Tribunal: CAMARA DE TODOS LOS FUEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2012-09-22


SAN MARTIN DE LOS ANDES, 22 de septiembre de 2011.

Y VISTAS:

Las presentes actuaciones caratuladas como figura en el epígrafe, registradas bajo Inc. n° 31 del año 2011 de la Secretaría Penal de esta Cámara en Todos Los Fueros, traídas a Despacho para resolver, y	CONSIDERANDO:

I. Que a fs. 11 de las presentes actuaciones incidentales, compareció el Dr. Gonzalo CRESPO, en su carácter de Defensor de Cámara subrogante, solicitando se conceda a su pupilo, Sr. Marcos Escobar, la correspondiente autorización de salida laboral, una vez alcanzada la mitad de su condena. Fundó el pedido referido en el beneficio que reportaría dicha salida para la reinserción social de su defendido.

Luego, a fs. 17 se incorporó a las presentes, el informe de calificación de concepto del Sr. Escobar, según evaluación efectuada por el Oficial Subinspector Marcelo OSSORIO, quien se halla a cargo de la Alcaidía de la Comisaría 43° de esta ciudad, en la que se encuentra alojado el Sr. Escobar. En dicho informe el nombrado fue calificado con promedio general seis cuarenta (6,40), concepto que fuera explicitado allí de la siguiente manera "interno que cumple con las normas establecidas, manteniendo la higiene personal y de su habitat".

Acto seguido, conferida que fuera la pertinente vista al Sr. Fiscal de Cámara, a fs. 20, el Dr. Rubio dictaminó respecto del pedido de incorporación al período de prueba bajo la modalidad de salidas transitorias "entendiendo que V.V.E.E NO DEBEN hacer lugar a lo peticionado." Fundó su negativa en lo dispuesto por el art. 17 de la Ley 24660, el que, en conjunto con el art. 102 del mismo cuerpo legal, sostuvo, requiere un grado de conducta EJEMPLAR que no surge de autos, ya que el interno ESCOBAR no supera la conducta BUENA. En la misma presentación, el Sr. Fiscal ante el Cuerpo refirió que también debe rechazarse el pedido, en función del diagnóstico criminológico realizado por la Dirección de Atención a la Población Judicializada, obrante a fs. 9-10 del presente, del que se desprende un pronóstico de riesgo medio a alto, sumado a que -el interno- presenta "...un estilo de vida disocial con algunos indicadores de riesgo significativo (conductas impulsivas, consumo de sustancias tóxicas, grupo de referencias de riesgo social ... serias dificultades para reconocer el sentido de autoridad)." A su turno, conferido el pertinente traslado a la Defensa, a cargo del Dr. Gonzalo CRESPO, por subrogancia legal, a fs. 22 expuso que "... la Comisaría 43° (que) no cumple con el sistema de progresividad en la ejecución de la pena previsto por los arts. 12 al 15 y 104 de la Ley 24660, ni del derecho al trabajo y a la educación que son la base del tratamiento sobre la que se puede realizar una evaluación fundada conforme lo prevén los arts. 106, 133 y concordantes de la citada ley." Agregó el Sr. Defensor que ante esta condición de cumplimiento de la pena, no puede exigírsele a Escobar, una conducta ejemplar para acceder al beneficio solicitado. Ello por cuanto esa falta, sostuvo, es imputable al Estado.

Celebrada la correspondiente audiencia, a fin de analizar la propuesta, oír al empleador y contar con el legajo personal del endilgado, el Dr. Crespo ratificó el pedido ya cursado, ampliando los fundamentos allí vertidos. Expresó que es reconocida y reiterada la jurisprudencia que sostiene que los informes de conducta no son vinculantes ya que los mismos resultan subjetivos y, muchas veces, carecen de fundamentación. Agregó que, en función del Principio de Judicialización, el Tribunal debe controlar y modificar el informe del Sr. Escobar, no limitándose al mero control y acatamiento del mismo.

Asimismo, expuso que en el empleo sugerido su asistido se encontraría a cargo del Sr. Mesa, como ayudante de repartidor -de materiales de construcción-, en el horario de lunes a viernes de 8.00 a 20 hs., y sábados de 8.00 a 15 hs., solicitando se lo autorice a retirarse de la alcaidía, quince (15) minutos previos a esa salida a fin de arribar puntualmente a su lugar de trabajo. Luego, ofreció destinar parte del dinero que perciba por dicho trabajo, a la víctima de autos, a quien actualmente le entrega dinero cuando obtiene fondos por las artesanías que elabora y vende.

Oído que fuera en el marco de esa audiencia, el empleador, Sr. Ramón MESA, dijo que es monotributista, que tomaría a Escobar como ayudante, tal como lo mencionara el Defensor, abonándole la suma de setenta pesos ($70) diarios. Expresó que él lo retiraría y lo regresaría a la Unidad al comienzo y fin de cada jornada de trabajo.

II. Así las cosas, hemos de adelantar que conforme las actuaciones incorporadas, la audiencia celebrada en autos, en función de la doctrina y jurisprudencia que más adelante expondremos, deviene procedente hacer lugar a la inclusión del Sr. Marcos ESCOBAR en el régimen de semilibertad, previsto por el art. 17 de la Ley 24660, tal como lo peticionara el nombrado a través de su Defensa. Principiaremos por aclarar que, en rigor de verdad, el Sr. Escobar se encontrará en condiciones de acceder al presente beneficio, en fecha 17 de octubre del corriente año, según se desprende del cómputo de pena obrante a fs. 8 de estas actuaciones. En ese momento, el mismo habrá alcanzado el requisito objetivo, esto es, el tiempo mínimo de ejecución, previsto en el art. 17 inc. a) de la Ley 24660, el que, cabe adquirirá por el mero transcurso del tiempo. Luego, y conforme lo previsto en el segundo apartado del articulado referido supra, hemos de considerar que el peticionante no posee causa abierta, pendiente, en la que interese su detención, sumado a lo cual, el mismo no registra antecedentes penales en su historial, en virtud de todo lo que, también cumpliría el requisito previsto dicho fragmento del articulado en mención.

En cuanto a la conducta y al concepto que impone la norma para acceder al beneficio peticionado, previo a todo hemos de hacer una diferenciación entre ambos tipos de calificación respecto de los cuales el condenado es evaluado durante la ejecución de la pena, por cuanto su importancia radica en que ellos inciden de manera directa en la incorporación del mismo a las distintas modalidades de la ejecución. En el artículo 100 del cuerpo normativo citado, se establece que el término "conducta" refiere al apego del interno a las normas que regulan el orden, la disciplina y la convivencia carcelarias, las que resultan de índole obligatorias. Explica la doctrina que "el contenido de la calificación de conducta definido en la ley revela su carácter objetivo, pues se vincula con el comportamiento del condenado dentro del establecimiento, el que sólo puede determinarse de acuerdo a la existencia o inexistencia de sanciones disciplinarias. Es que, en definitiva, la intención de procurar el 'orden' y asegurar la 'convivencia' son objetivos que se logran por medio de la disciplina (Cfr. arts. 79 y 80). Entonces, la calificación de conducta sólo consiste en la observancia del régimen de disciplina." -el resaltado nos pertenece- (Cfr. D´ALESSIO Andrés José - DIVITO Mauro A., Código Penal de la Nación comentado y anotado, 2ª. Ed. 1ª. Reimp. Buenos Aires: La Ley, 2011, p. 1343).

Es por ello entonces que, la calificación de conducta tiene estrecha relación con el régimen penitenciario, esto es, con el conjunto de reglas que regulan el estilo de vida del interno en prisión, de sus relaciones con la Administración Penitenciaria y con sus pares, para garantizar condiciones mínimas de orden (organización), seguridad (prevención de riesgos) y disciplina (observancia de las normas).

En cambio, el "concepto" se relaciona con el tratamiento penitenciario, es decir, con el conjunto de actividades terapéutico - asistenciales dirigidas directamente a colaborar con el proceso de resocialización de los internos. Existe una especie de relación medio a fin entre el régimen y tratamiento penitenciarios en aras de alcanzar la resocialización pretendida con la pena de prisión.

Luego, el art. 101 de la LEP., establece que se entenderá por "concepto" aquella ponderación de la evolución personal del interno, de la que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social. Es decir, implica la consideración del posicionamiento y dinamismo del condenado respecto de las actividades no obligatorias comprensivas del Programa de Tratamiento ofertado, el esfuerzo por alcanzar los objetivos de ese tratamiento penitenciario. Habiendo efectuado esta diferenciación, advertimos que, en rigor de verdad, la calificación efectuada por el Oficial Ossorio, obrante a fs. 17 y vta., corresponde a la "conducta" del interno Escobar, por cuanto, como bien refiriera la Defensa tanto en el escrito de fs. 22 y vta., como verbalmente en la audiencia mantenida en autos, en dicha Alcaidía no se aplica tratamiento penitenciario alguno.

Por lo cual, atento a que el Sr. Escobar no ha sido sancionado a lo largo de su ejecución de pena, según se desprende del legajo personal, acompañado en la audiencia arriba aludida, sumado al "concepto explícito" referido en la calificación de fs. 17 vta., en el que el Oficial Ossorio expresó que -Escobar- "cumple con las normas establecidas, manteniendo la higiene personal y de su habitat", estimamos que la calificación de conducta resulta infundadamente baja y sin motivación suficiente.

José Daniel Cesano comentando un caso resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén en ejercicio de su competencia casatoria en el que se había denegado la incorporación de una interna al régimen de las salidas transitorias por no poseer conducta 'ejemplar', luego de explicar que la calificación de los condenados tanto de conducta como de concepto es un acto administrativo afirmó que, precisamente, uno de los requisitos del acto administrativo señalado por la doctrina es el de la motivación y que se entiende por tal a la "exteriorización de las razones que justifican y fundamentan la emisión del acto" estando exigida de modo expresa dicha motivación por el segundo párrafo del art. 100 del decreto 396/1999 -que aprobó el Reglamento de las modalidades básicas de la ejecución de la pena privativa de la libertad- que dispone que: ". las opiniones serán fundadas, dejándose constancia en el acta respectiva". Y concluye el punto destacando que la omisión de la exigencia de motivación acarrea la imposibilidad de ejercer un control de legalidad y razonabilidad sobre la actuación de la autoridad administrativa y priva al interno del debido ejercicio de su derecho de defensa. (Ver Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Ed. LexisNexis S.A. nro. 13 de Septiembre de 2005, Buenos Aires, Pág. 1341 y siguientes).

Asimismo, respecto de las calificaciones de conducta, afirma Cesano citando a Axel López que son puramente objetivas, "ya que dependerá exclusivamente de que el condenado haya sido o no pasible de correctivos disciplinarios." (Cfr. LÓPEZ Axel, Sanciones Disciplinarias, p. 32 y también, del mismo autor y de Machado Ricardo, Análisis del Régimen de Ejecución Penal. Ley 24660, Fabián Di Plácido Editor, Bs. As., 2004). Por ello, agrega, el artículo 59 del decreto 396/1999 determina cuál será la incidencia de las sanciones disciplinarias de acuerdo a su entidad (faltas leves, medias o graves) en lo que concierne a la determinación de la conducta.

Sumado a dicho extremo, reiterada jurisprudencia de los Tribunales Provinciales como así también del cimero Tribunal Nacional, tienen dicho que "el juez de ejecución penal deberá requerir al organismo técnico y criminológico y del consejo correccional del establecimiento donde se encuentre detenido el condenado los informes correspondientes, pero éstos no serán vinculantes para la decisión final que adopte el magistrado (en igual sentido Lopex, Axel; Machado, Ricardo; Análisis del Régimen de Ejecución Penal", Fabián Di Plácido Editor , pág. 183 ; Rivera Beiras; Bovino, Alberto "Control Judicial de la Privación de la libertad y Derechos Humanos", Revista de Ciencias Jurídicas ¿Más Derecho?, Nro. 1-200-I, Fabián Di Plácido Editores, pág. 246)." -el resaltado nos pertenece- (Cfr. CNCP, Sala III, "Acceta, J.P.", 04/02/2005, voto de la Dra. LEDESMA, en www.campusapp.com.ar). En el caso de marras, la calificación de conducta no se condice con la falta de sanciones e infracciones registradas por el interno Escobar desde su condición de condenado (y aún previo a ello, siendo procesado), como así tampoco con la impresión que merece -y ha merecido desde el inicio de la ejecución de su pena- para este Tribunal, más precisamente para la Presidente del organismo quien ha inspeccionado la Alcaidía y visitado en diversas oportunidades al nombrado, guardando en todos los casos una buena imagen del mismo.

Cabe agregar que el Sr. Escobar, no obstante no contar con la posibilidad de sumarse a un tratamiento penitenciario, realiza trabajos de artesanías en madera dentro de la alcaidía y ha participado del evento deportivo organizado por el Crio. Allende de la U.D. 41° de Junín de los Andes, habiendo demostrado su interés en retomar la vida en sociedad.

En este sentido, el artículo 1 de la ley de ejecución establece que su finalidad es lograr que la persona sometida a ella adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social. Es decir, la ley toma como fin de la ejecución de la pena -y no de la pena- el "ideal resocializador". Este principio debe ser entendido como "la obligación que tiene el Estado de proporcionar al condenado, dentro del marco del encierro carcelario, las condiciones necesarias para el desarrollo adecuado para que favorezca su integración a la vida social al recuperar la libertad" (Salt, Marcos G.: Los derechos fundamentales de los reclusos en Argentina, en Rivera Beiras-Salt, "Los derechos fundamentales de los reclusos. España y Argentina", Editores Del Puerto, Buenos Aires, 1999, p. 177. En el mismo sentido, Mir Puig, Santiago: ¿Qué queda en pie de la resocialización? en "El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho", Barcelona, 1994, p. 147).

Sobre esta base, la ley establece la progresividad del régimen penitenciario, cuya finalidad está dada por la atenuación cualitativa de la forma en la que se cumple la pena, permitiendo que el condenado vaya recuperando el ejercicio de los derechos que le fueron limitados por la sentencia de condena. De esta manera, el contacto progresivo del recluso con el medio libre favorecerá al ideal resocializador.

Por todo lo cual, advertimos que en el caso que nos ocupa, se observa la concurrencia de los requisitos exigidos normativamente, esto es: tiempo mínimo de cumplimiento efectivo de la pena (al 17 de octubre próximo), inexistencia de causa penal abierta en contra del peticionante en la que interese su detención o condena pendiente (fs. 8) y una adecuada ocupación, en función de la seriedad de la propuesta laboral y la remuneración ofrecida por el empleador propuesto (fs. 11 y testimonio de empleador en audiencia).

Luego, en cuanto a los requisitos de grado de conducta exigidos, hemos aclarado ya que los mismos no resultan vinculantes para la autoridad jurisdiccional, de conformidad a la vigencia del Principio de Judicialización Penal, incorporado expresamente por la nueva Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Arts. 3 y 4 Ley 24.660).

Nuestro máximo Tribunal, mediante un paradigmático fallo ha venido a reforzar diferentes aspectos vinculados a la importancia del control jurisdiccional de la ejecución de la pena y la vigencia efectiva de las garantías individuales de las personas privadas de libertad, sosteniendo: "... Que los postulados de la ciencia del derecho penal actual tendientes a un control total de la ejecución penal por parte de los órganos jurisdiccionales (conf. Roxin, Claus, Derecho Procesal Penal, ed. Del Puerto, 2002, § 57, A y B, pág. 501 y sgtes.) han sido plenamente recogidos por nuestro ordenamiento jurídico .... Este principio llamado de "judicialización" significó, por un lado, que la ejecución de la pena privativa de la libertad, y consecuentemente, las decisiones que al respecto tomara la autoridad penitenciaria debían quedar sometidas al control judicial permanente, a la par que implicó que numerosas facultades que eran propias de la administración requieran hoy de la actuación originaria del juez de ejecución. Estas modificaciones respondieron fundamentalmente a la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y los tratados internacionales respecto de los condenados, criterio que no es más que un corolario de aquellos principios que procuran garantizar que "el ingreso a una prisión, en tal calidad (de condenado), no despoje al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional... Que, a su vez, este control judicial permanente durante la etapa de ejecución tiene como forzoso consecuente que la vigencia de las garantías constitucionales del proceso penal se extienda hasta su agotamiento. En efecto, si la toma de decisión por parte de los jueces no se enmarca en un proceso respetuoso de las garantías constitucionales del derecho penal formal y material, la "judicialización" se transforma en un concepto vacío de contenido, pues el control judicial deja de ser tal..." (Cfr. CSJN, "Romero Cacharane, Hugo S/ Ejecución Penal", 09/03/2004.) En tanto, la jurisprudencia provincial ha sostenido que "resulta equitativo flexibilizar las exigencias analizadas (Art. 17 Num. III y IV Ley 24.660) de conformidad a los alcances del Principio de Judicialización Penal y atento la finalidad perseguida por la ejecución de la pena privativa de libertad, como otro de sus Principios Rectores (Art. 1º Ley 24..660 cc. Art. 5.6 DADH y Art. 10.3 PIDCP); considerando los esfuerzos y progresos demostrados por el interno en su comportamiento intramuros en el último período, circunstancia reconocida en la misma Acta del Consejo Correccional (fs., 12 vta.) y en las exposiciones vertidas en Audiencia por las profesionales penitenciarias citadas, como así también la propuesta de un empleo genuino, la preocupación y contención familiar demostradas, el escaso monto de pena impuesto y el tiempo compurgado, la prevención de prisionización de internos primarios, y la necesidad de poner a prueba al penado en el medio libre a fines de contar con otro elemento de mérito al momento de valorar la procedencia del derecho de libertad condicional, relativamente cercano desde el punto de vista temporal. (Cfr. JEP CTCA, AUTO Nº 180/2007 "Martínez, J.M.", 29/11/2007 en www.campusapp.com.ar). Por lo expuesto, teniendo en consideración la carencia de elementos objetivos para merituar una situación de base subjetiva (para el concepto), deviene necesaria la operatividad del Principio de Judicialización Penal, procurando equilibrar aquella "situación de inferioridad en la que se encuentra el preso, donde la inmediación del órgano jurisdiccional con la materia a resolver resulta más que justificada." (Cfr. GUILLAMONDEGUI, Luis Raúl, "Los Principios rectores de la ejecución penal", Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, nº 12, agosto 2005, Lexis Nexis, Buenos Aires, pp. 1115-1116). En virtud de la situación analizada en el presente, hemos de compartir la postura sostenida por el ex Magistrado de Vigilancia Penitenciaria Español, Racionero Carmona, al hacer referencia a "las vivencias cotidianas con las que nos enfrentamos los Jueces de Ejecución Penal al momento de decidir cuestiones de relevancia para el tránsito del penado por su Régimen Penitenciario, sistema que se basa justamente en la convicción de que las personas pueden 'cambiar' y que los judicantes desempeñan su función 'apostando' sobre conductas futuras y, por tanto, con un margen de error, cualquier contingencia futura, lo que no significa que no se tengan en cuenta los dictámenes técnicos criminológicos ni las posturas del Ministerio Fiscal ni las del ofendido penalmente, sino más bien procurando efectuar una interpretación integral de los elementos de mérito recolectados en consonancia con la normativa propia de un Estado democrático (.)." (Cfr. RACIONERO CARMONA, Francisco, Derecho Penitenciario y Privación de Libertad. Madrid. Dykinson, 1999, pgs. 89-91). En definitiva, este Tribunal considera que la incorporación del penado al Régimen de Semilibertad tiene una importancia fundamental para su vida futura, ya que esta posibilidad de trabajar, instruirse y capacitarse representa uno de los valiosos instrumentos recomendados por la moderna penología y receptados por el legislador para procurar la finalidad primera del régimen y tratamiento penitenciarios: la resocialización del penado para convertirlo en un elemento útil a sí mismo y a la comunidad (Art. 1 Ley 24.660 cc. Art. 5.6 CADH y Art. 10.3 PIDCP).

Que asimismo y como todo derecho, éste importa una serie de obligaciones para poder disfrutarlo y conservarlo, por lo que el interno deberá observar fielmente las condiciones y restricciones impuestas so pena de suspensión o revocación del mismo.

Por todo lo expuesto, conforme legislación y doctrina citadas, oído el Ministerio Público Fiscal, esta Cámara en Todos Los Fueros con dos miembros (art. 45 de la Ley 1436), RESUELVE:

I.- DISPONER la incorporación al RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD del interno MARCOS ESCOBAR, a partir del día 17 de octubre próximo, a los fines de que el mismo realice tareas de ayudante de repartidor a cargo del Sr. RAMON MESA, bajo responsabilidad y tutoría de éste último -su empleador- en el horario de 7.45 a 20.00 hs. de lunes a viernes, y sábados de 7.45 a 15.00 hs., debiendo regresar a su lugar de detención inmediatamente después de la expiración de la jornada laboral, conforme lo normado por el art. 17 de la LEP, 24660. A fin de controlar los horarios arriba indicados, requiérase al Sr. Jefe de la Comisaría 43° que tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para habilitar una planilla de egresos e ingresos del interno Escobar al inicio y finalización de cada jornada laboral, respectivamente. La misma deberá ser rubricada por el empleador o persona responsable que éste designe para el retiro y regreso del nombrado en esa alcaidía. Dicho registro deberá ser remitido mensualmente a este Tribunal por el efectivo policial mencionado supra.

II.- TENER al Sr. RAMON MESA como empleador del interno referido, quien deberá abonar el salario acordado -de setenta pesos ($ 70) diarios- y ejercer el control del mismo durante el horario en el que cumpla tareas a su cargo. III.- El interno referido deberá cumplir fielmente las obligaciones y restricciones que se detallan a continuación, bajo apercibimiento de la suspensión o revocación del Régimen de semilibertad (art. 19 in fine Ley 24660); debiendo su empleador y tutor garantizar tales circunstancias, mediante un diligente contralor de la actividad y desenvolvimiento del penado y bajo apercibimiento de ley (art. 19 in fine, Ley 24660 y art. 239, C.P.): a) Abstenerse de concurrir a otro sitio que no sea su lugar de trabajo y los que allí se le indiquen, excepto autorización judicial previa; b) Abstenerse totalmente del consumo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes; c) Abstenerse de cometer delitos y contravenciones, ni tener algún grado de participación en la comisión de los mismos por parte de terceros; d) regresar puntualmente en el horario autorizado a su lugar de detención a la expiración de su jornada laboral; e) Abstenerse de generar y/o mantener conflictos con la víctima de autos.

V.- ACEPTAR el pago voluntariamente ofrecido por el Sr. Escobar destinado a la víctima de autos, extremo que deberá acreditar en los estrados de este Tribunal, con el pertinente comprobante de depósito en la caja de ahorro perteneciente a la Sra. Mónica Jorgelina CUEVAS, quien deberá en su caso, solicitar la apertura de la misma a dichos efectos. VI.- REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. OFÍCIESE y OPORTUNAMENTE PROCÉDASE A SU EJECUCIÓN Y CONTRALOR.

Dr. Joaquín COSENTINO (Juez de Cámara subrogante) - Dra. María Julia BARRESE Registro Interlocutorio nº 88/11 María Eugenia TITANTI - Secretaria de Cámara.