Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-11


SENTENCIA DEFINITIVA N° 95888 CAUSA N°18.888 /2010 SALA IV "AGUIRRE ROMINA JUANA C/ IMOCOM GESTION E INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO N°02.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 11 dias de noviembre de 2011 reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 115/116 que hizo lugar a la demanda, se alzan la actora (fs.117), la demandada (fs. 125/126) y el perito contador (fs. 122/123).

II) La actora se queja de que se haya dispuesto el cálculo de intereses desde el 31 de marzo de 2010, pese a que -según afirma- el SAC del segundo semestre de 2009 y los salarios de enero de 2010 se deben desde fechas anteriores a aquélla.

El monto cuestionado ante la alzada es de $ 112,43 (diferencia de intereses del SAC entre el 31/12/09 y el 31/3/10: $ 49,33; diferencias de intereses de los salarios de enero entre el 6/1/10 y el 31/3/10: $ 63,10), cantidad esta que no supera el límite mínimo de apelabilidad establecido por el art. 106 de la L.O., que al tiempo de decidir sobre la concesión del recurso era de $ 7.500.

Corresponde entonces declarar mal concedido el recurso del actor respecto de las cuestiones de fondo.

III) La demandada, a su turno, se agravia, en primer término, porque el Sr. Juez a quo consideró no acreditada la causal invocada para despedir a la actora (falta o disminución de trabajo). Aduce, en síntesis, que su parte se encontraba imposibilitada de prestar servicios en razón de la crisis económica mundial. Puntualiza que la empresa dependía del flujo de dinero proveniente de la casa matriz del grupo con sede en Portugal y que su actividad (desarrollo inmobiliario) sufrió la caída del crédito y la disminución dramática de la actividad económica.

Anticipo que la queja no merece trato favorable.

Ello es así, ante todo, porque (como bien lo señala la actora en su contestación de agravios) la demandada no invocó en el telegrama de despido la existencia de falta o disminución de trabajo, omisión que obsta a su consideración en el proceso en razón de principio de invariabilidad de la causal de despido consagrado por el art. 243 de la LCT.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar, a mayor abundamiento, que la solución no variaría si se ingresara al análisis de la causal tardíamente invocada por la empleadora.

En efecto, la disminución o falta de trabajo comprendida en el art.247 de la LCT se configura cuando se acredita que la situación deficitaria no es imputable a la empresa habiéndose actuado con la diligencia exigible a un buen hombre de negocios, que en el caso se confunde con la figura del buen empleador a que hace referencia la LCT. La mención a una crisis general que ha afectado a toda la actividad económica no basta para habilitar el despido con menor indemnización. Lo que interesa es el conocimiento del impacto de esa crisis en la demandada y los actos por ella cumplidos para salir de una situación como la aludida (esta Sala, 10/06/97, "Molinuevo, Elías c/ Moisés Kleinman S.A. s/ despido"). Ahora bien, del memorial recursivo no surge el cumplimiento de esos recaudos, pues la apelante no menciona ningún elemento probatorio que acredite de qué modo la crisis mundial afectó en concreto su actividad.

Tampoco indica la recurrente ninguna probanza que demuestre la adopción de las medidas necesarias para sobrellevar la crisis (la única decisión que dice haber tomado es "no pagar los sueldos", ver fs. 125 vta.).

Al respecto, cabe recordar que la jurisprudencia exige la demostración de las medidas tomadas por el empleador para enfrentar la situación recesiva (CNAT, Sala III, 31/5/99, "Rozembaum, Gabriela c/ Asociación Israelita de Beneficencia, Educación y Culto David Wolfshon s/ despido"). En el mismo sentido, se ha considerado como ineludible que quien invoca la falta de trabaja derivada de una crisis general, demuestre en forma fehaciente que ha tomado las medidas necesarias para paliarla (CNAT, Sala VII, 24/5/96, "Torres, Leopoldo c/ Astori Estructuras S.A. s/ despido") o que ha adoptado todas las medidas idóneas como para superar las dificultades sobrevinientes (íd., Sala II, 17/10/01, "Olivetto, Mercedes c/ Collegium Musicum de Buenos Aires s/ despido"), o que ha actuado con la diligencia exigible a un buen hombre de negocios (íd., Sala VI, 10/6/97, "Molinuevo, Elías c/ Moisés Kleinman S.A. s/ despido"). Lo que interesa es el conocimiento del impacto de la crisis en la propia accionada y los actos cumplidos por ella para salir de aquélla (íd., Sala VI, caso "Molinuevo", citado).

Nada de eso aparece acreditado en autos, por lo que corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto desestima la causal de limitación de responsabilidad invocada por la empleadora.

IV) La empleadora cuestiona asimismo el acogimiento del incremento previsto en el art. 2° de la ley 25.323, pues estima que la actora "no reclamó fehacientemente las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, como expresamente lo exige la norma citada".

La queja no resulta atendible, porque la simple lectura de los telegramas obrantes a fs. 25, 26, 27 y 29 (reconocidos por la demandada a fs. 50) revela que la actora intimó concretamente a su empleadora por medio fehaciente (no una vez sino cuatro) el pago de las indemnizaciones mencionadas.

V) Igualmente se queja la demandada del progreso de la indemnización del art. 80 de la LCT, pues afirma que la actora "oportunamente no quiso percibir el certificado, que fue acompañado al contestar la demanda".

La objeción no resiste un análisis serio, pues el instrumento referido fue impreso el 22 de junio de 2010 y su rúbrica fue certificada el 24 del mismo mes (fs. 16), vale decir el día anterior a la contestación de demanda (ver cargo de fs. 22 vta.), por lo que resulta extremadamente obvio que no había estado a disposición de la trabajadora en tiempo oportuno.

VI) La demandada impugna también "la inconstitucionalidad de las sumas no remunerativas" (sic).

La queja no merece acogimiento, ya que en el conocido precedente "Pérez c/ Disco", la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del art. 103 bis inc. c de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24.700), relativo a los vales alimentarios, en cuanto dicha norma negaba a esos beneficios naturaleza salarial, pues consideró -entre otras razones- que "llamar a las cosas por su nombre, esto es, por el nombre que el ordenamiento constitucional les da, resulta, en el caso, un tributo a la 'justicia de la organización del trabajo subordinado'" (CSJN, sentencia del 1/9/09 en autos P.1911.XLII "Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco SA"). Y más recientemente, el alto Tribunal extendió esa doctrina a las "asignaciones mensuales no remunerativas de carácter alimentario" establecidas por algunos decretos (CSJN, 19/5/10, "González, Martín Nicolás c/ Polimat S.A. y otro", LL 2010-C-700).

Por aplicación de esos criterios, esta Sala declaró en numerosas ocasiones la inconstitucionalidad de cláusulas convencionales, en cuanto calificaban de "no remunerativos" a adicionales similares a los establecidos en los acuerdos colectivos sub examine (cfr., entre muchas otras: S.D. 95.021 del 30/11/10, "Sánchez Pablo Matías c/ AEC S.A. s/ despido"; S.D. 95.031 del 30/11/10, "Arancibia, María Alejandra c/ Medical Excellence SA y otros s/ despido"; S.D. 95.059 del 28/12/10, "Loyola, Oscar Alfredo y otros c/ Telefónica de Argentina SA s/ diferencias salariales"; S.D. 95.462 del 31/5/11, "Farmacia 1402 S.C.S. c/ Wheelock Karina Fabiana s/ consignación"; S.D. 95.644 del 12/8/11, "Muñoz, Ludmila Paola c/ Entretenimiento Universal SA s/ despido"; S.D. 95.777 del 30/9/11, "Rincón Ernesto Eduardo c/ Cervecería y Maltería Quilmes SA s/ despido").

Por ello, cabe desestimar la objeción.

VII) La actora apela "los honorarios regulados por considerarlos bajos" (sic, fs. 117).

Ahora bien, no se alcanza a entender (ni lo explica la recurrente) qué perjuicio podría ocasionar a la actora que los estipendios de cualquiera de los profesionales actuantes sean reducidos, por lo que corresponde desestimar la apelación por ausencia de gravamen.

VIII) El perito contador cuestiona sus emolumentos por bajos.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, dichos honorarios lucen reducidos, por lo que sugiero elevarlos al 6% del monto total de condena, incluidos los intereses (arts. 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57).

IX) En síntesis, voto por: 1) Declarar mal concedido el recurso de la actora en cuanto a las cuestiones de fondo. 2) Elevar los honorarios del perito contador al porcentaje precedentemente indicado. 3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que ha sido motivo de recurso. 4) Imponer las costas de la alzada a la demandada (art. 68 Cód. Procesal) y regular los honorarios de los letrados ambas partes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar mal concedido el recurso de la actora en cuanto a las cuestiones de fondo. 2) Elevar los honorarios del perito contador al porcentaje precedentemente indicado. 3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que ha sido motivo de recurso. 4) Imponer las costas de la alzada a la demandada (art. 68 Cód. Procesal) y regular los honorarios de los letrados ambas partes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. SILVIA E. PINTO VARELA	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria