Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-02-17


Opinión del Procurador General de la Nación La sentencia de fs. 184 ha desestimado la demanda instaurada por la Cía. Swift de La Plata, S.A. contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por repetición de la suma de $ 21.962.

La actora efectuó dicho pago bajo protesta en concepto de "inspección de seguridad, higiene, y contralor del comercio y la industria", según lo establecido por la ley 2458 de la legislatura local, que fijó el régimen impositivo de la Municipalidad de la ciudad Capital de referencia.

En el escrito de interposición del recurso extraordinario sostiene la demandante que el gravamen en cuestión no es una tasa, ni una contribución de mejoras, ni responde a ningún servicio público municipal determinado, por lo que no ha existido causa que justifique la exigencia del pago.

Añade que, en todo caso, y en el supuesto de admitirse por hipótesis lo contrario, no habría existido proporcionalidad entre el pretendido servicio y la prestación exigida, "lo cual no se compadece -señala- con las características esenciales del régimen municipal (arts. 5º y 106, Constitución Nacional).

Alega, por último, el apelante, que el tributo impugnado resulta contrario al art. 9º, inc. b) de la ley nacional 14.390, y adolece, además, de una irritante desigualdad con lo que vulnera el art. 16 de la Constitución.

Considero que los agravios articulados por el recurrente no poseen fundamento bastante para hacer viable el remedio federal intentado.

En efecto, es de observar, en primer término, que escapa a la revisión en instancia extraordinaria, por depender ello de la apreciación de circunstancias de hecho y prueba, y de la interpretación de normas locales, todo lo relativo a la determinación de la naturaleza del gravamen, a la proporcionalidad de la contraprestación y a la concordancia de aquél para con los preceptos de la Constitución provincial (conf. Corte Suprema Nacional "in re": "Lorenzatti, Francisco c. Municipalidad de Santa Fe s./repetición de pago", sentencia del 13 de julio de 1960 [Rev. LA LEY, t. 103, p. 366, fallo 46.733, con nota de Nerva] y jurisprudencia allí citada, en cuanto fuere de pertinente aplicación la presente causa). Cabe agregar que los invocados arts. 5º y 106 de la Constitución Nacional no guardan relación con la materia de la causa y abonarían por lo contrario, lo afirmado precedentemente.

De lo dicho en el párrafo anterior se desprende una conclusión decisiva para la suerte del segundo agravio enunciado.

Si, el tribunal de la causa ha resuelto en forma irrevisible, a mérito de lo expuesto más arriba, que se trata de una tasa por servicios municipales, y que la relación entre éstos y el monto de aquélla guardan una razonable proporción, es evidente que no pueden prosperar las pretensiones del apelante fundadas en la alegada violación de la ley nacional 14.390 (art. 99, inc. b]).

Aun en el supuesto de que esta ley haya constituido al recurrente en titular de un derecho subjetivo para accionar en el sentido que pretende, no cabe hablar, a mi juicio, de incumplimiento, por parte de la provincia, de obligaciones emergentes del citado texto legal, ya que a mérito de lo que éste dispone las provincias contratantes no renuncian al derecho de establecer, o permitir el establecimiento dentro de su jurisdicción, de "tasas retributivas de servicios que guardan una razonable relación con los servicios efectivamente prestados" (art. 9º, inc. b]), ni se ha demostrado que el gravamen en cuestión exceda las previsiones del inc. c) del mencionado artículo de dicha ley.

Estimo, por último, que la presunta violación de la garantía constitucional de la igualdad no aparece debidamente acreditada en los términos exigibles para la apertura de la instancia de excepción.

Por todo lo expuesto opino, en definitiva, que el recurso extraordinario es improcedente y ha sido, en consecuencia, mal concedido a fs. 195. - Agosto 16 de 1960. - Ramón Lascano.

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Considerando:

1º - Que contra la sentencia, que rechazó la demanda promovida en autos, la actora dedujo recurso extraordinario, el que le fue concedido.

2º - Que, al fundar su apelación, la recurrente impugna el gravamen establecido por la ley local 2458 (ADLA, XIII-B, 2306), de conformidad con la cual debió pagar la suma de $ 21.961,44 -correspondiente al año 1953- en concepto de "retribución" por el servicio municipal de "inspección de seguridad, higiene, y contralor del comercio y la industria". Apoya sus pretensiones en los siguientes argumentos: a) el referido gravamen no tiene carácter de tasa ni de contribución de mejoras, ni corresponde a ningún servicio público municipal que haya sido efectivamente prestado; b) aun cuando se entendiera lo contrario, faltaría "la adecuada y prudente proporcionalidad entre el pretendido servicio y la presentación exigida"; c) habida cuenta de la naturaleza de la aludida contribución, su creación por la ley 2458 y su percepción por la autoridad municipal importan desconocimiento de los arts. 5º y 106 de la Constitución Nacional, en lo concerniente a "las características esenciales del régimen municipal"; d) las disposiciones locales sobre las que versa el litigio contrarían lo preceptuado por el art. 9º, inc. c) de la ley 14.390 (ADLA, XIV-A, 195); e) y, además, suponen "repetición del impuesto provincial de patentes", lo que equivale a decir que violan los preceptos constitucionales atinentes a "la proporcionalidad e igualdad como bases fundamentales de todo impuesto"; f) la aplicación del tributo conduce a extremos de "manifiesta e irritante desigualdad" y de "verdadera hostilidad", como lo pone de relieve la presente causa.

3º - Que ninguno de estos agravios puede prosperar. Ante todo, porque, conforme a reiterada jurisprudencia, el pronunciamiento del tribunal a quo en el sentido de que la debatida en la especie es una "tasa diferencial" que corresponde a un servicio "prestado a todos los negocios que trafican con el público de la ciudad", hállase referido a cuestiones de hecho y prueba (Fallos, t. 181, p. 264 [Rev. LA LEY, t. 11, p. 949, fallo 5585]; t. 183, p. 310; t. 188, p. 189; t. 247, p. 296 [Rev. LA LEY, t. 103, p. 366, fallo 46.733] y sus citas). De donde se sigue que, cualquiera sea el acierto o error del criterio expuesto por los jueces de la causa y no mediando alegación de arbitrariedad, lo decidido sobre el punto es irrevisible en la presente instancia.

4º - Que, por idénticas razones, no es atendible la objeción que se hace depender de la supuesta desproporción existente entre el servicio público que la sentencia estima ha sido prestado y la tasa pagada por la actora. El aserto de que ésta no ha demostrado tal desproporción -la que a juicio del tribunal a quo se confunde con la confiscatoriedad del gravamen- es también insusceptible de ser revisado en la instancia extraordinaria, dada la limitación que a las facultades de esta Corte impone el art. 14 de la ley 48 (ADLA, 1852-1880, 364; Fallos, t. 188, p. 189, consid. 3º).

5º - Que los arts. 5º y 106 de la Constitución Nacional no pueden servir de base al tercero de los agravios más arriba indicados, toda vez que, como lo declaró esta Corte en el precedente de Fallos, t. 199, p. 423 (Rev. LA LEY, t. 36, p. 521, fallo 18.122), las disposiciones constitucionales relativas al régimen municipal que las provincias deben asegurar se reducen a ordenar su establecimiento, mas sin prefijar el sistema económico-financiero al que deberá sujetarse la organización comunal. En efecto, la determinación de ese sistema, según resulta de los arts. 104 y sigts., pertenece al ámbito de las facultades propias de los gobiernos locales.

6º - Que, en cuanto a la alegada contradicción entre las normas aplicadas en el caso y el art. 9º, inc. c) de la ley 14.390, no corresponde emitir consideración alguna, por cuanto la apelante no mantuvo el respectivo agravio en el memorial de fs. 205/215 presentado ante esta Corte (Fallos, t. 209, p. 28 [Rev. LA LEY, t. 48, p. 264, fallo 23.298] t. 212, p. 321 [Rev. LA LEY, t. 54, p. 264, fallo 26.251]; doc. de Fallos, t. 190, p. 392 [Rev. LA LEY, t. 23, p. 935, fallo 12.140]), siendo exacto, por lo demás, que, aun cuando la actora hubiera podido invocarlo, el mencionado precepto federal no guardaría relación alguna con el "sub lite", como lo evidencia el Procurador General.

7º - Que tampoco es atendible la tacha referente a la supuesta existencia de una duplicación de gravámenes, ya que ella -basada en la afirmación de que la tasa objetada no hace sino "repetir" el impuesto provincial de patentes- ha sido desestimada por el tribunal a quo, en cuya opinión "no ha demostrado la actora que exista una doble imposición". Y esta conclusión resulta ser también irrevisible en la presente instancia, debido a que se apoya en la interpretación de preceptos locales y no ha sido impugnada como arbitraria. Por otra parte, las previsiones constitucionales que se aduce no guardan relación inmediata y directa con lo resuelto sobre el punto, y la reiterada doctrina del tribunal es adversa al reclamo de la apelante (Fallos, t. 188, p. 464 [Rev. La Ley, t. 21, p. 144, fallo 10.731], entre otros). A lo que todavía puede agregarse que decidir si la tasa de que aquí se trata ha sido o no aplicada en forma que contradice los "principios de la ciencia económica", escapa a la competencia de lo. jueces, a quienes no les está permitido pronuncarse sobre la sabiduría, conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso o las legislaturas provinciales (Fallos, t. 199, p. 423; t. 242. p. 73 [Rev. LA LEY, t. 93, p. 358, fallo 43.082, con nota de Próculo]; etcétera).

8º Que, finalmente, el agravio de que la tasa discutida comporta "manifiesta e irritante desigualdad" y "asuma el carácter de una verdadera hostilidad", no basta para sustentar el recurso extraordinario, puesto que, así expresado, no satisface los requisitos mínimos de fundamentación que esta Corte, con arreglo al art. 15 de la ley 48, ha considerado indispensables (Fallos, t 244, p. 507).

En su mérito, y lo concordantemente dictaminado por el Procurador General, se declara improcedente el recurso concedido a fs. 195. - Benjamin Villegas Basavilbaso - Aristóbulo D. Araoz de Lamadrid - Julio Oyhanarte. - Pedro Aberastury. - Ricardo Colombres. - Esteban Ymas.