Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-13


SENT Nº.: 121	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Trece (13) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, el señor vocal doctor Antonio Gandur -por encontrarse excusado el doctor Antonio Daniel Estofán-, el señor vocal doctor Carlos Eugenio Giovanniello -por subsistir la falta de votos para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, y la señora vocal doctora Ebe López Piossek -por encontrarse excusado el doctor Daniel Oscar Posse-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "La Cartujana S.R.L. vs. Provincia de Tucumán s/ Inconstitucionalidad".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Gandur, Carlos Eugenio Giovanniello, y doctora Ebe López Piossek se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La Cartujana S.R.L., parte actora, plantea recurso de casación (cfr. fs. 170/181vta.) contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 9 de junio de 2006 obrante a fs. 159/162 vta. de autos, que es concedido mediante Resolución del referido Tribunal de fecha 22 de junio de 2010 (cfr. fs. 212 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como Tribunal del recurso interpuesto, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

El recurso ha sido incoado en término; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; se dio cumplimiento con el depósito que exige la ley del rito (cfr. fs.169); el escrito de presentación del recurso se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por consiguiente, el recurso en examen es admisible, lo que habilita la competencia de este Tribunal Cimero provincial para examinar la procedencia del acto impugnativo extraordinario local.

III.- Sostiene la parte actora para fundar su recurso de casación que el fallo en crisis, al no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del Decreto N° 1961/3 del 12-09-02, resulta apartado de las normas sustanciales aplicables, siendo además arbitraria y contraria a la doctrina jurisprudencial de esta Corte Suprema de Justicia.

Sobre el particular, argumenta invocando diversas razones que, en lo pertinente serán valoradas y juzgadas al examinar a continuación la procedencia del recurso extraordinario local de marras.

IV.- ¿Asiste razón a la recurrente? IV.l.- Respecto al primer agravio, considero que asiste razón a la recurrente por contar con un importante elemento probatorio aportado a la causa y que la sentencia ha omitido examinar, esto es, la constancia de inscripción al impuesto de los Ingresos Brutos bajo el número de inscripción CM- N° 924 - 832370-3, como contribuyente comprendido en el Convenio Multilateral, mediante formulario CM 01 de fecha 04-07-2002, sellado e intervenido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán (fs. 3).

A partir del análisis del citado instrumento, no considero rigurosamente exacto como lo sostiene el fallo, que la actora no haya acompañado constancia alguna que acredite el carácter de beneficiaria de la "alícuota 0".

Si bien no lo dice puntualmente el citado instrumento, en el punto (7) "actividades desarrolladas", no consigna específicamente que "La Cartujana" SRL sea beneficiaria de alícuota 0%, sí dice expresamente "exento/desgravado". Las exenciones sólo pueden ser establecidas por ley, mientras la desgravación, al menos en este caso, se ha operado mediante los Decretos N° 257/3 del 21-3-94, N° 2507/3 del 12-11-93 y modificatorio, dictados en el marco del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, ya que atento a la fecha de inscripción dichos decretos se encontraban vigentes. Adviértase que si según la constancia de inscripción la actividad está desgravada, ello sin duda sólo puede referir a la alícuota 0%.

Asimismo, si bien es cierto que no se describe puntualmente la actividad que desarrolla a fin de determinar taxativamente si éstas se encuentran entre las que describen los decretos N° 257/3 del 21-3-94 y N° 2507/3 del 12-11-93, como alcanzados por el plan apuntado, no se puede obviar que sobre el tema la constancia de inscripción expresa "industria manufacturera n.c.p." y aunque no describe puntualmente el tipo de actividad, lo cierto es que se trata evidentemente de una actividad desgravada.

La misma descripción de las actividades desgravadas contenidas en el Decreto N° 257/3 modificatorio del Decreto N° 2507/3, contienen expresiones genéricas, así por ejemplo entre las actividades incluidas en la alícuota 0% su artículo 1, incorpora como apartado h-2, del inciso B), del artículo 10... "h-2-5- Actividad industrial, excluidas las previstas en los apartados h-2- 2; h-2-3; h-2.4 y las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios..." (existen muchos tipos de actividades industriales).

En suma, se debe poner el acento en el hecho de que se trata de una actividad desgravada más allá de determinar en que consiste concretamente la actividad propiamente dicha desarrollada por el contribuyente, atento a lo expuesto precedentemente.

A mayor abundamiento, la demandada no ha cuestionado ni impugnado la constancia de inscripción, salvo cuando la actora afirma que se trataría de una actividad primaria, tema en el que coincido con la accionada, porque el instrumento dice "industria manufacturera" que no es lo mismo. No obstante, reitero, este tema no es decisivo. No puede obviarse que el instrumento de inscripción dice actividad exenta/desgravada, lo que no ha sido observado por la accionada.

En segundo lugar, también le asiste razón a la recurrente cuando se agravia porque el fallo ha indicado que la actora debió cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1° bis del Decreto N° 2507/3 de acuerdo a las reformas introducidas por el Decreto N° 257/3 para encuadrarse en el beneficio de la alícuota 0%, sin tener en cuenta que al momento de la inscripción de la actora, se encontraba vigente la modificación introducida por el Decreto N° 75/3 - ME - (BO 17-01-2000) que dispone: "Los contribuyentes que realicen actividades que se encuentren incluidas conforme el presente decreto, en la alícuota 0%, y que tengan establecimiento productivo en actividad dentro del territorio provincial, quedarán automáticamente incluidas en la misma..." Vale decir que la inclusión es automática. La norma no exige el dictado de acto administrativo alguno a partir del cual gozar de los beneficios de alícuota 0%. Además la constancia de inscripción de fs. 3, también acredita que el contribuyente posee el establecimiento productivo en el territorio provincia (Camino del Perú, km 3,5 -Cebil).

Siendo ello así, la actora ha acreditado que su actividad se encuentra beneficiada por alícuota 0% y por lo tanto posee un interés específico y concreto en la solución del conflicto.

Por las razones expresadas precedentemente, el recurso de casación en lo que a esta cuestión previa al planteo de inconstitucionalidad se refiere, resulta procedente.

En consecuencia, corresponde casar la sentencia en recurso, dejándola sin efecto en todas sus partes, conforme la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, el fallo que omite considerar prueba decisiva incorporada al proceso, sustancial para la solución arbitrada por la sentencia para la composición del litigio".

IV.2.- Habiendo resuelto la cuestión previa en el sentido descrito precedentemente, corresponde ingresar en el planteo de inconstitucionalidad del Decreto N° 1961/3 del 12-9-02.

Dentro de la modalidad del denominado federalismo de concertación por sus contenidos, se inserta el "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento", llamado también "Pacto Fiscal", suscripto entre el Presidente de la Nación y los Gobernadores de provincias -entre ellas Tucumán- el 12 de agosto de 1993. Dicho pacto fue ratificado en el orden nacional mediante Decreto del PEN N° 14/94 (BO. el 25-01-94), ratificación autorizada por el artículo 33 de la Ley nacional de presupuesto N° 24.307 y en el orden local a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2358/3 del 27-10-93 y de las Leyes provinciales números 6496, 6511 y 6512.

El mentado instrumento tuvo por fines federales declarados, promover el crecimiento armónico del país y sus regiones y la necesidad de adoptar políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de las economías regionales. A tal efecto, los Gobernadores acordaron la adopción de políticas a concretarse por los Poderes Ejecutivos Provinciales, una vez aprobado el acuerdo por las respectivas Legislaturas, en lo que es materia de su competencia según las constituciones locales, indicando puntualmente los actos de gobierno a modificar o derogar. Así, señala en el apartado 1° punto 4 incisos a) y e) el compromiso de modificar el Impuesto a los Ingresos Brutos, disponiendo la exención para las actividades de producción primaria y producción de bienes (industria manufacturera), respectivamente, excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el mismo tratamiento que el sector minorista. Asimismo se previó que estas exenciones pudieran implementarse parcial y progresivamente de acuerdo a lo que disponga cada provincia, pero deberán estar completadas antes del 30 de junio de 1995.

En el apartado 2° del pacto en análisis, correspondiendo al significativo aporte provincial al proceso de crecimiento de la economía nacional y de las regiones que representa lo acordado por los Gobernadores, la Nación asume una serie de obligaciones para con las provincias entre ellas algunas del campo tributario, otras como la aceptación de las transferencia de los sistemas previsionales a la Nación, etc.

El Decreto N° 2890/3 del 20-12-93 (BO. del 29-12-93) declara que la ratificación por la Provincia de Tucumán del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de fecha 12 de agosto de 1993, se ha operado a través de los instrumentos normativos ut supra referenciados, resultando aquélla beneficiaria de las medidas dispuestas por el pacto de marras, como compromiso asumido por el Estado Nacional. En el considerando pone de resalto que, si bien en el orden local no existe un instrumento único que en términos sacramentales ratifique las disposiciones contenidas en el Pacto Federal, se han dictado una serie de disposiciones y medidas que en su conjunto implican una aceptación de sus postulados y una aplicación operativa de sus principios con los efectos que ello conlleva.

En el marco de la reseña que antecede, cabe destacarse la adhesión de la Provincia de Tucumán dispuesta por el artículo 1° de la Ley 6496 (BO. del 25-11-93) a los principios y propósitos contenidos en el citado Pacto Federal, en el cual el Gobernador que lo suscribió manifiesta la voluntad de contribuir a la concreción de tales objetivos. Además el mandato expreso contenido en el artículo 2° de la mencionada ley, ordenando la instrumentación normativa de los diversos tópicos expresados en el artículo 1° y disponiendo que sean llevados a cabo en cada caso, a través de la ley, con respeto de las competencias y atribuciones constitucionales no constituye una mera recomendación o simple expresión de deseos sino que, como norma de derecho intrafederal, genera entre los suscriptores del acuerdo obligaciones institucionales recíprocas a cumplir en la esfera de sus respectivas competencias.

Luego se dicta la Ley N° 6497 (BO. del 29-11-93) cuyo artículo l° apartado del Impuesto a los Ingresos Brutos, inciso c) reemplaza el artículo 5° de la Ley N° 5636, por el siguiente: "De conformidad con lo preceptuado por el art. 194 del Código Tributario, la alícuota general del impuesto es del cero por ciento (0%) hasta el quince por ciento (15%)"; y en su inciso d) reemplaza el artículo 6° de la Ley N° 5636, por el siguiente: "El Poder Ejecutivo queda facultado a fijar las alícuotas para las actividades cuyos hechos imponibles se encontraren alcanzados por el impuesto, graduando las mismas con carácter objetivo.

Las alícuotas que fije el Poder Ejecutivo no podrán ser superiores a las que regían hasta la entrada en vigencia de la presente ley".

En ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 6°, 12° y 48 segundo párrafo de la Ley N° 5636, el Poder Ejecutivo (en adelante PE) dicta el Decreto N° 2507/3 (ME) del 12-11-93 que fue modificado posteriormente por Decreto Nº 257/3 del 21-3-94, en cumplimiento del Pacto Federal al que adhirió la Provincia de Tucumán incorporando el régimen de alícuota cero por ciento (0%) al Impuesto a los Ingresos Brutos y fijando las condiciones para que pueda acceder a éste distintas actividades, entre ellas la del actor. Ello consta a fs. 3 donde expresamente se acredita que la actividad de la actora se encuentra comprendida en la alícuota general del 0% del Impuesto a los Ingresos Brutos.

A través del Decreto N° 1961/3 (ME) del 12-9-02 se deja sin efecto la alícuota del cero por ciento (0%) del Impuesto a los Ingresos Brutos, oportunamente acordada a la actividad de la actora.

En la perspectiva de las consideraciones que anteceden, interesa poner de relieve que la delegación legislativa conferida al PE por los artículos 5 y 6 de la Ley N° 5636 modificados por Ley N° 6497, para fijar la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos en un rango que va de cero por ciento (0%) al quince por ciento (15%), a estar al contenido de los decretos dictados en ejercicio de dicha autorización legislativa, tuvo por objeto concretizar la política económico-tributaria que le había fijado el legislador delegante al PE, en miras al logro de los objetivos y propósitos enunciados en el Pacto Fiscal, al que la Provincia se había adherido por Ley N° 6496.

Entre estos objetivos en el punto primero apartado 4., se acordó expresamente la modificación del Impuesto a los Ingresos Brutos, disponiendo la exención de las actividades que señala (entre las que se encuentra la del actor), con la expresa salvedad que estas exenciones podrán implementarse parcial y progresivamente de acuerdo a lo que dispusiera cada provincia, pero establece que deberán estar completadas antes del 30 de junio de 1995.

Sin duda la delegación legislativa, en este caso concretada antes de la reforma constitucional de 1994, constituye un instituto jurídico de carácter excepcional para cuya validez constitucional exige que verse sobre materias determinadas y se señalen previamente las bases o criterios que han de servir de límite al reglamento delegado. Es decir que debe ser siempre expresa, especial, estableciéndose para cada caso y no en forma genérica, a fin de permitir su acotamiento por medio de límites materiales y sujetos a una política legislativa, previamente establecida. No se trata, pues, de una facultad que pueda ser ejercida sine die, ni menos aún susceptible de ser mutada aunque dentro de los parámetros legales cuando discrecionalmente lo estime conveniente el PE, porque ello puede implicar un apartamiento de la política legislativa o de las bases de la delegación.

Con el dictado del Decreto N° 2507 del 12-11-93 modificado por Decreto N° 257/3 del 21-3-94, la facultad delegada por la ley fue ya ejercida por el PE, quien fijó una alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad del actor, en un rango del cero por ciento (0%) en procura de concretar una política de paulatina desgravación impositiva establecida por el marco jurídico del Pacto Federal, cuyo objetivo declarado fue la exención gradual y progresiva del Impuesto a los Ingresos Brutos hasta su exención total, con fecha tope en junio de 1995.

Por lo tanto, una vez que se hubo materializado en el ámbito provincial el objetivo final previsto en el Pacto Federal -aunque más no sea merced a un mecanismo como la "alícuota 0%" en vez de la "exención impositiva" contemplado en aquel acuerdo-, es de toda evidencia que los artículos 5 y 6 de la Ley N° 5636, reformada por Ley N° 6497, en modo alguno pudieron ser invocados como fundamento jurídico válido de la decisión del PE de gravar con una alícuota que no fuera el 0% a la actividad desarrollada por el actor, mediante Decreto N° 1961 del 12-9-2002-. Ello es así por cuanto el recto sentido de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 5636 reformada por la N° 6497, no pudo obtenerse desligado de las previsiones del Pacto Fiscal en lo que se refiere a la exención impositiva progresiva respecto a las actividades allí mencionadas.

Por consiguiente, de la hermenéutica integrada y armónica explicitada resulta que, una vez cumplida la finalidad del Pacto en la Provincia con la fijación de la alícuota 0% para las actividades exentas, devino inaplicable respecto a ellas la previsión de los aludidos artículos 5 y 6 que posibilitaban imponer una alícuota diferente. Así interpretadas estas normas, en cuanto a su adecuado sentido y alcance a la luz de lo acordado en el Pacto Federal que vino a neutralizar, como se dijo, la legitimidad de autorizar el establecimiento de una alícuota distinta al 0% para las actividades de marras, va de suyo que aquellas disposiciones, así entendidas, no lucen inconstitucionales. O dicho en otros términos, al leer las referidas normas debe tenerse por escrita la salvedad que la habilitación para determinar una alícuota superior al 0% con relación al Impuesto a los Ingresos Brutos no rige con respecto a las actividades cuya exención progresiva previó el Pacto Fiscal.

Por el contrario sí deviene inconstitucional el Decreto N° 1961 del 12-9-2002, dado que, al dejar sin efecto la alícuota del 0% del Impuesto a los Ingresos Brutos, desorbita los límites de la delegación legislativa acordada, al apartarse de la política legislativa prevista por el legislador al delegar, que no es otra que la consecución de los propósitos y objetivos del Pacto Fiscal, vinculados a la exención progresiva del impuesto.

Resulta oportuno tener presente las tres reglas básicas que Alberto Bianchi considera deben observarse estrictamente para que la delegación no devenga inconstitucional: a) que la política legislativa haya sido delineada en forma clara por el legislador, para evitar la producción de decisiones libradas íntegramente a la discrecionalidad de los órganos administrativos; b) la delegación no puede ser tomada en forma igualitaria para todas las materias, sino que debe existir una gradación en la intensidad, según sea el tipo de facultad delegada. Así todo lo atinente a la delegación en materia tributaria, debe ser restringido a lo indispensable, ya que el poder tributario ha sido atribuido constitucionalmente al legislador; c) debe tenerse en cuenta que la delegación, pese a su difusión, no debe dejar de ser un instituto jurídico de excepción y, por lo tanto, de interpretación restrictiva; por tanto, frente a una duda de si es pertinente o no, debe estarse a la solución negativa (Bianchi, Alberto B., La delegación legislativa. Teoría de los reglamentos delegados en la Administración Pública, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As. 1990, pág. 907).

Por las razones expresadas, el Decreto N° 1961 del 12-9-02 en cuanto excede los límites de la política legislativa tenida en cuenta al delegar, resulta nulo por inconstitucional y, en su mérito, corresponde también por ser procedente, acoger el agravio referido a la pretendida subversión del orden jurídico tributario alegado por la actora, en lo que se relaciona con la constitucionalidad del Decreto N° 1961 del 12-9-02. En tal sentido mi voto.

En mérito a todo lo dicho, corresponde casar la sentencia en crisis, dejando sin efecto el punto I de su parte resolutiva, en cuanto no hace lugar al planteo de inconstitucionalidad del Decreto N° 1961/3 del 12-9-02 e íntegramente el punto II relativo a la imposición de costos como consecuencia de ello, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe declararse la nulidad de un reglamento delegado, dictado por el Poder Ejecutivo que se aparta de los objetivos que le dan su sentido a las facultades delegadas, delimitado por la política legislativa fijada a partir de las pautas y propósitos establecidos en el Pacto Fiscal suscripto por la Provincia de Tucumán, cuando en el punto 4 de la cláusula primera de aquél, ésta asumió el compromiso de modificar el gravamen impuesto a los Ingresos Brutos, disponiendo la exención gradual del tributo a ciertas actividades como la del actor".

Corresponde por ende, "1.- HACER LUGAR al recurso de casación incoado por la parte actora contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 9 de junio de 2006 obrante a fs. 159/162 vta, de autos, conforme lo considerado, dejándola sin efecto en todas sus partes. Dictar como SUSTITUTIVA, la siguiente: "2. I.- DECLARAR, con relación a la presente causa, la nulidad del Decreto N° 1961/3, del 12-9-02 peticionada por la razón social actora "La Cartujana" SRL, por violar el principio de legalidad. "3. II.- COSTAS de la instancia de grado, a la demandada." V.- Teniendo en cuenta la conclusión inferida, las costas de la instancia extraordinaria local se imponen a la vencida, Provincia de Tucumán, demandada en autos (cfr. artículos 89 del CPA y 105, primera parte, del CPCC).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 170/181 por la parte actora, por intermedio de letrado apoderado, contra la sentencia del 09/6/2009 (fs. 159/161) de la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo. El recurso fue concedido por resolución de fecha 22/6/2010 (fs. 212).

El pronunciamiento recurrido en casación dispuso rechazar la demanda interpuesta en autos, con costas a la actora.

2.- Se agravia el recurrente de que la Cámara haya sostenido que "la sociedad actora no ha acercado al proceso constancia alguna de la que se siga su carácter de beneficiario de la alícuota 0, ni siquiera probado las actividades que efectúa, por lo que no es posible establecer si éstas se encuentran entre aquéllas que se describen en los Decretos N° 257/3 y 2570/3" y que "no ha demostrado un interés especial o diferenciado en la solución del conflicto" por lo que "su planteo adolece de un defecto fundamental que impide el tratamiento de la cuestión de fondo traída a resolución".

Alega que se encuentra incorporado en autos, como elemento probatorio presentado por su parte, la constancia de inscripción en el impuesto a los ingresos brutos bajo el número CM N° 924-832370-3, como contribuyente comprendido en las normas del Convenio Multilateral, mediante formulario CM 01 de fecha 04/07/2002, sellado e intervenido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán, agregado a fs. 3. Afirma que de la citada instrumental surge claramente la actividad desarrollada por la actora, que se consignara como "industrias manufactureras", comprendidas dentro de las actividades primarias beneficiarias de la alícuota 0. Menciona que se hizo constar asimismo, que la firma actora tiene su domicilio en esta provincia. Destaca que el documento presentado por su parte con el escrito de demanda no fue impugnado por la accionada, que se limitó a hacer negativas genéricas.

Insiste en que "la valoración de este elemento probatorio permite acreditar la legitimación.en función de un interés jurídico susceptible de ser tutelado judicialmente".

Denuncia arbitrariedad de sentencia por haber omitido el tribunal de grado, la valoración de una prueba decisiva para la adecuada resolución de la cuestión debatida en autos. Cita precedentes jurisprudenciales de esta Corte que estima de aplicación al caso y pide se deje sin efecto el pronunciamiento impugnado.

Sostiene, por otra parte, que el decisorio impugnado incurre en infracción normativa, al afirmar que quien pretende acogerse a los beneficios previstos por el Decreto N° 2507/3 modificado por el Decreto 257/3, debe observar un trámite legalmente establecido a fin de obtener el dictado de una resolución favorable de la autoridad de aplicación que tornara operativo el beneficio para el solicitante. Alega que "por medio del Decreto 75/3 ME, BO del 17/01/2000 se dispuso la modificación del art. 1 bis del Decreto 2507/3 ME (citado en la sentencia como vigente) y sus modificatorias, quedando redactado de la siguiente forma: ´los contribuyentes que realicen actividades que se encuentren incluidas conforme el presente decreto en la alícuota 0% y que tengan establecimiento productivo en actividades dentro del territorio provincial, quedarán incluidas automáticamente en la misma´". Destaca que a tenor de la norma reformada no se exige el dictado de acto administrativo alguno pues a tenor de la preceptiva legal vigente, el beneficio del régimen de alícuota 0 es automático.

Invoca la violación de las normas contenidas en los arts. 1, 3, 6, 22, 63, 87 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Tucumán, los arts. 1, 4, 5, 17, 18, 28, 29, 31, 75, 99, 125 y concordantes de la Constitución Nacional, el "Pacto Federal para el Empleo, la producción y el crecimiento y la preceptiva nacional y provincial que lo puso en vigencia".

De conformidad a las alegaciones precedentemente reseñadas, propone doctrina legal, pide se haga lugar al recurso interpuesto y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

3.- El recurso fue deducido en término, contra una sentencia definitiva, se invoca infracción normativa y arbitrariedad del pronunciamiento recurrido y se ha dado cumplimiento a la exigencia del depósito con la boleta de fs. 169, por lo que corresponde abordar su procedencia.

4.- Asiste razón al recurrente en relación a que la conclusión del Tribunal, referida a que la actora no aportó elementos de prueba que acreditaran la actividad desarrollada por ésta, para así determinar si se encontraba alcanzada por las previsiones de los Decretos N° 257/3 y 2507/3 y si resultaba beneficiaria del régimen de la alícuota 0, no exhibe fundamentos suficientes apoyados en las constancias de la causa. Consecuentemente con ello, idéntica consideración corresponde a la afirmación de que la accionante no ha demostrado un interés jurídico tutelable y que en ausencia de este presupuesto está vedado al tribunal "el tratamiento de la cuestión de fondo traída a resolución".

La instrumental acompañada a fs. 3, formulario CM 01 de inscripción presentado por la firma La Cartujana con fecha 04/7/2002 a la Dirección General de Rentas Tucumán, contiene los datos de la mencionada razón social y, en el rubro (7), en una misma línea bajo el título CUACM, consigna el n° 369990-1; bajo el título Descripción, Exento/Desgravado - Industrias manufactureras n.c.p., bajo el título Art. 02; y bajo el título Alta, 01/01/1985.

Dicha instrumental no ha merecido ninguna consideración por parte del Tribunal, lo que descalifica al pronunciamiento judicial, invalidándolo, toda vez que se trata de documentación acompañada con el escrito de demanda relacionada con la cuestión llevada a decisión del tribunal sentenciante en la presente litis. Ello en modo alguno significa reconocer idoneidad probatoria a la constancia de fs. 3 sino puntualizar que el pronunciamiento de la Cámara debió examinarla y, en su caso, expresar las razones por las cuales considera que no se trata de una prueba apta para acreditar que la actora reviste el carácter de beneficiaria de la alícuota 0%.

Como se anticipó, sin que ello implique emitir juicio acerca del valor de la instrumental de fs. 3, la omisión de su consideración afecta en su validez a la resolución así dictada a la luz de los arts. 18 de la Constitución Nacional, 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán y 263 y 264 del CPCC (texto consolidado).

En mérito a lo expresado, corresponde casar la sentencia recurrida en base a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido el pronunciamiento que omite valorar una prueba instrumental agregada al expediente y relacionada con la cuestión debatida en la litis". Los autos deberán ser remitidos a la Excma. Cámara a fin de que la Sala que por turno corresponde, dicte nueva sentencia.

Lo precedentemente decidido torna de inoficioso pronunciamiento los demás planteos del recurrente.

5.- Atento a que las razones que motivan la procedencia del recurso derivan la actuación del órgano jurisdiccional, las costas deberán ser soportadas por el orden causado (art. 89 del CPA y art. 105 inciso 1º del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Carlos Eugenio Giovanniello, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos brindados por la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, vota en idéntico sentido.

La señora vocal doctora Ebe López Piossek, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 231/233, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I. 1.-HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia e la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 9 de junio de 2009 obrante a fs. 159/162 de autos, conforme lo considerado dejándola sin efecto en todos sus partes. Dictar como SUSTITUTIVAS, las siguientes: "2. I. DECLARAR, con relación a la presente causa, la nulidad del Decreto N° 1961/3, del 12-9-02 peticionada por la razón social actora "La Cartujana" SRL, por violar el principio de legalidad. "3. II.- COSTAS, a la demandada." II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	ANTONIO GANDUR	(en disidencia) CARLOS EUGENIO GIOVANNIELLO	EBE LÓPEZ PIOSSEK	(en disidencia) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030681-03.