Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-22


Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

Excma. Cámara:

Apeló el Consorcio de Propietarios Nijocali la resolución de fs. 553/555 en cuanto estableció el monto de la reserva prevista por el art. 244 LCQ.

Estos aspectos, en principio y en el caso, son ajenos al interés general cuyo resguardo compete a este Ministerio Público (art. 120 Constitución Nacional).

Por las razones expuestas, considero que los autos se encuentran en condiciones de ser resueltos por V.E. - Diciembre 4 de 2007. -Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. - Buenos Aires, abril 22 de 2008.

Y Vistos:

1. Apeló el Consorcio Nijocali la resolución dictada a fs. 553/5 en cuanto solamente hizo lugar al pago del 20% del crédito reconocido a su favor con la preferencia del art. 240 LCQ.

Los fundamentos fueron expuestos en fs. 559/60 y respondidos por la sindicatura en fs. 575/6.

En fs. 546 fue oída la Sra. Representante del Ministerio Público, quien dictaminó en el sentido que surge de la citada foja.

2. El recurrente se quejó de la decisión adoptada en la anterior instancia con base en que: (i) se ordenó el pago de la suma de $ 3844.90 en los términos del art. 244 LCQ, reservando las restantes sumas obtenidas en la subasta del inmueble de la fallida para afrontar las obligaciones impositivas de orden municipal con base en el servicio de alumbrado, barrido y limpieza y los servicios de obras sanitarias, los que fueron considerados como gastos de concurso; (ii) los montos adeudados por impuestos de rentas provinciales y/o tasas municipales y/o de aguas no se encuentran incluidas en los supuestos del art. 244 LCQ y, en cambio, lo están las expensas; (iii) solamente corresponde incluir en la reserva prevista por el art. 244 LCQ los honorarios del síndico en la proporción inherente a las tareas vinculadas al bien subastado.

3. Cabe apuntar liminarmente que las actuaciones relativas a la realización del bien de propiedad de la fallida sito en la calle Corrientes 1935, 1º piso, UF 8, de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, fueron llevadas a cabo por la sindicatura y en el marco de la quiebra, obteniéndose como producido de la subasta la suma de $ 20.000 (fs. 390), debiendo señalarse que no surge del informe de dominio de dicho inmueble, obrante a fs. 93/4, que existiera hipoteca sobre el mismo.

De otro lado, en estas actuaciones el Consorcio de copropietarios Nijocali XIII, tiene reconocido a su favor un crédito por las expensas devengadas desde el decreto de quiebra (9/2/93) y hasta la fecha de posesión de la propiedad (13.10.05), por la suma de $ 19.129,26 (fs. 508/9 y 520).

4. Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que el consorcio recurrente en primer lugar solicitó que, con el producido de la subasta descontados los gastos efectuados por el martillero y los honorarios regulados en autos a favor de su letrado, se procediera a abonar su deuda en los términos del art. 240 LCQ (fs. 474).

Luego, reiteró su petición, esta vez invocando el privilegio que asiste a su acreencia conforme arts. 3901 y 2686 Cód. Civil, y arts. 240, 241 y 244 LCQ (fs. 496). A esta última presentación el síndico contestó que correspondería abonar al consorcio la suma de $ 19.129,26 que reviste la preferencia del art. 240 LCQ, pero que existiría un acreedor con privilegio especial que resulta ser el mismo consorcio, y además debían considerarse los restantes gastos del concurso.

Ante ello, la Juez de Grado dispuso en la resolución apelada que debían considerarse incluidos en el art. 244 LCQ tanto las expensas comunes correspondientes a los períodos devengados con posterioridad al decreto de quiebra, como las obligaciones impositivas de orden municipal con base en el servicio de alumbrado, barrido y limpieza, y los servicios de obras sanitarias. Además expresó que debían añadirse los honorarios del síndico y su letrado por las tareas vinculadas al bien subastado. Con base en ello, dispuso la magistrada el pago de sólo el 20% del crédito post-falencial del consorcio recurrente.

5. En el marco fáctico descripto se considera procedente aclarar ciertos puntos:

5.1. En primer lugar, si se entiende que la pretensión del consorcio recurrente es el pago de su crédito correspondiente al período transcurrido entre el decreto de quiebra y la toma de posesión del bien subastado, tal acreencia reviste la preferencia del art. 240 LCQ y, cabe recordar, que dicha norma establece que los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso, son pagados con preferencia a los créditos contra el deudor salvo que éstos tengan privilegio especial.

Añade la norma que el pago de estos créditos debe hacerse cuando resulten exigibles, sin necesidad de verificación. En caso de no alcanzar los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución entre créditos de igual rango se hace a prorrata.

En este sentido, corresponde recordar que en la quiebra, la formación de la masa activa y pasiva presupone el mantenimiento de bienes, ahora administrados por la Sindicatura, cuya protección se hace en beneficio de la quiebra. Tales deudas, que encuentren su causa en la administración en favor del concurso, no pueden, según es fácil colegir, ser sometidas a la situación falencial, no sólo porque sería inicuo para quien hace la erogación (no ya en favor del fallido, sino en favor de la quiebra), sino también para los propios acreedores, que tendrán que solventarla en su condición de beneficiarios mediatos de esos gastos que la ley ha denominado "de conservación y justicia".

Es claro que no se trata de deudas del fallido, razón por la cual no existe técnicamente un privilegio, sino una categoría distinta en la que el obligado no es ya el quebrado, sino la masa de acreedores concurrentes (conf. Argeri, "La quiebra...", T. 1º, pág. 381).

Así, existiendo fondos obtenidos en la subasta de los bienes sobre los cuales el crédito en cuestión revestía preferencia, no resultaría procedente diferir su pago al momento del art. 218 LCQ.

Ello así, pues corresponde reconocer a los créditos comprendidos en el art. 240 LCQ el pago inmediato, sin aguardar la distribución, ya que su percepción no depende de la determinación de dividendo alguno y el pago inmediato es propio del régimen jurídico de todos ellos, sin distinción (CNCom., sala B, 15/11/91, "SA La Razón EEFICA s/quiebra s/inc. de pago de los profesionales").

Por tales consideraciones, existiendo fondos, la cancelación de dichos créditos debe ser íntegra e inmediata, atento que no se encuentran sometidos al trámite de la quiebra, ni deben aguardar a su culminación para ser efectivos. Sin embargo, como ya se ha indicado, en el caso de no alcanzar esos fondos, debe procederse a distribuir dichas sumas a prorrata entre los créditos de igual rango y naturaleza.

5.2. Ahora bien, en caso de existir un crédito que revista privilegio especial (art. 241 LCQ) sobre el inmueble subastado, esa acreencia que debe ser abonada con anterioridad a los créditos del concurso (art. 240 LCQ), entra en juego el presupuesto contemplado en el art. 244 LCQ.

En efecto, la realización del bien sobre el cual recae el privilegio especial, se encuentra inserta en un procedimiento de ejecución colectiva, en el que los acreedores, sin distinción, deben contribuir a los gastos del concurso. Ello significa que la contribución del acreedor privilegiado respecto de gastos de conservación, custodia, administración y realización del bien afectado al privilegio especial, así como su aporte para solventar los honorarios de los funcionarios del concurso responden a principios de derecho concursal que permiten, por un lado, mantener la igualdad de los acreedores y, que por el otro, consagran su obligación de contribuir en la ejecución colectiva al pago de los gastos que la misma genera en la medida que lo ha beneficiado.

En suma, la reserva para gastos y honorarios de los funcionarios del concurso prevista por el art. 244 L.C. parte del supuesto de que, para hacer efectivo un privilegio, fueron menester erogaciones tendientes a la conservación del crédito y la adecuada defensa de la masa.

Recuérdase que el desapoderamiento inmediato que produce la quiebra, implica el cese de la administración por el fallido, de su patrimonio y, su reemplazo por el síndico. Con lo cual, las acreencias que se devenguen con motivo de los gastos que irroguen los bienes desapoderados a partir de ese momento están a cargo del concurso, toda vez que en definitiva constituyen una actividad útil a fin de administrar y conservar el patrimonio falencial, ahora administrado por el síndico bajo el control judicial, a fin de proceder a su liquidación, con miras a obtener el mayor resultado posible, extremo que en definitiva incide en beneficio del acreedor privilegiado en la medida en que esas erogaciones se refieran al bien asiento de su privilegio (cfr. Cámara, Héctor, "El Concurso Preventivo y la Quiebra", V. III, p. 2056 y ss.), de ahí, el consiguiente deber de contribución que la ley impone sobre él pese a su privilegio, dada la comunidad de la masa concursal de naturaleza iuspublicística, se reitera.

En esta inteligencia, deben reservarse los importes correspondientes, inclusive para honorarios de los funcionarios del concurso habidos exclusivamente sobre esos bienes pues estas regulaciones quedan sujetas a decisiones posteriores basadas en la discriminación de labores (conf. Argeri S., ob. cit. tº 4, pág. 288). Así las cosas, las reservas se hacen sobre fondos que corresponderían al acreedor privilegiado para retribuir gastos que han sido en su beneficio y que, de lo contrario, serían a cargo del concurso, con la eventual recuperación del saldo por parte del contribuyente, si así fuera menester.

Ante ello, y en tanto la LCQ no establece cuál es el porcentual del precio del bien que debe reservarse a los efectos de atender a los gastos en él previstos, se ha interpretado que el legislador delegó en el prudente arbitrio judicial su fijación, con base en la cuantía de los gastos sujetos a contribución y ponderando las circunstancias de cada caso en particular (este Tribunal, Sala E, 13.03.98, "Establecimiento Arelauquen S.A. s/Quiebra s/inc. de venta por licitación").

En consecuencia, teniendo en cuenta las constancias habidas en el expediente (fs. 87/9, 580/9), se advierte adecuado modificar el decreto atacado y fijar la contribución en concepto de "reserva de gastos" a cargo del acreedor privilegiado en un porcentual del 20% del precio obtenido en la subasta. Ello, claro está, sin perjuicio de la eventual recuperación del saldo por parte del apelante, si correspondiese.

5.3. Ahora bien, la reserva establecida en el considerando precedente sólo será aplicable en el supuesto de que el producido de la subasta no alcance para abonar el crédito privilegiado.

En efecto, si los fondos producto de la subasta exceden el crédito privilegiado, la contribución establecida no puede ir en desmedro de la integridad de dicha acreencia cuando prima facie el producido de la subasta alcanza para satisfacerla y para cubrir los gastos del concurso. Ello, por cuanto el acreedor que reviste un crédito con privilegio especial sobre el inmueble subastado no debe contribuir ineludiblemente a los gastos del concurso, pues la reserva prevista por el art. 244 de la ley 24.522 juega cuando el remanente de la subasta (deducido el crédito) no alcance para cubrir dichas erogaciones (esta CNCom., Sala C, 23/7/91, "Polymetron SACI s/quiebra", íd., Sala D, 7/10/88, "Azar Juan c. Monfrut SCA s/quiebra s/conc. especial"; íd. Sala E, 18/3/98, "Goldemberg Marcelo s/quiebra s/inc. de apelación (CPCC 250)").

6. Sentado lo expuesto, se advierte que el recurrente se agravia de que la juez de grado haya incluido en la reserva contemplada en el art. 244 LCQ la deuda devengada por impuestos de rentas provinciales y/o tasas municipales y/o servicio de aguas.

Sin embargo, estima esta Sala que, conforme los argumentos expuestos en el considerando (5.2) cabe incluir en la reserva del art. 244 LCQ los importes correspondientes a obligaciones tributarias de orden municipal con base en el servicio de alumbrado, barrido y limpieza y servicio de obras sanitarias, ya que se trata de gastos que fueron realizados en aras de la conservación del bien que es asiento del privilegio (esta CNCom., esta Sala A, 13.4.00, "Tecnoceramica sa s/quiebra"; íd. íd., 3/10/06, "Pagano Marina Cristina s/quiebra s/incidente de subasta (inmueble sito en Rivera Indarte 863)", íd., Sala B, 22.09.97, "Beretta, Alberto s/quiebra s/inc. Conc. Especial por Farres, Jose"; íd. Sala B, 26/4/05, "Natale Cueros SA s/quiebra", íd. Sala C, 24.5.01, "Fel - Bret SA s/quiebra s/inc. de concurso especial por Hernandez, Julio"; íd. íd. 5/11/01, "Juchiniuk Jauorski, Horacio s/quiebra s/inc. de concurso especial Porschilman, Hugo s/subasta"; íd. íd., 26/8/91, "Moretti Propiedades s/inc. de concurso especial por Custodia Cía. Financiera"; íd. íd. 27.10.06, "Gomez, Ernesto s/quiebra s/concurso especial -promovido por Angulo, Alberto y Serenelli, Norberto-"; íd. Sala D, 25.10.06, "Jaime wolberg sca s/quiebra"; íd. Sala E, 16/12/96, "CEMA SAIC Y F. s/quiebra s/inc. de subasta").

7. En suma, en el supuesto de no existir verificado un crédito con privilegio especial que recaiga sobre el bien subastado, las acreencias que ostentan la preferencia del art. 240 LCQ, como es la de marras, deben ser abonadas de forma inmediata y, en caso de no alcanzar los fondos para el pago íntegro de aquellas, las sumas deben ser distribuidas a prorrata entre los créditos de igual rango y naturaleza (v. considerando 5.1).

Si, en cambio, existe un crédito verificado con privilegio especial sobre el bien, cobra virtualidad la contribución en concepto de "reserva de gastos" a cargo del acreedor privilegiado, contemplada en el art. 244 LCQ, la que se establece en un 20% del precio obtenido de la subasta (v. considerando 5.2).

Sin embargo, de darse el supuesto de que los fondos producto de la realización del bien exceden el monto del crédito privilegiado, y alcanzan, además, para cubrir los gastos del concurso, no resulta procedente exigirle al acreedor la contribución del art. 244 LCQ (v. considerando 5.3).

8. Por todo ello, y oída la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE:

a) Estimar parcialmente el recurso interpuesto por el Consorcio Nijocali, y por ende, modificar la resolución de fs. 553/5 con los alcances señalados en el considerando 7.

h) Imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento el modo en que se ha resuelto el recurso (art. 68, segundo párrafo CPCC).

Notifíquese a la Sra. Representante del Ministerio Público actuante ante esta Cámara en su despacho. Cumplido, devuélvase a primera instancia encomendándose a la Sra. Juez a quo disponer la notificación de la presente resolución. -María Elsa Uzal. -Isabel Míguez. -Alfredo Arturo Kölliker Frers.