Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-16


SENT Nro. 999 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 16 de DICIEMBRE de 2003.-Y VISTO: Llegan a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato -por excusación del señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana-, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, los recursos de casación interpuestos por la defensa de los imputados Ramón Antonio Flores, Tomás Ernesto Rodríguez, Gustavo Raúl Salguero, Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal y Luciano Ramón Pizarro, en contra de la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala IIª del 04/9/2002 obrante a fs. 969/988, los que son concedidos por el referido tribunal mediante autos interlocutorios de fecha 18/11/2002 (cfr. fs. 1082 y vta., 1084 y vta. y 1086 y vta.). En esta sede, únicamente presentaron memoria sobre el recurso casatorio los imputados Gustavo Raúl Salguero y Ramón Antonio Flores (fs. 1114/1119 y 1120/1123), mientras que el Ministerio Fiscal se expide a fs. 1126/1130. Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Vienen a conocimiento y resolución del Tribunal sendos recursos de casación interpuestos por la defensa de los imputados Ramón Antonio Flores, Tomás Ernesto Rodríguez, Gustavo Raúl Salguero, Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal y Luciano Ramón Pizarro, contra la sentencia de la Sala IIª de la Excma. Cámara Penal, del 04/9/2002 (fs. 968/988). Los recursos fueron concedidos por resoluciones de fecha 18/11/2002 (cfr. fs. 1082 y vta., 1084 y vta., 1086 y vta.), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

2.- La sentencia del 04/9/2002 dejó establecido que en el plano fáctico la acusación es comprensiva de dos hechos: la muerte de Mansilla por un disparo efectuado por Salguero con su arma reglamentaria, cuando trataba de reducirlo durante un procedimiento policial; y la confección y firma por los demás integrantes de la comisión policial que actuó en dicho procedimiento, del acta policial cabeza de sumario, cuya descripción de los hechos no se correspondería con la realidad de lo sucedido.

2.1.- En cuanto al primer hecho tuvo por acreditado que Mansilla murió como consecuencia de las lesiones vitales provocadas por un disparo de arma de fuego (autopsia de fs. 71/74) calibre 11,25 mm, efectuado con una pistola "Colt" Nro. 3416, serie 169934, provista por la repartición policial al imputado Salguero, quien la puso a disposición para el correspondiente peritaje (fs. 166/170, 143, 2 y 4 de autos). Sostuvo que debía descartarse que el disparo hubiera sido consecuencia de un movimiento reflejo o involuntario, ya que Salguero reaccionó ante una embestida de la víctima, iniciando la acción con un golpe en la cabeza del sujeto; y también la hipótesis de que el disparo haya sido accidental, conforme a los argumentos vertidos a fs. 976, 1° párrafo. Consideró que debía estarse a la versión del imputado, que no resultó contradicha, existiendo elementos indiciarios que concurren a tenerla por verosímil y más aun por ciertas; y que éste actuó en cumplimiento de un deber propio de su función, en un operativo nocturno en el que se introdujo con otro policía, saltando la tapia, en un lugar donde se tenían noticias de que podrían encontrarse personas vinculadas a un ilícito; que se detectaron dos sujetos, uno de los cuales estaba armado, circunstancia que recibe el aporte no desvirtuado del secuestro de armas, a pesar de sus condiciones técnicas dudosas (pruebas de fs. 217/220).

2.2.- En cuanto al segundo hecho, esto es el contenido falso del acta de fs. 1-2, examinó en primer lugar los planteos defensivos de los imputados.

Al respecto sostuvo que el agravio formulado por la defensa de los imputados Tomás Rodríguez, Roberto Rodríguez y Ramón Antonio Flores, fundado en la violación de garantías constitucionales por haberse trocado -en la investigación penal- la condición de testigos por la de imputados aprovechándose de sus testimonios acerca de los hechos, debía desestimarse por cuanto el proceso llegó a la etapa plenaria superando los oportunos controles de legalidad, con pleno y efectivo ejercicio del derecho de defensa de los justiciables y cumplimiento de las reglas del debido proceso legal. Añadió que la regla constitucional sobre la inmunidad de la declaración del imputado es explícita en cuanto a que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo o a declararse culpable, mas nada impide la declaración voluntaria y libre; y en consecuencia no resulta discutible -ni lo ha sido en el caso concreto-, que a partir de su condición de imputados, las constancias del proceso han dado cuenta del ejercicio de todos los derechos y garantías que les asisten; y en tales condiciones, de manera voluntaria, libre y expresa, en su defensa material contando con defensa técnica, han reconocido y ratificado sus anteriores declaraciones como t estigos (fs. 386 vta., 387 vta., 389 vta.).

Por otra parte desestimó el cuestionamiento a la imputación de falsedad de instrumento público formulado por las defensas de Tomás Rodríguez, Ramón Antonio Flores, Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal y Luciano Ramón Pizarro, por no haberse seguido la vía impugnativa específica de redargución de falsedad. Explicó que en el ámbito del derecho penal y procesal penal el instrumento público no tiene el alcance del Código Civil; y que requerir la redargución de falsedad implicaría vulnerar el sistema de la sana crítica en la valoración de las pruebas. Puntualizó que el valor probatorio de los documentos, sean públicos o privados, es igual al de todo otro elemento de prueba, donde el libre convencimiento del juez se ejercita sin otros límites que los impuestos por la obligación de motivar la decisión tomada.

Con relación a las exclusiones probatorias solicitadas por la defensa de Roberto Rodríguez, el Tribunal las desestimó con los siguientes fundamentos:

a.- En orden a las declaraciones de los testigos Flavio Daniel Andrada, Víctor Hugo Robles, Hugo René Robles, y Mario Andrada, sostuvo que la aplicación del art. 992 CC no resulta acertada, pues se trata de la firma de menores de edad, que no pueden ser testigos (arts. 990 CC y 136 CPP), que alegaron "haber sido presionados por personal policial de verse comprometidos en el delito de encubrimiento; como la de Hugo R. Robles por lo que mal puede otorgárseles efectos en el carácter que fueron requeridos" (fs. 977 vta.). Sobre la participación de Hugo René Robles, advirtió que sería absurdo que en la averiguación de la realidad de los hechos contenidos en el instrumento cuestionado -acta policial cabeza de sumario-, sean de ningún valor las manifestaciones posteriores de dicho testigo, que afirmó haber refrendado el acta para obtener la liberación de su hijo menor de edad, sin que le consten de alguna manera que no fueran los dichos del menor expresados en el acta. Puso de relieve que la regla de la exclusión probatori a (art. 194 CPP) tiene por objeto evitar que se otorgue eficacia a pruebas ilegítimas en contra del imputado, a condición de que el objeto a probar no pudiere ser obtenido por otra vía. Observó que, en el caso, al tratarse de la averiguación de las eventuales falsedades introducidas en el contenido de un instrumento público, las declaraciones de los testigos cuestionados no son únicas y determinantes, en tanto existen pruebas técnicas a valorar constitutivas de vías independientes respecto de aquella.

b.- En relación con el acta de reconstrucción del hecho de fs. 171 y el informe técnico de fs. 176/178 sobre huellas de impactos de proyectiles, advirtió que, con relación a la primera (reconstrucción del hecho) Roberto Rodríguez admitió y reafirmó sus dichos como testigo (fs. 387 y vta. y su remisión a fs. 123/126), de modo que no existe interés que sustente en forma actual el cuestionamiento. Respecto de la prueba técnica, producida también antes de su condición de imputado, sostuvo que se trató de una diligencia complementaria de la inspección judicial (arts. 195 y 196 CPP) dispuesta por la Fiscalía de Instrucción (fs. 113) Con relación a hechos relevantes para el proceso; pero en los que no podía otorgarse intervención a quien no era parte, y que además no fueron cuestionados por el imputado ni por su defensa técnica cuando tuvieron la oportunidad de impugnar -con pleno ejercicio de sus derechos- dicho medio de prueba. En consecuencia, estimó que la sola alegación de imposibilidad de control de la actividad propia de la inspección y de las especificaciones técnicas con el soporte fotográfico, habiéndose ejercitado en el debate el derecho a requerir las explicaciones y ampliaciones que se estimó oportunas (como la posibilidad de que la ausencia de huellas de disparos respondiera a la utilización de balas de goma), dejaba al planteo sin potencialidad para obtener la exclusión del mencionado medio de prueba.

c.- En cuanto a la exclusión probatoria de la declaración como imputado de Orihuel por su condición de condenado por otro delito, advirtió que no se trata de un supuesto de obtención ilegítima de prueba, sino de valoración y eventual eficacia probatoria sobre datos o elementos que pudiere proporcionar la versión contenida en dicha declaración; y que en tales condiciones nunca podrá tener valor de prueba dirimente, con aptitud para sostener por sí sola un pronunciamiento condenatorio. Hizo notar que no se trataba de introducir una prueba de testigos, sino de un instrumento válido, supuesto comprendido en el art. 398 inc. 4 CPP, sujeto en definitiva a las reglas de valoración a las que debe sujetarse el juzgador.

Desestimados los planteos defensivos precedentemente reseñados, la sentencia sostuvo que todos los coimputados reconocieron su participación en el acta de fs. 1-2, ratificando su firma y el contenido de la misma. Señaló que el acta de mención es un instrumento público, con todos los requisitos formales de ley, en el que Tomás E. Rodríguez ocupa la posición de oficial público y también la de otorgante, y en donde todos los imputados afirmaron como realmente sucedidos los hechos descriptos en el instrumento. Que la finalidad del acta fue dejar asentado y acreditar la integración del grupo policial y su misión de patrullaje; la intercepción de dos menores y el modo de anoticiamiento de un hecho que demandaba su intervención por la presencia de personas que planificaban un asalto en una casa deshabitada; un operativo en el que se irrumpió en la casa, escuchándose detonaciones de armas de fuego, personas que trataban de fugar disparando armas contra el personal que respondía con las suyas; la resistencia, lucha y detención de Orihuel y Mansilla que estaban armados; el hallazgo y secuestro de dos revólveres, además de los que portaban éstos, y de 8 cartuchos calibre 22 largo y 1 cartucho calibre 12.70 posta de goma; que Mansilla fue herido en el cuello por disparos provenientes de la comisión policial, e inmediatamente trasladado al Hospital Centro de Salud, donde informan su fallecimiento; y las medidas de prev ención dispuestas por el personal policial a cargo.

Hizo notar que de acuerdo a la acusación fiscal, el hecho se reduce a la descripción y afirmación en el acta cabeza de sumario, por parte del Sub Comisario Tomás Ernesto Rodríguez, de la existencia de un supuesto enfrentamiento entre la comisión policial y Orihuel y Mansilla que resulta muerto; y que dicha acta, refrendada por todos lo integrantes de la comisión policial, estaba dirigida a encubrir el ilícito de Salguero. Consideró que avanzar sobre otros aspectos no contenidos en esa descripción fáctica -aun admitidos por las partes y tratados en el debate-, como las circunstancias que motivaron el procedimiento policial, el modo de anoticiamiento y actuación del personal policial sobre los menores informantes, la aprehensión de Orihuel y Mansilla, y los instrumentos secuestrados, implicaría quebrar el principio de congruencia fáctica, con afectación de la garantía del debido proceso. Destacó que las secuencias anteriores vinculadas al procedimiento policial fueron sólo referenciadas por el Ministerio Público, pero no incluidas como conductas determinantes del hecho imputable; y que la pretensión del titular de la acción penal pública, constituye un obstáculo insalvable para el Tribunal en el marco del procedimiento penal vigente.

Efectuada esta aclaración, el Tribunal sostuvo que si bien quedó establecido que Mansilla murió a causa de un disparo de arma de fuego efectuado por Salguero, lo consignado en el acta policial no coincide con las versiones de los testigos, ni con la de los propios imputados, ni con lo que emerge de las pruebas técnicas. En esa dirección destacó que de las versiones de los testigos surge, contrariamente a lo consignado en el acta, que no se irrumpió en la vivienda (ingreso violento de todo el grupo policial), sino que primero entraron por una tapia lateral Salguero y Roberto Rodríguez y redujeron a dos sujetos; luego Tomás E. Rodríguez ingresó de igual forma, pues no se podía abrir la puerta de acceso; Flores sostuvo que ingresó a la casa cuando la puerta fue abierta con sus llaves; y Medina, Leal y Pizarro, afirmaron que permanecieron afuera en todo momento. Por otra parte destacó las distintas versiones existentes en torno a los disparos, así como la inexistencia de pruebas que avalen lo afirmado por Tomás E. Rodríguez sobre los numerosos disparos con balas de goma que dijo haber efectuado hacia el interior de la casa, toda vez que no obstante las inspecciones realizadas (inclusive por el propio Rodríguez en dos oportunidades, fs. 1-2 y fs. 3), sólo se encontró en un lugar no precisado un solo cartucho de escopeta que podría pertenecer a su arma. Destacó que no se obtuvieron pruebas de disparos del resto del personal ni en el interior ni en el exterior de la vivienda, puesto que no se hallaron vainas servidas, a excepción de la proveniente de la pistola de Salguero; ni podía extraerse ninguna conclusión en tal sentido a partir de las declaraciones de Flores, Medina y Leal, conforme a las precisiones que aporta (cfr. fs. 980 vta.); y que tampoco emerge dicho extremo de la prueba técnica producida (informe criminalístico de fs. 62-63, inspección judicial e informe técnico de fs. 113 y vta. y 176-178), ni de su ampliación en el debate (cfr. fs. 979 vta. y 980).

Sobre esa base, el Tribunal dejó establecido que no resultaba cierto ni creíble que hubiera ocurrido el enfrentamiento armado afirmado en el acta cabeza de sumario de fs. 1-2, por cuanto no hay señas de disparos en el interior de la vivienda, ni cápsulas o vainas servidas en ningún lugar; de la comisión policial de 7 miembros, 4 no dispararon, y de los 3 restantes, dos lo hicieron en el exterior (una sola vez Flores, y probablemente una vez Tomás E. Rodríguez), y sólo una vez Salguero en el interior. En consecuencia, sostuvo que la afirmación contenida en el acta cabeza de sumario, que expresa que Mansilla presentaba una herida en el lado izquierdo del cuello, que se habría producido como consecuencia de los disparos efectuados por la comisión policial durante el enfrentamiento que se produjo anteriormente, no se ajusta a la realidad, ni a los hechos conocidos por Tomás E. Rodríguez que redactó el acta, y por los demás policías que la refrendaron. Luego de un detallado análisis de la versión de Roberto Rodríguez y su confrontación con las constancias de autos (fs. 141, 139 y 129 entre otras), estimó que no resultaba posible que el Jefe del operativo (Tomás E. Rodríguez) y todo el personal interviniente, no conocieran los detalles del caso, y afirmaran desprevenidamente, como lo hicieron en el acta, que no se conocía al autor del disparo.

Por otra parte, analizó las declaraciones de los testigos Flavio Daniel Andrada, Paola Robles, Víctor Hugo Robles, Hugo René Robles, Teresa Rosa Gramajo, María Angela Robles, Mario Andrada, y sostuvo que si bien no tienen una relación directa e inmediata con la muerte de Mansilla, ni con el modo en que se instrumentaron las actuaciones sumariales, se trata de un material indiciario válido sobre la irregular actuación policial, marcando una clara intención de ubicarse en una posición neutra con relación al suceso violento, pues Flores y el personal policial ya sabían de la presencia de Orihuel y Mansilla en el lugar preindicado, y de la muerte de este último, al menos en forma dudosa. Indicó que no resultaba suficiente la impugnación de los testigos interesados, ante la concurrencia de otros indicios como la constancia en el acta de fs. 1-2 que toma a Flores como miembro de la comisión policial, cuando él mismo reconoció que sólo había pedido que uno de los móviles lo acercara a su domicilio particular; el operativo policial con los menores incluso en el lugar del enfrentamiento aludido y con el riesgo propio de las acciones, sin comunicación a sus padres, liberándolos recién en horas de la mañana; y la circunstancia de que las actuaciones no fueron remitidas por haber sido requeridas por la fiscalía intervinientes, como consta a fs. 44 vta. y 45 de autos, sino de oficio por la policía (fs. 45 vta.).

A partir del análisis probatorio efectuado, el Tribunal concluyó afirmativamente sobre la existencia del segundo hecho imputado, en el sentido de que en el acta cabeza de sumario de fs. 1-2 de autos, confeccionada por el Sub Comisario Tomás E. Rodríguez como oficial público -a quien se le adjudica la calidad de autor material del ilícito-, se hace constar falsamente un procedimiento policial, en el que aquél también intervino, con un enfrentamiento armado con disparos de armas de fuego entre el personal policial y varios sujetos, enfrentamiento que en realidad no existió; y que se afirmó que Luis Francisco Mansilla murió como consecuencia de una herida en el cuello producía por disparos indeterminados de la comisión policial cuando la causa fue el disparo efectuado por el cabo Gustavo Raúl Salguero. Que Roberto Rodríguez, Ramón Antonio Flores, Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal y Luciano Ramón Pizarro refrendaron y ratificaron dicho contenido como verdadero cuando no lo era, lo que los coloca en calidad de partícipes en grado de complicidad primaria, en raz ón de que aun en el caso de que no hubieren dado los datos falsos -calidad de otorgantes del instrumento público- realizaron un aporte necesario para la realización del injusto penal 2.3.- En cuanto a la calificación legal, el voto de la mayoría estimó encuadrada la conducta de Salguero en la figura del homicidio con exceso en la legítima defensa, en los términos del art. 35 CP. Al respecto sostuvo que el disparo que dio muerte a Mansilla, fue precedido de una conducta agresiva de la propia víctima que arremetió portando un arma de fuego con la que momentos antes había tenido dos intentos fallidos contra un tercero; a lo que añade que el hecho ocurrió mientras Salguero, cumpliendo su función de policía, trataba de mantener reducido al sujeto durante el procedimiento para su aprehensión, y que utilizó el arma reglamentaria ante una víctima que portaba también un revólver calibre 32 mm, todo lo cual demuestra la concurrencia del tipo permisivo del art. 34 inc. 6° CP. Empero sostuvo que se había acreditado que Salguero disparó inmediatamente, luego de un golpe con la misma arma en la cabeza de la víctima que la hirió y la hizo trastabillar, cayendo ambos al suelo, habiendo reconocido Salguero que ya había trabado el brazo armado de Mansilla. Observó que la condición de policía de Salguero -si bien no excluía el derecho de defensa que asiste a cualquier persona-, permitía suponer que se hallaba entrenado para evitar soluciones violentas en situaciones límites de necesidad como la que se dio en el caso, y concluyó afirmando que el disparo estaba de más, por lo que la conducta desarrollada por el mencionado imputado había avanzado sobre el límite que imponía la necesidad de la defensa, configurándose el supuesto previsto en el art. 35 CP.

Por su parte, el voto minoritario sostuvo que no se daban en el caso los requisitos de la legítima defensa inicial, y en consecuencia, resultaba imposible considerar su exceso en la misma. En ese sentido indicó que Salguero (Cabo policial) tuvo otro curso de acción diferente exigible por la calidad de policía e integrante de la Sección Robos y Hurtos, menos gravoso o letal, cual fue el de pegar a Mansilla con la pistola reglamentaria de grueso calibre sin dispararle en zona mortal como lo hizo. Afirmó que no era necesaria ni racional tal acción, y que su realización muestra ánimo ofensivo y no defensivo. Destacó que primero aplicó un golpe con dicha pesada arma en la zona occipital para luego dispararle en el cuello de la víctima, resultando evidente el alto poder vulnerante del arma empleada, lo que implica dolo directo de homicidio de la figura del art. 79 CP; y que para que la defensa sea necesaria el ofendido debe elegir entre varias formas defensivas, la que menos perjudica al adversario. Finalmente hizo notar que el imputado cambió su versión en instrucción, en el sentido de que primero afirmó que le pegó con la culata de la pistola y después con el cañón; y que mientras la defensa material del mismo se basa en el carácter accidental del disparo, la defensa técnica se sustenta e n la causal de justificación de legítima defensa que presupone el carácter voluntario de la acción de poner en funcionamiento el arma de fuego utilizada.

En relación con los restantes coimputados, el Tribunal les atribuyó el delito de falsedad ideológica, encuadrando su conducta en la norma del art. 293, 1° párrafo CP, con fundamento en que Tomás E. Rodríguez describió en el acta cabeza de sumario un hecho falso, mientras que Roberto Rodríguez, Ramón Antonio Flores, Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal y Luciano Ramón Pizarro, si bien no insertaron ni hicieron insertar falsedades, participaron como cómplices necesarios al expresarse refrendando el instrumento y ratificando su contenido, no obstante conocer los hechos. En punto a lo alegado por las defensas técnicas de Medina, Leal y Pizarro, que invocaron a su favor los preceptos del art. 34 incisos 4° y 5° CP, sostuvo que la invocación de cumplimiento de un deber era inadmisible, por cuanto tratándose de la imposición de un ataque a un bien jurídico, como lo sería la obligación de denuncia en ciertos casos a pesar del secreto profesional, jamás la ley, precisamente el art. 134 CPP invocado -firma del acta por el personal interviniente- impondría la obligación de refrendar un ilícito; y en relación la obediencia jerárquica debida, advirtió que tiene su límite en la ilicitud o antijuridicidad de la orden impartida por el superior.

Destacó que si los hechos contenidos en el acta cabeza de sumario no fueron tales, puesto que no ocurrió un enfrentamiento armado, sino que quedó comprobado que pudieron efectuarse algunos disparos sin destino; ni la muerte de la víctima tuvo un autor desconocido, sino que fue uno de los integrantes de la comisión perfectamente individualizable e individualizado; no cabe otorgársele otro sentido que no fuera una falsedad. Añadió que la falsedad recayó sobre circunstancias que son esenciales, pues hacen al hecho que el instrumento público está llamado a acreditar como verdadero; y que existe también un perjuicio potencial de desviación de la investigación sobre el hecho del proceso, que recae sobre la administración de justicia. Indicó que el delito quedó consumado en el momento de la redacción y firma del acta (02/9/1996, a hs. 7:30), momento en que cobra vida como instrumento público con todos sus caracteres y tiene entidad para ocasionar perjuicio; de donde hace derivar que no le asiste razón a la defensa técnica del imputado Flores, cuando expresa que la potencialidad perjudicial se había agotado con los hechos ocurridos con anterioridad a su redacción, puesto que todavía el instrumento no existía; toda vez que aunque el instrumento falso no haya servido para un fin determinado, su sola virtualidad dañosa hace que la falsedad en el documento público quede consumada y perfecta.

En conclusión se encuadró la conducta de Gustavo Raúl Salguero en la figura del homicidio con exceso en la legítima defensa, y se le impuso la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas procesales (34 inc. 6°, 35 CP, 79, 84, 12 y 29 inc. 3° CP y 550 CPP); la conducta de Tomás Ernesto Rodríguez en la figura de falsificación ideológica de instrumento público, y se le impuso la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas procesales, e inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena (arts. 293, 298, 45, 40, 41, 12, 29 inc. 3° CP y 550 CPP); y la conducta de Roberto Rodríguez, Ramón Antonio Flores, Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal y Ramón Luciano Pizarro, en la figura de falsificación ideológica de instrumento público, en grado de complicidad primaria, imponiéndoles la pena de 3 años de prisión en forma condicional e inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena (arts. 293, 298, 45, 40, 41, 12, 26, 29 inc. 3° CP y 550 CPP); imponiéndole reglas de conducta (cfr. fs. 986 vta. y ss).

3.- Por autos interlocutorios de fecha 18/11/2002 se conceden los recursos de casación interpuestos por las defensas de Ramón Antonio Flores (fs. 1082, Tomás Ernesto Rodríguez (fs. 1084), Gustavo Raúl Salguero (fs. 1086), Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal y Luciano Ramón Pizarro (fs. 1088), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

El recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado Roberto Rodríguez fue denegado por auto del 18/11/2002 (fs. 1090). La queja interpuesta por ante la Corte Suprema de Justicia fue desestimada por sentencia del 05/6/2003.

4.- Recurso interpuesto por la defensa de Gustavo Raúl Salguero:

Invoca como primer motivo de casación la errónea aplicación de la ley sustantiva, con fundamento en que el Tribunal, al condenar a su defendido a la pena de 5 años de prisión, por aplicación de los arts. 35, 79 y conc. CP, ha omitido tener en cuenta lo dispuesto por el art. 2 CP en lo relativo a la aplicación de la ley vigente al momento de cometerse el delito. Explica que el hecho investigado en autos ocurrió el 02/9/1996, esto es antes de la entrada en vigencia de la reforma introducida por Ley 25.189 de 1999, como resultado de la cual se elevó de 3 a 5 años el máximo de la pena prevista para el homicidio con exceso en la legítima defensa. Advierte que la sentencia en crisis, al imponer una pena superior al máximo previsto por la ley vigente al momento de la comisión del hecho, viola el principio de legalidad y la garantía del debido proceso, que vedan la aplicación de leyes ex post facto y obligan a aplicar la ley más benigna para el imputado, que era la vigente al momento del hecho.

Como segundo motivo de casación sostiene que el Tribunal de juicio ha efectuado una errónea interpretación y aplicación de los arts. 34 inc. 6° y 35 CP, al realizar un análisis arbitrario de los requisitos impuestos en el primero de los preceptos citados. Considera que efectúa un falso razonamiento sobre el modo de utilización del arma por parte de Salguero, afirmando que dicho uso excedió los límites impuestos por el art. 34 por cuanto no era necesario efectuar ningún disparo para defender su integridad física. Sostiene que ha quedado demostrado que el disparo no ha sido producto de la voluntad del acusado, sino una consecuencia de la acción defensiva propiamente dicha, que consistió en la utilización del arma de fuego como un elemento, cosa u objeto, tendiente a evitar la agresión y acometida producida por el delincuente Mansilla, la víctima de autos. Sin embargo, prosigue, el Tribunal, recurriendo a un razonamiento arbitrario, ubica la acción como una defensa que excedió de los límites previstos en la norma, cuando todas las pruebas demuestran la existencia de una modalidad operativa que estaría inclinada a la accidentalidad del acontecimiento dañoso, resultando inexplicable la conclusión a que arriba la sentencia. Afirma que el Tribunal parte de la falsa premisa de que la defensa sostuvo que Salguero efectuó un disparo voluntario en actitud defensiva, cuando tal extremo nunca fue manifestado por su parte, sino que se afirmó durante todo el debate que el disparo fue producto de un accidente, lo que además se vio corroborado por las pruebas producidas en la causa, entre ellas la pericia balística q ue aproximó la idea de que la cola del disparador del arma reglamentaria del acusado era de las llamadas "celosas". Sostiene que el argumento del Tribunal parcializa el alegato defensivo, puesto que toma en cuenta lo que la defensa había manifestado como una alternativa más en beneficio del inculpado, pero a lo que no se le puede asignar mayor valor que al punto central del argumento defensivo que fue la existencia de una muerte accidental, es decir, en un eventual homicidio culposo. En esa dirección señala que se equivoca la sentencia al afirmar que Salguero reaccionó ante una embestida iniciando la acción con un golpe en la cabeza del sujeto, cuando en realidad dicho golpe no fue el inicio de la acción sino la culminación de ésta, dentro del aspecto de la voluntariedad, pues el disparo fue producto de un acto reflejo, involuntario, surgido del fragor de la lucha.

Sostiene que el Tribunal no funda las razones en las que basa la calificación legal de la conducta del imputado. En tal sentido indica que la Sala de instancia reconoce expresamente que la racionalidad del medio empleado por Salguero es idéntica al empleado por el delincuente víctima, que portaba un arma de fuego de igual intensidad agresiva que la del acusado; y considera que ese dato resulta suficiente para que concurra el requisito de la racionalidad del medio empleado, que el Tribunal cuestiona como inexistente. Explica que el acometimiento de Mansilla sobre Salguero, determinó que éste le opusiera un poder defensivo equivalente y proporcional al que sufría en esos momentos; aunque aclara que ello no implica admitir que efectivamente hubo legítima defensa, sino que tiende a contrarrestar la posición del Tribunal, pues, según sostiene la defensa, en el caso concreto la acción voluntaria culminó con el golpe en el cráneo, siendo el disparo inmediatamente posterior consecuencia de un acto involuntario y reflejo.

Por razones de orden lógico, corresponde examinar en primer término el segundo motivo de casación invocado.

4.1.- El agravio referido a la errónea interpretación y aplicación de los arts. 34 inc. 6° y 35 CP remite al tratamiento de cuestiones de hecho, cuya determinación queda exclusivamente reservada a los Tribunales de mérito.

El recurrente sostiene que el Tribunal concluye falsamente en que hubo exceso en la legítima defensa, cuando quedó demostrado que el disparo no fue producto de la voluntad del acusado sino consecuencia de la acción defensiva propiamente dicha, ya que Salguero utilizó el arma como un objeto tendiente a evitar la agresión y acometida producida por la víctima. La tesis de la defensa es que la acción no se inició sino que culminó, en su voluntariedad, con el golpe en la cabeza de Mansilla, siendo el disparo producto de un acto reflejo, involuntario, surgido del fragor de la lucha; y que, por tanto, nunca sostuvo -contrariamente a lo afirmado por el Tribunal-, que Salguero efectuó un disparo voluntario en actitud defensiva, sino que afirmó durante todo el debate que fue producto de un accidente, extremo que considera corroborado por la pericia balística que aproximó la idea de que la cola del disparador del arma reglamentaria del acusado era de las llamadas "celosas".

El núcleo argumental de la sentencia es que el disparo no fue accidental, ni consecuencia de un movimiento reflejo o involuntario, sino que ante la embestida de la víctima el acusado reaccionó iniciando la acción con un golpe en la cabeza de aquella, y luego disparó. Para arribar a tal conclusión tuvo en cuenta la ampliación del informe balístico del perito Terrazas en el debate de donde surge que la pistola usada por el acusado, a la que calificó de celosa, posee "seguro de empuñadura", dispositivo que cuando el arma es empuñada, la presión de la mano lo desactiva; siendo poco probable que pudiera dispararse accidentalmente sin accionarse la cola del disparador. Y que Salguero dijo que en la ocasión tenía su arma remontada y al golpear con el caño se deslizó hacia abajo y se disparó; de donde concluye que no hay otra forma que no fuera empuñándola, lo que desactivó el seguro, y teniendo el dedo en la cola del disparador, lo accionó. Encuadró la conducta del imputado en la figura del homicidio con exceso en la legítima defensa (art. 35 CP), con fundamento en que si bien existió una agresión inicial de Mansilla, Salguero efectuó el disparo después de haberlo golpeado en la cabeza con el arma, y cuando ya le había trabado el brazo armado; y si bien la condición de policía del acusado no excluía el derecho de defensa que asiste a cualquier persona, permitía suponer que se hallaba entrenado para evitar soluciones violentas en situaciones límites de necesidad como la que se dio en el caso, donde consideró que el disparo estaba de más, habiendo avanzado sobre el límite que imponía la necesidad de la defensa.

Los fundamentos proporcionados por el fallo son suficientes para justificar la aplicación del art. 35 CP, toda vez que explicó fundadamente la concurrencia de los extremos requeridos por el art. 34 inc. 6°, con excepción de la racionalidad del medio empleado, atendiendo al modo como ocurrieron los hechos, y las condiciones del acusado.

Los agravios formulados remiten al tratamiento de cuestiones de hecho que quedan al margen del control que se ejerce por vía del recurso de casación. El examen de los fundamentos recursivos demuestra que se pretende obtener el reexamen de las pruebas del proceso, y la nueva determinación de cuestiones de hecho que han sido fijadas por el Tribunal con suficiente motivación, y con sustento en el cuadro probatorio producido en la causa. El recurrente se limita a oponer su propia interpretación de determinadas pruebas, a consecuencia de un análisis divergente del plexo probatorio; análisis que, por otra parte, se remite a algunos aspectos del juzgamiento, sin integrarlos al contexto global de la sentencia. Se pretende así obtener una nueva valoración de la prueba y una diferente determinación de los hechos, motivos que quedan al margen del remedio extraordinario de la casación, salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo que no concurre en la especie.

La lectura del fallo impugnado demuestra que el Tribunal ha efectuado un examen integral de las pruebas producidas, sin que se advierta violación a las reglas de la sana crítica, ni omisión en la consideración de los elementos probatorios arrimados a la causa, por lo que el invocado vicio en la apreciación de la prueba y la pretendida falta de fundamentación de la sentencia no exceden la mera discrepancia con las conclusiones del Tribunal de juicio. La descalificación del fallo por arbitrariedad o absurdo implica un grave desvío de las reglas de la sana crítica, lo que no acontece en la especie, donde el pronunciamiento cuenta con fundamentos suficientes, no verificándose el quebrantamiento de las reglas de la lógica y la sana crítica racional.

Reiteradamente ha señalado esta Corte Suprema de Justicia, que el reexamen de los hechos y de las pruebas rendidas en el proceso excede los límites propios de la vía extraordinaria local. De otro modo, la sola alegación de arbitrariedad o de haberse conculcado las reglas de la sana crítica racional, bastaría para habilitar la instancia ante esta Corte Suprema de Justicia, lo que la convertiría en una instancia revisora de los aspectos fácticos del juzgamiento (CSJTuc., "Aguirre Cristian Andrés y otro s/robo agravado", 27/4/98; "Bulacio Justo Rufino s/homicidio", 28/4/98; "Vallejos, Carlos Luis s/violación privación ilegítima de la libertad", 11/5/98; "Lazarte Julio César s/homicidio con exceso en la legítima defensa", 21/5/97; entre otros). La ley adjetiva sienta como principio básico que la determinación de los hechos y la valoración de la prueba corresponden al tribunal de mérito. La casación no constituye un medio ordinario para reexaminar las decisiones de los tribunales inferiores vinculadas al material histórico del proceso; sino que su función consiste en resguardar el derecho sustantivo y procesal, sea para evitar la inobservancia o errónea aplicación del primero, o la inobservancia de disposiciones del segundo impuestas bajo pena de inadmisibilida d, caducidad o nulidad (CSJTuc. "Solórzano P.R. s/ lesiones culposas", 15/02/95).

La pretensión de una nueva valoración de la prueba se halla al margen de los motivos legales de casación, aunque se la revista con la forma de supuestos previstos por la ley. En el caso, el Tribunal ha fundado su fallo, no apareciendo prima facie las razones en que se sustenta como infundadas o arbitrarias, sin que haya logrado evidenciar la conculcación a las reglas de la lógica y del sentido común en la fijación de los hechos del proceso.

El motivo se desestima, por no satisfacer los recaudos procesales a que se refiere el art. 468 CPP.

4.2.- El segundo motivo de casación, fundado en el error en la aplicación de los arts. 2, 35, 79 y conc. CP por haber impuesto la pena de 5 años de prisión, sin tener en cuenta la ley vigente al momento de cometerse el delito, debe ser acogido. De las constancias de autos emerge que el hecho imputado se cometió el 2 de septiembre de 1996, esto es antes de la entrada en vigencia de la reforma introducida por Ley 25.189 (B0 28/10/99) que elevó de 3 a 5 años el máximo de la pena prevista para el homicidio por exceso en la legítima defensa (arts. 35 y 84 CP). Por consiguiente, la condena de 5 años de prisión impuesta en la sentencia transgrede el principio de aplicación de la ley penal más benigna establecido en el art. 2 CP. En consecuencia corresponde revocar parcialmente el punto I.- de la sentencia impugnada, y teniendo en cuenta las pautas de los artículos 40 y 41, valoradas por el Tribunal de mérito a fs. 986, se estima justo imponerle la pena de tres (3) años de prisión, accesorias legales y costas procesales.

Por los fundamentos expuestos, se declara parcialmente procedente el recurso de casación interpuesto por la defensa de Gustavo Raúl Salguero, de conformidad a la siguiente doctrina legal: "Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna". En consecuencia se revoca parcialmente la sentencia de la Sala IIª de la Excma. Cámara Penal del 04/9/2002, en su punto I.- y dictando sustitutiva: "Condenar a Gustavo Raúl Salguero, de las condiciones personales que constan en autos, por resultar autor voluntario del delito de homicidio con exceso en la legítima defensa (arts. 34 inc. 6°, 35, 79, 40, 41 y 29 inc. 3 CP) en perjuicio de Luis Francisco Mansilla, a la pena de 3 (tres) años de prisión, accesorias legales y costas procesales (art. 550 CPP).

Considerando la solución a que se arriba y las razones que los motivaron, en el contexto de una causa de complejidad fáctica y jurídica, resulta de equidad distribuir las costas del recurso de casación interpuesto en defensa de Gustavo Raúl Salguero por su orden; y mantener las impuestas en la instancia anterior.

5.- Recursos interpuestos por las defensas de Ramón Antonio Flores, Tomás Ernesto Rodríguez, y Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal, y Luciano Ramón Pizarro:

5.1.- Recurso de la defensa de Ramón Antonio Flores:

Invoca como motivo de casación la errónea aplicación de los arts. 293 y 298 CP; y la existencia de arbitrariedad en la selección y valoración de las pruebas del proceso, déficit que habrían llevado a una decisión de condena por un hecho que no constituiría delito.

Observa que aunque luego de sucedido el hecho investigado "hubo una suerte de apresuramiento en la elaboración del acta porque los tiempos apremiaban y debían remitirse a sede de Fiscalía las actuaciones" (cfr. fs. 990 vta.), no debe olvidarse la agresión injusta, actual, grave e inminente de la víctima hacia Salguero. De ello hace derivar que no es cierto que en el acta se haya consignado algo que no sucedió, sino que se dejó constancia, tal vez de manera imprecisa, de lo que sí sucedió, que condice con el tiroteo que ocurrió en la vivienda antes de que los policías aprehendan a los "mal vivientes", reflejando una situación de resistencia por parte de los delincuentes, la que también surge de la sentencia que considera que Salguero incurrió en exceso en la legítima defensa.

Invoca la violación a las reglas de la sana crítica racional respecto de elementos probatorios de valor decisivo, lo que originaría la nulidad del pronunciamiento a tenor de lo dispuesto por el art. 413 inc. 4° CPP. Al respecto afirma que el Tribunal valoró de modo parcial las declaraciones de los imputados -que a su vez se basan en declaraciones testimoniales-, y las dividió de manera ilegal arribando una solución de condena, cuando la correcta valoración de las pruebas hubiera conducido la absolución del imputado. En esa dirección señala que las defensas de todos los imputados demostraron que la actuación policial en la detención de Orihuel había sido regular. Señala que desde el inicio del debate, Flores manifestó y demostró su inocencia, dando una versión contraria a la del imputado Orihuel; pero que el Tribunal lo condenó sobre la base de los testimonios mendaces y parciales de personas relacionadas directamente con los sujetos prófugos de la justicia. Considera que la gran difusión periodística y el alto impacto social del ilícito investigado en autos llevó a los jueces a encontrar un atajo jurídico para convalidar las actuaciones de autos y continuar hasta el dictado de la sentencia, no obstante haberse demostrado la irregular actuación de la fiscalía instructora. Observa que a partir de la presunción de que Mansilla había sido ejecutado, los imputados fueron traídos a juicio sin que se investigue a Orihuel ni se valore ninguno de los dichos de los testigos devenidos en imputados, lo que resulta manifiestamente ilegal.

Respecto de la exactitud de la información vertida en el acta de fs. 1-2, sostiene que no se tuvo en cuenta que Flores subió y se encontraba en el móvil junto a los policías de la sección robos y hurtos de la DGI cuando prestaba servicios en la DITONAR, para dirigirse a su domicilio; y que lo que hizo fue estrictamente un acto de servicio, ya que podría haber pedido a sus compañeros que obviaran su presencia en el acta mencionada para evitar sospechas. Advierte que no hay motivos para dudar de la veracidad de los dichos de Flores, quien ratificó su desempeño y actuación antes, durante y después del suceso que terminó con la muerte de Mansilla; pero no podía dudar o firmar en disconformidad en torno a lo sucedido dentro de la vivienda, puesto que permaneció fuera de la misma, circunstancia que no fue siquiera tenida en cuenta por el Tribunal de Juicio. Asume que tampoco existen razones para dudar de la veracidad de los dichos de los imputados, cuyas declaraciones sin fisuras, se contraponen a las de las personas que tienen parentesco con la víctima (cfr. 993 y vta.), contaminadas por la cercanía emocional y afectiva con aquella y con la querellante, y que proporcionaron diferentes versiones que fueron cambiadas en el curso del debate, conforme los detalles que expone a fs. 994.

Sostiene que la Sala de instancia no tuvo en cuenta el contexto en que sucedieron los hechos (se apresó a un sujeto que estaba prófugo por la comisión de un delito grave, falleció en un enfrentamiento una persona que también estuvo presuntamente involucrada en ese delito, y se secuestraron armas), que resulta, a su criterio, suficiente para tener por verdaderas las constancias de las actas de fs. 1-2, sobre cuyas circunstancias de tiempo y lugar concuerdan todas las personas mencionadas en la misma.

Desde otro enfoque señala que no se respetaron las previsiones del art. 80 CPP, puesto que, a excepción de Salguero, todos los imputados concurrieron al proceso en calidad de testigos, y por tanto, sin las garantías que asisten al imputado, entre ellas el derecho de negarse a prestar declaración.

Por otra parte sostiene que la sentencia ha interpretado y aplicado erróneamente la norma del art. 293 CP, al condenar a Flores como cómplice necesario del delito de falsedad ideológica. Señala que la falsedad ideológica se vincula al contenido mismo del documento, existiendo una falta de correspondencia entre la realidad y el contenido probatorio de un documento no falsificado materialmente; y esa falsificación no puede ser reconocida por ningún signo palpable físico o material. Advierte que en el caso, lo que Flores declaró como acaecido en su presencia "es así y ello no constituye falsedad ideológica, ni la fiscalía ni la querella probaron lo contrario, salvo aquellos testimonios agregados de todas personas vinculadas al occiso y a Orihuel" (cfr. fs. 996).

Afirma que el tipo penal del art. 293 CP tiene especialmente en cuenta la posibilidad de peligro, y reclama una clara distinción entre la falsedad típicamente punible y la simulación jurídicamente admisible. En este sentido explica que para que exista falsedad documental no basta que se incluya una mentira en el documento, sino que es imprescindible que esa mentira tenga aptitud para producir un perjuicio, circunstancia que aparece clara cuando la falsedad recae sobre algo que el documento tiene que acreditar como verdadero según su específica finalidad, y que es oponible a terceros. Expresa que ese es el sentido de la limitación típica expresada por la ley mediante la cláusula que exige que la falsedad concierna a un hecho que el documento deba probar; y que refleja que el legislador quiso reducir el alcance de la punibilidad de modo más estricto: el documento público puede ser invocado para probar distintos hechos relacionados con él, pero su esencialidad, su destino jurídico, es probar la ocurrencia de uno o varios hechos determinados; el documento podrá estar formado por el relato de distintas circunstancias para completar su forma, pero no constituirá su destino la acreditación de todas ellas. Sostiene que la Ley no pretende penar como falsedad ideológica la mentira sobre cualquier factor de composición del documento, aun cuando fuesen formalmente requeridos, sino la mentira sobre las circunstancias que son imprescindibles para su destino como figura jurídica; o sea, aquello que el documento prueba con efectos jurídicamente propios de documento público, pero no toda mentira que recaiga sobre un elemento esencial del documento importará lo típi co, sino únicamente aquella que deforme tal esencialidad según su destino.

En ese orden señala que ni la querella, ni la fiscalía, ni la sentencia impugnada, indican de qué manera se podrá producir un perjuicio, puesto que ha quedado establecido que al confeccionarse el acta, la noticia dada por los menores y el homicidio ya había sucedido. De ello hace derivar que falta en el desarrollo argumental la posibilidad de perjuicio, lo que torna atípica la imputación formulada. Expresa que la potencialidad perjudicante que caracteriza al delito atribuido a su defendido no existe en el caso, porque no surge ninguna perspectiva de futuro en dicho instrumento. Por tanto, añade, si el perjuicio atribuido al documento falso ya se ha producido cuando se consuma la falsificación, no es posible pensar que el perjuicio proviene de ella, toda vez que el acta de fs. 1-2- refiere que no hubo una ejecución alevosa, y el Tribunal sentenciante consideró que hubo exceso en la legítima defensa, y no un homicidio agravado.

Hace notar que la acusación no pudo probar cuál es la falsedad que surge del instrumento, ni tampoco el Tribunal de mérito advirtió que no existía potencialidad perjudicante. De ello concluye que no hubo delito, puesto que no se configura la falsificación cuando no hay otra finalidad que crear la prueba de una situación realmente existente, o cuando el documento se ha realizado para ocultar o justificar un delito anterior, por lo que considera que no cabe otra solución que absolver a Flores.

Cita las normas que estima violadas, propone doctrina legal, formula reserva del caso federal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso tentado, declarando la nulidad de la sentencia o absolviendo a Ramón Antonio Flores.

5.2- Recurso de la defensa de Tomás Ernesto Rodríguez:

Invoca como motivo de casación la nulidad de la sentencia por ausencia de fundamentación respecto de la existencia material del hecho y de sus circunstancias de tiempo modo y lugar. Sostiene que a los efectos de la declaración de culpabilidad del acusado y la consiguiente imposición de una grave pena, se equiparó la certeza con la simple probabilidad, sobre valorando a la eficacia conviccional de las pruebas de cargo, que carecen de la mínima contundencia requerida por el sistema procesal penal vigente para provocar en los jueces una fundada convicción sobre la culpabilidad del condenado, y omitiendo tomar en cuenta la prueba de descargo. Afirma que se sustituyó la falta de pruebas con creencias íntimas de los jueces, con lo que el fallo aparece como un ejemplo de arbitrariedad judicial inspirada en el deseo de dar satisfacción a ciertos y aparentes consensos de "opinión publicada" o en los mejores propósitos de "justicia", sin respetar las exigencias constitucionales y legales en materia probatoria.

Señala que de conformidad al art. 18 CN el imputado goza, durante todo el proceso y hasta tanto no medie sentencia condenatoria firme, de la presunción de inocencia, que requiere ser destruida mediante pruebas que deben ser incorporadas por la parte acusadora. Explica que la acusación debe ser clara y expresa, de modo que sea un relato comunicable; debe ser legítima, es decir, basarse en prueba válida incorporada al debate; debe ser completa, pues debe abarcar todos los aspectos que conforman el objeto del juicio; y debe ser un relato construido lógicamente, es decir, respetando los principios básicos que rigen el pensamiento humano. Desde esta perspectiva afirma que la sentencia en recurso contiene el vicio de falta de motivación, y por ello resulta arbitraria, a la vez que lesiona las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso legal, ocasionando una evidente gravedad institucional.

Como otro motivo de casación invoca la errónea interpretación y aplicación del art. 293, 1° párrafo CP, que reprime al que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Refiere que la sentencia, al fundar la condena de Tomás Ernesto Rodríguez, afirma que su conducta consistió en describir en el acta cabeza de sumario de un proceso penal una falsedad (que hubo un enfrentamiento armado en un operativo con la finalidad de averiguar la presencia sospechosa de personas en el interior de una vivienda deshabitada, y que una de esas personas murió a consecuencia de un disparo proveniente desde el personal policial, sin conocer de quien provino); y que el perjuicio potencial recae sobre la administración de justicia, desviándose o distrayéndose la investigación sobre el hecho del proceso.

Señala que conforme a la concepción amplia, el acta policial cabeza de sumario encuadra en la categoría de instrumento público, pero advierte que ello solo no es suficiente para que la conducta del agente encuadre en la figura del art. 293 CP, sino deben concurrir otras circunstancias.

Al respecto expresa que, en primer lugar, es preciso que el documento contenga la enunciación de hechos falsos, circunstancia que no se da en el caso, puesto que el acta contiene la noticia de un procedimiento efectuado por la autoridad policial, en el legítimo ejercicio de su cargo, y en virtud de la cual se pone en conocimiento del Ministerio Público la aprehensión de dos personas, que fueron identificadas, una de las cuales resultó herida como consecuencia de disparos de armas de fuego que se intercambiaron policías y delincuentes. Destaca que la confección del acta se efectuó con los datos aportados por los policías intervinientes, quienes se limitaron a comunicar los hechos que cayeron bajo sus sentidos, es decir, que presenciaron, protagonizaron, vieron o escucharon. En esta dirección señala que su defendido se limitó a consignar los acontecimientos relatados por otros. Y que, salvo diferencias secundarias, el instrumento establece los datos esenciales: la búsqueda y aprehensión de dos delincuentes con frondosos prontuarios, y las heridas mortales de uno de ellos, los que resultan verdaderos.

Indica que, en segundo lugar, las declaraciones falsas deben ser concernientes al hecho que el documento deba probar, sin que deba perderse de vista que el acta sólo tiene por objeto poner en conocimiento de la autoridad judicial la noticia del crimen, a fin de que ésta cumpla con la investigación penal preparatoria, en cuyo cometido es soberana. Observa que sobre el punto la doctrina distingue entre falsedad esencial y no esencial, señalando que la primera es la que recae sobre hechos o circunstancias que el documento está destinado a probar; en tanto que no es esencial, y por tanto no configura delito, la que versa sobre circunstancias que el documento no está destinado a probar. Puntualiza que en el caso de autos lo esencial del documento se encuentra consignado por su defendido: la aprehensión de Orihuel y Mansilla y las heridas de arma de fuego de este último, puesto que tales datos constituyen el hecho comunicado o noticia criminis que dio origen a la investigación judicial, y que se mantuvo inalterable. En tanto que la existencia o no de un enfrentamiento, el número de disparos, la forma y demás circunstancias del descubrimiento de los delincuentes descriptas en la sentencia, no son circunstancias esenciales, sino meramente secundarias del documento; hechos que el Ministerio Público está obligado a investigar, ya que las aseveraciones policiales no le resultan vinculantes ni constitutivas de una verdad absoluta a la que deba ajustarse necesariamente.

Señala que, en tercer lugar, el dato esencial mentiroso, debió ser apto para causar un perjuicio a la Administración de Justicia, requisito que no concurre en la especie, toda vez que del resultado del proceso y de la conducta observada por todos y cada uno de los imputados, surge que el acta jamás pudo causar ningún perjuicio al descubrimiento de la verdad material de los hechos. Advierte que no existió el dolo requerido por la figura, ya que ninguno de los intervinientes en la confección del documento cuestionado introdujo elemento alguno destinado a entorpecer, obstaculizar y perjudicar al Ministerio Público en el descubrimiento de la verdad material. Y añade que la omisión de analizar estas exigencias del tipo penal determinó la errónea aplicación del derecho vigente, por lo que corresponde que se revoque la sentencia.

Por otra parte sostiene que la sentencia es nula, pues condena en violación a la norma más favorable al imputado. Explica que el punto I de su parte resolutiva impone al coimputado Gustavo Raúl Salguero la pena de 5 años de prisión como autor voluntario y responsable del delito de homicidio con exceso en la legítima defensa; respecto del cual el art. 35 CP dispone que corresponde la pena del homicidio culposo. Explica que a la fecha del hecho (02/9/1996), el art. 84 CP preveía una pena de 6 meses a 3 años de prisión, e inhabilitación especial, en su caso por 5 a 10 años; no obstante lo cual se condenó a aquél a 5 años de prisión, o sea el máximo de la pena introducida por Ley 25.189, del 28/10/1999. Afirma que la sentencia hizo una aplicación retroactiva de la ley, infringiendo el art. 2 CC y el principio de la ley penal más benigna consagrado por el art. 2 CP, con lo que incurre en arbitrariedad manifiesta, y causa gravamen institucional, por no ser una derivación razonada del derecho vigente, correspondiendo su descalificación como pronunciamiento jurisdiccional válido.

En otro orden, sostiene que la sentencia es nula por violación del principio "in dubio pro reo". Sobre el punto expresa que si se hubieran valorado debidamente las pruebas obrantes en la causa, hubiese sido imposible arribar a la conclusión cierta de la responsabilidad penal de Tomás Rodríguez en el hecho por el que se lo condena, pues la observancia del principio de razón suficiente hubiese impedido destruir, por la restante prueba valorada en la sentencia, el principio constitucional de inocencia. Puntualiza que existen dudas de que el hecho haya existido materialmente del modo en que lo fija la sentencia, que Rodríguez viera personalmente los hechos contenidos en el documento cuestionado, y que no haya habido intercambio de disparos entre policías y Mansilla y Orihuel, y que dichas dudas surgen objetivamente de la simple lectura de la sentencia y de los antecedentes a que ella remite, con prescindencia de que los jueces de mérito acepten o no su existencia.

Sobre esa base solicita que la Corte Suprema de Justicia se aparte de lo que califica como limitada interpretación del art. 468 CPP en cuanto regula la casación del condenado contra la sentencia de condena, y por vía de una nueva interpretación de los alcances de dicha norma frente a las prescripciones de los arts. 8.2.h CADH, 14.5 PIDCP, 75 inc. 22 CN, disponga controlar la inobservancia en la sentencia condenatoria del principio de inocencia y el de in dubio pro reo, y ordene su anulación y reenvío a nuevo juicio; aun cuando sea necesario declarar la inconstitucionalidad del citado art. 468 por entender que su redacción limita el examen aludido. Formula reserva del caso federal.

Afirma que el art. 468 CPP vigente prohibe, y por eso resulta inconstitucional, que por vía del recurso de casación se controle mínimamente el respeto o la violación, en la sentencia condenatoria, del principio in dubio pro reo, que constituye la contracara del principio de inocencia. Destaca que a partir del año 1994, el principio in dubio pro reo es, por obra de la normativa supranacional, una garantía de literal estirpe constitucional por ser de la esencia del principio de inocencia, que exige expresamente para que se pueda dictar una sentencia de condena, que se prueba la culpabilidad más allá de cualquier duda razonable. Sostiene que el verdadero alcance de la garantía de recurrir exige que si un tribunal de casación, mediante una simple lectura de los argumentos del recurrente y de la sentencia de condena, advierte que, razonablemente, el juez sentenciante debió dudar, o sea que percibe una violación manifiesta del principio in dubio pro reo, no podrá escudarse en la limitación formal del art. 468 CPP, y si bien no podría revocar la sentencia de condena, y dictar una absolutoria, sí deberá disponer la anulaci ón del fallo condenatorio, único modo de que el recurso de casación legislado por el CPP de Tucumán pueda dar cabal satisfacción al derecho al recurso contra la sentencia condenatoria previsto en la normativa supranacional que cita (cfr. fs. 1009 vta.).

Plantea la inconstitucionalidad del artículo 468 CPP por entender que al regular el recurso de casación, restringe de modo desnaturalizante de su esencia de garantía del derecho el condenado a recurrir el fallo que lo condena. Señala que siendo requisito de admisibilidad del recurso extraordinario federal de la ley 48 la introducción de la cuestión federal oportunamente, y siendo el recurso de casación el medio de recurrir la sentencia condenatoria, la primera oportunidad para deducir la inconstitucionalidad del citado precepto procesal es el momento de la interposición de la casación, por afectar justamente el derecho constitucional al recurso contra aquella sentencia.

Considera que se plantea un conflicto entre una norma constitucional (artículos 8 inc. 2 Pacto de San José de Costa Rica, y art. 14 inc. 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y una norma procesal local, el art. 468 CPP, que restringe en forma contraria a dichas normas el derecho de recurrir el fallo condenatorio, al impedir al imputado condenado un adecuado control y ejercicio del mismo, por las limitaciones que impone en orden a la revisión de la contundencia de las pruebas para destruir el principio de inocencia, más aún cuando el procedimiento penal diseñado para la provincia de Tucumán es de instancia única.

Centra el planteo en que el recurso de casación previsto en el CPP contra la sentencia de condena parte de la base de la imposibilidad de modificar los hechos fijados por el Tribunal que la dictó, con el argumento de que el Tribunal de casación no puede revalorar las pruebas, limitándose el control del fallo a la verificación de aquellos hechos en el derecho sustantivo, o el respeto de las normas constitucionales o procesales esenciales, pero no las relacionadas con cuestiones de hecho o de prueba.

Para el recurrente tal limitación es contraria a la garantía del recurso, pues la prohibición de controlar por tratarse de "cuestiones de hecho" que la sentencia haya aceptado como verdadera la participación culpable del condenado en un delito, aunque esto sea falso, o no exista la contundencia probatoria constitucionalmente exigida, es contraria al derecho a recurrir la condena, a la vez que implica una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva. Observa que si el hecho fijado es falso, la aplicación del derecho sustantivo no puede ser verdadera, de modo que el recurso de casación debe permitir el control de la contundencia de la prueba de la existencia y circunstancias de los hechos para poder inducir su existencia en un razonamiento judicial; y que al no estar autorizada esta verificación fáctica por el art. 468, éste deviene contrario al contenido de control jurídico de fondo de la sentencia condenatoria.

En apoyo de su postura, cita el dictamen del Comité Europeo de Derechos Humanos de la ONU del 20 de junio de 2000, en el trámite que menciona a fs. 1013 vta, según el cual la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor sean revisadas íntegramente, limitándose dicha revisión a aspectos formales de la sentencia, no cumple con las garantías que exige el párrafo 5 artículo 14 del Pacto. Sostiene que tal dictamen debe ser tomado en cuenta por la Corte de Justicia local, porque las opiniones y decisiones de los órganos supranacionales de protección de los derechos humanos tiene valor como fuente de interpretación entre nosotros como lo ha admitido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cita jurisprudencia. Concluye el punto afirmando que los límites del artículo 468 CPP deben ser interpretados con amplitud suficiente como para permitir una revisión integral de la sentencia.

Cita las normas que estima violadas, propone doctrina legal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso interpuesto.

5.3.- Recursos de la defensa de Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal, y Luciano Ramón Pizarro:

Invoca como motivo de casación la errónea aplicación del art. 293 CP, por ausencia de dolo, aspecto subjetivo del tipo. Señala que la Cámara reconoció que a la vivienda donde se produjo la muerte de Mansilla "solamente ingresaron Salguero y Roberto Rodríguez"; de donde se sigue que Medina, Leal y Pizarro no ingresaron al inmueble. Refiere que según la sentencia lo que se hizo constar en el acta no era lo conocido y sabido por Tomás E. Rodríguez que la redactó y los demás policías que la refrendaron como cierta, ya con conocimiento de los hechos; que no es posible admitir que el jefe del operativo Tomás E. Rodríguez y todo el personal interviniente, luego de 2 horas del violento suceso, no conocieran los detalles del caso, y afirmaran desprevenidamente que no se conocía al autor del disparo; y que Medina, Leal y Pizarro tuvieron todo un tiempo disponible para enterarse de las circunstancias del caso y de un desenlace no menor como lo es la muerte de una persona en un enfrentamiento en el que no participaron, ni vieron, y sólo escucharon disparos, concluyendo que afirmaron como verdad lo que no les constaba. Sobre esa base, prosigue, la sentencia sostuvo que el acta fue confeccionada como oficial público por Tomás E. Rodríguez, lo que permite adjudicarle el carácter de autor material, haciendo constar falsamente un procedimiento policial en el que también intervino, con un enfrentamiento armado que en realidad no existió, mientras que Medina, Leal y Pizarro, refrendaron y ratificaron dicho contenido como verdadero cuando no lo era, lo que los coloca como partícipes en grado de complicidad primaria en razón de que aun en el caso de que no hubieren dado los datos falsos, realizaron un aporte necesario para la realización del injusto penal.

Sostiene que la sentencia no realizó un examen completo del tipo penal del art. 293 CP, toda vez que para que se configure el delito de falsificación, el dato inserto debe ser falso objetiva y subjetivamente, pues la falsificación es un delito doloso que no se configura cuando falta el elemento subjetivo del tipo, que debe consistir en un dolo directo y no eventual; máxime en el caso de autos, donde del propio fallo surge que los datos fueron insertados por Tomás Rodríguez y no por sus defendidos. Hace notar que la sentencia no contiene referencia alguna al elemento subjetivo dolo, ni se indica ninguna prueba que acredite que los datos fueron falsos no sólo objetiva, sino subjetivamente.

Advierte que, tal como lo señala el Tribunal, Medina, Leal y Pizarro no ingresaron al inmueble, y por tanto, no tuvieron un conocimiento directo de los hechos, sino que escucharon disparos y les consta la muerte de Mansilla. En consecuencia, prosigue, la sentencia resulta autocontradictoria, puesto que si bien sostiene que sus defendidos no tuvieron conocimiento directo de los hechos en el interior de la vivienda, les imputa falsedad ideológica con el argumento de que tuvieron tiempo para enterarse de las circunstancias del caso. Considera que tal afirmación -conocimiento por parte de sus defendidos sobre la verdad de los hechos-, carece de toda explicación y fundamento, sin que se haya indicado cuáles son las pruebas a partir de las cuales el Tribunal colige que aquellos se enteraron de lo ocurrido en el interior de la vivienda, de modo que el dolo no fue acreditado ni fundado en la sentencia, de donde no surge que al conocimiento lo hayan tenido al momento de la firma del acta.

Señala que es criterio unánime en doctrina que las afirmaciones incompletas o erróneas son estados psicológicos diferentes del dolo como maquinación encaminada a engañar; no resultan equiparables al mismo, ni reflejan por sí la intención de cometer el delito de falsificación ideológica. Advierte que en orden a la acreditación del dolo, resulta indispensable que quede demostrado el propósito del sujeto enderezado a falsear datos que deben insertarse en el acta, pues el cometido a que se refiere el art. 293 CP -insertar o hacer insertar datos falsos- debe demostrarse, sea por la confesión del agente, o por prueba eficaz e inequívoca que permita captar el verdadero designio de falsear datos. En ese sentido considera que la sentencia se aparta de modo inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, y adolece de una decisiva falta de fundamentación, al no haber desarrollado el análisis del tipo legal, ni haberlo concretado en los hechos que tuvo por probados.

Como otro motivo de casación invoca la errónea aplicación del art. 45 CP, con fundamento en que la sentencia, a pesar de reconocer que el tipo legal -describir en el acta cabeza de sumario un hecho falso- se encontraba cumplido con la conducta de Tomás E. Rodríguez, imputó al resto una participación necesaria, con lo que incurrió en violación de lo dispuesto por el art. 45 CP, que exige que el cómplice primario preste un auxilio o cooperación sin los cuales el delito no habría podido cometerse; en tanto que si el delito igual se hubiera producido, la complicidad no es primaria. Afirma en el caso de autos el delito se hallaba igualmente configurado por la actividad del autor, sin necesidad de la intervención de sus defendidos, pues en nada se hubiera afectado la consumación del tipo penal si Medina, Leal y Pizarro no firmaban el acta de fs. 1-2.

Para el recurrente resulta claro que si sus defendidos no insertaron ni hicieron insertar datos falsos, y si esos elementos ya estaban agotados con la conducta del autor, aquellos no prestaron ninguna ayuda imprescindible, y por tanto la motivación de la sentencia en el punto es sólo aparente, pues carece de los fundamentos mínimos necesarios para apoyar la decisión relativa a la participación primaria de Medina, Leal y Pizarro.

Desde otra perspectiva sostiene que la sentencia infringe las normas del art. 34 inc. 4° y 5° CP, puesto que sus defendidos firmaron el acta de fs. 1-2 en cumplimiento de su deber y de la obediencia debida en la estructura policial, que les impide desobedecer órdenes; y en el caso estaban obligados a firmar el acta de procedimiento policial, en virtud de lo dispuesto por el art. 134 y conc. CPP. Hace notar que el acta en cuestión cumplía con las normas que rigen la materia, y por ende existía en los imputados la convicción racional de que los hechos así habían ocurrido, la que se hallaba corroborada por que, como lo reconoce la propia sentencia, pudieron escuchar disparos sueltos, y resultaba razonablemente posible y legítimo la existencia de un enfrentamiento y que éste fuera la causa de la muerte de Mansilla. Hace hincapié en que al no haber presenciado los hechos en el interior de la vivienda, y haber escuchado disparos, era lógico que sus defendidos creyeran que los hechos se habían desarrollado como ya había sido descripto en el acta por el jefe, no contando con elementos para suponer que tales datos eran falsos. Advierte que si conforme al art. 134 y conc CPP, todos los intervinientes debían suscribir el acta en cuestión, resulta errada la exclusión de los arts. 34 inc. 4° y 5°, puesto que Medina, Leal y Pizarro suscribieron el a cta en cumplimiento de un deber, de una orden impartida por un superior, con relación a un acta que cumplía con las normas de la materia, y por tanto gozaba de presunción de legitimidad.

Cita las normas que estima violadas, propone doctrina legal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso tentado.

6.- Se examinará en primer término, y en forma conjunta, el agravio formulado por la defensa de los imputados Ramón Antonio Flores, Tomás Ernesto Rodríguez, Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal, y Luciano Ramón Pizarro, invocan como motivo de casación la errónea interpretación y aplicación del art. 293 CP.

Los recurrentes sostienen que el acta no contiene enunciaciones falsas, sino la declaración de los imputados sobre lo que ocurrió en su presencia, no habiéndose acreditado en autos la falsedad de los dichos, salvo por los testimonios de personas allegadas a la víctima; que la falsedad no recae sobre circunstancias esenciales que el documento está destinado a probar, ni la pretensa falsedad tuvo potencialidad perjudicante, ya que el acta fue confeccionada cuando el homicidio ya había sucedido; y que no existió ni se acreditó la existencia de dolo, elemento subjetivo requerido por la figura.

Los agravios precedentemente reseñados incumplen el recaudo de suficiencia impuesto por el art. 474 CPP, a la vez que encierran la pretensión de obtener la revisión de típicas cuestiones fácticas, reservadas al Tribunal de juicio y exentas del control que se ejerce por vía del recurso extraordinario de casación.

En orden a la falsedad de lo consignado en el acta de fs. 1-2, la Sala de Instancia, luego de efectuar un análisis completo e integrado del cuadro probatorio producido en la causa, sostuvo que si bien quedó demostrado que Mansilla murió a causa de un disparo de arma de fuego efectuado por Salguero, lo consignado en el acta policial no coincidía ni con las versiones de los testigos, ni con la de los propios imputados, ni con los resultados de las pruebas técnicas, de cuyo análisis integrado surgía que no resultaba cierto ni creíble que hubiera ocurrido el enfrentamiento armado afirmado en el acta en cuestión, ni que la herida que provocó la muerte de Mansilla fuera consecuencia de los disparos efectuados por la comisión policial durante el enfrentamiento. Dejó establecido que si los hechos contenidos en el acta cabeza de sumario no fueron tales, puesto que no ocurrió un enfrentamiento armado, sino que quedó comprobado que pudieron efectuarse algunos disparos sin destino; ni la muerte de la víctima tuvo un autor desconocido, sino que fue uno de los integrantes de la comisión perfectamente individualizable e individualizado; no cabe otorgársele otro sentido que no fuera una falsedad.

Los impugnantes discrepan con la conclusión a que arriba el Tribunal. Afirman que el acta no contiene enunciaciones falsas pues los imputados declararon -y en el caso de Tomás Ernesto Rodríguez insertó además en el acta-, lo que presenciaron; y que, en su caso, la falsedad no fue acreditada, salvo por los testimonios de personas allegadas a la víctima, con lo que aparece evidente que lo que se pretende obtener es un nuevo examen y determinación de los hechos de la causa, sobre la base de un reexamen del material probatorio producido, cuestiones que no pueden ser ingresadas como motivos de casación, a tenor de lo dispuesto por el art. 468 CPP, salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo que no se ve configurado en la especie. El Tribunal ha fijado la plataforma fáctica del proceso sobre la base de un análisis completo de la prueba producida, no advirtiéndose omisión alguna, ni quebrantamiento de las reglas de la lógica y de la sana crítica racional. Por su parte el recurrente se limita a disentir con los fundamentos del Tribunal, sin que logre demostrar el yerro en el que habría incurrido, ni aporte argumentos jurídicos que demuestren que las conclusiones a que se arriba son erradas, ni refute los argumentos del fallo. En esa dirección vale la pena destacar que la Sala de instancia analizó las declaraciones de los testigos que los im putados descalifican por ser allegados a la víctima (Flavio Daniel Andrada, Paola Robles, Víctor Hugo Robles, Hugo René Robles, Teresa Rosa Gramajo, María Angela Robles, Mario Andrada), y los valoró como material indiciario válido sobre la irregular actuación policial, y sobre la intención de los imputados de ubicarse en una posición neutra con relación al suceso violento; concluyendo que no resultaba suficiente la impugnación de los testigos interesados, ante la concurrencia de otros indicios (constancia en el acta de fs. 1-2 que toma a Flores como miembro de la comisión policial, operativo policial con los menores sin comunicación a sus padres; remisión de las actuaciones de oficio por la policía); y tal conclusión no fue rebatida por los recurrentes.

Por otra parte se afirma en la sentencia que la falsedad del acta recayó sobre circunstancias esenciales, vinculadas al hecho que el instrumento público tenía la finalidad de demostrar; dejando establecido que en el caso la finalidad del instrumento era acreditar la integración del grupo policial y su misión de patrullaje; la intercepción de dos menores y el modo de anoticiamiento de un hecho que demandaba su intervención; el operativo en el que se irrumpió en la casa; la resistencia, lucha y detención de Orihuel y Mansilla; que este último fue herido por disparos provenientes de la comisión policial y trasladado al Hospital Centro de Salud donde falleció. Los recurrentes disienten con la fijación de este hecho efectuada por el Tribunal de grado, y postulan que en el caso la falsedad no es esencial porque la existencia o no de un enfrentamiento, número de disparos y forma de descubrimiento de los delincuentes con circunstancias accesorias o secundarias, pues lo que el documento estaba destinado a probar era el hecho comunicado (aprehensión de Orihuel y Mansilla y heridas de arma de fuego de este último) que no es falso. Como se advierte, la circunstancia reseñada constituye una cuestión de hecho, cuya impugnación no resulta admisible por vía del recurso de casac ión, salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo que no se ve configurado en la especie, toda vez que el Tribunal fijó la cuestión referida a partir del análisis completo y razonado de las pruebas del proceso, y proporcionó fundamentos suficientes para validar la conclusión a la que arriba.

El mismo déficit se advierte con relación al agravio según el cual el acta carece de potencialidad perjudicante al descubrimiento de la verdad material de los hechos, pues al ser confeccionada la noticia dada por los menores y el homicidio ya había sucedido, a la vez que se consignó que no hubo ejecución alevosa, conclusión a la que en definitiva arriba la sentencia al condenar a Salguero por exceso en la legítima defensa. Ello así por cuanto el agravio exhibe el mero disenso del recurrente con los hechos determinados por la Cámara, que sostuvo que el delito quedó consumado en el momento de la redacción y firma del acta (02/9/1996, a hs. 7:30), momento en que cobra vida como instrumento público con todos sus caracteres; y que el acta tiene entidad para ocasionar perjuicio, ya que aunque el instrumento falso no haya servido para un fin determinado, su sola virtualidad dañosa hace que la falsedad en el documento público quede consumada y perfecta, existiendo un perjuicio potencial de desviación de la investigación sobre el hecho del proceso, que recae sobre la administración de justicia. Los fundamentos del Tribunal en el punto no fueron adecuadamente rebatidos por los recurrentes, que no lograron demostrar el yerro del Tribunal, ni aportaron argumentos jurídicos con entidad bastante como para revertir la solución adoptada en la sentencia.

El agravio fundado en que no existió el dolo requerido por la figura, ya que ninguno de los imputados introdujo en el instrumento elemento alguno destinado a entorpecer, obstaculizar y perjudicar al Ministerio Público en el descubrimiento de la verdad material; y que Medina, Leal y Pizarro no ingresaron al inmueble, ni tuvieron conocimiento directo de los hechos, ni insertaron los datos falsos, de modo que no concurre el dolo directo del art. 293 CP, resultando inmotivada la imputación de falsedad ideológica que se les efectúa, resulta insuficiente en los términos del art. 474 CPP, toda vez que los recurrentes no se hacen cargo de los argumentos aportados por la sentencia en este punto.

En efecto, la Sala de instancia, después de efectuar un detallado análisis de la versión de Roberto Rodríguez y su confrontación con las constancias de autos( fs. 141, 139 y 129 entre otras), estimó que no resultaba posible que el Jefe del operativo (Tomás E. Rodríguez) y todo el personal interviniente, no conocieran los detalles del caso, y afirmaran desprevenidamente, como lo hicieron en el acta, que no se conocía al autor del disparo. Consideró inadmisible la excusa invocada por la defensa de Medina, Leal y Pizarro, en el sentido de que no pudieron percibir lo ocurrido dentro de la casa, ni tuvieron tiempo de enterarse en el lugar de las acciones de lo ocurrido por su premura de llevar a uno de los sujetos al hospital, quien sufría de una supuesta crisis asmática; puesto que una persona que sufre tal crisis no es levantada de manos y piernas para depositarla en el vehículo que la transportaría al hospital, como dijeron los imputados mencionados. Destacó que los mencionados imputados reconocieron advertir que llevaban a una persona herida en el cuello que murió en el camino; y que volvieron a la Dirección de Investigaciones donde firmaron el acta a hs 7:30, lo que evidenciaba que dispusieron de tiempo para enterarse de las circunstancias del caso y de un desenlace no menor como lo es la muerte de una persona en un enfrentamiento en el que ellos no vieron, ni participaron, y sólo escucharon disparos; de donde concluyó que los ahora recurrentes afirmaron como verdad, según sus propios dichos, lo que no les constaba. Analizó además las declaraciones de los testigos Flavio Daniel Andrada, Paola Robles, Víctor Hugo Robles, Hugo René Robles, Teresa Rosa Gramajo, María Angela Robles, Mario Andrada, y sostuvo que si bi en no tienen una relación directa e inmediata con la muerte de Mansilla, ni con el modo en que se instrumentaron las actuaciones sumariales, se trata de un material indiciario válido sobre la irregular actuación policial, marcando una clara intención de ubicarse en una posición neutra con relación al suceso violento, pues Flores y el personal policial ya sabían de la presencia de Orihuel y Mansilla en el lugar preindicado, y de la muerte de este último, al menos en forma dudosa. Indicó que no resultaba suficiente la impugnación de los testigos interesados, ante la concurrencia de otros indicios como la constancia en el acta de fs. 1-2 que toma a Flores como miembro de la comisión policial, cuando él mismo reconoció que sólo había pedido que uno de los móviles lo acercara a su domicilio particular; el operativo policial con los menores incluso en el lugar del enfrentamiento aludido y con el riesgo propio de las acciones, sin comunicación a sus padres, liberándolos recién en horas de la mañana; y la circunstanc ia de que las actuaciones no fueron remitidas por haber sido requeridas por la fiscalía intervinientes, como consta a fs. 44 vta. y 45 de autos, sino de oficio por la policía (fs. 45 vta.). En ese contexto, la impugnación del fallo por falta de motivación aparece manifiestamente insuficiente.

De los antecedentes expuestos surge que no obstante la profusa argumentación desarrollada, los agravios no satisfacen el recaudo impuesto en el art. 474 procesal, toda vez que no se rebaten adecuadamente los argumentos de la sentencia, ni se proporcionan razones fundadas que justifiquen la infracción normativa que se alega, ni se aportan argumentos suficientes como para revertir la solución adoptada por la Alzada. Los fundamentos recursivos exhiben el mero desacuerdo del recurrente con la interpretación que el Tribunal hace de la cuestión planteada, sobre la base de un análisis contextual de la prueba producida, mas no se logra demostrar el yerro en el que habría incurrido la sentencia, la que no aparece, prima facie, como arbitraria ni violatoria de la sana crítica en la apreciación del cuadro probatorio producido en el sublite.

El recurso de casación es improcedente formalmente cuando el escrito de agravios no contiene una crítica autosuficiente de la sentencia recurrida, con desarrollo concreto de los motivos de impugnación contra la totalidad de los fundamentos en los que se sostiene el decisorio atacado. Estando dirigido el remedio extraordinario local al control de legalidad de fallo impugnado, la falta de fundamentación de los agravios esgrimidos define negativamente la suerte del recurso intentado. Es doctrina jurisprudencial de esta Corte de Justicia que al interponerse un recurso de casación es menester que se exponga una crítica razonada de la sentencia impugnada, para lo cual el recurrente tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el fallo recurrido, lo que no acontece en la especie donde no se expone una crítica razonada de la sentencia impugnada, (CSJTuc. "Gargiulo, Juan Sebastián s/robo agravado. Recurso de casación", sentencia del 15/02/2000; "Brufau, Osvaldo Domingo y otra s/defraudación. Recurso de casación", sentencia del 08/6/2000; "Aguirre Cristian Andrés y otro s/robo agravado", 27/4/98; "Callata Rodolfo Balbín y otro s/ robo agravado", 25/3/98; "Elizondo, J.F. s/ corrupción de menores, etc.", 19/11/97 entre otros), por lo que el remedio intentado deviene inadmisible.

6.1.- La defensa del imputado Flores invoca como motivo de casación que la sentencia no tuvo en cuenta el contexto en el que sucedieron los hechos y la agresión de la víctima a Salguero, circunstancias que resultarían suficientes para demostrar la inexistencia de falsedad en el acta.

El agravio incumple el recaudo impuesto por el art. 468 CPP, toda vez que se dirige a obtener la revisión de una cuestión fáctica, fijada por el Tribunal de juicio que, a partir del análisis completo e integrado de las pruebas producidas, afirmó la falsedad del acta policial, con fundamento en que no coincide con las versiones de los testigos, ni con la de los propios imputados, ni con lo que emerge de las pruebas técnicas y su ampliación en el debate, de donde surge que no es cierto que el grupo policial haya irrumpido violentamente en la vivienda, y la inexistencia de pruebas sobre los disparos con balas de goma que habría efectuado Tomás E. Rodríguez y el resto del personal ni en el interior ni en el exterior de la vivienda (cfr. fs. 980 vta.). Sobre esa base la Sala de Instancia consideró que no era cierto ni creíble que hubiera ocurrido el enfrentamiento armado afirmado en el acta de fs. 1-2; y que la muerte de Mansilla hubiera sido consecuencia de los disparos efectuados por la comisión policial durante ese presunto enfrentamiento.

Como se advierte, la conclusión a que arriba el fallo constituye una típica cuestión de hecho, que se halla al margen del control que se ejerce por vía del recurso extraordinario de casación, salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo que no se ve configurado en la especie. El recurrente no ha aportado argumentos válidos para evidenciar la violación de las reglas de la lógica y de la sana crítica racional en la fijación de los hechos y en la valoración del material probatorio producido en la causa; ni ha logrado demostrar que la existencia de error en el razonamiento del Tribunal, que ha proporcionado fundamentos suficientes para validar la conclusión a la que arriba.

Como otro motivo de casación alega que el Tribunal ha efectuado una valoración parcial e ilegal división de las declaraciones de los imputados; a la vez que no se ha tenido en cuenta que Flores se encontraba en el móvil junto a los policías porque les pidió que lo llevaran a su domicilio pero permaneció fuera de la vivienda; y que no existen razones para dudar de la veracidad de las declaraciones de los restantes imputados, contrapuestas a las diversas versiones aportadas por personas que tienen parentesco con la víctima (cfr. 993 y vta.).

El agravio resulta insuficiente por inexacto. El Tribunal desestimó la existencia de violación de garantías constitucionales por haberse trocado la condición de testigos por la de imputados, con fundamento en que el proceso llegó a la etapa plenaria superando los oportunos controles de legalidad, con pleno y efectivo ejercicio del derecho de defensa de los justiciables y cumplimiento de las reglas del debido proceso legal. Explicó que la regla constitucional sobre la inmunidad de la declaración del imputado es explícita en cuanto a que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo o a declararse culpable, mas nada impide la declaración voluntaria y libre; y en consecuencia no resulta discutible -ni lo ha sido en el caso concreto-, que a partir de su condición de imputados, las constancias del proceso han dado cuenta del ejercicio de todos los derechos y garantías que les asisten; y en tales condiciones, de manera voluntaria, libre y expresa, en su defensa material contando con defensa técnica, han reconocido y ratificado sus anteriores declaraciones como testigos (fs. 386 vta., 387 vta., 389 vta.

). Y con relación a la validez de los testigos que los imputados descalifican por considerar allegados a la víctima, sostuvo, luego de analizarlas, que se trata de un material indiciario válido sobre la irregular actuación policial, que marca una clara intención de ubicarse en una posición neutra con relación al suceso violento, pues Flores y el personal policial ya sabían de la presencia de Orihuel y Mansilla en el lugar preindicado, y de la muerte de este último, al menos en forma dudosa; y advirtió que la impugnación de dichos testigos no resultaba suficiente ante la concurrencia de otros indicios como la constancia en el acta de fs. 1-2 que toma a Flores como miembro de la comisión policial, cuando él mismo reconoció que sólo había pedido que uno de los móviles lo acercara a su domicilio particular; el operativo policial con los menores incluso en el lugar del enfrentamiento aludido y con el riesgo propio de las acciones, sin comunicación a sus padres, liberándolos recién en horas de la mañana; y la circu nstancia de que las actuaciones no fueron remitidas por haber sido requeridas por la fiscalía intervinientes, como consta a fs. 44 vta. y 45 de autos, sino de oficio por la policía (fs. 45 vta.).

La simple lectura de los fundamentos del fallo en crisis demuestra la inexactitud y consecuente insuficiencia del agravio en examen, toda vez que la sentencia trató y resolvió fundadamente cada una de las cuestiones planteadas, proporcionando argumentos válidos que no fueron suficientemente refutados por el recurrente.

Los agravios se declaran inadmisibles, por incumplimiento de los recaudos impuestos por los arts. 468 y 474 CPCC.

6.2.- La defensa de Tomás Ernesto Rodríguez invoca como motivo de casación la nulidad de la sentencia por ausencia de motivación, falta de aptitud conviccional de las pruebas de cargo, omisión de valoración de las pruebas de descargo, deficiencias de la acusación que no cumple los requisitos de ser clara y expresa, todo lo cual viola, a su juicio, la presunción de inocencia consagrada constitucionalmente.

El agravio resulta insuficiente por inexacto.

La liminar lectura de la sentencia en recurso demuestra que el Tribunal ha analizado en forma completa e integrada el cuadro probatorio producido en la causa, y ha dejado establecido circunstanciadamente la existencia material del hecho imputado y de sus circunstancias de tiempo modo y lugar.

La sentencia estableció que en el plano fáctico la acusación comprendía la confección y firma por los integrantes de la comisión policial que actuó en el procedimiento del que resultó la muerte de Mansilla, del acta policial cabeza de sumario, cuya descripción de los hechos no se correspondería con la realidad de lo sucedido. Luego de aclarar que todos los coimputados reconocieron su participación en el acta de fs. 1-2, ratificando su firma y el contenido de la misma, señaló que en el acta de mención, donde Tomás E. Rodríguez ocupa la posición de oficial público y también la de otorgante, todos los imputados afirmaron como realmente sucedidos los hechos descriptos en el instrumento, cuya finalidad fue dejar asentado y acreditar la integración del grupo policial y su misión de patrullaje; la intercepción de dos menores y el modo de anoticiamiento de un hecho que demandaba su intervención por la presencia de personas que planificaban un asalto en una casa deshabitada; un operativo en el que se irrumpió en la casa, escuchándose detonaciones de armas de fuego, personas que trataban de fugar disparando armas contra el personal que respondía con las suyas; la resistencia, lucha y detención de Orihuel y Mansilla que estaban armados; el hallazgo y secuestro de dos revólveres, además de los que portaban éstos, y de 8 cartuchos calibre 22 largo y 1 cartucho calibre 12.70 posta de goma; que Mansilla fue herido en el cuello por disparos provenientes de la comisión policial, e inmediatamente trasladado al Hospital Centro de Salud, donde informan su fallecimiento; y las medidas de prevención dispuestas por el personal policial a cargo. A partir del análisis de los elementos probatorios obrantes en la causa, el Tribunal sostuvo la falsedad del acta policial, por cuanto lo consignado en ella no coincide con las versiones de los testigos, ni con la de los propios imputados, ni con lo que emerge de las pruebas técnicas, de donde surge que -contrariamente a lo consignado en el acta-, no se irrumpió en la vivienda sino que primero entraron por una tapia lateral Salguero y Roberto Rodríguez y redujeron a dos sujetos, Tomás E. Rodríguez ingresó de igual forma, Flores lo hizo cuando la puerta fue abierta con sus llaves, y Medina, Leal y Pizarro permanecieron afuera en todo momento. Destacó las distintas versiones existentes en torno a los disparos, así como la inexistencia de pruebas que avalen lo afirmado por Tomás E. Rodríguez sobre los numerosos disparos con balas de goma que dijo haber efectuado hacia el interior de la casa, toda vez que no obstante las inspecciones realizadas (inclusive por el propio Rodríguez en dos oportunidades, fs. 1-2 y fs. 3), sólo se encontró en un lugar no precisado un solo cartucho de escopeta que podría pertenecer a su arma. Destacó también que no se obtuvieron pruebas de disparos del resto del personal ni en el interior ni en el exterior de la vivienda, puesto que no se hallaron vainas servidas, a excepción de la proveniente de la pistola de Salguero; ni podía extraerse ninguna conclusión en tal sentido a partir de las declaraciones de Flores, Medina y Leal, conforme a las precisiones que aporta (cfr. fs. 980 vta.); ni tampoco emerge dicho extremo de la prueba técnica producida (informe criminalístico de fs. 62-63, inspección judicial e informe técnico de fs. 113 y vta. y 176-178), ni de su ampliación en el debate (cfr. fs. 979 vta. y 980). Sobre esa base, el Tribunal concluyó que no era cierto ni creíble que hubiera ocurrido el enfrentamiento armado afirmado en el acta cabeza de sumario de fs. 1-2, por cuanto no hay señas de disparos en el interior de la vivienda, ni cápsulas o vainas servidas en ningún lugar; de la comisión policial de 7 miembros , 4 no dispararon, y de los 3 restantes, dos lo hicieron en el exterior (una sola vez Flores, y probablemente una vez Tomás E. Rodríguez), y sólo una vez Salguero en el interior. En consecuencia, sostuvo que la afirmación contenida en el acta cabeza de sumario, que expresa que Mansilla presentaba una herida en el lado izquierdo del cuello, que se habría producido como consecuencia de los disparos efectuados por la comisión policial durante el enfrentamiento que se produjo anteriormente, no se ajusta a la realidad, ni a los hechos conocidos por Tomás E. Rodríguez que redactó el acta, y por los demás policías que la refrendaron. Sostuvo también, luego de un detallado análisis de la versión de Roberto Rodríguez y su confrontación con las constancias de autos (fs. 141, 139 y 129 entre otras), que no resultaba posible que el Jefe del operativo (Tomás E. Rodríguez) y todo el personal interviniente, no conocieran los detalles del caso, y afirmaran desprevenidamente, como lo hicieron en el acta, que no se conocía al autor del disparo. Y en orden a las declaraciones de los testigos Flavio Daniel Andrada, Paola Robles, Víctor Hugo Robles, Hugo René Robles, Teresa Rosa Gramajo, María Angela Robles, Mario Andrada, expresó que aunque no tienen una relación directa e inmediata con la muerte de Mansilla ni con el modo en que se instrumentaron las actuaciones sumariales, constituyen un material indiciario válido sobre la irregular actuación policial, marcando una clara intención de ubicarse en una posición neutra con relación al suceso violento, pues Flores y el personal policial ya sabían de la presencia de Orihuel y Mansilla en el lugar preindicado, y de la muerte de este último, al menos en forma dudosa. Por fin indicó que no resultaba suficiente la impugnación de los testigos interesados, ante la concurrencia de otros indicios como la constancia en el acta de fs. 1-2 que toma a Flores como miembro de la comisión policial, cuando él mismo reconoció que sólo había pedido que uno de los móviles lo acercara a su domicilio partic ular; el operativo policial con los menores incluso en el lugar del enfrentamiento aludido y con el riesgo propio de las acciones, sin comunicación a sus padres, liberándolos recién en horas de la mañana; y la circunstancia de que las actuaciones no fueron remitidas por haber sido requeridas por la fiscalía intervinientes, como consta a fs. 44 vta. y 45 de autos, sino de oficio por la policía (fs. 45 vta.). Sobre esa base concluyó afirmativamente sobre la existencia del segundo hecho imputado, en el sentido de que en el acta cabeza de sumario de fs. 1-2 de autos, confeccionada por el Sub Comisario Tomás E. Rodríguez como oficial público -a quien se le adjudica la calidad de autor material del ilícito-, se hace constar falsamente un procedimiento policial, en el que aquél también intervino, con un enfrentamiento armado con disparos de armas de fuego entre el personal policial y varios sujetos, enfrentamiento que en realidad no existió; y que se afirmó que Luis Francisco Mansilla murió como consecuencia de una herida en el cuello producía por disparos indeterminados de la comisión policial cuando la causa fue el disparo efectuado por el cabo Gustavo Raúl Salguero. Que Roberto Rodríguez, Ramón Antonio Flores, Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal y Luciano Ramón Pizarro refrendaron y ratificaron dicho contenido como verdadero cuando no lo era, lo que los coloca en calidad de partícipes en grado de complicidad primaria, en razón de que aun en el caso de que no hubieren dado los datos falsos -calidad de otorgantes del instrumento público- realizaron un aporte necesario para la realización del injusto penal La sentencia ha fijado la plataforma fáctica del proceso, para lo cual ha valorado la totalidad de los elementos probatorios existentes en la causa, proporcionando fundamentos suficientes para justificar sus conclusiones, por lo que la impugnación fundada en la falta de motivación, y consecuente arbitrariedad del fallo en crisis, carece de todo sustento. La errónea valoración de la prueba que el recurrente denuncia carece de fundamentación adecuada, no habiendo proporcionado los motivos por los que considera que se ha sobrevalorado la eficacia conviccional de las pruebas de cargo, ni en que funda el aserto de que éstas carecen de la mínima contundencia requerida para fundar una sentencia de condena, y cuáles son las pruebas de descargo que la Sala de instancia ha omitido considerar.

Por consiguiente, no se advierte un déficit o inexistencia de la actividad probatoria requerida para desvirtuar la presunción de inocencia. Por el contrario se verifica que en el proceso, con respeto a los principios de publicidad, oralidad, inmediación, contradicción se ha desarrollado prueba existente, válida y suficiente como para justificar la sentencia de condena. Con ello el Tribunal dispuso de suficiente prueba de cargo, obtenida regularmente y valorada razonablemente, con ajuste a las leyes de la lógica y de la experiencia. En consecuencia se desestima el agravio (art. 474 CPP).

Corresponde examinar ahora el agravio centrado en la interpretación del art. 468 CPP, y el pedido de declaración de inconstitucionalidad de dicha norma en cuanto prohíbe -o se interprete que prohíbe- que por vía del recurso de casación se controle el respeto o la violación, en la sentencia condenatoria, del principio in dubio pro reo.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se ha pronunciado en la causa "Miguel, Jorge Andrés Damián s/ homicidio. Recurso de casación", sentencia del 28/10/2002 sobre la validez constitucional del art. 468 CPP y su compatibilidad con el pleno ejercicio del derecho al recurso contra la sentencia condenatoria. Se dijo en esa oportunidad que: "El recurrente cuestiona la constitucionalidad del art. 468 CPP en tanto entra en conflicto con normas constitucionales (arts. 8 inc. 2 del PSJCR y 14.5 del PIDCP) al restringir en forma contraria a las mismas el derecho del imputado de recurrir el fallo condenatorio por las limitaciones propias del recurso de casación en orden a la revisión de la contundencia de las pruebas para destruir el principio de inocencia, más aún siendo de instancia única el procedimiento penal de esta provincia".

Esta Corte ha manifestado respecto del art. 8 apartado 2º inciso h) que menciona el "derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior", que la garantía se respeta con el recurso de casación que se concede contra sentencia definitiva en sede penal. El fundamento de esta aserción remite a lo expuesto en el Informe Nº 24/92 parágrafo 30 de uno de los Organos competentes para conocer en los asuntos relacionados con el cumplimiento de compromisos que han contraído los Estados Miembros. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (art. 33 Convención citada) ha considerado al recurso de casación como: "una institución jurídica que, en tanto permite la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso de la legalidad de la producción de la prueba, constituye, en principio, un instrumento efectivo para poner en práctica el derecho reconocido por el art. 8.2 h) de la Convención" remarcando: "el recurso de casación satisface los requerimientos de la Convención en tanto no se lo regule, interprete o aplique con rigor formalista sino que permita con relativa sencillez al tribunal de casación examinar la validez de la sentencia en general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y al debido proceso (CSJTuc., sentencias Nº 222/2002 y 712/2001; Comisión IDH, informe Nº 24/92 del 2/X/92; Comisión IDH, Informe Nº 55/97 del 18/XI/97).

Asimismo, en informe Nº 17/94 la misma Comisión se expidió en el sentido de que no se requiere necesariamente la apelación directa sino la disponibilidad de un recurso de revisión que al menos permita la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso de la legalidad de la prueba, y que permita con relativa sencillez al tribunal de revisión examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y el debido proceso.

En semejante sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que la solución adoptada en el caso Giroldi (en donde se admite la casación como vía recursiva adecuada para asegurar la garantía de la doble instancia en materia penal) permite cumplir acabadamente los compromisos asumidos en materia de derechos humanos por el Estado Nacional (cfr. LL 1995-D-467). Igualmente in re "Tabarez", Fallos 321-496, tuvo oportunidad de decir que era necesario, en este campo de la casación, dar un margen más amplio para el examen de las posibles arbitrariedades; a la par que manifestó que en el estado actual de la legislación procesal penal de la Nación, los recursos ante la Cámara de Casación Penal constituyen la vía a la que todo condenado puede recurrir en virtud del derecho que consagran los arts. 8°, inc. 2º, ap. h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, inc. 5º del PIDCP y reiteró que el recurso de casación satisface los requerimientos de la Convención, en tanto no se regule, interprete o aplique con rigor formalista sino que permita con relativa sencillez al tribunal de casación examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y al debido proceso.

Por tanto, existe una línea directriz en orden a inteligir al recurso de casación con un criterio flexible de sus causales.

En este orden de ideas el conocimiento del recurso de casación por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y/o formal, permite -dentro de las características propias emergentes de la mecánica del juicio oral- incursionar en las conclusiones fácticas del fallo cuando ellas fuesen infundadas, irrazonables o contrarias a las reglas de la sana crítica. Asimismo, el juzgamiento de la casación por errores in procedendo autoriza al tribunal para interpretar el alcance de las normas procesales cuya inobservancia no ha sido explícitamente establecida bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, pero que erróneamente aplicadas por el órgano inferior han generado la consagración de un exceso ritual o de otro vicio susceptible de afectar la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Así, los ribetes específicos del control casatorio no empecen a la garantía prevista en los tratados citados, toda vez que el examen que a través de él se efectúa del fallo condenatorio es amplio, si se considera que, por su análisis se evalúa el exacto encuadramiento de los hechos; el respeto a las normas constitucionales, sustantivas y procesales; la misma estructura interna de la sentencia, lo que implica observar la falta de motivación, de congruencia, la ausencia de fundamentos, los fundamentos aparentes, si se ha basado en datos que no pueden constituir prueba, si los elementos de prueba sobre las que se sustenta el tribunal son falsos, ilegales, contradictorios entre sí; o han sido ilegalmente incorporados al debate; si se prescinde de prueba decisiva; si se invoca prueba inexistente; si el razonamiento no sigue los principios de la lógica, de la recta razón o sana crítica dando lugar a interpretaciones y/o valoraciones jurídicas erróneas o parcializadas; entre otros aspectos.

Se advierte así que el recurso de casación y su potencial horizonte de revisión caben plenamente en las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vertidas en los Informes 24/92, 17/94 y 55/97.

De lo expuesto se concluye que el respeto a las garantías mencionadas en los informes de la CIDH es escrupulosamente observado en el recurso de casación penal vigente en el provincia de Tucumán siempre que se lo aplique, como ocurre en este caso, con criterio flexible y amplio. Así interpretado y aplicado el recurso cumple, como lo expresara la Corte de la Nación, con las garantías del PSJCR y del PIDCP. Es que el derecho a recurrir mencionado en el Pacto no supone necesariamente el derecho a apelar, pues "recurso" es todo aquel que cumple las condiciones explicitadas por los informes de la CIDH antes mencionados. El recurso de casación local satisface las exigencias constitucionales del derecho a que un tribunal superior controle la corrección del juicio realizado por el tribunal del juicio oral, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido alcanzar la culpabilidad y la imposición de la pena, en el caso concreto. Reglas entre las que se encuentran, desde luego, todas las que rigen el proceso penal y lo configuran como un proceso justo, con todas las garantías; las que inspiran el principio de presunción de inocencia, y las reglas de la lógica y la experiencia conforme a las cuales han de realizarse las inferencias que permiten considerar un hecho como probado. A través de este recurso el tribunal superior controla tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas; en defini tiva, se puede controlar la declaración de culpabilidad y la pena impuesta. Por lo tanto, por esta vía se posibilita la "revisión íntegra", entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y de valoración de la prueba" (cfr. CSJTuc., "Miguel, Jorge Andrés Damián s/ homicidio. Recurso de casación", sentencia del 28/10/2002).

Como se advierte, la interpretación que se efectúa del art. 468 CPP no aparece incompatible con la normativa constitucional citada por el recurrente, toda vez que en la doctrina del Tribunal resultan admisibles como motivos de casación tanto los agravios basados en la inobservancia de normas de fondo, como los que se sustentan en la violación de normas procesales, que son portadoras de agravios relativos a cuestiones de hechos y prueba; de donde se deriva que resulta posible indagar cuestiones fácticas o probatorias, cuando se invoque fundadamente la existencia de violación a las reglas de la lógica y la sana crítica racional, arbitrariedad o absurdo en la fijación de los hechos y en la valoración de los elementos probatorios arrimados al proceso.

En el caso de autos, y conforme los fundamentos desarrollados en la presente resolución, se ha efectuado un exhaustivo y amplio examen del fallo condenatorio y de la pena, conforme a las normas y exigencias derivadas de los arts. 8.2.h CADH, 14.5 PIDCP, y 75 inc. 22 CN.

Por lo expuesto, se desestima el motivo de casación, y se rechaza el planteo de inconstitucionalidad del art. 468 CPP.

6.3.- La defensa de Medina, Leal y Pizarro invoca como motivo de casación la infracción de las normas del art. 34 inc. 4° y 5° CP, por haber actuado sus defendidos en cumplimiento de su deber y de la obediencia debida en la estructura policial.

El agravio incumple el recaudo de suficiencia impuesto por el art. 474 CPP, toda vez que la parte recurrente directamente se desentiende de los fundamentos del Tribunal que sostuvo que la invocación de cumplimiento de un deber era inadmisible, por cuanto tratándose de la imposición de un ataque a un bien jurídico, como lo sería la obligación de denuncia en ciertos casos a pesar del secreto profesional, jamás la ley, precisamente el art. 134 CPP invocado -firma del acta por el personal interviniente- impondría la obligación de refrendar un ilícito; y en relación la obediencia jerárquica debida, advirtió que tiene su límite en la ilicitud o antijuridicidad de la orden impartida por el superior. Dichos argumentos no fueron tenidos en cuenta, que se limitan a postular su propia interpretación de los hechos, mas sin proporcionar argumentos jurídicos eficaces, suficientes para demostrar el yerro en el que habría incurrido el Tribunal.

Como otro motivo de casación, denuncia error en la aplicación del art. 45 CP. El agravio formulado incumple también el recaudo de suficiencia exigido por la ley adjetiva, toda vez que no se rebaten adecuadamente los fundamentos en que se sustenta la conclusión de la sentencia. El Tribunal apoyándose en el cuadro probatorio producido en el proceso sostuvo que en el acta cabeza de sumario de fs. 1-2 de autos, confeccionada por el Sub Comisario Tomás E. Rodríguez, se hace constar falsamente un procedimiento policial, con un enfrentamiento armado que habría ocasionado la muerte de la víctima en autos; y que los imputados Roberto Rodríguez, Ramón Antonio Flores, Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal y Luciano Ramón Pizarro refrendaron y ratificaron dicho contenido como verdadero cuando no lo era, lo que los coloca en calidad de partícipes en grado de complicidad primaria, puesto que aun en el caso de que no hubieren dado los datos falsos, realizaron un aporte necesario para la realización del injusto penal, participando como cómplices necesarios al expresarse refrendando el instrumento y ratificando su contenido, no obstante conocer los hechos. La confrontación de los argumentos del fallo con los del recurrente patentiza la insuficiencia del recurso en este punto, a la vez que el quejoso, al sostener que la intervención de sus defendidos no fue imprescindible porque el delito ya esta configurado por la actuación de Tomás E. Rodríguez, demuestra que el agravio se dirige a obtener la revisión y nueva determinación de los hechos de la causa, con cuya fijación no está de acuerdo, por cuanto discrepa con la conclusión del Tribunal en el sentido de que sus defendidos realizaron un aporte necesario para la realización del injusto penal, participando como cómplices necesarios al expresarse refrendando el instrumento y ratificando su contenido, no obstante conocer los hechos. Al mismo tiempo los fundamentos recursivos exhiben el mero desacuerdo del recurrente con la interpretación que el Tribunal hace de la cuestión planteada, sobre la base de un análisis contextual de la prueba producida, mas no se logra demostrar el yerro en el que habría incurrido la sentencia, la que no aparece, prima facie, como arbitraria ni violatoria de la san a crítica en la apreciación del cuadro probatorio producido en el sublite.

El recurso de casación es improcedente formalmente cuando el escrito de agravios no contiene una crítica autosuficiente de la sentencia recurrida, con desarrollo concreto de los motivos de impugnación contra la totalidad de los fundamentos en los que se sostiene el decisorio atacado. Estando dirigido el remedio extraordinario local al control de legalidad de fallo impugnado, la falta de fundamentación de los agravios esgrimidos define negativamente la suerte del recurso intentado. Es doctrina jurisprudencial de esta Corte de Justicia que al interponerse un recurso de casación es menester que se exponga una crítica razonada de la sentencia impugnada, para lo cual el recurrente tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el fallo recurrido, lo que no acontece en la especie donde no se expone una crítica razonada de la sentencia impugnada, (CSJTuc. "Gargiulo, Juan Sebastián s/robo agravado. Recurso de casación", sentencia del 15/02/2000; "Brufau, Osvaldo Domingo y otra s/defraudación. Recurso de casación", sentencia del 08/6/2000; "Aguirre Cristian Andrés y otro s/robo agravado", 27/4/98; "Callata Rodolfo Balbín y otro s/ robo agravado", 25/3/98; "Elizondo, J.F. s/ corrupción de menores, etc.", 19/11/97 entre otros), por lo que el remedio intentado deviene inadmisible.

6.4.- De conformidad a los fundamentos expuestos, se declaran inadmisibles los recursos interpuestos por las defensas de Ramón Antonio Flores, Tomás Ernesto Rodríguez, Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal, y Luciano Ramón Pizarro, contra la sentencia de la Sala IIª de la Excma. Cámara Penal, del 04/9/2002 (fs. 968/988), con costas por aplicación del principio general en la materia (art. 551 CPP).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLES los recursos de casación deducidos por las defensas de Ramón Antonio Flores, Tomás Ernesto Rodríguez, Ramón Martín Medina, Raúl Antonio Leal, y Luciano Ramón Pizarro, contra la sentencia de la Sala IIª de la Excma. Cámara Penal, del 04/9/2002 (fs. 968/988), con costas (art. 551 CPP).

II.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado Gustavo Raúl Salguero contra sentencia de la Sala IIª de la Excma. Cámara Penal, del 04/9/2002. En consecuencia, se casa parcialmente el punto I de la misma a tenor de la doctrina legal enunciada; en su lugar se resuelve: "I.- CONDENAR a Gustavo Raúl Salguero, de las condiciones personales que constan en autos, por resultar autor voluntario del delito de homicidio con exceso en la legítima defensa (arts. 34 inc. 6°, 35, 79, 40, 41 y 29 inc. 3° CP) en perjuicio de Luis Francisco Mansilla, a la pena de 3 (tres) años de prisión, accesorias legales y costas procesales (art. 550 CPP). Las costas del recurso de casación se imponen en el orden causado (art. 551 CPP).

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO