marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Conciliación, viajantes de comercio, comisiones, principio de irrenunciabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Luis Francisco c/ Escorial S.A.I. s/ otras In. Prev. en Est. Ley
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-06

Resulta nulo y de nulidad absoluta el acuerdo suscripto por las partes ante el SECLO donde el trabajador -viajante de comercio conf. ley 14546 y C.C.T. 260/75-, fue obligado a firmar, y por el cual se implementó una reducción en el porcentaje de comisiones por venta y eliminaron comisiones por cobranzas. La nulidad resulta no solo por el hecho de que el actor fue asistido por letrados del estudio jurídico que a la fecha del mismo representaban a la demandada, sino más aún porque los términos de lo convenido daban cuenta de que bajo la apariencia de un acuerdo bilateral, se estaba encubriendo la renuncia unilateral de un derecho, en tanto el empleador modificaba la contraprestación remuneratoria a su cargo encontrándose inalteradas las restantes modalidades del contrato de trabajo, transgrediendo de esta manera el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12, 58 de la L.C.T. y Cód.Civil.
Contrato de transporte, precio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Notari Orlando José c/ Agromadera SA y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-06

Ante la falta de acuerdo entre las partes en cuanto a si el precio del flete se encontraba incluido en el de la mercadería o corresponde liquidarlo o facturarlo aparte, debemos tomar como pauta interpretativa, la conducta desplegada durante la relación que unió al transportista - en este caso actor - con los demandados.
Insolvencia fraudulenta, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: BRANDARIZ, N s/ INSOLVENCIA  FRAUDULENTA  - INEXISTENCIA SENTENCIA CIVIL CONDENATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-02

Para que se configure el delito de insolvencia fraudulenta es necesario que exista sentencia civil condenatoria, lo que no se ha dado en el caso de autos en que recién se está en el comienzo del proceso civil, por cuyo motivo no hay una obligación que deba cumplirse, según lo exige el art. 179 C.P.; debiendo en consecuencia sobreseerse provisionalmente en la causa hasta que quede expedita la vía procesal si la eventual sentencia resultare favorable a la pretensión del autor.
Debate, imputado, acusación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SOSA, ARMANDO MANUEL s/ IMPUTADO - ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1981-08-11

En el juicio común, la intimación se lleva a cabo cuando se notifica el decreto de citación y si ésta fuese directa, al notificarse el requerimiento fiscal en el debate, cuando se da lectura al requerimiento fiscal y, en su caso, al auto de remisión y, finalmente, en forma oral, antes de la indagatoria. La última es, desde luego, la más importante: el presidente del tribunal o el juez correccional solicita la atención del acusado y le informa sobre el hecho que se le atribuye.

La intimación de la acusación se compone de la determinación del hecho que se le atribuye al imputado en la investidura y de la determinación de los elementos que fundamentan esa atribución.-
Aplicación de la ley tributaria, confiscatoriedad, prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Horvath, Pablo c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ ordinario (repetición).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La confiscatoriedad de las leyes impositivas debe surgir de la prueba de la absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, indemnización, incapacidad sobreviniente, base indemnizatoria, gastos de vestido
Materia: CIVIL
Carátula: Q., A. c/ L., J. C. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-17

Aun cuando no existe prueba concreta acerca del perjuicio derivado de los gastos de vestimenta, las circunstancias del accidente - caída y derrape del ciclista sobre el asfalto- hacen verosímil su producción por lo que debe hacerse lugar al reclamo por el rubro que, en función de las facultades conferidas por el art. 165 del CPCyC, se fija en la suma de $200.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P., B. I. c/ R., J. B. s/ Nulidad de matrimonio Conosud S.A. Cía.Arg.de Seg. c/ Sverdlik, Salomón y otro s/ Daños y perjuicios P.A.F. S.A.I.C.A. c/ Baglivi, Nevio y otro s/ Daños y perjuicios Woloszyn, Nicolás y otro c/ Esteban, Pedro s/ Cumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26|1985-04-09|1986-04-08|1989-07-04

Los temas que no fueron sometidos oportunamente a la instancia ordinaria, resultan ajenos al recurso de inaplicabilidad de ley.
Acción penal, cuestiones prejudiciales
Materia: PENAL
Carátula: Luis Roque Quintar y otro s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-07-29

No existen más cuestiones prejudiciales a la acción penal que las expresamente determinadas por la Ley.
Pagaré, firma falsa, acción cambiaria, obligación cambiaria, autonomía cambiaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ CADE S.A. Y OTRO s/ PROCESO DE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Con sustento en el principio de autonomía, tanto la doctrina como la jurisprudencia, se han pronunciado sosteniendo que es suficiente que la suscripción del librador aparezca en el documento, aunque falsificada, para contar la letra de cambio con existencia formal, extrínseca, y resultando idónea para servir de soporte documental a fin de que en el sean extendidos los demás actos (vgr. aceptación, endosos, avales, etc.), que constituirán obligaciones eficaces (cfr.

Cámara, Héctor, "Letra de Cambio y Vale o Pagaré", Ediar, Buenos Aires, 1970, T. I, p. 404; Gómez Leo, Osvaldo R., "Manual de Derecho Cambiario", Depalma, in re "Palkaian, Carlos c/Caprio, Miguel", del 8.9.89; Id., doctr. Sala "E", in re "Blankleder Lachterman, R.

c/Intercom Comunicaciones S.R.L.", del 22.4.82).
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL
Carátula: VEGA AMILCAR JUSTINIANO Y/OTRO c/ COOP. DE TRABAJO Y TRANSPORTE LA UNION LTDA. s/ COBRO DE PESOS-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-25

Si la actora efectuó el pedido de verificación de un crédito ante la sindicatura, la vía de impugnación admisible ante su rechazo, era el incidente de revisión del art.37, 2º párrafo de la L.C.Q.
Revocación de sentencia, acción de amparo, AFIP, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., N. E. B. c/ EN-AFIP-DGI-Ley 27605 s/ amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-29

Se revoca la sentencia de primera instancia que admitió la acción de amparo dirigida contra el Estado Nacional, Poder Ejecutivo, Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General Impositiva), y declaró la inaplicabilidad del artículo 2°, penúltimo párrafo, de la ley 27.605. Se sostiene que la vulneración de los principios constitucionales invocados por la parte actora no se halla acreditada de modo manifiesto con los elementos de juicio acompañados, particularmente porque no surge nítido el carácter de no residente en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.605 y, además, porque ese carácter es materia de investigación en sede administrativa.
Sentencia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL CIVIL - PROCESAL LABORAL
Carátula: CAMPOMANES, HUMBERTO EXEQUIEL c/ CASA RIZZI SACIF s/ NULIDAD DE SENTENCIA      EXPTE NRO 282-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-28

La sentencia que carece de la firma del Juez no constituye un acto nulo sino inexistente, que nunca ha tenido eficacia en el ámbito jurídico. Habiendo las partes dado motivo a la sustanciación en la Alzada al interponer los recursos de nulidad y apelación, las costas deben imponerse en el orden causado, devolviéndose los autos al juzgado de origen para que prosiga la causa conforme a derecho.
Contratos administrativos, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DABUL, JORGE N. Y DABUL, JOSE s/ PAGO- RENUNCIA DE DERECHO- PRINCIPIO-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

En ciertos casos, bastante típicos en derecho administrativo, es utópico exigir la reserva antes o al tiempo de aceptar el pago.

Antes, porque no podía saber como se iba a efectuar la liquidación;

en el momento, puesto que es imposible -ante una liquidación que se entrega al particular- que el acreedor pueda conocer -excepto que sea un técnico- la exactitud de los montos de los diversos rubros con las disposiciones vigentes, aparte de que en el momento del pago es dificil que la administración le acepte formular una reserva.
Aborto, denuncia, médicos
Materia: PENAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

De las normas de derecho común -artículo 180, incisos 1) y 2) del Código Procesal Penal- se desprende que el deber de denunciar los delitos perseguibles de oficio les compete tanto a aquellos profesionales que prestan servicios en dependencias públicas, como aquellos cuyas tareas se desarrollan en institutos privados. (Del Voto del Dr. Alvarez)
Derechos y garantías constitucionales, libertad de circulación
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: A., R.I. s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-05

El interés del imputado de permanecer en libertad "no pertenece sólo al mundo de sus anhelos. Por el contrario, se encuentra expresamente garantizado por la Constitución Nacional, que en su artículo 14 le garantiza el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; es decir, el derecho a la libertad ambulatoria...el que lo acompaña en cada momento de su existencia".
Derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, movilidad del haber jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

El art. 14 bis de la Constitución Nacional no establece ningún sistema o técnica especial de movilidad. Lo que exige la Constitución es que las jubilaciones y pensiones sean móviles (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez, Librada Estela Mari c/ Diario "La Mañana" s/ Demanda por accidente de trabajo "in itinere" Demanda por accidente de trabajo "in itinere"
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-16

La incapacidad laboral que afecta al trabajador es la consecuencia del infortunio sufrido y en cuanto a su indemnización, debe estarse a lo que fija la legislación vigente al momento en que aquella se produce y que determine su exigibilidad. La ley posterior no puede modificar el crédito existente.
Daños y perjuicios, contratos bancarios, contrato de caja de seguridad, contenido de la caja de seguridad, prueba, carga de la prueba, defensa en juicio
Materia: BANCARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: García, Héctor Oreste y otro c/ Banco de Quilmes S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

No cabe imponer al peticionante del resarcimiento por violación de una caja de seguridad la prueba inequívoca sobre la veracidad del contenido que ha sido sustraído pues recaería sobre el invocante del hecho una carga cuyo cumplimiento sería virtualmente imposible, dada la ausencia de exteriorización que se sigue respecto de los objetos ingresados al lugar, con grave menoscabo de su defensa en juicio (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Contratos, interpretación del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: M., V. A. c/ S. C. D. S. L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-02-17

Interpretar es reconstruir la intención, significa colocarse en un punto de vista que esté por encima del interés de cada una de las partes y efectuar la investigación definitiva, la única apta para reconstruir, en sus términos efectivos, el contenido del contrato.
Juicio de desalojo, demanda, domicilio especial, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Arenales, Eduardo Carlos s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1990-10-26

El art. 682 del C.P.C. pretende facilitar la notificación al propietario porque considera la posibilidad de efectuarla en el inmueble cuyo desalojo se requiere siempre que no se hubiese constituído domicilio especial y que el demandado no tuviese domicilio real dentro de la jurisdicción; por lo tanto no corresponde analizar si la notificación fue bien hecha en el inmueble locado, sino a contrario sensu si se ha constituído domicilio especial y el demandado no tiene domicilio real en jurisdicción. Aceptando que el domicilio especial del demandado estaba vigente al tiempo de la notificación del traslado de la demanda y la demandada no alega ni la sentencia admite que el inquilino tuviese domicilio real en la jurisdicción. Corresponde interpretar por lo tanto que la norma procesal admite como válida la notificación en el domicilio especial.
Despido por fuerza mayor, indemnización reducida, procedimiento de crisis de empresas, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Maza, Reimundo Antonio c/ Parila SRL y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

La situación que invoca la recurrente relativa a la realización de un proceso preventivo de crisis,es insuficiente como para justificar el pago de la indemnización reducida del art. 247 LCT, en tanto lo que sella la suerte del recurrente, es la ausencia, en el caso, de elementos de prueba que acrediten que le resulta inimputable la causa que originó el cierre de la fuente de trabajo.
Extradición, orden de extradición, sentencia condenatoria, notificación, plazo
Materia: PROCESAL - PENAL - INTERNACIONAL
Carátula: Rec. de queja por apelación denegada en causa Nardelli, P. A. s/ Extradición. Causa 10512
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

La decisión por la que se resuelve hacer lugar a una extradición es parangonable a la sentencia condenatoria y por lo tanto, debe notificarse personalmente al extraditado.
Prueba, querellante
Materia: PENAL
Carátula: RECURSO DE QUEJA. s/ PRUEBA. Generalidades. Plenario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-19

Si bien el querellante está facultado por la ley procesal para controlar la prueba del procesado, no le está permitido impugnar su producción, salvo que esté prohibida.
Suspensión por falta o disminución de trabajo, impugnación de la suspensión, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: GAMBARELLI, NORBERTO c/ URBA SUD  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

La falta de un plazo legal expreso para la impugnación de aquellas suspensiones que no tengan fundamento disciplinario, sino de orden económico, no permite inferir que el lapso para cuestionar tales suspensiones sea aún menor que el del art. 67, pues conforme lo dispone el art. 259 de la LCT, no hay otros modos de caducidad que los que de ella resultan.
Delitos contra la integridad sexual, crímenes de lesa humanidad, violencia de género, violencia sexual, discriminación de la mujer, acceso a la justicia, perspectiva de género
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Martel, Osvaldo Benito y otros c/  s/ averiguación de delito
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres como la invisibilización de la violencia sexual en el proceso penal constituyen en sí mismas actos de discriminación de la mujer en el acceso a la justicia que revelan que la investigación no ha sido conducida con una perspectiva de género de acuerdo a las obligaciones especiales impuestas por la Convención de Belem do Pará (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Beneficios previsionales, denegatoria del beneficio, jubilaciones, jubilación por invalidez, impugnación del acto administrativo, Administración Nacional de la Seguridad Social, comisión médica central
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TISERA, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-16

El art. 49 de la ley 24.241 estableció un procedimiento específico para el trámite de solicitud del beneficio de invalidez, por el cual las impugnaciones de los dictamenes de la Comisión Médica Central podrán ser apelados ante la C.F.S.S. Por ello, no habiendo intervenido el referido organismo médico, sino que, por el contrario, la A.N.Se.S. dictó una resolución denegando el beneficio solicitado en base a lo dictaminado en la pericia efectuada por la Asesoría Médica (en el caso, de Rosario), no se configura el supuesto previsto por la norma referida y, en consecuencia, la impugnación efectuada por el titular conforme el art. 15 de la ley 24.463 resulta acertada y oportuna, toda vez que existe en la causa resolución administrativa denegatoria, y se respetaron los plazos legales estipulados.
Estafa, locación
Materia: PENAL
Carátula: López Etcheverry, Manuel s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-14

Es constitutivo del delito de estafa (art. 172 del C.P.) el accionar de quien suscribió un contrato de locación de un inmueble por el término de dos años, ofreciendo garantías falsas a sabiendas de que no sería abonado el precio del alquiler, especulando con la extensión y complejidad de los juicios de desalojo y presentándose como arquitecto integrante de una empresa inmobiliaria, lo que implica el despliegue de un astuto medio engañoso, aparentando una situación de solvencia económica y moral inexistente, irrogando con ello y su admitido propósito de no abonar "ab initio", un daño patrimonial cierto y efectivo derivado del error en que hizo incurrir a la víctima.
Constitución Nacional, razonabilidad tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BRAVO DE ESCOBAR NELLY ESTELA Y OTRAS c/ DIRECCION GENERAL DE NIVEL ESPECIAL Y ADULTOS Y/O CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION CARPINTERO DE PIÑA MARIA DEL CARMEN c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-11|2003-09-11

El principio de razonabilidad, consagrado en el art. 28 de la Constitución Nacional, no es más que la adecuación de la decisión administrativa a los fines de la ley, de lo contrario implica consagrar la posibilidad de que el Estado actúe desconociendo el propio ordenamiento jurídico. La legitimidad de una restricción debe tener como parámetro la adecuación al fin que se busca, y ajustarse a las reglas del ordenamiento jurídico general.
Traducción de documentos, idioma extranjero
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Consumidores Financiero Asociación Civil c/ Rabobank (Coiper. Cent. Raiffeisen Boerenleenbank B.A.) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-30

Debe confirmarse la decisión que ordenó a la actora traducir los documentos en idioma extranjero contenidos en la demanda habida cuenta que lo dispuesto por el a quo se ajusta se ajusta a lo establecido en el art. 123 del C.P.C.C, puesto que ni el juez ni sus colaboradores tienen el deber de conocer otro idioma que no sea el nacional, como así tampoco poseen la obligación de trabajar con documentos en lengua extranjera.
Terminación del proceso, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: C., C.R. c/ M., E.M. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-08

La doctrina mayoritaria señala que la perención de instancia es indivisible, porque la instancia misma, cualquiera sea la naturaleza del objeto, es considerada como indivisible. La caducidad se refiere a la instancia, no al derecho ejercitado. La consecuencia de esta posición es que la caducidad declarada beneficia o perjudica a todos los que intervienen en el juicio, se trate o no de obligaciones solidarias, divisibles o indivisibles, y corre, se interrumpe o suspende para todas las partes. Se produce una suerte de solidaridad procesal que, una vez establecida, no puede romperse.
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, contrato de trabajo, buena fe, obligaciones del trabajador, lealtad laboral, empleador, facultad de dirección, facultad de organización, convenios colectivos de trabajo, interpretación del convenio colectivo, principios laborales, principio de irrenunciabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: DEL GROSSO JOSE c/ PERLA DE BELFER s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INDEMNIZACION- RECONSTRUCCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 134 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Conforme a los criterios rectores de la Ley de Contrato de Trabajo, también los trabajadores están obligados a un obrar diligente y de buena fe, "ajustando su conducta a lo que es propio (...) de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo" (artículo 63, vide CSJN, "Atienza", abril 29, 2004), lo cual se traduce también en deberes de colaboración y dedicación (artículo 84, ley cit.), y de cumplir las órdenes que impongan labores que verosímilmente puedan ser vistas como complementarias y necesarias para el cumplimiento de los fines principales de la empresa, sin perjuicio de su reconocimiento a nivel salarial (artículo 86).En el caso, resulta procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que tales directivas no fueron debidamente ponderadas por el Tribunal a quo, el cual se limitó a propiciar una respuesta que exhibe sólo una apariencia de justificación, en la medida que se funda sobre una interpretación dogmática de las normas convencionales, acompañada por una hermenéutica desenfocada y parcial de los principios que rigen la materia laboral, en particular respecto del principio de irrenunciabilidad del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, invocado para valorar el hecho de que el actor realizó las tareas de limpieza del local y sus elementos desde el inicio de la relación laboral, y de que un día "no quiso hacerlas más", principio que aparece aplicado fuera de su ámbito propio de funcionamiento pues, conforme a lo antes expuesto, no ha mediado aquí una "convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos" en la ley citada.
Régimen de consolidación de deudas, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR GREGORES c/ LUIS ALFINI  S.R.L. s/ ORDINARIO-INCIDENTE  DE REGULACION DE HONORARIOS DEL DR. LUIS RICARDO LITVACHKES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-06-20

El hecho de que la Ley de consolidación no comprenda expresamente a los honorarios, como lo hace el art. 24 de la Ley 2263 de Emergencia Provincial, no por ello deben estos últimos excluirse porque el sistema establecido en la ley de consolidación lo fue con el objeto de salir del estado de emergencia que le dió origen, por lo que no puede considerarse excluidas a tales deudas originadas con anterioridad al 1 de abril de 1991, cuando expresamente la ley no lo hizo, lo contrario implicaría propugnar una solución que atentaría contra el régimen de igualdad respecto del tratamiento de los honorarios en similares condiciones.