marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia federal, elecciones gremiales
Materia: PROCESAL-LABORAL-ELECTORAL
Carátula: Molina, Antonio Carlos Alberto s/ denuncia - causa n° 1254/96.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Corresponde a la justicia federal conocer en la denuncia de irregularidades en los comicios efectuados por la Unión de Obreros y Empleados de la Industria, ya que de acuerdo a lo previsto en el art. 2° de la ley 23.071 corresponde a la justicia electoral o al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación el control de las elecciones gremiales.
Medidas cautelares, medida cautelar autónoma
Materia: PROCESAL
Carátula: "Cablevisión  SA. c/ EN  -  M° Economía - SCI resol 50/10 y 36/11 s/ medida cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

Corresponde revocar la medida cautelar que, en los términos en que fue concedida, produce los mismos efectos que los provenientes de la declaración de inconstitucionalidad de los actos impugnados. La Corte Suprema ha señalado que tal anticipación se manifiesta inaceptable cuando no se advierte que el mantenimiento de la situación de hecho pueda influir en el dictado de la sentencia o convierta su ejecución en ineficaz o imposible (Fallos: 329:3890; 330:4076; 331:108, entre muchos otros). Ello, sumado a los gravosos efectos que la cautelar provoca tanto a la autoridad de aplicación de la ley como al interés general, en la medida en que impide totalmente a la Administración que ejerza los poderes legalmente atribuidos en todo el territorio nacional.
Leyes, ley vigente
Materia: CIVIL
Carátula: LENCINA ENRIQUE PASTOR c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-22

La circunstancia que las leyes sean obligatorias a partir de su publicación, no obsta a que tengan efectos desde su promulgación o desde la fecha de vigencia que ellas determinen, es decir, desde que existen como tales.
Instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA c/ CEBOLA NORA INES s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-16

La circunstancia de que la firmante del documento, no reuniría las condiciones para desempeñar las funciones que ocupa en la Municipalidad actora, no quitaría, al título que emite, el carácter de instrumento público (artículo 982 del Código Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Licencia por maternidad, gestación por sustitución, notificación al empleador
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: T., J. c/ P.E.N. y otro s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-05

Corresponde hacer lugar a la licencia por maternidad solicitada por una mujer que, luego de diversos tratamientos médicos fallidos a fin de obtener su embarazo, concretó su maternidad de manera subrogada, puesto que del trámite llevado a cabo ante su empleador y ante el organismo previsional, surge que el primero no ha desconocido ni negado el otorgamiento de la licencia, supeditándolo, de acuerdo con lo que se entiende de su contestación, a la consulta a efectuarse a ANSES. En tal sentido, el accionar del empleador importa una forma de encausar el requerimiento hacia su reconocimiento, en la medida que no hubo un rechazo a la licencia solicitada.
Estafa, delito penal, ardid
Materia: PENAL
Carátula: J., C. A.; A., O. A. s/ Estafa-Participe principal de estafa (Expte Nº 161-93, Resolución  N  7, Tomo 2, Folio 80)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-02

Para la inducción a error propia del delito de estafa no es necesario un extraordinario despliegue ardidoso, la simple mentira puede servir siempre que en el caso concreto se reveló como idónea para causar el error, como la afirmación mentirosa que hace sobre la procedencia de la cosa el tenedor ilegítimo cuando la entrega a cambio de otra. Por otro lado, la no verificación de la real procedencia de parte del tomador de la cosa no es exigencia que resulte de una norma legal, salvo que existan elementos para sostener que se sospechó o debía sospecharse sobre la misma (en otros términos, si actuó como encubridor por receptación).
Acción de inconstitucionalidad, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, federalismo de concertación, Constitución Provincial, política ambiental, carta orgánica municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: YPF c/ MUNICIPALIDAD DE RINCÓN DE LOS SAUCES. s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-13

Corresponde declarar inconstitucional en los términos del segundo párrafo del art. 16 de la Constitución Provincial a la Ordenanza Nro. 1165/09 de la Municipalidad de Rincón de los Sauces en tanto vulnera los artículos 92 y 189.29 de la Carta Magna Provincial por cuanto constituye una reproducción en el ámbito comunal de una normativa ambiental ya existente a nivel provincial (Disposición N° 218/06 de la Dirección General de Medio Ambiente), contradiciendo el espíritu de concertación cooperativa institucional vigente en materia ambiental, el cual surge del artículo 92 de la Constitución de la Provincial.
Ejecución prendaria, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Automotores San Telmo S.A. c/ Farías Manuel Antonio y Otra s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

Cuando el adquirente de un automotor en subasta judicial solicita la cancelación de los impuestos que lo gravan y se adeudan, sin que existan fondos en autos para hacer frente a su pago; corresponde que el recurso se sustancie con el acreedor fiscal respectivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Fraccareta, Juan y otros s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sostiene como violentados los arts. 266 y 252 -n.a.- del C.P.P.

si la queja no deja más que traslucir un criterio personal referido a la valoración de la prueba pericial sin lograr la demostración de la alegada violación legal, toda vez que no relaciona sus argumentos con los que estructuran el fallo.
Asistencia y salvamento, derechos de la tripulación, salario de asistencia y salvamento, salario insuficiente, legitimación activa
Materia: NAVEGACION
Carátula: MUÑOZ Y OTROS c/ CAP. Y-O ARM. Y-O PROP. BQ "BOW CECIL" s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

Los tripulantes del buque asistente pueden desconocer la remuneración por asistencia convenida entre los armadores de los buques cuando aquel salario resultara evidentemente inadecuado con relación a la labor concretamente desempeñada, el peligro conjurado, el riesgo corrido y el valor de los bienes salvados, ya que una conclusión contraria implicaría imponerles a dichos tripulantes una renuncia prohibida por el artículo 381 de la ley de la Navegación.

El supuesto de salario insuficiente sería posible asimilarlo al de falta de pago (al menos parcial) del servicio o desinterés en su cobro por parte del armador del buque asistente, extremos que autorizarían la acción judicial directa de los tripulantes contra el asistido, con arreglo a lo dispuesto en el art. 579 de la ley 20 094, siendo innecesario para arribar a tal conclusión el recurrir a la analogía, pues la hermenéutica postulada es la que espontáneamente fluye de las normas implicadas.
Recurso extraordinario, ley federal
Materia: PENAL
Carátula: DUCILO S.A. s/ Recurso de Amparo Causa 28352
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-18

Es procedente la concesión del recurso extraordinario interpuesto si la apelación extraordinaria, "prima facie" valorada, cuenta con fundamentos suficientes por cuestionarse la inteligencia de una norma federal, siendo lo resuelto por la Sala contrario a la pretensión del apelante, para abrir la instancia excepcional de remisión constitucional de la cuestión federal.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Diaz, Vergara Emilio s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-12-15

La corte Suprema amplió los límites de Admisibilidad del recurso Extraordinario, extendiéndolos a aquellos casos en que la instancia provincial el Tribunal se ha pronunciado con arbitrariedad, entendiendo que la sentencia que exhibe tal vicio, viola por esta sola circunstancia el derecho federal, con prescindencia del concretamente discutido en el proceso (federal, común, provincial, procesal, o se trata de cuestiones de hecho).
Tenencia ilegítima de armas de guerra, robo con armas, concurso real, consunción
Materia: PENAL
Carátula: CAJAL, ALBERTO J. s/ CONCURSO REAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-27

No corresponde subsumir la tenencia de arma de guerra dentro de la figura de robo con armas, por cuanto dicha tenencia es un delito autónomo, tal como el tipo penal refiere, concurriendo con aquél en forma material.
Monto de la indemnización, ley de defensa del consumidor, servicio telefónico
Materia: CIVIL
Carátula: Moya, Jesús c/ Telecom Argentina S.A. s/ daños y perjuicios (viene de Civil Com. Comun 8º Nom. Expte 2858/14 - Incomp.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-10-18

La cuantificación del daño punitivo -al igual que el daño moral- no tienen un parámetro económico fijo, sino que por la índole subjetiva que involucra estos tipos de reclamos, quedan sujetos a la determinación prudencial por parte del juzgador, quien -en el caso de los daños punitivos- cuenta con las pautas y límites establecidos en los arts. 47, 49 y 52 bis de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor para la concesión y mensuración del mismo. El art. 52 bis de la LDC, establece con claridad que "(.) a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor (.)", esto significa que el actor (consumidor) debe solicitarlo y estimar un monto. En tanto será el juez quien tiene la potestad del otorgamiento y el encargado de su mensuración tomando en consideración los parámetros que la propia norma le impone. Así la mencionada normativa expresa "Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan (.). La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley", es decir $5.000.000 (cinco millones de pesos). La doctrina nacional es coincidente respecto a la fijación de las pautas legales para la procedencia y mensuración del daño punitivo al afirmar que la sanción debe cuantificarse teniendo en cuenta "la gravedad del hecho" y "las circunstancias del caso" (art. 52 LDC), lo que podría complementarse a partir de una interpretación armónica de la ley con las pautas contenidas en el art. 49 LDC a saber: "el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho" (cf. Chamatropulos, Demetrio; "Los Daños Punitivos en la Argentina", Ed. Errepar, Bs. As. 2009, p. 203). DRES.: COSSIO - MOVSOVICH.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: CARLES  DE  AHORRO  Y  PRESTAMO  PARA  LA  VIVIENDA    S.A.   Y BANCO COMERCIAL HIPOTECARIO Y EDIFICADOR DE CORDOBA  S.A. c/ Banco Central de la República Argentina. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

Si bien las resoluciones que decretan medidas cautelares no son susceptibles de revisión por vía del recurso extraordinario en tanto no constituyen sentencia definitiva, tal principio cede cuando la medida adoptada produce un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Violación, violación a menor de doce años, abuso deshonesto, tentativa, desistimiento voluntario
Materia: PENAL
Carátula: GARNICA, B. s/ VIOLACION.  TENTATIVA.  DESISTIMIENTO  VOLUNTARIO.  ABUSO DESHONESTO.  TENTATIVA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-04-03

"...la figura correspondiente es la de violación, pero no consumada sino tentada..."G" no obró con el fin de satisfacer lascivamente su necesidad sexual, sino con el manifiesto propósito de acceder a la víctima, es decir, no con lo que constituiría el dolo del abuso deshonesto, que excluye el acceso carnal, sino con lo que sería dolo de la violación...

Que no haya concretado el "iter criminis" en toda su extensión, no cambia el tipo penal, menos aún, cuando demostrado está que el cese de la acción delictiva no se debió a su propia voluntad, sino a algo ajeno a ella, a la eyaculación prematura, que al parecer lo dejara exhausto sexualmente, a punto tal que no siguió insistiendo en su repudiable proceder. Es de convenir entonces, que "G" de ser imputable, habría sido autor de tentativa de violación.
Opinión consultiva, Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretación sistemática, tratamiento diferenciado, control de razonabilidad, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, extranjeros, Convención Interamericana contra el terrorismo
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Fondo No. 8/16, Caso 11.661. Manickavasagam Suresh. Canadá c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2016-04-13

Conforme lo ha establecido la Corte Interamericana, si bien el artículo II de la Declaración no prohíbe todas las distinciones de tratamiento en el ejercicio de los derechos y libertades protegidos, impone que toda distinción se base en una justificación objetiva y razonable, lo que específicamente y en materia de naturalización desarrolló en su Opinión Consultiva OC-4/84 - 19 de enero de 1984. Serie A No. 4-, indicando que la práctica no resulta discriminatoria sólo si la diferencia de trato responde a un objetivo legítimo y no da lugar a situaciones contrarias a la justicia, principios en todo aplicables al tratamiento que los estados deben dar a los extranjeros residentes y no residentes.
Pago de la remuneración, pago en negro, prueba del pago
Materia: LABORAL
Carátula: Juárez, José Domingo c/ Sandoval Rave Ingenieros Civiles SRL s/ Demanda Laboral -Diferencias Salariales e Indemnizaciones-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-14

"La prueba referida a los pagos en negro debe ser concluyente en cuanto a su existencia y monto, ya que la acreditación de un salario superior al que surge de los recibos solo puede resultar de probanzas concluyentes en tal sentido".
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Guarino de Otheguy, Beatriz Ida s/ hurto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

No se configura gravedad institucional si no se encuentran afectados principios de orden social vinculados con instituciones básicas del derecho, ni se advierte que la intervención de la Corte tenga otro objeto que el de revisar -eventualmente- intereses particulares.
Representación procesal, apoderado, oportunidad procesal, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Dra. Marcela Soria Acuña y otra c/ Avila de Carrizo, Jorgelina y otros s/ Ejecución de Honorarios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-11-28

Si bien en la expresión de agravios los hasta entonces abogados patrocinantes de los recurrentes, se presentan en carácter de apoderados de parte y remiten al poder agregado, en primera instancia nada se dice sobre el otorgamiento de personería en el decreto de admisión de recurso de apelación, limitándose a disponer que se corra traslado de los fundamentos de aquel.

De lo que resulta que en autos no fue aceptada en instancia propia la representación alegada, pues a la luz del Art. 49 del C.P.C.C. el apoderado recién asume el carácter de tal y las obligaciones consecuentes con posterioridad a la presentación del Poder y la admisión judicial de su personería, así lo tiene dicho la doctrina cuando expresa que: " para considerar aceptada la procuración judicial, es necesario la presentación del Poder por el mandatario y la admisión de la personería por el juzgado" ( FASSI-YANES-C.P.C.C. comentado, tomo 1 ), condición esta última que no cumplida en autos debió provocar la actividad procesal del peticionante recurriendo el decreto de cita.

Ante la propia omisión de parte, a mi criterio la Cámara resolvió correctamente no reconocer el carácter invocado por los abogados otrora patrocinantes, en tanto tal cuestión debió plantearse primigeniamente ante el Juez de Primera Instancia; y la Cámara resolviendo de otra manera habría incurrido en exorbitancia funcional, en tanto el decreto de cita se encontraba firme, lo que nos remite al principio: "stare decisis e quieta nom movere".

En esa inteligencia, el recurso de casación debe rechazarse. Del voto de la Dra. Sesto de Leiva. En Disidencia
Transferencia del contrato de trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Luna, Antonio Rómulo c/ Agencia Marítima Rigel  S.A.  y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

Conforme con el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera que sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deben exigir el adecuado cumplimiento de las normas del derecho del trabajo y la seguridad social, y son solidariamente responsables por tales obligaciones durante la vigencia del contrato de trabajo o al tiempo de su extinción.
Subasta judicial, nulidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Cismondi, Ricardo c/ Cogorno, Ramón Ataúlfo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-21

Para invalidar el acto, debe existir un interés jurídico, una lesión a la administración de justicia, y una falta de consentimiento a su respecto por parte de las personas legitimadas para impugnarlo. Ello así, en virtud del principio por el cual todas las nulidades procesales son relativas, y así "la declaración de nulidad de oficio tampoco corresponde si la irregularidad de que adolece el remate ha sido consentida por todas las personas legitimadas para impugnarlo, ya que por grave que aquélla sea, la validez del acto no puede quedar pendiente en forma indefinida".
Recurso de casación, condena penal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: L., A. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra de la Sentencia Nº 43/11: L., A. p.s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal por cualquier vía - San Antonio - Fray Mamarto Esquiú - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-29

La Cámara en lo Criminal, Sala Unipersonal, en lo que aquí concierne, resolvió declarar culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal por Cualquier Vía, figura prevista y penada por los arts. 119 3er. Párrafo y 45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias de ley (arts. 12, 40 y 41 del Código Penal).

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

Si bien el recurrente se agravia al sostener que el tribunal no consideró la postulación esgrimida por la defensa en el momento previsto por el art. 397 C.P.P., poniendo de resalto que se vulneró "el derecho de defensa, por no dar tratamiento ni resolver una cuestión impetrada en el marco del derecho de defensa", vuelve a incurrir en el yerro señalado, en tanto no ha especificado puntualmente en qué consiste la afectación al derecho de defensa que invoca, ni qué es lo que el juzgador omitió responder.

Es que con acierto se ha sostenido que "afirmar que debe garantizarse la posibilidad de revisar todos los extremos que dan sustento a la sentencia de condena exige, sin embargo, ciertas puntualizaciones que permitirán, a su vez, fijar el marco y los alcances de la garantía en el caso... El carácter total de la revisión no implica per se que el examen que el tribunal del recurso realice respecto de la sentencia de condena deba ir más allá de las cuestiones planteadas por la defensa.

Ello es así porque, al tratarse de un derecho que su titular ejerce en la medida que la sentencia le causa agravio, resulta incorrecto intentar derivar de la garantía en cuestión una exigencia normativa que obligue a controlar aquellos extremos del fallo que el recurrente no ha sometido a revi-sión del tribunal examinador".

Se colige, así, que "el derecho de revisión del fallo condenatorio implica que todo examen solicitado por la defensa al tribunal de alzada, si resulta posible, debe ser llevado a cabo" (C.S.J.N., "Casal", 20/09/05, del voto de la Dra. Carmen M. Argibay).

Ello lleva, como ineludible consecuencia, la necesidad de que el agravio que se plantea sea mínimamente aprehensible en cuanto a las concretas críticas que se formulan contra la resolución recurrida, lo que no ha ocurrido en el caso.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Hurto de automotor, cuerpo del delito, prueba, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: ROLDAN, CARLOS ALBERTO. s/ HURTO AUTOMOTOR. CUERPO DELITO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-21

El hecho de que el procesado haya sido sorprendido en el interior de un automóvil ajeno, sin que existan señales de violencia en el mecanismo de arranque o en el tablero, no puede conducir a aseverar que aquél intentaba sustraer el rodado, pues es condición insorteable del veredicto incriminatorio que éste se asiente en un juicio de certeza, no de mera probabilidad y dicha certeza debe partir ineludiblemente de la comprobación fenomenológica del cuerpo del delito por prueba directa e inmediata (art. 358 inc.1ro. C.P.C ).
AFIP DGI, resolución administrativa, determinación sobre base presunta, presunción juris tantum, paraísos fiscales
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: Trebas  S.A. s/ recurso de apelación - impuesto a las ganancias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

La resolución de la Dirección General Impositiva que presume injustificados los ingresos provenientes de un "paraíso fiscal" y exige, para desvirtuar esa presunción, la prueba de que no fueron generados en el país, no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa, sino que traduce consideraciones de política legislativa en materia económica conducentes a prescindir de las decisiones que, por acción u omisión, adopte el Poder Legislativo.