Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2011-05-20


Expte. Nº 17.176 - Año 2010 - Autos: "Collante Ricardo Daniel c/ I.O.S.E.P. (Instituto de Obra Social del Empleado Provincial) s/ Acción de Amparo - Apelación en Amparos".- Santiago del Estero, veinte de mayo de dos mil once.- Y Vistos: Para resolver el recurso de apelación deducido por la parte demandada en los autos de referencia;

Y Considerando: I) Que el Dr. Félix Octavio Orieta, en el carácter de Asesor Legal del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial -IOSEP.-, interpone recurso de apelación en contra de la resolución de fs. 93/95 de autos, por la cual el Juez Civil y Comercial de 5ª Nominación admite la acción de amparo promovida por el Sr. Ricardo Daniel Collante, y dispone mantener la cobertura especial y total del medicamento Interferon Beta 1 A, o su equivalente, con imposición de costas procesales a la demandada.

II) Que en el escrito postulatorio de fs. 97, el apelante se agravia manifestando que se ha violado el derecho constitucional de defensa de su parte al omitir el A-quo el tratamiento de una de sus principales defensas que se habían opuesto en la instancia, como lo era la extemporaneidad de la acción. Agrega al respecto, que se ha soslayado el aspecto formal de la presentación efectuada por el actor, ya que el juez sólo se ha expedido respecto del fondo de la cuestión, esto es acerca de legitimidad o ilegalidad, y a establecer si el amparista tenía o no un derecho adquirido.

Argumenta, desde otro orden, que en lo sustancial se ha dado por sentado hechos y posiciones que, a su entender, no se encuentran acreditados en la causa, tales como, las pruebas que avalen el perjuicio económico y la imposibilidad de pago que le impide abonar el porcentaje del coseguro; y añade, que tampoco consta que el actor haya solicitado préstamos excepcionales, el aporte de actas de matrimonio y de nacimiento, ni demostrado la enfermedad de la esposa y las cargas económicas familiares, que alega. Aduce, asimismo, que todo ello fue evaluado ligeramente por el sentenciante y se ha condenado a su parte en base a dichos y argumentaciones antojadizas, sin sustento fáctico y jurídico.

Por último, solicita a esta Sala que haga lugar a la vía recursiva interpuesta y revoque el fallo apelado, declarando improcedente la acción por extemporánea.

III) Que a fs. 112/116 comparece el actor, con el patrocinio letrado de la Dra. Sandra Cristofano y el Procurador Pablo Mirolo,y contestan la expresión de los agravios que le fuere conferido a la parte. Sostiene, con relación a las imputaciones que realiza el recurrente, que de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia mayoritaria el amparo no puede ser rechazado por cuestiones formales, dado que la modificación que trae aparejado el art. 43º y las cláusulas insertas en el art. 75º inciso 22 de la Constitución Nacional, revisten una jerarquía superior a cualquier reglamentación procesal. Agrega a su vez, que no interesa la posición que se tenga respecto a la calidad alternativa o subsidiaria del amparo, ya que en ningún caso procede el rechazo in limine de la acción.

Asimismo, aduce en su responde, que permitir en este caso el rechazo del amparo en base a la falta de cumplimiento de los requisitos formales, como pide el apelante, sería vulnerar su derecho a la vida y a la salud, máxime cuando se preconiza a la acción escogida como una vía rápida y expedita. Destaca a su vez, que considera acertado el análisis que efectúa el sentenciante al priorizar la cuestión de fondo sobre cualquier aspecto formal, y remarca que el fallo no requiere del mínimo cuestionamiento, ya que como bien se señala en el mismo, el derecho a la salud es imprescriptible y no susceptible de plazo alguno, según los pactos internacionales que lo protegen.

Alega, que su parte nunca renunció a su reclamo ya que desde el momento en que se produjo la reducción de la cobertura fueron incesantes lo reclamos que formuló para que la entidad le devolviera la totalidad de la prestación médica, la que le había sido otorgada por resolución anterior emanada de las autoridades. Y añade, que el beneficio del 100% concedido a su parte se ha incorporado a su patrimonio como un derecho adquirido, que como tal, resulta inalienable e irrenunciable porque se encuentra vinculado al derecho humano de la vida y a la salud; y remarca que la demandada no ha podido justificar su accionar arbitrario, ni fundamentar la disminución operada con la existencia de deudas a proveedores o por razones de ecuación financiera.

En apoyo a ello, manifiesta que en la actualidad la enfermedad ha avanzado agravando su salud, razón por la que se encuentra a la fecha jubilado por incapacidad, y que la continuidad del tratamiento y la posibilidad de contar con la medicación necesaria todos los meses le permite gozar de una mejor calidad de vida y poder detener el avance de la dolencia que padece.

Concluye su replica solicitando al Tribunal, que rechace la apelación interpuesta y confirme la sentencia de primera instancia que ordena mantener la cobertura integral y especial del medicamento o su equivalente, con expresa imposición de costas a la contraria.

IV) Que -a fs. 127/128- se pronuncia el Sr. Fiscal General del Ministerio Público, quien estima que corresponde rechazar la apelación interpuesta en razón de darse en la presente causa los requisitos previstos por la norma constitucional para que proceda el amparo, toda vez que la quita operada en la cobertura médica deviene en una decisión arbitraria de la demandada; y el pronunciamiento del juez se corresponde con la jurisprudencia del Tribunal en la materia.

V) Que tal como surge de los antecedentes de la causa, la acción de amparo se inicia con el objeto de obtener el reintegro de la cobertura especial y total del 100% que venía prestando la obra social al actor, otorgada por Resolución Serie A nº 624 del 18-06-99, Ref. Expte Nº 1602-99 y Res. Serie A Nº 1755 del 30-11-00, y que fue posteriormente reducida desde el mes de julio del 2007. Funda su demanda, en la imposibilidad económica de acceder al porcentaje mensual que quedó a su cargo debido al alto costo de la medicación, y a su vez, en las graves consecuencias dañosas para su salud que ocasionaría la suspensión del tratamiento médico asistencial, dado que la misma resulta vital y necesaria para mitigar el avance de la enfermedad crónica que padece. Que de acuerdo a los hechos expuestos en la demanda, y que no fueron controvertidos por la contraria, se colige que el actor padece de una enfermedad crónica y desmielinizante comprobada que afecta al sistema nervioso central, denominada esclerosis múltiple, cuyo avance debe ser controlado mediante un tratamiento ininterrumpido con el medicamento -Interferón Beta-, el cual tiende a disminuir la frecuencia e intensidad de los brotes y síntomas de la enfermedad, y retarda la discapacidad. Que el juez de la causa ha admitido la acción de amparo y ha otorgado en consecuencia la ampliación de la cobertura solicitada en la demanda, lo que, a entender de esta Sala, se corresponde -en principio- con la naturaleza del derecho cuya protección se reclama y resulta acorde, además, con la garantía que merece dentro de nuestro ordenamiento legal tanto la salud como la integridad física y moral de todos los habitantes.

VI) Que con relación a la primera de las imputaciones formuladas que dan cuenta que la acción interpuesta debe ser rechazada por no haberse observado el plazo de caducidad otorgado por la ley, valga al respecto hacer algunas consideraciones que parten de la doctrina y jurisprudencia suministrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que con remisión al precedente del Alto Tribunal en fallos 307:2174, la caducidad que establece la ley de amparo no es insalvable en la medida en que con la acción incoada se enjuicie una arbitrariedad o ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada tiempo antes de recurrir a la justicia pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente; es decir, que no se esté en presencia de un hecho único ya pasado, ni de un hecho consentido tácitamente, ni que en virtud de su índole deba plantearse mediante una acción ordinaria, sino que la lesión invocada resulte a la vez, inescindiblemente, actual y pasada.

Por lo tanto, y con arreglo al criterio sentado, además, en los fallos: 324:122 y 327:2127, cuando se trata, como en el presente, de una cuestión relacionada con el derecho a la salud, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva ese tipo de cuestiones, para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos tutelados por la Constitución Nacional.

VII) Que en esas condiciones, deviene inconsistente la argumentación impugnativa que tiende a persuadir sobre la ausencia de los presupuestos de viabilidad del amparo, toda vez que el apelante no logra demostrar que, efectivamente, el juez de la causa haya propiciado una hermenéutica del instituto en cuestión que desnaturalice los fines para los cuales fue consagrado.

En efecto, y de acuerdo a lo expuesto, no resulta descalificable la sentencia del A-quo desde el punto de vista formal, y la naturaleza asistencial de la cuestión debatida torna sustancialmente al amparo como la vía judicial más idónea para resguardar la situación y tutelar los intereses superiores en juego, en la medida que se encuentra acreditado en la causa la gravedad del caso por la patología que presenta el amparista y el estado de vulnerabilidad en que se encuentra el mismo, frente a una decisión arbitraria de la demandada que reduce la cobertura médica obligatoria sin fundamento válido. Lo que resulta hábil para demostrar, además, la imposibilidad por parte del actor de hacer frente al porcentaje que se le carga sobre el costo de la medicación dado no sólo por su importante valor, sino agravado por otras circunstancias especiales como el estado de salud del afiliado y la discapacidad que le ha producido actualmente la enfermedad.

Por consiguiente, no basta con que la demandada se ampare en cuestiones formales o invoque prerrogativas en su favor, cuando junto a ello no acredita que restituir al actor la cobertura total de la que venía legítimamente gozando se tornaría imposible de afrontar por parte de la entidad social o que eventualmente pudiera afectar la estructura económica e institucional de la misma.

VIII) Que las consideraciones precedentes bastan para confirmar lo resuelto en la instancia anterior, toda vez que por imperio de nuestra Constitución debe garantizarse la realización y protección material de la salud, lo que implica que en situaciones, como la del caso, el estado debe asumir distintas obligaciones, como promover y facilitar el acceso de la población a las prestaciones de salud, y brindar tales servicios, como la provisión de medicamentos, cuando la actividad privada resulte insuficiente o excesivamente onerosa.

En esa inteligencia, ha señalado esta Sala en casos similares, con relación a la función específica de las obras sociales, que su obligación primordial consiste otorgar una prestación médica óptima e integral. Asimismo, ha expresado en consonancia con la Corte Federal que, en la actividad de las mismas ha de verse una proyección de los principios de la seguridad social, al que el art. 14 bis de la Constitucional Nacional confiere un carácter integral, que obliga a apreciar los conflictos originados por su funcionamiento con un criterio que permita que el servicio se articule activamente con la prestación médica necesaria en cada momento y con relación a cada paciente, sin que se desatienda los fines propios de la entidad (cfr. CSJN, 29-3-84,"Gonzáles Oronó de Leguizamón N. c/ Federación de trabajadores, jaboneros y afines", fallo cit. en autos:"Villar Silvana Blanca c/ IOSEP y otro s / Acción de Amparo. Apelación", STJ, Res. Serie B nº 345, del 31-10-08;"Uriondo Fernando José c/ Instituto de obra Social del Empleado Provincial (IOSEP) s/ Acción de Amparo".Apelación, STJ, Res. Serie B nº 332, del 15-12-2010).

IX) Que dentro del marco legal presupuestado en la materia, y el criterio que viene sentando el Tribunal en diversos precedentes de orden local, cabe concluir afirmando que no existe mérito para obtener la revocación del fallo apelado, debiéndose por lo tanto desestimar los agravios formulados por la demandada y declarar improcedente la vía impugnativa impetrada.

Por lo que, conforme a las normas legales de aplicación, jurisprudencia citada, y lo dictaminado por el Sr. Fiscal General del Ministerio Público; Se Resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto en autos por la parte demandada, y en consecuencia, confirmar el fallo impugnado. II) Con costas a la parte vencida. Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese. Fdo: Armando Lionel Suárez - Raúl Alberto Juárez Carol - Agustín Pedro Rímini Olmedo - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.