marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Entidades financieras, banco central, liquidación de entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. FINANCIERA CASTELAR  S.A. s/ BANCO  CENTRAL - ENTIDADES FINANCIERAS - LIQUIDACION - FACULTADES DEL  BANCO CENTRAL - FISCALIZACION - DISOLUCION - SOCIEDADES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-17

El art. 26 de la ley 22.529 no impone llevar a cabo el intento de saneamiento como requisito ineludible y previo a la medida de liquidación, ya que el "gradualismo y progresividad" invocados deberán llevarse a la práctica siempre que lo permitan las circunstancias del caso, pues se desprende claramente de la norma mencionada que la autoridad de control puede disponer directamente la liquidación, actitud razonable si, por ejemplo, el plan de saneamiento presentado careciera, a su juicio, de toda posibilidad de éxito.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, falta de fundamentación autónoma
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Varela, José c/ Club Sportivo Villa Cubas y/o Q.R.R. s/ Beneficios Laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-09-28

Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud de un recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, ComerciaL, Laboral y de Minas de Primera Nominación que rechaza el recurso de apelación deducido, confirmando en todas sus partes la sentencia dictada por el juez de grado, la que a su vez rechaza la acción promovida en su totalidad, imponiendo las costas en el orden causado.

El quejoso se agravia expresando que la sentencia adolece de los vicios de errónea aplicación e interpretación de la ley, errónea aplicación e interpretación de la doctrina legal y arbitrariedad.

Corresponde, en primer término, analizar las actuaciones conforme las disposiciones de la Acordada 4070/08 dictada por este Tribunal, en la que expresamente dispone los recaudos formales que debe contener la presentación del recurso a los fines de su viabilidad. Dicha acordada fue dictada con el objeto de homogeneizar las presentaciones para agilizar la tarea del Tribunal en la observación del cumplimiento de tales requisitos.

En ese orden se observa que el recurrente no dio cumplimiento al Art. 1º): la presentación del memorial de agravios contiene en algunas páginas treinta y un renglones y en otras hasta treinta y ocho, siendo las establecidas en el Reglamento como máximo veintiséis, con lo que queda claramente demostrado que ha excedido de modo exorbitante el límite permitido; al Art. 3º), inc. b) apart. c): no expone claramente la arbitrariedad endilgada; al inc. e): no contiene el desarrollo independiente de cada una de las causales invocadas refutando todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión impugnada en relación a las causales que motivan el recurso intentado.

Por ello, corresponde declarar inoficiosa la presentación efectuada por la parte actora, con costas.
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, alteración de la fachada, derechos de los propietarios
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS c/ PILFAN S.R.L s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

Los copropietarios de un edificio sujeto a propiedad horizontal, carecen de derecho para decidir por sí cambios en la fachada del edificio; las estimaciones estéticas poseen un alto margen de subjetividad,y es por ello que incumbe al Consorcio y no a cada uno de los comuneros evaluar sus cambios. Además, la ley no sólo prohibe modificaciones que afeen el edificio, sino, con mayor generalidad, las que cambian la forma externa del frente, sea mediante construcciones, sea con tonalidades diferentes, aún sin que provoque ese efecto antiestético.
Organización de la justicia, reforma legislativa, juez de instrucción, competencia correccional, recursos, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: D., R. G. s/ Lesiones leves y amenazas s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

Mi postura de que la Ley 2549 no atribuyó la competencia de tribunal de alzada a la Cámara en lo Criminal respecto de las resoluciones del Juez en lo Correccional es concordante con el inc. b) del apartado 2 del art. 50 de la Ley 2430, que dice: "Competencia por materia y grado... La Cámara en lo Criminal... b) De los recursos contra las resoluciones de los jueces de instrucción en materia penal".

En este sentido, si remotamente hubiera existido la intención o finalidad del legislador de realizar tal atribución de competencia por la Ley 2549, ante la observación o advertencia de que no se habría concretado como interpretación jurídica ni llevado a la práctica jurisdiccional, desde el año 1992 (año de sanción de la Ley 2549) el legislador tuvo más de diez oportunidades concretas (al introducir modificaciones a la Ley 2430) de especificarla en forma directa, lo que nunca hizo.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba documental, declaración testimonial, falta de copias, expediente electrónico, Sistema de gestión Documental Electrónica
Materia: PROCESAL
Carátula: Muiño Vigo, Carlos Alberto c/ Galazino, Carlos Fabián y otros s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-09

Cabe confirmar la decisión que tuvo como no presentadas las declaraciones testimoniales de un beneficio de litigar sin gastos porque la parte actora no subió las copias digitales de los mismos al Sistema de Gestión Judicial Lex 100, habida cuenta que la Corte Suprema, en la Acordada 31/2020, fijó pautas de tramitación de los procesos, donde avanzó en la implementación del expediente electrónico, estableciendo que todas las presentaciones de los litigantes deben ser realizadas de manera exclusivamente digital y que las sentencias, resoluciones y proveídos de jueces y funcionarios, deben ser dictadas exclusivamente con firma electrónica no debiendo emitirse copia en soporte papel bajo ninguna circunstancia. En consecuencia, la prueba documental debe ser incorporada al sistema informático en formato digital con firma electrónica sin la necesidad de presentarla en soporte papel, y su incumplimiento acarrea el apercibimiento de tenerla como no presentada.
Proceso penal, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SESTARES, José Carlos s/ s/inf. art. 189 bis C.P. - APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-19

El recurso de apelación constituye un remedio ordinario, entendido como aquél "que las leyes otorgan con el objeto de reparar, genéricamente, cualquier clase de errores in judicando o in procediendo, o sea cualquiera de los extremos comprendidos en la resolución que se recurre" (Lino Palacio, "Los Recursos en el Proceso Penal", Segunda edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Año 2001, pág. 26), y en el que "el Tribunal que resuelve tiene todas las facultades de conocimiento" (Gómez de Liaño González, Fernando "El proceso Penal", Ed. Forum, quinta edición corregida, 1997, pág. 365).
Prueba, hábeas data, contrato de trabajo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Todino, Carmela c/ Sistema Unico de Registro Laboral y otro s/ acción de amparo (habeas data)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-20

Debe desestimarse la pretensión de rectificar o modificar por medio de la acción de habeas data, los datos relativos a la inscripción de una relación laboral en el Sistema Único de Registro Laboral, debido a que para tratar dicha cuestión se requiere mayor amplitud de debate y prueba.
Jornada de trabajo, jornada reducida, carga de la prueba, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GUTIERREZ, NORMA ANDREA c/ CAUCOTA, MARIA MAGDALENA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-20

Respecto a la acreditación o no, de la existencia de una jornada reducida, la carga probatoria de lo pretendido se encuentra a cargo de la empleadora. Es la jornada legal de trabajo la que se desprende del principio general del art. 196 de la LCT que remite a la Ley 11544, la jornada máxima se ha convertido en Jornada Legal, en todo el país. De modo que, si no se precisó en el contrato la duración de la misma, corresponde estarse a lo que se entiende por jornada legal de trabajo, es decir 8 horas diarias o 48 horas semanales, con las excepciones que establece el art. 3º de la ley referida. Entonces frente a la posibilidad de jornada reducida, conforme se desprende del art. 198 de la LCT, se debe acreditar los extremos de la norma citada, por ello el demandado tenía la carga de la prueba de la jornada reducida que alegó, al tratarse de una forma de contratación especial, denominada "contrato de trabajo a tiempo parcial", por el art. 92 de la LCT, establecido por el art. 2 de la ley 24465 que debe registrarse con los requisitos prescriptos en los arts. 7 a 18 inc a) de la ley 24013 conforme lo dispone el art. 18 del Dto 738/95, reglamentario de la referida ley.
Situación del imputado, acción penal, prescripción, sobreseimiento definitivo, indulto, Corte Suprema de Justicia de la Nación, extinción de la acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Amaya, Mario Abel s/ presunto  secuestro,  apremios  ilegales,  malos tratos, vejaciones y  tormentos seguidos de muerte - Causa N. 260/87 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Teniendo en cuenta la necesidad de aclarar definitivamente la situación procesal del imputado, a más de seis años de la resolución que lo sobreseyó definitivamente por prescripción de la acción penal y más de tres años desde que fue indultado por el Poder Ejecutivo Nacional, corresponde que la Corte Suprema haga lugar al recurso extraordinario y, en virtud de las facultades conferidas por el art.

16, segunda parte de la ley 48, declare extinguida la acción penal respecto del recurrente.
Rechazo al pedido de prisión domiciliaria, insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: CEJAS, Enrique c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-10

La disidencia sostuvo que el a quo realizó un examen de las particularidades del caso y las circunstancias actuales a los efectos de denegar la prisión domiciliaria solicitada en favor del imputado, sin que la parte impugnante haya logrado demostrar en esta instancia la arbitrariedad que invoca. Dres. Carbajo, Ledesma -voto concurrente- y Borinsky -en disidencia-
Indemnización, tasas de interés, daño moral, gastos médicos, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Gómez, Agustin Anibal y Otro c/ Rodríguez, Daniel y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-25

Corresponde fijar, respecto de los importes indemnizatorios admitidos por los rubros daño moral, gastos médicos y lucro cesante, la tasa de interés al 8% desde la fecha del perjuicio y hasta la sentencia de primera instancia -en la que fueron valorados- y, de allí en más, a la tasa activa cuando fueron confirmados por sentencia de Cámara.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima, delito culposo
Materia: PENAL
Carátula: ALEGRE Ramón Antonio s/ LESIONES LEVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

Si la conductora de la bicicleta circulaba de noche, sin luces, por un lugar del camino carente de iluminación, no cabe responsabilidad al automovilista que avanzando en su mismo sentido de marcha, no pudo advertirla a tiempo, ocasionándole lesiones.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Carzolio, Carlos Cristian Y Otros c/ GCBA y Otros s/ incidente de medida cautelar - empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Corresponde rechazar la queja con la que, en último término, se pretende defender el recurso de inconstitucionalidad dirigido a cuestionar el rechazo de un recurso de aclaratoria si el recurrente no logra demostrar que esta decisión modifique o integre la sentencia anterior en un sentido tal que permita considerarla definitiva respecto de alguna cuestión constitucional que incida en la resolución del caso y que corresponda a este Tribunal resolver. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, comprensión de la criminalidad del acto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ANGEL, JUAN CARLOS c/  s/ ROBO CALIFICADO (2 HECHOS EN COAUTORIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

Las postulaciones del compareciente no logran evidenciar desaciertos u omisiones de gravedad extrema en el pronunciamiento impugnado, que para arribar a la conclusión cuestionada -esto es, que el imputado tuvo capacidad de comprensión suficiente y dirigibilidad de acciones- el Sentenciante analizó, además de la información volcada por los peritos y los antecedentes sociales, médicos y familiares del justiciable, los hechos y las concretas circunstancias de tiempo y lugar en las que se insertaron las conductas delictivas, que daban cuenta que más allá de tener un retraso mental leve, el imputado podía distinguir lo propio y lo ajeno, lo legítimo y lo reñido con la ley, y conocer lo que significaba torcer la voluntad de la víctima mediante el uso de elementos dirigidos a eliminar posibles reacciones defensivas, así como también entendía la sanción, lo que ésta implicaba y por qué se imponía. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Er etta)
Licencia por maternidad, guarda preadoptiva, principio de no discriminación, interés superior del niño, centro de vida de niñas, niños y adolescentes
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS-LABORAL
Carátula: A. M. V. C. y otros c/  s/ control de legalidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-20

Si toda trabajadora tiene derecho al goce de una asignación familiar por maternidad que consiste en una licencia paga por noventa (90) días por parte de la ANSES, por razones de equidad, justicia, principio de igualdad ante la ley, principio de no discriminación e Interés Superior del Niño, debiera ser procedente el otorgamiento de una licencia durante la etapa de guarda preadoptiva hasta 45 días después y a descontarse de los 90 días de licencia por maternidad adoptiva, de la misma forma en que suele procederse en la licencia por maternidad biológica, en la que se puede tomar hasta 45 días antes del parto, complementándose los 90 días después del mismo.
Recurso de casación, expropiación irregular
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Nazar Anchorena Viñedos Río Colorado c/ Provincia de Río Negro s/ SUMARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-08-31

Procede el recurso de casación contra la sentencia que -como en el caso- viola el debido proceso legal y de derecho de defensa en juicio del Estado Provincial -ello por incumplimiento de imprescindibles pasos procesales-, como así también afecta el derecho de propiedad al determinarse montos de honorarios sobre bienes que no se encuentran comprendidos en una sentencia de expropiación -en sentido estricto-. Ello en tanto, la sentencia dictada en autos es de carácter declarativa, no resuelve la demanda de expropiación indirecta sino que resuelve la procedencia de la expropiación, y al no haberse dictado aún la sentencia indemnizatoria o que fije la indemnización, va de suyo que no ha de permitirse la regulación de honorarios conforme al art. 28 Ley Aranceles. (del voto de la Minoría).
Sentencia, liquidación, impugnación de la liquidación, jubilaciones, realismo económico, leyes, aplicación de la ley, competencia previsional, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ramos, Azucena Julia Campodónico de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Impugnación  a la liquidación (Expte. CSJ Nº 518-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-18

El sistema de cálculo previsional adoptado por la Administración local, difiere del enunciado en fallos de la Corte nacional. En concreto, en estos la fórmula estriba en deducir la diferencia no percibida por el beneficiario restando, de lo que debió percibir por aplicación de la legislación de fondo al haber del activo, con la reducción del veinte por ciento del criterio de razonable proporcionalidad, lo efectivamente percibido y deduciendo, de allí en más el porcentaje de incidencia de lo que no percibió con relación a lo que debió percibir. Deducido ese porcentaje, lo aplica al haber actual del pasivo con la deducción del veinte por ciento del criterio de razonable proporcionalidad y, si de la actualización de la suma adeudada surge un guarismo superior a este último monto, acota hasta allí el cálculo de lo adeudado. El primer escollo que encuentra ese sistema para ser aplicado en el caso en estudio, es que si bien en sí mismo podría resultar válido, obvia por completo el método impuesto por la sentencia firme que ordenó pagar las sumas adeudadas debidamente actualizadas (según índice de precios al consumidor). Es decir, no ordenó pagar porcentajes adeudados sino sumas de dinero ponderadas con igual valor adquisitivo de la moneda.

Ello no obsta a la aplicación del realismo económico, por cuanto, esas abstractas fórmulas matemáticas no podrían apartarse de la realidad económica. Empero, para que esa situación se presente, tendría la Provincia demandada que alegar y demostrar que la aplicación de los índices correctivos que ordena la sentencia conllevan un resultado irrazonable, lo que no ha hecho, por lo que la pretensión de la aplicación de la ley 24283 debe ser rechazada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Freije, José María c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires  s/ pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-18

El recurso extraordinario deviene insuficiente y lo expresado por la recurrente evidencia tan sólo una mera disconformidad que no logra rebatir suficientemente la interpretación dada por el Tribunal de Alzada respecto al art. 41 de la ley 15.008, si sus argumentos no constituyen un ataque directo y eficaz a lo resuelto, como lo exige la instancia extraordinaria, sino que efectúa someras manifestaciones genéricas y dogmáticas.
Materia: PENAL
Carátula: VILLALBA GREGORIO ENRIQUE S.D. ABUSO SEXUAL CON SOMETIMIENTO GRAVEMENTE ULTRAJANTE PARA LA VICTIMA E.P. DE CASTILLO SANTA ETELVINA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-02

En nuestro sistema penal, no se recepta el instituto conocido como "inimputabilidad disminuída", mas allá de que el sujeto tenga una personalidad neurótica, se exige una turbación total de conciencia y no solo parcial.-
Declaración indagatoria, nulidad procesal, juramento y promesa de decir verdad, declaración testimonial, relevo del juramento
Materia: PENAL
Carátula: PASTOR Y MONTES s/ NULIDAD PROCESAL - DECLARACION INDAGATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-15

No procede la nulidad de la declaración indagatoria que fuera vertida sin relevarse previamente al procesado del juramento que prestara anteriormente al deponer como testigo, habida cuenta que al ser legalmente indagado, lo hizo conforme a los requisitos que rigen la materia pertinente en el título V del libro II del Código Procedimental. En tales condiciones, el juramento que con antelación fuera prestado con la única obligación de conducirse verazmente, registra solamente entidad para ese solo acto, y no para el de la indagatoria, si como se dijera, estuviera debidamente cubierto por las pautas que establece el instituto arriba indicado. El art. 240 del Código ritual, establece claramente la prohibición de exigir juramento al procesado, pero en manera alguna de los términos del precepto, debe colegirse la nulificación de un acto anterior que fuera cumplido de la manera que la ley manda, pues no solamente ello conspira contra los más elementales principios procesales, sino que constituye la nulidad por la nulidad misma al no advertirse un perjuicio verdadero imposible de ser subsanado por la vía del saneamiento o de la solución que se preconiza.
Jubilaciones, personas con discapacidad, pensiones no contributivas, Agencia Nacional de Discapacidad, convenios de cooperación, agencia de sistemas de información, legitimación pasiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Medina, Daniel Gastón c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-10

Corresponde al A.N.Se.S. la legitimación pasiva para encausar el trámite a fin de obtener el pago de la pensión no contributiva por invalidez, instituida por el art. 9 de la ley 13.478 solicitada por actor ante la Agencia Nacional de Discapacidad. Pues atento al compromiso asumido en el Convenio de Colaboración e Intercambio de Información (CONVE-2018- 43706986-ANDis-ANSES), el A.N.Se.S. se compromete a brindar la atención al público vinculada a las pensiones no contributivas por invalidez que se encuentran bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad mencionada y, a realizar el seguimiento de las actividades de dicho convenio, conjuntamente con la misma. Ya que, si bien no se desconoce que el organismo encargado de analizar y decidir acerca del otorgamiento de las prestaciones no contributivas es Agencia Nacional de Discapacidad, no es menos cierto que la Administración Nacional de la Seguridad Social ha asumido el compromiso de brindar la atención al público y, realizar el seguimiento y perfeccionamiento de la prestación.
Contrato de trabajo, remuneración, obligaciones negociables
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ VALDEZ, CARLOS MARÍA c/ AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

La posibilidad de participar en el plan accionario (stock options) de una sociedad matriz o de una sociedad de un mismo grupo económico, que brinda la empleadora al trabajador, en la medida que significa la posibilidad de obtener una ganancia financiera, se exhibe como una ventaja patrimonial que está ligada al contrato de trabajo y que encuadraría en la amplia conceptualización del art. 113 de la ley 20.744 el que, si bien lleva como título la voz "Propinas", orbita más allá de éstas, pues es apta para alcanzar a cualquier otra chance de ganancia habitual y no prohibida. El régimen de opción de compra de acciones no está legislado de manera especial en el derecho argentino y no hay duda que el autor de la ley 20.744 no la tuvo en mira, sin embargo existe un instituto paralelo, aunque no idéntico, que denotaría que tal ganancia no debería ser calificada jurídicamente como remuneración en el derecho argentino. Se trata del que regula el art. 43 de la ley de Obligaciones Negociables 23.576, reglamentado por el art. 15 y siguientes del decreto 156/89, es decir, los planes gratuitos de participación del personal en relación de dependencia en los capitales de las sociedades anónimas autorizadas a realizar oferta pública de sus acciones. Allí, las sumas que las sociedades destinan a la suscripción o adquisición de sus propias acciones para atribuirlas al personal "no serán consideradas partes de indemnizaciones, sueldos, jornales o retribuciones a los fines laborales, previsionales o sociales, y por lo tanto estarán exentas de aportes y contribuciones de obras sociales o nombre de sus beneficiarios familiares, Fondo Nacional de la Vivienda o cualquier otro concepto similar" (art. 43 último párrafo de la ley 23.576).