Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-26


Esquel,26 de junio de 2006.- VISTO:

Los recursos de apelación interpuestos por la coheredera M. L. F. (fs. 94), y por la Sra. Asesora de Familia e Incapaces y el Sr. Curador Provisorio, Dr. H. A. S., en representación del coheredero R. E. F. (fs. 99), contra la Sentencia N° 984 de fecha 26 de diciembre de 2005 (fs. 92/vta.); y- CONSIDERANDO:- 1. Que por la referida resolución el Sr. Juez subrogante, Dr. Claudio Alejandro Petris, decide remover del cargo de administradora judicial de la sucesión a la Sra. M. L. F., con costas a su cargo.

2. Que a fs. 101/102 el Dr. J. C. G., actuando en representación de la coheredera recurrente, Sra. M. L. F., expresa agravios, sosteniendo que la sentencia apelada tiene como supuestos fundamentos "hechos falsos o inexistentes" y que, por consiguiente, la sentencia carece de motivación lógica, es infundada, quiebra todo principio de congruencia y falsea los hechos.- Así, dice el apelante que, en el tercer párrafo de la resolución en crisis, el Juez actuante sostiene que ha quedado acreditado en el tramite incidental que L. F. ha incumplido en forma incausada e injustificada la obligación legal de rendir cuentas del art. 713 del CPCC; correspondiendo frente a ello decir que, en el juicio sucesorio de los Sres. E. F. y D. R., desde el inicio del mismo, fueron designadas administradoras judiciales en forma conjunta D. F. y L. F., habiendo desarrollado ambas las tareas propias de la administración, aclarando que, en el caso de L. F., antes y después de la renuncia de su hermana al cargo de administradora judicial, ha acompañado los comprobantes y detalle de pago de las sumas y conceptos erogados, situación que, más allá de alguna impugnación parcial, no ha sido rechazada por el Juez del proceso, ni ha merecido resolución alguna.

Lo que sí está claro es que, según expresa el recurrente, "nunca existió un pedido de rendición de cuentas al que procesalmente se haya dado curso, motivo por el cual no ha incumplido L. F. con tal carga".

Además, continúa el recurrente, en el cuarto párrafo de los considerandos, el Juez manifiesta que en atención al incidente de rendición de cuentas que tiene "a la vista" se dan las causales que justifican la remoción de la administradora. Esto constituye una "grosera mentira", toda vez que nunca se formó incidente de rendición de cuentas, no se ha dado traslado de intimación alguna en tal sentido, ni de la formación de incidente con ese motivo. En consecuencia, sostener como fundamento "la presencia a la vista de un incidente que no existe" constituye el más claro ejemplo de falta de fundamentación en la sentencia que ataco, y sostengo esto por no ir más allá, pues resulta difícil poder comprender por qué "se cita un incidente que nunca existió".- Y, en lo substancial, concluye el apelante diciendo, si algo faltaba para concluir la incongruencia de la resolución, en el quinto párrafo la sentencia hace una cita jurisprudencial para sostener la remoción, expresando: "Esta causal de remoción que le es propia del administrador se da en el caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas que le impone la ley, pero por sí sola no constituye causal pues debe haber mediado reclamación previa y la intimación". Como sostuviéramos, no existe incidente de rendición de cuentas, ni tampoco existe judicial o extrajudicialmente intimación o reclamación previa a rendirlas, sosteniendo el propio Juez que ello es requisito indispensable para configurar la causal de remoción.

3. Que a fs. 104/105 vta. expresan agravios la Sra. Asesora de Familia e Incapaces, Dra. María Cristina Lanfranconi, y el Sr. Curador Provisorio, Dr. H. A. S., en representación del coheredero R. E. F..

En lo fundamental, su crítica coincide con la de la coheredera M. L. F., expresando concretamente: "En efecto, de la lectura de la presente causa no se desprende constancia alguna que acredite la promoción del incidente de rendición de cuentas aludido precedentemente ni, tampoco, que tal rendición fuera requerida expresamente por los restantes coherederos. Esta situación, obvio es decirlo, quita todo sostén a la apreciación de V.S. vinculada al incumplimiento de la Administradora Judicial en tal sentido". Y continúan los representantes de R. E. F.: "En este mismo orden, adviértase que en el decisorio en crisis se insiste en un 'incidente que se tiene a la vista' (el cual sería la prueba demostrativa del incumplimiento que se endilga a la Administradora L. F.) cuando, en realidad, tal proceso incidental nunca fue promovido; o sea, que no existe. Por tal razón y siendo ello así, el 'mal desempeño del cargo' imputado como causal de remoción de la Administradora se encuentra vacío de contenido y, por ello, el Resolutorio apelado debe nulificarse con fundamento en la carencia de motivación, según los términos del art. 34, inc. 4° del C.P.C. y C. y art. 169 de la Constitución Provincial".

Más adelante, dicen la Sra. Asesora de Familia e Incapaces y el Curador Provisorio que, partiendo de la base de que estamos en presencia de un presunto incapaz y que nuestra misión específica es velar por los intereses materiales y espirituales del mismo, debemos destacar que cualquier cambio que se produzca en la persona de la Administradora actual lo afectará irremediablemente. Ello así porque la Sra. L. F. -hermana de nuestro pupilo- ha sido siempre su sostén espiritual y material; máxime luego de acaecido el fallecimiento de sus padres, E. F. y D. A. R..

Además, agregan, que también se agravian en cuanto el Resolutorio no reparó en la voluntad expresa de su parte manifestada en ocasión de la audiencia celebrada en los autos principales el día 22 de noviembre de 2005 (fs. 87/88 del presente incidente), voluntad que tiene como soporte legal la normativa del art. 709 del código de rito.- 4. Que, al contestar a fs. 107/109 el pertinente traslado, la coheredera D. V. F., luego de relativizar la importancia de la "inexistencia de un incidente" o del requisito previo de una intimación que, según dice, no son necesarios para la procedencia del cese de una administración, abunda en argumentaciones que exceden el thema decidendum de los recursos bajo tratamiento y que indudablemente deben ventilarse en el marco de un incidente de rendición de cuentas.- Algunas precisiones sobre los antecedentes del resolutorio: En primer término, siguiendo la prestigiosa doctrina citada previamente, y conforme las disposiciones procesales (art. 714 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut), señalamos que la remoción del administrador judicial del sucesorio tramita por vía de incidente, y puede resultar de un pedido de parte, o aún disponerse de oficio.

De los autos principales, que se requirieron para mejor resolver y atento los agravios vertidos por las partes y que se dejaran resumidos supra, puede extraerse que con fecha 3 de Octubre de 2005 (páginas 346/349) el apoderado de D.F., luego de anunciar las acciones que pretendía incoar, y presentar la renuncia de su parte a la co-administración, planteó la remoción de L. F. de su cargo señalando: mal manejo del dinero, realización de actos de disposición de bienes relistos sin consentimiento de los herederos ni autorización judicial, falta de rendición de cuentas y otros incumplimientos (que en honor a la brevedad no se reproducen), y requiriendo que, en su caso, se forme el correspondiente incidente.

Esa presentación fue sustanciada (página 352 del principal) y se fijó audiencia..

En las hojas 356/357 del sucesorio, el apelante de la sentencia que nos ocupa brindó explicaciones sobre el manejo de los fondos, traslado que se tuvo por contestado con el decreto que luce a fojas 358 del expte. 511-81-2003-F.

Celebrada la audiencia de la que da cuenta el acta de fojas 360 (el 28 de Octubre de 2005), ante la propuesta del Dr. G. L. en que un tercero designado de común acuerdo asuma la administración del sucesorio, el Dr. G. manifiesta que no formula objeción alguna. Aunque no convienen acerca de la persona en que recaería la designación.

Celebrada una segunda audiencia (fojas 369/370) el letrado de D. F. solicita (en lo que aquí interesa), se resuelva la remoción y también la impugnación que realizó a fojas 345 del principal sobre la presentación de comprobantes que efectuó L. F. (copias de fojas 75 y 76 de este incidente). En dicha audiencia se opusieron a la remoción los Dres. G., S. y Lanfranconi.- El juez del sucesorio resolvió, con fecha 25 de Noviembre de 2005 no hacer lugar a la impugnación planteada a fojas 345 del principal (decreto que luce al folio 371), por no haberse corrido traslado. También dispuso se acompañen copias para la formación del INCIDENTE DE REMOCION DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. Nada indicó el director del proceso sobre la necesidad de formar incidente de rendición de cuentas autónomo.- Se debe recordar aquí que el pedido de remoción se fundó (entre otras cosas, pero no únicamente) en la falta de rendición de cuentas.

Las distintas presentaciones efectuadas por la co-heredera disconforme con la administración de L. F. (que en el principal se glosaron a fojas 337,345,473) no fueron consideradas en la primera instancia como requerimientos de rendición de cuentas, y tampoco fue intimada la administradora a cumplir con dicha obligación por parte del juzgado.- Recién con fecha 13 de Febrero de 2006 (fojas 492 del sucesorio), el Dr. R. G. L. anuncia que pedirá la formación de incidente de rendición de cuentas, lo que concreta con fecha 20/03/06 (fojas 2 del expediente Nº 158-2006-F).

No obstante ello, obran en el incidente que nos ocupa, y donde ha sido dictada la sentencia interlocutoria cuestionada, las presentaciones que realizó en el principal la coheredera D. F., objetando las presentaciones de comprobantes de operaciones vinculadas con el establecimiento, que acercaba al heredera L. F. en carácter de administradora judicial. También las que efectuaba denunciando circunstancias relacionadas con el desempeño del cargo (así, fojas 41, 42, 48, 49, 75, que obran en copia y coinciden con las anejadas el principal). A modo de ejemplo, a fojas 285 del principal se puso en conocimiento una situación que mereció la intimación del Juez para depositar fondos y cesar con actos de disposición sin contar con conformidad de los restantes herederos; o cuando a fojas 302 se intima a depositar importes, o se impugna la presentación de fojas 337 (fojas 345).- El análisis de los agravios: adelantamos, a manera de enunciado, que deben ser acogidas las apelaciones interpuestas por cuanto la sentencia en crisis carece de una adecuada fundamentación. - El principio de congruencia constituye un principio derivado del sistema dispositivo y se basa en la exigencia de que medie identidad entre los sujetos, objeto y hechos de una pretensión principal o incidental y la decisión judicial que la dirime. La violación del mismo se sanciona con la nulidad de lo resuelto, conforme el art. 34 inc. 4º del rito, que consagra entre los deberes del juez "fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia". Para algunos autores, más que un principio, la congruencia es un postulado de la lógica formal que debe imperar en todo razonamiento (Clemente Diaz, "Instituciones de Derecho Procesal", t.II-A, pag. 229, Abeledo Perrot, citado por M. de los Santos, La Ley On line).

En una clasificación de los planos en que este principio se verifica, y en lo que nos ocupa, se habla de incongruencia objetiva cuando existe un desajuste entre las pretensiones formuladas y la decisión jurisdiccional que las dirime. Puede ser por exceso, y por ende dar lugar a una resolución "extra petita" cuanto el órgano jurisdiccional otorga algo que no ha sido solicitado por las partes. Vale decir, cuando no media pretensión y se formula un pronunciamiento sobre un derecho, condenándose a una prestación no requerida. Hay incongruencia sobre el material fáctico cuando la sentencia se refiere a hechos no planteados por las partes (por exceso), cuando omite la consideración de hechos esenciales y probados (por defecto), también cuando se resuelve una cuestión distinta (mixta).

El vicio denominado de incongruencia por extra petita se configura sólo cuando en la sentencia se produce un trocamiento de los hechos que conforman la causa petendi, pero no cuando el juzgador aplica e interpreta el derecho que regla y condiciona la procedencia del objeto pretendido, asignando las consecuencias jurídicas que de tal aplicación se deriven, aunque el accionado no haya identificado ni alegado la formulación jurídica propia de la materia controvertida (conf. TSJCórdoba, Sala Civil, 24/10/05, sent. Nº 109 , el Dial AA3194).

Conforme lo establece la ley adjetiva (art. 713 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut), cuando mediaren observaciones a las rendiciones de cuentas, las mismas se sustanciarán por el trámite de los incidentes. El Juez titular del Juzgado de Ejecución, pese a las reiteradas presentaciones impugnaticias de la Sra. D. F. hacia el desempeño de la administradora dispuso (así se lee en la página 371 del cuerpo principal) que para resolver el pedido de remoción debía acompañar copias para formar el incidente. Hasta entonces, el Juez del sucesorio se expedía (conforme el art. 713) respecto de cada una de las presentaciones, pero sin otorgarle el carácter de formal solicitud de rendición de cuentas, ni resolver sobre la remoción solicitada.- Formado el incidente, con las copias de los escritos presentados y sustanciados en el principal, se llama autos para resolver el pedido de remoción de administradora judicial.

Conforme surgiera de la deliberación, y sin perjuicio de estar los integrantes de este cuerpo de acuerdo respecto de la nulidad del resolutorio atacado, ante la postura del Dr. Benjamín Moisá, que basa dicha nulidad en la supuesta valoración por parte del a quo de un hecho falso -incidente que no existe-, lo que además acarrearía a su entender un responsabilidad administrativa y penal accesoria, corresponde dejar sentado el criterio mayoritario al respecto. La nulidad que propugnamos declarar conforme las peticiones de las partes según sus agravios se basa en la insuficiencia en la de fundamentación de la medida, la que utilizando frases genéricas sin la correspondientes concatenación con las probanzas que debieron ser piedra basal de lo resuelto.

Agraviándose ambas partes con la cita en el resolutorio de un incidente de rendición de cuentas que no existe, se extrae de la atenta lectura de la pieza atacada que, en rigor, el Juez Subrogante no menciona en la resolución que suscribe, un incidente en especial. No identifica por carátula, número y folio un trámite en particular. Se refiere únicamente al "incidente de rendición de cuentas que tengo a la vista", y esto no puede ser tenido como un hecho falso, sino -y por los antecedentes tenidos en cuenta en este análisis- como un error en la redacción del fundamento dado, ante un supuesto de incongruencia objetiva mixta (por exceso, al no haberse producido intimación a rendir cuentas, y por defecto, al no considerar la opinión de la mayoría).

Es de destacar además que la verdadera motivación de la remoción radica en el mal desempeño del cargo (ver noveno párrafo de los considerandos), así como lo que dispone el art. 714, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut.

La referencia (reiterada, por cierto) a un incidente que no se identifica no puede ser entendida más que en relación a los planteos que se realizaron primero en el principal, y se reeditaron en copia en el incidente que se estaba resolviendo.

Nótese, por otra parte, que en el tercer párrafo del resolutorio puede leerse que: "...el incumplimiento ha quedado acreditado en el trámite incidental, desprendiéndose que L. F. ha incumplido en forma incausada e injustificada la obligación legal de rendir cuentas que impone el art. 713 del rito...". - Al no identificarse incidente alguno puede válidamente interpretarse que se refería al que en ese momento lo ocupaba (el propio de remoción como actuación incidental).

Ello que no le resta la mentada incongruencia advertida por los quejosos en punto a la cita jurisprudencial contraria a la remoción del administrador sin previa intimación a rendir cuentas.

Tenemos así que el resolutorio apelado resulta nulo por vicio de incongruencia (art. 34 del rito), en el sentido descripto por el STJCH, en fallo citado en El Dial, AS56D: "...se acuerdo a las reglas de la lógica, los elementos del raciocinio que se expresan en la decisión, no deben dejar lugar a dudas acerca de su significado y alcance sobre las conclusiones que determinan: las afirmaciones y deducciones deben guardar adecuada correlación y concordancia y no emplearse juicios contrastantes que al oponerse se anulen entre sí; el principio de congruencia se dirige a "delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional, por imperio del cual debe existir identidad entre los resuelto lo controvertido oportunamente entre los litigantes, y en relación con los poderes atribuídos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico.".- Y ello no aconteció con el fallo atacado, desde que señala en forma promiscua la falta de rendición de cuentas junto con jurisprudencia que indica que por sí sola esta causal no resulta suficiente.- En otra parte, con liviandad y genéricamente, el a quo se refiere al incumplimiento de la obligación sin hacer cita alguna de la parte del expediente (principal o incidental) en que tal obligación le fue intimada a la Sra. L. F..

Pero ésta (la necesidad de intimación) resulta ser una interpretación jurisprudencial. El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut se refiere a una obligación trimestral, sin requerir intimación previa alguna. Nada dijo el juzgador sobre ello, ni fue preciso en cuanto a que el requerimiento se habría ya realizado.

En el párrafo octavo, puede leerse que "...en los presentes autos la administradora simplemente se limitó a acompañar comprobantes de operaciones efectuadas, omitiendo en forma incausada e injustificada la obligación de rendir cuentas que le impone el art. 713 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut...".

No tuvo en cuenta el juzgador (a la sazón, juez subrogante a cargo del dictado de una sentencia en ciernes de caducar el plazo legal para su dictado) hechos falsos, puesto que en el incidente en que se expidió (Nº 732-2005-F) existían constancias de impugnaciones a las presentaciones de comprobantes, con severas acusaciones de la coheredera D. F., e intimaciones del Juez del sucesorio.

El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut impone la obligación de rendir cuentas trimestralmente, pero los herederos pueden acordar otro plazo mayor o menor, según las circunstancias, y pueden hasta autorizar a no presentarlas (v. F., C.E., "Código...", t. 3, p. 663, n. 1).Esta última voluntad podría presumirse si, como en el caso, durante largos períodos no se han formulado rendiciones parciales de cuentas y los herederos no las han pedido (v.F.,S.C., "Código...", ed. Astrea 1979, t. III, p. 337, n. 4145).- Pero ésta no constituye la única causal de remoción invocada por el abogado de la coheredera D. F.. También obraba en el incidente la copia de la presentación de fojas 346/349 de los autos principales, en las que señaló mal manejo del dinero, realización de actos de disposición de bienes relictos sin consentimiento de los restantes herederos o autorización judicial, amén de otros incumplimientos.- Presentación que, a la postre, era la que tenía que ser resuelta (ver fojas 90 y 91 de este trámite en relación con lo resuelto a fojas 371, punto 3 del principal, incorporado a fojas 89 del presente incidente, y primer párrafo de la resolución en crisis).

El juez titular, Dr. Magallanes, al serle impugnadas las presentaciones a la administradora L. F., no dispuso formación de incidente (art. 713 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut) por no haberlas considerado requerimiento de rendición de cuentas, pero sí ordenó el desprendimiento del las copias para formar el de remoción de la administradora. Puede entonces, razonablemente, colegirse que inclusive la alegada falta de rendición de cuentas (uno de los comportamientos configurativos del mal desempeño) tenían como antecedentes fácticos, las constancias documentales del incidente que se resolvía, y no de otros, como lo interpretan los apelantes.- La causal de remoción que invocó en la sentencia el subrogante es el mal desempeño, aunque sin precisar en qué consistía puntualmente el mismo, debiendo expedirse sobre los restantes acuses realizados por el letrado. Tampoco tuvo en consideración la voluntad de la mayoría en cuanto al mantenimiento de la administradora L. F., y su desempeño como tal.

Y, se ha expedido la jurisprudencia en torno a la excepcionalidad de la remoción de quien reviste carácter de administrador judicial diciendo: "Los administradores, sobre todo coherederos y legos, si son copartícipes de la herencia indivisa, quedan embuidos de la idea de que administran algo que les es también propio. Y suele suceder que olviden que además es de otros. Por ello una mera falta de rendición o una rendición incompleta pero perfectible, no puede por sí llevar a la remoción que a la postre no fue sino originada en un olvido y en una disposición de ánimo muy normal (piénsese en el cónyuge que administra la herencia de sus hijos). Sobre todo si, como en el caso, la sucesión es compleja en bienes y movimientos, por lo que al haber actuado sin mala fe pero con -cierta- desprolijidad ha acumulado hechos, actos, negociaciones administrativas que, más tarde, pasado un tiempo se han complicado, siendo difícil recomponer la historia analítica y documental de los movimientos. De ahí la normal tolerancia que parece prudente tener (conf. C. Nac. Civ. sala F, del 31/8/1995, fallo 95223, nota de Xantos, en "Remoción del Administrador", LL 1997-B-509)." C. Civ. y Com. Bahía Blanca,sala 1ª,22/12/1992- T., R. G. v. T. de R., M. A.). JA 1995-IV, síntesis. Citar Lexis Nº 70006140.

Entonces, en estos actuados, el juez de grado dictó sentencia con motivación insuficiente (desde que no señaló las fojas en las que se basó para señalar las conductas contrarias a una buena administración) y autocontradictoria, pero no basada en hechos o resoluciones falsas, desde que ninguna cita de un decreto o resolución se realiza en la sentencia, y los hechos que narró existieron, aunque fueron erróneamente interpretados.

Ningún atisbo de dolo se encuentra tampoco en la conducta desplegada por el subrogante legal, como para adherir a la disidencia parcial del Dr. Moisá en cuanto a girar las actuaciones a la justicia penal, máxime cuando en los agravios de la Asesora de Familia e Incapaces (también funcionaria pública y obligada a denunciar, en su caso), no surge que los errores de fundamentación señalados constituyan infracción penal.

Por las razones dadas debe declararse la nulidad de la sentencia Interlocutoria Nº 984, de fecha 26 de Diciembre de 2005, debiendo dictar el juez del sucesorio una nueva sentencia conforme a derecho (art. 253 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut).- -Atento el modo en que se propicia esta resolución, las costas deben imponerse en el orden causado, regulándose los honorarios de los letrados intervinientes en función de los trabajos efectuados y el resultado obtenido, que se trata de un proceso incidental no susceptible de apreciación pecuniaria, y los mínimos legales para los incidentes, así como las tareas efectivamente realizadas, que autorizan a exceder el mínimo para el tipo de proceso..

-Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut,- R E S U E L V E- 1°) DECLARAR la nulidad de la Sentencia N° 984 de fecha 26 de diciembre de 2005 (fs. 92/vta.), debiendo dictar el juez del sucesorio una nueva sentencia conforme a derecho (art. 253 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut).- 2) IMPONER las costas de ambas instancias por su orden (art. 71, CPCC), fijando los honorarios de los Dres. J. C. G., .R. T. G. L., H. S. y de la Asesora Civil de Familia e Incapaces, Dra. María Cristina Lanfranconi en la suma de $1.000.- para cada uno, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en la anterior Instancia. (arts. 6, incs. b a f, 8, 9 y 33 del Dec. Ley 2.200) 3) REGULAR los emolumentos de los Dres. J. C. G. y .R. T. G. L. en la suma de $250.- para cada uno y para los Dres. H. S. y María Cristina Lanfranconi en la de $125.- para cada uno, todos ellos con más el IVA pertinente, por las tareas efectuadas en esta Alzada. (art. 14 Dec. Ley 2.200).- 4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.- La presente resolución es dictada por el Tribunal integrado con el Sra. Juez de Familia, Dra. Mariela González de Vicel y el Sr.Juez de Instrucción Dr. Jorge Criado, por encontrarse vacantes dos vocalías e inhibidos de actuar el Sr. Juez de Ejecución, el Sr. Juez Civil, Comercial, Laboral y de Minería, el Sr.Juez en lo Correccional y la Sra. Juez Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes, (arts. 8 de la Ley N° 1.130, texto según Ley N° 4.550; Acordadas STJ Nros. 3.223/00 y 3.303/03).- BENJAMÍN MOISÁ (con sus fundamentos y en disiencia parcial) MARIELA GONZALEZ de VICEL JORGE CRIADO FUNDAMENTOS Y DISIDENCIA PARCIAL DEL DR. MOISÁ:

1. Por Sentencia N° 984 de fecha 26 de diciembre de 2005 (fs. 92/vta.) el Sr. Juez subrogante, Dr. Claudio Alejandro Petris, decide remover del cargo de administradora judicial de la sucesión a la Sra. M. L. F., con costas a su cargo.- 2. A fs. 101/102, el Dr. J. C. G., actuando en representación de la coheredera recurrente, Sra. M. L. F., expresa agravios, sosteniendo que la sentencia apelada tiene como supuestos fundamentos "hechos falsos o inexistentes" y que, por consiguiente, la sentencia carece de motivación lógica, es infundada, quiebra todo principio de congruencia y falsea los hechos.- Así, dice el apelante que, en el tercer párrafo de la resolución en crisis, el Juez actuante sostiene que ha quedado acreditado en el tramite incidental que L. F. ha incumplido en forma incausada e injustificada la obligación legal de rendir cuentas del art. 713 del CPCC; correspondiendo frente a ello decir que, en el juicio sucesorio de los Sres. E. F. y D. R., desde el inicio del mismo, fueron designadas administradoras judiciales en forma conjunta D. F. y L. F., habiendo desarrollado ambas las tareas propias de la administración, aclarando que, en el caso de L. F., antes y después de la renuncia de su hermana al cargo de administradora judicial, ha acompañado los comprobantes y detalle de pago de las sumas y conceptos erogados, situación que, más allá de alguna impugnación parcial, no ha sido rechazada por el Juez del proceso, ni ha merecido resolución alguna.

Lo que sí está claro, según expresa el recurrente, es que "nunca existió un pedido de rendición de cuentas al que procesalmente se haya dado curso, motivo por el cual no ha incumplido L. F. con tal carga".

Además, continúa el recurrente, en el cuarto párrafo de los considerandos, el Juez manifiesta que en atención al incidente de rendición de cuentas que tiene "a la vista" se dan las causales que justifican la remoción de la administradora. Esto constituye una "grosera mentira", toda vez que nunca se formó incidente de rendición de cuentas, no se ha dado traslado de intimación alguna en tal sentido, ni de la formación de incidente con ese motivo. En consecuencia, sostener como fundamento "la presencia a la vista de un incidente que no existe" constituye el más claro ejemplo de falta de fundamentación en la sentencia que ataco, y sostengo esto por no ir más allá, pues resulta difícil poder comprender por qué "se cita un incidente que nunca existió".- Y, en lo substancial, concluye el apelante diciendo, si algo faltaba para concluir la incongruencia de la resolución, en el quinto párrafo la sentencia hace una cita jurisprudencial para sostener la remoción, expresando: "Esta causal de remoción que le es propia del administrador se da en el caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas que le impone la ley, pero por sí sola no constituye causal pues debe haber mediado reclamación previa y la intimación". Como sostuviéramos, no existe incidente de rendición de cuentas, ni tampoco existe judicial o extrajudicialmente intimación o reclamación previa a rendirlas, afirmando el propio Juez que ello es requisito indispensable para configurar la causal de remoción.

3. A fs. 104/105 vta., expresan agravios la Sra. Asesora de Familia e Incapaces, Dra. María Cristina Lanfranconi, y el Sr. Curador Provisorio, Dr. H. A. S., en representación del coheredero R. E. F..

En lo fundamental, su crítica coincide con la de la coheredera M. L. F., expresando concretamente: "En efecto, de la lectura de la presente causa no se desprende constancia alguna que acredite la promoción del incidente de rendición de cuentas aludido precedentemente ni, tampoco, que tal rendición fuera requerida expresamente por los restantes coherederos. Esta situación, obvio es decirlo, quita todo sostén a la apreciación de V.S. vinculada al incumplimiento de la Administradora Judicial en tal sentido". Y continúan los representantes de R. E. F.: "En este mismo orden, adviértase que en el decisorio en crisis se insiste en un 'incidente que se tiene a la vista' (el cual sería la prueba demostrativa del incumplimiento que se endilga a la Administradora L. F.) cuando, en realidad, tal proceso incidental nunca fue promovido; o sea, que no existe. Por tal razón y siendo ello así, el 'mal desempeño del cargo' imputado como causal de remoción de la Administradora se encuentra vacío de contenido y, por ello, el Resolutorio apelado debe nulificarse con fundamento en la carencia de motivación, según los términos del art. 34, inc. 4° del C.P.C. y C. y art. 169 de la Constitución Provincial".

Más adelante, dicen la Sra. Asesora de Familia e Incapaces y el Curador Provisorio que, partiendo de la base de que estamos en presencia de un presunto incapaz y que nuestra misión específica es velar por los intereses materiales y espirituales del mismo, debemos destacar que cualquier cambio que se produzca en la persona de la Administradora actual lo afectará irremediablemente. Ello así porque la Sra. L. F. -hermana de nuestro pupilo- ha sido siempre su sostén espiritual y material; máxime luego de acaecido el fallecimiento de sus padres, E. F. y D. A. R..

Además, agregan que también se agravian en cuanto el Resolutorio no reparó en la voluntad expresa de su parte manifestada en ocasión de la audiencia celebrada en los autos principales el día 22 de noviembre de 2005 (fs. 87/88 del presente incidente), voluntad que tiene como soporte legal la normativa del art. 709 del código de rito.- 4. Al contestar a fs. 107/109 el pertinente traslado, la coheredera D. V. F., luego de relativizar la importancia de la "inexistencia de un incidente" o del requisito previo de una intimación que, según dice, no son necesarios para la procedencia del cese de una administración, abunda en argumentaciones que exceden el thema decidendum de los recursos bajo tratamiento y que indudablemente deben ventilarse en el marco de un incidente de rendición de cuentas.- 5. Entrando a resolver la cuestión, la doctrina y la jurisprudencia -sobre la base de lo dispuesto por los arts. 3384 del Código Civil y 713 del CPCC- son pacíficas en sostener que: "La falta de presentación de las cuentas no configura por sí sola la causal de remoción, si no fue intimado a hacerlo por los herederos; es decir que es necesario un requerimiento expreso por parte de los coherederos y un incumplimiento por parte de quien administra el caudal relicto. Por otro lado, la remoción es excepcional y se funda en causas graves que se traduzcan en un perjuicio serio para los bienes administrados. El pedido de remoción del administrador debe tramitar por vía incidental y resulta ineludible que se corra traslado de la petición a todos los interesados" (BUERES, Alberto J. -dirección- y HIGHTON, Elena I. -coordinación-, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, t. 6ª, p. 440, Hammurabi, Bs. As., 2001. En igual sentido: GOYENA COPELLO, Héctor Roberto, Procedimiento sucesorio, p. 230 y s., Astrea, Bs. As., 1993; BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Sucesiones, t. I, p. 410, n° 542, Perrot, Bs. As., 1980, entre otros; y fallos citados por los referidos autores). Por su parte, ARAZI - ROJAS precisan: "No es necesario que el administrador sea requerido o intimado para la presentación de la rendición de cuentas, pues la ley lo obliga. Pero sí es necesaria la intimación previa para que proceda la sanción de remoción" (ARAZI, Roland - ROJAS, Jorge A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. III, p. 532, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2001).

En consecuencia, contrariamente a lo sostenido por la coheredera D. V. F., el incidente de rendición de cuentas que el a quo dice haber tenido "a la vista" en la Sentencia N° 984/05 (fs. 92/vta.), objeto de apelación, es decisivo para la resolución de la cuestión.

6. Los autos caratulados "F., E. C. y R., D. A. s/ Sucesiones ab intestato s/ Incidente de rendición de cuentas" (Expte. N° 158-2006-F), remitidos por el Juzgado de Ejecución con motivo de la medida para mejor proveer dispuesta en autos (fs. 129), es imposible que hayan sido tenidos a la vista por el Sr. Juez subrogante de dicho juzgado al momento de dictar la Sentencia N° 984 de fecha 26 de diciembre de 2005, pues su iniciación data del 20 de marzo de 2006 (fs. 2 del referido incidente), esto es, casi tres meses después del dictado de la sentencia apelada.

A fortiori, el informe obrante a fs. 142 de la Dra. Cristina Márquez, Secretaria subrogante del Juzgado de Ejecución, disipa cualquier duda acerca de la existencia de algún otro incidente de rendición de cuentas vinculado con la causa. En tal sentido, la referida funcionaria textualmente dice: "Señor Juez: Informo a V.S., en relación a lo solicitado, que por ante este juzgado solamente tramitan los autos caratulados: 'F., E. C. - R., D. A. s/ sucesiones ab-intestato s/ incidente de rendición de cuentas' (Expte. N° 158/2006), que fueran remitidos a la Excma. Cámara de Apelaciones en fecha 4/5/2006.- Secretaría, 09 de mayo de 2006".

7. Consecuentemente, la sentencia apelada carece de una adecuada fundamentación al sustentarse en una aseveración falsa del juzgador: haber tenido a la vista un incidente de rendición de cuentas inexistente a la fecha de la sentencia (26/12/05), lo cual irremediablemente apareja su nulidad en los términos de los arts. 34, inc. 4°) y 253 del CPCC, y 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut. Al respecto, FENOCHIETTO expresa: "Las sentencias judiciales deben ser fundadas atendiendo los hechos conducentes afirmados y probados por los justiciables" (FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, p. 90, Astrea, Bs. As., 1999).- 8. La Ley de Ética de la Función Pública (arts. 1, 2, 3, 4 inc. "b", 8, 11 y ccdtes. de la Ley N° 4.816), el Código Procesal Penal (art. 158, inc. 1) y el Código Penal (art. 248) imponen a los magistrados -como "funcionarios públicos", en los términos del art. 77 del Código Penal- el deber de denunciar ante los órganos competentes la eventual comisión de un delito perseguible de oficio. Por lo tanto y atento a lo dispuesto por el art. 269 del Código Penal, corresponde que se remita copia autenticada de la presente y de la resolución recurrida -Sentencia N° 984 de fecha 26 de diciembre de 2005 (fs. 92/vta.)- al H. Consejo de la Magistratura, al Excmo. Superior Tribunal de Justicia y al Ministerio Público Fiscal (art. 18, Ley N° 4.461), a sus efectos.

Con respecto a la figura penal en cuestión, calificada doctrina penal explica: "También forman base objetiva del prevaricato la cita de hechos o resoluciones falsas. Esta clase de citas solamente tiene importancia en la medida en que son hechas para fundar las resoluciones, esto es, que deben guardar conexión con el elemento decisorio de la resolución en sí... Debe tratarse de cita de hechos o de resoluciones. Hecho falso consiste en afirmar como existente en autos algo que no existe..." (SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, t. V., p. 223, TEA, Bs. As., 1951). A ello, DONNA agrega: "Para que cometa el delito el juez debe citar para fundar su fallo o el auto un hecho o resolución falsos... la falsedad de los hechos o resoluciones tanto puede ser de circunstancias inexistentes o de darle a las existentes una significación que no tienen. Pero es importante insistir que un hecho es falso cuando el juez sabe que no existe o no existió, o que existió de una manera distinta a como él lo presenta..." (DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal. Parte Especial, t. III, p. 419, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2000. En igual sentido, FONTÁN BALESTRA, Carlos, Derecho Penal. Parte Especial, actualizado por Guillermo A. C. Ledesma, LexisNexis, p. 885 y ss., Bs. As., 2003).

9. Por ello, entiendo que corresponde: 1°) declarar la nulidad de la Sentencia N° 984 de fecha 26 de diciembre de 2005 (fs. 92/vta.); 2°) no hacer lugar, mientras no se prueben los pertinentes extremos legales, a la remoción de la Administradora Judicial de la sucesión, Sra. M. L. F.; 3°) imponer las costas de ambas instancias a cargo de la coheredera D. V. F. (art. 68, CPCC); y 4°) remitir copia autenticada de la presente y de la resolución recurrida -Sentencia N° 984 de fecha 26 de diciembre de 2005 (fs. 92/vta.)- al H. Consejo de la Magistratura, al Excmo. Superior Tribunal de Justicia y al Ministerio Público Fiscal (art. 18, Ley N° 4.461), a sus efectos. Así lo voto.

BENJAMÍN MOISÁ REGISTRADA BAJO EL N° 79 DEL AÑO 2006. CONSTE.-Norma Marrero.Secretaria.-