marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, apercibimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Aglieri, Enrique Loredano c/ Aglieri, Ricardo Orlando y otro s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad-   Indemnización por enfermedad accidente - Caducidad (Expte.: C.S.J.   Nro. 584 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-19

El apercibimiento es la prevención especial o anuncio formal hecho a una persona citada, emplazada o requerida, de las consecuencias que se seguirán de determinados actos u omisiones suyos. Por lo tanto, en el caso, la recurrente se encontraba específicamente prevenida con la noticia de la resolución por la que se la intimaba a acompañar la boleta de depósito establecida por el artículo 8vo. de la ley 7055 "...bajo apercibimiento de tener por no presentado el recurso", de las consecuencias que se seguirían automáticamente en caso de no hacerse efectivo, en el plazo fijado, el depósito ordenado.
Empleados públicos, domicilio, traslado, Administración Pública, razones de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VULLO, MARIA DEL CARMEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 55-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-07-04

Frente al principio de inamovilidad en la residencia de los agentes públicos que consagra el art 16 de la ley 8525, es de obligada demostración por parte de la administración, la real existencia de razones de servicio que sustentan razonablemente el traslado del empleado.
Defensa del consumidor, culpa de la víctima, caso fortuito
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Orellana Poblete, Julia Rosa c/ Millán S.A. s/ D. y P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-11-27

No sólo el caso fortuito o fuerza mayor constituyen eximentes de responsabilidad, en materia de consumo, sino que la culpa de la víctima también puede generar el quiebre de la relación de causalidad entre el hecho y las consecuencias lesivas por las que se reclama.
Derecho penal, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: FUENTES, JONATHAN ALBERTO - CONTRERAS, DEBORA HAYDEE c/ s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-18

Debe desecharse el planteo vinculado con que, en tanto no se verificó desapoderamiento ni daño en la propiedad, se trata -el reprochado- de un hecho insignificante; ello así en razón de que el bien jurídico protegido en el delito de hurto es el derecho a la propiedad y el principio de insignificancia no atiende a la entidad de la lesión patrimonial sino a la violación del aludido derecho (CSJN, Fallos 308:1796).
Indemnización tarifada, compensación
Materia: LABORAL
Carátula: MAQUIAVELLO SERGIO RAUL c/ BENEDETTO NORMA ANGELICA s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO Y OTROS RUBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-03

La doctrina judicial mayoritaria exige que la compensación sea opuesta mediante reconvención o contrademanda, toda vez que quedaría comprometida la garantía de defensa en juicio sino se diera a la otra parte la posibilidad de contestar la compensación alegada, pero en nuestro procedimiento laboral es suficiente su invocación como defensa explícita dada la amplitud del artículo 66 del Código de Procedimiento Laboral.
Recursos de la seguridad social, aportes y contribuciones previsionales, organismos del Estado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "TECHINT  CAA.  TECNICA  INTERNACIONAL  S.A. c/ A.F.I.P. A D.G.I. s/ Impugnaci3/4n de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-08

Las facultades conferidas a los diferentes organismos competentes en el área para determinar el contenido de la sanción, encuentra su fundamento en la facultad de contralor que tiene el organismo, de modo de asegurar el correcto funcionamiento de la administración, tendiente a determinar la obligación previsional y a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella efectúen los contribuyentes. En este sentido, ha señalado reiteradamente la C.S.J.N. que la descripción del hecho punible por vía reglamentaria, no supone atribuir a la administración una facultad indelegable del poder legislativo, tratándose por el contrario, del ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria prevista en el art. 86, inc. 2, de la C.N. (Fallos 300:443). De allí que, tratándose de materias que presenten contornos o aspectos peculiares, distintos o variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo (cfr. C.S.J.N., sent. del 01.12.88, "Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.").
Recurso extraordinario, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: EDUARDO SANCHEZ GRANEL OBRAS DE INGENIERIA S.A.I.C.F.I. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-20

Teniendo en cuenta la mayor amplitud de la jurisdicción ordinaria de la Corte resulta improcedente el recurso extraordinario también interpuesto.
Acción de amparo, abogados, honorarios del abogado, IVA
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lorenzo, Rosa del Carmen c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-06

Deberá adicionarse el importe del IVA a los honorarios del abogado puesto que el profesional acreedor reviste la calidad de responsable inscripto (conf. CSJN "Compañía General de Combustibles S.A. s/Recurso de Apelación", 16/06/1993 y "Dell' Oglio, Juan C. y otros c/BHN, 31/03/1999).
Subasta judicial, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alegre, Amado c/ Rodolfo Ernesto Soria s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-05

No puede estimarse irregular el comportamiento del martillero cuando dispone una nueva subasta por órdenes del abogado de la parte actora y del acreedor hipotecario, frente al incumplimiento del postor cuya oferta es aceptada, y al no depositar la seña, se retira. Si bien éste debe requerir órdenes o instrucciones al juez de la causa máxime cuando no es día ni hora inhábil para el Tribunal, habiendo ello ocurrido, es indispensable la convalidación posterior para colmar el vacío que deriva de la inexistencia de una nueva orden de remate. Consolidación que no es posible otorgar si existe una impugnación temporánea de la subasta.
Regulación de honorarios, facultades del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TRIPALDI, JOSE s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-07

Si bien el tope fijado por la ley 17.040, en situaciones específicas, ha servido de pauta al juzgador -cuando la naturaleza del litigio y resultado del mismo autorizaban a una equitativa proporción entre el derecho reconocido al beneficiario y la justa compensación del profesional a fin de no convalidar un arancel confiscatorio o sumamente gravoso para el particular-lo cierto es que no se puede pretender extraer de ello una imposición genérica, coartando la facultad privativa del juez de ponderar la actuación de los letrados en los juicios sometidos a su consideración. Máxime en aquellos casos en los cuales no se debate el otorgamiento del haber previsional, sino un reajuste donde los montos en juego son importantes por la retroactividad que puede acordarse, y en los que, a este respecto y en general, no puede afirmarse que se afecte o vulnere el carácter alimentario del importe reconocido al beneficiario a raíz del honorario de su letrado. (Del voto del mayoría. El Dr.

Etala votó en disidencia).
Ejecución de sentencias contra el Estado, régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación, restitución de aportes, aportes previsionales, empleados públicos, emergencia económica, incumplimiento del convenio, falta de pago, renta pública, embargo
Materia: LABORAL
Carátula: R., N. C. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ INCONSTITUCIONALIDAD ART.5 LEY 2990/96 S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-05-16

Cabe destacar que tampoco asiste razón al recurrente en la interpretación que asigna al juego de las normas Nro. 3868 y 3466. Ello así por cuanto la consolidación de la deuda emergente de la restitución de los aportes de emergencia está prevista para los supuestos en que, mediando reclamo judicial, la actora no se aviniera a firmar el convenio de pago en la forma establecida en el decreto Nro. 1/04 ratificado por ley Nro. 3868 (art. 7).

Ahora bien, ello no puede hacerse extensivo a los casos en que las partes acordaron la forma de pago en los términos establecidos en el art. 6 de la mencionada norma y en los que la obligada al pago incumplió con lo acordado, pues las consecuencias de tal incumplimiento se encuentran expresamente previstas en el convenio.

Tal es el caso de autos en el que, conforme surge de lo establecido en el punto...se previó que si por causas imputables a la Provincia o a cualquiera de sus organismos no se abonaran los conceptos comprometidos en el término establecido (20 días), la parte afectada podría dejar sin efecto el convenio mediante no tificación fehaciente a la Fiscalía de Estado y continuar con las acciones de ejecución de sentencia hasta el cobro íntegro del crédito y sus accesorios.
Acción penal, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G.H.L. s/ Estafa en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-06-26

Es procedente el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fiscal de Cámara, quien se agravia por haberse aplicado el instituto de la prescripción y por entender que la insubsistencia de la acción penal no resulta aplicable como lo realiza la Cámara. Ello así, ya que no se trata de un supuesto de insuficiencia de motivación, por imperfección, defecto o error sino que, evidentemente, no constituye una conclusión que respete el principio de razón suficiente, al no explicarse donde finca la irrazonabilidad de la dimensión temporal en este proceso penal, que autorice a prescindir de las disposiciones sustanciales relativas a la interrupción de la prescripción.

No existen dudas sobre la inmotivación del pronunciamiento ante la ausencia de una exposición fundada del tribunal en cuanto a la señalada irracionalidad del tiempo en que el encartado ha estado sometido a proceso para justificar la solución que resultara impugnada. Con ello es la única forma que el control extraordinario puede ejercitarse plenamente.
AFIP DGA, multa aduanera, control de constitucionalidad, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Bruno Hnos.  SC  y otro c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que redujo la multa aplicada por la Administración Nacional de Aduanas fundándose en la inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 21.898, toda vez que la actualización allí prevista no hace a la multa más onerosa sino que mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento.
Contratos comerciales, resolución del contrato, daños y perjuicios, daño al interés negativo, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCIACCA, JORGE c/ MESSINEO, HORACIO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-15

Cuando se trata de la reparación de perjuicios derivados de una resolución contractual cabe atender, como principio, al denominado daño al interés negativo. En consecuencia, el acreedor solo tiene derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios que no habría sufrido si no hubiera celebrado el contrato, vgr.: los gastos que haya efectuado en vistas a ese contrato que quedó posteriormente extinguido, pero no las ventajas o ganancias esperadas como resultado del cumplimiento de la prestación.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Romero, R. s/ Lesiones leves calificadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15

La falta de premeditación y los incidentes entre la víctima y el procesado que motivaron la reacción de éste provocando las lesiones leves calificadas (art. 89 y 92 del C.P.) deben computarse como atenuantes.
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Aseguradora de Créditos y Garantias S.A. c/ E.N. - D.G.A. s/ Resol. 2420/07 (expte. 601287/02) s/ Dirección General  de Aduanas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-04

No resulta admisible la introducción en el recurso extraordinario de cuestiones que no fueron propuestas a la decisión de los tribunales de las anteriores instancias.
Remuneración, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Mion, Miguel Angel c/ Creaciones Jovial S.A. y otros s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Corresponde tener por cierta la remuneración denunciada por el actor si el empleador se limitó a desconocerla pero no aportó ningún elemento de prueba idóneo para desvirtuarla (arts. 52, L.C.T.; 39. ley 11.653).
BARBADOS, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, supervisión de cumplimiento de sentencia, sentencia de la Corte Interamericana, cumplimiento parcial, condiciones de detención, deber de información, construcción de establecimientos penitenciarios, Pacto de San José de Costa Rica, reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Boyce y otros c/ Barbados y caso Dacosta Cadogan vs. Barbados s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-11-21

Si bien quienes fueron declarados víctimas en el Caso "Boyce y otros" -20 de noviembre de 2007; Serie C No. 169-, por la Sentencia de la Corte Interamericana que declaró la responsabilidad internacional de Barbados, en perjuicio de cuatro personas sentenciadas a pena de muerte y que se encontraban en condiciones de detención infrahumanas, fueron trasladadas a una cárcel nueva, con celdas equipadas con luz natural e instalaciones sanitarias apropiadas, en tanto la información presentada difiere de la brindada por la Superintendencia de Cárceles, deberá el Estado presentar información adicional al Tribunal a fin de poder evaluar el cumplimiento efectivo de esta obligación en los términos de la Convención Americana y en el marco de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
Colegio Público de Abogados, matrícula profesional, falta de pago, competencia civil
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: C.P.A.C.F. c/ Barbante, Aldo s/ Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

Corresponde declarar la competencia del fuero ordinario civil en las ejecuciones intentadas por el C.P.A.C.F. por el cobro de la cuota anual atento el régimen jurídico mixto que posee el colegio por el cual no toda su actividad se encuentra reglada por el derecho público independientemente que la Ley 23.687 le otorgue el carácter de persona de derecho público.
Manifestación tácita, silencio, reconocimiento de los hechos
Materia: CIVIL
Carátula: M., N. y Otra c/ M.O., H.V. s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-31

Se ha dicho que queda librado al prudente arbitrio judicial el juzgamiento sobre si el silencio del demandado respecto de los hechos fundamentales que contiene el escrito de demanda, debe ser tenido como un reconocimiento de la verdad de los mismos.
Interrupción de la prescripción, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: First Trust of New York National Association c/ Rojo, Luis Marcelo s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-11-27

Si bien, el art. 3.986 C. Civil establece que la interrupción de la prescripción es con la demanda, nuestra doctrina y jurisprudencia mayoritaria ha sentado la premisa de que el vocablo "demanda" se refiere a una actividad del acreedor ante los jueces, pero que no debemos ceñirnos al significado estricto que tiene en derecho procesal, sino que debe interpretárselo en forma extensiva y comprende a una cantidad de actos judiciales, aunque no constituyan estrictamente una demanda en el lenguaje del derecho procesal. Así una jurisprudencia abundante y reiterada establece que el embargo preventivo, las inhibiciones y otras medidas cautelares tienen efecto interruptivo de la prescripción. Y dicho efecto se prolonga, cualquiera sea luego la rapidez o continuidad del trámite, en toda la duración del proceso (conf. Bueres, Alberto J. (Dirección) - Highton, Elena I. (Coordinación), "Código Civil Anotado", tomo 6-b, pág. 686, Ed. Hammurabi). Desde tal óptica, coincidimos con el fallo de mérito, en cuanto considera la gestión efectuada en sede judicial federal por el propio ejecutado como suspensiva del cómputo del plazo prescriptivo. Evidentemente, se trata de un reconocimiento de la existencia de la deuda por parte del aquí ejecutado. El fundamento de esta causal de interrupción de la prescripción (por reconocimiento de la deuda) está dado porque tal actividad (el reconocimiento) implica la renuncia del deudor a adquirir un derecho por el transcurso del tiempo, e implica una reafirmación de su carácter de obligado, y una confesión del derecho del acreedor. Explica López Herrera ("Tratado de la prescripción liberatoria", Ed. Ab.Perrot, pag. 293) que el reconocimiento es una causal de interrupción que se origina únicamente en la persona del deudor, pues su naturaleza jurídica es la de ser un acto jurídico unilateral, emanado del deudor si es expreso, o bien un hecho jurídico si es tácito. Al ser un acto interruptivo proveniente del obligado no está sometido a ninguna condición especial de forma y puede ser exteriorizado por una manifestación de voluntad expresa o tácita. El reconocimiento expreso debe contener la admisión de la deuda o del derecho del acreedor, no estando sujeto a ninguna formalidad. Asimismo el reconocimiento tácito es el que resulta de hechos del obligado que en forma clara, indubitable, inequívoca y sin necesidad de deducciones o razonamientos lógicos gramaticales, demuestran su voluntad de mantener viva la obligación o admitir el derecho del acreedor (López Herrera, ob. cit., pag.299). En el caso, sin dudas, la interposición de la medida autosatisfactiva evidencia un reconocimiento de la deuda. Precisamente, interrumpe la prescripción porque al emanar del deudor, no se compatibiliza con el desconocimiento o negación de la deuda y no puede ser interpretado de otra manera que no sea el sometimiento voluntario de la obligación. DRES.: ALONSO - MANCA.
Concursos, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Alas Cooperativo limitado s/ Incidente de incumplimiento de acuerdo en autos: Fábrica de  productos Cauca S.R.L. s/Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-03

En los supuestos no reglamentados por la ley 19551 -t.o. por decreto 2449/84- corresponde recurrir a las leyes de aranceles profesionales.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, reglas procesales, Poder Legislativo Nacional, Poder Legislativo Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: C., E. I. c/  s/ declaración de incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-11

El Congreso de la Nación carece de facultades para dictar reglas de competencia, ya que ésta es una atribución soberana de la Legislatura provincial, que tiene la alternativa de distribuirla conforme sus particularidades y necesidades. En ese sentido, desde el año 2018 se encuentra en trámite parlamentario un proyecto de ley tendiente a la modificación del art. 6 del CPCC respecto de cuestiones de competencia (expediente n° 12.510-14.156 del 20/2/2018), lo cual reafirma la voluntad del legislador provincial de mantener bajo su potestad una cuestión tan importante como es la competencia de los tribunales de justicia.
Cheque sin fondos, nombre del beneficiario
Materia: PENAL
Carátula: ARIAS, ANGEL ADOLFO s/ Cheque sin fondos, Causa: 36919.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-02

1 - Corresponde confirmar la resolución apelada que ordenó el rechazo del requerimiento de instrucción por no constituir delito el hecho investigado, ya que si bien no es necesario que el texto del cheque sea confeccionado de puño y letra por el librador, pudiendo ser completado por el tenedor, sí se requiere que al momento en que tiene lugar la entrega aquel contenga todas las enunciaciones exigidas por la ley comercial (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- 2 - La orden de pago que no reúne las formas establecidas por la ley comercial no es cheque y por lo tanto no legitima la aplicación de la ley penal en su aspecto sancionatorio (Del voto en disidencia del Dr. Romero).- 3 - Si bien para que el documento sea cheque debe contener el nombre del beneficiario al momento de su presentación al cobro, ninguna norma exige que la grafía del texto del cheque y la del nombre del beneficiario sean las mismas (Del voto en disidencia del Dr.

Romero).- 4 - Los requisitos que deben contener los cheques deben encontrarse perfeccionados al momento de ser presentados al cobro, desde que si la posesión es legítima por parte del tenedor, debe entenderse que el librador delegó tal circunstancia en su tomador (Del voto en disidencia del Dr. Romero).
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ALBORNOZ, LINDAURO ROLANDO c/ DIAZ, MARIA TERESA s/ DESALOJO POR INTRUSO-RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES  Y MORALES S/CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-12-04

Determinar si se acreditó o no, prima facie, la condición en el accionado, de poseedor animus domini a los fines de enervar una acción de desalojo y obligar al actor a recurrir a las acciones petitorias o posesorias a los fines de recuperar el inmueble en litigio, es sin duda una cuestión de hecho, sólo revisable en esta instancia casatoria si se acredita en esta sede, la configuración de arbitrariedad o absurdo.
Honorarios del abogado, protección del honorario, pago, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: De San Martín, Carlos Alberto c/ Banco de la Provincia del Chubut s/ Rendición de Cuentas -Sumario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-12

El lapso de treinta días establecido en el art. 50 de la ley arancelaria corre a partir del momento en que el honorario regulado gana firmeza; no casualmente el indicado ordenamiento se refiere al "auto regulatorio firme" y a la "regulación judicial firme".
MÉXICO, pueblos originarios, violación de derechos humanos, derechos sexuales, interdependencia de los derechos humanos, derecho a un traductor, prueba, grupos vulnerables, violencia sexual, principio de dignidad humana, intérprete de lenguas indígenas, derechos de los pueblos indígenas
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Rosendo Cantú y otra c/ México s/ Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-31

En materia de violación sexual, debe la Corte Interamericana resaltar que se trata de un tipo particular de agresión caracterizada por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el o los agresores no pudiendo esperarse la existencia de pruebas gráficas o documentales siendo la declaración de la víctima prueba fundamental del hecho, sin que resulte inusual para un tribunal de derechos humanos, que el relato de tales padecimientos contenga aspectos que puedan ser considerados como imprecisiones de parte de quienes hayan sido víctimas, atento el brutal impacto que tales actos les provocan máxime si se trata de mujeres de comunidades indígenas que para ser entendidas deben contar con la presencia de un intérprete oficial.