Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-01-26


2º Instancia. - Buenos Aires, enero 26 de 2006.

Considerando: I- Que el presente legajo llega a estudio del Tribunal en virtud de la comunicación con fines del contralor ordenadas por el articulo 1 de la ley 24.390 (reformada por ley 25.430) para supuestos como el presente en el que se dispuso mantener la prisión preventiva impuesta sobre Julio C. Bellene por el plazo de 6 meses, mediante la resolución que en copias luce a fs. 85/7.

II- La defensa del imputado se presentó ante esta instancia solicitando la revocatoria del mentado decisorio, fundando su postura en que se ha superado el plazo de encierro cautelar permitido por la ley citada, alegando además que las circunstancias concretas de esta causa no revisten las características excepcionales que invocó el a quo para decidir como lo hizo.

III- Hace tiempo ya que este Tribunal dejó sentada su opinión en torno a la cuestión aquí debatida, criterio que además fue recordado en anteriores intervenciones en el legajo (ver causa nº 22.929 "Guerrieri, Pascual O. y otros s/ prórroga de la p.p", reg. Nº 24.725 del 4/10/05; causa 24.062 "Bellene", reg. nº 25.413 del 18/7/06; y sus citas, entre muchas otras).

En aquellos precedentes, se destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el plazo fijado por el artículo 1º de la ley 24.390 no resulta de aplicación automática por el mero transcurso del término que establece, ya que su razonabilidad debe ser valorada de conformidad con las pautas que rigen la excarcelación en el proceso penal (ver Fallos 319: 1840 y 321: 1328).

Concretamente, el Máximo Tribunal afirmó sobre el punto que "A mayor abundamiento, resulta ilustrativo mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al producir el Informe Nº 2/97, en la sesión Nº 1341 del 11 de marzo de 1997, consideró que el plazo razonable para la prisión preventiva no puede ser establecido en abstracto y por lo tanto el período de dos años establecido por el articulo 379.6 del Código de Procedimientos y en la ley 24.390 no corresponde en forma literal a la garantía del artículo 7.5 de la Convención. La duración de la prisión preventiva no puede ser considerada razonable en sí misma solamente porque así lo establezca la ley. La Comisión coincide con la posición del Gobierno Argentino en el sentido de que la razonabilidad debe estar fundada en la prudente apreciación judicial" (Conf. Fallos 321: 1328 antes citado).

También se sostuvo que, en determinados y especiales supuestos, no puede desatenderse la gravedad de la infracción a los efectos de establecer si el plazo de detención ha dejado de ser razonable, agregando además que la ley 24.390 no derogó las normas que rigen el instituto de la excarcelación, razón por la cual las disposiciones de esa norma deben ser interpretadas a la luz de la regulación que en esa materia establecen los códigos de Procedimientos en Materia Penal y Procesal Penal de la Nación. (ver de esta Sala, causa nº 18.808 "Gallo", reg. nº 19.770 del 16/5/02, causa nº 20.738 "Del Cerro", reg. nº 21.921 del 23/12/03).

De acuerdo al criterio enunciado, es necesario establecer si la prórroga dispuesta se ajusta a las pautas del artículo 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal.

IV- Con ese fin, en consonancia con lo que se viene exponiendo, deviene ineludible analizar, nuevamente y sin pasar por alto el período de detención involucrado, si, en el caso, se encuentran reunidas las particulares condiciones que se exigen para habilitar la medida cuestionada.

Y ya en dicha tarea, debe recordarse que en autos se investiga la actividad delictiva de individuos que detentaban la autoridad estatal con ejercicio ilegítimo de la fuerza contra parte de una población civil local, cuya conducta fuera calificada como una asociación ilícita- de la que era miembro el imputado- enquistada en órganos de carácter institucional y legitimo, agravada por haberse destinado a cometer delitos cuya acción contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, con una organización militar o de tipo militar, que disponía de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo, que operaba en más de una de las jurisdicciones políticas del país y estaba compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad. Los delitos particulares cometidos por esa agrupación, en distintos periodos temporales, incluye privaciones ilegítimas de la libertad agravada por numerosas hipótesis.

Así (luego de la incompetencia parcial dictada por el Sr. Juez de grado a fs. 7147/9 del ppal. respecto de los hechos ocurridos en la vivienda sita en la calle ..., depto. 2 de esta ciudad el 11 de octubre de 1978), el objeto del legajo quedó ceñido al secuestro y desaparición, en los primeros meses del año 1980, de Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Jorge Oscar Benítez Rey, Angel Servando Benitez, Lía Mariana Guangiroli, Ángel Carvajal, Matilde Adela Rodríguez de Carvajal, Raúl Milberg, Ricardo Marcos Zucker, Ernesto Emilio Ferré Cardozo, Miriam Antonia Fuerichs, Marta Elina Libenson y Antonio Horacio García Pérez; y el secuestro de Silvia Noemí Tolchinsky.

Tales extremos -propios de esta pesquisa- traen necesariamente aparejados ciertas consecuencias ya apuntadas en anteriores intervenciones que, nuevamente, no pueden ser soslayadas:

Primero, numerosas y particulares dificultades con relación a la investigación y la recolección de pruebas, que se generan tanto por el ámbito que reunía al encausado (Bellene fue 2º Jefe del Batallón de Inteligencia 601) -con el carácter reservado de la mayoría de sus actividades -como por el espacio temporal y espacial en que se desarrollaron los hechos -un número de los acontecimientos en estudio abarca distintas zonas del país- y la cantidad de víctimas afectadas (ver de esta Sala, causa nº 22.701 "Bellene", reg. nº 23.876 del 29/06/05), todo lo cual tiene su efecto inmediato en el largo tiempo que demandó la instrucción.

Desde esta perspectiva, resulta indiscutible el carácter complejo y la envergadura que reviste el expediente, dado el cúmulo de medidas efectuadas hasta el momento, que incluye la producción de exhortos y requerimientos internacionales de distinta índole.

Adicionalmente, y siguiendo con el razonamiento trazado en párrafos anteriores, no puede perderse de vista la extrema y singular gravedad de los hechos que involucran al justiciable, en función del atentado contra bienes jurídicos individuales fundamentales de la población civil local, y que fueron calificados como crímenes contra la humanidad (ver de esta Sala, causa nº 19.580 "Scagliusi" reg. nº 20.725 del 30/1/03 y causa nº 21.465 "Barrionuevo", reg. nº 22.629 del 8/7/04 y sus citas).

Dicha afirmación resulta por demás trascendental, ya que el Estado Argentino asumió, a través de la incorporación con rango constitucional de diversos instrumentos relacionados al derecho internacional de los derechos humanos, obligaciones de "respeto" y "garantía" de derecho de las víctimas, que podrían verse frustrados, y generar responsabilidad internacional por esa circunstancia, ante la imposibilidad de juzgar esos hechos en ausencia.

Además, analizando específicamente el encuadre jurídico de las conductas que se achacan al encartado (artículos 140; 142, inciso 5º, en función de la remisión que formula el ultimo párrafo del articulo 144 bis; artículo 144 bis incisos 1º y 3º;210 bis, incisos a), b), d), e) y f) -texto según ley 23.077 - del Código Penal) la presunción de que en el caso pueda recaer condena de ejecución efectiva de cierta magnitud no es arbitraria.

En este sentido, no debe pasarse por alto que, al presentar su acusación en el marco de la etapa plenaria por la que transita ya el proceso, el Ministerio Público Fiscal solicitó se condene al imputado a la pena de 25 años de prisión. A la fecha, se esta corriendo traslado de esa requisitoria a las diferentes defensas.

Todos los fundamentos que anteceden, llevan a concluir que, dadas las especiales particularidades del caso concreto bajo examen -dificultad y complejidad de la investigación, debate jurídico gestado sobre normas involucradas y extrema gravedad de hechos endilgados- el plazo de detención que viene sufriendo Bellene (aun en el supuesto planteado por su defensa respecto de la aplicación del articulo 7 de la ley 24.390 en su original redacción), por el momento y en el estado actual de la causa, no se ha extendido de una manera que lo haga aparecer como irrazonable.

Por esas excepcionales razones, puede afirmarse que el auto en crisis aparece ajustado a derecho y a las constancias agregadas a la causa.

Por lo expuesto, se resuelve:

Homologar el auto recurrido, por cuanto dispone mantener la prisión preventiva dispuesta respecto de Julio C. Bellene en orden a los hechos por los que fuera cautelado, por el plazo de seis meses (articulo 1º de la ley 24.390, reformada por ley 25.430, y artículos 379 a contrario sensu y 380 del C.P.M.P.). - Horacio Rolando Catan. - Martín Irurzun.