marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Protección del medio ambiente, sistema federal
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Provincia de La Pampa c/ Provincia de Mendoza s/ Uso de aguas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-01

La relevancia constitucional que la protección ambiental y el federalismo tienen en nuestro país exige emprender una tarea de "compatibilización", que no es una tarea "natural" (porque ello significaría, "obligar" a la naturaleza a seguir los mandatos del hombre) sino predominantemente "cultural". En tal orden, es preciso conjugar la territorialidad ambiental, que responde a factores predominantemente naturales (en la especie, como el que demarca la extensión de la cuenca de un río) con la territorialidad federal, que expresa una decisión predominantemente histórica y cultural (aquella que delimita las jurisdicciones espaciales de los sujetos partícipes del federalismo argentino).
Improcedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, embargo, cuentas bancarias, sentencia no firme
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra ARUBATEX SRL por ejecución fiscal - Ingresos Brutos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

Corresponde rechazar la queja porque la sentencia impugnada, que confirmó el rechazo del libramiento del oficio de embargo al BCRA (Banco Central de la República Argentina) mediante el Sistema de Oficios Judiciales (SOJ) organizado por la Comunicación "A" 6606/18, en el marco de un juicio ejecutivo, no es una sentencia definitiva; y el recurrente no consigue demostrar que le ocasione un gravamen de imposible reparación ulterior que permita equipararla a una de esa especie. Ello así, en tanto se dejó a salvo la posibilidad para el GCBA de individualizar la entidad bancaria donde pretende efectivizar la medida. Por lo tanto, al ejecutante no se le impide el cobro de la deuda que se persigue mediante la ejecución fiscal de autos. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Honorarios, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Cornejo de La Cruz, Oscar León c/ Ingenio San Isidro S.A s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-12-24

No resulta aplicable en nuestra provincia el porcentaje máximo del 25% previsto en la ley 24432, quedando vigente la Ley provincial 6730 y Ley de Aranceles, ya que la Provincia de Salta no adhirió a la ley citada conforme artículo 16 de la misma.
Acción de amparo, parte interesada, interés legítimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado provincial s/ Solicita avocamiento en los autos caratulados "Martínez, Juan Carlos  s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-05-14

Los principios liminares de división de poderes garantizan el acceso a la justicia -fundamentalmente- a quien sea parte en una controversia concreta (art. 116 y conc. Constitución Nacional y en el caso, artículo 132 inciso 3º Constitución Provincial), entendiéndose por tal, a quien tiene un interés controvertido con otro sujeto de derecho, perteneciente a su propia esfera jurídica, quien tiene algo que perder o ganar con motivo de la decisión judicial a dictarse. El actor no llega a acreditar este daño diferenciado o el agravio distintivo con relación a cualquier miembro de la colectividad santacruceña. No se advierte cuál es la lesión o restricción que repercute en su esfera interna, no hay parte interesada en el sentido jurídico estricto que reclama ineludiblemente la manda constitucional de marras.
Reforma del Estado, estado de necesidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S., J.F. c/ D.L.S. A. L. - S. A. s/ Demanda Laboral (Indemnización por despido)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-09

Quiero señalar que los institutos de emergencia son una respuesta al estado de necesidad, que se configura cuando surge una situación de magnitud tal que pone en gravísimo peligro la perdurabilidad del sistema político o la comunidad misma y que, para ser superado, requiere de una medida de excepción, pues la posibilidad de no hacer es, virtualmente, letal. En nuestra Carta Magna existen diversos institutos de emergencia: el estado de sitio, la intervención federal, el poder de policía de la emergencia -un remedio que no está previsto en el texto constitucional, pero que fue receptado por jurisprudencia estable de la Corte Suprema-, el estado de guerra (art. 75, inc. 25), la contratación de empréstitos por urgencias de la Nación (art. 4), los decretos de necesidad y urgencia y la legislación delegada por motivos de emergencia. Este estado de necesidad es, entonces, el que justifica que se produzca una alteración de las normales competencias constitucionales, supuestamente para evitar que la comunidad sufra un mal (daño) mayor en los planos político, económico o social.
Contratos administrativos, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Opal SCA Construcciones c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

La consideración de cuestiones técnicas autorizan la posibilidad de acudir al auxilio de los peritos para formar convicción en el tema.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: NAEF MARIO MARCELO C/ ASOCIART ART S/ ACCIDENTE DE TRABAJO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-07

En casos como el presente, donde el accidente está reconocido, en mi criterio, el sistema es claramente constitucional, por cuanto las Comisiones Médicas en dichas situaciones, deberán expedirse solamente sobre cuestiones de estricta incumbencia médica (grado de incapacidad, tipo, patología, etc.), como también respecto al contenido y alcances de las prestaciones en especie -inc. b) y c) de art. 21 de la ley 24557-, pues en esto quien mejor que los propios médicos -especialistas en la materia-, para resolver en estas situaciones de las cuales si son expertos, y resultan ajenas en general al conocimiento de los jueces laborales (de hecho cuando los Jueces dictamos sentencias en la mayoría de los casos seguimos los dictámenes emitido por peritos médicos), en función todo ello de la especialidad misma de lo que se está dirimiendo (Voto Romero)
Declaración espontánea, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NAUPARI VARGAS, Clara s/ inf. artículo 292, párrafo 2do., del C.P. Causa nro. 28.774
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28

No corresponde declarar la nulidad de la declaración espontánea ya que ésta no fue consecuencia de medida judicial alguna, sino que aparentemente fue brindada en actuaciones administrativas, careciendo de relevancia probatoria en este proceso . Además, dicha declaración no fue tomada en el marco de una investigación judicial, tampoco fue ordenada por el señor juez instructor y ni siquiera el funcionario que la llevó a cabo se hallaba facultado por la ley procesal penal para ello.
Perito de parte, nombramiento, facultades de las partes
Materia: PROCESAL
Carátula: ALEGRE DE ACOSTA ADELINA MARIA Y OTRO c/ OBRA SOCIAL CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

La actuación de un consultor constituye un resorte exclusivo del litigante que lo propone, extremo que resulta subrayado por la circunstancia de que -salvo la hipótesis prevista por el art. 459 "In fine" del ritual -el tribunal no interviene en su designación (cfr.

Sala 2, Causa 6065 del 30.8.88). Asimismo, el carácter potestativo de su nominación se ve reforzado por la circunstancia de que, a diferencia del perito, no le es requerida profesión o idoneidad alguna en particular, por lo que existe un amplio margen de libertad para su elección, mas allá de que esta recaiga -en el propio interés de la parte -en una persona profesionalmente calificada a los fines requeridos (cfr. Sala 3, Causa 5368 del 15.3.88).
Concursos, pedido de quiebra, trámites judiciales, acción
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Dino Mattioli SAIC le pide la quiebra Aceros Co-Fer Sa c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-03

El pedido de quiebra no es el medio idóneo para el cobro individual del crédito (CNCom, Sala B in re "Leading SA de Publicidad s/ Pedido de Quiebra por Desup SRL" del 29/11/89; ídem "Oses, Martín Pablo Le Pide la quiebra Loguzzo, María Fernanda" del 16/08/17), y la esencia propia del sistema falencial al que se recurre no apunta a servir de herramienta para la satisfacción individual de los créditos, sino para la satisfacción colectiva de todas y cada una de las obligaciones de un patrimonio cesante.
Recurso de inconstitucionalidad, procedimiento laboral
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Rastrilla Emiliano y otro en j: Lamata Cisneros Manuel y otro c/ Emiliano Rastrilla Hnos. s/ Cobro ordinario - Inconstitucionalidad - Casación (Libro: S064-235)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-04-04

En el procedimiento laboral, cuando las partes han alegado y el Tribunal pasa a deliberar, ese acto funcional no puede ser interrumpido por la intercalación de ningún acto procesal. Por ello si se suspende la deliberación para recibir una prueba decretada para mejor proveer, se contravienen las reglas adoptadas para el pronunciamiento del fallo y se infringen los arts. 148, 149, 160 y 161 de la Constitución, correspondiendo anular la sentencia.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ PROPATO, ENRIQUE CARLOS c/ LA    FRATERNIDAD  SOC.  DEL  PERSONAL  FERROVIARIO  DE  LOCOMOTORAS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-14

La garantía constitucional de la defensa en juicio supone la posibilidad de ocurrir ante los tribunales de justicia y obtener de ellos sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes.
Cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, diferencias salariales, horas extra, prescripción, despido indirecto
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Birreto, José Abel  c/ Establecimiento Agroganadero Santa Mónica S.A. y/o quien resulte responsable  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-22

El accionante formuló el primer reclamo a fin de que se proceda a regularizar su contrato de trabajo, y se abonen diferencias salariales y horas extras, el 28-09-2018, a partir de esa fecha, el plazo prescriptivo se suspendió por seis meses en virtud de los normado por el art. 2541 del CCCN., reanudándose entonces los plazos a partir del 28-03-2019. Ahora bien, en el caso, estamos ante un reclamo de diferencias salariales y horas extras, conceptos que se devengan mes a mes, siendo exigibles por tanto desde ese momento (es decir, desde su devengamiento). Esa exigibilidad -que se va produciendo mes a mes- es el punto de inicio del plazo de prescripción de cada uno de esos conceptos, por cada período (cfr. art. 256, LCT). En principio, el actor podía reclamar dichos rubros por dos años (24 meses) hacia atrás, a contar desde el 17-10-2018 -fecha del despido indirecto-, puesto que los anteriores períodos estaban prescriptos; es decir, su reclamo podía extenderse entonces hacia atrás, hasta el 17-10-2016. Ahora bien, en virtud de la suspensión de la prescripción por 6 meses operada a partir de la intimación efectuada el 28-09-2018, ese plazo de dos años (24 meses) hacia atrás por el que podía reclamar el trabajador, se suspendió hasta el 28-03-2019. A partir de esta última fecha el plazo prescriptivo de 24 meses que tenía para reclamar (desde el 17-10-2018 para atrás hasta el 17-10-2016), comenzó a correr, lo que significa que cada mes y días que el accionante dejaba transcurrir sin formular reclamo, se producía la prescripción de los rubros que se habían devengado en los primeros meses de esos 24 que podía reclamar, y así sucesivamente (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Queja por denegación del recurso extraordinario, depósito previo, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Pucceti  de Vilas, Mercedes y otro c/ Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

Para la presentación de la constancia referente a la previsión presupuestaria no corresponde atribuir un plazo propio e independiente del establecido para la realización del depósito.
Caducidad de instancia, actos no interruptivos, paralización del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: OSVALDO MENENDEZ c/ ASORTE  SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-09

El escrito mediante el cual se solicita la desparalización del expediente carece de aptitud interruptiva del curso de la caducidad de la instancia.
Hábeas corpus, desaparecidos
Materia: CIVIL
Carátula: Arruga, Luciano Nahuel y Otros s/ Habeas Corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-04-25

Es improcedente el habeas corpus interpuesto en representación de la familia de un joven que desapareció en el año 2009 presuntamente luego de haber sido interceptado por la policía bonaerense, pues la vía intentada no resulta pertinente, ya que el objeto de la causa penal iniciada con anterioridad al habeas corpus tiende a dilucidar las circunstancias en las que ocurrió la desaparición del joven e individualizar a los responsables, razón por la cual, el citado expediente resulta el ámbito en el cual el juez deberá analizar las medidas de prueba requerida por los presentantes.
Pensiones graciables, Poder Legislativo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MENDEZ MARINA ANALIA Y OTRO c/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y OTRO s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-27

El art. 75 inc. 20 de la C.N. establece que: "Corresponde al Congreso... dar pensiones", siendo dicha atribución una facultad del Poder Legislativo sometida a su total prudencia y discreción. Los beneficios de referencia son "pensiones graciables" que, como su nombre lo indica, resultan concesiones graciosas del Congreso Nacional, y nada tienen que ver con los seguros sociales; ". son aquellas que se otorgan a personas que hayan tenido una actuación destacada en las ciencias, artes, etc... o bien que hayan prestado servicios destacados al país... o que se otorgan a instituciones de bien público.... o a personas carenciadas, que no pueden subsistir y no están amparadas por un sistema de seguridad social. Estas pensiones son graciables, es decir que no deben confundirse con las jubilaciones y pensiones del sistema previsional. En otras palabras, no pertenecen a la seguridad social ni requieren aportes previsionales (cfr. Miguel Ángel Ekmekdjian, "Tratado de Derecho Constitucional", Tomo II, pág. 96). (Del voto del Dr. Herrero al que adhiere el Dr. Fernández).
Régimen de consolidación de deudas, facultades del acreedor, cesión de derechos, bonos de consolidación, pago, honorarios del perito
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DECAVIAL -INC. - c/ D.N.V. s/ CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-26

La ley 23.982 faculta al acreedor de una deuda consolidada a liberarse de las suyas respecto de los profesionales que hubieren representado o asistido a las partes en el juicio o en las actuaciones administrativas correspondientes y respecto a los peritos en su caso , mediante cesión por su valor nominal de los derechos emergentes de la ley, respetándose, en su caso, la proporción de lo percibido en títulos o en efectivo (art. 1, ante último párr.). Como la ley no hace distinciones, la referida facultad puede ser ejercida para cancelar los créditos por honorarios profesionales por los que el particular debe responder ya sea en virtud de una imposición de costas, o como consecuencia de la responsabilidad de las partes frente a los peritos (confr. esta sala, causa Rosso, Pedro R. c/Cía Munro S.A. Del 19-8-92). (En igual sentido, la misma sala, 20 de octubre de 1990, Grandval ).
Contrato de trabajo, rescisión del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ JOSE EDUARDO c/ TELECOM CABLE COLOR AÑATUYA Y/U OTROS s/ RETENCION DE HABERES, ETC. - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-03

La comunicación por escrito de la voluntad rescisoria en los términos del art. 242 de la L.C.T. no se encuentra prevista en forma expresa, de tal manera que puede ser llevada a cabo incluso en forma verbal, con tal que ella haya ingresado a la esfera de conocimiento de la otra parte.-
Administración Pública, facultades de la administración, facultades discrecionales, acto administrativo, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rofrano, Luis Alberto c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

El mayor o menor acierto o error, mérito o conveniencia de la solución adoptada por la autoridad administrativa constituyen puntos sobre los que no cabe al Poder Judicial pronunciarse, en la medida en que el ejercicio de dichas facultades discrecionales no se compruebe como irrazonable, inicuo o arbitrario (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Aplicación de la ley, principio de congruencia, sana crítica racional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CLAVIJO Martín Ernesto Daniel c/ Foro de Abogados de la Provincia de San Juan s/ Nulidad - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2022-08-19

Una de las pautas más seguras para verificar si la inteligencia de una disposición es racional y congruente con el resto del sistema del cual aquélla forma parte, es la consideración de sus consecuencias.
Robo en despoblado y en banda, robo en poblado y en banda, daño en despoblado y en banda, participación criminal, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: CORONEL, R.A. s/ ASOCIACION ILICITA. BANDA. ROBO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1963-06-07

A los fines de la aplicación de las agravantes previstas en los arts. 166 inc. 2, 167 inc. 2 y 184 inc. 4 del CP, es suficiente que tres o más personas hayan tomado parte en la 'ejecución del hecho' empleada esta expresión en el sentido del art. 45 del mismo código- sin necesidad que tales partícipes -integren a su vez una asociación ilícita de las que describe el art. 210 del citado texto legal.
Honorarios, pacto de cuota litis
Materia: LABORAL
Carátula: SANTILLAN ROBERTO s.d. HOMICIDIO CULPOSO E.P. DE JESICA ROMINA LEDESMA s/ CASACION-CUADERNILLO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-11

Entre las características del pacto de cuota litis, está la de participar el letrado en el resultado del proceso. Esto implica, y a la vez constituye otra característica del pacto, que los honorarios a percibir por el letrado son esencialmente aleatorios, dependientes del éxito obtenido, de tal forma que la suerte del pleito es igual para el cliente y su abogado.
Acciones reales, prescripción adquisitiva, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHAVEZ BRUNO s/ Titulo Supletorio (LIBRO: S061 - 289)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-07-11

El plazo de prescripción adquisitiva de la propiedad, se admite por la doctrina y la jurisprudencia que se ha computado hasta la fecha de la sentencia y no hasta la fecha de iniciación de la demanda por haberse convalidado el derecho, máxime si no se ha reconvenido por reivindicación y por ende, no se ha producido acto interruptivo alguno.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romero, Lidia A. c/ Hospital Base de Avellaneda s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-06

La fuerza probatoria del dictamen pericial, que es una virtud intrínseca del mismo, ha de aflorar o ser extraído -en un sistema de libertad de apreciación de la prueba como el que nos rige- por el juez al tiempo de dictar sentencia, de la mano de las reglas de la sana crítica y tomando en consideración las pautas de análisis que le brinda el artículo 474 del CPCC.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, víctima mayor de edad impedida, acción pública, instrucción, intervención fiscal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: MENENDEZ, José. s/ INCUMPLIMIENTO  DEBERES ASISTENCIA FAMILIAR. NULIDAD PROCESAL. ACCION  PENAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-08

La acción emergente del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima, como en el caso de autos, si bien es mayor de edad, padece de alienación mental e imbecilidad congénita, es perseguible de oficio; por lo cual debió instruirse sumario con intervención fiscal, a quien debió oírse antes de dictarse sobreseimiento (art. 441 CPC), omisión que torna inválido todo lo actuado en autos.
Proceso judicial, excusación por interés en el pleito, intangibilidad de la remuneración
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta Teresita Yda -Incidente y Otro c/ E.N. -C.S.J.N.- Ac. 56/91 s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-20

La C.S.J.N. en la causa "Weshler" del 31/10/95, sostuvo que el vacío legal respecto al procedimiento a seguir cuando la totalidad de los jueces de un fuero se excusan de intervenir en una causa en la que se debate un tema común a todos los magistrados en actividad (en el referido caso, al igual que en el presente, el tema en debate versaba acerca de la intangibilidad de sus remuneraciones), y la necesidad de evitar una eventual situación de privación de justicia, imponían poner límites al deber de apartamiento que establecen las leyes para tutela de la imparcialidad de los magistrados.
Beneficios previsionales, modificación de la ley, ley derogada, derechos adquiridos, derecho de propiedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barreiro, David Alberto y otros c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

El derecho constitucional de mantener el "status jubilatorio" en las condiciones en que fue incorporado al patrimonio no puede ser desconocido, por el hecho de haber sido modificada - o derogada - la norma que lo confería, pues la protección constitucional de la propiedad incluye a los beneficios jubilatorios una vez que han sido legítimamente acordados (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, régimen de consolidación de deudas
Materia: LABORAL
Carátula: Calderón, Ezequiel c/ Fisco Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31

Sólo de modo aparente la ley 13.436 ha cumplido con su anunciado cometido de atender las observaciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó al régimen provincial de consolidación, con el fin de compatibilizarlo con el régimen creado por la ley 25.344.

Ni la ley ni los procedimientos y condiciones a los que ella misma somete la implementación del pago en efectivo han determinado criterios que contribuyan a considerar a este modo de cancelación como una verdadera alternativa superadora de la restricción que viciaba a la ley 12.836. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso preventivo, prueba, incidente de competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Feriozzi, Sergio Walter s/quiebra c/  s/ incidente competencia (art. 12 del cpcc)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-03-28

La posibilidad del trámite de concurso preventivo conjunto de garante y garantizado, en los términos del art. 68 de la LCQ, es excepcional pues altera las reglas concursales, de modo que, en la duda debe rechazarse el agrupamiento, exigiéndose del garante, inclusive, la prueba de tal calidad.