Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-03-31


Córdoba, marzo 31 de 2009.

1º ¿Es procedente el recurso de apelación? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Domingo Juan Sesín dijo:

1.- A fs. 158 el actor interpone recurso de apelación en contra de la Sentencia Número Doscientos ochenta y siete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el veintiséis de diciembre de dos mil siete (fs. 144/157), que resolvió: "1) Rechazar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por Luis Alberto Barlasini en contra de la Provincia de Córdoba. 2) Imponer las costas del juicio al actor vencido, difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para cuando exista base económica que permita hacerlo...".

2.- Concedido el recurso interpuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (fs. 159 y vta.), se elevan los autos a este Tribunal (fs. 161), corriéndose traslado al apelante (fs. 163), quien lo evacua a fs. 164/172, solicitando se revoque la sentencia, con costas.

Sostiene que la sentencia del A-quo, violenta las garantías de los artículos 16 y 14 bis de la Constitución Nacional al permitir que se haga operativa la desigualdad ante la ley.

Relata que el personal policial se encuentra enmarcado por la Ley 6702/82 del Personal Policial de la Provincia de Córdoba y, además, orgánicamente está regulada por la Ley 9235, las que en función de los artículos 15 y 16, que reitera las misiones tradicionalmente asignadas por las anteriores Leyes Orgánicas de la Policía (Leyes 5301 y 6701), asume un rol preventivo y represivo como colaboradora de la Justicia.

Relata que la delincuencia muestra un abanico de ilicitudes, entre las que se encuentran los actos de terrorismo que se materializan a través de la colocación de artefactos explosivos, haciendo necesario que la Policía deba capacitar y formar personal para hacer frente a ello, lo que lleva a cabo, convocando a quien acepte asumir ese riesgo extra.

Recalca que el personal policial no puede pedir o exigir ser formado en la búsqueda y localización de explosivos o en operación de explosivos, sino que es la Repartición Policial la que determina la necesidad, oportunidad o conveniencia de contar con idóneos en la materia y selecciona a los postulantes, formándolos y habilitándolos para ese desempeño.

Indica que en el artículo 83 de la Ley 6702, se establece para el personal policial el derecho al sueldo, bonificaciones (suplementos generales y particulares) y compensaciones, siendo los suplementos generales: a) el riesgo profesional, b) la dedicación especial y c) la antigüedad (art. 85 ib.).

Agrega que son suplementos particulares los previstos en el artículo 86 de esta ley, a saber: "Perito en Explosivos o Técnico Antenista" y explica que estas expresiones por una simple circunstancia de técnica legislativa se encuentran juntas, ya que no son situaciones similares o equivalentes.

Enuncia que con la expresión perito se denomina al sabio, práctico o versado en un arte o ciencia y señala que el supuesto del citado artículo 86 es abarcativo de la "búsqueda y localización" y "operación de explosivos", ya que ambos son riesgosos. Añade que se denomina perito en explosivos, en forma exclusiva y excluyente, al personal de las fuerzas armadas o de seguridad formado al efecto.

Arguye que para concretar su deber, el personal policial cualificado como Perito en Explosivos debe actuar por iniciativa propia o en cumplimiento de órdenes y agrega que, en cambio, el Técnico Antenista no se encuentra en tal situación, ya que su actuación tiene como causa el cumplimiento de órdenes y no se encuentra en juego la vida, la libertad o propiedad de las personas. Por ello -razona- el Perito en Explosivos está de servicio las veinticuatro horas del día, todos los días del año, en tanto que el Técnico Antenista lo está simplemente en su turno de trabajo.

Expone que el alta del personal policial sea o no "en comisión", le trae aparejado el cumplimiento de los deberes esenciales y el amparo de los derechos esenciales (art. 16, Ley 6702) inherentes al cargo. Asimismo, señala que del artículo 14 ib. surge la obligación de actuar y que la cualificación de Perito en Explosivos constituye el alta en la especialidad, a la que se llega tras la previa formación llevada a cabo luego de determinar la necesidad, oportunidad y conveniencia de contar con tal número de agentes capacitados.

Aduce que ese análisis de necesidad, oportunidad y conveniencia de convocar al personal policial a realizar los cursos de formación que los habilitará como Peritos en Explosivos escapa al control jurisdiccional.

Reitera que desde el alta en la Repartición Policial, el personal debe actuar en cualquier lugar y momento, aun cuando esté en franco de servicios, en defensa contra las vías de hecho o riesgo inminente, ya que se encuentra habilitado para ello y la sociedad lo provee de un arma de fuego que debe portar (art. 14 inc. "e", Ley 6702).

Estima que de igual forma, a tenor de la cualificación para el uso de un arma de fuego, la repartición policial cualifica como Perito en Explosivos, misión que se debe cumplir "aun cuando se encontrare franco de servicios".

Postula que cumplió con su formación de perito, calificándolo para intervenir en el cumplimiento de sus deberes, no existiendo excepción legal alguna que lo libere, por lo que considera que debe recibir el mismo tratamiento que cualquier Perito en Explosivos, revista o no en la respectiva brigada, la que constituye un simple destino policial.

Considera que la inhabilitación dada a la percepción del suplemento particular importa una real discriminación, que atenta contra la igualdad (art. 16, C.N.) y contra la norma que impone igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis, C.N.).

Afirma que el artículo 86 de la Ley 6702 habilita la percepción del suplemento particular a quien "se desempeñe" como Perito en Explosivos, expresión que no importa un simple acto de voluntarismo, sino que requiere de la previa habilitación para ello, es decir, realizando los cursos de formación. Agrega que una vez habilitado el personal, pasa a desempeñarse en virtud del deber legal impuesto en el artículo 14 inciso "d" de la citada ley.

Alega que la circunstancia de que el perito revista o no en la Brigada de Explosivos no es determinante para la obligación legal, dado que se encuentra cualificado para ello.

Arguye que la expresión "desempeño" no es clara y no hay una norma reglamentaria, por lo que a falta de mayor precisión, necesariamente se debe remitir al mentado artículo 14 inciso "d" de la Ley 6702 que impone actuar por iniciativa propia o en cumplimiento de órdenes, en cualquier condición de tiempo y lugar, aún estando franco de servicios.

Apunta que no resulta extraño a cualquier reflexión, considerar que la expresión se debe circunscribir a una actuación directa y real sobre material explosivo, con lo que se caería en un error al bonificar la "producción", sin tener en cuenta el desgaste psíquico que trae aparejado el actuar, se encuentre o no con el consabido elemento.

Sostiene que en el informe del Jefe de la Patrulla Aérea se rescata la necesidad de percibir el suplemento por parte de los integrantes de la misma, los que a lo largo del tiempo han actuado simplemente en dos simulacros, es decir, lo que se bonifica es la cualificación y la dedicación.

Señala que en autos, no se puede dejar de advertir la posición que asume la Policía de la Provincia, cuando a fs. 95 obran informados como beneficiarios del "Suplemento Particular por Riesgo Profesional Especial" un total de ciento sesenta y tres (163) empleados policiales en lo que concierne al tema de explosivos, varios de los cuales, de evidente desempeño administrativo y otro tanto, si bien de desempeño operativo, están ubicados en dependencias ajenas a la Brigada de Explosivos y cuando, en respuesta al oficio librado para mejor proveer, se hace una limitación en el transcurso de esta acción, demostrando palmariamente la desigualdad de trato imperante.

Asegura que la existencia de personal policial bonificado con prestación de servicios fuera de la Brigada de Explosivos, acredita que el criterio expuesto por su parte es el correcto, entendiendo que la bonificación es por la habilitación y el desempeño como deber esencial impuesto, aún en grado de eventualidad, lo cual no fue tenido en cuenta por el A-quo.

Expresa que la sentencia de Cámara, que convalida las resoluciones administrativas impugnadas, viola los artículos 16 y 14 de la Constitución Nacional, en tanto faculta a alguno o algunos en detrimento de otros. Reafirma que tanto la interpretación de la Administración Pública como la sentencia no han tenido en cuenta tales dispositivos constitucionales. Cita jurisprudencia.

Añade que la Constitución Nacional es suprema y el A-quo no puede convalidar una interpretación y aplicación autoritaria de la Ley 6702/82.

Relata que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Madorran" ha dicho que, en la medida que la Constitución Nacional como norma jurídica, ha reconocido derechos lo ha hecho para que éstos se hagan efectivos y no se desnaturalicen con su reglamentación, ello así toda vez que la Ley Fundamental no es declarativa de derechos huecos a ser llenados por las respectivas legislaciones, ni tampoco un promisorio conjunto de sabios consejos. Adita que, en consecuencia, los artículos 14 bis y 16 de la Norma Suprema son cláusulas operativas, sin que los derechos por ellos reconocidos, puedan ser desnaturalizados por normas reglamentarias que los invaliden.

Manifiesta que la sentencia atacada no repara en que el suplemento particular previsto en el artículo 86 de la Ley 6702 protege el derecho al trabajo y que esta actividad dignifica al hombre e integra el bloque de juridicidad del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, derechos humanos amparados por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 6º), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 23.1), enunciado a su vez en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV) y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.i.), considerado además inalienable a todo ser humano por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11.1.a.).

Concluye su relato explicando que es acreedor de la bonificación establecida en el artículo 86 de la Ley 6702 ya que fue cualificado como Perito en Explosivos por la Policía de la Provincia, que lo habilitó tras la formación pertinente, encontrándose obligado a actuar por propia iniciativa o por decisión superior en circunstancias vinculadas con su especialidad (art. 14 inc. "d").

Estima que se encuentra amparado por los derechos esenciales previstos en el artículo 16 ib. y señala que fue desafectado de la nómina del personal que percibía el suplemento particular, pese a que se mantenía en ella a otro personal en similar situación, lo que constituye, además de una flagrante violación a la ley, un total desconocimiento de derechos reconocidos por la Ley Fundamental.

Por último, hace reserva del caso federal (art. 14, Ley 48).

3.- A fs. 173 se corrió traslado del recurso de apelación interpuesto a la demandada, quien lo evacuó a fs. 174/177vta. solicitando su rechazo por las razones que allí expone, con costas.

4.- A fs. 178 se dicta el decreto de autos, el que firme y consentido (fs.179) deja la presente causa en condiciones de ser resuelta.

5.- El recurso bajo análisis ha sido interpuesto oportunamente, contra una sentencia definitiva dictada en primera instancia y por parte legitimada, razón por la cual corresponde su tratamiento (arts. 43 y ss. del C.P.C.A.).

6.- La sentencia de la Cámara a-quo contiene una adecuada relación de causa, la cual debe tenerse por reproducida en la presente a los fines de evitar su innecesaria reiteración (art. 329 del C.P.C. y C.).

7.- Mediante el pronunciamiento recaído en autos, el Tribunal de Mérito rechazó la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción planteada por el actor en contra de la Resolución Número 35.406 de fecha treinta de agosto de dos mil cinco (cfr. fs. 14 y vta.) dictada por la Jefatura de Policía, mediante la cual se dispuso homologar la suspensión del pago del Suplemento Particular por Riesgo Profesional Especial a partir del veintidós de marzo de dos mil cinco, que fuera confirmada por las Resoluciones Números 35.935 del diecinueve de diciembre de dos mil cinco (fs. 18) de la misma autoridad policial y 022/J.S. de fecha diez de marzo de dos mil seis (fs. 19) emitida por el Ministro de Justicia y Seguridad, a través de las cuales fueron rechazados los recursos de reconsideración y jerárquico interpuestos en contra de la anterior.

8.- En forma liminar corresponde apuntar que, según se desprende del escrito recursivo, el actor se limita en su impugnación a reeditar análogos argumentos a los vertidos en la demanda (cfr. fs. 3/4vta.) y en el alegato (cfr. fs. 105vta./107), los que fueron atendidos oportunamente por la Cámara a-quo, sin haber sido objeto de una réplica puntual en esta instancia.

Tal modo de actuar por parte del impugnante traduce una mera disconformidad, no sólo con la decisión atacada, sino también con la doctrina legal consolidada en el fuero contencioso administrativo y observada por el Tribunal de Mérito para la resolución del litigio.

9.- En el sub lite, se observa que la expresión de agravios del recurso intentado no contiene una crítica concreta y razonada de la sentencia atacada.

Es que de la simple confrontación entre los argumentos vertidos en el resolutorio y los reproches esgrimidos por el recurrente resulta que la apelación soslaya el embate de argumentos esenciales del fallo, en los cuales se examinaron las particularidades del caso sometido a decisión.

En efecto, de la atenta lectura del decisorio dictado en autos surge que la Sentenciante tuvo en cuenta la analogía de la presente causa con la decidida por este Tribunal en un precedente anterior (Sent. Nro. 45/1996 "Soto Víctor Hugo c. Provincia de Córdoba...", en el que se discutía sobre la procedencia del suplemento para un "Perito en Explosivos"), cuya doctrina jurisprudencial fue confirmada más recientemente (Sent. Nro. 17/2001, "Camiletti, Humberto R. c. Superior Gobierno de la Provincia...") y a la que expresamente hizo referencia (cfr. fs. 152vta./155vta.), resolviendo con igual criterio la pretensión de pago del suplemento establecido en el artículo 86 de la Ley 6702.

En ese contexto, la Juzgadora concluyó que el actor carecía de derecho subjetivo al pago del Suplemento Particular por Riesgo Profesional Especial que debiera ser restablecido (cfr. fs. 156), dado que el acto administrativo atacado que suspendió el pago se ajustó al orden jurídico vigente, correspondiendo el rechazo de la demanda planteada.

Corresponde destacar que para resolver del modo descripto, la Juzgadora evaluó minuciosamente las constancias de autos (cfr. fs. 149vta./150), de las que resulta que:

a) Mediante una nota del Jefe de la Brigada de Explosivos del primero de agosto de mil novecientos noventa y seis, se solicitó al Director de Unidades Especiales que se le abonara al personal que se detallaba -entre quienes se encuentra el actor- el Suplemento por Riesgo Profesional Especial previsto en el artículo 86 de la Ley 6702 a partir del veintiséis de julio de mil novecientos noventa y seis, justificando el pedido en que el personal mencionado realizó el curso de Operadores de Explosivos y se desempeñaba como tal desde dicha fecha en los grupos técnicos de la Brigada.

b) A través de la Resolución Número 16.493 del nueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis de la Jefatura de Policía, se dispuso abonar al actor el Suplemento Particular por Riesgo Profesional (art. 86 de la Ley 6702).

c) Con fecha veintidós de marzo de dos mil cinco, mediante Telefonograma Número 416 emitido por la Dirección General de Personal para distintas unidades policiales, se comunican diversos pases de personal, entre los que se encuentra el actor, con relación al cual se dispone su pase de la División Brigada de Explosivos a la Comisaría Cuarta, Distrito III, Dirección Seguridad. Al final de dicha comunicación se consigna "Dese intervención al Departamento Finanzas, a los fines de su conocimiento y efectos que a partir del día de la fecha, y para el supuesto que el/los causante/s percibiere/n Suplemento Particular por Riesgo Profesional Especial y/o Compensación por Variabilidad de Vivienda e Interinato, proceda a su automática suspensión, siendo tal disposición la pertinente a los fines de general el actuado administrativo que convalide la medida adoptada en el presente ítem".

d) Mediante la Resolución Número 35.406, dictada por la jefatura de Policía el treinta de agosto de dos mil cinco, se dispuso homologar la suspensión del pago del suplemento referido realizada de oficio por el Departamento de Finanzas a partir del veintidós de marzo de dos mil cinco, en razón de que al ser trasladado a otra dependencia el actor dejó de realizar las tareas especiales que justificaron en su momento el pago del suplemento en cuestión, resolviéndose además no hacer lugar al pedido del actor de que se le rehabilitara el pago del adicional de marras.

En función de las circunstancias descriptas, el A-quo estimó que la decisión de traslado del actor importó, en definitiva, una desafectación de las funciones especiales que desempeñaba, desapareciendo consecuentemente la causa que brindaba sustento al pago del adicional (cfr. fs. 152vta.), considerando asimismo los informes producidos en autos -incluso los ordenados como medidas para mejor proveer- (cfr. fs. 151/152).

10.- No obstante la resistencia del recurrente, la causa sub examine se exhibe análoga a las resueltas con anterioridad por este Tribunal, por lo cual es pertinente, de conformidad con lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordar que una cuestión se torna insustancial cuando una clara jurisprudencia, indudablemente aplicable a ella, impide toda controversia seria respecto de su solución, máxime cuando el accionante no aduce razones que pongan en tela de juicio la aplicabilidad del precedente ni importen nuevos argumentos que puedan llevar a una modificación de lo establecido en aquél (cfr. Fallos 304:133; 308:1260; 316:2747, entre otros).

11.- En el sub lite se advierten los dos requisitos que tornan insustancial la presente cuestión, ya que existe una clara jurisprudencia aplicable al caso de autos y el impugnante no logra refutar ni modificar las premisas fundantes del razonamiento sentencial, para lo cual habría sido menester que rebatiera el argumento según el cual, cuando el actor estuvo destinado en la Brigada de Explosivos cumplió efectivamente la función y percibió por ello el suplemento, "... Pero, al ser transferido a un destino en el que tal actividad es ajena, desaparece la causa que brindaba sustento al pago del adicional. Ello sin perjuicio de que eventualmente pueda presentarse una situación que requiera la realización de dicha función, ya que falta la nota de habitualidad que es ínsita a su percepción..." (cfr. fs. 152vta.), aclarando que esta última situación no implica "que el riesgo al que puede llegar a estar expuesto (lo reitero, eventual) sea de la misma magnitud que el que experimentan otros agentes dedicados específicamente a esos menesteres, que son quienes obviamente serán los primeros en ser convocados para arriesgar su vida" (cfr. fs. 156).

12.- De igual forma, el recurrente no rebate suficientemente el fundamento en el que se asienta el fallo para descartar la alegada existencia de desigualdad de tratamiento legal con el resto del personal policial bonificado y que presta servicios fuera de la Brigada de Explosivos, limitándose a argüir que el A-quo no avizoró el mensaje que los números y el informe producidos en autos le estaban haciendo llegar (cfr. fs. 170).

Se insiste, deviene inatendible el agravio mediante el cual el recurrente denuncia que en el caso se produjo una violación a los principios constitucionales de igualdad, igual remuneración por igual tarea, de retribución justa y de propiedad (cfr. fs. 170/171 vta.), toda vez que si se consideran la totalidad de los informes producidos en autos por las distintas autoridades administrativas (cfr. Informes del Dpto. de Finanzas, fs. 115/116 y 127 y del Jefe de la Patrulla Aérea, fs. 125), tal como lo hiciera el Tribunal a-quo (cfr. fs. 151/152), resulta claro que quienes son titulares de un derecho subjetivo a la percepción del suplemento son los agentes policiales que efectivamente realicen la función específica prevista en la disposición normativa (fs. 151vta.).

En esta temática, es dable puntualizar que la Judex a-quo señaló que "aunque pueda prestarse a diversas interpretaciones" el hecho de que otros agentes policiales "en diversas circunstancias lo hayan percibido. Obviamente, es resorte de la autoridad administrativa la realización de una eventual investigación administrativa para deslindar responsabilidades en el Departamento Finanzas de la Policía de la Provincia, así como la determinación de la forma en que los empleados que se beneficiaron percibiendo un adicional que no les correspondía procedan a su restitución..." (cfr. fs. 152), argumento que no mereció objeción en esta instancia.

Cabe añadir a lo expuesto que las practicas administrativas irregulares no son fuentes de derecho extra muro del orden jurídico vigente, pues, tal como ha dicho este Tribunal en los autos "Soto Víctor Hugo c. Provincia de Córdoba..." (Sent. Nro. 45/1996), constituiría una grave irregularidad administrativa consentir el pago de un adicional específico por el desempeño de una tarea a un agente que no la cumple, correspondiendo al Poder Administrador la dilucidación de tal aspecto.

13.- En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmar la sentencia impugnada en todas sus partes.

14.- Finalmente, en cuanto a las costas, atento la naturaleza remunerativa de la cuestión implicada y las circunstancias particulares del caso, considero justo y equitativo imponerlas por su orden (arts. 130 y 132 del C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 de la Ley 7182).

Así voto.

La doctora Aída Lucía Teresa Tarditti dijo:

Considero que las razones dadas por el Señor Vocal preopinante deciden acertadamente la presente cuestión y, para evitar inútiles repeticiones, voto en igual forma.

El doctor Armando Segundo Andruet (h.) dijo:

Comparto los fundamentos y conclusiones vertidos por el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesín, por lo que haciéndolos míos, me expido en idéntico sentido.

2º cuestión. - El doctor Domingo Juan Sesín dijo:

Corresponde: I) No hacer lugar el recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 158 y, en consecuencia, confirmar la Sentencia Número Doscientos ochenta y siete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el veintiséis de diciembre de dos mil siete (fs. 144/157).

II) Imponer las costas por su orden (arts. 130 y 132 del C.P.C. y C., aplicables por remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182).

III) Disponer que los honorarios profesionales del Doctor R. E. M. -parte actora-, por las labores desarrolladas en esta instancia, sean regulados por la Cámara a-quo, si correspondiere (art. 1º de la Ley 9459), previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta por ciento (30%) del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (art. 40 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 31 ib.

Así voto.

La doctora Aída Lucía Teresa Tarditti dijo:

Estimo correcta la solución que da el Señor Vocal preopinante, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

El doctor Armando Segundo Andruet (h.) dijo:

Voto en igual sentido que el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesín, por haber expresado la conclusión que se desprende lógicamente de los fundamentos vertidos en la respuesta a la primera cuestión planteada, compartiéndola plenamente.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Contencioso Administrativa, RESUELVE: I) No hacer lugar el recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 158 y, en consecuencia, confirmar la Sentencia Número Doscientos ochenta y siete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el veintiséis de diciembre de dos mil siete (fs. 144/157). II) Imponer las costas por su orden (arts. 130 y 132 del C.P.C. y C., aplicables por remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182).

III) Disponer que los honorarios profesionales del Doctor R. E. M.-parte actora-, por las labores desarrolladas en esta instancia, sean regulados por la Cámara a-quo, si correspondiere (art. 1º de la Ley 9459), previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta por ciento (30%) del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (art. 40 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 31 ib.

Se deja constancia que el Señor Vocal Doctor Armando Segundo Andruet (h.) ha emitido opinión en estos autos, pero no suscribe la presente en razón de encontrarse ausente de la Provincia en el día de la fecha, por razones funcionales, siendo de aplicación el artículo 120, 2º párrafo del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 13 de la Ley 7182. -Domingo Juan Sesín. -Aída Lucía Teresa Tarditti. -Armando Segundo Andruet (h.).