Tribunal: Cámara 1ra de Apelaciones en lo Criminal
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-03-15


2º Instancia.- Paraná, marzo 15 de 2013.

Considerando: 1- Que mediante decreto de fs 738 se fijó fecha para el Debate en los días 4, 5, 6 y 7 de Marzo del cte. año.

2- A fs 746/748 se presentan por escrito T. M. L. y J. L., desistiendo de la querella que ellos le entablaron oportunamente a su padre H. B. L., solicitando al mismo tiempo la suspensión del debate fijado, impetrando una solución alternativa al conflicto que diera origen a estos actuados, poniéndose a disposición del Tribunal a fines de ser escuchados.

En fs. 758/759 obra el dictamen de la Srta. Fiscal de Cámara -Dra. María Carolina Castagno- manifestando que no tiene objeciones al pedido efectuado, debiéndose fijar Audiencia para que las partes ratifiquen la propuesta realizada.

A fs 761/762 se agrega un escrito firmado por M. A. N., con el patrocinio del Dr. J. A. Ch., donde aclara que ella ya no tiene la patria potestad sobre sus hijos T. y J. (pues ambos cumplieron la mayoría de edad) por lo tanto tampoco tiene la representación legal de los mismos, aclarando también que sus dos hijos (menores en el momento de iniciarse esta causa) fueron los únicos ofendidos por el delito de acción pública que se investiga en estas actuaciones.

3- En fecha 07 de Marzo del cte. año se celebra una Audiencia con la presencia de todos los involucrados en el conflicto de marras, glosando a fs 768/769 el acta correspondiente. En su transcurso, el Dr. G. V. (en nombre de sus representados T. M. L. y J. L.) dijo que éstos le explicaron una situación atípica a su haber profesional, que habiendo adquirido la mayoría de edad le expresaron la voluntad inquebrantable de no seguir adelante con este proceso.

Ellos no se entienden víctimas ni parte en este proceso. Les aconsejó renunciar al carácter de querellante particular pero atento a las nuevas medidas alternativas de solución de conflictos vigentes, proponer una medida conciliatoria.

Una causa penal de este tipo que involucra a una familia y no tiene trascendencia hacia el Estado o terceras personas es una situación ideal para implementar este tipo de medidas alternativas de resolución del conflicto.

En casos como el presente, entiende que queda en manos de la propia parte interesada el decidir si continúa con la acusación.

Por ello han planteado llevar a cabo esta audiencia de conciliación nada menos que con su propio padre. Ellos entienden que no han sido víctimas en modo alguno del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, nunca fueron privados de los bienes ni necesidades básicas indispensables para su desarrollo.

La solución pacífica que se impone en este caso es el desistimiento total de la acción por parte de sus patrocinados y empezar un camino de composición en el seno familiar en otro ámbito que no sea el penal.

Tenemos por un lado una persona que ha sido sometida por muchos años a un proceso penal. Y por el otro sus hijos que entienden que no han sido víctimas, no quieren seguir adelante, ni ver a su padre acusado en un proceso penal.

A continuación, el Dr. M. A. C., (como Defensor del imputado) adhiere a las palabras pronunciadas por el Dr. V., y se allana a esta conciliación. Discrepa en que no es que al Estado no le interese esta situación, por el contrario el propio Estado a través de los Pactos Internacionales fomentan la protección de la familia. Y aquí existe una familia que se ha reencontrado.

Al Estado le tiene que interesar la solución del conflicto entre las partes. A lo largo de los años el Estado confiscó a la víctima. Pero en estos casos, en estos delitos donde está involucradas las otras ramas del derecho se debería aplicar la ultima ratio del derecho penal.

Cita el art. 65 de la Constitución Provincial. Aplauden una Justicia que esté al servicio de las personas.

Se allanan en un todo a la conciliación. Incluso es una conciliación que se ha manifestado en los hechos. Para finalizar, la Srta. Fiscal de Cámara Dra. María Carolina Castagno, dice que no puede soslayarse la naturaleza de los delitos que se imputan a L., delitos que comprometen los intereses de los jóvenes que hoy desisten de la acción, es auspicioso que se empiecen a poner en práctica estos medios alternativos de solución de conflictos y máxime con lo que establece la Nueva Constitución Provincial.

Los jóvenes han sido espontáneos, no ha visto ningún tipo de presión en sus manifestaciones. La Fiscalía se entrevistó con los jóvenes y con el abogado querellante. El Ministerio Público propicia la realización de una instancia de conciliación en este caso ratificando en todos sus términos lo dictaminado. La Fiscalía, al aplicar el instituto de conciliación, auspicia la extinción de la acción penal.

4- Así las cosas, debemos destacar en forma liminar que en esta Jurisdicción Paraná aún no se encuentra vigente la aplicación de la Ley Nº 9754 (nuevo Código Procesal Penal de la Prov. de E. Ríos) el cual contiene -como saludable novedad- una instancia de conciliación antes de la apertura de la causa. No obstante, dos importantes razones nos llevan a pensar en la concreta posibilidad de aplicar estos modernos institutos de solución de conflictos; el primero de ellos, es que desde la doctrina (casi pacífica en este punto) se viene abogando cada vez más por la aplicación de medios (instrumentos, herramientas) que resulten útiles y eficaces para solucionar realmente el conflicto subyacente, de manera consensuada, representando así una vía o camino alternativo que confluye con el método tradicional de procesar y resolver un litigio, sólo en su forma punitiva.

En segundo lugar, encontramos apoyatura legal para la aplicación de estos mecanismos en la norma contemplada en el Art. 65 de la Nueva Constitución de Entre Ríos, (luego de la reforma operada en el año 2008) que en su último párrafo dice: "Se promueve la utilización, difusión y desarrollo de las instancias no adversariales de resolución de conflictos, especialmente a través de la mediación, negociación, conciliación y arbitraje". Siendo así, y aunque sabemos que en esta Jurisdicción no tiene plena vigencia la Ley 9754 (nuevo C.P.P.E.R.), creemos que ello no puede representar un impedimento para usar aquellas normas e institutos que, contemplados en la nueva normativa procesal entrerriana, consagran nuevas garantías, o cuanto menos, prevén otras formas de arribar a la solución de conflictos penales, siempre en pos de resolver con justicia los casos sometidos a nuestro juzgamiento. Para las partes involucradas sería, ni más ni menos, que la aplicación de un "mejor derecho". La tesis del derecho al mejor derecho, entendida como la posibilidad de invocar y reclamar la aplicación de la ley de una jurisdicción diferente a la que rige en el sitio en que reside quien la invoca, pero que atiende de mejor manera sus intereses, es una idea-fuerza recientemente expuesta por Mario Juliano, Alfredo Pérez Galimberti y otros, y su objetivo es dotar de mayores cuotas de racionalidad al ejercicio del poder punitivo estatal (en "Derecho al mejor derecho y poder punitivo" Edit. del Puerto, Bs. As. 2011).

Debemos tener presente que esto implica un cambio de paradigma, ya que entendemos que no todos los casos deben culminar con una respuesta punitiva, sino que debe procurarse que los verdaderos protagonistas del conflicto superen o atenúen el mismo, arribando a soluciones conciliatorias, en la búsqueda -así- de un sistema procesal más racional y equitativo.

Dijo Jorge A.L. García "Uno de los aspectos más trascendentes de la racionalización del discurso penal aplicativo es la relativización del principio de oficialidad de la acción penal, mediante la introducción de criterios de oportunidad, con mecanismos consensuales de reparación o mediación para los delitos leves, en la interpretación amplia de alternativas procesales como la "diversión", juicios abreviados garantizando la voluntariedad de su aceptación por el imputado, etc." (al prolongar la obra "Código Procesal Penal de la Prov. de Entre Ríos", editado por Nova Tesis, coautoría de Chiara Díaz-Erbetta-Orso-Franceschetti").

En el caso de autos, cualquiera sea la naturaleza jurídica y aún las formas que dicho acto conciliatorio asuma, lo cierto es que, en esta causa, la expresa manifestación de quienes resultaron los ofendidos por la comisión del delito, no deja lugar a dudas en cuanto a la necesidad de dar finiquito al conflicto penal qe diera origen a estas actuaciones, extinguiendo la acción penal y desvinculándose definitivamente al encausado mediante el dictado del sobreseimiento en su favor.

Por todo lo expuesto, se resuelve: I- Aprobar la conciliación a la que han arribado las partes -T. y J. L. como víctimas, y H. L. como imputado- y en consecuencia sobreseer a H. B. L., de los demás datos filiatorios ya consignados, por los delitos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar e insolvencia fraudulenta, en concurso real, por extinción de la acción penal, Arts. 335 inc. 1 del C.P.P. II- Levantar la medidas cautelares que en su momento se dictaron, oficiándose al respecto. III- No regular honorarios profesionales a los Dres. G. V. y M. A. C., por no haberlos peticionado expresamente (Art. 97 inc. 1º de la Ley 7046). IV- Protocolícese, notifíquese, comuníquese, y de quedar firme la presente, archívese la causa, con las costas de oficio. - Hugo Perotti, Jorge Chemez y Miguel Giorgio.