marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regulación de honorarios, obligaciones, régimen de consolidación de deudas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Lugea, Héctor Osvaldo y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-26

Si bien es cierto que la obligación de abonar honorarios nace con el auto regulatorio firme, no se puede afirmar que la fecha en que ellos se regulan determine la aplicación del régimen de consolidación. Al respecto, la C.S.J.N. ha señalado que a los fines de determinar la consolidación del crédito por honorarios cabe atenerse a la fecha en que se realizaron los trabajos profesiones que configuraron la causa de la obligación de pagar los emolumentos, y no la de la fecha de su regulación o de previsión presupuestaria (cfr. Fallos 316:440; 322:1201, entre otros).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Domiñiko Juan y Otros s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1991-03-07

Solamente puede considerarse arbitraria una sentencia, cuando la misma ha sido dictada "sólo por la voluntad o capricho de los Jueces"; es decir cuando padece una notoria ausencia de fundamentación; o cuando sus conclusiones son abiertamente antijurídicas o absurdas.
Sociedad irregular, disolución de sociedades
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Font, Luis Alberto c/ Chiodi, Eduardo F. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

Las sociedades irregulares tienen una personalidad jurídica precaria, disolviéndose totalmente cuando cualquiera de los socios lo requiera. Estos tienen acción, en su caso, para demandar la rendición de cuentas conforme a las reglas del derecho común pero no para reclamar indemnización de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de los aportes prometidos por las partes.-
Concubinato, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez, Lucía Librada c/ Ayala, Marcelino s/ Disolución de Sociedad Conyugal de Sociedad Conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-11-12

Cualquiera sea el juicio que se tenga respecto a las uniones concubinarias, en el caso, el fundamento de la acción no finca en el hecho de la cohabitación sino en el efectivo aporte de bienes destinados al aprovechamiento común. Por eso los medios probatorios deben versar sobre los aportes o trabajos comunes y sobre el propósito de obtener alguna utilidad apreciable en dinero o bien acerca de la existencia de un estado de comunidad de bienes o intereses, con total prescindencia de las relaciones concubinarias.
Estafa, falsificación de instrumento privado, falsificación de instrumento privado equiparable al público, concurso ideal, cheque de pago diferido
Materia: PENAL
Carátula: FERRAROTTI, ALDO s/ ESTAFA - CONCURSO IDEAL - FALSIFICACION CHEQUE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-02

No obsta a la configuración del delito prevista en el art. 172 del Cód. Penal, la circunstancia de que los cheques dados en pago de la operación, lo fueran con fechas posteriores a las de las compras, atento lo dispuesto en el art. 23 Decr.-ley 4776/63.

Corresponde encuadrar el hecho en la figura de los arts. 172, 292 y 297 y 54 C.Penal, ya que el encausado desplegó el ardid estafatorio con falsa apariencia de bienes y nombre supuesto y empleando el cheque en cuya confección intervino, tratándose la relación entre ambas figuras de un concurso formal de delitos.
Procesamiento sin prisión preventiva, daño, lugares históricos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M.H.N. y Otros s/ Procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-21

Cabe procesar por el delito de daño agravado a jóvenes que habrían ingresado a una iglesia declarada Monumento Histórico Nacional y habrían destrozado puertas y ventanas del edificio, vaciado matafuegos, sustraído distintos elementos, interrumpido el servicio eléctrico del laboratorio, orinado sobre el altar y efectuado pintadas, ya que las pruebas aportadas resultan suficientes para tener por acreditada la responsabilidad de los acusados en los hechos que se investigan y no medió violación al derecho de defensa, debido a que los acontecimientos fueron detallados por testigos y no por los imputados.
Denegatoria del beneficio, interpretación de la ley, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGUEZ DE ROZLOSNIK, ESTRELLA c/ Caja Nacional de Previsión para Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-07

Corresponde confirmar la resolución administrativa que denegó la jubilación ordinaria solicitada al amparo de la ley 23.604 por no encuadrar en la excepción al principio de la jubilación única, si del informe evacuado por el Instituto Municipal de Previsión Social surge que la peticionante goza de un beneficio obtenido en ese régimen, cuyo monto es susceptible de mejora con la inclusión de los servicios prestados en el ámbito del Estado Nacional. (Disidencia del Dr. Lacalu).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, depósito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Roldán Graciela J. c/ Autodelta SA. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Es irrelevante el que la actora se haya visto obligada a llevar al taller de la demandada y vendedora el vehículo, pues ello era condición de mantenimiento de la garantía otorgada al comprador (se estaría siempre en el ámbito de un depósito convencional) como así que la misma no tomara seguros en relación a riesgos de posible experimentación por la cosa depositada, pues esa omisión, en el caso, no dice relación causal con el daño. En consecuencia, si no existe culpa en la interpelada, lo que importa haberla mantenido convenientemente resguardada, la acción del tercero, por quién la misma no debe responder, actúa como un caso fortuito (arts. 514 y 2203 Código Civil) y vuelve irreprochable el comportamiento contractual del depositario.
Honorarios, regulación de honorarios, apoderado
Materia: PROCESAL
Carátula: FASSI, J. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ EXPROPIACION INVERSA - EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-10-15

En virtud de lo prescripto por el art. 45 de la ley 7.269, corresponde regular los honorarios del solicitante por la actividad cumplida como procurador en los recursos de revisión y extraordinario.
Empleo público, remuneración, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto de Seguridad Social del Neuquén c/ E.N. -Secretaría de Seguridad Social- y Otros s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

No es irrazonable sostener que -como regla- la relación de empleo público que vincula a un profesional con el Estado implica la imposibilidad del primero de percibir honorarios del segundo, salvo en asuntos ajenos a esa decisión o pacto expreso en contrario. Ello no significa presumir la renuncia del profesional, sino de establecer correctamente el ámbito de su derecho, conclusión que no desconoce el principio de la irrenunciabilidad de los honorarios profesionales, ya que sólo se trata de la sustitución de los que fueron regulados por el pago de un sueldo, salario o remuneración (esta Sala, 19/6/97, "Decavial S.A.I.C.A.C. -Incidente II- c/ D.N.V.

s/ contrato de obra pública).
Recurso de apelación (procesal), recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, presupuesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Núñez  Mariano  Polino  y  otros c/ Estado Nacional PrefecturaNaval Argentina s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-06

Uno de los requisitos subjetivos esenciales para la admisibilidad del recurso de apelación está dado por el agravio o perjuicio cierto que debe ocasionar la resolución que se pretende impugnar, pues de lo contrario faltaría un presupuesto genérico de los actos procesales de parte, cual es el interés o gravamen (confr. Sala 3, causa 2024/98 del 4.6.98 y sus citas de doctrina y jurisprudencia), recaudo éste observable también respecto del recurso de queja ya que su naturaleza impone la necesidad de que se suministre al tribunal las razones por las cuales se consideran erróneos los fundamentos de la resolución denegatoria (confr. esta Sala, causa 2249/00 del 10.8.00; Sala 1, causa 2372/00 del 4.5.00; Sala 3, causa 12.634/02 del 17.2.02, entre otras).
Acción de amparo, cuestiones procesales, aplicación de la ley, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: CUADERNILLO DE EJECUCION DE SENTENCIA, EN AUTOS: VEGA DE PECCI, LIDIA c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA s/ RECURSO DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-08-22

Cuando al Superior Tribunal le cabe determinar el marco legal aplicable al proceso en trámite, adopta la doctrina mayoritaria que sostiene que las leyes sobre procedimiento y competencia son de orden público y las nuevas que se dicten pueden válidamente aplicarse a las causas pendientes, salvo que con ello se afecten actos concluídos o se deje sin efecto lo actuado de conformidad a las leyes anteriores. Conteste con el mismo, existe mérito para la aplicación inmediata de la nueva ley.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, desaparecidos, competencia federal, competencia por el territorio, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " DILLON, Juan C. s/ imcompetencia ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-02

En reiteradas oportunidades ha dicho este Tribunal que la Policía de la Provincia de Buenos Aires respondía al Comando de Zona 1 en la jurisdicción del Comando del Cuerpo de Ejército I, de tal forma que el Jefe de dicha fuerza de seguridad dependía directamente del Comandante del Primer Cuerpo de Ejército. A partir de ello se estructuraron dos líneas de comando: una ordinaria que operaba a través de las subzonas, áreas o subáreas, con la subordinación operacional de la Dirección General de Seguridad de la Policía de la Provincia y otra que a través de la Jefatura de la Policía (que, como se ha dicho, recibía sus órdenes del Comandante del Primer Cuerpo del Ejército) contaba con la Dirección General de Investigaciones, la de Inteligencia y la de Asuntos Judiciales. La primera línea subordinaba, en la faz operacional, varias reparticiones policiales dependientes de la citada Dirección General de Seguridad (unidades regionales, cuerpos, comisarías, destacamentos, etc.) -sin que fuera necesario la previa intervención o conocimiento del Jefe de Policía- en las que se mantenía alojados a las personas privadas de su libertad por orden de las Sub zonas o Áreas.Así, si la detención ilegal y desaparición forzada de una persona se produjo a través de fuerzas policiales que respondían de la citada Dirección General, debe ser investigada, por razones de conexidad, por el Juez Federal con competencia territorial en el lugar desde donde se impartieron esas ordenes, es decir la Ciudad de La Plata.
Indemnización por incapacidad, indemnización por despido, acumulación de indemnizaciones
Materia: LABORAL
Carátula: LOTITO, AMALIA E. c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA IND. TEXTIL s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-06

La acumulación de resarcimiento sólo es posible ante la disparidad de fuentes del perjuicio, pero no corresponde cuando éste es único -pérdida de empleo- y el sistema indemnizatorio es idéntico, por cuanto el 4to. párrafo del art. 212 remite expresamente al art. 245 LCT. El perjuicio tiene un módulo único se trate de una incapacidad absoluta sobreviniente que haga extinguir la relación laboral en el marco de la citada norma o se produzca por una denuncia efectuada por el empleador de manera directa en las previsiones del 1er. párrafo del art. 245 LCT.
Nulidad de matrimonio, homosexuales, vicios de la voluntad, divorcio del 67 bis
Materia: CIVIL
Carátula: S.M.E.C. c/ E.G. s/ NULIDAD DE MATRIMONIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-15

Demandada nulidad de matrimonio por parte de la cónyuge imputando homosexualidad a su marido, anterior al matrimonio, el dolo que ésta imputa a su contraparte, solo hubiera tenido las características que requiere el art. 932 del Código Civil si el esposo hubiese aseverado falsamente su heterosexualidad o hubiese silenciado su bisexualidad o su tendencia a la homosexualidad (art. 931, cód. cit.), en relación con sus circunstancias contemporáneas a la celebración de su matrimonio. Por lo contrario, si su homosexualidad o tendencia a éste aparecida en su primera juventud, se hubiese corregido con anterioridad a la nupcias, su silencio al respecto no justificaría la nulidad porque carecería de los requisitos del precitado art.

932, máxime si no se ha probado, de ningún modo, que el marido fuese homosexual o bisexual cuando se casó con la accionante y, en cambio, la conducta sexual normal de ambas partes durante los primeros años de su vida en común, hace presumir que el problema no existía.

A todo evento, medió una confirmación tácita del acto anulable; en los términos del art. 1063 del Código Civil), en razón de haber promovido ambos cónyuges acción por divorcio por el régimen del art.

67 bis de la ley 2393, con anterioridad a la iniciación del juicio sobre nulidad de matrimonio porque, tratándose de una nulidad relativa y no siendo un caso de impotencia del marido, la promoción de tal juicio en conocimiento del presunto vicio de la voluntad, importa el reconocimiento de la validez del matrimonio y la tácita renuncia a una posterior pretensión de nulidad.
Procedimiento administrativo, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Avellaneda, Armando César c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-06-03

Comparece el actor, interponiendo sendas acciones contencioso administrativas en contra del Estado Provincial, persiguiendo se declare la ilegitimidad del Decreto G y J Nº80 de fecha 22/02/11, que le fuera notificado el 03/03/10, que rechaza el recurso jerárquico interpuesto contra la Disposición de la Subsecretaría de Seguridad SS Nº09/09 y dispone su retiro obligatorio de la Policía de la Provincia, por aplicación del Art.14, inc. j) de la Ley de Retiros y Pensiones Policiales Nº3137/76, modificada por la Ley 3577/80.

Solicita medida cautelar tendiente a que suspendan los efectos del acto cuestionado, por el perjuicio irreparable que irroga al actor, por pérdida de ingresos o reducción sustancial de los mismos que afectará su capacidad de proveerse lo esencial para vivir, además por repercusión moral, al no permitirle ejercer su carrera profesional.

En orden a la medida cautelar peticionada, el Tribunal advierte, conforme a la documentación que se adjunta a la demanda por la parte requirente, que obra diligencia de notificación al actor del Decreto GyJ Nº80/11, con fecha 3/03/10, donde al pie del mismo textualmente se consigna: "Asimismo se lo notifica que tiene el plazo de quince (15) días a partir de la fecha para presentarse en la Unidad de Trámites Previsionales (UTP), a efectos de iniciar los trámites para el haber de retiro".

De lo expuesto y de las constancias instrumentales agregadas por el interesado, se infiere, sin lugar a dudas, que, sin perjuicio de la actividad recursiva administrativa desplegada por el Agente y la posterior interposición de demanda, nada obstaculizaba la percepción del haber de retiro, por cuanto, con las reservas pertinentes, habría evitado las consecuencias dañosas que invoca como fundantes de la petición, de lo que se colige que el Poder Administrador ha respetado la normativa de aplicación al caso concreto, respetando el derecho de propiedad del administrado a percibir los haberes que le correspondieren a su situación. Asimismo, no se adjunta constancia alguna de requerimiento de pago por el período reclamado y su denegatoria por la autoridad de aplicación, presupuesto fáctico indispensable a los fines de cualquier pronunciamiento jurisdiccional en materia contencioso administrativa.

Por ello, se concluye que no es de recibo la tutela cautelar peticionada, debiendo el administrado ocurrir ante quien corresponda para la determinación y cobro de su haber de retiro, mientras se sustancia este litigio.
Derecho penal, suspensión del juicio a prueba, recursos, querella, presentación extemporánea, recurso de casación, tribunal oral
Materia: PROCESAL
Carátula: Atkinson, Guillermo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-01

Corresponde hacer lugar al recurso de casación presentado por la querella, anular el pronunciamiento impugnado a fin de que el Tribunal de mérito, con la celeridad requerida, continúe con la tramitación de la causa. Que, según consta en el expediente bajo estudio, el día 21 de marzo de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 fijó audiencia de debate oral y público a llevarse a cabo los días 10, 17 y 22 de abril del corriente. Con posterioridad, la convocatoria al primer día fue dejada sin efecto y la audiencia del segundo día fue convertida a los efectos del artículo 293 del CPPN en virtud de las presentaciones realizadas por las defensas de los imputados solicitando se conceda la suspensión de juicio a prueba. Entonces, en virtud de las constancias reseñadas, la solicitud y concesión del instituto de la suspensión de juicio a prueba fue extemporánea, ya que el límite temporal se encuentra en la fijación de la fecha de debate. Si bien no pasa inadvertido que en nuestro ordenamiento procesal no se encuentra previsto ni desde cuándo ni hasta qué estadio procesal puede solicitarse, lo cierto es que la propuesta encuentra sustento en la naturaleza, efectos y fines del instituto en estudio. El límite referido, tiene por objetivo evitar que se desnaturalicen los fines del beneficio. No se trata de una decisión caprichosa ni arbitraria sino más bien se dirige a evitar que el instituto conlleve a colapsar a los Tribunales en vez de colaborar en su descongestión. En resumen, el tribunal antecesor concedió el beneficio solicitado de la suspensión de juicio a prueba luego de la fijación de audiencia de debate, es decir de manera extemporánea, por lo cual la resolución queda fulminada de nulidad absoluta por apartarse de las normas procesales en juego (art. 471 del CPPN) y no cumplir con el requisito de motivación exigido por el artículo 463 del CPPN. La disidencia señaló que, respecto a la admisibilidad del recurso interpuesto por la querella, el artículo 76 bis párrafo 3° indica que si esa parte no está conforme con la reparación patrimonial ofrecida debe acudir al fuero civil. Es decir que aún en el caso que en el aspecto citado se encuentre agraviado, tampoco puede impugnar lo decidido. Esta es la letra de la ley y su observancia es de rigor. No puedo dejar de destacar que en el caso bajo examen se ha concedido una suspensión del juicio a prueba contra legem, pues los delitos investigados están establecidos en los artículos 863 y 864 del Código Aduanero y en el artículo 302 del Código Penal que tienen previstas en forma conjunta con la pena de prisión, la de inhabilitación. Pena esta última que prohíbe según el mismo texto legal de cita, en su párrafo 8°, conceder el instituto en cuestión. Dres. Gemignani, Riggi -votos concurrentes- y Catucci -en disidencia-.
Actos ilícitos, daño moral, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FARGAS, CARLOS s/ ACTUALIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-30

La indemnización por da╦o moral en materia contractual no ha quedado equiparada luego de la reforma de la ley 17.711 con el régimen de los hechos ilícitos. De allí que en esta materia el da╦o moral no se presume sino que deben acreditarse los hechos y las circunstancias que determinen su existencia, debiendo valorar el Tribunal la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancia del caso.
Rebeldía, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Arigos Isabel c/ Otero Luis s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-15

Corresponde rechazar el resarcimiento pretendido en concepto de daño moral aun cuando la demandada haya sido declarada en rebeldía si no existe material de convicción suficiente para acreditar la afección moral cuya reparación se reclama, es que, más allá de los dichos vertidos en la demanda, la parte actora no aportó ningún elemento de prueba que permita inferir algún padecimiento anímico vinculado con el incumplimiento contractual por el que se reclama.
Indemnización agravada, empleo no registrado, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: VERDU, DAMIÁN ENRIQUE c/ PACHECO FERNANDO GABRIEL Y OTRO s/ ORDINARIO - DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-11-14

Si bien el supuesto de autos -registración de media jornada de trabajo a pesar de que el trabajador cumplía una jornada completa- es distinto al considerado en el art. 10 de la ley 24013 que se refiere al hecho de consignar en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador, corresponde hacer lugar a la indemnización prevista en ese artículo, pues se encuentran presentes el daño al trabajador y al fisco, dado que se ha abonado y aportado por tan sólo media jornada.
Actos de servicio, Fuerzas Armadas, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: A. R. J. c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa Estado Mayor Gral. de la Armada s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03

El artículo 76, inciso 3º, apartado c, de la ley 19.101 que rige a las tres fuerzas armadas de la Nación (texto según la ley 22.511 - B.O. del 6/11/81) prevé que los conscriptos que padezcan una incapacidad inferior al 66% para el trabajo en la vida civil "como consecuencia de actos de servicio" tienen derecho a percibir "por única vez" una indemnización en la forma y condiciones que determine la reglamentación de esta ley.
Prueba pericial, dictámenes
Materia: PROCESAL
Carátula: Vallejos, Elcira c/ Swift Armour S.A.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de australes (Expte CSJ Nº   722-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-26

La impugnación de pericia puede obedecer a dos órdenes de razones, teniendo en cuenta el cumplimiento de su finalidad dentro del proceso: a) por motivos de índole procedimental, vinculados con la validez misma del medio probatorio en cuestión (así, v.gr., la ordenación de la prueba por el órgano jurisdiccional, la capacidad del perito, la aceptación del cargo, el juramento, etc.); b) por motivos que afectan al contenido de la pericia, en directa relación con su eficacia probatoria (por ej., la falta de basamentos científicos del dictamen pericial, la existencia de pruebas que lo desvirtúen, la incoherencia del trabajo, etc.).Según se trate de una u otra impugnación, diferirán las vías idóneas para formular los respectivos cuestionamientos.
Escritos judiciales, falta de firma, querellante, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Vescellio, Víctor H. s/ c. 26.492
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-25

No procede nulificar los escritos de la querella, por carecer de la firma del querellante, cuando aquéllos se refieren a actos de mero trámite y en nada obligan ni perjudican al titular del derecho.
Asociaciones civiles, personería jurídica, objeto de la asociación, bien común
Materia: CIVIL
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

Sería irrazonable que cualquier grupo perdidoso en una lucha política o carente de fuerza para despertar la atención del poder legislativo deba ser considerado una minoría con derecho a la tolerancia jurisdiccional con título a reclamar una personería jurídica de bien común.