marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Matrimonio, disolución del matrimonio, divorcio, control de razonabilidad, aptitud nupcial
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

El empecinamiento legal en la reglamentación desnaturalizante del derecho implicada en la indisolubilidad del vínculo por divorcio, terminó regulando en forma irracional las relaciones sexuales entre adultos que por haber estado casados se vieron obligados a optar entre la soledad y la castidad o el adulterio.

Se puede pretender del matrimonio la vocación de permanencia, desde que se intenta promover decisiones maduras en la Constitución formal de parejas estables. Pero no se puede sostener una teoría de la indisolubilidad del vínculo y reglamentar en tal sentido un derecho constitucional que impone al divorciado un régimen de su sexualidad y de su conducta moral que de no aceptar, lo priva de sus derechos matrimoniales aún conservados, sometiéndolo a la posibilidad de que su conducta ulterior sea calificada en nombre de un vínculo ya extinguido en lo espiritual, en lo afectivo y en todos los planos no jurídicos.
Viajantes de comercio, corredor
Materia: PROCESAL
Carátula: Chela, Héctor c/ DïStefano, Gilberto Hugo s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1998-09-08

La ley 14.546 define como viajante de comercio a quien habitualmente y en representación de uno o más comerciantes y/o industriales, concertan negocios relativos al comercio o industria de su o sus representados, mediante una remuneración (Art. 1º). Incluye en esta categoría de dependientes, entre otros, a los viajantes, viajantes de plaza, placistas, corredores, etc. o los que revisten con cualquier otra denominación que se les diera o pretendiera imponérsele para su calificación (Art. 2º).
Honorarios del perito, perito contador, aplicación de la ley, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Empresa Argentina de Servicios Públicos S.A. de Transportes Automotores c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

La obligación de la provincia demandada no resulta afectada por la modificación introducida por la ley 24.432 al art. 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que los trabajos realizados por la perito contadora fueron llevados a cabo íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva disposición legal, por lo que mal puede ser aplicada sin afectar la garantía de la inviolabilidad de la propiedad.
Desindexación, valor de la mercadería, valor real, daños y perjuicios, indemnización, Ley de desindexación, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA HISPANO ARGENTIA CIA. DE SEGUROS SA c/ STAF SA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

En el caso "Arasa c/YPF" (Causa N. 727/93 del 24.8.94), este Tribunal -voto mayoritario-tuvo ocasión de destacar la injusticia a que puede dar lugar una solución diferente. En este sentido, vale la pena insistir aquí que el valor de los productos y mercaderías a lo largo del tiempo depende de varios factores, tales como son, entre otros, la oferta y la demanda o los cambios derivados del desarrollo de la técnica. En el otro extremo, la dilatación del juicio por circunstancias no imputables a las partes, o atribuibles exclusivamente al deudor, puede constituirse en un beneficio para éste como consecuencia de la caída del precio internacional de la mercadería a lo largo de ese período. Como ha señalado Alterini (Alterini, Atilio A.: "Aproximaciones a la Nueva Ley Desindexatoria N. 24.283", Diario La Ley del 3.6.94, p. 1): "... Las diferencias de valor a que apunta la citada Ley (24.283), deben ser producto de un mecanismo de actualización monetaria, no comprendiendo supuestos en que aquéllas sean consecuencia de otros factores como, por ejemplo, la variación intrínseca del bien litigioso a raíz de alteraciones en el mercado respectivo.". Lo que persigue la indemnización de un daño es colocar el patrimonio de quien resulta afectado en una situación lo más parecida posible a la que tenía con anterioridad al momento en que aquél tuvo lugar. Y esto en muy pocos casos puede lograrse mediante un cotejo con los precios actuales de la cosa dañada. (Del voto de los Dres. Amadeo y Bulygin).
Muerte de un hijo, muerte de un menor, indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: V.G. O. y Otra c/ T., H. y/u Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-10

La jurisprudencia ha dicho que la vida de un niño de corta edad carece de un valor económico productivo, aún cuando tiene un valor ético que está infinitamente por encima y más allá de aquél. Es el valor ético que tiene, en suma, toda vida humana, cuya pérdida infiere a sus progenitores, o, en general, a su familia, un menoscabo espiritual, un dolor moral.
Honorarios, regulación de honorarios, monto irrazonable
Materia: PROCESAL
Carátula: ZALAZAR, PEDRO c/ I.P.H.   S.A. s/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-23

El precepto, lejos de contener una prohibición universal, general, indiscriminada y absoluta, consagra un nuevo permiso, robustece las facultades judiciales, en la medida en que el Tribunal tiene ahora por vía legal, tal vez con menores limitaciones que en la excepción del art. 38, una posibilidad legal, (enfatizo legal para diferenciarlo del camino jurisprudencial, con idéntica teleología, ya reconocido) de actuación mucho mas amplia frente a los reclamos irrazonables en la materia de los infortunios. Recién cuando el reclamo irrazonable concurre, es cuando adquiere operatividad el deberán abstenerse. En síntesis ampliando la jurisdicción del Tribunal, la ley ha introducido un mandato relativo al reclamo imprudente.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, contrato de obra, sentencia arbitraria, errónea apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Chasampi, Luis Fermín c/ Pioli, Jorge Ramón s/ Cobro de pesos -Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-02-11

Los argumentos en torno a la valoración de la prueba en una sentencia, constituyen típicas cuestiones de hecho, en principio inabordables en casación, salvo el supuesto excepcional de arbitrariedad, vicio que en el caso se denuncia. El fallo de Grado a fin de establecer la existencia del contrato de locación de obra, parte de la premisa básica de verificar la concurrencia de sus dos elementos esenciales: la ejecución de una obra y el pago de un precio cierto en dinero. En relación al precio establecen la falta de elementos que acrediten que el presupuesto presentado y del que surge el monto total que se reclama haya sido elaborado y consensuado con el propietario de la obra con anterioridad al comienzo de la misma, conclusión a la que arriban luego de apreciar y valorar detenidamente la prueba producida, en especial el informe pericial. Ello en modo alguno supone que el elemento precio se encuentre ausente en el contrato, como mal entiende el recurrente, sino por el contrario, al no comprobarse el consenso sobre el monto total que se invoca, no puede establecerse lógicamente la diferencia que se reclama. En consecuencia, la supuesta contradicción que se endilga al fallo, referida a la omisión de considerar determinados elementos probatorios, deviene estéril, pues la tarea intelectiva realizada por los jueces de grado, los remite a conclusiones que más allá de ser compartidas o no por el quejoso, demuestran un razonamiento lógico, referenciado a las constancias de la causa, y un acto decisorio suficientemente fundado, donde no se configura la arbitrariedad alegada. Por lo tanto corresponde rechazar el recurso de casación articulado.
Tierras fiscales, tenencia simple
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: LOZADA, LEONARDO c/ RONDINELLI, MARTA T. s/ DESALOJO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-10-07

Si se acepta la posibilidad de la defensa de la posesión o tenencia en bienes del dominio público del Estado, con mayor razón se dan esas acciones en los bienes del "dominio privado del Estado", los cuales, siendo susceptibles de prescripción, lo son también de acciones posesorias a favor de los particulares o del Estado. La acción del tenedor por cuenta del Estado no sólo procura la defensa de sus propios intereses, limitados a esa tenencia, sino los intereses del Estado, que juega en el caso los derechos de posesión y dominio, toda vez que el tercero afecta a los mismos y provoca el comienzo de la prescripción.
Contrato de obra pública, vicios redhibitorios, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Provincia del Chubut c/ Empresa O.C.E.P. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1979-12-20

El art. 1647 bis del C.C. como se advierte, no establece un término específico de prescripción de la acción, circunstancia que ha motivado un diverso tratamiento por la doctrina aunque parece mayoritaria, y a ella adhiero, la que hace aplicable por vía analógica la establecida por el art. 1646 para el caso de ruina de la obra. La prescripción en consecuencia se operaría al término de un año contados desde el hallazgo de los vicios ocultos por el dueño de la obra.
Responsabilidad civil, daños y perjuicios, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: Mario Germán Vidal y Analía Montaldi de Vidal c/ Eda Verónica Naser s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B - 32.846/98 Ordinario por Indemnización de Daños y Perjuicios Verónica Naser s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B - 32.846/98 Ordinario por Indemnización de Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-07-03

La responsabilidad por los daños ocasionados por una medida cautelar indebidamente trabada requiere la invocación y prueba de la conducta ilícita -por abuso de derecho, dolo o culpa- de su peticionario. No es suficiente que se disponga levantar una medida cautelar, para condenar a pagar daños y perjuicios, es menester demostrar que ha sido obtenida con abuso o exceso y provocado un daño cierto, pues, si se adopta una postura excesivamente estricta -u objetiva, como la llama la doctrina-, en materia de responsabilidad por los daños y perjuicios por la traba de una medida cautelar, se correría el riesgo de restringir o cercenar indebidamente el derecho de defensa en juicio o convertir las medidas precautorias en una trampa contra quién las solicitó en la inteligencia de que aseguraba el resultado favorable del juicio.
Recurso extraordinario, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: La Internacional Empresa de Transporte de Pasajeros SACII y F c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción.   Aclaratoria (Expte CSJ Nº 642-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-22

La solicitud de la recurrente que pretende se impongan las costas relativas a la instancia de admisibilidad del recurso extraordinario a raíz de la concesión de éste (es decir, las costas correspondientes a la etapa que se lleva a cabo ante el Tribunal que dictó el pronunciamiento recurrido) no puede prosperar, atento a que a éste sólo le corresponde decidir sobre la admisibilidad del recurso, y no pronunciarse -en cambio- sobre cuestiones que únicamente competen a la Suprema Corte Nacional, por hallarse vinculadas al juicio que ésta debe efectuar sobre la procedencia del remedio federal.
Inconstitucionalidad, depreciación monetaria, paridad cambiaria
Materia: LABORAL
Carátula: Fondo  Compensador  para  Jubilados  y Pensionados Telefónicos c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ cobro de apor. o contrib.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-27

No cabe hace lugar al planteo de inconstitucionalidad contra la ley 25.561. No se aprecia que la derogación del régimen de convertibilidad que contemplaba la ley 23.928 afecte un derecho garantizado por la Constitución Nacional desde el momento que la Ley Suprema no contiene previsión referida a la implementación de un determinado sistema monetario o paridad cambiaria que se relacione con la garantía establecida en el art. 17. Las normas jurídicas no regulan una realidad estática e inmutable sino esencialmente variable, por lo que es lógico que se vayan modificando en función de los cambios que se operan en el plano socio-económico y cultural sobre el que pretenden actuar. El deterioro actual de nuestro signo monetario no justifica por sí solo la invalidación pretendida, debido a que el costo de los bienes y servicios no ha seguido la misma evolución que el de la moneda extranjera; y porque no debe olvidarse que, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, pues configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como "ultima ratio" del orden jurídico (C.S.J.N., 24-2-81, "Vialco S.A. c/Agua y Energía Eléctrica", L.L. 14-7-81, pág. 2; 2-12-93, "Cocchia, Jorge c/Nación Argentina", en F:316:2624; 26-12-96, entre muchos otros). Toq. 1236.
Morosidad del proceso, recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, privación de justicia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rueda, Roque s/ su presentación en autos: Rueda, Roque s/ acción popular de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

Corresponde hacer lugar a la presentación efectuada y disponer que la Corte de Justicia de Salta se pronuncie sin dilación alguna en los términos de lo dispuesto en los arts. 34, inc. 3°, ap. b, 161 y 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación si, aun cuando los antecedentes que surgen del legajo de copias acompañado podrían justificar cierta demora en el pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso extraordinario, esas circunstancias nunca podrían amparar la irrazonable dilación que al momento se verifica desde la contestación del recurso extraordinario ocurrida el 13 de octubre de 2011, con respecto a un pronunciamiento que el ordenamiento procesal manda dictar en el plazo de quince días (art. 34, inc. 3°, ap. b). - Los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Argibay, en disidencia, consideraron que no se advertía un caso de retardo de justicia que justificara la intervención de la Corte-.
Decreto de necesidad y urgencia, ratificación del decreto, impuesto a los activos financieros, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kupchik, Luisa Spak de y Kupchik, Alberto Mario c/ B.C.R.A. y Estado Nacional (M.E.) s/ varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Merecen riguroso rechazo las argumentaciones sustentadas en la conexión entre el decreto 560/89 y la ley 23.757 por las que se pretende asignar efectos convalidantes con carácter retroactivo a la ratificación de uno de ellos por el posterior, y se arriba a la absurda conclusión de que integrándose el uno con el otro, la constitucionalidad de ambos textos queda salvaguardada.
Beneficios previsionales, medidas cautelares, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Perrotta, Mario c/ A.N.Se.S. s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-27

No corresponde otorgar la media cautelar solicitada pues la verosimilitud del derecho invocado no se halla acreditada, desde el momento que al actor se le incrementa el haber de su beneficio con base en el procedimiento abreviado previsto por el art. 8 del Decreto 894/16 y dentro de las pautas fijadas en el Anexo II de la Resolución 305/16 de la A.N.Se.S., donde se supedita el mantenimiento del incremento de marras al posterior consentimiento del titular del beneficio mediante la plataforma "Reparación Histórica", dentro del plazo que allí se indica. (Del voto de la mayoría. El Dr. Milano votó disidencia).
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, empresas de servicios eventuales
Materia: LABORAL
Carátula: CABELLO, ANA L. c/ MANAGER WORK SRL. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-28

La operatividad del inciso 3 del artículo 29 LCT. y la posibilidad de excepcionarse de la responsabilidad solidaria, no juega aún cuando se trate de servicios eventuales si la agencia no se hallaba autorizada para funcionar como tal, por no haberse dictado a la fecha de la extinción de la relación laboral el decreto reglamentario que diera plena operatividad a la mencionada norma legal; no cabe eximir de responsabilidad a quien se vio beneficiado con la prestación laboral.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galván, Ema Lidia c/ Bustos, Mario Luis y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-23

Si la absolución penal del demandado se fundó en el principio "in dubio pro reo" o "favor rei", ello es suficiente para tildar de irrelevante dicho pronunciamiento ante esta justicia civil, en donde se acciona por la responsabilidad objetiva con sustento en el art.

1113, 2º p., 2º p. del C. Civil, no siendo aplicable el art. 1103 del mismo cuerpo legal.-
Contratos, mutuo comercial, intereses, intereses moratorios, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: BERAZATEGUI c/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Si no se pacta expresamente la obligación de pagar intereses, el mutuo se presume gratuito a tenor de lo dispuesto por el artículo 2248 del Código Civil. Es decir que la falta de pacto expreso impide la existencia de intereses en el mutuo, aún en el comercial. Efectivamente el artículo 560 del Código de Comercio, establece la gratuidad del mutuo comercial como regla general.

Principio que encuentra su fundamento en el disvalor con que era y para muchos es merituado el cobro de intereses. Si el interés compensatorio no fue convenido, no existe, si no fue peticionado -o lo fue en forma extemporánea-, el interés moratorio, no puede el juzgador aplicarlo.
Cuenta corriente bancaria, prescripción, código de comercio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B.Ch. SA c/ O., A.J. s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-03-28

Como principio, parece que por su mayor proximidad conceptual, la norma sobre prescripción referida a una especie -la del artículo 790 CCom.- resulta aplicable a la otra especie del mismo género -la cuenta bancaria-. Debe interpretarse que cada especie de la cuenta corriente bancaria está regulada: a) por sus normas específicas, b) en segundo lugar y en defecto de ellas, por las normas de la otra especie del mismo género, y c) por último, y en defecto de todo lo anterior, por las normas más generales.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: G.A.V. s/ ACCION DE NULIDAD-REINTEGRO DE HIJO-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-27

Cuando se presenten casos en los que se advierta que su no consideración podría causar un agravio de imposible reparación ulterior en lo referente a la salud moral psíquica o física del menor, se esta en presencia de una situación equiparable a la sentencia definitiva, quedando de lado los aspectos formales del recurso, para hacer posible la protección oportuna de tan importantes valores humanos en juego. (P.R.E. 1984, tº i, fº 180- 1988 s. 1º, tº 1º, fº 48).
Auto de prisión preventiva, cauciones, caución juratoria
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ, RICARDO M. s/ Contrabando Incidente Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-05

La ampliación del auto de prisión preventiva por sí solo no resulta elemento suficiente que autorice la modificación del tipo de caución de juratoria o que la nueva situación pudiera moverlo a actuar de ese modo, elementos estos últimos que de existir permitirían modificarlo.
Honorarios, honorarios del administrador judicial, pago
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: BRACUTO Y RUBINETTI  S.R.L. s/ HONORARIOS DEL ADMINISTRADOR JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1954-09-09

El administrador judicial tiene acción para demandar por la totalidad de su crédito al condenado en costas en primer término, a la sociedad después y excutidos los bienes sociales, a cualquiera de los litigantes.
Inscripción registral, registro de la propiedad inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: SILBERGLEIT  FERNANDO MARTIN Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIODE JUSTICIA S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

Con relación a la cuestión introducida por los actores acerca de la responsabilidad del Estado Nacional por el desempeño irregular de sus funciones o la falta de servicio, cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia en el caso "Vadell" (Fallos 306:2030), refiriéndose en concreto a las funciones de un Registro de la Propiedad Inmueble, sostuvo que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución.
Aumento de tarifas, peaje
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Conde, Andrea y Campagnoli, José c/ G.C.B.A. y Otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-02

Corresponde hacer lugar a la petición de la parte actora y tener por incumplida la medida cautelar dictada respecto del aumento de la tarifa de peajes, disponiendo la implementación del cuadro tarifario confeccionado por los amparistas, del cual surge un tope de 28,8 % en el aumento de peajes de las autopistas porteñas, pues se verifica el incumplimiento de la sentencia dictada en julio en la que se ordenó a Autopistas Urbanas SA presentar un nuevo cuadro tarifario con incrementos "justos y razonables".
Competencia, ausencia con presunción de fallecimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: C., E. J. s/ Ausencia con presunción de fallecimiento.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

La ausencia con presunción de fallecimiento es materia que no se encuentra comprendida en ninguno de los supuestos contemplados en los incisos del art. 4 de la Ley 23.637, que atribuye competencia en forma exclusiva y excluyente en los juzgados de familia.
Indemnización por despido, mora del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: C. J. P. y Otros c/ I. S.A. y Otra s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-28

Lo que llevó al legislador a sancionar el Art. 2 de la ley 25.323 fue el frecuente caso de empleadores que omiten el pago temporáneo de las indemnizaciones debidas al trabajador despedido, conducta que fuerza a éste, para lograr la percepción de su acreencia, a recurrir a la justicia con el consiguiente desmedro para él, ya que afrontar esos trámites importa para el ex-dependiente el sufrir pérdidas de tiempo y trastornos no compensados suficientemente con el cobro posterior de intereses moratorios .

Esos perjuicios los padecerá el trabajador por igual si se ve en la necesidad de litigar por el total de las indemnizaciones o por porciones insolutas de ellas, de modo que el resarcimiento consagrado en el precepto de marras le debe ser reconocido en ambos supuestos.