marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Encubrimiento, hurto, acusación, calificación legal, sentencia, cambio de calificación legal, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: CHIORZO, N.B. s/ ENCUBRIMIENTO - HURTO - ACUSACION -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-07

1) Si bien como principio, mediando acusación por ENCUBRIMIENTO no se puede sentenciar por HURTO (si el apoderamiento en su expresión fenoménica no fue incluido en la requisitoria, que es lo que enmarca el ámbito fáctico del fallo) no se resiente ningún principio porque se arribe a una condena por receptación cuando, como en el caso, ese fue el tema del debate por mas que se anime convicción de que la imputada es autora del hurto.

2) Si la acusación ha tenido por verificado en términos procesales mediando o no desacierto en la valoración de la prueba-, que la encausada es autora de un encubrimiento y la defensa respondió ampliamente a esa imputación, arribar a un pronunciamiento absolutorio con el argumento de que sólo podría haberse condenado por hurto, comporta darle fundamento tan solo aparente al pronunciamiento, con olvido de que así como "conmueve a la comunidad entera en sus valores más sustanciales y profundos la condenación de un inocente", también ello ocurre cuando se llega a un pronunciamiento liberatorio "en los supuestos en que la solución alcanzada pueda adolecer de deficiencias susceptibles de afectar una irreprochable administración de justicia", pues tal contingencia "compromete principios institucionales básicos, porque el consenso colectivo en la vigencia y eficacia de la ley penal, es recaudo de la paz y el orden público que en definitiva reparan en el imperio de la justicia.

3) No se puede condenar por hurto si la acusación se materializó por encubrimiento pues no se trata de un mero supuesto en el que quepa acudir al ejercicio de la facultad tradicionalmente reconocida de escoger libremente el TITULO DELICTIVO, por la razón de que para hacerlo sería menester la incorporación oficiosa de elementos fácticos que resultaron extraños al debate y cuya irrupción en la sentencia supondría la frustración de la garantía de la defensa
Sentencia, fundamentos suficientes, honorarios, ley arancelaria, leyes, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Ojeda, Lorenzo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Honorarios  - Regulación - Revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro. 506 año 1996) Pendyski, Domingo y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Recurso de  revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro. 674 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03|2002-12-04

Carece de razón la recurrente cuando endilga al auto impugnado carencia de fundamentación pues, siendo un hecho no controvertido la actuación profesional, y por ende, consistiendo la resolución en la mera aplicación de las disposiciones jurídicas que correspondan, la mención de éstas -específicamente, en el caso en estudio, del artículo 27 de la ley de aranceles-, encierra un fundamento suficiente como para motivar el fallo de manera adecuada; dicho esto con otras palabras, basta remitirse a la lectura de las normas de la ley arancelaria citadas en el pronunciamiento para entender el fundamento de la regulación efectuada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Villalba, Carlos Alberto s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se basa sólo en generalizaciones -expresadas a través de citas doctrinarias- que, en cuanto tales, son incapaces de demostrar la existencia de vicio alguno en la resolución de la Cámara.
Cobertura médica, medicina prepaga
Materia: CIVIL
Carátula: A. , A. A. c/ Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

La sentencia que excluye la cobertura médica en un ciento por ciento sin explicar el porqué de ello ni indicar el porcentual que debe afrontar la empresa de medicina prepaga, porta una imprecisión que hace caer al pronunciamiento como decisión con fuerza de norma individual.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Culpa in vigilando, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: R., M. V. c/ Sanz, Eugenio Rafael s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-11-17

Un padre o madre prudentes y que actúan conforme al deber de protección impuesto por el art. 264 del Código Civil, en forma diligente y de acuerdo a las circunstancias de personas, tiempo y lugar, no debió permitir que niños de tan corta edad participaran de un juego de contenido violento (una guerrita), jugando solos en la calle, cuando la distancia -aunque sea mínima- desde el interior de la casa y hasta la vereda hacía imposible evitar un daño a todas luces previsible.
Cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Remaggi, Luis Alberto y otros s/ estafa a Oscar Gastón Iriarte y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

La Corte está facultada para otorgar el conocimiento de las causas a los jueces que considere competentes para entender en ellas, aunque no hubiesen intervenido en la contienda.
Daños y perjuicios, intereses, tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: ROZADILLA,  Cristina  Leonor c/ RENZULLO,Miguel y otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-21

Del voto de la mayoría (Dres. Brilla de Serrat y Sanchez):

La aplicación de la tasa activa entre el punto de partida de su cómputo y la fecha de la sentencia, en un resarcimiento por daño moral fijado a través de una estimación actual del valor del bien afectado, importaría un enriquecimiento indebido a favor de la actora en los términos del punto 4° del plenario "Samudio", pues las tasas bancarias contienen un componente destinado a enjugar la pérdida del valor adquisitivo del dinero, el cual también ha sido contemplado al estimar el daño a valores actuales. De tal manera, los intereses -en el caso- se computarán al seis por ciento anual desde la fecha de la mora hasta la sentencia de la Cámara y, desde entonces hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

(Sumario N°18754 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Jurisdicción y competencia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transferencia de competencias
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Corrales, Guillermo Gustavo y Otro c/  s/ Hábeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-09

Resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional. (Voto de los Dres. Loenzetti y Maqueda)
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Mosquera, Roberto Lisardo c/ Administración Nacional de Aduanas. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-17

El amparo procede únicamente cuando la autoridad pública, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías de la Constitución Nacional.
Lavado de activos, requerimiento de elevación a juicio, responsabilidad internacional del Estado, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: Báez, Lázaro Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-06

El voto concurrente agregó que corresponde destacar la específica gravedad de los hechos aquí imputados, donde se habría visto seriamente afectado el bien jurídico protegido por la norma -orden económico y financiero-, resultando la sociedad en conjunto la principal perjudicada. No puede olvidarse que el delito de "lavado de dinero" agravado, por el que ha sido requerida la elevación de la causa a juicio con relación al encausado, es un delito organizado, transnacional y complejo. En consecuencia, el aseguramiento de las herramientas de las que disponga un Estado para prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del Lavado de Activos así como para avanzar en esta línea en las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito en forma oportuna y eficaz, es fundamental. Por ello, no puede ignorarse que la medida cuestionada por el recurrente resulta trascendental -además de su propósito cautelar-, a los eventuales fines de restauración de la justicia y restablecimiento del equilibrio perdido. Es que estas medidas apuntan a asegurar la recuperación para la comunidad de los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos, socialmente dañosos, que actualmente se encuentran bajo investigación. Es que, nuestro Estado se ha comprometido a la lucha contra el lavado de dinero, al haber ratificado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo, y que, también en cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del Terrorismo, ha adherido a las cuarenta recomendaciones del "Groupe d ´action financère sur le blanchiment de capitaux" (GAFI) En todos los casos, y en particular los de gran gravedad y trascendencia, la justicia debe procurar la resolución de los conflictos dentro de un plazo prudencial con el objeto de mejor asegurar las garantías de debido proceso e inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.). Evitar que casos de trascendencia como el de autos, en donde se encuentra controvertida la afectación de bienes jurídicos que afectaron a la sociedad toda -orden económico y financiero- reciban adecuada y rápida respuesta por parte del Estado, es un deber esencial a un adecuado servicio de justicia inherente a nuestro régimen constitucional republicano (art. 1 de la C.N.). La sociedad toda, y quienes se encuentran involucrados en el proceso merecen el esclarecimiento sin dilación del conflicto y de las respectivas situaciones procesales.
Pena, agravantes de la pena, atenuantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

La cantidad de hechos atribuidos al acusado, sólo es relevante para determinar la escala penal, prevista en el Código Penal, ello así, una vez delimitado ese marco, la individualización de la pena a aplicar depende de las pautas que a ese fin establecen los art s. 40 y 41 de la ley de fondo, entre las que no se halla la cantidad de hechos ilícitos cometidos.
Revocación de sentencia, caución real, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de excarcelación de F., R. D c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

En aquellos dictados en las Causas Nº 80.896/19 "P.", Nº 80.939/19 "R." ambos del 25 de noviembre y Nº 81.189/19 "C." del 28 de noviembre, Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela revocaron las resoluciones y ordenaron la libertad de los imputados. En el caso del primero con la imposición de una caución de tipo real de $ 5000 más la obligación de presentarse quincenalmente en el juzgado; en el segundo con la imposición de una caución de tipo real de $ 7000 y la obligación de comparecer cada quince días ante el tribunal de la causa y en el tercer caso con la imposición de una caución real de $ 10.000, el control de uno de los miembros de su familia y la obligación de presentarse ante el Tribunal cada quince días. En cada fallo se analizó por qué no estaba justificada la medida de coerción (art. 210 inc. "k" del CPPF), cuáles eran las presunciones vinculadas con el peligro de fuga que se hallaban presentes o no en cada caso (art. 221 del CPPF) y cuáles los indicadores de peligro de entorpecimiento que fueron descartados en las tres situaciones (art. 222 del CPPF) para finalmente concluir qué medidas alternativas menos gravosas correspondía imponer (art. 210 del CPPF).
Prueba, daños y perjuicios, resoluciones irrecurribles
Materia: CIVIL
Carátula: Ponisio, Néstor M. c/ Provincia A.R.T. S.A. y Otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-23

Tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del art. 1113 del Código Civil, constituyen una facultad privativa de los jueces del trabajo. Sus conclusiones, no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se acredite la existencia deabsurdo.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, Superior Tribunal de Justicia, rebeldía
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Provincia del Chubut c/ Gueicha, Héctor y-o quien resulte propietario del vehículoRenault 4 L "Ika" s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1974-05-14

No cabe admitir que por vía del recurso de apelación se cuestione la declaración de rebeldía.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL
Carátula: LICHA, AZIZ Y OTRO c/ DERIO, FRANCISCO Y OTRO s/ DESALOJO. INCIDENTE DE REVOCATORIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE Nº 407-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-04

El alcance asignado por los jueces de la causa a las disposiciones que regulan los honorarios y aportes correspondientes a los profesionales, no constituye materia propia de la instancia extraordinaria local. Por lo tanto, la apertura del remedio excepcional exige que quien recurre, demuestre perfilado con suficiente claridad el agravio constitucional que la decisión sobre ese tema le causa. Y en el caso, en modo alguno puede entenderse que lo haya logrado la apelante, dado que los reparos formulados solo dejan traslucir la mera discrepancia interpretativa de aquélla con el criterio del Juzgador, en orden a reputar que el artículo 34 de la ley arancelaria no constituía obstáculo para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada.
Objeto fuera del comercio, aceptación de compra de un inmueble, dominio público
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) - recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-05

El pretendido ejercicio de la opción de compra del predio por parte del recurrente, en el año 2004, resulta completamente ineficaz a tal fin, pues en aquél momento el inmueble, por su condición de bien del dominio público de la Ciudad, se encontraba fuera del comercio de derecho privado, y en consecuencia su dominio no podía ser transferido a un particular. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Sociedad irregular, rendición de cuentas, disolución de sociedades
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARLOS ECKHARDT S.R.L. c/ HANNE, Víctor s/ ORDINARIO: Rendición de cuentas y liquidación de sociedad irregular.  Embargo Preventivo sin monto.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-02-08

Es ajustado a derecho demandar por rendición de cuentas y disolución de sociedad no constituída regularmente, dado que la primera constituye, a diferencia de las sociedades regulares, el procedimiento a través del cual los socios del ente no regularmente constituído ejercen el derecho de control sobre la administración.No se duda de la procedencia de la acción de rendición de cuentas como complemento de la acción de disolución de sociedad no constituída, por cuanto ella está autorizada por el mismo art. 22 de la Ley de Sociedades. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución hipotecaria, subasta de inmuebles, desocupación del inmueble, doctrina de los actos propios, constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BOTTINO, Domingo y otros c/ MONTIA, Juan A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-29

El planteo efectuado acerca de la inconstitucionalidad de una norma resulta objetivamente improponible en un proceso de ejecución, toda vez que su limitado marco congnoscitivo impide discutir la causal del título.

Si la ejecutada acordó en el contrato hipotecario que, en caso de subasta, el inmueble saldría a la venta totalmente desocupado, tal circunstancia -en virtud de la doctrina de los propios actos- obsta a que se formulen planteos respecto de la inconstitucionalidad del art. 598 del Código Procesal, reformado por la ley 24.441.
Reclamo administrativo previo, prescripción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. Nro. 81733 - OCHOA, HUMBERTO PEDRO c/ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-09-15

Frente a la iniciación del reclamo administrativo, que interrumpe el curso del plazo de prescripción, por cuanto el reclamo del actor es necesario y es de los que la Ley de Procedimientos Administrativos 3909 describe en su art. 148 como uno de aquellos donde sólo media el interés privado, debe entenderse que los períodos transcurridos antes de la entrada en vigencia de la Ley 6502, que establece un plazo de prescripción de dos años, se sujetan al plazo de prescripción de cinco años.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Colin, Jorge Omar s/ Homicidio Chipriano, Juan Carlos s/ Homicidio Denino, Rafael. Quillotay, Américo Donato s/ Homicidio simple Llanes, Carlos Gabino s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12|1995-08-01|1991-12-23|1996-02-27

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley deducido contra el pronunciamiento dictado en juicio oral si la lectura del veredicto muestra el razonamiento del juzgador a través de un itinerario lógico que, aun cuando pueda o no compartirse, dista de evidenciar el vicio lógico que se denuncia en la queja, satisfaciendo las exigencias del art. 286 del Código ritual.
Demanda, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARTINEZ BLANCA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CALERA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-07-01

Corresponde dar por terminada la causa al haberse vuelto abstracta, atento lo manifestado por las partes e imponer las costas a la parte actora ya que pese a haberse satisfecho extraprocesalmente sus pretensiones, insto el traslado de la demanda en pleno conocimiento y goce del restablecimiento de los derechos objeto de la pretensión procesal.
Industria automotriz, servicios de vigilancia, deuda previsional, responsabilidad solidaria, subcontratación laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - LABORAL
Carátula: GENERAL MOTORS ARGENTINA S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

No habiéndose determinado cabalmente el carácter de deudora al sistema de seguridad social de la empresa de seguridad que prestaba servicios de vigilancia para la recurrente, ni resultando la actividad normal de ésta (en el caso, fábrica de automotores) la prestación de dichos servicios, corresponde revocar la resolución administrativa que, con fundamento en las directivas del art. 30 de la L.C.T., formuló cargos por aportes omitidos en relación a los salarios del personal de custodia de la principal.
Derecho contravencional y de faltas, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Lamelza, Jorge Aníbal s/ Infracción al art. 96 inc. 'f' de la ley 8.031 del Código de Faltas González, Claudia Beatriz s/ Infracción ley 8.031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-18|1994-03-15

Es improcedente el argumento de que la ley 8.031 lesiona el art. 9 de la Constitución de la Provincia por no admitir la actuación del Defensor de Pobres y Ausentes pues del art. 3º del texto ordenado del dto. ley 8.031/73 surge en forma expresa la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Penal, que en su art. 1º prevé la intervención del defensor oficial en defecto de "abogado de la matrícula".
Juicio de desalojo, acción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Scotti, Aleandro en j: García de Paganotto O. y otro c/ A. Scotti s/ Desalojo - Revisión (Libro: A020A-141)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-09-10

La acción de desalojo se inicia con la demanda respectiva y no con el comparendo a juicio verbal (art. 893 C.P.C.). Es consecuencia de la previa demanda entablada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), presentación extemporánea, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ZAMBRUNO, MARTA R. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-24

Corresponde desestimar la queja por extemporánea, pues teniendo en cuenta que se impugna una sentencia de una Cámara de Apelación de la ciudad de Rosario, la queja debió haber sido interpuesta dentro del plazo de tres días, no resultando óbice para así decidirlo el argumento de que el asiento del Superior es distinto al del Tribunal que emitió la resolución cuestionada, toda vez que ello resulta de la interpretación armónica de los artículos 8 de la ley 7055, último párrafo y el artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial; y al disponer la ley 10241 que el escrito de queja también podrá ser presentado en la Mesa de Entradas de la Corte Suprema de Justicia de Rosario en los plazos del artículo 356, obviamente se refiere al de tres días y no al de diez, pues para el fin propuesto por la norma (compensar con mayor tiempo la distancia) no se justifica -sin establecer una desigualdad inconstitucional- que los litigantes de Rosario resulten beneficiados sobre los de Santa Fe.
Compraventa inmobiliaria, actualización monetaria, saldo de precio, declaración de oficio
Materia: CIVIL
Carátula: ANTOGNOLI HORACIO ALDO Y OTRO c/ FREGA JOSE Y OTROS s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-06

Del voto de la mayoría:.

Procede actualizar de oficio el saldo de precio de una compraventa inmobiliaria, efectuada por boleto firmado en julio de 1978, con precio a pagar en 146 mensualidades, bajo el prisma de los arts.

953, 1071 y 1198 del Código Civil, no obstante que dichas normas no hayan sido expresamente citadas, ya que se trata de disposiciones en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres (art. 21 del cód. citado; CNCiv. Sala A, L.L. 1983-D-98 y J.A. 1984-I-289).

Del voto de la minoría:.

No procede de oficio actualizar el saldo de precio de una compraventa inmobiliaria, pues el pronunciamiento sólo puede versar sobre las cuestiones planteadas por las partes y no sobre lo que no fue objeto de la litis.