Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-12-14


Autos N° 22.182 (N° 66423 - 1 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "RUIZ Reynaldo Aníbal - Sucesorio" En la Ciudad de San Juan, a 14 días del mes diciembre del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA y el Dr. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs.75-76 de los autos N° 22.182 (N° 66423 - 1 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "RUIZ REYNALDO ANIBAL - SUCESORIO", contra la resolución dictada en fecha 31 de agosto de 2015 obrante a fs. 71/73 y su aclaratoria de fs 83 de estos autos originarios del Primer Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA dijo:

Vienen los presentes autos, en los que a fs. 47 se presenta el letrado Ricardo Sández Ortega, por derecho propio y actualiza valores, practica liquidación y solicita regulación de honorarios, la contraria señora Juana Esther Ruiz, opuso prescripción a fs. 59 . A fs. 71-73, el juez aquo, resolvió hacer lugar al planteo de prescripción opuesto y, rechazó el planteo de nulidad. Impuso las costas en el orden causado y reguló los honorarios del letrado Pablo Vila en la suma de $2000.

Para así resolver, consideró que si el plazo comenzara a correr desde el pase a escribanía 02-08-2005 al 7-10-2014, cuando el abogado Sández solicitó se le regulen honorarios, la acción estaba prescripta.

Consideró que en el caso de que no se hayan materializado las transferencia de bienes por parte de la escribanía Ruiz de Varese, lo mismo la acción se encontraría prescripta, ya que tendría que aplicarse como proceso terminado, siendo aplicable el supuesto del art. 4032 inc. 1 contándose el plazo de cinco años.

Contra dicha resolución se alzaron los Dres. Rolando Hugo Ruiz y Ricardo Sández Ortega, por derecho propio, quienes interpusieron recurso de reposición con apelación en subsidio.

Rechazado el primero a fs. 77, el juez aquo concedió el de apelación con efecto suspensivo, teniéndola por fundada. Los agravios fueron replicados a fs. 100, adjudicándose los autos a fs. 116.

Dos son los cuestionamientos formulados por el quejoso.

1-Señala que el sentenciante no ha tenido en cuenta lo dispuesto en el art. 3962 del C Civil. Que la primera presentación que realiza Juana Esther Ruiz, data del día 29-10-2013, sin que destaque que opuso prescripción. Que el día 01-12-2014 (fs.55), se presenta nuevamente y tampoco se observa que se haya deducido prescripción.

Indica que no ha sido notificado el domicilio conforme el decreto de fecha 04-12-14, por lo que la participación de la Sra. Juana Ruiz y su abogado no ha adquirido operatividad.

Entiende que el recurso ha sido interpuesto extemporáneamente.

2- Por último, hace referencia a un convenio de fecha julio del año 2005 en el que se acordó que no podría presentar pedido de regulación de honorarios, hasta diez años después que se efectuara la ampliación de denuncia de bienes y valuación.

Los agravios fueron contestados a fs. 100-101, adjudicándose los autos a estudio a fs. 116.

TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS:

Legislación aplicable: Teniendo en cuenta los antecedentes que informan el caso, resulta ineludible precisar y aclarar que al momento de revisar las críticas propuestas por las partes, ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial, Ley 26.994, razón por la cual se debe tener presente el contenido del art. 7 que indica con relación a la eficacia temporal de las normas reguladoras en general: A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Dicha ley (CCy C) contiene una norma específica de derecho temporal referida a los plazos de prescripción (art. 2537). En el caso de estudio, atento que el plazo de prescripción comenzó a correr encontrándose en vigencia el código anterior, dicho régimen jurídico resulta aplicable por haberse agotado el plazo cuyos efectos ahora se tratan.

a) Primer agravio: está referido a la temporaneidad de la excepción interpuesta, por lo que debemos analizar cual fue la primera presentación de la excepcionante en autos.

Para adentrarnos a este tema, debemos referirnos a las disposiciones del art. 3962 del C.Civil, que dispone: ... "La prescripción debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla." La primera presentación referida para formular el planteo prescriptivo es aquella en la cual puede efectivamente ser opuesta por la demandada, porque ya cuenta con los elementos necesarios.

Analizada la causa , se advierte que en fecha 29 de octubre de 2013, (conforme surge de la copia del escrito de fs. 54), la excepcionante se presentó haciéndose parte como administradora y solicitando el préstamo del expediente y en su caso la búsqueda del mismo.

Con posterioridad y en fecha 1 de diciembre de 2014, se presentó nuevamente agregando la copia del escrito de fecha 29 de octubre de 2013 y solicita se provea el mismo y le sean requeridos los autos al Dr.Sández.

Recién en fecha 19 de diciembre de 2014, opone excepción de prescripción.

Si bien no consta certificaciones del actuario de préstamo del expediente desde el día 29 de octubre de 2013 y 1 de diciembre de 2014, al no haber contado con las constancias del expediente, considero que recién en esta última presentación de fecha 19 de diciembre de 2014, tomó conocimiento del estado del proceso, por lo que la decisión del juez a quo, de tener por presentada temporáneamente a la incidentista, es correcta.

Efectivamente, ésta fue la primera oportunidad para hacerlo válidamente ya que con anterioridad el expediente tenía un pase a Escribanía Varese desde el año 2005 y no consta en autos fecha de regreso.

El cuestionamiento referido a la falta de notificación del domicilio de la incidentista, (decreto de fs. 53) no tiene relevancia en analizar el agravio deducido, ya que el mismo está referido a las disposiciones del art. 41 del CPC (988-O), que es el caso de la constitución de un nuevo domicilio, el que debe notificarse para que el mismo tenga efectos en el proceso.

Si bien fue proveído erróneamente por el juez aquo, no resulta suficiente razón para hacer lugar al primer agravio.

Sentado, ello, propicio el rechazo del agravio formulado.

b)-Segundo agravio: Está referido al convenio celebrado el 15 de julio de 2005 y agregado a fs. 89.

De la lectura del mismo, surge que fue firmado por el señor Rolando Hugo Ruiz, (quien no invoca calidad de administrador de la sucesión, ni poder de los otros presuntos herederos) y el letrado Sández, que en su parte pertinente reza: " ...los gastos de sellados, publicaciones de edictos, y otros, serán pagados por los herederos que se declaren en autos n° 66423 caratulados "Ruiz Reynaldo Aníbal. Sucesorio", a fin del plazo de diez años, que se conviene, aplicándose a los gastos los intereses correspondientes, siendo aceptado por el firmante, contándose el plazo desde el mes de julio de dos mil cinco..." Dicho convenio al haber sido suscripto por el señor Rolando Hugo Ruiz, quien no invoca poder especial de los demás herederos declarados, no puede ser tenido en cuenta para interrumpir el plazo de prescripción , ya que la deuda por honorarios profesionales devengados por la tramitación del proceso sucesorio es un débito del heredero. En este sentido esta Sala I ha sostenido: "Respecto de los obligados a cargar con los honorarios del abogado patrocinante en una sucesión, esta Sala en autos Nº 14.967 caratulados "GARCES, PEDRO-SUCESORIO" (voto del Dr. Pascual E. Alferillo), dijo: "...Ahora bien, cabe interrogarse para continuar con el examen del tema de donde parte el concepto de que se trata de una carga de la sucesión. Esta idea previamente debe ser relacionada con la correcta naturaleza jurídica de la vinculación creada entre los herederos y el profesional de la abogacía que actuó en el proceso sucesorio como apoderado o patrocinante, pues se trata de una locación de servicio profesional (art. 1623, sig. y conc. del Código Civil) nacida o con operatividad (en el caso de apoderamiento anterior) a posteriori del fallecimiento del causante. Va de suyo, que el crédito por honorarios del profesional no es un débito del causante y menos aún de la sucesión la cual no tiene capacidad per se para ser titular de derechos y obligaciones, es decir, para ser sujeto de derecho, por lo cual todas las normas referenciada en el Código Civil relacionadas con el tema no tienen aplicación directa. Por ello afirmamos que la deuda por honorarios profesionales devengados por la tramitación del proceso sucesorio es un débito del heredero. Por ello, cuando existen varios sucesores cada uno asume su responsabilidad como debitoris en los honorarios comunes o, expresado en otros términos, que remuneran las actividades procesales que beneficiaron a todos, en la proporción que le corresponde en la herencia (alícuota), es decir, en función del beneficio recibido por cada uno, de conformidad al mandato legal determinado en el art. 3492 del Código Civil. "(L de A; T° I, 2016; F° 177/181; 20 de junio de 2016).

Por lo que considero este agravio debe rechazarse.

Por ello, propicio el rechazo del recurso de apelación interpuesto, con costas. Así voto.

El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por sus fundamentos, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: rechazar el recurso de apelación interpuesto, con costas.

El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello y lo acordado, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el abogado, con costas.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° III-2016; F° 35/38; FECHA:14 de diciembre de 2016 DRES.VICTORIA-ALFERILLO