Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-28


TUTTOLOMONDO, Juan Carlos contra FORJA S.A.

Reg.: A y S t 211 p 356-366.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil cinco se reunió en acuerdo la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, integrada en el caso por los señores Ministros doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, y por el señor Vocal doctor Julio César Alzueta, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "TUTTOLOMONDO, Juan Carlos contra FORJA S.A. -Cobro de Pesos- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 1390, Año 1996). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Spuler, Vigo, Netri, Falistocco, Gastaldi y Alzueta.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: 1.1. Surge de las constancias del expediente nro. 196/81, agregado por cuerda al presente, que por ante el Juzgado del Trabajo de la 4ta. Nominación de la ciudad de Rosario, el señor Juan Carlos Tuttolomondo, por apoderado, promovió demanda por cobro de pesos contra "Tecno Aeromecánica S.A. y/o Forja S.A.", reclamando indemnización por antigüedad (23 años), por falta de preaviso, integración mes de despido, licencia, y aguinaldo proporcional.

En su presentación, expresó que ingresó a trabajar a "Forja S.A." el 16.03.1958; que fue despedido injustificadamente el 27.02.1981; que asimismo demandaba a "Tecno Aeromecánica S.A.", "por ser sucesora y subsidiaria, visible o no (de aquélla) ... y en especial, en virtud del acta celebrada el día 10 de agosto de 1973 ... que corresponde al expediente administrativo del Ministerio de Trabajo de la Nación (ex Secretaría de Trabajo) Nro. 206.925/73"; que fue suspendido "por más del plazo que autoriza la ley" bajo la falsa invocación de "falta de trabajo no imputable", cuando ambas empresas eran responsables en los términos del artículo 245 del régimen de contrato de trabajo por su conducta negligente. Ofreció prueba y solicitó que se condenara a las codemandadas "al pago de los rubros reclamados, con costas, debidamente actualizadas, etc." (escrito con cargo del 31.03.1981, fs. 6/7).

"Forja S.A." repelió la pretensión esgrimida, y opuso excepción de falta de acción por cuanto el actor no era empleado de esa empresa al momento del distracto -no constándole la fecha invocada por el accionante-, por lo que mal podía imputársele responsabilidad alguna y menos aún incumplimiento de sus obligaciones laborales; negó, además, la relación con "Tecno Aeromecánica S.A." que le atribuyera el accionante y que dicha situación se desprendiera del acta mencionada.

Al referir a la "situación real del caso", relató que en 1973 el actor había ingresado a la codemandada "Tecno Aeromecánica S.A." como consecuencia del convenio suscripto ante el Ministerio de Trabajo -cuya copia adjuntó-, por el cual su parte había asumido obligaciones específicas para el caso de cese definitivo o transitorio de aquélla.

Aclaró que en el primer caso, se obligaba a "reincorporar al personal que pasaba a la nueva firma ... y en las condiciones de trabajo especificadas en su texto. Si el personal no quisiera reingresar 'Forja S.A.' los indemnizará".

Tras aludir al telegrama del 7.11.1980, que el actor le remitiera intimándola al pago de "primera cuota aguinaldo año 1980 y sueldo octubre 1980", en cuyo defecto se consideraría injuriado y despedido por su causa, el que fuera rechazado por su parte - negando la relación de dependencia y por ende, toda obligación (telegrama del 11.11.1980)-, postuló la improcedencia de la pretensión de pago de las asignaciones y la percepción de las indemnizaciones a causa del despido, en relación a "Forja S.A.", por no corresponder a las condiciones pactadas en dicho convenio. Ofreció prueba y pidió el rechazo de la demanda, con costas (fs. 25/27).

A su turno, el Síndico designado en la quiebra de "Tecno Aeromecánica S.A." reconoció la relación laboral y el distracto acaecido por la falencia (f. 29) y efectuó el cálculo de la indemnización, que obra a foja 37 de esos autos.

1.2. A foja 52, se presentó el apoderado del actor manifestando que venía a "...

desistir del proceso, no de la acción contra la codemandada 'Forja S.A.'", lo que fue ratificado por el señor Tuttolomondo (f. 52 vto.), prestando conformidad dicha empresa a foja 54.

1.3. Al dictar sentencia (20.09.1982), el magistrado interviniente resolvió hacer lugar a la demanda contra "Tecno Aeromecánica S.A.", condenándola a pagar la suma resultante de la liquidación a practicarse, con actualización monetaria ley 22311, con más el 8% anual de interés y costas (fs.60/62), la que obra en planilla glosada a foja 72. 1.4. A foja 81, se presentó nuevamente el curial apoderado del actor a fin de "...

reiniciar la acción contra la firma Forja S.A. ... para que en forma solidaria con Tecno Aeromecánica (Quiebra) responda por la suma reclamada a fs. 6 de autos, debidamente actualizada hasta el momento de su efectivo pago", solicitando que se tuviera "por reiterados los términos del escrito obrante a fs. 6/7 ...", con ofrecimiento de la misma prueba, ampliándose como documental la sentencia recaída en la litis (escrito con cargo del 17.06.1983).

El órgano jurisdiccional tuvo por iniciada la acción, disponiéndose la citación y emplazamiento de la demandada a comparecer a estar a derecho, contestar la demanda y ofrecer prueba (f. 81 vto.), proveído que fue revocado con fundamento en que la jurisdicción del Tribunal había concluido, según lo dispuesto por el artículo 248 del Código Procesal Civil y Comercial, acogiéndose el planteo impugnatorio de "Forja S.A." (f.

90).

2. El señor Tuttolomondo, por apoderado, interpuso, entonces, la demanda que dio inicio a la presente causa (expediente nro. 297/84) la que radicó, por la coincidencia de su turno, ante el mismo juzgado que entendiera en el anterior juicio, cuyas actuaciones acompañó, reiterando su pretensión de cobro de los mismos rubros, "todo actualizado y con sus intereses y costas" (escrito con cargo del 8.05.1984, fs. 1/2).

Corrido traslado, "Forja S.A." opuso, en primer término, excepción de prescripción, efectuando nuevamente una reseña de los hechos acaecidos, en la que expuso en punto a que la relación laboral con su parte había cesado en 1973 debiendo entenderse que la denunciada ruptura en 27.02.1981 lo era respecto de "TecnoAeromecánica S.A.", fecha que además no le constaba por no haber El actor, a su turno, postuló el rechazo de las excepciones planteadas (fs. 18/21).

Habiendo éste ofrecido como prueba -entre otras- los autos de la quiebra de TecnoAeromecánica S.A." y sus incidentes, en especial, el de verificación de su crédito (f. 29), se glosaron -tras su recepción- las copias certificadas de las actuaciones pertinentes (fs. 33/47), en las que consta su verificación con privilegio especial, en la extensión sugerida por la Sindicatura, esto es, por el importe inicial reclamado a la fecha de la quiebra equivalente a $ 30.705.000, no por el quantum de $ 198.095.050 pretendido por el actor -resultante de la liquidación practicada conforme a las pautas de la sentencia recaída en el expediente nro. 196/81- con su actualización. A fojas 38/39 consta la recepción por el actor de una orden de pago por $a 3.070, suma que fue percibida "a cuenta de la indemnización total y sin renunciar a sus derechos contra Forja S.A.".

Clausurado el término de prueba y llamados autos para resolver (f. 98 vto.), la jueza de baja instancia falló, haciendo lugar a la defensa de prescripción articulada por la accionada y, en consecuencia, rechazó la demanda, con costas, por considerar que el desistimiento de foja 52 del expediente nro. 196/81 había determinado para el actor la aplicación del artículo 3987 del Código Civil, por lo que "la interrupción del curso prescriptivo determinado por la promoción de la demanda que ostenta cargo nro. 895 del 31 de marzo de 1981 por un desvínculo de fecha 27 de febrero de 1981, se ha de tener por no sucedida; y a mérito de ello, la promoción de nueva demanda en fecha 8 de mayo de 1984 comporta su inicio fuera del lapso de dos años (art. 256 L.C.T.)" (fs. 111/112).

2.1. Impugnado que fuera dicho fallo por el perdidoso, la Sala, mediante sentencia de fojas 147/151, resolvió desestimar el recurso de nulidad y hacer lugar a la apelación, revocando la sentencia de grado y rechazando la prescripción opuesta. Asimismo, con sustento en las razones que expuso, el A quo se pronunció sobre el reclamo sustancial articulado y acogió la demanda, declarando admisible la extensión solidaria a "Forja S.A." de la condena recaída en el expediente nro. 196/81, excepto por el importe ya percibido, el que se debitaría con iguales pautas de actualización e intereses, con la aclaración relativa a la aplicación de la ley 23.928 a partir del 1 de abril de 1991 y el interés que resultara de promediar las tasas activa y pasiva que hubiera aplicado el Banco de la Nación.

3. Contra tal pronunciamiento, interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en los incisos 2do. y 3ro. del artículo 1ro. de la ley 7.055, alegando "violación a lo normado por el art. 95, como de los derechos de defensa, debido proceso y propiedad consagrados en los arts. 9 y 15 de la C. provincial y sus similares arts. 17 y 18 Constitución nacional".

En sustento de su impugnación extraordinaria, le achacó al Tribunal A quo haber incurrido en una arbitraria interpretación de las normas del Código Civil y contradicción con las constancias de autos, violando su derecho de defensa al imputarle no haber opuesto la prescripción ante un escrito que fue presentado en un expediente que concluyó con el desistimiento del proceso y que era ajeno a la presente causa, que no podía ser considerado como demanda y, por ende, no podía generar la carga impuesta por el artículo 3962 del Código Civil.

Alegó que de acuerdo a dicho precepto, correctamente interpuso la referida defensa en la causa nro. 297/84, en el primer escrito, coincidente con el de contestación de la demanda.

Asimismo, le endilgó haber efectuado una "interpretación subjetiva" del desistimiento formulado por el actor y aceptado por su parte en el expediente nro. 196/81, "dándole un vuelo que no emana de los obrados" (sic), ya que, según afirmó, "el desistimiento del proceso no está condicionado a nada ...", por lo que era operativo el artículo 3987 del Código Civil.

En otro orden, señaló que la Sala le había otorgado el carácter de fiadora según el expediente del Ministerio de Trabajo, siendo que su parte había negado que del proceso anterior, del expediente administrativo nro. 206.925/73, de las actas allí labradas y de cualquier otra prueba eventual, pudiera surgir solidaridad alguna entre "Tecno Aeromecánica y Forja S.A.".

Adujo que el Tribunal "va más allá de lo actuado en el juicio, y tiene por cierta y válida un acta administrativa negada, y no acompañada a los obrados".

Sostuvo que, no obstante, el actor no había probado haber cumplido con alguna de las opciones contenidas en las cláusulas 3ra. y 5ta. del convenio para reclamar a su parte "en forma de fiadora" en caso de cese definitivo o transitorio, razón por la cual procedía la defensa de falta de acción, la que había sido omitida por el A quo.

Afirmó, en ese sentido, que la Sala tuvo por acreditado que aquél había solicitado la reparación por el cese definitivo, cuando surgía del telegrama del 7.11.1980, que "sólo intimó el pago de aguinaldo y sueldo octubre 1980, bajo apercibimiento de considerarse despedido ...", habiendo admitido una relación a esa fecha con "Tecno Aeromecánica S.A.".

Concluyó, así, en que haber presumido la Sala la solidaridad de su parte, sin que se hubieran dado las circunstancias señaladas en el Acta, tornaba también arbitrario al decisorio, dado que no era congruente con la demanda ni con las constancias de autos, habiendo omitido la consideración de cuestiones como la referida defensa (fs. 155/164).

4. El Tribunal A quo denegó la concesión del remedio extraordinario, lo que motivó la presentación directa de la impugnante ante esta Corte, abriéndose la instancia de excepción mediante resolución registrada en A. y S. T. 128, p. 395.

5. En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055, efectuado con los principales a la vista, propiciaré una respuesta distinta a la adoptada en oportunidad de admitir la queja por las razones que expondré a continuación.

Inicialmente, he de señalar que atento a la índole de los planteos esgrimidos, la postulación recursiva deberá ser analizada bajo la causal prevista en el inciso 3ro. del artículo 1ro. de la ley 7.055, y no bajo la hipótesis del inciso 2do., pues no obstante que también fue invocada por la recurrente, no ha desarrollado luego una argumentación idónea que permita sostener válidamente que se ha cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución y la decisión ha sido contraria al derecho o garantía fundado en él.

Circunscripto así el ámbito de la materia recursiva al supuesto de "violación al derecho a la jurisdicción", se torna necesario recordar que la naturaleza de la impugnación regulada por la ley 7.055 veda a este Tribunal ad quem examinar el acierto o error del pronunciamiento atacado, debiendo limitarse a controlar su adecuación al ordenamiento jurídico fundamental, pues no debe perderse de vista que la tacha de arbitrariedad no autoriza a sustituir a los jueces de la causa en la interpretación y aplicación del derecho, ni en la ponderación del material fáctico y probatorio del pleito (Cfr. criterio de A. y S. T. 140, p. 49).

Y en ese cometido, he de consignar que el cotejo de los agravios formulados en el libelo introductorio con los motivos expuestos por los sentenciantes en el fallo atacado, luego del estudio de las presentes actuaciones y del expediente agregado por cuerda - ofrecido como prueba por la propia recurrente (vide f. 16 )-, me conduce a colegir que tales reproches tan sólo traducen la mera disconformidad de la compareciente con el criterio con el que la Alzada, en el ejercicio de sus facultades privativas, analizó la situación fáctica de la litis, valoró las pruebas y, en función de unas y otras, interpretó y aplicó las normas de derecho común y procesal que estimó adecuadas, lo cual no depara caso constitucional susceptible de habilitar esta instancia extraordinaria.

5.1.1. En efecto, en relación a las imputaciones dirigidas contra lo resuelto en torno a la prescripción opuesta, estimo conveniente comenzar por el análisis del cuestionamiento de la impugnante a la interpretación efectuada por la Sala del desistimiento formulado por el actor en el expediente nro. 196/81.

En el escrito obrante a foja 52 de esos autos, el apoderado del accionante expresó: "... vengo a desistir del proceso, no de la acción contra la codemandada 'Forja S.A.', ya que la misma quedará supeditada al hecho de que mi conferente cobre la totalidad (100%) del juicio contra la demandada Tecno Aeromecánica". En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, ello fue ratificado personalmente por el señor Tuttolomondo (f. 52 vto.). Corrido traslado, la demandada manifestó que "... su parte nada tiene que objetar con relación al desistimiento del actor ..." (acápite II "Presta Conformidad", f. 54).

La mera verificación de tales constancias autoriza a convalidar el criterio sostenido por el A quo en cuanto, no obstante advertir que no había mediado pronunciamiento expreso sobre dicho acto, consideró que el mismo había sido "causado", poseyendo el actor fundados argumentos para así proceder -desde que era menester obtener un rápido pronunciamiento respecto de "TecnoAeromecánica S.A." dada su declaración de quiebra y en etapa de liquidación (vide fs. 32/47 de los presentes)- y con reservas de reiniciar el proceso en caso de resultado negativo para su intento de cobro en el trámite concursal de dicha empleadora principal y codemandada; y que sobre tales bases y con tal condicionamiento "Forja S.A." había prestado su conformidad, sin reserva alguna, aportando el "consentimiento" exigido por la ley (art. 229, ley 5531), lo que había concluido, entonces, en los términos de una clara convención de partes (art. 1197, del Código Civil).

En ese orden, apreció que "... si entendemos a la negligencia como fundamento 'único' que hace a la esencia de la inactividad del acreedor, sancionada por el artículo 3949 del Código Civil (v. nota del codificador del art. 3061 (sic)) ...", dicha imputación no podía ser formulada contra Tuttolomondo, cuyo comportamiento "... de ningún modo podía ser calificado de negligente ni que acarrearía la pérdida o la reputación de abandono del derecho ...".

En suma, el A quo, advirtiendo especialmente que se había desistido del proceso y no de la acción, interpretó razonablemente que no se trataba de un desistimiento liso y llano y que así lo había aceptado la demandada, no mediando "incuria" del accionante, lo que impedía declarar la prescripción liberatoria en su contra.

Frente a la respuesta brindada, la acusación de prescindencia de la norma del Por lo demás, ha de señalarse que tanto en doctrina como en el plano jurisprudencial no se ha considerado al principio consagrado en la referida norma de carácter absoluto (Cfr. Borda, G. A., "Tratado de Derecho Civil", Obligaciones, T. II, 5ta. edición, pág.

46, entre otros; C.S.J. Pcial., A. y S. T. 147, p. 218), habiéndose sostenido, en ese sentido, que no siendo liso y llano el desistimiento del proceso, no se está ante la situación contemplada en el citado artículo 3987 del Código Civil (Cfr. J.A. 2001-IV-710), razones, éstas, que impiden tener por configurado un arbitrario apartamiento normativo por parte del A quo.

La Sala se sustentó, además, en la consideración de que la recurrente, "... hoy demandada (en forma solidaria, art. 3994 Código Civil) es reclamada especialmente por el compromiso asumido en Acta de fecha 10-8-973 (obrante en Expediente nro. 206925/73 de la Secretaría de Trabajo de la Provincia) ...", respecto del cual interpretó, en el ejercicio de sus atribuciones propias, que poseía caracteres de "fianza", y a tenor de la calificación dada aplicó las normas pertinentes en la materia, entendiendo que "... el reclamo intentado contra el deudor principal (cuyas obligaciones asumía 'Forja S.A.', v.

fs. 26 Expte. 196/81) interrumpió la prescripción contra el fiador, conforme lo determina el artículo 3997 del Código Civil ...", de suerte tal que el efecto interruptivo de la demanda se había mantenido hasta la conclusión de dicho proceso en setiembre de 1982 (fs.

62, 68 y 70, expte. nro. 196/81), resultando, entonces, que "a mayo de 1984 ... no había transcurrido el plazo del art. 256 L.C.T." (f. 149).

Tal fundamentación no logra ser adecuadamente rebatida por la impugnante mediante los argumentos vertidos en el memorial recursivo (fs. 163, 163 vto. y 164), toda vez que del examen de los mismos n 5.1.2. Frente a tales motivos que evidencian que los juzgadores abordaron el tratamiento de la excepción articulada y efectuaron un detenido análisis de las cuestiones sometidas a su decisión para colegir que la acción no se encontraba prescripta, queda sin justificar cuál es el agravio que le depara a la impugnante -en concreto, el estado de indefensión que alega- la observación por la Sala respecto a la oportunidad en que debió haber opuesto dicha defensa conforme a lo dispuesto por el artículo 3962 del Código Civil, y de acuerdo al alcance asignado al escrito de foja 81 del expediente nro. 196/81 por aplicación de lo previsto en el artículo 3986 de ese digesto, planteo que no se muestra, además, decisivo para torcer lo resuelto, pues no obstante haber sido presentado como principal reparo en relación al aspecto de la sentencia bajo examen, la suerte adversa de la mentada excepción, como se ha visto, se encontraba sellada por los argumentos precedentemente expuestos.

5.2. Por su parte, el reproche de la compareciente, consistente en que el órgano jurisdiccional no tuvo en cuenta que el actor, atento al contenido del telegrama de intimación que le remitiera, no había solicitado ninguno de los reclamos estipulados en el Acta de fecha 10.08.1973 "... para que fuere operativa la pretendida solidaridad de Forja ...", soslayando la "falta de acción" invocada, tampoco ostenta entidad constitucional.

Ello así, por cuanto lejos de haber incurrido en una omisión reprochable, dicho elemento ha sido valorado por el Tribunal a la hora de juzgar sobre la procedencia de la demanda, pero no en el sentido pretendido por "Forja S.A." de resultar eximida de responsabilidad.

Efectivamente, los sentenciantes consideraron que debía entenderse que, si bien ambigua, la sentencia recaída en el expediente nro. 196/81 receptaba como fecha de "ruptura" de la relación la 5.3. Por todo lo dicho, es dable concluir en que los agravios esgrimidos por la compareciente no revisten entidad constitucional como para franquear la vía extraordinaria intentada, al no haber logrado demostrar la arbitrariedad que invoca.

La sentencia explicita fundamentos suficientes que podrán o no compartirse, pero en la medida en que lo resuelto no importe desconocimiento del derecho a la jurisdicción que acuerda la Carta Magna provincial, no puede descalificarse por inconstitucional.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Comparto la opinión expresada por el señor Ministro preopinante en cuanto delimitó el encuadre legal de la postulación recursiva a la causal del inciso 3ro. del artículo 1ro.

de la ley 7.055.

Además, concuerdo con la consideración relativa a que no deparaba cuestión constitucional la exégesis efectuada por la Sala respecto al desistimiento formulado por el actor en el expediente nro. 196/81 en orden al rechazo de la prescripción invocada por la recurrente, así como también entiendo, a tales efectos, que la atribución de la calidad de "demanda" al escrito de foja 81 constituye una cuestión privativa de los jueces de grado que no se muestra exorbitante de los márgenes de razonabilidad tolerados en el desempeño de su labor jurisdiccional y, por ende, resulta ajena al remedio extraordinario intentado.

La argumentación expuesta por el A quo en torno a tales aspectos, según mi parecer, basta por sí sola para fundar la decisión desestimatoria de la defensa opuesta, sin necesidad de analizar otras razones que implicarían ingresar a la cuestión de fondo planteada.

Empero, estimo que las imputaciones dirigidas contra el pronunciamiento favorable a la admisión de la demanda -y, en consecuencia, a la extensión de solidaridad a "Forja S.A."- ostentan perfil constitucional con idoneidad para la habilitación de esta instancia de excepción.

A modo de colofón de la argumentación desarrollada en su memorial recursivo, la impugnante alegó que "... presumir ... la solidaridad de Forja ... sin que se den las circunstancias señaladas en el acta, torna ... arbitrario el acuerdo, dado que no es congruente con la demanda ni con constancias de autos" (f. 164).

La detenida lectura de las actuaciones me convence de que le asiste razón en sus reparos, pues es dable verificar que la sentencia traída en revisión se encuentra inficionada del vicio endilgado.

Cabe recordar, conforme lo señalara en A. y S. T. 175, p. 482, que el principio de congruencia significa que "el juez, por lo tanto, está impedido de separarse de los términos en los cuales las partes han planteado la controversia a través de la demanda y la contestación de la misma" (José Rodríguez,"Autoridad del juez y principio dispositivo", Instituto de Derecho Privado y Comparado, Universidad de Carabobo, Valencia, 1968, pág. 20). En palabras de Guasp, la congruencia supone "que el fallo no contenga más de lo pedido por las partes: 'ne eat iudex ultra petitum partium', pues si así lo hiciera incurriría en incongruencia positiva, la que existe cuando la sentencia concede o niega lo que nadie ha pedido, dando o rechazando más, cuantitativa o cualitativamente, de lo que se reclama" (Jaime Guasp, "Derecho Procesal Civil", 4ª Ed.

revisada por Pedro Aragoneses, Civitas, Madrid, 1998, t. I, pág. 483). Como reza el adagio latino, "sententia debet esse conformis libello" (sobre el tema, cfr. Aragoneses Alonso, Pedro, "Sentencias congruentes", Aguilar, Madrid, 1957, en especial, págs. 89 y ss.).

Entiendo que dicho principio no ha sido adecuadamente observado por la Sala al fallar.

En efecto, tal como surge de la pieza obrante a fojas 6/7 del expediente nro. 196/81, el actor promovió demanda contra "Tecno Aeromecánica S.A. y/o Forja S.A." tendente al cobro de los rubros correspondientes por su "despido injustificado": indemnización por antigüedad (23 años), por falta de preaviso, integración mes de despido, licencia y aguinaldo proporcional, sosteniendo -en lo que es de interés- haber ingresado a trabajar para "Forja S.A." el día 16.3.1958 y haber sido despedido injustamente el día 27.02.1981; y que asimismo demandaba a "Tecno Aeromecánica S.A.", "por ser sucesora y subsidiaria, visible o no, de la firma 'Forja S.A.', y en especial en virtud del acta celebrada el día 10 de Agosto de 1973 ...".

En su contestación, "Forja S.A." -mediante la defensa de falta de acción- alegó que el demandante "al momento del distracto no era (su) empleado ... (dejó de serlo en 1973)".

Al aclarar sobre la "situación real del caso de autos", señaló que aquél a partir de ese año había ingresado a la codemandada "Tecno Aeromecánica S.A." como consecuencia del convenio suscripto ante el Ministerio de Trabajo, y que en virtud de lo establecido en sus cláusulas, la reclamación era improcedente en relación a su parte, "pues (en aquél) asumió determinado tipo de obligaciones, no las invocadas en autos". Así, explicó que rechazó el telegrama de intimación remitido por el actor, por pretender el pago de la "primera cuota aguinaldo año 1980 y sueldo octubre 1980", bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido por esa causa, cuando no mediaba dependencia con "Forja S.A.", por lo que no le correspondía a su parte el pago de esas supuestas asignaciones.

Remarcó que "si la contraria se hubiera considerado con derecho, en base al convenio relacionado, debió haberlo ejercido conforme a las condiciones pactadas" (fs. 25/27).

Luego, en su presentación de foja 81, el accionante solicitó "se tengan por reiterados los términos del escrito obrante a fs. 6/7 de los presentes autos" (manteniendo idéntica pretensión, incluso, en la pieza de f. 1 del expte. 297/84, vide punto II).

A la hora de emitir pronunciamiento en relación a la articulación de fondo, el Tribunal, entendiendo, de acuerdo a las constancias en que se apoyó, como "fecha de 'ruptura' de la relación laboral (la) que corresponde a la declaración de quiebra (5-11-80) ...", restó decisividad a las objeciones formales a la validez o incidencia del telegrama intimatorio cursado por el actor (del 7.11.1980, vide f. 21) , "ya que la cesantía estaba consumada en la misma fecha".

Estimó que ello había tornado operativa "la opción del trabajador para reclamar el reintegro o la indemnización ... atento los claros términos del Acta celebrada en sede administrativa (fs. 4/5) facultando a reclamar directamente la reparación, para el caso de 'cese definitivo de la actividad' (cláusula tercera)".

Hizo lugar, por consiguiente, a la demanda, declarando admisible la extensión solidaria a "Forja S.A." de la condena recaída en el expte. 196/81, excepto por el importe ya percibido, pero lo cierto es que el actor no pretendió de la recurrente el pago de la indemnización contemplada en la referida cláusula tercera del Acta-acuerdo de 1973, sino que reclamó por su despido injustificado además de otros rubros salariales. Advierto que la Sala, al decidir extender la condena a esa empresa, marginó la consideración de que había cesado toda relación de dependencia con ella (vide. cláusula primera del Acta, f.

4), la que sólo había contraído determinadas obligaciones con los trabajadores que suscribieron dicho instrumento ante la ocurrencia de concretas situaciones previstas en el mismo, conforme fuera sustento de la férrea oposición planteada por la accionada.

En tales condiciones, estimo que el órgano jurisdiccional no se ajustó correctamente a los términos de la relación procesal, consagrando de tal modo una solución que, como ya anticipara, no guarda armonía con las exigencias de congruencia que recaen sobre todo pronunciamiento para que constituya un acto jurisdiccional válido.

Por consiguiente, en ese aspecto, cabe mantener el criterio adoptado por este Cuerpo en ocasión de admitir el recurso directo deducido por la compareciente.

Con ese alcance, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Vigo y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Gastaldi, y el señor Vocal doctor Alzueta expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Vigo, Netri, Falistocco y Gastaldi, y el señor Vocal doctor Alzueta expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas (art. 12, ley 7.055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Vigo, Netri, Falistocco y Gastaldi, y el señor Vocal doctor Alzueta dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Presidente doctor Gutiérrez, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso, con costas a la recurrente.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores integrantes de la Corte por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-ALZUETA-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)