Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-21


SENT Nro. 926 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 21 DE NOVIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana con mas la integración del doctor René Mario Goane -por no existir votos suficientes para dictar sentencia válida-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Citibank N.A. vs. Derni, Hugo Walter y otro s/Cobro ejecutivo de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Antonio Gandur, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 05/7/2002 que no hace lugar a los recursos de nulidad y apelación interpuestos por aquélla y, en consecuencia, confirma la sentencia de fecha 27/9/2001, imponiendo las costas al apelante vencido.

II.- Ataca la recurrente la sentencia de Cámara sosteniendo que la misma incurre en errores de interpretación y aplicación de normas procesales; lesiona gravemente su derecho y violenta el ideal de justicia, directriz de la actividad jurisdiccional. Discrepa con la tesitura sentencial que ve error "in iudicando" en la omisión de cuestiones propuestas pues esta omisión, dice, autoriza la nulidad de los fallos por falta de la debida fundamentación lo que es sin duda un vicio procesal y no un error de justicia del fallo por lo que no correspondía, como estimó la Cámara, considerar la falta de motivación de la sentencia de primera instancia como una lesión de justicia reparable por la vía de la apelación. Reconoce que el recurso de apelación conlleva la facultad del tribunal ad quem de dejar sin efecto lo resuelto por el inferior en el caso de que lo considere errado, pero ello, en cuanto lleva ínsita la facultad de anular la sentencia del inferior como acto jurisdiccional. Sostiene que esta facultad revisora de los vicios de la sentencias del inferior puede ser ejercitada aún de oficio por la Cámara cuando le lleguen por vía del recurso de apelación, en virtud del deber de los jueces de garantizar la legalidad del proceso. Cosa bien distinta a considerar que los vicios in proceden do no habilitan la declaración de nulidad si puede resolverse mediante la apelación, como estima el fallo atacado. Alude a los arts. 271 y 272 procesal.

Concluye que las manifestaciones realizadas por su parte sobre la inadmisibilidad del recurso de caducidad interpuesto debieron ser consideradas en la sentencia expresándose los motivos por los cuales se rechaza lo peticionado por su parte, todo ello bajo sanción de nulidad por constituir una lesión a la garantía comprendida en la defensa en juicio y debido proceso legal.

De otro lado, señala la errónea cita doctrinaria e interpretación del art. 800 procesal en tanto, dice, lo solicitado por su parte no fue un medio de prueba a producir en segunda instancia ni la alegación de un hecho nuevo sino la remisión del expediente de medida cautelar, proceso incidental al de autos, cuyo conocimiento es sustancial para advertir el vicio procesal que habilita en autos la declaración de nulidad. Recuerda que la forma de concesión del recurso no impide la medida solicitada; que los jueces están facultados para ordenar las que fueran necesarias para la comprensión de los asuntos que tuvieran que fallar y en autos la naturaleza del vicio alegado y la exposición del memorial exigía a los sentenciantes que tuvieran a la vista el trámite de la medida cautelar resuelta entre las partes.

Asimismo, le causa gravamen la interpretación que la Cámara hace del principio de preclusión procesal y el error sobre la naturaleza del vicio contenido en el incumplimiento del recaudo del art. 188 segunda parte. Expresa que este requisito de admisibilidad del nuevo incidente planteado por los demandados permite al juzgador prescindir del planteo efectuado si no se ha cumplido "tempestivamente" la dación en pago que aquél señala, pues en ese caso "debe" declararse inadmisible. Que la previsión legal incluye la posibilidad de que dicha circunstancia -inadmisibilidad- sea declarada de oficio por el Juzgador, lo que da cuenta de la importancia del requisito y la necesidad de su debido cumplimiento en tiempo y forma -al momento de interponer el nuevo incidente- y que el examen de dichos requisitos puede ser examinado por el juzgador al momento de dictar sentencia pronunciándose sobre la procedencia del incidente. Señala que se ha producido la inobservancia de formas sustanciales del proceso, supuesto de expresa sanción de nulidad, irreparable e insubsanable, en tanto se ha acogido un incidente que no reunía los requisitos de admisibilidad para su tratamiento, ocasionando tal circunstancia un perjuicio trascendente y actual para el recurrente el cual, al mismo tiempo, lesiona el orden del proceso y constituye una lesión de orden público que hace ceder al principio de preclusión a que alude la Cámara el que no puede operar frente a nulidades expresamente señaladas como absoluta. Así, manifiesta que la exigencia del art. 188 segunda parte es de carácter absoluto cuya violación debe entenderse inconfirmable no pudiendo dejarse librada a la disponibilidad de las partes en el proceso, l o que implica la intangibilidad de la obligación de cumplirlas y de hacerlas cumplir. Agrega que en el caso de autos el incidentista hace un reconocimiento expreso de su obligación al abonar el depósito omitido intentando subsanarlo extemporáneamente.

Propone doctrinas legales, cita jurisprudencia y solicita se conceda el recurso tentado.

Corrido traslado a la contraparte, la misma contesta según los términos obrantes en el escrito de fs. 143/144.

III.- Por auto interlocutorio del 16/9/2002, la alzada concede el recurso de casación. Corrida vista al Ministerio Fiscal, éste se pronuncia por la inadmisibilidad del recurso extraordinario de casación, correspondiendo, por consiguiente, en esta instancia, el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- En orden al juicio de admisibilidad, se observan cumplidos los requisitos de depósito judicial, e interposición temporánea por quien se encuentra legitimado para ello. En punto a la definitividad de la sentencia cuya casación se peticiona cabe mencionar que la misma, si bien no es definitiva, presenta carácter de tal al hacer lugar a la caducidad de instancia en el proceso y, por tanto, poner fin al mismo. En numerosas ocasiones esta Corte Suprema de Justicia destacó que cuando la sentencia contra la cual se viene en casación sea de naturaleza interlocutoria resolviendo una cuestión incidental suscitada por el acogimiento del pedimento de perención de instancia, la índole y contenido de la misma satisface el requisito previsto en el artículo 813, inciso a) del C.P.C. y C. (cfr: sent. nro. 308 del 09/6/94; sent. nro.13, del 06/02/1998; sent. nro. 19, del 11/02/1998; sent. nro.72 del 02/3/1999). Corresponde, por lo demás, que se examinen los restantes exigencias de los 815 y 816 del CPCC, a fin de determinar su admisibilidad o no.

V.- La sentencia recurrida, en primer lugar, no hace lugar a la producción de "prueba" peticionada por la actora, en cuanto solicita que se remitan determinados autos desde otro fuero. Ello en tanto el recurso de apelación se concedió en relación y lo dispuesto por el art. 800 procesal. En cuanto al recurso de nulidad sostiene que los argumentos expuestos por el nulidicente no tienen aptitud alguna para fundarlo puesto que se refieren a la falta de consideración de cuestiones propuestas, lo que constituye vicio "in iudicando" y no "in procedendo", estos últimos, sí, aptos para fundarlo.

En relación al recurso de apelación, no hace lugar al mismo por considerar que no asiste razón al impugnante quien sostiene la inadmisibilidad del incidente de caducidad, argumentando en base al incumplimiento de lo dispuesto en el art. 188 procesal en tanto el decreto por el cual se recepta formalmente el incidente de perención se encuentra firme y ejecutoriado, ya que la oportunidad para que el actor realice el planteo descripto era cuando contestó el traslado del incidente, cosa que no hizo, dejando firme el decreto mentado, por lo que no procede tardíamente pretenda su inadmisibilidad por incumplimiento de requisitos formales. Por ello, en virtud del principio de preclusión impide que se reabra un tema ya cerrado, en aras de la seguridad jurídica. Cita doctrina y jurisprudencia al respecto.

Concluye no haciendo lugar a los recursos tentados con costas al vencido (arts. 106 y 108 procesal).

VI.- De la confrontación de los agravios del recurrente con los argumentos sentenciales se colige que asiste razón al primero.

En efecto, la Cámara concluye en el rechazo de los recursos interpuestos por entender que el decreto por el que se recepta formalmente el incidente de caducidad y se corre traslado del mismo, se encuentra firme y ejecutoriado ya que, al contestarlo, el actor no planteó la cuestión referida al incumplimiento del art. 188 del CPCC por lo que no procede que tardíamente pretenda su inadmisibilidad por incumplimiento de requisitos formales. Aplica el principio de preclusión procesal, citando numerosos precedentes.

Sin embargo, el tribunal a quo enfoca el tema circunscribiéndolo a la tempestividad del ejercicio del derecho del recurrente a pedir el rechazo del incidente en base a la aplicación del art. 188 2° parte procesal, cuando bien se advierte que el memorial de agravios de la apelación se fundamenta esencialmente en la inobservancia del juez de su deber de verificar -de oficio- si la parte incidentista satisfizo la exigencia de admisibilidad del artículo citado (cfr. fs. 102/109).

Y es que la preclusión del ejercicio de la facultad de solicitar la declaración de inadmisibilidad del incidente de caducidad por parte del recurrente, por la que se pronuncia el tribunal de mérito, no lo eximía de pronunciarse sobre lo que fuera materia sustancial de los agravios del apelante; esto es: la obligación del juez de pronunciarse -incluso de oficio- sobre los requisitos de admisibilidad de la pretensión incidental. Esta temática, por ende, no ha sido resuelta por la Cámara que nada dice respecto a la obligación del magistrado de declarar de oficio -o no- la inadmisibilidad del incidente de caducidad y, en su caso, explicitar sus motivos (con lo cual se debía valorar -en uno u otro sentido- el incidente incoado en la medida cautelar y sus efectos respecto del art. 188 segunda parte del digesto de forma).

Por ello, la sentencia en crisis resulta violatoria del principio de congruencia toda vez que el thema decidendi en segunda instancia refería a los agravios puntuales expresados por la apelante en orden al deber del magistrado de examinar los requisitos de admisibilidad del incidente de caducidad y a considerar la aplicación del art. 188 2º parte procesal, lo que constituía una cuestión de cuya decisión dependía directa y necesariamente el sentido del pronunciamiento. La Cámara, sin embargo, no se hizo cargo de la totalidad de la materia apelada, sino que emitió consideraciones en relación a la preclusión de la facultad del apelante para efectuar su planteo en los términos del escrito de fs. 89. Sin embargo, como ya se expresara los fundamentos en torno a la preclusión procesal no lo relevaba al tribunal a quo de tal consideración, por lo que, omitiéndola infringe la motivación requerida por los arts. 28 CP y 272, 280 del CPCCT.

En efecto, si bien los jueces no están obligados a seguir y decidir, paso a paso, todas las alegaciones de las partes, como tampoco a ponderar una por una, todas las pruebas agregadas al expediente, sino tan sólo los capítulos, cuestiones y probanzas pertinentes para la correcta solución del litigio (Fallos: 263:549; 265:252, etc.), lo cierto es que el decisorio que omita el tratamiento de agravios conducentes para la solución del litigio carece de fundamentos (Fallos, 258:307; 265:301, etc.).

Siendo así, la sentencia cuestionada afectó al principio de congruencia -expresamente establecido en el art. 34 CPCC, y del que se derivan las preceptivas de los arts. 272, 273 inc. 5° y 6°, 280 y 775-, principio que impone que medie conformidad entre el contenido de las decisiones judiciales y la pretensión o pretensiones que contribuyen al objeto del proceso, sea la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto.

En consecuencia, el vicio incurso por la sentencia, la descalifica como acto jurisdiccional válido. Por lo expuesto, y no correspondiendo tratar los agravios restantes por resultar ello inoficioso conforme la solución dada al presente medio impugnativo, se hace lugar al recurso de casación, casándose la sentencia recurrida conforme a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como actor jurisdiccional válido la sentencia de segunda instancia que, enfocando parcialmente la cuestión a tratar, omite pronunciarse por un agravio que, expuesto concretamente en el recurso de apelación, resulta conducente para la solución a dar al caso".

Los autos deberán remitirse a la Cámara a fin de que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento.

VII.- En lo atinente a las costas por lo actuado en el presente recurso casatorio corresponde que se impongan por su orden, ya que el efecto nulificante no le es imputable a las partes (art. 106 inc. 1° del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Manifiesto mi disidencia con el voto del vocal preopinante doctor Alberto José Brito, y me pronuncio porque se declare mal concedido el recurso de casación presentado por la parte actora, por las razones que a continuación se exponen, remitiéndome, por razones de brevedad, al relato del caso y a las consideraciones sobre el cumplimiento de requisitos de forma y definitividad expuestos en los considerandos II a IV del voto precedente.

1.- La sentencia que se pretende casar (fs. 123/124 vta.) rechazó los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte actora contra la sentencia de primera instancia de fecha 27 de setiembre de 2001 (fs. 95/96), que hizo lugar al pedido de declaración de perención de instancia planteado por los demandados.

Los agravios de la parte actora contra la sentencia de segunda instancia están dirigidos a que se declare inadmisible conforme art. 188 CPCC el incidente de caducidad de instancia, porque al deducirlo los demandados no pagaron el honorario a su cargo de un incidente de caducidad de instancia que plantearon en un expediente de medida cautelar.

2.- Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación deducido, por las razones siguientes.

Cuando los demandados plantearon el incidente de caducidad de instancia (cfr. 63/64), se ordenó correr traslado mediante providencia fechada 23/3/2001 (fs. 67 vta.). La parte actora contestó en los términos del escrito de fs. 79/81, trabándose la litis de modo tal que el thema decidendum de ese incidente consistió en las siguientes cuestiones: 1) si hubo o no instancia cuando se pidió la perención porque la demanda no estaba aún notificada, y 2) si los incidentistas tenían o no calidad de partes en el juicio porque no habían sido notificados, y en función de ello si estaban o no habilitados para pedir la perención.

Varios meses después de contestado el traslado, la parte actora pidió que se declare inadmisible el incidente de perención -ya sustanciado-, por no haberse cumplido con el art. 188 CPCC, porque el incidentista había sido vencido en otro incidente de caducidad de instancia promovido por los demandados en un expediente anterior de medida cautelar. (cfr. fs. 89).

La sentencia de primera instancia de fecha 27/9/2001 (fs. 95/96) hizo lugar al pedido de perención de instancia, con fundamentos referidos a las cuestiones sobre las que se trabó la litis.

En su recurso de apelación contra la misma, la parte actora denunció que no había sido atendido su reclamo para que se declare inadmisible el incidente en mérito al art. 188 CPCC.

La Cámara rechazó el recurso de la parte actora fundando su decisión en que el agravio planteado resultaba extemporáneo por la firmeza que había adquirido el decreto del 23/3/2001 (cfr. fs. 67 vta.) al haber sido consentido por su parte, y que se había operado preclusión sobre tal cuestión (cfr. fs. 124).

3.- Los agravios del recurrente son inatendibles por las siguientes razones.

Planteada la perención de instancia (cfr. fs. 63/64), el juez a quo admitió el incidente respectivo mediante la providencia del 23/3/2001 (cfr. fs. 67 vta.), que resolvió darle curso corriendo traslado a la parte actora. Vale decir, se descartó la posibilidad de aplicar de oficio la inadmisibilidad prevista en los arts. 188 CPCC o 189 CPCC, posiblemente porque la invocación que hace el actor está referida a un incidente de un expediente diferente al presente, anterior al del cobro referido a una medida cautelar, que tramitó en el fuero de documentos y locaciones (cfr. informe del actuario de fs. 45 y 47).

Si el juez a quo no declaró de oficio la inadmisibilidad del incidente, y por el contrario resolvió darle curso admitiéndolo de ese modo, a cargo del interesado estaba obtener la declaración de inadmisibilidad. Al corrérsele traslado al actor del pedido de perención, éste no efectuó ningún planteo referido a la aplicación del art. 188 CPCC (cfr. fs. 79/81), y quedó consentida por el actor la admisibilidad del incidente al no oponer ninguna defensa referida a esa cuestión, ni impugnar el decreto que admitió ese incidente dándole trámite descartando de oficio su inadmisibilidad (art. 189 CPCC).

Por lo tanto, consentida la admisibilidad del incidente de perención por el actor, no pudo éste pedirle al juez que declare de oficio la inadmisibilidad, por ser tal pretensión contradictoria e incompatible con sus propios actos anteriores. Si el juez descartó la posibilidad de declarar inadmisible el incidente según arts. 188 y 189 CPCC, y el recurrente no impugnó la providencia que admitió el incidente ni opuso defensa fundada en el art. 188 CPCC, resulta contrario e incompatible con su propio acto anterior deliberadamente cumplido, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, la pretensión de impugnar la decisión de admisibilidad consentida con anterioridad.

Por ello, los agravios del recurrente resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso de casación, porque conforme lo considerado, traducen un comportamiento incompatible con una conducta idónea anterior, lo que violenta el principio que impide ir contra los propios actos (C.S.N. sent. 1993/12/20, "Banco Nacional de Desarrollo c. Catella G.", J. A. 1995-II, 4).

Además de ello, las manifestaciones formuladas fuera de término, estaban alcanzadas por la preclusión, que impide el replanteo de los temas superados de modo definitivo, motivo por el cual no pueden revisarse en la vía casatoria etapas procesales cumplidas sobre las que ha operado preclusión.

4.- Atento al resultado, corresponde imponer las costas al recurrente (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal a fs. 154/156, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 05/7/2002 y, en consecuencia, se casa y anula la misma a tenor de la doctrinal legal expuesta. Remítanse los autos a la Cámara interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR (en disidencia) ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE