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Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Albornoz, Juan Alberto y otros s/ Robo y violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

Es improcedente el agravio en el que se denuncia la violación del art. 226 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- cuestionando que el tribunal no haya valorado la declaración del coprocesado si la defensa no demuestra -especialmente a tenor del contenido de su segunda parte- que ello constituya en el caso, violación del mencionado precepto legal.
Beneficio de litigar sin gastos, competencia, procedimiento laboral, expediente
Materia: PROCESAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Gallegos, Alicia c/ Teodoro Amici y/u otros s/ Declaratoria de pobreza. Conflicto negativo de competencia (Expte.   CSJ Nro. 85-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-18

Es competente para tramitar el beneficio de litigar sin gastos, el juez que deba conocer en el juicio en que aquél se hará valer.

Tratándose en el caso de obtener la satisfacción de un crédito, a través de una acción civil contra un tercero ajeno a la relación laboral (en uso de la acción subrogatoria prevista en el artículo 1196 del Código Civil), no es suficiente para entender que es competente el juzgado laboral, el hecho de que el origen fáctico se enlace con las alternativas de otro expediente -en el que se procuró el reconocimiento de ese crédito- incoado por la actora contra su empleadora, en virtud de una relación de empleo y tramitado, por ende, en el fuero laboral.
Empleados públicos, plazo, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE, sumario administrativo, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fornero, Edelberto Jacinto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 431 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-18

Si bien es cierto que el artículo 76 de la Ley 8525, faculta a la Administración a disponer el traslado de agentes cuando el esclarecimiento de las circunstancias vinculadas a un sumario administrativo así lo exijan; no es menos cierto que tal traslado es sólo con carácter preventivo y que la previsión legislativa impone como límite temporal al ejercicio de esa potestad el de ciento ochenta días. Por ello, en el caso, la Empresa Provincial de la Energía no se encontraba en modo alguno autorizada a prescindir de dicho límite temporal -desde que fundó el traslado en la necesidad de instrucción de sumarios administrativos y "mientras" durara su sustanciación-, sino que debía indefectiblemente atenerse a él, por lo cual debió adoptar las medidas pertinentes a los fines de que una vez vencido el plazo, el agente separado de su cargo fuera restituido a él. Por ello, al no haberse dispuesto la reincorporación del agente al cumplirse los 180 días desde su separación del cargo, ni tampoco haber constancia de que la Administración hubiera dispuesto una prórroga de dicho plazo, la mantención del recurrente en un cargo distinto del que le correspondía, carecía de legitimidad.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión esencial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Marco, Tomás Oscar c/ Antonio Burattini e Hijos S.A. s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-10

Cuestiones esenciales son aquellos planteos que conforman la estructura principal de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la correcta solución del litigio.
Depreciación monetaria, índices de actualización, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Juncalan Forestal Agropecuaria S.A. c/ Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-04

Si el cómputo de la depreciación se efectúa el 29 de marzo de 1990, no puede dejar de ponderarse que a esa fecha ya había transcurrido casi íntegramente el aludido mes, en el que el deterioro de la moneda alcanzó al 71,3 %, por lo que no resulta adecuado aplicar el índice del mes anterior.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Cordero, Ricardo Adolfo s/ Privación ilegal de la libertad agravada, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-21

Es insuficiente el agravio si el impugnante no manifiesta si dirige la crítica hacia la materialidad ilícita, autoría o la responsabilidad del acusado en el hecho.
Defraudación, retención indebida
Materia: PENAL
Carátula: Bilbao, Gustavo F. y San Martín, Pedro F. s/ Estafa en concurso real con Robo agravado por el uso de armas (Bilbao)  y estafa en concurso real con falsa denuncia concurriendo idealmente  con falso testimonio (San Martín)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-05-07

La figura de la retención indebida es un típico caso de defraudación por abuso de confianza en donde la entrega de los bienes tiene lugar por un acto no viciado y en la que debe haber preexistido una situación de confianza verdadera. Supone la existencia anterior de un trato en el cual una de las partes se encuentra expuesta, sin culpa y de acuerdo con las condiciones normales del contrato mismo, al riesgo de un perjuicio derivado del poder de hecho concedido legítimamente a otra persona sobre la cosa. La definición abarca la acción del que en tiempo debido no entrega algo que le ha sido confiado para entregar. El perjuicio está dado por la privación temporaria de algo que nos pertenece.
Acción civil, indemnización, actor civil, responsabilidad civil
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: G D, H R s/ INJURIAS Y CALUMNIAS      EXPTE NRO 139-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-03-04

No es condición imprescindible la sentencia condenatoria penal para el acogimiento de la pretensión resarcitoria ejercitada conjuntamente en la misma sede. También la sentencia absolutoria puede hacer lugar a la reparación civil si media correlación con la causa petendi de la demanda y el hecho atribuido al absuelto configura un acto ilícito lato sensu u origina una responsabilidad derivada del vicio o riesgo de la cosa. La normativa del artículo 29 inciso 1 del Código Penal no puede vedar a la legislación provincial que establezca la competencia del Juez Penal para pronunciarse sobre la acción civil cuando media absolución y en este sentido nuestro ordenamiento procesal, en congruencia con el artículo 104 de la Constitución Nacional, prevé la atribución del Tribunal juzgador del delito. Una causal extintiva por definición esencial no puede referirse jamás al fondo del asunto. La expresa mención de la palabra sentencia sólo puede tener sentido de indicar el cumplimiento del segundo requisito, es decir el previo agotamiento del iter procedimental íntegro que haya salvaguardado el debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio. Es esta la única hermenéutica admisible pues de otro modo, en los delitos de acción de ejercicio público, definidos por la vía de una causal extintiva en la primera etapa del proceso, tendría que aceptarse la jurisdicción del Juez de Instrucción para resolver la cuestión civil conjuntamente con el sobreseimiento en abierta violación del artículo 18 del Código Procesal Penal que reenvía el ejercicio de la acción civil a la sede respectiva en caso de sobreseimiento que impida proseguir el proceso penal.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Gustavo David s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

En el inc. 2 del art. 41 del Código Penal el término reincidencias en plural involucra el singular. En efecto, el mismo inciso incluye otros plurales tales como "motivos que lo determinaron a delinquir, "antecedentes y condiciones personales", etc., sin que por ello sea razonable interpretar que, por ejemplo, no pueda computarse un motivo para delinquir puesto que la norma exigiría varios.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LEDESMA, MARIA LUISA c/ FERREYRA, FRANCISCO ATALIVA s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-02

El monto de la cuota de alimentos que se fije ha de guardar un razonable equilibrio entre las posibilidades económicas del alimentante y las necesidades de la alimentaria.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Guillermo O. c/ Coto CICSA s/ Indemnización accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

La decisión del Tribunal del Trabajo que al considerar aplicable al caso la ley 24.557 resuelve hacer lugar a la incompetencia peticionada, resulta definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, juicio administrativo de responsabilidad, daños y perjuicios, muerte de las partes, herederos
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: PROCURACION DEL TESORO c/ VAZQUEZ CESAR A Y OTROS s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

La obligación de resarcir los daños causados al estado por el empleado no tiene carácter sancionatorio, en caso de muerte los herederos de este responden en los casos de las formas previstos por el C.Civil art. 113, y 129.
Recursos administrativos, caducidad, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PADUAN, ALBERTO ANGEL Y PADUAN, FERNANDO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 94-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-17

En el ámbito del ordenamiento jurídico administrativo de la Provincia de Santa Fe, se fijan plazos breves de caducidad para el ejercicio por los administrados de los recursos administrativos (diez días para los recursos de revocatoria y apelación, arts 42 y 45 del decreto-acuerdo 10204-58, entre otras muchas disposiciones legales relativas a la materia recursiva) y jurisdiccionales contencioso administrativas (quince días art 5 de la ley 4106) dirigidos contra los actos emitidos por la Administración Publica, que responden al propósito de dar a estos estabilidad (o firmeza, arts 45 y 63 decreto- acuerdo citado, entre otros) con la finalidad de que no queden expuestos tales actos por tiempo indefinido -ni siquiera largo- a la eventualidad de su revocación (por razones de oportunidad), o a su anulación (por razones de legitimidad) dado que interesa a la Administración Publica que sus actos puedan estar sujetos a reexamen solamente por breve espacio de tiempo en razón de los intereses de los que ella es portadora y tutora.
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CABRERA, OSCAR VIRGILIO c/ A.N.S.E.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

A tenor del nuevo art. 43 de la C.N., la acción de amparo no puede ya tener un carácter residual, sino que debe considerárselo la vía principal y excluyente de otras carentes de celeridad cuando se advierte la existencia de un accionar arbitrario o ilegítimo, como son los casos en que el Estado no ha honrado sus compromisos económicos, lo que violenta principios de rango constitucional (arts. 14 bis, 17, 18, 43, 74 inc. 22) y las previsiones de distintos Tratados Internacionales de jerarquía constitucional (art.

8 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Telecomunicaciones, empresa de servicios públicos, servidumbre de paso, obligaciones del concesionario (administrativo), paseos públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Buenos Aires, Provincia de c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ remoción de instalaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-13

Si bien las licenciatarias del servicio de telecomunicaciones tienen un derecho de paso para el establecimiento de sus cableados que constituyen su actividad principal, lo que les permite asimismo la construcción de instalaciones en la medida que las necesitan para desarrollar el servicio público que dan y que constituye su objeto fundamental (art. 42, ley 19.798), no hay duda de que ese derecho debe ejercerse conforme a las normas que regulan el servicio. En efecto, en la utilización del espacio público por parte de la empresa para ubicar sus bienes y dar el servicio público con el que se ha comprometido, debe evitarse todo comportamiento que pueda generar una situación de desventaja con respecto a otros intereses que convergen en ese mismo espacio (arg. art. 45), y que determinan que no se pueda hacer uso de aquél o de una infraestructura ya existente, sin el título jurídico -permiso- que lo habilita (art. 36), ya sea éste nacional, provincial o municipal según el caso. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Amparo por mora, competencia, pronto despacho
Materia: PROCESAL
Carátula: Puente  Hnos  Mae  SA c/ Estado Nacional Ministerio de Economía yFinanzas Pub s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-19

El juez competente para impartir la orden judicial de pronto despacho prevista en el art. 28 de la ley 19.549 es el magistrado que -en su caso- deba entender según la materia de fondo debatida en el trámite. Así, la mera interposición de un amparo por mora no determina -de suyo- la competencia contencioso administrativa dado que no existe norma atributiva que así lo establezca en esta clase de pleitos. De allí que sea pertinente analizar la subsunción del caso al derecho administrativo, pues si la relación jurídica que vincula a las partes y que da sustento al reclamo estuviera regida exclusiva o primordialmente por normas de otras ramas del derecho, no habría causa contencioso administrativo en los términos del art. 45, inc. a), de la ley 13.998 (conf. esta Sala, in re "Colegio Médico Regional Bariloche c/ Instituto Nac de Serv Soc para Jubilados y Pensionados s/ amparo" -n° 8115/08-, sentencia del 10.3.09, y sus citas de la jurisprudencia del fuero contencioso administrativo federal).
Despido del delegado gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: ACOSTA, EXPEDITO c/ COLORCO SRL. s/ DIFERENCIA DE ANTIGUEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-08-25

Producido el despido injustificado del obrero que inviste una representación gremial, tiene derecho a percibir las indemnizaciones que establece el Código de Comercio, reformado por la ley 11729, decreto 33302/45 -capítulo CXV, ley 12921-, y a las remuneraciones que debió percibir durante el período de estabilidad.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión de derecho común, falso testimonio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MORRONE, MIRTA AMALIA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-13

La interpretación del art. 275 C.P., por ser norma de derecho común, es ajena a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema.
Contrato de trabajo, adicionales de remuneración, personal jerárquico
Materia: LABORAL
Carátula: Rigo, Roberto Armando c/ Banco Central de la República Argentina s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-25

El actor resulta acreedor del "Adicional por Nivel Jerárquico", conforme lo establecido en la Resolución de Directorio del Banco Central de la República Argentina Nº 149 del 26/06/08, en la medida en que mediante resolución nº 65 se le asignó el puesto funcional de Gerente Principal, y al momento de dejar el servicio surgía de sus recibos de haberes que revistaba en ese mismo puesto.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: NEDIANI HECTOR ALFONSO c/ PEREZ JORGE Y OTROS s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-04-20

Los motovehículos son bienes registrables al igual que los automotores, acorde a lo expresado por el artículo 22 del decreto ley 2582/58, ratificado por ley 14.467 y modificaciones posteriores, leyes 25.232, 25.345 y 25.677, además de la Ley de Tránsito Nº 24.449, en su artículo 40 inc. d. La motocicleta al tiempo del siniestro no contaba con el correspondiente patentamiento, condición indispensable para circular, teniendo en cuenta además que el permiso de circulación expedido por la misma agencia vendedora es de ningún valor, sin perjuicio de lo cuál, su fecha de caducidad había acaecido.
Prueba, juicio ordinario, ampliación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COMPULSA EN J: 202767 BANCO REGIONAL DE CUYO S.A. c/ JUAN EMILIO CANTERO Y OTROS s/ Cobro de Pesos (LIBRO: A005 - 448)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-05-27

Son admisibles, como prueba en el juicio ordinario, cupones correspondientes al uso de la tarjeta en poder del actor por ser base de la pretensión, y los comprobantes de envío de resúmenes en poder de la entidad actora.-
Renuncia al empleo, telegrama colacionado, violencia moral
Materia: LABORAL
Carátula: MONTENEGRO HECTOR ANDRES c/ SCHLEIDT FELIPE SANTIAGO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1989-08-04

La renuncia del trabajador mediante telegrama colacionado hace plena fe por tratarse de un instrumento público y no haberse articulado acción de redargución de falsedad, quedando la prueba de que la renuncia estuvo motivada en violencia moral, a cargo de quien la invoca.
Locación de inmuebles, locatario, condómino locatario, restitución del inmueble, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL
Carátula: ANCHORENA S.C.A. c/ RIBICHINI, Alejandro Iván y otros s/ DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-14

Si una cosa indivisible se entregó en locación a varios, todos se encuentran solidariamente obligados a su devolución y mientras uno solo continúe en la ocupación, la obligación de restituir no ha cesado para los demás.-
Acumulación de procesos, litispendencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PETRICH, ANTONIO M. c/ ARRUA, RICARDO J.R. s/ DESALOJO Y COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-05-08

La llamada litispendencia impropia contemplada en el artículo 187 del Código Procesal Civil y Comercial, como uno de los medios de lograr la acumulación de procesos, se trata de dos acciones conexas no idénticas y se funda en la posibilidad de que la sentencia que haya de dictarse en una de ellas pudiere producir efectos de cosa juzgada en otra u otras (artículo 185 del referido texto legal). De allí entonces la conveniencia de poner a ambas bajo la lente del mismo juez a fin de que componga ambas litis en una sola sentencia.
Convenios colectivos de trabajo, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez de Lombardi, Mariela Soledad c/ Alianza Francesa de Resistencia s/ Cobro diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-02-27

La calificación del empleado de un Convenio no depende de la que el empleador adjudique por su cuenta y riesgo, sino de las reales tareas y responsabilidades que el empleado realice. El apelante demandado sostiene que calificó correctamente a la actora en la categoría que él pretende y que ello surgiría de la documental, pero a poco que analicemos los recibos acompañados se tiene el convencimiento que no es realmente así, porque los recibos no nos hablan de calificación alguna dentro del Convenio que ambas partes coinciden es de aplicación, y muy pocos recibos refieren a sueldo, la casi totalidad refieren a Beca-Administrativa, en ninguno figuran descuentos de ninguna naturaleza, ni otra calificación.
Concursos, acuerdo preventivo, propuesta de acuerdo preventivo, homologación judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

Del Dictamen Fiscal 109765:

Resulta improcedente la homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial cuando, como en el caso, surge que la propuesta presentada consiste en el pago del 20% de los importes de los créditos en diez cuotas anuales, con cinco años de gracia, sin intereses ni actualización alguna; puesto que la quita propuesta y el excesivo plazo previsto para el pago, sin que se contemple ningún tipo de retribución por la espera, conduce a la virtual pérdida de los derechos de los acreedores quirografarios, quienes recibirían sumas insignificantes en pago de sus créditos, debido a la licuación de su valor por la quita y por el transcurso del tiempo. Cabe precisar, que la homologación de un acuerdo celebrado en esas condiciones importaria para la acuerdista liberarse de sus deudas pendientes mediante pagos insignificantes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba documental
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guzmán, Carlos Humberto c/ Hospital San Fernando (H. P. C. de G.) y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-06

La interpretación de la prueba documental es una cuestión de hecho que sólo puede ser revisada en la instancia extraordinaria en caso de absurdo evidente.
Proceso penal, etapas del proceso, tribunal de alzada, límites del pronunciamiento, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: P, L M s/ Recurso de inconstitucionalidad -Estafa procesal y extorsión (Expte.   CSJ N.  630-1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Si bien la única prohibición consagrada por el artículo 414, último párrafo del Código Procesal Penal es que "...el Tribunal de Alzada no puede dictar sobreseimiento como consecuencia de la revocación del auto de procesamiento apelado...", ello no implica que pueda sin más procesar sino a riesgo de socavar la garantía de defensa en juicio y también la de la doble instancia. Pues resulta verdad irrefutable que la finalidad de todo recurso es la sustitución de la resolución impugnada por otra que satisfaga el interés de la parte que lo dedujo, pero lo es también que la satisfacción del que recurre debe estar encorsetada dentro de los justos límites que establece la Constitución nacional y provincial para la defensa de los derechos y garantías de la contraparte en juicio. (Del Voto de l a Mayoría).
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ Estado  Nacional  (Poder  Ejecutivo  Nacional  y Poder Judicial de la Nación). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-22

Corresponde exhortar al Poder Ejecutivo Nacional y al H. Congreso de la Nación, a colaborar para que se tomen las medidas necesarias para la solución definitiva del problema suscitado por el cierre de los edificios donde funcionaban dependencias del Poder Judicial.
Entidades financieras, tarjeta de crédito, defensa del consumidor, autoridad de aplicación, aplicación de la ley, Secretaría de Comercio Interior
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Citibank N.A. c/ Secr. de Comercio e Inversiones -Disp.DNCI 450/97
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

La entidad financiera al emitir la tarjeta de crédito (o de compra) en favor de una persona para sus gastos personales, está actuando dentro del campo de aplicación de la ley de defensa del consumidor y, por tanto, sujeta a los deberes que en ese carácter se imponen en el régimen establecido. En ese aspecto, la Secretaría de Comercio Interior, ejerciendo la policía del comercio, está facultada para interpretar los contratos que realizan los agentes del negocio, pero con el único objetivo de calificar la conducta adoptada y de ningún modo para resolver con respecto a la validez o no de los convenios celebrados, y mucho menos su nulidad. Ello es así por cuanto las causas que se susciten entre las partes y su resolución es de reserva, en principio, exclusiva de los jueces de la Nación o de las provincias, conforme las circunstancias de cada caso.