marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, cooperativa de trabajo, relación de dependencia, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: BARROS, HERNAN DIEGO c/ ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS DE BELGRANO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27

La Cooperativa se mostró como una típica empleadora a la luz del art. 5 de la LCT. Mantenía con el accionante una relación de trabajo en los términos del art. 21 de la LCT. El actor percibía en forma mensual una suma en concepto de "retornos" por las tareas que realizaba y que ello, en consecuencia, evidenciaba que no se trataba de genuinos anticipos de retornos ya que éstos cuando lo son se perciben a cuenta del retorno anual por su participación (función específica y productividad de cada uno) en la empresa común que es la cooperativa. Además el auténtico anticipo de retornos no se devenga día a día ni tiene carácter salarial y que, en consecuencia, cualquier sanción que aplique el Consejo de Administración en uso de su poder de dirección no debería afectar su monto, ya que si se le descuenta en forma proporcional parte del anticipo de retorno, el carácter no remuneratorio del concepto no es tal.
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MECONI LILIANA  Y OT. c/ NELLY BAROCHI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S084 - 063)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-12-23

Cuando se confronta un transporte benévolo, desinteresado o de cortesía, las reglas que lo rigen se ubican dentro del campo de la responsabilidad cuasi delictual y no en la contractual.
Apreciación del juez, calificación legal, insuficiencia del agravio, portación ilegítima de armas
Materia: PENAL
Carátula: Frías, Maximiliano Osman c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-06-15

El agravio invocado en sustento del cambio de calificación legal, carece de idoneidad a los fines de demostrar el pretendido desacierto que predica de la figura legal atribuida al acusado, pues no refutó adecuadamente todos y cada uno de los argumentos contenidos en la resolución puesta en crisis, sino que efectuó un análisis parcial y descontextualizado de las distintas probanzas ponderadas en tal sentido, las cuales permitieron al sentenciante a quo concluir del modo en que lo hizo, en efecto -en sentido inverso al señalado por el recurrente-, la intencionalidad delictiva surge evidente desde que conforme las reglas de la lógica y del sentido común, ningún ciudadano sale de noche a pasear por las calles, portando sin autorización y de manera oculta entre sus ropas, un arma de fuego de uso civil con aptitud para el disparo, cargada con proyectiles y sabiendo que dicha arma no era de su propiedad, circunstancias éstas dejan sin sustento el inverosímil argumento de que el acusado pidió prestada un arma porque temía por su vida y la de su familia.
Mandato, mandato comercial, autocontrato, nulidad del acto jurídico, nulidad relativa
Materia: CIVIL
Carátula: LIGURIA  S.P.A. c/ ARGOS ARG. DE SEGUROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-24

Es procedente la autocontratación - o autoactuación o autonegociación, en términos genéricos-.

En hipótesis de conflicto de intereses, se da un "negocio jurídico claudicante", es decir, cuando el representado deudor sufra las consecuencias de que su representante haya preferido su propio interés, puede en tal caso hacer caer el acto mediante su anulación pero, habiendo el representante actuado por representación convencional y voluntaria, el acto es anulable y de nulidad relativa, pues puede ser objeto de confirmación.

El CCIV: 1908 no prohibe que el mandatario actúe cuando media oposición entre sus intereses y los del mandante: lo prohibido es que de preferencia a sus intereses propios.
Liquidación judicial, revisión de la liquidación, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: CORTESFILMS ARGENTINA S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22

El tribunal puede revisar de oficio la liquidación antes de la aprobación (cfr. J.A. Rodríguez, tratado de la ejecución, Bs. As., 1987, T. II-a, p. 39), ya que esta facultad, que esta dirigida a resguardar los derechos de defensa y de propiedad, no resulta enervada por la aplicación automática del apercibimiento ordenado para el supuesto de que la deudora guarde silencio al traslado de la liquidación.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, principios generales del Derecho, seguro de crédito a la exportación, compraventa de mercaderías, factura, suspensión del pago, asegurador, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Arcor SAIC  c/ Cesce Argentina de Seguros de Créditos y Garantías SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-29

Así las cosas, teniendo en cuenta que, según la correspondiente cláusula contractual la demandada debía honrar su compromiso dentro de los treinta días siguientes de vencidos los cinco meses posteriores a la presentación de la "declaración de amenaza de siniestro", forzoso es concluir que dicha parte incurrió automáticamente en mora una vez cumplido ese plazo.
Reclusión accesoria por tiempo indeterminado, reincidencia múltiple
Materia: PENAL
Carátula: RUZZOLINI, José L. s/ RECURSO DE REVISION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-01

1) Si bien es cierto que aun con la ley 23057 la situación del condenado podría encuadrar en los dos incisos del nuevo art. 52 del CP, la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado a cumplir igualmente exige que la reincidencia sea múltiple, por lo que no es lógico computar como antecedente válido a los efectos de una reincidencia final penas que por sí mismas no son fuente de reincidencia, por ausencia de repetición ininterrumpida de ésta.

2) Para la aplicación de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, incluso en su antiguo texto, no corresponde tener en cuenta la condena en que se aplica la misma, vale decir, que el número de condenas computables a tales fines debían hallarse presentes al momento de dictar el veredicto.
Medidas cautelares, notificación, terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Chelcouno S.A. c/ Rinersol S.A. s/ Cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-23

El medio notificatorio que prescribe el art. 133 del CPC rige solo para las partes admitidas como tal en el proceso, siendo inoponible al tercero interesado que se presenta en el mismo y que hasta entonces le ha sido extraño. Por ello, la interposición de la revocatoria y apelación en subsidio efectuada por dicho tercero simultáneamente en tal comparecencia originaria- y consecuente notificación de la resolución-no puede calificarse de extemporánea.-
Trata de personas, prueba, monto de la pena, prisión, proporcionalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: ORMEÑO HUERTA, Jackson c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

La figura de trata de personas en su modalidad de captación y traslado con finalidad de explotación, cometida mediante engaño y con la intervención de más de tres personas (artículos 145 bis y 145 ter incisos "1" y "5" del CP) ha quedado por demás acreditada en autos a través del despliegue de una fundamentación racional que no presenta fisuras y que se encuentra basada en el contundente plexo probatorio obrante en autos. Es menester recordar que a los efectos de mensurar la pena, el art. 41 de dicho cuerpo legal distingue entre circunstancias de carácter objetivo (vinculadas con las características del hecho juzgado) y aquellas de índole subjetivo (relacionadas con el autor, su peligrosidad, así como también con aquellas relacionadas con el lugar, modo y ocasión en que aquél fue perpetrado) que deben ser tenidas en cuenta, entre otras circunstancias, como reglas orientadoras al momento de fijar el monto de la pena. La pena impuesta -22 años de prisión-, teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de los hechos juzgados, no implicó una respuesta punitiva irracional ni ha vulnerado los principios constitucionales de proporcionalidad y culpabilidad que rigen en la materia. De este modo, se ha ponderado acertadamente la gravedad y magnitud del injusto, así como también la culpabilidad por los hechos, la participación que tuvo el encausado, la extensión del daño que le han causado los hechos a la víctima y las especiales circunstancias que rodearon su comisión, lo que en definitiva se tradujo en el mismo monto de pena solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Inhabilitación (civil), curatela, designación de curador
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: A. M. C. s/ Inhabilitación (artículo 152, bis del Código Civil)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

La protección de los intereses personales de la inhabilitada que debe cumplirse mediante la curatela, ha de lograrse a través de un familiar idóneo que conviva con ella.
Obligaciones de dar sumas de dinero, convertibilidad, desindexación
Materia: CIVIL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro y Empresas Reunidas Impregislo Dumes y Asociados para Yacireta Unión Transitoria de Empresas (UTE) s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-17

La Ley 23.928 sólo legisla sobre las obligaciones que tienen por objeto dar dinero y no un valor, quedando ello avalado por la ley 24283. En efecto, sólo las cosas, bienes y prestaciones que consisten en hacer o no hacer tienen un "valor real y actual", ya que el dinero no tiene un "valor real y actual", puesto que el "valor" del dinero es "nominal". Es decir quien debe dinero, cumple dando dinero en igual cantidad. (Dr. Diblasi: según su voto).
Recusación sin causa, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GÜEMES 3097-99 c/ AVESANI, María Cristina s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-24

La prohibición de recusar sin causa contenida en el último párrafo del art.

14 del Código Procesal, no comprende sólo a los trámites de ejecución de sentencia sino también a los juicios ejecutivos.
Ejecución de sentencia, condena a escriturar, mora, facultades del juez, astreintes
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Abuin, Juan Carlos c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-02

Porque la finalidad de las astreintes no es resarcitoria de los perjuicios ocasionados por la demora al acreedor, cuya reparación se debe perseguir por otras vías debe el señor Juez "a quo" disponer en primera instancia la realización de medidas compulsivas en el orden burocrático más eficaces que las meramente patrimoniales, vgr. librar sendos oficios a las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del honorable Concejo Deliberante, como así también de los distintos bloques partidarios que componen a éste último, con el objeto de hacerles conocer la situación creada en estos autos a fin de que - en el ámbito de las responsabilidades que les atañen - arbitren de inmediato las soluciones que en el caso requiere y comuniquen al Tribunal tal circunstancia.
Constitución Nacional, acceso a la justicia, normas operativas, tasa de justicia, depósito previo, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marone, Héctor c/ Allois, Verónica D. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

Si el derecho al acceso a la justicia es uno de aquellos que resultan operativos con su sola invocación e irrestricto en su ejercicio, cualquier condicionamiento del trámite judicial de carácter previo - como el vinculado al pago de la tasa de justicia - o ulterior - como el derivado del abono de depósitos para acceder a instancias superiores de revisión jurisdiccional - no sólo resulta violatorio de lo establecido en el art. 31 de la Constitución Nacional, sino que tampoco se compadece con la naturaleza propia de ese derecho constitucional (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Habilitación de feria, recurso de reposición (procesal), denegatoria del recurso, emergencia sanitaria, cuarentena, coronavirus, defensa en juicio, expediente electrónico, continuación del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: V., G. J. y otro c/ Z., C. G. y otros s/ daños y perjuicios (acc. tráns. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Debe ser rechazado el recurso de reposición interpuesto por el abogado de la citada en garantía contra la resolución que habilitó la feria judicial a los efectos de la continuación del proceso, con el fundamento de que, en las condiciones actuales de la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo, se le hace imposible concurrir a su lugar de trabajo en el que tiene los antecedentes físicos de la causa, los que considera absolutamente necesarios para ejercer el derecho de defensa en juicio de su mandante, dado que no se advierte la imposibilidad a la que alude el letrado toda vez que las actuaciones generadas como consecuencia del trámite propio de la causa se encuentran digitalizadas y que, si bien no puede soslayarse que por algún motivo algunas de las piezas del expediente no se encuentren debidamente digitalizadas, el recurrente no precisó cuáles serían las constancias de la causa a las que no puede acceder en forma remota.
Procedimiento laboral, embargo preventivo, fianza
Materia: LABORAL
Carátula: GUYON c/ ARCOR s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-04-30

Es improcedente, a tenor de la Ley 4163, el embargo preventivo sin fianza, si a favor del embargante media una sentencia, aunque la misma se encuentre recurrida.-
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, paso a nivel sin barreras, culpa
Materia: CIVIL
Carátula: EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS c/ PIAZZA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-02

El desplazamiento de los equipos ferroviarios que se efectúa sobre rieles fijos de su exclusiva utilización, en espacios reservados a ese solo efecto, limitan las posibilidades de maniobras imprevistas en esas circunstancias, máxime si se atiende a la modalidad del sistema, que incluye el arrastre de varios vagones cuya longitud y peso impiden la detención inmediata. Estas particularidades imponen la necesidad de que quien ingresa a ese espacio reservado extreme las precauciones para evitar interponerse en el recorrido del convoy. Este deber de precaución es expresamente recogido en los arts. 73 y 86 de la ley de tránsito provincial N. 5800.

En consecuencia, el cruce del ramal ferroviario -sobre el que el tren tiene preeminencia de paso- debe intentarse previa comprobación de la inexistencia de riesgo, ya que se trata por sí misma de una empresa peligrosa, en atención a las circunstancias apuntadas;

prudencia que debe extremarse en grado superlativo cuando se trata de un paso a nivel particular sin barreras, respecto de los cuales el art. 6, 4 y 2 inc. c) de las "Normas para los Cruces entre Caminos y Vías Férreas" (Res. SETOP N. 7/81) establece la veda para el uso público como regla.
Mediación penal, oposición del fiscal, violencia familiar, derechos de la víctima, derecho a ser oído, facultades del fiscal, Ministerio Público Fiscal, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Martínez, Cesar Eduardo s/ 183 - daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

La titularidad de los bienes jurídicos que lesiona el delito incumbe a la víctima, y en pos de resguardar sus derechos constitucionales, corresponde escucharla en cuanto a su consideración de la mediación como respuesta reparadora de sus intereses, según su parecer (art. 25 de la CADH). Sin embargo, no se trata de hacer prevalecer el interés de la víctima en el proceso penal, desatendiendo el cometido del fiscal en cuanto a su rol constitucional vital de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, y el resguardo de la normal prestación del servicio de justicia, procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social. Se trata de asegurar el debido proceso, reconociendo la amplitud de derechos que a la víctima le asisten en el proceso penal, y de brindar respuestas que concreten en cada caso los principios de acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación y celeridad que consagró la ley n° 27.372 -a la que la Ciudad de Buenos Aires adhirió mediante la citada ley n° 6.115-. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Medidas cautelares, medidas autosatisfactivas
Materia: PROCESAL
Carátula: C.R.A. c/ E. SRL y Otros s/ Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-26

Las medidas autosatisfactivas son soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables "inaudita et altera parts" y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles. Lo que distingue este tipo de medidas es que se agotan con su despacho favorable no resultando necesaria la interposición de una ulterior acción principal para evitar su decaimiento.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, calidad de parte, actos y diligencias procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Reinaga, Carmen Angélica c/ Edesa SA s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-09

También apoyó su conclusión en las normas constitucionales y legales sobre la defensa de consumidores y usuarios y en el principio que en caso de duda debe estarse a favor del consumidor. Contrariamente a lo dicho por la recurrente, la verificación de los daños por la Prestadora no es "un trámite o formalidad de reclamo" sino una carga para la misma.

En efecto el texto de la norma es claro: "Las prestadoras deberán: a) Constatar el daño reclamado..." el uso del término "deberán" aleja toda idea de mero formulismo o facultad. Por tanto, el incumplimiento de la carga, permite la presunción seguida en la resolución recurrida.
Tarjeta de crédito, medidas cautelares, medida de no innovar, discriminación, intereses, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: PADEC  PREV.  ASES.  Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR c/ AMERICAN EXPRESSBANK LTD. SA S/ s/ EDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-03

DEL DICTAMEN FISCAL 109241:

Resulta improcedente la medida innovativa solicitada, con la finalidad que se ordene a una empresa administradora de una tarjeta de crédito a: 1) que cese de discriminar entre los clientes que utilizan exclusivamente una de las tarjetas que comercializa y los clientes que además utilizan otras tarjetas con las que opera, con relación a la tasa de interés que aplica sobre saldos deudores, 2) extender a los primeros citados los beneficios que le otorgan a los otros y, 3) difundir el cese de la discriminación aludida. Ello así cuando, como en el caso, no se ha demostrado "prima facie" que normas concretas le impiden a las defendidas aplicar distintas tasas, ni tampoco que la conducta de la accionada implique una discriminación invalida según la jurisprudencia de la Corte Suprema, en virtud de la cual la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato igualitario a quienes se hallan en idénticas circunstancias, empero, no impide que se contemple en forma distinta situaciones diferentes, esto en la medida en que tales distinciones no revelen criterios arbitrarios (cfr. CSJN, fallos 245:221, entre otros).
Acto administrativo, notificación, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Quipildor, Lidia Sabina y otros c/ Municipalidad de Antofagasta de la Sierra s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-23

Como se sabe, "el acto administrativo, una vez formado y para que tenga efecto con relación a los particulares, debe exteriorizarse; el acto concreto notificándolo al interesado y el acto general, el reglamento, publicándolo". (Diez, Manuel Maria, "Derecho Administrativo" T.II, pág. 255). Sin embargo, dicho presupuesto que hace a la exigibilidad y al deber de cumplimiento del acto, nada tiene que ver con la legalidad del mismo, por lo que si la potestad fue ejercida por la administración lo fue en el transcurso de los seis meses que tenía para valorar la aptitud de los agentes, la falta de notificación no causa su anulación, en tanto no hace a su validez sino a su eficacia. En consecuencia, el plazo de los seis meses rige para ejercer la potestad revocatoria-cancelatoria-, y no para notificar la decisión, por lo que estimo que corresponde rechazar la acción, al no encontrarse reunidos los presupuestos sustanciales que la acción de amparo intentada exige.

Del voto del Dr. Cáceres en disidencia
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, proceso penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Fiscal c/ Vidal Farías, Belarmino Fernando y otro s/ averiguación  infracción  art.  864,  inc.  "D"  del Código Aduanero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

Es deber de los magistrados en orden a la justicia represiva restringir el pronunciamiento a los hechos que constituyeron la materia del juicio.
Secuela de juicio, procesamiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Girardo, M. s/ Prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Los actos que constituyen secuela de juicio incluyen necesariamente el procesamiento como pre - requisito de los restantes.
NICARAGUA, responsabilidad internacional del Estado, violencia institucional, derechos de las niñas, niños y adolescentes, violencia sexual, deber de imparcialidad, discriminación por edad, discriminación por razones de sexo o inclinación sexual
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso V.R.P., V.P.C. y Otros Vs. Nicaragua S/ Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-03-08

El Estado de Nicaragua ejerció violencia institucional en contra de la niña que sindicó a su padre como autor de los abusos y violencia sexual padecidos, así como también discriminación en razón de su género y condición de niña, pues el proceso judicial iniciado por su madre contra aquél hacia noviembre de 2001 terminó en el plazo extremadamente breve de cuatro meses, con la declaración de su inocencia, existiendo un temor fundado de parcialidad en relación con la actuación del Tribunal de Jurados interviniente.
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Ross, Víctor Hugo c/ Fundiciones Canning S.A. s/ Accidente de trabajo daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-12

Demostrado que el accidente de trabajo se produjo como consecuencia del riesgo propio de la máquina de propiedad del empleador es inobjetable la conclusión del fallo que responsabiliza a la firma demandada en los términos del art. 1113, parte 2º in-fine del Código Civil.
Procedimiento administrativo, vista de las actuaciones
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Guidi Omar Nestor Dario c/ I.S.S.B. -Res.236/96- s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-30

El pedido de vista tiene efecto suspensivo, lo cual se encuentra expresamente previsto por el art. 76 del decreto reglamentario de la ley 19.549; efecto que se concede con la finalidad de evitar la indefensión del administrado que no ha podido tomar conocimiento de ellas y que tiene exiguos plazos para recurrir, sea por recursos administrativos o acción judicial (conf.

Sala IV del fuero, "Autolatina Argentina S.A. (T.F. 7644-A) c/ A.N.A.", del 1/4/97).