Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06


BENITEZ, Gloria Beatriz contra BANCO DE SANTA FE S.A. SUCURSAL RUFINO y otra Reg.: A y S t 206 p 53-55.

Santa Fe, 6 de abril del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia n 156 del 20 de setiembre de 2000, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Venado Tuerto, en autos "BENITEZ, Gloria Beatriz contra BANCO DE SANTA FE S.A. SUCURSAL RUFINO y otra -Demanda Laboral ley 7945-", (Expte. C.S.J. n 303, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio n 156 la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Venado Tuerto confirmó las sentencias de primera instancia que, a su turno, habían rechazado la excepción de incompetencia deducida por el banco accionado y admitido la demanda entablada por la accionante.

Contra tal pronunciamiento interpone el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. recurso de inconstitucionalidad, agraviándose en su presentación de que el decisorio recurrido, al avanzar sobre cuestiones de naturaleza contencioso administrativa, resulta contrario a las previsiones de la Constitución de Santa Fe que establecen la competencia exclusiva y excluyente de la justicia en lo contencioso administrativo para entender en dicha materia, afectando al propio tiempo la garantía del juez natural.

Sostiene que el A quo incurre en arbitrariedad por brindar una fundamentación aparente y omitir el tratamiento de cuestiones oportunamente planteadas, habida cuenta que al remitir al precedente "Organización Metalúrgica Argentina" (A. y S., T. 95, p. 414), efectúa una desinterpretación de tal fallo el que refiere a un tema ajeno a lo laboral. En lo esencial, y con apoyo legal, doctrinario y jurisprudencial, aduce que la relación del banco con su personal se encuentra regida por el derecho público, extremo que determina la competencia contencioso administrativa.

Asimismo, impugna el decisorio por no haber dado tratamiento al planteo de inconstitucionalidad de los artículos 308 y siguientes de la ley 19.550 y del artículo 6 de la ley 20.705 y también le imputa a los Sentenciantes incurrir en afirmaciones dogmáticas al sostener, por un lado, que la cosa juzgada administrativa debió ser planteada al responder la demanda y, por otro, al desconocer las reglas que rigen el procedimiento administrativo disciplinario concluyendo que se había sancionado dos veces la misma falta.

Por último, le endilga al A quo incurrir en una valoración absurda de los hechos sometidos a juzgamiento en lo atinente a la ponderación de la conducta de la actora que dio lugar a la cesantía en relación con el desconocimiento de las funciones de la Asesoría Legal de la Institución.

Evacuado que fuera el traslado prescripto por el artículo 4 de la ley 7.055, la Alzada denegó la concesión del recurso, motivando que el impugnante acuda en queja ante este Cuerpo de conformidad con el artículo 8 de la citada ley.

2. El examen de los autos principales permite verificar que la pretensión planteada en la presente causa se dirige a obtener la declaración de nulidad e ilegitimidad del sumario y consecuente sanción de cesantía impuesta a la demandante, conjuntamente con el cobro de diversos rubros originados por tal medida como indemnización por preaviso, despido arbitrario, premios, etcétera (f. 9); cuestionando el recurrente lo decidido por la Alzada en punto a la competencia para entender en el proceso. Dichas cuestiones, en tanto remiten al análisis de una relación de empleo público, tornan admisible el recurso interpuesto y habilitan el franqueo de la instancia extraordinaria, por encontrarse comprometida la competencia contencioso administrativa.

Tal circunstancia determinaría normalmente que se le imprima a la causa el trámite contemplado por el artículo 7 de la ley 7.055, mas lo cierto es que tampoco puede escapar al juicio de esta Corte que la cuestión aquí debatida ya ha sido decidida definitivamente por este mismo Tribunal in re "Vieitez" (A. y S. T. 180, p. 65), extremo que habilita a considerar como posible y razonable resolver en este estadio el recurso planteado, pues lo contrario sólo acarrearía un inútil dispendio jurisdiccional (vide "Nizzo", A. y S., T. 99, p. 242; "Pelagagge", A. y S., T. 192, p. 45).

Ello así, y habiéndose oído en este acto al señor Procurador General, quien no formula objeciones a la admisibilidad del recurso y firma para constancia (art. 7, cit.) y examinados los expedientes principales (requeridos oportunamente "ad effectum videndi"), ha de concluirse en que la materia de autos no constituye uno de los supuestos excepcionales cuyo conocimiento y resolución se han atribuido a los tribunales ordinarios, por lo que corresponde anular la sentencia impugnada de conformidad con el precedente antes mencionado, a cuyos fundamentos cabe remitir "brevitatis causae".

Tal respuesta como regla -y por imperio del artículo 12 de la citada ley 7.055- supondría la remisión de la causa a otro tribunal para que juzgue la misma nuevamente. Sin embargo, según se expusiera in re "Grandinetti" y se reiterara en la causa "Bongiovanni" (A. y S., T. 132, p. 477 y T. 135, p. 343, respectivamente) razones de economía procesal tornan aconsejable prescindir de tal reenvío atento a que en definitiva el tribunal subrogante se limitaría a pronunciarse conforme a lo aquí resuelto, dilatándose innecesariamente la controversia.

Por ello, en miras del tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda (conf. "Mori", A. y S., T. 131, p. 105, etc.) e interpretando prudencialmente las normas y principios aplicables con la finalidad de evitar que los particulares queden fuera de la protección jurisdiccional, en situación de indefensión (conf. Fallos: 302:1611; 310:854 y 1036, etc.), ha de otorgarse a la actora la posibilidad de ocurrir ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo a través de la correspondiente demanda contencioso administrativa, confiriéndosele un plazo de treinta días desde la notificación del presente decisorio para que, en su caso, adecue sus pretensiones a los términos y exigencias de la ley 11.330, con noticia al Tribunal a quo.

En consecuencia la Corte Suprema de Justicia RESUELVE: Admitir la queja interpuesta y ordenar la devolución del depósito efectuado. Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Con costas al vencido (art. 12, ley 7.055). Otorgar a la actora el plazo de treinta días a fin de que, en su caso, adecue sus pretensiones a los términos de la ley 11.330.

Regístrese y hágase saber. Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-BOF(Procurador General)-Fernández Riestra (Secretaria)