marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interpretación de la ley, criterio de razonabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Bufano, Alfredo Mario c/ Ministerio del Interior. s/ Banco de Mendoza S.A. c/ Dirección General Impositiva. Sancor Seguros de Retiro S.A. c/ Dirección General Impositiva. s/ Reconocimiento de créditos fiscales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01|2001-05-08

En la interpretación de la ley no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma.
Ley provincial, competencia de la Corte Suprema, facultades no delegadas, sistema federal, Estado Provincial, facultades concurrentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.  c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2015-10-27

La regla configurativa de nuestro sistema federal sienta el principio según el cual las provincias conservan los poderes que no fueron delegados al gobierno federal y todos aquellos que se reservaron en los pactos especiales al tiempo de su incorporación y reconoce poderes concurrentes sobre ciertas materias que son de competencia tanto federal como de las provincias y que por lo tanto son susceptibles de convenios o acuerdos de concertación (arts. 121 y 125 de la Constitución Nacional) (Voto de los Dres. Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda).
Marcas, registro de marca, marcas evocativas
Materia: COMERCIAL
Carátula: KASDORF  S.A. c/ LABORATORIO BAGO  S.A. s/ OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

En atención a la función de las marcas y al propósito de reglamentar razonablemente el ejercicio del comercio -evitando injustificados monopolios o privilegios marcarios- ha sido resuelto que la circunstancia de que una palabra sea de uso común en la clase en la que se persigue su registro si bien impide monopolizar su uso, no determina por sí sola que sea irregistrable, a pesar de que se la pretenda inscribir sin ningún aditamento, desde que no existe disposición legal alguna que consagre específicamente tal prohibición, máxime si no constituye una designación necesaria para denominar el producto al que ha de ser aplicada o usualmente empleado para indicar su naturaleza o la clase a que pertenece, ni constituye locución que haya pasado al uso general de modo que pierda su carácter de fantasía por ser inmediatamente asociado a determinado artículo según el lenguaje corriente -V.gr. los vocablos "remera" para ciertas prendas de vestir; "aspirina" para comprimidos analgésicos a base de ácido acetilsalicílico; "de agua" para galletitas, etc., ni tampoco indica claramente la naturaleza, función o presuntas calidades esenciales del producto, cabiendo señalar que una marca no deja de ser novedosa -y en consecuencia registrable- porque posea fuerza meramente evocativa sea del artículo, sea de su finalidad o de sus elementos constitutivos, en tanto no haya pasado a ser la designación genérica del producto que se desea proteger, ni la ligue con ese producto una relación necesaria.
Prisión preventiva, auto de prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: González, Gustavo Eugenio s/ Homicidio agravado, por el vínculo y con alevosía en grado de   tentativa (art. 42/80 1 y 2 del C.P.) en perjuicio de Walter González
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-26

El auto de prisión preventiva no es una sentencia donde deba demostrarse la culpabilidad del reo; pero debe bastarse a si misma en el sentido de que su lectura debe resultar comprobada la sospecha fundada de que ha delinquido.
Revocación de sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cargen  S.A. s/ quiebra  s/  incidente  de revisión promovido por La Plata Cereal Co.   SACIAF. e I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Corresponde descalificar el fallo que resulta incongruente con el planteo formulado.
Prueba, plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gasparotti de Rejes y otro c/ Caamaño Héctor M. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-14

El plazo de prueba comienza a correr desde que el auto de apertura se encuentre firme, siempre y cuando el último de los notificados haya podido advertir, con la mera consulta de las actuaciones, que revestía dicha condición, es decir, la de notificado en "último término". Si adoptáramos otra postura obligaríamos a cada una de las partes a que, inmediatamente de notificadas hagan su escrito de ofrecimiento de prueba, ante el temor de que la otra parte se haya presentado espontáneamente con anterioridad y- por circunstancias ajenas a los litigantes- la mentada presentación haya quedado retenida en el Juzgado. (Minoría u opinión personal)
Terminación del proceso, caducidad de instancia, actos y diligencias procesales, notificación, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Domio, José Alberto c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Corresponde declarar la caducidad de la instancia si han transcurrido tres meses sin que la demandante haya cumplido con la carga de notificar y hacer conocer a la contraparte la resolución en virtud de la cual la Corte declaró su competencia originaria.
Doctrina de la arbitrariedad, honorarios, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ HNOS. S.R.L. c/ OMAR NUÑEZ E HIJOS CIA. s/ EJECUTIVO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-11-28

Resulta arbitrario el pronunciamiento que al regular honorarios de un juicio ejecutivo, aplica la norma general del art. 194 de la ley 2150, en lugar de la norma específica del art 201 ibid, sin dar razones suficientes que justifiquen tal decisión.
Costas, allanamiento, incidentes
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PRODUCUER <S.A.> c/ HIJOS DE RUPERTO E ROTH S.C.C. Y/O SUS INTEGRANTES s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-10-28

La eximición de costas en materia incidental, de conformidad con el art. 357 C.P.C., sólo requiere la circunstancia del allanamiento, lo que responde a un criterio que también puede denominarse objetivo, ya que no exige determinada calificación de conducta procesal anterior (no culpable). Ello implica deslindar -en estos supuestos- la condena en costas, institución de naturaleza procesal, del concepto civilista de culpa.

La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley.

De conformidad con dicha inteligencia, no es válido aplicar las pautas del art. 356 bis, porque si se hubiera querido la inclusión del requisito subjetivo, en el citado art. 357 que nos ocupa, el buen sentido aconsejaba hacerlo en forma expresa y en la norma específica. No puede decirse que sea una imprevisión del legislador, porque cuando fue su propósito que se valoran factores de tal naturaleza, lo dijo con todas las letras, como es el caso de allanamiento a la pretensión sustancial. Pero como se empleó una clara y terminante expresión no debemos interpretar la ley como si ésta no dijera lo que realmente dice.

La teleología de la norma del art. 357 es lograr mayor celeridad en la solución del juicio principal, ya sea evitando los incidentes al ordenar imperativamente la imposición de costas al vencido, o estimulando la actividad de las partes para provocar una terminación anticipada del litigio incidental, suprimiendo voluntariamente los obstáculos para el dictado de la sentencia definitiva.

Frente a la deducción de la excepción de falta de personería (considerada por la ley como un incidente, art. 1027 C.P.C.) y habiéndose allanado la actora, corresponde la distribución de las costas causadas, por su orden.-
Patrocinio letrado, partes del proceso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carbajo Oscar Victorino c/ Marchetti Juan Carlos y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

Si se exige el patrocinio letrado para celebrar un convenio cuando el derecho ya ha sido reconocido por una sentencia firme, con mayor razón debe requerirse cuando el pronunciamiento no ha sido aún dictado, no siendo obstáculo para ello que el acuerdo se celebrara extrajudicialmente, pues estaba destinado a ser presentado en juicio, sin que la omisión pueda verse subsanada con el silencio ante citación a ratificación del convenio, no sólo porque no se efectuó apercibimiento alguno, sino porque tampoco correspondía que tal actitud pudiera producir como efecto la homologación del mismo arts.832, 838, 919 y ccds.del Cód.Civil; 56 y 308 del CPCC y 189, 190 y 191 de la ley 5177). No se agota el cumplimiento de la norma contenida en el art.56 del CPCC con la firma de un letrado en las actuaciones consideradas en la misma; el patrocinio letrado se refiere a la asistencia y dirección jurídica de la parte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, Ministerio Público, fiscales, acusación, sentencia, sentencia condenatoria
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: N, J C s/ HOMICIDIO    CULPOSO  Y  LESIONES  CULPOSAS  EN  CONCURSO  IDEAL.   QUEJA  POR  DENEGACION   DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 240-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-12-27

Esta Corte, en anterior integración, entendió configurada la gravedad institucional, en el caso en que los agravios dirigidos contra la sentencia que condenó sin mediar acusación fiscal, "cuestionaban los fundamentos y límites de la potestad jurisdiccional", y a la par el concepto y eficacia de una garantía esencial del derecho de libertad corporal del individuo".
Sociedades comerciales, rendición de cuentas, administración de la sociedad, sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: TORRES, HECTOR c/ MORALES, OSCAR VICTOR s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-17

No puede condenarse a rendir cuentas como representante negocial a quien ha sido demandado a título de administrador societario; la sentencia no puede variar 'el título' de la acción, esto es; el título por el que ha sido pedida la condena, pues tal variación conspiraría gravemente contra el derecho de defensa de la parte afectada.
Recursos, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: VERAGUA Norma Liliana y Otros c/ Provincia de San Juan s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-12-05

Lo primero que corresponde hacer al tribunal de alzada con motivo de los recursos es analizar su aptitud jurisdiccional para decidir, esto es, verificar si el recurso está bien concedido, habilitando su intervención.

"Atendiendo a que la jurisdicción de alzada es una cuestión donde está interesado el orden público, previo a estudiar si un recurso está fundado o no debe analizarse si se dan los presupuestos de admisibilidad para que el tribunal entre a decidir el fondo del asunto.

En esta tarea debe actuar de oficio, no encontrándose vinculado ni por la voluntad de las partes ni por la resolución del juez apelado, por más que se encuentre consentida.
Entes autárquicos, responsabilidad directa, Estado Provincial, responsabilidad indirecta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: José Alberto Furque en autos nro. 199/94 - Giménez c/Deca s/ INICIA INCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-07

A los fines de determinar si el Estado Provincial debe o no responder por los actos y hechos de los entes autárquicos lesivos de situaciones jurídicas, resulta relevante, según la opinión mayoritaria de la doctrina, hacer la distinción entre la responsabilidad directa e indirecta. En el caso de autos, no puede prosperar el agravio del recurrente, quien impugnó la sentencia del A-quo argumentando la injusticia que resulta de ésta, al no hacer extensiva la responsabilidad por el crédito emergente de un juicio contra la ex Deca -entidad autárquica condenada-, al Estado Provincial. En efecto, teniendo los entes autárquicos personalidad jurídica propia, que persiguen un fin público y se rigen íntegramente por el derecho público, emitiendo actos y celebrando contratos administrativos, teniendo su personal calidad de agentes públicos; su responsabilidad con relación a terceros es siempre directa. Por ello, no puede pensarse en una responsabilidad solidaria del Estado Provincial por aquellas entidades, puesto que teniendo las mismas existencia propia diferente de la persona del Estado Provincial, éstas como sujetos de derecho responden directamente por sus actos, y el Estado Provincial sólo indirectamente; lo que implica que éste sólo responderá ante la imposibilidad o insuficiencia patrimonial de la entidad autárquica que es la que directamente debe responder por el crédito.
Excarcelación, detención, acusación fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: GALLO, Antonio s/ EXCARCELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-22

El actual art. 380 'in fine' del Cód. de rito, establece una regla categórica que no debe ser soslayada, la de que una vez que el prevenido ha cumplido en detención el total de la pena solicitada por el Ministerio Público (art. 379 inc. 2 del Cód. Instrumental) debe ser excarcelado no teniéndose en cuenta otras circunstancias que fuera de esa hipótesis podrían impedir su soltura, bastando únicamente que esté satisfecha la eventual pretensión punitiva fiscal. NOTA: Se citó: Guillermo C. Ledesma, 'Las Reformas Penal y de Procedimientos', págs.169, 170, 203 y 204.
Lealtad comercial, recurso de reposición (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: PIUGMARTI Y CIA S.A. s/ Lealtad Comercial Causa 34407
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Contra las resoluciones que denieguen medidas de prueba solamente puede interponerse el recurso de reposición (ley 22802, art. 17, inc. e).
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Percovich, Romina s/ falsificación de documentos públicos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Resultan elementos indispensables para el correcto planteamiento de una cuestión de competencia, que las declaraciones de incompetencia contengan la individualización de los hechos sobre los cuales versa y las calificaciones que le pueden ser atribuidas, pues sólo con relación a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del lugar de su comisión y respecto del juez a quien compete investigarlo y juzgarlo. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Contrato de trabajo, obligaciones del trabajador, lealtad laboral, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: RUBI JUAN CARLOS c/ ECOGAS S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-14

Tampoco el testimonio de L. logra demostrar el desempeño del actor en una actividad de igual o similar ramo que el explotado por el principal, ni menos aún que ello pudiera perjudicar a la demandada. Es más, los tribunales han establecido como principio general que la sola circunstancia de que, sin autorización del principal y no mediando prohibición contractual expresa, el empleado prestase a otros comerciantes servicios de idéntica naturaleza, no es por sí sola causal de despido, pues para ello sería necesario que el empleador probara que eran lesivas a sus intereses las mencionadas actividades prestadas a terceros (cfr. Ojeda, Raúl Horacio -Coordinador- "Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada", Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2011, Tomo I, pág. 564, con cita de Fernández Madrid
Daño moral, indemnización por muerte, herederos forzosos, muerte de un sobrino
Materia: CIVIL
Carátula: Frida A. Gómez Orue de Gaete y otra c/ Buenos Aires, Pcia. de y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Como expresa el art. 1078 del Código Civil, en caso de muerte, la acción por indemnización del daño moral compete a los herederos forzosos, carácter que no tiene la tía del causante, en su calidad de pariente colateral.
Propiedad intelectual, reproducción ilegal de obra intelectual, apreciación de la prueba, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ROTMAN, Silvio G. y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-12

La reproducción total de una obra sin la debida autorización resulta configurativa de la conducta descripta en el inc. a), del art. 72 de la ley 11.723. Aun cuando en forma aislada las fotografías recopiladas nada significarían, ello sumado a las pruebas recolectadas y los testimonios de los testigos, conforman un cuadro de entidad suficiente para otorgar veracidad a la denuncia que se investiga.

Por tanto, corresponde revocar el auto de sobreseimiento decretado.
Aplicación de la ley, Reglas de Beijing
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: S., R. S. c/  s/ Robo en tentativa - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-17

Disidencia: 1) Defensa que no dio cuenta de cual sería la complejidad concreta para la aplicación del nuevo régimen. Ausencia de perjuicio. Vigencia de la ley 22.278. Adhesión del fiscal vinculada con aspectos generales del régimen y no con circunstancias concretas. 2) Ausencia de gravamen que justifique la sanción pretendida. Proceder adecuado al art. 10 de las Reglas de Beijing. Confirmación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: González, Roberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Es ineficaz el cuestionamiento de la prueba pericial si el recurrente no logra demostrar que el dictamen invocado no haya sido fundado en principios científicos (art. 255, C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.), intentando hacer prevalecer sobre la pericia otros elementos de la causa que avalarían su postura, lo que es ineficaz para lo pretendido.
Indemnización por despido, salario mínimo, vital y móvil, tope indemnizatorio, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: PAZ, DOMINGO c/ CIA. GRAL. DE COMERCIO E INDUSTRIA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-20

Procede la declaración de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del 300% del SMVM, art. 245 LCT, en los casos en los que el monto del mencionado salario está absolutamente desfasado con la realidad del mercado. En el caso concreto, la diferencia entre el salario mínimo y el denunciado como base indemnizatoria, a la época del despido, 7.9.90, era tan abismal que aquél no sólo no cumplía con lo establecido en el art. 116 LCT sino que tampoco funcionaba como valla contra el despido arbitrario, ya que en materia de costos, resultaba bastante económico al empleador despedir sin causa a quienes se le ocurriera.
Daños y perjuicios, indemnización, daño material, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Puddu, Julio c/ Jorge Sequenza S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

Si mediante una fórmula matemática se busca fijar una suma que permite resarcir un daño caracterizado como la pérdida de capacidad de ganancia, es indispensable precisar la entidad de ese daño a fin de justificar la proporción entre el mismo y aquella indemnización.
Desbaratamiento de derechos acordados, locación de inmuebles, fiador, obligaciones del fiador, fianza, derechos reales de garantía
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: CASOLI, Irene s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-14

El desbaratamiento de derechos acordados, art. 173, inc. 11°, C.P. es una figura que exige, como un elemento esencial, que se esté en presencia de una obligación de "dar" y no de "hacer".

No constituye delito la conducta de quienes devienen fiadores solidarios en un contrato de locación comprometiéndose en dicho acto a no enajenar ni gravar dos inmuebles de su propiedad y al tiempo se comprueba que uno de los bienes se encontraba gravado con una hipoteca y varios embargos y el otro había sido vendido, pues la garantía que presta una persona en la circunstancia citada es personal y no origina un "ius persecuendi" sobre la cosa. La fianza es una de las garantías o seguridades de las llamadas personales, consistente en agregar o acumular la obligación de otra persona (fiador) a la obligación del deudor, bien diferente de las garantías reales, en las cuales una cosa queda especialmente afectada al cumplimiento de una obligación (en nuestro derecho, la hipoteca, prenda y anticresis). Por ello, puede decirse que las seguridades personales no son nunca de eficacia absolutamente cierta, pues existe la posibilidad de que al ser la fianza una garantía personal, el fiador también caiga en insolvencia, contrariamente a lo que sucede cuando se constituyen garantías reales, en las que el acreedor precisamente tiene el llamado "ius persecuendi" sobre el bien gravado.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D'errico Alberto A. c/ Flores Carlos H. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-19

Si en la causa penal agregada por cuerda se ha dictado sentencia definitiva y media la imposibilidad de notificar la condena allí dispuesta por la ausencia del acusado y por ende de proseguir la misma, resulta obvio que nos hallamos ante la excepción establecida por el artículo 1101, inc. 2 del código sustantivo, el cual prevé la continuación del trámite en ámbito civil en tal supuesto. (Minoría u opinión personal)
Prescripción de la acción penal, imputado, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LAMAS, Darío s/ prescripción de la acción penal Causa 29.851
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-01

No es requisito necesario revestir la calidad de procesado para tener derecho a plantear la prescripción de la acción penal.

"...La mención clara y precisa de que se le imputa un hecho ilícito es suficiente como para que pueda contemplarse la posibilidad de que la acción que se le dirige pueda hallarse extinguida por dicha causal..."
Recurso contencioso administrativo, expediente, apercibimiento, demanda, contestación de la demanda, prueba, carga de la prueba, leyes, interpretación sistemática
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Palavecino, Ramona c/ Municipalidad de Tostado s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 39-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-04

No cabe la pretendida inversión del onus probandi que esgrime la recurrente instituyéndolo como carga de la demandada, que a su entender estaría conformado por haberse hecho efectivos los apercibimientos del artículo 28 de la ley 4106, ya que el contexto en que opera dicha efectivización debe ser interpretada en sentido armonizante con el resto del ordenamiento. Y se advierte del texto expreso del artículo 25 que la efectivización de apercibimientos tomando como base la exposición del actor, lo es, específicamente, en torno a la admisión del recurso en su aspecto formal. Y tan es así que la mencionada admisibilidad, lo es a efectos de determinar -conforme artículo 25 ley 4106- si el recurso ha sido deducido en tiempo y si corresponde a su jurisdicción, correspondiendo su rechazo sin más trámite si fuere extemporáneo o no se ajustare a las formas legales o el asunto no fuere de su competencia; y ello, ante la falta de remisión de las actuaciones administrativas por parte del ente público requerido. Si el ente público ha contestado la demanda, no se le pueden extender las conclusiones elaboradas por la Corte local de tener por ciertos los hechos articulados por el actor -sin perjuicio de la prueba en contrario y de su evaluación conforme a derecho-, para los supuestos de incontestación de la misma.