Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18


Buenos Aires, 18 de diciembre de 2007.

Vistos los autos: "Recursos de hecho deducidos por Estado Nacional en las causas 'Cornejo, Alberto c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa'; P.1340.XLI 'Patrovilleau, Eduardo Gabriel c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa'; R.1261.XLI 'Romero, Gastón Fabián c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa'; R.1262.XLI 'Ruiz Díaz, Víctor Ricardo c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa'", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que este Tribunal comparte las consideraciones expuestas por la señora Procuradora Fiscal en el dictamen de fs. 157/158, a las que cabe remitir por razones de brevedad.

Por ello, se hace lugar a las quejas, se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se dejan sin efecto las sentencias apeladas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicten nuevos fallos. Agréguense las quejas a los principales. Reintégrense los depósitos de fs. 171 del recurso de hecho R.1261; 160 del recurso de hecho C.2583; 167 del recurso de hecho R.1262 y 148 del recurso de hecho P.1340. Notifíquese, agréguense las quejas a los principales y, oportunamente, remítanse.

RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).

ES COPIA DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M.

ARGIBAY Considerando:

Que los recursos extraordinarios, que al ser denegados dieron origen a los recursos de hecho en examen, son inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se desestiman estas presentaciones directas. Dénse por perdidos los depósitos obrantes a fs. 160, 167, 171, y 148 respectivamente de cada una de ellas. Notifíquese, devuélvanse a origen los expedientes principales y archívense las quejas. CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Suprema Corte:

I A fs. 100 de los autos principales (a los que corresponderán las siguientes citas), la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó lo decidido por la anterior Instancia, que rechazó la nulidad interpuesta por la demandada contra el auto interlocutorio (fs. 87) que tuvo por aprobada la liquidación de haberes obrante a fs.74/75, por considerar que ella fue practicada por la peticionante y por encontrarse firme el citado auto.

II Disconforme, la demandada dedujo el recurso extraordinario de fs. 108/117, que, denegado por el tribunal (fs. 133), dio origen a la presente queja.

En lo sustancial, objetó lo decidido por la Cámara con base en la doctrina de la arbitrariedad y en que se configura un supuesto de gravedad institucional.

Señaló que en la sentencia se omitió considerar planteos oportunos y conducentes para la correcta solución del litigio, tales como ausencia de traslado y notificación a la demandada de la liquidación -diligencia ésta que debía llevarse a cabo personalmente o por cédula, conforme a lo prescripto por el art. 135, inc. 9º), del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación-, lo que constituyó una palmaria violación a su derecho de defensa en juicio.

Tampoco se examinó en el pronunciamiento, dijo, la diferencia entre "Ministerio de Defensa" y "Contaduría General del Ejército". En este sentido, aseveró, resultaba imprescindible tener presente la existencia de distintos organismos del Estado Nacional que interactúan con competencia propia y diversa, indispensable para su funcionamiento. Expuso que, en tanto el primero es el demandado y quien responde la demanda, el nombrado en último término es un organismo técnico, dependiente del Estado Mayor General del Ejército y que su actuación en autos se limitó a realizar "...exclusivamente una liquidación asimilable a una operación de orden técnico contable...", la que debió ser evaluada por ambas partes de la causa.

Argumentó que la Cámara no tuvo en cuenta, además, lo resuelto por la Corte in re "Franco, Rubén Oscar y otros" y "Freitas Henriques José Eduardo" (Fallos: 322:1868 y 2398).

III A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible pues, si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configuran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la ley 48, ello admite excepciones cuando, como ocurre en autos, lo decidido causa un gravamen de difícil o imposible reparación ulterior (doctrina de Fallos: 323:3909 y sus citas). Por otra parte, en mi opinión, resulta aplicable al sub lite lo expresado por V.E. en torno a que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, especialmente en supuestos en los que dicha posición ha sido expresamente invocada por el apelante (doctrina de Fallos: 307:1094), toda vez que ello no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste, de donde deriva la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento (doctrina de Fallos: 312:2007).

IV Sentado lo anterior, en cuanto al modo en que deben ser liquidadas las sumas reconocidas al actor, entiendo que la cuestión encuentra adecuada respuesta en lo decidido por V.E. in re "Freitas Henriques, José Eduardo y otros c/ Estado Nacional -Ministerio de Defensa- s/ personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad" (Fallos: 322:2398), donde la Corte precisó -luego de remitirse en razón de brevedad a los fundamentos de "Franco, Rubén Oscar y otros" (Fallos: 322:1868)- que "...resulta conveniente aclarar a fin de liquidar los adicionales establecidos en los decretos 2000/91, 628/92 y 2701/93, que éstos deberán ser incorporados al concepto `haber mensual´ en el cual también están incluidos los rubros denominados en la reglamentación de la ley `sueldo´ y `reintegro de gastos por actividad de servicio´ (art. 2401, inc. 1º)." No empece a lo expuesto, según mi punto de vista, que la liquidación haya sido practicada por la Contaduría General del Ejército, desde que dicha dependencia realizó esa tarea a requerimiento del Juez de Primera Instancia (confr. a fs. 46 y 49, auto y copia del oficio, respectivamente), en su carácter de organismo técnico contable, y, por ello, no cabe atribuirle otro significado a su intervención en la causa.

Por lo demás, cabe poner de resalto que el a quo omitió considerar el decreto 1490/02 (B.O. del 20 de agosto de 2002), a través del cual se incorporó al "haber mensual" la compensación por "inestabilidad de residencia" y el "adicional Decreto 628/92", en concordancia con lo resuelto por la Corte.

V En tales condiciones, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario interpuesto, dejar sin efecto el pronunciamiento apelado y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo.

Buenos Aires, 4 de junio de 2006.

ES COPIA- LAURA M. MONTI