Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-04


BLANCO, Miguel Angel contra BALDI, Julio y Otros Reg.: A y S t 199 p 166-169. Santa Fe, 4 de agosto de año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia de fecha 11 de junio de 2003 dictada por la Sala Segunda -Integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe en autos "BLANCO, Miguel Angel contra BALDI, Julio y Otros -C.P.L.- (Expte. 117/02)" (Expte. C.S.J. nro. 552, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que por sentencia de fecha 11/06/03, la Sala Segunda -Integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe, resolvió confirmar la resolución de baja instancia, imponiendo las costas al actor apelante.

Contra dicho decisorio interpuso el accionante recurso de inconstitucionalidad por considerar que el mismo resulta arbitrario y encuadra en la hipótesis del artículo 1, inciso 3, de la ley 7055.

Se agravió de lo decidido por cuanto el fallo a su criterio prescindió de la correcta aplicación de textos y normas legales expresas, y con ello de la presunción del artículo 23 de la L.C. T., como así también de la teoría de los actos propios, con fundamentos erróneos e inexistentes.

Consideró que la sentencia se sustentó en meras afirmaciones dogmáticas, con fundamento solo aparente y pautas de excesiva latitud, incurriendo también en un total y manifiesto exceso ritual al prescindir de pruebas y constancias de autos, o dándoles interpretaciones totalmente contrarias a la ley y ajenas a estas últimas.

En relación al invocado apartamiento de la ley al no aplicar la presunción del artículo 23 citado, el pronunciamiento le genera al trabajador un perjuicio directo, por cuanto esta norma resulta operativa e imperativa para el juez, que ante el hecho de la prestación de servicios debe presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que se demostrase lo contrario.

Explicó que en la causa, tanto el juez inferior como la Alzada, reconocieron la prestación de servicios personales por parte del actor -vinculados directamente con las actividades y mercaderías comercializadas por los demandados-, y que tal circunstancia fue acreditada por su parte, mas, agregó que erróneamente los sentenciantes sostuvieron que no se demostró que esa prestación de servicios lo haya sido en forma o situación de dependencia jurídica y económica, invirtiendo así la carga de la prueba.

En ese orden, el recurrente señaló y analizó los distintos errores en que, a su entender, incurrió la Sala: la afirmación de que el actor tenía disponibilidad sobre las mercaderías; que compraba y comercializaba mercaderías de otras empresas; que el caso se ubica en una "zona gris" del derecho; lo atinente a los viáticos; la "concertación" como operatoria del viajante dependiente; el retiro de mercadería contra "pagaré" en garantía; la recepción de pagos por el actor "a su nombre"; la no existencia de liquidaciones o pagos de comisiones; la "motivación" de la suscripción de documentos pagarés por el actor; la "desconfianza" de Blanco hacia un lugar de su "zona", y las informativas y testimoniales sobre la prestación de servicios de Blanco para las demandadas.

Por otro lado, se agravió el quejoso respecto a la autocontradicción en que incurrió el decisorio, toda vez que en sus fundamentos el Vocal de primer voto expresó que no compartía como vigente y aplicable la "teoría o doctrina" sustentada por el jurista Vázquez Vialard, a la que consideró una "petición de principios", mas al elaborar su conclusión aplicó lisa y llanamente dicha teoría al sentenciar que el actor no había demostrado ningún aspecto de la subordinación jurídico-técnica.

En ese orden, el recurrente entendió que con tal razonamiento de nada sirve la presunción del artículo 23 de la L.C.T..

Acusó también al fallo impugnado de incurrir en una grave vulneración de la "teoría de los actos propios" y consagrar, por el contrario, que "...la propia 'torpeza' en los actos propios puede ser utilizada en beneficio propio..." En ese sentido, explicó que ante el reconocimiento expreso por parte de las demandadas -en las contestaciones de la demanda y en las confesionales brindadas- de las facturaciones (que el actor aportó como documental) como propias, el Tribunal a quo dio por ciertos los dichos de las accionadas en cuanto a que la expedición de facturas a sus nombres se debió a un pedido de Blanco por no encontrarse inscripto fiscalmente, sin que exista ninguna prueba en la causa que justifiquen tales explicaciones.

Por último, señaló que la Sala cambió totalmente su propio criterio sustentado en fallos anteriores.

La Sala por auto de fecha 5 de diciembre de 2003 resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, ante lo cual acudió el quejoso en vía directa ante esta Corte.

2. Es de señalar que, pese al esfuerzo argumentativo desarrollado por el recurrente, la presente queja no ha de ser admitida.

Ello es así en virtud de que, no obstante endilgarle al pronunciamiento haberse apartado de lo dispuesto por el artículo 23 de la L.C.T., afectando de tal modo garantías y principios constitucionales -debido proceso, igualdad ante la ley y derecho de propiedad del trabajador-, incurrir en autocontradicción y vulnerar la "Teoría de los actos propios", todos sus planteos, tal como lo afirma el Tribunal a quo en la denegatoria, no traducen sino su mera discrepancia para con lo resuelto en un sentido adverso a sus pretensiones.

En efecto, y en relación al agravio fundamental que endereza el compareciente, esto es, el invocado apartamiento de la presunción que establece el artículo 23 citado -"...el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo..."-, y en torno al cual giran todos los restantes reproches, es de advertir que no alcanza el quejoso a demostrar que efectivamente la sentencia que impugna hubiera dejado de lado tal normativa, o que se haya invertido la carga de la prueba, tal como pretende.

Al respecto, debe tenerse en cuenta el punto a partir del cual la Sala elaboró el razonamiento volcado en el fallo. Así, consideró el Tribunal que, toda vez que lo discutido en la causa es la naturaleza del vínculo habido entre las partes -relación de dependencia conforme los argumentos del actor, y de tipo comercial para los demandados- y que, por otro lado, la cuestión requiere, debido a sus características, de una "especial dilución", no bastaba con sostenerse únicamente en la presunción de laboralidad.

En ese orden, la Alzada comenzó por apreciar que las tareas inherentes a la relación entre actor y accionados conforman las denominadas "prestaciones extramuros", y en éstas, por su propia naturaleza, los caracteres típicos de las atribuciones patronales de dirección y organización no existen, por lo que se deben analizar celosamente los aspectos relativos al substractum de la misma.

Tras examinar las distintas circunstancias en que se desarrolló el vínculo entre las partes y conforme las pruebas aportadas a la causa, el Tribunal concluyó que el actor no había demostrado ninguna de las pautas que hacen a la subordinación técnica y jurídica, ni que la operatoria se ajustara a la tipicidad que dispone la ley 14.546, ni tampoco que de tal relación se desprendiera dependencia económica.

Para arribar a esta decisión analizó algunos de los caracteres que hacen a la figura del "viajante dependiente", esto es: si los costos de transacción eran directa o indirectamente soportados por los demandados, si el actor adquiría su derecho a comisión por el hecho de "concertar" las operaciones de venta independizándose de su concreción o perfeccionamiento, y si las mercaderías comercializadas (pertenecientes a distintos comerciantes) eran de distinto ramo, o perteneciendo al mismo, si eran de distinta calidad y características.

De este examen infirió el a quo que en la causa no existían pruebas, ni siquiera indicios, respecto de que la operatoria se hubiera realizado de acuerdo a tales parámetros.

Por el contrario, según lo analizado, y sobre la base de testimoniales, prueba documental e informativa, la Cámara advirtió la existencia de un conjunto de elementos que determinaban la ausencia de una relación de dependencia entre las partes, tales como: que no existía concertación en sentido estricto, ya que Blanco retiraba mercadería del establecimiento contra un pagaré en garantía, se expedían remitos de lo retirado, y perfeccionaba por sí el trato con el cliente haciéndole entrega de la cosa y recibiendo el precio mediante efectivo o cheques (muchas veces al portador o a su nombre); que no se encontraba demostrado la liquidación y el pago de comisiones; que Blanco tomaba para si la responsabilidad por la fuerza mayor o el hecho de terceros al suscribir pagarés (luego de haber sido víctima de un robo), y que decidía unilateralmente respecto de la zona o nómina de clientes a visitar.

Continuando con este análisis, la Cámara destacó que el único elemento "de cargo" estaba dado por la circunstancia de que el actor actuaba ante los clientes en nombre de los demandados (conforme informativa y testimonios) a lo que sumó la existencia de facturas expedidas por éstos. Mas, considerando las explicaciones de los accionados acerca de que dicha situación se debía a que Blanco no se encontraba registralmente inscripto, la Sala determinó la no decisividad de esta probanza frente a todas aquellas pautas que demostraban lo contrario.

Es decir, claramente puede advertirse que los juzgadores, en función de las facultades que privativamente les competen, fueron desglosando pormenorizadamente las características del vínculo que unió a Blanco con los accionados, concluyendo en que las mismas no determinaban la existencia de una relación de dependencia que hiciera operativa la presunción de laboralidad.

En tal sentido, de ningún modo puede inferirse que la sentencia haya prescindido de la normativa invocada por el recurrente ni que hubiera establecido tipo, categoría o status de prestación de servicios, ni tampoco que cometiera graves errores para fundar la no aplicación del artículo 23 como alega el quejoso, sino que, por el contrario, estimó que no es la prestación de cualquier servicio la que conduce a aquella presunción, y en ese razonamiento no se advierte que la Sala hubiera incurrido en causal alguna de arbitrariedad que invalide el fallo como acto jurisdiccional válido.

En relación al cuestionamiento que endereza el recurrente relativo a la subjetividad en que, a su entender, incurrió la Cámara al dar por cierto los dichos y explicaciones de los demandados en referencia a la expedición de facturas, y con ello el desconocimiento de la teoría de los actos propios al interpretar el recurrente que la sentencia consagró que la propia torpeza en los actos propios puede ser utilizada en beneficio propio, es de señalar que tales vicios no se encuentran configurados en el sub examine.

En efecto, en aquella circunstancia de manera alguna puede entenderse involucrada la tesis de los actos propios, mucho menos un apartamiento de la misma, desde que este elemento fue uno más de los considerados por el a quo a los fines de determinar qué tipo de relación unió a las partes, y en ese orden los juzgadores le restaron decisividad como prueba de cargo a los fines de acreditar la figura de viajante de comercio pretendida, en tanto no se encontraba corroborado por otras constancias.

En suma, pese a la invocación de lesión a derechos y garantías constitucionales que supuestamente le ocasiona el decisorio, los planteos del recurrente, como se expresó, no denotan sino su discrepancia para con lo resuelto en orden a la naturaleza de la relación entre las partes, la valoración de la prueba respectiva y el encuadre jurídico otorgado a la cuestión, tarea en la que no se advierte que la Sala se hubiera conducido irrazonablemente ni que medie en el caso una grosera desinterpretación de los hechos, probanzas y normas en juego.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la materia en debate resulta opinable y discutible, con tendencias jurisprudenciales contrapuestas, lo cual también impide que la presente queja deba admitirse.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)