Empleo público, escuela de policía, extinción de la relación funcional, daños y perjuicios, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARAMBURU, HECTOR c/ PROVINCIA DE CORDOBA-PLENA JURISDICCIÓN- s/ PLENA JURISDICCIÓN- RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-05-08

En orden a la diferencia entre lucro cesante y frustración de "chances", se ha dicho que lo que interesa es determinar si las expectativas de beneficios son relativamente ciertas (lucro cesante) o si únicamente había alguna probabilidad de obtener dichas ventajas (chance). En numerosos casos la distinción es dificultosa, porque hay una zona gris entre aquellos supuestos, que remite el problema a la prudente apreciación judicial, sobre la base de las circunstancias de cada caso particular.

Si bien el método de cálculo del valor de la pérdida de la chance propuesto por el recurrente -establecer un porcentaje de los sueldos no percibidos- ha sido admitido como solución por la jurisprudencia de este Tribunal al afirmar que estas chances disvaliosas constituyen materia resarcible, que pueden evaluarse computando un porcentaje sobre los ingresos actuales o sobre uno presuntivo, ello no implica, sin embargo, que la invocación de la pérdida de la chance hará viable la pretensión sin más fundamento que las afirmaciones del reclamante, desprovistas de todo parámetro objetivo.

La estimación de un porcentaje -treinta por ciento (30%)- sobre el total de los haberes que habría percibido el actor, sin especificar con apoyo en qué elemento objetivo lo establece -denominada "variante"- y que otorgue respaldo a su afirmación acerca del alto grado de probabilidad de concreción de la chance frustrada -por la circunstancia de su actual desempeño como Sargento del Ejército Argentino aparece como una interpretación subjetiva que no alcanza para fundamentar un agravio susceptible de ser remediado en esta instancia.

Tan es así no sólo por la falta total de su dimensionamiento cuantitativo que traduzca la magnitud económica sobre la cual discute el apelante, sino también por la circunstancia que el porcentaje escogido por el Sentenciante -uno coma cincuenta y seis por ciento (1,56%) del total de ganancias frustradas-, según un grado de probabilidad determinado en base al número de ingresantes a la Escuela de Policía que alcanzan la más alta jerarquía policial ("variante"), se aplica sobre una base de cálculo sustancialmente mayor a la propuesta por el propio recurrente e incluso por la sentencia definitiva con autoridad de cosa juzgada sustancial.

La simple confrontación entre la sentencia definitiva firme, o bien, la propia síntesis que de ella realiza el A-quo en el Considerando primero del decisorio recurrido y los alcances que a la pérdida de la chance de concluir los estudios en la Escuela de Policía le asigna a la postre el Juzgador, surge de manera patente que la base establecida para la cuantificación del daño resarcible, en la particular comprensión del Judex a-quo, no sólo excede la cosa juzgada sustancial que surge de la sentencia definitiva de la cual, la decisión impugnada constituye una instancia ulterior que se integra con ella y con la cual debe guardar estricta correspondencia, sino que, además, el criterio asumido por el sentenciante contempla una situación en la que se coloca al actor -quien aún no había egresado de la Escuela de Policía- en mejores condiciones que si se tratara de una indemnización por cesantía ilegítima, que presupone la incorporación con derecho a la estabilidad policial de quien culminó sus estudios en aquella institución y fue admitido a las filas policiales.- Ello es así en razón que el A-quo ha proyectado ingresos a favor del accionante durante una hipotética "carrera policial" hasta alcanzar los máximos grados de la jerarquía funcional que, inclusive, trasciende más allá de su vida activa, para abarcar sus haberes de "retiro" computando para esto último una expectativa de vida en función de datos tomados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en relación al promedio de vida del hombre en nuestro país.- Tal modo de asignarle una magnitud económica al derecho resarcitorio reconocido a favor del demandante, traduce en forma ostensible y palmaria un quantum mucho más extenso que el delimitado en la sentencia, frente al cual, no son de recibo las objeciones que se hallan desvinculadas de la sentencia que es título del derecho que se pretende resguardar.- En efecto, el derecho resarcitorio reconocido a favor del actor, que es la materia indemnizable y de la cual no debe apartarse su cuantificación numérica, es la frustración de la culminación de los estudios en la Escuela de Policía, siendo este el alcance material asignado en la sentencia a la pérdida de la chance, en la que no se incluyó -como interpretó el A-quo en la resolución recurrida- el derecho a la carrera policial, proyectada más allá de la vida funcional activa.

En las condiciones descriptas el agravio denunciado resulta inatendible por insustancial, máxime cuando en el desarrollo de su esquema argumental el impugnante no procura demostrar, de modo concreto, la diferencia económica entre el monto al que se arriba en el decisorio en crisis y el que resultaría de haberse acogido su pretensión inicial, acreditando el perjuicio económico concreto mediante los cálculos aritméticos que traduzcan objetivamente la medida de su interés para impugnar, la que sólo sería atendible frente a un apartamiento lesivo de lo resuelto en el fallo definitivo firme que, por la razón señalada, no se verifica.

Idéntica apreciación me merece el agravio relativo a la determinación de los haberes de retiro que el actor podría haber percibido, en base al sueldo de Subcomisario más una antigüedad de doce años y medio, a cuyo respecto el apelante a más de denunciar la falta de fundamentación del criterio así adoptado, advierte que, siguiendo el razonamiento del Tribunal de Mérito, el promedio de remuneraciones como retirado debió hacerse en el grado de Comisario General, como así también la crítica según la cual no existe explicación alguna para efectuar el cálculo en base al grado supuesto de Subcomisario con veinticinco años de antigüedad por aplicación del artículo 94 de la Ley 8024, en lugar del artículo 96 de la misma norma previsional, que invoca el recurrente en su favor.

Tan es así por cuanto tal como señalé precedentemente, la indemnización reconocida a favor del accionante comprendía la frustración de la culminación de sus estudios en la Escuela de Policía.

Los cálculos efectuados por la Cámara a-quo se han realizado sobre una base mayor en la que se interpretó que también debía indemnizarse el derecho a la carrera policial.

En ese marco, carece de agravio el apelante para cuestionar la estimación practicada por el Tribunal de Juicio en la medida que -como acontece en el caso- no demuestra que la misma traduzca un apartamiento inequívoco de lo resuelto por la sentencia firme, que produzca una lesión a los derechos tutelados por la cosa juzgada sustancial, al alterar los valores reales en juego tenidos en cuenta al dictar el fallo definitivo.

El quantum de la reparación debe establecerse en base al sueldo líquido, esto es, una vez deducidos de la remuneración bruta los descuentos impuestos obligatoriamente por ley, los cuales no hubieran sido percibidos por el accionante.

En orden al procedimiento para el pago de sumas destinadas a satisfacer los daños y perjuicios irrogados por un acto declarado ilegítimo, que la base de cálculo a considerarse, es la remuneración que efectivamente hubiese percibido el actor, por lo cual deben descontarse los aportes jubilatorios, porque aunque éstos no vayan a ingresar a la Caja de Jubilaciones la suma destinada a los mismos no integró la remuneración neta que habría gozado de no mediar el acto ilegítimo.	Es que la falta de consideración al tiempo de fijar la indemnización, de los diversos datos que incidirían en el cálculo de la remuneración "neta" -esto es, la sumatoria de la asignación básica más las complementarias, una vez efectuados los descuentos de ley, sobre todos aquellos montos que tengan carácter retributivo, que es la que realmente habría ingresado al patrimonio del ex-cadete, lo colocaría en una situación más ventajosa con relación a la que se hubiera encontrado de no haber ocurrido el hecho generador del daño, provocando de este modo un enriquecimiento sin causa.

Y es principio genérico que una indemnización de daños jamás puede ser motivo de ello.

En consecuencia, de la remuneración total deben deducirse los porcentajes correspondientes a aporte previsional personal y de obra social, atento lo imperativo de la normativa aplicable (arts. 91 y 92 inc. "a", Ley 8024 conf. Decreto Nro. 1768/95, B.O.P. 08-01-96; art. 15 incs. "a" y "b", Ley 5299 conf. modif. Ley Nro. 6544/81), tal como estimó el A-quo en el decisorio impugnado.

Si bien el Judex a-quo no consignó de modo expreso en su resolutorio los montos correspondientes a los adicionales promedio que perciben los Oficiales a lo largo de su carrera, sin embargo, la asignación complementaria cuyo cómputo reclama fue considerada en los cálculos efectuados por el Tribunal de Mérito.- Prueba de ello es que la Escala de Sueldos de cada uno de los grados jerárquicos del Personal Superior informada por la Policía de la Provincia, incluye en el cómputo de las remuneraciones totales -en base a las cuales fueron efectuados los cálculos del decisorio en crisis, entre otros de sus componentes integrativos (tales como sueldo básico, suplemento por riesgo profesional, etc.), los montos de las asignaciones en cuestión bajo el rubro "Adicional Remunerativo"