Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FIGUEROA, Irma Noemí c/ Ministerio de Educación de la Provincia de Salta s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-10

El amparo es un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva (CSJN Fallos: 310:576 y 2740; 311:612, 1974 y 2319; 314:1686; 317:1128; 323:1825 y 2097, entre muchos otros).

El Máximo Tribunal precisó -desde Fallos: 239:459- ese carácter excepcional de la acción y exigió, como uno de los requisitos inexcusables para su viabilidad, la inexistencia de otras vías legales idóneas para la protección del derecho lesionado, o que la remisión a ellas produzca un gravamen serio insusceptible de reparación Ulterior (doctrina de Fallos:263:371, considerando 6o; 270:176; 274:13; 293:580; 294:452; 295:132; 301:801; 303:419 y 2056, entre otros).

Esta doctrina sobre el alcance de la acción de amparo y su carácter de vía procesal excepcional no ha sido alterada, sin más, por la inclusión en la reforma constitucional de 1994 del art. 43.

Esta norma, al disponer que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo mantiene el criterio de excluir la acción cuando por las circunstancias del caso concreto se requiere mayor debate y prueba y por tanto no se da el requisito de "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" en la afectación de los derechos y garantías constitucionales, requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (Fallos: 275: 320; 296:527; 302:1440; 305:1878; 306:788; 319:2955 y 323:1825 entre otros).

Ello sentado, debo recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que la designación de profesores universitarios (doctrina equiparable a cualquier docente de nivel primario o secundario cuya designación imponga un proceso de selección sobre la base de sus antecedentes), así como los procedimientos arbitrados para la selección del cuerpo docente, no admiten -en principio- revisión judicial, por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno de la Universidad, salvo en aquellos casos en que los actos administrativos impugnados sean manifiestamente arbitrarios (Fallos: 314:1234 y sus citas; 317:40; 326:2374; 327:2678; 330:138).

Está bien que esa autonomía en la decisión, no puede ser entendida de tal manera que implique colocar a las autoridades educativas de la Provincia, en el plano normativo al margen de todo control de constitucionalidad y legalidad, desconociéndose así el principio general del art. 116 de la Constitución Nacional, piedra angular del sistema judicial argentino (CSJ., Fallos: 320:2298; 327:2678).

En el sub lite, la amparista entiende encontrar la arbitrariedad manifiesta requerida para justificar la intromisión judicial en un ámbito que, como regla, resulta propio de las autoridades educativas, en el hecho de haber sido inicialmente excluida del cuadro de cargos provisorios para la cobertura del cargo de Vice Directora de la Escuela de Educación Técnica n° 3.140 Dr. Francisco de Gurruchaga siendo que a su entender cumplía con todos los requisitos que la habilitaban para dicha postulación, no encontrándose comprendida en causal alguna de inhabilitación, habiendo recurrido los dictámenes que expresaran que no contaba con los conceptos profesionales para presentarse a concursar, toda vez que la circular que se invocara de parte de la administración es a su entender francamente inconstitucional.

Puede resultar de alguna manera discriminatorio que se exija que los tres últimos conceptos a evaluar deban corresponder a la labor desplegada por el docente en el establecimiento al que pretende acceder, y no considerar la evaluación practicada en cualquier ámbito de actuación, pero lo cierto es que excede del limitado ámbito de conocimiento del amparo toda consideración al respecto.

Se trata de un recaudo establecido de manera general y que anticipadamente conocía la actora, resultando aplicable para cualquier postulante, que seguramente no consideraron su postulación por faltar ese recaudo.

En definitiva, en la especie no ha quedado demostrada la existencia de un supuesto de arbitrariedad manifiesta, único caso en que se justificaría intervenir judicialmente en ámbitos típicamente académicos, comprendidos en el marco de la autonomía de las universidades nacionales y ajenos al control jurisdiccional (CSJ, Fallos: 326:2374 y sus citas).

El caso de autos, en que se trata de un cargo interino y en que se encuentra avanzado el período lectivo, habiéndose a la fecha dictado más del 50% de las clases correspondientes al presente año docente.