editora Platense, 1976, T. 4, pág. 40 y citas a la nota nº 85). Así, y en uso de la facultad prevista por el art. 622 del Código Civil, última parte, que autoriza a los jueces a determinar el interés que debe abonarse cuando las leyes especiales no lo hubieran determinado, entiendo que la tasa activa de interés fijada, esto es, la tasa que percibe el B. C. S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento resulta como la más adecuada para indemnizar el daño moratorio sufrido por los acreedores. Por tales razones, se desestima la queja. 9. En consecuencia, también propicio al acuerdo declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada reconviniente Sra. M. L. R., debiendo revocarse parcialmente la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de condena que deberá abonar La S. C. L. de S. G., esta última en el límite del seguro, a la suma total de $68.000.- a favor de la citada demandada reconviniente, y asimismo reducir el monto de condena al importe de $1.038.532,02.- a favor de las actoras María F. B., por sí y en representación de sus hijos L. E. S. y A. L. S., y M. H. M. en representación de su hijo H. D. S., con los alcances que a continuación se establecen en cuanto a los efectos de la condena, imposición de costas y regulación de honorarios, confirmando la misma en todo lo demás que fuera materia de agravios. Así, en atención a los fundamentos expuestos al punto 2 que antecede corresponde establecer que la disminución de los montos de condena beneficia en forma exclusiva a la citada en garantía apelante, pues respecto de los actores De G. y P. la sentencia de primera instancia adquirió firmeza al no interponer recurso de apelación. Lo mismo debe concluirse en lo que hace al régimen de imposición de costas y honorarios ya que el fallo de la anterior instancia hizo cosa juzgada contra la asegurada P. y el c. De G.. A su vez, la revocatoria parcial del fallo que se propicia hace necesario la adecuación de las costas y honorarios conforme lo previsto por el art. 279 del C.P.C.C., con la salvedad antes expuesta.

En lo que hace a las costas por la demanda promovida por los actores De G. y P. y reconvención deducida por la demandada reconviniente R., al tratar el pertinente agravio me pronuncié distribuyendo las de primera instancia en un 80%, porcentaje por el que deberá responder la citada en garantía, y en un 20% a cargo de la demandada reconviniente, en atención a los vencimientos recíprocos habidos y resultado final del proceso (art. 71 del C.P.C.C.). Con relación a la demanda promovida por las actoras B. y M., a partir de una visión global del pleito, en atención a que se desestiman los rubros gastos por personal de servicio doméstico y de sepelio, de menor entidad económica, postura asumida por la aseguradora al peticionar el rechazo en todas sus partes de la demanda (p. I, fs. 109, y p. VIII.5., fs. 115 vta.), y pautas ya expuestas al punto 6 que antecede, estimo prudente imponer las costas de primera instancia en un 90%, porcentaje por el cual deberá responder la aseguradora, y en un 10% a cargo de las citadas actoras, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con los parámetros antes indicados y los vencimientos recíprocos habidos en función del resultado final del proceso (art. 71 del C.P.C.C.). Tocante a los recursos de apelación interpuestos por los Dres. Y., M., A. y S., por su propio derecho, en atención a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos, y considerando asimismo el progreso parcial de la reconvención y demanda que interpusieran en representación de sus respectivas partes, considero que el porcentaje fijado del 16% más el 40% por las tareas de procuración que alcanza a un total del 22,4% resulta adecuado, por lo que se mantienen tales porcentajes. Asimismo, en virtud de tales pautas, estimo también apropiado el 1,5% regulado a favor del perito psicólogo actuante, por lo que se confirman dichos emolumentos (ats. 6, 7, 9, 19, 37, 39, 47, y 61 de la ley del arancel). Con ese alcance, toda vez que la regulación de los honorarios de primera instancia, con la salvedad de que la aseguradora responderá en el límite de la adecuación que en su beneficio se efectuara en materia de costas, resultan adecuados por lo que corresponde mantener los mismos, y desde que fueron regulados en términos porcentuales se ajustarán de modo automático al nuevo importe de condena, no será necesario practicar adecuación de los mismos. En lo que hace a las costas de segunda instancia, cabe ponderar el acogimiento parcial de los agravios vertidos por la aseguradora y por las actoras B. y M., y si bien se declaró desierto el recurso de apelación deducido por la demandada reconviniente R. también debe considerarse el éxito parcial de su contestación de agravios. Ello permite delinear en esta instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir las costas de alzada en el orden causado, por responder así en forma adecuada al resultado alcanzado por las partes apelantes (art. 71 del C.P.C.C.). Finalmente, con las pautas apreciativas ya expuestas y lo previsto por el art. 14 de la ley del arancel, entiendo prudente los honorarios propuestos por el Dr. De Cunto a favor de los letrados apoderados de la aseguradora, actoras B. y M., y demandada reconviniente R., en las sumas porcentuales equivalentes al 30%, 30%, y 26%, respectivamente, de las cantidades establecidas para la primera instancia, con más el I.V.A. pertinente. Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto expresó: En vista del acuerdo arribado acerca de la cuestión precedente, corresponde por tanto: I.-Declarar desierto el recurso de apelación deducido por la demandada-reconviniente M. L. R..- II.- Revocar parcialmente el fallo apelado, a fin de reducir el monto de condena que deberá abonar la aseguradora La S. C. L. de S. G. a la suma de pesos sesenta y ocho mil ($ 68.000) a favor de la reconviniente M. L. R., y a la de pesos un millón treinta y ocho mil quinientos treinta y dos con dos centavos ($ 1.038.532,02) a favor de las coactoras M. F. B., por sí y en representación de sus hijos L. E. y A. L. S., y de M. H. M. en representación de su hijo H. D. S.; confirmándolo en todo lo demás que ha sido materia de agravios.- III.- Imponer las costas de la instancia anterior, por readecuación, en un 20% a la demandada-reconviniente R. y en un 80% hasta el cual deberá responder la aseguradora apelante; y en un 10% a cargo de las coactoras en la causa acollarada B. y M. y en un 90% hasta el cual deberá responder la aseguradora apelante (conf. art. 71 del CPCC). Asimismo se deja constancia que la aseguradora La S. C. L. de . G., responderá por los honorarios de primera instancia en el límite de la readecuación de las costas y de la incidencia de la reducción del monto de condena en su favor sobre los porcentajes establecidos.- IV.- Imponer las costas de esta sede en el orden causado (conf art. 71 de rito).- V.- Regular los honorarios, por las tareas desempeñadas en esta instancia de la siguiente manera: a los Dres. R. J. L. y A. F., en conjunto, en un 30%; a los Dres. P. O. A., N. O. M. y P. S., en conjunto, en un 30%; y al Dr. A. Y., en un 26%; en todos los casos sobre lo regulado a los mismos letrados en la instancia anterior y con más el IVA correspondiente.- Así lo voto.- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De Cunto, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación. Así lo voto. Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: - S E N T E N C I A: ----------- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: ----------- --- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación deducido por la demandada-reconviniente M. L. R..- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado, a fin de reducir el monto de condena que deberá abonar la aseguradora La S. C. L. de S. G. a la suma de pesos sesenta y ocho mil ($ 68.000) a favor de la reconviniente M. L. R., y a la de pesos un millón treinta y ocho mil quinientos treinta y dos con dos centavos ($ 1.038.532,02) a favor de las coactoras M. F. B., por sí y en representación de sus hijos L. E. y A. L. S., y de M. H. M. en representación de su hijo H. D. S.; confirmándolo en todo lo demás que ha sido materia de agravios.- IMPONER las costas de la instancia anterior, por readecuación, en un 20% a la demandada-reconviniente R. y en un 80% hasta el cual deberá responder la aseguradora apelante; y en un 10% a cargo de las coactoras en la causa acollarada B. y M. y en un 90% hasta el cual deberá responder la aseguradora apelante (conf. art. 71 del CPCC). Asimismo se deja constancia que la aseguradora La S. C. L. de S. G., responderá por los honorarios de primera instancia en el límite de la readecuación de las costas y de la incidencia de la reducción del monto de condena en su favor sobre los porcentajes establecidos.- IMPONER las costas de esta sede en el orden causado (conf art. 71 de rito).- REGULAR los honorarios, por las tareas desempeñadas en esta instancia de la siguiente manera: a los Dres. R. J. L. y A. F., en conjunto, en un 30%; a los Dres. P. O. A., N. O. M. y P. S., en conjunto, en un 30%; y al Dr. A. Y., en un 26%; en todos los casos sobre lo regulado a los mismos letrados en la instancia anterior y con más el IVA correspondiente.- - --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-------------- REGISTRADA BAJO EL N° DE 2009 - SDC.- Conste.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA.