Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-16


SENT Nº 251 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciseis (16) de Abril de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por no existir votos suficientes para dictar sentencia válida- y el señor vocal doctor René Mario Goane -por subsistir la falta de votos para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora en autos: "Muruaga María del Valle Alejandra vs. De Glee Juan Pablo y otros s/ Daños y perjuicios. Incidente de embargo preventivo p.p. la actora".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse, Antonio Daniel Estofán, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la actora (fs. 180 a 186 vta.) en contra de la sentencia nº 37 del 26 de Febrero de 2010 (fs. 173 a 176 vta.) dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Concepción, por la que se hace lugar a la apelación interpuesta por la demandada y, en consecuencia, se revocan las sentencias nº 361 del 25/9/2007 (fs. 11) y nº 46 del 29/02/2008 (fs. 31 y vta.) de la Sra. Jueza Civil y Comercial Común de la II Nominación del mismo centro judicial, dejando sin efecto las cautelares allí ordenadas. Corrido el traslado previsto en el art. 751 último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en delante CPCCT) y contestado el mismo (fs. 226 a 230), el recurso fue concedido por sentencia nº 37 del 14/3/2011 (fs. 249) del recién mencionado tribunal de alzada.

II.- Preliminarmente, es preciso advertir que la Sra. Magistrada Ibañez de Córdoba suscribió la sentencia nº 37 del 26/02/2010 (fs. 173 a 176 vta.), no obstante haberse excusado en fecha 17/9/2009 (fs. 157). Sin embargo, en tanto se había rechazado la inhibición planteada (fs. 164) y todavía no se había declarado la admisibilidad del recurso de queja por apelación denegada incoado (fs. 203 y vta.); cabe concluir que, en dicho estadio procesal, la Sra. Jueza continuaba siendo competente y manteniendo su "jurisdictio", puesto que la excusación se encuentra subordinada a que sea "aceptada" por el tribunal competente a tales fines (CSJTuc, sentencia nº 811 del 15/10/1997, ídem nº 105 del 27/02/2006). Una hermenéutica contraria implicaría concederle indebidamente efectos suspensivos a la mera interposición de un recurso de queja (CSJTuc, sentencia n° 1054 del 14/12/2001; nº 103 del 08/6/2010). Descartado, entonces, que el vicio -de haber existido- sea generador de una nulidad insubsanable; tal eventual irregularidad habría quedado convalidada, como resultado de la ausencia de denuncia por alguna de las partes (art. 166, primera parte del CPCCT).

III.- Formuladas las precedentes precisiones, corresponde adentrarnos en el recurso de casación propiamente dicho.

La sentencia impugnada, en los puntos I y II de su resolutiva, rechaza los planteos de revocatoria y nulidad de la actora y el recurso de nulidad de la demandada, respectivamente. A su turno, en el punto III hace lugar a la apelación interpuesta por la accionada, revocando las cautelares que habían sido dispuestas mediante pronunciamientos de fecha 25/09/2007 (fs. 11) y 29/02/2008 (fs. 31 y vta.).

Previamente relata el decisorio cuestionado que a fs. 11 obra sentencia nº 361 del 25/9/2007 que resuelve hacer lugar al pedido de embargo preventivo sobre un bien inmueble de propiedad de los demandados, identificado con la matrícula registral Z-00897/006, hasta cubrir la suma de $126.980 con más $ 12.000 por acrecidas. Asimismo, detalla que a fs. 17/18 el embargante requirió inhibición general de bienes de Juan Pablo De Glee y de sus padres Adrián Alfredo De Glee y Silvia Susana Romera y, en el mismo acto, pidió embargo de bienes muebles y de los haberes que como médico tuviere a percibir el codemandado Adrián Alfredo De Glee. Dicho reclamo fue denegado por providencia del 27/11/207 (fs. 19), contra la cual la accionante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (fs. 12/14), receptándose positivamente el planteo mediante sentencia nº 46 del 29/02/2008 (fs. 31) ampliada el 31/03/2008 por resolución nº 85 (fs. 42). Ante ello los demandados interpusieron recurso de apelación y nulidad contra la interlocutoria de fecha 25/9/2007 y la sentencia del 29/02/2008.

Seguidamente, describe la resolución ahora cuestionada los agravios en los que se sustentó dicha impugnación ordinaria.

Por su parte, narra el decisorio en embate que la parte actora se opuso a la agregación de documentación que se acompañara en el memorial de agravios (fs. 48 a 61) solicitando su desgloce. Por tal motivo, planteó la accionante revocatoria y nulidad para la hipótesis que no se receptara el pedido anterior, contra el proveído de fecha 12/05/2008 (fs. 74). Preliminarmente, resuelve el pronunciamiento en crisis los recursos interpuestos por la actora, rechazando los mismos. Considera que atento a que las piezas procesales acompañadas por la accionada corresponden a la causa penal ofrecida como prueba oportunamente, el planteo de revocatoria de la accionante es desestimable. En cuanto a la nulidad opuesta por la actora, la misma es rechazada en tanto el a quo no advierte deficiencias de trámite, ni afectación al derecho de defensa, con base en el principio de que no hay nulidades por las nulidades mismas.

Con respecto al recurso de apelación, el sentenciante considera que la viabilidad del mismo se encuentra supeditada a la concurrencia de los requisitos generales de las medidas cautelares, esto es verosimilitud del derecho y urgencia de la medida, no cabiendo prescindir de ninguno de éstos o presumir su existencia, en tanto ello no esté establecido por ley. Destaca el decisorio en controversia que en materia de daños y perjuicios por hechos ilícitos, solo cabría la traba del embargo por supuestos excepcionales, como confesión ficta de los hechos y de la responsabilidad imputada, o condena criminal dictada contra el imputado o agente responsable, lo que a criterio del a quo no se verifica en la especie. Indica el pronunciamiento en embate que la inimputabilidad del menor no obsta a tales conclusiones. Cita doctrina nacional y jurisprudencia local que da cuenta del criterio estricto en relación a la admisión de cautelares cuando se acciona por daños y perjuicios derivadas de ilícitos, por no estar incluidos en los casos previstos en las legislaciones procesales.

Juzga el tribunal de alzada que no se encuentran reunidos los recaudos previstos en el ex art. 241 inc. a) (actual 233) del CPCCT. ni acreditados los extremos reglados en los ex arts. 226 y 227 (actuales 218 y 219) de la ley ritual; considerando que la ausencia de alguno de los requisitos exigidos para la procedencia de cautelares (verosimilitud del derecho y peligro en la demora) impide el dictado de tales medidas precautorias; por lo que resuelve dejar sin efecto las que habían sido ordenadas en primera instancia.

IV.- Ante ello, la parte actora interpone recurso de casación. De la lectura del escrito impugnativo se deduce que la vía recursiva se circunscribe a discutir el punto III de la resolución atacada, es decir en tanto el pronunciamiento revoca las cautelares dispuestas en la instancia originaria.

En primer lugar el recurrente justifica la admisibilidad de la vía extraordinaria tentada. En ese orden de ideas destaca que si bien la sentencia cuestionada no es definitiva, produce gravedad institucional por resultar incongruente y contradictoria, reflejando un apartamiento de las constancias de autos que debieron ser evaluadas, conformando así un pronunciamiento dogmático. Asimismo, a criterio del impugnante, el decisorio en pugna afecta la seguridad jurídica -con influencia en el adecuado servicio de justicia al ignorar normas adjetivas y sustantivas del fuero penal- y cercena el derecho de propiedad de su parte.

Seguidamente la quejosa realiza una descripción de la plataforma fáctica de la causa penal y del proceso principal civil de daños y perjuicios, en el marco del cual se solicitaron las medidas cautelares en discusión.

Manifiesta la actora que promovió el presente incidente de embargo preventivo y detalla las razones en las que estima fundadas la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.

Explica la recurrente los fundamentos en virtud de los cuales el sentenciante dejó sin efecto las medidas cautelares que habían sido ordenadas en primera instancia; estimando que dicha decisión resulta arbitraria por exhibir una supuesta ignorancia sobre el procedimiento penal, obviando la aplicación de preceptos a los que debió ajustarse el decisorio, deviniendo en un pronunciamiento dogmático y, en consecuencia, descalificable por encontrarse apoyado solo en el voluntarismo del sentenciante, lo que lo tornaría inmotivado y violatorio del art. 28 de la Constitución Provincial; de lo que deduce -el recurrente- la configuración de un supuesto de gravedad institucional.

Sostiene el contradictor que un fallo que se limita a enumerar los argumentos de los justiciables sin apreciar la prueba rendida y proponiendo condiciones de notorio dogmatismo para rechazar una medida cautelar carece de motivación y, en consecuencia, excede el interés de los justiciables al lesionar garantías de debido proceso legal e igualdad procesal; a la vez de afectar el adecuado servicio de justicia lo que provoca un supuesto de gravedad institucional y descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido por su arbitrariedad manifiesta. Propone como tal doctrina legal.

Reclama el recurrente que el decisorio prescindió, al resolver la improcedencia de la cautelar, de la evaluación del estadio procesal en que se encontraba la causa y de pruebas rendidas. Cita doctrina que estima favorable a su pretensión.

Destaca que el pronunciamiento en crisis omite aplicar los arts. 300 y 298 del CPCCT y 919 del Código Civil, prescindiendo de considerar que Juan Pablo De Glee era inimputable y, por tanto, no podía ser sometido a proceso penal alguno, por lo que estima -el actor- que la falta de confesión penal, de auto de procesamiento o de requerimiento fiscal de elevación a juicio o sentencia penal no podían exigirse para la admisibilidad de la cautelar solicitada.

Transcribe luego antecedentes jurisprudenciales de este Máximo Tribunal en los que se ha determinado supuestos de gravedad institucional (sentencias nº 836 del 21/1/1997) y de sentencias arbitrarias por falta de motivación (sentencia nº 562 del 29/12/1993). En éste último sentido también transcribe jurisprudencia de la Corte Federal. En base a ello propone una segunda doctrina legal basado en la convicción de que una decisión que omite aplicar las presunciones legales a las constancias de autos es inmotivada, conformando un supuesto de gravedad institucional por arbitrariedad, lo que descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Recalca la falta de contestación de demanda por parte de los accionados, de lo que estima firmes los hechos invocados; lo que no habría sido debidamente valorado por el sentenciante. Cita jurisprudencia de la Corte Nacional en supuesto apoyo de su posición.

Realiza luego un detalle de los hechos que estima probados en la causa y justifica el peligro en la demora en el hecho de que el demandado intentó transmitir, luego del evento que dio lugar a la acción de daños y perjuicios, el único bien registrable que tenía. Cita doctrina autoral.

En tercer lugar considera que es arbitraria y afecta el adecuado servicio de justicia, provocando gravedad institucional, la decisión que ignora la ley que debe aplicarse al caso (art. 1 de la ley 22.278 y arts. 39, 93, 285 inc. 3, 306 y concordantes del C.P.P.); reiterando la falta de imputabilidad del menor Juan Pablo De Glee y la imposibilidad de que, por tal motivo, sea pasible de condena penal; insiste -el recurrente- que la exigencia del a quo de auto de procesamiento o un requerimiento de elevación a juicio o confesión o sentencia penal condenatoria de imposible consecución, como extremos requeridos para la viabilidad de la cautelar solicitada, implica una hipótesis de gravedad institucional; y cita jurisprudencia nacional.

V.- Descriptos los fundamentos impugnativos en que se sustenta el presente recurso, corresponde tratar la admisibilidad de la vía extraordinaria tentada.

La misma ha sido interpuesta en término (cfr. cargo actuarial de fs. 187). El escrito recursivo se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio, adecuándose a las exigencias de los arts. 751 y 752 de la ley ritual; se ha propuesto doctrina legal y la impugnación se motiva en la invocación de infracción de normas de derecho.

1.- Ahora bien, como lo aclara la sentencia nº 37 del 14/3/2011 (fs. 249) por la que se concede el recurso de casación interpuesto, y conforme lo reconocido por el propio impugnante, la sentencia cuestionada no reviste carácter definitivo, ni tiene la virtualidad de poner fin al pleito en los términos del art. 748 inc. 1 del CPCCT.

Efectivamente, el remedio excepcional de la casación está reservado para los supuestos en que el pronunciamiento atacado es definitivo, y en las cuestiones incidentales sólo en la medida que terminen el pleito o hagan imposible su continuación (artículo 748 inc. 1º del CPCCT). En la especie, el recurso de casación fue deducido en contra de una sentencia de cámara que deja sin efecto medidas cautelares ordenadas en la instancia inferior. Sobre la temática analizada es dable recordar la posición sostenida reiteradamente por esta Corte, por la que se ha juzgado que las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, ni son definitivas ni preclusivas, de donde resulta que pueden reverse siempre que se aporten nuevos elementos. Se tratan de decisiones provisionales que pueden ser modificadas según lo aconsejen ulteriores circunstancias, sin que pueda invocarse a su respecto la cosa juzgada (CSJTuc., sentencia nº 302 del 05/5/2010). En esa tesitura se ha resuelto que las decisiones referentes a medidas precautorias, sea que las ordenen, las modifiquen o extingan, no revisten el carácter de sentencia definitiva (CSJTuc., sentencia nº 952 del 18/10/2006; sentencia nº 125 del 03/3/2006; sentencia nº 509 del 24/6/2005; sentencia nº 923 del 21/11/2003; sentencia nº 625 del 21/8/1998, entre muchas otras. En igual sentido, TSJ de Córdoba, in re "Pailos, Juan E. vs. Jalil Hnos. SAICA s/ dda. Recurso de casación", de fecha 28/05/2007, publicado en LLC 2008 -febrero-, cita online: AR/JUR/9840/2007). A partir de lo analizado, surge claramente que el pronunciamiento atacado no cumple con el requisito de definitividad, cuanto recaudo propio y autónomo que no se satisface ni se suple por la invocación de arbitrariedad o de infracción a normas de derecho (CSJTuc, sentencia nº 937 del 10/10/2007; sentencia nº 807 del 05/09/2006; ídem Alberto B. Bianchi, "La sentencia definitiva ante el recurso extraordinario", ed. Ábaco, Buenos Aires, 1998, pág. 85).

2.- Corresponde, en consecuencia, evaluar la gravedad institucional invocada por la recurrente, única posibilidad con la virtualidad para superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado (cfr. CSJTuc., sentencia nº 879 del 03/9/2008). Con relación a la gravedad institucional atribuida por la impugnante a la cuestión debatida, la misma no luce configurada en el presente caso, en tanto no se advierte que la materia bajo análisis exceda el interés particular de los litigantes, involucre valores que atañen a la colectividad, vulnere algún principio constitucional básico o comprometa el regular funcionamiento del servicio de justicia o la buena marcha de las instituciones (CSJTuc., sentencias n° 847 del 27/8/2007; n° 977 del 30/10/2006; n° 876 del 01/11/2004; nº 869 del 25/11/1998; n° 719 del 21/9/1999; n° 814 del 21/12/1994; n° 393 del 08/7/1994; en similar sentido: sentencias n° 46 del 22/02/1999; n° 303 del 03/5/1999; nº 412, del 04/6/1999), a pesar de las invocaciones que en dicho sentido ha formulado el contradictor. La cuestión que se pretende ingresar no reviste los caracteres que tipifican a la gravedad institucional, por lo que no aparece configurado en la especie el excepcional supuesto previsto en el segundo inciso del artículo 748 ritual.

Es que la mera invocación de lesión a garantías constitucionales, arbitrariedad y falta de motivación del decisorio de la cámara son insuficientes para tener por configurado este supuesto excepcional que autoriza la apertura de la instancia casatoria (cfr. CSJTuc., sentencia nº 555 del 05/8/1999; nº 499 del 17/6/2005). La naturaleza de la temática debatida, referida a una medida cautelar en el marco de una acción de daños y perjuicios, no se enmarca en el concepto de gravedad institucional, en tanto que no posee por sí eficacia como para comprometer el interés general (CSJTuc., sentencia nº 823 del 25/10/1999). Muy por el contrario, es verificable que el asunto solo afecta los intereses individuales de la quejosa, lo que descarta la admisibilidad de la vía extraordinaria local tentada.

3.- A su turno, es oportuno recordar que la invocación de la doctrina de la arbitrariedad no suple la falta del mencionado requisito de sentencia definitiva (caso "Martín", Fallos: 305:1929 -año 1983-; doctrina del consid. 5º in fine del caso "Lombardo", Fallos: 306:224 -año 1984, La Ley, 1984-B, 433), más allá del acierto o error atribuibles a los fundamentos de su adopción (CS, sentencia de fecha 07/5/1998 "Defensor del Pueblo de la Nación c. Poder Ejecutivo"; La Ley 1998-C, 556- DJ 1998-2; cfr. CSJTuc., sentencia nº65/2009), ni tampoco constituye causa de gravedad institucional, sino se presentan los restantes extremos delineados por esta Corte Provincial.

En el caso de autos, la quejosa detalla los vicios en que habría incurrido la sentencia pero ellos no alcanzan a acreditar el requisito de gravedad institucional que se imputa al decisorio cuya casación se pretende. Tampoco se advierte la alteración a la estructura del proceso, la excedencia del caso por sobre el interés de las partes, ni bastan para acreditar la gravedad institucional -como se anticipó- la mera alegación de los derechos y garantías que se entienden vulnerados; por lo que desde la perspectiva del inciso 2 del art. 748 procesal, no puede lograr resultado favorable el presente recurso (CSJTuc., sentencia nº 188 del 05/4/2010, en "Caram Luís Daniel y otro vs. Salim Ricardo Antonio s/Acción declarativa de certeza y daños y perjuicios"; en similar sentido sentencia nº 234 del 14/4/2010, en "Gregorio Mabel del Valle vs. Acosta Silvia María s/Cobro de pesos").

Es que los argumentos impugnativos han sido propuestos de modo tal que relacionan la arbitrariedad alegada como causal de la gravedad institucional, y esta Corte tiene dicho que no se justifica la aplicación del régimen excepcional del inc. 2 del art. 748 ni por la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento o la alegada interpretación errónea del derecho que exige el caso (CSJTuc., sentencia nº 937 del 10/10/2007; sentencia nº 675 del 02/8/2007; sentencia nº 488 del 12/6/2007; entre otras). En esta sede, la recurrente invoca el supuesto excepcional de gravedad institucional pero no propone elementos de convicción demostrativos del citado supuesto, para justificar la apertura de la instancia casatoria; lo que signa negativamente la suerte de la vía tentada.

VI.- Por todo lo expuesto, y de conformidad a lo dictaminado por el Sr. Ministro Fiscal (fs. 257 y vta.), corresponde desestimar el recurso, declarando inadmisible el mismo y, por ende, mal concedido.

Las costas de la presente instancia extraordinaria local se imponen a la recurrente vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 105, primera parte, del CPCCT).

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia que si en oportunidad de efectuar el juicio de admisibilidad del recurso de casación, el Tribunal comprueba la existencia de nulidades no subsanables, la sentencia impugnada en esta instancia extraordinaria local debe ser declarada nula de oficio, en cualquier estado y grado del proceso (cfr. sentencia N° 385 del 26-5-98, entre muchas otras), sin siquiera considerar la procedencia del recurso de casación, que fue la ocasión procesal que habilitó la instancia extraordinaria.

A mi criterio, el pronunciamiento recurrido exhibe un déficit grave e insubsanable, concerniente a la correcta integración del órgano jurisdiccional (arg. art.165, 166 y cc. del CPCC, que lo descalifica como acto jurisdiccional válido. En consecuencia, propicio declarar la nulidad de la sentencia de fecha 26/02/2010, sin emitir opinión acerca de la admisibilidad y en su caso, procedencia de los agravios esgrimidos como motivo de casación. Ello en mérito a las razones que expongo a continuación 2.- Como antecedentes relevantes de la causa, destaco que la señora vocal de la Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, Dra. Mirta Inés Ibáñez de Córdoba, se excusó de intervenir en las presentes actuaciones por los motivos indicados en su presentación agregada a fs . 157. El tribunal de excusación conformado a tal efecto rechazó el planteo, y también denegó la concesión del recurso de apelación promovido por la señora vocal inhibida (cfr. resoluciones de fechas 04/11/2009 y 23/11/2009 respectivamente). La recurrente mantuvo su postura de apartamiento e interpuso queja directa ante esta Corte Suprema de Justicia, declarada admisible en los términos de la resolución del 02/3/2010, que ratificó la existencia de la vía recursiva expresa prevista por la LOPJ en el art. 50, ap. III, inc. b) entonces vigente (cfr. fs. 207). Una vez firme la apertura de la instancia de apelación, el Tribunal receptó los agravios de la apelante e hizo lugar a su pedido de apartamiento en la presente causa, con fundamento en que la situación invocada por ella enmarca en el art. 16, inc. 6 cc. art. 17 del CPCC, que obliga al Juez a inhibirse (CSJT, sentencia del 17/8/2010, fs. 218/219).

Consta en autos que, encontrándose pendiente de resolver la admisibilidad de la queja interpuesta por denegatoria de la concesión del recurso de apelación, la Sra. Vocal excusada se pronunció sobre los recursos llegados a conocimiento y resolución del Tribunal de alzada, al suscribir la sentencia recurrida del 26/02/2010. Así, dispuso el rechazo de los planteos de revocatoria y nulidad deducidos por la parte actora, como del recurso de nulidad de la demandada (puntos I y II). Al punto III, el mismo fallo, el tribunal integrado por la Dra. Ibáñez de Córdoba hizo lugar a la apelación interpuesta por la demandada y consecuentemente, la revocación de las cautelares ordenadas por resoluciones de fecha 25/9/2007 y 29/02/2008 (fs. 11 y fs. 31 de autos).

3.- La reseña precedente muestra que la señora vocal inhibida no pudo integrar válidamente el tribunal que dictó el pronunciamiento recurrido, toda vez que a su respecto concurre una causal de apartamiento que -de acuerdo a la postura asumida por la señora magistrado- pudo comprometer su imparcialidad. La observancia de las disposiciones relativas a la constitución del Tribunal conciernen al conjunto de normas que regulan su modo de actuación; por lo que, en el caso, no cabe sino concluir que el tribunal sentenciante estuvo irregularmente constituido. En tal sentido, cabe poner de relieve que la intervención de la Sra. Vocal no puede entenderse habilitada luego de la decisión adversa emanada del tribunal de excusación, cuando en la misma causa consta la pendencia de la queja directa interpuesta por ella ante esta Corte Suprema de Justicia. Antes bien, la persistencia en mantener su apartamiento a través de la utilización de los senderos impugnativos disponibles muestra la improcedencia del proveído suscripto por la misma Vocal, cuando dispuso el reingreso de los autos para resolver como estaban llamados (cfr. dto. del 22/12/2009). El criterio del tribunal significó eludir las particularidades del caso, procediendo a dictar sentencia cuando se encontraba en tela de juicio la integración del tribunal que habría de resolver los planteos de las partes. Desde esta perspectiva, el tratamiento de la cuestión no puede asimilarse a la pendencia de las impugnaciones que los litigantes puedan promover, a través de las vías previstas por el ordenamiento legal.

Lo así actuado descalifica la sentencia en recurso como acto jurisdiccional válido. No cabe sino concluir que la ulterior aceptación de la excusación invalida la conformación del tribunal de alzada al momento de dictar pronunciamiento, porque la decisión firme en tal sentido significa que la Sra. Vocal excusada no pudo integrarlo. En consecuencia, la sentencia es nula por indebida integración del tribunal de alzada, que vicia al acto de modo absoluto e insubsanable, toda vez que la sentencia suscripta por un Juez inhabilitado para ello carece de los requisitos mínimos indispensables para constituir un acto jurisdiccional válido. El déficit verificado es trascendente por afectar la constitución del tribunal, pues se ve comprometida la garantía de imparcialidad inherente a la función jurisdiccional, cuyo objetivo es amparar el derecho de defensa y el debido proceso legal, ambos de raigambre constitucional. Se trata de una nulidad proveniente de defectos en la constitución del órgano jurisdiccional, y por tanto insubsanable al configurar una hipótesis de nulidad absoluta, declarable aún de oficio y sin sustanciación, en cualquier estado y grado del proceso (arg. arts. 165, 166 tercer parágrafo y cc., CPCC; cfr. CSJTuc., sentencia Nº 105 del 27/02/2006; cc. CSJTuc., sentencia N° 1003 del 08/11/2002). Ello en resguardo de la imparcialidad del juez, inherente a la función judicial para preservar el buen servicio de la administración de justicia y garantizar el debido proceso legal.

En mérito a lo considerado, procede declarar la nulidad de la providencia de fecha 22/12/2009 suscripta por la señora vocal doctora. Ibáñez de Córdoba (fs. 170) y, en particular, de la sentencia en recurso de fecha 26/02/2010, como de los actos que sean su consecuencia. Como ha sido dicho, las vicisitudes de la secuencia recursiva transitada por la señora vocal no habilitaban su intervención en la causa donde se había excusado, toda vez que su pedido de apartamiento significó poner en tela de juicio la composición definitiva del tribunal colegiado. Por lo demás, la incertidumbre en torno a esta cuestión tuvo origen en la inobservancia de la normativa expresa que prevé tal vía recursiva, pacífica y reiteradamente aplicada por esta Corte Suprema de Justicia, con diferentes integraciones (cfr. sentencia agregada a fs. 207 y sus citas). El temperamento propiciado por el tribunal de excusación - inadmisibilidad del recurso de apelación - condujo a un inútil dispendio jurisdiccional, por cuanto correspondía dar trámite a la vía expresamente prevista por la LOPJ a fin de que esta Corte se pronuncie sobre el recurso interpuesto. Es así que en las particulares circunstancias de esta causa, el fallo dictado por la Cámara a quo integrada con la Sra. Vocal excusada no puede ser convalidado, habida cuenta de la decisión favorable a su inhibición, dictada luego de transitar la secuencia recursiva descripta precedentemente. En tales condiciones, la exclusión de la Sra. Vocal excusada respondía, fundamentalmente, a razones de cautela, como necesaria derivación de su planteo ratificado al interponer queja directa ante este Superior Tribunal.

Se trata, en suma, de un pronunciamiento emanado de un tribunal irregularmente constituido, toda vez que uno de los Jueces que la suscribió ha sido apartado de la causa al aceptarse su planteo de inhibición. El déficit advertido constituye un vicio estructural nulificante, toda vez que hace a la esencia de la validez del pronunciamiento que quien lo emita tenga la capacidad necesaria que la ley le inviste. Creo oportuno recordar que el instituto regulado por el art. 17 y cc. del CPCC tiende a asegurar la garantía de imparcialidad inherente a la función jurisdiccional. En resguardo del adecuado servicio de justicia, habrá de prevalecer la preservación de la necesaria objetividad del juzgador, cuya actuación libre de toda sospecha la ley persigue garantizar por medio de los institutos de recusación y excusación.

En consecuencia, voto por declarar la nulidad del proveído del 22/12/2009, como de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción de fecha 26/02/2010 y todos los actos que sean su consecuencia. De compartirse la solución que propicio, los autos deberán ser restituidos a la Cámara a quo para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento sobre las cuestiones propuestas, según la integración que corresponda.

Atento a la nulidad que se declara y a los motivos que la determinan, las costas se imponen por el orden causado.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 257 y vta., la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, se R E S U E L V E :

I.- DECLARAR LA NULIDAD de la providencia de fecha 22/12/2009 (fs. 170), y de la sentencia en recurso de fecha 26/2/2010 agregada a fs. 173/176, dictada por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, como de todos los actos que sean su consecuencia. Se deja sin efecto la misma, debiendo volver los autos a la misma Cámara para que, con la integración que corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento sobre las cuestiones resueltas en dicho fallo.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR DANIEL OSCAR POSSE (en disidencia) (en disidencia) CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	RENÉ MARIO GOANE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.