Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-04-03


Temas tratados: principio de legalidad: alcances. Plazo de cargo: interpretación del art. 124 CPCyC. Alcance.

-- En la ciudad de Trelew, a los 3 días de abril del año dos mil nueve, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Marcelo J. López Mesa y Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B., E. D. R. c/ C. S.R.L. y/o P: C. S.R.L. y/o I. P. P. S.A. s/ dif. de hab. e indem. de ley" (Expte.nº 40 - año: 2009) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 289.---------------------------------------------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo López Mesa, dijo: - Que a fs. 262/265vta. el Sr. Juez de grado hizo lugar parcialmente a a demanda promovida por E. D. R. B. en contra de P. C. S.R.L. e I. P. P. S.A., condenando a éstas a que en el término de DIEZ (10) DIAS abonen al demandante la cantidad de PESOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO CON CATORCE CENTAVOS ($ 35.305,14), con más la aplicación de un interés equivalente al fijado en el considerando respectivo. En dicho decisorio impuso las costas a cargo de las codemandada vencidas, regulando los honorarios del Dr. R. J. C. en el 14% con más el 40% por la representación y el ejercicio de la procuración, los del Dr. E. R. M. en el 8% con más el 40% por los mismo conceptos, los del Dr. L. M. O. en el 8% con más el 40% y los del Perito Contador G. J. D. L. en el 5%, porcentajes que se calcularán sobre el monto que arroje la liquidación en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 7, 8, 9 y 47 Ley 2.200, t.o.). Dispuso además que en el mismo término que el establecido en el punto I de su fallo deberán las demandadas depositar en estos estrados el certificado de aportes y cese de servicio debidamente conformado teniendo en cuenta esta sentencia; igualmente se le impone como obligación la acreditación de haber ingresado los pagos de los aportes, contribuciones previsionales y a la seguridad social bajo apercibimiento de aplicar en caso de incumplimiento la multa establecida en el art. 43 de la ley 25.345. - Que contra dicha sentencia se alza la actora a fs. 266, recurso que concedido a fs. 267 es sostenido a fs. 275, cuestionando el valor del kilo de langostino tomado en cuenta en el dictamen pericial y en la sentencia de grado. Cuestiona asimismo que el perito no incluyera en su informe las diferencias de SAC y vacaciones que su parte reclamara. Finalmente cuestiona que el a quo no haya tomado en cuenta sus observaciones a la pericia contable. Solicita se revoquen tales puntos del decisorio de grado, con costas. - Que contra dicha sentencia se alza también la accionada a fs. 272, recurso que concedido a fs. 278 es sostenido a fs. 280/281vta. Se agravia el apelante de la condena solidaria a su parte, respecto de obligaciones que no se hallaban a su cargo. Dice que la solidaridad debe surgir de una fuente legal y que los jueces no pueden crearla. Cuestiona asimismo la imposición de costas a la demandada en su totalidad, solicitando que se impongan a su parte un tercio y a la actora dos tercios. Solicita se revoquen tales aspectos del decisorio de grado, con costas.------------------------------------- Ingresando al abordaje del recurso de la actora diré en primer lugar que resulta absolutamente inatendible su alegación de fs. 277 respecto de que por un corte de luz operado el día 4 de Diciembre de 2008 entre las 8,30 y las 10,25 hs. se ha visto impedido de fundar correctamente sus agravios. El día 4 de Diciembre vencía con cargo el plazo para presentar el memorial, es decir que a las 9 hs. de ese día indefectiblemente tenía que ser presentando ese escrito. - El art. 124 último párrafo CPCyC dispone que "El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo podrá ser entregado válidamente en la Secretaría que corresponda, el día hábil inmediato y dentro de las DOS (2) primeras horas del despacho". - Del texto de esa norma surge con toda claridad que el plazo de cargo, es decir las dos horas suplementarias es posterior al vencimiento del plazo para presentar el escrito. - En palabras llanas, el plazo ya venció, pero se le otorga al justiciable, a cambio de las horas que van desde el cierre de las oficinas judiciales hasta la medianoche y debido a que los plazos sustanciales se cuentan por días enteros (art. 24 Código Civil) y los plazos procesales -de hecho no, dada la existencia de horarios de funcionamiento de los tribunales- un plazo sustitutivo de dos horas en el día hábil posterior al vencimiento del plazo.-------------------------------------------------------------------------- ------------- En esta línea se ha dicho que el art. 124 CPr. no amplía ni altera el sistema del Código Civil (arts. 27 y 28), sino que se limita a proporcionar una compensación del plazo de que se ha visto privado el litigante por la hora de cierre de las oficinas judiciales (Corte Sup., 23/6/92, "Jares, Daniel E. v. Gascarbo S.A.", JA 1994-I, síntesis, voto en disidencia de los Dres. Cavagna Martínez, Moliné O'Connor y Boggiano). - La naturaleza del plazo de gracia conspira contra lo pretendido por el actor. Bien se ha dicho que "Los justiciables disponen para ejecutar los actos procesales de plazos que se computan por días y no por horas, puesto que el día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche (art. 24, Cód. Civil). Y como el horario de las oficinas judiciales no se extiende hasta la hora veinticuatro, en que vence el término perentorio, se impone arbitrar un remedio para el debido ejercicio de la facultad del interesado. Es así que el legislador ha creado, un ingenioso arbitrio consistente en la habilitación de las dos primeras horas del día hábil inmediato posterior al del vencimiento del plazo para presentar el escrito ejecutando el acto procesal. En suma, se trata de un verdadero plazo de gracia otorgado a los justiciables" (FENOCHIETTO, CARLOS EDUARDO, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires" COMENTADO, ANOTADO Y CONCORDADO, 7ª edic. actualizada y ampliada, Edit, Astrea, Buenos Aires, p. 165). - Las dos horas de gracia que prevé el art. 124 C.P.C.yC., no importan una ampliación del plazo para la producción del acto procesal, porque su alcance consiste en distinguir entre el pedido y el cargo del escrito que lo introduce finalmente en el expediente puesto que lo contrario implica agregar otra excepción en la disposición legal (C. Nac. Civ., sala G, 28/6/95, "Campobasso, Miguel v. Lagorio, Rodolfo", JA 1995-IV-27). - Es así que, quien ha dejado vencer el plazo para presentar el escrito y juega su última oportunidad de presentación a las dos primeras horas del día posterior a él, debe asegurarse de que en esa ocasión la presentación se efectúe y se la haga correctamente. - Y de la propia redacción de la norma surge que quien ha dejado vencer el plazo normal de presentación, no puede luego livianamente pretender justificar su incuria acompañando una constancia de un corte de luz ocurrido en el horario suplementario previsto en el art. 124 CPCyC último párrafo. - Para que el actor pudiera liberarse de los efectos del vencimiento del plazo y del principio de preclusión por consumación que implica que debe juzgarse el escrito tal y como lo presentó -cualesquiera fueran las circunstancias en que lo hizo, si pudo hacerlo-, pues la sola presentación del escrito está demostrando que no ha habido una imposibilidad absoluta de obrar, lo que descarta la fuerza mayor o el caso fortuito como eximentes de los efectos del vencimiento del plazo. - Por otra parte, siendo detallista, el certificado acompañado por el actor dice que el corte comenzó a las 8:25 de la mañana. Ello implica que el actor se vio privado sólo a consecuencia de ese corte de treinta y cinco minutos de un plazo fatal e improrrogable de dos horas, que se suma a un plazo ordinario de cinco días.

De tal suerte, para poder justificar su incuria la actora debió justificar que el episodio de fuerza mayor le impidió contar con una parte o segmento relevante del plazo normal para la presentación del escrito, pues en cualquier otro caso, con el plazo remanente hubiera bastado para no justificar su actuación. - En un interesante caso se resolvió que el impedimento de fuerza mayor o de caso fortuito alegado por el recurrente no reviste tales caracteres, habida cuenta que el atraso o interrupción de los servicios de transporte no constituye en nuestro medio una situación de imprevisibilidad, motivo por el cual no resulta idóneo para justificar la presentación oportuna de un escrito, ni autoriza la suspensión del plazo por aplicación de lo normado por el art. 157 párr. 3 CPr. (C. Nac. Civ., sala F, 13/4/94, "Arone, Domingo H. M. M. v. Torrisi, Antonio", JA 1994-IV-547). -- Lo propio ocurre con los cortes de suministro eléctrico, sobre todo en los últimos años, en que nos hemos acostumbrado a ellos y forman parte ya de la vida, si no diaria, al menos sí frecuente. Alegar como caso fortuito un corte de luz en el plazo de cargo, roza lo inverosímil y lo injustificado, con lo que la denegatoria de lo pretendido por el actor es la consecuencia natural de ello.- - Ello así, debe juzgarse el escrito presentado para fundamentar el recurso por la actora, tal y como está redactado y consta a fs. 275. Y la única consecuencia posible de su análisis es su declaración de deserción. - Entrando al análisis de los agravios del actor, es dable consignar que éstos fueron vertidos en un escrito de media carilla, a un espacio y medio y en formato telegrama, eso es, limitándose el recurrente a la enunciación de tres discrepancias con la sentencia de grado, sin precisar ni una foja, ni una sola cita ni un argumento en apoyo de sus cuestionamientos. - El recurrente insinúa tres discrepancias con el a quo, pero no las concreta en agravios que tenga aptitud y firmeza para conmover el decisorio contra el que embate.

De la lectura de la pretensa expresión de agravios fuerza es concluir que los cuestionamientos intentados no han germinado en agravios que merezcan ser llamados tales, pues los que el actor ensaya no satisfacen los recaudos establecidos en el art. 265 CPCyC, no significando la fundamentación del recurso sustancialmente una crítica concreta y razonada del fallo en ataque.----------------------------------- - Analizadas la sentencia de grado y el escrito que pretender rebatirla, no cabe otra conclusión que la de que el último no es suficiente ni idóneo para conmover la primera; ello, en primer término por cuanto el recurso no cumple los requisitos técnicos mínimos indispensables para poner en crisis la sentencia apelada, siendo la expresión de agravios una colección de manifestaciones telegráficas del apelante, que no se apoyan ni en la apreciación serena y objetiva de las constancias de la causa, ni cuestionan frontalmente y con argumentos certeros la sentencia que pretenden poner en crisis.------ El déficit recursivo se patentiza por ejemplo en la falta de refutación de varias afirmaciones centrales de la sentencia cuestionada.--------------------------------------------- En cuanto al cuestionamiento de la apreciación por el a quo de la prueba pericial, es dable dejar sentado que el apelante no ha logrado edificar una apreciación de la prueba alternativa a la realizada por el juez que demuestre la incorrección de ésta. Tomó una serie de elementos de aquí y allá y huérfano de toda apoyatura normativa y jurisprudencial y hasta de datos concretos de la causa embistió contra la pericia contable y contra la sentencia que recepta sus comprobaciones. Ello no conforma un ataque recursivo, sino una queja autorreivindicatoria, pero de nulo efecto jurídico.--------- El recurrente se ha limitado a expresar una opinión distinta a la del Sr. Juez de grado, haciendo gala de una serie de tres afirmaciones que no se apoyan en texto alguno y que resultan ser, a la postre, inacogibles por carecer de sustancialidad.---------- En suma, el pretenso recurso de apelación que analizo no es más que un cuestionamiento subjetivo, difuso, carente de precisión y solidez, que no conmueve ninguna -en varios casos, ni siquiera lo intenta- de las afirmaciones basales de la sentencia que pretende poner en crisis sin lograrlo en lo más mínimo.------------------------- Frente a tal panorama, no me queda más que recordar al apelante que para que un recurso sea idóneo como tal, no bastan las palabras o frases enfáticas, sino que debe realizarse en él una ponderación razonada de la sentencia cuestionada, atacando la misma con fundamentos distintos a los expuestos en el fallo y no solamente con meras palabras que, en definitiva, no constituyen una exposición jurídica y lógica que demuestre que la sentencia es injusta y agraviante y no debe mantenerse (cfr. mi voto, de fecha 22/10/08, in re "G., N. y otro c/ T. S.A. s/Cobro de haberes e indem. de ley" (Expte. Nº 27- año 2008).--------------------------------------------------------------- Es que, recurrir no es hacer gala de un verbalismo huero ni sustituir argumentos por adjetivos ni confundir en lugar de convencer. Recurrir, si lo que se busca es la procedencia del ataque recursivo, requiere inexcusablemente demostrar con argumentos claros, patentes, el desacierto de la resolución recurrida, poniendo en crisis sus fundamentos, privándola de su misma apoyatura, para así hacerla caer. El recurrente no ha atacado idóneamente la sentencia dictada en el caso de autos por el Sr. Juez de grado (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 18/6/08, in re "V., L. N. y otro c/ L. ** de Julio S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley", (Expte. Nº 22.389, Año 2007, registrada bajo el Nº 36 DE 2.008 - SDL; ídem, 12/11/08, "L., A. c/ S., R. s/ Cobro de pesos", expte. 117, año 2008).---- Y como no basta disentir con la interpretación dada por el juzgador sin fundar pormenorizadamente los errores u omisiones en que éste habría incurrido respecto de la valoración de los elementos traídos a juicio, en función de la significación de las normas que rigen en la materia (Morello - Passi Lanza- Sosa - Berizonce, Cód. Proc. Civil y Comercial comentado, T. III, p. 358), es que la declaración de deserción del recurso de la actora se impone.------------------------------------------------------------------------- -- El art. 265 CPCyC exige que "el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores...". A la luz de él, no se satisfacen en la pieza recursiva que analizo los requisitos del art. 265 CPCyC, no alcanzando lo hecho a fs. 275 para fundar idóneamente un ataque recursivo como el intentado.---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- La expresión de agravios para ser considerada como tal y cumplir con los requisitos que impone el art. 265 del Código ritual debe consistir en un trabajo en el que, con un mínimo de técnica jurídica se consignen en forma razonada y concreta los errores de hecho y de derecho en que haya incurrido el Juez de la instancia inferior, examinándose los fundamentos de la sentencia impugnada y aportándose la demostración de que la misma es errónea, injusta o contraria a derecho. El mero disenso o el cuestionamiento de la apreciación de las pruebas elegidas por el juzgador como contundentes, sin hacerse cargo de los argumentos concretos que sustentan el fallo, no cumplen con el imperativo contenido en la Ley de forma. Ello basta para el rechazo de este recurso.----- Por otra parte, si lo que se cuestiona fundamentalmente es la apreciación de la prueba pericial contable realizada por el juzgador, debió el apelante ser particularmente certero en demostrar el desacierto del iudex a quo, poniendo de resalto sus deficiencias, demostrando cómo resulta arbitraria en los hechos concretos esa apreciación, qué otras constancias de autos ha soslayado, en dónde radica el desacierto concreto del razonamiento, etc.------------- Y el apelante no ha podido lograr ninguno de estos objetivos, quedándose en la mera queja basada en la simple enunciación de disconformidades personales sin la necesaria convictividad que demuestre el desacierto del pronunciamiento recurrido, máxime en una materia tan particular como la apreciación de la prueba donde, en la duda, debe darse la razón al juez. Y aquí ni siquiera hay duda, pues no se ha demostrado argumentalmente desacierto alguno. En tal situación, la apelante no ha podido o sabido demostrar el desacierto de la sentencia y sus agravios deben ser descartados sin más.- Lo anteriormente expuesto permite apreciar que el recurso de apelación promovido por la actora no satisface las exigencias técnicas para su andamiento, no logrando los argumentos que en él se deslizan conmover la sentencia bajo ataque. Ello así, no cumpliéndose en él los requisitos mínimos exigidos por el art. 265 CPCyC, corresponde declarar su deserción en los términos del art. 266 CPCyC, con costas al apelante (art. 59, Ley N° 69). ----------------- La deserción del recurso lleva a considerar inoficiosa la labor del letrado de la recurrente, motivo por el cual no corresponde regularle honorarios, conforme a pacífica jurisprudencia de esta Sala en casos similares (esta Sala, sentencia del **/09/08 in re "G., N. y otro c/ T. S.A. s/Cobro de haberes e indem. de ley", (Expte. Nº 27- año 2008); ídem, 13/8/08, in re "M., R. G. y otro c/ S. s/ cobro de pesos laboral" (Expte. Nº 22.855 - año: 2008, etc.)--------------------------------- Ingresando al tratamiento del recurso de la demandada, debo decir que vista la causa en su integridad y la sentencia de grado, encuentro que asiste razón al quejoso en su primer cuestionamiento al decisorio de grado.------------------------------------------------ El Sr. Juez de grado ha invocado una serie de fallos de esta Cámara para fundar la forma de calcular las diferencias salariales, pero nada ha dicho de por qué en autos una de las codemandadas (I. P. P. SA" deba abonar obligaciones que surgen de diferencias salariales devengadas en períodos en que el actor no trabajó para ella, pues se trata de meses posteriores a la renuncia de éste a la empresa (cfr. fs. 51 de la documental reservada). Tampoco el Sr. Juez de grado declaró solidaria la obligación de ambas codemandadas, ni indicó cuál sería la fuente de la obligación de la aquí apelante.------------- Y toda vez que del dictamen pericial de fs. 241/245 surge que las diferencias salariales se produjeron con posterioridad a Noviembre de 2001, período posterior a la renuncia del actor al empleo que tenía en la empresa apelante, no encuentro cuál sería el fundamento de la condena a dicha empresa.---------------------------------------------------------- En un voto anterior de mi autoría, que hiciera acuerdo unánime con el voto del Dr. Ferrari, en sentencia de fecha 21/10/08, in re "B., M. P. c/ MUNICIPALIDAD DE TRELEW s/ Ordinario" (Expte. Nº 22.813 - año: 2008), sostuve que "el Sr. Juez de grado ha hecho lugar a esa pretensión sustancial, sin identificar la norma que habilitaría esa solución y haciendo aplicación implícita de la doctrina de los actos propios. Ninguno de ambos aspectos de su fallo me parece admisible. En tratamiento de la crítica del apelante respecto de la ausencia de fundamentación legal del decisorio de grado y de la condena a su parte, cabe acordar razón al recurrente, pues el a quo no indicó en su pronunciamiento qué normas jurídicas daban sustento a la condena que dictara. Y no puede olvidarse que la obligación solutoria o de pago es una obligación de segundo orden que se configura sólo ante el incumplimiento de un deber jurídico u obligación primaria preexistente a cargo de un sujeto que luego, es responsabilizado por ello. De esta primera afirmación cabe inferir que sin obligación preexistente o deber jurídico incumplido nunca puede configurarse ningún supuesto de obligación de pago a cargo de un demandado".------ Agregué luego que "A un sujeto, a quien no puede reprochársele el incumplimiento de ninguna obligación contractual o deber jurídico preexistente que se hallaba a su cargo, no puede imputársele responsabilidad alguna por una deuda, precisamente, porque la responsabilidad por ellas no surge de la nada, ni cae del cielo, sino que es fruto necesario de un proceso de imputación, que requiere que se cumplan determinados presupuestos (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo (Director), "Tratado de la responsabilidad médica", coedición Editorial Legis de Colombia y Ubijus de México, Bogotá-México, 2007, en coautoría con Philippe le Tourneau, Domingo Bello Janeiro, José D. Cesano y Jorge Santos Ballesteros, p. 38). Uno de estos presupuestos -inexcusable desde todo punto de vista, incluso desde el hontanar constitucional argentino- es el requisito de la legalidad (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo J., "La antijuridicidad como presupuesto de la responsabilidad civil en el derecho argentino y comparado", en "Suplemento especial de Responsabilidad Civil", año I, Nro. 2, La Ley Paraguaya S.A., Junio de 2008, p. 106)".---------------------------------------------------- Dije seguidamente que ". para que quede comprometida la obligación de pago de un sujeto, se requiere que éste haya violado previamente un deber jurídico que se hallaba a su cargo o contrariado una obligación contractual que contrajera, sea por acción u omisión imputable a él. Cómo no recordar aquí un dato obvio: a tenor de lo dispuesto en el art. 19 de la Constitución Nacional, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. De tal suerte, sin mandato legal incumplido no existe obligación de pago, pues la supuesta obligación carecería de causa. De tal modo indicar qué norma jurídica impone el pago a que se condenara al accionado era requisito de validez de la sentencia de grado. No constando tales normas, ni existiendo ellas en este caso, la sentencia deviene arbitraria por crear ex nihilo un deber jurídico u obligación a cargo de la demandada de autos, que no se corresponde con la legislación vigente (LÓPEZ MESA, Marcelo J. - PASARIN, Carolina A., "El territorio de la antijuridicidad en la "Provincia de la responsabilidad civil".(Profundizando algunas ideas sobre la antijuridicidad como presupuesto (inexcusable) de la responsabilidad civil), publicado en la página web de la Academia Nacional de Derecho, sita en http: //www.acaderc.org.ar/doctrina/derecho-civil).- Las consecuencias de no advertir las implicancias que el art. 19 de la Constitución tiene en este caso son graves, porque permitiendo que los jueces "creen" deberes jurídicos se hace tabla rasa con los derechos constitucionales de los condenados a efectuar pagos o resarcir daños en supuestos no previstos legalmente, a quienes se les inventan o conjeturan deberes jurídicos, al correr de la sola voluntad del juez (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo J., "La antijuridicidad como presupuesto de la responsabilidad civil en el derecho argentino y comparado", en "Suplemento especial de Responsabilidad Civil", año I, Nro. 2, La Ley Paraguaya S.A., Junio de 2008, p. 106).---- Indiqué posteriormente que parece que no se ha reflexionado detenidamente sobre que los jueces no pueden crear deberes jurídicos no surgidos de la ley. Pero la verdad se impone por sí sola, andando el tiempo; y así es innegable que: ----------------------------- a) una sentencia que imponga obligaciones no surgidas de la ley es nula e inconstitucional; -------------------------------------------------------------------------------- --------- b) sólo el legislador puede crear deberes jurídicos; y ------------------------------------------- c) el juez a lo sumo puede extraerlos al interpretar normas legales, pero no puede ni extender éstas por interpretación analógica ni conjeturar deberes que no surjan en forma clara de la normativa, porque ello implicaría avanzar sobre los derechos constitucionales del demandado (LÓPEZ MESA, Marcelo J. - PASARIN, Carolina A., "El territorio de la antijuridicidad en la "Provincia de la responsabilidad civil".(Profundizando algunas ideas sobre la antijuridicidad como presupuesto (inexcusable) de la responsabilidad civil), publicado en la página web de la Academia Nacional de Derecho, sita en http://www.acaderc.org.ar/doctrina/derecho-civil). ------------ Apréciese qué peligroso puede ser permitir que los jueces conjeturen o creen deberes jurídicos: el precio de tal ocurrencia puede ser una condena a resarcir sin norma que lo disponga, a través de una creación ex nihilo de una obligación conjeturada o supuesta. Este proceder resulta irregular pues, además del art. 19 de la Constitución Nacional existe una norma vigente en el Código Civil que también marca la incorrección de la sentencia de grado; ella es el art. 499 C.C., que establece que "No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles". ----- Después expuse que "En mi "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", se leen dos fallos, perfectamente aplicables a este caso: 1) "La obligación que pretende hacerse recaer en un sujeto, requiere como elemento esencial la existencia de una causa o fuente, esto es, el hecho o relación jurídica que la ha originado pues, como enseña Llambías, "no es posible pensar en una obligación que exista porque sí y sin dependencia de un hecho antecedente que la haya producido".Tampoco en el mundo deÍ derecho hay generación espontánea de modo que si algo existe, esto postula la necesidad de otro algo que dé razón a la existencia del primero (Cám. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 14/5/1995, "Cremaschi, Ida A. v. Garaventa, Silvia", LLBA 1995-720; en similar sentido, C. Nac. Com., sala A, 12/4/1985, "Jinkus, Juan S. v. Dalla Vía, Dante M.", JA 985-111-335). 2) La ley es causa de todas las obligaciones, pues si los contratos, delitos y cuasidelitos producen obligaciones, es porque a priori la ley natural ordena que cada uno cumpla lo que promete y repare el daño que ha causado por su falta (C.Nac. Civ., sala B, 29/6/1984, "Orlando, Roberto C. v. Carneva1ed e Ramírez, Elia", ED 117-654 (599-SJ), ambos en LÓPEZ MESA, Marcelo J., "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", Edit. Lexis Nexis SA, Buenos Aires, 2008, t. I, p. 561, Nros. 3 y 4). De tales precedentes, puede extraerse la lógica consecuencia que no existen fuentes obligacionales contrarias a la ley, pues en el terreno de la contradicción a la ley no existen manantiales de los que emanen derechos puros y respetables".------------------------------------ Por último dejé sentado que "por otra parte, es claro que los jueces no pueden crear obligaciones de la nada. Como dice el viejo principio filosófico, "ex nihilo, nihil" ("de la nada, nada adviene" o "la nada no puede engendrar efectos jurídicos". Sentado que los jueces no pueden crear obligaciones que la ley, un contrato u otra fuente regular no establezcan, el problema que plantean los conceptos que venimos desarrollando y las normas citadas, es que en autos no existía causa fuente para reconocer la obligación que la sentencia de grado puso a cargo de la demandada" (cfr, mi voto, en sentencia del 21/10/08, in re "B:, M. P. c/ MUNICIPALIDAD DE TRELEW s/ Ordinario" (Expte. Nº 22.813 - año: 2008).-------------------------------------------------------------- Algo muy similar -si no idéntico- a lo que allí dije puede decirse aquí, dada la equivalencia sustancial de ambos casos. Tampoco aquí el juez de grado identificó qué norma obligaba a la coaccionada I. P. P. SA a abonar al actor diferencias salariales por períodos en que no había trabajado para ella. No se mencionó siquiera la existencia de solidaridad, ni la de un grupo económico, ni la de transferencia de establecimiento, etc. La obligación de la codemandada, aquí apelante, surgió ex nihilo -de la nada-, sin que se mencione en el decisorio de grado ni la norma que así lo establece, ni la fuente de esa obligación. Para peor en la demanda ni siquiera se alegó -en la forma y en el tiempo en que ello era exigible- la existencia de solidaridad entre las codemandadas o de un conjunto económico formado por ellas. ---------------------------- El actor reservó el derecho de ampliar la demanda en caso de demostrarse alguno de estos extremos, pero se trata de una reserva inidónea pues, primero que nada, los derechos no se reservan sino que se ejercen y, segundo, no podría haber existido ampliación de demanda en etapa de prueba, dado que para cuando se llegara a la prueba, debía estar correctamente trabada la litis y cerrada la faz postulatoria del proceso, lo que vedaba la ampliación reservada por el actor en forma innecesaria e ineficaz. ------------------------------ Ergo, no surge de autos la existencia de fuente obligacional alguna que permite imputar las deudas de P. C. SA a la codemandada apelante. Ello así, la sentencia debe modificarse parcialmente, dejándose sin efecto la condena a resarcir al actor que pesa al presente sobre I. P. P. SA, respecto de la cual debe rechazarse la demanda, imponiendo al actor las costas derivadas de la intervención de la codemandada I. P. P. SA, al carecer de legitimación pasiva en autos dicha codemandada, conforme los propios términos de la confusa demanda del actor que diera inicio a estos autos.---------------------------------------- Tal determinación obliga a adecuar al nuevo pronunciamiento (art. 279 CPCyC) los honorarios de grado del letrado de dicha codemandada, los que se elevan al 15% del monto del litigio que se determine en etapa de ejecución de sentencia.------------------------ En cuanto a las costas, la forma en que me he pronunciado sobre la primera cuestión, torna abstracta la consideración de este segundo agravio de la codemandada apelante, motivo por el cual no cabe pronunciarse sobre él.-------------------------------------- Por lo expuesto supra, a esta cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.----------------------------------------------------------------------- ----------------------- A ESTA MISMA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: ---------------------------------------- I. El Dr. López Mesa ha hecho ya una reseña de los antecedentes que informan el caso, de la sentencia dictada en la anterior instancia y de los agravios vertidos contra ella por la parte apelante. En vista de ello, resulta innecesario abundar sobre estos tópicos, por lo que me pronunciaré directamente sobre las cuestión traída a conocimiento de esta Alzada.------- II. El recurso de la parte actora: -------------------------------------------------------------------- Comparto desde ya las consideraciones efectuadas por el apreciado colega de Sala en referencia a la extemporaneidad del escrito cuyo desglose fuera dispuesto a fs. 278 mediante providencia hoy firme y consentida, dado que las razones de hecho aducidas por el recurrente no lo dispensan de la falta de presentación del memorial desglosado en tiempo oportuno, debiendo estarse en consecuencia a los agravios expresados a fs. 275.-------------- Por otra parte, como lo ha puntualizado con acierto el magistrado de primer voto, la lectura de la pieza recursiva revela de inmediato su manifiesta insuficiencia técnica, ya que no contiene una crítica concreta y razonada del fallo con el grado exigido por el art. 265 C.P.C.C., aplicable supletoriamente en el fuero por remisión del art. 76, ley N° 69.-- En efecto, las escuetas menciones acerca de precios, períodos de cómputo y porcentajes de langostinos grandes y chicos a que alude en el primer punto del memorial carecen de un mínimo grado de precisión, por cuanto con ellas no consigue explicar el apelante en qué consistirían los eventuales errores de liquidación por parte del perito ni su hipotética incidencia en el resultado de las operaciones contables realizadas, aspectos que debieron ser expuestos en detalle para demostrar, a través de un desarrollo lógico, la concreta existencia de algún agravio a sus intereses.---------------- Idéntica valoración merecen las sucintas objeciones expresadas bajo los puntos 2 y 3 acerca de que el perito no "incluyó" ni "ha tenido en cuenta" las supuestas "diferencias" y "reclamos" que allí menciona sin efectuar una clara y concreta exposición numérica de los mismos, así como de los motivos por los que tales omisiones serían incorrectas o inapropiadas, ya que para ello la pieza debía autoabastecerse mediante la exposición precisa de los aspectos que se consideraban equivocados, desarrollando un razonamiento superador; carga procesal que no ha sido coronada.----------------------------- La inidoneidad de la pieza, por tanto, es palmaria y conduce en forma inexorable a declarar la deserción del recurso incoado, tal como lo expresara el magistrado que me precedió en el uso de la palabra, de manera que acompañaré con mi voto su propuesta en tal sentido.----------------------------------------------- III. La apelación de I. P. P. S.A.: --------------------------------- A) Extensión de la condena a la recurrente: ---------------------------------------------------- -- Considero que le asiste razón a la apelante en esta queja. Una atenta lectura del fallo permite comprobar que el sentenciante desarrolló sus fundamentos destinados a responsabilizar a la codemandada IPPSA respecto de los créditos reclamados por el trabajador, sin expresar en ningún momento a título de qué normas y razones jurídicas consideraba extensible la condena a la aquí apelante. Adviértase que incluso menciona la defensa esgrimida por esta codemandada, consistente en la renuncia del actor a dicha empresa el 13/11/2001, hecho que acredita en forma documental acompañando el telegrama respectivo.--------------------------------------------------------------------- ---------------- Pues bien: como se desprende de la pericia contable sobre cuya base el a quo estableció el monto de condena, las diferencias remuneratorias surgen de computar el período comprendido entre el 01/11/2001 al 30/06/2003 (conf. dictamen, fs. 241), es decir, cuando B. ya no prestaba servicios para dicha empresa pesquera, de manera que no se avizoran los motivos por los que habría de alcanzarle la obligación por diferencias salariales impagas a quien por entonces ya no era más su empleadora. No se ha probado en autos -ni tampoco lo ha expresado el fallo- que I. P. P. S.A. mantuviera vínculo contractual alguno por el cual subsistiría sus hipotéticas obligaciones patronales (cesión, transferencia, subcontratación, u otras figuras del derecho laboral que así lo determinen- ej. arts. 29, 30, 225, etc. L.C.T). La solitaria mención en la demanda acerca de que el actor habría seguido trabajando para IPPSA en el buque Deseado "...aunque los titulares de dominio eran (C. y D.) y son distintos" (conf. demanda, fs. 3 vta., además resultar una afirmación confusa e imprecisa, carece de un adecuado correlato probatorio en la causa que permita ahondar en esta dirección, tampoco indagada por el sentenciante.------- A mérito de todo ello, puede advertirse que la extensión de la condena a la aquí apelante carece del respaldo legal y la fundamentación jurídica imprescindibles, por lo que corresponde hacer lugar al agravio planteado a fin de revocar el decisorio en este aspecto, tal como lo propone el colega preopinante.------------------------------------------------ B) Agravio sobre las costas de primera instancia: ------------------------------------------ En vista de lo que se ha resuelto precedentemente, este agravio se ha tornado una cuestión abstracta, de aquellas que ha perdido virtualidad, tornándose abstracta, de aquellas sobre las que los jueces no deben expedirse, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no tener que decidir un contenido litigioso actual (conf. C.S.J.N., 23/09/2008 o A., J. F. c. Consejo de la Magistratura de la Nación o id. C.S.J.N., 20/08/2008 o Aguirre de Victoria, María del Carmen o id. o C.S.J.N., 25/09/2007 o Esso S.A.P.A. c. Provincia del Chubut o La Ley Online; entre muchos otros).------------------ IV. En mi opinión, por tanto, corresponderá: 1) declarar la deserción del recurso incoado por la parte actora; 2) revocar parcialmente el fallo en cuanto hace extensiva la condena a I. P. P. S.A.; 3) adecuar los honorarios de primera instancia para el Dr. E. R. M., fijándolos en el 15% del monto del proceso debidamente liquidado, a mérito de la extensión, calidad, eficacia de sus tareas y el resultado obtenido (arts. 6, 7, 9, 39, 47 y conc., Dec. Ley 2.200); 4) imponer las costas de alzada al actor (art. 59, ley N° 69); 5) regular los honorarios al Dr. E. R. M. por las labores realizadas en esta instancia en el 35% de los que le correspondieron en la sede de origen (arts. 6, 14, 47 y conc., dec. Ley 2.200); 6) no fijar honorarios al Dr. R. J. C. en vista de la inoficiosidad de sus tareas como lo tiene resuelto esta Cámara en numerosos casos análogos(doctr. art. 6º, ley 2.200 - Conf. C.Nac. Civ. Sala "D", E.D.t. 100-777, sum. 524, criterio ya seguido en casos análogos - S.D.L.112/93 C.A.N.E, entre otros).-------------------- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.------------------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo López Mesa expresó: -------------------------------------------------------------------------------- ------------------- Dada la existencia de acuerdo entre ambos votantes al expedirnos sobre la primera cuestión, el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente: -------------------------- 1) MODIFICAR parcialmente el fallo apelado, dejándose sin efecto la condena pronunciada respecto de I. P. P. SA, en relación a la cual se rechaza la demanda.------------------------------------------------------------------------ ----------------- 2) CONFIRMAR la sentencia apelada en los restantes aspectos objeto de recurso y agravios en los restantes aspectos.--------------------------------------------------------------------- 3) DECLARAR la deserción del recurso de apelación interpuesto por la parte actora.- 4) IMPONER las costas generadas por la intervención de la codemandada I. P. P. SA en la instancia de grado en su totalidad a la actora vencida (arts. 59, Ley 69 y 68 C.P.C. y C.).-----------------------------------------------------------------------<#LIN E> 5) ADECUAR los honorarios regulados en el grado al Dr. E. M., al nuevo pronunciamiento (art. 279 CPCyC), elevándose los mismos al 15% del monto del litigio que se determine en etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 14, 39, 47 y conc., Ley 2.200).------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 6) IMPONER las costas de alzada a la actora vencida (arts. 59, Ley 69 y 68 C.P.C. y C.).---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 7) REGULAR los honorarios de segunda instancia, en vista de la extensión, calidad, eficacia y resultados de las tareas realizadas: para el Dr. ... (arts. 6, 7, 14, 39, 47 y conc., Ley 2.200).------------------------------------------------- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-----------------------------------------------------------------<#L INE> Tal mi voto.--------------------------------------------------------------------------- ----------------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: ------------------------------------------ Tal como ya lo adelanté, comparto la resolución propuesta por el Dr. López Mesa en todos sus términos, votando en sentido idéntico.------------------------------------------------- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, Textos ley 4550).-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- Trelew, de abril de 2.009.-------------------------------------------------------------------------- - En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:---------------------------------------------------------------------- ----- S E N T E N C I A: ---------------------------------------- MODIFICAR parcialmente el fallo apelado, dejándose sin efecto la condena pronunciada respecto de I. P. P. SA, en relación a la cual se rechaza la demanda.------------------------------------------------------------------------ -------------------- --- CONFIRMAR la sentencia apelada en los restantes aspectos objeto de recurso y agravios en los restantes aspectos.--------------------------------------------------------------------- DECLARAR la deserción del recurso de apelación interpuesto por la parte actora.---- IMPONER las costas generadas por la intervención de la codemandada I. P. P. SA en la instancia de grado en su totalidad a la actora vencida (arts. 59, Ley 69 y 68 C.P.C. y C.).-----------------------------------------------------------------------<#LIN E> ADECUAR los honorarios regulados en el grado al Dr. E. M., al nuevo pronunciamiento (art. 279 CPCyC), elevándose los mismos al 15% del monto del litigio que se determine en etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 14, 39, 47 y conc., Ley 2.200).------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- IMPONER las costas de alzada a la actora vencida (arts. 59, Ley 69 y 68 C.P.C. y C.).--- REGULAR los honorarios de segunda instancia, en vista de la extensión, calidad, eficacia y resultados de las tareas realizadas: ... (arts. 6, 7, 14, 39, 47 y conc., Ley 2.200).--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-------------------------------------------------------------- Fdo: Dres. CARLOS DANTE FERRARI y MARCELO J. LOPEZ MESA, Jueces de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL Nº 25 DE 2.009 - SDL.- Conste.- PAULO EDUARDO KÔNIG, Sec.