marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, Universidad de Buenos Aires, docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Zutel, Adolfo c/ UBA s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-25

La redacción del artículo 51 del Estado de la Universidad de Buenos Aires basta, en principio, para descartar su manifiesta ilegitimidad, en la medida en que claramente posibilita que la autoridad máxima de las respectivas facultades, sobre la base de consideraciones vinculadas al mérito y las condiciones de quien resulte comprendido en la norma, resuelva el mantenimiento del docente. (esta Sala Marín Juan Carlos c/ UBA y otros s/ amparo ley 16.986" del 4 de mayo de 2000).
Citación por edictos, herederos forzosos, incomparecencia de herederos, designación de defensor, facultades del juez
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: BARRIONUEVO, Emilia c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO DEL LIBERTADOR 3620/28" s/ FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-30

Ante la existencia de dos herederos forzosos, y ante la presentación efectiva de uno de ellos y la incomparencia del otro, el juez carece de facultades para establecer tal calidad a la única presentada en autos. Lo que corresponde en estos casos, después de la citación por edictos y si el resultado fue negativo, es el nombramiento de Defensor Oficial al Representante del Ministerio Público quien realizará las medidas correspondientes para ubicar el domicilio del ausente. Esto es así toda vez que el art. 33 de la L.O. no obliga a las partes a iniciar juicio sucesorio alguno.
Despido con causa, pérdida de confianza, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Contreras, Luis Aníbal c/ INCRO S.R.L. y-u Otro s/ Demanda Laboral -Indemnización por Despido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-30

La pérdida de confianza constituye justa causa para un despido, no como causa subjetiva sino que debe existir en concreto un hecho injurioso que sirva de base para invocar este motivo rupturista. Esto es, es un sentimiento subjetivo que debe objetivarse, o sea que se debe demostrar que se han roto las bases estructurales de la relación laboral en cuanto al elemento de buena fe y confianza y habiéndose comprobado que el actor ha descuidado ostensiblemente su tarea de supervisión en la obra en cuestión, deviene justificado el despido dispuesto por la causal alegada.
Sentencia, sentencia definitiva, recusación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: S., V. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INCIDENTE DE RECUSACION - ESTAFA (EXPTE .: C.S.J. NRO. 378 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-18

La Corte nacional ha ponderado la posibilidad de que lo decidido en materia de recusación pueda ser susceptible del recurso extraordinario "cuando ésta es la oportunidad adecuada para la tutela del derecho de defensa en juicio de la demandada, cuya salvaguarda exige asegurar una inobjetable administración de justicia" ; o "si de los antecedentes de la causa surge que el ejercicio imparcial de la administración de justicia se encuentra tan severamente cuestionado que el derecho de defensa comprometido exige una consideración inmediata para su adecuada tutela" ; o cuando "se cuestiona la imparcialidad objetiva del juzgador en un momento determinado del proceso, que por su naturaleza exige una consideración inmediata".

A su vez, este Tribunal ha superado el valladar formal en supuestos que "permiten inferir una cuestión de gravedad institucional", lo que puede ocurrir tanto cuando "se pone en juego a la Administración de Justicia en relación a las exigencias de imparcialidad de los jueces" como cuando "se entrevé la posibilidad cierta de que, a través de un manipuleo indiscriminado del instituto recusatorio, pueda violentarse gravemente la exigencia del juez natural"; o en los casos en que la cuestión "se halla íntimamente vincula a una garantía constitucional", en los que "erigir tal carácter en obstáculo a la viabilidad del remedio extraordinario importaría tanto como tornar inoperante la garantía comprometida".

Finalmente, ha advertido que también podría tenerse por superada la exigencia cuando estuviese "comprometido de manera objetiva el funcionamiento institucional de la Justicia". (De la Disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Acción dependiente de instancia privada, acción no instada, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, A.A. s/ ACCION  DEPENDIENTE  -  INSTANCIA PRIVADA - ACCION PENAL NO INSTADA -  VALIDEZ ACTUACIONES POLICIALES - ARCHIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-08-15

Si bien el damnificado no ha instado la acción ni existe motivo bastante para proceder de oficio por no mediar razones de seguridad o interés público que así lo determinen, es improcedente la declaración de nulidad de todo lo actuado, pues la autoridad preventora ha obrado válidamente al poner en conocimiento del Juzgado las actuaciones sobre la base de las cuales correspondía a la justicia decidir si había mérito para proseguirlas.
Lesiones leves, incidente callejero, robo, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: ROADA, RAUL JOSE s/ ROBO Lesiones
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-13

La acción del procesado -que se hallaba algo alcoholizado-, que mientras el damnificado esperaba para tomar un colectivo, le orinó encima, y al darse aquél vuelta, le propinó un golpe en la cara, produciéndole lesiones, desarrollándose luego una pelea, en la que también intervinieron amigos del encausado, los que le metían las manos en los bolsillos para robarle, sin lograrlo; configura únicamente el delito de lesiones leves, sin que corresponda pronunciamiento alguno sobre la tentativa de robo. Es que el delito de robo calificado por la ocurrencia de lesiones graves requiere que las lesiones sean un resultado directo de la violencia ejercida para robar, lo que no ocurrió en el caso.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: SIMONETTI JOSE NAZARENO; PAULO R. OMAR; HERREERO M. ALBERTO; BRANDAN ABEL; ALVAREZ M. OMAR s/ S.D. ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS E.P. ESTADO PROVINCIAL   (BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO)- CASACION CARRIZO, AMERICA DEL CARMEN S.D. LESIONES CULPOSAS E.P. OSCAR CLAUDIO DIAZ s/ CASACION RODRIGUEZ GREGORIO DEL C., RODRIGUEZ JOSE ELIO, GONZALEZ DOMINGO A., MORALES JULIO R., CHAVEZ MAXIMO E., CHAVEZ TEOFILO O. s/ S.D. HOMICIDIO SIMPLE Y LESIONES EN RIÑA E.P. GUSTAVO ANGEL  RIVADENEIRA Y OTROS-CASACION HERRERA, CARLOS; SEQUEIRA, RENE Y OTROS s/ S.D. ROBO CALIFICADO, USO DE ARMAS, PRIVACION ILEGITIMA DE LA  LIBERTAD E.P. PEREA, MANUEL ALVARO Y OTRO S/CASACION JIMENEZ, JOSE EDUARDO s.d. HOMICIDIO e.p. PAZ, AZVELINO ENRIQUE s/ CASACION GOMEZ, RAUL ARTURO s/ S.D. HOMICIDIO CULPOSO, ETC. E.P. DE ANTONIO LLADHON Y OTROS-  CASACION VAZQUEZ MANZUR ROBERTO s/ S.D. DEFRAUDACION CALIFICADA REITERADA E.P. DE ESTADO PROVINCIAL  -CASACION CARRIZO TRANSITO DEL CARMEN s/ S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. DE CASTILLO WALTER JACINTO-CASACION ZANI MANUEL ALFREDO s/ S.D. USURPACION DE PROPIEDAD, DESOBEDIENCIA JUDICIAL E.P. ORENCIO S.  GARCIA-CASACION BAU RAUL FEDERICO s/ S.D. HOMICIDIO CULPOSO E.P. DE TEJEDA JOSE D.-CASACION Sosa, Hector Fernando s/ S.D. Homicidio culposo E.P. Monicci, Horacio Eduardo GUZMAN FRANCISCO; GALVAN CARLOS; RUIZ HECTOR ALBERTO s/ S.D. ROBO CALIFICADO, ETC. E.P. DE SODA IBAÑEZ E HIJOS S.R.L.  -CASACION SUAREZ EMILIO DEL JESUS Y OTROS s/ S.D. HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA Y AMENAZAS E.P. SALVATIERRA  RAMON Y OTROS-CASACION MEDINA PALMIRA EDELMIRA; NUÑEZ JUAN MARCELO; ALILMIR ALFREDO s/ S.D. HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE PARTICIPACION PRIMARIA E.P. DE  LUIS L. ROBLES MONTALIVET CARLOS ALBERTO; GRAMAJO SERGIO OSVALDO Y OTROS s/ S.D. ROBO CALIFICADO, ETC. E-P- FERNANDEZ JOSE ANTONIO Y OTROS  -CASACION STEVANI, MARCO ANTONIO s.d. ROBO CALIFICADO en CONCURSO REAL de DELITOS y ROBO CALIFICADO e.p. GUILLERMO M. CONTRERAS; FERNANDEZ, JOSE INOCENCIO y TELECENTRO SAN FRANCISCO DE ASIS s/ CASACION VALOR HECTOR R.; MANSILLA LUIS; MANSILLA CLODOMIRO; VALOR PASCUAL; VALOR DARDO; JUAREZ OMAR; s/ S.D. HOMICIDIO SIMPLE Y LESIONES EN RIÑA E.P. MANSILLA MIGUEL  DEMETRIO-CASACION OVEJERO OSCAR s/ S.D. VIOLACION E.P. LUZ DIVINA NIEVA(M)-CASACION BIVI FULVIO SERGIO s.d. HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO e.p. de ALEJANDRO ENRIQUE MONTENEGRO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-11-06|1999-05-17|1999-07-29|1999-10-22|2000-09-01|2000-03-10|1999-03-24|1999-09-10|1999-12-29|2000-02-09|2000-05-15|2000-10-27|2000-10-19|2000-12-22|2000-12-18|2001-06-01|2001-02-26|2001-03-16|2003-03-03

Si en el proceso penal escrito los jueces de mérito son soberanos en la valoración de la prueba, en principio-en forma excluyente-la casación no puede controlar el acierto o desacierto de su juicio, esta afirmación resulta más evidente en el procedimiento oral, donde a los juzgadores no se les impone en esa tarea "regla alguna", y sólo se exige que expresen su convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados.
Beneficios previsionales, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Firpo, Juan Carlos s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

El reconocimiento y determinación del beneficio previsional se rige por la ley vigente al tiempo de ocurrir el hecho que lo genera sin que este principio haya sido obstáculo para la aplicación inmediata de leyes nuevas a las consecuencias posteriores de la concesión del beneficio, siempre que la misma no implicara el desconocimiento a la alteración sustancial de aquel. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, empleo público, bioquímicos, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia no aplicable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FRANZE, MARIA GLADIS c/ MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-01

Aun prescindiendo de la circunstancia de si se ha verificado o no un oportuno planteamiento de la cuestión constitucional, la lectura de los argumentos traídos a consideración de este Tribunal en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, en confrontación con la resolución atacada, revela la mera discrepancia de la compareciente con los fundamentos expuestos por la Cámara, que -para rechazar el recurso contencioso administrativo interpuesto- indicó, con apoyo en una valoración probatoria y en un desarrollo argumental que no son susceptibles de ser calificados como arbitrarios, que la actora, tal como ella misma lo ha reconocido, nunca fue designada como agente pública a través de un acto de nombramiento -ni tampoco se formalizó contrato alguno-; que de las distintas probanzas analizadas surgía que aquélla, como profesional bioquímica, contaba con un laboratorio de análisis habilitado bajo su titularidad, en el cual trabajaba, realizaba estudios, daba resultados, etc.; que por las distintas prácticas efectuadas facturaba para la Municipalidad demandada como así también para otros destinatarios diversos; que la sola circunstancia de que la actora haya hecho extracciones en el centro de salud de la Municipalidad no bastaba para acceder a la pretensión; y que, en conclusión, nunca se configuró en el caso una relación de empleo público, ni se verificó una situación fraudulenta o el vicio de desviación de poder, por lo que no resulta aplicable a la especie el criterio jurisprudencial de la Corte nacional sentado en autos "Ramos" y "Cerigliano". - CITAS: CSJN: Ramos, Fallos 333:311; Cerigliano, Fallos 334:398.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: CHEUQUEMAN, MANUEL ALEJANDRO S/ HOMICIDIO CULPOSO s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2006-07-28

Si bien existen diversos criterios doctrinales sobre la procedencia de la probation cuando el delito imputado contempla pena de inhabilitación, la solución adoptada por la Cámara en el caso no se manifiesta como absurda o arbitraria, en razón de la enfática redacción del artículo 76 bis del C.P., cuyo último párrafo deniega la suspensión del juicio a prueba "...respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación", adhiriendo aquella instancia a la interpretación gramatical de la norma en cuestión en atención a las circunstancias propias de la causa.

El legislador atendiendo a razones de política criminal -frente al aumento de homicidios culposos en accidentes de tránsito-, sancionó la Ley 25.189 (B.O. 28/X/1999), aumentando el quantum punitivo previsto en el Art. 84 del Código Penal -figura típica imputada en caso- con el firme propósito de incrementar el cuidado de los habitantes en el arte de manejar (prevención general).
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12


33.396 López, Pablo Sebastián s/ nulidad. Juzgado de Instrucción Nº49, Sec. Nº 169. Sala IV.

///nos Aires, 12 de febrero de 2008.

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

Convoca la atención del Tribunal la apelación interpuesta por la defensa de Pablo Sebastián López contra el auto de fs. 7/9 en cuanto no hace lugar a la nulidad del acta que corre a fs. 101/102 de los autos principales por la cual se lo informó acerca del hecho atribuído y de las pruebas reunidas en su contra según las previsiones del artículo 353 bis del Código Procesal Penal de la Nación.

Si bien es cierto que no se notificó a la defensa de la realización del acto que tuvo ocurrencia el 26 de marzo de 2007 (ver fs.100 ) no menos lo es que sí lo fue de la existencia de esta causa (fs. 62) y de la designación de la primera audiencia a esos mismos fines (fs.94) y que el propio López en oportunidad de ser puesto en conocimiento de la imputación que pesaba en su contra lo fue también de los derechos que le asistían, tales como el de designar un abogado de su confianza y de ser oído ante el juez de la causa en declaración indagatoria (fs. 101/102).

En suma, no se ha visto vulnerado el derecho de defensa de Pablo Sebastián López por la ausencia de notificación a la defensa de la audiencia que en definitiva se cumplió. Al respecto se ha dicho "El derecho de defensa del imputado bajo el régimen del artículo 353 bis del CPP se satisface cuando aquel conoce fehacientemente que se halla sometido a proceso regulado por dicho normativa, esto es cuando se le comunica el hecho que se le atribuye, la prueba existente en su contra y la invitación a designar defensor de confianza (párr. 2º)" (Guillermo Rafael Navarro - Roberto Raúl Daray, Código Procesal Penal de la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencial, Ed. Hammurabi, 2004, Tomo II, pág. 968).

En virtud de lo expuesto, habremos de confirmar la resolución recurrida, lo que así se RESUELVE.

Notifíquese al Sr. Fiscal General, devuélvase y practíquense en el juzgado de origen las restantes notificaciones.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

ALBERTO SEIJAS, MARIANO GONZALEZ PALAZZO, CARLOS ALBERTO GONZALEZ Ante Mí: Paula Fuertes, Prosecretaria de Cámara.
Notificación, defensa en juicio, notificación automática, expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ, CRISTINA AIDA -PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO- s/ SU PRESENTACION - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N.  623-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-30

Se considera como un caso de excepción, el criterio surgido del caso "Maggiafico c- Perreta" (A y S T 65 p 6) en virtud del cual se permite -acorde con el espíritu y finalidad de la ley- tener por notificadas a las partes de un acto procesal cuando se tiene conocimiento de el por un medio que no es el que impone el Código Procesal para hacérselo conocer siendo, por ende, un acto irregular de notificación, pero no un acto nulo, cuando la inobservancia de las formas de trasmisión no ha impedido conocer en tiempo el acto judicial, su objeto esencial y el juzgado de donde procede. En aquella oportunidad se resolvió que ni siquiera prima facie se advertía una efectiva violación al derecho de defensa, por cuanto surgía claro que la parte recurrente había tenido conocimiento inequívoco de la resolución impugnada -por que había procedido al retiro del expediente- y debía presumirse que efectivamente lo tuvo; y que si ello no había sido así, solo era imputable a su propia negligencia. Al juzgar "Lanzillota", en cambio, se entendió que el retiro del expediente se había producido por el patrocinante del apoderado del recurrente, no pudiendo entonces entenderse que el retiro de los autos importo su notificación por carecer el patrocinante de personería procesal para ello. Es decir que, a fin de valorar la violación o no al derecho de defensa, se tiene en cuenta quien intervino en el acto y si de ello cabía presumirse el efectivo conocimiento de la resolución de que se trata.
Aclaratoria (procesal), fundamentación de sentencias, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: ROMANO DIOGENES DAVID s.d. HOMICIDIO CULPOSO e.p. LEDESMA MARISA ADRIANA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-12

La aclaratoria que reduce a la mitad el monto fijado en concepto de daño moral, sin suministrar ningún argumento que demuestre su adecuación a la entidad de la circunstancia valorada por el mismo Tribunal de grado en oportunidad de efectuar la estimación inicial, no satisface la exigencia constitucional de adecuada fundamentación, y al contradecir el resultado al que se había arribado en la sentencia sobre la base de merituar las circunstancias de la causa, desvirtúa el principio de reparación integral. En tales condiciones ha de concluirse que, el pronunciamiento aclaratorio cuestionado rebasó el marco de atribuciones previsto en el art.166 inc.1 del C.P.C.C., correspondiendo la descalificación de este aspecto del fallo como acto jurisdiccional válido.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gusmerotti, Domingo c/ Barraguero, J. s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

A los funcionarios que actúan "ministerio legis" no son aplicables, en principio, las reglas comunes en materia de costas. Tal el caso del Defensor de Pobres y Ausentes que al contestar la demanda emite una respuesta en expectativa, supeditándose al resultado de la prueba, dándose la situación que luego de cerrada la faz probatoria no se opone a la pretensión actora. En tal caso corresponde eximir de costas al representado por dicho funcionario judicial (art. 68, 2¬ parte, del Código Procesal).
Cheque, prescripción, procedencia del recurso, plazo
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Biarnes, Martín Carlos c/ Siseg SRL s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

Corresponde hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta por el ejecutado, pues desde las fechas de pago de cada uno de los cuatro cheques de pago diferido rechazados por el banco girado, había transcurrido en exceso el plazo anual dispuesto por la ley 24452: 61. Y si bien la carta documento enviada por el ejecutante a fin de reclamar el pago suspendió por 6 meses el curso de la prescripción, conforme lo dispone el CCCN 2541, con posterioridad no existió acto jurídico alguno que permitiera tener por interrumpido el plazo en cuestión.
Participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: L., W.D. y Otros s/ Robo Doblemente Agravado por el Uso de Armas y en Poblado y  enBanda
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-16

"Se considera coautores, no sólo a quienes realizan conjuntamente la acción principal o típica consumativa, sino a quienes toman parte en su ejecución, cumpliendo actos que integran la objetividad y subjetividad del suceso delictuoso, con su presencia activa y concomitante y queriendo el hecho como obra propia...Igualmente quien hace de campana durante la comisión de un hurto".
Interrogatorio de testigos, presentación del escrito
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: GRUPO DE EXPERTOS S.H. c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-05-10

Con relación al interrogatorio las preguntas no contendrán más de un hecho; serán claras y concretas; no se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta o sean ofensivas o vejatorias.

No podrán contener referencias de carácter técnico, salvo si fueren dirigidas a personas especializadas (el art. 421 del C.P.C. y C. -de aplicación supletoria por remisión de los arts. 45 y 71 del C.P.C.A. Ley 2.600). Las preguntas, a diferencia de las posiciones que son asertivas, deben formularse en forma interrogativa. No podrán concebirse pues en términos afirmativos. Además, para evitar equívocos interpretativos, no ha de contenerse en cada una más de un hecho; y serán claras y concretas.

No deben ser sugestivas, vale decir, contener la respuesta, dado que el testimonio es narración de hechos vistos u oídos; así como tampoco el declarante puede asentir sumisamente el relato contenido en la pregunta que contesta respondiendo simplemente con un 'si' o un 'no'.

En el primer caso -contestación sugerida-, corresponde al tribunal de oficio o a petición de parte reformular la redacción del interrogatorio; en el segundo supuesto se exigirá razón del dicho.
Recurso de inconstitucionalidad, juicio, demanda, presunciones, presunción juris tantum, accidente in itinere, desvío del trayecto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OCAMPO, GASTON CEFERINO c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-15

Aplicados los apercibimientos por la falta de contestación de la demanda a término, que la ley afirma superables mediante prueba en contrario, la accionada en su recurso no afirmó como omitida probanza alguna, sino que se enroló en la postura de imposibilidad de probar un hecho negativo; sin embargo, según surge de la demanda y de la historia clínica acompañada por aseguradora, ésta no rechazó el siniestro por tenerlo como no acaecido, sino por haberse desviado del trayecto, y en dicha línea ofreció (y le fue proveída) una informativa al empleador con el fin de que se indique el horario de trabajo del actor, domicilio del mismo y si formuló denuncia alguna de accidente y la fecha del mismo, prueba que hubiera contribuido -en su caso- a desvirtuar la presunción que pesaba en su contra, mas no fue producida.
Nulidad procesal, acusación, falta de acusación
Materia: PROCESAL
Carátula: SCONFETTI, NORMANDO ALBERTO s/ INFR. LEY 22.362
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-16

Cuando el acusador particular debiendo producir una pieza acusatoria autónoma se pronunció sobre el sobreseimiento propugnado por el Ministerio Fiscal, debe concluirse que en la causa no hubo acusación y declarar su nulidad, toda vez que la misma, es un acto esencial del proceso para abrir el estado de plenario, es decir, lo que se entiende por juicio propiamente dicho.
Ley de Punto Final, Ley de Obediencia Debida, responsabilidad internacional del Estado, violación de derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

La Ley nº 25.779 es constitucional por recoger los lineamientos de los organismos supranacionales encargados de monitorear el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, siendo su inobservancia lo que podría constituir una violación a los tratados internacionales de derechos humanos que, en virtud de su integración en el bloque de constitucionalidad -art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional- podría ameritar un reproche constitucional y sujetar al Estado a responsabilidad internacional.