marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, competencia, domicilio social, Registro Público de Comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: CURI HNOS. SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-13

Del dictamen fiscal 91438:

Corresponde revocar la resolución del juez de un concurso por la cual, ante una cuestión planteada por vía de inhibitoria, se declaro incompetente para actuar en dicha causa en atención a que si bien el domicilio inscripto de la concursada se encontraba en esta jurisdicción, todavía no había concluido el trámite de cancelación de su inscripción en el registro publico de comercio de otra provincia -Santiago del Estero-, en la que habían contratado con la deudora la mayor cantidad de los acreedores concurrentes al concurso y donde se encuentra la mayor parte de su activo y sus administradores; ello así pues, si bien aún no concluyó el trámite de baja en el registro de la jurisdicción que abandona, ello solo no es dirimente; además, no se ha acreditado que tal mutación tenga como finalidad perjudicar o defraudar a sus acreedores, ya que el juzgado dispuso la habilitación de una oficina en esa ciudad a fin de recibir la insinuación de los créditos de los acreedores que hubiesen contratado allí con la concursada o que tuvieran su domicilio allí; el estado o grado de avance que tiene el proceso -acuerdo preventivo homologado- y finalmente, el planteo de inhibitoria aparece con endeble sustento, ya que la deudora había desistido de su solicitud de apertura del concurso en esa jurisdicción, con anterioridad a la resolución que prevé la Ley 24522 art. 14, y aún cuando no se había resuelto tenerla por desistida, ello se fundó en una razón exclusivamente fiscal, consistente en la falta de pago de la tasa de justicia; por lo cual cabe revocar el pronunciamiento recurrido debiendo continuar la tramitación del concurso por ante el juzgado que entiende en el.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, ejecución del contrato, daños y perjuicios, regulación de honorarios, IVA, responsables inscriptos
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Delgado, Dolly Zulma  c/ La Caja de Seguros S.A.  s/ juicio ordinario (daños y perjuicios - cumplimiento de contrato)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-02-15

Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y en consecuencia, confirmar el auto interlocutorio que aprobó la planilla de liquidación de honorarios practicada e intimó a la ahora apelante a abonar la misma, pues más allá de la expresión errónea utilizada por la a quo "responsable no inscripto", la condición fiscal del letrado como responsable inscripto está debida y oportunamente acreditada. Dicho ello, es la demandada -condenada en costas- quien debe pagar los honorarios -del abogado responsable inscripto- con más el 21% correspondiente al IVA. No es una simple pretensión del letrado reclamante, sino que -además de corresponderle en derecho- su pago ha sido ordenado. A mayor abundamiento, la obligación de pagar los honorarios regulados con más la suma correspondiente en concepto de IVA, son circunstancias conocidas por la apelante y además, provienen de resoluciones judiciales firmes, consentidas y por tanto ajenas al recurso; por lo tanto, todos los argumentos utilizados para evadir dicho pago resultan improcedentes.
Pagaré, pagaré a la vista, pagaré no protestado, fianza, concurso preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO c/ JORGE TRIULZI s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

Aún cuando en la ejecución seguida contra el fiador el actor no haya expresado haber presentado al cobro el pagaré (a la vista, y con cláusula "sin protesto"), en tanto la insinuación del mismo en el concurso del deudor principal obró como presentación (al menos como modo de tal carga), debe considerarse cumplido tal recaudo en la fecha de insinuación.
Querellante, rol de querellante, falta de legitimación para obrar, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Macri, Mauricio y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-11

Carece de motivación el recurso -contra la resolución que denegó el pedido de una asociación civil de ser tenida por parte querellante- que no explicó de qué manera puede entenderse que delitos de corrupción de funcionarios públicos podrían caber bajo la calificación de delitos de lesa humanidad ni por qué los hechos objeto de la denuncia podrían implicar una grave violación a los derechos humanos, sin que tampoco se demuestre por qué debería entenderse que tal derecho de querella se derivaría de las obligaciones asumida por el Estado al adherir a la Convención Interamericana contra la Corrupción o a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La disidencia consideró que la parte efectuó un adecuado relato de las cuestiones relevantes de la causa y de la solución que pretende con arreglo a las normas que considera aplicables. (Dres. García, Yacobucci y Fégoli -en disidencia-).
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: CIVIL
Carátula: Llanquinao, Pedro c/ Villoldo, Oscar s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-03

Las astreintes corren desde la fecha en que se notificó la resolución que las establecía hasta la fecha del auto que ordena su cesación.
Acción de amparo, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUESTAS RODOLFO c/ I.P.V.U. s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-03-01

Los actos del poder estatal gozan de presunción de legitimidad y por lo tanto de ejecutoriedad, de manera tal que el amparista debe demostrar en forma fehaciente e inequívoca el vicio que denuncia del acto, en cuanto y como bien se ha expresado en la materia, la razón del amparo no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos sino acordar un remedio inmediato contra la arbitraria y palmaria invasión de derechos reconocidos por la Constitución.
Fallos de la Corte Suprema, gravamen actual, recurso de queja (procesal), pago sin reserva, desistimiento del recurso, desistimiento tácito
Materia: PROCESAL
Carátula: Graf, Rosalía Beatriz c/ Witcel S.A. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Si después de la presentación del recurso de hecho, la demandada depositó las sumas resultantes de la liquidación, sin formular reserva de continuar con el trámite de la queja, cabe atribuir a tal proceder el carácter de desistimiento tácito de la impugnación. En esas condiciones, y dado que el pronunciamiento de la Corte debe atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aún sobrevinientes, cabe concluir que el apelante carece de interés en su recurso (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió el voto-.
Sociedades comerciales, gastos del proceso, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Torrico, Genaro Jacinto s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-11-30

El beneficio puede ser -en principio- dispensado tanto a las personas físicas como a las de existencia ideal, pero es lo cierto que cuando se trata de una sociedad comercial cuyo desenvolvimiento se inspira en otros fines de lucro, su concesión ha de ser apreciada con prudencia. En autos no hay elementos de prueba que hayan acreditado la composición del patrimonio de la sociedad Metalúrgica 20 de Febrero, respecto de la cual además, manifiestan los actores no contar con documentación alguna por haber sido disuelta (fs. 57).La carencia de recursos de una sociedad debe evaluarse sobre sus balances, que pueden reputarse como la expresión razonable fiel del estado patrimonial en el momento que se practicaron, prueba está ausente en le caso.
Multa, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN. c/ EMPRESA LEADER HOUSE. s/ COBRO EJECUTIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16

Se observa que tanto el primero como el segundo párrafo del art. 32 del C.F.M. - Código de Faltas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán- , al regular el plazo de prescripción y las causales de interrupción de la misma, expresamente aluden a la prescripción de la "acción" y de la "sanción"; por lo que pretender interpretar que el tercer párrafo solo se ciñe al primero de los dos casos, implicaría introducir una distinción no formulada por el legislador (arrogándose indebidamente el juzgador -en ese caso- el papel del anterior) y, a su vez, conllevaría una distorsión en la exégesis y teleología de la norma; razones por las cuales el argumento sentencial no luce arbitrario ni irrazonable, al menos ante la insuficiente fundamentación esgrimida por el contradictor, lo que descarta la admisión de ésta reflexión impugnativa.
Personas con discapacidad, prestación por escolaridad, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: I., J. M. c/ Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-11

La ley Nº 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura a sus necesidades y requerimientos, en lo concerniente a las obras sociales, dispone que tendrán a su cargo -con carácter obligatorio-, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley que necesiten los afiliados, dentro de las cuales se encuentran las de: transporte especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación; rehabilitación; terapéuticas educativas y asistenciales.
Ministerio Público Fiscal, suspensión del juicio a prueba, escala penal, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Fernandez, Walter y Pettini, Daniel A. s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-22

La oposición del MPF a la suspensión del juicio a prueba, en el caso, se encuentra fundada en dos obstáculos legales: la condición de funcionario público que al momento de los hechos tenían los imputados y el monto de la escala penal aplicable que tornaría imposible una condena condicional, de tal modo; el dictamen fiscal resulta debidamente fundado y supera el examen de logicidad, resultando vinculante para el tribunal.
Revocación de sentencia, habeas corpus, LGTBIQ+, condiciones de detención
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: A., M. E.  c/  s/ habeas corpus (Causa Nº 20370/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

Habeas corpus. Rechazado y elevado en consulta.

Detenido alojado en una alcaidía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disposición de un juzgado de ejecución que, por ser su actual lugar de alojamiento un sitio de tránsito, ser homosexual y autopercibirse como una persona no binaria, solicita ser ingresado en el pabellón que posee presencia del colectivo LGTBIQ+ del C.P.F. de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal.

Vocal Laíño: Lugar de alojamiento que no posee las condiciones para detenciones prolongadas (Sala VI, causa n° 43936/2020, "Álvarez", rta. el 14/10/20, Sala Integrada, causa n° 44584/2020, "Beyreuther", rta. el 17/10/20 y Sala Integrada, causa n° 17700/2022, "Núñez", rta. el 9/04/22). Necesidad de evitar o hacer cesar un agravamiento en los términos de la Ley 23.098. Servicio Penitenciario Federal que debe asignarle un cupo de manera inmediata que atienda su situación particular y trasladarlo a una unidad de alojamiento definitivo.

Vocal Rodríguez Varela: Detenido que ha sido condenado y continúa alojado en un lugar de tránsito, lo que podría representar un agravamiento en las condiciones de detención. Ausencia de explicaciones en derredor del cabal cumplimiento de lo normado en los artículos 1ro y 3ro de la Ley 20.416.

Revocación.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, dictamen fiscal, suspensión del juicio a prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: MILLAN, FACUNDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-05-11

En las concretas circunstancias de la causa, los reproches de falta de motivación e irrazonabilidad, que en fundamento de sus alegaciones trae el recurrente, no se hacen debidamente cargo de controvertir los argumentos de la Alzada cuando estimara válida y eficaz la valoración de los elementos con que oportunamente contara el representante fiscal para motivar suficientemente su oposición a la concesión de la probation, lo que no se satisface con señalar que habría una discordancia entre la pena peticionada por el Fiscal y la pena impuesta por el Juez de grado (De la ampliación de fundamentos de la Dra. Gastaldi).
Concursos, honorarios, regulación de honorarios, juicios contra el concursado, competencia, fuero de atracción
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO ITAV  S.A. c/ CIA. EMBOTELLADORA ARGENTINA  SAIC s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-19

Compete al juez del concurso la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en un juicio seguido contra el concursado, remitido al mismo en mérito del fuero de atracción.

Dicha petición constituye una acción contra el fallido, siendo inadmisible, por ende, que el estipendio sea fijado por un juez que ha perdido competencia, y teniendo en cuenta que la retribución a determinarse pueda afectar los intereses del concurso.
Ejecución de sentencia, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARIZONA ARGENTINA S.A. c/ RODRIGUEZ MOLINA, Francisco s/ EMBARGO PREVENTIVO - EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-04-22

Se considera implícita dentro de la excepción de falsedad de la ejecutoria a la inhabilidad de título, frente a aquellos casos en que falta alguno de los requisitos que objetiva o subjetivamente condicionan la fuerza ejecutiva de la sentencia o laudo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido, indemnización, intimación previa
Materia: LABORAL
Carátula: Dickmann, Raúl Martín c/ Navilandia S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-02-24

No es procedente el agravio del actor, en cuanto se desestima su pretensión de indemnización del art.8 de la ley 24013. Sostiene que está claramente acreditada en la especie la configuración de un contrato "clandestino" en los términos del art. 7 de la citada ley, pues no hay evidencia de sus registraciones por la empleadora, como así tampoco del ingreso de aportes y contribuciones de los organismos de la actividad social. Agrega que no es exigible la intimación estando vigente el vínculo, habida cuenta que no constituye una exigencia emanada de la ley y que por tanto el decreto reglamentario no lo puede imponer. Ello así, ya que interesa destacar que según se da cuenta el art.2 inc.i) de la Ley citada, su finalidad prístina es "promover la regularización de las relaciones laborales, desalentando prácticas evasoras"; no la de crear nuevas indemnizaciones, ni causales de despido, ni menos aún fomentarlos.

No me resulta convincente el argumento del apelante, de que la intimación puede ser efectuada una vez extinguida la relación laboral, toda vez que el requisito impuesto por el acto reglamentario se compadece con la "ratio legis" de la ley 24013, desde que lo contrario conllevaría a generar indemnizaciones sobre vínculos laborales pretéritos.
Jubilación por invalidez, otorgamiento del beneficio, conservación del empleo, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: JUAMPEREZ, RAUL OSCAR c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-26

Corresponde conceder el beneficio de jubilación por invalidez a partir del momento en que el titular dejó de percibir toda remuneración. El hecho de que el contrato de trabajo haya subsistido por el término de un año, con motivo de la reserva del puesto que impone la ley, no resulta obstáculo a ello (cfr. art. 44 ley 18.037). Una interpretación contraria violaría el espíritu de dicha normativa, la cual consagra el principio sustitutivo del haber previsional, circunstancia que conduciría al peticionante y a su grupo familiar a una total desprotección. (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 29.09.95, Flores, Sergio)
Competencia penal, competencia por el territorio, lugar del hecho, defraudación, abuso de firma en blanco
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Domínguez, Manuel Alejo s/ denuncia estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

El delito de defraudación por abuso de firma en blanco debe ser investigado por los tribunales con jurisdicción en el lugar donde se hizo valer el documento incriminado.
Recusación, renuncia al derecho de recusar, recusación sin causa, locación, fiador
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: SEGGIARIO, Oscar P. c/ SARLO, Héctor A. s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

Si del contrato de locación surge que la locataria es quien renunció a la facultad de recusar sin expresión de causa, resulta admisible tal planteo por parte de la fiadora, pues a su respecto no medió limitación alguna.-
Derecho procesal, medidas cautelares, sustitución de garantía, embargo, seguro de caución, procedencia del recurso, cláusula de sustitución
Materia: COMERCIAL
Carátula: DESARROLLOS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS SRL C/ ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA S/ ORDINARIO. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

Corresponde admitir el pedido de sustitución del embargo solicitado por la aseguradora demandada a cambio del otorgamiento de un seguro de caución, pues se trata de un embargo sobre cuentas bancarias, que constituye una evidente traba en la evolución comercial de cualquier empresa, razón por la cual ninguna duda cabe en punto a que su sustitución mediante un seguro de caución resulta "menos perjudicial" en los términos del CPR 203, párrafo segundo (conf. CNCom, Sala D, in re "El Trébol de 4 Hojas SA c/ Alta Tecnología Alimentaria SA s/ medida precautoria s/ incidente de apelación art. 250", del 27/08/13; entre otros).
Representación procesal, mandato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Camodeca de Lugon, Carmen s/ Inspección correspondiente al 1er. semestre -año 1995- y su  acumulado expte. N 162/96 Camodeca de Lugon, Carmen s/ Inspección correspondiente al 1er. semestre -año 1995- y su  acumulado expte. N 162/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-11-25|1996-11-25

Si bien no es conteste la doctrina al respecto, se comparte la tesitura del Colegio de Escribanos de la Pcia. de Buenos Aires que declaró la procedencia de otorgar actos como el observado. Pelosi (el documento notarial) señala que la prohibición que prescribe el art.985 del Código Civil supone la existencia de un interés propio, directo, y agrega que por ello la doctrina, en general, ha entendido que no rige para los casos en que el pariente del oficial público intervenga como mandatario de un tercero en la escritura que ha de autorizar si no estuviese personalmente interesado, o a condición de que el instrumento nada contenga que personalmente, pueda interesarle. Cabe tener presente que el mandatario actúa en nombre y representación del mandante, siendo éste el interesado en el litigio.
Prestación de servicios, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D´Onofrio, Antonio M. c/ Instituto de Previsión Social. s/ Pretensión anulatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

La Suprema Corte ha interpretado el art. 41 del decreto ley 9650/1980, y en forma pacífica ha entendido que lo importante a los efectos de acreditar el cumplimiento de una mejor función es la efectiva prestación de los servicios invocados, durante el tiempo mínimo requerido en la norma, y que la prueba de esas tareas no sea sólo testimonial (del voto de la doctora KOGAN).
Conflicto de intereses, competencia laboral, competencia civil, accidentes de trabajo, personal policial, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, daños y perjuicios, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Orellani, Marianela Rita c/ Galeno ART SA s/ accidente - ley especial s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-04

Resulta competente el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y no el fuero contencioso administrativo local, si del relato de los hechos de la demanda surge que la actora, que dice haber sido agente de la Policía Metropolitana al momento del hecho, demanda a la aseguradora de riesgos del trabajo reclamando la reparación integral de los daños y perjuicios derivados de un accidente que califica de in itinere, y no se discute ni los alcances o existencia de una relación laboral, ni se pretende el pago de una reparación establecida en un sistema de responsabilidad distinto al previsto en la ley n° 24557. Ello así, toda vez que la acción se basa en reglas de derecho común y se dirige exclusivamente contra un sujeto de derecho privado. (Del voto en disidencia de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, honorarios, regulación de honorarios, segunda instancia, juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MARTINI, JULIA c/ VIOLA, JULIO Y OTRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-           ESCRITURACION (EXPTE .: C.S.J. NRO. 27 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-18

Corresponde rechazar la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad atento a que no luce irrazonable que la alzada haya considerado que-no obstante en el caso se objetaron los honorarios regulados por la actuación en la segunda instancia-, lo cierto es que ello ha derivado de haberse puesto en discusión lo que era materia a decidir, el alcance del vencimiento operado, siendo lo realmente cuestionado la cuantía del asunto, lo que no encuadraría en el impedimento del artículo 28, inc. e), de la ley 6767, y que la aplicación indiscriminada de esta norma sería conferir un bill de indemnidad a cuyo amparo podrían ejercerse las más disparatadas incidencias o planteos, por lo que, siguiendo la doctrina del Alto Tribunal Provincial, se impone una interpretación restrictiva, pues de otro modo se distorsionarían los propósitos que inspiraron su dictado, cual es la indeseable litigiosidad generadora de nuevos honorarios, que obligan al desarrollo de la labor profesional de la contraria sin compensación pecuniaria y al tribunal la injustificada actividad jurisdiccional.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTIN J. EMILIO c/ PARISI VICTOR JOSE Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

Es mas que manifiesto que el valor máximo de una unidad semejante a la siniestrada al mes del accidente -abril de 1989- no puede superar aquella suma de australes adjudicada a la suya por un oferente que publicitó su deseo de vender en el ejemplar del día 28 de abril de ese año en un diario de Buenos Aires, pues no se ve la razón de elegir uno más elevado en perjuicio del obligado al pago de la indemnización. Esa sola razón -admisión del reclamante de que el valor de reposición al día del hecho ascendía a aquella suma- justifica el apartamiento del magistrado del dictamen pericial, el cual, discutido o no, no es para el vinculante (art. 474 del Cód.

Proc.).