Robo calificado, recurso extraordinario federal, fundamentación insuficiente, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Delgadino, Sebastián Alejandro y otro s/ Recurso Extraordinario deducido por el Dr. Pedro J. Vélez contra Sentencia Nº 62/12 de Expte. Corte Nº 100/11 - Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro J. Vélez (...) en causa Delgadino, Sebastián Alejandro y otro p.ss.aa. Robo Calificado de automotor, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-23

La Cámara en lo Criminal, por mayoría de votos, condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de robo calificado de vehículo dejado en la vía pública (arts. 167 inc. 4º en función del art. 163 inc. 6º del Código Penal), a sufrir la pena de cinco años de prisión con más accesorias legales (arts. 40,41 y 12 del CP).

Contra de esa resolución, el defensor del imputado dedujo Recurso de Casación al que, por mayoría de votos, esta Corte no hizo lugar.

En contra de la dicha sentencia de esta Corte, el nombrado defensor interpone el presente remedio federal.

Estimo que, como sostienen los Sres. Jueces que me precedieron en el tratamiento del recurso, éste no puede ser concedido, no obstante su presentación en tiempo oportuno y en forma, por parte legitimada y contra una sentencia definitiva -en tanto confirmatoria de la condena penal y dado que fue dictada por esta Corte, el superior tribunal de la causa, cuyas decisiones no pueden ser revisadas por otro tribunal en la provincia-.

Así lo considero, por una parte, debido a que la presentación no cumple con los requisitos exigidos por la Corte Suprema en los arts. 1º; 2º, inc. i; 3º, incs. b, d y e de la Acordada Nº 4/2007, por lo que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 10º de dicho Reglamento, no corresponde habilitar la vía requerida.

Por otra parte, debido a que no se encuentra cumplido el requisito de fundamentación suficiente (art. 15 de la Ley 48), en tanto la comprensión de las cuestiones relevantes de la causa no es posible sin el examen de las demás actuaciones de la causa.

Constato asimismo que, como lo señalaron los Sres. jueces preopinantes, el recurso no plantea cuestión federal suficiente debido a que los agravios expuestos remiten a la consideración de circunstancias de hecho y de prueba, ajenas a la instancia extraordinaria; y que el recurrente no demuestra la relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales que pretende vulneradas.

Puesto que no indica prueba alguna que haya sido omitida de consideración por el tribunal, ni que la sentencia tenga su base en prueba inexistente o en razonamientos contradictorios, con sus meras enunciaciones en ese sentido el recurrente no demuestra que concurran en el caso esas irregularidades admitidas por la Corte Suprema como evidencia de arbitrariedad de la sentencia.

Con esa insuficiencia, la crítica recursiva a la valoración probatoria que sustenta lo decidido sólo evidencia la discrepancia del recurrente con las razones de hecho y de prueba expuestas por los jueces que conformaron la mayoría en la decisión impugnada.

Los agravios invocados se vinculan con la prueba testimonial, por sustentarse lo decidido en dichos prestados en la etapa de investigación de la causa. Sin embargo, sus emisores concurrieron al debate y pudieron ser confrontados por las partes.

De modo que la Cámara juzgadora (la mayoría que conformó la mayoría en la decisión) no se limitó a introducir por lectura sus cuestionadas declaraciones rendidas en la instrucción sino que los escuchó y dio razones para descreer de las rectificaciones que hicieron en el debate.

Por otra parte, también por mayoría de votos, esos motivos fueron admitidos como válidos por este tribunal, sin que el recurrente demuestre la irrazonabilidad de sus conclusiones; con lo que sólo manifiesta disconformidad con el criterio del tribunal sobre el punto, la que carece de idoneidad a los fines de lograr que Corte Suprema revise lo decidido, en tanto, de otro modo, la jurisdicción de la Corte Suprema no tendría límites.

Así las cosas, en tanto no pone en evidencia la existencia de los defectos que le atribuye a la sentencia, el recurrente no lograr demostrar la afectación que predica al debido proceso, a la defensa en juicio o a las garantías constitucionales que invoca; ni compromiso alguno a la supremacía constitucional que justifique la intervención y el control que reclama del Máximo Tribunal.

(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, según sus fundamentos)