Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-02


Se transcriben los fundamentos del auto anotado.

"Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Dr. Rodolfo Yanzón, letrado defensor de Claudio Molina Donoso, y por el Procurador Penitenciario Dr. Oscar L. Fappiano, contra el auto que en copia luce agregado a fs. 11/2 de este legajo en cuanto el Sr. Juez a quo rechaza el pedido, efectuado por este último funcionario, de arresto domiciliario como modalidad de ejecución de la detención preventiva con miras de extradición recaída respecto del nombrado.

II) La solicitud efectuada se basa en el argumento de que la Ley n° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, resulta aplicable a personas que se encuentren cumpliendo una pena privativa de libertad o a aquellas respecto de las cuales haya sido dispuesta su prisión preventiva por un juez competente en materia criminal. A partir de ello, se señala que una persona detenida en virtud de un requerimiento de extradición efectuado por otro Estado, no se encuentra incluida dentro de los supuestos recién mencionados, toda vez que la alusión a procesados que se efectúa en el artículo 11 de la ley mencionada debe circunscribirse -según el peticionante- a personas sujetas a un proceso en el que se le efectúe una imputación penal con base en la ley de este país.

Siguiendo tal razonamiento, sostiene el Procurador Penitenciario que la situación de una persona sujeta a un proceso de extradición no puede ser equiparada a la de una persona sujeta a un proceso penal en sentido estricto, razón por la cual -con base en ciertas disposiciones de instrumentos internacionales sobre derechos humanos- entiende que el cumplimiento de una medida de detención preventiva con miras a extradición en las mismas condiciones que el de una prisión preventiva, constituye una agravación ilegítima en las condiciones de su detención, con lo cual nunca un extraditable puede ser alojado en una institución del Servicio Penitenciario Federal.

De tal modo, ya que -a su juicio- no existe en la legislación argentina disposición alguna que prevea el modo de efectivización de la detención preventiva con miras a extradición, corresponde al Juez asegurar la finalidad de tal instituto de modo acorde a la situación jurídica del extraditable, considerando al arresto domiciliario una modalidad adecuada a tales expectativas.

III) Ahora bien, los suscriptos consideran que la solicitud efectuada respecto de Molina Donoso, no puede prosperar, por lo que se confirmará la resolución objeto de recurso.

En efecto, el artículo 11 de la Ley 24.660 establece la aplicabilidad de sus disposiciones a los procesados. Al respecto, si bien la finalidad de un proceso extraditorio difiere de la de un proceso penal, de ello no se deriva necesariamente la afirmación de que una persona sujeta a un proceso de extradición, no le alcance la definición que de manera genérica la ley referida efectúa mediante la utilización de la palabra "procesados", a fin de definir una categoría de personas sujetas al poder jurisdiccional que ejerce el juez con competencia en materia penal.

En ese sentido, ya que existe una similitud fundamental entre la detención preventiva con miras a extradición y la prisión preventiva -ambas medidas cautelares tienen por finalidad asegurar los fines del proceso en que se dictan, principalmente mediante el aseguramiento de la presencia del procesado a lo largo de todo el procedimiento y su eventual ejecución-, y el principio de inocencia rige en toda su plenitud tanto en uno como en otro caso, no se advierte, y a juicio de este Tribunal no existe, un agravamiento en las condiciones de detención de personas sujetas a un proceso extraditorio por el hecho de ser alojadas en las instituciones del Servicio Penitenciario Federal.

Acompaña esta afirmación la circunstancia de que en todo el plexo normativo de la Ley n■ 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, no existe disposición alguna de la que se desprenda el principio de que las personas detenidas en virtud de un proceso de extradición deban recibir un tratamiento diferenciado en razón de tal situación.

Es más, si se atiende a lo dispuesto para los casos de extradición pasiva en el inciso "e" de su artículo 11, en cuanto establece que no se concederá la extradición requerida si el Estado requirente no diere seguridades de que se computará el tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición, como si el extraditado lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento; o el artículo 66 para los casos de extradición activa, en cuanto dispone que el tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición será computado en la forma prescripta por el artículo 24 del Código Penal, es dable interpretar que el legislador tuvo la intención de que las personas sujetas a un proceso extraditorio revistan la misma condición que aquellas sometidas a un proceso penal.

De este modo, la situación de privación de libertad a que se encuentra sometido Molina Donoso encuentra fundamento en las disposiciones legales vigentes en este país (conf. artículos 26, primer párrafo, y 46 inciso "c" de la Ley 24.767, y artículo 11 de la Ley 24.660), al tiempo que de ningún modo violenta los postulados previstos en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos 7.2 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto prohíben la detención o el encarcelamiento arbitrarios y disponen que toda privación a la libertad física o ambulatoria debe encontrar fundamento en las leyes preexistentes en el Estado correspondiente.

Por último, en esta inteligencia corresponde señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 24.660, al igual que en el caso de procesados en virtud de una imputación penal discutida frente a las autoridades jurisdiccionales de este país, las personas sujetas a un proceso de extradición eventualmente podrán acceder al beneficio de arresto domiciliario siempre que su situación encuadre dentro de los supuestos que se describen en el primer párrafo del artículo 33 de la misma ley.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I) CONFIRMAR la resolución recurrida en todo cuanto decide y ha sido materia de recurso....."