marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, entidades financieras, Organización Veraz
Materia: CIVIL
Carátula: "Ruiz,   Graciela   Susana c/ B.C.R.A.  y  Otros s/ Daños  yPerjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-17

Si Organización Veraz obtuvo los datos a través de la información que le fuera suministrada por entidades financieras con las que operan o han operado los actores, y esos datos, al no encontrarse vinculados con operaciones activas, no se encuentran manifiestamente alcanzados por el secreto bancario en los términos del art. 39 de la ley de entidades financieras y, en tanto no revelan información "sensible", limitándose a reflejar antecedentes relativos al incumplimiento de las obligaciones comerciales o financieras, asumidas respecto de esas entidades financieras no puede imputarse responsabilidad alguna a la mencionada institución (Sala I "García Darderes, Osvaldo Daniel y otro c/ B.C.R.A. y otros s/ Habeas Data", 10/08/2000 -del voto del Dr. Buján, consid. XI-) (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. VII).
Allanamiento ilegal, allanamiento domiciliario, consentimiento del morador, acta de secuestro, nulidad procesal, inviolabilidad del domicilio, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: CARPANA CARRARA, Oscar J. s/ ALLANAMIENTO. ACTA DE SECUESTRO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

1) En las actuales circunstancias de autos, en que el procesado se hallaba detenido e incomunicado, no pudo existir manifestación de consentimiento válido para permitir el allanamiento, pues el propio estado de detención priva de libertad al acto.

El elemento fundamental de todo acto es la voluntad del que lo ejecuta, razón por la cual, el hecho de una persona que no tiene libertad en sus actos, no es considerado en el derecho como un acto, sino como un acontecimiento fortuito.

2) Es nula el acta de secuestro, y todo lo obrado en consecuencia, por advertirse grave transgresión a la garantía de la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso legal, ya que a la diligencia no concurrió el procesado y su falta de presencia vulnera lo dispuesto en los arts. 407, 409, 211 y 215 del C.P.C., por no reunir las formalidades que prescriben dichos artículos, máxime que la ausencia del procesado dio motivo a que la autoridad policial entrara impunemente al domicilio por no encontrarse nadie en su interior.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Malchiodi, Roberto Ramón s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

El art. 342 del Código de Procedimiento Penal atribuye a las Cámaras el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieran los motivos de agravio, los que deberán ser resueltos en la forma prevista por el art. 168 de la Constitución de la Provincia. En los procesos correccionales por interpretación del art. 342 del Código de Procedimiento Penal los motivos de agravio son aquellos expuestos, en su caso, al fundarse el recurso, y si éste no se hubiera fundado, tal silencio importa reiterar los planteos formulados en primera instancia.
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: G. S.A. c/ B. C. S.A. s/ Rectificación de cuenta corriente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-10

La jurisprudencia mayoritaria ha decidido que el vencimiento parcial en juicio puede producirse aunque una de las partes se haya limitado a impugnar las pretensiones de la contraria. En tal caso, o los pedimentos de una de las partes son varios y hay vencimiento del demandado en cuanto a las pretensiones admitidas y vencimiento del actor en cuanto a las pretensiones no admitidas; o la solicitud es una, pero divisible.
Sucesiones, resoluciones apelables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DUBINI EMILIO Y LUIGIA O LUISA STURBINI DE DUBINI s/ Sucesión (LIBRO: A067 - 250)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-10-03

"...En el proceso sucesorio de acuerdo a las disposiciones del C.P.C. solamente son susceptibles de apelacion las siguientes resoluciones: a) la sentencia declaratoria de herederos o de reputacion de vacancia de la herencia (art. 320 inc. V); b) el auto que suspende los tramites del juicio cuando se susciten las cuestiones previstas en el primer apartado del art. 323 y que deben sustanciarse mediante procedimiento ordinario por pieza separada; c) el auto denegando la apertura de la sucesion en caso de fallecimiento presunto (art. 326, tercer apartado); d) el auto fijando el dia presuntivo del fallecimiento o no haciendo lugar a la peticion (art. 328 apartado 3ro.) e) el auto que regula honorarios al administrador al aprobarse la cuenta final (art. 345 inc. III ultima parte); f) el auto que resuelve las observaciones a las operaciones de inventario, avaluo y particion de los bienes sucesorios (arts. 348 apartado 2do. y 353 apartado 2do.); o sea que las demas cuestiones que se planteen y resuelvan son de caracter innominado y carecen de alzada.-
Títulos ejecutivos, cláusula sin protesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vásquez, Felipe Alberto c/ Dominguez, Antonio M. y-o Kank, José s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-02-28

Tratándose de un documento pagadero en los domicilios de los deudores que lleva impresa la cláusula "sin protesto" no excluye la carga de presentación para hacerla efectiva.

En efecto: la deuda así instrumentada requiere del ejecutante la obligación de presentarse en el domicilio del deudor -o el indicado en el título como lugar de pago- para requerir su oblación, porque el mero requerimiento de pago sin exhibición del título no importa presentación concebida como carga especificamente cambiaria cuya noción comprende la actitud descripta.
Prescripción adquisitiva, pago de tributos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sucesores de María Agustina González de Gallardo c/ Dora Esther González de Hourcade s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-03-21

El pago de impuestos, tasas y contribuciones que gravan el inmueble a prescribir adquisitivamente nada prueban con relación al corpus.

Aunque se acredite haberlos abonado -incluso- por todo el tiempo de la posesión será insuficiente para el éxito de la pretensión siempre y cuando no venga acompañado de otras pruebasEn realidad, el pago de esta clase de tributos sólo exterioriza el animus domini.
Daños y perjuicios, indemnización, daño por vicio o riesgo de la cosa, cosa riesgosa, teoría de la aceptación del riesgo, trampolín
Materia: CIVIL
Carátula: Pose, José Daniel c/ Chubut, Provincia del y otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

La teoría de la aceptación del riesgo ha sido sostenida siempre en el marco de riesgos anormales o extraordinarios, calificaciones que no pueden predicarse del mero lanzamiento de un trampolín o una plataforma colocados en la playa con ese fin específico.
Medidas cautelares, cláusulas del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUDAMFOS SA c/ BK ARGENTINA SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-06

La admisión de la pretensión cautelar solicitada -continuar la elaboración y venta de ciertos productos-, hasta tanto se declare nula por inconstitucional, la cláusula contractual cuestionada, importaría desvirtuar la naturaleza de éste tipo de medida, ya que por su intermedio se obtendría de un modo anticipado el resultado pretendido en el proceso sustancial, al cual sólo podría accederse a través de una sentencia de mérito, por lo que corresponde desestimar el reclamo.

(Disidencia del Dr. Di Tella).
Daños y perjuicios, indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Bonadero Alberdi de Inaudi, Martha Angélica y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-16

Para fijar el monto del daño moral debe tenerse en cuenta su carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado a los familiares de la víctima, que se ven privados de un esposo y padre que contaba con 42 años de edad a la época del fallecimiento.
Incapacidad, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Buroni Daniel Oscar y otra c/ Giachino Raúl y/o quien resulte propietario y/o responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-14

Existe un derecho a la integridad corporal que debe ser protegido, aún cuando su afectación no originare secuelas incapacitantes. La lesión ósea, la cicatriz aún cuando no fuere deformante, da derecho a la indemnización, lo que debe hacerse con prudencia y equidad, mirando a toda la persona de la víctima y en sus circunstancias.
Tratados internacionales, sustracción internacional de menores, restitución internacional de menores, aplicación de la ley, residencia habitual del niño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

Dentro del marco del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (ley 23.857) constituye un requisito previo a dar curso a un pedido de restitución de menor, la comprobación de que su retención es ilícita según las normas del Estado de la última residencia del niño. Para facilitar ese cometido a las autoridades del Estado requerido - que son las que deben resolver acerca de la procedencia de la solicitud (conf. arts. 3 y 15) - la Convención de la Haya establece con flexibilidad los procedimientos que posibilitan conocer el derecho aplicable.
Compraventa inmobiliaria, escrituración, mora del vendedor, entrega de la posesión
Materia: CIVIL
Carátula: PONCE DE LEON, FEDERICO A. c/ SABSAY, FERNANDO LEONIDAS s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-04

La extensión temporal del poder, cinco años, sin un plazo de caducidad y la subsistencia de la obligación de escriturar en tanto no fuese cumplida, revelan que gravitaba sobre el vendedor el deber por lo menos, carga secundaria de conducta- de mantener incólume la posibilidad de pagarla. Por consiguiente, no puede reprocharse al comprador que no haya escriturado antes de anotarse la inhibición, puesto que era facultativo para él hacerlo cuando se decidiese, por lo que cabe concluir que el impedimento sobrevenido dejó al vendedor incurso en mora, efecto que se produce tanto en el incumplimiento definitivo como en el temporario. Este estado no releva al acreedor de probar los daños moratorios (art. 508 del Código Civil), salvo aquellos que se producen "in re ipsa", como son los gastos que el adquirente tuvo que realizar para remover el impedimento y que quedan comprendidos en la condena en costas.

No es daño moratorio indemnizable la invocada privación del uso del inmueble. Reconocida la entrega de la unidad y el pago total del precio, la posesión adquirida legítimamente en virtud del boleto (art. 2355 "in fine" del Código Civil, párrafo agregado por la ley 17.711), que era de buena fe por no concurrir igual obligación de entregarlo a otro adquirente que pudiera estar en conocimiento del comprador (doctrina de los arts. 594 y 3269), a la que se adiciona la inexistencia de medida que trabase la libre disponibilidad al tiempo de efectuarse la tradición traslativa de la posesión (art.

2395 del código citado), protegía al comprador y le confería oponibilidad a esa posesión a terceros (art. 1185 bis, texto introducido por la ley 17.711) inclusive frente a un eventual concurso del vendedor. Nada le impedía ocuparlo personalmente, por lo que falla el presupuesto tenido en cuenta para indemnizar la privación del uso en los casos en que no ha mediado entrega de la posesión.
Recurso de casación, acusación, proceso penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERREYRA, JULIO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

La 'acusación' se integra con dos actos procesales distintos y complementarios que tienen características particulares tales que impiden sostener que cualquiera de ellos cumple, por sí solo, con la exigencia del art. 18 de la Constitución Nacional en el sentido de que presupuesto de una sentencia condenatoria en materia penal es que haya mediado acusación y prueba.
Prescripción de la acción penal, tesis del paralelismo
Materia: PENAL
Carátula: D., R.O. s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-11

El plazo que sirve para contabilizar la posibilidad de prescripción de la acción penal de los delitos que concurren en formal real debe ser el que propone la tesis del paralelismo, no la de la acumulación o cúmulo jurídico. La jurisprudencia de la Corte Suprema es tributaria de la primera solución; la letra del C.P., art. 62 inc. 2 permite concluir que el máximo a considerar es el máximo de la escala penal señalada para el delito; así parece sugerirlo el plazo razonable del justiciable a obtener un pronunciamiento definitivo.
Excepciones procesales, competencia por la materia, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Ibarrra  Daniel  Antonio c/ Provincia Aseguradora de Riesgos delTrabajo SA s/ accidente-acción civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-31

Resulta competente la Justicia Nacional del Trabajo para entender en una causa donde se debate si la A.R.T. que pagó la prestación dineraria prevista por la ley 24557 (art. 14) por una incapacidad laboral, es o no deudora de intereses en razón del pago realizado cuatro años después del evento dañoso. Ello así, por aplicación de lo dispuesto por la CSJN en la causa "Marchetti, Néstor Gabriel c/La Caja ART SA s/ley 24.557", del 4/12/2007 en donde dispuso que "si se demanda a una entidad de derecho privado, como son las aseguradoras de riesgos del trabajo, a propósito de un planteo basado en disposiciones de naturaleza común, laboral o de la seguridad social, el reclamo resulta ajeno a la excepcional competencia de la justicia federal".
Recurso de inaplicabilidad de ley, pago de la remuneración, funcionarios judiciales, constitución en mora, intereses, aceptación sin reserva, reserva a la percepción de intereses, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: A., M. Y OTROS c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (PODER JUDICIAL) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

En el caso de autos no se ha acreditado la apuntada interpelación - art. 509 2do párrafo - , por lo que tampoco se ha constituido técnicamente en mora a la Administración.

Pero además de la interpelación y puesta en mora que es su efecto, tratándose de sueldos que los actores reconocen les han sido pagados debió haberse acreditado, y no lo ha sido, la formulación complementaria de la reserva por los intereses en los respectivos recibos de sueldos al cancelarse éstos o por otro medio, en función del art. 624 del Cód. Civ., el cual establece que el recibo del capital emitido por el acreedor sin reserva alguna sobre los intereses extingue la obligación del deudor respecto de ellos.
Prescripción de la acción penal, sentencia firme, notificación de la sentencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Moran, Santiago Luis s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-09

Si bien la notificación fehaciente del fallo firme que impuso la inhabilitación no se ha cumplido formalmente, la presentación del sentenciado implica, con la necesaria certeza, pleno conocimiento de la desestimación de la queja ante la CS y desde ese día rige el deber de abstención que en modo alguno puede excusar la alegación prescriptiva. El voto concurrente señaló que la ineficiencia del Estado en desplegar los mecanismos necesarios para cumplir con las cargas que le impone la ley no puede valorarse en contra de los intereses del imputado. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Fégoli, Madueño -según su voto-).
Marcas, uso de marca, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: Crocito  Fabián  Rafael  y  otro c/ Gel Technologies Corp. Suc.Argentina s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-15

De las constancias acompañadas, no se advierte -en este estado liminar del juicio-, verosimilitud del derecho suficiente para que Gel Technologies Corp. Sucursal Argentina cese en el uso de su nombre social y designación en su actividad y tal como lo venía haciendo (art. 28 de la ley 22.362). De la documentación aportada surge, prima facie -más allá del desconocimiento formal que efectúa la actora-, la constitución de la sociedad con tal nombre en Estados Unidos de Norteamérica cinco años antes que la sociedad actora en nuestro país. Por otra parte, tampoco se puede soslayar -en este estado- lo manifestado por la Inspección General de Justicia en relación con la necesidad de las sociedades extranjeras de inscribirse bajo la denominación social idéntica a la matriz, como sucede en la especie. La controversia relativa a estos extremos excede el reducido marco de conocimiento cautelar e involucra cuestiones que deberán ser decididas una vez que ambas partes formulen sus planteos pertinentes y produzcan la eventual prueba que crean conveniente a efectos de sustentarlos.
Honorarios, regulación de honorarios, intereses, convertibilidad, mora del deudor
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Autolatina Argentina S.A. s/ apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Es descalificable el pronunciamiento que dispuso que los importes correspondientes a los honorarios devengarían intereses -a los fines de mantener su contenido económico de conformidad con lo establecido por el art. 10 del decreto 941/91- con prescindencia de la eventual mora en que incurriese el deudor.
Improcedencia del recurso, fuentes del derecho, adicionales de remuneración
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Aguas de Santiago S.A. c/ Amado, Carlos Ángel E. y Otros s/ Acción meramente declarativa de certeza - Casación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2015-09-30

Procede rechazar el recurso de casación, pues surge claramente que la pretensión encierra en esencia una cuestión de derecho y su fuente causal y de regulación, por lo que cabe recordar que el art. 1 de la Ley 20.744 establece las fuentes del Derecho que han de regir los contratos de trabajo, y en virtud de ello, el Acta Acuerdo Nacional celebrada entre FE.N.T.O.S. y Obras Sanitarias de la Nación en el marco del CCT 57/75 en la que se pactó el pago del adicional 2/7 -cuyo desconocimiento alega la empleadora-, corresponde a la fuente enunciada en el inc. c del art. 1 de la mencionada ley: convenciones colectivas de la ley 14.250, dichos acuerdos una vez homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, son obligatorios no sólo para los firmantes sino para todos los sujetos comprendidos dentro del ámbito personal y espacial de aplicación. (del voto por su fundamento del Dr. Herrera).
Alimentos, obligación alimentaria, alimentante con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: D.A.M.  Y OTRO c/ S.A.M. s/ ALIMENTOS PAUTAS PARA LA FIJACION DE LA CUOTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

Si una de las firmas en la que participa el alimentante se encuentra concursada preventivamente, ese sólo hecho, aunque pueda influir en sus ingresos no resulta decisivo para concluir en la falta de medios económicos, toda vez que se trata de una persona jurídica diferente de sus componentes y con un patrimonio propio también distinto del de cada uno de los socios.
Contratos comerciales, compraventa de automotores, plan de ahorro previo, contrato preliminar, etapas precontractuales, responsabilidad contractual
Materia: COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Rodolfo c/ Cassano, Luis s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-14

Cabe diferenciar entre el denominado "período precontractual" y la relación dada a partir de la celebración y perfeccionamiento de un contrato, aquel contrato. Aquel período corresponde a la formación del consentimiento contractual, en tanto que en el contrato dicho consentimiento ya está formado y, sobre todo, expresado.

El contrato que se presenta como antecedente necesario de otro contrato constituye respecto a éste un "precontrato" o "antecontrato", que no debe ser ubicado en el denominado "período precontractual", ese "precontrato" o "antecontrato", en tanto que contrato genera obviamente una responsabilidad contractual y no precontractual, pues no resulta del abuso de derecho de no contratar o de la ruptura intempestiva de las tratativas que signifique un apartamiento injustificado de esos preliminares contractuales, sino de otras circunstancias - como ser del incumplimiento del contrato o de la nulidad por vicios del consentimiento.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, leyes, BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, crédito hipotecario, vivienda, bienes inembargables, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Banca Nazionale del Lavoro S.A. c/ Abdala, Manuel s/ Recurso de inconstitucionalidad-Demanda ejecutiva (Expte. C.S.J.   Nro. 258 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-20

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el recurrente cuando en modo alguno persuade que la Sala haya prescindido lisa y llanamente del texto expreso de la ley o haya excluido la aplicación del artículo 1 de la ley 15283 sin dar razones plausibles para ello. Por el contrario, el descarte de la subsunción normativa propuesta por la apelante está seguida de concretas y suficientes motivaciones que permiten desechar la endilgada infracción constitucional. Es que la sustancia impugnativa deja incólume los dos aspectos sustanciales mediante el cual el A quo rechaza la pretensión de extensión de las garantías de inembargabilidad e inejecutabilidad (art. 35, ley 22232), cuales son:

que la Mutual del Personal de la Junta Nacional de Granos no es una de las entidades que pueda considerarse inserta en el artículo 1 de la ley 15283 y que la operatoria concertada por el ejecutado con esa entidad tampoco es "similar" a las que pueden celebrarse con el Banco Hipotecario Nacional. En resumidas cuentas, la quejosa en modo alguno demuestra que el A quo desplace la aplicación del mencionado precepto con apoyo en criterios que no se sustentan ni racional ni jurídicamente en el ordenamiento legal vigente y en las constancias de la causa por estar formulados mediante afirmaciones dogmáticas carentes de sustentación objetiva. (Del Voto del Dr.

Netri)