marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Protección del medio ambiente, medidas cautelares, daño ambiental, incendio, quema de pastizales
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Equística Defensa del Medio Ambiente Aso. Civ. c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/ amparo ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar tendiente a que se ordene al Estado Nacional, a las provincias y municipios demandados y a la Provincia de Buenos Aires a hacer cesar de modo efectivo e inmediato los focos de incendio producto de la quema de pastizales, toda vez que el peligro en la demora surge de la necesidad de prevenir y evitar que el daño ambiental colectivo continúe o se agrave la degradación del ambiente (arts. 2, 4, 5, 27 y concordantes de la ley 25.675, y arts. 1710 y 1711, del Código Civil y Comercial de la Nación) en la región del Delta del Paraná.
Actualización monetaria, depreciación monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Páez González de Barroso, Ignacia c/ Gobernación de la Nación s/ Ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-02

La actualización por depreciación monetaria debe calcularse hasta el momento de "la notificación de la disposición de los fondos" como lo dispone el art. 2, 1er. párrafo, in fine de la Ley 22.328.
Impuestos internos, hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fleischmann Argentina In s/ recurso por retardo - impuestos internos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

La ley de impuestos internos sujeta a imposición solamente a ciertos y determinados consumos específicos.
Embargo preventivo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BREGA GUILLERMO c/ GONZALEZ ANGELICA SUSANA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-06-23

La verosimilitud del derecho que se invoca debe ser entendida como la posibilidad de que éste existe y no como una incontestable realidad, que sólo se logrará al dictarse sentencia de mérito.- Este presupuesto esencial que condiciona la admisibilidad de una medida cautelar apunta a la posibilidad de que el derecho existe, a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión muy cuestionada como la de autos, que debe dilucidarse con la sentencia de mérito.-En tales condiciones no existe a juicio del Tribunal una base suficientemente sólida para fundamentar la medida cautelar.-
Apremios ilegales, cuerpo del delito, falta de prueba, pericia médica
Materia: PENAL
Carátula: HORIAMSKY, Partemio F. s/ APREMIOS ILEGALES - CUERPO DELITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-06-26

La inexistencia de lesiones no es obstáculo que perjudique la comprobación de los vejámenes sufridos por la víctima de apremios ilegales, si por el mecanismo empleado para ocasionarlos resulta difícil que los mismos dejaran rastros verificables al solo examen clínico.
Cesantía ilegítima, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tribiño, Alberto Felix c/ Municipalidad de Tres Arroyos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

Procede el resarcimiento del daño moral invocado por el actor, si queda demostrado que por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- la separación del cargo provocó en el demandante intranquilidad y sufrimientos injustos, derivados de la decisión de la autoridad de extinguir la relación de empleo sin voluntad del agente, quien se ve imprevistamente privado de la garantía de estabilidad que aseguraba el desempeño pacífico de una relación remunerada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, citación a juicio, Estado Nacional, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en MA contra Agrupación Salud Integral y otros sobre amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-03

Corresponde hacer lugar a la queja ya que la recurrente muestra que la decisión cuestionada, que rechazó su pedido de citación al Estado nacional como tercero en los términos del art. 88 del CCAyT, obstruye de un modo irreparable su derecho de defensa en juicio (art. 13.3 de la CCBA y 18 de la CN), lo que conduce a equiparar la decisión objetada a una definitiva (art. 26 de la ley n° 402). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, prenda, cláusula de actualización
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Nacional de Desarrollo c/ Productos Valsi  S.A. s/ Ejecución prendaria australes: (A6.463.492,45)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

La ejecutada en ningún momento negó concretamente la existencia de la deuda que se reclama, por manera que la defensa opuesta, que no ha sido establecida por motivos meramente rituales, resulta insusceptibles de ser acogida.

Cabiendo señalar que la pretensión de que se modifique las cláusulas de estabilización pactadas en el contrato prendario que aquí ses trata no encuadra en las previsiones del artículo 544 inciso 4, del Código Procesal, escapa al marco de cognición del juicio ejecutivo y no puede sustentar la excepción de habilidad de título opuesta
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Guillermo Walter KLEIN s/ FACULTADES  DEL PODER JUDICIAL - PODER LEGISLATIVO - PODER EJECUTIVO    CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD -  ACCION  DE  AMPARO  - REQUISITOS -  ACTOS   U  OMISIONES  DE  AUTORIDADES  PUBLICAS  -  ACCION MERAMENTE  DECLARATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29

No se da una causa o caso contenciosoadministrativo que permita el ejercicio del Poder Ejecutivo conferido a los tribunales nacionales, cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes.
Recurso de apelación (procesal), clasificación de delitos, delitos contra la integridad sexual, víctima del delito, nulidad del acto jurídico, falta de notificación, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: FIGUEROA, YESICA ELIZABETH c/ FIGUEROA, NICOLAS  ROSARIO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-12-13

Sentado ello y entrando en el análisis del planteo nulidiscente cabe señalar que la alegada nulidad por falta de previa notificación de la declaración de la menor ,no tiene viabilidad atento la expresa normativa de nuestro código de ritos, en el que se establece que los únicos actos que requieren previa notificación al ministerio fiscal y las partes son los actos que se mencionan en el art. 195, esto es: registros domiciliarios, reconocimientos, reconstrucciones, pericias e inspecciones y siempre que por su naturaleza y características se deban considerar definitivos e irreproductibles, lo mismo que a las declaraciones de los testigos que por su enfermedad y otro impedimento sea presumible que no podrán concurrir al debate.

La mentada declaración no califica en los términos señalados por lo que el no haberse notificado en forma previa la realización de tal acto procesal no amerita su declaración de nulidad resultando por lo tanto válida.

Por último, respecto a la nulidad por ausencia de la Sra. Asesora de Menores merece señalarse que no obstante lo alegado por el apelante, debe precisarse que la nulidad se vincula íntimamente con la idea de defensa, pero sólo cuando surge algún vicio, defecto y omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, se produce una indefensión configurativa de nulidad.

Si no media tal perjuicio, la invalidez del acto por nulidad queda descartada. Además, debe existir interés respecto de quien la aduce; si se omite puntualizar las oposiciones de que se le privó por ejercer la pretensión nulificante, deviene abstracto. Por eso, no basta la mera ausencia del asesor de menores en un acto penal para determinar su nulidad, se precisa que se genere un perjuicio concreto.
Extradición, fiscales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Peyrú, Diego Alberto s/ pedido de extradición Embajada de la República de Chile.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

En los procedimientos de extradición los fiscales no están obligados a impugnar decisiones contra las cuales no tienen agravios que expresar.
Derecho electoral, derechos políticos, sufragio obligatorio
Materia: ELECTORAL
Carátula: Vázquez, Juan Antonio s/ formula petición
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-18

La obligatoriedad del sufragio, al hallarse incorporado en la Constitución y el Código Electoral Nacional; estar -como ha quedado expuesto en los considerandos que anteceden- orientada a finalidades legítimas de nuestro sistema democrático, respondiendo a una necesidad social o interés público imperativo; y ser proporcional -como medio idóneo menos restrictivo de los derechos políticos- y adecuado al logro de los objetivos legítimos mencionados, satisface en nuestro país el estándar establecido.
Hechos nuevos, planteo en segunda instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Barbosa Cipriano Lucio c/ Banco Prov. Del Neuquen SA s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-16

La nueva prueba en segunda instancia será incorporada si se relaciona con los hechos de la litis y el derecho invocado en la demanda; y resulta oportuna en los términos del art. 260 inciso 3º del Código Procesal Civil y Comercial de Neuquén.
Delitos contra la humanidad, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

La razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso seguido por crímenes contra la humanidad debe evaluarse considerando las circunstancias concretas del caso y la complejidad de estos procesos, conforme tiene dicho nuestra Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Concursos, pedido de quiebra, aplicación de la ley, consorcio de propietarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Av. Entre Ríos 861/3 le Pide la Quiebra Cevasco, Gabriel Esteban c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-04

Cabe revocar la decisión que desestimó la solicitud de falencia promovida contra un consorcio de propietarios, ya que, el nuevo código unificado ha venido a poner fin a la polémica sobre la concursabilidad del consorcio, al establecer en forma directa, clara y sin ambages que el consorcio de propiedad horizontal es una persona jurídica de carácter privado (CCCN 158-h), no quedando excluido de las disposiciones contenidas en la LCQ 2; con lo cual el consorcio podrá recurrir a los instrumentos concursales preventivos acuerdo preventivo extrajudicial y concurso preventivo y podrá ser -también- declarado en quiebra (Cfr. "Concursabilidad e insolvencia del Consorcio de Propiedad Horizontal y responsabilidad de los propietarios" de Daniel Roque Vítolo, La Ley, 2016-D).
Procedimiento contencioso administrativo, cuestiones de competencia, inhibitoria, competencia federal, competencia contencioso administrativa y tributaria, defensa del consumidor, infracciones relacionadas con los derechos del consumidor, multa administrativa, CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
Materia: PROCESAL
Carátula: CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-27

En el caso, corresponde no aceptar el planteo de inhibitoria decretado por el Fuero Contencioso Administrativo Federal y declarar la competencia del Tribunal para entender en estos autos, respecto a la apelación que interpuso la actora -Correo Oficial de la República Argentina SA- mediante recurso de revisión directo, de la aplicación de sanciones de multas por parte de la Administración, en el marco de la Ley 24.240.

La actora cuestiona las sanciones impuestas por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, órgano que sin duda reviste el carácter de autoridad administrativa en los términos del artículo 1 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, razón que habilita a estimar competente al fuero local. El hecho de que la sanción haya sido impuesta por violación a las normas de la Ley de Defensa del Consumidor, no modifica lo anterior, toda vez que si bien es cierto que el artículo 45 de esa ley prevé que: "Contra los actos administrativos que dispongan sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal...", esta disposición debe interpretarse como referida exclusivamente a los recursos contra actos emanados de la autoridad nacional de aplicación de la ley, como ya lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme la sentencia recaída en autos "Flores Automotores S.A.", Fallos: 324: 4349).

Una exégesis distinta resultaría incompatible con el diseño constitucional del artículo 75 inciso 12 y con la autonomía reconocida en el artículo 129 a esta Ciudad.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, escala penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MINISTERIO PÚBLICO - DEFENSORÍA GENERAL DE LA CABA c/  s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GF SOBRE 92 - AGRAVANTES (CONDUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89 / 90 Y 91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, la sentencia que confirmó el rechazo in limine de la solicitud de la defensa de ser juzgada por un tribunal colegiado. La sentencia cuestionada confirmó la de primera instancia en cuanto consideró que en el caso no se cumplía con el requisito exigido por el art. 43, tercer párrafo de la ley n° 7, porque concurrían en forma ideal el delito de lesiones y de violación de domicilio, con una pena máxima no superior a los tres años. En cuanto a la regla que surge del mencionado art. 43, el tribunal debe conformarse de acuerdo a la pena que se encuentre en riesgo ("en abstracto"). En ese marco, cualquiera fuera su acierto, la decisión limitó el riesgo del imputado y la defensa carece de un interés jurídico en hacerlo correr un riesgo mayor al que se enfrenta con la escala penal que prevé el concurso ideal. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Amparo por mora, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARMIT S.A. c/ E.N. s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-12

Si bien la acción de amparo constituye un mecanismo tendiente a resguardar al particular contra las demoras de la administración en resolver las cuestiones que se le plantean, impidiendo así el acceso de los administrados a una instancia revisora en sede judicial, no puede pretenderse que la orden de pronto despacho deba disponerse ante la sola comprobación del vencimiento de los plazos - cualquiera sea la naturaleza de los mismos - sin que se cuente con un pronunciamiento, pues cabe previamente oir a la administración y apreciar las razones que ésta esgrima para justificar la demora.

Esa es, precisamente, la finalidad del informe que prevé el art. 28 de la Ley 19.549, mediante el cual la autoridad interviniente hace saber las causas del atraso.
Trabajador, deber de fidelidad
Materia: LABORAL
Carátula: Mapelli, Oscar Ernesto c/ Telefónica Argentina S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-11-09

El art. 85 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando establece el deber de fidelidad refiere que el trabajador deberá guardar reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento por su parte.
Regulación de honorarios, recurso extraordinario federal, contestación de la demanda, base regulatoria, regulación provisoria
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: González, Jorge Manuel c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-05

Si no obran en el expediente elementos que den cuenta de la base de cálculo para la regulación solicitada por la letrada apoderada de la parte actora quien, requerida al efecto, no realiza estimación alguna, solicitando que se regulen sus honorarios conforme lo establecido en el art. 31 de la ley n° 5134 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde regular provisoriamente sus honorarios por la actividad profesional desplegada en oportunidad de contestar el traslado del recurso extraordinario federal en la suma equivalente al mínimo legal previsto en el art. 31 de la ley n° 5134 -20 UMA (conforme resolución n° 1041/19 de la Presidencia del CMCABA)-. A ese importe corresponde sumarle un 50%, conforme el art. 15 de la ley n° 5134, por haber obrado la peticionante en carácter de apoderada y patrocinante. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano, compartido por la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Entidades financieras, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Banco de Ultramar  S.A. c/ B.C.R.A. s/ apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

El Banco Central no está impedido de dictar una nueva resolución en la que se remedian las falencias de que adolecía la anterior resolución por la que se dispuso la liquidación de una entidad financiera en los términos del art. 45, inc. a) de la ley 21.526 y el art. 30 de la ley 22.529 y que fuera revocada en sede judicial.
Principios procesales, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: PASCUAL HORACIO MARTINEZ c/ INGENIO LA ESPERANZA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-02-29

La preclusión es el medio del que se vale el legislador para hacer progresar el procedimiento, impidiendo el retroceso de los actos procesales y obstando a una nueva discusión de cuestiones no planteadas en su oportunidad y por ello, ya consentidas.
Procedencia del recurso, nulidad de sentencia, remisión del expediente, caución real, dictamen fiscal, sistema acusatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Baez, Lazaro Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-18

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, anular la decisión recurrida y reenviar las actuaciones a su origen para que se resuelva la situación cautelar de Báez, con la debida celeridad, dentro del marco delimitado por la acusación, en tanto no supera el test de fundamentación. El tribunal resolvió imponer la caución real de $632.500.000. Para ello se limitó a señalar que lo hacía "en función de lo resuelto por el tribunal superior y siguiendo las pautas allí establecidas...bajo las condiciones requeridas por el Sr. Fiscal General". Como es dable apreciar se desconoce el iter lógico seguido para determinar dicha suma. Lo decidido en esos términos se presenta como una manifestación meramente dogmática y, por tanto, ineficaz para satisfacer la exigencia de que el fallo sea motivado. Otra falencia relevante que se advierte es la discordancia evidenciada entre lo pedido por el fiscal y la suma impuesta por el tribunal, resultante de los diferentes baremos utilizados. En este punto, la preeminencia de la opinión fiscal no puede obviarse, salvo que resulte ilegal o irrazonable. En definitiva, el colofón al que arriba el a quo asume la forma de una aseveración dogmática, a la vez que desconoce los límites impuestos por la acusación, extremos que conllevan a su descalificación como acto jurisdiccional. El nuevo Código Procesal Penal Federal, si bien aún no vigente en su integralidad en todo el país, dispone la realización de una audiencia oral para ventilar el requerimiento de las medidas procesales del art. 210 en atención a los principios derivados del sistema acusatorio: publicidad, inmediación, contradicción y celeridad. En el particular, gran parte de las objeciones del recurrente con expresas referencias acerca de la posición del Ministerio Público Fiscal podrían ser discutidas en ese ámbito. De este modo el tribunal podría, merced a la inmediación y contradicción, disponer de información de calidad para resolver las cuestiones de forma eficiente y con la debida celeridad.
Recurso extraordinario federal, denegatoria del recurso, legitimación procesal, cuestiones de competencia, resoluciones equiparables a definitiva, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Zaffi, Daniela  c/ Fca. Automóviles Argentina S.A. s/ relación de consumo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-28

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal ya que la decisión del Tribunal que ahora se cuestiona -dictada en el marco de un conflicto positivo de competencia que se originó en el planteo de inhibitoria formulado por la aquí recurrente ante un tribunal del fuero Nacional en lo Comercial-, no es la definitiva y no se ha acreditado que sea equiparable a una de tal carácter, por lo que el recurso no cumple con la exigencia del artículo 14 de la ley n° 48. (Del voto en disidencia de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Santander, Elizabeth c/ Sucesores de Castaña s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

La prueba del daño estético requiere, en principio, la pertinente pericia médica que evidencie la naturaleza de la afectación que ha sufrido el cuerpo, su extensión, su posibilidad de cicatrización, la viabilidad de una operación reparadora (art. 375, 457, CPCC).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, ley de tránsito, reglamento general de tránsito, costumbre, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: G.,  A. J. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INTERPUEST O POR LA ACTORA CIVIL- HOMICIDIO CULPOSO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 359
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-21

Corresponde rechazar la queja desde que la actora civil impugnante no logra demostrar que el A quo se haya excedido en el ejercicio de sus funciones privativas vinculadas con la valoración jurídica de las conductas del caso al considerar que sólo son exigibles al usuario las reglas de circulación, expresadas a través de las señales, símbolos y marcas del sistema uniforme de señalamiento vial, juzgando que en el lugar del hecho dicha publicidad era inexistente -pues "no existía señalización de la orientación del tránsito" -, constatando asimismo la presencia de una práctica habitual que aceptaba la circulación en doble mano, a partir de una ponderación circunstanciada de precisas constancias producidas durante el proceso, que esta Corte no puede revisar en esta instancia.

Por tanto, -profundizando el análisis- pretender hacer recaer en el conductor del camión las consecuencias de "no respetar" el sentido establecido en la reglamentación sería análogo a imponer responsabilidades a partir de un hecho fortuito (casus) que precisamente se verifica cuando el mismo "no pudo preverse" (vid artículo 514, Código Civil).
Transporte marítimo, responsabilidad del transportador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PATRIA CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A. c/ BUQUE 'CORDOBA' Y OTRA. s/ COBRO DE PESOS. $37.792.800.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-23

En el régimen de la convención de bruselas de 1924 la cláusula fiost sólo traslada al cargador y consignatario los gastos de las operaciones de carga y descarga pero no sus riesgos, ya que en esta etapa del transporte las obligaciones del transportista son irrenunciables. (Sala 1,2010,230983)