Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-02-01


2º Instancia.- Dolores, febrero 1 de 2006.

1º ¿Es justa la sentencia apelada? 2º Qué corresponde decidir? 1º cuestión.- El doctor Portis dijo:

I) Contra la sentencia de fs. 1361/1379 vta., que hace lugar parcialmente a la demanda entablada, interponen las partes recursos de apelación; concedidos libremente y debidamente sustanciados, con el llamamiento firme de fs. 1474, se encuentran los autos en condiciones de resolverse en esta Alzada.

La causa tiene su origen en el accidente protagonizado por el actor Sergio Damián Traverso, de 23 años de edad, el 5 de febrero de 1999, a las 11.30hs. aproximadamente, quien prestando tareas para la empresa de alimentos para animales "Combers S.A." en el interior del establecimiento agropecuario "La Figura", al accionar el chimango para replegarlo hacia el camión a su cargo después de haber descargado alimento balanceado en el silo existente en el lugar, tocó un cable de media tensión que transportaba energía eléctrica, ubicado sobre el silo y a una distancia inferior a la prevista por la reglamentación respectiva, recibiendo una descarga eléctrica que le produjo lesiones graves en su mano y pie izquierdo, sufriendo la amputación quirúrgica de la falange distal del segundo y tercer dedo del pie.

Como consecuencia de ello solicita una indemnización del orden de los $ 176.720, discriminada del siguiente modo: gastos médicos $ 10.000, incapacidad sobreviniente $ 50.000, daño psicológico $ 40.000, tratamiento psiquiátrico $ 6.720 y daño moral $ 70.000.

La acción fue promovida contra el encargado del establecimiento agropecuario, el ingeniero Eduardo Biedma; la titular del predio rural, María Inés Roig de Biedma; la sociedad de hecho formada por esta última y su cónyuge Eduardo Carlos Biedma; la "Coopera-tiva de Usuarios de Electricidad y Consumo de Castelli Ltda.", en su carácter de concesionaria de la línea de media tensión y titular de la servidumbre de electroducto; la empresa "EDEA S.A.", transportadora de energía eléctrica; y la Provincia de Buenos Aires en su carácter de concedente del servicio y por los organismos de control a su cargo, OCEBA (ex EPRE) y la Dirección Provincial de Energía de la Provincia de Buenos Aires.

La sentencia, considerando la responsabilidad de la Cooperativa de Castelli, en su carácter de propietaria de la instalación y guardián de la misma conforme la concesión otorgada por el Estado, y la servidumbre de la cual era titular, así lo resolvió, condenándola al pago de la suma de $ 24.000, con más sus intereses, en concepto de daños y perjuicios; condena que alcanzó a su aseguradora "Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.", y a la Provincia de Buenos Aires como concedente del servicio de energía eléctrica y por los entes provinciales de control de las instalaciones eléctricas construidas con tal propósito.

En cambio desestimó la concurrencia de culpas alegada por la demandada; la responsabilidad de la empresa "EDEA S.A.", como de la propietaria del predio, de la sociedad de hecho que explotaba el establecimiento de campo, y del encargado técnico del mismo.

Se agravia el Fisco por haber considerado el fallo inadecuado el ejercicio del poder de policía que le es propio, que autorizó a comprenderlo en la condena resarcitoria; insiste que no se acreditó la omisión alegada, ni que la misma pueda ser tenida como causa adecuada del daño invocado por el actor; sostiene que para responsabilizarla debe existir omisión de un concreto servicio, razonablemente exigible, un irregular incumplimiento de las obligaciones legales y la existencia de culpa del funcionario responsable del área.

A su vez la empresa de seguros Sancor, citada en garantía por su asegurada, la Cooperativa de Usuarios de Electricidad y Consumo de Castelli, se agravia por el progreso de la acción pretendiendo el rechazo total de la misma; critica el fallo por haber omitido valorar pruebas que a su criterio le dan la razón, y demuestran la imprudencia del actor al accionar el chimango de descarga; se queja por la valoración que efectúa el a quo de la prueba pericial realizada por el ingeniero Maineti, a su criterio desacertada; el rechazo de la culpa de la propia víctima, o eventualmente la concurrencia de ellas; la omisión de considerar la sentencia la indemnización laboral percibida por el actor de parte de la ART; el reconocimiento de los rubros indemnizatorios, y las sumas otorgadas como indemnización, pretendiendo su reducción y adecuación a los que considera su justa medida.

Por último, en su queja el actor insiste en la responsabilidad de la sociedad de hecho que explotaba en esa oportunidad el campo, de la titular del predio, y del encargado del establecimiento; reclama de tal forma que se los condene al pago de la indemnización reconocida; eventualmente solicita que las costas por la desestimación de la demanda contra ellos sean impuestas a los codemandados vencidos, o en el orden causado. Se duele también por la desestimación del rubro que peticionó como incapacidad psicológica, y por los montos de los rubros reconocidos, que estima reducidos.

II) Analizados los antecedentes de la causa, pruebas examinadas, y los fundamentos del fallo apelado, compruebo que efectivamente el día 5 de febrero de 1999, a las 11.30hs. aproximadamente, el actor Sergio Damián Traverso, de 23 años de edad, en circunstancias que realizaba tareas para la empresa de alimentos para animales "Combers S.A." en el interior del establecimiento agropecuario "La Figura", ubicado en la zona rural del Partido de Castelli, al accionar el chimango para replegarlo hacia el camión a su cargo, con posterioridad a descargar alimento balanceado en el silo existente en el lugar, tocó un cable de media tensión que transportaba energía eléctrica, ubicado sobre el costado norte del silo y por sobre el mismo, a una distancia inferior a la prevista por la reglamentación respectiva, recibiendo de esa forma una descarga eléctrica que le produjo lesiones graves en su mano y pie izquierdo, sufriendo la amputación quirúrgica de la falange distal del segundo y tercer dedo del pie.

Como queda dicho, y pese al esfuerzo, tratando de demostrar lo contrario, del letrado de la compañía de seguros citada en garantía, aseguradora de la Cooperativa de Electricidad demandada, se acreditó en el proceso que el cable de media tensión, de 7.620 volts., estaba colocado en forma antirreglamentaria, a una distancia aproximada a 2,70 mts. del silo; inferior a la reglamentaria que exige por seguridad una separación mínima de 3,50 metros hacia arriba de cualquier elemento que exista en el lugar. Tal lo que resulta tanto de la criticada pericia realizada por el Ing. Maineti, y sus ampliaciones, de fs. 1100/1110, 1141/ 1144 y 1306/ 1318; del acta y croquis efectuados en sede penal (conf. fs. 20/22 de esa causa), y de los testigos que declararon de fs. 788 a 794 (conf. además contrato administrativo cuya copia corre agregada a fs. 639/656, e inf. de fs. 634/635; arg. arts. 374, 384, 385, 456, 474 y conc. del CPCC).

En definitiva, el tendido de la red eléctrica en cuestión se construyó en contravención a las disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico y Normas Generales dictadas por la Dirección de Energía del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Decreto 2469/78 y Resolución 12.047, que determinan que cuando existan estructuras o edificios accesibles a personas, la distancia de los cables conductores de electricidad respecto de dichos elementos debe ser de 3,5 m hacia arriba, y de 2.5 m. hacia el costado, medido en forma horizontal.

III) Corresponde ahora, el tratamiento de otro de los agravios de la codemandada Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, legitimada para apelar en forma autónoma conforme la nueva doctrina de la SCBA, sentada a partir del Ac. 57.711, del 10 de junio de 1997, y reiterado en fallos posteriores (conf. Ac. 56.938, del 28/10/97 y Ac. 57.428, del 23/12/97, entre otros).

Al respecto, si bien no hay dudas que la instalación eléctrica ha sido construida en forma viciosa, tal como se demostró en el proceso, no es menos cierto que de las constancias de autos surge inequívocamente que la maniobra realizada por el actor al accionar el chimango para replegarlo sobre el camión que los transportaba, ha sido incorrecta. En efecto, en primer lugar cabe destacar que con anterioridad a esa fecha nunca tuvo inconveniente alguno al cargar el silo; tampoco lo tuvo ese día al elevar el chimango para introducirlo en la boca del silo ubicado en la parte superior del mismo; en cambio, cuando realizó la maniobra inversa para retirarlo, evidentemente se distrajo, se descuidó, y en vez de bajarlo lo desplazó demasiado hacia un costado, sobre el lateral derecho del silo, haciendo contacto del tal manera con el cable de electricidad; maniobra desacertada que evidentemente obedeció, entre otras causas, a las explicaciones que le estaba dando en esa oportunidad a su compañero de tareas tratando de enseñarle el manejo del equipo. Circunstancia que ha sido reconocida por el actor al absolver posiciones, como por el compañero de trabajo Francisco F. Días, al declarar como testigo en sede penal (conf. fs. 714, 716, 717, 718, 722; y fs. 1123/1124 de las copias de la IPP Nº 4861 agregadas por cuerda; arts. 384, 384, 421, 422, 456 y conc. del CPCC).

Conforme lo expuesto, entiendo que el actor, en la emergencia, también se apartó de las reglas determinadas por la ley en cuanto exige comportarse de tal forma que tengan pleno dominio sobre las cosas que utiliza, conforme al tiempo y lugar donde los hace, y cada vez que sea necesario evitar un accidente como el protagonizado y que dio origen al reclamo (arg. arts. 512, 902, 903, 1111, 1113 y conc. del CC).

Juzgo que sobran razones para pensar que el accionante no extremó las medidas de cuidado y vigilancia requeridas por las normas en atención a las cosas, tiempo y lugar, que permita evitar hacerle un reproche por la producción del siniestro motivo de litis; al haber efectuado una maniobra con el chimango de descarga sin la debida precaución, sin asegurarse que podía realizarla sin peligro para sí o para terceros (art. 163, inc. 5º, ap. 2do., 384 y conc. del CPCC; 902, 1109, 1111, 1113 y conc. del CC).

Por ello, en este aspecto, me he de apartar de la sentencia apelada, proponiendo considerar al actor responsable concurrente del accidente.

En cuanto al porcentaje, atento al principio que establece que en estos casos la responsabilidad puede dividirse de acuerdo con la medida en que cada actividad culposa ha contribuido a producirlo, opino que dicha concurrencia debe quedar distribuida en un 60% para la parte demandada, y en el 40% restante para la propia víctima.

Así lo propongo al acuerdo.

IV) Respecto de la responsabilidad del Estado Provincial que decide la sentencia, considero que poco se puede agregar para proponer su confirmación, por cuanto la claridad expositiva del pronunciamiento y su correcto encuadramiento jurídico, no dejan margen al Fisco recurrente para lograr su modificación (arg. arts. 33, 1074, 1109, 1112, 1113 y conc. del CC).

En efecto, las condiciones objetivas de responsabilidad enumeradas, imputables en forma directa a la empresa demandada concesionaria del servicio eléctrico, lo son en igual medida al Estado Provincial codemandado.

La deficiente fiscalización del cumplimiento del contrato suscripto por el ente público, en torno a la adopción de medidas de seguridad y modos de realizar el trabajo, que se acreditó como inadecuado, producen inevitablemente la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires bajo cuya esfera de custodia se hallaba el servicio público contratado (conf. instr. y doc. de fs. 639/656; inf. de fs. 634/635, 1015, 1020/1021; pericias de fs. 1100/1110, 1141/1144 y 1306/1318; acta y croquis efectuados en sede penal y agregados a fs. 20/22; corroborado por los testigos que declararon de fs. 788 a 794 de esta causa; arts. 374, 384, 385, 456, 474 y conc. del CPCC).

Si la incorrecta ejecución de los trabajos resulta idónea para atribuir responsabilidad a la empresa concesionaria del servicio público contratado, la abstención de los entes de control del Estado (OCEBA y la Dirección de Energía) de impedir su realización en la forma que lo realizaron, o imponer su modificación conforme la técnica vigente, lo responsabiliza inevitablemente en la misma medida (conf. Reglamento Técnico y Normas Generales dictadas por la Dirección de Energía del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Decreto 2469/78 y Resolución 12.047; leyes 8398 y 11.769).

Aceptados como causantes del siniestro los motivos enumerados, se comprueba claramente la responsabilidad del ente público por haber omitido tomar las medidas que el caso requería, tolerando la construcción de la red eléctrica de media tensión en forma inadecuada, viciosa y peligrosa, desentendiéndose del deber legal de controlar el correcto y eficiente cumplimiento del contrato celebrado con la empresa concesionaria (arts. 512, 901, 902, 903, 1074, 1012, 1113 y conc. del CC).

Concluyo así considerando suficientemente acreditada la responsabilidad del Estado Provincial codemandado.

V) El actor solicita que esta Cámara modifique el fallo en la medida que desestimó la demanda contra el encargado del establecimiento agropecuario, el ingeniero Eduardo Biedma, la titular del predio rural, María Inés Roig de Biedma, y la sociedad de hecho formada por esta última y su cónyuge Eduardo Carlos Biedma, en base a las observaciones que efectúa el impugnante al mismo.

Examinada la queja traída a los fines revocatorios con ella perseguidos, se aprecia insuficiente como tal; el agraviado plantea simplemente una mera y general disconformidad respecto del pronunciamiento recurrido, sin el aporte de argumentos que permitan verosímilmente un fundado apartamiento a lo decidido por el a quo en la instancia de origen (arg. art. 260 del CPCC).

Si bien el apelante critica lo resuelto, no expone los argumentos por los cuales considera que ello es incorrecto ni brinda los elementos necesarios que permitan determinar con certeza la responsabilidad de los mismos.

Ha dicho reiteradamente este Tribunal que: "expresar agravios, en su estricta acepción, significa como carga procesal, una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su injusticia. Se requiere para ello una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia punto por punto y una demostración de los motivos para considerarla que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (art. 260, CPCC: Alsina "Tratado...2a. ed., v. IV, p. 389 "e"; Ibañez Frocham, M. "Tratado de los recursos..." de 1957, p. 43; causas Nº 66.729, 71.236 entre otras)".

Concretamente, la expresión de agravios analizada, carece de todos los presupuestos "supra" señalados que la harían formalmente admisible.

No dando para más la cuestión y resultando concluyente lo expuesto, deserción del recurso mediante, corresponde confirmar la sentencia apelada en este aspecto (arts. 260, 261, 263 y conc. del CPCC).

VI) En cuanto a las costas que agravian al actor, impuestas a su cargo por el rechazo de la demanda contra el encargado del establecimiento agropecuario, el ingeniero Eduardo Biedma, la titular del predio rural, María Inés Roig de Biedma, y la sociedad de hecho formada por esta última y su cónyuge Eduardo Carlos Biedma; compruebo que si bien pudo en principio justificar dirigir su reclamo contra ellos, con posterioridad insistió tanto en la instancia de origen, como en esta Alzada, en la responsabilidad de los nombrados. Consecuentemente, el rechazo de la acción contra aquéllos, desvirtúa la razón sostenida por el apelante para lograr su imposición en el orden causado, y menos aun a los demandado vencidos (arts. 68 del CPCC).

VII) El otro agravio del actor es el rechazo del rubro solicitado como incapacidad psíquica, fundado en los argumentos que expone.

Para así decidirlo el a quo consideró el estudio realizado por la Perito Psicóloga obrante a fs. 1071/ 1073; trabajo que descartó el daño psíquico permanente, opinando la citada profesional "que la no elaboración del accidente resulta posible revertirse con la ayuda de un tratamiento psicológico adecuado".

El daño psíquico consiste en la lesión del adecuado funcionamiento cerebral; quebranto de la personalidad que conlleva a un menoscabo de la salud de la víctima, de su integridad psicofísica, y como tal, requiere prueba adecuada de su existencia (arg. arts. 1067, 1068 y conc. del CC).

A los efectos de confirmar la inexistencia decidida en el fallo apelado, debe considerarse que el hecho que ella sea susceptible de tratamiento psicoterapéutico hasta que desaparezcan los síntomas denunciados, permite concluir que el daño psicológico denunciado no reviste el carácter de grave ni permanente, condición que impide el progreso de este rubro.

Por ello, propongo el rechazo del agravio.

VIII) En lo que hace a los gastos médicos, ítem cuyo reconocimiento provocó agravios de los demandados, compruebo que más allá de la obra social que protegía al actor por su carácter de empleado en relación de dependencia, y de su atención gratuita en el sanatorio donde fue asistido, dicha gratuidad se circunscribe generalmente a los honorarios médicos y servicios de internación, debiendo soportar el paciente ciertos gastos no reconocidos por las obras sociales, particularmente los insumos excluidos de cobertura; erogaciones que caben ser reconocidas aun sin presentar el damnificado los pertinentes comprobantes, atendiendo a las dificultades que ello implica.

Consecuentemente, conforme la importancia de las lesiones recibidas y el término de su atención médica e intervención quirúrgica realizada, estimo que el agravio carece de sustento fáctico y legal (conf. instr. y dtos. de 323/326; inf. de fs. 479/480; abs. de pos. de fs. 722; testigo de fs. 790; H.C. de fs. 505/507 y 536/538, y pericia médica de fs. 1044/1045; arts. 374, 384, 385, 421, 422, 456, 474 y conc. del CPCC; 1067, 1068, 1069, 1083, 1086 y conc. del CC; Matilde Zavala González, "Resarcimiento de daños", "daños a las personas, t. 2a, p. 114 y sig. y jur. cit.).

IX) Que no resulta un obstáculo, para el reconocimiento del rubro indemnizatorio solicitado con sustento en la incapacidad que sufrió con motivo del accidente, evaluada en la pericia médica analizada, en el 6% de la total del actor, la circunstancia de haber obtenido de la ART la indemnización laboral correspondiente, toda vez que lo indemnizable en el caso no es otra cosa que el daño ocasionado a la víctima y que se traduce en una disminución de su capacidad en sentido amplio, que comprende, además de la aptitud laboral, ya indemnizada, la relacionada con su actividad social, cultural y deportiva (arts. 1067, 1068 y conc. del CC; Matilde Zavala González, ob. cit., t. 2a, p. 314 y 317).

Tampoco se configura la pluspetición inexcusable argumentada, figura prevista para el tema costas por el ordenamiento de rito, y no para el caso como el sostenido por el apelante (art. 72 del CPCC; y su doctrina; Fenochietto, Carlos E., "Código Procesal Civil y Comercial", 3º ed., 1996, p. 99).

X) Finalmente, respecto de la queja de las partes por los montos indemnizatorios otorgados en concepto de incapacidad ($ 10.000), gastos terapéuticos ($ 2.000), y moral ($ 12.000), la considero infundada, toda vez que las sumas han sido reconocidas conforme las pruebas producidas y citadas por el a quo, siendo las críticas meras apreciaciones subjetivas sin apoyatura en elemento alguno (conf. instr. y dtos. de 323/326; inf. de fs. 479/480; abs. de pos. de fs. 722; testigo de fs. 790; H.C. de fs. 505/507 y 536/538, y pericia médica de fs. 1044/1045; arts. 374, 384, 385, 421, 422, 456, 474 y conc. del CPCC; 1067, 1068, 1069, 1083, 1086 y conc. del CC).

De tal forma juzgo correcto y adecuado al real daño sufrido los montos fijados por los distintos conceptos, recordando que no basta criticar y disconformarse con lo decidido al respecto, sino que se debe acreditar la sin razón del fallo (args. arts. 165, 260, 375, 384 y conc. del CPCC; 1067, 1068, 1069, 1083 y conc. del CC).

Conforme a ello, el rechazo de esta queja, común a las partes, deviene inevitable.

XI) Por todo lo expuesto, si este voto es compartido, se deber confirmar en lo principal que decide a la sentencia apelada, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, establecer la concurrencia de responsabilidad en la producción del hecho motivo de litis, en un 60% para la parte accionada y en el 40% restante para el actor, y consecuentemente reducir el monto de la indemnización a la suma de $ 14.400,oo (60% de $ 24.000). Con costas, por el principio de la reparación integral, a la parte demandada vencida, y al actor respecto al ingeniero Eduardo Biedma, la Sra. María Inés Roig de Biedma, y su cónyuge Eduardo Carlos Biedma (art. 68 del CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

El doctor Gómez Ilari adhirió al voto precedente por sus fundamentos.

2º cuestión.- El doctor Portis dijo:

Atento el resultado de la votación precedente, corresponde confirmar en lo principal que decide a la sentencia apelada, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, establecer la concurrencia de responsabilidad en la producción del hecho motivo de litis, en un 60% para la parte accionada y en el 40% restante para el actor, y consecuentemente reducir el monto de la indemnización a la suma de $ 14.400 (60% de $ 24.000). Con costas, por el principio de la reparación integral, a la parte demandada vencida, y al actor respecto al ingeniero Eduardo Biedma, la Sra. María Inés Roig de Biedma, y su cónyuge Eduardo Carlos Biedma (arts. 68, 165, 263, 374, 384, 385, 394, 395, 421, 422, 456, 474 y conc. del CPCC; 33, 512, 901, 902, 903, 1067, 1068, 1069, 1074, 1078, 1083, 1109, 1111, 1112, 1113 y conc. del CC; 118, ley 17.418).

Así lo voto.

El doctor Gómez Ilari adhirió al voto precedente por sus fundamentos.

Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, se confirma en lo principal que decide a la sentencia apelada, se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, se establece la concurrencia de responsabilidad en la producción del hecho motivo de litis, en un 60% para la parte accionada y en el 40% restante para el actor, y se reduce el monto de la indemnización a la suma de $ 14.400 (60% de $ 24.000). Con costas, por el principio de la reparación integral, a la parte demandada vencida, y al actor respecto al ingeniero Eduardo Biedma, la Sra. María Inés Roig de Biedma, y su cónyuge Eduardo Carlos Biedma (arts. 68, 165, 263, 374, 384, 385, 394, 395, 421, 422, 456, 474 y conc. del CPCC; 33, 512, 901, 902, 903, 1067, 1068, 1069, 1074, 1078, 1083, 1109, 1111, 1112, 1113 y conc. del CC; 118, ley 17.418).- Orlando O. Portis; Alvaro Gómez Ilar.