marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hurto simple, teléfono celular, apreciación de la prueba, declaración testimonial, nulidad procesal, defectos del procedimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DEL VALLE GRAMAJO, Romina s/ procesamiento.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

Se investiga en el presente sumario el hecho ocurrido en circunstancias en que el denunciante junto a su novia viajaban en tren y al arribar a su destino, la imputada le habría sustraído su teléfono celular, sin que aquél se percatara de lo sucedido.- En primer lugar, se cuenta con un testimonio, que en forma pormenorizada relató las circunstancias en que la encausada procedió a desprenderse del objeto sustraído, previo al ingreso a la sala de extracción de efectos.- Además, mediante dicho aparato telefónico pudo constatarse que el efecto secuestrado en la comisaría era de propiedad del denunciante y que recientemente le había sido sustraído.

Por otro lado, la circunstancia obrante en autos que da cuenta de que la incusada se encontraba detenida en la Seccional nº 7 de la Policía Federal Argentina, desde aproximadamente una hora antes de ocurrido el hecho, en los términos previstos de la Ley 23.950, no elimina de plano la responsabilidad penal de la imputada, en atención a que la procesada fue aprehendida en la zona donde la víctima habría sufrido la sustracción. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: PONA, Fabio Rubén s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-20

El indicio de autoría nacido del reconocimiento en rueda de personas que el denunciante, efectúa del imputado en la diligencia respectiva (art. 258/259 CPP), tiene directa relación con el relato contenido en su denuncia. Si bien es cierto que la omisión formal del interrogatorio prescripto por el art. 152 CPP (que pudo haberse cumplido en la diligencia ampliatoria no permite el contralor de una de las condiciones requeridas por el art. 253 (inc. 4º, CPP) y, por ello, no permite componer la plena prueba testimonial, el elemento de prueba ponderado no es desdeñable como dato indicador.
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, excepción de incompetencia, MÉXICO, responsabilidad internacional del Estado Parte, ratificación de tratados internacionales, grupos vulnerables, pueblos originarios, interpretación de tratados internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fernández Ortega y otros c/ México s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-30

Resulta improcedente la excepción de incompetencia planteada por México respecto de la aplicación e interpretación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en el caso que se alega la supuesta responsabilidad internacional de dicho estado por violación a esa Norma Convencional en perjuicio de los derechos humanos de la mujer indígena y de su familia, por hechos acaecidos hacia marzo del 2002, pues no sólo es Estado Parte de la Convención Americana habiendo reconocido su competencia contenciosa en 1998, sino que también efectuó el depósito del instrumento de ratificación de aquella otra Norma en ese mismo año, resultando plenamente competente conforme los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: LABORAL
Carátula: Manfredi, Eduardo c/ Jockey Club Argentino s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

La presentación del letrado apoderado del actor en la que denuncia el fallecimiento de éste y peticiona la citación de los herederos, constituye una actividad útil tendiente a instar el procedimiento y por ende purga el período de inactividad anterior por lo que no cabe hacerlo renacer a los efectos del cálculo para la declaración de caducidad.
Empleo público, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Segovia de Aalmada Teresa c/ Municipalidad de Concordia s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-03-21

Resultando el reseñado supuesto fáctico producto de la relación estable de empleo público habida entre la actora y el Estado Municipal, sin necesidad de ubicar la enrostrada responsabilidad como contractual o extracontractual, lo ciertamente relevante es que la litis no será susceptible de resolución por medio de la aplicación de una sola de las órbitas del derecho administrativo o común.- Sabemos que cuando corresponde aplicar uno de tales derechos la solución es sencilla e invariable.- Una manera simplificada de ver este asunto llevaría a establecer, casi mecánicamente, que será causa civil -de competencia ordinaria- la regida por el derecho privado y causa contencioso administrativa -de competencia plena del Excmo. STJER- la regida por el derecho administrativo.- Empero, en estos casos informan que las normas a seleccionar pertenecen a sendos orbes jurídicos y adviene, así, una dificultad que se soluciona utilizando un criterio integrador que acuerda prioridad a las normas administrativas para proclamar la procedencia o improcedencia del reclamo resarcitorio formulado en autos.-
Prueba, apreciación de la culpa, libertad de cultos
Materia: PROCESAL
Carátula: ESPINOZA, YOLANDA c/ DE VILLANI, MARIA INES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-04-20

Es de vital importancia que el juzgador establezca la diferencia que existe entre la comprobación de la existencia misma del hecho y la demostración del contenido, alcance y propósito en que consistió indudablemente tal hecho. Tal diferenciación; entre el hecho en sí y su contenido, no puede ser tomado como una cuestión teórica, muy por el contrario, la realización de aquella es la que posibilitará en definitiva, a la hora de la valoración de la prueba, una apreciación justa y exacta. Si bien el sistema de las; libres convicciones, tiene vigencia en el proceso laboral permitiendo al juez valorar la prueba por lo que es, más que por lo que resulte ser, debo puntualizar que el concepto inhibe al magistrado a sacar conclusiones de lo que pudo haber ocurrido, como pretende el quejoso, ya que existe primacía de los hechos sobre las formas siempre y cuando éstos estén probados y no resulten meramente presuntos. Frente a ello y teniendo en cuenta el principio de la verdad real, rector en el proceso laboral, cuando se pretende dar por probado un hecho sólo por prueba testimonial, las declaraciones deben ser categóricas, amplias, sinceras, con razón de los dichos y sin dejar lugar a dudas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Torres, Juan Carlos y otros s/ Asociación ilícita, robo calificado reiterado, privación de la  libertad, atentado y resistencia a la autoridad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que sobre la presunción denominada "capacidad delictiva específica" se afirma que no existe derivación directa y que al invocársela se habría violado el inciso 5º del art. 259 del Código de Procedimiento Penal, si no se expresa el motivo por el que no existiría la cuestionada relación directa.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: CIVIL
Carátula: NOGUERA GRACIELA c/ POLICLINICO CENTRAL DE LA UNION OBRERA METRALURGICA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16

El art. 2 del arancel de abogados y procuradores -modificado, en lo pertinente, por la ley 24.432- establece la exclusión de su ámbito personal de aplicación de los "profesionales que actuaren para su cliente con asignación fija, periódica, por un monto global o en relación de dependencia., excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediare condena en costas a cargo de otra de las partes intervinientes en el proceso". En consecuencia, corresponde determinar con precisión -a los fines de decidir- la naturaleza de la relación contractual existente. A tal efecto, se debe tener en cuenta que la hipótesis prevista en el art. 2 del arancel debe ser interpretada con criterio restrictivo pues, en realidad, podría llegar a constituir una renuncia de derechos, con la consiguiente afectación del derecho de propiedad al arancel (conf. Serantes Peña, Palma, Serantes Peña, op. cit., pág. 9; Cámara Nacional Civil, Sala 1, 31.5.91, LL 1991-E-744). Por lo tanto, la prueba tendiente a la exclusión del derecho a percibir honorarios debe ser concluyente (conf. Albrecht Amadeo, "Honorarios de Abogados, 3° edición, pág. 7; esdta Sala, causas 54.432/95 t 54.433/95, ambas del 23.5.02).
Subasta aduanera, interpretación de la ley, mercadería aduanera
Materia: ADUANERO
Carátula: IMPORT PLUS S.A.-AQUINO, ROXANA PAOLA s/ Régimen Penal Tributario y Contrabando, incidente de apelación del auto que ordena la venta en pública subasta de la mercadería secuestrada.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-17

1 - Corresponde revocar la providencia en cuanto dispone que el pedido del organismo (ANA) es procedente y ordena la venta en subasta pública, dado que la normativa invocada por el organismo solicitante no contempla el pedido de autorización a la autoridad judicial para proceder a la venta pública subasta de los bienes que se encuentran bajo su custodia, sino que sólo prevé la notificación al Juez de la medida dispuesta a fin de que indique las muestras representativas de la mercadería que deberá conservarse a las resultas del proceso (Art. 6 de la Ley 25603 , texto sustituído por ley 25986) (Del voto de los Dres. Repetto y Bonzón).- 2 - Corresponde revocar la providencia en cuanto dispone que el pedido del organismo (ANA) es procedente y ordena la venta en subasta pública de mercaderías de propiedad del apelante, ya que la misma carece de fundamento legal dado que las disposiciones en ella mencionadas se refieren a atribuciones del servicio aduanero y, por otro lado, se encuentran en pugna con el Art. 17 de la CN ya que los bienes de que se trata pertenecen a particulares y no han sido decomisados (del voto del Dr. Hendler).
Intervención de terceros, competencia, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: TAFRA c/ MUNICIPALIDAD  DE  PUERTO  DESEADO  Y/O  QUIEN RESULTE  RESPONSABLE s/ INTERDICTO DE OBRA NUEVA S/RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-12-09

La intervención del tercero es un acto de naturaleza eminentemente procesal y cuya interpretación y cuyo avocamiento compete de manera exclusiva a los jueces de las instancias ordinarias, detrayéndolo, por ende, del ámbito de la jurisdicción extraordinaria provincial.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), recursos, interposición del recurso, sentencia, ejecución de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C., M. Y OTRO s/ RECURSO DE APELACION - PRESCRIPCION DE LA PENA (EXPTE N  285-03, RESOLUCION N  116, TOMO 8, FOLIO 146)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-10

El artículo 9 de la 7055, al expresar que "la concesión del recurso, aún por vía de queja, suspende la ejecución de la decisión impugnada" rechaza ser interpretado en el sentido de que la mera interposición del mismo tiene ya esos efectos. El dictado de una sentencia definitiva con un resultado adverso para las pretensiones de inocencia sostenida por el recurrente, ligado a la denegación del recurso de inconstitucionalidad por el tribunal de segundo grado, aunque no brinda certeza respecto a que lo decidido se ajuste a derecho y a que consecuentemente el recurso de inconstitucionalidad finalmente no prosperará, revela un apreciable grado de posibilidad respecto al acierto de lo decidido, entendiéndose así que la ley haga lugar provisoriamente a su ejecución. Andrés J.D'ALESSIO señala que resulta inicialmente chocante que se autorice el uso de la fuerza estatal para lograr el cumplimiento de una decisión que posteriormente el mismo estado puede declarar contraria a derecho, pero, si se tiene en cuenta que el procedimiento policial tiene como fin no sólo asegurar el cumplimiento del derecho sustantivo, sino también lograrlo en un plazo razonable, se comprende que cuando existen razones serias como para estimar que el fallo no será modificado se autorice su ejecución.
Recurso de apelación (procesal), impuesto a las ganancias
Materia: PROCESAL
Carátula: Tibsa Inversora S.A. (TF 18.364-I ) c/ D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-04

Corresponde declarar desierto el recurso ordinario de apelación si el recurrente insiste en afirmar que el procedimiento de fiscalización se inició con la orden de intervención y que por lo tanto el ejercicio 1998 debía ser tomado como período base a los fines del análisis de los requisitos vinculados con el régimen de bloqueo fiscal, sin refutar de manera concreta y razonada la afirmación del a quo en el sentido de que dicho procedimiento había comenzado con anterioridad (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, E. Raúl Zaffaroni y Carmen M. Argibay).
Monotributo, clausura del establecimiento, sanciones tributarias, multa tributaria, derogación parcial de la ley, aplicación de la ley tributaria
Materia: PENAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: BACIGALUPO, MIRTA; SELEMAN, SUSANA s/ Infracciones  tributarias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-05

1 - La ley de reforma tributaria 25239 no derogó expresamente a ley anteriormente vigente 24977 sino que agregó una nueva alternativa a su texto pero, sin embargo, el mantenimiento de ambas disposiciones resulta contradictorio pues sancionar con mayor severidad, con clausura del local y multa, la verificación de un único incumplimiento, es incoherente con la menor sanción, sólo una multa, que se impone al incumplimiento repetido en dos ocasiones. La única interpretación armónica que cabe es que la nueva ley derogó a la anterior y en consecuencia, cuando se trata, como ocurre en este caso, de un único incumplimiento, no se trata de un hecho sujeto a sanción sin perjuicio de las demás consecuencias de ese incumplimiento, como por ejemplo el pago de intereses (Cf. art. 37 de la ley 11683) (Del voto del Dr. Hendler).- 2 - El art. 22, inc. b), punto 2, de la ley 24977 establece la aplicabilidad de las sanciones del art. 40 de la ley 11683 a los inscriptos en el Régimen Simplificado que no exhibieran en lugar visible determinado por la reglamentación, "la placa identificativa de su condición de pequeño contribuyente en la que conste la categoría en la cual se encuentra inscripto o la constancia de pago..." de dicho régimen;

mediante la conjunción "o", el legislador indica que únicamente puede tenerse acreditada la existencia de la infracción cuando no se exhiben ni el comprobante de pago del mes correspondiente ni la placa de identificación tributaria, de donde no es aplicable el art. 26 del decr.

885/98, en cuanto se dispone que la falta de exhibición de cualquiera de estos documentos trae aparejada la consumación de la infracción, pues el contenido de aquella norma implica una aplicación indebida en una materia sancionatoria que ha sido reservada al Poder Legislativo (Del voto del Dr.

Pizzatelli).-
Abogados, mandato
Materia: CIVIL
Carátula: SGT Soluciones en grupos de trabajo SA c/ Construcciones Térmicas SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-19

En ese contexto, y siendo que el profesional que invocó aquella representación ha sido asistido en juicio por otra letrada (abogada matriculada en esta jurisdicción), de conformidad a lo dispuesto por el CPR 56, no cabe exigirle a aquél matriculación en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en tanto no ha ejercido la profesión de abogado en los términos del art. 1 de la ley 23187 y del CPR 56, sino la ya referida representación voluntaria prevista en la ley 10996 (conf. CNCom, Sala C, in re "Nuevo Banco del Chaco SA c/ Inversora Guaymallén SA y otro s/ ordinario"; ídem Sala D, in re "García Alberto Horacio c/ Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad s/ ejecutivo", del 01/12/15).
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, improcedencia del recurso, resoluciones inapelables, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: MINICUCCI, MARIA CRISTINA DE ORMELLA c/ ESTADO NACIONAL - EJERCITO ARGENTINO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-10

El pronunciamiento cuya apelación fue denegada y que motivó la presente queja está referido exclusivamente a un supuesto que encuadra dentro del ámbito de la norma contenida en el art. 379 del Código Procesal que establece la inapelabilidad de las decisiones relativas a la producción, denegación y sustanciación de la prueba por lo que ha sido correctamente denegado el recurso de apelación oportunamente interpuesto.
Notificación, embargo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FREILER  SAMUEL  Y OTROS c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA s/ RECURSODE QUEJA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-11

La norma es imperativa en cuanto a que las resoluciones allí indicadas deben notificarse por cédula o personalmente, sin distinción en cuanto a la parte que peticionó el pronunciamiento, por tanto la carga establecida en el art. 133, no rige en dichos supuestos. En suma, la reposición con apelación en subsidio interpuesta por la parte demandada contra la resolución cuestionada ha sido mal denegada por el a-quo, dado que el principio establecido en el art. 133 del Código Procesal, no rige en los supuestos contemplados en el art. 135, inc. 6°, del mismo cuerpo legal. Toda vez que el peticionario se notificó personalmente de la resolución de marras los recursos interpuestos han sido efectuados en tiempo y forma.
Medidas cautelares, reordenamiento del sistema financiero, emergencia financiera, reprogramación de los depósitos, liberación de depósitos reprogramados
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Muñoz  de  Canevaro  Elena  y otro c/ PEN Ley 25.561 Dto. 1570/01214/02". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-08

Con independencia de que tanto las mejoras en las condiciones de devolución de los depósitos re-programados ofertadas voluntariamente por algunos bancos -tanto las efectuadas con anterioridad al decreto 739/03, como las habidas con posterioridad a esa norma- como la devolución anticipada de tales depósitos que por el decreto 739/03 se impone a la totalidad de esas entidades -por los montos y en los plazos que la norma establece-, no obligan a los ahorristas quienes pueden aceptarlas o no, ambas circunstancias traducen un reconocimiento (por parte de los bancos en el primer caso y por parte del Estado en el segundo) en cuanto a que la devolución anticipada de los montos de los depósitos reprogramados, con los alcances y en las condiciones en que cada una de esos casos involucra, no compromete la estabilidad del sistema bancario en general, cuya preservación fue la finalidad que el Estado Nacional co-demandado invocara en su momento para disponer la reprogramación de los depósitos bancarios que el depositante cuestiona en autos. (Consid. IV).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, terceros
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ogando, Roberto Agustín y otro c/ Banco Agrario Comerc. e Ind.  S.A. s/ escrituración.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-31

Se encuentran reunidos los recaudos previstos por los arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional y 24, inc. 1 del decreto ley 1285/58 si la demanda fue promovida por un vecino de la Capital Federal y ha sido citada como tercero una provincia.
Interpretación de la constitución, libertad de prensa, interés público, fotografía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Franco, Julio César c/ Diario La Mañana y/u Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-30

No puede predicarse que resultaba necesario a los fines de informar sobre la muerte de una persona exhibir la imagen fotográfica de un cadáver tendido sobre el piso como lo hizo la publicación cuestionada, ni puede invocarse la existencia de interés público en este último aspecto que no se viera ya satisfecho con la publicación de la noticia. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Empleados públicos, nombramiento, acto administrativo, falta de motivación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vicco Mariano c/ S.G.P.E.R. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-10-13

El amparista se desempeñaba en el cargo de Jefe del Registro Civil de Gualeguaychú, designado por Decreto 6295 MGJE. Estando en ejercicio del cargo, la demandada dictó el Decreto 2498 GOB disponiendo dejar sin efecto la designación de carácter interino, nombrando a otra persona en su lugar. Se patentiza la conducta contradictoria de la demandada que por una parte designa al actor hasta tanto sea concursado el cargo, y por otro acto administrativo de idéntica jerarquía, sin haber convocado a concurso alguno, nombra con iguales condicionamientos a otro empleado dejando sin efecto la desginación anterior, todo ello a través del decreto que carece de una adecuada y debida motivación que claramente precise las situaciones fácticas y jurídicas por las cuales se produjo semejante cambio. Al no justificarlo, ese actuar contradictorio resulta ilegítimo y arbitrario, vulnerando los derechos otorgados al agente de figuración.
Contratos civiles, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Iasillo, Guillermo Rubén c/ Coop. Telefónica Carlos Tejedor s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

La buena fe, que es criterio o principio de indudable vigencia en orden a la interpretación de un contrato, manda a ajustarse "a la apariencia", a lo que el otro contratante puede entender o creer, para no defraudar la confianza suscitada -buena fe subjetiva-.-
Recursos, inadmisibilidad del recurso, sentencia, nulidad procesal, recurso extraordinario federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Gabriele, Carlos Raúl c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Gabriele, Carlos Raúl y otros sobre 189 bis (2) - portación de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-17

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal porque la sentencia que pretende ser revisada en el marco del recurso extraordinario federal no es aquella a la que se refiere el art. 14 de la ley n° 48 -sentencia definitiva-, ni tampoco da razón suficiente para equipararla a una de dicha especie. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Bonis, Mariano Hugo y otra c/ Municipalidad de Matanza s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

Para que la reparación por desvalorización del rodado satisfaga el fin perseguido por el art. 1083, 1ra. parte del C. Civil, debe acreditarse que dichos trabajos de chapa y pintura no han logrado la reposición de las cosas a su estado anterior, prueba que, incuestionablemente, queda a cargo del damnificado -art. 375 C.

Proc.-.-