Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL (JUNIN)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28


/NIN, a los 28 días del mes de Junio del año dos mil once, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, PATRICIO GUSTAVO ROSAS Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa Nº 50012 caratulada: "LOVERA LUIS OSCAR C/ FERRUA MARTA ISABEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Rosas y Castro Durán.- La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿ Se ajusta a derecho la sentencia apelada ? 2a.- ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:

I.- En la sentencia dictada a fs. 329/336vta. se hace lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Luis Oscar Lovera contra Marta Isabel Ferrua y Fernando Daniel Crocco, en la incidencia causal del 50 %,, condenándolos - y en forma extensiva con los límites de su cobertura a su aseguradora El Comercio Cia. de Seguros SA - al pago de las sumas resultantes de ese porcentaje por los daños que admite: incapacidad sobreviniente $ 30.000 y daño moral $ 20.000. Desestima el concepto daño emergente por gastos de traslado. Adiciona intereses a la tasa pasiva desde el momento del hecho (30/6/2008) y hasta el efectivo pago. Impone las costas a los demandados y difiere la regulación de honorarios profesionales.

De esa forma resolvió la Sra. Jueza Dra. Panizza el reclamo resarcitorio por un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Arias y Dorrego de esta ciudad, el día 30 de junio de 2008 alrededor de las 20.00 hs., protagonizado entre la bicicleta en la que se desplazaba el actor y el automóvil conducido por la demandada y de titularidad de su litisconsorte. Entendió que la inexistencia de prioridad de paso del primer rodado ante la categorización municipal de Arias y la circulación desde la derecha del otro vehículo, era suficiente pese a las demás circunstancias del suceso que valora, para establecer en partes iguales el aporte causal de los partícipes y limitar correlativamente la responsabilidad de los demandados en la medida indicada. Se ocupa luego de los distintos daños cuyo resarcimiento se pretende, decidiendo sobre su admisión y cuantificación , con los fundamentos que expone y a los que me remito.

El pronunciamiento es apelado por todas las partes ( fs. 337 y 339). El apoderado de los demandados y la citada en garantía desiste de su recurso ( v. resolución de fs. 368).

En su expresión de agravios de fs. 349/356 el actor critica la distribución o reparto de culpas - en rigor de atribución causal- por lo que afirma ha sido una errónea interpretación de la prioridad de paso, postulando la responsabilidad exclusiva de la contraria; el rechazo del rubro daño emergente al considerar que con un criterio demasiado severo no se han receptado las erogaciones por traslado familiar; las cuantificaciones de incapacidad sobreviniente y daño moral que reputa insuficientes y la tasa de interes pasiva pretendiendo su reemplazo por la activa.

Ejercido el derecho de réplica mediante la pieza obrante a fs. 374/381, resistiendo las impugnaciones efectuadas; desestimado un hecho nuevo alegado por los demandados, vinculado a la indemnización por la A.R.T. , cuya percepción había sido admitida actoralmente( ver fs. 384), y firme el llamado de autos para sentencia de fs. 390, se está en condiciones de resolver (art. 263 del CPCC). II.- Siguiendo un orden lógico he de comenzar el tratamiento de las cuestiones propuestas por el tema de la responsabilidad.

La contribución causal en igual proporción de los conductores de ambos vehículos, como factor limitativo de la responsabilidad atribuida, fue decidida por la sentenciante de grado con el fundamento de que la arteria Arias por la que circulaba en la ocasión el biciclo del actor pese a su condición de vía principal no gozaba normativamente de la condición de avenida, aunque la señalización indicaba otra cosa, como excepción a la prioridad de paso de quien llega al cruce desde la derecha, esto es el Renault Clio de la demandada.

El fundamento que recepta el argumento principal defensivo, pone sobre el tapete la delicada cuestión de la preferencia de la vía de mayor jerarquía, principalmente en su conflicto en la bocacalle con la de la derecha.

Por ello, frente a las distintas posiciones y matices de la jurisprudencia y la doctrina, incluso a la que debemos seguimiento de nuestro Superior y las marchas y contramarchas de la reglamentación local del tránsito, aspectos del asunto sobre los que luego volveré, estimo no sólo útil sino también honesto comenzar fijando mi postura, ya que indudablemente desde ella se propondrá la solución a situaciones fáctico legales ambiguas u oscuras. En este sentido, sin desconocer la claridad expositiva de los fundamentos dados en varios de los votos que avalaron la prioridad de quien circulaba por avenida, considero que el tratamiento con alcances generales que le dispensó Carlos Tabasso Cammi en su trabajo "Preferencia de la vía de mayor jerarquía. Eficaz dispositivo de organización y seguridad vial" publicado en LA LEY 2001-F, 1083, es el que mejor traduce mi pensamiento.

Sin más preámbulo paso a transcribir parte de sus reflexiones: "el sistema preferencial del caso no insume recursos económicos, es muy fácil de comprender e internalizar por el usuario, es eficaz y, sobre todo, colma una gran parte de los peligrosísimos vacíos de señalización dejados por la administración vial, cualidades positivas todas que no permiten entender racionalmente que se encuentre en franco retroceso legislativo o aparezca pésimamente formulado en varios reglamentos o códigos viarios actuales. Es cierto que no es un paliativo milagroso, pero también lo es que no implica ningún problema o efecto contraproducente que justifiquen su ausencia o eliminación(....) Una preferencia "natural" en la intersección de vías desiguales . Por impulso instintivo el automovilista tiende a establecer su velocidad real de viaje proporcionada a las condiciones físico-constructivas de la vía que utiliza; esto es, cuanto más amplio es el espacio de circulación, más recto y menos complicado el trazado y mejor la calidad del pavimento y de los elementos de seguridad adyacentes, mayor es la proyección. Psicológicamente, estas ventajas se traducen en que la relativa optimidad del ámbito de circulación infunde al conductor sensaciones de comodidad, confianza y seguridad que disminuyen su umbral de alerta de riesgo. De ahí que el empalme de dos -o más- vías de diferente importancia cualicuantitativa suponga un crítico problema de seguridad debido a que por la mejor de ellas transcurrirá una corriente de tránsito relativamente más fluida, rápida y abundante, y, sobre todo, laxamente confiada en las condiciones que la ruta ofrece. Debido a ello, la aparición de terceros vehículos emergiendo desde las transversales secundarias causa sorpresa, y esta, como es dogma en materia vial, origina el conflicto, cuando no directamente el siniestro.Visto el escenario desde el otro lado, la experiencia conductiva, la intuición, el sentido de prudencia y el instinto de supervivencia advierten al conductor que se desplaza por la vía comparativamente menor que el cruce de la mayor implica un cambio sustancial por la multiplicación del riesgo. La lógica simple del sentido común explica que ante la circunstancia se adopte -o se deba adoptar- la mínima medida de autoprotección de aminorar el vehículo o, incluso, detenerlo para, antes de decidir el acceso, darse tiempo de observar y explorar ese espacio que por sí mismo sugiere una cantidad y calidad de tránsito especial, aunque no se encuentre presente en el instante. Ello es particularmente visible cuando se trata de grandes vías, v. gr. avenidas, bulevares, ramblas, carreteras de larga distancia, etc., cuya conformación geométrica y constructiva, densidad y velocidad media del flujo constituyen signos objetivos de su importancia. En tales casos no puede reputarse prudente -y ni siquiera consciente de lo que hace- a quien emprende el atravesamiento de arterias de tales características sin la previa detención o reducción de la velocidad al mínimo para asegurar la oportunidad de la maniobra; lo contrario puede llegar a parecer una implícita tentativa de suicidio. Tal es el fundamento de la preferencia de la vía de mayor jerarquía, cuya sencillez permite concebirla como la elemental acción instintivo-racional de un conductor hipotético manejando "a la defensiva" puesto ante una intersección conformada por una vía cuali-cuantitativamente distinta cortando su camino, distinta por su volumen, conformación y velocidad de corriente; en resumen, por su mayor importancia relativa o mayor jerarquía respecto a la vía por la que está circulando. Así, quien transita por una vía mano única al llegar al empalme con otra de dos, no puede dejar de afinar la atención y el cuidado, pues el cruce implicará interponerse sucesivamente en las directrices de dos flujos paralelos y opuestos, lo mismo que quien emerge desde una calle común hacia una troncal cargada de tránsito denso, no puede sino esperar detenido hasta que se produzca una brecha suficiente para atravesarla...Debido a dichas características, esta especie preferencial puede calificarse como natural, pues no constituye un sofisticado artificio técnico de difícil comprensión sino, en esencia, la respuesta humana espontánea y razonable a una situación de tránsito ostensiblemente problemática, lo que ha determinado su formalización normativa en múltiples legislaciones, ya con alcance general, ya restringido, o, cuando menos, para regular hipótesis puntuales....Es fundamental comprender que para organizar y asegurar el cruce de vías jerárquicamente superiores accediendo desde las transversales relativamente secundarias, las reglas de la derecha-izquierda y del ingreso prioritario más que insuficientes, se revelan como peligrosamente contraproducentes, pues estas pueden llevar al usuario a ingresar sin precauciones a un polígono conflictual completamente diferente al de vías similares y someterse con ello a un intensísimo riesgo de colisión. Pero, también sería inconcebible que la encrucijada quedara abierta y sin reglas organizativas de la maniobra de cruce, lo cual conduce a una disyuntiva de hierro: o se señalizan todas -literalmente: todas- las intersecciones de vías de distinta importancia relativa, o se estipula normativamente -con alcance general- la prelación del tránsito de las mayores sobre el de las menores. La consecuencia de la señalización total ( en paises industrializados del Primer Mundo) ha consistido en que la prelación de la vía de mayor jerarquía como preferencia abstracta, o sea, expresada únicamente en un precepto jurídico sin ostensibilización material, ha desaparecido de los ordenamientos viales europeos y norteamericanos lo cual, a su vez, determinó la correlativa abolición del universo doctrinario y jurisprudencial. En tales contextos resulta entendible, pues la problemática del cruce de vehículos desde vías jerárquicamente diferentes se encuentra pre-resuelta por señales prescriptivas, cuya instalación es una obligación -rigurosa y cumplida- a cargo de los organismos estatales responsables. Empero, la supresión no pudo ser total, pues la especie solo se eliminó como dispositivo de alcance general, perviviendo universalmente para hipótesis puntuales, v. gr., cruce de carreteras desde las vías secundarias que las atraviesan, o, restringida a zonas rurales y/o suburbanas. Entonces, la misma lógica económica dice que la ausencia -o supresión- del mecanismo en los ordenamientos de países "en desarrollo" representa una irracionalidad incongruente y contradictoria con su escasez crónica de medios para solventar la señalización total de las encrucijadas de vías disímiles. Por ende, en la elevada cantidad de cruces que continúan siendo abiertos, se asiste a la genuina perversión consistente en que los conductores que acceden desde las inferiores se atienen a las reglas preferenciales de la derecha-izquierda y/o del ingreso prioritario, y éstas, más que insuficientes, contribuyen activamente a la conflictividad y siniestralidad típicas de esos espacios viales. El insensato desierto técnico-legal es sólo cubierto, apenas, por la prudencia y experiencia del usuario o, en su caso, por el puro azar benéfico....La situación de hecho que regula el dispositivo que se analiza es la maniobra de cruce del polígono de intersección de vías de diferente jerarquía o importancia relativa, cuya determinación supone el juicio comparativo del conductor acerca de la cantidad y la calidad de las mismas basado sobre elementos objetivos y ostensibles. Cuantitativamente, el signo más evidente de la jerarquía es la dimensión física del espacio destinado al flujo vehicular pues, a mayor tamaño, mayor es la capacidad, esto es la: "aptitud para dar cabida al tránsito (que) normalmente se expresa como el número de vehículos que puede pasar por un punto determinado durante un período específico y a una velocidad dada". Normalmente se verifica una relación proporcional positiva entre las dimensiones de la vía y su calidad constructivo-funcional, o sea, las más grandes tienden a ser las mejores, lo que se manifiesta, en primer lugar, en los materiales componentes de la superficie de rodamiento que, en un crescendo de superioridad técnica, pueden ser: tierra suelta, piedra, gravilla, adoquines, macadam, bituminosos y hormigón. El aspecto cualitativo se revela ostensiblemente en la existencia y cantidad de especializaciones viales, p. ej.: división en manos; división de manos en carriles; tramos de aceleración y deceleración; aceras; banquinas; rotondas; separadores de tránsito; marcado de la superficie; islas peatonales; peraltes; cantidad de señales de las diversas especies; iluminación artificial; drenajes y obras accesorias (puentes, túneles, p. ej.). Operativamente, la calidad vial se exterioriza en las características de la corriente de tránsito que la vía moviliza, sobre todo su intensidad, densidad, velocidad media y niveles de servicio verificados en momentos dados. Dichos elementos manifiestos posibilitan al conductor evaluar, v. gr.: que la vía pública es superior a la privada, que una calle de dos manos supera a la de mano única, que la carretera local es inferior a la autopista, que el callejón ciego cede ante una calle urbana común y que una senda de tierra es menos importante que un camino rural asfaltado, etc., etc. Este juicio comparativo es el elemento que permite al usuario determinar a quien corresponde la prioridad en el cruce vial y la conducta consiguiente que deberá desplegar. En la subjetividad que supone el proceso de observación, comparación y evaluación se origina la crítica más importante al sistema, la cual se analizará más abajo." Y al respecto dice haciéndose cargo de la observación de López Muñíz-Goñi "al sostener que: "si bien pueden haber supuestos especiales muy cualificados, existen no pocos casos de igualdad de categorías, de dudas en cuanto a su importancia, etc. ...que pueden desembocar en múltiples accidentes".La primera parte del juicio del eminente autor no es exacta, pues la hipótesis de la intersección abierta de vías iguales posee su propio régimen técnico-jurídico constituido por las preferencias de la derecha-izquierda y/o del ingreso prioritario, cuya especificidad no permite confundirlas con la que se está analizando. Aparentemente subsistiría, en cambio, la crítica de las "dudas" que puede experimentar el usuario acerca de la importancia relativa de las componentes del cruce, lo cual es de tomar en cuenta pues puede ser efectivamente así. Es de admitir que el arbitrio implica un cierto margen de subjetividad, porque requiere del sujeto un caudal de experiencia anterior, la previa observación del sitio y el subsiguiente juicio comparativo, y, ya se sabe que la subjetividad es harto desconfiable y peligrosa en el ámbito espaciotemporalmente crítico de la circulación. Empero, aun cuando en muchos casos puedan suscitarse vacilaciones, desde que se trata de intersecciones abiertas -sin señalización alguna- siempre será mejor la regulación de un precepto abstracto que la nada de la anomia, o, peor todavía, que la equivocada y fatal creencia consistente en que el cruce se rige por normas concebidas para hipótesis completamente diferentes. En otros términos, por razones de seguridad vial inobviables si no hay señales de prioridad instaladas, entonces tiene que haber una regla coactiva de conducta técnicamente apropiada por más que puedan darse situaciones de dudosa o difícil decisión, pues lo contrario equivale, más que a dejar librada la encrucijada a sus propias fuerzas, a que los ingresos desde las secundarias se efectúen conforme a normas capaces de operar como eficaces inductoras del desastre. Doblemente, pues, la crítica carece de sustento técnico y práctico por cuanto, aun cuando el dispositivo no alcance a ser eficaz en todas las situaciones posibles, sí lo es en la infinidad de intersecciones de vías notoria y patentemente diferentes, a tal punto que, sin señal que obligue, el movimiento reflejo de gran número de conductores que circulan por las secundarias es detenerse o reducir la proyección al mínimo antes de intentar el cruce de las principales. Ciertamente sería una necedad renunciar a los grandes beneficios que proporciona el sistema por el mero hecho que en un número limitado de hipótesis no los logra. Y, en estos casos, si por las características del cruce concreto las diferencias jerárquicas no fueran visibles o plantearan dudas o vacilaciones operacionales, entonces la intersección debería encontrarse necesariamente señalizada por la autoridad vial y no dejarse abierta pues ello significa, de hecho, crear el incidente."(...) De estarse a las redacciones de algunos textos positivos, podría deducirse equivocadamente que la preferencia de la vía de mayor jerarquía sería una excepción subsidiaria a las reglas de la derecha-izquierda y/o del ingreso prioritario. Pese a que, desde el punto de vista sistemático, sea correcto establecerlo como excepción, es un dispositivo autónomo desde que regula la hipótesis de hecho propia y exclusiva de la intersección abierta de vías cualicuantitativamente diferentes, mientras que aquellas otras especies rigen el caso del cruce -también abierto- de vías de idéntica importancia. Tan independiente es que, técnica y lógicamente, resulta concebible un régimen preferencial en el que se encuentren invertidos los términos, es decir que las preferencias de la derecha-izquierda y del ingreso prioritario se instituyan como excepciones a la de mayor importancia relativa, según lo demuestra al sistema del "Código Nacional de Tránsito Terrestre" de Colombia...." Consideraciones similares formula Beatriz A. Areán en su obra "Juicio por accidentes de tránsito " To. 2 ed. Hammurabi, referidas al supuesto de mayor relevancia, el de las avenidas, dando cuenta también de la situación normativa y de los criterios jurisprudenciales en el ámbito nacional ( p. 534 y ss).

Se advierte que el problema normativo e interpretativo no es exclusivamente de jurisdicción local, máxime con la ley nacional 24.449 que ha sido incorporada a su legislación por diversas provincias. A título ejemplificativo veamos la reseña, que con sus conocidas dotes didácticas hace la Dra. Kemelmajer de Carlucci en su voto SCJ de Mendoza, sala I in re Nallín, Julio C c. Morisi, José Silvano DJ 25/03/2009, 748: "....1. El texto legal implicado.El art. 50 en el inc. b) de la Ley de Tránsito dice: "El conductor que llegue a una bocacalle o encrucijada debe, en todos los casos, ceder el paso a todo vehículo que se presente por una vía pública situada a su derecha. Esta prioridad es absoluta...."; la prioridad se pierde a modo de excepción, frente a "...Los que circulan por una vía de mayor jerarquía. Antes de ingresar o cruzar dicha vía debe siempre detenerse la marcha. La jerarquización queda sujeta a la reglamentación de la presente ley". 2. Los precedentes de esta Sala.La excepción legal referida a la arteria de mayor jerarquía también ha sido objeto de análisis por esta Sala en varios pronunciamientos:

La sentencia en el caso "Aroca Cacault", del 1/9/1999 no ingresó al fondo del asunto, habiéndose rechazado formalmente los agravios (LS 290-431). En cambio, la decisión del 28/12/2001 (LS 304-354, voto del Dr. Romano, al que presté adhesión, publicado en "El daño a la persona en la jurisprudencia de la sala I de la Suprema Corte de Justicia", Ed. Fallos judiciales, vol. III, 2002, pág. 56) analizó expresamente el art. 50 de la ley provincial de tránsito. Reproduciré algunas de las argumentaciones vertidas en ese precedente que sirven para comprender la solución que propicio.

"La nueva normativa ha querido modificar expresamente el criterio generalmente admitido por la doctrina y jurisprudencia anterior al dictado de la Ley 6082 (en vigencia desde el mes de mayo de 1994), que interpretaba que dicha prioridad no era absoluta y que requería para su aplicación la simultaneidad en el traspaso del cruce, llegando incluso a dar prioridad al protagonista más adelantado en la intersección. Conforme aquel criterio, superado en la actualidad por norma expresa, la presunción de culpabilidad del conductor que con su vehículo embiste a otro era una simple presunción iuris tantum"...

Por otro lado, "la excepción a la prioridad de la derecha no admite ser aplicada como enervante de la regla general. Ello así, en tanto el concepto de arteria de mayor jerarquía, carece aún de aplicación práctica desde que todavía no se ha dado la condición necesaria para su vigencia, es decir la existencia de reglamentación que defina y particularice dicha jerarquización. Pero aún cuando se entienda que la disposición rige sin reglamentación, ella sólo sería aplicable en casos indudables, en los que sin ninguna investigación previa surgiera claramente la diferencia de jerarquía entre ambas calles, que no es precisamente el caso de autos. En lo demás, ante la ausencia de reglamentación, no cabe sino volver al principio general de circulación, esto es la prioridad de quien circula por la derecha, por supuesto que con las limitaciones mencionadas".

A continuación, la decisión ingresa en las particularidades del caso y advierte que "no existen elementos suficientes que permitan atribuir indubitablemente mayor jerarquía a una calle sobre otra. En efecto, del informe pericial resulta que ambas arterias topográficamente son idénticas, poseen el mismo ancho y tienen un solo sentido de marcha. El criterio de mayor tránsito justificado por sustituir la circulación oeste-este de calle Bandera de los Andes no puede ser suficiente para otorgar mayor jerarquía a una calle Saavedra sobre la otra... Es indudable que ante una problemática conflictiva como es la de la circulación vial, así como los accidentes de tránsito que ella acarrea, ante la ausencia de reglamentación específica, es riesgoso aventurar criterios subjetivos o dejar librado al arbitrio de cada conductor la definición de lo que considere "via de mayor jerarquía" en los términos de la ley. Piénsese por un momento y a modo de ejemplo el caos que generarían los distintos criterios que se sustenten respecto al parámetro que cada conductor debería observar ante arterias de similar importancia o jerarquía. ¿Cuál sería la solución en los supuestos en que los conductores no conozcan la zona o incluso, sean de otro país o provincia? Es claro que las reglas de circulación vial para cumplir el fin para el que se encuentran dispuestas deben estar claramente establecidas sea en la reglamentación, sea en la señalización o mediante una eficiente concientización por la educación, para que los conductores sepan exactamente cual es su status, en un lugar y momento determinado. Conforme con estos principios, en el caso, no existe ningún elemento que le permitiera hacer conocer al conductor que circulaba por la derecha, que debía ceder el paso a la actora que circulaba a su izquierda. Ante la similitud de ambas arterias, debió valorarse si existía algún elemento objetivo que permitiera afirmar categóricamente la no aplicación de la regla de la prioridad de paso y no apoyarse en la excepción de la mayor jerarquía, que es un hecho relativo y fluctuante que los conductores no necesariamente tienen que conocer".

La Sala volvió sobre la cuestión en autos "Vargas", del 9/12/2004 (LS 345-246, publicado en Actualidad Jurídica de Mendoza 2005-901), con mi voto, sentencia citada, en el caso, por ambas instancias ordinarias. Dije que prestaba adhesión a los puntos básicos señalados por el Dr. Romano en el precedente del año 2001, especialmente, en cuanto afirma que:

- El legislador de Mendoza se inclinó, decididamente, por la corriente jurisprudencial que priorizó la regla derecha antes que izquierda, considerándola una regla de oro de la circulación, y por eso dijo expresamente que "la prioridad es absoluta"; consecuentemente, no se pierde, por ej., por la sola circunstancia de haber llegado primero a la intersección.

- La excepción legal a favor de la arteria de "mayor jerarquía" exige reglamentación del Poder Ejecutivo y se carece de tal normativa.

- Aún cuando se estime que la reglamentación no es necesaria, la "mayor jerarquía" no puede fundarse en datos subjetivos ni en una sola pauta, cual es que en una arteria circulan más vehículos que en otra. Por el contrario, exige de datos certeros, especialmente si emanan del poder administrador, como por ej., la señal de "pare" colocada sobre la calle que debe ceder el paso al vehículo que aparece por la izquierda.

- Aunque no se acepte este criterio, la "mayor jerarquía" debe surgir patente, indubitable, manifiesta aún para personas que llegan por primera vez a la ciudad de Mendoza.

Con posterioridad, la Sala reiteró esta doctrina en sus precedentes del 28/7/2005, "San Cristóbal S.M.S.G. en j° Fugazzoto Cecilia Andrea c/ Tobal Rolando Walter y ots. p/ D. y P. s/ Cas." (LS 353-200); del 4/5/2007 "Transporte General B. Mitre en j. Huasi C c/González" (LS 376-227); del 29/05/2007 "Canovas María Cristina" (LS 377-187); del 13/8/2007 "Victoria Ana M en j. Victoria c/Lucero" (LS 380-52); del 22/5/2008, "Bajda" (LS 389-83; ésta revoca la sentencia citada por la Cámara que considera que calle Mitre no es de mayor jerarquía que San Lorenzo y adjudica 70% al demandado y 30 a la víctima) y 2/9/2008, "Castro J. M. en j. Castro c/Mori Chavero" (LS 392-50)....." También es interesante mencionar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja ( en la que rige la ley nacional de tránsito n° 24449 por adhesión de la ley 6168 cuyo art. 41 ninguna alusión siquiera hace a las vías de mayor de jerarquía para las prioridades) del 13/6/2006 in re Brombal, Carlos D. s/casación publ. La Ley Online AR/JUR/7942/2006, donde se expresaba: "...que el ingreso a la avenida, por ser una arteria de mayor tránsito que la calle Benjamín de la Vega, debía realizarse de manera prudente y con todas las previsiones necesarias, para evitar accidentes. Para sentar esta premisa, es claro que los Magistrados recurrieron a principios generales que se encuentran consagrados por la legislación vigente y también por los usos y costumbres de la circulación, cuya aplicación no es posible soslayar. Tomaron así, en primer lugar, lo establecido por los arts. 512 y 902 del Cód. Civil, que son normas que exigen obrar con prudencia, pleno conocimiento de las cosas y diligencia, de acuerdo con la naturaleza de la obligación y las circunstancias de personas, tiempo y lugar. (...) una regla de prudencia no escrita, pero que surge de los usos y costumbres de la circulación vehicular. De acuerdo con ella, como quien transita por una vía de mayor jerarquía -llámese avenida, boulevard o ruta- tiende a hacerlo a mayor velocidad (porque, además, así está expresamente contemplado en el artículo 51 de la Ley de Tránsito), el conductor que circula por una calle común, de menor tránsito y menor velocidad permitida, debe adoptar las medidas de precaución necesarias, reducir o detener la velocidad del vehículo al llegar a una esquina, incluso dar preferencia de paso a quien circula por la arteria de mayor jerarquía, y recién efectuar la maniobra, cuando las condiciones de seguridad se encuentren garantizadas (sobre el particular, puede consultarse el estudio realizado por Carlos Tabasso Cammi, en "Preferencia de la vía de mayor jerarquía. Eficaz y omitido dispositivo de organización y seguridad vial", publicado en LA LEY, 2001-F, 1083-1100)." Como es sabido, en nuestra provincia la jurisprudencia casatoria a partir de los casos "Salinas, Marcela c. Cao, Jorge. Daños y perjuicios", Ac. 79.618, 8/6/05 y "Cassini Ricardo D. c. Di Fabio Leonardo A. y ot", Ac. 78.088, 8/6/05, con el destacado voto del Dr. Roncoroni, ha venido sosteniendo que la expresión "vía de mayor jerarquía", a la que el art. 57 inc. 2, apartado C ley 11.430 le otorga preferencia, incluía a las avenidas.

Entre sus fundamentos encontramos que la enumeración que prosigue a la regla estatuida por el artículo "no tiene un carácter férreamente taxativo". De lo contrario, "¿qué utilidad tendría establecer como regla excepcionante que la preferencia que goza el vehículo que se presenta por la derecha cesa frente a las vías de mayor jerarquía, si luego se limitan o encierran en ese lote de cuatro arterias que dos puntos (:) mediante, se encolumnan tras la regla? ¿Existe ella como tal, o en verdad, su enunciado está demás y hubiera bastado con establecer que esa prioridad se pierde cuando circulen vehículos por autopistas, semiautopistas, rutas y carreteras?", "el sentido, la ratio legis o el espíritu del precepto ha de estar en la regla y no en los supuestos que se desprenden de ella. Y la regla dice que la preferencia cede frente a las vías de mayor jerarquía". Resaltando que la jerarquía de las vías fue una circunstancia muy presente en el espíritu del legislador, aún cuando no lo hubiera regulado como principio de forma concluyente, me permito señalar que el ap. d del inc. 1 del mismo art. 57, se refiere a "las bocacalle de vías de igual jerarquía", cuando bastaba aludir a la señal de pare en cuanto al deber de detención impuesto.

Ese cambio fue recibido con beneplácito por calificada doctrina: Federico Tallone "La regla de la prioridad de paso y la avenida como vía de mayor jerarquía" LLBA 2005-760; Jorge Mario Galdós y Carlos Enrique Ribera "Un cambio en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en la prioridad al paso de quien circula por una avenida", idem p.1155.

Luego, la ley 13.604 (sanc. 29/11/2006; promul. 19/12/2006; publ. 09/01/2007) modificó el art. 57 inc. 2, apartado C de la ley 11.430 e introdujo a las avenidas entre las vías de mayor jerarquía, añadiéndola como excepción a la prioridad de la derecha, al equipararlas a las autopistas, semiautopistas, rutas y carreteras. En sus fundamentos se decía que "La experiencia señala que las avenidas son, en la práctica, vías de mayor jerarquía que las calles comunes. No solo porque así lo considera la casi totalidad de los conductores sino también, y fundamentalmente, porque en ellas transitan muchos mas vehículos y a mayor velocidad" y luego de recordar la jurisprudencia de la SCBA anterior al caso Salinas concluía "La modificación propuesta acabaría con la existencia de criterios contrapuestos sobre el tema, consagrando una solución acorde con la realidad y superadora de eventuales conflictos" Al poco tiempo el Decreto 40/07 del 18/1/2007 publ. BO 25585 del 30/1/07 declaraba la emergencia de la circulación vial, derogando la ley 11.430 y aprobaba un nuevo Código de Tránsito, cuyo art. 70 a la par de reafirmar la prioridad de paso de quien circula desde la derecha, expresamente disponía que esta preferencia se perdía, entre otros supuestos, cuando los vehículos circulaban "por una vía de mayor jerarquía, autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras y avenidas." (inc. 2 apartado C), con lo cual se incluyó explícitamente a las avenidas como arterias de mayor importancia.

Es con este plano normativo consagratorio de tal preferencia que se produce el accidente que nos ocupa, ya que la ley nacional de tránsito comenzó a regir en nuestra provincia recién a partir del 1/1/2009 con la ley 13.927. Con ella se hubieran agravado aún más las dificultades interpretativas, ya que de su art. 41 no surge alusión alguna a la jerarquía de la vía, concediéndosele prioridad exclusivamente a la circulación por semiautopista (inc. d), lo cual resulta perfectamente entendible ya que en el limitado ámbito territorial destinado originariamente a regular, las que ostentan mayor jerarquía, principalmente las avenidas están señalizadas (semáforos), lo que no ocurre en la distintas urbes bonaerense. Empero aún cuando inexplicablemente ni la ley provincial ni el Decreto reglamentario 532/09 se han ocupado de esa situación, aclaro que adhiero a los votos formulados por Galdós y Ribera en su nuevo trabajo "El cambio de la legislación de tránsito y nuevamente sobre la prioridad de paso de quien circula por una avenida" publ. LLBA 2009 (diciembre), 1167, para que la hermenéutica extensiva perviva.

III.- Dicho esto, en relación a la categoría de la vía "Arias", está acreditado como dijo la propia sentenciante que es "una arteria principal, tanto que es considerada en la normativa local uno de los ejes divisorios de las vías de circulación vehicular ( v. fs. 223/239)" de la ciudad, incluso de los nombres de las calles transversales.

La misma practicamente en toda su extensión, al igual que su continuación bajo la denominación "Benito de Miguel" , y particularmente en el tramo del accidente es de doble mano; en tanto "Dorrego" tiene un solo sentido de circulación. Vale aquí recordar lo expresado por el Dr. Roncoroni ( SCBA Ac. 79618 citado y Ac 81773 S 22-2-2006; JUBA B27896): "La trascendencia de la regla de prioridad de paso que estatuye el art. 57 inc. 2° de la ley 11.430 no puede biseccionarse o fraccionarse en su aplicación y actuación para el conductor de un rodado que circulando por una calle de una sola mano, ingresa a una avenida de doble mano en la que los vehículos que corren sobre la primera mano a surcar se presentan a su izquierda; no es razonable la pervivencia del principio general que llevaría a sostener, por ende, que aquél goza de la prelación al surcar la primera mano de la bocacalle. Pues bajo el hilo conductor de tal razonar, pierde esa preferencia al llegar al centro de la calzada y encontrarse con la otra mano de la Avenida que le presenta, ahora, los vehículos por su derecha, obligándolo a detenerse en la mitad de la encrucijada, obstruir la circulación y erigirse en fuente segura de daños y accidentes ".

También es de puntualizar que "Arias", es de fluido tránsito (fs. 8 IPP), asfaltada, con existencia de badenes para disminuir la velocidad, tiene una calzada 13 metros de ancho (el Código de tránsito y transporte de la Ciudad Autónoma de Bs. As. Ley 2148 define avenida como "arteria cuya calzada tiene un ancho total de por lo menos trece metros"), de lo cual se desprende que aunque no demarcados comprende desde el eje central dos carriles por mano (su ancho normalizado va desde los 3 a los 3.65 m) y está señalizada con carteles que indican "Avenida J. I. Arias", uno en la misma intersección con "Dorrego". Ésta es empedrada en ese tramo y cuenta con tan solo 8 metros de ancho de calzada ( ver croquis fs. 9 IPP y consideraciones de la pericia de ingeniería mecánica de fs. 137 de estas actuaciones).

Hábilmente los demandados enarbolaron que municipalmente se dispuso recatalogar y señalizar correspondientemente a determinadas vías identificadas como avenidas, entre ellas Arias, que según el criterio local no revistirían tal calidad (v. Ord.Mun 5192/06). Ante esta regulación local la Sra. Jueza de grado considera que el biciclo no contaba con la prioridad de paso en estudio.

Dijo el Dr. de Lázzari "que según nuestra ley de tránsito, la designación de "avenida" a una cierta arteria no se establece en función de sus dimensiones o de la posibilidad de que tenga doble o única mano de circulación, sino en razón de tener más de un carril de circulación por mano (art. 10, ley 11.430; causa C. 87.234, sent. del 29VIII2007). En el caso presente, como señalaré más adelante, podría concluirse que la distinción es precisa....Sin embargo, tal precisión no aparecerá siempre y, por ello, éste no será un buen criterio de resolución cuando se presenten casos ocurridos en otras zonas. Habrá lugares (la ciudad de La Plata será un notable ejemplo) donde encontremos arterias muy amplias, con dos carriles de circulación en el mismo sentido (además de posibilidad de estacionar de ambos lados de la calle), que no recibirán la dignidad de ser llamadas "avenidas" y a las que seguiremos designando como "calles", a pesar de la importancia del tránsito que por ellas circula (el uso de uno u otro término no pareciera depender de su efectiva correspondencia con la definición técnicalegal o con la designación que haga la autoridad administrativa municipalidad, sino más bien de la costumbre del lugar; conf. causa C. 87.234, cit.).De allí que el término "avenida" resulte por demás equívoco (su área de significado padece de amplias zonas de penumbra), siendo arbitrariamente asignado a algunas calles y negado a otras, generando dudas sobre la jerarquía de algunos cruces y multiplicando las situaciones de conflicto." Prescindiendo de que tales consideraciones tienden a poner de resalto que "el término "avenida" resulte por demás equívoco", mas no tienen según opino la misma idoneidad para controvertir el significado de vía de mayor jerarquía, revelan que aún desde una perspectiva crítica de la preferencia en análisis, la definición de los arts. 10 de la ley 11.430 y 9 del Decreto 40/2007 ("Avenida: Vía pública de una zona urbana de más de un carril por mano") y las costumbres del lugar, han de primar sobre una nominación reglamentaria local, máxime cuando nuestro Código de tránsito a diferencia de la norma mendocina citada no difiere la jerarquización al procedimiento reglamentario. Resulta por demás exagerado exigirle a los conductores que además del conocimiento del texto de la ley provincial y de las características del medio físico que advierten personalmente, cuya percepción es corroborada incluso por los carteles que la designan como avenida y el Municipio no se encargó de cambiar, circulen munidos de las normas categorizadoras locales de aquí como de las distintas ciudades por las que transitan ( vgr. en otras no sería avenida simplemente por no tener pertene central separador). Como expresó el Dr. Negri ( SCBA causa C. 100.905, "Rua, Héctor Antonio contra Buss, Horacio Felipe. Daños y perjuicios") "...le incumbía al momento de emprender el cruce de una vía de mayor circulación (pues ni siquiera haría falta la mención de "avenida" conforme las características de la arteria 122 -importante vía perimetral del casco urbano con flujo intenso de automotores- que constan en las presentes actuaciones) no considerar la prioridad de paso con la que suponía contaba, como un bill de indemnidad. Pues tal circunstancia no se limitaba a la interpretación actual o anterior de una ley ni a la conciencia que se tenga o no de la misma, sino al simple razonamiento de deber de cuidado y precaución." Cualquier persona que viniera por primera vez a Junin se daría cuenta desplazándose por Dorrego que al llegar a Arias ingresa o atraviesa de forma patente e indubitable una vía de mayor jerarquía, que no sólo reune los requisitos para ser encuadrada legalmente como avenida sino que tiene carteles que así lo indican. Además la Sra. Ferrua se domicilia en esta ciudad, no pudiendo desconocer la importancia de esa arteria que, más allá de la denominación que por ordenanza se le haya dado, es conocida por todos como avenida, debiendo adoptar las precauciones consiguientes en el cruce y respetar la prioridad de quien razonablemente consideraba tenía preferencia de paso ( doctr. arts. 17, 512, 902, 929, 930 y conc. CCivil).

IV.- Sin perjuicio de ello, de no compartirse este criterio de preferencia por la mayor jerarquía de la vía, estimo que tampoco la regla de prioridad de la derecha tendría relevancia causal como factor limitativo de la responsabilidad de la conductora y el propietario del automóvil.

Reiteradamente se ha expresado en innumerables precedentes del Superior y de este tribunal que la prioridad de paso absoluta que consagra el art. 57 inc. 2 de la ley 11430 rige para determinadas circunstancias y en ciertos supuestos, no pudiendo extenderse en un sentido "fatal e irreversible", "evaluada en forma autónoma sino por el contrario imbricada en el contexto general de las normas de tránsito, analizando su vigencia en correspondencia con la simultánea existencia de otras infracciones y en correlato también, con los preceptos específicos del Código Civil que disciplinan la responsabilidad por daños", al decir del Dr. de Lázzari, ya que ella no representa ningún bill de indemnidad o salvoconducto que autorice al que aparece por la derecha de otro vehículo a arrasar con todo lo que se encuentre a su izquierda. Ninguna duda cabe tampoco que una adecuada hermenéutica no posibilita su aplicación en forma diríamos automática, desconociendo las particularidades de cada caso y omitir las diferenciaciones temporales y espaciales de las distintas colisiones en encrucijadas para una asimilación impropia.

En ese sentido singular importancia cobra si en la recreación del escenario se configuró la real presencia del accionante, situación claramente descripta por Trigo Represas y Compagnucci de Caso (Responsabilidad civil por accidentes de automotores to. 1 p. 164) sopesando distancias, maniobras y observancia de los deberes de la circulación bajo el prisma de las cargas probatorias que rigen la materia (arts. 1113 in fine CCivil y 330 inc. 4, 354 inc. 3, 375, 384 y conc. del CPCC) ya que como ha precisado el Dr. Roncoroni en su voto in re "Montero..." (SCBA Ac 76418 19-3-03) en el equilibrado juego de expectativas mutuas que despierta en sus destinatarios la norma de preferencia de paso en las situaciones que generan los vehículos en las bocacalles "sólo cuando la certeza de que el cruce primerizo no sorprenderá a quien gozaba de la preferencia y no provocara la colisión, puede decirse que aquella absolutez cede". O en otras palabras cuando el accionar de la víctima no ha quebrantado injustificada e imprevisiblemente el affidamento que tenía el demandado de que el otro protagonista se condujera con prudencia e idoneidad, cumpliendo la obligación que le imponía la ley.

En suma, la regla bajo análisis no es un dogma "con el alcance de independiente, ilimitada, que excluye cualquier relación" ( Areán Beatriz "Juicio por accidentes de tránsito" ed. Hammurabi to. 2 p. 468) ni un dato intrascendente, sino que debe conjugarse "indagando el verdadero sentido de la expresión 'presentación simultánea', puesto que en verdad no existe presencia de un rodado que circule a demasiada distancia de la bocacalle, cuando a marcha normal (la que fija la reglamentación) no puede llegar a colisionar a quien arribe por la izquierda. Para el supuesto de quien desde lejos transita a velocidad reglamentaria, tenemos que nada puede oponerse al cruce por el que viene por la izquierda, ya que no existe real 'presencia' del vehículo de paso preferente. En la hipótesis inversa, de quien viene a apreciable distancia, pero, por exceso de velocidad, llega por la derecha y atropella a quien en base a esa razonable distancia cruzó, caerá lo absoluto de presunción de paso, siendo calificado el hecho por esa velocidad antirreglamentaria y derivándose de ella la responsabilidad del evento" ( López Mesa Marcelo J. "Responsabilidad civil por accidentes de automotores" ed. Rubinzal-Culzoni p. 205/206).

De la pericia mecánica del Ing. Guerriero resulta que el contacto se produjo entre la zona frontal del automotor sobre el lateral derecho del biciclo, teniendo el Renault Clio el rol activo de embistente mecánico ( fs. 136). Está igualmente acreditado que en Arias existen "dos sistemas lumínicos ubicados en sendas columnas aproximadamente a 4 metros de la intersección con la calle Dorrego, la misma consta de luminarias de vapores alógenos que funcionan aportando una perfecta iluminación en el horario nocturno" ( fs. 162) y que el biciclo además del ojo de gato en su parte posterior contaba con banda refractante en sus pedales ( fs. 138). Al contestar la demanda (fs. 80 y 93), en circunstancia modal valorada negativamente también por la Dra. Panizza, se admite que no se vió al ciclista y que se asomó la trompa " apenas unos 70 u 80 cmts". En sentido confirmatorio Ismael H. Gadan al declarar como testigo a fs. 47 de la causa penal manifestó que que la señora "se tomaba la cabeza con sus manos diciendo "no lo vi...no lo vi..."". Por su parte el croquis de fs. 9 de la causa penal, al que se remiten ambos demandados para "ver el lugar del accidente" grafica que la colisión se produce estando la playera más allá de la parte media de la bocacalle, próxima a transpasar la encrucijada ( ver declaraciones de Toledo y Gadan fs. 294 y 295; art. 456 CPCC) ; por lo que es válido inferir que a velocidad precaucional de aproximación del automóvil (art. 88 e) 1 decreto 40/2007), por la diferencia relativa con la de un rodado de tracción a sangre, éste ya estaba inmerso en el cruce y tenía real y efectiva presencia delante de la marcha del Clío para que su conductora, con la debida atención tuviera margen suficiente para esperar concluyera Lovera la maniobra (art. 384 y 163 inc. 5 CPCC).

Este cúmulo de elementos significativos en el examen retrospectivo del nexo causal y las premisas legales de preferencia configurativas como se ve de un delicado equilibrio, deben ser emplazados por otra parte en el marco de distribución de las cargas probatorias propias del régimen del art. 1113 segunda parte segundo párrafo CCivil, ya que "No se puede olvidar que precisamente frente a la insatisfacción de la demostración acabada de una fractura causal que opere como eximente es cuando la concepción objetiva muestra su verdadera trascendencia y utilidad jurídica y que la carga de la prueba - en el caso el hecho de la víctima invocado- no solo constituye una imposición de la referida relación jurídica sustancial o procesal a las partes para que observen determinadas conductas, sino que al mismo tiempo aparece como un regla para el juzgador indicándole como debe fallar cuando faltare la prueba de los hechos (Morello y colab. "Códigos..." to. V-A p. 142; ver mi voto en expte. Nº 37397 " MONACCI.." sent. del 4/2/2003 LS 44 nº 6).

Propongo por lo expuesto se deje sin efecto la limitación de responsabilidad por incidencia causal de la víctima, que estimo inexistente, debiendo prosperar la acción, en los distintos daños que se receptan, por el 100% al corresponder su atribución en forma total y exclusiva a los demandados.

V.- Pasando al aspecto indemnizatorio, entiendo que el agravio referido al rechazo del concepto daño emergente no es de recibo. Es que "....si la víctima reclama el correspondiente resarcimiento contra el responsable del hecho lesivo, estaremos en presencia de obligaciones concurrentes que pesan sobre la aseguradora de riesgos de trabajo en favor del tercero empleado y sobre el responsable del cuasidelito. La regla es que la satisfacción del crédito por alguno de los responsables determina que la víctima quede desinteresada en la medida de esa cancelación, conservando su acción en todo lo demás, que queda como saldo dañoso pues de lo contrario se configuraría un enriquecimiento sin causa y es por ello que corresponde deducir de la indemnización a los reclamantes por los beneficios recibidos en ese concepto, para evitar la superposición indemnizatoria incompatible con los principios que informan la reparación de daños" (Alejandra D. Abrevaya "El daño y su cuantificación" Abeledo Perrot p. 289/290).

Sin perjuicio de que a fs. 313 el accionante delimitó su reclamo señalando que no se pretenden gastos de traslados, la sentenciante al ocuparse del item hizo mérito del informe de MAPFRE ARGENTINA ART según el cual se abonaron $ 7.073,99 por traslados, sin que se haya demostrado la insuficiencia de dicho importe para cubrir las erogaciones correspondientes, incluida las de familiares efectivamente acompañantes.

Respecto de la cuantificación de la incapacidad sobreviniente, computando la misma plataforma fáctico-probatoria, correctamente detallada por la Sra. Jueza en su tratamiento y sin dejar de ponderar que a la luz de las constancias de la causa y los argumentos del quejoso no se han escapado a su apreciación factores relevantes en esa faena, comparto sin embargo la crítica de que su traducción monetaria ha sido algo escasa, de acuerdo a parámetros de la realidad económica (art. 1083 CCivil). En efecto, en función de los extremos personales ( 40 años), laborales ( empleado en la colocación de carteles de ruta y desde el año 2009 conduciendo un camión) y médicos en cuanto a las secuelas dejadas a raiz de las lesiones que el columna vertebral sufrió, valoradas en su real significación más allá del diferente porcentaje de incapacidad según baremo de la ART (25%) y de la pericia médica (43%;) y las distintas facetas de la vida en que económicamente repercutirá la minusvalía (personal, familiar, social, laboral, recreativo etc), pormenorizadamente consignados por la Dra. Panizza, estimo que los $ 60.000 totales, una vez descontados los casi $ 28.000 abonados tarifadamente por la ART, no satisfacen adecuadamente el principio de reparación integral que rige en la materia, proponiendo su elevación a $ 80.000. Evalúo esta cifra como suficiente reparación de esta clase de daño, aventando desde mi perspectiva enriquecimientos indebidos tanto de la víctima como del dañador (arts. 1068, 1069, 1086 y conc. CCivil 384, 165 CPCC.) En cuanto al resarcimiento del daño moral, en el caso de lesiones -sean permanentes o transitorias, impliquen un menoscabo en la composición anatómica o en el normal funcionamiento- se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho y tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, entre los que se encuentran la tranquilidad de espíritu y la integridad física ( SCBA Ac. 78287 S 17-10-2001; Pizarro Ramón D "Daño moral" p. 490) Para la fijación de su monto ( ajena a cualquier relación con la cuantía del daño patrimonial y de difícil determinación, en tanto implica el menoscabo de afecciones íntimas que se configuran en el ámbito espiritual y anímico del damnificado), es necesario computar para una prudente valoración además de las circunstancias personales de la víctima, la forma y modo en que se produjo el hecho lesivo, la entidad de las lesiones, las terapias aplicadas, las secuelas dejadas, su implicancia en la vida de relación y proyecto de vida del perjudicado e incidencia del menoscabo en la aptitud de goce de bienes. Y ello fuera de toda repercusión económica que constituye el aspecto propio del daño patrimonial ( incapacidad sobreviniente (Expte n° 38471 PERACHIA ANIBAL JUAN Y OTRO C/ FERREYRA JOSE LUIS Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS LS 44 N° 656) Por tales razones, tomando en cuenta la fractura sufrida , la atención en distintos establecimientos easistenciales ( Hospital Zonal y Clínica Centro de esta ciudad y Clínica Naveira de Capital Federal) con la terapéutica empleada que incluyó intervención quirúrgica y rehabilitación post operatoria por 6 meses y las limitaciones físicas subsistentes, estimo justo elevar la suma fijada por el item a $ 50.000 ( art. 1078 del CCivil).

VI.- Para finalizar en lo que hace a la tasa de interés aplicable no es posible soslayar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto invariablemente a partir del Ac 43858 Zong, sentando de tal modo doctrina legal, que a los créditos reconocidos judicialmente que estén pendientes de pago, debe aplicárseles la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente durante los distintos períodos de aplicación; criterio que mantuvo con posterioridad a las leyes de emergencia económica ( 20/8/03 Talavera c/ Digitel y ot. s/ Daños y Perjuicios" DJJ del del 12/3/04 y 15/3/04) y ratificó frente a una tendencia de los tribunales inferiores de modificarla debido al incremento del costo de vida que se viene experimentando, en las causas C.101.774, "Ponce , Manuel Lorenzo y otra contra Sangalli, Orlando Bautista y otros. Daños y perjuicios" y L.94.446, "Ginossi, Juan Carlos contra Asociación Mutual U.T.A. Despido", ambas en acuerdo del 21 de octubre de 2009.

Por otro lado y tal como se recordó en expte. 43355 LS 50 n° 129, la Corte Nacional mantiene su doctrina según la cual la determinación del tipo de interés no involucra cuestión federal y por mayoría en algunos de sus últimos prcedentes en jurisdicción ordinaria aplicó también la tasa pasiva.

Vale acotar que el acatamiento de los tribunales de grado a la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia provincial responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que es mantener la unidad de la jurisprudencia, propósito que se frustraría si aquellos, apartándose del criterio sentado por ésta, insistieran en adoptar decisiones que irremediablemente habrían de ser casadas (art. 161 inc. 3º ap. a Const. Pcial.; conf. Cámara 2ª Sala 1ª de La Plata, sent. del 13-5-1997, Sumario Juba B151967; S.C.B.A., Ac. 92695, sent. del 8-3-2007).

VII.- Las costas de Alzada habrán de fijarse teniendo en cuenta el éxito obtenido en un 90% a los demandados y en un 10% al actor (arts. 68 y 71 del CPCC).

ASI LO VOTO Los Señores Jueces Doctores	Rosas y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- A LA SEGUNDA CUESTION el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, corresponde:

I.- MODIFICAR la sentencia apelada en cuanto a la reponsabilidad asignada, debiendo progresar íntegramente la acción entablada contra los que vienen condenados, sin la limitación receptada por aporte causal del hecho de la víctima; y en lo que hace a los montos fijados por incapacidad sobreviniente y daño moral que se levan a las sumas de $ 80.000 y $ 50.000 respectivamente.

II.- MANTENER el rechazo del rubro daño emergente y la tasa de interes pasiva fijada.

III.- LAS COSTAS de Alzada en un 90% a los demandados y en un 10% al actor. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

ASI VOTO.

Los Señores Jueces Dres. Rosas y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, PATRICIO GUSTAVO ROSAS Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).- //NIN,	28	de Junio de 2011.- AUTOS Y VISTOS:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, SE RESUELVE:

I.- MODIFICAR la sentencia apelada en cuanto a la responsabilidad asignada, debiendo progresar íntegramente la acción entablada contra los que vienen condenados, sin la limitación receptada por aporte causal del hecho de la víctima; y en lo que hace a los montos fijados por incapacidad sobreviniente y daño moral que se levan a las sumas de $ 80.000 y $ 50.000 respectivamente.

II.- MANTENER el rechazo del rubro daño emergente y la tasa de interés pasiva fijada.

III.- LAS COSTAS de Alzada en un 90% a los demandados y en un 10% al actor. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, PATRICIO GUSTAVO ROSAS Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-