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Recurso contencioso administrativo, acto administrativo, presunción de legitimidad, empleados públicos, indemnización, muerte, depreciación monetaria, actualización monetaria, índices de actualización, decretos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mangold, María Ana c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 369 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

Si la materia litigiosa se reduce a resolver lo atinente al índice de actualización con que debía realizarse el pago del monto indemnizatorio (por fallecimiento del esposo) del cual ha sido beneficiaria la actora, y, mientras ésta considera que las diferencias debieron actualizarse según el índice de costo de vida suministrado por el I.N.D.E.C., y la accionada estima correcto el régimen aplicado -establecido por decreto 381/91-, que lo instituye en razón del salario actualizado, no puede dejar de mencionarse que si bien la Corte en numerosos precedentes adoptó como patrón actualizador el brindado por el I.N.D.E.C. con relación al costo de vida, no lo ha sido de modo unánime ni invariable, en tanto en distintos casos ha dispuesto la utilización de la pauta que fue aplicada por la Provincia al actualizar el monto de la indemnización. De lo expuesto, cabe concluir que el actuar de la Administración en cuanto utilizó el decreto 381/91 para la actualización del crédito de la actora no fue ilegítimo, debiendo rechazarse el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción intentado.
Robo, lesiones gravísimas, participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: ALMADA, D. s/ ROBO  -  LESIONES  GRAVISIMAS  -  PARTICIPACION  -  COAUTORIA  - DOLO  EVENTUAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-04-21

1) Si tres sujetos asaltaron a unas personas, efectuando uno de ellos disparos contra uno de los damnificados, produciéndole lesiones gravísimas (art. 91 C.P.); los otros dos encausados -que no dispararon el arma de fuego- deben responder en calidad de coautores (por el delito de robo agravado por haberse causado las lesiones previstas en el art. 91 C.P.).

2) Es que si convenido entre los coparticipantes, la ejecución de un hecho ilícito de contornos riesgosos para la integridad de los terceros; uno solo de los ejecutores intensifica su acción y excede el fin propuesto al inicio, no queda duda que quien lo acompaÑó en el trance debe responder por ese mismo exceso.

3) Si bien es regla que solamente se participa en el hecho en la medida en que el coautor lo quiso, no es menos cierto que esa voluntad puede hacerse presente también mediante la forma de dolo eventual, pareciendo indiscutible que de este modo obra quien interviene en una acción sabiendo que en su perpetración serían utilizados elementos peligrosos, capaces de introducir en su desarrollo modificaciones o alteraciones de singular gravedad, como puede ser un asalto en que se emplea un arma de fuego por parte de uno de los atracadores.
Daños y perjuicios, apreciación de la prueba, daño moral, presunciones
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Padec Prevención Asesoramiento y Defensa del Consumidor y otro c/ Bank Nazionale del Lavoro SA (hoy HSBC Bank Argentina SA) y otro s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-28

1. Para que la indemnización por daño moral resulte procedente, no se requiere la producción de prueba directa, sino que puede tenérselo por comprobado ante la razonable presunción de que el hecho que motiva el juicio generó un padecimiento espiritual susceptible de justificar la indemnización reclamada (cfr. Llambías, Jorge J., "Tratado de Derecho Civil", T. I, pág. 331; CNCom, Sala A, "Gonzalez, Sandra c/ Transportes Metropolitanos Gral. Roca s/ ordinario", del 19-5-08; ídem, in re "Piceda, Gustavo Alberto c/ Transportes Metropolitanos Gral. San Martín SA s/ ordinario", del 10.7.07, entre otros). 2. Ese temperamento se encuentra hoy expresamente admitido en el nuevo CCCN 1744 que, al regular la prueba del daño, admite que éste se tenga por acreditado cuando surja notorio de los propios hechos.
Ejecución de sentencia, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: QUISPE, OFELIA RAQUEL c/ DI SCETTA, GERONIMA y otros s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

La manera de regular los honorarios en la ejecución de la sentencia no está prevista en el arancel. El art. 40 se refiere a los procesos ejecutivos cuya segunda etapa es equivalente a la ejecución de la sentencia en los juicios ordinarios, sumarios y especiales. Debido a esta circunstancia, en principio, se deben apreciar las labores desarrolladas en este período como una etapa del ejecutivo, aplicando así analógicamente esa disposición legal (conf. C.N.Civ.

Sala E, c. 253.768 del 23/2/81; H. 271.518 del 3/6/81).
Servicio telefónico, privatizaciones, ejecución de sentencia, empresa telefónica, ENTEL
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Fichera de Lini, Nilda c/ E.N.Tel. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Ante la imposibilidad fáctica de que la demandada E.N.Tel.

cumpla con la sentencia debe notificarse con copia de la sentencia a la empresa que actualmente preste servicio telefónico en la zona a fin que ésta dentro de un plazo de 30 días hábiles, efectúe el traslado del armario y remoción solicitados por la actora en su demanda. Los trabajos y materiales que demande dicha tarea deberán ser soportados por E.N.Tel. atento lo previsto en el punto 7.5 del pliego de bases y condiciones para la privatización del servicio de telecomunicaciones, aprobado por Decreto 62/90 - artículo 2).
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, lugar del hecho, defraudación, cheque sin fondos, estafa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Juárez, Norma Alicia s/ su denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Cuando la entrega de un cheque que resultó rechazado por cuenta cerrada, fue realizada en pago de una operación, al momento de hacerse efectiva y en la sede del damnificado, cabe concluir que ese hecho constituyó "prima facie" el ardid determinante del acto de disposición de la víctima y, en consecuencia, corresponde investigar el presunto delito de estafa al juez en lo penal con jurisdicción en el lugar donde se entregó el valor.
Empresas del Estado, AFIP DGA, remuneración, quinquenios
Materia: LABORAL
Carátula: BERGANZA, OMAR c/ ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS s/ QUINQUENIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-12

No es oponible a los actores, que reclamaron el beneficio de quinquenios, art. 68 del CCT 17/75, el acuerdo suscripto entre la demandada y el gremio en el marco de la ley 23126 y por el cual se incluyó al mencionado artículo como cláusula que no adquiere vigencia, en tanto dicho acuerdo carecía de homologación por autoridad administrativa y por ello no revestía el carácter de convenio colectivo.
Sentencia condenatoria, control de constitucionalidad, nulidad de la ley, nulidad absoluta, Ley de Obediencia Debida, Ley de Punto Final, división de poderes, cosa juzgada, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, condena penal, inhabilitación absoluta, accesorias legales, costas, fallos de la Corte Suprema, Corte Suprema de Justicia de la Nación, obligatoriedad del precedente, delitos contra la humanidad, violación de derechos humanos, imprescriptibilidad de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Comes, César Miguel y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

El agravio relativo a la inconstitucionalidad de la ley 25.779 -nulidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida 23.492 y 23.521, respectivamente-, planteado contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires que condenó a la pena de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta más accesorias legales y costas, a quienes fueron considerados responsables por la comisión de delitos de lesa humanidad, con el argumento de encontrarse violados los principios de división de poderes, irretroactividad de la ley penal y existencia de cosa juzgada -artículos 1, 31, 116 y 18 de la Constitución Nacional-, no puede ser admitido puesto que la cuestión quedó definitivamente resuelta por el Máximo Tribunal en "Simón, Julio Héctor" - Fallos: 328: 2056-, al considerar que aquella declaración del Congreso consagró la doctrina correcta, cual es la nulidad insanable de tales normas en coincidencia con lo que los jueces deben declarar en materia de leyes que habiliten la impunidad de actos violatorios de los derechos humanos.
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, acción reivindicatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Denesiuk de Soto, Elena y otro c/ Luccisano, Delia Elvira y otro s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

El proceso de reivindicación es de monto determinado y su valor está representado por la valuación fiscal del inmueble objeto de aquél, a la fecha de interposición del recurso extraordinario, salvo que la pretensión se limite a una parte no subdividida del inmueble.
Despido, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Cardus, Alberto Ricardo c/ Cooperativa Eléctrica del Partido de Pehuajó Ltda. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

No puede invocarse un desconocimiento de la causal resarcitoria expuesta en la comunicación del despido en la que se alude a una falta grave cometida por el trabajador que fue reconocida por éste en una reunión realizada veinticuatro horas antes y en la que se anotició por el empleador debidamente de los motivos de su cesantía.

(art. 243, Ley de Contrato de Trabajo).
Denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, sentencia no firme, sanciones conminatorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Acuña, María Soledad S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Barreyro, Eduardo Daniel  c/ GCBA s/ Acceso a La Información (Incluye Ley 104 y Ambiental)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-08

La queja debe ser rechazada porque la resolución de la Cámara CATyRC que la recurrente viene a resistir -esto es, aquella que rechazó su queja contra la decisión del juez de primera instancia que concedió sin efectos suspensivos la apelación articulada contra la intimación al cumplimiento de la sentencia bajo apercibimiento de astreintes-, no es la definitiva (art. 27 de la ley n° 402, texto consolidado por ley n° 6588). Y, por su parte, la recurrente no logra demostrar que lo decidido sea de imposible o insuficiente reparación ulterior, en la medida que no evidencia que en autos se haya resuelto la aplicación concreta de una sanción conminatoria a su respecto. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Demanda, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: González, Miguel Angel c/ Guz, Manuel Alberto y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-05-13

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo que tiene por acreditada la categoría laboral invocada por la actora, alegando defectuosa, valoración de las pruebas aportadas. Ello así, ya que tratándose de una causa en la que se encuentra debatido un derecho disponible para el demandado, en su carácter de empleador, la no contestación de la acción acarrea la consecuencia de asumir el riesgo por incumplimiento de dicha carga procesal. No obstante, si bien es cierto el principio deviene atemperado en el derecho procesal moderno y por obra de cierta jurisprudencia, también es cierto que, tampoco se puede llegar a una situación donde, quien no contestó la acción, se encuentra mejor posicionado procesalmente que aquella parte que cumplió con la carga de contestar la demanda, configurándose una suerte de tutela judicial para el contumaz en aras de una supuesta equidad. Los derechos emanados de la legislación ritual son tan merecedoras de respeto, como los que provienen de la legislación de fondo, de suerte tal que la previsión normativa del art.85, inc.1 ley 2383, proyectar ineludiblemente los efectos sobre el sub-lite.
Cédula de notificación, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Círculo  de  Inversores    S.A.    de Ahorro para fines determinados. c/ Domínguez, Armando. s/ Ejecución prendaria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

Si bien cuando el acto viciado de nulidad es la cédula de notificación del traslado de la demanda, se justifica que el accionado no haya especificado pormenorizadamente las defensas que no ha podido hacer valer, el mencionado criterio no puede ser aplicado indiscriminadamente. No resulta aplicable tratándose de una ejecución prendaria, ante la cual el nulisdicente no ha ni siquiera señalado con un mínimo de especificación que cuenta con la posibilidad de oponer determinadas excepciones, sino que se ha limitado, al deducir la nulidad, a aludir genéricamente a su falta de oportunidad de plantear defensas ratificando implícitamente con sus expresiones la realización de la compraventa que da lugar a la prenda.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barrera, Nazario c/ Municipalidad San Vicente s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-10

No se reúnen la totalidad de los presupuestos para que la responsabilidad por los daños sufridos por la actora sea imputable a los demandados, ya que no se configura en autos el nexo adecuado de causalidad que debe existir entre el obrar reprochable y el daño cuyo resarcimiento se pretende (arts. 901, 1068, 1109, 1113, 1114, Código Civil).
Agresión ilegítima, legítima defensa, gravamen actual
Materia: PENAL
Carátula: Serafín, Mirko Antonio s/ P.s.a homicidio agravado por el art. 41 bis, etc. - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-05-07

Es necesaria que la agresión ilegítima sea actual o inminente, lo cual si bien no resulta exigido en la letra de la ley, se deriva del segundo requisito de la legítima defensa (art. 34 inc. 6 apartado b), esto es, la necesidad de defenderse deriva de que la agresión también sea actual. Es éste pues, un requisito "puente" entre la agresión y la defensa, es necesario que haya o todavía exista la posibilidad de defensa, o lo que es lo mismo, que sea posible evitar la lesión del bien jurídico amenazado. Ello exige que la agresión suponga un peligro próximo y que dicho peligro no haya desaparecido al convertirse en lesión consumada y agotada.
Sucesiones, administración de la herencia, indivisión hereditaria, valor locativo, uso exclusivo de la cosa común, bienes inmuebles
Materia: CIVIL
Carátula: VAL DE CAMPITELLI IRMA R.A. c/ VAL JORGE JOSE ANTONIO s/ COBRO DE PESOS - VALOR LOCATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-08

La compensación por uso exclusivo y excluyente de un inmueble en condominio o indivisión hereditaria, por parte de uno de los comuneros debe acordarse a partir del momento en que se solicita.
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, resoluciones recurribles, recusación, recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PROCURADOR GENERAL DE LA CORTE SUPREMA c/ E., R. s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Jury de enjuiciamiento (Expte. CSJ   Nº 141-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-08

Importa un neto desajuste conceptual la opinión de la recurrente que para fundar la causal recusatoria de los miembros del Jury de Enjuiciamiento sostiene que el "prejuzgamiento" se habría originado por que antes de finiquitado el juicio ante sus jueces naturales, y prescindiendo de la Corte o de la Alzada, los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento, descalificaron una sentencia que estaba recurrida. Dicho desajuste se produce desde que dicha causal recusatoria sólo se configura por la emisión de opiniones intempestivas respecto de cuestiones pendientes que aún no se encuentran en estado de ser resueltas, pero -en cambio- las opiniones vertidas por los magistrados en la debida oportunidad procesal sobre los puntos sometidos a su consideración, de ningún modo implican prejuzgamiento, toda vez que no se trata de opinión anticipada, sino directa y claramente del cumplimiento del deber de proveer a las cuestiones pendientes.
Recurso de casación, fundamentación del recurso, violación de la ley o doctrina legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO NOAR COOP. LTDA. c/ CARLOS EDUARDO BANCO Y OTRA s/ COBRO DE PESOS. CASACION.- ASTRADA DE ARABIA, LUCIA c/ CAMPOS DE GALLIANO RITA Y OTRO s/ REIVINDICACION. CASACION.- BRAVO, JUAN GUADALBERTO Y OTRO c/ BRAVO, PABLO RUBEN Y/U OTROS s/ COBRO DE AUSTRALES-DAÑOS Y PERJUICIOS. CASACION.- HUAICO HONDO S.A. c/ CARRICABURU, NICOLAS s/ DIVISION DE CONDOMINIO - CASACION BANCO QUILMES S. A. c/ FERNANDO MATEUCCI s/ COBRO DE AUSTRALES. CASACION.- HUAICO HONDO S.A. c/ CARRICABURU, NICOLAS s/ DIVISION DE CONDOMINIO - CASACION DR. RODRIGUEZ CARLSSON Y RAUL ABATE s/ INCIDENTE DR. RODRIGUEZ CARLSSON Y RAUL ABATE EN AUTOS: "JALAF, RAUL  S/ CONVOCATORIA JUDICIAL" - CASACION DIAZ ESTHER NOEMI c/ ARGON S.A. Y/O PROP. Y/O RESP. s/ INDEMNIZACION POR MUERTE, ETC - CASACION CANCINOS DE JAPAZ NERY c/ FLORES EMILIO EDELMIRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS -RECONSTRUCCION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-10|1996-06-27|1996-04-17|1995-10-20|1996-04-09|1995-10-20|1996-03-26|1996-03-27|1996-02-09

A los fines de la procedencia formal de esta vía recursiva, es necesario que el escrito postulatorio en que se asienta contenga específicamente la norma legal que se considera violada, demostrando en que consiste esa violación y señalando cual es la norma legal que resulta aplicable al caso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Walter Adrian c/ Señalco Sudamericana S.A. s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad - Cobro de   pesos laboral (Expte. CSJ N.  727-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-21

La queja es un recurso autónomo que debe cumplimentar a los fines de su recepción recaudos formales propios, siendo fundamental el que se sustente en los fundamentos del auto denegatorio; y, no cumple con los requisitos de admisibilidad de la queja -en acreditación de los requisitos formales necesarios-, el recurrente que no refuta en forma separada, clara y precisa los fundamentos del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, acción civil, cuestiones prejudiciales, sentencia absolutoria, accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Mendieta, Manuel Leopoldo s/ Homicidio culposo- Recurso de inconstitucionalidad (Expte. C.S.J.   Nro. 750 Año 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-29

No puede prosperar el agravio del actor civil en lo atinente a que el Tribunal incurre en afirmaciones dogmáticas al adentrarse a la cuestión penal siendo que ésta había pasado en autoridad de caso juzgada puesto que, si bien la Sala le reprocha al Inferior absolver al imputado con sustento en el beneficio de la duda -cuando, en rigor, si había aceptado la versión suministrada por éste acerca de los hechos, correspondía restarle responsabilidad a título de culpabilidad culposa-, lo cierto es que, más allá de esa suerte de "amonestación", no se advierte que el Tribunal extraiga alguna consecuencia jurídica de esas afirmaciones habida cuenta que ingresa al ámbito resarcitorio acatando la doctrina consolidada y reiterada por la Corte local en el sentido que la absolución penal no puede esgrimirse como obstáculo para que el juez penal se pronuncie respecto de la cuestión civil sobre la base de la responsabilidad objetiva fundada en el artículo 1113 del Código Civil. Es decir, las conclusiones expresadas por la Sala respecto del mérito de la sentencia del Juez de baja instancia en torno a la cuestión penal, no se proyectan indebidamente en el campo civil, pues aquí lo concreto es que el Tribunal ingresó -y eso es lo importante- al ámbito resarcitorio por el conducto de la imputación normativa hecha por la actora (art. 1113, Código Civil) y, en esa labor, recreó la mecánica del accidente en base a las pruebas aportadas al proceso y subsumió el caso en la disposición pertinente, arribando a una respuesta jurisdiccional que podrá compartirse o no pero en modo alguno puede ser descalificada desde el test constitucional propuesto por la impugnante.
Competencia, acción de amparo, encargados de casas de renta
Materia: PROCESAL
Carátula: LÓPEZ,   Gustavo   Ricardo c/ CONSORCIO  DE  PROPIETARIOS  AV.DIRECTORIO 302 s/ AMPARO s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-28

La demanda del encargado de un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal por la que intenta obtener el consentimiento de los copropietarios para ampliar la vivienda que le otorgó el consorcio mediante una obra nueva a efectuarse sobre partes comunes, es de naturaleza civil, por lo que la competencia debe atribuirse a este fuero.

No obsta a esta conclusión que la vivienda haya sido parte de las prestaciones asumidas por el empleador como accesorio del contrato laboral porque lo que se está confrontando no es la prestación como fue otorgada, sino que la materia de juicio está regida por la  ley 13.512 y las restantes disposiciones civiles atinentes a los derechos de los particulares sujeto a este régimen.
Liquidación judicial, desindexación, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: COCYVIAL (CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES) S.R.L. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 497 AÑO 1986)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-16

La ley 24283, al permitir poner un límite a la utilización de índices de actualización que conducen a resultados injustos, exige implícitamente, como contrapartida de tal posibilidad, que el pretensor exponga con nitidez el razonamiento y el método de cálculo que avalan su planteo.

Es decir, debe suministrarse la explicación que revele por qué los índices de actualización -método usual para preservar al dinero de la desvalorización monetaria con anterioridad a la ley 23928- llevan a resultados que poco o nada tienen que ver con el valor real de las prestaciones.

Este es el único modo de garantizar que la finalidad de la ley de corregir situaciones de injusticia sea satisfecha puesto que se le exige al impugnante la explicación de la evaluación que lo condujo al planteo, evaluación que a su respecto será lógicamente previa a la promoción del incidente, ya que la ley no habilita que los deudores recurran al expediente de la desindexación únicamente al evento de que exista la mera posibilidad de obtener algún beneficio.
Jueces, impulso de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: GALLARDO, MIGUEL ANGEL c/ GRAFA S.A. s/ INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD LEY 9688-CADUCIDAD DE INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-24

El impulso procesal de oficio es una de las características peculiares del proceso laboral y está consagrado en forma expresa por la Ley 3603 en sus arts. 43 a 46. Significa que el juez interviniente debe instar a las partes a la prosecución de la causa en todo aquello que no pueda realizar de oficio, hasta el momento de dictar sentencia.