Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-09


En la ciudad de Trelew, a los días de noviembre del año dos mil diez, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "A., L. E. c/ C., A. O. s/ liquidación de sociedad conyugal" (Expte. N° 282 - año 2010) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 229 .

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 210, que fuera concedido libremente a fs. 212, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 198/203 y vta. y su aclaratoria de fs. 207 que declaró como bienes integrantes de la sociedad conyugal con carácter de ganancial al inmueble sito en la calle * de J. *** de esta ciudad, al fondo de comercio que gira en plaza bajo el nombre "E. ? Agencia de T. F. T.", al automotor Fiat Vivace CL, dominio xxx-***, y a depósitos de dinero en cuenta corriente y cajas de ahorro de las ciudades de Trelew y Esquel cuyo monto asciende a $5.472,50.-, estableciendo que dichos bienes se adjudican en partes iguales.

Asimismo, homologó el acuerdo de partes referido al fondo de comercio sito en la ciudad de Puerto Madryn y que gira bajo el nombre "E. D. C. A.", rechazó los rubros peticionados por la actora correspondientes a bienes muebles gananciales, bienes muebles propios, pérdida de dos cuadros, desaparición del título de abogada y recuerdos de familia, declaró como carga de la sociedad conyugal la suma de $53.458,97.- correspondiente a la deuda con el I.P.V. respecto del inmueble sito en la calle P. Nº **, determinó como cánones locativos de los inmueble sitos en las calles * de J. Nº *** y P. Nº ** las sumas de $4.000.- y $1.400.-, exigibles a partir del 28 de mayo de 2009 y 26 de marzo de 2009, respectivamente, determinó el canon locativo del vehículo Fiat Vivace CL, dominio***-***, en la suma de $400.- a partir de la fecha de interposición de la demanda, y rechazó el pedido de indivisión efectuado por la accionante del inmueble que fuera asiento del hogar conyugal y el reclamo de recompensa realizado respecto de las mejoras efectuadas en el inmueble ubicado en la calle P. Nº **, imponiendo las costas por su orden.

Asimismo, los Dres. A. M. S. y A. P. A., por derecho propio, interpusieron a fs. 211 recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada, que fuera concedido a fs. 212.

Los agravios vertidos por el demandado apelante lucen a fs. 220/223, los expuestos por sus letrados obran a fs. 224/226 vta., los traslados conferidos a fs. 227 no fueron evacuados, y la parte manifiesta que la Sra. A. interpuso demanda de liquidación de la sociedad conyugal y denunció los bienes identificados con los números 1 hasta 7 del punto 3, y reclamó el canon locativo del inmueble identificado en el punto 1 y de un automotor Fiat Vivace modelo 1996.

Expresa en dinero dichos bienes según detalle de fs. 220/vta. Individualiza los bienes integrantes de la sociedad conyugal que fueran declarados en la sentencia y aquellos rubros que se rechazaron, estos últimos con indicación de sus montos, y asimismo destaca que también fueron rechazados los bienes propios cuyo monto no fue especificado en la demanda.

Considera que sólo algunos bienes fueron declarados existentes e integrantes de la sociedad conyugal, pues sobre ciertos bienes enunciados que fueran rechazados la actora ni siquiera probó su existencia. Agrega que la actora instó pretensiones que fueron desestimadas, por lo que la distribución de costas por su orden no respeta el resultado jurídico del proceso, imponiendo a su parte una carga que debe soportar la contraria.

También precisa que promovió un trámite de mediación que fracasó ya que la actora asistió a la primera audiencia, cumplida la cual declinó la instancia.

Alude a la absolución de posiciones de esa parte con relación a su intempestiva e inexplicable decisión, y entiende que las costas deben imponerse a la actora por su falta de colaboración toda vez que pudo resolverse la cuestión sin generar las costas del proceso. A ello se suma el expreso reconocimiento sobre bienes integrantes de la sociedad conyugal sobre los que ha resultado innecesario el proceso.

Cita fallos sobre eximición de costas fundado en la razón probable para litigar, distribución parcial de costas, alcance de la ignorancia invocada en torno a bienes que integraron la sociedad conyugal cuando no se demuestra haber extremado las diligencias adecuadas para esclarecer la cuestión antes de promover el litigio, y con relación a la imposición de costas en acción declarativa intentada respecto a un bien inmueble considerado como propio.

También se agravia del reconocimiento de un valor locativo en el automotor Fiat Vivace Modelo 1996 que ambas partes reconocieron como bien ganancial. Manifiestan que dicho rodado posee un escaso valor material, y ninguna potencial renta puede obtenerse del mismo pues se agotó su vida útil.

Estima que la Sra. Juez pasó por alto el reconocimiento expreso que hiciera la actora al absolver la octava y novena posición, y que respecto de esta última la respuesta fue dubitativa lo que encubre un tácito reconocimiento.

Refiere jurisprudencia sobre el alcance de la omisión de responder del absolvente, y especialmente cuando lo confesado predomina sobre las afirmaciones y negaciones efectuadas en el escrito inicial, pues en la confesión esa credibilidad resulta más lógica, y por una razón jurídica que es la disponibilidad del derecho radicado en el hecho que se confiesa y la capacidad del confesante para disponer del mismo.

Peticiona se revoque la sentencia recurrida en cuanto ha sido materia de agravios, con costas.A su turno, los Dres. S.y A. detallan los bienes integrantes del acervo conyugal que fueron declarados en la sentencia y los bienes denunciados que no se acreditó su existencia. Señalan que a esos bienes rechazados deben agregarse los bienes propios cuyo monto no fue especificado en demanda y el rechazo de mantener indiviso el inmueble sito en P. ** de Trelew.

Transcriben el fundamento del decisorio al momento de decretar la regulación arancelaria y destacan que para su regulación se tomó el monto del proceso. Consideran por ello que existe una notoria y fundamental discordancia entre el considerando que fundamenta la actividad regulatoria y la parte resolutiva del fallo.

Entienden que se omitió regular honorarios a su favor por los rubros que se desestimaron, y que la vía escogida es la que regula el C.P.C.C. ya que no puede hablarse de honorarios bajos, sino de falta de regulación de los mismos ya que se omitió regular honorarios respecto de los rubros de la demanda que han sido rechazados.

Expresan que se omitió regular honorarios no sólo sobre el 50% de los bienes integrantes de la masa conyugal, sino sobre el cúmulo de bienes y pretensiones en demanda que merecieron el justo rechazo ante la falta de acreditación de su existencia o procedencia. Relatan que dos cuestiones tornan procedente la apelación.

Que la apelación contra los fundamentos de la sentencia es admitida cuando lo dispositivo se remite a los considerandos en forma expresa, o integran implícitamente la parte dispositiva del pronunciamiento, o constituyen un antecedente lógico inseparable de lo dispositivo, o influyen en la interpretación de la parte dispositiva, o contienen directivas enderezadas a orientar el cumplimiento de la sentencia, con cita de doctrina. Que la parte resolutiva resulte autocontradictoria, pues remite expresamente al considerando cuarto y se funda en los arts. 5, 6, 9, 34 y cs. de la Ley XIII Nº 4, mientras toma como base de regulación "el monto del proceso". Señalan que si se remite al considerando cuarto, se lee en el mismo que se ha hecho una aplicación estricta del procedimiento previsto en el art. 34 de la ley arancelaria (porcentajes sobre el 50% de los bienes gananciales).

Manifiestan que si se atienen a ese fundamento, el gravamen se concreta en omitir regular honorarios respecto de todos los rubros de la demanda que han sido desestimados. Sostienen que con ese criterio, el letrado que obtiene un mejor resultado para su cliente se encuentra frente a una regulación inferior a la que se hubiere hecho acreedor en el supuesto inverso, lo que constituye una manifiesta injusticia.

Interpretan que la expresión "sobre el monto del proceso" se debió a un error de tipeo, por lo que mal pueden valerse de tal aserción sin articular este recurso. Solicitan que se proceda a regular los honorarios en la forma debida: un porcentaje sobre la mitad de los bienes gananciales que le corresponden al Sr. C. y un porcentaje sobre los bienes y pretensiones articuladas en la demanda que han merecido rechazo. Fundan en derecho, citan fallos del S.T.J., y solicitan que se proceda a regular honorarios respecto de los rubros de la demanda rechazados, con costas.

2. Señalaré con relación a la naturaleza del presente proceso que a partir de la disolución de la sociedad conyugal se actualiza la expectativa de los cónyuges o sus herederos con relación al conjunto de los bienes gananciales formado durante la comunidad, y que, dadas las características de su gestión separada, recién en ese momento pasa a constituir una masa partible.

El artículo 1313 del Código Civil remite en cuanto a la forma de la partición a lo dispuesto en el Libro Cuarto para la división de las herencias, siguiendo lo dispuesto por el art. 1476 del Código francés. Si bien el artículo establece este procedimiento para el caso en que la sociedad conyugal se disuelve por muerte de uno de los cónyuges se ha entendido que la norma es de aplicación a todas las causales de disolución (Ortiz de Rozas-Roveda, "Régimen de bienes del matrimonio", La Ley, 2da. ed. act., 2006, pág. 179).

A su vez, tocante a las formas de partición se señala que la partición judicial procederá ... en caso de desacuerdo entre los interesados (Ortiz de Rosas-Roveda, ob. cit., pág. 182).- En tales condiciones, toda vez que el demandado formula queja por la distribución de las costas y por el canon locativo del vehículo Fiat Vivace, dominio xxx*** estimo prudente ingresar en primer término al segundo agravio por la potencial incidencia que puede presentar en cuanto al régimen de costas.- 2.1. Formula queja el apelante por entender que el rodado posee un escaso valor material y que ninguna potencial renta puede obtenerse del mismo.- Dicha manifestación es reiteración de la postura asumida al contestar demanda (p. V. b., fs. 47), y ello no constituye agravio.- Se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 357 y cita de pronunciamientos).- Por lo demás, es evidente que con ello se omite considerar el razonamiento del juzgador que resultó dirimente para dilucidar esa cuestión.- En efecto, la Sra. Juez de la anterior instancia a fs. 202, último párrafo, al establecer el alquiler correspondiente al automotor Fiat Vivace CL, dominio***-***, año 1996, tuvo en consideración lo(s) expresado por la accionada, en cuanto a que hace uso del mismo y al modelo del vehículo ...- Como puede observarse el sentenciante consideró en su razonamiento dos fundamentos (utilización por el demandado y modelo del vehículo) sin que el recurrente efectuara una crítica concreta de los mismos, por lo que no hay agravio que atender.

Así, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga (C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538).- En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada.

En consecuencia, cuando de modo evidente media un apartamiento de la satisfacción de la carga referida se llega a la deserción del recurso (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos).

Por lo demás, la circunstancia de que el rodado cumpliera su vida útil en cuanto a su utilización por la E. de C. de la ciudad de Puerto Madryn no es circunstancia que impida su uso particular. A ello cabe agregar que el rodado tiene un valor de venta en el mercado, conforme al modelo.-- En todo caso, las manifestaciones vertidas a fs. 222 (escaso valor material y agotamiento de su vida útil) solo denotan el particular punto de vista del quejoso, al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante.

En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 371, y cita de fallos).- Por las razones expuestas, el apelante en este agravio incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 268 y 269 de la Ley XIII Nº 5, Anexo A).- 2.2. Respecto de la imposición de costas en el orden causado expresa el quejoso que promovió un trámite de mediación que fracasó ya que la actora asistió a la primera audiencia, cumplida la cual declinó la instancia truncando de tal modo una buena ocasión para resolver la liquidación de bienes sin costas.

Alude a la absolución de posiciones de esa parte con relación a su intempestiva e inexplicable decisión, y entiende que las costas deben imponerse a la actora por su falta de colaboración toda vez que pudo resolverse la cuestión sin generar las costas del proceso.- En tal sentido, descarto que esa circunstancia pueda ponderarse como lo pretende el recurrente ya que es el hecho objetivo de la derrota lo que determina la condena en costas. Su fundamento no es otro, que el de haber sostenido, sin éxito, una pretensión jurídica (conf. Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ediar, 2da. ed., 1961, T. IV, pág. 527).

Por "parte vencida" debe entenderse, a los efectos de la norma que analizamos (art. 68, apartado primero, del C.P.C.C.) a aquélla que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1970, T. III, par. 312 b), pág. 369).- Desde ya que no es una regla absoluta pues al litigante vencido puede eximírselo de las costas en casos excepcionales, pero ese no es el caso de autos.- En efecto, las causales de eximición no tienen el alcance de liberar a la parte vencida del pago de la totalidad de las costas ocasionadas, sino, solamente, de las que ha abonado o incumba abonar al vencedor (Palacio, obra y tomo citado, pág. 372).- Por lo demás, cabe destacar que la mediación es un medio alternativo de solución de conflictos de carácter voluntario por lo que su declinación no genera costas.- Tampoco participo de la expresión en dinero de los bienes que realiza el recurrente ya que esa visión es puramente aritmética, lo que lleva a desechar esa medición.- La noción de vencido debe establecerse con una visión global del juicio y no por análisis aritméticos de las pretensiones y resultados (Arazi-Rojas, "Código Procesal .", Rubinzal - Culzoni Editores, 2001, T. I, pág. 261, con cita de fallo).- Efectuadas tales precisiones, la lectura de la sentencia de primera instancia (considerandos, fs. 200/202 y vta.; resolución, fs. 203/vta.) permite observar que se desestimaron varias pretensiones de la actora (resolución, p. III, VIII, y IX), y a su vez se rechazaron algunas oposiciones formuladas por el demandado (resolución, p. I e) y VII), en tanto que se fijó un valor distinto al postulado por las partes respecto del canon locativo del inmueble sito en la calle * de j. Nº *** de la ciudad de Trelew (resolución, p. V).- En ese contexto, el juzgador entendió que correspondía imponer las costas por su orden.- Sin embargo, los gastos son a cargo de cada uno de los cónyuges, si la liquidación se formula en conjunto por ellos. Pero, si se han suscitado incidentes en el curso de la liquidación las costas recaerán atendiendo el principio de condena, que surge del art. 68 del Cód. Procesal (conf. Fassi-Bosert, "Sociedad conyugal", t. 2, págs. **2 y **3, parág. 198, y jurisprudencia citada en nota 177, Ed. Astrea, 1978) (del voto del Dr. Cifuentes, CNCiv., sala C, octubre 8-985 - "A. F. c. P. de A.", La Ley 1986-B, 178).--- Sin perjuicio de lo cual, por existir vencimientos recíprocos es aplicable la normativa prevista por el art. 72 de la Ley XIII Nº 5, Anexo A (antes art. 71 del C.P.C.C.).- El supuesto que nos ocupa se configura cuando el resultado de la litis no consagra un vencedor absoluto: ambas partes han triunfado y fracasado parcialmente en sus pretensiones. La medida del éxito o del fracaso de cada litigante es la pauta para la distribución prudente y equitativa de las costas.

Cabe aclarar que el reparto debe ser prudencial antes que aritmético, ponderando para ello las peculiaridades de la causa (Arazi-Rojas, obra y tomo citado, págs. 290 y 291, respectivamente).- Y en este aspecto pondero que el fallo en crisis rechazó diversas pretensiones de la actora (bienes muebles gananciales; pedido de indivisión del inmueble asiento del hogar conyugal; derecho de recompensa por mejoras en el inmueble ubicado en la calle P. Nº **, de la ciudad de Trelew; bienes propios, importes invocados por pérdida de dos cuadros, de un título profesional, y de recuerdos de familia; escrito de demanda, p. 5, 6, 7, 8: A, B, y C, fs. 36/37), pero también desestimó algunas oposiciones e impugnaciones efectuadas por el demandado (inexistencia de dinero en cajas de ahorro y cuentas corrientes, negativa al canon locativo del Fiat Vivace; escrito de contestación, p. IV., fs. 46 vta. y 47, respectivamente), en tanto que determinó el canon locativo del inmueble ubicado en la calle * de j. Nº ***, Trelew, en un importe de $4.000.-, distinto al invocado por las partes (ver $6.000.- p. 2, fs. 35 vta.; y $2.000.-, p. V., fs. 46 vta./47).- De tal modo, atendiendo a la naturaleza del proceso, vencimientos recíprocos habidos, y conforme a una visión global del juicio, estimo prudente imponer las costas de primera instancia en un 70% a cargo de la actora, y en un 30% a cargo del demandado, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis en concordancia con los vencimientos recíprocos habidos (art. 72 de la Ley XIII Nº 5, Anexo A).- Tales razones llevan a modificar la sentencia venida en apelación en este aspecto y asimismo a adecuar los honorarios regulados en la anterior instancia (art. 282 del citado ordenamiento).- 3.1. Formulan agravios los Dres. S. y A. al entender que se omitió regular sus honorarios sobre el 50% de los bienes integrantes de la masa conyugal. Afirman que existe una notoria discordancia entre el considerando que fundamenta la actividad regulatoria y la parte resolutiva del fallo al tomar como base de regulación "el monto del proceso".- En tal sentido, el fallo en crisis reguló los honorarios de la Dra. L. A. "en un DOCE POR CIENTO (12%) del monto que resulte de acuerdo a las pautas establecidas en el anteúltimo considerando", y respecto de los Dres. M. A. S. y A. P. A. estableció "en un DOCE POR CIENTO (12%) del monto del proceso" (p. X de la parte resolutiva, fs. 203 vta.) (el subrayado me pertenece).- Al respecto, estimo que "monto del proceso" no es otro que el contemplado por el art. 34 de la Ley XIII Nº 4, o sea que la base regulatoria en ambos casos está referida al "activo de la sociedad conyugal".- Máxime cuando en los considerandos el sentenciante precisa, sin establecer distinción alguna según se trate de los honorarios profesionales de una u otra parte, que: "A los fines de la regulación de honorarios, se tomará como base lo dispuesto por el art. 34 de la Ley de Honorarios (XIII Nº 4), es decir el 50% del activo del patrimonio de la sociedad conyugal, cuyo monto se determinará en la etapa de ejecución de sentencia y sobre el mismo se aplicará la mitad de la escala prevista por el art. 6 de la misma norma, por su actuación en las etapas cumplidas." (fs. 202 vta., último párrafo).-- Esto es, dicho considerando establece claramente que resulta aplicable para la totalidad de las regulaciones la base prevista por el art. 34 de la ley arancelaria y que corresponde al presente proceso por tratarse de la liquidación de la sociedad conyugal.

La única aclaración que efectúa con relación a los Dres. S. y A. es que su regulación se practica en forma conjunta por aplicación del art. 9 del citado ordenamiento (actuación conjunta y sucesiva de varios abogados por una misma parte).

Sin perjuicio de ello, en atención al cuestionamiento efectuado por los letrados y con la finalidad de despejar toda duda al respecto, ingresaré en la queja para señalar que efectivamente la doctrina y jurisprudencia nacionales han destacado que como principio, sólo es apelable la parte dispositiva de la sentencia. Y no sus fundamentos, salvo supuestos excepcionales. Así, se ha admitido la apelación de los considerandos de una sentencia cuando lo dispositivo se remite a ellos en forma expresa, o integran implícitamente la parte dispositiva del pronunciamiento En general puede decirse como nota común que cuando existe un perjuicio concreto derivado de lo expuesto en los considerandos o fundamentos de una sentencia resulta admisible el recurso de apelación (Loutayf Ranea, "El recurso de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, par. 121, págs. 317, 318, y **0, respectivamente).

Sin embargo, estimo que en este caso el agravio que se postula no es con relación al considerando sino a la parte resolutiva al determinar como base regulatoria de los honorarios establecidos a favor de los letrados del demandado el "monto del proceso".

En consecuencia, desde que el considerando adoptó para la regulación de honorarios de todos los profesionales la base prevista en el art. 34 de la Ley XIII Nº 4, de conformidad con la naturaleza del presente proceso (liquidación de la sociedad conyugal), y que asimismo la parte dispositiva hizo expresa referencia al mismo, corresponde aclarar que la base regulatoria que comprende a la totalidad de los honorarios regulados es la establecida en dicha normativa.

3.2. Asimismo, los citados profesionales manifiestan que en caso de considerarse el porcentaje sobre el 50% de los bienes gananciales, su gravamen se concreta en la omisión de regular honorarios respecto de todos los rubros de la demanda que han sido desestimados.

Entienden que el letrado que obtiene un mejor resultado para su cliente se encuentra frente a una regulación inferior a la que se hubiere hecho acreedor en el supuesto inverso, lo que constituye una manifiesta injusticia, por lo que solicitan se proceda a regular los honorarios en la forma debida: un porcentaje sobre la mitad de los bienes gananciales que le corresponden al Sr. C. y un porcentaje sobre los bienes y pretensiones articuladas en la demanda que han merecido rechazo.

En tal sentido, dicha pretensión importa un notorio apartamiento del criterio previsto en el régimen arancelario al establecer expresamente que en el supuesto de liquidación de la sociedad conyugal debe considerarse el "activo de la sociedad conyugal" (art. 34, parte final del primer párrafo).- Por lo demás, la posibilidad de una doble regulación de honorarios es un remedio excepcional a aplicarse cuando el monto de condena es ínfimo respecto de los importes reclamados en demanda, rechazando en caso contrario.

Así lo tiene decidido ambas salas de esta Cámara, sala "A", c. 16.745, S.D.L. 66/00, c. 17.578, S.D.L. 46/01, c. 19.841, S.D.L. 59/04, c. 20.037, S.D.L. 67/2004; y esta sala "B", c. 19.486, S.D.L. 29/2004, c. 19.508, S.D.L. 36/04, c. 20.740, S.D.L. 61/2005, c. 21.027, S.D.L. 07/2006, c. 22.257, S.D.L. 14/08, y más recientemente c. 601/09, S.D.L. 103/09, c. 596/09, S.D.L. 105/09, c. 780/09, S.D.L. 03/10.- Esto es, la doble regulación como situación excepcional queda reservada para aquellos casos en que la demanda prospera en muy escasa proporción, o sea cuando se observa una notoria diferencia entre las pretensiones que progresan y las que se rechazan.- Y ese no es el caso de autos a tenor del resultado final del proceso en función a las pretensiones que progresan y que se rechazan, conforme a la mención efectuada del fallo de primera instancia al punto 1 que antecede, y detalle del mismo que resulta de fs. 200/202 vta. y 203/vta. (considerandos y resolución, respectivamente).- Por tales razones, se desestima la queja.- Tocante al pedido de imposición de costas (p. IV. 2, fs. 226 vta.) corresponde su rechazo pues sin perjuicio de la desestimación del último agravio analizado cabe considerar que las cuestiones vinculadas a la materia de honorarios no generan costas, y por lo demás, las pautas fijadas en la sentencia de la anterior instancia responden estrictamente al régimen contemplado en la ley arancelaria a los fines de establecer la base regulatoria en caso de liquidación de la sociedad conyugal (art. 34 de la Ley XIII Nº 4).- 4. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en lo principal que decide, modificando la misma para imponer las costas de primera instancia en un 70% a cargo de la actora y en un 30% a cargo del demandado (art. 72 de la Ley XIII, Nº 5, Anexo A).- Asimismo, conforme al art. 282 del citado ordenamiento corresponderá adecuar a este decisorio los honorarios regulados en la anterior instancia, por lo que atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en primera instancia, entiendo que resulta prudente fijar los emolumentos de la Dra. L. A., letrada en causa propia, y de los Dres. M. A. S. y A. P. A., letrados patrocinantes de la parte demandada, en este último caso en forma conjunta, en las sumas porcentuales equivalentes al 5,5% y 6,5%, respectivamente (50% de la escala del art. 6 de la ley arancelaria), a computarse sobre el 50% de la totalidad del activo de la sociedad conyugal (arts. 5, 6, 9, 34, y 46 de la Ley XIII Nº 4), con más el I.V.A. correspondiente.- En cuanto a las costas de alzada, el fracaso de uno de los agravios traídos por el actor apelante ante la deserción dispuesta, y el éxito parcial del restante, permite delinear un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuirlas prudencialmente en el orden causado (art. 72 del citado ordenamiento).- Tocante al recurso de apelación deducido, por derecho propio, por los profesionales que asisten a la parte demandada, sin costas por las razones expuestas al punto 3.2. toda vez que la materia de honorarios no las genera.- Finalmente, con las pautas ya establecidas y lo previsto por el art. 13 del régimen arancelario, propicio regular los emolumentos de los Dres. M. A. S. y A. P. A., en conjunto, por su actuación como letrados patrocinantes del demandado, en el 25% de la cantidad establecida para la primera instancia (arts. 5, 9, 13, y 47 de la Ley XIII Nº 4), equivalente al 1,625% del aludido monto del proceso, con más el I.V.A. pertinente.- Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:- Vienen estos actuados a conocimiento de este tribunal de alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por el demandado (fs. 210) en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 118/203 vta) por el cual se declaran cuáles son los bienes integrantes del acervo conyugal con carácter de ganancial los que se individualizan; homologa lo acordado por las partes en relación al fondo de comercio sito en la ciudad de Puerto Madryn y que gira bajo en nombre de fantasía "E. de C. A.", el que acuerdan transferir a nombre de la hija habida en común V. C. la que se efectivizará cuando ésta lo solicite y, mientras tanto, acuerdan mantener la administración conjunta con su padre Sr. C.; rechaza los rubros peticionados correspondientes a bienes muebles gananciales, bienes muebles propios reclamados por la actora, la pérdida irreparable de dos cuadros pintados de su familia, la desaparición del título de abogada y los recuerdos de familia conforme el considerando; declara como carga de la sociedad conyugal la suma de $ 53.458,97 correspondiente a la deuda con el Instituto Provincial de la Vivienda respecto del inmueble sito en calle P. Nº **, quedando diferida al momento de la partición y adjudicación; determina como canon locativo del inmueble ubicado en calle * de J. Nº ** la suma de $ 4.000, exigible a partir del 28 de mayo de 2009, conforme lo considerado; determina como canon locativo del inmueble ubicado en calle P. Nº **, en la suma de $ 1.700 a partir del 26 de marzo de 2009, conforme a lo considerado; determina como canon locativo del vehículo Fiat Vivace CL, dominio XXX xxx, en la suma de $ 400, exigible a partir de la fecha de interposición de la demanda conforme lo considerado; rechaza el pedido de indivisión realizado por la actora Sra. A., respecto del inmueble ubicado en calle P. Nº **, conforme a lo considerado; rechaza el reclamo de recompensa realizado por las mejoras efectuadas en el inmueble sito en calle P. Nº **, conforme a lo considerado; todo ello, con costas por su orden.-A fs. 211, los Dres. A. M. S. y A. P. A., por sus propios derechos, interponen recurso de apelación en contra de la sentencia por causarle la misma agravio irreparable.- A fs. 207, obra agregada la S.I.C., Nº 0149/2010, por la cual se rectifica el punto VI del pronunciamiento, en el sentido que se determina como valor del canon locativo del inmueble ubicado en calle P. Nº **, la suma de $ 1.400 y no $ 1.700, como se encuentra consignado.

El escrito de expresión de agravios luce agregado a fs. 220/223.A fs. 224/226 vta., se encuentra agregado el escrito de sostenimiento del recurso impetrado por los letrados S. y A..- Ordenado el traslado a la parte contraria de los escritos de expresión de agravios (fs. 227), éste no fue evacuado.I.- Los agravios vertidos por los recurrentes han sido reseñados suficientemente por el magistrado de esta sala que me precede en la votación, Dr. Vergara, por lo que a ella me atendré a efectos de evitar repeticiones estériles.

En cambio, resultará útil individualizar cuáles son los puntos sobre los que se asienta el recurso incoado por la parte demandada en autos, a saber: 1) distribución de las costas; y, 2) reconocimiento del valor locativo de un automotor.-II.- Así pues, en los límites impuestos por el contenido de los agravios planteados ingresaré a su análisis haciéndolo en primer lugar con el cuestionamiento dirigido al reconocimiento del valor locativo de un automotor, para luego hacerlo con el relativo al modo de imposición de las costas.--- Es que dicho orden de tratamiento es el adecuado, tal como acertadamente lo expone el Dr, Vergara, sufragante en primer término, toda vez que el resultado que se obtenga respecto al que fuera individualizado como segundo agravio, eventualmente, podrá influir en el examen que merezca el relativo a la imposición de costas.--- -2) Reconocimiento del valor locativo de un automotor: La Sra. Juez a quo expuso respecto al tópico del epígrafe lo siguiente: "...En cuanto al alquiler correspondiente al automotor Fiat Vivace CL, dominio XXX xxx, año 1996, la actora estima el valor del alquiler en la suma de pesos ochocientos ($ 800) y reclama el pago del 50%.

Por su parte, el demandado expresa que no cabe otra respuesta que la absoluta negativa expresando que es un automotor que tiene una antigüedad de 13 años, que fuera utilizado como auto E., encontrándose actualmente en desuso.

Las partes, más allá de lo invocado, no han aportado prueba alguna tendiente a acreditar sus dichos.

Atendiendo a lo expresado por la accionada, en cuanto a que hace uso del mismo y al modelo del vehículo, estimo justo y equitativo fijar el canon en la suma de pesos cuatrocientos ($ 400) debiendo el Sr. C. abonar el 50% desde la fecha de interposición de la demanda...."(sic) (ver: considerando fs. 202 "in fine").- Ante ello al tiempo de sostener su impugnación respecto al tópico el recurrente asevera que "...Esta parte ha expresado que dicho rodado posee un escaso valor material, y ninguna potencial renta puede obtenerse del mismo, pues ha agotado su vida útil..."(sic)(ver: escrito de agravios, punto 2, fs. 222).-- Asimismo puede ser constatado fácilmente que al respecto la argumentación defensiva opuesta al tiempo de contestar la demanda fue expresada en términos similares, es decir, que dicho automotor tiene una antigüedad de 13 años, que fue utilizado como auto E. estando ya su vida útil agotada, que se encontraba en desuso y que "...funciona esporádicamente ante el grave deterioro de todos sus componentes."(sic)(vide: escrito de responde -fs. 47-).

Es de ver que, del contraste entre los aspectos ponderados por la juzgadora del anterior grado, cuales son: el uso del vehículo por parte del actor y la antigüedad del rodado, y lo argüido por el impugnante en pretendido sostén del presente agravio, resulta evidente que la impugnación es una reiteración de su posicionamiento ya planteado con anterioridad sin aportar motivación alguna que se encuentre vinculada en concreto en qué consistiría el supuesto yerro que se le endilga al razonamiento expuesto por el sentenciante, de suerte tal que no aporta el indispensable contenido crítico que permita a este tribunal de alzada ejercer su facultad revisora.- Es que no repara el impugnante que aquello que se ponderó, sin que dirija ataque ni cuestión alguna a su respecto, es que de hecho se encuentra en uso dicho vehículo y que allende de su falta de potencialidad para generar ganancias que se le atribuye, debido a su estado, lo cierto es que cuenta con un valor en el mercado por ínfimo que éste eventualmente pudiera ser.-- En tal inteligencia debe recalcarse que los agravios deben alcanzar suficiencia técnica, pues de lo contrario se origina la deserción de la apelación que se intenta. Tal suficiencia se relaciona con la necesidad de contar con articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia, puntualizados de tal forma que la misma ha de perder la jerarquía de verdad conclusiva: debe contener un análisis crítico mediante el cual se demuestre, acabadamente, los motivos que se tenían para considerarla errónea (conf. Cám. Nac. Civil, Sala B, 15/2/84, L.L. 1984-D-686; id., Cám. Nac. Civil, Sala D, 19/4/77, L.L. 1977-C-334).- De allí, que si no se rebaten, ni se critican razonadamente los fundamentos o motivaciones de la sentencia apelada en forma directa y concreta, bastaría remitirse a las mismas para que las argumentaciones del dicente agraviado quedaran contestadas.

Es esta pauta la que me convence de que debe considerarse desierto el presente agravio puesto que hecha de ver que se remitió el recurrente a exponer lo mismo que había antes dicho respecto al tópico bajo análisis (Conf., Morello-Sosa-Berizonce en "Códigos procesales...", Ed. Abeledo Perrot, ed. año 2009, T. III, págs. 373 y 374).--- En suma, pues, el presente agravio deviene en desierto por falta de fundamento técnico que le de sustento, por lo que propondré al acuerdo se declare desierto (Conf. arts. 265 y 266 del C.P.C.C. -actuales arts. 268 y 269 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-).

Así lo voto.2) Distribución de las costas: Comenzaré por descartar que el denunciado "abandono" del trámite de mediación iniciado de común acuerdo por las partes en litigio pudiera tener influencia o derivar de tal frustrada instancia alternativa de resolución de la disputa, como consecuencia, en una posible atribución de costas en el proceso allende de la medida que se pudiere reconocer a dicha atribución.

Es que, bastará con precisar que las costas solo comprenden aquellos conceptos que son determinados por las exigencias inmediatas de la tramitación del proceso.

En tal sentido se ha dicho que los gastos de justicia que integran el rubro costas son aquellos indispensables para obtener el reconocimiento y hacer efectivos los derechos que se debaten en juicio, que se realizan en interés directo e inmediato de los acreedores, en conexión con el proceso judicial en cuestión (Conf., CNCiv., sala D, 7/7/82, L.L. 1982-D-164).

Y si bien no soslayo que dentro de tal hermenéutica, la condena en costas comprende no solo a los gastos originados por y en el proceso, sino que también se extiende a los realizados para evitarlo, en todo caso deberían éstos previa acreditación de su erogación -si efectivamente se produjeron- ser incluidos en la cuenta por la que oportunamente se liquidarán en la etapa respectiva a la ejecución de sentencia, pero ello no implica que su generación y eventual pago incida en la atribución de las costas procesales que consiste en asignar quién debe afrontarlas tomando como única y exclusiva pauta el éxito o derrota que se le atribuya en el proceso (conf. doct. Art. 68 del C.P.C.C. -actual art. 69 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-).-- Esto es, el fracaso de la instancia de mediación ni, por ende, que éste fracaso se deba a la actitud de abandono de dicha instancia que se le endilga a la actora en autos, tiene relevancia alguna para la atribución de las costas devengadas en el presente proceso.-- De otro lado, también elimino "ab initio" la posibilidad de que sea factible atender el argumento impugnativo centrado en cuantificar los distintos bienes que se denunciaran en demanda como integrantes del acervo de la sociedad conyugal a liquidar.

Ello así puesto que a los efectos de determinar las medidas de los vencimientos habidos en la litis no cabe posicionarse en una visión atenida a lo meramente crematístico, sino que, en una ponderación global de la materia controvertida debe verificarse cuáles de las pretensiones activas y pasivas son las que prosperan y las que se rechazan (Conf. art. 71 del C.P.C.C. -actual art. 72 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-).

En tal marco de entendimiento, evidentemente le asiste razón a la parte apelante en cuanto que, en verdad, varias de las pretensiones deducidas en demanda por la actora y que se controvirtieran en su responde fueron desestimadas.

Ellas son las siguientes, a saber: reclamo dinerario por bienes muebles (punto 5 -fs. 36-); indivisión del inmueble que fuera asiento del hogar conyugal (punto 6 -fs. 36-); recompensa por reparaciones efectuadas en dicho inmueble (punto 7 ? fs. 36 y vta.-); reclamos por bienes propios que individualizara (cuadros; portatítulos con título de abogada original; y, recuerdos de familia que no individualiza pero cuantifica -punto 8, fs. 36 vta./37-).--- Ahora bien, también cabe resaltar que varias de las oposiciones planteadas en su responde fueron desestimadas, a saber: la inexistencia de dinero depositado en caja de ahorro y cuenta corriente (ver: punto IV de fs. 46 vta.); canon locativo del automotor Fiat Vivace (ver: punto V, apart. B -fs. 47-).-- Y, finalmente, ninguna de las partes tuvo éxito en la cuantificación del canon locativo que cada una le asignara al inmueble sito en Avda. * de J. Nº ***, toda vez que la juzgadora de la anterior instancia promedió los importes estimados por ellas fijándolo en la suma de $ 4.000 (cuando la actora indicó $ 6.000 y el demandado $ 2.000 -ver: fs.35 vta. y 46 vta./47-).- Como resultado de todo ello, entonces, compartiré opinión con el Dr. Vergara, en cuanto a que concurre en la especie un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir las costas en su apropiada proporción, la que estimo se ajusta más a la propuesta de adecuación que efectúa el sufragante en primer término, esto es, imponiendo las costas devengadas en el anterior grado en un 70% a la parte actora; y, en el 30% restante a cargo del demandado, por resultar tales guarismos más acordes con los éxitos y derrotas obtenidas por las partes en primera instancia (Conf. art. 71 del C.P.C.C. -actual art. 72 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-).- Por lo expuesto, propiciaré de tal manera que se modifique en fallo apelado en tales términos.

Así lo voto.-III.- Apelación de honorarios formulada por los Dres. S. y A.: Los mencionados letrados recurrente por su derecho exponen como fundamento de su impugnación que la base económica sobre la cual se debe calcular los emolumentos que se les fijara debe contemplar no solo los bienes que se declararan que integran el acervo conyugal, sino también aquellos respecto a los cuales se consideró que no se acreditó su existencia.

Esto es, postulan, que se debe contemplar como base de cálculo los rubros cuantificados en la demanda y que fueran rechazados.-- Principiaré por poner de resalto que no existe diferencia sustancial alguna al establecer el fallo apelado en su parte resolutiva como base de cálculo sobre el cual se aplicará la alícuota asignada a la actora, por su intervención en causa propia, "...del monto que resulte de acuerdo a las pautas establecidas en el anteúltimo considerando..."(sic); y, a los letrados impugnantes, "...del monto del proceso..."(sic).

Ello, toda vez que existe identidad entre los bienes que se estimaron como integrantes del acervo conyugal con el que, quizás equívocamente, fuera designado como "monto del proceso", toda vez que éste no es otro que el activo de la sociedad conyugal al cual alude el art. 35 de la ley del arancel (actual art. 34 de la Ley XIII Nº 4-).--- Y digo así, por cuanto tengo para mi, que no hay otro monto del proceso, en el particular supuesto planteado en la especie que aquel que indica la específica citada norma del arancel que regula la materia (liquidación de la sociedad conyugal), cual es, el 50% del activo de la sociedad conyugal.- Es a partir de tal hermenéutica que deviene en inaudible todo el desarrollo argumental posteriormente expuesto en pretendido sostén de la pretensión impugnaticia tendente a obtener que se integre la regulación fijada contemplando como base económica los rubros pretendidos en demanda que fueran desestimados.

Solo añadiré a título de mayor abundamiento que desde siempre he opinado que no corresponde contemplar otra base económica de regulación que aquella que ha sido indicada específicamente por la norma arancelaria, propugnando que resulta improcedente practicar dobles regulaciones sobre bases distintas, según sea la porción admitida y la rechazada, encaballándose en que la porción pretendida pero rechazada se constituye en una base económica autónoma susceptible de ser adoptada a los fines de liquidar las alícuotas fijadas en concepto de honorarios profesionales.

Y tal posicionamiento lo he dejado planteado básicamente fundado en que la ley de honorarios contempla en cada supuesto cuál será la base económica a tener en consideración a los fines de cuantificar la retribución de los profesionales intervinientes, tal como acontece en el caso de autos con la que específicamente se indica para los procesos en los que tramite la liquidación de la sociedad conyugal (conf. art. 35 de la ley 2.200 -actual art. 34 de la Ley XIII Nº 4-).

Por ello, propiciaré el rechazo del recurso de apelación planteado por los letrados recurrentes, sin costas atento a que la materia no las genera. Así lo dejo propuesto al acuerdo que se decida.--IV.- Conclusión:

Por todo lo expuesto, concluyo, en que corresponderá confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, para modificarla únicamente en cuanto al modo de atribución de las costas devengadas en primera instancia, las que deberán ser soportadas en un 70% por la parte actora y el 30% restante por el demandado.

Atento a ello, conforme lo previsto por el art. 279 del C.P.C.C. (actual art. 282 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A), corresponderá adecuar a este nuevo resultado los honorarios de los letrados intervinientes en la anterior instancia.

De tal manera, apreciando sus tareas por su extensión, calidad y resultado, estimo prudente fijarlos del siguiente modo: a la Dra. L. A., letrada en causa propia, en la suma equivalente al 5,5%; y, a los Dres. M. A. S. y A. P. A., letrados patrocinante del demandado, en conjunto, en la suma equivalente al 6,5%; en ambos casos tales alícuotas a computar sobre el 50% del activo de la sociedad conyugal, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6, 7, 9, 35, 47 de la ley 2.200 -actuales arts. 5, 6, 8, 34 y 46 de la Ley XIII Nº 4-; leyes 23.349 y 23.871).-- -Las costas de segunda instancia, atento que de los dos agravios formulados solo prospera parcialmente uno solo de ellos, se delinea en la alzada un vencimiento parcial y mutuo que conduce a atribuir las costas devengadas en ella por el orden causado (Conf. art. 71 del C.P.C.C. -actual art. 72 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-).-- Los honorarios de los Dres. M. A. S. y A. P. A., por sus tareas de segunda instancia como patrocinante de la parte demandada recurrente, bajo las mismas pautas apreciativas enunciadas precedentemente, estimo apropiado fijarlos en la suma equivalente 1,625% a computar igualmente sobre el monto del presente proceso, esto es, sobre el 50% del activo de la sociedad conyugal, con más el I.V.A. correspondiente (Conf. arts. 6, 14 y 35 de la ley 2.200 -actuales arts. 5, 13 y 34 de la Ley XIII Nº 4-; y leyes 23.349 y 23.871).-- Termino, entonces, pronunciándome en la presente cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.-- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: - Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en lo principal que decide, modificando la misma para imponer las costas de primera instancia en un 70% a cargo de la actora y en un 30% a cargo del demandado;

b) fijar, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de la Dra. L. A., y de los Dres. M. A. S. y A. P. A., en este último caso en forma conjunta, por sus trabajos profesionales de primera instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 5,5% y 6,5%, respectivamente, a computarse sobre el 50% de la totalidad del activo de la sociedad conyugal;

c) imponer las costas de segunda instancia por la apelación deducida por el demandado en el orden causado, y sin generar costas respecto del recurso de apelación interpuesto por derecho propio por los letrados de la parte demandada;

d) regular los honorarios de los Dres. M. A. S. y A. P. A., por sus tareas de Alzada, en el 25% de la cantidad establecida para la primera instancia, equivalente al 1,625% del ya aludido monto del proceso; y e) declarar que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.Así lo voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, por resultar el mismo fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.-ASI LO VOTO.- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por hallarse en uso de licencia el Sr. Juez de Cámara Dr. Aldo Luis De Cunto , al efectuarse el sorteo para el estudio de la causa (art. 7 Ley V Nº 17) pasándose a dictar: - S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: - CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en lo principal que decide, modificando la misma para imponer las costas de primera instancia en un 70% a cargo de la actora y en un 30% a cargo del demandado; -- FIJAR, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de la Dra. L. A., y de los Dres. M. A. S. y A. P. A., en este último caso en forma conjunta, por sus trabajos profesionales de primera instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 5,5% y 6,5%, respectivamente, a computarse sobre el 50% de la totalidad del activo de la sociedad conyugal;- IMPONER las costas de segunda instancia por la apelación deducida por el demandado en el orden causado, y sin generar costas respecto del recurso de apelación interpuesto por derecho propio por los letrados de la parte demandada;- REGULAR los honorarios de los Dres. M. A. S. y A. P. A., por sus tareas de Alzada, en el 25% de la cantidad establecida para la primera instancia, equivalente al 1,625% del ya aludido monto del proceso; - DECLARAR que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--- REGISTRADA BAJO EL N° DE 2010 - SDF.- Conste.- cg VILMA NOEMI BIRRI SECRETARIA DE CAMARA