Debido proceso, derechos y garantías constitucionales, Ministerio Público Fiscal, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: " Adell, nancy s/ nulidad e incompetencia ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-15

La actividad jurisdiccional desplegada por el Juez de la anterior instancia, en ausencia del necesario impulso por parte del titular de la vindicta pública, no puede ser admitida como válida, toda vez que se ha traducido en una grave afectación a la garantía de debido procesal penal y al derecho de defensa en juicio de los imputados"."De modo concordante se expidió esta Sala al resolver que "De esta manera, en el marco del debido proceso legal comprendido en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, la actividad del Tribunal juzgador deberá estar precedida en la totalidad de los casos por el impulso de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal, viéndose diferenciadas, de esta forma, las funciones de decisión y acusación (art. 120 de la CN, arts. 5 y 65 del CPPN y art. 25 de la ley 24.964, en el mismo sentido, ver c. 39.727 "NN s/ nulidad", reg. 182, rta. el 15/03/07, de esta Sala, entre muchas otras)" (c. n° 43.559, "Vila, Juan D. s/ nulidad", rta.

21/12/09, reg. n° 1468)"."Al momento de definir el concepto de "objeto procesal", Maier explica que "se trata, como hecho hipotético de la vida humana, de un suceso histórico, de una acción que se imputa a alguien como existente o inexistente (omisión), esto es, como sucedida o no sucedida en el mundo real, y sobre la base de la cual se espera alguna consecuencia penal" (Maier, Julio, "Derecho Procesal Penal, tomo II, Parte General, sujetos procesales", ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2004, pág. 23)"."Son varias las funciones que se adjudican al mismo: "a) precisa(r) los límites del conocimiento judicial en homenaje a otro principio fundamental, el de asegurar una defensa idónea para el imputado; b) designa(r) el ámbito de aquello que es justiciable, la litis pendencia; c) determina(r) la extensión de la cosa juzgada; (influir) en los criterios que fijan los posibles fundamentos de las decisiones sobre la admisibilidad de la prueba" (Op. cit., pág. 26). Entre ellas, la aludida en primer lugar le otorga un rol protagónico en el proceso, pues a través de él se demarcan los límites del conocimiento y decisión del órgano juzgador"."Consecuentemente, la determinación del objeto procesal resulta una tarea de esencial importancia, que, de acuerdo a nuestro modelo constitucional, se encuentra en cabeza del Ministerio Público Fiscal y que éste ejerce, en un primer momento, a través del requerimiento de instrucción.

En relación con ello, se ha explicado que "el requerimiento de instrucción tiene por función primordial afirmar una hipótesis delictiva frente al juez de instrucción, invistiendo a este del poder jurisdiccional para poder iniciar y seguir la causa evitando que actúe de oficio. Se trata de la separación de las funciones del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional, y así corresponde a aquel el poder de acción y al juez el poder de jurisdicción" (Washington Abalos, Raúl, "Código Procesal Penal de la Nación", tomo II-A, ed. Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2006, pág. 249)"."Recuérdese que uno de los presupuestos básicos del procedimiento penal respetuoso de la Constitución Nacional, que se vincula con el derecho de defensa en juicio del imputado y con la garantía de imparcialidad del juez, esta dado por la separación de las funciones de acusación y de decisión, que recaen sobre dos órganos diferentes"."Al respecto, Ferrajoli enseña que "la separación del juez y acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás. La garantía de separación representa, por un parte, una condición esencial de la imparcialidad (terzietá) del juez respecto a las partes de la causa, que, como se verá, es la primera de las garantías orgánicas que definen la figura del juez; por otra, un presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba, que pesan sobre la acusación, que son las primeras garantías procesales del juicio" (Ferrajoli, Luigi, "Derecho y razón", ed. Trotta, Madrid, 1995, pág. 567)"."En la misma línea, Maier sostiene que "(A) pesar de que el Estado conserva todo el poder penal, divide formalmente su competencia, creando órganos dedicados a la persecución penal (ministerio público - policía) y otros cuya tarea es decidir (los tribunales de justicia penal); el diferente valor que la ley procesal concede a sus dictámenes, los unos requirentes, los otros decisorios, completa la escisión." Continúa precisando que "La separación formal de estas funciones fue necesaria para garantizar la defensa individual: ella se reputó imposible sin crear un acusador (contradictor) que circunscribiera la imputación concreta que el imputado estaba facultado a resistir y contestar, con todos los medios legítimos a su alcance, y sin dotar de un grado aceptable de imparcialidad al juzgador, consistente en evitar que él se comprometa, antes del fallo, con la hipótesis delictiva, afirmándola desde la iniciación del procedimiento.

Consecuentemente, es por ello que, para expresar esta característica de la persecución penal actual, la doctrina afirme, de todo práctico, el monopolio acusatorio o persecutorio del ministerio público en materia penal" (Op. cit., págs 826/7)"."La imparcialidad del juez depende de que la actividad de juzgar -decidir- y la de acusar no recaigan en cabeza de un mismo sujeto. "Sólo prohibiendo al Juez todo poder de iniciativa se puede obtener el de la objetividad que constituye la virtud suprema del magistrado, y el sello de su imparcialidad" (Washington Abalos, Raúl, op. cit., pág. 264)"."Como afirma E.

Schmidt "De esta manera la posición psicológica-procesal del tribunal queda libre del peligro de una prevención y del afianzamiento de una impresión determinada. Con esto se ha logrado el más importante presupuesto: que el tribunal pueda realizar con serenidad objetiva la investigación que le incumbe efectuar en el procedimiento principal" (Schdmit, Eberhard, "Los fundamentos teóricos y constitucionales del Derecho Procesal Penal", ed. Lernes, Córdoba, 2006, pág. 64)"." se explicó que "Aún cuando resultare debidamente circunstanciada la denuncia formulada por un particular, el alcance de la misma queda supeditado a la receptabilidad que el agente fiscal dé a dicho reclamo" (Washington Abalos, Raúl, op. cit., pág. 253).