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Daños y perjuicios, servicio militar, culpa de la víctima, responsabilidad del Estado, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Arizaga, Jacinta c/ Estado  Nacional  (Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-31

Descartada la culpa de la víctima el Estado resulta igualmente responsable con arreglo a lo que establece el primer párrafo del artículo 1113, Código Civil - por mediar una razonable relación entre el acto antijurídico obrado por Fenoglio y las funciones que debía desempeñar en su calidad de administrado que cumple el servicio militar obligatorio -, habida cuenta de que no hay duda de que encontró fundamento en aquéllas, toda vez que sólo fue posible en la medida en que derivó de sus exigencias.
Procedimiento administrativo, actuaciones administrativas, representación procesal, aplicación supletoria de la ley
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: JOSE BUCK S.A. c/ Instituto Nacional de Semillas (INASE) Resol. 1.017
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

Conviene recordar lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Administrativos en materia de representación procesal al establecer -en concordancia con lo establecido por el Código Procesal, supletoriamente aplicable (conf. art. 106 de la ley 19.549)-, que la persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho que no sea el propio -aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal- debe acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada (art. 31).
Concurso preventivo, juez del concurso, verificación de créditos, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: Telepiu SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-05

Cabe revocar la autorización de la apertura de una cuenta bancaria inembargable e incautelable a nombre de la concursada para que depositen allí (exclusivamente) las sumas que correspondan a sueldos, contribuciones, cargas sociales y todo impuesto derivado de las relaciones laborales mantenidas con aquella. Es que esta Sala ya ha abordado una cuestión similar al resolver sobre la improcedencia de una "medida anticautelar" solicitada por la -por entonces- concursada preventivamente (integrante del grupo económico que, a priori y a los efectos de este pronunciamiento, también integra la aquí concursada), confirmando la resolución del juez de primera instancia que la denegó (v. causa "Oil Combustibles s/ concurso preventivo s/ incidente art. 250", resuelta el 20.3.18). Allí, en sustento del confirmado rechazo, se expresó que "...debe considerarse con particular estrictez la concesión de medidas precautorias que impidan el ejercicio de las facultades que como acreedor corresponde al Fisco, atento la afectación que producen sobre el erario público (CSJN, Fallos: 313:1420; 318:2431, 328:3720, entre muchos otros), así como que la percepción de las rentas del Tesoro -en el tiempo y modo dispuestos legalmente- es condición indispensable para el regular funcionamiento del Estado (CSJN, Fallos: 235:787; 312:1010; 328:3720)." (v. punto 3°, primer párrafo). (En el caso la AFIP -acreedora posconcursal- apeló la resolución que ordenaba la apertura de la cuenta bancaria a nombre de la concursada con carácter inembargable).
Despido por huelga, despido con causa, intimación al trabajador, rectificación de conducta
Materia: LABORAL
Carátula: RAMOS, HUMBERTO c/ MURCHINSON SA ESTIBAJES Y CARGAS Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-06

Aún tratándose de una huelga ilícita, para determinar si el despido dispuesto por la empleadora tuvo justa causa, debe valorarse la conducta individual que el actor adoptó durante la huelga y las demás circunstancias del caso (Confr. CNAT sala VII sent. 18.033 del 2/9/89 "Abraham. Mario C/ La Prensa SA"; Sala VIII sent. 14.656 del 22/12/89 "Rodríguez, Norberto C/ Ford Motors Argentina"). Asimismo, es insoslayable la previa intimación por parte de la empleadora al trabajador, tendiente a obtener la rectificación de su conducta.

Esto no sólo es impuesto por el deber de buena fe (arts 62 y 63 de la LCT) sino que deriva de la propia estructura de la injuria laboral (art 242 de la ley citada) que posee un carácter subjetivo y personalísimo. Por tal razón, dicha intimación debe ser intuitu personae para que pueda surtir sus efectos (Confr CNAT Sala VI sent.

33716 del 12/7/90 "Vignolo, Rodolfo C/ Frigorífico Prana SA" entre otros).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Freites de Molina, Mirta Susana c/ Santiago, Juan Carlos s/ Daños y perjuicios Ares, Maria Cristina c/ Casco, Abel y otra s/ Cobro de pesos Peña de Marino, María del Carmen s/ Divorcio por presentación conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17|1985-10-11|1984-05-18

La mera discrepancia del recurrente con el juzgador, en lo referente a la apreciación de la prueba, no basta para sustentar el recurso de inaplicabilidad de ley.
Mediación, prescripción, suspensión de la prescripción, actos suspensivos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: PRIETO, Néstor Manuel c/ METROVÍAS SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-23

1- La mediación suspende el plazo de prescripción por un año, pero cuando se trata de un tramite que dura mas de ese lapso -porque así lo consintieron las partes- el plazo suspensivo se debe extender hasta el día del acta que pone fin a esa etapa.

2- De tal manera, si en el marco del proceso de mediación la reclamante -a pedido de la contraria- cumplió determinadas medidas probatorias para llegar a la solución del conflicto, se perjudicarían esas tratativas si se la obligara a presentar la demanda ante la eventualidad de no arribar a un acuerdo durante el plazo suspensivo que otorga la mediación.

3- La intervención de la emplazada durante la negociación implica prestar su consentimiento tácito al plazo suspensivo hasta la finalización del trámite, porque de no ser así contrariaría sus propios actos anteriores y se afectaría el principio de buena fe.

(Sumario N°19062 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrizo, Ernesto c/ Bonelli, Fortunato y O. s/ Declaratoria de pobreza (Expte. Nro.233-00, Resolución Nro.209, tomo 57,   folio 332)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-04

La incompetencia de los Tribunales Colegiados corresponde ser declarada por el tribunal en pleno y no por uno de sus integrantes.

Para que se configure el conflicto de competencia es necesario que el magistrado declinante devuelva los autos al remitente para que éste tome conocimiento de los motivos de tal declinación y que en caso de mantener su anterior posición disponga su elevación al Tribunal de Alzada.
Competencia civil y comercial federal, hipoteca naval, cancelación de la hipoteca
Materia: COMERCIAL
Carátula: LAROCCA, SALVADOR ROQUE Y OTRA c/ PESQUERA SALVADOR  S.A.  Y ESTRELLA DE MAR  S.A. s/ COMPETENCIA  -  CIVIL  Y  COMERCIAL FEDERAL - CANCELACION DE HIPOTECA  NAVAL -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

Toda vez que una de las pretensiones hechas valer en autos por la actora consiste en la cancelación judicial de la garantía hipotecaria (hipoteca naval), en primer grado, que grava al buque pesquero "CRISTO REDENTOR", la causa guarda conexión suficiente con un instituto del derecho de la navegación, desde que -como se pone de manifiesto en la demanda- el referido buque corre el riesgo de ser ejecutado. Adviértese, pro lo demás, que la hipoteca naval se encuentra regida por la Ley de la Navegación, resultando pertinente el fuero en lo civil y comercial federal, de conformidad con las disposiciones legales citadas en el dictamen fiscal.
Hurto con llave o ganzúa, navaja, concurso real, robo, resistencia a la autoridad
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, SOCA. s/ HURTO.    Ganzúa.    CONCURSO   REAL.  ROBO.  RESISTENCIA  AUTORIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-12

1) La utilización de una navaja arreglada para abrir las puertas de determinados vehículos agrava el hurto por el empleo de un instrumento semejante a la GANZUA, destacándose los dichos del damnificado que expresó que no notó violencia ejercida en el rodado al descubrir la falta de los objetos que dijo sustraídos y la presunción lógica de que difícilmente haya dejado el vehículo con las puertas abiertas.

2) Los delitos de robo y resistencia a la autoridad concurren materialmente si habiéndose ya cumplido la violencia típica del robo, el imputado se resiste violentamente a la acción de un tercero que acude en auxilio del damnificado y pretende la aprehensión del primero, mucho más cuando el apoderamiento ilegítimo debe entenderse consumado.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CELIZ NICOLAS RAFAEL c/ EL VERDIO S.A. Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VEINTEAÑAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-11-20

Constituyen cuestiones de hecho ajenas al recurso de inaplicabilidad de la ley, determinar si se cumplió el plazo para adquirir por usucapión; si el ocupante del bien realizó actos posesorios; el valor de convicción de las pruebas de testigos, máxime si la corroboran las demás probanzas reunidas.
Delitos, resistencia a la autoridad, abuso de armas, radicación del expediente, competencia penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Carlini, Santiago Leonel y otros c/  s/ 104 - abuso de armas y otros s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-04

Corresponde que intervenga el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas para investigar los hechos encuadrados en los delitos de resistencia a la autoridad y abuso de armas (arts. 104 y 239 del CP). Si bien el hecho que originó el proceso ocurrió cuando tales delitos no eran competencia de la Ciudad de Buenos Aires, el inicio de las actuaciones ante el fuero nacional recién tuvo lugar cuando la causa quedó radicada ante la justicia nacional en virtud de la decisión de la Corte Suprema que dirimió una contienda de competencia entre esa justicia y la de la provincia de Buenos Aires; y ello aconteció con posterioridad a la fecha en que los delitos que se investigan en esta causa ya eran competencia de la justicia de la Ciudad -cf. ley n° 26702, art. 3 de la ley n° 5935 y resolución conjunta DG n° 26/18, AGT n° 17/18 y FG n° 32/18-. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Facultades del juez, principio de congruencia, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: R. F., J. L. c/ F. T. S.R.L. y P. ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-11

No es lícito a este cuerpo ocuparse de cuestiones no sometidas temporáneamente a la decisión del juez de grado, por impedírselo la expresa norma del art. 277 CPCyC. En nuestro sistema procesal, caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, la primera limitación impuesta a las potestades del tribunal de alzada viene dada por la relación procesal trabada con la demanda y su contestación.

Juegan en ello principios liminares que hacen, de un lado, al derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes, evitando sorpresas causídicas y efectivizando el orden en la tramitación de los procesos; del otro, a la esencia misma del régimen de la doble instancia, porque en el sistema escriturario la apelación no configura un nuevo juicio que posibilite a las partes la incorporen de nuevas pretensiones y oposiciones.

También en este grado rige el principio de congruencia, pauta general consagrada para todo el proceso, y, por lo tanto, las cuestiones que no han sido materia del litigio, porque en la demanda y su contestación no fueron introducidas, no pueden ya ser incorporadas en la alzada, ante la que resulta inadmisible la ampliación de un debate cuya continencia quedó fijada al trabarse la litis (arts. 271 últ. párr., 277 CPCyC).
Procedimiento laboral, recusación, excusación, prejuzgamiento
Materia: LABORAL
Carátula: Leaplaz,      Adela c/ Zuretti,     Mario s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-15

La causal de prejuzgamiento se configura cuando innecesariamente se anticipa un criterio que no es imperioso emitir, pero no cuando es obligación del magistrado resolver la cuestión que se ha sometido a decisión.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, autosuficiencia, cosa juzgada, sentencia penal, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: TREBOTICH, MATEO A c/ S SADCA SRL s/ COBRO DE PESOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 294-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-04-25

El recurrente que al interponer la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad alega violación de la cosa juzgada por haberse apartado la cámara del trabajo al resolver en el juicio civil, de lo resuelto en sede penal, debe aportar elementos que permitan a este tribunal así considerarlo, tales como copia de la demanda y su contestación, y de la sentencia recaída en sede penal.
Transporte aéreo, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías
Materia: NAVEGACION
Carátula: Tecnitronic  S.A. c/ Aerolíneas Argentinas s/ Cobro Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-30

De la documentación agregada en autos, existen diferencias entre el acta de condición y el de verificación con la guía aérea y la lista de empaque surge claramente el faltante producido (400 unidades) y que por ende el daño acreditado, es imputable al transportador aéreo por cuanto no ha acreditado ni invocado causal alguna de exoneración, y que al haberse emitido la guía aérea sin observación alguna, es razonable presumir que el faltante acreditado en autos se produjo durante la permanencia de la partida bajo la custodia de aquél.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, supermercado, entrega a domicilio
Materia: LABORAL
Carátula: Reinharht,  Francisco  Oscar c/ COTO  C.I.C.  S.A.  y  otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

La actividad de transporte y entrega a domicilio de compras efectuadas por clientes que concurren a un supermercado de la cadena de COTO S.A., no puede ser escindida de aquellas actividades consideradas propias de la firma mencionada (comercialización y venta de productos al consumidor), por lo que debe encuadrarse dentro de las previsiones del art. 30 de la LCT. (En igual sentido "Viola, Enrique Eduardo c/ Auxilio Tigre S.R.L. y otro s/despido, SD 37955 del 13/10/04).
Recusación por prejuzgamiento, auto de procesamiento, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PLEJMLING, MIGUEL ANGEL s/ Medidas precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-18

No puede prosperar la pretensión de los defensores de apartar a los Jueces de la Sala B del Fuero que se funda en que dichos magistrados han prejuzgado al confirmar el auto de procesamiento de su defendido y cuya nulidad fuera decretada posteriormente por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N 1.- La resolución mediante la cual, según afirma el defensor, habrían prejuzgado los Jueces, fue dictada en tiempo oportuno con motivo del recurso de apelación interpuesto por aquel contra el auto que dispuso el procesamiento de su pupilo.- Es totalmente improcedente la recusación que atribuye prejuzgamiento a las opiniones de los Jueces en sus sentencias (Fallos 240:124) o en sus resoluciones (Fallos 246:159).
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bagley Argentina SA c/ Cesce Argentina de Seguros de Créditos y Garantías SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-05

La sentencia debe ser interpretada en consonancia con lo que dicen sus considerandos (conf. Alsina, H., "Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial", Buenos Aires, 1956, t. IV, ps. 171/172, n° 38, ep. "d"; CNFed.Civ.Com. Sala II, in re "Inmobiliaria A. Fiorito y Hnos. SRL c/ Coviara Emp. del Estado s/ daños y perjuicios", del 06/09/85).
Juicio por jurados, normas programáticas
Materia: PENAL
Carátula: MAFFIOLI, OSVALDO DANIEL s/ ContrabandoIncidente de falta de jurisdicción Causa 29417
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-09

La disposición contenida en el art. 102 de la Constitución Nacional referida al juicio por jurados tiene como requisito previo que dicha institución sea establecida. Trátese de cláusulas programáticas que no se transforman en operativas por el transcurso del tiempo.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Carlos A. s/ Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-07-16

Los planteos del recurrente no pueden receptarse pues las decisiones de los tribunales de mérito sobre las cuestiones de hecho y prueba tal la naturaleza de las traídas en el recurso- sólo pueden ser objeto de censura en esta instancia extraordinaria en caso de que el recurrente indique y el propio fallo dictado evidencie, la existencia de absurdo en la valoración, nada de lo cual ocurre en estos autos (doct. Art. 360, C.P.P., según  ley 3589 y sus modificatorias).
Obligaciones solidarias, autonomía de la voluntad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CRESPI VDA. DE PIERRE, LIDIA ROSA c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-25

La voluntad de las partes es la fuente más importante de la solidaridad. Le imprime a la obligación esa estructura comunitaria y las partes se sirven, para los fines que a ella interesan, de la función económica jurídica que llena la solidaridad. Como en este terreno domina el principio de la autonomía de la voluntad particular (art. 1197) no hay objeción para que las partes, si lo desean, comuniquen a la relación obligacional trabada entre ellas esa estructura concentrada que hace surgir, según fuere el caso, un frente común de acreedores o deudores.
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior, deberes procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: COLLOCA, DOMINGO c/ AMPARO CIA. DE SEGUROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-27

El ejecutado tiene la posibilidad, con arreglo a lo preceptuado por el código procesal 591, de formular la liquidación omitida por el ejecutante; mas ello es una facultad y no una obligación.

Si el ejecutante no se condujo con la celeridad que las circunstancias exigían, mal puede pretender beneficiarse con un proceder remiso -si no culpable- aprovechándose del simple paso del tiempo para incrementar su crédito con accesorios y un tipo de cambio más favorable.

De admitirse la tesitura del ahora demandado -en el juicio ordinario posterior- se arribaría a la disvaliosa conclusión de que con el simple expediente de no percibir el crédito deliberadamente -o por incuria (Código Civil arg. art. 1111) se impediría la promoción exitosa del denominado juicio ordinario posterior.
Medicina prepaga, contrato de prestaciones médicas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Etcheverry, Roberto Eduardo c/ Omint Sociedad Anónima y Servicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

El contrato de medicina prepaga es un contrato innominado o atípico, siendo la duración del convenio su nota relevante ya que la satisfacción de la finalidad perseguida dependerá de la continuidad de la asistencia médica, en cambio desde el punto de vista económico es una actividad que se apoya substancialmente en el ahorro de los clientes, es decir en el empleo del capital anticipado por éstos.
Impuesto de sellos, exenciones impositivas, lugares históricos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Inversora del Pacífico S.A. (T.F. 22.465-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-16

Está exenta del Impuesto de Sellos la escritura cuando el objeto del negocio jurídico allí instrumentado -compra-venta de un inmueble declarado munumento histórico nacional- se encuentra afectado por restricciones al dominio que la ley 12.665 y el propio contrato establecen (Cons. V).
Derecho procesal, medidas cautelares, prohibición de contratar
Materia: PROCESAL
Carátula: Ultraline SA c/ Jensen, Eduardo Augusto y otros  s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-13

Cabe confirmar la resolución que denegó la tutela preventiva solicitada por la actora y que pretendió encausar como "prohibición de contratar". Siendo pues que, actualmente subsisten las medidas cautelares clásicas y propias de las regulaciones legales, a las que se les ha agregado la tutela preventiva, cuya articulación procesal se deducirá mediante remedios procesales clásicos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las diligencias cautelares en general, en el caso de la tutela anticipada, es menester contar con una fuerte probabilidad de que lo pretendido sea atendible y no con la verosimilitud con que se contenta la diligencia cautelar clásica. En efecto, la tutela preventiva exige que se configure una fuerte probabilidad de la existencia del derecho, esto es, la demostración de una conducta antijurídica: extremo que sobre la plataforma fáctica propuesta en autos, no se aprecia acreditado del modo necesario que es exigible en esta instancia. De ello se deriva que, más allá de los recaudos propios de toda medida cautelar, no bastará con acreditar verosimilitud en el derecho (fumus bonus iuris), sino la existencia de éste con un alto grado de certeza. No se requiere certeza absoluta, más sí, la inexistencia de dudas razonables.
Procedimiento tributario, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, cuestiones de hecho y prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Rosales Salvador David (T.F. 15.309-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-08

La valoración de cuestiones de hecho y prueba son ajenas -en principio- al recurso que autoriza la ley procedimental impositiva.

Tal remedio no da acceso -salvo posible manifiesto error (el que no se advierte en el caso de autos), a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal hubiese arribado al valorarla (conf. Sala II del fuero, in re: "Quilmes Combustibles S.A.C.I.", del 25/3/97;

esta Sala, in re: "Raychem S.A.I.C. (T.F. 14256-I)", del 17/11/97).

(Consid. IV).
Cesión de derechos hereditarios, sucesiones, oponibilidad a terceros
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: KALIMAN, Raquel c/ BROMBERG, Jacobo s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-10

Para que la cesión de derechos hereditarios adquiera publicidad y resulte oponible a terceros no basta el solo hecho de que haya sido realizada por escritura pública, sino que además es necesario que el testimonio pertinente haya sido agregado al juicio sucesorio o que se compruebe que el acreedor conocía la cesión llevada a cabo.
Concubinato, conviviente, prueba, sociedad de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: P., G.  L. c/ C.  L.  A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-10-26

El concubinato, por prolongado que sea, no prueba por sí mismo la existencia de una sociedad de hecho entre los concubinos.