marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Remoción de jueces, cuestión política, indemnización
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Carranza Latrubesse, Gustavo Leonardo c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-07-01

Con arreglo a la doctrina jurisprudencial de los precedentes de la Corte Suprema en casos de sustancial analogía con el presente, las cuestiones debatidas en autos, -tanto la pretensión de declaración de inexistencia del decreto en cuestión que dispuso el cese del actor como Juez, como el pedido de reconocimiento de sueldos no percibidos desde el momento del cese dispuesto por dicho decreto adicionales, daño, daño moral y actualización monetaria- devienen no justiciable.

Es que para la admisión del reclamo patrimonial contenido en la demanda, constituye presupuesto indispensable, juzgar y decidir sobre la validez de las disposiciones legales por las que se dispuso la remoción del actor de su cargo de Juez.
Caducidad de instancia, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Blanco, Víctor O. y otros c/ Obras Sanitarias de la Nación. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-10

Sólo el cumplimiento íntegro de la providencia que exige la presentación de diversos recaudos interrumpe el plazo de caducidad de la queja.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, interpretación de tratados internacionales, Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: Méndez Valles, Fernando c/ A.M. Pescio SCA. s/ ejecución de alquileres.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Es ajeno al recurso extraordinario lo atinente a la interpretación del art. 36 y los restantes que integran el Título XI del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo, ya que, en cuanto conciernen a la determinación de las leyes que deben regular distintos aspectos de los actos jurídicos y los contratos - entre los cuales se halla la forma - configuran materias reguladas por el derecho común (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi).
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Delgadillo, Roberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-10

Debe revocarse la suspensión de juicio a prueba recurrida puesto que el tribunal a quo desatendió la disconformidad expresada por el titular de la acción penal, mediante un dictamen fundado en razones de política criminal, tales la situación de rebeldía del imputado que sólo cesó al ser detenido, un procesamiento dictado por la justicia de menores y la violencia contra la víctima desarrollada por el imputado durante el hecho.
Abuso sexual calificado, improcedencia del recurso, acordada de la Corte Suprema, recurso extraordinario federal
Materia: PROCESAL
Carátula: J., M. c/  s/ Abuso sexual agravado (Por ser encargado de la educación) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-03-27

El recurso extraordinario federal debe ser desestimado porque no reúne la totalidad de los recaudos exigidos en la Acordada N° 4/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los recurrentes desatienden las previsiones del art. 2°, ya que en la carátula acompañada no mencionan el objeto de la presentación (inc. a), no enuncian de forma completa la carátula del expediente (inc. b), ni individualizan claramente la decisión recurrida y su ubicación en el legajo (inc. f); tampoco identifican todos los tribunales intervinientes (inc. g), no consignan las cuestiones planteadas con cita legal y jurisprudencial (inc. i), ni enumeran las normas que confieren jurisdicción a la Corte Suprema para intervenir en el caso (inc. j). No han adecuado el planteo de la cuestión a los requerimientos del máximo Tribunal, ya que en el recurso de casación se limitaron a hacer "reserva de interponer recurso extraordinario federal por violación del debido proceso legal, del principio de inocencia y afectación del derecho de defensa en juicio, conforme al art. 18 CN", sin mayor explicitación o desarrollo. Así, no han satisfecho el estándar aplicado por la Corte Suprema según el cual la introducción de la cuestión federal debe hacerse en condiciones tales que habiliten al tribunal de última instancia en el orden local a pronunciarse sobre ella en la sentencia definitiva. Para ello, si bien no se exigen formas sacramentales, al menos se entiende necesaria la invocación explícita y categórica del derecho federal y su conexión expreso con la materia del pleito (cf Fallos 228:603, 305:1694, 326:3874, 327:3024, 3032, 3157, 330:1572).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, amparo por mora, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Jorge Ernesto DE DONATO c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO - AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACION    RECURSO EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  -  DERECHO  AL  ACCESO A UNA  VIVIENDA DIGNA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-03

Reviste un rigor formal injustificado, y corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que rechazó la demanda de amparo por mora de la administración, pues frente a las razones dadas por el apelante con relación a sus condiciones familiares, a sus dificultades para conseguir vivienda, a las políticas enunciadas por la autoridad competente y a su inscripción en los planes correspondientes de la Comisión Municipal de la Vivienda, la demanda no debió ser rechazada in limine y sin requerir un informe a la autoridad competente, ya que la necesidad de respuesta sobre un problema de vital importancia para el demandante -poseedor de una familia numerosa que aspira a la utilización de un plan oficial para lograr acceso a una vivienda digna -no puede ser desatendido por completo sobre la base de consideraciones procesales insuficientes.
Certificado de trabajo, multa laboral, SECLO
Materia: LABORAL
Carátula: GONZÁLEZ, DIEGO HERNÁN c/ SEAC S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-08

Corresponde hacer lugar la multa prevista en el Art. 80 de la LCT, toda vez que en el reclamo ante el SECLO se incluyó la pretensión de entrega del certificado trabajo, y nada obsta a considerar dicho requerimiento razonablemente constitutivo de la intimación que prevé la norma reglamentaria como recaudo de admisibilidad de la mencionada multa.
Falta de mérito, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Salvatore, Carla Yanina y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-27

En relación a la falta de mérito de uno de los encausados el recurrente no logra evidenciar la alegada arbitrariedad en la que habría incurrido el "a quo" al fundar dicho decisorio, toda vez que aquel pronunciamiento luce razonablemente motivado en las constancias allí reseñadas y el Ministerio Público Fiscal no ha logrado rebatir la argumentación de dicho decisorio.
Prisión preventiva, integración del tribunal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Y., R. H. s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-16

La expresión que emplea el ordenamiento adjetivo en el artículo 236 ("con la misma integración del tribunal"), equivale a que los mismos magistrados del plenario sean los que deban controlar la prisión preventiva por ellos impuesta y conduce, de mala forma, a negar una instancia concebida para profundizar las libertades individuales y a debilitar la imparcialidad de los que tienen que pronunciarse al respecto.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, autonomía provincial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la Provincia de Buenos Aires en la causa Dolores Gas SA y otro c/ Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires s/ proceso de conocimiento c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-14

Quedan excluidos de la instancia originaria de la Corte aquellos procesos en los que también se plantean cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de estas o que requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o revisión en sentido estricto de actos administrativos de las autoridades provinciales, legislativos o judiciales de carácter local, ya que el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las causas que versan sobre cuestiones propias del derecho provincial.
Honorarios, acuerdo de partes
Materia: PROCESAL
Carátula: INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-03-09

A los fines de la regulación de honorarios, realizado un convenio por las partes intervinientes en el juicio, que pone término a las diferencias por cualquiera de los modos anormales de terminación del proceso previsto en el art.235 de la ley 2150, sin que haya mediado participación o asentimiento de alguno de los profesionales intervinientes en el litigio, dicho acuerdo le es inoponible al mismo. Tal inoponibilidad encuentra también suficiente respaldo en el art. 1199 del Código civil, en cuanto sienta el principio de relatividad de los contratos o convenciones.
Recurso de inconstitucionalidad, doble instancia, multa contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público- Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-12

Debe hacerse lugar al recurso de inconstitucionalidad respecto de la lesión a la garantía de la doble instancia, siendo el mecanismo procesal más adecuado para satisfacerla con el alcance que quiso darle el legislador, aquel que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley nro. 2303, receptó en su art. 290 el nuevo Código Procesal Penal de la CABA (aplicable a los procedimientos contravencionales por medio del art. 6 de la Ley nro. 12), es decir, encomendar a la Sala de la Cámara que siga en orden de turno que trate el recurso de la defensa. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Sueldo anual complementario, salario superior al mínimo, habitualidad
Materia: LABORAL
Carátula: ALEMANO,  MARIO  JUAN  BAUTISTA EN REPRESENTACION DE SU HIJO ALEMANO, CARLOS MARIO - ACTUALMENTE BAJO BANDERA - Y OTROS c/ COMPAÑIA ACEITERA ARGENTINA SAIC. s/ EMBARGO PREVENTIVO DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26

El pago habitual de una suma superior a la legal en concepto de sueldo anual complementario constituye una liberalidad que hace procedente la aplicación analógica de la doctrina sentada en el plenario 35 de la CNAT., dictado en los autos 'Piñol, Cristobal A.

c/ Genovesi SA.'.
Caducidad, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Toretta, Santiago Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contancioso Administrativo de Plena Jurisdicción. Incidente   de caducidad deducido por la demandada (EXPTE CSJ Nº 194- 86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-01

La paralización del trámite por acuerdo de partes resulta extraña a las causales previstas en el régimen de la ley 4106 para excusar el cumplimiento del plazo de caducidad, principalmente, cuando ningún elemento objetivo de la causa permite inferir la voluntad común de suspender el trámite.
Recurso extraordinario federal, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, cláusula penal, plan austral
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sigma Octantis S.R.L. c/ Hansung Ar. S.A. s/ Recurso extraordinario federal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-03

Los planteos atinentes a la cláusula penal conducen al examen de materias de hecho y derecho común que fueron resueltas sin arbitrariedad si al estipular dicha cláusula las partes tuvieron especialmente en cuenta lo dispuesto por el decreto 1096/85, vigente a la fecha de celebración del contrato y el resultado económico al que se arriba está estrechamente ligado a la renuencia del deudor moroso, que dio lugar a actuaciones judiciales de dilatada tramitación (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Poder Judicial, designación de jueces, Consejo de la Magistratura, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., V. c/ Consejo de la Magistratura s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-05-11

El control judicial de la actividad discrecional del Consejo de la Magistratura debe limitarse a determinar si la misma resiste el test de razonabilidad al que debe ser sometida de cara a los principios generales del derecho.
Actualización monetaria, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: America Construcciones S.C.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

La liquidación adeudada por el comitente en concepto de intereses por mora en el pago de los certificados debe ser abonada en un plazo determinado, con lo cual si esta cancelación no se produce en término, resulta procedente el reconocimiento de la actualización monetaria por el período referido a este nuevo atraso.
Competencia, competencia por la materia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Prevedle Luis Oscar c/ Superior Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-30

A los fines de determinar la competencia por razón de la materia, debe estarse al derecho de fondo aplicable para dirimir la contienda judicial. En tal sentido si debiera resolverse en base a normas de carácter administrativo, indudablemente corresponderá a la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia en pleno, mientras que si lo fuera por aplicación de normas de derecho común, la competencia recaerá en la justicia ordinaria civil y comercial. En el supuesto de que las normas aplicables sean administrativas y comunes, debe estarse a la prevalencia de las que en mayor grado contribuyan a resolver el caso planteado, dado que la competencia civil y comercial es general, mientras que la contencioso administrativa es de especialidad.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, locación de obra, daños y perjuicios, Municipalidad, obras sociales, diligencias preliminares
Materia: PROCESAL
Carátula: Muiño, Eduardo Alberto s/ medidas preliminares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

La justicia nacional en lo civil de la Capital Federal es competente para conocer la diligencia preliminar a fin de preparar un juicio por daños y perjuicios contra el Instituto Municipal de Obra social (art. 43 del decreto ley 1285/58) no obstante que la cuestión a resolver pueda eventualmente presentar aspectos que vayan más allá de los estrictos marcos del derecho privado.
Régimen de consolidación de deudas, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quintas, Jorge José c/ Ministerio del Interior s/ queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

La voluntad estatal de disponer la atención de las deudas por medios ajenos a los previstos en el régimen general regulado por la ley 23.982 ha de manifestarse por actos expresos, dirigidos a satisfacer esa finalidad y emanados de los órganos competentes para decidir la materia.
Firma, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Diagonal Automotores S.A.C.I.F.I.A. c/ García, Carlos Alberto y ot. s/ Cobro de pesos ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-27

No es cierto que la única prueba legalmente idónea para acreditar la verdad de la firma puesta en un documento privado, cuando ha ido negada o desconocida, sea la pericial caligráfica o el cotejo. La regulación específica de tal situación la brinda el art. 1033 del Código Civil, conforme al cual "si el que aparece firmado negare su firma, o los sucesores de él declarasen que no la conocen, se ordenará el cotejo y comparación de letra. Pueden también admitirse otras pruebas sobre la verdad de la firma que lleva el acto." Tal solución, de por sí clara, viene reafirmada por la doctrina legal elaborada en torno a dicha norma, y conforme a la cual el cotejo pericial puede ser sustituido por cualquier otro tipo de prueba (incluida la de testigos), en tanto ella revista suficiente atendibilidad y fuerza de convicción.
Propiedad intelectual, derechos de autor
Materia: CIVIL
Carátula: Casiraghi, Félix y otros c/ La Rioja, Pcia. de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-23

Los derechos morales del autor, destinados a amparar aquellos aspectos más vinculados con la personalidad creadora, contienen facultades inalienables e imprescriptibles, y a ellas se refiere, aunque de manera asistemática, la ley 11.723 en los arts. 22, 39, 47, 51 y 52. En cambio, los derechos patrimoniales no gozan de tales atributos y a su respecto es plenamente compatible la remisión que el art. 12 de la ley 11.723 efectúa al derecho común, bien que en las condiciones y con las limitaciones que su texto consagra.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, interpretación restrictiva, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: ESTIGARRIBIA, JUAN CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 501 AÑO 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-15

Desde el pronunciamiento de la Corte nacional "Durusell de Fernández", se observa una reiterada negativa por parte de esta Corte local a considerar caducos los procedimientos administrativos en los que al particular ninguna diligencia le queda por realizar porque la Administración se encuentra condiciones de pronunciarse; condiciones éstas que deben ser ampliamente interpretadas, como lo hizo la Corte nacional en el citado precedente, en el que los autos pendían del pronunciamiento de un órgano consultivo como paso previo a la decisión del órgano de administración activa.

Tal doctrina es la más armoniza con los principios que gobiernan el procedimiento administrativo, con la norma del artículo 232 del C.P.C. y C., e incluso con lo dispuesto por el artículo 30 de la ley 11.330 respecto de la caducidad en el proceso contencioso administrativo.
Municipalidad, servicio público, acto administrativo, Administración Pública, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fibraca Constructora SCA c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 36-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-22

Si el objeto del contrato que ligó a las partes estaba constituido por la restauración, atención y mantenimiento de los espacios verdes en determinadas zonas de la ciudad, por un precio que fue fijado para cada sector en un momento determinado, pero que por actos administrativos posteriores se modificó estableciendo las sumas a pagar teniendo en cuenta el metro cuadrado de superficie, sin que dichos actos hayan sufrido cuestionamiento alguno, no puede sostenerse -como lo hace la actora- que la modalidad de contratación asumió un carácter homogéneo, antes bien revela que sin perjuicio de la consideración de un precio general e inicial, se verificó una progresiva adaptación de dicho precio a las cantidades de trabajo efectivamente realizadas.
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MICHALSKI, Héctor R. y OTROS c/ INSTITUTO NAC. DE CINEMATOGRAFIA s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-23

Según el texto reformado de la C.N., vigente, en el amparo, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva (art. 43, 1er. párr., in fine).
Seguros, denuncia del siniestro, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: ARIAS, DANIEL c/ SAN CRISTOBAL SOC. MUTUAL DE SEGUROS GENERALES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-18

Es válida la prueba testimonial para demostrar si se efectuó la denuncia del siniestro, ya que la LS: 46 no exige fórmulas sacramentales.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de entorpecer la investigación judicial, asociación ilícita, lavado de activos
Materia: PENAL
Carátula: Manzanares, Víctor Alejandro c/  s/ Excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-18

Corresponde denegar la solicitud de excarcelación del imputado, procesado en orden a los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador y lavado de activos, dado que no obstante haberse dispuesto en la causa la intervención de la administración de una empresa y de una sucesión, el encausado obstruyó la labor de la justicia pues a sabiendas de la medida celebró contratos de alquileres de propiedades y derivó dinero a cuentas ajenas al condominio que alega ilegítimamente representar, y los hechos descriptos encuadrarían "prima facie" en los delitos de desobediencia y encubrimiento.
Recurso extraordinario, falta de agravio concreto, candidatos, senadores nacionales, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Partido Justicialista distrito  Corrientes s/ propone candidato asenador  nacional  (titular  y  suplente),  pide   certificación  ycomunicación a la Honorable Legislatura provincial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

No existe gravamen que justifique la apertura del recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que declaró que el candidato a senador nacional nominado por el partido recurrente no reunía los requisitos legales y estatutarios exigibles, si tal candidato fue admitido como miembro por el Senado de la Nación mediante una resolución que la Corte Suprema estimó irrevisable.
Llamado de atención, Procuración del Tesoro
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Neuquén, Provincia del c/ Estado Nacional s/ regalías.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-29

Corresponde advertir al Procurador del Tesoro de la Nación, haciéndole saber que en virtud de su investidura, y en relación a quienes se dirige, debe abstenerse de efectuar o transcribir apreciaciones que exceden el marco del art. 18 de la Constitución Nacional.
Relación de dependencia, injuria laboral, extinción del contrato de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Q., F. S. c/ F. S.R.L. s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-27

La pérdida de confianza, como estado subjetivo del empleador, debe estar siempre fundada en una conducta o conductas del trabajador injuriosas en sí mismas -aunque en ocasiones sin la intensidad necesaria para justificar el despido-, que se ven agravadas por la pérdida de confianza que esos comportamientos han originado. Esto es, sin la existencia de la conducta injuriosa que la determina, la pérdida de confianza por sí sola no podría originar la extinción del contrato con justa causa.

Y, en esta línea hermenéutica, en el supuesto bajo examen tal presupuesto concurre toda vez que ni siquiera ha sido controvertido en su existencia, habiéndose develado en el transcurrir del proceso que el mismo no fue ejecutado en cumplimiento de órdenes expresas emanadas de un superior tal como se había argüido extrajudicialmente primero y, luego, al demandar.