marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cohecho, concusión, dádiva
Materia: PENAL
Carátula: BENEDETTI, O s/ CONCUSION  -  COHECHO  - EXACCIONES ILEGALES - DIFERENCIAS - DADIVA -  CONCEPTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-06-29

El delito de concusión no requiere que la dádiva sea exigida o se haga entregar con referencia a la función especifica del sujeto activo, -como sí ocurre en el cohecho-, reclamando sólo el abuso funcional, siendo aprehendida por la norma aquella dádiva que se obtiene invocando la mera calidad de funcionario.Por otro lado, debe distinguirse de las exacciones ilegales, que frecuentemente lo acompañan en forma promiscua, pues algo muy distinto es recaudar o cobrar arbitrariamente lo que sólo se puede pagar o adeudar al Estado, de aquello que viene a constituirse en la nota distintiva de la concusión, es decir, el exigir o hacerse pagar o entregar una dádiva, esto es, algo que nunca puede suponerse como adeudado al Estado, ya que el agente actúa a propio nombre y en su exclusivo beneficio. La dádiva no es otra cosa que el beneficio, de cualquier índole, sea económico o no, que reporte provecho y utilidad, obtenido bajo la influencia del "metus publicae potestates.
Aplicación analógica de la ley, reglamentación de la ley, IVA, principio de legalidad, tributos
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Eves Argentina  S.A. s/ recurso de apelación -  IVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

Cualquier extensión analógica, aún por vía reglamentaria, de los supuestos taxativamente previstos en la ley 20.631, se exhibe en pugna con el principio constitucional de legalidad del tributo.
Ministerio Público, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: T. de  D.G. ,  S.A. c/ D.G. ,  J.C. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

No es posible que por la incomparencia del demandado y la imposibilidad de hallarle, se otorgue tal amplitud a la facultad conferida en el art. 356, inc. 1ro. del Código Procesal, norma referida a la contestación de la demanda que permite a los defensores oficiales reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba, que signifique derivar un juicio de divorcio sin atribución de culpas, en una sentencia que atribuye culpa al actor, sin haber, siquiera, existido la posibilidad de éste de debatir y probar al respecto. Ya con anterioridad a la introducción de los actuales arts. 204 y 214 del Código Civil, se resolvió que el Defensor Oficial debe limitarse a defender al ausente, pero no deducir una acción tendiente a declarar la culpabilidad del actor, y asimismo, que no podría declararse la culpa del actor sin reconvención en forma, como en tales casos pretendía el Defensor Oficial. También se rechazó la pretensión en tal sentido del Defensor Oficial por falta de reconvención en forma.
Competencia, prórroga del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Denapole, Walter R. c/ Kornuta, Jorge y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

La competencia territorial ha sido fijada por la ley en vista al interés privado de los litigantes, siendo prorrogable en los asuntos exclusivamente patrimoniales por la voluntad de las partes. No puede el Juez declinar el conocimiento de un asunto anticipándose a la voluntad de las partes, ni trabar el normal desenvolvimiento de la justicia cuando ello no causa perjuicio al demandado.
Derecho a la salud, control de productos alimenticios, Servicio Nacional de Sanidad Animal, excesos u omisiones en el pronunciamiento, límites del pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: Zárate, Enrique Augusto  c/ SENASA  s/ amparo ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-21

La sentencia que estableció el alcance del control de los alimentos que debía llevar adelante el SENASA con la indicación de las condiciones que debe reunir el plan a llevar a cabo, incluyendo específicamente las cantidades de inspecciones y monitoreos al año, constituye un exceso jurisdiccional, pues si bien es cierto que, una vez verificada la omisión de un deber legal, la sentencia puede condenar a poner fin a dicha situación, tal circunstancia no justifica que se ordene el modo preciso en que debe realizar su tarea de control sobre los alimentos de origen vegetal en los mercados sustituyendo a la Administración en la determinación de las políticas relativas al control sanitario y también en la apreciación de criterios de oportunidad, mérito o conveniencia en cuestiones que presentan un importante contenido técnico reemplazando así la actividad del organismo competente. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Constitución Nacional, constitucionalidad, inconstitucionalidad, ley provincial, escribanos públicos, registro de la propiedad inmueble, compraventa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rumi, Martha Teresa c/ Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Es inconstitucional la ley 10.542 de Buenos Aires en cuanto exige la intervención de un notario local para la inscripción de la venta de un inmueble.
Quiebra, calificación de conducta, pago total
Materia: COMERCIAL
Carátula: SETTEMBRINI OSCAR ROBERTO s/ QUIEBRA - CALIFICACION DE CONDUCTA - PAGO TOTAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-04-25

De acuerdo a las innovaciones de la ley 22917, no se califica la conducta del fallido en las hipótesis de conclusión de la falencia por avenimiento y pago total (arts. 227 "in fine" y 230 L.C).

Para que se configure la causal de conclusión por "pago total" en los términos del art. 228 -primera parte- de la ley 19551, es suficiente que el producto de la realización alcance para el pago de los créditos a su valor nominal verificado, m as los gastos y costas del concurso Como apunta el Dr. Roitman, "...el pago total opera con la extinción del monto verificado del crédito; es decir, los valores nominales computados al momento de la apertura de la quiebra. La satisfacción de intereses en el texto originario del art. 228, configuran supuestos de "distribución de remanentes", pero nunca un incremento de los valores originarios del crédito. Hay pago total, en tanto existan fondos suficientes para cancelar los acreedores verificados, reserva para los pendientes y satisfacción de los gastos del concurso; las actualizaciones de los valores verificados, reserva para los pendientes y satisfacción de los gastos del concurso; las actualizaciones de los valores verificados no integran el crédito y sólo se computan si hay remanente. (Estudios sobre la reforma de la Ley de Concursos. Efectos del pago total, L.L. Cba, Tomo I, 1984, pág. 755 en el mismo sentido: Sajón, La Ley 21488 sobre ajuste de créditos y la conclusión de la quiebra por pago total. E.D., 76, pág.881 y ss; Bollini Shaw (h), "Acerca de los depósitos judiciales y otros depósitos obligatorios", E.D: Tomo 72, pág. 739 y ss.
Recurso extraordinario, interpretación de leyes federales, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Balbiani, Carlos Ignacio c/ PEN ley 25.561 dtos. 1570/01 214/02 (Bontes) s/ proceso de conocimiento ley 25.561
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-27

Si la causa versa sobre la inteligencia de normas federales, la Corte no se encuentra limitada por los argumentos del tribunal apelado o de las partes, sino que le incumbe efectuar una declaración sobre el punto disputado. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Competencia, cuestiones de competencia, competencia correccional, daño en bienes de uso público, daño simple, colectivo de línea, transporte de pasajeros, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: ABBAS, CLAUDIO s/ DAÑO CALIFICADO. NULIDAD SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

El daño producido a un colectivo encuadra en la figura del art.

184 inc. 5 C.P., y no en la del art. 183 C.P.; pues ha sido cometido en detrimento de un bien de uso público, razón por la cual el pronunciamiento deviene insanablemente nulo por cuanto el juez Correccional no puede fallar en el delito de daño calificado -en virtud de la penalidad asignada sin exceder su competencia, art. 28 C.P.C.-, debiendo declararse la nulidad parcial de la sentencia apelada.
Despido del delegado gremial, reincorporación, indemnización por despido, ampliación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION  DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ CASA RUBIO SAICF. s/ PRACTICA DESLEAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-15

Si el trabajador adhirió al reclamo sindical, pidiendo la aplicación de multa y la reincorporación del delegado gremial en los términos del artículo 57 de la ley 20615, y al celebrarse la audiencia del artículo 68 LO. amplía su petición para que subsidiariamente se contemple el pago de la indemnización por despido sin causa, corresponde admitir la ampliación por existir conexidad en las acciones intentadas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Jaime, Horacio A. y otros c/ Plantadroga S.A. s/ Aguinaldo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

Es inatendible el planteo recursivo que altera la petición contenida en el escrito de demanda.
Recusación, ministros de la Corte Suprema, inamovilidad de los jueces
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

Los miembros de la Corte se hallan impedidos de resolver el litigio, si se halla en tela de juicio la petición de un juez integrante de este Tribunal en relación con la inamovilidad de los magistrados (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Renuncia al empleo, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: Enríquez, Jorge Alberto c/ E.S.E.B.A. S.A. s/ Diferencias de indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

Si el accionante manifestó su voluntad de ingresar al régimen de retiro voluntario propuesto, resulta inatendible la pretensión que importa ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente válidos y plenamente eficaces.
Derecho ambiental, daño ambiental, jurisdicción y competencia, competencia federal, jerarquía constitucional
Materia: MEDIO AMBIENTE-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mendoza,  Beatriz  Silvia  y  otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

El reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la obligación de recomponer el daño ambiental configuran la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente, que frente a la supremacía constitucional y las competencias regladas en el art. 116 de la Ley Fundamental para la jurisdicción federal, sostienen la intervención de este fuero para los asuntos en que la afectación se extienda más allá de uno de los estados federados.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, fundamentación del recurso, aplicación de la ley laboral, sentencia, sentencia arbitraria, recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: JORGE, GRACIELA MAGDALENA c/ CORREO ARGENTINO S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-31

El recurso de inconstitucionalidad con fundamento en un "caso constitucional" no puede prosperar, por cuanto si bien alega innumerables causales de arbitrariedad, tales como errónea valoración de los hechos de la causa, apartamiento de la solución normativa prevista para el caso, prescindencia de pruebas dirimentes y carencia de fundamentación, lo que a su entender la descalifican como acto jurisdiccional y provocan la consecuente vulneración de los arts. 17 y 18 de la CN, en realidad refiere a la interpretación y a la valoración efectuada en el fallo de los hechos y pruebas de la causa, lo que constituye cuestión ajena al recurso extraordinario, salvo arbitrariedad que el recurrente invoca pero no logra demostrar, evidenciando el recurso sólo disconformidad con el resultado adverso a sus pretensiones en ambas instancias, reiterando cuestiones ya formuladas al apelar y olvidando el carácter particularísimo del remedio que impetra.

El Máximo Tribunal local reiteradamente se ha pronunciado sobre este aspecto expresando que: "corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad cuyos agravios remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común que han sido resueltas con argumentos suficientes los que, más allá de su acierto o error, confieren al pronunciamiento validez como acto jurisdiccional y excluyen el supuesto de arbitrariedad que se invoca.

Asimismo ha expresado que "en materia de arbitrariedad, la vía propuesta no debe constituir la apertura de una tercera instancia donde se intente reproducir el debate ordinario acerca de los hechos considerados anteriormente."
Suspensión del juicio a prueba, comisión de nuevo delito, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: Lorenzo, Brian Ezequiel s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-03

Sólo mediante el tránsito por el camino impedido de la integración extensiva y analógica in malam partem, prohibido por imperio del principio de máxima taxatividad legal e interpretativa derivado del mandato constitucional e internacional de legalidad, puede prorrogarse el plazo máximo instituido por la ley para el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento de la suspensión del juicio. El voto concurrente agregó que no corresponde revocar la suspensión del juicio a prueba si al momento de cumplirse el plazo, el encartado estaba imputado de otro delito pero no había aún sentencia que lo declarara culpable. La disidencia sostuvo que, en tanto se otorga el instituto a fin de dar al imputado una oportunidad de evitar un procesamiento y para que demuestre su posibilidad de apartamiento del delito, la comisión delictual durante el período de prueba revela que el procesado no lo merecía y que no respetó las reglas a las que estaba sometido.
Confirmación de sentencia, daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual del Estado, control de productos alimenticios, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Cardona Alicia Mabel Y Otro c/ Municipalidad De Junin De Los Andes s/ daños y perjuicios resp extracont. estado
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-02-09

Se concuerda con el sentenciante a-quo en que las circunstancias del caso son suficientes, a efectos de acreditar la falta de servicio por inacción, cometida por la Municipalidad, por cuanto era razonablemente esperable y hubiera resultado idónea su actuación adecuada, a los fines de evitar el perjuicio irrogado a los demandantes. En otras palabras, siguiendo los parámetros jurisprudenciales del máximo tribunal provincial, las acciones de policía municipal en materia bromatológica razonablemente esperadas, eran las siguientes: a) exigir a los elaboradores de productos chacinados el cumplimiento de las prescripciones legales -la de contar con un director técnico-; b) la realización de controles bromatológicos asiduos y adecuados - que fueran omitidos durante aproximadamente cuatro meses, los que de haberse efectuado hubieran podido constatar las deficientes condiciones sanitarias del establecimiento, de las que da cuenta el informe de la Jefatura de Zona Sanitaria; c) disponer la clausura oportuna del establecimiento -que no contaba con habilitación para la elaboración de chacinados, la que fue ordenada por la justicia de Faltas comunal, luego de la producción del brote de triquinosis-. De haberse realizado dichas acciones, probablemente se hubiera evitado el resultado dañoso por el que se reclama en los presentes. (...) Coincido, entonces, con el juez en que dicha inacción municipal guarda nexo de causalidad adecuado con la ocurrencia del brote de triquinosis originado en el local comercial del codemandado.
Recurso de casación, cámaras de casación, recurso de reposición (procesal), denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Provincial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2000-03-08

El motivo casatorio de violación de las formas procesales, constituye un medio para obtener la invalidación de algún acto procesal cumplido al margen del ordenamiento ritual. De tal forma que corresponde al Tribunal de Casación comprobar si el Tribunal de mérito cumplió e hizo cumplir los preceptos jurídicos reguladores de la actividad.

En autos, el decisorio que se ataca resolvió rechazar el Recurso de Reposición impetrado en contra de un proveído dictado por la Cámara -mediante el cual se consideraba interpuesto en tiempo y forma el Recurso de Revisión incoado por el apoderado de la firma concursada-, fundamentando el decisorio en un testimonio emanado de la Secretaría actuante referente a la fecha en que había sido notificada, mediante la cédula, la resolución cuya revisión se procuraba. El mérito, para arribar a tal conclusión, solo consideró la comunicación cursada a las partes mediante cédula, no advirtiendo que, en forma previa, el apoderado de la concursada había tomado noticia de la resolución dictada, mediante retiro del expediente, notificándose así en forma tácita de la misma conforme lo previsto en el art. 273, inc. 5º de la L.C.Q. y en el art. 51 del C.P.C.. De esta forma, se facultó la revisión de una resolución, que por el transcurso del tiempo había adquirido carácter de cosa juzgada. Por lo que es admisible el recurso de casación impetrado, haciéndose lugar el recurso de Revocatoria incoado, declarando inadmisible el Incidente de Revisión intentado por la concursada, por resultar extemporáneo.
Intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PENAL
Carátula: D. F. O. R. c/ S. M. S. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-03-17

Es regla que el tercero citado con fundamento en el art. 90 del CPCC, continúa siendo un tercero en el proceso. Como tal, no es parte demandada y no podrá recaer en su contra sentencia condenatoria y ello es así, sencillamente porque el actor no pretendió en su contra sentencia de condena, debiendo atenernos al principio elemental nemo iure sine actore, y a la limitación de los poderes del juez.

La finalidad de la intervención coactiva del tercero consiste en que la sentencia al ser dictada produzca, respecto de él, los efectos de la cosa juzgada y, por ende, pueda serle oponible en un eventual proceso ulterior; pero, igualmente no autoriza, en principio, a dictar contra él un pronunciamiento de condena cuando no ha sido demandado.

El alcance de la citación del tercero debe estar limitado a poner en su conocimiento el pedido de intervención, a fin de que haga valer, si lo desea, los derechos que según él le correspondan (M. Bourguignon-J.C. Peral, Directores, "Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán", t. I, pág. 254).

Cuando el art. 92 define que la sentencia dictada "afectará" al tercero, está significando que le es oponible, pero no que sea ejecutable contra ese tercero, sino que el tercero no podrá oponer la excepción de negligente defensa en el ulterior proceso regresivo que el citante vencido le incoe (ídem, op. cit. pág. 263).

Estas reglas no son absolutas por cierto, y habrá que analizar en cada caso si no cabe alguna excepción.

DRES.:GANDUR-BRITO-SBDAR.
Juicio de apremio, competencia, dictamen fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Neuquén  c/ Cardozo, Orlando Daniel  s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-17

Resulta competente el Juzgado de Juicios Ejecutivos n° 2 para conocer en el cobro de un certificado de deuda por impuesto inmobiliario, pues si bien la deuda corresponde a una fecha anterior a la muerte del demandado, debería -en principio- ser atraída por el juicio sucesorio en trámite por ante el Juzgado Civil n° 5, sin embargo, en el proceso sucesorio ha existido partición del bien (automotor) que integra el patrimonio sucesorio del codemandado. Por lo tanto, y de acuerdo con el art. 2336 del CPCyC, al existir partición debidamente inscripta, debe continuar su tramitación ante el fuero ejecutivo, tal como lo propicia el dictamen fiscal.
Recurso contencioso administrativo, Poder Judicial, escalafón, cargo, nombramiento
Materia: PROCESAL
Carátula: NUCCI, ALEJANDRO CESAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (SUSTRACCION DE MATERIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

Teniendo presente que el actor obtuvo un cargo de idéntica jerarquía al pretendido en el recurso contencioso administrativo interpuesto oportunamente, corresponde declarar que en autos se ha sustraído la materia litigiosa, tornándose inoficioso el dictado de una sentencia de mérito.
Pena única, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Garibay, Pedro Daniel s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

Cuando, por unificación de penas, la pena única aplicable supera los tres años su cumplimiento efectivo es de rigor, en atención a lo dispuesto por el art. 26 del Código Penal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, contrabando, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Fiscal c/ Molinari, Sergio Alejandro s/ averiguación infrac. art. 2x, inc. e), ley 20.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que calificó el hecho como introducción de estupefacientes y contrabando en concurso ideal, omitiendo dar las razones por las cuales consideró mayor la penalidad fijada por el art. 2x, inc. e) de la ley 20.771, que la del art. 866 del Código Aduanero, máxime cuando este código establece otras penas accesorias que no contempla aquella ley, cuestión que había sido propuesta por el Ministerio Público desde la acusación.
Incapacidad temporaria, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Benavídez, José Gabriel c/ S.O.M.I.S.A. s/ Diferencias salariales Holstein, Guillermo c/ SOMISA s/ Diferencia de sueldos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-15|1997-02-25

El concepto de remuneración del trabajador reubicado en tareas acordes con su minusvalía laborativa en cumplimiento de lo normado por el art. 212 primer párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, comprende, además del básico, los adicionales convencionales que percibía en razón de las tareas que anteriormente cumplía, aunque por causa de su reubicación no cumpla con los extremos a que se subordina su otorgamiento.