Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-30


TS07D44237 SENTENCIA DEFINITIVA Nº 44237 CAUSA Nº 24.158-08 SALA VII -JUZGADO Nº 2- En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2012, para dictar sentencia en los autos: " MORETTI ADRIAN EMILIO c/ OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA s/ despido" se procede a votar en el siguiente orden: LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 4/12, se presenta el actor e inicia demanda contra OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA, por cobro de las indemnizaciones correspondientes por despido.

Relata que el 3 de agosto de 1999 ingresó a trabajar a la OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA, desempeñándose en tareas administrativas.

Señala que en el mes de mayo de 2007 se entera que su empleadora no estaba haciendo los aportes en el organismo de la seguridad social.

Indica que había solicitado un crédito hipotecario en el Banco Ciudad, el cual fue rechazado porque la A.F.I.P. le informó que su empleadora no estaba cumpliendo con los aportes de Ley al S.U.S.S..

Destaca que le informaron en la Delegación de A.N.S.E.S. y en su A.F.J.P. NACION, que la accionada no realizó ni realiza aportes al organismo de la seguridad social desde el mes de septiembre de 2002.

Manifiesta que ante esta situación el 6 de junio de 2007, intima a la demandada para que regularice los pagos de aportes al organismo de la seguridad social y se los exhiba (ver TCL, transcripto a fs. 5vta.).

Describe que la accionada contesta dicha misiva negando tal circunstancia y expresa que pone a su disposición la documentación que acredita que realizó dichos pagos (ver CD., de fs. 6).

El 19 de junio de 2007, la accionada no le exhibió los recibos conteniendo los pagos de aportes, por tal motivo ese mismo día y año se consideró despedido (ver CD. de fs. 6vta.).

Viene a reclamar las indemnizaciones correspondientes por despido incausado, salarios adeudados, multas y recargos previstos por la normativa laboral, entrega del certificado de trabajo establecido en el art. 80 de la LCT., art. 16 de la Ley 25.561 e indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la falta de pago de aportes.

A fs. 26/37vta., contesta demanda la accionada. Desconoce todos y cada uno de los hechos invocados en el escrito de inicio por el accionante.

Manifiesta que el actor se considero injuriado y despedido en forma indirecta por la falta de pago de las obligaciones previsionales.

Señala que viene padeciendo serios problemas económicos y financieros, los mismos que habían dado lugar a la sanción de la Ley 25.561 de emergencia económica y sanitaria.

Relata que es verdad que actualmente registra atraso en los ingresos de los aportes del actor y del resto de su personal.

Manifiesta que en el mes de setiembre de 2007, ingresó en el Plan Mis Facilidades Ley 26.283 por deuda de aportes y contribuciones hasta el mes de agosto de 2007 inclusive.

Expresa que dicho plan fue presentado con fecha 2 de mayo 2008 en 180 cuotas bajo el Nº de prestación B106002.

Resalta que la falta de aportes al organismo respectivo ha quedado resuelto con la presentación en la moratoria, por lo cual la cuestión se torna abstracta.

Impugna liquidación y solicita el rechazo de la demanda.

La sentencia de primera instancia obra a fs. 284/286.

Luego de analizar los elementos de juicio aportados a la causa, el "a quo", decide hacer lugar parcialmente al reclamo impetrado por el actor por considerar que la omisión patronal de los aportes de la seguridad social no reviste la entidad ni gravedad suficiente para ser configurativa de injuria que impidiera la prosecución del vínculo laboral conforme art. 242 LCT..

El recurso que trataré llega interpuesto por la parte actora a fs. 287/290.

II.- El apelante cuestiona que en el fallo se haya considerado ilegítimo el despido indirecto, al sentirse injuriado por -falta de pago de aportes por parte de su empleadora al organismo de la Seguridad Social-, ya que a su entender dicho rubro por sí sólo resulta suficiente a los fines de justificar el distracto. A mi ver el recurso resulta eficaz en este aspecto.

Debo señalar con respecto a la ruptura del vínculo, que la situación fáctica indica que el accionante intimó a la demandada para que regularice su falta de pago de aportes de ley al sistema de la seguridad social y previsional, lo que considera incumplimiento injurioso, y lo hace bajo apercibimiento de considerarse despedido. En el presente caso tal consecuencia legal se tuvo por cierta y reconocida por la accionada "la ausencia de falta de pagos de aportes al sistema de la seguridad social desde el mes de septiembre de 2002", así como su acogimiento a un plan de facilidades conforme ley 26.283 a efectos de regularizar dicha situación desde el 2 de mayo de 2008.

Teniendo en cuenta ello y sin perjuicio del plan al que se acogió la accionada, considero que el distracto dispuesto por el accionante se ajustó a derecho. Además deseo señalar al respecto que cuando son varias las causales invocadas en la notificación del auto-despido, la acreditación de alguna de ellas, que tenga bastante virtualidad o entidad como injuria, es suficiente para justificar la medida y admitir el reclamo indemnizatorio pertinente.

En el presente caso, de acuerdo con las pruebas producidas -pericial contable- y el propio reconocimiento de la accionada queda acreditada y demostrada de manera prístina la ausencia de pago de dicha causal. Teniendo en cuenta todo lo expresado en los párrafos anteriores considero que ello ha sido el motivo determinante del despido, conducta, a mi modo de ver, suficientemente injuriante como para impedir la continuidad de la relación (art. 242 de la L.C.T.).

III.- En tanto se trató de un verdadero contrato de trabajo y la demandada no lo registró como tal, para determinar el monto de condena consideraré la remuneración de $1.837,98 y la fecha de ingreso -03.06.1999-, denunciadas en el inicio por el actor (art. 55 de la L.C.T.).

IV.- Previo a realizar el cálculo de la indemnización, caben las siguientes consideraciones. a.- Respecto a la multa del art. 2 de la Ley 25.323, la misma también corresponde, toda vez que -en el caso de autos- se aprecian cumplidas las exigencias previstas en la norma citada:

En primer lugar, la demandada fue oportunamente intimada a abonar las sumas correspondientes a indemnizaciones propias del distracto (ver C.D. de fs. 6vta.).

En segundo lugar el trabajador se vio obligado a litigar judicialmente para perseguir el cobro de las indemnizaciones referidas debido a la conducta de reticencia a abonar dichos conceptos asumida por la accionada. b.- La incidencia del sueldo anual complementario sobre las vacaciones no gozadas -proporcionales 2007-, resulta viable en tanto la compensación en dinero de estas reviste carácter remuneratorio (en igual sentido esta Sala en "Cabello Rubén O. c/ Nuevo Banco Bisel S.A.", sent. 39.389 del 10.07.06. c.- Considero que en autos no se ha acompañado ningún comprobante cancelatorio de pago, correspondiente al salario adeudado -mayo de 2007- por la demandada, por tal motivo propicio hacer lugar a dicho reclamo (art. 138 de la L.C.T.).

d.- En cuanto a la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, la misma procede. Esto por cuanto el actor cumplió con los requisitos que establece dicha norma.

En efecto, el art. 45 de la ley 25.345 agregó como último párrafo al 80 de la L.C.T. el siguiente: "...si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos... dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último...". A su vez el Decreto Reglamentario 146/2001 en su art. 3º dispuso que "...el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos.... dentro de los 30 (treinta) días corridos de extinguido, por cualquier causa el contrato de trabajo". Conforme a lo establecido en el presente artículo la parte actora ha cumplido con dichos requisitos formales, en tanto la Carta Documento que allí se menciona, contiene la intimación con respecto a la entrega de los certificados en cuestión (ver CD. transcripta a fs. 6vta.).

e.- En relación al agravamiento de las indemnizaciones por despido, tiene razón la actora en cuanto pretende su aplicación en atención a la fecha del distracto, ocurrido el 19-06-2007.

En efecto, la cuestión ha sido resuelta en un Plenario dictado por esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que integro, mediante el cual por mayoría se ha arribado a la siguiente doctrina: "La condición prevista en el artículo 4º de la Ley 25.972, en lo referente a la derogación del incremento indemnizatorio del artículo 16 de la Ley 25.561, sólo debe considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1.224/07" (ver Plenario nº 324, Acta 2.553 en autos "LAWSON PEDRO JOSÉ C/ SWISS MEDICAL S.A. S/ DESPIDO" del 30-06-2010).

Luego, obvio es decir, al momento de la desvinculación del actor el agravamiento aún se encontraba vigente, por lo que resulta acreedor de dicho rubro.

f.- Cabe condenar a la demandada a la entrega de las certificaciones correspondientes con las siguientes especificaciones: debe entregar el certificado de trabajo que prevé el art. 80 de la L.C.T. y el certificado a los fines previsionales que contengan la mención de: categoría, reales salarios percibidos -mes por mes- y tiempo de trabajo cumplido, todo ello en el formulario específico que provee a ese fin la ANSES (arts. 80 de la L.C.T. y 12, inc. g) de la ley 24.241), bajo apercibimiento de astreintes. Dicho certificado se deberá acompañar a partir de que sea notificada la intimación expresa que se deberá practicar luego de devueltos los autos a primera instancia. g.- No corresponde hacer lugar al rubro daños y perjuicio por la falta de pago de aportes, ya que esto no produjo el rechazo del crédito hipotecario solicitado por el actor al Banco Ciudad. En consecuencia, el accionante resulta acreedor de las siguientes sumas: 1) Ind. Art. 245 L.C.T. $ 14.703,84.- 2) Ind. Sust. del Preaviso. $ 3.675,96.- 3) S.A.C s/ preaviso $ 306,33.- 4) Días de junio 2007 más intg. $ 1.837,98.- 5) vacaciones prop. 2007 $ 735,00.- 6) S.A.C. s/ vacaciones prop. $ 61,25.- 7) Art. 16 Ley 25.561 50% $ 9.189,90.- 8) Art. 2 Ley 25.323 $ 9.189,90.- 9) Art. 80 L.C.T. $ 5.513,94.- Total $ 45.214,10.- Sobre dicho importe se liquidarán intereses desde que cada suma fue debida y hasta el efectivo pago, la tasa de interés prevista en el acta 2357 conf. Resolución de Cámara Nº 8 del 30/5/02. Esto último, en la especie, estado actual y trámite que precede el recurso se adecua -como tasa variable- a la índole de la cuestión que se resuelve (cfr. art. 622 del Código Civil) Sala VII, "Orellano, Felipe Santiago c/ Gimeco S.R.L.", sent. 36.151 del 21.5.02; "Rivas, Roberto C. C/ Taym S.A.", sent. 36.178 del 31.5.02.

V.- Teniendo en cuenta lo resuelto en el considerando anterior, el monto de condena ascenderá a la suma de $64.046,10 ($45.214,10 -Liquidación- + $18.832 -monto de condena de primera instancia-) más los intereses que no llegan cuestionados.

VI.- La solución expuesta impone dejar sin efecto todo lo dispuesto en primera instancia en materia de costas y honorarios del juicio. En esa tesitura, propongo que las costas de primera instancia sean soportadas por la demandada (arts. 68 y 279 del C.P.C.C.N.).

VII.- Asimismo, propicio se regulen honorarios por la actuación en la instancia anterior de las representaciones letradas del actor, de la demandada, perito contador y perito calígrafo en el 18%, 14% 7% y 3% del monto total de condena con inclusión de intereses (art. 38 L.O. y demás normas arancelarias).

VIII.- De tener adhesión mi voto propicio que las costas de alzada se declaren en el orden causado, atento la falta de réplica al escrito de recurso (art. 68 del C.P.C.C.N.) y se regulen honorarios a la representación letrada de la parte actora en el 35% de los determinados en la instancia anterior (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).

LA DOCTARA BEATRIZ I. FONTANA: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede. EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO: no vota (art. 125 de la Ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar el fallo en lo principal que decide y condenar a OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA a pagar al Sr. ADRIAN EMILIO MORETTI, dentro del quinto día de notificado la suma de $64.046,10 (SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS) más los intereses dispuestos en el considerando IV del compartido primer voto. 2) Imponer las costas de primera instancia a cargo de la demandada. 3) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de primera instancia y fijar los correspondientes a las representaciones letradas de la parte actora y de la parte demandada, del perito contador y del perito calígrafo en el 18% (DIECIOCHO POR CIENTO), 14% (CATORCE POR CIENTO), 7% (SIETE POR CIENTO) y 3% (TRES POR CIENTO) del monto de condena con inclusión de intereses. 4) Costas de alzada en el orden causado, atento la falta de réplica al escrito de recurso y se regulen honorarios a la representación letrada de la parte actora en el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) de lo determinado en la instancia anterior. Regístrese, notifíquese y devuélvase.