Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-05-04


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil doce, se reunieron en Acuerdo los Miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada por los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Jorge Pfleger y José Luis Pasutti, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "V., J. E. y Otros s/ Robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y con arma de fuego en C. I... s/ Impugnación" (Expediente N ° 22122 - F º 9 - Año 2010 - Letra "V").

Del sorteo practicado, resultó el siguiente orden para la emisión de los votos: Panizzi, Pfleger y Pasutti.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El Ministerio Público Fiscal interpuso la impugnación extraordinaria contra la resolución Nº 1168/2010 dictada por la Jueza Penal Mariel Suárez, de Comodoro Rivadavia quien, el siete de septiembre de dos mil diez. Por dicha resolución, la magistrada dictó el sobreseimiento de J. G. C. en orden al delito de robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, con arma de fuego, en concurso ideal (artículos 166, inciso 2°, tercer párrafo; 167, inciso 2º y, 54 del Código Penal).

La desvinculación del encartado se motivó en el vencimiento del plazo de investigación.

II. La plataforma fáctica atribuida se describió de la siguiente manera: El día 13 de noviembre de 2009, siendo aproximadamente las 16:25 horas, J. G. C., junto a otro individuo no identificado, ingresaron al local comercial "xxxxx xxx xxx" de Av. xxxxx N º ****, propiedad de E. M., de la localidad de Rada Tilly, y exhibiendo uno de ellos un arma de fuego con la cual amedrentó a la propietaria, se apoderaron de quinientos pesos ($ 500) en efectivo y un radiograbador.

Que inmediatamente C. y el otro individuo salieron del lugar y se subieron a un Chevrolet Corsa dominio xxx-*** que se encontraba estacionado a la vuelta, sobre calle xxxxxx y en el que los estaban esperando J. E. V. e I. F., procediendo rápidamente a retirarse de las inmediaciones.

Dicho accionar fue observado por una persona que tomó el dominio del vehículo en cuestión y lo informó vía telefónica a la policía, iniciándose de esta manera una búsqueda del Chevrolet Corsa, logrando interceptar al mismo en intersección de las calles Araucanos y Yamanes de Rada Tilly, constatando que V. y F. se encontraban a bordo del rodado, quienes previamente dejaron a J. G. C. y el otro sujeto en xxxxxx donde tomaron un remís que los trasladó hasta Avda. Polonia al ****, de aquella ciudad, logrando estos últimos darse a la fuga, con los elementos mal habidos.

III. En la impugnación extraordinaria introducida, el Ministerio Público Fiscal atacó la decisión de la Jueza Penal Suárez de sobreseer a J. C. por entender que el plazo de investigación se hallaba vencido (artículo 285, inciso 7º del Código Procesal Penal).

El acusador público explicó que la audiencia de apertura de la investigación era el momento en el cual se le informaba al imputado el hecho que se le atribuía.

Destacó que en aquella oportunidad el imputado quedaba noticiado del evento que se investigaba, la participación que le concernía y todos los derechos y garantías que le correspondían.

Manifestó que sólo una vez que el juez de garantías declaraba admisible la investigación preparatoria del Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de apertura, existía un proceso regular en contra de una persona. Apuntó que en ese entonces nacía la garantía para el imputado de ser juzgado en un plazo razonable.

Argumentó que a partir de allí se computaban los plazos de los artículos 282 y 283 ó, 357 y 358 del digesto ritual, según fuera el caso.

Refirió que en este caso el Ministerio Público Fiscal, mientras cumplía los pasos procesales con respecto a los dos imputados identificados, logró la individualización de C., como uno de los autores materiales del ilícito investigado.

Renglón seguido, sostuvo que la resolución dictada llegaba al absurdo de sobreseer a una persona por un delito determinado cuando ni siquiera ésta tenía conocimiento de que se la estaba investigando.

Amén de ello, consideró que no se había conculcado garantía alguna, pues las garantías no fueron normativizadas en abstracto, sino que tendían a proteger a una persona determinada, frente a una imputación concreta.

Sobre el final, argumentó a favor de su legitimación para impugnar el pronunciamiento atacado.

Formuló eventual reserva de acudir por ante los estrados de la Corte Suprema de Justicia y efectuó petitorio.

IV. Realizado este repaso por los tópicos de agravio blandidos por el impugnante, examinaré el resolutorio atacado con el anticipo de que el remedio interpuesto recibirá acogida favorable.

Para una mejor comprensión del asunto, haré un repaso de los antecedentes del caso.

El presente legajo se inició por el hecho descripto en el apartado II; el Fiscal dispuso la apertura de la investigación (folios 2 y 3) y luego formuló acusación (fojas 40/42 y vuelta) contra los coimputados J. V. e I. M. F.; se arribó a un acuerdo de juicio abreviado con respecto al primero de los nombrados y se suspendió el juicio a prueba con relación a la segunda. En fecha 28 de mayo de 2010, tras haber individualizado al tercer consorte de causa, el acusador ordenó la apertura de la investigación con respecto a J. G. C. (hoja 91 y vuelta). Mediante resolución Nº 1168/2010 la Jueza Penal, doctora Mariel Alejandra Suárez, sobreseyó al último inculpado por considerar que el plazo de investigación se hallaba vencido. La sentenciadora entendió que aquel término era uno solo y que no se contabilizaba separadamente para cada uno de los acusados.

Juzgo que la decisión de la a quo no es la correcta, pues parte de una interpretación desacertada de las normas rituales.

El artículo 282 del ceremonial, vigente al tiempo en que se dictó el fallo, establece que el plazo de seis meses de duración de la etapa preparatoria se computa a partir del momento en que el fiscal dicta la resolución de apertura de la investigación.

Discrepo, entonces, de la afirmación de la sentenciadora de grado en punto a que aquel término se contabiliza en forma conjunta para todos los consortes de causa.

Ello, por cuanto si bien el acusador suponía la intervención de otro sujeto en el evento, éste no pudo ser individualizado al disponer la primera apertura de la investigación, sino ulteriormente.

Es decir, a partir de la existencia de una señalización puntal en desmedro de C., esto es, desde el auto de apertura de la investigación, se computa el término de duración máxima de la etapa preparatoria.

De acuerdo a las constancias obrantes en el legajo, la investigación preparatoria fue decretada por el Ministerio Público Fiscal el día 28 de mayo de 2010 en tanto que la audiencia prevista en el artículo 274 del digesto adjetivo data del 7 de septiembre del mismo año.

En mérito de lo expuesto, el término de seis meses al que hace mención el artículo 282 de aquel cuerpo normativo, no había expirado.

V. Como corolario, la impugnación extraordinaria interpuesta será receptada, por lo que debe revocarse el punto Nº 1 de la resolución Nº 1168/2010, en lo que hace al sobreseimiento de J. G. C. en el marco de la Carpeta Nº 2811 - Legajo de Investigación fiscal Nº 25313.

Así voto. El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Breve El Juez Panizzi ha realizado una detallada descripción de los antecedentes del caso y del contenido de la impugnación, lo que me exime de abundar al respecto.

Pasaré, por consecuencia, al tratamiento del caso.

II. La solución Adelanto que coincido con el colega que ha opinado antes en lo que concierne a la solución del asunto.

Cierto es que el sistema ritual que nos rige como dinamizador de las leyes de fondo, en la redacción vigente al momento de dictarse la resolución en crisis, establecía lo que entre comillas sigue: ". Duración- La etapa preparatoria tendrá una duración máxima de seis (6) meses desde la apertura de la investigación. Transcurrido ese plazo deberá dictarse el sobreseimiento del imputado." (primera parte del art. 282 del C.P.P.Ch) El mismo cuerpo legal, artículo 274, prescribía, siempre en la redacción en uso al tiempo de los actos, que: ". Apertura de la Investigación Preparatoria... (omissis) ... A partir de este momento comenzará a correr el plazo de duración del proceso.", previendo que en caso de ampliarse el objeto de la encuesta o la aparición de nuevos imputados no era necesaria una nueva audiencia de esta sustancia.

Así las cosas- y si bien disiento con la naturaleza del instituto que ha sostenido el apelante- no coincido con la interpretación que realizó la Juez actuante y que motivó la liberación procesal del imputado.

Esto resulta así pues entiendo que el plazo de referencia había comenzado el día en que se dictó el decreto de apertura de la investigación respecto de J. G. C., y no antes.

De allí que la comunicación de que se trata resultó imperativa para preparar el caso a su respecto, pues si bien se conocía la participación de otras personas en el hecho, se ignoraban las identidades.

Hasta entonces, el causante no se encontraba relacionado con el suceso delictivo, ni se lo podía considerar imputado hasta que se le identificó cabalmente causando la proposición fiscal.

Las leyes han de interpretarse en armonía con los intereses que están llamados a proteger, eso no es novedad.

El sentido del Código Procesal es la tutela del imputado frente al ejercicio del poder del Estado, pero también el aseguramiento de la regularidad de los comportamientos realizado por sus órganos, en aras de velar por el interés social que se quiebra a causa del delito.

La tensión que puede generarse la administra la propia norma en su integridad, su letra y su espíritu y cualquier decodificación diferente equivoca el sendero hermenéutico.

Resulta ajeno a toda lógica brindar, durante la etapa preparatoria, una chance mayor al ignoto por el mero hecho de serlo, pues no hay equilibrio que resista a la caducidad en ausencia de persecución, de allí la razón de mi ponencia y del contraste que, de continuo, haré. Conforme surge de las actuaciones, el decreto de apertura de la investigación preparatoria tuvo lugar el día 28 de mayo de 2010, y la audiencia prevista en el artículo 274 del Código Procesal Penal se llevó a cabo del 7 de septiembre del mismo año, luego, el plazo en cuestión de seis meses, no había transcurrido.

III. Epílogo Por lo expuesto, coincidiendo con el Juez Panizzi, estimo que debe declararse procedente la impugnación extraordinaria interpuesta, y revocarse el punto Nº 1 de la resolución Nº 1168/2010, que declara el sobreseimiento de Jonathan Gabriel Carle en el marco de la Carpeta Nº 2811 - Legajo de Investigación fiscal Nº 25313.

Así me expido y voto.

El Juez José Luis Pasutti dijo:

En atención a lo normado por el último párrafo del artículo 25 del Código Procesal Penal, procederé a emitir mi sufragio, en el que omitiré toda referencia a los antecedentes del caso y los agravios esgrimidos por el recurrente, remitiéndome para ello a la síntesis que realizó el Juez Panizzi.

En cuanto a la solución del caso, mi posición será coincidente con la de los magistrados preopinantes.

La Jueza Penal Mariel Suarez dictó, en el marco de la audiencia de apertura, el sobreseimiento de J. G. C. por uno de los hechos investigados.

El argumento que utilizó es erróneo, ya que sostiene que el plazo de la investigación es uno solo y no uno por cada uno de los imputados, ´. lo contrario importaría incorporar nuevos imputados en forma indeterminada hasta la prescripción del delito.´ (v. fs. 100 vta.).

En efecto, cuando el código describe la apertura de la investigación, dispone que el Fiscal deberá formar un legajo en donde deberá describir el hecho e identificar al imputado, y que a partir de ese momento -con la antigua redacción-, comienza a correr el plazo de duración del proceso.

Asimismo, el artículo 282 dispone que transcurridos seis meses desde la apertura de la investigación, deberá dictarse el sobreseimiento del imputado.

Claramente la intención del legislador ha sido garantizar al imputado un proceso rápido y sin dilaciones.

Es lógico entonces, y además así se interpreta de la norma, que este término comienza a contarse desde que el acusado es identificado por el Fiscal y sometido a proceso.

Siendo ello así entiendo que el plazo comenzó a correr, respecto de C., el 28 de mayo de 2010, fecha en la cual se dispuso la apertura de la investigación en su contra. De modo que a la fecha de la audiencia prevista en el artículo 274 del C.P.P., el término no había vencido.

Por todo lo expuesto, voto por declarar procedente la impugnación extraordinaria, revocar el punto 1° del auto interlocutorio nro. 1168/2010, y devolver las actuaciones a la Oficina Judicial, a sus efectos.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

-----------S E N T E N C I A --------------- 1º) Declarar procedente la impugnación extraordinaria interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, a fs. 102/105 y vuelta.

2º) Revocar el punto N º 1 de la Resolución N º 1168/2010, que declaró el sobreseimiento de J. G. C. (folios 99/101).

3°) Devolver las actuaciones a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, a sus efectos.

4°) La presente es firmada por dos Miembros de la Sala en lo Penal por encontrarse el Ministro Alejandro Javier Panizzi en comisión de servicios.

5º) Protocolícese y notifíquese.- Fdo. Jorge Pfleger- José Luis Pasutti- Ante mi: José A. Ferreyra Secretario. Registrada bajo el n ° 43 del año 2012. Conste.