Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-01-14


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 14 días del mes de enero del año dos mil diez, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Jorge Pfleger, y José Luis Pasutti, presidida por el primero de los nombrados para dictar sentencia en la causa caratulada "S., M. s/ Trámite de preso s/ Ejecución de pena" (Expediente N° 21.436 - Folio 95 - Letra S - Año 2008).

El orden para la emisión de los votos que resultó del sorteo es el siguiente: Panizzi, Pfleger y Pasutti.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I) El Abogado Adjunto de la Oficina de Asistencia al Detenido y Condenado, doctor Javier Nicolás Francisco, en representación del interno M. S., interpuso recurso de casación contra la decisión de la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Trelew, que rechazó la apelación interpuesta contra la sanción de la autoridad penitenciaria que lo tenía alojado.

El tribunal de grado dictó la Resolución Nº 86 del año 2008, mediante la cual, rehusó tratar el recurso del Defensor Oficial, por considerar que el interno condenado no había expresado su voluntad, al momento de ser notificado de la punición impuesta o, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, de que la misma fuera revisada por el órgano jurisdiccional.

En el escrito cosido a fs. 118 a 121, la asistencia letrada, razonó a favor de su requerimiento, que la Cámara había incumplido normas procesales, reivindicando la aplicación de los artículos 415, inc. 2°, 249 y 449 del Código Procesal Penal (Ley Nº 3155) y en los fundamentos, desarrolló su proposición.

Alegó que los argumentos de la Cámara habían sido arbitrarios y carentes de debida motivación, toda vez que se pretendió asimilar la falta de expresión de la voluntad de apelar por parte del interno, a la negativa; se desconoció el ejercicio de la asistencia técnica del preso y sus facultades; se ignoraron y obstruyeron las reglas del debido proceso legal y la defensa en juicio; y, se omitió dar atención al hecho de que el recurso versaba sobre cuestiones de neto corte jurídico, no meramente fácticas.

Citó doctrina y jurisprudencia para dar sustento a su pretensión y apuntó, inclusive, las contradicciones lógicas del auto interlocutorio impugnado.

El señor Defensor General de la Provincia mantuvo el recurso e informó en la audiencia pertinente, mientras que el señor Procurador General apoyó la posición del casacionista en el dictamen obrante a fs. 154.

II) La cuestión traída a conocimiento de esta Sala Penal ya fue resuelta al dictar sentencia en autos "G., W. F. s/ Situación de Preso" (Expediente N° 21.140 - F° 40 - T° II - Letra "G" - Año 2007).

En armonía con esa doctrina, propondré revocar la sentencia por cuanto -como invoca con razón el apelante-, resulta arbitraria por ausencia de motivación valedera.

III) Es que las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio deben respetarse en todo tipo de actuación, inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria, como lo prescribe el art. 44 de la Constitución Provincial.

El artículo que sigue al citado, el 45, dispone que: "Todo imputado tiene derecho a la defensa técnica... Los jueces son responsables de proveer lo necesario para la directa, efectiva e insustituible intervención del defensor penal designado, particular u oficial, en todos los actos fundamentales del proceso, que son nulos sin su presencia... Cualquier menoscabo a la intervención efectiva del defensor constituye una lesión a la defensa en juicio...".

A su turno, el código de rito garantiza la inviolabilidad de la defensa en el procedimiento y reconoce la potestad del condenado de ejercer, durante la ejecución de la pena, todos los derechos y las facultades que el Código Penal, las leyes y los reglamentos le otorgan y plantear ante el tribunal de ejecución todas las observaciones que estime convenientes. Establece, además, que tendrá derecho a la defensa técnica.

Así las cosas, al resolver que el interno M. S. debía haber recurrido la sanción que le fuera impuesta, en el acto de la notificación o mediante una presentación posterior realizada dentro del término de cinco (5) días hábiles, se instauró un excesivo rigor formal que lesionó la garantía de la defensa en juicio.

No puede interpretarse que la falta de expresión de voluntad recursiva manifestada por el interno, implique una negativa al control judicial. Sostener ello significaría vedarle al acusado el ejercicio acabado de la potestad de ser oído, ofrecer prueba y llevar a cabo todas las medidas necesarias para hacer efectivo su descargo.

Por otra parte, no se le puede requerir al detenido un conocimiento cabal de los derechos que le asisten. Para ello, cuenta con el auxilio de su letrado.

Efectivamente, en el caso traído a estudio, la Defensa Oficial, notificada el día 21/04/08 de la sanción disciplinaria impuesta a su asistido y, en ejercicio del derecho de defensa del interno, la recurrió dentro del plazo que fija el art. 96 de la Ley Nº 24.660.

Me inclino, entonces, por la habilitación de la instancia judicial a fin de resguardar la garantía de la defensa en juicio de los derechos.

IV)n Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Defensa Oficial de don M. S. (fojas 118/121), en contra de la sentencia N° 86, dictada por Cámara Primera en lo Criminal de la Circunscripción Judicial de Trelew -de fecha 24 de julio de 2008- y, en consecuencia, revocar dicha resolución (art. 429 del Código Adjetivo).

V) Regulo los honorarios profesionales de la Defensa Pública en la suma de doscientos cincuenta pesos (arts. 14 -Decreto Ley Nº 2200- y 59 -Ley Nº 4920-).

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Convoca a la Sala el recurso de casación deducido por el Abogado Adjunto de la Oficina de Asistencia al Detenido y Condenado de la ciudad de Trelew, doctor Javier Nicolás Francisco, en desmedro de la decisión de la Cámara del Crimen de la ciudad de Trelew que rechazó la apelación interpuesta contra la sanción de la autoridad policial que lo tenía alojado.

Ese Tribunal, en efecto, dictó la resolución número 86 del año de 2008 por vía de la cual rehusó tratar el recurso del Defensor Público al respecto, por considerar que el interno no había manifestado expresamente su voluntad de que la punición fuera revisada por el órgano jurisdiccional.

La asistencia letrada, en el escrito de hojas 118 a 121, argumentó a favor de su requerimiento aludiendo a que la Cámara había inobservado normas procesales, reivindicando la aplicación de los arts. 415 inc. 2°, 249 y 449 del C.P.P, Ley 3155 y en los fundamentos desarrolló su tesis.

Ésta consistió, básicamente, en que la "a quo" había actuado de modo arbitrario y por ende el decisorio carecía de motivación pues: a. se pretendió asimilar la falta de expresión del interno de su voluntad de apelar, a la negativa; b. se desconoció el alcance de la capacidad de la defensa técnica del interno, a pesar de que la deducción lo fue en tiempo y forma, limitando los derechos; c. asimiló "silencio" y "negativa", atribuyendo a la notificación a la asistencia letrada la condición de mero trámite y d. omitió dar atención al hecho de que el recurso versaba sobre cuestiones técnico jurídicas y no meramente prácticas.

En cada uno de los puntos, el recurrente afirmó los conceptos con citas doctrinarias y jurisprudenciales y marcó, inclusive, las contradicciones lógicas del discurso de la apelada.

La Defensa General de la Provincia mantuvo el recurso e informó en la audiencia pertinente y el señor Procurador General apoyó la posición del casacionista en el dictamen de la hoja 136/137, cuyo texto doy por reproducido.

II. Puesto a decidir en el asunto, adelanto que coincidiré con el Ministro preopinante y propondré casar la decisión venida, mandando a que, quien corresponda, dicte un pronunciamiento con arreglo a derecho.

Sobre el particular modo en que los Tribunales han de atender al procedimiento de la naturaleza del que ocupa he dado razones en autos "G., W. F.", de modo que a ellos me remito en honor a la brevedad.

Y la doctrina sentada en ese caso resulta aplicable en la especie pues como bien ha sostenido la recurrente, aceptar que el silencio del preso traduce una voluntad negativa que no puede ser superada por la vocación de hacer controlar la sanción por el asistente técnico implica, de un lado, vulnerar el ejercicio del derecho a la especial protección de los presos, en clave de procedimiento aplicable durante la ejecución, y, del otro, desconocer la significación de las normas que aseguran la asistencia letrada en esa etapa.

Un último punto.

No debe perderse de vista que, entre otros conceptos de particular relevancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en autos "Romero Cacharane s/ ejecución penal" (Fallos 327: 388) que "... Es regla de interpretación de las leyes el dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que se compadezcan con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, y ese propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal, toda vez que ellos, como servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis...".

III. Así las cosas la sentencia de la recurrida ha de ser revocada con los alcances sentandos al principio.

IV. Estimo adecuados a la labor realizada por la Defensa Técnica los honorarios determinados por el Juez Panizzi en la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250.-), no incluye I.V.A. (Ley 2200, art. 14 y 4920, art. 59) El Juez José Luis Pasutti dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Alejandro Panizzi y Jorge Pfleger, existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal de Justicia; de modo que haré uso de la facultad que prevé el C.P.P., art. 357 -texto según ley 4550, art. 7.

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente --S E N T E N C I A -- 1º) Hacer lugar a la casación interpuesta a fs. 118/121.

2º) Revocar la resolución número 86/08 de fs.116/117.

3º) Regular los honorarios profesionales del Abogado Defensor, en la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250.-), no incluye I.V.A. (Ley 2200, art. 14 y 4920, art. 59) 4º) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Panizzi, Pasutti, Pfleger.-