Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-08


Expte. n° 9159/12 "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos: 'Gareca, César Luis Alberto s/ infr. art. 189 bis, tenencia de arma de fuego de uso civil -CP (P/L 2303-)'" Buenos Aires, 8	de mayo de 2013 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta	1. El Sr. Defensor General Adjunto de esta Ciudad -en representación de César Luis Gareca- dedujo queja (fs. 86/95) contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas (fs. 80/81) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que la defensa había interpuesto (fs. 60/77), a su turno, contra el pronunciamiento de esa Sala (fs. 54/58) que confirmó la decisión dictada por el juez de primera instancia (fs. 33/37). Mediante aquel pronunciamiento, en lo que aquí importa, se había rechazado la solicitud de archivo de las actuaciones planteada por el Defensor Oficial en razón de que, según argumentó, por el tiempo transcurrido desde el momento en que el juez nacional de instrucción tomó la declaración indagatoria (26/05/11) hasta que el Fiscal local formuló el requerimiento de juicio (15/02/12), se habría excedido el plazo razonable para realizar la investigación preparatoria.

2. En el recurso de inconstitucionalidad denegado por los jueces de la Sala I, el Ministerio Público de la Defensa señaló que la resolución recurrida resultaba equiparable a definitiva porque le provoca al imputado un perjuicio actual de imposible reparación ulterior. En concreto, la defensa expresó que, al no haberse resuelto el archivo y el sobreseimiento de su asistido respecto de todos los hechos, en autos, la Sala I desconoció las garantías de defensa en juicio y debido proceso y la duración razonable del proceso.

La Sala I, a su vez, denegó aquel recurso porque no estaba dirigido contra una resolución equiparable a definitiva y porque la defensa tampoco había alcanzado a demostrar la existencia de un caso constitucional. 3. El Sr. Fiscal General, al tomar intervención en autos (fs. 107/113), consideró que el Tribunal debía rechazar la queja porque no atacaba una decisión definitiva ni equiparable a tal y porque tampoco presentaba un caso constitucional.

Fundamentos El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso de queja fue interpuesto por escrito, ante el Tribunal y en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402), sin embargo, no puede prosperar.

2. Este Tribunal repetidamente ha dicho que las resoluciones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso, por regla, no reúnen el carácter de sentencia definitiva a los fines del art. 27, ley nº 402 ("Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255 -apelación-'", expte. n° 3338/4, resolución del 01/12/04, entre muchos otros).

3. Tampoco el recurrente ha demostrado que la decisión cuestionada -que confirmó el rechazo del planteo del defensor oficial para que se archivara la causa por vencimiento del plazo de la investigación penal preparatoria- pueda ser equiparada a una sentencia definitiva en razón de sus efectos. En ese sentido, la defensa no ha logrado conectar la decisión impugnada con garantías que requieran de una tutela inmediata por parte de este Tribunal.

Los jueces de la Cámara afirmaron que, en el caso, el plazo de la investigación penal preparatoria debía computarse a partir del ingreso de las actuaciones al fuero Penal, Contravencional y de Faltas de esta Ciudad. Los camaristas interpretaron que si bien la audiencia de intimación del hecho prevista en el art. 161, CPP, es el hito a partir del cual debe computarse el plazo previsto en el art. 104, CPP, en este proceso, en el que las actuaciones arribaron a este Poder Judicial luego de que el acusado brindó la declaración indagatoria prevista en el art. 294, CPPN, debía iniciarse el término en cuestión recién a partir de que las autoridades judiciales locales tomaron intervención "[e]llo así toda vez que la ley procesal penal local no puede aplicarse retroactivamente a actos procesales celebrados válidamente en otra etapa procesal ya ocurrida en la órbita de la Justicia Nacional -donde se aplica otro código ritual- y ya precluída" (fs. 56). Sobre la base de ese razonamiento, los jueces concluyeron que, como entre el ingreso de la causa al fuero y el requerimiento de juicio presentado habían pasado un poco más de dos meses hábiles judiciales, el plazo de duración de la investigación penal preparatoria previsto en el art. 104 CPP no se había cumplido.

En ese escenario, la sola invocación de que el plazo de los arts. 104 y 105 del CPPCABA ha vencido y que -por ello- se ha lesionado la garantía de plazo razonable, sin rebatir sólidamente los dichos de la Cámara, no deja de constituir más que una afirmación dogmática. Además, al margen del acierto o error de la interpretación desarrollada por los jueces del caso, lo cierto es que la defensa no ha logrado demostrar la relación entre los principios que invoca y la decisión que cuestiona. En efecto, en la queja se proponen otra interpretación posible de las reglas procesales locales aplicadas al caso, y una diversa valoración de las circunstancias fácticas tenidas en cuenta en la sentencia, sin que se demuestre que la cuestión exceda el ámbito que es propio, por regla, de los jueces de mérito.

De acuerdo a lo expuesto, resulta de aplicación al caso, mutatis mutandi, lo resuelto por este Tribunal in re "'Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidente de prescripción de la acción en autos: Ierino, Leandro o Leonardo Javier s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. n° 5542/07, resolución del 14/5/2008; "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidente de excepción de falta de acción en autos: Petracona, Miguel Ángel s/ inf. art. 189 bis 3er. Párrafo del C.P. - apelación'", expte. n° 4169/05, resolución del 22/2/2006 y "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ponzoni, Manuel Eduardo s/ inf. Art. 189 bis tercer párrafo del CP'", expte. nº 4170, resolución del 10/2/2006, entre otras. Cabe señalar que en dichos casos, en los que las instancias de mérito habían rechazado, también, el pedido de archivo de las actuaciones por el transcurso del plazo de duración de la investigación preparatoria (que en aquel momento regulaba el art. 56, inc. 2º, ley nº 12) la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó las quejas interpuestas por recurso extraordinario federal denegado tras afirmar la inexistencia de sentencia definitiva o equiparable a tal de acuerdo a las previsiones del art. 14 de la ley nº 48 (I. 145. XLIV, "Ierino", resolución del 5/5/2009; P. 535. XLII "Petracona", y "M. 679. XLII "Ponzoni", resolución del 31/10/2006).

4. En razón de lo expuesto, considero que corresponde rechazar la queja. En cuanto al depósito que reclama la queja vencida (art. 34, segundo párrafo, ley n° 402), corresponde diferir su consideración a las resultas del trámite del beneficio de litigar sin gastos iniciado según constancias de fs. 83/84 (cf. "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Feng Chen Chih s/ art. 40 CC -apelación-'", expte. nº 2212, resolución del 11/06/2003, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. V, ps. 376 y siguientes).

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Coincido con el señor juez de trámite, doctor José Osvaldo Casás, en que la queja incoada por el Defensor General Adjunto no puede prosperar porque el recurso de inconstitucionalidad que fue denegado por el tribunal a quo no se dirigió contra una sentencia definitiva (art. 27, ibídem), ni contra un auto que, por sus efectos y de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, sea equiparable a una decisión de tal especie. Ello es así, en tanto la resolución del tribunal a quo que confirmó, en lo que hoy importa, la decisión previa en cuanto no hizo lugar a una excepción de falta de acción intentada -frente al presunto vencimiento del plazo de la investigación penal preparatoria-, no puso fin al proceso, no impidió su continuación y lo cierto es que tampoco se puede inferir de la argumentación de la defensa que en el caso se verifiquen circunstancias demostrativas del gravamen de imposible reparación ulterior que invoca.

En este sentido, aunque la defensa alega la supuesta afectación de la garantía del plazo razonable de duración del proceso, lo cierto es que -a mi modo de ver- no ha logrado explicar apropiadamente la relación que existe entre esa invocación y lo resuelto en autos. En efecto, el hecho de que no se haya dado entidad a su pretensión para que este proceso fuera archivado no permite determinar per se que aquí se encuentra involucrada la garantía que invoca la defensa y tampoco autoriza a presumir que, hasta que en autos se dicte una sentencia definitiva, vaya a transcurrir un lapso tan prolongado que en sí mismo sea capaz de ocasionarle a su defendido un perjuicio que no admita reparación ulterior. En otras palabras, la invocación que el recurrente hace en torno a esa garantía constitucional no es más que una afirmación dogmática que no ha sido acompañada de un desarrollo argumentativo serio que justifique que su pretensión requiera de una "tutela inmediata".

En concreto, la defensa únicamente desarrolló en sus presentaciones cuestionamientos genéricos destinados a exponer que en autos corresponde computar el plazo previsto en la normativa local desde que el involucrado fue indagado -por un magistrado nacional y sobre la base de otra normativa-, en lugar de hacerlo desde el momento en que la causa ingresó al fuero local porque -según lo consideraron todos los jueces de mérito- "la ley procesal local no puede regir sobre actos procesales [ya] practicados, conforme la ley procesal nacional, por el Juez que tramitaba las actuaciones con anterioridad a su ingreso a este fuero" (fs. 56). A criterio del recurrente, esa interpretación por parte de la Justicia local desconoce varias garantías constitucionales de su asistido -entre las que se destaca la referida a la "duración razonable del proceso penal"-.

Sin embargo, es preciso recordar que establecer la inteligencia que le cabe a las normas procesales que juegan en la especie, para definir desde qué momento puntual debe iniciarse un cómputo, claramente, no suscita una controversia de orden constitucional ni una que se involucre de forma directa con el alcance que quepa reconocer respecto de alguna garantía de aquella naturaleza, sino que se trata de una muy interesante discusión que discurre por un terreno de interpretación infraconstitucional que, por regla, no excede el ámbito privativo de los jueces de la causa. En conclusión, la defensa no logró argumentar de qué manera lo aquí resuelto vulneró las garantías mencionadas, en sus distintas presentaciones, de manera tal que se justifique la intervención prematura de esta instancia y, por lo demás, la consideración de las particulares circunstancias tenidas en cuenta por el a quo para concluir que el plazo legal de la investigación penal preparatoria no había vencido en el caso, no surte por sí sola la competencia de este estrado cuando, vale decir, no se realiza un desarrollo argumentativo serio y contundente que ponga de resalto el absurdo de las conclusiones de la Cámara.

2. En sintonía con el voto del Dr. José Casás -al que adhiero-, voto por rechazar la queja deducida por el Ministerio Público de la Defensa y por diferir la consideración de la cuestión vinculada con el depósito de ley, a las resultas de lo que finalmente se resuelva respecto del beneficio de litigar sin gastos iniciado (fs. 83/84).

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con el Sr. juez de trámite, Dr. José O. Casás, en que corresponde rechazar la presente queja, porque la sentencia de Cámara, que confirmó la resolución de grado que, en lo que ahora importa, había resuelto no hacer lugar a la excepción de falta de acción solicitada por la defensa, no es la definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley n° 402, ni se ha acreditado que ponga en vilo una garantía constitucional o federal sólo susceptible de tutela inmediata.

2. La parte recurrente se agravia de la interpretación que hizo la Cámara con arreglo a la cual el plazo que prevé el art. 104 del CPP empieza a correr a partir de que las actuaciones ingresaron al fuero; y no, en cambio, a partir de ".que [su] defendido fue indagado por los hechos" (fs. 73), como pretende la defensa (cf. fs. 56 y 73 vuelta).

Ese agravio no viene atacando la duración que tuvo la investigación computada en base a esas reglas, por opuesta a la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable que contemplan los arts. 10 de la CCBA, 18 de la CN, 25 de la DADDH, 7.5 y 8.1 de la CADH, 9.3 y 14.3.c del PIDCP, sino la interpretación del citado art. 104, que considera la defensa insostenible. Dicha interpretación asume que el plazo del art. 104 comienza a correr a partir de que ".las actuaciones ingresaron al fuero." (fs. 56); no que la duración del proceso quede privada de límite. Cabe agregar que no se afirma que, aplicada esa interpretación, el lapso resultante sea, por excesivamente prolongado, incompatible con la garantía.

3. En esas condiciones, no media directa relación entre la garantía de duración razonable del proceso y lo resuelto, pues la decisión queda exclusiva e independientemente apoyada en una norma adjetiva, el art. 104 del CPP, cuya constitucionalidad no ha sido puesta en tela de juicio.

4. Cierto es que, aunque no se cuestiona la validez del art. 104 sí, en cambio, si su interpretación es sostenible. Pero, vale aquí recordar que, conforme lo tiene dicho la CSJN, para un recurso de similares características, "...la invocación [.] de arbitrariedad no suple la ausencia de definitividad de la resolución impugnada..." (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484, entre muchos otros). Consecuentemente, no está dentro de las atribuciones de este Tribunal corregir una situación como la traída por la parte apelante.

5. Por lo demás, no es posible advertir la conexión que existiría entre la causa que el Sr. Defensor General Adjunto cita a fs. 90 -"Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos Haedo, Nicolás Matías s/ infr. art. 149 bis CP'", expte. n° 8252/11, sentencia del tribunal de fecha 4 de julio de 2012- y lo resuelto en autos para justificar la habilitación de esta instancia de excepción en las presentes actuaciones, puesto que una lectura detenida del caso reseñado permite observar que de lo que la defensa allí se agraviaba era de la tesis de la Cámara con arreglo a la cual la audiencia de "intimación del hecho" (cf. el art. 161 del CPP) podía ser reabierta cuantas veces el fiscal lo entienda pertinente, aspecto que, a criterio del recurrente, constituía un modo arbitrario de prescindir de lo dispuesto en los arts. 104 y 105 del CPP; cuestión, consecuentemente, ajena a la discutida en autos (cf. el punto 2 de este voto). En este sentido, en la causa citada sostuve que "[i]nterpretar cuál es el alcance que corresponde acordarle a esos preceptos procesales, los arts. 104 y 105 del CPP, constituye, por regla, una cuestión propia de los jueces de mérito, y ajena, por ende, a la competencia de este Tribunal. Dicho de una manera más directa, la discusión acerca de la interpretación que cabe acordarle a esas normas procesales carece, como principio, de relación directa con la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

En cambio, distinta situación se presenta frente a la desaplicación de esos artículos, ya sea de modo explícito o implícito. Como toda declaración de inconstitucionalidad, esa sí constituye una cuestión constitucional susceptible de abrir la competencia que a este Tribunal le acuerda el art. 113, inc. 3, de la CCBA; cuestión constitucional que, por lo demás, compromete en forma directa "la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable", esto es, una garantía sólo susceptible de tutela inmediata (cf. entre otros, la doctrina de la sentencia de la CSJN publicada en Fallos: 272:188). Esa última situación es, justamente, la que viene invocada por la defensa en el sub lite".

6. Por las razones que desarrollé al votar in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad en: 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado'", expte. nº 3996/05, resolución del 14/09/05, a las que me remito, no corresponde exigir el depósito previsto en el art. 34 de la ley n° 402.

Por ello, voto por rechazar la presente queja.	La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Recurso de queja 1. El recurso directo interpuesto por el Sr. Defensor General Adjunto es formalmente admisible, y contiene una crítica suficiente del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, circunstancia que autoriza el tratamiento de los agravios allí expresados.

Recurso de inconstitucionalidad 2. En el recurso bajo estudio (fs. 60/77) la defensa se agravia por el temperamento adoptado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas en su resolutorio de fs. 54/58 al confirmar, a su vez, el decisorio de primera instancia (fs. 33/37 vuelta). Sostiene que al resolver de aquel modo, centralmente, se lesionó la garantía del plazo razonable, lo cual afectó, a su vez, el derecho a defensa en juicio y debido proceso (arts. 10 y 13.3 CCABA; 18 CN; 6.1 DUDHA; 14.3.c. PIDCyP; 8.1 CADH; 75 inc. 22 CN).

3. Debe indicarse que las presentes actuaciones tuvieron origen ante la Justicia Nacional. Allí el 26/05/2011 se le recibió al señor Gareca declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del CPPN por los mismos hechos que aquí se le imputan (fs. 1/3 vuelta).

Con posterioridad, el 26/10/2011, la jueza que intervino en la causa previo a declararse incompetente, decidió el procesamiento del imputado por el delito de tenencia ilegítima de arma de uso civil (fs. 5/16 vuelta).

El 9/11/2011, fueron recibidas las actuaciones en el fuero local (fs. 18).

Finalmente, el 15/02/2012 la fiscalía del fuero decidió el requerimiento de elevación a juicio (fs. 21/23 vuelta).

De acuerdo con el artículo 207 del CPPN, ".la instrucción deberá practicarse en el término de los cuatro (4) meses a contar de la indagatoria..." (el subrayado me pertenece). La citada norma establece, además, que "[s]i ese término resultare insuficiente, el juez solicitará la prórroga a la Cámara de apelaciones."; lo que no sucedió en el marco del presente caso.

Ahora bien, de conformidad con lo prescripto por el artículo 163 del CPPN, "[l]os términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas por la ley". Y, como fuera dicho, en autos no fue solicitada prórroga alguna.

Esa circunstancia revela que el plazo de la instrucción (en mérito de las normas aplicables) se cumplió, efectivamente, el 6/10/2011 si se tiene en consideración el feriado judicial dispuesto por la CSJN mediante acordada n° 3/11.

Ello demuestra que el plazo para la instrucción estaba agotado cuando la causa fue remitida al fuero local. Así, le cabe razón a la defensa cuando sostiene que ".teniendo en cuenta la fecha en la que mi defendido fue indagado en los términos del art. 294 del CPPN -26 de mayo de 2011-, hasta la ratificación y ampliación del requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal local -15 de febrero de 2012-, el plazo para realizar la investigación penal preparatoria se encontraba vencido, toda vez que al ingresar la causa al fuero el fiscal omitió solicitar la prórroga prevista en el art. 105 del C.P.P. CABA, tal se imponía, atento el tiempo que mi asistido llevaba encausado" (fs. 74).

El régimen procesal que regía y al cual hay que referirse para decidir ahora es el CPPN.

El artículo 207 del CPPN (que rigió el trámite de las actuaciones cumplidas en la justicia nacional) tiene por finalidad la realización del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Tal como ocurre por ejemplo en el caso de la prescripción, el simple transcurso del tiempo agota la voluntad estatal persecutoria.

En consecuencia, lo actuado con posterioridad transgrede la garantía del imputado de ser juzgado en un plazo razonable.

Por otro lado, es dable recordar que la obligación dirigida a los jueces de interpretar de la manera más restrictiva posible -obvia consecuencia del principio de legalidad material- impone descartar cualquier posibilidad de ampliar, por vía de la hermenéutica judicial, el poder punitivo estatal habilitado por las normas emanadas del órgano legislativo.

En otras palabras, la voluntad estatal persecutoria, manifestada a través del poder legislativo, no puede ser modificada pretorianamente por los jueces en perjuicio del imputado (cfr. mi voto en "F., F. G.", expte. 7710, resuelto el 11/10/2011).

Cabe agregar que las demoras en la tramitación de la causa no pueden perjudicar al imputado/a cuando, como en este caso, ninguna responsabilidad puede adjudicársele en dicha tardanza.

4. Por lo expuesto, voto por hacer lugar a la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, y en consecuencia, ordenar el archivo de las actuaciones.

Por ello, y habiendo tomado la intervención que compete al Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto.

2. Mandar que se registre, se notifique y oportunamente se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.