marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Posesión de estado, prueba
Materia: PENAL
Carátula: S., F. G. POR SUS HIJOS MENORES c/ SUCESION DE E. C. C. Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-10-12

La posesión ni siquiera fue negada por las demandadas, sino que resultó acreditada también con las pruebas rendidas por ella misma. Conforme a las constancias de las causas judiciales donde tramito el proceso sucesorio del fallecido M. O. V. y de la propia acción judicial tendiente a acreditar la filiación promovida contra la sucesión del padre de los accionantes, se infiere el reconocimiento de la posesión del estado de familia.
Accidentes de trabajo, secuelas
Materia: LABORAL
Carátula: IBARROLA, ERNESTO ORLANDO c/ CITRICOLA AYUI S.A.A.I.C. s/ COBRO DE PESOS - ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-11-06

Considerando la existencia de una secuela del accidente de trabajo y que su primera manifestación invalidante ocurrió en 09-09-96 con la aparición de la entorsis de tobillo, calificada según los términos de la demanda como secuela de la fractura, la situación de incapacidad laboral permanente a tenor de las disposiciones de la Ley 24557 vigente a ese entonces, habría ocurrido como máximo al año de esa fecha, oportunidad en que cesó la incapacidad laboral temporaria y el trabajador se encontraba habilitado para cobrar la indemnización de pago único, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 inciso c) y 9 inciso 2 de la Ley 24557, dada la magnitud de la incapacidad inferior al 20 por ciento, artículo 14 apartado 2 inciso a) de la citada Ley.-
Concursos, privilegios (comercial), honorarios, patrocinio letrado, patrocinante, trabajador, pronto pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO HISPANO CORFIN  S.A.  POR FAGER, IGNACIO s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-15

El letrado del trabajador no goza del derecho de pronto pago, por no encontrarse comprendido en las previsiones del art. 266 LCT, que remite a los supuestos de los arts. 232 y 245 a 254 del mismo ordenamiento legal. La normativa laboral reviste carácter derogatorio del art. 17 ap. 2' LC porque parece atender más al propósito del legislador de morigerar los efectos dañosos de la quiebra frente a quienes socialmente se ven mas perjudicados; y ambas previsiones resultan excluyentes toda vez que la legislación laboral manda al juez concursal aplicar tal normativa sujetándolo al régimen de preferencias por ella creado.

Tampoco cabe incluir el crédito reclamado en la disposición del art.

264 LC, porque el encuadramiento del art. 279 inc. 1 LC impide otorgar diversa categoría legal a la acreencia, no se trata de gastos irrogados en beneficio colectivo sino en el particular de un litigante, y en materia de preferencias se impone una interpretación estricta, en tanto ellas constituyen excepción al principio basal de la par conditio creditorum.
Idoneidad del testigo, autoridad de prevención, víctima del delito, resistencia a la autoridad, abuso de armas
Materia: PENAL
Carátula: PASSINI, CARLOS ALBERTO s/ TESTIGOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-02-25

Por su situación de damnificados, no puede restarse valor probatorio a los testimonios de los cuatro agentes policiales que intervinieron en el hecho calificado como resistencia a la autoridad y abuso de armas, aunque se funde en el art. 276, inc. 10, CPC, -que se refiere a los denunciantes, condición que sólo tiene el jefe de la comisión, esto es, el suboficial denunciante, quien cumplió con lo preceptuado en el art. 164 del Código citado-. Ser víctima de un delito, denunciarlo como lo hizo el aludido policía, practicar diligencias en contra del procesado, son circunstancias que deben tenerse en cuenta para extraer o no de ellas una presunción de parcialidad respecto de los testigos; pero en el caso resulta que los declarantes referidos revisten calidad de funcionarios públicos, obligados a actuar como lo hicieron y a declarar posteriormente al respecto, por lo que no cabe asimilarlos a quienes obran en virtud de otro motivos que los tornan sospechables.
Competencia por la materia, competencia civil, obras sociales, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ O.S. PERSONAL INDUST. DEL CUERO Y AFINES s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-28

Si se ejerce una acción personal fundada en el cobro de una suma adeudada por una Obra Social, resulta razonable que intervenga la Justicia Civil ordinaria. Ello, tanto en razón de tratarse de una cuestión regida por normas civiles cuyo conocimiento no ha sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero (conf. art. 43 de la ley 23667), como por no afectar, "prima facie", en forma directa, la instrumentación o planificación de las prestaciones médico asistenciales regladas por la Ley de Obras Sociales Nº 23660 y de salud normadas por la de Sistema Nacional de Seguro de Salud, ley Nº 23661.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, boleto de compraventa
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MARASCA, ANTONIO c/ BARAVALLE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19

La recurrente no logra poner en crisis las conclusiones fácticas sobre las cuales el A quo sustentó la oponibilidad del boleto a la sociedad demandada en los términos del artículo 58 de la ley 19550, en el sentido de que el acto celebrado por el presidente del directorio no resultaba notoriamente extraño al objeto social; y que en autos no quedó demostrado que el actor, al tiempo de contratar, hubiese conocido efectivamente que la suscripción del boleto se hallaba sujeta, según los estatutos del ente societario, a ratificación por parte del directorio en pleno; y que, de todos modos y a mayor abundamiento, se trataba de un directorio unipersonal -integrado únicamente por su presidente-.
Medidas cautelares, terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: VAITUR S.R.L. c/ EMPRESAS SIERRA LOS GIGANTES SRL s/ ORDINARIO-RECURSO  DE  REVISION-RESOLUCIONES  IMPUGNABLES-  SENTENCIA  DEFINITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-22

Si un tercero ajeno al litigio ha prometido la venta del vehículo a la demandada no hace a esta titular del dominio ni autoriza a sus acreedores a gravar ese bien, el que, mientras no sea transferido permanece en el patrimonio del dueño que es el titular inscripto.-Es inexacta la afirmación de que la demandada, en tanto que compradora tiene derechos y acciones sobre el vehículo susceptibles de autorizar el embargo de este por sus acreedores. El único derecho que tiene la accionada es un crédito contra el promitente por la transferencia pendiente. Sus acreedores pueden embargar ese crédito, pero en tal caso la forma de realizar la medida cautelar es notificar al promitente de la venta (C.C.art.

736). Y no afectar la propiedad del vehículo que es ajena al demandado.
Robo seguido de lesiones, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Medina, Héctor y otro s/ Robo - Agravado por lesiones graves
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-12

La figura de robo agravado por lesiones graves - art. 166, inc. 1 del C.P. - comprende todos los supuestos de lesiones producidas en los distintos momentos en que la violencia es constitutiva del robo, pudiendo ser la ejercida por el autor en cualquier etapa y con los fines a que se refiere el art. 164 del C.P. .

La calificante de robo agravado por lesiones graves - art. 166, inc. 1 del C.P. - no exige la consumación del desapoderamiento, estructurándose tanto en la consumación de la ofensa a la propiedad, como en su tentativa, excluyéndose la posibilidad de aplicar las reglas de la tentativa. .
Recurso extraordinario federal, cuestión no federal, poder de policía
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-13

La recurrente incurre en una doble falta de fundamentación que impide admitir la vía excepcional intentada, al no criticar debidamente la decisión que recurre y no demostrar de qué manera una cuestión de derecho eminentemente local, como lo es el poder de policía sobre la moralidad de los espectáculos públicos configura una cuestión federal, a los efectos del recurso extraordinario federal.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bidyeran, Hugo Mauricio c/ Empresa Provincial de la Energía s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción.   Admisibilidad (Expte. CSJ Nº 770-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-18

Se torna inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto cuando, como surge del escrito de demanda, el actor pretende -básicamente- el restablecimiento de la situación jurídica subjetiva que titularizaba antes del -a su juicio- ilegítimo traslado dispuesto por la Administración -vale decir que el análisis de la pretensión deducida en la presente causa requiere ineludiblemente el previo examen de la legitimidad del traslado- y no surge del relato efectuado ni de las actuaciones administrativas acompañadas que el actor haya interpuesto recurso administrativo contra dicha medida.
Suspensión de juicios contra el Estado, honorarios, locación de obra, Municipalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Serra, Fernando H. c/ M.C.B.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-07

Cuando el reclamo objeto principal de la pretensión declarada procedente tanto en primera como en segunda instancia consistió en los honorarios profesionales devengados como consecuencia de la ejecución de un contrato de locación de obra en favor de la comuna, resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 50 de la ley 23.696, en cuanto suspende la ejecución de sentencias de condena al pago de una suma de dinero dictadas contra el Estado Nacional y los demás entes comprendidos en el art. 1. El decreto reglamentario 1.105/89, por su parte, establece que la suspensión del art. 50 alcanza a todo requerimiento judicial de pagos de sumas de dinero que deben ser satisfechas con fondos del Tesoro Nacional o de los demás entes enumerados en el citado art. 1.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, gravamen irreparable, proceso penal, imputado, audiencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SUAREZ, JORGE EDUARDO c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-16

Se impone señalar que si bien la decisión recurrida -en cuanto rechaza la queja interpuesta por apelación denegada contra el pedido defensivo de que se realice una prueba en función de un hecho nuevo- no resulta sentencia definitiva en los términos del artículo 1 de la ley 7055 -toda vez que no pone fin al pleito ni impide su continuación- en el caso corresponde considerar superado el recaudo referido, pues lo que no fue revisado en la Cámara en función de lo decisión aquí cuestionada fue lo resuelto en primera instancia -rechazo de producción de la prueba pretendida por la defensa- lo que podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior, considerando la trascendencia que el resultado de la prueba puede tener en la condena del imputado y, por tanto, en su privación de libertad. (De la disidencia del Dr. Erbetta y de la Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Aplicación de la ley previsional, legislación extranjera
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PASTORINO DE FATTORI, BERNARDINA B. s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-04-23

Las leyes del derecho previsional, son de carácter territorial, lo cual excluye la aplicación de normas electivas del Derecho Internacional Privado, y en consecuencia, las de cualquier derecho extranjero.
Recurso de casación, sentencia definitiva, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Menna, Luis s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

La exclusión de la competencia de la Cámara Nacional de Casación Penal se basa en un principio insostenible si lo hace en un concepto de sentencia definitiva (art. 457 del Código Procesal Penal) más restrictivo que el del art. 14 de la ley 48 que regla el acceso a la Corte, cuando ambos, en esencia, se vinculan a pronunciamientos que causan agravio de imposible reparación ulterior (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Defensa del consumidor, vicios, acción de responsabilidad, daños y perjuicios, daños punitivos, admisibilidad formal
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bertaina, Matías c/ Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

1. La sanción punitiva (daños punitivos) se trata de una reparación que se otorga a la víctima por sobre la indemnización de daños efectivamente sufridos por ésta, con la idea de: a) castigar la conducta antijurídica particularmente grave del dañador, y b) prevenir otras que pudieran suscitarse en el futuro.

2. El instituto persigue tres funciones: 1) sancionar al causante del daño que derivó de una conducta intolerablemente nociva; 2) hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos a través de la actividad dañosa; 3) Por último, la imposición de estas multas tendrá por efecto prevenir o evitar la reiteración de este tipo de evaluaciones económicas. Esta tercera cara de la multa civil, persigue un efecto disuasivo que impida la concreción del hecho dañoso".

3. Además de la antijuridicidad de la conducta, debe comprobarse que ha existido un propósito deliberado de obtener un rédito, con total desprecio al usuario; o que el hecho haya sido extremadamente injusto, y con una total ignorancia de la integridad o dignidad humana (Brun C., "Los llamados daños punitivos en la nueva Ley de Defensa del Consumidor, Comentada y Anotada"). Entendiéndose así que la multa civil es de aplicación excepcional y requiere de la comprobación de una conducta disvaliosa por la cual el responsable persiga un propósito deliberado de obtener un rédito con total desprecio de la integridad o dignidad del consumidor.
Asignaciones familiares, asignación por nacimiento de hijo, antigüedad mínima
Materia: LABORAL
Carátula: SANTILLAN, JOSE c/ ARTIME CONSTRUCCIONES SA. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-24

Para tener derecho al cobro de la asignación por nacimiento de hijo, es necesario tener una antigüuedad mínima de un mes en el empleo, al momento del nacimiento.
Cheque sin fondos, fecha del título, falta de fecha
Materia: PENAL
Carátula: AVIMARBLAKE FREDDY, GUILLERMO JUAN s/ Cheque sin fondos Causa 30444
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-26

La orden de pago dada sin fecha no es un cheque ni encuadra por ende en las previsiones del artículo 302 del Código Penal. (Fallo plenario N° 62 del 20/10/67 "Crivelli, Juan M.").
Doble instancia, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: The Coca Cola Company y otros s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

La doble instancia no tiene jerarquía constitucional, salvo cuando las leyes específicamente la establecen.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Spector, Gabriel G. c/ Chiffelt, Jorge F. y ot. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-09

Respecto del recurso de inaplicabilidad de ley, si bien existe cierto grado de indeterminación, de acuerdo con la escala prevista en los arts. 21 y  47  del dec. ley 8904, el valor del agravio, representado en el caso por el monto de las costas impuestas al recurrente, no podrá superar el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, no resultando aplicable a una cuestión accesoria como lo es la imposición de costas, la excepción del art. 55 ley 11.653 por tratarse la misma de una facultad privativa de las instancias ordinarias y típicamente de hecho. (Minoría u opinión personal)
Universidades, autonomía universitaria, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tandecarz Juana Sara y Otros c/ Universidad de Buenos Aires (UBA) Res. 3397/3398/96 2662/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-02

La autonomía universitaria no impide que otros órganos controlen la legitimidad de sus actos, no escapando las decisiones universiatarias al ámbito de aplicación de las leyes de la Nación, ni existiendo privilegios especiales a los integrantes de los claustros (conf. C.S.J.N., in re;: "Jurio, Mirta Luisa c/ UNLP", del 5/8/93). (Consid. VII).
Accidente de tránsito, daño moral, indemnización, incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Ríos, Ignacio Nicolás y Ríos Marcela Viviana c/ Santos, Humbert y/o Gómez Luis;Campagna Alfredo Oscar y/o quien Resulte Responsable s/ Daños y perjuicios y Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-10-31

Es procedente el daño moral reclamado por la actora, con motivo del evento, colisón en que la aco-actora padeció un hematoma en la región parietal, que por su ubicación y posibles consecuencias en el interior de la zona afectada es lógico concluir que como consecuencia de la misma, han mediado padecimientos, surgido dolores, ya que se ha afectado temporalmente la integridad física aunque sin dejar incapacidad.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: LABORAL
Carátula: Alaniz, Ramón Obdulio c/ Algodonera Vinca S.A.I.C. s/ Despido y cobro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

Infringe los arts. 310 y 316 del Código Procesal Civil y Comercial el fallo que declara la caducidad de la instancia con posterioridad a presentaciones de las partes que encaminadas a lograr la prosecución del procedimiento, tuvieron aptitud interruptiva de los efectos del plazo legal cumplido.
Instrucción, prueba, juicio oral, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: CLEMENTE ARTURO RODOLFO s/ S.D.LESIONES GRAVES Y PORTACION ILEGAL DE  ARMAS DE FUEGO DE USO CIVIL EN CONC.IDEAL DE DELITO E.P. JIMENEZ JOSE GUILLERMO CASACION CRIMINAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-20

El principio de certeza se aplica a la estimación de la prueba sobre los hechos y es aplicable -directamente- en la resolución definitiva del proceso, o sea en la etapa del juicio, ya que durante la instrucción rige, lo que podemos llamar "principio de probabilidad.
Alimentos, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R.L.J. c/ B.de R.M.R. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-12

El art.218 del Código Civil no hace excepción porque el cónyuge que percibe alimentos hubiere sido culpable del divorcio sino que en todos los casos impone a quién percibe alimentos que conserve su estado de familia, cualquiera sea la causa de separación, para la subsistencia de ese derecho. Tanto el nuevo matrimonio como el concubinato hacen cesar la prestación alimentaria.
Jurisdicción y competencia, competencia penal, lugar del hecho
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Giúdice, Alcides Antonio y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-03-18

El principio según el cual el hecho punible se estima cometido en todas las jurisdicciones a través de las cuales se desarrolló la acción y también en el lugar de verificación del resultado, permite elegir una de dichas jurisdicciones atendiendo a las exigencias de una mejor economía procesal. Por ello, corresponde conocer al Juez Federal de Rosario del delito de secuestro extorsivo, por haber sido el lugar donde se privó de libertad a la víctima y donde se domicilian la totalidad de los testigos que depusieran en la causa.
Empleados públicos, nombramiento, prescindibilidad, Administración Pública, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MIGUEL CONEJOS c/ GOBIERNO DE LA NACION Y OTRA s/ EMPLEADOS    PUBLICOS-    CESANTIA-   PRESCINDIBILIDAD-  ESTABILIDAD-  RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-01

El art. 3ro. de la ley 21274 en cuanto se refiere a la "necesidad de producir un concreto y real proceso depurativo de la Administración pública" debe interpretarse asignándole el propósito amplio de quitar imperfecciones o defectos a la organización administrativa, sin connotaciones de otra índole y la sola referencia a las razones de servicio en el acto cuestionado no importa contrariar la necesidad de fundamento que imponen los arts.

1ro., inc. f), p. 3, y 7mo. de la ley 19549, ya que ese recaudo esencial del acto administrativo no puede desvincularse de la amplitud de las facultades ejercidas.-
Horas extra, interpretación restrictiva, estados contables
Materia: LABORAL
Carátula: Ortiz Mercedes Verónica c/ Juan Ramón Encinas s/ Despido Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-05-23

El criterio para el análisis de horas extras es restrictivo, aún cuando el empleador no hubiera cumplido con su carga de llevar libros y registraciones legales, por tratarse de un trabajo extraordinario. Al respecto no basta la confesión ficta de la demandada para su otorgamiento, menos cuando no se han producido otras pruebas por parte de la reclamante que demuestren su cumplimiento, número, y extensión temporal durante la relación laboral.
Municipalidad, facultades de la Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arias, Amalia Adelaida y otros c/ Municipalidad de Chascomús s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

La necesaria existencia de un régimen comunal impuesta por el art.

5 de la Constitución nacional, como organismo de gobierno de carácter esencial, convalida la autoridad local de las municipalidades que tienen un ámbito propio a administrar, y poder para designar y remover a sus empleados, a condición de que dichas potestades se ejerzan en el marco de la legalidad, el cual se erige como pilar del Estado de Derecho cual límite general impuesto a todo obrar municipal. (Minoría u opinión personal)
Recurso de apelación (procesal), trabajador, Derecho laboral, unión transitoria, responsabilidad mancomunada
Materia: LABORAL
Carátula: CATANIA, SERGIO VICENTE c/ ENJASA - VIDEO DROME - UTE y/o ENJASA y/u OTROS s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-08-10

En caso de la UTE "no tratándose de un conjunto económico de carácter permanente, ni habiéndose acreditado que hayan mediado maniobras fraudulentas o temerarias que constituyan el presupuesto de la solidaridad en los términos del art. 31 de la LCT, las empresas codemandadas que conforman la unión transitoria de empresas resultan responsables de modo simplemente mancomunado frente a los accionantes respecto de los montos de condena establecidos en la sentencia apelada" (CNTrab. Sala I, "Martín Marcelo F. y otros c. Dota SA, Sargento Cabral SA, Transporte Ideal San Justo SA. UTE", 28/2/03) y que "la condena impuesta a las sociedades que integran la unión transitoria de empresas respecto del pago de indemnizaciones laborales, no debe imponerse en forma solidaria en tanto no surge que la solidaridad haya sido pactada en el contrato, teniendo en cuenta las disposiciones del art. 31 de la ley 19.550 y que el demandante no ha invocado otra fuente legal de solidaridad. (CNTrab. Sala VIII, "Gatti Jorge Rubén c. Cooperativa de Trabajo 7 de Mayo Ltda.. Cavia SA. Núcleo Emprendimientos de Servicios SA. Nes UTE y otros", 22/10/07. AR/JUR/7131/2007).