Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-04-07


La Plata, abril 7 de 2009.

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto? A la cuestión planteada, el doctor Soria dijo:

1. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso impetrado, declarándolo inadmisible en razón del incumplimiento de la exigencia contenida en el art. 421 del Código Procesal Penal -según ley 11.922 y sus modificatorias- al considerar ausente en el impugnante un interés directo para recurrir (fs. 31/34).

Fundó su decisión en que "... la impugnación tendiente a cuestionar la inclusión del arma de fuego empleada en el hecho como elemento agravante, resulta inadmisible, por falta de agravio [...] y el mismo no existe, o lo que es igual, resulta incompatible con la conformidad prestada por la defensa, pues está yendo contra sus propios actos, la esencia del instituto y lo dispuesto por el art. 421 del Código Procesal Penal, diciendo que el acuerdo no la obliga y puede cuestionar la individualización de la pena pactada" (fs. 33 y vta.).

2. En el recurso de inaplicabilidad de ley bajo estudio (fs. 46/54 vta.), el señor Defensor Oficial ante esta instancia alega que el a quo ha realizado una interpretación arbitraria de los arts. 395, 396, 399 y 401 del Código Procesal Penal, 8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (fs. 50).

Esta interpretación -a criterio del recurrente- resulta "... desnaturalizadora tanto del instituto del juicio abreviado como del derecho a la revisión del fallo..." (fs. cit.).

Luego de una serie de disquisiciones acerca de los alcances del instituto del juicio abreviado y de ocuparse de señalar las diferencias con el juicio oral, el recurrente, concluye que la función del tribunal al dictar sentencia en el marco de una propuesta de juicio abreviado no se encuentra limitada a la simple "homologación de lo convenido", sino que "... el órgano jurisdiccional se encuentra frente a una pretensión del acusador respecto de la cual deberá verificar si se dan los extremos necesarios para la habilitación del ejercicio del poder punitivo que se reclama. Por lo tanto, una sentencia de juicio abreviado debe cumplir con la verificación de los mismos presupuestos para la aplicación de una pena que una sentencia dictada en un juicio común" (fs. 51 vta.).

En efecto, cuestiona la afirmación del tribunal intermedio en cuanto a la falta de interés para recurrir la sentencia condenatoria dictada en el marco del juicio abreviado toda vez que entiende que "... frente a la existencia de agravio a un interés del imputado por la sentencia condenatoria, surge el derecho del procesado a que un Tribunal superior revise la decisión" (fs. 52 vta.).

Alega que la interpretación que realiza el a quo conlleva la afirmación de que el imputado, al optar por el trámite del juicio abreviado, no estaría renunciando sólo al derecho a ser juzgado en audiencia oral, pública, continua y contradictoria sino que, también, lo haría con relación al derecho a la revisión del fallo (fs. 53 vta.).

En función de ello, solicita se case la sentencia del Tribunal de Casación en virtud de la arbitraria interpretación efectuada, revocándose la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación resuelta por el tribunal a quo (fs. 54).

3. La impugnación fue admitida por esta Corte mediante resolución del 12-III-2008, en virtud de la denuncia de infracción del derecho al recurso, que encierra una típica cuestión federal (fs. 82/84).

Por su parte, el señor Fiscal de Casación de la Provincia de Buenos Aires dictaminó -a fs. 87/88- propiciando el rechazo de la pretensión toda vez que, a su criterio, habiéndose respetado en la sentencia la calificación legal y el monto de la pena acordados por las partes "... el imputado carece de interés -que constituye la medida del agravio- para impugnarlos, pues ha aceptado ambos en el acuerdo..." (fs. 87 vta.).

4. En la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal, el señor Defensor Oficial de Casación efectuó algunas consideraciones respecto al dictamen referido y postuló la procedencia de su reclamo (fs. 91/94).

5. El recurso resulta procedente.

a. El contenido de la exposición referida abastece, por sus particularidades, la suficiencia impugnativa, puesto que los argumentos de la parte se hallan dirigidos primordialmente a cuestionar la interpretación efectuada por el tribunal a quo respecto de las reglas que gobiernan el acceso a la vía casatoria, en cuanto vedó a la defensa del imputado la posibilidad de revisar lo decidido por el juez sentenciante en materia de determinación judicial de la pena en el marco del juicio abreviado.

Es sabido que en supuestos como el de autos, la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte se extiende por fuera de los confines de las reglas del art. 494 del Código adjetivo, a efectos de controlar la interpretación y aplicación realizada por el tribunal inferior respecto de las normas procesales que regulan la materia recursiva, con el fin de evitar que por su injustificable estrictez se vulnere el acceso a la revisión de la sentencia condenatoria y de la pena por un Tribunal Superior garantizada por el bloque de constitucionalidad (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; conf. doctr. Ac. 82.973, res. de 10-IX-2003).

b. Es cierto que al diseñar la vía impugnativa respecto de las sentencias dictadas a través de ese trámite especial, el legislador no explicitó sus alcances. Simplemente consignó que "[c]ontra la sentencia que recaiga en el juicio abreviado, procederá el recurso de casación interpuesto [entre otros] por el imputado [o] su defensor" (art. 401, C.P.P., según leyes 12.059 y 13.183).

De todos modos, el cariz que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena -emanado del bloque de constitucionalidad- ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales, particularmente de los diversos dictámenes de la Comisión o los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo a partir de la sentencia recaída in re, "Herrera Ulloa v. Costa Rica" el 2 de julio de 2004, receptada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Casal, Matías Eugenio y otro", sent. de 20-IX-2005, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el art. 395 y ss. de la ley ritual.

c. Como lo puse de resalto al votar en las causas P. 90.327, sent. de 1-III-2006; P. 87.176, sent. de 6-IX-2006, del conjunto normativo que regula dicho instituto se desprende que lo acordado entre el fiscal, el imputado y su defensor es el trámite abreviado (art. 396, C.P.P.), por el cual las partes prescinden del juicio oral y público y aceptan que la sentencia se pronuncie con fundamento "en las evidencias recibidas antes de presentado el acuerdo" (art. 399, C.P.P.).

La conformidad extendida por estos últimos en esos términos a la pena pedida por el fiscal y al encuadramiento legal (art. 396 cit.), entraña en dicho régimen un límite más acentuado al poder jurisdiccional, ya que el sentenciante no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el fiscal, ni modificar en perjuicio del imputado el modo de ejecución de la pena acordado por las partes, ni incluir otras reglas de conducta o consecuencias penales no convenidas (art. 399 cit.). Si el órgano judicial competente tuviere "una discrepancia insalvable con la calificación legal aplicada en el acuerdo" podrá desestimar la solicitud de juicio abreviado (art. 398 cit.). Por lo demás, absolverá al imputado, cuando así correspondiera (art. 399 cit.).

Este último precepto establece, asimismo, que regirán en lo pertinente las reglas de la sentencia. Ello trae como corolario el deber de motivar esa decisión, bajo sanción de nulidad (arg. arts. 1º, Constitución nacional; 106, C.P.P.).

El hecho de que la sentencia se dicte en el marco de un juicio abreviado, entonces, no autoriza a aligerar el recaudo de la debida fundamentación. Las implicancias de la prescindencia del debate reglado por el procedimiento ordinario demanda mayor severidad en el control del juzgador a fin de establecer que lo consensuado por las partes se adecua a las evidencias obrantes en la causa. Estas connotaciones, justamente, aventan la posibilidad de que dicha sentencia constituya un mero acto homologatorio de lo convenido por el imputado, su defensa y el representante fiscal.

En coherencia con tales premisas, la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión.

d. Participa de esa extensión lo decidido en relación con la pena, aun cuando se trate de la acordada por las partes. Pues -como lo afirmara con acierto el Juez Hitters al votar en la causa P. 90.327 referida- además de consensuada, la pena debe ser la que se ajusta a las circunstancias del caso.

Refuerza en especial esta concepción la exigencia autónoma de fundamentación que anida en las reglas que guían el capítulo de determinación judicial de la pena, a tenor de lo normado por los arts. 40 y 41 del Código represivo, cuya errónea aplicación aparece en estos autos denunciada junto con la agravante "genérica" prevista en el art. 41 bis del Código Penal.

Esta Suprema Corte ya se ha expedido en reiteradas ocasiones en pos de la necesidad de que la legalidad y racionalidad de los fundamentos de la determinación de la sanción penal puedan ser examinados por un Tribunal Superior, asegurando el derecho a la doble instancia. Así lo puso de resalto en las causas P. 83.260, sent. de 8-IX-2004; P. 81.933, sent. de 20-IV-2005, entre otras). Con mayor razón cuando -como acontece en el sub lite- el recurrente denuncia que el tribunal de grado "no respetó la calificación acordada por las partes en el acuerdo de juicio abreviado" al introducir en oportunidad de tratar la subsunción jurídica del hecho la agravante prevista en el art. 41 bis citado "incrementando indirectamente la pena impuesta" (fs. 32).

6. Por lo que llevo dicho, el interés del imputado en la revisión de la sentencia impugnada en relación con este tramo de la imputación se evidencia de modo particular en el sub examine.

Si, como sostiene el recurrente, la aplicación en el caso del mentado art. 41 bis configurara efectivamente una infracción legal e incluso constitucional, la pena se habría determinado sobre la base de una escala punitiva más gravosa que la consensuada. Por ello, de tener éxito la pretensión llevada a la sede casatoria, existiría la posibilidad de que esa consecuencia tuviera reflejo en el monto de pena impuesto.

Así las cosas, corresponde establecer que el Tribunal de Casación descartó arbitrariamente la ausencia de interés directo en recurrir, aplicando rigurosamente el recaudo previsto en el último párrafo del mentado art. 421 del Código Procesal Penal (ley 11.922 y sus modificatorias) y, en consecuencia, decidió con igual rigorismo la inadmisibilidad del remedio intentado, en franca contradicción con los estándares que gobiernan el derecho al recurso en materia penal, en cuanto pregonan que no es posible poner trabas a la posibilidad de que un Tribunal Superior fiscalice la validez de la sentencia de condena y su pena cuando existe voluntad impugnativa por parte del imputado o su defensa.

Por ello propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la resolución de fs. 31/34 impugnada, debiendo remitirse los autos al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo fallo ajustado a derecho, teniendo en cuenta, en su caso, las previsiones de la ley 25.990 (art. 496 del C.P.P.).

Con el alcance dado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

De conformidad con los antecedentes reseñados por el Ministro preopinante, considero que en este caso corresponde rechazar el recurso deducido por la defensa, toda vez que no se ha configurado en el sub lite afectación alguna a las garantías denunciadas por el recurrente, desde que el tribunal aplicó la calificación y monto de pena convenidos por las partes, no dándose extremos que permitan excepcionar la regla sentada al expresar mi voto en adhesión en Ac. 88.623, "Del Fabro" (sent. del 28-IX-2005).

Voto entonces por la negativa.

La doctora Kogan, por los mismos fundamentos del doctor Soria, votó también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto del doctor Soria.

En efecto, la cuestión de autos resulta sustancialmente análoga a lo decidido por esta Corte en P. 91.823, sent. del 18-II-2009.

De este modo, doy aquí por reproducidas las consideraciones que vertiera en el referido precedente (conf. arg. P. 87.176, sent. del 6-IX-2006 y P. 90.327, sent. del 1-III-2007).

Por consiguiente, voto por afirmativa.

El doctor Hitters, por los mismos fundamentos del doctor Soria, votó también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia: Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Fiscal del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires -por resolución 556/08- se resuelve, por mayoría, hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, revocar la resolución recurrida de fs. 31/34 (art. 496, C.P.P.).

Vuelvan los autos al Tribunal de Casación a fin de que dicte un nuevo fallo ajustado a derecho. - Daniel Fernando Soria. - Eduardo Néstor De Lázzari. - Hilda Kogan. - Eduardo Julio Petiggiani. - Juan Carlos Hitters.