Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-17


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los días del mes de junio del año dos mil diez, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia de los señores Jueces de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "B., R. D. C. c/ S., J. F. s/ ALIMENTOS", expte. nro. 62/10, venidos del Juzgado Letrado de Familia nro. 2 (expte. nro. 416/09), y atento al resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 153), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dr. Julio Antonio Alexandre y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 118/121vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado y los agravios.

1.a. La jueza de familia hizo lugar a la demanda promovida por la Sra. R. D. C. B. y condenó al padre J. F. S. a abonar en concepto de cuota alimentaria, a favor de la niña, la suma equivalente al 20% de los haberes que por todo concepto perciba el demandado, previos los descuentos de ley, con más las asignaciones familiares y ayuda escolar si correspondiere, fijó cuota suplementaria, impuso las costas al alimentante y reguló los honorarios de los letrados intervinientes.

La sentencia fue apelada por la parte demandada a fs. 123, el recurso fue concedido libremente y con efecto devolutivo, a fs. 124. Los agravios fueron expresados a fs. 129/194.

La impugnación se ciñe, exclusivamente al monto de la cuota, el que se considera excesivo porque no contempla adecuadamente la realidad de cada uno de los progenitores. Los argumentos expresados -que por momentos se repiten- son, básicamente, que los ingresos mensuales del padre son inferiores a los de la madre, ambos han constituidos sendas familias que tienen una realidad socioeconómica diferente en función de sus ingresos; el demandado tiene otra hija enferma. En función de lo expuesto solicita la reducción del porcentaje fijado en autos.

La actora contesta el traslado de los agravios e insiste en la confirmación del fallo.

2. Tratamiento de los agravios.

Huelga recordar que la prestación alimentaria es uno de los deberes que da contenido a la responsabilidad parental (arts. 265 a 272 del Código Civil; Bossert, Gustavo A., "Régimen jurídico de los alimentos", 2ª ed. actualizada y ampliada, pág. 191; Castro, Alicia María "Alimentos a los hijos y derechos humanos", obra colectiva de Cecilia P. Grosman y otros autores, capítulo VIII, "¿Desde cuándo se deben los alimentos?", pág. 241 y subs.). En consecuencia, como bien lo señala la jueza y lo destaca la recurrente, la procedencia del reclamo no está sujeta a la prueba de las necesidades de los hijos, como ocurre con otros parientes. Su contenido está dado por las previsiones del art. 267 del Código Civil; es decir, las vinculadas a la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.

Ahora bien, aunque basta el pedido para la procedencia del reclamo, no podemos desconocer que a los fines de determinación se debe tener presente las posibilidades ciertas del demandado y la necesaria contribución del otro progenitor.

Así, la cuantificación del contenido económico de la prestación alimentaria no puede ser determinada en abstracto; siempre el porcentaje que se determine tendrá que tener en cuenta el alcance real de la contribución y también contemplar las condiciones de tiempo y lugar de las personas involucradas (cf. Alejandro Javier Siderio, "La participación de los niños en los procesos de determinación de la cuota alimentaria", RDF nº 38, p. 157).

Con base en las premisas básicas referenciadas y aún teniendo en cuenta el escaso material probatorio colectado en autos, debo señalar que es plausible una mínima revisión del porcentaje fijado en concepto de alimentos.

Las necesidades de la alimentada, ya han sido explicitadas a modo general y, en lo particular, son las propias de una niña de catorce años que concurre a una escuela privada subvencionada por el estado -I. S. D. S.- y que realiza actividades extraescolares.

El padre de N. trabaja en relación de dependencia, tiempo completo. Es un empleado que presta servicios desde hace casi diecisiete años en una conocido comercio del rubro gastronómico de nuestra ciudad (ventas de empanadas y elaboración de pastas); cumple un horario de trabajo de ocho horas diarias con franco los días lunes, desempeña tareas en la categoría de sobador y conforme resulta de sus recibo de haberes labora una importante cantidad de horas extras. En este contexto corresponde señalar que no existen siquiera indicios que autoricen a presumir que sus ingresos podrían ser superiores, conforme a su capacitación laboral, edad y jornada laboral que efectivamente desempeña.

A su vez, y al igual que la madre de N. ha constituido otra familia -unión convivencial de ocho años-, su actual compañera no trabaja en el mercado formal aunque realizaría trabajos de repostería en su casa; tiene otra hija nacida el año 2004. Esta niña nació con problemas de salud -declaraciones testimoniales y documental de fs. 33, 34, 36 y 37- que si bien no son terminales pueden ser calificados como serios y generadores de erogaciones mayores a las habituales que corresponden a una niña de esa edad. Es importante, en tal sentido, la epicrisis agregada a fs. 36.

A su vez, la madre de N. trabaja y percibe, según ella lo ha reconocido al absolver posiciones, un salario superior a cinco mil pesos, ha formado otra familia: su esposo también trabaja -en la actividad petrolera- y tiene un hijo de tres años.

En este contexto, el porcentaje fijado en un 20% del salario será mínimamente revisado en función de los hechos de la causa y teniendo presente en su justo alcance, precedentes de esta Cámara en la materia (Sentencia Definitiva n° 14/2009).

Las necesidades de la niña y la evaluación de las condiciones de ambos progenitores autorizan la fijación de la cuota alimentaria que el padre debe abonar a favor de la niña N. en una suma equivalente al 17% de la suma que por todo concepto, previos descuentos de ley, percibe el demandado, con más las asignaciones familiares en caso de corresponder.

4. Costas y honorarios.

Las costas de la primera instancia son confirmadas. Las costas de esta instancia se imponen al demandado vencido por aplicación del criterio rector en la materia, conforme al cual corresponde al alimentante hacerse cargo de las costas.

Los honorarios de primera instancia se readecuan, en función de la modificación ordenada y se fijan en la suma de pesos un mil a favor de la Dra. B. I. P. y de pesos ochocientos a favor de la Dra. C. E. C.. Los correspondientes a esta instancia, de conformidad con las pautas generales del artículo 5 y específicas del 13 de la ley arancelaria vigente se establecen en la suma de pesos doscientos cincuenta y doscientos, respectivamente, a favor de cada letrada.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 123.

2º) Modificar el punto 1º de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 118/121vta. y fijar la cuota alimentaria en una suma equivalente al 17% de la suma que por todo concepto, previos descuentos de ley, percibe el demandado, con más las asignaciones familiares.

3º) Costas de ambas instancias al demandado. Regular los honorarios del modo propuesto en el considerando respectivo.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que, tal como en breve y ajustada síntesis da cuenta la colega preopinante, abriendo el acuerdo, la sentencia de fs. 118/121vta. que acoge favora-blemente, de modo parcial, la pretensión por alimentos articulada por la actora a favor de la hija de ambos es apelada por el accionado a tenor del informe de fs. 129/133, que le es contestado a fs. 142/144vta. Así, sin necesidad de reiterar tal tarea prologal y volver sobre la suficiencia formal del recurso interpuesto, entraré a considerar aquellas quejas dentro de los límites jurisdiccionales impuestos por la recurrente.

A modo liminar recuerdo que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una e las argumentaciones de las partes, sino solo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CS Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc). Y tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que resulten apropiadas para resolver el caso (CS Fallos 274:113; 280:3201; 144:611, entre muchos), por lo que deberá inclinarse por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. Consecuentemente y en atención a los antecedentes obrantes en la presente y oídos las partes, fundamentalmente la menor, tal como se consiga a fs. 148, valen algunas pautas que hacen a tal problemática receptadas del trabajo "Alimentos a favor de hijos de diferentes uniones", de Galli Fiant, María Magdalena, publicado en: DJ 04/06/2008, 304-DJ 2008-II, 304, al señalar que: "... Padre y madre en un pie de igualdad son los primeros y principales obligados a alimentar a sus hijos menores conforme a su condición y fortuna, como lo señala el artículo 265 del Código Civil. Les corresponde idéntico deber, convivan o no con sus hijos. Así lo establece el artículo 271: "En caso de divorcio vincular, separación personal, separación de hecho o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimentos a sus hijos y educarlos, no obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos" Aunque la norma no lo incluya expresamente, queda comprendido el supuesto del hijo extramatrimonial cuyos padres han cesado en la convivencia o nunca han convivido" y más adelanta agrega: "Sobre ambos padres pesa un deber de la misma extensión; están llamados a cubrir las necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad (art. 267 CCiv.)".

Que "si bien -tal como se dice el fallo impugnado- la obligación alimentaria corresponde a ambos padres, el que ejerce la tenencia compensa en gran medida su deber, y si además contribuye al mantenimiento del hogar con sus ingresos, es al no conviviente a quien le corresponde en mayor proporción la obligación de pagar los gastos. Este criterio persiste en las decisiones de los tribunales que hacen recaer sobre el no conviviente en mayor medida la obligación alimentaria".

Dicen Grosman y Martínez Alcorta que la igualdad de todos los hijos, nacidos en una primera o ulterior unión, los hace titulares de idéntico derecho a ser asistidos; en consecuencia, pueden reclamar en igual medida la prestación de alimentos. Esta premisa encuentra sustento en el principio de unidad de la filiación (art. 240 del Código Civil, t.o. ley 23264 -Adla, XLV-D, 3581-) y en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño que prohíbe toda discriminación entre los hijos.

También se ha sostenido que los nuevos hijos del alimentante imponen mayores requerimientos económicos que hacen razonable una contracción de la carga que ya soportaba con relación a los hijos de una unión anterior; que es necesario conciliar los deberes parentales con relación a todos los hijos, intentando en la medida de lo posible mantener la satisfacción de los requerimientos alimentarios originales. Si bien lo deseable es que el progenitor puede cumplir con sus obligaciones de asistencia a todos sus hijos, existen reales dificultades para lograr un aumento de los propios recursos que permita cubrir las nuevas cargas alimentarias sin detrimento de las anteriores, por lo que resulta adecuado efectuar un prorrateo equilibrado entre los diferentes alimentados sin privilegiar los alimentos de hijos de una anterior unión en desmedro de legítimas necesidades de la nueva descendencia (ver Grosman, Cecilia y Martínez Alcorta, Irene, "Familias Ensambladas", ed. Universidad, 2000).

Conforme tal postura doctrinaria y jurisprudencial, que entiendo prudente, razonable y ajustada a derecho en cuanto al caso a resolver, debe entenderse que si bien es cierto que deben predominar las necesidades del menor sobre los medios económicos de que dispone el alimentante, en caso de concurrencia de múltiples alimentados, al fijar la cuota para uno de los hijos ha de procurarse un equilibrio que permita satisfacer a todos, sin mengua de exigir al obligado que asuma esfuerzos irrazonables para cumplir con todas las responsabilidades, desatendiendo de esa manera sus necesidades personales elementales... además predispone a una relación conflictiva o al menos controvertida en perjuicio de la relación padre e hijo, a raíz de la insatisfacción del progenitor de cubrir sus propios requerimientos atento al exiguo saldo a percibir, en atención a las exigencias económicas de la región, hecho notorio, y al sacrificado esfuerzo de cada jornada, como se destaca en el voto anterior y que surge claramente de autos.

En consecuencia, debe intentarse lograr una distribución equitativa de los ingresos entre los hijos del mismo padre, incluyendo los nacidos de una unión posterior, pues de lo contrario se afectaría indebidamente el derecho de estos a recibir alimentos; el obligado no dispone de gran fortuna y por ello la existencia de nuevos hijos justifica la determinación de una cuota finamente ajustada a tal propósito, cuando no se resiente el esfuerzo y colaboración requeridos a la madre en las actuales circunstancias. Todo aún tomando en consideración el dato de la realidad, extemporáneamente alegado y reiterado en audiencia por la accionante.

Concuerdo, en atención a lo expuesto, con la propuesta modificatoria del porcentual fijado en el fallo impugnado, realizada por mi colega preopinante y que resulta respetuosa de la pauta básica brindada por la recurrente en el p. IV de su informe.

Las costas, más allá de la reducción propuesta y en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y su resultado, se imponen al vencido en ambas instancias y se adecua la regulación de honorarios en las sumas, prudentemente estimadas, conforme las pautas establecidas por la ley de aranceles, en el voto que antecede al mío. A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo concordado con el voto de la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, reitero su fórmula decisoria.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 274 y 275 del CPCCCh (Ley XIII-5-DJ, Anexo A), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Nahuelanca no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 123.

2) Modificar el punto 1º de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 118/121vta. y fijar la cuota alimentaria en una suma equivalente al DIECISIETE POR CIENTO (17%) de la suma que por todo concepto, previos descuentos de ley, percibe el demandado, con más las asignaciones familiares.

3) Costas de ambas instancias al demandado. Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en primera instancia a la Dra. B. I. P. en la suma de MIL PESOS ($1.000) y a favor de la Dra. C. E. C. en la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($800); los correspondientes a esta instancia se establecen en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($250) y DOSCIENTOS PESOS ($200), respectivamente, a favor de cada letrada.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2010 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "F".