marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, seguros, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "BARRETTO,  GERARDO  FEDERICO c/ HSBC  New York Life Seguros deRetiro S.A. y otro s/ Amparos y sumarIsimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-03

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 25.820 -que sustituyó el art. 11 de la ley 25.561-, así como de las Resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación Nros. 28.592 y 28.924, por resultar lesivos a los derechos consagrados por los arts. 14 bis y 17 de la C.N. Ello así, en tanto la prescripción establecida en las normas en crisis violentan inequitativa y sustancialmente, el goce de un beneficio previsional adquirido al amparo de la legislación vigente al momento de su concertación.
Franco compensatorio, compensaciones salariales
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ MIGUEL ANGEL c/ SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-04-11

Ocurrido el distracto laboral, sin que los francos reconocidos hubieran sido gozados por el trabajador, y sin que se hubiera invocado y menos aún probado que tal omisión de goce fuere atribuible al trabajador, corresponde que la empleadora abone los días que debieron ser francos con un ciento por ciento de recargo a título de sanción por su incumplimiento en la jornada normal de labor (conf. art. 207 de la Ley de Contrato de Trabajo) pues de lo contrario, las pautas de protección al descanso del trabajador resultarían también ineficaces por la conducta displicente de patronal en la ejecución de sus obligaciones.
Allanamiento domiciliario, requisa personal, derecho a la intimidad, automotores
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V., N.A. y Otros s/ Robo Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-07

"...si bien sostenemos que debe darse a las garantías procesales la interpretación más amplia posible y que en el caso de automóviles la jurisprudencia no se ha pronunciado pacíficamente, entendemos -como lo ha hecho la Corte Suprema en el caso "Fabro"- que las reglas procesales referentes al registro domiciliario y a la requisa personal, tanto locales como nacionales, no serían aplicables al registro de automotores. Claro está, esta doctrina se sostiene siempre y cuando dicho registro no importe una intromisión dentro de un domicilio, o la diligencia sea infundada y avance sobre los derechos personales a la intimidad que tiene todo individuo, dañando el principio de reserva de los artículos 19 y 33 de la Constitución Nacional.
Proceso penal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: M.S.A. s/ POR HOMICIDIO CULPOSO Y CORRUPCION DE MENORES EN CONCURSO REAL  EN PERJUICIO DE M.V.S.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-22

En relación a las pericias sobre ropas, sangre, orina,vísceras, bebidas, jabón, sábanas, etc. que las mismas al ser medidas dispuestas durante la instrucción policial, y estando comprendidas en las facultades investigativas de la policía provincial (art.192, 193 inc. 4º del C.P.P. y 16, 22 y 24 de la ley 5615), que tiene atributos de policía judicial, asumen el carácter de informes técnicos cuya falta de notificación al prevenido, no las invalida.
Acta de secuestro, testigos de actuación, ausencia de testigos, declaración indagatoria, tentativa, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: ESCALANTE, Marcelo s/ DECLARACION  INDAGATORIA - ACTA SECUESTRO - INCUMPLIMIENTO REQUISITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

1) No es nula el acta de secuestro en la que no se cumplieron terminantemente los requisitos contemplados en los arts. 211 y 215 C P.C., si, como en el caso de autos se dejó constancia de la dificultad para lograr testigos de actuación, por el lugar o la hora en que se produjo la actuación, máxime que aquéllo de lo que se dejó constancia en el domicilio responde a una realidad comprobable y plenamente corroborada.

2) No es nula la declaración indagatoria en la que se omitió exhibir al procesado el acta de secuestro, pues esa exhibición no está exigida en la norma del art. 241 inc. 6 C.P.C., señalándose que las indicaciones del art. 241 son útiles para una buena técnica interrogativa, pero no consagran exigencias formales ineludibles cuyo cumplimiento acaree la nulidad del acto, que no está legalmente prevista, ello en la medida en que no se haya visto afectado el derecho de defensa, lo que no ocurrió en el caso de autos.

3) Para hacer el cálculo de la disminución de pena prevista por el art. 44 C.P., corresponde seguir el criterio que mayoritariamente utilizara la Cámara, según el cual el mínimo de pena legalmente previsto se reduce a la mitad.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Las restricciones a la concentración de licencias de servicios de radiodifusión en el ámbito nacional y local previstas en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522 - tanto la fijación del número máximo de licencias como de un límite en el porcentaje o cuota de mercado-, se encuentran adecuadamente justificadas en la necesidad de fomentar una oferta plural y diversa y, fundamentalmente, evitar una formación homogeneizada de la opinión pública, pues cuando la concentración empresarial se produce en el "mercado de la información", ella puede restringir la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad (del voto en concurrencia del Dr. Petracchi).
Personal municipal, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, jubilaciones, acto administrativo, otorgamiento del beneficio, cambio de categoría, reducción del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BONSEMBIANTE, AUGUSTO LUIS c/ Instituto Municipal de Previsión Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Con posterioridad al acto administrativo que ha otorgado el beneficio e incorporado al patrimonio del interesado el derecho a la jubilación con determinadas categorías, no puede aceptarse que - so color de reestructuraciones internas-, se modificaran elementos que integran el status jubilatorio, pues ello importaría en la práctica una retrogradación de la condición de pasividad, que resulta incompatible con las garantías constitucionales de los arts. 14 bis, 16 y 17 (cfr. C.S.J.N., "Baglieto, Francisco Esteban" del 11.6.85; "López Della Piaggia, Ana María" del 18.9.90, entre otros).
Doctrina de los actos propios, Administración Pública, personal contratado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barezzi, Carlos Alberto c/ Gob. de la Provincia s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-02-19

La accionada al haber dicho en el Decreto 3932 del 11-03-92 -prórroga de contrato- que el personal al cual se le prorrogan los contratos cuenta con más de un año de antiguedad (lo que establece estabilidad laboral) en una relación inequívoca de reconocimiento de una situación consolidada, a tenor de las previsiones legales en vigencia, en especial el artículo 21 de la Constitución Provincial, ha suscitado en el actor espectativas ciertas y la confianza de contar con una antiguedad superior al año y ser incorporado a la planta permanente, siendo inaceptable que aquella modifique la pretensión contrariando los actos propios, voluntarios, deliberados, jurídicamente relevantes y eficaces consignados a través de los distintos Decretos. Si la administración en su conducta suscitó en el actor la confianza de que un derecho no será ejercitado en determinado sentido, debe mantenerla, desestimándose toda actuación incompatible en el sentido que objetivamente se deduzca de la conducta primera. Ello se deduce de la doctrina de los actos propios, y es precisamente lo que ha efectuado la accionada al querer desconocer la antiguedad para la estabilidad laboral, ya admitida al actor en sucesivos decretos.
Acusación fiscal, nulidad procesal, auto de prisión preventiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ROMBOLA, Antonio s/ absolución Causa 29.629
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

El auto de prisión preventiva no constituye presupuesto formal de la acusación. Por tal razón no es nula la acusación fiscal si no se lo ha dictado en la causa
Tercería de dominio, derechos del comodatario
Materia: CIVIL
Carátula: Benitez Natalia Andrea c/ Acosta Ortegoza Silvina Graciela y Otro s/ Terceria De Dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-02-05

Mal podría por otra parte avalarse que los embargantes continuaran con la ejecución judicial de bienes que probado está no pertenecen al deudor comprometiendo la seguridad de las ventas en subasta, y sumando costos y necesarios nuevos planteos de quienes se verán perjudicados.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F. de V., M.G. c/ V., H.J. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

Se ha decidido que la separación fáctica "no constituye obstáculo para que la mujer reclame alimentos a su marido, aunque... procede fijar una cuota alimentaria que sea suficiente o alcance para satisfacer las necesidades primarias de la vida".-
Participación criminal, participación necesaria
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO FEDERICO DANIEL s/ TENTATIVA DE ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-05-17

Los requisitos que debe reunir la participación criminal son dos principales: un hecho común (unidad material de la delincuencia) y convergencia intencional (unidad anímica). Respecto del primer requisito, es claro que las voluntades deben aunarse con un objetivo idéntico (común). En cuanto al segundo, la ayuda supone en un mismo objetivo que puede tener su fuente en el acuerdo de los participantes, reflexivo o de improviso.

Si el aporte realizado al hecho común, por parte del imputado, consistió en la presencia preordenada en el lugar -mientras el coimputado mediante la exhibición de arma de fuego desapoderaba a un transeúnte, en la vía pública, durante y después cuando se dieron a la fuga -al lado del autor, que culmina con su detención escondido en el jardín de una vivienda, la conducta del nombrado constituyó una concurrencia activa, que para nada reviste caracteres de inercia, y que, en definitiva facilitó el obrar del autor. Reforzó en éste la voluntad de delinquir y asistiéndolo al infundir, por simple acción de presencia, confianza y seguridad para cumplir el común designio criminoso. En ningún momento exteriorizó una actitud contraria al obrar del autor; por el contrario, siempre en su compañía siguieron a la víctima, cambiando de acera, tal cual ésta lo hacía, ambos alcanzaron a la víctima y juntos luego huyeron y se escondieron.-
Recurso de apelación (procesal), querellante, resoluciones apelables, auto de eximición de prisión, auto de excarcelación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Carlos A. Sánchez s/ Incidente de excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-01-03

Resulta mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la querella contra el auto que conceda o deniegue la exención de prisión o la excarcelación.

Ello así puesto que de conformidad con lo normado por el art. 435, la parte querellante sólo puede recurrir las resoluciones judiciales en los casos expresamente previstos por el C.P.P.N.. Mientras que por su parte el art. 332 de ese cuerpo normativo establece que el auto que conceda o niegue la exención de prisión o la excarcelación será apelable por el Ministerio Fiscal, el Defensor o el Imputado.
Competencia de paz
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ortali, Raúl Víctor s/ Diligencias preliminares. Prueba anticipada. Dr. Cirille
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-30

Tratándose en la especie de una pretensión que tiene por objeto la realización de diligencias preliminares y producción de prueba anticipada en los términos de los artículos 323, 325, 327 del Código Procesal (art. 330 inc. 1, 2, 3, 4, 5 del mismo cuerpo legal) y teniendo en cuenta, además el domicilio constituido por el peticionario así como el que se ha denunciado como perteneciente a la futura parte contraria -Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal Saladillo- la competencia de la justicia de Paz letrada de dicha localidad, deviene inobjetable para entender en las presentes actuaciones, sin perjuicio de la suerte que en definitiva pudiere corresponderle (arts. 6 inc. 4 del Código Procesal, 61, inc. i; 1, inc. e; ley 5827 t.o. dec. 3702/92 y arg. art. 5 inc. 3 del código Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, embargo preventivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NICOLAS PALE Y OTROS s/ EMBARGO PREVENTIVO - CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-09-20

Corresponde intervenir al juez civil y comercial en el levantamiento del embargo preventivo referido a obligaciones civiles que fuera dispuesto por el juez de conciliación. De conformidad con el art. 1078 C.P.C., Una vez ordenado el embargo por el juez incompetente, este debe remitir las actuaciones a quien reúna tal carácter, toda vez que no existe norma legal alguna de la que se desprenda que el juez que ordeno el embargo apreciando las circunstancias de "urgencia" deba ser quien intervenga en las consecuencias que derivan de tal medida. Es el juez competente quien debe conocer en tales "consecuencias" (arts. 1078 Cit. y 1079 CPC).
Honorarios, regulación de honorarios, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Chachahuen S.A. Minera y otros -Incidente c/ Y.P.F. -Sociedad del Estado- s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

Cuando un incidente posee una cuantía propia que puede independizarse del principal, es de aplicación a los fines regulatorios la escala prevista en el art. 7 de la ley 21.839, sin disminuirse el honorario de acuerdo al art. 33 de la misma ley 21.839 (C.N.Civil, Sala E, del 25/9/91, ED. 145-665 y 153-425).
Competencia, accidentes de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: NOLLO NÉLIDA C. c/ Sebastian Hector PIGLIACAMPO s/ -DDA- INCAP. -REC. CASAC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-05-30

Debemos acudir al Art. 5 de la Ley 8465, por remisión del art. 114 de la ley 7987, norma según la cual para la det4rminación de la competencia debe atenderse prioritariamente a la exposición de los hechos y a una adecuada subsunción en el derecho invocado como fundamento de la pretensión.

Hechos y encuadramiento o imputación legal deciden la naturaleza de las pretensiones deducidas y ello determina la competencia.

Debe advertirse, de manera categórica, que la conclusión a la que se arribe en este pronunciamiento no prejuzga acerca de la procedencia sustancial de lo demandado, ni tampoco anticipa opinión alguna sobre el derecho que en su oportunidad deberá aplicar el Tribunal de mérito.

La ley 24.557 autoriza dos efectos ultra activos del ordenamiento anterior, ley 24.028. Uno está expresamente previsto en el art. 49 disposición final tercera, 1er. párrafo: " La LRT no será de aplicación a las acciones judiciales iniciadas con anterioridad a su vigencia.

Por su parte, el art. 49 disposición adicional 5ta., que contempla las contingencias anteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley: "1. Las contingencias que sean puestas en conocimiento del empleador con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley" darán derecho únicamente a las "prestaciones de la ley de riesgo de trabajo, aún cuando la contingencia fuera "anterior y siempre que no hubiere prescripto el derecho conforme a las normas de la ley ", no debe inferir en la respuesta que se estima correcta para resolver un tema de competencia.

Esta cláusula adicional, decidirá oportunamente acerca de la procedencia sustancial del reclamo, porque atañe a las prestaciones debidas, determinación que se efectuará recién en ocasión de dictarse la sentencia definitiva, pero no impide que la acción se inicie ante la jurisdicción con competencia judicial laboral, porque se trata de una cuestión adjetiva.

En síntesis, no es un tema a decidir ahora quien se hará cargo de las indemnizaciones reclamadas y como se harán efectivas, a lo único que deben responderse en sentido afirmativo es a la competencia de la jurisdicción judicial laboral, porque se trata de una cuestión objetiva.
Defraudación militar, sumario administrativo, prisión preventiva, indemnización
Materia: MILITAR
Carátula: García, Julio Héctor y otros c/ Estado Nacional - Estado Mayor General del Ejército y otros s/ responsabilidad contractual del estado
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-10

La indemnización por la privación de la libertad -en el caso, dictada con motivo del sumario administrativo instruido contra el actor por el supuesto delito de defraudación militar- debe ser reconocida únicamente cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestianablemente infundado o arbitrario.
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, hechos vandálicos
Materia: CIVIL
Carátula: CERIONI, Martha Nelly c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

Disidencia del Dr. de Mundo:1- La responsabilidad que el artículo 184 del Código de Comercio establece, opera fundamentalmente para salvaguarda del pasajero en orden a inconvenientes resultantes del servicio de transporte, sin extenderse a situaciones humanas que se susciten en el medio transportador.- 2- El obrar del delincuente que sacó medio cuerpo por la ventanilla y arrebató la cartera de la víctima, produciéndole gravísimas lesiones, escapa a la posibilidad de impedirlo por parte de la empresa ferroviaria, que no puede recibir la responsabilidad del art. 184 del Código de Comercio sin medios para cumplirla; ello, advertido que, incluso durante el viaje y en los andenes, el personal carece de elementos y de coacción y obsta a responsabilidad al empresario cuando, el accionar ilícito perteneció al arrebatador.-
Publicación de la ley, falta de publicación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alfaro Herrera, Pablo Isaac c/ Municipalidad de la Quiaca s/ Recurso de Casación e inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nº B- 76366/01 Amparo. L.A. N 46 F 179/182 N 68 Quiaca s/ Recurso de Casación e inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nº B- 76366/01 Amparo. L.A. N 46 F 179/182 N 68
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-03-14

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que "el conocimiento efectivo no concede obligatoriedad, lo que hace intrascendente el conocimiento que de su sanción haya tenido la interesada" (CSJN, 20/9/77, "Formosa representaciones SC Col. s/Multa impuesta por Direcc. de Comercio", Fallos, 298:717). La publicación oficial exigida por el art. 2 del Código Civil para la obligatoriedad de la normas no importa que se efectúe necesariamiente en el órgano oficial, pero cuando se hace por otros medios se requiere que "presente tal naturaleza y características que brinden no sólo una satisfactoria divulgación, sino también certeza sobre la autenticidad del texto legal, máxime cuando la norma puede ser fuente de penas (CSJN, 9/10/75, "Longo, a. s/Apelac. Art. 1º, Res. 124/72 del Ministerio de Comercio, Fallos, 293:157).
Intereses, razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Diani de Ponce, Adriana Marcela c/ Varaona, José María y otros s/ Sumario, Expte. nro. 151/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-06-24

Coincido con el ponente en que corresponde al Tribunal examinar la tasa de interés durante el período previo al régimen de la ley de conversión 23.928. En esa etapa los intereses cubrían dos funciones: la renta del capital y la compensación del deterioro de la moneda. De allí, la existencia de tasas altísimas. En cambio, el cómputo de esas tasas para una época de estabilidad, donde sólo deben cumplir la función de cubrir la renta del capital, no sólo son incongruentes por enjugar un inexistente deterioro, sino que en el caso de computarse sobre un capital fijado al tiempo de la sentencia en época de estabilidad, produce un desfase que provoca un menoscabo evidente al derecho de propiedad del deudor (del voto del Dr.

Hutchinson).
Responsabilidad extracontractual, prescripción, prescripción bienal, cómputo del plazo, denuncia
Materia: CIVIL
Carátula: STUMBERGER LUIS M. c/ LA INTERNACIONAL  S.A.I.I.F. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

El artículo 4037 del Código Civil, en su actual redacción, si bien señala que se prescribe por dos años la acción civil derivada de responsabilidad extracontractual, nada dice respecto de su cómputo inicial. Aún cuando ordinariamente ello ocurre desde que acaeció el hecho ilícito que origina la responsabilidad, tal criterio no es absoluto, puesto que, en ocasiones, la producción del daño es posterior al hecho, circunstancia ésta que lleva a tomar como punto de partida de la prescripción, la de la producción del daño. Ello es así puesto que el daño es un presupuesto de la responsabilidad (conf. arts. 1067, 1109 y concord. del Cód. Civil). Conclusión de lo expuesto es que la prescripción comienza a computarse, en principio, desde la ocurrencia del daño, siempre que el demandante hubiera tomado conocimiento coetáneo del mismo. Tratándose de una denuncia penal que se califica de negligente y que finalizó con el dictado de un sobreseimiento provisional, sea que el cómputo de la prescripción de la acción civil por daños y perjuicios comience en la fecha en que se toma conocimiento de la denuncia o en la fecha en que la empresa denunciante decidió romper la relación laboral que la unía con el denunciado, si transcurrió el plazo previsto por el art. 4037 del Código Civil, debe declararse la prescripción de la acción.
Responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Piumato, Julio Juan c/ E.N.  (Ministerio de Defensa) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-12

Para la existencia del error poco importa que él se determine por una "revisión de sentencia por error judicial" o por una renovación en ulterior instancia por haberse creado un recurso posteriormente.

El error es ontológicamente error, cualquiera sea el medio procesal a través del cual se determine.
Competencia provincial, recurso de apelación (procesal), servicio telefónico
Materia: PROCESAL
Carátula: Telefónica de Argentina s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

Es competente la justicia provincial para conocer respecto de la apelación de la multa impuesta a la empresa Telefónica de Argentina por la justicia de faltas de una municipalidad, ya que la posible colisión entre las ordenanzas del municipio y una ley nacional - ley 19.798 - debe ser debatida en el pleito y revisada por medio de las impugnaciones que el ordenamiento procesal provincial y nacional permiten.
Diligencias preliminares, prueba anticipada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giménez Juan Carlos y otra s/ Diligencia preliminar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-01

Si se requiere un cada vez más pronunciado activismo del órgano en la ordenación y saneamiento de las causas y aún en la instrucción probatoria (art. 36, inc.2º C.P.C.) ello no se compadece con actitudes de signo apuesto en un segmento de actuación que, por ser preparatorio, no deja de tener una significación dirimente en la defensa de los derechos de las partes y, sobremanera, en el resultado, que debe ser necesariamente útil, de la función jurisdiccional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)