Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-06


RAWSON, 6 de Febrero de 2007.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "P., A. s/ Recurso de Apelación c/ Resolución N° 682/06 I.S.S.y S." (Expte. N° 20.535P2.006).

DE LOS QUE RESULTA:

Que el Señor A. P., de 72 años de edad, interpone para ante este Superior Tribunal de Justicia, el Recurso Jurisdiccional de Apelación previsto en el art. 9° de la Ley N° 3.923 (T.O. Ley N° 4.251), en contra de la Resolución N° 682/06 del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia, en cuanto no hace lugar al Recurso de Reconsideración que interpuso contra la Resolución N° 1452/05 que le denegara la Jubilación Ordinaria. Solicita la revocación de ambos actos administrativos y que se ordene a la Caja Provincial que dicte una decisión ajustada a derecho otorgándole el beneficio peticionado.

Manifiesta contar con dos resoluciones de reconocimientos de servicios: provinciales y nacionales. Los primeros, desempeñados bajo ///el régimen policial y general, certificando el Instituto de Seguridad Social y Seguros (Resolución N° 499/04) 13 años, 03 meses y 23 días; y nacionales, según ANSES (Resolución RSUB N° 184/04) que reconoce 11 años, 08 meses y 28 días (agregadas a fs. 3 y 4 en copias certificadas, a más de los Exptes. Administrativos correspondientes).

Respecto a este último reconocimiento el apelante discrimina cinco períodos: los tres primeros en relación de dependencia (13/04/7102/12/74; 06/8/7501/12/75; 17/10/8028/11/80), luego como autónomo categoría B (01/2/87 al 31/10/98), respecto del cual sólo reconoce 5 años y 7 meses por ser los únicos con aportes), y finalmente como monotributista desde el 01/11/98 al 30/4/01 (período en el cual sólo reconoce 1 año y 10 meses con aportes).

Entiende, que de conformidad con dichos reconocimientos de servicios y según la normativa vigente cita el Dto. Ley Nac. N° 9.316/46, art. 168 de la Ley Nac. N° 24.441 y art. 90 de la Ley Pcial. N° 3.923 T.O. Ley N° 4.251 la Caja Otorgante del beneficio jubilatorio que pretende es el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut. Considera que así es, pues aún cuando registra servicios extra provinciales, han sido reconocidos mayor cantidad de servicios provinciales que nacionales.

Interpretando lo contrario señala el Sr. P. el ISSyS rechazó su solicitud de Jubilación Ordinaria por Resolución N° 1.452/05, al computar mayor cantidad de años de servicios en el ///ámbito nacional y determinar que aportó al sistema provincial por 13 años, 3 meses y 23 días y al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones por 18 años, 06 meses y 28 días, afirmando el Organismo que se tomaban los servicios extra provinciales y se aplicaba el Convenio de Reciprocidad, atento que no alcanza los 30 años de servicios computables que exige la norma local.

Aduce que el ISSyS arriba al cómputo de 18 años, 6 meses y 28 días en el orden nacional comprensivos de la actividad en relación de dependencia y el tiempo de inscripción como autónomo incluyendo, en este último, períodos sobre los que no existen aportes, y sostiene que de esta forma la Caja provincial se aparta de aquella resolución de Reconocimiento de Servicios de ANSES, al decidir que "el tiempo no reconocido" por ampararse "en las prescripciones de las Leyes N° 24.476 y 25.323" debe sumarse a los efectos de determinar cuál es la Caja Otorgante. En esto encuentra una afectaciónsostiene al principio de legalidad, explayándose luego al fundar sus agravios.

A más, critica que en la resolución denegatoria el Instituto transcriba parcialmente el art. 168 de la Ley 24.241 y el art. 90 inc. 1° de la Ley N° 3923 (T.O. Ley N° 4251) sin expresar si ambas, o sólo una de esas normas, resultan aplicables.

/// Recuerda que interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 1.452/05 en el que se agravió de las circunstancias apuntadas: que el ISSyS había incluido años no computados ni reconocidos por la ANSES, desconociendo la competencia de ésta para resolver el cómputo de servicios; que respecto a este último, el Instituto había tomado tiempos condonados de acuerdo a las Leyes N° 24.476 y 25.323 que no cuentan con aporte alguno; que se había desconocido la jerarquía de leyes nacionales; que si se consideraban los aportes fehacientemente acreditados, habría de surgir que la mayor cantidad correspondía a la jurisdicción provincial. Señala que se fundó para ello en jurisprudencia de este Cuerpo (cita el caso "M. ..." SI N° 48/SCA/03).

Manifiesta que ese Recurso de Reconsideración fue rechazado por el Organismo mediante la Resolución N° 682/06, invocando un cambio en la jurisprudencia de este Superior Tribunal de Justicia en el caso "S. ..." (SI N° 26/SCA/05), fallo en el cual se había realizado un nuevo análisis de las Leyes N° 24.476 y 25.321, tanscribiendo partes del mismo "en citas dogmáticas y carentes de sentido"... Y "sin una razonada explicación" critica se confirmó el cómputo realizado en la Resolución impugnada, insistiendo en que la mayor cantidad de años de servicios no pertenecen al régimen provincial.

Cuestiona que el Organismo haya soslayado que la ANSES "omitió" computar tiempos por aplicación de la prescripción ///liberatoria y las Leyes N° 24.476 y 25.323, considerándolos en su cálculo, y que apoyándose en el Convenio celebrado entre la Provincia del Chubut y el Instituto Nacional de Previsión Social en el marco de la reciprocidad jubilatoria, en su art. 7 punto 2, se concluyera en "que no se admitirán renuncias, aún cuando correspondan a un régimen distinto de la Caja Otorgante... La falta de servicios debe ser absoluta, admitiéndose la renuncia en lo que exceda el mínimo requerido para las jubilaciones ordinarias íntegras.

Añade que el Instituto hace caso omiso a la resolución de ANSES, que también le deniega la Jubilación Ordinaria.

Expone el apelante en este Recurso como primer agravio, que la resolución denegatoria de la jubilación ordinaria resulta arbitraria, por carecer de una adecuada fundamentación, respecto a tres cuestiones. Primero, por no precisar cuál es el tiempo concreto o los períodos que se agregan a los reconocidos por la ANSES por aplicación de la prescripción liberatoria y de las Leyes N° 24.476 y N° 25.321, limitándose a decir genéricamente el total de servicios nacionales que se computa. Segundo, por no explicar la prohibición de renuncia prevista en el art. 7 del Convenio antes citado cuando aquellas normas se refieren a distintos institutos, desde que no es lo mismo la liberación del pago al deudor por la prescripción y la condonación, que la renuncia que efectúa el afiliado. Tercero, porque a más de ///descartar la aplicación de la jurisprudencia sentada por este Tribunal en "M. ...", el Instituto invoca un nuevo criterio, el caso "S. ...", limitándose simplemente a transcribir partes del fallo, sin ensamblarlas al presente caso, sin entidad suficiente para motivar el rechazo.

Se agravia además, porque el ISSyS no trata todas las cuestiones relevantes que han sido planteadas en el Recurso de Reconsideración, ya que nada dice respecto de la jerarquía de las normas nacionales por sobre la legislación provincial. Sostiene el apelante que esa omisión es la que lleva al Órgano a una errónea conclusión, determinando que la mayor cantidad de servicios del recurrente no pertenecen al régimen por el que pretende obtener el beneficio. Intelige que las normas nacionales "que obviamente tienen mayor jerarquía (art.31 CN)" sólo permiten tomar en cuenta los años "con aportes" y remite al art. 3 del Dto. Ley N° 9316/46 y al art. 168 de la Ley N° 24.241.

Incluye como tercer agravio, que el ISSyS efectúe una ilegítima revisión del acto administrativo de la Caja bajo cuyo régimen han sido desempeñados los servicios, al modificar el cómputo efectuado por la ANSES, en oposición a la normativa vigente y a la jurisprudencia existente cita la de este Cuerpo y de la Corte Nacional y sin siquiera diferenciar qué períodos no se tuvieron en cuenta por cada una de aquellas normas nacionales. Interpreta que si ANSES no reconoció los servicios autónomos sin aportes, el ISSyS no debió incluirlos en el cómputo para determinar cuál es la Caja Otorgante por carecer de ///facultades para hacerlo. Señala que soslayó que la Caja bajo la cual se brindaron los servicios respectivos es la que tiene la facultad de reconocer o desestimar el reconocimiento de los mismos, con fundamento en el art 1° del Dto. Ley N° 9.316/46.

En el cuarto, expone que el Instituto hace una interpretación extensiva y arbitraria del art. 7° del Convenio celebrado en el marco del sistema de reciprocidad entre la Provincia y el Instituto Nacional de Seguridad Social. Lo transcribe e insiste en que el ISSyS, con fundamento en esta norma, adiciona la totalidad del tiempo no reconocido por ANSES en virtud de las Leyes N° 24.476 y N° 25.321, con lo cual omitió considerar que la primera de ellas no instituye una "renuncia" sino un sistema de "condonación de deudas". A más que el art. 4° de la Ley N° 24.476 interpreta el recurrente impide reconocer esos años impagos como de servicios y/o aportes en los casos allí previstos que asevera lo incluyen. Por ello itera el ISSyS no debió computar como años de servicios los períodos impagos en los que se hallaba inscripto como autónomo.

Respecto de la Ley N° 25.321 entiende el apelante que sólo permite renunciar a los meses trabajados en calidad de autónomos, cuando el trabajador complete los años de servicios y aportes requeridos para acceder a cualquier tipo de prestación previsional, y que por consiguiente, sólo se renuncian tiempos excedentes y ello ningún perjuicio causa al sistema; que la ///situación prevista en esta Ley se corresponde exactamente con la renuncia que expresamente acepta el art. 7, punto 2 in fine, del Convenio; y que los tiempos que se renuncian son períodos "no aportados", caducando la deuda exigible los que intelige no deben ser considerados para el cálculo del haber jubilatorio ni para acrecentar el tiempo de servicios con aportes. Añade que la Ley N° 25.321 no causa perjuicio ni presenta conflicto alguno con las normas de reciprocidad, que es compatible con su régimen, con las normas provinciales y con los arts. 19 y 38 de la Ley N° 24.241. Con estos fundamentos el recurrente, dice que no existe motivo alguno para que el ISSyS revise, cuestione o modifique los períodos no computados por ANSES en virtud de la aplicación de las Leyes citadas.

Desarrolla luego el agravio que considera que el ISSyS no aplica correctamente las normas jurídicas, al desconocer la jerarquía de las fuentes y no efectuar un análisis armónico de las mismas, ni ensamblarlas adecuadamente con el régimen de reciprocidad. A fin de corroborar sus dichos transcribe y analiza una serie de normas que, a su entender, dejan en claro que a fin de determinar la Caja Otorgante sólo corresponde computar los años "con aportes" efectivamente demostrados con cita de jurisprudencia de este Cuerpo según las cuales, esa Caja Otorgante sería el ISSyS, de otra manera se vulnerarían sostiene los arts. 14 bis, 31, 75 inc. 22 de la CN y principios esenciales de hermenéutica. Analiza los arts. 3 del Dto. Ley 9316/46, 168 de la Ley N° 24.241, la Resolución N° 363/81 en ///sus arts. 3 y 11 inc. a) y los arts. 20, 24 y 31 ap. B), 32, de la Ley N° 3.923.

En un sexto agravio plantea que el Instituto ha desconocido la finalidad del régimen de reciprocidad y de todo el sistema de la Seguridad Social. Con citas de jurisprudencia manifiesta que una de las finalidades del sistema de reciprocidad jubilatoria es beneficiar a los afiliados y no a los organismos previsionales... que, como principio de la Seguridad Social, no debe llegarse a la denegatoria de beneficios sino con suma cautela ... que debe ceder el rigor de los razonamientos lógicos en la interpretación de las leyes provisionales... y que todo ello ha sido ignorado en el caso al denegarle el beneficio y dejarlo en total desamparo, atento que ANSES también lo había rechazado.

Finalmente, asevera la negativa del ISSyS de considerarse Caja Otorgante en el marco del sistema de reciprocidad jubilatoria, no tiene fundamento jurídico. Entiende que la única disposición sobre reciprocidad de la Ley N° 24.241, es su art. 168 y resulta aplicable a todas las Cajas que forman parte del sistema, y que resulta concordante con el art. 3 del Decreto Ley N° 9316/46, como aludió en el quinto agravio al que remite. Todo ello sin causar perjuicio alguno a la Caja provincial, ya que el art. 8 del Dto. mencionado establece un sistema de transferencia de aportes. Concluye en que en nada perjudican a ésta los supuestos de renuncia de servicios ///autónomos, pues tal abdicación produce la caducidad de la exigencia de los aportes y que la propia ley prevé la posibilidad de computarlos para el cálculo del haber jubilatorio.

Que corrido el pertinente traslado, el I.S.S y S. lo contesta fuera de término, ordenándose la devolución del escrito (fs.42).

CONSIDERANDO:

Que conforme tiene sentado este Superior Tribunal en casos análogos (S.I. N° 162/90, 225/92, 25/94, 56/96, 90 y 119/SCA/97, 31 y 70/SCA/98, 7, 78 y 89/SCA/01, 62/SCA/05, 10 y 25/SCA/06 entre otras), el recurso que nos ocupa es limitado y se satisface en la medida que constituya un control judicial suficiente de la decisión emanada del órgano administrativo Instituto de Seguridad Social y Seguros exigencia asegurada en tanto el Tribunal actúa como de "derecho" decidiendo sobre la correcta aplicación de las normas jurídicas; poseyendo, asimismo, la facultad de revocar o anular aquella decisión, si no fuera suficientemente razonable o se apoyara tan solo en la voluntad arbitraria o caprichosa de los funcionarios, o implicara la denegación de la defensa en juicio, control que podrá ser más extenso o profundo según las modalidades de cada situación jurídica, previo análisis de los aspectos específicos que singularizan la materia litigiosa. Dentro de este marco, verifica la legalidad en el obrar del órgano competente, adjetiva en cuanto a la garantía del debido proceso y sustantiva en cuanto a la aplicación de las normas de ///fondo que rigen la cuestión en conflicto que se somete al conocimiento del órgano judicial.

Que, como viene sosteniendo este Cuerpo, el Instituto debe acatar los principios esenciales del procedimiento administrativo, de carácter objetivo, que tiendan no sólo a la protección del interesado sino también a la defensa de la norma jurídica objetiva con el fin de mantener el imperio de la legalidad y la justicia en el funcionamiento administrativo (Conf. GORDILLO, Trat. de Der. Adm. T. II, XVII, 11 y sgtes., STJCH S.I. N° 162/90, 9/92, 178/92, 190/92), armonizado con principios de Seguridad Social, que indican que no se debe llegar a la denegatoria de beneficios previsionales sino con extrema cautela, atenta su naturaleza y el propósito de amparo que le anima (Fallos: 260:76, 282:38 y otros).

Que la Apelación deviene de la negativa de la Caja Provincial a considerarse Caja Otorgante en el marco del sistema de reciprocidad jubilatoria.

Que tal como en otros fallos se ha puesto de manifiesto la reciprocidad nacional se originó como consecuencia de la diversidad de instituciones de previsión existentes, desde que ésta se organizaba comprendiendo el sistema a cada una de las categorías profesionales o al conjunto de actividades afines, dentro de un régimen de Cajas ///nacionales independientes. Además las Provincias y Municipalidades organizaron regímenes propios a favor del personal de sus respectivas administraciones. De allí que fue necesario resolver por vía de reciprocidad el reconocimiento de los servicios y de las remuneraciones que una misma persona haya prestado y percibido (sucesiva o simultáneamente) en actividades comprendidas dentro de regímenes diferentes (GOÑI MORENO, José "Derecho de la Previsión Social", T° II, pág. 588; en Digesto Práctico de La Ley, Previsión Social, T° III, N° 7248).

Ante esta necesidad, el régimen integral y uniforme en materia de reciprocidad jubilatoria fue estructurado en el Decreto Ley N° 9.316/46 que instituyó oportunamente el Régimen de Reconocimiento y Reciprocidad para el cómputo de servicios prestados en distintas Cajas, al cual fueron adhiriendo Provincias y Municipalidades. Y si bien aquella característica de diversidad fue luego limitada al instaurarse un régimen de Caja nacional única, los regímenes provinciales y municipales particulares, y de Cajas Profesionales subsistió, determinando la continuidad de la vigencia de aquel sistema implementado.

En este Decreto Ley se determina el alcance y los efectos de la reciprocidad, a más que se deducen las facultades y obligaciones de las "Cajas Otorgantes", habiendo establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el mecanismo de reciprocidad jubilatoria que implementa esta legislación, tuvo en miras "lograr el ///reconocimiento recíproco de servicios nacionales, provinciales y municipales y de las remuneraciones respectivas, para obtener una progresiva uniformidad del sistema previsional argentino, como manera de salvaguardar el principio de igualdad consagrado por la Constitución Nacional" (CS LL 1990E45), de tal modo que una de sus finalidades esenciales fue la de beneficiar a los afiliados y no a los organismo previsionales. Por ello, impone como obligación a la Caja Otorgante el computar los servicios prestados sucesiva o simultáneamente bajo el régimen de otra u otras Cajas adheridas al sistema, previo reconocimiento por éstas de los mismos (CS Agosto 141990, ED 139489, STJCH S.I N° 63/SCA/00), y como si fueran propios ... (art. 1° y 7° Dto. Ley N° 9.316/46). Y desde que se instituyó, se incorporó el principio de que la Caja Otorgante prestaría el beneficio de acuerdo con su propia ley. Así, en un antiguo fallo se resolvía que para el beneficio de jubilación por servicios mixtos "existe una sola Ley, un solo Tribunal y una sola Jubilación" (CS JA 43438).

Las normas previsionales locales receptaron la reciprocidad (vg. actual art. 90 de la Ley N° 3.923). Oportunamente el Superior Gobierno de la Provincia del Chubut, adhirió al régimen mediante el Convenio suscripto el 1° de Diciembre de 1.959 (B.O. 15/05/60) con el Instituto Nacional de Previsión Social, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 20 de aquel Decreto, por cuyo efecto la ///entonces Caja de Previsión Social de la Provincia del Chubut quedó incorporada al régimen instituido por el Decreto Ley N° 9.316/46.

BIDART CAMPOS, comentando dos antiguos fallos de la Corte Nacional "Marini..." (29/09/58, LL 94398) y "Aguirre..." (29/10/58, LL 93651) advertía que el régimen de reciprocidad instaurado por el Dto.Ley 9316/46 había adquirido en la jurisprudencia de nuestro país el carácter de estatuto federal, al cual deben subordinarse las disposiciones provinciales en mérito a lo prescripto por el art. 31 CN. La supremacía del sistema de reciprocidad jubilatoria... decía invalida toda norma que en contradicción con ese Decreto y disposiciones complementarias regule situaciones previsionales en las que deban ponderarse servicios, remuneraciones o aportes comprendidos en varios organismos adheridos a esa reciprocidad. ("Estudios de Previsión Social y Derecho Civil", La Ley, pág.48).

En fallos recientes, la Suprema Corte de Buenos Aires, comentando jurisprudencia del Alto Tribunal posterior a aquélla "R. R. de P. ..." DT 1976201 se había pronunciado por el carácter de leyes comunes de las normas previsionales... A la par que advirtió que en materia de Seguridad Social no existe un "poder deferido" a la Nación sino que concurren facultades de ésta y de las provincias. Esa Corte Provincial interpreta que la vinculación entre la Provincia en el caso analizaba la adhesión de Buenos Aires y la Nación a través del convenio... que celebró con el Instituto Nacional de Previsión Social implicó, no la instauración de un ///régimen de aplicación uniforme, sino un verdadero acuerdo interjurisdiccional, en el que las partes sin resignar potestades en materia previsional establecieron la forma en que habría de posibilitarse el cómputo de servicios de los afiliados a una u otra jurisdicción. Y es al celebrarse este convenio en que se origina una norma federal de aplicación obligatoria en los estados provinciales, en virtud del compromiso asumido por éstos al celebrar acuerdos con el Gobierno Nacional. Finalmente en tanto se había planteado en el caso concluye que el art. 168 de la Ley 24.241 no es una norma de automática aplicación en el régimen provincial de previsión (SCBA en "S., L. A. ..." 18/12/02; en el mismo sentido en "N., D. ... 7/11/01).

En este criterio al que se adhiere es más que evidente que el régimen que contiene la Ley Nº 24.241 no es un estatuto federal, y en este contexto debe interpretarse lo decidido por ISSyS cuando resuelve que no es la Caja Otorgante del beneficio de Jubilación Ordinaria solicitado por el Sr. P., primero por Resolución N° 1.452/05 (fs. 19/20 del Expte. Adm. N° 3.862/04 ISSyS) y luego, al rechazar el Recurso de Reconsideración que planteó contra ella, por Resolución N° 682/06ISSyS (fs. 54/56).

Son consecuentemente erradas las manifestaciones del apelante que refieren a un desconocimiento por el órgano de la "jerarquía de ///las fuentes" e inoficiosos los enfrentamientos que postula entre el régimen del Dto. Ley N° 9316/46, y distintos artículos de la Ley 24.241 (V.g.: arts. 19 y 38), o las vinculaciones que postula con otras normas previsionales nacionales que relacionan con distintas disposiciones de la citada preceptiva, y de las que ésta mantiene vigentes de la Ley N° 18.037, para fundar que los efectos que sobre la determinación de la "Caja Otorgante" debió considerar el ISSS a partir del reconocimientos de sus servicios "nacionales" que le presentó.

Ha de considerarse que en el marco establecido, el ISSyS arriba a la decisión que se cuestiona, a partir del cómputo de servicios que obra a fs. 14 del Expte. Administrativo, el 28/01/05, posteriormente rectificado.

Se han tomado a partir de esa foja como antecedentes (aportados por el Sr. P.), por un lado, la Resolución Nº 499/04 (dictada a fs. 14 del Expediente N° 1235/04 por el que tramitara el reconocimiento de servicios que presentó ante ANSES a los efectos de obtener la jubilación nacional), que da cuenta de los servicios que prestara en el orden provincial por un total de 13 años, 03 meses, y 23 días, discriminados en tres períodos: 29/11/59 al 31/03/71 (Policía de la Provincia del Chubut), 01/12/80 al 07/02/82 (A.V.P), y del 18/09/78 al 30/06/79 (Municipalidad de Esquel). Conforme se concluyó en dicha Resolución de la que se extrae el lugar de trabajo en que aquél se desempeñó en cada lapso los servicios se computan en el Régimen Policial y General de la Ley N° 3923 T.O. Ley N° 4251.

Como servicios prestados en el orden nacional, se toma la suma de los que fueran reconocidos por la ANSES: 11 años, 08 meses, 28 días; y los que se individualizan como "reconocidos no computados": 8 años, 9 meses y 1 día que incluyen períodos como autónomo y luego bajo el régimen de monotributo. Se arriba así a un total que rectificado luego al detectar la Asesoría Legal un error de cálculo, según el Dictamen N° 1042/05 (fs. 16/17) de 18 años, 06 meses y 28 días tal como lo expone la Resolución N° 1.452/05 opugnada.

Así, atendiendo a los reconocimientos de servicios nacionales, cuyas copias se agregaron a fs. 8 y 7 del Expte. del ISSyS, correspondientes a las fs. 111 y 144 de los Expedientes N° 024200732105511181 y 2 ANSES agregados por cuerda que se tienen a la vista. Con aclaración de que si bien en aquel cómputo el Instituto sólo cita el primero, toma ambos, ya que el segundo Expediente continúa en la misma foliatura y corresponde a una nueva solicitud del Sr. P. ante el mismo Organismo.

Luego de que fuera rechazada la jubilación provincial por los actos administrativos objeto de esta Apelación, el Sr. P. tramitó el beneficio jubilatorio ante la Caja nacional que se le denegó a ///través de RSUB014/06, a fs. 15/16 dictada en un tercer Expte. Nº 024200732105510041, que también se agregó por cuerda.

Que según se puede apreciar en los dos primeros Expedientes de la ANSES antes individualizados, el apelante solicitó, en el orden nacional, el reconocimiento de servicios por períodos determinados. Así, en la Declaración Jurada de su situación de revista como autónomo que presentara a fs. 55 y 56, el 10/02/04 código de actividad "283", continuando cronológicamente su detalle a fs. 82 del mismo Expediente en otra Declaración Jurada detalló determinados períodos, pero pidió que no se le reconocieran algunos amparándose en la prescripción liberatoria; en la Ley N° 24.476 y en la Ley N° 25.321. Dejó constancia que a partir del "11/98" estuvo inscripto en el régimen de Monotributo.

En otras planillas de fs. 83/84, la AFIPDGI detalla períodos alternos, y la aplicación de la Ley N° 25.321 desde el 1/11/00 al 31/03/01.

Se observa que por ambos regímenes autónomo y monotributo el apelante requirió un reconocimiento de servicios "por lapsos" y accedió el organismo nacional a su solicitud, según sus declaraciones juradas. Son tales:

a) Los períodos como trabajador Autónomo (fs. 55 y 56), el primero, desde 02/87 al 08/89 (2 años y 7 meses); tercero, desde 11/89 al 08/90 (10 meses); quinto, desde 12/91 al 12/91 (1 mes); séptimo, desde 02/92 al 02/92 (1 mes); y noveno, desde 10/92 al ///12/92 (3 meses), haciendo un total de 3 años y 10 meses, no fueron reconocidos por la ANSES, dado que el Sr. P. solicitó la aplicación de la prescripción liberatoria.

El período undécimo, desde 02/93 al 06/93 (5 meses) tampoco fue reconocido por ANSES ya que el apelante invocó la aplicación de la Ley N° 24.476. Mientras que para los períodos decimotercero, desde 10/96 al 12/97 (1 año y 3 meses) y decimoquinto, desde 03/98 al 10/98 (8 meses) invocó la aplicación de la Ley N° 25.321, por lo cual ANSES excluyó del cómputo, a pedido del interesado, un total de 1 año y 11 meses.

Dentro de esta categoría, sí reconoce ANSES los períodos segundo, desde 09/89 al 10/89 (2 meses); cuarto, desde 09/90 al 11/91 (1 año y 3 meses); sexto, desde 01/92 al 01/92 (1 mes); octavo, desde 03/92 al 09/92 (7 meses); décimo, desde 01/93 al 01/93 (1 mes); duodécimo, desde 07/93 al 09/96 (3 años y 3 meses); y decimocuarto, desde 01/98 al 02/98 (2 meses), totalizando 5 años y 7 meses.

Respecto a los aportes realizados por el apelante como Monotributista (fs. 82), la ANSES reconoce los períodos primero, desde 11/98 al 02/00 (1 año y 4 meses); tercero, desde 04/00 al 05/00 (2 meses); quinto, desde 07/00 al 08/00 (2 meses); séptimo, desde 10/00 al 10/00 (1 mes); y noveno, desde 04/01 al 04/01 (1 mes). A ///más el lapso reconocido a fs. 132, desde 01/05/01 al 01/07/01 (3 meses), haciendo un total de 2 años y 1 mes .

Mientras que, dentro de esta categoría monotributista el Sr. P. invocó la aplicación de la Ley N° 25.321 para los períodos segundo, desde 03/00 al 03/00 (1 mes); cuarto, desde 06/00 al 06/00 (1 mes); sexto, desde 09/00 al 09/00 (1 mes); y octavo, desde 11/00 al 03/01 (5 meses), por lo que la ANSES no reconoció un total de 8 meses.

A los anteriormente descriptos se han sumado los períodos laborados en relación de dependencia y reconocidos por ANSES a fs. 108, a saber: primero, desde el 13/04/71 al 02/12/74 (3 años, 7 meses y 20 días); segundo, desde el 17/10/80 al 28/11/80 (1 mes y 12 días); y el tercero, desde el 06/08/75 al 01/12/75 (3 meses y 26 días), haciendo un total de 4 años y 28 días.

Así resultan reconocidos según los detalló P. en sus declaraciones juradas y se ajustan al cómputo de servicios efectuado por la ANSES a fs. 108/110 del mismo Expte. Administrativo.

Finalmente, a fs. 111, por Resolución RSUB N° 053/04 UDAI EsquelANSES del 23/03/04 se aprobó el reconocimiento de servicios"por lapsos" tal como fuera solicitado por el apelante: sólo por 11 años, 5 meses, y 28 días, correspondiéndose éstos con lo requerido oportunamente en las Declaraciones Juradas de fs. 55, 56 y 82. Tal es la suma de los períodos reconocidos detallados antes.

/// Ante un segundo pedido del Sr. P., ANSES dio inicio otro Expediente el N° 024200732105511182 que obra a partir de la fs. 115 del N° 024200732105511181. A fs. 144 de éste, se dicta la Resolución RSUB N° 184/04 UDAI EsquelANSES, de fecha 06/09/04, aprobándose el reconocimiento de servicios prestados por el recurrente bajo el régimen de ese Organismo, por un total de 11 años, 08 meses, y 28 días.

Es decir que se rectifica la anterior y se le suma un período de tres meses, desde 05/01 al 07/01 el que expresamente solicitara aquél como ampliación de la Resolución RSUB053/04. Tal el cómputo definitivo.

Es con estos dos reconocimiento de servicios nacionales que el Sr. P. solicitó el beneficio de la Jubilación Ordinaria Ley N°3.923 ante el ISSyS, que tramitara por Expediente N° 3862/04, acompañando copia de aquellas Resoluciones RSUB N° 053/04 y 184/04 de la UDAI Esquel de ANSES, a más de la Resolución N° 499/04 ISSyS.

El Instituto provincial, criticó la forma en que la ANSES hubo considerado aquellos períodos a los efectos del reconocimiento de servicios nacionales. Primero resultaron observados por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones del ISSyS al computar los servicios a fs. 14:

"...Respecto al reconocimiento de servicios autónomos la ///ANSES reconoce en su resolución pero no computa en su totalidad los períodos correspondientes al 010287 al 311098 y 011198 al 300401 sin embargo, de acuerdo al criterio adoptado a la fecha por este Organismo el tiempo resultante de dichos períodos se suma a los efectos de determinar la Caja Otorgante de la prestación solicitada. ".

Luego, según surge del Dictamen N° 1042/05 de la Asesoría Legal, que obra a fs. 16/17, y que rectifica el cómputo de fs. 14, se tomaron distintos antecedentes del Expte. N° 024200732105511181ANSES (fs. 18, 55, 56 y 82 según se detallan), concluyéndose en que "...surge que el peticionante computa como servicios a la Caja provincial, 13 años, 03 meses y 23 días y a la Caja Nacional 18 años, 06 meses y 28 días, por lo tanto, de acuerdo al Artículo 90° de la Ley 3923, esta no sería la Caja Otorgante de la Jubilación Ordinaria solicitada, por registrar el Señor P. la mayor cantidad de años de servicios al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.".

Este es el principal fundamento que contiene la Resolución N° 1452/05 del 27/09/05 (a fs. 19/20 del Expte. Adm. N°3862/04 ISSyS) al rechazar la Jubilación Ordinaria, recordando que "...el régimen previsional provincial vigente, en su artículo 90° Ley N° 3923 T.O. Ley N° 4251 expresa que ... el Instituto de Seguridad Social y Seguros será Organismo Otorgante de la prestación dentro del sistema de reciprocidad en los siguientes casos:

cuando en esta jurisdicción acredite haber prestado la mayor cantidad de años de servicios ...". A la par se explica que el artículo 168° de la Ley N° 24.241, modificatoria del principio de Caja ///Otorgante establece "que será aquel en el cual se hubieran efectuado la mayor cantidad de aportes".

Se advirtió que aunque la Resolución de la ANSES reconoce solamente un total de 11 años, 8 meses y 20 días "...por ampararse el peticionante en la prescripción de las Leyes N° 24.476 y 25.321..." a los efectos de la determinación del "Organismo Otorgante de la prestación" corresponde sumarse todos los servicios aunque de éstos el ente provisional nacional los deseche o no los hubiere efectivamente computado.

A fs. 25/26 el apelante interpone Recurso de Revisión con Apelación en Subsidio cargo del 08/11/05 contra el acto denegatorio. Se apoya en la Resolución RSUB N° 184/04UDAI Esquel de ANSES antes descripta y sostiene que se trata de 11 años, 8 meses y 28 días "de servicios con aportes".

Arguyó que el ISSyS ha incluido años "no computados ni reconocidos por ANSES, se cuentan los tiempos condonados de acuerdo a las Leyes 24.476 y 25.321..." con lo cual se está desconociendo dijo la competencia de la ANSES para resolver acerca de los reconocimientos de servicios; que los años "prescriptos por las Leyes nacionales citadas, son años inactivos y no cuentan con aporte alguno..."; y alude a la jerarquía de las leyes nacionales de prescripción liberatoria respecto de las provinciales.

Cita jurisprudencia del STJCH y el caso "M. ...", que entiende "análogo" al suyo. A la par advierte que se consideró que no registraba fecha de cese en el régimen de monotributo, cuando, ///conforme la documental que adjunta (a fs. 27 y 28, formulario AFIP de actualización de datos y certificación de baja de la Licencia Comercial otorgada por el Municipio de Esquel) cesó a partir del 16/04/01, fecha desde la cual no ha realizado actividad comercial o laboral alguna aclara.

Respecto a esto último puede acotarse, que en la Resolución atacada en ese Recurso, cuando se consideraron los servicios nacionales, en relación a la actividad prestada como autónomo se dijo "que dicha actividad se inició en el mes de febrero de 1987 sin registrar a la fecha cese..." Y si bien el apelante aportó constancias de cese, había pedido incluir período "05/01 al 07/01" cuando realizó la segunda presentación ante ANSES (fs. 115 Expte. 024200732105511181 y 2 ANSES).

De cualquier modo cabe advertir antes de entrar al análisis de la Resolución que confirmo el rechazo del beneficio que esto no es materia de la Caja Provincial. Si existe un error en el cómputo tomado a los efectos de reconocimientos de servicios nacionales, deberá aclararlo ante ANSES, a quien corresponde rectificarlo.

Y si bien es cierto que el ISSyS computa este último período a fs. 14 y en las posteriores Resoluciones, ese lapso resulta intrascendente a los efectos de la resolución del caso.

El dictamen legal de fs. 34/38, traído como motivación a la Resolución atacada N° 682/06 que deniega el Recurso de Reconsideración intentado por P. alude a los dichos de apelante para quien los años condonados por las Leyes N° 24.476 y ///25.321 son inactivos, aclarando que "... el beneficio de condonación de deuda previa renuncia de los años laborados no puede ser considerado a efectos de dejar de lado otras normas positivas vigentes.

Los períodos laborados como autónomos beneficiados con la condonación de deuda de aportes, se consideran como inactivos al sólo efecto de la determinación del haber de pasividad, pero no pueden ser contemplados a fin de que el solicitante encuadre en una figura legal a la cual no tendría derecho en otra situación, porque a todas luces lo colocaría en una situación de privilegio".

Señaló que desde el año 1.987 la actividad autónoma había sido ininterrumpida hasta el 30/07/01, remitiendo a la fs. 96 del Expte. ante el organismo nacional, se interpreta y a lo manifestado por el solicitante.

El dictamen hecho propio por el organismo hace notar que si el período posterior al 16/04/01 no debe computarse porque obedece a un error de ANSES, el peticionante no acredita los 25 años de servicios efectivos con aportes requeridos por la norma previsional local, por lo que carecería de sentido el planteo referido al criterio adoptado para determinar la Caja Otorgante de la prestación.

En lo demás, la decisión analiza la jurisprudencia de este Cuerpo en el fallo "S. , E. ..." en cuanto al modo en que ha de interpretarse la invocación de la prescripción y de las Leyes N° 24.476 y 25.321 dentro de la reciprocidad jubilatoria.

Antes del dictado de la Resolución aludida, el apelante aporta al procedimiento la Resolución RSUB N° 14/06 de fecha 11/01/06 ///dictada por la UDAI Esquel ANSES, en el Expediente N° 024200732105510041 que fue agregada a fs. 50/51, por la cual ese organismo nacional rechazó el beneficio de la jubilación, solicitado el 21/12/05, esto es, una vez conocido el rechazo de la Caja Provincial por Resolución N° 1452/05 fs. 20 de este último Expte.. A fs. 146 del Expte. N° 024200732105511181y2 consta que se agregó copia de la Resolución 1452/05ISSyS del 27/09/05; y a fs. 149/151 obra Dictamen de la Asesora Letrada de la UDAIEsquelANSES.

En su denegatoria, el Organismo Nacional se remite a este Dictamen, considerando que la mayor cantidad de aportes corresponden al ámbito provincial, por aplicación del art. 168 de la Ley N° 24.241. Ello, desde que el apelante había invocado el beneficio que le otorgan las Leyes N° 25.321 "Renuncia de servicios con aportes autónomos" y N° 24.476 "Condenación de servicios con aportes". Además señala, que se habían desconocido esas tres normas y las el art. 31 de la CN, jurisprudencia y criterios de hermenéutica en la interpretación de las leyes.

Finalmente, el 01/06/06, el Instituto rechaza la reconsideración, corroborando que se han acreditado servicios prestados en el régimen previsional provincial durante 13 años, 03 meses, y 23 días; mientras que en el sistema nacional se totalizan 18 años, 06 meses, y 28 días, por lo que la mayor cantidad de años de servicios del recurrente no pertenecen al régimen del cual se pretende obtener el beneficio.

Así, insistiendo en la sumatoria de los tiempos reconocidos por la ANSES con más los que el ente nacional omitió, por aplicación, a solicitud del ///apelante, de la prescripción liberatoria y las Leyes N° 24.476 y 25.321, afirmando asimismo que la baja de la actividad producida el 16/04/01 no alteraba el tiempo computable atribuido por la ANSES en el reconocimiento de servicios.

Tales los antecedentes, ha de insistirse en que el recurrente solicitó ante la ANSES expresamente en su declaración jurada el reconocimiento de determinados servicios, conforme los períodos descriptos; en particular, respecto de los comprendidos en el régimen de trabajadores autónomos y de monotributo, es claro que indujo a que no se le reconocieran "todos" los períodos, amparándose en la prescripción sin invocar ninguna normativa específica y en las Leyes Nº 24.476 y 25.321.

Y la ANSES, ante la solicitud, reconoció la prestación "por lapsos".

Ello impulsa a esta Sala al convencimiento, de que utilizó una "estrategia" para sólo "completar" períodos, y elegir como Caja Otorgante, la Provincial. Frustrado el intento, ocurre entonces a la nacional....pero no le alcanzan los servicios cuyo cómputo solicitó...y entonces ahora viene a manifestar que la decisión del ISSyS es arbitraria y lo deja en total desamparo....

Desde ya, le es aplicable aquel remanido principio general del derecho de que nadie puede alegar su propia torpeza. Voluntariamente, al pedir el amparo de las Leyes N° 24476 y 25321, ///porque así estimó le convenía, se colocó ante la Nación en esta situación. Y no compete a este Tribunal en el marco de este Recurso, sino analizar la legitimidad de la decisión del ente provincial.

En este orden puede prevenirse, que aún escueta, o incompleta por no satisfacer todos los interrogantes del recurrente en reconsideración, las decisiones no adolecen de vicios esenciales.

Ha de partirse por establecer, que el art. 31 de la Ley Nº 3.923 (T.O. Ley Nº 4.251) manda acreditar, como requisito para la concesión de la Jubilación Ordinaria, 30 años de servicios computables, de los cuales por lo menos 25 años deben serlo con aportes en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad.

Si se toma el reconocimiento de servicios final que ANSES efectúa para el apelante, que llega hasta el 31/07/01 (Resolución RSUB N°184/04, copia certificada a fs. 4 de autos) éste alcanza a acreditar 25 años de servicios con aportes, al sumarlos a los provinciales reconocidos por el ISSS . Mas... no alcanza a computar 30 años de servicios.

Pese a ello, viene a la apelación a decir que no deben computarse más que los años de servicios "con aportes", insistiendo en que no deben considerarse los períodos en los cuales se amparó en la prescripción y en las Leyes Nº 24.476 y 25.321. Quizás porque así logra que la Caja otorgante sea la Provincial...pero no alcanza se ///reitera a completar 30 años de servicios para obtener su jubilación.

De este modo, con su insistencia, sobre que los años prescriptos por la leyes nacionales citadas, son años inactivos y no cuentan con aporte alguno..., es claro, no alcanza a cumplir los requisitos para obtener la jubilación provincial.

El ISSyS en el acto impugnado destacó que corresponde tomar todos los servicios nacionales consignados en la declaración jurada (renunciados y no renunciados reconocidos por ANSES) afirmando que no puede hacerse renuncia de ninguno conforme el régimen de reciprocidad vigente, sea oponiendo la prescripción, sea por acogimiento a las Leyes Nº 24.476 y 25.321, por lo que resulta Caja Otorgante la nacional.

Esta cuestión se conecta con la impertinencia de que la Caja Provincial cuestione o controvierta los reconocimientos de servicios que la ANSES efectúa, ni el modo o la forma en que los implementa, debiendo a todo evento, tramitarla por la vía pertinente, que el apelante trae en su tercer agravio.

Es cierto, la jurisprudencia es clara, desde hace muchos años, en que "la competencia para resolver acerca de los reconocimientos de servicios corresponde a la Cajas bajo cuyo régimen los mismos hayan sido desempeñados, debiendo la Caja Jubilatoria en el caso la Provincial limitarse a computarlos sin posibilidad de revisión" (Conf. SCBA en "F. ..." 23/04/96 conc. STCH SI Nº 188, 190 y 220/92, 25, 58 y 176/94, 48/SCA/03).

Pero también "es inadmisible la interpretación de las prescripciones del Decreto Ley 9616/46 que instituyó el sistema de reciprocidad jubilatoria que llevaría al absurdo de aceptar que, por estar obligada la llamada "Caja Otorgante" a computar los servicios prestados bajo el régimen de otra u otras Cajas, deba hacerlo en forma mecánica, declinando así la facultad de evaluar si el cómputo de tales servicios permite, a quien los acredita, acceder o no al beneficio que pretende" como reiteradamente este Tribunal lo viene exponiendo (CS en "G. Z., A. ..." 250687; conf. SI Nº26/SCA/05, 10/SCA/06, entre otras).

Y es en este marco dentro de estas últimas facultades descriptas debe tenerse especialmente en cuenta, que no son los períodos reconocidos los que están en conflicto en el caso, sino justamente los no reconocidos (por lo que no media en la decisión administrativa "una ilegítima revisión del acto administrativo del organismo nacional", como señala el apelante al agraviarse).

El Instituto no "observa" el reconocimiento de servicios efectuado por la ANSES sino que se apoya en el Convenio Provincial de reciprocidad, a la par que llama la atención sobre otros aspectos vinculados a su aplicación, y a resultas, suma todos los períodos reconocidos y no reconocidos y así llega a computar más de 30 años de servicios...pero le niega la Jubilación en jurisdicción provincial por no ser Caja Otorgante.

Funda esta decisión negatoria en el Convenio de Reciprocidad celebrado entre la Provincia del Chubut y el Instituto Nacional de Previsión Social, y en la jurisprudencia de este Cuerpo en un caso ///concreto "S. ..." (SI Nº26/SCA/05) señalando que con posterioridad al precedente que señalara el recurrente "M. ..." este Superior Tribunal había realizado una nuevo análisis de las Leyes Nº 24.476 y 25.321 en el marco de la reciprocidad jubilatoria.

Analizó el art. 7º punto 2 de aquel, en cuanto a la imposibilidad de poder renunciar total o parcialmente los afiliados, a servicios computables en distintos regímenes, pues la falta de servicios debe ser absoluta, admitiéndose la renuncia sólo en lo que excede el mínimo requerido para obtener la jubilación ordinaria íntegra.

Manifestó el ISSyS que quien pretende la jubilación al amparo de la ley local no está obligado a denunciar ni computar los servicios prestados bajo el régimen de reciprocidad, y por ende, a someterse a éste para determinar la Caja otorgante del beneficio, pero que el afiliado que lo invoca "no puede servirse de un período de actividad y hacer reserva de otro que le resulte desfavorable".

Y tales conclusiones se compadecen con la jurisprudencia en que se funda : S.I. N° 26/SCA/05 ("S. ..."), reiterada este año en SI N° 10/SCA/06 ("M. ..."), pues el precedente que trae el recurrente ("M. ...") fue reexaminado por este Cuerpo en los mencionados decisorios atendiendo a los mayores argumentos expuestos por el Órgano previsional, que a más puso y pone de manifiesto un cierto "manejo" para "elegir" discrecionalmente la Caja Otorgante, lo que se dijo está a la vista razonando asimismo que en verdad las Leyes N° 24476 y 25.321, han sido dictadas con vistas al Régimen Nacional ///de Jubilaciones y Pensiones, provocando impactos indeseados en el régimen de reciprocidad.

Así puede inferirse de la decisión de la Corte Nacional en autos "MARTÍN RIZZOTTI...", caso contrario al del recurrente en que la ANSES había denegado el reconocimiento de servicios por lapsos, que rechaza el amparo presentado por el afiliado, fallando que el Dto.Ley 9316/46 impide computar por lapsos las actividades prestadas por el afiliado en otras Cajas adheridas al sistema (conf. art.1°y7°).

Y añadió que no cabe inferir del art. 31 de la Ley N° 18.038 la posibilidad de reconocer al peticionario sólo aquellos servicios por los que efectuó aportes, pues ello significaría que para alcanzar el beneficio perseguido se podría desconocer el resto del tiempo denunciado como trabajado por el propio interesado y la exigencia de obligaciones previsionales por ese lapso... (CS 9/03/99).

Respecto del amparo que la Ley N° 24.476 puede brindarle, ambos fallos antes referidos ("S. ..." y M. ...") expusieron .."dicha norma importa lisa y llanamente una condonación de deudas previsionales para los trabajadores autónomos, desde que prevé que no podrán ser compelidos ni judicial ni administrativamente al pago de importes que adeudaren a la ANSES devengados hasta el 30 de Septiembre de 1.993.

Pero, para el caso en que fuere de interés preservar esos servicios en el sistema, también previó el mantenimiento del derecho, en forma de autorizar el pago espontáneo de la deuda determinada o determinable y sus accesorios. Se da así una opción de pagar por lapsos y no de no pagar el todo, porque el no pagar el todo está comprendido en la condonación." /// En el mismo sentido, los decisorios glosados citaban el criterio de la Resolución Nº 1.222/04 la ANSES (BO 6/12/04), que en cuanto a la aplicación de la Ley N° 24.476, señalaba ... "que los años por los que se solicite condonación, no caben ser reconocidos como de servicios y/o aportes; y específicamente expresa con relación a la N° 25.321, que la renuncia de servicios allí prevista podrá solicitarse únicamente cuando se acredite el mínimo de años de servicios con/aportes exigidos por los arts. 19 inc. c) y 38 de Ley N° 24.241 (Prestación Básica Universal).

No se alude en ningún momento a la reciprocidad Jubilatoria, ni indican a la ANSES cómo proceder, si las solicitudes que se interponen lo son con miras al obtenimiento de beneficios en su marco..." En este resolutorio, el organismo nacional analiza la aplicación de la Ley N° 25.321 y es muy clara su conclusión: los años por los que se solicite condonación, no caben ser reconocidos como de servicios y/o aportes. Sea que se invoque una u otra norma.

Se enfatizó además, en las Sentencias referidas, que este criterio no importaba ..." controvertir las certificaciones dadas por ANSES, sino a discernir su "encaje" en el régimen de reciprocidad provincial, en tanto cabe con mayor razón en el régimen de reciprocidad interpretar las normas aplicables teniendo en cuenta el derecho de los eventuales beneficiarios, armonizado con la protección del fondo común solidario con que se los solventa; considerando asimismo que se afecta la finalidad del instituto... frente a la posibilidad de su desnaturalización por quienes procuran su ///amparo.

Los mismos fallos advirtieron que el Convenio de Reciprocidad que vincula a la Provincia con este régimen, si bien se permite a los afiliados que hayan prestado servicios computables a esta finalidad "hacer renuncia total o parcial" de los mismos, sin embargo, acota: "no se admitirán renuncias aún cuando corresponda a un régimen distinto al de la Caja Otorgante.

La falta de servicios debe ser absoluta, admitiéndose la renuncia en lo que exceda el mínimo requerido para las jubilaciones ordinarias íntegras". Y como lo destacó el ISSyS, no es lo que acontece en el subexamine.

En cuanto a los servicios no reconocidos por ampararse en la prescripción liberatoria no varían lo hasta aquí expuesto, en tanto aún excluidos los mismos, el cómputo de los nacionales excede a los provinciales.

Así, sea que el Sr.P. se ampare en el art. 60 de la Ley 18.038 (aún vigente conf. art. 156 Ley N° 24.241) que indica "para todos los efectos de esta ley no serán computados ni reconocidos los períodos de servicios respecto de cuyos aportes impagos el afiliado o sus causahabientes se hubieran amparado o se amparasen en la prescripción liberatoria", y/o en el art. 16 de la Ley N° 14.236, en cuanto establece la aplicación de la prescripción decenal para las acciones por cobro de los aportes y contribuciones adeudados al sistema provisional.

Sin perjuicio lo expuesto puede citarse, que P. y Y. sostienen que las deudas por aportes y contribuciones prescriben a los ///10 años, pudiendo ser opuesta por el afiliado deudor o sus derechohabientes en el caso de pensión.

Estima que los períodos con aportes autónomos declarados prescriptos no serán tomados en cuenta para el cálculo del ingreso base, y si bien correspondería aplicar valor cero en detrimento del monto del mismo, ANSES aplica el criterio más benévolo, considerando "para el cálculo" al afiliado como "inactivo".

Estos autores llegan a la conclusión que la aplicación de todos estos institutos luego de comentar "la condenaciónLey 24.476", la Ley N° 25.321 y la prescripción que implican renuncia por parte del interesado de la inclusión en cómputo de servicios cuyos aportes se adeudan, no pueden causar la pérdida del beneficio solicitado, cuando por inadvertencia se han eliminado períodos necesarios para acreditar la cantidad requerida por la ley para su obtención.

Y citan el fallo de la Corte Nacional "Mellero... 5/9/2000: "...Los derechos previsionales tienen el carácter de irrenunciables, por lo que resulta improcedente y apartada del principio de buena fe la pretensión de la ANSES de impedir el cómputo de servicios autónomos".

("Régimen de Jubilaciones y Pensiones", Lexis Nexis, pág. 215). Y como se dijo antes, ANSES ya interpretó respecto de las Leyes N° 24.476 y 25.321 que sirven para acreditar aportes en la Ley N° 24.241, no en el régimen de reciprocidad (ver considerando respectivo).

Todos criterios aplicables respecto de la prescripción liberatoria.

/// Ante tales fundamentos dados, las Resoluciones del ISSyS que se atacan, se ajustan a derecho.

Restaría acotar, que la aplicación del "art. 3º de la Resolución 363/81" a la que el apelante refiere (en el quinto agravio), que esforzadamente se ha ha podido dilucidar que fue dictada por la Subsecretaría de la Seguridad Social, desde que aquel nada aclaró no se ha explicado en qué forma puede incidir en la revisión, pues se trata de un régimen de reciprocidad entre Cajas de Profesionales y el caso no encuadra en lo que ese artículo norma.

Como antes se dijo, la conducta del apelante selló su suerte: las normas nacionales en que se amparó le ofrecen la posibilidad de renunciar a servicios que "no necesita" para completar los recaudos exigidos para obtener el beneficio jubilatorio por la Caja que le corresponde. Pero como lo insistió en toda esta Apelación, si sólo quiere el cómputo de "servicios con aportes"... si no son suficientes, no obtendrá beneficio ninguno.

Lo dicho, ante la alegada situación de desamparo, y a mayor abundamiento, pues el régimen de reciprocidad que pretende no lo ampara en el marco de la estrategia elegida. P. ha denunciado más años de servicios trabajados en el orden nacional que en el provincial, y no puede valerse de las normas referidas para completar un determinado número de años ... para que determinen la Caja Otorgante a su elección.

/// A título ilustrativo, la Resol.conjunta AFIPANSES N° 1616/03 interpreta que deben ser excluidos del cómputo los servicios de trabajadores autónomos si se amparan en la prescripción liberatoria prevista en esta última ley y por condonación del art. 1° de Ley N° 24.476 o renuncia de Ley N° 25.321. Más, ello de aplicación en el orden nacional y a los efectos de los beneficios que en el mismo se pretendan.

Asimismo, siempre en atención al argüido desamparo, puede advertirse que en la jurisdicción nacional se ha dictado una vasta normativa, a los efectos de posibilitar a los afiliados que lo necesiten, una regularización de sus deudas por aportes provisionales (v.g. Dto. Nacional 164/04 sobre regularización de deuda para Trabajadores Autónomos en el marco de la Ley 24.476 que mantiene la posibilidad con carácter "permanente" de regularizar las deudas devengadas hasta el 30/9/93); y más reciente, la Circular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social GPN°29/06, también en relación con aquella norma contempla como situaciones particulares, el caso de beneficios previsionales rechazados, pudiendo modificarse obligaciones a regularizar declaradas y/o datos consignados.

Es más, la jurisprudencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, indica que del análisis íntegro del texto de la Ley N° ///24.476 se infiere claramente que el espíritu que la anima es la de facilitar la inclusión de los trabajadores autónomos como aportantes regulares del S.I.J.P., liberándolos del pago de aportes adeudados por períodos anteriores al 30/09/93, debiendo considerarse los años así declarados como de servicios sin aportes.... quedando abierta, paralelamente a ello, la posibilidad para que los trabajadores autónomos que necesiten regularizar su situación puedan cancelar la deuda por aportes devengados hasta la fecha aludida (originados en los arts. 10 de la ley 18.038 y sus modificatorias y otras que se citan en las condiciones que prevén los arts. 5 a 11 que conforman el Capítulo II de la misma ley. (Del voto de la mayoría Sala III en "C., A. R. ..." del 6/11/01, ídem "M., M. E. ...." del 28/06/02, según página web del PJN).

Que conforme a lo dispuesto por el art. 47 del Dto. Ley N° 2.200 (T.O. Nº Dto. 138/99) procede regular honorarios profesionales de la letrada que patrocina al impugnante, aún cuando este tipo de actuaciones no genere costas. Atento a que el art. 8º del citado cuerpo legal no ha previsto mínimos para este tipo de actuaciones, corresponde estar a lo dispuesto por el art. 6º, y regular estipendios teniendo en cuenta la labor desarrollada.

Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;

R E S U E L V E:

1º) RECHAZAR el Recurso de Apelación interpuesto a fs. 17/23 vta. por el Sr. A. P. (L.E. N° .......) contra la Resolución N° 682/06/ISSyS/06, la que se confirma.

2º) REGULAR los honorarios profesionales de la Dra. A C. en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($300) con más el I.V.A. si correspondiere (art. 8° conc. 6 Dto. Ley N° 2.200 T.O. Dto. N° 138/99).

3º) REGÍSTRESE y notifíquese.

Fdo. Dr.ROYER, PASUTTI y CANEO.

Recibida y registrada el 8/02/07 bajo el nro. 5