Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-10


Causa nº 377-00-CC/2005 "Fernández, Gabriel Alejandro s/ art. 189 bis C.P. -Apelación- recurso de inaplicabilidad de ley".

En n la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero de dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 368/372 de la presente causa, de la que, RESULTA:

I.- Que a fs. 341/351 obra la sentencia dictada por la Sala II de esta Cámara con fecha 3 de enero de 2006, mediante la cual se resolvió declarar mal concedido el recurso interpuesto por la Sra. Fiscal, Marcela Alejandra Solano, contra los puntos dispositivos primero y segundo de la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia de fs. 251/260 y confirmar lo resuelto en el punto dispositivo primero de la citada sentencia, en cuanto condenó a Gabriel Alejandro Fernández en orden al delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal e impuso al nombrado las costas procesales, modificando la pena impuesta, la cual se fijó en un año y seis meses de prisión (arts. 29, inc. 3º y 189 bis, ap. 2º, párr. 3º, CP y arts. 530 y 531, CPPN).

II.-Que a fs. 368/372 la Sra. Fiscal de Cámara interpone recurso de inaplicabilidad de ley, en virtud de lo normado por el art. 52 LPC o bien por aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 11 de la ley 24.050, contra la sentencia mencionada supra, alegando que lo resuelto por la Sala II contradice lo decidido por esta Alzada en la causa nº 047-00-CC/200, caratulada "Lemes, Mauro Ismael s/ art. 189 bis, CP".

A fin de fundar su recurso, sostiene, en primer lugar, que el remedio procesal intentado resulta formalmente admisible, al haber sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma y por quien se encuentra legitimado para hacerlo. Además, refiere que se ha cumplido la carga de invocar oportunamente el precedente con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia dictada por la Sala II.

En lo sustancial, replica los argumentos del fallo recurrido destacando que las funciones constitucionalmente asignadas al Ministerio Público Fiscal, si bien pueden ser reglamentadas por la ley, no pueden ser impedidas u obstruidas en su ejercicio en virtud de las limitaciones introducidas por el legislador. En este sentido, considera que el mandato constitucional que poseen los integrantes del Ministerio Público Fiscal no puede ser cercenado por la ley reglamentaria de la Constitución ni tampoco por la interpretación que hagan de ella los tribunales inferiores, como lo hacen cuando limitan los recursos dentro del sistema judicial. De este modo, concluye que en nuestro medio jurídico el Ministerio Público Fiscal es titular pleno de la acción, para cuyo ejercicio debe tener acceso a los tribunales de alzada, a fin de posibilitar la corrección de casos de aplicación arbitraria de la ley e inclusive para cuestionar por una vía institucional natural una anormal actuación del sistema judicial (conf. art. 125 CCABA).

Entiende que en el caso no hay duda alguna de la existencia de un caso federal, en los términos del art. 14 de la ley 48, por encontrarse en juego la declaración de inconstitucionalidad de una norma del Código Penal y que la negativa de la Sala II al tratar el recurso de ese Ministerio contradice reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que exigen que se agoten las vías de impugnación locales antes de someter la cuestión a su control de excepción.

Por otra parte, alega que tanto la resolución recurrida como la dictada por esta Sala en la causa in re "Lemes" y que invoca como contradictoria para sostener el recurso de inaplicabilidad de ley, se trata de sentencias definitivas que se encuentran firmes. En el último caso destaca que esta Alzada resolvió separadamente la admisión del recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia condenatoria de primera instancia, al hacerse lugar a la queja con fecha 19 de mayo de 2005, para posteriormente expedirse sobre el fondo del asunto el 17 de noviembre de ese año. Si bien reconoce que esta última decisión aún no ha adquirido firmeza, considera que sí lo está la resolución que reconoció el derecho recursivo del Fiscal en virtud de lo normado por el art. 474 CPPN, de aplicación supletoria al procedimiento local.

En lo que hace al pronunciamiento de la Sala II, refiere que lo priva de la posibilidad de ejercer sus derechos procesales, en tanto le veda el acceso a un recurso judicial que, -según su criterio-, en un caso idéntico fue concedido por esta Cámara.

Así, afirma que los pronunciamentos antes invocados resultan contradictorios, en cuanto resuelven en sentido diverso sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra una sentencia condenatoria de primera instancia, que además declaró, en ambos casos, la inconstitucionalidad de la agravante prevista en el art. 189 bis, ap. 2º, 8 párrafo, C.P., generando una franca desigualdad en la aplicación de la ley.

III.- Que a fs. 399/401 vta., el Sr. Defensor Oficial, Gustavo E. Aboso contesta el traslado conferido, solicitando se rechace el recurso de inaplicabilidad interpuesto por la Sra. Fiscal de Cámara.

Ello por entender, en primer lugar, que las sentencias que se reputan contradictorias no han pasado en autoridad de cosa juzgada; requisito insoslayable para la admisibilidad del recurso intentado, de conformidad con la doctrina establecida por esta Sala en la causa "Blanco, Alejandro s/ inf. art. 56 CC -apelación- Recurso de inaplicabilidad de ley", rta. el 21 de marzo de 2005.

Asimismo, sostiene que las sentencias definitivas invocadas no se apoyan en idénticas circunstancias procesales, discrepando, en consecuencia, con lo afirmado por la Sra. Fiscal de Cámara.

IV.-Que a fs. 406 pasan los autos a resolución de esta Sala, siendo la cuestión a dilucidar si el recurso de inaplicabilidad de ley debe, o no, ser declarado admisible.

ADMISBILIDAD DEL RECURSO:

I.- En primer lugar corresponde a esta Alzada determinar si el recurso de inaplicabilidad de ley se encuentra regulado en materia penal en nuestra legislación local, ya sea mediante la aplicación de lo normado por el art. 52 LPC, o bien, si cabe recurrir supletoriamente a lo dispuesto en el art. 11 de la ley 24.050, que reglamenta dicho remedio procesal en materia nacional.

Al respecto, cabe destacar que el recurso de inaplicabilidad de ley no ha sido previsto por el legislador de la ciudad en materia de delitos, cuya competencia fuera transferida por la Nación al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como sí lo ha hecho en materia contravencional (art. 52, LPC); instituto que ha sido reglamentado por la Disposición Transitoria nº 3 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Res. nº 152/99 del Consejo de la Magistratura de la CABA).

En efecto, la ley 1287 y sus modificaciones introducidas por la ley 1330, regularon el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos en el ámbito de esta ciudad, que fue incorporado como anexo al código adjetivo local. Así, a partir del art. 55 LPC se instrumenta el régimen en materia penal, disponiéndose la aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación en todo lo que no se encuentre expresamente previsto y no contraríe las normas establecidas en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora bien, toda vez que la unificación de la jurisprudencia es una herramienta que hace a la seguridad jurídica, debe efectuarse una interpretación sistemática de las leyes, a fin de determinar la vía a través de la cual resulta posible materializar aquel derecho.

Siendo así, frente a este supuesto no previsto en el ámbito de la ciudad, la ley 24.050, complementaria, a su vez, del Código Procesal Penal de la Nación (art. 539, CPPN), prevé el recurso de inaplicabilidad de ley en su art. 11, que resulta similar al instaurado por el legislador local en el art. 52 ya citado.

De este modo, no puede concluirse que el recurso bajo estudio no encuentre aplicación en el ámbito local en materia penal y tampoco que la omisión del legislador porteño, acerca de quien, según la secular y vigente expresión, no cabe presumir inconsecuencia o imprevisión, decidió privar a los actores del proceso penal -sea que se trate del Ministerio Público Fiscal o la Defensa-, de una herramienta que sí le otorgó en materia contravencional.

A lo expuesto se aduna el hecho de que el Reglamento para la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas (Res. 870/05 del Consejo de la Magistratura de la CABA) prevé expresamente la posibilidad de que la Cámara se reúna en pleno para unificar jurisprudencia, sin efectuar distingo alguno con relación a la materia de que se trate -sea penal, contravencional o de faltas- (art. 8 y ss.) y que la misma posibilidad legal existe en cabeza de los Tribunales Nacionales -ordinarios o federales- (arts. 10 y 11, ley 24.050).

En virtud de todo ello, el análisis del recurso bajo estudio debe continuar a fin de dilucidar si se encuentran reunidos los restantes requisitos que tornen razonable la convocatoria a un plenario.

II.- Sobre la base de las consideraciones efectuadas precedentemente, cabe afirmar que se han cumplido los requisitos de tiempo y forma para la interposición del recurso bajo estudio; es decir, el remedio procesal intentado ha sido presentado por quien se encuentra legitimado para hacerlo, ante la Sala que dictó la sentencia recurrida, por escrito, y dentro del quinto día de notificado.

Sin embargo, si bien las sentencias contradictorias pueden ser consideradas definitivas, el precedente de esta Sala que ha invocado la Sra. Fiscal de Cámara aún no ha pasado en autoridad de cosa juzgada, por encontrarse pendiente de resolución un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.

Por lo expuesto, cabe concluir que la vía intentada no reúne todas las condiciones temporales exigidas para la contradicción, que requiere que el precedente exista con anterioridad a la sentencia impugnada y que la sentencia que lo contenga se encuentre firme. (conf. De La Rúa, Fernando, La Casación Penal, ed. Lexis-Nexis, Bs. As, 2000, p. 330).

En efecto, aunque esta alzada resolvió en la causa "Lemes, Mauro Ismael s/ inf. art. 189 bis, C.P. -apelación" admitir el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia condenatoria de primera instancia, al hacerse lugar a la queja con fecha 19 de mayo de 2005 y posteriormente lo hizo con respecto al fondo de la cuestión planteada el 17 de noviembre de ese mismo año, lo cierto es que éste último pronunciamiento ha sido objetado mediante un recurso de inconstitucionalidad incoado por la defensa.

Al respecto, cabe destactar que en dicha impugnación, que se halla a estudio del Tribunal, el cotitular de la Defensoría Oficial nº 4, Mariano Bertelotti, se agravia, entre otros motivos, en virtud de la apertura del recurso del Fiscal, alegando la afectación a los principios constitucionales de imparcialidad, legalidad y acusatorio, como también del derecho al recurso.

Siendo así, no cabe duda alguna de la conexión directa existente entre la sentencia definitiva y el triunfo de la queja, pues fue en virtud del recurso acusatorio que esta Cámara se abocó al estudio de la agravante contemplada en el art. 189 bis (2), último párrafo del C.P., pronunciándose -por mayoría- por la constitucionalidad de dicha figura penal y modificando, en consecuencia, tanto la calificación legal del hecho como la pena impuesta por el hecho enrostrado al imputado en esa causa.

Las razones apuntadas precedentemente resultan suficientes para considerar que la sentencia dictada por este Tribunal, que la Sra. Fiscal califica de contradictoria con lo resuelto por la Sala II, aún no ha adquirido firmeza, máxime cuando existe un agravio expreso vinculado a las facultades recursivas del Ministerio Público Fiscal que reconociera esta Sala en dicho precedente, que motiva el interpuesto por la Defensa y que se encuentra en autos para resolver.

Por todo lo expuesto, este Tribunal, RESUELVE:

I.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 368/372.

II.-Remitir las presentes actuaciones a la Sala II de esta Cámara, a sus efectos.

Regístrese y notifíquese con carácter urgente.

Ante mí:

//ta: se deja constancia que la Elizabeth Marum no firma la presente por encontrarse en uso de licencia. Bs. As., 10 de febrero de 2005.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas