marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recursos, recurso de apelación (procesal), prescripción, auto de sobreseimiento, clasificación de delitos, delitos contra las personas, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
Materia: PENAL
Carátula: M.P. c/ IBARRA, Pablo s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-29

Para no abundar aspectos sobre el tema de la prescripción del delito de incumplimiento a los deberes de asistencia familiar, parece oportuno reiterar conceptos ampliamente desarrollados por esta misma Sala en la causa, entre otras,: "Bonifacio, Fabián A. por Incumplimiento a los Deberes de Asistencia Familiar a Mamani, Beatriz"- Expte. Nro. 77588/03 del Juzgado con Competencia en Transición Nro. 1, del Distrito Judicial del Centro, Causa Nº CAM 23506/7 de la Sala III de la Cámara de Acusación", en la que, entre otras cosas se dijo que: "si bien es cierto que como lo indica el Sr. Agente Fiscal Penal, el término de prescripción para los delitos continuos debe computarse desde que cesaron de cometerse, no es menos cierto que respetándose el principio de congruencia, aquello por lo que debe responderse es en relación al término comprendido en la denuncia, no existiendo en autos constancia alguna que demuestre que el imputado continuó sin cumplir su obligación alimentaria...".

Más adelante se agrega que: "Para concluir debe recordarse que la carga probatoria contra cualquier imputado está a cargo del propio Estado, que en el caso concreto de autos es del titular de la acción penal; es decir del Sr. Fiscal y no el imputado debe probar su inocencia, la que ya la tiene en virtud del principio constitucional contemplado en el art. 18 de nuestra Carta Magna", más las normas supranacionales y provinciales antes indicadas.
Responsabilidad del Estado, ocupación temporal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jucalán Forestal, Agropecuaria  SA. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-23

La ocupación temporánea de bienes de propiedad privada, o atribución coactiva del Estado de su uso, se divide en dos tipos según su origen: 1) causada por necesidad anormal, urgente, imperiosa o súbita y 2) provocada por una necesidad normal no inminente.
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, homologación del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAQUILANDIA (SOC. DE HECHO) s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION (CPR 250).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-06

No corresponde homologar el acuerdo ante la falta de concreción de proyectos tendientes a reactivar el giro empresario, en tanto ello significaría la imposibilidad de cumplimiento de la propuesta según la LC 61 inc. 3.
Enfermedad accidente, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: VICO JUAN CARLOS c/ INGENIEROS BELTRAMONTE E INGARAMO SOCIEDAD COLECTIVA s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-09-13

En los casos de enfermedad-accidente que provoca daños de evolución lenta, "la toma de conocimiento de la incapacidad señala la fecha en que el daño se ha consolidado y por lo tanto, las consecuencias de la enfermedad del trabajo, deben considerarse "consumadas" y sometidas a la ley vigente en esa época. Si el hecho ocurrió antes del dieciseis de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho la reparación del daño sufrido por la víctima se rige por la Ley 9688 y se incurriría en retroactividad si se aplicará la nueva Ley 23643.-
Derecho a la información, publicidad de los actos de gobierno, libertad de prensa, periodistas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Emisiones Platenses S.A. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

El derecho de la sociedad a la información se encuentra debidamente tutelado si no se probó una irrazonable restricción en la comunicación de la publicidad oficial de los actos de gobierno a los periodistas de la recurrente.
Contrato de trabajo, obligaciones solidarias, subcontratación laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Miranda, Miguel Angel c/ Sachi, Carlos Enrique y Otro s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-18

"La solidaridad prevista por el artículo 30 LCT no se encuentra supeditada a la demostración de la realización de tareas específicas de terceros en forma exclusiva sino que es preciso acreditar la contratación o subcontratación de trabajos y/o servicios correspondientes a la actividad normal y específica del establecimiento principal".
Empleo público, trabajador calificado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSTAMANTE, NESTOR FABIAN. c/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER. s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA. PLOTTIER. s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA. PLOTTIER. s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-11-30

Es doctrina reiterada que "los cargos no han sido creados por la ley para el empleado o funcionario sino en razón del servicio. En ese contexto, entonces, el derecho a la carrera del agente público (cuestión que aquí se encuentra involucrada, pues se vincula con el derecho a estar correctamente encasillado) no corre en forma separada de las necesidades del servicio en el que se inserta (cfr. Ac. 55/15 "MUÑOZ ANTONINA DEL CARMEN").
Recurso de casación, sentencia definitiva, redargución de falsedad
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. c/ ARIAS RAMON BENJAMIN Y OTRA s/ EJECUCION HIPOTECARIA - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-17

El pronunciamiento en embate desestimatorio de la querella de falsedad de las actas de constatación, no reviste el carácter de definitivo en los términos del art. 278 del ordenamiento procesal citado.
Recursos, cuestiones prejudiciales, procedencia del recurso, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CONFECCIONES RAMART c/ ESTABLECIMIENTOS TEXTILES TASAT  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-18

Aún no alegada en primera instancia del juicio civil la formulación de denuncia penal contra el demandado, es necesario considerar en alzada tal agravio en tanto lo cuestionado es el pronunciamiento en sí de la sentencia, de admitirse el recurso sería menester nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta que la condena habida en sede penal produce cosa juzgada en sede civil, siempre y cuando medie sentencia en el fuero represivo.
Costas, inconstitucionalidad, honorarios del mediador
Materia: PROCESAL
Carátula: Reynoso, María Fernanda c/ Cosso Miguel, Amadeo y otro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-09-26

El limite contemplado en el art. 730 del CCyC afecta el derecho de propiedad del beneficiario de la regulación de honorarios, donde en el caso particular del mediador al carecer de un mandante que le encomiende la tarea no podrá obtener el pago del saldo de la obligación que excede del 25% del monto de condena, con lo cual ve coartado su derecho remuneratorio y claramente afectado el de propiedad reconocido por el art. 17 de la CN
Sentencia definitiva, Ministerio Público, continuación del proceso judicial, excepción de prescripción, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Pérez, Maximiliano s/ 1 - LN 13944 (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-07

La decisión que, al hacer lugar al recurso de apelación del Ministerio Público Fiscal, revocó la de primera instancia en cuanto había declarado extinguida la acción penal por prescripción y sobreseído al imputado, tiene por consecuencia la obligación del imputado de continuar sometido a proceso y los pronunciamientos de esa especie, por regla, no reúnen el carácter de sentencia definitiva. Si bien corresponde hacer excepción a dicha regla en los casos en los cuales su aplicación podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior, el recurrente no ha ofrecido argumentos suficientes en este sentido. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Adopción, falta de legitimación para obrar, guarda del menor, régimen de visitas, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: L, M.G. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-08

si la recurrente fundamenta sus pretensiones en la circunstancia de haber sido, temporariamente guardadora de un menor interesado en la adopción ello no la legítima para solicitar un régimen de visitas y menos aún la nulidad de la sentencia.
Depreciación monetaria, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TEMI, LUIS ADOLFO c/ BARCAROLLO, ALDO Y/O QUIEN RESULTE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-10-04

AL TRADUCIRSE EL REAJUSTE POR DESVALORIZACION MONETARIA EN LA MISMA OBLIGACION SOLO CORREGIDA EN SU SIGNO MONETARIO NOMINAL, PARA ADECUARLA A LA REALIDAD DE LOS VALORES, A FIN DE SALVAGUARDAR LA IGUALDAD ESTRICTA EXIGIDA POR LA JUSTICIA CONMUTATIVA, ES VIABLE SU INTRODUCCION AL EXPRESAR AGRAVIOS, AUN CUANDO NO SE HAYA PLANTEADO EN PRIMERA INSTANCIA.
Proceso penal, deberes del juez, calificación legal, descripción de los hechos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal s/ av. delito expte. n° 58.615.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Si bien en la justicia represiva, el deber de los magistrados, cualquiera que fueren las peticiones de la acusación y la defensa o las calificaciones que ellas mismas hayan formulado con carácter provisional, consiste en precisar las figuras delictivas que juzgan, con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, este deber encuentra su límite en el ajuste del pronunciamiento a los hechos que constituyeron la materia del juicio (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gimenez, Adriana c/ Hospital Mitre s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-30

Habiendo constituído hechos controvertidos, deben probarse los gastos médicos, sanatoriales, farmacológicos, de traslado, etc., no obstante que la acreditada existencia de daños físicos y su necesaria asistencia en un establecimiento adecuado por personal específico, dada la índole e intensidad de ellos, permita aseverar con apreciable margen que quepa presumirlos. Corresponde hacer excepción en los supuestos típicos de documentación masificada no individualizante (vg. tickets sin detalles) que obstaculiza por su propia naturaleza obtener prueba idónea, sin dejar de recordarse en función de directivas acordes con la política económica implantada en el país primordialmente a partir de 1991, constituye obligación en la mayoría de los supuestos de prestaciones de servicios profesionales, como de otras prestaciones y ventas, otorgar recibo detallado pertinente.
Gastos de farmacia, medicamentos, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: D. H. R.  c/ A. M. S. S.  s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2023-02-14

En lo que refiere a la condena al reintegro de lo abonado por el actor para adquirir el medicamento, la recurrente se limita a reiterar lo que expuso al contestar la demanda sin refutar el razonamiento brindado por el a quo para fundar su sentencia; dicho reintegro se vincula con el pago de un medicamento que la accionada se sabe obligada a proveer, obligación que por otra parte, no cuestionó de manera oportuna y este solo razonamiento sirve para rechazar el agravio.
Acción de inconstitucionalidad, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ríos, César A. s/ Inconstit. art. 59 ley 12.155 Pérez de Vargas M. s/ Inconstitucionalidad art. 47 ley 6716
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18|2000-05-03

Si la cuestión importa la aplicación de una ley de reciente sanción -ley 12.317-, las costas se imponen por su orden (arts. 68, 69 del C.P.C.C.). (Minoría u opinión personal)
Apelación concedida libremente, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: G., E. c/ Municipalidad de Lago Puelo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-30

"La expresión de agravios debe ser 'precisa, concreta, clara y concisa'; y, debe perderse la costumbre de reproducir el proceso, antes de entrar en materia; 'copiar o sintetizar la demanda, el responde, los alegatos y la sentencia, como introducción a lo que constituye el único objeto de la expresión de agravios, la crítica de la sentencia'".
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: GEREZ RAUL NEMECIO c/ GRAFA S.A. Y/O PROP. Y/O RESP. s/ DIFERENCIA DE INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-07

La prueba de peritos no resulta vinculante para el juzgador, máxime en materia laboral donde la duda interpretativa debe volcarse hacia el beneficio de la parte trabajadora, lo que tiene por fin amparar al trabajador en virtud del desequilibrio (hiposuficiencia) que existe frente a la superioridad del empleador.
Seguro por robo, responsabilidad del asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rojano Pablo Miguel c/ Mapfre Argentina Cia. De Seguros S.A. s/ Contratos
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-24

La aseguradora debe abonar la indemnización por robo, aun si el local tenía una persiana de madera y no reja como establecía el contrato de seguro, pues resulta contrario al principio de buena fe y a la doctrina de los propios actos, concertar un contrato sin verificar el cumplimiento con las medidas de seguridad exigidas, percibir las primas devengadas, para luego al producirse el siniestro rechazar la cobertura.
Robo calificado, robo con perforación o fractura, casa de fin de semana
Materia: PENAL
Carátula: GONGORA, Simón s/ Robo reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

Las casas de verano o fin de semana constituyen 'lugar habitado' conforme lo establecido en el art. 167 inc. 3ro. del C.P. pues tal debe entenderse la casa donde se vive o mora; casa, habitación, morada y vivienda son términos sinónimos. La ley no distingue si el hecho de vivir es permanente o temporario, continuo o interrumpido, transitorio o accidental, por lo que estas modalidades de vivir no modifican el sentido de las palabras de la ley, lugar habitado.-
Derechos y garantías constitucionales, prueba prohibida, valor probatorio
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: DUTRIA, VILMA Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION Causa 259
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

Carece de toda eficacia probatoria el acto que vulnera garantías reconocidas por la Constitución Nacional, ineficacia que se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubieren podido ser obtenidas sin la violación, y fueren consecuencia necesaria de ella (del voto en disidencia del Dr. Hornos).
Contratos administrativos, teoría de la imprevisión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OTTONELLO, SANTORO  S.A.C. c/ CORPORATION DEL MERCADO CENTRAL s/ COBRO DE PESOS - ACTUALIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

Resulta analógicamente aplicable a los contratos administrativos el ap. 3 del art. 1198 Cód. Civ.: "En los contratos de ejecución continuada la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos", regla extensible a las compensaciones que en derecho administrativo se reconocen para preservar la continuidad del contrato. Los "efectos ya cumplidos" a los que la norma se refiere no son exclusivamente los ocurridos antes del acontecimiento desequilibrante del contrato, sino también el tiempo transcurrido entre ese hecho y el momento en que el perjudicado lo denuncia, dada la obligación de diligencia que pesa sobre el contratista respecto de la administración en punto a poner de manifiesto del modo más inmediato posible la aparición de circunstancias que a su juicio impongan la modificación del pacto. Por ello, el reajuste no podría remontarse más allá de la época de tal denuncia.
Acción de amparo, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, interés público, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cdad. de Bs. As. c/ Shell C.A.P.S.A. y otros s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

La admisibilidad de la suspensión de la ejecución de un acto administrativo requiere que la ejecución del acto administrativo cause o pueda causar graves daños al administrado -y siempre que de la suspensión no resulte grave perjuicio para el interés público-, o bien que ese acto ostente una ilegalidad manifiesta o su ejecución tenga como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión.
Emergencia económica, derechos adquiridos, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

Cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Divorcio, divorcio por presentación conjunta, honorarios, tenencia simple, plan de parentalidad, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: E., M. de los A. y J., G.A. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-26

Si bien en los juicios de divorcio vincular por presentación conjunta sin bienes, en virtud de la doctrina vinculante de la Excma. Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (in re:- "M., C. c/ M. de M. S/ Divorcio", 28/9/1990), corresponde aplicar la pauta contemplada en el art. 58 de la Ley 7046 para "...las cuestiones de familia no previstas especialmente..." -mínimo 60 juristas-, lo cual a priori permitiría suponer ajustados los cuestionados emolumentos; lo cierto es que si éste contiene acuerdos relacionados con la tenencia de los hijos menores, régimen de visitas y cuota alimentaria, que fueron homologados en la sentencia, dicha tarea profesional haya sido debidamente ponderada al cuantificar la labor cumplida atendiendo a las pautas mensuradoras contempladas por el art. 3 de la ley arancelaria, y la reducción prevista por el art. 90 del ordenamiento citado.
Personal penitenciario, haber de retiro, determinación del haber de retiro, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: García, María Teresa y otra c/ S.P.F. s/ por ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-30

Los suplementos establecidos en el decreto 2807/93, sus actualizaciones -decretos 1.275/05, 1.223/06, 872/07, 884/08, 752/09- y cualquier otra asignación que se otorgue a la generalidad del personal penitenciario de igual grado en actividad, tiene carácter general y deben integrar la base de cálculo para la determinación de los haberes de los actores, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Machado" y "Klein de Groll".
Declaración de insalubridad, jubilación por trabajo insalubre, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: HERNANDO AMALIA JUANA c/ ANSES s/ RECONOCIMIENTO DE SERVICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-19

Surgiendo de las constancias de autos que como consecuencia de los cambios introducidos en el lugar, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo -en noviembre de 1999- calificó como normal la jornada de trabajo que se realiza en el sector en que la recurrente se desempeñó durante catorce años, no cabe duda que las tareas allí prestadas fueron, con anterioridad, insalubres. En consecuencia, aún no pudiéndose certificar con precisión si la ubicación en donde la misma realizó tareas estaba lo suficientemente aislada como para impedir que se perjudicase por el grado de toxicidad que el ambiente emitía, ante la certeza de que se trataba de un ambiente insalubre resulta de aplicación la jurisprudencia que sostiene que ".no corresponde castigar al empleado por el error u omisión en que incurriera la autoridad competente, máxime que conforme las pruebas aportadas, el trámite se prolongó durante un período de tiempo por demás extenso, en el que no solo surgieron modificaciones en materia de riesgos y seguridad, sino que también se implementaron variaciones en su ámbito de trabajo que importaron la reducción del riesgo posible" (conf. C.F.S.S., Sala III, sent. del 24.09.09, "Partarrieu, Néstor Osvaldo"). (Disidencia de la Dra. Dorado).
Empleo público, personal contratado, Derecho laboral, interpretación de la ley, deberes de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mazza, Guillermo José Osvaldo y otros c/ G.C.B.A. s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

Esta Sala -más allá de algunas diferencias conceptuales-, ha aplicado progresivamente en las causas de empleo público los principios de derecho laboral.

En las disposiciones del articulo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, subyace la idea de que la relación de empleo público también configura una relación laboral, de ahí la justificación de trasladar principios propios del derecho del trabajo al derecho administrativo, siempre que resulte lógico y razonable.

Este artículo debe interpretarse como un intento constituyente de aplicar al ámbito del derecho administrativo (empleo público) los principios del derecho laboral, en la medida en que ellos resulten compatibles con las características propias del derecho administrativo, en particular, con el régimen jurídico del personal del Estado.

Dicha tarea de integración no es sencilla. Se trata, al fin, de un desafío constitucional, pero que tiene una base posible de concreción en los conceptos prima facie comunes a ambas ramas (conforme "Ruiz, María Antonieta y otros c/GCBA s/cobro de pesos", Exp. Nro. 684/0).

En el caso, como consecuencia de las vicisitudes de un emprendimiento económico -la asunción del parque "Interama" por parte de la ex Municipalidad en los primeros años de la década del '80 hasta que se efectuara la licitación, denominándolo "Parque de la Ciudad"-, los trabajadores del parque fueron primero desplazados del ámbito privado sin que luego hayan sido incorporados al ámbito del empleo público.

Ello así dado que los mismos no gozaban de las garantías propias del empleo público -ya que fueron contratados temporariamente- ni las que otorga la regulación general del derecho del trabajo de carácter privado. Ajenos a uno y otro ámbito se tienen que someter al arbitrio de los empleadores que, por su sola voluntad normativa, los hacen sustraerse de toda regulación jurídica protectoria superior.

Si bien es cierto que se trata de una situación singular (asunción de la administración directa del Parque) que requiere considerarse de igual forma, ello no justifica que el Estado pueda crear un régimen laboral ad-hoc que no tenga en cuenta los derechos de los trabajadores.

El Estado no puede manipular las instituciones jurídicas a su antojo, en la medida en que se trate de una forma velada de infringir el orden jurídico al que debe someterse a fin de no dañar los derechos consagrados en la Constitución Nacional a favor de los trabajadores.

Esta experiencia negativa ocurrida en el ámbito de la ex Municipalidad se encuentra subyacente a la decisión constituyente local de regular tal como lo hizo la protección del trabajo "en todas sus formas", tal como surge del artículo 43 de la Constitución de la Ciudad.