marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asociaciones profesionales de trabajadores, personería gremial
Materia: LABORAL
Carátula: MINISTERIO DE TRABAJO c/ UNION TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA s/ LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

En el caso, la Unión de Trabajadores del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados cuestiona una resolución del Ministerio de Trabajo por la cual se le otorgó a la Unión de Trabajadores del Estado la personería gremial, con carácter de asociación gremial de primer grado para agrupar a los trabajadores del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con zona de actuación en todo el territorio nacional. No cabe cuestionamiento a la resolución ministerial, desde que el libre ejercicio del derecho de constituir sindicatos y de afiliarse a los mismos implica la libre determinación de su estructura y composición. Desde la normativa de la OIT resultan aplicables fundamentalmente los Convenios Nº 87 sobre Libertad sindical y protección del derecho de sindicación y el Nº 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, pues no se puede obviar la peculiaridad del colectivo involucrado, toda vez que se trata de los trabajadores del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Aplicación de la ley, recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: García Mira, José Francisco c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ García Mira, José Francisco c/ Consejo de la Magistratura s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Por regla general, las decisiones que se dictan luego de la sentencia de fondo, y durante la etapa de su ejecución no constituyen un pronunciamiento definitivo en los términos del artículo 26 de la ley n° 402 (conf. texto consolidado por ley 5666). Sin perjuicio de lo cual, dichas resoluciones podrán equipararse a aquellas, excepcionalmente, cuando se demuestre que constituyen un apartamiento manifiesto de lo resuelto en la sentencia en ejecución, o si presentan un contenido ajeno a la decisión que se ejecuta. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Desistimiento voluntario, tentativa de homicidio
Materia: PENAL
Carátula: F., M. E. c/  s/ homicidio doblemente agravado en grado de tentativa s/ juicio s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2017-12-27

La conducta del imputado, encuadrada como tentativa de homicidio triplemente agravada ..., no admite el desistimiento contemplado en el art. 43 del Código Penal. Ello por tratarse de un supuesto de tentativa acabada, es decir, donde el autor no solamente ha hecho todo lo necesario, sino que además carece de una posibilidad segura de revocación del peligro, por lo que "si la tentativa se realiza bajo la representación de un marco de riesgo completamente razonable y es ejecutada también de modo humanamente eficiente, no se justifica ninguna atenuación de la pena" (cfr. Sancinetti, Ilícito personal y participación, de. Ad-Hoc, Bs As, 1997, cap. I,). En efecto, tal como surge de las constancias de la causa, que no han sido controvertidas por las partes, F. desplegó la totalidad de un accionar delictivo encaminado a darle muerte a su pareja (disparo de arma de fuego apta, dirigido a una zona vital -cabeza-), por lo que, al no haberse producido ese resultado, deberá responder como autor de tentativa de homicidio. ... si F. decidió voluntariamente matar a su pareja y le disparó certeramente a la cabeza para lograrlo, luego de eso ya no le era posible volver atrás sobre su acción. Lo que él haya hecho y lo que, como consecuencia, le haya sucedido a la víctima con posterioridad a ese disparo (pedir ayuda, que tal asistencia llegara a tiempo, que la víctima sobreviviera), son circunstancias que se diferencian del hecho reprochado, por resultar posteriores y ajenas a su voluntad puesta de manifiesto al disparar. (Voto del Dr. Barotto y Dra. Zaratiegui en disidencia).
Impuestos, telecomunicaciones, bienes públicos del Estado, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, discrepancia del recurrente
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: IMPSAT SA c/ GCABA - ley 19.798 s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-02

Si la demanda se concretó en la petición de que se dilucidara si la pretensión tributaria local -consistente en gravar el uso del suelo, subsuelo o espacio aéreo de bienes de dominio público por quienes presten servicios públicos de telecomunicaciones- resulta contraria a lo preceptuado en el art. 39 de la ley 19.798 y la cuestión fue dilucidada por la Corte en numerosos precedentes, el agravio resulta insustancial, máxime cuando el apelante no aduce razones que pongan en tela de juicio la aplicabilidad de la jurisprudencia del Tribunal, ni agrega nuevos y serios argumentos que puedan llevar a una modificación del criterio establecido en dichos precedentes, sino que se limita a esgrimir su discrepancia al respecto insistiendo en que la ley 22.016 derogó el mentado beneficio fiscal.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Hurto simple, principio de insignificancia, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: ADAMI, L. E. s/ HURTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-14

Atento a la insignificancia de lo hurtado, corresponde absolver a los procesados del delito de hurto, dado que la lesión es mínima en cuanto al bien jurídicamente protegido y la pena, por mínimo que sea el grado de su imposición, resulta desproporcionada con la magnitud de la misma.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Ceres c/ Guerrini Neumáticos S.A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-09-05

En su presentación directa la quejosa no logra rebatir los fundamentos adoptados por la Sala para denegar el recurso de inconstitucionalidad, en tanto la Alzada expresó que el decisorio impugnado no constituye sentencia definitiva, como lo reconoció incluso la propia actora en sus diferentes escritos presentados en el pleito, respondiendo la materia recursiva a una cuestión estrictamente probatoria de cuya resolución no depende directamente la continuidad del proceso hacia el dictado de la sentencia de fondo; y en relación a la posterior decisión del Tribunal sobre un asunto netamente procesal consistente en que el proveído impugnado no resultaba apelable, la misma no se trata de una sentencia definitiva porque no produce cosa juzgada sustancial ni tampoco de un auto interlocutorio que finalice el pleito o que torne imposible su continuación; destacando el Tribunal a quo a su vez que por principio general ni siquiera la sentencia que se dicte sobre el fondo de la cuestión quedaría incluida dentro de la previsión del art. 1 de la ley 7055, ya que el art. 26 de la ley provincial 5066 dispone que cualquiera sea el resultado de la sentencia definitiva queda expedita a las partes la vía ordinaria, recalcando que esto no implicaba desconocer que dicha regla admitía ser dispensada cuando no existía la posibilidad del proceso ordinario posterior, circunstancia que se verifica en supuestos de excepciones procesales relativas al juicio ejecutivo y de cualquier excepción o defensa que se haya deducido, sustanciado y decidido en aquél sin limitación de prueba; mas reiterandose que la resolución cuestionada por el compareciente no responde a ninguno de los parámetros mencionados; no resultando esras consideraciones adecuadamente neutralizadas por la presentante, en tanto vuelve a disconformarse -en similares términos a los expuestos al introducir el recurso de inconstitucionalidad- pero sin alcanzar el cometido que impone el mentado artículo 8 de la ley 7055. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículos 1 y 8; Ley 5066, artículo 26
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández, José Enrique y ot. c/ Fromigue, Raúl Antulio s/ Daños y Perjuicios López, Juan Sebastián y ot. c/ Troilo, Antonio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14|1994-03-08

Quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que en el curso ordinario del tránsito puedan presentarse de manera previsible porque la experiencia de transitar en ellos lleva indudablemente a la factible representación de conductas, lo cierto es que tal previsibilidad debe considerarse dentro del margen de factibilidades razonables que la diaria experiencia indica como comunes y reiteradas actitudes adoptadas en el tránsito vehicular y de personas.
Compraventa, impuestos
Materia: CIVIL-TRIBUTARIO
Carátula: "Joyería Ricciardi S.A. (T.F. 15.499-I) c/ D.G.I.". s/ compraventa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-13

La compraventa es uno de los supuestos en los cuales la ley tributaria tiene un régimen diferente a la de la ley civil en cuanto a los efectos de determinado instituto. En efecto, según el art. 1323 del C.C. la compra y venta es un contrato esencialmente consensual que se configura con la manifestación de una de las partes de transferir la propiedad a otra y ésta, a su vez la de pagar de un precio. Para la ley tributaria el nacimiento de la obligación se produce con la entrega del bien o la emisión de la factura correspondiente, según sea el anterior. (De la disidencia del Dr. Galli).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Maradei, Marcelo Fabián s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-04

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia la violación del art. 276 del C.P.P. si la referencia que efectúa a la constancia del acta carece de relación con la supuesta no concesión de la palabra que habría sufrido el Defensor pues este hecho, en su caso, pudo originar de su parte el ejercicio de la facultad prevista en el penúltimo párrafo del art. 277 del mismo código. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, culpa civil, accidente de tránsito, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Molina, José Esteban c/ Romano, Alberto Manuel. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que atribuyó a la víctima la responsabilidad exclusiva en el accidente de tránsito, si se apoya en afirmaciones dogmáticas, descalificables como fundamento exclusivo de la decisión; máxime cuando se trataba de discernir la culpabilidad de los protagonistas en un hecho ilícito.
Contratos, compraventa, perfeccionamiento del contrato, consentimiento, productos, servicios informáticos, principio de publicidad, error de tipo, nulidad del contrato, demanda, mala fe, abuso del derecho
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Agosti, Facundo Gabriel  c/ Compumundo SA  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

Corresponde anular un contrato de compraventa de consolas de videojuegos adquiridas por los actores a un precio irrisorio (cfr. CCCN 265, 266, 267-b) y 270), toda vez que se configura en la especie un supuesto de error obstativo. Esencial en cuanto afecta el precio (de $2399, cuando el precio anterior era de $27999), y reconocible por la manifiesta exigüidad de la suma ofertada en comparación con el precio anterior y con consolas de otras marcas, según surge de la prueba ofrecida por los mismos compradores (en el mismo sentido: CNCom, Sala D in re "De Rueda, Sebastián Matías c/ Jumbo Retail Argentina SA s/ ordinario", del 30/07/09, precedente que estableció un límite al abuso o actuar de mala fe de ciertos consumidores).

Si bien corresponde reconocer el carácter de declaración de voluntad contractual de la oferta pública publicitaria, con todos los efectos que ello implica, sin embargo, ésta puede estar afectada por un error. Y el hecho de que se trate de un contrato de consumo no condena al emisor a cargar con errores en los que no participa la mala fe, ni tampoco habilita a los consumidores a reclamar en supuestos donde la existencia del error es manifiesta, ya que, si bien la oferta pública publicitaria es considerada vinculante, tal efecto cede al comprobarse un error en la formación de la voluntad (conf. Furman, A., "Error en la oferta pública publicitaria - un antecedente interesante", LL 2009-E, p. 569).

Bajo tal mirada, querer hacer ver que el de $ 2399 era un precio posible y no "irrisorio", no resiste el menor análisis racional y evidencia, ciertamente, una inaceptable distorsión de la realidad por parte de los demandantes. Asimismo, la pretensión de hacer cumplir el contrato a pesar de "un error interno" de la demandada evidencia una inocultable mala fe por escindir de la problemática un componente que le es inescindible, ya que si el destinatario de la oferta podía reconocer el error, usando la diligencia ordinaria, no podía confiar en la validez del negocio y, por lo tanto, es justo que sea anulado (conf. Alpa, Guido, "El contrato en general - principios y problemas", Instituto Pacífico, Perú, 2015, p. 244, n° 1.13 "b").
Competencia federal, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GNAVI CARLOS ALBERTO c/ ENRIQUE NOGUERA FEDRIZZI s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-09-10

La prórroga de competencia no puede sino ser expresa.

Esta defensa opuesta en la oportunidad procesal correspondiente, tratándose de un juicio ordinario de menor cuantía, no podía ser activada por el demandado ante el no apartamiento que podía presumirse que la iudex realizara en el momento de ser opuesta, pues la ley procesal establece la ocasión en el cual el Juez debe expedirse en este tipo de procedimiento, que se da recién al dictar la sentencia, de conformidad con las pautas que dan los arts. 5 inc.

4to. y 332 del C.P.C.N. y el art. 24, inc. 1ro. del Decreto Ley 1285/58, en donde se especifica que es necesaria una residencia de por lo menos dos años en el domicilio fijado en extraña provincia, anteriores a la iniciación de la demanda.

Por ello, el demandado debió demostrar cual fue su residencia anterior a los dos años desde la iniciación de la demanda, antes de su radicación en extraña provincia, surge como presunción, que el domicilio que se indica en el libelo de iniciación del juicio, no pudo ser inventado por el accionante, sino que debió haber sido dado por el demandado en el momento del accidente. Por todo ello, siendo el Fuero Federal de excepción y de interpretación restrictiva, es competente el Juez de primera instancia Civil y Comercial de la Justicia Provincial. (Del Voto del Dr. Ortiz Araya por su fundamento)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: TURNATURI, COCENTINO c/ COSENTINO, RICARDO E s/ APREMIO DE HONORARIOS     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-12

Resulta inadmisible la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, si en una aproximación a lo sustancial, es dable advertir que la cuestión debatida refiere a la interpretación de normas procesales -concretamente la referida al artículo 24 de la Ley de Aranceles Profesionales-, circunstancia que no justifica la apertura de esta instancia de excepción, salvo caso de arbitrariedad, no demostrada en autos.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VERON EVERALDO ISMAEL c/ MUNICIPALIDAD DE PARANA s/ SUMARIO POR INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-08-18

La distinción que se efectúa entre bienes públicos o privados a los fines de eliminar la responsabilidad resulta innecesaria e intranscendente, desde que el Estado Nacional, Provincial o Municipal, también responde por los daños que causen las cosas de su dominio público o privado.
Horas extra, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Lapido, Carlos E. c/ La Familiar S.A. s/ Indemnizaciones y rubros impagos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-09-26

El tiempo transcurrido entre las 13 horas del sábado y las 24 horas del domingo, es el período que el artículo 204 de la Ley de Contrato de Trabajo establece como descanso semanal, prohibiendo la prestación de servicios, salvo en los casos de excepción previstos expresamente, uno de los cuales, lo constituye el trabajo de supermercados. En este caso, los servicios prestados el sábado después de las 13 horas sólo deberán abonarse con recargo como horas suplementarias, si exceden el máximo de la jornada legal pero es improcedente el reclamo de pago de horas suplementarias si no medió prestación de servicios por sobre el máximo de la jornada legal de 48 horas semanales y se otorgaron los francos compensatorios.
Obligaciones solidarias, aplicación de la ley, estación de servicio, mercados, procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Ansaldi, Rosa c/ Bernigaud, María de los Ángeles y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-11

Siempre consideré que las actividades de los minimercados ubicados en el ámbito de las estaciones de servicio (aun cuando pudieran calificarse como secundarias o accesorias), se prestan normalmente, están integradas y son coadyuvantes y necesarias para cumplir los fines de la empresa. La integración de esos servicios a los propios de un puesto de venta de combustibles ya es una normalidad en la actividad empresarial del rubro y prácticamente no se ejecuta la actividad sino es con esos aditamentos. Así, al expendio de combustible, se le aduna la comercialización de otros productos de diferentes tipos y marcas para los automóviles y se le bridan servicios varios de utilidad a los conductores como kiosco, bebidas y alimentos, diarios y revistas, entretenimientos para esperar arreglos en los automotores; taller, gomería, servicio de internet, cabinas telefónicas, etc. por lo que hacen -en definitiva- al cumplimiento de su actividad propia y específica (Voto Welp, en adhesión a Ronconi)
Competencia, Suprema Corte de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riusech, María E. s/ Acción de amparo. Cuestión de competencia art. 6 C.P.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-01

Constituye materia propia de la competencia contencioso administrativa que, en forma transitoria, ejerce la Suprema Corte, el cuestionamiento de decisiones adoptadas por el Consejo de la Magistratura en el marco de procedimientos de selección para ocupar cargos en la judicatura provincial por parte de quienes han resultado desplazados, ya que éstos titularizan una situación suficiente -tanto por la naturaleza cuanto por el contenido- para abrir dicha instancia judicial, dato decisivo para determinar la competencia material.
Facultades tributarias, facultades tributarias provinciales, impuesto a los automotores, declaración de inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Entre Ríos, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

Corresponde declarar que la ley 25.232 contraría lo dispuesto en los arts. 75, inc. 12, y 121 de la Constitución Nacional, conclusión que, cabe destacar, es la única que concilia la unidad jurídica nacional con la autonomía impositiva de las provincias, en tanto éstas imponen tributos permanentes, pero dando sentido económico y tomando como materia imponible las entidades jurídicas, tal como las crea el derecho sustantivo nacional. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Prescripción, turbación de la posesión
Materia: CIVIL
Carátula: Díaz de Pérez, Noemi y Otro c/ Pérez, Jose Alberto s/ Cuestiones relativas a la Propiedad Horizontal
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-12-14

Corresponde declarar prescripta la acción de turbación de la posesión iniciada por la colocación de un cartel publicitario en la fachada del inmueble, pues de la fecha de la autorización municipal concedida para la fijación del cartel -elemento que puede ser considerado una presunción a los efectos del cómputo de la prescripción- surge que ha transcurrido holgadamente el plazo de un año establecido en el art. 4038 del Cod Civil
Recurso de casación, vales de comida
Materia: LABORAL
Carátula: Barroso, Miguel Angel c/ Topsy S.A. y/o Procter and Gamble s/ demanda laboral - recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-19

Resulta improcedente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que asimiló la naturaleza jurídica de los vales alimentarios a los premios a la producción, en tanto el recurrente no invoca una normativa concreta que obre como punto de partida del examen lógico, sino un fallo jurisprudencial, lo que escapa al ámbito casatorio, conforme las previsiones del art. 287 del Código Procesal Civil de la Provincia de San Luis.
Confirmación de sentencia, excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: H., P. E. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-28

Por último, en la causa Nº 83.390/2019, "G.", del día de la fecha, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Pinto, confirmaron la resolución que rechazó la excarcelación. Analizaron la presencia de un riesgo de fuga (art. 221 de la ley 27.063) valorando que el imputado no posee arraigo ni domicilio cierto, las circunstancias y características de los hechos -desprecio hacia los bienes juridicos ajenos, violencia en el damnificado-, la cantidad de causas que registra el imputado y las detenciones sufridas. En orden al peligro de entorpecimiento, señalaron que a la luz de lo normado en el art. 222, no existían indicios a tener en cuenta. Concluyeron que las medidas de coerción sustitutas previstas en los arts. 310, 320, 321 y 324 eran insuficientes para evitar el riesgo ya descripto.
Excepciones procesales, inhabilidad de título, prueba, carga
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Río de La Plata S.A. c/ Parque Rafaela S.A. s/ Ejecutivo (Resolución Nro.  59, Tomo 20, Folio 266/268)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-12

La carga de la prueba de la excepción opuesta corresponde al demandado como pacífica y unánimemente lo sostiene la jurisprudencia.
AFIP DGI, impugnación de la declaración jurada, sociedades comerciales, grupo económico, capacidad contributiva, falta de prueba
Materia: TRIBUTARIO - COMERCIAL
Carátula: KELLOG CO. ARG. S.A.C.I. Y F. s/ IMPUESTO A LOS REDITOS.    REALIDAD ECONOMICA- TEORIA DE LA PENETRACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

Corresponde rechazar la impugnación de la DGI, que sólo radica en la circunstancia de que la actuación del conjunto padece, en el caso de sociedades que poseen personalidad jurídica independiente reconocida para nuestro derecho, una modificación deliberada de su capacidad contributiva en detrimento del interés fiscal, si tal afirmación no fue demostrada en la causa.