Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-31


AUTOS Nº 76.838 (QUINTO JUZGADO CIVIL) (SALA III Nº 9317) "GONZALEZ CARLOS FRANCISCO C/ PROVINCIA DE SAN JUAN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" ///En la ciudad de San Juan, a 31 días del mes de Marzo de dos mil nueve, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia de la Dra. Catalina Celia Cúneo de García y, los Dres. Moisés Moya y Humberto Caballero como vocales, para conocer sobre el recurso de apelación concedido a la parte actora a fs. 69, contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2007 obrante a fs. 59/67.

CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA dijo: El Sr. Juez a-quo resolvió: "Rechazar la demanda interpuesta por Carlos Francisco González, con costas.

Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad".

Contra dicho pronunciamiento se alza el actor a fs.68, el recurso se le concede a fs. 69. Expresa agravios a fs. 85/92 vta., los que fueron respondidos por la contraria a fs. 96/98 vta.. Las partes hacen expresa reserva de los recursos extraordinarios de la ley 2275 y del caso federal del art. 14 de la ley 48.

Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el Inferior en la sentencia apelada diré que: La presente acción tiene origen en la demanda contencioso administrativa interpuesta por el actor Sr. Carlos F. González contra la Provincia de San Juan a fs. 13/18 vta.. Peticiona se decrete la invalidez, ilegitimidad y exceso del acto administrativo que dispuso su cesantía y en consecuencia, se ordene la reincorporación a su cargo de agente administrativo del escalafón policial. Asimismo se le abonen los haberes caídos y los intereses legales desde el momento en que cada salario debió ser abonado, con más las costas del juicio.

Relata que se encontraba afectado a la Subsecretaría de Minería. Luego de un moroso y caduco proceso administrativo, se dictó en su contra el Decreto N° 0678-ME-03 por el cual se lo dejó cesante en su cargo de planta permanente, categoría 17 de la Policía de la Provincia. Contra dicho Decreto interpuso un recurso de reconsideración que fue rechazado por Decreto N° 1152-MPYDE-04. Contra estos actos se alza, interponiendo esta acción a fin de que sean declarados inválidos, ilegítimos, arbitrarios y excesivos. Subsidiariamente y para el caso que se estimara que alguna falta cometió, solicita se aplique una sanción mucho más leve.

Agrega que ha sido investigado en un proceso que tramitó en el Sumario Administrativo N° 622.029-S-94, por la aparición de supuestas adulteraciones en sellos y firmas en la constancia de pago de determinados derechos. Ofrece prueba documental: los expedientes citados e informativa de fs.37/44. Solicita se haga lugar a la demanda interpuesta.

A fs. 26/31 vta. la accionada contesta la demanda incoada en su contra y solicita el rechazo de la misma. Expresa que el actor, en oportunidad de desempeñarse como Encargado de Mesa de Entradas del Dpto. de Minería de la Provincia, fue cesanteado por acreditarse -luego de un extenso sumario obrante en el Exp. N° 622.029-S-94 que cometió gravísimas irregularidades. Por las que, de conformidad a la normativa aplicable se hizo pasible de la sanción expulsiva. Las irregularidades dieron fundamento al Decreto de Cesantía N° 0678-ME-03 y al rechazo del recurso de reconsideración que contra él, dedujo el accionado. Ofrece prueba : a) Documental : Expte.Adm. N° 622029-S-94 y agregados y el Exp. N° 425426-J-2000. b) Confesional: del actor de fs. 51 a tenor del pliego de fs. 49. Solicita se rechace la demanda, con costas.

La sentencia apelada le causa al actor los agravios que subsumiré de la siguiente forma: La resolución apelada es arbitraria, contiene razonamientos insuficientes y de fuerte contradicción con respecto a la interpretación de normas jurídicas. El Inferior prescindió de los preceptos legales que debió aplicar, conculcando así derechos sustanciales no constituyendo lo resuelto, una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa.

No consideró el Juez a-quo que el objeto de la demanda fue preciso, no se pidió que se aplicara una sanción menor que la cesantía, salvo por una mención aislada que debe considerarse improcedente; no obstante, ello no le impedía analizar la arbitrariedad en la sanción impuesta por un exceso manifiesto.

El sentenciante elude tratar el tema central. No consideró que con el proceso seguido ante la Administración, del cual no resultan probadas con suficiente peso las causas que aconsejen semejante sanción; se ha quebrantado groseramente su derecho de defensa, tema que es de indudable competencia jurisdiccional.

No consideró el Inferior que no se trata de "cualquier sanción" -como lo dice en la sentencia sino de una expulsión de un agente con 16 años de antigüedad que fue dejado sin trabajo y con una familia a cargo. Tampoco que haya cometido los hechos irregulares graves que fueron objeto del sumario administrativo. El sentenciante sostiene que "no se demuestra la irrazonabilidad de la sanción con relación a la falta imputada", pero nada dice en qué se basa para considerar razonable y no arbitraria la sanción que se le impuso, ni en qué hechos probados se funda.

La sentencia es un reflejo del informe de la instrucción sumarial y del Decreto expulsivo, donde se entienden como "faltas" del sumariado el "admitir la suscripción de documentos", que el Decreto no indica a cuáles se refiere, decir que "fue engañado por la Sra. Costa al controlar el timbrado", "que no advirtió la adulteración del sellado". No se tuvo en cuenta que el Sumario Administrativo adolece de insanable nulidad en tanto se violaron las exigencias insoslayables del art. 7 de la ley 3784. Su parte no pudo ejercer el derecho de defensa porque no se conocen las razones jurídicas (motivación), en que se basó el acto administrativo.

Varios son los aspectos que nulidifican el dictamen: a) Se habla de "presuntos" responsables de adulteración y de todos los demás cargos, sin determinar mediante pericia tal adulteración, b) No señala cuáles son las conductas irregulares que dieron lugar a las supuestas faltas, sólo se limita a describir las mismas, c) La remisión al informe del Subsecretario de Minería para señalar la existencia de irregularidades denunciadas, cuando el Subsecretario comunicó "una posible irregularidad". El instructor dice haber comprobado la existencia de irregularidades pero no expresa cómo ni con qué pruebas y lo más grave, no expresa quién las cometió para merecer una sanción.

El Juez a-quo no tuvo en cuenta que, la única prueba seria es la pericial producida acerca de la comparación de las firmas supuestamente no auténticas, con su firma; la que arrojó un resultado contundentemente negativo a su favor. El perito declaró que no le pertenecían las firmas insertas en los sellos reputados falsos (tampoco se realizó pericia alguna acerca de la autenticidad de los incorporados en los documentos objeto de investigación que permita tacharlos de falsos). Tampoco se realizó una pericia de la firma de la otra imputada Sra. Estela Costa a quien la instrucción presume copartícipe de las supuestas anormalidades, a fin de averiguar el grado de responsabilidad de cada uno, si es que hubo dos involucrados.

No se hizo una pericia contable que determine si hubo o no desvío de los fondos que correspondían a esos sellados. Tampoco una pericia de la máquina que utilizaba la Sra. Costa u otra máquina posiblemente involucrada en la presunta maniobra.

El Sumario duró casi diez años, estando paralizado otros tantos. Ha existido un notorio déficit investigativo, no se ha podido determinar qué empleado ha cometido la supuesta falta. Correspondía -como se pidió en sede administrativa declarar la caducidad del proceso administrativo y el archivo de las actuaciones, lo contrario implica violar groseramente la seguridad jurídica. No tuvo en cuenta el Inferior que el derecho a la libertad se integra con el derecho a la prescriptibilidad de las acciones punitivas. Pide se revoque el fallo.

Entrando al tratamiento de los agravios diré que: La apreciación de la gravedad de las faltas y la graduación de las sanciones pertenece al ámbito de las facultades discrecionales de la Administración.

La ley 3816 ha limitado la discrecionalidad en el ejercicio de los poderes disciplinarios, estableciendo las causales que justifican su declaración; las de cesantía se deben interpretar de manera restrictiva.

El actor fue dejado cesante mediante el Decreto N°0678 M.E.de fecha 19 de marzo de 2003 (Exp.Adm. n° 622029, F° 148), en razón de que su conducta encuadra dentro de las previsiones del art.84, inc.4° de la ley 3816, debiéndosele aplicar la sanción prevista en los arts. 80 y 85 incs.5° y 6° de dicha norma (considerando del Decreto).

I) REQUISITOS FORMALES. La motivación del decreto mencionado, constituye el primer paso en su valoración, ya que permite conocer de manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado de dicho acto.

Cassagne expresa un concepto acabado de lo que constituye la motivación , al decir que: "Consiste en la exteriorización de las razones que justifican y fundamentan la emisión del acto, que versan tanto en las circunstancias de hecho y de derecho -causa-, como en el interés público que se persigue con el dictado del acto -finalidad ("Derecho Administrativo"T°II pag.150).

De la comprensión de los considerandos del Decreto en estudio, se advierte que tiene como causa la adulteración, por parte del actor, del timbrado en el pago de los sellados denunciados, configurando la conducta señalada "negligencia en el cumplimiento de sus funciones", prevista en el art. 84, inc..4° de la ley 3816 ; las descriptas en el art.85, incs.5°: "faltas reiteradas en el cumplimiento de obligaciones" y "falta grave de respeto en actos de servicio" y en el inc. 6°: "incumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 21 y violación de las prohibiciones establecidas en el art. 22. Si bien, sus textos no ha sido consignado en el Decreto cuestionado, se reputan conocidos por todos (arts. 1°, 2°, y 20° del Código Civil).

Cabe destacar que la conducta del actor, surge de los elementos probatorios del Sumario Administrativo, los testimonios agregados a fs. 40, 63, 73, 74 y 76; la declaración del propio agente (fs.12); la conclusión del sumariante (fs.136/137) y el dictamen del Asesor Letrado (fs.143/145).

El Sumario tiene como propósito conseguir el acierto en las decisiones administrativas.

La finalidad del acto cuestionado es de carácter disciplinario, tal como surge de la normas aplicadas, dado el incumplimiento en que el actor habría incurrido de algunos de los deberes a su cargo.

II) VALORACIÓN DEL CONTENIDO DE LA SANCION: La sanción administrativa debe respetar el principio de proporcionalidad entre la pena prevista en la norma y la conducta del agente, sobre la regla de la razonabilidad. Por consiguiente, la revisión judicial de las sanciones expulsivas y la posibilidad de revocación en esta sede, depende de la "demostración contundente" de que la decisión impugnada ha traspasado los límites de razonabilidad, vulnerando principios constitucionales de defensa o excediendo facultades legales o reglamentarias, o sea, demostrando en el juicio en forma indubitable el carácter arbitrario de la sanción.

Al respecto este Tribunal tiene dicho que: "La valoración de la falta cometida por el actor y las facultades del órgano administrativo para su aplicación se han de valorar sólo en base a los hechos probados, la gravedad de la falta en sí misma y las circunstancias personales de aqué (Prot.de Sent.:Tº I Fº 141/146-2002; T°III-F°551/557-2003 ).

Diez ((Derecho Administrativo Tº VI, pág.135) expresa que: "No habrá que limitarla a aquellas pruebas que no pudieron realizarse en el procedimiento administrativo, sino que deberá discutirse y recibir prueba en el proceso, cuando exista disconformidad en los hechos y el Tribunal los considere de indudable trascendencia para la resolución del juicio".

De la compulsa del Sumario Administrativo se advierte que se han cumplido todas las etapas del procedimiento prescriptas por la ley.

El actor ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa en juicio y así, contestó los cargos y ofreció prueba, testimonial y pericial (fs. 92).

El testimonio de Nestor Arturo y Carlos Ocampo, dada la generalidad de sus dichos, no aportan datos que permita, en forma indubitable, tener la certeza de que el actor no ha cometido las irregularidades que se le imputan (fs. 100 y 105).

La pericia ha sido efectuada sólo sobre dos expedientes, de los ofrecidos para acreditar el ilícito denunciado (fs.10), llegando a la conclusión de que las firmas cuestionadas no corresponden al Sr. González (fs. 114 y 117 vta./118).

Si bien, otros expedientes han sido agregados con posterioridad a la pericia, se ordenó, por parte del sumariante, peritaje sobre los recepcionados (fs. 118 vta.). Esta prueba no fue producida.

El actor en su declaración en el Sumario, manifiesta ser el encargado de la Mesa de Entradas del Dpto. de Minería (respuesta 1-fs.12), teniendo, dentro de sus funciones, el control del sellado de inscripción (resp. 3); reconoce su firma en determinados expedientes (resp.8).

Es decir, que es responsable de toda irregularidad cometida dentro de su actividad específica y la prueba ofrecida, no desvirtua su participación en los hechos que se le atribuyen.

En razón de su conducta, las faltas cometidas por el agente han sido encuadradas dentro de lo dispuesto por los arts.84, inc.4° y 85, incs.5° y 6° de la ley 3816, las que reflejan en general una conducta negligente, o sea, que demuestran un incorrecto desempeño en el cumplimiento de sus tareas, que se agrava por sus repercusiones económicas en perjuicio del Fisco.

El accionante en sede judicial no ha ofrecido otra prueba que las actuaciones producidas en el Sumario Administrativo (fs.18).

Sobre la falta de prueba esta Sala ha resuelto en forma reiterada que: "La carga de la prueba incumbe a las partes, sobre quien pesa el deber de incorporar al proceso los elementos necesarios para avalar los hechos invocados oportunamente en la demanda o su contestación. Esta carga está expresamente establecida en el art. 361 del C.P.C., y ello condiciona la actuación del Juez desde que no puede en la sentencia referirse a otros hechos que los alegados y probados por las partes. De su actividad probatoria depende que sus pretensiones sean admitidas o rechazadas" (Prot. de Sent. Tº I-F°165/174-2003, y otros)." En concreto corresponde a la parte actora la prueba de los presupuestos fácticos en los que funda su pretensión.

Acerca de la importancia de la prueba que debe producir el agente se ha dicho que: "Si del análisis de las actuaciones administrativas no surge que el acto sancionatorio carezca de antecedentes causales suficientes para fundar adecuadamente la cesantía aplicada sobre la base de la configuración de las conductas punibles efectuado en el dictamen de la asesoría legal y la evaluación de las pruebas producidas, ni en este proceso se ha producido prueba suficiente para demostrar la arbitrariedad de la sanción, debe desestimarse la demanda.(Prov.Bs.As.Scba, B 51535 S-05/03/1991-"Torres, Nora Laura C/ Municipalidad De Quilmes S/ Demanda Contencioso Administrativa").

Además: "Si la sanción expulsiva dispuesta por el poder administrador cuenta con fundamentación adecuada conforme a la ponderación de la prueba realizada, no puede dejarse sin efecto (doct. art. 384, C.P.C.C. y art. 25, Cód. Cont. Adm.), estando vedada entonces la revisión judicial de la misma por tratarse de una materia cuya revisión debe encararse con criterio excepcional o restrictivo (Prov.Bs.A-Scba, B 49193 S-20/10/1992-Fabiano, Julio Esteban C/ Provincia De Buenos Aires (poder Ejecutivo) S/ Demanda Contencioso Administrativa").

"Si la ponderación de la prueba producida permite aceptar con convicción suficiente que la sanción aplicada cuenta con fundamentación adecuada y no puede ser dejada sin efecto, la revisión judicial -que debe encararse en la materia con criterio excepcional o restrictivo se encuentra vedada en el caso particular(Scba, B 54506 S-13/05/1997-"Romero, Carlos Alberto C/ Municipalidad De Lobos S/ Demanda Contencioso Administrativa").

Respecto a la confesión ficta del actor (fs.51), a la que hace referencia el apelado; en cuanto a su valor probatorio este Tribunal ha dicho que: "Nunca puede ser el de la confesión expresa y la apreciación de dicho valor queda librada al criterio del Juez según las circunstancias del caso." "Esta carece de valor absoluto, y su eficacia probatoria debe ser apreciada de conformidad con todos los elementos de prueba que obran en el proceso lo cual implica que es susceptible de desvirtuarse mediante prueba en contrario producida por el absolvente". (Prot.de Sent.: Tº I Fº 134/137-2006, entre varios).

La Excma. Corte de Justicia de San Juan ha resuelto que: "...La ficta confesión no permite tener como obligatorio e ineludible lo confesado, sino que atribuye al Juez una facultad discrecional para dar por ciertos los hechos reconocidos de acuerdo con las circunstancias del caso." (P.R.E. Sala II-T II-Fº 171/180-Año 1993).

La falta de prueba de la actora en el proceso, justifica que se tenga por reconocidos los hechos consignados en el pliego de la absolución de posiciones (fs.49), posiciones que se encuentran confirmadas con los testimonios (fs. 40, 63, 73, 74, y 76) y la declaración del propio agente (fs. 12) del Sumario Administrativo; quedando acreditada la responsabilidad de los hechos que se imputan al actor.

Por consiguiente el Decreto N° 1152-M P y D E-2004 que rechaza el recurso de reconsideración que interpusiera el actor (fs.11); por la valoración de los antecedentes y las conclusiones dadas, las que no han variado en dicho recurso , no corresponde decretar su nulidad.

Por los fundamentos expuestos concluyo en que deben desestimarse los agravios expuestos por el actor, con costas a su cargo ( art.74, y conc del C.P.C.).

LOS DOCTORES MOISES MOYA Y HUMBERTO CABALLERO, por sus fundamentos adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, normas legales, jurisprudencia y doctrina citadas, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación concedido al actor a fs. 69, contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2007, obrante a fs. 59/67, la que se confirma por los fundamentos dados. Costas a cargo del apelante vencido (art. 74 y conc. del C.P.C.). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

FDO: DR. DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. MOISES MOYA, HUMBERTO CABALLERO. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI SECRETARIA- PROT. DE SENT. T°I F° 196/202 -2009-