marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, quiebra, contratos en curso de ejecución
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: La Portada S.A. s/ Concurso preventivo s/ Inc. continuación contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Si bien cuando el plazo de treinta días prescripto por el art. 20 de la ley Concursal ha vencido sin que el concursado hubiese solicitado durante el mismo la pertinente autorización, el cocontratante está facultado a solicitar la resolución del contrato, es lo cierto que mientras éste último no haya ejercido ese derecho, aquél está facultado para hacerlo aún más allá de los treinta días hábiles.

Es que cuando ninguno ha hecho nada en referencia a este tema, el concursado puede solicitar y obtener la autorización para continuarlo aunque hubiese vencido el plazo por cuanto se considera que la resolución no se opera automáticamente.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL
Carátula: A., A.B. c/ A., A.A.M. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-06-23

No configura una crítica concreta y razonada de los fundamentos del juzgador la mera disconformidad e invocación de doctrinas jurídicas sobre apreciación de la prueba, ni tampoco importa agravio la referencia específica sobre que determinado testigo es amigo, sin formular de modo preciso los errores que le atribuye constituyendo el memorial una mera discrepancia con lo resuelto.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, interpretación de la ley, interpretación sistemática
Materia: PENAL-FILOSOFIA
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

En el rea penal debe hacerse una interpretación amplia o común de corte innovador -con opciones valorativas en el momento semántico y que permitiera asegurar la solución más plausible, justa y razonable- para todas las cuestiones ajenas a la tipicidad, la pena y la coerción personal. Allí anida sin sobresaltos el pensamiento dialéctico con el valioso concurso de la tópica y la retórica.

Recurrir a los tópicos jurídicos no significa tirar por la borda la idea de un sistema de derecho, más vale se trata de objetar la aplicación rígida e inflexible de reglas que permitan alguna alternativa o adecuación más plausible, justa o razonable.

Simplemente sucede que gracias a los tópicos jurídicos el juez va a disponer de una mayor libertad en la interpretación de los textos legales; y en su flexibilización, esta libertad, en lugar de conducir a la arbitrariedad, aumenta los medios intelectuales que el juez dispone para la búsqueda de una solución razonable, aceptable y equitativa. (Del Voto del Dr. Ríos -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Claussen Frías, Luis Enrique c/ Motos Porta S.R.L. s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-27

Constituye accidente de trabajo el producido durante una pausa del trabajo aunque no sea en tiempo de servicio efectivo, si al acaecer el infortunio la víctima se encontraba sujeta a las directivas del empleador y contaba con su autorización para conducir el vehículo con el que se accidentó.
Revocación de la libertad condicional, cumplimiento de la pena
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de libertad condicional en autos Recalde Mareco, Bartolomé s/ infr. art. 189 bis, CP' 189 bis, CP'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-19

La revocación de la libertad condicional se dispuso antes de la fecha en que, de acuerdo al cómputo efectuado oportunamente -y no cuestionado por la defensa-, vencía la pena impuesta, cuestión central a la que la defensa ha omitido referirse. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Jubilaciones, jubilación por trabajo insalubre
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SOLARI, CARLOS ALBERTO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

El Dictamen n° 23.180 de la Dirección de Programación Normativa de la S.S.S. (12.02.96), estableció que los encargados apuntadores marítimos están excluidos del régimen del Dec. 5912/72, pudiendo, sí, el personal referido, quedar incluido en la disposición del Dec. 4257/68, art. 1, inc. f), debiendo para ello hacer constar el empleador en las certificaciones pertinentes que el trabajador se desempeñó habitualmente en lugares o ambientes insalubres, así como también el horario laboral cumplido, para poder solicitar aquéllos el beneficio jubilatorio en los términos del decreto mencionado en último término. Por ello, surgiendo estas circunstancias acreditadas de las constancias de autos, corresponde confirmar la sentencia del a quo que tuvo por encuadradas en lo dispuesto por el Dec. 4257/68 las tareas desempeñadas por el actor
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daños y perjuicios, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Flores, Virgilio Rolando c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

La LDC 40 responsabiliza al productor, al fabricante, al importador, al distribuidor, al proveedor, al vendedor y a quien haya puesto su marca en la cosa o servicio; de modo tal que más allá de que la enumeración legal es simplemente enunciativa, corresponde interpretar que la Ley de Defensa del Consumidor quiere responsabilizar a todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que han participado en la concepción, creación y comercialización del bien o del servicio, y no sólo a quien lo provee en forma directa (CNCom, Sala D in re "González, Elena Delia c/ Íbero Asistencia SA", del 23/11/12, entre muchos otros; cfr. Rezzónico, en "Principios fundamentales de los contratos", Buenos Aires, 1999, pág. 376 y sig., entre muchos otros autores).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Jimenez, Juan Antonio s/ Homicidio y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley donde se denuncia que la Excma. Cámara invocó dos testimonios transgrediendo el art. 246 del Código de Procedimiento Penal en tanto resolvió que la defensa omitió urgir la citación de los testigos en cuestión; si el recurrente no intenta evidenciar la situación de muerte o ausencia requerida en la norma legal invocada.
Resolución del contrato, actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lizarraga Alberto c/ Queiruga A. s/ Resolución contrato consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-15

Quien reclama la desindexación con fundamento en la ley 24.283 debe demostrar de modo convincente que el procedimiento de reajuste utilizado en el caso conduce a un resultado que se aparta de la realidad económica, produciendo así un enriquecimiento indebido a favor del acreedor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pena, cómputo de la pena, prisión preventiva, reclusión, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Casal Muñiz, Pedro Andrés s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-03

Corresponde declarar la constitucionalidad del art. 24 del C.P. en cuanto ordena computar dos días de prisión preventiva, uno de prisión. De los documentos precedentes a la sanción del Código Penal se permite concluir en que las penas de prisión y reclusión son diferentes no sólo por el distinto régimen ejecutivo previsto al dictarse aquel ordenamiento de fondo, sino también por la naturaleza diferente de la sanción, por la clase de delitos a los que se aplica y por la personalidad de sus autores. De modo, pues, que desaparecida la distinción relativa al régimen de cumplimiento por virtud de lo dispuesto en la ley 24.660, subsiste en las restantes, y éstas justifican la razonabilidad de la distinta compensación del período de prisión preventiva, así como descartan la afectación del principio de igualdad en tanto median circunstancias objetivas que permiten la discriminación establecida en el texto legal, las que también se manifiestan -entre otras- en materia de libertad condicional, condena de ejecución condicional y disminución de la pena en la tentativa. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso en disidencia).
Delitos contra la salud pública, escala penal, inconstitucionalidad, contrabando de mercadería prohibida
Materia: PENAL
Carátula: Marullo, Matías Leonel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-08

Corresponde rechazar el cuestionamiento relativo a significación jurídica asignada a los hechos atribuidos al encausado (art. 864 inc. "d" del C.A. - el imputado intentó extraer del país clorhidrato de ketamina oculto en botellas de shampoo y acondicionadores, a los fines de burlar el control- y la agravante establecida en el art. 865 inc. "h" del C.A.), pues las múltiples referencias efectuadas por los jueces, las cuales no fueron controvertidas por la defensa, sustentan la afirmación del tribunal en cuanto a que el consumo de clorhidrato de ketamina en humanos tiene aptitud para dañar la salud pública, por lo que el dato de que la sustancia en cuestión tiene aptitud para dañar la salud ha sido debidamente concluido. No puede otorgarse en la instancia favorable andamiento a la pretendida aplicación de una pena por debajo del monto mínimo legal previsto para el delito imputado, en el convencimiento de que los motivos que llevaron al legislador a imponer dicha escala penal, reconocen como fundamento una razón objetiva de discriminación, que no aparece como arbitraria, sino fruto del uso de la razonable discreción legislativa. Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 872 del CA., toda vez que la equiparación de penas entre el delito de contrabando consumado y tentado no vulnera ninguna de las garantías constitucionales alegadas por la defensa y se fundamenta en que la portación de la mercadería en forma oculta, para lograr su ilegal ingreso o egreso, sin control aduanero, ya pone en peligro el bien jurídico protegido: el patrimonio nacional.
Declaración jurada impositiva, confesión extrajudicial, valor probatorio
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: LUI, MARIO FERNANDO c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ DEUDAS CON LAS CAJAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

La declaración de impuesto a las ganancias, si bien podría ser considerada como un elemento coadyuvante para determinar las causas eximentes del depósito previo en el marco de la doctrina de la C.S.J.N., al no hallarse debidamente autenticada por autoridad competente debe concluirse que ella, por sí sola, no es idónea a tal fin, dado que las manifestaciones efectuadas por la parte en sus declaraciones juradas presentadas ante la D.G.I. configuran una confesión extrajudicial, por lo que su contenido deberá ser acreditado por los medios de prueba establecidos por la ley (cfr.

arg.

art. 425 C.P.C.C.).
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: MONTENEGRP BEATRIZ ELDA s/ RECTIFICACION DE PARTIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-03-27

Los errores "in procedendo" que precedieron al dictado de la sentencia, no constituyen sustento válido para su admisibilidad ya que dichos defectos debieron ser subsanados por la vía del incidente de nulidad que al efecto estatuye nuestro ordenamiento procesal, y en la instancia en que han sido cometidos.
Contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, rectificación de cuenta corriente, acción de impugnación, prescripción, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BIDOU, JUAN CARLOS c/ BANCO DE CREDITO ARGENTINO SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-26

Es improcedente que la entidad bancaria, sancione con extremo rigor al cuentacorrentista, teniendo por reconocidas automáticamente las cuentas volcadas en los resúmenes, cuando, como en el caso, el banco incumplió con el deber de suministrar una información apropiada. Menos aun, cabe desconocer, que en la realidad cotidiana el cliente bancario promedio no conoce las normas y técnicas que regulan un campo tan complejo como es el de las finanzas. Por ende, no puede inferirse de la falta de impugnación fehacientemente documentada -mes de junio de 1992-, la falta de cuestionamiento de los resúmenes de cuenta en termino, pues impedir la revisión del saldo de ese mes, base de ulteriores estados de la cuenta del actor, podría conducir a la persistencia de un error que implicaría un enriquecimiento sin causa del banco, porque si existen errores, los saldos "definitivos" resultan revisables respecto de aquellas partidas viciadas de la cuenta, para así evitar que se tenga por valida una conducta ilícita o negligente del banco, para lo cual, el Ccom 790 otorga un plazo de 5 años. (En el caso, cabe determinar como consecuencia de lo expresado, que es procedente tener por impugnada en debida forma y tiempo útil el saldo deudor reclamado al 28.7.92- y abarcativa de los períodos correspondientes al mes precedente y al subsiguiente agosto de 1992 -fecha de cierre de la cuenta corriente-, conforme certificado reservado en proceso ejecutivo.
Injuria laboral, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: BASUALDO NICOLAS ANTONIO c/ FARMACIA AVELLANEDA Y/U OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS-CASACION OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-12-13

Para que se configure la injuria laboral, no es necesario que los hechos sean reiterativos ni constantes sino que es suficiente un hecho de envergadura tal que produzca la pÚrdida de confianza y consienta la disolución del vinculo laboral. Basta que la marcha de la empresa se encuentre perturbada por la actitud negligente o culpable del trabajador, cause o no un perjuicio económico al empleador.
Recurso de apelación (procesal), competencia, resoluciones recurribles
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARTIDO MOVIMIENTO VIABLE s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA-SALTO DE INSTANCIA Y EXPEDIENTES  ACUMULADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-10-28

La competencia derivada de éste Superior Tribunal de Justicia está determinada por el Art. 193, Inc. 2°, letra "d" de la Constitución Provincial. Por salto de instancia contra decisiones de los jueces de primera instancia en cuestiones de gravedad institucional". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de apremio, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires  c/ Matadero y Frigorífico El Mercedino S.A. y otros s/ Apremio. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-15

El tiempo trascurrido durante el trámite ante el Tribunal Fiscal, en el caso, no cumple con los extremos requeridos para ser considerado una causal de dispensa, conforme lo prescripto en el art. 3980 del Código Civil derogado, cuando el demandante-en rigor de verdad- pudo interponer la acción al efecto interruptivo.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Almirón, Carlos Alberto s/ Lesiones culposas Tosi, Mario Andrés; Sleidel, Daniel Ricardo s/ Lesiones culposas Mariani, Mariano César s/ Lesiones leves en riña Fernández, Hugo Gerónimo; Martínez, Olga Guillermina s/ Lesiones culposas Asociación Empleados de Casinos Nacionales Delegación Mar del Plata s/ Denuncia Urruchua, Héctor Domingo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03|1998-02-24|1999-04-13|2000-02-16|2001-03-14|2002-02-19

El art. 64 del Código Penal según la reforma introducida por la ley 24.316 permite una interpretación auténtica del texto del art. 67 del mismo texto legal; no puede afirmarse que tal interpretación auténtica sólo puede realizarse, en el Código Penal, en sus arts. 77 y 78, pues ello no resulta ni del concepto jurídico de interpretación auténtica ni de norma constitucional o legal alguna.
Pensiones militares, interrupción de la prescripción, fallo plenario
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Marconi, Luis Alberto c/ I.A.F. s/ Haber militar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Para la determinación del momento en que se produce la interrupción del curso de la prescripción, no obstante el criterio sostenido por esta Sala, corresponde aplicar la jurisprudencia plenaria de autos "Marcuzzi, del 25/9/91, conforme la cual "... el pago de haberes efectuado por el I.A.F. , con motivo de la Resolución del Ministerio de Defensa 598 del 30/4/85, sin mediar reclamo de parte, produce la interrupción del curso de la prescripción respecto de las diferencias no abonadas por períodos anteriores".
Acto administrativo, dictamen jurídico previo
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Volkswagen Argentina SA c/ GCBA (DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR. y sus acumulados: expte. no 6524/09 _\Velarde, Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA-Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; expte. no 6527/09 _\Monatirsky, Adriana Beatriz s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/  GCBA - Direccion General de Rentas (Resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; y expte. no 6528/09 _\Peloso, Rafael y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA- Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e..
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-10

De los arts. 7 y 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc. 23 del Código Fiscal del año 1999 (ley 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse que antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludiblemente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto administrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde, al que adhiere el Sr. Juez Carlos F. Balbín).
Defensa del consumidor, bancos, información al consumidor, tarjeta de crédito, resumen de cuentas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Citibank N.A. c/ Secr. de Comercio e Inversiones -Disp.DNCI 450/97
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

La entidad bancaria se encuentra obligada a dar a conocer información clara y veraz respecto del monto del cargo que debe imponer en supuestos de excesos en las compras, de modo que el cliente pueda tener cabal conocimiento del "costo financiero total" que pueden tener sus operaciones, para el supuesto de incurrir en exceso en los gastos con la tarjeta de crédito (cfme. comunicación A 2147, modificatoria de la A 49 -OPRAC 1). Si bien en esta última norma del ente de control financiero no se hace referencia directa a la operación en cuestión señala una pauta clara de la que resulta la obligación de las entidades a dar a conocer a sus clientes en forma clara y permanente el "costo financiero total" que tienen las operaciones que eventualmente quieran éstos realizar, protegiendo de esa manera la transparencia de los negocios.
Apelación en subsidio, costas, honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VIDELA Gustavo Luis c/ Municipalidad de la ciudad de San Juan s/ Varios (en Cont. Adm.) Actuaciones para elevar al Superior
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2021-09-01

No corresponde expedirse sobre costas y honorarios cuando la apelación resuelta proviene de un recurso de reposición articulado en primera instancia.
Proceso penal, imputado, defensor, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SANCHEZ, JOSE ALFREDO s/ IMPUTADO - DEFENSOR - DEFENSA EN JUICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1961-11-17

Desde un punto de vista formal, es manifiesto que nuestra ley no exige que el defensor esté presente durante la indagatoria ni que se lo deba notificar previamente. Basta observar el procedimiento o forma que prescribe la ley: 1) terminado el interrogatorio de identificación el juez debe informar al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, que puede abstenerse de declarar y que tiene derecho a nombrar defensor, o sea, que si no elige un letrado de su confianza, el juez debe nombrar, en tal carácter, al asesor de pobres. Está claro, entonces,que salvo el caso de que se deban cumplir actos irreproductibles,el imputado puede no tener defensor hasta este momento, previo al interrogatorio sobre el hecho; 2) efectuado el nombramiento de defensor y siempre que el imputado no se opusiere a declarar (o sea, si no usa la facultad de abstenerse) el juez le expondrá detalladamente el hecho que se le atribuye y le informará sobre las pruebas o indicios existentes en su contra, a continuación de lo cual lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente. Como se puede apreciar,la ley no prevé ninguna interrupción del acto, destinada a notificar a l defensor, sea de confianza, sea oficial y es evidente que si el imputado quiere declarar, puede hacerlo en esa misma oportunidad, aunque no esté presente el defensor.-