marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Gobierno de facto, intimidación, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Troiani, Pedro Norberto c/ Ford Motor Argentina  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

La pretensión de que un sistema de gobierno constituye "in genere" un aparato intimidatorio que haría aplicable el art. 4030 del Código Civil, de manera que el curso de la prescripción sólo comenzase con la caída de aquél, importaría un paréntesis en la vida argentina durante el cual el transcurso del tiempo sería inoperante para la tutela de la seguridad jurídica, conclusión que no resulta posible sin ley específica que lo imponga.
Procedimiento laboral, notificación defectuosa
Materia: LABORAL
Carátula: ALVARADO, ROBERTO CARLOS c/ PETERSER S.R.L. Y/O GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.A. - s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-11-15

En el marco de un recurso de inconstitucionalidad la Corte de Justicia dejo sin efecto la declaración de rebeldía y el auto de apertura a prueba.

Resulta arbitraria la sentencia que consideró que la accionada debió acreditar de modo fehaciente que no se notificó del traslado de la demanda sin tener en cuenta que el oficial de justicia se constituyó en el domicilio al que estaba dirigida la cédula y que ante la manifestación de quien lo atendió, de que no es el de la codemandada, no dejó las copias correspondientes.

La importancia de la notificación de una providencia depende de su trascendencia y de los perjuicios que su desconocimiento puede acarrear, imponiéndose un criterio restrictivo en la evaluación de si se ha operado o no cuando se trata de resoluciones vinculadas con actos relevantes como es la contestación de la demanda.

Es que el principio de contradicción, una de las garantías fundamentales del proceso, se posibilita con las notificaciones al permitir no sólo el contralor recíproco de las partes sino también de la actividad jurisdiccional.
Juicio político, revisión judicial, cuestión justiciable, debido proceso, defensa en juicio, acusación, debate, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

El carácter justiciable del fallo dictado en un enjuiciamiento político depende de que el conflicto guarde relación directa e inmediata con la cuestión federal relativa a la inviolabilidad de la defensa en juicio y del debido proceso. Así ocurre en el caso en que el apelante invoca que fue condenado por cargos que no fueron materia de acusación ni debate y que, por su vaguedad e indeterminación, no establecen cuál ha sido el deber violado, las normas que lo imponen ni las acciones u omisiones de las que sería responsable.
Ordenanzas municipales, libertad de comercio e industria, poder de policía, facultades no delegadas
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

La ordenanza 1660/2014 del Municipio de Arroyito -en cuanto regula el horario de apertura y cierre de comercios en el ámbito municipal - no es ajena a las facultades del municipio, pues la norma se inserta en el ejercicio del poder de policía y no en cuestiones de derecho laboral, materia que es de competencia exclusiva del Congreso de la Nación (Voto del juez Lorenzetti).
Delitos contra las personas, violencia de género, lesiones agravadas
Materia: PENAL
Carátula: A., D. A. por amenazas y lesiones leves agravadas por la relación de pareja y violencia de genero - recurso de casación sin preso c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-12-11

Todas las circunstancias previstas en el art. 80 del Cód. Penal, que, como en este caso, agravan la figura básica de lesiones del art. 89 en función de lo previsto por el art. 92, contienen componentes que demuestran la mayor culpabilidad o peligrosidad del autor, ampliando el ámbito de aplicación para cuando "se ha mantenido una relación de pareja" (inc. 1º) o cuando el delito se ha cometido por un hombre contra una mujer mediando "violencia de genero" (inc. 11). No se castiga con mayor pena al agresor por su pertenencia al sexo masculino, lo que creo que afectaría el principio de igualdad (art. 16 de la Const. Nacional), sino porque realiza su conducta mediando ese componente de género basado en una relación desigual de poder y por ello es que su obrar y el reproche que cabe hacérsele por su conducta se consideran más graves.
Embargo, medidas urgentes, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Testimonio correspondiente a embargos preventivos s/ Testimonio correspondiente a embargos preventivos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Es válido suponer que la pretendida urgencia invocada para el dictado de un embargo, luego del llamado a prestar declaración indagatoria (artículo 411 del C.P.M.P. ) no era tal si pasaron más de seis meses desde aquella medida sin que se halla adoptado temperamento alguno respecto de los encartados.
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Expreso Merlo Norte S.A. de Transp. c/ Municipalidad de Moreno s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

La norma de carácter general no resulta susceptible de ser directamente impugnada mediante la acción contencioso administrativa, siendo necesario a tal fin, la previa reclamación y resolución expresa o tácita por parte del órgano administrativo contraria a los intereses del particular reclamante (conc. art. 2 y su nota y 7 del C.P.C.A.). En el caso, el Concejo Deliberante -expresando ser el órgano facultado para legislar y fijar las tarifas del transporte público local- mediante una ordenanza -que el actor impugna- estableció las secciones del transporte automotor de pasajeros del partido, fijando la tarifa para cada caso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de lesividad, jubilación por invalidez, resoluciones, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia del Chaco c/ Resolución N°0579 (I.P.S.) s/ Acción de Lesividad la Provincia del Chaco c/ Resolución N°0579 (I.P.S.) s/ Acción de Lesividad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-05-11

Es procedente la acción instaurada por el Insssep, solicitando la nulidad de la resolución dictada por el Directorio del Instituto de Previsión Social por lo que se acordó una jubilación por invalidez.

Ello así, ya que en el caso han desaparecido los elementos fácticos tenidos en cuenta en su oportunidad para el dictado del acto administrativo otorgante del beneficio jubilatorio, toda vez que en la actualidad y conforme a las probanzas rendidas, no adolece de la incapacidad requerida por el art. 81 de la Ley 3525 para continuar gozando del citado beneficio. Ello autoriza su anulación, por haber desaparecido un elemento esencial del acto administrativo, a partir del 13 de diciembre de 1995, fecha en que reasumió su actividad laboral en la Municipalidad local; y además por contrariar el art.86 del ordenamiento citado.
Derecho civil, alimentos, determinación del monto, depreciación monetaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: B., M. F. C/ I., J. A. Y OTROS c/  s/ ALIMENTOS (expediente electrónico)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-02-08

Si bien la obligación alimentaria es una deuda de valor, esa circunstancia, por sí sola, si bien sumamente relevante, no significa más que una idea que necesariamente debe tener un correlato en los hechos para tornarse operativa. Para ser estimada al momento de fijar un monto y volcar correctamente la teoría en un número concreto, la parte interesada debe aportar información que soporte los distintos items que componen la obligación. Sin embargo, atendiendo que la discusión versa sobre derechos de menores, el tribunal de apelación se encuentra autorizado a intervenir de oficio. Dicha potestad permite analizar el monto acogido en la instancia de grado y determinar si es o no ajustado a las necesidades del alimentado. Por otro lado, el reenvío a primera instancia para que se vuelva a discutir sobre el punto resulta inconveniente para todas las partes.
Competencia, competencia por la persona, banco central, competencia federal
Materia: COMERCIAL
Carátula: SASETRU  S.A.C.I.F.I.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

Tratándose de una acción por la que se reclama una indemnización por daños y perjuicios causados por incumplimiento de un convenio del club de bancos liderados por entidades, entre las que se halla el Banco Central, la competencia es federal.
Impugnación del acto administrativo, oportunidad procesal, nulidad absoluta, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tolosa de Mares, Stella Maris c/ Provincia del Chubut y Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-09-28

"El art. 147 de la Ley 920, no es una vía meramente potestativa para la Administración; ésta tiene el deber de recibir el reclamo y tramitarlo, aunque ello importe un reexamen de los actos no recurridos en tiempo..."
Contratos, buena fe, contrato de comisión, resoluciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOLER, ELBA ELCIRA c/ SARTORI, MIRNA NOEMI LOPEZ DE s/ CONSIGNACION    QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 517-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

La vigencia de los estándares de buena fe y ejercicio regular del derecho que imperan en materia de interpretación contractual permiten afirmar que la actitud de la contratante de resistirse a aceptar el ofrecimiento de pago por haber transcurrido pocos días del vencimiento de la cuota, podría resultar abusiva; y, con mayor razón, pretender la resolución contractual, lo que tendría obvia influencia sobre la validez de los depósitos efectuados por la actora, y por ende, sobre las consecuencias que de ello se deriva en relación a derechos constitucionales.
Instrucción, requerimiento de instrucción, apertura de la instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lorenzo, Ernesto y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-29

Aceptar que se puede investigar de oficio "significa prescindir de una interpretación armónica de los preceptos del Código, coherente con el sistema y, sobre todo, con el principio acusatorio". Ello así, en razón que "se ha eliminado una de las formas más odiosas del sistema inquisitivo, consistente en la posibilidad de abocamiento -iniciación de oficio- sin necesidad de que el juez sea requerido por otra persona u órgano". Cabe recordar que "el marco regulario previsto a partir del art. 180 del rito y muy especialmente el art. 188 del digesto, le imponen al representante del Ministerio Público Fiscal la formulación del pertinente requerimiento de instrucción. Dentro del diseño del sistema judicial instituido por nuestro código que garantiza los principios 'ne procedat iudex ex officio' y 'nemo iudex sine actore', ante la noticia de un evento criminoso perseguible de oficio mediante denuncia formulada al juez de instrucción -de no mediar desestimación o remisión por incompetencia- deberá la fiscalía formular requerimiento con invocación de los datos individuales que posea del o de los imputados. (Voto de la Dra. Ledesma, adhiere el Dr. Tragant).
Discriminación por razones de sexo o inclinación sexual, pensiones, cónyuge supérstite varón, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BIGLIERI, CARLOS ROBERTO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-15

La discriminación por sexo que efectúan los arts. 38 de la ley 18.037 y 26 de la ley 18.038, no sólo afecta la existencia de un grupo familiar (en el caso de autos integrado por padre e hijo), sino que además cercena el principio consagrado por el art. 16 de la C.N., por lo que corresponde declarar su inconstitucionalidad.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C, E s/ INFRACCION ARTICULO 62 B) LEY 3473      EXPTE NRO 153-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-13

Es nula la sentencia que resuelve un procedimiento de faltas en el que el imputado no fue indagado porque no compareció ante el Juez Una cosa es comparecer y abstenerse de declarar, otra el no comparecer al acto de la indagatoria por parte del imputado.
Recurso de apelación (procesal), preparación de la vía ejecutiva, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: Rasjido, Juan Carlos c/ Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-03-19

La resolución que hace lugar o deniega la preparación de vía ejecutiva es inapelable, ello en razón que, no pone fin total ni parcialmente al pleito ya que la actora puede ocurrir por la vía ordinaria. Tampoco se trata de medida preliminar, por tratarse de medidas preparatorias del juicio ejecutivo.
Competencia originaria, competencia del Superior Tribunal de Justicia, Poder Legislativo Provincial, cesantía
Materia: PROCESAL
Carátula: S. N., M c/  s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-08-05

Nombrar, promover y remover al personal son funciones netamente administrativas de las Cámaras que componen el Poder Legislativo y ajenas a la específica labor parlamentaria que motiva la especial competencia de la Corte de Justicia. Por ello, las resoluciones que dispusieron la cesantía del amparista no constituyen actos Legislativos en su función de cuerpo colegiado ni constituye ejercicio de sus atribuciones específicas como órgano parlamentario, lo que descarta la competencia originaria de esta Corte.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Urgencia del Niño S.R.L. c/ Aguzzi, Norma Liliana s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-15

Del espíritu de los arts. 93 y 94 de la ley 5800, surge que, además de eximirse a las ambulancias del límite de velocidad impuesto a los demás vehículos por el art. 87 de dicha norma, les impone a los conductores de estos últimos, la obligación de detener la marcha hasta que la ambulancia haya pasado. Y este deber rige no solamente para los automóviles que circulan por la misma calle o camino por el que lo hace la ambulancia, sino también para los que se desplazan por las calles o caminos que atraviesan aquéllos, precisamente para permitir que ese tipo de vehículo pueda circular de la manera más rápida y segura para prestar el servicio al cual se lo destina.
Jubilaciones, cómputo de servicios, período de inactividad, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, empleo público
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Kunkel, Carlos Miguel c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

No corresponde excluir de los beneficios de la ley 23.278 a quienes se vieron privados de su libertad, ya que el especial régimen que la norma establece encuentra su fundamento en la existencia de causas anormales para la cesación en el desempeño de empleos públicos, vinculadas con la persecución de personas por razones políticas o gremiales que, en los casos más graves, se tradujo en el sometimiento a prisión sin proceso (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Hospitales públicos, examen de salud, obligación de seguridad, coronavirus, transmisión de enfermedades, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Monteagudo, Silvia y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-03

Corresponde rechazar la nulidad planteada por el GCBA y la ART, respecto de la resolución que dispuso el traslado del monitor de la Unidad Terapia Intermedia del Hospital Durand a una zona libre de contaminación, es decir, a un sector externo al área en la que se encuentran los pacientes con asistencia respiratoria mecánica por padecer de Covid-19, en el marco de una causa por la cual se ordenó los demandados la provisión de elementos de seguridad y protección que eviten el contagio del Coronavirus a los trabajadores del mencionado nosocomio, habida cuenta que el agravio introducido por el GCBA en cuanto a que el hecho nuevo denunciado se resolvió conculcando su derecho de defensa, dado que los hechos entraron en la esfera de su conocimiento; y en relación a la ART considera que lo resuelto no le endilga mayores responsabilidades que las decididas en la medida cautelar y sus ampliaciones.
Daños y perjuicios, contratos bancarios, caja de ahorro, obligación de seguridad
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRAVERSO,  MARIA c/ BANCO  DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-30

Cabe admitir el reclamo incoado contra una entidad bancaria por uno de sus clientes, titular de una caja de ahorro en la que se deposita su sueldo, por restitución de los fondos que, luego de un ardid telefónico, le habían sido sustraídos de su cuenta; toda vez que el banco -que según constancias de la causa estaba en conocimiento de esa modalidad delictiva-, no advirtió oportunamente de ello a sus clientes violando su obligacion de seguridad; no obstando a ello lo informado en las condiciones generales de uso de la tarjeta o los stickers colocados en los cajeros automáticos en los que se aconseja no divulgar el pin o la publicación que al respecto hiciera la policía federal en un diario de amplia difusión; además, el hecho de que mediante la apertura de una cuenta en el banco y la obtención de una tarjeta por uno de los miembros de la banda delictiva, esta haya logrado hacerse del "Patrón original de la banda" de la tarjeta para reemplazarla por el nombre de las victimas, revela también la vulnerabilidad del sistema que la propia entidad financiera manejaba y utilizaba con sus clientes; por lo que cabe concluir que la entidad bancaria incumplió la obligacion de seguridad -garantía expresa o tacita que asumen las partes en ciertos contratos, de preservar a las personas y bienes de sus cocontratantes, respecto de los daños que puedan ocasionarse durante su ejecución (cfr. López Herrera, Edgardo, "Teoría general de la responsabilidad civil", Lexis Nexis, Lexis N° 7004/004379)-, que ha sido reconocida como principio general del derecho protector de todas las relaciones jurídicas y que encuentra fundamento en normas constitucionales (cn: 19, 41, 42, 43 y  75-22°), en la solidaridad social y en el principio de buena fe (cfr. xx Jornadas nacionales de derecho civil, reunidas en la Facultad de Derecho de la UBA) y en la ley 24240: 5
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, memorial, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Grzona Vega, Carlos c/ Grzona, María Magdalena. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-17

La regla referida a que lo atinente a la valoración de un memorial, a fin de determinar si reúne las exigencias para mantener un recurso de inaplicabilidad de ley, es facultad privativa del respectivo tribunal, ajena a la vía del art. 14 de la ley 48, debe dejarse de lado cuando el examen de los recaudos pertinentes se efectúa con un injustificado rigor formal que conduce a la frustación del derecho invocado, con evidente menoscabo de la garantía de la defensa en juicio.
Acta de secuestro, confección irregular
Materia: PENAL
Carátula: D.E. y otros s/ Robo Calificado por uso de armas -Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-09-09

El planteo de nulidad por la defectuosidad del acta de secuesto practicada por los preventores policiales sin mediar orden judicial que autoriza tal proceder como asimismo por no haberse hecho constar en el acta labrada que estaba presente el Juez de instrucción, quien no suscribió el instrumento, no puede ser audible en razón que el acta cuestionada es policial y el apersonamiento del Juez durante la requisa no confiere judicialización al acto, manteniéndose a éste dentro del ámbito prevencional. La asistencia del Magistrado en alguna diligenciaprevencional no implica "per se" su avocamiento y tampoco supone en modo alguno la sustracción del caso de la órbita investigativa policial de prevención y su asunción directa por el órgano jurisdiccional -artículos 202, 203 y 191 del Código Procesal Penal.
Honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ OSCAR CLAUDIO MALDONADO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-08-28

La fundamentación de la apelación en materia de honorarios, optativa para los recurrentes, ha de realizarse en el específico plazo de cinco (5) días, contados desde la notificación de la regulación (art. 245, apdo. 2 CPCC), sin que corresponda poner los autos a disposición de los apelantes para la presentación de memoriales, corriendo para ello un plazo ulterior.
Prueba de la posesión, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: Di Chiara Oto c/ I.V.A. S.A.C.I.F. E I. s/ Posesión venteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-06-10

Corresponde rechazar la demanda por prescripción veinteañal, en tanto no se cumplió con la carga de la prueba compuesta que el sistema estatuye, como condición de viabilidad de la pretensión de adquisición del dominio por posesión veinteañal - art. 24 inc. C ley 14159 y Decreto 5756/58 de la provincia de San Luis -, pues salvo los dichos de dos testigos sobre el particular, no existe prueba que demuestre la existencia de los presupuestos de la acción.
Defensa en juicio, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: Iglesias, Horacio s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-29

Pronunciado el fallo definitivo, la garantía de la doble instancia prevista por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere que sean los mismos hechos sometidos al órgano jurisdiccional de grado los que constituyen presupuesto de actuación del Tribunal superior, toda vez que si fueren diferentes, no habría tal doble instancia sino un nuevo juicio; esto, aún cuando se planteara, como en el caso, para nulificar el decisorio y desencadenar la producción de otra audiencia de debate.
Competencia provincial, aplicación de la ley, ley provincial, autonomía provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: CITIBANK N.A. c/ LAMURA, Luis s/ EJECUCION HIPOTECARI
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-16

Resulta competente la justicia provincial para entender en las causas fundadas en la aplicación de normas de derecho público local, ya que el respeto de las autonomías provinciales, determina que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que versan sobre aquéllas, así como la determinación de la existencia y, en su caso, los alcances de las normas provinciales que estatuyen el derecho de las partes, las que se encuentran directa o indirectamente relacionadas con la aplicación e interpretación de las de derecho público.