Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 276/279.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la accionante contra la resolución 82 del 1 de junio de 2017, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "VH DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.R.L. contra INTEROBRAS S.R.L. Y OTROS -ORDINARIO - RECURSO DIRECTO- (EXPTE. CUIJ Nº 21-04911119-0)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511710-8); y,	CONSIDERANDO:

1. Mediante pronunciamiento del 1 de junio de 2017 (fs. 2/3), la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad rechazó el recurso directo y declaró bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la accionante -en subsidio del de reposición- contra la providencia en virtud de la cual el Juez de baja instancia había tenido por despejada la cuestión atinente a la personería de la abogada que invocara la representación de ambas sociedades codemandadas -vinculadas entre sí mediante un contrato de unión transitoria de empresas-, desestimando de tal modo el incidente de nulidad incoado por la actora y ordenando que la causa prosiguiera según su estado.

Contra dicho resolutorio interpone la demandante recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario y lesivo de sus derechos constitucionales de defensa en juicio y de acceso a la jurisdicción (fs. 5/16).

Afirma que el poder acompañado por la letrada que se presentó en juicio por las codemandadas había sido otorgado únicamente por el representante legal de Metrocon S.R.L., en nombre de la unión transitoria de empresas y por remisión a las potestades supuestamente conferidas en el contrato de unión transitoria, pero sin que constara acto de apoderamiento alguno por parte de Interobras S.R.L.; y que la posterior aclaratoria de la procura solo hacía referencia a facultades necesarias para actuaciones extrajudiciales, administrativas y arbitrales, mas no judiciales.

Expresa que sus cuestionamientos en tal sentido fueron rechazados por el Juez de baja instancia de modo dogmático, al no haber dado tratamiento alguno a la proclamada ausencia de mención de facultades para actuar en sede juidicial en el instrumento aclaratorio; y que el Sentenciante, a su vez e incoherentemente, desechó el planteo relativo a que el poder había sido extendido por una sola de las codemandadas con sustento en la ausencia de subjetividad jurídica de las uniones transitorias de empresas.

Reseña que, denegado por el Magistrado el recurso de apelación, acudió por vía directa ante la Alzada que, a su turno, confirmó la inapelabilidad del decisorio por aplicación del artículo 346 del Código Procesal Civil y Comercial, en el entendimiento de que lo resuelto constituía un asunto netamente ritual que no configuraba sentencia definitiva ni auto o providencia que importara la paralización del juicio o que causara un gravamen insusceptible de reparación ulterior.

Sostiene la recurrente, en esencia, que al juzgar bien denegado el recurso de apelación, la Cámara incurrió en arbitrariedad por prescindir de los hechos de la causa y del derecho aplicable, desde que -alega- la actuación de la personera que no ostentara suficiente representación de las sociedades codemandadas para estar en autos podría traer aparejada la inutilidad del proceso en orden a la composición del litigio; lo cual -a su juicio- se erigiría como un posible gravamen de entidad tal que ameritaba su revisión ordinaria por parte del Tribunal de Alzada (arg. art. 346, inc. 2, C.P.C.C.).

Añade que el A quo, al calificar la cuestión como eminentemente procedimental, cometió un rigorismo formal excesivo, desde que le obliga a continuar un proceso con un vicio de representación y diferir sus planteos hasta el dictado de la sentencia de fondo, a lo que se suma la posibilidad latente de que, entretanto, aparezca alguna parte interesada en cuestionar la validez del procedimiento y retrotraerlo a etapas anteriores.

2. La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario interpuesto por auto del 6 de diciembre de 2017 (fs. 31/33), al considerar que la recurrente -a tenor de su formulación- no lograba perfilar eficazmente una cuestión constitucional en los términos del artículo 1 de la ley 7055.

Tal denegación motiva la presentación directa de la recurrente ante esta Corte (fs. 36/51).

3. Cabe recordar que el artículo 1 de la ley 7055 prescribe que "procederá el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra las sentencias definitivas dictadas en juicios que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto, y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación".

En el caso en estudio, la impugnación constitucional se dirige contra la resolución de la Alzada que rechazó la queja por denegación del recurso de apelación interpuesto respecto del pronunciamiento desestimatorio de los planteos orientados a controvertir la personería de la curial que compareció a juicio por ambas sociedades codemandadas.

De tal modo, la decisión cuestionada no puede constituirse en objeto procesal de la referida impugnación extraordinaria, por no ser una sentencia definitiva ni auto interlocutorio con las características prescriptas en el citado artículo 1 de la ley pertinente, desde que no decide sobre el fondo del litigio, ni pone fin al juicio o impide su continuación.

Cierto es que, de acuerdo con las excepciones pacíficamente aceptadas tanto por esta Corte como por el Máximo Tribunal de la Nación, resultan equiparables a sentencia definitiva las decisiones que, si bien no ponen fin al pleito ni impiden su continuación, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos:308:1832; A. y S., T. 70, pág. 136; T. 92, pág. 416; T. 97, pág. 197; T. 107, pág. 149; T. 120, págs. 309 y 320; T. 191, págs. 218 y 340; entre muchos otros).

Sin embargo, corresponde hacer notar que con lo expresado en el escrito introductor de la vía intentada, la compareciente no logra demostrar la concurrencia de un gravamen efectivo y actual que resulte de imposible o insuficiente reparación ulterior, a fin de autorizar el franqueamiento de la vía de excepción.

Es que, al respecto, la quejosa se limita a insistir en que lo resuelto oportunamente por el Juez de grado -y cuya revisión ordinaria inadmitió la Cámara- podría acarrear la inutilidad del proceso en orden a la composición del litigio respecto de una o ambas codemandadas.

Mas tales alegaciones -tal como han sido traídas a estos estrados- resultan insuficientes en orden a convencer sobre la irreparabilidad pretendida, pues es evidente que se trata de un perjuicio meramente conjetural dado que, tal como lo expresa la propia recurrente, la invalidez del proceso por defectos de personería constituiría tan sólo una "posibilidad", aserto que no puede estimarse como fundado para merecer tratamiento en esta instancia.

Máxime cuando, a estar al relato de los antecedentes de la causa efectuado por la propia quejosa, su planteo luce más bien genérico y global, desde que ni siquiera intenta persuadir en esta instancia -p. ej., mediante un análisis documental- acerca de la eventual desconexión entre la actuación de la curial en autos, el poder conferido a la misma y la habilitación invocada por su poderdante para ejercer la representación de cada una de las codemandadas en virtud del contrato de unión transitoria que las vinculaba.

En tal sentido, no es ocioso recordar que los agravios inciertos (Fallos:235:779), hipotéticos (Fallos:304:1026), insustanciales (Fallos:306:1698; 306:413), potenciales (Fallos:235:121), eventuales (Fallos:304:1101), futuros o conjeturales (Fallos:264:15; 264:257), como así también los difusos (Fallos:302:478), no son idóneos para habilitar la instancia constitucional pues, como ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fundamento de la exigencia del perjuicio concreto, efectivo, actual e irreparable por otras vías jurídicas, descansa en la noción de que no corresponde al Tribunal emitir pronunciamientos inoficiosos (Fallos:273:61; 279:322; 300:587; 306:1125), inútiles (Fallos:243:146), abstractos (Fallos:286:220), o innecesarios (A. y S. T. 130, pág. 161).

En suma, frente a la ausencia del requisito de definitividad de la decisión cuestionada que se deriva del artículo 1 de la ley 7055 más arriba aludido, y sin que la compareciente hubiese acreditado la presencia de las situaciones de excepción que este Cuerpo tiene admitidas, el franqueamiento del recurso de inconstitucionalidad no encuentra apoyatura suficiente, correspondiendo en consecuencia desestimar el remedio directo deducido.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe -Sala Primera-.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Nº 10 de Santa Fe.