Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-08


2º Instancia - Junín, octubre 8 de 2007.

La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión, el Sr. Juez Dr. Rosas dijo:

I. En la sentencia dictada a fs. 183/190vta. la A-quo hizo lugar a la demanda de Marta Ester Alessio, condenando al demandado Eugenio Sosa, a pagarle la suma de pesos cinco mil, en concepto de incapacidad sobreviniente, y la suma de pesos cinco mil, en concepto de daño moral, con más los intereses al tipo que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de Depósito a plazo fijo a treinta días, desde el día del evento dañoso y hasta el efectivo pago. Impone costas al demandado; difiriendo la regulación de los honorarios para cuando se determine el monto del pleito.

El pronunciamiento refiere a un incidente acaecido el día 11/11/02, a las 9 hs, en el patio de la vivienda, de la Sra. Alessio, ubicada en Julio A. Roca Nº 545 de la localidad de Juan B. Alberdi, en donde, según relato de la demanda, ingresó el demandado Sosa, aplicándole un golpe de puño que le produjo lesiones en su rostro. Luego de descartar incidencia a la causa penal que concluyó por suspensión del juicio a prueba, y valorando las pruebas reunidas, arriba a la conclusión que el hecho existió tal como expuso la actora, resultando procedente su reclamo indemnizatorio. A continuación y evaluando el informe pericial médico que determinó que las lesiones dejaron como secuela incapacitante paresia facial y desviación de la comisura labial, establece el monto del resarcimiento material en la suma de $5.000 e igual suma por daño moral.

A fs.195 apela la actora y a fs.196 lo hace el demandado.

Concedidos ambos recursos y radicados los autos en esta Alzada, a fs.202/205 expone sus agravios la parte actora cuestionando los montos indemnizatorios a los que considera bajos en relación al grado de incapacidad dictaminado pericialmente, edad a la fecha de la lesión e incidencia de las secuelas. Asimismo considera relevante el carácter doloso de la agresión, solicitando se estime dicha circunstancia a los efectos de fijar una justa indemnización. Por último pide que los intereses se fijen a tasa activa por reputar desactualizada la pasiva, a raíz de la depreciación de la moneda.

Los agravios del demandado se dirigen liminarmente a cuestionar la procedencia de la demanda, objetando la valoración probatoria, ya que la única testigo no presenció el incidente, limitándose a escuchar los dichos de la actora. En tal sentido señala que no está acreditado su ingreso a la vivienda de la actora y menos que la haya agredido. También entiende útil subrayar que en el informe de la tomografía realizada el día 13/11/2002, a sólo dos días del hecho denunciado, no se registró fractura de maxilar inferior, la que recién aparece en otra TAC, posterior efectuada el 18/11, infiriendo que la lesión, de existir, es de fecha muy posterior a los hechos referidos por la actora. En otro orden cuestiona los montos indemnizatorios por considerarlos elevados.

A fs. 212/214 y 215/216 vta. demandado y actora contestan el traslado de sus respectivos agravios, quedando LA cuestión en estado de resolver.

II. Como reflexiona Jorge Peyrano en un interesante trabajo ("La prueba difícil"; JA 2003-III-1089, consultado en Lexis Nº 0003/009959), "Tradicionalmente se dividen las pruebas según fuere el grado de certeza moral que irrogan, en pruebas efficaciores y pruebas leviores (Lessona, Carlos, "Teoría general de la prueba en Derecho Civil", trad. de Enrique Aguilera de Paz, t. I, 1897, Ed. Hijos de Reus, Madrid, p. 326); constituyendo estas últimas una suerte de excepción -pacíficamente admitida en el plano jurisprudencial (Ibíd., p. 326) al principio probatorio según el cual sólo puede reputarse acreditado un hecho cuando la prueba colectada genera una absoluta certeza moral en el espíritu del juez. Sobre el particular, Mattirolo señala que: "En resumen, podemos decir que la lógica de las pruebas y los principios de la razón natural están de acuerdo en poner como bases del derecho racional probatorio, las tres reglas siguientes: a) El hecho no está verdadera y suficientemente probado sino cuando el juez haya adquirido, merced a las pruebas suministradas por las partes en juicio, la certidumbre moral de la verdad del mismo. (...) Pero esas reglas cuyo conjunto constituye el llamado sistema de la prueba moral, el legislador las deroga de varios modos al regular los juicios civiles, por consideraciones de utilidad y también, si se quiere, de necesidad social, propter utilitatem. Así, el primero de los principios indicados se deroga por medio de las pruebas y presunciones legales, cuyo valor está previamente determinado por la ley, como asimismo cuando por principio de jurisprudencia se admiten como pruebas suficientes en materia difficilioris probationis, simples argumentos de probabilidad (perspicua indicia) que, a pesar de todo, no producen en el ánimo del juez una certidumbre moral" (Mattirolo, Luis, "Tratado de Derecho Judicial Civil", trad. de Constancio Bernaldo de Quirós y Manuel López Rey y Arrojo, t. II, 1933, Ed. Reus, Madrid, p. 237).

Agregando más adelante que: "Para tranquilidad de tribunales y jueces, encontramos que la aplicación de la teoría de la "prueba difícil" tiene apoyo -hasta si se quiere legal- en las reglas de la sana crítica (Couture, Eduardo, "Las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba testimonial", en JA 79, doctrina 85); fórmula de origen humilde (Peyrano, Jorge W., "El proceso civil. Principios y fundamentos", 1978, Ed. Astrea, p. 113: "El origen de la locución reglas de la sana crítica, fue jurídicamente humilde. Su partida de nacimiento son los arts. 147 y 148 del Reglamento del Consejo Real de España, ordenamiento administrativo que data de comienzos de siglo XIX, que reglamentaban la valoración de la prueba testimonial"), pero de aplicación constante." "Es que tal fórmula permite -y, como se verá, hasta obliga- apreciar el material probatorio de manera más o menos rigurosa, según fueren las circunstancias del caso. Apunta Calamandrei: "En todos estos casos, según observa Saraceno, la admisión de pruebas leviores no constituye para el juez un simple consejo sino una verdadera y propia disposición con efecto vinculativo para el juez, que está obligado a acoger la demanda aunque las pruebas suministradas no hayan llegado a darle la certidumbre" (Calamandrei, Piero, "Verdad y verosimilitud en el proceso civil", en "Estudios sobre el proceso civil", trad. Santiago Sentís Melendo, t. III, 1962, Ed. Ejea, p. 345). Obviamente, no vemos razones para no trasladar dichas reflexiones también al ámbito de las demás hipótesis de "prueba difícil" "En mérito de lo anterior es que no deben sentirse en falta los magistrados cuando recurren a la teoría de las pruebas leviores. Al obrar de ese modo no están prevaricando. Por el contrario, están ejerciendo una facultad que les concede el legislador; y dicho otorgamiento obedece -precisamente- a la intención de permitirles la apreciación más o menos rigurosa de la materia probatoria, según fueren las circunstancias del caso." Como bien señaló Aristóteles "no debe el juez sentenciar siempre por las cosas necesarias, sino también por las verosímiles" (Retórica Lib. 2 Cap. 25), sin que ello implique aceptar una causalidad virtual, falta de rigor conceptual, sino aceptar en el marco de la apreciación de la prueba que una cierta situación de hecho corresponde según las máximas de la experiencia a un curso causal típico y determinado (Santos Briz, La responsabilidad civil p. 743). Estas directivas tendientes a encauzar el proceso del razonamiento -como una suerte de tópica- permiten dotar al juez de un amplio margen de apreciación, no ceñido por fórmulas o esquemas apriorísticos, en una materia tan sutil y compleja donde la lógica de los hechos y el estudio de todas las circunstancias y factores, contribuirán a visualizar la autoría como vinculación fáctica entre la situación dañosa invocada y el sindicado como responsable y decidir o no la condena resarcitoria por determinadas consecuencias que emanan del hecho (Goldenberg, La relación de causalidad ... p.175).

En aplicación de tales directivas, el análisis del material probatorio reunido en autos me lleva al convencimiento que la A-quo ha estado acertada al estimar acreditado el hecho que da lugar a la demanda.

En efecto, al declarar a fs. 141 y vta., ratificando el testimonio que había prestado en sede penal (ver fs.164), la Sra. Alejandra Patricia Miranda, vecina de la actora, relató que una mañana a eso de las 9 hs, desde el patio de su casa, escuchó discusiones y "corridas", y que una persona salió de la casa de Alessio, viendo que era el Sr. Sosa -marido de Carina Sánchez-, que se detuvo en el cordón de la vereda insultando a la Sra. Alessio, quien por su parte le decía: "Entraste y me pegaste, te voy a denunciar".

El hecho así narrado es compatible con la denuncia efectuada el mismo día 11/11/2002 por la Sra. Alessio (ver fs.157) y resulta corroborado con el informe médico de fs.159 -en el que se detecta "traumatismo facial" por golpe de puño-, el nuevo informe complementario de fs.163 y la Historia Clínica de fs. 96/99 y 167/168.

Todo ello conduce a tener por suficientemente acreditado que el demandado, luego de ingresar al domicilio de la actora -de lo que contamos con una prueba testimonial directa-, le produjo lesiones, que las circunstancias del caso -corridas, insultos posteriores y constatación de la lesión- permiten inferir que fue producto del golpe que le aplicó, resultando indiscutible su autoría y consiguiente responsabilidad (Arts.901 del Código Civil; 384, 456 y 163, inc.5 del CPCC).

En cuanto a la importancia de las lesiones y secuelas, el informe médico realizado el día 12/11/02 da cuenta que se efectuó a la paciente RX de zona traumatizada donde se evidencia "imagen compatible con probable factura de maxilar inferior, solicitando nuevo estudio que da lugar al informe realizado el día 18/11 por el Dr. Mariano Cabanas en donde consta que mediante TAC se detectó la existencia de "solución de continuidad en la apófisis estiliodes".

Por su parte el perito médico Dr. Rubén Vergara, a fs.63/66vta. dictaminó que la actora padeció una fractura (solución de continuidad) a nivel de la apófisis estilioides del hueso temporal en su unión con el macizo facial (agujero esteliomastoideo); que el mecanismo de producción de dicha lesión es compatible con un traumatismo, cuya dirección y fuerza de impacto debe efectuarse de abajo hacia arriba, consignando que "es compatible y tiene correlato anátomo-maxilar y secuelar con lo denunciado en autos. Concluyendo que las lesiones secuelares descriptas como paresia facial y desviación de la comisura labial del lado contrario a la lesión del nervio facial, comportan una incapacidad del orden del 10 al 25%.

Precisada así la existencia de las lesiones y secuelas incapacitantes, que solo merecieron la impugnación de la demandada en relación a la calificación de "grave" de las lesiones (fs. 69 y vta.) y que fuera evacuada por el perito a fs.71, entiendo que no es admisible admitir disenso al respecto, por lo que sólo cabe analizar la dimensión indemnizatoria que es objeto de ataque cruzado de los apelantes.

Se tiene reiteradamente dicho en la conceptualización del daño por "incapacidad sobreviniente" que el mismo está constituido por "cualquier disminución de las aptitudes físicas o psíquicas que afecten la capacidad productiva o que se traduzcan en un menoscabo de su plenitud, provocando la imposibilidad o dificultad en las actividades (productivas o no) que el sujeto solía realizar con la debida amplitud y libertad."(Aída Kemelmajer de Carlucci, Código..., Belluscio-Zannoni, t. 5, pág. 219) (doct. arts. 1068, 1086 y ccs. Cód. Civil). Corresponde así computar en la determinación del daño el desmedro que sufrirá en el desarrollo de sus actividades, laborales y en todos los órdenes de la vida, sin sujeción a criterios matemáticos sino al prudente arbitrio, dado que en definitiva se trata de la frustración de "chances" futuras (doct. arts. 165 "in fine" C.P.C., 1068, 1086 y ccs. Cód. Civil). "Se refiere a la pérdida o merma futura que se configura a raíz de las secuelas, atendiendo a las genéricas posibilidades razonablemente previsibles de acuerdo a las condiciones personales del damnificado: mirando hacia atrás y hacia adelante para tratar de reubicarlo en una posición equivalente a la que hubiere tenido de no haber ocurrido el hecho dañoso y teniendo en cuenta las circunstancias del caso y su expectativa de vida." (este Tribunal en "Sharry c/ Olguín", expte. Nº 37.145, sent. del 24-9-2000).

No obstante que la pericia médica le otorga una incapacidad significativa, no es ocioso reparar que la incapacidad laboral no es necesariamente idéntica para todo tipo de labores pues, mientras en algunas se puede alcanzar el máximo porcentual establecido en la pericia, en cambio para otras la incapacidad puede ser menor e incluso no existir y, por lo demás, es razonable también tener presente que es totalmente aleatorio el probable tiempo de vida útil como, asimismo, los ingresos que eventualmente puedan percibirse a la época del siniestro ya que los mismos son susceptibles de variar en más o en menos o, incluso, dejar de obtenerse, sin que exista una norma o regla para valorar cuál de esas posibilidades habrá de configurarse (arts. 499, 1068, 1083, 1086 Cód. Civil; 163 inc. 5º, 375 C.P.C.C.); a fin de graduar la indemnización por incapacidad, deben descartarse los métodos basados en cálculos matemáticos actuariales, debiendo tenerse un criterio más flexible, que atienda a las circunstancias propias de cada situación, tomando en cuenta la edad y sexo de la víctima, su profesión, aptitud para desempeñar el mismo u otro trabajo, para cumplir determinado tipo de tareas, cargas de familia, ingresos, nivel socio-cultural, posibilidades económicas disponibles, etc., todo lo cual pone en evidencia que la determinación del "quantum" resarcitorio por incapacidad depende del prudente arbitrio judicial (JUBA; B353058, CC0203 LP 92579 RSD-57-00 S 28-3-2000).

Entre las circunstancias particulares para determinar la indemnización en este caso cabe computar que al momento del hecho la víctima contaba con 49 años de edad, de profesión ama de casa (ver fs.157); por todo lo cual, sin soslayar los informes periciales médicos, los que computo como una pauta más en los datos a tomar en cuenta para una indemnización prudente (voto Dr.Venini en Expte.32.905, autos "Surace c/ Benoechea s/ Daños y perj.", 14/5/98) y ejercitando la facultad de concreción de la cuantía del daño con prudencia, aprehendiendo los elementos de juicio y conjugándolos con las máximas de la experiencia y el conocimiento de la realidad a los fines de evaluar la justa composición (Iribarne, Héctor Pedro La prueba en el juicio de daños a la persona en Revista de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal-Culzoni, Nº4), entiendo justo elevar la indemnización correspondiente fijándola en la suma de pesos siete mil ($7.000.-) (arts. 499, 901, 906, 1059, 1083, 1086 y ccs. Cód. Civil; 394, 474 del CPCC).

En cuanto al daño moral en el caso de lesiones - sean permanentes o transitorias, impliquen un menoscabo en la composición anatómica o en el normal funciona miento- se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho y tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, entre los que se encuentran la tranquilidad de espíritu y la integridad física. (este tribunal en Expte. Nº 36892, "Berardino Alberto Leonel y Acuña Lucia Ester c/ Martínez Jacinto O. y Sud America Cía. de Seguros s/ Daños y Perjuicios"; L.S. Nº 43. Nº de Orden 329 del 19-9-02.).

Respecto de la fijación de su monto (ajena a cualquier relación con la cuantía del daño patrimonial y de difícil determinación, en tanto implica el menos cabo de afecciones íntimas que se configuran en el ámbito espiritual del damnificado), para su prudente valoración es necesario computar, además de las circunstancias personales de la víctima, la forma y modo en que se produjo el hecho lesivo, la entidad de las lesiones, las terapias aplicadas, las secuelas dejadas, su implicancia en la vida de relación y proyecto de vida del perjudicado e incidencia del menoscabo en la aptitud de goce de bienes. Y ello fuera de toda repercusión económica que constituye el aspecto propio del daño patrimonial (incapacidad sobreviniente) (este Tribunal en expte. Nº 38471 Perachia Aníbal Juan y otro c/ Ferreyra José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios. L.S. Nº 44. Nº de orden 656 del 4-12-03).

Atendiendo a las circunstancias del caso entiendo pertinente incrementar la indemnización por daño moral a la suma de $10.000 (art.1078 del CCiv., 384 del CPCC).

En lo que hace a los intereses, de acuerdo al criterio de la Casación Provincial (JUBA B21492, SCBA Ac 43858 S 21-5-91 carátula "Zgonc Daniel Roberto y ot. s. Asociación A. Villa Gesell s. Cobro de australes" JA 1991-IV, 3 AyS 1991-I-788), debe mantenerse la tasa de interés establecida a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente durante los distintos períodos de aplicación". La doctrina ha sido seguida por este Tribunal en numerosos precedentes, de los que como se dijo en autos "Galeano A.A. c/ Font Orlando R. S. Daños y perjuicios" expte. 37164, y no existe mérito para apartarse ante el nuevo escenario económico planteado a partir de la pesificación, entre otras razones porque los montos indemnizatorios han sido justipreciados a la fecha de este pronunciamiento, la mencionada operatoria bancaria sigue vigente, las tasas de interés reflejan el precio de dinero en el mercado, con el componente de incertidumbre y desconfianza a que se alude, y los arts. 617 y 623 del Código Civil reformados por la ley 23.928 y la prohibición de actualización continúan vigentes (art. 5 ley 25561). Por lo expuesto, el cuestionamiento formulado por la parte actora no resulta atendible (art. 622 del CCivil)" (Este Tribunal en Expte.41.196 "Delias, Juan Carlos y Mateu, María Lourdes c/ Cornejo, Miguel Angel y otra s/ Daños y perjuicios").

Finalmente y dada el éxito de la actora en esta etapa recursiva, propongo que las costas de Alzada se carguen al demandado (art.68 del CPCC).

Así lo voto.

Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

A la segunda cuestión, el Señor Juez Dr. Rosas, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, corresponde:

I. Modificar la sentencia en cuanto a los montos indemnizatorios por los rubros "incapacidad sobreviniente", que se fija en la suma de $7.000, y daño moral que se eleva a $10.000.

II. Las costas de Alzada se imponen al demandado (art. 68 del C.P.C.C.).

III. En cuanto a los honorarios por los trabajos efectuados en esta Alzada, se difieren su regulación para su oportunidad (Arts. 31 y 51 del Dto. Ley 8904).

Así lo voto.

Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Autos Y Visto:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, se resuelve:

I. Modificar la sentencia en cuanto a los montos indemnizatorios por los rubros "incapacidad sobreviniente", que se fija en la suma de $7.000, y daño moral que se eleva a $10.000.

II. Las costas de Alzada se imponen al demandado (art.68 del C.P.C.C.).

III. En cuanto a los honorarios por los trabajos efectuados en esta Alzada, se difieren su regulación para su oportunidad.- (Arts. 31 y 51 del Dto. Ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen. -Juan José Guardiola - Patricio Gustavo Rosas - Ricardo Manuel Castro Duran.