marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Extradición, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: LEONARDO, Luis Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-02

El voto concurrente agregó que si para lograr que el imputado se encuentre a derecho es necesario recurrir a un proceso extraditorio, estamos frente a un concreto indicador de fuga que se traduce en un peligro procesal de elusión de justicia de gran envergadura. (Dres. Borinsky, Hornos -voto concurrente-).
Proceso judicial, primera instancia, demanda, falta de contestación de la demanda, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ FILIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-08-25

La incontestación de la demanda produce un efecto inequívoco consistente en el reconocimiento de la documental acompañada y en una admisión tácita de los hechos. Pero la incontestación de la demanda no es por sí sola suficiente para que el Juez admita la verdad de los hechos alegados por la actora. Ello no altera la secuencia regular del proceso debiendo pronunciarse la sentencia según el mérito de la causa, la que supone la verificación de los hechos.

Sólo produce una presunción favorable a la pretensión del accionante, que debe ser ratificada o robustecida mediante la correspondiente prueba.

La incontestación de la demanda no importa necesariamene el derecho del actor a obtener sin más lo reclamado; no queda eximido el Juez de examinar la procedencia de la acción; sino que aquella se computa como presunción favorable a las pretensiones del actor, la cual podrá ser avalada por la prueba corroborante o destruída por la prueba contraria, debiendo en cada caso valorarse la conducta de las partes y los elementos de convicción arrimados a los autos.
Obligaciones solidarias, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cambeses, María Lourdes y otros c/ Lago, Jesica Belén y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-12-20

El Alto Tribunal expresó en el precedente "Luna, Antonio R c. Agencia Marítima Rigel SA y otros"" (CS, 02/07/93; Fallos: 316:1609) que las directivas del art. 30 de la LCT no implican que todo empresario deba responder por las relaciones laborales que tengan todos aquellos otros empresarios con quienes establece contratos que hacen a la cadena de comercialización o producción de los bienes o servicios que elabore. Por tanto, el sentido de la norma es que las empresas que, teniendo una actividad propia normal y específica y estimen conveniente o pertinente no realizarla por sí, en todo o en parte, no puedan desligarse de sus obligaciones laborales, sin que corresponda ampliar las previsiones de la regla; pues la protección de los derechos laborales no justifica que se pongan en tela de juicio otros derechos también garantizados constitucionalmente. Y sobre esta base no procede una interpretación lata del art. 30 de la LCT, que extienda desmesuradamente su ámbito de aplicación por la cesión de tareas que no hacen a la actividad normal y específica propia del establecimiento comercial explotado (cf Mario Fera, Ibíd.; p. 463/469). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Intereses, modificación de la tasa de interés, intereses punitorios, intereses compensatorios, tasa activa, Banco Nación
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA SA c/ LONGOBARDI, GERARDO s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-24

Si bien -en el caso- tanto la razón de los intereses compensatorios como de los punitorios ha sido acordada en el pagaré ejecutado, sin embargo su magnitud (64,20% anual y 50% de ésta, respectivamente) excede considerablemente el límite admitido para tasas con idéntica finalidad, motivo por el cual procede morigerar el porcentual de los réditos establecidos en la cambial conforme lo prescripto por el Código Civil, arts. 21, 953, 1071 y conc. (En el caso, se revoca parcialmente la sentencia, fijándose la razón de los intereses compensatorios conforme a la tasa activa que percibe el banco de la nación argentina para sus operaciones de descuento).
Daños y perjuicios, responsabilidad de los establecimientos educacionales, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: MACIAS CORRAL, Patricio Ezequiel c/ GONZÁLEZ, Mario y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-26

En materia de prueba no corresponde aceptar directamente que la obligación de seguridad asumida por un establecimiento educativo (artículo 1117 del Código Civil) llega al extremo de garantizar la restitución del alumno sano y salvo haciendo presumir la culpa del dueño del colegio por el mero acaecimiento de un hecho dañoso, sobretodo cuando éste se produce a consecuencia de la agresión de un alumno a otro fuera de la escuela y en día y horario excluido de la regularidad de los cursos, con libertad para asistir y permanecer en las clases de apoyo dictadas.

(Sumario N°18093 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil Boletín N°4/2008).
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LO BRUNO AUTOMOTORES S.A. c/ VALLEJO EPIFANIO ESTEBAN s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-03

El juez como director del proceso tiene amplias facultades para otorgar a los remates públicos la seriedad y garantía de que deben estar revestidos, con facilidad de movimiento interpretativo y con posibilidades suficientes de suplir las omisiones de la letra legal.
Recurso de casación, cuestiones procesales, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FAULE, JOSE LUIS c/ SALICA, PEDRO RAUL Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES-EJECUTIVO. RECURSO DE CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-06-29

La regulación de honorarios es materia extraña al recurso de casación, siempre que dicha regulación se la practique dentro del marco legal y de conformidad a los dispositivos legales, por lo que corresponde el rechazo del recurso.
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Franco, Amelia Noemí c/ Freeman Hnos. S.H. Y Otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-11

"Si bien es cierto que la deserción de los recursos debe interpretarse en forma restrictiva, por estar en juego principios de raigambre constitucional, como la defensa en juicio, también lo es que la parte interesada debe cumplir con la obligación que la ley le impone, confeccionando una pieza que contenga los requisitos mínimos para que pueda considerarse una expresión de agravios".
Juicio político, cuestión justiciable, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Bravo,  Alfredo  Pedro  (diputado  nacional) c/ integrantes de la Cámara Nacional Electoral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-17

El control judicial debe ser ejercido con respeto a las particularidades del enjuiciamiento político y limitado a la materia que puede ser objeto de tal revisión, y en todos los casos en que se admitió el control judicial sobre los enjuiciamientos políticos de magistrados federales o provinciales, sólo se lo hizo a favor de los enjuiciados y cuando éstos invocaban la violación de los principios básicos del derecho de defensa.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, conducción marcha atrás
Materia: CIVIL
Carátula: CASAS, Modesto c/ BRUZZESE, Jorge s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-04

La marcha atrás sólo debe utilizarse en la vía pública de manera excepcional para recorrer espacios reducidos y de pocos metros de extensión, pero nunca para superar distancias apreciables.
Obligaciones, pago
Materia: CIVIL
Carátula: Roberto Adolfo Herbet c/ Jefatura de Policía de la Provincia de S. Cruz y/u otra s/ Ordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-04-10

La Ley N. 1.701 establece un régimen de actualización de precios pactados en contrataciones con el estado y el art. 5 del decreto reglamentario 90/85, con su expresión "... perderá todo derecho ..." podrá quizá dar al Estado la facultad de pagar a precio histórico si pago al momento en que se le reclame pero jamás puede lógica ni jurídicamente considerarse como creador de una causal extintiva de la obligación de pagar, como lo pretende la demandada. Aceptar la tésis del demandado sería aceptar que por decreto reglamentario de una Ley Provincial se derogarán, entre otros muchos, o no se modificarán para el caso, los arts. 1424, 4017 y 4023 del Código civil, puesto que tal decreto establecería una prescripción liberatoria de quince días para la obligación de pagar el precio de una cosa adquirida por el estado si no se reclama su actualización monetaria en tal lapso, computados desde transcurridos los cuarenta días de la obligación de pagar.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Buenos Aires Building S.A. s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

La declaración de inconstitucionalidad de oficio no implica una violación del derecho de defensa ya que si así fuese debería también descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación en el caso (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Cosa juzgada, seguridad jurídica, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Figueredo, Martín c/ Villalón, Eduardo Daniel y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

La integridad de la cosa juzgada es el pilar sobre el que se asienta la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso.
Cosa juzgada, declaración de oficio, facultades del juez, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: A.G.P. c/ SASETRU S.A.C.I.F.A. Y E. s/ PREPARA VIA EJECUTIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-14

Las resoluciones de la judicatura son imperativas porque en ella el Poder Judicial despliega uno de los máximos atributos jurisdiccionales, el poder de ejecución coactiva. Por lo tanto, la cosa juzgada puede ser declarada de oficio, ya que nada justificaría que, teniendo a la vista la prueba de que la cuestión debatida, con sus identidades clásicas, ha sido ya resuelta en otro proceso, el Juez no declarase la existencia de la "res iudicata"; con mayor razón cuando tal declaración ha sido expresamente solicitada.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el orden justo de la coexistencia impone el reconocimiento de que se produce agravio constitucional con la reapertura de cuestiones definitivamente finiquitadas, basada en el peligro de una modificación posterior imprevisible del criterio particularmente en la aplicación de las leyes que rigen el caso.
Bienes inmuebles, protección de la vivienda, ejecución de créditos laborales
Materia: LABORAL
Carátula: M., D.E. c/ M., J.E. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-18

El crédito laboral nace desde el momento de su exigibilidad, fecha en la cual comienzan a correr los intereses. Las deudas laborales, cuando se trata de ejecutar algún bien del deudor que está afectado a las disposiciones de la ley 14.394 , no comienzan en el momento de celebrarse el contrato de trabajo bajo cuyo amparo se hubieran devengado los créditos. A su vez, si el trabajador tomara en cuenta la posición económica del empleador para concertar con él contratos de empleo, el mismo criterio debería llevar a postular que la posterior venta por el empleador de cualquier inmueble de su propiedad es una injuria laboral o bien es inválida si no cuenta con la conformidad de los trabajadores preexistentes.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, honorarios
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Storniolo, Francisco c/ San Juan, Provincia de y otros s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

No modifican la jurisdicción originaria de la Corte Suprema, que deriva de la Constitución Nacional, las normas legales que disponen que el cobro de honorarios se hará siguiendo el procedimiento de ejecución de sentencia ante el juez o tribunal que hubiere intervenido en primera instancia.
Cheque, juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bojanich José Oscar c/ Carrera José s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-08

El rigor cambiario que lleva a presumir la regularidad del título opera en la medida en que no se demuestre la ausencia de alguno de sus elementos esenciales, uno de los cuales es la firma del librador del cheque (art.2, inc.7º Decreto-Ley 4776/63). Su falsedad hace que formalmente no exista cheque, pues jurídicamente no puede considerarse provisto de la firma del librador.
Accidente de tránsito, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRUERA OCLIDER FRANCISCO c/ ALFONSO ZAPATA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-06-04

Al mencionar "usuario", la norma del art. 1110 del C.C., no se refiere a quién usa la cosa de otro, sino al titular del derecho real de uso del art. 2948 del mismo cuerpo legal. Ello, puesto que debe suponerse que el codificador utilizó los vocablos en su acepción técnico jurídica. De este modo, negada la legitimación, el actor debe demostrar la que invoca y si se manifiesta usuario debe probar alguno de los modos del art. 2812 al que remite el art. 2949 del C.C. La sola afirmación de que se use el vehículo no es suficiente, puesto que el derecho de uso no se prueba con el mismo ejercicio, sino que debe demostrarse de acuerdo con el modo de constitución. Pero cualquier persona que haya desinteresado a un damnificado por un delito (o casi delito) contra la propiedad, tiene acción de reintegro contra el responsable del hecho dañoso, por aplicación de las reglas que gobiernan el pago efectuado por terceros. De ahí entonces que no interesa en definitiva el título por el cual el reclamante usaba el rodado, sino que haya pagado las reparaciones derecho que lo tiene cualquiera (art. 727 C.C.). Así el actor en su carácter de simple usuario, se encuentra habilitado para reclamar autónomamente por los daños experimentados por la cosa.

Ello, en razón de haber afrontado personalmente los gastos de reparación cuyo reintegro peticiona y que constituyen a su vez "prueba y medida de su perjuicio".
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ DIVORCIO VINCULAR - ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-03-16

Cuando los hechos dan cuenta de una conducta injuriante y antimatrimonial para con su cónyuge (anteriores a la separación de hecho) traducidos en actos y palabras que con intención o sin ella, importan un ataque, ofensa, menoscabo, afrenta a la dignidad de su esposo frente a terceros que, evaluadas en el contexto familiar, social y cultural al que pertenecen los esposos, configuran la causal de injurias graves previstas por la ley civil.

No son pasibles de descarte ni restan entidad a la injuria los hechos posteriores a la separación de hecho, en cuanto los mismos sean sucedidos con anterioridad a la traba de la litis.

Por más que en el mundo en que vivimos desde hace unos años, se use decir malas palabras con toda naturalidad, tanto en la conversación, como en el teatro, el libro y el cine, eso no quita que ciertas palabras o expresiones dejen de ser injuriosas según las circunstancias en que se pronuncien y la forma personal en que se dirijan y obviamente delante de quien se las diga.

Así deben considerarse que puede constituir motivo y causal de injuria con entidad para promover el divorcio "la reiteración de conductas insultantes, de mal trato, agraviantes o denigratorias que violentan el orden natural y el insoslayable respeto que deben unir a los esposos.-
Renta vitalicia previsional, reajuste jubilatorio, impuesto a las ganancias, procedencia del recurso, crédito laboral, crédito previsional, beneficios previsionales, aplicación de la ley, seguro de retiro, acción de amparo, medidas cautelares
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Momesso, Ricardo Luis c/ Siembra Seguros de Retiro S.A. y otro s/ Amparos y sumarísimos con medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-12

Resulta improcedente efectuar una interpretación extensiva del art. 20, inc. i) de la ley de impuesto a las ganancias -que se refiere a los intereses de créditos laborales- a los créditos previsionales. Ello así, máxime que sobre el tema no puede obviarse que la ley 20.628, en su art. 78, dice que: "Constituyen ganancias de la cuarta categoría las provenientes: .c) de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal .", estando ello reglamentado por la R.G. 1261/02 de la A.F.I.P. que dispone que quedan comprendidas en el régimen de las rentas provenientes de los planes de seguros de retiros privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que se perciban bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional, conforme a lo dispuesto en el art. 101 -jubilación- y en su caso, en el art. 106 -pensión-, de la ley 24.241 y sus modificaciones, derivados de fondos transferidos de las A.F.J.P. a las compañías de seguros de retiro, por encuadrar las mismas en el inc. c) del mencionado art. 78 -se refiere al anterior art. 79- (cfr. Rimoldi - Atchabathian, "El impuesto a las ganancias", L.L. 2007, pág. 86). En consecuencia, ha de concluirse que la demandada actuó conforme a sus obligaciones como agente de retención, en tanto no se ejercitó la opción prevista en el art. 18 de la referida ley 20.628 -reglamentada por el art. 9 de R.G. 1261/02 de la A.F.I.P.- (Disidencia del Dr. Poclava Lafuente).
Despido con causa, trabajo a desgano, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: NAUMOF, JUAN CARLOS c/ TECNICA TOLEDO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

Para que resulte procedente el despido fundado en el trabajo a desgano o baja productividad, la empleadora deberá acreditar un lapso prolongado de dicha actitud por parte del trabajador y que en razón de ello le fueron aplicadas sanciones disciplinarias en forma gradual.
Ejecución de sentencia, incidentes, inconstitucionalidad, delegación legislativa, intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: ZETA EDITORES SRL. EN J:149362 BANCO FRANCES S.A ZETA EDITORES SRL. (EXPTE. Nro. 28606) s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA - INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-09-27

La ley 7065 al referirse al establecimiento del valor actual del inmueble, caducidad de plazos, utilización de sistema de capitalización de intereses, ha legislado sobre facultades que corresponden a la legislación de fondo.

Ello así, pues el pacto de capitalización de intereses y de caducidad de plazos por mora acordados por los particulares, encuentran respaldo normativo en las disposiciones del Código Civil (arts. 509, 566, 621, 622, 623, 1137, 1197, 1198) conculcando con los arts. 75 inc. 12, 126, y concs de la Const. Nacional), y rompiendo el principio consagrado en el art. 31, respecto de la prelación de las leyes.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, valor disputado en último término
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fabrisur  S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-18

La sustancia económica discutida en la apelación (art. 24, inc.

6°, apartado a] del decreto-ley 1285/58) se halla representada por la diferencia entre el monto admitido en la sentencia y el que surgiría de aplicar la limitación prevista en el art. 54 del Reglamento General de Contrataciones que postula la apelante.
Actualización monetaria, pautas
Materia: LABORAL
Carátula: Llamas, Antonio Alberto c/ S.A. Cía. de Seguros La Tandilense y otro s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

La corrección por depreciación monetaria es un mero mecanismo para mantener la intangibilidad de un capital afectado por el proceso inflacionario, sin perjuicios ni beneficios efectivos para las partes, en tanto las pautas utilizadas atiendan a la depreciación realmente producida.
Propiedad intelectual, derechos de autor, derecho a la imagen, publicación de fotografía, consentimiento
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ VILARINO JOSE c/ EDITORIAL INEDITA  S.A.  Y OTROS s/ PROPIEDAD INTELECTUAL LEY 11.723
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-18

El ámbito del art. 31 de la ley 11.723, en cuanto dispone que el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento de la persona misma, atañe directa y principalmente a la protección de la imagen fotografiada de una persona, que es lo propio de la regulación jurídica del derecho de autor y los límites que se imponen a quien ha obtenido lícitamente el retrato o fotografía de una persona. La idea fundamental que inspira a la disposición legal es que la fotografía no sea divulgada o exhibida sin expreso consentimiento del retratado (conf. Sannoni, "El daño en la responsabilidad civil", pág. 337, Nro. 104). El presupuesto del art. 31 de la ley 11.723 es la propiedad intelectual del fotógrafo, como autor de la fotografía, quien puede obtener la imagen libremente, pero la exhibición y divulgación pública del retrato le está vedada, de no promediar la aquiescencia de la persona retratada (conf. Carranza, "Los medios masivos de comunicación y el derecho privado" Bs. As. 1975, pág. 73).-
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia, crédito fiscal, intereses, modificación de la tasa de interés, igualdad entre acreedores
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: DAGARO S.A.C.I.A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- CONCURSO PREVENTIVO- INCIDENTE DE RECURSO DE REVISION PROMOVIDO POR AFIP- DGI (EXPTE.: C.S.J. NRO. 223 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-15

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario desde que carece de asidero la arbitrariedad invocada por haberse arrogado este Cuerpo el papel de legislador, al aseverar que la tasa del 1% mensual no fue establecida en la sola voluntad del Judicante, dado que éste se basó en los principios concursales -"pars conditio creditorum"-. Al respecto, no está demás precisar que este Órgano también consignó, al rechazar la impugnación directa, que la Cámara confirmó la tasa fijada por el pronunciamiento de baja instancia -que a tal efecto se había motivado en el principio de solidaridad económica, en pautas de equidad, y en la necesidad de equiparar la situación de los acreedores dentro de una misma categoría-, y remitió a varios antecedentes jurisprudenciales en los que intervino el mismo ente público, de modo que, una lectura global -no parcializada- del fallo impugnado, revela la inconsistencia del vicio endilgado, que luce fundado en el simple desacuerdo con las motivaciones de esta Corte.