marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, sentencia definitiva, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz, Carlos Alberto s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

Corresponde hacer lugar al recurso de queja toda vez que, si bien la decisión recurrida no es, en principio, de las que habilitan la vía impugnativa intentada -auto de procesamiento-, toda vez que el recurrente solicitó el cambio de calificación, planteó la inconstitucionalidad del art. 14 párr. 2° de la ley 23.737 y peticionó la aplicación de los precedentes CS "Arriola" y "Vega Giménez"; la naturaleza federal del agravio planteado permite equiparar el pronunciamiento a uno definitivo, habilitando así la intervención de este Tribunal. La disidencia sostuvo que el recurrente no demostró cuál es el agravio de tardía o imposible reparación ulterior, que torna la sentencia equiparable a definitiva.
Extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, instrucción, actos y diligencias procesales, secuela de juicio
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Cordero de Azulay, Maris del Carmen s/ Denuncia (apelación)-casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-05-27

Los actos instructorios del proceso penal no son aptos ni tienen la entidad suficiente -dentro de nuestro procedimiento oral- a los fines de interrumpir el curso de la prescripción, no obstante la tendencia doctrinaria que le atribuye ese carácter, pero es considerada como "no constitucionalmente válida" (Núñez, Ricardo:

"Las disposiciones generales del Código Penal", pág. 302. (Del voto de la Dra. Juana Perazzo de De la Vega.)
Impuestos, obligación tributaria, hecho imponible, realidad económica
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Empresa  Provincial  de  la  Energía  de  Santa  Fe c/ DirecciónGeneral Impositiva (T.F. 14.663).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-22

Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se debe atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 2 de la ley 11.683), en consonancia con el principio de la realidad económica, al que alude el art. 1 del citado ordenamiento.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, tribunal administrativo, sumario administrativo, escribanos públicos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: FABIO G. PIATIGORSKY s/ TRIBUNAL    ADMINISTRATIVO-   SUMARIO    ADMINISTRATIVO-  SENTENCIAS  ARBITRARIAS- ESCRIBANO-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-26

Si bien la mera circunstancia de que el a quo haya remitido -en lo esencial- a los fundamentos del tribunal administrativo, no es por regla motivo que autorice su descalificación por aplicación de la doctrina sobre arbitrariedad, cabe hacer excepción al principio cuando -como en la especie- tales fundamentos no constituyen una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa. Así ocurre en el caso en que se sancionó a una notaria por haber tratado con uno de los denunciantes el monto de los honorarios a percibir por la otra escribana y haber firmado por ésta una factura y un recibo por montos que superaban el arancel, sin tener en cuenta que se esgrimieron como circunstancias sobrevinientes las presentaciones de los denunciantes cuya ponderación el a quo omitió, toda vez que se limitó a considerar su ineptitud para dar por concluido por tal causa el sumario administrativo y, por otra parte, el haber firmado los mencionados instrumentos es imputable a quien delegó la facultad de firmar en la ahora recurrente.
Actos jurídicos, vicios del acto jurídico, lesiones, juicio ordinario
Materia: CIVIL
Carátula: Godoy Juan Alberto y Lares Antonia Beatriz c/ Ten S.R.L. y otra s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-27

En la acción de nulidad o modificación de actos jurídicos por vicio de lesión, es a cargo del accionante acreditar el elemento objetivo (evidente e injustificada desproporción entre las prestaciones), y el elemento subjetivo de la víctima, su situación de inferioridad, ya que probados tales extremos, la ley presume la explotación por parte del lesionante del estado de inferioridad de su contraparte.
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Pardo,   Rodolfo  Osvaldo  y otros c/ Doscientos Ocho Transporte Automotor y otro. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

Si la sola transferencia de la guarda fuera suficiente para liberar de su responsabilidad al propietario, la referencia que hace el art. 1113 del Código Civil al "dueño" quedaría vacía de contenido, pues habría bastado con mencionar solamente al guardián.
Pago, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Carvani, Gabriel Eduardo c/ Gran Dora SA s/ Indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-07-16

La Ley de Contrato de Trabajo en su art. 144, no le reconoce ni siquiera efectos cancelatorios a los libros, planillas u otros documentos similares firmados por el propio trabajador, requiriendo siempre el otorgamiento de los recibos de pago con el contenido y formalidades previstas por la propia ley.
Caducidad de instancia, inactividad procesal, demora en la elevación de los autos
Materia: PROCESAL
Carátula: MORI  HUGO  ALBERTO  y  otros c/ YPF  SA  y  otro s/ proceso deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-21

El art. 313, inciso 3º del Código Procesal, exceptúa de la caducidad a los supuestos en los que la inactividad procesal obedece a la demora en enviar el expediente a la Cámara a raíz de la interposición de un recurso (conf. esta Sala, causa n° 4425/05 "Malito ADA y otros c/ Estado Nacional- Ministerio de Economía y Producción- s/ proceso de conocimiento" del 22.8.07 y sus citas; causas n° 4884 del 26.06.87 y 2588 del 23.06.95; Sala II, causas n° 5517 del 4.11.87, entre tantas otras). Ahora bien, para que tal demora sea impeditiva de la caducidad, ella debe darse en aquellos supuestos en los que las actuaciones se encuentran en condiciones de ser remitidas a la Alzada; por el contrario, si la causa no reuniera esa cualidad por la falta de recaudos que habilitan su elevación a la segunda instancia, el impulso dependería del apelante (en este sentido, esta Sala, causa n° 9362/05 del 23.6.09).
Legitimación activa, diputados, fallos de la Corte Suprema, doctrina, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Peche, Carim Antonio y otros c/  s/ acción de inconstitucionalidad y medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2017-06-13

La doctrina en general niega legitimación activa a los diputados en este tipo de acciones (ver Compendio de Derecho Procesal Constitucional, Ed. Astrea, 1ª Edición, Buenos Aires, 2009, p. 398). También así lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades, existen en este caso en particular, intereses que exceden a las partes y cuya afectación no puede de ninguna manera restringir el acceso a esta instancia, por lo que, excepcionalmente, ameritarían un análisis de fondo del asunto.
Marcas, marcas confundibles, registro de marca, solicitud de marca, denegatoria de la solicitud
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUNDEX SA c/ MUSALI, JAIME H. s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-22

Al procurar el ingreso al mercado de los productos electrónicos con la marca TRESSA, no otro pudo haber sido el móvil que lo llevo a adquirir el registro espurio de la clase 20, el demandado persiguió la finalidad de enriquecimiento con el prestigio de un tercero, con plena conciencia de ello, extremo que uniformemente ha sido repudiado por la doctrina jurisprudencial desde antiguo y que a partir de la sanción de la ley 22362 es causal de nulidad del registro marcario, art. 24 inc. b. Cabe agregar que a) el pretendido empleo de esa marca en productos electrónicos, no provenientes de la compañía suiza de ese nombre ni sometidos a su control de calidad y garantía, resultaría perjudicial para los consumidores al crear confusión sobre el origen de aquellos, y b) la ilegítima apropiación parcial de la marca TRESSA implicaba restringir o limitar el derecho de la sociedad extranjera, que el propio accionado representaba, a expandir su actividad al mercado electrónico bajo su marca registrada TRESSA.
Sentencia arbitraria, transporte aéreo, reconvención
Materia: PROCESAL-AERONAUTICO
Carátula: Intercargo S.A.C. c/ Orgamer S.A. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Es arbitraria la sentencia que revoca in totum la sentencia de primera instancia, sin hacer alusión alguna a cuestiones independientes de la discusión sustancial -definición de vuelo y calificación de terminal o en tránsito- las que fueron motivo de tratamiento y rechazo de la pretensión de la actora, con la consiguiente admisión de la reconvención.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derechos naturales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo. (S. 303- S. 292).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

No puede aceptarse que por sobre los derechos de los habitantes de la Nación que reconoce expresamente la Constitución puedan prevalecer derechos supuestamente naturales pues ello implicaría dejar librada la aplicación de la Constitución no ya siquiera a restricciones impuestas por el Congreso sino a la primacía de las ideas de los jueces sobre concretas normas de la ley fundamental.
Contratos administrativos, contrato de obra pública, entes cooperadores, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C.E.T.E.S.A c/ M.C.B.A s/ LOCACION DE OBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-21

A través de las ordenanzas 38458 y 35514, la Comuna de Buenos Aires previó la realización de obras de remodelación, ampliación y refacción de locales propios destinados a establecimientos educacionales, mediante fondos aportados por la misma comuna y utilizando los servicios de las Asociaciones Cooperadoras a las que calificara de entidades intermedias. En tales supuestos, no cabe duda que al contratar las obras correspondientes la Asociación Cooperadora actúa en nombre de la Municipalidad de Buenos Aires, por cuanto las reformas y mejoras planificadas lo fueron para beneficio de un inmueble de su propiedad y con la utilización de fondos provistos por el ente comunal.-
Fallos de la Corte Suprema, control de constitucionalidad, igualdad ante la ley, control de razonabilidad, escala penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gnadinger, Oscar Miguel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-13

Cabe resaltar que, de acuerdo a lo sostenido inveteradamente por la CSJN, el control de constitucionalidad no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (Fallos 257:127; 300:642; entre otros). Por lo que, el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse, salvo en aquellos casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario (Fallos 318:1256). Por lo tanto, al no verse vulnerados el principio de igualdad ni el de razonabilidad, como erróneamente consideró el magistrado a quo, corresponde estar a la limitación que, dentro de sus facultades específicas, el legislador consideró conveniente establecer para el caso que nos ocupa.

En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 865 del CA en relación al mínimo de pena previsto, cabe señalar que el tribunal omitió considerar que es el Poder Legislativo el órgano que tiene la potestad de valorar conductas constituyéndolas en tipos penalmente relevantes y fijar la escala punitiva que estima adecuada como reproche a la actividad que se considera socialmente dañosa (Fallos: 209:342). La determinación de las escales penales revela un criterio legislativo del que queda excluido el juzgador, pues su misión es aplicarlas como la ley manda en la medida ajustada a la especie, de allí que se considere un desacierto la inconstitucionalidad dispuesta por el magistrado de la instancia anterior.

No obstante que el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió a favor de conceder la suspensión del juicio a prueba solicitada, el tribunal debió, por las razones anteriormente expuestas, apartarse de lo propuesto por el fiscal. Cabe recordar que, mientras la oposición del acusador público a la suspensión del juicio a prueba resulta vinculante para el tribunal, no lo es su consentimiento, sobre todo teniendo en cuenta la existencia en el caso de contradictorio, a partir de la postura adoptada por la querella (ver en similar sentido, las causas "Marchetti Roberto y Pardo Piñón Jorge Rodrigo s/ infracción ley 22.415" y "Basavilbaso de Alvear, Rufino y otros s/recurso de casación").
Rebeldía, falta de contestación de la demanda, confesión ficta
Materia: PROCESAL
Carátula: Areco, Andrea c/ Arroyo, Carlos Alberto s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 475/478, Nº 190) Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 475/478, Nº 190)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-05-28

La ley establece que el silencio del demandado se estima como presunción de verdad de los hechos lícitos expuestos en la demanda, con lo que asimila la rebeldía a la incontestación de la demanda o a la contestación en la que no se niega categóricamente los hechos afirmados por el actor.

La presunción funciona frente a una afirmación que resulte verosímil, pero no cuando ella resulta inverosímil, contradictoria o cuando de los mismos autos surge que el hecho alegado no es cierto.

Todo lo expuesto en la demanda se presume en principio cierto, salvo las circunstancias de inverosimilitud, contradicción de su falsedad.

Es decir que el juez, partiendo de una verdad presunta contenida en la demanda ha de establecer si del análisis de las pruebas y de todos los antecedentes, con período probatorio formal o sin él, fluye su confirmación.

La ley consagra una presunción favorables a la parte que se beneficia con la rebeldía o con la incontestación, pero puede suceder que exista contradicción entre los hechos presumidos y otras constancias del juicio. Si estas constancias producen plena convicción en el juez, el sentenciador tendrá que atenerse a ellas, pero deberá apartarse de estas si aparecen desvirtuadas por prueba en contrario.

La inactividad de una de las partes no puede ser una causa suficiente para que se le atribuya a la otra derechos que no tiene, si de la prueba producida aparecen desvirtuados los importes consignados en la planilla acompañada con la demanda.-
Reciprocidad jubilatoria, jubilaciones, pensiones, Estado Provincial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Alvarez, Eduvijes c/ Caja    de  Jubilaciones  y  Pensiones  de  la  Provincia  (Mendoza). s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-10

De conformidad al régimen de reciprocidad jubilatoria, es facultad de la "caja otorgante" evaluar si la compatibilidad de los servicios prestados bajo el régimen de otras cajas adheridas, permite acceder o no al beneficio que se pretende.
Menores, régimen penal de la minoridad, derechos de las niñas, niños y adolescentes, protección de los menores privados de libertad, medidas tutelares, facultades del juez, partes del proceso, Ministerio Público Fiscal, asistencia del defensor
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de disposición de D. A. C. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-25

El art. 64 de la Ley provincial 4109 autoriza una serie de medidas socioeducativas, para los fines previstos por el art. 4 de la Ley 22278. Esta última ley, referida al régimen penal de la minoridad, entre otras condiciones, supedita la imposición de pena al menor de catorce (14) a dieciocho (18) años que incurre en un delito a su sometimiento a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad.

En este tratamiento tutelar, el juez se encuentra facultado para mantener al adolescente en su núcleo de socialización primaria o familiar, colocarlo bajo el cuidado de otro familiar o no, establecer un régimen de libertad asistida, incluirlo en programas de enseñanza u orientación profesional para su incorporación a determinado oficio, ordenar el tratamiento médico necesario o incluirlo en programas de reparación del daño o de trabajo comunitario.

Como se advierte, se trata de decisiones relevantes para quien se somete al tratamiento tutelar en cuestiones que incluyen aspectos vinculados con su privación de libertad, entendida como "... toda forma de detención, encarcelamiento o internación de una niña, niño o adolescente en una institución pública o privada por orden de cualquier autoridad de la que no se permita a la niña, niño o adolescente salir por su voluntad" (art. 11 Ley 4109, en coincidencia con el apartado B, punto 11, de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resol. 45/113, del 14-12-90), en cuyo proceso decisorio "... serán partes obligadas el Ministerio Público Fiscal y la defensa, los que serán oídos previamente a la resolución fundada del Tribunal" (art. 65 Ley 4109).
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Manso, Miguel Feliciano s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-05-02

La figura agravada descripta en el art. 166 inc. 2 del Código Penal sólo hace referencia a que el robo se cometiere "con armas" y no se exige nada más para que se perfeccione el delito. La razón de la agravante es la disminución de las posibilidades de defensa de la víctima, al neutralizarla para cualquier posible reacción en ese sentido y poco importa que el artefacto utilizado, si es que se trata de un arma de fuego, sea o no apto para producir disparos, pues tal contingencia no lo descalifica como lo que es. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, pena
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ, ROQUE s/ INCUMPLIMIENTO DEBERES ASISTENCIA FAMILIAR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-10

"...Comparto el punto de vista del Sr. Fiscal de Cámara, de que los montos pagados por Gómez son extremadamente exiguos como para desmostrar buena voluntad de su parte en las obligaciones alimentarias que le fueron impuestas incluso judicialmente." "Creo que es muy justa y adecuada, al marco probatorio de autos, la frase con la que la querellante cierra su alegato, expresando que aún cuando las necesidades del núcleo familiar sean resueltas por otras personas en este caso parientes o terceros, ello no justifica el desamparo a que Gómez ha sometido a sus hijas, careciendo de eficacia las justificaciones tras las que se escuda, procediendo como un padre carente de afecto y responsabilidad..." "Por lo expuesto voto por la revocación de la sentencia recurrida, haciendo lugar a la pena pedida por el Sr. Fiscal de Cámara, o sea seis meses de prisión en suspenso y costas, aplicables al imputado Gómez por hallárselo incurso en el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Asimismo se revocará el punto IV de la sentencia recurrida, condenando al imputado al pago de las sumas adecuadas en concepto de cuota alimentaria para sus hijas legítimas.

.."
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad, acción de repetición
Materia: PROCESAL
Carátula: OCAMPO, ISABEL VALENTINA c/ AYALA, IVANA ANDREA s/ COMPETENCIA (CONFLICTO DE COMPETENCIA TRABADO ENTRE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA UNDECIMA NOMINACION Y EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO LABORAL DE LA SEXTA NOMINACION, AMBOS DE ROSARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-08-11

Habrá de dirimirse la contienda de competencia a favor de la postura del Juzgado Civil y Comercial toda vez que se evidencia un nexo de conexidad entre la presente causa y aquélla que tramita por ante el Juzgado en lo Laboral , lo que determina que sea este último Tribunal el que siga entendiendo en el caso, entendimiento que encuentra suficiente asidero en lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 1 de la ley 10160, tratándose de un caso -medida de aseguramiento de pruebas en razón de una demanda por repetición- que resulta comprendido en el inciso i) del artículo 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia que establece que "el juez del principal tiene competencia para conocer..., de las demandas por repetición ...".
Accidente de tránsito, peatones, peatón distraído, salida de escuela, transporte de pasajeros, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREZ CIRILO Y OTRA P/ SU HIJA MENOR c/ CARLOS H. BUSTOS s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S152 - 233)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-08-25

El conductor de trolebús que circula frente a un establecimiento escolar en horario de salida de clases, sin disminuir la velocidad para evitar atropellar a un escolar que cruzaba, es único responsable del evento dañoso, por cuanto pesa sobre él mayor deber de precaución, y es previsible la aparición de un peatón distraído e incluso imprudente.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso, revocación de sentencia, ley de empleo, indemnización, relación de dependencia, remuneración, sentencia arbitraria, aplicación de la ley laboral, prueba, rechazo de la prueba, deberes del juez, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Coria, Silvana Andrea c/ Soccorso, Claudia María s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-18

Corresponde revocar la sentencia del tribunal de trabajo y hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la trabajadora contra el pronunciamiento que, no obstante haber hecho lugar a sus pretensiones indemnizatorias, rechazó la aplicación de los artículos 10 y 15 de la Ley de Empleo 24.013 por considerar no reunidos los recaudos en ella establecidos, puesto que prescindir de elementos sustantivos y definitivamente probados en la causa tales como la fecha de inicio de la relación de dependencia y el salario real, diferente al denunciado por la accionada, convierte la decisión que se recurre en dogmática y absurda por carecer de fundamento.
Hábeas corpus, sanciones procesales, jueces
Materia: PENAL
Carátula: OYOLA s/ HABEAS CORPUS. CORRECCIONES DISCIPLINARIAS. JUEZ.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-03

Aún cuando el Magistrado de Instrucción haya interpretado que el término perentorio establecido por la ley 23.098 sólo rige en caso de que haya detenidos, no le es permitido reemplazar el texto haciendo distingos que la disposición no contempla, cuando resulta expresamente reglado en la ley (art. 25) que para los efectos del procedimiento -haya o no detenidos- rigen los turnos de veinticuatro horas corridas, a cuyos fines rigen las Acordadas del 6-11-84 y 10-7 86, que fueron desconocidas por el Instructor; por cuyo motivo se rechaza el recurso de reconsideración interpuesto contra la sanción que le fuera impuesta, por no ser satisfactorias las explicaciones dadas.