Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-10


CAUSA Nº 453-00-CC/2005 "Tursi, Juan Domingo s/Inf. art. 82 Ley Nº 1472- Apelación".

En n la ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de marzo de 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Particular del Sr. Juan Domingo Tursi a fs. 116/117, contra la sentencia de Primera Instancia de fecha 21/11/2005, obrante a fs. 104/109 de la presente, de la que, RESULTA:

I.- Que se iniciaron las presentes actuaciones el día 6 de enero de 2005 a raíz de una denuncia formulada por la Sra. Rosa Josefina Compiano, quien manifiesta que en el local sito en la calle Triunvirato nº 4021/27 de esta ciudad, funciona un lavadero de autos del que emanan ruidos molestos que perturban el descanso debido a las herramientas de limpieza que se utilizan, la presión de las mangueras, bombas de agua, junto con las alarmas de los autos, gritos del personal y de la gente que concurre al lugar y música amplificada.

II.- Que a fs. 10/vta. obra el acta de reconocimiento judicial, de fecha 11/02/05, labrada por el Oficial de Justicia Marcelo Capra, con motivo de la constatación de ruidos molestos en el interior del domicilio de la denunciante, sito en la calle Pasaje China nº 4054 de esta Ciudad.

III.- Que a fs. 41/vta. se agrega la constancia de audiencia de conciliación, de la que surge que la denunciante no desea llegar a un acuerdo con el encartado.

IV.- Que a fs. 44/vta. la Fiscal de Primera Instancia, Claudia Barcia, procede a tomar declaración al imputado Juan Domingo Tursi, en los términos del art. 41 LPC.

V.- Que a fs. 45/47vta. consta el requerimiento de elevación a juicio formulado por la Sra. Fiscal de Grado, Claudia Barcia, solicitando que se le imponga a Juan Domingo Tursi la pena de quinientos pesos ($ 500) de multa, por resultar autor a título doloso de la contravención prevista en el art. 82 del CC.

VI.- Que a fs. 99/103 obra el acta de audiencia de debate oral y público de fecha 21/11/05 en la que el Sr. Juez, luego de celebrado el juicio, resuelve condenar a Juan Domingo Tursi a la pena de multa de cuatrocientos pesos ($ 400), cuyo cumplimiento se deja en suspenso, por considerarlo autor responsable de la contravención tipificada como ruidos molestos; con costas (arts. 45 del CP, 20, 22 inc 2º, 29, 46 y 82 de la ley 1472 y 14 de la ley 12); cuyos fundamentos fueron leídos el día 21/11/2005 en la sentencia agregada a fs. 104/109vta.

VII.- Que a fs. 116/117 obra el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular del encartado, Luis Echeverría, contra la resolución mencionada supra, quien disiente con la valoración de la prueba efectuada por el Sr. Magistrado de Grado. Así, cuestionó la parcialidad de los testigos, alegando que tienen un interés directo en endilgar el hecho a su asistido. Por otro lado, refiere que su defendido ejerce una actividad lícita, toda vez que se encuentra habilitada por la autoridad administrativa, por lo que no puede concluirse que los ruidos provenientes de su comercio excedan la normal tolerancia. Finalmente, plantea que tampoco puede imputársele la contravención prevista en el art. 82 CC a título de dolo eventual, dado que Tursi observó todas las reglas impuestas por quien ejerce el poder de policía.

VIII.- Que a fs. 134 obra el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, quien sostiene que la jurisprudencia es clara y pacífica en cuanto a que la mera discrepancia respecto de la valoración de la prueba no puede ser fundamento de agravio, razón por la cual, solicita se rechace el recurso impetrado.

IX.- Que a fs. 138 pasaron los autos a estudio del Tribunal, siendo la cuestión a resolver si resulta admisible el remedio procesal impetrado y, en su caso, la decisión a adoptar.

PRIMERA CUESTIÓN:

El recurso de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo a lo prescripto en el art. 50 de la Ley Nº 12. Es decir fue incoado contra una sentencia definitiva dentro de los cinco días de notificado, mediante escrito fundado y por quien se encuentra legitimado para hacerlo. Por tanto, corresponde declarar correctamente concedido el recurso de apelación interpuesto por la Defensa.

Ahora bien, previo a efectuar el análisis de los agravios invocados en la presente, cabe dejar constancia del alcance que posee el recurso de apelación en el ámbito contravencional, a los fines de fijar la perspectiva desde la que será abordada la impugnación interpuesta. En efecto, acorde con lo que esta Sala ha sostenido en anteriores pronunciamientos (causas "Vagni, Marcelo E. s/art. 72", rta. el 6/2/2004; Nº 1592-00-CC/2003 "Ybarra, Claudio Daniel s/art. 39", rta. 8/3/2004; Nº 1602-00-CC/2003 "Roldán, Hugo Daniel por infrac. art. 72 CC s/Apelación", rta. 11/3/2004, entre otras), si bien el art. 50 de la Ley Nº 12 prevé la posibilidad de impugnar la sentencia mediante el recurso de apelación -que por su naturaleza implica un reexamen por parte de un tribunal superior de la situación de hecho y de derecho-, la oralidad y la publicidad propia del procedimiento contravencional impiden una revisión amplia de aquella prueba que requiere de la presencia del juzgador en virtud del principio de inmediación.

Al respecto, cabe mencionar que la postura de este Tribunal es conteste con la que sostiene la Corte Suprema de la Nación que ha afirmado que "(l)o único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación. Esto es así porque se imponen limitaciones de conocimiento en el plano de las posibilidades reales y -en el nivel jurídico- porque la propia Constitución no puede interpretarse en forma contradictoria ... exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral. Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad, sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento. Se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso ..." (CSJN, C. 1757. XL. Causa Nº 1681 "Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa", rta., el 20/9/2005).

SEGUNDA CUESTIÓN:

De la lectura de la sentencia impugnada surge que quedó probado que Juan Domingo Tursi, a través de la actividad comercial que desarrolla en el lavadero de automóviles sito en la calle Triunvirato nº 4021/27 de este medio -del cual es titular- ha perturbado el descanso de la Sra. Rosa Compiano, como consecuencia de los sonidos provenientes de la presión de las mangueras, las bombas de agua, bocinas, compresores, motores, alarmas de autos, gritos de los clientes y del personal que allí trabaja; que por su volumen, reiteración y persistencia han excedido la normal tolerancia; hecho que tuvo lugar cuanto menos entre el año 1998 y el día 6 de enero de 2005..

Al respecto, el Magistrado de Grado efectuó una clara descripción de los hechos endilgados al encartado así como de los elementos de juicio tenidos en cuenta para acreditarlos, valorando la declaración de la denunciante y de las dos testigos Marta Beatriz Salum y Elsa Haide Rodríguez, el informe del Oficial de Justicia obrante a fs. 10, la planchuela de habilitación obrante a fs. 55, y el expediente administrativo nº 80.095/2003 ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

Así, cabe mencionar que las declaraciones de las testigos fueron coincidentes en cuanto a la existencia de ruidos molestos provenientes de dicho local, como también de la intensidad del volumen, reiteración y persistencia, que emanaba del lavadero en cuestión, propiedad del encartado, durante el período de tiempo comprendido entre el año 1998 hasta el día 6 de enero de 2005. Así, la testigo Marta Beatriz Salum refirió que " los ruidos son terribles" y que "...cuando va a la casa de su amiga no se puede charlar". Asimismo, expresó que "son de alto volumen, constantes y que hace un par de años que se producen de esa manera". Por otro lado, la testigo Elsa Haide Rodríguez manifestó que "existe una invasión del aire en el domicilio de la denunciante por ruidos molestos, que consiste en los sonidos que provienen de un compresor que funciona, de gritos, bocinas, conversaciones de los empleados y todo el que proviene propiamente del funcionamiento del lavadero lindante con esa propiedad". También agregó que "su funcionamiento siempre ocasionó ruidos que ahora se ven multiplicados por el techo que pusieron hace 3 o 4 años".

Respecto de la credibilidad de las testigos mencionadas, tal como señala el Juez a quo (ver fs. 106 vta.), no se advierte cuál es el interés que puedan obtener imputando al encartado un suceso que le es ajeno. En efecto, ningún indicio se verifica en la presente causa que haga suponer que las nombradas hayan querido perjudicar al imputado. A ello se aduna el hecho que el recurrente no especificó ni probó dicha circunstancia, razón por la cual corresponde rechazar dicho agravio.

Además, cabe destacar que los ruidos de carácter molesto fueron corroborados por el Oficial de Justicia Marcelo Capra, quien verificó personalmente los sonidos que emanaban del local, desde las distintos ambientes de la vivienda de la denunciante (ver informe de fs. 10).

Por otro lado, si bien la defensa del encartado parecería introducir una causal de justificación, es decir, un "legítimo ejercicio de un derecho" (art. 34 inc. 4º), al referir que su asistido practica una actividad comercial lícita y habilitada por autoridad administrativa que no excede la normal tolerancia; en el caso, quedó demostrado que la actividad desplegada por Juan Domingo Tursi produjo el resultado típico, sin que concurra causal alguna que lo exima de responsabilidad contravencional.

Asimismo, el recurrente sostiene que la "normal tolerancia" es una construcción subjetiva, y que el local está inserto en una zona densamente poblada por lo que deberían existir varias denuncias. Al respecto, cabe tener en cuenta -como también sostiene el sentenciante- lo resuelto por el TSJBA (c. 358/00 "Iwán Félix Jonas s/art. 72 del CC", rta. 9/8/00) en cuanto a que la "normal tolerancia" debe ser interpretada de acuerdo con la ponderación social media de las reglas de convivencia a ese respecto, y, por ello al tratarse de un elemento normativo de tipo cultural, el apartamiento de la ordenanza 39.025 no afecta el principio de legalidad establecido en el art. 13, CCBA. Por otro lado, cabe recordar que los ruidos a que se refiere la norma pueden perturbar de tres formas diversas, ya sea por su volumen, reiteración o persistencia, bastando para la configuración de la conducta típica que sólo se produzca uno de los supuestos materializados. Así, cualquiera de los modos descriptos tienen, además de independencia uno del otro, entidad suficiente para configurar la conducta disvaliosa en materia contravencional, máxime si se reúnen los tres elementos como en la presente causa.

En efecto, como se comprobara en autos, la utilización de las mangueras, los gritos de los empleados, el agua, las alarmas de los autos y herramientas utilizadas para el funcionamiento del local, en el horario de lunes a sábados desde las 7:00 horas hasta las 20:00 horas, y los domingos hasta las 14:00 hs. han excedido la "normal tolerancia" que exige la norma, viéndose afectada la vida cotidiana de los vecinos del lugar, perturbándose el descanso de la Sra. Compiano.

Por otro lado, la pretensión de que existan distintas denuncias como para corroborar los dichos de la damnificada, no es óbice como para considerar que en el caso no se haya afectado el bien jurídico protegido por la norma, pues el principio de lesividad (art. 1 del C.C) se refiere a las conductas que produzcan un daño o peligro cierto para los bienes individuales o colectivos. De este modo, alcanza con la afectación del descano o la tranquilidad pública de una sola persona para configurar la acción típica.

Por último, no puede descartarse el dolo del encausado, como pretende el defensor, pues Tursi obró con conocimiento y voluntad de realizar todos los elementos requeridos por la figura contravencional, al reconocer que los reclamos de la Sra. Compiano eran de larga data, obrando con desinterés respecto de los eventuales perjuicios que provocaba su actividad comercial.

De esta forma, y como bien ha afirmado el Sr. Juez de Grado las pruebas rendidas en la audiencia de juicio valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica que implica libertad de convencimiento, sometido a las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología, permiten tener por acreditado -con el grado de certeza requerido para un pronunciamiento condenatorio- que Tursi, titular del lavadero de automóviles sito en la calle Triunvirato nº 4021/27, han producido ruidos de carácter molesto excediendo la normal tolerancia.

Por lo hasta aquí expresado, y siendo que los argumentos alegados por el recurrente resultan meras discrepancias con la valoración de la prueba efectuada por el Sentenciante en el fallo impugnado corresponde rechazar los agravios expuestos.

En virtud de ello, el Tribunal, RESUELVE:

Confirmar el punto dispositivo I de la sentencia recurrida, obrante a fs 104/109, en cuanto resuelve condenar a Juan Domingo Tursi por considerarlo autor contravencionalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 82 de la ley nº 1472, a la pena de multa de cuatrocientos pesos ($ 400), cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con costas (arts. 45, 20, 22 inc. 2, 29, 46 y 82 del Código Contravencional, y 14 de la L.P.C.) Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí:

va Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas