Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL, COMERCIAL, MINAS PAZ Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-11-07


Fojas: 278 Mendoza, 7 de noviembre de 2006.

Y VISTOS:

Estos autos N° 38.617/100.824 caratulados "Símbolo S.A.C.I. c/Pérez, Rolando Jesús p/Ejecución Típica", llamados a resolver a fojas 276, CONSIDERANDO:

I.- Que a fojas 253 el Dr. Dugar Chappel, por el demandado Rolando Pérez, interpone recurso de apelación en contra del auto de fojas 251 que desestima la observación formulada a fojas 239/240.

En oportunidad de fundar recurso a fojas 263/265, el Dr. Javier Cacciaguerra, por el demandado, sostiene que las liquidaciones practicadas en autos no se ajustan a la sentencia dictada en este proceso; que independientemente de que el juez a quo haya considerado que el demandado se hizo parte en este juicio, una defensa deficiente no puede justificar y hacer nacer un derecho donde no existe, convirtiendo al proceso en una fuente de obtención de riquezas o de multiplicación del capital.

Asimismo, se agravia de que el tribunal desconozca que las liquidaciones puedan ser rectificadas si sus rubros no se concilian con los términos de la sentencia y que, en los hechos, se actualizaron gastos y honorarios en más de un 100 % anual.

Se queja de que la resolución impugnada fundamente su fallo en que la deuda era originariamente en dólares, sin advertir que se pagó un 400 % más de la misma en dólares, es decir, antes de la pesificación.

Señala que el juez a quo no aplica al criterio de la realidad económica que obliga a los tribunales a morigerar las liquidaciones cuando sus resultados llevan a resultados absurdos y disvaliosos y excede la normal pretensión de asegurar el patrimonio del acreedor.

Por último, solicita la aplicación de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

II.- Que a fojas 267 la Cámara dispone correr traslado de la fundamentación del recurso a la contraria por el plazo de ley (art. 142 del C.P.C.), providencia que se notifica a fojas 268.

A fojas 269/272 el Dr. Gerardo Calvo, por la actora, contesta el traslado conferido, solicitando, por las razones allí esgrimidas, el rechazo del recurso de apelación intentado.

III.- Que a fojas 276 se llama autos para resolver, practicándose a fojas 277 el pertinente sorteo de la causa.

El procedimiento para la liquidación de la sentencia presupone la existencia de una decisión firme que debe ser objeto de ejecución y que a la vez contenga la condena al pago de una cantidad ilíquida, es decir, cuando no existe un monto numéricamente expresado en la sentencia, ni sea susceptible de inferirse a partir de las bases en ella fijadas.

La liquidación judicial de una deuda no es sino el reflejo numérico de las resoluciones firmes que obran en la causa, en cuanto ellas determinan el valor económico de las cuestiones ventiladas en el proceso. Ese es el ámbito dentro del cual los legitimados activos y pasivos deben conducirse y el juez ejercer sus deberes y facultades de control, a fin de que se respete el producto final de la condena. (Morello, Augusto, con la colaboración de Mario E. Kaminker y Carlos Campitelli, "Liquidaciones judiciales", Buenos Aires, Librería Editora Platense, 2.000, pág. 103 y sgtes.) IV.- Que el recurso de apelación interpuesto a fojas 253 debe ser desestimado; es cierto que el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales, pues no se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva.

Ahora bien, está claro que, tal como lo dispone el art. 62 del C.P.C., "vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiéndose de oficio las medidas necesarias, sin perjuicio de la suspensión convencional prevista por los artículos 48 inciso 4° y 64 y las que puedan disponer los juzgadores en los casos en que este código les autoriza a ello".

Es efecto propio de la preclusión impedir que vuelvan a ser tratados temas ya resueltos en forma expresa o implícita en el juicio; ello es así pues el principio de preclusión reviste carácter de orden público y da certeza y estabilidad a los actos procesales ya cumplidos.

Los derechos deben hacerse valer en el proceso, en la forma y plazo adecuados, pues su inobservancia produce la aceptación del acto aun cuando contenga una solución no ajustada a derecho. En efecto, ante la necesidad de obtener actos procesales regulares se encuentra la de obtener actos procesales firmes sobre los cuales pueda consolidarse el derecho.

El proceso es un método de debate regulado por normas destinadas a asegurar el orden en su desarrollo y el principio de preclusión tiene por objeto que los actos que componen su curso avancen y se incorporen en el orden previsto y sin retrocesos, de manera tal que sus efectos quedan fijados irrevocablemente y pueda valer de sustento de futuras actuaciones, lo que impide la reapertura de cuestiones definitivamente decididas durante la sustanciación de la causa.

Las colisiones entre el derecho de defensa y el principio de preclusión procesal deben resolverse atendiendo a la verdad jurídica objetiva de los hechos relevantes para la solución del litigio, puesto que la ley adjetiva no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos, sino que tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en el caso concreto y salvaguardar la garantía de defensa en juicio.

En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha precisado que "la preclusión entendida como la extinción o pérdida de una facultad de aquel carácter se opera cuando:

1), no se ha observado el orden señalado por la ley para su ejercicio; 2), se ha realizado una actividad incompatible con la facultad que se pretende usar, o 3), se ha ejercitado ya válidamente una vez la facultad, consumación propiamente dicha." (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1982/06/15, "Lucic, Ivana", ED, 102-364), aunque también ha advertido que "adolecen de un injustificado rigor formal aquellas sentencias que son fruto de una sobredimensión de la institución de la preclusión procesal, al hacerla extensiva a un ámbito que no hace a su finalidad". (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1994/07/05, "García, Francisca J. c. Brancato, Raffaele y otros", LL 1995-B, 250 - DJ, 1995-2-1 - JA, 1994-IV-324 - ED, 160-114).

La liquidación judicial de una deuda no es sino el reflejo numérico de las resoluciones firmes que obran en la causa, en cuanto ellas determinan el valor económico de las cuestiones sometidas a proceso, y como punto de partida, no puede soslayarse, entonces, que la liquidación judicial de una obligación de dar una suma de dinero debe responder a lo ordenado en el fallo definitivo.

Es decir, si bien la regla general indica que las liquidaciones no impugnadas en el tiempo previsto en las condiciones generales deben juzgarse aceptadas, aún firme el auto aprobatorio de una liquidación, la misma puede rectificarse si omite o contiene rubros o conceptos en discordancia con el pronunciamiento que decide acerca del derecho de las partes; ello por cuanto la aprobación se efectúa en base a las constancias de autos, y porque los rubros están delimitados por los términos de la sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, no pudiendo alterarse la misma a través de una liquidación, aún cuando ésta no haya sido observada por la obligada al pago.

En autos, le asiste razón al juez a quo en los argumentos vertidos en la resolución de fojas 251 para rechazar las observaciones que formula el demandado a fojas 239/240; así, el impugnante se hizo parte en el proceso, constituyendo domicilio legal, según surge de la presentación de fojas 169: tanto la aprobación de la liquidación de fojas 165 como el resto de las sucesivas liquidaciones fueron notificadas al Sr. Pérez en el domicilio legal constituido.

El demandado tuvo oportunidad de controlar todas las liquidaciones que se fueron practicando en el expediente, debiendo impugnarlas en el momento procesal pertinente; no habiéndolo hecho, y en virtud del principio de preclusión procesal, se torna improcedente revisar aspectos de liquidaciones firmes y consentidas.

Por último, el juez señala, con acierto, que la actora ha aplicado solamente un interés punitorio del 3 % y tratándose de un acreedor entidad financiera, resulta razonable dicha tasa de interés; no se puede soslayar que siendo una deuda contraída originariamente en dólares, por efecto de lo dispuesto por la ley 25.561 y el Decreto 214/02, dicha obligación quedó pesificada y la actora no ha impetrado la aplicación del C.E.R. o C.V.S., según correspondiera al presente caso.

V.- Por último, el impugnante solicita la aplicación de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor; esta normativa consagra la protección de los intereses económicos de consumidores y usuarios, otorgándoles derecho a una información adecuada y condiciones de trato equitativo y justo, con explícita base constitucional (art. 42 de la Constitución Nacional), y con alcance operativo e inmediato principio de cumplimiento.

Es un tema discutible la aplicación de defensas vinculadas con la ley 24.240 en el ámbito del juicio ejecutivo, debido al escaso conocimiento que tiene el juzgador en el mismo; piénsese en que, por ejemplo, partiendo de una posición anticausalista en el proceso ejecutivo, como es el caso, ejecución de un pagaré, la existencia de un contrato de consumo a los términos de lo dispuesto por los arts. 1 y 2 de la ley, involucra, necesariamente, el análisis de la causa de la obligación consignada literalmente en el título que se ejecuta.

En el caso, la aplicación de la ley de Defensa del consumidor resulta improponible, pues no se está ante un supuesto de duda, situación en la que el art. 3 y 37 de dicha ley autoriza a realizar una interpretación a favor del consumidor, sin perjuicio de que dicha aplicación puede implicar analizar la causa de la obligación, retrotrayendo etapas procesales ya precluidas, es decir, defensas que debieron, en todo caso, plantearse en la pertinente etapa.

En este orden de ideas, la jurisprudencia ha sostenido que "es improcedente analizar la aplicación de la ley 24.240 de defensa de consumidor en el juicio ejecutivo en el caso, del art. 37 para indagar en la causa de la obligación o de cualquier disposición del Cód. de Comercio y de la ley de letra de cambio, debiendo postularse en el ordinario posterior, pues en dicho proceso no se está frente a cláusulas contractuales como las que pactan la habilidad de la vía ejecutiva de títulos que legalmente no tienen esa aptitud, sino frente a un título ejecutivo creado por la ley". (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, 2000/02/24, "Cooperativa A. G. Ltda. de Acevedo c. Marchesotti, Rodolfo A.", LLBA, 2000 1105; Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contenciosoadministrativo de 2a Nominación de Río Cuarto, 2001/11/28, "Bertorello de Saggese Tozzi, Gloria L. c. Fernández, Guillermo", LLC, 2002, 782 LLC, 2002, 828, con nota de Saleme Murad, Marcelo A. RCyS, 2002, 1089) y que "si bien en principio resulta improcedente acudir a la ley 24.240 de defensa del consumidor en la ejecución de un saldo deudor de cuenta corriente bancaria, ello cede cuando el juez admite la prueba y consideración de la naturaleza y origen de la cuenta cuyo saldo se ejecuta viabilizando de tal modo la posibilidad de analizar el caso a la luz de los derechos consagrados en ella y con una interpretación en caso de deuda a favor del consumidor "favor debilis"". (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, sala II, 2000/12/15 "Banco Francés c. P., W. C.", LLBA, 2001 986) VI.- En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido a fojas 253, debiendo confirmarse, en todas sus partes, el auto de fojas 251.

VII.- Las costas de alzada deben imponerse a la parte apelante que resulta vencida. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.) Por lo expuesto, esta Cámara RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de apelación deducido a fojas 253, y en consecuencia, confirmar, en todas sus partes, el auto de fojas 251.

II.- Imponer las costas de alzada al apelante que resulta vencido. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.) III.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. GERARDO A. CALVO en la suma de OCHENTA CENTAVOS ($ 0,80), DIEGO G. CALVO en la suma de VEITICUATRO CENTAVOS ($ 0,24), JAVIER CACCIAGUERRA en la suma de DIECISIETE CENTAVOS ($ 0,17) y DUGAR E. CHAPPEL en la suma de CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 0,56). (arts. 14, 15, 31 y concs. de la ley 3.641) CÓPIESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN.