Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-10


Comodoro Rivadavia, Diez de marzo de 2005.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "M.S en autos: P.S.E s/ Amparo. Expte. 2245/02 s/ INCIDENTE DE NULIDAD" Expte. Nº 14.094/2003, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia Civil, Comercial, Rural y Minería N° 2, Secretaría N° 4 (Expte. Nº 1106/2003), por haber interpuesto el incidentista, a fs.96, recurso de apelación contra el decreto de fs.95.que rechaza in limine el incidente de nulidad. Concedido el recurso se expresa agravios a fs. 99/103, y a fs. 109/111, contesta la contraria, solicitando se declare desierto el mismo.

I.- Se agravia el recurrente porque el juez de grado rechaza in limine el incidente de nulidad interpuesto contra las actuaciones y la sentencia definitiva dictada en expediente -nº 2245- caratulado "P.S.E s/ amparo", por no haber sido parte en ese proceso. Sostiene que precisamente ése es el argumento por el cual se promueve el incidente de nulidad. Insiste en que lo resuelto allí le afecta y perjudica directamente, sin habérsele dado oportunidad a ser escuchado. Manifiesta que la actora en los autos principales atacaba una decisión administrativa en la que él tenía un interés concreto; como lo era su designación como director de ***. Continúa diciendo, que no se debió llevar a cabo todo un proceso sin que fuera escuchado; que de esta manera se ha violado su derecho humano a ser oído, artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, (artículo 75 inc. 22 de la C.N.) y su derecho a una tutela judicial efectiva (artículo 25 de la Convención citada). Agrega que la decisión de la Cámara ha determinado que fuera destituido de su cargo de director, vulnerando sus derechos, por lo que solicita se declare la nulidad de la sentencia dictada en la Alzada, se haga lugar al incidente de nulidad interpuesto y se integre debidamente la litis.

Al contestar el traslado de la expresión de agravios la incidentada -parte actora de los autos principales- sostiene los argumentos de la resolución del juez de grado y solicita la aplicación de la sanción de deserción. En relación a este punto, afirma que se está frente a una ausente expresión de agravios porque se han expuesto en modo vago argumentos ya esgrimidos.

II.- Con referencia a la suficiencia técnica de la expresión de agravios, es dable aclarar que esta Sala, en orden a ese aspecto, adhiere a un criterio amplio dada la gravedad de las consecuencias que conlleva la declaración de deserción y en miras a un marcado resguardo de la garantía de defensa en juicio. Por ello, se desestima la pretensión de la contraria respecto a la declaración de desierto del recurso de apelación del incidentista.

III.- Del análisis de las constancias de auto surge que el incidentista, al promover su demanda, impugna la sentencia recaída en los autos principales, en los que no fue parte, y de todos los actos procesales que le sirvieron de sustento como así también los que son su consecuencia.

Los argumentos de su pretensión inicial son los que se siguen. Afirma que si bien el juez de grado intimó a la señora P para que aclarara si su acción de amparo también involucraba al Sr. M y ésta declaró que la acción no se seguía en contra del ahora incidentista; no advirtió que se violaba el debido proceso y garantías, dado que la acción se proyectaba sobre sus derechos, resultando afectado. Alega que la intervención de terceros es viable en la acción de amparo y debió ser citado. Hace mención al Expte. administrativo nro. 949-ME-2002, colectado como prueba en el principal, y resoluciones administrativas que le afectan en su pretendido derecho al cargo de director. Manifiesta que la sentencia dictada por la Alzada en el principal, al declarar la nulidad de la resolución administrativa nro. 07/02 y disposiciones nros. 08/02 y 19/02 y ordenar continuar con el concurso de oposición y antecedentes para la cobertura del cargo de Director de *** nro. **, tuvo como consecuencia directa su baja como director de la institución educativa. Sostiene que ello conlleva oponer a su parte una sentencia dictada en un proceso en el cual no tuvo intervención. Concluye en su legitimación para plantear la nulidad de la sentencia y de todo lo actuado en el proceso principal.

El juez de grado, luego de variadas incidencias, rechazo in limine el incidente de nulidad y esta es la decisión objeto de recurso de apelación.

III.- Es dable señalar que la recurrente no ha alcanzado a conmover el eje central de la resolución del juez de grado: la falta de legitimación para promover el incidente de nulidad por no revestir la calidad de parte.

Desde ya no quedan dudas que el nulidiscente ha reclamado tal carácter pero lo cierto es que no ha logrado demostrar que en los autos principales concurra un supuesto de litis consorcio necesario pasivo, en los términos del articulo 89 del CPCC; único caso que habilitaría la declaración de nulidad que se pretende por falta de integración de la litis. O sea por un vicio de los actos constitutivos del proceso.

Es que en el subexamine no se presenta una relación única, común e inescindible que exige unidad de pronunciamiento. Repárese que la pretensión de la actora en la acción principal de amparo, fue la de obtener la continuidad del concurso de oposición y antecedentes para la cobertura del cargo de director de ** nro. ** y en este concreto marco se expidió esta Alzada, al ordenar la continuación del concurso.

Ha de verse que incluso de las mismas actuaciones de los autos principales surge que el cargo que detentaba el señor M., era de director normalizador, teniendo a su cargo, entre otras, la función de continuar con el proceso del concurso.

La disconformidad que evidencia el nulidiscente respecto a las resoluciones y disposiciones administrativas, que a su criterio modificaron su situación de revista son ajenas a lo resuelto en los autos principales. No estamos entonces ante a un supuesto de litis consorcio necesario e incluso, tampoco, frente a un supuesto que autorice a superar el criterio que impera en materia de intervención de terceros en los procesos de amparo.

Es que, el instituto de la intervención de terceros es de interpretación restrictiva y aplicación excepcional en éste tipo de proceso, tal como lo sostienen amplia doctrina y jurisprudencia(conf. Sagûes "Derecho procesal constitucional. Acción de amparo", tomo 3, cuarta edición ampliada, Editorial Astrea, Bs. As.1995, p.384; ídem CCivComFed. Sala I " M. E. J. c/Obra social el Personal Civil de la Nación s/ Amparo. Causa nro. 889/99". 08/06/99. ElDial- AF1C17. En igual sentido, CNACAF I S.A, c/ E.N. -Mºde Economía y O.S.P. s/ amparo, elDial AH17A0; CNTRAB Sala III. Sent. 80117 del 20/12/99," V.E y otros c/ Superintendencia de Ser-vicios de Salud s/ Amparo" y " S.J c/ Dirección Nacional de A.S s/ Acción de amparo" Sent. Nro 60619 del 26/10/90. elDIAL-AL47D", ).

Conforme lo dicho, el recurrente no ha sido designado por acto de la administración pública dictado como conclusión regular del concurso. Ello tal como surge de los antecedentes agregados a la causa principal y lo corrobora la expresa manifestación de la Administración en los presentes (fs. 75 vta.), acerca de los alcances de la designación del Sr. M como "Director Normalizador" la que es calificado como "una suerte de intervención" (sic).

Es decir no se da en la especie uno supuesto de impugnación mediante el amparo de la aprobación de un concurso; extremo que ameritaría un tratamiento distinto. Ello porque, en ese caso, existirían derechos constitucionales de igual jerarquía en pugna que hacen necesario sacrificar la celeridad del amparo en aras de la preservación constitucional de la sentencia.

A modo de conclusión y síntesis cabe señalar que no cualquier derecho que se vea afectado por la modificación de un acto u omisión de la autoridad pública habilita la participación de los terceros en el proceso de amparo (cfr. Alí Salgado, Joaquín y Verdaguer, Alejandro César "Juicio de amparo y acción de inconstitucionaldad", 2º edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Bs. As. 2000, p. 181). Es decir, debe estarse frente a un derecho de la misma calidad de aquel que se pretende salvaguardar mediante el amparo; tal como se ha dicho un derecho constitucional de igual jerarquía, extremo que no concurre en el sublite.

Por lo expuesto, corresponde rechazar los agravios. Las costas de la Alzada se imponen al incidentista vencido (art. 68 CPCC). Se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes, de acuerdo a la naturaleza del proceso, etapas cumplidas, celeridad procesal y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles. (arts. 6, 7, 33 y 14 ley 4535 t.o.) Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1º).- Rechazar al recurso de apelación interpuesto por el incidentista a fs.96, en con-secuencia, confirmar la sentencia de fs 95.

2º).- Costas de la Alzada al vencido. Regularlos honorarios profesionales de la Dra. L.F.M, en la suma de pesos cien ($100) y de la Dra. V.H en la Suma de Pesos Cincuenta ($ 50).

3º).- Tener presente las reservas del caso federal y de acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, efectuadas a fs. 103.

4°).- Regístrese, notifíquese, devuélvase.

Fdo: Julio Antonio Alexandre -Presidente-; Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara-; Fernando Nahuelanca -Juez de Cámara-.

REGISTRADA BAJO EL N° 025 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS