Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-31


TOMASI, Héctor Cristóbal Reg.: A y S t 216 p 387-391.

Santa Fe, 31 de octubre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.- contra la sentencia del 27 de diciembre de 2004, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "TOMASI, Héctor Cristóbal -Concurso Preventivo-Hoy Quiebra-Incidente de Verificación Tardía de Crédito promovida por A.F.I.P.-D.G.I.-(Expte.109/04)" (Expte. C.S.J. nro. 297, año 2005); y, CONSIDERANDO:

La Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, desestimó la apelación interpuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.- contra la resolución dictada por el Juez de baja instancia -que, a su turno, había declarado inadmisible el crédito pretendido por el organismo recaudador-, confirmando el decisorio impugnado con costas a cargo de la incidentista (fs. 1/2).

Contra el pronunciamiento de la Alzada deduce la entidad fiscal recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que le acuerda la Constitución provincial (art. 1, inc. 3, ley 7055), como lesivo de la garantía del debido proceso y del derecho de propiedad (fs. 3/22).

Las causales descalificantes que invoca pueden sintetizarse así: a) Desconocimiento o apartamiento de la normativa federal aplicable a las acreencias fiscales, so pretexto de que el Juzgador puede dejarla sin efecto y de que se vulnerarían principios de derecho privado consagrados en el Código Civil, a la vez que la "pars conditio creditorum".

b) Resolución dictada por jueces que se arrogaron el papel de legisladores y no se sintieron limitados por el orden jurídico, desde que la Sala confirmó la decisión del Inferior apartándose de normas federales y de criterios jurisprudenciales operativos, e invadió facultades exclusivas de otro poder del Estado, el Legislativo, violentando o resquebrajando el sistema de división de poderes.

c) Autocontradicción, por haber sostenido el Tribunal, por un lado, que el acreedor no había expresado en el concurso una adecuada justificación de las determinaciones de oficio presentadas, ni había explicado fundada y racionalmente las pautas utilizadas al efecto; y haber hecho el Sentenciante, por otro lado, un somero relato de cómo en el escrito de expresión de agravios se describían en forma racional y detallada todos los pasos previos a las determinaciones acompañadas y seguidos para practicarlas.

Asevera la recurrente que su parte había realizado un relato lógico y adecuado del procedimiento desarrollado a efectos de la determinación de los créditos insinuados, reproduce los fundamentos oportunamente sostenidos al expresar agravios, y asegura que fueron acompañados los antecedentes administrativos vinculados al crédito en cuestión, consistentes en dos cuerpos de documental.

d) Omisión de decidir cuestiones oportunamente propuestas, pues el Judicante ignoró temas sustanciales para la solución del litigio -que podían gravitar en el resultado del debate- los cuales habían sido oportuna y debidamente postulados en la expresión de agravios.

Entiende que siguen latentes las arbitrariedades planteadas en dicho escrito (desconocimiento de la norma aplicable, apartamiento de jurisprudencia de la Corte federal en la que se subsume el caso -"Dirección General Impositiva s/ Incidente de Verificación de crédito en autos: Casa Marroquín S.R.L. s/ Concurso Preventivo" de fecha 31.03.1987-, y arrogarse los jueces el papel de legisladores sin sentirse limitados por el orden jurídico).

Finalmente, la impugnante asegura que la cuestión -relativa al recupero de los créditos fiscales por parte del Erario Público- excede el mero interés de las partes pues se proyecta sobre la comunidad toda, y que dicha circunstancia revela la existencia de gravedad institucional.

A ello añade que la incidencia o efecto del pronunciamiento impugnado podría acarrear consecuencias disvaliosas, al generar una conciencia más laxa de los contribuyentes en el cumplimiento de las obligaciones para con el Fisco, ante la posibilidad latente y clara de utilizar posteriormente el instrumento concursal a sabiendas de que una parte importante o el total del crédito del organismo recaudador pueden ser excluidos del pasivo concursal.

La concesión del referido recurso fue denegada por el "A quo" mediante auto del 5 de julio de 2005 (fs. 33/34), lo que motivó la presentación directa de la interesada ante esta sede (fs. 37/58).

2. Liminarmente, ha de adelantarse que la presente impugnación no puede prosperar.

Es que, si bien la compareciente articula en abstracto, conforme a su propio planteo, varias hipótesis que pueden encasillarse como tipos doctrinarios y jurisprudenciales de arbitrariedad, no consigue demostrar -en un contacto liminar con lo sustancial- que tales hipótesis guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso (cfr. "Cerrutti", A. y S. T.35, pág.410).

De este modo, no se configura en la especie el alegado desconocimiento o apartamiento de disposiciones federales aplicables, toda vez que la Sala no cuestionó las facultades invocadas por el Fisco -con base en dicho sistema normativo- en orden a la determinación de la deuda vinculada al Régimen Nacional de la Seguridad Social, sino que por tratarse el "sub lite" de un incidente de verificación tardía, el Tribunal exigió -con sustento en la ley concursal y en doctrina y jurisprudencia específicas- la prueba plena del crédito en cuestión, y confirmó el criterio del magistrado de inferior instancia, al sostener que "...el juez se aparta de dicha determinación por estimar que ella no se funda en otra evidencia que los dichos del propio fallido cuya eficacia probatoria considera incluso respecto a los contenidos en su pedido de concurso endeble para tales fines, por los motivos que funda su razonamiento (v.f.81, 82 punto III); o sea que... los dichos del fallido que sirven de sustento a la determinación -base que no discute el apelante- no resultan computables como prueba idónea en todo lo relacionado con la formación de su pasivo que afecta al de los acreedores..." (f. 2).

La recurrente endilga autocontradicción al Juzgador por haber reputado incumplida la carga de expresar en el concurso una adecuada justificación de las determinaciones oficiosas realizadas, y luego, haber reseñado someramente cómo al expresar agravios la apelante había descripto en forma racional y detallada todos los pasos previos seguidos para practicar tales determinaciones.

Sin embargo, con dichas alegaciones la interesada no consigue acreditar que el razonamiento de la Sala padezca una fractura lógica que lo haga ininteligible y que sea menester acudir a aportes argumentales extraños a su contenido para tornarlo comprensible.

En este sentido, basta la simple lectura del decisorio impugnado para advertir que la circunstancia determinante del rechazo de la pretensión incidental no ha sido el silencio acerca de las pautas empleadas para efectuar la determinación de oficio, sino el hecho de que ésta se había basado solamente en los propios dichos del fallido, prueba que fuera considerada "endeble" y "no idónea" en todo lo relacionado con la formación de su pasivo, por afectar a los acreedores concurrentes (cfr. f.2).

De allí que la quejosa no demuestra que el decisorio incurra en una irreductible oposición conceptual de magnitud tal que lo descalifique como acto jurisdiccional (A. y S., T.67, pág.418; T.74, pág.302; T.99, pág.209; T.101, pág.1, entre otros).

También aduce la impugnante que el "A quo" soslayó la consideración del precedente "Casa Marroquín" invocado por su parte, que -según dice- negaría al fuero concursal facultades para revisar la validez intrínseca del título invocado en sustento del crédito, y para reemplazar el procedimiento de impugnación específico, supliendo la inactividad de los responsables en la forma y plazo establecido por la ley de la materia con el consecuente detrimento de la competencia de la justicia nacional.

En este punto, y para descartar las postulaciones de la compareciente, resultan ilustrativas las precisiones de la propia Corte federal, cuando -adhiriendo al dictamen del Procurador Fiscal- sostuvo que "...si bien es cierto que el legislador ha establecido en la ley 11.683, un trámite específico y los órganos competentes para entender en el procedimiento tributario en sus diversas fases, también lo es que en la ley de concursos, ante una situación excepcional, cual es el estado de cesación de pagos de una persona física o jurídica que recurre o es llevada a un juicio de carácter colectivo donde se halla involucrada la totalidad del pasivo y del activo del deudor, establece procedimientos específicos y obligatorios para la totalidad de los acreedores, sin distinción de la naturaleza del crédito salvo las limitadas excepciones allí previstas....";

"...El mencionado procedimiento, consiste en la obligación del acreedor de verificar la pretensión crediticia en un trámite de naturaleza ordinaria y plena que hace cosa juzgada formal y material, donde intervienen no solo el pretensor y el deudor, sino la sindicatura y los demás acreedores, quienes también pueden impugnar la pretensión en cuanto a su entidad y privilegio y hacerse parte en el proceso.

A esos fines ha dispuesto mecanismos e institutos de carácter excepcional, que atienden a asegurar el orden público e interés general y a principios superiores que preservan la seguridad jurídica e igualdad de trato, como es el de desplazar la competencia judicial originaria o exclusiva otorgada a determinados tribunales en otras normas legislativas..." (ver "Supercanal S.A. s/ apelación - IVA", fallo del 02.06.2003).

De los lineamientos precedentes se infiere que el trámite verificatorio no apunta a una cuestión meramente formal, sino a la real existencia del crédito.

Conforme a lo anterior, y más allá de la indiscutida trascendencia respecto a la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos, cuya consideración los jueces no podrían soslayar con liviandad, lo cierto es que en el caso cobran relevancia los argumentos brindados por la Alzada, que a su modo de ver justificaban, aun dentro del criterio de sometimiento a la autoridad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la solución a que se arribara en el "sub judice".

Ha de notarse que el Juez de baja instancia, con fundamentos que apuntaban a la real existencia del crédito, hizo hincapié en el carácter endeble de los propios dichos del fallido invocando una sociedad de hecho.

Y no se advierte irrazonabilidad cuando la Sala confirmó dicho criterio, remitiendo a los motivos en que el Inferior fundara su razonamiento, vinculados a la falta de acreditación del ente societario por ausencia de otros elementos confirmatorios -v.g.: informativa municipal o testimonio del supuesto socio Juan Daniel Rodriguez- (cfr. fs. 2, 10 y 10vto.).

Ello así por cuanto en el caso, cabe acotar, el aporte de la Seguridad Social se exigiría, precisamente, por el carácter de socio de la aludida sociedad.

Frente a ello, y pese a que estaba su cargo rebatir tal motivación, no consigue la recurrente refutar la argumentación central de la Alzada, ni demostrar la base real de su presunto crédito, por lo que luce también inconsistente el vicio endilgado por apartamiento de la doctrina de la Corte federal.

Tampoco logra la compareciente acreditar que el Sentenciante se hubiera arrogado el papel de legislador o hubiera quebrantado el principio de separación de los poderes, pues el Judicante no ha cimentado la decisión cuestionada en su sola y arbitraria voluntad, sino que -como se dijo- la fundó en derecho concursal y común, mediante una interpretación que podrá o no compartirse, pero que no habilita el franqueamiento de la instancia extraordinaria, al no haberse vinculado las causales abstractas de arbitrariedad postuladas con la realidad del "sub lite".

Por último, sabido es que la invocación de "gravedad institucional" no configura una hipótesis que habilite "per se" la apertura de la instancia excepcional, pues la admisión de aquélla estuvo siempre vinculada a la concurrencia de alguno de los supuestos del artículo 1 de la ley 7055 (cfr. A. y S. T.143, pág.111), circunstancia que no acontece en la especie.

En suma, pretender abrir ante los estrados de este Cuerpo una tercera instancia ordinaria, que revea lo decidido por los tribunales inferiores en ejercicio de su función jurisdiccional, implica desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado, que tiene por objeto únicamente el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)