marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestión abstracta, regalías petrolíferas, consentimiento
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Petroquímica Comodoro Rivadavia  S.A. c/ Provincia del Chubut s/ demanda ordinaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-22

Resulta abstracto el discurso del a quo que declaró que no era posible habilitar la instancia por estar consentida la resolución cuestionada, que fijaba diversas deudas de la actora en concepto de regalías petroleras y por la producción de gas si previamente decidió no habilitar la instancia con relación al reclamo de nulidad de la medida por la que se liquidaron dichas regalías.
Sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OVIEDO, RAMON TRANSITO s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1981-12-03

La motivación in iure tiene como presupuesto una base fáctica construida lógicamente. No es legítimo asentar un juicio de derecho sobre una base de hechos ilógicamente construida, porque el vicio que afecta a la motivación in facto se trasmite a la motivación in iure, invalidando unas y otras conclusiones.-
Peritos, gastos del perito, reintegro de gastos
Materia: LABORAL
Carátula: GUTIERREZ, HUMBERTO c/ SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL s/ EJECUCION PREVISIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-12

No corresponde el reintegro de gastos originarios, en que incurriera el perito contador, pues son propios del contenido de su función pericial, papel traslado, copias, etc.
Nulidad de sentencia, falta de notificación, excusación por prejuzgamiento
Materia: PENAL
Carátula: SIERRA, D. s/ NULIDAD SENTENCIA - EXCUSACION - RECUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-15

1) Si una de las Salas del Tribunal anuló su fallo por no haberse notificado a las partes la providencia de autos, es la misma Sala la que debe intervenir nuevamente, por cuanto el fallo se anuló por un vicio de procedimiento, siendo de aplicación la norma del art. 512 C P.C.

2) Para que sea viable la excusación por causa de prejuzgamiento es necesario que haya habido un indebido aporte subjetivo del Juez, o que se haya pronunciado fuera de la oportunidad procesal correspondiente, o fuera de su marco jurisdiccional, o sobre la cuestión de fondo, o sobre la culpabilidad de alguno de los acusados, extremos no dados en el caso de autos en el que el decisorio anulado sólo ha abarcado un aspecto meramente procesal, como es la competencia, sin que se hiciera referencia a la responsabilidad penal que pudiera corresponderles a los procesados.
Derecho laboral, contrato de trabajo, despido, beneficios sociales, denegatoria del recurso, remuneración
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Beherengaray Calvo, Gastón Enrique c/ Gameloft Argentina S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-10

El accionante, vicepresidente de una sociedad despedido, apela el decisorio de grado que rechazó la demanda en todas sus partes. Alega que existieron, por un lado, deficiencias registrales en la percepción de beneficios consistentes en "vouchers" de prepaga, comida, viáticos, y demás. Por otro lado arguye que le fueron depositadas sumas "en negro" en su cuenta sueldo bajo el concepto de "honorarios director". En lo que refiere a la primera cuestión, debe mencionarse la empleadora no ocultó el pago de dichos conceptos por lo que la circunstancia de que, judicialmente, se les reconozca carácter salarial a una parte de ellos, no equivale al pago de un salario no documentado para sustraerlo del sistemas de aportes y contribuciones a la seguridad. En lo que ataña a la segunda cuestión, Merece destacarse al respecto que, además de haber ocupado formalmente el cargo de director, las constancias registrales, societarias y contables, reflejan su intervención activa en el board como vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Debe concluirse que el actor tenía y ejerció facultades en materia salarial y en la concesión de eventuales beneficios y prestaciones complementarias, con relación al cumplimiento de la normativa laboral y, así también, en la determinación y pago de los honorarios por el cargo societario que ocupó, sin que existan elemento probatorios que muestren una imposición externa absoluta y distinta de su propia voluntad, con relación a dichas cuestiones. En consecuencia, debe confirmarse la sentencia apelada.
Patria potestad, ejercicio conjunto de la patria potestad, autorización para viajar
Materia: CIVIL
Carátula: GJC c/ LM s/ REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-01

La finalidad de la norma del art. 264 "quater" del C.Civil radica en evitar la sustracción indebida del menor de la jurisdicción de los jueces argentinos, y remediar los problemas que se le planteaban a la madre para recuperar la convivencia y el trato con el hijo, cuando era sacado del país por el padre sin su conformidad.

Corresponde rechazar la oposición de la madre para que su hijo viaje a los Estados Unidos de América, si dicha oposición no parece en modo alguno inspirada en la protección del interés del menor, máxime si el niño va a convivir con sus tíos -quienes pagan el viaje y sus primos, respecto de los cuales no se hace ningún cuestionamiento y si no existen motivos valederos que la justifiquen, aduciéndose el incumplimiento alimentario del padre del menor.
Empleo público, abandono de servicio, intimación a reintegrarse al trabajo, domicilio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: WEISE DE TOCAGNI, ELENA c/ SECRETARIA SEGURIDAD SOCIAL s/ APELACION - EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-28

La intimación exigida a los fines de comprobación del abandono del servicio por parte del agente debe practicarse en el último domicilio registrado en el legajo personal de éste, sin que obste a ello la circunstancia de haber requerido con anterioridad la vista de médicos del organismo en otro domicilio, pues ellas deben practicarse en el lugar en que se encuentre el agente enfermo, que, obviamente, no tiene que ser necesariamente el que figura en el legajo por disposición legal.
Beneficios previsionales, modificación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Corbella, Pedro Leo y otros s/ Demanda de inconstitucionalidad de ley 8800
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

El reemplazo de un régimen de movilidad proporcional a determinados sueldos del personal activo, por otro que reajuste los haberes mediante coeficientes, encuentra su propio límite en la inalterabilidad del derecho.
Recurso contencioso administrativo, determinación del monto, gastos reservados
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BALLEJOS, IDILIA MAGDALENA ELBA FAZZIO O FAZIO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 292 AÑO 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-27

Es improcedente la pretensión de computar en la base de cálculo del haber previsional el importe percibido por los activos en concepto de "gastos reservados" y "gastos protocolares" desde que los mismos no han sido considerados como retribución del legislador, sino como recursos (gastos) asignados al Poder Legislativo en los diferentes períodos en que se erogaron.

En sustancia, más allá de los criterios institucionales o administrativo- financieros en virtud de los cuales se autorice que las partidas presupuestarias del Poder Legislativo se ejecuten directamente -por los integrantes del Cuerpo-, lo cierto es que esta circunstancia no altera su condición de tratarse de erogaciones asignadas a la jurisdicción en su conjunto, y no revisten el carácter de ingreso remuneratorio del legislador individualmente.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, garantías procesales, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Rebollo, María del Carmen c/ Gasol, Silvia Irene. s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Si el derecho al acceso a la justicia es uno de aquellos que resultan operativos con su sola invocación e irrestricto en su ejercicio, necesariamente cabe concluir que cualquier condicionamiento del trámite judicial, tal como el que se deriva de la falta de abono del depósito del art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resulta violatorio de esa garantía constitucional (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Infracciones aduaneras, sanciones aduaneras, multa aduanera, defensa en juicio
Materia: ADUANERO
Carátula: I.B.M. Argentina S.A. c/ ANA s/ Administración Nacional de Aduanas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Corresponde confirmar la sentencia que dejó sin efecto la resolución de la Administración Nacional de Aduanas, que había impuesto una multa por infracción al art. 970 del Código Aduanero, si la autoridad aduanera, al juzgar con un nuevo criterio hechos ocurridos con anterioridad a que aquél se manifestase, calificó de ilícitas a conductas realizadas con sujeción al régimen que en esa época aquélla consideraba aplicable, lo cual configura un claro menoscabo de la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional.
Plan de parentalidad, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Agente Fiscal UFI 7 s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-18

Interpretada de conformidad con las pautas constitucionales de reparto de las potestades que en materia legislativa invisten Nación y Provincia, únicamente el Juzgador podrá disponer las medidas del art. 3 inc. 2 de la ley 24270. A su vez, sólo el fiscal deberá intervenir en la instrucción del proceso penal, incluso en su faz cautelar, que oficiará de continente a la decisión, provisoria o definitiva o sobre régimen de visita, que quite el obstáculo que la ley compulsivamente aspira a remover.
Recursos administrativos, caducidad, leyes, constitucionalidad, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GLIKSTEIN Y CIA SACIAM c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 90-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-16

La sanción prevista en el artículo 65 del decreto 10204-58 debe reservarse para aquellos casos en que el interesado deje transcurrir el plazo "sin realizar actos tendientes a su diligenciamiento o resolución", pero no en los que ninguna diligencia le queda por realizar porque la administración se encuentra en condiciones de pronunciarse. De lo contrario, dicha norma resulta inconstitucional dada su disconformidad con los artículos 16 y 18 de la constitución nacional. A mayor abundamiento, cabe señalar que son de aplicación subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial que resulten más ajustadas al caso (artículo 73 del decreto citado) y el artículo 232 de este último impide la declaración de la caducidad cuando los autos estuvieren pendientes de resolución judicial.
Obligaciones del empleador, buena fe, despido indirecto, prohibición de firmar el registro de asistencia
Materia: LABORAL
Carátula: MANFREDI, ALICIA c/ ASEGURADORA RURAL  S.A.  COMPAÑIA DE SEGUROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-21

La empleadora que impidió al trabajador que dejara constancia del cumplimiento de su débito en el instrumento destinado al efecto y con posterioridad imputó a la dependiente un incumplimiento al deber de diligencia y colaboración inexistente, incurrió en un grave incumplimiento al deber de obrar con buena fe, que justifica el despido indirecto.
Responsabilidad extracontractual, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: ORTIZ S c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ DEMANDA-RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL-INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-28

No es cierto que los actos legítimos del estado no den derecho a indemnizaciones cuando ocasionan un daño, si as i fuera, el estado podría expropiar los bienes de los particulares sin resarcir el perjuicio causado, lo cual seria una manifiesta violación de la propiedad privada.- Tampoco es exacto que los actos lícitos realizados por la administración en sus relaciones con sus empleados no generen el deber de resarcir daños, de ser así carecería de causa la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 5913 que no es otra cosa que el resarcimiento del daño causado por un acto legítimo del estado.-
Procedimiento tributario, liquidación de impuestos, actualización monetaria, intereses, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: MAZAL S.A. T.F. 11750-I c/ D.G.I." s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-10

Esta Sala, en reiterados pronunciamientos, ha sostenido que el carácter autónomo del recurso ante el Tribunal Fiscal para la discusión de las liquidaciones de intereses y actualización no resulta aplicable a partir de la vigencia de la ley 23.871. En efecto, el último párrafo que esta ley agregó al art. 78 de la ley 11.683, pone un límite a la posibilidad de utilizar esa vía recursiva, la que sólo es dada únicamente en el supuesto de controvertirse en forma simultánea el impuesto.
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, trabajador autónomo, prestación básica universal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BRUZZO ROMILIO AMARIO c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-28

Como es de público y notorio, y no obstante el mandato autoimpuesto por el propio legislador, el Congreso de la Nación no se pronunció en ninguna de las leyes de presupuesto dictadas a partir de 1996 sobre la movilidad de las prestaciones y la variación del MOPRE, por lo que éste quedó cristalizado en $ 80.- desde 1997. Por ello, es válido afirmar que el valor computado (vigente, en el caso, durante el semestre abril/septiembre de 1997) para determinar el valor inicial de la PBU (adquirida en mayo de 2002), se encontraba dasactualizado. En consecuencia, en un todo de acuerdo con la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el precedente "Elliff, Alberto José" (sent. del 11.08.09), corresponde otorgar al AMPO -por analogía- el mismo tratamiento que el dispuesto para las remuneraciones base de cálculo de la PC y de la PAP, por lo que PBU deberá ser estimada en función del guarismo que resulte de actualizar el importe de $ 80 por el I.S.B.I.C. hasta la adquisición del beneficio, sin perjuicio de su movilidad posterior con arreglo a las pautas indicadas por el Alto Tribunal en el citado precedente. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia). C.F.S.S., Sala III
Honorarios, proceso judicial, interventor judicial, veedor judicial, anticipos financieros, sociedades comerciales, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Santoro, Domingo Rubén c/ Santoro, Francisco Domingo y otro s/ ordinario s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-11

Cuando -como en el caso- la sentencia recaída en los autos principales se encuentra recurrida y no está definido quién ha de soportar el costo del pleito, entiende esta Sala que el pago de los gastos que demande la intervención social y los honorarios del auxiliar deben ser soportados solidariamente por ambas partes. Ello, por cuanto la sociedad intervenida viene a erigirse en eventual beneficiaria directa de la función ejercida por el auxiliar. Y así como el ente social tiene en principio la carga de remunerar la tarea de sus administradores, no hay razón conceptual por la cual -en tanto no medie condena en costas en el juicio- pueda ser relevada de contribuir con el pago de los emolumentos de quien desempeñara la calidad impuesta como auxiliar de la justicia (conf. 29/08/19, "Marcer Ernesto Alberto c/ Omnivision SA y otros s/ ordinario", íd. 9/6/20, "Prado, Francisco c/ Sower SA y otro s/ ordinario", Expte. n° 28244/16; en igual orientación, CNCom, Sala D, "Maggi Ida María y otro c/ Laplace Carlos Hugo y otro s/ Medida Precautoria" 15/07/03; mutatis mutandi, Sala E, "Bottaro Blasco Sebastian c/ Bachelor SA y otro s/ ordinario" del 30/06/09).
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, fundamentación insuficiente, recurso contencioso administrativo, personal no docente, creación de cargos, portero de escuela, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MOLINA, ZAIDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 40 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-07

No puede prosperar el agravio de la recurrente fundado en que el Tribunal incurrió en "arbitrariedad normativa" por preterir la aplicación de las normas de organización, que a su juicio, sustentaban la creación y adjudicación del cargo de portera, desde que omite demostrar la correspondencia de dicha causal con la realidad de la causa.

En el caso, la Cámara consideró que las normas mencionadas ( Reglamento Orgánico de Institutos Superiores (decreto 798/86, que prevé la creación de un cargo de portero al habilitarse un Instituto); los decretos 1528/85, 1527/86, 341/95, 2113/98, 2992/00, 226/90, 1168/90 y Resolución Ministerio Educación 41/93 (que dispone la creación del cargo mencionado cada cien alumnos y uno por Anexo), y el decreto 2824/84 que refiere al Personal Escolar No Docente ) no resultan operativamente exigibles; que el cargo cuya creación pretende ya ha sido creado por lo que la cuestión se ha tornado abstracta, afirmando además que la recurrente no tendría legitimación sustancial para exigir a la Administración su creación -no gozando de derecho subjetivo administrativo alguno-; señalando también que ni siquiera pertenecía a la misma ni se ha acreditado que tuviera derecho a ocuparlo, y que por derecho de escalafón fue designada otra persona.

Tal fundamento -reiterado por la Cámara en el auto denegatorio-, no ha sido rebatido por la quejosa, limitándose a insistir en su propia interpretación de que la creación de un Instituto educativo impone a la Administración como actividad reglada, la creación de los cargos necesarios y su provisión presupuestaria y que en función del principio de "legítima confianza" frente a la promesa de un superior y en reunir las condiciones exigidas estatutariamente, dicho cargo debió ser otorgado a la recurrente.
Amparo por mora, pronto despacho, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FONTANA, Aldo c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-26

Ante la mora de la administración, el particular puede optar entre distintos medios para su defensa, pero cuando, mediante el pedido de "pronto despacho" previsto por los artículos 10 y 31 de la ley 19.549, se ha atribuído al silencio de la Administración el carácter de denegación tácita, los restantes remedios quedan excluídos.-
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Espil, Juan Carlos s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Transgrede el art. 255 del C.P.P. el fallo de la Cámara que resolvió acerca del poder ofensivo del revólver basándose en elementos que no resultan del informe pericial ni de parte alguna de la causa.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, efecto devolutivo, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ COMETTO, A. s/ apelación Causa nro. 12.247
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

No es susceptible de apelación la decisión del juez de grado, mediante la cual considera inadmisible un recurso con efecto devolutivo, lo que debió plantearse oportunamente mediante el recurso de queja, medio establecido con ese fin -art. 476 del C.P.P.-
Trabajadores metalúrgicos, aumento salarial, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, MARCELO c/ SUPERMERCADO DEL DISCO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-29

El incremento salarial convenido por la U.O.M.R.A. y las Cámaras Empresarias el 18 de septiembre de 1984 no fue homologado por el Director Nacional de Relaciones del Trabajo, y por lo tanto no puede asimilarse a un convenio colectivo porque carece de efectos "erga omnes" (arts. 4 y 7 de la ley 14250). Por ello debe concluirse que se trató de un aumento voluntario, encuadrable en la previsión del artículo 5 del decreto 3455/84, correspondiendo por ende ser absorbido hasta su concurrencia.
Honorarios, prescripción, interpretación restrictiva, sentencia, liquidación judicial, recurso extraordinario, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: VIALCO S.A. DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 619 AÑO 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-07-04

El instituto de la prescripción debe ser interpretado y aplicado con suma prudencia y de modo restrictivo, de suerte tal que ante la duda ha de optarse por la subsistencia de la acción respectiva, o sea, por la solución que mantenga vivo el derecho.

En el caso, el Tribunal integró la decisión liquidatoria a la sentencia y condicionó su cumplimiento a las resultas de esa actividad, lo que importa que, más allá de las razones operativas que tornaron aconsejable que la suma adeudada se determine o calcule en un momento ulterior, esa cuantificación en la etapa de ejecución integre el carácter declarativo de aquélla. Se trata, en suma, de dos decisiones de la misma relación jurídica controvertida y que recién adquirieron plena eficacia una vez resuelta la última.

Esas particularidades han generado un convencimiento de que su concreción importaba un presupuesto previo para establecer los emolumentos correspondientes y por ello, una vez finalizada dicha labor, cuya meta era la determinación de la cuantía económica de autos, recién comenzó a correr el plazo de prescripción.

Consecuentemente, no puede prosperar el planteo de prescripción de honorarios, desde que, aún en la hipótesis más favorable para la excepcionante, esto es, admitiendo que resulte aplicable al caso la prescripción bienal contemplada en el inciso 1 del artículo 4032 del Código Civil, obsta al progreso de la excepción el hecho de que, al momento de solicitarse la regulación de honorarios ese período temporal no había transcurrido toda vez que el punto inicial del mismo fue la notificación de la resolución que denegó el recurso extraordinario interpuesto contra el decisorio relativo a la impugnación de la liquidación.
Incapacidad absoluta, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: ARAGONES, JOSE MARIA c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-30

Las indemnizaciones y prestaciones que por incapacidad absoluta se establecen en otras leyes diferentes de la LCT, estatutos particulares o convenios colectivos de trabajo, son acumulables.

Además no son incompatible con el retiro por invalidez (arts. 17, inc. c, 27, 46, inc. b, y 48, ley 24.241) ni con las prestaciones de la L.R.T. (Minoría u opinión personal)