Insuficiencia del agravio, declaración de la víctima, cámara Gesell, medios de prueba, trata de personas, explotación sexual, responsabilidad internacional del Estado, redargución de falsedad, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: GONZÁLEZ, Daniel Américo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Corresponde rechazar el planteo de la defensa vinculado a la nulidad de la declaración de la víctima en Cámara Gesell pues sólo se realizan apreciaciones genéricas sin demostrar el perjuicio concreto que le trajo aparejado a los intereses del imputado. Sumado a esto, la declaración de nulidad intentada tiene como efecto directo eliminar uno de los principales elementos de prueba de la causa en virtud de agregar un requisito procesal que no se encuentra en la letra de la ley y, por si todo esto fuera poco, de las constancias de la causa se aprecia que no se produce el perjuicio genéricamente referido por la defensa. Refuerza la argumentación el especial cuidado que debe tenerse en causas como las que nos ocupa, ya que se relaciona al flagelo de la trata de personas con fines de explotación sexual que azota, especialmente a mujeres, cada vez con mayor frecuencia y que nuestro país, a través de diversos tratados internacionales, se ha comprometido a luchar y erradicar. Por otro lado, cabe resaltar que el acta de allanamiento fue confeccionada conforme los requisitos de los artículos 138 y 139 del CPPN, por lo cual dan plena fe de su contenido según los artículos 289, inciso b, y 296 del Código Civil y Comercial de la Nación. No puede perderse de vista que cuando las piezas suscriptas por un funcionario público cumplen con las prescripciones pertinentes no solo dan plena fe de su contenido, sino que éste sólo puede cuestionarse mediante el procedimiento de redargución de falsedad contemplado por el art. 395 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, extremo que no se dio en autos. De igual manera, no se puede dejar de mencionar que DLI es la víctima y en este tipo de delitos, debe tenerse especial cuidado en evitar la victimización secundaria, también llamada revictimización, en especial cuando son personas que están en extremas condiciones de vulnerabilidad. De hecho, a fin de evitar la antedicha revictimización, el código de forma previó un proceso especial, con un lugar acondicionado, sujeto a la participación de ciertas personas previamente pautadas, con restricciones específicas y con la participación, de ser posible, de un personal de la salud (art. 250 quater del CPPN). Sin ir más lejos, la utilidad de guardar una grabación de dicho acto reside en evitar que la víctima reviva, por ejemplo, todas las penurias que pasó durante el momento de su explotación. En definitiva, la grabación, que fue tomada en esta causa conforme a los estándares jurídicos solicitados por el código de rito, se encontró a disposición de la defensa para que pueda revisar el video y realizar las objeciones que le parezca pertinente. Estas mismas consideraciones cabe realizar respecto a los restantes agravios que aducen arbitrariedad en la valoración de la prueba, puntualmente los casos de las declaraciones, particularmente si tenemos en cuenta la gran cantidad de prueba de cargo que pesa sobre los encartados, que la legalidad de las medidas fueron resguardadas por el magistrado actuante, que la incorporación de esta prueba no fue objetada oportunamente y que al momento de expresar agravios se realizan apreciaciones genéricas sin identificar cuál es la afectación concreta. En este razonamiento, se observa que el tribunal aprecia toda la prueba de cargo de manera global y contextualizada a la causa y conforme a las reglas de la sana crítica racional.