Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-10-20


Autos N° 22.062 "Alvarez Rodolfo Rubén C/ Asociart ART y Otro s/ Daños y Perjuicios." En la ciudad de San Juan, a 20 días del mes de octubre del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO y el señor Vocal, Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas 425, por la demandada, contra la sentencia interlocutoria, recaída en autos N° 22.062 (66.540- 1° J.C.), caratulados: "ALVAREZ RODOLFO RUBÉN c/ ASOCIART ART Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha catorce del mes de septiembre del año dos mil doce, obrante a fs. 422/423, de estos autos originarios del Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da.CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

1) El Caso:

Los autos del rubro vienen por apelación que deduce la citada en garantía, San Cristóbal SM de Seguros Generales, contra la sentencia que dispuso rechazar el incidente de perención que dedujera oportunamente, imponiéndole las costas del incidente y regulando honorarios de los profesionales intervinientes.

El Juez a-quo sostiene que, por los decretos y presentaciones que cita, no ha transcurrido el plazo establecido por ley, que en el presente supuesto sería de 6 meses - art 274 del C.P.C. - por lo que corresponde rechazar el planteo de perención de instancia solicitada por la citada en garantía.

Asimismo, motiva el fallo ahora en crisis sosteniendo que, habiendo finalizado el período de prueba, corresponde también el rechazo del planteo de conformidad a lo dispuesto por el art. 275 inc. 5° del C.P.C. - ley 8037-. "En consecuencia desde la finalización del período de prueba, y hasta la notificación de la sentencia, el plazo de perención no correrá" ( Velert Frau, Pagés Lloveras y Velert "Cod. Proc. Civil, Comercial y Minería de S. Juan, comentado y concordado T°2 -A pag. 355 Edit. Nuevo enfoque).- Termina el Juez de instancia inicial dando razones, definiendo los parámetros que caracterizan el acto impulsorio, citando a tal fin la opinión de Alberto Luis Maurino.- 2) Los Agravios.

La citada en garantía deduce (fs. 425) recurso de apelación el que fuera concedido en los términos del art. 250 inc. 1 del C.P.C. y fundado conforme presentación de fs. 427/429. Solicita se admita la apelación, haciendo lugar a la perención de instancia deducida, con costas.- 2- a) En primer lugar se agravia de la sentencia porque sostiene que, entre la actuación del 21/12/11 y la del 21/8/12, hubo un lapso de más de seis meses, en el que el expediente estuvo paralizado o - al menos - sin avanzar hacia la sentencia. Dice que el fallo objeto del recurso, reconoce estos extremos al decir - pág. 422 vta., segundo párrafo- que " . . . mediante decreto de fecha 21/12/11 . . .no se hace lugar a la reposición planteada ni a la apelación interpuesta por la citada en garantía . . ."y que " . . . por decreto de fecha 24/8/12 se provee a lo solicitado y se tiene presente lo manifestado respecto al oficio ley 22.172 diligenciado". Sostiene que, reconoce tácitamente el fallo apelado, que entre la primera y segunda providencia indicadas, hubo inactividad que merece ser sancionada con la perención.- Critica el fallo por considerar un yerro del sentenciante acordarle mérito alguno al oficio devuelto a fs. 394, ya que se da crédito a la simple manifestación hecha por el Dr. Muñoz Tovar, de que la Dra. Suárez, autorizada para el diligenciamiento, informó que no seria posible realizar la pericia médica en Mendoza. Que ello carece de respaldo porque el oficio no fue diligenciado, . . que no puede conferírsele carácter impulsorio a un oficio que no fue presentado.- Lo agravia también que V.S. entienda que, habiendo finalizado el período de prueba, corresponde también el rechazo del planteo de caducidad. Dice que la interpretación que debe hacerse es que debe haber una clausura formal del período de prueba y de presentación de alegatos, puesto que a partir de ahí el impulso corresponde al Tribunal, pero antes ello solamente es posible, merced a la actividad de las partes.

Finalmente se agravia de la imposición en costas a su parte, sosteniendo que tuvo respaldo más que suficiente para entender que existieron razones para deducirla, en cuyo caso hubiera correspondido imponerlas en el orden causado.- Postula en definitiva que, revocado que sea el fallo, se le impongan a la actora.- Estos agravios no fueron contestados por la actora, conforme decreto de fs. 473.- 3) Tratamiento de los agravios.

Planteado de este modo el recurso interpuesto y la postura sostenida por la parte, entiendo que la apelación deducida debe prosperar. Veamos.

A fs. 389 vta. de autos, luce decreto de fecha 21/12/2011 por el que la Juez de la causa tiene "Por formulada oposición, habiendo dado la actora las justificaciones de la medida requerida en extraña jurisdicción, entiende la suscripta procedente la prueba requerida . . ." para terminar rechazando el recurso de reposición y apelación que dedujera la demandada, ahora apelante.

Este decreto debe considerarse en dos aspectos fundamentales; en primer lugar como determinante de la fecha (21/12/11) a partir de la cual debe computarse el plazo de perención y; en segundo lugar, por decretar la procedencia de una concreta medida de prueba - el oficio ley 22.172- que luego es agregado a fs. 390/393.- Ahora bien, en fecha 05/7/2012 la actora formaliza presentación en autos comunicando la renuncia al mandato y adjuntando en original el oficio ley 22.172 oportunamente librado por V.S. a su petición.- La renuncia al mandato no suspende la tramitación de la causa desde que, los renunciantes continúan en el desempeño de la representación conferida hasta que venza el plazo fijado por el juez al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí, conforme lo impone el art. 55 inc. 2° del C.P.C. (ver Conc. Artículo 53, inciso 2, del Código Procesal; Carlos E. Fenochietto, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales", t. 1, página 235, Editorial Astrea, 1999; Elena I. Highton y Beatriz A. Aréan, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial", t. 1, página 878).

"La renuncia al mandato y patrocinio y la notificación, no poseen aptitud interruptiva del plazo de caducidad de la instancia, puesto que el mandatario tiene la obligación de proseguir con el trámite hasta el vencimiento del término fijado en el expediente. Auto: CORBELLI, Graciela c/ EMPRESA DE TRANSPORTES PERALTA RAMOS s/ DAÑOSY PERJUICIOS - Sala: Civil - Sala G - Tipo de Sentencia: Sentencia Interlocutoria - N° Sent.: C. G261844 - Fecha: 19080499 (Lex-Doctor - Voces: Renuncia mandato + caducidad).- Se ha sostenido reiteradamente en doctrina judicial, que "carecen de virtualidad para interrumpir la caducidad de la instancia, el escrito por el cual el profesional renuncia al mandato, ni su notificación, puesto que aquel tiene la obligación de proseguir el trámite de las actuaciones hasta el vencimiento del plazo establecido por la ley ritual art 53 inc. 2° (cfr. Eisner "Caducidad de instancia p. 138); y que "la renuncia al mandato, su notificación, la presentación de nuevo apoderado, son actos que no tienen virtualidad para interrumpir el curso de la perención, por cuanto es evidente que no hacen avanzar el curso del proceso" (ibidem p. 269)". "También se ha señalado que "la circunstancia de que el apoderado de la actora renuncie a la representación no suspende el curso de la caducidad de la instancia, toda vez que según lo dispuesto por el art. 53 inc.2, debió continuar cumpliendo su mandato renunciado hasta la notificación de la renuncia al mandante" (cfr. Fassi Código Procesal t. I p. 779; idem De Gregorio Lavié, Código Procesal T. II p. 784)". De suyo que las citas referencian la norma formal del C.P.C.C.N, debiéndose considerar en el presente, la norma contenida en el art. 55 inc. 2° Ley 8037.- En otro orden, no dudo que la renuncia del mandato no constituye actos impulsorios del proceso, pues se trata de actos cumplidos en el propio interés de la parte, careciendo de entidad como para dirigir el proceso hacia la sentencia.

"La jurisprudencia es conteste en afirmar que tanto la renuncia del mandato por parte del apoderado como su revocación por el poderdante, al igual que el apersonamiento de nuevo apoderado, y la constitución de domicilio, no constituyen actos impulsorios del proceso (Cf. C.S.J.N., 19-6-86,BO-JCS, 1986-675; CNCom. Sala B, 02,6-77, LL 1977-C-201; CC y C 7ª.Nom. Córdoba, 01-2-84, B. Der. Proc., I nº 100). Se trata en realidad de actuaciones realizadas en mero interés de la parte que no tienen la dirección apta para comunicar un avance en el juicio. Tampoco se suspende el curso de la caducidad por tal circunstancia ni se configura impedimento alguno para el accionante, sobre quién pesa la carga de impulsar el trámite de su demanda, so pena de permitir con su inactividad que opere la caducidad, como sucedió en autos. Así lo enseña Eisner (ob. "Caducidad de Instancia, pág. 210), al expresar que aunque la detención del proceso se debiera a que el procurador renunció al mandato, igualmente se produce la perención de la instancia. DRES.: COURTADE - MANCA. "PROVINCIA DE TUCUMÁN D.G.R. c/ MURNOSS S.R.L. s/ EJECUCIÓN FISCAL, Fecha: 22/05/2012, Sentencia N°: 173, Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala 3. (Lex-Doctor, Voces: Caducidad de instancia + renuncia).- Como sostuve, la actora en el mismo acto de "renuncia mandato", adjunta el oficio ley 22.172 que V.S. librara para diligenciarlo, en fecha 16/8/2011, conforme surge de fs. 390 y ss.- Y en este sentido, le asiste razón al apelante, desde que omite la actora acreditar el diligenciamiento del oficio, su presentación al organismo oficiado, no resultando suficiente sus "dichos", respecto de una supuesta "comunicación verbal" de que no sería posible llevar a cabo la pericia traumatológica en el cuerpo médico forence dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza.

Así las cosas y teniendo en cuenta el último acto impulsorio del proceso, refiero el decreto de fecha 21/12/2011 obrante a fs. 389 vta., y hasta el momento de oponerse la perención de instancia en fecha 31/8/2012 (fs. 400), ha transcurrido el plazo normado en el art. 274 inc. 1° del C.P.C., por no resultar impulsorios los cumplidos desde fs. 394 a 399 referidos, todos, a la renuncia del mandato.

El A-quo además motiva el resolutorio en lo dispuesto en el art. 275 inc. 5° del C.P.C., afirmando que, habiendo finalizado el período de prueba, no corresponde decretar la perención de la instancia.

Como sostuve al comenzar el tratamiento de los agravios, la Juez en decreto de fs. 389 de fecha 21/12/2011 dispone la procedencia de una concreta medida de prueba - el oficio ley 22.172-, evidenciándose - sin hesitación alguna - que al tiempo del último acto impulsorio considerado, se encontraban las partes produciendo prueba. Concretamente, no se había dispuesto la clausura de la etapa correspondiente (art 449 del C.P.C.).- Se pretende entonces razonar que, todos estos actos cumplidos en referencia concreta a producción de prueba y específicamente el de fs. 389 vta, no solo que son proveídos por el tribunal, sino consentido por las partes. Ese consentimiento revela que, desde la apertura a prueba 06-12-2005 (fs. 191) y hasta la deducción del pedido de perención de la instancia en fecha 31-08-2012 (fs. 400), transcurrieron más de seis años, tiempo este que excede, largamente, los cuarenta días normados por aquel derogado artículo 351 del C.P.C. Ley 3738.- En este punto cabe distinguir entre el plazo formal fijado por la norma adjetiva y el real que surge de las posibilidades y capacidades del tribunal para producir la prueba. Por cierto que se debe estar, para resolver en justicia, al plazo real de prueba producido en el expediente, pues de otro modo se incurre en un exceso ritual injustificado.

Ahora bien, el decreto del a-quo de fs. 389 vta. expresamente dispone: "Por formulada oposición, habiendo dado la actora las justificaciones de la medida requerida en extraña jurisdicción, entiende la suscripta procedente la prueba requerida, conforme el criterio de amplitud probatoria y verdad objetiva . . .", de lo que se deduce - sin duda - que se encontraba prueba pendiente, como la pericial traumatológica, a la que el a-quo dispuso su realización, al rechazar el recurso de reposición de la demandada (fs. 389).- No puede dudarse entonces, que el proceso transita la etapa probatoria, proveyendo el sentenciante la indicada por la parte quien, consiente el decreto de producción de prueba pendiente.- Por las razones expuestas considero que, no habiendo el a quo dispuesto que el actuario confeccione el certificado de las pruebas producidas, ordenando el traslado correspondiente para que las partes presenten el escrito alegando sobre el mérito de las mismas, conforme lo dispone el art. 446 del C.P.C.; el proceso se encontraba, al tiempo de deducir la citada perención de instancia (fs. 400), en la etapa probatoria. Ello así en tanto no se decretaron en autos, los actos procesales previstos en los arts. 448 y ss del C.P.C. Así resolvió esta Sala I en Autos N° 21.511 (38.137 - 4º CIVIL) caratulados "SADAIC c/ QUIROGA DE ZALAZAR, ELENA y DANIEL QUIROGA - SUMARIO" ( L. de A. T° 185, F° 147/149).- Sin duda entonces, conforme surge de las propias constancias de autos, sostengo que no había finalizado el período de prueba conforme lo sostiene la sentenciante, por lo que terminan por cumplirse los presupuestos exigidos ( a) la existencia de la instancia; b) la inactividad procesal absoluta o actividad jurídicamente inidónea; c) el transcurso del plazo normado en la ley ritual) para declarar la procedencia de la perención de instancia deducida a fs. 400 de autos.

Tiene dicho este Tribunal "...La perención consiste en la inercia de las partes continuada por un cierto tiempo. Digo inercia de 'las partes', no de 'una parte', porque aquella supone que no se realizó ningún acto ni por una ni por la otra". Se puede considerar como "un acuerdo tácito para hacer cesar el proceso" (Francesco Carnelutti, Sistema de Derecho Procesal Civil, t. IV, pág. 573).De ello entonces que no solo cabe considerar la actitud del actor sino también la de los otros litigantes, y la del Tribunal, para poder realizar el cómputo del plazo, del modo que lo decía el art. 295 del C.P.C. al expresar que "Los plazos señalados en el artículo anterior se computarán desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del Tribunal...", similar al primer párrafo del art. 275 del nuevo Código Procesal. AUTOS N° 20.292 (87.134 - 8° CIVIL) "VILA RODOLFO DANIEL C/CARRIZO JOSÉ - DAÑOS Y PERJUICIOS". L. DE A. T° 172, F° 133/136 - FECHA: 27/04/2010 Por lo expuesto, constancias de autos, considerando especialmente el plazo transcurrido desde el decreto de fs. 389 (21/12/11) y la presentación formalizada a fs. 400 (31/8/12); con apego a lo dispuesto en el 274 inc. 1°), art 275 y cc del C.P.C. corresponde hacer lugar al recurso de apelación, declarando la perención de la instancia de autos con costas al actor (art. 66 del C.P.C.).

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la Citada en Garantía a fs. 425, declarando la perención de la instancia. II) Imponer las costas de esta instancia, a la incidentada vencida.- El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Por ello, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la Citada en Garantía a fs. 425, declarando la perención de la instancia.

II) Imponer las costas de esta instancia, a la incidentada vencida.- Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2015; F°149/154; FECHA:20 de octubre de 2015 DRES.ALFERILLO-VICTORIA