Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 286/294.

En la ciudad de Santa Fe, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dieciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco y Mario Luis Netri con la Presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ALVAREZ, ALFREDO contra DEPAULI, FEDERICO ALEJANDRO -ACCIDENTE DE TRABAJO- (EXPTE. 231/15 CUIJ NRO. 21-05160839-6) sobre RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-05160839-6). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedentes?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Falistocco, Netri y Erbetta.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 277, pág. 173/177, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesta por el codemandado Depauli contra la sentencia de fecha 7 de junio de 2016, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe. Ello así, al considerar que la postulación del recurrente contaba prima facie con suficiente asidero en las constancias de autos e importaba, desde el punto de vista constitucional y en un análisis mínimo y provisorio -propio de ese estadio-, articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción.

En el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11, efectuado con los autos principales a la vista, he de propiciar la ratificación de dicha conclusión, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 302/307).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri y Erbetta expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso ¿es procedente?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

El señor Alfredo Alvarez inició demanda laboral por accidente de trabajo contra MAPFRE ART y contra Federico Alejandro Depauli, a raíz del accidente ocurrido el día 19 de noviembre de 2009, al caer de un andamio desde una altura aproximada de 2 metros. Reclamó el cobro de la suma correspondiente a daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, daño psicológico y daño moral; más las prestaciones dinerarias previstas en el art. 13 de la ley 24557. Planteó la inconstitucionalidad de los artículos 21, 22 y 46 de la ley 24557 y decreto 717/96; del artículo 39 de ese cuerpo normativo; atribuyó responsabilidad objetiva al empleador en los términos del artículo 1113 del Código Civil y subjetiva por no brindar elementos de seguridad ni cursos de capacitación. Adujo a su vez responsabilidad de la aseguradora por su conducta negligente, al no cumplir con lo ordenado en los arts. 1, 4 inc. 2 y 31 inc. 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, decreto 170/96 y resolución 43/97 de la SRT.

Contestada la demanda por el accionado y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en fecha 17 de noviembre de 2014, el Juez de Primera Instancia en lo Laboral de la Tercera Nominación de Santa Fe resolvió: Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 21, 22, 39.1 y 46.1 de la ley 24557, la del artículo 17.5 de la ley 26773 y la del artículo 17 del Decreto nro. 472/14. Hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando a GALENO ART S.A. (continuadora de MAPFRE ART S.A.) a pagar al actor, en el plazo de diez días la prestación que dispone el art. 14.2.a de la LRT, por incapacidad parcial permanente y definitiva del 32%, cuya liquidación se realizará aplicando las reformas introducidas por la ley 26773 (arts. 3 y 17.6) y teniéndose presente la declaración de inconstitucionalidad del Dec. 472/14. Dispuso además que el capital ajustado devengara intereses desde el 01.01.10 a una tasa del 12% anual hasta el efectivo pago. Por otra parte, rechazó la demanda dirigida contra Federico Alejandro Depauli, por improcedente. Impuso costas conforme lo dispuesto en el punto 15 de los considerandos.

Recurrido el fallo, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe resolvió rechazar la impugnación del codemandado Depauli; hacer lugar parcialmente al recurso de apelación del actor, condenando a la aseguradora al pago de la prestación dineraria del artículo 13 ley 24557, y al codemandado Depauli al pago de la reparación integral debida por todo concepto y/o rubro indemnizatorio por accidente de trabajo en la suma de $330000, devengándose los intereses moratorios a una tasa del 22% anual, con aplicación del fallo "Ibarra" a partir de la fecha 1.8.14.; hacer lugar parcialmente a la apelación de la codemandada MAPFRE ART S.A. y disponer que el cómputo de los intereses se efectuará conforme a la Res. SRT 414/99. Además dispuso que cada demandada responderá hasta el monto de la liquidación que corresponda a su condena (sistémica o civil), descontándose todo lo previamente abonado por la otra. Impuso las costas entre el actor y el demandado Depauli a este último en ambas instancias; y entre el actor y la ART a la demandada en la Alzada.

2. Contra dicho pronunciamiento interpone el codemandado Federico Depauli recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Alega en primer término que el fallo omitió expedirse sobre la constitucionalidad del artículo 39 de la Ley 24.557, circunstancia que resultaba determinante -conforme su criterio- para considerar la admisión de la acción civil deducida por el trabajador. Explica que, por el contrario, la Alzada condenó a su parte al pago de la reparación integral sin antes declarar la inconstitucionalidad de esa normativa que, precisamente, la prohíbe.

A su vez, advierte que en su decisión la Sala soslayó tratar cuestiones oportunamente expuestas, basándose para admitir la demanda en cuestiones que no fueron materia de la expresión de agravios del accionante, excediendo así el límite tanto de la acción como de la apelación e, incluso, del principio iura novit curia.

Aduce que tal postura lesiona su derecho de defensa en juicio al no haber podido esgrimir argumentos o defensas en torno a imputaciones no planteadas en su momento.

En segundo lugar afirma que el decisorio se apartó de la doctrina del caso "Aquino" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que no se efectuó la necesaria comparación entre lo que corresponde por reparación integral, y lo que corresponde por aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo, a fin de demostrar si resulta viable o no la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39 citado.

Como tercer agravio expresa que, en el marco de la acción civil incoada por el accionante -con sustento en el vicio o riesgo de la cosa (responsabilidad objetiva) y por conducta negligente de la empresa al no observar las medidas de seguridad (responsabilidad subjetiva)-, indudablemente el A quo debió tratar en forma preliminar la constitucionalidad de esa normativa. Sin embargo, de modo incongruente sostuvo una imputación de responsabilidad civil por incumplimiento contractual no invocado en la demanda, ni debatido en autos, ni cuestionado en la apelación.

Conforme todo ello entiende que la sentencia carece de fundamentación suficiente y adecuada, toda vez que no resulta clara por qué vía legal se responsabiliza a su parte ni cuál ha sido la atribución de esa responsabilidad.

En cuarto lugar sostiene que los juzgadores han invertido la carga probatoria, valorando arbitrariamente la prueba aportada por el actor, e ignorando la testimonial y documental ofrecida por la demandada. En este orden señala que quien debió probar el daño y el nexo de causalidad era el actor y no su parte la omisión de diligencia que constituya negligencia, imprudencia o impericia en el accionar del agente, como le exige.

Puntualiza que, por el contrario, la Alzada omitió valorar las probanzas arrimadas por el demandado de las cuales se corrobora la mecánica del accidente y la ausencia de su responsabilidad y, por ende, surge acreditada la existencia de una eximente.

Como quinta causal de arbitrariedad asevera el recurrente que el Tribunal incurrió en incongruencia respecto a la valoración del daño y la fijación de los montos indemnizatorios correspondientes. En este punto, sostiene que discrecionalmente se dispuso un monto total que "...abarca supuestamente 'todo concepto y/o rubro indemnizatorio'...", alejado de lo peticionado por el accionante en su demanda: daño emergente y lucro cesante, daño estético, daño psicológico y pérdida de chance, conforme el precedente "Méndez", y daño moral en la suma de $ 10.000 y lo que se estime al momento de dictar sentencia.

Advierte que conforme la pericial médica se acreditó la existencia y cuantificación del daño emergente o material, pero que no existe prueba alguna del lucro cesante, daño estético ni del psicológico cuya carga estaba en cabeza del actor y que, no obstante ello y los reclamos concretamente efectuados en la demanda, la Cámara le otorgó una indemnización treinta veces mayor a la reclamada, excediéndose así en sus facultades jurisdiccionales.

Como última causal de arbitrariedad afirma que la Alzada aplicó una tasa de interés que resulta confiscatoria, disponiendo además una capitalización de los mismos contra leggem. En el punto remarca que aún cuando la temática relativa a los intereses y su fijación no constituyen cuestión constitucional, en el caso dicha regla debe ceder ante esta disposición de la sentencia que determinó una exacción indebida e ilegal en el patrimonio del deudor.

Conforme ello, alega que lo decidido importó la aplicación de una tasa de interés superior a la máxima que permite y reglamenta el mercado cambiario argentino, incluso es superior a la que estipula la Ley nro. 25065, de tarjetas de crédito, a la que la misma sentencia remitió. Resalta que también esta decisión vulneró lo dispuesto en las leyes 23928 y 25561.

Ejemplifica la cuestión señalando que, conforme la resolución adoptada al respecto por los juzgadores, la tasa del mes de junio de 2015 arrojaría un porcentual del 53,14 %, y la de enero de ese mismo año, un 55,32 %, porcentajes que -a su criterio- denotan resultados exorbitantes. Cuestiona asimismo el incremento del 15 % puesto que la tasa de interés en las operaciones de créditos ya tiene incluido el costo financiero total.

Asevera que en este mismo aspecto, la sentencia incurrió en arbitrariedad lógica y en contradicción, desde que en el fallo que la Alzada cita como antecedente -"Ibarra"-, el voto del Vocal preopinante estableció como pauta de arranque de su razonamiento la doctrina de la Corte nacional en el caso "YPF c. Provincia de Corrientes" en cuanto a que es el reclamante quien debe probar los daños por la mora en el pago a fin de determinar la tasa aplicable, mas en el presente caso presumió mediante un juicio hipotético cuáles serían esos daños, sin pruebas concretas algunas rendidas en autos.

A su vez, observa que en el precedente de aplicación se trataba de rubros en su mayoría remunerativos "...por lo que podría en última instancia pensarse que el trabajador destina tales ingresos al consumo diario...", pero el razonamiento vertido en la decisión no puede aplicarse al sub examine en tanto aquí se trata de rubros por reparación integral por incapacidad laboral.

Sostiene también como arbitrariedad en el punto, que los jueces se apartaron del texto del artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación que dispone en cuanto a los intereses moratorios que a partir de la mora el deudor debe los intereses correspondientes y que la tasa se determina: por lo que acuerden las partes; por lo que dispongan las leyes especiales, y, en subsidio, por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. De tal modo considera que en el presente han inventado una tasa propia.

Entiende que igual vicio contiene la resolución respecto a la capitalización de intereses, dispuesta con una periodicidad de cuatro meses desde el 1.08.2015, pues es contraria a lo establecido por el artículo 770 del Código citado.

Aduce que en esta temática la Alzada soslayó además el criterio reconocido, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, adoptado por la Cámara Nacional del Trabajo, conforme el cual los intereses serán calculados según la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco de la Nación Argentina desde que cada suma es debida. Considera que se contradijo también lo dispuesto por el artículo 771 del Código Civil y Comercial, en tanto la tasa fijada excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación.

3. Por auto nro. 333, de fecha 8.06.2017, la Sala deniega la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto; lo que motiva la presentación directa del codemandado Depauli ante esta Corte, logrando por esa vía el acceso a la instancia excepcional intentada.

4. Encontrándose objetada la validez constitucional de la sentencia dictada por la Sala, cabe señalar que la confrontación de los agravios esgrimidos por el compareciente en el memorial recursivo, con lo resuelto por el Tribunal a quo, me conduce al convencimiento de que el recurso excepcional deducido merece favorable acogida. Ello así, al comprobar que los sentenciantes han dado un tratamiento irrazonable a la litis, adoptando una solución que se aparta de los cánones de motivación y fundamentación exigibles y, por ende, de la correcta resolución de la causa; lo que afecta los principios y garantías constitucionales que asisten al impugnante, resultando tal deficiencia decisiva para restarle validez a lo decidido desde una óptica constitucional (cfr. criterio de Fallos 312:682; 317:640; 318:2299; A. y S. T. 160, pág. 68; T. 243, pág. 480; T. 228, pág. 263, etc.).

En efecto, la Alzada afirma que le asiste razón a la actora en relación al agravio vinculado al rechazo de la demanda contra la empleadora en base al sistema de responsabilidad civil, condenando finalmente a Depauli en base al sistema de reparación integral. Sin embargo, en la fundamentación de la Sala hay carencias que desmerecen lo resuelto al respecto y lo tornan arbitrario.

Así, vemos que nada dice en cuanto a la inconstitucionalidad en el caso del artículo 39.1 de la ley 24557, cuando en autos ello fue un punto de debate concreto vinculado a la procedencia de la acción de reparación integral. Por lo que la carencia de toda mención a la inconstitucionalidad del artículo 39.1 aludido, a la luz del antecedente de la Corte nacional "Aquino" (Fallos 327:3753), torna al fallo atacado con un déficit de fundamentación que afecta constitucionalmente lo decidido.

Por otra parte, la Sala también incurre en arbitrariedad fáctica al afirmar de manera genérica y sin el respaldo debido en las constancias del caso, que el actor cumplió con su carga de demostrar los presupuestos de la responsabilidad, teniendo por acreditado que el empleador resultaba responsable civilmente por incumplimiento del deber de seguridad. Ello así, por cuanto arriba a esa afirmación en base a un análisis parcial de la prueba aportada, omitiendo elementos conducentes que debieron ser considerados, especialmente las testimoniales ofrecidas por la demandada, las que de haber sido evaluadas y entrelazadas con las restantes constancias de la causa, a la luz del derecho aplicable, podrían haber conducido a un resultado distinto. Tal omisión afecta la sentencia por falta de motivación suficiente.	Lo dicho hasta aquí resulta suficiente para evidenciar el déficit de fundamentación que invalida la sentencia atacada, sin necesidad de formular otras consideraciones al respecto. Sin embargo, no está demás puntualizar que también asiste razón al impugnante en cuanto tilda de arbitrario lo resuelto en torno a la tasa de interés aplicable conforme al fallo "Ibarra", dado que lo decidido resulta descalificable en esta instancia excepcional conforme a lo expuesto por esta Corte in re "Olivera" en fecha 30.10.2017, fundamentos a los que cabe remitirse mutatis mutandi por razones de economía procesal. Por todo lo expuesto, voto pues por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Coincido con los fundamentos y la solución propuesta en orden a declarar procedente el recurso interpuesto y, en ese orden, estimo pertinente añadir las siguientes consideraciones.

Conforme ha sostenido esta Corte (A. S. T. 273, pág. 288; T. 274, pág. 236; entre otros), si bien las cuestiones de hecho y prueba constituyen una barrera para el progreso del recurso de inconstitucionalidad, se dan excepciones cuando en la sentencia se ha omitido dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a los términos en que fue planteada, al derecho aplicable o cuando se llevó a cabo una defectuosa consideración de los elementos probatorios. Y en el "sublite", se ha producido uno de esos supuestos de excepción.

En efecto, incurrió el A quo en arbitrariedad normativa por apartamiento de la norma aplicable -el artículo 39.1 de la ley 24557- sin dar argumentos suficientes para ello. Así, la omisión de declarar inconstitucional la referida norma se erige en valladar inicial y previo a todo análisis de si corresponde responsabilizar al empleador por reparación integral.

A su vez, cabe recordar que esta Corte ha sostenido in re "Sanchez, Patrocinio c/ La Caja ART S.A." (A. y S. T. 274, pág. 11), que: "...el artículo 39.1 de la ley 24557 puede dar lugar a controversias constitucionales distintas, pues una cosa es el cuestionamiento del monto indemnizatorio cuantificado dentro de la lógica de la reparación tarifada o sistémica o del monto de la condena por reparación integral civil y otra muy distinta son los sujetos obligados a responder, así como la causa y fundamentos que dan origen a la responsabilidad sistémica y a la responsabilidad civil; siendo esta última cuestión, independiente de los montos de condena al que cada uno de los sujetos resulte eventualmente condenado. Por otra parte, si bien -y por lo general- los casos donde se planteaba la referida tacha presentaban una insuficiente cuantificación del daño por la vía sistémica, con lo cual se hacía necesaria la invalidación del artículo 39.1 a fin de responsabilizar a otros sujetos (por lo general el empleador) y alcanzar así una satisfactoria e integral reparación del perjuicio, ello no siempre es así en todos los casos. La postura que en el "leading case" de la Corte nacional "Aquino" (Fallos:327:3753) estuvo representada en el voto de los jueces Belluscio y Maqueda sostuvo que: "en la medida" en que el daño ocasionado excediera en forma manifiesta e intolerable la cobertura que el sistema de riesgos proporcionaba, la aplicación de la exención de responsabilidad resultaba inconstitucional. Ahora bien. En el mismo precedente, los votos de los doctores Petraccchi y Zaffaroni concluyeron que el artículo 39.1 de la ley 24557 es inconstitucional "en general" por cuanto su aplicación nunca podría dar lugar a una sentencia judicial válida, en tanto la referida exención de responsabilidad afecta sustancialmente el principio "alterum non laedere" y de reparación integral consagrado por el artículo 19 de la Constitución nacional así como al principio según el cual todas las personas tienen derecho a la protección de las leyes contra la interferencia arbitraria o ilegal de terceros en sus vidas o en el ejercicio de sus derechos (artículos 18 y 19 de la Constitución nacional)." Recordó también esta Corte, in re "Sanchez, Patrocinio" que "...la exclusión de un grupo de personas de la protección prevista por el Código Civil implica privarlos de la tutela que la ley ha dispuesto de la libertad e integridad personal garantizadas en el artículo 19 Constitución Nacional, y por tanto, una restricción semejante no puede reclamar en su favor la genérica presunción de constitucionalidad que cabe reconocer a las leyes que el Congreso dicta dentro del marco genérico de sus atribuciones legislativas..."; así, en tanto en el sistema de la ley de riesgos del trabajo la culpa del empleador es tratada como un riesgo no asegurado y no resarcible que es puesto a cargo del que lo sufre y no del que lo causa, debe negársele presunción de constitucionalidad, como a toda regla que obliga a afrontar el costo de daños causados por otros, por ser contraria, en principio, al derecho de propiedad. (CSJN, "Díaz c/ Vaspia" (D. 995. XXXVIII, del voto de la doctora Carmen Argibay).

Asimismo, cabe puntualizar el vicio de arbitrariedad fáctica en que incurrió el A quo, esto es "...cuando se ignoran los hechos relevantes y probados en el expediente..." (CSJSF A. y S., T. 92, pág. 50; T. 83, pág. 127), al concluir en la existencia de responsabilidad civil del empleador por incumplimiento del deber de seguridad.

Nótese que el Sentenciante apoyó esa conclusión en los testimonios de los testigos Juan García, Leonardo García, Marcos Galarza y Raúl Landriel por señalar todos de forma coincidente que al momento del accidente el actor no contaba con fajas y arneses para trabajar en altura (f. 234).

Sin embargo, omitió ponderar el A quo que, por un lado, esos mismos testigos afirmaron no haber presenciado el accidente y por otra parte, que se rindieron otras testimoniales -que la Sala ni siquiera mencionó- como la de Héctor Duarte quien manifestó que el actor bajó de forma inapropiada del andamio y que los empleados contaban con los elementos de seguridad acordes a la tarea desarrollada, o la declaración de Molina, quien ayudó al actor a levantarse luego del accidente y lo trasladó al sanatorio. Manifestó el testigo que el actor sufrió el accidente consistente en la fractura de su pierna izquierda porque saltó del andamio al querer bajar. También expresó que todos los trabajadores contaban con los elementos de seguridad apropiados. También el testigo Cabrera expresó que el actor no bajo del andamio por la escalera sino que saltó.

La omisión de considerar las referidas declaraciones y la arbitrariedad normativa antes apuntada evidencian vicios en el fallo cuestionado que lo tornan carente de motivación suficiente en los términos del artículo 95 de la Constitución Provincial.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros Netri y Erbetta expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿que resolución corresponde adoptar?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance allí indicado. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para dicte nuevo pronunciamiento al respecto. Costas al vencido (artículo 12, ley 7055) Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri y Erbetta expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance indicado al tratar la segunda cuestión. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para dicte nuevo pronunciamiento al respecto. Con costas al vencido.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - FALISTOCCO - NETRI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, Sala Primera -integrada-.

Otro Tribunal interviniente: Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la Tercera Nominación de Santa Fe.