Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-16


TOBARES DE FERLONI, Beatriz contra GIUFRIDA, Elvira Reg.: A y S t 205 p 54-56. Santa Fe, 16 de Febrero del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia 154 del 9 de septiembre de 2003 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, en autos "TOBARES DE FERLONI, Beatriz contra GIUFRIDA, Elvira -Cobro de Pesos- (Expte. 42/03)" (Expte. C.S.J. nro. 21, año 2004); y CONSIDERANDO: 1. La resolución impugnada confirmó la del Inferior que, a su turno, había acogido parcialmente la pretensión de la actora tendente a obtener el resarcimiento derivado de la ruptura de la vinculación laboral que la unía con la accionada.

Sostiene la recurrente que el pronunciamiento no reúne las condiciones necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial y lesiona derechos de raigambre constitucional.

Al realizar el relato de la causa, afirma que en el "sub lite" se clausuró el período de pruebas cercenándose a su parte la producción de las testimoniales y la pericial contable que fueran oportunamente ofrecidas y proveídas y que resultaban de vital importancia para la resolución de la litis.

Sostiene que tras una serie de denegaciones por parte de la Juez de baja instancia, interpuso recurso directo ante la Cámara que, a su turno, declaró mal denegado el recurso y entendió "que debía resolverse al momento de dictarse la sentencia en el principal". Añade que, pese a ello, se dictó la sentencia en primera instancia que, apelada, resultó confirmada por la Alzada sin tener en cuenta que debían haber quedado definidas y resueltas las cuestiones pendientes; concretamente, la producción de las probanzas aludidas.

Asevera que la Sala vulnera sus derechos al debido proceso, de defensa en juicio y propiedad ya que emite su pronunciamiento sobre el principal sin decidir los recursos que pendían de resolución y de los cuales tenía conocimiento (refiere a los relativos a la producción de la prueba y a una impugnación a la fianza constituida por la actora en la medida cautelar trababa y que su parte impugnó por estimar insuficiente).

Destaca que al no pronunciarse sobre la procedencia de las testimoniales faltantes y la producción de la pericial impidió a su parte el ejercicio de la actividad probatoria tendente a acreditar que no había existido relación laboral entre las partes.

Insiste en que el Tribunal de primera instancia debió acatar la decisión de la Cámara del 26.6.03 que permitía la producción de las pruebas de su parte, debiendo pronunciarse recién con posterioridad a que dichos elementos de confirmación fuesen rendidos y se queja que al dictarse la sentencia de segundo grado no se mencionase siquiera el tema, de modo tal que se reitera la violación a su derecho de defensa en juicio y debido proceso.

Se queja además de que se decidiera calcular la indemnización en base a cifras que nunca fueron denunciadas por la actora y que se hagan constantes referencias a la falta de exhibición de los libros que exige la ley desde que no debía llevarlos por no existir relación laboral.

La Sala denegó la concesión del remedio intentado razón por la cual la quejosa ocurrió en forma directa por ante esta sede.

2. La queja no puede prosperar desde que la confrontación de los agravios de la impugnante con la sentencia atacada sólo evidencian su disconformidad con lo decidido, mas sin que se vislumbre cuestión constitucional.

Es que, en esencia, los reparos vertidos por la perdidosa traducen su discrepancia con el resultado de la litis -en cuanto se reputó acreditada la vinculación laboral y su ruptura y por ende, la obligación de satisfacer de manera parcial los reclamos de la accionante-. A su criterio, aquél se ha alcanzado -básicamente- con violación al debido proceso y la defensa en juicio de su parte, al haberse emitido sin que prueba fundamental oportunamente ofrecida y proveída fuese producida. Concretamente, destaca como punto esencial de tal falencia la existencia de un pronunciamiento de la Alzada que "ordenaba" la producción de prueba testimonial y pericial que ofreciera su parte, y que resultó soslayado por los Sentenciantes de primer y segundo grado de conocimiento que fallaron sin que las probanzas se hubieran rendido.

Sin embargo, no se advierte que dichos reparos, tal como fueron formulados, revistan idoneidad suficiente como para revertir lo decidido por demostrar que, efectivamente, el debido proceso y la defensa en juicio de la accionada se hayan visto vulnerados ya que el hecho de que dichas probanzas no se produjeran no puede imputarse al proceder de los Sentenciantes.

En efecto: tal como se desprende de las actuaciones principales -solicitadas "ad effectum videndi" por este Cuerpo como medida para mejor proveer- fue el proceder de la propia recurrente el que determinó la pérdida de la posibilidad de ejercer los derechos que ahora dice conculcados y redundan en el resultado adverso del pleito.

Para arribar a esta conclusión, basta analizar el procedimiento recorrido por los litigantes y así advertir que, tal como lo señalara el Juzgador de primer grado de conocimiento, no se trata de prueba proveída oportunamente y rendida con posterioridad al vencimiento del término para alegar; sino que, proveída en tiempo, no aparece instada a la fecha en que dictó el llamamiento de autos; advirtiéndose que el decreto de clausura del período probatorio y llamamiento de autos quedó consentido por la accionada al haber presentado su alegato por lo que la prueba que intenta instar con posterioridad no resulta aprehendida por el artículo 60 C.P.L..

Por ello, más allá de las críticas que pueda merecer la circunstancia de que la Alzada no resolviera en definitiva sobre En suma, la quejosa no logra persuadir a este Cuerpo que el fallo haya sido dictado en violación a sus derechos fundamentales y por ende resulte merecedor de descalificación constitucional.

Finalmente, cabe agregar que no se advierte qué conexión con el presente remedio revisten las críticas con que cuestiona la sentencia que resuelve el fondo del asunto por no haber decidido la cuestión relativa a la insuficiencia de la fianza ofrecida por la actora que, de disconformarla, debió ser atacada por las vías pertinentes; ni que los restantes argumentos relativos a la violación del derecho de propiedad, resulten aptos para revertir lo decidido desde que sólo traslucen la insistencia de la perdidosa en sentido contrario al del A quo -quien consideró que había existido relación laboral y había hecho jugar las implicancias de los incumplimientos patronales en su registración- con arguciones genéricas, sin sustancia constitucional que amerite la apertura de esta instancia extraordinaria.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Insértese, hágase saber y oportunamente, remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)