Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-07-14


La Plata, julio 14 de 2009 Resolvieron plantear y resolver las siguientes:

CUESTIONES 1º) ¿Se acreditan las violaciones legales denunciadas? 2º) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Sal Llargués, dijo:

Creo que el remedio merece acogida.

El reclamo vinculado a la interferencia en el momento del hecho de circunstancias extraordinarias de atenuación -aun por una vía diferente a la propuesta por la reclamante- debe aceptarse.

Las "circunstancias extraordinarias de atenuación" a que alude la norma en trato es fruto de la razonabilidad republicana que en ocasiones exhibe como excesiva la pena contemplada en el artículo 80 C.P. para supuestos en que los sujetos activo y pasivo resulten parientes en los modos y grados allí contemplados.

En ocasiones y sin pretender un análisis omnicomprensivo de las mismas, pueden ser representativas de un menor grado de injusto o -en cambio- significar un supuesto de imputabilidad disminuida. En efecto, operando respecto de uno de los más ancestrales motivos de agravación del homicidio como es cierto parentesco cercano, se exhiben como circunstancias endógenas al autor que no revelan la plena capacidad psíquica de ser culpable o resultan exógenas al mismo por devastación de alguno de los elementos del tipo sistemático. En cualquier caso representan una clara deprivación de ese privilegio agravatorio y apuntan a paliar lo que -como se dijo- constituiría una irrazonabilidad.

En el primero de los casos, máxime cuando se ha descartado la emoción violenta (que ha sido una de las razones del legislador al incluirlas en el catálogo de los homicidios calificados por el vínculo), el sujeto activo exhibe déficit en el grado de comprensión de la antijuridicidad y -sobre todo- en el modo en que esa menguada percepción del carácter injusto de lo que se está haciendo puede operar sobre los frenos inhibitorios del mismo condicionando una respuesta adecuada: el umbral de autodeterminación del sujeto se reduce cuando su capacidad de comprensión de la antijuridicidad está afectada por alguna circunstancia extraordinaria que debe tomarse en cuenta para minusvaluar el reproche.

En el segundo supuesto, es exógeno al sujeto -por caso- que el vínculo parental (que es lo que agrava el homicidio) haya quedado reducido a una mera constancia registral carente de todo valor real. En este supuesto el derecho penal de la República y para un estado de derecho no puede conformarse con una aserción meramente formal para sancionar a su autor con la más grave de las penas que contempla.

En el punto el fallo presenta algunas falencias que -en beneficio del recurrente- cabe enmendar.

Al momento de hacer la declaración de la concurrencia de estas extraordinarias circunstancias el fallo alude a las que serían claras causas de disminución de la imputabilidad (el desquicio en las relaciones de familia, la pérdida del empleo como las instigaciones de que fuera objeto) a lo que agrego la caracterización que el propio fallo ha hecho del imputado al tiempo de descartar la emoción excusable considerándolo violento, impulsivo e intemperante como lo hace más adelante relevando su condición patriarcal, su celotipia, su negativa a aceptar que su mujer trabajara.

Esto no es sinónimo de que se premia al intemperante, sino sólo de que quien tiene dificultades derivadas de su configuración personal para administrar su conducta revela un menor grado de libertad que ha de traducirse necesariamente en un menor reproche.

Nada incide en el punto en mi modesto modo de ver las cosas la incapacidad del Estado para solventar esa situación que tuvo claros pródromos. Eso es simplemente demostrativo de la incapacidad o la indolencia de los funcionarios que tuvieron contacto con los claros hechos previos al homicidio para advertir que los mismos prologaban un desastre.

Esto, que es reconocer la justicia del fallo en punto a declarar esa concurrencia extraordinaria, importa además enmendarlo cuando descarta que haya habido una predeterminación del sujeto activo al delito por el que se lo pena. Son muchas las citas del propio fallo a la ominosa realidad de que el acto final era el cumplimiento de una promesa reiteradamente anunciada. Se ha tratado de un crescendo en que el homicidio tentado en el primer hecho por el que se condena a T. se concreta en el segundo intento.

Pero si esto es así, entonces no hay razón para negar a la defensa la extensión de esa minorante (en tanto se traduce en una mengua de la reprochabilidad) a las lesiones graves que presentara la hija del matrimonio puesto que esa cerrazón intelectiva y anímica fue única en el momento de ese único hecho y resultaría irrazonable por contradictorio afirmarla y negarla al propio tiempo.

Me hago cargo de que no está estipulada legalmente la causal de disminución de la penalidad a propósito de la concurrencia de circunstancias extraordinarias de atenuación respecto de las lesiones graves, pero ello -por análisis hermenéutico- no puede ser óbice para reconocer su viabilidad. En efecto, del mismo modo que la emoción violenta que las circunstancias hicieren excusable el homicidio simple (art. 81 1º a) C.P.) se extiende a los supuestos del homicidio calificado por el parentesco (art. 82 en su reenvío a las normas de los arts. 80 inc. 1º y 81 1º a) todos del C.P.) y a las lesiones dolosas en todos sus grados (art. 93 C.P.) por representar un caso claro de imputabilidad disminuida, ninguna razón impide (en rigor la razonabilidad republicana lo exige) extender la consideración de estas circunstancias extraordinarias a estas afectaciones menores al mismo bien jurídico.

En consecuencia cabe reducir la penalidad en las lesiones graves calificadas por el vínculo del mismo modo que el Código lo hace respecto del homicidio (art. 82), esto es, remitiendo a la penalidad para las lesiones dolosas simples de los artículos 89, 90 y 91 del mismo texto.

Por lo demás, debe ceder la aplicación del art. 41 bis C.P. al homicidio.

Cabe obliterar esa calificación por haberlo provocado con un arma de fuego por las razones que a continuación se desgranan.

Dispénsese la obviedad pero -como es sabido- la más clásica clasificación de las infracciones penales por el modo de afectación del bien jurídico a que se refiera cada una de ellas las divide en delitos de lesión y delitos de peligro. La afectación por lesión importa la pérdida de ese bien jurídico en tanto que la afectación por peligro, como su designación lo indica, releva su puesta en peligro.

El delito de homicidio es clásico delito de afectación del bien jurídico por lesión del mismo.

Si la razón fundante de la agravación de cualquier delito en que se use un arma de fuego es el peligro que deriva del uso de esos implementos, en el caso del homicidio simple, ese peligro se ha concretado con la muerte del sujeto pasivo.

Ello torna irrazonable relevar un peligro que -como resulta de lo dicho- ha quedado absorbido (se ha realizado) en la muerte, lesión del bien jurídico que importa la ruptura definitiva de la relación de disponibilidad de ese sujeto pasivo con su vida.

Resulta de toda evidencia que -desde cualquier paradigma del delito- la imputación no puede desdoblarse y revalorizar tramos que ya han tenido recepción en la faena de calificar el hecho. Si el legislador, pletórico de panpenalismo, pensó en agravar todo delito cuando se use un arma de fuego y ello no sea parte constitutiva del tipo, lo hizo con la ilusión preventivista general negativa de von Feuerbach de inhibir su uso por el mayor peligro que irroga.

Así, por caso, una exacción ilegal cometida con arma de fuego, debería merecer mayor pena por el peligro que ese uso importó. Pero si -como se deja dicho- se trata de un delito de lesión (el bien jurídico como relación de disponibilidad de una persona respecto de un ente se afecta y se pierde) ¿qué sentido tiene relevar el peligro que -antes de fenecer- ha corrido? Esta suerte de consunción (encerramiento conceptual) es irrazonablemente violada con la aplicación de la agravante en esos supuestos.

Como puede advertirse, el problema no puede decidirse en el banal discurso de garantismo versus antigarantismo o mano blanda o dura. El problema es dogmático puro.

No tratándose, por lo demás, de ninguno de los medios agravados en el art. 80 C.P., su aplicación debe ceder.

Con ese alcance, voto por la afirmativa.

A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:

Adhiero al voto del doctor Sal Llargués, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

2º cuestión. - El doctor Sal Llargués, dijo:

Visto el modo como ha sido resuelta la cuestión precedente corresponde: 1) casar parcialmente la sentencia de grado en punto a valorar la concurrencia de circunstancias extraordinarias de atenuación en las lesiones graves inferidas a la hija del matrimonio, obliterando la agravante del artículo 41 bis del C.P., y fijar la pena a F. M. T. en dieciséis (16) años de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo el resto de las declaraciones contenidas en el fallo, sin costas en esta instancia (Arts. 460, 530 y 531 del CPP; 41 bis, 82 en función del 80 inc. 1 y 81 1º "a", 89, 90, 91 y 93 del C.P.); 2) regular los honorarios profesionales a la letrada interviniente, doctora C. A. T., por la labor profesional desplegada en esta sede, en la cantidad de doce (12) unidades jus con más los aportes de ley. Artículos 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley Nº 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley Nº 8455 y artículo 534 del C.P.P. -ley Nº 11.922- debiendo procederse como lo determina el art. 22 de la ley Nº 6716, modificado por el art. 12 de la ley Nº 10.268; 3) tener presente la reserva del caso federal conforme art. 14 de la ley 48.

Así lo voto.

A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:

Adhiero al voto del doctor Sal Llargués, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede el Tribunal resuelve:

I. Casar parcialmente la sentencia de grado en punto a valorar la concurrencia de circunstancias extraordinarias de atenuación en las lesiones graves inferidas a la hija del matrimonio, obliterar la agravante del artículo 41 bis del C.P., y fijar la pena para F. M. T. en dieciséis (16) años de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo el resto de las declaraciones contenidas en el fallo, sin costas en esta instancia.

Arts. 460, 530 y 531 del CPP; 41 bis, 82 en función del 80 inc. 1 y 81 1º "a", 89, 90, 91 y 93 del C.P.

II. Regular los honorarios profesionales a la letrada interviniente, doctora C. A. T., por la labor profesional desplegada en esta sede, en la cantidad de doce (12) unidades jus con más los aportes de ley. Artículos 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley Nº 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley Nº 8455 y artículo 534 del C.P.P. -ley Nº 11.922- debiendo procederse como lo determina el art. 22 de la ley Nº 6716, modificado por el art. 12 de la ley Nº 10.268; III.- Tener presente la reserva del caso federal conforme art. 14 de la ley 48. -Horacio Daniel Piombo. - Benjamín Ramón Sal Llargués.