Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30


COINAUTO S.A. contra MARTINS, Oscar A.

Reg.: A y S t 206 p 1-9.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "COINAUTO S.A. contra MARTINS, Oscar A. -Ejecución prendaria- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 503, Año 2002). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? Y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Gutiérrez, Spuler, Gastaldi, Falistocco y Netri.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: 1. En la presente causa el señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N 1 de la ciudad de Santa Fe ordenó trabar embargo "sobre los haberes y/o remuneraciones" que perciba el señor Oscar Angel Martins como empleado de la Escuela de Educación Técnica N 456 "Hipólito Irigoyen" de la ciudad de Gálvez, por los montos ordenados a fs. 22 y 57 v. (decreto de fs. 77 v.), librándose a fs. 78/v. oficio dirigido al Ministerio de Educación de la Provincia a tales fines, "sobre la totalidad de los haberes y/o remuneraciones" percibidos por el accionado hasta cubrir la cantidad de 8.766,50 dólares.

Contra el referido decreto dedujo Martins recurso de revocatoria a fs. 80/83 v. ,fundándose en la inembargabilidad dispuesta por el decreto 6754/43, ratificado por la ley 13.894.

Por auto de fs. 101/103 v. el Juez declaró inconstitucional el decreto 6754/43 y, en consecuencia, desestimó el recurso interpuesto, con costas, decisión que fue confirmada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial por sentencia de fs.125/126 v..

2. Contra tal pronunciamiento interpuso el accionado recurso extraordinario local agraviándose de la ausencia de fundamentación del mismo a la hora de convalidar la declaración de inconstitucionalidad oportunamente efectuada por el Juez inferior.

En sustento de su impugnación expresó que la normativa en cuestión no establece diferencias violatorias del principio de igualdad, sino que se limita a establecer -sin discriminación ni irrazonabilidad- exclusiones en la responsabilidad patrimonial de los empleados públicos (quienes no están alcanzados ni por la L.C.T. ni por el decreto 484/87) que responden a un claro objetivo social y de interés general y que no resultan lesivas de los derechos del acreedor, en la medida en que tales limitaciones le son conocidas y, además, no son absolutas (ya que no imponen restricciones sobre los demás bienes del empleado público), por lo que en definitiva resulta una decisión exclusiva de aquél la de contratar o no (fs. 131/146).

Evacuado el traslado respectivo (fs. 149/157 v.), la Sala concedió el recurso por auto de fs. 159/160, criterio que cabe ratificar en el examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055, toda vez que en el sub judice se halla efectivamente cuestionada la validez de un decreto proveniente del Poder Ejecutivo Nacional (ratificado por ley del Congreso- y la decisión del Inferior ha sido contraria al derecho que la recurrente fundó en el mismo, extremo que tornaría admisible el recurso extraordinario federal (artículo 14, incisos 1º y 3º, ley 48 -vide, al respecto, Imaz, Esteban-Rey, Ricardo, "El recurso extraordinario", 2ª ed., Nerva, Bs. As., 1962, pág. 195-), obligando con ello a su previo tratamiento por esta Corte provincial a la luz de la doctrina del Alto Tribunal nacional en punto a lo que debe entenderse por "superior tribunal de la causa" (vide R. A. y S., T. 178, pág. 279).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs.

166/167, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Gastaldi, Falistocco y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: 1. Conforme resulta del relato efectuado ut supra, en el sub judice el Juez de baja instancia declaró inconstitucional e inaplicable al caso el decreto 6754/43 atento considerar: i) que la protección del salario se encuentra suficientemente asegurada mediante la proporción de inembargabilidad determinada por el decreto 484/87; ii) que "el derecho a cautelar está anexado con el derecho a la acción; impidiéndolo (se) afecta a este último"; iii) que la normativa en cuestión es discriminatoria con relación a los acreedores, en la medida en que "presume que son usurarios" y iv) que "además de obsoleto, (lo ) que acarrea el desuetudo, el decreto 6754/43 es inconstitucional y, por tanto, inaplicable al caso que nos ocupa".

Apelado que fuera tal pronunciamiento, la Alzada desestimó los agravios planteados señalando -entre otros extremos- que "el criterio adoptado por el a quo es, también, el de esta Sala, que ha determinado que la normativa enjuiciada es inconstitucional porque lesiona la garantía a un debido proceso que ampara a la actora (art. 18 C.N.) puesto que deteriora la potestad cautelar de la misma y dicha potestad forma parte, también, de aquella garantía", agregando que "no cabe desconocer que son mayoría entre los empleados públicos los que no tienen más garantías que las que suministran sus propios ingresos derivados de su trabajo personal (...) y resulta por lo menos riesgoso aducir que está en el acreedor apreciar la solvencia del deudor puesto que no está obligado a prestar porque entonces queda en evidencia que, quienes no tienen más que sus salarios y no pueden afectarlos para ese fin, verán reducidas sus posibilidades de obtención de crédito de insistir en la subsistencia de una protección especial que (...) hoy constituye un privilegio en cuanto el sistema económico actual no se caracteriza, precisamente, por garantizar estabilidad y empleo en la órbita privada", por lo que -concluyó "se advierte que han desaparecido las circunstancias especiales que autorizan la discriminación de un grupo de trabajadores hoy con garantía constitucional de estabilidad (art. 14 C.N.) cuya inexistencia aconsejó en su momento establecer la inembargabilidad, lo que resta razonabilidad al trato diferente y lo torna, en consecuencia, lesivo de la garantía constitucional de la igualdad".

2. Habiéndose cuestionado la validez de tales conclusiones con los argumentos ya reseñados, el estudio del caso me convence de que la impugnación planteada merece favorable acogida en esta instancia, al comprobar que la respuesta de los jueces de grado -más allá del aval que la misma encuentre en doctrina y jurisprudencia- se aparta injustificadamente de concretos principios vinculados con el control de constitucionalidad de las leyes (en concreto, del decreto 6754/43, ratificado por ley 13.894), cuya ignorancia determina que la solución adoptada no pueda ser vista como la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa.

Al respecto es bien sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico (Fallos,302:1149; 303:1708; 322:919 y sus citas; 325:1922, etc.), que procede sólo a partir de una reflexión efectuada con sumo grado de prudencia, cuando la repugnancia de la ley inferior con la norma calificada de suprema resulta manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, en particular cuando se trata de enjuiciar actos que suponen el ejercicio de facultades que la Ley Fundamental asigna con carácter privativo a los otros poderes (Fallos, 302:457; 303:625; 304:1069, etc.), pues como ha dicho la Corte, "del juicio prudente de los magistrados en torno de los alcances de su jurisdicción es de donde cabe esperar los mejores frutos en orden al buen gobierno de la Nación" (Fallos, 310:112; 324:3184).

Proyectando dichas pautas al sub judice, el examen del pronunciamiento permite constatar que la Alzada -conforme se anticipara- no ha consultado en debida forma las exigencias que derivan de ellas, en la medida que emite un juicio adverso a la validez constitucional de la normativa en cuestión sin dar argumentos suficientes para sustentar dicho reproche.

En ese orden, e ingresando al examen del primero de los argumentos invocados -el menoscabo del principio de igualdad que se derivaría de la ausencia de idéntico beneficio para los empleados de la actividad privada-, cabe recordar que conforme reiterada jurisprudencia tal principio no exige la uniformidad en la legislación ni le impide al legislador -dentro de los márgenes de la justicia- contemplar en forma distinta situaciones que considere razonablemente diferentes (Fallos, 271:383; 274:300; 277:278; 299:181, etc.), pues la Constitución "entrega a la discreción y sabiduría de los gobiernos una amplia latitud para ordenar y agrupar distinguiendo y clasificando los objetos de la legislación" (Fallos, 184:398; 238:60), y que es deber de los magistrados respetar tales decisiones legislativas aun cuando el fundamento para el trato diferente sea "opinable" (Fallos, 276:218, 279:182; 307:629; 308:857; 325:11), imponiéndose, pues, un escrutinio muy estricto a la hora de descalificar normas con base en el principio de igualdad, que determina que tales descalificaciones sólo sean posibles ante fórmulas legales ostensible e injustificadamente arbitrarias (Fallos, 312:851). En el caso, precisamente, es un dato objetivo el de que la categoría "empleados públicos" exhibe notas que la diferencian de la de los "empleados privados", como recientemente lo ha observado -por ejemplo- el máximo tribunal cordobés al destacar "el interés público que persigue el accionar de todo empleado estatal", y la finalidad de la normativa en cuestión de suministrarle la tranquilidad necesaria para enervar cualquier tipo de inadecuada tentación que la falta de percepción de su íntegro salario podría generarle, por lo que "el interés superior que pretende en la actualidad asegurar el dec. 6754/43 no es sino el de la absoluta corrección y transparencia en el desempeño de la función pública" (vide TSCordoba, Sala Civ. y Com., "Nuevo Banco Industrial de Azul c. Contreras, Daniel", 15.IX.2004), a lo cual podrían agregarse las diferencias en cuanto a regímenes legales aplicables (piénsese en el principio rector del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo), derecho colectivo del trabajo, etc..

En vista de ello, y del mandato constitucional de protección del "trabajo en todas sus formas" (artículo 14 bis)-, es innegable la competencia del legislador para reglamentar dicho derecho protectorio introduciendo particulares normas vinculadas con un sector del ámbito laboral (el de los trabajadores del Estado), sin que los jueces estén facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación que se dicte sobre la materia (arg. de Fallos, 313:850), toda vez que ello constituye una cuestión de política legislativa que los magistrados no pueden revisar sin incurrir en un exceso de sus atribuciones constitucionales (vide Fallos, 324:3184, con cita de Fallos, 272:231; 313:228; 316:2732).

A ello se agrega que, si bien se mira, el "argumento de la desigualdad" supone esgrimir (y acoger) agravios de terceros, en tanto son los empleados de la actividad privada los únicos con título y legitimación para invocar la discriminación que se derivaría de la diferencia con el régimen general del decreto 484/1987 a que aludiera el Juez de baja instancia, lo cual habilita a recordar la jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación en cuanto a la carencia de "interés jurídico" o gravamen para impugnar de quien no reviste el carácter de destinatario de la discriminación que se alega (vide Fallos, 251:21 y 53; 263:468; 268:200 y 415; 312:1484 y 304:865) y la inadmisibilidad de plantear agravios de terceros (vide Fallos, 306:113; 307:813).

Además, y con relación al citado decreto 484/1987, es menester observar que resulta por lo menos polémica su aplicabilidad al ámbito de los empleados públicos, atento a su naturaleza reglamentaria de la Ley de Contrato de Trabajo (vide el texto de dicho decreto, donde se alude a la "necesidad de reglamentar los art. 120, 147 y 149 del Régimen de Contrato de Trabajo"), inaplicable en principio a los trabajadores públicos, siendo de destacar -igualmente- la ausencia en el mismo de toda disposición derogatoria de normas vigentes en la materia, extremo que no fue seguramente ignorado por el legislador, cuya imprevisión no cabe suponer (Fallos, 310:195; 312:1614, entre muchos otros). Aun menos fuerza justificatoria exhiben los motivos vinculados con las dificultades que en la actualidad se generarían para los propios beneficiarios de la inembargabilidad en cuanto al acceso al crédito, motivos de valor puramente retórico que en última instancia suponen una vez más sustentar la inconstitucionalidad del régimen legal en consideraciones de conveniencia, lo cual remite a las apreciaciones formuladas ut supra, debiendo observarse lo mismo respecto de las argumentaciones efectuadas en cuanto al cambio de la situación existente al momento de la sanción del decreto en cuestión (y de su ratificación por la ley 13.894), pues más allá de que resulte opinable si subsisten las razones originariamente tenidas en vista por el legislador (protección contra la usura y saneamiento del crédito), lo cierto es que aquéllas no resultan argumento suficiente para desplazar otros argumentos (de mayor peso) vinculados con los límites impuestos al control de constitucionalidad y al principio de presunción de validez de los actos estatales, pacíficamente arraigados en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (vide Fallos, 100:318; 220:1458; 247:121; 251:455), que también ha postulado que en caso de duda se debe optar por la constitucionalidad de dichos actos normativos (Fallos, 306:655).

Por lo demás, también es forzoso destacar que en última instancia la normativa en cuestión no consagra una inembargabilidad absoluta, universal y permanente de las remuneraciones de los empleados estatales, sino que simplemente impone limitaciones para ciertos supuestos -obligaciones prætestu ignorantiæ legis", Primera Partida, Título I, Lex XX -en "Los Códigos Españoles", cit., pág. 48-).

No se me escapan -concluyo- las intensas polémicas a que ha dado lugar el decreto cuestionado en la doctrina y la jurisprudencia, pero lo cierto es que las mismas no hacen más que confirmar la ausencia de una evidente o manifiesta contradicción entre la normativa y la Constitución Nacional, exigida -como se expresara- para habilitar a la declaración de inconstitucionalidad, tal como lo destacaba el Justice Chase -"si los tribunales tienen poder (para declarar la inconstitucionalidad de un acto legislativo) yo soy libre para declarar que nunca lo ejercitaré sino en un caso muy claro" ("Hylton v. United States", 3 Dall. 171 [1796])- o más tarde Thayer, al hablar de la necesidad de un "clear mistake" (error claro) para invalidar las normas sancionadas por la legislatura (Thayer, James Bradley, "The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law", en Harvard Law Review 7 (1893), pág. 129 -"The court] can only disregard the Act when those who have the right to make laws have not merely made a mistake, but have made a very clear one, so clear that it is not open to rational question"-), doctrina análoga a la sostenida entre nosotros por la Corte desde "Avegno c. Provincia de Buenos Aires" (Fallos, 14:425 [1874], donde apela a la "evidente oposición" exigida por Hamilton en el n LXXXI de "El Federalista"-), y sobre la cual ha insistido reiteradamente (así, Fallos, 112:63; 200:180; 322:919). En consecuencia, no cabe sino rechazar la declaración de invalidez constitucional efectuada en autos y reenviar el expediente al tribunal que corresponda, a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento conforme a lo ahora resuelto.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Gastaldi y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la misma cuestión el señor Ministro doctor Netri dijo: No ignoro que la declaración de inconstitucionalidad de normas legales es una "última ratio", y tampoco que existe jurisprudencia de la Corte Federal -aunque no demasiado reciente- que se ha pronunciado sobre la inembargabilidad, declarando su constitucionalidad (ver Gentile, Alfredo, "Bienes indispensables que son inembargables.

Concepto de la Jurisprudencia", JA, 56, Sec. Doc., pág. 53; y Carrillo, Pedro, "Jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional de Justicia sobre bienes inembargables".

Doctrina sentada en los últimos pronunciamientos, LL, 20-87). Sin embargo, entiendo que corresponde en la especie convalidar la decisión de grado -que desestimó la apelación subsidiaria y confirmó la resolución de baja instancia, que a su vez había declarado inconstitucional e inaplicable al caso el decreto ley 6754/43-.

En este sentido, es cierto que, aunque el Alto tribunal nacional solo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (Fallos: 25:364; 2112:51 y 160), toda vez que por disposición de la Constitución nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (arts. 100, Constitución nacional, y 14, ley 48; Fallos 212:51). Pero también es cierto que este deber de los tribunales no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento (doctrina de Fallos: 212:51) (Fallos: 312:2007). Considero que, en la actualidad, existen motivos bastantes que justifican el apartamiento de la posición adoptada por el Máximo tribunal nacional, conforme lo desarrollaré "infra".

Es que, pese a los mentados precedentes de la Corte federal, surgió una fuerte corriente jurisprudencial que se ha manifestado en sentido contrario a la constitucionalidad del decreto ley 6754/43 por afectar la igualdad ante la ley -artículo 16 de la Constitución nacional- al establecer un privilegio en favor de los empleados públicos que discrimina, desfavorablemente, a los dependientes privados. Tuve oportunidad de expedirme al respecto como integrante de la Sala IV de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, "in re" "Cooperativa Símbolo Ltda. c/ Correa Roberto y ot. s/ Juicio Ejecutivo", fallo del 10.08.99 (Z 81, J-230/232). Allí cité, y juzgo conveniente reproducir aquí, los siguientes precedentes: "a) 'La Cámara 8va. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba ha declarado...: La aplicación del artículo 11, inc. b. decreto N 6754 atentaría contra el principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.), puesto que los trabajadores públicos verían seriamente afectadas las posibilidades de obtención del crédito, en comparación con otros agentes en relación de dependencia. Igualmente, no se advierte en virtud de qué razón podría limitar la garantía patrimonial del acreedor la circunstancia de que su deudor sea un empleado público y no privado: se trataría de un privilegio írrito y discriminatorio. Igualmente, tampoco se comprende porqué un acreedor podría verse en inferioridad para asegurar la realización de su crédito, por la circunstancia de que éste pueda tener su origen en suministro de mercadería o en préstamo de dinero y no en otra causa cualquiera (conf. Semanario Jurídico de Córdoba, Tomo 77, pág. 331)'; b) 'Otros estrados judiciales, aun manifestando sus dudas respecto de la constitucionalidad del referido decreto 6754/43 han optado, seguramente por respeto a la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por procurar su inaplicación al caso por otras vías (ver Fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, en E.D., Boletín del 22.03.1999)'".

También debo subrayar, como en su momento lo hiciera en el citado antecedente de la Sala IV de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, que a la fecha de la sanción del decreto ley 6754/43 existían razones para su dictado que en la actualidad no se dan, motivo por el cual lo que ayer constituía una razonable salvaguarda para un sector de la sociedad, hoy se ha transformado en un privilegio odioso. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente: "...que el vigente decreto ley 6754/43 ratificado por ley 13.894 consagra un verdadero 'privilegio discriminatorio' que favorece 'irracionalmente'...a los empleados públicos, poniéndolos en un plano distinto de los dependientes que se desempeñan en la actividad privada. Cierto es que 'ab initio' el referido privilegio encontraba justificación en el afligente régimen laboral que padecían los empleados públicos. De ahí que, v. gr., el art. 16 del citado decreto ley 6754/43 recuerda su calidad de 'orden público'. Respecto de este último, cabe puntualizar que la noción de 'orden público' posee una gran relatividad temporal al consistir, en buena medida, en las ideas dominantes en una sociedad y en un momento dado. ¿Podría el juez de hogaño aplicar el decreto ley 6754/43 con la misma inflexibilidad de la que otrora debía hacer gala por imponérselo el 'orden público' indicado en el art. 16 cuando, en verdad, en la actualidad las ideas dominantes lejos están de avalar tamaño privilegio?. La respuesta negativa se descuenta" (ver "Un privilegio odioso", por Jorge W. Peyrano, en ED Boletín del 22.03.99).

No puede soslayarse que el decreto ley 6754/43 viola, además, la garantía del debido proceso preservada constitucionalmente, desde que tal garantía tutela también a la actora y no únicamente a la demandada. Aquí también debo ratificar cuanto tengo dicho en el aludido precedente de la Sala IV de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario, a saber: "...Repárese en que el decreto ley 6754/43 sólo admite la posibilidad de trabar embargos respecto de haberes de empleados públicos demandados a raíz de deudas de dinero, o por adquisición de mercaderías, después de que recaiga sentencia firme en juicio ordinario. Con ello, dicho decreto ley aborta toda posibilidad de trabar embargos en sueldos de empleados públicos con anterioridad a la sentencia, en juicio ordinario, firme; lo que en buen romance equivale a erradicar en el caso la figura del embargo preventivo.

En el punto, el ya citado fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial 8va. de Córdoba ha declarado que 'La aplicación del art. 11 inc. b) del decreto N 6754 lesionaría gravemente el derecho de defensa al ceñir la posibilidad de reclamar determinados créditos y de pedir las medidas cautelares consiguientes, sólo en juicio ordinario y después de dictada sentencia, lo que en realidad implicaría la prohibición de peticionar ningún embargo preventivo, desde que un embargo ordenado después de dictada la sentencia tendría ya un fin realizatorio y no asegurativo del resultado de la litis'". Se deja, entonces, inerme a la parte acreedora -por un extendido lapso- para postular embargos que, de todos modos, sólo pueden trabarse sobre una porción retaceada del haber del empleado público del caso. Con ello, se condena a la parte acreedora: a) al riesgo de que el empleado público deje de serlo, y con ello se pierda la posibilidad cierta de cobrar el crédito en cuestión, b) a que en el mejor de los casos, comience a percibir su acreencia en un tiempo notablemente posterior al que hubiera correspondido si se hubiera tratado de un empleado privado respecto de cuyos sueldos se hubieran trabado embargos. La potestad cautelar forma parte, también, de la garantía a un debido proceso de que disfruta la actora y la disminución de aquélla que importa el decreto ley 6754/43 es de tal entidad que resulta palmariamente inconstitucional dicho decreto ley.

Voto, pues, por la negativa.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055). Disponer la remisión de la causa al tribunal que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Gastaldi, Falistocco y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Gutiérrez y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas. Disponer la remisión de la causa al tribunal que corresponda, a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)