Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-06-05


.MDEL.1509958.

EXP 30831 / 13 Salta, 5 de junio de 2017.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "LEGUIZAMON, CARLOS ALBERTO C/ BRAMED S.R.L. S/ ORDINARIO", EXP - 30831 / 13; originario del Juzgado de primera instancia del Trabajo Nº 6 , para resolver la apelación interpuesta a fs. 161/164 y vta. , y C O N S I D E R A N D O La Dra. Mirta Inés Regina dijo:

I. Suben estos autos a la alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 161/164 y vta. por la parte demandada en contra de los puntos I); III) y IV) de la sentencia de primera instancia de fs. 150/154 y vta.

Expresa el apelante que la sentencia de grado, adolece de vicios graves que la invalidan totalmente como acto jurisdiccional válido, no siendo una derivación razonada del derecho vigente.

Manifiesta además, que la misma contiene un grosero apartamiento de las leyes de fondo y forma aplicables al caso, deficiente valoración de la prueba aportada a la causa, parcialidad y arbitrariedad en la fijación de los hechos traídos a juicio, parcialidad y arbitrariedad al momento de valorar la prueba producida en autos.

Explica que el actor promovió demanda ordinaria laboral en contra de su representado, expresando que ingresó a trabajar el 04/05/09 en tareas de asesor, promotor y capacitador de la demandada hasta su autodespido en 17/05/12. Asimismo expresó que tales tareas las cumplió en la Ciudad de Salta y en el interior como Oran y Tartagal, siendo la actividad de su mandante la de medicina prepaga. El resto de la demanda consistió en la trascripción de las epistolares remitidas y una escueta argumentación de los rubros reclamados.

Dice que la Sra. Aquo, en su fallo partió de una acertada afirmación en cuanto que la onus probandi de la litis consiste en acreditar que la parte actora prestó servicios en relación de dependencia para la demandada. Pero que la sentenciante sólo se limitó a analizar si existió una relación, pero olvidó, que lo que debía acreditarse era que tales servicios se encuadraban como "dependientes".

Alega que en efecto, que su parte al contestar la demanda, expresamente reconoció la existencia de una relación entre las partes, pero negó que la misma estaba encuadrada en la LCT: Que expresamente se dijo: .." ello obedece a la situación de que el actor trabajaba de manera independiente no vinculado a su mandante, ni encuadrado en la LCT, es el mismo motivo por el que en toda su demanda no indica ni denuncia la supuesta jornada de trabajo realizada, ya que la misma no existía , insito por tratarse de un trabajador independiente.." Entiende que resultó sobradamente claro el planteamiento realizado por su mandante, pero que sorpresivamente la juez de grado, se apartó en su fallo de su propia afirmación y se limitó a analizar si existió una relación en las partes, pero omitió analizar la naturaleza laboral o no de la misma.

Que respecto a la licitud de la relación existente entre las partes, no merece mayor consideración atento el reconocimiento entre ambas partes sobre el objeto lícito de la actividad que desarrolla su representada, el cual es, gerenciadora de obras sociales, o medicina prepaga como lo denomina el actor.

Luego el apelante fundamentando su agravio, analiza el trabajo dirigido y el trabajo remunerado.

Abordando el primero dice que la falta de subordinación, llámese jurídico- personal, económica o técnica, surgió desde el mismo escrito de demanda, dónde en ningún aspecto el actor se refirió o dio pautas alguna de cuál fue la jornada de trabajo cumplida por el mismo.

Afirma que en ningún lado de toda sus epistolares o demanda describió cuál era su jornada o como cumplía las 8 horas diarias y/o 48 semanales dispuestas por el art. 1 de la ley 11.544. Expone que la falta de dependencia del actor surgió también de los dichos de la testigo Castelli, quien a fs. 114 refiere: "..él sacaba en el diario el aviso y cuando llegaban grupos de gente que venían a entrevistarse, él le hace la entrevista, él seleccionaba, él se encargaba de capacitarlo".

Que por otra parte la testigo Raviola a fs. 115 vta. expresó: ..." El Sr. Leguizamón, el cobraba por él y por su gente, por la gente que reclutaba él ".; por lo que considera su parte que ésta es la afirmación más clara de los testigos de que el actor no sólo no estaba subordinado, o en relación de dependencia, sino que las personas que estaban a su cargo las reclutaba él mismo y él era quien les abonaba.

Señala que también a fs. 117 declaró el testigo Aguirre, quien distinguió entre vendedores y productores y describió a Leguizamón como un productor, palabra ésta que denota a una persona que trabaja de manera independiente en el ámbito de seguros de salud.

Expresa que hasta aquí, todas las declaraciones correspondieron a testigos ofrecidos por la misma parte actora y de cuyas declaraciones no surgió, que a su mandante con el actor, los haya unido una relación de dependencia encuadrada en la LCT. Que ninguno de ello atestiguó que el actor haya cumplido una jornada específica, no sólo no vieron quien les daba las órdenes para sus funciones sino que refieren su autonomía jurídica o falta de subordinación, es más mencionaron que es un productor de seguros con otros vendedores a su cargo por los que cobraba comisiones o en nombre de quienes cobraba comisión, no habiendo denotado o distinguido de sus declaraciones palabra alguna o afirmación alguna que permitiera sostener el decisorio que por el presente libelo se impugna. Dice que tales afirmaciones coincidieron con la declaración ofrecida por su parte del testigo Adolfo Márquez, quien fue categórico en afirmar que: "el actor sólo capacitaba. que el mismo gerente era quien liquidaba los sueldos de los empleados de todas las sucursales y en esa nómina no figuraba Leguizamón, que jamás le autorizó viáticos a éste.. que los vendedores del interior viven en el interior. que el actor no desarrollaba ninguna actividad en Bramed..

Alega también que de las declaraciones prestadas, la parte actora, no pudo probar a través de ninguno de los testigos, que éste haya cobrado un sueldo de Bramed. Lo que concuerda con lo afirmado por el testigo Márquez Fernández, que atestiguó que él liquidaba el sueldo a todos los empleados de Salta y de las otras provincias y entre ellas no estaba el Señor Leguizamón.

Asevera que bajo ningún punto vista pudo considerarse tampoco que existió dependencia técnica por cuanto era el mismo actor, quien sacaba avisos, reclutaba gente, las seleccionaba, los capacitaba y hasta incluso cobraba las ventas de los mismos vendedores a su cargo, es decir que tenía su propia organización técnica y que bajo ningún punto de vista tenía relación de subordinación con su mandante, por lo tanto el actor es claro que contaba con una organización empresarial autónoma. Y que pese a que éste expresó que su principal función fue la de vendedor, reclamando funciones de auxiliar especializado, tampoco describe en su demanda, cuanto percibió de sueldo, llamado la atención que si supuestamente cobraba comisiones, su salario haya sido una suma fija y regular mes a mes, consideraciones estas que la sentenciante omitió totalmente en la valoración de las pruebas y que en definitiva tal omisión la llevaron al erróneo decisorio que por el presente se ataca e impugna.

Por todo lo expuesto solicita que se revoque la sentencia en todas y cada una de las partes que fuera objeto de apelación, haciendo lugar al recurso interpuesto y rechazando la demanda impetrada en todas y cada una de sus partes conforme a los agravios expresados, con costas en ambas instancias.

A fs. 165 se corre traslado a la contraria, el que es contestado a fs. 167/169 y vta., solicitando que se rechace el recurso el recurso de apelación incoada con costas Hace reserva de caso federal.

II. Los agravios del apelante se dirigen a cuestionar fundamentalmente que se haya dado por probada la relación laboral denunciada por el actor, considera que al contestar demanda reconoció la existencia de una relación entre las partes pero no encuadrada en la LCT, sino de manera independiente. Argumenta que no hubo dependencia, ni subordinación, no se demostró la jornada como tampoco el pago. Insiste en que de las declaraciones testimoniales rendidas en autos no surgió de ninguna de ellas las características apuntadas de una relación laboral dependiente.

El reconocimiento apuntado, unido a la endeble demostración del carácter autónomo de la prestación de servicios, pone en funcionamiento la presunción del art. 23 LCT, en vista de que no cabe suponer que esas tareas se prestaran fuera de una organización de trabajo ajena y sin sujeción a órdenes y directivas de la demandada. Es útil recordar, además, que la normativa del trabajo autónomo cuya aplicabilidad aspira el demandado, presupone la existencia de otras características, como trabajar por cuenta propia en forma habitual y personal, con riesgos asumidos, para un determinado grupo de personas denominados clientes, con un resultado, etc, nada de lo cual se justifica en el caso de autos, donde se trataba de prestaciones absolutamente normales dentro del tipo de explotación de la demandada. Quien invoca la existencia de un contrato de trabajo autónomo e independiente, debe demostrar en qué consisten las tareas, que el contrato inviste la tal modalidad, a los fines de desvirtuar la presunción del art. 23 LCT, situación que no se materializó en los presentes.

En relación a la pretendida ausencia de subordinación, es sabido que ésta puede ser de tres formas: jurídica, técnica y económica. La jurídica, propia del contrato de trabajo, se traduce en la facultad de mando del empleador, hecho de imposible negativa atento las constancias de autos; nadie puede desconocer que el devenir normal de los acontecimientos impone que "alguien" de la empresa demandada 'indicara', 'instruyera', a la actora el trabajo que debía realizar, como asimismo el pago de la remuneración que puede darse en cualquier modalidad, no obstante lo establecido por la LCT.

En cuanto a la prueba testimonial cabe señalar que "En la apreciación de la prueba y en especial de la testimonial, el art. 386 del C.P.C.C.N. exige al juzgador que su valoración sea por los principios de la sana critica, siéndole totalmente licito al mismo apreciar oportuna y justamente si el testimonio en cuestión parece objetivamente verídico siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado. La prueba rendida debe ser apreciada en su conjunto mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los distintos elementos de convicción arrimados al proceso, por lo que las declaraciones de testigos se complementan entre si, de tal modo que, unidas, llevan al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos" (transcripción de doctrina de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "Senini, Maximiliano Leonardo c. Compañía Alimenticia Los Andes S.A. y otro" - despido", del 16 de octubre de 2.013).

Todos los testigos han afirmado contundentemente la prestación de servicios del actor, incluso señalando jornada, toma de entrevistas, capacitación, como asimismo sus viajes y trabajo en el interior de la provincia, Oran y Tartagal; Castelli fs. 113; Raviola fs. 115, Aguirre fs. 116, Marquez Fernández fs. 136.

No obstante ello cabe advertir que habiendo reconocido el demandado una relación laboral independiente con el actor, la carga de la prueba se ha invertido, debiendo acreditar aquel la relación denunciada, situación que no sucedió en autos.

En mi opinión el presente no ofrece dudas acerca de la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, a partir de la operatividad de la presunción que emana del art. 23 LCT, corroborada por los dichos de los testigos que han depuesto en autos., pruebas documentales ofrecidas, y la falta de acreditación por parte del demandado de una relación de trabajo independiente.

Por lo expuesto voto por rechazar la apelación de la parte demandada y en su mérito confirmar la sentencia de primera instancia, con costas art. 67 CPCyC.

En atención a los dispuesto en la Acordada de la Corte de Justicia de Salta Nº 12.062/16 debo expedirme sobre el porcentaje de lo que considero le corresponde por honorarios a los abogados intervinientes en esta instancia, el que en esta oportunidad y atento el resultado del recurso y en aplicación de los arts. 4 y13 del Decreto Ley 324/63 estimo en un 45 % de lo que corresponda por honorarios en primera instancia.

El Dr. Federico G. Kosiner dijo: Adhiero al resultado del voto que antecede.- Por ello, LA SALA II DE LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

F A L L A I.- RECHAZANDO la apelación de la parte demandada y en su mérito confirmando la sentencia de primera instancia, con costas art. 67 CPCyC.

II.- DETERMINANDO los honorarios por la labor profesional desarrollada en esta instancia en un 45% de lo que se regule en primera en relación a lo que ha sido materia de agravio.

III.- ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.- SALA II DE LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA