marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aplicación de la ley, pueblos originarios, catastro, adjudicación de tierras
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Agrupación Indigena Paineo y Agrupación Indigena Cayupan c/ Provincia del Neuquén s/ acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-17

Encontrándose pendiente la ejecución del relevamiento técnico-jurídico-catastral que posibilitaría despejar el interrogante planteado sobre la existencia de ocupación tradicional en la zona en conflicto, sumado a la especial trascendencia que reviste la materia examinada, obligan al rechazo de cualquier inteligencia de la presente decisión que lleve a estimar como definitivas estas conclusiones. Por lo expuesto, no encontrándose acreditados los extremos necesarios que permitan declarar la nulidad o inexistencia de los Decretos Nro. 2106/99 y 4735/90 -dado que no se ha certificado el vicio alegado- se concluye en el rechazo de la demanda interpuesta, lo que exime de pronunciarme sobre las demás cuestiones planteadas atinentes a la prescripción de la acción intentada. (del voto de la Dra. Genari, en adhesión).
Daño moral, incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Moyano, Rubén Ovidio Oscar c/ Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09

Al proponer la desestimación de la incapacidad que se estimara extrajudicialmente en un setenta por ciento limitarla exclusivamente al porcentaje del veinticinco por ciento determinado en este proceso, cambia totalmente el presupuesto fáctico del daño moral, que desde luego, en casos como el de autos, opera principalmente en función de la gravedad o entidad de las lesiones físicas (arts. 1078 Cód. Civil). Obviamente no es lo mismo operar con un menoscabo a la integridad física, donde cabe sumar según el método de las incapacidades múltiples, rubros que alcanzan a un veinticinco por ciento, por un lado, y a un setenta por ciento por el otro, que hacer la valoración pertinente simplemente sobre el primer porcentaje. En consecuencia, cabe estarse al dato objetivo de la pericia de neurólogo, lo cual cabe conjugar con la caracterización del daño moral, como la indemnización que busca reparar la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, como cuando se vulnera la integridad física, entre otros.
Disolución de la sociedad conyugal, terceros ajenos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Montes, Gabriela c/ Giovanini, Daniel y Otro s/ Nulidad de Acto Jurídico - Prueba del Actor
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-11-09

Resulta inadmisible la pretensión de que se produzca prueba pericial e informativa sobre terceros ajenos a la litis en el marco de un juicio de nulidad de convenio de disolución de sociedad conyugal, aun cuando se intente la acción de fraude genérico a la ganancialidad a los fines de lograr la declaración de inoponibilidad del acto que afectaría al cónyuge actor, pues aunque para ello no sea necesario accionar también contra la parte que fue cómplice del cónyuge de la defraudación, aquel seguirá siendo un tercero ajeno a la litis, que no quedará afectado por la "colación comunitaria".
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Montiel, Atanasio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-10

Al no advertirse pronunciamiento de la Corte Suprema que afecte lo asentado en el plenario "Kosuta", no procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa, como ocurre respecto del delito de lesiones culposas -art. 94 CP- que prevé en forma conjunta la pena de inhabilitación. El voto concurrente adhirió a la solución propuesta por considerar que en las particulares circunstancias del caso no se dan las condiciones que podrían permitir la suspensión del proceso a prueba. (Dres. Catucci, Slokar -voto concurrente- y David).
Concursos, privilegios (comercial), crédito laboral, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: SASETRU    S.A.    SOBRE  QUIEBRA  -  INCIDENTE  DE  PRONTO  PAGO POR GUALTERIO SEIFERT s/ INCIDENTE DE PRONTO PAGO POR GUALTERIO SEIFERT
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-02

Es procedente indexar el crédito reconocido en una sentencia cuando su valor se ve disminuido por efectos de la depreciación monetaria y su cumplimiento se ha demorado por la conducta ilegítima de quien permaneció deudor, doctrina que tiende al mantenimiento de la intangibilidad del crédito durante todo el proceso judicial y a cuya aplicación no obsta la circunstancia de que se hubiese formulado el pedido después de dictada la sentencia.

(En el caso, en este proceso concursal fue admitida la indexación de los créditos laborales, lo que justificó adoptar la solución apuntada).
Incidente de nulidad, asesor de menores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guimil, Oscar c/ Guzmán, Argentina Inocencia s/ Cumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios Allegretti, Daniel O. y otros c/ Arce, Roberto Julio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19|2000-03-16

La mera circunstancia de que la intervención promiscua del Ministerio Pupilar y sus consecuencias en los supuestos de omisión, no significa que tal ausencia ocasione una nulidad de fondo en el procedimiento; por el contrario, la nulidad de ella resultante configura un vicio de procedimiento y, por tanto, se rige, en principio, por el régimen instaurado en los art.s 169 a 176 de la ley ritual.
Cuestiones de hecho y prueba, facultades discrecionales del juez, errónea apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL s/ ELEVA RECURSO DE APELACION (LEY PROVINCIAL Nº 2450) (INICIADO POR LA POLICIA DE LA PROV. SANTA CRUZ.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-06-24

Conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria la misma se encuentra directamente vinculada a una violación de las formas y solemnidades sustanciales, así como las garantías de defensa en juicio y debido proceso; y a un defecto de subsunción legal por parte del ad quem y si bien en principio la instancia extraordinaria provincial que se suscita, resultaría improcedente porque todas las cuestiones planteadas remiten a la consideración de circunstancias de hechos, pruebas y de derecho común, que son propios de los jueces de la causa y ajenas, como regla, a la instancia extraordinaria, ello no impide que se habilite la instancia extraordinaria, en tanto existan razones de mérito suficiente para descalificar el fallo, como en el caso de autos en el que el juez de grado desestima el recurso por " orfandad probatoria" , inadvirtiendo en la causa elementos probatorios determinantes .
Derecho a la vivienda digna, hábitat
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público - Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

El art. 31 de la CCBA comienza por reconocer el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado y engloba un aspecto inexorablemente colectivo -hábitat adecuado- con otro que, como regla, implica, directamente o de modo indirecto, como puede ocurrir en los planes autogestionados, asignaciones individuales de recursos, y sólo puede imaginarse como atendido por bienes colectivos en situaciones excepcionales en las que una escasez insuperable impone compartir el techo. (Voto en disidencia Dra. Ana María Conde).
Daños y perjuicios, ruidos molestos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: STRASSER GUILLERMO VICTORIO Y OTRA c/ WEISGERBER JORGE SANTIAGO s/ CESACION DE RUIDOS MOLESTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-09-25

La dispuesta "supresión" de los ruidos, debe correlacionarse con la necesidad de adoptar las medidas que fueren menester para reducirlos a un grado tolerable, si de acuerdo a lo resuelto, deben abstenerse de producir los molestos y no cualquier ruido. Lo resuelto se ajusta a las facultades conferidas a los jueces por el artículo 2618 del Código civil, a la preceptiva del artículo 160 del Código Procesal Civil y Comercial y a las circunstancias del caso.

Si bien la aplicación de las sanciones o condenaciones conminatorias supone una resistencia a cumplir la condena por lo que ésta no podría ir acompañada de las mismas "ab-initio", como los jueces pueden imponerlas, quedaría librado a su criterio, la oportunidad de hacerlo. Y en el caso, en atención a las particularidades del incumplimiento en la supresión de los ruidos, se impone fijar el monto de las sanciones en la sentencia, para la eventualidad de que no se le dé cumplimiento y evitar posibles e innecesarias dilaciones. La obligación de suprimir las molestias es independiente de la culpa o dolo del vecino y si la hay, la conducta debe ser sancionada con mayor severidad. El derecho a la paz, el sosiego o la quietud, no se encuentra condicionado a la existencia de un daño a la salud. Simplemente basta que los ruidos excedan los límites de la tolerancia normal y turben el necesario descanso reparador al que tienen derecho las personas, para inferir que sufren un padecimiento o mortificación en su vida espiritual anímicamente perjudicial e indemnizables como daño moral.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión federal, ley federal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bovari de Díaz, Aída y otros c/ Estado Nacional- M° de Defensa s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Es formalmente admisible el recurso extraordinario si se halla en juego la interpretación de normas federales, y la decisión final del pleito ha sido adversa al derecho que el apelante funda en ellos.
Domicilio, sucursal, notificación defectuosa, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Heredia, Liliana Evelina c/ Cooperativa de Transporte Automotor Cuyo-Tac y/o Díaz, Carlos Luis y/o Q.R.R. s/ Beneficios laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-09-03

Sin perjuicio que los límites de conocimiento de la Alzada se ciñen a la expresión de agravios, en el caso nos encontramos con que una de las partes-patronal- no fue oída en el proceso ya que no se la anotició del mismo.

En efecto, la Empresa de Transporte Automotor es notificada de la demanda en el domicilio de la ventanilla de la Estación Terminal, a pesar de que la misma no puede denominarse sucursal tal como lo exige el art. 90 inc. 4 del Código Civil; ello es un domicilio especial que surte efectos respecto de las relaciones contraídas en el lugar por los agentes de las filiales que tienen su sede principal en otro lugar;esta ventanilla no puede denominarse sucursal, ya que se acredita que se encuentra concesionada y en ese contrato de concesión la empresa de transporte demandada fija otro domicilio en la provincia de Mendoza.

Por otra parte, si carece de validez la notificación efectuada en la sede social y no en el domicilio registrado, con más acierto ello debe ocurrir en el caso de la sucursal, ya que se debe escindir el cumplimiento de las obligaciones con el emplazamiento de la sociedad para estar en juicio, lo cual por su importancia debe efectivizarse en el ámbito territorial preciso y determinado.

Aún cuando las filiales tengan capacidad para celebrar determinados negocios, no se puede dudar que la sociedad debe tener un conocimiento íntegro de lo que sucede en todas sus ramificaciones, por lo que resulta fundamental el emplazamiento en el domicilio inscripto y no en las sucursales, máxime cuando en el caso de existir condena ésta será contra la persona jurídica y no contra la sucursal específicamente.

En consecuencia, en el caso no cabe duda que la Empresa se encuentra mal notificada de la demanda y que probablemente ni siquiera tenga a esta altura noticia de la existencia de la causa, por lo tanto corresponde declarar de oficio la nulidad de lo actuado, ordenando notificar la demanda en su domicilio legal.
Resolución administrativa, medida de no innovar
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Gutiérrez, Evans Nora c/ Provincia de San Juan s/ Contencioso Administrativo, Pieza separada del recurso de apelación   (Tercero Civil 30690)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-03-19

Para que proceda la prohibición de innovar contra una resolución del poder administrador es menester que concurran a más de los requisitos de toda cautelar (verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela), la prueba de la arbitrariedad del acto recurrido o la violación del acto administrativo y por tanto su ejecutoriedad.
Notificación automática, libro de asistencia, compulsa del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCES, Inés Adelina del Valle c/ Quiroga Osvaldo Felipe y Otro s/ Escrituración - Incidente Levantamiento de Embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-09

El día en que se dicta un decreto o providencia, no resulta notificable por nota, por cuanto el expediente no permanece en secretaría durante el horario íntegro de atención al público. El requisito de la nota en el Libro de Asistencia, no debe interpretarse con carácter solemne, pues si por cualquier otro medio, serio y objetivo, se puede acreditar que las actuaciones no se encontraban en Secretaría, no se puede interpretar, sin más, que la partes ha sido notificada", pues "lo contrario significaría caer en un excesivo formalismo al margen del espíritu de la moderna ciencia procesal, y en definitiva atentar contra el adecuado ejercicio de defensa.
Empleados públicos, traslado, remuneración, ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS DE SANTA FE
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASALI, MARIO HORACIO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 502 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Cabe mencionar que por ley 8525 los actores tenían derecho a solicitar su traslado (art. 15, inc. "j") y la Administración podía "disponer el traslado de los agentes a su pedido dentro del ámbito de este Estatuto, en cargo de igual nivel y jerarquía, siempre que las necesidades del servicio lo permitan y cuando existan razones que resulten atendibles a juicio de la autoridad competente" (art. 46, ley 8525), por ello corresponde acoger la pretensión de los actores consistente en el cobro del suplemento por prestación de servicios en la ciudad de Buenos Aires, desde el momento en que empezaron a trabajar en el EN.FI.RE. S.A.P.E.N. hasta la vigencia del decreto 2269/92, por el que se puso en funcionamiento el A.P.I.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, recurso extraordinario, tribunales de instancia única
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Veiga, Enrique Avelino c/ Ochoa, José María s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y perjuicios (Expte. CSJ Nº   158-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-17

Examinar la queja en términos excesivamente latos, en una suerte de escamoteo de las razones concretas que fundamentan su apreciación, trae aparejada la infracción constitucional al artículo 95 de la Ley Fundamental local y, además, la ineficacia, en su caso, de la apelación extraordinaria como vía apta para la posible enmienda de los agravios imputados al Tribunal Colegiado.
Acción de amparo, pueblos originarios, derechos del aborigen, inspección ocular
Materia: MINERO
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

La relación entre el plexo normativo, la realidad de las Comunidades Indígenas y la acción de "amparo colectivo" en trámite lleva a interpretar que los representados por CODECI., o sea "los afectados", pretenden ser tenidos en cuenta, ejercer sus derechos y tener respuestas del Estado según está obligado, con una intelección diferente ya que tienen un componente ancestral a respetar.- Otra cosmovisión. La causa está imbuida de un disparador que es el "PROYECTO CALCATREU", también denominado "el caso", del que deriva la exteriorización de una real y descarnada situación no sólo de desatención, sino de postergación, olvido y marginalidad que fue objetivamente constatada en el acto de reconocimiento judicial de los días 7 y 08-04-05.
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, juegos de azar, alícuota, impuestos
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-10

El art. 52 inc. 5 de la Ley Tarifaria para el año 2002 que se encuentra controvertido dispone que de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, se establece para las actividades que enumerada, las tasas que en cada caso se indican, entre ellas, a la comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados se le aplica la alícuota del 4,5 %, de modo que de esta norma se desprende, de manera indubitada, la finalidad que tuvo en miras el legislador, cual es gravar con una alícuota especial a la explotación, en la Ciudad, de juegos de azar autorizados. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Acceso a la información pública, secreto del sumario
Materia: PENAL
Carátula: Soldati, Santiago y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-09

El archivo de la causa por inexistencia de delito no se erige en un obstáculo válido que impida acceder al expediente a una asociación que tiene como objetivos promover los mejores estándares y prácticas institucionales en relación con la investigación judicial de hechos de corrupción. Si bien el art. 204 in fine CPPN prevé que el sumario sea secreto para los extraños, la organización peticionante no resulta extraña al tema investigado. (Dres. Fégoli, Madueño y Cabral).
Solve et repete, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Alzaga, Marcelo Rómulo c/ Pcia. de Bs. As. s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-28

El art. 92 del Código Fiscal -actualización desde la fecha del reclamo- debe ser aplicado con un criterio estricto, limitándose a los supuestos en él comprendidos: devolución, acreditación o compensación de importes abonados indebidamente o en exceso. En consecuencia, no corresponde su aplicación -y por ende la actualización procede desde la fecha del pago- cuando se trata de la devolución de importes abonados en concepto de un impuesto que era debido, pero de cuyo pago el contribuyente fue luego retroactivamente exento.
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Nador, Raúl s/ Atentado y resistencia a la autoridad - Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

Si la lectura del fallo de Cámara evidencia que se ha aplicado la denominada "prueba compuesta" en el sistema vigente antes de la reforma al Código Procesal efectuada por la ley 10.358, la simple cita del art. 259 del C.P.P. (t.o.) formulada por el a quo no implica aplicación de la citada reforma procesal en cuanto prohibe a la instrucción policial recibir declaración indagatoria al imputado.
Acción de lesividad, sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: I.P.P.S. c/ Sucesión de Karasik, Gregorio s/ Acción de Lesividad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-08-04

Por último, también se ha dicho que la sentencia que hace lugar a la acción de lesividad es constitutiva, ya que al anular un acto declaratorio de derechos producirá la extinción de las relaciones jurídicas derivadas del acto; y respecto de los efectos se ha expresado que, al tratarse de "anulación" y no de declaración de nulidad, operan desde el momento en que la sentencia se pronuncia por la anulación (v. Gónzalez Pérez, Jesús; "Manual de derecho Procesal Administrativo", segunda Edición, Ed. Civitas, Madrid, 1992, pág. 489). Entiendo que cuando se alude al pronunciamiento de la sentencia, en rigor se está refiriendo al momento de la notificación de la demanda, pues es un principio general que el fallo final que declara procedente la pretensión del actor, cualquiera que fuere la naturaleza del respectivo proceso, se remonta al instante del nacimiento del estado de litispendencia mediante la notificación de la demanda. (del voto del Dr. González Godoy)
Agencias de colocaciones, derecho de trabajar, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: CLAUDIO NORBERTO SANTOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-05-31

No es violatorio del artículo 14 de la Constitución Nacional en cuanto a la libertad de trabajar y ejercer toda industria lícita, la Ley 13591 en cuanto prohíbe el funcionamiento de las agencias privadas de colocaciones, toda vez que dicha prohibición se encuentra dentro de los términos del principio de legalidad consagrado por el artículo 19 de la carta constitucional, y no es absoluta, por limitarse a las agencias que persigan fines de lucro, siendo la finalidad de dicha norma sustraer al trabajador de una actividad comercial que tenga como principal objetivo el de lucrar con la coordinación entre la oferta y demanda de trabajo. Se resguardan así valores que son de una jerarquía y trascendencia superior a los intereses individuales. Tal limitación encuadra en los términos del artículo 28 de la Constitución Nacional.
Contratos, mandato, interpretación de la ley, responsabilidad de los gerentes, contrato de prestaciones médicas, prestaciones de la obra social, unión transitoria de empresas, factura, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Aglasc SA c/ Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la Republica Argentina s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-17

Corresponde admitir la demanda incoada por una empresa prestadora de servicios médicos contra una obra social, en reclamo del cobro de ciertas facturas impagas emitidas con motivo de la prestación de servicios asistenciales en favor de una afiliada. Ello así, aún cuando la obra social recurrió al gerenciamiento para prestar servicios a sus afiliados a través de una UTE (unión transitoria de empresas), a quien delegó y tercerizó la gestión y administración de las prestaciones médicas asistenciales debida a los afiliados. En tales condiciones, toda vez que la actora proporcionó prestaciones en favor de una afiliada de la obra social, y que ésta última había contratado con la UTE intermediaria la ejecución de ese servicio, la obra social no puede exonerarse del pago de la deuda, ya que ésta fue contraída en beneficio de su afiliada.
Alimentos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., M. c/ A., I. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Atento la habitual controversia en el juicio de alimentos como consecuencia de la ruptura de la pareja, no siendo por ello posible la colaboración de las partes en el proceso, resulta de suma importancia la prueba oficiosa -informe Asistente social, Informe Psicológico- pedida por el Asesor de Menores, y/o por el Juez a-quo para un mayor conocimiento del problema (arts. 264, 265 y 267 del C.C.; art. 34 y 36 inc. 2do., ap. 4to y 5to. del CPCC).